Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2019/t-354-19.htm
Timestamp: 2019-11-12 14:34:37
Document Index: 17827515

Matched Legal Cases: ['artículo 16', 'artículo 108', 'artículo 192', 'artículo 199', 'artículo 116', 'artículo 192', 'artículo 192', 'artículo 192', 'artículo 67', 'artículo 107', 'artículo 109', 'artículo 107', 'artículo 108', 'artículo 62', 'artículo 108', 'artículo 29', 'artículo 29', 'artículo 108', 'Artículo 100', 'artículo 100', 'artículo 71', 'artículo 73', 'artículo 76', 'artículo 77']

T-354-19
La Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, en especial de las previstas en los artículos 86 y 241, numeral 9, de la Constitución Política, profiere la siguiente
En el trámite de revisión de la Sentencia proferida por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado el 6 de septiembre de 2018, que confirmó la Sentencia dictada por la Sección Cuarta el 26 de julio de 2018 de la misma Corporación con ocasión de la acción de tutela promovida por las sociedades GECELCA S.A. E.S.P. (en adelante, Gecelca) y GECELCA 3 S.A.S. E.S.P. (en adelante, Gecelca 3 y, junto con Gecelca, las Accionantes) en contra del Tribunal Arbitral de la Cámara de Comercio de Bogotá (en adelante, el Tribunal).
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 241 numeral 9 de la Constitución Política, en los artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991 y en los artículos 50, 51 y 53 del Acuerdo 02 de 2015, la Sala de Selección Diez (10) de la Corte Constitucional, mediante Auto de 29 de octubre de 2018, notificado el 14 de noviembre del mismo año, resolvió seleccionar el expediente de tutela de la referencia y repartirlo a la Sala Quinta de Revisión.
El Laudo Final tuvo origen en las controversias que surgieron entre las Accionantes y el CONSORCIO CUC-DTC, integrado por las sociedades CHINA UNITED ENGINEERING CORPORATION y DONGFANG TURBINE CO. LTD. (en adelante, el Consorcio), en la ejecución y liquidación del contrato (en adelante, el Contrato RP3) que celebraron el 22 de diciembre de 2010 con el objeto de construir la planta de generación termoeléctrica Gecelca 3 en el municipio de Puerto Libertador, departamento de Córdoba (en adelante, Central Gecelca 3).
2.1. Gecelca es una empresa de servicios públicos mixta, organizada como sociedad anónima, en la que la Nación tiene una participación accionaria del 99% en cabeza del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y es propietaria del 99% del capital social de Gecelca 3. Esta última también es una empresa de servicios públicos mixta, organizada como sociedad por acciones simplificada.
2.3. El 2 de septiembre de 2009, Gecelca y Gecelca 3 celebraron un contrato de mandato en virtud del cual Gecelca, en calidad de mandataria de Gecelca 3, quedó facultada para contratar mediante la modalidad “llave en mano” (también conocida como EPC), todas las actividades relacionadas con la construcción, instalación y puesta en operación de la Central Gecelca 3.
2.4. En desarrollo de su mandato y a partir de la aceptación de la solicitud abierta de ofertas Nro. SCN-03-2009-10, el Consorcio y Gecelca -en nombre y por cuenta de Gecelca 3- celebraron el Contrato RP3 el 22 diciembre de 2010, para:
2.6. El 29 de agosto de 2013, las partes celebraron un otrosí (en adelante, Otrosí Nro. 1) mediante el cual extendieron el plazo del Contrato RP3 y fijaron que la entrada en operación comercial de la Central Gecelca 3 sería el 31 de marzo de 2014 y la entrega total de las obras se produciría el 10 de julio del mismo año.
2.7. Durante el desarrollo del Contrato RP3 surgieron controversias relacionadas con: (i) el periodo máximo de ejecución; (ii) la suspensión de las obras desde el 25 de julio de 2014 hasta el 5 de septiembre del mismo año; (iii) la supuesta mora de Gecelca 3 en el pago de algunas facturas al Consorcio; (iv) la imposición de una multa por parte de Gecelca, en nombre de Gecelca 3, al Consorcio por cuenta de un incumplimiento parcial; (v) la devolución de los saldos pendientes retenidos por Gecelca 3 y la suscripción de la garantía de estabilidad de la obra; y (vi) la supuesta materialización de varios incumplimientos contractuales en cabeza del Consorcio. No obstante, lo anterior, el 17 de septiembre de 2015 la Central Gecelca 3 entró en operación.
2.8.1. El 29 de diciembre de 2014, el Consorcio presentó una solicitud para someter a arbitraje internacional las controversias relacionadas con el Contrato RP3 ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá (en adelante, el Centro de Arbitraje), la cual fue contestada por Gecelca 3 el 29 de enero de 2015, fecha en la que también contestó Gecelca solicitando ser desvinculada del trámite.
2.8.2. El 6 de febrero de 2015, el Consorcio presentó una complementación a la solicitud de arbitraje, la cual fue contestada el 11 de febrero de 2015, en escritos separados, por Gecelca 3 y Gecelca. En ambos escritos, las Accionantes solicitaron al Centro de Arbitraje que se abstuviera de sortear y designar los árbitros de su lista de árbitros internacionales por considerar que la naturaleza del arbitraje era nacional. En el expediente no consta prueba de la respuesta del Centro frente a tal solicitud.
2.8.4. No obstante lo anterior, en razón a que Gecelca 3 y Gecelca, por un lado, y el Consorcio, por el otro, diferían sobre la naturaleza nacional o internacional del arbitraje, el 17 de abril de 2015, el Tribunal los invitó a rendir sus observaciones sobre este punto. El 29 de abril de 2015, las partes presentaron escritos con sus respectivas observaciones sobre la materia.
2.8.6. El 9 de julio de 2015, el Tribunal emitió la orden de procedimiento Nro. 1 mediante la cual: (i) fijó las reglas de procedimiento acordadas entre Gecelca 3, Gecelca y el Consorcio; (ii) decidió sobre los temas en los que hubo desacuerdo; y (iii) estableció que el Tribunal debía dictar el laudo en un plazo no mayor a seis meses contados a partir del día siguiente a la presentación de los escritos de conclusión. Durante el trámite arbitral y hasta el 30 de agosto de 2017, el Tribunal emitió 16 órdenes de procedimiento adicionales para efectos de dirigir el arbitraje.
