Source: https://doctrina-administrativa.vlex.es/vid/resolucion-9-julio-2018-734403993
Timestamp: 2019-05-27 14:21:57
Document Index: 125891768

Matched Legal Cases: ['artículo 270', 'artículo 269', 'artículo 279', 'artículo 233', 'artículo 271', 'artículo 271', 'artículo 216', 'artículo 1259']

Resolución de 9 de julio de 2018, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad de Villacarriedo a inscribir una escritura de compraventa. - Doctrina Administrativa - VLEX 734403993
Publicado en: BOE, 24 de Julio de 2018
ENAJENACION DE BIENES DEL INCAPACITADO POR EL TUTOR SIN AUTORIZACION JUDICIAL: anulabilidad del acto y su posible confirmación.
Asunto Calificación Negativa en relación con la escritura de compraventa autorizada el 16/11/2017 por la notario de Villacarriedo dona Raquel Igareda Anievas, número 676/2017 de Protocolo.
Villacarriedo, a uno de marzo de dos mil dieciocho. El Registrador (firma): Firmado: Fernando González López
Dicho lo que antecede, yerra la registradora, sea dicho con todos los respetos cuanto mantiene que la venta no se ajusta a los términos de la autorización judicial, ya que el valor de 30.516,30 euros se refiere al 100% de la propiedad, por lo tanto, el importe a abonar a los hermanos L. D. y su madre se corresponde con la cantidad total de 15.258.15 euros, tal y como efectivamente reza en la escritura de compraventa y conforme a las autorizaciones concedidas y valoraciones oficiales otorgadas a las fincas objeto de venta
El presente expediente tiene por objeto determinar si en una venta de determinadas participaciones indivisas de una serie de fincas que se encuentran inscritas a nombre de dos incapaces, el tutor que las representa ha obrado dentro de los términos que le autorizaba el juez en sendos autos dictados por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Medina Cudeyo. El primero, de fecha 16 de enero de 2017, autoriza la venta del usufructo vitalicio de la participación de una sexta parte indivisa perteneciente a doña E. P. D. L., y el segundo, dictado el día 12 de abril de 2017, la de las participaciones correspondientes a doña M. C. L. D. (junto con su hermano y tutor, don J. A. L. D., es titular de dos sextas partes indivisas en pleno dominio y una sexta en nuda propiedad). En este segundo auto se especifica que dicha venta se realizará «por un precio total de 30.516,3 euros, debiendo destinar el porcentaje de tal cuantía que corresponde a la incapaz a una cuenta corriente de su titularidad».
Resulta esencial tener presente el modo en el que el legislador ha configurado y dotado de contenido la institución tutelar. Para alcanzar el objetivo esencial de la tutela, es decir, la defensa de la persona y del patrimonio del tutelado, combina dos mecanismos regulatorios.
Por un lado, y al margen de la identificación de determinados actos excluidos de la representación y administración legal del tutor (cfr. artículos 227 y 267 del Código Civil), se opta con carácter general por conferir al tutor la representación legal del menor o incapacitado y el reconocimiento de un ámbito competencial autónomo, con obligación de ejercer la administración legal del patrimonio del tutelado con la diligencia de un buen padre de familia (artículo 270 de dicho Código). Consecuentemente con esta concepción de la tutela, la intervención judicial se produce únicamente en calidad de órgano de control y se materializa a través de diversos instrumentos en el Código Civil, como la obligación de información y rendición de cuentas anual contenida en el artículo 269.4.º del mismo, la rendición de cuenta general ante el juez al cesar el tutor en sus funciones (artículo 279), las medidas de vigilancia, control e información que puede adoptar el juez conforme al artículo 233, y el establecimiento de la responsabilidad en exclusiva por sus actos por aplicación conjunta de los artículos 270 y 285 del Código Civil.
