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Timestamp: 2019-12-13 14:21:14
Document Index: 112214206

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 359', 'artículo 1', 'artículo 359', 'artículo 359', 'artículo 632', 'artículo 632']

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Expediente de Jurisdicción Voluntaria: El deslinde de finca no inscrita.
Derecho civil deslinde, jurisdicción voluntaria
El 3 de julio de 2015 se publicó en el BOE la nueva Ley de Jurisdicción Voluntaria, 15/2015, de 2 de julio, en vigor desde el día 23 de julio, con algunas salvedades.
Pues bien, en esta ocasión vamos a analizar el expediente de deslinde de finca no inscrita, el cual se encuentra ubicado en el Capítulo II del Título VI, artículos 104 y siguientes.
La acción reivindicatoria tiene objetivos distintos de la de deslinde y sus diferencias las ha establecido la jurisprudencia siendo así que el deslinde excluye contienda sobre la propiedad; por ello no desvirtúa la naturaleza de la acción de deslinde, el hecho de que su práctica y consiguiente amojonamiento de las fincas en confrontación, represente componer físicamente las mismas, al delimitarlas material y externamente mediante el trazado de línea perimetral divisoria, precisándose de esta forma los derechos que corresponden a los titulares interesados, sin que ello suponga el ejercicio de acción reivindicatoria alguna, pues no se pidió en el supuesto de autos la recuperación de un cuerpo cierto y perfectamente identificado, sino que la parte demandada dejara de poseer los terrenos de la propiedad del actor como consecuencia y resultado del deslinde postulado, lo que es inherente al acto delimitador de propiedad en cuanto fija su colindancia discrepante. En definitiva, cuando se solicita el deslinde se está interesando igualmente que, una vez delimitadas las fincas, lo que corresponda al actor en virtud de tal delimitación quede bajo su posesión y se le reconozca la propiedad sobre tal extensión de terreno, lo que ciertamente puede comportar un cambio posesorio, pero ello es consecuencia propia del deslinde y en forma alguna requiere una expresa reivindicación inicial que en todo caso sería inconcreta y supeditada al resultado de aquél. La existencia del muro construido por la demandada, al no ser aceptado por la actora, ni constar el mismo en documento público ni privado alguno ni haber sido reconocido como tal judicialmente, no puede ser tenido «a priori», como elemento delimitador de las fincas colindantes, por lo que se da la confusión de linderos que es presupuesto de la acción de deslinde doctrina que resulta de aplicación al presente caso en que los demandados han levantado recientemente de modo unilateral una valla para delimitar su finca en la forma que han estimado conveniente. Del mismo modo la existencia de un camino situado en las proximidades del lindero incierto tampoco significa lógicamente certeza de dicho lindero cuando los títulos no se refieren al mismo para fijar el límite de las propiedades, todo lo que priva de sustento al motivo.
