Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-sl899-2013-de-octubre-22-de-2013?documento=jurcol&contexto=jurcol_f4fcff967bd20126e0430a0101510126&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-11-15 17:23:50
Document Index: 13931436

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 67', 'artículo 38', 'artículo 17', 'artículo 3', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 7', 'artículo 42', 'artículo 42', 'artículo 42', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 42', 'artículo 13', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 15', 'artículo 140', 'artículo 140', 'artículo 42', 'artículo 42', 'artículo 43', 'artículo 42', 'artículo 269', 'artículo 42', 'artículo 42', 'artículo 19', 'artículo 13', 'artículo 42', 'artículo 61', 'artículo 42', 'artículo 42', 'artículo 42', 'artículo 42', 'artículo 269', 'artículo 67']

﻿ Sentencia 42138 de octubre 22 de 2013
SENTENCIA SL899-2013 DE 22 DE OCTUBRE DE 2013
CONTENIDO:PERMISO DEL MINISTERIO DEL TRABAJO PARA DESPIDOS COLECTIVOS NO ES OBLIGATORIO EN TRABAJADORES OFICIALES. SE AFIRMÓ QUE TRATÁNDOSE DE TRABAJADORES OFICIALES, ESTOS NO ESTÁN OBLIGADOS A ADELANTAR EL TRÁMITE DE SOLICITUD DE PERMISO ANTE EL MINISTERIO DEL TRABAJO, EN EL CASO DE DESPIDOS COLECTIVOS. ESTO EN RAZÓN A QUE, EL ARTÍCULO 67 DE LA LEY 50 DE 1990, NO REGULA LAS RELACIONES DE TRABAJO EN EL SECTOR OFICIAL, CON LO CUAL NO HAY RAZÓN PARA ENDILGARLE ERROR A UN TRIBUNAL O JUEZ POR INAPLICAR ESTA NORMA EN EL CASO DE TRABAJADORES OFICIALES.
TEMAS ESPECÍFICOS:RECURSO DE CASACIÓN, DESPIDO COLECTIVO, INTERPRETACIÓN JUDICIAL, DESVINCULACIÓN DEL TRABAJADOR OFICIAL, CONVENCIÓN COLECTIVA DEL TRABAJADOR OFICIAL
Sentencia 42138 de octubre 22 de 2013
SL 899 - 2013
Rad.: 42138
Acta: 34
Pretende el recurrente que la Corte case la sentencia proferida por el Tribunal, “en cuanto revocó la del a quo, y absolvió a las demandadas ‘de todas las pretensiones formuladas en la demanda’ e impuso al demandante las costas de la primera instancia; para que en sede de instancia confirme la del a quo salvo en cuanto absolvió a las demandadas Barranquilla Telecomunicaciones S.A. ESP y Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, entidades a las cuales deberá condenarse solidariamente con (sic) Empresa Distrital de Telecomunicaciones de Barranquilla S.A. ESP; en cuanto absolvió de: pagar los reajustes de: cesantías, intereses sobre cesantías, indemnización por despido, vacaciones, primas extralegales de vacaciones y de servicio; de pagar el salario correspondiente al día 24 de mayo de 2004 y de pagar la indexación y la sanción moratoria; para que condene a las demandadas en relación con éstas pretensiones; revoque el numeral segundo de la parte resolutiva de dicha sentencia y en su lugar declare no probada la excepción de compensación. Sobre costas decidirá lo pertinente”.
Acusa la sentencia recurrida por la vía indirecta, por aplicación indebida, “de los artículos 260, 267, 467, 476 y 471 del Código Sustantivo del Trabajo, el último subrogado por el artículo 38 del Decreto Legislativo 2351 de 1965; 10 del Decreto 3135 de 1968; 20 del Decreto 1045 de 1978; artículo 17 de la Ley 6ª de 1945 y 40 del Decreto 1045 de 1978; artículo 3º de la Ley 41 de 1975; artículo 1º del Decreto 3148 de 1968 y 32 del Decreto 1045 de 1978; artículo 1º de la Ley 797 de 1949 lo cual llevó a la infracción de los artículos 39, 53 y 55 de la Carta Política; artículo 7º de la Ley 6ª de 1945; 44, 47 literal f, y 53 del Decreto 2127 de 1945; 1618 Y(sic) 1538 del Código Civil…”.