En particular, el número 2 del artículo 271 impone al tutor la obtención de autorización judicial para «enajenar (...) bienes inmuebles (...)». En este supuesto, pese a que el tutor continúa siendo quien ostenta el derecho-deber de tomar la iniciativa y, en su caso, materializar el acto o negocio jurídico concreto, corresponde necesariamente a la autoridad judicial determinar la procedencia de su realización. El legislador ha optado por someter a control judicial únicamente una serie de actos o contratos, entre los que, como se ha indicado, figura la enajenación de bienes inmuebles, por ser actos de singular relevancia que pueden tener una especial incidencia, actual o futura, en la vertiente personal o patrimonial del tutelado; y es que la exigencia de la autorización judicial tiene como finalidad la defensa del patrimonio del tutelado frente a actos que pudieran ponerlo en peligro por su especial importancia. El fin de protección de la norma contenida en el artículo 271 es la salvaguarda del interés de los menores o incapacitados que no pueden actuar por sí solos y que pueden encontrarse en situaciones de desprotección cuando alguien contrata en su nombre y obliga a sus patrimonios sin el preceptivo control, ya que deberán asumir las correspondientes deudas. A tal efecto, la actuación de los tutores siempre debe tener como finalidad el interés de los menores o incapacitados sujetos a tutela tal y como dispone el artículo 216. La representación legal no es un derecho del tutor sino de los sujetos a tutela que les permite exigir que se actúe en beneficio de sus intereses.
Especialmente controvertida ha sido la cuestión de los efectos que la falta de autorización judicial, cuando esta es preceptiva, tiene sobre el acto celebrado por el tutor. En este sentido, una reciente Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 10 de enero de 2018, descartando la idea de la nulidad radical, y superando el criterio de asimilación a los supuestos de actuación del apoderado sin poder suficiente (artículo 1259 del Código Civil), se inclina por la tesis de la anulabilidad: «El mismo resultado de la ratificación del acto al amparo del art. 1259 CC, y que es favorable al interés del menor y de la persona con la capacidad modificada judicialmente y sometida a tutela, puede alcanzarse mediante la aplicación del régimen de la anulabilidad, puesto que es posible la confirmación del acto (art.1309 CC). Además, la aplicación del régimen de la anulabilidad a los actos del representante legal sin autorización judicial conduce a algunas consecuencias más ponderadas en atención a los intereses en juego. i) En primer lugar, el régimen de la anulabilidad excluye que el otro contratante revoque el contrato. Otra cosa es que, en su caso, si se dan los presupuestos para ello, pudiera impugnar el contrato demostrando el error (o incluso el dolo) que le llevó a contratar con desconocimiento de que fuera precisa una autorización judicial. ii) En segundo lugar, el régimen de la anulabilidad somete el ejercicio de la acción de impugnación del contrato a un plazo, de manera coherente con la exigencia constitucional de seguridad jurídica. El plazo de cuatro años que establece el art. 1301 CC, que literalmente se refiere a los contratos celebrados por los menores e incapacitados, se computa «desde que salieren de tutela», lo que parece pensar, para las personas con la capacidad modificada judicialmente, en la recuperación de la capacidad.
En el caso objeto de este expediente, el auto de fecha 16 de enero de 2017, por el que se autoriza la venta del usufructo de la sexta parte indivisa de las fincas correspondientes a doña E. P. D. L., permite realizar la venta sin necesidad de subasta ni de previo avalúo. Pero el segundo de los autos judiciales, referido a las participaciones indivisas titularidad de doña M. C. L.D., el dictado el día 12 de abril de 2017, sí especifica que dicha venta se realizará «por un precio total de 30.516,3 euros, debiendo destinar el porcentaje de tal cuantía que corresponde a la incapaz a una cuenta corriente de su titularidad». Y se deduce de los términos empleados en la resolución judicial que el precio de 30.516,3 euros está referido a la totalidad de las fincas, por lo que es coherente con la autorización judicial que la venta de la mitad indivisas de las mismas se haga por el 50% de esa cifra. Procede, en consecuencia, estimar el recurso.
Resolución de 30 de octubre de 1996