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Timestamp: 2018-07-19 09:37:33
Document Index: 65625447

Matched Legal Cases: ['Artículo 6', 'Artículo 14', 'Artículo 26', 'artículo 29', 'Artículo 72', 'artículo 77', 'artículo 77', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'artículo 5', 'Artículo 8', 'artículo 5', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'artículo 18', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'artículo 5', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'Artículo 35', 'Artículo 36', 'Artículo 37', 'artículo 31', 'Artículo 38', 'Artículo 39', 'Artículo 40', 'Artículo 41', 'artículo 36', 'Artículo 42', 'artículo 81', 'Artículo 43', 'Artículo 44', 'artículo 286', 'Artículo 45', 'Artículo 46', 'Artículo 47', 'Artículo 48', 'artículo 36', 'Artículo 49', 'Artículo 50', 'Artículo 51', 'Artículo 52', 'artículo 213', 'Artículo 53', 'artículo 173', 'Artículo 54', 'Artículo 55', 'artículo 166', 'Artículo 56', 'artículo 54', 'Artículo 57', 'artículo 187', 'artículo 54', 'Artículo 58', 'artículo 174', 'artículo 173', 'Artículo 59', 'Artículo 60', 'Artículo 61', 'Artículo 62', 'artículo 40', 'Artículo 63', 'Artículo 64', 'Artículo 65', 'Artículo 66', 'Artículo 67', 'Artículo 68', 'Artículo 69', 'Artículo 70', 'Artículo 71', 'Artículo 72', 'Artículo 73', 'Artículo 74', 'Artículo 75', 'Artículo 76', 'Artículo 77', 'Artículo 78', 'Artículo 79', 'Artículo 80', 'Artículo 81', 'artículo 35', 'Artículo 82', 'artículo 63', 'Artículo 83', 'Artículo 84', 'Artículo 85', 'Artículo 86', 'Artículo 87', 'Artículo 88', 'Artículo 89', 'Artículo 90', 'Artículo 91', 'Artículo 92', 'Artículo 93', 'Artículo 94', 'Artículo 95', 'Artículo 96', 'artículo 3']

Solo Derecho • Ver Tema - LEYES Y REFORMAS........
LEYES Y REFORMAS........
por ariel armando » Mié Abr 30, 2008 8:20 pm
como lo dice el titulo, incorporemos todas las leyes y demas yerbas necesarias para todos!!!
Fecha de publicación: B.O. 30/04/2008
j) Entender en el Registro de las Licencias Nacionales de Conducir; k) Entender en el Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito;
ñ) Autorizar la colocación en caminos, rutas y autopistas de jurisdicción nacional de sistemas automáticos y semiautomáticos de control de in fracciones y el uso manual de estos sistemas por las autoridades de constatación; siendo la máxima autoridad en la materia, sin perjuicio de la coordinación de las pautas de seguridad, homologaciones y verificaciones de los mismos con los demás organismos nacionales competentes en la materia y de conformidad con las Leyes 19.511 y 25.650;
d) Convocar las sesiones de los Comités de Políticas, Ejecutivo y Consultivo, y participar en ellas con voz y voto; e) Convocar al Comité Consultivo por lo menos UNA (1) vez cada TRES (3) meses y someter a su consulta las políticas planificadas y las que se encuentran en ejecución;
ARTICULO 9º — La Agencia Nacional de Seguridad Vial será asistida por un Comité de Políticas, que tendrá como función proponer lineamientos de armonización federal en materia de Seguridad Vial, respetando las autonomías provinciales, y estará integrado, con carácter ad honorem, por representantes de las siguientes jurisdicciones ministeriales, con rango no inferior a Secretario:
Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de Ciencia y Tecnología, Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Ministerio de Economía y Producción y el representante de mayor jerarquía del Consejo Federal de Seguridad Vial.
Artículo 6º: CONSEJO FEDERAL DE SEGURIDAD VIAL. Créase el Consejo Federal de Seguridad Vial, organismo interjurisdiccional, de carácter permanente, como ámbito de concertación y acuerdo de la política de seguridad vial de la República Argentina. Estará integrado por un representante de cada una de las provincias, un representante de ta Ciudad Autónoma de Buenos Aires y un representante del Poder Ejecutivo nacional.
Los representantes deberán ser los funcionarios de más alto rango en la materia de sus respectivas jurisdicciones con jerarquía no inferior al tercer nivel jerárquico institucional del Poder Ejecutivo de su jurisdicción. También participarán con voz y voto, DOS (2) representantes por cada una de las comisiones pertinentes de las Honorables
Cámaras de Diputados y Senadores de la Nación; uno por la mayoría y otro por la primera minoría.
Artículo 14: REQUISITOS: a) La autoridad emisora debe requerir del solicitante:
7. Un examen práctico de idoneidad conductiva.
8. La Agencia Nacional de Seguridad Vial determinará, homologará y auditará los contenidos de los distintos exámenes señalados en los incisos 4, 5, 6 y 7. b) La Nación, a través del organismo nacional competente, exigirá a los conductores de vehículos de transporte de carácter interjurisdiccional además de lo establecido en el inciso a) del presente artículo, todo aquel requisito que sea inherente al servicio específico de que se trate.
Artículo 26 bis: VENTA DE ALCOHOL EN LA VIA PUBLICA. Limítase el expendio de bebidas alcohólicas, cualquiera sea su graduación, para su consumo, en establecimientos comerciales que tengan acceso directo desde caminos, rutas, semiautopistas o autopistas conforme lo establezca la reglamentación. Las violaciones a esta limitación serán sancionadas con las penas de multas y/o clausuras previstas por la Ley 24.788 - De Lucha contra el Alcoholismo.
ARTICULO 29. — Incorpórase como último párrafo del artículo 29 de la Ley 24.449 - Condiciones de Seguridad, el siguiente:
El domicilio será el que conste en la Licencia Nacional de Conducir o el último que figure en el documento nacional de identidad si el cambio de este último fuere posterior al que obra en la Licencia de Conducir y anterior a la fecha de la infracción. Cuando el conductor no hubiese sido identificado en el momento de la infracción el domicilio que se tendrá en cuenta será el del infractor presunto de acuerdo a la información suministrada por el Registro de la Propiedad Automotor.
Artículo 72 bis: RETENCION PREVENTIVA - BOLETA DE CITACION DEL INCULPADO - AUTORIZACION PROVISIONAL. En los supuestos de comisión de alguna de las faltas graves enunciadas en los incisos m), n), o), s), w), x) o y) del artículo 77 de la presente ley, la Autoridad de Comprobación o Aplicación retendrá la licencia para conducir a los infractores y la remplazará con la entrega, en ese mismo acto, de la Boleta de Citación del Inculpado. Dicho documento habilitará al inculpado para conducir sólo por un plazo máximo de TREINTA (30) días corridos, contados a partir de la fecha de su confección.
En caso de optar por ejercer su derecho de defensa, el juez o funcionario designado podrá otorgar, por única vez, una prórroga de no más de SESENTA (60) días corridos desde la vigencia de la Boleta de Citación del Inculpado para conducir.
b) Cumplimiento de la resolución del juez o funcionario competente, Si el infractor no se presentara pasados los NOVENTA (90) días corridos desde la fecha de confección de la Boleta de Citación, se destruirá la licencia retenida y caducará la habilitación para conducir hasta tanto obtenga una nueva licencia de conformidad con el procedimiento establecido por esta ley. Esta nueva licencia sólo podrá otorgarse si previamente se abonó la multa o se dio cumplimiento a la resolución del juez o funcionario competente.
ARTICULO 33. — Incorpóranse como incisos m) a y) del artículo 77 de la Ley 24.449, los siguientes:
m) La conducción en estado de intoxicación alcohólica, estupefacientes u otra sustancia que disminuya las condiciones psicofísicas normales; n) La violación de los límites de velocidad máxima y mínima establecidos en esta ley, con un margen de tolerancia de hasta un DIEZ POR CIENTO (10%);
v) La realización de maniobras de adelantamiento a otros vehículos sin respetar los requisitos establecidos por la presente ley; w) La conducción de vehículos a contramano;
Re: LEYES Y REFORMAS........
por Solo Derecho » Jue Jul 19, 2018 6:37 am
Registrado: Jue Jul 19, 2018 6:37 am
por Gabriela Vanesa » Vie Feb 13, 2009 11:25 pm
Ley 26.413 Registro Civil.deroga Dect 8204
Ley Nacional (sanción: 10/09/2008, promulgación: 1/10/2008, publicación 6/10/2008)
REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD DE LAS PERSONAS. ESTABLECESE QUE TODOS LOS ACTOS O HECHOS QUE DEN ORIGEN, ALTEREN O MODIFIQUEN EL ESTADO CIVIL Y LA CAPACIDAD DE LAS PERSONAS DEBERAN INSCRIBIRSE EN LOS CORRESPONDIENTES REGISTROS
Artículo 1º - Todos los actos o hechos que den origen, alteren o modifiquen el estado civil y la capacidad de las personas, deberán inscribirse en los correspondientes registros de las provincias, de la Nación y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º - El Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas será organizado por los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y estará a cargo de un director general, el que deberá poseer título de abogado.
Artículo 3º - En los centros donde no existan oficiales públicos encargados del registro, la dirección general asignará tal carácter a los funcionarios del lugar y/o creará oficinas móviles, que tendrán a su cargo las inscripciones de los actos y hechos atinentes a este organismo.
Artículo 4º - Cuando para el cumplimiento de las obligaciones emergentes de la presente ley, fuere menester el auxilio de la fuerza pública, el oficial público del registro está facultado para requerirla.
CAPITULO II - Sistemas de registro
Artículo 5º - El Registro se llevará mediante un asiento en un libro que podrá ser conformado con folios individuales numerados que resguarden las exigencias de seguridad, del cual se tomará copia ya sea en forma manual, microfilme, archivo informático u otro sistema similar.
Esta copia deberá ser suscripta por el oficial público. El original y la copia así obtenida, tendrán carácter de instrumento público, así como también las fotocopias a partidas que se expidan sobre la base de dichos asientos originales o sus copias. Las partidas deberán ser autenticadas por autoridad competente. Los nacimientos, matrimonios, defunciones o incapacidades se registrarán en libros por separado, sin perjuicio de que por vía administrativa, se habiliten otros para el asiento de hechos cuyo registro resulte necesario.
Artículo 6º - Las inscripciones se registrarán en libros con textos impresos, y las páginas serán fijas y numeradas correlativamente. De cada tomo se confeccionará un índice alfabético en el que se consignarán todas las inscripciones tomando al efecto la primera letra del apellido del inscrito; en los matrimonios el apellido de cada contrayente por separado; y en las defunciones de mujer casada, el apellido de soltera.
Artículo 7º - El último día hábil de cada año, o el último día del año en las guardias de nacimiento, matrimonio o defunción, se cerrarán los libros de Registro, certificando el oficial público correspondiente, al final de los mismos el número de inscripciones y páginas útiles e inutilizadas que contienen. Se procederá a copiarlos en la forma establecida en el artículo 5º. El original deberá permanecer en la dirección general y la copia en un lugar diferente.
Artículo 8º - Si el ejemplar original o la copia a que se refiere el artículo 5º resultare extraviado o destruido total o parcialmente, la dirección general dispondrá de inmediato se saque copia de la copia de seguridad del archivo informático o del ejemplar que quede según corresponda, firmándose la inscripción por el oficial público competente. Si resultaren extraviados o destruidos total o parcialmente los dos ejemplares, la dirección general deberá dar cuenta inmediata del hecho al juez competente, sin perjuicio de lo cual dispondrá todas las medidas tendientes a la reconstrucción de las inscripciones destruidas o extraviadas, utilizando para ello las pruebas que constaren registradas en reparticiones públicas o privadas. Asimismo, se publicarán las fechas correspondientes a los ejemplares destruidos o extraviados, de modo tal que los interesados o sus derechohabientes puedan colaborar en la tarea de reconstrucción aportando los datos que obrasen en su poder.
Artículo 9º - Los libros, microfilmes, archivos informáticos u otro sistema similar que se adopte, no podrán ser entregados a persona alguna.
Para ser exhibidos a terceros deberá acreditarse un interés legítimo. La autoridad competente encargada de su custodia será responsable de la destrucción o pérdida de los mismos, si le resultare imputable.
CAPITULO III – Inscripciones
Artículo 10 - Las inscripciones se registrarán, una después de la otra, en orden numérico y cronológico, debiendo ser suscriptas por el oficial público y los intervinientes, previa lectura de su texto a los legítimamente interesados y exhibición, en caso de ser solicitadas. Si alguno de los comparecientes no supiere o no pudiere firmar, deberá hacerlo otra persona en su nombre dejándose debida constancia. En este supuesto deberá acreditarse identidad conforme lo establecido en el artículo 18, previa colocación de la impresión del dígito pulgar derecho del compareciente al pie del acta.
Artículo 11 - En las inscripciones podrán usarse abreviaturas y guarismos con excepción de los datos esenciales, que deberán consignarse íntegramente.
Artículo 12 - No podrán hacerse raspaduras y las enmiendas, testados y entre líneas serán salvados antes de firmar, de puño y letra, por el oficial público interviniente.
Artículo 13 - No podrán consignarse en las inscripciones enunciaciones improcedentes o que no deban declararse con arreglo a la ley.
Artículo 14 - Los oficiales públicos no podrán autorizar las inscripciones que se refieran a sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Serán reemplazados por el Subrogante legal y, a falta de éste, por un funcionario designado al efecto.
Artículo 15 - Registrada una inscripción, la misma no podrá ser modificada sino en virtud de resolución o disposición de autoridad competente.
Artículo 16 - Para registrar inscripciones en representación de otra persona, deberá acreditarse la personería mediante documento idóneo, cuyas características serán determinadas por cada dirección general, el que será rubricado por el oficial público y firmado por el representante.
Artículo 17 - Cuando se suspenda una inscripción se expresará la causa de la suspensión y para continuarla se efectuará una nueva poniéndose notas de referencia.
Artículo 18 - En las inscripciones se debe consignar nombre, apellido, domicilio y número de documento nacional de identidad de todo interviniente.
Artículo 19 - Cuando a juicio del oficial público no pueda registrarse una inscripción, por no llenar los requisitos legales, deberá darse al interesado una constancia de la presentación y se formulará de inmediato la pertinente consulta a la dirección general para su resolución definitiva.
Artículo 20 - Si el oficial público tuviese conocimiento de la existencia de un hecho que debió ser inscripto y no lo fue dentro del término legal, lo hará saber de inmediato a la dirección general, a los efectos previstos en los artículos 87 y 89 de la presente ley.
Artículo 21 - Todo documento que sirva de base para registrar o modificar una inscripción deberá ser archivado bajo el número de la misma.
Artículo 22 - La documentación que haya servido de base para registrar inscripciones deberá conservarse a perpetuidad. La que no fuere esencial para su validez podrá ser destruida mediante resolución o disposición de la dirección general; el tiempo de su conservación será fijado por la reglamentación no pudiendo ser ésta menor de CINCO (5) años.
CAPITULO IV - Constancias de las inscripciones
Artículo 23 - Los testimonios, copias, certificados, libretas de familia o cualesquiera otros documentos expedidos por la dirección general y/o sus dependencias que correspondan a inscripciones registradas en sus libros o en las copias a que se refiere el artículo 5º y que lleven la firma del oficial público y sello de la oficina respectiva, son instrumentos públicos y crean la presunción legal de la verdad de su contenido en los términos prescritos por el Código Civil. Esta documentación no podrá retenerse por autoridad judicial o administrativa ni por entidades o personas privadas debiendo limitarse a tomar constancias o certificar, por cualquier medio fehaciente, el contenido de los mismos, a los efectos a que hubiere lugar. La única excepción a esta disposición, será la referida al acto de identificación, en que el acta de nacimiento podrá ser retenida por el Registro Nacional de las Personas para acreditar la matrícula individual de la persona identificada.
Artículo 24 - Ninguna constancia extraída de otro registro que el del estado civil y capacidad de las personas, tendrá validez en juicio para probar hechos o actos que hayan debido inscribirse en él, salvo los documentos que expida el Registro Nacional de las Personas, en ejercicio de sus facultades.
CAPITULO V - Notas de referencia
Artículo 25 - Toda modificación del contenido de las inscripciones deberá ser suscripta por el oficial público, y se registrará mediante nota de referencia, correlacionándola con sus antecedentes. Las comunicaciones pertinentes, deberán efectuarse a las direcciones generales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se encuentre inscripto el asiento de origen dentro del plazo de VEINTE (20) días hábiles.
CAPITULO VI - Libretas de familia
Artículo 26 - El Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas donde se hubiere celebrado o inscripto el matrimonio origen de la familia de que se trate, expedirá libretas de familia numeradas de las cuales no habrá sino un solo tipo, sin distinción de categorías. Su texto lo establecerá la dirección general, debiendo preverse en su contenido el asiento del matrimonio, el nacimiento de los hijos del mismo y las defunciones. No se entregarán libretas en las que no se hubiere asentado el matrimonio de sus titulares.
CAPITULO VII - Nacimientos
Artículo 27 - Se inscribirán en los libros de nacimientos:
d) Las nuevas inscripciones dispuestas como consecuencia de una adopción plena; e) Los reconocimientos.
Artículo 28 - La inscripción de los nacimientos con intervención de los progenitores deberá efectuarse dentro del plazo máximo de CUARENTA (40) días corridos contados desde el día del nacimiento. Vencido dicho plazo se inscribirá de oficio dentro del plazo máximo de VEINTE (20) días corridos.
En el supuesto de nacimientos ocurridos fuera de establecimientos médico-asistenciales sin intervención de profesional médico, la dirección general podrá por disposición o resolución motivada, admitir la inscripción cuando existan causas justificadas fehacientemente, hasta el plazo máximo de UN (1) año, previa intervención del Ministerio Público.
Artículo 29 - Vencidos los plazos indicados en el artículo precedente, la inscripción sólo podrá efectuarse por resolución judicial para cuyo dictado los jueces deberán cumplimentar los siguientes recaudos:
Artículo 30 - Están obligados a notificar el hecho del nacimiento en forma inmediata, remitiendo al registro civil del lugar el certificado médico de nacimiento, con las características previstas en los artículos 33 y 34:
Artículo 31 - Están obligados a solicitar la inscripción de nacimiento:
Artículo 32 - El hecho del nacimiento se probará:
Artículo 33 - A los efectos de completar la identificación descripta en el artículo anterior las direcciones generales deben implementar un formulario, prenumerado, denominado “Certificado Médico de Nacimiento” en el que constará:
Artículo 34 - Los gobiernos locales proveerán a las direcciones generales del registro civil los formularios de certificados médicos de nacimientos, prenumerados y que reúnan en su estructura e impresión los requisitos de seguridad que garanticen su inviolabilidad, para su remisión a los registros civiles. Las direcciones generales llevarán el control de su utilización.
Artículo 35 - Si al momento del parto la madre no presentare documento que acredite su identidad, deberá hacerlo al dársele el alta médica.
En caso de no presentarlo en esa oportunidad se deberá dejar constancia de ello en el formulario de certificado médico.
Artículo 36 - La inscripción deberá contener:
Artículo 37 - En el supuesto previsto en el artículo 31 inciso c), se registrará la inscripción del nacimiento por orden judicial consignándose como lugar de nacimiento aquel en el que hubiera sido encontrado y como fecha la que determine el informe médico forense.
Artículo 38 - Si se tratare de un hijo extramatrimonial, no se hará mención del padre a no ser que éste lo reconociese ante el oficial público.
Artículo 39 - Si naciera más de un hijo vivo de un mismo parto, los nacimientos se registrarán en inscripciones separadas y correlativas, haciéndose constar en cada una de ellas que de ese parto nacieron otras criaturas.
Artículo 40 - Si del certificado médico surgiera que se trata de una defunción fetal se registrará la inscripción en el libro de defunciones; si del mismo surgiere que ha nacido con vida, aunque fallezca inmediatamente, se asentarán ambos hechos en los libros de nacimientos y de defunciones, respectivamente.
CAPITULO VIII - Reconocimientos
Artículo 41 - Todo reconocimiento se registrará en un acta, en un libro especial, con los requisitos prescriptos en el artículo 36, consignándose notas de referencia en la misma y en el acta de nacimiento. Se podrá inscribir el reconocimiento en el lugar donde el/la reconociente se encontraren.
Artículo 42 - Si el nacimiento no estuviera registrado, el oficial público comunicará el reconocimiento dentro de los DIEZ (10) días hábiles a la dirección general, a los efectos de la inscripción de oficio o del artículo 81 si correspondiera.
Artículo 43 - Los instrumentos públicos que contengan reconocimientos de hijos, se remitirán a la dirección general, dentro del término de DIEZ (10) días hábiles para su inscripción.
Artículo 44 - En el supuesto del artículo 286 del Código Civil, el oficial público deberá comunicar el acta de reconocimiento a los organismos competentes creados por la Ley 26.061.
Artículo 45 - No podrán inscribirse reconocimientos sucesivos de una misma persona, por presuntos progenitores de un mismo sexo.
Artículo 46 - No podrá otorgarse constancia de los reconocimientos en forma aislada, salvo pedido de autoridad competente. Se otorgará constancia de reconocimiento correlacionada con el acta del nacimiento si fuera solicitada por quien acredite interés legítimo.
CAPITULO IX - Adopciones
Artículo 47 - Las adopciones simples así como también sus anulaciones y revocaciones se inscribirán por nota de referencia con relación a inscripciones de nacimiento, transcribiéndose la parte dispositiva de la sentencia, lugar, fecha, juzgado interviniente y carátula del expediente.
Artículo 48 - En los casos de adopciones plenas se procederá a inmovilizar mediante nota marginal el acta de nacimiento original y a practicar una nueva inscripción de nacimiento en los libros respectivos con todos los recaudos del artículo 36.
Artículo 49 - La inscripción a que se refiere el artículo anterior se realizará en el registro en el que se encuentra la inscripción original del nacimiento. Cumplido, podrá inscribirse el nuevo asiento en el lugar del domicilio de los adoptantes, agregando al oficio que la ordene, copia de la inscripción originaria inmovilizada y con transcripción del auto que ordena la nueva inscripción.
Artículo 50 - El testimonio de la sentencia que disponga la adopción, a los fines de garantizar la identidad y la identificación del menor deberá contener los siguientes recaudos:
CAPITULO X - Matrimonios
Artículo 51 - Se inscribirán en los libros de matrimonios:
Artículo 52 - El matrimonió se celebrará en la forma establecida en el Código Civil, debiendo los contrayentes presentarse provistos de la documentación necesaria ante la autoridad competente para celebrarlo, con la antelación que fije la reglamentación respectiva. Si el matrimonio anterior hubiere sido disuelto por divorcio vincular, nulidad o en el caso previsto por el artículo 213 inciso 2 del Código Civil, deberá acreditarse la habilidad nupcial con testimonio del acta debidamente referenciada. Si alguno de los contrayentes fuere viudo, o su cónyuge hubiera sido declarado ausente por presunción de fallecimiento, o por desaparición forzada, deberá acompañar el testimonio del acta de defunción o de la sentencia dictada respecto de su anterior cónyuge, así como también acta de matrimonio.
CAPITULO XI - Sección matrimonio a distancia
Artículo 53 - Créase un libro o registro de “Recepción de Consentimiento para Matrimonio a Distancia” en el que se consignarán los consentimientos que se recepcionen de conformidad con lo establecido en el artículo 173 del Código Civil. Dichos libros contendrán textos impresos y se regirán por lo dispuesto en los artículos 5º, 6º, 8º y 9º de la presente ley.
Artículo 54 - La inscripción a que alude el artículo anterior deberá contener:
Artículo 55 - Cuando a juicio del oficial público, la persona que pretende otorgar el consentimiento para contraer el matrimonio a distancia, pudiera estar comprendida dentro de los impedimentos establecidos en el artículo 166 incisos 5, 8 y 9 del Código Civil, dicho funcionario se negará a recibir el consentimiento, dando al interesado constancia de la negativa para recurrir al juez competente.
Artículo 56 - Cuando el futuro contrayente no tuviera la edad legal para contraer matrimonio, deberá presentar el correspondiente testimonio de la dispensa judicial de edad, de lo que deberá dejarle constancia en el acta aludida en el artículo 54, agregándose a la mima copia certificada de dicho testimonio y archivándose el original.
Artículo 57 - Cuando el futuro contrayente fuese menor de edad deberá cumplir en el acto por el que presta su consentimiento con lo dispuesto por el inciso 2 del artículo 187 del Código Civil, salvo que manifestare que lo hará en la oportunidad de la celebración del matrimonio, de lo que el oficial público dejará constancia en el acta a que se refiere el artículo 54 de la presente ley.
Artículo 58 - Cuando se celebrare un matrimonio de acuerdo con lo establecido en el artículo 174 del Código Civil, el futuro contrayente deberá presentar la documentación que acredite el consentimiento del ausente a que alude el artículo 173 de la citada norma, debiendo el oficial público verificar que la presentación sea efectuada en el tiempo legal previsto por el mismo y cumpla con los requisitos formales y que los contrayentes no se encuentran afectados por los impedimentos legales para contraer matrimonio, en cuyo caso deberá elevar a la dirección general respectiva las actuaciones pertinentes a fin de que la resolución, en caso de ser negativa, habilite al interesado a recurrir al juez competente.
CAPITULO XII - Defunciones
Artículo 59 - Se inscribirán en los libros de defunciones:
Artículo 60 - Dentro de los DOS (2) días hábiles del fallecimiento, deberá hacerse su inscripción ante el oficial público que corresponda al lugar en que ocurrió la defunción. Transcurrido este plazo y hasta el plazo máximo de SESENTA (60) días podrá por resolución o disposición de la dirección general autorizarse su inscripción, cuando existieren motivos fundados. Vencido dicho plazo la inscripción deberá ser ordenada judicialmente.
Artículo 61 - Están obligados a solicitar la inscripción de la defunción:
Artículo 62 - El hecho de la defunción se probará con el certificado de defunción extendido por el médico que hubiera asistido al fallecido en su última enfermedad y, a falta de él, por otro médico o agente sanitario habilitado al efecto, que en forma personal hubiere constatado la defunción y sus causas y el de la obstétrica en el caso del artículo 40. El certificado de defunción extendido por agente sanitario deberá ser certificado por la autoridad sanitaria de la jurisdicción respectiva.
Artículo 63 - La inscripción deberá contener en lo posible:
Artículo 64 - El certificado médico de defunción deberá ser extendido de puño y letra, firmado y sellado por el profesional interviniente, con indicación del establecimiento público o privado donde ocurrió el fallecimiento si correspondiere.
Deberá indicarse si estas circunstancias constan por conocimiento propio o de terceros. Asimismo el profesional certificará la causa inmediata, mediata y originaria de la defunción, o su imposibilidad por desconocimiento, lugar, día, hora, mes y año en que acaeció la defunción, consignando nombre, apellido y número de matrícula del profesional que lo suscribe y lugar, fecha y hora de expedición del certificado.
Artículo 65 - El certificado médico debe reunir en su estructura e impresión los requisitos de seguridad que garanticen su inviolabilidad, debiendo ser provisto por los gobiernos locales.
La dirección general deberá crear y mantener actualizado un registro de firmas de médicos matriculados o agentes sanitarios habilitados a extender certificados de fallecimiento.
Artículo 66 - Si se ignorase la identidad del fallecido y la autoridad judicial competente la comprobase posteriormente, lo comunicará a la dirección general para que efectúe una inscripción complementaria, poniéndose notas de referencia en una y otra.
Artículo 67 - La licencia de inhumación o cremación será expedida por el oficial público del Registro Civil, teniendo a la vista el acta de defunción, salvo orden en contrario emanada de autoridad competente.
Artículo 68 - Para autorizar la sepultura o cremación de un cadáver el encargado del cementerio o crematorio en su caso, exigirá licencia de inhumación o cremación expedida por la autoridad del Registro Civil de la localidad donde se produjo el fallecimiento. De igual forma se procederá cuando se requiere el traslado de cadáveres a otra localidad para inhumación o cremación.
Artículo 69 - Cuando medien razones de urgencia o imposibilidad práctica para registrar un fallecimiento, se extenderá la licencia correspondiente siempre que se haya acreditado la defunción con el certificado médico. La inscripción se registrará dentro de los DOS (2) días hábiles subsiguientes al otorgamiento de la licencia.
Artículo 70 - Cuando el fallecimiento hubiere ocurrido por causa traumática deberá tomar intervención la autoridad judicial competente, la que dispondrá el destino transitorio o final de los restos, debiendo comunicar esta circunstancia mediante oficio con transcripción del auto que lo disponga, al Registro Civil para la posterior expedición de la licencia que corresponda.
Artículo 71 - Si del certificado médico o de otras circunstancias surgieran sospechas de que la defunción se hubiera producido como consecuencia de un hecho ilícito, el oficial público deberá dar avisó a la autoridad judicial o policial y no expedirá la licencia respectiva, hasta que la autoridad judicial competente lo disponga.
Artículo 72 - Cuando el fallecimiento sea consecuencia de enfermedad que interese al estado sanitario, el oficial público comunicará inmediatamente esta circunstancia a la autoridad competente debiendo otorgarse la licencia de inhumación.
CAPITULO XIII - Documento de extraña jurisdicción
Artículo 73 - La extraña jurisdicción es la que excede el ámbito territorial de la dirección general ante la cual se pretende inscribir el documento.
Artículo 74 - Las inscripciones de documentos de extraña jurisdicción se asentarán en libros especiales que a tal efecto habilite la dirección general, consignando todos los datos que ellos contengan. No se registrará ningún documento que no se hallare debidamente legalizado por autoridad competente.
Artículo 75 - Las inscripciones asentadas en los libros de extraña jurisdicción, no podrán ser modificadas sin que previamente lo sean en su jurisdicción de origen.
Artículo 76 - Si el documento a inscribirse estuviera redactado en idioma extranjero, deberá ser acompañado de su correspondiente traducción al idioma nacional, lo que deberá ser hecho por traductor público debidamente matriculado.
Artículo 77 - Podrán registrarse los certificados de matrimonios y sus sentencias disolutorias realizadas en otros países, siempre que se ajusten a las disposiciones legales en vigor, tanto en lo que respecta a sus formalidades extrínsecas como a su validez intrínseca. Este registro deberá ser ordenado por juez competente, previa vista a la dirección general.
CAPITULO XIV - Resoluciones Judiciales
Artículo 78 - Todas las resoluciones judiciales que den origen, alteren o modifiquen el estado civil o la capacidad de las personas, deberán ser remitidas al Registro de origen de la inscripción para su registro. En todos los casos, los jueces, antes de dictar sentencia, deberán correr vista a la dirección general que corresponda.
Los registros civiles no tomarán razón de las resoluciones judiciales que sólo declaren identi dad de persona sin pronunciarse sobre el verdadero nombre y/o apellido de la misma.
Artículo 79 - Cuando éstas se refieran a inscripciones ya registradas, los oficios o testimonios deberán contener la parte dispositiva de la resolución, especificando nombres completos, oficina, libro, año, folio y acta de la inscripción a la que se remiten. Se dispondrá se tome nota de la misma, consignando la parte pertinente de la resolución judicial, fecha, autos, juzgado y secretaría en que éstos hubieren tramitado.
Artículo 80 - Cuando la resolución judicial se refiera a hechos o actos atinentes al estado civil de las personas, que no se hallen inscriptos, se registrará su parte dispositiva en forma de inscripción, con todos los requisitos que las mismas deban contener, consignándose fecha, autos, juzgado y secretaría en que éstos hubieren tramitado.
Artículo 81 - A los efectos de la inscripción del nacimiento fuera de término y de la confección del acta respectiva, el juez deberá comunicar mediante oficio al registro correspondiente, con transcripción del auto que ordene la medida los datos establecidos en el artículo 35 de la presente, en cuanto sea posible.
Artículo 82 - La sentencia que declare ausencia con presunción de fallecimiento se inscribirá en los libros de defunciones en la forma establecida en el artículo 63. Las que declaren la aparición del ausente, se anotan como nota de referencia de aquéllas.
CAPITULO XV - Calificación registral
Artículo 83 - La dirección general examinará la legalidad de las formas extrínsecas de los documentos cuya inscripción se solicite u ordene, cualquiera sea su origen, ateniéndose a lo que resultare de ellos y de los asientos respectivos, rechazando los que adolecieren de vicios que pudieran determinar la sanción de nulidad absoluta y manifiesta o formulando las observaciones que la documentación mereciere, fijándose un plazo para su subsanación, en el lugar de origen.
CAPITULO XVI - Modificación de las inscripciones
Artículo 84 - Las inscripciones sólo podrán ser modificadas por orden judicial, salvo las excepciones contempladas en la presente ley. En todos los casos, antes de dictar resolución, los jueces deberán dar vista a la dirección general que corresponda. En las actuaciones respectivas será juez competente el que determine la jurisdicción local del domicilio del peticionante o el del lugar donde se encuentre la inscripción original.
El procedimiento será sumario con intervención del Ministerio Público.
Artículo 85 - La dirección general cuando compruebe la existencia de omisiones o errores materiales en las inscripciones de sus libros, que surjan evidentes del propio texto o de su cotejo con otros instrumentos públicos, podrá, de oficio o a petición de parte interesada, ordenar la modificación de dichas inscripciones previo dictamen letrado y mediante resolución o disposición fundada.
Artículo 86 - En todos los Casos en que sea necesaria la intervención judicial para registrar inscripciones o para modificar las existentes en los libros del registro, la dirección general queda facultada para promover las acciones correspondientes.
Artículo 87 - Cuando el director general disponga la iniciación de las actuaciones judiciales para anular una inscripción, ordenará que de la misma no se expida copia en lo sucesivo y hasta la resolución definitiva, salvo por orden judicial, debiendo colocarse en la inscripción de que se trate una nota de referencia.
CAPITULO XVII - Inscripciones de las incapacidades
Artículo 88 - Se inscribirá en un libro especial que se llevará en la dirección general todo hecho o acto jurídico que modifique la capacidad de las personas. Artículo 89 - Sin perjuicio, de lo dispuesto por leyes de fondo de la Nación, los actos mencionados en este capítulo no producirán efectos contra terceros sino desde la fecha de inscripción en el registro.
CAPITULO XVIII - Inscripción de emancipaciones por habilitación de edad
Artículo 90 - Los instrumentos públicos y oficios judiciales que se refieran a la emancipación por habilitación de edad se inscribirán en un libro especial que al efecto llevará la dirección general.
CAPITULO XIX - Sanciones - Responsabilidades
Artículo 91 - Toda persona que sin cometer delito contravenga la presente ley haciendo lo que ella prohíbe, omitiendo lo que ordena o impidiendo a otro el cumplimiento de sus preceptos, será reprimida con multa cuyo monto, autoridad de aplicación y procedimiento, fije la reglamentación local.
Artículo 92 - Los oficiales públicos son civilmente responsables de los daños y perjuicios ocasionados a terceros por incumplimiento de las disposiciones de la presente ley, sin perjuicio de la responsabilidad penal o disciplinaria que correspondiere.
CAPITULO XX - Organismo coordinador
Artículo 93 - Créase el Consejo Federal de Registros del Estado Civil y Capacidad de las Personas de la República Argentina, el que estará integrado por los directores generales de todas las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por un representante del Registro Nacional de las Personas.
e) Propender a la creación de la carrera de registrador civil.
Artículo 94 - Los gastos derivados del funcionamiento del Consejo Federal de Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de la República Argentina serán financiados por el Registro Nacional de las Personas.
Artículo 95 - Derógase el Decreto Ley 8204/63.
Artículo 96 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fdo.: Julio C. C. Cobos - Eduardo A. Fellner - Enrique Hidalgo - Juan H. Estrada
por Gabriela Vanesa » Sab Feb 14, 2009 1:12 pm
La Ley de Obesidad 26.396
OBESIDAD - SALUD - ENFERMEDADES - AMPARO - DERECHO A LA SALUD - DISCRIMINACIÓN - DERECHO A LA INFORMACIÓN - CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN
Microjuris MJ-DOC-4214-AR | MJD4214
I. Introducción. II. La protección del derecho a la salud. El rol del Estado. III. La importancia de un tratamiento integral para las inadecuadas formas de ingesta alimenticia. IV. El programa nacional de prevención y control de los trastornos alimentarios. V. Antecedentes jurisprudenciales. El caso Rebull. VI. Conclusiones.
Luego de una larga lucha para reconocer la existencia legal de medidas que puedan poner especial interés en los trastornos alimentarios, ha sido sancionada la ley 26.396 y publicada el 6 de septiembre de 2008.
La misma contempla "la declaración de interés nacional de la prevención y control de los trastornos alimentarios, el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades vinculadas, asistencia integral y rehabilitación, incluyendo las de sus patologías derivadas, y las medidas tendientes a evitar su propagación (1).
La ley entiende como trastornos alimentarios "a la obesidad, bulimia, anorexia nerviosa, y a las demás enfermedades que la reglamentación determine, relacionadas con inadecuadas formas de ingesta alimenticia".
En ese marco se crea el Programa Nacional de Control de Trastornos Alimentarios, en el ámbito del Ministerio de Salud.
El diccionario de la Real Academia Española define los términos "anorexia", "bulimia", "obesidad" y "obeso", citando que "anorexia" es la falta anormal de ganas de comer, "bulimia", hambre canina, "obesidad", cualidad de obeso, y "obeso" como persona que tiene gordura en demasía (2).
Ahora bien, "la bulimia se caracteriza por una ingesta exagerada de alimentos (atracones, comilonas) en breves tiempos, seguidas de conductas inadecuadas para evitar la hiperingesta, como vómitos autoinducidos, ejercicios físicos enérgicos, ayunos, abuso de laxantes y diuréticos. La anorexia se caracteriza por la negación a ingerir alimentos, presentando una notoria pérdida de peso asociada con miedo a la gordura, al percibir distorsionadamente la propia imagen corporal" (3).
Un grupo interdisciplinario de profesionales se refieren al tema diciendo: "Las entidades actualmente reconocidas son:1) anorexia nerviosa, que se caracteriza por una negativa del paciente a mantener un peso mínimo normal; 2) bulimia nerviosa caracterizada por episodios repetidos de atracones alimentarios seguidos de conductas compensadoras inadecuadas; 3) trastornos alimentarios no especificados (TANE) que se refieren a los casos que presentan síntomas de TA que no se corresponden con los criterios diagnósticos tradicionales completos de anorexia nerviosa o de bulimia" (4).
Notablemente se advierte que la ley no declara como enfermedad a la obesidad y a los demás trastornos de la alimentación, sino que advierte el interés nacional que ello produce.
II. LA PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA SALUD. EL ROL DEL ESTADO.
Sin lugar a dudas, puede decirse que el derecho a la salud encuentra raigambre constitucional.
Nuestra Carta Magna recoge el concepto al decir que "los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho. a la protección de la salud" (5)
En idéntico sentido: "El derecho a la salud, si bien no se encuentra expresamente mencionado en la Carta Magna, se debe interpretar incluido en el art. 42 de la Constitución Nacional y art. 75 inc. 22 Constitución Nacional y como tal debe ser garantizado" (6).
En forma notoria se advierte la preocupación del Estado por hacer efectivo este amparo, volcándose legislativamente a efectivizar dicha protección. "El gasto público en salud es una inversión social prioritaria" (7). "La Provincia garantiza a todos sus habitantes el acceso a la salud en los aspectos preventivos, asistenciales y terapéuticos; sostiene al hospital público y gratuito en general, con funciones de asistencia sanitaria, investigación y formación; promueve la educación para la salud; la rehabilitación y la reinserción de personas tóxico-dependientes.El medicamento por su condición de bien social integra el derecho a la salud; la Provincia a los fines de su seguridad, eficacia y disponibilidad, asegura, en el ámbito de sus atribuciones, la participación de profesionales competentes en su proceso de producción y comercialización" (8).
Hemos dicho anteriormente que "El derecho a la salud debe ser visto como una garantía de todo ciudadano y resguardado a través de mecanismos de la autoridad pública en pos del bien común" (9).
En sentido tuitivo el Estado ha tomado un papel preponderante en verificar y fiscalizar la calidad del servicio de salud y para ello ha incorporado el llamado plan médico obligatorio por lo que "El Sistema Nacional del Seguro de Salud, debe tender a garantizar la equidad, la universalidad y la solidaridad para todos sus beneficiarios" (10). Y asimismo, "a los efectos de procurar el pleno goce del derecho a la salud de todos los habitantes del país" (11).
Con anterioridad se ha creado el Consejo Federal de la Salud, mediante ley 22373, entre cuyas funciones se encuentra propender integralmente al coordinado desarrollo sectorial en materia de salud de toda la República, la apreciación de los problemas de salud comunes a todo el país, la determinación de sus causas, así como contribuir al desarrollo de un sistema federal de salud.
Pero más aún, la presente ley 26.396 crea el Programa Nacional de Prevención y Control de Trastornos Alimentarios en el ámbito del Ministerio de Salud a efectos de que se instrumenten campañas informativas relativas a esos trastornos.
III. LA IMPORTANCIA DE UN TRATAMIENTO INTEGRAL PARA LAS INADECUADAS FORMAS DE INGESTAS ALIMENTICIAS.
La Organización Mundial de la Salud OMS define a la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social y no únicamente la ausencia de enfermedad o presencia de flaqueza (12).
Tanto la obesidad como todos los trastornos alimentarios son considerados enfermedad en distintas partes del mundo.
En ese sentido:"La obesidad es considerada una enfermedad crónica, en México es un problema de salud pública, se acompaña de trastornos que deterioran el estado de salud de los sujetos, asociada en la mayoría de los casos a una patología endócrina, cardiovascular, ortopédica y cáncer" (13). La obesidad es una enfermedad crónica que se caracteriza por la acumulación de grasas en el cuerpo, causada generalmente por consumir más calorías que las que el cuerpo pueda utilizar (14). Algunos tratándolo como una enfermedad exclusiva de sectores medios (15).
"La obesidad como enfermedad pone en marcha mecanismos fisiopatológicos como los dismetabolismos glúcido, lipídico, endotelial, los cambios hormonales; incluso en ausencia de todos estos mecanismos la "obesidad enfermedad" es un factor de riesgo independiente para la enfermedad cardiovascular" (16).
Los demás trastornos bulimia y anorexia, también se presentan a través de una inadecuada ingesta de alimentos, y acompañadas de importantes factores de carácter psicológico que se manifiestan a través de estos desórdenes.
Se ha manifestado que "sus causas son variadas pues se asocian a factores biológicos, genéticos, interpersonales, familiares y socioculturales". En un caso, -anorexia- existe una negativa a ingerir alimentos y en el otro, bulimia, consumo exagerado de alimentos en breve tiempo seguida de conductas para evitar la ingesta.
Tal es así que tratándose de una inadecuada ingesta, todos los casos reconocen una misma causa eficiente.
Para el tratamiento resulta entonces conveniente, la participación de un equipo interdisciplinario, con un común denominador, la recuperación del paciente, su reeducación nutricional y el tratamiento de los factores psicológicos existentes.
Todos los casos de trastornos alimentarios deben ser tratados en forma integral, y ninguno considerarse de carácter menor pues, pueden desembocar en un desenlace fatal.
IV.EL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LOS TRASTORNOS ALIMENTARIOS
Es importante destacar que la ley no declara a la obesidad como enfermedad, tal como lo hace la Organización Mundial de la Salud, sino que simplemente se limita a declarar de interés nacional la prevención y control de trastornos alimentarios.
La ley establece mecanismos de prevención y control, a través del Programa Nacional de Prevención y Control del Ministerio de Salud.
El objetivo tenido en cuenta, y expresado por la ley en su artículo 3 , es la creación de campañas informativas relativas a trastornos alimentarios tratando, las características de los mismos y de sus consecuencias, sus aspectos clínicos, nutricionales, psicológicos y sociales y de las formas apropiadas e inapropiadas de su tratamiento; el derecho y promoción de salud, los derechos del consumidor, la disminución de la morbilidad relacionada con estas enfermedades, las normas de evaluación y control de los trastornos alimentarios, propender al desarrollo de actividades de investigación, promover conductas nutricionales saludables, promover espacios de reflexión y educación; eliminar la discriminación y estigmatización, participación de las ONG; promover y coordinar programas a nivel local y desarrollar actividades de difusión televisivas, radiales y gráficas dirigidas a la población en general y grupos de riesgo en particular (17).
Las campañas informativas obviamente apelan al primer medio indispensable para el tratamiento de estas alteraciones, tal como es la educación de la población y su información precisa.
Con ello busca acercar a la población el conocimiento de los trastornos, su pronóstico, caracterización y gravedad de sus consecuencias.Y si específicamente nos referimos a los trastornos alimentarios bulimia y anorexia, el solo hecho de exponer las fotografías de las personas que las padecen evidencian con un tremendo impacto visual lo grave de sus consecuencias.
Se acerca también al público en general un conocimiento de los aspectos nutricionales y de posibles tratamientos a tomar en cuenta.
También promueve que las campañas informativas se refieran al derecho de la salud y al derecho del consumidor.
Específicamente la Ley de Defensa de Derechos del Consumidor , reformada en este año establece que "El proveedor está obligado a suministrar al consumidor en forma cierta, clara y de tallada todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que proveen y las condiciones de su comercialización. La información debe ser siempre gratuita para el consumidor y proporcionada con claridad necesaria que permita su comprensión" (18).
Así también, el mismo texto dispone que "Las cosas y servicios deben ser suministrados o prestados en forma tal que utilizados en condiciones previsibles o normales de uso, no presenten peligro alguno para la salud o integridad física de los consumidores o usuarios" (19). Y "Las prescripciones formuladas en la publicidad o en anuncios, prospectos, circulares de otros medios de difusión obligan al oferente y se tienen por incluidas en el contrato con el consumidor" (20).
Otra de las propuestas de la ley y las campañas informativas es disminuir la morbilidad asociada con éstas enfermedades. En ese sentido "La obesidad es una enfermedad severa, que provoca, directamente o por medio de las patologías asociadas (comorbilidades), una alta mortalidad. Los factores que aumentan ese riesgo son la gravedad de la obesidad, un comienzo en la edad media de la vida, una repartición androide (a nivel abdominal) del tejido adiposo y la existencia de antecedentes familiares de sobrepeso. Conviene distinguir dos tipos de complicaciones: mecánicas.metabólicas y/o aerodinámicas" (21).
Pero entre todas las propuestas, se considera oportuno dar especial tratamiento a la propuesta de acciones tendientes a eliminar la discriminación y estigmatización en el ámbito laboral, educacional y social frente al padecimiento de los trastornos alimentarios.
En ese sentido la ley antidiscriminación establece expresamente que "Quien arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o de algún modo menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias, de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional, será obligado, a pedido del damnificado, a dejar sin efecto el acto discriminatorio o cesar en su realización y a reparar el daño moral y material ocasionado. A los efectos del presente artículo se considerarán particularmente los actos u omisiones discriminatorios determinados por motivos tales como la raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, posición económica, condición social o caracteres físicos" (21).
Ello conlleva necesariamente una tarea importante de educación, que corresponde tanto a los programas de gobierno, educadores y en forma imprescindible al panorama familiar y social reinante. Estos programas educativos, con un determinado impacto a través de los medios habituales de difusión pueden ser verdaderamente efectivos.
No obstante lo establecido, es imprescindible remarcar que la ley aún no ha sido reglamentada, por lo que el programa médico obligatorio todavía no contempla la cobertura del tratamiento integral de los trastornos alimentarios.
V. -ANTECEDENTES JURISPRUDENCIALES.EL CASO REBULL
Un particular supuesto a tener en cuenta es el caso del misionero Gustavo Rebull, quien padecía una obesidad mórbida pesando 320 kilogramos, lo que evidentemente le impedía cualquier posibilidad de llevar una vida normal.
No sólo tenía problemas de salud y movilidad, sino que no podía tener un trabajo normal, socializarse como cualquier sujeto, y además carecía de medios económicos que lo ayudaran a terminar con este padecimiento.
Cabe destacar que ante el estado acuciante del demandante, la solución del caso a través de la vía excepcional del juicio de amparo ha llevado entre distintos tribunales e instancias un año, hecho manifiestamente peligroso para la salud de una persona como el Sr. Rebull.
En primer lugar inicia acción de amparo, contra el Ministerio de Salud Pública de la Provincia de Misiones, contra el Estado Nacional (Ministerio de Salud Pública y Medio Ambiente), interponiendo competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde se rechaza la acción. En la acción se solicita se condene a los demandados a arbitrar los medios necesarios para que se practique en el demandante la cirugía "by pass gástrico", con motivo de un cuadro de obesidad severa que padece, y se cubran sus gastos totales de traslado, internación, medicamentos y toda erogación vinculada con esa intervención, en atención a no poseer obra social, ni tampoco recursos económicos suficientes, lo cual vulnera al derecho a la salud garantizado constitucionalmente.
Así la Corte Suprema declara que la causa no corresponde a la competencia originaria de la Corte y establece que "no corresponde aceptar el litisconsorcio pasivo o la actuación obligada de terceros, por lo cual el actor deberá iniciar sus pretensiones en forma autónoma hacia cada uno de los demandados:contra la provincia ante sus propios jueces, y contra el Estado Nacional por la omisión en que incurrieron sus autoridades, resultando subsidiariamente demandados ante la justicia federal de primera instancia, pues la tutela del derecho a la salud no postula de modo exclusivo una materia federal sino concurrente con el derecho público local; razón por la cual debe excluirse la competencia de excepción y restrictiva como es la instancia originaria de la Corte Suprema" (22).
Con posterioridad, inicia acción de amparo y medida cautelar contra el Estado Nacional Ministerio de Salud y Medio Ambiente por igual objeto (actos necesarios para que el demandante inicie su tratamiento, sea evaluado por un servicio de cirugía capacitado y lleve a cabo su by pass gástrico, con más gastos totales emergentes del mismo). En el caso, el Tribunal hace lugar a la cautelar solicitada "ordenando al Estado Nacional a que dentro del plazo de dos días de notificado o el menor que corresponda según la urgencia del caso, a que realice los actos necesarios para que el actor comience su tratamiento, sea evaluado por un servicio médico de cirugía capacitado y lleve a cabo el by pass gástrico, ya sea en el Hospital Argerich o bien en otro hospital público de complejidad y especializado, quedando a criterio de los cirujanos que intervengan el momento oportuno" (23). En sus considerandos el Tribunal establece que "Si bien es cierto que las medidas innovativas, por coincidir con el objeto final de la causa, deben ser juzgadas con mayor estrictez, no se debe soslayar que, además, tales medidas procuran evitar que se produzcan perjuicios cuya reparación podría tornarse muy dificultosa o imposible al tiempo de dictarse el pronunciamiento definitivo (C.S:doctrina fallos 32:1633). Desde esta perspectiva, cobra particular relieve el hecho de que el tratamiento de la enfermedad que padece el actor no admite dilaciones." (24). Asimismo queda claro en el fallo que el actor carece de medios económicos suficientes para afrontar por sí esas erogaciones.
Apelado el pronunciamiento por la demandada, en fecha 12 de junio de 2007 la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, confirma la sentencia apelada con costas y manifiesta que "no es posible aceptar la afirmación de que el fallo apelado constituye una mera declaración de principios, en tanto contiene una específica condena, en cuanto ordena al Estado Nacional desplegar los medios necesarios para llevar a cabo la intervención quirúrgica reclamada por el actor, con todas las prestaciones accesorias que ello demande (25).
A ello se agrega la Resolución INADI de fecha 12 de febrero de 2007, por denuncia presentada por el mismo actor contra Aerolíneas Argentinas por el cual se considera "que Aerolíneas Argentinas ha violentado el derecho de Acceso al Consumo, que no es otro que el derecho a no ser discriminado en la relación de consumo arbitrariamente por parte de proveedores de bienes y servicios" (26). La denuncia tiene como fuente que la compañía aérea solicitara al Sr. Rebull el pago de un extra seat para su transporte desde la Provincia de Misiones a la Ciudad de Buenos Aires, se le ha solicitado certificado de aptitud física y finalmente a 36 horas del vuelo se le ha impedido realizar el viaje.
1. La ley no declara a los trastornos alimentarios como enfermedad.
2. El tratamiento de los temas a través de campañas informativas es imprescindible a efectos de que la población conozca estos trastornos y sus consecuencias.
3. La educación, los espacios de reflexión para la contención de quienes padecen estos trastornos es un medio adecuado para su tratamiento.
4. La ley no se encuentra reglamentada.
5.Es de especial importancia activar los medios necesarios para impedir cualquier tipo de discriminación derivada de trastornos alimentarios.
6. La coordinación de esfuerzos comunes entre el Ministerio de Salud, y el Consejo Federal de Salud acentúan el nivel de efectividad de la norma.
7. De todos modos pensamos que el nivel de discriminación y estigmatización, aún se encuentran latentes, porque es un problema cultural por el cual aún, pese a los esfuerzos del gobierno y muchas personas, este tipo de situaciones no han sido retiradas del inconsciente colectivo.
(1) Ley 26.396 art. 1.
(2) Diccionario de la Real Academia Española.
(3) www.argentina.gob.ar, Bulimia y Anorexia /7/12/08.
(4) BAY, Luisa - HERSCOVICI, Cecile - KOVALSKYS, Enrique - ORELLANA, Liliana - BERGESIO, Andrea, "Alteraciones Alimentarias en niños y adolescentes argentinos que concurren al consultorio de pediatría", Arch. Argent. Pedriatr. 2005, 103(4)305.
(5) Constitución Argentina, art. 42.
(6) Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala J, 17/02/05 "Rizzi, Ignacio c/ Galeno Life, TIM, SPM", ED, 216-99.
(7) Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, art. 20.
(8) Constitución de la Provincia de Buenos Aires, art. 36.
(9) CASARES, Mónica, "Exclusión arbitraria de cobertura médica prepaga. Resarcimiento. Daño Moral" Nota a fallo "ME y otros c/ SPM", LL 9/9/08.
(10) Considerandos de la Resolución MS 201/2002. PMO Em ergencia.
(11) Ley 23.661 art. 1
(12) World Health Organization Basic Documents 39 th. ed. Geneva WHO, 1992.
(13) Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, "Obesidad en niños en edad escolar.Estudio comparativo entre dos escuelas, una pública y una privada", Bedolla Campos y otros, 2006.
(14) Universidad Nacional del Nordeste, Centro de Salud Enrique Finochietto Municipio de puerto Vilelas Chaco, Felivene, Mariana, 2005.
(15) Ministerio de Salud Nacional, Centro Nacional de Investigaciones Nutricionales, Estudio "Prevalencia de obesidad en escolares de 7 a 9 años de niveles sociales extremos", Perez Somigliana MC y otros.
(16) Epidemiología de la obesidad en siete países de América Latina. Julio César Montero. Form Contin Nutr. Obes. 2002;5(5):000-000.
(17) Ley 26.396 art. 3.
(18) Ley 26.361, art. 4 Información.
(19) Ley 24.240, Defensa del Consumidor y el Usuario, art. 5.
(20) Ley 24.240, art. 8, Publicidad.
(21) Dra. Natalia MONATERSKY, www.saludyderecho.com.
(21) Ley 23.592 art. 1 "Ley antidiscriminación".
(22) "Rebull, Gustavo Prion c/ Misiones Provincia y Est. Nacional s/ amparo", CSJN, 18-6-06, Microjuris, MJ-JU-M-8288-AR
(23) "Rebull Gustavo Prion c/ Estado Nacional y otro s/ amparo", Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal 2, Sec. 4, 9/8/07, Microjuris, MJ -JU-M-8287-AR,
(24) Ídem fallo anterior.
(25) "Rebull Gustavo Prion c/ Estado Nacional y otro s/ amparo", 12/06/07, Microjuris, MJ-JU-M-18709-AR.
(26) "Rebull Gustavo Prion c/ Aerolíneas Argentinas s/ discriminación INADI Microjuris MJ-JU-M-11350-AR
(*) Prof. adjunta regular de Contratos Civiles y Comerciales, UBA. Miembro de la Comisión de estudio de ensayos clínicos fase III y IV, UBA. Asesora legal, Universidad de Salamanca, sede argentina.