Source: https://www.consulta.tse.go.cr/actas/2015/81-2015-del-22-de-setiembre-de-2015.html
Timestamp: 2018-01-19 11:28:28
Document Index: 159097062

Matched Legal Cases: ['artículo 57', 'artículo 12', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 9', 'artículo 13', 'artículo 9', 'artículo 1', 'artículo 97']

TSE, Acta 81-2015
ACTA N.º 81-2015
Sesión ordinaria celebrada por el Tribunal Supremo de Elecciones a las diez horas del veintidós de setiembre de dos mil quince, con asistencia de los señores Magistrados Luis Antonio Sobrado González –quien preside–, Eugenia María Zamora Chavarría, Max Alberto Esquivel Faerron, Juan Antonio Casafont Odor y Luz de los Ángeles Retana Chinchilla.
A) Solicitud de traslado temporal de funcionaria a la Dirección General del Registro Civil. Del señor Luis Antonio Bolaños Bolaños, Director General del Registro Civil, se conoce en consulta resolución n.º DGRA-0176-2015 de las doce horas del siete de setiembre de dos mil quince, mediante la cual resuelve trasladar interinamente a la servidora Ivannia Romero Vindas, puesto n.° 76416, Asistente Administrativo 1, a la Dirección General del Registro Civil, a partir del 1 de octubre de 2015, a efecto de apoyar las labores del área legal de esa Dirección.
Se dispone: No ha lugar a lo solicitado, toda vez que el artículo 57 del Reglamento a la Ley de Salarios y Régimen de Méritos de este Tribunal dispone que "Las jefaturas no deben asignar o recargar funciones específicas a sus funcionarios que sean distintas a las del cargo que ocupan según se detallan en el Manual Descriptivo de Puestos.". A los efectos de evitar situaciones como las descritas, este órgano electoral en el artículo V de la sesión número 61-2011 del 28 de junio de 2011, hizo ver a todas las jefaturas la inconveniencia de asignar a los funcionarios de estos organismos electorales labores propias de otras dependencias. Al respecto indicó: "Instruir a las jefaturas institucionales sobre la inconveniencia de que a funcionarios de estos organismos electorales les sean asignadas funciones de otras dependencias que no les son propias, únicamente por el hecho de poseer algún grado académico relacionado con las funciones de esas otras dependencias, puesto que con ello se podría poner en riesgo el fin último que se persigue con la labor así encomendada, en detrimento de la oportunidad y calidad de los resultados esperados y en contraposición a las competencias definidas en los respectivos Manuales de Puestos y demás normativa que regula esta materia.". Por lo anterior, el señor Director General del Registro Civil deberá adoptar las medidas correctivas que la presente situación amerite. ACUERDO FIRME.
B) Nombramiento en propiedad en la Auditoría Interna. Del señor Iván Mora Barahona, Secretario General a. i. de este Tribunal, se conoce oficio n.° STSE-1676-2015 del 16 de setiembre de 2015, mediante el cual literalmente manifiesta:
1.- María Luisa Meza Acuña
2.- Nelly Sánchez Franco
3.- Fernando Sánchez Esquivel
368525, Profesional Ejecutor 3, Auditor/a Asistente, Auditoría Interna
1.° de octubre de 2015
RH-2597-2015 del 8/09/2015
AI-189-2015 del 7/09/2015
C) Ascenso en propiedad de la funcionaria Sunny Cascante Ortega en la Sección de Archivo. Del señor Luis Guillermo Chinchilla Mora, Director General a. i. del Registro Civil, se conoce oficio n.° DGRC-1060-2015 del 16 de setiembre de 2015, recibido el día siguiente en la Secretaría General de este Tribunal, mediante el cual literalmente manifiesta:
"Respetuosamente elevo a conocimiento del Superior y para lo que tenga a bien disponer, el oficio RH-2605-2015 del 08 de setiembre del año en curso, suscrito por la señora Jocelyn Brown Pérez, Subjefa del Departamento de Recursos Humanos, referido al ascenso en propiedad de la funcionaria Sunny Cascante Ortega, Asistente Administrativo 1 a la plaza de Asistente Funcional 1 que se encuentra vacante en la Sección de Archivo del Registro Civil.
La servidora Cascante Ortega, fue recomendada por la señora Laura Quesada Ramírez, Jefa de la Sección de Archivo Civil mediante oficio ARC-428-2015 del 24 de julio del 2015, quien en lo que interesa manifestó que: "…la Sra. [sic] Cascante ha demostrado ser una funcionaria con grandes cualidades personales y laborales, con un espíritu de servicio y de trabajo en equipo que han marcado la excelencia en su trabajo, posee iniciativa, compromiso con las metas y objetivos de esta oficina, además de la mística con que desarrolla las actividades que se le encomiendan, lo que la convierte en la persona idónea para ocupar dicha plaza."
