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Timestamp: 2018-01-22 08:32:56
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Matched Legal Cases: ['artículo 18', 'Artículo 5', 'artículo 3', 'artículo 7', 'artículo 400', 'artículo 200', 'artículo 27', 'artículo 20', 'artículo 20', 'artículo 27']

El Derecho Procesal Civil- Competencia y Jurisdicción – Inhibición y Recusación de Magistrados | patriotapy
El Derecho Procesal Civil- Competencia y Jurisdicción – Inhibición y Recusación de Magistrados
“El Derecho Procesal es el conjunto de normas que regulan la actividad jurisdiccional de! Estado para la aplicación de las leves de fondo v su estudio comprende la organización del Poder Judicial, la determinación de la competencia de los funcionarios que lo integran y la actuación del juez y de las partes en la sustanciación del proceso” (Hugo Alsina).
El hombre no vive solo sino que convive con otros hombres, y para que esta convivencia sea armoniosa, el Estado por medio del derecho de fondo (derecho penal, civil, comercial, laboral, etc) crea reglas de conducta, derechos y obligaciones que los hombres deben observar.
Pero, el derecho de fondo no alcanza para aplicarse a sí mismo y necesita de la ayuda del derecho procesal. En electo, si el derecho de fondo no es respetado, y dado que el hombre no puede hacer justicia por mano propia, es el Estado -por medio del Poder Judicial- el que tiene a su cargo la función de aplicar la ley y administrar justicia -función jurisdiccional – la cual está regulada por normas de derecho procesal, que organizan los órganos del Poder Judicial, determinan la competencia de los jueces, dan a los interesados la posibilidad de ejercer acción ante los jueces para que se cumpla la ley y establecen todo lo relativo al proceso, sea con relación a las partes (demanda, contestación, pruebas, etc.) o con relación al juez (recepción de las pruebas, sentencia, etc).
Podemos decir que en un principio los pueblos se interesan más de las normas que definen sus derechos, que de las encargadas de regular la manera de hacerlos efectivos, y lo cierto es que cuando el estudio de la ciencia jurídica en aquella parte alcanza grados de elevada proporción, poca es todavía la atención que se le presta a esta última.
Por este motivo, los que llamamos clásicos del derecho consideraban esa rama de la ciencia jurídica como secundaria y el derecho procesal como accesorio y adjetivo, en oposición al derecho civil y penal, que era para ellos el principal y sustantivo. Este criterio lo encontramos inclusive en juristas de este siglo.
Debemos rechazar por absurdas tales clasificaciones o distinciones. El derecho procesal constituye hoy, gracias al esfuerzo de los procesalistas modernos, una rama propia e independiente del derecho, no un acápite del civil o penal, dotada de sus propios principios fundamentales, con un rico contenido doctrinario. De sus normas se deducen verdaderos derechos y obligaciones de naturaleza especial.
Más aceptable es la clasificación de derecho material o sustancial y derecho procesal, fundándose en que éste reglamenta las exigencias sociales, principalmente por el aspecto de la forma, o porque sirve de instrumento para aplicar la ley, pero sin que signifique esto que su importancia sea secundaria. Además, hay normas procesales de carácter sustancial, pues el derecho procesal desarrolla los principios de origen constitucional que regulan la administración de justicia, la tutela del orden jurídico y la tutela de la libertad y la dignidad del hombre y de sus derechos fundamentales.
Es indispensable tener en cuenta que no es la ubicación de la norma en determinado código lo que determina su naturaleza; porque dentro de los códigos procesales se encuentran normas materiales o sustanciales, como también normas procesales en el Código Civil y en el de Comercio e inclusive en la Constitución Nacional, como las que regulan el funcionamiento del órgano judicial.
El derecho procesal, por hecho de referirse a una de las funciones esenciales del Estado, es un derecho público, con todas las consecuencias que esto acarrea; es decir, sus normas son de orden público; no pueden derogarse por acuerdo entre las partes interesadas, son generalmente de imperativo cumplimiento y prevalecen en cada país sobre las leyes extranjeras.
Sin embargo, existen excepciones, pues algunas normas procesales, expresamente consagradas en los códigos de procedimiento, tales como las que determinan a quien le corresponde pagar las costas o los derechos de remuneración de secuestres, peritos o testigos, son claramente de derecho privado y de interés particular; por eso las partes pueden renunciar a las costas y los peritos a sus honorarios; otras normas son dispositivas y las partes pueden renunciar a su aplicación, como las que ordenan ciertos traslados. Pero éstas son excepciones y por regla general son de imperativo cumplimiento, salvo autorización expresa de la ley.
En conclusión, el derecho procesal es un derecho público, formal, instrumental y de medio, autónomo, de principal importancia, y de imperativo cumplimiento, salvo las mencionadas excepciones.
El principal contenido del derecho procesal lo constituyen la jurisdicción, la acción y el proceso.
Trilogía básica del proceso. Acción, jurisdicción y Proceso.
es la potestad conferida a los órganos del Estado para administrar justicia en los casos litigiosos.
El estudio de la jurisdicción comprende todo lo relativo a la función de aplicar la ley y administrar justicia, abarcando las atribuciones de Poder Judicial, la organización y funcionamiento de los tribunales, la competencia de los jueces para entender en un caso determinado, los deberes y facultades de jueces, etc.
es el poder jurídico de acudir ante los órganos jurisdiccionales del Estado, a fin de obtener la solución de un conflicto de intereses o el castigo de los hechos punibles. Consiste en un derecho subjetivo público frente al Estado que tienen los habitantes de la República.
Cuyo estudio engloba temas tales como el régimen jurídico de las partes y sus representantes, la capacidad y legitimación para reclamar, etc.
la jurisdicción y la acción se unen en el proceso. Éste designa el conjunto de los actos de procedimiento realizados por el juez y las partes, cualquiera que sea la causa que los origine. La jurisdicción es una función; el proceso un fenómeno material constituido por la serie de actos que realizan el juez y las partes para llegar a la creación de la norma individual denominada sentencia. Ésta constituye la terminación normal del proceso y la finalidad de éste.
Cuyo estudio comprende todos los actos procesales que tienen lugar desde el inicio del trámite hasta su terminación con la sentencia definitiva.
La unidad del derecho procesal.
El derecho procesal es uno solo, puesto que regula en general la función jurisdiccional del Estado, y sus principios fundamentales son comunes a todas sus ramas. Sin embargo, de acuerdo con la naturaleza de las normas en conflicto o cuya aplicación se solicita, puede dividirse en derecho procesal civil, penal, contencioso-administrativo, del trabajo, coactivo o fiscal.
La evolución del derecho en general conduce lógicamente hacia su especialización y diversificación, a medida que se complican y se transforman los fenómenos sociales de todo orden que debe regular. Esto opera con mayor razón en el derecho procesal. Pero su unidad exige que se estudien en conjunto y con un criterio común sus principios generales, y ésta es la razón del curso de la teoría general del proceso.
Proceso civil/comercial: aplica derecho privado; están en juego cuestiones privadas, y por eso el Estado interviene poco y se aplica el sistema dispositivo, permitiéndose a los particulares disponer la iniciación o conclusión del proceso.
Proceso penal: aplica derecho público; está en juego el orden público, y por ello el Estado interviene intensamente y se aplica el sistema inquisitivo, encargándose de las funciones esenciales del proceso el juez u otros funcionarios, en tanto que, la actividad de los particulares se reduce al mínimo.
El derecho procesal civil se ocupa del estudio de todos aquellos procesos cuyo objeto consiste en una pretensión o petición fundada en el derecho privado (civil y comercial).
Las fuentes reales del derecho procesal no difieren, como es obvio, de las del derecho en general, y su evolución es debida a factores de orden político, económico y social, pero la fuerza que modela con mayor rigor sus orientaciones es la económica y dentro de ésta las relaciones de clase principalmente; por eso, cuando una nueva clase llega al poder, cambian las instituciones jurídicas.
En cuanto a las fuentes formales, si bien la ley, la costumbre y la jurisprudencia pueden en principio considerarse aplicables, la verdad es que por razón del carácter público del derecho procesal es la ley la reguladora principal de la actividad judicial.
Sistemas Procesales Civiles contemporáneos.
SISTEMA INQUISITIVO: hacia el año 1000 de nuestra era, la época se caracterizaba por la herejía masiva, que además de impugnar el dogma católico negaba instituciones básicas del orden secular, como ser el matrimonio, la autoridad, entre otros; obligando a la iglesia como el Estado a reaccionar contra ello.
En el concilio de Verona del año 1184 se dio nacimiento a la inquisición medieval, encargando a los obispos la inspección anual de los pueblos donde se presentaban numerosas herejías, facultándolos a realizar investigaciones secretas sobre los casos, juzgando ellos mismos en forma secreta a los sospechosos, quienes poco o nada podían defenderse.
Luego, en el año 1215, por el Concilio de Letrán se volvió a insistir severamente contra la herejía, designando jueces pesquisadores o inquisidores especiales, quienes podían actuar por acusación, por denuncia y de oficio en ciertos casos especiales, dando ya al sospechado la posibilidad de conocer los cargos y la oportunidad de defenderse.
En este sistema procesal, el procedimiento se iniciaba inclusive de oficio. Era primordialmente secreto, llegando al extremo de que el mismo inculpado o encausado ignoraba el motivo del proceso, la identidad de sus acusadores, y de los testigos del cargo, y el impulso del proceso estaba a cargo del mismo juez.
El tormento, o tortura, era el mecanismo más utilizado para obtener la confesión del reo, como corroboración de otros medios probatorios ya logrados.
En este sistema, las bases son, la supresión de la acusación, y en contrapartida se atribuye al Estado el poder de promover la represión de los delitos, que no puede ser delegada a los particulares.
El juzgador obra de oficio e investiga secretamente, abandona su posición de árbitro y se convierte desde el primer momento en acusador, se confunden las funciones de juez y acusador, y el acusado pierde la condición de parte procesal, pasando a ser objeto de persecución.
Así también, se consideraba al delito como un pecado, y su reconocimiento por el autor es la meta del proceso inquisitorio. Nada se opone al logro de tal fin, que justifica todos los medios de que se valga el juzgador para lograr la confesión del inculpado, inclusive la tortura o tormentos.
La prueba está tasada en su valor, y la confesión es la reina de las pruebas, prohibiéndose la condena de una persona si es que no se ha logrado previamente su confesión; la defensa es limitada, el acusado no puede ser patrocinado por un defensor.
En el sistema inquisitivo el juez investiga de oficio sin otras limitaciones que las que impone la ley, la verdad material con prescindencia de la actividad de las partes. Esto se conoce como Principio de Investigación Judicial y no solo puede el juez iniciar de oficio el proceso sino que está facultado para averiguar los hechos, descubriéndolos a través de los que ya conociere y buscando averiguar la verdad material. En el Sistema Inquisitivo el juez actúa activamente, averigua los hechos y trata de descubrir la verdad material frente a la verdad formal.
SISTEMA DISPOSITIVO:En el sistema dispositivo, se confiere a las partes el dominio del procedimiento y sus reglas son que: el juez no puede iniciar de oficio el proceso , dando eso lugar el principio de demanda, según el cual: nemo iudex sine actore, ne procedat iudex ex officio (locución latina, que puede traducirse en español como “No hay juicio sin actor, ni el juez puede iniciarlo de oficio” o “No hay juicio sin parte que lo promueva”).
Tampoco puede el juez en el Sistema Dispositivo, tener en cuenta hechos ni medios de prueba que no han sido aportados por las partes. Esto es lo que se conoce como principio de presentación, por el cual Quod non est in actis nos est in mundo ( lo que no está en las actas del proceso no está en el mundo del juicio) el Juez debe resolver de acuerdo a lo que tengas las actas las cuales le dan la verdad del proceso.
Existe divergencia en la doctrina sobre la calificación al sistema dispositivo como tal (sistema) o como principio, pero nosotros nos inclinamos a considerarlo como sistema, pues es más complejo que un simple principio y abarca varias instituciones que son parte de ella. (Miguel Ángel González Britez).
En el sistema dispositivo, el impulso procesal corresponde a las partes, y los poderes del juez se encuentran limitados. Éste no procede de oficio y solo conoce del litigio en la extensión que las partes quieran hacerle conocer, de tal manera que los hechos incontrovertidos deben ser admitidos como ciertos y las afirmaciones y las pruebas aportadas por las partes constituyen los únicos fundamentos de la sentencia.
Principios fundamentales del Proceso civil: Impulso Procesal, Doble Instancia. Instrumentalidad o legalidad de Formas, Contradicción, Inmediación, concentración, Publicidad.
Consiste en la actividad que es menester cumplir para que, una vez puesto en marcha el proceso mediante la interposición de la demanda, aquél pueda superar los distintos períodos de que se compone y que lo conducen hasta la decisión final.
La doctrina suele referirse a los principios de impulso de parte y de impulso oficial, según que, respectivamente, la actividad proceda de las partes o del tribunal, aunque sin dejar de reconocer la estrecha vinculación que el primero guarda con el principio dispositivo. Pero debe entenderse que el principio de impulso de parte es una consecuencia del mencionado principio dispositivo.
