Source: http://docplayer.es/8720163-Republica-dominicana-tribunal-constitucional-en-nombre-de-la-republica.html
Timestamp: 2018-04-20 01:48:55
Document Index: 106630777

Matched Legal Cases: ['artículo 98', 'artículo 94', 'artículo 100', 'artículo 100', 'artículo 110', 'artículo 2', 'artículo 70', 'artículo 51', 'artículo 17', 'artículo 21', 'artículo 8', 'artículo 180', 'artículo 93', 'in fine', 'artículo 186', 'artículo 186']

1 EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA SENTENCIA TC/0017/13 Referencia: Expediente número TC , relativo al recurso de revisión de amparo incoado por el señor Moisés Pérez Pérez contra la Sentencia No , dictada por la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Barahona, en fecha ocho (8) de febrero de dos mil doce (2012). En el municipio Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo, República Dominicana, a los veinte (20) días del mes de febrero del año dos mil trece (2013). El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados Milton Ray Guevara, Juez Presidente; Leyda Margarita Piña Medrano, Jueza Primera Sustituta; Lino Vásquez Sámuel, Juez Segundo Sustituto; Hermógenes Acosta de los Santos, Ana Isabel Bonilla Hernández, Justo Pedro Castellanos Khouri, Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Jottin Cury David, Rafael Díaz Filpo, Víctor Gómez Bergés, Wilson S. Gómez Ramírez, Katia Miguelina Jiménez Martínez e Idelfonso Reyes, jueces; en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, y específicamente las previstas en el artículo de la Constitución y los artículos 9 y 94 de la Ley No , Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, de fecha trece (13) de junio del año dos mil once (2011), dicta la siguiente sentencia: Página 1 de 26
2 I.- ANTECEDENTES 1.- Descripción de la sentencia recurrida La sentencia No , objeto del presente recurso de revisión, fue dictada por la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial Barahona, en fecha ocho (8) de febrero de dos mil doce (2012). La decisión desestimó las conclusiones de Moisés Pérez Pérez, quien actuaba como interviniente voluntario, y acogió el amparo a favor del señor Rufo Antonio Medina Peña; ordenó al Procurador Fiscal del Distrito Judicial Barahona devolver al señor Rufo Antonio Medina Peña el vehículo de motor cuya propiedad reclama; y ordenó, asimismo, a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), proceder con la inscripción y transferencia de dicho vehículo a nombre del señor Rufo Antonio Medina Peña. Dicha sentencia fue notificada al señor Moisés Pérez Pérez en fecha trece (13) de marzo de dos mil doce (2012), según consta en el acto de notificación de sentencia instrumentado por el ministerial Luis Emilio Moreta Castillo, Alguacil de Estrado de la Segunda Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial Barahona. 2.- Presentación del recurso de revisión En fecha trece (13) de marzo de dos mil doce (2012), el señor Moisés Pérez Pérez interpuso el presente recurso de revisión, el cual fue notificado al señor Rufo Antonio Medina Peña, mediante acto instrumentado por el ministerial Luis Emilio Moreta Castillo, en fecha veintitrés (23) de marzo de dos mil doce (2012), así como al señor Jorgelín Montero Batista, Procurador Fiscal del Distrito Judicial Barahona, en fecha doce (12) de abril de dos mil doce (2012), mediante acto instrumentado por el ministerial Carlos Pineda Ramírez, Página 2 de 26
3 Alguacil Ordinario de la Segunda Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial Barahona. El recurrente, señor Moisés Pérez Pérez, pretende la revocación de la sentencia recurrida y, en este sentido, solicita que se ordene la entrega del vehículo de motor que se describe más adelante, por ser él, según sus argumentos, su legítimo dueño. 3.- Fundamentos de la sentencia recurrida La Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial Barahona, fundamentó su decisión en los siguientes motivos: CONSIDERANDO: Que habiéndose el tribunal trasladado en pleno hasta el parqueo del edificio para dar cumplimiento al principio de inmediación, al Juez Presidente observar el motor Suzuki antes indicado, se pudieron verificar las pequeñas abolladuras del lado derecho del tanque del motor color negro que refiere RUFO MEDINA; la numeración del chasis que corresponden a los documentos mostrados por MOISES PEREZ, No. LC6PAGA1X ; también se pudo visualizar que el chasis tenía rastros o huellas de pintura a brocha color negra con semblante o aspecto de terminado de menor calidad, diferente al resto de las demás piezas, las cuales lucían pintadas a la perfección, a pintura del fabricante; del mismo modo las tapas de metal que revisten la máquina de dicho motor tienen aspecto más lúcido o nuevo que el centro de la propia máquina, luciendo esta última en condiciones menos óptimas. CONSIDERANDO: Que del mismo modo, también se pudo comprobar que la llave que poseía RUFO MEDINA al ser conectada al switch, se pudo encender el motor, se abrió la cerradura de seguridad del timón (candado), y Página 3 de 26
4 el tapón del tanque de gasolina, coincidiendo por igual con la llave presentada por el interviniente MOISES PEREZ ( ). CONSIDERANDO: Que en la especie, si bien es cierto que el interviniente voluntario el señor MOISÉS PÉREZ PÉREZ mediante las documentaciones antes señaladas ha demostrado que legalmente en fecha 18/10/10 compró la motocicleta marca Suzuki AX-100 color gris con Número de Chasis LC6PAGA1X placa YN4337 a la señora YOHANNY ESTHER CUEVAS por valor de $11, pesos con todo y matrícula; también es cierto que, durante la audiencia de amparo se pudieron comprobar situaciones que revelaban que con dicha motocicleta se cometieron actos dolosos fraudulentos de mala fe, toda vez que, la misma, al ser observada por el tribunal en presencia de los impetrantes fue encendida por las llaves que ambos poseían, tanto la que portaba MOISÉS PÉREZ como la de RUFO MEDINA; y no solo esto, que con dichas llaves también se pudieron cerrar y abrir el seguro del timón, y hasta el tapón del tanque de gasolina de dicho motor, cuestión esta que nuestras máximas de la experiencia nos indican que no puede ser accidental ni coincidencia de lo que se advierte que, por todas estas dubitativas y obscuras características las, conclusiones vertidas en la audiencia por el interviniente voluntario MOISES PÉREZ, han de ser desestimadas por improcedentes. CONSIDERANDO: Que además, luego de que el impetrante, RUFO MEDINA comunicara al ministerio público JORGELÍN MONTERO BATISTA que un empleado suyo le había sustraído el motor ( ), y que dicho motor lo habían vendido en la Hoya, y que se encontraba en la casa de GUINEO (padre de MOISES PÉREZ); éste último (JORGELIN MONTERO) expresó en audiencia que al practicar el allanamiento en dicha casa notaron que habían dos motores, uno gris y otro negro, cuando ya el impetrante RUFO lo había descrito como un motor nuevo del año 2011, marca Suzuki AX-100 color negro, con unos abolladitos en la parte derecha del tanque de gasolina, cuyas Página 4 de 26
5 características coincidieron con el motor negro encontrado en la casa de GUINEO, y que en dicha casa allanada estaban el nombrado GUINEO y su hijo el interviniente voluntario MOISÉS PÉREZ, lo cual, además de la prueba documental presentada en audiencia por el impetrante RUFO MEDINA sobre el motor de referencia, más, por haberse comprobado a través de este testimonio el fraude cometido con este aparato, ha sido el criterio de este tribunal no acoger las conclusiones del interviniente voluntario por los motivos y conceptos precedentemente expuestos. CONSIDERANDO: Que no solo objetamos o rechazamos el pedimento del interviniente MOISÉS PÉREZ por haber cambiado el color del motor de gris a negro cuando la matrícula presentada por éste dice que pertenece a un motor gris siendo el motor que reclama de color negro, sino porque las pruebas presentadas por el impetrante el señor RUFO MEDINA a través del Lic. JORGELÍN MONTERO BATISTA, y YOHANNY ESTHER CUEVAS MORETA además de la factura de la compra del mismo, nos conducen a establecer que MOISÉS PÉREZ ha utilizado medios oscuros para presentar un motor de bajo valor (RD$11,000.00) con las características de un motor que aparenta ser de un modelo más reciente y moderno, con un valor apreciado en el mercado actual dos o tres veces muy superior al que fue vendido en condiciones de casi nuevo, montado en un chasis que aunque con una venta y matrícula legal; el contraste es notorio, toda vez que, el mismo está tintado de pintura negra pero con rastros y características de pintura ordinaria o artesanal, o de brocha a mano, diferentes al resto del cuerpo de dicho vehículo, cuyas piezas restantes lucen en condiciones más óptimas y relucientes que el señalado chasis; más por las propias expresiones de la testiga YOHANNY ESTHER CUEVAS MORETA, quien reconoce haber vendido a éste el indicado motor, pero también expresó que era un motor que no estaba en buenas condiciones; de donde se puede colegir que, aún siendo bien reparado, no puede exhibir las características de un motor con un chasis Página 5 de 26
6 pintado a brocha, con el cuerpo de un motor más moderno y reluciente en condiciones excelentes. CONSIDERANDO: Que a mayor abundamiento a lo antes expresado cabe resaltar que, además, sobre dicho motor el magistrado JORGELÍN MONTERO BATISTA había expresado en audiencia que las personas que interrogó en su oficina una de ellas, un señor de una compraventa llamado EDGAR, le dijo que vendió un motor gris a MOISÉS PÉREZ por valor de siete mil pesos (RD$7,000.00) en el año 2003, de donde se colige que éste, de dos motores puede hacer uno en mejor estado, usando parte de uno para juntarlas con otro motor, tal como ha acontecido en la especie. CONSIDERANDO: Que además de los documentos presentados como prueba, aún el interviniente MOISÉS PÉREZ en audiencia haber mostrado facturas de la compra de tanque, cola y tapas de motor Suzuki AX-100, a éste órgano judicial no le fue suficientemente convincente como para acoger las impetraciones vertidas en audiencia por el interviniente MOISES PEREZ, por parecernos que hubo manos fraudulentas y manipuladoras en la construcción o constitución del motor de referencia. CONSIDERANDO: Que no obstante el impetrante RUFO MEDINA haber presentado una fotocopia de matrícula del referido motor Suzuki AX-100 año 2011 que expresa le fuera robado por su empleado cobrados de su negocio, con número de chasis LC6PAGA14B , por coincidir con la factura original mostrada en audiencia, ha de ser considerado como una prueba pertinente en la presente acción de amparo, por la coherencia que tanto mantiene con la otra. CONSIDERANDO: Que procede el decomiso del indicado vehículo que fuera usado por el interviniente voluntario MOISÉS PÉREZ PÉREZ, consistente en el motor ( ), a favor del impetrante RUFO ANTONIO Página 6 de 26
7 MEDINA PEÑA, por haberse demostrado la existencia de la manipulación fraudulenta e ilícita que consistió en el cambio de chasis cometida con el motor ( ) propiedad de éste. ( ) CONSIDERANDO: Que los artículos 1,6,16,20, 22,23,26,27,29 y 30 de la Ley de Amparo No de fecha 25 de julio del año 2006 disponen lo siguiente: ( ). 4.- Hechos y argumentos jurídicos de la recurrente en revisión El recurrente pretende que se revoque la decisión objeto del recurso de revisión y se ordene la entrega del motor cuya propiedad reclama, y para justificar dichas pretensiones argumenta, entre otros motivos, lo siguiente: a) En la sentencia recurrida se evidencia que no se valoraron pruebas documentales y testimoniales presentadas por el recurrente, y que demuestran su calidad de propietario del referido motor, lo que implica una falta de motivación; y, b) El Juez valoró el testimonio del representante del Ministerio Público, haciendo caso omiso al testimonio de los señores Johanny Esther Cuevas Moreta y Cleidi F. Vorquez, quienes confirmaron haber vendido al recurrente los dos (2) vehículos de motor que fueron hallados por el Ministerio Público al momento de allanar la residencia del recurrido en busca de una motocicleta color gris, supuestamente propiedad del señor Rufo Antonio Medina Peña. 5.- Hechos y argumentos jurídicos del recurrido en revisión Las partes recurridas no hicieron uso de su derecho a depositar un escrito de defensa, de conformidad con lo previsto en las disposiciones del artículo 98 de la Ley número Página 7 de 26
8 6.- Pruebas documentales República Dominicana En el trámite del presente recurso en revisión, las pruebas documentales que obran en el expediente son, entre otras, las siguientes: a) Copia certificada de la sentencia de recurso de amparo No , dictada por la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial Barahona, en fecha ocho (8) de febrero de dos mil doce (2012); b) Copia del acto mediante el cual se notificó el recurso de revisión al señor Rufo Antonio Medina, en fecha veintitrés (23) de marzo de dos mil doce (2012), por el ministerial Luis Emilo Moreta Castillo, Alguacil de Estrado de la Segunda Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial Barahona; c) Copia del acto mediante el cual se notificó el recurso de revisión al señor Jorgelín Montero Batista, Procurador Fiscal de Barahona, en fecha doce (12) de abril de dos mil doce (2012), instrumentado por el ministerial Carlos Pineda Ramírez, Alguacil Ordinario de la Segunda Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial Barahona; d) Certificación de publicación de fecha veinticuatro (24) de noviembre de dos mil once (2011) del Editorial Listín Diario, sobre Pérdida de Matrícula de motocicleta Suzuki 2003, color gris, placa YN4337, chasis LC6PAGA1X , propiedad de Johanny Esther Cuevas. e) Copia de la factura No , de fecha diez (10) de mayo de dos mil once (2011), expedida por Taller, Repuesto, Compraventa y Electrónica Abelardo, relativo a la venta de 1 tanque AX negro, 2 tapas laterales, AX negro, por un total de RD$3, Página 8 de 26
9 f) Copia de la factura No. 1133, de fecha siete (7) de agosto de dos mil tres (2003), expedida por DOMISUR, S.A., a nombre de Johanny Esther Cuevas, relativa a la venta de 1 motor nuevo modelo AX100, color gris, por la suma de RD$34, g) Copia del Certificado de Propiedad de Vehículo de Motor placa NY4337, chasis LC6PAGA1X , color gris, a nombre de DOMISUR. h) Certificación expedida por la Dirección General de Impuestos Internos, de fecha veinticinco (25) de enero de dos mil doce (2012), que establece que el vehículo de motor placa NY4337, chasis LC6PAGA1X , color gris, es propiedad de Johanny Esther Cuevas Moreta. i) Certificación expedida por la Policía Nacional mediante la cual se hace constar que no existe querella o denuncia que involucre al vehículo placa NY4337, chasis LC6PAGA1X , color gris, es propiedad de Johanny Esther Cuevas Moreta. j) Recibo No. 1661, de fecha dieciocho (18) de abril de dos mil once (2011), expedido por Préstamos Doble AA, a nombre de Rufo Antonio Medina Peña, sobre crédito por la compra de vehículo de motor Suzuki AX- 100 color negro, chasis LC6PAGA14B , por RD$53, k) Copia del Certificado de Propiedad de Vehículo de Motor placa N711546, chasis LC6PAGA14B024710, color negro, marca Suzuki, modelo AX100, a nombre de Inversiones Cornielle Suberbí S.R.L. l) Contrato de Traspaso de Vehículo de Motor Bajo Firma Privada de fecha dieciocho (18) de octubre de dos mil diez (2010), suscrito entre Johanny Esther Cuevas Moreta y Moisés Pérez Pérez. Página 9 de 26
10 7.- Síntesis del conflicto República Dominicana II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DEL Conforme a la documentación depositada en el expediente y a los hechos invocados por las partes, en la especie el recurrente pretende que se revoque la Sentencia No , objeto del recurso de revisión, se ordene la entrega de un vehículo de motor del que se considera su legítimo dueño, bajo el argumento de que dicha sentencia no fue debidamente motivada, ya que el Juez de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial Barahona no valoró las pruebas documentales y testimoniales que demostraban su calidad de propietario. 8.-Competencia El Tribunal Constitucional es competente para conocer del presente recurso de revisión, en virtud de lo establecido en el artículo de la Constitución y los artículos 9 y 94 de la referida Ley No Admisibilidad del recurso de revisión El Tribunal Constitucional estima que el presente recurso de revisión resulta admisible, en atención al siguiente razonamiento: a) Conforme las disposiciones del artículo 94 de la Ley No , todas las sentencias emitidas por el juez de amparo sólo son susceptibles de ser recurridas en revisión y en tercería. b) El artículo 100 de la referida Ley No , establece los criterios para la admisibilidad del recurso de revisión de amparo, sujetándola a que la Página 10 de 26
