Source: https://derechoecuador.com/registro-oficial/2002/11/registro-oficial-7-de-noviembre-del-2002
Timestamp: 2020-08-06 16:07:16
Document Index: 372625032

Matched Legal Cases: ['artículo 153', 'artículo 84', 'artículo 247', 'artículo 5', 'artículo 8', 'artículo 23', 'artículo 43', 'artículo 67', 'artículo 35', 'artículo 7', 'artículo 3', 'artículo 7', 'artículo 12', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 14', 'artículo 15', 'artículo 1', 'artículo 20', 'artículo 5', 'artículo 13', 'artículo 5', 'artículo 19', 'artículo 17', 'artículo 17', 'artículo 58', 'artículo 12', 'artículo 17', 'artículo 82', 'artículo 17', 'artículo 18', 'artículo 58', 'artículo 17', 'artículo 17', 'artículo 7']

Registro Oficial. 7 de NOVIEMBRE del 2002
Jueves, 7 de noviembre del 2002 - R. O. No. 699
89-2002 Ley Reformatoria a la Ley\n de Radiodifusión y Televisión
- Expídese\n el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.\n \n
Quito, 30 de octubre del 2002
\n Oficio N0 789-PCN
Para la publicación en el Registro Oficial, de conformidad\n con lo dispuesto en el artículo 153 de la Constitución\n Política de la República, remito a usted copia\n certificada del texto de la
\n LEY FORMATORIA A LA LEY DE RADIODIFUSION Y TELEVISION\n que el Congreso Nacional del Ecuador discutió, aprobó,\n se allanó en parte a la objeción parcial y ratificó\n en otra parte el proyecto inicialmente aprobado.
Quien suscribe, Secretario General del Congreso Nacional del\n Ecuador, certifica que el proyecto de LEY REFORMATORIA A LA LEY\n DE RADIODIFUSION Y TELEVISION, fue discutido, aprobado, allanado\n en parte a la objeción parcial y ratificado en otra parte\n el texto original, de la siguiente manera:
PRIMER DEBATE:	10-04-2002 (sesiones ordinaria y extraordinaria).
SEGUNDO DEBATE:	18-09-2002.
\n DEL TEXTO Y
\n ALLANAMIENTO:	29 y 30-10-2002.
Quito, 30 de octubre del 2002.
Que la Carta Fundamental del Estado, en su artículo\n 23, numeral 10, reconoce y garantiza el derecho a la comunicación,\n a fundar medios de comunicación social y a acceder, en\n igualdad de condiciones a frecuencias de radio y televisión;
Que la Constitución Política de la República,\n en el artículo 84, numeral 1, reconoce y garantiza a los\n pueblos indígenas, a mantener, desarrollar y fortalecer\n su identidad y tradiciones en lo espiritual, cultural, lingüístico,\n social, político y económico;
Que la Constitución Política de la República,\n en el artículo 247, inciso 3, concede facultad exclusiva\n al Estado, para conocer el uso de frecuencias electromagnéticas\n para la difusión de señales de radio y televisión\n y otros medios;
Que el artículo 5 del Pacto Internacional de Derechos\n Económicos Sociales y Culturales, dispone que no podrá\n admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los derechos\n humanos fundamentales reconocidos o vigentes en un país\n en virtud de leyes, convenciones, reglamentos o costumbres con\n el pretexto de que el presente Pacto no los reconoce o los reconoce\n en menor grado;
Que para hacer efectivo los derechos consagrados en el artículo\n 84 de la Carta Fundamental, relacionados con el acceso a la comunicación\n social y a las frecuencias de radio y televisión es necesario\n introducir algunas reformas a la vigente ley; y,
En uso de las facultades constitucionales y legales, expide\n la siguiente:
LEY REFORMATORIA A LA LEY\n DE RADIODIFUSION Y TELEVISION
Art. 1.- A continuación del artículo 8, añádase\n tres incisos con los siguientes textos:
"Sin embargo las estaciones comunitarias que nacen de\n una comunidad u organización indígena, afroecuatoriana,\n campesina o cualquier otra organización social, que su\n labor esté orientada al fortalecimiento de la comunidad,\n a la consolidación intercultural y social, a la defensa\n de los valores humanos históricos, artísticos,\n que afiancen la identidad nacional y vigoricen la vigencia de\n los derechos humanos, pueden realizar autogestión para\n el mejoramiento, mantenimiento y operación de sus instalaciones,\n equipos y pago de personal a través de donaciones, mensajes\n pagados, y publicidad de productos comerciales.
Los requisitos, condiciones, potestades, derechos, obligaciones\n y oportunidades que deben cumplir los canales o frecuencias de\n radiodifusión y televisión de las estaciones comunitarias,\n serán los mismos que esta Ley determina para las estaciones\n privadas con finalidad comercial, en concordancia con lo prescrito\n por el numeral 10 del artículo 23 de la Constitución\n Política de la República.
Las utilidades que se percibieren de la administración\n de estas emisoras deberán ser reinvertidas en ampliar\n los servicios, sistemas o equipos de las mismas, o en actividades\n propias de la comunidad que representan".
Art. 2.- En el Título IV, Capítulo Primero,\n correspondiente a la responsabilidad de la programación,\n inclúyese, a continuación del artículo 43,\n uno que diga:
"Art. 43-A.- Siempre y cuando técnicamente sea\n posible, el operador garantizará que el suscriptor del\n servicio de televisión por cable pueda elegir automáticamente,\n entre la programación que él ofrece en su sistema\n y la programación de la televisión abierta que\n su receptor pueda sintonizar en el área autorizada".
Art. 3.- Refórmase la letra c) del artículo\n 58, con el siguiente texto:
"c) Promover la violencia física o psicológica,\n utilizando niños, mujeres, jóvenes o ancianos,\n incentivar, realizar o motivar el racismo, el comercio sexual,\n la pornografía, el consumo de drogas, la intolerancia\n religiosa o política y otros actos análogos que\n afecten a la dignidad del ser humano".
