Source: https://almaabogados.com/la-pena-concepto-fundamento-y-fines
Timestamp: 2020-05-25 08:12:43
Document Index: 289794932

Matched Legal Cases: ['artículo 34', 'artículo 25', 'artículo 25', 'artículo 1', 'artículo 15', 'artículo 32', 'artículo 33', 'artículo 33', 'artículo 33', 'artículo 38', 'artículo 58', 'artículo 53', 'artículo 50', 'artículo 51', 'artículo 52']

LA PENA: CONCEPTO, FUNDAMENTO Y FINES. – Despacho de abogados
La pena es la consecuencia jurídica del delito. Se puede definir la pena como “la privación de un bien impuesta en virtud de un proceso al responsable de una infracción prevista por la Ley”.
De esta definición se pueden extraer como caracteres de la pena los siguientes:
Es una actividad física, en el sentido de que para llevarla a efecto es preciso desarrollar actos de compulsión y coerción, así como desarrollar actos procedimentales y administrativos.
Es una actividad jurídica, en el sentido de que se impone mediante un proceso y con arreglo a cauces y normas absolutamente predeterminadas.
Es un acto proporcionado, pues no puede existir un desajuste entre el mal causado por el delito y el mal que el delincuente recibe como castigo.
Es una actividad limitada, en el sentido de que no puede contener privaciones o restricciones que no estén expresamente señaladas en el fallo.
Nuestro Código Penal no contiene una definición de la pena, sino que hace una enumeración de las mismas, aunque para evitar toda duda, después de enumerar las penas, dispone que: “No se reputarán penas:
Las privaciones de derechos y las sanciones reparadoras que establezcan las leyes civiles o administrativas” (artículo 34).
El fundamento de la pena no es otro que la necesidad de contar con un medio de represión, imprescindible en orden al correcto mantenimiento de las condiciones que hacen posible la convivencia de las personas en una comunidad.
Esta naturaleza represiva de la pena cristaliza en las siguientes notas definitorias:
Toda pena consiste en infligir un mal. Lo cierto es que desde una perspectiva puramente material la pena es una privación de bienes.
Ese mal ha de consistir en la privación de un derecho o bien jurídico.
Ese mal sólo puede imponerse como consecuencia de una infracción de la Ley a la persona responsable de la misma. Es así porque expresa una reprobación o reproche ante la violación de la norma, y se inflige precisamente como castigo a su autor.
Por último, la pena ha de ser administrada por las autoridades establecidas al efecto por la Ley y mediante el procedimiento legalmente establecido.
Los fines de la pena son los objetivos que tratan de conseguirse mediante su imposición. Los objetivos o fines son la retribución, la prevención y la rehabilitación. La retribución se considera como el intento de volver las cosas al estado que tenían antes de la comisión del delito y, como es materialmente imposible, el castigo o respuesta que la sociedad da al delincuente por el mal que causó. La prevención es el intento de disuadir a otros y al mismo delincuente de la comisión de nuevos delitos. La rehabilitación es el intento de que el delincuente vuelva al marco social del que se separó por el delito.
Nuestra Constitución proclama que “las penas privativas de libertad (y las medidas de seguridad) estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social” (artículo 25.2º).
El Tribunal Constitucional ha declarado que el artículo 25.2 de la Constitución no limita la orientación de la pena a la reinserción, permitiendo la fundamentación de la pena en postulados retribucionistas o de prevención general (Sentencia 2/1987, de 21 de enero).
El Tribunal Supremo en la misma línea ha declarado que “la reinserción social no es una finalidad absoluta de las penas privativas de libertad establecida constitucionalmente… se trata de una orientación armonizable con otras finalidades de la pena y con la exigencia de justicia prevista en el artículo 1 de la Constitución. De aquí se deriva que no cabe renunciar sin más a la prevención general, dentro de límites compatibles con el principio de proporcionalidad, ni tampoco a la prevención especial frente al propio sujeto que exterioriza una comprobada tendencia al delito” (Sentencia de 28 de febrero de 2006, en la que se hace cita expresa de la anterior Sentencia de 26 de octubre de 2001).
Son variadas las clasificaciones que desde un punto de vista doctrinal se han hecho de las penas. Así, Carrara señaló que las penas pueden clasificarse en capitales, que privan al delincuente de la vida; aflictivas, que le infligen sufrimiento físico sin privarle de la vida; infamantes, que recaen sobre su honor; y pecuniarias, que afectan a su patrimonio.
La pena de muerte fue abolida en nuestro sistema penal por vez primera en el Código de 1932, pero fue reimplantada mediante Ley de 5 de julio de 1938. La Constitución de 1978 la abolió definitivamente al establecer que: “Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que en ningún caso puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra” (artículo 15). Sin embargo, mediante Ley Orgánica 11/1995, de 27 de noviembre, fue abolida la pena de muerte también en este supuesto, suprimiéndose toda referencia de la misma en el Código Penal Militar.
Las penas que pueden imponerse con arreglo a este Código, bien con carácter principal bien como accesorias, son privativas de libertad, privativas de otros derechos y multa (artículo 32).
Señala el Código que “en función de su naturaleza y duración, las penas se clasifican en graves, menos graves y leves” (artículo 33.1).
i) Los trabajos en beneficio de la comunidad de uno a treinta días (artículo 33, números 1 a 4).
La responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa tendrá naturaleza menos grave o leve, según la que corresponda a la pena que sustituya (artículo 33.5).
Ya hemos dicho que el Código considera que son penas privativas de libertad la prisión permanente revisable, la prisión, la localización permanente y la responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa.
2. La pena de prisión
La pena de prisión obliga al condenado a permanecer durante un tiempo de la condena en el interior de un establecimiento, sometiéndose al régimen interno establecido.
Cuando el reo no estuviere preso, la duración de las penas empezará a contarse desde que ingrese en el establecimiento adecuado para su cumplimiento (artículo 38).
En relación con el abono de la prisión preventiva dispone el Código que:
Sólo procederá el abono de prisión provisional sufrida en otra causa cuando dicha medida cautelar sea posterior a los hechos delictivos que motivaron la pena a la que se pretende abonar (artículo 58, números 1,2 y 3).
3. La localización permanente
4. La responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa
A la pena de multa, que consiste en la imposición al condenado de una sanción pecuniaria, aludiremos en la última pregunta del post. Pero, por cuánto aquí interesa, dispone el Código que:
Podrá ser fraccionado el pago de la multa impuesta a una persona jurídica, durante un período de hasta cinco años, cuando su cuantía ponga probadamente en peligro la supervivencia de aquélla o el mantenimiento de los puestos de trabajo existentes en la misma, o cuando lo aconseje el interés general. Si la persona jurídica condenada no satisficiere, voluntariamente o por vía de apremio, la multa impuesta en el plazo que se hubiere señalado, el Tribunal podrá acordar su intervención hasta el pago total de la misma (artículo 53, números 1 a 5).
En la definición clásica de Carrara, la multa es la disminución del patrimonio del delincuente aplicada por la Ley como castigo del delito. Se trata, pues, de una intervención en la fortuna del condenado efectuada en el ámbito de la soberanía del Estado y cuantificada en dinero.
Importa destacar que es una auténtica pena, no una deuda civil. Por ello, no admite transacción ni compensación con los créditos que el condenado pudiera tener frente al Estado, no se transmite inter vivos ni mortis causa y no genera intereses de demora.
La doctrina ha resaltado las ventajas de la pena de multa sobre la de prisión: constituye una fuente de ingresos para el Estado, no limita la actividad económica del condenado (que puede seguir trabajando y produciendo), reduce sobremanera las consecuencias del error judicial (pues de producirse éste, su reparación es tan sencilla como devolver al reo el dinero cobrado en concepto de multa), goza de una persistente capacidad aflictiva y resulta particularmente eficaz en la lucha contra ciertos delitos, singularmente los de carácter patrimonial.
La más antigua crítica a la pena de multa es ampliamente conocida: trata de manera diferente a los ricos y a los pobres; para unos, entonces, es pena, y para otros no.
Con el sistema de días-multa se pretende conjugar la proporcionalidad entre la gravedad del hecho y la de la pena con las desigualdades económicas apreciables en los condenados.
Establece el Código que:
6. El tribunal, por causa justificada, podrá autorizar el pago de la multa dentro de un plazo que no exceda de dos años desde la firmeza de la sentencia, bien de una vez o en los plazos que se determinen. En este caso, el impago de dos de ellos determinará el vencimiento de los restantes (artículo 50).
Si, después de la sentencia, variase la situación económica del penado, el juez o tribunal, excepcionalmente y tras la debida indagación de dicha situación, podrá modificar tanto el importe de las cuotas periódicas como los plazos para su pago (artículo 51).
Junto al sistema descrito de días-multa, el Código previene también la multa proporcional, que se establecerá en proporción al daño causado, el valor del objeto del delito o el beneficio reportado por el mismo. En estos casos, los Jueces y Tribunales impondrán la multa dentro de los límites fijados para cada delito.
c) Multa de seis meses a dos años, en el resto de los casos (artículo 52).
La multa fija, o proporcional trata de impedir que el beneficio económico eventualmente obtenido por el delincuente exceda de la multa que pudiera imponérsele mediante el sistema de días-multa. La proporcionalidad suele fijarse con arreglo a tres criterios: el daño causado, el valor objeto del delito y el beneficio que éste haya podido reportar.
La determinación de la cuantía de la multa proporcional se hará no sólo en atención a las circunstancias agravantes del hecho, sino principalmente a la situación económica del autor.
By almaabogados|2019-12-27T13:54:54+02:0027/12/2019|Procedimiento penal|