Source: http://publicaciones.fasecolda.com/regimen-de-seguros/chapter/p3-c12-1/
Timestamp: 2019-04-26 00:35:33
Document Index: 48373616

Matched Legal Cases: ['artículo 3', 'artículo 2', 'artículo 32', 'artículo 77', 'artículo 7', 'artículo 25', 'artículo 32', 'ARTÍCULO 7', 'artículo 1', 'artículo 23', 'artículo 42', 'artículo 23', 'artículo 223', 'artículo 32', 'artículo 217', 'artículo 32', 'artículo 217', 'artículo 32', 'artículo 101', 'artículo 219', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 219', 'artículo 92', 'artículo 95', 'artículo 274', 'artículo 12', 'artículo 88', 'artículo 2', 'artículo 94', 'artículo 2', 'artículo 223', 'artículo 88', 'artículo 5', 'artículo 6', 'artículo 5', 'artículo 88', 'artículo 221', 'artículo 273', 'artículo 32', 'artículo 12', 'artículo 4', 'artículo 1', 'artículo 93', 'artículo 93', 'artículo 13', 'artículo 12', 'artículo 20', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 13', 'artículo 22', 'artículo 24', 'artículo 25', 'artículo 29', 'artículo 30', 'artículo 36', 'artículo 39', 'artículo 60', 'artículo 61', 'artículo 6', 'Artículo 111', 'Artículo 112', 'Artículo 113', 'Artículo 114', 'Artículo 115', 'Artículo 116', 'Artículo 117', 'Artículo 118', 'Artículo 119', 'Artículo 120', 'Artículo 121', 'Artículo 122', 'Artículo 123', 'Artículo 124', 'artículo 85', 'Artículo 125', 'Artículo 126', 'Artículo 127', 'Artículo 128', 'Artículo 129', 'Artículo 130', 'Artículo 131', 'Artículo 132', 'Artículo 133', 'Artículo 134', 'Artículo 135', 'Artículo 136', 'Artículo 137', 'Artículo 138', 'Artículo 139', 'Artículo 147', 'Artículo 91', 'artículo 1056', 'artículo 1047']

CAPÍTULO 12.1 | Régimen de Seguros
SEGURO DE MANEJO Y CUMPLIMIENTO
[3–1201] Art. 203. Seguro de manejo o de cumplimiento.
Objeto del seguro. Dentro de los seguros de manejo o de cumplimiento habrá uno que tendrá por objeto garantizar el correcto manejo de fondos o valores de cualquier clase que se confíen a los empleados públicos o a los particulares, en favor de las entidades o personas ante las cuales sean responsables; y podrá extenderse también al pago de impuestos, tasas y derechos y al cumplimiento de obligaciones que emanen de leyes o de contratos.
Destinatarios del seguro. Los empleados nacionales de manejo, los de igual carácter que presten sus servicios a entidades o instituciones en que tenga interés la Nación, así como los que deban responder de la administración o custodia de bienes de la misma; los albaceas, guardadores, fideicomisarios, síndicos, y, en general, los que por disposición de la ley tengan a su cargo la administración de bienes ajenos con obligación de prestar caución, garantizarán su manejo por medio del seguro de que trata el presente artículo.
Subrogación de la entidad aseguradora. Por el hecho de pagar el seguro la entidad aseguradora se subroga en los derechos de la entidad o persona asegurada contra la persona cuyo manejo o cumplimiento estaba garantizado, con todos sus privilegios y accesorios.
[3–1202 a 3–1208] RESERVADOS
PÓLIZAS QUE PRESTAN MÉRITO EJECUTIVO
[3–1209] Art. 92. Prestan mérito Ejecutivo:
Las pólizas de seguro y demás garantías a favor de las entidades públicas que se integren a fallos con responsabilidad fiscal.
NOTA DE FASECOLDA.– La Ley 42 de 1993, estableció la organización del sistema de control fiscal y los organismos que lo ejercen.
RIESGOS EN EL SEGURO DE MANEJO
[3–1210] Art. 4. En el seguro de manejo y riesgos financieros y en el de responsabilidad la cobertura podrá circunscribirse al descubrimiento de pérdidas durante la vigencia, en el primero, y a las reclamaciones formuladas por el damnificado al asegurado o a la compañía durante la vigencia, en el segundo, así se trate de hechos ocurridos con anterioridad a su iniciación.
Parágrafo.– El Gobierno Nacional, por razones de interés general, podrá extender lo dispuesto en el presente capítulo a otros ramos de seguros que así lo ameriten.
[3–1211 a 3–1225] RESERVADOS
SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
[3–1226] Art. 1. Del objeto. La presente ley tiene por objeto disponer las reglas y principios que rigen los contratos de las entidades estatales.
ENTIDADES, SERVIDORES Y SERVICIOS PÚBLICOS
[3–1227] Art. 2. De la definición de entidades, servidores y servicios públicos. Para los solos efectos de esta ley;
Se denomina entidades estatales:
a) Las personas naturales que prestan sus servicios dependientes a los organismos y entidades de que trata este artículo, con excepción de las asociaciones y fundaciones de participación mixta en las cuales dicha denominación se predicará exclusivamente de sus representantes legales y de los funcionarios de los niveles directivos, asesor o ejecutivo o sus equivalentes en quienes se delegue la celebración de contratos en representación de aquellas.
c) Los miembros de las corporaciones públicas que tengan capacidad para celebrar contratos en representación de éstas.
Se denominan servicios públicos los que están destinados a satisfacer necesidades colectivas en forma general, permanente y continua, bajo la dirección, regulación y control del Estado, así como aquellos mediante los cuales el Estado busca preservar el orden y asegurar el cumplimiento de sus fines.
[3–1227-01] Art. 10.. Las cooperativas, las asociaciones conformadas por entidades territoriales y en general los entes solidarios de carácter público estarán sometidos a las disposiciones del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. La celebración de contratos de entidades estatales con asociaciones o cooperativas de entidades territoriales y en general con entes solidarios, se someterá a los procesos de selección de que trata la presente ley, en los que participarán en igualdad de condiciones con los particulares.
[3–1228] Art. 4. De los derechos y deberes de las entidades estatales. Para la consecución de los fines de que trata el artículo anterior, las entidades estatales:
Exigirán del contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado igual exigencia podrán hacer al garante.
Adelantarán revisiones periódicas de las obras ejecutadas, servicios prestados o bienes suministrados, para verificar que ellos cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por los contratistas, y promoverán las acciones de responsabilidad contra éstos y sus garantes cuando dichas condiciones no se cumplan.
Exigirán que la calidad de los bienes y servicios adquiridos por las entidades estatales se ajusten a los requisitos mínimos previstos en las normas técnicas obligatorias, sin perjuicio de la facultad de exigir que tales bienes y servicios cumplan con las normas técnicas colombianas o, en su defecto, con normas internacionales elaboradas por organismos reconocidos a nivel mundial, o con normas extranjeras aceptadas en los acuerdos internacionales suscritos por Colombia.
[3–1229] Art. 5. De los derechos y deberes de los contratistas. Para la realización de los fines de que trata el artículo 3 de esta ley, los contratistas:
Colaborarán con las entidades contratantes en lo que sea necesario para que el objeto contratado se cumpla y que éste sea de la mejor calidad; acatarán las órdenes que durante el desarrollo del contrato éstas les impartan y, de manera general, obrarán con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando las dilaciones y entrabamientos que pudieran presentarse.