“1) Dar por demostrado, sin estarlo, que el contrato de trabajo del demandante con las demandadas terminó el día 23 de mayo de 2004.
2) No dar por demostrado, estándolo, que en el contrato de trabajo del demandante la empleadora estaba obligada por acuerdo colectivo a dar aplicación a los artículos 2º, 5º, 6º, 7º, 8º, 16 y 40 del Decreto 2351 de 1965.
3) No dar por demostrado, estándolo, que la sociedad denominada “Empresa Distrital de Telecomunicaciones de Barranquilla” cobró a los usuarios de sus servicios hasta el 13 de abril de 2004; y a partir del 14 de abril de 2004, fue la sociedad denominada “Barranquilla Telecomunicaciones S.A. ESP la que cobró a los mismos usuarios por los mismos servicios.
4) No dar por demostrado, estándolo, que el demandante fue despedido sin justa causa después del 23 de mayo de 2004, de la unidad de explotación económica que en dicha fecha prestaba el servicio de telecomunicaciones en Barranquilla.
5) No dar por demostrado, estándolo, que cuando la sociedad denominada “Empresa Distrital de Telecomunicaciones de Barranquilla” dejó de prestar el servicio de telecomunicaciones en todo el distrito de Barranquilla en el mes de mayo de 2004, el mismo servicio se continuo (sic) prestando, sin solución de continuidad y en la misma unidad de explotación económica por la sociedad denominada “Barranquilla Telecomunicaciones S.A. ESP.”
6) No dar por demostrado, estándolo, que el demandante tiene derecho a la pensión proporcional consagrada en el artículo 42 de la convención colectiva de trabajo firmada el 23 de octubre de 1997 entre Empresa Distrital de Telecomunicaciones de Barranquilla ESP, y el Sindicato de Trabajadores Sintratel por no haber terminado el contrato de trabajo por despido con justa causa.
7) No dar por demostrado, estándolo, que la obligación contraída por el empleador en la norma convencional aludida en el numeral anterior se estipuló cuando el demandante era trabajador de la Empresa Distrital de Telecomunicaciones de Barranquilla y beneficiario de la contratación colectiva y que el contrato de trabajo terminó por decisión unilateral de la entidad empleadora sin justa causa, cuando dicha convención aún se encontraba vigente.
8) No dar por demostrado, estándolo, que el literal b) de la norma convencional aludida en los numerales que anteceden, no limita o condiciona el derecho a la pensión allí consagrado a que, en el momento de cumplir la edad allí requerida al beneficiario se encuentre al servicio de la empresa.
9) No dar por demostrado, estándolo, que la intención de las partes que firmaron la convención colectiva aludida en los numerales que anteceden, fue la de que el trabajador beneficiario de la misma, que cumpla el requisito de tiempo de servicio, adquiere y no pierde el derecho a la pensión consagrada en el artículo 42 por el hecho de retirarse o de que sea retirado de la empresa antes de cumplir la edad exigida, salvo que el retiro se produzca mediante despido con justa causa, caso en el cual “se pierden” tales derechos especiales de jubilación.
10) No dar por demostrado, estándolo, que la Empresa Distrital de Telecomunicaciones de Barranquilla S.A. ESP, ha interpretado que el derecho a la pensión de jubilación especial consagrado en el artículo 42 convencional aludido en los numerales que anteceden se adquiere aun cuando la edad de los 50 o 47, según se trate de hombre o mujer, se cumpla después de que el trabajador se retire de la empresa.
12) No dar por demostrado, estándolo, que las demandadas aún deben al actor el salario correspondiente al 24 de mayo de 2004, así como el reajuste de: cesantías, intereses sobre las cesantías, indemnización por despido, vacaciones y primas de vacaciones y extralegal de servicio.
13) No dar por demostrado, estándolo, que la demandada calculó erróneamente el valor de la indemnización por despido cuando el tiempo proporcional inferior a un año lo liquidó con 55 días de salario y no con 60 como lo establece el literal d) del artículo 19 de la aludida convención colectiva, por lo que aún debe al demandante el consiguiente reajuste.
14) No dar por demostrado, estándolo, que conforme a la convención colectiva de trabajo, las demandadas incurrieron en despido colectivo de trabajadores.
15) No dar por demostrado, estándolo, que las demandadas estaban obligadas por convención colectiva de trabajo a cumplir lo previsto en la ley para las entidades particulares en caso de despido colectivo de trabajadores.
16) No dar por demostrado, estándolo, que en el despido intempestivo del demandante y demás trabajadores que laboraban en el establecimiento de comercio de propiedad de Empresa Distrital de Telecomunicaciones de Barranquilla que le fue arrendado a Barranquilla Telecomunicaciones S.A, ESP, se birlaron los derechos constitucionales del demandante a su estabilidad laboral, a la contratación colectiva y la asociación sindical.
17) Dar por demostrado, sin estarlo, que la petición del demandante consistente en el reajuste de la indemnización por despido radica en que no se incluyó como día trabajado el día 24 de mayo de 2004 de 2004 y no dar por demostrado, estándolo que ésta pretensión no sólo echa de menos que para el cálculo de la indemnización se hubiera tenido en cuenta el servicio prestado hasta el 24 de mayo, inclusive, de 2004, sino que también se refiere a que para calcular el valor de la indemnización por despido se tomó el valor equivalente a 55 días para calcular lo pertinente a la fracción de año y no el equivalente a 60 días de salario, conforme al artículo 19 de la convención colectiva.
18) No dar por demostrado, estándolo que la pensión que reclama el demandante es la consagrada en el literal b) del artículo 42 de la convención colectiva aludida en los numerales que anteceden y se trata de una pensión restringida de jubilación, por haber laborado más de diez (10) años y menos de veinte (20) al servicio de la Empresa Distrital de Telecomunicaciones de Barranquilla y haber sido despedido sin justa causa.
19) No dar por demostrado, estándolo, que desde la creación de la Empresa Distrital de Telecomunicaciones de Barranquilla, mediante el Acuerdo Municipal 3 de 1967, se previó en el artículo 13 de este último, que el municipio de Barranquilla asumiría en su totalidad del pasivo y demás obligaciones a cargo de dicha entidad en el momento de la terminación o liquidación de ésta”. (Negrillas y subrayas del texto).
Acusa todas las pruebas como erróneamente apreciadas, por cuanto el fallo censurado señala “… si de acuerdo al material probatorio incorporado… no existe en el plenario prueba alguna…”, por lo que enlista las siguientes:
“1) Demanda y las respuestas a la demanda (fls. 1 a 20, 145 a 157 y 169 a 178).
12) Documentos de folios 33, 34, 35, 94, 132, de folios 133 a 136, 165 a 168 y 261 a 264 34 (sic).
3) Acuerdo 038 del 23 de diciembre de 1996 del Concejo Distrital de Barranquilla, a folios 119 a 123.
4) Convención colectiva de trabajo que obra a folios 37 a 73, firmada el 23 de octubre de 1997 entre la Empresa Distrital de Telecomunicaciones de Barranquilla SA. “ESP” y el sindicato de trabajadores Sintratel, depositada el 27 de octubre de 1997, folio 74.
5) Constancia de ser el demandante sindicalizado a folio 36.
6) Contrato de arrendamiento de folios 75 a 86.
7) Documentos de folios 97a 98, 99 a 100, 101 a 102, 103 a 104, 105 a 107.
8) Documento de folios 95 a 96, de Barranquilla de Telecomunicaciones Batelsa informando a la ciudadanía de Barranquilla la continuidad en la prestación del servicio público que venía prestándose por Empresa Distrital de Telecomunicaciones S.A. ESP en Liquidación.
9) Documentos de folios 125 y 126 según los cuales la “Empresa Distrital de Telecomunicaciones de Barranquilla” cobró el servicio de teléfono hasta el 13 de abril de 2004 y “Barranquilla de Telecomunicaciones” cobró el mismo servicio desde el 14 de abril de 2004.
10) Certificados de existencia y representación de las demandadas a folios 133 a 136, 137, 165 a 168 y 261 a 264.
11) Resoluciones 280 del 24 de noviembre de 2000 y 091 del 6 de abril de 2004, procedentes de la Empresa Distrital de Telecomunicaciones de Barranquilla ESP, a folios 75 a 86 y 87 a 89 respectivamente.
12) Resolución 095 del 15 de diciembre de 2006 a folios 285.
13) Decreto 169 de 2006 de la Alcaldía Distrital de Barranquilla (fls. 286 a 288)”.
En la demostración del cargo, sostiene en síntesis, después de referirse in extenso a los hechos que ocurrieron el 23 de mayo de 2004 —firma de contrato de arrendamiento, evacuación del personal laborante por la fuerza pública—, que la comunicación del día en referencia no fue entregada ni domingo ni lunes festivo; que el artículo 6º de la convención colectiva de 1997, prevé que en caso de transferencia de bienes y servicios al sector privado o a otras entidades estatales, y se continúa con el principal objeto social de la Empresa Distrital de Telecomunicaciones, o de división, fragmentación o cualquier otro fenómeno de desmembración que afecte la actual estructura de esa empresa y sus establecimientos, se configurará una sustitución de patronos, y el empleador sustituido tendrá la obligación de reconocer, respetar, y aceptar la convención colectiva de trabajo, y en lo que tiene que ver con las pensiones de jubilación, invalidez, sobrevivientes, y vejez, “la entidad estatal sustituida siempre responderá por la totalidad o cuota parte de estos derechos causados a su servicio, ya sea asumiendo directamente el pago de dichas pensiones, conmutando las obligaciones respectivas con el Instituto de Seguros Sociales o con el empleador que lo reemplace, pagando bonos pensionales o contratando una administración fiduciaria, según el caso”.
Reprocha al tribunal no haber analizado correctamente el texto convencional, y el material probatorio recaudado, y concluir que el 23 de mayo de 2004, fecha de la carta de despido, no se comunicó al demandante la decisión de terminar su contrato de trabajo, por haberse efectuado en fecha posterior, cuando conforme al artículo 6º extralegal, había operado la sustitución patronal.
Refiere que la EDT, no obtuvo autorización del Ministerio del Trabajo antes de proceder a realizar el despido, como se estableció previamente en el artículo 15 del acuerdo colectivo de 23 de octubre de 1997, mediante el cual se sometió al artículo 140 del Decreto 2351 de 1965 con todas sus consecuencias en caso de incumplimiento, esto es, la ineficacia del despido y el derecho de los trabajadores al pago de sus salarios en concordancia con el artículo 140 del Código Sustantivo del Trabajo; que la empresa demandada no le comunicó al actor la fecha “en que iba a arrendar la empresa”, y tampoco cumplió con la fijación de avisos sobre este aspecto.
Sostiene que no hubo liquidación de la empresa, por cuanto ésta continuó prestando los mismos servicios de telefonía pero a cargo de otra entidad que la recibió en arriendo; que el tribunal no debió aplicar la Sentencia C-902 de 2003 y, que si hubiera realizado un correcto estudio de la convención colectiva, y del contrato de arrendamiento, hubiese establecido la sustitución de patronos, y que la EDT se obligó a no despedir de manera colectiva a los trabajadores; que erró igualmente al “interpretar por la carta de despido de folio 33 que el contrato del demandante terminó el 23 de mayo de 2004, porque ninguna prueba obra en el plenario que así lo indique”.
Señala que otra equivocación del ad quem fue no declarar el derecho a la pensión restringida, que establece el literal b) del artículo 42 de la convención colectiva de trabajo, al interpretar de manera errada que el derecho allí contenido exige el cumplimiento de la edad y el tiempo, al afirmar que el actor no contaba con la edad exigida a la terminación del contrato de trabajo. Copia los artículos 3º, 42 y 43 convencionales, y destaca que el trabajador del sector de telefonía se pensiona con 20 años de servicio, a cualquier edad, “y cuando cumpla los requisitos exigidos en la Convención Colectiva de Trabajo”, vale decir, cuando cumpla los “cincuenta (50) años de edad si es hombre y cuarenta y siete (47) años de edad” si es mujer, siendo ya pensionado, y no trabajador de la empresa, “se le reajustará su pensión con base en lo previsto en el literal a) del artículo 42” de la misma convención”.
En criterio de la censura, la intención de las partes frente al artículo 43 extralegal es diáfana, que puede cumplirse esté el trabajador vinculado a la empresa o lo haga posteriormente, por manera que interpretó dicho articulado de manera desacertada, en cuanto desatendió que esta previsión indica que el empleado beneficiario de la convención puede retirarse de la empresa cuando cumpla el tiempo de servicio, y que ese propósito se hace más evidente de la lectura de los literales a) y b) del artículo 42, en cuanto disponen “los derechos especiales de jubilación consagrados en este convenio se pierden cuando el empleado es despedido por justa causa”.
Sostiene que el trabajador de telefonía puede pensionarse a cualquier edad para recibir la pensión del antiguo artículo 269 del Código Sustantivo del Trabajo, y si está jubilado fuera de la unidad empresarial, en una etapa posterior cuando cumpla los requisitos de la convención colectiva y la edad, se encuentra legitimado para solicitar la pensión del artículo 42 extralegal, en lugar de la que está percibiendo; que no se trata de la interpretación de una cláusula convencional que por su defectuosa redacción tolere racionalmente disímiles apreciaciones, por ende la interpretación brindada por el Tribunal es desacertada.
Asegura que la demandada violenta el derecho a la igualdad del demandante, pues concedió la pensión deprecada a otros trabajadores antes del mes de mayo de 2004, y que el tribunal también lo hizo al no valorar correctamente la resolución que concedió ese derecho a otros trabajadores.
Asevera que el artículo 42 extralegal condiciona la exigibilidad del derecho al cumplimiento de la edad, lo que compagina con los artículos 1530, 1536, 1541 y 1542 del Código Civil y, que si las partes hubieran querido que el cumplimiento de la condición tuviera que darse antes de la terminación el contrato de trabajo, así lo hubieran estipulado.
Referente al monto del salario correspondiente al 24 de mayo de 2004, y reajuste de cesantías, señala que el sentenciador se equivocó, en tanto que la indemnización por despido sin justa causa fue liquidada con 55 días de salario por año de servicios, cuando lo correspondiente era 60 días, como lo indica el literal d) del artículo 19 de la convención colectiva, lo que impidió imponer la correspondiente indemnización moratoria.
Destaca la sentencia de 30 de octubre de 2007, radicado 31544, y solicita a la Corte examine el caso nuevamente, para lo cual se refiere el Decreto 169 de 2006, de la Alcaldía de Barranquilla, que reglamentó el artículo 13 del Acuerdo Municipal 003 de 1967 creador de la Empresa Distrital de Telecomunicaciones de Barranquilla, del que dice es contentivo de la asignación de responsabilidad al municipio de Barranquilla, de la totalidad del pasivo y demás obligaciones a cargo de la empresa en el evento de terminación o suspensión, situación que de haberse valorado permitía considerar la responsabilidad solidaria de ese distrito, y de la Dirección Distrital de Liquidaciones sobre la pensión restringida de jubilación.
Reprocha la alusión al Decreto 2351 de 1965 y del Código Sustantivo del Trabajo, por ser el actor trabajador oficial.
Dice que al atacarse una providencia por la vía indirecta, “las pruebas erróneamente apreciables, parcialmente, o no apreciadas por el ad quem, se deben indicar con claridad, precisión y esmero en la construcción a los propósitos de su inteligibilidad, requisito que no se cumple en esta oportunidad”.
Asevera que el juez colegiado no incurrió en desatino alguno, cuando consideró que la convención colectiva se aplica a contratos laborales vigentes, pues de haber estimado extender los efectos a personas no vinculadas, dicho instrumento hubiera precisado tal aspecto. Insiste que de manera impropia se solicita la aplicación de los artículos 260 y 269 del Código Sustantivo del Trabajo, que fueron derogados por la Ley 100 de 1993.
De la extensa argumentación que trae la censura, encuentra la Corte que básicamente son dos las objeciones que se plantean en el recurso. Una, relacionada con el extremo final del contrato de trabajo, y otra, referida a la pensión consagrada en el literal b) del artículo 42 de la convención colectiva de trabajo.
En cuanto a lo primero, como quedó dicho el juez de apelaciones estableció que la terminación del contrato de trabajo surtió “efectos a partir de día 24 de mayo”, lo cual se corrobora con el examen de la documental de folio 33, de modo que, de su apreciación no deriva ningún yerro con incidencia en la decisión, lo que de contera, conlleva que tampoco erró al negar el reajuste de cesantía y el día de salario alegado por el recurrente. Así, queda sin fundamento los errores 1º, 4º, 12, 13 y 17, enlistados en la acusación.
En punto a la segunda materia objeto de inconformidad relacionada con la pensión de jubilación, sostuvo el juez de apelaciones que “Cuando el texto convencional utiliza la expresión hayan prestado, no tiene el alcance de entenderse que se refiere a los ex trabajadores; sino, a los trabajadores; significando la expresión hayan, en sus sinónimos, tengan, posean, gocen o disfruten. De suerte que, al sustituir la palabra hayan, por algunos de sus sinónimos, debe entenderse que el espíritu de los redactores del texto convencional se refiere a los empleados que presten, tengan o posean diez (10) años o más de servicio a la empresa.” y, bajo ese entendido estableció que el actor debía demostrar tener 10 o más años de servicio con la empresa, y menos de 20 cuando cumpliera 50 años de edad, eventos que debían cumplirse de manera coetánea antes de la ruptura del contrato de trabajo.
Así, una vez constató que el demandante no había cumplido el requisito de edad al momento de la terminación del contrato de trabajo, concluyó, que no podía ser beneficiario de la misma.
En ese contexto, pertinente resulta evocar que inveteradamente esta Sala ha enseñado que no es labor de la Corte en su misión unificadora de la jurisprudencia nacional, fijar el sentido y alcance de normas convencionales, pues no obstante su importancia en las relaciones obrero-patronales, dichos textos no participan de la condición de normas sustantivas de alcance nacional. Los llamados inicialmente a efectuarla, son los jueces de instancia, mediante la libre formación del convencimiento, como lo estatuye el artículo 61 del Código Procesal de Trabajo y de la Seguridad Social, máxime cuando aquellos preceptos resulten ser interpretados con más de una opción.
Así las cosas, sólo es posible a la Corte como máximo tribunal de casación, corregir su equivocada valoración, siempre y cuando sea manifiesta la disociación entre la aprehensión del juez y el texto convencional observado, pues sólo frente a un yerro de estas características es que puede infirmar la decisión, por ser función de los jueces de instancia, como se dijo, la valoración de las pruebas legalmente aducidas en juicio, de modo que si éstas admiten más de una apreciación lógica de acuerdo con los postulados de la sana crítica, son ellos a los que corresponde determinar la que más se acomode al caso, sin que se pueda entrar a suplir su criterio con uno diferente, así éste se estime igualmente apropiado.
En el sub examine, el juzgador acogió uno de los posibles alcances razonables que admite el artículo 42 convencional, cuando sostuvo que las partes negociadoras no acordaron que la pensión reclamada se reconociera a los trabajadores que se hubieren retirado de la empresa, interpretación que a juicio de la Sala, es admisible, no luce descabellada, y aún, cuando puedan surgir otras posibles interpretaciones, como la que plantea la censura en el ataque, o así ella no se comparta, excluye de manera connatural la evidencia del error, el que es necesario para proceder al quiebre de la decisión.
En lo que tiene que ver con el alcance de la cláusula convencional en referencia, en pronunciamiento de 27 de febrero de 2013, radicación 38024, la Sala destacó:
“Bajo lo dicho en precedencia, no encuentra la Corte Suprema de Justicia que la interpretación que ofreció el tribunal al artículo 42 de la convención resulte absurda e irrazonable. Dice dicho precepto, en el fragmento que interesa al estudio de los cargos:
Del análisis del citado texto, el tribunal infirió que los dos requisitos, esto es, tiempo de servicios y edad debían cumplirse en vigencia de la relación laboral.
Así las cosas, la conclusión a la que arribó el juzgador no se exhibe carente de sindéresis, por lo que no es dable pregonar la existencia de un yerro con la suficiente fuerza para derruir el fallo acusado, toda vez que la mencionada norma convencional se refiere a “Los empleados”, lo cual razonablemente permite concluir que los requisitos se deben estructurar estando en vigor el vínculo contractual.
Es menester precisar que esta corporación no ha fijado el carácter definitivo del alcance del artículo 42 de la convención colectiva, bajo análisis, toda vez que en las diferentes oportunidades que lo ha sometido a su estudio ha respetado los diferentes ejercicios hermenéuticos efectuados por los juzgadores, en la medida en que no riñan con la lógica, ni resulten absurdos, y menos contraevidentes”.
Lo precedente evidencia que esta corporación, respecto al alcance de la cláusula 42 de la convención colectiva de trabajo, ha respetado la apreciación razonable, que de la misma, han efectuado los juzgadores en la alzada.
En ese orden, la prestación aquí deprecada tiene un carácter extralegal y restringido que amerita darle un alcance acorde con su naturaleza excepcional, luego entonces, si la convención colectiva tiene un ámbito limitado por las circunstancias de tiempo y lugar, así como respecto de los sujetos beneficiarios de la misma, resulta que el raciocinio que el ad quem formuló sobre la pensión restringida convenida, se ampara en un argumento admisible, respecto del que no es factible predicar error alguno, al menos, manifiesto, ostensible o protuberante, menos aun cuando como aquí ocurre, la acusación refiere el contenido de otras cláusulas del acuerdo colectivo, que no reglamentan de manera puntual y específica la prestación deprecada, lo cual pone en evidencia que la redacción del literal b) del artículo 42 admite distintas interpretaciones.
En cuanto a los argumentos que apuntan a la armonización del artículo 269 del Código Sustantivo del Trabajo y 42 la convención colectiva, no resulta procedente, porque lo pretendido en el sub judice fue la pensión convencional que no la legal que consagraba la citada disposición del Código Sustantivo del Trabajo.
Así las cosas, los errores 6º, 7º, 8º, 9º, 10 y 18 fracasan al tener como soporte la convención colectiva de trabajo, que como ya quedó dicho, fue razonablemente apreciada por el juzgador de segundo grado.
Respecto al supuesto despido colectivo y su ineficacia, por no haberse tramitado previamente el permiso ante el Ministerio del Trabajo, sabido es que en tratándose de trabajadores oficiales, calidad que ostentaba el actor, no están obligadas las entidades a adelantar dicho trámite, dado que el artículo 67 de la Ley 50 de 1990 que modificó el Código Sustantivo del Trabajo, como se sabe, no regula las relaciones de trabajo en el sector oficial. Desde esa óptica, no erró el tribunal conforme se acusa en los numerales 14, 15 y 16 del acápite correspondiente.
Lo precedente lleva al rompe(sic) lo relacionado con el reintegro y en consecuencia, no prospera el error denunciado en el numeral 2º.
En punto a la supuesta sustitución patronal y unidad de explotación económica, el Colegiado no pudo incurrir en yerro alguno, pues tal punto no fue sometido a su consideración al no ser materia de la alzada en el recurso del demandante. En consecuencia, los errores 5º y 19 fracasan.
En consecuencia, como la censura no logró demostrar los yerros fácticos que le enrostró al tribunal, el cargo no prospera.
Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo del recurrente. Como agencias en derecho se fijará la suma de tres millones de pesos ($ 3.000.000).
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 31 de marzo de 2009, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, dentro del juicio ordinario laboral que adelantó William Enrique Sanjuanelo Torrenegra contra la Empresa Distrital de Telecomunicaciones de Barranquilla S.A. ESP en liquidación, Barranquilla Telecomunicaciones S.A. ESP y Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla.