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Timestamp: 2019-01-17 19:11:14
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La declaración pide un examen del principio de equilibrio. De esta manera, el escritor considerará un análisis crítico del principio a través de su aplicación en una amplia gama de derechos y libertades garantizadas por la Convención Europea de derechos humanos.
Con este fin, el documento se ha dividido en tres partes. La primera analizará brevemente los orígenes del principio, segunda parte críticamente abordará su aplicación /function para entender la lógica detrás de cómo la corte utiliza el proceso de equilibrado. Finalmente, el papel dibuja la discusión a una conclusión por resumir los puntos principales y comentando sobre la exactitud de la declaración.
La doctrina del principio de equilibrio es ubicua en la jurisprudencia de la Unión Europea
Tribunal de derechos humanos (la corte). De hecho, ‘inherente en el conjunto de la Convención es una búsqueda de un justo equilibrio entre las exigencias de los intereses generales de la comunidad y los requisitos de la protección de los derechos fundamentales del individuo’. El concepto han sido observados por académicos más apreciados como polémico y sin embargo, explícitamente avalado por la corte. El principio es oscuro y susceptibles de diversos factores tales como el margen de apreciación /proportionality. El fundamento del principio por medio de la Convención Europea de derechos humanos es proporcionar una protección eficaz de los derechos humanos fundamentales y ofrecer a las posibilidades considerables de los Estados para regular el ejercicio de estos derechos. El Convenio implica por lo tanto, un justo equilibrio entre la protección de los intereses generales de la comunidad y el respeto por los derechos humanos fundamentales al fijar una importancia particular a este último. Por lo tanto, poner los honores a los Estados miembros a lograr un equilibrio apropiado en salvaguardar el bienestar de sus poblaciones, mientras que la protección de los derechos fundamentales de los individuos en un contexto de cambio social. En Sporrong y Lönnroth v Suecia [1] ; los terratenientes solicitante sujetas a expropiación zonal permisos alegaban vulneración de sus derechos. El Tribunal sostuvo a efectos del artículo 1 del Protocolo 1 [2] , estaba bajo la obligación de determinar si fue golpeado un justo equilibrio entre las exigencias de los intereses generales de la comunidad y los requisitos de la protección de los derechos fundamentales del individuo.
Tras Sporrrong, [3] es exacto en la declaración que la búsqueda de este equilibrio es inherente en el conjunto de la Convención y confirmados en la estructura de artículo 1 [4] . Peso completo debe ser dado tanto a los intereses del individuo y al interés público. En consecuencia, la corte detenido a la legislatura y resulta natural que, en tal situación Estados deben disfrutar de un amplio margen de apreciación. Sin embargo, el Tribunal no había dejado de ejercer su poder de revisión y debe determinar si se mantuvo el equilibrio necesario de manera consonante con los candidatos ‘ a ‘el disfrute pacífico de sus posesiones’, en el sentido de la primera frase del artículo 1.1 [5]
El Tribunal aplicó Juan y otros v Alemania [6] , siguiendo Sporrong y Lönnroth [7] , confirmó la privación de las posesiones de una persona bajo la segunda frase de P1-1 sujetos al principio de equilibrio. Un análisis crítico de esta evaluación requiere que ‘ debe haber una prueba razonable equilibrio justo en el lugar y pago de la indemnización por parte del estado pertinente era una llave más componentes para satisfacer el principio de equilibrio. En este caso la Corte argumentó tomando de la propiedad sin el pago de una cantidad razonablemente relacionada con su valor constituida una injerencia desproporcionada pero justificado según el artículo 1 del Protocolo 1 sólo en circunstancias excepcionales… y llegó a la conclusión que en el contexto único de la reunificación alemana, falta de indemnización no alterado el ‘equilibrio’ que tiene que ser alcanzado entre la protección de la propiedad y las exigencias del interés general.
Por el contrario, en Slivenko v Letonia [8] ; madre e hija se quejaron de las infracciones de sus derechos en virtud del artículo 8 [9] . El demandado alega que su acción fue justificado en el artículo 8.2 [10] según sea necesario para proteger la seguridad nacional letón. De hecho, llevó a cabo una medida interfiere con los derechos garantizados por el artículo 8.1 [11] puede considerarse ‘necesaria en una sociedad democrática’ si es un responde a una necesidad social imperiosa y si los medios emplean son proporcional a los objetivos perseguidos. Sin embargo, era responsabilidad de la corte en determinar si las medidas impugnadas pulsaron un justo equilibrio entre los intereses relevantes que los derechos del individuo protegidos por la Convención frente a los intereses de la comunidad. El Tribunal concluyó que el retiro de los aspirantes no lograr un equilibrio justo porque habían sido integradas en la sociedad letona y no representaban un peligro real a la seguridad letón.
Artículos sujetos a principio de equilibrio
El Tribunal ha aplicado el principio de equilibrio justo cuando se considera el derecho a la vida de
Los fetos en el Boso v Italia [12] , solicitante sostuvo, legislación italiana violó el artículo 2 [13] permitiendo a su esposa a abortar contra su voluntad. La Corte concluyó que la legislación pertinente y d sus disposiciones huelga un justo equilibrio entre la protección del feto y, los intereses de la mujer. En estas circunstancias, la corte no encontró que el demandado estado había ido más allá de su discreción en una zona tan sensible y gobernó la denuncia de la demandante era manifiestamente infundado.
Posteriormente, en Vo v Francia [14] , citando el justo equilibrio extraer Boso [15] ,
La corte declarada, sigue de esta recapitulación de la jurisprudencia que en el caso examinado hasta la fecha por las instituciones de la Convención es decir, en las diversas legislaciones sobre el aborto – el feto no es considerado como una ‘persona’ directamente protegida por el artículo 2 [16] de la Convención y que si el feto tiene un ‘derecho’ a la ‘vida’, es implícitamente limitada por los derechos e intereses de la madre. Como todavía no había consenso entre los Estados miembros con respecto al estado del embrión/feto, la gran sala concluyó que era deseable ni posible regla en abstracto si un niño por nacer era una persona a los efectos del artículo 2 [17] . Sin embargo, se determinó que la ley civil francesa proporcionó suficiente protección para el feto de seis meses de edad fallecido del solicitante respecto de la negligencia médica que había necesitado la terminación del embarazo de la demandante no deseada. Por lo tanto, no hay violación del artículo 2 [18] había ocurrido.
De la discusión se puede confirmar que ni siquiera el más básico de todos los derechos de la Convención puede ser sujeto a un análisis de equilibrio. Dado el conflicto entre los intereses de una mujer embarazada y su feto nonato. El Tribunal evaluó si autoriza el aborto de la legislación interna ha logrado un equilibrio justo entre los intereses. De hecho estos casos afirmaron la exactitud en la declaración en cuestión.
Obligaciones en virtud del artículo 3 son absoluta e inderogable incluso en caso de guerra o una emergencia pública amenazando la vida de la nación. Aplicación del principio de que el artículo VI controversia entre los Estados miembros y a los jueces. Strasbourg se negó a permitir que un miembro estado para equilibrar la supuesta amenaza a su seguridad nacional frente a los riesgos (Chahal v Reino Unido (UK) [19] . El Tribunal sostuvo que el artículo 3 consagra uno de los valores más fundamentales de una sociedad democrática…, la Convención prohíbe la tortura términos absolutos o penas o tratos inhumanos o degradantes, independientemente de la conducta de la víctima y no obstante lo dispuesto en él es permisible de conformidad con el artículo 15 [20] .