De contar con la anuencia del Tribunal, la servidora Cascante Ortega, podría ser ascendida en propiedad al cargo de Asistente Funcional 1 en la Sección de Archivo Civil, puesto número 45519, a partir del próximo 01 de octubre del año en curso.".
D) Ascenso en propiedad de la funcionaria Edita Muñiz Ramírez en la Sección de Análisis. Del señor Luis Guillermo Chinchilla Mora, Director General a. i. del Registro Civil, se conoce oficio n.° DGRC-1061-2015 del 16 de setiembre de 2015, recibido el día siguiente en la Secretaría General de este Tribunal, mediante el cual literalmente manifiesta:
"Respetuosamente elevo a conocimiento del Superior y para lo que tenga a bien disponer, el oficio RH-2606-2015 del 08 de setiembre del año en curso, suscrito por la señora Jocelyn Brown Pérez, Subjefa del Departamento de Recursos Humanos, referido al ascenso en propiedad de la funcionaria Edita Muñiz Ramírez, Asistente Funcional 1 a la plaza de Técnico Funcional 2 que se encuentra vacante en la Sección de Análisis.
La servidora Muñiz Ramírez, fue recomendada por la señora Kattya Miranda Torrentes, Jefa a. i. de la Sección de Análisis mediante oficio AN-0976-2015 del 28 de julio del 2015, quien en lo que interesa manifestó que: "…la señorita Muñiz Ramírez cumple con los requisitos del Manual de Puestos, además de contar con una amplia experiencia en las labores que se realizan en esta Sección."
De contar con la anuencia del Tribunal, la servidora Muñiz Ramírez, podría ser ascendida en propiedad al cargo de Técnico Funcional 2 en la Sección de Análisis, puesto número 45805, a partir del próximo 01 de octubre del año en curso.".
E) Encargo de funciones del señor Contador institucional. Del señor Ricardo Carías Mora, Jefe del Departamento de Recursos Humanos, se conoce oficio n.° RH-2698-2015 del 21 de setiembre de 2015, recibido el mismo día en la Secretaría General de este Tribunal, mediante el cual literalmente manifiesta:
"Para los efectos consiguientes, remito a consideración del Tribunal Supremo de Elecciones el oficio CONT-662-2015 recibido en este despacho que suscribe el Lic. Carlos Umaña Morales, Contador, mediante el cual, en virtud de que disfrutará 2 días de vacaciones a partir del próximo 25 de setiembre, solicita que durante ese lapso sus funciones se encarguen al Lic. Minor Castillo Bolaños, quien ya en otras oportunidades ha asumido esa misma responsabilidad.".
A) Acta de la reunión ordinaria n.° 51-2015 del Consejo de Directores. Propuesta de transferencia de partidas presupuestarias. Del señor José Francisco Rodríguez Siles, Coordinador del Consejo de Directores, se conoce oficio n.° CDIR-250-2015 del 21 de setiembre de 2015, recibido el mismo día en la Secretaría General de este Tribunal, mediante el cual literalmente manifiesta:
"En atención a lo dispuesto por el Superior en la sesión ordinaria n.° 28-2009 celebrada el 17 de marzo de 2009 y comunicado mediante circular n.° STSE-0015-2009 de misma fecha, me permito adjuntar el acta de la reunión ordinaria n.° 51-2015, celebrada el 18 del presente mes por el Consejo de Directores.
Por su digno medio, se hace del conocimiento del Tribunal, solicitud de aprobación a lo acordado en el artículo cuarto, inciso A), atinente a la propuesta de transferencia de partidas presupuestarias de setiembre.".
Se dispone: Tomar nota del contenido del acta y aprobar conforme se propone en el inciso A) de su artículo cuarto. Proceda la Dirección Ejecutiva a comunicar lo propio a la Dirección General de Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda. ACUERDO FIRME.
A) Informe de la gestión de solicitudes cedulares aprobadas en agosto de 2015. Del señor Carlos Arguedas Rojas, Jefe de la Sección de Padrón Electoral, se conoce oficio n.° PE-1928-2015 del 16 de setiembre de 2015, recibido el mismo día en la Secretaría General de este Tribunal, mediante el cual literalmente manifiesta:
"Le remito, a la cuenta de correo electrónico recepciontse@tse.go.cr archivo que contiene el resumen del Padrón Nacional Electoral; con totales por distritos, cantones, provincias y el general de toda la República por sexo, resultado de la gestión de solicitudes cedulares aprobadas en agosto de 2015.
PADRÓN NACIONAL ELECTORAL JULIO 2015
3.170.809
TOTAL PADRÓN NACIONAL ELECTORAL AGOSTO 2015
6.276".