Garantizarán la calidad de los bienes y servicios contratados y responderán por ellos.
DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE A LOS CONTRATOS ESTATALES
[3–1230] Art. 13. De la normatividad aplicable a los contratos estatales. Los contratos que celebren las entidades a que se refiere el artículo 2o. del presente estatuto se regirán por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo en las materias particularmente reguladas en esta ley.
Los contratos celebrados en el exterior se podrán regir en su ejecución por las reglas del país en donde se hayan suscrito a menos que deban cumplirse en Colombia.
NOTA DE FASECOLDA: Este inciso 3o. fue declarado EXEQUIBLE CONDICIONALMENTE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C- 249 DE 2004 en el entendido de que tanto la celebración como la parte de la ejecución que se haga en Colombia se someten a la ley colombiana’
INCISO 4 derogado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007
DE LA CONTRATACIÓN CON ORGANISMOS INTERNACIONALES
[3–1230-01] Art. 20. Los contratos o convenios financiados en su totalidad o en sumas iguales o superiores al cincuenta por ciento (50%) con fondos de los organismos de cooperación, asistencia o ayudas internacionales, podrán someterse a los reglamentos de tales entidades. En caso contrario, se someterán a los procedimientos establecidos en la Ley 80 de 1993. Los recursos de contrapartida vinculados a estas operaciones podrán tener el mismo tratamiento.
DE LOS MEDIOS QUE PUEDEN UTILIZAR LAS ENTIDADES ESTATALES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO CONTRACTUAL
[3–1231] Art. 14. De los medios que pueden utilizar las entidades estatales para el cumplimiento del objetivo contractual. Para el cumplimiento de los fines de la contratación, las entidades estatales al celebrar un contrato:
Tendrán la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato. En consecuencia, con el exclusivo objeto de evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación, podrán, en los casos previstos en el numeral 2o. de este artículo interpretar los documentos contractuales y las estipulaciones en ellos convenidas, introducir modificaciones a lo contratado y, cuando las condiciones particulares de la prestación así lo exijan, terminar unilateralmente el contrato celebrado.
En los actos en que se ejercite alguna de estas potestades excepcionales deberá procederse al reconocimiento y orden de pago de las compensaciones e indemnizaciones a que tengan derecho las personas objeto de tales medidas y se aplicarán los mecanismos de ajuste a las condiciones y términos contractuales a que haya lugar, todo ello con el fin de mantener la ecuación o equilibrio inicial.
Contra los actos administrativos que ordenen la interpretación, modificación y terminación unilateral, procederá el recurso de reposición, sin perjuicio de la acción contractual que pueda intentar el contratista, según lo previsto en el artículo 77 de esta ley.
Pactarán las cláusulas excepcionales al derecho común, de terminación interpretación y modificación, de sometimiento a las leyes nacionales y de caducidad en los contratos que tengan por objeto el ejercicio de una actividad que constituya monopolio estatal, la prestación de servicios públicos o la explotación y concesión de bienes del Estado, así como en los contratos de obra. En los contratos de explotación y concesión de bienes del Estado se incluirá la cláusula de reversión.
Parágrafo 1o.– En los contratos que se celebren con personas públicas internacionales, o de cooperación, ayuda o asistencia; en los interadministrativos; en los de empréstito, donación y arrendamiento y en los contratos que tengan por objeto actividades comerciales o industriales de las entidades estatales que no correspondan a las señaladas en el numeral 2o. de este artículo, o que tengan por objeto el desarrollo directo de actividades científicas o tecnológicas, así como en los contratos de seguro tomados por las entidades estatales, se prescindirá de la utilización de las cláusulas o estipulaciones excepcionales.
DE LA INTERPRETACIÓN UNILATERAL
[3–1232] Art. 15. De la interpretación unilateral. Si durante la ejecución del contrato surgen discrepancias entre las partes sobre la interpretación de algunas de sus estipulaciones que puedan conducir a la paralización o a la afectación grave del servicio público que se pretende satisfacer con el objeto contratado, la entidad estatal, si no se logra acuerdo, interpretará en acto administrativo debidamente motivado, las estipulaciones o cláusulas objeto de la diferencia.
DE LA MODIFICACIÓN UNILATERAL
[3–1233] Art. 16. De la modificación unilateral. Si durante la ejecución del contrato y para evitar la paralización o la afectación grave del servicio público que se deba satisfacer con él, fuere necesario introducir variaciones en el contrato y previamente las partes no llegan al acuerdo respectivo, la entidad en acto administrativo debidamente motivado, lo modificará mediante la supresión o adición de obras, trabajos, suministros o servicios.
DE LA TERMINACIÓN UNILATERAL
[3–1234] Art. 17. De la terminación unilateral. La entidad en acto administrativo debidamente motivado dispondrá la terminación anticipada del contrato en los siguientes eventos:
Por muerte o (incapacidad física permanente) del contratista, si es persona natural, o por disolución de la persona jurídica contratista.
NOTA DE FASECOLDA: Texto entre paréntesis declarado CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia No C-454 DE 1994 en la medida en que la incapacidad física permanente impida de manera absoluta el cumplimiento de las obligaciones específicamente contractuales, cuando ellas dependan de las habilidades físicas del contratista.
Por cesación de pagos, concurso de acreedores, embargos judiciales del contratista que afecten de manera grave el cumplimiento del contrato.
DE LA CADUCIDAD Y SUS EFECTOS
[3–1235] Art. 18. De la caducidad y sus efectos. La caducidad es la estipulación en virtud de la cual si se presenta alguno de los constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización, la entidad por medio de acto administrativo debidamente motivado lo dará por terminado y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre.
IMPOSICIÓN DE MULTAS, SANCIONES Y DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO
[3–1235-01] Art. 86. Las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública podrán declarar el incumplimiento, cuantificando los perjuicios del mismo, imponer las multas y sanciones pactadas en el contrato, y hacer efectiva la cláusula penal. Para tal efecto observarán el siguiente procedimiento:
OBLIGACIÓN DE GARANTIZAR LOS CONTRATOS ESTATALES
Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007
[3–1236] Numertal 19 del artículo 25. Del principio de economía. En virtud de este principio: Derogado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007
ARTÍCULO 7o. de la Ley 1150 de 2007 DE LAS GARANTÍAS EN LA CONTRATACIÓN. Los contratistas prestarán garantía única para el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato. Los proponentes prestarán garantía de seriedad de los ofrecimientos hechos.
DE LA ESTRUCTURA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN
Ley 80 de 1993, adicionada por el artículo 1 de la Ley 1882 de 2018.
[3–1237] Art. 30. De la estructura de los procedimientos de selección. La licitación o concurso se efectuará conforme a las siguientes reglas:
Si el adjudicatario no suscribe el contrato correspondiente dentro del término que se haya señalado, quedará a favor de la entidad contratante, en calidad de sanción, el valor del depósito o garantía constituídos para responder por la seriedad de la propuesta, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de los citados depósito o garantía.
[3–1238] Art. 41. Del perfeccionamiento del contrato. Los contratos del Estado se perfeccionan cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y éste se eleve a escrito.
Inciso modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. Para la ejecución se requerirá de la aprobación de la garantía y de la existencia de las disponibilidades presupuestales correspondientes, salvo que se trate de la contratación con recursos de vigencias fiscales futuras de conformidad con lo previsto en la ley orgánica del presupuesto. El proponente y el contratista deberán acreditar que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.
