Source: https://es.scribd.com/doc/124208512/Arbitraje-Comercial
Timestamp: 2017-01-19 07:00:02
Document Index: 165634599

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NavegarInteresesBiography & MemoirBusiness & LeadershipFiction & LiteraturePolitics & EconomyHealth & WellnessSociety & CultureHappiness & Self-HelpMystery, Thriller & CrimeHistoryYoung AdultNavegar porLibrosAudio librosArtículosPartiturasExplorar todoSubirIniciar sesiónRegistrarseDEL ARBITRAJE COMERCIAL EN VENEZUELACONCEPTO Y NATURALEZA JURÍDICA DEL ARBITRAJE COMERCIAL.
El arbitraje podría definirse como una figura procesal mediante la cual se sustrae la resolución de las controversias, de sus jueces naturales, para entregarlo a particulares denominados árbitros, de manera de lograr aparentemente mayor rapidez y economía de gastos. Se trata en definitiva de la derogatoria o delegación, (según la tesis que se adopte) de la potestad jurisdiccional y sus principios.
Se señala que el arbitraje es un juicio privado; que las partes ponen por sí mismas fin a la controversia o proveen los medios para ello. Que está dirigido a excluir la contención judicial. Es decir, que su naturaleza jurídica es muy controvertida, pues se duda si la función de los árbitros es efectivamente privada o tiene carácter jurisdiccional.
Los que consideran que se trata de una figura privada, parten del hecho de que el laudo arbitral no puede considerarse como una sentencia judicial que produzca cosa juzgada, por cuanto, carece de ejecutabilidad, ya que, tiene efectos sólo luego de que un juez lo declara válido.
Se trata la tesis anterior de la llamada teoría contractualista o privatista, que considera que el arbitraje tiene la naturaleza de un acuerdo entre las partes, al cual se le aplican los principios generales de la transacción1. Y además tiene efecto sólo entre las partes y con respecto al
La transacción está regulada en nuestro código Civil (1713 y siguientes del Título XII “De la Transacción”) y en los artículos 255 y siguientes del Capítulo II ( “De la Transacción y la Conciliación”)
hecho litigioso como tal (no puede extenderse a otro hecho litigioso).2 Se indica que su misión no es ejercer la “coertio” procesal, que no tiene como función decir el derecho y que el árbitro no tiene jurisdicción ni imperio.3 Por su parte, concluye Chiovenda4, con una tesis que consideramos absolutamente válida, así “En la sentencia el elemento lógico no tiene otro valor sino el de preparación del acto de voluntad, con el cual el juez formula la voluntad de la ley en que consiste el acto jurisdiccional sentencia. La mera preparación lógica de la sentencia, no es por sí misma un acto jurisdiccional, sino sólo cuando es cumplida por un órgano jurisdiccional”. (Cursivas nuestras).
Así, la celebración de un contrato implica para las partes la expresión de su voluntad de celebrarlo y de crear, modificar o extinguir obligaciones con otra parte. Es por eso que el contrato se rige ante todo por lo que las mismas decidan, esto es, por lo que se ha denominado “la autonomía de la voluntad de las partes”.
Así, las partes, fijan las bases de sus relaciones, establecen sus respectivas obligaciones y derechos a través del contrato. Es por eso que, como señala la doctrina, las partes celebran el contrato para que el objeto de la transacción se complete. Y es lo que se ha denominado “los intercambios diferidos”, ésto es, la necesidad de fijar en un contrato la
del Título V ( “De la Terminación del Proceso”) del Código de Procedimiento Civil, y se define como un contrato por el cual las partes mediante recíprocas concesiones terminan un letigio pendiente o precaven un litigio eventual y cuya procedencia exige que las partes tengan capacidad para disponer de las cosas comprendidas en la transacción. La transacción además tiene fuerza de cosa juzgada. No obstante, contra la misma proceden los recursos correspondientes a la declaratoria de la nulidad de la sentencia que sobre la misma se pronuncie. 2 Pareciera que no tiene efecto vinculante, esto es, que no puede constituirse en jurisprudencia. 3 Adolf Watch: “Tratado de Derecho Procesal Civil” pág. 105, Vol. I, Buenos Aires, 1977. Citado por Arístides Rengel Romberg en: “El Arbitraje en el Código de Procedimiento Civil y en la Nueva Ley de Arbitraje Comercial (1998)”, pág. 21, en: Seminario de Ley de Arbitraje Comercial. Publicación de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Caracas, 1999. 4 En “Istituzioni di Diritto Processuale Civile”, pág. 70, Vol. I, n 26, Nicola Jovene Editore, 1933, citado por Arístides Rengel Romberg, op cit, pág. 22.
transacción de cumplimiento extensivo en el tiempo. El cumplimiento del contrato busca al final de cuentas mejorar la situación de las partes contratantes, sin que desmejore su situación inicial, y ello a través de una transacción que se fije en el documento para que sea lo menos problemática posible.
No obstante, el orden jurídico no puede evitar de forma absoluta
los riesgos de los contratos, sobre todo al no poder prever el contrato todas las situaciones posibles que se deriven de su ejecución, y contener por lo tanto vacíos. Además, el hecho mismo de la voluntad de transar lleva muchas veces a las partes a evitar la especificación casuística de las situaciones que puedan presentarse en la ejecución del contrato. Por eso, en algunas etapas, sea por incumplimiento de las cláusulas contractuales o por insatisfacción de una de las partes con la forma de la ejecución de la obligación por parte de la otra, éstas se remiten a los tribunales de justicia para solventar sus controversias, o, tratando de evitar costos, tiempo y a la búsqueda de objetividad, se dirigen a la figura del arbitraje.
Así, el Arbitraje Comercial al igual que los tribunales ordinarios, constituyen alternativas para solventar los señalados vacíos, y el primero es supuestamente menos costoso.
Ante tal realidad, nuestro ordenamiento jurídico ha incluido dentro de su repertorio a la Ley de Arbitraje Comercial, la cual fuera publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela6 Número 36.430, de fecha 7 de abril de 1998.
PIZANI AZPÚRUA, Víctor: “Análisis Económico de la Ley de Arbitraje Comercial”. En compilación: “Resolución de Conflictos”. Pág. 94. Asociación Venezolana de Derecho y Economía. Caracas, marzo de 2005. 6 Es con posterioridad a la vigencia de la Constitución de 1999 que se denomina a nuestro país como República Bolivariana de Venezuela.
Por su parte, existe la teoría jurisdiccionalista o publicista, en virtud de la cual, a pesar de que el Estado moderno garantiza la facultad de encomendar la resolución de controversias a la decisión de terceros, ésta no es aún la forma de un juicio, porque no tiene fuerza coactiva, por lo que estamos en presencia de “órganos impropios de la jurisdicción civil ordinaria”.
La teoría intermedia considera que la decisión del árbitro no puede dejar de emerger de una potestad jurisdiccional, cuando tiene la misma eficacia que las decisiones de los jueces, y se refiere a una suerte de potestad jurisdiccional sobrevenida, que adquirirían los árbitros por virtud del acto que le confiere eficacia a su decisión, es decir, que el otorgamiento de tal potestad tiene efecto retroactivo y lo contrario sería “una contradictio in terminis”. Es decir, que sigue considerando el requisito de la existencia de la potestad jurisdiccional, y la entiende presente en el árbitro por el hecho del dictado del laudo arbitral.
