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Timestamp: 2018-02-22 15:02:16
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Matched Legal Cases: ['artículo 17', 'artículo 17', 'artículo 123', 'artículo 17', 'artículo 17', 'artículo 79', 'artículo 124', 'artículo 17', 'artículo 123', 'artículo 123', 'artículo 17', 'artículo 17', 'artículo 17', 'artículo 17', 'artículo 17', 'artículo 17', 'artículo 139']

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Sentencia T.S.J. Castilla y León 2092/2010 de 30 de septiembre
Reducción del IRPF: La percepción consecuencia de un expediente de regulación de empleo, deriva del mismo y no de los años de prestación de servicios. Inexistencia de período temporal de generación. Reducción del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas improcedente. Vinculación de los servicios de ayuda de la Administración a disposición del contribuyente: No consideración de acto administrativo. Acto no vinculante para la Administración. Competencia de órganos de gestión tributaria: Facultad para dictar liquidaciones provisionales de oficio.
SENTENCIA: 02092/2010
Sección: 003 - Refuerzo
Número de Identificación Único: 47186 33 3 2005 0104827
PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0001417 /2005
Sobre ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y FINANCIERA
De D. Carmelo
Representante: JUAN HERRERO DE LA FUENTE
Contra - TEAR
Representante: ABOGADO DEL ESTADO
SENTENCIA N.º 2092
Don Javier Eugenio López Candela
En Valladolid, a 30 de septiembre de dos mil diez.
Visto por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, integrada por los Magistrados arriba indicados, el presente recurso en el que se impugna:
La Resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Castilla y León, de fecha 31 de marzo de 2005 (reclamación NUM000), sobre IRPF, ejercicio 2000, siendo la cuantía del recurso 2.248,12 euros.
Como recurrente: D. Carmelo, representado por la Procuradora Doña Rebeca Martín Calvo.
Como demandado: El TEAR de Castilla-León y la Administración del Estado, representados por el Abogado del Estado.
Ha sido Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. José María del Riego Valledor.
Primero.-Interpuesto y admitido a trámite el presente recurso, y recibido el expediente administrativo, la parte recurrente dedujo demanda en la que, con base en los hechos y fundamentos de derecho en ella expresados, solicitó de este Tribunal el dictado de una Sentencia de estimación del recurso.
Segundo.-En el escrito de contestación, con base en los hechos y fundamentos de derecho expresados en el mismo, el Abogado del Estado, solicitó de este Tribunal el dictado de una sentencia de desestimación del recurso.
Tercero.-Se recibió el recurso a prueba, con el resultado que obra en autos, y conferido traslado a las partes para presentar conclusiones, se evacuó el trámite por ambas y, finalmente, se señaló para votación y fallo el día 27 de septiembre de 2010.
Cuarto.-En la tramitación del presente recurso se han observado los trámites marcados por la Ley aunque no los plazos en ella fijados, dado el volumen de trabajo y la pendencia que existe en la Sala.
El orden de despacho y decisión de este proceso resulta de dar cumplimiento al acuerdo n.º 33 de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial de 27 de abril de 2010.
Primero.-Se impugna en este recurso la Resolución del TEAR de Castilla y León, de fecha 31 de marzo de 2005, sobre IRPF del ejercicio 2000.
Son antecedentes fácticos a tener en cuenta en la presente sentencia:
1) D. Carmelo, parte actora en este recurso, presentó declaración por el IRPF del ejercicio 2000 por Internet, con un resultado de una cuota a devolver de 1.461,19 euros.
2) El 8 de noviembre de 2001 el Jefe de la Dependencia de Gestión de la AEAT de Palencia, comprobada la declaración del recurrente, dictó liquidación provisional al considerar que era incorrecta la reducción practicada sobre los rendimientos íntegros del trabajo, según establece el artículo 17.2 de la ley 40/1998, resultando una deuda tributaria de 806,68 euros.
3) El obligado tributario formuló recurso de reposición contra dicha liquidación provisional, que fue desestimado por Acuerdo del Jefe de la Dependencia de Gestión Tributaria, de 22 de marzo de 2002.
4) La reclamación económico administrativa contra el anterior Acuerdo fue desestimada por la Resolución del TEAR de Castilla y León, de 31 de marzo de 2005, anteriormente citada, que constituye el objeto del presente recurso contencioso administrativo.
Segundo.-La parte actora alega en su demanda: 1) La Administración tributaria efectuó su declaración del IRPF del ejercicio 2000 con los mismos datos que constaban en sus archivos y 5 meses después dicta la declaración paralela con cambio de criterio, no porque aparezcan nuevos datos, sino porque aplica una tesis interpretativa diferente del artículo 17.2 de la Ley del IRPF, con una sucinta motivación que le impidió entablar alegaciones de fondo al desconocer la argumentación jurídica empleada por la Administración para cambiar su criterio interpretativo del precepto aplicable, 2) El artículo 123 LGT no ampara la posibilidad de que la Administración varíe una liquidación por si misma con base en un cambio de exégesis jurídica, sino que debía haber derivado las actuaciones al órgano competente, que es la Inspección Tributaria, y en cuanto al fondo del asunto, por aplicación del artículo 17.2.a) de la Ley del IRPF, los rendimientos íntegros se computarán con una reducción del 30 por 100 cuando tengan un período de generación superior a dos años y no se obtengan de forma periódica o recurrente y los que reglamentariamente se califiquen como obtenidos de forma irregular en el tiempo, concurriendo en este caso los requisitos establecidos por el artículo 17.2.a) y reglamentariamente para calificarse como rentas irregulares las percibidas por el recurrente, debiendo ser aplicada la reducción legal del 30 por ciento.
El Abogado del Estado contesta que la liquidación provisional tiene una motivación suficiente, la declaración liquidación presentada por el recurrente es un acto de este, no de la Administración, que puede dictar las liquidaciones provisionales que resulten procedentes, y en cuanto al fondo del asunto, no está acreditado el origen de las cantidades percibidas por el recurrente en el ejercicio 2000, sin que la parte actora haya acreditado su naturaleza, origen o el período de su generación.
Tercero.-Tratamos en primer término de las alegaciones de carácter formal efectuadas por la parte actora.
La declaración del IRPF del ejercicio 2000, aunque haya sido elaborada o confeccionada por los servicios de ayuda puestos a disposición de los contribuyentes por la AEAT, no por ello es un acto administrativo que vincule en lo sucesivo a la Administración, sino que se trata de trata de un acto del recurrente, en cumplimiento de la obligación que el artículo 79.1 de la ley 40/1998, de 9 de diciembre, reguladora del IRPF (LIRPF), impone a todos los contribuyentes para presentar y suscribir declaración por este Impuesto.
El artículo 124 LGT (ley 230/1963) indica, a propósito de la motivación de las liquidaciones que practique la Administración, que deberán notificarse a los sujetos pasivos con expresión de sus elementos esenciales.
La Sala considera que tanto la propuesta de liquidación provisional (folios 5 a 12 del expediente), de la que se dio traslado al interesado para alegaciones, como la liquidación (folios 15 a 21 del expediente) expresan los elementos esenciales de la regularización tributaria:
La propuesta de liquidación y la liquidación identifican con un asterisco las cantidades declaradas por el interesado y las que en su lugar la Administración considera correctas, explicando dichas liquidaciones que tales diferencias son debidas a considerar la Administración incorrecta la reducción practicada por el recurrente sobre los rendimientos íntegros del trabajo, según establece el artículo 17.2 de la ley 40/1998.
La Sala considera que la explicación de las diferencias, unida a la identificación que se efectúa, tanto de cantidades declaradas incorrectamente como de las cantidades procedentes, constituye una motivación suficiente de la liquidación provisional, que permite al recurrente conocer las razones de la regularización y oponer contra la misma lo que estime procedentes, como ha efectuado en la demanda.
La misma argumentación de la demanda respecto del fondo de la liquidación provisional, muestra que su notificación sirvió eficazmente al propósito de hacer conocer al obligado tributario las razones de la regularización llevada a cabo por Administración.
Sobre la competencia de los órganos de gestión tributaria, el artículo 123 LGT (ley 230/1963), permite a al Administración tributaria dictar las liquidaciones provisionales de acuerdo con los datos declarados y los justificantes de los mismos presentados con la declaración o requeridos al efecto, pudiéndose igualmente girar esta clase de liquidaciones cuando de los antecedentes de que disponga la Administración se deduzca la existencia de rentas determinantes de la obligación de declarar o que no hubieren sido incluidas en las declaraciones presentadas, exceptuándose la intervención de los órganos de gestión exclusivamente cuando se estuviese en presencia de liquidaciones provisionales que requieran la comprobación de documentación contable de actividades económicas.
1. La Administración tributaria podrá dictar liquidaciones provisionales de oficio de acuerdo con los datos consignados en las declaraciones tributarias y los justificantes de los mismos presentados con la declaración o requeridos al efecto.
2. Para practicar tales liquidaciones la Administración tributaria podrá efectuar las actuaciones de comprobación abreviada que sean necesarias, sin que en ningún caso se puedan extender al examen de la documentación contable de actividades empresariales o profesionales.
En el presente caso, la Administración ha practicado una liquidación tributaria sobre los mismos datos consignados en la declaración presentada por declarados por el recurrente, rechazando una reducción del 30 por 100 sobre los rendimientos íntegros por entender que no era procedente, y sin necesidad de efectuar examen de documentación contable de actividades empresariales o profesionales, por lo que debe admitirse que la liquidación provisional impugnada se encuentra dentro de los márgenes establecidos para las mismas por el artículo 123 LGT citado.
Cuarto.-La cuestión de fondo del asunto consiste en determinar si las rentas percibidas por el recurrente tienen la consideración de rendimientos regulares, que es la tesis de la Administración, o se trata de rentas irregulares, que es la tesis del demandante, por lo que aplicó la reducción del 30 por 100 de los rendimientos íntegros, prevista en el artículo 17.2, letra a) de la LIRPF
Dicho artículo 17.2, letra a), en su redacción original aplicable al ejercicio 2000 a que se refiere este recurso, indica:
La cuestión suscitada ha sido resuelta por el Tribunal Supremos en sentencias de 10 de mayo de 2006 (recurso 29/2004) y 16 de julio de 2008 (recurso 425/2004), entre otras, dictadas en supuestos que guardan similitud con el presente caso.
En la primera de las sentencias indicadas, el TS señala que el artículo 17.2.letra a) LIRPF condiciona la reducción que en él se contempla al cumplimiento de dos requisitos: 1) que el rendimiento tenga un período de generación superior a dos años, y 2) un requisito de índole negativa, que no se obtenga de forma periódica o recurrente.
Por lo que hace al período de generación: No existe un período de generación, pues el nacimiento del derecho no va unido a la duración de la vida activa del trabajador y que se extingue en la situación que se contempla; y es que esa vida no origina el derecho a la prestación complementaria, que, por el contrario, naciendo de un expediente de regulación de empleo (ERE) está encaminada a compensar la pérdida de tal vida activa del trabajador. Y esta indemnización se calculará normalmente en función de ciertos parámetros y magnitudes, que lo son esencialmente de futuro, tales como tiempo que reste hasta la edad de jubilación, pérdida de salario que tiene lugar y consiguiente disminución del período de cotización a la Seguridad Social, etc. Es decir, el nacimiento del derecho, sin ningún período temporal de generación, se produce con la aprobación del ERE por la Autoridad Laboral y conforme a la legislación laboral aplicable, lo que puede tener lugar, bien porque aquella Autoridad homologue un acuerdo previo, cuando existe, o bien porque la Autoridad, si no hay acuerdo, resuelva aprobando la propuesta.
