Source: https://amlcr.com/2016/05/20/exposicion-de-motivos/
Timestamp: 2018-05-25 22:15:07
Document Index: 335424571

Matched Legal Cases: ['artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 133', 'artículo 81', 'artículo 81', 'artículo 81', 'artículo 16']

Exposición de motivos | Antilavado de Dinero en Costa Rica
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20 mayo, 2016 20 mayo, 2016 Ariadna Coto Lavado de dinero
Expediente N.° 19.951
Siendo que Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es un ente intergubernamental establecido en 1989 por los Ministerios y sus jurisdicciones miembros y su mandato es fijar estándares y promover la implementación efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y otras amenazas, mediante la emisión de 40 recomendaciones internacionales. Su sede se encuentra dentro de la OCDE en París y cuenta con 36 países miembros y 8 grupos regionales como organismos asociados.
El GAFI a su vez se compone de organismos regionales al estilo GAFI y Costa Rica participa como miembro activo en el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, Gafilat, el cual fue creado a semejanza del GAFI adhiriéndose a las 40 Recomendaciones y constituyéndose como una organización intergubernamental de base regional que agrupa a 16 países de América del Sur, Centroamérica y América de Norte para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, a través del compromiso de mejora continua de las políticas nacionales contra ambos temas y la profundización en los distintos mecanismos de cooperación entre los países miembros.
Las 40 Recomendaciones del GAFI constituyen un esquema de medidas completo y consistente que los países deben implementar para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y para medir el grado de implementación de las medidas contenidas en estas recomendaciones, el GAFI realiza un proceso de evaluaciones mutuas a cada uno de los países, cuyos resultados son de conocimiento público, y los señalamientos negativos que se hagan al país, repercuten directamente sobre su imagen en temas de seguridad, inversiones, compromiso de lucha contra estos delitos, sistema legal, facultades de las autoridades, cooperación internacional, entre otros temas de especial importancia.
Costa Rica fue evaluada por el Gafilat y los resultados se oficializaron recientemente en el mes de julio del 2015, siendo conocidos por la comunidad internacional y de acuerdo a los procedimientos de Gafilat y los criterios fijados por el GAFI para la cuarta ronda de evaluaciones mutuas aplicada a los países miembros, en el caso particular de Costa Rica, al momento de aprobación del Informe de Evaluación Mutua se encuentra por debajo del mínimo establecido por el GAFI, y en ese sentido entraría dentro del proceso de seguimiento intensificado por parte del organismo regional Gafilat por haber sido calificada con parcialmente cumplido las recomendaciones 5, 6 y 20, un nivel moderado de los resultados inmediatos 1, 3, 4, 6, 7, 8 y 9 y un nivel bajo en los resultados inmediatos 5 y 10.
Siendo que en términos generales el grado de cumplimiento para el país fue determinado con dieciocho (18) calificaciones de no cumplidor(NC) y parcialmente cumplidor (PC) de cumplimiento técnico, y adicionalmente se calificó con un nivel bajo o moderado de efectividad para diez (10) de los once (11) resultados inmediatos de efectividad por lo tanto, no solamente el país quedaría expuesto a un seguimiento intensificado por parte del organismo regional Gafilat sino que el organismo internacional GAFI, aplicaría otras medidas que establecen que a partir de la aprobación del informe, el país cuenta con un período de un año de trabajo a fin de lograr demostrar una mejora sustancial en su sistema antilavado y contra el financiamiento al terrorismo que demuestre efectivamente el cumplimiento mínimo, de lo contrario se expone a un seguimiento intensificado por parte del grupo internacional GAFI y la inclusión del país a lista gris.
Debido a que en julio del presente año Costa Rica cumple un año de su evaluación, en el próximo XXXIII Pleno de Representantes de Gafilat será revisada la situación de Costa Rica por lo cual se considera de fundamental trascendencia, que las reformas legislativas en marcha sean culminadas al 15 de julio de 2016, de lo contrario Costa Rica se expone severamente a estar dentro de los listados públicos del GAFI de países no-cooperantes en la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismos por tener deficiencias estratégicas en su sistema antilavado y contra el financiamiento al terrorismo y enfrentar el proceso de seguimiento intensificado de nivel internacional.
Revierte especial atención que algunos de los señalamientos que se marcan al país en esta materia, la formulación de estrategias eficaces de lucha contra la legitimación de capitales y el financiamiento del terrorismo, demanda la identificación y atención de aquellas actividades, sectores y operaciones que resultan vulnerables para legitimar capitales producto de actividades ilícitas, emitir legislación y controles para prevenirlo de manera que se minimicen los impactos negativos de este delito.
Estas recomendaciones establecen desde el 2003 la obligación de aplicar medidas no solo a las instituciones financieras, sino también a sectores no financieros, definiendo el GAFI un catálogo mínimo de actividades no financieras y profesiones que los países deben regular, controlar y supervisar efectivamente entre los cuales están los casinos, agentes inmobiliarios, comerciantes de metales y piedras preciosas, abogados, notarios, otros profesionales independientes y contadores, que son considerados especialmente vulnerables y pueden verse implicados en una operación de lavado de dinero por diferentes circunstancias principalmente por el tipo de actividad que realizan al tranzar bienes de alto valor, que podrían ser adquiridos con dinero en efectivo producto de actividades ilícitas y que en Costa Rica aún no se ha alcanzado un nivel de regulación, control y supervisión mínima sobre este tipo de sectores.
Los esfuerzos aislados en este ámbito, por parte del Estado resultaría ineficaces sin la ayuda del sector privado y la sociedad civil comprometidos en la lucha contra estos delitos, debido a que el dinero de origen ilegítimo se mueve en forma instantánea sin límites ni fronteras, por lo que se hace necesario sumar fuerzas con sectores y actividades no financieras para garantizar la integridad tanto de los sistemas financieros como de otros sectores de la economía incluyendo a los profesionales que operan en forma independiente.
Las actividades desarrolladas por las profesiones definidas por el GAFI se componen de una estructura y dinámica muy particular en donde se pueden desarrollar, entre otras actividades, el registro, la compra y venta de bienes inmuebles; registro y/o creación, operación o administración de empresas y sociedades; apoderados de una sociedad mercantil, provisión de un domicilio registrado, domicilio comercial o espacio físico, domicilio postal o administrativo para una sociedad mercantil; y que estas actividades movilizan grandes capitales en la economía nacional.
Al ser una preocupación de las autoridades que uno de los componentes de vulnerabilidad para legitimar capitales es la búsqueda de actividades comerciales y reclutamiento de profesionales liberales para generar los canales que permitan la posibilidad de ingresar de forma rápida y sencilla, al torrente financiero formal; un flujo de recursos ilícitos en donde se garantice el anonimato de los beneficiarios finales y se logre distanciar del origen del delito precedente.
Este tipo de prácticas, sumado a la debilidad de controles en materia de prevención del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo y la ausencia de canales de información efectiva con las autoridades, aumentan los riesgos de lavado de dinero.
Es de imperante necesidad que las personas que desarrollan este tipo de actividades deben aplicar medidas preventivas y con ello desarrollen habilidades y destrezas necesarias para identificar y protegerse de estos delitos y en forma paralela proteger la economía donde se desenvuelven de manera que los negocios se garanticen dentro de un ámbito de seguridad y responsabilidad.
La Ley N.° 7786, Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso no Autorizado, Actividades Conexas Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo establece la intención, entre otras líneas de acción, de la regulación y sanción de las actividades financieras y otros sectores, con el fin de evitar la legitimación de capitales y las acciones que puedan servir para financiar actividades terroristas, sin embargo se ha vuelto desactualizada y no alcanza los elementos mínimos de cara a los estándares internacionales en la materia y la atención de una realidad nacional que cada vez es más evidente frente al surgimiento de la gama de delitos subyacentes a la legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo.
Finalmente como resultado de la evaluación mutua efectuada a Costa Rica por parte del Gafilat la cual señala importantes deficiencias en el sistema antilavado y contra el financiamiento al terrorismo de Costa Rica especialmente lo que versa sobre las recomendaciones 22, 23 y vinculantes las cuales marcan el mandato al país de aplicar una regulación, control y supervisión efectiva sobre las actividades comerciales y profesiones no financieras designadas por el GAFI y el riesgo inminente de estar bajo un procedimiento de seguimiento intensificado y ser incluidos a la lista gris del organismo como países no cooperantes.
