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Timestamp: 2018-04-27 01:08:57
Document Index: 156857126

Matched Legal Cases: ['artículo 51', 'artículo 49', 'artículo 74', 'artículo 51', 'artículo 49', 'artículo 35', 'artículo 51', 'artículo 1']

Extinción de los contratos indefinidos no fijos de plantilla en el sector público: ¿duración a término o condición resolutoria? - Lexology
Spain November 18 2014
1. El contrato indefinido no fijo de planti­ lla en las Administraciones Piiblicas y su extinción por cumplimiento de una con­ dicion resolutoria
Inicialmente, Ia Sala de lo Social del Tri­ bunal Supremo entendia que Ia celebra­ cion de un contrato temporal por parte de Ia Administracion Publica revelaba Ia exis­ tencia de un puesto de trabajo que era necesario cubrir, por lo que se trataba de una situacion muy proxima a Ia previs­ ta en el articulo 15.1c de Ia Ley del Es­ tatuto de los Trabajadores (LET) cuando regula el contrato de interinidad. Pese a ello, Ia superacion del tiempo legalmen­ te establecido no debia llevar aparejada como sancion administrativa «Ia trans­ formacion del contrato temporal en otro de duración determinada» (STS de 9 de octubre de 1985, Ar. 4697, FJ 2). Re­ sultaba contrario al ordenamiento juridi­ co convertir un contrato temporal en un contrato indelinido en este ambito, pues dicha situaci6n «pugnaria con el manda­ to constitucional y con Ia regulaci6n legal y reglamentaria de los organos publicos» (STS de 14 de enero de 1988, Ar. 1, FJ 2). El contrato temporal servia, asi, no ya s61o para cubrir el puesto dejado vacante por un trabajador que suspendia su contrato y tenia derecho a Ia reserva de su pues­ to, sino tambien para cuando el puesto vacante no tenia adscripcion personal al­ guna. Por tanto, Ia irregularidad no con­ vertia en principio el contrato temporal en indefinido, pero si ponia de manifiesto Ia existencia de un puesto de trabajo cuya provisi6n no se habia efectuado por el procedimiento reglamentario. Una «inte­ rinidad de hecho» que permitia mantener al trabajador contratado fraudulentamen­ te en el puesto correspondiente hasta su cobertura, lo que suponia necesariamente adquirir Ia cualidad de «fijeza o perma­ nencia» (STS de 7 de febrero de 1990, Ar. 838, FJ 2).
Con Ia Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de marzo de 1991 (Ar. 1875), el tri­ bunal obligaba a las Administraciones Pu­ blicas a cumplir Ia normativa que regula­ ba los contratos temporales en el ambito IaboraI por entender que no existia causa que justificara su exencion, adquiriendo en tal caso los trabajadores Ia condicion de lijos, dado que «cualquiera que fuera Ia actividad que desempeiiaran, su per­ manencia en el puesto de trabajo demos­ traba que atendian a labores permanen­ tes de Ia empresa» (FJ 3). Y, a partir de Ia Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de octubre de 1996 (Ar. 7492), comenzó a distinguir entre los trabajadores con contrato indefinido y los trabajadores fi­ jos de plantilla. Si bien en ese memento Ia contratacion laboral en las Administra­ ciones Publicas «al margen de un siste­ ma adecuado de ponderacion de merito y capacidad impide equiparar a los deman­ dantes a trabajadores fijos de plantilla, condicion ligada a Ia contratacion por pro­ cedimiento reglamentario», nada imposi­ bilita su consideracion como trabajadores vinculados por un contrato de trabajo por tiempo indefinido (FJ 2).
1.2. Pues bien, Ia extinción de este tipo de relación (indefinida, perc no fija de plan­ tilla) siempre ha venido materializan­ dose como si de una interinidad por va­ cante se tratara, entendiendose que el contrato se extingufa no solo al cubrirse Ia plaza ocupada per el trabajador como resultado del proceso ordinaria de cober­ tura, sino per amortizacion de aquella. En tal case, Ia causa extintiva operaba directamente sabre el contrato, lo que hacfa innecesario acudir a ningun otro procedimiento extintivo, ya individual (art. 52c LET), ya colectivo (art. 51 LET). En definitiva, aquf, Ia amortizaci6n «no opera directamente determinando Ia ex­ tincion del vfnculo sino que afecta a Ia vigencia de este, determinando el cum­ plimiento anticipado del termino incierto al que esta sometido el contrato al sus­ tituir Ia amortizacion de Ia plaza para su cobertura» (STS de 8 de junio del 2011, Ar. 5937, FJ 2).
La jurisprudencia del orden social inter­ pretaba, per tanto, que esta relación /abo­ ral indefinida no fija quedaba sometida a una condición resolutoria, a saber, Ia pro­ vision de Ia vacante por el procedimiento legal de cobertura. Desde Ia Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de enero de 1998 (Ar. 1000) se considerara que el caracter indefinido del contrato implica «desde Ia perspectiva temporal que este no esta sometido, directa o indirectamente, a un termino (por lo que) el organismo afecta­ do no puede atribuir Ia fijeza en plantilla con una adscripcion definitiva del pues­ to de trabajo sino que, per el contrario, esta obligado a adoptar las medidas ne­ cesarias para Ia provision regular del mis­ mo y, producida esta provision de forma /ega/mente procedente, existira causa lfcita para extinguir el contrato» (FJ 4). Se declara, de este modo, Ia nulidad par­ cial del contrato aparentemente temporal y, contrariamente al articulo 15 de Ia LET, se produce Ia inaplicacion legal de Ia clausula de temporalidad no acomodada a dicho precepto, sustituyendose «dicha clausula por otra causa de extincion del contrato como Ia ocupacion de las plazas» (STS de 27 de mayo del 2002, Ar. 9893, FJ 2). La ocupacion definitiva hace surgir una causa de extincion de contrato sub­ sumible en las enunciadas genericamente en el articulo 49.1b de Ia LET, «equipa­ rable a Ia de los contratos de interinidad por vacante puesto que Ia justificacion de Ia existencia de unos y de otros respon­ de a una misma causa y necesidad». Por ello no es necesario acudir a/ cauce de los despidos objetivos ni se genera derecho a indemnización ni a sa/arias de trami­ tación a favor de los trabajadores afec­ tados. Considerarlo de otro modo podrfa conducir a una situacion absurda cual es Ia de transformar de heche Ia interinidad en una situación propia de indefinición (STS de 13 de mayo del 2013, Ar. 5142).
2. Nueva doctrina jurisprudencial: se trata de contratos a término que han de some- terse a las reglas generales de extinción
2.1. Pero la Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de junio del 2014 (Ar. 4380) ha rectificado esta doctrina, que venía sien- do aplicada ininterrumpidamente desde hace veinte años. Entiende el tribunal que, tras la entrada en vigor de la dis- posición adicional 20.ª de la LET —nor- ma que ha mejorado lo dispuesto en la Directiva 1998/59, de 20 de julio (DOCE de 12 de agosto), con relación al personal laboral de las Administraciones Públicas, al cual a partir de ahora ha de aplicársele lo dispuesto en los artículos 51 y 52c de la LET en los despidos colectivos y en los despidos objetivos—, se impone una mo- dificación también en relación con la ex- tinción del contrato indefinido no fijo de plantilla. Asimismo, entiende que el último párrafo de la mencionada disposición adi- cional 20.ª de la LET concede prioridad de permanencia al personal fijo y evidencia que aquélla se aplica también al personal indefinido no fijo y al interino por vacante. La aplicación de esta nueva normativa a losrectificado esta doctrina, que venia sien­ do aplicada ininterrumpidamente desde hace veinte aiios. (DOCE LET La aplicacion de esta nueva normativa a los trabajadores indefinidos no fijos es indu- dable, a juicio del citado tribunal, porque la extinción de los contratos de este tipo se computa a efectos del despido colecti- vo del artículo 51 de la LET, que excluye del cómputo, sin embargo, las extincio- nes de contratos temporales que se pro- duzcan con arreglo al artículo 49.1c de la LET.
Mayor dificultad exige determinar si, a estos efectos, son computables los con­ tratos de interinidad por vacante que se resuelvan por Ia amortización de Ia plaza ocupada. Resolver ese problema requiere calificar Ia naturaleza de estos contratos y de Ia causa que les pone fin. Entien­ de el Tribunal Supremo que se trata de contratos temporales (arts. 15.1c LET y 4 y 8.1c RD 2720/98, de 18 de diciem­ bre, BOE de 8 de enero de 1999) que es­ tan sujetos al cumplimiento del termino pactado (cobertura reglamentaria de Ia plaza ocupada interinamente, segun lo dispuesto en el ultimo parrafo del apar­ tado 2b del citado art. 4). Consiguien­ temente, nos encontramos ante una obli­ gación a plazo, a termino y no ante una obligaci6n sujeta a condici6n resolutoria explicita o implicita.
Pues bien, las obligaciones candicianales, reguladas en los articulos 1113 y ss. del Código Civil (CC), son aquellas cuya efi­ cacia depende de Ia realizaci6n o no de un hecho futuro e incierto, siendo elemento fundamental Ia incertidumbre, el no sa­ ber si el hecho en que Ia condici6n con­ siste se producira o no. Por el contrario, en las obligaciones a plaza, reguladas en los articulos 1125 y ss. del CC, siempre se sabe que el plaza necesariamente 1/egara. El plazo puede ser determinado cuando se conoce no só1o que se producin! nece­ sariamente, sino tambien cuando llegara (certus an et certus quando). Pero, igual­ mente, puede ser indeterminado, lo cual acaece cuando se sabe que se cumplira, pero no se conoce cuando (certus an et incertus quando).
2.2 De lo expuesto se deriva, a juicio del Tribunal Supremo, que se trata de un contrato temporal de duración indeter- minada, pero en el que consta que el tér- mino pactado llegará cuando la vacante ocupada se cubra tras finalizar el proceso de selección (art. 4.2 RD 2720/98). Ob- sérvese que ni la norma ni el contrato prevén otra causa de extinción de éste y que no se trata de un contrato sujeto a condición resolutoria, sino de un contrato cuya duración está sujeta a un plazo in- determinado que necesariamente llegará, sobre todo si se trata de vacantes que de- ben ser objeto de oferta de empleo público (art. 70 del Estatuto Básico del Empleado Público, Ley 7/07, de 12 de abril, BOE de 13 de abril —en adelante, EBEP—). La amortización de esos puestos de tra- bajo mediante una nueva ordenación de los puestos, aunque lícita y permitida por el artículo 74 del EBEP, no puede conllevar la automática extinción del contrato de in- terinidad celebrado para cubrirla porque no está prevista legalmente como causa de extinción de esos contratos sujetos a un término, a un plazo cuya mayor o menor duración se ha fijado por la norma y depende de la diligencia de la emplea- dora en poner en marcha los oportunos procesos de selección.
Por lo tanto, debe rechazarse la idea de que la amortización extingue el contrato porque éste tiene una condición resoluto- ria implícita en ese sentido, puesto que se trata de una obligación a término (aun- que indeterminado) y no de una condi- ción, toda vez que la existencia de una condición requiere que el hecho del que dependa sea incierto, incertidumbre que no se da cuando se fija un plazo in- determinado que llegará (art. 1125 CC). Además, esta condición resolutoria se- ría nula, de acuerdo con los artícu- los 1115 y 1256 del CC, pues su validez equivaldría a dejar al arbitrio de una de las partes la terminación del contrato, lo que no es correcto según estos preceptos.
Consecuentemente, se trata de un con- trato temporal que, por causa de la amor- tización de la plaza objeto del mismo, se extingue antes de que llegue el término pactado. Ese daño ha de ser indemniza- do, lo que en nuestro Derecho del trabajo se hace mediante el abono de las indem- nizaciones tasadas para cada caso en los artículos 51, 52 y 56 de la LET, respectiva- mente, y en los procedimientos estableci- dos al efecto, pues debe recordarse que, conforme a los artículos 7 y 11 del EBEP, la legislación laboral es aplicable al per- sonal laboral de las Administraciones Públicas. De ahí que el penúltimo párra- fo del artículo 51.1 de la LET, en cuanto parece excluir del cómputo para la de- terminación de la existencia de despido colectivo los contratos temporales del artículo 49.1c de la LET, sólo se esté refi- riendo a los contratos que finalizan por la«expiración del tiempo convenido», pero no así a los que concluyen antes de que llegue su término, tal y como sucede en los supuestos de amortización de va- cantes ocupadas interinamente. Esta solución se halla avalada por la litera- lidad del artículo 35.2 del RD 1483/12, de 29 de octubre, BOE de 30 de octubre, que, a efectos de determinar el número de extinciones contractuales en el despido colectivo y a fin de seguir los trámites del artículo 51 LET y del procedimiento regu- lado en los artículos 37 y ss. del mencio- nado decreto, dispone que se incluirá a la totalidad del personal laboral contratado en el ámbito correspondiente. Igualmente avala esta conclusión el artículo 1 de la Directiva 1998/59 sobre despidos colec- tivos que impone su aplicación a los con- tratos temporales que se extingan antes de llegar a su término. Consideraciones todas ellas que obligan a rectificar la doctrina tradicional de la sala e imponer la obligación de seguir los procedimien- tos de extinción previstos en los artícu- los 51 y 52 de la LET, respectivamente, cuando se decida extinguir los contratos indefinidos no fijos.