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Timestamp: 2019-09-20 10:17:20
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﻿ Sentencia C-936 de noviembre 23 de 2010
SENTENCIA C-936 DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2010
CONTENIDO:PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD. LA CAUSAL DE APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD AL DESMOVILIZADO DE UN GRUPO ARMADO AL MARGEN DE LA LEY, DESCONOCE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD, LOS LÍMITES CONSTITUCIONALES PARA SU APLICACIÓN, LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS A LA VERDAD, LA JUSTICIA Y LA REPARACIÓN E INCURRE EN UNA OMISIÓN LEGISLATIVA AL NO EXCLUIRLO EN LOS CASOS DE GRAVES VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS. SE DECLARA INEXEQUIBLE EL NUMERAL 17 DEL ARTÍCULO 2º Y SE DECLARA EXEQUIBLE EL PARÁGRAFO 3º DEL ARTÍCULO 2º DE LA LEY 1312 DE 2009.
TEMAS ESPECÍFICOS:PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD, DERECHOS DE LA VÍCTIMA, GRUPO ARMADO AL MARGEN DE LA LEY
Sentencia C-936 de noviembre 23 de 2010
Ref.: Expediente D-8131
Demanda de inconstitucionalidad contra el numeral 17 y el parágrafo 3º del artículo 2º de la Ley 1312 de 2009, “Por medio de la cual se reforma la Ley 906 de 2004, en lo relacionado con el principio de oportunidad”.
Demandantes: Rafael Barrios Mendivil, Dora Lucy Arias Giraldo y Linda María Cabrera Cifuentes.
Bogotá, D.C., veintitrés de noviembre de dos mil diez
A continuación se transcribe la norma demandada y se subrayan los apartes acusados, de conformidad con su publicación en el Diario Oficial 47.405 del 9 de .julio de 2009:
“LEY 1312 DE 2009
Diario Oficial 47.405 de 9 de julio de 2009
“ART. 2º—El artículo 324 de la Ley 906 de 2004, quedará así:
ART. 324.—Causales. El principio de oportunidad se aplicará en los siguientes usos:
Para los efectos de este numeral, el fiscal presentará la solicitud para la celebración de audiencias individuales o colectivas para la aplicación del principio de oportunidad. Extiéndase esta causal a situaciones ocurridas a partir de la vigencia del Acto Legislativo 3 de 2002.
PAR. 1º—En los casos de tráfico de estupefacientes y otras infracciones previstas en el capítulo segundo del título XIII del Código Penal, terrorismo, financiación de terrorismo, y administración de recursos relacionados con actividades terroristas, solo se podrá aplicar el principio de oportunidad, cuando se den las causales cuarta o quinta del presente artículo, siempre que no se trate de jefes, cabecillas, determinadores, organizadores, promotores o directores de organizaciones delictivas.
PAR. 2º—La aplicación del principio de oportunidad en los casos de delitos sancionados con pena privativa de la libertad cuyo límite máximo exceda de seis (6) años de prisión será proferida por el Fiscal General de la Nación o por quien él delegue de manera especial para el efecto.
PAR. 4º—No se aplicará el principio de oportunidad al investigado, acusado o enjuiciado vinculado al proceso penal por haber accedido o permanecido en su cargo, curul o denominación pública con el apoyo o colaboración de grupos al margen de la ley o del narcotráfico”.
VIII. Fundamentos de la decisión
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 241, numeral 4º de la Constitución Política, la Corte Constitucional es competente para conocer y decidir definitivamente sobre las demandas de inconstitucionalidad de la referencia, pues las disposiciones acusadas forman parte de una ley de la República, en este caso, de la Ley 1312 de 2009.
Planteamiento de los problemas jurídicos-constitucionales y estructura de la sentencia
2. Según los demandantes el inciso primero del numeral 17 y el parágrafo 3º del artículo 324 del Código de Procedimiento Penal, modificado por el artículo 2º de la Ley 1312 de 2009 “Por medio de la cual se reforma la Ley 906 de 2004, en lo relacionado con el principio de oportunidad”, son inconstitucionales por quebrantar los artículos 150.17 y 250 de la Constitución, y vulnerar así mismo los artículos 1º, 2º, 8º y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el artículo 2º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; los artículos 4º y 7º de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; el artículo 2º de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial; el artículo 2º del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el artículo 12 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos y Degradantes; el artículo 1º de la Convención Interamericana Para Prevenir y Sancionar la Tortura y el artículo 1º de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.
Los demandantes configuraron varios cargos de inconstitucionalidad contra los preceptos acusados, que para efecto de su análisis se organizan así:
Primer cargo. Los preceptos acusados serían contrarios al artículo 150.17 de la Carta, por contemplar una especie de amnistía encubierta, sin que se hubiese cumplido con el procedimiento constitucional que demanda un acto de esta naturaleza. Señalan que si bien la Corte Constitucional consideró que la Ley de Justicia y Paz no equivalía a una amnistía, por cuanto finalmente se aplicaba una pena, en la Ley 1213 de 2009 “el Estado renuncia a la persecución penal y a la adjudicación de justicia”.
Aducen al respecto los ciudadanos que revisado el trámite que se dio al proyecto de ley en el Congreso de la República, se advierte que no se siguió aquel propio de las leyes de amnistía, motivo por el cual la causal de aplicación del principio de oportunidad es realmente una amnistía encubierta que va en contravía de los dispuesto en el artículo 150.17 de la Constitución Política que exigen un quórum calificado para la aprobación, y requiere aplicarse a delitos exclusivamente políticos, hipótesis que no concurre en el presente caso.
Segundo cargo: De conformidad con la demanda, las normas acusadas desconocen derechos de las víctimas al acceso a la justicia, a conocer la verdad de los hechos y a obtener una reparación integral, consagrados en los artículos 1º, 2º, 6º, 12, 29, 93 y 229 de la Constitución, y en los artículos 1º, 2º, 8º y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Sustentan este cargo señalando que la causal 17 se aplica en abstracto a un grupo de desmovilizados cuya única obligación es declarar que no han cometido violaciones de derechos humanos, sin que las víctimas tengan acceso al procedimiento para controvertir su versión y sin que exista investigación ni identificación del beneficiario que permita igualmente controvertir las decisiones que afecten los derechos de las víctimas; tampoco está prevista medida alguna para su reparación.
Tercer cargo: Los preceptos acusados son contrarios a la obligación internacional contraída por el Estado colombiano de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de graves violaciones de derechos humanos, así como de garantizarles a las víctimas el acceso a un recurso judicial efectivo, tal como lo prevén los artículos 1º, 2º, 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, generando así un escenario injustificado de impunidad.
Cuarto Cargo: La disposición acusada vulnera el artículo 250 de la Constitución que contempla un principio de oportunidad reglado. Aducen que la norma crea una causal para la aplicación del principio de oportunidad de naturaleza ambigua e indeterminada. Esta ambigüedad e indeterminación se advierte en la indefinición de aspectos estructurales de la disposición, tales como (i) la identificación de los delitos a los cuales se aplica, (ii) el suministro de parámetros normativos objetivos que eliminen la total discrecionalidad del fiscal a la hora de aplicar el principio de oportunidad, y (iii) la posibilidad de participación de las víctimas en un proceso penal determinado.
Quinto cargo: En el parágrafo 3º del numeral 17 del artículo 324 del Código Penal, el legislador incurrió en una omisión legislativa relativa, toda vez que excluyó, de manera injustificada, de los supuestos en que se excluye la aplicación del principio de oportunidad “las graves violaciones de derechos humanos”. Si bien se hace referencia a los crímenes de lesa humanidad, hay graves violaciones de derechos humanos que no encajan dentro de esta categoría y por lo tanto podrían quedar en la impunidad en el evento de ser cobijadas con el principio de oportunidad.
3. Por su parte, los intervinientes sostienen posturas encontradas. Algunos coadyuvan la demanda, por estimar que efectivamente la aplicación de la causal prevista en el numeral 17 del artículo 324 del Código de Procedimiento Penal para la aplicación del principio de oportunidad desconoce los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, estipulados en diversos tratados internacionales, y el principio de legalidad. Otros, por el contrario, propugnan por la exequibilidad de los preceptos acusados, al considerar que no se presenta indeterminación ni en la causal, ni en los beneficiarios, como tampoco en los delitos amparados por la norma, y no es cierto que el beneficio procesal se extienda a los crímenes de lesa humanidad, comoquiera que la norma los excluye de manera expresa.
4. Para el Ministerio Público, el parágrafo tercero del artículo 324 del Código de Procedimiento Penal, modificado por la Ley 1312 de 2009 debe ser declarado exequible, en tanto que estima que el primer inciso del numeral 17 de la misma disposición debe ser objeto de una constitucionalidad condicionada, en el sentido que “para preservar los derechos de las posibles víctimas, en la reglamentación que para la aplicación del principio de oportunidad expida el Fiscal General de la Nación, se debe contemplar la publicación en un periódico y una emisora de cobertura nacional, y en la página web de la Fiscalía General de la Nación, de la información sobre la identidad plena, valga decir, visual, nominal y de alias, de cada uno de los desmovilizados que serán sometidos al procedimiento de aplicación del principio de oportunidad y de las fechas programadas para ese procedimiento”.
5. De conformidad con los cargos planteados, y el debate suscitado durante el juicio de constitucionalidad, debe la Corte resolver los siguientes problemas:
(i) ¿La aplicación del principio de oportunidad al desmovilizado de un grupo armado organizado al margen de la ley que haya manifestado con actos inequívocos su propósito de reintegrarse a la sociedad, constituye una amnistía encubierta que debió someterse al trámite previsto en el artículo 150.17 de la Constitución?
(ii) ¿La aplicación del principio de oportunidad, con fundamento en la causal 17 del artículo 324 del Código de Procedimiento Penal, vulnera los derechos de las víctimas a la verdad, al acceso a la justicia y a la reparación, y desconoce el deber del Estado de evitar la impunidad mediante la investigación y juzgamiento de las graves violaciones de los derechos humanos y las infracciones al derecho internacional humanitario?
(iii) ¿La forma como está diseñada la causal prevista en el numeral 17 del artículo 324 del Código de Procedimiento Penal quebranta los límites constitucionales establecidos para la aplicación del principio de oportunidad?
(iv) ¿Se configura una omisión legislativa relativa en el parágrafo tercero del artículo 324 Código de Procedimiento Penal, al haberse excluido de la aplicación del beneficio, entre otros crímenes, los de lesa humanidad, expresión que dejaría por fuera otras violaciones graves de derechos humanos que no encajan en la mencionada categoría?
6. En atención a que en el primer cargo se sugiere la existencia de un vicio de procedimiento en la expedición de la Ley 1312 de 2009, dado que según los demandantes esta debió tramitarse de conformidad con las previsiones del artículo 150.17 de la Carta, por tratarse, en sus palabras, de una “amnistía encubierta”, la Sala abordará de manera preliminar esta cuestión, que de prosperar conduciría a una inexequibilidad integral de la ley.
7. De superar tal examen, a continuación se analizarán los cargos de fondo, para lo cual se hará una referencia a: i) Los límites constitucionales en el diseño de la política criminal del Estado; (ii) Los límites constitucionales a la potestad de configuración legislativa en el diseño de las causales para la aplicación del principio de oportunidad, con especial referencia al orden justo, los derechos de las víctimas y la obligación de investigar, juzgar y sancionar a los responsables grave criminalidad; las finalidades de la reforma constitucional que introdujo el sistema penal de tendencia acusatoria, y en particular el principio de oportunidad; los rasgos constitucionales del principio de oportunidad y la legalidad estricta como límites a la potestad de configuración legislativa de las causales para la aplicación del principio de oportunidad.
En ese marco se juzgará cada una de las normas acusadas a la luz de los cargos formulados en la demanda.
Examen del cargo por vicio de procedimiento en la expedición de la Ley 1312 de 2009
7. Para los demandantes, la figura jurídica establecida por el legislador en la norma acusada configura realmente una amnistía encubierta, que resulta contraria a los derechos de las víctimas. Sostienen que revisado el trámite que se dio al proyecto de ley en el Congreso de la República, se concluye que no se siguió aquel propio de las leyes de amnistía, motivo por el cual la causal de aplicación del principio de oportunidad es realmente una amnistía encubierta.
8. Sobre el particular, en primer lugar, considera la Corte que por tratarse de un vicio de forma consistente en que la norma acusada debió haber surtido el trámite propio de una ley de amnistía y no de una ordinaria, es preciso verificar si la demanda fue presentada oportunamente, es decir, dentro del año siguiente a su entrada en vigor.
Al respecto, constata la Corte que la Ley 1312 de 2009, entró a regir desde su promulgación llevada a cabo el 9 de julio de ese año. La demanda de inconstitucionalidad fue presentada ante la Secretaría General de la Corte el 30 de abril de 2010, es decir en término.
10. El artículo 150, numeral 17 de la Constitución(1) establece la posibilidad de conceder mediante ley, amnistías o indultos generales por delitos políticos, justificados en graves motivos de conveniencia pública.
La amnistía constituye un beneficio de carácter jurídico-político que otorga el Congreso de la República, como representante del pueblo, y fundado en altos motivos de conveniencia pública, con el propósito de lograr la convivencia pacífica que se encuentra perturbada por quienes optaron en un momento determinado por subvertir el orden jurídico-constitucional(2).
En consideración a la especial trascendencia que tales decisiones tienen para la sociedad, y a su finalidad específica, se contempla como una medida excepcional, para la cual la propia Constitución ha previsto un procedimiento que reclama un más amplio consenso democrático, comoquiera que exige una mayoría calificada constituida por los dos tercios de los votos de los miembros de una y otra Cámara, requisito este que conforme al reglamento del Congreso se cumplirá por votación secreta (C.P. art. 150-17 y L. 5/92, art. 131, lit. c).
El rasgo fundamental de la amnistía es el de producir la extinción de la acción penal. Mediante esta figura el Estado olvida el delito, correspondiendo a los jueces aplicar tal decisión, comoquiera que atañe al ejercicio mismo de la acción penal. Sobre sus efectos ha señalado la jurisprudencia:
“La amnistía por su propia naturaleza impide proseguir el proceso que ya hubiere sido iniciado y que no hubiere culminado con sentencia. (...) Con todo, si al momento de concederse la ley de amnistía esta resulta aplicable a personas contra quienes ya hubiere sentencia condenatoria, se excepciona la cosa juzgada y desde entonces cesa la ejecución de la pena para lo cual habrá de comunicarse al juez que dictó la sentencia en primera instancia, institución que la doctrina conoce como amnistía impropia”(3).
11. Aplicadas las nociones precedentes al análisis de la Ley 1312 de 2009, se observa por la Corte que los propósitos de la mencionada ley distan mucho de aquellos vinculados a la concesión de una amnistía. Como se puede advertir de los antecedentes, así como del texto mismo de la ley, el propósito del legislador se orientó a introducir algunas modificaciones al principio de oportunidad como institución fuertemente vinculada al sistema penal acusatorio y para ser aplicada en el marco de la política criminal de Estado. No es gratuito que su iniciativa hubiese surgido en el seno del Consejo de Política Criminal.
En este sentido, en los antecedentes de la ley, una vez se acoge la propuesta del Fiscal General de la Nación(4) de extender el principio a los miembros rasos de los grupos armados ilegales que se hubieren desmovilizado se indicó que “Dada la orientación de la política criminal del Estado frente a la cual cabe advertir [el principio de oportunidad] debe responder a la posición del Estado frente a la prevención, sanción, y erradicación del delito”(5). De modo que las normas previstas en la Ley 1312 de 2009, se insertan en el contexto de las herramientas ordinarias del Estado para cumplir las finalidades implícitas en el ejercicio del poder punitivo. De hecho se señala como marco de la reforma “el artículo 250 de la Constitución, que regula los instrumentos para operar el sistema de investigación y juzgamiento de delitos, a partir del marco de la política criminal del Estado”(6).
La medida legislativa a que se contrae la ley, se dirige a “vigorizar y ampliar” el principio de oportunidad, a efecto de que a través de las posibilidades de cooperación que ofrece se puedan focalizar esfuerzos hacia la desarticulación de organizaciones criminales(7).
Y si bien el principio de oportunidad incluye dentro de sus posibilidades la suspensión, interrupción e incluso la renuncia a la acción penal, se trata de eventualidades que deben operar con sujeción al principio de legalidad, su aplicación debe estar mediada por la prueba que permita inferir la autoría o participación en la conducta y su tipicidad, y estar sometidas a control judicial.
Se trata de instituciones que tienen origen y naturaleza diversos. La amnistía por ser una medida legislativa, tiene carácter general y está referida a hechos, en tanto que la concesión del principio de oportunidad es de naturaleza judicial y se aplica de manera individualizada.
La ley que se examina no declara ni insinúa que los hechos objeto de la estrategia normativa tengan la connotación de criminalidad política. Tampoco se plantea un perdón u olvido generalizado, sino un beneficio jurídico que la iniciativa legislativa inserta dentro de la política criminal del Estado, así se proponga para ser aplicado a un grupo considerable de individuos, lo cual no excluye la obligación de efectuar constataciones particulares sobre los requisitos exigidos para su concesión. Ya el tema relativo a si esos requisitos, tal como están propuestos respetan o no los límites constitucionales que se oponen a la potestad de configuración legislativa en el diseño de las causales que autorizan la suspensión, interrupción o extinción de la acción penal, será objeto de posterior análisis en esta sentencia.
No concurren en consecuencia, en la presente ley, los presupuestos que definen una amnistía, y en tales condiciones no le era exigible al legislador someter la expedición de la ley acusada a un trámite reservado para aquella figura jurídica.
12. Así las cosas, el cargo propuesto por haber sido tramitada la Ley 1312 de 2009 como ordinaria, pese a que debería haberlo sido mediante el procedimiento especial previsto para las leyes que conceden amnistías no está llamado a prosperar.
13. Teniendo en cuenta que los antecedentes legislativos enfatizan en que la introducción de una nueva causal para la aplicación del principio de oportunidad en relación con desmovilizados de grupos armados organizados al margen de la ley, debe ser entendida dentro del marco de la política criminal del Estado, tal como lo señala el propio artículo 250 de la Constitución, y que la iniciativa surgió del seno del Consejo de Política Criminal, es preciso recordar la jurisprudencia que esta Corte ha desarrollado sobre los límites constitucionales que atan a las autoridades responsables del diseño de la política pública en materia criminal, a la hora de configurar los mecanismos para hacer frente al fenómeno delictivo.
Límites constitucionales al diseño de la política pública en materia penal
14. Según lo establece el artículo 250 de la Constitución, la regulación del principio de oportunidad debe insertarse dentro del modelo de política pública que adopte el Estado para enfrentar el fenómeno criminal.
La noción de “política criminal” ha sido definida por la Corte, como el “Conjunto de respuestas que un Estado estima necesario adoptar para hacerle frente a conductas consideradas reprochables o causantes de perjuicio social con el fin de garantizar la protección de los intereses esenciales del Estado y de los derechos de los residentes en el territorio bajo la jurisdicción”(8).
La jurisprudencia constitucional ha reconocido así mismo que la política criminal puede ser articulada por el legislador a través de la expedición de normas. En este sentido indicó que: “la legislación penal es manifestación concreta de la política criminal del Estado”, y que “la decisión política que determina los objetivos del sistema penal y la adecuada aplicación de los medios legales para luchar contra el crimen y alcanzar los mejores resultados, se plasma en el texto de la ley penal”. Así mismo, se precisó que “la norma penal, una vez promulgada, se independiza de la decisión política que le da origen, conservando la finalidad buscada por su redactor en el elemento teleológico de la norma”(9).
En el mismo sentido, ha precisado esta corporación que el proceso de diseño de una política pública en materia criminal incluye los estadios de: (i) definición de sus elementos constitutivos y las relaciones entre ellos, (ii) articulación inteligible de sus componentes, y (iii) programación de la forma, los medios y el ritmo al cual será desarrollada dicha política; en ese orden de ideas, la Corte expresó que las decisiones constitutivas del diseño de una política pública pueden ser plasmadas, o bien en documentos políticos, o bien en instrumentos jurídicos —esto es, normas, sean estas de rango constitucional, legal o reglamentario.
