Source: http://jurisprudencia.cplt.cl/cplt/decision.php?id=CPLT00002084
Timestamp: 2020-07-13 15:27:03
Document Index: 414141291

Matched Legal Cases: ['artículo 15', 'in fine', 'in fine', 'artículo 3', 'in fine', 'artículo 11', 'artículo 12', 'artículo 11', 'artículo 546', 'in fine', 'artículo 1', 'artículo 36', 'artículo 57', 'artículo 58', 'artículo 60', 'artículo 58', 'artículo 59', 'artículo 64', 'artículo 114', 'artículo 87', 'artículo 50', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 11', 'artículo 3', 'artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 1', 'artículo 30', 'in fine', 'artículo 44', 'artículo 45', 'artículo 46', 'artículo 44', 'artículo 47', 'artículo 48', 'artículo 49', 'artículo 52', 'artículo 55', 'artículo 3', 'artículo 84', 'artículo 114', 'artículo 114', 'artículo 49', 'artículo 50', 'artículo 13', 'artículo 11', 'artículo 14', 'artículo 13', 'artículo 11', 'artículo 14', 'artículo 13', 'artículo 11']

CPLT Jurisprudencia | Francisco Figueroa Cerda con MINISTERIO DE JUSTICIA
Francisco Figueroa Cerda con MINISTERIO DE JUSTICIA Rol: C1005-11
Se recurre de amparo en contra del Ministerio de Justicia por no proporcionar balances y estados financieros de la Universidad del Desarrollo. El Consejo acoge el amparo incoado sólo en cuanto no derivó la solicitud de información que le ha dado origen al órgano competente que, según el ordenamiento jurídico, debía conocerla.
Consejo para la Transparencia, 06/08/2010, C39-10
DECISIÓN AMPARO ROL C1005-11
Requirente: Francisco Figueroa Cerda
Ingreso Consejo: 12.08.2011
En sesión ordinaria Nº 300 del Consejo Directivo, celebrada el 2 de diciembre de 2011, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley Nº 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1005-11.
Los artículos 5º, inc. 2º, 8º y 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes Nº 20.285 y Nº 19.880; lo previsto en el D.F.L. Nº 1-19.653, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575; en el Decreto con Fuerza de Ley N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 20.370, con las normas no derogadas del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2005; y los D.S. Nº 13/2009 y Nº 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley Nº 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.
1) SOLICITUD DE ACCESO: Don Francisco Figueroa Cerda, junto a Mauricio Carrasco Núñez, Constanza Martínez Gil y Loreto Fernández Quevedo, el 7 de julio de 2011, tras realizar una breve exposición respecto de declaraciones vertidas por el ex Ministro de Educación, Sr. Joaquín Lavín Infante, en distintos medios de prensa respecto a su participación en la Universidad del Desarrollo y en sociedades relacionadas con dicha institución de educación superior, solicitaron al Sr. Ministro de Justicia «[l]as memorias y los balances financieros que, desde su nacimiento, debe enviar anualmente la fundación de derecho público Universidad del Desarrollo a su Ministerio», manifestando, además, que la información requerida permitirá constatar la relación que dicha universidad tuvo con las sociedades de las cuales era parte el Sr. Lavín Infante. Por último, los requirentes manifestaron su voluntad de ser notificados de todos los actos y resoluciones del proceso a que da origen la solicitud mediante comunicación electrónica, indicando, al efecto, dos direcciones de correo electrónico.
2) RESPUESTA: La Subsecretaría de Justicia, por medio del Ordinario N° 5038, de 22 de julio de 2011, dio respuesta a la solicitud del requirente, informando que «[r]evisado el Registro de Personas Jurídicas que lleva este Ministerio, podemos señalar que esta Cartera de Estado no ha concedido personalidad jurídica a ninguna corporación o fundación con la denominación indicada en vuestro requerimiento u otro similar, razón por la cual no es posible dar respuesta a su solicitud de acceso».
3) AMPARO: Don Francisco Figueroa Cerda, el 12 de agosto de 2011, dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del Ministerio de Justicia, fundado en que éste dio respuesta negativa a su solicitud de información debido a la inexistencia de la información requerida. Al respecto, señala, además, lo siguiente:
a) La respuesta dada por el órgano requerido se puede atribuir a que la solicitud de información adolecía de un error en la naturaleza jurídica de la entidad respecto de la cual se requirieron antecedentes, ya que la Universidad del Desarrollo es una persona jurídica de derecho privado, y no de derecho público como se indicó en el requerimiento, sin perjuicio de lo cual, tal respuesta constituye una infracción a la Ley de Transparencia.
b) El Ministerio de Justicia se encuentra obligado legalmente a poseer la información requerida, en virtud de las siguientes razones:
i. El DFL N° 1, de 1981, del Ministerio de Educación, establece en su artículo 15, ubicado en el Título IV, que trata sobre la creación y disolución de universidades, que «[p]odrán crearse universidades, las que deberán constituirse como personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro», y la escritura de constitución de dichas entidades, conforme a la misma normativa, se registrará en el Ministerio de Educación.
ii. Asimismo, dichas entidades, en cuanto personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro, también se encuentran reguladas por el Decreto Ley N° 1.183, de 1975, que determina el ordenamiento de ingresos y recursos de instituciones que no persiguen fines de de lucro. Conforme a lo establecido en el artículo 3° de dicho cuerpo normativo, las personas jurídicas sin fines de lucro «[d]eberán presentar al Ministerio de Justicia semestralmente, en los meses de Junio y Diciembre de cada año, un balance de sus ingresos y egresos y una memoria explicativa de sus actividades», lo que permite concluir que existe una obligación legal para las universidades de enviar semestralmente un balance de sus ingresos y egresos a dicho Ministerio, y, por lo tanto, la obligación del órgano requerido de contar con la información solicitada.
c) Conforme a lo resuelto por la Corte de Apelaciones de Santiago, en la causa Rol 950-2010, considerando 11°), las memorias y balances entregados por personas jurídicas de derecho privado al Ministerio de Justicia tienen «[e]videntemente el carácter de público».
d) De la solicitud que ha dado origen al presente amparo, se desprende claramente cuál era la información requerida: los balances financieros y memorias de la Universidad del Desarrollo, desde su nacimiento, debiendo tenerse presente que es un hecho público y notorio la existencia de una universidad denominada Universidad del Desarrollo, cuyo sustento legal es una persona jurídica de derecho privado RUT 71.644.300-0.
e) Conforme al principio de facilitación, consagrado en el artículo 11, letra f), de la ley de Transparencia, corresponde a los órganos de la Administración del Estado facilitar la información a la ciudadanía y no entrampar su acceso en formalismos que eviten cumplir el espíritu de la Ley, lo que permite afirmar que dichos órganos deben interpretar las solicitudes de acceso a la información pública de forma de hacerlas coincidir con la información que la entidad detenta, como se desprende de lo resuelto por el Consejo para la Transparencia en el ampao rol C39-10.
f) Por último, expresa su voluntad de ser notificado de todos los actos y resoluciones del proceso a que da lugar el presente amparo, mediante comunicaciones electrónicas, conforme a lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley de Transparencia, indicando, para ello, tres direcciones de correos electrónicos.
4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación el presente amparo, trasladándolo al Sr. Ministro de Justicia, mediante Oficio N° 2.123, de 23 de agosto de 2011. Dicho traslado fue evacuado por la Subsecretaria de Justicia (S), a través del Ordinario N° 6.522, de 14 de septiembre de 2011, ingresado a este Consejo el día 15 del mismo mes y año, en el que formuló los siguientes descargos u observaciones:
a) La solicitud de información que ha dado origen al presente amparo versa sobre documentación de una universidad privada, específicamente, a todas las memorias y balances correspondientes a la Universidad del Desarrollo, institución de educación superior sujeta a las disposiciones contenidas en el Decreto con Fuerza de Ley N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 20.370, con las normas no derogadas del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2005.
b) El Ministerio no se sirve de confusiones o errores contenidos en las solicitudes de acceso a la información pública para denegar las mismas, ya que da estricto cumplimiento al principio de facilitación contenido en la letra f) del artículo 11 de la Ley de Transparencia, y nunca se ha escudado en exigir la identificación exacta de una entidad consultada, o de un documento solicitado, para dar respuesta a los requerimientos de los ciudadanos. Asimismo, agrega que al recibir la solicitud del requirente, se hizo una búsqueda de todo el Registro de Personas Jurídicas del Ministerio, a objeto de determinar si existía o no alguna entidad que tuviera en cualquier parte de su nombre el término “Universidad del Desarrollo”, ya fuera ésta una corporación o una fundación, y al no encontrar ningún antecedente al respecto, se le informó que este Ministerio no había concedido personalidad jurídica a ninguna corporación o fundación con la denominación indicada u otra similar.
c) Respecto al fondo del asunto planteado al conocimiento del Consejo, se debe precisar el marco jurídico aplicable a las universidades privadas, a fin de despejar cualquier duda respecto a cuál o cuáles son los órganos del Estado encargados de concederles personalidad jurídica, otorgar el reconocimiento oficial del Estado, exigirles la entrega de documentación propia relevante, ejercer facultades de supervigilancia y, eventualmente, cancelar su personalidad jurídica.
d) Conforme a lo dispuesto por el artículo 546 del Código Civil, la obtención de personalidad jurídica por parte de las entidades sin fines de lucro puede emanar de la Ley o de la aprobación por parte del Presidente de la República, lo que guarda coherencia con lo dispuesto en el artículo 1° del Decreto Supremo N° 110, de 1979, que aprueba el Reglamento sobre concesión de personalidad jurídica a corporaciones y fundaciones. En los casos en que se concede la personalidad jurídica por autorización del Presidente de la República, ello se materializa por medio de un decreto firmado por el Ministro de Justicia, por potestad delegada del Presidente de la República, el cual es publicado en el Diario Oficial, el que, en determinadas circunstancias, requiere además el trámite de toma de razón por parte de la Contraloría General de la República. Lo mismo ocurre con la aprobación de los estatutos de la corporaciones y fundaciones referidas, de las modificaciones que en ellos se introduzcan y de los acuerdos que se adopten relacionados con su disolución, todo lo cual se realiza conforme al procedimiento establecido en dichos cuerpo normativos, y es de competencia del Ministerio de Justicia. Asimismo, la facultad de este Ministerio para fiscalizar a las entidades a su cargo y, eventualmente, cancelar la personalidad jurídica de una corporación o fundación, emana del artículo 36 del Decreto Supremo Justicia N° 110, de 1979.
e) La constitución, reconocimiento oficial y control de las universidades, en cambio, se rige por un estatuto jurídico distinto al establecido en las normas citadas precedentemente, según se desprende de lo dispuesto en los artículos 55 y siguientes del Decreto con Fuerza de Ley N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación.
f) La constitución de las universidades, y el otorgamiento de personalidad jurídica a las mismas, se rige por lo establecido en el artículo 57 del aludido Decreto con Fuerza de Ley N° 2, y se materializa a través del depósito de copia autorizada de su instrumento constitutivo en el Ministerio de Educación. Asimismo, el artículo 58 de dicho cuerpo normativo establece la facultad del Ministerio de Educación para formular observaciones a los estatutos o al acto constitutivo de una universidad, pudiendo, en caso de no subsanarse los reparos observados, cancelar su personalidad jurídica y eliminarla del registro respectivo.
g) Conforme a lo establecido en el en el artículo 60 del Decreto con Fuerza de Ley N° 2, las modificaciones a los estatutos de las entidades de educación superior, aprobadas con el quórum y requisitos que éstos establezcan y reducidas a escritura pública, deben registrarse en el Ministerio de Educación dentro del plazo de treinta días, contado desde la fecha de la escritura pública de modificación respectiva, pudiendo el Ministerio de Educación ejercer sus facultades de objetar el procedimiento de modificación o formular observaciones a los estatutos de la entidad, al tenor de lo dispuesto en el artículo 58 del mismo cuerpo normativo.
h) Por otro lado, el artículo 59 del mencionado Decreto con Fuerza de Ley N° 2, sanciona con la cancelación de la personalidad jurídica a la universidad que no ha dado cumplimiento a los requisitos exigidos por la ley para obtener su reconocimiento oficial. Asimismo, el artículo 64 de dicho cuerpo normativo establece la cancelación de la personalidad jurídica de una universidad y la revocación de su reconocimiento oficial, mediante un decreto supremo fundado del Ministerio de Educación, previo acuerdo del Consejo Nacional de Educación, en el evento que se determinare: i) que la Universidad no cumple con sus objetivos estatutarios, ii) realizare actividades contrarias a la moral, al orden público, a las buenas costumbres y a la seguridad nacional, iii) incurriere en infracciones graves a sus estatutos, o iv) si dejare de otorgar títulos profesionales de aquellos que requieren haber obtenido previamente el grado de licenciado.
i) El mismo Decreto con Fuerza de Ley N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación, establece las potestades de control y supervisión que le corresponden al Estado respecto de las universidades, pudiendo señalar que su artículo 114 de dispone que las instituciones de enseñanza superior que reciban aporte fiscal deberán enviar, anualmente, al Ministerio de Educación la memoria explicativa de sus actividades y su balance, y que las instituciones de educación superior de carácter privado que cuenten con aporte fiscal deberán rendir cuenta al Ministerio de Educación, sólo respecto de los fondos fiscales que hubieren recibido; que el artículo 87 de dicho Decreto con Fuerza de Ley establece, además, que al Consejo Nacional de Educación le corresponde, entre otras funciones, verificar el desarrollo de los proyectos institucionales de las nuevas instituciones de educación superior que hayan sido aprobados, solicitar al Ministerio de Educación, de manera fundada, la revocación del reconocimiento oficial de las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica en proceso de licenciamiento, e Informar al Ministerio de Educación sobre el cierre de las instituciones autónomas de educación superior; y. por otro lado, la competencia de la Superintendencia de Educación, que al tenor del artículo 50 de la norma en comento, es el organismo encargado de fiscalizar la mantención de los requisitos que dieron origen al reconocimiento oficial del Estado.
j) La Contraloría General de la República, en su dictamen N° 7.017, de 21 de marzo de 1986, refrendado por dictamen 11.009, de 13 de mayo de 1986, relativo a la aprobación de reformas de la Universidad de Concepción, señala que es el Ministerio de Educación -y no el Ministerio de Justicia- el órgano competente para resolver la materia objeto del dictamen, por cuanto el Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 1980 (actualmente refundido en el Decreto con Fuerza de Ley N° 2 de 2009), que contiene el régimen general sobre universidades, le otorga atribuciones en la materia.
k) Por lo expuesto, se puede concluir que las universidades no son de aquellas entidades que quedan bajo el régimen jurídico previsto en el Decreto Supremo de Justicia N° 110, de 1979, sino están sujetas al régimen establecido en el Decreto con Fuerza de Ley N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación, que fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley N° 20.370 con las Normas no Derogadas del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2005, toda vez que dicho cuerpo legal es el que establece de forma específica el sistema de concesión de personalidad jurídica y reconocimiento oficial del Estado para las instituciones de educación superior, motivo por el cual este órgano obró conforme a derecho al señalar a los requirentes que no era posible acceder a su solicitud de acceso, pues aparece de manera evidente que las universidades privadas -y en este caso en particular la Universidad del Desarrollo- no están registradas ante esta Cartera de Estado ni tampoco son sujetos pasivos de las facultades de supervigilancia que la ley entrega al Ministerio de Justicia respecto de las corporaciones y fundaciones, por lo que no puede satisfacer los requerimientos de información pública que versen sobre los mismos.
l) Respecto a la supuesta obligación de las universidades de enviar semestralmente un balance de sus ingresos y egresos al Ministerio de Justicia, y, la de esta entidad, de contar con la información solicitada, que el requirente sustenta en lo dispuesto en el artículo 3° del Decreto Ley N° 1183, de 1975, debe tenerse presente que éste último incurre en un error, ya que tal afirmación no coincide con el texto de la norma invocada. Al respecto, el requirente sólo cita el artículo 3° del Decreto Ley N° 1.183 de 1975 –conforme al cual «[l]as personas jurídicas comprendidas en las situaciones previstas en el artículo 1°, deberán presentar al Ministerio de Justicia semestralmente, en los meses de Junio y Diciembre de cada año, un balance de sus ingresos y egresos y una memoria explicativa de sus actividades…»–, pero omite señalar que, conforme al artículo 1° de dicho cuerpo normativo, «[l]as organizaciones y entidades que hayan obtenido personalidad jurídica en conformidad al Título XXXIII del Libro 1 del Código Civil y su Reglamento, y, en general, las instituciones de derecho privado que persiguen fines benéficos, no podrán recibir aportes, donaciones, empréstitos, subvenciones ni cualquier otro tipo de ayuda o contribución de personas jurídicas nacionales privadas, o de personas jurídicas extranjeras públicas o privadas, o de personas naturales, nacionales o extranjeras, si no cuentan con personalidad jurídica vigente, a excepción de aquellas que no consistan en dinero, sea moneda nacional o extranjera», lo que permite concluir que las universidades no son de aquellas entidades señaladas en el citado artículo 1°, ya que no obtienen su personalidad jurídica de acuerdo al Título XXXIII del Código Civil, ni son instituciones de beneficencia, sino que por el contrario, son entidades sujetas al régimen jurídico especial previsto en el Decreto con Fuerza de Ley N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación.
m) Por último, reitera que al no corresponder legalmente a dicha Cartera de Estado la tramitación de la concesión, modificación o disolución de la personalidad jurídica de las universidades, no existen en sus archivos antecedente alguno referido a las mismas, por lo que no es posible entregar documentación de las mismas en el marco de la Ley de Transparencia ni en ningún otro, dada la incompetencia del Ministerio de Justicia antes anotada.
1) Que, en primer término, se hace necesario precisar que este Consejo estima que, en virtud del contexto de la solicitud de información que ha dado origen al presente amparo y del principio de facilitación consagrado en el artículo 11, letra f), de la Ley de Transparencia, cuando el requirente se refiere a la “fundación de derecho público Universidad del Desarrollo”, no puede sino que entenderse que se ha querido referir, en realidad, a la “Universidad del Desarrollo” –como se desprende, además, de los propios descargos formulados por el Ministerio de Justicia, en donde señala que la solicitud de información que ha dado origen al presente amparo versa sobre documentación de una universidad privada–, debiendo, por lo tanto, tenerse presente tal precisión a fin de resolver acertadamente el presente amparo.
2) Que, de esta forma, lo requerido en la solicitud de información que ha dado origen al presente amparo consiste en las memorias y balances financieros que la Universidad del Desarrollo habría presentado, desde su constitución, al Ministerio de Justicia, antecedentes que, según el requirente, debieran obrar en poder de dicho órgano en virtud de lo dispuesto en el artículo 3° del Decreto Ley N° 1183, de 1975, que determina el ordenamiento de ingresos y recursos de instituciones que no persiguen fines de de lucro –conforme al cual las personas jurídicas comprendidas en las situaciones previstas en el artículo 1° de dicho cuerpo normativo «[d]eberán presentar al Ministerio de Justicia semestralmente, en los meses de Junio y Diciembre de cada año, un balance de sus ingresos y egresos y una memoria explicativa de sus actividades…»–. Por otra parte, atendido que el sitio electrónico de dicha institución de educación superior indica que la Universidad “nació en 1990”, debe concluirse que lo requerido, en definitiva, consiste, en los balances de ingresos y egresos y las memorias explicativas de sus actividades que la Universidad del Desarrollo habría presentado ante el Ministerio de Justicia durante los meses de junio y diciembre desde el año 1990 hasta la fecha de la solicitud de información.
3) Que, como ya se ha señalado, la obligación establecida en el artículo 3° del Decreto Ley N° 1.183, de 1975, es exigible respecto de aquellas personas jurídicas que se encuentren en las situaciones previstas en el artículo 1° de dicho cuerpo normativo, esto es, las organizaciones y entidades que hayan obtenido personalidad jurídica en conformidad al Título XXXIII del Libro I del Código Civil y su Reglamento, y, en general, las instituciones de derecho privado que persiguen fines benéficos.
4) Que, conforme a lo dispuesto en el inciso primero del artículo 30 de la Ley N° 18.692, Orgánica Constitucional de Enseñanza, en su texto vigente al año 1990 –esto, a la fecha de constitución de la Universidad del Desarrollo– las universidades que no tengan el carácter de estatales «[d]eberán crearse conforme a los procedimientos establecidos en esta ley, y serán siempre corporaciones de derecho privado, sin fines de lucro para el efecto de tener reconocimiento oficial».
5) Que, conforme a lo establecido en el artículo 44 de la citada Ley N° 18.692, en su texto vigente en 1990, las universidades que no sean creadas por ley –esto es, aquellas que no tengan el carácter de estatales, «[d]eberán constituirse por escritura pública o por instrumento privado reducido a escritura pública, la que debe contener el acta de constitución de la entidad y los estatutos por los cuales han de regirse», el artículo 45 establecía el contenido de los estatutos de dichas universidades, y el artículo 46 disponía, en su inciso primero, que «[l]as universidades gozarán de personalidad jurídica por el solo hecho de depositar en el Ministerio de Educación Pública una copia debidamente autorizada, del instrumento constitutivo a que se refiere el artículo 44, el cual deberá inscribirse con su número respectivo en un registro que dicha Secretaría de Estado llevará al efecto, acompañado de copia del proyecto correspondiente». Por su parte, el artículo 47 de la Ley N° 18.962, otorga al Ministerio de Educación la facultad de objetar la constitución de la universidad si no se da cumplimiento a algún requisito exigido para su constitución o si los estatutos no se ajustaren a lo prescrito en la ley, el procedimiento y plazo para subsanar dichas objeciones y la sanción en caso que ello no ocurra, los artículo 48, 53 54 regulaban la cancelación de la personalidad jurídica y la eliminación del registro correspondiente, mientras que el artículo 49 establecía las normas aplicables a las modificaciones de los estatutos de las Universidades, los artículos 50 y 51 se referían al reconocimiento oficial de estas instituciones universitarias, el artículo 52 se refiere al inicio de las actividades docentes de las nuevas universidades, y, por último, el artículo 55 regula la disolución de las Universidades regidas por estas normas.
6) Que, las disposiciones citadas precedentemente, se han mantenido vigentes a través del tiempo, ya sea en los textos actualizados de dicho cuerpo legal, o en la Ley N° 20.370, General de Educación, y sus respectivas actualizaciones. De hecho, las materias indicadas en el considerando precedente se encuentran, actualmente, reguladas en los artículos 53 y 55 a 66, ambos inclusive, del Decreto con Fuerza de Ley N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación, que fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley N° 20.370, con las normas no derogadas del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2005.
7) Que, de esta forma, las Universidades que no poseen el carácter de estatales, no han obtenido personalidad jurídica en conformidad al Título XXXIII del Libro I del Código Civil y su Reglamento,, razón por la cual no les resultan aplicable las normas contenidas en el Decreto Ley N° 1183, de 1975, entre ellas la obligación de presentar, ante el Ministerio de Justicia, los balances y memorias requeridos.
8) Que, por otro lado, es necesario precisar que las instituciones de derecho privado que persiguen fines benéficos, reguladas por las normas de decreto aludido en el considerando anterior, son aquellas que realizan actividades filantrópicas, que brindan ayuda o prestan servicios en forma gratuita, tales como las obras pías o de beneficencia privada dedicadas a la caridad o la asistencia social, situación en la cual no se encuentra la Universidad del Desarrollo, lo que refirma la inaplicabilidad en la especie de tal norma.
9) Que, en consecuencia, cabe concluir que, el artículo 3° del Decreto Ley N° 1183, de 1975 –invocado por el requirente como fundamento para sostener que la información requerida debe obrar en poder del Ministerio de justicia–, no resulta aplicable a la especie debido a que, a partir de 1990, ha existido una norma especial que establece la obligación de las universidades de enviar, anualmente, al Ministerio de Educación Pública la memoria explicativa de sus actividades y su balance. Al respecto, el texto del artículo 84 de la Ley N° 18.962, que ha sido íntegramente recogido en el artículo 114 del el Decreto con Fuerza de Ley N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 20.370, con las normas no derogadas del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2005, disponía que «[l]as instituciones de enseñanza superior que reciban aporte fiscal deberán enviar, anualmente, al Ministerio de Educación Pública la memoria explicativa de sus actividades y su balance. / Las instituciones de educación superior de carácter privado que cuenten con aporte fiscal deberán rendir cuenta al Ministerio de Educación Pública sólo respecto de los fondos fiscales que hubieren recibido».
10) Que, por lo expuesto precedentemente, se deben acoger las observaciones y descargos del Ministerio de Justicia en el sentido de que dicho organismo no es competente para ocuparse de la solicitud de información que ha dado origen al presente amparo y a que no posee, ni se encuentra obligado a poseer, la información requerida.
11) Que, sin perjuicio de lo señalado precedentemente, debe precisarse que, atendido lo señalado en los considerandos 8°) y 9°) de esta decisión, así como lo dispuesto en el artículo 114 del el Decreto con Fuerza de Ley N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación, se debe concluir que la información requerida en la solicitud que ha dado origen al presente amparo debería obrar en poder del Ministerio de Educación, en la medida que la Universidad del Desarrollo haya recibido aportes fiscales.
12) Que, lo anterior, se ve reforzado por lo dispuesto en la Ley N° 20.129, que establece un sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la educación superior, al establecer y regular el denominado «[s]istema Nacional de Información de la Educación Superior», ya que su artículo 49 establece un sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la educación superior, dispone que «[c]orresponderá al Ministerio de Educación, a través de su División de Educación Superior, desarrollar y mantener un Sistema Nacional de Información de la Educación Superior, que contenga los antecedentes necesarios para la adecuada aplicación de las políticas públicas destinadas al sector de educación superior, para la gestión institucional y para la información pública de manera de lograr una amplia y completa transparencia académica, administrativa y contable de las instituciones de educación superior”, mientras que el artículo 50, por su parte, dispone que para los efectos señalados “las instituciones de educación superior deberán recoger y proporcionar a la División de Educación Superior el conjunto básico de información que ésta determine, la que considerará, a lo menos, datos estadísticos relativos a alumnos, docentes, recursos, infraestructura y resultados del proceso académico, así como la relativa a la naturaleza jurídica de la institución; a su situación patrimonial y financiera y al balance anual debidamente auditado, y a la individualización de sus socios y directivos ».
13) Que, por todo lo anteriormente señalado, y por aplicación de lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley de Transparencia en orden a que «[e]n caso que el órgano de la Administración requerido no sea competente para ocuparse de la solicitud de información o no posea los documentos licitados, enviará de inmediato la solicitud a la autoridad que deba conocerla según el ordenamiento jurídico, en la medida que ésta sea posible de individualizar, informando de ello al peticionario», este Consejo estima que el Ministerio de Justicia debió haber enviado, de inmediato, la solicitud de información de la especie al Ministerio de Educación, por ser dicho organismo el competente para conocerla según el ordenamiento jurídico, lo que, en la especie, no ocurrió, razón por la cual se acogerá el presente amparo, sin perjuicio de lo cual, en virtud del principio de facilitación, consagrado en el artículo 11, letra f) de la ley de Transparencia, este Consejo procederá, excepcionalmente, a derivar la solicitud del requirente al citado Ministerio de Educación para que se pronuncie, dentro del plazo establecido en el artículo 14 de dicho cuerpo legal, respecto de la solicitud en comento.
14) Que, por último, este consejo estima pertinente representar al Ministerio de Justicia que, al no haber derivado la solicitud de información en comento a los órganos competentes para pronunciarse respecto de ella, ha infringido lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Transparencia, así como los principios de facilitación y oportunidad consagrados en el artículo 11, letras f) y h), del mismo cuerpo legal, razón por la cual se le requerirá que, en lo sucesivo, frente a solicitudes de información respecto de las cuales no sea competente para ocuparse o no posea los documentos solicitados, las envíe, de inmediato, a la autoridad que deba conocerla según el ordenamiento jurídico, o, en aquellos casos en que no sea posible individualizar al órgano competente o si la información solicitada pertenece a múltiples organismo, que informe tales circunstancias a los requirentes.
CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:
I. Acoger el amparo deducido por don Francisco Figueroa Cerda en contra del Ministerio del Interior sólo en cuanto no derivó la solicitud de información que le ha dado origen al órgano competente que, según el ordenamiento jurídico, debía conocerla, en virtud de lo razonado en la parte considerativa del presente acuerdo.
II. Derivar, de manera excepcional y en virtud del principio de facilitación, la solicitud de información del Sr. Figueroa Cerda al Ministerio de Educación, a fin de que dicho organismo se pronuncie respecto de ella dentro del plazo establecido en el artículo 14 de la Ley de Transparencia.
III. Representar al Sr. Ministro de Justicia que, al no haber derivado la solicitud de información en comento a los órganos competentes para pronunciarse respecto de ella, ha infringido lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Transparencia, así como el principio de facilitación y oportunidad consagrados en el artículo 11, letras f) y h), del mismo cuerpo legal, y requerirle que, en lo sucesivo, frente a solicitudes de información respecto de las cuales no sea competente para ocuparse o no posea los documentos solicitados, éstas sea enviadas, de inmediato, a la autoridad que deba conocerla según el ordenamiento jurídico, o, en aquellos casos en que no sea posible individualizar al órgano competente o si la información solicitada pertenece a múltiples organismo, que informe tales circunstancias a los requirentes.
IV. Encomendar al Director General de este Consejo notificar la presente decisión a don Francisco Figueroa Cerda y al Sr. Ministro de Justicia.
Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Alejandro Ferreiro Yazigi y por los Consejeros don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu. Se deja constancia que la consejera Vivianne Blanlot Soza no concurre a la presente decisión por encontrarse ausente.