Source: http://contencioso.es/2010/12/05/sobre-la-posible-ilegalidad-del-estado-de-alarma-decretado-por-r-d-16732010/
Timestamp: 2015-05-25 01:05:51
Document Index: 30550386

Matched Legal Cases: ['artículo 117', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 22', 'artículo 3']

Sobre la posible ilegalidad del estado de alarma decretado por R.D.1673/2010 | Contencioso.es
Sobre la posible ilegalidad del estado de alarma decretado por R.D.1673/2010 JR Chaves no comments Domingo, 5 de diciembre de 2010 En el día de ayer el Gobierno aprobó el Real Decreto 1673/2010 que declara el estado de alarma haciendo uso del art.116.2 de la Constitución y de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de Junio. Dicho Decreto se comunicó al Congreso que lo debatirá el próximo jueves. Sevach valoró positivamente en el último post la oportunidad de adoptar tal medida, y aunque sea la primera vez en Democracia, las normas han de aplicarse cuando concurren sus presupuestos fácticos y normativos y no dejarlas sin estrenar como la tapicería de los coches nuevos. Dado que algunos comentaristas expusieron de forma razonada la posible ilegalidad de tal Declaración de estado de alarma, resulta adecuado abrir un sencillo debate al respecto para aclararlo.
Permalink 0 thoughts on “Sobre la posible ilegalidad del estado de alarma decretado por R.D.1673/2010”	William H. Rehnquist dice:	Domingo, 5 de diciembre de 2010 en 2:30 pm	Estimado amigo Sevach:
J. M. Aspas dice:	Domingo, 5 de diciembre de 2010 en 5:15 pm	Enuncio algunas reflexiones:
6. La declaración del estado de alarma es un acto gubernativo. ¿Es una función constitucional no administrativa? ¿Es una acto político del Gobierno de la Nación? El art. 116 CE está sistemáticamente dentro del Título V “De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales”. 7. Si se admite su naturaleza de acto político, además del control de los elementos reglados señalados en el comentario (jurisprudencia del TC y del TS), que son asequibles al control judicial, hay que tener en cuenta que, en todo caso, en los actos políticos o de gobierno se deben controlar para garantizar la protección jurisdiccional de los derechos fundamentales[art. 2.a) LJCA]. Los controladores aéreos afectados por el ámbito subjetivo del RD 1673/2010, al haber sido movilizados (“militarizados”) han visto afectado algunos de los derechos fundamentales reconocidos por el art. 24 CE [ej., el juez predeterminado, con un cambio de jurisdicción (de la penal a la militar) y de los jueces naturales (de los de instrucción a los togados militares) en la vía penal, amén del cambio del Derecho sustantivo aplicable].
Angeles García Suárez dice:	Lunes, 6 de diciembre de 2010 en 11:31 am	No os rompaís la cabeza, supuesto que se llegue a impugnar el RD, el TS, lo dará por válido…. como muchas otras cosas, pues son sentencias donde pesa más lo político que lo jurídico.
Perplejo dice:	Domingo, 5 de diciembre de 2010 en 8:06 pm	Sin llegar a la hondura del análisis jurídico, de los anteriores comentaristas, me inclino por la tesis de la interpretación literal de la normativa, en este caso, dada la flagrante restricción de derechos fundamentales a que se ha hecho mención, que implica el mencionado RDL. Sostener la interpretación extensiva de la norma, bajo el argumento de que los supuestos que en la misma se mencionan son “ad exemplum”, implica y supone, a mi modo de ver, una inadmisible extensión, también, del concepto de acto político, lo que no es de recibo en absoluto, así como el abrir el portillo a un precedente extremadamente peligroso e inquietante. Ejemplos de Política o sociología ficción, podría poner unos cuantos, pero por poner un buen ejemplo resumen, que les parece “1984” de G. Orwell.
Alfonso dice:	Martes, 7 de diciembre de 2010 en 10:41 pm	Los juristas no debemos perdernos en disquisiciones escolásticas, como se hacía en las facultades de derecho españolas hasta el siglo XIX. Por favor, además de desmenuzar ad infinitum el literal de la norma, muchas veces los juristas debemos mirar a su elemento teleológico, en este caso, el restablecimiento de la normalidad en circunstancias excepcionales, y conforme ese elemento deben interpretarse el resto.