En nuestra opinión, y partiendo de la tesis de la Teoría Absolutista de las Funciones, en virtud de la cual, no son tres las funciones ejercidas por los tres Poderes Públicos tradicionales, sino nueve, la función jurisdiccional, no es sólo aquella que intrínsecamente corresponde a los órganos que conforman el Poder Judicial, por cuanto su carácter no es formal (orgánico), sino sustancial. Así, un ente administrativo puede cumplir una función jurisdiccional y aquí nos referimos por ejemplo a la función ejercida por la Inspectoría del Trabajo, cuando decide entre dos partes, el trabajador y el patrono, lo cual se engloba dentro de la tesis de los “actos cuasijurisdiccionales”7. Entonces, también puede ejercerla un privado, cuando aplica la ley a un caso concreto, que es la esencia de tal
RONDÓN de Sansó, Hildegard: “Los actos cuasijurisdiccionales”. Agustín Catalá Editores.
Ésto además de su subordinación a un proceso que efectivamente garantice el derecho a la defensa. que corresponde en nuestra legislación al juez. etc. Ahora bien. por ejemplo. pero la misma también puede aplicarse a asociaciones privadas. la cual. A pesar de que pareciera loable el uso del arbitraje como una vía de resolución de conflictos y que vemos que no es éste la única forma de ejercicio de una función jurisdiccional por parte de un ente distinto a los tribunales.
Con el ejemplo de la Inspectoría del Trabajo nos estamos refiriendo por bien o por mal a una función emanando de un órgano administrativo. Ésto no quiere decir que la potestad jurisdiccional no corresponda “ab origine” al Estado.
. soberanía u orden público. como las de vecinos. no así hasta la ejecución forzosa de su decisión. el cual se distingue del civil.
Éstas son las consideraciones aplicables al arbitraje en general. creemos que el mismo ha de ser de aplicación restrictiva. las de compositores y autores. y la Ley de Arbitraje Comercial no los diferencia en forma expresa. en todas sus manifestaciones. lo cual implica la concretización del mandato general y abstracto de la norma jurídica. es decir. Se trata de una suerte de delegación de su potestad. Entonces hay quien señala que los árbitros poseen una potestad jurisdiccional delegada. si se considera como una manifestación de la soberanía no podría delegarse. cuya procedencia también se extiende al comercial. bajo todas las limitaciones que impidan el roce con cualquier asunto de interés nacional. sólo por su ámbito de aplicación y su denominación.función. que se extiende hasta el conocimiento del caso. el Estado moderno globalizado no ha asumido el monopolio judicial estatal y ha autorizado a los tribunales arbitrales para conocer de la resolución de controversias.
Panamá adoptó la Ley de Arbitraje mediante decreto ley Nº 5 expedido el 8 de julio de 1999. Bolivia mediante la Ley 1770 del 10 de marzo de 1977 puso en vigencia la regulación sobre arbitraje y conciliación. el caso de México. Debemos señalar que otros países latinoamericanos dictaron sus respectivas leyes sobre la materia en forma casi simultánea a la venezolana. Paraguay concluyó un largo proceso de elaboración de la Ley 1879 que fue
. Como es igualmente. adoptó una Ley de Arbitraje siguiendo el Proyecto de Ley Uniforme de la UNCITRAL.APLICACIÓN DE LA LEY DE ARBITRAJE COMERCIAL
Venezuela bastante reacia. que se ciñó también al texto de la Ley Modelo en el Decreto del 6 de julio 1993. dada su experiencia histórica a los arbitrajes. que dictó la Ley sobre Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social. no sabemos si con los cambios políticos efectuados en ese país y después de su decisión de retirarse del CIADI. como es el caso de Guatemala. Costa Rica adquirió una regulación sobre arbitraje mediante el decreto legislativo 7727 del 26 de noviembre de 1997. Ahora bien.
Ecuador tiene una ley de arbitraje y mediación promulgada el 29 de agosto de 1997. que en el año 1995. Perú por su parte. este régimen continúa en vigencia.
Brasil promulgó una Ley de Arbitraje el 23 de septiembre de 1996. entró en el ámbito de los países que tiene al arbitraje regulado por ley el 20 de diciembre de 1995. siguió la corriente globalizadora imperante a finales de la década de los 90 y dictó una Ley de Arbitraje Comercial. preparada por la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil en 1985.
pero por lo que atañe a la regulación nacional.
El artículo 1 señala que la Ley de Arbitraje Comercial se aplica al arbitraje comercial “sin perjuicio de cualquier tratado multilateral o bilateral vigente”. preparada por la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL) 1985. PREEMINENCIA DE LOS TRATADOS BILATERALES O
MULTILATERALES VIGENTES SOBRE LA LEY DE ARBITRAJE COMERCIAL. Esta ley regula tanto el arbitraje nacional como el internacional. .
Todas las leyes recientes a las cuales hemos hecho referencia.
Aspectos fundamentales de la Ley de Arbitraje Comercial. significa que si existe un tratado multilateral o bilateral vigente. significa que aún cuando existan tratados multilaterales o bilaterales vigentes. éste tendrá prioridad en su aplicación ante la Ley de Arbitraje Comercial. sirvió de inspiración a las leyes promulgadas por los estados latinoamericanos en la forma en que quedara precedentemente expresada. la ley se aplica. El segundo sentido. El primer sentido. denominada Ley de Medios de Resolución de Conflictos. ¿Qué significa la expresión “sin perjuicio”? Esta expresión podría interpretarse en dos sentidos que son contrarios y contradictorios entre si. están fundadas en la Ley Modelo de Arbitraje Comercial Internacional.promulgada en abril de 2002.
. la Ley de Arbitraje Comercial es una ley formal especial que cede su vigencia ante un tratado multilateral o bilateral. En el caso presente. en el caso en que exista contraste entre sus normas y la de tales tratados. si bien la enunciación es taxativa.
El artículo 2 del Código de Comercio Venezolano. “cualesquiera otros contratos y cualesquiera otras obligaciones de los comerciantes. debemos obligatoriamente partir del concepto de acto de comercio. que serán así agrupadas independientemente de que sean realizadas o nó por un comerciante. si no resulta lo contrario del acto mismo y si tales contratos y obligaciones no son de naturaleza esencialmente civil”. pues será un contrato comercial. el artículo 3. siempre y cuando la naturaleza del mismo no vaya en contra del orden público (artículo 5 de la Ley de Arbitraje Comercial).
Al respecto. la hace ejemplificativa cuando aclara que también serán catalogados como tales. las actuaciones que han de calificarse como actos de comercio y aclara. (Cursivas nuestras).Indudablemente que esta última es la interpretación correcta que obedece al rango de las fuentes. No obstante.
El arbitraje comercial se aplica a los conflictos que surgen en el cumplimiento de los contratos de carácter comercial. aquel que verse o el que contenga una transacción que recaiga sobre un acto de comercio. en su artículo 1. cabe preguntarse. enumera al efecto. ¿qué son contratos de carácter comercial? Y para dar respuesta.
pero pueden ejecutar actos de comercio.
A pesar de que excluye la posibilidad de que la Administración realice actos de comercio desde el punto de vista subjetivo (pues ella no será nunca comerciante). deja abierta la posibilidad de que realice actividades mercantiles y amplía su ámbito de acción y el de las demás leyes mercantiles a las mismas.
También excluye el Código de Comercio a una serie de actuaciones de la categorización de acto de comercio o de comerciante. se considera tanto el tipo de acto como tal (acto objetivo de comercio).Es decir que. quedan sujetos a las leyes mercantiles”. a través de lo dispuesto en su artículo 7. como el hecho de la realización de la actividad por parte de un comerciante (acto subjetivo de comercio). los Estados. considerando que se cataloga acto de comercio también a aquel que lo es desde el punto de vista subjetivo. que reza textualmente:
“Artículo 7: La Nación. es decir. y al respecto. es importante resaltar que excluye toda posibilidad de calificar a la Administración de comerciante. y en cuanto a éstos. el Distrito Federal y los Municipios no pueden asumir la cualidad de comerciantes. (Cursivas nuestras).
Vale la pena igualmente. para que se catalogue a un acto de comercio. sólo por derivar de éste
. a aquel que es realizado por un comerciante.
. son contratos mercantiles aquellos actos que creen. también conocidos como libres o “ad hoc”. Además otorga a tales Centros la facultad de establecer las normas que han de regir el procedimiento arbitral. los cuales deben cumplir con una serie de requisitos que garanticen la idoneidad del procedimiento.
Los primeros se refieren a aquellos arbitrajes desarrollados bajo las reglas de un Centro Institucional de Arbitraje. (Cursivas nuestras). así:
“Artículo 10: Son comerciantes los que teniendo capacidad para contratar hacen del comercio su profesión habitual y las sociedades mercantiles”. que recaiga sobre actos de comercio o que sean realizados por un comerciante. o lo que es igual. reconociendoles por tanto una facultad normativa.
LAS MODALIDADES DEL ARBITRAJE EN LA NUEVA LEY
Se refiere la ley en sus artículos 2 y 11 a dos tipos de arbitrajes.e independientemente de su naturaleza. revisar la definición de Comerciante de nuestro Código de Comercio. Los arbitrajes institucionales y los arbitrajes independientes.
Los independientes se refieren a la posibilidad de que las partes sometidas a arbitraje establezcan sus propias reglas y los árbitros no tienen que ser escogidos entre los señalados por Centro alguno. modifiquen o extinguen una relación jurídica mercantil.
no establece la Ley de Arbitraje Comercial limitación alguna o condicionamiento ninguno al ejercicio de tal potestad normativa. específicamente es a través de su impugnación por nulidad (literales b y c del artículo 44). correspondiente a los órganos administrativos a través del dictado de actos de rango sublegal. de una potestad legislativa. derecho a la prueba. aquellas cuyo objeto esté relacionado con la resolución alternativa de conflictos. derecho a la defensa. la seguridad jurídica del proceso y las garantías procesales de las partes (igualdad de las partes. así como el uso de otras vías extraordinarias. como lo denomina la doctrina española). o de la negativa de su ejecución por parte de los órganos judiciales (literales b y c del artículo 49). las organizaciones vinculadas a actividades económicas e industriales. como por ejemplo la del Amparo Constitucional. La única posibilidad de control es “a posteriori”. como aquel que se realiza a través de los centros de arbitraje.Tales facultades normativas podrían considerarse como una usurpación por parte del centro arbitral y peor aún de los árbitros independientes. Se señala también que se atenta contra la potestad reguladora del proceso.
Precisamos pues que el Capítulo II desarrollado en tres artículos (11 al 14). las universidades e institucionales superiores académicas y las demás asociaciones que se crearen con posterioridad a la vigencia de la ley que establezca como uno de los medios de solución de controversias al arbitraje. los cuales pueden ser organizados por las asociaciones internacionales existentes. propia del legislador.
Además.). se refiere al arbitraje institucional (o institucionalizado. etc. o por lo menos. El autor James Otis Rodner
. reglamentaria.
etc. donde se incluirá la capacidad del Centro para establecer las reglas del procedimiento arbitral. INTRODUCCIÓN A LOS CONCEPTOS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DERECHO ADMINISTRATIVO”.
De allí que. las normas administrativas aplicables al caso. Ediciones del Departamento de Publicaciones. los artículos 13 y 14 “ejusdem”.
De tal manera que. establecer el pacto arbitral. sino que deben dirigirse al Centro de arbitraje que opere en la región y a través del organismo. Febrero 1997. Consideramos que esta parte de la
En su “INTRODUCCIÓN AL ARBITRAJE COMERCIAL”. e incluso todo lo relacionado con las notificaciones..8
señala que para que exista un arbitraje institucional no basta que se trate de
una institución que promueva el arbitraje..
. Tomo I. todo Centro de arbitraje tendrá su propio reglamento. 300. Págs. que se trata de la regulación de la actividad de los particulares y el fundamento para la actuación de las autoridades (en este caso los árbitros). Jaime Orlando: “TRATADO DE DERECHO ADMINISTRATIVO.9
Este tipo de arbitraje ha sido criticado por quienes consideran que el mismo resta libertad a las partes ante la imposibilidad de nombrar árbitros y de diseñar el procedimiento arbitral. recusaciones. entre otros. Op cit. sino que en alguna forma la misma participe en la administración e implantación del proceso arbitral. Universidad Externado de Colombia. según lo disponen. es decir. Conferencias de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. 9 SANTOFIMIO G. 449-450. debe recordarse que el concepto de reglamento nos permite catalogarlo como un instrumento normativo y regulador de situaciones generales. pág. y en atención a las normas que lo rigen. las partes interesadas en un arbitraje institucional. la lista de los árbitros. En efecto. no puedan actuar por sí mismas.
Pág. conciliación capacitación y difusión10. pues así lo señala el ámbito de aplicación de la ley que analizamos en el primer punto de este escrito.
Por otra parte. no exige la Ley que el centro de arbitraje esté inscrito en institución alguna. define el papel de la Cámara de Comercio de Caracas. estableciendo que no corresponde a la misma resolver controversias ni dictar laudos arbitrales. sino asegurar que se cumplan las disposiciones del
El reglamento dictado por la indicada Cámara regula: la creación del Centro de Arbitraje. 354. el cual enfoca sus actividades en cuatro áreas: arbitraje. 1). definiéndolo como el organismo de arbitraje adscrito a la Cámara de Comercio de Caracas. la cua.
DEL REGLAMENTO DEL CENTRO DE ARBITRAJE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE CARACAS
A pesar de lo señalado en el último párrafo del punto anterior. se somete al arbitraje a la Cámara de Comercio de Caracas.
. y es esto preocupante que. op cit.
