Source: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d69aa0039a20a74a13befbf18938d94181.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyMc3r0?text=&docid=119322&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=732627
Timestamp: 2018-04-20 14:21:09
Document Index: 102560820

Matched Legal Cases: ['artículo 267', 'artículo 42', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 4', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 5']

«Procedimiento prejudicial — Aproximación de las legislaciones — Propiedad intelectual — Derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor — Directivas 93/83/CEE, 2001/29/CE, 2006/115/CE y 2006/116/CE — Reparto de los derechos de explotación de una obra cinematográfica por acuerdo contractual entre el director principal y el productor de la obra — Normativa nacional que atribuye esos derechos, exclusivamente y de pleno derecho, al productor de la película — Posibilidad de excluir la aplicación de dicha norma por acuerdo entre las partes — Derechos de remuneración consiguientes»
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial, planteada con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Handelsgericht Wien (Austria), mediante resolución de 17 de mayo de 2010, recibida en el Tribunal de Justicia el 3 de junio de 2010, en el procedimiento entre
«(1) Sin perjuicio de los derechos del autor de las obras que hayan podido ser adaptadas o reproducidas, la obra cinematográfica se protege como obra original. El titular del derecho de autor sobre la obra cinematográfica gozará de los mismos derechos que el autor de una obra original, comprendidos los derechos a los que se refiere el artículo anterior.
(c) Para determinar si la forma del compromiso referido más arriba debe, por aplicación del apartado b) anterior, establecerse o no en contrato escrito o en un acto escrito equivalente, se estará a lo que disponga la legislación del país de la Unión en que el productor de la obra cinematográfica tenga su sede o su residencia habitual. En todo caso, queda reservada a la legislación del país de la Unión en que la protección se reclame, la facultad de establecer que este compromiso conste en contrato escrito o un acto escrito equivalente. Los países que hagan uso de esta facultad deberán notificarlo al Director General mediante una declaración escrita que será inmediatamente comunicada por este último a todos los demás países de la Unión.
(d) Por “estipulación en contrario o particular” se entenderá toda condición restrictiva que pueda resultar de dicho compromiso.
(35) En determinados casos de excepciones o limitaciones, los titulares de los derechos deberían recibir una compensación equitativa para recompensarles adecuadamente por el uso que se haya hecho de sus obras o prestaciones protegidas. A la hora de determinar la forma, las modalidades y la posible cuantía de esa compensación equitativa, deben tenerse en cuenta las circunstancias de cada caso concreto. Un criterio útil para evaluar estas circunstancias sería el posible daño que el acto en cuestión haya causado a los titulares de los derechos. [...]»
«Los derechos de explotación de obras cinematográficas producidas de manera profesional corresponden al titular de la empresa (productor de la película) [...]. Los derechos legales de remuneración del autor corresponden al productor y al autor por mitad, siempre que no sean irrenunciables y el productor no haya llegado a un acuerdo distinto con el autor [...]».
26 Además, el contrato no contenía ninguna estipulación expresa sobre los derechos legales de remuneración, como la remuneración por las reproducciones efectuadas en soportes de registro prevista en el artículo 42b de la UrhG («Leerkassettenvergütung», literalmente «remuneración por cintas vírgenes»).
«1) Las disposiciones del Derecho de la Unión en materia de derechos de autor y derechos afines —en particular el artículo 2, apartados 2, 5 y 6, de la Directiva 92/100, el artículo 1, apartado 5, de la Directiva 93/83 y el artículo 2, apartado 1, de la Directiva 93/98, en relación con el artículo 4 de la Directiva 92/100, el artículo 2 de la Directiva 93/83 y los artículos 2, 3 y 5, apartado 2, letra b), de la Directiva 2001/29—, ¿deben interpretarse en el sentido de que los derechos de explotación de la reproducción, la radiodifusión vía satélite y cualquier otra comunicación al público mediante la puesta a disposición, corresponden siempre de pleno derecho, de manera directa (originaria), al director principal de una obra cinematográfica o audiovisual, o a las otras personas a quienes los legisladores de los Estados miembros consideren también autores de la película, y de que no corresponden de manera directa (originaria) y exclusiva al productor de la película? ¿Son contrarias al Derecho de la Unión Europea las normas de los Estados miembros que, de pleno derecho, atribuyen al productor de la película los derechos de explotación con carácter directo (originario) y exclusivo?
43 Acerca de ello, del vigésimo considerando de la Directiva 2001/29 resulta que ésta se basa en principios y normas ya establecidos por las Directivas vigentes en la materia, en particular las Directivas 92/100, sobre los derechos de alquiler y préstamo (actualmente Directiva 2006/115), y 93/98, relativa a la armonización del plazo de protección del derecho de autor (actualmente Directiva 2006/116). En el referido considerando se manifiesta que la Directiva 2001/29 desarrolla esos principios y normas y los integra en la perspectiva de la sociedad de la información. Por tanto, las disposiciones de la Directiva 2001/29 deben aplicarse sin perjuicio de lo dispuesto en esas dos últimas Directivas, excepto si la Directiva 2001/29 dispone lo contrario (véase en ese sentido la sentencia de 4 de octubre de 2011, Football Association Premier League y otros, C‑403/08 y C‑429/08, Rec. p. I‑9083, apartados 187 y 188).
72 Por las anteriores consideraciones, procede responder a la primera cuestión planteada que las disposiciones de los artículos 1 y 2 de la Directiva 93/83, por una parte, y de los artículos 2 y 3 de la Directiva 2001/29, puestos en relación con los artículos 2 y 3 de la Directiva 2006/115 y el artículo 2 de la Directiva 2006/116, por otra parte, deben interpretarse en el sentido de que los derechos de explotación de la obra cinematográfica, como los que son objeto del litigio principal (derecho de radiodifusión vía satélite, derecho de reproducción y cualquier otro derecho de comunicación al público mediante la puesta a disposición), corresponden de pleno derecho, directa y originariamente, al director principal. Por consiguiente, esas disposiciones deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una legislación nacional que atribuya esos derechos de explotación, de pleno derecho y con carácter exclusivo, al productor de la referida obra.
103 Es cierto que el legislador de la Unión utilizó el término «remuneración» en las Directivas 92/100 y 2006/115, en lugar del término «compensación» utilizado por la Directiva 2001/29. No obstante, este concepto de «remuneración» tiene por objeto establecer igualmente una indemnización para los autores, ya que se destina a compensar un perjuicio causado a éstos (véase en ese sentido la sentencia de 30 de junio de 2011, VEWA, C‑271/10, Rec. p. I‑5815, apartado 29).
106 Además, el Tribunal de Justicia ya ha juzgado que, so pena de privarles de todo efecto útil, las disposiciones del artículo 5, apartado 2, letra b), de la Directiva 2001/29 imponen al Estado miembro que ha introducido la excepción de copia privada en su Derecho nacional una obligación de resultado, en el sentido de que dicho Estado está obligado a garantizar, en el marco de sus competencias, la percepción efectiva de la compensación equitativa destinada a indemnizar a los titulares de los derechos afectados por el perjuicio sufrido (véase en ese sentido la sentencia de 16 de junio de 2011, Stichting de Thuiskopie, C‑462/09, Rec. p. I‑5331, apartado 34). Pues bien, la imposición a los Estados miembros de dicha obligación de resultado, consistente en que los titulares de derechos perciban la compensación equitativa, se manifiesta conceptualmente inconciliable con la posibilidad de que uno de esos titulares renuncie a dicha compensación equitativa.