En las situaciones de urgencia manifiesta a que se refiere el artículo 42 de esta ley que no permitan la suscripción del escrito, se prescindirá de éste y aún del acuerdo acerca de la remuneración, no obstante lo cual deberá dejarse constancia escrita de la autorización impartida por la entidad contratante.
Parágrafo 1º modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007: El requisito establecido en la parte final del inciso segundo de este artículo, deberá acreditarse para la realización de cada pago derivado del contrato estatal.
Parágrafo 2o. Para la gestión y la celebración de todo contrato de empréstito externo y operaciones asimiladas a éstos por parte de las entidades estatales, y para los empréstitos internos y operaciones asimiladas a éstos por parte de las entidades del orden nacional y sus entidades descentralizadas, así como para el otorgamiento de la garantía de la Nación, se requerirá concepto previo y favorable del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en la forma que disponga el reglamento.
Lo dispuesto en el inciso anterior no se aplicará a las operaciones de crédito que dentro del giro ordinario de sus negocios, realicen aquellas entidades estatales organizadas como entidades bancarias, o que han sido autorizadas para operar como tales.
Los contratos de empréstito interno de las entidades territoriales y de sus entidades descentralizadas, así como las operaciones asimiladas, continuarán rigiéndose por las disposiciones actualmente vigentes y por las normas que la sustituyan, modifiquen o adicionen.
Parágrafo 3o. Parágrafo derogado por el artículo 223 del Decreto Ley 19 de 2012. (el parágrafo derogado decía lo siguiente:Perfeccionado el contrato, se solicitará su publicación en el Diario Oficial por cuenta del contratista, requisito que se entiende cumplido con el pago de los derechos correspondientes).
Ley 80 de 1993, Modificada por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 217 del Decreto Ley 19 de 2012
[3–1239] Art. 60. Modificado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 217 del Decreto Ley 19 de 2012. De la ocurrencia y contenido de la liquidación. Los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto de liquidación.
DE LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL
[3–1240] Art. 61. De la liquidación unilateral. Derogado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007
[3–1240-01] Art. 11. La liquidación de los contratos se hará de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, o dentro del que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga.
DE LA INTERVENCIÓN DE AUTORIDADES QUE EJERCEN EL CONTROL FISCAL
[3–1241] Art. 65. De la intervención de las autoridades que ejercen control fiscal. La intervención de las autoridades de control fiscal se ejercerá una vez agotados los trámites administrativos de legalización de los contratos. Igualmente se ejercerá control posterior a las cuentas correspondientes a los pagos originados de los mismos, para verificar que éstos se ajustaron a las disposiciones legales.
El control previo administrativo de la actividad contractual le corresponde a las oficinas de control interno.
Las autoridades de control fiscal pueden exigir informes sobre su gestión contractual a los servicios públicos de cualquier orden.
[3–1242] Art. 75 Del juez competente. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores, el juez competente para conocer de las controversias derivadas de los contratos estatales y de los procesos de ejecución o cumplimiento será el de la jurisdicción contencioso administrativa.
Parágrafo 1o.– Una vez practicadas las pruebas dentro del proceso , el juez citará a demandantes y demandados para que concurran personalmente o por medio de apoderados a audiencia de conciliación. Dicha audiencia se sujetará a las reglas previstas en el artículo 101 del Código de procedimiento Civil y se procurará que se adelante por intermedio de personas diferentes a aquellas que intervinieron en la producción de los actos o en las situaciones que provocaron las discrepancias.
Parágrafo 2o.– En caso de condena en los procesos originados en controversias contractuales, el juez, si encuentra la existencia de temeridad en la posición no conciliatoria de alguna de las partes, condenará a la misma o a los servidores públicos que intervinieron en las correspondientes conversaciones, a cancelar multas a favor del Tesoro nacional de cinco (5) a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales.
Parágrafo 3o.– En los procesos derivados de controversias de naturaleza contractual se condenará en costas a cualquiera de las partes, siempre que se encuentre que se presentó la conducta del parágrafo anterior.
DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS
[3–1243] Art. 77. De la normatividad aplicable en las actuaciones administrativas. En cuanto sean compatibles con la finalidad y los principio de esta ley, las normas que rigen los procedimientos y actuaciones en la función administrativa, serán aplicables en las actuaciones contractuales. A falta de estas, regirán las disposiciones del Código de Procedimiento Civil.
Los actos administrativos que se produzcan con motivo u ocasión de la actividad contractual solo serán susceptibles de recurso de reposición y del ejercicio de la acción contractual de acuerdo a las reglas del Código Contencioso Administrativo.
Parágrafo 1o.– El acto de adjudicación no tendrá recursos por la vía gubernativa. Este podrá impugnarse mediante el ejercicio de las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho, según las reglas del Código Contencioso Administrativo.
Parágrafo 2o.– Para el ejercicio de las acciones contra todos los actos administrativos de la actividad contractual no es necesario demandar el contrato que los origina.
NORMAS PARA LA EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA
[3–1243-01] Art. 1. La presente ley tiene por objeto introducir modificaciones en la Ley 80 de 1993, así como dictar otras disposiciones generales aplicables a toda contratación con recursos públicos.
Ley 1150 de 2007, adicionada y modificada por las Leyes 1450, 1474 de 2011 y el artículo 219 del Decreto Ley 19 de 2012, adicionada por el artículo 2 de la Ley 1882 de 2018
[3–1243-02] Art. 2. La escogencia del contratista se efectuará con arreglo a las modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa, con base en las siguientes reglas:
NOTA DE FASECOLDA: Mediante la Sentencia C-713 de 2009 la Corte Constitucional declaró exequible el inciso segundo del numeral 1 del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007
(numeral modificado por el artículo 219 del Decreto 19 de 2012) Concurso de méritos. Corresponde a la modalidad prevista para la selección de consultores o proyectos, en la que se podrán utilizar sistemas de concurso abierto o de precalificación. En este último caso, la conformación de la lista de precalificados se hará mediante convocatoria pública, permitiéndose establecer listas limitadas de oferentes mediante resolución motivada, que se entenderá notificada en estrados a los interesados, en la audiencia pública de conformación de la lista, utilizando para el efecto, entre otros, criterios de experiencia, capacidad intelectual y de organización de los proponentes, según sea el caso.
c) (inciso modificado por el artículo 92 de la Ley 1474 de 2011) Contratos interadministrativos, siempre que las obligaciones derivadas del mismo tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora señalado en la ley o en sus reglamentos.
(inciso segundo modificado por el artículo 95 de la Ley 1474 de 2011) En aquellos eventos en que el régimen aplicable a la contratación de la entidad ejecutora no sea el de la Ley 80 de 1993, la ejecución de dichos contratos estará en todo caso sometida a esta ley, salvo que la entidad ejecutora desarrolle su actividad en competencia con el sector privado o cuando la ejecución del contrato interadministrativo tenga relación directa con el desarrollo de su actividad.
Numeral adicionado por el artículo 274 de la Ley 1450 de 2011. Contratación mínima cuantía. La contratación cuyo valor no excede del 10 por ciento de la menor cuantía de la entidad independientemente de su objeto, se efectuará de conformidad con las siguientes reglas:
La contratación a que se refiere el presente numeral se realizará exclusivamente con las reglas en él contempladas y en su reglamentación. En particular no se aplicará lo previsto en la Ley 816 de 2003, y en el artículo 12 de la presente ley
Sin excepción, las ofertas presentadas dentro de cada uno de los procesos de selección, deberán ser evaluadas de manera objetiva, aplicando en forma exclusiva las reglas contenidas en los pliegos de condiciones o sus equivalentes. Para la selección a la que se refiere el literal a) del numeral 2o del presente artículo, no serán aplicables los artículos 2 y 3 de la Ley 816 de 2003.