2.8.7. El 30 de noviembre de 2015, el Consorcio presentó demanda arbitral, la cual fue contestada por Gecelca 3 el 28 de febrero de 2016, en escrito en el que también presentó demanda de reconvención. En la misma fecha en la que Gecelca, a su turno, contestó la demanda y solicitó al Tribunal decidir, como cuestión previa, su desvinculación del proceso. El 4 de abril de 2016, el Tribunal mediante la orden de procedimiento Nro. 3. negó tal solicitud.
2.8.8. El 28 de abril de 2016, el Consorcio presentó memoriales de réplica frente a las contestaciones de Gecelca 3 y Gecelca y el 28 de mayo siguiente, contestó la demanda de reconvención presentada por Gecelca 3. Por su parte, el 27 de junio del mismo año, las Accionantes presentaron –respectivamente- memoriales de dúplica y el 27 de julio de 2016 Gecelca 3 presentó su réplica frente a la contestación a la demanda de reconvención, contestada el 5 de septiembre de 2016 por parte del Consorcio mediante memorial de dúplica.
2.8.10. El 4 de diciembre de 2017 el Tribunal profirió y notificó el Laudo Final, al que incorporó el Laudo Parcial. El árbitro José Armando Bonivento Jiménez salvó parcialmente su voto frente al Laudo Final por razones contenidas en el texto de la decisión. El Tribunal decidió lo siguiente:
a. Declaró que el Centro no tenía jurisdicción, ni el Tribunal tenía competencia, para decidir sobre las pretensiones del Consorcio contra Gecelca, por cuanto ésta actuó como mandataria de Gecelca 3 en lo relativo a la celebración, ejecución y terminación del Contrato RP3 y, en ese sentido, no está comprendida dentro del ámbito de aplicación subjetivo de la cláusula compromisoria[5].
b. Declaró que el Centro tenía jurisdicción, y el Tribunal tenía competencia, para decidir sobre las pretensiones del Consorcio contra Gecelca 3 dentro de la demanda inicial, y sobre las pretensiones de Gecelca 3 contra el Consorcio dentro de la demanda de reconvención.
c. Declaró que las pretensiones formuladas por el Consorcio en contra Gecelca 3 y las pretensiones de Gecelca 3 contra el Consorcio eran admisibles.
d. Declaró que el Contrato RP3 existía, era válido, eficaz y oponible en todas sus cláusulas.
e. Declaró que el plazo máximo para el cumplimiento de las obligaciones del Contrato RP3 fue extendido de común acuerdo por medio de las actas de liquidación Nro. 2 a Nro. 8, hasta el 17 de marzo de 2016, a pesar de no haber suscrito un otrosí para el efecto.
f. Declaró que Gecelca 3 incumplió las obligaciones pactadas en el Contrato RP3 por: (i) haber suspendido las actividades de construcción en la Central Gecelca 3 desde el 25 de julio de 2014 hasta el 5 de septiembre del mismo año. Como consecuencia de lo anterior, ordenó a Gecelca 3 pagar al Consorcio dentro de los 30 días siguientes a la fecha de notificación del Laudo Final las sumas de USD $690.064 y de USD $551.166,54, esta última por concepto de intereses de mora; (ii) haber incurrido en mora en el pago de las facturas expedidas por el Consorcio y, por tanto, ordenó a Gecelca 3 a pagar al Consorcio dentro de los 30 días siguientes a la fecha de notificación del Laudo Final la suma de USD $389.915,13; y (iii) haber impuesto una multa indebida al Consorcio, que ascendió a USD $10.425.000 y haberle descontado USD $10.350.000 de los pagos que le adeudaba al Consorcio, por lo que ordenó a Gecelca 3 a pagar al Consorcio dentro de los 30 días siguientes a la fecha de notificación del Laudo Final las sumas de USD $10.350.000 y de USD $8.266.731,30, esta última por concepto de intereses de mora.
g. Declaró que el saldo pendiente de pago del Contrato RP3 ascendía a USD $13.299.404, por lo que ordenó a Gecelca 3 pagar al Consorcio, dentro de los 30 días siguientes a la fecha de notificación del Laudo Final dicha suma más USD $7.280.146,95 por concepto de intereses de mora.
h. Declaró que era procedente aplicar la sanción prevista en el artículo 16.3.1 de Contrato RP3 en contra del Consorcio y ordenó descontar USD $497.600 de las sumas que, como consecuencia de la liquidación del Contrato RP3 Gecelca 3, debía pagarle.
i. Declaró que el Consorcio tenía la obligación de entregarle a Gecelca 3 la garantía de estabilidad de la obra. En consecuencia, ordenó al Consorcio, previa entrega por parte de Gecelca 3 del certificado de recepción y aceptación de las obras, constituir a su favor dicha garantía dentro de los 30 días siguientes a la fecha de notificación del Laudo Final.
j. Declaró que el Contrato RP3 se encontraba liquidado.
k. Ordenó que, en caso de que Gecelca 3 incumpliera con el pago de las condenas contenidas en el Laudo Final, correrían en su contra intereses de mora a la máxima tasa legal aplicable.
l. Ordenó a los miembros del Consorcio y/o al Consorcio pagarle a Gecelca la suma de COP $824.568.463,80 dentro de los 30 días siguientes a la fecha de notificación del Laudo Final, por concepto de los gastos y costas en los que Gecelca incurrió con ocasión del trámite arbitral debido a que no debió haber sido vinculada al mismo.
m. Rechazó las demás pretensiones formuladas por Gecelca 3 y el Consorcio.
El 11 de enero de 2018, Gecelca 3, a través de apoderado judicial, interpuso recurso de anulación contra el Laudo Final ante la Sección Tercera del Consejo de Estado. Invocó, como causales de anulación, las contempladas en el artículo 108, numeral 1, literales b) y d) de la Ley 1563 de 2012, así:
- “d) Que la composición del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se ajustaron al acuerdo entre las partes, salvo que dicho acuerdo estuviera en conflicto con una disposición de esta sección de la que las partes no pudieran apartarse o, a falta de dicho acuerdo, que no se ajustaron a las normas contenidas en esta sección de la ley”, pues el Tribunal desconoció el procedimiento acordado por las partes al negar que Gecelca 3 presentara un dictamen de contradicción y al permitir que el Consorcio presentara, bajo la denominación de un dictamen corregido, un nuevo peritazgo.
Para sustentar la solicitud, indicaron que era necesario proteger el patrimonio de Gecelca 3 condenada a pagar la suma de USD $24.729.383, como condena principal, y USD $16.098.044,79 por concepto de intereses para un total de USD $40.827.427,7. Señalaron que, para pagar esta condena, Gecelca 3 tendría que solicitar un crédito a una entidad financiera que causaría intereses en un orden de USD $18,500 diarios.
