Source: https://www.derechoadministrativoyurbanismo.es/single-post/2019/07/17/Time-is-on-my-side-yes-it-is-ATS-101218
Timestamp: 2019-12-06 13:22:22
Document Index: 160204828

Matched Legal Cases: ['artículo 162', 'artículo 7', 'artículo 162', 'artículo 151', 'artículo 89', 'artículo 182', 'artículo 135', 'artículo 151', 'artículo 367']

Decían los Rolling Stones en su conocida canción "Time is on my side, yes it is", "El tiempo está de mi lado, sí lo está, el tiempo está de mi lado, sí lo está...".
Esta frase tiene relación con el Auto de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 10.12.2018 (RC 351/2018), por el que se inadmitió un recurso de casación contencioso-administrativo por extemporáneo. En este ATS de 10.12.2018 se realiza a mi juicio y con el debido respeto una interpretación del art. 151.2 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil (LEC) y de la fecha de notificación al procurador que resulta contrario a dicho artículo y al derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24 de la Constitución.
"2. Los actos de comunicación al Ministerio Fiscal, a la Abogacía del Estado, a los Letrados de las Cortes Generales y de las Asambleas Legislativas, o del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social, de las demás Administraciones públicas de las Comunidades Autónomas o de los Entes Locales, así como los que se practiquen a través de los servicios de notificaciones organizados por los Colegios de Procuradores, se tendrán por realizados el día siguiente hábil a la fecha de recepción que conste en la diligencia o en el resguardo acreditativo de su recepción cuando el acto de comunicación se haya efectuado por los medios y con los requisitos que establece el artículo 162. Cuando el acto de comunicación fuera remitido con posterioridad a las 15:00 horas, se tendrá por recibido al día siguiente hábil".
- Uno, la fecha y hora de envío de la notificación por parte del órgano judicial. Si se envía después de las 15 horas, se tendrá por recibido al día siguiente hábil.
- Dos, la fecha de recepción que conste en la diligencia o en el resguardo acreditativo cuando se haya efectuado por Lexnet (art. 162 LEC) a no ser que como hemos visto se hubiese enviado por el órgano judicial después de las 15 horas, en cuyo caso se entenderá recibida siempre el día siguiente hábil.
- Tres, la fecha en que se tiene por realizada la notificación que según el art. 151.2 LEC es el día siguiente hábil al de la fecha de recepción.
"El régimen jurídico del sistema de notificaciones por vía telemática empleado en el presente proceso viene dado por las disposiciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil y el Real Decreto 84/2007, de 26 de enero, sobre implantación en la Administración de Justicia del sistema informático de telecomunicaciones Lexnet para la presentación de escritos y documentos, el traslado de copias y la realización de actos de comunicación procesal por medios telemáticos. Como se ha dicho en ocasiones anteriores, la interpretación del artículo 7 del Real Decreto 84/2007 acerca de la operativa seguida en la realización de actos de comunicación procesal con los representantes procesales de las partes, a través de los servicios comunes de notificaciones organizados por los Colegios de Procuradores, debe hacerse a la luz de los dispuesto en los artículos 151.2 , 154 y 162.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
De manera que, resultando pacífico que en el presente caso se ha hecho uso de un medio de los previstos en el artículo 162.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil para llevar a cabo la notificación de auto que nos ocupa, dicha notificación al Procurador de la parte recurrente habrá de entenderse realizada el día siguiente a la fecha de recepción de la misma en el servicio común de notificaciones organizado por el Colegio de Procuradores, tal y como prevé expresamente el primer precepto legal citado y ha venido sosteniendo en numerosas resoluciones el Tribunal Supremo ( AATS de 4 de octubre de 2012, Rec. 790/2012, de 15 de marzo de 2012, Rec. 4055/2011,de 16 de junio de 2011, Rec. 3398/2010, de 14 de octubre de 2010, Rec. 1315/2010, de 7 de octubre de 2010, Rec 1565/2010, de 11 de febrero de 2010, Rec. 2353/2009, y de 14 de octubre de 2009, Rec. 2491/2009, entre otros). En el mismo sentido, entre las resoluciones más recientes, STS de 9 de junio de 2014 -recurso de casación 2600/2013 - y ATS de 9 de julio de 2015 -recurso de casación 207/2015-".
"En el presente caso, según consta en la documentación aportada por el recurrente en queja, la notificación de la sentencia a la representación procesal de la parte recurrente se efectuó a través de la aplicación lexnet, figurando que el órgano judicial remitió la notificación el día 29 de noviembre de 2018, misma fecha de recepción en destino.
