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Timestamp: 2019-03-25 06:44:51
Document Index: 139501162

Matched Legal Cases: ['artículo 106', 'artículo 41', 'artículo 10', 'artículo 12', 'artículo 12', 'artículo 170', 'artículo 138', 'artículo 153', 'artículo 142', 'artículo 142', 'artículo 170', 'artículo 142', 'artículo 142', 'artículo 170', 'artículo 79']

DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 257, de 29/05/2007
Año 2007 VIII Legislatura Núm. 257
Sesión plenaria núm. 239
- Del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, relativa al reconocimiento de la singularidad del Couto Mixto como enclave Histórico-Cultural. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 428, de 11 de septiembre de 2006. (Número de expediente 162/000507.)...
(Página 12882)
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la aprobación de un Plan Integral de Apoyo a la Familia. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 550, de 11 de mayo de 2007. (Número de expediente 162/000589.)... (Página 12887)
- Del Grupo Parlamentario Mixto (señora Lasagabaster), sobre la transferencia de la competencia en materia de política penitenciaria a la Comunidad Autónoma del País Vasco. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 555, de 25 de mayo de 2007. (Número de expediente 173/000195.)... (Página 12894)
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para impedir el regreso de ETA a las instituciones democráticas a través de partidos materialmente instrumentalizados por la organización ilegal Batasuna. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 555, de 25 de mayo de 2007. (Número de expediente 173/000196.)... (Página 12898)
- Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), sobre el despliegue de los artículos del Estatuto de Autonomía de Cataluña dedicados al ámbito laboral. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 555, de 25 de mayo de 2007. (Número de expediente 173/000197.)...
(Página 12904)
Declaración institucional... (Página 12908)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votaciones.)...
(Página 12908)
Proposiciones no de ley... (Página 12882)
Del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, relativa al reconocimiento de la singularidad del Couto Mixto como enclave histórico-cultural... (Página 12882)
Defiende la proposición no de ley el señor Fidalgo Francisco, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. Expone la historia o versión mitológica del enclave, los privilegios de los que gozó y el destino del mismo.
Manifiesta que la iniciativa pretende reivindicar el reconocimiento de una singularidad que sirva de tabla de salvación y desarrollo de una comarca orensana representativa, reconocimiento que debe captar la atención de instituciones públicas y privadas y de la sociedad en general, en justa recompensa al mantenimiento secular de valores democráticos, que ahora nos son comunes, y de manera de vivir y relacionarse pacíficamente las gentes y los pueblos.
Finaliza pidiendo el voto favorable a la proposición no de ley, porque el Couto Mixto significa la libertad, la democracia, el asilo y la paz.
En defensa de la enmienda presentada interviene el señor Delgado Arce, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC) y Vilajoana Rovira, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A los solos efectos de aceptación o rechazo de la enmienda presentada interviene el señor Fidalgo Francisco.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la aprobación de un plan integral de apoyo a la familia... (Página 12887)
En defensa de la proposición no de ley interviene la señora Salom Coll, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Manifiesta que la familia es la institución más valorada por todos los españoles, el núcleo vital de la formación de la persona, donde adquiere valores fundamentales como la responsabilidad, la convivencia, el respeto y el compromiso. Su partido es el partido de las familias. Su grupo está preocupado y comprometido con las familias desde la etapa de Gobierno del Partido Popular, con la aprobación de leyes y planes en materia de familia.
Finaliza señalando que las familias no son ni de izquierdas ni de derechas, es un espacio común donde deberíamos compartir políticas e iniciativas como la que hoy presenta su grupo. Por ello, pide el voto favorable para esta iniciativa, que es un conjunto de medidas que redundan en beneficio de la sociedad española.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen las señoras Pigem i Palmés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Esteve Ortega, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias; la señora García Suárez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; el señor Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y la señora Oliva i Peña, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC).
Sometida a votación la enmienda transaccional a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, relativa al reconocimiento de la singularidad del Couto Mixto como enclave histórico-cultural, se aprueba por 303 votos a favor.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la aprobación de un plan integral de apoyo a la familia, con la incorporación de la enmienda presentada por Convergència i Unió, se rechaza por 141 votos a favor, 159 en contra y una abstención.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.... (Página 12894)
Del Grupo Parlamentario Mixto (Señora Lasagabaster), sobre la transferencia de la competencia en materia de política penitenciaria a la Comunidad Autónoma del País Vasco... (Página 12894)
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente la señora Lasagabaster Olazábal, del Grupo Parlamentario Mixto.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Navarro Casillas, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; los señores Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Cerdà Argent, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC) y Guinart Solá, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); las señoras Sánchez-Camacho Pérez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Escudero Sánchez, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para impedir el regreso de ETA a las instituciones democráticas a través de partidos materialmente instrumentalizados por la organización ilegal Batasuna... (Página 12898)
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente el señor Santaella Porras, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Lasagabaster Olazábal, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); Guinart Solá, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Muñoz González, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), sobre el despliegue de los artículos del Estatuto de Autonomía de Cataluña dedicados al ámbito laboral... (Página 12904)
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente el señor Tardà i Coma, en nombre del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC).
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); las señoras Nadal i Aymerich, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y López i Chamosa, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Por la señora secretaria se procede a dar lectura de una propuesta de declaración institucional con motivo de la conmemoración del Día internacional del Personal de Paz de Naciones Unidas, que es aprobada por asentimiento.
Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario Mixto (Sra.
Lasagabaster), sobre la transferencia de la competencia en materia de política penitenciaria a la Comunidad Autónoma del País Vasco, se rechaza por 30 votos a favor, 274 en contra y una abstención.
Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para impedir el regreso de ETA a las instituciones democráticas a través de partidos materialmente instrumentalizados por la organización ilegal Batasuna, se rechaza por 129 votos a favor, 176 en contra y una abstención.
Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), sobre el despliegue de los artículos del Estatuto de Autonomía de Cataluña dedicados al ámbito laboral, se aprueba por 175 votos a favor y 131 en contra.
Se suspende la sesión a las siete y veinte minutos de la tarde.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, RELATIVA AL RECONOCIMIENTO DE LA SINGULARIDAD DEL COUTO MIXTO COMO ENCLAVE HISTÓRICO-CULTURAL. (Número de expediente 162/000507.)
Anuncio a la Cámara que el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds ha retirado su proposición de ley de modificación del artículo 106 de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, que figura como punto 1 del orden del día. Dado que previamente había sido retirada la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió, por la que se modifica la Ley General de Seguridad Social para introducir la posibilidad de suscribir convenios especiales en favor de personas con discapacidad, como medida para mejorar su protección social, la sesión plenaria de esta tarde comenzará con el punto II, relativo a proposiciones no de ley. Así pues, entramos en este punto. En primer lugar, proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, relativa al reconocimiento de la singularidad del Couto Mixto como enclave histórico-cultural. Para la defensa de la proposición no de ley presentada por su grupo tiene la palabra, por siete minutos, el señor Fidalgo.
El señor FIDALGO FRANCISCO: Muchas gracias, señor presidente.
Como portavoz en esta ocasión del Grupo Parlamentario Socialista, permítanme en primer lugar felicitar a todos los ciudadanos españoles por el evento democrático del pasado domingo y felicitar especialmente a los miles de concejales que han sido elegidos, así como a los parlamentarios electos de las diferentes asambleas regionales. A todos ellos les deseo mucha suerte y que tengan toda la dedicación que merece la política al servicio de los ciudadanos.
De ciudadanía precisamente es de lo que quiero hablar al traer al Pleno esta proposición no de ley relativa al reconocimiento del papel histórico-cultural del Couto Mixto, enclave fronterizo singular, ubicado en la actual provincia de Orense. Porque, más allá de un territorio de poco más de 25 kilómetros cuadrados, lo que realmente importa son los valores que a lo largo de siglos ese enclave fue consolidando en torno a las personas, a su libertad y a los derechos que de esta emanaban. No se trata de una reivindicación territorial, ni jurídica, ni tampoco político- administrativa de carácter histórico, pues la propia historia ya ha buscado el camino definitivo a partir del Tratado de Lisboa de 1864, que otorgó la soberanía a España de Santiago, Rubiás y Meaus, núcleos de población que constituyen el Couto Mixto, a cambio de otras cesiones a Portugal de los pueblos de Souteliño, Lamadarcos y Cambedo, este último de emotivo recuerdo por el alto precio que tuvo que pagar por dar refugio a huidos gallegos de la represión franquista; fue bombardeado. Una vez más, este tramo de frontera orensana con Portugal, de 250 kilómetros, la raya seca, más que separar, ejerció el papel de refugio alternativo en los convulsos avatares internos de España y Portugal. La frontera, muchas veces fluctuante e indefinida, más que dividir, integraba a las gentes en torno a ella, eran a uno y otro lado sus habitantes arraianos y esto definía su carácter e idiosincrasia conjunta. El paradigma integrador lo constituye precisamente el Couto Mixto, formado por las aldeas de Santiago, Meaus y Rubiás, repartidas en los actuales ayuntamientos de Baltar y Calvos de Randín, bordeando la línea, y que se consolidó en el tiempo como punto de encuentro y conexión entre Galicia y el norte de Portugal, en una reminiscencia de lo que pudo haber sido y no fue, un reino conjunto de Galicia y Portugal, como una de las posibilidades alternativas dentro del proceso de las conformaciones nacionales de la península Ibérica. Una de esas alternativas, con cierta similitud, dio lugar, por ejemplo, a Andorra.
Su origen se pierde en el siglo XII, ligado al castillo de Piconha, vinculado después con la casa de Braganza y la dependencia nobiliaria de Monterrei. A falta por ahora de mejor documentación histórica, daremos por cierta la versión mitológica según la cual, en las montañas de Larouco, el destino quiso que se perdiera una princesa embarazada y perseguida. Dio a luz protegida por los vecinos del Couto. El hijo llegaría a ser San Rosendo, fundador de Celanova y obispo de Mondoñedo, insigne sabio de aquel tiempo. La princesa reina, agradecida, otorgó a sus protectores los privilegios de que han gozado durante siglos, cuyas actas se guardaban en una gran arca hasta que fue destruida por las tropas francesas del mariscal Soult. Pero poco importa la realidad histórica si durante siglos esta hermosa leyenda dio base para legitimar, como tantas veces, lo que fueron privilegios y luego acabaron siendo derechos; entre ellos, uno muy significativo, el de asilo para huidos de la justicia hispana y lusa, en ese precedente acogedor de lo que es la raya. Otro, la exención de levas, es decir, no dar soldados, porque los hombres tenían cosas más importantes que hacer que la guerra; por ejemplo, comerciar al amparo de la exención de impuestos y de la libertad de comercio y un camino inmune a la acción de las guardias fronterizas.
Sin embargo, lo que confiere a este enclave, que llegó a ser independiente, su singularidad político-administrativa fue su capacidad de autogobierno, de connotaciones republicanas, con leyes propias y un sistema que elegía a un juez alcalde que se constituía en jefe político, gubernativo, administrativo y judicial, auxiliado a su vez por tres homes del acordo y con un vigario de mes como agente ejecutor.
El juez alcalde era la máxima autoridad del Couto y él mismo, antes de finalizar su periodo de mandato de tres años, convocaba a los vecinos a fin de proceder a la elección de su sucesor. Existía también para dar fe y testigo el archivo do Couto, que se guardaba celosamente en el arca que debía ser abierta con tres llaves, con toda la solemnidad que requería el momento, acompañado a su vez de doce hombres, los más íntegros del Couto, cuatro por cada aldea, que, acompañados por el juez y los homes de acordo, iniciaban la liturgia de la introducción de los documentos a guardar. Las deliberaciones tenían lugar en el banco corrido de piedra del atrio de la iglesia de Santiago. La singularidad no da para tanto y la relación Iglesia-Estado era evidente ya de aquellas. También la dependencia espiritual se entrecruzaba entre las diócesis de Orense y Braga, pues es bien sabido que las almas no conocen de fronteras y menos de estas tan tenues.
A la ancestral práctica democrática ha de añadirse otra no menos significativa a la hora de gobernar, el acuerdo, porque eso es lo que significa homes de acordo, sublimando de tal manera el acuerdo o consenso que el arca depositaria solo podía abrirse con la contribución conjunta de las tres llaves. Era como una vacuna preventiva ante las veleidades del desacuerdo. Una república tan pequeña en medio de dos reinos todopoderosos no podía permitirse desavenencias ni estrategias de parte que pusiesen en peligro el interés común. Desde luego, es una reflexión que bien convendría a la actualidad tan incierta y desafiante y en el acelerado cambio, cambios que se llevaron por delante el Couto Mixto en el siglo XIX, desde el punto de vista político y administrativo, y que resistió hasta la entrada de Portugal y España en la Unión Europea, desde el punto de vista comercial. Acabados los privilegios y diluida definitivamente la raya, el territorio afrontó el destino de muchas zonas de montaña de la Galicia interior: la falta de oportunidades y la emigración o el envejecimiento, ya que la mitad de la población supera los 65 años y la natalidad está tan olvidada como el esplendor pasado.
Señorías, esta proposición no de ley no es un canto nostálgico en tiempos de memoria histórica; si algo de esto tiene es para reivindicar el reconocimiento de una singularidad que sirva de tabla de salvación y desarrollo -y nos vamos a poner de acuerdo con una enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular- de una representativa comarca orensana. Este reconocimiento debe captar la atención de instituciones públicas y privadas y de la sociedad en general en justa recompensa al mantenimiento secular de valores democráticos, que ahora nos son comunes, y de maneras de vivir y relacionarse pacíficamente las gentes y los pueblos. En ello han trabajado muchas personas, muchas personalidades, también los Amigos del Couto Mixto y, entre ellos, el fiscal jefe de Galicia, el jefe superior de Policía o el presidente de la Casa de Galicia en Madrid. También los propios ayuntamientos de Baltar y Calvos de Randín y la Diputación de Orense, que ha aprobado por unanimidad una moción similar a la proposición no de ley que hoy presentamos. Por cierto, el Parlamento de Galicia debate -y con toda seguridad se aprobará mañana- otra iniciativa de parecido contenido. Como diputado por Orense, les agradezco la buena acogida que esta Cámara -estoy seguro de ello- dispensará al reconocimiento histórico-cultural de este enclave singular, depositario de tantos valores que nos son comunes, pero, sobre todo ahí está el reconocimiento a las gentes que los hicieron posibles y a las que todos los días luchan por ellos. Sé del interés y buena disposición del Gobierno hacia esta iniciativa, porque el Couto Mixto, señorías, significa la libertad, la democracia, el asilo y la paz.
Entenderán, señorías, que, como arraiano, finalice mi intervención, en la que mi grupo pide su apoyo a esta proposición no de ley, con unas palabras de una gallega ilustre, Emilia Pardo Bazán, que decía: Portugal es para mí como América Latina. Algo que tengo que reconocer política y geográficamente, por extranjero, pero que moralmente, afectivamente sobre todo, continúa formando parte de mi patria.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fidalgo.
Para defensa de la enmienda interviene en nombre del Grupo Parlamentario Popular, en un turno de cinco minutos, el señor Delgado. Adelante, por favor.
El señor DELGADO ARCE: Señor presidente, señorías, interviene este diputado ourensano en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el debate de esta proposición no de ley, que se refiere a una singularidad histórica y cultural de un territorio gallego transmontano, de naturaleza administrativa y política compleja y vinculado históricamente a Portugal y a España. Estamos hablando del Couto Mixto, un pequeño territorio de montaña ubicado en el sur de la provincia de Ourense, entre las tierras del valle del río Salas en Galicia y las de Barroso en Tras-Os-Montes, Portugal, y formado por tres aldeas que se han citado aquí: Santiago y Rubiás, del Concello de Calvos de Randín, y Meaus, que pertenece al de Baltar. A muchos les llamará la atención el topónimo Couto. Les diré que es muy frecuente en Galicia. Procede del latín cautus, lugar cercado, y puede referirse a territorios o espacios acotados. Aquí nos estamos refiriendo a un couto de cultura, un lugar lleno de peculiaridades históricas y culturales, y también un símbolo de unión entre Galicia y Portugal; un enclave de tres pequeñas aldeas que fueron tierra de nadie entre España y Portugal. Su origen, se ha dicho, lo datamos hacia el siglo XII. Lamentablemente, la huida de las tropas del mariscal Soult, en su huida de las tropas inglesas, provocó que se destruyera toda esa documentación, que podría habernos aportado una gran información sobre esta institución y que nos hubiera ayudado a mantener su identidad cultural. Su singularidad duró hasta 1864; se definieron las actuales fronteras y estas aldeas pasaron a integrarse en Galicia, comenzando un lento pero inexorable proceso de debilitamiento de su identidad. Quiero citar el esfuerzo que se ha iniciado desde 1998 por la Asociación de Amigos del Couto Mixto y dos de sus grandes impulsores, don Alberto Borrajo Figueiral y don Luis García Mañá. Este último es miembro correspondiente de la Real Academia Galega, novelista y hombre comprometido con el estudio de la realidad del Couto; no en vano ha escrito una interesante obra llamada Unha república esquecida, Una república olvidada. También hay que destacar la intervención de la Asociación de Vecinos del Couto Mixto, que ha colaborado mucho en la recuperación de la autoestima y la memoria histórica de un espacio geográfico y cultural que contribuya al reencuentro entre Galicia y Portugal a partir de las manifestaciones comunes, de las que quizá la más importante sea la lengua. Es un ejemplo claro de mestizaje cultural.
