Source: https://es.scribd.com/doc/159600331/ACUERDOS-PLENARIOS
Timestamp: 2015-11-26 07:03:14
Document Index: 331436734

Matched Legal Cases: ['artículo 149', 'artículo 189', 'artículo 189', 'artículo 189', 'Artículo 108', 'Artículo 189', 'artículo 50', 'artículo 50', 'artículo 51', 'artículo 51', 'artículo 161', 'artículo 471', 'artículo 468', 'artículo 468', 'artículo 344', 'artículo 105', 'artículo 104', 'artículo 105', 'artículo 105', 'artículo 83', 'artículo 80', 'artículo 320', 'artículo 320', 'artículo 36', 'artículo 332', 'artículo 88', 'artículo 182', 'artículo 179', 'artículo 185', 'artículo 186', 'ARTÍCULO 186', 'artículo 444', 'artículo 186', 'artículo 186', 'artículo 159', 'artículo 317', 'artículo 173', 'artículo 170', 'artículo 173', 'artículo 170', 'artículo 173', 'artículo 170', 'artículo 173', 'artículo 170', 'artículo 170', 'artículo 170', 'artículo 71', 'artículo 71', 'artículo 339', 'artículo 233', 'artículo 96', 'artículo 339', 'artículo 339', 'artículo 83', 'Artículo 339', 'Artículo 339', 'Artículo 339']

P. 1ACUERDOS PLENARIOSACUERDOS PLENARIOS|Views: 422|Likes: 1Publicado porKatheryn Vanessa Nuñez FarfanMore info:Published by: Katheryn Vanessa Nuñez Farfan on Aug 11, 2013Copyright:Attribution Non-commercialAvailability:Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate content|Agregar a la colecciónSee moreSee lesshttps://es.scribd.com/doc/159600331/ACUERDOS-PLENARIOS05/08/2015pdftextoriginalI.-DATOS GENERALES:
1. FACULTAD: Derecho y Ciencias Políticas 2. CARRERA PROFESIONAL: Derecho 3. CENTRO ULADECH –CATÓLICA: Piura 4. NOMBRE DE LA ASIGNATURA: Integración de Derecho Penal y Procesal Penal. 5. TEMA: Comentario a los Acuerdos Plenarios en Materia Penal 6. SEMESTRE ACADÉMICO: 2013-01 7. CICLO ACADÉMICO: XII Ciclo. 8. DOCENTE TUTOR: Mario Figueroa Cruz. 9. ALUMNA: Núñez Farfán, Katheryne Vanessa.
PIURA – PERÚ 2013
ACUERDO PLENARIO N° 1-2009/CJ-116 Asunto: RONDAS CAMPESINAS y DERECHO PENAL
El tema de la controversia es establecer con toda justicia si las Rondas Campesinas y Comunales son o no sujetos colectivos titulares del derecho de ejercicio de funciones jurisdiccionales en su ámbito territorial
El artículo 149° de la Constitución exige una lectura integradora y en armonía con los principios de unidad de la Constitución, concordancia práctica y corrección funcional. El citado artículo constitucional prescribe lo siguiente: “Las autoridades de las Comunidades Campesinas y Nativas, con el apoyo de las Rondas Campesinas, pueden ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con el derecho consuetudinario, siempre que no violen los derechos fundamentales de la persona. La ley establece las formas de coordinación de dicha jurisdicción especial con los Juzgados de Paz y con las demás instancias del Poder Judicial”.
Una primera lectura, meramente literal del texto normativo en cuestión, podría concluir que las Rondas Campesinas, en primer lugar, para ser tales, deben surgir y ser parte de las Comunidades Campesinas y Nativas -nacen de ellas e integran su organización-; y en segundo lugar, que no ejercen por sí mismas funciones jurisdiccionales, pues su papel sería meramente auxiliar o secundario. La realidad social, sin embargo, revela que las Rondas Campesinas surgieron a mediados de la década de los setenta del siglo pasado, siempre por decisión de los propios campesinos o vecinos de un sector, estancia o caserío, como una necesidad comunal o colectiva de protección, no sólo desde las propias Comunidades sino también de aquellas poblaciones rurales andinas que carecían de Comunidades Campesinas y necesitaban expresar su organización comunal y consolidar los espacios de afirmación de su identidad colectiva. INTEGRACION DE DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL. 2
Las Rondas Campesinas, en consecuencia y vistas desde una perspectiva general, forman parte de un sistema comunal propio y, en rigor, constituyen una forma de autoridad comunal en los lugares o espacios rurales del país en que existen, estén o no integradas a Comunidades Campesinas y Nativas preexistentes.
INTEGRACION DE DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL.
ACUERDO PLENARIO N° 2-2009/CJ-116 Asunto: REGULARIZACIÓN TRIBUTARIA
El asunto es determinar si el artículo 189° CT (Código Tributario), modificado por la Ley número 27038, incorpora una causa material de exclusión de pena concebida procesalmente como un impedimento procesal, cuyo efecto es, de un lado, excluir la punibilidad del hecho típico, antijurídico y culpable, y, de otro lado, impedir la iniciación del proceso penal.
Prescribe la citada norma, en sus párrafos segundo, tercero y cuarto, lo siguiente: A. “No procede el ejercicio de la acción penal por parte del Minist erio Público, ni la formulación de denuncia penal por delito tributario por parte del Órgano Administrador del Tributo cuando se regularice la situación tributaria, en relación con las deudas originadas por la realización de algunas de las conductas constitutivas del delito tributario contenidas en la Ley Penal Tributaria, antes de que se inicie la correspondiente investigación fiscal o a falta de ésta, el Órgano Administrador del Tributo notifique cualquier requerimiento en relación al tributo y período en que se realizaron las conductas señaladas”. B. “La improcedencia de la acción penal contemplada en el párrafo anterior, alcanzará igualmente a las posibles irregularidades contables y otras falsedades instrumentales que se hubieran cometido exclusivamente en relación a la deuda tributaria objeto de regularización”. C. “Se entiende por regularización el pago de la totalidad de la deuda tributaria o en su caso la devolución del reintegro, saldo a favor o cualquier otro beneficio tributario obtenido indebidamente. En ambos casos la deuda tributaria incluye el tributo, los intereses y las multas”. Los delitos tributarios protegen la Hacienda Pública desde la perspectiva del interés del Estado y de la propia Hacienda Pública de que la carga tributaria se realice con los modos fijados en la Ley. Se protege, en consecuencia, el proceso de recaudación de ingresos y de distribución de los mismos en el gasto público La finalidad de política tributaria de la regularización se encuentra en el objetivo estatal de conseguir que los tributos dejados de pagar efectivamente se recauden, INTEGRACION DE DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL. 4
En tanto se trata de una causa material de exclusión de punibilidad ex post factum sus efectos liberatorios de la sanción penal necesariamente alcanzan o benefician a todos los intervinientes en el delito –autores y partícipes-. se refieren al hecho o injusto culpable. Tal consideración es.
INTEGRACION DE DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL. Destaca la perspectiva objetiva de la regularización tributaria. los requisitos y los efectos de la regularización. por cierto. compatible con el propio tenor literal del artículo 189° CT. esto es.ULADECH – PIURA
y su fundamento dogmático reside en la reparación del daño.
. no al autor. como resulta evidente. el ámbito de aplicación. que a final de cuenta impide toda posibilidad de someter a proceso penal por los hechos punibles objeto de regularización.