PARÁGRAFO 6. (Adicionado por el artículo 88 de la Ley 1474 de 2011). El Gobierno Nacional podrá establecer procedimientos diferentes al interior de las diversas causales de selección abreviada, de manera que los mismos se acomoden a las particularidades de los objetos a contratar, sin perjuicio de la posibilidad de establecer procedimientos comunes. Lo propio podrá hacer en relación con el concurso de méritos.
PARÁGRAFO 7. (adicionado por el artículo 2 de la Ley 1882 de 2018) El Gobierno nacional adoptará documentos tipo para los pliegos de condiciones de los procesos de selección de obras públicas, interventoría para las obras públicas, interventoría para consultoría de estudios y diseños para obras públicas, consultoría en ingeniería para obras, los cuales deberán ser utilizados por todas las entidades sometidas al Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública en los procesos de selección que adelanten. Dentro de los documentos tipo el Gobierno adoptará de manera general y con alcance obligatorio para todas las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, las condiciones habilitantes, así como los factores técnicos y económicos de escogencia, según corresponda a cada modalidad de selección y la ponderación precisa y detallada de los mismos, que deberán incluirse en los pliegos de condiciones, teniendo en cuenta la naturaleza y cuantía de los contratos. Para la adopción de esta reglamentación el Gobierno tendrá en cuenta las características propias de las regiones con el ánimo de promover el empleo local.
NOTA DE FASECOLDA. Mediante el Decreto 2516 de 2011 el Gobierno Nacional reglamentó la modalidad de selección de mínima cuantía.
(numeral adicionado por el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011) La contratación cuyo valor no excede del 10 por ciento de la menor cuantía de la entidad independientemente de su objeto, se efectuará de conformidad con las siguientes reglas:
[3–1243-03] Art. 3. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 527 de 1999, la sustanciación de las actuaciones, la expedición de los actos administrativos, los documentos, contratos y en general los actos derivados de la actividad precontractual y contractual, podrán tener lugar por medios electrónicos. Para el trámite, notificación y publicación de tales actos, podrán utilizarse soportes, medios y aplicaciones electrónicas. Los mecanismos e instrumentos por medio de los cuales las entidades cumplirán con las obligaciones de publicidad del proceso contractual serán señalados por el Gobierno Nacional.
a) Dispondrá de las funcionalidades tecnológicas para realizar procesos de contratación electrónicos bajo los métodos de selección señalados en el artículo 2 de la presente ley según lo defina el reglamento;
PARÁGRAFO 2o. Parágrafo Derogado por el artículo 223 del Decreto Ley 19 de 2012. (el parágrafo derogado decía: En el marco de lo dispuesto en los artículos 59, 60, 61 y 62 de la Ley 190 de 1995 los recursos que se generen por el pago de los derechos de publicación de los contratos se destinarán en un diez por ciento (10%) a la operación del Sistema de que trata el presente artículo).
NOTA DE FASECOLDA: Mediante el Decreto 3485 de 2011 se reglamentó el Sistema Electrónico para la contratación pública.
DISTRIBUCIÓN DE LOS RIESGOS EN LOS CONTRATOS ESTATALES
[3–1243-04] Art. 4. Los pliegos de condiciones o sus equivalentes deberán incluir la estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles involucrados en la contratación.
Ley 1150 de 2007, modificada por el artículo 88 de la Ley 1474 de 2011, adicionada por el artículo 5 de la Ley 1882 de 2018
[3–1243-05] Art. 5. Es objetiva la selección en la cual la escogencia se haga al ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella busca, sin tener en consideración factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva. En consecuencia, los factores de escogencia y calificación que establezcan las entidades en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, tendrán en cuenta los siguientes criterios:
La capacidad jurídica y las condiciones de experiencia, capacidad financiera y de organización de los proponentes serán objeto de verificación de cumplimiento como requisitos habilitantes para la participación en el proceso de selección y no otorgarán puntaje, con excepción de lo previsto en el numeral 4 del presente artículo. La exigencia de tales condiciones debe ser adecuada y proporcional a la naturaleza del contrato a suscribir y a su valor. La verificación documental de las condiciones antes señaladas será efectuada por las Cámaras de Comercio de conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la presente ley, de acuerdo con lo cual se expedirá la respectiva certificación.
NOTA DE FASECOLDA: Mediante la Sentencia C-713 de 2009 la Corte Constitucional declaró exequible la expresión “y no otorgarán puntaje, con excepción de lo previsto en el numeral 4 del presente artículo”, contenido el numeral 1 del artículo 5º de la Ley 1150 de 2007.
Numeral modificado por el artículo 88 de la Ley 1474 de 2011 La oferta más favorable será aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos y económicos de escogencia y la ponderación precisa y detallada de los mismos contenida en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, resulte ser la más ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos documentos. En los contratos de obra pública, el menor plazo ofrecido no será objeto de evaluación. La entidad efectuará las comparaciones del caso mediante el cotejo de los ofrecimientos recibidos y la consulta de precios o condiciones del mercado y los estudios y deducciones de la entidad o de los organismos consultores o asesores designados para ello.
VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE LOS PROPONENTES
Ley 1150 de 2007, modificada por el artículo 221 del Decreto Ley 19 de 2012
[3–1243-06] Art. 6. Todas las personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, que aspiren a celebrar contratos con las entidades estatales, se inscribirán en el Registro Unico de Proponentes del Registro Unico Empresarial de la Cámara de Comercio con jurisdicción en su domicilio principal.
[3–1243-07] Art. 9. En el evento previsto en el artículo 273 de la Constitución Política y en general en los procesos de licitación pública, la adjudicación se hará de forma obligatoria en audiencia pública, mediante resolución motivada, que se entenderá notificada al proponente favorecido en dicha audiencia.
PROMOCIÓN DEL DESARROLLO territorial Y BENEFICIOS PARA LAS MIPYMES
Ley 1150 de 2007, modificada por la Ley 1450 de 2011
[3–1243-08] Art. 12, modificado por el artículo 32 de la Ley 1450 de 2011.Promoción del desarrollo en la Contratación Pública. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 13, 333 y 334 de la Constitución Política, el Gobierno Nacional definirá las condiciones y los montos de acuerdo con los compromisos internacionales vigentes, para que en desarrollo de los procesos de selección, las entidades estatales adopten en beneficio de las Mipymes, convocatorias limitadas a estas en las que, previo a la Resolución de apertura del proceso respectivo, se haya manifestado el interés del número plural de Mipymes que haya sido determinado en el reglamento.
[3–1243-09] Art. 1. Convocatoria limitada a MIPYMES. De conformidad con el artículo 12 de la Ley 1150 de 2007, en los procesos de selección de licitación pública, selección abreviada y concurso de méritos, salvo aquellos cuya cuantía sea inferior al 10% de la menor cuantía, la convocatoria se limitará exclusivamente a Mipymes, siempre y cuando se verifiquen los siguientes requisitos:
La cuantía del proceso esté por debajo de los 750 salarios mínimos legales mensuales vigentes y,
Se manifieste el interés en participar en un proceso con convocatoria limitada, mediante la presentación de una solicitud en tal sentido, de por los menos tres (3) Mipymes, con el fin de lograr la limitación de la convocatoria.
