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Timestamp: 2017-07-20 14:30:39
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Matched Legal Cases: ['artículo 49', 'artículo 49', 'artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 1', 'artículo 43', 'artículo 3', 'artículo 43', 'artículo 1', 'artículo 18']

El TJUE declara que existe diferencia de trato entre los trabajadores con contrato indefinido y con contrato de interinidad, al no tener estos últimos derecho a percibir indemnización al finalizar el contrato.
comentario jurídico a la muy nombrada Sentencia del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea de 14 de septiembre de 2016 en el asunto C-596/14, relativa a la
diferencia existente entre los contratos indefinidos y los temporales,
concretamente los interinos, en lo que a indemnización por extinción
contractual se refiere.
se inicia a raíz de una demanda interpuesta por una trabajadora (Sra. de Diego
Porras) tras concatenar diferentes contratos de interinidad en el Ministerio de
Defensa español (la cuestión analizada por el TJUE proviene de España) desde el
año 2003 hasta el 30 de septiembre de 2012, fecha en la que finaliza su último
contrato de interinidad por incorporación de la persona a la que sustituía.
Diego interpuso demanda por despido improcedente ante el Juzgado de lo Social
nº 1 de Madrid, al entender que su contrato fue celebrado en fraude de ley (por
lo que su relación laboral era indefinida). Dicho Juzgado desestimó la demanda,
interponiendo posteriormente la actora el correspondiente Recurso de
Suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Este Tribunal
consideró que el contrato de interinidad cumplía todos los requisitos legales y
que la finalización del mismo fue también acorde a Derecho, al existir una
causa objetiva para ello.
obstante, el propio TSJ de Madrid, ante las dudas sobre la posible diferencia
de trato derivada de las indemnizaciones percibidas por finalización de
contratos indefinidos y temporales pudiese contraria a la Directiva 1999/70,
decidió elevar tres cuestiones prejudiciales ante el TJUE.
prejudiciales elevadas al TJUE
El TSJ de
Madrid elevó cuatro cuestiones prejudiciales que se pueden resumir en las
indemnización por finalización del contrato temporal se puede considerar
como una condición de trabajo de las indicadas en la cláusula 4, apartado
1, del Acuerdo Marco (Anexo de la Directiva 1999/70)?
respuesta a la anterior cuestión es afirmativa, ¿deben los trabajadores
con contrato temporal (se habla de toda la tipología de contratos
temporales) percibir a su terminación la misma indemnización que los
trabajadores sujetos a contrato indefinido extinguido por causas
objetivas?
respuesta a la segunda cuestión es también afirmativa, ¿ha de entenderse
que el artículo 49.1.c) del Estatuto de los Trabajadores ha traspuesto
adecuadamente la Directiva 1999/70 o es discriminatorio y contrario a la
dentro de los trabajadores con contrato de interinidad, ¿es discriminatoria
la distinción que el Estatuto de los Trabajadores establece entre las
condiciones de trabajo de estos trabajadores no solo frente a las
condiciones de los trabajadores indefinidos sino también respecto de las
de los demás trabajadores temporales?
Tribunal comienza respondiendo a la primera cuestión de forma positiva, al
entender que la indemnización por finalización de contrato es una de las
condiciones de trabajo a los efectos de la cláusula 4, apartado 1, del Acuerdo
Marco, ya que de no ser así se estaría reduciendo el ámbito de protección
de los trabajadores temporales frente a los indefinidos.
resuelta la cuestión anterior, se entran a analizar las siguientes cuestiones
Tribunal recuerda que el principio de no discriminación “exige que no se
traten de manera diferente situaciones comparables y que no se traten de manera
idéntica situaciones diferentes, a no ser que dicho trato esté objetivamente
justificado”. Una vez sentada la anterior premisa, el TJUE entra de lleno
al fondo del asunto y declara que efectivamente existe una diferencia de
trato entre los trabajadores con contrato indefinido y con contrato de
interinidad, al no tener estos últimos derecho a percibir indemnización alguna
sustenta en que las situaciones entre un trabajador fijo y temporal son
comparables, al menos en lo que al caso analizado se refiere, ya que en
definitiva la demandante tenía la misma formación y estaba realizando las
mismas actividades que la trabajadora sustituida en el Ministerio de Justicia.
Tampoco concurrirían a juicio del Tribunal razones objetivas para justificar
una diferencia en cuanto a la indemnización para los contratos indefinidos y temporales,
ya que “ni la naturaleza temporal de la relación laboral ni la inexistencia
de disposiciones en la normativa nacional relativas a la concesión de una
indemnización por finalización de un contrato de trabajo de interinidad pueden
constituir, por sí solas, tales razones objetivas”.
y aspectos críticos
El TJUE es
tajante al concluir que no existen razones objetivas que justifiquen que los
trabajadores con contrato de interinidad no tengan derecho a indemnización
alguna ante la finalización del contrato frente a los trabajadores indefinidos,
los cuales perciben una indemnización por 20 días de salario por año de
servicio en caso de despidos objetivos.
consecuencia, al no establecerse indemnización en caso de finalización de un
contrato de interinidad, estaría nuestro artículo 49.1c) del Estatuto de los
Trabajadores vulnerando la cláusula 4, apartado 1, del Acuerdo Marco.
controvertida sin duda, ya que deja varios aspectos abiertos y quizás
confunde dos situaciones jurídicas totalmente diferentes. Por un
lado, si bien es cierto que el supuesto analizado se circunscribe únicamente a
los contratos de interinidad y, de hecho, la situación de desigualdad que se
contempla es la relativa a la carencia de indemnización de este tipo de
contratos frente a los contratos indefinidos, en los fundamentos jurídicos
de la Sentencia se extiende esta situación de desigualdad a los contratos
temporales en general y la argumentación vertida podría ser perfectamente
aplicable al resto de tipologías de los contratos temporales. Pero es más,
la cuestión prejudicial segunda elevada por el TSJ de Madrid se extendía, no
sólo a los contratos de interinidad, sino también al resto de contratos
temporales. En consecuencia, sería sostenible defender que, en base a esta
Sentencia, la terminación contractual por finalización del periodo temporal de
vigencia pactado (o finalización de obra o servicio) del resto de contratos
temporales (i.e.: Eventuales, obra o servicio, formativos, etc), generaría una
indemnización igual a la de los despidos objetivos.
manera, parece que la Sentencia confunde dos situaciones jurídicas distintas,
esto es, la extinción de un contrato por finalización del plazo (u obra)
convenido (situación típica de finalización de los contratos temporales) y la
extinción por voluntad de una de las partes (el empresario) sin que exista
incumplimiento alguno por la otra parte (el trabajador), tal y como sucede con
los despidos objetivos. En el
primer caso estaríamos ante una extinción por cumplimiento por ambas partes de
la obligación (según prevé el artículo 1.156 del Código Civil), mientras que el
segundo se configura como una decisión unilateral del empresario basada, no en
un incumplimiento contractual, sino en causas ajenas a la voluntad del
empresario y trabajador.
precisamente esta diferencia en la causa de la terminación (así como en las
causas que originan la contratación temporal frente a la indefinida) la que
determinaría, a nuestro juicio y al contrario de lo que opina el TJUE, la
diferencia objetiva en las indemnizaciones entre los contratos temporales y los
contrato de interinidad,
El Pleno del Tribunal Constitucional avala en su práctica totalidad la nueva Ley del Sistema Nacional de Salud Dedicamos la entrada de hoy de Laboratorio Laboral a analizar sucintamente la Sentencia del Tribunal Constitucional en el Recurso de inconstitucionalidad núm. 4123-2012, interpuesto por el Parlamento de Navarra contra ciertos preceptos del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. Concretamente se impugnan los artículos 1. Uno y, por conexión, 1. Dos; 2.Dos, Tres y Cinco; 4. Doce, Trece y Catorce y disposiciones adicional tercera y transitoria primera del citado Real Decreto-Ley.
Motivos del Recurso de Inconstitucionalidad
Los motivos del Recurso son básicamente dos, aunque nos centraremos exclusivamente en el primero de ellos, esto es, la infracción de los artículos 86 y 43 de la Constitución Española, por cuanto el Real Decreto-Ley afectaría al derecho a la protección de la salud y con ello al principio del acceso universal a la sanidad.
Este motivo tiene como base dos limitaciones que la norma efectuaba. A saber:
a) La norma excluye de la asistencia sanitaria gratuita a los españoles residentes en España de 26 años o mayores de esa edad que no coticen a la Seguridad Social; las personas que viven de sus rentas; los profesionales liberales; los religiosos y los divorciados que no dependan de su cónyuge, siempre y cuando éstos no superen el límite reglamentario establecido en 100.000 Euros anuales de ingresos (artículo 3 de la Ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud modificada por el artículo 1 del Decreto-ley 16/2012)
b) Se excluye asimismo de la asistencia sanitaria gratuita a los inmigrantes que no tengan autorización de residencia.
Pues bien, centrándonos en el primer bloque, es decir, el relativo a la vulneración del artículo 43 y 86 de la Constitución, se preceptúa de forma general e introductoria que si bien es cierto que el derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria es universal, este derecho se debe configurar y concretar “de acuerdo con lo que dispone la ley, que debe regular las distintas condiciones y términos en los que se accede a las prestaciones y servicios sanitarios”.
De igual manera, se entiende por el Tribunal Constitucional que “el que los poderes públicos deban organizar las prestaciones y servicios necesarios para garantizar la protección de la salud, no significa que estas prestaciones hayan de ser necesariamente gratuitas para todos sus potenciales destinatarios. Será la legislación la que en cada momento determine el alcance y la graduación de esa gratuidad, así como de las bonificaciones económicas en las prestaciones sanitarias de acuerdo con las exigencias derivadas de las circunstancias cambiantes, respetando los límites constitucionales.”
En cuanto a la universalidad de la sanidad, se entiende que “en lo que significa como derecho de acceso y la correlativa obligación de los servicios sanitarios del SNS de atender a los usuarios que reclaman atención sanitaria, no puede, en suma, confundirse con un derecho a la gratuidad en las prestaciones y los servicios sanitarios.”
En consecuencia y, antes de entrar en el análisis de las dos concretas exclusiones anteriormente referenciadas (Españoles que no coticen y con ingresos superiores a 100.000 Euros e inmigrantes irregulares), se determina que la sanidad universal puede quedar regulada o limitada por la propia ley, sin que la universalidad signifique una gratuidad absoluta para todos los ciudadanos.
Exclusión de la asistencia sanitaria gratuita a los españoles residentes en España sin relación con la Seguridad Social y con ingresos superiores a 100.000 Euros
Como se ha indicado anteriormente, se excluyó de la cobertura sanitaria gratuita a ciertos españoles residentes en España en determinados supuestos, básicamente cuando no estuviesen cotizando a la Seguridad Social y sus ingresos anuales fuesen superiores a 100.000 Euros.
Ante dicha delimitación, el Tribunal Constitucional entiende que el artículo 3 de la Ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud es inconstitucional por violar el principio de reserva de ley. Ello es así porque dicha ley no fijaba un concreto límite de ingresos para excluir a españoles residentes del acceso a la sanidad gratuita, sino que se remitía a un futuro reglamento. Fue, por tanto, el reglamento el que delimitó ese límite de 100.000 Euros cuando lo tenía que haber fijado la propia Ley.
Esta remisión en blanco, como lo define el propio Tribunal, supone una vulneración del artículo 43.2 de la Constitución, entendiendo que “la norma remite totalmente al reglamento la concreción o la fijación cuantitativa del umbral económico hasta el que se garantiza la cobertura de la gratuidad o la bonificación de las prestaciones sanitarias, sin que se incluya ninguna regla que permita identificar quiénes podrían ostentar la condición de asegurados, lo que a su vez produce una insuficiencia manifiesta en el contenido mínimo exigible a la configuración legal del art. 43 CE”.
