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Timestamp: 2019-10-23 15:51:11
Document Index: 188572412

Matched Legal Cases: ['artículo 107', 'artículo 107', 'artículo 107', 'artículo 107', 'artículo 210', 'artículo 210', 'artículo 199', 'artículo 5', 'artículo 107', 'artículo 107', 'artículo 14', 'artículo 107', 'artículo 107', 'artículo 107', 'artículo 107', 'artículo 117']

BOCG. Senado, apartado I, núm. 135-1010, de 13/12/2012
cve: BOCG_D_10_135_1010
El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX), y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan una propuesta de veto al Proyecto de Ley Orgánica de medidas de eficiencia presupuestaria en la Administración de Justicia, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
Palacio del Senado, 4 de diciembre de 2012.—Jesús Enrique Iglesias Fernández y José Manuel Mariscal Cifuentes.
El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX), y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente propuesta de veto al Proyecto de Ley.
El Proyecto de Ley tras su tramitación en el Congreso de los Diputados continúa presentándose como un Proyecto de Ley que tras los pretendidos objetivos de profesionalización de la carrera judicial y de garantizar la estabilidad presupuestaria, lo que realmente regula son los duros ajustes presupuestarios y los recortes de derechos laborales y sociales, sin precedentes en democracia, en la Administración de Justicia. El Proyecto de Ley Orgánica de medidas de eficiencia presupuestaria en la Administración de Justicia por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial con las modificaciones introducidas en el trámite parlamentario básicamente introduce los recortes previstos en el Real Decreto Ley de 13 de julio de 2012, con pequeños matices, que no alteran los objetivos reales del Gobierno, justificando así la presente enmienda de Veto contra el mismo.
Este Proyecto de Ley, junto a las reformas legales anunciadas por el Gobierno, la Ley de Tasas Judiciales y el propio Presupuesto del Ministerio de Justicia para 2013, supone un ataque más al servicio público de la Justicia, que además cuenta con el rechazo mayoritario de Jueces y Magistrados, Fiscales,
Secretarios Judiciales y demás empleados públicos de la Administración de Justicia, y un paso atrás en el servicio público que debiera prestarse a los ciudadanos.
El Proyecto de modificación de la LOPJ tiene dos partes perfectamente diferenciadas:
En primer lugar, introduce un nuevo régimen de cobertura de ausencias, vacantes y de medidas de refuerzo en los órganos judiciales a través de un nuevo sistema de sustituciones de jueces y magistrados entre miembros de la carrera judicial a costa de la reducción de jueces sustitutos y magistrados suplentes, lo que va a suponer una importante reducción de empleo público —en este caso interino— pero además, y teniendo en cuenta la enorme carga de trabajo que ya soportan con carácter general los órganos judiciales, una importante pérdida en la calidad y eficiencia del Servicio Público que se presta a los ciudadanos.
En segundo lugar, el articulado de este Proyecto de Ley viene a aplicar en la Administración de Justicia las medidas contenidas en el RDL 20/2012 de 13 de julio, adecuando los preceptos de la LOPJ a las medidas contra los empleados públicos que dicho RDL viene a establecer (eliminación de los días de asuntos particulares, supresión de la paga extraordinaria de diciembre, recorte en las retribuciones por I.T., imposición unilateral de planes de ordenación de recursos humanos que pueden conllevar incluso la movilidad forzosa).
En líneas generales, las medidas reguladas en este Proyecto de Ley, lejos de mejorar la eficiencia de la Justicia, suponen un retroceso y una pérdida injustificable de los derechos laborales y sociales de los empleados públicos al servicio de la Administración de Justicia. La remisión al marco jurídico que regula la Administración General del Estado, obviando las particularidades de la Administración de Justicia, no sólo incidirá negativamente en las condiciones de trabajo del personal, sino que también tendrá impacto negativo en el servicio público que se presta a los ciudadanos.
Del mismo modo, en el caso de Jueces y Magistrados, las medidas reguladas en el presente Proyecto de Ley repercutirán negativamente en la carga de trabajo y consecuentemente en la calidad y agilidad de la función judicial. Estas medidas, en la práctica, van a traducirse en una Justicia más lenta, de menor calidad y más alejada de los ciudadanos, en definitiva, debilitan la función jurisdiccional, menoscaban la independencia del Poder Judicial y desprecian a un servicio público que ya ha sido merecedor año tras año de un suspenso categórico de los usuarios de la Administración de Justicia, tal y como revelan las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial.