B) Control de nuevos electores en agosto de 2015. Del señor Carlos Arguedas Rojas, Jefe de la Sección de Padrón Electoral, se conoce oficio n.° PE-1926-2015 del 16 de setiembre de 2015, recibido el mismo día en la Secretaría General de este Tribunal, mediante el cual literalmente manifiesta:
"Le remito un listado que contiene el CONTROL DE NUEVOS ELECTORES, con totales por provincia, partido especial y naturalizados, conforme al período que se detalla, resultado de la tramitación de gestiones cedulares aprobadas en el mes de agosto de 2015.".
A) Autorización para firma de certificaciones del Registro Civil en la Oficina Regional de Los Chiles. Del señor Luis Antonio Bolaños Bolaños, Director General del Registro Civil, se conoce oficio n.° DGRC-1055-2015 del 11 de setiembre de 2015, recibido en la Secretaría General de este Tribunal el 16 de setiembre de 2015, mediante el cual literalmente manifiesta:
"Respetuosamente elevo a conocimiento del Tribunal, el oficio CSR-795-2015, del 08 de setiembre de 2015, mediante el cual se solicita autorización para que el funcionario Wilson Antonio Sánchez Carranza de la Oficina Regional de Los Chiles, sea autorizada [sic] por el Superior para firmar certificaciones.
A) Informe de gestión de pago de montos fijados en sentencia judicial. Del señor Ronny Jiménez Padilla, Jefe a. i. del Departamento Legal, se conoce oficio n.° DL-457-2015 del 9 de setiembre de 2015, recibido el día siguiente en la Secretaría General de este Tribunal, mediante el cual –según lo dispuesto por el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda en resolución n.° 1181-2015 de las nueve horas con treinta minutos del treinta de junio de dos mil quince– rinde informe relativo a gestión de pago de montos fijados en sentencia y con fundamento en una serie de consideraciones, literalmente recomienda:
"III.- RECOMENDACIONES.
En virtud de lo expuesto, recomendamos al Superior, autorizar las siguientes actuaciones:
Ordenar a la Contaduría Institucional el pago de ciento cincuenta mil colones exactos (¢150.000.00), a favor del señor Juan Guillermo Jiménez Chinchilla por concepto costas personales del recurso de amparo, según lo establecido en la sentencia firme n.° 1181-2015 de las 9:30 horas del 30 de junio de 2015, dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo en proceso de ejecución de sentencia de la Sala Constitucional n.° 2014005357 de las 9:05 horas del 25 de abril de 2014.
Por encontrarse la sentencia referida en firme, según lo dispuesto por la Procuraduría en oficio ADPb-7444-2015, este Tribunal debe ordenar la cancelación del monto señalado a la mayor brevedad posible.
El depósito del monto por las costas personales debe realizarse en la cuenta del Banco de Costa Rica n.° 150000251028-0 a nombre del señor Juan Guillermo Jiménez Chinchilla, por haberlo así indicado la Procuraduría en el referido oficio.".
Se dispone: Proceda la Contaduría a realizar el pago respectivo a la brevedad posible en la cuenta indicada. Comuníquese el presente acuerdo a la señora Mónica Padilla Cubero, Abogada de la Procuraduría General de la República e informe la Contaduría a ésta una vez realizado el pago, así como al señor Juan Guillermo Jiménez Chinchilla. En tanto podría estarse ante el supuesto previsto en el numeral 203 de la Ley General de la Administración Pública, que establece la posibilidad de que la Administración recobre plenariamente lo pagado por ella a efecto de reparar los daños causados a un tercero por dolo o culpa grave de uno de sus servidores, con el fin de establecer la eventual responsabilidad disciplinaria y civil de algún funcionario de estos organismos electorales en los hechos que dan base a la condenatoria, pase a la Inspección Electoral para que proceda con el inicio de la investigación administrativa preliminar de mérito. ACUERDO FIRME.
A) Consulta legislativa del proyecto de "Ley de creación del cantón La Amistad, cantón XVI de la provincia de Alajuela", expediente n.° 19.632. De la señora Ericka Ugalde Camacho, Jefa de Área de la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales de la Asamblea Legislativa, se conoce nuevamente oficio n.° CPEM-105-15 del 10 de setiembre de 2015, recibido –vía correo electrónico– el mismo día en la Secretaría General de este Tribunal, mediante el cual literalmente manifiesta:
El ordinal 97 de la Carta Fundamental dispone en forma preceptiva que tratándose de la “discusión y aprobación de proyectos de ley relativos a la materia electoral” la Asamblea Legislativa deberá consultar al Tribunal Supremo de Elecciones su criterio en torno a la iniciativa formulada y que, para apartarse de esa opinión, “se necesitará el voto de las dos terceras partes del total de sus miembros”. Como parte del desarrollo normativo de la disposición constitucional de cita, el inciso n) del artículo 12 del Código Electoral establece, como función propia de este Organismo Electoral, evacuar las consultas que el órgano legislativo realice al amparo de esa norma de orden constitucional
La Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo de la Asamblea Legislativa, somete en consulta de este Tribunal el texto de la propuesta legislativa tramitada en expediente número 19.632 “PROYECTO DE LEY CREACIÓN DEL CANTÓN LA AMISTAD, CANTÓN XVI DE LA PROVINCIA DE ALAJUELA”.
Como lo sugiere su nombre, el citado proyecto tiene por objeto la creación del cantón La Amistad, a partir de la segregación del distrito Río Cuarto –distrito sexto de Grecia–, considerando, entre otras cosas, la lejanía de este distrito respecto a la cabecera del cantón y demás distritos y otros aspectos que surgen de las realidades geográficas y socioambientales de la zona.
Tratándose de la creación de provincias, cantones o distritos, dicho cuerpo normativo establece una serie de requisitos que al efecto deben observarse. Así, el párrafo 3º de su artículo 1º dispone que, de previo a la creación de nuevas provincias, cantones o distritos, debe contarse con el criterio de la denominada Comisión Nacional de División Territorial, como órgano asesor de los Poderes Públicos en materia atinente a división territorial administrativa.
En el caso de creación de cantones, además del criterio previo de la Comisión Nacional de División Territorial (artículo 1º), el artículo 9 de la citada ley dispone que “no se erigirá en cantón ningún territorio que no cuente al menos con el uno por ciento de la población total del país, ni se desmembrará cantón alguno de los existentes, si hecha la desmembración no le quede al menos una población mínima del porcentaje expresado antes”. Dicho requisito, conforme lo dispuesto en el párrafo segundo de la norma antes señalada, puede obviarse excepcionalmente, cuando se trate de lugares muy apartados y de difícil comunicación y la Comisión Nacional de División Territorial así lo haya recomendado.
Asimismo, el artículo 13 de dicha ley establece que “los interesados en la creación de un nuevo cantón deberán presentar a la Asamblea Legislativa prueba de que el territorio que ha de constituirlo, se ajusta a lo que indica el artículo 9º y que el resto del cantón por desmembrar, reúne también esas condiciones”.
Otro aspecto a considerar en el trámite de este proyecto de ley, es la imposibilidad legal de modificar la División Territorial Administrativa durante los 14 meses anteriores a las elecciones nacionales, establecida en el artículo 1º de la ley número 6068 del 11 de julio de 1977 denominada “Ley que Congela la División Territorial”; división administrativa que a su vez sirve de fundamento a la División Territorial Electoral. Lo anterior implica que, la eventual modificación de la división territorial vigente, producto de la creación del nuevo cantón, no podría operar dentro del citado plazo legal.
Como se indicó, la eventual creación de un nuevo cantón repercutiría directamente en la División Territorial Electoral y por ende en la organización de los procesos electorales, en tanto, por ejemplo, el material electoral, las papeletas de votación, los padrones, la papelería en general, las etiquetas de distribución de materiales, etc, deben ser impresas con tiempo suficiente.
Por todo lo anterior, en caso que la iniciativa legislativa prospere y se apruebe durante el indicado período de veda, en criterio de este Tribunal, su eficacia quedaría de pleno derecho diferida para el siguiente proceso electoral.
Sobre la elección de las autoridades municipales del cantón a crear y demás cargos de elección popular:
La propuesta en su transitorio I, establece que la elección de las diferentes autoridades municipales del cantón a crear, será organizada, dirigida y celebrada por este Tribunal, seis meses después de la fecha en que eventualmente entre en vigencia la ley, en caso de ser aprobada.
En lo que a este extremo respecta, objetamos la iniciativa legislativa consultada. En tal sentido, consideramos que la eficacia de la ley –tanto la elección como la posesión de los cargos por parte de quienes resultarían electos- debe diferirse hasta el momento en que se verifique la correspondiente elección, toda vez que nuestro ordenamiento jurídico electoral parte de que todos los cargos de elección popular se ejercerán por períodos cuatrienales, de suerte que, por un lado, si se eligieran cargos cada vez que se crea un distrito o cantón, quienes resulten electos ejercerían su mandato por un período menor a los cuatro años y, por otro, los funcionarios electos popularmente en los circunscripciones administrativas vigentes al momento de los comicios, verían afectado su mandato en el tanto y en el cuanto el nuevo distrito incluya poblados, barrios, caseríos, etcétera que no solo fueron tomados en cuenta a la hora de inscribir las respectivas candidaturas, sino que eran parte de los objetivos inherentes al ejercicio del cargo.
Con base en lo expuesto, en lo que a la disposición contenida en su transitorio I respecta, este Tribunal objeta la iniciativa legislativa consultada, en los términos y con las consecuencias señaladas en el artículo 97 constitucional. ACUERDO FIRME.