Finalmente cabe señalar.doctrina es la que coincide con la tesis según la cual es la autonomía de las partes la que se impone cuando hayan de decidirse las controversias. lo que sí sucede en la mayoría de los países. está claro que esta clase de arbitraje se refiere a los arbitrajes comerciales. Temas Fundamentales de derecho y Economía. y que tiene como función establecer un mecanismo alterno para la solución de conflictos mediante el arbitraje institucional (art.l en el año de 1988 constituyó el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Caracas. Diana: “EL CONTROL DEL ARBITRAJE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE CARACAS Y SU REGLAMENTO”.
pasa a definir los términos utilizados a lo largo del reglamento (art. por lo que es al mismo al que le corresponde su determinación.
Está regulado en el Capítulo III “Del Arbitraje Independiente”. que ha llevado a la doctrina a señalar. que es aquel que está regulado exclusivamente por las partes. por
. establece con carácter supletorio la aplicación del procedimiento arbitral previsto en la Ley de Arbitraje Comercial. La norma consagratoria de tal supletoriedad trae
indudablemente dudas.
Lo interesante de la norma es que. 2).
Este reglamento además fue emitido mediante un Acuerdo de la Cámara de Comercio de Caracas. en el sentido de que ellas escogerán a los árbitros y al procedimiento que consideren conveniente. hasta regular la organización interna del Centro de Arbitraje. Importante es señalar que el Libro III del reglamento está destinado a la determinación de las Reglas del Procedimiento Arbitral. se dictara con posterioridad a la vigencia de la Ley de Arbitraje Comercial venezolana y con el objetivo de adecuarse a sus disposiciones. sus estatutos (Libro I: Estatutos del Centro de Arbitraje). 1). que al igual que el reglamento mismo. fijando en sus artículos 6 y siguientes. de la Sección I (Del Centro de Arbitraje). y el Libro IV a las reglas de Conciliación.reglamento (primer aparte del art.
La otra forma de arbitraje que prevé la ley es el arbitraje independiente o también llamado “ad hoc”. artículos 15 al 18 de la ley de la materia.
Desde todo análisis. las contenidas en los Capítulos III y IV de la ley. en tanto el legisladoras concibió sólo para esa modalidad (arbitraje independiente) y por tanto para solventar cualquier problema deberá acudirse a otras fuentes supletorias”. 77. y no produce por tanto seguridad jurídica. Alberto: “ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE EL PROCEDIMIENTO APLICABLE EN LOS CASOS DE ARBITRAJES REGIDOS POR LA LEY DE ARBITRAJE COMERCIAL”. esto es. a falta de normas sobre el proceso dadas por las mismas partes. PÁG.
ELEMENTOS COMUNES A LOS DOS TIPOS DE ARBITRAJE
El artículo 5 de la Ley de Arbitraje establece que el acuerdo de arbitraje es aquel por el cual las partes deciden someter a arbitraje todas o
BAUMEISTER Toledo. se aplican las establecidas en dicha Ley para tal tipo de arbitrajes.
Aquí podemos referirnos por ejemplo a las normas del Código de Procedimiento Civil o a las mismas del Código Civil referentes a la transacción.ejemplo11:…si el mandato del referido artículo 15 es que en los supuestos de arbitrajes independientes. y ellas se aplican a esa modalidad arbitral en el indicado supuesto y sólo por vía de excepción a los arbitrajes institucionales. no obstante que el caso se tramite ante un centro arbitral con sus propias reglas del procedimiento arbitral. (Cursivas nuestras). cuando las mismas partes resuelven que sean ellas mismas las que deben regularlo. no es una norma clara. CIT
. son las que el legislador dispuso fueren supletorias de las voluntades de las partes. si ello no resulta así no podrá con fundamento racional sostenerse que esas normas de procedimiento sean las aplicables en caso de que nada dispusieren las partes. OP.
algunas de las controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas con respecto a una relación jurídica contractual. b) que los contrincantes sean capaces de transigir. Es decir que.
b) Los montos que deriven de la responsabilidad civil derivada incluso de delito. siempre y cuando.
La regla general de la Ley de Arbitraje Comercial es que están sometidas al mismo todas las controversias que surjan entre personas capaces de transigir y que sean susceptibles de transacción. Podemos hacer al respecto una enunciación ejemplificativa. Ésto es. El acuerdo puede consistir en una cláusula incluida en un contrato o en un acuerdo independiente. las dos condiciones que la doctrina establece: a) que el objeto sea idóneo para una transacción.
c) Se excluye de ambos:
Las materias que pueden ser objeto de arbitraje son todas las controversias en la medida en que las mismas sean susceptibles de transacción y. y. estén dadas de manera acumulativa. surjan entre personas capaces de
transigir. han de ser asuntos que no sean contrarios al orden público y que puedan ser objeto de transacción. así:
a) Existe plena coincidencia entre los asuntos que pueden someterse al arbitraje institucional y al independiente. la Ley de Arbitraje resuelve el problema de si lo determinante es la capacidad de las partes o la naturaleza de la materia a los fines de la transacción. señalando que ambos elementos son esenciales. es decir.
-Lo que verse sobre delitos y faltas. debe partirse del supuesto de que la fijación de los mismos es de reserva legal. un contrato de arrendamiento o de mutuo. resulta válida en la medida en que se califique realísticamente la naturaleza de los actos. según el cual sólo es delito lo que la ley establezca como tal. estos proveimientos quedarían de todas excluidos de la aplicación de la ley. puede tener cláusulas que impliquen facultades de imperio. lo cual
. Se basa en la vieja distinción entre: actos de imperio.
A pesar de que se trata de una tesis contra la cual pueden formularse objeciones.
. Entendemos que la ley pareciera haberse referido a las faltas de índole penal. nó a la persona jurídica del Estado. son también de reserva legal y tienen carácter modificatorio o extintivo de derechos. actos de gestión que son aquellos actos de naturaleza mercantil que puede la administración realizar y que como tales. Aquí debe recordarse el principio del “nullum crimen nulla poena sine legem”. o de tipicidad. la pregunta de los actos sancionatorios emitidos por la Administración Pública. y. estarían sometidos al mismo régimen de los particulares. por cuanto. Esta disposición es tajante y absoluta y se refiere. mediante los cuales el Estado revela su condición de sujeto de Derecho Público. o de los entes públicos. dado la exclusión de las controversias de la Administración en función de imperio y de aquellos asuntos de orden público. tal como lo veremos de seguidas. los cuales. sino a la naturaleza de las actividades que realizan. pero no sólamente el Estado sino también las personas o entes de Derecho Público. Por tanto. Cabe no obstante. Esta segunda prohibición es la que se refiere a las facultades a través de las cuales el Estado ejerce su potestad soberana.Las controversias concernientes directamente a las atribuciones o funciones de imperio del Estado o de personas o entes de Derecho Público. no obstante.
los Municipios y los Institutos Autónomos tengan participación igual o superior al cincuenta por ciento (50%) del capital social.los excluye de la jurisdicción arbitral. una autorización dada por escrito de dicho funcionario. los Estados. por estar destinados a la realización de labores en áreas reservadas (nacionalizadas) no pueden quedar sometidas a la normativa de Derecho Privado. no requerirá para su
. exige para que sea válido el acuerdo arbitral. los Estados. El acuerdo deberá especificar el tipo de arbitraje y el número de árbitros que en ningún caso será menor de tres. en el cual se señala:
“Los acuerdos de arbitraje en los cuales alguna de las partes sea una sociedad en la cual la República. su aprobación por el Ministro de tutela. los Municipios o los Institutos Autónomos tengan una participación igual o superior al 50% del capital social. cuando se trate de una sociedad en la cual las personas de Derecho Público antes citadas tengan participación igual o superior al 50% del capital social. así como. suscritos antes de la fecha de la promulgación de esta Ley. o una sociedad en la cual las personas anteriormente citadas tengan participación igual o superior al cincuenta por ciento (50%) del capital social.