En el proceso dispositivo el impulso procesal corresponde exclusivamente a las partes.
En forma excepcional, el impulso puede corresponder al juez, en cuyo caso lo denominamos impulso oficial; al corresponder a las partes, se lo denomina impulso autónomo.
La actividad que es menester cumplir, a fin de que, una vez puesto en marcha el proceso mediante la interposición de la demanda, aquél pueda superar los distintos periodos o etapas del que se compone y que lo conducen hacia la decisión final, únicamente podrá realizarse por las partes.
El principio dispositivo tiene dos aspectos:
Por el primero significa que corresponde a las partes iniciar el proceso formulando la demanda y en ella sus peticiones y desistir de ella;
Por el segundo, que corresponde a las partes solicitar las pruebas, sin que el juez pueda ordenarlas de oficio.
Tomado en ambos aspectos significa que corresponde a las partes la iniciativa en general, y que el juez debe atenerse exclusivamente a la actividad de éstas, sin que le sea permitido tomar iniciativas encaminadas a iniciar el proceso ni a establecer la verdad para saber cuál de ellas tiene razón en la afirmación de los hechos. El principio inquisitivo, por el contrario, por un aspecto le da al juez la función de investigar la verdad por todos los medios legales a su alcance, sin que la inactividad de las partes lo obligue ni lo limite a decidir únicamente sobre los medios que ellas le lleven o le pidan, y por otro aspecto lo faculta para inicia de oficio el proceso y para dirigirlo con iniciativas personales. Estos tres aspectos hasta hace poco tuvieron aplicación en los procesos penales; en los civiles; laborales y contencioso-administrativos se aplican únicamente el primero y el último, salvo raras excepciones.
En realidad, ninguno de estos dos sistemas o procedimientos se aplican con carácter exclusivo, de suerte que cuando se dice, por ejemplo, que un procedimiento es dispositivo, con ello no se quiere significar que es este principio el único que deba gobernar el proceso. En todos los sistemas legislativos se han otorgado al juez ciertos poderes (mayores o menores, según haya sido el influjo del principio inquisitivo), y al mismo tiempo ciertas iniciativas exclusivamente a las partes, de manera que el juez no pueda tomarlas en su lugar (según influjo del principio dispositivo).
En materias civiles el principio dispositivo conserva las siguientes aplicaciones, en los códigos modernos:
El proceso no puede ser iniciado mientras no se haya formulado por la parte interesada la respectiva demanda o petición; en este aspecto creemos que debe mantenerse su vigencia, con la salvedad de que deben otorgarse al Ministerio Público facultades para demandar a nombre y para la defensa protección contra éstos. Sin embargo, en los países socialistas se autoriza al juez para iniciar de oficio procesos civiles, cuando el asunto interesa a la colectividad.
Se prohíbe al juez resolver sobre cuestiones no planteadas en la demanda y, en algunos países, también considerar excepciones de merito que no hayan sido propuestas por el demandado.
Se permite a las partes ponerle fin al proceso por desistimiento y transacción o conciliación.
Las partes pueden, por lo general, renunciar a los derechos procesales, y tal renuncia se entiende existir, en muchos casos, por el solo hecho de no usar de ellos en la debida oportunidad, aun cuando esto se deba a olvido o descuido, y generalmente sufren entonces consecuencias adversas (cuando no cumplen los actos que las diversas cargas procesales los imponen.
El principio dispositivo se sustenta sobre el criterio de que el órgano judicial solo puede intervenir y actuar a iniciativa de parte interesada, así como que el impulso del procedimiento es de responsabilidad de las partes y no del juez o tribunal. Este principio rige en nuestro sistema procesal, atenuado notablemente por disposiciones del nuevo código procesal civil que, siguiendo el criterio moderno, otorga el órgano jurisdiccional mayores poderes de los que contaba en el anterior código.
El principio de iniciativa privada se encuentra patente en el artículo. 98 del código procesal civil que dispone:”PRINCIPIO DE INICIATIVA EN EL PROCESO: La iniciativa del proceso incumbe a las partes. El juez solo lo iniciará cuando la ley lo establezca”. Concuerda con ello la disposición del articulo 15 inciso d), que establece como deber de los jueces y tribunales: “pronunciarse necesaria y únicamente sobre lo que sea objeto de petición, salvo disposiciones especiales”.
En cuanto al impuso procesal, también es de responsabilidad de las partes, so riesgo de que si no se instare el procedimiento en el plazo fijado por la ley (seis meses) se produce la caducidad de la instancia (articulo 172 y siguientes C.P.C.) Sin embargo, esa responsabilidad de las partes no impide, como decíamos que el juez o tribunal este facultado a disponer diligencias de oficio, con mucha mayor amplitud de lo que le permitían las normas del anterior código procesal. Esas facultades se encuentran legisladas en el artículo 18 del código de procedimientos civiles.
Sin embargo, tales facultades son excepcionales, manteniéndose firme el principio de que en nuestro proceso civil rige el principio de iniciativa y de impulso procesal por las partes.
Se distingue este sistema procesal de aquel en que el impulso procesal radica en el juez o tribunal (de modo exclusivo o compartido con las partes), tal como ocurre en materia procesal penal, sobre todo en el estado sumario en el que rige el sistema inquisitivo -contrario del dispositivo- que otorga a los jueces y tribunales potestades para ordenar diligencias e investigar, de oficio, los hechos.
De los principios de la impugnación y la contradicción o de audiencia bilateral se reduce el de las dos instancias. Para que ese derecho a impugnar las decisiones de los jueces sea efectivo y el demandado pueda contradecir adecuadamente las pretensiones del actor y de este la exenciones de aquel, la doctrina y la legislación universales a establecido la organización jerárquica la en la administración de justicia, con el fin de que, como regla general, todo proceso sea conocido por dos jueces de distinta jerarquía si los interesados lo requieren oportunamente mediante el recurso de apelación y en algunos casos por consulta forzosa. Se exceptúan los asuntos de poca importancia para los cuales se asigna una sola instancia ante jueces me menor jerarquía (como los de mínima cuantía, en lo civil) y los que excepcionalmente son conocidos en única instancia por un tribunal superior por la corte suprema.
INSTRUMENTALIDAD (legalidad de formas)
Excluye la posibilidad de que las partes puedan dejar de lado los requisitos de forma, tiempo y lugar a que están sujetos los actos procesales, ya que dichos requisitos se encuentran predeterminados en la ley.
Conforme con el principio constitucional de la defensa en juicio, se establece el principio de bilateralidad, según el cual todos los actos de procedimiento deben ejecutarse con intervención de la parte contraria. Ello importa la contradicción, o sea el derecho a oponerse a la ejecución del acto, y el contralor, o sea el derecho de verificar su regularidad.
Debe necesariamente integrarse el conflicto con la otra parte, debe oírse a la parte requerida, para poner en igualdad de situación a ambos contendores. Inclusive, en el proceso romano del primer periodo, el juez carecía en absoluto de autoridad para condenar a un ausente.
Este principio se consagra en la prohibición de que los jueces dicten alguna resolución o dispongan la ejecución de laguna diligencia procesal, sin que, previamente, hayan tenido oportunidad de ser oídos quienes pudieran verse directamente afectados por tales actos.
No significa que necesariamente deban intervenir las dos partes para la validez de un acto, pues bastará advertir o hacer saber a la parte para que el acto sea válido, y si éste no ha comparecido o no tenga interés en participar o controlar el acto, en nada afectará a la marcha del proceso.
La relación de jurisdicción es doble: relación de acción (entre demandante, denunciante o querellado y parte civil, Estado) y la relación de contradicción (entre demandante e imputado o procesado y Estado). No existe ninguna diferencia procesal entre ellas, puesto que se trata, de un diverso aspecto del derecho de acción.
El derecho de contradicción, lo mismo que el de acción, pertenece a toda persona natural o jurídica por el solo hecho de ser demandada, o de resultar imputada o sindicada en un proceso penal, y se identifica con el derecho de defensa frente a las pretensiones del demandante o a la imputación que se le hace en el proceso penal. Pero se fundamenta en un interés general, como el que justifica la acción, porque no sólo mira a la defensa del demandado o imputado y a la protección de sus derechos sometidos al proceso o de su libertad, sino que principalmente contempla el interés público en el respeto de dos principios fundamentales para la organización social: el que prohíbe juzgar a nadie sin oírlo y sin darle los medios adecuados para su defensa, en un plano de igualdad de oportunidades y derechos, y el que niega el derecho a hacerse justicia por sí mismo.
Puede definirse así: el derecho a obtener la decisión justa del litigio que se le plantea al demandado o acerca de la imputación que se le formula al imputado o procesado, mediante la sentencia que debe dictarse en ese proceso, luego de tener oportunidad de ser oído en igualdad de circunstancias, para defenderse, alegar, probar e interponer los recursos que la ley procesal consagre. Ni siquiera la ley puede desconocer este derecho, pues sería inconstitucional.
Este principio domina todo el proceso civil y consiste en que, salvo excepciones que deben estar expresamente establecidas en la ley, las peticiones de las partes en el proceso deben ser comunicadas a la otra, que tiene derecho a oponerse a las mismas o controlarlas.
El principio de contradicción hace que el proceso se desarrolle dialécticamente, de suerte que ningún acto procesal puede desarrollarse o cumplirse sin posibilidad de conocimiento e intervención de todas las partes. Va en ello el ejercicio del derecho a la defensa en juicio, un derecho de jerarquía constitucional que autoriza a la declaración de nulidad de los actos procesales realizados sin su debido respeto.
Como del significado literal se infiere, significa que debe haber una inmediata comunicación entre el juez y las personas que obran en el proceso, los hechos que en él deban hacerse constar y los medios de prueba que se utilicen. De ahí que la inmediación puede ser subjetiva, objetiva y de actividad.
Se entiende por inmediación subjetiva la proximidad o contacto entre el juez y determinados elementos personales o subjetivos, bien sean los sujetos mismos del proceso, o personas distintas de tales sujetos, es decir, terceros. La manifestación principal del requisito de inmediación subjetiva es la que impone que el acto de prueba se practique en presencia de su destinatario, es decir que la prueba se practique ante el juez que debe apreciar su mérito.
En ocasiones se establece igualmente un necesario contacto o proximidad entre el acto de la prueba y una determinada circunstancia objetiva, como cuando se permite u ordena la inmediación física del autor del hecho con determinada cosa mueble o inmueble, así ocurre cuando se autoriza que la parte o el testigo consulten notas o apuntes, cuentas, libros o papeles o se les oye en el lugar de los hecho. Y también puede considerarse como requisito de inmediación objetiva, en su manifestación negativa, la prohibición para estos mismos sujetos de valerse d cualquier borrador de respuesta en sus declaraciones. Un buen ejemplo de inmediación se tiene en la diligencia de reconstrucción de los hechos, en el lugar donde ocurrieron, que debe practicarse siempre en el proceso penal y debe autorizarse en el Código Civil y en los procesos laborales y contencioso-administrativos. (ver. art. 366 C.P.P. y art. 15 C.P.C. y art. 153 C.P.C.)
Complementa al principio de economía procesal. Y tiende a que el proceso se realice en el menor tiempo posible y con la mejor unidad. Para esto se debe procurar que el proceso se desenvuelva sin solución de continuidad y evitando que las cuestiones accidentales o incidentales entorpezcan el estudio de lo fundamental; lo cual sólo se obtiene restringiendo el derecho de interponer recursos e incidentes de previa definición.
Igualmente, tiende este principio a dejar todas las cuestiones planteadas, los incidentes, excepciones y peticiones, para ser resueltas simultáneamente en la sentencia, concentrando así el debate judicial.
De lo dicho se concluye que sólo en los procedimientos orales tiene aplicación adecuada este principio, ya que en las audiencias se presentan todas las excepciones y se plantean todos los incidentes, además de allegarse las pruebas y formularse los alegatos, y por regla general en la sentencia se resuelven todos estos problemas, sin que pueda suspenderse el curso del proceso para darle previa solución a uno de ellos. El proceso escrito es necesariamente desconcentrado, pero puede disminuirse este defecto con buenas medidas. (Ver. art. 252 C.P.C. y art. 15 inc. f C.P.C.)
Es la posibilidad de que los actos procesales sean presenciados o conocidos incluso por quienes no participan en el proceso como partes, gracias a ello, la opinión pública puede fiscalizar y valorar la labor de los jueces, y así elevar el grado de confianza de la comunidad en la administración de justicia.
En los procesos orales funciona con mayor vehemencia este principio. Significa este principio que no debe haber justicia secreta, ni procedimientos ocultos, ni fallos sin antecedentes ni motivaciones. Pero ello no quiere decir que todo el proceso deba ser necesariamente público, y que toda persona pueda conocer en cualquier momento los expedientes, pues esto perjudicaría gravemente la buena marcha de los procesos.
Existen excepciones, que por razones de ventilarse cuestiones de familia, menores, etc., deban debatirse sin la publicidad, así como otros casos excepcionales cuyo carácter queda librado a la prudente calificación del órgano. Art. 22 C.N. y art. 164 C.P.C.
PROCESOS JUDICIALES Y ARBITRALES: Junto al proceso judicial, que constituye el proceso por antonomasia, la ley admite la posibilidad de que las partes sometan la decisión de sus diferencias a uno o más jueces privados, llamados árbitros, o amigables componedores, según que, respectivamente, deban o no sujetar su actuación a normas determinadas y fallar con arreglo a las normas jurídicas.
Toda cuestión entre partes, salvo las que estén expresamente excluidas, “podrá ser sometida a la decisión de jueces árbitros, antes o después de deducida enjuicio y cualquiera fuera el estado de éste”, pudiendo tal sujeción ser convenida en el contrato o en un acto posterior. Igual principio rige tratándose de amigables componedores.
No pueden comprometerse en arbitros, bajo pena de nulidad, las cuestiones que no pueden ser objeto de transacción.
PROCESOS CONTENCIOSOS Y VOLUNTARIOS: Se denomina contencioso al proceso que tiende a la obtención de un pronunciamiento que dirima un conflicto u oposición de intereses suscitados entre dos personas que revisten calidad de partes. Tiene por objeto una pretensión, siendo indiferente que el demandado se oponga a ella o que rehuya la discusión o la controversia, ya sea no compareciendo al proceso (rebeldía) o a través del expreso reconocimiento de los hechos y del derecho invocados por el actor (allanamiento).
La característica fundamental de los procesos voluntarios radica en la circunstancia de que las decisiones que en ellos tienen lugar se dictan eventualmente en favor del peticionario pero no en contra o frente a un tercero.
a) El proceso de declaración, llamado también de conocimiento o de cognición, es aquel que tiene como objeto una pretensión tendiente a lograr que el órgano judicial (o arbitral) dilucide y declare, mediante la aplicación de las normas pertinentes a los hechos planteados y (eventualmente) discutidos, el contenido y alcance de la situación jurídica existente entre las partes. El contenido invariable y primario de los pronunciamientos que recaen en ese tipo de proceso se halla representado por una declaración de certeza sobre la existencia o inexistencia del derecho pretendido por el actor. Cuando a ese contenido se une la integración de una relación jurídica, o la imposición al demandado de una determinada prestación (dar, hacer o no hacer) se configuran sentencias denominadas, respectivamente, determinativas y de condena.
b) El proceso de ejecución tiene por finalidad hacer efectiva la sanción impuesta por una anterior sentencia de condena que, como tal, impone al vencido la realización u omisión de un acto, cuando éste no es voluntariamente realizado u omitido por aquél.
Este tipo de proceso, sin embargo, puede agotar en forma autónoma el cometido de la función judicial. Es el caso de los títulos ejecutivos extrajudiciales, a los cuales la ley les asigna efectos equivalentes a los de una sentencia de condena, regulando, para hacerlos efectivos, un proceso sustancialmente similar al de ejecución de sentencias.
En la legislación procesal argentina los procesos de ejecución constituyen, en rigor, procesos mixtos (aun cuando prepondere la función ejecutiva), por cuanto constan de un período declarativo de conocimiento destinado al planteamiento y examen de ciertas defensas.
c) El proceso cautelar tiende a impedir que el derecho cuyo reconocimiento o actuación se pretende obtener a través de un proceso (de conocimiento o de ejecución), pierda su virtualidad o eficacia durante el tiempo que transcurre entre su iniciación y el pronunciamiento de la sentencia que le pone fin (desaparición de los bienes del presunto deudor, o modificación de la situación de hecho existente al tiempo de deducirse la pretensión). La característica fundamental de este tipo de procesos consiste en que carecen de autonomía, pues su finalidad se reduce a asegurar el resultado práctico de la sentencia que debe recaer en otro proceso.
a) Desde un punto de vista estructural corresponde distinguir el proceso ordinario de los procesos especiales.
b) Al primero se refiere el art.207 C.P.C.: “las contiendas judiciales que no tengan establecido un procedimiento especial, se tramitaran conforme a las normas del proceso de conocimiento ordinario”.
El proceso ordinario (que es siempre contencioso y de conocimiento) está estructurado atendiendo a que la ley le asigna la posibilidad de que en él se planteen y decidan, en forma definitiva, la totalidad de las cuestiones jurídicas que pueden derivar de un conflicto entre partes.
c) Los procesos especiales son todos aquellos procesos judiciales contenciosos (de conocimiento, de ejecución y cautelares) que se hallan sometidos a trámites específicos, total o parcialmente distintos a los del proceso ordinario.
PROCESOS SINGULARES Y UNIVERSALES
Los primeros son aquellos cuyo objeto consiste en una o más pretensiones o peticiones referentes a hechos, cosas o relaciones jurídicas específicamente determinadas. Los segundos, en cambio, son los que versan sobre la totalidad de un patrimonio, con miras a su liquidación y distribución. Les es inherente el llamado fuero de atracción, en cuya virtud los jueces que conocen en ellos tienen competencia con respecto a los procesos pendientes o que se promuevan contra el caudal común.
Los Presupuestos Procesales son requisitos previos que necesariamente han de darse para constituirse una relación jurídica. Estos requisitos son:
En este sentido podemos encontrar en la práctica sentencias dictadas en procesos válidos, pero donde no se presentan estos presupuestos, sean materiales o procesales. Así p.ej., una sentencia que puede decir que el actor carece de legitimación sobre mejor derecho de propiedad, donde ni siquiera es arrendatario, menos poseedor. Empero existe una sentencia válida pero sin tocar el fondo del problema. Cuando otra persona tenga legitimación recién se dictara sentencia, también válida, pero sobre cuestión de fondo: el derecho de propiedad o el derecho de posesión.
Presupuestos procesales de la acción. “…la capacidad de las partes y la investidura del juez son condiciones mínimas de procedibilidad. Los incapaces no son hábiles para accionar … Los no jueces no tienen jurisdicción ; los que acuden ante ellos no lograrán nunca hacer nada que llegue a adquirir categoría de acto jurisdiccional.”. Los presupuestos procesales de la acción son “…aquellos cuya ausencia obsta al andamiento de una acción y al nacimiento de un proceso”.
Presupuestos procesales de la pretensión.” La pretensión procesal es… la autoatribución de un derecho y la petición de que sea tutelado. Los presupuestos procesales de esa pretensión” no consiste en la efectividad de ese derecho sino en poder ejercerlo. Si una derecho caduca aún se tiene ese derecho lo que ya no existe es el poder ejercerlo.
En sentido estricto, por jurisdicción se entiende la función pública de administrar justicia, emanada de la soberanía del Estado y ejercida por un órgano especial.
“La jurisdicción consiste en la potestad de conocer y decidir en juicio y de hacer ejecutar lo juzgado. No habrá más jurisdicciones especiales que las creadas por la Constitución y la ley”. (Artículo 5° C.O.J.)
Son los poderes que la jurisdicción tiene a su servicio para el cumplimiento de sus fines, siendo atributos que el legislador puede acordar al juez para el desempeño de sus funciones, y son:
• La Notio: consiste en la potestad del juez de conocer la causa y juzgar conforme a ella, debe formar su convicción con el material de conocimiento que las partes le suministran.
• La Vocatio: es el poder de convocar a las partes, de ligarlas al proceso, sometiéndolas jurídicamente a sus consecuencias.
• La Coertio: es la potestad de imponer sanciones a quienes con su conducta obstaculicen o perjudiquen el cumplimiento de las diligencias decretadas durante la tramitación del proceso.
• La Iudicium: es la aptitud de dictar la sentencia definitiva que decida el conflicto, de emitir la decisión final hacia el cual se encaminó toda la actividad del proceso y que su decisión tenga autoridad de cosa juzgada.
• Executio o Imperium: consiste en el poder que tiene el juez para hacer que el mandato dado en la sentencia definitiva sea cumplido, pudiendo inclusive poner en actuación organismos de fuerza para afirmar el derecho declarado.
El Estado, al prohibir a los ciudadanos el uso de la fuerza para solucionar sus conflictos, les garantiza que a través de una función jurisdiccional, les brindara auxilio para la solución de los mismos.
El Estado moderno tiene tres funciones primarias:
a. En primer lugar crea las normas para regular las relaciones entre las personas a través de un poder legislativo;
b. por otro lado trata de mantener el orden jurídico restableciéndolo en caso de sufrir alteración, a través del poder judicial;
c. y por medio del poder ejecutivo brinda medios para la solución de problemas de seguridad, salud, educación, entre otros.
El proceso como instrumento de la jurisdicción.
La competencia es el poder que la constitución y las leyes, atribuyen a cada juez o tribunal para ejercer la función jurisdiccional en determinados asuntos, causas o conflictos, ya sea en atención al territorio, en razón de la cuantía, en razón del grado, etc.
Es la potestad, el conjunto de facultades que le otorga la ley a un juzgador para ejercer su jurisdicción en conflicto y un ámbito determinado; es la limitación de la jurisdicción que se da por una organización administrativa y división de trabajo. Ejemplo: juez de primera, segunda instancia y por territorio; y en lo civil, laboral, penal, etc.
∞ Se limita la jurisdicción por el territorio, zona o circunscripción.
∞ Se limita la jurisdicción por la materia, primero por grado: primera instancia de civil y comercial (competente solo en estas materias).
∞ En cuanto a la cuantía: Juez de paz letrada, juez de paz.
Art. 2°.- Competencia de los jueces. La competencia del juez o tribunal en lo civil y comercial se determinará con arreglo a lo dispuesto por esta ley y por el Código de Organización Judicial y leyes especiales.
Art. 3°.- Carácter de la competencia. La competencia atribuida a los jueces y tribunales es improrrogable. Exceptúase la competencia territorial, que podrá ser prorrogada por conformidad de partes, pero no a favor de jueces extranjeros, salvo lo establecido en leyes especiales.
Prorroga de competencia.
Art. 4°.- Prórroga expresa o tácita de la competencia territorial. La prórroga puede ser expresa o tácita.
(Obs: la prorroga expresa debe ser por escrito)
Art. 5°.- Competencia nacional. La competencia del juez paraguayo subsistirá hasta el fin de las causas iniciadas ante él, aunque cambien durante el proceso las circunstancias que determinaron inicialmente su competencia.
Art. 6°.- Competencia de jueces comisionados. Los jueces comisionados para la práctica de diligencias determinadas, podrán resolver los incidentes y peticiones que se plantearen con motivo de su realización. Los recursos interpuestos contra las resoluciones dictadas por ellos se concederán sin efecto suspensivo.
(obs: ver art. 6 Cód. Organización Judicial)
Declaración de competencia.
Art. 7°.- Declaración de incompetencia. Toda demanda debe interponerse ante juez competente, y siempre que la exposición del actor resulte no ser de la competencia del juez ante quien se deduce, deberá dicho juez inhibirse de oficio, sin más actuaciones, mandando que el interesado ocurra ante quien corresponda, salvo lo establecido por los artículo 3° y 4°.
Cuestión de competencia. Inhibitoria y declinatoria.
Art. 8°.- Vías para promoverlas. Las cuestiones de competencia podrán promoverse por vía declinada o de inhibitoria, indistintamente.
En uno y otro caso, la cuestión sólo podrá promoverse antes de haberse consentido la competencia de que se reclama (ver art. 6 Cód. Organización Judicial). Elegida una vía, no podrá usarse la otra.
Art. 9°.- Oportunidad para proponer la declinatoria o la inhibitoria. La declinatoria se sustanciará como las demás excepciones previas (art. 223), ante el juez haya comenzado a conocer, y, declarada procedente, se estará a lo dispuesto por el artículo 7°.
La inhibitoria podrá plantearse hasta el momento de oponer excepciones o de contestar la demanda (18 dias), ante el juez que la parte considere competente, cualquiera sea su fuero, debiendo presentarse copia de la demanda y de los documentos acompañados a la misma.
(obs: declinatoria: ante el mismo juez; inhibitoria: ante el juez que la parte considere competente)
Art. 10.- Trámite y decisión de la inhibitoria. Entablada la inhibitoria, el juez la hará saber al magistrado cuya separación de la causa se reclama; correrá vista de ella al Agente Fiscal por tres días, y dentro del mismo plazo resolverá la cuestión. (tramite)
Art. 11.- Trámite de la inhibitoria ante el juez requerido. Recibido el oficio, el juez requerido correrá vista a la otra parte y al agente fiscal por el plazo de tres días, y se pronunciará, dentro de tercero día, aceptando o rechazando la inhibición. Sólo en el primer caso su resolución será apelable. Ejecutoriada ésta remitirá la causa al requiriente, emplazando a las partes para que comparezcan ante él a ejercer sus derechos.
(obs: se corre vista al agente fiscal por estar tratándose leyes de orden publico).
Art. 12.- Trámite de la inhibitoria ante la Corte Suprema. Recibidas las actuaciones, la Corte correrá vista al Fiscal General del Estado por tres días y resolverá la contienda dentro de los cinco días siguientes. Devolverá las actuaciones al juez que declare competente e informará al otro por oficio.
Art. 13.- Suspensión del procedimiento. Desde que se promueva la inhibitoria y hasta que se la decida, ambos jueces suspenderán el procedimiento sobre lo principal, y sólo podrán ordenar medidas precautorias y otras diligencias, de cuya omisión pudiera resultar perjuicio irreparable.
Art. 14.- Contienda negativa y conocimiento simultáneo. En caso de contienda negativa o cuando dos o más jueces se encontraren conociendo de un mismo proceso, cualquiera de ellos, de oficio o a instancia de parte, podrá plantear la cuestión de acuerdo con el procedimiento establecido para la inhibitoria.
JUEZ: Deberes y facultades.
Es indiscutible que el juez es el sujeto principal de la relación jurídica procesal y del proceso. En efecto, a él corresponde: dirigirlo efectivamente e impulsarlo en forma de que pase por sus distintas etapas con la mayor celeridad y sin estancamientos, controlar la conducta de las partes para evitar, investigar y sancionar la mala fe, el fraude procesal, la temeridad y cualquier otro acto contrario a la dignidad de la justicia o a la lealtad y probidad; procurar la real igualdad de las partes en el proceso, rechazar las peticiones notoriamente improcedentes o que impliquen dilaciones manifiestas; sancionar con multas a sus empleados, a los demás empleados públicos y a los particulares que sin justa causa incumplan sus órdenes y con pena de arresto a quienes le faltan el debido respeto en el ejercicio de sus funciones o por razón de ellas; expulsar de las audiencias a quienes perturban su curso; decretar oficiosamente toda clase de pruebas que estime convenientes para el esclarecimiento de los hechos que interesen al proceso, apreciar esas pruebas y las promovidas por las partes, de acuerdo con su libre criterio, conforme a las reglas de la sana critica; por último, proferir las decisiones interlocutorias por autos y las definitivas por sentencia.
El juez, no es un simple espectador del debate judicial, ni siquiera en el proceso civil y mucho menos en los demás, sino el verdadero director del proceso y el dispensador de la justicia de acuerdo con el derecho positivo y a nombre de la República.
El juez, es una persona que está investida por el Estado de la potestad de administrar justicia, es un servidor público que desempeña una de las funciones del Estado, cual es la jurisdiccional.
El juez tiene la potestad de la jurisdicción para el cumplimiento de los fines del Estado, siendo atributos que el legislador puede acordar al juez para el desempeño de sus funciones, y son:
(Ver art. 196 al 199 del Código de Organización Judicial.)
Art. 256 C.N.: DE LA FORMA DE LOS JUICIOS.: “Los juicios podrán ser orales y públicos, en la forma y en la medida que la Ley determine.
El proceso laboral será oral y estará basado en los principios de inmediatez, economía y concentración”.
Art. 238 C.O.J.: Se prohíbe a los magistrados y funcionarios de la Administración de Justicia, cualquiera sea su jerarquía:
a) Faltar a su despacho o abandonarlo sin causa justificada en los días y horas establecidos por la Corte Suprema de Justicia;
b) Abogar o ejercer la representación de terceros en juicio, pudiendo hacerlo en sus propios asuntos o en los de sus padres, esposa, hijos menores y pupilos,
c) Recibir dádivas o aceptar promesas de otros beneficios, directa o indirectamente, de las personas que de cualquier manera tengan o puedan tener intervención o interés en los juicios a su cargo;
d) Ejercer otra función pública, profesión, comercio o industria, directa o indirectamente, salvo la docencia, cuyo ejercicio será reglado por la Corte Suprema de Justicia, ni participar en actividades políticas, y,
e) Dar cualquier clase de información a la prensa o a terceros sobre los juicios criminales, salvo las sentencias; en los demás juicios no podrán darla cuando ellas puedan afectar el honor o la reputación de las personas.
Art. 15 C.P.C.: Deberes.
Son deberes de los jueces, sin perjuicio de lo establecido en el Código de Organización Judicial:
g) procurar, en cuanto sea compatible con el ejercicio de sus atribuciones, especialmente en los juicios referentes a las relaciones de familia, que los litigantes pongan término a sus diferencias mediante avenimiento amigable. A este efecto podrán convocarlos a su presencia en cualquier estado del juicio.
La infracción de los deberes enunciados en los incisos b), c), d) y e) de este artículo, causará la nulidad de las resoluciones y actuaciones.
Art. 16 C.P.C.: Responsabilidad civil. El incumplimiento de los deberes en el ejercicio irregular de las facultades que las leyes imponen u otorgan a los jueces, los hará incurrir en responsabilidad civil.
Facultades disciplinarias, ordenatorias e instructorias.
Art. 17.- Facultades disciplinarias. Los jueces y tribunales deberán sancionar en resolución fundada (por auto interlocutorio o sentencias definitivas) las faltas o incorrecciones que los litigantes, sus abogados o procuradores u otras personas cometan en juicio, en el diligenciamiento de sus mandatos u órdenes, o con motivo del ejercicio de sus funciones, contra su autoridad o dignidad, contra el respeto debido a los funcionarios, a los otros litigantes, sus representantes o patrocinantes.
Además de las sanciones previstas en el Código de Organización Judicial, los jueces y tribunales:
mandarán testar (borrar, eliminar del escrito) en los escritos presentados§ las palabras o frases ofensivas o indecorosas, y
excluirán de las audiencias a quienes las perturben con su comportamiento incorrecto.§
Serán apelables el apercibimiento, la multa y el arresto, conforme a lo dispuesto por el artículo 400, segundo párrafo.§
El arresto sólo podrá ser domiciliario o cumplido en el local del juzgado o tribunal.§
Art. 18.- Facultades ordenatorias e instructorias. Los jueces y tribunales podrán, aun sin requerimiento de parte: (el juez debe tener presente el principio igualdad de partes y …)
a) remitir el expediente a la Corte Suprema de Justicia, ejecutoriada la providencia de autos, a los efectos previstos por el artículo 200 de la Constitución, siempre que, a su juicio, una ley, decreto u otra disposición normativa pueda ser contraria a reglas constitucionales. (facultad ordenatoria)
b) decretar que se traiga a la vista testimonio de cualquier documento, o el original, cuando lo crean conveniente, para esclarecer el derecho de los litigantes, sea que se halle en poder de las partes o de terceros; (las partes tuvieron que haber introducido las pruebas: al promover o contestar la demada) (relacionado con arts.: 304; 305; 306)
d) exigir confesión judicial a cualquiera de los litigantes sobre hechos que estimen de influencia en la causa y no resulten probados, o cualesquiera explicaciones que juzguen pertinentes; (relacionado arts. 276 y 289)
e) disponer en cualquier momento la comparecencia de los peritos o testigos para interrogarlos acerca de sus dictámenes o declaraciones; y (relacionado arts. 337 y 350)
f) ordenar cualquier pericia, informe, reconocimiento, avalúo u otras diligencias que estimen necesarias. (relacionado con arts.: 362 365 367)
Inhibiciones y recusaciones.