Roberto Garro Araujo dice:	Domingo, 5 de diciembre de 2010 en 8:32 pm	No puedo estar más de acuerdo que lo expuesto, y añadiendo además las siguientes razones:
Alvaro dice:	Domingo, 5 de diciembre de 2010 en 10:23 pm	Una vez leído el post y los comentarios, creo que aferrarse a la interpretación literal para apartarse de la finalidad, del sentido común, tal y como prescribe de forma prevalente el Código Civil, y tal y como el propio Tribunal Constitucional ha afirmado a la saciedad, me declaro convencido de la plena legalidad del Real Decreto del estado de alarma. Comparto línea a línea toda la argumentación de Sevach, y especialmente convincente me parece que resultaría superfluo el apartado c) si requiriese la concurrencia de los otros apartados ( por cierto, argumento que no he visto a nadie rebatir en el foro).
Las normas nacen para algo, no para ser leídas entre líneas, y so pretexto de un término o sintaxis, retorcer su finalidad, pues eso conduce a un fraude al legislador, y en el caso del estado de alarma, un fraude a la Constitución, pues no abrigo dudas de que el constituyente quería que el Ejecutivo tuviese mecanismos para reaccionar frente a abusos como el de los controladores. Un saludo a todos, pues al fin y al cabo, del debate sale la luz
Pere dice:	Domingo, 5 de diciembre de 2010 en 11:10 pm	Agradezco el esfuerzo en dar luz en esta situación que a muchos nos resulta desconocida y nos inquieta. Un saludo.
J. M. Aspas dice:	Lunes, 6 de diciembre de 2010 en 12:54 am	Para el debate, añado a mi anterior comentario:
J. M. Aspas dice:	Lunes, 6 de diciembre de 2010 en 12:58 am	El debate sobre el art. 116 CE y su LO de desarrollo es un buen modo de celebrar el “Día de la Constitución” y defenderla.
Perplejo dice:	Lunes, 6 de diciembre de 2010 en 1:10 am	Totalmente de acuerdo con J.M.Aspas, el supuesto es mas de “Estado de Excepción” que de “Estado de Alarma”; pero la declaración del primero primero le compete al Congreso, y no al Gobierno.
comperio dice:	Martes, 7 de diciembre de 2010 en 6:46 pm	En este blog recopilan unos cuantos análisis relativos a esta cuestión
JUAN DE DIOS DE BAILEN dice:	Lunes, 6 de diciembre de 2010 en 1:14 am	¿ Pregunto ?, los Juristas que están para defender los “presuntos derechos salvajes de una minoría”, o para entender y aplicar el Derecho a la Mayoría, que para mas ” INRI ” es la que paga a este grupusculo prepotente y engreido.
J. M. Aspas dice:	Lunes, 6 de diciembre de 2010 en 1:47 am	Para contrastar:
Perplejo dice:	Lunes, 6 de diciembre de 2010 en 1:56 am	Los juristas estamos para aplicar el derecho a las personas, físicas o jurídicas, no es cuestión de mayorías o minorias.
aretusa dice:	Lunes, 6 de diciembre de 2010 en 3:18 am	Dice Sevach:
Sevach dice:	Lunes, 6 de diciembre de 2010 en 10:32 am	Lo primero que te comento a raíz de tu sugerente comentario es que he acudido a “bucear” en la tramitación y génesis del apartado c) del art.4 de la LO 4/1981 para descubrir las razones de la incoherencia a mi juicio de ese apartado, que al exigir además ese inciso de que “concurran las demás circunstancias o situaciones” determina su inutilidad pues si se dan los otros apartados…¿para qué ampararse en este?. Y de hecho, es curioso que el Proyecto de la Ley Orgánica 4/1981 contemplaba el apartado c) en los siguientes términos: “Paralización de servicios públicos esenciales, para la comunidad, cuando no se garantice lo dispuesto en los artículos 28.2 y 37.2 de la Constitución. “. Nada más. El Informe de la Ponencia no tocó el artículo, y tampoco el Dictamen de la Comisión añadiéndose sin que conste masa motivación que la propia defensa oral de la súbita enmienda, el inciso final “ y concurra alguna de las demás circunstancias o situaciones contenidas en este artículo” al aprobarse por el Pleno (Diario Oficial del Congreso de 20 de Abril de 1981), lo que demuestra que el problema de coherencia e interpretación de dicho apartado C, es debido a enmiendas de última hora (bienintencionadas pero no se percataron de que ese inciso en vez de reforzar el apartado c) lo mataban por inútil).
Por otra parte, cuando el apartado c) se remite a “situaciones o circunstancias del apartado anterior” ni expresa ni tácitamente está recortándolas y privándolas del adverbio (“gran, grave”), y ello sin olvidar que incluso no faltaría quien argumentase desde un punto de vista gramatical, que implícito en “calamidad”o “catástrofe” va su “gran magnitud”, lo que llevaría a que esta última locución sólo se predique o imponga respecto del sustantivo inmediato que acompaña, esto es, en el caso A) respecto solamente de “Accidentes” ( ya que además un “terremoto” no es un accidente), y en el caso del apartado B) la gravedad solamente se impondría respecto de la “contaminación” ( ya que toda “crisis sanitaria” por definición implica situación grave). En fin, que lo bonito de este asunto es demostrar las distintas lecturas e interpretaciones que caben, todas razonables y todas razonadas. Habrá que esperar a que los Tribunales digan la última palabra, y con la honradez que debe presidir este blog y foro, publicaré aquí mismo su criterio. Y por cierto, no habrá que esperar años, pues si se va por el cauce de protección de derechos fundamentales, la Sala 3ª del Tribunal Supremo lo tendrá resuelto en seis meses (aunque en esto de los plazos sí que hay que tener cautela).
Angeles García Suárez dice:	Lunes, 6 de diciembre de 2010 en 11:25 am	Señoría: la que suscribe, desde su desconocimiento de lo que pasa en las entretelas de las cloacas del Estado tiene una teoría ( no sé si descabellada), que es la siguiente:
sevach dice:	Lunes, 6 de diciembre de 2010 en 12:14 pm	Quizás tengas razón Angeles, pero como buena abogada sabes que hay que separar la legalidad o no de un acto administrativo del juicio que merezca la trayectoria de quien lo emite. De todos modos, dado que este es un foro abierto y toda opinión tiene cabida ( y como por deformación profesional, el trámite de audiencia es inexcusable) aquí va un enlace en que una controladora ofrece su versión de los hechos con gran despliegue de datos.
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Pepe dice:	Lunes, 6 de diciembre de 2010 en 7:44 pm	No soy jurista, pero mi sentido comun me dice que seiscientas mil personas tiradas en aeropuertos y cientos de millones de perdidas es una calamidad publica o una catastrofe se mire como se mire.
Iota dice:	Lunes, 6 de diciembre de 2010 en 10:24 pm	Esta vez no puedo estar de acuerdo con Sevach, vaya.
Contencioso dice:	Lunes, 6 de diciembre de 2010 en 11:08 pm	Domino el idioma alemán y como tal, hoy he sentido esclafríos oyendo un discurso de Hiler en Youtube … se justificaba la asunción de poderes extraordinarios por el primer ministro (Hitler) ante una supuesta situación de urgente necesidad. La historia se levanta de su tumba y llama a nuestras puertas: ¿Era realmente necesario declarar el estado de alarma por una huelga de controladores aéreos que al final ha estropeado vacaciones de unos y negocios de otros? Señores. estamos hablando de tiempo libre o asueto y dinero, y si por esto declaramos estados excepcionales de la CE, podemos irnos preparando para lo que viene.
Perplejo dice:	Miércoles, 8 de diciembre de 2010 en 3:34 am	Comparto totalmente tus reflexiones e inquietudes; y en cuanto a tus esperanzas, soy todavía mas pesimista, veo el vaso casi vacío del todo.
