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Timestamp: 2020-05-28 02:46:37
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Decreto 0164/1999. Boletín Oficial n° 29.310, viernes 7 de enero de 2000, pp. 2-8.
Citas Legales : Ley 25.188
(Nota del Centro de Documentación y traducciones: modificado por el Decreto 808/2000 )
BUENOS AIRES, 28 DE DICIEMBRE DE 1999.
VISTO la Ley de Etica en el Ejercicio de la Función Pública Nº 25.188, y
Que resulta necesario reglamentar las disposiciones de la Ley 25.188, especialmente en lo que hace al régimen de presentación de la declaración jurada patrimonial integral y al régimen de obsequios a funcionarios públicos.
Artículo 1º- El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos será la autoridad de aplicación de la Ley 25.188 en el ámbito de la Administración Pública Nacional. Podrá dictar los reglamentos, instrucciones y dictámenes necesarios para su ejecución
Artículo 2º- La presente reglamentación se aplicará a la declaración jurada patrimonial integral de los funcionarios indicados en los incisos a), f), g), h) -con exclusión de los funcionarios de la Auditoría General de la Nación- j), k), l), m), n), o), p), q), t), u) del artículo 5º de la Ley 25.188, los asesores del Presidente, Vicepresidente, Jefe de Gabinete de Ministros, Ministros, Secretarios y Subsecretarios del Poder Ejecutivo Nacional.
Artículo 3º- La declaración jurada patrimonial integral deberá contener el detalle de los bienes, ingresos y egresos, originados en el país o en el extranjero, en los términos del artículo 6º de la ley de Etica en el Ejercicio de la Función Pública. Los funcionarios indicados en el artículo 2º tienen la obligación de llenar un formulario para el cónyuge, conviviente o hijos menores en caso de que cualquiera de estos tuvieran bienes propios.
Artículo 4º- La declaración jurada patrimonial integral deberá ser presentada dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha de asunción del cargo y del cese en las funciones, y anualmente antes del 31 de diciembre de cada año, según el cronograma de presentación de declaraciones que determine la Oficina Anticorrupción.
Artículo 5º- El funcionario comprendido en este régimen debe presentar la declaración jurada patrimonial integral en original y dos copias. La información de la declaración exenta de publicidad según lo establecido por el artículo 18 del presente Decreto, se realizará en un solo ejemplar y en sobre cerrado. Ambas presentaciones deberán ser efectuadas ante la oficina de personal, administración o recursos humanos de la jurisdicción u organismo en que el agente preste servicios.
Artículo 6º- Al momento de la presentación de la declaración jurada patrimonial integral, la oficina de personal, administración o recursos humanos de cada jurisdicción u organismo extenderá al funcionario declarante un recibo provisorio. Esta dependencia será responsable de llevar un registro de los funcionarios obligados a la presentación, en el cual deberá dejar constancia del cumplimiento.
Artículo 7º- El responsable de la oficina receptora de la declaración jurada patrimonial integral, previa autenticación de las copias acompañadas, deberá remitir tales ejemplares en sobre cerrado a la Comisión Nacional de Etica Pública y a la Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos respectivamente, dentro del plazo de treinta días hábiles contados a partir de la fecha de vencimiento del término para su presentación. La información de la declaración jurada patrimonialintegral exenta de publicidad deberá ser remitida en plazo similar a la Comisión Nacional de Etica Pública.
Artículo 8º- La remisión de las declaraciones juradas patrimoniales integrales por parte de las respectivas dependencias deberá ser acompañada por una nómina detallada de los funcionarios que hubieran presentado o no dicha declaración una vez vencido el plazo de intimación previsto en los artículos 8º y 9º de la Ley 25.188. La no remisión en el plazo establecido, sin causa debidamente justificada, del listado de agentes obligados y/o de la declaración jurada patrimonial integral será considerada falta del agente responsable del organismo receptor.
Artículo 9º- Vencido el plazo de presentación de la declaración jurada patrimonial integral sin que ésta se hubiera realizado, la respectiva oficina de personal, administración o recursos humanos, deberá intimar y notificar fehacientemente al responsable para que dentro del plazo previsto en los artículos 8º y 9º de la Ley 25.188 proceda a su cumplimiento. El incumplimiento de la intimación deberá ser notificado a la Oficina Anticorrupción, y a la máxima autoridad de la cual el funcionario dependa a fin de que se disponga la instrucción de las respectivas actuaciones sumariales a través de la Procuración del Tesoro de la Nación o del servicio jurídico correspondiente. Asimismo, la Oficina Anticorrupción formulará la denuncia penal ante las autoridades judiciales competentes.
Artículo 10.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 8º de la Ley 25.188, el incumplimiento de la presentación de la declaración jurada patrimonial integral, podrá dar lugar a la suspensión de la percepción de haberes por parte del agente incumplidor, hasta que satisfaga su obligación.
Artículo 11.- La Oficina Anticorrupción controlará que la declaración jurada patrimonial integral se encuentre debidamente confeccionada y completa, extendiendo el recibo definitivo en caso de que así fuera. Cuando se detecten errores u omisiones, deberá requerirse al funcionario declarante que salve las deficiencias que se señalen dentro del plazo de cinco días hábiles. El incumplimiento por parte del requerido será considerado falta grave. El recibo definitivo emitido por la Oficina Anticorrupción será remitido a los funcionarios por intermedio de la oficina de personal, administración o recursos humanos de la respectiva jurisdicción u organismo al que pertenezca.
Artículo 12.- El recibo que extienda la Oficina Anticorrupción no implicará pronunciamiento alguno acerca de los datos consignados en la declaración jurada patrimonial integral.
Artículo 13.- La Oficina Anticorrupción podrá efectuar todos los controles necesarios y solicitar al funcionario declarante las aclaraciones que considere pertinentes.
Artículo 14.- El plazo de guarda de la declaración jurada patrimonial integral será de diez años contados a partir de la fecha de cese del funcionario o por el plazo que impongan las actuaciones administrativas o judiciales que lo involucren.
Artículo 15.- El contenido de la declaración jurada patrimonial integral del funcionario y, en su caso, del cónyuge, conviviente e hijos menores, tendrá carácter público y podrá ser consultado en la Oficina Anticorrupción de acuerdo a las condiciones establecidas por el artículo 10 de la Ley 25.188.
Artículo 16.- El Fiscal de Control Administrativo o el funcionario de la oficina que designe será responsable de otorgar las autorizaciones a los pedidos de consulta en un plazo que no exceda los tres días hábiles.
Artículo 17.- Las personas que consulten las declaraciones juradas estarán sujetas a las obligaciones y sanciones previstas en el artículo 11 de la Ley Nº 25.188. La Oficina Anticorrupción reglamentará y aplicará el régimen de sanciones y procedimiento que garantice el derecho de defensa de las personas que violaren la disposición antes citada, en tanto no se constituya la Comisión Nacional de Etica Pública.
Artículo 18.- Estará exenta de publicidad, la información contenida en la declaración jurada patrimonial integral relativa a:
a) El nombre del banco o entidad financiera en que tuviese depósito de dinero:
b) Los números de las cuentas corrientes, de cajas de ahorro, cajas de seguridad y tarjetas de crédito y sus extensiones;
c) Las declaraciones juradas sobre impuesto a las ganancias o bienes personales no incorporados al proceso económico;
d) La ubicación detallada de los bienes inmuebles;
e) Los datos de individualización o matrícula de los bienes muebles registrables;
f) Cualquier otra limitación establecida por las leyes.
Artículo 19.- La información prevista en el artículo anterior sólo podrá ser entregada a requerimiento de autoridad judicial o de la Comisión Nacional de Etica Pública. Podrá ser consultada por el Fiscal de Control Administrativo por decisión fundada del Ministro de Justicia y Derechos Humanos. En este supuesto se deberá comunicar esta circunstancia al funcionario de que se trate.
Artículo 20.- El listado de las declaraciones juradas de las personas señaladas en el artículo 2º del presente Decreto, que hayan o no presentado sus declaraciones juradas patrimoniales integrales, deberá ser publicado en el plazo de noventa días de recibido en la Oficina Anticorrupción, en el Boletín Oficial e Internet.
Artículo 21.- Los funcionarios públicos no podrán recibir regalos, obsequios, donaciones, beneficios, gratificaciones, sean de cosas, servicios o bienes, cuando se realicen con motivo o en ocasión del desempeño de sus funciones. La autoridad de aplicación reglamentará aquellos casos que por razones de amistad, cortesía, protocolo o costumbre diplomática, no se encuentren alcanzados por este régimen.
Artículo 22.- Los funcionarios deberán completar una declaración sobre el cumplimiento del régimen de incompatibilidades y conflicto de intereses en los términos de los artículos 13 a 16 de la Ley Nº 25.188.
Artículo 23.- La autoridad de aplicación resolverá sobre las situaciones particulares de oficio o a pedido de los interesados.
Artículo 24.- Hasta tanto se constituya la Comisión Nacional de Etica Pública, los sobres con la información exenta de publicidad según lo establecido en el artículo 18 del presente Decreto, serán remitidos a la Oficina Anticorrupción, la que los mantendrá en depósito.
Artículo 25.- Todos los funcionarios que hubiesen cesado en el cargo a partir del 1º de diciembre de 1999 deberán actualizar sus declaraciones juradas conforme el régimen vigente.
Artículo 26.- Hasta que la autoridad de aplicación establezca un formulario definitivo, las declaraciones se presentarán en los formularios que se acompañan como anexo del presente decreto conforme el instructivo correspondiente.
DE LA RUA. - Rodolfo H. Terragno. - Ricardo R. Gil Lavedra.
Citas legales: Ley 25.188
Bibliografía: Comadira, Julio Rodolfo "Apuntes sobre los principios de la ética pública en el derecho argentino". Buenos Aires: El Dial Biblioteca Jurídica Online, mayo 2007. 6 p.