Art. 4.- En el artículo 67 de la Ley de Radiodifusión\n y Televisión, incluir el literal j), con el siguiente\n texto:
"j) Por incumplimiento al literal c) del artículo\n 58 de la Ley de Radiodifusión y Televisión".
Deróganse los incisos tercero, cuarto y quinto del\n artículo 35 de la Ley de Radiodifusión y Televisión\n y todas las disposiciones generales o especiales que se opongan\n a esta ley. La presente Ley Reformatoria entrará en vigencia\n a partir de su publicación en el Registro Oficial.
Dado, en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano,\n en la sala de sesiones del Pleno del Congreso Nacional, a los\n treinta días del mes de octubre del año dos mil\n dos.
CONGRESO NACIONAL.- Certifico: Que la copia que antecede es\n igual a su original que reposa en los archivos de la Secretaria\n General.
Día: 30-X-2002. Hora: 18h30.
ESTATUTO\n DE ROMA DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL
Conscientes de que todos los pueblos están unidos por\n estrechos lazos y sus culturas configuran un patrimonio común\n y observando con preocupación que este delicado mosaico\n puede romperse en cualquier momento,
Teniendo presente que, en este siglo, millones de niños,\n mujeres y hombres han sido victimas de atrocidades que desafían\n la imaginación y conmueven profundamente la conciencia\n de la humanidad,
Reconociendo que esos graves crímenes constituyen\n una amenaza para la paz, la seguridad y el bienestar de la humanidad,
Afirmando que los crímenes más graves\n de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto\n no deben quedar sin castigo y que, a tal fin, hay que adoptar\n medidas en el plano nacional e intensificar la cooperación\n internacional para asegurar que sean efectivamente sometidos\n a la acción de la justicia,
Decididos a poner fin a la impunidad de los autores\n de esos crímenes y a contribuir así a la prevención\n de nuevos crímenes,
Recordando que es deber de todo Estado ejercer su jurisdicción\n penal contra los responsables de crímenes internacionales,
Reafirmando los propósitos y principios de la\n Carta de las, Naciones Unidas y, en particular, que los Estados\n se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la\n fuerza contra la integridad territorial o la independencia política\n de cualquier Estado o en cualquier otra forma incompatible con\n los propósitos de las Naciones Unidas,
Destacando en este contexto, que nada de lo dispuesto\n en el presente Estatuto deberá entenderse en el sentido\n de que autorice a un Estado Parte a intervenir en una situación\n de conflicto armado o en los asuntos internos de otro Estado,
Decididos a los efectos de la consecución de\n esos fines y en interés de las generaciones presentes\n y futuras, a establecer una Corte Penal Internacional de carácter\n permanente, independiente y vinculada con el sistema de las Naciones\n Unidas que tenga competencia sobre los crímenes más\n graves de trascendencia para la comunidad internacional en su\n conjunto,
Destacando que la Corte Penal Internacional establecida\n en virtud del presente Estatuto será complementaria de\n las jurisdicciones penales nacionales,
Decididos a garantizar que la justicia internacional\n sea respetada y puesta en práctica en forma duradera,
PARTE I. DEL ESTABLECIMIENTO DE LA\n CORTE
Se instituye por el presente una Corte Penal Internacional\n ("la Corte"). La Corte será una institución\n permanente, estará facultada para ejercer su jurisdicción\n sobre personas respecto de los crímenes más graves\n de trascendencia internacional de conformidad con el presente\n Estatuto y tendrá carácter complementario de las\n jurisdicciones penales nacionales. La competencia y el funcionamiento\n de la Corte se regirán por las disposiciones del presente\n Estatuto.
La Corte estará vinculada con las Naciones Unidas por\n un acuerdo que deberá aprobar la Asamblea de los Estados\n Partes en el presente Estatuto y concluir luego el Presidente\n de la Corte en nombre de ésta.
1.	La sede de la Corte estará en La Haya, Países\n Bajos ("el Estado anfitrión").
2.	La Corte concertará con el Estado anfitrión\n un acuerdo relativo a la sede que deberá aprobar la Asamblea\n de los Estados Partes y concluir luego el Presidente de la Corte\n en nombre de ésta.
3.	La Corte podrá celebrar sesiones en otro lugar cuando\n lo considere conveniente, de conformidad con lo dispuesto en\n el presente Estatuto.
1.	La Corte tendrá personalidad jurídica internacional.\n Tendrá también la capacidad jurídica que\n sea necesaria para el desempeño de sus funciones y la\n realización de sus propósitos.
2.	La Corte podrá ejercer sus funciones y atribuciones\n de conformidad con lo dispuesto en el presente Estatuto en el\n territorio de cualquier Estado Parte y, por acuerdo especial,\n en el territorio de cualquier otro Estado.
PARTE II.	DE LA COMPETENCIA, LA ADMISIBILIDAD Y EL\n DERECHO APLICABLE
1.	La competencia de la Corte se limitará a los crímenes\n más graves de trascendencia para la comunidad internacional\n en su conjunto. La Corte tendrá competencia, de conformidad\n con el presente Estatuto, respecto de los siguientes crímenes:
c)	Los crímenes de guerra; y,
2.	La Corte ejercerá competencia respecto del crimen\n de agresión una vez que se apruebe una disposición\n de conformidad con los artículos 121 y 123 en que se defina\n el crimen y se enuncien las condiciones en las cuales lo hará.\n Esa disposición será compatible con las disposiciones\n pertinentes de la Carta de las Naciones Unidas.