El Tribunal reconsideró Chahal [21] enfoque en v Saadi Italia [22] . Solicitante tunecino condenado en Italia de conspiración criminal y debía ser deportado. La Corte sostuvo en varias ocasiones, excepción y Saadi no reafirmaron el principio enunciado en Chahal [23] . Así a pesar de los crecientes riesgos que enfrentan los Estados miembros de terrorismo internacional el Tribunal ha continuado negativa de su predecesor a aceptar la aplicación de una prueba de equilibrio para la deportación/extradición de presuntos terroristas y sus asociados.
Sin embargo, en un contexto diferente, las deportaciones de extranjeros sufren enfermedades graves, el Tribunal ha aplicado el principio de equilibrio. En D. v UK [24] la corte dictaminó supondría
trato inhumano en el Reino Unido deportar a una persona en la fase terminal de inmune adquirida
síndrome de la inmunodeficiencia (SIDA), donde tuvo a nadie que cuide de él y
medicamentos caros no estaban disponibles para él. La decisión fue reconsiderada en N. v. Reino Unido [25] , un nacional ugandés que se recuperó después del tratamiento y desafió a deportación por motivos médicos. El Tribunal sostuvo aquí que el solicitante no estaba en la fase terminal de su enfermedad como D [26] . había sido, el Convenio está dirigido esencialmente a la protección de los derechos civiles y políticos (Airey v. Irlanda) [27] . Además, inherente a la totalidad de la Convención es una búsqueda de un justo equilibrio entre las exigencias de los intereses generales de la comunidad y los requisitos de la protección de los derechos fundamentales del individuo (véase Soering
v. el Reino Unido [28] ; los avances en la ciencia médica, junto con las diferencias sociales y económicas entre países, implican que el nivel de tratamiento disponible en el Estado contratante y el país de origen pueden variar considerablemente. Mientras que es necesario, dada la importancia fundamental del artículo 3 [29] en el sistema de la Convención, la corte mantener un grado de flexibilidad para evitar expulsión en casos muy excepcionales, artículo 3 [30] no coloque una obligación en el Estado contratante para aliviar tales disparidades mediante la prestación de libre y salud ilimitada a todos los extranjeros sin derecho a permanecer dentro de su jurisdicción. Un hallazgo al contrario impondría una carga demasiado grande a los Estados contratantes.
Se concluyó que el solicitante no fue críticamente enfermo en el tiempo y en su caso
puede ser distinguido de D [31] . y no habría ninguna violación del artículo 3 [32] si iba a ser deportado a Uganda.
Aunque las críticas fueron hechas en escrituras legales, el ejercicio de equilibrio en el contexto del artículo 3 [33] claramente fue rechazado por el Tribunal para confirmar (Saadi v. Italia [34] ) (Chahal v. el Reino Unido [35] , la gran sala de N [36] . estaba dispuesto a aplicar el principio de equilibrio justo al artículo 3 [37] debido a la sustancia del reclamo de la demandante que en efecto debía permanecer en el Reino Unido para recibir atención médica continua, como se trataba de asuntos difíciles del gasto público.
La Corte expresó puntos de vista divergentes sobre la aplicación del justo equilibrio aquí.