Igualmente. o bien.
A esta norma del artículo 4 se alude en el artículo 50 “ejusdem” (Disposiciones Transitorias). cabe señalar que el artículo 4 de la Ley de la materia alude a las sociedades donde la República. como es justamente el caso de los convenios de asociación típicos de la nefasta apertura petrolera que.
celebración. tutela y emancipación. disolución y liquidación de la comunidad. régimen de los bienes. y.Tal como lo establece el Código de Procedimiento Civil. que está fuera de la transacción nacionalidad.
La ley contempla la facultad de los árbitros de decidir acerca de su propia competencia (principio de la “competence-competence”). educación y alimentos. salvo las consecuencias patrimoniales que surjan de su ejecución. oposiciones.
. divorcio. en cuanto conciernan exclusivamente a las partes del proceso y no hayan sido determinadas por sentencia definitivamente firme. es decir. guarda de los hijos. todo lo relativo a las personas en cuanto a su su domicilio.Las controversias sobre las que haya recaído sentencia definitivamente firme. reconocimiento.
. interdicción e inhabilitación.”(Cursivas nuestras). el matrimonio. filiación. patria potestad. parentesco. régimen de los deberes y derechos de los cónyuges. separación de cuerpos.
señalados en el artículo 4º de esta Ley.Los relativos a los bienes o derechos de los incapaces sin previa autorización judicial. régimen de los no presentes y de los ausentes.
. administración de la comunidad. se excluye del arbitraje las controversias que versen sobre el estado o la capacidad civil de las personas. anulación. incluso.
así como. Se establece que. si en el acuerdo de arbitraje no ha sido fijado un término para la duración del proceso. sobre las excepciones relativas a la existencia o la validez del acuerdo de arbitraje.
El proceso arbitral está regulado desde el momento en que se instala el tribunal arbitral y se notifica a la parte. indica que: “A ese efecto el acuerdo de arbitraje que forme parte de un contrato se considerará como un acuerdo independiente de las demás estipulaciones del mismo. de oficio o a solicitud de parte.
EL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN LA LEY. La decisión del tribunal arbitral de que el contrato es nulo no conlleva la nulidad del acuerdo de arbitraje”. fijándose los honorarios de los miembros del tribunal y la suma para los gastos de funcionamiento. (Volvemos a reiterar que se acoge el principio de la “competente-competence”). frente a la nulidad de un contrato en la cual está contenida.
La norma precedentemente transcrita están tomadas de las reglas del UNCITRAL que criticamos por considerar que no puede considerarse la intangibilidad de una cláusula arbitral.
El artículo 7 de la ley.sobre las excepciones relativas a la existencia o a la validez del acuerdo de arbitraje. el desarrollo de la primera audiencia y se señala en forma expresa que el tribunal está facultado para decidir sobre sus propias competencias. incluso. (Cursivas nuestras). éste será de seis meses contados a partir de la constitución del tribunal arbitral. Está prevista la citación para la primera audiencia de trámite. lapso que puede ser prorrogado una o varias veces.
expresa y tajantemente acogidos e incluso ampliados por la jurisprudencia de nuestro Máximo Tribunal. los consagrados en los artículos 585 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. es necesario que se cumplan los requisitos establecidos en las normas procesales para el otorgamiento de tal tipo de medidas. En ese sentido. Evidentemente que se aplica el principio de libertad de prueba. el cual ha de ser motivado. a seguir: el “fumus boni iuris” o presunción de buen derecho. es decir que las pruebas que se promueven no son tasadas. así como. al menos que las partes hayan convenido lo contrario. Al efecto.El artículo 26 de la ley. El tribunal cesa en sus funciones en los supuestos previstos en el artículo 33 que señala: “Cuando no se haga oportunamente la
consignación de los gastos de honorarios prevista en esta Ley. obtenida de forma legítima. El laudo arbitral puede ser aclarado. el tribunal puede dictar medidas cautelares respecto al objeto del litigio y puede exigir garantía suficiente a la parte solicitante. salvo acuerdo en contrario de las partes.
Para la evacuación de las pruebas. por
. para la ejecución de las medidas cautelares.
El procedimiento arbitral culmina con un laudo dictado por escrito y firmado por los árbitros. el “pericullum in mora” o la necesidad del dictado de las medidas en un tiempo óptimo y el “pericullum in damni” o la demostración de los daños que el no decreto a tiempo de las medidas solicitadas pueda producir. sino cualquiera que. el tribunal arbitral puede pedir la asistencia de un Tribunal de Primera Instancia competente para evacuarlas. contempla que. corregido y complementado. sea demostrativa de los hechos alegados (también llamado principio de flexibilidad probatoria).
voluntad de las partes.” (Cursivas nuestras). o de falso supuesto o abuso de derecho. de que la justicia ha de ser gratuita. o de la providencia que le corrija o completamente. Las causales de nulidad están relacionadas evidentemente con la violación de las normas previstas en la Ley de Arbitraje. como sucede por ejemplo con la Administración (por compararlos ahora con ella. como vinculante e inapelable. por ejemplo). Asimismo de la anulabilidad del laudo que deberá interponerse por escrito ante un Tribunal Superior competente del lugar donde se hubiera dictado. Por lo que atañe a la ejecución. aquellas que se refieren al sometimiento al arbitraje de materias expresamente excluidas (podríamos aquí y es ésta una simple acotación estar en presencia del vicio de “extra petita”. Por lo que respecta al reconocimiento y ejecución del laudo. si éste ha sido dictado en el extranjero puede ser reconocido por los tribunales ordinarios. entre otras. Existe la previsión de la recusación e inhibición de los árbitros. es necesaria una suerte de “homologación” por parte de un Tribunal de Primera Instancia (entonces señalaríamos que el laudo no es ejecutivo ni ejecutorio y que los árbitros no están. por la expiración del término fijado para el proceso o el de su prórroga. sin necesidad de “exequátur”. debe ser solicitada por escrito al Tribunal de Primera Instancia competente.
. según las normas del Código de Procedimiento Civil para la ejecución forzosa de la sentencia. pues ya evidentemente lo hemos hecho con los jueces) dotados de potestades de imperatividad y autotutela) y. por la emisión del laudo. Vemos cómo esta disposición es absolutamente opuesta al requisito conformatorio del Derecho a la Tutela Judicial Efectiva (artículo 27 Constitucional).
“el instrumento o aparato a través del cual. No obstante. Parte Orgánica y Sistemas”. circulares y memoranda). los literales a) y b) del artículo 3 de la Ley in comento exceptúan a aquellas controversias:
“a) Que sean contrarias al Orden Público…” (Cursivas nuestras). entre otros). dirigidas a su ámbito interno (Actos Internos. ésto es.
RONDÓN de Sansó.
Se refiere en particular el literal b) antes transcrito a las Administración Pública. modificatorios o extintivos de derechos. vale decir dirigidos a los restantes sujetos del ordenamiento (actos administrativos como tales. 116.LA LEY DE ARBITRAJE COMERCIAL Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
En párrafos precedentes señalamos que la condición indispensable para someter a arbitraje una controversia. tales como. pero también. realicen las funciones de atención de las necesidades públicas en forma inmediata y directa”. Análisis de la Constitución Venezolana de 1999. sean constitutivos o creadores de derecho. Caracas 2001. Hildegard: “Ad Imis Fundamentis. Editorial Ex Libris. es que las personas sean capaces de transigir. Pág. como de eficacia externa. “b) Directamente concernientes a las atribuciones o funciones de imperio del estado o de personas o entes de Derecho Público.
. se trata de los órganos de los restantes Poderes del Estado cuando realizan funciones administrativas. Quinta reimpresión.
Administración Pública es entonces el aparato del Poder Ejecutivo constituido por un conjunto de órganos que se estructuran en forma jerárquicamente subordinada para realizar la función administrativa. los mismos (los Poderes del Estado).
eficacia. empleada en su acepción más amplia y tal como lo señalara el ilustre tratadista Eloy Lares Martínez “significa toda actividad pública o privada. Ahora bien. Caracas 20068
. eficiencia. celeridad. el Título IV se refiere al Poder Público y su Sección II se denomina “De La Administración Pública”. en virtud de la aplicación del Principio de Legalidad. 1. transparencia. Al efecto. a los Ministerios y al Consejo de Ministros y en su artículo 142.
“Manual de Derecho Administrativo”. sean o no económicos.
La palabra Administración. además. Pág. según el cual. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. a las corporaciones que tutelen intereses públicos y que por tal motivo han de estar sujetas al absoluto control del Estado. a diferencia de la Constitución de 1961 realiza una caracterización de lo que debe entenderse por Administración Pública. a los Institutos Autónomos.La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. rendición de cuentas y responsabilidad “con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho”. cuya creación exige sea mediante Ley.
Esta última frase nos recuerda la definitiva subordinación de la Administración Pública de la Ley. la Administración sólo puede hacer lo que la Ley en forma expresa le señala. y también el conjunto de las entidades u órganos que la ejercen”13 (Cursivas nuestras). Décima Tercera Edición revisada y puesta al día. UCV.
Por otra parte. participación. enuncia como Administración Pública el Texto Fundamental en su artículo 236. ordenada para alcanzar fines humanos. de la lectura de dicha Sección se determina que la Administración Publica se fundamenta en los principios de honestidad.
En tal sentido. En Régimen Jurídico de la Función Pública en Venezuela”. Fundación Estudios de Derecho Administrativo. cabe señalar que cuando la Constitución hace alusión al concepto de Función Pública. que asumiera las competencias originarias del extinto Tribunal de la Carrera Administrativa.Entonces el término Administración es usado en dos sentidos diferentes: En el Sustantivo como función del Estado y en el Objetivo como conjunto de órganos encargados de ejercer dicha función.
. ésto es. cuando estas están dotadas de una presunción de legalidad y ella de una serie de privilegios. estar sometida a reglas distintas a las que rigen a los particulares. 14
En todo caso. especificando que tal excepción va dirigida a las actuaciones de imperio de la misma. corresponde a la Administración realizar las funciones de interés general y debe por tanto la misma. no es que está considerando el contenido sustantivo de las funciones del Estado y superando la tesis de la concepción formalmente orgánica. que es el régimen estatutario existente entre la Administración Patrono y el Funcionario Público y que hoy está regulada por la Ley del Estatuto de la Función Publica y sus causas son conocidas por el Juzgado Contencioso Administrativo de la Región Capital. Beatrice: “La Organización Administrativa y la Nueva Ley del Estatuto en la Función Pública”.
Ahora bien. Caracas 2003. la Ley de Arbitraje Comercial excluye de su aplicación a la Administración Pública.
SANSÓ de Ramírez. sino que se refiere a la relación de empleo público. justamente porque responde a los intereses generales del Estado.
como lo es el régimen legal aplicable de los contratos celebrados por la Administración Pública. la que rigen los acuerdos celebrados por la Administración. es menester finalmente reconocer que la ley (o mejor la excepción de aplicación de la ley.
Aquí nos encontramos en el tema de la diferencia entre un contrato administrativo y uno ordinario de la Administración. que permite a la Administración rescindir el contrato cuando las razones de interés público así lo establezcan o las inherentes al equilibrio del contrato. toca también un aspecto ampliamente discutido en la doctrina desde el punto de vista sustantivo. El contrato administrativo es un contrato de interés público. por lo menos una de las partes es ésta. como puede ser la apertura de una cuenta bancaria. Tales contratos están sometidos a una serie de reglas como lo es por ejemplo la del “Ius Variandi”.
Son contratos administrativos aquellos necesarios para el normal desarrollo de la Administración Pública.Ahora bien. es decir.
Pero la Ley de Arbitraje Comercial. Cabe el ejemplo de la realización de un acto de gestión con carácter comercial.
. se trata de normas de Derecho Público o de normas de Derechos Privado. en los cuales. Es decir. y queriendo también podemos entrar en el tema de los Contratos de Interés Nacional. cuya naturaleza no es comercial sino que se refiere a la prestación de un servicio público o a la realización de una obra pública. procede en el caso en que la Administración actúe como un particular. que no esté cumpliendo una función de interés general.
En esa misma norma. una cláusula según la cual las dudas y controversias que pudieran suscitarse sobre dichos contrataos y no llegasen
. estén dotadas de autotutela (potestad de degradar un derecho subjetivo a un simple interés). si no fuera improcedente de acuerdo con la naturaleza de los mismos. serán acuerdos ordinarios de la Administración. por disposiciones que favorezcan el privilegio de la Administración. la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consagra la figura de los llamados Contratos de Interés Nacional. es decir. también de imperatividad (potestad de ejecutar sus decisiones aún en contra de la voluntad del particular).Estos contratos deben regirse por reglas de Derecho Público. se considerará incorporada.
Aquellos contratos que no tengan las características antes señaladas.
Por otra parte. de que sus actuaciones sean ejecutivas. que es la del Artículo 150 Constitucional prohíbe la celebración de contratos de interés público por parte de entes descentralizados territorialmente con otros Estados e incluso con sociedades no domiciliadas en Venezuela. y cuya previsión responde al hecho de la protección del interés general por parte de la Administración.
El Artículo 151 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela reza por su parte así:
“En los contratos de interés público. por decir algunas. para cuya celebración exige en forma expresa la aprobación de la Asamblea Nacional en los casos que determine la ley. ejecutorias. aún cuando no estuviere expresa.
y la segunda alude a la naturaleza del contrato. (Cursivas nuestras). que la Administración puede realizar actos que no sean catalogados de imperio y que tengan. que sólo cuando la naturaleza del contrato sea distinta a la típica figura de los contratos de interés público. entonces es que puede considerarse procedente la inclusión de la cláusula de inmunidad de jurisdicción. es decir. La norma contiene dos expresiones que deben ser analizadas.a ser resueltas amigablemente por las partes contratante serán decididas por los Tribunales Competentes de la República. normas de Derecho Privado. aquella de “Si no fuere improcedente” y la de “de acuerdo con la naturaleza de los mismos”.
Señalábamos en párrafos anteriores. industrial y profesional en que el Estado entra en relación con otros sin que quede comprometida su soberanía. de conformidad con sus leyes. la cual no se aplica ante cualquier transacción o actividad de carácter comercial. Tales condiciones son acumulativas. La primera se refiere al hecho de que la cláusula de inmunidad de jurisdicción no pueda ser incorporada al contrato de interés público. sin que por ningún motivo ni causa puedan dar origen a reclamaciones extranjeras”. consagratoria del privilegio del Estado de ser juzgado por los tribunales nacionales. carácter comercial. Decíamos que éstos estarían regidos por
Lo mismo sucede con el tema de la inmunidad.
Establece el artículo transcrito la figura de la llamada inmunidad de jurisdicción.
en el título que le asigna a la norma en su obra sobre la Constitución de 1999.
El artículo 5 Constitucional señala que son los órganos que ejercen el Poder Público aquellos que ejercen la soberanía. que es un derecho esencial de la Nación. la libertad. según la definición de los Derechos de la Nación previstos en el único aparte del artículo 1 de la Constitución. y únicamente pueden serlo aquellas que no se refieran al ejercicio de la soberanía por parte del Estado. la integridad territorial y la autodeterminación nacional. Es evidente que nos encontramos nuevamente ante dos
requisitos de corte complementario.
. dado que sólo las vías reconocidas en el Derecho Internacional serán procedentes.Es importante señalar que el Artículo 155 Constitucional señala que en los tratados. En opinión de Hildegard Rondón de Sansó. por lo que la inmunidad. la inmunidad. el único aparte del artículo 1 transcrito constituye el fundamento ideológico de la República Bolivariana de Venezuela y en la nuestra además cada uno de los derechos no puede considerarse de manera aislada. convenios y acuerdos internacionales que la República celebra se insertará una cláusula que permita la resolución de los conflictos por las vías pacificas. la integridad territorial y la autodeterminación nacional son formas de ejercicio de la soberanía. y que no fuere improcedente. la soberanía. el cual tiene un ámbito de acción importante. como los tratados deben ser aprobados por la Asamblea Nacional y que en ninguno de los dos casos puede considerarse cláusula alguna que viole la soberanía. la cual reside intransferiblemente en el pueblo. que los enuncia: el de la independencia.
Vemos adempas que tanto los Contratos de Interés Nacional. siempre y cuando las mismas sean reconocidas en el Derecho Internacional o previamente convenidas por ellas.
en los Contratos Administrativos que sean en ejecución de actos de imperio
. y podrá en tales tratados incluirse una cláusula de resolución pacífica de controversias. el mismo hecho de su celebración implica la competencia por parte de la Administración para poder concertarlo. La transacción por su lado.713 y siguientes). sean capaces de transigir y que la materia en debate sea susceptible de transacción. Al efecto. por el cual las partes. mediante recíprocas concesiones terminan un litigio pendiente o precaven un litigio eventual. La “conditio sine qua non” para transigir es la capacidad de las partes para disponer de las cosas comprendidas en la transacción.
Pero lo anterior no quiere decir que la transacción pueda incluirse en los Contratos de Interés Nacional en los que esté de por medio la soberanía.
En el caso de los contratos administrativos. mal puede señalarse que no tenga competencia para celebrar la transacción que queda subsumida dentro del contrato en general. es un contrato que está regulado en nuestro Código Civil (artículo 1.Entonces sólo cuando no esté de por medio el ejercicio de la soberanía podrá excluirse la inmunidad de jurisdicción de los Contratos de Interés Público y de los Tratados celebrados por la República. el artículo 3 de la Ley de Arbitraje Comercial exige como requisito para la procedencia de tal forma de resolución de conflictos. Si partimos de que la Administración puede celebrar el contrato administrativo. sea para la realización de una obra. que las personas entre las cuales los mismos surjan.
Veamos cómo se aplica la Ley de Arbitraje Comercial tanto a los contratos administrativos como a los contratos de interés público. sea para la prestación de un servicio público.
se prevé la declaratoria de nulidad si existe incapacidad de alguna de las partes para celebrar el acuerdo.y en los contratos o cualquier actuación en la que exista una cuestión de orden público. Señalamos lo anterior por ejemplo al acotar que en el literal a) del artículo 44 “ejusdem”. La autorización se define como un acto a través del cual se levanta un obstáculo jurídico para el ejercicio del derecho (ejemplo una licencia de conducir) y la aprobación.15
La consecuencia de que no se cumplan con estos requisitos es la nulidad del laudo arbitral consagrada en el artículo 43 de la Ley de la materia y que puede ser dictada como resultado de la interposición de un recurso de nulidad ante el Tribunal Superior competente. Igualmente consagra el artículo 4 “ejusdem”. los actos administrativos se clasifican según sus efectos en constitutivos.
. como un acto en virtud del cual se constata el cumplimiento de los requisitos legales por parte del particular y por tanto se otorga el “visto bueno” a su solicitud. los municipios y los Institutos Autónomos tengan una participación igual o mayor al 50% del capital social o una sociedad en la cual las personas anteriormente citadas tengan participación igual o superior al 50% del capital social (lo que llamamos una empresa del Estado de segundo grado) se exige como requisito para su aplicación no sólamente que la controversia no sea contraria al orden público ni que no sea en ejercicio de funciones de imperio. que si en un acuerdo arbitral.
La Ley de Arbitraje Comercial exceptúa de su aplicación a las controversias relacionadas con cuestiones de orden público y a las que conciernen directamente a las funciones de imperio del Estado. en la obra antes citada. los estados. Dentro de los constitutivos. una de las partes es una sociedad donde la República. y ésto cabe perfectamente en la noción de incompetencia de los órganos administrativos de celebrar la transacción. sino que debe existir la aprobación del órgano estatutario competente y la autorización del Ministro de tutela. es decir.
Según la clasificación que realiza Eloy Lares Martínez. modificatorios y extintivos. se encuentran la autorización y la aprobación. aquellos que tienen por objeto la creación de una situación subjetiva.
que es válido un laudo arbitral basado en una cláusula compromisoria suscrita por un ente administrativo incompetente. no puede celebrarse el acuerdo de arbitraje. Además exige la Ley en su Capítulo VIII
relativo al “Reconocimiento y la Ejecución del laudo” que éstos no proceden cuando el mismo verse sobre una controversia no susceptible de arbitraje o cuya materia sea contraria al orden público (literal f-) del artículo 49 “ejusdem”).
. so pena de la declaratoria de la nulidad del laudo correspondiente.
Con lo anterior queremos significar que cuando se trate de materias inherentes a la soberanía del Estado o contrarias al orden público.Cabe preguntarse por ejemplo. ¿Es competente un órgano de la Administración Pública para celebrar un acuerdo en el que delegue la soberanía del Estado?