A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por\n "genocidio" cualquiera de los actos mencionados a continuación,\n perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente\n a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal:
b)	Lesión grave a la integridad física o mental\n de los miembros del grupo;
c)	Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia\n que hayan de acarrear su destrucción física, total\n o parcial;
d)	Medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del\n grupo;
e)	Traslado por la fuerza de niños del grupo a otro\n grupo.
1.	A los efectos del presente Estatuto, se entenderá\n por crimen de lesa humanidad" cualquiera de los actos siguientes\n cuando se corneta como parte de un ataque generalizado o sistemático\n contra una población civil y con conocimiento de dicho\n ataque:
e)	Encarcelación u otra privación grave de la\n libertad física en violación de normas fundamentales\n de derecho internacional;
g)	Violación, esclavitud sexual, prostitución\n forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier\n otra forma de violencia sexual de gravedad comparable;
h)	Persecución de un grupo o colectividad con identidad\n propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales,\n étnicos, culturales, religiosos, de género definido\n en el párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos\n como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión\n con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o\n con cualquier crimen de la competencia de la Corte;
j)	El crimen de apartheid y,
k)	Otros actos inhumanos de carácter similar que causen\n intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra\n la integridad física o la salud mental o física.
a)	Por "ataque contra una población civil"\n se entenderá una línea de conducta que implique\n la comisión múltiple de actos mencionados en el\n párrafo 1 contra una población civil, de conformidad\n con la política de un Estado o de una organización\n de cometer ese ataque o para promover esa política;
b)	El "exterminio" comprenderá la imposición\n intencional de condiciones de vida entre otras, la privación\n del acceso a alimentos o medicinas encaminadas a causar la destrucción\n de parte de una población;
c)	Por "esclavitud" se entenderá el ejercicio\n de los atributos del derecho de propiedad sobre una persona,\n o de algunos de ellos, incluido el ejercicio de esos atributos\n en el tráfico de personas, en particular mujeres y niños;
d)	Por "deportación o traslado forzoso de población"\n se entenderá el desplazamiento forzoso de las personas\n afectadas, por expulsión u otros actos coactivos, de la\n zona en que estén legítimamente presentes, sin\n motivos autorizados por el derecho internacional;
e)	Por "tortura" se entenderá causar intencionalmente\n dolor o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales,\n a una persona que el acusado tenga bajo su custodia o control;\n sin embargo, no se entenderá por tortura el dolor o los\n sufrimientos que se deriven únicamente de sanciones licitas\n o que sean consecuencia normal o fortuita de ellas;
f)	Por "embarazo forzado" se entenderá el\n confinamiento ilícito de una mujer a la que se ha dejado\n embarazada por la fuerza, con la intención de modificar\n la composición étnica de una población o\n de cometer otras violaciones graves del derecho internacional.\n En modo alguno se entenderá que esta definición\n afecta a las normas de derecho interno relativas al embarazo;
g)	Por "persecución" se entenderá\n la privación intencional y grave de derechos fundamentales\n en contravención del derecho internacional en razón\n de la identidad del grupo o de la colectividad;
h)	Por "el crimen de apartheid" se entenderán\n los actos inhumanos de carácter similar a los mencionados\n en el párrafo 1 cometidos en el contexto de un régimen\n institucionalizado de opresión y dominación sistemáticas\n de un grupo racial sobre uno o más grupos raciales y con\n la intención de mantener ese régimen; e,
i)	Por "desaparición forzada de personas"\n se entenderá la aprehensión, la detención\n o el secuestro de personas por un Estado o una organización\n política, o con su autorización, apoyo o aquiescencia,\n seguido de la negativa a admitir tal privación de libertad\n o dar información sobre la suerte o el paradero de esas\n personas, con la intención de dejarlas fuera del amparo\n de la ley por un periodo prolongado.
3.	A los efectos del presente Estatuto se entenderá\n que el término "género" se refiere a\n los dos sexos, masculino y femenino, en el contexto de la sociedad.\n El término "género'' no tendrá más\n acepción que la que antecede.
1.	La Corte tendrá competencia respecto de los crímenes\n de guerra en particular cuando se cometan como parte de un plan\n o política o como parte de la comisión en gran\n escala de tales crímenes.
2.	A los efectos del presente Estatuto, se entiende por "crímenes\n de guerra":
a)	Infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 12 de\n agosto de 1949, a saber, cualquiera de los siguientes actos contra\n personas o bienes protegidos por las disposiciones del Convenio\n de Ginebra pertinente:
i)	El homicidio intencional.
ii)	La tortura o los tratos inhumanos, incluidos los experimentos\n biológicos.
iii)	El hecho de causar deliberadamente grandes sufrimientos\n o de atentar gravemente contra la integridad física o\n la salud.
iv)	La destrucción y la apropiación de bienes,\n no justificadas por necesidades militares, y efectuadas a gran\n escala, ilícita y arbitrariamente.
v)	El hecho de forzar a un prisionero de guerra o a otra persona\n protegida a servir en las fuerzas de una potencia enemiga.
vi)	El hecho de privar deliberadamente a un prisionero de\n guerra o a otra persona protegida de su derecho a ser juzgado\n legítima e imparcialmente.
vii)	La deportación o el traslado ilegal, la detención\n ilegal.
viii)	La toma de rehenes.
b)	Otras violaciones graves de las leyes y usos aplicables\n en los conflictos armados internacionales dentro del marco establecido\n de derecho internacional, a saber, cualquiera de los actos siguientes:
i)	Dirigir intencionalmente ataques contra la población\n civil en cuanto tal o contra personas civiles que no participen\n directamente en las hostilidades.
ii)	Dirigir intencionalmente ataques contra bienes civiles,\n es decir, bienes que no son objetivos militares.
iii)	Dirigir intencionalmente ataques contra personal, instalaciones,\n material, unidades o vehículos participantes en una misión\n de mantenimiento de la paz o de asistencia humanitaria de conformidad\n con la Carta de las Naciones Unidas, siempre que tengan derecho\n a la protección otorgada a civiles o bienes civiles con\n arreglo al derecho internacional de los conflictos armados.
iv)	Lanzar un ataque intencionalmente, a sabiendas de que\n causará pérdidas incidentales de vidas, lesiones\n a civiles o daños a bienes de carácter civil o\n daños extensos, duraderos y graves al medio ambiente natural\n que serian manifiestamente excesivos en relación con la\n ventaja militar concreta y directa de conjunto que se prevea.
v)	Atacar o bombardear, por cualquier medio, ciudades, aldeas,\n viviendas o edificios que no estén defendidos y que no\n sean objetivos militares.
vi)	Causar la muerte o lesiones a un combatiente que haya\n depuesto las armas o que, al no tener medios para defenderse,\n se haya rendido a discreción.
vii)	Utilizar de modo indebido la bandera blanca, ¡a\n bandera nacional o las insignias militares o el uniforme del\n enemigo o de las Naciones Unidas, así como los emblemas\n distintivos de los convenios de Ginebra, y causar así\n la muerte o lesiones graves.
viii)	El traslado, directa o indirectamente, por la potencia\n ocupante de parte de su población civil al territorio\n que ocupa o la deportación o el traslado de la totalidad\n o parte de la población del territorio ocupado, dentro\n o fuera de ese territorio.
ix)	Dirigir intencionalmente ataques contra edificios dedicados\n a la religión, la instrucción, las artes, las ciencias\n o la beneficencia, los monumentos históricos, los hospitales\n y los lugares en que se agrupa a enfermos y heridos, siempre\n que no sean objetivos militares.
x)	Someter a personas que estén en poder de una parte\n adversa a mutilaciones físicas o a experimentos médicos\n o científicos de cualquier tipo que no estén justificados\n en razón de un tratamiento médico, dental u hospitalario,\n ni se lleven a cabo en su interés, y que causen la muerte\n o pongan gravemente en peligro su salud.
xi)	Matar o herir a traición a personas pertenecientes\n a la nación o al ejército enemigo.
xii)	Declarar que no se dará cuartel.
xiii)	Destruir o apoderarse de bienes del enemigo, a menos\n que las necesidades de la guerra lo hagan imperativo.
xiv)	Declarar abolidos, suspendidos o inadmisibles ante un\n tribunal los derechos y acciones de los nacionales de la parte\n enemiga.
xv)	Obligar a los nacionales de la parte enemiga a participar\n en operaciones bélicas dirigidas contra su propio país,\n aunque hubieran estado al servicio del beligerante antes del\n inicio de la guerra.
xvi)	Saquear una ciudad o una plaza, incluso cuando es tomada\n por asalto.
xvii)	Emplear veneno o armas envenenadas.
xviii)	Emplear gases asfixiantes, tóxicos o similares\n o cualquier líquido, material o dispositivo análogos.
xix)	Emplear balas que se ensanchan o aplasten fácilmente\n en el cuerpo humano, como balas de camisa dura que no recubra\n totalmente la parte interior o que tenga incisiones.
xx)	Emplear armas, proyectiles, materiales y métodos\n de guerra que, por su propia naturaleza, causen daños\n superfluos o sufrimientos innecesarios o surtan efectos indiscriminados\n en violación del derecho internacional de los conflictos\n armados, a condición de que esas armas o esos proyectiles,\n materiales o métodos de guerra, sean objeto de una prohibición\n completa y estén incluidos en un anexo del presente Estatuto\n en virtud de una enmienda aprobada de conformidad con las disposiciones\n que, sobre el particular, figuran en los artículos 121\n y 123.
xxi)	Cometer atentados contra la dignidad personal, especialmente\n los tratos humillantes y degradantes.
xxii)	Cometer actos de violación, esclavitud sexual,\n prostitución forzada, embarazo forzado, definido en el\n apartado O del párrafo 2 del artículo 7, esterilización\n forzada y cualquier otra forma de violencia sexual que también\n constituya una infracción grave de los convenios de Ginebra.
xxiii)	Utilizar la presencia de una persona civil u otra persona\n protegida para poner ciertos puntos, zonas o fuerzas militares\n a cubierto de Operaciones militares.
xxiv)	Dirigir intencionalmente ataques contra edificios, material,\n unidades y medios de transporte sanitarios, y contra personal\n que utilice los emblemas distintivos de los convenios de Ginebra\n de conformidad con el derecho internacional.
xxv)	Hacer padecer intencionalmente hambre a la población\n civil como método de hacer la guerra, privándola\n de los objetos indispensables para su supervivencia, incluido\n el hecho de obstaculizar intencionalmente los suministros de\n socorro de conformidad con los convenios de Ginebra.
xxvi)	Reclutar o alistar a niños menores de 15 años\n en las fuerzas armadas nacionales o utilizarlos para participar\n activamente en las hostilidades.
c)	En caso de conflicto armado que no sea de índole\n internacional, las violaciones graves del artículo 3 común\n a los cuatro convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949, a\n saber, cualquiera de los siguientes actos cometidos contra personas\n que no participen directamente en las hostilidades, incluidos\n los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas\n y las personas puestas fuera de combate por enfermedad, herida,\n detención o por cualquier otra causa:
i)	Los atentados contra la vida y la integridad corporal,\n especialmente el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones,\n los tratos crueles y la tortura.
ii)	Los atentados contra la dignidad personal, especialmente\n los tratos humillantes y degradantes.
iii)	La toma de rehenes.
iv)	Las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio\n ante un tribunal regularmente constituido, con todas las garantías\n judiciales generalmente reconocidas como indispensables.