Turulato dice:	Lunes, 6 de diciembre de 2010 en 11:39 pm	Me interesaría que me explicase la constitucionalidad del R.D. que declara el estado de alarma con lo establecido en el artículo 117, 5 de nuestra Norma Fundamental.
sevach dice:	Martes, 7 de diciembre de 2010 en 1:52 am	Pues el art.117.5 de la Constitución es compatible con los estados anómalos (alarma, sitio y excepción) porque la propia Constitución se ha cuidado de disponer una regulación especial en el art.116, de manera que la Ley Orgánica 4/1981 se ocupa de tales estados en la vertiente sustantiva y la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de Noviembre de Defensa Nacional en armonía con la Ley Orgánica 4/1987 sobre Competencia y Organización de la Jurisdicción Militar, se ocupan de tal aspecto en la vertiente procesal. Quizás resulta chocante la jurisdicción militar sobre civiles pero tan excepcional situación responde a la situación excepcional que determina el estado de alarma y así lo ha querido la Constitución. Un saludo
AlphaDog dice:	Martes, 7 de diciembre de 2010 en 7:55 pm	Buenas tardes
J. M. Aspas dice:	Martes, 7 de diciembre de 2010 en 10:00 pm	1. Tienes razón. No cabe ni mantener el estado de alarma 15 días ni que le sea concedida al Gobierno de la Nación la autorización del Congreso para su prórroga posterior. Lo dice la LO 4/1981: la duración de cualquiera de los tres estados debe ser la indispensable para el restablecimiento de la normalidad (art. 1.2). El estado de alarma no es remedio de Derecho de excepción para un conflicto laboral.
Perplejo dice:	Miércoles, 8 de diciembre de 2010 en 3:40 am	Pues claro que sí; pero ya están tardando.
Visitante dice:	Martes, 7 de diciembre de 2010 en 10:14 pm	Gracias de antemano por una exposición libre de sesgo ideológico, basada en el análisis de las leyes.
sevach dice:	Martes, 7 de diciembre de 2010 en 11:17 pm	Verás, parece que si el legislador ha querido detallar los casos en que procede declarar el estado de alarma, no podría ampararse en el artículo genérico, pues lo especial prima sobre lo general. Eso en primera lectura. Sin embargo, voy a ofrecerte una de las muchas interpretaciones.
karlos dice:	Miércoles, 8 de diciembre de 2010 en 12:26 am	“Sensaciones”
Visitante dice:	Miércoles, 8 de diciembre de 2010 en 1:30 am	Gracias por tan pronta respuesta.
Perplejo dice:	Miércoles, 8 de diciembre de 2010 en 3:18 am	Ya que hablamos de interpretaciones de preceptos legales, y en particular del dichoso apartado C) del artículo 4 de la Ley Orgánica 4/81 que regula la declaración de los Estados de Alarma, Excepción y Sitio, por que no miramos en la interpretación auténtica, la verdadera voluntad del legislador.
Esta es la solución que el Grupo Parlamentario Comunista ve en este apartado c), porque tal y como está no nos parecería aceptable, y la propuesta que haríamos sería esta enmienda “in voce”. Mas claro, dificilmente se puede decir; aunque no estaría demás que Don Nicolas Sartorius Alvárez de Bohórquez, nos explicara hoy si efectivamente esto es así, y si tuvo “in mente” estos hechos o similares, más lógicos en la época (como una huelga o abandono del servicio, llamasé como se quiera), de maquinistas de ferrocarriles, por ejemplo, curiosamente citados en el argumentario de la enmienda.
AlphaDog dice:	Miércoles, 8 de diciembre de 2010 en 9:38 am	Gracias Perplejo, tu indagación es fundamental para la interpretación y posible ilegalidad del Decreto de Alarma. Art. 3 del Código Civil:
Sevach dice:	Miércoles, 8 de diciembre de 2010 en 11:43 am	Me parece estupenda la referencia al origen de la enmienda al apartado c) del manido artículo 4.
