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Timestamp: 2018-02-22 20:33:44
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Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 30', 'artículo 1', 'artículo 30', 'artículo 22', 'artículo 10', 'artículo 10', 'artículo 1715', 'artículo 1']

Sentencia T.S. (Sala 1) de 30 de noviembre de 1990. Nulidad laudo arbitral. Arbitraje. Facultades del Juez - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Sentencia T.S. (Sala 1) de 30 de noviembre de 1990
Nulidad del laudo: Arbitraje de equidad: Error del Juez al considerarse facultado para proceder por su propia iniciativa, al nombramiento de nuevo árbitro, al entender que los designados por las partes en el contrato no se ajustaban a las condiciones que la Ley ordena para garantizar ecuanimidad del laudo.
Primero.-Don Victor Manuel, Letrado del Iltre. Colegio de Abogados de Gerona, con bufete profesional en Barcelona, Ronda del General Miltre, 29-5.º, designado arbitro por auto del Juzgado de Primera Instancia número 3, de Gerona, de fecha 20 de enero de 1988, para dirimir la controversia entre doña Erica y la sociedad «Safe Levante, S. A.», emitió el oportuno laudo ante el Notario de Gerona don Eduardo Peña Belsa, en escrito otorgado con el número 2382 de su protocolo, concluyendo: «Laudo y fallo: 1.º Que no ha lugar a declarar la nulidad del contrato otorgado el día 6 de mayo de 1983 entre las partes, absolviendo a doña Erica de las pretensiones contenidas en el pedimento 1 .º de su escrito de alegaciones. 2.º Que debo declarar y declaro que el citado contrato de 6 de mayo de 1983, quedó resuelto y extinguido, por incumplimiento anterior por doña Erica de sus obligaciones contractuales, con efectos a 1 de junio de 1985, sin que a partir de tal fecha quepa entender que ninguna de las dos partes tenía obligación alguna respecto de la otra. 3.º Que, en consecuencia, debo absolver y absuelvo a "Safe Levante, S. A.", de las pretensiones formuladas contra dicha compañía por doña Erica, recogidas en la letra a) del auto de formalización judicial del compromiso y en su escrito de alegaciones. 4.º Que debo declarar y declaro que la relación de clientes supuestamente aportados por doña Erica a "Safe Levante, S. A.", contenida en el documento de fecha 28 de marzo de 1984 no se corresponde con la realidad, pero sólo en la medida en que dieciocho de los veinticuatro clientes relacionados habían otorgado sus contratos con la comitente con anterioridad al contrato de 6 de mayo de 1983, por lo que quedaban fuera de las previsiones del contrato de tal fecha, y respecto de los mismos carecía doña Erica de todo derecho a la percepción de comisiones. 5.º Que debo declarar y declaro que la citada relación se correspondía con la realidad en cuanto a los seis clientes reseñados en el punto 6.º del fundamento jurídico séptimo, de modo que su derecho al percibo de comisiones durante los meses de mayo de 1984 a mayo de 1985, ambos inclusive, se limita a los ingresos netos producidos por los contratos entre "Safe Levante, S. A.", y tales seis clientes. 6.º Que, en su consecuencia, debo condenar y condeno a doña Erica a que reintegre a "Safe Levante, S. A.", la suma de un millón seiscientas cuarenta y una mil trescientas sesenta y ocho pesetas, cobrada indebidamente por comisiones liquidadas en los meses de mayo de 1984 a mayo de 1985, ambos inclusive, con más los intereses de dicha suma, calculados al tipo de 10 por 100 anual, y por un período que tiene su inicio en 22 de mayo de 1987 y que ha terminar el día en que se haga efectivo el pago por doña Erica . 7.° Que debo absolver y absuelvo a doña Erica de todas las demás pretensiones formuladas contra ella por "Safe Levante, S. A.", y sintetizadas en las letras b), c), d) y e) del auto de formalización judicial del compromiso y en su escrito de alegaciones, en cuanto no hayan sido expresamente acogidas en los pronunciamientos anteriores, y especialmente de la pretensión de condena a indemnizar a "Safe Levante, S. A.", por los daños y perjuicios ocasionados por incumplimiento contractual. 8.º Que debo declarar y declaro que las costas y gastos del arbitraje se limitarán a los tres capítulos o partidas reseñadas en el fundamento jurídico vigésimo del presente Laudo, en la cuantía que resulte de las correspondientes minutas de los Notarios y del arbitro, sin pronunciamiento alguno en cuanto a los otros gastos y costas. Y que las costas y gastos de arbitraje deberán ser pagadas, en cuanto a una cuarta parte, por "Safe Levante, S. A.", y en cuanto a las otras tres cuartas partes, por doña Erica . 9.º Que, sin perjuicio de la declaración anterior, debo declarar y declaro la obligación solidaria de ambas partes frente al arbitro en cuanto al pago de las costas, de modo que requerida cada parte al pago de las costas en la proporción determinada en el pronunciamiento anterior, e impagada la suma debida en el plazo de quince días, la otra parte podrá ser requerida por el arbitro para que pague la totalidad de las costas, pudiendo repetir contra la parte morosa por vía de ejecución del presente Laudo, por lo que; 10.º Que debo condenar y condeno a la parte que incumpla el deber de pago de la parte de costas y gastos que le corresponda, a reintregrar a la otra parte que pueda verse incumplida al pago las sumas abonadas, con más intereses al 10 por 100 anual desde que nazca el derecho a repetir hasta que la suma sea efectivamente pagada.»