La solicitud se debe presentar entre el momento de publicarse el aviso de convocatoria pública y hasta el último día de publicación del proyecto de pliego de condiciones, y la misma deberá contener, además de la manifestación de su interés en participar en el proceso, la de cumplir con su condición de Mipymes, lo cual se acreditará con la presentación de una certificación expedida por contador o revisor fiscal, según sea el caso, en la que se señale tal condición.
Parágrafo. En el aviso de convocatoria pública de que trata el artículo 4 del Decreto 2474 de 2008, además de lo allí señalado, se deberá incluir expresamente, cuando ello corresponda, la convocatoria limitada a Mipymes conforme lo señalado en el presente decreto.
REQUISITOS MÍNIMOS DE LAS MIPYMES
[3–1243-10] Art. 2. Requisitos mínimos de las MIPYMES. En las Mipymes a que se refiere el presente decreto, deberán verificarse los siguientes requisitos mínimos:
El domicilio principal de las Mipymes departamentales, locales o regionales debe coincidir con el lugar de ejecución del contrato. Para estos efectos, bastará con que el proponente acredite que su domicilio principal está en el departamento de ejecución contractual, y,
Las Mipymes deberán tener por lo menos un (1) año de constituidas al momento de la convocatoria, lo que también deberá acreditarse al hacer la manifestación a que se refiere el numeral 2 del artículo anterior,
Parágrafo 1. En la convocatoria limitada podrán participar uniones temporales o consorcios los cuales deberán estar integrados únicamente por Mipymes. En tal caso, para efectos de la limitación de la convocatoria, cada consorcio o unión temporal se contará por sí mismo, y no por el número de Mipymes que los integren; que deberán cumplir de manera individual los requisitos mínimos señalados en el presente decreto.
Parágrafo 2. Para los efectos del presente artículo, se entiende como domicilio principal de la Mipyme, el departamento al que corresponde la dirección que aquella señaló en su Registro Único Tributario – RUT, de conformidad con el Decreto 2788 de 2004, o las demás normas que lo modifiquen, sustituyan o adicionen.
PROCEDIMIENTO EN CASO DE CONVOCATORIA LIMITADA
[3–1243-11] Art. 3. Procedimiento en caso de convocatoria limitada. Verificados los requisitos señalados en los artículos anteriores, y sin perjuicio de las reglas especiales de cada modalidad de selección, la Entidad expedirá el acto de apertura, indicando que en el proceso sólo podrán presentar ofertas quienes ostenten la calidad de Mipymes y las uniones temporales o consorcios integrados únicamente por Mipymes, en las condiciones señaladas en el parágrafo 1 del artículo anterior.
El proceso de selección abierto con limitación en su convocatoria que sea declarado desierto, no podrá ser iniciado nuevamente con la restricción de participación a la que se refiere el artículo 1 del presente decreto.
Parágrafo. Las Mipymes que participen en la convocatoria limitada deben garantizar la satisfacción de las condiciones técnicas y económicas requeridas en la contratación.
Para tales efectos, sin perjuicio de la convocatoria limitada, la selección se deberá hacer por la modalidad que corresponda, de conformidad con la Ley 1150 de 2007 y los reglamentos respectivos.
NORMAS DE CONTRATACIÓN APLICABLES A LAS ENTIDADES NO SOMETIDAS AL RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
[3–1243-12] Art. 13. Las entidades estatales que por disposición legal cuenten con un régimen contractual excepcional al del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, aplicarán en desarrollo de su actividad contractual, acorde con su régimen legal especial, los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, respectivamente según sea el caso y estarán sometidas al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratación estatal.
NORMAS DE CONTRATACIÓN APLICABLES A LAS EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO, LAS SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA, SUS FILIALES Y EMPRESAS CON PARTICIPACIÓN MAYORITARIA DEL ESTADO
Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 93 de la Ley 1474 de 2011
[3–1243-13] Art. 14. (modificado por el artículo 93 de la Ley 1474 de 2011) Las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, las Sociedades de Economía Mixta en las que el Estado tenga participación superior al cincuenta por ciento (50%), sus filiales y las Sociedades entre Entidades Públicas con participación mayoritaria del Estado superior al cincuenta por ciento (50%), estarán sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, con excepción de aquellas que desarrollen actividades comerciales en competencia con el sector privado y/o público, nacional o internacional o en mercados regulados, caso en el cual se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus actividades económicas y comerciales, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 13 de la presente ley. Se exceptúan los contratos de ciencia y tecnología, que se regirán por la Ley 29 de 1990 y las disposiciones normativas existentes.
NORMAS DE CONTRATACIÓN APLICABLES A LAS ENTIDADES DEL SECTOR DEFENSA
[3–1243-14] Art. 16. Los contratos que celebren Satena, Indumil, El Hotel Tequendama, la Corporación de Ciencia y Tecnología para el desarrollo de la industria naval, marítima y fluvial –Cotecmar– y la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana –CIAC–, no estarán sujetos a las disposiciones del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a su actividad.
DEBIDO PROCESO EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA
[3–1243-15] Art. 17. El debido proceso será un principio rector en materia sancionatoria de las actuaciones contractuales.
En desarrollo de lo anterior y del deber de control y vigilancia sobre los contratos que corresponde a las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, tendrán la facultad de imponer las multas que hayan sido pactadas con el objeto de conminar al contratista a cumplir con sus obligaciones. Esta decisión deberá estar precedida de audiencia del afectado que deberá tener un procedimiento mínimo que garantice el derecho al debido proceso del contratista y procede sólo mientras se halle pendiente la ejecución de las obligaciones a cargo del contratista.
Así mismo podrán declarar el incumplimiento con el propósito de hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria incluida en el contrato.
DELEGACIÓN Y DESCONCENTRACIÓN PARA CONTRATAR
[3–1243-16] Art. 21. El artículo 12 de la Ley 80 de 1993, tendrá un inciso 2o y un parágrafo del siguiente tenor:
NOTA DE FASECOLDA: Este inciso fue declarado condicionalmente exequible por Sentencia C-693 de 2008 de la Corte Constitucional, en el entendido según el cual el delegante sólo responderá del recto ejercicio de sus deberes de control y vigilancia de la actividad precontractual y contractual, cuando haya incurrido en dolo o culpa grave en el ejercicio de dichas funciones.
CONTRATOS ESTATALES DE ALUMBRADO PÚBLICO
[3–1243-17] Art. 29. Todos los contratos en que los municipios o distritos entreguen en concesión la prestación del servicio de alumbrado público a terceros, deberán sujetarse en todo a la Ley 80 de 1993, contener las garantías exigidas en la misma, incluir la cláusula de reversión de toda la infraestructura administrada, construida o modernizada, hacer obligatoria la modernización del Sistema, incorporar en el modelo financiero y contener el plazo correspondiente en armonía con ese modelo financiero. Así mismo, tendrán una interventoría idónea. Se diferenciará claramente el contrato de operación, administración, modernización, y mantenimiento de aquel a través del cual se adquiera la energía eléctrica con destino al alumbrado público, pues este se regirá por las Leyes 142 y 143 de 1994. La Creg regulará el contrato y el costo de facturación y recaudo conjunto con el servicio de energía de la contribución creada por la Ley 97 de 1913 y 84 de 1915 con destino a la financiación de este servicio especial inherente a la energía. Los contratos vigentes a la fecha de la presente ley, deberán ajustarse a lo aquí previsto.