? dice:	Jueves, 9 de diciembre de 2010 en 3:19 pm	Creo que la conclusión a la que llegan en el debate parlamentario es que cuando existe una situación de catástrofe, crisis sanitaria o desabastecimiento de bienes de primera necesidad, los servicios esenciales no se pueden poner en huelga; es decir, la situación debe ser previa, y no una consecuencia de la huelga; de ahí la existencia de los 2 requisitos y de que no se de una superposición de los criterios exigidos por el artículo 4.
? dice:	Jueves, 9 de diciembre de 2010 en 6:59 pm	releyendo las intervenciones del debate creo que lo que pretende es que no coexistan una paralización de servicios esenciales y una situación de catástrofe natural, crisis sanitaria o desabastecimiento de bienes de primera necesidad; por lo tanto es posible que una huelga tenga como consecuencia una de esas situaciones y que se pueda decretar el estado de alarma.
J. M. Aspas dice:	Miércoles, 8 de diciembre de 2010 en 9:53 am	Otras comentarios sobre el “caos aéreo” y la alarma.
J. M. Aspas dice:	Miércoles, 8 de diciembre de 2010 en 10:08 am	– Artículo “Alarma por el estado de alarma” de Roberto L. Blanco Valdés, Catedrático de Derecho Constitucional, en “La Voz de Galicia” del pasado día 6.
boeman dice:	Miércoles, 8 de diciembre de 2010 en 4:10 pm	Por favor, por favor, por favor, por favor que no se les ocurra llamarlos a declarar a todos a la vez que si no tendrían que declarar un nuevo estado de alarma y enviar a los militares para que se le diga al fiscal, policía o juez que haga el favor de dosificar su ansia de justicia y que los llame de uno en uno y sin que ello afecte a la navegación aérea.
Perplejo dice:	Viernes, 10 de diciembre de 2010 en 5:39 am	¿La situación actual de drenaje financiero (corte del crédito por parte de las entidades finacieras a empresa y particulares, y el incremento exponencial de jejecuiones hipotecarias), así como la morosidad pertinaz de las administraciones públicas en el abono de su sobligaciones pecuniarias a empresas y particulares, puede considerarse como constitutiva de calamidad pública o catástrofe, a lso efectos de declarar el Estado de Alarma, y por ejemplo militarizar las entidades finaciera, o intervenirlas, que eso si está previsto en la Ley?.
Sevach dice:	Viernes, 10 de diciembre de 2010 en 9:00 am	A la vista de la posible calamidad pública con que especula Perplejo que supondría el contexto financiero ( y al margen de que seriamente eso supondría un problema grave, no calamitoso, ni determinante de paralización de servicios esenciales) no me resisto a que consultéis esta ingeniosa especulación sobre un posible Decreto de Alarma para normalizar el orden financiero español: aquí.
Litel dice:	Miércoles, 8 de diciembre de 2010 en 5:06 pm	Simplemente me queda fecilitar a Sevach y al resto de compañeros del blog por sus razonados y razonables comentarios. He aprendido más sobre el estado de alarma en 10 minutos leyendo este post que en toda la carrera de Derecho. Ciertamente es una cuestión muy interesante que seguramente culminará en el TC
Gandalf dice:	Miércoles, 8 de diciembre de 2010 en 8:55 pm	Según este análisis la declaración del Estado de Alarma podría justificarse.
kafkania dice:	Miércoles, 8 de diciembre de 2010 en 10:30 pm	No estoy de acuerdo. ¿Hasta qué punto se puede estirar un razonamiento jurídico como para llegar a tener cobertura lo que no la tiene. Si la tuviera, no habría hecho falta estirar tanto tal razonamiento. ¿Cabe la elasticidad interpretativa sin límites? No lo creo, aunque este pueda ser el análisis más acertado. Sintiendo muchísimo la huelga -que de mantenerse me habría afectado- creo que en el análisis he de desprenderme de sentimientos.
estado penoso dice:	Miércoles, 8 de diciembre de 2010 en 10:57 pm	Personalmente creo que lo único de acto político que tiene todo esta polvareda de la declaración del estado de alarma es lo que el Congreso de los Diputados entienda por inmediatamente, supongo que cinco días está bien.