Pusieron de presente que, de no accederse a la suspensión solicitada, una eventual sentencia de tutela favorable a las Accionantes sería ilusoria, habida cuenta que las sociedades que conforman el Consorcio son extranjeras y, si Gecelca 3 llegara a pagarles lo dispuesto en el Laudo Final, la devolución de dichos dineros se haría difícil.
3.2.1.1. Relevancia constitucional. Alegaron cinco razones por las cuales consideran que el escrito de tutela cumple con el requisito de relevancia constitucional: (i) la afectación material al debido proceso es suficiente para dotar de relevancia constitucional las tutelas contra laudos; (ii) las consecuencias para el patrimonio público que se desprenden del Laudo Final; (iii) la afectación de los derechos al acceso a la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva de Gecelca 3, en la medida en que, al haber calificado el arbitraje como internacional, el Tribunal impidió que Gecelca 3 accediera a los jueces “en condiciones de igualdad”[10] pues restringió el recurso de anulación a las causales previstas para laudos internacionales, las cuales, a su juicio, son más restrictivas que sus pares nacionales; (iv) el imperio de la Constitución Política debe reafirmarse en los contratos estatales cuando en los mismos se incluyan cláusulas compromisorias; y, (v) el desconocimiento de la ratio decidendi de la Sentencia C-170 de 2014 por parte del Tribunal al declararse internacional, por cuanto “[d]icha sentencia estableció que las normas legales que delimitan el consentimiento otorgado por las partes al arbitraje, y por tanto, sirven para interpretar el pacto arbitral, no pueden ser aplicadas de manera retroactiva a contratos celebrados con anterioridad a su vigencia”[11].
3.2.1.2. Subsidiariedad. Las Accionantes se apoyaron en jurisprudencia constitucional[12] para deducir que cuando los argumentos de la tutela y del recurso de anulación son distintos y los defectos planteados en la tutela no caben dentro de las causales de anulación, es posible interponer ambos en simultánea. Sostuvieron que el recurso de anulación permite plantear violaciones al debido proceso durante el procedimiento arbitral pero únicamente por errores in procedendo, mientras que la tutela permite alegar vicios derivados de la vulneración de la Constitución.
3.2.1.3. Inmediatez. Manifestaron que la Acción de Tutela cumplía con el requisito de inmediatez por haberse presentado 26 días después de la notificación de la decisión sobre la solicitud de corrección del Laudo Final y que este último, inclusive, se había notificado hacía menos de tres meses a la fecha de la presentación de la Acción de Tutela.
“(i) Al calificar el arbitraje como internacional, se desconoció el principio de voluntariedad y se recortaron decisivamente las garantías procesales de las entidades estatales, Gecelca y Gecelca 3. Se adelantó el procedimiento arbitral de acuerdo con reglas pactadas entre las partes, en lugar de las normas procesales de orden público aplicables al caso. Además, el laudo quedó sujeto a un catálogo restringido de causales de anulación.
(iv) Al imponer intereses de mora, constituyendo a Gecelca 3 en mora desde la solicitud de arbitraje y aplicando una norma inaplicable a las obligaciones pagaderas en dólares, se impuso una condena de USD 16.098.044,79 por concepto de intereses de mora.
(v) Al establecer la obligación de pagar las anteriores sumas en treinta días, impone una carga injustificada y desproporcionada a Gecelca 3, que de acuerdo con el artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, debería contar con diez meses para pagar”.[13]
Advirtieron que, tanto el defecto sustantivo como el desconocimiento del precedente, tuvieron graves efectos materiales, pues la internacionalización del trámite implicó que: i) a Gecelca y a Gecelca 3, a pesar de su calidad de entidades públicas, se les diera el tratamiento que se daría a cualquier otro agente del mercado mediante la aplicación exclusiva de reglas y supuestos del derecho privado; ii) se inaplicara lo establecido en el artículo 199 del Código General del Proceso para este tipo de casos, el cual permite la intervención de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y del Ministerio Público; y iii) el procedimiento del arbitraje fuera acordado por las partes en lugar de recurrir a las leyes imperativas vigentes, lo que permitió al Tribunal hacer ajustes de procedimiento en materia de plazos y oportunidades probatorias, y derivó en que el Tribunal inaplicara el derecho colombiano que rige a las entidades estatales, se apartara de las reglas mínimas de valoración probatoria, inaplicara el artículo 116 de la Constitución, e ignorara normas relativas al pago de condenas por parte de las entidades públicas y a la liquidación de intereses moratorios, sumado al carácter restrictivo de las causales de anulación a la hora de impugnar el Laudo Final.
Las Accionantes señalaron que el Laudo Final determinó que el plazo de ejecución del Contrato RP3 había sido extendido tácitamente por Gecelca 3 y el Consorcio desde el 10 de julio de 2014, fecha en la cual venció el plazo fijado en el Otrosí Nro. 1, hasta el 17 de marzo de 2016.
a) Defecto fáctico: Supuesta valoración contraevidente de la voluntad expresada en las actas de liquidación Nros. 2 a 8.
La extensión del plazo se originó en una valoración supuestamente contraevidente de las actas de liquidación Nro. 2 a Nro. 8, único medio probatorio al cual habría recurrido el Tribunal para proferir su decisión sobre este punto. Para demostrarlo, las Accionantes presentaron un cuadro comparativo en el que se contrastó el contenido textual de las mencionadas actas de liquidación frente a las apreciaciones hechas por el Tribunal.
En su concepto, el plazo de ejecución nunca fue prorrogado ni tácita ni automáticamente más allá del Otrosí Nro. 1 y, en ese sentido, el Laudo Final adolece de un defecto fáctico, por lo que la limitada valoración probatoria realizada por el Tribunal resultó en la declaración de incumplimiento de Gecelca 3 y en su correlativa condena a pagar el saldo del Contrato RP3, los intereses de mora sobre el mismo y una indemnización por la suspensión de los trabajos entre el 25 de julio de 2014 y el 25 de septiembre del mismo año.
b) Defecto fáctico: Supuesta omisión de medios de prueba.
El material probatorio que no se tuvo en cuenta fue: (i) el acta de liquidación Nro. 1 suscrita el 15 de julio de 2014 en la cual se evidencia el desacuerdo de las partes sobre el vencimiento del plazo máximo de ejecución; (ii) la invitación a firmar un segundo otrosí que fue rechazada por el Consorcio y que demostraría que Gecelca 3 propuso extender el plazo de ejecución del Contrato RP3 hasta el 10 de febrero de 2015; (iii) la cláusula 25 del Contrato RP3, en la cual se dispone que el Contrato RP3 solo podía ser modificado por escrito y mediante un contrato adicional u otrosí; (iv) la comunicación remitida por Gecelca, en nombre de Gecelca 3, al Consorcio el 11 de julio de 2014 en la cual le hizo saber sobre el vencimiento del plazo contractual el 10 de julio de 2014; y (v) la solicitud de arbitraje presentada por el Consorcio ante el Centro de Arbitraje durante el periodo de liquidación del Contrato RP3, en la cual mencionó “el derecho que tiene el Consorcio a que se le reconozca una extensión del plazo contractual”[15].
c) Decisión sin motivación: De la supuesta ausencia de acuerdo sobre el periodo de liquidación, se habría deducido la existencia de acuerdo para crear un segundo periodo de ejecución.
d) Defecto sustantivo: Supuesta modificación de la naturaleza del Contrato RP3 en la etapa de liquidación calificada como segundo periodo de ejecución.
Describieron que en el Contrato RP3 se pactó un precio global fijo, por lo cual el Consorcio debía correr con todos los riesgos, sobrecostos e imprevistos de la obra, pero el Tribunal trasladó a Gecelca 3 gran parte de los riesgos inicialmente asignados al Consorcio y desconoció, en consecuencia, que la asignación de riesgos se había hecho en aras de salvaguardar el patrimonio público; dicha distorsión en la asignación de riesgos implicó que el Consorcio se beneficiara de su propia culpa.
También se pactó un plazo máximo de ejecución, luego del cual el Consorcio debía entregar la obra encargada, por lo que la obligación sería de resultado. En su concepto, la frustración de dicho plazo implica necesariamente el incumplimiento del objeto contractual, pues el Contrato RP3 contempló un solo periodo de ejecución, extendido únicamente por el Otrosí Nro. 1, por lo que bastaba con verificar que al 10 de julio de 2014 el Consorcio no hubiera entregado la obra para que se predicara su incumplimiento.
e) Defecto sustantivo: Supuesta violación directa de la Constitución al deducir una voluntad implícita de la entidad pública contraria a los principios de publicidad, moralidad y transparencia.
Las Accionantes manifestaron que en el Laudo Final se configuró un defecto sustantivo por inaplicación de la Constitución al declarar la existencia de la voluntad de Gecelca 3 para extender el plazo máximo de ejecución de la obra, en contravía de los principios de publicidad, moralidad y transparencia.
Afirmaron que Gecelca 3 actuó conforme a los principios constitucionales, impuso la multa a la que había lugar por los retrasos del Consorcio ciñéndose al procedimiento acordado por las partes en el Contrato RP3, y extendió el plazo mediante el Otrosí Nro. 1 para lograr la recepción en operación de la Central Gecelca 3, pero ante la imposibilidad de lograr un acuerdo sobre un borrador de un segundo otrosí y ante el incumplimiento del plazo por parte del Consorcio, se vio obligada a iniciar el periodo de liquidación en aras de salvaguardar el interés general, el patrimonio público y la prestación del servicio público esencial de energía. Puntualizaron que, si bien al Contrato RP3 no se le aplican las disposiciones de la Ley 80 de 1993, Gecelca 3, por ser una entidad pública, debe cumplir con los principios constitucionales de la función administrativa y de la contratación estatal, uno de los cuales es el de la transparencia.
Las Accionantes expusieron que el 12 de abril de 2013 la interventoría le informó a Gecelca que, según el plan de trabajos acordado entre las partes, varias actividades presentaban incumplimientos significativos de los plazos, pues aun cuando para ese momento el Consorcio había ejecutado el 75,97% del cronograma, las actividades adelantadas por este no eran críticas, de manera que a esa fecha era posible prever que estos retrasos podían afectar el cumplimiento del plazo máximo de ejecución del Contrato RP3.
Con base en lo anterior, Gecelca, en nombre de Gecelca 3, le impuso una multa al Consorcio por USD $10.425.000.
El Tribunal determinó que la multa era indebida y le ordenó a Gecelca 3 devolverle al Consorcio su importe más intereses de mora. Según las Accionantes, lo anterior configuró las siguientes vías de hecho:
a) Defecto sustantivo: Supuesta exigencia de un estándar probatorio mucho más alto.
Las Accionantes aclararon que Gecelca, en nombre de Gecelca 3, cumplió los requisitos procedimentales y sustantivos de la cláusula 15 del Contrato RP3 para imponer al Consorcio la multa por el monto máximo permitido en la cláusula 15.1., pues se originó en atrasos debidamente verificados por la interventoría sobre los cuales no se presentó un plan de mejoramiento en los términos establecidos en el Contrato RP3.
b) Defecto sustantivo: Supuesta exigencia de motivación con la identificación de la ruta crítica.
Destacaron que el Laudo Final le reprochó a Gecelca 3 la imposición de la multa por haber omitido el “análisis de ruta crítica, el cual, según los expertos de las demandadas, implica analizar las actividades que pueden afectar el avance en la construcción y puesta en marcha de la caldera”[17]. Agregaron que “ni la interventoría ni Gecelca identificaron cuáles de las actividades que presentaban retrasos (…) eran parte de la ruta crítica”[18].
c) Defecto sustantivo: Supuesta exigencia de sustento suficiente.
Las Accionantes señalaron que, al realizar el análisis de la ruta crítica sin que fuera requerido por la cláusula 15.1, el Tribunal adoptó implícitamente normas inexistentes en el ordenamiento jurídico consistentes en la exigencia de una carga de motivación mayor a la que efectivamente Gecelca, en nombre de Gecelca 3, tuvo en cuenta a la hora de imponer la multa. Por tanto, a su juicio, se configuró un defecto sustantivo.
d) Defecto sustantivo y decisión sin motivación: Supuesta exigencia de proporcionalidad.
e) Defecto fáctico: Supuesta omisión de la valoración de la alteración del informe de interventoría por parte del perito del Consorcio.
Las Accionantes arguyeron que, para el Tribunal, la imposición de la multa fue defectiva porque Gecelca, a nombre de Gecelca 3, no analizó las actividades que podían afectar la puesta en marcha de la caldera. En concreto, el Tribunal determinó que no se había tenido en cuenta la actividad de sellado de caldera.
3.2.2.4. Las determinaciones sobre intereses moratorios, plazo para que una entidad estatal pague la condena y el rechazo supuestamente inmotivado de las pretensiones de Gecelca 3, con lo cual el Laudo Final habría incurrido en dos defectos sustantivos y una decisión sin motivación.
a) Defecto sustantivo: Supuesta aplicación de normas sobre intereses inaplicables a las obligaciones pagaderas en divisas extranjeras.
b) Defecto sustantivo: Supuesta inaplicación del artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Manifestaron que el Laudo Final incurrió en un defecto al inaplicar el artículo 192 de la Ley 1437 de 2011, relativo al lapso de 10 meses con el que las entidades estatales cuentan para pagar condenas, pues el Tribunal ordenó a Gecelca 3 cumplir las órdenes de pago dentro de los 30 días siguientes a la notificación de la decisión final.
c) Decisión sin motivación: Supuesta ausencia de motivación en el rechazo de 75 pretensiones de Gecelca 3.
Alegaron, en últimas, que el Laudo Final rechazó -sin motivación- 75 de las 77 pretensiones presentadas por Gecelca 3 en su demanda de reconvención.
En auto del 23 de marzo de 2018, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado admitió la Acción de Tutela y negó tanto la medida provisional como la coadyuvancia, en auto que ordenó notificar a los árbitros que profirieron el Laudo Final, al Centro de Arbitraje, al Consorcio y a los terceros interesados en el resultado del proceso.
No obstante, a título personal, señalaron que tanto el Laudo Parcial como el Laudo Final comprenden exposiciones detalladas y suficientes de los motivos por los cuales adoptaron las decisiones allí contenidas, advirtiendo que el árbitro José Armando Bonivento Jiménez salvó parcialmente su voto por razones también contenidas en el texto de la decisión.
Anotó que convocó al Tribunal con el propósito de que Gecelca 3 cumpliera con las obligaciones derivadas del Contrato RP3 y pagara el precio de la Central Gecelca 3, pretensión que prosperó en un pronunciamiento en el que se verificó la normativa aplicable. Por tanto, advirtió que la Acción de Tutela era un intento por reabrir el debate sobre el fondo del asunto, además de que no era el escenario para abordar el análisis de argumentos que nunca fueron alegados por las Accionantes durante el trámite arbitral.
Adicionalmente, subrayó que Gecelca 3, al decidir no recurrir en sede de anulación la internacionalización del trámite arbitral, cerró de manera definitiva la posibilidad de alegar dicha situación. Y, si bien la Corte Constitucional ha permitido la interposición de acciones de tutela sin haberse agotado previamente los mecanismos de defensa judicial disponibles, esta posibilidad está supeditada a que dichos mecanismos sean manifiestamente ineficaces para controvertir los defectos alegados en sede de tutela, circunstancia que no ha sido demostrada en el presente caso.
El Consorcio enfatizó que en el Laudo Final tampoco se habían configurado defectos fácticos, sustantivos, falta de motivación, ni desconocimiento del precedente, en lo que atañe a la supuesta creación de un segundo periodo de ejecución contractual, por lo que insistió en que la intención de las Accionantes era reabrir el debate sobre los efectos jurídicos y sobre la interpretación de las actas de liquidación Nro. 2 a Nro. 8. Agregaron que la acción de tutela no es un recurso de apelación que permita hacer un nuevo análisis, y que, en todo caso, la decisión contenida en el Laudo Final no demostraba ser caprichosa o carente de razonabilidad.
Con respecto a la decisión del Tribunal de declarar improcedente la multa impuesta por Gecelca 3, sostuvo que estuvo basada en el análisis e interpretación del Contrato RP3, en los documentos que reflejaban el avance del proyecto, en los dictámenes periciales aportados por las partes y en las pruebas que se practicaron durante el trámite arbitral.
Es así como, la cláusula 15.1.1. del Contrato RP3 admitía la posibilidad de que Gecelca 3 le impusiera multas al Consorcio cuando se concretara un incumplimiento parcial que afectara la correcta ejecución del mismo, redacción de la que se deduce que no hay una definición unívoca de lo que se entiende, por ejemplo, por incumplimiento parcial o por correcta ejecución del Contrato RP3. En esos términos, el Tribunal debía desempeñar una labor interpretativa para establecer si la multa había sido impuesta conforme a los requisitos contractuales.
Con respecto a la fecha en la cual debían haberse calculado los intereses de mora en las condenas proferidas por el Tribunal, el Consorcio aseguró que no se había configurado el supuesto defecto sustantivo alegado. En efecto, si bien el artículo 192 de la Ley 1437 de 2011 prevé un plazo máximo para el pago de las condenas a las entidades públicas, este no se opone a que el Tribunal establezca el momento a partir del cual se hacen exigibles las condenas impuestas, de manera que lo que hizo el Tribunal fue favorecer a Gecelca 3 al disponer que tales intereses solo empezarían a correr a partir de los 30 días siguientes a la ejecutoria del Laudo Final.
Concluyó que el hecho de que algunas de las pretensiones formuladas por Gecelca 3 en su demanda de reconvención no hayan sido tratadas individualmente en el Laudo Final, de ninguna manera deriva en una falta de motivación debido a que las pretensiones de las dos partes estaban íntimamente relacionadas.
En todo caso, la magnitud de la condena impuesta a Gecelca 3 y la correlativa afectación al patrimonio público que se le derivaba, refuerza la relevancia en materia constitucional.
8. La Sentencia de Segunda Instancia
En Sentencia del 12 de septiembre de 2018, la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado confirmó la Sentencia de primera instancia, pero por razones distintas.
En segundo lugar y en lo que concierne a los demás cargos que involucran múltiples manifestaciones sobre defectos fácticos y sustantivos por: (i) la declaración de la existencia de un segundo periodo de ejecución contractual; (ii) la invalidación de la multa impuesta por Gecelca 3; (iii) la determinación de los intereses; y (iv) el rechazo sin explicación de 75 pretensiones de la demanda de reconvención, estimó que cualquier decisión del juez de tutela sobre el asunto sería inocua hasta tanto el juez de anulación no se pronunciara, a pesar de que tales defectos no eran susceptibles de proponerse en el recurso de anulación.
8.2. Aclaración del Voto de la Consejera Rocío Araujo Oñate
9. Trámite surtido ante la Corte Constitucional
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 24, numeral 9, de la Constitución Política, en los artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991 y en los artículos 50, 51 y 53 del Acuerdo 02 de 2015, la Sala de Selección Diez (10) de la Corte Constitucional, mediante auto del 29 de octubre de 2018, notificado el 14 de noviembre del mismo año, resolvió seleccionar el expediente de tutela de la referencia y repartirlo a la Sala Quinta de Revisión.
El 6 de diciembre de 2018, las Accionantes solicitaron medida cautelar en el sentido de “(…) disponer que el dinero pagado por Gecelca 3 en virtud de la condena impuesta por el Laudo final sea depositado por el Consorcio CUC-DTC en una fiducia en Colombia, mientras se decide la tutela por parte de la Corte Constitucional, con el fin de que la suma sea devuelta a Gecelca 3 en el evento de que la Corte deje sin efectos el Laudo final o al Consorcio CUC-DTC en caso de que la Corte lo convalide (…)”.
La anterior solicitud fue formulada en consideración a que Gecelca, en nombre de Gecelca 3, había pagado la condena impuesta en el Laudo Final en dos cuotas, el 20 de marzo de 2018 y el 30 de abril del mismo año, y al efecto, contrajo una deuda por COP $120.000.000.000 con una entidad financiera. Sin embargo, para que el pago de un eventual fallo de tutela a ellas favorable no fuera ilusorio, era necesario adoptar medidas provisionales urgentes debido a que las sociedades que conforman el Consorcio no están domiciliadas en Colombia y no tienen activos en el país, por lo que los recursos públicos pagados en virtud del Laudo Final están en riesgo. Reforzaron su solicitud alegando que el Consorcio, al terminar la ejecución de otro contrato en Colombia en mayo de 2019, se marchará del país, por lo cual resulta indispensable acceder a la medida cautelar.
La Sala Quinta de Revisión, en auto del 28 de enero de 2019, negó la solicitud debido a que no tenía apariencia de buen derecho, además de que no existía un riesgo probable de afectación durante el trámite de revisión. En la misma providencia se solicitaron pruebas e intervenciones para mejor proveer.
Además, se invitó al Ministerio de Justicia y del Derecho, al Centro de Conciliación y Arbitraje Empresarial de la Superintendencia de Sociedades, al Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, a la Academia Colombiana de Jurisprudencia, al Comité Colombiano de Arbitraje, a la Asociación Latinoamericana de Arbitraje- ALARB, a la Comisión Interamericana de Arbitraje Internacional- CIAC, a los expertos Juan Antonio Gaviria Gil y Fabricio Mantilla Espinosa, así como a los decanos de las facultades de derecho de las Universidades del Rosario, Javeriana, Externado de Colombia y Sergio Arboleda, para que rindieran concepto sobre cuestiones atinentes a la vigencia y aplicación de la Ley 1563 de 2012, al procedimiento y los requisitos para determinar la naturaleza internacional o nacional del arbitraje, a las diferencias en el procedimiento aplicable a un arbitraje nacional e internacional, a las tasas de interés aplicables a condenas en moneda extranjera y a la procedencia de la acción de tutela contra laudos internacionales.
9.1. Universidad Sergio Arboleda
En su intervención, la Universidad Sergio Arboleda precisó, entre otros, que de acuerdo con la Resolución Externa Nro. 53 de 1992, el Banco de la República había establecido que las limitaciones a los intereses moratorios eran únicamente aplicables a las obligaciones pactadas en pesos colombianos. La misma resolución, citada en el Concepto 2015081891-001 de 2015 de la Superintendencia Financiera de Colombia, fijó en 20% y en 25% efectivo anual las máximas tasas de interés corriente y de mora que pueden convenirse en operaciones en dólares estadounidenses. Además, apuntó que en Colombia no existe un interés legal moratorio para las obligaciones en moneda extranjera. Y frente a la procedencia de tutelas contra laudos arbitrales internacionales, recordó lo decidido por esta Corporación en las Sentencias SU-500 de 2015 y SU-033 de 2018.
a) El artículo 67 de la Ley 1563 de 2012, el cual se contrae a lo dispuesto en la Ley Modelo del CNUDMI, limita la intervención de la autoridad judicial en sede de arbitrajes comerciales internacionales a los casos y para los propósitos expresamente señalados en la sección tercera de la Ley 1563 de 2012.
b) Los tratados internacionales en materia de arbitraje, particularmente la Convención de Nueva York de 1958 y la Convención de Panamá de 1975, señalan que la anulación es el único recurso que puede impedir que se reconozca y ejecute un laudo internacional, y en la misma línea, el artículo 107 de la Ley 1563 de 2012 señala que en contra de los laudos internacionales solo procede el recurso de anulación por las causales establecidas taxativamente en la misma ley.
c) Los árbitros internacionales no ejercen funciones judiciales ni públicas en la sede; si se estimara lo contrario, se llegaría al absurdo de que un tribunal integrado por árbitros de nacionalidades distintas a las del país de la sede ejerzan jurisdicción sin tener la competencia para hacerlo, o que extranjeros funjan como jueces en Colombia pudiendo, incluso, comprometer la responsabilidad internacional del Estado con sus actuaciones.
d) En la medida en que el recurso de tutela es subsidiario y solo procede si, agotado el recurso de anulación, subsiste la violación al derecho fundamental, no habría razón para admitir una acción de tutela cuando la misma Ley 1563 de 2012 reconoce como causal de anulación la violación del orden público colombiano.
e) El orden público al cual se refiere la Ley Modelo CNUDMI, es el de carácter internacional y ha sido definido por la jurisprudencia comparada como aquella noción que representa los principios básicos en los que se fundamenta el Estado, entre ellos, el debido proceso.
f) El recurso de anulación permite, entonces, preservar el derecho fundamental al debido proceso sin tener que acudir a acciones subsidiarias o diferentes a las establecidas en la ley.
Frente a la vigencia y aplicación de la Ley 1563 de 2012, la Academia Colombiana de Jurisprudencia explicó que en la Sentencia SC-001 del 15 de enero de 2019 , la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, al resolver un recurso de anulación contra un laudo internacional donde se sostenía que en el pacto arbitral no aparecía la indicación expresa de su naturaleza internacional, había resuelto que tal omisión no tenía ninguna consecuencia jurídica en tanto la Ley 1563 de 2012 había eliminado la necesidad del convenio de internacionalidad y por tanto, para que el arbitraje fuera internacional, bastaba con que se concretara cualquiera de los criterios fijados en la misma ley. Sin embargo, tal jurisprudencia no responde la pregunta sobre si los pactos arbitrales concluidos en vigencia de la Ley 315 de 1996 debían o no hacer referencia expresa a su internacionalidad como requisito para que se pudiera entender que la voluntad de las partes era acogerse a un arbitraje de este tipo.
9.5. Doctor Juan Antonio Gaviria (experto)
9.7.1. El 6 de febrero de 2019, el Consorcio allegó un memorial en el cual plasmó sus observaciones preliminares en lo referente a: (i) la naturaleza jurídica y composición societaria del Consorcio; (ii) los compromisos contractuales del Consorcio en Colombia; (iii) las pruebas presentadas por el Consorcio ante el Tribunal; (iv) las reglas de procedimiento pactadas para el trámite arbitral; (v) los pagos realizados por Gecelca y recibidos por el Consorcio en cumplimiento del Laudo Final; y (vi) las garantías para una eventual devolución de las sumas pagadas al Consorcio.
El 12 de marzo de 2018, la Procuraduría Delegada para la Conciliación Administrativa allegó oficio Nro. 378 mediante el cual remitió la comunicación que le envió al Centro de Arbitraje y en el que le manifestó que, al no haberle informado a la citada procuraduría acerca del trámite arbitral, le impidió intervenir en el mismo e hizo nugatoria la posibilidad prevista en el numeral 4 del artículo 109 de la Ley 1563 de 2012 que le permite al Ministerio Público interponer recurso de anulación contra laudos internacionales.
1. Delimitación del problema jurídico
Corresponde a esta Sala determinar si el Laudo Final objeto de la tutela vulneró los derechos de las Accionantes al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva, análisis que sólo será desarrollado en caso de que se encuentre que la acción de tutela interpuesta por estas contra el mencionado Laudo Final es procedente.
Para el efecto, la Sala comenzará por reiterar lo dicho por la jurisprudencia sobre la procedencia excepcional de la tutela contra laudos arbitrales, enseguida estudiará la procedencia excepcionalísima de la acción de tutela contra laudos internacionales y, finalmente, pasará a examinar en concreto el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la Acción de Tutela.
2. La procedencia excepcional de la acción de tutela contra laudos arbitrales
2.2.2. Subsidiariedad
3. Procedencia excepcionalísima de la acción de tutela contra laudos internacionales
La Sala, por tanto, estudiará los elementos que sobresalen de la normativa que rige el arbitraje internacional, en particular: (i) la prohibición expresa de intervención judicial; (ii) la libertad de escogencia de las normas de derecho aplicables; y (iii) las causales de anulación internacionales; los cuales inciden en la jurisprudencia constitucional sobre la procedencia excepcional de la tutela contra laudos nacionales.
La Sala se aparta de esta lectura debido a que las decisiones arbitrales internacionales pueden vulnerar o poner en riesgo derechos fundamentales de las partes y, en ese sentido, tal postura desconocería flagrantemente el principio de supremacía constitucional y el sistema de fuentes del ordenamiento jurídico colombiano[43]. El derecho a la tutela judicial efectiva en su dimensión constitucional es jerárquicamente superior a la ley, razón por la que el legislador no puede limitar la posibilidad reconocida a todas las personas de acudir ante los jueces para asegurar la protección o el restablecimiento de sus derechos[44] ni la competencia de los jueces para conocer de las acciones previstas en la Constitución para tal efecto, como es la tutela.
En la línea de lo señalado por la jurisprudencia constitucional frente a los laudos nacionales y que se expuso ad supra, la Sala se adhiere a la apreciación según la cual, también en materia de laudos internacionales, la mayoría de las causales de anulación se relacionan con el derecho al debido proceso por posibles errores in procedendo. Esto, asimismo, se ve reforzado por la prohibición que el citado artículo 107 de la Ley 1563 de 2012 le impone al juez de la anulación al adelantar su análisis.
No obstante, la Sala advierte que la causal oficiosa incluida en el literal b) del numeral 2º del artículo 108 de la Ley 1563 de 2012, que contempla que el laudo puede ser anulado cuando sea contrario al orden público internacional de Colombia, es una causal de anulación que no se encuentra concebida en la normativa del arbitraje nacional y que, como se verá, incide en el alcance de la regla adicional de procedencia sobre la cual se hicieron precisiones en el numeral 2.2.2., que atiende al criterio de subsidiariedad.
En desarrollo de lo anterior, la Sala estima preciso recordar el alcance que la jurisprudencia le ha conferido al concepto de orden público internacional de Colombia. Sobre el particular, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia sostuvo en providencia de 2011:
Así mismo, la Sala precisó que ´comprende (…) garantías procesales pertinentes a este asunto, tales como la imparcialidad del tribunal arbitral y el respeto al debido proceso (SC5207, 18 ab. 2017, rad. nª 2016-01312-00).
La Asociación de Derecho Internacional[51] en la Resolución Nro. 2 de 2002, formuló algunas recomendaciones en torno a la interpretación del concepto de orden público internacional[52], las cuales fueron recogidas por la misma Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia en una sentencia de 2018. En las mismas, se reconoce que el orden público internacional tiene una dimensión sustantiva y otra procesal:
La Sala encuentra que la prohibición expresa de intervención judicial, la libertad de escoger las normas de derecho aplicables y las causales de anulación del laudo internacional -en tanto elementos propios de la normativa que rige el arbitraje internacional-, derivan en que la procedencia de la acción de tutela contra laudos internacionales tenga un carácter excepcional mucho más restrictivo que cuando se trata de tutela contra laudos nacionales y, en esa medida, la primera es excepcionalísima.
De acuerdo con las anteriores consideraciones, la Sala procederá, en primer término, a determinar si la Acción de Tutela que ahora se estudia satisface integralmente los requisitos generales de procedibilidad y, si a ello hubiere lugar, continuará con el estudio de los requisitos específicos de procedibilidad con base en los defectos alegados por las Accionantes.
4. Examen de los requisitos generales de procedibilidad en el caso concreto
La Sala observa que en el presente caso no se reúnen todos los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra laudos arbitrales internacionales, tal como se expondrá a continuación:
De forma preliminar, la Sala observa que en el Laudo Final el Tribunal se declaró incompetente para decidir sobre las pretensiones del Consorcio contra Gecelca, por cuanto esta actuó como mandataria de Gecelca 3 en lo relativo a la celebración, ejecución, terminación y liquidación del Contrato RP3 y, en ese sentido, no está comprendida dentro del ámbito de aplicación subjetivo de la cláusula compromisoria.
Las Accionantes, siendo Gecelca y Gecelca 3, alegan que la fuente de las violaciones a sus derechos fundamentales es el Laudo Final, por ende, al no contener éste ninguna condena en contra de Gecelca, la Sala concluye que esta última carece de legitimación en la causa por activa en lo que atañe a la Acción de Tutela, siendo Gecelca 3 la única legitimada para el efecto.