Por tanto, de acuerdo con el citado artículo 151.2 LEC, la notificación en cuestión se debe tener por realizada el día siguiente, 30 de noviembre, viernes; comenzando el cómputo de los treinta días establecidos en el artículo 89.1 LJCA para preparar el recurso de casación el siguiente día hábil, que en este caso fue el día 3 de diciembre, lunes".
"Pues bien, a efectos del cómputo de ese plazo de treinta días hay que descontar los sábados y domingos, así como los días 24 y 31 de diciembre, conforme a lo dispuesto en el artículo 182.1 de la Ley Orgánica del PoderJudicial. Asimismo, deben descontarse los días 6 de diciembre (fiesta de la Constitución española de 1978) y 25 de diciembre (Natividad del Señor), ambos de 2018, y 1 de enero (Año Nuevo) y 7 de enero de 2019 (lunes siguiente a Epifanía del 6 de enero, domingo), por tratarse de días inhábiles.
Así pues, teniendo en cuenta estos datos, el plazo de treinta días establecido para la presentación del escrito de preparación vencía el día 21 de enero de 2019, que fue precisamente el día en que el escrito de preparación se presentó, según consta en el reporte de lexnet aportado por la parte recurrente en queja (incluso podría haberse presentado el escrito el día siguiente, 22, conforme a lo previsto en el artículo 135.5 LEC, que establece que "La presentación de escritos y documentos, cualquiera que fuera la forma, si estuviere sujeta a plazo, podrá efectuarse hasta las quince horas del día hábil siguiente al del vencimiento del plazo"). Por lo expuesto, el recurso de queja debe estimarse...".
"En el presente caso, la notificación de la sentencia a la representación procesal de la parte recurrente se efectuó a través de la aplicación lexnet, y en el resguardo de recepción de la notificación figura que el órgano judicial remitió la notificación el día 25 de abril de 2018 a las 19:48 horas, y que la notificación se repartió a la procuradora que representaba al recurrente el siguiente día 26 a las 08:39 horas, siendo recogida el mismo día a las 09:20 horas".
"Y es que la filosofía que inspira el artículo 151.2 LEC es el hecho de que la comunicación procesal no se practica en tales casos con el abogado del Estado, miembro del Ministerio Público, letrados de las Cortes Generales y de las Asambleas Legislativas o del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social o de las demás Administraciones públicas de las Comunidades Autónomas o de los Entes Locales, o profesional que ostenta la representación de la parte, sino que se practica con un servicio centralizado, que es el encargado de darles el curso correspondiente; razón que explica que dicha comunicación se tenga por realizada el día siguiente de la fecha que conste en la diligencia correspondiente. Y la previsión del inciso final del citado artículo carece de eficacia cuando hay constancia de la recepción en ese mismo día siguiente hábil del acto de notificación por el propio profesional representante de la parte".
A mi juicio y con el debido respeto, la interpretación mantenida por este ATS de 10.12.18 no se sostiene por las siguientes razones:
Si la fecha de recepción por el procurador o profesional concreto no se considera por el art. 151.2 LEC, es evidente al legislador le resultó indiferente esta fecha y no puede tomarse en cuenta como hace el Auto comentado porque eso supera incluso la prohibición del principio "ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus" que impide distinguir donde la ley no lo hace. En este caso el Auto va más allá y fija un momento para tener por realizada la notificación distinto al único que para ello establece dicho artículo y que es el día hábil siguiente a la recepción que conste en la diligencia o en el resguardo acreditativo cuando se haya efectuado por Lexnet. No haría falta siquiera entrar en la discusión sobre si la recepción es por el colegio o por el procurador porque el art. 151.2 LEC señala que se tiene por realizada la notificación AL DÍA SIGUIENTE hábil de dicha recepción, pero nunca el mismo día como ha interpretado el ATS de 10.12.2018.
En segundo lugar, el Auto justifica la conclusión a la que llega en que, según el mismo, la filosofía del art. 151.2 LEC es que como la notificación se hace a través de instituciones como el Colegio de Procuradores, Fiscalía o Abogacía del Estado, tiene sentido que se prevea que la notificación se tenga por realizada al día siguiente pero solo si el procurador, fiscal, etc. no la recibe el mismo día porque si es así, esta "finalidad" ya se cumple y por lo tanto no hace falta estar a lo que dice claramente la ley, sino que hay que contar el día de la recepción como el de notificación porque si no también, "la previsión del inciso final del citado artículo carece de eficacia cuando hay constancia de la recepción en ese mismo día siguiente hábil del acto de notificación por el propio profesional representante de la parte".
