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Timestamp: 2018-04-23 17:52:17
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Libro miembro de las fuerzas militares victimas del conflicto armado by Centro de Investigación en Conflicto y Memoria Histórica Militar - issuu
Miembros de las Fuerzas Militares vĂ­ctimas del conflicto colombiano
Miembros de las Fuerzas Militares víctimas del conflicto colombiano
Andrés Valdivieso Elizabeth Andrade Coral Andrea Rodríguez Gómez Mayor General Francisco Javier Cruz Ricci Mayor Javier Arturo Quintero Poveda Mayor Orlando Andrés Villegas Zambrano (Autores)
Miembros de las Fuerzas Militares Víctimas del Conflicto Colombiano. / Andrés Valdivieso y Mayor General Francisco Javier Cruz Ricci. Bogotá: Ediciones Escuela Superior de Guerra, 2018. Daniel Eduardo Vieira Pastrana, Diseño y diagramación 100 páginas : fotos ; 24 cm. ISBN 1. MILITARES VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO, 2. REPARACIÓN INTEGRAL, 3. LAS MUJERES MILITARES VÍCTIMAS, 4. LEY 1448 DE 2011 Catalogación en la publicación – Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”. Biblioteca General
Libro Resultado de Investigación © Escuela Superior de Guerra Centro de Investigación en Memoria Histórica Militar ESDEGUE-SIIA-CIMHM Carrera 11 N° 102-50 Bogotá D.C. Colombia © Andrés Mauricio Valdivieso (Editor) ©Andrés Valdivieso Elizabeth Andrade Coral Andrea Rodríguez Gómez Mayor General Francisco Javier Cruz Ricci Mayor Javier Arturo Quintero Poveda Mayor Orlando Andrés Villegas Zambrano (Autores)
Libro Vinculado al Proyecto de Investigación <<Construcción de Memoria Histórica Militar en el Conflicto y en el Posconflicto Colombiano>>, que hace parte de la línea de Investigación <<Memoria Histórica, Construcción de Paz, Derechos Humanos, DICA y Justicia>> del grupo de investigación <<Memoria Histórica, Construcción de Paz, Derechos Humanos, DICA y	Justicia>>, reconocido y categorizado en (B) por COLCIENCIAS registrado con el código COL0141423 vinculado al Centro de Investigación en Memoria Histórica Militar (CIMHM) y a la Maestría en Derechos Humanos, Derecho	Internacional Humanitario y Derecho Internacional de los Conflictos Armados (DICA), adscritos y financiados por la Escuela Superior de Guerra “ General Rafael Reyes Prieto” de la Republica de Colombia. El Contenido de este libro corresponde exclusivamente al pensamiento de los autores y es de su absoluta responsabilidad. Las posturas y aseveraciones aquí presentadas son resultado de un ejercicio académico e investigativo que no representa la posición oficial, ni institucional de la Escuela Superior de Guerra, de las Fuerzas Militares o del Estado Colombiano.
CONTENIDO •	Prólogo............................................................................. 9 Mayor General Francisco Javier Cruz Ricci
•	Los Estándares Internacionales para la Reparación Integral y las
Víctimas de las Fuerzas Armadas en Colombia................13 Andrés Mauricio Valdivieso Mayor Orlando Andrés Villegas Zambrano
•	Militares Víctimas del Conflicto Armado Colombiano.........35 Andrea Rodríguez Gómez
•	Las Mujeres Militares Víctimas del conflicto
Armado Colombiano........................................................61 Elizabeth Jimena Andrade Coral Mayor Javier Arturo Quintero Poveda
Al finalizar las dos guerras mundiales, la comunidad internacional empezó a preocuparse y ocuparse de construir unos parámetros, criterios y formas de limitar el sufrimiento humano durante tales periodos de confrontaciones violentas. A mediados del siglo XX se fueron consolidando y fortaleciendo los regímenes internacionales sobre Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. En ese contexto, se destaca el progreso del Derecho Internacional Humanitario como el primer esfuerzo de la comunidad internacional por humanizar la guerra y los conflictos, al tratar de limitar los excesos de las confrontaciones armadas, regular los métodos de guerra y proteger a las personas afectadas por las dinámicas propias de los conflictos. Los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos Adicionales, constituyen un hito sobre la humanización y limitaciones de sufrimientos superfluos en conflictos armados sin carácter internacional o de carácter nacional. La comunidad internacional logró así articular los intereses comunes de crear unos mínimos que orientaran las formas de violencia durante las confrontaciones. En consecuencia, se tipifican algunas formas de protección tanto para la sociedad civil como para quienes están involucrados directamente en las hostilidades. También se logra exhortar y convencer a los Estados de la necesidad de proteger a toda la población civil que se vea afectada por la violencia, así como proteger a los combatientes en situación de derrota, a los náufragos, a los prisioneros de guerra, entre otros. Igualmente, se creó el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que se constituye como una organización independiente y neutral con el principal objetivo de ejercer una misión humanitaria para proteger la vida y la dignidad de las víctimas de la guerra en tiempos de conflicto, así como ejercer veeduría para que los Estados cumplan con las disposiciones mínimas que reglamentan y circunscriben las formas de hostilidades. De forma paralela surge un nuevo enfoque de justicia, denominado “justicia transicional”. Esta nueva concepción de justicia se configura como una 9
herramienta que facilitaría la confrontación de inmensos índices de violaciones de Derechos Humanos y de infracciones al Derecho Internacional Humanitario en aras de construir paz o de consolidar la democracia en el marco del Estado Social de Derecho. La justicia transicional involucra los pilares de justicia, verdad y reparación como elementos que soportarían todo tipo de transición hacia la paz y hacia la construcción democrática. Cada uno de estos principios cohesionan los mínimos que se deben respetar cuando exista voluntad política de superar el conflicto armado. Colombia ha sufrido un conflicto armado por más de cinco décadas, un período en el que la sociedad y el Estado colombiano han tenido que soportar las nefastas dinámicas de un conflicto armado sin carácter internacional (el más extenso de Suramérica) y que ha generado un enorme número de víctimas civiles y de combatientes, cuya reparación debe ser un punto ineludible de la agenda política nacional. El Consejo de Estado en el 2014, instituyó de forma tajante que miembros de las Fuerzas Armadas que fueron sometidos a violaciones de sus derechos humanos y de lo establecido en el DIH, hacen parte de la gran masa de víctimas colombianas, y que por tanto deben ser reparados con los enfoques y modelos diseñados por el gobierno o por el Congreso de la República para esa población. La jurisprudencia es clara al afirmar que en razón al Principio de universalidad, las víctimas del estamento castrense y sus familiares requieren una atención del Estado para reparar los daños sufridos en el conflicto. Además, delimita el concepto soldado-ciudadano para sostener en todos los miembros de las Fuerzas Armadas son al mismo tiempo ciudadanos, por lo que son sujetos de derechos y gozan de las garantías constituciones que concede la constitución política colombiana. El presente libro busca interpretar y comprender cuáles serán los mecanismos ideales para una reparación integral de todas las víctimas de un conflicto, y a la vez visibilizar la labor de los miembros de la Fuerza Pública que se constituyen en víctimas. En el primer capítulo, el profesor Andrés Mauricio Valdivieso y el Mayor Andrés Villegas, interpretan y delimitan de forma amplia y deontológica los estándares internacionales para una reparación integral. Posteriormente, realizan un ejercicio de hermenéutica jurídica de la jurisprudencia del Consejo de Estado, que determina que los integrantes de las Fuerzas Armadas son víctimas del 10
conflicto armado y que por tanto demandan una atención integral. En el segundo capítulo, la investigadora Andrea Rodríguez realiza un importante rastreo para comprender cómo ha sido el tratamiento que se ha dado a las víctimas de las Fuerzas Armadas en Colombia, y los avances internacionales sobre la materia. Además, plantea algunas preocupaciones que se constituyen como importantes retos para atender y reparar a las víctimas directas y a los familiares víctimas del estamento castrense. Finalmente, la Investigadora Elizabeth Andrade y el Mayor Javier Quintero realizan un importante ejercicio de interpretación y comprensión del rol que han desarrollado históricamente las mujeres integrantes de la Fuerza Pública en el conflicto, cómo ellas han sido víctimas del mismo, y la forma como han sido reparadas. Este libro tiene el propósito de servir como insumo y aporte para atender a todas las víctimas del conflicto armado que son o fueron parte de las Fuerzas Armadas del Estado colombiano.
Andrés Mauricio Valdivieso.
LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES PARA LA REPARACIÓN INTEGRAL Y LAS VÍCTIMAS DE LAS FUERZAS ARMADAS EN COLOMBIA Andrés Mauricio Valdivieso Mayor Orlando Andrés Villegas Zambrano
Los Estándares Internacionales para la Reparación Integral y las Víctimas de las Fuerzas Armadas en Colombia* Andrés Mauricio Valdivieso1 Mayor Orlando Andrés Villegas Zambrano2
l régimen internacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario ha tenido un crecimiento y fortalecimiento desde el siglo XXI. Se ha desarrollado todo un régimen de reparación integral para las personas afectadas por las hostilidades de conflictos armados. En general, existen importantes iniciativas y avances desde el Derecho Internacional Humanitario (En adelante DIH) pa por guerrilleros de las Farc ra proteger a los miembros de las Fuerzas militares involucrados y afectados por las lógicas propias de la guerra y de los conflictos armados sin carácter internacional. Además, se ha procurado reparar a las víctimas civiles como ciudadanos constitucionales, y a los integrantes del estamento castrense se les ha protegido desde algunos tipos referenciados específicamente por el DIH. *Capítulo de libro vinculado al Proyecto de Investigación ‘Construcción de Memoria Histórica Militar en el Conflicto y en el Posconflicto Colombiano’, que hace parte de la línea de Investigación ‘Memoria Histórica, Construcción de Paz, Derechos Humanos, DICA y Justicia’ del grupo de investigación ‘Memoria Histórica, Construcción de Paz, Derechos Humanos, DICA y Justicia’, reconocido y categorizado en (B) por Colciencias registrado con el código COL0141423 vinculado al Centro de Investigación en Memoria Histórica Militar (CIMHM) y a la Maestría en Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Derecho Internacional de los Conflictos Armados (DICA), adscritos y financiados por la Escuela Superior de Guerra “ General Rafael Reyes Prieto” de la Republica de Colombia. Profesor Investigador del Departamento de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Contacto: Andresvaldivieso@javeriana.edu.co; andresmauriciovaldivieso@gmail.com 1
Mayor del Ejército Nacional de Colombia, Director del Centro de Investigación en Memoria Histórica Militar. Profesional en Ciencias Militares de la Escuela Militar de Cadetes José María Córdova y Especialista en Administración de recursos para la defensa Nacional. Contacto: Villegasa@esdegue.mil.co; andesviza182@hotmail.com 2
En Colombia el Consejo de Estado ha utilizado el concepto de ciudadano-soldado, que hace referencia a que los miembros de las Fuerzas Militares en ningún momento dejan de ser sujeto de derechos y garantías constitucionales, por lo que es fundamental que sean tratados como víctimas del conflicto armado cuando sea el caso, y en consecuencia, sean acreedores de los modelos de reparación integral propuestos por el Estado Colombiano. El presente capítulo parte de la delimitación de los estándares internacionales de reparación integral para personas afectadas por las hostilidades del conflicto armado. Seguidamente, se realiza una interpretación de la tipificación de como víctimas a los miembros de las Fuerzas Armadas por parte del DIH. Finalmente, se realiza una referencia al pronunciamiento del Consejo de Estado donde se sostiene que los miembros de las Fuerzas Militares también pueden ser víctimas, por lo que deben ser objeto de reparación integral.
El régimen internacional de Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario para la reparación integral El régimen internacional está conformado por “el conjunto de normas y procedimientos para guiar a los Estados y a los actores transnacionales en medio de una variedad de campos como los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario (Keohane & Nye, 1988, p.35). El régimen internacional de protección de los Derechos Humanos se desarrolla a partir de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Posteriormente, la ONU designó en 1997 a Luis Joinet para que desarrollara un estudio sobre cómo enfrentar graves y sistemáticas violaciones contra los Derechos Humanos sin crear impunidad para los victimarios. Joinet presentó un escrito titulado ‘Informe Final del Relator Especial sobre la impunidad y conjunto de principios para la protección y promoción de los Derechos Humanos’, en el que compromete a todos los Estados parte del Sistema de Naciones Unidas a cumplir con cuatro obligaciones: la satisfacción del Derecho a la justicia, la satisfacción del Derecho a la Verdad, la satisfacción del Derecho a la reparación de víctimas y garantías de no repetición. Años después, en 2004, este informe se actualiza con un uno nuevo presentado por Diana Orentlicher (Orenticher, 2004), en el cual detalla los derechos a la verdad, justicia y reparación, construyendo los principios que 16
integran una serie de derechos y obligaciones dentro del marco de Justicia Transicional (Van Zyl, 2008, p. 15). Este informe se basa en documentos de los expertos Theo van Boven y Cherif Bassiouni (Van B, et al, 2004), en los cuales se establece que para implementar mecanismos de reparación integral, se debe cumplir imperativamente con cinco modalidades: la restitución, la indemnización, la rehabilitación, la satisfacción memorial y las garantías de no repetición. Los estándares internacionales para la reparación integral emitidos por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas como normas políticas, no tienen carácter de obligatoriedad estrictica y exegética, empero, en el marco de los deberes internacionales que ha asumido voluntariamente el Estado Colombiano de forma autónoma, deben reconocer y procurar su adecuación, a saber:
Reparación material/restitución Las medidas de reparación integral y sobre todo de restitución para las víctimas de conflictos armados, son aquellas tendientes a devolver a la víctima a la situación anterior a la violación, como lo establece el principio 21 de las ‘Directrices Básicas sobre el Derecho de las víctimas de violaciones’ (Van B, et al, 2004). La restitución, siempre que sea posible, ha de devolver a la víctima a la situación anterior a la violación manifiesta de las normas internacionales de Derechos Humanos o a la violación grave del Derecho Internacional Humanitario. Comprende, según corresponda, el restablecimiento de la libertad, el disfrute de los Derechos Humanos, la identidad, la vida familiar y la ciudadanía, el regreso a su lugar de residencia, la reintegración en su empleo y la devolución de sus bienes. (Núñez & Zuluaga, 2012, p.212) Esta es una forma de reparación que comprende todas las acciones materiales, judiciales y administrativas a favor de las víctimas, que contribuyan a que estas se ubiquen bien dentro de una posición física y subjetiva, con características semejantes o aproximadas a las del contexto cotidiano inmediatamente anterior a la manifestación del delito violento/injusticia. El sentido de la restitución como medida de reparación frente a violaciones a los DDHH e infracciones al DIH, hacen que se distancie de la restitución de orden civil, cuyo fin consiste en la mera devolución de los bienes patrimoniales perdidos/ destruidos/arrebatados como consecuencia del delito, o en su sustitución (Vera, 2008, p. 752). 17
La restitución de derechos entonces, comprende no solamente el cese de las acciones violatorias y el restablecimiento de los derechos menoscabados, atiende además la consagración y aplicación de todo derecho fundamental universal constitutivo de restitución. Se contemplan el Derecho a la no discriminación -para que los refugiados y desplazados sean iguales ante la ley-, el Derecho a la igualdad de género -para efectos del acceso a la restitución y el regreso voluntario-, el Derecho a la protección contra el desplazamiento -con el fin de prohibir el desalojo forzoso, la demolición de viviendas, la destrucción agrícola o de los medios de subsistencia productiva, la confiscación o expropiación arbitraria de la tierra-, el Derecho a la vivienda digna/adecuada -para evitar las soluciones de cobijamiento/albergue deficientes-, el Derecho a la propiedad -para proteger el libre uso y disfrute de las posesiones sin detrimento del mismo derecho para otro, derecho a la privacidad- (Vera, 2008, p 754). De esta manera, se busca que la víctima recobre su vida anterior a la comisión del delito y que tome el rumbo en que se encontraba. Consisten en restituir sus derechos fundamentales los cuales fueron violados en el conflicto. La víctima podrá y deberá disfrutar de la seguridad y libertad de uso de sus bienes, además de condiciones estables para su proyecto de vida inicial (Van B, et al, 2004). La restitución comprende elementos de importancia, como la “Recuperación del proyecto de vida” (que tiene relación con la restitución de la identidad colectiva) , pero su sentido es más específico porque desciende al individuo al examinar sus expectativas originales, intereses, preferencias, sueños, medios y fines trastornados por las vivencias violentas y las acciones arbitrarias. En un contexto de violencia y abusos prolongados, generalmente cuando se trata de generaciones sumergidas desde el principio, tiene que buscarse una fórmula más próxima a un nuevo proyecto de vida en coherencia con las posibilidades democráticas del marco universal de derechos fundamentales y las oportunidades viables, sin perjuicio de hacerse destinatario de mejoras sustantivas que trasciendan a las posibilidades materiales “de partida” como ciudadano. (Vera, 2008, p. 757)
Indemnización: Es una medida material y compensatoria al delito al cual fue sometida la víctima y sus familiares. El Estado juega un papel importante aquí, ya que es el directo responsable de la reparación si el victimario no puede reparar a la víctima, pues el Principio 22 propuesto por la ONU, establece que el Estado 18
tiene la obligación de indemnizar a las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario en forma apropiada y proporcional a la violación, a las circunstancias específicas de cada caso y a los perjuicios económicos causados de la vulneración a que se sometió la persona (Botero et al, 2006, p.49). En el Estado recae la obligación de resarcir la pérdida de oportunidad con ocasión al hecho, especialmente en lo referente al empleo, educación o prestaciones sociales a que fuese acreedor. La víctima deberá ser indemnizada por todas las pérdidas de ingreso económico -como el lucro cesante y el daño emergente-, cualquier daño físico o mental, toda necesidad de gasto en que incurrió la víctima -como asesoría jurídica o tratamiento psicológico y médico, incluyendo todos los medicamentos necesarios para su tratamiento-, y el daño a la reputación o dignidad (Van B, et al, 2004). Esta medida ha de concederse de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la violación y a las circunstancias de cada caso, por todos los perjuicios económicamente evaluables que sean consecuencia de violaciones claras de las normas internacionales de Derechos Humanos o de infracciones graves del Derecho Internacional Humanitario tales como: a) el daño físico o mental, b) la pérdida de oportunidades, en particular las de empleo, educación y prestaciones sociales; c) los daños materiales y la pérdida de ingresos, incluido el lucro cesante; d) los perjuicios morales; y e) los gastos de asistencia jurídica o de expertos, medicamentos y servicios médicos, y servicios psicológicos y sociales. (Núñez & Zuluaga, 2012, p.212) La indemnización se proporcionará en relación con los daños resultantes de violaciones de los Derechos Humanos que puedan evaluarse económicamente, como los siguientes: a.	Daños físicos o mentales b.	Dolor y sufrimiento físico o psicológico c.	Pérdida de oportunidades (incluida la posibilidad de realizar estudios d.	Pérdida de ingresos y de la capacidad de ganarse la vida e.	Gastos médicos y otros gastos razonables para la rehabilitación 19
f.	Daños a los bienes o comercios (incluido el lucro cesante) g.	Daños a la reputación o la dignidad h.	Gastos y honorarios razonables de asistencia letrada o de expertos para interponer un recurso. (Van B, et al, 1993) Esta es una forma de reparación que en general comprende todas las acciones de índole pecuniaria que buscan la compensación de los perjuicios directos e indirectos del delito sobre el patrimonio y/o la integridad moral, física y psicológica de la víctima o sus allegados. La indemnización en los procesos de reconciliación se distancia de la civil u ordinaria en términos de aplicabilidad, monto, contenidos y propósito cuando convergen otras medidas como variables de reparación y aparecen los principios restaurativos, que le brindan necesaria complementariedad con otras e impiden que sea una forma de reparación contundente y suficiente en sí misma. Esto a raíz de la gravedad de los crímenes atroces y sus secuelas, que suelen propagarse masivamente en los conflictos violentos, así como por las dificultades materiales y políticas propias de las negociaciones de paz (Vera, 2008, p. 756). La indemnización está puntualmente definida como la compensación apropiada y proporcional a la gravedad de las violaciones, que se apoya en la evaluación económica de los perjuicios, entre los que se mencionan el daño físico y mental, la pérdida de oportunidades (en particular de empleo, educación y prestaciones, daños materiales y pérdida de ingresos —incluido lucro cesante—), perjuicios morales y gastos de asistencia jurídica o de expertos, medicamentos y de servicios médicos, psicológicos y sociales (Vera, 2008, p. 757).
Rehabilitación: Toda medida de prestación a la víctima para la más aproximada devolución de sus capacidades individuales y sociales, incluyendo la atención médica, psicológica y servicios psicosociales, según lo contemplado por la Comisión Tercera de la Asamblea General de las Naciones Unidas a través de la resolución A/RES/60/147 de 2006. Sin embargo, la profundidad restaurativa de la rehabilitación no se limita a la recuperación de la situación física, psicológica y moral “normal” previa a la violación. Además de los servicios sociales y jurídicos pertinentes, su conexión con la integridad de los DDHH involucra 20
tanto el restablecimiento del estatus legal-formal o nominal de ciudadano, como condiciones materiales que le permitan ejercer sus derechos económicos y sociales, adhiriendo la instrucción y capacitación indispensables para ocupar una posición productiva y un desempeño ocupacional acorde con sus preocupaciones, expectativas y necesidades. (Vera, 2013, p. 761) Es una restauración de los daños ocasionados que incluye todos los tratamientos adecuados para una recuperación integral de la víctima. El Principio 23 se refiere al cuidado y la asistencia jurídica, médica, psicológica que las víctimas necesitan para restaurar su integridad física y moral después de la violación de sus derechos fundamentales. Debe incluir servicios de toda clase, que le permitan ejercer todas sus actividades normales orientadas a suplir sus necesidades derivadas del delito al que fueron sometidas. Todo servicio social o legal que requiera, debe ser aportado necesariamente como parte de la reparación. La rehabilitación debe incluir tratamientos médicos tanto físicos como psicólogos. Debe presentárseles asistencia legal sobre todos los aspectos que la víctima considere necesarios para su bienestar (Van B, et al, 2004). En lo que se refiere al daño inmaterial, es preciso resaltar las consideraciones por infracciones al Derecho Internacional Humanitario, al hecho que se trata de un daño que se produce al proyecto de vida de las personas, que afecta su vida social y que es extensivo a los miembros del grupo familiar. Es lo que se denomina un daño moral (Contraloría, 2012, p. 268).
Garantías de no repetición: En un proceso de justicia transicional, el pilar que justifica el éxito de las medidas que se adoptan para superar la guerra se materializa en los esfuerzos que se realizan en pro de la no repetición de los hechos que originaron el conflicto armado. En el sistema internacional, los órganos protectores de los Derechos Humanos han manifestado la importancia de dichas medidas, la Comisión Tercera de la Asamblea General de las Naciones Unidas a través de la resolución 60/147 de 2006, señaló las “garantías de no repetición” por las cuales deben propender los Estados que adelanten procesos de justicia transicional. De acuerdo a la resolución, las garantías de no repetición han de incluir -según proceda- la totalidad o parte de las medidas siguientes, que también contribuirán a la prevención: 21
a.	El ejercicio de un control efectivo por las autoridades civiles sobre las fuerzas armadas y de seguridad b.	La garantía de que todos los procedimientos civiles y militares se ajustan a las normas internacionales relativas a las garantías procesales, la equidad y la imparcialidad c.	El fortalecimiento de la independencia del poder judicial d.	La protección de los profesionales del derecho, la salud y la asistencia sanitaria, la información y otros sectores conexos, así como de los defensores de los derechos humanos e.	La educación, de modo prioritario y permanente de todos los sectores de la sociedad respecto de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario y la capacitación en esta materia de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, así como de las Fuerzas Armadas y de seguridad. f.	La promoción de la observancia de los códigos de conducta y de las normas éticas -en particular las normas internacionales-, por parte de los funcionarios públicos (inclusive el personal de las fuerzas de seguridad), de los establecimientos penitenciarios, de los medios de información, del personal de servicios médicos, psicológicos, sociales y de las Fuerzas Armadas, además del personal de empresas comerciales. g.	La promoción de mecanismos destinados a prevenir, vigilar y resolver los conflictos sociales. h.	La revisión y reforma de las leyes que contribuyan a las violaciones manifiestas de las normas internacionales de Derechos Humanos y a las violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario o las permitan.
El Principio 25 de las Directrices Básicas para reparación propuesto por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, establece una serie de medidas que deben ser propiciadas política y jurídicamente por el gobierno, para lo cual debe adoptar estrategias transformadoras de sus instituciones teniendo como propósito evitar futuros abusos de poder (Van B, et al, 2004).
Es menester que el Estado asegure el establecimiento de garantías procesales como la equidad y la imparcialidad en los tribunales judiciales, busque el efectivo desmantelamiento de los grupos armados paraestatales o no oficiales, prevenga y adopte medidas que contribuyan a impedir futuros conflictos sociales. Igualmente, el Estado debe disponer de recursos suficientes para que las víctimas tengan acceso igual y efectivo ante la justicia. Las víctimas deberán contar con mecanismos efectivos para acceder cualquier información requerida que contribuya con sus derechos. Esto implicaría acompañar los programas de acceso a la justicia con campañas de capacitación para manejar el recurso. Para la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, es importante el deber del Estado en cuanto a garantizar la seguridad y protección a las víctimas, por ello es relevante la implementación de medidas para la protección política, judicial y administrativa para las personas en situación de riesgo o peligro, las cuales estén encaminadas a prevenir que las víctimas sean nuevamente sujeto de abusos contra sus derechos fundamentales (Van B, et al, 2004). Es fundamental educar y capacitar a toda la sociedad sobre los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, puesto que además de ser un mandato internacional constituido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, constituye un pilar fundamental para el desarrollo de las bases sociales de los países, en tanto la educación en Derechos Humanos fomenta la prevención de abusos hacia los mismos, pues entre más se conozcan hay mejores posibilidades de exigirlos y hacerlos respetar. Las garantías de no repetición como aspecto para la reparación de las víctimas, apunta a la reconciliación colectiva por medio de la reconstrucción del tejido humano roto por actos de violencia, fomentando una inclusión social, reconociendo el dolor y el sufrimiento que estas personas han vivido, pero sobre todo asegurando que tengan las mismas oportunidades y puedan acceder a los derechos y garantías que el Estado debe proporcionar. En otras palabras, esa reparación para las víctimas de conflictos armados exige la participación de todos los actores tanto estatales como no estatales, lo que se conoce como sistemas de gobernanza. Dado lo anterior el Estado debe entenderse como negociador entre los diversos actores políticos (Beck U, Lash S, & Giddens A. 1997.pp.75) facilitando los fines que se plantea la justicia transicional por medio de la reparación. 23
Por tanto, las garantías de no repetición, política y jurídicamente se han concebido como el conjunto de medidas propicias para una transformación completa, integral y positiva de las instituciones del Estado para evitar tanto la continuidad como la reaparición de los abusos contra los Derechos Humanos.
REPARACIÓN NO MATERIAL O SIMBÓLICA. La reparación simbólica también denominada “satisfacción de las víctimas”, ha de incluir, cuando sea pertinente y procedente, la totalidad o parte de las siguientes medidas: a.	La verificación de los hechos y la revelación pública y completa de la verdad, en tanto esa revelación no provoque más daños o amenace la seguridad y los intereses de la víctima, de sus familiares, de los testigos o de personas que han intervenido para ayudar a la víctima o impedir que se produzcan nuevas violaciones. b.	La búsqueda de las personas desaparecidas, de las identidades de los niños secuestrados y de los cadáveres de las personas asesinadas y la ayuda para recuperarlos, identificarlos e inhumarlos según el deseo explícito o presunto de la víctima o las prácticas culturales de su familia y comunidad. c.	Una declaración oficial o decisión judicial que restablezca la dignidad, la reputación y los derechos de la víctima y de las personas estrechamente vinculadas a ella. d.	Una disculpa pública que incluya el reconocimiento de los hechos y la aceptación de responsabilidades. e.	Conmemoraciones y homenajes a las víctimas. (Núñez & Zuluaga, 2012, p.212) Generalmente puede contener dimensiones meramente semánticas o emocionales, incluye múltiples actividades y actitudes cuyos propósitos amplios pueden verse como el cierre o alivio de las heridas/traumas no reparables o compensables, la facilitación del perdón —un factor central y aún de definición ambigua para buscar la reconciliación nacional—, la preservación colectiva de la memoria de lo ocurrido y la dignificación de las víctimas. Aunque la resolución de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU 24
agrupa todas las medidas simbólicas consideradas bajo la denominación de “medidas de satisfacción”, es posible estructurar modelos en tres espectros o dimensiones, como se verá a continuación. Primera: La que busca afectar positivamente y de forma restaurativa la esfera moral individual de la dignidad, o brindar “satisfacción moral”. Segunda: La que busca paliar en cierto grado la decepción individual y social —incluso los revanchismos o las actitudes retaliativas— ante la falta de aplicación de justicia, o brindar “satisfacción judicial”. Tercera: La que tiene impacto duradero en el manejo social de la verdad sobre lo ocurrido, de preservación de la memoria colectiva y de aseguramiento de la transmisión tangible e intangible de un “pasado irrepetible” o medidas de “satisfacción memorial”. (Vera, 2008, p. 763) No obstante lo anterior, existen unos mínimos frente a la concepción de algunos aspectos en el marco de los estándares internacionales para la reparación no material o simbólica. Es así como por ejemplo, las medidas de restauración de la dignidad están referidas esencialmente a la restauración moral individual de las víctimas y puede verse como un conjunto de actitudes favorables directas por parte de los perpetradores, el Estado y sus funcionarios -especialmente los de “alta política”, por su nivel de representatividad y el considerable impacto de sus aserciones en la opinión pública-. La nueva ocupación de las plazas públicas no significa la eliminación de la responsabilidad política antecedente. Involucra una cierta combinación de cuatro predisposiciones actitudinales o actividades: la disculpa, el resarcimiento —o actitud/ compromiso reparador—, la generosidad y el desagravio oficial o rectificación. (Vera, 2008, p. 764). Las disculpas, en su acepción profunda, pueden verse como una actitud de voluntaria susceptibilidad y humillación individual frente al agraviado —en una vinculación interpersonal—, que se puede expresar en tres elementos: reconocimiento, emoción y vulnerabilidad. Con el reconocimiento, el victimario acepta su responsabilidad por lastimar a la víctima con sus acciones y también que su conducta causó un daño real e injusto, sin apelar a excusas evasoras de responsabilidad ni a justificarse en los medios y/o en los resultados con “buenas razones” morales o políticas/ideológicas. La emoción va más allá del reconocimiento de la culpa, pues procura y demuestra remordimiento o vergüenza por parte del victimario por lo que ha hecho. La vul25
nerabilidad tiene que ver con un cambio cualitativo en la posición de poder entre víctima y victimario. Una de las realidades del delito es que el ofensor ha afirmado su control/dominio físico y psicológico sobre la víctima a fin de cometer sus propósitos. Al disculparse, reconociendo el mal, comprometiendo arrepentimiento visible y “sometiéndose” a la respuesta de la víctima, el victimario “devuelve el control” al agraviado, quien puede decidir si acepta o no la disculpa, y gracias a ese espacio de interacción facilitado por esta política pública de reparación, puede hacerse moralmente “superior” por su “poder absolutorio”. (Vera, 2008, p.764). El Resarcimiento, referenciándolo como actitud y acción, es una predisposición del agresor, favorable a hacerse partícipe en toda medida de reparación material, simbólica y de relaciones humanas en convivencia. Evidencia un compromiso personal para restaurar, restituir y/o compensar a la víctima en todo, en cuanto ha sufrido una pérdida, daño o menoscabo tanto por las características del hecho injusto, como por la cadena de consecuencias adversas desatadas tras el mismo. (Vera, 2008, p. 764) El desagravio/rectificación es una medida de satisfacción que si bien está orientada a la restauración de la dignidad moral en semejanza relativa a la acción de disculpa por su funcionalidad restaurativa, se diferencia de esta por su carácter oficial y colectivo, en donde se pretende más que una renovación de las relaciones de igualdad entre los individuos o una recuperación de las relaciones transversales rotas por el delito, el restablecimiento de la confianza mutua entre las víctimas, la sociedad y el Estado. Las acciones puntuales, de acuerdo con la resolución de la Asamblea General en este sentido, son: la declaración oficial o la decisión judicial publicitada para restablecer la dignidad de las víctimas, su reputación y la plenitud de sus derechos, explicitando las personas vinculadas a la investigación, y el ofrecimiento público de la disculpa oficial, incluyendo el reconocimiento de los hechos injustos o violatorios y la atribución de responsabilidades en los mismos (Vera, 2008, p. 765). En otras palabras, la rectificación oficial tiene cercanía con el reconocimiento individual de la culpa/responsabilidad, pero el poder de su significado es más amplio. Siguiendo el trabajo de Hayner con respecto a la dimensión de la verdad en la justicia transicional, se denota una observación común entre los analistas de las comisiones de la verdad, siendo el profesor Nagel (Universidad de NY) el primero en postularla cuando dice: es diferente el conocimiento al reconocimiento. El primero posibilita las sanciones, la atribución individual de responsabilidades y la difusión pública de la verdad de 26
lo ocurrido, mientras el segundo involucra una declaración contundente y oficial de los crímenes y errores del Estado (Hayner, 2001, pp. 133-134). Según Hayner (2001), como el ocultamiento y el engaño detrás de los abusos violentos fueron aspectos tan centrales de la atrocidad, el reconocimiento oficial es necesario para romper con esa negación reiterada que disfraza la verdadera naturaleza de un régimen autoritario. Aunque los eventos del pasado hayan sido suficientemente registrados y/o publicados, existe una gran posibilidad de que fueran políticamente controvertidos desde las instancias oficiales o tergiversados/atenuados en su gravedad, justificando fines políticos (p. 135). Aunque aparentemente este esfuerzo de dignificación no tenga ningún efecto sobre el bienestar de las víctimas directas fallecidas, contribuye a su buena reputación póstuma, a la intensificación de la búsqueda de los responsables individuales, y al cambio en las relaciones de entendimiento generacional entre las víctimas de injusticias históricas y los contemporáneos, lo que tiene como resultado una transformación de la actitud social actual con respecto a esas injusticias y la aceptación de unos “deberes sobrevivientes” en reparación hacia los descendientes de las víctimas fallecidas (Meyer, 2006, pp. 413-414.). Por otro lado, se ha percibido la necesidad de estructurar una satisfacción memorial o verdad histórica, lo cual representa toda actividad e instrumento de construcción de la memoria colectiva con base en las amplias relatorías sobre el dolor y el sufrimiento común, en la búsqueda de una amalgama o “telón de fondo” que posibilite la reconciliación mediante el reconocimiento colectivo de un pasado violento perjudicial para todos, que no puede repetirse y que es preciso perpetuar en su recuerdo simbólico para evitar que en el futuro las fracturas o desavenencias sociales, políticas, económicas y culturales, vuelvan a desembocar en abusos o en enfrentamientos sangrientos. Esta base común de memoria no es fácil de edificar porque podría entrar en conflicto con la verdad judicial o con los recuerdos segmentados de las partes (Vera, 2008, p. 768). Con respecto a estos legados que impactan la memoria más allá de los procesos de transición, los cuales deben ser tratados a largo plazo con una orientación reparatoria de la verdad, es indispensable identificar y revisar los juegos de lealtades, las creencias políticas, la profundidad del arraigo a ideas clave para la reconciliación y/o el perdón (como las teológicas), la naturaleza de las élites y de la oposición con la proporción de su influencia en el nuevo escenario, el bloqueo o resistencia al cambio de instituciones políticas, 27
económicas y culturales o “enclaves” autoritarios en la sociedad, los focos de persistencia del miedo, etc., con el fin de definir un nuevo demos compatible con la democratización (Barahona, Aguilar & González, 2002, pp. 44-49). En el plano colectivo, las medidas de carácter simbólico a título de reparación moral, tales como el reconocimiento público y solemne por parte del Estado de su responsabilidad, las declaraciones oficiales restableciendo a las víctimas su dignidad, las ceremonias conmemorativas, las denominaciones de vías públicas, los monumentos, permiten asumir mejor el deber de la memoria. (Joinet, 1996) Consisten en materializar cualquier acto tendiente a restablecer la dignidad de las víctimas frente a la sociedad, además de difundir la verdad de los hechos, según lo dispuesto en el Principio 24 (Van B, et al, 2004). Dado todo lo anterior, debe haber un reconocimiento del sufrimiento causado a las víctimas por parte de los victimarios, acompañado de disculpas públicas sin justificación alguna, incluyendo tanto su responsabilidad como el compromiso de no volver a cometer dichos delitos, al igual que una sanción mínima, con la finalidad de generar confianza social en las instituciones estatales, y proporcionar una sensación de justicia para las víctimas, de acuerdo con cada caso especial que prioriza la justicia y la reparación. Precisamente, nunca deberá haber ausencia total de la sanción, pues los perdones absolutos crean rencores y cultivan la necesidad de venganza, un completo obstáculo para el proceso de paz (Cuervo & Hinestroza, 2007, pp. 15-19). En suma, la reparación simbólica se caracteriza por su fuerte carga subjetiva, e incluye acciones y actitudes que pretenden afectar con intencionalidad reconciliatoria y conmemorativa desde lo más abstracto -como la manera personal en que se percibe “al otro”-, hasta lo más esencial -como la forma oral de comunicarse o el manejo del discurso-. Puede contemplar por ejemplo, la realización de espacios de interacción pedagógica en convivencia para la paz y la solución alternativa de los conflictos, de intercambio cultural y reconocimiento mutuo entre grupos conflictivos, la realización de múltiples actividades académicas como foros, conferencias, seminarios, talleres con exposición audiovisual y testimonial y, en general, toda actividad o valor que pretenda identificar y romper con las lógicas detrás de los usos y costumbres o legados autoritarios/discriminatorios de un pasado violento, reconociendo que el sufrimiento fue transversal a las víctimas de todas las partes sin importar su origen (Vera, 2008, p. 769).
La tipificación de víctimas de las Fuerzas Militares en Colombia Históricamente, tanto en el escenario internacional como en el escenario nacional, se ha discutido sobre cómo humanizar los ejercicios degradantes de una guerra o de un conflicto armado, con el propósito de evitar males innecesarios y progresar en estrategias avanzadas de identificación, de reconocimiento y de atención a las víctimas. Se ha discutido sobre quiénes son las verdaderas víctimas de un conflicto, es decir, la necesidad de proteger a los sujetos pasivos de un conflicto, de ahí que se discuta si víctimas son únicamente quienes no participan en el conflicto, o también los miembros de las Fuerzas Armadas que participan y sufren las nefastas dinámicas de un conflicto. Las principales víctimas son aquellas que se configuran como sujetos pasivos sin intensión de ser parte de las hostilidades de un conflicto, por lo que de forma consuetudinaria se ha promovido la constitución de criterios para protegerlas en conflictos de carácter internacional o interno. No obstante, el Derecho Internacional Humanitario ha desarrollado formas de proteger a todas las personas afectadas por los conflictos armados. Es así como el Comité Internacional de la Cruz Roja (en adelante CICR), sostiene que Henrry Dunnant sugirió instituir una organización para socorrer a los militares heridos con el propósito de humanizar un poco la guerra. De aquí que en Ginebra en 1963 se fundara el CICR para cumplir tal propósito humanista en tiempos de guerra. Consecuentemente, el primer tratado sobre la protección de las víctimas militares de la guerra fue elaborado y firmado en 1864 en medio de una Conferencia Diplomática convocada por el gobierno Suizo. A pesar de que evidentemente es un tratado bastante tímido e incipiente, constituye un hito en la protección de militares afectados por el conflicto, ya que se inicia la gran discusión de cómo protegerlos ante las lógicas destructoras de la guerra. Ya en 1899, la protección internacional se extendió a los miembros de las fuerzas armadas en el mar, los enfermos y los náufragos3 . Por su parte, en 1929 se ampliaron estas iniciativas de protección a los prisioneros de guerra, principalmente miembros de las fuerzas armadas, con lo que se determina y se fortalece la idea de proteger y configurar los tipos de víctimas que se generan de las hostilidades e integrantes de las fuerzas armadas del mundo. Véase para su ampliación el Derecho Internacional Humanitario y la protección de víctimas de la guerra. Recuperado en: https://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/5tdle2.htm 3
Así mismo, en el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra se establece lo siguiente: “Las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera de combate por enfermedad, herida, detención o por cualquier otra causa, serán, en todas las circunstancias, tratadas con humanidad, sin distinción alguna de índole desfavorable basada en la raza, el color, la religión o la creencia, el sexo, el nacimiento o la fortuna o cualquier otro criterio análogo. A este respecto, se prohíben, en cualquier tiempo y lugar, por lo que atañe a las personas arriba mencionadas: a) los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles, la tortura y los suplicios; b) la toma de rehenes; c) los atenta dos contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes; d) las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal legítimamente constituido, con garantías judiciales reconocidas como indispensables por los pueblos civilizados. 2) Los heridos y los enfermos serán recogidos y asistidos”. Se pueden inferir aquí dos grandes avances en la protección ampliada de víctimas y de las personas afectadas directamente o indirectamente por las hostilidades de un conflicto armado. Sobre el primer aspecto, claramente los miembros de las fuerzas armadas del Estado se tipifican como víctimas del conflicto cuando hayan depuesto las armas o hayan sido puestas por fuera de combate, por enfermedad, heridas y/o detención. Sobre el segundo aspecto se infiere que se amplía de forma categórica la configuración de víctimas, a todos los miembros de las fuerzas armadas que se alineen como sujetos pasivos de conductas como los tratos crueles, tortura, tratos humillantes o degradantes y heridos o enfermos. Por tanto, constituyen tipos característicos de víctimas integrantes de las fuerzas armadas. En el escenario nacional, la Sección Tercera del Consejo de Estado en 2014 sostuvo que los militares fueron víctimas del conflicto y por culpa del Estado. Así pues, aseveraron que “los militares fueron víctimas del propio Estado”, además, que toda persona que preste su servicio militar no deja de ser ciudadano con derechos, y como tal, debe ser protegido por el Estado (Semana 2014).
Así también, se instituyó que el término “víctima” incluye de forma comprensiva a la familia inmediata de la víctima directa. Es de destacar que el alto tribunal acuña el concepto de ciudadano-soldado para establecer que el personal militar no debe quedar excluido de las garantías constitucionales y las derivadas de todo el régimen de Derechos Humanos (ídem). En esa línea, se apeló al principio de Universalidad al sostener que “Tiene plena aplicabilidad y vigencia el concepto universal de víctimas porque por efecto del conflicto armado se puede dar las violaciones al DIH tanto en contra de quienes hacen parte del conflicto de manera activa (los combatientes), o de la población civil” (El Tiempo 2014). Con lo anterior se interpreta que distinguir entre víctimas civiles y víctimas militares, demeritando a las segundas, resulta además de improcedente, problemático tanto para los procesos de reconocimiento, dignificación y reconciliación como para la construcción de una paz sostenible y duradera de forma pluralista e incluyente. Este es el hito nacional más importante sobre el reconocimiento de víctimas militares en medio de las hostilidades del conflicto armado, con lo que se determina de forma amplia que son acreedores de todas las decisiones normativas orientadas a reconocer, reparar y dignificar las víctimas del conflicto colombiano. Conclusiones Los regímenes internacionales sobre reparación integral establecen que es menester crear modelos de reparación material y no material en aras de una reconciliación nacional y de una paz sostenible. En ese sentido, se establece que para implementar mecanismos de reparación integral, se debe cumplir imperativamente con cinco modalidades: la restitución, la indemnización, la rehabilitación, la satisfacción memorial y las garantías de no repetición. Así entonces, se constituyen los estándares internacionales de reparación de víctimas en el marco de la justicia transicional. La reparación simbólica se caracteriza por su fuerte carga subjetiva, incluye acciones y actitudes que pretenden afectar con intencionalidad reconciliatoria y conmemorativa desde lo más abstracto -como la manera personal en que se percibe “al otro”-, hasta lo más esencial -como la forma oral de comunicarse o el manejo del discurso-. 31
En Colombia el Consejo de Estado ha creado el concepto de ciudadano-soldado, el cual hace referencia a que los miembros de las Fuerzas Militares en ningún momento dejan de ser un sujeto de derechos y garantías constitucionales. Por lo que es fundamental que sean tratados como víctimas directas del conflicto armado y, en consecuencia, sean acreedores de los modelos de reparación integral propuestos por el Estado Colombiano.
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MILITARES VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO Andrea Rodríguez Gómez
MILITARES VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO*
Andrea Rodríguez Gómez 4
esde la configuración de un conflicto sin carácter internacional, la víctima tiene una valoración real de lo que significa ser afectado directa o indirectamente por agresiones y hostilidades que se generan entre las partes involucradas en el conflicto. Dentro del escenario actual del Estado colombiano, con el Acuerdo del fin del conflicto con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) cuyos principales puntos son la justicia, la verdad y la reparación, es necesario resaltar que “las Fuerzas Militares y sus familias, como actores receptores de la violencia ejercida por las Farc durante años, se ha dejado de lado dentro de la categorización de víctimas.” Los militares se entregan a la defensa de la soberanía, ofrendando muchas veces su vida en actos propios del servicio. La muerte o lesiones permanentes de muchos de ellos son consecuencia de la violación a las normas estipuladas en el Derecho Internacional Humanitario. Por su parte, la evolución de la jurisprudencia ha regulado la guerra con el fin de que los combatientes no pierdan su grado de humanidad. Humanizar *Capítulo de libro vinculado al Proyecto de Investigación ‘Construcción de Memoria Histórica Militar en el Conflicto y en el Posconflicto Colombiano’, que hace parte de la línea de Investigación ‘Memoria Histórica, Construcción de Paz, Derechos Humanos, DICA y Justicia’ del grupo de investigación ‘Memoria Histórica, Construcción de Paz, Derechos Humanos, DICA y Justicia’, reconocido y categorizado en (B) por Colciencias registrado con el código COL0141423 vinculado al Centro de Investigación en Memoria Histórica Militar (CIMHM) y a la Maestría en Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Derecho Internacional de los Conflictos Armados (DICA), adscritos y financiados por la Escuela Superior de Guerra “ General Rafael Reyes Prieto” de la Republica de Colombia. Internacionalista con énfasis en Seguridad de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Candidata a Magister en Estrategia y Geopolítica de la Escuela Superior de Guerra ‘General Rafael Reyes Prieto’. Investigadora y asesora de proyectos de investigación del Centro de Investigación en Memoria Histórica Militar de la Escuela Superior de Guerra ‘General Rafael Reyes Prieto’. 4
al militar es reconocer que puede convertirse en. En Colombia ha tenido lugar un prolongado conflicto armado interno, en el que los integrantes de las Fuerzas del Estado han sido utilizados como escudos de protección de la población civil, y no como los civiles que son ante la constitución y las leyes” (Rodríguez C. , 2014). Esto incidiría en una paz con altos niveles de desigualdad e impunidad, y con el riesgo de generar repetición de incidentes del conflicto armado interno. La Constitución Política de Colombia de 1991, en su artículo 93 declara que “los pronunciamientos judiciales de los organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Penal Internacional y de la Organización de las Naciones Unidas, no son solamente vinculantes sino, por conducto del bloque de constitucionalidad, se incorporan al ordenamiento jurídico nacional y son de prevalencia de orden interno” (Fuentes, K & Moreno, N, s.f). De allí se deriva la necesidad de establecer en el ámbito internacional qué tratamiento se ha dado en otros conflictos internos armados a las víctimas, sobre todo a aquellas provenientes de la Fuerza Pública. Para el desarrollo del presente texto, se hará en primer lugar, un análisis comparativo de dos estudios de caso particulares sobre la caracterización de las víctimas militares en el contexto internacional, resaltando la guerra civil de El Salvador, caso de estudio del que se podrán extraer enseñanzas para el escenario colombiano. En segundo lugar, se expone el concepto de víctima militar desde el Derecho Internacional Humanitario para dar a entender por qué Colombia es el primer país en el sistema internacional que reconoce a sus militares como víctimas del conflicto armado. Posteriormente se analizará el Régimen Especial de Reparación para víctimas de la Fuerza Pública en el marco del Conflicto armado, así como las rutas, mecanismos y procedimientos para la reparación ellas, a la luz de la Ley 1448 de 2011, todo esto para comprender por qué los miembros de las Fuerzas Militares de Colombia deben ser reparados como víctimas y cuáles deben ser los procedimientos de reparación para lograr un acto de reparación legítimo, justo e igualitario entre civiles y militares.
Análisis comparativo sobre la tipificación de víctimas de la Fuerza Pública, caso de estudio: El Salvador En el Sistema Internacional han tomado relevancia los conflictos internos debido a que desde la Guerra Fría, no existe una confrontación formal que involucre una gran diversidad de Estados como sucede en las guerras mundiales. Kenneth Walts, teórico de las Relaciones Internacionales, hace énfasis en el “contexto multipolar”, escenario global actual en el cual diferentes actores - tanto estatales como no gubernamentales- dictaminan las pautas de lo que sucede, establecen las reglas de juego del escenario mundial, y se hacen cargo de la agenda de problemas significantes que deben ser tratados en la sociedad global, por lo que este tipo de problemas se hacen más interesantes (Marrero, 2009). Además, no existen enfrentamientos entre países democráticos, por ello el análisis de este tipo de dinámicas internas se hace relevante. En este sentido, y como lo enuncia la profesora Ruth Elizabeth Pardo Pérez “los conflictos internos inciden en la política internacional de tres formas: primero, crean serias amenazas para la paz y la seguridad regionales e internacionales. Segundo, tienen efectos transnacionales importantes que requieren de la atención de la comunidad internacional y de los países directamente afectados. Tercero, imponen dilemas a los Estados que se han adherido a los instrumentos del derecho internacional humanitario”. (Pardo, 2015) Se hacen así relevantes los conflictos armados internos para las relaciones internacionales, aun cuando para el caso particular del conflicto interno colombiano, no ha presentado dentro de sus características esos tres factores. El conflicto colombiano ha trascendido las fronteras territoriales, especialmente en Venezuela y Ecuador, vulnerando la seguridad de estos países vecinos, además, de generar un gran nivel de desplazamiento poblacional, lo que implica un traslado de problemas sociales a otras instancias nacionales e internacionales. Por otra parte, organismos internacionales como la ONU -del cual Colombia es uno de los países latinoamericanos con mayor representación en sus dependencias- y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos (MAPP-OEA), tienen contacto con los actores involucrados en el conflicto interno armado, y realizan permanente evaluación y seguimiento en el terreno para generar soluciones a través de análisis locales con perspectivas internacionales. 39
Lo vivido por El Salvador puede ser tomado como una enseñanza para el escenario actual colombiano, esto teniendo en cuenta que ambos Estados se vieron enfrentados a conflictos armados internos. Han pasado 23 años desde el fin de la guerra civil salvadoreña. La ley que permitió la amnistía de agentes estatales y excombatientes guerrilleros en el marco de un acuerdo de paz que puso fin al conflicto armado (1980- 1992), fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de ese país. Esto sacudió a la sociedad salvadoreña y contiene señales clave para Colombia (Martín, 2015) El hecho tiene un doble impacto a nivel interno: puede reabrir viejos casos y heridas, tanto así que los ex integrantes de la guerrilla Farabundo Martí de Liberación Nacional -que se convirtió en partido político y hoy está en la Presidencia-, podrían ser investigados y sancionados por crímenes cometidos durante la guerra. Pero el hecho también abre una puerta para que las víctimas, protagonistas en el camino para la derogación de la ley, avancen finalmente hacia la reparación y la justicia. La Corte Suprema salvadoreña consideró que la amnistía de 1993 “es contraria al derecho de acceso a la justicia, a la tutela judicial o protección de los derechos fundamentales, y al derecho a la reparación integral de las víctimas de los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra constitutivos de graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario”. Esos graves crímenes no prescriben y los responsables pueden ser juzgados (Martín, 2015). Según la Comisión de la Verdad de la ONU, en El Salvador más de 75.000 personas fueron torturadas, ejecutadas extrajudicialmente y desaparecidas forzadamente durante el conflicto armado. Por otro lado, el gobierno salvadoreño no incluyó a los militares como víctimas de su conflicto interno, ya que se encontró que entre el 75 y el 80 % de los delitos fueron cometidos por militares o paramilitares. Antes de la Comisión de la Verdad, el Congreso salvadoreño aprobó la Ley de Reconciliación Nacional, en la que decía que delitos comunes y conexos cometidos por un número de personas menor a 20, podían ser amnistiables, y que no podría haber amnistía para personas que participaron en graves hechos de violencia desde 1980. Sin embargo, la condición de los militares generó tanto caos y disconformidad, que cinco días después el Congreso aprobó una ley de amnistía amplia, absoluta e incondicional, dejando sin sustento jurídico su propia Ley de Reconciliación Nacional y el informe de la Comisión de la Verdad. Hasta hoy, nadie ha sido sancionado por las graves violaciones cometidas durante la guerra. Por eso son veintitrés años de impunidad (Buergenthal, s.f). 40
La declaración de inconstitucionalidad de la Ley de amnistía despierta opiniones encontradas. Deisy Cheyenne, ex integrante de la guerrilla del FMLN y quien apoyó la comisión negociadora que firmó el acuerdo de paz en Chapultepec (1992), dice que “muchos no entendemos cómo pudimos llegar a aceptar esa amnistía, que garantizó impunidad total. Ahora se abren puertas para acabar esa impunidad, pero un montón de casos podrían reabrirse y generarían muchos problemas. Lo más probable es que los dos grandes sectores políticos que quedaron después de la guerra lleguen a un entendimiento para que no haya enjuiciamientos”. (Salgar, 2016) Facundo Guardado, ex candidato presidencial de El Salvador por el FMLN, dice que la Asamblea Legislativa solucionará el problema, sea reformando la ley o ratificándola. “El Arena (partido de derecha) y el FMLN tendrán que llegar a un pacto político”. Sostiene además que no es pertinente reflexionar sobre qué se hizo mal en el pasado, pues lo importante es entender que un proceso de paz no resuelve todos los problemas sociales y políticos. Se para la guerra, pero es el punto de partida para resolver otros asuntos pendientes (Salgar, 2016). El proceso de reparación de víctimas dentro de la firma del acuerdo de paz en Colombia será trascendental. Los veedores y organismos internacionales han establecido parámetros para la no repetición. La Asamblea General de las Naciones Unidas establece que puede darse por medio de tres mecanismos principales: 1) la disolución de los grupos armados paramilitares, 2) la derogación de disposiciones legales y jurisdicciones de excepción, y 3) la destitución de los agentes del Estado implicados en violaciones graves a los Derechos Humanos (Duque, C y Torres, L, 2014, pág. 275). Es así, que por la particularidad que presenta el CIAC, no se deben desconocer las perspectivas internacionales y la jurisprudencia sobre este tópico -vinculante para Colombia- que ayudan a transformar realidades en beneficio de una paz duradera en pro de las futuras generaciones y de la sociedad global. Por lo anterior, la recopilación de información que hasta el momento se ha realizado sobre este tema en particular, muestra que no es nuevo, y que ha sido trabajado en otros casos que dan luces sobre lo que viene después de la firma del acuerdo de paz, sobre todo en el caso de la caracterización y definición del término “víctima”, que debe ser incluyente e integral, con una reparación efectiva, sin desconocimientos de ninguna índole. Esto contribuye a que desde los lineamientos internacionales, se pueda integrar a los miem41
bros de la Fuerza Pública y sus familias para que sean tenidos en cuenta en el proceso de reparación. En la situación colombiana se dejaría de percibir a los miembros de la Fuerza Pública como agentes de la seguridad del Estado para verlos como sujetos de derechos que pueden haber sido víctimas de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, como por ejemplo las tomas a estaciones de Policía en la década de los 90, o los casos de muertes y fusilamiento en cautiverio. Para entender el punto anterior, citaremos la definición de víctima de la comisión Derechos Humanos de las Naciones Unidas (1999), la cual es expresa que “se es víctima como resultado de acciones u omisiones que constituyen violaciones de Derechos Humanos o normas del Derecho Internacional Humanitario, sufre daño físico o mental, sufrimiento emocional, pérdidas económicas o la imposibilidad de ejercer sus derechos fundamentales como persona”. De esto se deriva que las afectaciones ocasionadas a los miembros de la Fuerza Pública sean vinculantes a su núcleo familiar cuando haya sufrido la pérdida de su ser querido, además de los daños ocasionados por la desaparición de los principales proveedores de su sustento (López, 2012). Teniendo en cuenta lo que sucedió en El Salvador, es preciso señalar que con posterioridad a los acuerdos de paz, en dicho país se instrumentaron toda una serie de reformas económicas que redujeron el tamaño del Estado, expusieron la economía a una mayor competencia externa y aumentaron los incentivos a la actividad económica privada. Todo ello en el contexto de una enorme disciplina fiscal, monetaria y cambiaria (Martín, 2015). No se pretende sugerir que las causas de los dos conflictos hayan sido similares, empero, Colombia tiene mucho que aprender de lo acontecido en El Salvador, de manera que se pueda imitar lo correcto y no repetir los errores cometidos de su experiencia. La clave estará en la implementación, en el trabajo que haga la Jurisdicción Especial para la Paz, que determinará la voluntad de los actores implicados por acogerse a estos mecanismos. Dos lecciones importantes para Colombia desde El Salvador son: hay que tener cuidado con la implementación de la justicia transicional, porque cualquier falencia puede traer en el futuro no solo impunidad sino graves traumatismos para la reconciliación social, así como retrocesos institucionales que impactan la legitimidad estatal. Por otra 42
parte, el Estado debe cumplir tarde o temprano las exigencias de los organismos internacionales referentes a la protección de los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario. Hay dos formas en las que se puede resolver un conflicto armado: o bien una de las partes vence militarmente e impone su voluntad sobre la otra, o bien se alcanzan acuerdos políticos en los que no hay ni vencedores ni vencidos. A estas alturas la segunda alternativa parece la más viable a la hora de especular acerca de “cómo sería Colombia si se diese por terminado el conflicto armado”.
El Derecho Internacional Humanitario y los miembros de la Fuerza Pública como víctimas del conflicto armado en Colombia. Colombia es el primer país del mundo en reconocer a los integrantes de las Fuerzas Armadas como víctimas de un conflicto armado interno, entendiendo que el Derecho Internacional reconoce como víctimas a todas aquellas personas que han sufrido daños, lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera, o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los Estados miembros (Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas , 1985). Los miembros de la Fuerza Pública adquieren el estatus de personas protegidas por el Derecho Internacional Humanitario, y en consecuencia son potenciales víctimas cuando se encuentren en las situaciones previstas en el artículo 3° común a los Convenios de Ginebra de 1949. “Las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera de combate por enfermedad, herida, detención o por cualquier otra causa, serán, en todas las circunstancias, tratadas con humanidad, sin distinción alguna de índole desfavorable basada en la raza, el color, la religión o la creencia, el sexo, el nacimiento o la fortuna o cualquier otro criterio análogo”. (Comité Internacional de la Cruz Roja, 1949, págs. 37-38) Este artículo también expone la prohibición de las siguientes acciones 43
en contra de las personas fuera de combate, en cualquier tiempo o lugar: Los atentados contra la vida e integridad corporal -ya sea homicidio, mutilaciones-, tratos crueles, tortura y suplicios, toma de rehenes, y atentados contra la dignidad personal (Comité Internacional de la Cruz Roja, 1949). Por otro lado, la definición expone que una víctima es la persona que ha sufrido una pérdida, lesión o daño en su persona, propiedad o derechos como resultado de una conducta que constituya una violación a la legislación penal nacional, constituya un delito bajo el derecho internacional que implique una violación a los principios sobre derechos humanos reconocidos internacionalmente, que de alguna forma implique un abuso de poder por parte de personas que ocupen posiciones de autoridad política o económica (Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas , 1985). Los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra amenazan al ser humano en su conjunto por su absurda naturaleza, rompiendo así con las condiciones de vida pacífica. Lo anterior comprende las conductas tipificadas como asesinato, desplazamiento forzoso, tortura, violación, prostitución forzada, esterilización forzada (abortos forzados), persecución por motivos políticos, religiosos, ideológicos, raciales, étnicos u otros definidos expresamente, desaparición forzada, secuestro, o cualquier acto inhumano que cause graves sufrimientos o atente contra la salud mental o física de quien los sufre, siempre que dichas conductas se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque. (Ospitia, 2000). Durante los enfrentamientos, soldados, suboficiales y oficiales de las Fuerzas Armadas sufrieron atentados graves contra sus vidas y bienes, especialmente de delitos como el homicidio intencional, la tortura, los tratos inhumanos, la destrucción o la apropiación de bienes, el confinamiento ilegal y la toma de rehenes. (Servicio de asesoramiento en Derecho Internacional Humanitario del Comité Internacional de la Cruz Roja, s.f). Los miembros de las Fuerzas Militares, al igual que la sociedad civil, son sujetos de derechos, lo cuales les han sido vulnerados al ser objeto de crímenes de lesa humanidad en medio del conflicto armado colombiano. El colombiano ha sido un conflicto en el cual la Fuerza Pública ha puesto miles de vidas. El número de miembros de esta asesinados en actos del ser44
vicio en el año 2.007, fue de 717 -entre militares y policías-, mientras que en el periodo que va desde enero a agosto del año 2015, se redujo a 142 (575 militares menos). (Ministerio de Defensa Nacional, 2015)
Tomado del Informe: Logros de la Política Integral de Seguridad y Defensa para la Prosperidad. Ministerio de Defensa. Agosto de 2.015
Del año 2006 al año 2015 se pasó de 1.232 casos de víctimas de minas antipersona y artefactos explosivos abandonados a181 casos en los primeros ocho meses del año 2.015. La reducción es de 1.051 eventos, pero aún son 181 militares víctimas de incapacidad permanente, lo cual es un drama inmenso, pues no debería existir un solo colombiano herido por esta causa (Ministerio de Defensa Nacional, 2015).
a lo estipulado por el Derecho Internacional de los Conflictos Armados, que indica que la condición de víctima la tienen aquellas personas que no participan directamente en las hostilidades o han dejado de participar en las mismas. Esta noción incluye a los miembros de las Fuerzas Militares que hubiesen dejado de participar en las hostilidades, ya sea por haber depuesto las amas o que hayan sido puestos fuera de combate por enfermedad, herida o detención, teniendo en cuenta que estas circunstancias proporcionan el estatus de persona protegida (Comando General de las Fuerzas Militares , 2014). La Ley de Justicia y Paz, por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley y así contribuir de manera efectiva a la construcción de la paz nacional, indica en su Aartículo No.5 que se entiende por víctima a la persona que haya sufrido de daños directos de forma individual o colectiva, lesiones transitorias o permanentes que ocasionen discapacidades físicas, sensoriales, psicológicas, pérdidas financieras o violación a sus derechos fundamentales, también se indica que los miembros de las Fuerzas que hayan sufrido alguna de estas lesiones transitorias o permanentes como consecuencia de las acciones de algún integrante de los grupos armados organizados al margen de la ley, se 46
considerarán como víctimas (Fiscalia General de la Nación, 2005). El cónyuge o compañero/a permanente de la víctima directa y los familiares en primer grado de consanguinidad, también se tendrán por víctimas. Esta condición de víctima se adquiere sea o no identificado, procesado o condenado el autor de los hechos victimizantes (Fiscalia General de la Nación, 2005). En 1997 con la Ley 418 se dieron los primeros pasos en Colombia para esclarecer la utilización adecuada de la palabra “víctima” dentro de un escenario del conflicto armado interno. En el artículo 15 de la misma, indica que se entiende por víctimas a los integrantes de la sociedad civil que sufren perjuicios en su vida, grave deterioro en su integridad personal y/o bienes, por razón de actos perpetrados en el marco del conflicto armado, tales como atentados terroristas, combates, ataques y masacres entre otros (Congreso de Colombia , 1997). El Estado colombiano, en la Ley 1448 de 2011, expone en su artículo 3 que se consideran víctimas aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1° de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. (Congreso de la República de Colombia , 2011) El párrafo 1° del mismo artículo, determina que cuando los miembros de la Fuerza Pública sean víctimas en los términos de esta ley, su reparación económica corresponderá por todo concepto a la que tengan derecho de acuerdo al régimen especial que les sea aplicable. De la misma forma, tendrán derecho a las medidas de satisfacción y garantías de no repetición señaladas en la presente ley. (Congreso de la República de Colombia , 2011) Colombia ha sido afectada por diversos actores en el conflicto armado, por tanto los mecanismos de justicia transicional deben cubrir a todos los grupos alzados en armas, para que estos tampoco vuelvan a arremeter contra la población civil, en caso de seguir con otros procesos de paz. De lo contrario, la población volverá a sufrir el mismo daño, pero de diferente victimario, lo cual simplemente violará las garantías de no repetición. En razón a esto es necesario aplicar la enseñanza y prevención en Dere47
chos Humanos, pero estos deben ser adecuados, estos deben ser enseñados a toda la población para que conozca su importancia y la gravedad de violarlos, ya que de lo contrario las Fuerzas Militares cumplirían dicha regulación, pero los actores paraestatales no dejarán de violar Derechos Humanos, violando las garantías de no repetición.
El régimen especial de reparación para víctimas de la Fuerza Pública en el marco del Conflicto armado Teniendo en cuenta que la reparación es un factor fundamental para la terminación del conflicto en Colombia, la caracterización del concepto “víctima” para los miembros de las Fuerzas Armadas y sus familias, impulsará el tratamiento y el reconocimiento que se les debe dar a las víctimas en el proceso de reconciliación en cuanto a la verdad, justicia, reparación y no repetición de los hechos mediante la normatividad nacional. Por ello, el reconocimiento de las víctimas a través de un proceso de paz, permite impartir justicia igualitaria, coadyuvando a mejorar el perdón y la reconciliación de la sociedad. La Corte Penal Internacional amplía el grado de interpretación sobre la identificación y reparación de las víctimas. Es decir, abre el espectro para contemplar al personal de la Fuerza Pública y a sus familias como parte de este proceso para el reconocimiento, reparación, verdad y justicia. La Primera sentencia de la Corte Penal Internacional sobre la reparación a las víctimas del 7 de agosto de 2012, manifiesta que el Derecho a la reparación es un derecho humano bien establecido en distintos tratados internacionales de Derechos Humanos. Las víctimas deben ser tratadas de forma justa y equitativa, pudiendo ser consideradas como tales tanto las que han participado en el proceso, como las que no lo han hecho. En este sentido, se deben tener en cuenta las necesidades de todas las víctimas y de las personas de edad avanzada, las de los discapacitados y las de las víctimas de violencia sexual. Las víctimas deben ser tratadas con respeto y dignidad, las medidas de reparación serán tomadas sin ningún tipo de discriminación tal como la edad, la etnia, el sexo o el género (Corte Penal Internacional , 2012).
Tomado de: El Tiempo, 24 de octubre del 2014.
Las reparaciones deben ser accesibles a todas las víctimas, que deberán recibir reparaciones apropiadas, rápidas, adecuadas. y proporcionales a los perjuicios, al sufrimiento, a las pérdidas y al daño resultante de los crímenes (Corte Penal Internacional , 2012) Los militares víctimas del conflicto y las familias de aquellos que fueron afectados por minas antipersonal, desaparición, ejecución en cautiverio, mutilación por explosivos, tortura o secuestro, han entrado en la ruta de reparación para las víctimas del conflicto armado. Esto con el fin de garantizar los derechos a la verdad, justicia y reparación de los miembros de las Fuerzas Militares y evitar que los delitos graves contra los uniformados queden en la impunidad. La Sentencia C-161/16 del año 2016, presenta a los militares víctimas del conflicto como personas con derecho a la reparación, a un tratamiento diferenciado que resulte adecuado y efectivamente contundente. Teniendo en cuenta que los militares tienen derecho a reparación integral, se comprenden las medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantía de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica (Norma sobre Derecho a la Reparación de Miembros de la Fuerza Pública como víctimas del Conflicto Armado , 2016).
En la Ley 975 se contempla el derecho a la verdad, la justicia, y el debido proceso a las víctimas, lo anterior como proceso de reconciliación nacional, está en su artículo N° 8 indica que el derecho de las víctimas a la reparación comprende las acciones que propendan por la restitución, indemnización, satisfacción, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. El Congreso de la República de Colombia expone una serie de medidas de reparación comprendidas para el año 2005 bajo el marco de la Ley 975, entre estas medidas están: •	La reparación, como la realización de las acciones que tengan el objetivo de regresar a la víctima a una situación similar a la anterior a los hechos victimizantes. •	La rehabilitación, que consiste en realizar acciones pertinentes para la recuperación de víctimas que sufren traumas físicos y psicológicos como consecuencia del delito. •	La satisfacción moral, que implica realizar ejercicios dirigidos a restablecer la dignidad de la víctima y difundir la verdad sobre lo sucedido. •
Las garantías de no repetición perciben la desmovilización y desmantelamiento de los grupos armados al margen de la ley.
La reparación simbólica es la prestación realizada a favor de las víctimas o de la comunidad en general, que tienda a asegurar la reservación de la Memoria Histórica -en este caso la Memoria Histórica Militar-, la no repetición de los hechos victimizantes, la aceptación pública de los hechos, el perdón público y el restablecimiento de la dignidad de las víctimas (Fiscalia General de la Nación, 2005).
El artículo 3 de la Ley de víctimas y restitución de tierras, como marco normativo propiciado a instancias gubernamentales y como parte de la pre negociación con los grupos armados al margen de la ley, estableció que dentro de un marco de justicia transicional, se debe hacer efectivo el goce de los derechos a la verdad, justicia y la reparación con garantía de no repetición, reconociendo las condiciones de las víctimas y se dignificando a las mismas a través de la materialización de su derechos constitucionales (Congreso de la República de Colombia , 2011). 50
No obstante, los integrantes de las Fuerzas Militares que hayan sufrido un daño ocasionado por la comisión de infracciones graves a los Derechos Humanos o al Derecho Internacional Humanitario desde el 01 de enero de 1985, al igual que sus esposas o esposos y familiares en primer grado de consanguinidad de la víctima directa - cuando a esta se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida-, son víctimas para los efectos de la Ley de víctimas 1448 del 2011 (Norma sobre Derecho a la Reparación de Miembros de la Fuerza Pública como víctimas del Conflicto Armado , 2016) La diversidad en el tratamiento prestacional de las militares víctimas tiene su origen en la naturaleza riesgosa de las funciones que desarrollan y en el fin constitucional de compensar el desgaste físico y mental que implica el estado latente de inseguridad al que se somete al militar y a los miembros de su familia durante largos períodos de tiempo. Por tanto, la restricción en materia de indemnización económica no excluye el reconocimiento de medidas de satisfacción y las garantías de no repetición. Sin embargo, la omisión de una referencia a otras medidas como la restitución y la rehabilitación no implican su exclusión, siempre que no estuvieren previstas en los regímenes especiales que los amparan en su condición de integrantes de la Fuerza Pública. (Norma sobre Derecho a la Reparación de Miembros de la Fuerza Pública como víctimas del Conflicto Armado , 2016, pág. 4) Esta Ley regula lo que concierne a la ayuda humanitaria, atención, asistencia y reparación a víctimas del conflicto armado, entre las cuales se encuentran centenas de militares que sufrieron hechos atroces, por tanto, la Ley de víctimas ofrece herramientas para que estas personas reivindiquen su dignidad y asuman su plena ciudadanía (Congreso de la República de Colombia , 2011) Para que el Estado colombiano consiga un proceso de paz efectivo, debe acoger los parámetros internacionales respecto a las garantías de no repetición dentro de su ordenamiento jurídico interno, implementándolos en mecanismos internos, desarrollándolos acorde con la realidad colombiana y haciéndolos permanentes.
Rutas, mecanismos y procedimientos para la reparación a las víctimas de la Fuerza Pública a la luz de la Ley 1448 de 2011 La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011) contempla que las medidas de atención, asistencia y reparación aplicadas por el Estado, deben tener la finalidad de contribuir a que las víctimas sobrelleven su sufrimiento y al restablecimiento de los derechos que les han vulnerado. Estas medidas se entenderán como herramientas transicionales para responder y superar las violaciones ya expuestas. “Las medidas de atención, asistencia y reparación contenidas en la ley 1448, así como todas aquellas que han sido o que serán implementadas por el Estado con el objetivo de reconocer los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación, no implican reconocimiento ni podrán presumirse o interpretarse como reconocimiento de la responsabilidad del Estado”. (Congreso de la República de Colombia , 2011) Las medidas de reparación que se comprenden son: la restitución, la indemnización, la rehabilitación, la satisfacción y las garantías de no repetición en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. Cada una de estas medidas será implementada a favor de la víctima dependiendo de la vulneración en sus derechos y las características del hecho victimizante (Congreso de la República de Colombia , 2011). En cuanto a la reparación económica, esta se limita al derecho que tenga la víctima en su respectivo “régimen especial”, e implica aquellas regulaciones salariales y prestacionales de los integrantes de las Fuerzas Militares, así como la normatividad que se refiere al Sistema de Salud Militar, los beneficios de vivienda y de rehabilitación integral (Norma sobre Derecho a la Reparación de Miembros de la Fuerza Pública como víctimas del Conflicto Armado , 2016). Los integrantes de la Fuerzas Armadas víctimas del conflicto armado interno, son discriminados en la medida en que, a diferencia de las otras víctimas, no son destinatarios de una reparación integral sino que esta se limita al derecho que tuvieren “de acuerdo al régimen especial que les sea aplicable” (Norma sobre Derecho a la Reparación de Miembros de la Fuerza Pública como víctimas del Conflicto Armado , 2016) 52
Así se genera un quiebre en el orden social, en la medida en que se crea desigualdad dentro del marco jurídico de la Ley 1448, quitándoles a los militares el derecho de ser reconocidos como víctimas del conflicto armado colombiano. En la Constitución y en los tratados internacionales se entiende como persona a todo ser humano, por lo tanto se puede inferir que los miembros de la Fuerza Pública colombiana están, por su condición humana, incluidos en esta definición. El mismo articulado constitucional ordena que el Estado colombiano promueva las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva, protegiendo especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancias de debilidad (Norma sobre Derecho a la Reparación de Miembros de la Fuerza Pública como víctimas del Conflicto Armado , 2016). En cuanto a las acciones de restitución de los despojados, el Estado colombiano adoptará las medidas requeridas para la restitución jurídica y material de las tierras a los despojados y desplazados. De no ser posible la restitución, para determinar y reconocer la compensación correspondiente (Congreso de la República de Colombia , 2011). Como medidas de rehabilitación, se aplican como forma de reparación un conjunto de estrategias, planes, programas y acciones de carácter jurídico médico, psicológico y social, dirigidos al restablecimiento de las condiciones físicas y psicosociales de las víctimas. De esta manera, el gobierno debe implementar programas de rehabilitación, y debe incluir tanto las medidas individuales y colectivas que permitan a las víctimas desempeñarse en su entorno familiar, cultural, laboral y social y ejercer sus derechos y libertades básicas de manera individual y colectiva (Congreso de la República de Colombia , 2011). La garantía de no repetición tiene por objetivo garantizar a las víctimas que no van a volver a sufrir violaciones a sus derechos. Para conseguir su aplicación, es necesario atender los inconvenientes que existen en Colombia para ponerla en práctica. Pueden resaltarse: la falta de coordinación entre las políticas del gobierno central con las entidades descentralizadas, el déficit de presencia Estatal en diversas zonas del territorio, la pérdida del control efectivo sobre el monopolio de las armas por parte del Estado, la corrupción en las instituciones públicas, y la burocracia gubernamental que impide a los ciudadanos acceder a 53
sus derechos. Todos estos inconvenientes deben ser solucionados para conseguir una paz estable y duradera, ya que es la única forma de evitar el resurgimiento de grupos armados al margen de la ley (Duque, C y Torres, L, 2014).
Retos y desafíos para Colombia en cuanto a la reparación efectiva de los militares víctimas del conflicto armado interno En Colombia, la justicia transicional es uno de los temas más delicados del proceso de paz con las Farc y ha polarizado al país entre quienes piensan que se está dando lugar a la impunidad y quienes manifiestan que lo acordado se ajusta al derecho internacional. Colombia vive el proceso de paz en una realidad histórica distinta. La mesa de negociación entre el Gobierno y las FARC, anunció sanciones para los responsables de graves violaciones, aunque se trate de penas alternativas. El punto cinco de la negociación que habla sobre víctimas, toma en cuenta los estándares y antecedentes del derecho internacional en materia de justicia transicional y amnistías. En el papel y en el discurso, es un acuerdo ajustado a las obligaciones internacionales del Estado. A pesar de que las cifras del Ministerio de Defensa Nacional son exactas, no se tiene claridad de la cantidad de militares que sí son víctimas, esto teniendo en cuenta que la Unidad para las Víctimas es la entidad encargada de dictar si una persona es víctima por sus circunstancias o no. Muchos Militares que han acudido a la misma para ser reconocidos como víctimas del conflicto armado colombiano, han sido rechazados y se consideran los hechos como consecuencias propias del acto del servicio, cuando en muchos casos estos militares fueron víctimas en situación de legítima defensa y sin estar en combate. Es posible que dentro del ‘Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición’, el punto de reconocimiento de los miembros de la Fuerza Pública y su núcleo familiar como víctimas del conflicto sea altamente discutido y probablemente rechazado. En este caso, se corrobora la importancia de los pronunciamientos y conceptualizaciones internacionales que apoyen el propósito de incluir a los miembros de la Fuerza Pública y su núcleo familiar como víctima del CIAC. De ahí la importancia de la visibilización de los hechos victimizantes cometidos en contra de estos, cuyo desconocimiento sería un grave error. 54
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LAS MUJERES MILITARES VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO Elizabeth Jimena Andrade Coral Mayor Javier Arturo Quintero Poveda
Especial Agradecimiento a las mujeres Militares por su generosidad para compartir sus vivencias, emociones y perspectivas, gracias a ustedes con su relato se logró construir parte de este capítulo y de esta manera lograr visibilizar a las Mujeres Militares que han sido víctimas en el conflicto colombiano.
LAS MUJERES MILITARES VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO Elizabeth Jimena Andrade Coral 5 Mayor Javier Arturo Quintero Poveda6*
Nunca se insistirá bastante en la importancia que tiene y la atención que merece la protección y reconocimiento de la mujer en los conflictos armados .
ace más de 50 años, en el territorio colombiano se ha desarrollado un conflicto armado de carácter no internacional (en adelante: CANI), este conflicto de particularidades especiales ha obligado a que las Fuerzas Militares afronten importantes desafíos, lo que ha generado trasformaciones graduales, no solo en las acciones operacionales sino también en la inclusión de cambios culturales. Las Fuerzas Militares tienen a la legitimidad como su centro de gravedad estratégico, enmarcado en las obligaciones, la protección y el respeto en materia de Derechos Humanos y normas del Derecho Internacional Humanitario; es la esencia del mandato constitucional que se le asignó; su experiencia en el conflicto armado le ha permitido adaptar su comportamiento operacional, *Capítulo de libro vinculado al Proyecto de Investigación ‘Construcción de Memoria Histórica Militar en el Conflicto y en el Posconflicto Colombiano’, que hace parte de la línea de Investigación ‘Memoria Histórica, Construcción de Paz, Derechos Humanos, DICA y Justicia’ del grupo de investigación ‘Memoria Histórica, Construcción de Paz, Derechos Humanos, DICA y Justicia’, reconocido y categorizado en (B) por Colciencias registrado con el código COL0141423 vinculado al Centro de Investigación en Memoria Histórica Militar (CIMHM) y a la Maestría en Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Derecho Internacional de los Conflictos Armados (DICA), adscritos y financiados por la Escuela Superior de Guerra “ General Rafael Reyes Prieto” de la Republica de Colombia. Psicóloga de la Universidad Mariana, Especialista en Psicología Jurídica de la Universidad Santo Tomás, Magister en Derechos Humanos y Derechos Internacional de los Conflictos Armados de la Escuela Superior de Guerra, Investigadora, del Centro de Investigaciones en Memoria Histórica Militar de la Escuela Superior de Guerra. 6 Profesional en Ciencias Militares de la Escuela Militar de Cadetes, Instructor en Derechos Humanos del Western Hemisphere Institute for Security Cooperation en Fort Benning-Georgia (US), estudiante de IX Semestre del Programa de Administración de Empresas de la Universidad Militar Nueva Granada, Candidato a Magister en Derechos Humanos y Derecho Internacional de los Conflictos Armados de la Escuela Superior de Guerra, en el núcleo temático “Derechos Humanos, DICA y Justicia” 5
Corrección y Estilo empresa Tildes y Comas - Mercedez Bohórquez 63
generando espacios de enfoques humanitarios que integran a los Militares como parte del conflicto y a la población civil que goza de protección general contra los peligros procedentes de operaciones militares. Así mismo estos cambios han generado la necesidad de inclusión del enfoque de género al interior de las diferentes Fuerzas Militares coadyuvando al desarrollo institucional; la inclusión de enfoque de género en las Fuerzas Militares se inició con la incorporación de forma gradual a las diferentes Instituciones Militares (ONU Mujeres, Comando General de las Fuerzas Militares, 2017, págs. 13, 14, 15). El papel de la mujer soldado se inició con el desarrollo de profesiones específicas que cubrían las necesidades inmediatas requeridas por las Fuerzas Militares en el mismo desarrollo del conflicto, esto hizo que las mujeres se encuentren expuestas a los peligros y riesgos propios del contexto de un conflicto armado interno como el colombiano. En ese orden de ideas es pertinente señalar las circunstancias en las que mujeres miembros de las Fuerzas Militares por razones mismas del servicio se pueden considerar víctimas directas del conflicto armado. Para este efecto, es indispensable conocer la manera como se ha dado la incorporación de la mujer a las Fuerzas Militares, y a partir de allí su rol específico; para describir las circunstancias que han hecho que algunas mujeres sean reconocidas como víctimas directas del conflicto. Finalmente, en un marco de aplicación de procesos de justicia transicional, se busca proponer medidas de reparación integral a Mujeres Militares víctimas del conflicto, que contribuyan a los procesos de recuperación emocional y visibilización de las mismas y de esta manera cumplir satisfactoriamente con los estándares internacionales en materia de derechos de las víctimas en lo que se refiere a la justicia, la verdad, la reparación integral, memoria histórica y las garantías de no repetición.
Metodología. Esta investigación es de orden cualitativa aplicada. Para este caso se relaciona las normas jurídicas con diferentes áreas del conocimiento y se aplican como un instrumento para el desarrollo y solución de fenómenos sociales; para ello, en la recolección de información se utilizan diferentes fuentes normativas, tales como los tratados Internacionales sobre Derechos Humanos y 64
Derecho Internacional Humanitario aprobados y ratificados por Colombia, que sumados a las Leyes y demás normas del ordenamiento jurídico, se relacionan en las materias del restablecimiento de derechos fundamentales y la reparación integral de víctimas del conflicto armado. En ese contexto, se realizaron entrevistas semiestructuradas a un grupo de Mujeres Militares víctimas, con el fin de indagar en los hechos ocurridos, para reconocer cual es la atención psicosocial de esta población. Además, se obtuvo información por medio de derechos de petición emitidos a los programas correspondientes en las diferentes Fuerzas para los fines investigados. (Bustamante, 2007, pág. 25).
La Mujer en las Fuerzas Militares. Desde el inicio de los tiempos y de las relaciones entre sociedades se conoce de historias de conflictos y guerras, los mitos, las obras de arte, la literatura, la imaginación y fantasías de la sociedad han expresado casi siempre al hombre asociado a la guerra y a la mujer como representante de la paz (López & Francisco, 2000, pág. 402). Aunque la presencia del hombre en la guerra ha sido siempre mayoritaria, la función de las mujeres en las milicias, tiene una antigüedad de más de cuatro mil años en un gran número de culturas, ya sea tomando las armas, o como auxiliares de los guerreros (Garrido, 1986). Para las mujeres la participación en la guerra ha sido un posicionamiento no solo individual sino también colectivo en todas las épocas históricas. A lo largo de la historia numerosas mujeres han participado en combates abiertos bajo nombres de varón, relacionando para este efecto el caso de la soldado estadounidense Deborah Simpson que se alistó en el Ejército Continental durante la guerra de la Independencia bajo el nombre de Robert Shurtliff (Watherford, 1994), de igual manera en España se destacan personalidades célebres como Agustina de Aragón, defensora de Zaragoza en la Guerra de la Independencia española (Hierro, 2008), y otras menos conocidas como Ana María de Soto que sirvió en los Batallones de Marina (Infantería de Marina) entre 1793 y 1798 con el nombre de Antonio María de Soto (Rodríguez P. , 2010). En Colombia la influencia de la mujer en la historia no ha sido menor; en la lucha libertadora su papel fue fundamental. Para nombrar algunos casos 65
se registra el de la Cacica Gaitana, que resistió y ganó batallas contra los españoles en el suroccidente del país; Policarpa Salavarrieta, que se sacrificó por lealtad a sus compañeros patriotas y Antonia Santos conformó y financió los primeros ejércitos de la lucha de emancipación de España. (Forero, 2005). Asimismo, se destaca la participación de mujeres combatientes como Simona Amaya, oriunda de Paya (Boyacá), parte del Ejército Patriota y por cuya tenacidad amparada en su identidad oculta, fue llamada “El Sargento”; murió en combate en el Pantano de Vargas (ONU Mujeres, Comando General de las Fuerzas Militares, 2017, pág. 33). Los grandes retos presentados a finales del siglo XX exigieron que se visualizara la necesidad de incorporar mujeres a las filas militares como un elemento activo de las instituciones, por ello el Gobierno Nacional mediante el Decreto 2129 del 7 de octubre de 1976 permitió su ingreso el 16 de octubre de 1976, al Ejército Nacional, institución que dio el primer paso al permitir la incorporación de la mujer en las filas de las Fuerzas Militares. Doce fueron las primeras mujeres que lograron el ingreso al escalafón militar como oficiales administrativas, con especialidades en medicina, odontología, arquitectura, derecho, bacteriología, contaduría, administración y educación; así mismo, en 1983 se incorporaron mujeres al escalafón de suboficiales; al igual fueron incorporadas y se desempeñaron en especialidades técnicas, incluyendo, sanidad, contables, archivo, comunicaciones y educación (Nieto, 2015, pág. 160). No es sino hasta 2009 que por primera vez el Ejército Nacional de Colombia incorpora mujeres para desempeñarse como Oficiales de las armas. Esto coincidió con el proyecto para establecer el Sistema Educativo de las Fuerzas Armadas (SEFA), articulado con la formación en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (ONU Mujeres, Comando General de las Fuerzas Militares, 2017). En ese mismo año Colombia registraba el mayor porcentaje de mujeres en sus Fuerzas Militares (15,5%) en comparación con los demás países de Latinoamérica (Esquivel & Rodríguez, 2015), lo cual se debe en gran medida al hecho de que el país ha sido pionero en permitir el acceso total de las mujeres a todas las especialidades de las Fuerzas Armadas. Poco a poco las Mujeres Militares abrieron espacio en funciones de gran 66
relevancia como fue el acercamiento a la comunidad en las zonas rurales que logró mayor integración con la población civil; así mismo en espacios de difusión y medios de comunicación, lo que también ha contribuido a documentar su desempeño en materia de Derechos Humanos (Cuenca, 2011, págs. 60 - 61). La Armada Nacional de Colombia inició la incorporación de Oficiales mujeres en 1984, “cumpliendo funciones de responsabilidad que comprende el acceso a operaciones restringidas de seguridad nacional, interdicción marítima y soberanía. Pueden ser comandantes de un buque y después llegar a comandar la Fuerza, bien sea como Oficiales navales y de comunicaciones” (Nieto, 2015, pág. 161). En 1979, la Fuerza Aérea Colombiana incorpora las primeras 36 mujeres para ser escalafonadas como Oficiales del cuerpo administrativo, pero fue hasta 1997, que ingresan las primeras mujeres que se formarían como Oficiales de carrera. En el 2000 se gradúan en esta categoría; su desempeño se dirigió a cargos de pilotos de combate, transporte de tropa y vigilancia aérea. Sus retos desde ese entonces han estado orientados a salvaguardar la soberanía nacional y enfrentar cualquier tipo de amenaza desde una óptica femenina (Nieto, 2015, pág. 162). Desde su ingreso la mujer como miembro activo de las Fuerzas Militares, ha generado un cambio sistemático de tipo complementario para el trabajo en equipo, junto al personal masculino; esta situación ha facilitado a las mujeres realizar actividades dentro del sector Defensa, también desde allí aportan al fortalecimiento de las Fuerzas Armadas. La integración del personal femenino en las Fuerzas Militares ha tenido un papel esencial, porque llegaron a ser parte de la Institución en una época en donde el conflicto armado aumentaba. El grueso del personal militar es de sexo masculino y su aporte y trabajo en el desarrollo del conflicto interno colombiano es de mayor visibilización, pero no puede dejarse de lado el papel que desde el interior de las diferentes instituciones Militares han tenido las mujeres; algunas desde la parte jurídica, como asesoras operacionales en las diferentes unidades, o como médicos, psicólogas, bacteriólogas, fisioterapeutas etc., que en los dispensarios médicos atendían de primera mano a heridos y enfermos, sin olvidar a las mujeres Oficiales o Suboficiales que por necesidades del servicio también han apoyado en trabajos de inteligencia militar y operaciones militares. 67
La integración de las mujeres a las Fuerzas Militares, también ha traído como consecuencia que, dentro de la variedad de funciones ejercidas por estas en el tiempo del conflicto, también llegaran a ser víctimas en función del mismo. Algunos dudosos pueden preguntarse el ¿por qué?, pero si solo llega a considerarse que la función de la mujer militar es netamente administrativa; pero, ¿y si no estuvieron en el campo de combate, ¿cómo podrían llegar a ser víctimas de este conflicto?, pues bien, en este capítulo se tratará de exponer, visibilizar y reconocer para luego dignificar, los casos en los cuales algunas Mujeres Militares han sido víctimas del conflicto.
La Mujer Militar como Victima del Conflicto. Las Mujeres Militares pueden ser víctimas directas cuando son ellas las que reciben la afectación o “hayan sufrido un daño como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno”, o también pueden ser víctimas indirectas cuando son cónyuge, compañera permanente, familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil de la víctima directa; o cuando a esta se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida (Colombia, Congreso de la República, 2011). Es así que las Mujeres Militares pueden ser víctimas cuando ejercen actividades en su labor castrense, o por sus relaciones afectivas y roles como hijas, madres, esposas, compañeras. Se puede señalar que la mujer como componente de una fuerza militar, porta un uniforme táctico, además cumple funciones de manera indirecta en el desarrollo de operaciones militares como integrante de una plana mayor y algunas responsabilidades en el sostenimiento logístico, administrativo y de sanidad militar, condición que como la del Hombre Militar, permite que la Mujer Militar también sea objetivo de grupos armados organizados y por lo tanto sufra los efectos directos de las hostilidades que se desarrollan dentro de un conflicto armado interno como es el vivido en territorio Colombiano. Este conflicto armado en donde las mujeres con independencia de su condición, sean combatientes o civiles, son víctimas de la guerra; algunas, porque pueden perder su vida al participar en las hostilidades y otras, por verse afectadas directamente ellas mismas o por el hecho de que la guerra puede fácilmente segar la vida de sus maridos, hijos, padres o hermanos al ser soldados. En este apartado se pretende identificar a las Mujeres Militares 68
que dentro del desarrollo de funciones han sido víctimas en el contexto del conflicto.
Una Mirada desde el Derecho Internacional Humanitario. Desde sus inicios, el DIH enfocó como su objetivo principal de protección a los combatientes, heridos, enfermos, prisioneros, los civiles y sus bienes materiales (Bobbio, 2008). El Derecho Internacional Humanitario se define como “un conjunto de normas que, por razones humanitarias, trata de limitar los efectos de los conflictos armados. Protege a las personas que no participan o que ya no participan en los combates y limita los medios y métodos de hacer la guerra. El DIH suele llamarse también “derecho de la guerra” y “derecho de los conflictos armados” (Comité Internacional de la Cruz Roja, 2004). El Derecho Internacional Humanitario protege a los heridos, los enfermos y los náufragos, pero también a quienes se ocupan de sus necesidades físicas y espirituales, es decir, el personal sanitario, religioso y administrativo de las unidades sanitarias, quienes no deben ser atacados y a quienes se debe permitir realizar sus tareas médicas o religiosas. Asimismo, el DIH contempla la protección de unidades sanitarias, medios de transporte y material sanitario (Comité Internacional de la Cruz Roja, 2010). Los IV Convenios de Ginebra de 1949 contienen un artículo 3 común y se fundamenta en ampliar la protección general a los conflictos no internacionales. En virtud de este artículo, quienes hayan depuesto las armas o las personas que se encuentren fuera de combate por enfermedad o heridas deberán ser objeto de trato humanitario, sin distinción alguna de índole desfavorable basada en la raza, el color, la religión o la creencia, el sexo, el nacimiento o la fortuna o cualquier otro criterio análogo. En particular, el artículo 3 prohíbe: “los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles, la tortura y los suplicios, la toma de rehenes, los atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes, las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal legítimamente constituido, con garantías judiciales reconocidas como indispensables por los pueblos civilizados”. Se recogerá y asistirá a los 69
heridos y enfermos (Cruz Roja Americana servicios Internacionales, 2006). Entendido de esta manera el “derecho humanitario tiene su fundamento en un sentimiento profundo hacia la dignidad humana y pretende disminuir las hostilidades, minimizar los efectos en la población civil y en sus bienes, y busca un trato humanitario para los com¬batientes, heridos o prisioneros” (Valencia, 2007, pág. 17), sin distinción alguna, entendiendo entonces que basta con ser una persona para adquirir estos derechos de protección, por ende los Militares aparte de cumplir una función particular, son seres humanos y por lo tanto están protegidos por el DIH. En cuanto a la protección de la persona civil, conforme a las normas y los principios del DIH, establece Melzer (2010), que: Para los fines del principio de distinción, el DIH separa dos categorías genéricas de personas: civiles y miembros de las fuerzas armadas de las partes en conflicto. Los miembros de fuerzas armadas estatales (excepto el personal sanitario y religioso) o los grupos armados organizados son considerados, en general, como objetivos militares legítimos, a menos que se entreguen o queden de otra manera fuera de combate. […] (pág. 75) De igual manera en lo que refiere a las restricciones en el uso de la fuerza en un ataque directo, determina Melzer (2010), que: Además de las restricciones que impone el derecho internacional humanitario respecto a los métodos y medios de combate, y sin perjuicio de las demás restricciones que dimanen de otros instrumentos de derecho internacional aplicables, el tipo y el grado de fuerza que está permitido emplear contra las personas que no tienen derecho a protección contra los ataques directos no deben ser excesivos en relación con lo que efectivamente sea necesario para lograr el objetivo militar legítimo en las circunstancias del caso. (pág. 77) Por ello y considerando las restricciones y excepciones que establece el DIH, la mujer miembro de las fuerzas armadas estatales estaría expuesta a los ataques directos; sin embargo, estos ataques no pueden ser excesivos -respecto a los métodos y medios de combate utilizados por los grupos armados organizados que son parte del conflicto armado colombiano-, sino lo efectivamente necesario para neutralizar ese objetivo militar, respetando los principios del DIH. 70
En cuanto a la vinculación universal de sus principios y preceptivas, y en lo que se refiere a las normas ius cogens7 del Derecho Internacional Humanitario, -en general- y del Protocolo II -en particular-, no sólo el Estado hará parte de los convenios, sino también los grupos armados organizados que le disputan el poder estén obligados a respetarlos. (Corte Constitucional de Colombia, Sentencia No. C-225, 1995)
Protección a la mujer en los Convenios de Ginebra y en los Protocolos adicionales. A partir de 1929, la mujer goza de protección especial en virtud del Derecho Internacional Humanitario. En ese año aprobaron en Ginebra, el Convenio relativo al trato que debe darse a los prisioneros de guerra. Allí tuvieron en cuenta la presencia de un relativo gran número de mujeres en la guerra de 1914-1918. Este Convenio tiene dos disposiciones: su artículo 3, que señala “Las mujeres serán tratadas con todas las consideraciones debidas a su sexo”; y el artículo 4, dice: “No son lícitas las diferencias de trato entre los prisioneros basadas en el grado militar, estado de salud física o psíquica, aptitudes profesionales o el sexo de los que disfruten de ellas”. Los Convenios y los Protocolos protegen a la mujer, por un lado, como miembro de la población civil que no participa en las hostilidades, y, por otro, como combatiente caído en poder del enemigo. El Derecho Internacional Humanitario refrenda, como principio fundamental, la igualdad entre el hombre y la mujer y lo específica en cláusulas no discriminatorias. En los artículos 12 de los Convenios I y II, 16 del III Convenio, 27 del IV Convenio, así como los artículos 75 del Protocolo adicional I y 4 del Protocolo adicional II (designados en adelante I, II, III, IV C. y P. I, II, respectivamente), se prevé: “Serán tratados... sin distinción alguna de índole desfavorable basada en el sexo”. También se específica que “las mujeres gozan, en cualquier caso, de un trato tan favorable como el “concedido a los hombres” (art. 14, III C.). Esto significa que la mujer puede invocar todos los derechos y libertades proclamados en los Convenios (Comité Internacional de la Cruz Roja, 1985). La Convención de Viena sobre el derecho de los tratados (Comisión de Derecho Internacional NU, 1969), define ius cogens como una norma imperativa de derecho internacional general aceptada y reconocida por la comunidad internacional de Estados en su conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario y que sólo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter. (Art. 53) 7
La protección que el DIH ofrece a las mujeres, no tiene distinción, puesto que tienen derecho a la misma protección que los hombres, ya sea como combatientes, como civiles o personas fuera de combate. Así mismo el DIH reconoce sus necesidades específicas y otorga a las mujeres una protección y unos derechos adicionales (protección específica) (Rodríguez P. , 2015, pág. 31). Françoise Krill (1985) analiza para el Comité Internacional de la Cruz Roja unos principios de protección a las mujeres en los conflictos. Es importante enunciarlos aquí: Principio de no discriminación: la protección y las garantías que establece el DIH deben otorgarse a todas las personas sin distinción. Se trata de una prohibición de discriminación y no de una diferenciación. Principio de un trato humano y diferenciado: Aquí se engloba una serie de normas para la protección de las personas civiles que exigen a los beligerantes que “las traten con humanidad”. Estas disposiciones establecen, de forma análoga a la de los derechos humanos, pautas mínimas sobre el trato y unas garantías fundamentales que las partes en un conflicto deben otorgar a toda persona que esté en su poder. Garantías que son aplicables tanto en los conflictos armados internacionales como en los no internacionales y constituyen la base del artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra que, hasta la aprobación del Protocolo Adicional II, era la única disposición que regulaba los conflictos no internacionales.
En cuanto al trato diferenciado establece el I Convenio de Ginebra (1949) que “se tratará a la mujer con todas las consideraciones debidas a su sexo” (art. 12), y a este respecto cabe señalar que los bienes jurídicos protegidos por las disposiciones que otorgan protecciones específicas a la mujer serían, por lo general, el embarazo, el parto y la maternidad, su especificidad fisiológica, así como el honor y el pudor de la mujer (Comité Internacional de la Cruz Roja, 1985). El DIH brinda protección a las mujeres como combatientes y prisioneras de guerra, debe decirse que se destaca el principio de la igualdad que tanto los Convenios de Ginebra como sus Protocolos Adicionales recogen, este afirma que las protecciones se apliquen “sin distinción alguna de índole desfavorable basada en el sexo”. 72
El III Convenio de Ginebra (1949) establece también una serie de protecciones específicas para las mujeres, solo que para ser consideradas como combatientes deben ser miembros de las fuerzas armadas (art. 4). Las fuerzas armadas de una parte en conflicto son reconocidas como tales si están organizadas bajo un mando responsable de la conducta de sus subordinados ante esa Parte, aunque la misma esté representada por un Gobierno o por una autoridad que la Parte adversaria no haya reconocido. Además, dichas fuerzas armadas deben estar sometidas a un régimen de disciplina interna que garantice, entre otras cosas, el respeto de las normas del derecho internacional aplicables en los conflictos armados. Este respeto implica, que los combatientes se distinguen de la población civil llevando un uniforme y otro signo distintivo, visible y reconocible a distancia o, al menos, llevando las armas a la vista cuando participen en un ataque. Es reprochable la violación por un combatiente de las normas aplicables en caso de conflicto armado (Comité internacional de la Cruz Roja, 1989). En caso de conflicto armado no internacional (CANI) -como ocurre en Colombia- las mujeres y los hombres que participan activamente en las hostilidades, se benefician de las garantías fundamentales del artículo 3 común a los IV Convenios de Ginebra de 1949, y las descritas en el artículo 4 del Protocolo adicional II de 1977, relativo a la protección de las víctimas de conflictos armados sin carácter internacional tal como se ha mencionado en el presente documento. Colombia hace parte de los países firmantes de los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 y de sus dos protocolos adicionales de 1977. La Corte Constitucional colombiana reconoce la trascendencia jurídica del Derecho Internacional Humanitario “y ha sido integrado al bloque de constitucionalidad brindándole la calidad de norma del ius cogens” (Valcárcel, 2007, pág. 110). Alejandro Rameli (2014), manifiesta acertadamente que, en consecuencia, en la actualidad las normas convencionales, consuetudinarias, así como los principios generales del DIH tienen rango constitucional en Colombia; independientemente de que difieran en cuanto a su forma de incorporación o recepción a nuestro ordenamiento jurídico. (pág. 102) La Ley 5 (Colombia, Congreso de la República, 1960), aprobó los Conve73
nios de Ginebra, los cuales fueron ratificados dentro del año siguiente, baste recordar que el artículo 3 común a estos convenios “procura regular la situación de conflictos armados desarrollados en el territorio de una de las altas partes contratantes”. El Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra (Comité Internacional de la Cruz Roja, 1977) que es legislación interna mediante la Ley 171 (Colombia, Congreso de la República, 1994), expresa que se entiende por conflicto armado interno: Conflicto que se desarrolle en el territorio de una alta parte contratante entre sus fuerzas armadas y fuerzas armadas disidentes o grupos armados organizados que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre una parte de dicho territorio un control tal, que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas. Este Protocolo no se aplicará a las situaciones de tensiones internas y de disturbios interiores, tales como los motines, los actos esporádicos y aislados de violencia y otros actos análogos, que no son conflictos armados. De igual manera este protocolo vela fundamentalmente por garantizar la mejor protección de las víctimas en las circunstancias que presenta el artículo 3 común, en un conflicto armado no internacional (Mejía, 2017, pág. 183). Por lo tanto el protocolo II adicional a los CG 1949 (Conferencia diplomática para complementar los Convenios de Ginebra, 1977) hace referencia al trato humanitario y se fundamenta en el respeto de los Derechos Humanos sin distinción alguna, solo con el fundamento básico de lo humano, aplicado a toda persona que haya dejado de participar en las hostilidades; y en el caso que nos ocupa en este artículo a los militares, secuestrados, heridos, rendidos y tomado como rehenes. En estos casos, estableciendo la prohibición de los atentados contra la vida, la salud y la integridad física o mental de las personas, en particular el homicidio y los tratos crueles tales como la tortura y las mutilaciones o toda forma de pena corporal, los castigos colectivos, la toma de rehenes; los actos de terrorismo; los atentados contra la dignidad personal, en especial los tratos humillantes y degradantes, la violación, la prostitución forzada y cualquier forma de atentado al pudor, la esclavitud y la trata de esclavos en todas sus formas, el pillaje, las amenazas de realizar los actos mencionados. (Art. 4, literal 2. a, b, c, d, e, f, g, h) 74
La vulneración de esta normatividad se constituye como infracciones graves al DIH y en Colombia para las partes en conflicto armado no internacional, es de obligatorio acatamiento. (Mejía, 2017, pág. 183). Por otra parte, en Colombia mediante Ley 599 se expidió el código penal (Colombia, Congreso de la República, 2000), el legislador en el título II incluyó las conductas que atentan contra las personas y los bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario. Para comprender mejor bajo qué circunstancias las Mujeres Militares son reconocidas como víctimas del conflicto armado, se expondrán tres relatos detallados de mujeres integrantes del Ejército Nacional, la Armada Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana en donde se describe en tiempo, modo y lugar las circunstancias que llevaron a estas tres mujeres a ser consideradas víctimas directas del conflicto. Si bien los integrantes de las Fuerzas Militares cuentan con obligaciones exigidas constitucionalmente para proteger la soberanía Nacional, teniendo como base la protección y el respeto de los derechos fundamentales, de igual forma la misma constitución también otorga esos mismos derechos a los miembros de la Fuerza Pública. “Es cierto que para cumplir su misión y mantener un equilibrio dentro de la sociedad, los derechos políticos conocen restricciones, pero el mismo principio constitucional de respeto a la dignidad humana y en consecuencia de igualdad, opera para los Militares y Policías (Gil, 2006).
Daño y la dignificación a las Mujeres Miembros de las fuerzas Militares víctimas del conflicto. Las Mujeres Militares como víctimas sobrevivientes de actos violentos se ven forzadas a asumir roles familiares, económicos y sociales distintos a los acostumbrados, las mujeres deben sobrellevar cargas materiales y psicológicas de naturaleza extrema y abrupta, que no afectan de igual manera a los hombres. Comúnmente los impactos y daños generados por los conflictos se logran medir por la cantidad de muertos generados o el número de destrucciones materiales que estos han provocado; sin embargo, las víctimas evidencian otros efectos que son inmateriales y en ocasiones intangibles estos daños han 75
alterado profundamente los proyectos de vida de miles de personas y familias; estos daños son reconocidos como daños emocionales y psicológicos y daños morales. Las modalidades y las prácticas de violencia sufridas por miles de personas en Colombia provocan daños e impactos que afectan la integridad de las víctimas. Los impactos psicológicos deterioran las relaciones interpersonales y la salud física; las pérdidas económicas generan inestabilidad emocional; los impactos colectivos afectan las capacidades y posibilidades individuales (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013, pág. 260).
Daño Emocional El daño emocional se entiende como las cicatrices emocionales o psicológicas, refiriéndose a la estabilización del daño que genera una discapacidad permanente que no se cura con el paso del tiempo ni con apoyo psicológico adecuado, siendo esta una alteración irreversible en el funcionamiento psicológico habitual o, dicho en términos legales más imprecisos conceptualmente, de un menoscabo de la salud mental (Echeburúa, Del Corral, & Amor, 2002, pág. 2). El Centro Nacional de Memoria Histórica (2013), define los daños emocionales como aquellos que aluden al dolor y al sufrimiento padecido por el menoscabo de valores significativos para las personas y las comunidades. El daño emocional ha sido considerado, “como toda modificación dolorosa del espíritu, consistente en profundas preocupaciones, o en estados de aguda irritación que afectan el honor, la reputación y el equilibrio anímico de las personas que incide en la aptitud del pensar, de querer o de sentir” Así mismo, para el modelo de recuperación emocional de la Unidad para las Víctimas “lo traumático existe cuando aun siendo previsibles, se presentan amenazas vitales y estas generan una experiencia de desorganización tal, que puede llegar a activar estrategias caóticas o inefectivas que incrementan la naturaleza traumática de la experiencia” (Lira, 2014, pág. 16). Esta desorganización afecta el desarrollo normal del proyecto de vida, además de las afectaciones emocionales que estos mismos cambios generan y estas corresponden a una categoría de daños que requiere ser atendida a nivel psicosocial. 76
“La atención psicológica y psiquiátrica a las víctimas del conflicto armado se desprende de las serias afectaciones en la salud y daños graves a la integridad mental que asumen distintas particularidades dependiendo del contexto social y cultural de la persona” (Corte Constitucional de Colombia, 2010). La Corte Interamericana de Derechos Humanos (1997) en su sentencia de reparaciones en el caso Loayza Tamayo vs República de Perú, reconoció el daño al proyecto de vida como un acto en contra de la víctima y fue en esta sentencia en donde se comprende que “el daño al proyecto de vida, atiende a la realización integral de la persona afectada, considerando su vocación, aptitudes, circunstancias, potencialidades, y aspiraciones que le permiten fijarse determinadas expectativas y acceder a ellas”, entendiendo que la reparación debe ser significativa en pro de la realización de una nueva perspectiva en el planteamiento del proyecto de vida (Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, 2014, pág. 16). El contenido psicosocial de las medidas de rehabilitación puede atender muchas expresiones del sufrimiento, pero las intervenciones deben orientarse a esta reconstrucción, lo cual implica no solo la transformación de la perspectiva del futuro en un nuevo proyecto de vida, sino que ellas, a nivel individual o colectivo, puedan construir formas de vida posible en el presente, contar con recursos para poder asumir su realidad actual y la construcción del nuevo porvenir (Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, 2014, pág. 17). Las acciones que busquen descubrir la capacidad de reorganización en la construcción de nuevas formas de vida posible a nivel social, familiar e individual, son acciones que generan el apoyo de una atención psicosocial adecuada. Es por esto que la Ley de Víctimas y el Sistema Nacional de Atención y Reparación de las Víctimas hacen su mayor apuesta en la construcción y el desarrollo del Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas (Art. 137). Este programa deberá reconocer las expresiones culturales (creencias, imaginarios y prácticas) que dan sentido al sufrimiento, a la enfermedad, a la salud y a la espiritualidad. Es decir, que será flexible y cuidadoso al aproximarse a las diferentes formas que poseen las víctimas individuales y colectivas para dar sentido al sufrimiento (Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, 2014, pág. 17). 77
Así mismo, lo expresaron las Mujeres Militares entrevistadas, al identificar que los daños emocionales debido a los cambios generados por el hecho victimizante son más grandes y su recuperación conlleva mayor tiempo, en ocasiones años; la tres entrevistadas, manifestaron que su vida no volvió a ser la misma y que a nivel personal hay huellas emocionales imborrables. En el caso de las tres, su proyecto de vida se vio alterado. En el caso específico de Shirley Laurens, su deseo de ser Oficial del Ejército se vio truncado, puesto que su cuerpo tuvo un cambio drástico y las secuelas del accidente no permitieron que pudiera ingresar a la escuela de cadetes, así mismo expresa que su proceso de aceptación de los hechos y el de acceder a su nueva realidad, fueron causantes de un gran dolor emocional; dolor, que solo el tiempo ha podido ayudar a sanar. Para la Teniente Coronel Fabiola Nieto el haber tenido una pérdida del 58% de la funcionalidad de su brazo derecho, causó el que ella tuviera que adaptarse a estos cambios; hoy después de 13 años tiene dificultades, sobre todo en algunos movimientos de sus manos. En este caso, su carrera Militar no cambió, pero si se vio alterada, incluso fue aplazada en algunos de sus ascensos y esto ocurrió, porque presentaba serias dificultades en la recuperación de su estrés postraumático, es un diagnóstico clínico con consecuencias emocionales, que de no recuperarse genera notables modificaciones en el proyecto de vida.
Marco jurídico para el reconocimiento, atención y reparación a víctimas en Colombia. El Derecho Internacional Público establece un conjunto de principios para la lucha contra la impunidad y en el principio 33 se precisa que: “Toda violación de un derecho humano da lugar a un derecho de la víctima o a sus derechohabientes a obtener reparación, el cual implica el deber del Estado de reparar y el derecho de dirigirse contra el autor” (Consejo Económico y Social Naciones Unidas, 2005) La Corte Interamericana de Derechos Humanos (1988) en el caso Velásquez R vs. Honduras, se refiere al “deber del Estado de adoptar medidas concretas para evitar la ocurrencia de violaciones de derechos humanos y, en caso de que sean inevitables, establecer la verdad sobre los hechos, sancionar penalmente a los responsables, reparar a las víctimas y adoptar medidas para que las violaciones no se repitan” (Párr. 175). 78
En cuanto a esos estándares internacionales de protección de Derechos Humanos se establecen unas limitaciones a los Estados, que disponen la obligación de investigar, sancionar las violaciones de derechos humanos, establecer recursos efectivos de justicia, imponer penas adecuadas a los perpetradores de los crímenes, proteger y reparar a todas las víctimas (Collazos, 2012), estándares internacionales que se incorporan al derecho doméstico, tal como ocurre en Colombia a través de la figura del bloque de constitucionalidad (Uprimny, Safón, Botero, & Restrepo, 2006). En Colombia se vive una situación de conflicto interno de gran complejidad, ya que los enfrentamientos entre las Fuerzas regulares del Estado con los demás grupos al margen de ley son constantes y dejan consecuencias devastadoras en la población, atentan contra la vida, la dignidad humana y la integridad personal en general, no solo de la población civil, sino también de los militares hombres y Mujeres que en cumplimiento de su deber constitucional por causas de violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario han sido víctimas de este conflicto. La legislación relacionada al proceso de reparación en Colombia ha dejado de centrarse en la indemnización económica como fundamento de la reparación. Es difícil el completo desarrollo de una ruta de reparación integral, tal como lo enmarca la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando se trata del derecho a la reparación por violaciones a los derechos humanos. Luego de 14 años de la implementación de leyes en materia de reparación a víctimas que buscaban adoptar procedimientos específicos para brindar garantías y medidas que generaran protección a las víctimas, se expide en el año 2011 la ley 1448, ley de víctimas y restitución de tierras, con la finalidad de unificar “las bases para la implementación de la política pública para la atención y reparación integral a las víctimas y bajo los principios de progresividad, gradualidad y sostenibilidad” (Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, 2011, pág. Prólogo). Esta ley busca establecer un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y colectivas, en beneficio de las víctimas de las violaciones contempladas en el artículo 3º de la presente ley, dentro de un marco de justicia transicional, que posibiliten hacer efectivo el goce de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación con garantía de no repetición, de modo que se reconozca su condición de víctimas y se dignifique a través de la materialización de sus derechos constitucionales. Artículo 1º (Colombia, Congreso de la República, 2011). 79
Modelo de reparación integral según la ley 1448 de 2011. Esta ley no solo reconoce como víctimas a la población civil, sino que también reconoce a los miembros de la fuerza pública como víctimas, entendiendo Miembros de la Fuerza Pública, a hombres y mujeres pertenecientes a Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Policía de Colombia si cuentan con las características de vulnerabilidad que menciona el articulo expuesto, sin excepción alguna de género, raza y ocupación. También define en el parágrafo primero del artículo tercero, que la reparación económica para los miembros de la Fuerza Pública corresponderá al régimen especial que les sea aplicable y también tendrán derecho a las medidas de satisfacción y garantías de no repetición señaladas en la presente ley (Colombia, Congreso de la República, 2011). El Congreso de la República a través de la ley 1448 de 2011 reconoce como víctimas: Aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno (Art. 3). Esta ley reconoce que los miembros de la Fuerza Pública hombres y mujeres que fueran víctimas son objeto de reparación, pese a que hace algunas distinciones en relación con la reparación, tal como lo menciona el artículo tercero en el parágrafo uno “Cuando los miembros de la Fuerza Pública sean víctimas en los términos del presente artículo, su reparación económica corresponderá por todo concepto a la que tengan derecho de acuerdo con el régimen especial que les sea aplicable. De la misma forma, tendrán derecho a las medidas de satisfacción y garantías de no repetición señaladas en la presente ley” estos también tienen derecho al igual que todas las víctimas, a la verdad, a la justicia, a la reparación integral y a la no repetición. Para este efecto la ley de víctimas presenta medidas de atención (información, orientación y acompañamiento jurídico y psicosocial a la víctima), también ofrece medidas de asistencia orientadas a restablecer la vigencia efectiva de los derechos de las víctimas y además regula lo concerniente a las medidas de reparación buscando reconocer los daños sufridos y reivindicar la 80
dignidad de la víctima. (Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, 2014) Así mismo la ley 1448 también establece que las víctimas tienen derecho a la reparación integral en sus cinco componentes: la restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. “Cada una de estas medidas será implementada dependiendo de la vulneración en sus derechos y las características del hecho victimizante” (Artículo 25). En relación a la intervención en temas de reparación para mujeres, la ley 1448 expresa que la ruta de reparación se desarrollara teniendo en cuenta el enfoque diferencial, reconociendo que hay poblaciones con características particulares en razón de su edad, género, orientación sexual y situación de discapacidad, “para este efecto, en la ejecución y adopción por parte del Gobierno Nacional de políticas de asistencia y reparación en desarrollo de la presente ley, deberán adoptarse criterios diferenciales que respondan a las particularidades y grado de vulnerabilidad de cada uno de estos grupos poblacionales” (Colombia, Congreso de la República, 2011).
Ruta de atención Psicosocial a las Mujeres Militares Víctimas del conflicto La ley 1448 define la medida de rehabilitación como “el conjunto de estrategias, planes, programas y acciones de carácter jurídico, médico, psicológico y social, dirigidos al restablecimiento de las condiciones físicas y psicosociales de las víctimas en los términos de la presente ley”, esta medida consta de dos grandes componentes: la atención psicosocial y la atención integral en salud. (Artículo 135). Del mismo modo para dar cumplimiento a los lineamientos específicos que direccionan la atención psicosocial, se emite el decreto 4800 de 2011 el cual define a la atención psicosocial y la salud integral a víctimas como: El conjunto de actividades, procedimientos e intervenciones interdisciplinarias diseñados por el Ministerio de Salud y Protección Social para la atención integral en salud y atención psicosocial. Podrán desarrollarse a nivel individual o colectivo y en todo caso orientadas a superar las afectaciones en salud y psicosociales relacionadas con el hecho victimizante (Artículo 164). 81
Así mismo el Decreto 4800 de 2011 expresa que los entes territoriales, o sea las entidades departamentales y municipales, deberán adoptar los lineamientos del programa de atención psicosocial. Para este efecto el Ministerio de Salud por orden emitida mediante la ley 1448 de 2011 implementa el programa de atención psicosocial a víctimas del conflicto (PAPSIVI), cuyo fundamento es “reconocer los impactos psicosociales que comprometen la violación de derechos en el contexto de la violencia y el desplazamiento en Colombia” (Colombia, Ministerio de Salud., 2016, pág. 13). Teniendo en cuenta la diversidad cultural y social en Colombia, el Ministerio de Salud y Protección Social en compañía de la Unidad para las Víctimas, diseñó un concepto claro de atención psicosocial con el fin de guiar el trabajo desarrollado por las dos instituciones. La atención psicosocial como parte de las medidas de Rehabilitación en el marco de la Política Pública de Reparación Integral a las víctimas del conflicto armado colombiano, se define como el conjunto de procesos articulados de servicios que tienen la finalidad de favorecer la recuperación o mitigación de los daños psicosociales, el sufrimiento emocional y los impactos a la integridad psicológica y moral, al proyecto de vida y a la vida en relación generados a las víctimas, sus familias y comunidades, como consecuencia de las graves violaciones a los DDHH y las infracciones al DIH (Colombia, Ministerio de Salud., 2016, pág. 8). El Ministerio de Salud y Protección Social señala que para ofrecer la atención psicosocial como medida de rehabilitación se debe suponer que tanto las víctimas como los profesionales encargados de brindar esta atención tendrán claro que se haya “constituido el daño psicosocial, es decir, poder ver el carácter lesivo que produjeron los hechos” (Colombia, Ministerio de Salud., 2016, pág. 9). En las configuraciones del daño psicosocial intervienen factores como el tipo de hecho victimizante, los autores del mismo, el tiempo transcurrido, las acciones emprendidas por las víctimas, sus propios recursos para el afrontamiento, sus propias nociones y significados sobre la afectación, así como posibles revictimizaciones sufridas durante los procesos de exigibilidad de derechos. (Colombia, Ministerio de Salud., 2016, pág. 9). El programa de atención psicosocial quiere garantizar la atención a las víc82
timas desde un enfoque en donde […] la salud mental toma una perspectiva adicional, la cual es comprender y establecer formas de atención que reconozcan, que los impactos psicosociales derivados de la vulneración de derechos tienen origen en los conflictos de orden económico, político y social y no en los individuos o comunidades (…) reconocer que además de la atención de tipo asistencial, el trabajo con víctimas requiere de una comprensión de las afectaciones derivadas de las violaciones a los DDHH y al DIH, y por lo tanto, requiere de un trabajo que incluya componentes colectivos, sociales, culturales y jurídicos como recurso para la mitigación de estas afectaciones. (Colombia, Ministerio de Salud., 2016, págs. 14-15). Visto de otra forma la importancia de la atención psicosocial se fundamenta en otorgarle a la víctima herramientas en diferentes direcciones: psicológicas, jurídicas y sociales, con la finalidad de coadyuvar en la dirección del proyecto de vida que pudiera generar la recuperación emocional. Se identificará en el siguiente apartado, cuales son las herramientas brindadas a los Militares víctimas en su posible ruta de atención psicosocial. La ley 1448 y el decreto 4800 de 2011 expresan las líneas base de la atención a víctimas del conflicto en general. Analizado de esta manera, las Mujeres Militares víctimas desde el momento de su reconocimiento por la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas, tendrían derecho a gozar de esta misma atención. Esta ley no define la medida de rehabilitación en el proceso de reparación a las víctimas de la Fuerza Pública; este es un vacío, porque deja en el aire las garantías que en la ruta de reparación integral ofrece esta medida a esta población. Para el modelo de atención psicosocial del Ministerio de Salud, la atención psicosocial tendrá un enfoque de género conformado a “partir de las diferencias entre hombres y mujeres,” “la atención psicosocial se entiende desde la perspectiva del análisis del contexto en términos de las relaciones en el marco del conflicto armado. Es decir, se entienden las relaciones de poder que los sectores armados han ejercido contra las mujeres” Por lo anterior se evidencia que no hay claridad en lo que se refiere a la ruta específica a la atención psicosocial de mujeres víctimas del conflicto. Sin embargo, la Corte Constitucional en su sentencia C-161/16 hace algunas especificaciones sobre la ruta de reparación a los Militares víctimas: 83
[…]En materia de reparación económica, el legislador limitó su monto al derecho que tenga la víctima en su respectivo “régimen especial”, entendiendo por este aquellas regulaciones salariales y prestacionales de los integrantes de las Fuerzas Militares y de Policía, así como la normatividad referente al Sistema de Salud Militar y Policial, los beneficios de vivienda y de rehabilitación integral […] la omisión de una referencia a otras medidas como la restitución y la rehabilitación no implican su exclusión, siempre que no estuvieren previstas en los regímenes especiales que los amparan en su condición de integrantes de la Fuerza Pública. (Corte Constitucional de Colombia, 2016). De esta manera responsabiliza al “régimen especial” de las medidas de indemnización, restitución y rehabilitación, pese a que este régimen no tiene funciones de reparación en el marco de una justicia transicional, de igual manera no existe claridad de una atención con enfoque diferencial a las Mujeres Militares Victimas del conflicto. El Ejército Nacional desde la Dirección de Sanidad emplea un modelo de rehabilitación para el personal herido en combate y afectados por razón del conflicto armado; en respuesta al derecho de petición radicado con el N.º 2016850034671, donde se manifiesta que el “modelo que se aplica a todo el personal Militar que requiera atención médica, sin ser este modelo exclusivo a personal Militar que ha sido víctima de violaciones a los DDHH o a graves infracciones del DIH”, (Colombia, Dirección de Sanidad del Ejército, 2016, pág. 1). El programa de rehabilitación estimado por la Dirección de sanidad se desarrolla en el batallón de sanidad y de la compañía de sanidad “Héroes del Paramillo” con el apoyo del Hospital Militar, en donde se trabaja bajo una ruta de atención medico terapéutica así: Se inicia con una etapa de atención pre hospitalaria; posterior a esta, se genera la atención hospitalaria que dará paso a la rehabilitación funcional por medio de conductas médico–terapéuticas con el fin de fortalecer destrezas y habilidades psicofísicas en el paciente. En esta etapa también se provee de atención psicológica individual y familiar, con el fin de direccionar el proyecto de vida. La siguiente etapa es la rehabilitación profesional, enfocada solo al personal con discapacidad, ya que se busca afianzar en conocimientos técnicos, tecnológicos o profesionales para ejecutar o desempeñarse en funciones que le generen bienestar en su nuevo proyecto de vida, y de esta manera lograr la integración socio laboral. 84
Así mismo, la atención psicológica se implementa de manera transversal en todo el proceso de recuperación, con el fin de disminuir el impacto psicológico del personal Militar en situación de discapacidad. (Colombia, Dirección de Sanidad del Ejército, 2016, págs. 2-3). Se puede decir que la población militar víctima en condición de discapacidad cuenta con apoyo y un programa integral de rehabilitación, sin embrago es indispensable identificar cual es la ruta de atención para los Militares víctimas de otros hechos victimizantes que no generen algún tipo de discapacidad, tales como el secuestro, homicidio, desaparición forzada; entre otros. Tampoco existe un programa diseñado para las Mujeres Militares que han sido víctimas del conflicto; de acuerdo a las entrevistas realizadas a las Mujeres Militares, estas reiteraron que su proceso de recuperación emocional fue desarrollado por la familia y amigos cercanos, puesto que el Estado no presento interés alguno en diferenciar entre el hombre Militar herido en combate y la mujer Militar en la misma situación. También expresan, que no han sido reconocidas como tal. Las respuestas de la Unidad para las Víctimas -en dos, de los cuatro casos de las entrevistas-, fue que la declaración se hizo de manera extemporánea. Por este motivo, no pueden incluirse y ser reconocidas como víctimas. En los otros dos casos, por decisión propia y con el fin de evitar revictimizaciones, las mujeres decidieron no declarar. Para este efecto se solicitó información sobre la ruta de atención psicosocial dirigida a Mujeres Militares Víctimas, a la Jefatura Jurídica Integral; que cuenta con una dependencia denominada Dirección de Apoyo a la Transición, oficina responsable de la atención a Militares Víctimas, en respuesta al derecho de petición con radicado con el N.º 20168020264801 se manifiesta que: Tanto la ley 1448 de 2011 como la ley 975 de 2005, reconocen a los miembros de las Fuerzas Militares y sus familias como víctimas del conflicto, así las cosas, es la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, quien tiene la obligación de crear y definir la ruta de atención y reparación integral con enfoque de género para los miembros de la Fuerza Pública. No obstante, se considera que los miembros de las Fuerzas Militares deberían tener la misma ruta de atención y reparación por el simple hecho de ser víctimas. Cabe resaltar que cuando es necesario, la atención para salud física y mental se remite al Batallón de Sanidad y a la Dirección de Familia y Bienestar Social, que maneja un programa de atención a militares víctimas y sus familias 85
(Respuesta Derecho de Petición, 2016, pág. 2). De acuerdo con lo expuesto, si es necesario se envía una remisión al Batallón de Sanidad o a los programas de la Dirección de Familia y Bienestar Social del Ejército y se exige a la Unidad para las Víctimas, que genere una ruta de atención y reparación a las víctimas militares. Por otra parte, la Dirección de Familia y Bienestar Social del Ejercito Nacional (2016, pág. 1) en respuesta al requerimiento Nº. 104038 manifiesta que la institución si cuenta con programas donde se brinda atención a la población sensible de las Fuerzas, entendidas como las familias que incluyen personal privado de la libertad, liberados, secuestrados, desaparecidos, fallecidos en cautiverio, heridos en combate y familias que tengan miembros que hayan fallecido. Dentro de los procesos de orientación laboral y educativa, se direccionan las solicitudes de los usuarios que acuden a la Dirección de Familia. Sin embargo, en esta respuesta no se expone una ruta de atención psicosocial establecida para los Militares Víctimas del conflicto y tampoco se define la atención para las Mujeres Militares, pese a que la atención de solicitudes en el área laboral y educativa abarca parte de lo que se relaciona en la atención psicosocial. El Ejército Nacional a través de sus diferentes jefaturas como las expuestas, ha hecho su mayor esfuerzo en orientar programas de atención a su población vulnerable; sin embargo, los Militares Víctimas del conflicto, por derecho que les otorga la ley de víctimas, necesitan de una ruta de atención psicosocial con enfoque de género, tal como se encuentra expuesta para las demás víctimas reconocidas por esta misma ley; al igual quienes establecen esta ruta de atención psicosocial desde el momento de su reconocimiento, es la Unidad para las Víctimas por ser la entidad encargada del proceso de reparación integral a víctimas y el Ministerio de Salud y Bienestar Social. En lo referente al programa de atención psicosocial, estas dos entidades escogidas tienen obligaciones impuestas en la ley 1448 de 2011, para generar y desarrollar las diferentes rutas de atención, asistencia y reparación. De esta manera, queda claro que la Unidad para las Víctimas no ha desarrollado ningún programa que se enfoque en el reconocimiento, la atención y la reparación a las Mujeres Militares Víctimas del conflicto, en ninguna de las 5 medidas establecidas por la ley de víctimas. 86
La reparación simbólica para Mujeres Militares Víctimas. Cuando se habla de reparación simbólica, es importante destacar que la reparación simbólica es un mecanismo de las medidas de satisfacción; estas, de acuerdo con la ley de víctimas y Restitución de Tierras, son las medidas materiales e inmateriales que hacen parte de una reparación más amplia que tiene como dirección las acciones encaminadas a los daños irreparables. (Colombia, Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, 2014). Igualmente se afirma en el capítulo 9° de la ley 1448 de 2011: “las medidas de satisfacción son acciones tendientes a investigar y difundir la verdad sobre lo sucedido y sancionar a los responsables, mostrar solidaridad y reconocer la dignidad de las víctimas, a través de acciones que procuren mitigar su dolor y reparar el daño causado” (Colombia, Congreso de la República, 2011) Es así como la reparación simbólica es toda prestación realizada a favor de las víctimas o de la comunidad en general que tienda a asegurar la preservación de la Memoria Histórica, la no repetición de los hechos victimizantes, la aceptación pública de los hechos, la solicitud de perdón público y el restablecimiento de la dignidad de las víctimas. (Art. 141) Vera Piñeros (2008), expresa que la reparación simbólica puede contener tanto dimensiones meramente emocionales, como materiales; incluye múltiples actividades y actitudes cuyos propósitos amplios pueden verse como el cierre o alivio de las heridas/traumas no reparables o compensables, la facilitación del perdón,8 un factor central y aún de definición ambigua para buscar la reconciliación nacional, la preservación colectiva de la memoria de lo ocurrido y la dignificación de las víctimas. Es entonces que la reparación simbólica a través de sus mecanismos como pueden ser las cartas de dignificación, la búsqueda de personas desaparecidas, los actos de perdón público, la construcción de la memoria histórica y los homenajes, conmemoraciones, monumentos a la memoria de las víctimas buscan generar aspectos positivos para restaurar la parte moral de las víctimas; de igual manera pretende generar un impacto generalizado que perdure, con el fin de buscar la preservación de la memoria. (Centro de Investigaciones en Memoria Histórica Militar, 2017, págs. 14- 15) No como perdón jurídico equivalente a las decisiones absolutorias de responsabilidad individual en los hechos atroces, sino en sentido teológico como camino para aliviar la culpa colectiva y las cargas victimizantes al tratar de dejar atrás social o colectivamente lo humanamente irreparable 9
Los procesos de reparación simbólica a las Mujeres Militares víctimas del conflicto son de vital importancia, puesto que tienen como objetivo base conocer de primera mano las voces de las mujeres víctimas y sus historias, como medida de visibilización, para que el mundo conozca estas historias de mujeres que dieron todo por la consolidación de la paz en Colombia. Como son los casos de la Teniente de Corbeta Laura Rocío Prieto; quien ofrendo su vida en cumplimiento de su deber, así mismo las historias de Shirley Lauren, de la Teniente Coronel Elizabeth Vélez y la Teniente Coronel Nubia Nieto, quienes, en el desarrollo de sus funciones específicas, sufrieron heridas por ataques directos de las FARC. Una manera de construir memoria, es contar estas historias individuales; lo que, sin lugar a duda, coadyuva a la reconstrucción de una memoria colectiva institucional. Para estas Mujeres Militares es importante el reconocimiento como víctimas directas del conflicto. Más allá de buscar un beneficio material, a ellas les honra que el Estado las reconozca al igual que a la mayoría de las Mujeres Militares que cada día desde sus deberes y funciones, trabajan dando lo mejor para ayudar a construir un mejor país.
Conclusiones. 1.	La mujer miembro de las fuerzas armadas estatales estaría expuesta a los ataques directos; sin embargo, estos ataques no pueden ser excesivos -respecto a los métodos y medios de combate utilizados por los grupos armados organizados que son parte del conflicto armado colombiano-, sino lo efectivamente necesario para neutralizar ese objetivo militar, respetando los principios del DIH. 2.	Las Mujeres Militares son consideradas víctimas del conflicto armado cuando los grupos armados organizados infringen el Derecho Internacional Humanitario y están expuestas a graves violaciones de los Derechos Humanos. 3.	Se puede decir que el alcance de la medida de rehabilitación contemplada en la ley 1448 de 2011, enfocada en a la atención psicosocial para las mujeres Militares reconocidas víctimas del conflicto armado, 88
es deficiente porque no existe una ruta de atención establecida para ellas y mucho menos existe un enfoque diferencial. 4.	Si bien la ley 1448 de 2011 otorga al régimen especial responsabilidad de reparación, es necesario que sean la Unidad para las Víctimas y el Ministerio de Salud, los encargados de brindar herramientas y asesoría a las instituciones para que estas implementen una ruta de atención psicosocial a las Mujeres Militares Víctimas del conflicto. 5.	La ley de víctimas en su artículo 3 y 27 contiene las razones jurídicas que sustentan la inclusión de las víctimas y la correspondencia con elementos normativos surgidos del DIH y particularmente de los DD.HH. Por tanto, la Unidad para la Reparación de las víctimas dispone de los criterios de valoración diseñados con relación a los diferentes hechos víctimizantes. 6.	También, con relación a grupos o poblaciones que requieran de análisis diferenciado, como es el caso de las víctimas pertenecientes a las Fuerzas Militares. Estos criterios permiten observar que las Fuerzas Militares no se encuentran en todo momento absorbidas por el aparato estatal; situación que permitirá reconocer su dignidad como personas y su posibilidad de contar con los mismos derechos que la población civil. 7.	Es indispensable, en un marco de aplicación de procesos de justicia transicional, diseñar medidas de reparación integral para las Mujeres Militares víctimas del conflicto, medidas que contribuyan a los procesos de recuperación emocional y visibilización de las mismas. Con esto se podría cumplir satisfactoriamente los estándares internacionales en materia de derechos de las víctimas como son la justicia, la verdad, la reparación integral, memoria histórica y las garantías de no repetición.
SLB. DE EJÉRCITO: SHIRLEY MARÍA LAURENS ESTRADA Víctima de atentado con artefacto explosivo no convencional
El día 31 de julio de 1999 a las 03:00 las milicias Bolivarianas de las Farc que dependían de los frentes 34 y 36 atentan contra las instalaciones del Gaula de Antioquia en la ciudad de Medellín, usando una camioneta que se encontraba cargada con 100 kilogramos de dinamita que fue activada y direccionada en dichas instalaciones, el uso de explosivos no convencionales es prohibido a la luz del Derecho Internacional Humanitario (DIH). Para el día de los hechos Shirley se encontraba en las instalaciones del Gaula, ya que posterior a su juramento de bandera como soldado bachiller, fue asignada como estafeta en la oficina donde cumplía estas funciones. Como consecuencia de este hecho, Shirley sufrió heridas de gravedad en el 80% de su cuerpo, estas heridas dejaron secuelas imborrables y la sometieron a un proceso de recuperación física y emocional que duró alrededor de tres años. Sus proyectos de vida a los 18 años, se vieron drásticamente modificados. Sin embargo, Dios y su familia fueron los motores que apoyaron su recuperación y luego de un proceso de rehabilitación y adaptación a sus nuevas condiciones, en la actualidad Shirley es un ejemplo de lucha y perseverancia para sus tres hijos.
TENIENTE CORONEL EJC ELIZABETH VÉLEZ SALAZAR Víctima de lesiones personales por ataque a ambulancia que transportaba personal herido
La Teniente Coronel Elizabeth Vélez, enfermera de profesión, ingresó a la Escuela Militar de Cadetes José María Córdova en septiembre del año 2000, luego de un poco más de tres meses de curso, asciende al grado de Teniente y es asignada al Batallón de Infantería Patriotas. Siendo orgánica del Batallón Pedro Nel Ospina en Bello (Antioquia). Allí cumpliendo funciones de Jefe del Dispensario médico, el día 10 de junio del 2004 recibe órdenes de su comandante de realizar una evacuación médica a personal Militar que se encontraba herido por accidente de tránsito en la vía, entre Yolombó y Porce, pasadas las 12 de la noche. Ella con su personal médico, realiza la evacuación y procede a llevar a los heridos a la ciudad de Medellín. En el transcurso del viaje a las 2 de la mañana llegan a un retén ilegal de la guerrilla, los guerrilleros encapuchados y armados, les piden que bajen de la ambulancia y proceden a requisar al personal y la ambulancia, mientras se hacían estas requisas, llega al retén guerrillero una patrulla del Ejército y se da un fuego cruzado. Los guerrilleros usaron la ambulancia de escudo protector y dispararon al personal sin distinción y sin considerar que allí, se encontraban heridos dentro de la ambulancia. De igual manera, no se respetó al personal médico que estaba con su uniforme, (ninguna de las personas que estaba dentro de la ambulancia se encontraban vestidas 91
con camuflados del ejército) es ahí cuando la Teniente Elizabeth Vélez, recibe cinco impactos de bala, dos en abdomen derecho, dos en la pierna derecha y uno en su brazo izquierdo. Este hecho la convierte en la primera mujer oficial de Ejército herida. Su coraje y fortaleza le permiten, -pese a la gravedad de sus heridas- que llegue con vida al hospital en la ciudad de Medellín. Hoy agradece a Dios el preservar su vida y permitirle continuar cumpliendo sus sueños y deseos. Aunque su recuperación fue dolorosa debido a sus heridas físicas, siempre dio lo mejor de sí para que su recuperación fuera satisfactoria. Este evento no estuvo enmarcado solo en el daño físico, sino también en todo lo vivido emocionalmente en el momento de los hechos; todas estas situaciones fueron afrontadas con el apoyo de su madre y hermano menor, su actitud positiva hizo que su vida continuara; de hecho, manifiesta que su vida cambió para bien, ya que estos hechos le enseñaron a valorar y disfrutar más su vida y su familia.
TC. (RA) DE EJERCITO: NUBIA FABIOLA NIETO BOGOTÁ Víctima de lesiones personales en condición de médico al encontrarse evacuando a un herido
La Teniente Coronel en retiro Nubia Nieto, médica de profesión; ingresó a la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova el primero de septiembre de 1997, después de tres meses de curso, asciende al grado de Teniente del cuerpo administrativo. Fue asignada al Batallón de Infantería Nº. 19 General Joaquín París, en el Municipio de san José de Guaviare. Desde su profesión apoyó en la atención y asistencia primaria a los heridos en las tomas de Miraflores, El Capricho y la Toma de Mitú. Luego en el grado de Capitán, la médica Nubia Fabiola Nieto pertenecía al grupo GATRA, que es el grupo avanzado de trauma en combate, además se encontraba orgánica en el mismo Batallón. El 14 de octubre de 2004 participaba en una operación para evacuar a un soldado herido en la cabeza y el tórax en San Vicente del Caguán. Esta evacuación se desarrolló con apoyo aéreo, el avión Black Hawk llegó al sitio de aterrizaje y a un metro del suelo, cuando los técnicos abrieron las puertas de la aeronave, y ella, -hasta ese entonces capitán Nieto- con su ropa médica y el distintivo de Sanidad, bajó de la aeronave a recibir el herido y terroristas la emboscaron y abrieron fuego contra el helicóptero desde el lado derecho, impactando a la oficial médica en la cadera, mientras se revisaba para prestarse los primeros auxilios a sí misma, otra bala le impactó el brazo derecho con tal potencia que casi se lo desprendió. 93
Debido a la intensidad del fuego cruzado, a las heridas recibidas por la tripulación y a que además la ametralladora del helicóptero que intentaba responder el fuego se trabó, el piloto tomó la decisión de retirarse y llevar a la capitán Nieto al hospital, donde casi tienen que amputarle el brazo herido. Logró recuperarse en un 80%. Ella manifiesta que su proceso de recuperación física fue de casi ocho meses, pero las secuelas emocionales y los rasgos de estrés postraumático fueron de difícil recuperación y mucho tiempo después. Hasta el último día de trabajo en la institución, ejerció como médica del ejército en misiones de rescate.
TENIENTE DE CORBETA ARC LAURA ROCÍO PRIETO. Asesinada por las FARC en Puerto Leguízamo, (Putumayo)
Nombrada Juez de Instrucción Penal Militar en la Base Naval de Puerto Leguízamo (Putumayo), el 24 de marzo de 2005. Se desplazaba desde este sitio hacia el corregimiento de la Tagua (Putumayo), donde se encontraba acantonado un Batallón del Ejército Nacional. Debía adelantar una diligencia judicial y fue sorprendida por cargas explosivas de cilindros de metralla instalados sobre la vía. Ella, otro oficial, tres suboficiales y un grupo de infantes de marina sobrevivieron a esa primera emboscada. Sin embargo, unos minutos más tarde, desde sitios estratégicos fueron atacados con ametralladoras M-60 y disparos de fusil. Ella y sus compañeros fueron obligados a bajar del vehículo y luego los acribillaron por la espalda. De acuerdo con la investigación, esta atrocidad fue perpetrada por el frente 48 de las FARC, que delinquía en esa área del Putumayo. Se trató de un homicidio en persona protegida, con el uso de armas no convencionales, sin duda un crimen de guerra a la luz del Derecho Internacional Humanitario (DIH).
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Libro miembro de las fuerzas militares victimas del conflicto armado
El presente libro busca interpretar y comprender cuáles serán los mecanis­mos ideales para una reparación integral de todas las víctimas de...