JP dice:	Jueves, 9 de diciembre de 2010 en 1:31 pm	Conclusión evidente de todo esto es que los legisladores deberían releer las leyes y decretos antes de publicarlos, como mi hijo el examen antes de entregarlo, para evitar ambigüedades, imprecisiones y solecismos.
InhiloTempore dice:	Jueves, 9 de diciembre de 2010 en 2:17 pm	Antes que nada, me gustaría alabar las bondades de los aquí presentes, y la riqueza que le dan al debate. Por mi parte, vengo a incluir algo que echo en falta: lo que en el lenguaje común se entiende por “alarma” y “excepción”, habida cuenta de las interesantes posturas mantenidas.
4. f. rebato 5. f. Inquietud, susto o sobresalto causado por algún riesgo o mal que repentinamente amenace.
Mientras que por contra, “excepción” vendría a significar: 1. f. Acción y efecto de exceptuar.
Crispin dice:	Jueves, 9 de diciembre de 2010 en 3:46 pm	Pero ¿de qué hablamos?. ¿ Ilegalidad del Decreto que dispone el estado de alarma?. ¿ No es ilegal una huelga salvaje?, ¿ No es inmoral que cien personas tengan en jaque a doscientas mil?,¿no es una calamidad pública que el espacio aéreo quede bloqueado por unos saboteadores?, ¿ no es buena prueba de la calamidad pública los miles de demandas millonarias por daños y perjuicios sin cuento?, ¿ acaso no hay que leer las normas con sencillez y comprender que el estado de alarma no es aplicar un “toque de queda” militar sino sencillamente solucionar de forma expeditiva un gravísimo problema social, económico y político, que no tenía salida?, ¿ Tantos estudios sobre derecho sólo nos sirven para estirar las palabras y convertir a los culpables en víctimas de un Estdo opresor?. Dejémonos de discusiones bizantinas, y si son galgos o podencos. Había un problema y con un Decreto en la mano, sin interpretación descabellada, se solucionó. Punto final.
Javier dice:	Jueves, 9 de diciembre de 2010 en 9:47 pm	En un Estado de Derecho, todos los actos los hemos de realizar conforme a la Ley. Pongamos por ejemplo un cirujano que alegue que ha cumplido con su horario de trabajo y abandona el quirófano y ocasiona el resultado de fallecimiento de un paciente por desatención de sus obligaciones médicas.
Fernando dice:	Viernes, 10 de diciembre de 2010 en 7:58 am	¿Por qué, Javier? ¿Qué otras alternativas jurídicamente válidas había para solucionar este problema? Considero que las soluciones de futuro pasan por que, de una vez, nuestros legisladores tengan el arrojo necesario para regular el derecho de huelga de los trabajadores asalariados (distinguiendo no sólo por los cargos en la empresa, como los Contratos de Alta Dirección, sino por el nivel de retribución, porque el derecho a la huelga no puede sacarse del contexto en que nació y en el que se viene admitiendo consensuadamente: medio de defensa del indefenso trabajador que se encuentra en inferioridad de condiciones frente al poderoso empresario) y de los funcionarios y personal dependiente de las Administraciones públicas, pero dando sentido también al derecho de TODOS los ciudadaos a recibir de la Administración Pública servicios adecuados en TODO momento…
AlphaDog dice:	Viernes, 10 de diciembre de 2010 en 8:57 am	Buenos días
Crispin dice:	Viernes, 10 de diciembre de 2010 en 9:42 am	No se me confunda. Mas bien pienso que “el fin justifica la interpretación” , o sea, la finalidad de la regulación del estado de alarma justifica la interpretación abierta del Decreto y da cabida a la calamitosa situación generada por los controladores. Esa es mi premisa: las leyes han de interpretarse conforme a sus fines. Y aquí se ha cumplido el fin de la norma. Saludos matinales
AlphaDog dice:	Viernes, 10 de diciembre de 2010 en 10:52 am	Hola de nuevo
Sigo discrepando, puesto que para mí no es lo mismo el fin (el resultado obtenido) que la finalidad (el objetivo que se pretende conseguir) de la norma. El art. 3 del Código Civil respecto a la interpretación de las normas habla de “finalidad”. De ahí que no se deban utilizar las normas interpretándolas para conseguir fines distintos para las que fueron dictadas, ya que podríamos estar ante un fraude de ley o a lo sumo ante una norma injusta o ilegal. Esto es lo bonito del Derecho. Si no pasase esto no habría tantos abogados, fiscales, y por supuesto gente como nosotros debatiendo sobre estos temas.
