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Timestamp: 2019-04-21 21:00:41
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Matched Legal Cases: ['artículo 18', 'artículo 18', 'artículo 10', 'artículo 75', 'artículo 18', 'artículo 18', 'artículo 10']

No Hay Derecho II: EDUARDO RIGGI (OREJUDO 2011) Y SUS AMIGOS
AUTOS N° 547-F caratulados “Compulsa en As. 084-F, caratulados ‘Fiscal c/ MENÉNDEZ p/ Apelación’”
En estos autos se discutió la integración de la Cámara Federal de Apelaciones y se resolvieron las recusaciones planteadas por los querellantes. El tribunal expresó: Que entrando en el análisis de las cuestiones planteadas, deben recurrirse al estándar establecido por la Corte Suprema de Justicia en orden a la imparcialidad del tribunal, establecido en sus precedentes "Llerena" (Fallos, 328:1491) y "Disier" (Fallos, 329:3034). En efecto, la imparcialidad del tribunal emerge desde el prisma constitucional con la incorporación de los Tratados Internacionales de Protección de Derechos Humanos, como un derecho de toda persona -categoría inclusiva de imputados y ofendidos por el delito- a ser escuchados por un tribunal con aquella propiedad. En consecuencia, no podría tratarse de un privilegio establecido a favor del magistrado, sino del justiciable. En este orden de ideas, señaló que "si bien es cierto que las causales de recusación deben admitirse en forma restrictiva (Fallos: 310:2845 y sus citas), ese principio no puede ser interpretado de modo tal que torne ilusorio el uso de un instrumento concebido para asegurar la imparcialidad del órgano jurisdiccional llamado a decidir una controversia, condición de vigencia de la garantía del debido proceso (Fallos: 321:3504, disidencia del juez Fayt)". Por otro lado, en el Considerando 10) del caso "Llerena" remarcó que "...la imparcialidad del juzgador puede ser definida como la ausencia de prejuicios o intereses de éste frente al caso que debe decidir, tanto en relación a las partes como a la materia". Así, puntualizó que puede verse la imparcialidad desde dos puntos distintos, uno objetivo y uno subjetivo. "El primer enfoque ampara al justiciable cuando éste pueda temer la parcialidad del juez por hechos objetivos del procedimiento, sin cuestionar la personalidad, la honorabilidad, ni la labor particular del magistrado que se trate; mientras que el segundo involucra directamente actitudes o intereses particulares del juzgador con el resultado del pleito." Un parámetro objetivo con el cual evaluar el riesgo o temor de parcialidad del juez lo constituye la comprobación de circunstancias o comportamientos objetivos y concretos del juez, que resquebrajan la confianza que la sociedad depositó ex ante en su actuación imparcial. En el precedente "Telleldín" (T. 639. XLII. "Telleldín, Carlos Alberto y otros s/ rec. de casación") la Corte Suprema sostuvo que "...En efecto, cabe recordar que para considerar vulnerado el derecho fundamental a la imparcialidad del instructor en cada caso concreto "es siempre preciso que existan sospechas objetivamente justificadas, es decir, exteriorizadas y apoyadas en datos objetivos que permitan afirmar fundadamente que el Juez no es ajeno a la causa...o que permitan temer que, por cualquier relación con el caso concreto, no utilizará como criterio de juicio el previsto por la ley, sino otras consideraciones ajenas al Ordenamiento jurídico"(Tribunal Constitucional de España, sentencia 162/1999, del 27 de septiembre de 1999; BOE núm. 263, pág. 136; énfasis agregado)". A la luz de estas reflexiones, deberán analizarse las causales invocadas por la querella respecto de cada uno de los magistrados recusados, así como sus descargos, a fin de establecer caso a caso, si se encuentran cumplidas las condiciones constitucionales y legales que ameritan el apartamiento del juez, partiendo de la idea que se presume la imparcialidad del magistrado, salvo la comprobación de circunstancias que ameriten su apartamiento…En relación al juez Dr. Petra Fernández encontramos que se haya cumplida la causal prevista en el art. 55 inc. 10 del C.P.P.N. en tanto llevó a cabo una manifestación extrajudicial de su opinión sobre el proceso que tuvo y tiene a su conocimiento a la opinión pública, y por ende a los interesados. Tal como lo reclamara la defensa, el doctor Petra personalmente intervino en conferencias de prensas a medios periodísticos en los cuales ensayó una suerte de de defensa de la propia gestión en el trámite de las causas a la vez que disparó una crítica concreta no solo a lo que él rotuló como “poder político” sino que extendió la misma a los Organismos de Derechos Humanos que precisamente son parte en las causas principales por violaciones a los derechos humanos y cuyas incidencias estaban sometidas a conocimiento de la Sala de la Cámara Federal que integra el Magistrado. Este comportamiento del juez recusado constituye una pérdida de su imparcialidad desde una visión subjetiva, tal como lo ha señalado la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente “Llerena”. Pero además, se presentan concomitantemente al trámite de esta incidencia tres hechos relevantes que determinan de modo concluyente que el juez Petra no debe seguir interviniendo en estas causas. En primer lugar registra una denuncia en la Comisión de Acusación y Disciplina del Consejo de la Magistratura de la Nación, bajo el número 434/08 caratulada “Yanzón Rodolfo y otros c/ Dres. López Cuitiño – Pereyra González y Demetrio Petra Fernández” y acum. 72/09, 99/09, 132/09 de fecha 12/02/09. (cfr. www.pjn.gov.ar). Es así, que son precisamente los abogados de los organismos de derechos humanos los denunciantes en estas causas de promoción de destitución de los magistrados doctores Petra Fernández y López Cuitiño, a lo que se agrega que dicha denuncia ha sido interpuesta previamente al trámite de ésta incidencia (12/02/09) que tuvo su ingreso en la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza el 15/05/09. Es claro el art. 55 inc. 8 del C.P.P.N. al disponer el apartamiento obligatorio del juez cuando previo a su intervención en la causa hubiera sido denunciado por alguno de los interesados, a tal punto que es un deber legal que pesa sobre el magistrado en inhibirse de entender en la causa al tomar conocimiento de la denuncia en su contra. Así las cosas, siendo el pedido de destitución ante el Consejo de la Magistratura previo al ingreso del incidente a la Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones, el juez Petra debió inhibirse de intervenir por encontrarse denunciado por la querella que reúne la calidad de interesado en los términos del art. 56 del C.P.P.N.- Creemos necesario destacar que según surge de las propias manifestaciones del juez Petra que vertiera ante los medios periodísticos como lo expusiera la parte recusante y que el magistrado en su descargo no refutó, el mismo sabía de la denuncia en su contra ante el Consejo de la Magistratura realizada por la parte interesada en esta causa, ya que él se refirió a lo que consideró una especie de presión en su contra, aludiendo directamente a la promisión de denuncias ante el Consejo de la Magistratura. Y son los propios dichos del magistrado los que evidencian el conocimiento que tuvo de la denuncia por los interesados, y su negativa a cumplir con el deber legal de apartarse, continuando interviniendo en la causa como la incidencia lo demuestra a través del firmado de resoluciones que tituló de “mero trámite”. Es que no pueden considerarse decisiones de “mero trámite” la decisión del doctor Petra de designar de la lista de conjueces al doctor Enrique Sosa Arditi, ya que se trata de una decisión jurisdiccional consistente en la integración de un Tribunal, a tal punto que dicha integración puede vulnerar garantías constitucionales (art. 18 C.N.), provocar nulidades absolutas (art. 167 inc. 1 y 168 del C.P.P.N.) y por causar un gravamen irreparable, suscitar una cuestión federal suficiente para el conocimiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por vía del recurso extraordinario (Ley 48). Lo dicho precedentemente encuentra su derivación de la literalidad clara del art. 55 cuando la ley adjetiva dispone que “ el juez deberá inhibirse de conocer en la causa”. En segundo término se advierte que también debe ser apartado el juez Petra por la causal prevista en el art. 55 inc. 10 del C.P.P.N. al haber manifestado extrajudicialmente su opinión en el proceso a la opinión pública en general y por ende a los interesados; en el sentido de expresiones verbales críticas hacia el Ministerio Público Fiscal, parte de la causa principal y en la persona del señor Fiscal General doctor Jorge Auat. Nuevamente, y a efectos ilustrativos se constata la radicación en la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura la formación del expediente N° 11. 15/10 (Proc. Gral. Nación) “Remite expte. int. M.3732/09 ‘Petra Julio – Romano Otilio – López Cuitiño s/ actuación” 19/02/10. El mismo, en grandes líneas responde a la resolución MP n° 02/2010 de fecha 04/02/2010 del señor Procurador General de la Nación en la cual no solo desestimó la denuncia que el juez Petra efectuara contra el señor Fiscal General doctor Jorge Auat, sino que además puso en conocimiento de la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura la dilación registrada en los trámites de la incidencias radicadas ante la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza sobre causas de delitos de lesa humanidad, efectuando una atribución concreta de responsabilidad a los magistrados que aparecen en la carátula del expediente (www.mpf.gov.ar). Esta decisión del procurador general de la Nación es una continuación de lo que ya con anterioridad (01/04/09) reclamaron los señores Fiscales Generales doctores Jorge Auat y Omar Palermo, ambos de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el terrorismo de Estado, en la que enfáticamente cuestionaban el procedimiento seguido por la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza al designar conjueces, debido a las recusaciones de los abogados representante de la parte querellante respecto de los jueces Petra, López Cuitiño y Pereyra González (cfr. www.mpf.gov.ar), cuyo resolución que se anexa como instrumento que acredita lo que aquí se afirma y que incluso fuera suscripta por el señor Fiscal General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza doctor Santiago Teruel en cumplimiento del principio de unidad de actuación del Ministerio Público previsto en el art. 1 de la Ley 24.946.- Lo hasta aquí relatado pone en evidencia la exteriorización por parte del juez recusado de una relación de tensión crítica con las partes del Ministerio Público Fiscal y de la querella que da motivos sobrados para dudar de su imparcialidad para resolver esta y otras incidencias que versan sobre delitos de lesa humanidad. Esta consideración se refuerza con el dato objetivo e indiscutible de que las críticas hacia la intervención del juez fueron realizadas en fecha previa al ingreso de ésta incidencia en el Tribunal que integra, con lo cual se descarta todo tipo de manipulación en la integración del Tribunal que el juez le atribuyó a la querella y que hubiera podido afectar la garantía del juez natural. Es que precisamente todos los reclamos de la parte querellante y del Ministerio Público Fiscal fueron previos a la intervención del juez Petra en esta causa. En conclusión, por los motivos puestos el señor Juez de Cámara doctor Julio Demetrio Petra Fernández habrá de ser apartado de la causa por haberse verificado las causales de recusación previstas en el art. 55 inc. 8 y 10 del C.P.P.N.- X.- En relación a la recusación formulada contra el señor Juez de Cámara doctor Alfredo López Cuitiño, el mismo también debe ser apartado como integrante del Tribunal llamado a resolver ésta y las demás incidencias radicadas en la Cámara sobre delitos de lesa humanidad puesto que el mismo magistrado en su informe de fs. Sub. 86 reconoció que en su ánimo persiste un estado de violencia moral que él alegó en otra causa para excusarse sobre este mismo tipo de delitos. Es el propio magistrado el que, en definitiva reconoce la afectación de su imparcialidad por lo cual necesariamente debe ser apartado. La “violencia moral” estaría haciendo referencia a un estado anímico del magistrado en que se siente forzado o compelido a resolver de tal o de cual manera pero no por propia voluntad. Sin perjuicio de advertir en que el magistrado no señala puntualmente cual es ese factor externo que provoca esa vis, lo cierto es que el magistrado esta anunciando que se ve impedido de resolver con autonomía. Por otro lado, insistir en que integre el Tribunal para resolver estas causas, sería un nuevo modo de violentarlo moralmente al juez López Cuitiño para resolver en estas causas. Estas breves consideraciones sirven de fundamento para decidir el apartamiento del señor Juez de Cámara doctor Alfredo López Cuitiño, con la misma extensión que se adoptara con el doctor Petra Fernández… Por lo tanto el Tribunal por unanimidad resuelve: 1) HACER LUGAR a las recusaciones planteadas por la querella a cargo de los doctores Pablo Salinas, Viviana Laura Beigel, Diego Jorge Lavado y Alfredo Guevara Escayola, y en consecuencia apartar a los señores jueces de Cámara doctores Julio Demetrio Petra Fernández, Alfredo López Cuitiño y Enrique Sosa Arditi.- 2) OFICIAR al señor presidente de la Cámara Nacional de Casación Penal a fin de que en los términos del art. 1 de la Acordada 37/2009 proceda a la designación de los magistrados para la integración de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, remitiendo copia de la presente resolución. 3) OFICIAR al señor presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación con copia de lo aquí resuelto.- NOTIFIQUESE y OFICIESE a quienes corresponda.- Firmado: Roberto Julio Naciff, Raúl Alberto Fourcade y Hugo Carlos Echegaray. Jueces de Cámara.”
7 .- Luego de resolver apartar al juez Walter Bento de la causa que investiga al juez Otilio Roque Romano los jueces Petra y Romano fueron a cenar a un conocido restaurante céntrico donde tomaron Champagne según información y fotos tomadas por los periodistas locales que aún pueden consultarse en Internet en la página: http://www.mdzol.com/mdz/nota/246320-cena-a-solas-pero-en-publico-de-que-hablaron-petra-y-romano/
Tal como consta en el acta del plenario del Consejo de la Magistratura realizado el 16 de septiembre de 2010, el Dr. Miguel Angel Gálvez, consejero juez, decidió retirarse de la sesión al momento en que se realizaba la votación para determinar la suspensión del camarista federal de Mendoza, Luis Francisco Miret.
La actitud de este miembro del Consejo de la Magistratura permite poner en duda su imparcialidad en esta causa, ya que resulta llamativo a esta parte su ausencia repentina, la que se produjo justo en el momento en que se decidiría la suerte de uno de los imputados en la causa principal Nº 636 F caratulada Fiscal c/Guzzo y ots.”
Así consta en diario judicial (www.diariojudicial.com.ar) publicado en la web el día 16 de septiembre de 2010 que “Votaron a favor de enviar a Miret a juicio político los consejeros diputados Diana Conti (FPV), Carlos Kunkel (FPV) y Oscar Aguad (UCR); el senador Ernesto Sanz (UCR); el académico Mariano Candioti; los abogados Pablo Mosca y Santiago Montaña y el juez Luis Cabral. Justo en el momento de la votación se retiró el juez Miguel Ángel Gálvez. Faltaron a la sesión los consejeros-senadores Nicolás Fernández y Marcelo Fuentes y el juez Luis Bunge Campos.” (ver http://www.diariojudicial.com.ar /contenidos/2010/09/16/noticia_0008.html)
La imparcialidad de este juez puede ser cuestionada en esta causa, toda vez que el magistrado ha sido considerado amigo íntimo por los camaristas Julio Demetrio Petra Fernández y Otilio Roque Romano.
En efecto, en autos Nº 71.128-R-3008 "Rago Gallo c/ Estado Nac. por Amparo" ambos camaristas se excusaron de intervenir por amistad íntima con el actor, es decir, con el juez Leopoldo Rago Gallo.
Lo expresado es suficiente para considerar que se encuentra afectada la imparcialidad de este juez para seguir interviniendo en la causa.
Por otra parte, el juez Leopoldo Rago Gallo hizo lugar a una medida cautelar en un amparo presentado por el grupo Vila, suspendiendo seis artículos de la ley de medios, lo que coloca a este magistrado en una posición similar a la que se encontraban los camaristas federales mendocinos, luego de la medida cautelar presentada por Enrique Thomas.
Es decir que tanto Romano como Rago Gallo tomaron medidas similares en cuanto a juicios presentados por la ley de medios y Romano además se inhibió con Rago Gallo por “amistad íntima” algo que llama poderosamente la atención es que aún así se quedó en este expediente.
TRIBUNAL IMPARCIAL. PRESIDENTE DE CASACION EDUARDO RIGGI.
Consta a fs. 33 de autos el decreto firmado por EDUARDO RIGGI y su secretario JAVIER CARBAJO designando a Miguel Angel Galvez y Leopoldo Rago Gallo, el 15 de septiembre del 2010.
Esta sola constancia atento a las derivaciones del presente expediente es motivo para entender que seria correcto el apartamiento del Dr. Eduardo Riggi.
En efecto, luego de esa designación es que se produjeron todo tipo de resoluciones en evidente beneficio del imputado juez Otilio Roque Romano.
Se puede ver como esta parte fue apartada de intervenir y sus recusaciones rechazadas “in límine” incluso se rechazó la recusación planteada por el propio juez Walter Bento sin darle trámite y finalmente se apartó al juez sin garantizar el debido proceso legal.
La sospecha de parcialidad que invocamos contra el Dr. Riggi surge de la propia resolución Nº 1377/10 que luce agregada a fs. sub. 33. En efecto, en dicha resolución se designa a los Dres. Miguel Ángel Gálvez y Leopoldo Rago Gallo, jueces titulares de los Juzgados Federales Nº 1 y 2 de San Juan, para integrar la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza “a raíz de las excusaciones planteadas”. Pues bien, la mencionada designación nos permite sospechar de parcialidad al Dr. Riggi por diversas razones. En primer lugar, ya la decisión de que el sorteo se lleve a cabo entre jueces de primera instancia de la jurisdicción en la que actúa la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza es discutible, pues teniendo en cuenta que la persona sometida a proceso es un integrante de esa Cámara y que uno de los jueces actuante en aquél momento, el Dr. Petra, es también miembro de dicho Tribunal, no se puede negar lo dificultoso que puede resultar para un juez inferior, cuyas resoluciones son controladas por ese Tribunal, tener que pronunciarse respecto a un planteo de uno de sus miembros. Dicho de otro modo, si se hubiera querido garantizar imparcialidad nunca se debió designar a jueces de primera instancia controlados jurídica y disciplinariamente por la Cámara Federal. La escandalosa actuación de estos señores jueces demuestra lo desacertada que resultó aquélla decisión y justifica ampliamente nuestra sospecha de parcialidad respecto del Dr. Riggi.
En segundo lugar, el sorteo del cual resultó la designación plasmada en la Resolución Nº 1377/10, se llevó a cabo cuando menos, de manera poco transparente. En efecto, en una causa en la que está imputado un miembro de la Cámara Federal requería de la Presidencia de Casación ofrecer las mayores garantías para las partes. Pues bien, de las actuaciones no advertimos que se nos haya dado intervención ni a nosotros ni a ninguna de las otras partes en el sorteo que terminó con la designación de Gálvez y Rago Gallo. La falta de control generada por la decisión del Dr. Riggi de no convocar a las partes al sorteo, es otra buena razón para sospechar de su parcialidad.
En tercer lugar, la inadecuada decisión de llevar a cabo un sorteo entre jueces de primera instancia y la falta de transparencia del sorteo se suma la circunstancia de que la decisión tomada por estos jueces fue poco menos que prevaricante. Así, el Dr. Petra, quien ya estaba apartado de intervenir en estas causas de lesa humanidad decidió intervenir en la misma y favorecer en la misma a su amigo Otilio Roque Romano, y el Dr. Rago Gallo, quien en una causa anterior motivó, como parte, la inhibición del Dr. Romano por amistad con el juez sanjuanino, “olvidó” aquélla inhibición y decidió actuar favoreciendo la impunidad del Dr. Romano. Todo ello es bien conocido y ha motivado tanto la Corte de Justicia de la Nación como el Honorable Consejo de la Magistratura calificaran de institucionalmente grave la situación que se vive en la justicia federal de Mendoza. En definitiva, una designación inadecuada y a espaldas de las partes termina plasmándose en una resolución que ya fue declarada nula de nulidad absoluta por otro Tribunal, constituyen razones suficientes para que el Dr. Riggi se aparte del entendimiento de esta causa.
Con claridad meridiana lo explica Roxin cuando asevera que "En el conjunto de estos preceptos está la idea de que un juez, cuya objetividad en un proceso determinado está puesta en duda, no debe resolver en ese proceso, tanto en interés de las partes como para mantener la confianza en la imparcialidad de la administración de justicia" (Roxin, Claus, Derecho Procesal Penal, trad. Córdoba, Gabriela y Pastor, Daniel, Editores del Puerto, Bs. As., 2000,pág. 41).-
El primer derecho que les asiste a las víctimas consiste en tener un tribunal imparcial y ese derecho a tener un tribunal imparcial es el que la Cámara de Casación Penal debe garantizar.
El artículo 18 de la Constitución Nacional establece que nadie puede ser juzgado por comisiones especiales ni sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa, y que es inviolable la defensa en juicio. En efecto, la defensa en juicio es inviolable, y ello supone la garantía a los justiciables de acceder a un Tribunal imparcial.
Asimismo, la intervención de jueces que pueden ser parciales, también vulnera la garantía constitucional contenida en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos cuando dice: “Toda persona tiene derecho a ser oída (...) por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial establecido por la ley...”, que conforme el articulo 75 cinc. 22 de la Constitución Nacional se encuentran con jerarquía constitucional. El artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del hombre. Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 10, “toda persona tiene derecho a ser oída públicamente por un tribunal independiente e imparcial”. Convención Americana sobre Derechos Humanos en su art. 8, inc. 1, “ toda persona tiene derecho a ser oída por un tribunal independiente e imparcial con las debidas garantías”. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su art. 14 inc. 1. “Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente por un tribunal independiente e imparcial”. Todos estos tratados se encuentran incluidos en el artículo 75 inc. 22 “tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos”. En cuanto al significado del sustantivo imparcial, el mismo refiere por su origen etimológico (“in-partial”) a aquel que no es parte en un asunto que debe decidir, esto es, que lo ataca sin interés personal alguno. (conf. Julio B. J. Maier, “Derecho Procesal Penal”, p. 739 Ed. Del Puerto, Bs. As., 1996.”.
Pero evidentemente nos encontramos frente a un proceso y en este proceso se deben respetar las reglas procedimentales que constituyen para los justiciables la única garantía de funcionamiento siendo la primera la imparcialidad del tribunal.
Está claro que la primer garantía es la del juez imparcial, y si ya sabemos que quienes van a resolver han sido denunciados por la parte querellante por mal desempeño en sus funciones, esta circunstancia es suficiente motivo para que los familiares de desaparecidos duden de la imparcialidad del tribunal.
El derecho que debe ser garantizado es el derecho a ser oídos por un tribunal imparcial, derecho contenido en la Constitución Nacional artículo 18 y en el 75 inc. 22 a través de los siguientes tratados:
El artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del hombre. Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 10, “toda persona tiene derecho a ser oída públicamente por un tribunal independiente e imparcial”. Convención Americana sobre Derechos Humanos en su art. 8, inc. 1, “ toda persona tiene derecho a ser oída por un tribunal independiente e imparcial con las debidas garantías”. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su art. 14 inc. 1. “Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente por un tribunal independiente e imparcial”.
El interés por la existencia de un Tribunal imparcial que lleve adelante este proceso, excede entonces a nuestros mandantes, siendo interés de la sociedad toda, de la comunidad internacional, fundado en el derecho a la verdad y a la justicia.- Es más, el incumplimiento de estos mandatos, seguramente acarrearía a nuestro país las sanciones internacionales correspondientes, por el incumplimiento de los compromisos contraídos, de jerarquía constitucional (en todos los tratados mencionados) y además el informe 28/92 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El Estado Argentino tiene el deber de garantizar tribunales imparciales, tal deber se pondría en riesgo si no se acepta la recusación del juez Eduardo Riggi que dispuso el procedimiento que culminó con la integración de la Cámara de Apelaciones integrada por Rago Gallo, Galvez y Julio Demetrio Petra según consta en este incidente.
Produciendo una gravedad institucional inusitada al ser fotografiados luego de resolver el juez Julio Demetrio Petra sobre la situación de su amigo íntimo el juez Otilio Roque Romano, situación de una gravead institucional enorme que pone en evidencia un sistema de justicia no republicano.
DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES AFECTADAS
En el arts. 18 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional garantiza la defensa en juicio y ello supone la garantía a los justiciables de acceder a un Tribunal imparcial.
Asimismo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que: “Toda persona tiene derecho a ser oída (...) por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial establecido por la ley...”, que conforme el articulo 75 inc 22 de la Constitución Nacional se encuentran con jerarquía constitucional.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se encuentra incluido en el articulo 75 inc. 22 “tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos”.
El Dr. Eduardo Riggi dispuso la integración de la Cámara que culminó con resoluciones (todas y cada una) a favor del juez imputado Otilio Roque Romano, tomadas por su amigo íntimo el juez Julio Demetrio Petra y dos jueces Sanjuaninos que también fallaron a su favor.
Los tres jueces indicados DEBIERON HABERSE INHIBIDO y no lo hicieron y favorecieron con sus resoluciones al juez imputado OTILIO ROQUE ROMANO.
III.- PETITORIO: Por todo lo expuesto solicitamos:
1) Haga lugar a la recusación del Dr. Eduardo Riggi en este incidente.
Provea V.E. de conformidad.
Publicado por Alberto Bovino en 16:40
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