En A. y otros v. Reino Unido [38] , aspirante detenida en virtud de las leyes antiterroristas
, pero; (después de Chahal [39] ) no pueden ser deportados. La corte no aceptó el argumento del gobierno ese artículo 5.1 [40] permite un equilibrio entre el derecho del individuo a la libertad y el interés del estado en la protección de su población de amenaza terrorista. Este argumento es incompatible no sólo con la jurisprudencia de la corte bajo el apartado (f) sino también con el principio de que los párrafos (a) a (f) equivalen a una lista exhaustiva de excepciones y que sólo una interpretación restrictiva de las excepciones es compatible con los fines del artículo 5 [41] . Si detención no encaja dentro de los límites de los párrafos según lo interpretado por el Tribunal, no puede ser hecho para caber un recurso ante la necesidad de equilibrar a los intereses del estado contra los de la detainee.49
Aunque no explícitamente referencia a un equilibrio justo lengua de la gran sala replica la esencia del principio. El Tribunal de acuerdo con casa de Lord50 dictaminó que medidas de excepción contra los aspirantes fueron desproporcionados, como sólo aplicaron a presuntos terroristas que eran extranjeros, por lo tanto había penetrado artículo 5, apartado 1 [42] con respecto a los solicitantes que no habían dejado voluntariamente el Reino Unido. Sin embargo, en Ocalan v Turquía [43] 51 el gran sala Tribunal declaró inherente en el conjunto de la Convención es la búsqueda de un justo equilibrio entre las exigencias de los intereses generales de la comunidad y los requisitos de la protección de los derechos fundamentales del individuo. El Tribunal llegó a determinar que el polémico arresto del solicitante, líder de una organización terrorista, por los funcionarios turcos en el aeropuerto de Nairobi no violó el artículo 5, apartado 1 [44] .
Aunque la conducta del demandado Estados fue de diversas formas en estos casos parece difícil conciliar el rechazo de la manta de la aplicación de los elementos del principio de equilibrio justo al artículo 5, apartado 1 [45] , incluyendo su uso para interpretar el alcance de las excepciones enumeradas, en A. y otros [46] con su invocación explícita por la gran sala de Ocalan [47] sentencia plenaria sobre el artículo 5 [48] . Brogan y otros v. Reino Unido [49] 53 reconocía la necesidad de un ‘equilibrio’ en la respuesta al terrorismo de los Estados miembros.
El Tribunal, habiendo tenido en cuenta el crecimiento del terrorismo en la sociedad moderna, reconoció la necesidad, inherente en el sistema de la Convención, de un equilibrio adecuado entre la defensa de la
instituciones de la democracia en el interés común y la protección de los derechos individuales.54 analizar si los aspirantes habían sido traídos ante un juez puntualmente, como es requerido por el artículo 5 [50] , se concluyó que ninguno de los aspirantes habían sido liberado prontamente.
Artículo 6 y 4
Nikitin vRussia [51] , solicitud de inspección de procedimientos de supervisión fue destituido por el Tribunal afirmando que los procedimientos eran el fallo de la fiscalía. El solicitante, alega una violación del artículo 6.1 [52] . La corte razonó que, apartado 2 del artículo 4 del Protocolo nº 7 [53] expresamente permitido reapertura de un caso en circunstancias definidas, donde tiene evidencia de nuevos hechos
surgió, y para permitir la reapertura de los casos donde el Tribunal había encontrado una violación del artículo 6 [54] no era intrínsecamente incompatible con el artículo. Aunque, en determinadas circunstancias puede revelar, que la manera en que fue utilizado deteriorada la esencia de un juicio justo. Por lo tanto, el Tribunal estaba bajo la obligación de comprobar que una revisión supervisora fue ejercida por las autoridades con el fin de huelga, a la medida de lo posible, un equilibrio justo entre los intereses del individuo y la necesidad de garantizar la eficacia del sistema. El Tribunal concluyó que no había fallado el Presidio ‘ lograr un equilibrio justo entre los intereses del solicitante y la necesidad de garantizar la adecuada administración de justicia’.58It lo hicieron
utilizando el principio de equilibrio justo para comprobar los acusados absueltas no sufrió cargas excesivas mientras que los sistemas de justicia penal mantienen la posibilidad de reabrir excepcionalmente procedimientos para corregir las injusticias.