15. Entre las distintas medidas normativas que, de conformidad con la jurisprudencia constitucional, forman parte del concepto de “política criminal”, se encuentran: (a) las que definen los bienes jurídicos que se busca proteger por medio de las normas penales, a través de la tipificación de conductas delictivas(10), (b) las que establecen los regímenes sancionatorios y los procedimientos necesarios para proteger tales bienes jurídicos(11), (c) las que señalan criterios para aumentar la eficiencia de la administración de justicia(12), (d) las que consagran los mecanismos para la protección de las personas que intervienen en los procesos penales(13), (e) las que regulan la detención preventiva(14), o (f) las que señalan los términos de prescripción de la acción penal(15). Así mismo ha reconocido esta corporación que “las normas del Código de Procedimiento Penal son un elemento constitutivo de la política criminal en tanto instrumento para su materialización, puesto que regulan las formas y los pasos que deben seguir quienes ejecuten dicha política en la práctica”(16).
16. Según lo ha determinado la jurisprudencia de esta Corte, una parte integrante del proceso de diseño y adopción de políticas públicas en materia criminal es la utilización de instrumentos normativos, tales como el Acto Legislativo 3 de 2002, el cual no se limitó a efectuar reformas menores a la fiscalía creada por la Constitución de 1991. La voluntad del Congreso al expedirlo, en ejercicio de su función constituyente y de su potestad de diseñar y adoptar la política criminal del Estado, fue de amplio espectro al punto que se orientó a instituir un “nuevo sistema” de investigación, acusación y juzgamiento en materia penal, en el cual se inscribe como figura estelar el principio de oportunidad.
En este sentido ha señalado también la jurisprudencia que “el concepto de política criminal comprende la respuesta penal tradicional al fenómeno criminal”(17). Y si bien las leyes penales pueden ser la expresión de una política, dado su carácter de normas jurídicas deben obviamente respetar la Constitución. De modo que cuando una política pública es formulada en un instrumento jurídico, se debe respetar el ordenamiento superior. En materia penal este imperativo resulta todavía más claro que en otros ámbitos de las políticas públicas, toda vez que se trata de una esfera del orden normativo en el que los derechos fundamentales se encuentran particularmente implicados ya sea desde el punto de vista del imputado o de la víctima, y el interés de la sociedad se encuentra igualmente comprometido. El margen del órgano que adopta la política pública es más amplio o reducido según sean mayores y más detallados los condicionamientos fijados en la Constitución al respecto.
17. Por eso, la Corte ha reconocido que existe una estrecha relación entre la Constitución y la política criminal, que parte de la idea de la “constitucionalización” de aspectos medulares del derecho penal, tanto en materia sustantiva como procedimental. Al respecto señaló la corporación:
“De un lado, encontramos el problema de la relación entre la Constitución y la política criminal del Estado, o si se quiere entre el derecho constitucional y el derecho penal, (...).
“Así, ha habido una constitucionalización del derecho penal porque tanto en materia sustantiva como procedimental, la Carta incorpora preceptos y enuncia valores y postulados —particularmente en el campo de los derechos fundamentales— que inciden de manera significativa en el derecho penal y, a la vez, orientan y determinan su alcance. Esto significa entonces que el legislador no tiene una discrecionalidad absoluta para definir los tipos delictivos y los procedimientos penales, ya que debe respetar los derechos constitucionales de las personas, que aparecen así como el fundamento y límite del poder punitivo del Estado. Fundamento, porque el ius punendi debe estar orientado a hacer efectivos esos derechos y valores constitucionales. Y límite, porque la política criminal del Estado no puede desconocer los derechos y la dignidad de las personas”(18) (negrillas agregadas).
Dicha política, ha señalado la Corte, debe concebirse dentro de los límites materiales que señala la Constitución.
Un componente fundamental de la política pública diseñada para enfrentar el fenómeno criminal constituye sin duda el establecimiento de instrumentos jurídicos y estratégicos para garantizar los derechos de las víctimas de los delitos. En materia de grave criminalidad, existen claros compromisos del Estado colombiano que le señalan imperativos en materia de investigación, juzgamiento y garantías de acceso, restablecimiento y satisfacción de los derechos de las víctimas, así como de no repetición con miras a erradicar la impunidad.
18. En suma, los antecedentes legislativos de la Ley 1312 de 2009, son prolíficos en referencias en el sentido que la reforma que introduce se inserta en el marco de la política criminal del Estado. Por esta razón el instrumento forma parte del Código de Procedimiento Penal ordinario, y como tal tiene vocación de permanencia. De acuerdo con la jurisprudencia de esta Corte, la normatividad penal, es en efecto, una expresión de la política criminal del Estado, y como tal debe respetar en su formulación los contenidos materiales de la Constitución, en particular los derechos y la dignidad de las personas.
19. Esta claridad reviste relevancia, para establecer el marco en el que se desenvolverá el análisis de la Corte. Aunque algunos de los intervinientes hacen referencia a un marco de justicia transicional, es claro que la Ley 1312 de 2009, no es el producto directo de un acuerdo nacional para la búsqueda de la paz, que parta del reconocimiento de la existencia de una situación de violación masiva de derechos humanos y de la necesidad de poner fin a la impunidad. No resulta en consecuencia, aplicable en esta oportunidad la metodología de la ponderación entre la justicia y la paz, a la cual ha acudido la Corte en otras oportunidades(19). El marco, propuesto por el propio legislador, es el de la política criminal ordinaria del Estado, y en ese ámbito se ubicará el análisis de constitucionalidad.
Definido este marco, procede la Sala a indicar los límites constitucionales que atan al legislador a la hora de configurar las causales para la aplicación del principio de oportunidad, el cual está diseñado para operar dentro de la política criminal del Estado.
Límites constitucionales a la potestad de configuración del legislador en el diseño de las causales para la aplicación del principio de oportunidad
20. El constituyente secundario defirió expresamente al legislador el señalamiento de las causales que ameritan la aplicación del principio de oportunidad penal, como se deduce del tenor literal del artículo 250 superior(20).
En tal virtud, el legislador goza de una amplia potestad legislativa a la hora de señalar aquellas circunstancias que rodean la comisión o el juzgamiento de cualquier conducta punible, en las cuales resulta desproporcionada., inútil o irrazonable la persecución penal. Sin embargo, la jurisprudencia de esta Corte ha establecido que dicha potestad de configuración encuentra límites derivados, en primer lugar, de (i) los derechos de las víctimas de los delitos y del correlativo deber del Estado de investigar, juzgar y sancionar la grave criminalidad; (ii) de las finalidades que tuvo en cuenta el constituyente para la incorporación de razones de oportunidad en el sistema penal acusatorio; (iii) de las características constitucionales del principio de oportunidad; (iv) y el principio de legalidad.
El imperativo de asegurar la vigencia de un orden justo. La garantía de los derechos de las víctimas de grave criminalidad
21. A la hora de diseñar las causales de aplicación del principio de oportunidad penal, el legislador encuentra un límite derivado del mandato constitucional que impone a las autoridades el deber de asegurar la vigencia de un orden justo, tal como lo postula el Preámbulo, el artículo 2º de la Carta, así como los compromisos internacionales del Estado en materia de acceso a la administración de justicia en procura de la defensa de los derechos humanos, y para asegurar la efectividad de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de graves violaciones. Este límite no se refiere a las circunstancias objetivas o subjetivas que rodean la comisión, la investigación o el juzgamiento de una conducta punible, sino a la naturaleza especialmente grave del delito en sí mismo considerado.
22. Los compromisos internacionales para la efectiva persecución y sanción de ciertos delitos especialmente graves, recogidos en los instrumentos de derecho internacional de los derechos humanos, de derecho internacional humanitario y de derecho penal internacional suscritos por Colombia, constituyen parámetros de control de constitucionalidad, en virtud de lo dispuesto por el artículo 93 superior y por tal razón inciden en la aplicación e interpretación del derecho interno. Su poder limitador para el legislador proviene de la consideración de que “las violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario son mucho más graves e inaceptables que las ofensas causadas mediante otras formas de criminalidad, debido a la intensidad de la afectación de la dignidad humana que tales vulneraciones de derechos implican. Por ello el Estado colombiano se ha unido a la comunidad internacional en el empeño de sancionar esas conductas. La gravedad de estos comportamientos rebasa entonces el límite infranqueable de la dignidad humana, de manera que, por razones de proporcionalidad y de respeto a sus compromisos internaciones, no podría el legislador prescindir de la persecución penal en estos casos”(21).
23. La protección a los derechos de las víctimas que se deriva de los mencionados estándares internacionales hace relación: (i) a que debe existir un recurso judicial efectivo al alcance de las víctimas de los delitos que constituyen graves violaciones de derechos humanos o de derecho internacional humanitario; (ii) al deber de los Estados de garantizar el acceso a la justicia; y (iii) al deber de investigar las violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario a fin de que se conozca la verdad; (iv) a la obligación de los Estados de cooperar para la prevención y sanción de los delitos internacionales y las graves violaciones de derechos humanos, así como a la restauración de los derechos de las víctimas.
Adicionalmente, el imperativo de hacer compatible la aplicación del principio de oportunidad previsto en la Constitución con el respeto a los derechos de las víctimas de las conductas delictivas, se deriva del texto del Acto Legislativo 03 de 2002, que asigna al fiscal, simultáneamente, la función de aplicar el principio de oportunidad, la misión de “Velar por la protección de las víctimas” (C.P., art. 250, num. 7º) y también la de “Solicitar al juez que ejerza las funciones de control de garantías las medidas necesarias que aseguren (...) la protección de la comunidad, en especial, de las víctimas” (C.P., art. 250, num. 1º).
Así pues, a la hora de diseñar las causales de aplicación del principio de oportunidad penal, el Congreso de la República debe considerar que, tanto de la Constitución como de los compromisos internacionales de Colombia, emanan obligaciones en materia de protección de los derechos de las víctimas de los delitos. Estos mandatos constitucionales y estas obligaciones internacionales relativas a los derechos de las víctimas tienen que ser ponderados con los intereses estatales de racionalización de la persecución penal, que subyacen bajo la consagración constitucional del principio de oportunidad penal. Ciertamente, una interpretación sistemática de la Carta implica aceptar que la conciliación entre los principios de celeridad y eficacia en la administración de justicia no puede dejar de lado la protección de los derechos fundamentales, que obran simultáneamente como límites al diseño legal de las causales y también a la aplicación misma del principio de oportunidad.
24. Los estándares internacionales establecidos en materia de derechos de las víctimas de los delitos, en particular de las graves violaciones de derechos humanos y la serias infracciones al derecho internacional humanitario, han sido incorporados en el orden jurídico colombiano a través de la figura del bloque de constitucionalidad (art. 93), y constituyen hoy en día un marco referencial insoslayable para el diseño de la política pública en materia penal.
Los tratados sobre derechos humanos y derecho internacional humanitario establecen los siguientes deberes del estado en relación con la víctimas de violaciones a sus mandatos: (i) garantizar recursos accesibles y efectivos para reivindicar sus derechos; (ii) asegurar el acceso a la justicia; (iii) investigar las violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario; y (iv) cooperar en la prevención y sanción de los delitos internacionales y las graves violaciones de derecho humanos.
Estas exigencias deben ser consideradas e incorporadas en el diseño de la política pública establecida para enfrentar de manera permanente el fenómeno de la criminalidad. No obstante, la comunidad internacional ha advertido que se trata de garantías que no se suspenden ni interrumpen en los modelos denominados de justicia transicional(22), y en consecuencia los Estados deben asegurar, aún en estos contextos, estándares mínimos en materia de justicia, verdad y reparación.
25. De modo que, trátese de una estrategia político-criminal establecida para enfrentar de manera permanente el fenómeno de la criminalidad, como explícitamente lo señalan el texto, de la ley y los debates legislativos que le precedieron, o de un mecanismo de justicia transicional, como lo aducen algunos de los intervinientes, la Ley 1312 de 2009 debe ceñirse a los estándares internacionales acogidos por el ordenamiento interno, en materia de garantía y efectividad de los derechos de las víctimas de grave criminalidad, pues tal como lo registra la jurisprudencia de esta Corte, la comunidad internacional ha aceptado que “la necesidad de celebrar acuerdos políticos de reconciliación con amplios grupos sociales exige una cierta flexibilidad a la hora de aplicar los principios que dominan el ejercicio de la función judicial (...) pero no ha cedido en su exigencia de que las violaciones a los derechos fundamentales sean investigadas, enjuiciadas y reparadas, y los autores de las mismas contribuyan a identificar la verdad de los delitos cometidos y reciban algún tipo de sanción”(23).
26. Las obligaciones del Estado relativas a la investigación, juzgamiento y sanción de las violaciones de derechos humanos encuentran un primer fundamento normativo explícito en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos(24). En efecto, el literal a) del numeral 3º del artículo 2º de dicho pacto, postula que “toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente pacto hayan sido violados podrá interponer un recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales”.
27. El Comité de Derechos Humanos, al interpretar esta norma, ha atribuido importancia a que “los Estados parte establezcan en el derecho interno mecanismos judiciales y administrativos adecuados para conocer las quejas sobre violaciones de derechos”(25), y ha destacado que “El hecho de que un Estado parte no investigue las denuncias de violación puede ser de por sí una vulneración del pacto”(26). Así mismo ha puesto el énfasis en que “los Estados parte han de dar reparación a las personas cuyos derechos reconocidos en el pacto hayan sido infringidos” y “adoptar medidas que impidan la repetición de una violación del pacto”(27).
28. Por su parte, los artículos 1º, 2º, 8º y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos(28) prescriben respecto de las obligaciones estatales en materia de investigación y juzgamiento de atentados contra los derechos humanos, que los Estados partes se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en esa convención y “a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción”, sin discriminación alguna (art. 1.1). Así mismo a adoptar, “las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades” (art. 2º).
Adicionalmente, la convención señala que “toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley” , entre otras cosas para “la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter” (art. 8º), y añade que “toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos...”.
De este plexo normativo se deriva la obligación para los estados signatarios de investigar y juzgar, a quienes desconozcan los derechos reconocidos en la mencionada convención, y a dotar a las víctimas de tales violaciones de los medios y recursos judiciales para exigir tal investigación y juzgamiento.
29. De similar manera la “Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”(29) y la “Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura”(30), reafirman que todo acto de tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes constituyen una ofensa a la dignidad humana y son violatorios de los derechos humanos, por lo cual es compromiso de los Estados signatarios adoptar medidas para prevenir y sancionarlos. Dentro de las obligaciones concretas que asumen los Estados para estos propósitos, están la de garantizar a toda persona que denuncie haber sido sometida a tortura, el derecho a que su caso sea examinado imparcialmente.
30. En la ”Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas“(31) los Estados americanos signatarios parten de la base de que la desaparición forzada de personas viola múltiples derechos esenciales de la persona humana, por lo cual se comprometen a no practicarla ni permitir que se practique, y a sancionar a los autores de este delito, sus cómplices y encubridores. Así mismo a tomar medidas legislativas para tipificar el delito, cuya acción penal no estará sujeta a prescripción.
31. Aunado a lo anterior, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, interpretando las obligaciones estatales en materia de justicia en el caso de infracciones graves al derecho internacional humanitario, ha señalado lo siguiente:
“Las protecciones derivadas del derecho al debido proceso y la protección judicial aplicables en los conflictos armados internacionales y no internacionales, previstos en los convenios de Ginebra se corresponden en forma sustancial con las protecciones del derecho internacional de los derechos humanos y exigen a los Estados el juzgamiento y sanción de personas que cometan u ordenen la comisión de infracciones graves al derecho internacional humanitario. Estas obligaciones no admiten derogación por causa de la vigencia del conflicto. En los casos en que, por ejemplo, el derecho internacional humanitario prescribe estándares mínimos del debido proceso, los Estados no pueden recurrir a derogaciones permisibles bajo el derecho internacional de los derechos humanos. Este criterio encuentra respaldo en los artículos 27 y 29 de la Convención Americana que prohíben derogaciones incongruentes con las demás obligaciones del Estado en virtud del derecho internacional y que prohíbe toda interpretación de la convención que restrinja el goce del ejercicio de un derecho o libertad reconocida en virtud de otra convención de la cual el Estado sea parte”(32) (negrillas fuera del original)
32. El Estatuto de Roma, mediante el cual se crea la Corte Penal Internacional, establece como uno de sus objetivos nucleares la lucha contra la impunidad de la criminalidad sistemática. Según lo define el preámbulo del mismo estatuto, el ánimo que impulsó a la creación de esta Corte fue el reconocimiento de que “los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto no deben quedar sin castigo y que, a tal fin, hay que adoptar medida, en el plano nacional e intensificar la cooperación internacional para asegurar que sean efectivamente sometidos a la acción de la justicia”.
33. La jurisprudencia emanada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, contiene la interpretación auténtica de los derechos protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Corte hará referencia algunos de los asuntos con relevancia para este análisis, que han sido precisados mediante estas decisiones, y transcribirá los apartes más significativos de ciertas sentencias proferidas en esa instancia judicial.
Entre los asuntos que han sido objeto de interpretación y precisión a través de estas decisiones, se destacan, por su relevancia para el presente estudio, los siguientes
(i) La obligación estatal de prevenir los graves atentados contra los derechos humanos, de investigarlos cuando ocurran, procesar y sancionar a los responsables, y lograr la reparación de las víctimas.
“184. El Estado está en el deber jurídico de prevenir, razonablemente, las violaciones de los derechos humanos, de investigar seriamente con los medios a su alcance las violaciones que se hayan cometido dentro de ámbito de su jurisdicción a fin de identificar a los responsables, de imponerles las sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una adecuada reparación.
El deber de prevención abarca todas aquellas medidas de carácter jurídico, político, administrativo y cultural que promuevan la salvaguarda de los derechos humanos y que aseguren que las eventuales violaciones a los mismos sean efectivamente consideradas y tratadas como un hecho ilícito que, como tal, es susceptible de acarrear sanciones para quien las cometa así como la obligación de indemnizar a las víctimas por sus consecuencias perjudiciales. No es posible hacer una enumeración detallada de esas medidas, que varían según el derecho de que, se trate y según las condiciones propias de cada Estado parte, aunque es claro que la obligación de prevenir es de medio o comportamiento y no se demuestra su incumplimiento por el mero hecho de que un derecho haya sido violado.
187. El Estado está, por otra parte, obligado a investigar toda situación en la que se hayan violado los derechos humanos protegidos por la convención. Si el aparato del Estado actúa de modo que tal violación quede impune y no se restablezca, en cuanto sea posible, a la víctima en la plenitud de sus derechos, puede afirmarse que ha incumplido el deber de garantizar su libre y pleno ejercicio a las personas sujetas a su jurisdicción. Lo mismo es válido cuando se tolere que los particulares o grupos de ellos actúen libre o impunemente en menoscabo de los derechos humano reconocidos en la convención.
(...) La de investigar es, como la de prevenir, una obligación de medio o comportamiento que no es incumplida por el solo hecho de que la investigación no produzca un resultado satisfactorio. Sin embargo, debe emprenderse con seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Debe tener un sentido y ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios, sin que la autoridad pública busque efectivamente la verdad”(33).
(ii) La incompatibilidad de las leyes de amnistía, de las disposiciones de prescripción y del establecimiento de excluyentes de responsabilidad, respecto de graves atentados contra los derechos fundamentales reconocidos en la Convención Americana de Derechos Humanos:
“Las obligaciones de investigar, procesar y sancionar judicialmente los graves atentados en contra de los derechos humanos internacionalmente protegidos, tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, son incompatibles con leyes o disposiciones de cualquier índole que dispongan respecto de estos delitos amnistías, prescripciones o causales excluyentes de responsabilidad. Este tipo de leyes o disposiciones, por conducir a la indefensión de las víctimas y a la perpetuación de la impunidad, conllevan una violación de los artículos 8º y 25 en concordancia con los artículos 1.1 y 2º de la Convención Americana de Derechos Humanos, y generan la responsabilidad internacional del Estado. Además, por esas mismas razones, tal tipo de leyes ‘carecen de efectos jurídicos’”(34).
(iii) La eventual aplicación del principio de oportunidad frente a los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos. Una referencia a un caso colombiano.
“216. En razón de lo anterior, el Estado deberá utilizar los medios que sean necesarios, de acuerdo con su legislación interna, para continuar eficazmente y con la mayor diligencia las investigaciones abiertas, así como abrir las que sean necesarias, con el fin de individualizar, juzgar y eventualmente sancionar a todos los responsables de la ejecución extrajudicial del senador Manuel Cepeda Vargas, y remover todos los obstáculos, de facto y de jure, que puedan mantener la impunidad en este caso. En particular, el Estado deberá conducir las investigaciones con base en los siguientes criterios(35):
f) Realizar con especial diligencia, la indagación por la interacción del grupo ilegal con agentes estatales y autoridades civiles, la investigación exhaustiva de todas las personas vinculadas con instituciones estatales y de miembros de grupos paramilitares que pudieron estar involucrados. Así la aplicación del principio de oportunidad(36) o la concesión de cualquier otro beneficio administrativo o penal no debe generar ningún tipo de obstáculo para una debida diligencia en las investigaciones de criminalidad asociada a la comisión de violaciones graves de derechos humanos” (se destaca).
En cuanto a la futura posible aplicación de la Ley 1312 de 2009, la cual reforma la Ley 906 de 2004 en relación con el principio de oportunidad, el tribunal nota que la misma contempla la posibilidad de aplicar dicho principio a las personas desmovilizadas de un grupo paramilitar y faculta a la Fiscalía General de la Nación a suspender, interrumpir o renunciar a la persecución penal en estos casos. En particular la ley indica que para acceder a dicho beneficio la persona desmovilizada debe haber manifestado con actos inequívocos su voluntad de reintegrase a la sociedad, no haber sido postulado al procedimiento de la Ley de Justicia y Paz, y no deben existir en su contra investigaciones por delitos cometidos antes o después de su desmovilización, con excepción de la pertenencia a la organización criminal, utilización ilegal de uniformes e insignias y porte ilegal de armas y municiones. Si bien dicha ley establece que ‘para la aplicación de esta causal, el desmovilizado deberá firmar una declaración bajo la gravedad del juramento en la que afirme no haber cometido un delito diferente a los establecidos en esta causal’, la Corte ya ha constatado que este tipo de disposiciones normativas puede ser insuficiente si no se da en forma concomitante una verificación rigurosa por parte de las autoridades encargadas de las investigaciones, o del Ministerio Público, de tales aseveraciones (...)”(37).
(iv) El derecho de acceso a la justicia de las víctimas de las graves violaciones de derechos humanos y la relación de este derecho con la razonabilidad de los plazos dentro de los cuales deben adoptarse las decisiones judiciales.
“Este tribunal ha señalado que el derecho de acceso a la justicia no se agota con el trámite de procesos internos, sino este debe además asegurar, en tiempo razonable, el derecho de las presuntas víctimas o sus familiares a que se haga todo lo necesario para conocer la verdad de lo sucedido y para que se sancione a los eventuales responsables(38).
En efecto, es necesario recordar que el presente es un caso de ejecuciones extrajudiciales y en este tipo de casos el Estado tiene el deber de iniciar ex officio y sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva(39). Durante el proceso de investigación y el trámite judicial, las víctimas de violaciones de derechos humanos, o sus familiares, deben tener amplias oportunidades para participar y ser escuchados, tanto en el esclarecimiento de los hechos y la sanción de los responsables, como en la búsqueda de una justa compensación”(40).
(v) La no suspensión de las obligaciones de los Estados parte de la Convención Americana en materia de investigación, juzgamiento y sanción de los atentados contra los derechos humanos, mientras se adelantan procesos de paz.
“Tal como fue señalado, en casos de ejecuciones extrajudiciales, la jurisprudencia de este tribunal es inequívoca: el Estado tiene el deber de iniciar ex officio, sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva (supra párr. 219), que no se emprenda como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa(41).
[...] el Estado tiene la obligación de combatir tal situación [la impunidad] por todos los medios legales disponibles ya que la impunidad propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y de sus familiares(42).
En este sentido, la Corte reconoce las difíciles circunstancias por las que atraviesa Colombia en las que su población y sus instituciones hacen esfuerzos por alcanzar la paz. Sin embargo, las condiciones del país, sin importar qué tan difíciles sean, no liberan a un Estado parte en la Convención Americana de sus obligaciones establecidas en ese tratado, que subsisten particularmente en casos como el presente(43). El tribunal ha sostenido que al llevar a cabo o tolerar acciones dirigidas a realizar ejecuciones extrajudiciales, no investigarlas de manera adecuada y no sancionar, en su caso, a los responsables, el Estado viola el deber de respetar los derechos reconocidos por la convención y garantizar su libre y pleno ejercicio, tanto de la presunta víctima como de sus familiares, impide que la sociedad conozca lo ocurrido(44) y reproduce las condiciones de impunidad para que este tipo de hechos vuelvan a repetirse(45)”(46).
(vi) El deber de reparación de los graves atentados contra los derechos humanos
“170. La reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación internacional requiere, siempre que sea posible, la plena restitución (restitutio in integrum), la cual consiste en el restablecimiento de la situación anterior a la violación. De no ser esto posible, como en el presente caso, cabe al tribunal internacional determinar una serie de medidas para que, además de garantizar el respeto de los derechos conculcados, se reparen las consecuencias producidas por las infracciones y se establezca, inter alia, el pago de una indemnización como compensación por los daños ocasionados(47). La obligación de reparar, que se regula en todos los aspectos (alcance, naturaleza, modalidades y determinación de los beneficiarios) por el derecho internacional, no puede ser modificada o incumplida por el Estado obligado invocando disposiciones de su derecho interno(48).
“171. Las reparaciones consisten en las medidas que tienden a hacer desaparecer los efectos de las violaciones cometidas. Su naturaleza y su monto dependen del daño ocasionado en los planos material e inmaterial. Las reparaciones no pueden implicar ni enriquecimiento ni empobrecimiento para la víctima o sus sucesores(49)”(50).
(vii) El derecho de los familiares y de la sociedad en general a conocer la verdad.
“76. El derecho que toda persona tiene a la verdad, ha sido desarrollado por el derecho internacional de los derechos humanos(51), y, como sostuvo esta Corte en anteriores oportunidades, la posibilidad de los familiares de la víctima de conocer lo sucedido a esta(52), y, en su caso, dónde se encuentran sus restos(53), constituye un medio de reparación y, por tanto, una expectativa que el Estado debe satisfacer a los familiares de la víctima y a la sociedad como un todo(54).
77. Finalmente, es obligación del Estado, según el deber general establecido en el artículo 1.1 de la convención, asegurar que estas graves violaciones no se vuelvan a repetir. En consecuencia, debe hacer todas las gestiones necesarias para lograr este fin. Las medidas preventivas y de no repetición empiezan con la revelación y reconocimiento de las atrocidades del pasado, como lo ordenara esta Corte en la sentencia de fondo. La sociedad tiene el derecho a conocer la verdad en cuanto a tales crímenes con el propósito de que tenga la capacidad de prevenirlos en el futuro.
78. Por consiguiente, la Corte reitera que el Estado tiene la obligación de investigar los hechos que generaron las violaciones de la Convención Americana en el presente caso, así como de divulgar públicamente los resultados de dicha investigación y sancionar a los responsables”(55).
Las anteriores conclusiones provienen de sentencias de un tribunal internacional cuya competencia ha sido aceptada por Colombia. El artículo 93 de la Constitución colombiana prescribe que los derechos y deberes consagrados en esa Carta se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia, por lo que la jurisprudencia reseñada resulta relevante para la interpretación que de tales derechos y deberes se haga en el orden interno.
34. El “Conjunto de principios para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad”(56), proclamados por la ONU en 1998, conforma un marco conceptual de gran valor como fuente de derecho internacional, en la medida que contiene los lineamientos formulados por las Naciones Unidas para la lucha contra la impunidad en materia de graves violaciones de derechos humanos. Son directrices construidas a partir de pautas normativas y jurisprudenciales de derecho internacional, así como de la experiencia histórica proveniente de procesos de tránsito a la democracia o de consolidación del Estado de derecho en distintas naciones. Sus principales directrices se pueden sintetizar así:
(i) Durante los procesos de transición hacia la paz, a las víctimas les asisten tres categorías de derechos: a) el derecho a saber, b) el derecho a la justicia y c) el derecho a la reparación.
(ii) El derecho a saber es imprescriptible e implica la posibilidad de conocer la verdad acerca de las circunstancias en que se cometieron las violaciones y, en caso de fallecimiento o desaparición, acerca de la suerte que corrió la víctima. Este derecho también hace referencia al derecho colectivo a conocer qué pasó, garantía que tiene su razón de ser en la necesidad de prevenir que las violaciones se reproduzcan y que implica la obligación de “memoria” pública sobre los resultados de las investigaciones.
(iii) El derecho a la justicia implica la garantía de un recurso judicial efectivo, a la reparación y a la no repetición. Esto implica que toda víctima tenga la posibilidad de hacer valer sus derechos beneficiándose de un recurso justo y eficaz, principalmente para conseguir que su agresor sea juzgado, obteniendo su reparación. A esta garantía se asocia el deber estatal de investigar las violaciones, perseguir a sus autores y, si su culpabilidad es establecida, asegurar su sanción.
(iv) Dentro del proceso penal las víctimas tienen el derecho de hacerse parte para reclamar su derecho a la reparación.
(v) En todo caso, las reglas de procedimiento deben responder a criterios de debido proceso.
(vi) La prescripción de la acción penal o de las penas no puede ser opuesta a los delitos graves que según el derecho internacional sean considerados crímenes contra la humanidad, ni correr durante el período donde no existió un recurso eficaz.
(vii) En cuanto a la disminución de las penas, las “leyes de arrepentidos” son admisibles dentro de procesos de transición a la paz, se (sic) “pero no deben exonerar totalmente a los autores”.
(viii) La reparación tiene una dimensión doble (individual y colectiva) y en el plano individual abarca medidas de restitución, indemnización y readaptación.
(ix) En el ámbito colectivo, la reparación se logra a través de medidas de carácter simbólico o de otro tipo que se proyectan a la comunidad.
(x) Dentro de las garantías de no repetición, se incluye la disolución de los grupos armados acompañada de medidas de reinserción.
35. Los derechos de las víctimas en la jurisprudencia constitucional colombiana. Especial referencia a la garantía de un recurso judicial efectivo.
En aplicación de las facultades de interpretación que se derivan del artículo 93 de la Carta, esta corporación ha acogido los desarrollos del derecho internacional en relación con los derechos de las víctimas de la grave criminalidad, haciendo extensivos sus principios y concepciones básicas, a las víctimas de los delitos en general(57). Así ha señalado que, “las víctimas de los delitos tienen un derecho a la verdad y a la justicia, que desborda el campo de la simple reparación, tal y como lo ha señalado con claridad la doctrina internacional en materia de derechos humanos, que es relevante para interpretar el alcance de los derechos constitucionales (C.P., art. 93). Por ello, los derechos de las víctimas trascienden el campo puramente patrimonial”(58).
Esta concepción de los derechos de las víctimas, a partir de los estándares internacionales, encuentra igualmente respaldo en varios principios y preceptos constitucionales: (i) En el mandato de que los derechos y deberes se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (C.P., art. 93); (ii) en el hecho de que el Constituyente hubiese otorgado rango constitucional, a los derechos de las víctimas (C.P., art. 250 num. 6º y 7º); (iii) en el deber de las autoridades en general, y las judiciales en particular, de propender por el goce efectivo de los derechos de todos los residentes en Colombia y la protección de los bienes jurídicos (C.P., art. 2º); (iv) en el principio de dignidad humana que promueve los derechos a saber qué ocurrió, y a que se haga justicia (C.P., art.1º); (v) en el principio del Estado social de derecho que propugna por la participación, de donde deviene que la intervención de las víctimas en el proceso penal no puede reducirse exclusivamente a pretensiones de carácter pecuniario; (vi) y de manera preponderante en el derecho de acceso a la administración de justicia (art. 229), del cual se derivan garantías como la de contar con procedimientos idóneos y efectivos para la determinación legal de los derechos y las obligaciones, la resolución de las controversias planteadas ante los jueces dentro de un término prudencial y sin dilaciones injustificadas, la adopción de decisiones con el pleno respeto del debido proceso, así como la existencia de un conjunto amplio y suficiente de mecanismos para el arreglo de controversias.
En desarrollo de esos postulados, el alcance de los derechos de las víctimas de la criminalidad compleja de que se ocupa el derecho internacional, aplicables a las víctimas de los delitos en general, ha sido sistematizado así por la jurisprudencia:
31. El conjunto de principios para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad(59) (principios 1º a 4º) incorporan en este derecho las siguientes garantías: (i) el derecho inalienable a la verdad; (ii) el deber de recordar; (iii) el derecho de las víctimas a saber.
El primero, comporta el derecho de cada pueblo a conocer la verdad acerca de los acontecimientos sucedidos y las circunstancias que llevaron a la perpetración de los crímenes. El segundo, consiste en el conocimiento por un pueblo de la historia de su opresión como parte de su patrimonio, y por ello se deben adoptar medidas adecuadas en aras del deber de recordar que incumbe al estado. Y el tercero, determina que, independientemente de las acciones que las víctimas, así como sus familiares o allegados puedan entablar ante la justicia, tiene el derecho imprescriptible a conocer la verdad, acerca de las circunstancias en que se cometieron las violaciones, y en caso de fallecimiento o desaparición, acerca de la suerte que corrió la víctima.
El derecho a la verdad presenta así una dimensión colectiva cuyo fin es ‘preservar del olvido a la memoria colectiva’(60), y una dimensión individual cuya efectividad se realiza fundamentalmente en el ámbito judicial, a través del derecho de las víctimas a un recurso judicial efectivo, tal como lo ha reconocido la jurisprudencia de esta Corte(61).
32. Proyectando estos principios en el ámbito nacional, la jurisprudencia constitucional ha determinado que el derecho de acceder a la verdad, implica que las personas tienen derecho a conocer qué fue lo que realmente sucedió en su caso. La dignidad humana de una persona se ve afectada si se le priva de información que es vital para ella. El acceso a la verdad aparece así íntimamente ligado al respeto de la dignidad humana, a la memoria y a la imagen de la víctima(62).
La jurisprudencia constitucional ha señalado que el derecho de acceso a la justicia, tiene como uno de sus componentes naturales el derecho a que se haga justicia. Este derecho involucra un verdadero derecho constitucional al proceso penal(63), y el derecho a participar en el proceso penal(64), por cuanto el derecho al proceso en el estado democrático debe ser eminentemente participativo. Esta participación se expresa en ‘que los familiares de la persona fallecida y sus representantes legales serán informados de las audiencias que se celebren, a las que tendrán acceso, así como a toda información pertinente a la investigación y tendrán derecho a presentar otras pruebas’(65).
34. El derecho de reparación, conforme al derecho internacional contemporáneo también presenta una dimensión individual y otra colectiva. Desde su dimensión individual abarca todos los daños y perjuicios sufridos por la víctima, y comprende la adopción de medidas individuales relativas al derecho de (i) restitución, (ii) indemnización, (iii) rehabilitación, (iv) satisfacción y (v) garantía de no repetición. En su dimensión colectiva, involucra medidas de satisfacción de alcance general como la adopción de medidas encaminadas a restaurar, indemnizar o readaptar los derechos de las colectividades o comunidades directamente afectadas por las violaciones ocurridas(66).
"La integralidad de la reparación comporta la adopción de todas las medidas necesarias tendientes a hacer desaparecer los efectos de las violaciones cometidas, y a devolver a la víctima al estado en que se encontraba antes de la violación"(67).
En conclusión, la jurisprudencia constitucional colombiana ha incorporado en el orden interno, los estándares internacionales establecidos en los sistemas de protección de derechos humanos, respecto de los derechos de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos y graves infracciones al derecho internacional humanitario, extendiendo sus contenidos a las víctimas de los delitos en general. En tal sentido ha entendido que los derechos de las víctimas, incorporan el derecho a la verdad, el derecho a que se haga justicia en el caso concreto, es decir, el derecho a que no haya impunidad, y el derecho a la reparación integral del daño que se ha ocasionado a la víctima o a los perjudicados con el delito.
El derecho a la justicia incluye el deber del Estado de investigar y sancionar adecuadamente a los autores y partícipes de los delitos, así como el derecho de las víctimas a un recurso judicial efectivo. Por su relevancia para este análisis de constitucionalidad se hará una breve referencia a este último.
36. El derecho de las víctimas a un recurso judicial efectivo.
Con fundamento, igualmente, en el artículo 93 de la Constitución, la jurisprudencia de esta corporación ha recordado que tanto la Declaración Americana de Derechos del Hombre(68) como la Declaración Universal de Derechos Humanos(69), marcan una tendencia en el derecho internacional hacia el desarrollo de instrumentos que garanticen el derecho de todas las personas a una tutela judicial efectiva de sus derechos, a través de la cual no solo obtengan reparación por el daño sufrido, sino también se garanticen sus derechos a la verdad y a la justicia(70).
Esa tendencia del derecho internacional también está presente en el sistema de Naciones Unidas. La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó por consenso la “Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder”(71), según la cual las víctimas “tendrán derecho al acceso a los mecanismos de la justicia y a una pronta reparación del daño que hayan sufrido” y para ello es necesario que se permita “que las opiniones y preocupaciones de las víctimas sean presentadas y examinadas en etapas apropiadas de las actuaciones, siempre que estén en juego sus intereses, sin perjuicio de los del acusado y de acuerdo con el sistema nacional de justicia penal correspondiente”.
Recordó que los artículos 8º y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, consagran el derecho de todas las personas a acudir a los procesos judiciales para ser escuchadas con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, para la determinación de sus derechos y obligaciones. De particular relevancia en relación con los derechos de las víctimas, es el artículo 25 de este instrumento que hace parte de la protección judicial a la cual está obligado el Estado. Esta norma consagra el derecho de toda persona a un recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra violaciones de sus derechos fundamentales(72).
A su turno, el estatuto de la Corte Penal Internacional consagró de manera expresa los derechos de las víctimas a presentar observaciones sobre la competencia de la Corte o la admisibilidad de la causa, a que se haga una presentación completa de los hechos de la causa en interés de la justicia, a ser tratadas con dignidad, a que se proteja su seguridad e intimidad, a que se tengan en cuenta sus opiniones y observaciones, a ser reparadas materialmente y a apelar ciertas decisiones que afecten sus intereses(73). Los estatutos de los tribunales penales internacionales para Ruanda y la ex Yugoslavia, también contienen disposiciones sobre la protección de las víctimas(74).
En el orden interno colombiano, la Constitución Política, consagra en sus artículos 29 y 229, el derecho de acceso a la justicia como un derecho fundamental, susceptible de ser amparado a través de la acción de tutela (C.P., art. 86), pero además como expresión medular del carácter democrático y participativo del Estado. En su ámbito se inscribe el derecho de las víctimas a un recurso judicial efectivo, del cual forman parte las garantías de comunicación e información, que posibilitan el agotamiento de las acciones y los recursos judiciales, los cuales se constituyen en los mecanismos más efectivos para proteger y garantizar eficazmente los derechos de quienes han sido víctimas de una conducta punible. Del deber del Estado de proteger ciertos bienes jurídicos a través de la tutela penal, emerge la obligación de garantizar la protección judicial efectiva de los mismos.
Sobre la garantía del derecho de las víctimas a un recurso judicial efectivo (C.P., arts. 29 y 229), ha establecido la jurisprudencia que su garantía depende de que estas puedan intervenir en cualquier momento del proceso penal, aún en la fase de indagación preliminar. Su intervención no solo está orientada a garantizar la reparación patrimonial del daño inferido con el delito, sino también a la satisfacción de sus derechos a la justicia y a la verdad. En ocasiones, incluso la representación de las víctimas en el proceso penal tiene unos cometidos exclusivamente vinculados al goce efectivo de los derechos a la justicia y la reparación. Bajo estas consideraciones la Corte Constitucional estableció una doctrina en la que explícitamente abandonó una concepción reductora de los derechos de las víctimas, fundada únicamente en el resarcimiento económico, para destacar que las víctimas, o los perjudicados con el delito, tienen un derecho efectivo al proceso y a participar en él, con el fin de reivindicar no solamente intereses pecuniarios, sino también, de manera prevalente, para hacer efectivos sus derechos a la verdad y a la justicia(75).
37. En suma, la protección a los derechos de las víctimas que se deriva de los estándares internacionales, acogidos por la jurisprudencia de esta corporación hace relación: (i) a que debe existir un recurso judicial efectivo al alcance de las víctimas de los delitos que constituyen graves violaciones de derechos humanos o de derecho internacional humanitario; (ii) al deber de los Estados de garantizar el acceso a la justicia; y (iii) al deber de investigar las violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario a fin de que se conozca la verdad; (iv) a la obligación de los Estados de cooperar para la prevención y sanción de los delitos internacionales y las graves violaciones de derecho humanos, así como a la restauración de los derechos de las víctimas.