La incongruencia existe cuando se otorga en el fallo algo distinto de lo pedido por las partes, o sea que supone una relación entre el suplico del escrito de demanda y el fallo de la sentencia y atiende según tal doctrina jurisprudencial reiterada a que ha de estarse a si se concede más de lo pedido («ultra petita») o se pronuncia sobre determinados extremos al margen de lo suplicado por las partes («extra petita») y asimismo si se dejan incontestadas algunas pretensiones sostenidas por los litigantes («citra petita») siempre y cuando tal silencio judicial no pueda ser interpretado como desestimación tácita. En el caso presente el «suplico» de la demanda instaba la declaración de procedencia del deslinde de propiedades, el cual habría de practicarse de conformidad con los propuesto por la parte demandante o, en su caso, según el resultado del informe pericial a practicar en período probatorio, lo cual en absoluto constriñe al juzgador en este último supuesto a sujetarse estrictamente a lo señalado por el perito -que, además, en el caso presente señaló varias alternativas- pues dentro de la libre valoración del informe pericial que la ley confiere a los tribunales, cabe la posibilidad -correctamente ejercida por la Audiencia- de señalar ella misma cuales han de ser los términos según los cuales habrá de practicarse el deslinde en ejecución de sentencia sin que ello suponga incongruencia alguna «extra petita» ya que tal pronunciamiento queda dentro de los márgenes de lo solicitado por la parte actora y en absoluto incurre en el defecto de resolver sobre lo no pedido
Los Jueces y los Tribunales apreciarán la prueba pericial según las reglas de la sana crítica, sin estar obligados a sujetarse al dictamen de los peritos. La doctrina jurisprudencial en orden a la posibilidad de revisar en casación la valoración de la prueba pericial realizada por el juzgador de instancia, precisa que las reglas de la sana crítica no se hallan recogidas en precepto alguno ni previstas en ninguna norma valorativa de prueba y, por tanto, carecen de eficacia para fundamentar recursos de casación, salvo que el juzgador «a quo» tergiverse ostensiblemente las conclusiones periciales o falsee de forma arbitraria sus dictados, o extraiga deducciones absurdas o ilógicas. Nada de ello ha ocurrido en el presente caso en el que, como ya se adelantó, el planteamiento por el perito de diversas posibilidades sin aportación de una solución unívoca permite al juzgador acoger, a la luz de los razonamientos aportados, la tesis que considere más aceptable. Lo que no está permitido a la parte recurrente es pretender imponer su propia tesis sobre la valoración probatoria con pretensión de convertir este recurso extraordinario en una tercera instancia con una nueva valoración de toda la prueba practicada.
1.- Por la parte actora se formuló demanda arreglada a las prescripciones legales, en la cual solicitaba, previa alegación de los hechos y fundamentos de derecho, que se «… dicte Sentencia por la que estimando la demanda se declare: A).- Que la linea de linde entre las parcelas descritas en los elementos fácticos número uno, dos y tres de la demanda es la establecida según los planos presentados junto con la demanda (documento nº CUATRO) o conforme al plano que, en su caso, se elabore por perito que se designe en periodo probatorio. B).- Se declare que los demandados deben consentir y aceptar la exteriorización del lindero procediéndose a su amojonamiento, conforme al plano presentado como documento número CUATRO de la demanda, o el que, en su caso, elabore el perito que se designe en periodo probatorio. C).- Se condene a los codemandados Blas y David a restituir el terreno apropiado más allá de la línea de linde, condenándoseles a retirar cuantos elementos de construcción se hayan edificado sobre la propiedad de mi patrocinado. D).- Se condene al pago de las costas del presente procedimiento a los codemandados si se opusieran a las pretensiones de esta parte.»
2.- Admitida a trámite la demanda, la representación procesal de don Blas y don David contestó a la misma, oponiendo a las pretensiones deducidas de adverso los hechos y fundamentos de derecho que tuvo por conveniente para concluir solicitando que, en definitiva, se «… dicte sentencia absolviendo de la misma libremente a mi principal, con expresa imposición de las costas a la demandante.»
4.- El Juzgado de Primera Instancia dictó Sentencia con fecha 10 de marzo de 1998 , cuya parte dispositiva es como sigue: «FALLO: Que desestimando la demanda presentada por la Procurador Dª ANA-ISABEL FELIU DAVIU, en nombre y representación de D. Fernando , contra D. Blas y D. David , representados por el Procurador D. ANTONIO BARONA OLIVER y D. Isidro y D. Mariano , declarados en rebeldía, debo absolver a los demandados de todas las pretensiones aducidas en su contra en la demanda, sin expresa condena en costas a ninguna de las partes.»
