Source: http://journals.openedition.org/polis/11848?lang=pt
Timestamp: 2017-12-17 10:03:31
Document Index: 23295726

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Desde una aproximación inductiva a partir del análisis crítico del discurso, el artículo se propone mostrar la persistencia de la idea de seguridad en el modo en que el Estado chileno ha pensado la migración internacional en las últimas cuatro décadas (entre 1975 y 2014), a través de cuatro textos normativos que se consideran cristalizaciones de ese pensamiento de Estado sobre este proceso social: el decreto ley N° 1.094, de 1975 y aún vigente; el proyecto N° 2891 de 1993; el instructivo presidencial sobre Política Nacional Migratoria de 2008 y el Proyecto de Ley de Migración y Extranjería Nº 8970-06, presentado en 2013. Además de mostrar cómo esta idea de seguridad actúa como hilo conductor, también se busca explicar la forma en que este significante se ha ido transformando a lo largo de este período, transitando desde el paradigma de la Doctrina de la Seguridad Nacional al de la gobernabilidad migratoria.
international migration; Chile; security; doctrine of national security; migration governance
migración internacional, Chile, seguridad, doctrina de la seguridad nacional, gobernabilidad migratoria
migração internacional; Chile; segurança, doutrina da segurança nacional; governabilidade migratória
La seguridad como componente del nexo entre migración y desarrollo
Recibido: 01.07.16 Aceptado: 30.07.16
1La migración internacional se ha instalado definitivamente en la opinión pública chilena1 en los años recientes, de la mano de un incremento de la llegada de migrantes, sobre todo en el último decenio2 . Vista desde el presente, la afirmación parece una obviedad, pero tras escuchar de funcionarios y representantes del Estado, por al menos una década, que uno de los obstáculos más importantes para la modificación de la principal norma que rige este asunto en el país —el decreto ley 1.094, gestado en el período inicial de la dictadura del General Pinochet— era que el tema no estaba “en agenda”, esta constatación se torna significativa. Aunque opinión pública y agenda pública nos son nociones equiparables, generalmente la instalación de un tema en la primera suele implicar su inclusión en la segunda. De ahí a que exista la voluntad política para materializar esa inclusión en la gestación de una política, o su modificación, hay otro gran trecho, que al menos en este caso específico parece ser bastante amplio, como lo ponen en evidencia las varias postergaciones de la presentación de un nuevo proyecto de ley durante la administración actual, aún a pesar de una clara voluntad sectorial —del DEM puntualmente—, y de un proceso bastante amplio de elaboración de ese texto legal, que contempló la participación (al menos formal) de representantes de la academia y de las organizaciones de la sociedad civil vinculadas al tema.
3 Esta referencia geográfica no es casual, en la medida que es en el norte del país donde las fronte (...)
2En este contexto, se han presentado durante el último año algunas iniciativas de modificación parcial del marco regulatorio actual, lideradas sobre todo por legisladores que representan a las regiones del norte del país, especialmente Antofagasta3 . Tanto los contenidos de esas propuestas, como las expresiones públicas de estos legisladores en ese escenario, revelan una tendencia preocupante hacia dos componentes principales de un enfoque de seguridad de los procesos migratorios: el aumento de los mecanismos de control para el ingreso y el incremento de las ocasiones y la “efectividad” de las expulsiones. Por una parte, la diputada Paulina Núñez (RN) presentó en noviembre de 2015 un proyecto que propone modificar el artículo 34 de la Ley 18.216, que establece penas sustitutivas a las penas privativas de libertad. El proyecto establece que si el condenado por un delito simple es un extranjero que reside “de manera ilegal” en el país, el juez podrá sustituir la pena por la expulsión del territorio nacional, ya sea de oficio o a petición de cualquiera de los intervinientes. En octubre la diputada, junto al senador Alejandro Guillier (independiente), habían presentado ante el jefe del DEM algunas propuestas para la modificación del DL 1.094, que contemplaban entre otras cosas la necesidad de postular a un permiso de residencia temporal en la embajada o consulado del país de origen, antes de migrar, además de establecer tipos penales especiales y crear mecanismos más expeditos para la expulsión de los condenados por sentencia judicial o por decisión administrativa. El diputado Marcos Espinosa (PRSD), por su parte, acompañado por varios legisladores, presentó en diciembre de 2015 una moción que solicita la introducción de indicaciones a la actual Ley de Extranjería, con el propósito que se amplíen los delitos por los que se puede restringir la entrada de inmigrantes al país y se homologuen los antecedentes de los países de origen y destino4.