Litel dice:	Sábado, 11 de diciembre de 2010 en 1:51 am	Hola AlphaDog. Lo cierto es que no veo una diferencia como la que expones entre “fin” y “finalidad”. Para mi, en este caso el fin tiene una anaología con la finalidad, pues lo que dice nuestro querido y manoseado art.3 del CC es que las normas deben interpretarse, entre otros parámetros, atendiendo a su finalidad. O sea, a su utilidad y objeto práctico, lo que es lo mismo que hablar del “fin” pretendido por la norma. Sin duda no estamos ante una cuestión clara. Personalmente, estoy de acuerdo con mucho de los compañeros en que el encaje resulta algo forzado pero honestamente creo que pasará el tamíz judicial. Un saludo e boas noites.
Napoleón dice:	Viernes, 10 de diciembre de 2010 en 11:23 am	Creo que resulta absolutamente esclarecedor el debate que se produjo durante la tramitación de la ley para averiguar la finalidad del legislador.
Litel dice:	Sábado, 11 de diciembre de 2010 en 1:55 am	Fantástico apunte. En todo caso no podemos quedarnos solo con la interpretación auténtica del legislador sino con la “realidad social” y el hecho de que estamos ante un supuesto que, casi con toda seguridad, no pasó por la cabeza de los legisladores.
Germinal dice:	Viernes, 10 de diciembre de 2010 en 12:18 pm	“Una primera lectura lleva a pensar que además de la “paralización de servicios públicos esenciales” tiene que concurrir una situación de las contenidas en los apartados A), B) y D). Sin embargo, esta tesis conduce al absurdo ya que entonces el citado apartado C) sería superfluo o inútil pues si ya concurre tal situación de los otros tres apartados, es irrelevante que exista o no paralización de servicios públicos esenciales”.
sevach dice:	Viernes, 10 de diciembre de 2010 en 12:36 pm	Bien que me gustaría tenerlo tan claro. Sin embargo, incluso en esa hipótesis que me sugiere, el Gobierno podría seguir declarando el estado de alarma por los otros apartados distintos del C, sin necesidad de recurrir a este.
Germinal dice:	Sábado, 11 de diciembre de 2010 en 12:47 pm	Muchas gracias por su respuesta, Sr. Sevach.
Colm dice:	Viernes, 10 de diciembre de 2010 en 1:54 pm	Bueno, parece que hay una cosa que Sevach no considera. La Ley, a pesar de ser ley no es Ley de Dios: el Legislador no es un ente abstracto, todopoderoso y omniscente que nunca se equivoca. Como cuerpo legislativo integrado por humanos, es perfectamente factible que en la redacción de los artículos de este o cualquier otro texto legal, introduzca apartados que reulten supérfluos, ya sea por volición ya sea por error, ya sea por las presiones propias del desarrollo político-normativo. Me parece excesivo, por inseguro, dejar en las manos de los juzgadores la capacidad de determinar cual es la redacción que “deberia” haberse adoptado en una determinada norma. Una cosa es interpretar, incluso teleológicamente, y otra es “reinventar” la ley. Esto ´último no se debe haceer por los juzgadores (Otra cosa son los juristas de parte).
pilar dice:	Domingo, 12 de diciembre de 2010 en 1:13 am	¡ole! por los controladores
sed Lex dice:	Domingo, 12 de diciembre de 2010 en 1:39 pm	Para añadir más leña al fuego, y dar una nueva vuelta de tuerca, la opinión del catedratico de Penal José Manuel Paredes en el sentido de que quién delinque es el Gobierno:
Yo sí soy funcionario ;-)
Lemu dice:	Lunes, 13 de diciembre de 2010 en 1:22 am	El tema colea:
Sevach dice:	Lunes, 13 de diciembre de 2010 en 9:37 am	Me alegra comprobar por la altura y finura de las perspectivas volcadas al analizar el Decreto sobre el estado de alarma ( desde la perspectiva de sus presupuestos normativos) que estamos ante un ejemplo de la riqueza del Derecho. Sí añadiré que el tono del debate me ha recordado aquella distinción que se efectuaba en la Licenciatura en Derecho sobre la perspectiva de la legalidad (coherencia lógica de la argumentación jurídica según sus principios de cohesión e interpretación), de la legitimidad ( fondo ético de la norma) y de la sociología (eficacia de la norma). En el presente caso, debemos dejar el debate centrado en la pura legalidad, y bajo esta perspectiva técnica, hay dos posiciones sustanciales. De un lado, la perspectiva de la literalidad de la Ley Orgánica de los Estados Anómalos que, unida al carácter tasado, restrictivo y excepcional de tales situaciones, comportaria la ilegalidad del Decreto por forzar la extensión de su ámbito natural. De otro lado, la perspectiva de la finalidad de la Ley Orgánica de los Estados Anómalos que, unida al carácter abierto y analógico de tales situaciones, comportaría la legalidad del Decreto en cuanto habilitaría para aplicarlo a la situación aquí planteada, no contemplada expresamente en la Ley.
alejandro miguelez dice:	Lunes, 31 de enero de 2011 en 5:13 pm	Es posible qeu esto ya haya perdido actualidad por el tiempo transcurrido.
Sevach dice:	Lunes, 31 de enero de 2011 en 7:53 pm	Estimado comentarista: A mi juicio, el dictamen del Consejo de Estado no resultaba preceptivo ya que el art.23.2 LOCE solo impone el dictamen de la Comisión permanente respecto de “reglamentos o disposiciones de carácter general” naturaleza muy distinta del acuerdo que declara el estado de alarma. Ni es reglamento ni disposición general. Por ello, la Sentencia del Supremo que citas (21/4/09, rec.1162/07 al referirse a un Reglamento ejecutivo de una ley, aprobado sin dictamen del Consejo de Estado), nada tiene que ver con el carácter declarativo y político del acuerdo del Estado de Alarma.
alejandro miguelez dice:	Lunes, 31 de enero de 2011 en 10:17 pm	Estimado Sevach:
Muchas gracias por tu pronta respuesta. Discrepo de tu punto de vista, pues la Ley Orgánica exige en su artículo 22.3 el dictamen previo para los reglamentos y las disposiciones de carácter general. En mi opinión el R.D. de referencia es una disposición administrativa de carácter general, lo que es inherente a su condición de Real Decreto aprobado en Consejo de Ministros y publicado en el B.O.E. De no tener esta condición, sería un acto administrativo que no requeriría publicación bastando su comunicación a los interesados (artículos 52.1 y 58 Ley 30/1992). Además, entiendo que su artículo 3, ela R.D. acota los derechos y obligaciones de los Controladores de Tránsito Aéreo en tanto que los moviliza, cercenando por ello su derecho de huelga y otros de libertad sindical.
Sevach dice:	Lunes, 31 de enero de 2011 en 11:15 pm	Estimado Alejandro: como bien sabes entre los actos administrativos singulares y los reglamentos están los actos generales o plúrrimos, que teniendo eficacia general no revisten naturaleza reglamentaria. Un R.D.aprobado en Consejo de Ministros que concede una medalla se publica y no es un reglamento, al igual que el nombramiento de los funcionarios. Por otra parte, creo que el R.D. que declara el estado de alarma es el presupuesto o requisito habilitante, ya que los efectos son los que marca la Ley. De todos modos, respeto tu criterio porque está fundado. Es más, creo que el Gobierno podía – y moralmente debía- haber solicitado el dictamen del Consejo de Estado por trámite de urgencia. Un saludo, y gracias por tus amables palabras.
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