d)	El párrafo 2 c) del presente artículo se\n aplica a los conflictos armados que no son de índole internacional,\n y por consiguiente, no se aplica a las situaciones de tensiones\n internas y de disturbios interiores, tales como motines, los\n actos esporádicos y aislados de violencia u otros actos\n análogos;
e)	Otras violaciones graves de las leyes y los usos aplicables\n en los conflictos armados que no sean de índole internacional,\n dentro del marco establecido de derecho internacional, a saber,\n cualquiera de los actos siguientes:
i)	Dirigir intencionalmente ataques contra la población\n civil como tal o contra civiles que no participen directamente\n en las hostilidades.
ii)	Dirigir intencionalmente ataques contra edificios material,\n unidades y medios de transporte sanitarios y contra el personal\n que utilicen los emblemas distintivos de los convenios de Ginebra\n de conformidad con el derecho internacional.
iv)	Dirigir intencionalmente ataques contra edificios dedicados\n a la religión, la educación, las artes, las ciencias\n o la beneficencia, los monumentos históricos, los hospitales\n y otros lugares en que se agrupa a enfermos y heridos, a condición\n de que no sean objetivos militares.
v)	Saquear una ciudad o plaza, incluso cuando es tomada por\n asalto.
vi)	Cometer actos de violación, esclavitud sexual,\n prostitución forzada, embarazo forzado, definido en el\n apartado f) del párrafo 2 del artículo 7, esterilización\n forzada o cualquier otra forma de violencia sexual que constituya\n también una violación grave del artículo\n 3 común a los cuatro convenios de Ginebra.
vii)	Reclutar o alistar niños menores de 15 años\n en las fuerzas armadas o grupos o utilizarlos para participar\n activamente en hostilidades.
viii)	Ordenar el desplazamiento de la población civil\n por razones relacionadas con el conflicto, a menos que así\n lo exija la seguridad de los civiles de que se trate o por razones\n militares imperativas.
ix)	Matar o herir a traición a un combatiente adversario.
x)	Declarar que no se dará cuartel.
xi)	Someter a las personas que estén en poder de otra\n parte en el conflicto a mutilaciones físicas o a experimentos\n médicos o científicos de cualquier tipo que no\n estén justificados en razón del tratamiento médico,\n dental u hospitalario de la persona de que se trate ni se lleven\n a cabo en su interés, y que provoquen la muerte o pongan\n gravemente en peligro su salud.
xii)	Destruir o apoderarse de bienes de un adversario, a menos\n que las necesidades del conflicto lo hagan imperativo.
f)	El párrafo 2 e) del presente artículo se\n aplica a los conflictos armados que no son de índole internacional,\n y, por consiguiente, no se aplica a las situaciones de tensiones\n internas y de disturbios interiores, tales como los motines,\n los actos esporádicos y aislados de violencia u otros\n actos análogos. Se aplica a los conflictos armados que\n tienen lugar en el territorio de un Estado cuando existe un conflicto\n armado prolongado entre las autoridades gubernamentales y grupos\n armados organizados o entre tales grupos.
3.	Nada de lo dispuesto en los párrafos 2 e) y e) afectará\n a la responsabilidad que incumbe a todo gobierno de mantener\n o restablecer el orden público en el Estado o de defender\n la unidad e integridad territorial del Estado por cualquier medio\n legítimo.
1.	Los elementos de los crímenes, que ayudarán\n a la Corte a interpretar y aplicar los artículos 6, 7\n y 8 del presente Estatuto, serán aprobados por una mayoría\n de dos tercios de los miembros de la Asamblea de los Estados\n Partes.
2.	Podrán proponer enmiendas a los elementos de los\n crímenes:
a)	Cualquier Estado Parte;
b)	Los magistrados, por mayoría absoluta; y,
c)	El Fiscal.
Las enmiendas serán aprobadas por una mayoría\n de dos tercios de los miembros de la Asamblea de los Estados\n Partes.
3.	Los elementos de los crímenes y sus enmiendas serán\n compatibles con lo dispuesto en el presente Estatuto.
Nada de lo dispuesto en la presente parte se interpretará\n en el sentido de que limite o menoscabe de alguna manera las\n normas existentes o en desarrollo del derecho internacional para\n fines distintos del presente Estatuto.
1.	La Corte tendrá competencia únicamente respecto\n de crímenes cometidos después de la entrada en\n vigor del presente Estatuto.
2.	Si un Estado se hace parte en el presente Estatuto después\n de su entrada en vigor, la Corte podrá ejercer su competencia\n únicamente con respecto a los crímenes cometidos\n después de la entrada en vigor del presente Estatuto respecto\n de ese Estado, a menos que éste haya hecho una declaración\n de conformidad cor el párrafo 3 del artículo 12.
1.	El Estado que pase a ser Parte en el presente Estatuto\n acepta por ello la competencia de la Corte respecto de los crímenes\n a que se refiere el artículo 5.
2.	En el caso de los apartados a) o c) del artículo\n 13, la Cine podrá ejercer su competencia si tino o varios\n de los Estados siguientes son Partes en el presente Estatuto\n o han aceptado la competencia de la Corte de conformidad con\n el párrafo 3:
a)	El Estado en cuyo territorio haya tenido lugar la conducta\n de que se trate, o si el crimen se hubiere cometido a bordo de\n un buque o de una aeronave, el Estado de matrícula del\n buque o la aeronave; y,
b)	El Estado del que sea nacional el acusado del crimen.
3.	Si la aceptación de un Estado que no sea Parte en\n el presente Estatuto fuere necesaria de conformidad con el párrafo\n 2, dicho Estado podrá, mediante declaración depositada\n en poder del Secretario, consentir en que la Corte ejerza su\n competencia respecto del crimen de que se trate. El Estado aceptante\n cooperará con la Corte sin demora ni excepción\n de conformidad con la Parte IX.
La Corte podrá ejercer su competencia respecto de cualquiera\n de los crímenes a que se refiere el artículo 5\n de conformidad con las disposiciones del presente Estatuto si:
a)	Un Estado Parte remite al Fiscal, de conformidad con el\n artículo 14, tina situación en que parezca haberse\n cometido uno o varios de esos crímenes;
b)	El Consejo de Seguridad, actuando con arreglo a lo dispuesto\n en el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas,\n remite al Fiscal una situación en que parezca haberse\n cometido tirio o varios de esos crímenes; o.
c)	El Fiscal ha iniciado una investigación respecto\n de un crimen de ese tipo de conformidad con lo dispuesto en el\n artículo 15.
1.	Todo Estado Parte podrá remitir al Fiscal una situación\n en que parezca haberse cometido uno o varios crímenes\n de la competencia de la Corte y pedir al Fiscal que investigue\n la situación a los fines de determinar si se ha de acusar\n de la comisión de tales crímenes a una o varias\n personas determinadas.
2.	En la medida de lo posible, en la remisión se especificarán\n las circunstancias pertinentes y se adjuntará la documentación\n justificativa de que disponga el Estado denunciante.
1.	El Fiscal podrá iniciar de oficio una investigación\n sobre la base de información acerca de un crimen de la\n competencia de la Corte
2.	El Fiscal analizará la veracidad de la información\n recibida. Con tal fin, podrá recabar más información\n de los Estados, los órganos de las Naciones Unidas, las\n organizaciones intergubernamentales o no gubernamentales u otras\n fuentes fidedignas que considere apropiadas y podrá recibir\n testimonios escritos u orales en la sede de la Corte.
3.	El Fiscal, si llegare a la conclusión de que existe\n fundamento suficiente para abrir una investigación, presentará\n a la Sala de Cuestiones Preliminares una petición de autorización\n para ello, junto con la documentación justificativa que\n haya reunido. Las victimas podrán presentar observaciones\n a la Sala de Cuestiones Preliminares, de conformidad con las\n Reglas de Procedimiento y Prueba.
4.	Si, tras haber examinado la petición y la documentación\n que la justifique, la Sala de Cuestiones Preliminares considerare\n que hay fundamento suficiente para abrir una investigación\n y que el asunto parece corresponder a la competencia de la Corte,\n autorizará el inicio de la investigación, sin perjuicio\n de las resoluciones que pueda adoptar posteriormente la Corte\n con respecto a su competencia y la admisibilidad de la causa.
5.	La negativa de la Sala de Cuestiones Preliminares a autorizar\n la investigación no impedirá que el Fiscal presente\n ulteriormente otra petición basada en nuevos hechos o\n pruebas relacionados con la misma situación.
6.	Si, después del examen preliminar a que se refieren\n los párrafos 1 y 2, el Fiscal llega a la conclusión\n de que la información presentada no constituye fundamento\n suficiente para una investigación, informará de\n ello a quienes la hubieren presentado. Ello no impedirá\n que el Fiscal examine a la luz de hechos o pruebas nuevos, otra\n información que reciba en relación con la misma\n situación.
En caso de que el Consejo de Seguridad, de conformidad con\n una resolución aprobada con arreglo a lo dispuesto en\n el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, pida\n a la Corte que suspenda por un plazo de doce meses la investigación\n o el enjuiciamiento que haya iniciado, la Corte procederá\n a esa suspensión; la petición podrá ser\n renovada por el Consejo de Seguridad en las mismas condiciones.
1.	La Corte teniendo en cuenta el décimo párrafo\n del preámbulo y el artículo 1, resolverá\n la inadmisibilidad de un asunto cuando:
a)	El asunto sea objeto de una investigación o enjuiciamiento\n por un Estado que tenga jurisdicción sobre él salvo\n que éste no esté dispuesto a llevar a cabo la investigación\n o el enjuiciamiento o no pueda realmente hacerlo;
b)	El asunto haya sido objeto de investigación por\n un Estado que tenga jurisdicción sobre él y éste\n haya decidido no incoar acción penal contra la persona\n de que se trate, salvo que la decisión haya obedecido\n a que no esté dispuesto a llevar a cabo el enjuiciamiento\n o no pueda realmente hacerlo;
c)	La persona de que se trate haya sido ya enjuiciada por\n la conducta a que se refiere la denuncia, y la Corte no pueda\n adelantar el juicio con arreglo a lo dispuesto en el párrafo\n 3 del artículo 20; y,
d)	El asunto no sea de gravedad suficiente para justificar\n la adopción de otras medidas por la Corte.
2.	A fin de determinar si hay o no disposición a actuar\n en un asunto determinado, la Corte examinará, teniendo\n en cuenta los principios de un proceso con las debidas garantías\n reconocidos por el derecho internacional, si se da una o varias\n de las siguientes circunstancias, según el caso:
a)	Que el juicio ya haya estado o esté en marcha o\n que la decisión nacional haya sido adoptada con el propósito\n de sustraer a la persona de que se trate de su responsabilidad\n penal por crímenes de la competencia de la Corte, según\n lo dispuesto en el artículo 5;
b)	Que haya habido una demora injustificada en el juicio que,\n dadas las circunstancias, sea incompatible con la -intención\n de hacer comparecer a la persona de que se trate ante la justicia;\n y,
c)	Que el proceso no haya sido o no esté siendo sustanciado\n de manera independiente o imparcial y haya sido o esté\n siendo sustanciado de forma en que, dadas las circunstancias,\n sea incompatible con la intención de hacer comparecer\n a la persona de que se trate ante la justicia.
3.	A fin de determinar la incapacidad para investigar o enjuiciar\n en un asunto determinado, la Corte examinará si el Estado,\n debido al colapso total o sustancial de su administración\n nacional de justicia o al hecho de que carece de ella, no puede\n hacer comparecer al acusado, no dispone de las pruebas y los\n testimonios necesarios o no está por otras razones en\n condiciones de llevar a cabo el juicio.