SEGUNDO.- Contra dicha sentencia interpuso recurso de apelación don Fernando , y sustanciada la alzada, la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Alicante, dictó sentencia con fecha 20 de Abril de 2000 , cuyo Fallo es como sigue: «Estimar en parte el recurso de apelación interpuesto por el Procurador Don Daniel Dabrowski Pernas en representación de Don Fernando contra la sentencia dictada por el Sr. Juez del Juzgado de Pirmera Instancia nº Uno de la ciudad de Denia en fecha 10 de marzo de 1.998 en los autos de los que dimana el presente rollo, y en su consecuencia, REVOCAR COMO REVOCAMOS íntegramente la misma para estimar como estimamos la demanda y DECLARAR COMO DECLARAMOS que es procedente la acción de deslinde entre la finca de los demandantes recurrentes y los demandados Don Blas y don David, e igualmente la acción reivindicatoria del terreno resultante de la anterior, y ello conforme ha quedado debidamente explicitado en el fundamento jurídico sexto de la presente resolución que se llevará a efecto en el periodo de ejecución de la sentencia. Son de imponer las costas de la primera instancia a los demandados don Blas y Don David, por su condena, y respecto de las causadas a la parte demandante; e imponiendo a esta parte demandante las costas causadas a los codemandados Don Isidro y Don Mariano , por su absolución. Sin hacer especial declaración de las costas causadas en esta alzada.»
I.- Al amparo del artículo 1.692-3º de la anterior Ley de Enjuiciamiento Civil , por infracción del artículo 359 de dicha Ley al haber incurrido la sentencia recurrida en incongruencia «extra petita».
SEGUNDO.- El primero de los motivos del recurso se formula al amparo del artículo 1.692-3º de la anterior Ley de Enjuiciamiento Civil y denuncia la infracción del artículo 359 de la citada Ley por incongruencia «extra petita» al pronunciarse la sentencia impugnada sobre cuestiones que no fueron propuestas por las partes y no existir una racional adecuación del fallo a sus pretensiones.
Sostiene la parte recurrente para fundar tal alegación que en el «suplico» de la demanda se interesaba la práctica del deslinde de conformidad con los planos presentados por la parte actora o conforme al plano que, en su caso, se elabore por el perito que se designe en el período probatorio, mientras que la sentencia hoy recurrida declara procedente la práctica del deslinde según lo establecido en su fundamento jurídico sexto que no se ajusta al plano aportado con la demanda ni al dictamen pericial. Sin embargo, lo anterior no supone incongruencia de la sentencia ni comporta infracción de lo dispuesto en el artículo 359 de la LEC que se estima infringido,
La sentencia de esta Sala de 18 de diciembre de 2006, con cita de la de 22 de marzo de 2000 y las allí referidas, recuerda que «la incongruencia existe cuando se otorga en el fallo algo distinto de lo pedido por las partes, o sea que supone una relación entre el suplico del escrito de demanda y el fallo de la sentencia (sentencias de 18 de noviembre de 1996, 29 de mayo, 28 de octubre y 5 de noviembre de 1997, 11 de febrero, 10 de marzo y 24 de noviembre de 1998, 4 de mayo y 21 de diciembre de 1999), y atiende según tal doctrina jurisprudencial reiterada a que ha de estarse a si se concede más de lo pedido («ultra petita») o se pronuncia sobre determinados extremos al margen de lo suplicado por las partes («extra petita») y asimismo si se dejan incontestadas algunas pretensiones sostenidas por los litigantes («citra petita») siempre y cuando tal silencio judicial no pueda ser interpretado como desestimación tácita». En el caso presente el «suplico» de la demanda instaba la declaración de procedencia del deslinde de propiedades, el cual habría de practicarse de conformidad con los propuesto por la parte demandante o, en su caso, según el resultado del informe pericial a practicar en período probatorio, lo cual en absoluto constriñe al juzgador en este último supuesto a sujetarse estrictamente a lo señalado por el perito -que, además, en el caso presente señaló varias alternativas- pues dentro de la libre valoración del informe pericial que la ley confiere a los tribunales, cabe la posibilidad -correctamente ejercida por la Audiencia- de señalar ella misma cuales han de ser los términos según los cuales habrá de practicarse el deslinde en ejecución de sentencia sin que ello suponga incongruencia alguna «extra petita» ya que tal pronunciamiento queda dentro de los márgenes de lo solicitado por la parte actora y en absoluto incurre en el defecto de resolver sobre lo no pedido
No obstante, como señala la sentencia de esta Sala de 14 de octubre de 2002, citando la anterior de 21 de junio de 1977 , «…la existencia del muro construido por la demandada, al no ser aceptado por la actora, ni constar el mismo en documento público ni privado alguno ni haber sido reconocido como tal judicialmente, no puede ser tenido «a priori», como elemento delimitador de las fincas colindantes, por lo que se da la confusión de linderos que es presupuesto de la acción de deslinde»; doctrina que resulta de aplicación al presente caso en que los demandados han levantado recientemente de modo unilateral una valla para delimitar su finca en la forma que han estimado conveniente. Del mismo modo la existencia de un camino situado en las proximidades del lindero incierto tampoco significa lógicamente certeza de dicho lindero cuando los títulos no se refieren al mismo para fijar el límite de las propiedades, todo lo que priva de sustento al motivo.
La cita de los mencionados preceptos como infringidos en el encabezamiento del motivo no va seguida de alusión alguna a los mismos en su desarrollo, lo que encuentra explicación en el hecho de que los artículos 609 y 659 de la Ley de Enjuiciamiento Civil nada tienen que ver con el caso, pues el primero alude a la prueba pericial de cotejo de letras y el segundo a la prueba de testigos, mientras que los artículos 1.242 y 1.243 del Código Civil se refieren, respectivamente, a la procedencia de utilizar la prueba pericial cuando para apreciar los hechos sean necesarios o convenientes conocimientos científicos, artísticos o prácticos, y a la ejecución y valoración de dicha prueba conforme a las disposiciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil. De ahí que sólo la valoración del resultado probatorio con arreglo a criterios de «sana crítica» que impone el artículo 632 de la Ley Procesal constituye el objeto del presente motivo.
Lo que dispone el artículo 632 es que «los Jueces y los Tribunales apreciarán la prueba pericial según las reglas de la sana crítica, sin estar obligados a sujetarse al dictamen de los peritos», texto del que únicamente puede extraerse la formulación de un específico motivo de casación cuando tal valoración llevada a cabo en la instancia sea notoriamente ilógica o irracional. Difícilmente puede sostenerse que la Audiencia Provincial ha actuado de forma irracional o ilógica cuando el informe pericial, según lo razonado en el fundamento tercero de la sentencia impugnada, no se pronuncia en términos absolutos y se limita a confeccionar dos planos de situación con distintas opciones, siendo así que la Audiencia, interpretando el resultado de las distintas posibilidades que ofrece el perito, adopta la que considera más adecuada en relación con el resto de las pruebas practicadas. Este tribunal ha declarado reiteradamente que resulta difícil el acceso a casación en base a la mera alegación de error en la valoración probatoria de una prueba pericial, pues precisamente la ley, en el artículo que se cita como infringido, confiere al tribunal de instancia la función de valorar críticamente el resultado de dicha prueba. Las sentencias de esta Sala de 15 de abril de 2003 y de 21 de noviembre de 2006 , resumen la doctrina jurisprudencial en orden a la posibilidad de revisar en casación la valoración de la prueba pericial realizada por el juzgador de instancia, en el sentido de que las reglas de la sana crítica no se hallan recogidas en precepto alguno ni previstas en ninguna norma valorativa de prueba y, por tanto, carecen de eficacia para fundamentar recursos de casación, salvo que el juzgador «a quo» tergiverse ostensiblemente las conclusiones periciales o falsee de forma arbitraria sus dictados, o extraiga deducciones absurdas o ilógicas. Nada de ello ha ocurrido en el presente caso en el que, como ya se adelantó, el planteamiento por el perito de diversas posibilidades sin aportación de una solución unívoca permite al juzgador acoger, a la luz de los razonamientos aportados, la tesis que considere más aceptable. Lo que no está permitido a la parte recurrente es pretender imponer su propia tesis sobre la valoración probatoria con pretensión de convertir este recurso extraordinario en una tercera instancia con una nueva valoración de toda la prueba practicada (sentencias de 29 de diciembre de 2003; 29 de marzo y 29 de septiembre de 2004; 31 de marzo y 15 de abril de 2005; 14 de noviembre, 4, 5 y 18 de diciembre de 2006 , entre otras muchas).