Source: https://vlex.com.pa/vid/recurso-casacion-civil-primera-31811500
Timestamp: 2020-05-26 23:43:35
Document Index: 54457768

Matched Legal Cases: ['artículo 184', 'artículo 1650', 'artículo 315', 'ARTÍCULO 315', 'artículo 1649', 'artículo 1106', 'artículo 5', 'artículo 1649', 'artículo 184', 'artículo 1106']

Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 1ª de lo Civil, 18 de Enero de 1996 - Jurisprudencia - VLEX 31811500
Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 1ª de lo Civil, 18 de Enero de 1996
La firma forense BERRIOS Y BERRIOS en su condición de apoderados especiales del BANCO DE COLOMBIA, S.A. han interpuesto recurso de casación contra la resolución de 22 de septiembre de 1993, dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia dentro del proceso ordinario seguido contra L. QUIEL Y B.A.D.Q..
Admitido el recurso de casación, se concedió a las partes el término de seis días para que alegaran en cuanto al fondo, por lo que ambas presentaron escritos visibles de fojas 155 a 157 y 158 a 159 respectivamente.
La Sala procede a decidir, previas las siguientes consideraciones:
El licenciado E.S.G. en nombre y representación del BANCO DE COLOMBIA, S.A. presentó demanda ejecutiva con acción de secuestro contra L.Q. y B.A.D.Q. al juzgado de turno el 11 de mayo de 1978, negocio repartido el 2 de junio de 1978 al Juzgado Tercero de Circuito, según consta de fojas 2 a 3.
Con fecha 11 de mayo de 1978 el Juzgado Tercero de Circuito de Panamá dicta las siguientes resoluciones: la que admite la demanda ejecutiva y señala la fianza (fs. 4); la diligencia de consignación del certificado de garantía (fs. 5); la que decreta el secuestro (fs. 6); y, el auto que libra mandamiento de pago (fs. 7).
No consta la notificación de esta última resolución a las partes.
El 9 de noviembre de 1981 el demandante presenta escrito de revocatoria de poder y denuncia nuevos bienes del demandante (15% del salario) (fs. 9). Con fecha 23 de noviembre de 1981 se dicta la resolución que decreta secuestro sobre lo anterior (fs. 10) y, se emite nota a la empresa en que labora el demandante (fs. 11).
No consta notificación o entrega de los antes referidos documentos.
El 11 de septiembre de 1984 el demandante presenta escrito en que denuncia otros bienes (fs. 12); el 25 de septiembre de 1984 el Juzgado decreta secuestro y remite nota al Director del Registro Público (fs. 13 a 15).
El 3 de junio de 1985 el juzgado tercero admite la demanda ejecutiva, libra la ejecución y ordena la notificación de los demandados (fs. 16).
Tampoco se realiza la notificación a las partes de la resolución previamente aludida.
El 3 de septiembre de 1987 el Banco demandante presenta escrito otorgando poder (fs. 17).
De fojas 19 a 24 constan las boletas de citación para la diligencia de reconocimiento de firma por parte del demandado, siendo que no pudo efectuarse.
El 25 de enero de 1988 los apoderados del demandante presentaron escrito por el que cambian la vía ejecutiva por la ordinaria. El juzgado ordena la corrección de la demanda (fs. 29), lo que cumple el proponente y, posteriormente es admitida mediante resolución de 24 de marzo de 1988, notificada a las partes en la dicha fecha (fs. 33 y 33 vlt).
El demandado otorgó poder (fs. 34), solicita la caducidad de la instancia (fs. 42); contesta la demanda (fs. 43); y, presenta Excepción de Prescripción (fs. 45).
El negocio fue resuelto en primera instancia mediante sentencia Nº 64 de 16 de marzo de 1992 (fs. 82 a 93), que condena a los demandados a pagar a la entidad bancaria la suma de B/.22,280.57 en concepto de capital, más costas (B/.3,941.93), e intereses legales desde el 11 de mayo de 1978 hasta el 11 de marzo de 1992 por la suma de 18,381.39.
Por apelada la decisión, el Primer Tribunal Superior, por sentencia de 22 de septiembre de 1993, resolvió REVOCAR la resolución de a-quo y en su lugar "DECLARA PROBADA la excepción de prescripción de la acción cambiaria propuesta por la parte demandante, frente a la acción ensayada en su demanda por el BANCO DE COLOMBIA, S.A., y en consecuencia A B S U E L V E a los señores LIONEL QUIEL y B.A.D.Q., de la pretensión contenida en la demanda ordinaria ...".
Contra ésta última resolución los apoderados especiales del Banco de Colombia presentaron el recurso de casación que a continuación se sintetiza:
Como causal única de fondo se establece la "Infracción de las normas sustantivas de derecho por error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba, lo cual ha influido de modo sustancial en lo dispositivo del fallo".
Esta causal ha sido fundamentada en cinco motivos, cuyo contenido textual es el siguiente:
"1) El Juez del conocimiento en su sentencia del 16 de marzo de 1992, declaró no probada la Excepción de Prescripción de la Acción alegada por la parte demandada y accedió a la condena impetrada por la parte demandante, en su totalidad, al declarar probada la Excepción de Prescripción revocada por el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer distrito Judicial, al no darle el valor correcto, según las reglas de valoración de las pruebas documentales allegadas a los autos y que dan cuenta que los demandados "estuvieron haciendo los abonos pactados".
2) La decisión de Segunda Instancia no valoró, según las reglas adjetivas vigentes, la confesión en cuanto a las obras efectuada y la prueba documental aportada a los autos y la cual da cuenta que en el proceso ordinario de mayor cuantía propuesto por el BANCO DE COLOMBIA. S.A. contra L.Q.Y.B.A. de QUIEL, no se ha producido la prescripción de la acción y que por lo tanto, proceda la condena en los términos impetrados y declarados en la sentencia proferida por el Juez de la causa.
3) La decisión de Segunda Instancia no valoró, correctamente, según las reglas adjetivas vigentes, la confesión de las obras efectuadas por los demandados y las pruebas documentales allegadas a la encuesta al tomar sólo las referentes a la fecha del pagaré número 33841, fechado el 27 de septiembre de 1973 y soslayó la valoración del resto del contenido de dicha prueba documental que da cuenta que, en el proceso sub-júdice, los demandados "daban" su consentimiento para cualquier prórroga u otro acto en relación con las obligaciones aquí contraídas ...
4) La decisión de Segunda Instancia no valoró, según las reglas adjetivas vigentes, la prueba documental allegada a los autos y consistente en el pagaré antes aludido y el que da cuenta de los términos y prórrogas aceptados por los demandados y que "no se considerará ni extinguida ni mermada esta obligación, por ningún acto u omisión del Banco acreedor ..." Esta frase releva al Banco de probar los abonos que interrumpieron la prescripción de la acción; ya que en todo caso, los demandados aceptaron la prórroga del título valor.
5) Las fallas valorativas del acervo probatorio, son imputables al Tribunal de la alzada, al dictar su sentencia impugnada por el presente recurso; fallas estas, que lógicamente han influido sustancialmente, sin duda alguna, en lo dispositivo del fallo cuestionado por este medio extraordinario de impugnación."
Las disposiciones legales que se expresan como infringidas son los artículos 770, 773, 848, 882, 883, 137 del Código Judicial; y, el artículo 184 de la Ley 52 de 1917.
RESOLUCIÓN RECURRIDA EN CASACIÓN:
Algunas consideraciones expresadas en la resolución dictada por el Primer Tribunal Superior que tienen relación con los cargos del citado recurso de casación, son las siguientes:
En primer lugar destaca que, en la contestación de la demanda la parte demandada reconoció haber recibido el préstamo por la suma de B/.21,568.78 que consta en el pagaré, aportado por el demandante, pero propuso la excepción de prescripción, en cuanto a la exigencia del pago de la obligación reclamada por considerar que habían transcurrido 5 años, 7 meses y 14 días.
La decisión de primera instancia desechó la excepción pues sostuvo que el término de prescripción se interrumpió con la presentación de la demanda, ya que debía computarse a partir del 27 de septiembre de 1973 y dicha presentación se realizó el 11 de mayo de 1978.
La sentencia impugnada comparte el criterio del inferior respecto a que es desde el 27 de septiembre de 1973, la fecha en que se debe comenzar a computar la prescripción, o sea, doce meses después de la fecha del documento. Sin embargo, aunque reconoce que el propio documento indica que la obligación es exigible a partir del momento en que se dejan de producir los abonos mensuales convenidos, tal como lo argumentó el demandado, señala la dificultad consistente en que "ninguna de las partes aportó pruebas fehacientes del momento específico en el que se dejó de consignar el pago acordado".
Así, en base a la aplicación del término ordinario de 5 años para la prescripción de acciones, establecido por el artículo 1650 del Código de Comercio, para este caso de acción originada por deuda contenida en pagaré, el sentenciador de instancia pasa a dilucidar si operó la prescripción o si el término fue interrumpido por la presentación de la demanda.
Señala la sentencia, que al observar la fecha a partir de la cual fue exigible la obligación o sea el 27 de septiembre de 1973 hasta el 11 de mayo de 1978 fecha de presentación de la demanda "no transcurren los cinco (5) años requeridos por la norma comentada en líneas anteriores", pero ello es así si se considera "como elemento de interrupción del término de prescripción, a la mera presentación del libelo de demanda", lo que procede a despejar.
En primer lugar se advierte que, durante el tiempo en que fue presentada la demanda, en materia de procedimiento era aplicable el derecho consignado en el Código Judicial derogado, siendo pertinente al punto controvertido el artículo 315, de dicho texto (art. 658 del Código vigente), que establece:
"ARTÍCULO 315. Es efecto de la presentación de la demanda interrumpir el tiempo para la prescripción de cualquier acción que se intente, con tal que antes de vencerse el término de la prescripción de la demanda haya sido notificada a la parte demandada o se haya publicado en un periódico de la localidad o en la Gaceta Oficial un certificado del Secretario del Tribunal respectivo en el cual se haga constar dicha presentación."
Sostiene la sentencia impugnada, sobre la base del precepto citado, que si el término de 5 años para la prescripción de la acción venció el 27 de septiembre de 1978 y la demanda fue notificada a los demandados (L.Q. y BERTA A. DE QUIEL) hasta abril de 1988, se entiende que la acción prescribió pues no se percibe del infolio que el demandante "hubiese ejercitado las previsiones consignadas por la norma procesal citada". Es decir, que dentro del período de los cinco años (septiembre de 1973 a septiembre de 1978), si bien se presentó la demanda en mayo de 1978, antes de que se venciera dicho término no fueron notificados los demandados, ni se realizó publicación en que constara esa presentación.
Sobre el argumento de la demandante respecto a la interrupción del término de prescripción por los abonos o pagos al saldo de la obligación (artículo 1649 A, C. Com.), o sea el reconocimiento de la obligación efectuado en la contestación de la demanda, en la acusada sentencia el tribunal colegiado señaló que si bien la acreditación de los pagos (que interrumpirían la prescripción) correspondía al demandado, "lo cierto es que no presentó los medios de prueba dirigidos a comprobar tal aseveración" y al no probarse ello de alguna forma en el proceso, por cualquiera de las partes, "mal podría este Tribunal Ad-quem, conferirle validez a la argumentación proferida por la parte opositora".
Finalmente, otro de los elementos que analiza el fallo recurrido en casación, por haber el demandante cuestionado su consideración, fue la parte del texto del pagaré que expresa:
"No se considerará ni extinguida ni mermada esta obligación por ningún acto u omisión del Banco acreedor, o si al hacer la presentación para el pago no lo obtuviere y dejare transcurrir el tiempo, pues los deudores solidarios expresamente renuncia a los avisos y notificaciones que le puedan corresponder ..."
Sobre ese particular se sostiene que, en este tipo de documentos es común que la parte deudora se adhiera a una serie de cláusulas pero no es admisible "la renuncia a la posibilidad y términos prescriptivos", ya que según el artículo 1106 del Código Civil "los contratantes no pueden establecer condiciones, pactos o cláusulas contrarias a la ley, a la moral y al orden público". Fundamentando la aplicación de la citada norma la jurisprudencia que reconoce como supletorio de la ley comercial al derecho civil, siempre que se presenten la condiciones del artículo 5º del Código de Comercio. "(Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Civil, sentencia de casación del 18 de marzo de 1993; Supreme Air/Freight de Panamá, S. A.; Foto Internacional Import, S.A.; Z., Recurren en Casación en el Juicio Ordinario que aquellas le siguen a estas)".
El examen de los cinco motivos, en los que se apoya la causal invocada, revelan que el recurrente plantea la errónea apreciación en que supuestamente incurrió el fallo impugnado respecto a las siguientes pruebas: "la confesión de las obras efectuadas por los demandados" contenida en la contestación de la demanda; y, "la prueba documental allegada a los autos y consistente en el pagaré".
La Sala procede al analizar los motivos en atención al orden en que se expresan y al énfasis que hacen sobre el respectivo medio probatorio.
Por lo que hace a la explicación del yerro probatorio planteado por el casacionista, considera que de la contestación de la demanda se infiere la CONFESIÓN de los demandados sobre los abonos convenidos que se efectuaron respecto a la obligación, lo que a su juicio interrumpe la prescripción de la acción.
En este sentido se argumenta que la sentencia cuestionada viola los artículos 770, 773, 848, 882 del Código Judicial puesto que "desconoce el hecho de que los demandados han aceptado que efectuaron los abonos convenidos", o sea la confesión hecha en la contestación de la demanda, lo que releva al banco de probar esos abonos; que "no tomó en cuenta que la prescripción alegada ha quedado desvirtuada con la confesión de los abonos ...". También se señala violado el 883 (párrafo primero) del mismo Código debido a que en la sentencia "se le exige al demandante que pruebe que se dieron actos de reconocimiento de la obligación demandada por parte de los demandados al soslayar la confesión en que incurren al contestar la demanda".
A juicio de la Sala, los cargo aludidos no se justifican, pues como se ha podido observar, la resolución impugnada sí analizó el supuesto de la interrupción del término de prescripción de la acción, que consagra el artículo 1649 A del Código de Comercio, debido al reconocimiento de la obligación efectuado en la contestación de la demanda en que se expresó la realización de abonos a la deuda, pero consideró que eran necesarios otros medios de pruebas que acreditaran los pagos alegados por los demandados.
También reconoció que, a quien correspondía demostrar que se efectuaron dichos pagos, era a la parte demandada de acuerdo con la regla de la distribución de la carga de la prueba "Onus probandi". Sin embargo, el demandado no presentó las pruebas que pudieran corroborar su aseveración sobre los abonos, ni existía en el proceso forma alguna para su comprobación, por lo que no otorgó validez a esa argumentación.
En efecto, la Sala ha podido comprobar que en el documento de contestación de la demanda, visible a fojas 43, en el cual consta, según argumenta el casacionista, la confesión sobre los abonos a la deuda que producen la interrupción de la prescripción simplemente, lo que se expresa al respecto es lo siguiente: "... No es cierto la cuantía por la cual se interpone esta demanda, ya que los demandados estuvieron haciendo abonos pactados, por consiguiente negamos la cuantía estimada en la demanda".
En atención a lo expuesto el yerro probatorio que se atribuye al fallo respecto a la valoración de prueba descrita como la confesión de los abonos es improcedente, pues resulta patente que la misma no demuestra con certeza que los pagos se hayan hecho, menos aún la fecha en que, supuestamente, se efectuaron ni su monto. Por tanto, para acreditar el hecho relativo a que el deudor hizo abonos a la deuda contenida en el pagaré era necesario aportar otros medios pruebas en base a los cuales pudiera reputarse que tenía conocimiento del requerimiento de pago realizados por el actor, para considerar interrumpida la prescripción.
Por tanto, se justifica el rechazo de los cargos formulados en los motivos primero y segundo.
En estos motivos el recurrente plantea otro error que, a su juicio, cometió el Tribunal Superior al valorar el pagaré Nº 33841 (fs. 1) pues de su contenido, sólo toma en cuenta que fue fechado el 27 de septiembre de 1973 y, soslaya la apreciación del resto del documento que da cuenta del consentimiento de los demandados respecto a términos y prórrogas en relación a la obligación y, que "no se considerará ni extinguida ni mermada esta obligación, por ningún acto u omisión del Banco acreedor ...". Lo que implica que el Banco está relevado de probar los abonos que interrumpieron la prescripción, "ya que en todo caso, los demandados aceptaron la prórroga del título valor".
Sobre el particular, el artículo 184 de la Ley 52 de 1917 ha sido considerado violado, pues según expresa la censura, "en la sentencia recurrida se desconoce el valor jurídico del título valor allegado a la encuesta y no se toma en cuenta el contenido de las declaraciones consignadas por los demandados en el documento desvalorizado en la decisión atacada".
A juicio de esta corporación el fallo recurrido en casación, ponderó en consideración de la totalidad del contenido del título valor contentivo de la obligación, que reposa a fojas 1.
Al evaluar el aspecto del cómputo del término de prescripción o la fecha de exigibilidad de la obligación, además de considerar el 27 de septiembre de 1973 "como fecha a partir de la cual deberá computarse el término ..." en virtud de lo inicialmente expresado por el pagaré ("nos obligamos a pagarle a dicha Institución o a su orden dentro del término de 12 meses contados a partir de la fecha de este documento."), también se refiere a lo argumentado por el recurrente en los siguientes términos:
"... el propio documento consigna que la obligación es exigible desde el momento en que se dejan de producir los abonos mensuales convenidos, disposición que ciertamente reposa en el texto del pagaré, pero al asumir dicho elemento como catalizador del inicio del término de prescripción, encontramos la dificultad expuesta por el expediente de la causa, en el que ninguna de las partes aportó pruebas fehacientes del momento específico en el que se dejó de consignar el pago acordado." (Fs. 121-122) (Subrayado es de la Corte).
Por tanto, es evidente que no se le restó valor jurídico al documento, pero como bien se explica en el fallo impugnado era imposible contar el término de prescripción de la acción desde que se realizaron los abonos, ya que no hay constancia de la fecha en que se hicieron.
Aunado a lo expuesto, esta S. anteriormente hizo referencia a parte de la resolución impugnada donde el tribunal colegiado analizó y expresó su criterio, en forma especial, sobre las condiciones y cláusulas que se expresan en el pagaré, concluyendo que a pesar de la adhesión del deudor a las mismas "no resulta admisible la noción que implica la renuncia a la posibilidad y términos prescriptivos, en base a lo dispuesto por el artículo 1106.
La Sala comparte el criterio de la resolución impugnada, por lo que considera que el cargo no prospera y no se produce violación de la norma de derecho citada por el recurrente.
Por tanto la causal única de fondo no está justificada.
En consecuencia, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia de 22 de septiembre de 1993 dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia, dentro del proceso ordinario que BANCO DE COLOMBIA le sigue L.Q. y B.A.D.Q..
Las obligantes costas de casación se fijan en la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA BALBOAS con 00/100 (B/.250.00).
(fdo.) ELIGIO A. MARÍN
Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 1ª de lo Civil, 16 de Agosto de 2001 (caso Demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia - Sala Primera de lo Civil -, de 16 de Agosto de 2001)