Source: http://civil.udg.edu/normacivil/estatal/LEC/L1T5.htm
Timestamp: 2016-12-04 18:19:04
Document Index: 115107984

Matched Legal Cases: ['artículo 275', 'artículo 131', 'Artículo 136', 'Artículo 139', 'artículo 138', 'artículo\n135', 'Artículo 155', 'artículo 158', 'artículo\n155', 'artículo 161', 'Artículo 159', 'artículo 160', 'artículo 156', 'Artículo 160', 'artículo 155', 'Artículo 163', 'Artículo 167', 'Artículo 168', 'Artículo 176', 'artículo 172']

lugar de las actuaciones judiciales
2. Las actuaciones que deban realizarse fuera del partido judicial donde
radique la sede del tribunal que conozca del proceso se practicarán,
cuando proceda, mediante auxilio judicial.
3. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, los tribunales podrán
constituirse en cualquier lugar del territorio de su circunscripción
para la práctica de las actuaciones cuando fuere necesario o
conveniente para la buena administración de justicia.
También podrán desplazarse fuera del territorio de su circunscripción
para la práctica de actuaciones de prueba, conforme a lo prevenido en
esta Ley y en el artículo 275 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Del tiempo de las
1.ª DE LOS DÍAS Y LAS HORAS
3. Se entiende por horas hábiles las que median desde las ocho de la mañana
a las ocho de la tarde, salvo que la ley, para una actuación concreta,
disponga otra cosa .
Para los actos de comunicación y ejecución también se considerarán
horas hábiles las que transcurren desde las ocho hasta las diez de la
noche. [Este artículo está redactado conforme a la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial (BOE núm. 266, de 04-11-2009, pp. 92103-92313. Para ver la redacción anterior haga click aquí]
2. Se considerarán urgentes las actuaciones del tribunal cuya demora
pueda causar grave perjuicio a los interesados o a la buena administración
de justicia, o provocar la ineficacia de una resolución judicial.
3. Para las actuaciones urgentes a que se refiere el apartado anterior
serán hábiles los días del mes de agosto, sin necesidad de expresa
habilitación. Tampoco será necesaria la habilitación para proseguir
en horas inhábiles, durante el tiempo indispensable, las actuaciones
urgentes que se hubieren iniciado en horas hábiles.
2.ª DE LOS PLAZOS Y LOS TÉRMINOS
2. Cuando no se fije plazo ni término, se entenderá que han de
practicarse sin dilación.
3. La infracción de lo dispuesto en este artículo por los tribunales y
personal al servicio de la Administración de Justicia de no mediar
justa causa será corregida disciplinariamente con arreglo a lo previsto
en la Ley Orgánica del Poder Judicial, sin perjuicio del derecho de la
parte perjudicada para exigir las demás responsabilidades que procedan.
1. Los plazos comenzarán a correr desde el día siguiente a aquel en que
se hubiere efectuado el acto de comunicación del que la Ley haga
depender el inicio del plazo, y se contará en ellos el día del
vencimiento, que expirará a las veinticuatro horas.
No obstante, cuando la Ley señale un plazo que comience a correr desde
la finalización de otro, aquél se computará, sin necesidad de nueva
notificación, desde el día siguiente al del vencimiento de éste.
Para los plazos que se hubiesen señalado en las actuaciones urgentes a que se refiere el apartado 2 del artículo 131 no se considerarán inhábiles los días del mes de agosto y sólo se excluirán del cómputo los sábados, domingos y festivos. 3. Los plazos señalados por meses o por años se computarán de fecha a
Cuando en el mes del vencimiento no hubiera día equivalente al inicial
del cómputo, se entenderá que el plazo expira el último del mes.
Presentación de escritos, a efectos del requisito de tiempo de los actos procesales.
aquí]. Artículo 136. Preclusión.
Transcurrido el plazo o pasado el término señalado para la realización
de un acto procesal de parte se producirá la preclusión y se perderá
la oportunidad de realizar el acto de que se trate. El Secretario
Judicial dejará constancia del transcurso del plazo por medio de
diligencia y acordará lo que proceda o dará cuenta al tribunal a fin
de que dicte la resolución que corresponda.
De la inmediación, la
publicidad y la lengua oficial
1. Los Jueces y los Magistrados miembros del tribunal que esté
conociendo de un asunto presenciarán las declaraciones de las partes y
de testigos, los careos, las exposiciones, explicaciones y respuestas
que hayan de ofrecer los peritos, así como la crítica oral de su
dictamen y cualquier otro acto de prueba que, conforme a lo dispuesto en
esta Ley, deba llevarse a cabo contradictoria y públicamente.
2. Las vistas y las comparecencias que tengan por objeto oír a las
partes antes de dictar una resolución se celebrarán siempre ante el
Juez o los Magistrados integrantes del tribunal que conozca del asunto.
4. La infracción de lo dispuesto en los apartados anteriores determinará
la nulidad de pleno derecho de las correspondientes actuaciones.
1. Las actuaciones de prueba, las vistas y las comparecencias cuyo objeto
sea oír a las partes antes de dictar una resolución se practicarán en
2. Las actuaciones a que se refiere el apartado anterior podrán, no
obstante, celebrarse a puerta cerrada cuando ello sea necesario para la
protección del orden público o de la seguridad nacional en una
sociedad democrática, o cuando los intereses de los menores o la
protección de la vida privada de las partes y de otros derechos y
libertades lo exijan o, en fin, en la medida en la que el tribunal lo
considere estrictamente necesario, cuando por la concurrencia de
circunstancias especiales la publicidad pudiera perjudicar a los
3. Antes de acordar la celebración a puerta cerrada de cualquier actuación,
el tribunal oirá a las partes que estuvieran presentes en el acto. La
resolución adoptará la forma de auto y contra ella no se admitirá
recurso alguno, sin perjuicio de formular protesta y suscitar la cuestión,
si fuere admisible, en el recurso procedente contra la sentencia
Artículo 139. Secreto de las deliberaciones de los tribunales
Las deliberaciones de los tribunales colegiados son secretas. También lo
será el resultado de las votaciones, sin perjuicio de lo dispuesto por
la ley sobre publicidad de los votos particulares.
1. Los Secretarios Judiciales y personal competente al servicio de los
tribunales facilitarán a cualesquiera personas que acrediten un interés
legítimo cuanta información soliciten sobre el estado de las
actuaciones judiciales, que podrán examinar y conocer. También podrán
pedir aquéllas, a su costa, la obtención de copias simples de escritos
y documentos que consten en los autos.
2. A petición de las personas a que se refiere el apartado anterior, y a
su costa, se expedirán por el Secretario Judicial los testimonios que
soliciten, con expresión de su destinatario.
3. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, los tribunales
por medio de auto podrán atribuir carácter reservado a la totalidad o
a parte de los autos cuando tal medida resulte justificada en atención
a las circunstancias expresadas por el apartado 2 del artículo 138.
Las actuaciones de carácter reservado sólo podrán ser conocidas por
las partes y por sus representantes y defensores, sin perjuicio de lo
previsto respecto de hechos y datos con relevancia penal, tributaria o
Las personas que acrediten un interés legítimo podrán acceder a los
libros, archivos y registros judiciales que no tengan carácter
reservado y obtener, a su costa, testimonio o certificación de los
extremos que indiquen.
1. En todas las actuaciones judiciales, los Jueces,
Magistrados, Fiscales, Secretarios Judiciales y demás funcionarios de
Juzgados y Tribunales usarán el castellano, lengua oficial del Estado.
2. Los Jueces, Magistrados, Secretarios Judiciales, Fiscales y demás
funcionarios de Juzgados y Tribunales podrán usar también la lengua
oficial propia de la Comunidad Autónoma, si ninguna de las partes se
opusiere, alegando desconocimiento de ella que pudiere producir
3. Las partes, sus procuradores y abogados, así como los testigos y
peritos, podrán utilizar la lengua que sea también oficial en la
Comunidad Autónoma en cuyo territorio tengan lugar las actuaciones
judiciales, tanto en manifestaciones orales como escritas.
4. Las actuaciones judiciales realizadas y los documentos presentados en
el idioma oficial de una Comunidad Autónoma tendrán, sin necesidad de
traducción al castellano, plena validez y eficacia, pero se procederá
de oficio a su traducción cuando deban surtir efecto fuera de la
jurisdicción de los órganos judiciales sitos en la Comunidad Autónoma,
salvo si se trata de Comunidades Autónomas con lengua oficial propia
También se procederá a su traducción cuando así lo dispongan las
leyes o a instancia de parte que alegue indefensión.
5. En las actuaciones orales, el tribunal por medio de providencia podrá
habilitar como intérprete a cualquier persona conocedora de la lengua
empleada, previo juramento o promesa de fiel traducción.
1. A todo documento redactado en idioma que no sea el castellano o, en su
caso, la lengua oficial propia de la Comunidad Autónoma de que se
trate, se acompañará la traducción del mismo.
No obstante, si la traducción oficial realizada a instancia de parte
resultara ser sustancialmente idéntica a la privada, los gastos
derivados de aquélla correrán a cargo de quien la solicitó.
3. Los tribunales podrán emplear medios técnicos de documentación y
archivo de sus actuaciones y de los escritos y documentos que
recibieren, con las garantías a que se refiere el apartado 5 del artículo
135 de esta Ley. También podrán emplear medios técnicos de
seguimiento del estado de los procesos y de estadística relativa a éstos.
3. También se hará notificación a los terceros en los casos en que lo
prevea la Ley.
1. Todas las resoluciones judiciales y las diligencias de ordenación se
notificarán en el plazo máximo de tres días desde su fecha o
publicación. 2. Los actos de comunicación a la Abogacía del Estado y al Ministerio
Fiscal, así como los que se practiquen a través de los servicios de
notificaciones organizados por los Colegios de Procuradores, se tendrán
por realizados el día siguiente a la fecha de recepción que conste en
La comunicación con las partes personadas en el juicio se hará a través
de su procurador cuando éste las represente. El procurador firmará las
notificaciones, emplazamientos, citaciones y requerimientos de todas
clases que deban hacerse a su poderdante en el curso del pleito, incluso
las de sentencias y las que tengan por objeto alguna actuación que deba
realizar personalmente el poderdante.
1. Los actos de comunicación con los procuradores se realizarán en la
sede del tribunal o en el servicio común de recepción organizado por
el Colegio de Procuradores.
El régimen interno de este servicio será competencia del Colegio de
Procuradores, de conformidad con la ley.
[El apartado dos de este articulo ha sido modificado por
Artículo 155. Actos de comunicación con las partes aún no
personadas o no representadas por procurador. Domicilio.
1. Cuando las partes no actúen representadas por procurador o se trate
del primer emplazamiento o citación al demandado, los actos de
comunicación se harán por remisión al domicilio de los litigantes.
2. El domicilio del demandante será el que haya hecho constar en la
demanda o en la petición o solicitud con que se inicie el proceso.
Asimismo, el demandante designará, como domicilio del demandado, a
efectos del primer emplazamiento o citación de éste, uno o varios de
los lugares a que se refiere el apartado siguiente de este artículo. Si
el demandante designare varios lugares como domicilios, indicará el
orden por el que, a su entender, puede efectuarse con éxito la
Asimismo, el demandante deberá indicar cuantos datos conozca del
demandado y que puedan ser de utilidad para la localización de éste,
como números de teléfono, de fax o similares.
El demandado, una vez comparecido, podrá designar, para sucesivas
comunicaciones, un domicilio distinto.
4. Si las partes no estuviesen representadas por procurador, las
comunicaciones efectuadas en cualquiera de los lugares previstos en el
apartado anterior, que se hayan designado como domicilios, surtirán
plenos efectos en cuanto se acredite la correcta remisión de lo que
haya de comunicarse aunque no conste su recepción por el destinatario.
No obstante, si la comunicación tuviese por objeto la personación en
juicio o la realización o intervención personal de las partes en
determinadas actuaciones procesales y no constare la recepción por el
interesado, se estará a lo dispuesto en el artículo 158.
5. Cuando las partes cambiasen su domicilio durante la sustanciación del
proceso, lo comunicarán inmediatamente al tribunal.
Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono,
fax o similares, siempre que estos últimos estén siendo utilizados
[El apartado 3 de este artículo ha sido modificado por la Ley 19/2009, de 23 de noviembre. Para ver la redacción anterior haga click aquí].
Cuando, en los casos del apartado 1 del artículo
155, no pudiera acreditarse que el destinatario ha recibido una
comunicación que tenga por finalidad la personación en juicio o la
realización o intervención personal de las partes en determinadas
actuaciones procesales, se procederá a su entrega en la forma
establecida en el artículo 161.
Artículo 159. Comunicaciones con testigos, peritos y otras personas
que no sean parte en el juicio.
1. Las comunicaciones que deban hacerse a testigos, peritos y otras
personas que, sin ser parte en el juicio, deban intervenir en él, se
remitirán a sus destinatarios con arreglo a lo dispuesto en el apartado
1 del artículo 160. La remisión se hará al domicilio que designe la
parte interesada, pudiendo realizarse, en su caso, las averiguaciones a
que se refiere el artículo 156.
Artículo 160. Remisión de las comunicaciones por correo, telegrama u
2. A instancia de parte y a costa de quien lo interese, podrá ordenarse
que la remisión se haga de manera simultánea a varios lugares de los
previstos en el apartado 3 del artículo 155.
3. Cuando el destinatario tuviere su domicilio en el partido donde
radique la sede del tribunal, y no se trate de comunicaciones de las que
dependa la personación o la realización o intervención personal en las actuaciones, podrá
remitirse, por cualquiera de los medios a que se refiere el apartado 1,
cédula de emplazamiento para que el destinatario comparezca en dicha
sede a efectos de ser notificado o requerido o de dársele traslado de
La cédula expresará con la debida precisión el objeto para el que se
requiere la comparecencia del emplazado, indicando el procedimiento y el
asunto a que se refiere, con la advertencia de que, si el emplazado no
comparece, sin causa justificada, dentro del plazo señalado, se tendrá
por hecha la comunicación de que se trate o por efectuado el traslado.
Artículo 163. Servicio Común de Notificaciones.
[Este artículo está redactado conforme a la Ley 13/2009, de 3 de noviembre,
de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial (BOE núm. 266, de 04-11-2009, pp. 92103-92313). Para ver la redacción anterior haga click aquí]
Estos actos de comunicación se cumplimentarán en un plazo no superior a veinte días, contados a partir de su recepción. Cuando no se realice en el tiempo indicado, a cuyo efecto se requerirá al
Secretario Judicial para su observancia, se habrán de expresar, en su caso, las causas de la dilación.
de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial (BOE núm. 266, de 04-11-2009, pp. 92103-92313). Para ver la redacción anterior haga click
1. Serán nulos los actos de comunicación que no
se practicaren con arreglo a lo dispuesto en este capítulo y pudieren
causar indefensión.
2. Sin embargo, cuando la persona notificada, citada, emplazada o
requerida se hubiera dado por enterada en el asunto, y no denunciase la
nulidad de la diligencia en su primer acto de comparecencia ante el
tribunal, surtirá ésta desde entonces todos sus efectos, como si se
hubiere hecho con arreglo a las disposiciones de la ley.
Artículo 167. Forma de llevarse a cabo los oficios y mandamientos.
Artículo 168. Responsabilidad de los funcionarios y profesionales
intervinientes en la comunicación procesal. 1. El Secretario judicial o el funcionario de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia que, en el desempeño de las funciones que por este capítulo se le asignan, diere lugar, por malicia o negligencia, a retrasos o dilaciones indebidas, será corregido disciplinariamente por la autoridad de quien dependa e incurrirá además en responsabilidad por los daños y perjuicios que ocasionara.
1. Los tribunales civiles están obligados a prestarse auxilio en las
actuaciones que, habiendo sido ordenadas por uno, requieran la
colaboración de otro para su práctica.
2. Se solicitará el auxilio judicial para las actuaciones que hayan de
efectuarse fuera de la circunscripción del tribunal que conozca del
asunto, incluidos los actos de reconocimiento judicial, cuando el
tribunal no considere posible o conveniente hacer uso de la facultad que
le concede esta Ley de desplazarse fuera de su circunscripción para
3. También podrá pedirse el auxilio judicial para las actuaciones que
hayan de practicarse fuera del término municipal en que tenga su sede
el tribunal que las haya ordenado, pero dentro del partido judicial o
circunscripción correspondiente.
4. El interrogatorio de las partes, la declaración de los testigos y la
ratificación de los peritos se realizará en la sede del Juzgado o
tribunal que esté conociendo del asunto de que se trate, aunque el
domicilio de las personas mencionadas se encuentre fuera de la
circunscripción judicial correspondiente.
Sólo cuando por razón de la distancia, dificultad del desplazamiento,
circunstancias personales de la parte, del testigo o del perito, o por
cualquier otra causa de análogas características resulte imposible o
muy gravosa la comparecencia de las personas citadas en la sede del
Juzgado o tribunal, se podrá solicitar el auxilio judicial para la práctica
de los actos de prueba señalados en el párrafo anterior.
3.º La designación de las personas que sean parte en el asunto, así
como de sus representantes y defensores.
5.º Cuando las actuaciones interesadas hayan de practicarse dentro de un
plazo, se indicará también la fecha en la que éste finaliza.
6.º Si para el cumplimiento del exhorto fuera preciso acompañar
documentos, se hará expresa mención de todos ellos.
2. La expedición y autorización de los exhortos corresponderá al
[El párrafo primero del apartado 1 de este artículo está redactado conforme a la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial (BOE núm. 266, de 04-11-2009, pp. 92103-92313). Para ver la redacción anterior haga click aquí].
1. Los exhortos se remitirán directamente al órgano exhortado por medio
del sistema informático judicial o de cualquier otro sistema de
comunicación que garantice la constancia de la recepción.
2. No obstante, si la parte a la que interese el cumplimiento del exhorto
así lo solicita, se le entregará éste bajo su responsabilidad, para
que lo presente en el órgano exhortado dentro de los cinco días
siguientes. En este caso, el exhorto expresará la persona que queda
encargada de su gestión, que sólo podrá ser el propio litigante o
procurador habilitado para actuar ante el tribunal que deba prestar el
3. Las demás partes podrán también designar procurador habilitado para
actuar ante el Juzgado que deba prestar el auxilio, cuando deseen que
las resoluciones que se dicten para el cumplimiento del exhorto les sean
notificadas. Lo mismo podrá hacer la parte interesada en el
cumplimiento del exhorto, cuando no haya solicitado que se le entregue
éste a los efectos previstos en el apartado anterior. Tales
designaciones se harán constar en la documentación del exhorto.
4. Cuando el exhorto haya sido remitido a un órgano diferente al que
deba prestar el auxilio, el que lo reciba lo enviará directamente al
que corresponda, si es que le consta cuál sea éste, dando cuenta de su
remisión al exhortante.
1. Las partes y sus abogados y procuradores podrán intervenir en las
actuaciones que se practiquen para el cumplimiento del exhorto.
No obstante, las resoluciones que se dicten para el cumplimiento del
exhorto sólo se notificarán a las partes que hubiesen designado
procurador para intervenir en su tramitación.
2. Si no se hubiera designado procurador, no se harán a las partes otras
notificaciones que las que exija el cumplimiento del exhorto, cuando éste
prevenga que se practique alguna actuación con citación, intervención
o concurrencia de las partes, y las que sean precisas para requerir de
éstas que proporcionen datos o noticias que puedan facilitar aquel
1. Cumplimentado el exhorto, se comunicará al exhortante su resultado
por medio del sistema informático judicial o de cualquier otro sistema
de comunicación que garantice la constancia de la recepción.
2. Las actuaciones de auxilio judicial practicadas se remitirán por
correo certificado o se entregarán al litigante o al procurador al que
se hubiere encomendado la gestión del exhorto, que las presentará en
el órgano exhortante dentro de los diez días siguientes.
Artículo 176. Falta de diligencia de las partes en el auxilio
El litigante que, sin justa causa, demore la presentación al exhortado o
la devolución al exhortante de los despachos cuya gestión le haya sido
confiada será corregido con multa de 30 euros por cada día de
retraso respecto del final del plazo establecido, respectivamente, en el
apartado 2 del artículo 172 y en el apartado 2 del artículo anterior.
[Este artículo ha sido redactado conforme al Real Decreto 1417/2001, de 27 de diciembre, por el que se procede a la conversión a euros de las cuantías establecidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil, en concreto se ha modificado la cantidad de cinco mil pesetas por 30 euros (BOE núm. 310, de 27-12-2001, pp. 49708-49709)].
2. A lo dispuesto por dichas normas se estará también cuando las
autoridades judiciales extranjeras soliciten la cooperación de los
juzgados y tribunales españoles.