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Timestamp: 2020-02-19 00:54:09
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Matched Legal Cases: ['artículo 90', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 209', 'artículo 113', 'Artículo 209']

La lucha contra la corrupción en Colombia. El Quindío: Un ejemlo de transparencia y eficiencia para el país — Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo
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Antecedentes y desarrollo de la lucha contra la corrupción en Colombia
Colombia, como muchos países industrializados y los de economía de transición, ha sufrido los flagelos que genera la corrupción, pero a diferencia de otros contextos, se han presentado algunas particularidades que terminaron agravando la situación, lo que no ha impedido la realización de la más vigorosa estrategia para combatirla.
La globalización de la economía precipita otras formas de corrupción en las cuales empresas transnacionales, que han sido la minoría, quieren ganarse los mercados a través de actos de corrupción, entre ellos el soborno.
El cohecho o soborno es la práctica de corrupción más generalizada y extendida, al extremo de que en torno suyo se fue creando una especie de subcultura que originó un paralenguaje en el cual expresiones como "mordida", "serrucho" y otras que en lugar de causar rechazo o indignación, arrancaron sonrisas o miradas de aceptación, complecencia o, lo que es peor, indiferencia.
Para entender a fondo la forma como se ha emprendido la lucha contra la corrupción en Colombia, es necesario resaltar la importancia que tuvo la Reforma Constitucional de 1991. Este cambio normativo se preocupó por ofrecer más legitimidad y credibilidad en las instituciones del Gobierno y por garantizar nuevos espacios de participación ciudadana.
Así se explica que la normatividad que se refiere al tema de lucha por la moralidad en la administración pública sea tan reciente. La Constitución Política de 1991 determina que la función administrativa, que está al servicio de los intereses generales, se debe desarrollar con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.[1]
"El mayor reto que enfrenta el Estado en el aspecto institucional es que debe volver a legitimar su existencia y la de las instituciones que lo conforman. El problema de legitimidad está unido, además, al alto nivel de corrupción que existe en el país, creando no solamente pérdida en la credibilidad de los dirigentes sino, distorsiones de mercado que obstaculizan y no permiten la creación de empleo y un mayor crecimiento económico"[2] .
Otro aspecto constitucional relevante radicó en el cambio de régimen hacia una descentralización precipitada del sector central al territorial, que produjo un masivo traslado de recursos, decisión que no se acompañó de controles, de formas de veeduría que hubieran evitado la apropiación de lo que se consideró como un botín.
Durante la vigencia de lo que históricamente se llamó el Frente Nacional, proceso en el cual los partidos políticos se alternaron durante dieciséis años en el ejercicio del poder, los controles fueron relegados ya que el pacto bipartidista condujo a un silencio cómplice que junto con el clientelismo terminó apoderándose del sistema.
La corrupción es, sin duda, un problema de Estado y es allí en donde se deben afincar los controles para combatirla, pero es también un asunto social en el cual la creación de un entorno ético es fundamental para consolidarlo, estrategia que requiere de un esfuerzo de largo plazo; es necesario edificar vigorosas campañas de concientización desde la más tierna infancia[3] .
Otra consecuencia que no podemos dejar de mencionar es el estigma que se ha pretendido crear en torno a la función pública y con ella a los servidores públicos colombianos. En nuestro país existen 346 entidades del orden nacional y 2487 del territorial, a las que pertenece un número aproximado de un millón de servidores públicos. La regla general es la honestidad y la excepción son los casos de corrupción situados en entidades objeto ahora de acciones precisas y concretas[4] .
No se trata de negar la intolerable realidad sobre la existencia de prácticas corruptas en el interior de nuestra Administración Pública, pero también sostenemos que la lucha contra ella es viable, razón por la cual se dirigen esfuerzos sostenidos para combatirla mediante la prevención, la realización de reformas estructurales en entidades públicas buscando su transformación para modernizarlas, la consagración de políticas reales de estímulos y de incentivos para los honestos y el castigo a los corruptos.
El Presidente de la República ha sido consciente de la gran responsabilidad que implica derrotar la corrupción y desde sus inicios fue tomando permanentes decisiones, que mantienen su vigencia y que se seguirán implementado hasta el último día de su mandato.
La adopción de medidas generales contra la corrupción resulta insuficiente ante la magnitud del reto que implica erradicarla, razón por la cual se han celebrado Convenios con organismos de control que si bien tienen funciones separadas colaboran armónicamente para la realización de sus fines.
La Procuraduría General de la Nación se ocupa de ejercer vigilancia superior sobre la conducta de las personas que desempeñan funciones públicas y con ella se realizan acciones coordinadas.
La Fiscalía General de la Nación, que investiga los delitos y acusa a los presuntos infractores, ha privado de la libertad a empleados públicos que fueron depositarios de la confianza ciudadana pero que terminaron apropiándose de cuantiosas sumas del Estado que excedieron las máximas cuantías previstas dentro de la contratación estatal.
Es decir, el Gobierno Nacional ha asumido una actitud abierta y constructiva, facilitando el trabajo de los organismos de control y promoviendo, el mismo, investigaciones contra entidades que presentaron irregularidades.
Además, el Gobierno está dispuesto, como lo ha demostrado, a llevar hasta las últimas consecuencias las estrategias encaminadas a perseguir el patrimonio de los empleados públicos que se han enriquecido mediante la realización de prácticas corruptas, de tal manera que no puedan disfrutar de lo que ha sido producto del delito.
La lucha contra la corrupción no puede ser tarea que únicamente competa a los Gobiernos; es una responsabilidad que tiene que compartirse con todos los estamentos sociales (gremios, cámaras de comercio, universidades, organizaciones no gubernamentales, veedurías, empresas transnacionales).
En nuestro país, el foco principal del problema se sitúa en la contratación estatal, "por donde se van las esperanzas de progreso de millones de colombianos" (Ernesto Samper), lo que explica que allí se estén concentrando las principales acciones como el Diario Unico de Contratación que contiene información sobre los contratos que celebran las entidades públicas del orden nacional en donde se señala quiénes son los contratantes, el objeto, el valor y los valores unitarios, el plazo, las modificaciones, todo esto de tal manera que permita establecer puntos de comparación.
Los despachos oficiales tienen la obligación de publicar en sitios visibles de sus dependencias, una vez al mes, en lenguaje sencillo y asequible al ciudadano, una relación singularizada de los bienes adquiridos y servicios contratados, su objeto, valor, destino, nombre del adjudicatario, licitaciones declaradas desiertas.
Se avanza en el diseño e implantación del "Precios Testigo" que permita el control sobre precios unitarios y totales, cumplimiento de plazos y concentración de contratos, a partir de la experiencia que tiene la Sindicatura General de la Nación, en Argentina.
En el plano normativo se ha expedido un amplio paquete de leyes, decretos y directivas presidenciales con las cuales se quiere educar a la sociedad, brindar estímulos a los funcionarios honestos, brindar espacios de participación ciudadana y castigar a los corruptos; la existencia de organismos independientes del Gobierno Central, como la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República permite el trazado de acciones conjuntas y coordinadas.
Respecto de las leyes expedidas, podemos mostrar el siguiente horizonte:
La creación de la Consejería Presidencial para la Administración Pública que tiene dentro de sus funciones la referente al Plan de Transparencia "Para Volver a Creer" que constituye el más sólido propósito que se haya realizado para edificar una estrategia global de lucha contra la corrupción.
El Estatuto Anticorrupción, integrado por un cuerpo normativo de prevención, control y represión de la corrupción administrativa. El lavado de activos y el enriquecimiento ilícito son delitos que tienen asignadas drásticas sanciones.
La Eliminación de Trámites encaminado a suprimir requisitos, procedimientos y rituales administrativos innecesarios, inútiles, inoficiosos y que eran fuente generadora de actos de corrupción; es indispensable rescatar el valor ético de la confianza, retomar el principio de la buena fe en todas sus dimensiones. A través de la decisión de "Profundización de la Política de Simplificación de Trámites" se quiere avanzar mucho más.
El Código Disciplinario Unico, aplicable a todos los servidores públicos, que recoge un amplio espectro de derechos, deberes, prohibiciones, situaciones de inhabilidad e incompatibilidad, que pueden llegar a constituir faltas disciplinarias asociadas con actos de corrupción y para las cuales se prevén fuertes sanciones.
La Ley 412 de 1997, por medio de la cual se aprueba la "Convención Interamericana de lucha contra la corrupción". En el derecho interno, la extradición y la declaratoria de extinción de bienes adquiridos de manera ilícita, son medidas complementarias. A ellos se suma la figura del soborno transnacional.
Los servidores públicos han sido preocupación permanente del Gobierno Nacional; por ello se sancionó la Ley 443 de Carrera Administrativa que, entre otras consagraciones, extiende su campo de aplicación a los colombianos con doble nacionalidad y a los extranjeros residentes en nuestro país; dentro de los principios rectores se recogen lo de moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad, igualdad y mérito.
La creación del Consejo Nacional Transparente, cuerpo mixto al que confluyen el sector público y representantes del sector privado, organizaciones no gubernamentales, trabajadores, la academia, que tiene asignada como función esencial promover la participación de empresarios y sociedad civil en la lucha contra la corrupción administrativa, de manera conjunta con el Gobierno.
Con los Códigos de Transparencia Empresariales se quiere motivar al sector privado para que colabore en la lucha contra la corrupción, para que denuncie los hechos que conozca y se abstenga de ofrecer o entregar cualquier estipendio para obtener la adjudicación de contratos.
A estas determinaciones legales se deben adicionar mecanismos encaminados a alcanzar el mejoramiento de los servicios a los usuarios externos de las entidades públicas, la democratización de la información por la vía de la actualización pedagógica y la transparencia en la gestión pública; los programas presidenciales Trato Hecho, el Sistema de Información Normativo y de Procesos (Sinpro) y la Unidad de Eficiencia apuntan en estas direcciones.
El Banco de Exitos de la Administración Pública Colombiana es una herramienta de modernización y mejoramiento institucional que tiene como objetivo compartir casos, experiencias y estrategias gerenciales exitosas con el fin de ser aplicadas a otras entidades públicas para dar solución a sus problemas de Organización y Gestión Pública, de lograr una Administración Pública más eficiente y eficaz y se erige en un instrumento de transformación hacia una cultura de excelencia de la gestión pública.
La evaluación de resultados hace parte importante de este proceso; la rectificación de medidas y la creación de nuevos mecanismos permite ampliar el marco de nuestra acción a partir de situaciones como, por ejemplo, la falta de conocimiento por parte de los funcionarios encargados de prevenir y sancionar, acerca de los instrumentos y procedimientos existentes; se presenta, hay que reconocerlo, incapacidad técnica para poner en ejecución las investigaciones disciplinarias ante la ausencia de tradición administrativa y subsiguientes dificultades interpretativas.
El soporte ciudadano para que participe en este empreño es indispensable; de allí el énfasis que se da a herramientas como el Derecho de Petición (que es un derecho fundamental); el Fortalecimiento y Sistematización de las Oficinas de Quejas y Reclamos y de Atención al Usuario para que sean garantes de la transparencia y atención oportuna a las necesidades y reclamos de los usurarios y ciudadanos.
La Declaración juramentada de Bienes y Rentas y Actividad Económica Privada es otra herramienta importante en la lucha contra la corrupción. Para llevar a cabo un verdadero control y seguimiento a esta declaración se creó el Sistema para el Control y Seguimiento de la Declaración de Bienes y Rentas de los Servidores Públicos, punto de información computarizado que permite detectar y realizar un control preventivo de las posibles actividades ilícitas en que pueden incurrir los servidores públicos.
Conviene mencionar el Foro Internacional, próximo a realizarse en Santafé de Bogotá, llamado "Experiencias de Moralización y Lucha contra la Corrupción" que tiene como objetivo principal dar a conocer casos exitosos en materia de moralización y lucha contra la corrupción, con el fin de aportar soluciones a este flagelo que afecta a la Administración Pública, así como de exhortar a los servidores públicos a plantear estrategias y ejecutar acciones concretas que permitan atacar este problema.
En este año se llega a una Directiva Presidencial que recoge el Decálogo de Política Transparente de la Administración Pública Colombiana que busca solucionar el incumplimiento de los instrumentos normativos vigentes, omisiones encontradas por la Comisión Nacional para la Moralización (órgano adscrito a la Presidencia de la República).
Este Decálogo apunta al cumplimiento en la elaboración de informes, a la facilitación del control ciudadano, a la garantía de transparencia en la contratación estatal mediante la adopción del Sistema de "Precios Testigo", a implantar un sistema de seguimiento a los ingresos y al patrimonio de los servidores Públicos[5] , al fortalecimiento de las áreas jurídicas y disciplinarias de las entidades a impulsar la constitución de parte civil dentro de los procesos penales por delitos contra la Administración Pública para obtener el resarcimiento de los perjuicios ocasionados, a la profundización de la política de simplificación de trámites y a la evaluación de los servidores públicos, como ya lo hemos expresado.
Convenio para la modernización y gestión transparente en la administración del departamento del Quindío
Colombia es una república dividida en entidades territoriales que son los departamentos, los distritos, los municipios y los territorios indígenas.
Uno de estos departamentos es el Quindío, localizado en la parte Centro Oriente del país; tiene una extensión de 196.180 kilómetros cuadrados que representa el 0,2% de la superficie del todo el país.
Registra un total 535.711 habitantes; concentra el 1.33% de la población total del país, valor considerable si se tiene presente que es uno de los departamentos más pequeños de Colombia, en extensión.
Factores de su conformación física, como el clima y el suelo, básicos para el cultivo del café, ha determinado esta alta concentración; como se recordará Colombia produce el café suave de mejor calidad en el mundo y el Quindío participa de este proceso y aporta, aproximadamente, el 12,4% de la producción nacional (89.194 toneladas de café pergamino seco).
La crisis cafetera, ocasionada por la reducción de los precios internacionales y la presencia de la Broca, ha conducido al Quindío a pensar en el turismo campestre, con la apertura de 300 fincas dotadas de las típicas casonas, como una alternativa para conformar un nuevo concepto de desarrollo.
Su capital es Armenia, ciudad moderna, que alberga la mayor parte de la población departamental.
El convenio para la modernización y gestión transparente con el departamento del Quindío
El Gobierno Nacional-Consejería Presidencial para la Administración Pública, suscribió con la Gobernación del Departamento del Quindío un Convenio para la Modernización y Gestión Transparente, que se encuentra en su fase de ejecución, que como prueba piloto deberá luego ser replicada en otros contextos y que tiene como Objetivo General el de promover la cooperación interinstitucional en materia de eficiencia administrativa y moralización para el logro de una administración eficiente y transparente[6] . De este Convenio también hacen parte la Función Pública y la Escuela Superior de Administración Pública.
Los objetivos específicos, las Estrategias y los Planes de Acción se sintetizan a continuación:
Es un Plan de Lucha contra la Corrupción que incluye la ejecución del Decálogo de Política Transparente de la Administración Pública ya mencionado, el fortalecimiento de las áreas jurídica y disciplinaria para habitarlas en el tratamiento adecuado que deben dar a los procesos de investigación administrativos y disciplinarios que adelantan contra funcionarios que han incurrido en presuntas conductas de corrupción administrativa y el conjunto de acciones ya mencionado.
De otro lado, se hace énfasis en la utilización de medios modernos de comunicación como el internet, entre ellos una "Página Anticorrupción".
La creación de la Oficina de Quejas y Reclamos de la Gobernación del Quindío y con ella el Sistema de Control de Gestión, Módulo de Quejas y Reclamos (Veecontrol) que es una aplicación desarrollada para ser ejecutada en ambiente windows, tiene como objetivo manejar la información relacionada con las quejas y reclamos, ofreciendo acceso restringido a los usuarios, registro y acceso rápido, control completo del trámite de cada documento y consultas inmediatas[7] .
Precisamente para conocer la percepción de los habitantes del Quindío sobre la corrupción, se aplicó una Encuesta que nos permitió obtener una aproximación al fenómeno de la corrupción y, a partir de este punto, diseñar una estrategia de vigencia territorial.
Respecto de la responsabilidad penal y patrimonial de los servidores públicos se implementan dos acciones: la primera, la constitución a cargo de la entidad como Parte Civil dentro de los procesos penales por delitos contra la Administración Pública para obtener el resarcimiento de los perjuicios causados; y segunda, ejercer la Acción de Repetición contra los funcionarios corruptos cuando es declarado responsable el Estado en los eventos en que ha existido dolo o culpa grave de parte de aquel.
La Evaluación del desempeño de los funcionarios públicos es una decisión importante toda vez que nuestro país requiere de un aparato estatal que garantice una estructura eficiente y eficaz, dotada de un recurso humano enmarcado dentro de precisas decisiones que apunten a su estabilidad, dentro de un marco de transparencia y responsabilidad.
A partir de la consideración de que se hace necesario capacitar al conjunto de actores llamados a participar dentro de una programación integral contra la corrupción, se diseñó una Estrategia Pedagógica que cubre, en un avance sostenido, temas referentes a los puntos más sensibles.
A las Veedurías Comunitarias se las quiere dotar de herramientas legales poniendo a su disposición los recursos necesarios para hacer realidad el Derecho a la Atención en Salud, en condiciones de eficiencia y calidad humana y técnicas. Hoy se presenta una nueva concepción de ciudadana que reclama su participación en los aspectos más sensibles de su devenir. Nuestra legislación desarrolla los principios de participación a través de muchos mecanismos que ahora se quieren materializar en campo fundamental de la salud.
El Régimen Subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud, dentro de un esquema moderno hace parte de este proceso, dada su especial sensibilidad social; la Salud, junto con la Educación, debe ocupar una de las primeras preocupaciones.
La amplitud de la corrupción y la complejidad de su desarrollo conduce a la vastedad de las acciones que deben emprenderse para acorralarla y erradicarla; la cooperación internacional tiene que hacer parte de este contexto y de allí la presencia de Colombia en este Foro auspiciado por el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) y la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), adonde ahora confluyen expertos conocedores amplios de la materia; a todos nuestras expresiones de gratitud.
Como conclusiones generales, fruto de nuestro estudio y nuestra experiencia, podemos aproximar las siguientes:
- Para recuperar la credibilidad en nuestras instituciones, se hace indispensable romper el círculo vicioso de la corrupción, mediante la adopción de estrategias integrales y con la mayor participación de los principales actores: ciudadanía, estamentos oficiales, gremios de la producción y del comercio, entre muchos otros.
- Es indispensable cambiar el perfil de la ciudadanía sobre la corrupción, señalando cuánto cuesta su indiferencia, cuánto se pierde en recursos, cómo es de importante la participación de los medios de comunicación. En esta misión de combatir la corrupción nadie puede desfallecer.
- Es necesario consolidar el hecho de que el servidor público tiene una responsabilidad penal, disciplinaria, patrimonial y sobre todo social.
- Ha faltado, debe reconocerse, aplicación de la ley; el Gobierno debe reconocer su responsabilidad al respecto, como lo viene haciendo, y afianzar su papel con los organismos de vigilancia y control.
- Se debe trabajar por una Administración Pública transparente que le diga permanentemente a la sociedad cuál es, cuál ha sido su gestión. No hay necesidad de más normas; las que rigen, son suficientes y completas, pese a que algunas son, desde el punto de vista normativo, complejas y difíciles de aplicar.
- La extensión de los controles externos (ciudadanía, Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la República, por ejemplo), así como la total dedicación a los comportamientos corruptos y a las demandas de transparencia e integridad por parte de los medios masivos de comunicación, son factores que siempre desempeñarán un papel primordial para afincar toda la sensibilización en los asuntos éticos de la Administración Pública.
- El proceso de reglamentación sobre el tema de la corrupción en Colombia es muy avanzado, sólo nos faltaban los compromisos internacionales; la aprobación y sanción de la Ley 412 por medio de la que se aprueba la "Convención Interamericana contra la Corrupción", suscrita en Caracas el 29 de marzo de 1996, es uno de los pasos más importantes.
- Colombia es un Estado Social de Derecho y sus postulados centrales pueden resumirse en el principio de legalidad, la responsabilidad, donde todas las funciones de las autoridades están regladas; hay una división clara de poderes, prevalece el interés general, hay sometimiento a diferentes controles. El otro eje central es el de la democracia participativa en donde el servidor público no es sino un representante de una sociedad pluralista.
Hay que cambiar la cultura que premia enriquecimiento ilícito, la que no sanciona, sustituirla por la cultura del respeto por la dignidad humana, por los valores esenciales que deben regir la conducta de los servidores como la honestidad, la rectitud y la transparencia; hay que derrotar la corrupción. Cuando se han detectado las causas y no se ha hecho nada, lo que termina prevaleciendo es la tolerancia de los ciudadanos, actitud que significa complicidad.
- Uno de los principales problemas en Colombia es la violación de la ley contractual (Ley 80 de 1993); aquí está el principal foco de corrupción. Pero si hay control y si hay sanción, la sociedad empieza a recuperar la fe perdida; los casos de Ferrovías y Caprecom son buenos ejemplos.
- Los atentados contra el régimen de contratación se traduce en las violaciones más frecuentes: funcionamiento de contratos, inadecuado uso de la "urgencia manifiesta", contratos con cooperativas públicas, asesorías profesionales y contratos con fiducias que se revierten en interpretaciones torcidas de la ley, de manera maligna y burda. No hay planeación en la contratación pública, los controles son insuficientes y no hay control en las entidades sobre los procesos de ejecución de los contratos, que impiden que se cumplan las condiciones de calidad.
- Hay que sancionar los delitos "pequeños"; la corrupción residual o de pequeña escala también produce daños, pero se debe haber especial preocupación por los grandes casos y el país esta cada vez más preocupado por enterarse de esos temas.
- Una de las prioridades es aplicar el artículo 90 de la Constitución y repetir contra el patrimonio de los corruptos. Como medida preventiva se va a cumplir con la transparencia en los procesos de selección del personal. La Ley 443 de 1998, sobre Carrera Administrativa, es el más novedoso aporte; se va a exigir su aplicación integral, sin demoras, sin tanta espera.
- El Decálogo de Política Transparente en la Administración Pública, es otro paso importante; en el proceso de su aplicación, la Consejería Presidencial para la Administración Pública cumple un papel importante y no vamos a desfallecer ni un instante. En la asesoría a las entidades territoriales, a través de Convenios de cooperación es necesario el acompañamiento permanente, la realización de Encuestas, base importante para la toma de decisiones.
- La estrategia en el Departamento del Quindío, ahora como prueba piloto, se deberá extender a otros contextos; los Convenios suscritos con la Gobernación del Atlántico, Los Municipios de Cali y de Buenaventura, las acciones precisas en la Caja de Previsión Social de Comunicaciones, y otros en proceso de elaboración, deben replicarse, con un proceso de constante retroalimentación.
- Colombia vivió un largo período de estado de sitio; en verdad, antes de 1991 no nos preocupaban los asuntos del Estado; la crítica indiferencia era la única respuesta; se carecía de un firme horizonte de derechos sociales; la Administración Pública era el ámbito privilegiado para unos pocos grupos; no se reconocía el fenómeno de la corrupción, se la negaba o se la minimizaba.
- La integración de los principios éticos permite la elaboración del marco de referencia también ético. Dentro de estos principios hay que incluir: la honestidad y el respeto por la ley; la responsabilidad democrática; la prosecución del interés público y de la justicia; la responsabilidad ética; la actuación orientada hacia la realización de las metas organizacionales.
- La incorporación de los principios éticos debe también acompañarse de la creación de un entorno ético de trabajo. Por consiguiente, el comportamiento de los servidores públicos debe estar determinado por la existencia de un conjunto general de valores, que promuevan la aceptación de la dimensión ética en los procesos decisorios.
ANEXO Nø 1
"Colombia es un Estado Social de Derecho, organizado en forma república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en prevalencia del interés general". (Constitución Política artículo 1).
" Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación (...)".
"Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares" (Constitución Política artículo 2).
"La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones".
"La autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado (...)" (Constitución Política artículo 209).
Santafé de Bogotá, D.C. febrero 6 de 1995 Consejero Presidencial para la Administración Pública Departamento Administrativo de la Función Pública
ANEXO Nø 2
Entre los suscritos a saber: GLORIA CRISTINA FRANCO SOTO, Consejera Presidencial para la Administración Pública, EDGAR ALFONSO GONZALEZ SALAS, en su calidad de Director del Departamento Administrativo de la Función Pública y Secretario Técnico de la Comisión Nacional para la Moralización, HERNANDO ROA SUAREZ, Director de la Escuela Superior de Administración Pública y HENRY GOMEZ TABARES, Gobernador del Departamento del Quindío, hemos acordado celebrar el presente Convenio, previas las siguientes consideraciones:
Que según lo dispuesto en el artículo 113 de la Constitución Política, los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas, pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines;
Que el Gobierno Nacional, a través de la Consejería Presidencial para la Administración Pública, se encuentra empeñado en concretar el Plan Transparencia "Para volver a creer" el cual se desarrolla bajo los principios de responsabilidad gubernamental, claridad administrativa y lucha contra la corrupción;
Que la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional para la Moralización, en cabeza del Departamento Administrativo de la Función Pública ha diseñado un plan nacional de lucha contra la corrupción administrativa;
Que la Consejería Presidencial para la Administración Pública y el Departamento Administrativo de la Función Pública, se encuentran desarrollando programas de mejoramiento institucional de las entidades públicas a través del Proyecto Unidad de Eficiencia;
Que la Escuela de Alto Gobierno, dependiente de la Escuela Superior de Administración Pública, tiene funciones específicas, relacionadas con procesos de formación y capacitación de los servidores públicos en materias éticas y administrativas.
Que de acuerdo con las atribuciones constitucionales del Gobernador, le corresponde dirigir y coordinar la acción administrativa del Departamento y actuar en su nombre como gestor y promotor del desarrollo integral de su territorio;
Que la lucha contra la corrupción constituye una de las tareas prioritarias del Gobierno Nacional, toda vez que el deterioro de los valores éticos que padece nuestra sociedad afecta el ejercicio eficaz de la función pública e impide el uso racional de los recursos públicos;
Que es necesario desarrollar la función administrativa dentro de los principios como la eficacia, la eficiencia, la economía y la moralidad;
Que es política de la Administración Pública Nacional, diseñar, montar y coordinar un programa departamental para la transparencia administrativa, que a la vez, se constituya en ejemplo piloto para los demás entes territoriales.
Promover la cooperación interinstitucional entre las Partes, cumpliendo con los preceptos constitucionales, legales y convenios internacionales en materia de eficiencia administrativa y moralización, para lo cual se prestarán la más amplia asistencia humana, administrativa, técnica y operativa, en el logro de una administración eficiente y transparente en el Departamento del Quindío.
1. Realizar un balance de la estructura general de la Administración Departamental, evaluar los resultados de reformas anteriores, analizar el papel de la Gobernación y determinar las necesidades de asistencia técnica en los procesos de modernización, reestructuración y fortalecimiento institucional de la Gobernación del Quindío.
2. Apoyar el desarrollo de una Función Pública eficiente, mediante el análisis de la situación de personal y el diseño de estrategias y políticas de desarrollo del recurso humano.
3. Contribuir al desarrollo de la Escuela de Alto Gobierno con el objeto de implementar programas de mejoramiento continuo y formar un recurso humano de alto nivel que genere procesos de cambios y modernización institucional;
4. Organizar la Unidad de Eficiencia en la Gobernación del Quindío, inscrito dentro de los lineamientos del convenio suscrito entre el Gobierno Colombiano y el Gobierno Británico;
5. Diseñar un plan de lucha contra la corrupción a nivel departamental, el cual debe incluir:
a. Asesoría para la ejecución de la Directiva Presidencial Nø 7 de 1998: Decálogo de Transparencia de la Administración Pública;
b. Diseño y aplicación de una encuesta que permita medir el nivel de percepción de los quindianos, en relación con el problema de la corrupción administrativa;
c. Desarrollo del plan de trabajo del corto, mediano y largo plazo, el cual contiene acciones de prevención y sanción efectiva por hechos de corrupción administrativa;
d. Ejecución del plan de capacitación dirigido a los servidores públicos y a los comités de veedurías ciudadanas;
6. Realizar evaluaciones periódicas que permitan valorar los resultados alcanzados e introducir los ajustes que sean necesarios.
Para el cabal cumplimiento del presente Convenio, las partes que los suscriben deberán prestarse la más amplia asistencia humana, administrativa, técnica y operativa, para lo cual pondrán a su disposición el personal calificado que se requiera y el apoyo logístico indispensable para adelantar dentro de las entidades los estudios e investigaciones respectivos.
El presente Convenio tendrá una duración de un (1) año, contado a partir de la suscripción del mismo, al cabo de l cual las Partes, de común acuerdo, podrán prorrogarlo o introducirle las reformas que consideren necesarias.
Los recursos presupuestales que se requieren para el desarrollo y puesta en marcha del presente Convenio estarán sujetos a la disponibilidad presupuestal de cada una de las Partes.
El presente Convenio podrá darse por terminado por mutuo acuerdo entre las Partes o por vencimiento del plazo estipulado.
En constancia se firma en Armenia, Quindío, a los treinta y un (31) días del mes de marzo de mil novecientos noventa y ocho (1998).
[1] Constitución Política de Colombia. Artículo 209, 1991. Return to Text
[2] Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia. Logros y retos de la política social en Colombia. 1998. Return to Text
[3] Presidencia de la República. "Guía Alegre de la Constitución para Niños" (con Estatuto Anticorrupción). Bogotá, 1997. Return to Text
[4] Discurso del Presidente de la República, doctor Ernesto Samper Pizano, 14 de mayo de 1998. Return to Text
[5] Se trata del Sistema para el Control y Seguimiento de la Declaración de Bienes y Rentas de los Servidores Públicos (SIDEC). Return to Text
[6] El texto completo de este Convenio aparece dentro del paquete de Anexos. Return to Text
[7] Veeduría Distrital: "Sistema Integral para el Control de la Gestión. Veecontrol. Módulo de Correspondencia. Quejas y Reclamos. Santafé de Bogotá, D.C. 1997 Return to Text