Por otra parte. el literal f) sanciona con la nulidad al laudo que decida sobre una controversia que no sea susceptible de arbitraje o que verse sobre materia contraria al orden público.
al debido proceso. o se trata simplemente de una forma de solución paralela que genera menos gastos y garantiza rapidez. se regirá supletoriamente por las normas que rigen a tal forma de acuerdo celebrado para la terminación de un litigio o para precaver que el mismo se produzca.
6) La indicada Ley se aplica sin perjuicio de cualquier tratado bilateral o multilateral vigente. cuando estamos en presencia de actos de comercio. o subjetivo. en la forma como los enuncia nuestro Código de Comercio.
4) El arbitraje comercial es aquel que se refiere a las controversias que surjan en el ámbito mercantil.
2) Existen distintas tesis sobre su naturaleza jurídica. también de la manera en que se les define en dicha norma compilatoria.CONCLUSIONES
1) El arbitraje es una forma de transacción y por lo tanto.
5) En nuestro ordenamiento jurídico el extinto Congreso de la República de Venezuela decretó la Ley de Arbitraje Comercial. el cual puede ser objetivo. hasta las que los consideran sólo un contrato en el que ha de prelar la “autonomía de la voluntad de las partes”. que ván desde las que lo equiparan con los actos jurisdiccionales.
. a la tutela judicial efectiva. al juez natural.
3) La doctrina discute si la previsión de esta vía de resolución de conflictos es violatoria de los derechos a la defensa. cuando regula las situaciones de los comerciantes de profesión.
entre otras. que es el regulado por las partes sin intervención de los Centros de Arbitraje.
8) La Ley establece cuáles son las materias exceptuadas de su ámbito de aplicación. o aquel cuyas reglas sean dictadas por un Centro de Arbitraje y los árbitros escogidos por el mismo. por cuanto los mismos implican el ejercicio de las funciones de imperio del Estado y por lo tanto. ni a las que son directamente concernientes a las atribuciones o funciones de imperio del Estado.
11) Los contratos celebrados por la Administración Pública cuando versan sobre materias que no tengan carácter comercial no pueden estar sometidos a arbitraje.
12) Los Contratos de Interés Nacional sólo pueden contener cláusulas arbitrales cuando no impliquen el ejercicio de la potestad soberana del Estado y evidentemente cuando de por medio exista un órgano administrativo que ejerza una función de imperio. las cuales son comunes para ambos tipos de arbitraje (el institucional y el independiente).7) Consagra la Ley dos tipos de Arbitraje: el Institucional.
10) La Ley de Arbitraje Comercial. son de orden público. o recaigan sobre asuntos de orden público.
no se aplica a las
controversias que sean de orden público.
9) La primera condición para suscribir una cláusula arbitral es la capacidad de las partes de transar. y el Independiente. o “ad hoc”.
obvian lo
. que exige la inclusión expresa de la cláusula.
14) En los tratados internacionales puede incluirse una cláusula de resolución pacífica de controversias. Lo anterior es una “contradictio in terminis”. sino del empuje a través de ella del desarrollo económico del país. Es por eso que las interpretaciones que consideran que el sometimiento a arbitraje por parte del Estado es automático en virtud de lo establecido en el citado artículo 22. una cláusula implícita consagratoria de la inmunidad de jurisdicción.
16) El espíritu. o lo que es lo mismo. del derecho de las partes a ser juzgadas sólo por los tribunales competentes de la República y según sus propias Leyes. si se dan las condiciones del numeral precedente. No se trata de la protección a ultranza de la inversión extranjera. en virtud de este artículo está implícita en todo convenio de inversiones. Se ha llegado al absurdo de señalar que la aceptación de la cláusula arbitral. cuando así estuviere expresamente señalado. tratándose ello de una excepción a todas las reglas previamente señaladas e incluso de una disposición contraria a lo previsto en el artículo 155 Constitucional. propósito y razón del legislador venezolano en materia de inversiones no puede ser otro que el de favorecer el desarrollo del país y es en virtud de ello que se prevé la inversión.
15) El artículo 22 de la Ley de Inversiones venezolana establece la posibilidad del sometimiento a arbitraje de los tratados o acuerdos internacionales. siempre y cuando no recaiga sobre actividades de ejercicio de la potestad soberana del Estado. actuaciones de la Administración en funciones de imperio y sobre asuntos de orden público.13) En el caso de los Contratos de Interés Nacional prevalece.
17) La Soberanía constituye uno de los fundamentos ideológicos de la República.
19) El arbitraje comercial tiene un proceso “ad hoc” previsto en los artículos 19 y siguientes de la Ley de la materia. la soberanía. Toda norma que deje de lado el debido proceso. una actuación de imperio del Estado o un asunto de orden público. por lo tanto. dejan de lado las excepciones de la posibilidad de transacción o cualquier forma de conciliación cuando esté de por medio la soberanía. los cuales enuncia la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. También existe un Reglamento de la Cámara de Comercio Venezolana donde se fijan pautas para que sean consideradas sobre todo en los arbitrajes institucionales. como el petróleo. la libertad. La INMUNIDAD. más aún en el caso de la explotación de los recursos naturales. cuando ello implica su renuncia. la integridad territorial y la autodeterminación nacional.
18) La Inmunidad constituye “per se” una forma de soberanía y un derecho irrenunciable de la Nación.señalado y peor aún. en el único aparte de su artículo 1 cuando señala de manera acumulativa que los derechos irrenunciables de la Nación son la independencia.
. y el Derecho a la Defensa. la nulidad del laudo correspondiente. Todo ello en complemento con el Derecho a la Tutela Judicial Efectiva previsto en el artículo 27 Constitucional. que son los que han traído la discusión. mal puede hacerse prevalecer la autonomía de la voluntad de las partes o peor aún la aplicación tácita de una norma en un contrato o tratado internacional. como si el ejercicio de la soberanía no fuera suficiente. implicará la violación del derecho a la defensa y por lo tanto. además de ser su fundamento ideológico.
. las del ejercicio de las funciones de imperio del Estado y las que sean contrarias al orden público.
22) Consideramos loable la inclusión de una cláusula arbitral.
21) Los laudos arbitrales pueden declararse nulos si se incumple con las normas previstas en la ley de la materia y lo que es más importante si recaen sobre controversias que no puedan ser susceptibles de arbitraje. que se requiere para su ejecución la intervención del Tribunal de Primera Instancia competente. siempre y cuando exista un rígido respeto de los preceptos constitutivos del derecho a la defensa. No obstante. en los contratos entre particulares. y siempre con el debido acatamiento de los privilegios de la Administración. y sabemos que ellas son sobre todo. es decir. si en forma alguna afectan la soberanía. en el caso de los laudos extranjeros no se requiere del “exequátur”.20) El laudo arbitral no es ejecutorio. el ejercicio de funciones de imperio del Estado y cuestiones de orden público. y en los administrativos y los de interés nacional.
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Arbitraje Comercial por Vanessa Parra27 visitaInsertarDescargaLeer en Scribd móvil: iPhone, iPad y Android.Copyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)Precio de lista: $0.00Download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentMás informaciónMostrar menos