RÉGIMEN DE TRANSICIÓN DE LAS NORMAS CONTENIDAS EN LA LEY 1150 DE 2007
[3–1243-18] Art. 31. Los procesos de contratación en curso a la fecha en que entre a regir la presente ley, continuarán sujetos a las normas vigentes al momento de su iniciación. Los contratos o convenios a que se refiere el artículo 20 de la presente ley que se encuentren en ejecución al momento de su entrada en vigencia, continuarán rigiéndose por las normas vigentes al momento de su celebración hasta su liquidación, sin que sea posible adicionarlos ni prorrogarlos.
NORMAS DEROGADAS POR LA LEY 1150 DE 2007
[3–1243-19] Art. 32. A partir de la vigencia de la presente ley, quedan derogados los siguientes artículos de la Ley 80 de 1993: El parágrafo del artículo 2; la expresión “además de la obtención de utilidades cuya protección garantiza el Estado” del inciso segundo del artículo 3; el inciso 4o del artículo 13, el artículo 22; el numeral 1 y el parágrafo 1o del artículo 24; el inciso 2o del numeral 15, el numeral 19 y la expresión “la exigencia de los diseños no regirán cuando el objeto de la contratación sea la de construcción o fabricación con diseños de los proponentes” del inciso segundo numeral 12 del artículo 25, el artículo 29, el numeral 11 del artículo 30, el artículo 36, el parágrafo del artículo 39 y el inciso 1o del artículo 60, con excepción de la expresión “Los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolonguen en el tiempo y los demás que lo requieran serán objeto de liquidación” el artículo 61 y las expresiones “concurso” y “términos de referencia” incluidas a lo largo del texto de la Ley 80 de 1993, así como la expresión: “Cuando el objeto del contrato consista en estudios o trabajos técnicos, intelectuales o especializados, el proceso de selección se llamará concurso y se efectuará también mediante invitación pública”.
VIGENCIA DE LAS NORMAS CONTENIDAS EN LA LEY 1150 de 2007
[3–1243-20] Art. 33. La presente ley empieza a regir seis (6) meses después de su promulgación, con excepción del artículo 6o que entrará a regir a los dieciocho (18) meses de su promulgación.
DELEGACIÓN PARA CONTRATAR
[3–1243–21] Art. 37. De la delegación para contratar. Los jefes y los representantes legales de las entidades estatales podrán delegar total o parcialmente la competencia para la realización de licitaciones o concursos o para la celebración de contratos, sin consideración a la naturaleza o cuantía de los mismos, en los servidores públicos que desempeñen cargos del nivel directivo o ejecutivo o en sus equivalentes.
NOTA DE FASECOLDA: El Gobierno Nacional expidió el Decreto 734 de 2012 como un reglamento general del estatuto general de contratación de la administración pública, en el cual se recojen, en un solo cuerpo normativo, las reglas necesarias para el adelantamiento de los procesos contractuales, de los contratos y otros asuntos relacionados con los mismos y que, en atención a la dinámica de la materia a reglamentar, permita las actualizaciones y ajustes continuos necesarios. En tal sentido, se derogan expresamente los reglamentos anteriores sobre la materia, que para los temas relacionados con seguros corresponden a los Decretos 4828 de 2008, 679 de 1994, 490 de 2009, 2493 de 2009, 280 de 2002, 2790 de 2002, 1430 de 2010.
GARANTÍAS EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA – RIESGOS QUE DEBEN CUBRIR LAS GARANTÍAS EN LA CONTRATACIÓN
[3–1244] Art. 110. Riesgos que deben cubrir las garantías en la contratación. El cumpli­miento de las obligaciones surgidas en favor de las Entidades Estatales con ocasión de: (i) la presentación de las ofertas; (ii) los contratos y su liquidación; y (iii) los riesgos a los que se encuentran expuestas las Entidades Estatales, derivados de la responsabilidad extra­contractual que pueda surgir por las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas y subcontratistas, deben estar garantizadas en los términos de la ley, y del presente decreto.
[3–1245] Artículo 111. Clases de garantías. Las garantías que los oferentes o contratistas pueden otorgar para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones son:
INDIVISIBILIDAD DE LA GARANTÍA.
[3–1246] Artículo 112. Indivisibilidad de la garantía. La garantía de cobertura del Riesgo es indivisible. Sin embargo, en los contratos con un plazo mayor a cinco (5) años las garantías pueden cubrir los Riesgos de la Etapa del Contrato o del Periodo Contractual, de acuerdo con lo previsto en el contrato.
GARANTÍA DEL OFERENTE PLURAL
[3–1247] Artículo 113. Garantía del oferente plural. Cuando la oferta es presentada por un pro­ponente plural, como Unión Temporal, Consorcio o promesa de sociedad futura, la garantía debe ser otorgada por todos sus integrantes.
COBERTURA DEL RIESGO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
[3–1248] Artículo 114. Cobertura del Riesgo de Responsabilidad Civil Extracontractual. La responsabilidad extracontractual de la administración derivada de las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas o subcontratistas solamente puede ser amparada con un contrato de seguro.
GARANTÍA DE LOS RIESGOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OFERTA
[3–1249] Artículo 115. Garantía de los riesgos derivados del incumplimiento de la oferta. La garantía de seriedad de la oferta debe cubrir la sanción derivada del incumplimiento de la oferta, en los siguientes eventos:
[3–1250] Artículo 116. Garantía de cumplimiento. La garantía de cumplimiento del contrato debe cubrir:
a) el incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es impu­table al contratista;
b) el cumplimiento tardío o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista;
c) los daños imputables al contratista por entregas parciales de la obra, cuando el contrato no prevé entregas parciales; y
d) el pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria.
CUBRIMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
[3–1251] Artículo 117. Cubrimiento de la responsabilidad civil extracontractual. La Entidad Estatal debe exigir en los contratos de obra, y en aquellos en que por su objeto o naturaleza lo considere necesario con ocasión de los Riesgos del contrato, el otorgamiento de una póliza de responsabilidad civil extracontractual que la proteja de eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que surja de las actuaciones, hechos u omisiones de su contratista.
SUFICIENCIA DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA
[3–1252] Artículo 118. Suficiencia de la garantía de seriedad de la oferta. La garantía de seriedad de la oferta debe estar vigente desde la presentación de la oferta y hasta la aprobación de la garantía de cumplimiento del contrato y su valor debe ser de por lo menos el diez por ciento (10%) del valor de la oferta.
SUFICIENCIA DE LA GARANTÍA DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL AN­TICIPO
[3–1253] Artículo 119. Suficiencia de la Garantía de Buen Manejo y Correcta Inversión del An­ticipo. La Garantía de Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo debe estar vigente hasta la liquidación del contrato o hasta la amortización del anticipo, de acuerdo con lo que determine la Entidad Estatal. El valor de esta garantía debe ser el ciento por ciento (100%) de la suma establecida como anticipo, ya sea este en dinero o en especie.
SUFICIENCIA DE LA GARANTÍA DE PAGO ANTICIPADO
[3–1254] Artículo 120. Suficiencia de la Garantía de Pago Anticipado. La garantía de pago an­ticipado debe estar vigente hasta la liquidación del contrato o hasta que la Entidad Estatal verifique el cumplimiento de todas las actividades o la entrega de todos los bienes o servicios asociados al pago anticipado, de acuerdo con lo que determine la Entidad Estatal. El valor de esta garantía debe ser el ciento por ciento (100%) del monto pagado de forma anticipada, ya sea este en dinero o en especie.
SUFICIENCIA DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO
[3–1255] Artículo 121. Suficiencia de la Garantía de Cumplimiento. La garantía de cumplimiento del contrato debe tener una vigencia mínima hasta la liquidación del contrato. El valor de esta garantía debe ser de por lo menos el diez por ciento (10%) del valor del contrato a menos que el valor del contrato sea superior a un millón (1.000.000) de smmlv, caso en el cual la Entidad Estatal aplicará las siguientes reglas:
SUFICIENCIA DE LA GARANTÍA DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES
[3–1256] Artículo 122. Suficiencia de la garantía de pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales. Esta garantía debe estar vigente por el plazo del contrato y tres (3) años más. El valor de la garantía no puede ser inferior al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato.
SUFICIENCIA DE LA GARANTÍA DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA
[3–1257] Artículo 123. Suficiencia de la garantía de estabilidad y calidad de la obra. Esta ga­rantía debe estar vigente por un término no inferior a cinco (5) años contados a partir de la fecha en la cual la Entidad Estatal recibe a satisfacción la obra. La Entidad Estatal debe determinar el valor de esta garantía en los pliegos de condiciones de la Contratación, de acuerdo con el objeto, el valor, la naturaleza y las obligaciones contenidas en el contrato.
SUFICIENCIA DE LA GARANTÍA DE CALIDAD DEL SERVICIO
[3–1258] Artículo 124. Suficiencia de la garantía de calidad del servicio. La Entidad Estatal debe determinar el valor y el plazo de la garantía de acuerdo con el objeto, el valor, la naturaleza y las obligaciones contenidas en el contrato. En los contratos de interventoría, la vigencia de este amparo debe ser igual al plazo de la garantía de estabilidad del contrato principal en cumplimiento del parágrafo del artículo 85 de la Ley 1474 de 2011.
SUFICIENCIA DE LA GARANTÍA DE CALIDAD DE BIENES
[3–1259] Artículo 125. Suficiencia de la garantía de calidad de bienes. La Entidad Estatal debe determinar el valor y el plazo de la garantía de acuerdo con el objeto, el valor, la naturaleza, las obligaciones contenidas en el contrato, la garantía mínima presunta y los vicios ocultos.
SUFICIENCIA DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
[3–1260] Artículo 126. Suficiencia del seguro de responsabilidad civil extracontractual. El valor asegurado por los contratos de seguro que amparan la responsabilidad civil extracontractual no debe ser inferior a:
RESTABLECIMIENTO O AMPLIACIÓN DE LA GARANTÍA
[3–1261] Artículo 127. Restablecimiento o ampliación de la garantía. Cuando con ocasión de las reclamaciones efectuadas por la Entidad Estatal, el valor de la garantía se reduce, la Entidad Estatal debe solicitar al contratista restablecer el valor inicial de la garantía.
[3–1262] Artículo 128. Efectividad de las garantías. La Entidad Estatal debe hacer efectivas las garantías previstas en este capítulo así:
CONTRATO DE SEGURO COMO GARANTÍA DE LOS CONTRATOS ESTATALES – AMPAROS
[3–1262-01] Artículo 129. Amparos. El objeto de cada uno de los amparos debe corresponder al definido en los artículos 115, 116 y 117 del presente decreto.
CONTRATO DE SEGURO COMO GARANTÍA DE LOS CONTRATOS ESTATALES – CESIÓN DEL CONTRATO
[3–1262-02] Artículo 130. Cesión del contrato. Si hay lugar a cesión del contrato a favor del garante, este está obligado a constituir las garantías previstas en el contrato.
CONTRATO DE SEGURO COMO GARANTÍA DE LOS CONTRATOS ESTATALES – EXCLUSIONES
[3–1262-03] Artículo 131. Exclusiones. La Entidad Estatal solamente admitirá las siguientes exclu­siones, en el contrato de seguro que ampara el cumplimiento de los contratos que suscriba, y cualquier otra estipulación que introduzca expresa o tácitamente exclusiones distintas a estas, no producirá efecto alguno:
CONTRATO DE SEGURO COMO GARANTÍA DE LOS CONTRATOS ESTATALES – INAPLICABILIDAD DE LA CLÁUSULA DE PROPORCIONALIDAD
[3–1262-04] Artículo 132. Inaplicabilidad de la cláusula de proporcionalidad. En el contrato de seguro que ampara el cumplimiento, la compañía de seguros no puede incluir la cláusula de proporcionalidad y tampoco otra cláusula similar en el sentido de que el valor asegurado ampara los perjuicios derivados del incumplimiento total del contrato garantizado pero frente a un incumplimiento parcial, la compañía de seguros solamente paga los perjuicios causados en proporción al incumplimiento parcial de la obligación garantizada. La inclusión de una cláusula en ese sentido no producirá efecto alguno.
CONTRATO DE SEGURO COMO GARANTÍA DE LOS CONTRATOS ESTATALES – IMPROCEDENCIA DE LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA Y DE LA FACULTAD DE REVOCACIÓN DEL SEGURO
[3–1262-05] Artículo 133. Improcedencia de la terminación automática y de la facultad de revocación del seguro. La garantía única de cumplimiento expedida a favor de Entidades Estatales no expira por falta de pago de la prima ni puede ser revocada unilateralmente.
CONTRATO DE SEGURO COMO GARANTÍA DE LOS CONTRATOS ESTATALES – INOPONIBILIDAD DE EXCEPCIONES DE LA COMPAÑÍA DE SEGUROS
[3–1262-06] Artículo 134. Inoponibilidad de excepciones de la compañía de seguros. La compañía de seguros no puede oponerse o defenderse de las reclamaciones que presente la Entidad Estatal alegando la conducta del tomador del seguro, en especial las inexactitudes o reti­cencias en que este hubiere incurrido con ocasión de la contratación del seguro o cualquier otra excepción que tenga el asegurador en contra del contratista.
CONTRATO DE SEGURO COMO GARANTÍA DE LOS CONTRATOS ESTATALES – PROHIBICIÓN A LAS COMPAÑÍAS DE SEGUROS DE EXIGIR AMPAROS NO SOLICITADOS POR LA ENTIDAD
[3–1262-07] Artículo 135. Prohibición a las compañías de seguros. Para la venta de alguno de los amparos de que trata el presente Capítulo, las compañías de seguros no pueden exigir a los proponentes ni a los contratistas adquirir amparos no exigidos por la Entidad Estatal.
CONTRATO DE SEGURO COMO GARANTÍA DE LOS CONTRATOS ESTATALES – SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE LA SERIEDAD DE LA OFERTA
[3–1262-08] Artículo 136. Sanción por incumplimiento de la seriedad de la oferta. En caso de siniestro en la garantía de la seriedad de la oferta, la compañía de seguros debe responder por el total del valor asegurado a título de sanción.
CONTRATO DE SEGURO COMO GARANTÍA DE LOS CONTRATOS ESTATALES – REQUISITOS DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
[3–1262-09] Artículo 137. Requisitos del seguro de responsabilidad civil extracontractual. El amparo de responsabilidad civil extracontractual debe cumplir los siguientes requisitos:
CONTRATO DE SEGURO COMO GARANTÍA DE LOS CONTRATOS ESTATALES – MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN EN LA PÉRDIDA POR PARTE DE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA
[3–1262-10] Artículo 138. Mecanismos de participación en la pérdida por parte de la Entidad Estatal asegurada. En el contrato de seguro que ampara la responsabilidad civil extracontractual solamente se pueden pactar deducibles hasta del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida y en ningún caso pueden ser superiores a dos mil (2.000) smmlv. No serán admisibles las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que impliquen la asunción de parte de la pérdida por la entidad asegurada.
CONTRATO DE SEGURO COMO GARANTÍA DE LOS CONTRATOS ESTATALES – PROTECCIÓN DE LOS BIENES
[3–1262-11] Artículo 139. Protección de los bienes. La Entidad Estatal debe exigir a su contratista un contrato de seguro que ampare responsabilidad cuando con ocasión de la ejecución del contrato existe riesgo de daño de los bienes de la Entidad Estatal. La Entidad Estatal debe definir el valor asegurado en los pliegos de condiciones.
GARANTÍAS PARA CUBRIR LOS RIESGOS DERIVADOS DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE TECNOLOGÍA SATELITAL
[3–1262-12] Artículo 147. Garantías para cubrir los riesgos derivados de los procesos de contratación de tecnología satelital. En los Procesos de Contratación para el diseño, fabricación, cons­trucción, lanzamiento, puesta en órbita, operación, uso o explotación de sistemas satelitales, equipos y componentes espaciales, la Entidad Estatal exigirá las garantías generalmente utilizadas y aceptadas en la industria, para cubrir los riesgos asegurables identificados en los estudios y documentos previos.
FIDUCIA O PATRIMONIO AUTÓNOMO PARA EL MANEJO DE ANTICIPOS EN LOS CONTRATOS DE OBRA, CONCESIÓN, SALUD O LOS QUE SE REALICEN POR LICITACIÓN PÚBLICA
[3-1263] Artículo 91. En los contratos de obra, concesión, salud, o los que se realicen por licitación pública, el contratista deberá constituir una fiducia o un patrimonio autónomo irrevocable para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución del contrato correspondiente, salvo que el contrato sea de menor o mínima cuantía.
[3-1264 a 3–1280] RESERVADOS
EXIGENCIAS DE GARANTIAS AL TOMADOR PARA LA EXPEDICION DEL SEGURO DE CUMPLIMIENTO
[3–1281] Concepto 960268950 de 1996 la Superintendencia Bancaria
Damos respuesta a la petición presentada, para indicarle que en virtud del principio de la autonomía de la voluntad que rige las convenciones o contratos entre particulares una compañía de seguros podrá acordar con el tomador la constitución de garantías o seguridades para expedir el seguro de cumplimiento.
En el artículo 1056 del Código de Comercio se señala que con las restricciones legales, el asegurador podrá, a su arbitrio, asumir todos o algunos de los riesgos a que estén expuestos el interés o la cosa asegurados, el patrimonio o la persona del asegurado. En el mismo sentido, en el numeral 11 del artículo 1047 de dicho código se establece que en la póliza se contendrán las demás condiciones que acuerden los contratantes.
En estas disposiciones se desarrolla el principio de la autonomía de la voluntad privada, es decir, la potestad que tienen los particulares para regular sus derechos y obligaciones mediante la celebración de convenciones o contratos siempre y cuando lo pactado no sea contrario a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres. En concordancia con dicho principio, los aseguradores pueden aceptar o rechazar expedir una póliza para asumir un riesgo determinado.
Excepción a este principio se encuentra en los seguros obligatorios, en los cuales las entidades aseguradoras que tengan autorizado el ramo de que se trate, están en la obligación de otorgar la cobertura en los términos que la ley prevea, sin posibilidad de negar la asunción del riesgo.
Comoquiera que el seguro de cumplimiento para caución judicial no se encuentra establecido como un seguro obligatorio, el asegurador tiene la facultad legal de decidir en forma autónoma sobre el negocio que se le proponga y, por ende, otorgar o negar la cobertura y, en el primer caso, acordar las condiciones en que expediría el seguro.
Caución significa generalmente cualquier obligación que se contrae para la seguridad de otra obligación propia o ajena. Son especies de caución, la fianza, la hipoteca y la prenda. Esta definición establecida en el Código Civil debe predicarse de las cauciones previstas en el Código de Procedimiento Civil.
En el caso las cauciones judiciales, la obligación principal corresponderá a la que se encuentre o surja a cargo de la parte o interviniente en el proceso, derivada de la actuación judicial que promueva, según corresponda.
El seguro que se otorga para efecto de prestar caución judicial corresponde a una modalidad de seguro de cumplimiento. El objeto de esta clase de seguros podrá extenderse al pago de impuestos, tasas y derechos y al cumplimiento de obligaciones que emanen de leyes o contratos. Por el hecho de pagar el seguro la entidad aseguradora se subroga en los derechos de la entidad o persona asegurada contra la persona cuyo manejo o cumplimiento estaba garantizado, con todos sus privilegios y accesorios.
Así, el seguro de cumplimiento de caución judicial no tiene por objeto proteger el patrimonio del obligado a prestar caución, como sucede en los seguros de responsabilidad civil; sino el de garantizar al acreedor o a quien reciba perjuicio con la actuación, el cumplimiento o indemnización hasta concurrencia del valor asegurado, seguridad que se debe acreditar ante la autoridad jurisdiccional para efectos procesales.
Concordante con lo anterior, en el seguro de cumplimiento de caución judicial una vez realizado el riesgo y el juez ordene hacer efectiva la caución, la compañía aseguradora debe efectuar el pago y como consecuencia de éste, por ministerio de la ley y hasta concurrencia del importe pagado, se subroga en los derechos del asegurado contra la persona cuyo cumplimiento estaba garantizando, es decir la parte o el incidentante en la actuación judicial.
En este sentido es del caso acordar que el dolo, culpa grave y los actos meramente potestativos del tomador, asegurado o beneficiario son inasegurables.
Por lo expuesto, no se encuentra limitación legal para que una compañía aseguradora en ejercicio de la autonomía de la voluntad, una vez evaluado el riesgo que asumiría decida no otorgar un seguro de cumplimiento de caución judicial, o que para su expedición acuerde con el tomador que éste constituya seguridades, con el propósito de garantizar la recuperación de los valores pagados en caso de ocurrencia del riesgo asegurado, valores a los que tendrá derecho como consecuencia de la subrogación legal.
En referencia a la vulneración de derechos constitucionales con el otorgamiento de garantías o seguridades adicionales para la expedición de seguros de cumplimiento, no es la Superintendencia Bancaria el organismo competente para decidir sobre el punto, competencia que corresponde a las instancias judiciales. Sin perjuicio de lo anterior, resultan del caso las siguientes apreciaciones:
La exigencia de cauciones judiciales es de origen legal y la misma ley regula las clases cuantía y oportunidad de constituirlas.
El seguro de cumplimiento otorgado por compañías de seguros es solamente una de las clases de caución admitidas en la ley, puesto que también pueden constituirse en dinero o bienes, o puede acreditarse para el efecto garantía bancaria. Corresponderá al interesado, de acuerdo con lo ordenado por el juez, optar por una de tales clases de caución sin que se encuentre restringido a la obtención de una póliza de seguros.
[3-1282 a 3–1285] RESERVADOS