A la hora de diseñar las causales de aplicación del principio de oportunidad penal, el Congreso de la República debe considerar que, tanto de la Constitución como de los compromisos internacionales de Colombia, emanan obligaciones en materia de protección de los derechos de las víctimas de los delitos. Estos mandatos constitucionales y estas obligaciones internacionales tienen que ser ponderados con los intereses estatales de racionalización de la persecución penal, que subyacen bajo la consagración constitucional del principio de oportunidad penal.
La finalidad de la reforma constitucional de 2002 (A.L. 03/2002) como límite a la potestad de configuración de las causales del principio de oportunidad
38. De los debates legislativos que precedieron a la aprobación del Acto Legislativo 03 de 2002(76), se deduce que la finalidad fundamental para la instauración del principio de oportunidad como figura nuclear del nuevo sistema penal de tendencia acusatoria, fue el de “racionalizar la actividad investigativa del Estado encausándola hacia la persecución de los delitos que ofrecen un mayor impacto social”(77).
Este propósito general podría ser alcanzado mediante la aplicación de criterios tales como: (i) la ínfima importancia social de un hecho punible, idea que parte del reconocimiento de que existen numerosos conflictos sociales que no alcanzan a vulnerar materialmente bienes jurídicos, lo que haría innecesaria la intervención del Estado en tanto realmente no hay lesión, ni potencial afectación antijurídica; (ii) la reparación integral y la satisfacción plena de la víctima, especialmente en aquellos delitos de contenido económico; (iii) la culpabilidad disminuida(78); (iv) o la revaluación del interés público en la persecución de la conducta.
Sobre el particular ha expresado esta Corte que:
“La Constitución no señala explícitamente los casos en los cuales dicha persecución no resultaría razonable, dejando este señalamiento al legislador. Al repasar los antecedentes históricos del proceso que llevó a la expedición del Acto Legislativo 03 de 2002, se encuentra que el constituyente expresamente mencionó o puso como ejemplo algunas circunstancias que ameritarían el diseño de causales de aplicación de la oportunidad penal. V. gr., se refirió a conflictos sociales que no alcanzan a vulnerar materialmente bienes jurídicos, o a la necesidad de simplificar, acelerar y hacer más eficiente la administración de justicia penal descongestionándola de la pequeña y mediana criminalidad; así mismo puso de presente que en el régimen procesal penal antes vigente, la oportunidad penal ya venía operando ‘en forma larvada’, mediante figuras procesales tales como las preclusiones que dictaba el fiscal cuando había conciliación por indemnización integral, desistimiento, transacción o bien aplicándola en los casos de sentencia anticipada o audiencia especial(79).
Pero a pesar de estos ejemplos, el constituyente secundario defirió expresamente al legislador el señalamiento de las causales de procedencia de la oportunidad penal, como se deduce del tenor literal del artículo 250 superior(80). En tal virtud, el legislador goza de una amplia potestad legislativa a la hora de señalar aquellas circunstancias que rodean la comisión o el juzgamiento de cualquier conducta punible, en las cuales resulta desproporcionada, inútil o irrazonable la persecución penal, pudiendo establecer a su arbitrio, por ejemplo, que la ínfima importancia social de un hecho punible, la culpabilidad disminuida, o la revaluación del interés público en la persecución de la conducta, etc., sean causales que permitan prescindir de la persecución. Es decir, en cuanto al tipo de circunstancias que rodean la comisión de un delito o su investigación o juzgamiento, que pueden dar lugar a la aplicación del principio de oportunidad, el legislador tiene amplia facultad de configuración legislativa, siempre y cuando esas circunstancias respeten parámetros de razonabilidad frente al propósito de racionalizar la utilización del aparato estatal en la labor de persecución penal”(81).
39. De este modo, el constituyente secundario trazó una directriz general para que el legislador estableciera las causales para la aplicación del principio de oportunidad. Esa pauta general fue la racionalización de la utilización del aparato estatal en la labor de persecución penal, cometido que podría ser alcanzado mediante la aplicación de criterios tales como la escasa importancia social del hecho punible, la ausencia vulneración (sic) real o potencial a los de bienes jurídicos (sic), lo que haría innecesaria la intervención del Estado, la reparación integral y la satisfacción plena de la víctima, especialmente en materia de criminalidad económica, y en general la revaluación del interés público en la persecución de la conducta.
Los rasgos constitucionales del principio de oportunidad, como límites a la potestad legislativa de configuración de las causales para su aplicación
40. Las características constitucionales del principio de oportunidad condicionan igualmente la labor legislativa en la configuración de las causales y presupuestos para su procedibilidad. Al respecto cabe recordar que el Acto Legislativo 03 de 2002 dispuso que la Fiscalía General de la Nación está obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal de los hechos que revistan las características de un delito, que lleguen a su conocimiento por una de las siguientes vías: denuncia, petición especial, querella o de oficio, “siempre y cuando medien suficientes motivos y circunstancias fácticas que indiquen la posible comisión del mismo”. En consecuencia, la fiscalía no podrá suspender, interrumpir o renunciar al ejercicio de la acción penal, “salvo en los casos que establezca la ley para la aplicación del principio de oportunidad regulado dentro del marco de la política criminal del Estado, el cual estará sometido al control de legalidad por parte del juez que ejerza las funciones de control de garantías”.
Partiendo de esta configuración constitucional, la jurisprudencia de esta Corte(82) ha destacado los siguientes rasgos del principio de oportunidad: (i) es una figura de aplicación excepcional mediante la cual se le permite al fiscal suspender, interrumpir o renunciar al ejercicio de la acción penal; (ii) las causales de aplicación del principio de oportunidad deben ser establecidas por el legislador de manera clara e inequívoca; (iii) debe ser aplicado en el marco de la política criminal del Estado; (iv) su ejercicio estará sometido al control de legalidad por parte del juez que ejerza las funciones de control de garantías; (v) su regulación debe ser compatible con el respeto por los derechos de las víctimas.
De acuerdo con el mandato constitucional, corresponde al legislador señalar los casos excepcionales en los cuales la fiscalía puede suspender, interrumpir o renunciar a la persecución penal. Sin embargo, tal como lo ha puesto de presente la jurisprudencia de esta Corte, a la hora de diseñar las causales excepcionales para la aplicación del principio de oportunidad el Congreso debe respetar además de la finalidad constitucional de la institución (vid. supra), otros parámetros superiores como son: el deber de asegurar la vigencia de un orden justo y en esa marco garantizar los derechos de las víctimas; el principio de legalidad; y la articulación del principio con la política criminal del Estado.
Por la especial relevancia para el análisis de constitucionalidad que se adelanta, se procede a hacer específica referencia al principio de legalidad, como rasgo constitucional que condiciona la labor de regulación del legislador.
El principio de legalidad como límite constitucional a la potestad de configuración legislativa en el diseño de las causales para la aplicación del principio de oportunidad
41. De acuerdo con el contenido normativo del artículo 250 de la Constitución, la Fiscalía General de la Nación “está obligada” a ejercer la acción penal y a llevar a cabo la investigación de los delitos; por consiguiente, como regla general, “no podrá... suspender, interrumpir, ni renunciar a la persecución penal”. Sin embargo, a esta regla general se opone una excepción, que es introducida por el constituyente mediante la utilización de la expresión “salvo en los casos que establezca la ley”.
De la anterior configuración se deduce el carácter excepcional y reglado del principio de oportunidad. Sobre este atributo la Corte ha señalado que para que el desarrollo de la institución se ajuste a lo previsto en el artículo 250 superior, es decir, para que efectivamente mantenga su carácter excepcional y se aplique solamente “en los casos que establezca la ley”, las causales que autorizan su aplicación “deben ser definidas por el legislador de manera clara y precisa, de suerte que la facultad discrecional de aplicación no se convierta en una posibilidad de aplicación arbitraria”(83). De esta forma, en virtud del carácter excepcional o reglado del principio de oportunidad acogido por el constituyente, “al legislador le está vedado establecer causales extremadamente vagas o ambiguas de invocación de aquel, por cuanto los ciudadanos no tendrían certeza alguna acerca de bajo qué condiciones el órgano de investigación del Estado puede acudir o no ante el juez de control de garantías para efectos de solicitar la suspensión, interrupción o renuncia del ejercicio de la acción penal“(84).
42. Sobre las razones por las cuales se exige cierto grado de precisión y claridad en el señalamiento de las casuales de aplicabilidad del principio de oportunidad, la Corte hizo las siguientes consideraciones que ahora resulta oportuno recordar:
“La Corte considera que si bien el legislador cuenta con un margen para configurar las causales de procedencia del principio de oportunidad, cada una de ellas debe quedar consagrada de manera precisa e inequívoca, de forma tal que el juez de control de garantías pueda realmente determinar si en un caso concreto procede o no renunciar, suspender o interrumpir el ejercicio de la acción penal.
“Al respecto, es preciso tener en cuenta que si bien el principio de oportunidad constituye una excepción a aquel de legalidad, la Constitución autoriza al titular de la acción penal para disponer de ella cuando se cumplan determinados requisitos establecidos en la ley, es decir, se trata de la aplicación de un principio reglado que está sometido al control de legalidad por parte del juez que ejerza las funciones de control de garantías.
“En este orden de ideas, cuando el legislador al momento de regular el principio de oportunidad, diseña las causales respectivas, debe hacerlo de manera tal que no resulten imprecisas o vagas, a fin de no entregar a la fiscalía una potestad extensa y no precisa, que desborde el marco de la excepcionalidad, e imposibilite de tal manera el ejercicio del control de legalidad.
“En efecto, una norma que regule de manera imprecisa y vaga el ejercicio del principio de oportunidad, impide al juez de control de legalidad contar con los suficientes elementos de juicio para establecer si los hechos que sirven de base o de presupuestos para la aplicación de aquel se encuentran o no presentes en el caso concreto.
“En efecto, en materia penal, dado que el principio de legalidad obliga a las autoridades estatales a investigar y sancionar cualquier delito que se cometa en su territorio, la excepcional aplicación del principio de oportunidad, para renunciar, interrumpir o suspender el ejercicio de la acción penal dentro del marco de la política criminal del Estado, debe encontrarse perfectamente delimitada por el legislador, con el propósito de que el control judicial que se ejerza sobre la aplicación de aquel sea realmente efectivo. En otras palabras, frente a una causal de procedencia del principio de oportunidad, que haya sido establecida de manera equívoca y ambigua por el legislador, el juez de control de garantías no podrá adelantar su labor, desvirtuándose de esta forma uno de los pilares esenciales del Estado de derecho, cual es la inexistencia de potestades discrecionales inmunes al control judicial”(85).
43. Finalmente, ha puntualizado la Corte que la exigencia de claridad y precisión en el diseño de las causales legales de aplicación del principio de oportunidad “no resulta contradictoria con el reconocimiento de algún grado aunque sea mínimo de discrecionalidad al fiscal para evaluar si en un caso concreto debe aplicarse o no dicho principio”(86). Se trata, justamente, de establecer límites objetivos, claros y precisos a las facultades discrecionales de los funcionarios. De hecho, como se enfatizó en pretérita oportunidad “la incorporación a la Constitución Política del principio de oportunidad penal fue hecha por el constituyente secundario en el entendimiento de que la aplicación de tal principio por parte de la fiscalía estaría sujeta a (i) la definición por parte del legislador de los casos estrictos y taxativos en que procedería, y (ii) al control del juez de garantías. Es más, aprecia que solo animado por la inclusión de esas seguridades, el Congreso otorgó su confianza a la mencionada institución, propia del sistema penal acusatorio”.
44. En conclusión, el legislador se encuentra limitado por el carácter excepcional y reglado del principio de oportunidad penal diseñado por el constituyente, que le impone determinar con claridad y precisión las causales en las cuales puede aplicarse. La definición por parte del legislador de los casos estrictos y taxativos en que procedería, cumple propósitos fundamentales de seguridad jurídica para el procesado y las víctimas, orientar (sic) el ejercicio del margen de discrecionalidad que se reconoce al fiscal para la aplicación del principio de oportunidad, y permitir, y eficaz (sic) control judicial por parte del juez de garantías.
Las razones que motivaron la expedición de la Ley 1312 de 2009
45. La iniciativa de reformar parcialmente el artículo 324 del Código de Procedimiento Penal, plasmada en el proyecto de ley 261 de 2008 Senado y 342 de 2008 Cámara, surgió del seno del Consejo de política criminal y de la Comisión de Seguimiento a la implementación del sistema penal acusatorio. Al respecto se señala en la ponencia para primer debate(87): “Como recomendación principal se propuso en el marco de la política criminal y como manifestación concreta de la misma” la reforma del principio de oportunidad a fin de vigorizarlo extendiendo la posibilidad de su aplicación a la etapa del juicio y de dotarlo de eficacia “para desarticular organizaciones criminales” en el marco de la lucha contra el tráfico de drogas y el terrorismo.
46. Se consideró en la primera fase del tránsito legislativo que a través de la cooperación que ofrece el principio de oportunidad, en el marco de la política criminal del Estado, se podría hallar la prueba para vincular a la investigación a jefes de grupos armados o de organizaciones criminales (determinadores, líderes, auspiciadores y promotores). Su aplicación a integrantes de organizaciones criminales que no tengan un nivel alto en la organización, estimularía el suministro de información y elementos probatorios para su desactivación, como miras a su desmantelamiento. Esta estrategia permitiría focalizar los esfuerzos hacia el ataque a la estructura y funcionamiento de las sociedades delictivas(88).
47. En el “Informe de ponencia para segundo debate al proyecto de ley 342 de 2008 Cámara y 261 de 2008 Senado, ‘Por medio de la cual se reforma la Ley 906 de 2004, en lo relacionado con el principio de oportunidad’”, se encuentran consignadas las motivaciones que llevaron a los legisladores a incluir la norma acusada en el texto del artículo 324 del Código de Procedimiento Penal.
“Objetivos del proyecto de ley y propuestas de modificaciones para segundo debate:
1. Reformular todo el artículo 324 de la Ley 906 de 2004, combinando conceptos de insignificancia, reparación, interés de la víctima, formas alternativas de satisfacción de intereses colectivos, colaboración con la justicia, etc.
En igual sentido se busca establecer una definición clara y concordante con el artículo 250 de la Constitución Política sobre el principio de oportunidad y su aplicación.
2. Acoger la propuesta del señor Fiscal General de la Nación de que algunos autores de conductas de narcotráfico y terrorismo puedan ser beneficiados con la aplicación del principio de oportunidad cuando colaboren con la justicia o sirvan como testigo y siempre que no constituyan cabecillas o jefes.
3. Acoger la propuesta del señor Fiscal General de la Nación de que los miembros rasos de los grupos armados ilegales que se desmovilizaron en el marco de la Ley de Ley (sic) de Justicia y Paz y en general en el marco de las negociaciones de paz con el Gobierno Nacional, puedan ser beneficiarios del principio de oportunidad. En este mismo sentido se sugiere establecer audiencias colectivas para cuando concurra un número considerable de desmovilizados, para lo cual se establecerá un parágrafo o inciso al numeral 17 del artículo 324 del texto aprobado en la Comisión Primera.
4. Precisar las prohibiciones para incluir el tema de los menores víctimas de delitos dolosos y los crímenes de guerra.
5. Respaldar la propuesta de que el principio de oportunidad opere tanto en la investigación como en el juzgamiento y proponer una fórmula para la desestimación de denuncias sin fundamento.
6. Se busca igualmente excluir de la aplicación del principio de oportunidad al investigado, acusado o enjuiciado vinculado al proceso penal por haber accedido a su cargo, curul o denominación pública con el apoyo o colaboración de grupos al margen de la ley o del narcotráfico”.
48. Específicamente en lo que atañe a la extensión del principio de oportunidad a los desmovilizados en el marco de las negociaciones de paz se expuso lo siguiente:
“Al tenor de lo manifestado por la honorable Corte Suprema de Justicia(89), es menester del legislativo no solo adoptar un marco normativo con el cual pueda darse una salida jurídica a la problemática de miles de desmovilizados de grupos al margen de la ley, sino que tal marco jurídico goce de pleno respeto y protección de las garantías constitucionales a los derechos humanos y el compromiso del Estado colombiano con la búsqueda de la justicia, la verdad y la reparación de las víctimas del conflicto.
De cara a lo anterior es necesario advertir que pese a la preocupación que asiste a quienes suscribimos la presente ponencia por dotar de mecanismos jurídicos a las instituciones y a la rama judicial para la eficacia de programas de desmovilización y eventuales acuerdos humanitarios y de desarticulación de grupos al margen de la ley, sean estos grupos guerrilleros, paramilitares o bandas emergentes, el principio de oportunidad debe ser entendido dentro del marco de la Ley 906 de 2004, como una herramienta procesal dentro del derecho penal y su implementación obedece a una política criminal que atienda en justas proporciones un espectro general y completo del delito en el derecho interno, por lo que su implementación no puede desconocer los niveles de criminalidad y los fenómenos delictivos contra los cuales se ha fortalecido la lucha institucional día a día y que entre otras cosas debe responder a estándares internacionales sobre conductas consideradas de desestabilidad de la seguridad internacional.
III. Pliego de modificaciones
Teniendo en cuenta las numerosas recomendaciones del órgano de control constitucional sobre la necesidad de reglas (sic) de manera detallada, expedita y clara la aplicabilidad del principio de oportunidad dentro del sistema penal acusatorio, dada la orientación de la política criminal del Estado, frente a la cual cabe advertir, no puede convertirse en solución mediática a problemáticas individualmente evaluadas, sino que debe responder a la posición del Estado frente a la prevención, sanción y erradicación del delito, frente a la protección de los derechos humanos y la determinación de la punibilidad para delitos de lesa humanidad, frente al reproche del terrorismo y el narcotráfico que han sido fuentes de agravación de la corrupción de las instituciones públicas y el debilitamiento de las relaciones entre Estado y sociedad, poder público y sociedad, se propone realizar algunas modificaciones al texto aprobado por la Comisión Primera del Senado, con la finalidad de dar mayor claridad al texto de la norma y evitar así la discrecionalidad con la que en ejercicio de una indebida interpretación legal o judicial pueda transformarse el verdadero espíritu de la norma”.
Aplicación del principio de oportunidad a desmovilizados:
De acuerdo con la sentencia de la honorable Corte Suprema de Justicia de julio 11 de 2007, en la que se determinó que los desmovilizados de grupos de autodefensas debían responder ante la justicia ordinaria por el delito de concierto para delinquir agravado, este órgano legislativo debe responder a las necesidades de determinar de forma clara y expresa las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que puede ser considerado objeto de la aplicación del principio de oportunidad el caso de más de 19.000 desmovilizados de las AUC, dada la problemática que frente al sistema judicial y frente a la sociedad colombiana, que reclama verdad, justicia y reparación, representa el no definir de una u otra forma dicha situación.
La desarticulación de las bandas criminales, la erradicación del delito, la eficacia respecto de los postulados de verdad, justicia y reparación a las víctimas y el respeto por los derechos humanos como ejes de la política criminal del Estado.
De cara a la justicia transicional, teniendo en cuenta el informe de la Fiscalía General de la Nación (...) a la fecha existen 31.804 miembros desmovilizados de grupos al margen de la ley, de los cuales 3.538 han sido postulados a la Ley de Justicia y Paz por el Gobierno Nacional, y 28.100 desmovilizados han sido escuchados en versión libre, diligencias de las cuales han resultado 10.748 resoluciones inhibitorias de las que actualmente se han apelado 205. En igual sentido, la Fiscalía General de la Nación llama la atención en la necesidad de buscar solución para los desmovilizados de grupos al margen de la ley a quienes, en virtud y cumplimiento del fallo de la Corte Suprema, no se les puede aplicar los beneficios contenidos en la Ley 782 de 2002.
Al respecto cabe advertir, que el principio de oportunidad no puede ser utilizado para dilatar los procesos judiciales que tienen una justa causa y en ese sentido generar un ambiente de total impunidad frente a graves violaciones de derechos humanos, delitos de lesa humanidad y otros tantos punibles ante los cuales no puede ceder la política criminal del Estado, por ello se propone como causal para la aplicación del principio de oportunidad frente a los desmovilizados que no pueden obtener ningún beneficio contenido en la Ley 782 de 2002 y que han sido excluidos en igual medida de los beneficios de la Ley 975 de 2005, el siguiente texto... (...)(90)”.