¿Qué se necesita hacer en el Couto Mixto? A nosotros nos parece muy bien la iniciativa de plantear un reconocimiento histórico y cultural y lo vamos a secundar, pero creemos honestamente que procede hacer algo más y que las administraciones, la central, la autonómica, por supuesto, la diputación y los ayuntamientos afectados deben comprometerse a ello. De ahí nuestra enmienda de adición, una enmienda que busca un compromiso del Gobierno que se dirija a contribuir al desarrollo socioeconómico de este territorio, porque hasta este momento no hemos tenido una expresión favorable a ello. En el debate parlamentario de los Presupuestos Generales del Estado para 2007, la senadora ourensana Mercedes Gallego presentó una enmienda para dotar con 1.200.000 euros la rehabilitación de los pueblos de Santiago, Meaus y Rubiás, enmienda que fue desestimada el 13 de diciembre del pasado año. Hoy, nosotros queremos refrendar una reivindicación, un apoyo a la dinamización socioeconómica que se debe traducir en varias líneas: hay que valorizar el legado patrimonial y la identidad del territorio del Couto Mixto, reforzando su identidad territorial, apoyando la realización de actos culturales que contribuyan a la recuperación y difusión de los hechos históricos y de las leyendas que secularizaron este territorio. En definitiva, hay que situar el Couto Mixto en el mapa cultural de España y también en el ámbito del turismo, porque somos conscientes de que, tras la cultura, el paisaje es el segundo factor de atracción para aquellas personas que visitan Galicia por primera vez. El Couto Mixto tiene una riqueza cultural muy significativa, fruto de su patrimonio histórico artístico, y por ello entendemos que hay que realizar actuaciones importantes para dotarlo de oferta turística con calidad y sostenibilidad. En concreto, hay que apoyar la rehabilitación de sus iglesias, la iglesia de Santiago, también la de Meaus, o la consolidación del Museo Abierto del Couto Mixto, su Museo Etnográfico, etcétera. Por supuesto, el desarrollo socioeconómico de la zona, que pasa entre otras cosas por dinamizar su maltrecha economía, fruto de su envejecimiento poblacional y de su bajísima natalidad. Es necesario dar soporte económico a este territorio, amén de la mejora de las infraestructuras de comunicación, tanto con el interior de Galicia como con Portugal.
Termino ya, señorías, con una referencia histórica. El jefe del Couto, con el título de juez gubernativo y político, era escogido en asamblea de cabezas de familia cada tres años y auxiliado durante el tiempo de su mandato por los llamados homes de acordo, dos por cada aldea. Pues bien, señorías, hoy los intervinientes en este debate queremos también ser homes de acordo, contribuyendo al reconocimiento de la singularidad del Couto Mixto como enclave socio-histórico-cultural y al impulso de su desarrollo socioeconómico. Larga y feliz vida al Couto Mixto.
En turno de fijación de posiciones tiene la palabra por tiempo de cinco minutos el señor Rodríguez, del Grupo Mixto. Adelante.
Comenzaré por conectar con las palabras que pronunció el señor Fidalgo en la defensa de su iniciativa. Hablaba de que el Couto Mixto representa la alternativa de lo que pudo ser y no fue, la conformación de un Estado en la península Ibérica gallego-portugués. Desde ese punto de vista tiene mucho sentido pensar y repensar la historia e incluso hacer alguna propuesta para la actualidad y para el futuro. Digo esto en primer lugar porque está claro que una de las cuestiones que la naturaleza evidencia contra la imposición artificial de los poderes políticos es que a veces las naciones quedan divididas por las fronteras y en el caso del Couto Mixto sus hombres y mujeres, igual que gran parte de los arraianos, tuvieron siempre claro que no sabían si eran españoles o portugueses. En todo caso, lo que tenían claro es que eran todos iguales, que eran todos gallegoportugueses. Esta conciencia natural, espontánea, que se constataba a partir de la realidad empírica, es la que progresivamente fue siendo destruida por esa idea estatal de que hay que ser español, y cuanto más antiportugués, mejor. Les digo esto porque el concepto de frontera no existió prácticamente hasta el siglo XIX con la rigidez en que aparece en las enciclopedias escolares, y cuanto más atrás, menos.
Era un concepto que solo estaba vinculado a la dependencia jurisdiccional, señorial o eclesiástica, a veces directamente de la monarquía, y por tanto los mapas de España y Portugal que se presentan en relación con Galicia son auténticos disparates, aunque estén avalados por la erudición de la historia de España, siempre pérfidamente ideológica.
En segundo lugar, señor presidente, los hombres del Couto Mixto como los de toda la frontera y como yo mismo hablamos una lengua a la que hay que llamar gallego-portugués. Desde luego, no creo que el gallego sea una lengua independiente de la que se habla en Lisboa. Esto queda muy claro incluso en las estampas de un hombre tan clarividente del siglo XX como Castelao, político y artista, cuando en una de ellas, precisamente sobre la frontera con Portugal, aparece un viejo, un viejo petrucio, con su nieto, mirando al otro lado de la frontera. El niño le pregunta: ¿Avó, os da outra banda do río som máis extranxeiros que os de Madrid? Y Castelao comenta: No se sabe lo que le contestó el viejo. ¿Los de la otra parte de la frontera son más extranjeros que los de Madrid? El viejo se rasca la cabeza y no sabe qué decir, porque efectivamente ¿qué decir? Este, señorías, es el problema, el problema que evidencia este Couto Mixto, que es una rebelión de la naturaleza y de la base nacional y real contra lo que son las fronteras artificiales. El Couto Mixto, si tuviese más entidad, si la relación no fuera España-Portugal, se tendría convertido en una Andorra de la frontera de Galicia con Portugal o de España con Portugal, con una lengua oficializada, que sería el gallego-portugués.
Esta fue una pequeña frustración, pero no vivimos del pasado. Como estamos en el presente, vamos a bogar por que lo que destruyó el proceso de descentralización del siglo XIX por lo menos sea ahora reconocido en el ámbito cultural, en el ámbito lingüístico y también en la dinamización económica y social. Por cierto, creo que el mejor gestor de ese tipo de política siempre será el Gobierno gallego. Espero que el Gobierno español solamente ayude desde el punto de vista financiero y en todo caso, si hay algo más que discutir desde el punto de vista de fronteras teóricamente desaparecidas, pero políticamente no desaparecidas, pueda contribuir a allanarlo y no a dificultarlo, porque es muy necesario para Galicia mirarse en Portugal y viceversa.
¿Coalición Canaria? (Pausa.) ¿Iniciativa per Catalunya? (Pausa.) Señor Esteban, Grupo Vasco (EAJ-PNV).
El señor ESTEBAN BRAVO: Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo muy brevemente para manifestar nuestro apoyo a esta iniciativa y para recalcar algunas ideas que ya han sido apuntadas por el portavoz del Bloque. Este es un ejemplo más de que las fronteras, que parecen inamovibles y que han persistido a lo largo de centurias, no han sido tan fijas y que no han sido fijadas hace tanto tiempo. Aquí estamos hablando de 1864 y podemos darnos cuenta de que las fronteras entre España y Portugal y también entre España y Francia, que nos parecen tan definitivas, son asuntos del siglo XIX, y de que territorios que hoy en día se consideran franceses estuvieron englobados en el Reino de Navarra, por ejemplo, y... (El señor Del Burgo Tajadura pronuncia palabras que no se perciben.) Hoy en día parece ser, señor Del Burgo, que Navarra solo es española. No; también hay otros territorios, y en aquellos tiempos incluso la Corona estuvo unida a lo que era el ámbito político español.
En la zona de Baztán, como el señor Del Burgo conocerá muy bien, hasta el siglo XIX no se acaba de definir la frontera. Por tanto, nos encontramos con que esas realidades, que parecen inmutables -este es el caso del Couto Mixto-, no lo son tanto. También he encontrado similitudes con el País Vasco, por ejemplo en algunos de los derechos que tenía el lugar, como el de no participar en las quintas, estar exento del servicio militar, la exención de impuestos -no porque no existieran en el caso vasco, que sí existían, pero sí por la exención de impuestos de fuera del territorio- o la libertad de comercio, que en nuestro caso se reflejaba en los puertos en la línea del Ebro y no en los puertos de la costa. En el caso del Couto también existía esta libertad de comercio. Me he sentido muy reflejado en esas virtudes, que mencionaban antes, de libertad, democracia y asilo. Además, refleja otra cosa importante y es que si el Couto Mixto existía es que Galicia y el mundo cultural gallego (y también el político, porque eso ha sido secuestrado muchas veces) existía a uno y otro lado del Couto. Precisamente por ello existía el Couto Mixto.
Queremos señalar, por último, nuestro apoyo a la iniciativa y a su defensa y a que al menos se recuerde la memoria y se mejore la situación de esta Andorra gallega que pudo y al final no llegó a ser, aunque quién sabe en el futuro.
El señor PRESIDENTE: Gracias. Esquerra Republicana. Señor Tardà.
Muy brevemente, en primer lugar, quisiera manifestar públicamente, lo cual creo que tiene sentido y de alguna manera explica que todavía tengamos tantos deberes por hacer en este Estado, que este diputado y casi me atrevería a decir que el conjunto de los diputados de Esquerra Republicana de Catalunya desconocíamos esta realidad histórica. Vayan así por delante las disculpas, incluso desde el intelecto. Nosotros, que nos decimos amantes de Galicia y fraternalmente unidos a ella, reconocemos este déficit. Pero que quede claro que vamos a votar afirmativamente, puesto que cualquier voluntad que signifique no solo respetar la historia sino incluso metabolizar y asumir todos los pasados no resueltos, incluso en la formación del Estado moderno, es un reto intelectual y político que desde la delicatessen de la democracia del siglo XXI en la Europa rica y culta no podríamos obviar. Es un ejemplo de la accidentabilidad de las fronteras y de la historia azarosa de ese Estado. Saben ustedes perfectamente que incluso podríamos afinar más y decir que Portugal, que tiene una autonomía de verdad, que es un Estado europeo, consiguió lo que Cataluña no consiguió en procesos históricos paralelos.
Señorías, para nosotros es muy importante que ustedes hayan presentado esta moción y no entiendo por qué han tardado tanto en presentarla, puesto que esta singularidad es muy importante porque tiene un gran valor pedagógico. Es tan azarosa la historia de este Estado y la accidentabilidad de las fronteras que incluso una parte de Cataluña está en el Estado francés. Por cierto, en Cataluña, y en consecuencia en el Estado español, se protege una lengua de una comunidad nacional, la occitana, cuya mayor parte de su territorio y de su dominio lingüístico está en territorio del Estado francés. En cambio, desde la República francesa, todavía hoy día, en el siglo XXI, no son capaces de ratificar la Carta Europea de las Lenguas Regionales, con lo cual la lengua catalana y la lengua euskara en el Estado francés no tienen la protección que tienen en el Estado español. Ustedes dirán: ¿qué sentido tiene que intervenga el Estado español? En la Europa actual, del siglo XXI, en la Europa de la Unión Europea, tiene todo el sentido. Posiblemente el calado de los temas es distinto, pero forman parte del mismo discurso histórico.
Insisto en que nos parece muy interesante esta propuesta, puesto que nos ha sacado de la ignorancia. Además, pueden contar con nuestro absoluto apoyo. Es más, es un acicate para que de una vez por todas no tengamos miedo a según qué tabúes, que son propios del siglo pasado, y seamos capaces de afrontar algunos temas que son espinosos en tanto en cuanto afectan a Estados distintos, pero también convenimos que los Estados de la Unión Europea del siglo XXI poco tienen que ver, o poco deberían tener que ver, con los Estados del siglo XX. Entendemos que es bueno adentrarnos en este proceso, a la espera de que otras iniciativas, quizá parecidas o que al menos forman parte, repito, del mismo discurso, tengan buena acogida por su parte, así como han tenido una buena acogida por parte de nuestro grupo, que ciertamente es un grupo minoritario pero que es coherente en la defensa de todas las culturas y todas las comunidades del Estado español.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Tardà.
CiU. Señor Vilajoana, adelante.
El señor VILAJOANA ROVIRA: Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados, mi intervención también va a ser muy breve, básicamente para apoyar esta proposición no de ley, y lo vamos a hacer por coherencia con nuestro comportamiento histórico en esta Cámara y también porque Convergència i Unió, en toda nuestra labor en el Gobierno de la Generalitat de Catalunya, defendió lo que hoy defiende aquí el Grupo Socialista. Me uno a la satisfacción de que el Grupo Socialista presente una proposición de estas características -a la que damos la bienvenida- en el sentido de que reconocer y potenciar fenómenos históricos y culturales, como el que se plantea aquí en el Couto Mixto, nos parece, como siempre hemos pensado, que es una forma de enriquecernos todos y entendemos que conservar esta historia, potenciarla y darla a conocer es lo que debemos hacer habitualmente. Además, lo hacemos también -lo comentaba antes mi compañero- porque en Cataluña tenemos fenómenos similares. Todos los países de frontera tenemos este tipo de características y en Cataluña tenemos dos muy importantes. Una -lo planteaba el señor Tardá-, es la de la Vall d'Arán. El aranés, el occità es una lengua que en Cataluña está especialmente defendida y protegida por un Estatuto que nos hemos dado todos; el aranés es una lengua viva en la Vall d'Arán, no lo es el occità en Francia. Y en estos momentos una lengua que en principio se hablaba en Occitania, pero, digamos, Estado francés, ahora es mucho más fuerte en cuanto a potenciación, a presencia en la escuela, etcétera, en Cataluña que en Francia. Esto es positivo.
Otro fenómeno europeo es el de un vecino nuestro muy querido, que es Andorra. Andorra es el Couto Mixto, en vez de 800 habitantes son 14.000, no muchos más; es un Estado independiente, con presencia en Naciones Unidas, con representación, y además agradezco mucho al presidente de esta Cámara que este Parlamento, este Congreso, señor presidente -y usted lo sabe porque ha sido el causante de ello-, tenga un grupo de amistad de relación con
Andorra que está operativo. Tuvimos una primera reunión en la que el grupo de amistad de la Asamblea Francesa y el grupo de amistad del Congreso de los Diputados tratamos temas que afectan a Andorra, como país independiente, pero que también afectan a España y Francia, y estas relaciones son muy positivas.
Voy a contar para general conocimiento una anécdota que me ha sorprendido mucho. Usted ha hablado del armario de las tres llaves. Tengo que decirle que en el Consejo General de Andorra hay un armario de las siete llaves.
Es curioso que a esta distancia se utilizara -estoy hablando de hace tres siglos- el mismo mecanismo para trabajar. Si no estaban los representantes de todas las parroquias, en el caso del Couto Mixto de todas las poblaciones, no se abría el armario en el que estaban los documentos. Sinceramente, me ha sorprendido al leerlo porque, repito, en el Consell General, digamos, el Congreso de los Diputados andorranos, tienen un armario con siete cerraduras y siete llaves y tienen que estar presentes los siete representantes para abrirlas al mismo tiempo a fin de poder manejar los documentos. ¿Qué demuestra todo esto? Que a veces las distancias son muy cortas, y entre Galicia y Andorra utilizan los mismos mecanismos para defender su identidad. Nosotros apoyaremos claramente esta proposición no de ley porque entendemos que reconocer y potenciar identidades es un factor de enriquecimiento que no deberíamos olvidar nunca.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vilajoana.
Señor Fidalgo, para expresar su posición frente a la enmienda del Grupo Popular.
El señor FIDALGO FRANCISCO: Estamos redactando una transaccional que pasaremos tanto al Grupo Popular como, por supuesto, a la Mesa.El señor PRESIDENTE: Le ruego, por favor, que cuando la hayan negociado se la pasen a la señora letrada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LA APROBACIÓN DE UN PLAN INTEGRAL DE APOYO A LA FAMILIA. (Número de expediente 162/000589.)
El señor PRESIDENTE: Continuamos. Segunda proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la aprobación de un plan integral de apoyo a la familia. Para su defensa, en un turno de siete minutos, tiene la palabra la señora Salom.
La señora SALOM COLL: Señoras y señores diputados, la familia es la institución más valorada por todos los españoles, es el núcleo vital de la formación de la persona en el que adquiere valores fundamentales como la responsabilidad, la convivencia, el respeto y el compromiso. El Partido Popular es el partido de las familias. Tanto en nuestra etapa de gobierno como en los últimos tres años no hemos dejado de plantear propuestas para avanzar en las políticas de familia. Sin embargo, con el actual Gobierno España es el país de la Unión Europea que de modo persistente más castiga a las familias españolas. Este es el Gobierno que menos gasto social dedica a la familia, un 0,5 por ciento del PIB, frente al 2,2 de media de Europa, es decir, cuatro veces menos que el conjunto de los países de la Unión Europea. El Gobierno del presidente Zapatero es rácano con las familias de nuestro país. Mientras que países como Francia, a través de políticas de ayuda a la mujer, se sitúa a la cabeza de la Unión Europea en natalidad, el progresismo rancio a veces de este Gobierno hace que España esté a la cola en el número de hijos por mujer, provocando un grave problema para el futuro. Las ayudas del Estado por hijo a cargo no llegan a 30 euros al mes, cuando el coste medio mensual se sitúa en torno a los 615 euros para niños de 0 a 3 años y la prestación media de la Unión Europea para el primer hijo es casi cuatro veces superior a la prestación que tenemos en España. Por tanto, hay muy poco dinero para las familias por parte de este Gobierno; al contrario, promesas incumplidas, trabas y además se incrementa la presión fiscal.
Los matrimonios de personas jóvenes cada vez tienen más complicado tener hijos por el coste que ello supone. Las familias cada vez están más endeudadas y más desprotegidas por parte del Estado. Además, la subida de las hipotecas que estamos sufriendo los españoles hace que cada vez tengamos un poder adquisitivo menor y mayor incertidumbre para plantearnos el futuro.
En muchos casos el Gobierno del señor Zapatero no cumple lo que promete o bien hace lo contrario de lo que promete en su programa electoral. En este tema, como en otros, prometieron incrementar los recursos para las familias hasta llegar a la media europea y llevan ya casi tres años congeladas las distintas partidas presupuestarias, por no hablar de otras promesas como la de crear una secretaría de Estado para las familias, la de crear un marco regulador para comunidad y ayuntamientos para incrementar en 300.000 plazas la oferta de educación infantil de 0 a 3 años o extender la paga de 100 euros a todas las madres. Nada de esto ha hecho el Gobierno. Incluso el reglamento de la Ley de protección de las familias numerosas se aprobó con más de un año de retraso y no se ha aprobado todavía la Ley de apoyo a las familias con necesidades especiales, compromiso establecido en su programa electoral. La reforma fiscal llevada a cabo por el Gobierno genera sobre todo un perjuicio a las familias de rentas medias con grandes cargas económicas. Por tanto, el resumen sería pocas ayudas a las familias en los últimos tres años. El bagaje es penoso en materia de ayuda y apoyo a las familias españolas. Ni el Gobierno ni el Grupo Socialista se han preocupado por poner en marcha nuevas propuestas en esta línea. Por el contrario, mi grupo está preocupado y comprometido con las familias desde la etapa de gobierno del Partido
Popular, cuando se hizo un esfuerzo importante en materia de familia: se aprobó la Ley de familias numerosas, se aprobó el Plan integral de apoyo a las familias, se aprobó la Ley de conciliación de la vida familiar y laboral así como su reglamento. Nuestras propuestas apuntan a una auténtica revolución de las familias. Queremos que el gasto en política de familia alcance el 2,5 por ciento del producto interior bruto y que aumenten las ayudas a las familias, como la paga de 100 euros y las ayudas por hijo a cargo. También queremos promover tarifas especiales para las familias numerosas en el consumo de energía y en el de agua.
Esta iniciativa que hoy presentamos también propone nuevas medidas para la conciliación de la vida laboral y familiar, como ampliar el permiso de maternidad a partir del segundo hijo y siguientes; impulsar horarios flexibles -fundamental-; fomentar la creación de nuevas guarderías, nuevas plazas de guarderías para poder llevar a nuestros niños, así como establecer una bolsa de horas para hacer frente a incidencias derivadas del cuidado de familias. Señorías, también proponemos una serie de medidas de apoyo a las familias, medidas fiscales como elevar los mínimos personales y familiares del IRPF, aplicar el IVA superreducido a las plazas de centros residenciales para familias dependientes y considerar como gasto deducible en el impuesto sobre la renta de las personas físicas los derivados de las plazas familiares de dependientes en centros residenciales. Estas son, señorías, medidas reales para problemas reales.
Ustedes, permítanme que se lo diga, se han olvidado en los últimos años de las familias. Han gobernado de cara a sus socios políticos pero dando la espalda a muchísimas personas en nuestro país. Por eso, entre otros motivos, han perdido estas últimas elecciones. Rectifiquen y apoyen esta iniciativa planteada por el Grupo Parlamentario Popular. Las familias en nuestro país no son ni de izquierdas ni de derechas; es un espacio común en el que deberíamos compartir políticas e iniciativas como la que hoy presenta el Grupo Parlamentario Popular. Quítense, en cierta manera, las orejeras ideológicas y apoyen las políticas de progreso y modernidad que promueve el Grupo Parlamentario Popular. Esta proposición no de ley contiene un conjunto de medidas que redundan en beneficio de la sociedad española.
Señor presidente, respecto a las dos enmiendas planteadas por el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) debo decir que la del Grupo Parlamentario Socialista no la aceptaremos y la enmienda de Convergència i Unió sí la vamos a aceptar.
Para la defensa de las enmiendas, en un turno de cinco minutos, en primer lugar, Convergència i Unió. Señora Pigem, por favor.
La señora PIGEM I PALMÉS: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, sin más preámbulo anuncio que el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) va a dar su apoyo a la iniciativa que estamos debatiendo. Múltiples razones podrían justificar nuestra decisión, pero me gustaría poner el acento en tres de ellas. La primera es la necesidad de dar respuesta a lo que reiteradamente señalan diversos estudios en los que se apunta que, de persistir la baja natalidad en España, a no muy largo plazo se resentirán la vitalidad y la musculatura de nuestra economía, además de complicarse extraordinariamente nuestro sistema de bienestar, en el que conviene recordar que el sistema de pensiones se asienta en una base piramidal y de reparto, por lo que es imprescindible para su funcionamiento que la base de contribuyentes sea mayor que el vértice de pensionistas. También vamos a apoyarla porque la familia, que hoy toma múltiples formas, y de ahí nuestra enmienda para que el plan de apoyo se dirija a las familias en plural, sigue siendo actualmente la célula básica de la sociedad, la institución más valorada por la ciudadanía y sigue siendo clave para la felicidad, la salud, la formación y el bienestar de todas y cada una de las personas. Por ello, para Convergència i Unió apoyar a la familia ha sido, es y será una prioridad en toda su acción política. Es evidente que en España se valora y se confía en la familia, pero quizá, señorías, se confía tanto -y esta sería la tercera de las razones- que paradójicamente este exceso de confianza dificulta tener hijos porque se piensa -y este pensamiento se traduce en ausencia de políticas públicas- que los hijos atañen en exclusiva a sus familias, a sus padres, a sus madres, para ser más exactos, que con suerte disponen de medios para pagar los servicios de otra mujer o cuentan con la impagable ayuda de los abuelos. Señorías, si los ciudadanos y ciudadanas cuando se les pregunta cuántos hijos querrían tener -y me remito a las encuestas que hay sobre este tema- dicen como término general dos o tres y luego la realidad nos dice que tienen 1,3, es que algo falla, algo no encaja, y este algo es seguramente que desde los poderes públicos no damos las suficientes facilidades ni removemos los obstáculos para hacer posible algo tan simple como que los que quieran tener hijos los puedan tener.
En otros países europeos es mucho más fácil criar a los hijos de lo que lo es para una familia española. Los horarios laborales son mucho más razonables, las ayudas económicas son mucho mayores, y permítanme traer de nuevo a colación algo que no es la primera vez que aquí se dice, y es que para recibir del Estado lo que recibe una pareja alemana con dos hijos una familia española debería tener trece hijos, o que en Luxemburgo el Estado cubre el 65 por ciento de los gastos de un hijo, mientras que en España cubre únicamente el 5 por ciento de los mismos. En otros países europeos, señorías, los permisos de maternidad y paternidad son más largos, existe una oferta suficiente de guarderías, prácticamente gratuitas y muchas de ellas en las empresas, y los gastos que generan los hijos son en su mayor parte desgravables fiscalmente. Es evidente que todas estas políticas, especialmente
todas ellas juntas, contribuyen a que los que quieren tener hijos los puedan tener, y buena prueba de ello es que Francia, que estaba en una situación muy parecida a la nuestra, ha conseguido darle la vuelta con unas buenas políticas de apoyo a las familias aprobadas por un gobierno socialista y que van en la misma dirección que las que ahora estamos debatiendo. Se ha avanzado, claro que sí, en esta legislatura, pero aun reconociendo que la Ley de Dependencia, las medidas de conciliación recientemente aprobadas en la Ley de Igualdad y el tantas veces aprobado y aún no creado Fondo de Garantía de Alimentos suponen pasos en el buen camino, las políticas de ayuda a las familias en lo que se refiere a los hijos están todavía muy alejadas de la media europea. Piénsese que el coste de las medidas de conciliación aprobadas en la Ley de Igualdad, con algunas excepciones -por ejemplo, el permiso de paternidad o parte de él-, mayoritariamente lo siguen asumiendo las empresas y, como siempre, las familias. Por ello sigue siendo necesario que sin más dilación demos un impulso potente a la política familiar.
El plan que propone hoy el Grupo Popular va en la línea de lo que se está haciendo en Europa, con ayudas directas, algunas reiteradamente propuestas por mi propio grupo parlamentario, por Convergència i Unió, como que la paga de 100 euros mensuales sea para todas las madres y no únicamente para las que trabajan; propone también política fiscal y medidas de conciliación, a las que hemos presentado una enmienda de adición consistente en proponer que se recoja que el permiso de paternidad se alargue a las cuatro semanas previstas en la Ley de Igualdad sin necesidad de agotar el plazo de seis años, un plazo muy largo previsto en esta misma ley. Es un plan posibilista que nos parece un punto de partida porque aun si se cumpliese en su totalidad seguiríamos estando todavía lejos de las políticas europeas y sobre todo de las necesidades de las familias. Es un plan, como digo, posibilista, factible económicamente, que además no pone plazo de cumplimiento, lo cual evidentemente facilita que si se quiere se pueda aprobar por el grupo que sustenta al Gobierno.
Finalizo, señorías, reiterando el apoyo de Convergència i Unió a las familias. Me gustaría que saliera un acuerdo de esta Cámara porque nadie del arco parlamentario puede olvidar que apostar por las familias es, en definitiva, apostar por nuestro futuro colectivo.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Pigem.
Grupo Parlamentario Socialista. Señora Esteve.
La señora ESTEVE ORTEGA: Señor presidente, señorías, si no llega a ser porque llevo unos cuantos años en esta legislatura siendo miembro de este Parlamento, la intervención de la señora Salom me hubiera parecido como si su grupo o ella misma estuvieran estrenándose en esta legislatura y, por tanto, no me sorprendería la apuesta, la declaración de principios y el contenido de su proposición no de ley. Me voy a explicar. Nos sorprende esta proposición no de ley en este momento y con este amplio contenido sobre un tema, señora Salom, en el que coincidimos con ustedes.
Es de vital importancia para el bienestar y el desarrollo de la sociedad española la protección y el apoyo a las familias. Pero quizá no todo son declaraciones. Nosotros estamos a favor de las familias y, por supuesto, estoy segura de que todos los grupos de esta Cámara están a favor de las familias, pero, en todo caso, permítame señalar que el listado largo, larguísimo, de medidas que presentan para que formen parte de un nuevo plan integral de apoyo a la familia darían para desarrollar, señora Pigem, un número importante de nuevas leyes y para acordar con las comunidades autónomas numerosos aspectos que son de su estricta competencia -y luego lo explicaré-. Si SS.SS. son un poco perspicaces, podrán comprobar que el Grupo Popular elige el cuarto año de legislatura para presentar una iniciativa de tales características y amplitud que saben de antemano -lo decía la señora Pigem- que no podrá ser tenida en cuenta en toda su magnitud. Por tanto, por responsabilidad, nuestro grupo no puede aceptarla en estos términos, porque buena parte de nuestras propuestas o de sus propuestas están ya reguladas por leyes recientemente aprobadas en este Parlamento, cumpliendo así con los compromisos del presidente Zapatero en su discurso de investidura respecto a la necesaria protección durante este mandato a las situaciones de dependencia que asfixian al conjunto de las familias y al conjunto de las mujeres y, sobre todo, a la igualdad entre mujeres y hombres, porque el modelo de familia que se desprende del texto y de su intervención, señora Salom, está superado por transformaciones importantes que dan lugar a nuevos modelos de familia con nuevas necesidades que hay que contemplar.
Mencionan los años setenta, cuando la mujer estaba mayoritariamente en casa cuidando de los hijos y el marido trabajaba fuera del hogar y aportaba el salario; mujer reproductora, marido productivo. No quiero pensar que es por eso por lo que plantean ambos grupos extender la paga de 100 euros a las mujeres no trabajadoras para incentivar su papel tradicional en el hogar y que sigan estando en casa. Podemos adoptar otro tipo de medidas, pero yo diría que, en todo caso, esta no es la más acertada.
Tengan la seguridad de que compartimos parte de los objetivos con ustedes, señora Salom, sin duda, faltaría más, queremos mayores ventajas para las familias españolas. En eso coincidimos y por eso es una prioridad del Gobierno y de mi grupo seguir avanzando ininterrumpidamente en políticas de apoyo que generen confianza y sean un estímulo positivo. No estamos en los niveles de cobertura en protección social a la familia que desearíamos, pero si tenemos en cuenta el punto de partida vemos que es mucho el camino recorrido, aunque es necesario aún otro periodo para llegar a niveles más altos y coincidentes con los países europeos más avanzados. Señora Salom, afortunadamente, durante estos años el Gobierno ha presentado y esta Cámara ha ido aprobando
medidas de gran calibre, no siempre con su voto, hay que decirlo, orientadas a facilitar el mejor bienestar de las familias en su situación actual. Nosotros tenemos hoy en nuestro haber y pensando solo en los ciudadanos y ciudadanas, por tanto en la familia, leyes aprobadas de gran impacto social que hacen diana en las necesidades de las familias, y pongo por ejemplo la Ley de igualdad entre hombres y mujeres, la Ley de la autonomía personal y atención a la dependencia, el Plan Concilia, la mejora en la fiscalidad con la nueva Ley del IRPF, la creación de centros educativos de 0 a 3 años por las comunidades autónomas con ayudas del Estado -y les pongo un ejemplo, en Cataluña se han creado 30.000 nuevas plazas de guardería, así como en otras comunidades autónomas que tenían un déficit extraordinario arrastrado de los anteriores gobiernos- y la creación del Consejo y Observatorio de la familia que ustedes plantean y que ya está creado.
Sin querer remover, pregunto qué ha pasado durante los ocho años de su Gobierno, en un momento económico excelente, por cierto, para que sus presupuestos destinados a gasto social no hayan ido a facilitar a la familia la natalidad, la ayuda a sus personas mayores y discapacitados o a disponer de centros de educación infantil y que estemos situados, en lo que respecta a la familia, efectivamente, lejos de los países europeos.
Se asombran de que no estemos en el 2,5 por ciento del PIB a estas alturas. Su discurso relativo a la importancia de la familia no se corresponde con la timidez de sus acciones cuando tuvieron la oportunidad de hacerlas, y un ejemplo de ello es el Plan integral de apoyo a la familia 2001-2003, que no contó con memoria económica. Es por esto por lo que, con la voluntad de seguir avanzando y lograr un consenso satisfactorio, nosotros hemos presentado una enmienda. Nos hubiera gustado también que la hubiéramos podido votar todos. Por lo que hemos visto, ustedes la van a rechazar y no nos queda otro remedio que votar en contra. Porque si se trata de construir, hay que poder discernir entre lo realizado, lo que se está haciendo y lo que queremos hacer. Esto no lo hace su proposición no de ley. Negar la evidencia no es bueno para nadie.
Espero y deseo que podamos seguir trabajando en ello, aunque no en esta ocasión, porque todo esto redunda en el mejor bienestar de las familias.
Por tanto, espero que tengamos otra ocasión. Hoy por hoy vamos a rechazar esta enmienda.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Esteve.
Fijación de posiciones. Turno de cinco minutos. ¿Grupo Mixto? (Pausa.) Doña Olaia.
Tomamos la palabra para posicionarnos en relación con la propuesta que el Grupo Parlamentario Popular acaba de defender, decimos ya inicialmente que no vamos a apoyarla y trataremos de explicar las razones. Para el BNG existe efectivamente una necesidad importante de apoyo a las familias desde los puntos de vista político, social y también económico, pero las familias no son entes abstractos, sino que son un conjunto de personas que hay que considerar como tales. Por tanto, las ayudas, sobre todo en los casos en que estas personas o grupos de personas se encuentren en desventaja social, tienen que ir dirigidas de acuerdo con las condiciones de las mismas. Por eso, tal como se enfocan los puntos de los apartados 1 y 2, nos parece que quizá no serían los que deberían ser apoyados desde las administraciones públicas en tanto que simplemente suponen una definición de la familia en términos generales y no se refieren a la necesidad de apoyo de las administraciones públicas de acuerdo con las situaciones de desventaja social que puedan vivir las familias. No estamos de acuerdo en apoyar todos los puntos del apartado 3 porque hace muy poco tiempo hubo un debate sobre estos puntos, nosotros presentamos enmiendas y algunas fueron incorporadas a la Ley de Igualdad en transacción con otros grupos. No podemos decir que estemos total y absolutamente satisfechos con lo que se recoge en esa ley, pero entendemos que en la misma hay una serie de medidas que, junto con la Ley de Dependencia, a la que acaba de hacer referencia la portavoz del Grupo Socialista, inciden efectivamente si se llevan adelante no solamente en fomentar sino también aplicar políticas para la conciliación de la vida familiar y laboral. Estas políticas tienen que estar enmarcadas en ese tipo de leyes porque tienen que estar orientadas a que las administraciones públicas doten a los ciudadanos y ciudadanas de unos servicios que no tengan que ser sustituidos por una persona de esos grupos familiares, como es el caso de las mujeres, que siempre acaban siendo las que tienen que atender a las personas con dependencia, a los menores, etcétera.
Es importante, y en ese sentido vamos a hacer nuestro trabajo de seguimiento, que se desarrollen la Ley de Dependencia y la Ley de Igualdad en aquellos puntos que son novedosos en la cuestión de la conciliación familiar y laboral. Si estos puntos se llegan a desarrollar no ya como nosotros entendemos que deberían desarrollarse, sino como se recogen en las leyes a las que acabo de hacer referencia, avanzaríamos muchísimo en esa conciliación, pero sobre todo en el reconocimiento de que la conciliación de la vida laboral y familiar pasa también por la corresponsabilidad de todas las personas que forman el grupo familiar.
Por tanto, las ayudas a la familia derivadas de la Administración pública, de cualquiera de ellas -el Estado, las comunidades autónomas o los entes municipales-, tienen que estar orientadas no de una manera abstracta, sino de acuerdo a la realidad de cada grupo familiar, incluso de acuerdo a cada una de las personas que lo conforman. De ahí que no vayamos a apoyar esta propuesta que nos hace el Grupo Parlamentario Popular.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias tiene la palabra señor Mardones.
En todas las legislaturas mi grupo parlamentario ha intervenido en estos temas de apoyo a la familia mostrando siempre un inequívoco sentido de congruencia con este pensamiento positivo en relación con circunstancias sociológicas, económicas, jurídicas y en cualquiera de las áreas sociales en que pueda establecerse la línea de apoyo a la familia, y queremos seguir contribuyendo a su fomento. Por eso, fuera cual fuera el grupo político que hubiera presentado una iniciativa de apoyo a la familia, mi grupo parlamentario siempre ha secundado la misma y le hemos dado nuestro voto, que hoy tampoco le va a faltar. Esto lo decimos, en primer lugar, porque aunque se haga un catálogo de necesidades es evidente que hay que seguir contribuyendo a que la opinión pública vaya recibiendo unos mensajes de toma de conciencia de que es imprescindible que las ayudas a la familia en la legislación española tengan al menos el nivel, el alcance y la intensidad cualitativa y cuantitativa que tienen en otros países de la Unión Europea. En el caso de nuestro archipiélago canario, es evidente -y por eso también siempre hemos insistido en ello, bien con medidas estatales o autonómicas- que es necesario favorecer en aspectos económicos, legislativos y fiscales la unidad de la familia, sobre todo teniendo en cuenta lo que, lamentablemente, ocurre en nuestra comunidad autónoma, Canarias, que, según las últimas estadísticas publicadas por los organismos de información demoscópica, en España ocupa el primer puesto en cuanto a disminución de la tasa de natalidad -tenemos una natalidad muy baja-, tampoco va bien la cuestión del trabajo conjunto de ambos cónyuges y, al mismo tiempo -otro efecto negativo-, en cuanto a comportamientos matrimoniales de su población, ocupamos el primer lugar en número de divorcios y separaciones, así como, lamentablemente, de abortos. Debe de haber alguna crisis en el seno de la familia -por las razones que sean, de convivencia, jurídicas, fiscales, económicas, sociológicas, de comportamiento, etcétera- y, por tanto, es necesario que llegue este estímulo legislativo. Por estas razones, señor presidente, mi grupo parlamentario va a votar a favor de esta iniciativa del Grupo Popular, de acuerdo con el apoyo que siempre, venga de donde venga la iniciativa, hemos mantenido, porque es necesario, por los fenómenos colaterales que ocurren en el seno familiar, fundamentalmente de ruptura, que si lo que falla son cuestiones de apoyo a ese núcleo convivencial, afectado, como ya he dicho antes, por la baja tasa de natalidad -que tiene razones económicas, laborales o de cualquier otro orden-, contribuir a esta consolidación del apoyo a la familia. No tenemos por qué ser más, pero tampoco tenemos por qué ser menos respecto a cualquier postura progresista y contundente de cualquier Gobierno del entorno de la Unión Europea al que podamos compararnos.
Por estas razones que he expuesto, señor presidente, votaremos a favor de esta iniciativa, con las enmiendas que el grupo proponente entienda que debe incorporar, tal y como ya ha anunciado su portavoz respecto a la enmienda, que también apoyamos, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, señora García Suárez.
La señora GARCÍA SUÁREZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, mi grupo parlamentario anuncia al inicio de esta intervención que no va a dar apoyo a la proposición presentada por el Grupo Popular por diversos motivos que ahora explicaré, señora Salom. Aunque algunos de ellos han sido comentados por la diputada Esperança Esteve, yo también voy a hacer una pequeña referencia. En primer lugar, se ha dicho -y yo lo reafirmo- que, lógicamente, se comparten algunas de las cuestiones que se plantean en esta proposición. Se trata de planteamientos encaminados a que mejoren las condiciones no de la familia, señora Salom, sino de las diversas familias, a veces personas solas, mujeres u hombres, que conforman una familia y no porque se hayan separado, sino simplemente porque han decidido adoptar una criatura. Hablamos, pues, de diferentes tipologías de familia. Me ha dado un vuelco el corazón cuando he visto que ustedes, en su proposición, hablan de que en los años setenta -se ha dicho- España era el segundo país con mayor índice de fertilidad de toda Europa. Me he situado en un momento de oscurantismo total en nuestro país. Seguramente a usted y a su grupo les gustaría que volviésemos a la idea de esa familia que existía en nuestro país en los años setenta, pero, francamente, me va a permitir que le diga que si en aquellos momentos España tenía el mayor índice de fertilidad de toda Europa era precisamente porque estábamos a la cola de toda Europa, en primer lugar, en libertades y, en segundo lugar, en derechos, en prestaciones y, en definitiva, en todo tipo de regulaciones para asegurar un mínimo de condiciones de vida a las personas de nuestro país. Se ha ido usted muy lejos para defender esta proposición no de ley.
Ustedes plantean tres grandes apartados: medidas fiscales, medidas para la conciliación de la vida laboral y familiar y medidas de asistencia a personas dependientes, a las que hay que tener en cuenta. Le voy a proponer una cosa y también, si me lo permite, se lo propondré a Convergència i Unió. En cuanto a las medidas fiscales, su propuesta es contradictoria con lo que ustedes plantean. Por un lado, plantean que cada vez ha de haber más recursos, más prestaciones, más derechos y más servicios y, por otro lado, no nos dicen de
qué forma tenemos que financiar esos servicios, esos recursos y esas prestaciones. Es al contrario. Ustedes plantean de nuevo medidas desfiscalizadoras, que en definitiva suponen reducir aún más los ingresos y por tanto limitar más las políticas sociales directas. Y gracias a su política, a su planteamiento y en este caso a la reforma del IRPF que se ha hecho recientemente, la cual nosotros no hemos apoyado, pero ustedes sí y Convergència i Unió también, gracias a todo esto desde 1996 hasta 2003 -con ustedes- y ahora con esta última reforma hemos tenido una pérdida de 13.800 millones de euros anuales. Imagínese, señora Salom, cuantísimas cosas podríamos hacer con esa cantidad de recursos económicos. Y ustedes aún nos dicen que se hagan más propuestas desfiscalizadoras. Pues, mire, no. Si ustedes realmente quieren esto, lo que han de hacer es plantear un tipo de reforma del IRPF bien diferente, la que planteamos nosotros, y después, cuando lleguen los presupuestos, que pronto vamos a discutir, sean coherentes, por favor, con sus propuestas, pues a la hora de la verdad muchas de las cuestiones que ahora están planteando después no son prioridades en sus presupuestos, en sus propuestas.
En cuanto a las medidas de conciliación de la vida laboral y familiar, acabamos de aprobar una ley, y es verdad que ustedes se han abstenido, pero en todo caso esta ley no ha tenido tiempo ni tan siquiera de llegar a una mínima implantación en el Estado, ni en las comunidades autónomas, ni en ninguna parte. Por último, en cuanto a las medidas de soporte o asistencia a las personas dependientes, nosotros, aparte de la Ley de autonomía personal y para la dependencia, insistimos en una cuestión: queremos políticas sociales para toda la ciudadanía, para todas las personas, estén en la situación que estén, porque estas políticas sociales son las que acaban concretándose en las personas y estas tienen el tipo de familia que cada uno decide porque, por suerte, ya no estamos, señora Salom, en el año 1970; por suerte, en estos momentos todo el mundo decide cómo, de qué forma vive, de qué manera conforma su familia, en definitiva, de qué forma quiere llevar adelante su proyecto de vida.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora García Suárez.
Grupo vasco. Señor Olabarría.
La verdad es que, con toda amabilidad y respeto, discrepo de la portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra. Una cosa son los apoyos en abstracto a las personas, que es una cosa que está muy bien, una responsabilidad de los poderes públicos, y otra cosa son la políticas familiaristas. Yo creo que a estas alturas de la historia deberíamos saber distinguir entre ambos ámbitos de actuación institucional. Aquí estamos hablando de políticas familiaristas. Yo no tengo nada que reprochar a la iniciativa del Partido Popular. Es más, todo lo contrario, la voy a felicitar, cosa que no oirá, señor presidente, muchas veces en mi boca. Me parece que la proposición no de ley está muy bien configurada. La exposición de motivos detecta una de las disfunciones que ha sido reconocida incluso con mayor lucidez por la portavoz del Grupo Socialista: no ya la deficiencia o la insuficiencia de las políticas familiaristas en el Estado español, sino su absoluta carencia, su inexistencia absoluta. ¿Por qué? Porque desgraciadamente aquí hemos convivido muchos años, señor presidente, con una especie de estigma en relación a las políticas no familiaristas o de las familias, sino a las natalistas en concreto, a las que se catalogaba como políticas conservadoras. La propia noción de familia, aquí, en virtud de las reflexiones de algunos atorrantes y marcusianos trasnochados, también tenía esta impronta conservadora. Y nos hemos dado cuenta de que cuando nosotros pensábamos así en los países socialdemócratas más avanzados ya se estaban potenciando intensamente políticas natalistas y, simultáneamente, políticas de conciliación de la vida laboral y familiar.
Nos hemos dado cuenta cuando hemos visto que nuestro sistema de pensiones es insostenible dentro de 20 años, cuando nos jubilemos los hijos del baby boom y entren en el mercado de trabajo las familias que han tenido 0,8 hijos en términos estadísticos -nadie puede ser 0,8 por ciento de persona- ó 1,3, que es el porcentaje de reposición de la natalidad en la actualidad. Se habla de que los extranjeros pueden compensar esta disfunción; se dice que se van a jubilar cuatro personas y, simultáneamente, se van a incorporar al mercado de trabajo para financiar las pensiones de estas tres o cuatro, 1,3 ó 0,8 y que esto va a ser compensado con los extranjeros que vienen a trabajar al país. Pero tampoco se olvide que los extranjeros trabajan en la economía sumergida, en trabajos clandestinos, o cotizan por bases de cotización mínimas cuando los que nos vamos a jubilar en esa época vamos a cobrar las pensiones máximas, luego estamos con un problema de disfunción o de carencia de políticas fatalistas, que en este momento ha sido muy bien indicado por el Partido Popular ya que somos el país último en ayudas a los hijos en el ranking europeo y también el último país de Europa en destinar un porcentaje del producto interior bruto y de los presupuestos a la política familiar -el 0,5 por ciento frente al 2,2 de la media europea-. En la Unión Europea las ayudas directas destinadas al primer hijo nos triplican, o más que triplican, son 3,5 veces superiores a la media del Estado español, sin perjuicio de que haya sido indicado por doña Olaia Fernández que hay comunidades autónomas donde esta disfunción está siendo objeto de corrección. En relación al segundo hijo se multiplican por 4,2 las ayudas al primer hijo. En materia de conciliación de la vida laboral y familiar también hay disfunciones porque todo se endosa a la negociación colectiva laboral y lo
dimanante de ahí sabe Dios lo que puede ser, ya que son los sindicatos y las patronales los que lo van a decidir. Ni siquiera se indica que es en el contenido normativo de los convenios colectivos, puede ser en el contenido obligacional, lo cual no obliga a nada realmente lo que se estipule en materia de conciliación. En materia de hijos o de unidades familiares con hijos a cargo tampoco las previsiones de nuestro sistema de pensiones son las adecuadas y las que se ajustan al contenido esencial del artículo 41 de la Constitución española en materia de protección de situaciones de necesidad. Las medidas fiscales son manifiestamente insuficientes. Las medidas en relación con las familias numerosas son vergonzantes, puesto que son prácticamente inexistentes. Desde esa perspectiva, me cuesta mucho establecer reproches de naturaleza intelectual o conceptual a la proposición que nos presenta el Grupo Popular en este momento. Hay algunas cuestiones incluso muy innovadoras, cuestiones que son muy recientes en algunos de los países más avanzados en materia de políticas familiaristas. El promover a través de convenios colectivos una bolsa de horas para disponer para necesidades específicas familiares es una novedad conceptualmente muy avanzada. Y hay algunas otras, como priorizar los contratos, que las administraciones públicas contraten con aquellas empresas que realmente tengan configuradas políticas de atención a la familia adecuadas. Todo esto está muy bien. La única reserva intelectual que genera a mi grupo la iniciativa del Grupo Popular, correcta técnicamente en todos sus temas, es quizá su carácter unilateral. Señora Salom, si nosotros pudiéramos convertir su iniciativa, muy bien explicada y muy bien articulada, en una propuesta asumible por los demás grupos parlamentarios, porque no merece reproche intelectual alguno lo que usted ha dicho puesto que se ha referido a carencias muy notables, seguramente para nosotros sería mucho más fácil apoyarla. En todo caso, ya le comento que me parece que es una iniciativa que por fin pone de manifiesto una de las graves carencias de las políticas sectoriales en algo tan relevante como es la familia, en relación a la cual hay un mandato constitucional específico que ha sido sistemáticamente incumplido por todos los gobiernos, el actual, los anteriores y el anterior al anterior, y esto no puede ser permitido.
Grupo Parlamentario de Esquerra, señora Oliva.
La señora OLIVA I PEÑA: Gracias, presidente.
Aunque siempre se puede hacer más, no es cierta la afirmación de la exposición de motivos de la proposición no de ley presentada hoy por el Grupo Popular, según la cual no se ha hecho nada por la familia. Se han hecho avances para las familias monoparentales, para las numerosas, para las parejas de hecho, para los matrimonios entre personas del mismo sexo.
Es cierto que solo se trata de avances, es cierto también que no todas han sido iniciativas gubernamentales, muchas provienen de grupos parlamentarios como el que yo represento e incluso algunas provienen de la sociedad civil, pero al fin y al cabo se ha pensado en la familia. El problema es que la propuesta del Grupo Popular se refiere a modelos familiares muy particulares y, por tanto, de entrada esta propuesta es, como mínimo, sesgada.
Por otra parte, es cierto que la tasa de natalidad del Estado español es una de las más bajas de la Unión Europea, pero hay que contrastar datos cuando se hacen determinadas afirmaciones, ya que en los últimos años esta tasa está aumentando, sobre todo a partir de procesos como el reagrupamiento familiar de personas emigradas. ¿O acaso estos nacimientos no cuentan? Finalmente, y antes de pasar a las propuestas concretas, compartimos la necesidad de destinar más ayudas a las familias, pero, primero, respetando las competencias autonómicas y, segundo, dando apoyo a todas las propuestas que se refieren a todos y cada uno de los distintos modelos familiares. Las sociedades avanzan, los partidos tienen que acompañar y adaptarse a este avance y la propuesta que hoy nos hace el Grupo Popular creo que no va por esta senda.
Si analizamos detalladamente la propuesta, estamos de acuerdo en aumentar las aportaciones presupuestarias dirigidas a políticas familiares, pero déjeme que le recuerde que una parte importante de este tipo de medidas es competencia autonómica, con lo cual estaría bien que propusiesen esto mismo en los parlamentos autonómicos. Por otro lado, no entendemos cómo esto no se ha llevado a cabo durante sus años de mandato, con lo cual nos preguntamos ¿es que se acuerdan de las personas y de las políticas sociales ahora que estamos en la antesala de las elecciones generales? Esto en mi pueblo se llama demagogia. Tampoco entendemos cómo proponen un aumento de los gastos públicos si a la vez defienden a capa y espada la reducción de los impuestos. ¿Con qué piensan financiar este aumento presupuestario? Si no hallan respuesta es que otra vez se trata de una medida populista.
En segundo lugar, ¿qué función tendría el Observatorio de familias que proponen? ¿Tendrían cabida todos los modelos familiares o solo los que considerasen ustedes como aceptables? Estamos de acuerdo en aumentar las ayudas a las familias con tarifas especiales en transporte, suministros, etcétera. De hecho, en algunas comunidades autónomas, como en Cataluña, estas ayudas ya se están aplicando desde la Conselleria de d'Acció Social i Ciutadania, encabezadas por Esquerra. Propongan a la Cámara una iniciativa seria, razonable y consensuada con todos los grupos políticos, teniendo en cuenta sobre todo el respeto a las competencias de los gobiernos autonómicos, ya que estas medidas y ayudas que acabo de citar pertenecen al ámbito de la Generalitat de Catalunya. Pero no hagan esta propuesta en el marco de un cóctel de iniciativas dispares entre sí, algunas de ellas caducas porque ya han quedado desfasadas por leyes como la de Igualdad o la de la Dependencia. Por otra parte, no acabamos
de entender los límites de edad que proponen por lo que respecta a la condición de familia numerosa y por lo que respecta a las medidas de conciliación algunas de sus propuestas ya están contempladas en la Ley de Igualdad, a la que por cierto no dieron su apoyo. Algunas de esas propuestas de conciliación se han introducido en la Ley de Igualdad gracias al trabajo de Esquerra Republicana de Cataluña, como por ejemplo la posibilidad de convertir un contrato a tiempo completo en uno a tiempo parcial sin modificar las prestaciones sociojurídicas. Por tanto, estas propuestas en materia de conciliación nos parecen desfasadas, además de un sinsentido, ya que consideramos como mínimo paradójico que ahora propongan aquello a lo que tan solo hace unos meses se opusieron. Como ustedes, el independentismo catalán opina que hacen falta más políticas de conciliación y por eso animo al Grupo Parlamentario Popular a que pidamos juntos al Gobierno y al grupo mayoritario que se den prisa en la aplicación de la Ley de Igualdad y, sobre todo, en sacar adelante la Ley de Conciliación.
Finalmente, por lo que respeta a las propuestas fiscales, hay que tener en cuenta la actual reforma fiscal y, por otro lado, pedimos otra vez que se respete el Estatuto de Cataluña, según el cual a través del sistema de financiación catalán, que aún está por desarrollar, el 50 por ciento de los impuestos, como el IVA o el IRPF, están transferidos a la Generalitat de Catalunya y, por tanto, habrá que velar para que estas medidas, como las que hoy se proponen, no supongan una invasión competencial. Por lo que respecta a esta materia en su vertiente de la competencia estatal, mi grupo está dispuesto a debatir iniciativas similares siempre y cuando no sean propuestas electoralistas y demagogas como es, en este caso, la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
Cierto que tenemos que converger en las políticas europeas en materia de familia -en esto estoy de acuerdo con la señora Pigem-, pero no de la forma que propone hoy la derecha. Les pido, señorías del Grupo Parlamentario Popular, que muestren -si es que la tienen- su vertiente más social allí donde gobiernan y no como una faceta más de su estrategia de oposición, porque -déjenme que les diga- no son creíbles y porque con los derechos de las familias, de todas las familias y de todos sus miembros, no se hace electoralismo.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Oliva.
Entiendo que el Grupo Parlamentario Popular incorpora la enmienda de Convergència i Unió y rechaza el resto. (Pausa.) Así se hará.
Llamamos a votación. (Pausa.)
Por favor, ocupen sus escaños. Vamos a votar. Dos votaciones. En primer lugar, votación de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, relativa al reconocimiento de la singularidad del Couto Mixto como enclave histórico-cultural.
Se ha presentado una enmienda transaccional. ¿Algún grupo parlamentario se opone a su tramitación? (Pausa.) Si no es así, votamos la enmienda transaccional.
Votación de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la aprobación de un Plan integral de apoyo a la familia, a la que se incorpora la enmienda presentada por Convergència i Unió.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 301; a favor, 141; en contra, 159; abstenciones, una.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORA LASAGABASTER), SOBRE LA TRANSFERENCIA DE LA COMPETENCIA EN MATERIA DE POLÍTICA PENITENCIARIA A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO. (Número de expediente 173/000195.)
El señor PRESIDENTE: Punto III del orden del día: Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. Del Grupo Parlamentario Mixto, señora Lasagabaster, sobre la transferencia de la competencia en materia de política penitenciaria a la Comunidad Autónoma del País Vasco.
(Rumores.-El señor vicepresidente, Vilajoana Rovira, ocupa la Presidencia.)
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Señores diputados, vayan abandonando la sala u ocupando sus escaños porque tenemos a una diputada del Grupo Parlamentario Mixto, la señora Lasagabaster, que tiene intención de intervenir con un poco más de calma que la que tenemos en estos momentos.
Señorías, aunque es entendible que hoy haya rumores, que haya conversaciones, es lógico, sin embargo, el orden del día nos obliga a seguir. En este sentido, presento la moción que, como consecuencia de interpelación urgente, hemos querido transmitir para que...(Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Señora diputada, perdone un segundo. Señoras y señores diputados, está interviniendo una diputada que está intentando explicarles su planteamiento sobre una moción. Les ruego que abandonen la sala o bajen el nivel de sus conversaciones. Señora diputada, vamos a intentarlo otra vez.
La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Gracias, señor presidente.
Señalaba que como consecuencia de la interpelación urgente que fue objeto de debate con el ministro del Interior hace dos semanas, hemos planteado dos cuestiones que nos parecen básicas y, sobre todo, absolutamente importantes con relación a un tema sobre el que llevamos conversando muchos años pero que no terminamos de darle solución. Hablamos de una cuestión que no solo se refiere a competencias como títulos competenciales sin tener ningún contenido, hablamos de personas, hablamos de situaciones realmente difíciles en las que tienen que vivir personas que están privadas de libertad y sobre las que tiene un especial deber de custodia la Administración penitenciaria. Hablamos de la situación de los centros penitenciarios, en este caso de la Comunidad Autónoma vasca.
Saben, señorías, porque lo hemos dicho en multitud de ocasiones, que la competencia en materia penitenciaria, tanto en lo que se refiere a la ejecución de materia penitenciaria como a la organización, régimen y funcionamiento de esas instituciones, corresponde por ley, por el Estatuto de Gernika a las instituciones vascas. Es así de claro. Hay un título competencial que, por supuesto, no requiere ningún tipo de desarrollo, que, por supuesto, no requiere ningún tipo de condicionante y que, por supuesto, tiene habilitación legal sin ningún tipo de obstáculo para hacerlo efectivo. No se ha realizado esa transferencia durante 28 años sin que haya existido ninguna justificación o excusa, podríamos llamarlo, de ningún tipo. Exclusivamente la falta de voluntad política de los distintos gobiernos ha sido la única excusa que se ha puesto encima de la mesa para no realizar esa transferencia de competencia que, por otra parte, ya se ha realizado a la Comunidad Autónoma de Cataluña. Por tanto, primera consideración, hay título. Segunda consideración, no hay dificultades técnicas. Tercera consideración, no hay voluntad política para hacerlo. Pero esto no es que haya sido reclamado exclusivamente por parte del partido que en este momento -en este caso Eusko Alkartasuna- tiene la responsabilidad en materia de justicia en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Lo han reclamado otros partidos que en el pasado también han tenido la misma responsabilidad, llámese Partido Nacionalista Vasco, llámese incluso Partido Socialista de Euskadi. Es decir, hay unanimidad en el seno del Parlamento vasco en entender que no solo hay título, sino que hay realidad y necesidad de proceder a la transferencia. A lo largo de muchísimos años y recientemente, se ha realizado la solicitud de la convocatoria de la Comisión mixta de transferencias para intentar desbrozar las razones y el procedimiento para hacer esta transferencia.
Ninguna de las solicitudes realizadas por parte del Gobierno vasco ha tenido respuesta alguna, algo que no parece razonable. Y esto que podrían ustedes pensar que hace referencia exclusivamente a títulos competenciales sin ningún contenido, tiene un efecto práctico absolutamente negativo. El efecto práctico negativo es que en Euskadi hay tres centros penitenciarios con sobresaturación, donde se dan situaciones terriblemente penosas para los presos, para las personas que tienen que estar allí, lo que afecta, incluso, a su propia vida, ya que entre estas personas hay un índice de muerte tremendamente elevado, puesto que no tienen las condiciones suficientes para estar en un centro penitenciario.
Esto ha sido denunciado constantemente en los últimos años. Pero curiosamente, y a pesar de no tener la transferencia de esta competencia, quien realiza y quien paga, quien financia los servicios en estos centros, por tanto, los servicios sociales relativos a sanidad, a educación, a asistencia a menores y a otras muchas cuestiones, sin tener la competencia, es el Gobierno vasco. Hace dos semanas daba un dato que debiera llevar a la reflexión a los responsables del Gobierno. El Gobierno vasco destina a esta cuestión 4 millones de euros, y decía el Ministro: Hombre, de estos 4 millones de euros algunas competencias tienen, algunos deberes. Probablemente, pero el 80 por ciento, la gran mayoría es financiación de servicios que debiera pagar el Gobierno del Estado y que no paga. Nos encontramos en una situación en la que ni se transfiere la competencia ni tampoco se financia lo que se quiere hacer pero no se hace. Es decir, que el Gobierno vasco financia 4 millones de euros, pide una reunión, no se le atiende y no se le transfiere la competencia. ¿Qué es lo que ha tenido que hacer? Denunciar unilateralmente ese convenio que dura trece años porque no ha tenido respuesta a ninguna de las peticiones realizadas. En el debate del 16 de mayo, el ministro decía que por supuesto agradecía esa financiación al Gobierno vasco. La agradecía, pero ni siquiera establecía o formalizaba de forma clara una reunión; decía que estaba dispuesto, pero no hacía el único gesto que hay que hacer, que es convocar a la Comisión mixta de transferencias. El Gobierno vasco, por deferencia, por dignidad, por respeto a las personas que están en los centros penitenciarios, va a seguir manteniendo la financiación de esos servicios, porque si no lo hace el Gobierno vasco no lo va a hacer nadie, no habría sanidad, no habría educación y no habría tantos servicios que en estos momentos se están prestando. Pero sí nos parece razonable, sí nos parece obligatorio, diría yo casi obligación real, que se aprueben las dos consideraciones que pedimos. Primero, convocar la reunión de la Comisión mixta de transferencias, atender a esa solicitud del Gobierno vasco. Segundo, hasta que esta competencia se pueda transferir, estudiar y adoptar conjuntamente con el Gobierno vasco, que es quien está poniendo el dinero en la gran mayoría de las ocasiones, unas decisiones conjuntas en materias
que afectan no solamente a los temas referidos anteriormente, sino a un modelo de ejecución penitenciaria que debe servir para los importantes objetivos que tenemos: la reinserción, la reeducación y, por lo menos, la dignidad de las personas, porque aunque estén privadas de libertad, por supuesto deben tener la respetabilidad y la dignidad como cualquier persona.
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señora diputada.
En turno de fijación de posición, por un tiempo de cinco minutos, tiene la palabra la diputada doña Isaura Navarro por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias, señor presidente.
Quiero anunciar el apoyo a la moción y decir que después de la lectura de la interpelación y de la respuesta del ministro, son pocos los argumentos que se dan para rechazar esta propuesta. También hay que señalar que es bastante razonable que se reivindique una competencia que está recogida en el Estatuto del País Vasco, en el Estatuto de Gernika, que, además, está siendo financiada en parte por el Gobierno vasco a través de 4 millones de euros anuales. Por tanto, dadas las circunstancias que existen y sumando a ello el mal estado en el que se encuentran los centros penitenciarios, es evidente que la única conclusión posible debe ser la convocatoria de esta Comisión mixta de transferencias para abordar la competencia en materia de prisiones. Como decía al inicio de mi intervención, tras la lectura de las respuestas del ministro del Interior, entendemos que no existen argumentos más allá de: este Gobierno no quiere. Este Gobierno no querrá, pero a lo mejor debería hacerlo, porque los hechos son bastante claros al respecto. Esa debería ser la opción. Por tanto, considero que se debería votar favorablemente.
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señora Navarro.
Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) el diputado señor Olabarría, por un tiempo de cinco minutos, para fijar la posición de su grupo.
Señora Lasagabaster, vamos a apoyar en sus propios términos esta moción.
Nos parece muy pertinente porque, parafraseando, señor presidente, a Cánovas, ¡ay de aquel país que deba invocar el cumplimiento de la mera legalidad! Nosotros lo estamos haciendo hace mucho tiempo. Esta transferencia es una transferencia debida a la Comunidad Autónoma de Euskadi. Está prevista en dos preceptos, en el artículo 10, número 14, que estipula una competencia exclusiva en materia de infraestructuras penitenciarias, y en el artículo 12, que atribuye la competencia de ejecución de la política penitenciaria. Nosotros hemos sido particularmente insistentes en la reclamación de esta transferencia o en el desbloqueo de esta competencia, señor presidente, y la verdad es que las respuestas del Gobierno socialista no pueden ser más desalentadoras.
Siempre se han invocado razones de oportunidad, razones de conveniencia, razones metajurídicas en todo caso. Se nos ha llegado a decir en alguna Comisión que no se transfiere la competencia porque sencillamente no les da la gana. Si el nivel de debate y en nivel de cumplimiento de las normas que configuran el bloque de constitucionalidad se basa en la pura conveniencia política, algo grave está pasando en la articulación territorial del Estado y en el cumplimiento de los requerimientos de la legalidad a los cuales el Gobierno está tan obligado y tan compelido como cualquier otro ciudadano. Estamos rayando ya en el fraude constitucional con el incumplimiento reiterado de la transferencia de ciertos títulos competenciales, en la extensión de una especie de sentimiento de amortización de la fórmula estatutaria como fórmula de articulación de nuestras relaciones del Estado, y esto no es mantenible, sobre todo porque nuestras prisiones están en una situación de obsolescencia gravísima, señor presidente. Tenemos una prisión, la de Martutene, que tiene el poco honroso honor de tener el mayor índice de suicidios de todos los centros penitenciarios de la Europa de nuestro entorno socioeconómico. Esto no es mantenible, y no es mantenible por el abandono de la Administración Central del Estado a los centros penitenciarios radicados en Euskadi. Si el problema fuera -que no sabemos cuál es, porque siempre las razones son de pura conveniencia, enigmáticas, no concretadas jamás por la Administración Central del Estado para no transferir una competencia debida, porque es clara en el bloque de constitucionalidad- que hay un plan de amortización, equipamiento y reconstrucción o construcción de nuevos centros penitenciarios, asumiríamos ese plan con placer en sus propios términos. Se podría convenir con el Gobierno vasco la reconstrucción y amortización de los centros penitenciarios cuya situación es insostenible en la Comunidad Autónoma vasca, particularmente dos: el de Nanclares y el de Martutene, pero como no sabemos cuál es el problema porque ningún ministro del Interior de los que hemos conocido ha tenido la deferencia de decirnos qué arcanos o qué elementos telúricos impiden la transferencia de una competencia técnicamente sencilla de transferir, no nos queda más que seguir insistiendo y apoyar en este caso la moción presentada por la señora Lasagabaster y continuar pugnando por la transferencia y el cumplimiento de una norma que obliga tanto al Gobierno como a los demás grupos presentes en esta Cámara. Que haya que reclamar esto, señor presidente, a nosotros nos parece poco menos que vergonzoso.
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señor diputado.
En turno de fijación de posición, tiene la palabra el señor Cerdà del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya.
El señor CERDÀ ARGENT: Gracias, señor presidente.
Intervengo para fijar la posición de mi grupo que, evidentemente, votará a favor de la moción presentada por Eusko Alkartasuna y referida a la política penitenciaria en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Creemos que es un voto coherente con iniciativas presentadas por nuestro grupo también a favor de esta temática para Euskadi. Efectivamente, al final a lo que está instando la señora Lasagabaster es a cumplir con una ley orgánica, en este caso el Estatuto de Gernika. Ya es lamentable y penoso que tenga que venirse justamente aquí a decir que se aplique una ley aprobada. En todo caso, entendemos que si hay una ley aprobada y se reclama al Gobierno la voluntad de convocar esa Comisión mixta de transferencias, tantas veces cacareada y nunca aplicada, por personas de uno y otro banco, solicitando la aplicación del Estatuto de Gernika, también en estos términos se debe aplicar el Estatuto de Gernika. No es más que pedir al Gobierno que atienda una petición de diálogo que, por otra parte, nos parece más que razonable. Otras comunidades autónomas, como Cataluña, tienen esta política penitenciaria; ha funcionado antes y ahora perfectamente y mejora, en todo caso, la vida cotidiana de muchas familias. Además, en el caso de Euskadi esas tres prisiones -como han apuntado otros portavoces- tienen, como triste récord, unos índices de mortalidad verdaderamente elevados. Por tanto, la única finalidad que persigue esta propuesta es la de cumplir la ley, la de diálogo y apertura de negociación en el marco de la Comisión de transferencias. Viendo los datos que se dan en estas tres prisiones, esto solo justificaría, más allá de otras razones que evidentemente las hay, que el Gobierno vasco se hiciera cargo de estas prisiones para erradicar el alto número de muertes y suicidios que se producen en estas prisiones. Apoyaremos esta propuesta.
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señor Cerdà.
Para fijar posición, por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Guinart.
El señor GUINART SOLÁ: Gracias, presidente.
Convergència i Unió va a dar su apoyo a la moción consecuencia de interpelación del Grupo Mixto, como no podía ser de otra manera. En la misma línea del señor Cerdà, quiero manifestar la obligación de cumplir con la ley, en este caso el Estatuto de Gernika, que ya prevé la asunción por parte del Gobierno vasco de las competencias en materia penitenciaria, no solo por una cuestión legal, sino por una cuestión de racionalidad en la aplicación de las penas y su seguimiento, en tanto en cuanto las penas tienen su función de reinserción en la sociedad y esto solo puede ser posible si se aplica desde un gobierno próximo. En segundo lugar, reitero que hay una experiencia en el Estado español que es positiva, ya que desde 1992 se aplica la transferencia en materia de medidas penitenciarias, no solo las de prisión estrictamente, sino también las medidas alternativas que solo se pueden realizar desde la sensibilidad de un gobierno próximo. Por tanto, nuestra posición no puede ser otra que la de apoyar esta moción del Grupo Mixto y esperar que finalmente se cumpla con la prescripción legal. Se ha pedido en otras ocasiones, pero esperamos que esta vez sea la definitiva.
Por el Grupo Parlamentario Popular, para fijar posición, tiene la palabra la señora Sánchez-Camacho.
La señora SÁNCHEZ-CAMACHO PÉREZ: Muchas gracias, presidente.
Señoría, como dice el aforismo ars longa, vita brevis, nuestro grupo va a ser muy breve. En primer lugar, porque, como usted se refiere al Grupo Parlamentario Socialista y al Gobierno socialista, es sobradamente conocida su posición, también lo es la del Grupo Parlamentario Popular y cuando hemos estado en el Gobierno. Ciertamente, debo reconocerle, como dice en la moción, que tienen título competencial para solicitar esa transferencia, al igual que lo han hecho otras comunidades autónomas, como la comunidad de la que provengo, y debo decirle que la situación de la política penitenciaria en la Comunidad Autónoma de Cataluña desde luego no es ejemplar ni cuando ha sido gestionada por un Gobierno de Convergència i Unió ni ahora teniendo al frente al conseller Saura. Por tanto, permítame, señoría, que discrepe con usted en ese argumento, ya que no solo porque se transfieran esas competencias van a estar mejor gestionadas; se debe asumir la responsabilidad en la gestión y, desde luego, en Cataluña así no ha sido. Pero en lo que sí coincido con usted, señoría, es en la situación de las cárceles vascas; la situación de Martutene, de Nanclares y de Basauri ha sido denunciada hartamente por este grupo parlamentario y por mí, como portavoz, en todas las comisiones en relación con la política penitenciaria realizada por el Gobierno socialista. Nosotros hemos hecho las propuestas correspondientes en los Presupuestos Generales del Estado para mejorar esa situación, así como también denunciamos la situación del aumento de los suicidios en cárceles españolas, especialmente en la de Nanclares. Pero permítame decirle, señoría, que aunque esa situación debe mejorarse, desde luego la voluntad política del Grupo Parlamentario Popular no es apoyar esa política de transferencias a la Comunidad Autónoma del País Vasco. Ustedes, que solicitan el diálogo y que piden esa reunión y esa Comisión mixta que deba ser celebrada con el Gobierno y, en este caso, con el ministro Rubalcaba, no están dando el mayor de los ejemplos en tanto en cuanto ustedes han dejado sin efecto el convenio de colaboración de instituciones penitenciarias firmado desde hace trece años con el ministro
Belloch y lo han hecho de manera unipersonal. No creo que esa sea la manera, aunque el Gobierno vasco esté pagando esas políticas, de ofrecer diálogo al Gobierno y de querer solucionar la situación.
Muchas gracias, señoría, y le reitero que la brevedad desde luego es el ejemplo de que lo que ya está dicho no hace falta volver a repetirlo.
Para fijar posición, por parte del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Escudero.
La señora ESCUDERO SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario Socialista, respecto de la moción presentada por el Grupo Mixto, instando al Gobierno a acometer el traspaso de competencias en materia penitenciaria a la Comunidad Autónoma del País Vasco, tiene una posición conocida y expuesta en las numerosas ocasiones en que este asunto se ha venido debatiendo tanto en el Congreso como en el Senado. El ministro del Interior ya adelantó que el Gobierno no tiene previsto transferir las competencias penitenciarias a ninguna comunidad autónoma.
Señorías, quiero trasladarles que el Grupo Parlamentario Socialista y el Gobierno comparten la preocupación del Gobierno vasco y de la señora Lasagabaster sobre la situación del los centros penitenciarios del País Vasco. La Administración penitenciaria está desarrollando una modernización del sistema penitenciario en su conjunto, que está teniendo su reflejo no solo en la renovación de las instalaciones y en la aplicación de la legalidad, sino que va más allá, tratando de humanizar la atención, buscando el fin último de las penas privativas de libertad, que no es otro que la reinserción social de las personas reclusas. Desde que llegamos al Gobierno se ha hecho un gran trabajo para mejorar la situación del conjunto de las instituciones penitenciarias de todo el territorio del Estado y, como es lógico, también para las del País Vasco.
El Gobierno ha priorizado la política penitenciaria como un elemento clave en las políticas de seguridad, y lo está haciendo con compromiso y con rigor tanto en lo que se refiere a la función rehabilitadora que las penas privativas de libertad han de cumplir por mandato constitucional, como en relación con la disposición de recursos, tanto económicos como humanos, que son necesarios para atender adecuadamente a la población reclusa.
El Plan de Infraestructuras Penitenciarias 2006-2012 aprobado por el Gobierno pretende resolver la sobreocupación de los centros penitenciarios producida por las reformas penales de los últimos años, que nos va a proporcionar más celdas para el cumplimiento en régimen cerrado y también para el cumplimiento de las penas en régimen de semilibertad. Este plan va a permitir una renovación completa de las infraestructuras penitenciarias vascas y la construcción de tres centros de inserción social que van a remediar los problemas existentes y a permitir el cumplimiento de medidas alternativas al internamiento, como se está haciendo en el conjunto del territorio del Estado. Por concretar el estado en el que están, les recuerdo lo que dijo el ministro del Interior hace unos días en la interpelación que ha dado origen a esta moción: Se está redactando el proyecto para la prisión de Álava, que sustituirá a Nanclares; asimismo, está previsto en el Plan general de ordenación urbana un nuevo centro en San Sebastián, concretamente en el barrio de Zubieta, que permitirá la sustitución de Martutene, y se está gestionando la ubicación de los tres centros de inserción social previstos para el País Vasco. Todos estos nuevos equipamientos estarán disponibles en 2010. Asimismo, debo decirles que desde la llegada de este Gobierno se ha venido desarrollando un plan de amortización para los viejos centros, que está suponiendo un gran esfuerzo presupuestario y de gestión para poder mejorar las instalaciones mientras se construyan las nuevas. La Dirección General de Instituciones Penitenciarias está haciendo un gran esfuerzo en los centros penitenciarios vascos y usted lo sabe, señora Lasagabaster. La política penitenciaria que se está desarrollando en el País Vasco, al igual que en el conjunto de las cárceles españolas, busca la reinserción social de la población reclusa y para ello se realizan programas específicos de tratamiento, se incrementa el trabajo productivo en el interior de las prisiones y se busca la inserción laboral y social de la población reclusa.
Señora Lasagabaster, reconocemos el esfuerzo del Gobierno vasco en materia penitenciaria y, créame, se lo agradecemos tal como lo hacemos con otras comunidades autónomas que también colaboran con la política penitenciaria del Gobierno. Le recuerdo la voluntad de hablar del Gobierno expresada por el ministro Rubalcaba para seguir manteniendo esa colaboración necesaria y también en relación con la renovación del convenio de colaboración que hasta hace poco teníamos suscrito en materia penitenciaria. La política penitenciaria, señoría, requiere del esfuerzo de todos. Por eso le vuelvo a reiterar nuestro agradecimiento y espero que en adelante podamos seguir trabajando para mejorar la situación de las prisiones vascas. En ese compromiso siempre nos van a encontrar.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LAS MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA IMPEDIR EL REGRESO DE ETA A LAS INSTITUCIONES DEMOCRÁTICAS A TRAVÉS DE PARTIDOS MATERIALMENTE INSTRUMENTALIZADOS POR LA ORGANIZACIÓN ILEGAL BATASUNA. (Número de expediente 173/000196.)
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Pasamos al punto 5 del orden del día, moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para impedir el regreso de ETA a las instituciones democráticas a través de partidos materialmente instrumentalizados por la organización ilegal Batasuna.
Para la defensa de la moción consecuencia de interpelación urgente, interviene por un turno de siete minutos por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso el señor Santaella.
El señor SANTAELLA PORRAS: Señor presidente, señorías, subo a la tribuna para defender la moción que, como consecuencia de la interpelación urgente que se debatió en el último Pleno, defendió mi compañero Ignacio Astarloa que versa, como ha dicho el presidente al anunciarlo, sobre las medidas que pensaba adoptar el Gobierno para impedir el regreso de ETA a las instituciones democráticas.
La interpelación al Gobierno fue un aviso desde la tribuna y, como dice nuestro refranero español, el que avisa no es traidor pero, a nuestro modo de ver, fue un aviso estéril, un aviso inútil porque este Gobierno ya tenía adoptada una gravísima decisión, la vuelta de ETA y su entorno abertzale a las instituciones democráticas. No hay más que leer los titulares y los comentarios de la prensa en estos días: Batasuna ha regresado con fuerza a su feudo de ANV, de la Acción Nacionalista Vasca, y el PNV, entre otras cosas, ha retrocedido. Este es el titular y comentario de uno de los medios de comunicación más afines a ustedes, El País. Y todo esto para ver cómo se destaca de forma unánime que Batasuna toma fuerza en la mayoría de los municipios que controlaba en 1999, sobre todo en Guipúzcoa y en la parte norte de Navarra. Este es un hecho cantado. Cuando se le advertía al Gobierno desde esta tribuna en la interpelación pasada aún estábamos a tiempo de tomar medidas, el toro -se podría decir, con un símil taurino- aún estaba en el corral y ahora, gracias a la permisividad del Gobierno y en virtud de las 135 candidaturas que no fueron impugnadas por el fiscal general ni por los servicios jurídicos del Estado, el toro está en mitad de la plaza y está más fuerte, con más poder, con financiación. Fíjense ustedes en las declaraciones del señor Barrera, que ya es lo último, en el sentido de que se tenga en cuenta donde no se han presentado y se devuelvan las actas a aquellos concejales que han salido elegidos democráticamente porque ellos no se habían presentado y por la abstención y por los votos nulos se les tendrían que haber devuelto. Esto, señorías, es muy grave, en primer lugar porque el Gobierno era consciente de lo que se iba a producir y, en segundo lugar y más grave aún, porque se hacía, parece ser, en cumplimiento de unas supuestas negociaciones que aún desmiente el Gobierno pero que la realidad de los hechos apuntan como verosímiles y seguras. Si no, que se lo pregunten a Gara que ha publicado precisamente en la campaña una denuncia contra el PSOE donde los proetarras aseguran que los socialistas han incumplido acuerdos sellados el año pasado. El Partido Socialista de Euskadi y Herri Batasuna se reunieron, según Gara, en vísperas del debate sobre el estado de la Nación y formalizaron las negociaciones del proceso. Por eso pedimos que el presidente del Gobierno, y es una de las cuestiones de la moción, comparezca en esta Cámara y explique realmente la realidad, lo que se le viene exigiendo.
Hoy en la Mesa y en la Junta de Portavoces se ha planteado y se ha debatido la cuestión y ya he visto cómo el grupo de la mayoría se ha opuesto a esta comparecencia del presidente del Gobierno, que no es más que un ejercicio de democracia.
De todas formas, lo que sí es una realidad -y no lo pueden negar- es que Batasuna y su entorno abertzale han regresado a las instituciones democráticas bajo las siglas que les convenían en este momento, ANV; un partido histórico prácticamente inactivo y que ha logrado su objetivo de estar presente en las instituciones locales del País Vasco y Navarra. Con los resultados obtenidos se ha convertido en la tercera fuerza en número de ediles, se ha asegurado con ello una cuota de poder y además unos recursos económicos. Es tal la fuerza obtenida que serán los dos concejales de ANV quienes decidan quién va a gestionar el Ayuntamiento de Pamplona. Son ahora la bisagra que podrá decantar el poder a un lado o a otro en ese importante ayuntamiento. Me gustaría oír desde esta tribuna al portavoz del Partido Socialista, señor Blanco, decir, como ha dicho a los medios de comunicación, que eso será imposible. Me gustaría oírlo y me gustaría que se recogiera en el "Diario de Sesiones".
Y la otra realidad es que el Gobierno había decidido acabar con la unidad de los demócratas rompiendo el Pacto por las libertades y contra el terrorismo. Se había conseguido expulsar en el año 2003 y, sin embargo, en el 2004 el cambio de Gobierno ha tenido, entre otras consecuencias, un cambio de estrategia que ha ido desmontando pieza a pieza todos los elementos que habían llevado a la banda terrorista ETA a una situación de máxima debilidad. Siempre he dicho que no hay viento favorable para el que no sabe adónde va. Este Gobierno no sabe adónde va y precisamente ha metido a este país en lo que estamos ahora intentando arreglar porque el toro, señores, está en el corral.¡Para qué decirles de las actuaciones bochornosas del fiscal general, que ha dejado de ser general para ser particular y ha dejado de ser del Estado para ser del Gobierno! La actuación del fiscal particular del Gobierno ha sido una bochornosa actuación y no es que lo haya sido ahora, es que lo ha sido anteriormente. Las contradicciones continuas solo le han llevado a hacer un acto de contrición porque incluso llegó a pensar que no sabía, estaba pensándolo y lo reflexionó delante de los medios de comunicación, si se había pasado al impugnar las listas que había impugnado. Señoría, la moción como consecuencia de interpelación incluye los dos puntos que al principio le he dicho: en primer lugar, la solicitud de ilegalización de Acción Nacionalista Vasca y, en segundo lugar, porque creo que es necesario, la comparecencia del presidente del Gobierno ante la Cámara para que dé
explicaciones de todo este proceso que todos los españoles mayoritariamente estamos soportando.
En turno de fijación de posición por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la señora Lasagabaster.
Como las señorías del Partido Popular podrán perfectamente saber, votaremos en contra y lo haremos por una reflexión que hemos hecho en muchísimas ocasiones en esta Cámara, y es que la Ley de Partidos Políticos es un instrumento que no se corresponde con un Estado de derecho, que no responde a un mínimo jurídico y político y que realmente lo único que ha producido es numerosas distorsiones en la normalidad democrática de un sistema electoral y de un Estado de derecho. Los cinco años de aplicación de la Ley de Partidos Políticos ha supuesto una distorsión tremenda en la división de poderes, tanto del Poder Ejecutivo, como del Legislativo, como del Judicial; ha supuesto la invasión del Poder Judicial en determinados elementos de otros poderes, que no tenía que haberse realizado; ha supuesto una distorsión en las elecciones, en la normalidad y en los derechos de representación y de presentación de los ciudadanos, muchos de los cuales no tienen ninguna condena ni ningún elemento que les impida ser electores y electos, porque sus derechos de ciudadano no se les han inhabilitado por ningún procedimiento judicial y, en cambio, a través de la Ley de Partidos Políticos se está produciendo la imposición de una pena. Esta es una ley que ha generado distorsión en todo el panorama político. El problema es que no se sabe cómo salir de esta mala ley y, aunque todos reconocen que realmente hay un tema pendiente, que es cómo subsanar estos cinco años de Ley de Partidos Políticos, no se sabe cómo hacerlo.
En otros casos, también hay otro sector, el Partido Popular, que considera que puede venirle bien esta Ley de Partidos Políticos, que se puede utilizar como un chicle que se estira y encoge en función de a quién, cómo y cuándo queremos ilegalizar. En algunos casos, como en esta ocasión, también se ha utilizado para determinar en qué pueblo, en qué municipio, nos viene bien que haya una u otra lista. Parece que todo está hecho con unos cálculos que no responden a los principios jurídicos de un sistema democrático, que no responden a los principios políticos de los derechos que todos los ciudadanos deben tener, salvo que se les inhabilite por un proceso con sus garantías -cosa que no se ha hecho-, en definitiva, salvo que realmente se elabore y se establezca la aplicación de una ley con las normas y garantías que debe tener en un Estado de derecho democrático. Esto es algo que no se está produciendo, que distorsiona la vida electoral y política, tal y como vemos elección tras elección, y es algo que está siendo bastante utilizado por los grupos mayoritarios, unos para hacer agit prop y campaña publicitaria, y otros para determinados repartos electorales en función de admisión o no admisión de determinadas listas. Nosotros creemos, señorías del Partido Popular, que si ha habido campaña publicitaria para ANV ha sido la suya.
No hay partido con dinero suficiente para haber pagado una campaña publicitaria como la que ustedes le han hecho a la gente de ANV; ustedes tendrán la responsabilidad. Y sobre la ley que se estira y se encoge, sobre ese chicle, también tendrán que pensar el Gobierno y el Partido Socialista si realmente así se puede aplicar una ley o si es correcta una ley que se aplica de esa manera. Aquí lo dejo, porque esta es una reflexión que tarde o temprano vamos a tener que hacernos y tarde o temprano también vamos a tener que subsanar una distorsión por el hecho de aprobar una ley que nunca tuvo que haberse aprobado.
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señora Lasagabaster.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor de Llamazares en su turno de fijación de posición.
Señores del Partido Popular, tenía la impresión de que este tipo de iniciativas se iban a terminar con la campaña electoral. Han sido repetidas a lo largo de toda la campaña, pero parece que no es suficiente y que vamos a seguir con la misma matraca de aquí a las próximas elecciones generales. Ustedes verán, pero desde luego nosotros no vamos a colaborar en la manipulación de la política antiterrorista como política de parte, como política de partido, y vamos a seguir defendiendo que esta materia debe ser objeto de consenso y de acuerdo entre las fuerzas políticas democráticas y no manipulada por una fuerza política en concreto, que piense que puede beneficiarle desde el punto de vista electoral. La metáfora del toreo no me parece la más adecuada para esta materia, en nuestra opinión importante, y si acaso, las carreras y los tropezones tendrían más que ver con esta materia desde el punto de vista metafórico que la suerte o el arte del toreo.
Nosotros no vamos a votar a favor de esta iniciativa, porque nos plantea dos cuestiones que parten de un error: el error en la interpretación de la Ley de Partidos, que no compartimos, pero que sí interpretamos en su espíritu y en su letra y, por otra parte, el error también en la interpretación del Reglamento de la Cámara. La Ley de Partidos no prevé que sea el Parlamento el que inicie el proceso de ilegalización de ninguna fuerza política, solamente contempla la posibilidad de iniciar el proceso de ilegalización a iniciativa del Gobierno o a iniciativa del fiscal general del Estado, no del Congreso de los Diputados. Si se confundieron en su momento en la
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elaboración de la ley, allá ustedes, pero este Parlamento no puede realizar lo que no le permite la ley.
Por otra parte, en relación con el Reglamento de la Cámara, señorías, el diario Gara no convoca al presidente del Gobierno a comparecer ante la Cámara. Desde luego, nosotros no vamos a respaldar que sea el diario Gara, que parece ser tiene toda la credibilidad para el Partido Popular, el que decida la convocatoria del presidente del Gobierno en relación con una u otra información de dicho diario. Tampoco compartimos su exposición de motivos. No es verdad, como han dicho ustedes a lo largo de este periodo, que ETA esté en las instituciones. ETA no está en las instituciones españolas, ETA es una organización terrorista ilegal y es perseguida por los jueces y por la policía en nuestro país, y existe suficiente marco legal para perseguir a la organización terrorista ETA y a sus colaboradores. Tampoco están en las instituciones los miembros de Batasuna. De hecho, ha sido un proceso judicial el que ha decidido, con el aval final del Tribunal Constitucional, que la organización nueva de Batasuna no esté en las instituciones, no haya sido legalizada. ¿Quién está en las instituciones? Como ustedes mismos han dicho, una organización histórica que en sus estatutos condena la violencia, tema a destacar, en nuestra opinión, de manera relevante, y en torno a esa organización histórica se ha articulado una serie de candidaturas que en este momento están presentes en las instituciones. Yo les preguntaría si no les hace reflexionar que esta serie de candidaturas haya tenido decenas de miles de votos y si ustedes pretenden ilegalizar no solamente formaciones políticas, sino también electores, miles de electores en democracia. Nosotros creemos que eso no está permitido en democracia. La democracia no limita los derechos activos y pasivos de los ciudadanos a la participación política, prevalece el derecho fundamental a la participación política y, por tanto, no compartimos con ustedes ni que ETA esté en las instituciones ni que Batasuna esté en las instituciones, porque no están. Quien está en las instituciones es una fuerza política respaldada por decenas de miles de votos, que, entre otras características, en nuestra opinión valorables para los demócratas, condena la violencia y esperamos que haga un ejercicio coherente de esa condena de la violencia. Esa es la posición de mi grupo parlamentario, que, como saben ustedes, es una posición que defiende una estrategia unitaria frente al terrorismo, una estrategia de todas las fuerzas políticas democráticas defendiendo al Poder Judicial y a los servicios de policía, pero una estrategia política frente a aquellos que discrepan de nosotros en relación con la política. No estamos de acuerdo con la estrategia de George Bush, cada vez más extendida en nuestro país, de que para luchar contra el terrorismo vale todo, incluso limitar los derechos y las libertades de las fuerzas políticas.
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señor Llamazares.
Tiene ahora la palabra para fijar posición por el Grupo Parlamentario Vasco el señor Esteban.
Es conocida, por reiterada, nuestra posición contra la Ley de Partidos.
Una y otra vez se han sucedido las iniciativas en torno a esta legislación por parte del Grupo Popular en esta Cámara y una y otra vez hemos expresado nuestro rechazo a la misma, y hoy van a permitirme que deje ya a un lado los razonamientos jurídicos, que están explicitados por activa y por pasiva y que todos conocemos. La posición del Partido Nacionalista Vasco es que la autodenominada izquierda abertzale se presente donde quiera, que todo el mundo tenga facilidad para presentar sus candidaturas, que todo el mundo sea legal y que todos podamos medir nuestras fuerzas ante la sociedad. Tenemos muchas dudas, además de las jurídicas con respecto a la ley, sobre la aplicación que se ha hecho y desde luego el fiscal general del Estado no ayudó a aclararlas con aquellas manifestaciones que hizo cuando dijo que igual nos hemos pasado en la aplicación de la impugnación de las candidaturas. Eso no demuestra ninguna seguridad jurídica que pueda aportar la ley y no demuestra tampoco ninguna seguridad jurídica el baile de candidaturas aceptadas y no aceptadas como legales, que han llegado en algunos casos a lo más curioso, y voy a citar el ejemplo de un municipio porque se han podido presentar y han sido derrotados por amplisima mayoría. Nos hemos encontrado en algún ayuntamiento con que el candidato de siempre de las candidaturas de Herri Batasuna, Batasuna, Euskal Herritarrok y sucesoras seguía siéndolo también como cabeza de ANV en el municipio, pero, como al estilo venezolano, tenía tres nombres, alguien ha pensado que el tercer nombre era el primer apellido, ha debido interpretar que era una persona diferente -queremos suponer que es así- y han dado legalidad a su candidatura, lo cual nos parece correctísimo. Pero cosas de esas no solo las ha habido en un ayuntamiento, sino en más de uno y sorprenden en algunas de las candidaturas, si es que el criterio del Gobierno era el que manifestó en su momento.
Es evidente también que en las candidaturas de ANV se ha cuidado en qué lugar se presentaban los nombres en las listas. Ha habido lugares en los que la izquierda abertzale tradicionalmente cosecha unos resultados pésimos, deplorables, y en los que no han tenido ningún empacho, por utilizar una terminología que no es de mi gusto pero que sí es de uso, en hacer listas contaminadas, sabiendo que estas iban a estar prohibidas y, por tanto, no iban a tener que medirse al final electoralmente al resto de los partidos y, sin embargo, en aquellos lugares considerados feudos tradicionales o que normalmente tienen buenos resultados han cuidado muy mucho los nombres que componían esas listas. Es evidente también que de esta manera se da una imagen de lo que representa y de lo que es ANV muy diferente a la realidad. Batasuna también, hay que decirlo claramente, ha fagocitado a
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Acción Nacionalista Vasca. Yo pregunto qué pensarían de estas turbas hombres fundadores de Acción Nacionalista Vasca como Anacleto Ortueta, un hombre de misa diaria, Luis Urrengoetxea, o el comandante Goitia, el más importante de los comandantes de los batallones de gudaris de ANV en la guerra civil, que en nombre de ANV han estado acosando por medios violentos a los candidatos de otras formaciones electorales en Euskadi.
Desde luego, nosotros no reconocemos en lo que ha sucedido a la ANV tradicional.
Dicho esto, insisto una vez más en lo de siempre, Esto será un problema de ANV y en lo que han acabado esas siglas históricas. Lo que es absolutamente necesario es derrotar democráticamente, en las urnas, a lo que pueda representar una concepción violenta de la política desde el punto de vista ideológico. Y para derrotar políticamente es necesario que esa fuerza política se pueda presentar en todo el territorio, porque de esa manera no se podrá especular acerca de los votos que se hubieran podido o no tener y de los votos nulos que le puedan o no corresponder y porque tampoco podría utilizar esa fuerza política el victimismo como arma electoral en la campaña, haciéndose el agredido en vez del agresor.
En este sentido, los medios de comunicación -y lo decía algún portavoz que me ha precedido y también un partido político muy concreto de esta Cámara- han facilitado esa campaña de victimismo que ha utilizado la izquierda abertzale en estas últimas semanas y yo diría que meses.
En consecuencia, no vamos a apoyar esta moción. Creemos que la Ley de Partidos no es un instrumento adecuado, que debe facilitarse la presencia de todas las opciones políticas en las campañas electorales y, además, que la derrota de la violencia va a venir por esa posibilidad de presentación y por medirnos el resto de los partidos democráticos frente a ellos. De esa manera, y con el apoyo de otras medidas, estoy convencido de que va a disminuir el apoyo a la violencia, pero no por esa Ley de Partidos Políticos aplicada, además, como se aplica.
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Para fijar posición tiene la palabra por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana el señor Tardà.
Nuestro grupo parlamentario ha recibido en las últimas horas una convocatoria firmada por el presidente de esta Cámara, don Manuel Marín, convocándonos a un acto solemne para conmemorar el 30º aniversario de las primeras elecciones constituyentes del año 1977. Debo recordarles que en esas elecciones el republicanismo catalán fue ilegal y no pudo presentarse a las mismas, puesto que se consideró que no éramos susceptibles de ser sujeto de democracia. En cambio, los asesinos, los fascistas, los torturadores, todos los jerarcas del franquismo pudieron presentarse a las elecciones, todos. (Un señor diputado: Todos, no.) Es más, incluso fueron objeto de homenajes. Esto debe ser considerado y lo sacamos a colación no de forma casual. Ustedes no tienen ninguna credibilidad para instar a ilegalidades, es más, mientras ustedes tengan como presidente honorífico al señor Fraga Iribarne, cosa que no ocurriría en ningún partido democrático europeo, ningún partido democrático europeo se podría permitir el lujo de tener como presidente honorífico a un señor que formó parte de los gobiernos franquistas, que fue la persona que comandaba las fuerzas represoras en los asesinatos de Vitoria o que formaba parte de un Gobierno que firmó una pena de muerte, condenada internacionalmente, como fue la de Julián Grimau. Ustedes no tienen ninguna credibilidad, ustedes no pueden otorgarse patentes de democracia y además me remito a esta conmemoración que, al parecer, pretende obviar que fue un nacimiento francamente perverso en tanto en cuanto hubo opciones políticas que no pudieron presentarse.
Después de 30 años de democracia, a lo máximo que aspiran ustedes es a instar a una ilegalización. Es más, ustedes pretenden poner puertas al campo, y fíjense lo que consiguen; consiguen que una fuerza política obtenga 337 concejales, que de hecho con sus 94.718 votos se sitúa tan solo a dos concejales de la segunda fuerza política en Euskadi y en Navarra, que es el Partido Socialista de Euskadi; es más, en muchos ayuntamientos ha conseguido la mayoría absoluta. Todo esto a pesar de los intentos, desde el año 2003, de criminalizar al independentismo, sea cual sea la sigla con la que se presente. Nosotros les preguntamos: ¿Qué queda de todo esto? Después de diez años, porque fue en el año 1998, del cierre de Egin, después del cierre de Egunkaria en 2003 -por cierto, todavía pendiente de juicio-, ustedes durante años y años solamente se han dedicado a criminalizar el vasquismo y el independentismo vasco. Esta es su fuerza. De hecho, son ustedes precisamente los que -repito- no tienen ningún tipo de credibilidad para instar a ilegalidades, puesto que, tal como se ha dicho aquí, Acción Nacionalista Vasca, que es un partido muy hermanado con el nacionalismo catalán y con el republicanismo catalán, es un partido histórico y, además, condena de forma explícita la violencia.
Ustedes están empeñados, una vez más, en hacer imposible la resolución del mal llamado conflicto vasco, que nosotros siempre hemos dicho que solamente se podía resolver mediante el diálogo y atendiendo a tres ejes fundamentales: nada al margen de las instituciones vascas, nada al margen del Gobierno vasco y del Parlamento vasco, nada al margen de las instituciones de gobierno navarras, nada al margen de todo el independentismo -repito, de todo el independentismo-, y, por supuesto, instando al Gobierno español a que de una vez por todas encare el problema sin complejos y con toda la voluntad que requiere el momento histórico en que estamos inmersos.
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Debo recordarles, por ejemplo, que hay una gran diferencia con lo que está ocurriendo en Escocia estos días. La sociedad escocesa lo está debatiendo y posiblemente durante los próximos años podremos presenciar la convocatoria de un referéndum de autodeterminación en Escocia. Lo más sorprendente es ver cómo la sociedad inglesa es capaz de asumir sin ningún trauma que la decisión de los escoceses será respetada. Fíjense qué diferencia hay respecto a Euskadi, porque todavía hay diferencias entre Escocia y Euskadi, puesto que en Euskadi todavía hay que buscar y encontrar la paz; pero la gran diferencia no está entre Escocia y Euskadi, la gran diferencia está entre España e Inglaterra. Inglaterra es una demostración clara de una sociedad democrática y España todavía tiene muchos deberes por hacer, y sobre todo por culpa de ustedes, porque ustedes son francamente el lastre que arrastramos en esta democracia, porque son los herederos del franquismo; a las pruebas me remito y a la presencia de algunos diputados también. (Rumores.)
En turno de fijación de posición, por el Grupo Parlamentario Catalán tiene la palabra el señor Guinart.
El señor GUINART SOLÁ: Gracias, señor presidente.
Intervengo brevemente para fijar una vez más la posición de nuestro grupo en relación con una moción consecuencia de interpelación del Grupo Parlamentario Popular, que redunda de nuevo en la cuestión de la lucha antiterrorista como instrumento de su acción política; no tenemos nada que decir, pero en cualquier caso roza ya el aburrimiento. Mi grupo se mantiene en la misma línea política que en otras ocasiones, manifestando que la lucha antiterrorista debe desarrollarse con poco ruido, calladamente, en silencio, sin histrionismos, sin excesos teatrales, sin instrumentalizaciones políticas o partidistas, porque esta es la condición previa y básica para no llevarla a su fracaso. La lucha antiterrorista debe ser liderada por el Gobierno ahora, antes y en el futuro sin duda -esperemos que ese futuro no exista- y debe hacerse respetando la legalidad vigente, con la garantía añadida del Poder Judicial, que es el que debe interpretar o no la aplicación de esa la legalidad vigente, y respetando los mecanismos preestablecidos a partir de la acción gubernamental, del propio Gobierno, a la hora de tomar medidas, como la ilegalización de Acción Nacionalista Vasca, o bien a iniciativa de la Fiscalía General del Estado. Es el Gobierno y sólo él quien tiene la información suficiente y necesaria, a partir del trabajo y de las investigaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para poder valorar si hay base jurídica suficiente para instar o no la ilegalización de un partido político, en este caso de Acción Nacionalista Vasca, porque pretender hacerlo desde otras informaciones incompletas o interesadas puede llevar a una situación de desconfianza de la población en relación con el funcionamiento de los mecanismos del Estado. Por tanto, mi grupo sigue manteniendo la confianza en el Gobierno y en su presidente en esta lucha, pide discreción y la información confidencial que ha venido dando o debe seguir dando a los líderes de los grupos políticos, como condición sine qua non para poder avanzar en esta lucha antiterrorista, que esperamos que vea su fin y su resolución final en positivo, por descontado, en un periodo de tiempo corto. En consecuencia, votaremos en contra de esta moción.
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señor Guinart.
Para fijar su posición por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Muñoz.
Una vez más hemos oído en la tribuna del Congreso al portavoz del Grupo Parlamentario Popular que ha dedicado su tiempo a leernos el diario Gara, quizá por eso no han debido entender muy bien sus electores y ahí están sus resultados en Euskadi y en Navarra. Con su moción pretenden solicitar la ilegalización, desde un foro que no es el que corresponde, de un partido político y suspender todas sus actividades, a la vez que requerir la presencia en esta Cámara del presidente del Gobierno. Saben que eso no es posible reglamentariamente por medio de la figura que han utilizado ustedes. Recuerdan que fueron 266 las candidaturas presentadas inicialmente por Acción Nacionalista Vasca, 133 fueron impugnadas por el servicio jurídico del Estado y por la Fiscalía General del Estado. El Tribunal Supremo, en los autos de 4 y 5 de mayo de 2007, estimó las demandas que se presentaron por el servicio jurídico del Estado y por la Fiscalía General del Estado y esos autos fueron ratificados en su constitucionalidad por el Tribunal Constitucional el 10 de mayo de 2007, dando con ello la razón al Gobierno. El Grupo Popular es recurrente en este sentido y vuelve a hacer oposición con la lucha antiterrorista, cuando sabe que el Gobierno está tomando -las ha tomado- todas las iniciativas legales para impedir el regreso de ETA a las instituciones democráticas, iniciativas que han sido todas respaldadas por el Tribunal Supremo y por el Tribunal Constitucional. El Gobierno ha dicho, y también el ministro en la interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Popular, que si se producen nuevos indicios se podrá adoptar otra decisión. Recordemos que el Tribunal Constitucional en la sentencia de 10 de mayo afirmaba que la vía del artículo 12 de la Ley Orgánica de Partidos Políticos era la vía correcta para las pretensiones del servicio jurídico del Estado y la Fiscalía General del Estado.
Además, se dice en esta sentencia del Tribunal Constitucional que, no habiéndose alcanzado el punto en que la trama defraudatoria se confunda con la dirección formal del partido,
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la disolución de Acción Nacionalista Vasca podría haber resultado desproporcionada. ¿Sabe el Partido Popular esto? No quiere decir esto aquí porque está instalado en la demagogia, en la creación de la crispación, en la creación del enfrentamiento. El Gobierno seguirá vigilante como hasta ahora para denunciar las posibles actuaciones ilegales pero, como dice el Tribunal Constitucional, sin perjuicio de que la continuidad de un partido legal no se pueda poner en cuestión sin que se acredite suficientemente que concurren circunstancias bastantes para su disolución. Se utiliza el Congreso como altavoz en una estrategia de instrumentalización de la política antiterrorista, de la lucha partidista peor entendida por el Grupo Popular, formulando acusaciones cada vez más gruesas, no ya solo contra el Gobierno sino contra el resto de las instituciones fundamentales del Estado -contra el Poder Judicial, contra el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, contra la Fiscalía General del Estado-, creando el desánimo y el desaliento de la sociedad también hacia las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, porque con esto se erosiona la confianza ciudadana en todas las instituciones del Estado. Esa utilización de la política antiterrorista con fines partidistas lleva incluso hasta torcer los argumentos reglamentarios para traer aquí pretensiones que no cabe que se diluciden, como ha dicho el portavoz de Izquierda Unida, en un procedimiento como este, una moción consecuencia de interpelación. Sigan ustedes, señores del Grupo Popular, con su estrategia; sigan en la demagogia, en la crispación, en el enfrentamiento. Nosotros seguiremos aquí como la mayoría, como todas las fuerzas políticas que han intervenido, en la defensa del Estado de derecho.
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señor Muñoz, por su intervención.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA (ERC), SOBRE EL DESPLIEGUE DE LOS ARTÍCULOS DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE CATALUÑA DEDICADOS AL ÁMBITO LABORAL. (Número de expediente 173/000197.)
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Pasamos al siguiente punto del orden del día: Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre el despliegue de los artículos del Estatuto de Autonomía de Cataluña dedicados al ámbito laboral. Para la defensa de la moción consecuencia de esta interpelación urgente intervendrá en un turno de siete minutos el diputado de Esquerra Republicana señor Tardà. Tiene la palabra.
Fruto de la interpelación urgente que hace quince días presentó en el Pleno nuestro grupo parlamentario al ministro señor Caldera, Esquerra Republicana de Cataluña presenta una moción que tiene como objetivo el despliegue del Estatuto de Autonomía de Cataluña vigente en todo aquello que afecta al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en concreto a diversos puntos que van desde la inspección laboral hasta temas relacionados con políticas de inmigración y otros. Debo decirles que esta moción ha sido debatida, trabajada, pactada y acordada con el grupo mayoritario de la Cámara, por lo que, y aunque parezca que inicio la intervención por el final, celebramos que haya habido un acuerdo y que esta moción pueda ser aprobada en los términos que les hemos presentado.
Esto, de ser así en todos los ámbitos que competen al Estatuto de Autonomía vigente, nos llevaría a un escenario de cierta felicitación recíproca, al menos de todos los grupos parlamentarios catalanes, en tanto en cuanto significaría que es una realidad aquello que nosotros tenemos como inmediato, es decir el despliegue del Estatuto de Autonomía y además, como hemos dicho en varias ocasiones, por la banda alta. Esto requiere: escenario a), que no nos encontremos con el problema de los incidentes que puedan acaecer a raíz del pronunciamiento del Tribunal Constitucional y, escenario b), que no haya voluntad política por el Gobierno, es decir que este intentara un despliegue por la banda baja.
Este sería el modelo que deberíamos utilizar para otros ámbitos que requieren una actuación inmediata.
Esta moción tiene dos virtudes. En primer lugar, insta a que la comisión bilateral que se establece entre la Administración General del Estado y la Generalitat de Catalunya se reúna en el mes de junio; esto es fundamental. Para alcanzar el otro objetivo contenido en esta moción, es decir que la materialización del traspaso de las competencias sea efectiva en esta legislatura, es condición sine qua non que los trabajos sean inmediatos, más aún cuando, aunque la legislatura debe terminar en el mes de marzo del próximo año, no sabemos si se puede adelantar la disolución de las Cámaras. En tanto en cuanto esto es así, la aparición del mandato de que la aplicación del Estatut referido a aquellas competencias que deben ser transferidas se realice en esta legislatura y los trabajos se inicien en este mes de junio, es importante para llevar a buen puerto lo que contiene esta moción. ¿Qué contiene? En primer lugar, contiene el despliegue de lo mandatado en el artículo 170.2, en lo que se refiere a la transferencia de la competencia ejecutiva sobre la función inspectora, lo cual significa que deben traspasarse a la Administración de la Generalitat de Catalunya los cuerpos de funcionarios que llevan a cabo esa competencia. En segundo lugar, el artículo 138.2 confiere competencia ejecutiva a la Generalitat de Catalunya en todo aquello que se refiere a la autorización de trabajo para los ciudadanos extranjeros que residen en Cataluña. Ciertamente esta competencia entra en concurrencia con otra del Estado en materia de permisos de entrada al Estado español. Más allá de la problemática de cómo calcular y cómo hacer patentes los poderes autonómicos en la evaluación de los contingentes, es
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cierto que aquí tenemos que ir hacia una Administración funcional, moderna y eficaz. Esto es lo que dejamos no explícito, pero sí implícito, puesto que, más allá de desplegar el Estatuto, conviene tener muy claro que deben buscarse fórmulas adecuadas para llegar a esa Administración funcional. Estamos hablando de la ventanilla única. No tiene ningún sentido que los nuevos residentes tengan que pasar por distintos calvarios de carácter administrativo. Debemos dotarnos de una Administración funcional, y la Administración de la Generalitat de Catalunya ya ha demostrado en los últimos tiempos en esta legislatura hasta qué punto ha sido capaz de aportar su logística en favor de las políticas de inmigración. Esto ha sido reconocido por el ministro señor Caldera en diversas ocasiones. Entendemos que este punto es fundamental.
También introducimos tres cuestiones más relativas al artículo 153, en temas de políticas de empleo, y al artículo 142, relativo a las políticas de juventud y empleo, ya que la aprobada Ley orgánica de igualdad efectiva de mujeres y hombres tiene su transversalidad en el mundo del empleo. Esto debe hacerse realidad en el despliegue del Estatuto. En cuanto el artículo 142, que confiere competencias exclusivas a la Generalitat de Catalunya, también debe articularse el procedimiento, así como, finalmente, en todo aquello que atañe a las políticas activas de ocupación, ya que, como saben, estamos ante un verdadero agujero negro porque siempre ha habido una disfunción entre los criterios del Gobierno y los criterios de Esquerra Republicana, puesto que no se respeta lo mandatado y fallado por el Tribunal Constitucional. Sabemos que es un tema muy problemático pero un primer paso para ponernos de acuerdo sería el despliegue del artículo 170 relativo a las políticas activas de ocupación. En definitiva, son cinco puntos que alcanzan todo el negociado del ministro Caldera, y de hacerse realidad sería una buena señal de capacidad de entendimiento entre ustedes, el Grupo Parlamentario Socialista, y Esquerra Republicana de Catalunya.
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señor Tardà.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, para fijar su posición tiene la palabra el diputado señor Herrera.
El señor HERRERA TORRES: Muchas gracias, señor presidente. Señor Tardà, vamos a dar apoyo a su iniciativa porque la encontramos oportuna. De hecho, no solo es una iniciativa del Grupo de Esquerra Republicana, sino que, como sabe, son temas que se están discutiendo en la comisión bilateral e incluso en la comisión mixta de traspasos. Lo digo porque los puntos 1, 2 y 5 son materias que figuran en el documento de trabajo de la comisión mixta de transferencias. El punto 2, inmigración, se está negociando en la ponencia mixta. Sobre los puntos 1, inspección de trabajo, y 5, políticas activas, se ha solicitado el inicio de las negociaciones a través de la comisión bilateral. Por tanto, son elementos sobre los que se avanza. Por eso vamos a votar a favor y por eso entendemos que este texto puede suponer un acicate más, un instrumento más para que no nos declaremos insumisos legales. Dicho de otra manera, para que cumplamos con la ley, para que cumplamos con el Estatuto. Lo digo, señor Tardà, porque en estos días existen altos representantes del Estado que se han declarado insumisos legales. El Defensor del Pueblo, y SS.SS. lo saben, ha dicho que no va a cumplir con la ley. Aquellos que dicen defender la ley y el orden tendrían que pensar qué hacer con instituciones como la del Defensor del Pueblo que dicen que no van a cumplir la ley mientras haya un recurso ante el Constitucional. Es como si un preso no cumpliese la condena por el hecho de recurrir la sentencia. Hay que cumplir la ley; el Govern de la Generalitat tiene la obligación de desarrollar el Estatuto, que el Gobierno del Estado tiene la obligación de empezar a implementar, y todas las instituciones del Estado, Defensor del Pueblo incluído, tienen la obligación de cumplir lo que han aprobado estas Cortes y lo que ha aprobado también la ciudadanía en Cataluña en el último referéndum.
Quería destacar también que los elementos que usted incorpora, señor Tardà, ponen de manifiesto que hay elementos muy concretos, como la función pública de inspección, la autorización de trabajadores extranjeros, las políticas de género, las políticas de juventud o las políticas activas de ocupación en que el Estatut va a suponer un paso adelante que va a afectar a la vida cotidiana de la gente. Seguramente lo que nos falte son estos elementos concretos que afecten a la vida cotidiana de la gente, para que nos demos cuenta de la trascendencia que tiene un Estatuto que supone un paso adelante en multitud de materias, entre ellas las que usted ha citado. ¿Qué necesitamos para esto? Necesitamos -ahí seguramente coincidiremos- una buena voluntad del Gobierno del Estado para implementar lo que ya se ha aprobado en el Estatuto y lo que se ha pactado con el Estatuto. Por eso, en aquello que se ha venido discutiendo en la comisión mixta de transferencias y en la ponencia mixta, es bueno y positivo que el Congreso de los Diputados acompañe e inste a que estos elementos se incorporen.
Para terminar, señor Tardà, hay un elemento sobre el que le he trasladado personalmente que tenemos dudas, pero quiero mencionarlo así para que quede claro. Nosotros estamos de acuerdo con las comisiones interadministrativas, creyendo que es una forma de entenderlo, pero queremos que quede claro que el hecho de que exista una comisión interadministrativa no supone que el Estado, por ejemplo, tenga competencia en una materia, cuando esta evidentemente es competencia exclusiva, tal y como reconoce el artículo 142 del Estatut de Autonomía de Catalunya, como son los programas destinados a la juventud. Pensamos que hay diferentes aspectos colaterales que afectan, por ejemplo, a la política
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de juventud, y en este sentido podemos valorar esa coordinación interadministrativa, pero quiero dejar claro, para que conste en el "Diario de Sesiones", que no entendemos que el hecho de que se apruebe esta coordinación interadministrativa suponga una limitación a una competencia exclusiva, en este caso del Govern de la Generalitat, a partir del Estatuto aprobado -le pongo el ejemplo del artículo 142, pero podría poner otros-, donde queda muy claro que la competencia es exclusiva del Govern de la Generalitat. Por tanto, está bien que haya una relación, pero igual que hay competencias que tiene el Estado también hay competencias exclusivas que se reconocen en el Estatut que, en definitiva, las tiene que desarrollar el Govern de la Generalitat. Por todo ello, señor Tardà, vamos a votar favorablemente su moción, porque es un acicate más y lo valoramos positivamente. Vamos a cumplir con la ley, y lo que esperamos es que todos los grupos parlamentarios y todas las instituciones del Estado en los próximos días cumplan con la ley y no se declaren insumisos a la ley, como se ha declarado el Defensor del Pueblo y aquellos que aplauden declararse insumisos a la ley, como han hecho otros grupos parlamentarios.
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señor Herrera.
Señorías, señor Tardà, bienvenido al club del sí al Estatut de Autonomía.
Mi grupo se alegra de que esté por el desarrollo de aquella norma que lamentablemente su grupo no pudo apoyar hace escasos meses. Su moción de hoy indica y demuestra que tenemos un buen Estatuto de Autonomía en Cataluña, el que era posible con la correlación de fuerzas existente en estas Cortes Generales, cuyo despliegue le toca exigir al Gobierno de la Generalitat y en el que al Gobierno del Estado le toca no tener buena voluntad sino cumplir con ese pacto que supone el Estatut de Autonomía de Catalunya. Por tanto, bienvenidos al club del sí. En segundo lugar, esperamos que en esta materia seamos capaces de pasar de las musas al teatro. La máxima norma en Cataluña lleva unos cuantos meses en vigor, y es evidente que de momento el despliegue del Estatuto está por ver. Se han producido diversas reuniones de los órganos contemplados en el propio Estatuto, pero de momento no tenemos ninguna nueva competencia precisamente en aplicación de este nuevo Estatuto. Ojalá la voluntad que expresa esta comisión se pueda cumplir. En tercer lugar, señor Tardà, vamos a hacer un seguimiento del contenido de la moción, que por otro lado nos parece correcto, en lo que hace referencia a las funciones inspectoras. Usted sabe, porque hemos tenido ocasión de comentarlo, que aquello que mandata el Estatut es el conjunto de la Inspección de Trabajo y que, por tanto, la Generalitat debe ser exigente en procurar que el Estado no evite traspasar las funciones inspectoras en materia de Seguridad Social, porque precisamente la competencia del Estatuto se refiere a la Inspección de Trabajo en su totalidad. No sería razonable que hubiese una Inspección de Trabajo dependiente de la Generalitat y una Inspección de Trabajo dependiente del Estado. Es un tema importante.
De la misma manera nos gustaría que esta moción hubiese hecho una referencia en el último punto a lo que hoy está siendo el incumplimiento del Estado de las sentencias del Tribunal Constitucional en materia de formación continua. Hace unos meses el Gobierno aprobó un nuevo real decreto que regula el sistema de la formación continua, de la formación de los parados y de la formación de los activos, que continúa incumpliendo las sentencias del Tribunal Constitucional. Basándonos en el despliegue del Estatuto de Autonomía que ustedes mandatan en esta moción habrá que modificar ese real decreto. Quizás hubiera sido interesante incorporar un planteamiento sobre la necesidad de proceder a territorializar los recursos del 0,52 -próximo 0,7- para otros fines de interés social del IRPR, y que forman parte del paquete estatutario que podríamos vincular a las competencias del actual Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, sentido en el que me parece que iba su moción.
Lógicamente el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) va a apoyar cualquier demanda que se plantee desde cualquier grupo parlamentario para cumplir el Estatut en los términos que reza el propio Estatut, por tanto vamos a apoyar esta moción, como no podría ser de otra manera. Estaremos siempre al lado de quienes exigen el cumplimiento del Estatuto de Autonomía de Cataluña, pero vamos a ser exigentes en el seguimiento de los acuerdos que tomemos en esta Cámara. A estas alturas de la legislatura, con un horizonte relativamente cercano a su final, los valores que tienen las mociones que aprobamos en este Pleno son muy determinados, y en esta moción se insta a que esos acuerdos se alcancen antes del final de la legislatura. Ojalá sea así, pero también exigiremos responsabilidades si al final de esta legislatura este mandato parlamentario no se ha resuelto. En todo caso contarán con nuestro apoyo.
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señor Campuzano.
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tiene la palabra la señora Nadal.
Señorías, la moción que el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana somete hoy a debate y votación tiene un objetivo diáfano, claro; es una cosa que se tiene que reconocer a los independentistas. Ellos no ocultan, ni esconden, ni disfrazan cuáles son sus objetivos, y bien clarito nos lo dijo el señor Tardà. Vean, si no, el "Diario de Sesiones" que repito literalmente. Dijo: "Las reivindicaciones
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que planteamos: conquistar un marco nacional de relaciones laborales." Muy bien. Definido el objetivo y clarificado, el debate entre Esquerra Republicana y el ministro Caldera discurrió el plena sintonía; sintonía que fue convirtiéndose en síntesis, casi me atrevería a decir que se convirtió en una especie de simbiosis, de tal manera que el debate iba avanzando y al final ya no se sabía quién defendía más los planteamientos de Esquerra Republicana, si el señor Tardà o un ministro del Gobierno de la nación. Fíjense, se compromete el ministro sin que nada le diga el señor Tardà a que la transferencia se realice antes de que termine la legislatura, que se base en la bilateralidad, es decir en un trato de tú a tú entre el Estado y la Generalitat, y naturalmente y por si acaso que se haga antes de que tengamos sentencia del Tribunal Constitucional.
Señorías, el Grupo Popular no puede votar esta moción pero el Grupo Socialista no debería votarla, primero, porque, si es cierto -como se ha dicho que lo es- que la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña contempla un escenario competencial que supone que es necesario tomar decisiones de traspasos para que se pueda desarrollar el Estatuto, no es menos cierto que se han presentado ocho recursos de inconstitucionalidad.
En consecuencia, el mínimo sentido de Estado exige lealtad institucional, exige prudencia puesto que el Tribunal Constitucional es quien tiene la última palabra, es el último y superior intérprete de la Constitución y, como ustedes saben, no se ha pronunciado y de ahí las prisas de que se produzcan traspasos rápido, rápido. Señorías, deberá ser a partir del pronunciamiento del Tribunal Constitucional, y en los términos que diga el Tribunal Constitucional y no antes, cuando el desarrollo que propicie la reforma estatutaria pueda iniciarse.
No quería hacerlo pero haré una aclaración después de lo que se ha dicho esta tarde aquí. Se ha hablado de insumisión a la ley. Quiero aclararlo.
Lo que pretende Esquerra Republicana, y ahora se presta el Gobierno de la nación, puede tener una doble variable, a nuestro entender, o bien es irresponsable, pues con ello se pueden generar situaciones de conflicto con el Tribunal Constitucional que después de las elecciones generales tendrá que resolver un Gobierno del Partido Popular o todavía es peor, porque es perverso e impropio de un Gobierno democrático si lo que se pretende es crear situaciones irreversibles -como nos acaba de decir el señor Tardà-, puesto que eso es un pulso al Tribunal Constitucional y un auténtico fraude.
Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista tiene una gran ocasión esta tarde para garantizar que ustedes van a acatar la sentencia del Tribunal Constitucional, que la sentencia del Tribunal Constitucional va a ser respetada. El PP lo ha dicho, lo ha dicho el presidente de mi partido, lo hemos dicho en el Pleno y hoy lo vuelvo a reiterar. Aunque la solución que el Constitucional dé a las cuestiones que se han sometido a su consideración no nos satisfaga plenamente, nosotros las acataremos.
Demuestren, señorías, que están dispuestos a hacer lo mismo. Voten en contra de traspasos competenciales, del artículo 170, del traspaso de la inspección de trabajo porque -lo ha dicho Convergència i Unió- afecta no solo a inspección de trabajo, sino también a materia de Seguridad Social y porque tiene una segunda objeción de inconstitucionalidad. El Cuerpo Nacional de Inspección garantiza una cosa muy importante, garantiza la igualdad básica de las condiciones de trabajo de los españoles y garantiza la igualdad en el tratamiento ante la ley de los empresarios.
¿Qué les hemos hecho los catalanes, los trabajadores y los empresarios catalanes, para que nos quieran arrebatar las garantías que nos otorga la Constitución?
En este mismo sentido, me tengo que pronunciar respecto al traspaso de competencia ejecutiva en materia de autorización de trabajo a los extranjeros que tienen una relación laboral establecida en el ámbito territorial estrictamente catalán, porque esta es, evidentemente, una de las competencias ejecutivas en materia de inmigración. Me atrevo a decir más, más que una materia de inmigración estaríamos hablando de materia de extranjería y, por tanto, es un ámbito competencial que no puede ser de nadie más que del Estado.
Señorías, termino, no les haré una recomendación -no me atrevería- pero sí una constatación. El presidente del Gobierno ha perdido las elecciones municipales y autonómicas en un hecho insólito, nunca había pasado; tres años después de ganar unas elecciones generales el presidente del Gobierno pierde las elecciones municipales y autonómicas. Las ha perdido por las decisiones que ha tomado, porque ha tomado decisiones de apoyo que no comparten en su partido. Señorías, no apoyen a quienes quieren que el Estado deje de ser garantía de igualdad para todos los españoles.
Gracias, señor presidente; gracias, señorías. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Gracias, señora Nadal.
Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso tiene la palabra la señora diputada doña María Isabel López i Chamosa.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Gracias, señor presidente.
Señorías, nosotros, siendo totalmente coherente y creyendo firmemente en aquello que hacemos, porque lo hacemos bien y además lo hacemos de acuerdo con las normas establecidas, la Constitución, y respetando las leyes orgánicas, como el Estatuto de Autonomía de Cataluña, vamos a dar nuestro apoyo total y de convicción a esta moción porque es nada más y nada menos que dar cumplimiento a una ley orgánica y respetar y cumplir la Constitución que nos obliga a cumplir las leyes orgánicas. Eso es respetar la Constitución, cumplir las leyes orgánicas. Esto es lo que va a hacer el Grupo Parlamentario Socialista apoyando esta moción. Sin embargo, le voy a dar la siguiente contestación. En Cataluña, el 12 de enero de 2005 se firmó un acuerdo estratégico para la internalización, la calidad, la ocupación
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y la competitividad de la economía catalana. En su artículo 79, firmado por empresarios y trabajadores, dice: la transferencia del sistema de inspección de trabajo y Seguridad Social con los medios personales establece cómo ha de funcionar, concepción única integral del sistema de inspección de trabajo y Seguridad Social, actuación en todas las materias de su competencia e ingreso de los cuerpos y demás. Es decir, ya un acuerdo firmado por trabajadores y empresarios, anterior al Estatuto de Cataluña, reclamaba lo que hoy va a decir esta moción. Por lo tanto, señorías, claro que nosotros la apoyamos, porque hemos pactado esta moción conjuntamente, ha sido un trabajo conjunto y una colaboración entre dos grupos parlamentarios para hacer un buen trabajo. Esto es, señoría, la voluntad del Gobierno del Estado y la del Gobierno de la Generalitat para desarrollar el Estatuto de autonomía en todos sus términos, porque, repito, es cumplir la ley en una negociación abierta y flexible entre los dos gobiernos. Debe ser así, alcanzando la máxima competencia y autonomía que sea posible con el Estatuto que los ciudadanos de Cataluña y los del Estado representados aquí nos hemos dado. Eso es lo que vamos a votar hoy. La incoherencia del PP es que el Estatuto de Autonomía de Andalucía, votado en esta Cámara, tiene la misma competencia para la transferencia de la inspección de trabajo y Seguridad Social. La misma, señoría. Tienen el reflejo.
Cuando usted dice que el presidente del Gobierno se ha presentado -no se ha presentado a nada-, entiendo que todos ustedes se presenten solo en Valencia y en Madrid porque en otro lado, señorías, no los quieren ni en pintura (Varios señores diputados: ¡Muy bien!- Aplausos.). Cada uno se ha de conformar con lo suyo. Tienen más votos; muy bien, para ustedes, pero nosotros gobernaremos más, y eso va en beneficio ¿de quién? De los ciudadanos de este país. No se preocupen: seguirán ahí donde está usted sentada durante muchas legislaturas porque eso es lo que quieren los ciudadanos, y nosotros seguiremos desarrollando estatutos de autonomía, haciendo leyes sociales, haciendo que el ciudadano tenga más libertades individuales y más protección social y que cada día le sea más fácil su vida cotidiana.
No soy nacionalista ni independentista ni siquiera tengo la suerte -porque soy bastante torpe con los idiomas- de hablar en catalán, pero se lo digo en castellano: amo a Cataluña, amo a los ciudadanos de Cataluña y sé que este Estatuto significa velar por que esos ciudadanos vivan mejor, tengan mejor trabajo, mejores salarios y mejores condiciones de vida. Si vamos de la mano con un grupo independentista, con Convergència i Unió, con Esquerra Republicana o con Iniciativa lo hacemos con mucho orgullo porque es en beneficio de los ciudadanos de Cataluña, y ustedes quédense ahí donde están; ahí les quiero durantes muchas temporadas. (Aplausos.)
Esperaremos unos minutos para proceder a la votación de estas mociones.
El señor PRESIDENTE: Antes de proceder a la votación, por parte de la señora secretaria se procederá a la lectura de un texto respecto al Día internacional del Personal de Paz de las Naciones Unidas.
La señora SECRETARIA (Villalobos Talero): Propuesta de declaración institucional con motivo de la conmemoración del 29 de mayo, del Día internacional del Personal de Paz de las Naciones Unidas. Las operaciones de mantenimiento de la paz siguen estando entre los instrumentos principales de que disponen las Naciones Unidas en el cumplimiento de la responsabilidad que le impone la Carta de Naciones Unidas de mantener la paz y la seguridad internacional. Por ello, el Consejo de Seguridad autorizó en 1948 la primera operación de mantenimiento de la paz. Desde entonces, las operaciones de paz han ido evolucionando y ampliando sus objetivos iniciales. En la actualidad, muchas de las misiones incluyen, además de la función tradicional de mantenimiento de la paz, objetivos tales como el reestablecimiento del orden público, la protección de los derechos humanos, el fortalecimiento institucional y el desarrollo económico, para lo que es necesario contar cada vez más con personal cualificado. España es consciente de estas nuevas necesidades, las apoya e impulsa asimismo la participación de expertos que con su trabajo también contribuyen de forma encomiable a la consideración de la paz y la seguridad.
Con motivo de la celebración del 29 de mayo, del Día internacional del Personal de Paz de las Naciones Unidas, España se une al reconocimiento y tributo que merecen los hombres y mujeres que han servido, y los que continúan haciéndolo, en operaciones de paz por su gran profesionalidad, dedicación y entrega. Nuestro más profundo agradecimiento se dirige a aquellos que perdieron su vida en servicio de la paz. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: ¿Se aprueba? (Asentimiento.) Muchas gracias.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIONES.):
El señor PRESIDENTE: Pasamos a votar las mociones. Tres votaciones.
Primera, moción consecuencia
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de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, señora Lasagabaster, sobre la transferencia de las competencias en materia de política penitenciaria a la Comunidad Autónoma del País Vasco. Se vota en sus términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 30; en contra, 274; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Segunda votación. Moción del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para impedir el regreso de ETA a las instituciones democráticas a través de partidos materialmente instrumentalizados por la organización ilegal Batasuna. Se vota en sus términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 129; en contra, 176; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Tercera votación. Moción del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), sobre el despliegue de los artículos del Estatuto de Autonomía de Cataluña dedicados al ámbito laboral. Se vota en sus términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 175; en contra, 131.
Se suspende la sesión hasta mañana.