Source: https://www.kalaman.es/articulos-de-opinion/
Timestamp: 2020-04-04 14:32:52
Document Index: 228010649

Matched Legal Cases: ['artículo 1113', 'artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 70', 'artículo 70', 'artículo 118']

Artículos de opinión | Kalaman
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En esta sección publicamos artículos que, siempre bajo nuestro punto de vista, tienen un contenido útil para su divulgación. En dichos artículos pretendemos dar nuestra versión jurídico-práctica de los temas tratados, basándonos en los conocimientos y experiencias de nuestros expertos consultores en materia de contratación pública.
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Informe JCCA Aragón 3/2019
En el presente informe, la JCCA de Aragón viene a dar respuesta a la consulta planteada sobre las consecuencias para los contratos públicos de la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), en los que la mano de obra es intensa. La Junta Consultiva llega a las siguientes conclusiones:
Impera el principio de riesgo y ventura del contratista, esto es, el elemento de aleatoriedad de los resultados económicos del contrato no dispensan al adjudicatario de un contrato de cumplir lo pactado.
La subida del SMI no es un riesgo imprevisible para los adjudicatarios, la Junta Consultiva relaciona el riegos imprevisible con que exista una situación de fuerza mayor, entendida por la jurisprudencia como acontecimientos que no hubieran podido preverse o si se hubieran previsto fueran inevitables.
Como ya sabemos, la Ley 2/2015 de desindexación de la economía española ha hecho que sea casi imposible acudir a la revisión de precios, ya que sólo es posible en los contratos de servicios cuando el periodo de recuperación de las inversiones sea igual o superior a cinco años.
La figura de la modificación contractual como método para el restablecimiento económico del contrato ante la subida del SMI es una revisión del contrato encubierta.
Por último, no es posible, como se ha mencionado por algunas fuentes, aplicar analógicamente los Artículos 270.4 y 290.6 LCSP relativos al restablecimiento económico en las concesiones. En todo caso, dichas disposiciones sólo permiten al contratista desistir del contrato cuando este resulta extraordinariamente gravoso.
Queda claro que la Doctrina mayoritaria se inclina por no restablecer el equilibrio económico del contrato cuando este se ha visto afectado por la subida del SMI, no obstante, nos parece pertinente traer a colación dos resoluciones que, ante cambios normativos si permitieron dicho restablecimiento:
El Dictamen 279/2012 del Consejo Consultivo de Castilla y la Mancha, acordó el restablecimiento económico por el incremento del IVA, lo cual suponía un régimen económico del contrato más oneroso por el contratista.
La Junta Consultiva de Contratación de Contratación Administrativa en su Informe 61/08, de 31 de marzo de 2009, reconoció el derecho del contratista a que se restableciera el equilibrio económico del contrato por los mayores costes que debe asumir como consecuencia de la obligación de adaptar una planta de tratamiento de residuos a nuevos requisitos exigidos por una norma legal aprobada con posterioridad a la adjudicación.
RTACRC 1069/2019
Resulta interesante la apreciación por el Tribunal de que no es aplicable las normas relativas a la obtención de copias del expediente contenidas en la Ley 39/2015 y que sólo cabe acudir al Reglamento del Tribunal Administrativo Central. No coincidimos con la conclusión adoptada por el Tribunal, en primer lugar, la propia LCSP establece en su Disposición Final Cuarta la aplicación subsidiaria de la Ley 39/2015 para los procedimientos regulados en la misma. En segundo lugar, la Ley 39/2015 tiene por objeto, entre otros, regular los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos para todas las entidades del Sector Público, por lo que, si bien no es de aplicación directa, si lo sería de forma supletoria, ya que los actos dictados en los procedimientos de contratación (por lo menos de los contratos administrativos) son actos administrativos. Por último, no hay que olvidar la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, la cual resulta aplicable a todo el Sector Público, recogiéndose en la misma el derecho de acceso a la información pública y obtener copias.
Resuelve sobre dos cuestiones:
Se recurre contra la adjudicación de un contrato de “Servicio para el suministro de energía eléctrica de AENA, S.M.E”, la reclamante, GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A., argumenta que la adjudicataria debía haber sido excluida, por afirmar en su oferta que el suministro de energía quedaba sujeto a la disponibilidad de energía en el momento de la aceptación. El Tribunal estima el recurso afirmando: la formulación de una oferta sujeta a condición –esto es, a un acontecimiento futuro e incierto, conforme la define el artículo 1113 CC-, cuando ello no está expresamente previsto en los Pliegos, es radicalmente incompatible con la fuerza vinculante de estos a la que acabamos de aludir y es causa de exclusión.
Por otro lado, la recurrente también reclama sobre la denegación de copia del expediente: el Tribunal afirma que la LCSP no contiene norma especial que determine el derecho de los licitadores a obtener copias del procedimiento ni de las proposiciones de los demás licitadores, ni justificación de la baja, no siendo aplicable supletoriamente la Ley 39/2015, sino un sistema de acceso al expediente previsto en el artículo 16 del Reglamento del TACRC que prevé la expedición de copias sólo en lo que sea necesario para ejercer el derecho de defensa.
Como ya se ha afirmado en multitud de ocasiones por todos los Tribunales Administrativos de Contratación Pública, los pliegos son Ley entre las partes, por lo que no es posible presentar una oferta condicionada a un hecho futuro sin que en los pliegos esté previsto, lo que a sensu contrario parece que el Tribunal es proclive a que se pueda establecer en los pliegos que los licitadores puedan presentar ofertas o parte de las mismas condicionadas a futuro, tal y como afirma la Resolución “cuando ello no está expresamente previsto en los Pliegos”.
La LCSP no contiene norma específica para la obtención de copias del expediente, no siendo aplicable supletoriamente la Ley 39/2015, siendo solo aplicable el artículo 16 del Reglamento del TACRC para ejercitar derechos de defensa.
RTACRC 1176/2019.
Recurso contra acuerdo de exclusión. Participación de una de las licitadoras en la elaboración de los pliegos.
Pese a la participación de una de las recurrentes en la elaboración de los pliegos, el Tribunal considera que ello no comporta ventaja alguna, ya que el resultado de su trabajo, los pliegos elaborados, se han publicado y los puede conocer cualquier persona. Además, afirma el Tribunal que nada impedía que toda la documentación que formaba parte de los antecedentes del expediente se hubieran puesto a disposición de los interesados. Esto nos permite entender que, no es motivo de exclusión que una de las licitadoras haya participado en la elaboración de los pliegos, siempre que se hagan públicos todos los documentos que ha tenido a su disposición y sobre los que ha trabajado.
Alega la recurrente que el órgano de contratación ha interpretado erróneamente el artículo 70 LCSP resultando su exclusión discriminatoria y contraria al principio de libre concurrencia. Dicho artículo establece que el órgano de contratación tendrá que tomar las medidas adecuadas para garantizar que cuando hay empresas que han participado en la elaboración de los pliegos no se esté falseando la competencia.
El Tribunal afirma que no concurren los requisitos del artículo 70.1 para llevar a cabo la exclusión de la licitadora, ya que, pese a que la recurrente si participó en la elaboración de los pliegos, ello no comporta ventaja competitiva alguna, ya que el resultado de su trabajo, esto es, los pliegos, han sido publicados para cualquier persona interesada. Lo mismo se puede decir respecto a su participación en la evaluación de los criterios de adjudicación, porque los resultados de su trabajo se han volcado en un informe que también es público. Además, antes de proceder con la exclusión el órgano de contratación tiene que tomar las medidas adecuadas para que no se falsee la competencia y no consta que se haya adoptado medida alguna. Estima el recurso.
Nueva redacción al artículo 118 de la Ley 9/2017
Plan Director de Modernización de la Administración electrónica y Smart City de Rota
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