El artículo 189° CP se configura cuando el agente como consecuencia de los actos propios del uso de la violencia para facilitar el apoderamiento o para vencer la resistencia de quien se opone al apoderamiento. de un típico supuesto de homicidio preterintencional donde el resultado sólo se le puede atribuir al agente a título de culpa. Se trata de los artículos 108° CP sobre el delito de asesinato y 189° CP sobre delito de robo con agravantes. un caso de tipificación simultánea. resultado que no quiso causar dolosamente pero que pudo prever y evitar. esto es. se produce la muerte de la víctima…”. entonces. Se trata. el asesinato implica una relación de medio-fin. dolosa y culposa. le ocasiona o le produce la muerte. que el agente buscaba el desapoderamiento patrimonial de la víctima. pero como consecuencia del ejercicio de violencia contra ella le causa la muerte.ULADECH – PIURA
ACUERDO PLENARIO N° 3-2009/CJ-116 Asunto: ROBO CON MUERTE SUBSECUENTE Y DELITO DE ASESINATO. pues. quien fallece a consecuencia de la agresión.
El asunto es que el ordenamiento penal vigente contiene dos tipos legales que aluden a la muerte de una persona en conexión con la comisión de otro delito. en que el homicidio es el delito-medio cometido por el agente con el propósito de hacer INTEGRACION DE DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL. El citado dispositivo regula. Es de esta manera que el agente roba valiéndose del ejercicio de violencia física contra la víctima. siempre que el agente hubiere podido prever este resultado es una situación de preterintencionalidad heterogénea. cuando […] como consecuencia del hecho.
Distinto es el caso del asesinato para facilitar u ocultar otro delito. infiere lesiones a una persona. En efecto en estas disposiciones se regula lo siguiente: Artículo 108° CP: “Será reprimido […] el que mate a otro concurriendo cualquiera de las siguientes circunstancias: 2. Aquí el autor mata con el fin de conseguir un propósito ulterior. En el primer supuesto para facilitar otro delito. Es obvio. en este caso. Para facilitar u ocultar otro delito”. Artículo 189° (último párrafo) CP: “La pena será […]. 6
. pero de una misma conducta expresamente descrita.
en la circunstancia o en el contexto situacional en que interviene ha de valorar la perpetración del homicidio como vía para garantizar su objetivo ligado siempre a otro delito. en el segundo supuesto para ocultar otro delito.
INTEGRACION DE DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL. por ejemplo. cuando el agente es sorprendido en el acto del robo y para evitar su captura.ULADECH – PIURA
posible la ejecución del delito-fin. que conduciría al descubrimiento o esclarecimiento de su delito. siempre doloso. el agente. Por consiguiente.
. Ello ocurre. el delito previamente cometido o el que está ejecutándose es la causa del comportamiento homicida del agente. dispara contra su perseguidor o contra quien trata de impedir su fuga.
ACUERDO PLENARIO N° 4-2009/CJ-116 Asunto: DETERMINACIÓN DE LA PENA Y CONCURSO REAL
El artículo 50º del Código Penal (CP) regula el denominado concurso real de delitos. a las INTEGRACION DE DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL. el concurso real se caracteriza por presentar pluralidad de acciones y por ello constituye la contrapartida del concurso ideal. de la aplicación del mismo procedimiento regulado para el concurso real de delitos en el artículo 50º CP. Luego deberá someter el resultado o pena concreta total del concurso real retrospectivo. surgirá. Se produce un concurso real de delitos cuando un mismo autor con una pluralidad de acciones independientes entre sí. lesiones y una falsificación de documentos. El concurso real es heterogéneo cuando los delitos realizados por el mismo autor constituyen infracciones de distinta especie. por ejemplo. si en distintas oportunidades se cometieron un hurto. cuando en diversas ocasiones y de modo independiente se cometieron varios robos. 8
. varios delitos autónomos. descubriendo.
La modificación del artículo 51º CP. Es decir. es decir. también. Es decir. A diferencia del concurso ideal (que presenta unidad de acción). el órgano jurisdiccional competente en cada juzgamiento deberá adicionar las penas concretas parciales que obtenga por los delitos que procesó. al autor de esa pluralidad concursal de delitos independientes se le fue sometiendo a juicio y condenando secuencialmente por cada hecho punible. a aquellas que ya fueron impuestas en los juzgamientos precedentes.
Existen dos formas de concurso real de delitos: el homogéneo y el heterogéneo. el denominado concurso real retrospectivo o posterior. sucesivamente. ha establecido que la pena concreta para tales casos. mediante la Ley 28730. según la oportunidad en que tales ilícitos se fueron. a su vez. Se configura cuando los delitos que componen el concurso no fueron juzgados simultáneamente en un solo proceso penal. realiza. Constituye una modalidad especial de concurso real de delitos. El concurso real es homogéneo si la pluralidad de delitos cometidos corresponden a una misma especie.
. cuando menos. uno de los delitos en concurso).ULADECH – PIURA
verificaciones y límites señalados en el mismo artículo 51º CP y a los cuales ya se ha hecho mención al analizar el caso del concurso real (no superar treinta y cinco años de pena privativa de libertad ni superar el doble de la pena concreta parcial correspondiente al delito más grave y aplicar sólo la pena de cadena perpetua si ella resulta como sanción para.
Cabe puntualizar que la última frase del citado dispositivo legal precisa que el beneficio en cuestión es adicional y se acumulará al que reciba por confesión. Es claro. en tanto permite disminuir la pena hasta en una tercera parte por debajo del mínimo legal (artículo 161° NCPP). Ésta última es una circunstancia modificativa de la responsabilidad de carácter genérica y excepcional. quien apunta a que su caso no se ventile públicamente. no encuentra obstáculo a su acumulación. por lo demás. de ahí que es lógica la disposición procesal que la diferencia del beneficio por el acogimiento a la terminación anticipada y. además. 10
. en sus aspectos esenciales. Su regulación. Sección V.
El proceso de terminación anticipada importa la aceptación de responsabilidad por parte del imputado respecto del hecho punible objeto del proceso penal y la posibilidad de negociación acerca de las circunstancias del hecho punible. la reparación civil y las consecuencias accesorias. uno de los efectos benéficos de este proceso especial. El proceso de terminación anticipada atraviesa diversas etapas o fases. la INTEGRACION DE DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL. del Nuevo Código Procesal Penal (NCPP). desde la perspectiva del imputado. Es. cuya justificación estriba en que es consecuencia del carácter de publicidad relativa de la investigación preparatoria y constituye. uno de los exponentes de la justicia penal negociada. una forma de simplificación procesal. que lo que hace es redefinir el marco penal correspondiente. Ahora bien. que audiencia preparatoria es privada. está suficientemente desarrollada en el Libro V. artículos 468°/471°.
El artículo 471° NCPP estipula una reducción adicional acumulable de la pena de una sexta parte. por tanto. que se sustenta en el principio del consenso. que va desde la calificación de la solicitud de terminación anticipada. además.ULADECH – PIURA
ACUERDO PLENARIO N° 5-2009/CJ-116 Asunto: PROCESO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA
La terminación anticipada es un proceso penal especial y. hasta la realización de la audiencia respectiva y la consecuente emisión de la decisión resolutoria correspondiente: auto desaprobatorio del acuerdo o sentencia anticipada. la pena.
El artículo 468°.
