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Timestamp: 2018-08-16 21:15:59
Document Index: 360805561

Matched Legal Cases: ['artículo 7', 'Artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 7', 'artículo 334', 'artículo 334', 'artículo 336', 'artículo 7', 'artículo 8', 'artículo 336', 'artículo 336', 'artículo 336', 'artículo 334', 'artículo 20', 'artículo 163', 'artículo 35', 'artículo 163', 'artículo 165', 'artículo 163', 'artículo 334', 'artículo 334', 'artículo 336', 'artículo 25']

Autor: rodrigo rivera morales
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LA DEFENSA DE LA SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL EN EL PROCESO ESPAÑOL Y VENEZOLANO
Profesor de la Universidad Católica del Táchira
Profesor invitado: Universidad Central de Venezuela
Dirección: Calle 4 Nº 60 Urbanización Los Naranjos. Telf. 342.22.16. San Cristóbal
Email: roriveramorales@hotmail.com, rorimo@cantv.net
Abogado UCABET. Doctor en Derecho Universidad de Salamanca. Maestría en Planificación y Desarrollo Regional. Especialista en Derecho Procesal. Especialista en Derecho Constitucional. Especialista en Derecho Penal General. Especialista en Derecho Penal Especial. Profesor Universitario de Pre y Postgrado en Universidades Nacionales: UCAT y UCV, y Extranjeras: España: Universidad de Salamanca, Colombia: Universidad de Medellín, y Pontificia Universidad Católica de Perú. Miembro del grupo de Investigación IUDICIUM Universidad Salamanca. Miembro del Consejo de Redacción de la Revista de Derecho Procesal de la Universidad de Valencia-España. Miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal. Presidente del Instituto de Derecho Procesal Colombo-Venezolano. Autor de varias obras jurídicas.
En la doctrina se afirma que la Supremacía Constitucional se erige como derecho fundamental, puesto que en ella están reconocidos los derechos fundamentales y sus garantías. El ciudadano, en cualquier situación, ante el Estado o los particulares puede exigir tutela efectiva y la aplicación de esa supremacía constitucional. Los poderes públicos y los ciudadanos están sometidos a la Constitución. En caso de que en un proceso concreto se pida la aplicación de una norma que colida con la Constitución, la persona tiene derecho a cuestionarla y exigir que se aplique la Constitución y en consecuencia se determine la inaplicación o desaplicación de dicha norma. Esto se realiza en forma incidental. Se trata de examinar la forma prevista en España y en Venezuela, pues la primera acogió el sistema de control concentrado, mientras que la segunda tiene un sistema mixto.
Palabras claves: supremacía, inconstitucional, control concentrado, control difuso, cuestión de inconstitucionalidad, excepción de inconstitucionalidad.
In the literature states that the Constitutional Supremacy stands as a fundamental right, since it recognized the fundamental rights and guarantees. The citizen, in any situation, to the State or individuals may require effective protection and enforcement of the constitutional supremacy. Public authorities and citizens are subject to the Constitution. In the event that a specific process is asking for the application of a rule that contrary with the Constitution, the person has a right to question and seek to apply the Constitution and therefore determine the failure or not apply of this standard. This is done as incidental. To examine the manner provided for in Spain and Venezuela, as the first host to the concentrated control system, while the second is a mixed system.
Keywords: rule unconstitutional, concentrated control, fuzzy control, issue of unconstitutionality, exception of unconstitutionality.
En el constitucionalismo moderno se entiende que la Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico. La idea de Estado constitucional está sólidamente unida a la idea de la Constitución como norma suprema, que debe prevalecer sobre toda norma o acto estatal. A partir de ella se organizan los poderes públicos, se limita su actuación y se protegen a los ciudadanos1. En esta concepción es lógico que se organice y delimite el poder formal, lo cual se hace a través del derecho. De ello, resulta que la constitución como norma superior establece límites al contenido normativo y regula el procedimiento de producción jurídica. Esto determina los criterios de validez de la norma jurídica. Es claro que el Estado Constitucional se fundamenta, en el aspecto jurídico, en el principio de la supremacía constitucional2. En la Constitución venezolana en su artículo 7 se establece: “La Constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico. Todas las personas y los órganos que ejercen el Poder Público están sujetos a esta Constitución”. Se define como norma superior a partir de su posición de supremacía jerárquica respecto de las restantes normas que con ella integran el ordenamiento. Esta superioridad jerárquica supone que la Constitución no es simplemente un conjunto de prescripciones dirigidas al legislador y que sólo con la intervención de éste pueden trascender a ámbitos jurídicos inferiores, sino que se configura como una norma a aplicar por todos los operadores jurídicos3. Existe, pues, una atribución a las normas constitucionales de eficacia directa, lo que no es más que una expresión de su posición jerárquica4.
Expresa GOMES CANOTILHO5 que una de las principales funciones de la Constitución es la función garantista, de los derechos y libertades. Agrega que con la constitucionalización de los derechos y libertades se sustrae a la libre disponibilidad del Estado. La supremacía de la Constitución vincula a los órganos del poder público y a sus titulares, estableciendo una verdadera limitación al ejercicio del poder.
Argumenta HABERLE6 que “la Constitución tutela determinados bienes de la vida de los individuos y de la colectividad”. Se puede expresar que no sólo existen bienes de la vida referidos, exclusivamente, como lo concibió la ideología liberal, a los individuos, sino que también debe protegerse la dimensión social de la persona humana. Esa tutela no es más que una protección superior, si se quiere, especial o privilegiada, que limita la acción del poder. Agrega HABERLE que “Los derechos fundamentales tienen el rango de bienes jurídicos fundamentales”. Esa expresión de fundamentales le da una connotación distinta acerca de los otros derechos. El fin de los derechos fundamentales es el de garantizar un proceso de vida inspirado en la dignidad de la persona humana que requiere libertad e igualdad para su realización. Indudablemente, que esa superioridad no significa absolutidad. Debe mirarse que tales derechos, por la propia naturaleza del hombre -dimensión individual y social-, tienen una función individual y social. Por otra parte, los derechos fundamentales tienen una doble carácter con relación al binomio Individuo-Estado, pues, el primero, asigna un disfrute personal, son inherentes al individuo; en el segundo, obliga al Estado a mantener una calidad de disfrute, surgiendo así un carácter institucional, pues, el Estado debe garantizar ese ejercicio individual y social.
El carácter superior e institucional de los derechos fundamentales genera diversas consecuencias para el poder público. En primer lugar, obliga al respeto de los mismos, así se consagra en los artículos 9, 10 y capítulo segundo de la Constitución española y, en la Constitución venezolana en los artículos 2, 7, 19, 22, 23, 25 -este último consagra la nulidad de los actos del poder público que menoscaben los derechos constitucionalmente consagrados-, y 29 que obliga al Estado a investigar y castigar los delitos contra los derechos humanos que cometan las autoridades; en segundo lugar, obliga a los poderes públicos a generar las condiciones para que sean efectivos los derechos fundamentales -cfr. Artículo 9.1 Constitución española y 19 Constitución venezolana-; en tercer lugar, limita al poder público, así por ejemplo, el legislador no podrá producir leyes que los menos menoscaben o, el judicial, tiene que producir sentencias sin lesionar estos derechos7.
Entonces, discurrir acerca de la defensa de la Constitución, es en última instancia defender el orden social y político establecido, los principios y valores que una comunidad acepta, los derechos y libertades que esa comunidad ha conquistado y consagrado como inviolables y su reconocimiento como fuente de todo poder8. Entonces, la defensa constitucional es la defensa de la sociedad misma, del orden que ha convenido en consenso social, de los derechos fundamentales y sus libertades.
La defensa jurídica –extraordinaria- se realiza en el marco de la normatividad constitucional, pues, la constitución es una norma jurídica que debe ser aplicada por parte de los poderes públicos, ella es auténtico derecho constituido en el ordenamiento jurídico y que obliga a su aplicación por parte de los poderes públicos, incluido el poder legislativo9. Como ya se expresó, tanto en la constitución española como venezolana se consagra su carácter normativo, así: En la Constitución española en el artículo 9.1 dispone: “Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico” y en la Constitución venezolana en el artículo 7 se pauta: “La Constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico. Todas las personas y los órganos que ejercen el Poder Público están sujetos a la Constitución”. En la misma Constitución se establecen las garantías de su cumplimiento y de su regularidad. Escribió KELSEN10 que “garantías de la Constitución significa, garantías de la regularidad de las reglas inmediatamente subordinadas a la Constitución, es decir, esencialmente, garantías de la constitucionalidad de las leyes”. Pero es posible que por actos de los poderes públicos se produzcan lesiones a derechos individuales consagrados en la Constitución, existiendo de hecho un desconocimiento de los mandatos constitucionales o del contenido de sus normas. En el Estado social constitucional-democrático los poderes públicos tienen que actuar conforme a la previsión constitucional y aplicar los mandatos constitucionales en forma rigurosa en el acatamiento al orden jurídico establecido. Puede entenderse, entonces, que las garantías de la constitución son medios jurídicos de defensa de la Constitución contra leyes o actos de los poderes públicos que sean inconstitucionales, pero que, indudablemente, es una defensa del orden constitucional y que se ejercitan o son procedentes para controlar la constitucionalidad cuando se emitan leyes o actos contrarios a la Constitución o lesionen derechos fundamentales consagrados constitucionalmente.
La defensa jurídica de la Constitución en el régimen constitucional español está encomendada al Tribunal Constitucional, el cual no forma parte de la Administración de Justicia ordinaria. Dentro de los órganos constitucionales cumple una función de control de constitucionalidad mediante métodos jurisdiccionales11. En España, se asumió el modelo de control concentrado12. Los autores13, en el análisis de competencias del Tribunal Constitucional español -artículos 161 C.E. y 2 LOTC-, expresan que pueden agruparse en cuatro bloques, así: 1) recursos sobre la constitucionalidad de las leyes -conforme al sistema de fuentes -, 2) los recursos de amparo como protección de los derechos fundamentales, 3) los recursos de conflictos constitucionales sobre competencias y 4) el control previo de constitucionalidad sobre los tratados internacionales.
En el sistema constitucional venezolano la defensa jurídica de la Constitución se encomienda a la Sala Constitucional -artículo 334, aparte 3º CRBV-modelo concentrado- del Tribunal Supremo de Justicia y a todos los tribunales en el ámbito de sus competencias acorde al artículo 334 ejusdem modelo difuso-. Se advierte que se asume el modelo mixto de control de constitucionalidad: concentrado y difuso14. En cuanto a las competencias de la Sala Constitucional -artículo 336 ejusdem- pueden ser agrupadas en los mismos cuatro órdenes señalados al Tribunal Constitucional español, haciendo la salvedad que en cuanto al recurso de amparo tienen facultad los tribunales ordinarios -artículo 7 Ley Orgánica de Amparo sobre derechos y garantías constitucionales -15, y en otros casos la Sala Constitucional -artículo 8 ejusdem-. Habrá que agregar el bloque relativo al conflicto de prevalencia entre leyes -artículo 336 ordinal 8º-16. No obstante, los tribunales ordinarios en ejercicio del control difuso podrán inaplicar leyes o determinar la prevalencia en situaciones de conflicto de disposiciones legales en el caso concreto. Debemos anotar que acorde a lo dispuesto en el numeral 10º del artículo 336 citado, la Sala Constitucional sirve de articulación entre el control difuso y el control concentrado, puesto que puede revisar las sentencias de amparo constitucional y de control de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas dictadas por los tribunales de la República17.
En Venezuela, como hemos señalado existe el método mixto. El artículo 336 atribuye a la Sala Constitucional la potestad de declarar la nulidad, total o parcial, de las leyes o actos con fuerza de ley -nacionales, estatales y municipales- y los actos en ejecución directa e inmediata de la constitución, dictados por cualquier órgano del poder público, cuando colidan con la Constitución. En el artículo 334 –apartes primero y segundo-constitucional permite a los jueces, al decidir el caso concreto, declarar la inaplicabilidad de la ley u otra norma jurídica, cuando estimen que se oponen a la constitución. Norma que se compagina con normas procesales, por ejemplo, con el artículo 20 del Código de Procedimiento Civil, 19 del Código Orgánico Procesal Penal y de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Puede observarse, que la Sala Constitucional, sólo tiene el monopolio de la anulación y de la interpretación vinculante con efectos erga omnes18.
Véase que el control de constitucionalidad de las leyes, en Venezuela, no puede identificarse en particular con el método concentrado o difuso, sino que, realmente, está acomodado por la mezcla de ambos, estableciéndose como un método combinado o mixto propiamente dicho19. En Venezuela, puede plantearse, entonces, incidentalmente, la excepción de inconstitucionalidad en el caso concreto. Debo advertir que el sistema venezolano carece de la llamada “cuestión de inconstitucionalidad” que contiene el sistema español, típico de los sistemas europeos de justicia constitucional Por ello, no existe norma que lo establezca, como en el ordenamiento español en su artículo 163 constitucional y artículo 35 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), pero por el control difuso, admitido en la legislación venezolana, podrá alegarse la cuestión de inconstitucionalidad como excepción de inconstitucionalidad. Así tenemos que la cuestión de inconstitucionalidad, tanto en España como en Venezuela- con la salvedad que indicamos-, es una forma de la defensa jurídica de la Constitución, bien para hacer valer su supremacía, bien para garantizar el contenido de la misma, la cual no sólo tiene por objeto regular orgánicamente el funcionamiento de los órganos estatales sino establecer los derechos fundamentales de los ciudadanos20.
LA CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD: DEFINICIÓN Y NATURALEZA JURÍDICA
Precisar la naturaleza de la cuestión de inconstitucionalidad, estatuida en el ordenamiento español, no deja de ser complejo. Observamos que la doctrina ha discurrido en diversas opciones, expresándose incluso opiniones contrapuestas21. Puede ser abordada desde diversos ángulos. Si lo vemos desde el punto de vista sustancial-objetiva, indudablemente, es un mecanismo de defensa jurídica de la Constitución. En el momento que exista o vaya a ser aplicada una norma con rango de ley o de un acto en ejecución directa e inmediata de la constitución, que sea contraria a la constitución, hay una cuestión de inconstitucionalidad. Es decir, la cuestión de inconstitucionalidad expresa que hay una situación contraria a la Constitución y debe resolverse jurídicamente. Por ello, podría afirmarse que hay cuestión de inconstitucionalidad, cuando se plantea como objeto del petitum22, en un proceso, bien como principal o incidental, el pronunciamiento del órgano jurisdiccional sobre la constitucionalidad o no de una norma con rango de ley o de un acto en ejecución directa e inmediata de la constitución. Si lo vemos desde el punto de vista normativo instrumental, en la legislación española, es un instrumento de “control concreto” de la constitucionalidad de las leyes a la disposición de los órganos judiciales -artículo 163 C.E. y 35 LOTC-; en la legislación venezolana, asimilándola a la que se plantea en el control difuso, desde esta óptica coincide, pero debe indicarse que no está sólo a disposición de los órganos judiciales sino también para las partes. Desde el punto de vista procesal, en el ordenamiento español, es un instrumento de control concreto que no tiene el carácter de acción23, de oportunidad incidental y prejudicial-devolutivo. Es de observar que el carácter devolutivo es propio de los medios de impugnación. En el sistema venezolano, para las partes tiene el carácter de excepción, entendiéndola como el derecho a la defensa, en un proceso, sobre una cuestión que afecta sus intereses y reclamar a la jurisdicción un pronunciamiento y de oportunidad incidental; para el juez es la obligación de aplicar la Constitución. En Venezuela el planteamiento de inconstitucionalidad en proceso concreto no tiene el carácter de devolutivo, puesto que el juez que conoce es quien debe decidir sobre la cuestión planteada, no hay envío del asunto, a juez distinto y superior.
Sostenemos que la cuestión de inconstitucionalidad es una garantía de la supremacía constitucional y de los derechos fundamentales que ella consagra, que se efectiviza en el proceso. La supremacía constitucional implica que los jueces están en la obligación de respetarla, teniendo el poder de aplicarla. Por supuesto, están sometidos, también, al principio de legalidad. Pero si albergan dudas acerca de la inconstitucionalidad de una ley, para aplicarla en el caso concreto, en el caso español deberán plantear la duda ante el Tribunal Constitucional. Esta garantía se ejerce en el proceso. Sólo puede ser cumplida incidenter tantum, es decir, en el curso de un proceso concreto del cual el juez esté conociendo. En el desarrollo del proceso se produce una “anomalía o crisis procesal”, puesto que hay una “desviación en el desenvolvimiento normal del proceso”24, debido a que uno de los elementos, supuestamente, es irregular; puede ser referido al objeto de la actividad procesal. Esto implica que hay una tutela jurisdiccional de la Constitución y del derecho a la supremacía en el proceso jurisdiccional25. ¿Sólo de la Constitución?26 O más bien, protegiéndola como norma suprema frente a las demás fuentes de derecho, y a los bienes jurídicos que consagra y manda proteger. En este sentido, indudablemente, que la cuestión de inconstitucionalidad es una garantía constitucional27 que se ejerce jurisdiccionalmente28. Tendremos así, que es una garantía constitucional, consistente en un instrumento procesal29, que tiene como fin la de efectivizar el respeto a la jerarquía normativa de la Constitución y el respeto y cumplimiento de los derechos fundamentales que ella establece. De esto se desprenden relevantes consecuencias procesales30. La oportunidad incidental de la cuestión exige un tratamiento procesal específico31 , especialmente una resolución previa del juez, dado que la cuestión anómala debe influir decisivamente en el pronunciamiento de fondo sobre el caso. Este es un aspecto de mucha importancia, porque toda la doctrina procesal admite que esa influencia en la sentencia de mérito obliga a que se garanticen los derechos procesales de las partes
En primer lugar, hay órganos que tienen esa tarea, bien sea en forma incidental sin pronunciamiento –cuestión muy relativa, pues el juez a quo debe fundamentar cuando eleva-, bien sea el órgano decisorio. En segundo lugar, hay procesos que se tramitan ante ellos, por ejemplo, en España, la parte en proceso ordinario puede instar la “cuestión de constitucionalidad” y si es acogida por el juez, éste la planteará ante el Tribunal Constitucional; allí hay un proceso32. Puede hablarse que existe un Derecho Procesal Constitucional que se fundamenta en las instituciones y garantías que la Constitución establece, pero no nace o se organiza de la Constitución, que no significa que se niegue ni prescinda de la existencia de normas procesales en ella33. Por lo contrario, se afirma que deben tomarse en cuenta, porque informan a las leyes procesales. Nace, realmente, cuando se dictan las normas que regulan los procesos mediante los cuales deben resolverse conflictos de naturaleza constitucional. Puede observarse que la Constitución española en su artículo 165 prevé una ley orgánica que regulará, entre otras cosas, el procedimiento ante el Tribunal Constitucional34 y las condiciones para su ejercicio. Las normas procesales que ella contiene tienen que ser garantes del respeto de la jerarquía normativa y de la protección de los derechos fundamentales de la persona humana. Pero entendemos, que en cumplimiento de esa función de “garantía” debe ser conforme con los valores y principios que reafirma la Constitución. Si se toma como una garantía, es jurídicamente lógico, que las normas que regulen su ejercicio no pueden afectar su esencia, ni prescindir de los principios constitucionalizados que fundamentan el estado constitucional.
La cuestión de inconstitucionalidad no es sólo un mecanismo de defensa de la Constitución, que se erige en garantía constitucional de su supremacía jerárquica y en protección de los derechos fundamentales, expresándose como instrumento procesal incidental y prejudicial35, sino que también es un medio de defensa del ciudadano, de sus derechos, frente a las agresiones del poder público mediante normas. Se puede apreciar un doble carácter de la cuestión.
Ese doble carácter se despliega así: uno sustancial, que se refiere a la supremacía de la Constitución, pues si ésta es la ley suprema de un Estado-Nación y, por lo tanto, prevalece ante todas las demás leyes, entonces un acto del Estado que la contradiga no puede constituir una norma efectiva, se trata de garantizar la primacía de la Constitución, privando de efecto a aquellas normas con fuerza de ley que la contravengan; pero, también, tiene una finalidad, en última instancia, proteger la soberanía popular36 y los derechos fundamentales de ese pueblo soberano37. Debe entenderse que partimos del supuesto que la Constitución es manifestación de la voluntad del pueblo- manifestada en el poder constituyente y el referéndum aprobatorio de la Constitución- que debe prevalecer sobre la voluntad de los órganos constituidos, por tanto, el principal derecho constitucional de los ciudadanos, es el derecho a dicha supremacía, como escribe BREWER CARÍAS38 “al respeto de la propia voluntad expresada en la Constitución”. Se asume, entonces, la tesis que es derecho fundamental de los ciudadanos la tutela judicial de la supremacía constitucional39, pues, es una expresión de la soberanía popular y si ésta no se respeta se lesiona esa voluntad popular y pueden ocurrir arbitrariedades e infracciones a los derechos y libertades que la Constitución consagra.
El otro carácter es procesal, es un medio de impugnación de oportunidad incidenter tantum, de control de la constitucionalidad en proceso concreto, y prejudicial -devolutivo en el caso español, como indicamos en Venezuela decide el juez ordinario que conoce el caso concreto-. Este aspecto o carácter procesal es complementario, pues es conocido que las denominadas normas sustanciales son jurídicas en la medida que haya cumplimiento espontáneo de sus destinatarios (en este caso los poderes públicos); y no llegarían a ser verdaderas normas jurídicas, en caso inobservancia, de no existir y entrar en funcionamiento las normas procesales. En este sentido, este carácter procesal de la institución de la “cuestión de inconstitucionalidad” complementa su aspecto sustancial -derecho a la supremacía- garante. El derecho sustancial es el objeto que se procesa, mientras que el procesal es la forma o el régimen del instrumento procesador. Ambos, en la cuestión de inconstitucionalidad, tienen una interacción constante, pues para determinarse la “inconstitucionalidad” se requiere un proceso principal en el cual las partes tienen derecho al debido proceso, a la tutela y a la defensa y si en él se va aplicar una ley irregular, debe operar la impugnación40 y requerirá de un pronunciamiento jurisdiccional. El aspecto procesal debe amoldarse al objeto mismo que es la tutela de la constitucionalidad, en el sentido de la sustancialidad. Lo que vale decir que surge indefectiblemente como un derecho público subjetivo. Por ello, debe afirmarse que los institutos sustanciales-jurisdiccionales, al ser garantes en definitiva del derecho sustantivo, deben responder a las exigencias del derecho que pretenden tutelar41.
Es definitiva se puede sostener que la cuestión de inconstitucionalidad, en el sistema español, o la excepción de inconstitucionalidad, en el sistema venezolano, es una garantía constitucional, que en el proceso cumple una función de instrumento procesal para la protección de la jerarquía normativa y los derechos constitucionales que consagra la Constitución. Este instrumento procesal puede considerarse, técnicamente, como un medio impugnatorio42, en el sentido amplio, pero por su forma de presentarse, en el proceso ese medio impugnatorio puede revestir la forma de excepción de previo pronunciamiento43.
El artículo 163 de la Constitución española establece la cuestión de inconstitucionalidad en los siguientes términos: “Cuando un órgano judicial considere, en algún proceso, que una norma con rango de ley, aplicable al caso, de cuya validez dependa el fallo, pueda ser contraria a la Constitución, planteará la cuestión ante el Tribunal Constitucional en los supuestos, en la forma y con los efectos que establezca la ley, que en ningún caso serán suspensivos”. Se constituye, en cuanto a la constitucionalidad de las leyes, en un instrumento de control concreto44, que acontece en un proceso concreto en el cual hay conflicto de intereses particulares, pero que la aplicación de una norma a ese caso y de la cual dependa el fallo, se considera contraria a la Constitución. Los particulares – partes- aspiran que en su caso concreto le sea aplicada la ley justa, legítima y valida. En el sistema constitucional garantista hay el derecho del particular “a que le aplique una Ley constitucionalmente regular”45.
En Venezuela, como se indicó, se tiene el sistema mixto. El sistema venezolano es uno de los más amplios si hace comparación con lo que muestra el derecho comparado, pues, recoge la enorme experiencia del constitucionalismo moderno; en él se hace una mezcla del método de control difuso -artículo 334 constitucional- y del método de control concentrado -artículos 334 y 336 constitucionales-, lo cual de alguna forma demuestra que hay compatibilidad entre el modelo continental-europeo y norteamericano de control de la constitucionalidad. En el sistema venezolano corresponde a todos los órganos judiciales la facultad de controlar las leyes inconstitucionales en los litigios concretos bajo su conocimiento, facultad que no se da en el sistema español, pues, allí no hay desaplicación; pero tiene el monopolio de la declaratoria de inconstitucionalidad la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.
En el sistema mixto de control de constitucionalidad venezolano no existe la figura española –continental europea- de “cuestión de inconstitucionalidad”. Es conveniente advertir que en el lenguaje jurídico venezolano la cuestión de inconstitucionalidad es el objeto de la impugnación por inconstitucionalidad; esto es, cuando se estima que una norma o un acto estatal es contrario a la Constitución hay una cuestión de inconstitucionalidad y podría ser planteada, bien en control difuso en caso concreto, o bien por vía principal mediante el recurso de inconstitucionalidad46. El constituyente de 1999 conservó el sistema mixto o integral de la constitucionalidad47.