El principio ha sido utilizado extensivamente por el Tribunal en el artículo 8 [55]
a través de una amplia gama de situaciones. Christine Goodwin v. Reino Unido, [56] 59 se sostuvo que el gobierno demandado no reconocen el derecho protegidos por la Convención y concluyó que el justo equilibrio que es inherente a la Convención ahora se inclina decididamente a favor de la demandante debido a una falta de respeto a su derecho a la vida privada en violación del artículo 8.60
Por contraste, en Hatton y otros v. Reino Unido [57] . 61. la corte, no encontró ninguna violación del artículo 8 y concluyó no había ninguna falla a un justo equilibrio entre el derecho de los individuos afectados por esas normas de respeto a su vida privada y conflicto de intereses de los demás y de la comunidad como un todo, ni encontró que ha habido
defectos procesales fundamentales en la elaboración de reglamentos sobre las limitaciones de la noche
flights.62A variedad de artículo 8 [58] los casos invocando el principio de equilibrio, dado la amplitud de los derechos protegidos por esta provision.63 por otra parte, visto en Slivenko [59] , 64 la estructura del artículo 8 [60] permite Estados sostienen interferencias con artículo 8.1 derechos están justificados por los intereses legítimos de la comunidad bajo artículo 8.2 [61] y esto alienta a la corte para aplicar el principio de equilibrio justo para evaluar los disputados equilibrios alcanzados por los Estados.
El principio aplicado para evaluar si las autoridades públicas injustificadamente han intervenido en las disputas internas de una organización religiosa. El fondo complejo al santo Sínodo de la iglesia de BulgarianOrthodox (Inokentiy Metropolitana) v Bulgaria [62] , 65 que los solicitantes presentó una demanda alegando incumplimiento del artículo 9 [63] .66The Tribunal dictaminó que la amplia intervención del gobierno en los asuntos de la iglesia con el objetivo de obligar a los miembros a apoyar el liderazgo avalado por las autoridades era desproporcionada y violó los derechos de las demandantes bajo el artículo 9. [64]
el principio se aplicó en Article10 [65] en Vogt v Alemania [66] , profesor de la escuela solicitante despedido. El Tribunal sostuvo que si bien es legítimo para un estado de imponer a los funcionarios, a cuenta de su situación, los funcionarios son individuos y, como tal, calificar para protección en virtud del artículo 10 [67] . Por lo tanto, corresponde a la corte, teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso, para determinar si se ha caído un justo equilibrio entre el derecho fundamental del individuo a la libertad de expresión y el interés legítimo de un estado democrático para garantizar que su servicio civil promueve adecuadamente los fines enumerados en el artículo 10 [68] to. 2. en la realización de esta revisión, la corte se tenga en cuenta que cuando funcionarios derecho a la libertad de expresión está en cuestión ‘deberes y responsabilidades’ contemplados en el artículo 10 para [69] . 2 asumir una significación especial, que justifica dejando a las autoridades nacionales un cierto margen de apreciación para determinar si la interferencia impugnada es proporcional a la anterior corte aim.69The llegó a la conclusión de que el despido de la demandante era una medida desproporcionada, dada su historial de buena enseñanza.
En Appleby y otros v. Reino Unido [70] , 70 el Tribunal consideró la queja de los demandantes si el Estado demandado estaba en violación de su obligación positiva de proteger la libertad de expresión. Para determinar si existe una obligación positiva, respeto debe ser tuvo que el justo equilibrio que debe ser alcanzado entre el interés general de la comunidad y los intereses del individuo, la búsqueda de que es inherente a lo largo de la Convención. Inevitablemente se variará el alcance de esta obligación, teniendo en cuenta la diversidad de situaciones.En el caso de la Corte sostuvo que el Reino Unido no había fallado proteger la libertad de expresión de los solicitantes.
En Chassagnou and Others v. Francia [71] , 72 el Tribunal tenía respecto al principio de equilibrio en la evaluación de las demandantes negativo libertad de Asociación de conformidad con el artículo 11 [72] había sido violado. Legislación francesa obligó a los propietarios de tierras rurales a unirse a las asociaciones de cazadores locales y permite a los miembros de la caza en sus tierras. Los solicitantes tenían objeciones a la caza, pero el gobierno afirmó que la legislación podría justificarse bajo el artículo 11 (2) [73] como sea necesario para permitir la participación pública amplia en la caza. El reclamo judicial rechazada para obligar a una persona por el derecho a afiliarse a una asociación que es fundamentalmente contrario a sus convicciones y a obligar a él, a causa de su pertenencia a esa asociación, para transferir sus derechos sobre la tierra posee para que la asociación en cuestión puede alcanzar los objetivos que él desaprueba, va más allá de lo que es necesario para asegurar que un justo equilibrio es golpeado entre intereses en conflicto y no puede considerarse proporcional a el objetivo perseguido y concluyó que los solicitantes habían sufrido una violación bajo artículo 11 [74] .
A raíz de Abdulaziz, Cabales y Balkandali v. Reino Unido, [75] la corte dictaminó que el artículo 14 [76] no prohíbe distinciones en el tratamiento que se fundó en una evaluación objetiva de esencialmente diferentes circunstancias fácticas y basado en el interés público, huelga un justo equilibrio entre la protección de los intereses de la comunidad y el respeto de los derechos y libertades protegidas por la Convención (véaseG.M.B. y K.M. v. Suiza (diciembre), 75the [77] Tribunal determinó que el Estado demandado no había proporcionado una justificación satisfactoria en cuanto a por qué hombres eran mucho más propensos a ser obligados a realizar servicio de jurado que las mujeres. Por lo tanto, el solicitante masculino había sufrido una violación del artículo 14 4(3)(d) [78] .
Además, previo análisis de los fundamentos del principio de equilibrio justo ha revelado la utilización regular de la corte del principio cuando determinar si ha habido una violación de la protección de la propiedad (P1-1).76 en general el análisis indica que el Tribunal de hecho ha aplicado el principio de equilibrio justo a través de la inmensa mayoría de los derechos protegidos por la Convención, confirmando así la exactitud de su mantra de Soering [79] . Donde no se ha aplicado por ejemplo en relación con el artículo 12, sin embargo, esto puede debido a la limitada cantidad de caso bajo esos artículos. Tal vez es de esperarse que la utilización del principio de la corte ha sido más polémica en relación con el artículo 3 no cualificado. Sin embargo, N. v Reino Unido [80] 78, donde la queja tiene fuertes connotaciones socio-económicas, el principio de equilibrio puede aplicarse incluso en relación con el más absoluto derecho garantizado por el Convention.79 por el contrario, donde los artículos expresamente incluyan cláusulas de limitación autoriza a los Estados interferir protegidos los derechos con el fin de promover los intereses de la comunidad la corte ha recurrido con frecuencia al justo equilibrio principle.80
Funciones del principio de equilibrio
Principio de equilibrio es utilizado por la corte como una herramienta fundamental en el equilibrio entre los derechos del individuo y los intereses del público…
Harris y otros [81] han expresado la opinión de que con respecto a la evaluación del Tribunal de si se ha alcanzado un equilibrio justo, el logro de un equilibrio requiere necesariamente una aproximación basada, entre otras cosas, sobre las consideraciones de la proporcionalidad “.
Segunda función es justa equilibrio proporciona un mecanismo que permita a la corte determinar si un Estado demandado está sujeto a una obligación positiva implícita que surja bajo el Convention.87 por ejemplo en el Verein Gegen Tierfabriken Schweiz v Suiza (Nº 2) [82] . 88Strasbourg dictaminó que la prohibición permanente de anuncios del solicitante por Suiza
ascendió a una violación del artículo 10 [83] y respeto deben ser tuvo que el justo equilibrio que debe ser alcanzado entre el interés general de la comunidad y los intereses de los individual.91
El Tribunal determinó, anuncio fue dirigida en asuntos de interés público
(salud animal y ambiental y la protección de los consumidores), rechazo de la Corte Federal de los
Desafío legal interno del solicitante había sido excesivamente formalista y artículo 10 [84]
protegido ideas entre otras cosas ofensivas y chocantes para que el argumento del estado que los consumidores y los comerciantes de carne podrían encontrar el anuncio desagradable no justificaba la prohibición de su transmisión.
En consecuencia, Suiza había fallado en cumplir con su obligación positiva bajo artículo 10 [85] . Verein [86] demostró claramente el Tribunal sopesar los intereses de la solicitante contra las personas de la comunidad, presentado por el Estado demandado, al determinar si el principio de equilibrio requiere el último para emprender medidas positivas para cumplir con los derechos del anterior Convenio. Es muy raro que el Tribunal defender una denuncia por incumplimiento de una obligación positiva bajo artículo 10 [87] .92 sin embargo, dada la continua negativa de las autoridades suizas permiten la difusión del anuncio, a pesar de la sentencia del Tribunal en el primer caso, la gran sala evidentemente pensaban que se trataba de una situación que requiere acción afirmativa por parte del Estado demandado.
Análisis del papel de la corte ha tomado conocimiento de la diversidad de intereses contrapuestos en aplicación del principio de equilibrio. Por ejemplo, en el Boso [88] 93 la corte tenía respecto a la protección del feto y la salud física y mental de la madre al evaluar la legislación italiana. El interés de todas las Naciones que sospecha que los delincuentes deben comparecer ante la justicia equilibrada contra la libertad de esos fugitivos estaba en el corazón del análisis de la corte en Ocalan [89] . 94. la libertad de presuntos terroristas se pesó también contra la protección de las instituciones democráticas en Brogan v Reino Unido. [90] 95 otro aspecto del sistema de justicia penal fue objeto de análisis del equilibrio en Nikitin [91] 96 donde el Tribunal evaluó el interés general, excepcionalmente, lo que permite la reapertura de los juicios penales contra la oposición del acusado absuelto. Las necesidades de los usuarios y los proveedores de vuelos de aviones nocturnos junto con
los beneficios económicos relacionados a la totalidad del país fueron equilibrarse con la consecuente alteración de las personas afectadas por el ruido de los aviones en Hatton. [92] 97 el objetivo de las autoridades públicas asegurar ‘legalidad’ en el liderazgo y los asuntos internos de una organización religiosa en comparación con los derechos de un grupo de creyentes ruptura estaban en el corazón del análisis de la corte en el santo Sínodo [93] . 98 el conflicto entre la libertad de un individuo de funcionario de expresión política y los intereses de un estado democrático para garantizar que su servicio público promueve los intereses de la comunidad especificados en el artículo 10.2 [94] (incluyendo a salvaguardar la seguridad nacional) fueron sometidos al principio de equilibrio con Vogt [95] . 99
De estos ejemplos es evidente que el amplio espectro de competir los intereses
el Tribunal ha tenido equilibrio son un producto de tanto la amplitud de los derechos garantizados bajo la
Convención y los contextos fácticos heterogéneos en la cual los solicitantes afirman sus derechos han sido violados.
Factores considerado por el Tribunal de utilizando el principio de equilibrio justo
Junto a los intereses del solicitante y la comunidad, el Tribunal ha considerado también otros factores cuando utilizan el principio de equilibrio. En Broniowski v Polonia [96] 100 se quejó de la demandante sufrió una violación del artículo 1 del Protocolo no. 1
El Tribunal reconocido el número de individuos en posición similar, un valor sustancial de reivindicaciones, ciertamente como factores que deben tomarse en cuenta para determinar si el requisito ‘equilibrio’ era struck.102 además, el Tribunal reconoció que el Estado demandado estaba tratando de gestionar las reformas del país en una sociedad postcomunista y concluyó una carga desproporcionada que no podía justificarse en términos de los intereses de la comunidad en general. Por lo tanto, no se había alcanzado un equilibrio justo por el ordenamiento jurídico interno. En estas circunstancias la corte ha sido dispuesta a considerar cualquier aspecto negativo de la conducta de la demandante o el demandado estado al aplicar el principio de equilibrio. Por ejemplo, en Beyeler v Italia [97] 104 el solicitante alega una violación del artículo 1 del Protocolo no. 1. Aplicando el principio de equilibrio justo que la gran cámara llevó a cabo en el contexto de la regla general enunciada en la primera frase del párrafo primero del artículo 1, determinar si existe un equilibrio requiere un examen general de los diversos intereses en cuestión, que puede pedir un análisis no sólo de los términos de compensación – si la situación es similar a la toma de la propiedad (véaseLithgow y otros [v UK] [98] ; Pero también, al igual que en el presente caso, la conducta de las partes en el conflicto, incluidos los medios emplean por el estado y sus implementation.105The gran cámara dictaminó que el solicitante deliberadamente no había informado a las autoridades de su compra por seis años, con el fin de evitar la posibilidad de una compra legal por ellos. En consecuencia, el tribunal aceptó que hubo ‘peso’ al reclamo del Estado demandado que Beyeler ‘no había actuado abiertamente y honestamente’. 106 sin embargo, la gran sala también fue crítica de la conducta del estado en la búsqueda de no comprar la pintura durante cinco años y el Tribunal considera que el enriquecimiento es incompatible con el requisito de un ‘equilibrio’ y encontró una violación como el solicitante había sido sometida a una carga desproporcionada por las acciones del italiano autoridades.
Otro factor que la corte tomó conocimiento de las denuncias que implican la privación de bienes es el pago de una indemnización adecuada (Kozacioglu v Turquía) [99] . 110 la corte consideró que si el principio de equilibrio requerido Estados compensar los propietarios el valor histórico de sus propiedades cuando éstos fueron expropiadas. Términos de compensación bajo la legislación nacional pertinente son material para la evaluación de si el acto impugnado respeta el equilibrio justo necesario… Legítimos objetivos de ‘ interés público ‘ pueden llamar a menos que el reembolso del valor de mercado completo de la propiedad expropiada. En
vista de la corte, que era injusto y el solicitante había sufrido una violación del artículo 1. La corte determinó que compensación tuvieron que ser pagados.
principio. Strasbourg incluso ha aplicado el principio de que el artículo 3 no cualificado en ciertos casos.
Para evaluar si se ha logrado un equilibrio justo en determinados casos la corte tuvo en cuenta un enfoque infinidad de competir individual y los intereses comunitarios reivindicado por los solicitantes y demandados Estados.
Además, el Tribunal también ha tomado conocimiento de diversos factores, en la evaluación del principio de equilibrio justo como el número de personas en una situación similar a la applicant116 y cualquier conducta reprochable por cualquiera o ambos de las parties.117 dadas las dificultades de conciliar estos intereses en conflicto es tal vez no sea sorprendente por lo tanto a veces encuentran una poderosa opinión disidente que alcanza un diametralmente opuestos
conclusión a la de los majority.118 casos examinados sin duda muestran el Tribunal aplicar el principio de las decisiones gubernamentales que implican temas polémicos incluyendo, control de la contaminación, 120 hunting121 de regulación y supervisión de las relaciones entre propietarios privados y sus tenants.122 la corte ha estado dispuesta a deferencia de acuerdo a las autoridades nacionales, donde las decisiones se han tomado son complejas y sujetos a distintos enfoques de política y política. Pero esto no ha impedido que el Tribunal de encontrar violaciones de los derechos de la Convención de las demandantes donde sufrieron una desproporcionada burden.129 este enfoque refleja la opinión de la mayoría en el caso belga lingüística [100] , 130 que primero articuló los orígenes del principio de equilibrio, que requiere un peso especial concedido a él durante la aplicación del principio de la protección de los derechos humanos fundamentales.
El desarrollo y uso del principio de equilibrio justo por el Tribunal opera simbióticamente con las responsabilidades