Por medio de las reformas que se plantean a varios artículos de la Ley N.° 7786 mediante este proyecto de ley, se incluye la supervisión de los operadores de tarjetas de crédito que no formen parte de un grupo financiero, dado que actualmente no están siendo supervisados de forma efectiva en materia de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo. Además del evidente riesgo que este tipo de actividades podría representar en dicha materia, también hay elementos de banca a la sombra, conocida en las prácticas internacionales como “shadow banking” que también merecen ser considerados al momento de cualquier supervisión. De ahí que se proponga someter a la supervisión a los operadores de tarjetas de crédito que no formen parte de un grupo financiero, de la misma forma en que son supervisadas el resto de entidades que realizan intermediación financiera.
Se propone reformar el artículo 16, dado que el importante concepto de “origen de los recursos”, aceptado y adoptado por las mejores prácticas internacionales en materia de prevención de la legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, no está contemplado de forma expresa el articulado vigente de la Ley N.° 7786.
En el mismo artículo 16, se estaría estableciendo que no será necesaria la firma del formulario “Política conozca su cliente” cuando se establezcan mediante reglamento a dicha ley o normativa prudencial emitida por Conassif, mecanismos sustitutivos en aras de propiciar productos de bajo riesgo destinados a fomentar la inclusión. Con esta excepción se pretende flexibilidad para el lanzamiento de productos de bajo riesgo con un expediente simplificado, y así potenciar los esfuerzos del país en materia de inclusión financiera.
El proyecto de ley sometido a consideración de la Asamblea Legislativa, incluye un nuevo artículo 16 bis a la Ley N.° 7786, que convertiría a Costa Rica en el primer país a nivel mundial de contar con una plataforma tecnológica para unificar y simplificar la aplicación de la “Política conozca a su cliente”, en beneficio de los clientes de las entidades, las propias entidades, y como un mecanismo que reforzará las labores de prevención y supervisión de la legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo. Se utiliza como base la experiencia del Centro de Información Crediticia establecido en el artículo 133 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, Ley N.° 7558, cuyos resultados, manejo adecuado de la información y efectividad no admite mayor discusión.
La Evaluación Mutua practicada a Costa Rica por Gafilat, determinó que resulta necesario mejorar el marco sancionatorio previsto por el artículo 81 de la Ley N.° 7786, en aras de que las autoridades supervisores cuenten con sanciones proporcionales y disuasivas. Para cumplir con los requerimientos de GAFI y ponerse a tono con las mejores prácticas internacionales, se introducen en la Ley N.° 7786 los conceptos de gravedad de la falta, magnitud del daño y reincidencia, importantes a la hora de tomar la decisión de qué sanción imponer.
En la misma línea, se tiene que la redacción actual del artículo 81 de la Ley N.° 7786, es demasiada rígida, pues establece sanciones del 1% o 2% del patrimonio de las entidades. Con la reforma que se propone mediante este proyecto de ley, se especifica lo que debe entenderse como patrimonio, y se establece un rango en el monto final de las sanciones a imponerse. Para el caso de las actividades que se describen en los artículos 15 y 15 bis, se migra a sanciones calculadas en salarios base y no con base al patrimonio, dado la dificultad para determinarlo en el caso de personas físicas y de las jurídicas que se dedican a esas actividades.
Por su parte, se mejora la redacción del artículo 81 vigente, y se introducen otras conductas sancionables, a los efectos de contar con sanciones proporcionales y disuasivas que permitan mejorar las labores de supervisión y fiscalización de los órganos competentes.
Por último, se declara de interés público la publicación del listado de sanciones en materia de incumplimientos en la prevención de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, lo cual representará una herramienta disuasoria efectiva, a partir del riesgo reputacional que ello puede representar para los sujetos obligados. Actualmente no existe ninguna obligación de publicar el listado de sanciones aplicadas.
Es por los motivos esbozados, que el Poder Ejecutivo pone a consideración de las señoras diputadas y señores diputados de la Asamblea Legislativa el presente proyecto de ley de Reforma de los artículos 15, 15 bis, 16, 81, y Adición del artículo 16 bis de la Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso no Autorizado, Actividades Conexas Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo Ley N.° 7786, de 30 de abril de 1998.
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