5 En un contexto en el que además se han constatado arbitrariedades notorias en estos procesos de ex (...)
4En este marco, la propuesta que ordena el derrotero de este artículo es analizar una arista del abordaje estatal de la migración internacional en Chile entre 1975 y 20147 : aquella que se cristaliza en un conjunto de documentos seleccionados que se consideran condensaciones claras del pensamiento de Estado sobre este proceso social en ese lapso: el propio decreto ley 1.094, de 1975 y aún vigente (y los informes que circularon durante su proceso de gestación); el proyecto N° 2891 de modificación de esa norma, de 1993, presentado bajo la presidencia de Patricio Aylwin (1990-1994); el instructivo presidencial sobre Política Nacional Migratoria de 2008, elaborado durante el primer período presidencial de Michelle Bachelet (2006-2010) en el marco de los intentos de modificación del DL 1.094, y el Proyecto de Ley de Migración y Extranjería Nº 8970-06, presentado en 2013 por el gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014), que aún se encuentra en trámite parlamentario, aunque estancado, y sin haber alcanzado la instancia de debate en sala.
5A través de una aproximación inductiva, abordada desde la metodología del análisis crítico del discurso, el artículo se propone mostrar la persistencia de la idea de seguridad vinculada a las migraciones en estas cristalizaciones normativas, idea que actúa como hilo conductor de este modo de pensar la migración internacional del Estado chileno en las últimas cuatro décadas, pero también la forma en que este significante se ha ido transformando a lo largo de este período, transitando desde el paradigma de la Doctrina de la Seguridad Nacional al de la gobernabilidad migratoria (Domenech 2011; 2013). Sin desconocer los desarrollos teóricos y los debates conceptuales que se han producido en el campo de estudio de la seguridad y las migraciones, este trabajo tiene un énfasis empírico deliberado, en la medida que pretende ser un aporte a la discusión que se produce actualmente en Chile en torno al proyecto de modificación de la normativa migratoria actualmente vigente.
6El DL 1.094 se elaboró y aprobó durante lo que se considera el período fundacional de la dictadura del General Augusto Pinochet8 (Ansaldi y Giordano 2012), puntualmente en 1975. Se trata de una norma claramente signada por el conjunto de principios que constituyeron el sustento ideológico de esta y otras dictaduras institucionales del Cono Sur, la Doctrina de la Seguridad Nacional, con el claro propósito implícito de impedir el ingreso de “agitadores” —la acción indirecta del comunismo— que pudieran atentar contra el “orden interno”. Como una prueba más del carácter pactado de la democracia chilena —y de la naturaleza institucional de su dictadura—, esta norma sigue vigente a cuatro décadas de su aprobación, a pesar de algunos intentos de modificación que hasta ahora no han prosperada.
7La DSN consiste en una sistematización de teorías y experiencias relacionadas con la geopolítica, adoptada al concluir la Segunda Guerra Mundial, e inscripta en el marco de la Guerra Fría (Velásquez Rivera 2002). La versión más elaborada de esta doctrina que se conoció en América Latina desde la década de 1960 provendría de teorías geopolíticas, antimarxistas y de la extrema derecha del pensamiento social católico, de organizaciones como el Opus Dei, plasmadas en la experiencia de los militares franceses en las guerras coloniales de Indochina y Argelia. Con la derrota de los franceses en esas experiencias, la posta de la formación militar en esta doctrina la tomó Estados Unidos, que comenzaba su intervención militar en Vietnam y se enfrentaba a los desafíos que le suponía la Revolución Cubana (Moreira Alves s/f; Ansaldi 2004; Ansaldi y Giordano 2012). Ese “traspaso” también supuso algunos cambios en este marco ideológico.
8La bipolaridad mundial que se había conformado tras la Segunda Guerra Mundial, sostenían los teóricos estadounidenses de la DSN, habría llevado al reemplazo de las guerras convencionales por las guerras ideológicas dentro de las fronteras de cada país, guerras entre el “mundo libre occidental y cristiano” y el “totalitarismo comunista ateo”, en las que se combatía en todos los frentes —militar, político, económico, social, cultural e ideológico (Ansaldi 2004; Ansaldi y Giordano 2012).
9La geopolítica, que tiene un rol central en la conformación y definición de esta doctrina, irrumpió en la fase imperialista del capitalismo en expansión, como una forma de justificación de ese expansionismo. Esta perspectiva se sustenta en la categoría positivista del “espacio vital” y en una explicación organicista de la sociedad (Velásquez Rivera 2002: 12). Este trasfondo ideológico aparece con mucha claridad y profusión en un texto que reúne y sistematiza apuntes de clase de la cátedra de Geografía Militar, dictada por Pinochet en diversos institutos militares nacionales en los años previos al golpe de Estado, y que se titula Geopolítica de Chile (Pinochet Ugarte 1983).
9 Entre 1960 y 1970 la proporción de población extranjera sobre la población nacional había decrecid (...)
11El énfasis de la aplicación de la DSN en América Latina estuvo puesto en la seguridad interna, ante la preocupación por el crecimiento de los movimientos sociales de clase obrera. En ese escenario, la supuesta amenaza a la seguridad nacional provenía de la subversión interna y la guerra revolucionaria: el enemigo interno, un concepto esencial cuando el énfasis se desplaza desde la idea de frontera territorial a la de frontera ideológica (Moreira Alves s/f). Sin embargo, el resguardo de la frontera territorial como espacio por el que podían ingresar “agitadores” que podían amenazar este orden interno —la frontera territorial hecha frontera ideológica— parece haber sido una preocupación importante, que explica esta temprana intención de control. En definitiva, en el marco de la idea de la guerra total que guiaba la DSN, el enemigo era interno y externo a la vez (Arriagada 1998).
10 Informe N° 581, Remite Proyecto de Decreto Ley de Extranjería, Del asesor jurídico al Ministerio d (...)
13Esta lógica de la seguridad nacional que informa el decreto aparece explícitamente al comienzo del articulado. Ya en el artículo 3° de la versión original (actualmente el 2°) se establece que: “El Supremo Gobierno podrá, por razones de interés o seguridad nacional, disponer que se impida el ingreso al país de determinadas personas”12 . La evidente arbitrariedad contenida en esta disposición es además un rasgo característico de la aplicación de esta doctrina: “O próprio Estado de Segurança Nacional —e freqüentemente seus setores mais íntimamente ligados ao Aparato Repressivo— determina em última instância quem é o “inimigo interno” do pais, e que atividades de oposição constituem “antagonismos” ou “pressões” (Moreira Alves s/f: 8).
13 Orden N° 275, del 25 de febrero de 1975, por la cual se remiten al jefe de la Comisión de Asesoría (...)
16Otra disposición coherente con el propósito germinal de la norma, es decir, el control del ingreso de potenciales enemigos internos de la seguridad nacional, aparece en la figura de la expulsión, cuya decisión finalmente quedó en manos de un decreto supremo fundado, excepto en el caso de los turistas —la forma de ingreso más común al país—, para quienes podía disponerse por resolución administrativa exenta del trámite de toma de razón (artículo 95° en la versión original de 1975, actualmente artículo 84°, con modificaciones). La redacción de este artículo fue objeto de debate entre el Ministerio del Interior y la Comisión Asesora durante el proceso de gestación de la norma, que solicitaba la necesidad de un recurso judicial para la expulsión. Obviamente la opción que terminó primando fue aquella que “agilizaba” los procesos de expulsión y los tornaba más arbitrarios.