Exclusión de la asistencia sanitaria gratuita a los extranjeros sin autorización de residencia en España.
Otro de los colectivos excluidos de la sanidad gratuita eran los extranjeros en situación irregular, esto es, sin permiso de residencia, según lo recogido por el artículo 1. Uno del Real Decreto-ley 16/2012 que modifica la Ley Orgánica 4/2000.
El Tribunal Constitucional entiende que este precepto es constitucional, no vulnerando dicha exclusión ningún precepto de la Constitución. Ello es así porque el derecho de los extranjeros a beneficiarse de cobertura sanitaria gratuita puede ser limitado por las leyes y por lo tanto se puede fijar como requisito previo para el acceso al sistema el encontrarse en situar legal en España, tal y como antes se condicionaba dicho aspecto al estar empadronado.
Asimismo, entiende el Tribunal que dicho acceso gratuito no se limita en todo caso, sino que existen ciertas excepciones donde los extranjeros podrán recibir asistencia sanitaria gratuita: De urgencia por enfermedad grave o accidente, cualquiera que sea su causa, hasta la situación de alta médica; De asistencia al embarazo, parto y postparto; Menores de dieciocho años en las mismas condiciones que los españoles.
Concluye la Sentencia justificando estas restricciones por la preservación de bienes constitucionalmente protegidos como el mantenimiento del sistema sanitario público en momentos de dificultades económicas como el presente.
extranjeros situación irregular,
Real Decreto-ley 16/2012,
recurso de inconstitucionalidad,
sanidad gratuita,
El Tribunal Supremo prohíbe recabar el número de teléfono y correo electrónico personal de los trabajadores por medio de cláusulas contractuales tipo o genéricas
entrada de Laboratorio Laboral, haremos referencia a la Sentencia del Tribunal
Supremo de 21 de septiembre de 2015 (Recurso nº 259/2014), relativa a un Recurso de
Casación Ordinaria en el que se analiza la validez de las cláusulas
contractuales de los contratos de trabajo en las que se establece que el
empleado autoriza la aportación al empresario de sus datos de carácter personal
para futuras comunicaciones.
sentido, la empresa recurrente introducía en los contratos de trabajo, de forma
genérica y a modo de cláusula tipo, un redactado en el que el trabajador en
cuestión decía facilitar voluntariamente su número de teléfono y correo
electrónico personal para que la empresa pudiese efectuar comunicaciones en
materias relativas a la relación laboral.
Tribunal Supremo entiende que el derecho a la protección de datos de carácter
personal del artículo 18.4 de la Constitución Española consagra un derecho
fundamental, siendo así que la celebración de un contrato de trabajo no implica
la privación para el trabajador de derechos fundamentales, salvo que ello sea
estrictamente imprescindible para el logro de los legítimos intereses
De esta forma, la incorporación del teléfono
móvil y correo electrónico al contrato de trabajo no está exento del
consentimiento del trabajador, sin que para ello sea suficiente, en palabras
del propio Tribunal, “que en el contrato de trabajo se haga constar -como específica cláusula/tipo- que el trabajador presta su «voluntario» consentimiento a aportar los referidos datos personales y a que la
empresa los utilice en los
términos que el contrato relata”. Ello es así porque “el trabajador es la parte más débil del contrato y ha de excluirse la posibilidad
de que esa debilidad contractual pueda viciar su consentimiento a una previsión
negocial referida a un derecho fundamental, y que dadas las circunstancias -se
trata del momento de acceso a un bien escaso como es el empleo- bien puede
entenderse que el consentimiento sobre tal extremo no es por completo libre y
Por tanto, el Alto Tribunal declara la
nulidad de este tipo de cláusulas genéricas, desestima el Recurso de la empresa
y confirma la Sentencia de la Audiencia Nacional que se pronunciaba en el mismo