Se trata pues, de una autorización administrativa de extinción de la relación laboral, extinción que ni siquiera se produce automáticamente, sino con la notificación individual del acto al trabajador, que desde entonces, queda en situación de desempleo.
Y significativamente, no se trata de un derecho del trabajador, que se haya acumulado por algún tipo de capitalización, sino que no es otra cosa que una verdadera indemnización, que nace con el daño o perjuicio consistente en la extinción del contrato de trabajo, con sus efectos inherentes a pérdida también de período de cotización temporal para un cálculo futuro de la pensión de la Seguridad Social.
En resumen pues, se trata de un efecto instantáneo y que carece de cualquier tipo de período de generación, que pudiese extenderse en el tiempo.
Y supuesto ello, entra en juego el derecho a cobrar la concreta indemnización prevista en el Seguro Colectivo, para los casos de prejubilación.
En conclusión pues, no existiendo período alguno de generación, la misma -ya sólo por ello- no puede ser siquiera, ni superior, ni inferior a dos años, con lo que claramente se está fuera del supuesto previsto en el artículo 17.2 a), párrafo primero de la Ley.
Lo dicho valdría incluso para cualquier caso, bien se tratase de un pago único, o bien de un pago periódico o recurrente, pues en todo caso, el nacimiento del derecho es, según lo dicho, instantáneo y por ello, ajeno a cualquier período de generación.
En lo referente a la forma de su obtención: Las indemnizaciones entregadas a los trabajadores, según lo expuesto, eran en forma de renta mensual y por consiguiente, absolutamente periódicas o recurrentes, con el marcada carácter que se deriva precisamente de aquel abono mensual.
Así pues, dada la regularidad y periodicidad de los pagos, desaparece toda la razón de ser de protección para una renta irregular y aislada, que se contempla en los preceptos citados como infringidos, por lo que la reducción que prevén, es totalmente inaplicable
Quinto.-Entendemos que en este caso tampoco concurren los requisitos del artículo 17.2.a) LIRPF para la reducción del 30 por 100 de los rendimientos íntegros, en la forma que son interpretados por la jurisprudencia del TS citada.
Según la comunicación del Banco Central Hispano que acompaña a su demanda, de 19 de diciembre de 1997, el recurrente cesó en el servicio activo a petición propia, con efectos de 31 de diciembre de 1997, percibiendo a partir de esa fecha por parte de la entidad bancaria el importe bruto anual de 3.550.000 pesetas, que percibe en doceavas partes, hasta que alcance los 60 años, fecha en la que se compromete el recurrente a solicitar la pensión de jubilación de la Seguridad Social, y a partir de dicha fecha quedará obligada la entidad bancaria al pago de un complemento de pensión según la formula que se establece en la citada comunicación.
Por tanto, no costa ni está justificado que la antigüedad en la entidad bancaria sea un requisito para acogerse al sistema de prejubilación, ni consta tampoco que la cantidades pactadas hasta cumplir la edad de 60 años estén determinadas en función de los años trabajados, y tampoco concurre el segundo requisito de la irregularidad de las rentas, porque se trata de ingresos habituales del interesado, que percibe con periodicidad mensual hasta alcanzar los 60 años.
La reducción de los rendimientos íntegros que propugna el recurrente no cumple, por tanto, los requisitos exigidos por el artículo 17.2.a) LIRPF, y supone un trato privilegiado en relación con otros rendimientos anuales similares.
Sexto.-No se aprecian méritos que determinen un especial pronunciamiento sobre costas, conforme a los criterios contenidos en el artículo 139.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
DESESTIMAR el recurso contencioso administrativo interpuesto por la representación procesal de D. Carmelo, contra Resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Castilla y León, de fecha 31 de marzo de 2005, que declaramos conforme a derecho en los extremos examianados.
Sin hacer especial imposición en las costas de este proceso.
Publicación.-Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Iltmo. Sr. Magistrado Ponente que en ella se expresa en el mismo día de su fecha, estando celebrando sesión pública la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, de lo que doy fe.