49. Del examen de los antecedentes legislativos que condujeron a la inclusión de la causal 17 en el artículo 324 del Código de Procedimiento Penal, se pueden extraer los siguientes puntes (sic) aspectos relevantes:
49.1. La reforma se inserta en el marco de la política criminal del Estado, y como una manifestación de la misma, con el propósito de ampliar las posibilidades procesales y sustanciales de procedibilidad del principio de oportunidad, extendiendo su aplicabilidad a la etapa del juicio y estableciendo nuevas causales de procedibilidad.
49.2. Acogiendo propuesta de la Fiscalía General de la Nación, se decidió incluir como beneficiarios del principio de oportunidad a los miembros rasos de los grupos armados ilegales que se desmovilizaron en el marco de la Ley de Justicia y Paz y en general en el marco de las negociaciones de paz con el Gobierno Nacional. Se trataba, según lo sostuvo el fiscal, de encontrar una “salida jurídica” a la situación en que se encontrarían cerca de 19.000 desmovilizados de las AUC.
49.3. Se contempló la posibilidad de adelantar audiencias colectivas para cuando concurra un número considerable de desmovilizados.
49.4. Se adujo la finalidad de evitar que el principio de oportunidad regulado en la reforma que se introducía a la Ley 906 de 2004, se aplicara para delitos relacionados con las violaciones graves a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, por cuanto se generaría una impunidad inaceptable.
Contenido y alcance normativo de los preceptos acusados. La norma se profirió en el marco de la potestad legislativa para la configuración de la política criminal del Estado
50. El numeral 17 del artículo 324 del Código de Procedimiento Penal, así como el parágrafo 1º del mismo, deben ser interpretados de conformidad con el artículo 250 de la Constitución que contempla el principio de oportunidad, para ser regulado “dentro del marco de la política criminal del Estado”. Los principios que orientan el sistema penal acusatorio, del cual el mencionado instrumento es parte nuclear, concurren igualmente como guías hermenéuticas de los preceptos acusados.
A continuación se realiza una presentación esquemática del contenido normativo de las normas demandadas:
Destinatarios. Según el numeral 17 del artículo 324 del estatuto procesal penal, la Fiscalía General de la Nación, podrá suspender, interrumpir o renunciar a la persecución penal en relación con el desmovilizado de un grupo armado organizado al margen de la ley.
Condiciones. Para que el desmovilizado pueda hacerse acreedor de tal beneficio debe cumplir con las siguientes condiciones:
• Que manifieste con actos inequívocos su propósito de reintegrase a la sociedad.
• Que no haya sido postulado por el Gobierno Nacional al procedimiento y beneficios establecido en la Ley 975 de 2005.
• Que no cursen en su contra investigaciones por delitos cometidos antes o después de su desmovilización.
• Se exceptúa de la anterior exigencia “la pertenencia a la organización criminal”, y los delitos de utilización ilegal de uniformes e insignias y el porte ilegal de armas y municiones, los cuales se entienden incluidos en la pertenencia a la organización.
• La solicitud para la aplicación del beneficio será formulada por el fiscal, y se tramitará en audiencia que podrá ser individual o colectiva.
• El desmovilizado deberá firmar una declaración, bajo la gravedad del juramento en la que afirme no haber cometido un delito diferente a la “pertenencia a la organización criminal”, utilización ilegal de uniformes e insignias y porte ilegal de armas y municiones.
• La ausencia de esta declaración juramentada conducirá a la pérdida del beneficio.
Vigencia retroactiva. La causal se retrotrae a situaciones ocurridas a partir de la vigencia del Acto Legislativo 03 de 2002 es decir, a diciembre 19 de 2002(91).
Exclusiones explícitas. El principio de oportunidad no podrá ser aplicado en investigaciones o acusaciones relacionadas con los siguientes hechos:
• Los que sean constitutivos de graves infracciones al derecho internacional humanitario(92).
• Los delitos de lesa humanidad(93).
• Los crímenes de guerra(94).
• El genocidio(95).
• Las conductas dolosas cuando la víctima sea un menor de 18 años.
Control. Acudiendo a una interpretación sistemática del precepto acusado es preciso señalar que el juez de control de garantías deberá efectuar el control de legalidad obligatorio y automático respecto de las solicitudes individuales o colectivas, dentro de los cinco (5) días siguientes a la determinación de la fiscalía de dar aplicación al principio de oportunidad. El control se adelantará en audiencia especial en la que la víctima y el Ministerio Público podrán controvertir la prueba aducida por la Fiscalía General de la Nación para sustentar la decisión (art. 327).
Participación de las víctimas. En la aplicación del principio de oportunidad fiscal “deberá tener en cuenta los intereses de las víctimas. Para estos efectos deberá oír a las que se hayan hecho presentes en la actuación” (art. 328).
Exigencia de prueba sobre la responsabilidad. La aplicación del principio de oportunidad “solo procederá si hay un mínimo de prueba que permita inferir la autoría o participación en la conducta y su tipicidad” (art. 327).
Efectos de la aplicación. La decisión que prescinda de la persecución penal extinguirá la acción respecto del autor o partícipe en cuyo favor se decide (art. 329).
51. De acuerdo con las premisas sentadas hasta este momento, encuentra la Corte que la Ley 1312 de 2009, es una estrategia normativa que se inserta dentro de la política criminal del Estado. Como tal debe ceñirse a los postulados constitucionales, en particular, al respeto de los derechos fundamentales de los intervinientes en el proceso y a la dignidad humana. Este marco impone una metodología de análisis distinta a la de una iniciativa legislativa, explícitamente diseñada como mecanismo de justicia transicional. En este contexto, destaca la Corte que el legislador goza de una amplia potestad de configuración para el diseño de las causales que permiten la aplicación del principio de oportunidad. Sin embargo, esta potestad encuentra claros límites en los derechos de las víctimas de los delitos y el deber del Estado de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de graves violaciones de los derechos humanos y graves infracciones al derecho internacional humanitario; las finalidades que orientaron la reforma constitucional (A.L. 03/2002) que introdujo en el sistema penal de tendencia acusatoria el principio de oportunidad; los rasgos constitucionales del principio de oportunidad, en particular su carácter excepcional y reglado, que se proyecta en la necesidad de que las causales para su aplicación se encuentren definidas de manera clara e inequívoca, a fin de garantizar, no solamente la seguridad jurídica implícita en los fines de este postulado, sino un efectivo control por parte del juez de garantías.
(i) La aplicación causal 17 del artículo 324 del Código de Procedimiento Penal, vulnera el orden justo, los derechos de las víctimas, y desconoce el deber del Estado de investigar y juzgar las graves violaciones de los derechos humanos y las infracciones al derecho internacional humanitario.
52. Según los demandantes, los preceptos acusados son contrarios a la obligación internacional contraída por el Estado colombiano de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de graves violaciones de derechos humanos y las graves infracciones al derecho internacional humanitario, así como de garantizarles a las víctimas el acceso a un recurso judicial efectivo, a conocer la verdad de los hechos y a obtener una reparación integral, consagrados en la Constitución (arts. 1º, 2º, 6º, 12, 29, 93 y 229), y en los tratados internacionales sobre derechos humanos, en particular en los artículos 1º, 2º, 8º y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, generando así un escenario injustificado de impunidad.
Para fundamentar el cargo sostiene que la causal 17 se aplica en abstracto a un grupo de desmovilizados cuya única obligación es declarar que no han cometido violaciones de derechos humanos, sin que las víctimas tengan acceso al procedimiento para controvertir su versión y sin que exista investigación ni identificación del beneficiario que permita igualmente controvertir las decisiones que afecten los derechos de las víctimas; tampoco está prevista medida alguna para su reparación.
53. Al respecto observa la Corte que el numeral 17 del texto reformado del artículo 324 del Código de Procedimiento Penal, en lo que concierne a la actitud procesal del desmovilizado que aspira a acogerse al beneficio, plantea dos requerimientos para la aplicación del principio de oportunidad: (i) que manifieste con actos inequívocos su propósito de reintegrarse a la sociedad; y (ii) la suscripción de una declaración bajo la gravedad del juramento en la que afirme no haber cometido un delito, diferente a los establecidos en la causal, es decir, el que resulte de “la pertenencia a la organización criminal”, la utilización ilegal de uniformes e insignias y el porte ilegal de armas y municiones.
Una aproximación a estos presupuestos, permite a la Corte sostener que ninguno de ellos involucra elementos de verdad o de justicia. Ciertamente, no se exige para el otorgamiento del beneficio la confesión ni actos de cooperación que contribuyan al establecimiento del alcance de la responsabilidad del desmovilizado en los crímenes cometidos por la organización delictiva en la cual militó como actor armado, o a la desarticulación de la organización armada.
Advierte la Corte que condicionar la concesión del beneficio a una declaración juramentada del imputado o acusado, en el sentido que no ha sido autor o partícipe de ciertos graves (sic), representa una clara renuncia del Estado a la investigación dejando librada a la voluntad, al interés y a la conveniencia del desmovilizado la definición del alcance de su compromiso punitivo en los crímenes atribuidos a la organización. Se parte de una especie de presunción, acerca de que se trata de miembros de los grupos ilegales armados que por su ubicación en la base de la organización (miembros rasos) no pueden ser considerados como autores o partícipes de las múltiples y graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario que según informes públicos y estadísticos que obran dentro del proceso(96) son atribuibles a los grupos de autodefensa, de los cuales formaron parte los desmovilizados.
54. Tal presunción solo podría ser desvirtuada, según la norma, con otras investigaciones que arrojen evidencia en el sentido de que el postulado encuentra comprometida su responsabilidad en delitos distintos a los que señala el precepto, pero no se contempla una exigencia investigativa dentro del proceso en el cual se evalúa la aplicación al principio de oportunidad; en este, de antemano y bajo el amparo de la declaración juramentada del implicado, se renuncia a la investigación penal.
Aún si se exigiera la confesión respecto de esta grave criminalidad, tal actitud procesal solo podría dar lugar a una rebaja de pena, y no a la renuncia a la acción penal, comoquiera que la normatividad internacional impone restricciones a los efectos de las “leyes sobre arrepentidos” respecto de los autores de delitos graves conforme al derecho internacional. De acuerdo con el Conjunto de principios para la protección y promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad, el hecho de que el autor, después del periodo de investigación y captura, revele las violaciones cometidas por él mismo o por otros para beneficiarse de las disposiciones favorables de las leyes relativas al arrepentimiento, no lo eximirá de responsabilidad, en particular, penal. Ese hecho solo puede ser causa de reducción de la pena para contribuir a la manifestación de la verdad(97).
55. La causal 17 para la aplicación del principio de oportunidad, ni siquiera plantea actividad investigativa al interior de este proceso para descartar la implicación del futuro beneficiario en la comisión de crímenes de derecho internacional. No obstante la elocuencia de las cifras(98) que demuestran la violación sistemática y a gran escala de los derechos humanos por parte de las organizaciones de las cuales formaron parte los desmovilizados, la multiplicidad de víctimas y el accionar de los perpetradores a través de estructuras con un alto grado de organización y mediante la división de trabajo, no se diseña una estrategia investigativa, que aún en el marco de las limitaciones derivadas de la disponibilidad de recursos y la complejidad del asunto, se oriente con sinceridad y pretensión de eficacia a excluir de la aplicación del beneficio procesal a personas involucradas en grave criminalidad. La norma no plasma una auténtica voluntad política de investigar, juzgar y sancionar a los autores o partícipes de los crímenes, o de descartar la autoría o participación del desmovilizado en dichos ilícitos.
56. Tal como lo han advertido las agencias internacionales que velan por la eficacia de los derechos humanos(99), una iniciativa de judicialización de los crímenes de organización o de sistema(100), no se satisface con esclarecer lo acontecido en hechos aislados, sino que debe extenderse a las relaciones de poder e intereses entre determinadores y perpetradores, desentrañar las políticas, prácticas y contextos que determinaron o favorecieron la perpetración de violaciones sistemáticas y generalizadas. Frente a este fenómeno la tarea de investigación y juzgamiento no se satisface con describir la comisión del acto criminal, sino que es preciso esclarecer los eslabones y entender la naturaleza instrumental de los casos individuales, identificar patrones en el ejercicio de la violencia, el contexto de acción colectiva y prácticas facilitadoras y desentrañar el fondo ideológico del accionar delictivo y su motivación. Una de las características de la denominada criminalidad compleja o de sistema radica justamente en que desafía el entendimiento y las prácticas tradicionales en la aplicación del derecho penal(101).
La estrategia investigativa para enfrentar un fenómeno criminal de esta entidad no puede reducirse a una declaración jurada del integrante de la organización delictiva señalada de cometer crímenes de derecho internacional, en la que aquel manifieste que no ha perpetrado delitos de esta naturaleza. La existencia de una estrategia de judicialización adecuada para enfrentar los desafíos que plantea la comisión de una multiplicidad de crímenes y un gran número de investigados o enjuiciados, constituye uno de los ejes fundamentales para la satisfacción de las exigencias de verdad y de justicia.
57. La decisión legislativa de sustituir una adecuada estrategia de investigación en los términos señalados, por la declaración jurada que deberá rendir el futuro beneficiario de la renuncia a la persecución penal, presenta múltiples problemas constitucionales y de política criminal.
En primer lugar, como se ha señalado hasta ahora, comporta la renuncia del Estado a investigar conductas delictivas que podrían implicar violaciones graves a los derechos humanos e infracciones serias al derecho internacional humanitario, contraviniendo así claros mandatos internacionales en la materia.
En segundo lugar, la particular estrategia investigativa tendría como único eje la autoincriminación del investigado en relación con la pertenencia al grupo armado al margen de la ley, el uso ilegal de uniformes e insignias y el porte no autorizado de armas y municiones. En efecto, en la norma se conmina al imputado o acusado a que bajo la gravedad, reconozca su participación en los ilícitos allí mencionados, de lo contrario continuará sub judice por otras posibles infracciones.
En tercer lugar, no obstante que la norma se inserta dentro de la regulación del principio de oportunidad penal, se aparta de los principios que lo orientan como es aquel relativo a la preservación de la presunción de inocencia y la necesidad de “un mínimo de prueba que permita inferir la autoría o participación en la conducta y su tipificación”.
No se exige en el precepto cuestionado, prueba mínima de responsabilidad y ni siquiera tipificación de la conducta, toda vez que se alude a un hecho fáctico que, como se demostrará más adelante, podría encuadrar en diversos tipos penales “la pertenencia a una organización criminal”. Finalmente, la potestad otorgada a la fiscalía en el sentido de solicitar “audiencias colectivas” para conceder el principio de oportunidad, es una muestra adicional de la ausencia de un verdadero propósito de investigar los delitos y la responsabilidad en que hubiesen podido incurrir los miembros desmovilizados de la organización armada ilegal.
Lo anterior es demostrativo de que la aplicación del principio de oportunidad en virtud de la causal analizada no está precedida de una investigación rigurosa de historial delictivo de los desmovilizados a quienes se pretende favorecer con la suspensión, interrupción o renuncia a la persecución penal.
58. El imperativo ético y normativo en el sentido que los Estados enfrenten con seriedad la lucha contra la impunidad en relación con las atrocidades del pasado, para satisfacer las necesidades de justicia de las víctimas y de la sociedad, requiere de investigaciones “rápidas, minuciosas, independientes e imparciales” de las violaciones de derechos humanos y derecho internacional humanitario. Estos requerimientos no se satisfacen con la estrategia que plantea el numeral 17 del artículo 324 del Código Penal, a través del cual se renuncia a la investigación, no como una consecuencia de la acreditación de que el desmovilizado no incurrió en alguno de los delitos excluidos del beneficio (graves infracciones del derecho internacional humanitario, delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, genocidio o conductas dolosas contra menor de edad), sino como producto de la decisión legislativa de sustituir la investigación por la propia manifestación del presunto implicado.
59. De esta manera la previsión del parágrafo 2º del artículo 324 del Código de Procedimiento Penal, en el sentido que “No se podrá aplicar el principio de oportunidad en investigaciones o acusaciones por hechos constitutivos de graves infracciones al derecho internacional humanitario, delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra o genocidio ni cuando tratándose de conductas dolosas la víctima sea un menor de dieciocho (18) años”, resulta siendo retórica en el caso de la causal 17 comoquiera que, su propia configuración excluye de antemano la posibilidad de que en el proceso en que se aplicaría el principio de oportunidad se descarte mediante una investigación seria el compromiso penal del desmovilizado en un evento criminal de esta naturaleza.
La gravedad de estos crímenes denominados de derecho internacional, debido a la lesividad que comportan, obliga a las autoridades estatales a investigar oficiosamente a todos los responsables, razón por la cual en relación con ellos no puede renunciar a la acción penal, a través de la figura del principio de oportunidad. Al respecto esta corporación ha señalado que “una de las limitaciones a la aplicación del principio de oportunidad es la existencia de acuerdos internacionales en virtud de los cuales Colombia se comprometa a sancionar delitos que por su gravedad ofenden la conciencia social y resultan especialmente sensibles en el panorama internacional”(102).
60. Las investigaciones aparentes, encaminadas a crear una simple formalidad que permite espacios de impunidad, son contrarias al deber de investigación seria que debe llevarse a cabo frente a las violaciones de los derechos humanos, y recordó que la exigencia de una investigación real y seria está estrechamente vinculada al deber de preservación de los derechos de las víctimas, entre los que ocupa un lugar preeminente el derecho a la verdad(103).
Al respecto cobra particular relevancia lo señalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en relación con la normatividad que es objeto de este análisis:
“Si bien dicha ley [se refiere a la L. 1312/2009] establece que ‘para la aplicación de esta causal, el desmovilizado deberá firmar una declaración bajo la gravedad del juramento en la que afirme no haber cometido un delito diferente a los establecidos en esta causal’, la Corte ya ha constatado que este tipo de disposiciones normativas puede ser insuficiente si no se da en forma concomitante una verificación rigurosa por parte de las autoridades encargadas de las investigaciones, o del Ministerio Público, de tales aseveraciones (...)”(104).
61. Aunado a lo anterior, la pretensión de aplicar el principio de oportunidad a los desmovilizados, sin que tal iniciativa esté precedida de una investigación que demuestre que los potenciales beneficiarios no han incurrido en alguno de los crímenes excluidos de su aplicación, deja al juez de garantías sin elementos de juicio para ejercer un auténtico control judicial en relación con la solicitud individual o colectiva de la fiscalía.
Aunque se prevé la convocatoria a una audiencia especial (art. 327) en la que la víctima y el Ministerio Público “podrán controvertir la prueba”, el sustento probatorio de la solicitud será, en la mayoría de los casos, la declaración jurada del postulado al beneficio, en el sentido de no haber cometido ninguno de los crímenes excluidos. En tales condiciones, la única manera de controvertir y desvirtuar tal evidencia, sería probando que el desmovilizado sí cometió alguno de los crímenes en los que se prohíbe la aplicación del mecanismo, con lo cual se trasladaría a la víctima el deber —propio del Estado— de investigar los delitos constitutivos de graves violaciones al derecho internacional, hipótesis que evidentemente resulta inaceptable.
La sustitución del deber de investigar, exigida para todos los eventos por la filosofía misma del principio de oportunidad, y para la grave criminalidad por los mandatos constitucionales y de derecho internacional, por una declaración jurada del interesado, no salvaguarda los derechos de las victimas a conocer la verdad y a que se haga justicia, comoquiera que no se garantizan mecanismos accesibles para que concurran al proceso. En últimas, toda posibilidad de investigación de un crimen grave queda librada a la voluntad del desmovilizado quien, bajo juramento, manifestará no haber incurrido en ese tipo de ilícitos.
62. La falta de previsión de mecanismos de acceso para las víctimas se pone en evidencia, en el informe que la propia Fiscalía General de la Nación rindió en este proceso:
“Tampoco se ha considerado pertinente iniciar trámite alguno para la aplicación del principio de oportunidad teniendo en cuenta que no se encuentra definida la forma en que habrán de intervenir las víctimas dentro del mismo, su convocatoria, representación y formas de reparación, pues como se trata del delito de concierto para delinquir, no está plasmado a cuáles víctimas se cita o, si por el contrario se debe convocar al total de víctimas del grupo armado organizado al margen de la ley en que militó el imputado. En este último caso estaríamos en una situación compleja, pues por ejemplo del bloque norte de las AUC tenemos un registro de 40.912 víctimas por hechos atribuibles a este (a jul. 31/2010), lo que generaría un caos para la entidad que se encargue de su citación y el traslado al sitio en donde se desarrollará la diligencia”(105).