INTEGRACION DE DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL. tasada. Sobre ésta.7 NCPP prescribe que la sentencia anticipada. el proceso de terminación anticipada se insta después de expedida la Disposición de Formalización y Continuación de la Investigación Preparatoria y hasta antes de formularse la acusación fiscal (artículo 468°. Además. es una pauta de disminución fija y automática. Es así que podemos llegar a decir que el proceso de terminación anticipada no guarda correspondencia con el proceso común. una vez definida. es decir.1 NCPP). puede ser apelada por los demás sujetos procesales.ULADECH – PIURA
aplicación del beneficio de una reducción de una sexta parte se refiere a la pena concreta o final.
. aprobatoria del acuerdo. es que ha de operar la reducción en una sexta parte. Es un proceso especial sujeto a sus propias reglas de iniciación y con una estructura singular.
la acusación debe mencionar acabadamente la fundamentación fáctica. 1° y 92° de la Ley Orgánica del Ministerio Público. siempre provisional. como se sabe. Desde la perspectiva objetiva. al grado del delito. Mediante la acusación la Fiscalía fundamenta y deduce la pretensión penal. artículo 344°. así como el ofrecimiento de medios de prueba. a la forma de autoría o de participación. está obligada a acusar cuando las investigaciones ofrecen base suficiente sobre la comisión del hecho punible atribuido al imputado (expresamente. La Fiscalía. En la etapa intermedia en el NCPP se afilia al sistema legal de la obligatoriedad INTEGRACION DE DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL.ULADECH – PIURA
ACUERDO PLENARIO N° 6-2009/CJ-116 Asunto: CONTROL DE LA ACUSACIÓN FISCAL
La acusación fiscal es un acto de postulación del Ministerio Público que promueve en régimen de monopolio en los delitos sujetos a persecución pública (artículos 159°. Éste comprende la precisión de los elementos legales del hecho punible.
La acusación debe incluir un título de imputación determinado. según se trate del NCPP. una calificación. en virtud del principio de legalidad u obligatoriedad. fiscal o judicial.1 NCPP). la indicación de la ley penal correspondiente con las normas que correspondan. desde una perspectiva subjetiva. indicar con todo rigor el título de condena y concretar una petición determinada. La característica común de las normas citadas. del hecho punible objeto de investigación preparatoria o instrucción. es la necesidad de una identificación exhaustiva del imputado.4 de la Ley Orgánica del Ministerio Público identifican el contenido de la acusación fiscal y condicionan su eficacia procesal.5 de la Constitución. la petición fundamentada dirigida al órgano jurisdiccional para que imponga una sanción penal a una persona por la comisión de un hecho punible que se afirma que ha cometido.
Los 349° NCPP y 92°. quien ha de haber ser sido comprendido como tal mediante una acto de imputación en sede de investigación preparatoria o instrucción. 12
. esto es. referidas a la tipicidad objetiva y subjetiva. es decir.
INTEGRACION DE DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL. El Juez de la Investigación Preparatoria es el encargado de realizar el control de legalidad de la acusación fiscal. verificar la concurrencia de los presupuestos legales que autorizan la acusación fiscal.ULADECH – PIURA
del control del requerimiento fiscal. esto es.
En tal sentido. Y en el artículo 105º CP se detalla un amplio catálogo de sanciones que se aplicarán a estos entes colectivos. Sin embargo. en el artículo 104º CP se regula una especie de responsabilidad civil subsidiaria que deberá afrontar la persona jurídica ante las limitaciones económicas de sus funcionarios o dependientes vinculados en la comisión de una infracción penal. Únicamente los artículos 104º y 105º CP se refieren a consecuencias accesorias que pueden recaer sobre una persona jurídica. el órgano jurisdiccional deberá evaluar en cada caso la necesidad especial de aplicar una consecuencia accesoria en los niveles de equidad cualitativa y cuantitativa que correspondan estrictamente a las circunstancias del suceso sub judice y según los criterios de determinación anteriormente detallados. 14
. así como la justificación interna o externa de las decisiones jurisdiccionales que impongan las distintas consecuencias accesorias que dicha norma contempla.ULADECH – PIURA
ACUERDO PLENARIO N° 7-2009/CJ-116 Asunto: PERSONAS JURÍDICAS Y CONSECUENCIAS ACCESORIAS
El CP incorporó sanciones de carácter penal aplicables a las personas jurídicas y las denominó consecuencias accesorias. Es pertinente destacar que por su naturaleza sancionadora. las exigencias generales que derivan del principio de proporcionalidad concreta o de prohibición del exceso.
En el artículo 105º CP no existen reglas de determinación que orienten la aplicación judicial.
En el Código Penal las consecuencias accesorias se encuentran ubicadas en el Capítulo II del Título VI del Libro Primero . siempre que ésta resulte vinculada o beneficiada con la comisión o encubrimiento de un delito.
Efectivamente. Con esta decisión político criminal la legislación nacional procuraba establecer un inédito nivel de respuesta punitiva frente a aquellos delitos donde resultase involucrada una persona jurídica. estas dos disposiciones aluden a consecuencias accesorias con distintas funciones y efectos. las consecuencias accesorias imponen que su aplicación judicial observe. también. con justificada racionalidad. INTEGRACION DE DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL.Parte General.
ante la autoridad competente. Por consiguiente. el Juez está autorizado por dicha norma para disponer.ULADECH – PIURA
En el artículo 105º CP también se incluyen salvaguardas a favor de los derechos de terceros: trabajadores y acreedores.
INTEGRACION DE DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL. así como sobre la actividad procesal que estas pueden desplegar. la intervención del ente colectivo sancionado hasta por dos años.
. los derechos y garantías reconocidos a las personas jurídicas. En el NCPP las normas relativas a la persona jurídica y a su rol en el proceso penal se encuentran comprendidas entre los artículos 90º/93º. los que pudieran resultar afectados con la imposición de consecuencias accesorias a la persona jurídica. Cada una de estas normas legisla aspectos específicos vinculados con la capacidad procesal.
Para efectos de determinar la prescripción de la acción penal nuestra legislación ha optado por tomar en cuenta la pena abstracta fijada para el delito. 46°-A Y ART. identificación de la pena básica. Finalmente entrará en consideración la verificación de la presencia de las “circunstancias” que concurren en el caso concreto. sobre el que tendrá esfera de movilidad. que se produce cuando el tiempo transcurrido sobrepasa en una mitad al plazo ordinario de prescripción. que fija el plazo en el que prescribe la acción penal.
La determinación judicial de la pena viene a ser un procedimiento técnico y valorativo que ha de permitir la concreción cualitativa. 16
. 49° DEL CP. es decir.ULADECH – PIURA
ACUERDO PLENARIO N° 8-2009/CJ-116 Asunto: LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL EN EL ART. con él. mientras que el artículo 83º CP reconoce la denominada prescripción extraordinaria de la acción penal. cuantitativa y. primero.
Dicha institución jurídica se encuentra regulada en el artículo 80º CP. a veces. la responsabilidad del supuesto autor o autores. Mediante la prescripción de la acción penal se limita la potestad punitiva del Estado.fijada por la ley para el delito” -prescripción ordinaria-. a examinar la posibilidad de una mayor concreción en la pena abstracta. individualización de la pena concreta. y segundo. una vez que se han actuado y contradicho las pruebas. ejecutiva de la sanción penal.
El CP reconoce la prescripción como uno de los supuestos de extinción de la acción penal. Ésta se configura como la respuesta pre constituida a un conjunto de hechos que INTEGRACION DE DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL. a construir el ámbito abstracto de la pena. En base a estos dos criterios el Juez se abocará. el mismo que será igual “…al máximo de la pena -abstracta. tal como explica la doctrina. Dicha actividad se realiza al final del proceso. sobre este fundamento el Juez considera el hecho acusado como típico antijurídico y culpable. dado que se extingue la posibilidad de investigar un hecho criminal y.