11 cuestión de que se trate entrañe una especial trascendencia o relevancia constitucional, y faculta al Tribunal Constitucional para apreciar dicha trascendencia o relevancia, atendiendo a la importancia del caso para la interpretación, aplicación y general eficacia del texto constitucional, o para determinar el contenido, alcance y la concreta protección de los derechos fundamentales. c) Haciendo uso de su facultad interpretativa este Tribunal fijó su posición en relación a la aplicación del referido artículo 100 (Ver: Sentencia TC/0007/12, del veintidós (22) de marzo de dos mil doce (2012)), estableciendo que la mencionada condición de inadmisibilidad sólo se encuentra configurada, entre otros supuestos, 1) que contemplen conflictos sobre derechos fundamentales respecto a los cuales el Tribunal Constitucional no haya establecido criterios que permitan su esclarecimiento ( ). d) En la especie, el Tribunal Constitucional considera que el presente recurso de revisión tiene especial trascendencia y relevancia constitucional, pues se evidencia un conflicto que permitirá esclarecer el principio de irretroactividad de la ley y su alcance; así como el alcance del derecho fundamental de propiedad, cuando el mismo ha sido vulnerado por un funcionario mediante una actuación que se aparta del debido proceso de ley. 10.-Sobre el presente recurso de revisión Verificada la admisibilidad del recurso, el Tribunal Constitucional hace las siguientes consideraciones: a) Este Tribunal Constitucional reconoce que la debida motivación de las decisiones es una de las garantías del derecho fundamental a un debido proceso y de la tutela judicial efectiva, consagrados en las disposiciones de los Página 11 de 26
12 artículos 68 y 69 de la Constitución, e implica la existencia de una correlación entre el motivo invocado, la fundamentación y la propuesta de solución; es decir, no basta la mera enunciación genérica de los principios sin la exposición concreta y precisa de cómo se produce la valoración de los hechos, las pruebas y las normas previstas que se aplicarán. b) Lo anterior implica que, para que una sentencia carezca de fundamentación, debe carecer de los motivos que justifican el análisis del juez en cuanto a su decisión y las razones jurídicas que la determinan, comprendiendo todas las cuestiones sometidas a decisión, con una argumentación clara, completa, legítima y lógica, así como la aplicación de la normativa vigente y aplicable al caso. c) En la especie, este Tribunal ha podido verificar que al exponer los fundamentos jurídicos que justificaron la Sentencia No , el juez de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial Barahona se limitó a enunciar varios de los artículos de la derogada Ley No , no obstante el recurso haber sido interpuesto el trece (13) de marzo de dos mil doce (2012), fecha en la cual ya se encontraba vigente la referida Ley No d) El principio de la irretroactividad de las leyes es un principio general de derecho que se encuentra consagrado en el artículo 110 de la Constitución, el cual establece que la ley sólo dispone y se aplica para lo porvenir, por lo que no tiene efecto retroactivo sino cuando sea favorable al que esté subjúdice o cumpliendo condena. La consagración de dicho principio procura el afianzamiento de la seguridad jurídica, e incluso la dignidad de las personas que integran un Estado Social y Democrático de Derecho, y ha sido concebido y subsumido, además, por nuestro ordenamiento jurídico en leyes formales, como el artículo 2 del Código Civil Dominicano. Página 12 de 26
13 e) Al respecto, mediante sentencia TC/0013/12, este Tribunal Constitucional estableció que el principio de irretroactividad de la ley es la máxima expresión de la seguridad jurídica en un Estado de Derecho, y por tanto debe ser fundamento en las actuaciones de competencia de todos los órganos del Estado, puesto que en principio las leyes rigen hacia el futuro y pueden tener efecto inmediato, como sucede con la regla general de que las leyes procesales son de aplicación inmediata. f) Es por lo anterior que la Sentencia No , debe ser declarada nula, y el Tribunal avocarse a conocer el fondo del presente conflicto. g) En el caso que nos ocupa, este Tribunal ha podido establecer que Rufo Antonio Medina Peña le comunicó al representante del Ministerio Público, Jorgelín Montero Batista, Procurador Fiscal del Distrito Judicial Barahona, que un empleado le había sustraído un vehículo de motor del año dos mil once (2011), marca Suzuki AX-100, color negro. h) En virtud de dicha comunicación, el referido Procurador Fiscal procedió a allanar la residencia del recurrente. i) Bajo el argumento de que el Ministerio Público se negaba a entregarle el vehículo de motor, Rufo Antonio Medina Peña interpone la acción de amparo que da origen al presente recurso, pudiendo verificar este Tribunal Constitucional que el recurrente, Moisés Pérez Pérez, ha depositado el certificado de propiedad del vehículo cuya propiedad se cuestiona, y presentó dicho certificado por ante el Ministerio Público y por ante el Juez de amparo. No obstante eso, este último desestimó su reclamo y ordenó la entrega del vehículo al recurrido, Rufo Antonio Medina Peña, ordenando además a la Dirección General de Impuestos Internos que procediera a transferir dicho vehículo a nombre de éste último. Página 13 de 26
14 j) Sobre el particular, debemos señalar que los artículos 3, 17 y 18 de la Ley No. 241 sobre Tránsito de Vehículos de Motor, establecen que la propiedad de un vehículo de motor se prueba por el certificado de propiedad y que los traspasos no tienen validez para fines de la ley si no han sido debidamente registrados ante la Dirección General de Impuestos Internos o si el acto registrado y legalizado es denunciado ante esa entidad. Por consiguiente, en atención a lo antes expuesto, y atendiendo a las particularidades de este caso, debió el Ministerio Público, o posteriormente el Juez de Amparo, ordenar la devolución del vehículo de motor a la persona que demostró, con la documentación pertinente, la propiedad de ese vehículo, puesto que lo contrario implicaría una violación al derecho de propiedad de quien puede legítimamente sustentar sus pretensiones. k) Resulta importante aclarar que no corresponde al Tribunal Constitucional discutir y determinar si hubo o no manejo fraudulento en la adquisición del vehículo de motor de que se trata, por lo que la presente decisión de ninguna manera implica acreditación del derecho de propiedad a favor de ninguna de las partes. l) Si el Ministerio Público o el juez de amparo entendían que en el caso particular habían manifestaciones de alguna especie de manipulación fraudulenta, o sustracción de bienes, o cualquier otro tipo de conducta manifiestamente ilícita y tipificable penalmente, el deber del primero era poner en movimiento la acción pública, y el del segundo, desestimar la acción de amparo por tratarse de una cuestión de legalidad ordinaria, competencia de los jueces ordinarios. m) En efecto, tanto la doctrina como la propia jurisprudencia constitucional comparada han manifestado que la determinación del hecho, la interpretación y la aplicación del derecho, son competencias que corresponden al juez ordinario, por lo que el juez constitucional limita el ámbito de su actuación a Página 14 de 26
15 la comprobación de si en la aplicación del derecho se ha producido una vulneración a un derecho constitucional. n) Este Tribunal es de criterio que la naturaleza del recurso de amparo impide suscitar ante un órgano constitucional cuestiones de legalidad ordinaria, cuya interpretación no es función de este Tribunal. o) El artículo 70.3 de la Ley No prescribe que el amparo es inadmisible cuando es notoriamente improcedente, tal y como sucede en el caso que nos ocupa, motivo por el cual el juez de amparo debió haber declarado inadmisible la acción. p) No obstante lo expuesto, la declaratoria de la improcedencia de la acción de amparo no impide que el Tribunal Constitucional verifique si al recurrente se le ha vulnerado su derecho a la propiedad, al privársele del mismo mediante una sentencia completamente carente de fundamento jurídico, o mediante actuaciones que distan de lo que las facultades legales le confieren al Ministerio Público, razón por la cual procede considerar las cuestiones de fondo del presente recurso. q) El derecho de propiedad se encuentra consagrado en el artículo 51 de la Constitución, el cual prescribe lo siguiente: El Estado reconoce y garantiza el derecho de propiedad. La propiedad tiene una función social que implica obligaciones. Toda persona tiene derecho al goce, disfrute y disposición de sus bienes. Y, en el numeral 1, precisa: Ninguna persona puede ser privada de su propiedad, sino por causa justificada de utilidad pública o de interés social, previo pago de su justo valor, determinado por acuerdo entre las partes o sentencia de tribunal competente, de conformidad con lo establecido en la ley. En caso de declaratoria de Estado de Emergencia o de Defensa, la indemnización podrá no ser previa. Página 15 de 26
16 r) Este derecho a la propiedad fue previamente consagrado en el artículo 17 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, según el cual toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente, y nadie puede ser privado arbitrariamente de su propiedad. Lo recoge, además, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 21, al establecer que: Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes, y, asimismo, que Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley. s) En virtud de las disposiciones precedentemente descritas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reiterado jurisprudencia en la que señala como atributos de la propiedad el uso y goce del bien, definiendo los bienes como cosas materiales apropiables, así como todo derecho que pueda formar parte del patrimonio de una persona; además, dicha Corte ha establecido un concepto amplio de propiedad, determinando que ésta comprende todos los muebles e inmuebles, los elementos corporales e incorporales y cualquier otro objeto inmaterial susceptible de valor. t) Asegura la Corte Interamericana de Derechos Humanos (caso Salvador Chiriboga c. Ecuador, sentencia de 6 de mayo de 2008) que El derecho a la propiedad privada debe ser entendido dentro del contexto de una sociedad democrática donde para la prevalencia del bien común y los derechos colectivos deben existir medidas proporcionales que garanticen los derechos individuales, siendo la función social de la propiedad un elemento fundamental para el funcionamiento de la misma. Por esta razón, no se trata de un derecho absoluto al permitirse, por ejemplo, su restricción por razones de utilidad pública o de interés social, siempre y cuando se practique dicha limitación según los casos y las formas establecidas por la ley y de conformidad con la Convención, afirmando dicha Corte que, en tales casos, el principio de legalidad es una condición determinante para efectos de verificar Página 16 de 26
17 la concurrencia de una vulneración al derecho a la propiedad, y supone que la legislación que regule la privación del derecho a la propiedad deba ser clara, específica y previsible. u) En la referida sentencia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló que en casos de expropiación de los bienes de una persona, el principio de legalidad es una condición determinante para efectos de verificar la concurrencia de una vulneración al derecho a la propiedad, insistiendo en que este principio supone que la legislación que regule la privación del derecho a la propiedad deba ser clara, específica y previsible. v) En ese mismo tenor, este Tribunal dispuso que la concesión del derecho de propiedad tiene tres dimensiones para que pueda ser efectivo, como son: el goce, el disfrute y la disposición, definiendo el derecho de propiedad como el derecho exclusivo al uso de un objeto o bien aprovecharse de los beneficios que este bien produzca y a disponer de dicho bien, ya sea transformándolo, distrayéndolo o transfiriendo los derechos sobre los mismos (sentencia TC/0088/2012). w) Lo anterior implica, pues, que para privar a una persona de su propiedad, la autoridad correspondiente debe hacerlo observando el debido proceso de ley, consagrado en los artículos 68 y 69 de la Constitución dominicana, y en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. x) En este caso, no se evidencia que el Ministerio Público, al actuar como lo hizo, allanando la residencia del recurrente e incautándose el vehículo propiedad de éste, haya observado las normas que le autorizan a realizar tal actuación, como obtener previamente una orden judicial motivada, según las previsiones del artículo 180 del Código Procesal Penal; o que, ante la presentación de la documentación pertinente que demuestra la propiedad del vehículo en cuestión, haya observado las disposiciones de los artículos 3 y 17 de la Ley 241 sobre Tránsito de Vehículos de Motor, los cuales prescriben que Página 17 de 26
18 la propiedad de un vehículo de motor se prueba por el certificado de propiedad (matrícula). y) Todo lo expuesto implica, entonces, que al inobservar las disposiciones legales vigentes, el Ministerio Público ha actuado arbitrariamente y ha vulnerado el derecho de propiedad del recurrente, por lo que el Tribunal Constitucional procede a acoger el presente recurso. z) Finalmente, en ejercicio de la facultad consagrada en el artículo 93 de la referida Ley No , de pronunciar astreintes, con el objeto de constreñir al agraviante al efectivo cumplimiento de lo ordenado, mediante sentencia TC/0048/2012, este Tribunal Constitucional estableció que toda vulneración a la Constitución y a un derecho fundamental, así como toda violación a una decisión de este órgano constitucional, genera un daño social, a cuya reparación el Tribunal podría contribuir, por lo que dispuso que la imposición de una astreinte puede dictarse para que su liquidación sea en provecho de la sociedad, a través de instituciones específicas, estatales y preferiblemente dedicadas a la solución de problemas sociales, como lo es el Cuerpo de Bomberos de Barahona. Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. Figuran incorporados el voto salvado de la magistrada Leyda Margarita Piña Medrano, Jueza Primera Sustituta; el voto disidente parcial de la magistrada Ana Isabel Bonilla Hernández, Jueza; y el voto disidente y salvado de la magistrada Katia Miguelina Jiménez Martínez, Jueza. Por los motivos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, el Tribunal Constitucional, DECIDE: PRIMERO: ADMITIR el recurso de revisión incoado por el señor Moisés Pérez Pérez contra la Sentencia No , dictada por la Cámara Página 18 de 26
19 Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial Barahona, en fecha ocho (8) de febrero de dos mil doce (2012). SEGUNDO: ANULAR la referida Sentencia No ; TERCERO: RECHAZAR la acción de amparo interpuesta por el señor Rufo Antonio Medina Peña; y ADMITIR la intervención voluntaria del señor Moisés Pérez Pérez; CUARTO: ORDENAR al Procurador Fiscal del Distrito Judicial de Barahona la inmediata devolución del vehículo de motor del año dos mil once (2011), marca Suzuki AX-100, color negro; QUINTO: IMPONER una astreinte de QUINIENTOS PESOS DOMINICANOS (RD$500.00) por cada día de retardo en la ejecución de la presente decisión, en contra de la Procurador Fiscal del Distrito Judicial Barahona, en favor del Cuerpo de Bomberos de Barahona; SEXTO: COMUNICAR la presente sentencia por Secretaría, para su conocimiento y fines de lugar, al recurrente, el señor Moisés Pérez Pérez; y a los recurridos, el seno Rufo Antonio Medina Peña y el Procurador Fiscal del Distrito Judicial Barahona; SÉPTIMO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo establecido en los artículos 72, in fine, de la Constitución de la República, y 7 y 66 de la referida Ley No ; y OCTAVO: DISPONER que la presente decisión sea publicada en el Boletín del Tribunal Constitucional. Firmada: Milton Ray Guevara, Juez Presidente, Leyda Margarita Piña Medrano, Jueza Primera Sustituta; Lino Vásquez Sámuel, Juez Segundo Sustituto; Hermógenes Acosta de los Santos, Juez; Ana Isabel Bonilla Hernández, Jueza; Justo Pedro Castellanos Khouri, Juez; Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Juez; Jottin Cury David, Juez; Rafael Díaz Filpo, Juez; Página 19 de 26
20 Víctor Gómez Bergés, Juez; Wilson S. Gómez Ramírez, Juez; Katia Miguelina Jiménez Martínez, Jueza; Idelfonso Reyes, Juez; Julio José Rojas Báez, Secretario. VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA LEYDA MARGARITA PIÑA MEDRANO, RELATIVO AL RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA DE AMPARO INTERPUESTO POR EL SEÑOR MOISES PEREZ PEREZ CONTRA LA SENTENCIA NO , DICTADA POR LA CAMARA PENAL DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE BARAHONA, EN FECHA OCHO (8) DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DOCE. La magistrada Leyda Margarita Piña Medrano tiene un voto salvado con relación al destinatario del astreinte en los mismos términos y por iguales razones que las expresadas en la Sentencia TC/0017/13, de fecha veinte (20) de febrero de dos mil trece (2013). Firmado: Leyda Margarita Piña Medrano, Jueza Primera Sustituta. VOTO DISIDENTE PARCIAL DE LA MAGISTRADA ANA ISABEL BONILLA HERNÁNDEZ RESPECTO DEL ORDINAL QUINTO DE LA SENTENCIA TC/0017/13 DEL DÍA VEINTE (20) DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL TRECE (2013) Con el debido respeto hacia el criterio mayoritario expresado en la sentencia y de acuerdo con la opinión que hemos venido manteniendo respecto a la decisión reflejada en el ordinal quinto, nos sentimos en la necesidad de ejercitar la facultad prevista en el artículo 186 de la Constitución, a fin de ser coherente con la posición mantenida. Página 20 de 26
21 Como cuestión previa a exponer los motivos que nos llevan a elevar este voto disidente parcial, conviene precisar que quien suscribe, comparte el criterio expresado en esta sentencia. Consideraciones respecto del ordinal quinto. La condena a un astreinte ha debido beneficiar al recurrente, señor Moisés Pérez Pérez Somos de opinión que el ordinal quinto debió favorecer al accionante Moisés Pérez Pérez no al Cuerpo de Bomberos de Barahona, entidad que no fue parte en el proceso. Al ser la naturaleza de la astreinte una medida de constreñimiento, de coacción, un medio indirecto de llegar a la ejecución de la sentencia que ha amparado los derechos del accionante, con ello se confirma tal naturaleza, pues lejos de ser una indemnización, lo que se sanciona es el incumplimiento, y es el accionante, no el Estado ni otra entidad pública, el afectado por un eventual incumplimiento. En relación a este caso, reiteramos los criterios expuestos en el voto disidente parcial que emitiéramos en la sentencia TC de fecha 08 de octubre de El astreinte se caracteriza por ser una condenación pecuniaria, conminatoria, accesoria, eventual e independiente del perjuicio causado, pronunciada con el fin de asegurar la ejecución de una condenación principal. Al ser la astreinte una medida conminatoria el producto de ella ha debido beneficiar a la contraparte del conminado, para respetar con ello el principio de relatividad de las sentencias de amparo, en tanto los efectos de la sentencia de amparo son inter partes, razón por la cual solo benefician o perjudican a quienes han sido partes. Es por ello que para quien suscribe resulta preferible seguir en esta materia la práctica dominicana, que se origina en la tendencia del derecho francés, y Página 21 de 26
22 que confiere la calidad de beneficiario de la astreinte a la contraparte del conminado (accionante), en otras palabras, al titular del derecho que con la sentencia se ampara. Esto por diversas razones: a) porque es el damnificado por el incumplimiento; b) Porque si la sociedad, a través del fisco o de instituciones específicas es el beneficiario, cabe presumir que la medida perderá eficacia, pues el titular del derecho carecerá de interés para exigir su aplicación, y; c) porque se complica la ejecutabilidad de la sentencia, con la participación de un tercero que no es parte. Por las razones que anteceden reiteramos nuestro criterio de que la astreinte ha debido beneficiar al accionante, titular del derecho que ha sido amparado por la presente sentencia. Firmado: Ana Isabel Bonilla Hernández, Jueza. VOTO SALVADO Y DISIDENTE DE LA MAGISTRADA KATIA MIGUELINA JIMÉNEZ MARTÍNEZ, RESPECTO DE LA SENTENCIA TC/0017/13 DEL VEINTE (20) DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2013, DICTADA CON MOTIVO DEL RECURSO DE REVISIÓN DE AMPARO INCOADO POR EL SEÑOR MOISES PEREZ PEREZ, EN CONTRA DE LA SENTENCIA NÚMERO , DICTADA POR LA CÁMARA PENAL DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE BARAHONA EN FECHA OCHO (8) DE FEBRERO DE DOS MIL DOCE (2012) Con el debido respeto hacia el criterio mayoritario reflejado en la sentencia y de acuerdo con la opinión que mantuvimos en la deliberación, nos sentimos en la necesidad de ejercitar la facultad prevista en el artículo 186 de la Constitución, a fin de ser coherentes con la posición mantenida. Página 22 de 26
23 I. Precisión sobre el alcance del presente voto Como cuestión previa a exponer los motivos que nos llevan a elevar este voto, conviene precisar que la jueza que suscribe, comparte el criterio de que la Sentencia número , dictada por la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Barahona en fecha ocho (8) de febrero de dos mil doce (2012), objeto de revisión por ante este Tribunal Constitucional debe ser anulada, en virtud de que se ha violentado el derecho a la propiedad del recurrente MOISES PEREZ PEREZ. Sin embargo, discrepa del ordinal quinto de la misma, por las razones y motivos que se consignan más adelante. La diferencia del presente voto no solo radica en lo referente en el ordinal quinto de la parte dispositiva de esta sentencia, sino que a pesar de concurrir con el fallo, salva su voto en lo relativo a las motivaciones que expone el consenso de este Tribunal Constitucional para decretar la admisibilidad del presente recurso de revisión de sentencia en materia de amparo. 1. Sobre la admisibilidad del presente recurso de revisión de sentencia relativa a acción de amparo Para decretar la admisibilidad de la presente revisión de sentencia de amparo el consenso de este Honorable Tribunal remite a su precedente anterior que consta en la Sentencia TC/0007/12 del 22 de marzo de 2012, criterio que sobre la especial trascendencia o relevancia constitucional no fue alcanzado a unanimidad, razón por la cual en esta sentencia debió indicarse tal situación, pues al no hacerlo se interpretaría que quienes en aquélla ocasión fijamos discrepancia frente a tal postura hemos variado la posición, cuando ello no ha ocurrido Es por lo indicado en el párrafo anterior que si bien estamos de acuerdo con que se declare la admisibilidad del presente recurso de revisión, la suscrita reitera que no debe ser aplicada la dimensión objetiva, sino subjetiva del amparo, pues de hacerlo se dejaría desprovisto al procedimiento de amparo del Página 23 de 26
24 requisito de la doble instancia dispuesto por nuestra Constitución, la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos Nuestro criterio es que el presente recurso es admisible, sin importar que sea relevante o no para la interpretación constitucional y para la determinación de los derechos fundamentales, pues lo contrario sería frustrar y volver ilusoria una de las funciones esenciales del Estado de Derecho, como lo es la protección efectiva de los derechos fundamentales; además este es un tribunal que apenas tiene un año funcionando de manera que por el momento todo resulta relevante o trascendente Además, cabe destacar que el criterio de relevancia constitucional no puede aplicarse restrictivamente, ya que toda vulneración a un derecho fundamental es, en principio y por definición, constitucionalmente relevante y singularmente trascendente para quien lo invoca o demanda su restitución. De ahí, que bastaba constatar que el recurso de revisión de que se trata se interpuso dentro del plazo de 5 días, como en efecto se hizo. 2. Consideraciones respecto del ordinal quinto 2.1. La jueza que discrepa sostiene que el ordinal quinto debió favorecer al accionante MOISES PEREZ PEREZ y no al Cuerpo de Bomberos de Barahona, que ni siquiera era parte en el proceso. La suscrita sostiene el criterio de que al ser la naturaleza de la astreinte una medida de constreñimiento, de coacción, un medio indirecto de llegar a la ejecución de la sentencia que ha amparado los derechos del accionante, con ello se confirma tal naturaleza, pues lejos de ser una indemnización, lo que se sanciona es el incumplimiento, y es el accionante, no el Cuerpo de Bomberos de Barahona, el afectado por un eventual incumplimiento Cabe destacar que la astreinte se caracteriza por ser una condenación pecuniaria, conminatoria, accesoria, eventual e independiente del perjuicio causado, pronunciada con el fin de asegurar la ejecución de una condenación Página 24 de 26
25 principal, razón por la cual la suscrita nunca le atribuiría una función indemnizatoria como sí lo ha hecho al establecer en la sentencia que toda vulneración a la Constitución y a un derecho fundamental, así como toda violación a una decisión de este órgano constitucional, genera un daño social, a cuya reparación el Tribunal podría contribuir Reiteramos que la astreinte fijada por este Tribunal en contra del Procurador Fiscal del Distrito Judicial de Barahona, debió consignarse a favor del accionante. No obstante, el consenso de este Tribunal ha concedido el beneficio de la astreinte al Cuerpo de Bomberos de Barahona, parte ajena al presente proceso, que por demás ni siquiera trabaja en temas que tengan vinculación y afinidad con el tema que es objeto de la presente sentencia Al ser la astreinte una medida conminatoria el producto de ella ha debido beneficiar a la contraparte del conminado, para respetar con ello el principio de relatividad de las sentencias de amparo, en tanto los efectos de la sentencia de amparo son inter partes, razón por la cual solo benefician o perjudican a quienes han sido partes Es por ello que para la jueza que suscribe resulta preferible seguir en esta materia la práctica dominicana, que se origina en la tendencia del derecho francés, y que confiere la calidad de beneficiario de la astreinte a la contraparte del conminado (accionante), en otras palabras, al titular del derecho que con la sentencia se ampara. Esto por diversas razones: a) porque es el damnificado por el incumplimiento; b) Porque si la sociedad, a través del fisco o de instituciones específicas es el beneficiario, cabe presumir que la medida perderá eficacia, pues el titular del derecho carecerá de interés para exigir su aplicación, y; c) porque se complica la ejecutabilidad de la sentencia, con la participación de un tercero (la sociedad, el Fisco, institución estatal) que no es parte. Página 25 de 26
26 Por las razones que anteceden la jueza que suscribe comparte el criterio de que la astreinte ha debido beneficiar al accionante, titular del derecho que ha sido amparado por la presente sentencia, cuyo incumplimiento generaría el pago de una astreinte de quinientos pesos por cada día de retardo en su ejecución, constituyendo este monto una sanción patrimonial que ingresa a favor de la parte interesada en que el fallo sea acatado, que nunca lo ha sido ni lo será el Cuerpo de Bomberos de Barahona, parte ajena al presente proceso. Conclusión: Si bien es cierto que la suscrita concurre con la decisión adoptada por el consenso de este Tribunal, salva su voto en lo concerniente a los motivos que invoca el Tribunal para decretar la admisibilidad del presente recurso de revisión y discrepa en lo relativo al beneficiario de la astreinte impuesta en la presente decisión. Firmado: Katia Miguelina Jiménez Martínez, Jueza. La presente decisión es dada y firmada por los señores Jueces del Tribunal Constitucional que anteceden, en la sesión del Pleno celebrada el día, mes y año anteriormente expresados, y publicada por mí, Secretario del Tribunal Constitucional que certifico. Julio José Rojas Báez Secretario Página 26 de 26