63. En conclusión, la renuncia del Estado a investigar y sancionar los delitos que afectan más gravemente a la dignidad humana, resulta inaceptable como expresión de la política criminal del Estado. Tal proceder resulta así mismo inadmisible, en aparentes o reales estados de transición hacia la paz, bajo criterios de conveniencia política o de utilidad pública. La falta de investigación y sanción de esta clase de delitos conduce al desconocimiento del derecho de las víctimas al acceso a un recurso judicial efectivo, y por esa vía a la justicia, la verdad y la reparación integral. Con este proceder el Estado incumple obligaciones internacionales —tanto de fuente consuetudinaria como convencional— de investigar, enjuiciar y sancionar a los autores de graves violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, generando un ambiente propicio para la repetición crónica de estas conductas.
(ii) La causal 17 del artículo 324 del Código de Procedimiento Penal quebranta los límites constitucionales previstos para la aplicación del principio de oportunidad.
64. Sostienen los demandantes que la disposición acusada vulnera el artículo 250 de la Constitución que contempla un principio de oportunidad reglado. Aducen que la norma crea una causal para la aplicación del principio de oportunidad de naturaleza ambigua e indeterminada. Esta ambigüedad e indeterminación se advierte en la indefinición de aspectos estructurales de la disposición, tales como (i) la identificación de los delitos a los cuales se aplica, (ii) el suministro de parámetros normativos objetivos que eliminen la discrecionalidad del fiscal a la hora de aplicar el principio de oportunidad, y (iii) la posibilidad de participación de las víctimas en un proceso penal determinado.
65. Sobre el particular, destaca la Corte que el principio de legalidad informa todo el sistema jurídico penal colombiano, como una garantía de los ciudadanos para acceder de manera igualitaria a la administración de justicia, bajo condiciones de seguridad jurídica y en la confianza de que la persecución de los delitos está precedida de reglas claras, que aseguren que la administración de justicia penal no dependerá de la buena voluntad de las autoridades encargadas de su ejecución.
En estricto sentido, a este principio se le denomina de taxatividad o de tipicidad, y exige que las normas penales estén inequívoca o taxativamente definidas por la ley, de tal manera que la labor de los funcionarios judiciales (jueces o fiscales) se limite a verificar si frente a determinada conducta o situación concurren los supuestos inequívocamente descritos por el legislador.
65. El principio de oportunidad está concebido como una excepción al principio de legalidad y obligatoriedad en el ejercicio de la acción penal. Por tratarse de una institución excepcional y reglada, tal como fue la opción elegida por el constituyente secundario colombiano, los presupuestos para su aplicación deben estar plenamente delimitados y enmarcados en la ley. Las reglas vagas y ambiguas en relación con la operatividad del principio de oportunidad pueden conducir a que el mecanismo se amplíe a hipótesis no previstas por el legislador, y a que se dificulte el control sobre las decisiones de suspensión, interrupción o renuncia a la acción penal.
Con ello no se pretende desconocer que el fiscal goza de un razonable margen de interpretación en la aplicación de la ley, pero este no es ilimitado. El legislador debe suministrarle de manera clara, elementos objetivos que le indiquen las valoraciones que debe adelantar y los fines que debe perseguir en la aplicación del mecanismo.
67. Una aproximación al contenido normativo del numeral 17 del artículo 324 del Código de Procedimiento Penal, permite advertir que en efecto, tal como lo señalan los demandantes y algunos de los intervinientes, contiene expresiones que no se encuentran debidamente precisadas, en los términos que lo exige el principio de taxatividad:
“17. Al desmovilizado de un grupo armado organizado al margen de la ley que en los términos de la normatividad vigente haya manifestado con actos inequívocos sin propósito de reintegrarse a la sociedad, siempre que no haya sido postulado por el Gobierno Nacional al procedimiento y beneficios establecidos en la Ley 975 de 2005 y no cursen en su contra investigaciones por delitos cometidos antes o después de su desmovilización con excepción de la pertenencia a la organización criminal, que para efectos de esta ley incluye la utilización ilegal de uniformes e insignias y el porte ilegal de armas y municiones.
Para la aplicación de esta causal, el desmovilizado deberá firmar una declaración bajo la gravedad de juramento en la que afirme no haber cometido un delito diferente a los establecidos en esta causal, so pena de perder el beneficio dispuesto en este artículo de conformidad con el Código Penal”.
68. En primer lugar, advierte la Corte que la expresión “haya manifestado con actos inequívocos su propósito de reintegrarse a la sociedad”, es de tal amplitud que entrega al fiscal una desmedida discrecionalidad, comoquiera que no aporta ningún criterio de naturaleza objetiva que permita valorar qué tipos de actos, actitudes o eventos, son indicativos de un auténtico propósito de reintegración social. Esta configuración contraviene el precedente de esta Corte establecido en las sentencias C-673 de 2005 y C-095 de 2007, según el cual las causales del principio de oportunidad deben ser redactadas por el legislador de manera tal que no resulten imprecisas o vagas, a fin de no entregar a la Fiscalía una potestad extensa y no precisa, que desborde el marco de la excepcionalidad, e imposibilite el ejercicio del control de legalidad.
El legislador debió establecer, si no los eventos, al menos criterios objetivos que permitieran al fiscal deducir el carácter inequívoco del propósito de reinserción. Tal como está el precepto queda librada a la plena liberalidad del fiscal, la valoración de un componente que es determinante para la concesión del beneficio.
69. De otra parte, las insalvables contradicciones que presenta la redacción de la norma contribuyen eficazmente a incrementar la incertidumbre sobre el alcance de la misma. Observa la Corte que una de las condiciones previstas para la concesión del mecanismo es “que no cursen [en contra del desmovilizado] investigaciones por delitos cometidos antes o después de su desmovilización con excepción de la pertenencia a la organización criminal, que para efectos de esta ley incluye la utilización ilegal de uniformes e insignias y el porte ilegal de armas y municiones” (se destaca).
Un entendimiento permitido por la redacción de la norma es el de considerar que, aún después, de su desmovilización, el candidato al beneficio puede seguir delinquiendo a condición de que se trate de los delitos de “pertenencia a la organización criminal”, utilización ilegal de uniformes e insignias y porte ilegal de armas y municiones. Esta posibilidad hermenéutica, admitida por la norma, se contrapone a las finalidades político-criminales del instrumento, a la vez que incrementa la incertidumbre sobre los supuestos que permiten su aplicación. En efecto, concurren en el precepto dos condiciones acumulativas que resultan excluyentes: De un lado, demostrar con actos inequívocos el propósito de reintegración a la sociedad, y de otro, no tener investigaciones penales por hechos posteriores a la desmovilización, excepto si se trata de la pertenencia a la organización, el uso ilegal de uniformes e insignias y el porte ilegal de armas. Este último requisito además, desvirtúa la condición de “desmovilizado” presupuesto primario y esencial para la evaluación de la causal, comoquiera que tal como está diseñada la norma, se admite la posibilidad de que el postulado a ser beneficiario del principio de oportunidad, continúe delinquiendo a condición de que se trate de alguno de los eventos previstos en el precepto.
70. Tan manifiestas contradicciones presentes en la norma, impiden que el juez de control de garantías cuente con elementos de juicio, claros, fiables y unívocos para determinar si los presupuestos que el contenido normativo acusado prevé para la aplicación del principio de oportunidad, concurren en el caso concreto. El legislador no suministra criterios claros al juez de control de garantías que le permitan impartir aprobación o rechazar la solicitud de la Fiscalía, situación que desconoce el principio de taxatividad que la jurisprudencia ha considerado indispensable en el diseño de las causales de oportunidad.
71. No obstante que las observaciones precedentes ya plantean serias fisuras al principio de legalidad que debe guiar la configuración de las causales para interrumpir, suspender o renunciar a la acción penal, el problema más relevante sobre este particular se presenta en la designación del delito o delitos respecto de los cuales procedería la aplicación del principio de oportunidad. De acuerdo con el tenor de la causal, esta se aplicaría respecto de “la pertenencia a la organización criminal, que para efectos de esta ley incluye la utilización de uniformes e insignias y el porte ilegal de armas y municiones”, siempre y cuando concurran las demás condiciones a que alude el precepto.
El análisis de segmento debe partir de la premisa establecida en el artículo 327 del mismo estatuto que prevé que “La aplicación del principio de oportunidad (...) solo procederá si hay un mínimo de prueba que permita inferir la autoría, la participación en la conducta y su tipicidad”: Ciertamente, las causales del artículo 324 del Código de Procedimiento Penal están fundadas en diversos criterios tales como la entidad de la pena, la extradición, la colaboración, la insignificancia, la reparación, la baja lesividad, entre otros, lo que significa que no siempre le es exigible al legislador precisar el tipo penal, sino el supuesto de hecho de la causal. Sin embargo, cuando la naturaleza del delito es determinante para la estructuración de la causal, el legislador debe precisar el tipo penal. En el caso de la causal 17 la naturaleza del delito reviste particular relevancia justamente para excluir el riesgo de que conductas respecto de las cuales existe prohibición expresa de renuncia a la investigación, queden amparadas bajo una causal de oportunidad.
La “pertenencia a la organización criminal” no es una conducta tipificada como delito autónomo en la ley penal, lo que conduce a que sea la autoridad encargada de aplicar el precepto la que defina qué conductas delictivas caen bajo la órbita de la causal, a fin de determinar si se trata de punibles respecto de los cuales existe disponibilidad de la acción penal. La “pertenencia a una organización criminal”, constituye un elemento normativo que puede estar comprendido en más de una modalidad delictiva, o incluso puede aludir a una forma de participación colectiva en un ilícito, circunstancia que evidentemente introduce un elemento de indeterminación, en una materia en la que la definición previa, clara e inequívoca de los punibles sobre los cuales es posible suspender, interrumpir o renunciar a la acción penal, resulta relevante.
La expresión analizada, imprime una enorme ambigüedad a la causal 17 del artículo 324 del Código de Procedimiento Penal, circunstancia que se hizo palmaria en las intervenciones en este proceso. Así, los demandantes consideran que la causal alude al concierto para delinquir agravado (340.2)(106); Para la Defensoría del Pueblo la expresión “pertenencia a la organización criminal”, no alude a la comisión de ningún comportamiento que se encuentre tipificado en el actual Código Penal; la Fiscalía General de la Nación estima que la expresión acusada no introduce ninguna ambigüedad pero no hace referencia a una tipicidad en particular; para la Alta Consejería para la Reintegración Social y Económica de Personas y Grupos Alzados en Armas, la expresión alude al delito de concierto para delinquir (art. 340)(107), pero no de lesa humanidad, en tanto que para la Procuraduría la expresión “partencia a la organización armada” (sic) es sinónimo del delito de concierto para delinquir simple (C.P., art. 340.1)(108), alude a la mera militancia en la organización criminal, “lo cual implica el uso de uniformes e insignias, así como el porte ilegal de armas”.
Como se advierte, se trata de una expresión que admite múltiples interpretaciones, en una materia que debe ser precisada con pulcritud y transparencia: la definición de los ilícitos que pueden ser amparados por el beneficio de oportunidad, toda vez que es un hecho público y notorio, que se encuentra además documentado en este proceso, el que las organizaciones a las cuales pertenecen o han pertenecido los aspirantes a la suspensión, interrupción o extinción de la persecución penal, han incurrido en graves hechos delictivos, sujetos de manera inexcusable a investigación y sanción bajo el derecho internacional.
72. De acuerdo con la, jurisprudencia de esta Corte, la aplicación de las causales del principio de oportunidad exige un principio de verdad respecto de la autoría y la tipicidad de la conducta, comoquiera que deben existir elementos de juicio fácticos que conduzcan a inferencias razonables sobre la realización de la conducta, su adecuación típica y la participación del investigado en la misma, a fin de que el fiscal sopese la pertinencia de dar aplicación al principio de oportunidad y el juez pueda ejercer efectivo control sobre esa determinación(109). Esto solo es posible a partir de una mínima acreditación de la ocurrencia de un hecho que debe estar previamente definido en la ley.
73. Finalmente, se incurre en otra imprecisión relevante y es la de considerar que los delitos de utilización ilegal de uniformes e insignias, y el porte ilegal de armas y municiones, forman parte de esa categoría delictiva establecida por la Ley 1312 de 2009, denominada “pertenencia a la organización criminal”, que no responde de manera cierta, como se indicó, a un hecho punible descrito por el legislador con sus elementos de conducta y sanción. Las conductas delictivas de tráfico y porte de armas de fuego o municiones, y la utilización ilegal de uniformes e insignias, son delitos autónomos previstos por el legislador en los artículos 365 y 346 del Código Penal, respectivamente, y si bien cae dentro de la potestad de configuración legislativa la posibilidad de crear categorías de delitos complejos o modificar las reglas del concurso de conductas punibles, esta posibilidad solo resulta admisible entre hechos delictivos establecidos con apego al principio de taxatividad. Lo que no es admisible es que se pretenda subsumir hechos punibles autónomos en otra conducta que no se encuentra prevista conforme a estándares de legalidad estricta (tipicidad).
74. En síntesis, la causal 17 del artículo 324 del Código de Procedimiento Penal, tal como fue establecida por la Ley 1312 de 2009, es inconstitucional por violación del principio de legalidad, debido a que no establece de forma taxativa e inequívoca todos y cada uno de los elementos constitutivos de la causal, ni contempla criterios objetivos que orienten el margen de discrecionalidad que se reconoce al fiscal en esta materia. La incertidumbre que genera el diseño de la causal impide que el juez de control de garantías pueda ejercer un efectivo control sobre la decisión del fiscal de dar aplicación al principio de oportunidad en situaciones concretas. La Corte declarará, en consecuencia la inexequibilidad del numeral 17 del artículo 324 del Código Procedimiento Penal, introducido por el artículo 2º de la Ley 1312 de 2009.
iii) El parágrafo tercero del numeral 17 del artículo 324 del Código de Procedimiento Penal plasma una omisión legislativa relativa en relación con las graves violaciones de derechos humanos.
75. Manifiestan los demandantes que en el parágrafo 3º del numeral 17 del artículo 324 del Código Penal, el legislador incurrió en una omisión legislativa relativa, toda vez que excluyó de manera injustificada, de los supuestos en que se encuentra prohibida la aplicación del principio de oportunidad “las graves violaciones de derechos humanos”. Si bien se hace referencia a los crímenes de lesa humanidad, hay graves violaciones de derechos humanos que no encajan dentro de esta categoría y por lo tanto podrían quedar en la impunidad en el evento de ser cobijadas con el principio de oportunidad.
76. Sobre el particular, es posible advertir que de conformidad con el parágrafo 3º del artículo 2º de la Ley 1312 de 2009, que modificó el artículo 324 del Código Procedimiento Penal, no se podrá aplicar el principio de oportunidad en investigaciones o acusaciones por hechos constitutivos de graves infracciones al derecho internacional humanitario, delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, genocidio, o cuando tratándose de conductas dolosas la víctima sea un menor de dieciocho (18) años.
77. La jurisprudencia de esta corporación ha precisado que se presenta una omisión legislativa relativa cuando el legislador regula una materia de manera parcial, insuficiente o incompleta, omitiendo una condición, un sujeto destinatario, un ingrediente esencial o algún supuesto que, en atención a los contenidos superiores del ordenamiento, debería formar parte de la disciplina legal o de la materia normativa. En esta hipótesis de control, el debate se suscita en torno a un texto legal que se reputa incompleto en su concepción, y que puede ser cotejado con la Carta, por resultar arbitrario, inequitativo o discriminatorio en perjuicio de ciertas garantías constitucionales como la igualdad y el debido proceso(110).
La Corte se ha declarado competente para abocar el conocimiento de la omisión legislativa relativa, por cuanto surte efectos jurídicos que pueden presentar una oposición objetiva y real con la Constitución, la cual es susceptible de verificarse a través de una confrontación de los mandatos acusados y las disposiciones superiores(111).
Los rasgos característicos de una omisión legislativa relativa se han sistematizado así: (i) que exista una norma sobre la cual se predique necesariamente el cargo; (ii) que la misma excluya de sus consecuencias jurídicas aquellos casos que, por ser asimilables, tenían que estar contenidos en el texto normativo cuestionado, o que el precepto omita incluir un ingrediente o condición que, de acuerdo con la Constitución, resulta esencial para armonizar el texto legal con los mandatos de la Carta; (iii) que la exclusión de los casos o ingredientes carezca de un principio de razón suficiente; (iv) que la falta de justificación y objetividad genere para los casos excluidos de la regulación legal una desigualdad negativa frente a los que se encuentran amparados por las consecuencias de la norma; y (v) que la omisión sea el resultado del incumplimiento de un deber específico impuesto por el constituyente al legislador(112).
78. En el caso del parágrafo 3º del artículo 324 del Código Procedimiento Penal, en la versión establecida por la Ley 1312 de 2009, es posible advertir que no se contemplan las graves violaciones de los derechos humanos dentro de las categorías de crímenes excluidos de la aplicación del principio de oportunidad.
Al respecto conviene reiterar que los compromisos internacionales del Estado colombiano en relación con la efectiva persecución y sanción de graves violaciones de derechos humanos, delitos de lesa humanidad e infracciones graves al derecho internacional humanitario, son el producto del consenso de la comunidad de naciones de combatir la impunidad y lograr el respeto y la efectividad de los derechos humanos. La gravedad de estos comportamientos, su dañosidad y su poder desestabilizador de los sistemas democráticos, obliga a las autoridades nacionales de justicia a investigar y sancionar a todos los responsables de estos hechos, obligación a la que no puede renunciar, ni siquiera bajo la sombra del principio de oportunidad.
Sobre el particular esta corporación señaló que “una de las limitaciones a la aplicación del principio de oportunidad es la existencia de acuerdos internacionales en virtud de los cuales Colombia se compromete a sancionar delitos que por su gravedad ofenden la conciencia social y resultan especialmente sensibles en el panorama internacional”(113).
Esa limitación para la suspensión, interrupción o extinción de la acción penal, se extiende a las graves violaciones de los derechos humanos. Así lo entendió la Corte Constitucional al revisar la constitucionalidad del contenido del parágrafo 3º del artículo 314 de la Ley 906 de 2004, ante de la expedición de la Ley 1312 de 2009:
“[A]l parecer de la Corte la efectiva persecución y sanción del extenso catálogo de conductas que quedan cobijadas por los artículos 6º, 7º y 8º del Estatuto de Roma protege efectivamente la dignidad humana, y los derechos a la vida y la libertad amparados por la Carta Política. Por eso, el impedir que respecto de ellos se extinga la acción penal mediante la consagración de la prohibición de aplicar en tales casos el principio de oportunidad penal es una garantía adicional de la eficacia de estos derechos. No obstante al actor le asiste razón cuando afirma que ciertos delitos, como por ejemplo un homicidio intencional o una violación que se produjeran por fuera de situación de conflicto interno o internacional y por fuera de ataques sistemáticos contra la población civil, o el tipo de genocidio político podrían eventualmente llegar a ser objeto de la aplicación del principio de oportunidad. Y lo mismo podría decirse de otros delitos aislados de situaciones de conflicto interno o internacional, o de los mencionados ataques sistemáticos, como el secuestro, las lesiones personales, el abandono de menores, el infanticidio o el incesto, por citar algunos ejemplos. Así pues, si la remisión al Estatuto de Roma contenida en el parágrafo 3º del artículo 324 de la Ley 906 de 2004 implica que el principio de oportunidad podría llegar a aplicarse respecto de algunas graves violaciones a los derechos humanos que no caen dentro del ámbito de competencia de la Corte Penal Internacional, la Corte ha concluido que en algunos casos ello sí es posible. En tal virtud, para excluir esta posibilidad, declarará la inexequibilidad de la expresión “de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto de Roma”, contenida en este parágrafo 3º, pues ella restringe inconstitucionalmente la protección de los derechos humanos que constituyen los bienes jurídicos amparados por ciertos delitos descritos en algunos tipos penales del Código Penal, y en otros tratados internacionales de los cuales Colombia es Estado parte”(114).