Recusación: para las partes;
Inhibición: (es excusarse para los jueces… se separada de entender en determinado juicio… Debe fundar.
Art. 19.- Deber de excusación. Los jueces deberán excusarse cuando se hallaren comprendidos en alguna de las causas previstas por este Código.
Art. 20.- Causas de excusación. Es causa de excusación la circunstancia de hallarse comprendido el juez, o su cónyuge, con cualquiera de las partes, sus mandantes o letrados, en alguna de las siguientes relaciones:
i) amistad que se manifieste por gran familiaridad o frecuencia de trato;
Art. 21.- Otros motivos de excusación. El juez también podrá excusarse cuando existan otras causas que le impongan abstenerse de conocer en el juicio, fundadas en motivos graves de decoro o delicadeza.
Art. 22.- Obligación de manifestar la causa de la excusación. El juez deberá manifestar siempre circunstanciadamente la causa de su excusación. Si no lo hiciere, o si no fuere legal la invocada, el juez o conjuez reemplazante deberá impugnarla, pasando directamente el incidente al superior, quien lo resolverá sin sustanciación en el plazo de cinco días.
Art. 23.- Prohibición de designar profesionales comprendido en causal de excusación. Fuera de las oportunidades previstas en el artículo 27, las partes no podrán nombrar durante la tramitación de la causa apoderados o patrocinantes que se hallaren respecto del magistrado en una relación notoria para obligarle a inhibirse por cualquiera de las causas enumeradas en el artículo 20.
Art. 24.- Recusación sin expresión de causa. El actor o demandado podrá recusar sin expresión de causa una sola vez en cada juicio a un juez de primera instancia, de los Tribunales de Apelación y de la Corte Suprema de Justicia. (Modificado por ley… los Ministros de la corte deben ser recusadas con expresión de causas).
Procedimiento de recusación.
Art. 25.- Trámite y oportunidad de la recusación sin expresión de causa.
• Si el recusado fuese un juez de primera instancia, inhibiéndose, pasará las actuaciones, sin más trámite, a más tardar dentro del día siguiente, al juez que le sigue en orden de turno.
El secretario de la causa podrá pedir al juez recusado que lo separe también de ella, debiendo sustituirlo uno de los secretarios del juez subrogante.
(ver art. 27 para las oportunidades)
• Si se tratare de un miembro del Tribunal de Apelación de la Corte Suprema de Justicia, (solo con expresión de causa) se separará en la misma forma, y los autos pasarán al Presidente del Tribunal, o al Vicepresidente, en su caso, a los efectos correspondientes.
• Tanto en un supuesto como en otro, no se suspenderán el trámite, los plazos ni el cumplimiento de las diligencias ordenadas.
Art. 26.- Causas de recusación.
Son causas de recusación las previstas en el artículo 20.
Ver arts. 200 al 206 del Código de Organización Judicial: “De la sustitución de Jueces, Funcionarios y Empleados”.
Art. 27.- Oportunidad. El actor deberá ejercer la facultad de recusar al entablar la demanda o en su primera presentación; y el demandado, en su primera presentación, antes o al tiempo de contestarla, o de oponer excepciones en el juicio ejecutivo, o de comparecer a la audiencia señalada como primer acto procesal.
CAUSAL SOBREVINIENTE:
• Si la causal fuere sobreviniente, sólo podrá hacerse valer dentro de los tres días de haber llegado a conocimiento del recusante y antes de quedar el expediente en estado de sentencia.
• Dentro del mismo plazo podrá recusarse al juez o miembro de un tribunal que intervengan en el proceso en substitución de un magistrado recusado, cuya designación se hará saber por cédula.
Art. 28.- Tribunal competente para conocer de la recusación. La competencia para resolver la recusación de los jueces y miembros de los tribunales, se regirá por lo dispuesto en el Código de Organización Judicial.
Art. 29.- Forma de deducirla. La recusación se deducirá ante la Corte Suprema de Justicia o Tribunal de Apelación, cuando se tratare de uno de sus miembros, o ante el juez recusado.
Art. 30.- Rechazo sin sustanciación. Sin el escrito correspondiente no se cumplieren los requisitos del artículo anterior, o si el mismo fuere presentado fuera de las oportunidades previstas en el artículo 27, la recusación será rechazada, sin darle curso, por el tribunal competente para conocer de ella.
Art. 31.- Recusación de un miembro de la Corte Suprema o de un Tribunal de Apelación. (Solo con expresión de causa)
Deducida la recusación en tiempo y forma, si el recusado fuere un juez de la Corte Suprema, se le comunicará aquella, para que dentro de tercero día informe sobre los hechos alegados(se computa desde el día siguiente hábil), y se integrará la Corte en la forma prescripta para la sustitución de magistrados, a fin de resolver el incidente, sin perjuicio de que prosiga la instancia hasta llegar al estado de sentencia.
• Si el recusado fuere un miembro del Tribunal de Apelación, se remitirá a la Corte, dentro de los tres días, el escrito de recusación, acompañado de un informe sobre los hechos alegados. En este caso, si fuere necesario, se integrará el Tribunal en la forma prescripta por la ley, a objeto de que continúe la sustanciación de la instancia, hasta llegar al estado de sentencia.
Art. 32.- Apertura a prueba. La Corte Suprema recibirá el incidente a prueba por diez días. Recusante y recusado no podrán ofrecer más de cuatro testigos cada uno.
Art. 33.- Resolución. Vencido el plazo de prueba y agregadas las producidas, se dará vista a recusante y recusado por tres días, en el orden indicado, y se resolverá el incidente dentro de cinco días. La resolución que recayere será irrecurrible.
Art. 34.- Recusación de jueces de primera instancia.
• Cuando el recusado fuere un juez, remitirá al Tribunal de Apelación, dentro de los tres días, el escrito de recusación, acompañado de un informe sobre los hechos alegados, y pasará el expediente, sin más trámite, al juez que le sigue en orden de turno, para que continúe su sustanciación. Igual procedimiento se observará en caso de nuevas recusaciones.
Art. 35.- Trámite de la recusación. Elevados los antecedentes, el Tribunal de Apelación, siempre que del informe del juez resultare la veracidad de los hechos, que configure causal de recusación lo tendrá por separado de la causa.
Art. 36.- Efectos. Si la recusación fuere desestimada, se hará saber al juez subrogante, a fin de que devuelva los autos al juez recusado. Si fuere admitida, el expediente quedará radicado ante el juez subrogante con noticia al juez recusado, aunque con posterioridad desaparecieren las causas que la originaron.