14 La biopolítica, que constituye un elemento central de la noción foucaultiana de gubernamentalidad, (...)
18El reglamento del decreto elaborado bajo la dictadura de Pinochet (Nº 597, de 1984) condensaba una clara preocupación por que el extranjero demostrara su capacidad económica (es decir, ni siquiera su capacidad de “ocuparse de algo”, de no “permanecer ocioso”, sino de no significar un gasto para el Estado). Para solicitar visación, por ejemplo, era preciso acreditar solvencia —y salvo algunas excepciones, como la de las visas otorgadas a los niños y adolescentes por su matriculación en un establecimiento escolar, sigue siéndolo. Una de las posibilidades de prohibición de ingreso reside, como se dijo, en el hecho que el extranjero no tenga profesión, oficio o recursos que le permitan no representar una “carga social” para el Estado. En el caso de la visación de estudiante, el extranjero que tuviera este estatus residencial y quisiera prorrogarlo debía “acreditar, en caso de no ser becado, la percepción periódica y regular de medios económicos para el sustento” (artículo 45). Algo similar ocurría respecto del turista, para quien se establecía que debía acreditar, cuando la autoridad policial de frontera lo estimara necesario, “que tiene los medios económicos suficientes para subsistir durante su permanencia en el país” (artículo 87) —un resquicio del que los funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI), a cargo del control de las fronteras, se siguen valiendo discrecionalmente hasta la actualidad15 . Este sesgo también se evidencia en varios de los casos que se consideraban “útiles y ventajosos” para el otorgamiento de visas de residentes temporarios: “Empresarios, inversionistas, comerciantes, rentistas y en general personas de negocios…” (artículo 50, inciso a); y “[c]ientíficos, investigadores, académicos, conferencistas, profesores, profesionales, técnicos, expertos, cuya admisión sea requerida por personas jurídicas nacionales o patrocinadas por Organismos Internacionales reconocidos por el Gobierno de la República o que viajen por más de 90 días…” (artículo 50, inciso b).
19Ciertamente el hecho que el contexto de aplicación del decreto que aún rige la migración internacional en Chile ya no sea el dictatorial —en estrecha vinculación con el marco normativo complementario que se ha ido conformando durante el período de los gobiernos democráticos— supuso progresivamente cambios en la forma en que la norma opera, pero lo cierto es que la persistencia del trasfondo restrictivo y persecutor de su texto sigue teniendo consecuencias que hacen urgente la modificación de este régimen legal. Más allá de esta demanda ineludible, también es cierto que ese concepto de seguridad que sustentó su elaboración, esa seguridad entendida como la seguridad del propio Estado frente a enemigos que se consideran elementos externos a ese Estado, se ha ido transformando durante el transcurso de los gobiernos democráticos que siguieron a la dictadura de Pinochet. Esa transformación en la persistencia es el objeto de análisis del próximo apartado.
20El siguiente texto que se considera una cristalización significativa del pensamiento del Estado chileno respecto de la migración internacional es el Proyecto de Ley sobre Migraciones Nº 2.891, presentado en noviembre de 1993, es decir, durante los primeros años de los gobiernos democráticos tras la dictadura de Pinochet. El proyecto, archivado finalmente en julio de 1997, fue elaborado durante la gestión de Patricio Aylwin (1990-1994), que encabezaría el primer proceso de actualización de la legislación migratoria tras el régimen dictatorial. La presentación del proyecto habría sido “el primer paso en la modernización de una ley que para esa época, no se encontraba preparada para responder a los crecientes desafíos que Chile enfrentaría en relación con la movilidad de las personas” (DEM 2007).
23En el proyecto de ley 2.891 la migración se transforma en un potencial agente de desarrollo que requiere ser regulado para su materialización efectiva: “La política nacional migratoria estará destinada a promover la inserción y reinserción de los nacionales16 y extranjeros necesarios para el país, cualitativa y cuantitativamente, así como a orientar, cuando sea del caso, su asentamiento y localización geográfica y por ramas de actividad, con el objeto de lograr el desarrollo creciente, armónico, pleno y permanente de la República” (artículo 4). En el caso de la inmigración, en su regulación debiesen considerarse las “necesidades demográficas, sociales, económicas y culturales del país, cuya satisfacción sea de interés para la nación en su conjunto” (artículo 2).
17 La emergencia (o reemergencia en rigor) de la idea de la migración planificada parece estar conect (...)
28El texto normativo que se considera emblemático de la cristalización de la perspectiva de la gobernabilidad migratoria en el modo en que el Estado chileno ha pensado la migración internacional es un instructivo ministerial que se aprobó en 2008, durante el anterior gobierno de Michelle Bachelet18 , y que en ese momento se concibió como un prolegómeno de la aprobación de una nueva ley migratoria que finalmente nunca se concretó. Aunque este instructivo es el que se considera como texto-hito, por la relevancia que ha mantenido hasta la actualidad, esta mirada estatal sobre las migraciones internacionales aparece igualmente en varios documentos gubernamentales y declaraciones públicas de los funcionarios de gobierno por aquella época19 .
29La perspectiva de la gobernabilidad migratoria, impulsada por organismos internacionales como la OIM y la propia Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de diversas agencias, se vincula al propósito de instauración de un régimen global de control migratorio. Para ello, se ha instituido la idea que existe una estrecha relación entre la protección de los derechos humanos de los migrantes y la administración “efectiva” de los flujos migratorios, es decir, una gestión que permita lograr que estos desplazamientos de personas sean ordenados, predecibles y “aceptables” —esto es, útiles a los intereses del país de destino—, y por lo tanto manejables. Según este enfoque, la regularidad de estos flujos —es decir, la circulación de los migrantes por los canales establecidos por los Estados— potencia las ganancias y aminora los costos de la migración, y asegura que estos procesos generen un beneficio muto (en términos de desarrollo): tanto para los migrantes y sus países de origen como para los países receptores. Se trata en definitiva de lo que Domenech (2011) ha dado en llamar las “políticas de control con rostro humano”, es decir, el “universo de ideas y prácticas que, enmarcadas en el discurso de los derechos humanos como fuente de legitimación, persiguen la misma finalidad que las políticas más abiertamente restrictivas, prometiendo ser más eficaces en la consecución de su objetivo: controlar los flujos migratorios internacionales”. Y los dispositivos de seguridad son un elemento vital en esta regulación. La labor de incidencia política de estas agencias internacionales se ha materializado en varias reformas de las legislaciones migratorias de países de la región —la de Argentina por ejemplo—, y Chile ha realizado una apropiación institucional de esta incidencia. De hecho, en varios de los documentos oficiales de la época referidos al tema se citan explícitamente recomendaciones de la OIM.
32El análisis detallado de la comunicación presidencial de 2008, que fijaba pautas y acciones futuras para una política migratoria, revela la presencia articulada a esta noción de seguridad en torno a la migración internacional con algunas de las ideas-fuerza de la perspectiva de la gobernabilidad migratoria, que hemos estado describiendo: la preocupación por la regularidad y gestión ordenada de los flujos migratorios; la relación migración-desarrollo, en la medida en que se logre “encauzar” apropiadamente estos flujos; la evaluación costo-beneficio que hace el Estado para determinar las regulaciones que finalmente incidirán en quiénes tienen más dificultades para ingresar al país, y la apelación al discurso de los derechos humanos como herramienta legitimadora.
33En el texto oficial se sostiene que el debate internacional sobre la migración se ha centrado en el reconocimiento de los derechos humanos con independencia de la situación migratoria de la persona, y que se ha reconocido el estrecho vínculo de la migración con el desarrollo, “que puede contribuir de manera fundamental al mejoramiento de las condiciones de vida tanto en los países de origen como de destino”. Definiendo a Chile como “un país adecuadamente abierto a las migraciones”, el instructivo sostiene que “se impulsarán medidas tendientes a fortalecer la gobernabilidad migratoria”, para lo que el Estado asumirá un rol activo frente al fenómeno migratorio, “a fin de regularlo, cuantificarlo y conducirlo hacia la integración del colectivo migrante”.
34La matriz biopolítica de la gubernamentalidad liberal es en este punto una herramienta conceptual útil para el análisis: el flujo de migrantes aparece concebido como un hecho probable que es necesario prever, dimensionar y gestionar para el beneficio del Estado, junto al recurso legitimador de los derechos humanos y la idea de integración.
36La otra gran arista de la gobernabilidad migratoria que se advierte en el texto del instructivo presidencial de 2008 es el recurso al reconocimiento de los derechos humanos de los migrantes. En ese marco, se reconocen el derecho a la residencia y la libertad de circulación (“salvo siempre el perjuicio de terceros”); a la libertad de pensamiento y conciencia; al acceso a la justicia; a la integración y protección social, a partir del acceso a la educación, la salud y el trabajo; a los derechos laborales, a la no discriminación, entre los más relevantes.
37Es preciso señalar que este reconocimiento de derechos había comenzado a materializarse ya en el gobierno anterior, presidido por Ricardo Lagos (2000-2006), y siguió ampliándose durante el primero gobierno de Michelle Bachelet. En 2005 Chile ratificó la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, de las Naciones Unidas. Además, desde 2003 en adelante —aunque hay algunas medidas previas, pero de alcance limitado— se han firmado convenios específicos para asegurar el derecho a la educación de los niños y adolescentes migrantes (Oficio Ordinario N° 07/1008-1531 del Ministerio de Educación, de agosto de 2005, y resolución exenta N° 6.677, de noviembre 2007, acordada entre el Ministerio del Interior y la Junta Nacional de Jardines Infantiles, JUNJI), a la salud en el caso de las mujeres embarazadas (Oficio circular N° 1.179, acordado entre el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y el Ministerio de Salud), los niños (resolución exenta N° 1.914 del Departamento de Extranjería y Migración, DEM, de 2008) y las situaciones de emergencia para los migrantes irregulares (Ordinario A14 N° 3229 del Ministerio de Salud, de 2008), y a la protección de la infancia (Resolución Exenta N° 10.654, entre el DEM y el Servicio Nacional de Menores, SENAME, de 2009) y de las mujeres migrantes y refugiadas ante la violencia intrafamiliar (Resolución Exenta N° 80.388, entre el DEM y el Servicio Nacional de la Mujer, SERNAM, de 2009), entre otros. Sin embargo, siguen registrándose violaciones flagrantes de estos derechos, tal como lo han relatado diversas ONG que trabajan por y para los migrantes en el país, como el Servicio Jesuita a Migrantes o el INCAMI, en presentaciones en seminarios; como lo han recogido los servicios de clínicas jurídicas de migrantes que ofrecen algunas universidades, una de las cuales incluye con frecuencia un capítulo dedicado al tema en el informe sobre los derechos humanos en Chile que realiza anualmente (CDH-UDP 2006; 2007; 2008; 2010 y 2011).
39Es hacia el final del gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014) que se presentó el proyecto de modificación del DL 1.094 que concitó mayor voluntad política de entre todos los intentos por cambiarlo que se han producido en el período que se analiza en este artículo, y que pretendo considerar como otro de los textos-hito respecto del pensamiento estatal chileno sobre la migración en las últimas cuatro décadas: el Proyecto Nº 8970-06, del 20 de mayo de 2013. Esta consideración obedece al hecho que, aunque en general el texto articula una mirada sobre la migración sustentada en los ejes principales de la perspectiva de la gobernabilidad migratoria —aunque con un énfasis utilitarista mucho más marcado— con una idea de seguridad semejante a la que se construyó en los textos previamente considerados, ligando la migración a fenómenos de delincuencia transnacional, en este caso irrumpen además en el texto la asociación con una preocupación internacional por el terrorismo, junto a ciertas coagulaciones en torno a la noción de seguridad que primó en el momento de gestación del DL 1.094, y que en principio podemos interpretar como “acontecimientos enunciativos” que remiten a la mirada sobre las migraciones que sigue presente en los enclaves autoritarios heredados de la dictadura que persisten en la sociedad chilena, obstaculizando su proceso de democratización.
22 Sin embargo, el texto de la norma desconoce varios compromisos internacionales adquiridos por Chil (...)
41Se trata en general de una propuesta normativa restrictiva y controladora, con un importante énfasis en las cuestiones de seguridad, y que solo pretende flexibilizar la entrada de ciertos tipos de migrantes, básicamente, aquellos trabajadores de temporada que se necesitan en algunos sectores de la economía, los profesionales y académicos altamente calificados y las personas de negocios que vienen a invertir al país, en definitiva, como se sostiene en el texto del proyecto: “La propuesta configura un mecanismo de formulación periódica de política migratoria, cuya principal materialización concreta es la definición de las subcategorías de residencia temporal. Dicho instrumento será el llamado a definir el grado de permeabilidad de nuestras fronteras, en función de la realidad económica y social reinante”. El papel central de la seguridad en el texto —mucho más significativo que en los dos anteriores— tiene nexos, por una parte, con la idea de la necesidad de proteger a la sociedad nacional de la delincuencia organizada transnacional y, por la otra, tiene claras líneas de continuidad con el discurso de la seguridad en que se fundó el decreto aún vigente, que se materializan incluso en el mantenimiento de párrafos casi textuales del DL 1.094. Por ejemplo, la primera causal de prohibición de ingreso de los extranjeros al país es que “posean antecedentes acreditados de conformidad a la legislación de sus respectivos países o registrados en la Organización Internacional de Policía Criminal, de pertenecer a movimientos o grupos terroristas o los que ejecuten o hayan ejecutado hechos que las leyes chilenas califiquen de delito contra la seguridad exterior, la soberanía nacional o la seguridad interior” (artículo 26, inciso 1).
42La lógica de la seguridad y el control es un elemento principal, entre otros dos que ya he mencionado —la lógica del costo-beneficio de la migración, relacionada con la idea de la utilidad de los migrantes para el Estado receptor, y la apelación legitimadora a los derechos humanos—, en este proyecto de ley que pretendía modificar el DL 1.094. En el mensaje que fundamentó su presentación se sostiene que: “La migración regular permite también asegurar un adecuado control, manteniendo la seguridad nacional como un criterio informador de toda la legislación migratoria”. Además, en el artículo 16 del proyecto, entre los elementos que debería tener en cuenta el Presidente de la República para definir la Política Nacional de Migración y Extranjería, se sostiene que debería considerarse: “2. La política de seguridad interior y exterior del Estado, y el resguardo del orden público, especialmente en lo referente a la prevención y represión del crimen organizado transnacional, el narcotráfico, el terrorismo y la trata de personas”. Además, los criterios de seguridad aparecen operando como razones para decidir el tiempo de estadía de los extranjeros en el país, o su misma permanencia; en el artículo 39 se afirma que: “Los titulares de permisos de permanencia transitoria podrán permanecer en el país hasta por 90 días. La Subsecretaría del Interior podrá limitar dicho plazo a un período menor, por razones de orden público o Seguridad Nacional, para lo cual deberá establecer criterios generales de aplicación”. Otro elemento interesante que abona esta idea tiene que ver con un argumento que aparecía en uno de los primeros borradores del proyecto que circuló extraoficialmente, pero que se “maquilló” en la versión definitiva. En aquella versión, una de las razones para el rechazo o la revocación definitiva de una residencia o permanencia era que los extranjeros: “Ejecuten actos que las leyes chilenas califiquen de delito contra la seguridad exterior, la soberanía nacional y la seguridad interior del país, y los que realicen actos contrarios a los intereses de Chile o constituyan un peligro para el Estado”, como se advierte, una cita casi textual del DL 1.094. La redacción generaes mucho más oncept pan aqut comenzado a p9uanterior a perioafirma quaAdem refelegitla 40eraszMinlo que se a�° 6.677cimiento, que excede los ests por los cane “ma para definir la Política Naciseguridad intero ci�� (art6 2008; 2010 y 2011).
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Ídem (2011), “Notas para pensar la gobernabilidad migratoria desde la noción foucaultiana de gubernamentalidad”, Santiago, mimeo, [en línea] https://www.academia.edu/6727331/Notas_
para_pensar_la_gobernabilidad_migratoria_desde_la_noci%C3%B3n_foucaultiana_de_gubernamentalidad.
3 Esta referencia geográfica no es casual, en la medida que es en el norte del país donde las fronteras (las geopolíticas) se multiplican. Por otra parte, el contexto migratorio antofagastino tiene particularidades cuyo detalle excede los propósitos de este artículo, pero que agudizan la construcción de representaciones sociales que ligan la migración a la delincuencia, y a un aumento de los niveles de violencia de esa supuesta actividad delictual.
4 Resulta además reveladora la consistencia de estas propuestas realizadas por legisladores con posiciones claramente diferentes dentro del espectro ideológico.
5 En un contexto en el que además se han constatado arbitrariedades notorias en estos procesos de expulsión, como se ha encargado de demostrar a partir de varias causas la Defensoría Penal Pública.
19 Solo a título de ejemplo, en un documento del Departamento de Extranjería y Migración de 2007, publicado en su sitio web, se sostenía que: “La visión del Gobierno de Chile en materia migratoria se enfoca a regular la inmigración de manera que beneficie tanto a los inmigrantes como a las comunidades de origen”.
20 Proceso extraordinario de regularización migratoria iniciado el 5 de noviembre de 2007 y que se extendió hasta el 5 de febrero de 2008.
María Fernanda Stang, « De la Doctrina de la Seguridad Nacional a la gobernabilidad migratoria: la idea de seguridad en la normativa migratoria chilena, 1975-2014 », Polis [Online], 44 | 2016, posto online no dia 14 Setembro 2016, consultado o 17 Dezembro 2017. URL : http://journals.openedition.org/polis/11848
Universidad Nacional de Córdoba. Email: ferstang@yahoo.com.ar
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