En el sistema venezolano en puridad no se puede afirmar que el privilegio del rechazo o desconocimiento de las leyes apreciadas inconstitucionales es exclusivo de la Sala Constitucional, pues, el artículo 334 constitucional citado dispone que, todos los jueces de la República están obligados a “asegurar la integridad de la Constitución”, y en caso de incompatibilidad entre ésta y una ley u otra norma jurídica, debe dar predominancia a las disposiciones constitucionales. Esto implica que, a diferencia de los sistema de control de la constitucionalidad denominados “concentrados”, todo juez de la República está obligado –no se trata de una facultad, sino de una obligación- a rechazar, mediante su desaplicación al caso concreto de su conocimiento, las leyes que deba aplicar, que estime contrarias a la Constitución. Se advierte que no se trata de la preferencia de aplicación entre la Constitución y la ley, pues, es obvio que por el principio de jerarquía debe aplicarse la Constitución. Se trata de aplicar una ley al caso concreto y si ésta se aprecia inconstitucional, en tal caso es que es procedente la no aplicación.
El sistema español, típico de los sistemas europeos de justicia constitucional, los jueces que conocen el caso concreto, cuando se presenta el planteamiento de inconstitucionalidad, tienen que elevar ante el Tribunal Constitucional, si consideran justificado o con fundamento la cuestión de inconstitucionalidad48. En el ordenamiento venezolano todos los jueces se encuentran facultados para desaplicar las leyes que estimen inconstitucionales y no tienen obligación de plantear ante la Sala Constitucional sus dudas, puesto que ellos deciden la desaplicación en el caso concreto. En Venezuela no existen recursos extraordinarios contra las decisiones de los jueces en las cuales se resuelvan cuestiones de inconstitucionalidad. Las decisiones de los jueces están sujetas a las vías ordinarias de apelación y al recurso de casación -frente a decisiones de segunda instancia o excepcionalmente per saltum en los juicios de invalidación-cfr 328 del CPC-, cuando proceda, de acuerdo a las normas establecidas en las leyes procesales49. No obstante, sostenemos que esa decisión puede ser objeto de recurso de amparo ante la Sala Constitucional50, en caso de estar comprendida en los supuestos establecidos en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, e incluso conforme al artículo 336 en su ordinal 10º constitucional se podría efectuar revisión de oficio, actualmente se interpreta bajo potestad discrecional de la Sala Constitucional, sin necesidad de recurso previo. Pero nótese que es sobre sentencias firmes.
Puede observarse que el control difuso, sin un control de un tribunal especial, generará una variedad de criterios judiciales, lo cual envuelve la posibilidad de inseguridad jurídica. No es descabellada la hipótesis que esa facultad-deber de los jueces ordinarios de desaplicar leyes sin un control especial, puede engendrar inseguridad, puesto que es factible que nos encontremos en similares casos concretos una multiplicidad de interpretaciones.
Por último, con relación a estas instituciones que estudiadas de España y Venezuela, debe apreciarse que en el sistema constitucional moderno, dentro del principio de primacía de la Constitución, está la preeminencia de los derechos y garantías constitucionales que obliga a todos los jueces a hacerlos respetar y protegerlos -artículos 9.1, 9.3 y 53 de la C.E. y artículos 7 y 19 CRBV-. En Venezuela se establece constitucionalmente la garantía objetiva de los derechos por ella consagrados al instituir la nulidad de los actos que violen o menoscaben tales derechos -artículo 25 constitucional-. Esta superioridad de los derechos constitucionales, reconocida en el estado constitucional, impone a todos los jueces -poderes públicos- el deber de aplicar preferentemente la Constitución con relación a las leyes y normas que los violen. Negar este principio es nadar contracorriente a los postulados mismos del constitucionalismo actual. Por supuesto, como hemos visto, en la forma europea-continental se resuelve bajo la figura de la “cuestión de inconstitucionalidad” planteada ante el órgano jurisdiccional constitucional –concentrado-; bajo el sistema venezolano, el juez hace el control difuso incidental. Lo que queremos dejar claro es que el ciudadano tiene derecho a esa primacía constitucional y tiene derecho a la garantía de la preponderancia de los derechos y garantías constitucionales.