Source: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5561725&fecha=03/06/2019
Timestamp: 2020-08-08 17:19:23
Document Index: 303695362

Matched Legal Cases: ['artículo 30', 'artículo 1', 'artículo 18', 'artículo 21', 'artículo 21', 'artículo 14', 'artículo 6']

ACUERDO por el que se incorpora al Sistema Penitenciario Federal el Centro Penitenciario Federal 10 Nor-Noreste
ALFONSO DURAZO MONTAÑO, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 30 Bis, fracciones IX, X y XI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 3, fracción III y 14 de la Ley Nacional de Ejecución Penal; 3, apartado C, fracción IV, 6 fracción XI, 53 y 54 del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; 8, fracción II del Reglamento del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, así como 6, fracción VII, del Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social, y
Que el artículo 1o., párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad;
Que el artículo 18 Constitucional establece que sólo por delito que merezca pena privativa de la libertad habrá lugar a prisión preventiva, y que el sitio de ésta debe ser distinto al destinado para la extinción de las penas, por lo que deben estar completamente separados; además de que el Sistema Penitenciario debe ser organizado sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir;
Que en términos del mismo precepto, la Federación y las entidades federativas pueden celebrar convenios para que los sentenciados por los delitos del ámbito de su competencia extingan las penas en establecimientos penitenciarios dependientes de una jurisdicción diversa;
Que el artículo 21, párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que la seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia; comprende la prevención de los delitos, la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas en los términos de la ley, en las respectivas competencias que la propia Constitución prevé;
Que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública reglamentaria del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos recoge los principios fundamentales que dan sustento jurídico a la función de seguridad pública en el país, considerando como parte de ésta a la reinserción social del sentenciado;
Que el 16 de junio de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Nacional de Ejecución Penal, la cual establece normas que deben ser observadas durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial competencia de los tribunales de fuero federal y local; así como los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal, y regular los medios para lograr la reinserción social;
Que el artículo 14, segundo párrafo, de la ley nacional aludida precisa que corresponde al Poder Ejecutivo Federal o Local, según su competencia, a través de las Autoridades Penitenciarias señaladas en las disposiciones legales, la ejecución material de la prisión preventiva, así como de las sanciones y medidas de seguridad previstas en las leyes penales, además de la administración y operación del Sistema Penitenciario;
Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Nacional de Ejecución Penal establecen que las personas pueden cumplir con la resolución judicial privativa de la libertad en los Centros Penitenciarios más cercanos a su domicilio de acuerdo con las disposiciones aplicables;
Que las entidades federativas pueden celebrar convenios para que las personas cumplan con la resolución judicial privativa de libertad en los Centros Penitenciarios más cercanos al lugar donde se está llevando a cabo su proceso, o en los Centros Penitenciarios más cercanos a su domicilio, de acuerdo a las disposiciones legales aplicables;
Que la Regla 89, numeral 2 de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los
Reclusos (Reglas Nelson Mandela) establece que los establecimientos penitenciarios no deben adoptar las mismas medidas de seguridad con respecto a todos los grupos de reclusos y que convendrá establecer diversos grados de seguridad conforme a lo que sea necesario para cada grupo;
Que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que el principio de progresividad es indispensable para consolidar la garantía de protección de la dignidad humana, porque la observancia a dicho principio impide, por un lado, la interpretación restrictiva de las normas de derechos humanos y la regresión respecto de su sentido y alcance de protección y, por otro lado, favorece la evolución de dichas normas para ampliar su alcance de protección;
Que el artículo 6, fracción VII del Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social, establece que el Sistema Federal Penitenciario se integra, entre otros supuestos, con los Centros de Readaptación Social que por acuerdo se incorporen al mismo;
Que el 6 de marzo de 2012, mediante Acuerdo 02/2012, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el entonces Secretario de Seguridad Pública, incorporó al Sistema Federal Penitenciario el Centro Federal de Readaptación Social número 10 Nor-Noreste en Monclova, Coahuila;
Que el 2 de enero de 2017, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se desincorpora del Sistema Federal Penitenciario el Centro Federal de Readaptación Social número 10 Nor-Noreste en Monclova, Coahuila, para ser destinadas a la capacitación y adiestramiento de los servidores públicos;
Que el 8 de marzo de 2019, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se desincorporan del Sistema Federal Penitenciario los Centros Federales de Readaptación Social que se indican, ubicados en el Complejo Penitenciario Islas Marías;
Que derivado de que tres Centros Federales de Readaptación Social estuvieron considerados dentro de los mejores evaluados del sistema penitenciario nacional, de acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria correspondiente al 2018, se diseña un modelo de reinserción social enfocado a las personas privadas de la libertad próximas a obtener la libertad, en el cual se privilegie ofrecer educación, formación profesional y trabajo, así como otras formas de asistencia apropiadas y disponibles, incluidas las de carácter recuperativo, moral, espiritual y social y las basadas en la salud y el deporte, para lograr, en lo posible, su reinserción en la sociedad tras su puesta en libertad, de modo que puedan vivir conforme a la ley y mantenerse con el producto de su trabajo;
Que tras las adecuaciones que se realizaron al Centro Federal de Readaptación Social número 10 Nor-Noreste en Monclova, Coahuila, para cumplir con lo dispuesto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, así como para preparar a las personas privadas de la libertad próximas a ser externadas y garantizar su derecho de ejecutar su pena en el lugar más cercano a su domicilio, con las excepciones previstas en las disposiciones jurídicas aplicables, tengo a bien expedir el siguiente:
PENITENCIARIO FEDERAL 10 "NOR-NORESTE"
Primero. Se incorpora al Sistema Penitenciario Federal el Centro Penitenciario Federal 10 "Nor-Noreste", ubicado en el Municipio de Monclova, Coahuila de Zaragoza.
Segundo. Se instruye al Comisionado de Prevención y Readaptación Social, a realizar las acciones que le permitan asumir la dirección, operación, organización y administración del Centro Penitenciario Federal 10 "Nor-Noreste".
Segundo. Se abroga el Acuerdo por el que se desincorpora del Sistema Federal Penitenciario el Centro Federal de Readaptación Social número 10 Nor-Noreste en Monclova, Coahuila, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2017.
Tercero. El Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, en el ámbito de su competencia, deberá realizar las acciones necesarias que le permitan asumir la dirección, operación, organización, administración y equipamiento del Centro Penitenciario Federal 10 "Nor-Noreste".
Cuarto. El Centro Penitenciario Federal 10 "Nor-Noreste", se regirá por las disposiciones aplicables a los Centros Federales de Readaptación Social.
Dado en la Ciudad de México, a 15 de mayo de 2019.- El Secretario de Seguridad y Protección
Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño.- Rúbrica.