79. Encuentra la Corte que en la configuración actual del parágrafo 3º del artículo 324 del Código de Procedimiento Penal, se incurre así mismo en un déficit de protección de los derechos humanos y de la dignidad humana, comoquiera que se omite relacionar dentro del catálogo de crímenes excluidos de la aplicación del principio de oportunidad las graves violaciones de derechos humanos. La referencia explícita a los crímenes de lesa humanidad resulta insuficiente, toda vez que, como ya lo ha advertido la Corte, pueden presentarse actos constitutivos de graves violaciones a los derechos humanos que no obstante su intrínseca gravedad, no se enmarcan dentro de patrones o contextos de sistematicidad o generalidad, y por ende técnicamente no clasificarían dentro de aquella categoría, pero respecto de los cuales subsiste el imperativo internacional de investigar, juzgar y sancionar.
En esa medida constata la Corte que el parágrafo 3º examinado excluye de sus consecuencias jurídicas, una categoría de violaciones que por su gravedad y relevancia en el plano internacional, es asimilable a los casos previstos en la norma. Su inclusión se hace necesaria para armonizar el texto legal con los mandatos de la Carta, toda vez que no existe ninguna justificación para no incluir las graves violaciones de los derechos humanos dentro de las prohibiciones para la aplicación del principio de oportunidad. Se trata de hechos que comparten el similar nivel de gravedad, de reproche internacional y que convocan, en ese plano las mismas exigencias en materia de lucha contra la impunidad. Mediante tal omisión el legislador se sustrajo al cumplimiento de claros imperativos constitucionales derivados de los tratados internacionales sobre derechos humanos que forman parte del cuerpo de la Constitución, que le señalan el deber de tomar medidas legislativas para evitar la impunidad en el ámbito de las graves violaciones a estos mandatos.
80. Establecida la omisión legislativa relativa en que incurrió el legislador en la configuración del parágrafo 3º del artículo 324 del Código de Procedimiento Penal, tal como fue modificado por la Ley 1312 de 2009, la Corte declarará su exequibilidad, en el entendido de que también comprende las graves violaciones de derechos humanos.
81. En conclusión, la Corte encontró que la causal contenida en la causal 17 adicionada al artículo 324 del Código de Procedimiento Penal, para la aplicación del principio de oportunidad, es contraria a los artículos 1º y 93 de la Constitución, así como a los artículos 8º y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, comoquiera que se renuncia al deber de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de hechos que pueden involucrar graves violaciones de hechos humanos y graves infracciones al derecho internacional humanitario. El deber de investigación estatal, es sustituido por una declaración jurada del postulado al beneficio, quien manifestará no haber incurrido en la mencionada criminalidad, sin que la aplicación del principio de oportunidad esté precedida de una investigación seria que corrobore tal afirmación. La propia norma sugiere la posibilidad de que el postulado al beneficie (sic) continúe delinquiendo, lo cual desvirtúa su condición de desmovilizado.
La ausencia de investigación seria, priva a las víctimas de los delitos que se atribuyen a la organización criminal, de contar con un recurso judicial efectivo, a través del cual puedan hacer valer sus derechos a la justicia, a la verdad, a la reparación y a la no repetición. Con ello se desconoce el orden justo que promueve la Constitución y que se constituye en límite constitucional a la aplicación del mecanismo procesal.
La forma como está concebida la causal vulnera así mismo otros límites constitucionales como es el de legalidad, toda vez que se introducen expresiones ambiguas y equívocas que amplían desmesuradamente el ámbito de discrecionalidad del fiscal para la aplicación del principio de oportunidad, y obstaculizan un efectivo control por parte del juez de control de garantías sobre el uso de la institución. Se desconocen así mismo los fines de política criminal que orientaron la reforma constitucional del año 2002, para la introducción del principio acusatorio dentro del marco del sistema penal de tendencia acusatoria, toda vez que se pretende su aplicación con fines utilitarios distintos al de racionalizar el ejercicio del poder punitivo mediante la renuncia a la acción penal en eventos delictivos de reducido impacto social.
Finalmente, el parágrafo tercero del artículo 324 plasma una omisión legislativa relativa, que debe ser corregida, en la medida que no incluye las graves violaciones a los derechos humanos, como una de las hipótesis delictivas en que se encuentra excluido el principio de oportunidad. La alusión a los crímenes de lesa humanidad, resulta insuficiente comoquiera que esta categoría solo incluye algunas graves violaciones desarrolladas dentro de un contexto de sistematicidad o generalidad, dejando por fuera muchos eventos de similar gravedad, pero que no se inscriben en un marco de esta naturaleza. Esta deficiente protección de los derechos humanos y de la dignidad humana, debe ser corregida mediante una decisión modulada.
En consecuencia, la Corte declarará la inexequibilidad del numeral 17 del artículo 2º de la Ley 1312 de 2009, y la exequibilidad condicionada del parágrafo 3º de la misma disposición, en el entendido de que también comprende las graves violaciones a los derechos humanos.
1. Declarar INEXEQUIBLE el numeral 17 del artículo 2º de la Ley 1312 de 2009.
2. Declarar EXEQUIBLE el parágrafo 3º del artículo 2º de la Ley 1312 de 2009, en el entendido de que también comprende las graves violaciones a los derechos humanos.
(1) “ART. 150.—Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones: (...)
17. Conceder, por mayoría de los dos tercios de los votos de los miembros de una y otra Cámara y por graves motivos de conveniencia pública, amnistías o indultos generales por delitos políticos. En caso de que los favorecidos fueren eximidos de la responsabilidad civil respecto de particulares, el Estado quedará obligado a las indemnizaciones a que hubiere lugar”.
No sobra recordar que dicha posibilidad igualmente se establecía en el artículo 76, numeral 19 de la Constitución derogada.
(2) Corte Constitucional, Sentencia C-370 de 2006.
(4) El proyecto de ley se orientó inicialmente a la ampliación del principio de oportunidad, con algunas limitaciones, a casos de narcotráfico de estupefacientes, financiación de terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas, siempre que no se trate de jefes, cabecillas, determinadores, organizadores, promotores o directores de la respectiva organización. A partir del informe de ponencia para segundo debate al proyecto de ley 342 2008 y 261 2008, se incluye, entre otras modificaciones, la propuesta del Fiscal General de la Nación de beneficiar con la aplicación del principio de oportunidad a los miembros rasos de los grupos armados ilegales que se desmovilizaren en el marco de la Ley de Justicia y Paz, y en el de las negociaciones de paz con el Gobierno.
(5) Gaceta del Congreso 217, abril 17 de 2009. Pág. 12.
(6) Gaceta del Congreso 217 de abril 17 de 2009. Pág. 12. Informe de ponencia para segundo debate al proyecto de ley 342 de 2008 Cámara y 342 de 2008 Senado.
(7) Cfr. Gaceta del Congreso 446 de julio 24 de 2008. Antecedentes legislativos del proyecto de ley 261 de 2008 Senado, y 342 de 2008 Cámara.
(8) Corte Constitucional, sentencias C-646 de 2001, y C-873 de 2003.
(9) Corte Constitucional, Sentencia C-504 de 1993.
(10) Corte Constitucional, Sentencia C-599 de 1998.
(11) Así, en la Sentencia C-198 de 1997 se afirmó: “La selección de los bienes jurídicos merecedores de protección, el señalamiento de las conductas capaces de afectarlos, la distinción entre delitos y contravenciones, así como las consecuentes diferencias de regímenes sancionatorios y de procedimientos obedecen a la política criminal del Estado en cuya concepción y diseño se reconoce al legislador, en lo no regulado directamente por el Constituyente, un margen de acción que se inscribe dentro de la llamada ‘libertad de configuración”. En idéntico sentido se pronunció la Corte en la Sentencia C-093 de 1993.
(12) Corte Constitucional; Sentencia C-227 de 1998.
(13) Corte Constitucional, Sentencia C-344 de 1995.
(14) Corte Constitucional, Sentencia C-327 de 1997.
(15) Corte Constitucional, Sentencia C-345 de 1995.
16 Corte Constitucional, Sentencia C-646 de 2001.
(17) Corte Constitucional, Sentencia C-646 de 2001.
(18) Sentencia C-038 de 1995, M.P. Alejandro Martínez Caballero, normas acusadas: artículo 201 (parcial) del Decreto 100 de 1980. En este fallo la Corte analiza la relación entre la Constitución y política criminal, la legitimidad constitucional de la penalización del porte ilícito de armas y el monopolio de posesión y porte de armas en el Estado. La norma demandada fue declarada constitucional.
(19) Así en la Sentencia C-370 de 2006.
(20) ART. 250.—“La Fiscalía General de la Nación está obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito que lleguen a su conocimiento por medio de denuncia, petición especial, querella o de oficio, siempre y cuando medien suficientes motivos y circunstancias fácticas que indiquen la posible existencia del mismo. No podrá, en consecuencia suspender, interrumpir, ni renunciar a la persecución penal, salvo en los casos que establezca la ley para la aplicación del principio de oportunidad regulado dentro del marco de la política criminal del Estado, el cual estará sometido al control de legalidad por parte del juez que ejerza las funciones de control de garantías. Se exceptúan los delitos cometidos por miembros de la fuerza pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio” (negrillas fuera del original).
(21) Corte Constitucional, Sentencia C-095 de 2007.
(22) En el contexto de la comunidad internacional se ha admitido una nueva noción de justicia, que atiende a la necesidad de alcanzar la efectividad del derecho a la paz en aquellas sociedades en situación de conflicto, pero que a la vez pretende responder, aún en estas circunstancias, al imperativo de enjuiciar y reparar las graves violaciones a los derechos humanos y del derecho internacional humanitario y lograr el esclarecimiento de la verdad. Esta noción de justicia, denominada de transición justicia transicional opera dentro del tránsito de un periodo de violencia a otro de consolidación de la paz y de vigencia del Estado de derecho, o de autoritarismo a otro de respeto al pluralismo democrático. Sin embargo, se ha hecho énfasis “en que estas circunstancias de transición no pueden conducir a un relajamiento de las obligaciones internacionales de los Estados en el compromiso universal de respeto a la dignidad y a los derechos humanos” (C-370/2006). La doctrina especializada ha advertido, sobre la importancia de que el concepto de justicia transicional, construido en el contexto internacional, trascienda un contenido meramente retórico para hacerlo “eficaz instrumentalmente y observable en la realidad”. Los procesos de transición parten frecuentemente del reconocimiento de la existencia de una situación de violación masiva y sistemática de derechos humanos, y de la necesidad de poner fin a la impunidad. Este último cometido solo se puede lograr de manera legítima a través de la materialización de los derechos de las víctimas, “Se trata de un uso democrático de la justicia transicionar porque tiene el propósito de dar fin a la impunidad a través de la materialización de los derechos de las víctimas y, al hacerlo, busca lograr el reconocimiento y la efectiva protección de los derechos humanos en contextos en los cuales estos derechos han sido violados masiva y sistemáticamente” (Uprimny Rodrigo, María Paula Saffon, Usos y Abusos de la Justicia Transicional en Colombia. Bergsmo, M. y Kalmanovitz, P. (eds.). 2007. Law in Peace Negotiations, FICJC Publication Series 2 (2007), International Peace Research Institute in Oslo (PRIO).
(23) Corte Constitucional, Sentencia C-370 de 2006.
(24) Adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1966. Aprobado mediante la Ley 74 de 1968.
(25) Comité de Derechos Humanos, Observación General Nº 31 de mayo 26 de 2004.
(28) Suscrita en San José de Costa Rica en noviembre de 1969. Aprobada mediante la Ley 16 de 1972.
(29) Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1984, aprobada mediante la Ley 70 de 1986.
(30) Adoptada por la Asamblea General de la OEA en Cartagena de Indias en 1985, aprobada mediante la Ley 406 de 1997, declarada exequible mediante la Sentencia C-351 de 1998, M.P. Fabio Morón Díaz.
(31) Adoptada por la Asamblea General de la OEA en Belém do Para. Brasil, en 1994. Aprobada mediante la Ley 707 de 2001, revisada mediante la Sentencia C-580 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
(32) Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el proceso de desmovilización en Colombia. diciembre 13 de 2004.
(33) Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 20 de enero de 1989. Caso Godínez Cruz vs. Honduras. En ese caso el señor Godínez Cruz, dirigente sindical, fue secuestrado y posteriormente desaparecido. Las pruebas obrantes dentro del proceso permitieron establecer que el hecho fue ejecutado por las autoridades hondureñas, dentro de una práctica generalizada de desaparecer a personas consideradas peligrosas. La Corte consideró que Honduras había violado, en perjuicio del señor Godínez Cruz, los deberes de respeto y garantía de los derechos a la vida, la integridad y la libertad personales consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Síntesis, Sent.C-370 de 2006).
(34) Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 14 de marzo de 2001.
(35) Cfr. Caso Masacre de las Dos Erres vs. Guatemala, supra nota 57, párrafo 233.
(36) A esta altura del texto original se inserta la nota de pie de página 316. Por pertinencia, su contenido se destaca en el cuerpo de la sentencia.
(37) Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sentencia de 26 de mayo de 2010. Caso Manuel Cepeda Vargas vs. Colombia. Excepciones preliminares, fondo y reparaciones. Sección V, Serie C 216. Nota de pie de página 316.
(38) Cfr. caso de las hermanas Serrano Cruz, supra nota 11, párr. 66; caso 19 comerciantes, supra nota 190, párr. 188, y caso Myrna Mack Chang, supra nota 5, párr. 209.
(39) Cfr. caso de la Comunidad Moiwana, supra nota 4, párr. 145; caso de los hermanos Gómez Paquiyauri, supra nota 185, párr. 131, y caso Myrna Mack Chang, supra nota 5, párr. 157.
(40) Cfr. caso de la Comunidad Moiwana, supra nota 4, párr. 147; caso hermanas Serrano Cruz. Sentencia de 1º de marzo de 2005. Serie C 120, párr. 63, y caso 19 comerciantes supra nota 193, párr. 186.
(41) Cfr. caso de la Comunidad Moiwana, supra nota 4, párr. 146; caso hermanas Serrano Cruz, supra nota, párr. 61, y caso Bulacio, supra nota 196, párr. 112.
(42) Cfr. caso Maritza Urrutia. Sentencia de 27 de noviembre de 2003. Serie C 103, párr. 126. Asimismo, caso de la Comunidad Moiwana, supra nota 4, párr. 203; caso de las Hermanas Serrano Cruz, supra nota 11, párr. 170, y caso de los hermanos Gómez Paquiyauri, supra nota 185, párr. 148.
(43) Cfr. caso de la Comunidad Moiwana, supra nota 4, párr. 153; caso de las hermanas Serrano Cruz. Excepciones preliminares, supra nota, párr. 118, y caso Bámaca Velásquez, supra nota 201, párr. 207.
(44) Cfr. caso de la Comunidad Moiwana, supra nota 4, párr. 153; caso Juan Humberto Sánchez, supra nota 78, párr. 134, y caso Trujillo Oroza. Reparaciones. Sentencia de 27 de febrero de 2002. Serie C 92, párrs. 99 a 101 y 109.
(45) Cfr. caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri, supra nota 185, párr. 130, y caso Myrna Mack Chang, supra nota 5, párr. 156.
(46) Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 15 de septiembre de 2005. Caso Masacre de Mapiripán vs. Colombia. Los hechos que solicitaron el caso consistieron en la llegada al aeropuerto de San José de Guaviare de aproximadamente un centenar de miembros de la Autodelensas Unidas de Colombia (AUC), procedentes del Urabá antioqueño. A su llegada fueron recogidos por miembros del Ejército Nacional, y transportados hasta el municrpio de Mapiripán, en camiones de esa institución. Durante su permanencia en Mapiripán, los paramilitares secuestraron, torturaron, asesinaron y descuartizaron a 49 personas, a las que acusaban de auxiliar a la guerrilla. La Fiscalía concluyó que la masacre se había perpetrado con el apoyo y aquiescencia de la fuerza pública. Pese a ser informados, los comandantes del ejército se mantuvieron en completa inactividad. Transcurridos más de ocho años, la justicia penal no había logrado identificar a las víctimas, y solo había juzgado y sancionado a unas pocas personar comprometidas en la masacre.
(47) Cfr. caso de las hermanas Serrano Cruz, supra nota 9, párr. 135; caso Carpio Nicolle y otros, supra nota 82. párr. 87; y caso Masacre Plan de Sánchez. Reparaciones, supra nota 82, párr. 53.
(48) Cfr. caso de las hermanas Serrano Cruz, supra nota 9, párr. 135; caso Lori Berenson Mejía, supra nota 10, párr. 231: y Caso Carpio Nicolle y otros, supra nota 82, párr. 87.
(49) Cfr. caso de las hermanas Serrano Cruz, supra nota 9, párr. 136; caso Carpio Nicolle y otros, supra nota 82, párr. 89; y caso Tibi. Sentencia de 7 de septiembre de 2004. Serie C 114, párr. 225.
(50) Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 15 de junio de 2005. Caso Comunidad Moiwana vs. Suriname, Los hechos que dieron iugar al proceso consistieron en que las fuerzas armadas de Suriname atacaron la Comunidad N’djuka Maroon de Moiwana. Los soldados masacraron a más de 40 hombres, mujeres y niños, y arrasaron la cornunidad. Los que lograron escapar huyeron a los bosques circundantes, y después fueron exiliados o internamente desplazados. A la fecha de la presentación de la demanda no había habido una investigación adecuada de la masacre, nadie habría sido juzgado ni sancionado, y los sobrevivientes permanecían desplazados de sus tierras.
(51) Véase, por ejemplo, United Nations Human Rights Committee, Quinteros vs. Uruguay, Communication 107/1981, Decision of 21st July 1983; Naciones Unidas, Comisión de Derechos Humanos, Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías, 49º periodo de sesiones, informe final revisado acerca de la cuestión de la impunidad de los autores de violaciones de los derechos humanos (derechos civiles y políticos) preparado por L. Joinet, UN General Assembly Doc. E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1; Naciones Unidas, Comisión de Derechos Humanos, Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías, 45º periodo de sesiones, estudio relativo al derecho de restitución, indeinnización y rehabilitación a las víctimas de violaciones flagrantes de los derechos humanos y las libertades fundamentales, informe definitivo presentado por Theo van Boven, relator especial, E/CN.4/Sub .2/1993/8.
(52) Cfr. caso Cantoral Benavides, reparaciones, supra nota 5, párr. 69; caso Villagrán Morales y otros, reparaciones, supra nota 5, párr. 100; y caso Paniagua Morales y otros, reparaciones supra nota 5, párr. 200.
(53) Cfr. caso Castillo Páez, sentencia de 3 de noviembre de 1997 Serie C 34, párr. 90; caso Caballero Delgado y Santana. Reparaciones (Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 63.1 ). Sentencia de 29 de enero de 1997. Serie C 31, párr. 58; y caso Neira Alegría y otros, reparaciones, supra nota 38, párr. 69. .
(54) Cfr. Caso Castillo Páez, supra nota 6, párr. 90. En igual sentido cfr. Naciones Unidas, Comisión de Derechos Humanos, Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías, 49º periodo de sesiones, Informe final revisado acerca de la cuestión de la impunidad de los autores de violaciones de los derechos humanos (derechos civiles y políticos) preparado por L. Joinet, UN General Assembly Doc. E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1; y Naciones Unidas, Comisión de Derechos Humanos, Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías, 45º periodo de sesiones, Estudio relativo al derecho de restitución, indemnización y rehabilitación o las víctimas de violaciones flagrantes de los derechos humanos y las libertades fundamentales, informe definitivo presentado por Theo van Boven, relator especial, E/CN.4/Sub .2/1993/8.
(55) Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 22 de noviembre de 2000. Caso Bámaca Velásquez vs Guatemala. Los hechos que dieron lugar a este proceso consistieron en el apresamiento del líder guerrillero Efraín Bámaca por el ejército guatemalteco. Estando detenido fue torturado a fin de que revelara información. Y luego fue desaparecido, sin que hasta el momento de la setencia se tuviera información sobre su paradero.
(56) Cfr. la actualización presentada el 8 de febrero de 2005 por la profesora Diane Orentlicher, experta independiente de la Comisión de Derechos Humanos encargada de llevar a cabo tal actualización.
(57) Desde la Sentencia C-293 de 1995, la Corte dejó sentada la tesis acerca de la superación de la concepción meramente económica de los derechos de las víctimas en el proceso penal. Esta doctrina fue reiterada en la C-163 de 2000, C- 178 de 2002, T-1267 de 2001, T- 694 de 2000. En la Sentencia C-1149 de 2001 la Corte extendió la doctrina constitucional sobre los derechos de las víctimas, a los procesos de competencia de la justicia penal militar. La Sentencia C- 228 de 2002 desarrolló los derechos a la verdad y a la justicia a la luz de los principios de la Constitución, y del derecho internacional. Esta doctrina ha sido consistentemente reiterada en las sentencias C-805 de 2002, C-875 de 2002, T-556 de 2002, C-451 de 2003, C-570 de 2003, C-775 de 2003, C-899 de 2003, C-014 de 2004, C-114 de 2004 (en materia disciplinaria), C-998 de 2004, C-1154 de 2005, C-1177 de 2005, C-591 de 2005, C-979 de 2005. En la Sentencia C-578 de 2002, revisión de la Ley 742 de 2002, “por medio de la cual se crea el estatuto de la Corte Penal Internacional”, se destacan la efectividad de los derechos de las víctimas y el propósito de evitar la impunidad, como razones políticas para declarar la exequibilidad de la ley. La Sentencia C-916 de 2002, examinó la responsabilidad civil derivada del hecho punible. En la Sentencia C-04 de 2003, se hace énisis en las obligaciones correlativas de investigación seria que corresponden al Estado, frente a los derechos de las víctimas no solo a ser reparadas, sino a saber qué ocurrió y a que se haga justicia de tendencia acusatoria. En la Sentencia C-047 de 2006, la Corte reiteró la doctrina referida a la tensión entre el derecho al non bis in idem y al debido proceso contenido en la Sentencia C-04 de 2003 y C-979 de 2005, señalando que “en los casos de impunidad de violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, la búsqueda de un orden justo y los derechos de las víctimas desplazan la protección de la seguridad jurídica y la garantía del non bis in idem”. En las sentencias C-454 de 2006, C-209 de 2007 y C-516 de 2007, la Corte se pronunció sobre varios preceptos de la Ley 906 de 2004, que limitaban las posibilidades de acceso de las víctimas en diferentes momentos procesales.
(58) Cfr. Sentencia C-228 de 2002.
(59) Esta sistematización se apoya en el “Conjunto de Principios para la protección y promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad“. Anexo del Informe final del relator especial acerca de la cuestión de la impunidad de los autores de violaciones de los derechos humanos. E/CN.4/Sub2/1997/20/Rev.1. Presentado a la Comisión de Derechos Humanos en 1998. Estos principios fueron actualizados por la experta independiente Diane Orentlicher, de acuerdo con informe E/CN.4/2005/102, presentado a la Comisión de Derechos Humanos.
(60) Principio 2 del Conjunto de Principios para la protección y promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad.
(61) Cfr. Entre otras las sentencias C-293 de 1995 y C-228 de 2002.
(62) Cfr. sentencias T-443 de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; C-293 de 1995, M.P., Carlos Gaviria Díaz.
(63) Cfr. sentencia C-412 de 1993, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
(64) Cfr. sentencia C-275 de 1994, M.P., Alejandro Martínez Caballero.
(65) Cfr. Principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extrajudiciales, arbitrarias o sumarias, aprobado por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, mediante Resolución 1989/65 del 29 de mayo de 1989, y ratificado por la Asamblea General mediante Resolución 44/162 del 15 de diciembre de 1989. Citados en la Sentencia C-293 de 1995.
(66) Cfr. artículo 33 del Conjunto de Principios para la protección y promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad.
(67) Corte Constitucional, Sentencia C-454 de 2006.
(68) Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, OAS Res. XXX, aprobada en la Novena Conferencia Internacional Americana (1948), reimpreso en Documentos Básicos Concernientes a los Derechos Humanos en el Sistema Interamericano, OEA/Ser. L.V/IL82 doc.6 rev.1 página 17 (1992). Artículo XVIII. Derecho de justicia. Toda persona puede concurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente.
(69) Declaración Universal de Derechos Humanos, A.G. Res. 217 A (III), ONU Doc. A/810 página 71 (1948). Artículo 8º. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.
(70) En igual sentido Corte Interamericana de Derechos Humanos, Garantías Judiciales en Estados de Emergencia (arts. 27.2, 25 y 8º, Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987, Serie A 9, párrafo 24.
(71) Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder. Adoptada por la Asamblea General en su Resolución 40/34, de 29 de noviembre de 1985. Acceso a la justicia y trato justo. “4. Las víctimas serán tratadas con compasión y respeto por su dignidad. Tendrán derecho al acceso a los mecanismos de la justicia y a una pronta reparación del daño que hayan sufrido, según lo dispuesto en la legislación nacional. 5. Se establecerán y reforzarán, cuando sea necesario, mecanismos judiciales y administrativos que permitan a las víctimas obtener reparación mediante procedimientos ofíciales u oficiosos que sean expeditos, justos, poco costosos y accesibles. Se informará a las víctimas de sus derechos para obtener reparación mediante esos mecanismos. 6. Se facilitará la adecuación de los procedimientos judiciales y administrativos a las necesidades de las víctimas: a) informando a las víctimas de su papel y del alcance, el desarrollo cronológico y la marcha de las actuaciones, así como de la decisión de sus causas, especialmente cuando se trate de delitos graves y cuando hayan solicitado esa información; b) permitiendo que las opiniones y preocupaciones de las víctimas sean presentadas y examinadas en etapas apropiadas de las actuaciones siempre que estén en juego sus intereses, sin perjuicio del acusado y de acuerdo con el sistema nacional de justicia penal correspondiente; c) prestando asistencia apropiada a las víctimas durante todo el proceso judicial; d) adoptando medidas para minimizar las molestias causadas a las víctimas, proteger su intimidad, en caso necesario, y garantizar su seguridad, así como la de sus familiares y la de los testigos en su favor, contra todo acto de intimidación y represalia; e) evitando demoras innecesarias en la resolución de las causas y en la ejecución de los mandamientos o decretos que concedan indemnizaciones a las víctimas. 7. Se utilizarán, cuando proceda, mecanismos oficiosos para la solución de controversias, incluidos la mediación, el arbitraje y las prácticas de justicia consuetudinaria o autóctonas, a fin de facilitar la conciliación y la reparación en favor de las víctimas”.
(72) “ART. 25.—Protección judicial. 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.
(73) Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Artículos 19.3, 65.4, 68, 75 y 82.4.
(74) Estatuto para el Tribunal Internacional para el Juzgamiento de personas responsables de graves violaciones del derecho internacional humanitario cometidas en el territorio de la antigua Yugoslavia desde 1991. Artículo 20. Apertura y conducción del proceso. 1. La cámara de primera instancia debe ocuparse de que el proceso sea imparcial y expedito y que la instancia se desarrolle de conformidad con las reglas de procedimiento y de prueba, que los derechos del acusado sean plenamente respetados y que la protección de las víctimas y de los testigos sea debidamente asegurada. Artículo 22. Protección de las víctimas y de los testigos. El Tribunal Internacional prevé en sus reglas de procedimiento y de prueba medidas de protección para las víctimas y los testigos. Las medidas de protección comprenden, como mínimo, las audiencias a puerta cerrada y la protección de su identidad (se destaca).
Estatuto del Tribunal Internacional de Ruanda. Artículo 14. Reglas de procedimiento y de pruebas. A los efectos de las actuaciones ante el Tribunal Internacional para Ruanda, los magistrados del Tribunal Internacional adoptarán las reglas de procedimiento y de pruebas aplicables a la etapa preliminar del proceso, al juicio propiamente dicho, a las apelaciones, a la admisión de pruebas, a la protección de las víctimas y testigos y a otros asuntos pertinentes del Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia, con las modificaciones que estimen necesarias. Artículo 19. Iniciación y tramitación del juicio. 1. La Sala de Primera Instancia deberá velar porque el procedimiento sea justo, expedito y que se tramite de conformidad con las normas de procedimiento y de pruebas, con pleno respeto de los derechos del acusado y con la consideración debida a la protección de las víctimas y los testigos. Artículo 21. Protección de las víctimas y de los testigos. El Tribunal Internacional para Ruanda, adoptará disposiciones, en sus reglas de procedimiento y de prueba medidas de protección para las víctimas y los testigos. Las medidas de protección comprenden, como mínimo, las audiencias a puerta cerrada y la protección de su identidad (se destaca).
(75) Esta doctrina fue desarrollada tanto en el ámbito de la justicia penal militar, como de la justicia penal ordinaria. Cfr. sentencias C-293 de 1995; C-163 de 2000; C-1149 de 2001; C-228 de 2002; C-805 de 2002; C-916 de 2002; C-454 de 2006; C-209 de 2007 y C-516 de 2007.
(76) Gaceta del Congreso 148 del 7 de mayo de 2002; Gaceta del Congreso 157 del 10 de mayo de 2002; Gaceta del Congreso 232 del 14 de junio de 2002; Gaceta del Congreso 401 del 27 de septiembre de 2002; Gaceta del Congreso 432 de 2002; Gaceta del Congreso 531 del 21 de noviembre de 2002 y Gaceta del Congreso 110 del 11 de marzo de 2003.
(77) Gaceta del Congreso 148 del 7 de mayo de 2002.
(78) En la doctrina jurídico penal este concepto alude a aquellas situaciones en que el legislador opta por ecluir (sic) la pena “por falta de necesidad preventiva de punición”.
(79) Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-673 de 2005.
(80) “ART. 250.—La Fiscalía General de la Nación está obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito que llegue a su conocimiento por medio de denuncia, petición especial, querella o de oficio, siempre y cuando medien suficientes motivos y circunstancias fácticas que indiquen la posible existencia del mismo. No podrá, en consecuencia, suspender, interrumpir, ni renunciar a la persecución penal, salvo en los casos que establezca la ley para la aplicación del principio de oportunidad regulado dentro del marco de la política criminal del Estado, el cual estará sometido al control de legalidad por parte del juez que ejerza las funciones de control de garantías. Se exceptúan los delitos cometidos por miembros de la fuerza pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio” (negrillas fuera del original).
(81) Corte Constitucional (sic).
(82) Las características del principio de oportunidad se encuentran analizadas, de manera especial en las sentencias C-673 de 2005, C-591 de 2005, C-979 de 2005 y C-095 de 2007.
(83) Corte Constitucional, Sentencia C-673 de 2005.
(85) Ibídem
(86) Corte Constitucional, Sentencia C-095 de 2007.
(87) Congreso de la República Gaceta 378 de junio 18 de 2008. Página 1.
(88) Cfr. Gaceta del Congreso 446 de julio 24 de 2008.
(89) Se hace referencia a la sentencia de julio 11 de 2007, proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en la que el alto tribunal consideró, de una parte, que los crímenes cometidos por los grupos paramilitares o de autodefensas, no podían ser calificados como delitos políticos y por ende, resultaba improcedente la concesión de amnistías o indultos en relación con aquellos; y de otro lado, que quien hubiese cometido el delito de concierto para delinquir agravado, previsto en el artículo 340.2 del Código Penal, no podía solicitar los beneficios jurídicos de que trata el artículo 69 de la Ley 975 de 2005. En relación con el primer aspecto señaló: “Debido a que los hechos delictivos cometidos por cuenta o en nombre de los paramilitares no fueron efectuados con el propósito de atentar contra el régimen constitucional y legal vigente, con denunciado apoyo de importantes sectores institucionales y procurando obtener beneficios particulares, pretender que una norma identifique como delito político conductas claramente señaladas como delitos comunes resulta contrario a la Constitución vigente, desconoce la jurisprudencia nacional y contradice la totalidad de la doctrina nacional y extranjera. De lo dicho se sigue que quienes hayan estado vinculados a los grupos paramilitares o de autodefensas, cualquiera que sea el grado de participación en la organización y en los delitos cometidos por cuenta de la misma, no pueden ser beneficiados de amnistía (o) indulto (...)”. Y en cuanto a lo segundo expresó: “Aceptando en gracia de discusión que el procesado se desmovilizó como miembro de un grupo armado ilegal en los términos de la legislación vigente, no es posible cesar el procedimiento en su favor porque se le acusa de concierto para delinquir agravado, delito respecto del cual no está prevista tal modalidad”.
(90) Congreso de la República, Gaceta 217 de abril 17 de 2009, página 12.
(91) ART. 5º—Vigencia. El presente acto legislativo rige a partir de su aprobación, pero se aplicará de acuerdo con la gradualidad que determine la ley y únicamente a los delitos cometidos con posterioridad a la vigencia que en ella se establezca. La aplicación del nuevo sistema se iniciará en los distritos judiciales a partir del 1º de enero de 2005 de manera gradual y sucesiva. Sobre el particular, la Sentencia C-801 de 2005 puntualizó: “(L)as reformas introducidas a la estructura básica de acusación y juzgamiento del proceso penal colombiano rigen a partir de la fecha de la aprobación del acto legislativo. Es decir, tales reformas están vigentes y empezaron a regir desde el 19 de diciembre de 2002, pues en esa fecha fueron finalmente aprobadas y, además, publicadas en el Diario Oficial 45.040”.
(92) Las acciones y omisiones con las cuales se infringen las prohibiciones y los deberes que imponen las disposiciones aplicables a los conflictos armados se denominan, en general, “infracciones al derecho internacional humanitario”. Son infracciones “graves” las señaladas por los artículos 50 del Convenio I, 51 del Convenio II, 130 del Convenio III y 147 del Convenio IV. También son infracciones graves las que se encuentran señaladas en los artículos 11, 85 y 86 del Protocolo II adicional a los convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949. La gravedad de las infracciones alude al carácter especialmente injusto que reviste el acto con el cual se da lugar a la misma, y por la magnitud del impacto negativo que se produce sobre las condiciones necesarias para salvaguardar la dignidad humana. De conformidad con la jurisprudencia del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, una grave infracción al derecho internacional humanitario comporta “La infracción de una norma que protege valores importantes y debe implicar graves consecuencias para la víctima” (Sala de Apelaciones del TPY, el fiscal vs. Dusko Tadic, oct. 2/95).
(93) De acuerdo con el artículo 7.1 del estatuto de la Corte Penal Internacional, se entiende por crimen de lesa humanidad cualquiera de los actos inhumanos allí relacionados (asesinato, exterminio, esclavitud, tortura, desaparición forzada de personas, persecución, entre otros), cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque. Por ataque contra una población civil se entiende “una línea de conducta que implique la comisión múltiple de actos de los mencionados en el artículo 7.1 del estatuto contra una población civil de conformidad con la política de un Estado o de una organización de cometer esos actos o para promover esa política” (Estatuto de Roma, art. 7.2). El ataque será generalizado cuando produce un importante número de víctimas, y tendrá el carácter de sistemático “cuando los hechos son ejecutados dentro de pautas significativas de ideación, planeación y organización” (Oficina del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2006).
(94) Los crímenes de guerra son, de manera general, aquellas conductas que infringen grave o seriamente las leyes y usos aplicables a los conflictos armados de carácter internacional o no internacional. Con arreglo al documento de los “Elementos de los crímenes” aprobado en septiembre de 2002 por la Asamblea de Estados partes en el estatuto de la Corte Penal Internacional, los elementos comunes a todos los crímenes de guerra son (i) que el autor haya incurrido en una grave violación al derecho internacional humanitario de las previstas en el estatuto; (i) que la conducta haya tenido lugar en el contexto de un conflicto armado internacional o no internacional; (iii) que el autor haya sido consciente de circunstancias de hecho que establecían la existencia de ese conflicto.
(95) De acuerdo con el artículo 101 del Código Penal incurre en el crimen de genocidio: “El que con el propósito de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial, religioso o político, por razón de su pertenencia al mismo, ocasionare la muerte de sus miembros (...)”. Se incurre en una modalidad atenuada, cuando con el mismo propósito se cometiere cualquiera de los siguientes actos:
“1. Lesión grave a la integridad física o mental de miembros del grupo.
(96) Informe del jefe de la Unidad de Justicia y Paz (fl. 30). Consigna el número de víctimas que se encuentran registradas, discriminadas por cada uno de los frentes de la organización delictiva. Presenta un consolidado de 254.683 víctimas, “registradas”, del accionar delictivo de esa organización armada. Las autoridades judiciales han registrado, a través de los procesos penales de Justicia y Paz, la comisión de alrededor de 62.000 hechos delictivos, de los cuales 22.000 han sido confesados por su propios autores o partícipes.
(97) Anexo del Informe de Diane Orentlicher, experta independiente encargada de actualizar el Conjunto de principios para la lucha contra la impunidad presentado a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el 2005, E/CN.4/2005102/Add. 1º al 8 de febrero de 2005.
(98) Ver el informe del jefe de la Unidad de Justicia y Paz (fl. 30). Consigna el número de víctimas que se encuentran registradas, discriminadas por cada uno de los frentes de la organización delictiva. Presenta un consolidado de 254.683 víctimas, “registradas”, del accionar delictivo de esa organización armada. Las autoridades judiciales han registrado, a través de los procesos penales de Justicia y Paz, la comisión de alrededor de 62.000 hechos delictivos, de los cuales 22.000 han sido confesados por su propios autores o partícipes. De acuerdo con información de las autoridades judiciales a través de los procesos penales de Justicia y Paz se ha registrado la comisión de 62.000 hechos delictivos, de los cuales solo 22.000 han sido confesados por sus autores o partícipes (sic). De otra parte, los datos reportados por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, y la Unidad Nacional de Fiscalías (Informe General de Justicia y Paz, ago. /2010), dan cuenta que la cifra global de desmovilizados registrados (entre paramilitares y guerrilleros) es de 53.254. De estos, 4.482 fueron postulados a la Ley de Justicia y Paz, de los cuales 1.212 no han confesado hechos criminales.
(99) Office of the United Nations High Commissioner for Human Right OHCHR. Rules of Law Tools for Post-Conflict States. Prosecution Initiatives, HR/PUB/06/4. (2006).
(100) La criminalidad de sistema es una figura creada por la doctrina especializada con el fin de analizar cómo se debería asumir la investigación y juzgamiento de la criminalidad compleja perpetrada por aparatos de poder. Ambos, Kai. “La parte general del derecho penal internacional; bases para la elaboración de una dogmática”. Mastergraf, Uruguay, 2005, páginas 73-90.
(102) Corte Constitucional, Sentencia C-738 de 2008.
(103) Corte Constitucional, Sentencia C-979 de 2005.
(104) Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sentencia de 26 de mayo de 2010. Caso Manuel Cepeda Vargas vs. Colombia. Excepciones preliminares, fondo y reparaciones. Sección V, Serie C 216. Nota de pie de página 316.
(105) Fiscalía General de la Nación. Unidad de Justicia y Paz. Oficio UNJP 013381, agosto 31 de 2010.
(106) El inciso 2º del artículo 340, configura una forma agravada de concierto para delinquir (...) “Cuando el concierto sea para cometer delitos de genocidio, desaparición forzada de personas, tortura, desplazamiento forzado, homicidio, terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas, secuestro, secuestro extorsivo, extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o financiamiento del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas, la pena será de prisión de ocho (8) a dieciocho (18) años y multa de dos mil setecientos (2.700) hasta treinta mil (30.000) salarios mínimos legales vigentes”.
(107) El artículo 340 incluye tres modalidades de concierto para delinquir: El simple del inciso primero, el agravado por la naturaleza particularmente grave de los delitos para los que se conciertan los actores. Y el del inciso tercero agravado por el nivel de participación o liderazgo del concertado (quien organiza, fomente, promueva, dirija, encabece, constituya o financie el concierto).
(108) “Concierto para delinquir (simple). Cuando varias personas se concierten con el fin de cometer delitos cada una de ellas será penada, por esa sola conducta, con prisión de tres (3) a seis (6) años”.
(109) Corte Constitucional, Sentencia C-209 de 2007.
(110) Cfr. Corte Constitucional, sentencias C-240 de 2009, C-864 de 2008, C-823 de 2005, C-800 de 2005, C-865 de 2004, C-374 de 2004, C-1017 de 2003, C-285 de 2002, C-1177 de 2001, entre otras.
(111) Corte Constitucional, Sentencia C-240 de 2009.
(112) Corte Constitucional, Sentencia C-864 de 2008.
(113) Corte Constitucional, Sentencia C-738 de 2008.
(114) Corte Constitucional, Sentencia C-095 de 2007.