Source: https://doctrina-administrativa.vlex.es/vid/resolucion-19-mayo-2015-576289818
Timestamp: 2019-08-25 12:03:06
Document Index: 375736921

Matched Legal Cases: ['artículo 327', 'artículo 1504', 'artículo 1797', 'artículo 1504', 'artículo 1255', 'artículo 1255', 'artículo 647', 'artículo 1504', 'artículo 59', 'artículo 175', 'artículo 1123', 'artículo 175', 'artículo 1154']

Resolución de 19 de mayo de 2015, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad de Alicante n.º 3 a inscribir una escritura de 'cesión de bienes por asistencia'. - Doctrina Administrativa - VLEX 576289818
Publicado en: BOE, 30 de Junio de 2015
El registrador dio traslado del recurso al notario autorizante de la escritura, quien realizó las siguientes alegaciones: «… Francisco José Román Ayllón… En calidad de Notario autorizante del documento calificado… y en virtud de lo prevenido en el artículo 327,5.º de la Ley Hipotecaria, informa: Que el contrato contemplado en la escritura objeto de calificación, definido como "cesión de bienes por asistencia", presenta todas las características propias del contrato de alimentos que está regulado específicamente por el Código civil, desde la reforma operada por la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, en los artículos 1791 a 1797 (englobado en los contratos aleatorios), normativa a la que en todo caso me remito, principalmente en cuanto a su concepto y efectos. En el caso concreto objeto del recurso, las partes, al amparo del principio de autonomía de la voluntad, dada la especificidad del contrato de cesión de bienes por asistencia –la prueba es que el Código civil regula sus efectos, y la resolución por su incumplimiento de forma harto diferenciada de la de la compraventa, por lo que no es de aplicación ad integrum, como sostiene el Sr. Registrador en su calificación, el artículo 1504–, con el fin de asegurar y garantizar, en la medida de lo posible, la prestación debida en favor del alimentista, y al mismo tiempo, para facilitar la prueba de los hechos que son de más complicada demostración (como es el caso de la asistencia personal que se prevé en la escritura calificada), las partes han previsto un medio de principio de prueba –como todos los que sean por pacto, sujeto siempre luego al prudente arbitrio de los tribunales– que tiende precisamente a proteger al alimentista, como parte en principio más débil, ya que suelen ser personas de avanzada edad, o, al menos, con sus potencias físicas un tanto mermadas, que pueden presentar limitaciones funcionales que requieran de terceras personas para la realización de las actividades básicas de la vida diaria, o con mayor vulnerabilidad y con necesidad de que otra persona cuide de su salud y de su modo de vida, y por tanto la parte más necesitada de protección, y que sin embargo no conculca derecho alguno del obligado a la prestación de asistencia, pues se le concede a éste la posibilidad en un plazo razonable de oponerse expresamente a la resolución, y poder así desvirtuar la prueba del incumplimiento. La calificación registral recurrida plantea únicamente el obstáculo de la redacción dada al pacto resolutorio convenido, con una genérica referencia a que «contradice al contenido» de la Resolución de 19 de julio de 1994, pero realmente sin concretar exactamente en qué la contradice, pues la escritura no se detiene a especificar los requisitos para que la resolución contractual se pueda inscribir en el Registro de la Propiedad, sino que, de conformidad con el artículo 1797 del Código civil, simplemente se limita a pactar la resolución por incumplimiento del alimentista. La resolución del contrato, en su caso, se produciría en un momento posterior, y será en ese momento, al solicitar el alimentista la reinscripción de los bienes a su favor, cuando hayan de examinarse los requisitos para apreciar el incumplimiento; así lo vienen a confirmar múltiples resoluciones de la Dirección General, comenzando por la de 23 de octubre de 1973, siguiendo por la de 31 de octubre de 1978, la muy detallada de 29 de diciembre de 1982, y todas las demás que el señor registrador cita en su nota –si bien, siempre con referencia a pacto resolutorio de la compraventa convenido al amparo del artículo 1504 del Código Civil–. Por lo que respecta a la inscripción del contrato inicial con pacto resolutorio, que es lo que se pretende ahora, el registrador no opone razón jurídica alguna, y omite en su calificación toda referencia a la Resolución del Centro Directivo de 16 de octubre de 1989, que contempló un supuesto muy similar al que ahora nos ocupa, y que ya vino a admitir de forma expresa, anticipándose a la reforma del Código civil de 2.003 antes citada, la inscripción de la cláusula resolutoria expresa en un contrato de cesión de bienes por asistencia, en virtud de diversos argumentos, que no es lugar en este punto de repetir, si bien a los efectos de este informe conviene destacar sobre todo, los siguientes: «El que el contrato no sea puramente oneroso, sino aleatorio y el que las obligaciones no sean de tracto único, sino de tracto sucesivo y que en parte pueden estar cumplidas cuando, habiendo corrido una etapa del tiempo en que juega el área causal, se produzca el incumplimiento, no constituyen características incompatibles con el efecto resolutorio, en particular, cuando al amparo del principio de libertad de contratación (cfr. artículos 1255 y 1152 y siguientes del Código Civil) las partes, al constituir la pensión, precisan el alcance de las devoluciones en la hipótesis de resolución sin perjuicio, en su caso, de las facultades moderadoras del juez si el adquirente se opone a la efectividad de la resolución en los términos convenidos. Rechazar la posibilidad de pactar la resolución sólo beneficiaría a una de las partes, justamente a la que infringe, en todo o en parte, sus compromisos, a pesar de que las prestaciones debidas son vitales para la otra parte contratante».
Mediante la escritura cuya calificación es objeto del presente recurso, el titular de la nuda propiedad de determinadas fincas transmite tal derecho al ahora recurrente y su esposa «... a cambio de la obligación solidaria de ambos cesionarios de prestar al primero asistencia personal, acompañándolo y cuidando de él, según su posición social, en su casa y compañía, de forma permanente, salvo fuerza mayor y/o necesidad justificada de los cesionarios, para que el cedente pueda mantener una vida adecuada a dicha posición. Esta obligación se configura, esencialmente, con carácter personal, a pesar de que el cedente pueda tener bienes suficientes para su alimentación y subsistencia, ya que el deber que contrae la parte cesionaria se refiere, sobre todo, a una atención y cuidado personal, imposibles de traducirse en valor económico».
Con la finalidad de delimitar el alcance y contenido del negocio jurídico formalizado en la escritura calificada, cabe recordar que esta Dirección General ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre el contrato por el que las partes, al amparo del principio de libertad de estipulación, pactan que una de ellas se obligue respecto de la otra a prestarle alimentos en la extensión, amplitud y términos que convengan mediante la contraprestación que fijen. Así, con base en la doctrina del Tribunal Supremo sobre el contrato denominado de vitalicio, las Resoluciones de 16 de octubre de 1989 y 26 de abril de 1991, expresaron que no es una modalidad de la renta vitalicia, sino un contrato autónomo, entonces innominado y atípico, con sus variedades propias según los fines perseguidos, y regidos por los pactos, cláusulas y condiciones que se incorporen al mismo dentro de los límites fijados por el artículo 1255 y, subsidiariamente, por las normas generales de las obligaciones.
Este Centro Directivo, en las citadas Resoluciones de 16 de octubre de 1989 y 26 de abril de 1991, admitió que el cumplimiento de la obligación del alimentante se garantice mediante condición resolutoria explícita análoga a la referida en los artículos 1504 del Código Civil y 11 de la Ley Hipotecaria. Entre otros argumentos, entendió que la fundamentación jurídica de la resolución en la recíproca condicionalidad de las prestaciones respectivas (pues frustrado el fin negocial por el incumplimiento de una de las partes, ha de posibilitarse a la otra de desvinculación de sus respectivos compromisos); la libertad de estipulación reconocida en nuestro ordenamiento, dentro de los límites legales del artículo 1255 del Código Civil; la admisión del juego real de las condiciones impuestas (cfr. artículos 9 y 23 de la Ley Hipotecaria) y la admisión de la revocación de las donaciones por incumplimiento de cargas (cfr. artículo 647 del Código Civil), toda vez que los bienes se habían transmitido condicionándolos al cumplimiento de la contraprestación; determinan la procedencia de la condición resolutoria explícita en esos otros contratos onerosos siempre que, dada la eficacia erga omnes de tal cautela, quede delimitada en su alcance y operatividad por el mismo contrato o por la Ley. Según añadían tales Resoluciones: «El que el contrato no sea puramente oneroso sino aleatorio y el que las obligaciones no sean de tracto único sino de tracto sucesivo y que en parte pueden estar cumplidas cuando, habiendo corrido una etapa del tiempo en que juega el alea casual, se produzca el incumplimiento, no constituyen características incompatibles con el efecto resolutorio, en particular cuando al amparo del principio de libertad de contratación (cfr. artículos 1255 y 1152 y siguientes del Código Civil), las partes, al constituir la pensión, precisan el alcance de las devoluciones en la hipótesis de resolución, sin perjuicio, en su caso, de las facultades moderadoras del Juez si el adquirente se opone a la efectividad de la resolución en los términos convenidos. Rechazar la posibilidad de pactar la resolución sólo beneficiaría a una de las partes, justamente a la que infringe, en todo o en parte, sus compromisos, a pesar de que las prestaciones debidas son vitales para la otra parte contratante».
Respecto de la eficacia y operativa de las condiciones resolutorias explícitas inscritas, debe tenerse en cuenta la doctrina de esta Dirección General (cfr., entre otras, las Resoluciones de 19 de junio de 2007, 10 de diciembre de 2010, 10 de julio de 2013 y 12 de febrero de 2015), según la cual los requisitos exigidos para obtener la reinscripción a favor del transmitente, como consecuencia del ejercicio de la facultad resolutoria explícita del artículo 1504 del Código Civil, son los siguientes: a) Debe aportarse el título del vendedor (cfr. artículo 59 del Reglamento Hipotecario), es decir, el título de la transmisión del que resulte que el transmitente retiene el derecho de reintegración sujeto a la condición resolutoria estipulada; b) La notificación judicial o notarial hecha al adquirente por el transmitente de quedar resuelta la transmisión, siempre que no resulte que el adquirente requerido se oponga a la resolución invocando que falta algún presupuesto de la misma. Formulada oposición por el adquirente, deberá el transmitente acreditar en el correspondiente proceso judicial los presupuestos de la resolución, esto es, la existencia de un incumplimiento grave (Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de septiembre de 1993), que frustre el fin del contrato por la conducta del adquirente, sin hallarse causa razonable que justifique esa conducta (Sentencias del Tribunal Supremo de 18 de diciembre de 1991, 14 de febrero y 30 de marzo de 1992, 22 de marzo de 1993 y 20 de febrero y 16 de marzo de 1995), y, c) El documento que acredite haberse consignado en un establecimiento bancario o caja oficial el importe percibido que haya de ser devuelto al adquirente o corresponda, por subrogación real, a los titulares de derechos extinguidos por la resolución (artículo 175.6.ª del Reglamento Hipotecario). Este requisito se justifica porque la resolución produce, respecto de una y otra parte, el deber de «restituirse lo que hubiera percibido», en los términos que resultan del artículo 1123 del Código Civil. Se trata de un deber que impone recíprocas prestaciones y que, como ocurre en la ineficacia por rescisión, uno de los contratantes sólo estará legitimado para exigir del otro la devolución cuando cumpla por su parte lo que le incumba (cfr. artículo 175.6.ª del Reglamento Hipotecario). Y este requisito no puede dejar de cumplirse bajo el pretexto de una cláusula mediante la que se haya estipulado que para el caso de resolución de la transmisión por incumplimiento, el que la insta podrá quedarse con lo que hubiese prestado o aportado la contraparte, por cuanto puede tener lugar la corrección judicial prescrita en el artículo 1154 del Código Civil (Resoluciones de 29 de diciembre de 1982, 16 y 17 de septiembre de 1987, 19 de enero y 4 de febrero de 1988 y 28 de marzo de 2000), sin que quepa pactar otra cosa en la escritura (Resolución de 19 de julio de 1994).
Resolución de 18 de enero de 2017, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el registrador mercantil y de bienes muebles IV de Barcelona, por la que se suspende la inscripción del cambio de sistema de administración, cese y nombramiento de administrador único de una sociedad mercantil.