Por ello se señala que la determinación judicial de la pena es el acto por el cual el Juez pondera la infracción a la norma y la transforma en una medida de pena determinada (pena concreta). culpable y punible.
INTEGRACION DE DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL. en el que se contienen los elementos que fundamentan el merecimiento y necesidad de aquella pena-marco.ULADECH – PIURA
coinciden en construir un determinado tipo de injusto penal.
. sucede en un estadio posterior y final. por el contrario. y su magnitud es siempre expresión de la ponderación del ilícito culpable (cuantificación de la culpabilidad). La pena concreta.
que ha de tener. Su punto de inicio no es la privación de libertad sino el momento en que empieza a incumplirse INTEGRACION DE DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL. en cuanto a su conducta típica. 18
. actualmente. esto es. Lo expuesto en el párrafo anterior tiene relevancia en la medida en que el citado artículo 320º del Código Penal no se ha adecuado estrictamente a la prescripción normativa de la desaparición forzada tal como está expresada en las normas internacionales del cual forma parte. norma que prescribe: “El funcionario o servidor público que prive a una persona de su libertad. Además. Son dos las conductas sucesivas que han de tener lugar para la tipificación de este ilícito: a) la privación de libertad de una persona. precisamente.ULADECH – PIURA
ACUERDO PLENARIO N° 9-2009/CJ-116 Asunto: DESAPARICIÓN FORZADA
El delito de desaparición forzada es considerado como un crimen internacional por el Derecho Internacional Penal Convencional. no brindar la información legalmente impuesta sobre el paradero o situación jurídica del afectado.
El tipo legal de desaparición forzada. La desaparición debidamente comprobada: no dar información de una persona. a quien se la oculta. a quien no se le encuentra en los lugares donde normal o razonablemente debía estar. la privación de libertad del individuo sobre el que recae la acción típica. está regulado en nuestro derecho interno por el artículo 320° del Código Penal. y cuyo origen puede ser ab initio legal o ilegal. como presupuesto o como acción preparatoria incorporada al tipo legal. ordenando o ejecutando acciones que tengan por resultado su desaparición debidamente comprobada será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 15 años e inhabilitación conforme al artículo 36º inciso 1 y 2”. se consolida cuando se cumple este elemento. es un delito complejo que puede ser cometido de diversas maneras.
Como el delito de desaparición forzada es de ejecución permanente presenta singularidades en relación a la aplicación de la ley penal en el tiempo. y b) la no información sobre la suerte o el paradero de la persona a quien se le ha privado de su libertad.
15°. 9° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Parte Tercera del Estatuto de Roma. respectivamente-. siempre bajo la perspectiva de su ejecución permanente.
. legislación que se encuentra acorde con los artículos II de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.2. que consisten en la negativa de proporcionar información sobre la suerte de una persona a quien se privó de su libertad. Así lo manda la Constitución y el Código Penal –artículos 103° y 6°.
INTEGRACION DE DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL. Cabe puntualizar que la desaparición forzada de personas sólo puede ser atribuida por hechos. ocurridos con posterioridad a la entrada en vigor de Código Penal de 1991 que consagró tal conducta como delito y señaló la pena correspondiente.ULADECH – PIURA
el mandato de información. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
[…] A continuación. profesionales o políticos. En tal sentido. y se computa a partir de la fecha en que la sentencia queda firme”. en caso de ser impuesta como pena conjunta. desde la perspectiva legal y judicial. pena principal o accesoria. definió sus referentes legislativos. dicha sanción estará siempre en función a la naturaleza del delito de que se trate y al principio de proporcionalidad. Esta pena se caracteriza por privar al condenado de algunos derechos. requiere. del 18 de julio del año próximo pasado. como paso previo. fijó los alcances jurídicos de la pena de inhabilitación. un reexamen el párrafo 9° del citado Acuerdo Plenario en cuanto acotó que ”El término de la inhabilitación. públicas inclusive. del 18 de julio de 2008. está vinculado con el párrafo 15° del Acuerdo Plenario número 2-2008/CJ-116.ULADECH – PIURA
ACUERDO PLENARIO N° 10-2009/CJ-116 Asunto: EJECUCIÓN DE LA PENA DE INHABILITACIÓN Y RECURSO IMPUGNATORIO
El Acuerdo Plenario número 2-2008/CJ-116. También demanda. que al adquirir firmeza la sentencia condenatoria el órgano jurisdiccional de instancia que la dictó cumpla con lo dispuesto en el artículo 332° del Código de Procedimientos Penales. así como las exigencias procesales para su imposición y los mecanismos de su debida ejecución. con igual finalidad aclaratoria. Su aplicación se rige por un criterio de especialidad que implica. que cualquiera sea su condición y operatividad. su contenido. ese mismo órgano judicial debe remitir la causa al Juez Penal competente para dar inicio al proceso de ejecución…”. que los alcances de la pena de inhabilitación respecto del Acuerdo INTEGRACION DE DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL. 20
. el tema objeto de análisis y aclaración. por promover cierto nivel de controversia hermenáutica. En él se estipuló lo siguiente: “La ejecución de la pena de inhabilitación.
Entonces. corre paralelamente a las otras penas principales. duración y cómputo.
Concretamente. personales. […]. o por incapacitarlo para el ejercicio de diversas funciones o actividades.
.ULADECH – PIURA
Plenario número 2-2008/CJ-116. funcionan plenamente en aquellos Distritos Judiciales en los que se dictó la referida pena con arreglo al NCPP. Esta pena se ejecuta una vez que la sentencia condenatoria que la impuso adquirió firmeza. del 18 de julio de 2008. en especial los fundamentos jurídicos 9° y 11°. el plazo de ejecución se inicia desde esa fecha.
INTEGRACION DE DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL. no antes.
puede intuirse la relevancia que alcanzará aquel significado que los tribunales atribuyan a una norma. resulta obvio que se elegirá aquella que ofrezca una interpretación más consolidada. se han reconocido dos direcciones en la interpretación judicial de la ley (atribución de significado): “una tendiente a individualizar la solución más justa en relación a la peculiaridad del caso concreto —propia de las ejecutorias tradicionales—. a instancia de los órganos de apoyo del Poder Judicial. pues el mismo delimitará el modo en que resolverán controversias. según indica algún autor. Asimismo. en tanto los jueces al resolver casos deben emplear criterios homogéneos en aras de mantener una clara línea jurisprudencial y así evitar proceder de manera arbitraria.”. en realidad dicha actividad sería muy INTEGRACION DE DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL. el art. siguiendo el criterio apuntado. Sin embargo. 22
. Lo que explicaría el interés por realizar tal actividad que . se ha indicado que los citados acuerdos plenarios desarrollarían una “interpretación generalizadora más consolidada de una determinada institución jurídico penal o de un específico artículo del Código Penal o de la Ley Procesal Penal”5. pues resultaría adecuado que se busque la concordancia de aquello que resulta ser un componente decisivo para la solución de casos legales: los antecedentes de los tribunales. es generadora de “significados más justos”. Así. de acuerdo a una corriente de opinión. pueden reunirse en plenos jurisdiccionales nacionales. En este sentido. Dicha disposición indica lo siguiente: “Los integrantes de las Salas Especializadas. la otra tendiente a establecer a nivel general cual es el significado más justo atribuible a la norma —que es el objetivo preciso de una sentencia emanada de un Acuerdo Plenario”.ULADECH – PIURA
ACUERDO PLENARIO N° 1-2011/CJ-116 Asunto: APRECIACIÓN DE LA PRUEBA EN LOS DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL
Sobre la base de lo apuntado. 116° de la Ley Orgánica de Poder Judicial (LOPJ) regula la realización de los acuerdos plenarios por parte de sus salas especializadas. regionales o distritales a fin de concordar jurisprudencia de su especialidad. Además.
la misma que se vio reforzada por el hecho de que las costumbres y las convenciones sociales tuvieron por mucho tiempo un importante poder regulador de las conductas humanas en sociedad. no ejercen función jurisdiccional. pues el legislador ha buscado —desde antaño— la tutela de una difusa “moralidad”.
. según la doctrina ibérica. se afirma que los acuerdos plenarios no debería tener el mismo efecto “vinculante” que el de las sentencias.
INTEGRACION DE DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL. pues solo se trata “de reuniones de magistrados que no tienen el valor de jurisprudencia en la que se discuten cuestiones penales y procesales dudosas o sobre las que existen discrepancias y que es solo de utilidad en cuanto a consumo interno”. Por otro lado. determinará qué doctrinas legales serán tenidas en cuenta al momento en que los encargados de resolver un conflicto tomen una decisión en particular. llevaremos a cabo un conciso análisis del Acuerdo Plenario n°1-2011/CJ-116 con la finalidad de presentar nuestras observaciones sobre aquello que podría considerarse a nivel general como “el significado más justo atribuible a la norma” pues. es difícil negar que su influencia.ULADECH – PIURA
semejante a los denominados “acuerdos del pleno no jurisdiccionales” previstos en la legislación española y que. cabe destacar que la redacción de algunos de los delitos contra la libertad sexual han sido objeto de severas críticas. si bien es cierto. de algún modo. Teniendo en cuenta lo señalado.
los extraneus “no infringen el deber jurídico especial que vincula al funcionario o servidor público y. 24
Los plazos de prescripción. se suspende o se interrumpe separadamente para cada uno de los partícipes del hecho punible”. 80 CP no es extensible a los extraneus ya que no ostentan ningún deber especial: Así. en el caso de los extraneus. asimismo.ULADECH – PIURA
ACUERDO PLENARIO N° 2-2011/CJ-116 Asunto: NUEVOS ALCANCES DE LA PRESCRIPCIÓN
En el Acuerdo se menciona que la dúplica del plazo de prescripción previsto en el art. es necesario que exista una diferenciación entre el intranei y extraneus derivada de la diferente condición y ausencia del deber jurídico especial. pues con ello se va conseguir una justicia justa y un equilibrio punitivo en función a la real magnitud de la participación del agente. Esta distinción entre intervenciones principales y accesorias tiene el efecto de la escisión del término de la prescripción. no puede sostener una mayor extensión de los mismos para el extraneus”. los extraneus se regirán por la pena correspondiente al delito ejecutado INTEGRACION DE DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL. en ese sentido. no son merecedores de un mayor reproche penal en vinculación con la extensión del plazo de la prescripción. 88 CP: “Desde esta perspectiva y al amparo de los principios de proporcionalidad y razonabilidad. lo extraemos de la pena conminada a los autores en los tipos de la parte especial: “En suma. Esta posición. el marco concretado para el autor de un delito de infracción de deber. en términos de prescripción. y es coherente con el art. También lo explican a partir de los principios de proporcionalidad y de razonabilidad. Es ese contexto. guarda absoluta coherencia con la regulación prescrita en el artículo 88º CP que estatuye “La prescripción corre.
En buena cuenta. pues se haría responder más gravemente a una persona por una condición que no ostenta. tal cualidad (funcionarios públicos) no puede comunicarse al resto de los partícipes. del Libro Segundo del CP-. Interpretar lo contrario atentaría al principio de culpabilidad. Titulo XVIII.
. pero para los efectos del cómputo de la prescripción no se les extenderá el término del plazo previsto para los autores. pues a ellos no les alcanza la circunstancia agravante que sólo corresponde al autor”.ULADECH – PIURA
por el autor -dentro de los comprendidos en el Capítulo II.
que antes de la vigencia de la mencionada ley. que se ve reflejada al momento de definir la pena a aplicar a casos concretos. Se mantiene la estructura del tipo objetivo: a.
Específicamente. Reprimir y sancionar la Trata de Personas. ha sido solo modificado por la Ley Nº 28251 del 8/junio/2004. la vigencia de los preceptos de ambos delitos. Las variaciones legislativas han consistido en el incremento de la pena conminada y la inclusión de nuevas formas agravadas. promover o favorecer la prostitución (conductas típicas). el problema se advierte en determinar qué tipo penal es de aplicación en casos concretos de promoción o favorecimiento de la retención de personas. conforme al artículo 182 del Código Penal. han generado problemas aplicativos de su tipicidad. sujeto activo genérico (delito común). mediante engaños. especialmente de mujeres y niños de las Naciones Unidas. Sin embargo. b.
Cabe señalar. cualquier persona natural (sujeto pasivo genérico). conforme al Código Penal de 1991. Se entiende que este traslado de posición de labor preventiva general obedece a las recomendaciones y alcances del Protocolo Adicional para Prevenir. 26
. el delito de trata era considerada como otra forma delictiva de atentado contra la libertad sexual. Estos problemas son los que ha motivado la discusión y aprobación del Acuerdo Plenario Nº 3-2011/CJ-116 en el VII Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanente y Transitoria.
Estos supuestos se pueden advertir en las fórmulas legales de los delitos de favorecimiento a la prostitución y trata de personas. c. situación de vulnerabilidad o concesión de pagos o beneficios. para que ejerza la prostitución.ULADECH – PIURA
ACUERDO PLENARIO N° 3-2011/CJ-116 Asunto: SOBRE DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL Y TRATA DE PERSONAS: DIFERENCIAS TÍPICAS Y PENALIDAD
El delito de favorecimiento a la prostitución (artículo 179). Adviértase que si el Juzgador asume la tipicidad del delito de favorecimiento a la INTEGRACION DE DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL.
mientras que el promotor. el Acuerdo Plenario Nº 3-2011/CJ-116 no establece claramente los límites de tipicidad de ambos delitos. Como se observa. mientras que si aceptar la tipicidad del delito de trata de personas.
. ya que el delito de trata de personas también es un delito de móvil lucrativo. en los párrafos 15 y 16 del acuerdo plenario. como impulsor o facilitado
INTEGRACION DE DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL. en el que el uso sexual o la prostitución es el fin y no el resultado. mientras que el delito de promoción a la prostitución es un delito de corrupción sexual de móvil lucrativo. se pretende ensayar un argumento diferenciador. genera una confusión aplicativa. Ante estos problemas aplicativos. Así.ULADECH – PIURA
prostitución. atendiendo la función del sujeto activo: el tratante (sujeto activo del delito de trata de personas) actúa como proveedor. precisando que en el delito de trata de personas es un delito de tendencia interna trascendente. por el contrario. no se advierte conceptos diferenciadores de ambos delitos. la pena a aplicarse es entre 8 a 15 años. la pena a imponerse es entre 4 a 6 años.
03-2011/CJ-116
son elementos accidentales en el sentido de que de ellas no depende el ser del delito. además de irrazonable. Y. desde luego. para el caso del hurto simple (artículo 185 CP). Esto. una figura penal donde la configuración típica no dependiera en absoluto de un tipo básico. Por esta misma razón. Quizás sea bueno precisar esto aún más. la toma en consideración de las circunstancias modificativas “exige. violenta seriamente el principio de proporcionalidad. Cosa que no parece suceder en el artículo 186 CP. De no ser así. según se estimen aplicables a distintas figuras penales o para algún delito en específico. consideramos que no se puede recurrir a la forma agravada de un tipo penal en tanto no se verifique la concurrencia de todos los elementos del tipo básico y. pues todos los autores reconocen en él la presencia de circunstancias agravantes del tipo básico de hurto. obviamente.ULADECH – PIURA
ACUERDO PLENARIO N° 4-2011/CJ-116 Asunto: LA RELEVANCIA DEL VALOR DEL BIEN MUEBLE OBJETO DE HURTO PARA LA CONFIGURACIÓN DE LAS AGRAVANTES DEL ARTÍCULO 186° DEL CÓDIGO PENAL
El argumento sostenido en el noveno fundamento jurídico el criterio cuantitativo solo es previsto. respectivamente.
Las agravantes. por el artículo 444 CP. esto es. sería inobjetable siempre que lo previsto en el artículo 186 CP constituyese un tipo autónomo. mas no para el hurto en su forma agravada]. lo que parece más importante. por ejemplo.
En este orden de ideas. de una cajetilla de cigarrillos perpetrada con destreza. Las agravantes pueden ser genéricas o específicas. tendríamos que sancionar con la pena del hurto bajo su forma agravada la sustracción y apoderamiento. la circunstancia agravante. como circunstancias modificativas del delito. ponemos en tela de juicio lo sostenido en el undécimo fundamento cuando alude a la pluriofensividad o mayor lesividad de las circunstancias agravantes recogidas INTEGRACION DE DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL. la previa comprobación de la existencia del delito con todos sus elementos”. sino solo su gravedad. 28
. de noche o por dos o más personas.
eventualmente. es de anotar que algunos de los ejemplos reseñados en el décimo fundamento del Acuerdo podrían.
. pues los ejemplos acabados de mencionar parecen suficientemente indicativos de que ello no siempre es así. sobrepoblación penitenciaria.ULADECH – PIURA
en el artículo 186 CP.
En cuanto al décimo fundamento jurídico.
INTEGRACION DE DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL. ineficacia del sistema. ser reconducidos a otras figuras penales: violación de domicilio (artículo 159 CP) y pertenencia a organización criminal (artículo 317 CP). ese escándalo que se produce en algunos que consideran que un injusto no puede quedar sin sanción penal. Lo mismo podríamos decir a propósito de las salidas alternativas de potestad fiscal en el Código Procesal Penal de 2004. y frente a ese horror vacui. etc. Con todo. con un entendimiento maximalista del Derecho Penal: sobrecarga judicial. cifra negra.
La propia existencia de medidas alternativas a la pena da buena cuenta de la inconveniencia de perseguir y sancionar todo hecho punible. habría que recordar los perjuicios que se ocasionan con un populismo punitivo.
Estos argumentos dejan en claro que la determinación de la naturaleza de la INTEGRACION DE DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL.ULADECH – PIURA
ACUERDO PLENARIO N° 5-2011/CJ-116 Asunto: LA CONSTITUCIÓN DEL ACTOR CIVIL: REQUISITOS. Los fines que se persiguen con la promoción de la acción civil son compensatorios o reparatorios. 30
. Esta íntima relación nos permite extender. La regulación de la acción civil en el proceso penal en el Código penal y en el Código procesal penal no determina la naturaleza de la acción civil.
Sabemos que el pronunciamiento del juez sobre la existencia o no de la responsabilidad civil es exigible cuando previamente se ha ejercitado la acción civil. sin embargo no se pronuncia sobre la naturaleza de la “acción civil” que se ejercita en el proceso penal. debido a que existe una íntima relación de dependencia entre la “acción civil” y la “responsabilidad civil”. ello. El ejercicio de la acción civil en el proceso penal busca tutelar bienes o intereses particulares. tutela bienes o intereses sociales. pues. podemos establecer como argumentos que fundan la naturaleza civil de la acción civil los siguientes:
a. “la naturaleza de las instituciones jurídicas no dependen del cuerpo legal al que pertenecen. OPORTUNIDAD Y FORMA La doctrina es unánime al considerar que la “responsabilidad civil” establecida en un proceso penal y por un juez penal es de naturaleza civil. mientras que los fines de la acción penal son preventivos3. sino de su origen y de los fines que persigue”. en cambio. los argumentos que sustentan la naturaleza civil de la “responsabilidad civil” a la “acción civil” que se promueve en el proceso penal. b.
De esta forma. c. la acción penal. En efecto.
. y del objeto procesal civil.
INTEGRACION DE DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL. el ejercicio de ambas acciones en el proceso penal permite. la formación del objeto procesal penal. la acumulación de ambos en un único proceso. por un lado. el penal. en segundo lugar. el hecho de que un Juez penal resuelva cuestiones civiles tampoco determina su naturaleza. y. para el caso bajo análisis. en primer lugar.ULADECH – PIURA
acción civil no tiene como fundamento la presunta comisión de un delito o el tipo de proceso en el que es promovido que. Por el contrario. por el otro. no hay duda que la acción civil promovida en el proceso penal es de naturaleza civil en tanto que no deja de tutelar intereses privados ni deja de perseguir fines reparatorios. es el penal5. Ahora bien. Siendo ello así. De igual modo. la naturaleza “civil” de las instituciones es determinada en fu nción a los bienes particulares que se protegen y los fines compensatorios que se persiguen.
la Corte Suprema estableció como doctrina legal criterios vinculados a la oralidad. quizás sea por eso que en el sexto fundamento del acuerdo plenario. la motivación escrita de las resoluciones. específicamente. Esta labor resulta ser cardinal tanto más si. tanto en relación a la Constitución como al Código procesal penal. 32
Al respecto. expresamente. pues nuestra INTEGRACION DE DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL. se procura reforzar el concepto de oralidad como principio que funge de medio para que otros principios vinculados al procedimiento puedan ser efectivamente aplicados. se indica que la Ley de Leyes no se refiere. y no como un principio con valor en sí mismo. a la oralidad como principio procesal de relevancia constitucional –supuesto que es de aplicación al sistema peruano. qué debe comprender una resolución debidamente motivada y el porqué de la exigencia de la motivación escrita. En el mismo fundamento.
Al aproximarnos al acuerdo plenario. advertimos que el análisis realizado en torno a qué entender por oralidad y cuáles son sus alcances. parte de un enfoque esencialmente exegético.ULADECH – PIURA
ACUERDO PLENARIO N° 6-2011/CJ-116 Asunto: LA MOTIVACIÓN ESCRITA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES Y EL PRINCIPIO DE ORALIDAD: NECESIDAD Y FORMA
Mediante el acuerdo plenario 6 -2011.
Precisamente. la motivación de las resoluciones y. se desarrolle la afirmación que luego sirve de base para el resto del desarrollo de la temática sobre la oralidad: la vulneración de la oralidad no constituye un vicio de inconstitucionalidad. pero el primero de los fundamentos jurídicos. consideramos que el gran punto de partida es la definición del modelo procesal del Código de 2004. Al respecto. como se evidencia en el mismo texto del Acuerdo Plenario. y citando a Montero Aroca. esta labor de abstracción pasa por precisar qué modelo procesal o qué fusión de modelos acoge el Código de 2004. obviándose la explicación lógica del fundamento de las normas contenidas en el Código.
c) la diferencia de los supuestos en los que se dictan las resoluciones orales y las escritas. de los principios procedimentales de publicidad. para determinados momentos y actos procesales. b) el registro de audiencias. inmediación y concentración. este argumento sirve de bisagra en el tránsito hacia el desarrollo de la motivación de las resoluciones.ULADECH – PIURA
Constitución tampoco contiene tal reconocimiento-. siendo en buena cuenta la oralidad y la publicidad los principios rectores en este ámbito (…). en el caso del proceso penal concluye esta primera parte del análisis con lo prescrito en el Título Preliminar del Código de 2004. Sin embargo. para ello. donde se señala que el enjuiciamiento ha de ser oral y contradictorio. especialmente de las resoluciones escritas.
Cuando se aborda el tema de la motivación de las resoluciones se está aludiendo tangencialmente a tres aspectos: a) la audiencia. es posible derivarla. se niega de modo tácito que el Código de 2004 apueste por un proceso íntegramente oral.
En la misma línea. el Acuerdo Plenario sigue con una suerte de lim itación del principio de oralidad y. y. Así. De hecho.
INTEGRACION DE DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL. a partir del reconocimiento de la oralidad como característica principal del enjuiciamiento.
no cabe excluir a priori una investigación por lavado de activos ni tampoco evitar o desestimar las medidas de coerción de carácter real que pudieran corresponder.
Respecto al segundo tema del agotamiento en el delito de lavado de activos. b) se disfruten las ganancias del lavado. o se procede simplemente al traslado encubierto. 34
. ya que queda en potestad del autor el decidir cuándo finalizar su injusto. Y los analiza teniendo como hilo conductor las consecuencias de estos aspectos en la actividad cautelar real. transferencia. o contrata a un tercero para las operaciones de lavado. por ende la afectación al bien jurídico es continua. señala que los actos de conversión.
En efecto. y iii) las medidas de coerción de carácter real en el blanqueo de capitales. ii) el agotamiento de este ilícito. deviene en la comisión de un supuesto de lavado de activos cuando : a) se produce una transformación de las ganancias ilegales provenientes del crimen organizado. el AP 7-2010 INTEGRACION DE DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL. el AP 7-2011 concluye que dadas las posibilidades alternativas de realización de delitos de lavado de modo posterior o anterior a la consumación o tentativa del delito fuente del capital ilegal. aborda tres aspectos concretos: i) el delito fuente en el lavado de activos. es decir que el autor ya no puede prolongar la acción delictiva y afectación al bien jurídico tutelado. ocultamiento y tenencia tienen autonomía típica y momentos consumativos diferentes. Luego. o sólo se salvaguarden. y c) si interviene en ello el sujeto activo del delito fuente. De esta forma. mientras que en las etapas de ocultamiento y tenencia se presenta una consumación permanente. el AP 7-2011 sobre el delito fuente en el lavado de activos. Siendo un criterio diferenciador que las primeras etapas de conversión y transferencia son de consumación instantánea. el AP 7-2011 establece que todo agotamiento del delito fuente.ULADECH – PIURA
ACUERDO PLENARIO Nº 7-2011/CJ-116 Asunto: “DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS Y MEDIDAS DE COERCIÓN REALES”
El Acuerdo Plenario Nº 7-2011/CJ-116. y siempre en relación al delito fuente.
persecución y decisión. el AP 7-2011 se aleja completamente de la problemática planteada. sea por el mismo agente o por terceros.ULADECH – PIURA
señala que es legalmente necesario aplicar las medidas de coerción real a los actos de transformación que se ejecuten con los bienes que tiene origen en un delito fuente consumada.
. en torno a los procedimientos de investigación e imposición de medidas coercitivas de carácter real. y no propone reglas operativas “vinculantes” y homogéneas para los órganos de colaboración. sobre las medidas de coerción de carácter real en el blanqueo de capitales.
° 08-2011 hace un esfuerzo por presentar algunas directrices sobre los beneficios penitenciarios. 36
En principio. esta postura fue compartida por el Tribunal Constitucional. primero y segundo.
El Acuerdo Plenario bajo análisis. con el fin de concretizar el principio constitucional de resocialización y reeducación del interno. es ambiguo respecto a la naturaleza de los beneficios penitenciarios. estableciendo que los beneficios penitenciarios no son derechos fundamentales. en jurisprudencia reiterada. sino que “constituyen incentivos que desde el Estado se conceden a los internos para facilitar su readaptación social”.° 297-2011-PP-PJ. este órgano constitucional ha cambiado de doctrina jurisprudencial. TERRORISMO Y CRIMINALIDAD ORGANIZADA
El Acuerdo Plenario n. se establece que los beneficios penitenciarios no son derechos del condenado.
Si bien. pues si bien se ratifica en el contenido de la Resolución Administrativa n. la Corte Suprema reafirma lo sostenido en su Resolución Administrativa n. en cuyos considerandos. regladas jurídicamente y entendidas como garantías previstas por el Derecho de Ejecución Penal”. fijando doctrina legal sobre aspectos relacionados a su naturaleza jurídica.ULADECH – PIURA
ACUERDO PLENARIO N° 8-2011/CJ-116 Asunto: BENEFICIOS PENITENCIARIOS. “importan el ejercicio de potestades discrecionales. sobre la redención de la pena y respecto a la aplicación temporal de la norma penitenciaria que regula los beneficios penitenciarios. al señalar que para el otorgamiento de beneficios penitenciarios será necesario no solo el cumplimiento de requisitos objetivos sino también que se exigirá el cumplimiento de otros requisitos INTEGRACION DE DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL. en un inicio. del 12 de agosto de 2011. a la forma de otorgamiento. sino garantías previstas por el Derecho de Ejecución Penal.° 297-2011-P-PJ.
° 00012-2010-AI13:“los beneficios penitenciarios son las medidas que el legislador o la autoridad administrativa adopta con el objeto de alcanzar el fin constitucionalmente protegido de la rehabilitación de penado (art. concluye que “ solo desde esta perspectiva –de ahí su naturaleza mixta. en especial. en el que el rol del Juez es central. en otras palabras.puede inferirse que los beneficios penitenciarios son derechos subjetivos condicionados del penado. conforme lo ha establecido recientemente el Tribunal Constitucional. el entendimiento y aplicación de los requisitos subjetivos”. 139.
Así.ULADECH – PIURA
. quien goza de un poder discrecional para modularlos en el caso concreto. deberá realizar una prognosis favorable acerca de su resocialización. pues el Juez para otorgarlos no solo debe verificar el cumplimiento de los requisitos objetivos. que este no cometerá nuevo delito. sino que además. a fin de verificar. en el Expediente n.
Los beneficios penitenciarios no son de obligatorio cumplimiento. inciso 22 de la Constitución)”. deberá analizar la personalidad del agente y su conducta dentro del establecimiento penitenciario. como la prognosis favorable de reinserción social.
La controversia se da respecto al delito de violación sexual a menor de edad cuya edad es mayor a 14 años de edad y menor de 18 años. en el caso del artículo 173. Además el fundamento 15. se extrajo la descripción fáctica contenida en el inciso 4 del segundo párrafo del artículo 170 Ley 28251/2004) y que fue traslada automáticamente al inciso 3 del artículo 173. se protege la indemnidad sexual y la libertad sexual. 38
. lo protegido no es la inexistente libertad de disposición o abstención sexual sino la intangibilidad sexual o indemnidad sexual. establece que los atentados contra personas que no pueden consentir jurídicamente. Asimismo se establece que los delitos contra la libertad sexual. se sostiene que es urgente y necesario que se regule una modalidad agravada del artículo 170 del Código Penal. en su fundamento 16. AL ARTICULO 170° DEL CODIGO PENAL.
Los accesos carnales no consentido en agravio de menores entre 14 y 18 años. Se sanciona la actividad sexual en sí misma. grave alteración de la conciencia o retardo mental. señala que el bien tutelado en los atentados con personas con capacidad de consentir jurídicamente es la libertad sexual. lo que se protege son las condiciones físicas y psíquicas para el ejercicio sexual en libertad. aunque existe tolerancia de la víctima. como la prevista con la dación de la Ley N° 28251. cuando el sujeto pasivo es incapaz porque sufre anomalía psíquica. Ahora se señala que si el artículo 173 inciso 3 no se aplica para relaciones sexuales consentidas de los mayores de 14 y menores de 18 años. o por su minoría de edad.ULADECH – PIURA
ACUERDO PLENARIO N° 1-2012/CJ-116 Asunto: RECONDUCCION DEL DELITO DE ABUSO SEXUAL NO CONSENTIDO POR ADOLESCENTES MAYORES DE 14 Y MENORES DE 18 AÑOS DE EDAD. ya que la norma actual lo estipula en el artículo 170 del Código Penal y no en el artículo 173° del Código Penal para casos de violación sexual a menor de edad. Además que las conductas criminales previstas en los artículos 170 y 173 del CP. El Acuerdo Plenario N° 1-2011/CJ-116. han sido objeto de modificaciones. como bien lo ha señalado el Acuerdo Plenario N° 04INTEGRACION DE DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL.
es el artículo 170 del CP. la conducta violenta contra personas mayores de 14 y menores de 18 años de edad.
Lo que se recomienda es que el legislador reponga el sentido del inciso 4 del segundo párrafo (anterior versión) del artículo 170 CP. Por lo tanto la conducta de acontecimiento sexual abusivo o violento en agravio de personas mayores de 14 y menores de 18 años de edad se ubica dentro del marco del artículo 170 del CP.
INTEGRACION DE DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL. agregando dicho supuesto de hecho en el texto actual del indicado artículo. castigando como violación agravada de la libertad sexual.
A nivel judicial mientras no rectifique el Parlamento Nacional lo que se halla desarreglado. se concluye que la ley valida a ser judicialmente aplicada en casos de abuso sexual de mayores de 14 y menores de 18 años de edad.ULADECH – PIURA
2008/CJ-116. como el inciso 6 del segundo párrafo o creando un tercer párrafo con el contenido precitado.
Asimismo dicho artículo estipula algunos derechos fundamentales que protege como son el conocimiento de los cargos formulados en contra del imputado. limita el ejercicio de la acción de tutela (califica de residual) a los derechos que están enumerado en el artículo 71 del NCPP. ya que esto lo ejerce el Ministerio Publico. es decir que exista un hecho de apariencia delictiva perseguible y que se le pueda atribuir a una o más personas con un nivel de individualización razonable y riguroso.
Respecto a la Acción de Tutela se encuentra normada en el artículo 71 del Nuevo Código Procesal Penal (en adelante NCPP) y que han sido abordados en el Acuerdo Plenario N° 4-2010/CJ-116. 40
. No se puede cuestionar en vía de tutela los elementos de convicción o su fuerza indiciaria para anular la DFCIP. incluye también los derechos “sustanciales”. para que se pueda abrir una persecución penal y deben ser alejada de meras presunciones.
Nuestro sistema procesal penal establece que no corresponde al órgano jurisdiccional un amplio control de los presupuestos jurídico-materiales en sede de investigación penal preparatoria. la delictuosidad del hecho atribuido. Así el parágrafo 14° del Acuerdo Plenario N° 4-2010/CJ-116. Que el imputado primero debe acudir al propio Fiscal para solicitarle las subsanaciones INTEGRACION DE DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL.ULADECH – PIURA
ACUERDO PLENARIO N° 2-2012/CJ-116 Asunto: AUDIENCIA DE TUTELA E IMPUTACION SUFICIENTE.
Asimismo el artículo IX del Título Preliminar. Que los hechos deben ser compatibles con el grado de sospecha inicial simple. y que el parágrafo 18° establece la irrecurribilidad de la DFCIP. que solo están reservados para el órgano jurisdiccional intervenir solo para enmendar presuntos desafueros del fiscal o propósito de la expedición de la Disposición y Formalización de Continuación de la Investigación Preparatoria (en adelante DFCIP) Verbigracia. y fundada en puntos de partida objeticos. que son presupuestos básicos de su debido ejercicio.
menos. Hay que precisar que el acuerdo plenario señala que bajo ningún concepto el auto judicial puede ser anulatorio y. Que en estos casos la función del Juez de la Investigación Preparatoria es disponer las subsanaciones de la imputación plasmada en el DFCIP. En caso que el fiscal desestime la solicitud o ante la falta de respuesta. de archivo o sobreseimiento anticipado de la investigación. tiene la posibilidad de acudir a la acción jurisdiccional de tutela penal.ULADECH – PIURA
correspondientes en orden a la precisión de los hechos atribuidos.
siempre que el delincuente comete nuevamente crimen o simple delito.
Respeto al plazo razonable de la suspensión de la prescripción en el artículo 339° INTEGRACION DE DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL.ULADECH – PIURA
ACUERDO PLENARIO N° 3-2012/CJ-116. respecto a la suspensión de la prescripción de la acción penal cuando el fiscal ha formalizado investigación. en el artículo 233° literal a) señala que la formalización de la investigación preparatoria suspenderá el curso de la prescripción de la acción penal conforme al artículo 96 del Código Penal. perdiendo el tiempo transcurrido. y que se suspende desde que el procedimiento de dirige contra él. En dicho código penal se establece que la prescripción se interrumpe.
En el derecho comparado. Un sector minoritario ha establecido que la suspensión debe ser entendida como interrupción y que dicho artículo ha derogado los artículos 83° y 84° del Código Penal. al analizar el artículo 339 inciso 1. Asunto: SOBRE LA NECESIDAD DE REEVALUAR LA SUSPENSION DE LA PRESCRIPCION DISPUESTA EN EL ARTICULO 339. puesto que ambas disposiciones son independientes aunque aluden a la suspensión de la prescripción de la acción penal. 42
. respecto a la interrupción y suspensión de la prescripción de la acción penal.°1 DEL CODIGO PROCESAL PENAL 2004. Por lo que la interpretación hecha por dicho plenario es correcta. caso Chile.
Hay que precisar que el artículo 339 inciso 1 del Código Procesal Penal de 2004 no ha derogado no modificado las reglas contenidas en el artículo 83 y 84 de Código Penal. Se entiende que la incoación de un proceso contra el auto de un hecho punible es causal de suspensión de la prescripción de la acción penal y no de interrupción.
Hay que precisar que el Acuerdo Plenario N° 1-2010/CJ-116. ha señalado en su fundamento 27 que lo que el legislador ha regulado es la institución de la suspensión y no el supuesto de interrupción de la prescripción.
inciso 1.
INTEGRACION DE DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL. el plenario establece que no podrá prolongarse más allá de un tiempo acumulado equivalente al plazo ordinario de prescripción más una mitad de dicho plazo.
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