Comenzando por esto último, no podemos estar más que en desacuerdo. El inciso final del art.151.2 LEC dice que "Cuando el acto de comunicación fuera remitido con posterioridad a las 15:00 horas, se tendrá por recibido al día siguiente hábil".
No hay laguna ni antinomia que resolver porque la ley es clara y sólo contempla 1 momento de notificación, sin interpretación posible. En estos casos, en los que la norma es meridianamente clara, es de aplicación la parte inicial del art. 3.1 del Código Civil que nos dice que "Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras".
¿Quiere ello decir que, prescindiendo de la claridad del art. 135.1 LEC debamos de rechazar un recurso que se presente el día siguiente al último del plazo antes de las 15 hora?. Es evidente que no, como ha considerado el Tribunal Constitucional entre otras en la STC 76/2012 donde nos dice que:
"...al hilo precisamente de la regla del art. 135 LEC, hemos declarado que las normas que establecen plazos para la realización de trámites procesales suponen “el reconocimiento del derecho a disponer del correspondiente plazo en su totalidad”, (SSTC 260/2000, de 30 de octubre, FJ 5; 38/2001, de 12 de febrero, FJ 2; 222/2003, de 15 de diciembre, FJ 4; 239/2005, de 26 de septiembre, FJ 2; 199/2007, de 24 de septiembre, FJ 2; y 151/2008, de 17 de noviembre, FJ 4). De modo congruente, hemos afirmado que vulneran el derecho de acceso a la jurisdicción (art. 24.1 CE), por el desproporcionado sacrificio que comportan, las resoluciones judiciales que producen como resultado final una reducción del correspondiente plazo legal, convirtiendo “en impracticable el citado derecho a disfrutar del plazo en su integridad” (SSTC 64/2005, de 14 de marzo, FJ 3; 239/2005, de 26 de septiembre, FJ 2; 25/2007, de 12 de febrero, FJ 2; y 179/2007, de 10 de septiembre, FJ 2)".
"Sin embargo esta regla cede y, por consiguiente, la correspondiente cuestión adquiere relevancia constitucional no sólo cuando la decisión judicial de inadmisión sea fruto de un error patente en el cómputo del plazo o de una interpretación arbitraria o manifiestamente irrazonable de la legalidad, sino también cuando sea consecuencia de la utilización de un criterio interpretativo rigorista, excesivamente formalista o desproporcionado en relación con los fines que trata de proteger y los intereses que sacrifica, habida cuenta de la mayor intensidad con la que se proyecta el principio pro actione cuando, como aquí sucede, se arriesga el derecho de acceso a la jurisdicción y, por tanto, la obtención de una primera respuesta judicial sobre la pretensión formulada.
"Ello permite diferenciar el derecho de acceso al recurso, del derecho de acceso a la jurisdicción. Mientras que “el derecho de acceder a la justicia no viene otorgado por la ley, sino por la Constitución misma” (STC 58/1995, de 10 de marzo, FJ 2), el eventual derecho al recurso no es sólo un derecho de configuración legal; es, sobre todo, un derecho de creación legal (STC 181/2001, de 17 de septiembre, FJ 3). Uno y otro derecho son, por consiguiente, “cualitativa y cuantitativamente distintos”, según terminante afirmación del Pleno en la citada STC 37/1995, de 7 de febrero, FJ 5, con especial incidencia en el canon de motivación constitucionalmente exigible. Así, el hecho de que una resolución judicial niegue la admisión de un recurso contra una resolución previa no la hace sólo por ello constitucionalmente sospechosa, pues la inadmisión, por sí misma, no supone la negación del ejercicio de ningún derecho constitucional. Se trataría de una resolución que —al igual que la que admitiera el recurso pese a la oposición de la parte recurrida— aplicaría la legislación ordinaria y que, como tal, no podría ser revisada por este Tribunal, cuya jurisdicción en el recurso de amparo sólo le permite conocer de violaciones de los derechos fundamentales y libertades públicas reconocidas en la Sección Primera del capítulo segundo del título primero y en el art. 14 de la Constitución [arts. 161.1 b) y 53.2]. El ejercicio de la potestad jurisdiccional, en cambio, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales (art. 117.3 CE), ante quienes se agotan los juicios sobre los demás derechos que reconoce el ordenamiento".
"Lo anterior no quiere decir que el derecho de acceso a los recursos legalmente establecidos ex art. 24.1 CE no proteja a los ciudadanos frente a decisiones que rechacen la admisión de los mismos; pero lo hace cuando esas decisiones son arbitrarias en la aplicación del Derecho, irrazonables o incurren en errores fácticos patentes (ATC 271/2008, de 15 de septiembre, FJ 2)".
Ligado a esto y respecto a la infracción del principio de seguridad jurídica del art. 9.3 de la Constitución, es muy interesante el comentario realizado por la profesora y letrada de las Cortes Generales Piedad García Escudero en la Revista de las Cortes Generales a la STC 135/2018. En esa sentencia se declara inconstitucional parte del apartado primero del artículo 367 LOPJ por mala técnica normativa que, como no me canso de repetir, es uno de los más graves problemas con los que nos encontramos en España. Sobre la posible infracción del principio de seguridad jurídica por la mala redacción de una norma por el legislador, se dice lo siguiente:
Ahora bien, dependiendo del alcance de la ausencia, o de la intensidad de la laguna o carencia, el juicio de constitucionalidad puede decantarse en otro sentido. Si las omisiones “produjeran confusión o dudas que generaran en sus destinatarios una incertidumbre razonablemente insuperable acerca de la conducta exigible para su cumplimiento o sobre la previsibilidad de sus efectos, podría concluirse que la norma en cuestión infringe el principio de seguridad jurídica” (STC 150/1990, FJ 8). En este caso, el grado de indeterminación alcanzado sería constitucionalmente intolerable, pues haría imposible concebir el Derecho como una razón distinguible de la voluntad del poder público que debe aplicarlo, de suerte que la vaguedad de la norma haría zozobrar el principio mismo de “imperio de la Ley”.
Si aplicamos esta última doctrina constitucional a sensu contrario al presente caso, en los supuestos en los que el legislador haya hablado y dejado claro cuál es la conducta exigible que deben de seguir los procuradores y demás profesionales públicos a cuyas instituciones se refiere el art. 151.2 LEC a efectos del cómputo del plazo de notificaciones (tener en cuenta que se da por notificada al día siguiente hábil al de la recepción, comenzando el día 1 del plazo al día siguiente hábil de este último), no cabe ninguna interpretación distinta, puesto que ello vulneraría el principio de seguridad jurídica.
Y correlativamente también el principio de confianza legítima, puesto que tal y como indicaba en "El Tribunal Constitucional resuelve sobre la falta de aviso electrónico en Lexnet":
"...la confianza legítima no sólo se reduce a los supuestos previstos en esa STC sino también al contemplado por la STC 70/2018 (comentada en esta entrada "¿Un único silencio administrativo para gobernarlos a todos?"), que es la confianza que se genera en el ciudadano cuando el poder público actúa de una manera habitualmente y de repente no lo hace.
Por todo ello creo que la procuradora, letrada y recurrente de este caso tienen todo el derecho de gritar con Mick Jagger "El tiempo está de mi lado, ¡sí lo está!, el tiempo está de mi lado, ¡sí lo está!" porque el recurso estaba interpuesto en plazo.
La consecuencia de esta interpretación usada por el ATS comentado es que se ha producido una injusticia que, probablemente, nuestro sistema no sea capaz de resolver. En los casos como estos en los que los Juzgados y Tribunales ordinarios vulneran un derecho fundamental y no existe recurso, existen muchas posibilidades de que esa infracción no sea reparada, tal y como comentaba en "La necesaria reforma del sistema contencioso-administrativos para acabar con la desprotección de los derechos fundamentales de los ciudadanos".
Pero mientras no cambie el sistema, es necesario que dentro de la dificultad de su labor, los Juzgados y Tribunales ordinarios tengan en cuenta todos los días y en cada caso la labor encomendada por la Ley Orgánica 6/2007, de reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que les otorga el papel de primeros garantes de los derechos fundamentales (en muchos casos, primeros y únicos, visto el porcentaje de estimación de las nulidades de actuaciones o de admisión de los recursos de amparo).
Siempre dentro de las circunstancias del caso, se debe de huir de cualquier interpretación que limite o impida el efectivo ejercicio de los derechos fundamentales de la ciudadanía. Sólo así podremos hablar de un verdadero Estado de Derecho, ya que estos derechos fundamentales constituyen nada menos que la base del sistema, como dice uno de mis artículos preferidos de la Constitución, el art. 10.1: