Source: http://elvisir.pe/es/foro/8/sobre-sistema-registral-mexicano
Timestamp: 2020-06-06 11:38:45
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Matched Legal Cases: ['artículo 2011', 'artículo 2011', 'artículo 31', 'artículo 2011', 'artículo 2011', 'artículo 2011', 'artículo 2011', 'artículo 2011', 'artículo 2011', 'artículo 2011', 'artículo 2011', 'artículo 32', 'artículo 33']

Sobre el sistema registral mexicano
La profesora María Elena dio algunos alcances sobre el principio de legalidad en su país, cuáles son los alcances de dicho principio en su país?
EN EL PERU EL DENOMINADO PRINCIPIO DE LEGALIDAD SE ENCUENTRA ENMARCADO DENTRO DEL ARTICULO V DEL TITULO PRELIMINAR DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS, DENTRO DE ESTO COMPRENDE CREEMOS NOSOTROS EL SUSTENTO DE LA CALIFICACION REGISTRAL LA MISMA QUE DEBE DE ESTAR ENMARCADA DENTRO DE LA LEY, ASIMISMO LAS PAUTAS A TENER EN CUENTA SON LA CAPACIDAD DE LOS OTORGANTES , LA VALIDEZ DEL ACTO Y LA LEGALIDAD DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS, SIN EMBARGO CABE PREGUNTARSE SI ESTE PRINCIPIO PROPIO DE LA CALIFICACION REGISTRAL POR PARTE DEL REGISTRADOR ¿CUAL ES SU LIMITE? .
El principio de legalidad en el Perú se encuentra regulado en el artículo V del Título Preliminar del Reglamento General de los Registros Públicos. Comprende los limites que tiene el registrador público al momento de realizar la calificación de un titulo. Así, dentro de la calificación integral que efectúa el registrador, debe verificar la capacidad de los otorgantes, la validez del acto y la legalidad del título,vale decir, de la documentación presentada.
EN NUESTRO PAIS EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD ES SIMILAR AL MEXICANO YA QUE ES UNA FUNCION QUE SE REALIZA MEDIANTE LA CALIFICACION REGISTRAL Y CONSECUENTEMENTE UNA FUNCION QUE CORRESPONDE ESTRICTAMENTE AL REGISTRADOR, CON LA UNICA FINALIDAD QUE AL REGISTRO ACCEDAN SOLAMENTE DOCUMENTOS VALIDOS Y PERFECTOS LOS CUALES PUEDEN SER DENEGADOS PROVISIONALMENTE Y EN FORMA DEFINITIVA SEGUN SEA EL CASO Y POR EL CONTRARIO SI SON PERFECTOS SE PROCEDE A SU INSCRIPCION.- OTRO DE LOS ALCANCES DE ESTE PRINCIPIO DE LEGALIDAD ES QUE SI BIEN ES CIENRTO CADA REGISTRADOR ES INDEPENDIENTE EN SU CALIFICACION LA MISMA SIEMPRE ESTARA BASADA EN TODO MOMENTO EN LA LEY, POR LA RESPONSABILIDAD QUE ACARREA LA MISMA, POR TAL RAZON SE DEBE REALIZAR UNA CALIFICACION INTEGRAL COMPLETA Y NO PARCIALES, OTRO DE LOS ALCANCES DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD ES QUE UNA VEZ INSCRITO UN DOCUMENTO SIRVE COMO MEDIO PROBATORIO EN CASO DE JUICIO Y NO PODRA ANULARSE SINO POR ORDEN JUDICIAL.- COMO OBSERVACION FINAL DEBEMOS DE TENER PRESENTE QUE UNA DE LAS FINALIDADES DEL REGISTRO ES ASEGURAR QUE ESE PRINCIPIO DE LEGALIDAD SE CUMPLA A LA PERFECCION Y ADEMAS TOMANDO EN CONSIDERACION LOS DEMAS PRINCIPIOS REGISTRALES QUE DETERMINAN AL FINAL LA LEGALIDAD Y VALIDEZ FORMAL DE LOS CONTRATOS.- EN CONCLUSION EL OBJETIVO DEL PRINCIPIO DE LAGALIDAD ES QUE AL REGISTRO ACCEDAN O SE INSCRIBAN DOCUMENTOS VALIDOS Y PERFECTOS.
En Honduras el principio de legalidad se encuentra a cargo del registrador ya que será el mismo quien verifique que los documentos que se solicitan su inscripción en el registro cumplan con una serie de requisitos, como ser la veracidad del documentos ( requisitos de forma y fondo), la capacidad de las partes participantes, la fe publica notarial y la validez del acto.
Los alcances del principio de legalidad en Honduras, comienzan desde la normativa que da origen a la celebración de dichos actos, es decir, que el notario tiene una gran responsabilidad como asesor de las personas que le buscan para la celebración de sus actos. Adicional a esto el registrador tiene que ser una persona muy versada en cada una de estas normas ya que debe estar muy alerta en que dicho documento llene los requisitos establecidos en estas, ya que ellos son custodios de este tan importante principio.
Los Registradores en Honduras realizan las inscripciones o denegatorias de inscripción basados en la Ley de Propiedad y demás leyes que estén relacionadas con el acto jurídico, de igual manera validan que se cumplan requisitos de fondo y de forma, especialmente que se dé cumplimiento a las disposiciones del Código de Notariado, por lo que el Principio de Legalidad es uno de los principales principios que imperan el sistema registral hondureño.
Johana Paola Taboada Fung. Lima-Perú
Dentro del sistema registral peruano debemos precisar que el Principio de Legalidad se encuentra regulado en el artículo V del título Preliminar del Texto Único Ordenado de los Registros Públicos, el cual se aplica a través de la calificación registral, toda vez que el Registrador Público dentro de la calificación registral debe verificar de manera integral la Legalidad del acto solicitado y la Legalidad de los documentos presentados por el usuarios, a fin que se realice una adecuada inscripción, y posterior a ello se pueda brindar un adecuado servicio de publicidad.
nuestro sistema normativo registral en este principio establece que los registradores califican la legalidad de los documentos en cuya virtud se solicita la inscripcion, la capacidad de los otorgantes y la fe publica notarial y validez del acto.
La función principal de un Registrador en el Perú es la calificación registral. Los parámetros de dicha función están regulados en el artículo 2011 del Código Civil; en el artículo V del Título Preliminar del Reglamento General de Registros Públicos y en los artículos 31, 32, 33 y siguientes del citado Reglamento; y dentro de la calificación registral, se encuentra el principio de legalidad. Es decir, nosotros no confundimos legalidad con calificación registral como si fuera lo mismo; creemos que esta engloba a aquel. No obstante, en una acepción amplia legalidad vendría a ser todo aspecto de la calificación registral, pero creemos que por un tema metodológico y de eficacia funcional debería entenderse el principio de legalidad de manera distinta al de calificación registral. En ese sentido, los registradores al realizar su calificación registral deben controlar la legalidad de los documentos (títulos) que los usuarios presentan al registro a fin de solicitar su inscripción y con ello acceder a los efectos protectores y legitimadores de la publicidad registral; pero también deben controlar la coherencia del título con los antecedentes registrales; la validez del acto que solicita inscribir y examinar la naturaleza inscribible de este entre otra funciones de la calificación registral. Nuestra interpretación restringida de legalidad se apoya en el artículo 2011 del Código Civil que señala que: ?Los Registradores califican la legalidad de los documentos en cuya virtud se solicita la inscripción, la capacidad de los otorgantes y la validez del acto, por lo que resulta de ellos, de sus antecedentes y de los asientos de los registros Públicos?. Se puede apreciar que la legalidad sería un aspecto más a tener en cuenta por los registradores en la calificación registral. Esta interpretación restringida de la legalidad se apoya también en el artículo V del Título Preliminar del Reglamento General de Registros Públicos en donde se describe los aspectos que comprende la calificación registral: la verificación de los obstáculos que pudiera emanar de las partidas registrales y la condición de inscribible del acto o derecho; la capacidad de los otorgantes y la validez del acto; y la legalidad del título. El artículo 31 del Reglamento General de Registros Públicos que regula los alcances de la calificación registral igualmente se refiere al principio de legalidad de manera diferenciada en el inciso d). Comprobar que el acto o derecho inscribible, así como los documentos que conforman el título, se ajustan a las disposiciones legales sobre la materia y cumplen los requisitos establecidos en dichas normas. Cabe señalar que dentro del principio de legalidad existe una verificación de la legalidad de los aspectos formales de un documento; en las cuales hay que distinguir entre formas del acto jurídico y las formas del mismo para acceder a la inscripción; y la verificación de la legalidad de fondo del acto jurídico.
En el sistema registral Mexicano, mediante el principio de legalidad se permite al registrador, ser pieza clave al momento de revisar la documentación ingresada al registro mediante la cual el interesado solicita se realice la inscripción de un acto, el registrador califica en su integridad el contenido del título para de este modo pronunciarse si procede o existe la falta de algun requisito que debera ser subsanado oportunamente para lograr dar seguridad juridica a dicho acto solicitado por el usuario. Por lo que en mérito a lo anteriormente referido es necesario precisar que en nuestro país el principio de legalidad se encuentra regulado en el artículo 2011° del Código Civil y en el artículo V del Título Preliminar del TUO del Reglamento General de los Registros Públicos, los cuales señalan que el registrador califica la legalidad de los documentos en cuya virtud se solicita la inscripción, la capacidad de los otorgantes, y la validez del acto, por lo que es indispensable que el registrador haga un examen y análisis completo del título y del contenido del mismo, ya que este estudio permitirá realizar la inscripción o denegación del mismo. En el caso de ser procedente se publicitará la información del asiento y este hecho permitirá generar en el usuario seguridad jurídica y garantía en las transferencias u otros actos que célebre con terceros.
Juan Toscano Meneses
EL principio de legalidad se encuentra consagrado en el Código Civil Peruano. También conocido en doctrina como principio de calificación es el principio en virtud del cual se establece la facultad legal del registrador para calificar o examinar el acto o derecho que busca su inscripción en el Registro. Esta facultad en nuestro sistema jurídico tiene un marco general previsto en el artículo 2011 del Código Civil, pero que no se agota en él. La gran variedad de actos y derechos que se inscriben en los Registros Públicos, implica la aplicación de otras normas pertinentes lo cual hace que la labor de calificación sea igualmente muy vasta. Por tal razón, en el artículo señalado se establecen los lineamientos generales pero la aplicación de los diferentes Reglamentos de inscripciones y demás normas conexas, determina un número mayor de requisitos que deben ser advertidos por los registradores y cumplidos por los administrados al momento de solicitar la inscripción de un determinado acto o derecho en el Registro. La facultad de exigir el cumplimiento de ciertos requisitos determina en gran medida el contenido de la facultad calificadora amparada por el principio acotado. Asimismo, el Reglamento General de los Registros Públicos regula dicho principio y reseña la labor de calificación registral en los artículos siguientes: ?V. PRINCIPIO DE LEGALIDAD Los registradores califican la legalidad del título en cuya virtud se solicita la inscripción. La calificación comprende la verificación del cumplimiento de las formalidades propias del titulo y la capacidad de los otorgantes, asi como la validez del acto que, contenido en aquél, constituye la causa directa e inmediata de la inscripción. La calificación comprende también, la verificación de los obstáculos que pudieran emanar de las partidas registrales y la condición de inscribible del acto o derecho. Se realiza sobre la base del título presentado, de la partida o partidas vinculadas directamente a aquél y, complementariamente, de los antecedentes que obran en el Registro.? Gracias.
En México la institución Registral, está regulada por el código civil. Su sistema Registral no es constitutivo, salvo excepciones donde si requiere su inscripción, tiene carácter administrativo, con la finalidad de brindar certeza jurídica a través de la publicidad. Sobre el Principio de Legalidad, se ejerce a través de la calificación registral con la finalidad que solamente ingresen al registro títulos válidos y perfectos, de manera que la inscripción le otorgue efectos frente a terceros. Los títulos que tengan defectos son rechazados provisionalmente o de manera definitiva, calificación integral y exclusiva del registrador, es independiente y subordinado al cumplimiento de la ley. Contra una denegatoria procede recurso de inconformidad. En Perú el principio de Legalidad regulado en el artículo V del título Preliminar del Texto Único Ordenado de los Registros Públicos.- Los registradores califican la legalidad del título en cuya virtud se solicita la inscripción. La calificación comprende la verificación del cumplimiento de las formalidades propias del título y la capacidad de los otorgantes, asi como la validez del acto que, contenido en aquél, constituye la causa directa e inmediata de la inscripción. La calificación comprende también, la verificación de los obstáculos que pudieran emanar de las partidas registrales y la condición de inscribible del acto o derecho. Se realiza sobre la base del título presentado, de la partida o partidas vinculadas directamente a aquél y, complementariamente, de los antecedentes que obran en el Registro.
Juan Manuel Pantigoso Osorio - Puerto Maldonado, Perú
Este principio registral, es relacionado comúnmente con la calificación, aunque el segundo dentro de nuestro derecho no es reconocido como principio, pero se toman estos conceptos como sinónimos, pues tienen una estrecha relación en su aplicación. Mediante el principio de legalidad, el registrador está autorizado a calificar los actos o negocios que ante él se presentan, puesto que es un requisito fundamental, para que un título se inscriba, que este haya sido analizado, si cumple o no, con las exigencias legales, y solo si ha pasado ese tamiz, la ley le puede otorgar efectos a la inscripción registral, para García (2005, p. 331), no hace distinción alguna sobre el principio de Legalidad o la calificación registral, pues indica: ?En tal sentido, puede hablarse indistintamente de principio de legalidad y de principio de calificación registral?, líneas adelante continua y define a la calificación registral como: ?se trata de una función de control de legalidad por parte del registrador, como encargado de la práctica de los asientos registrales, a través del correspondiente juicio de validez y de regularidad, respecto a los actos y negocios que han de acceder al registro de la propiedad, para que, en virtud de la publicidad registral, los asientos registrales generadores de la misma surtan los efectos asignados por la ley?. Este principio de legalidad va a tener diferentes niveles de rigurosidad, esto va a depender directamente sobre la fuerza de sus efectos que cada ordenamiento jurídico le de a sus inscripciones registrales, pues si los efectos de una inscripción registral no son fuertes, entonces la calificación que va a realizar el registrador tampoco será exigentes, pues ante un error no habrá que reparar nada, contrario sería que el sistema registral le otorgue a su inscripción un poder por sobre cualquier otro documento que no haya ingresado al registro, entonces es lógico que la calificación tendrá que ser muy rigurosa. En el Perú, no se entiende como principio de Calificación Registral, a diferencia de España y otros sistemas Europeos, nuestro derecho consagra el principio de legalidad en dos Artículos en especial, en el Código Civil se encuentra en el Libro de Registros Públicos, en el artículo 2011 y también este principio tiene acogida en el artículo V, del título preliminar del Texto Único del reglamento general de Registros Públicos. El primero indicando (artículo 2011 del Código Civil): ?Los registradores califican la legalidad de los documentos en cuya virtud se solicita la inscripción, la capacidad de los otorgantes y la validez del acto, por lo que resulta de ellos, de sus antecedentes y de los asientos de los registros públicos. Lo dispuesto en el párrafo anterior no se aplica, bajo responsabilidad del Registrador, cuando se trate de parte que contenga una resolución judicial que ordene la inscripción. De ser el caso, el Registrador podrá solicitar al Juez las aclaraciones o información complementaria que precise, o requerir se acredite el pago de los tributos aplicables, sin perjudicar la prioridad del ingreso al Registro?. El Jurista Peruano García (2005, p. 293) sobre el referido principio explica: ?La Calificación constituye el acto emblemático del registrador. Si pudiéramos ensayar un símil de la función registral con la función judicial, diríamos que la calificación es al registrador, lo que al juez es la sentencia. Bernardo Prado Márquez, en su obra ?Derecho Registral Inmobiliario del Perú? publicada en el año 1966, señalaba que la función del registrador es considerada como la del Juez privado, que tiene su radio de acción sobre los títulos que refieren actos y contratos inscribibles presentados para ser registrados?. El artículo 2011, dentro de su conformación, establece el procedimiento que debe de realizar el registrador, desde dos escenarios, ?el título que se presenta a inscribir y los asientos registrales que obran inscritos, el primero de ellos (referente al título), la norma indica que el registrador debe de calificar la legalidad de los documentos, la capacidad de los otorgantes y la valides del acto, y el segundo (referente a los asientos registrales), el registrador debe de revisar sus antecedentes y de los asientos de los registros públicos. Es de resaltar el papel importante que cumple el registrador, pues al analizar, cuales son las herramientas con las que cuenta para realizar tal calificación, nos percatamos que son muy limitadas, al ser este un funcionario administrativo, y al ser la calificación solo en gabinete, no estando dicho funcionario facultado a exigir la presencia de los otorgantes, y la comprobación de los documentos que sirvieron para su constitución. Pero aun así, como la norma establece la obligación de comprobar los requisitos que establece el artículo 2011, ante la inscripción de algún acto o negocio patológico, el registrador tendría que responder por los daños causador en su ejercicio regular de sus funciones, es en ese sentido que en este ámbito el registrador se encuentra en desventaja cuando encuentre duda sobre algún título que se pretenda inscribir, no quedándole más alternativa, que de la observar, dejando así que la última decisión la tenga el tribunal registral y evitar incurrir en responsabilidad, todo esto por lo endeble que es el sistema registral, exigiendo por un lado que los registros tengan la presunción de verdad, y por el otro que no se creen mecanismo para evitar que se inscriban documentos engañosos. El segundo párrafo es una excepción al principio de legalidad, pues establece que no se aplica cuando se trate de parte que contenga una resolución judicial que ordene su inscripción, posibilitando solo al registrador el pedir aclaraciones o información complementaria, de lo establecido en este segundo párrafo, es de precisar, que aunque la norma no lo diga explícitamente, es deber del registrador pedir aclaraciones cuando evidencia que los actos que se pretenden inscribir contienen defectos que imposibilitan su inscripción, esto a efecto de advertir al juez lo más sutilmente para que se percate de su error o por lo menos advertir de lo que pretende inscribir, para evitar responsabilidades, puesto que si no lo hace este funcionario, podría ser comprendido al no hacer notar al magistrado de los defectos que contiene su resolución judicial, porque este el especialista en temas registrales y no el juez, claro está que si se insiste en la inscripción del acto el registrador lo tiene que realizar sin más que la orden judicial. Sobre los efectos perniciosos que contempla este segundo párrafo del artículo 2011 indica el Jurista peruano García (2011, p. 297): ?A nuestro entender, la norma contenida en el segundo párrafo del artículo 2011 mediatiza y restringe la facultad calificadora del registrador, reduciéndola o, en su caso, diluyéndola, con las graves consecuencias que ello acarre. La doctora Martha Silva Díaz, señala con acierto que la reiteración del mandato ha traído como consecuencia la admisión al registro de títulos que incumplen cormas o principios registrales, generándose inscripciones erróneas, lo que afecta la seguridad jurídica que el registro debe de proteger?.
Karen Veronika Bornas Larota -Perú
Por el principio en mención se procede a la calificación de la legalidad del título inscribible en cuya virtud se solicita la inscripción del acto o del derecho conformante de aquél. La calificación de la legalidad se extiende a verificar el cumplimiento de las formalidades de los documentos en que consta el título y, además la validez del acto causal contenido en aquéllos así como la capacidad de los otorgantes. Es así que los alcances del principio de legalidad supone tan sólo un aspecto de la calificación registra! Como un concepto más amplio, donde quedan comprendidos la determinación de los obstáculos que puedan emanar de la partida (tracto sucesivo, impenetrabilidad y prioridad excluyente) así como la relevancia registra! de la situación jurídica que pretende inscribirse. Así no sólo alcanza al examen de los títulos presentados, sino también a su conexión con el contenido del registro, en el que habrán de quedar integrados los derechos contenidos en los mismos, siendo la actividad fundamental del registrador tendiente a determinar si ciertas situaciones jurídicas son o no inscribibles. En tal sentido mediante el principio de legalidad el Registrador se constituye en un filtro necesario y último así como único para determinar lo que debe inscribirse y publicitarse, es decir, lo que será oponible, legitimando a su titular para actuar conforme con ella. En tal sentido abarca también una serie de principios a fin de poder ser empleado entre ellos el tracto sucesivo, prioridad excluyente, los cuales constituyen requisitos o presupuestos técnicos para la inscripción y, en tal condición, instrumentos mediatos para alcanzar el fin de seguridad jurídica propio de todo sistema de publicidad registral, mientras que los otros principios como el de oponibilidad, legitimación y fe pública registral, se materializan como consecuencias de la inscripción, se convierten en instrumentos inmediatos para alcanzar el mismo fin. Es así que con la consecución de la calificación del principio de legalidad es posible la consecución de otros principios básicos como el de legitimación y publicidad al suponer una labor de control de la existencia y legalidad de los actos y contratos, y de la selección de aquellos que resulten relevantes jurídica. Otro de los alcances está referido a la eficacia del registro. La intensa eficacia del registro sólo puede producirse por una previa calificación rigurosa de los títulos presentados.
Karen Veronika Bornas Larota - Perú
En ta sentido mediante el princio de legalidad el Registrador se constituye en un filtro necesario y último asi como único para determinar lo que debe inscribirse y publicitarse, es decír, lo que será oponible, legitimando a su titular para actuar conforme con ella. la revisión minuciosa de si el acto es inscribible, los obstáculos, la partida o partidas registrales con las cuales se vincula o vinculan el acto que se solicita inscribir y de los antecedentes que obran en el Registro, conforme se precisa en las normas indicadas.
Julissa Villatoro - Honduras
Los alcances del Principio de Legalidad en el sistema registral Hondureño en cuanto a la calificación del documento que se desea inscribir consiste en que el Registrador debe verificar la veracidad del instrumento, mismo que debió de haber sido otorgado por personas capaces ante un Notario quien es el Ministro de fe publica, y que dicho instrumento cuente con los requisitos de forma y de fondo establecidos en la Ley de Propiedad y su Reglamento, Código Civil, Código del Notariado y demás leyes aplicables al caso concreto. Así mismo, si el documento no cumple con los requisitos que la ley exige, el Registrador deberá denegar el documento de manera provisional o definitiva y dicha observación denegatoria tiene que ser fundamentada jurídicamente. El registrador es responsable de que el documento que se va a inscribir cumpla con los requisitos legales de forma y de fondo establecidos, pero también se presume la fe publica notarial. Cuando se trata de Mandamientos Judiciales también se deberá verificar que cumpla con los requisitos legales establecidos, y si el documento adoleciere de algún requisito legal de forma o de fondo, el Registrador se lo hará saber al juez competente mediante una denegatoria provisional y si a pesar de ello el juez ordena la inscripción del mandamiento judicial con los defectos que tuviere, se inscribirá adjudicando la responsabilidad al Juez que hubiere ordenado dicha inscripción. Ademas de ello el Principio de Legalidad de los actos y contratos inscritos o denegados por los Registradores de la Propiedad en Honduras es supervisado por la Inspectoria General del Instituto de la Propiedad.
Jackelin Sofía Jalck Vásquez -PERÚ.
La profesora señala que la calificación registral esta exclusivamente asignada al registrador, quien es el encargado de verificar la legalidad de los documentos que se presentan y de los actos que pretenden inscribirse al registro, frente a ello, puede declarar la procedencia o improcedencia de lo solicitado. Ante tal situación el ciudadano puede plantear un recurso de inconformidad, que es presentado ante el Director General del Registro. Comparándolo con nuestro país, se advierte que la calificación registral también es atribución y responsabilidad exclusiva del registrador público y además contra la denegatoria de inscripción rocede la apelación a la segunda instancia, que en el Perú lo constituye el Tribunal Registral.
El principio de legalidad es un principio general del derecho y como tal en Honduras es aplicado en base al derecho público y refiriéndonos a la materia registral todo ejercicio de autoridades debe sustentarse en normas jurídicas es decir que el registrador como funcionario público está limitado y guiado en su criterio por el ordenamiento jurídico del país, siendo responsables civil, criminal y administrativamente por los actos y decisiones que ejerza en su cargo tenido como principal norma la ley de propiedad y su respectivo reglamento y poseyendo otras normas supletorias como el código civil, de esta forma el principio de legalidad se aplica haciendo que el registrador no de una resolución que este fuera de lo establecido en nuestro ordenamiento a todos los documentos que son sometidos a su conocimiento, de esta forma siempre dentro del principio de legalidad si el usuario recibe una denegatoria provisional o definitiva con la cual no está de acuerdo ya sea por defectos de forma o de fondo del documento, el interesado puede acudir a inspectoría la cual tiene la obligación de realizar un análisis y estudio del la denegatoria del registrador para comprobar que la misma sea apegada al principio de legalidad es decir que sea conforme a derecho que exista una base legal fundamentada para la denegatoria a la inscripción del documento.
ÁNGEL NUÑEZ RAMIREZ - PERU
La calificación registral es una actividad que conlleva un análisis jurídico a efectos de determinar si los actos que se presentan al registro cumplen con los requisitos de forma y fondo, para luego ser inscritos y publicitados, generando así efectos jurídicos y seguridad jurídica. Esta calificación en el sistema registral peruano se sustenta en el Principio de Legalidad recogido en el Civil y de forma mas precisa, en el artículo V del Título Preliminar el TUO del Reglamento General de los Registros Públicos. La calificación es realizada en primera instancia por el Registrador Público y en segunda instancia por el Tribunal Registral, como consecuencia de la apelación ante la calificación negativa en primera instancia. El Registrador Público, dentro de sus funciones, está facultado para calificar diversos aspectos de los títulos que se presentan a registro, tal como se detalla en el artículo 32 del TUO del Reglamento General de los Registros Públicos (Confrontar la adecuación de los títulos con los asientos de inscripción de la partida registral en la que se habrá de practicar la inscripción, y, complementariamente, con los antecedentes registrales referidos a la misma; Verificar la existencia de obstáculos que emanen de la partida; Verificar la validez y la naturaleza inscribible del acto o contrato,, entre otros). Asimismo, en el artículo 33 se establecieron las reglas en la calificación, a efectos de brindar predictibilidad a las decisiones del Registrador. Los pronunciamientos del Registrador pueden ser positivos y negativos. En referencia al primero hablamos de las inscripciones y anotaciones. En relación a los segundos tenemos las observaciones y tachas sustantivas.
El registrador, en primera instancia, y el tribunal registral en segunda instancia, al realizar la calificación, actúan de manera independiente, personal e indelegable, teniendo como límite en la calificación, las establecidas en el reglamento general de los registros públicos y otras normas registrales. Al calificar, verifican: -El cumplimiento de las formalidades propias del título. -La capacidad de los otorgantes. -La validez del acto, que contenido en aquél, constituye la causa directa e inmediata de la inscripción. -Los obstáculos que puedan emanar de las partidas registrales. -La condición de inscribible del acto o derecho. Todo ello se realiza, sobre el título presentado, de la partida o de las partidas vinculadas directamente y complementariamente de los antecedentes que obra en el registro. La calificación es plena, salvo del título que contenga documentos judiciales, en la que la calificación es restringida. El registrador (primera instancia) al calificar, puede: a)	Emitir esquela de observación, cuando el título adoleciera de defecto subsanable. La observación puede ser con o sin suspensión del plazo de vigencia del asiento de presentación. b)	Inscribir, cuando el título cumple con los requisitos. c)	Emitir esquela de tacha, esta a su vez puede ser de tacha sustantiva (por ejemplo cuando el título contenga acto no inscribible), tacha por caducidad del plazo de vigencia del asiento de presentación, tacha especial de títulos presentados que contenga documentos principales en copias simples y tacha por falsedad documentaria d)	Emitir liquidaciones definitivas. Mientras que el tribunal registral (segunda instancia), al calificar el título apelado, puede pronunciarse: a)	Confirmando total o parcialmente la decisión del registrador. b)	Revocando total o parcialmente la decisión del registrador. c)	Declarando improcedente o inadmisible la apelación. d)	Aceptando o denegando, total o parcialmente el desistimiento.
La profesora Maria Elena señalo que el principio de legalidad en su pais se viabiliza a traves de la calificacion registral para que accedan al Registro titulos validos y perfectos, teniendo efectos frente a terceros. Si el titulo tiene defecto seran rechazados de manera definitiva o provisional. La calificacion es exclusiva y obligatoria del Registrador. El resultado de la misma tiene que ser fundado y motivado. La calificacion integral consiste en un analisis completo para no hacer calificaciones parciales, alegando de manera posterior nuevos defectos y que sean motivo de reclamo. La calificacion debe subordinarse siempre al cumplimiento de la ley. Por lo tanto el Registrador califica bajo su responsabilidad. Ante la denegatoria procede el Recurso de Inconformidad que se interpone ante el Director General del Registro, 10 dias contados a partir que el interesado toma conocimiento del acuerdo de calificacion impugnado. Si se confirma por dicha entidad, el interesado podra reclamar en juicio. El termino para resolver es de 10 dias, dependiendo de cada instancia federativa. El Peru recoge este principio cuando establece que los Registradores califican la legalidad de los documentos en cuya virtud se solicita la inscripcion, la capacidad de los otorgantes y la validez del acto, por lo que resulta de ellos, de sus antecedentes y de los asientos de los Registros Publicos. Cuando se trate de parte que contenga una resolucion judicial que ordene la inscripcion, los alcances mencionados anteriormente no se aplican. El Registrador solo podra solicitar al juez las aclaraciones o informaciones complementarias. Los Registradores califican la legalidad del titulo por la cual se solicita la inscripcion. La calificacion comprende la verificacion del cumplimiento de las formalidades propias del titulo y la capacidad de los otorgantes, asi como la validez del acto contenido en aquel, y que constituye la causa directa e inmediata de la inscripcion, la verificacion de los obstaculos que pudieran emanar de las partidas registrales y la condicion de inscribible del acto o derecho.
Walter de la torre Delgado-Perú
Este es un principio importante en todo el sistema registral, ya que a diferencia de lo que sucede con los privados,que pueden hacer todo mientras no este prohibido, la administración solo puede hacer aquello que se le esta permitido. El principio de legalidad supone los limites a la calificación que hace el registrador, o el tribunal de ser el caso, del titulo que se le presenta para la toma de razón. Un registro como el peruano, donde la inscripción tiene efectos fuertes, supone una calificación rigurosa del titulo. Por lo tanto, se califica: La validez del acto( tanto del titulo, entiéndase escritura publica, como del contenido del titulo, es decir, el negocio o acto que se pretende inscribir, también el registrador deberá verificar la capacidad de los otorgantes, confrontar el titulo con los asientos o antecedentes, esto en aras de garantizar el tracto sucesivo, ademas, deberá analizar si al acto o negocio es un acto inscribible. En suma, se busca que el titulo que se presenta cumpla con todos los requisitos que la ley manda. Lo mismo hará el tribunal si es que la calificación del registrador es negativa. Ahora, al igual que la mayoría de registros latinos, si el titulo viene de por orden judicial( embargos, anotaciones de demanda, etc) la calificación del titulo es menos rigurosa, pero considero que igual no deja de haber calificación. Así la doctrina considera que cuando se trata de títulos que vienen por mandato judicial nunca se podrá calificar el fondo del asunto, pero si se tendrá que verificar: la competencia del juez, requisitos de forma del mandato judicial, si es un acto inscribible y, por ultimo, confrontarlo con los asientos del registro a efectos de que su cumpla con el tracto sucesivo.
El principio de legalidad en el sistema registral Hondureño,se da en primera instancia ante el notario público, quien da fe del acto o transacción del inmueble, el registrador verifica que la escritura presentada ante el registro sea el acto que se llevó a cabo ante el notario, es decir quel principio de leglidad no es una determinación del registrador, cabe mencionar que en Honduras el sistema registral es a petición de parte, lo que implica que solo se da una transcripción de actos que se han llevado a cabo frente a terceros.
El principio de legalidad en el sistema registral peruano implica la calificación que efectúa el registrador del título presentado para su inscripción. En este proceso deberá evaluar la legalidad de la documentación presentada, la capacidad de los otorgantes y la validez del acto que se quiere inscribir. Esta calificación la efectúa bajo responsabilidad. Sin embargo, existe una excepción, y es respecto de las resoluciones judiciales que ordenen una inscripción, en este caso el registrador no califica la orden, por lo tanto la inscripción no se efectúa bajo su responsabilidad, pero sí puede solicitar al juez aclaraciones o información complementaria que se necesite.