Segundo.-El Procurador don Felipe Ramos Arroyo en nombre y representación de doña Erica, formalizó recurso de nulidad contra el laudo de arbitraje de equidad, con apoyo en el siguiente único motivo: Nulidad de la formalización judicial del arbitraje. Al amparo del artículo 1.733, 1.º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en relación con el artículo 30 de la vigente Ley de Arbitrajes de Derecho Privado.
Tercero.-Admitido el recurso, se sustanció en legal forma compareciendo el Procurador señor Ortiz Cañavate y Puig Mauri en representación de «Safe Levante, S. A.», oponiéndose al recurso.
Cuarto.-Instruidas las partes personadas se señaló para la celebración de la vista, el día 23 de noviembre de 1990.
Primero.-El motivo único del presente recurso se ampara procesalmente en el artículo 1.733.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en relación con el artículo 30 de la derogada Ley de Arbitraje de 22 de diciembre de 1953, de aplicación al supuesto planteado, denunciando inaplicación del párrafo 1 .º del artículo 22 de la Ley y aplicación indebida del párrafo segundo del apartado 4.º del artículo 10 de la propia Ley. El motivo debe ser estimado debido al error en que incurrió el Juez al considerarse facultado para proceder, por su propia iniciativa, al nombramiento de nuevo arbitro, al entender que los específicamente designados por las partes en el contrato preliminar no se ajustaban a las condiciones que la Ley ordena para garantizar la ecuanimidad del laudo. Reconocida y admitida tal posibilidad de no acceder por dichas razones al nombramiento de los designados o propuestos, ello no quiere decir, sin embargo, que competa o corresponda al propio Juez proceder a la libre designación del que haya de sustituir a aquéllos, salvo que las partes expresamente le hubieran deferido tal facultad, circunstancia que no se da en el caso de autos. Por ello, ha de admitirse la infracción denunciada del artículo 10 de la Ley sobre formalización judicial del compromiso, y en el cual la expresión relativa al «nombramiento de los arbitros» que se contiene en el párrafo segundo del mencionado precepto ha de entenderse referida a los designados por las partes y no como una facultad omnímoda o discrecional del Juez, aunque sea patente y notorio que la designación llevada a cabo por aquél en el caso que nos ocupa recayó ciertamente en jurista de reconocido prestigio y acreditada competencia.
Segundo.-La admisión del motivo comporta la del recurso, procediendo en consecuencia la declaración de nulidad del laudo, que queda sin efecto, debiendo cada parte abonar sus propias costas, según dispone el artículo 1715.4.
Que debemos declarar y declaramos la nulidad del laudo dictado por el arbitro don Victor Manuel, con fecha 7 de noviembre de 1988 ante el Notario de Gerona don Eduardo Peña Belsa, en escrito otorgado con el número 2.382 de su protocolo, que en consecuencia debe quedar sin efecto; y notifíquese al Notario de Gerona don Eduardo Peña Belsa, ante el que se dictó el mismo, todo ello sin declaración especial respecto a costas ( artículo 1.715,4 en relación con el 1.735 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).