El Proyecto de Ley no quiere más y mejor formación, básicamente lo que quiere es «mano de obra» barata. Bajo la cobertura de la búsqueda de la máxima profesionalidad, el Gobierno lo que está pretendiendo es que los Jueces y Magistrados trabajen a destajo y, en ocasiones, sin retribución, cuando lo que debería procurar es que puedan resolver los asuntos con más rapidez y con la mayor calidad. Sin embargo, en lugar de convocar las plazas que corresponda para tener la plantilla acorde con un servicio público adecuado y determinar la carga de trabajo de Jueces y Magistrado, el Proyecto de Ley les recarga de trabajo.
Por último, la justificación para presentar una enmienda a la totalidad de este proyecto y su devolución al Gobierno, también comparte los mismos argumentos que justificaron nuestra oposición al RDL 20/2012 que, en esencia, son:
— Falta de negociación previa con las organizaciones sindicales que representamos a los trabajadores de la Administración de Justicia, en tanto en cuanto se trata de las condiciones laborales y retributivas de los empleados públicos, en este caso, de Justicia y que, por mandato de la propia Constitución Española (art. 122) se contienen en la LOPJ y conforman nuestro estatuto jurídico.
— Recorte de derechos conquistados por los trabajadores y una continua criminalización de los empleados públicos que solo esconde una intencionalidad en el desmantelamiento de los servicios públicos, en este caso, el Servicio Público de la Justicia.
— Un nuevo recorte salarial a los empleados públicos como medida rápida y eficaz para la reducción del déficit público, mientras que el gobierno deja de adoptar otras medidas para equilibrar el peso de la crisis económica a la que nos han abocado.
Es difícil justificar una reforma de la LOPJ que no conlleva en absoluto ninguna mejora en la prestación del servicio de la administración de Justicia de cara a los ciudadanos, objetivo final de toda reforma, máximo cuando nos encontramos ante un servicio de los peor valorados por los ciudadanos que demandan una Justicia ágil y eficiente, y de la que este gobierno y su ministro solo se ocupan de disminuir costes,
empleo y reducir el alto índice de litigiosidad a costa de impedir o dificultar el acceso a la misma de los ciudadanos en condiciones de igualdad, encarecerla, desjudicializar, privatizar o externalizar asuntos judiciales y servicios, en definitiva alejar, más si cabe, la Justicia de los ciudadanos. Por el contrario, todos estos motivos justifican sobradamente mantener en esta Cámara el rechazo a este Proyecto de Ley por parte de este Grupo Parlamentario, así como la presentación de esta enmienda de veto contra la misma.
El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula una propuesta de veto al Proyecto de Ley Orgánica de medidas de eficiencia presupuestaria en la Administración de Justicia, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
Palacio del Senado, 10 de diciembre de 2012.—El Portavoz, Joseba Zubia Atxaerandio.
El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente propuesta de veto al Proyecto de Ley.
El Proyecto de Ley Orgánica de medidas de eficiencia presupuestaria en la Administración de Justicia, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, precariza de manera peligrosa la situación de aproximadamente 1.600 jueces sustitutos y magistrados suplentes. La vigente Ley Orgánica del Poder Judicial, en sus artículos 200 a 216 ya prevé la excepcionalidad en la intervención de jueces sustitutos y magistrados suplentes en la función jurisdiccional y que sus llamamientos sólo han de producirse cuando no existan otras posibilidades de cobertura de las vacantes por los miembros de la carrera judicial, por los jueces de adscripción territorial, por los jueces adjuntos o por los jueces en prácticas. No constituye ninguna osadía afirmar la cualificación y garantías que ofrecen para el correcto ejercicio de la función jurisdiccional, numerosos jueces sustitutos y magistrados suplentes cuya trayectoria en el ejercicio de dicha función es, en ocasiones, muy dilatada en el tiempo.
La atribución a los propios titulares de los órganos jurisdiccionales de las sustituciones de sus compañeros, que a pesar de su aparente voluntariedad se contempla como obligatoria en el caso de compatibilidad de señalamientos de juicio —nueva redacción del artículo 210, apartado 1, letra a), del Proyecto—, y la finalidad perseguida de que los planes anuales de sustitución impidan los señalamientos solapados entre el titular y su sustituto ordinario o natural —Motivo III, y artículo 210.2 del Proyecto— van a suponer para los miembros de la carrera judicial una sobrecarga de trabajo del todo inasumible, puesto que si ya en estos momentos la carga de trabajo excede con mucho de los parámetros objetivos fijados por el CGPJ, con mayor motivo la asignación de sustituciones a los titulares sustitutos ordinarios o naturales impedirá que las resoluciones judiciales reúnan los estandares de calidad necesarios y que sean dictadas en un tiempo razonable.
Por otro lado el ahorro de 20 millones de euros, que el Gobierno preconiza como justificativo de la reforma, no se corresponde al que resultaría de la asignación de las sustituciones a los jueces titulares sustitutos ordinarios o naturales en detrimento de los jueces sustitutos y magistrados suplentes, puesto que el presupuesto asignado actualmente a estos últimos incluye también las retribuciones que se abonan a los magistrados eméritos, a quienes también se les considera legalmente como magistrados suplentes.
De aprobarse el proyecto de Ley en los términos en que está redactado, unos 1.600 jueces sustitutos y magistrados suplentes, que actualmente están nombrados para el ejercicio de la función jurisdiccional, perderían prácticamente su empleo después de haberse dedicado en exclusiva, en muchos casos durante quince, veinte o veinticinco años, a dicho ejercicio, y después de haber sido destinados, también en muchos casos, en los juzgados más colapsados y en territorios especialmente afectados por la violencia terrorista.
La pretendida «profesionalización» de la justicia no deja de ser una argumentación sorprendente por ignorar la manifiesta realidad de que muchos jueces sustitutos y magistrados suplentes llevan
desempeñando la función jurisdiccional durante muchos años, contando con una amplia experiencia, sólida formación jurídica, y una aptitud demostrada. Restringir la condición de «profesional», como se hace en el Proyecto, a quién superó una oposición (incluyendo a quienes recientemente lo han hecho), y negarla a quién ha desempeñado la labor jurisdiccional durante largos años y dictado miles de sentencias, superando el control y baremación que año tras año efectúa el CGPJ, no deja de ser llamativo y sorprendente.
En el Proyecto de Ley se pretende además reducir al máximo los llamamientos de los jueces sustitutos y magistrados suplentes, y se sigue manteniendo el rígido régimen de incompatibilidades y prohibiciones que la LOPJ les asigna al exigírseles, al igual que a los jueces y magistrados de carrera, dedicación exclusiva durante todo el período de su nombramiento (nueva redacción de los artículos 199.7 y 213.2, y artículos 201.4 y 298.2 de la vigente LOPJ). De igual forma, se sigue manteniendo su vigente régimen retributivo (artículo 199.4 y 213.5), que remiten al Reglamento —hoy artículo 5 RD 431/2004—, al retribuírseles tan sólo los días en que son llamados para desempeñar la función jurisdiccional. Y, como consecuencia de ello, se sigue manteniendo su vigente y también precario régimen de protección social —hoy RD 960/1990—, que consiste en darles de alta en Seguridad Social y cotizar tan sólo durante los días en que son llamados para realizar sustituciones, y no durante todo el período de su nombramiento (lo que contraviene la Ley General de Seguridad Social y la jurisprudencia social). Con ello se da la perniciosa consecuencia de que los jueces sustitutos y magistrados suplentes no pueden desempeñar ninguna otra actividad distinta, (salvo la docencia) que genere cotización, y que, por el contrario, el Ministerio de Justicia tan sólo les da el alta y cotiza durante los días en que realizan sustituciones.
Finalmente señalar que en el Proyecto de Ley se vulneran las competencias autonómicas relativas al personal al servicio de la Administración de Justicia, y se acomete la extravagancia de utilizarlo para suprimir la paga extraordinaria de Navidad del 2012 a los miembros del Cuerpo de Secretarios Judiciales y al resto del personal al servicio de la Administración de Justicia.
Los aspectos anteriormente referidos nada tienen que ver con la eficiencia presupuestaria de la Administración de Justicia. De nuevo, medidas de ahorro público (de dudosa justicia) se intercalan en Proyectos de Ley como el presente, con finalidades y objetivos absolutamente diferentes a los mismos, y justifican la presentación de esta Propuesta de Veto.
El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula una propuesta de veto al Proyecto de Ley Orgánica de medidas de eficiencia presupuestaria en la Administración de Justicia, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
Palacio del Senado, 10 de diciembre de 2012.—El Portavoz Adjunto, José Miguel Camacho Sánchez.
El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente propuesta de veto al Proyecto de Ley.
Como ya es práctica habitual en los proyectos que remite a la Cámara este Gobierno, si uno se fijara sólo en las rúbricas, nadie dudaría de las bondades que pretende y de la necesidad y conveniencia de las medidas del mismo, pero tras el estudio del contenido, se constata que no sólo no es acorde con la rúbrica, sino que nada tiene que ver con la misma e incluso que lo que contiene es contrario a lo que dice la misma.
Las normas cuya modificación se persigue afectarán de manera directa a los integrantes del tercer poder del Estado, pero éstos prestan sus servicios en el marco de la Administración de Justicia, y por tanto, el destinatario último de su trabajo es el ciudadano.
Por consiguiente, si bien estamos de acuerdo con la adopción de medidas para lograr la eficiencia presupuestaria en ésta, como en todas las administraciones, evitando gastos superfluos, reiteramos que tales medidas no serán correctas si no garantizan la adecuada prestación del servicio.
El sistema actual de planta judicial, admite que el 27,82 por ciento de la misma esté atendida por personas que no pertenecen a la carrera judicial y ello es así porque no hay jueces y magistrados de carrera suficientes para dar respuesta a las necesidades estructurales y coyunturales que existen en la planta judicial.
Si bien el Grupo Parlamentario Socialista es partidario de una justicia atendida por profesionales pertenecientes a la carrera judicial, lo que de verdad considera primordial es ofrecer a los ciudadanos un verdadero servicio público como es el servicio público de la justicia, que deberá prestarse adecuadamente y manteniendo un estándar de calidad, y entendemos que con la propuesta que contiene el Proyecto no queda garantizado. En relación con lo anterior, consideramos que debe mantenerse el nombramiento de jueces sustitutos para la cobertura de bajas y vacantes de larga duración. La profesionalización en el ejercicio de la jurisdicción no garantiza la calidad del servicio si no se ejerce en las condiciones adecuadas. Esta justicia de suplentes, si bien debe ser reducida a lo imprescindible, tiene que ir acompañada de la incorporación en estas funciones de jueces y magistrados titulares, para lo que se requieren nuevas incorporaciones y ello sin olvidar que los profesionales de los que se pretende prescindir de la noche a la mañana pasarán a engrosar, en muchos casos, la lista de desempleados, al ser despedidos, en la práctica, sin tener siquiera derecho a indemnización.
Pues bien, el Proyecto sólo ofrece un incremento del trabajo para los miembros de la carrera judicial, reducción de suplentes y nuevos recortes de derechos para otros colectivos. Y esto se hace a la vez que la Ley de Presupuestos Generales del Estado limita la oferta de empleo público en el ámbito de la carrera judicial.
Habría que empezar por incrementar la oferta pública de plazas para las carreras judicial y fiscal como bien ha propuesto el Grupo Parlamentario Socialista vía enmienda al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado.
El artículo 14.2 de la Ley 15/2003, de 26 de mayo, reguladora del régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal que regula la transparencia judicial recoge que el Plan de transparencia judicial constituye una herramienta básica de las Administraciones públicas y del Consejo General del Poder Judicial para la planificación, desarrollo y ejecución de las políticas públicas relativas a la Administración de Justicia. Así mismo recoge que asegurará la disponibilidad permanente por las Cortes Generales, el Gobierno, el Consejo General del Poder Judicial y las Comunidades Autónomas de información actualizada, rigurosa y debidamente contrastada sobre la actividad y carga de trabajo de todos los órganos jurisdiccionales de España. Sobre estos parámetros deberían existir unos índices claros sobre la carga de trabajo asumible y exigible a los miembros de la carrera judicial hasta el momento no existentes, para cuya fijación puede ser un buen momento.
El texto utiliza términos como escasa carga de trabajo que, al no existir norma ni legal ni reglamentaria que determine la carga de trabajo asumible y exigible a cada juez o magistrado, no permite que la misma sea usada como criterio para imponer obligaciones distintas de las derivadas de su puesto de trabajo. En consecuencia, imponer trabajo obligatorio o forzoso en un puesto de trabajo distinto del propio podría vulnerar principios básicos como la independencia y la inamovilidad de los miembros de la carrera judicial. Además de lo anterior, no debemos olvidar que órganos judiciales en principio iguales en cuanto a carga de trabajo, no tienen las mismas tasas de resolución. En aplicación de estas normas podría resultar que se imponga una sustitución no voluntaria a quien más trabaje.
De otra parte, el Proyecto de Ley viene a regular, con el rango legal adecuado, determinadas previsiones de reducción de derechos que ya se han aplicado a los empleados públicos que prestan sus servicios en otras administraciones y que venían contenidas en el Decreto-Ley 20/2012, pero que por afectar a colectivos que tienen su regulación en la Ley Orgánica del Poder Judicial, como los secretarios judiciales y resto de funcionarios judiciales no les eran exigibles.
En coherencia con la postura mantenida en la convalidación del Decreto-ley 20/2012, mantenemos el rechazo en cuanto a la supresión de la paga extraordinaria de Navidad, la reducción de días de libre disposición, la supresión de días adicionales por antigüedad, así como la reducción del régimen retributivo durante la situación de incapacidad temporal. En concreto, la reducción del régimen retributivo durante la situación de incapacidad temporal no es más que la extensión de un manto de sospecha sobre todo un colectivo y donde lo único que queda claro es que lo que importa, no es si hay fraude en la incapacidad temporal o no, que podría y debería combatirse con la inspección médica, sino de tener en una excusa para sustraer retribuciones a los empleados públicos.
En resumen, el Grupo Parlamentario Socialista entiende que este Proyecto de Ley no atiende a la finalidad principal que debe regir cualquier cambio en la Administración de Justicia y que no es otra que la prestación a los ciudadanos de un adecuado servicio público de la justicia. En consecuencia, se formula el presente veto al Proyecto de Ley Orgánica de medidas de eficiencia presupuestaria en la Administración de Justicia, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, solicitando su devolución al Gobierno.
El Senador Jordi Guillot Miravet (GPEPC) y el Senador Joan Saura Laporta (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan una propuesta de veto al Proyecto de Ley Orgánica de medidas de eficiencia presupuestaria en la Administración de Justicia, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
Palacio del Senado, 10 de diciembre de 2012.—Jordi Guillot Miravet y Joan Saura Laporta.
El Senador Jordi Guillot Miravet (GPEPC) y el Senador Joan Saura Laporta (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente propuesta de veto al Proyecto de Ley.
Este Proyecto de Ley, junto a las reformas legales anunciadas por el Gobierno, la Ley de Tasas Judiciales y el propio Presupuesto del Ministerio de Justicia para 2013, supone un ataque más al servicio público de la Justicia, que además cuenta con el rechazo mayoritario de Jueces y Magistrados, Fiscales, Secretarios Judiciales y demás empleados públicos de la Administración de Justicia, y un paso atrás en el servicio público que debiera prestarse a los ciudadanos.
En líneas generales, las medidas reguladas en este Proyecto de Ley, lejos de mejorar la eficiencia de la Justicia, suponen un retroceso y una pérdida injustificable de los derechos laborales y sociales de los empleados públicos al servicio de la Administración de Justicia. La remisión al marco jurídico que regula la Administración General del Estado, obviando las particularidades de la Administración de Justicia, no
solo incidirá negativamente en las condiciones de trabajo del personal, sino que también tendrá impacto negativo en el servicio público que se presta a los ciudadanos.
El Proyecto de Ley no quiere más y mejor formación, básicamente lo que quiere es «mano de obra» barata. Bajo la cobertura de la búsqueda de la máxima profesionalidad, el Gobierno lo que está pretendiendo es que los Jueces y Magistrados trabajen a destajo y, en ocasiones, sin retribución, cuando lo que debería procurar es que puedan resolver los asuntos con más rapidez y con la mayor calidad. Sin embargo, en lugar de convocar las plazas que corresponda para tener la plantilla acorde con un servicio público adecuado y determinar la carga de trabajo de Jueces y Magistrados, el Proyecto de Ley les recarga de trabajo.
Es difícil justificar una reforma de la LOPJ que no conlleva en absoluto ninguna mejora en la prestación del servicio de la administración de Justicia de cara a los ciudadanos, objetivo final de toda reforma, máximo cuando nos encontramos ante un servicio de los peor valorados por los ciudadanos que demandan una Justicia ágil y eficiente, y de la que este gobierno y su Ministro solo se ocupan de disminuir costes, empleo y reducir el alto índice de litigiosidad a costa de impedir o dificultar el acceso a la misma de los ciudadanos en condiciones de igualdad, encarecerla, desjudicializar, privatizar o externalizar asuntos judiciales y servicios, en definitiva alejar, más si cabe, la Justicia de los ciudadanos.
La Senadora Mónica Almiñana Riqué (GPEPC), el Senador Francisco Boya Alós (GPEPC), el Senador Rafel Bruguera Batalla (GPEPC), el Senador Carlos Martí Jufresa (GPEPC), el Senador José Montilla Aguilera (GPEPC), la Senadora Iolanda Pineda Balló (GPEPC), el Senador Joan Sabaté Borràs (GPEPC) y la Senadora María Jesús Sequera García (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan una propuesta de veto al Proyecto de Ley Orgánica de medidas de eficiencia presupuestaria en la Administración de Justicia, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
Palacio del Senado, 10 de diciembre de 2012.—Mónica Almiñana Riqué, Francisco Boya Alós, Rafel Bruguera Batalla, Carlos Martí Jufresa, José Montilla Aguilera, Iolanda Pineda Balló, Joan Sabaté Borràs y María Jesús Sequera García.
De doña Mónica Almiñana Riqué (GPEPC), de don Francisco Boya Alós (GPEPC), de don Rafel Bruguera Batalla (GPEPC), de don Carlos Martí Jufresa (GPEPC), de don José Montilla Aguilera (GPEPC), de doña Iolanda Pineda Balló (GPEPC), de don Joan Sabaté Borràs (GPEPC) y de doña María Jesús Sequera García (GPEPC)
La Senadora Mónica Almiñana Riqué (GPEPC), el Senador Francisco Boya Alós (GPEPC), el Senador Rafel Bruguera Batalla (GPEPC), el Senador Carlos Martí Jufresa (GPEPC), el Senador José Montilla Aguilera (GPEPC), la Senadora Iolanda Pineda Balló (GPEPC), el Senador Joan Sabaté Borràs (GPEPC) y la Senadora María Jesús Sequera García (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente propuesta de veto al Proyecto de Ley.
Todos los Proyectos de Ley presentados por el Gobierno, que afectan a la reforma de la Administración, se escudan en la necesidad de mejorar la eficiencia de la administración del Estado. Aunque, una vez tras otra, advertimos que la verdadera razón que se esconde detrás de estas reformas es la minoración, cuando no la desaparición, de los servicios públicos, en base al supuesto y excesivo dispendio del Estado en esos servicios.
Este Proyecto de Ley Orgánica de medidas de eficiencia presupuestaria en la Administración de Justicia, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, no es una excepción.
El Preámbulo, como suele ser tradición, pretexta para modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial, el actual contexto económico, que obliga a tomar medidas para la mejora de la eficiencia en las administraciones, como si la exigencia de la eficiencia de las administraciones no tuviera que ser siempre, en mejor o peor contexto económico.
La segunda excusa para la reforma que plantea el Gobierno a través de este Proyecto de Ley, es la profesionalización de la carrera judicial. Este es un objetivo loable y por todos querido, pero que no se conseguirá a través de las medidas previstas en el presente texto legislativo. Los jueces y magistrados sustitutos, que no forman parte de la carrera judicial, deberían ser la excepcionalidad. El sistema actual de planta judicial admite que casi el 28% de la misma esté atendida por persones que no pertenecen a la carrera judicial. Pero ese 28% no profesional no puede ser relevado de cuajo por profesionales que ya tienen plaza asignada (en su mayoría), incrementado la carga de por si elevada de trabajo. Este problema, por una parte coyuntural, y en su mayor parte estructural, sólo puede solucionarse mediante el aumento progresivo de las plazas de oposición en los Presupuestos Generales del Estado. Todo lo contrario de lo que plantea el Gobierno, que opta por acumular en los jueces y magistrados ya existentes la carga de trabajo, mientras disminuye a un total de 50 plazas la Oferta de Empleo Público de las carreras judiciales y fiscal para el año 2013.
El gobierno pretende hacer de la necesidad virtud ya que, tras la excusa de la coyuntura económica actual y la necesidad de eficiencia de la administración, proceden a un Expediente de Regulación de Empleo de jueces y magistrados, y contrariamente a la profesionalización de la justicia que anuncian, lo único que conseguirá esta medida es el colapso del sistema.
A pesar de que el Proyecto de Ley alude a las bondades del nuevo modelo de substituciones que se pretende implantar, aduciendo que las substituciones de jueces y magistrados serán voluntarias y retribuidas, al final se establece que algunas de estas suplencias no serán ni voluntarias ni retribuidas cuando concurran determinadas circunstancias.
El sistema de sustituciones propuesto en la ley se basa en primer lugar en la voluntariedad. En segundo lugar, las substituciones las llevaran a cabo jueces de adscripción territorial. En tercer lugar, aquí se acaba la voluntariedad, las substituciones las llevaran a cabo aquellos jueces con «menor carga de trabajo». Ni legalmente, ni reglamentariamente está determinado que significa «menor carga de trabajo», por lo que podría ocurrir que un juez o magistrado que lleve al día su tarea, sin acumulaciones, sea «premiado» con más trabajo. Contrariamente a motivar un trabajo eficiente, quien no quisiera asumir otro juzgado simplemente le bastaría con no llevar bien el que ya tiene asignado.
Por otro lado, únicamente se recurre al magistrado o juez suplente después de un complejo periplo de sustituciones voluntarias o no, sin una determinación reglamentaria de lo que significa «menor carga de trabajo» y condicionado a la existencia de disponibilidad presupuestaria que, en la práctica, mucho nos tememos que no existirá nunca o casi nunca.
Del mismo modo, en el Preámbulo de la ley se apunta que la práctica totalidad de substituciones y suplencias se llevaran a cabo a través de un enrevesado sistema «sin que ello suponga una notable
merma apreciable en el servicio que se presta a los ciudadanos». Solo esta referencia presupone esa merma que pretende evitar la ley. Pues el resultado, mucho nos tememos, no va a ser otro que el colapso del sistema judicial. Por ello mostramos nuestra más férrea oposición a una norma que afecta a quien presta sus servicios en el marco de la Administración de Justicia, sin olvidar que el destinatario último de ese trabajo son los ciudadanos.
Por otro lado, en lo que se refiere a la nueva regulación de la Escuela Judicial, no compartimos que, en el tercer período de formación, los futuros jueces realicen funciones de sustitución y refuerzo de juzgados. El motivo es que no se trata de jueces nombrados, sino de futuribles, ya que su formación no ha finalizado, y en ese último período de esa formación es cuando es más razonable la existencia de un juez en ejercicio que los tutorice.
También es importante señalar que a pesar de que esta reforma afecta mayoritariamente a jueces y magistrados, se hace sin su acuerdo, e incluso con su oposición, lo que no predispone tampoco a una correcta aplicación de esta ley.
La segunda parte de la reforma legislativa propuesta trata de la aplicación a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Real Decreto Ley 20/2012, de las medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria. En coherencia con la postura mantenida en la convalidación de ese Decreto Ley, mantenemos el rechazo en cuanto a la supresión de la paga extraordinaria de Navidad, la reducción de días de libre disposición, la supresión de días adicionales por antigüedad, así como la reducción del régimen retributivo durante la situación de incapacidad temporal. En concreto, la reducción del régimen retributivo durante la situación de incapacidad temporal no es más que la extensión de un manto de sospecha sobre todo un colectivo, donde lo único que importa no es si hay fraude en la incapacidad temporal o no —que debe combatirse—, sino tener una excusa para sustraer retribuciones a los empleados públicos.
En definitiva, este Proyecto de Ley compromete el principio de tutela judicial efectiva, el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas y la vulneración del principio de derecho a un juez ordinario predeterminado por la ley, todos ellos recogidos nuestra Constitución. Del mismo modo, también atenta contra el artículo 117 del mismo texto legal, en el que se establece que la justicia se administra por jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial independientes e inamovibles.