Decisiones preliminares relativas a la admisibilidad
1.	Cuando se haya remitido a la Corte una situación\n en virtud del artículo 13 a) y el Fiscal haya determinado\n que existen fundamentos razonables para comenzar una investigación\n o el Fiscal inicie esa investigación en virtud de los\n artículos 13 c) y 15, éste lo notificará\n a todos los Estados Partes y a aquellos Estados que, teniendo\n en cuenta la información disponible, ejercerían\n normalmente la jurisdicción sobre los crímenes\n de que se trate. El Fiscal podrá hacer la notificación\n a esos Estados con carácter confidencial y, cuando lo\n considere necesario a fin de proteger personas, impedir la destrucción\n de pruebas o impedir la fuga de personas, podrá limitar\n el alcance de la información proporcionada a los Estados.
2.	Dentro del mes siguiente a la recepción de dicha\n notificación, el Estado podrá informar a la Corte\n que está llevando o ha llevado a cabo una investigación\n en relación con sus nacionales u otras personas bajo su\n jurisdicción respecto de actos criminales que puedan constituir\n crímenes contemplados en el artículo 5 y a los\n que se refiera la información proporcionada en la notificación\n a los Estados. A petición de dicho Estado, el Fiscal se\n inhibirá de su competencia en favor del Estado en relación\n con la investigación sobre las personas antes mencionadas,\n a menos que la Sala de Cuestiones Preliminares decida, a petición\n del Fiscal autorizar la investigación.
3.	El Fiscal podrá volver a examinar la cuestión\n de la inhibición de su competencia al cabo de seis meses\n a partir de la fecha de la remisión o cuando se haya producido\n un cambio significativo de circunstancias en vista de que el\n Estado no está dispuesto a llevar a cabo la investigación\n o no puede realmente hacerlo.
4.	El Estado de que se trate o el Fiscal podrán apelar\n ante la Sala de Apelaciones de la decisión de la Sala\n de Cuestiones Preliminares, de conformidad con el artículo\n 82. La apelación podrá sustanciarse en forma sumaria.
5.	Cuando el Fiscal se haya inhibido de su competencia en\n relación con la investigación con arreglo a lo\n dispuesto en el párrafo 2, podrá pedir al Estado\n de que se trate que le informe periódicamente de la marcha\n de sus investigaciones y del juicio ulterior. Los Estados Partes\n responderán a esas peticiones sin dilaciones indebidas.
6.	El Fiscal podrá, hasta que la Sala de Cuestiones\n Preliminares haya emitido su decisión, o en cualquier\n momento si se hubiere inhibido de su competencia en virtud de\n este artículo, pedir a la Sala de Cuestiones Preliminares,\n con carácter excepcional, que le autorice a llevar adelante\n las indagaciones que estime necesarias cuando exista una oportunidad\n única de obtener pruebas importantes o exista un riesgo\n significativo de que esas pruebas no estén disponibles\n ulteriormente.
7.	El Estado que haya apelado una decisión de la Sala\n de Cuestiones Preliminares en virtud del presente artículo\n podrá impugnar la admisibilidad de un asunto en virtud\n del artículo 19, haciendo valer hechos nuevos importantes\n o un cambio significativo de las circunstancias.
Impugnación de la competencia de la Corte o de la admisibilidad\n de la causa
1.	La Corte se cerciorará de ser competente en todas\n las causas que le sean sometidas. La Corte podrá determinar\n de oficio la admisibilidad de una causa de conformidad con el\n artículo 17.
2.	Podrán impugnar la admisibilidad de la causa, por\n uno de los motivos mencionados en el artículo 17, o impugnar\n la competencia de la Corte:
a)	El acusado o la persona contra la cual se haya dictado\n una orden de detención o una orden de comparecencia con\n arreglo al artículo 58;
b)	Un Estado que tenga jurisdicción en la causa porque\n esta investigándola o enjuiciándola o lo ha hecho\n antes; o,
c)	Un Estado cuya aceptación se requiera de conformidad\n con el artículo 12.
3.	El Fiscal podrá pedir a la Corte que se pronuncie\n sobre una cuestión de competencia o de admisibilidad.\n En las actuaciones relativas a la competencia o la admisibilidad,\n podrán presentar asimismo observaciones a la Corte quienes\n hayan remitido la situación de conformidad con el artículo\n 13 y las víctimas.
4.	La admisibilidad de una causa o la competencia de la Corte\n sólo podrán ser impugnadas una sola vez por cualquiera\n de las personas o los Estados a que se hace referencia en el\n párrafo 2. La impugnación se hará antes\n del juicio o a su inicio. En circunstancias excepcionales, la\n Corte podrá autorizar que la impugnación se haga\n más de una vez o en una fase ulterior del juicio. Las\n impugnaciones a la admisibilidad de una causa hechas al inicio\n del juicio, o posteriormente con la autorización de la\n Corte, sólo podrán fundarse en el párrafo\n 1 c) del artículo 17.
5.	El Estado a que se hace referencia en los apartados b)\n y c) del párrafo 2 del presente artículo hará\n la impugnación lo antes posible.
6.	Antes de la confirmación de los cargos, la impugnación\n de la admisibilidad de una causa o de la competencia de la Corte\n será asignada a la Sala de Cuestiones Preliminares. Después\n de confirmados los cargos, será asignada a la Sala de\n Primera Instancia. Las decisiones relativas a la competencia\n o la admisibilidad podrán ser recurridas ante la Sala\n de Apelaciones de conformidad con el artículo 82.
7.	Si la impugnación es hecha por el Estado a que se\n hace referencia en los apartados b) o c) del párrafo 2,\n el Fiscal suspenderá la investigación hasta que\n la Corte resuelva de conformidad con el artículo 17.
