Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2010-00342-44497-de-marzo-8-de-2017?documento=jurcol&contexto=jurcol_79a11e5e3e894cbb8097d0702ea896df&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-12-15 05:31:39
Document Index: 16997449

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 414', 'ARTÍCULO 414', 'artículo 198', 'artículo 217', 'artículo 217', 'artículo 197', 'artículo 414', 'artículo 90', 'artículo 90', 'artículo 414', 'artículo 90', 'artículo 414', 'in dubio', 'artículo 70', 'in dubio']

SENTENCIA 2010-00342 DE 08 DE MARZO DE 2017
CONTENIDO:PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD COMO ESCENARIO DE RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. A PESAR DE LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA LEY 270 DE 1996, CUANDO UNA PERSONA PRIVADA DE LA LIBERTAD ES ABSUELTA POR ALGUNA DE LAS CIRCUNSTANCIAS PREVISTAS EN EL DEROGADO ARTÍCULO 414 DEL DECRETO 2700 DE 1991, SE CONFIGURA UN EVENTO DE DETENCIÓN INJUSTA Y, POR LO TANTO, PROCEDE LA DECLARATORIA DE LA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO. ASIMISMO, LA JURISPRUDENCIA HA SEÑALADO QUE LAS HIPÓTESIS ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 414, AL MARGEN DE SU DEROGATORIA, CONTINÚAN SIENDO APLICABLES A HECHOS OCURRIDOS CON POSTERIORIDAD A SU VIGENCIA, SIN QUE ELLO IMPLIQUE UNA ULTRACTIVIDAD DE LA NORMA.
TEMAS ESPECÍFICOS:DEROGACIÓN DE LAS NORMAS, ULTRACTIVIDAD DE LA LEY CIVIL, PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD, VIGENCIA DE LA LEY, ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD, RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD OBJETIVA
Sentencia 2010-00342/44497 de marzo 8 de 2017
Radicación: 250002326000201000342 01
Número: 44.497
Actor: Jesús Usbey Montoya López y otros
En el sub examine, el tribunal de primera instancia computó el término de caducidad de dos años de la acción de reparación directa, a partir del día siguiente a la fecha en que se profirió la sentencia de segunda instancia en el proceso penal, esto es, el 26 de mayo de 2007 y, por ello, concluyó que era extemporánea por haber sido radicada el 28 de mayo de 2010.
Ahora bien, le asiste razón al recurrente cuando sostiene que no existen ejecutorias parciales de las providencias. En efecto, la Sala de casación penal de la Corte Suprema de Justicia, en prolífica jurisprudencia, así lo ha sostenido (se transcribe literalmente):
2. Las decisiones judiciales quedan ejecutoriadas o están en firme, de acuerdo con los artículos 197 y 223 del Código de Procedimiento Penal, cuando no se interponen recursos dentro del término legal o, si se trata de decisiones inimpugnables, el día en que sean autorizadas con la firma del funcionario judicial responsable, o si es el caso, una vez se resuelvan las impugnaciones o se surta el grado jurisdiccional de la consulta. De modo que, independientemente de la actitud omisiva de algunas partes, la impugnación de una sola de ellas difiere la ejecutoria de la sentencia para todos, máxime que los fallos de primera instancia siempre son apelables en el efecto suspensivo, mecanismo de acuerdo con el cual, por regla general, se detiene su cumplimiento y, obviamente, también se paraliza la competencia del inferior para ejecutarlo hasta cuando se decida lo pertinente por el superior funcional (CPP, arts. 203-1 y 204-a).
5.1. De conformidad con el inciso 2° del artículo 198 del Código de Procedimiento Penal, ‘si se niega el subrogado de la condena de ejecución condicional, la captura sólo podrá ordenarse cuando se encuentre en firme la sentencia, salvo que durante el proceso se hubiere proferido medida de aseguramiento de detención sin excarcelación’ (se ha hecho énfasis). La regla general surge sin esfuerzos dialécticos y es diamantina: el fallo se cumple cuando esté ejecutoriado; y la salvedad no es propiamente tal sino un aditamento que de manera simple confirma la regulación unívoca, pues, en el evento de que se niegue la condena condicional en la sentencia de primer grado, pero además en el curso de la instancia se había dictado medida de aseguramiento de detención sin excarcelación, no se cumple el fallo sino que la privación de la libertad se sigue rigiendo por esa determinación provisional que afecta el derecho fundamental, mientras queda en firme la decisión final por la evacuación de los recursos propuestos (apelación o casación).
5.2. Ni siquiera en el evento de la sentencia absolutoria de primer grado, se propician por el legislador posibles contradicciones entre los fallos de instancia, a pesar de que una decisión de tal talante significa una manifestación seria y final de la presunción de inocencia, pues en tal caso, mientras está pendiente el recurso de apelación o la consulta, la libertad que se ordena es provisional y, por ende, expuesta a cualquier modificación por parte del ad quem (CPP, art. 415, num. 3).
6. Se ha interpretado literal y aisladamente el artículo 217 del Estatuto Procesal Penal, en lo que atañe a la limitación funcional del superior en sede de apelación, que lo constriñe a examinar ‘únicamente los aspectos impugnados’, pues no puede soslayarse que el ad quem no sólo se ocupa de los posibles errores de juicio cometidos en la providencia, sino que también y privilegiadamente revisa los yerros de procedimiento, dado que cuenta como deber propio decretar de oficio las nulidades que advierta en la actuación procesal (arts. 304 y 305). De otra parte, ‘los aspectos impugnados’ no siempre pueden escindirse de otros temas ventilados en el iter procesal, sin perjuicio de su propia esencia o de la naturaleza misma del proceso, y entonces se impondría una decisión que, por razón vinculante, toca más asuntos de los propuestos, siempre que no haya violación del principio de no reformatio in pejus, si es que se trata de sentencia condenatoria y de apelación única en favor del procesado. Es que, si se aclara un poco más la confusión en la que incurren los magistrados, una cosa es que la situación del no recurrente, por regla general (queda a salvo la nulidad o la razón vinculante), sea inmodificable y permanezca conforme con las definiciones de primera instancia, gracias a la limitación funcional que consagra el citado artículo 217, pero otra bien diferente es la ejecutoria y ejecutividad del fallo que sólo se alcanzan y se propician con la decisión de segunda instancia o de casación. Una vez resueltas las impugnaciones, el respectivo fallo proyecta retroactivamente sus efectos ejecutorios y ejecutivos sobre las determinaciones de la sentencia de primer grado (o de segundo, si se trata de casación) que no fueron cuestionadas o que se refieren a sujetos procesales no recurrentes, decisiones que por obvias razones estaban suspendidas en su cumplimiento.
7. El sistema de la casación también tiene sus propios matices que conducen al mismo lugar, esto es, a la afirmación de la unidad de ejecutoria y de ejecución de la sentencia. En efecto, cómo pensar en la ejecutoria personalizada de los fallos de primera y segunda instancia, en relación con las partes no recurrentes, si el debate de casación contiene entre sus previsiones legales la posibilidad de que prospere la demanda sobre la base de que la sentencia se haya dictado dentro de un juicio viciado de nulidad o que forzosamente la Corte deba decretar la invalidez de oficio (CPP, arts. 220-3 y 228). Y no importa que el artículo 197 esté formalmente dispuesto en un capítulo atinente a los ‘recursos ordinarios’, pues la verdad es que su contenido abarca también la ejecutoria de las decisiones de casación. Además, la regulación de este recurso extraordinario consagra el efecto extensivo de la sentencia, según el cual la decisión se puede proyectar a los no recurrentes, sin detrimento del principio de no agravación, extensión que procesalmente se legitima mediante la previa notificación del auto admisorio de la demanda a los no impugnantes (ídem, arts. 227, 243 y 245).
9. Por la circunstancia de que alguno de los interesados no haya interpuesto recursos, no es coherente afirmar que dicha contingencia ha lugar a dos fallos cuya firmeza y ejecutividad se sitúan en distintos contextos, máxime si se reconoce que obedecen a instancias o sedes jurisdiccionales marcadas por la jerarquía funcional. Si la sistemática del ordenamiento procesal penal colombiano se decide por la unificación o comunidad de los términos para recurrir, y por ello éstos se cuentan a partir de la ‘última notificación’, no resulta consistente derivar de tan inequívoca tendencia la dispersión de la ejecutoria y ejecución de las sentencias de primera o segunda instancia, pues, todo lo contrario, tal inferencia sería inconciliable con la premisa (CPP, arts. 196 y 223)”(3) (se destaca).
De allí que, la Sala, de conformidad con el principio de unidad de ejecutoria, debe establecer el momento exacto en que quedó en firme la providencia absolutoria en el caso concreto.
A folio 16 del cuaderno de pruebas obra certificación expedida por la secretaría de los juzgados penales especializados de Bogotá, en la que se hace constar que la decisión absolutoria proferida a favor de Jesús Usbey Montoya López quedó ejecutoriada el 17 de septiembre de 2008, luego de que la Corte Suprema de Justicia tramitara el recurso extraordinario de casación interpuesto por algunos de los condenados.
Así las cosas, con independencia de que el demandante principal haya recobrado su libertad el 21 de septiembre de 2006, el daño solo se tornó en antijurídico una vez se produjo la ejecutoria de la decisión absolutoria, lo que ocurrió, se itera, el 17 de septiembre de 2008.
La sección tercera, en múltiples pronunciamientos(4), ha acogido el criterio de la unidad de ejecutoria de la providencia penal, por ello el cómputo del término de caducidad de la acción de reparación directa solo inicia una vez el sindicado obtiene su libertad o la providencia absolutoria queda ejecutoriada, lo último que ocurra.
En tal virtud, el término de caducidad inició el 18 de septiembre de 2008, por lo que la parte actora tenía hasta el 18 de septiembre de 2010 para presentar la demanda; dado que se radicó el 28 de mayo de 2010, se colige que fue interpuesta de manera oportuna.
Como corolario de lo anterior, la Sala revocará la decisión apelada y procederá al estudio de fondo de la controversia.
Jesús Usbey Montoya López y sus familiares tienen interés jurídico en el proceso, por cuanto aquel es el sujeto pasivo de la investigación penal y estos conforman su grupo familiar.
Además, la Fiscalía General de la Nación representa en este caso a la Nación, por ser la entidad encargada de la investigación del delito que se le imputó al demandante.
La parte actora allegó copia íntegra y auténtica de algunas de las providencias proferidas en el proceso penal adelantado contra Jesús Usbey Montoya López.
Los documentos han obrado a lo largo de todo el proceso, algunos fueron proferidos por la misma entidad demandada y, los restantes, se adoptaron con su audiencia en sede del juicio; además, la Fiscalía no los tachó de falsos, por lo que se les dará valor probatorio. De modo que están probados los siguientes hechos:
2.1. El 26 de noviembre de 2006, la Fiscalía Cuarta Especializada de Bogotá –Unidad Nacional contra el Secuestro– resolvió la situación jurídica de los señores Henry Alirio Quintero Pinzón, Mauricio Romero Hernández y Jesús Usbey Montoya López al sindicarlos del delito de secuestro extorsivo del señor Álvaro Fonseca Benítez. Además, les impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en centro carcelario (fls. 17 a 42 c. pruebas).
2.2. El 21 de septiembre de 2006, el juzgado sexto penal del circuito especializado de Bogotá profirió sentencia en la que absolvió a Jesús Usbey Montoya López y condenó a otros de los procesados. El fundamento de la absolución fue el siguiente (se transcribe literalmente):
“Existe la probabilidad de que los procesados Juan de Jesús Alberto Lombana Vera y Jesús Usbey Montoya López sean responsables de la conducta delictiva que se les atribuye en la resolución acusatoria relacionada con el punible de secuestro extorsivo agravado, proferida por la fiscalía especializada, pero la certeza de ello, no se plasma en la actuación.
Si bien las pruebas recaudadas durante la fase instructiva fueron suficientes para proferir la medida de aseguramiento y la resolución de acusación, no son los mismos presupuestos los exigidos para sentencia condenatoria y para ello se encuentra procesalmente establecida la fase probatoria del juicio y culminada ésta para que proceda la condena es menester la certeza de la ocurrencia del hecho y de responsabilidad del imputado, presupuestos que no se cumplen en esta actuación.
Por las consideraciones expuestas y en cabal acuerdo con lo consignado en las alegaciones emitidas en este proceso, el despacho habrá de absolver a los procesados Juan de Jesús Alberto Lombana Vera y Jesús Usbey Montoya López, por el punible de secuestro extorsivo agravado, para el primero en calidad de cómplice y el segundo como autor”.
2.3. El 25 de mayo de 2007, la Sala penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá confirmó la decisión apelada (fls. 80 a 112 c. pruebas).
2.4. Inconformes con la decisión, los señores Alberto Gómez Guzmán y Martha Suárez Lizcano interpusieron recurso extraordinario de casación contra la sentencia de segunda instancia.
El 17 de septiembre de 2008, la Sala de casación de la Corte Suprema de Justicia no admitió el recurso interpuesto, no obstante, casó de manera oficiosa la sentencia de segunda instancia en relación con la tasación de la pena accesoria de los recurrentes; en lo demás mantuvo incólume el fallo impugnado (fls. 113 a 122 c. pruebas).
2.5. Jesús Usbey Montoya López estuvo privado físicamente de su libertad entre el 27 noviembre de 2003 y el 21 de septiembre de 2006, según da cuenta certificación suscrita por la asesora jurídica del Inpec (f. 14 c. pruebas).
La Sala ha sostenido de forma reiterada que, a pesar de la entrada en vigencia de la Ley 270 de 1996, cuando una persona privada de la libertad es absuelta por alguna de las circunstancias previstas en el derogado artículo 414 del Decreto 2700 de 1991(5), se configura un evento de detención injusta y, por lo tanto, procede la declaratoria de la responsabilidad extracontractual del Estado, de acuerdo con el artículo 90 de la Constitución Política.
Tal es la interpretación a la que conducen no sólo las incuestionables superioridad y preeminencia que le corresponden al citado canon constitucional, sino también una hermenéutica armónica y sistemática de los comentados preceptos de la misma Ley 270 de 1996, así como los razonamientos plasmados por la propia Corte Constitucional en la Sentencia C-036 (sic) de 1997 (sic), mediante la cual los encontró ajustados a la Carta Fundamental. En consecuencia, los demás supuestos en los cuales el juez de lo contencioso administrativo ha encontrado que la privación de la libertad ordenada por autoridad competente ha conducido a la producción de daños antijurídicos, con arraigo directamente en el artículo 90 de la Carta, tienen igualmente asidero tanto en la regulación que de este ámbito de la responsabilidad estatal efectúa la ley estatutaria de la administración de justicia, como en la jurisprudencia de la Corte Constitucional relacionada con este asunto. De manera que aquellas hipótesis en las cuales la evolución de la jurisprudencia del Consejo de Estado —a la que se hizo referencia en apartado precedente— [responsabilidad del Estado por la privación de la libertad de las personas al amparo de la vigencia del artículo 414 del derogado Código de Procedimiento Penal] ha determinado que concurren las exigencias del artículo 90 de la Constitución para declarar la responsabilidad estatal por el hecho de la administración de justicia al proferir medidas de aseguramiento privativas de la libertad, mantienen su aplicabilidad tras la entrada en vigor de la Ley 270 de 1996”(6).
Asimismo, la jurisprudencia ha señalado que las hipótesis establecidas en el artículo 414 antes citado, al margen de su derogatoria, continúan siendo aplicables a hechos ocurridos con posterioridad a su vigencia, sin que ello implique una ultractividad del citado precepto legal, sino de los supuestos que se regulaban de manera específica en el mismo, pues, en virtud del principio iura novit curia, el juez puede acoger criterios de responsabilidad objetiva o subjetiva para respaldar su decisión(7).
De modo que, el Estado será responsable por daño especial —régimen objetivo— en aquellos casos en que la absolución o preclusión de la investigación se adopte por cualquiera de las siguientes causales: (i) porque el hecho imputado no existió, (ii) el sindicado no lo cometió, (iii) el hecho o conducta no era punible, o (iv) por aplicación del principio de in dubio pro reo(8).
Por último, la Sala ha precisado que en todos los casos —responsabilidad objetiva u subjetiva— es posible que el Estado se exonere con la acreditación de que el daño provino de una causa extraña, esto es, que sea imputable a una fuerza mayor, el hecho determinante y exclusivo de un tercero, o que provenga de la culpa grave de la propia víctima en los términos del artículo 70 de la Ley 270 de 1996.
El daño antijurídico se encuentra demostrado porque el señor Antonio José Causado Moreno estuvo privado físicamente de su libertad entre el 27 de noviembre de 2003 y el 21 de septiembre de 2006. De otro lado, la privación del ciudadano se produjo intramuros (física) en un establecimiento carcelario.
En el sub lite, el ciudadano no estuvo privado jurídicamente de su libertad, porque la absolución no fue cuestionada por la Fiscalía General de la Nación a través de recurso de apelación, por lo tanto, si bien la sentencia no estaba ejecutoriada, en ese punto era inmodificable.
La Sala reitera en esta oportunidad uno de los argumentos expuestos en la Sentencia del 4 diciembre de 2006(9), en el sentido de que no se puede exonerar al Estado de responsabilidad cuando, a pesar de haberse dictado una medida de detención con el lleno de los requisitos que exige la ley, se profiere posteriormente una sentencia absolutoria o Auto de preclusión.
Ahora bien, la rama judicial absolvió al acusado con fundamento en el principio constitucional del in dubio pro reo. En efecto, concluyó que no existía certeza sobre la responsabilidad penal del señor Jesús Usbey Montoya López.
Por el contrario, a las entidades demandadas les correspondía acreditar, mediante pruebas legales y regularmente traídas al proceso, una causal de exoneración, fuerza mayor, hecho exclusivo de un tercero o culpa grave de la víctima y ocurre que ninguna de estas eximentes ha sido acreditada en el plenario(10).
En el sub examine, la Fiscalía no solo se abstuvo de contestar la demanda, sino que propuso de forma extemporánea —en los alegatos de conclusión de segunda instancia— la culpa exclusiva de la víctima como causal de exoneración, excepción que no cuenta con fundamento probatorio.
De acuerdo con lo anterior, se tiene que el recurso de apelación incoado por la parte demandante tiene vocación de prosperar, por lo que se revocará la sentencia apelada para, en su lugar, declarar la responsabilidad patrimonial de la Nación —con cargo al presupuesto de la Fiscalía General de la Nación— por la privación injusta de la libertad de la cual fue víctima el señor Jesús Usbey Montoya López.
En el caso sub examine será declarada responsable la Fiscalía General de la Nación porque fue su actuación exclusivamente la que produjo el daño antijurídico, en tanto que le impuso la medida de aseguramiento al demandante.
Solicitaron el pago de las siguientes sumas de dinero: (i) $ 70.000.000 a título de lucro cesante, a favor de Jesús Usbey Montoya López, (ii) 100 SMLMV para cada uno de los demandantes, por concepto de perjuicios morales, (iii) por concepto de daños a bienes constitucionales la suma de 500 SMLMV para cada uno de los demandantes y (iv) 100 SMLMV a título de perjuicio fisiológico para Jesús Usbey Montoya López.
La parte actora allegó con la demanda certificación expedida por la representante legal de la Corporación Gente Nueva, en la que se afirma que el señor Jesús Usbey Montoya López desempeñó el cargo de conductor en el período comprendido entre el 1 de junio de 2002 y el mes de diciembre de 2003, con una asignación mensual de un salario mínimo y una bonificación semestral de $ 1 500.000.
La Sala desestima el valor probatorio del documento porque la información que contiene es apócrifa, en la medida que desde noviembre de 2003 el demandante se encontraba privado de su libertad, por lo que era físicamente imposible que estuviera laborando como conductor en los meses de noviembre y diciembre de ese año.
Así las cosas, la Sala se limitará a aplicará la presunción de salario mínimo y, por ende, se actualizará el vigente para el año de la privación, esto es, 2003:
Dado que el salario mínimo legal mensual que rige para el año 2017 ($ 737.717) resulta superior a la anterior cifra, se tomará la última cantidad para efectos de la liquidación del lucro cesante, la cual será incrementada en un 25% por concepto de prestaciones sociales.
737.717 x 0.25 = 184.429 + 689.455 = 922.146
Período a indemnizar: treinta y tres meses punto ocho días (33.8)(11).
De conformidad con lo anterior, se tomará la suma de $ 922.146,00 como ingreso base de liquidación.
Total perjuicios materiales por lucro cesante: treinta y tres millones setecientos ochenta y nueve mil seiscientos setenta pesos ($ 33.789.670).
La Sala plena de la sección tercera, en sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014(12), estableció los siguientes parámetros para la tasación y liquidación del perjuicio moral en casos de privación injusta de la libertad:
Así las cosas, con fundamento en las máximas de la experiencia, resulta posible afirmar que la privación de la libertad que soportó el señor Jesús Usbey Montoya López le causó un perjuicio moral que debe ser indemnizado, porque que es razonable asumir que la persona que ve afectada su libertad experimente sentimientos de angustia e impotencia por no poder determinar el rumbo de su vida, perjuicio que se hace extensible a sus familiares, quienes igualmente resultaron afectados por la situación de zozobra por la que atravesó su ser querido.
En el sub examine, está demostrado que la privación de la libertad se prolongó durante treinta y tres meses; se probó, además, que Betty Díaz Camacho es su esposa de acuerdo con el registro civil de matrimonio aportado (f. 2 c. pruebas), que Dolores López González es su progenitora (f. 1 c. pruebas), que Michael Andrés y Lady Catherine Montoya Díaz son sus hijos (f. 4 y 5 c. pruebas), y que Urley, John Faber, José Arley, Luz Dary, Gloria Nancy, María Jenny y Luceny Montoya López son sus hermanos, de acuerdo con los registros civiles de nacimiento aportados (f. 6 a 12 c. pruebas).
José Usbey Montoya López 100
Betty Díaz Camacho (esposa) 100
Michael Andrés Montoya Díaz (hijo) 100
Lady Catherine Montoya Díaz (hija) 100
Dolores López González (madre) 100
Urley Montoya López (hermano) 50
John Faber Montoya López (hermano) 50
José Arley Montoya López (hermano) 50
Luz Dary Montoya López (hermana) 50
Gloria Nancy Montoya López (hermana) 50
María Jenny Montoya López (hermana) 50
Luceny Montoya López (hermana) 50
5.3. Perjuicio fisiológico y bienes constitucional y convencionalmente protegidos.
Ahora bien, en la demanda se solicitó la reparación autónoma e independiente de lo que se denominó “perjuicio fisiológico” y “afectación a bienes constitucionales”.
“La tipología del perjuicio inmaterial se puede sistematizar de la siguiente manera: i) perjuicio moral; ii) daño a la salud (perjuicio fisiológico o biológico); iii) cualquier otro bien, derecho o interés legítimo constitucional, jurídicamente tutelado que no esté comprendido dentro del concepto de “daño corporal o afectación a la integridad psicofísica” y que merezca una valoración e indemnización a través de las tipologías tradicionales como el daño a la vida de relación o la alteración grave a las condiciones de existencia o mediante el reconocimiento individual o autónomo del daño (v.gr. el derecho al buen nombre, al honor o a la honra; el derecho a tener una familia, entre otros), siempre que esté acreditada en el proceso su concreción y sea preciso su resarcimiento, de conformidad con los lineamientos que fije en su momento esta corporación”(13) (se destaca)
En efecto quienes sufren una vulneración o afectación relevante a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados tienen derecho a su reparación integral mediante la adopción de medidas no pecuniarias a favor de la víctima y sus familiares más cercanos y, excepcionalmente, cuando dicha medida no sea procedente, al reconocimiento de una indemnización de hasta 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes exclusivamente a favor de la víctima directa(14).
Así pues, la Sala ha considerado que cuando se trata de alteraciones que afectan la calidad de vida de las personas —fuera de los daños corporales o daño a la salud—(15), tales perjuicios se reconocerán bajo la denominación antes mencionada, evento en el cual se podrá solicitar una indemnización adicional a la que se reconoce por el perjuicio moral(16).
En estas condiciones, debe entenderse que la pretensión a que se refiere este acápite encuadra en lo que hoy la jurisprudencia de esta misma Sala reconoce o identifica como parte de los bienes constitucionalmente protegidos, que hacen referencia al buen nombre, la intimidad personal y la familia como núcleo esencial de la sociedad(17).
De modo que, por regla general, no resulta viable la acumulación heterogénea de perjuicios a la salud o fisiológicos con los constitucional y convencionalmente protegidos tratándose de la privación injusta de la libertad de los ciudadanos, porque el primero se circunscribe a la afectación a la integridad psicofísica de la persona.
Por lo tanto, solo será viable el reconocimiento de daño a la salud del privado de la libertad cuando la restricción del derecho a la libertad genera o desencadena en la persona o su núcleo familiar una patología temporal o permanente que está suficientemente acreditada —mediante pruebas científicas y forenses— en el proceso.
En síntesis, si con la privación de la libertad se genera una afectación de un bien constitucional o convencionalmente protegido distinto a la salud, corresponderá a la parte actora demostrar esa lesión, para que el juez analice la posibilidad de resarcir el derecho lesionado a través de medidas no pecuniarias —regla general— o, en su defecto, mediante la indemnización del perjuicio con el pago de una suma específica de dinero que podrá ascender hasta 100 SMLMV.
En el sub judice, la parte demandante se limitó a deprecar el reconocimiento de este perjuicio pero no aportó pruebas que permitieran evidenciar una vulneración al buen nombre del demandante principal o una alteración significativa de su núcleo familiar.
En efecto, los testimonios de Ruth Janette Robles, Ana Lucinda Molina y María del Carmen González permiten constatar el sufrimiento —perjuicio moral— del cónyuge y de los hijos del señor Montoya López, sin que a partir de los mismos se pueda inferir una lesión grave y anormal a los bienes constitucionales de los demandantes.
Por lo tanto, la Sala negará el reconocimiento a los perjuicios a la salud y a la afectación a bienes constitucional y convencionalmente protegidos porque no se encuentra verificada su configuración.
1. REVOCAR la Sentencia del 10 de febrero de 2012, proferida por la Sala de descongestión de la sección tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
2. Como consecuencia de lo anterior, DECLARAR patrimonialmente responsable a la Nación - Fiscalía General de la Nación de los perjuicios causados a los demandantes, según lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Betty Díaz Camacho 100
Michael Andrés Montoya Díaz 100
Lady Catherine Montoya Díaz 100
Dolores López González 100
Urley Montoya López 50
John Faber Montoya López 50
José Arley Montoya López 50
Luz Dary Montoya López 50
Gloria Nancy Montoya López 50
María Jenny Montoya López 50
Luceny Montoya López 50
3.2. A título de lucro cesante la suma de treinta y tres millones setecientos ochenta y nueve mil seiscientos setenta pesos ($ 33.789.670), a favor de José Usbey Montoya López.
Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la Sala, me permito manifestar que, si bien no comparto que el Estado deba responder cuando la persona privada de la libertad es exonerada en virtud del principio del indubio pro reo, acompañé en este caso la decisión que condenó a la Fiscalía General de la Nación por la privación de la libertad del señor Jesús Usbey Montoya López, por el delito de secuestro extorsivo, del cual fue exonerado con fundamento en el mencionado principio, toda vez que ese es el criterio mayoritario de la Sala.
En este sentido dejo expuesta mi aclaración de voto, pues, a pesar de que en este caso acompañé la decisión que declaró la responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación por la privación de la libertad del señor Jesús Usbey Montoya López, no comparto el criterio según el cual el Estado deba responder cuando la persona privada de la libertad es exonerada con fundamento en el principio del indubio pro reo.
(2) Sentencias del 14 de febrero de 2002, Rad. 13.622 y del 11 de agosto de 2011, Rad. 21.801.
(3) Corte Suprema de Justicia - Sala de casación penal, Auto del 10 de diciembre de 1997, Rad. 13.154. En idéntico sentido: autos del 14 de mayo de 2002, 9 de febrero de 2006, 9 de septiembre de 2015, radicados 19.230, 23.279 y 46.534
(4) Consejo de Estado, sección tercera, subsección A, Sentencia del 14 de agosto de 2013, Rad. 26.516. Consejo de Estado, sección tercera, subsección B, sentencia del 2 de mayo de 2016, Rad. 40.542, Consejo de Estado, sección tercera, subsección C, sentencia del 3 de agosto de 2016, Rad. 35.352.
(6) Consejo de Estado, sección tercera, Sentencia de 2 de mayo de 2007, Rad. 15.463.
(7) En este sentido, Consejo de Estado, sección tercera, subsección C, Sentencia del 19 de octubre 2011, Rad. 19.151.
(8) Consejo de Estado, Sala plena sección tercera, sentencia de unificación del 17 de octubre de 2013, Rad. 23.354, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.
(9) Sentencia del 4 de diciembre de 2006. Mauricio Fajardo Gómez, Exp. 13168.
(10) Al respecto ver, por ejemplo, Consejo de Estado, sección tercera, Sentencia del 8 de julio de 2009, Rad. 17.517 y del 15 de abril de 2010, Rad. 18.284, entre otras.
(11) Lapso comprendido entre la fecha en la cual el señor Montoya López fue privado de la libertad (27 de noviembre de 2003) hasta el momento en que la recobró (21 de septiembre de 2006).
(12) Rad. 27.709.
(13) Consejo de Estado, Sentencia de Sala plena del 14 de septiembre de 2011, Rad. 19031 y 38222, M.P. Enrique Gil Botero.
(14) Consejo de Estado, sección tercera, Sentencia de 28 de agosto de 2014, Rad. 26251, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
(15) Respecto del perjuicio por el denominado “daño a la salud” consultar, Consejo de Estado, Sala plena de la sección tercera, Sentencia del 28 de marzo de 2012, Rad. 22.163, demandante: Luis Carlos González Arbeláez y otros. M.P. Enrique Gil Botero.
(16) Cf. Consejo de Estado. sección tercera, Sentencia de 1º de noviembre de 2007, rad.16.407.
(17) Sobre lo que debe entenderse por “familia” consultar, por ejemplo, Sentencia del 24 de julio de 2013, Rad. 27.289, M.P. Enrique Gil Botero.