Source: https://es.scribd.com/document/297971780/Avances-en-transparencia-y-rendicion-de-cuentas-pero-no-contra-la-corrupcion
Timestamp: 2018-07-22 04:54:34
Document Index: 151520403

Matched Legal Cases: ['Artículo 6', 'Artículo 6', 'Artículo 6', 'Artículo 6', 'Artículo 6', 'Artículo 6', 'Artículo 6', 'Artículo 6', 'Artículo 6', 'Artículo 6', 'Artículo 6', 'Artículo 6', 'Artículo 6', 'Artículo 26']

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Descripción: http://www.elcotidianoenlinea.com.mx/
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Martínez Robledo, Marybel
Acceso a la información, transparencia y rendición de cuentas en México. 37 años de evolución
El Cotidiano, núm. 187, septiembre-octubre, 2014, pp. 203-215
Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=32531885013
de cuentas en México.
37 años de evolución
Marybel Martínez Robledo*
El acceso a la Información, la transparencia y la rendición de cuentas en 37 años
han tenido avances significativos desde el punto de vista legislativo e institucional; sin
embargo, no se han tenido los resultados deseados, ya que la exigencia de responsabilidades no ha evolucionado a la par de estas herramientas democráticas.
a transparencia y la rendición de
cuentas son consideradas herramientas fundamentales de las democracias
representativas. Éstas permiten controlar el abuso de poder por parte de
los gobernantes, al tiempo que garantizan conducirse con legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y e ciencia,
herramientas que sin duda fortalecen
tres mandatos constitucionales sobre
los cuales descansa el sistema político
mexicano: la soberanía nacional, el
régimen republicano y la división de
esencial y originariamente en
Maestra en Ciencias Políticas con especialidad en Gobierno y Poder Legislativo, Newport
University. Asesora en la Cámara de Diputados
septiembre-octubre, 2014
dimana del pueblo y se instituye
para bene cio de éste…
Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática,
laica, federal…
El Supremo Poder de la
Federación se divide para su
ejercicio en Legislativo, Ejecutivo
y Judicial…
El término transparencia se re ere
a la claridad con que se deben mostrar
los asuntos públicos; como ha señalado Ugalde, es la práctica de colocar la
información en la “vitrina pública”. En
otras palabras, es publicitar o mostrar
con nitidez la acción gubernamental,
el uso y destino de los recursos públicos. Es un principio democrático
que descansa en un postulado ético,
expresado de manera clara por Kant
cuando apuntaba que “toda acción relativa al derecho de otros es contraria
al derecho y a la ley si su máxima (…)
no permite publicidad”. Como antónimo de opacidad, la transparencia
clari ca el espíritu de la República,
atendiendo a que “la cosa pública” es
“cosa de todos”.
Así, la transparencia debe entenderse como obligación de quienes detentan una responsabilidad
en cualquiera de los tres Poderes
del Estado y sus instituciones; lleva
aparejado un derecho: el de acceso
a la información. La transparencia y
el acceso a la información son un
binomio inseparable que ha sido
una de las conquistas más importantes de la sociedad y la política
Cotidiano 187
mexicana en los últimos años. Son un gran avance en la
calidad democrática del Estado y abren una posibilidad
inédita para un cambio profundo en las relaciones entre
la sociedad civil y los gobiernos. Por eso, transparencia
y acceso a la información materializan un derecho moderno, nuevo e irrenunciable para todos los mexicanos
(Declaración de Guadalajara: 2004).
En este sentido, es menester revisar la trascendencia
que el derecho a la información ha tenido en nuestro
sistema jurídico, el cual se encuentra consagrado en el
Artículo 6° de la Ley Fundamental, precepto que pasó de
la Constitución de 1857 a la de 1917 en sus términos. La
primera reforma tuvo lugar en diciembre de 1977 bajo el
marco de la denominada Reforma Política; sentó las bases
del derecho a la información al adicionar en el Artículo 6
constitucional, como parte de las garantías individuales,
“el derecho a la información [como garantía del] Estado”
(Larrañaga: 2008). Es de señalarse que una primera interpretación de este mandato constitucional fue establecida
por una tesis jurisprudencial que a la letra dice:
Con la adición al contenido original del Artículo 6° quedó
también equilibrado con el derecho que tienen la sociedad
a estar veraz y objetivamente informada, para evitar que
haya manipulación. Así el Estado asume la obligación de
cuidar que la información que llega a la sociedad a través
de los grandes medios masivos de comunicación re eje
la realidad […] ello permitirá una participación informada
para la solución de los grandes problemas nacionales
(Zaldívar, 2006: 32).
Como resultado de lo anterior, el 30 de abril del 2002
el Congreso de la Unión aprobó por unanimidad la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental, la cual entró en vigor el 12 de junio del mismo
año. La ley estableció como principio rector la obligación
que tienen los órganos del Estado de poner a la disposición
de los ciudadanos información para su cabal comprensión
de las funciones, acciones, resultados, estructura y recursos
asignados de las instituciones públicas. Es decir, “se reconoce por primera vez que la información en posesión de
los órganos del Estado es pública –y no patrimonio de los
funcionarios que les permita disponer libre y discrecionalmente de ella– mediante un procedimiento sencillo y
expedito…” (ifai: 2013).
Panoramas revisionistas
En palabras de López-Ayllón (2011), esta ley supuso
un paso signi cativo en la consolidación de la democracia
mexicana, la modi cación de la práctica secular del secreto
administrativo como principio no escrito que orientaba el
manejo de la información gubernamental, y sobre todo la
construcción de los mecanismos institucionales de rendición de cuentas de los ciudadanos.
A partir de la entrada en vigor de esta Ley, y con la
nalidad de objetivar el pleno goce y ejercicio del derecho perfeccionando el marco jurídico y el andamiaje
institucional, se han llevado a cabo importantes acciones
para consolidar el derecho a la información, así como
la e caz implementación de la política de transparencia.
Como ejemplo de ello, es menester señalar: la Declaración de Guadalajara (2005), la XXVII Reunión de la
Conferencia Nacional de Gobernadores (2006) y la Iniciativa de Chihuahua (2006), que surge en el marco del
Segundo Congreso de Transparencia Local (Larrañaga,
2008: 28).
El seguimiento al recuento cronológico que nos ocupa
es señalar que el derecho a la información fue considerado
un derecho fundamental hasta la Reforma Constitucional
publicada el 20 de julio de 2007 (Larrañaga: 2008), mediante
la cual se adicionó un párrafo segundo y diversas fracciones al citado Artículo 6° para establecer que el derecho
de acceso a la información pública es fundamental, así
como establecer los principios generales en materia de
Dicha Reforma Constitucional, según López-Ayllón:
Acorde a la concepción democrática que la soporta, modi ca de manera de nitiva esta situación y origina, a través
del principio de publicidad, una nueva política pública
que debe estar orientada a maximizar el uso social de la
información tanto fuera como dentro de la organización
gubernamental. El derecho de acceso a la información está
entonces en la base de una política pública ‘horizontal’
–la transparencia– que no se limita a proveer el acceso
a la información, sino que supone un replanteamiento
completo de la manera de recabar, generar, gestionar,
conservar, usar y aún destruir la información del Estado
mexicano. La transparencia entendida como una política
pública va más allá del mero acceso a la información e
implica modi caciones más profundas que aquellas necesarias para el mero cumplimiento formal de éste (López
Ayllón, 2012: 662).
Es preciso apuntar que para Jorge Carpizo, como
derecho fundamental, comprende el derecho de atraerse
información, el derecho a informar y el derecho a ser
informado. A mayor abundamiento, siguiendo al jurista,
podemos sintetizar que el derecho a atraerse información
incluye las facultades de: a) acceso a los archivos, registros
y documentos públicos, y b) la decisión de qué medio se
lee, se escucha o se contempla. Por otro lado, el derecho
a informar considera: a) las libertades de expresión y de
imprenta, y b) el de constitución de sociedades y empresas informativas. Finalmente, el derecho a ser informado
contiene las facultades de: a) recibir información objetiva,
oportuna y completa, y b) con carácter universal; es decir,
que la información es para todas las personas sin exclusión
alguna (Carpizo, 2000: 7-102).
En el Diario O cial de la Federación, el 13 de noviembre
de 2007 dando continuidad a los avances legislativos de
2002, se publicó una nueva reforma de gran envergadura al
Artículo 6°, en la cual se incorporó el Derecho de Réplica.
En ese año, prácticamente todas las entidades federativas
contaban ya con una Ley de Acceso a la Información. Con
el paso de los años la norma jurídica se ha perfeccionado
y el derecho a la información ha evolucionado. A grandes
rasgos, en el contenido de este Artículo 6° de la Ley Fundamental destaca lo siguiente:
1. El carácter público de la información gubernamental,
principio de publicidad, evita la discrecionalidad de los
funcionarios públicos al estar obligados a proporcionar
información sobre su gestión, sus decisiones y el destino
2. Principio de máxima publicidad (fracción I del segundo párrafo del Artículo 6), establece un nuevo valor democrático
que considera la información como un bien público.
3. Sujetos de derecho (fracción vi del Artículo 6, párrafo
segundo de la Constitución) establece como sujetos
obligados a aquellos que deben proporcionar información pública y rendir cuentas.
4. Información Reservada (fracción i del párrafo segundo
del Artículo 6); es decir, la excepción del principio de
publicidad tiene su limitante en aquellos asuntos relacionados con la seguridad y defensa nacional, tales como la
seguridad pública, la estabilidad económica o nanciera
del país, la conducción de las relaciones internacionales,
5. La información con dencial (fracción II del segundo
párrafo del Artículo 6° constitucional) abarca la vida
privada (derecho a la intimidad) y el derecho a la protección de datos personales.
El acceso a la información debe ser comprendido
dentro de las más importantes tareas de la agenda democrática nacional, toda vez que la democracia como forma de
participación en el gobierno depende de la capacidad de los
ciudadanos para participar en el ámbito público. Para esto
es indispensable que se cuente con un derecho de acceso
a la información efectivo, garantizado por la Ley, sobre los
asuntos del Estado. Así, la rendición de cuentas se erige
además en un principio de e ciencia administrativa, ya que
la publicidad de la información se traduce en un mecanismo
de supervisión ciudadana.
Los antecedentes de la transparencia en realidad son
muy recientes. Surgen a partir de la conocida Nueva Gerencia Pública, la cual en términos generales consiste en un
sistema organizacional donde el gobierno deja de tener el
control centralizado de la toma de decisiones, a manera
de una pirámide jerarquizada. A partir de esto, el diseño de
la transparencia se forma con dependencias públicas más
sensibles a la opinión de los ciudadanos. Dicho en otras
palabras, la transparencia se encuentra en cada organización pública que genere el fácil acceso a la información, y
justi ca su acción en la toma de decisiones públicas. En
México, este cambio se hizo realidad en el año 2000 con
la Ley Federal de Acceso a la Información Pública, la cual
consolidó la gestión y la implementación de la política de
transparencia a nivel federal.
Si bien en México fue fundamental la entrada en vigor
de la Ley referida en el párrafo anterior, al igual que las leyes
estatales en la materia, en sí mismas resultan insu cientes,
ya que el marco normativo de una u otra manera asegura
que los ciudadanos tengan acceso a la información pública,
pero no asegura que hagan uso de su derecho, y mucho
menos que utilicen la información para ejercer su poder
ciudadano a través de lo que se ha denominado “control
democrático”; tampoco asegura las sanciones para aquellos
servidores públicos que hagan mal uso de sus cargos, de los
recursos públicos o que realicen las funciones que les han
sido encomendadas en los término ordenados por la ley.
En razón de lo anterior es que la transparencia se
vincula necesariamente con el concepto de “rendición de
cuentas”, de manera que se ven implicadas las responsabilidades de los funcionarios públicos así como también
la cultura democrática de los ciudadanos en cuanto a que
hagan valer su derecho y responsabilidad de manera ade-
cuada, al mismo tiempo que se espera un actuar ético por
parte de los funcionarios (Merino: 2005).
A decir de Merino, el principio de transparencia presume
Un cambio de fondo en las formas de procesar las decisiones públicas, desde el momento en que los funcionarios
saben que cualquier documento que rmen, o incluso
cualquier a rmación que hagan en una reunión formal de
trabajo, puede ser pública. Nunca será lo mismo operar
bajo condiciones más o menos protegidas por el sigilo y
eventualmente explicar o justi car los resultados de una
decisión ya tomada, que abrir el proceso completo desde
un principio (Merino, 2005: 10).
El acceso a la información es un instrumento para
asegurar que los funcionarios públicos estén vigilados, y
se relaciona con la transparencia en tanto que ésta es
considerada una estrategia organizacional para limitar a los
funcionarios en los actos de corrupción. La transparencia
es una política pública que debe contener como mínimo
a) la existencia de un marco jurídico destinado a garantizar el acceso a la información pública; b) un conjunto
de obligaciones de información por parte de los funcionarios y las organizaciones públicas que ejercen poder
político; c) un sistema de nido en las leyes para garantizar
que efectivamente los ciudadanos puedan acceder a la
información pública; d) un sistema para sancionar a los
funcionarios que no rindan cuentas, al menos en términos
de la información que manejan; y e) ciudadanos y organizaciones sociales interesadas en obtener información
pública (Merino, 2005: 5).
La transparencia también ayuda a tener procesos
documentados que en conjunto generan información
asimétrica para facilitar a los ciudadanos su intervención
en procesos de decisiones, así como su identi cación de
cada decisión tomada por las autoridades. Queda claro
hasta aquí que el acceso a la información, la transparencia y
rendición constituyen un trípode indispensable y necesario
para el desarrollo democrático y para dar cauce al Estado
Rendición de cuentas es una traducción inexacta del
término anglosajón accountability, que en su acepción original
signi ca “ser sujeto a la obligación de reportar, explicar o
justi car algo; ser responsable ante alguien de algo”. Sin
embargo, en la lengua española se carece de un término
adecuado que exprese con nitidez la acepción anglosajona
del mismo, y ante la ausencia de mejores opciones, se usa
cada vez más el término “rendición de cuentas” (Ugalde,
Como acertadamente señala Ugalde, el uso del término rendición de cuentas se ha incrementado notoriamente
en México en los últimos años, aunque desde diferentes
ópticas y no necesariamente con precisión conceptual,
a pesar de que el Constituyente de 1917 ya usaba el
concepto para denotar la obligación de los gobernantes
de informar, lo cual se entendió por varias décadas en el
entorno de un sistema de pesos y contrapesos, resultante
de la división de Poderes que caracteriza a los regímenes
presidenciales. Sin embargo, “con el advenimiento de la
competitividad electoral, de los gobiernos divididos y de
la alternancia, rendir cuentas se ha vuelto una prioridad
de los gobiernos, de los Congresos y de amplios sectores
de la sociedad” (Ugalde, 2002: 9). En suma,“la rendición de
cuentas es elemento central de la democracia representativa, uno de los principales instrumentos para controlar el
abuso del poder y garantizar que los gobernantes cumplan
su mandato con transparencia, honestidad y e cacia”
(Ugalde, 2002: 10).
En un intento apretado por sintetizar lo expresado
por diferentes autores, la rendición de cuentas es una
obligación y una responsabilidad de los servidores públicos; una responsabilidad ética y social, pero sobre todo
jurídica, que tienen frente al gobernado o representado
y frente a los órganos públicos establecidos en la ley,
mediante diversos mecanismos legales que permitan
realizar la evaluación correspondiente, la cual, para que
sea efectiva, deberá llevar siempre aparejada una sanción
o un estímulo. Así, la rendición de cuentas ideal –por
llamarla de alguna manera– sería la horizontal, donde los
pesos y contrapesos están tan equilibrados que ningún
poder, incluido el órgano vigilante, logra imponerse sobre
Una vez realizadas algunas precisiones cronológicas y
conceptuales para contextualizar el tema, es preciso dar
cuenta de manera grá ca sobre la evolución constitucional,
legal e institucional a nivel federal que han tenido el acceso
a la información, la transparencia y la rendición de cuentas en
México durante las últimas tres décadas.
onteni o
f: 1977.
Se establece que el derecho a la información será garantizada por el Estado.
Promulga el principio de máxima publicidad de toda la información en posesión de cualquier entidad, órgano
y organismo federal, estatal y municipal. Se ordena la creación de órganos autónomos especializados para el
Se eleva el derecho de réplica a rango constitucional.
Concreta la obligación de todo servidor público de mantener imparcialidad ante todos los partidos políticos y
sus campañas electorales; por tal motivo, la propaganda de la administración pública no debe contener promoción
personalizada ni de cualquier otro servidor público.
Dentro del debido proceso legal, se estableció el derecho a la información como un derecho fundamental para
el imputado, al cual se le proporcionará toda la información necesaria para que ejerza su derecho a la contradicción y a la defensa.
Se decreta el derecho a la protección de datos personales en la Constitución.
Establece que las autoridades que no acepten las recomendaciones emitidas por algún organismo de derechos
humanos deben publicar las razones de su negativa. Asimismo, la Cámara de Senadores puede llamar a comparecer a las autoridades o servidores públicos a efecto de que expliquen el motivo de su negativa a petición de
Instituye que el Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información, comunicación,
radiodifusión, telecomunicaciones e internet bajo la política de inclusión digital universal.
Establece que es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, así como ninguna ley ni autoridad
puede establecer censura ni coartar la libertad de difusión.
Se faculta al Congreso para expedir que toda ley reglamentaria desarrolle los principios de transparencia, acceso
a la información y protección de datos personales.
Se faculta al Senado para nombrar a los comisionados del organismo que establece el Artículo 6 constitucional.
Faculta al Presidente de la República para objetar los nombramientos de los comisionados del órgano que
establece el Artículo 6 por parte del Senado.
Faculta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para tratar la constitucionalidad de los actos del órgano
que establece el Artículo 6.
Sentencia una rendición de cuentas para los órganos autónomos haciéndolos responsables por el manejo indebido
Determina que los organismos autónomos, especializados, imparciales y colegiados tengan plena responsabilidad
de garantizar el derecho de acceso a la información y de protección de datos personales.
Anuncia la obligación de los sujetos obligados en el Distrito Federal de legislar en materia de derecho de acceso
uente: Elaboración propia a partir de los datos en el Sistema de Información Legislativa y página o cial de la Cámara de Diputados.
Leyes secundarias (nueva creación)
e is aci n
Sector Público ( aa
Regula las compras y contrataciones gubernamentales realizadas por el gobierno federal para
que éstas se acaten según los principios de transparencia y e ciencia.
Expedición en: 2000
Pública Gubernamental ( ai
Expedición en: 2002
en el Crédito Garantizado ( f
Establece el procedimiento mediante el cual los particulares puedan solicitar el acceso a la
información que generen o posean los organismos del Estado, estableciendo como sujetos
obligados a los Poderes Públicos y los llamados órganos constitucionales autónomos.
Regular los servicios nancieros de otorgamiento de Crédito Garantizado, independientemente de que quien lo otorgue sea o no una entidad nanciera para asegurar la transparencia
ontin a
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de
los Servidores Públicos ( f a (Expedición en: 2002
Ley del Servicio Profesional de Carrera (
Fortalece las responsabilidades de los servidores públicos a través del establecimiento de
infracciones administrativas a todos aquellos funcionarios que cometan actos ilícitos.
Introduce los principios de mérito e igualdad para acceder al servicio público, garantizando
así el acceso a la administración pública de los funcionarios más aptos y capaces de ejercer
su función, privilegiando el interés público y la profesionalización del servicio público.
Instaurar reglas de transparencia que obliguen al anco de México a publicar información
relativa al cobro de comisiones sobre los diversos servicios nancieros, a n de que el público
usuario pueda conocer y decidir sobre el uso de dichos servicios.
Expedición en: 2003
Servicios Financieros (
rdenamiento de los
Expedición en: 2004
Hacendaria ( f
Expedición en: 2006
y Geográ ca ( i
Expedición en: 2008
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de
la Federación ( f f
Expedición en: 2009
Expedición en: 2010
Expedición en: 2012
Establece un sistema de planeación y ejercicio de los recursos orientado a resultados, con lo
cual se implementó el Sistema de Evaluación del Desempeño (
y el Presupuesto asado
en Resultados (
Regula al Sistema Nacional de Información Estadística y Geográ ca para la organización y
i para el acceso a la información.
funcionamiento del i
Regula el ejercicio de scalización de la cuenta pública por medio de la revisión de los ingresos,
egresos, subsidios, transferencias y donativos, los gastos scales y la deuda pública, el manejo,
la custodia y la aplicación de recursos públicos federales, así como la supervisión y evaluación
de toda la información nanciera, contable, patrimonial, presupuestaria y programática de
las entidades scalizadas.
rotege los datos personales en posesión de los particulares con la nalidad de regular su
tratamiento legítimo, controlado e informado, a efecto de garantizar la privacidad y el derecho
a la autodeterminación informativa de las personas.
Establece las bases para sancionar a los particulares por incumplimientos de tipo contractual
con el Estado en materia de compras públicas y por infracciones cometidas al participar en
transacciones comerciales internacionales y en contrataciones de carácter federal.
Reformas a las Leyes Secundarias (más relevantes)
e or a a e
ec n aria
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Establecer que el principio de publicidad de la información en posesión de los sujetos obligados no es absoluto, sino que deberá garantizarse la tutela de los demás
derechos fundamentales y garantías jurídicas de las personas.
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Facultar a la f para instrumentar un sistema integral de información de contrataciones públicas, con lo cual se da certeza jurídica a esta modalidad de contratación.
Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Determinar sanciones penales en los casos de servidores públicos que faciliten el
desvío u obstaculicen las investigaciones de recursos públicos.
La Auditoría Superior de la Federación, una vez que presente la cuenta pública, dará
a conocer a las entidades scalizadas los resultados y observaciones a efecto de que
presenten sus justi caciones y aclaraciones.
Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Dotar de mejores instrumentos administrativos y jurídicos a la
resolver las tareas asignadas a sus funciones sustantivas de atender denuncias y
realizar visitas a instituciones, dependencias y entidades a efecto de resolver sus
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Instaurar las medidas y procedimientos que garanticen la protección y atención de
personas intervinientes en el procedimiento penal, cuando se encuentren en situación
de riesgo o peligro por su participación o como resultado del mismo.
En materia de transparencia y rendición de cuentas, se incorpora la obligación de
informar los ingresos percibidos por la Federación en relación con los estimados y los
indicadores de evaluación del desempeño sobre e ciencia recaudatoria, entre otros.
rinci ales instituciones
nstit ci n
Con la base legal de la Ley de Fiscalización Superior de la
Instituto Federal de Transparencia y Acceso a la Información
ac ta es
Fiscalizar la Cuenta Pública mediante auditorías que se efectúan a los tres Poderes de la Unión, a los órganos constitucionalmente autónomos, a las entidades
federativas y municipios del país, así como a todo ente que ejerza recursos
públicos federales, incluyendo a los particulares.
Garantizar el derecho de los ciudadanos a la información pública gubernamental y a la privacidad de sus datos personales, así como para promover en la
sociedad y en el gobierno la cultura del acceso a la información, la rendición
Con base en la promulgación de la Ley Federal de Transparencia de cuentas y el derecho a la privacidad.
Secretaría de la Función Pública del Gobierno Federal
igila que los servidores públicos federales se apeguen a la legalidad durante
el ejercicio de sus funciones; sanciona a los que no lo hacen así; promueve el
cumplimiento de los procesos de control y scalización del gobierno federal,
Con base en la promulgación de la Ley Federal de Transparencia de disposiciones legales en diversas materias; dirige y determina la política de
compras públicas de la Federación; coordina y realiza auditorías sobre el gasto
frece acceso a la información estadística y geográ ca de una gran diversidad
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (i
temática y con distintos niveles de desagregación a través de productos impresos
Creación 1983
y digitales, tanto en forma gratuita como en venta.
Con el mandato de producir y reunir la información estadística
y geográ ca del país.
Controlar de manera e ciente el acervo documental del Archivo General de la
Nación, así como preservar y actualizar la documentación de la Administración
Creación: 1823
Pública Federal dando acceso a estos documentos.
En el 2012, cuando se promulgó una nueva Ley Federal de Archivos,
lo que obligó a documentar y cuidar la información que debe integrarse a los archivos de los tres poderes federales y los órganos
Dentro de los avances, es preciso señalar que, derivado
de varias reformas legales e institucionales, se cuentan con
diversos instrumentos tales como el Sistema del Servicio
Profesional de Carrera para promover el desarrollo, la
capacitación y certi cación de los servidores públicos; un
sistema de planeación y ejercicio de los recursos orientado a resultados, con lo cual se implementó el Sistema de
Evaluación del Desempeño (
; un sistema de control hacendario y
presupuestario operado por la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público (
en coordinación con la f ; así
como plataformas digitales que permiten dar seguimiento
a las contrataciones gubernamentales, como CompraNet,
ramitaNet, DeclaraNet y un registro público de servidores
del Estado sancionados por faltas administrativas.
Ahora bien, en el primer cuatrimestre de 2014 y hasta el
cierre de este artículo, es de señalar que las reformas constitucionales en la materia y ya referidas en cuadros anteriores
tuvieron como propósito central acentuar la efectividad de los
dispositivos tendientes a asegurar que el organismo autónomo
especializado cuente con una amplia defensa en el ámbito de
competencia que la Constitución le otorga, y proveerle un
mejor entorno en el ejercicio de sus funciones. En síntesis,
otorgan autonomía constitucional al organismo responsable
de garantizar el derecho de acceso a la información pública y
a la protección de datos personales, amplía los sujetos obligados y establece las bases de transparencia para las entidades
federativas, lo cual se consolidará plenamente con la Ley
Secundaria que deberá ser aprobada por el Congreso.
Por lo que respecta a la legislación secundaria, destacan
por sus alcances la nueva ley de Consulta Popular, reglamentaria del Artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece el procedimiento para
llevar a cabo la consulta popular: convocatoria, organización,
desarrollo, cómputo y declaración de resultados, bajo los
principios de transparencia y publicidad en el proceso; y
las reformas a la Ley General de Salud, para que los recursos
aplicados en el Seguro Popular sean sujetos de una supervisión efectiva, que combata la corrupción en los ámbitos
federal y estatal, modi caciones que sienten un precedente
en el área de salud, en donde la constante había sido usar
los fondos para nes distintos a los establecidos.
En el caso particular de las entidades federativas, el derecho
a la información, la transparencia y la rendición de cuentas
han tenido una evolución diferente entre éstas, y entre éstas
y la Federación, lo que ha dado como resultado un marco
jurídico heterogéneo en la materia a nivel nacional.
En un estudio realizado por ifai y publicado en julio de
2013, destaca entre otras cosas que las legislaciones denominan de manera distinta a los sujetos obligados: en trece leyes
se contempla a los partidos políticos como sujetos obligados
indirectos y en diecinueve como directos; en 22 legislaciones, las personas físicas y morales están consideradas como
sujetos obligados a transparentar los recursos públicos que
manejan, y en diez no se contemplan como sujetos obligados;
en tres legislaciones señalan a los sindicatos como sujetos
obligados a transparentar su información; solamente una
legislación, la de Tamaulipas, no considera que los partidos
políticos sean sujetos de obligación de transparencia de autoridad electoral estatal; y cuatro legislaciones no regulan la
obligación de transparentar los montos y personas a quienes
se les entreguen recursos públicos (ifai, 2013: 254 .
Por lo que respecta a los órganos de acceso a la información en el país, éstos comenzaron a operar a nales
de 2002, siendo el ifai el primero en iniciar operaciones.
Durante los nueve años posteriores de su creación fue
consolidándose el resto de los órganos en los estados y
el Distrito ederal. En 2003 comenzaron a operar cinco
órganos, y en 2011 el último órgano en iniciar operaciones
fue el de aja California. Existen dieciocho órganos autónomos constitucionalmente, y catorce son considerados
organismos autónomos legales (ifai, 2013: 255 .
El número de comisionados o consejeros que conforman los órganos varía de tres a cinco integrantes, al igual que
el tiempo de duración de su cargos, que va de tres a siete
años, y en once legislaciones se prevé la posibilidad de que
puedan reelegirse hasta por un periodo igual; hay casos en
los que pueden mantenerse en el cargo hasta por catorce
años. De igual manera, en lo que respecta al tiempo de
encargo que pueden tener los presidentes de los órganos,
varía de uno hasta seis años (ifai, 2013: 256 .
En cuanto a las atribuciones de los órganos, en 22
entidades la ley les otorga facultades de sancionar a los
servidores públicos; en 28 estados, las legislaciones establecen que las resoluciones serán de nitivas ante los sujetos
obligados; solamente en 27 legislaciones se contempla que
el órgano conozca la información en todo momento para
resolver los recursos que se interpongan (ifai, 2013: 256 .
En lo referente a obligaciones en materia de transparencia,
el estudio destaca que de acuerdo con las leyes, Guanajuato
no contempla publicar información en internet; respecto a los
indicadores de gestión, nueve legislaciones nos publican sus
objetivos, tres sus facultades, y veinticuatro sus indicadores
utilizados para evaluar su desempeño (ifai, 2013: 259 .
A mayor abundamiento, es de mencionarse que, en lo
que se re ere a la información sobre el ejercicio de los
recursos públicos, 32 legislaciones mandatan transparentar
la remuneración mensual de los servidores públicos y la
información sobre el presupuesto de los sujetos obligados;
tres no prevén la publicación de información sobre programas de subsidio; siete no establecen la publicidad de estados
nancieros, y en quince no se establece la transparencia
sobre la aplicación de fondos auxiliares (ifai, 2013: 259 .
De igual manera, los plazos para actualizar la información muestran variaciones muy marcadas, al igual que
el procedimiento y plazos para el acceso a la información.
Estas variaciones se extienden al procedimiento de revisión, a la clasi cación de la información y a la protección
erec os fundamentales
Los derechos fundamentales son aquellos indispensables
para la protección de intereses vitales de las personas; no
dependen de un lugar en especí co, sino que deben ser
garantizados de manera universal dado que aseguran la
calidad de vida, por lo tanto son irrenunciables. La universalidad supone dotar de dicho derecho a todo ser humano
sin que medie discriminación alguna.
ajo esta tesitura, el derecho fundamental a la información está relacionado con otros derechos humanos, como
el derecho a la libertad de expresión y los derechos electorales. ale recordar que a partir de la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se
dio en México en 2011, el Estado Mexicano debe promover
los derechos humanos bajo los principios de universalidad,
ajo el anterior orden de ideas, ha sido ampliamente
señalado, por ejemplo, que para garantizar el derecho a la
libertad de expresión se necesita de un cúmulo de información accesible; es decir, el derecho implica la libertad de
buscar información y que ésta se encuentre disponible, así
como la libertad de solicitarla y recibirla por parte de la
De igual forma, en lo que hace a los derechos electorales deben estar acompañados de información como
programas de gobierno, plataforma electoral, entre otros: lo
que involucra un proceso de selección de candidatos para
incentivar un voto informado. A decir de lo anterior, una de
las garantías de la democracia son las elecciones libres
de los gobernados para elegir a sus gobernantes. De ahí
que el acceso a la información implica un funcionamiento de
transparencia para que los poderes públicos rindan cuentas
a los votantes, y a partir de la información proporcionada
se pueda ejercer un castigo hacia sus gobernantes, o por
el contrario, recompensarlos por medio de la reelección.
En suma, estos tres derechos son fundamentales para
mejorar la calidad democrática de un país, pues mejoran
las relaciones de la sociedad civil a la vez que incentivan
una nueva cultura política a los funcionarios públicos y
genera con anza por parte de los ciudadanos (Carbonell:
om ate a la corru ción
El derecho a la información, la transparencia y la rendición
de cuentas, como se señaló en las primeras líneas del documento, son herramientas fundamentales de las democracias
representativas para controlar el abuso de poder por parte
de los servidores públicos, a la vez que garantizan que se
conduzcan con legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad
y e ciencia; en otras palabras, son también herramientas
fundamentales para el combate a la corrupción.
En las sociedades democráticas, hablando legalmente, la
corrupción es una manifestación “fraudulenta” que atenta
contra la norma jurídica, que representa “deslealtad” a la
voluntad del pueblo soberano, que limita y priva a los ciudadanos de su derecho a una vida digna y a gozar de las
oportunidades y bene cios del desarrollo. Como señaló
Montesquieu: “cada hombre que tiene poder tiende a abusar de él”. or ello se requieren balances institucionales
Una práctica corrupta existe en donde hay participación de un funcionario público (un elemento subjetivo),
incumplimiento en los deberes del servicio (un elemento
prescriptivo), un intento para asegurar el bene cio personal ilegítimo (un elemento causal), además de los diversos
elementos contingentes que caracterizan a la mayoría de
los actos ilegales de esta naturaleza.
La corrupción es un complejo fenómeno social que,
además de los factores políticos y económicos, también
tiene profundas raíces en causas culturales, en donde
las tradiciones sociales determinan en gran medida su
existencia y amplitud. Es importante recordar esto porque, si la corrupción es tratada únicamente como una
desviación de las relaciones económicas, no será posible
reducirla a un grado socialmente aceptable y bajar sus
efectos hasta un nivel que no represente una amenaza
(aács, 2012: 25).
Las instituciones que luchan contra la corrupción
necesitan analizar y comprender su naturaleza si desean
enfrentarla de manera e caz y efectiva. Siguiendo a diversos
especialistas, podemos decir que existen tres grandes tipos
a) Corrupción burocrática o corrupción menor: un amplio número de funcionarios públicos (burócratas y
políticos abusan del puesto público para extraer con
frecuencia pequeños sobornos o favores;
b) Corrupción mayor: robo o abuso de una cantidad
considerable de fondos públicos por un número relativamente pequeño de funcionarios;
c) “Captura del Estado” o “captura regulatoria”: colusión
entre agentes públicos y privados para bene cio privado
(Jaime, 2012: 13).
La Auditoría Superior de la ederación considera que
ai y la
son las que presentan
las de niciones de la i
una idea más acabada de la corrupción, como a la letra se
expone a continuación, respectivamente:
El abuso entendido como toda conducta impropia en una
actividad pública o privada atendiendo a las circunstancias,
el cual representa una desviación del concepto de decoro
que está relacionado con los principios generales de la
buena gestión nanciera del sector público y de conducta
La utilización ilegítima de la autoridad o del cargo para
favorecer intereses económicos personales, de familiares, o de socios comerciales. Los actos indebidos en
que incurren los servidores públicos son: el soborno de
funcionarios públicos nacionales; extranjeros en el sector
privado; la malversación o peculado, el trá co de in uencias, el abuso de funciones, el enriquecimiento ilícito, el
lavado de dinero, el encubrimiento y la obstrucción de la
justicia (Informe, 2011: 6-7).
No cabe duda de que en las últimas tres décadas,
México ha avanzado en la construcción de un entramado
institucional y legal anticorrupción para prevenir, controlar y
sancionar los actos deshonestos e ilícitos de los servidores
públicos en los tres poderes de gobierno. La conjunción
de una normatividad reformada para promover mayor
transparencia, acceso a la información y un control del gasto
público a través de la scalización y la evaluación de los
recursos por un lado, y la creación de instituciones garantes
de esos derechos, así como la existencia de órganos de
control interno y externo por el otro, fortalecen y objetivan
no sólo derechos fundamentales –como ya se ha visto en
líneas anteriores sino que conforman auténticos pilares
para la implementación de “buenos gobiernos”.
A nivel legal, el marco normativo en México en torno
al combate a la corrupción es amplio y cruza transversalmente los temas de derecho a la información, transparencia,
rendición de cuentas y responsabilidades de los servidores
públicos. Entre los ordenamientos más signi cativos en la
materia podemos destacar:
Constitución olítica de los Estados Unidos Mexicanos.
Instrumentos Internacionales suscritos por el Estado
Mexicano en materia de combate a la corrupción, entre
Convención Interamericana contra la Corrupción de
la rganización de los Estados Americanos, rmada
por México el 26 de marzo de 1996 y rati cada por
el Senado de la República el 2 de junio de 1997;
Convención para Combatir el Cohecho de Servidores úblicos Extranjeros en ransacciones Comerciales Internacionales de la rganización para la
Cooperación y Desarrollo Económicos, rmada por
México el 21 de noviembre de 1997 y rati cada el
27 de mayo de 1999 (Convención Anticohecho de
Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción (
a ), rmada por México el 9 de diciembre
de 2003 y rati cada el 29 de abril de 2004.
Código enal ederal (ítulo Décimo).
Ley ederal de Responsabilidades Administrativas de
los Servidores úblicos.
Ley ederal de Responsabilidades de los Servidores
úblicos (ítulo Segundo).
Ley de Coordinación iscal.
Ley de iscalización y Rendición de Cuentas de la ederación.
Ley de Ingresos de la ederación para el Ejercicio iscal
Ley de bras úblicas y Servicios Relacionados con las
Ley de laneación.
Ley del Servicio rofesional de Carrera en la Administración ública ederal.
Ley ederal Anticorrupción en Contrataciones úblicas.
Ley ederal de resupuesto y Responsabilidad acendaria.
Ley ederal de rocedimiento Administrativo.
Ley ederal de rocedimiento Contencioso Administrativo.
Ley ederal de ransparencia y Acceso a la Información
ública Gubernamental.
Ley ederal para la Administración y Enajenación de
ienes del Sector úblico.
Ley General de ienes Nacionales.
Ley General de Deuda ública.
resupuesto de Egresos de la ederación para el
Ejercicio iscal 2014.
acciones permanentes que aseguren la integridad y el
comportamiento ético de los servidores públicos en
el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.
lan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (Estrategia
ransversal para el Desarrollo Nacional: Gobierno
Cercano y Moderno).
rograma para un Gobierno Cercano y Moderno
(bjetivo 1).
Código de tica de los Servidores úblicos de la Administración ública ederal.
olítica de Integridad de la a f.
Código de tica de la a f.
Código de Conducta de la a f.
Normas de Auditoría de la a f.
Directrices en la a f para revenir el Con icto de
Código de tica rofesional de la a f.
Convenios de coordinación y de scalización de la a f
Normas internacionalmente reconocidas de auditoría
ai para la scalización externa pública.
ico to os
os pa ses e a a os
5191
57102
64133
64145
65158
70163
72179
72180
89180
98178
100182
105176
En el 2013,ransparencia Internacional ha hecho público el Informe Global de la Corrupción, que en esta edición
analiza el impacto que tiene la corrupción en el sector
educativo, así como la importancia de la educación en el
fortalecimiento de la integridad (ransparencia Mexicana
De acuerdo con el arómetro Global de la Corrupción
2013, 17 de los mexicanos encuestados que reportó haber
pagado un soborno en los últimos doce meses lo hizo para
acceder o facilitar un trámite en el sector educativo. Muestra de ello es que, con base en datos del ndice Nacional
de Corrupción y uen Gobierno, 3 de cada 100 hogares
mexicanos que intentaron obtener una cha de inscripción
a una escuela o cial tuvieron que pagar un soborno para
acceder a ella. La transparencia, la rendición de cuentas y la
integridad son elementos fundamentales de una educación
de calidad. El involucramiento de la comunidad educativa
a través de mecanismos de participación social es clave no
sólo para una utilización óptima de los recursos asignados,
sino también para el monitoreo del desempeño académico
de quienes la integran.
En su edición de 2013, el arómetro Global de la Corrupción, publicado por ransparencia Internacional, señala
que los mexicanos cali can de “muy grave” el problema de
la corrupción en el sector público; uno de cada tres encuestados reportó haber pagado sobornos en el último año. De
quienes entraron en contacto con la policía en el último año,
61 declaró haber pagado soborno, y el 72 de los encuestados cali có de ine caces las acciones que ha tomado el
gobierno para combatir la corrupción en el país.
arece que resulta una condición sine a non avanzar
hacia una ruta de cambio institucional verdaderamente articulada. No sin razón se ha a rmado que el tránsito hacia
una política de lucha anticorrupción en México es resultado
de reformas institucionales incrementales y desvinculadas
entre sí, “con mandatos poco claros, acotada incidencia e
interdependencia de responsabilidades que limita su efectividad” (Jaime, 2012: 37). Esto se re eja en las funciones de
control y sanción entre el órgano de control administrativo
interno ( f ) y externo (a f), o bien en la di cultad para
establecer con claridad los alcances de las atribuciones de
control nanciero entre la f y la
, que comparten
responsabilidad en la gestión, scalización y evaluación
Actualmente, las funciones anticorrupción del país
están repartidas entre diferentes órganos. Avanzar en
la construcción de un sistema anticorrupción integrado y
coherente requiere de mecanismos de coordinación y cooperación interinstitucional contemplados en una reforma
legal de gran calado. ara esto es necesario que las diferentes fuerzas políticas impriman un sentido de urgencia
a los cambios institucionales que permitirán al gobierno
instrumentar mejores políticas públicas y programas para
combatir el fenómeno de la corrupción de una forma más
e caz y visible para la ciudadanía.
Dentro de este contexto, como lo a rmó Rubio Llorente (1993), las instituciones de control en la historia del
Estado Constitucional son el corazón mismo de la idea
de constitución, ya que la Ley Suprema es simplemente
un instrumento de limitación del poder y de garantía de
los ciudadanos. En consecuencia, de acuerdo con Sánchez
Morón (1991), la red de controles gubernamentales se
ha enfocado en el objetivo de salvaguardar la e cacia
legal y administrativa y los derechos individuales, aunque
parece que ha ignorado el papel primordial de los regímenes democráticos de poner un alto al abuso del poder
(ernández, 2012: 16).
El problema está principalmente en la efectividad, no en
la existencia per se de instituciones anticorrupción (González, 2011: 48); las disfunciones organizativas, las excepciones
en la aplicación de las normas, la implantación parcial de
programas y la falta de continuidad de las iniciativas gubernamentales no han permitido contener el fenómeno.
La estadística pública existente en esta asignatura es
más difícil de interpretar de lo que parece. La persistencia
de escándalos ligados al dispendio de recursos públicos,
el trá co de in uencias y el acceso privilegiado a algunos
servicios públicos no han permitido comunicar avances
certeros en el combate a la corrupción en el país. Si bien la
ruta de fortalecimiento institucional toma tiempo en implementarse y en generar resultados tangibles a la población,
es fundamental que el Estado establezca mediciones más
claras para valorar los resultados de la estrategia anticorrupción implementada.
En México, la estructura de mecanismos institucionales de combate a la corrupción responde a un modelo de
múltiples agencias controladoras de rendición de cuentas.
De acuerdo con los espacios de interacción en los cuales
tienen facultades los órganos de lucha contra la corrupción,
es posible identi car entes con funciones anticorrupción al
interior de las instituciones públicas (de control interno)
y fuera de ellas (de control externo), de tal suerte que las
tareas de control administrativo interno las llevan a cabo,
en términos generales, la Secretaría de la unción ública,
la Secretaría de acienda y Crédito úblico (
rocuraduría General de la República. or otro lado, las
actividades de control externo corresponden a la Auditoría Superior de la ederación (control administrativo
externo), el Congreso de la Unión (control político), el
Instituto ederal de Acceso a la Información y rotección
de Datos ersonales, y las organizaciones de la sociedad
civil (control ciudadano).
ara darnos una idea más clara de la realidad existente
–la cual desde luego es producto de ese binomio que parece
por momentos indisoluble llamado corrupciónimpunidad
es oportuno señalar que de acuerdo con los datos revelados
por la Auditoría Superior de la ederación del año 1998 al
2012, el órgano de scalización realizó 457 denuncias de
hechos ante el Ministerio úblico, de las cuales sólo 19 casos
es decir, el 4 han procedido, y el 96 no han prosperado
(274 están en proceso de integración en el ; ocho se han
declarado como “acumuladas”; cinco declaradas como “no
ejercicio de la acción penal”, y cuatro en “reserva”) (ifai:
2013). Es decir, no basta con informar o con que el ciudadano se entere, si las sanciones se encuentran ausentes.
En cuanto a las recuperaciones económicas llevadas a
cabo por parte del órgano de scalización, se ha logrado
otal
i ones e pesos
13,674.2
uente: Cuadro de elaboración propia.
En síntesis, podemos concluir que en 37 años los
avances han sido signi cativos y los esfuerzos legislativos
e institucionales se han materializado, pero ello no implica
que se hayan obtenido los resultados deseados. La opacidad,
las complicidades, la impunidad y la falta de honestidad y
probidad en el ejercicio público ha sido una constante.
Con gran razón arl opper a rma que los problemas más
importantes y más difíciles de la democracia son de orden
moral, ya que la democracia requiere del cumplimiento de
un mínimo de exigencias éticas y de virtudes ciudadanas,
de un mínimo de amor cívico que empieza por la conciencia
de corresponsabilidad y de solidaridad.
Coincidimos entonces con Salvador Mora en su propuesta para que la rendición de cuentas sea una forma de
relación con la ciudadanía por parte del poder político,
en donde asumamos que los gobiernos representativos
entienden las políticas de control como parte del marco
ético-normativo que regula su actividad pública. Lograr que
exista la proclividad de la rendición de cuentas obliga a redimensionar el papel del representante como un agente que
garantiza la existencia de gobiernos responsables; de esta
manera, la distancia que separa y distingue al gobernante del
gobernado no es motivo para que el gobierno representativo asuma que cuenta con un boleto que le autoriza ejercer
el poder de manera discrecional (Mora: 2013: 40).
En consideración a lo realizado en México durante los
últimos 37 años y asumiendo la existencia de cierta sensibilidad en torno a la transparencia y la rendición de cuentas
en un escenario de conformación legal e institucional, es
preciso tener clara la dimensión legal para asegurar que
las acciones de los servidores públicos están apegadas a
derecho, pues de lo contrario se hará valer todo el peso
de la ley; y desde luego, la política que impulsa y fortalece la
capacidad de la ciudadanía para garantizar que las políticas
y acciones gubernamentales re ejen sus preferencias, en
donde la información se convierte en un elemento fundamental para que los ciudadanos ejerzan control sobre la
actividad pública, independientemente de la existencia de
los denominados mecanismos de democracia directa.
ajo el anterior orden de ideas, asumimos que la rendición
de cuentas permite para y en la democracia dos valores: a
la generalización de la con anza social … que nos obliga
a exponer cómo funciona la democracia … que determina el binomio legal-legítimo, lo cual proporciona los
elementos su cientes de estabilidad política que permiten
establecer un proyecto basado en la gobernabilidad –bajo
los principios de e ciencia y efectividad se construyen los
pilares fundamentales de la doble dimensión de la legitimidad como valor de origen y como valor con el grado
de satisfacción con el desempeño gubernamental; y b)
la institucionalización de mecanismos de señalamiento. La
rendición en un régimen democrático se traduce en una
práctica preventiva, correctiva y de mejora de las políticas
y prácticas institucionales (Mora, 2013: 45-46).
En otras palabras, es donde los canales de la acco n
ta i it funcionan, permitiendo al Estado corregir malas
prácticas independientemente del control ciudadano en
La publicidad, la información, la transparencia y la rendición de cuentas son, pues, la limitante a los excesos y a
los abusos de los servidores públicos; acotan la desmesura
del poder político y dan sentido al Estado democrático, en
donde la efectividad, la e ciencia y la oportunidad pueden
ser valoradas en redimensionamiento de lo público.
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