8.	Hasta antes de que la Corte se pronuncie, el Fiscal podrá\n pedirle autorización para:
a)	Practicar las indagaciones necesarias de la índole\n mencionada en el párrafo 6 del artículo 18;
b)	Tomar declaración a un testigo o recibir su testimonio,\n o completar la recolección y el examen de las pruebas\n que hubiere iniciado antes de la impugnación; y,
c)	Impedir, en cooperación con los Estados que corresponda,\n que eludan la acción de la justicia personas respecto\n de las cuales el Fiscal haya pedido ya una orden de detención\n en virtud del artículo 58.
9.	La impugnación no afectará a la validez de\n ningún acto realizado por el Fiscal, ni de ninguna orden\n o mandamiento dictado por la Corte, antes de ella.
10.	Si la Corte hubiere declarado inadmisible una causa de\n conformidad con el artículo 17, el Fiscal podrá\n pedir que se revise esa decisión cuando se haya cerciorado\n cabalmente de que han aparecido nuevos hechos que invalidan los\n motivos por los cuales la causa habla sido considerada inadmisible\n de conformidad con dicho artículo.
11.	El Fiscal, si habida cuenta de las cuestiones a que se\n refiere el artículo 17 suspende una investigación,\n podrá pedir que el Estado de que se trate ponga a su disposición\n información sobre las actuaciones. A petición de\n ese Estado, dicha información será confidencial.\n El Fiscal, si decide posteriormente abrir una investigación,\n notificará su decisión al Estado cuyas actuaciones\n hayan dado origen a la suspensión.
1.	Salvo que en el presente Estatuto se disponga otra cosa,\n nadie será procesado por la Corte en razón de conductas\n constitutivas de crímenes por los cuales ya hubiere sido\n condenado o absuelto por la Corte.
2.	Nadie será procesado por otro tribunal en razón\n de uno de los crímenes mencionados en el artículo\n 5 por el cual la Corte ya le hubiere condenado o absuelto.
3.	La Corte no procesará a nadie que haya sido procesado\n por otro tribunal en razón de hechos también prohibidos\n en virtud de los artículos 6, 7 u 8 a menos que el proceso\n en el otro tribunal:
a)	Obedeciera al propósito de sustraer al acusado de\n su responsabilidad penal por crímenes de la competencia\n de la Corte; o,
b)	No hubiere sido instruida en forma independiente o imparcial\n de conformidad con las debidas garantías procesales reconocidas\n por el derecho internacional o lo hubiere sido de alguna manera\n que, en las circunstancias del caso, fuere incompatible con la\n intención de someter a la persona a la acción de\n la justicia.
1.	La Corte aplicará:
a)	En primer lugar, el presente Estatuto, los elementos de\n los crímenes y sus Reglas de Procedimiento y Prueba;
b)	En segundo lugar, cuando proceda, los tratados aplicables\n los principios y normas del derecho internacional, incluidos\n los principios establecidos del derecho internacional de los\n conflictos armados; y,
c)	En su defecto, los principios generales del derecho que\n derive la Corte del derecho interno de los sistemas jurídicos\n del mundo, incluido, cuando proceda, el derecho interno de los\n Estados que normalmente ejercerían jurisdicción\n sobre el crimen, siempre que esos principios no sean incompatibles\n con el presente Estatuto ni con el derecho internacional ni las\n normas y estándares internacionalmente reconocidos.
2.	La Corte podrá aplicar principios y normas de derecho\n respecto de los cuales hubiere hecho una interpretación\n en decisiones anteriores.
3.	La aplicación e interpretación del derecho\n de conformidad con el presente artículo deberá\n ser compatible con los derechos humanos internacionalmente reconocidos,\n sin distinción alguna basada en motivos como el género,\n definido en el párrafo 3, del artículo 7, la edad,\n la raza, el color, la religión o el credo, la opinión\n política o de otra índole, el origen nacional,\n étnico o social, la posición económica,\n el nacimiento u otra condición.
PARTE III.	DE LOS PRINCIPIOS GENERALES DE DERECHO PENAL
Nullum crimen sine lene
1.	Nadie será penalmente responsable de conformidad\n con el presente Estatuto a menos que la conducta de que se trate\n constituya, en el momento en que tiene lugar, un crimen de la\n competencia de la Corte.
2.	La definición de crimen será interpretada\n estrictamente y no se hará extensiva por analogía.\n En caso de ambigüedad, será interpretada en favor\n de la persona objeto de investigación, enjuiciamiento\n o condena.
3.	Nada de lo dispuesto en el presente artículo afectará\n a la tipificación de una conducta como crimen de derecho\n internacional independientemente del presente Estatuto.
Quien sea declarado culpable por la Corte únicamente\n podrá ser penado de conformidad con el presente Estatuto.
1.	Nadie será penalmente responsable de conformidad\n con el presente Estatuto por una conducta anterior a su entrada\n en vigor.
2.	De modificarse el derecho aplicable a una causa antes de\n que se dicte la sentencia definitiva, se aplicarán las\n disposiciones más favorables a la persona objeto de la\n investigación, el enjuiciamiento o la condena.
1.	De conformidad con el presente Estatuto, la Corte tendrá\n competencia respecto de las personas naturales.
2.	Quien corneta un crimen de la competencia de la Corte será\n responsable individualmente y podrá ser penado de conformidad\n con el presente Estatuto.
3.	De conformidad con el presente Estatuto, será penalmente\n responsable y podrá ser penado por la comisión\n de un crimen de la competencia de la Corte quien:
a)	Cometa ese crimen por sí solo, con otro o por conducto\n de otro, sea éste o no penalmente responsable;
b)	Ordene, proponga o induzca la comisión de ese crimen,\n ya sea consumado o en grado de tentativa;
c)	Con el propósito de facilitar la comisión\n de ese crimen, sea cómplice o encubridor o colabore de\n algún modo en la comisión o la tentativa de c