En lo que respecta a la legitimación en la causa por pasiva, referida “a la capacidad legal del destinatario de la acción de tutela para ser demandado, pues está llamado a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental en el evento en que se acredite la misma en el proceso”[54], la Sala constata que el Tribunal accionado, en ejercicio de la función transitoria de administrar justicia de la que fue investido, es la autoridad que presuntamente vulneró los derechos fundamentales de las Accionantes, además de que, en efecto, fue el emisor de la providencia cuestionada en la Acción de Tutela.
4.2. En el presente caso, la Sala advierte que la Acción de Tutela es improcedente, por cuanto no cumple con el requisito de subsidiariedad
La Corte Constitucional ha establecido que los requisitos de procedibilidad de carácter general deben ser satisfechos integralmente para habilitar la viabilidad procesal de la tutela[55]. En el caso sub examine, la Sala encuentra que la Acción de Tutela no satisface el requisito de subsidiariedad y, por tanto, no se cumplen los presupuestos procesales para su procedencia.
Sobre el incumplimiento de este requisito, la Sala, en primer lugar, se pronunciará sobre las cuestiones atinentes a la calificación del procedimiento arbitral como internacional y, en un segundo momento, estudiará el supuesto error fáctico en el cual habría incurrido el Tribunal al valorar un dictamen pericial que habría incluido una prueba alterada.
La Sala encuentra que Gecelca 3 expuso dos grupos de reproches en relación la internacionalización del trámite arbitral.
La Sala estima que ambos grupos de reproches satisfacen el requisito general de relevancia constitucional por cuanto se adscriben a eventuales violaciones directas de los derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia, a la tutela judicial efectiva y al debido proceso.
No obstante, si bien Gecelca 3 desplegó una sólida carga argumentativa para acreditar que las transgresiones alegadas son constitucionalmente trascendentes, no logró probar que las mismas fueran ajenas a las causales de anulación y tampoco demostró que derivaran en un perjuicio irremediable.
Frente al primer grupo de reproches, la Sala advierte que no es posible que el juez constitucional entre a determinar si se configuró una violación de los derechos de acceso a la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva si el mismo hecho que habría materializado la violación puede ser controvertido, como se explicará enseguida, mediante otro mecanismo de defensa judicial. Así las cosas, la Sala descarta el estudio del primer grupo de reproches elevados por Gecelca 3.
Ahora, en lo relativo al segundo grupo de reproches, la Sala estima que los argumentos que sustentan la supuesta violación al debido proceso y que atañen a la internacionalización del trámite arbitral están todos ligados al pacto arbitral y al procedimiento que se le deriva en razón a la aplicación de los criterios de internacionalidad consignados en el artículo 62 de la Ley 1563 de 2012[56]. En consecuencia, se insertan perfectamente dentro de la causal de anulación internacional contemplada en el literal d) del numeral 1º del artículo 108 de la Ley 1563 de 2012, la cual prevé que las partes podrán solicitar la anulación del laudo cuando prueben que el procedimiento arbitral no se ajustó a su acuerdo.
Es así como la Sala encuentra que esta supuesta vulneración del debido proceso es un asunto de resorte del recurso de anulación y esto, sumado a que Gecelca 3 no probó ni sumariamente la existencia de un perjuicio irremediable derivado de la internacionalización del trámite arbitral, resulta en que la Acción de Tutela no satisface el requisito de subsidiaridad necesario para avalar su procedencia.
Gecelca 3 señaló que el Tribunal, para efectos de invalidar y ordenar devolver el importe de la multa impuesta al Consorcio, acogió sin salvedades las conclusiones del dictamen pericial rendido por FTI Consulting, el cual integró supuestamente una prueba alterada. Con esto, se habría materializado un defecto fáctico.
“De todas maneras, es preciso advertir que la nulidad prevista en el último inciso del artículo 29 de la Constitución, es la de una prueba (la obtenida con violación del debido proceso), y no la del proceso en sí. En un proceso civil, por ejemplo, si se declara nula una prueba, aún podría dictarse sentencia con base en otras no afectadas por la nulidad. La Corte observa que, en todo caso, la nulidad del artículo 29 debe ser declarada judicialmente dentro del proceso. No tendría sentido el que so pretexto de alegar una nulidad de éstas, se revivieran procesos legalmente terminados, por fuera de la ley procesal.” (Sentencia C-372 de 1997 M.P. Jorge Arango Mejía) (Subrayado adicionado al texto original).
50. En sentido similar la sentencia SU-159 de 2002 expuso:
51. Teniendo en cuenta lo expuesto, el proceso si puede declarase nulo si el fundamento de la decisión que concluye el mismo fue la valoración de una prueba obtenida de manera irregular. Al respecto la Corte en sentencia T-233 de 2007 señaló que “si la prueba ilegal o inconstitucional es crucial para la adopción de la providencia judicial, esto es, si su incidencia en la decisión judicial es de tal magnitud que, de no haberse tenido en cuenta, el fallo racionalmente habría podido ser otro, el juez de tutela está obligado a anular el proceso por violación grave del debido proceso del afectado”.
52. En síntesis, la Corte ha señalado que el análisis de la violación del debido proceso por admisión de una prueba obtenida de manera irregular y la anulación del proceso en que se inscribe, corresponde al estudio particular del caso, pues es necesario verificar, en el texto del fallo concreto, si la decisión judicial tiene como base el contenido probatorio ilegítimo.” (negrilla fuera del texto original)
Para la Sala es claro que la dimensión constitucional del debido proceso en materia probatoria, aunada a la habilitación del juez de tutela para efectos de anular providencias cuya decisión haya sido determinada por pruebas ilegales o inconstitucionales -la cual ha sido ratificada por vía jurisprudencial-, son elementos sobre los cuales nuestro ordenamiento no puede ceder, ni siquiera en escenarios internacionales. En concreto, la garantía de no ser condenado con una prueba de esta índole es una garantía fundamental que permite asegurar un juicio ecuánime y un procedimiento justo.
Es así como la Sala encuentra que esta garantía hace parte del orden público internacional de Colombia en su acepción procesal y, en esa medida, una decisión arbitral que eventualmente se haya proferido con base en una prueba alterada, tiene la vocación de vulnerarlo.
En ese orden de ideas, este es un asunto que cabe dentro del recurso de anulación por vía de la causal internacional contemplada en el literal b) del numeral 2º del artículo 108 de la Ley 1563 de 2012, que prevé que “[l]a autoridad judicial podrá anular el laudo arbitral (…) de oficio, cuando: (…) El laudo sea contrario al orden público internacional de Colombia” y, por tanto, la Sala reconoce otro argumento para validar la idoneidad de este medio de defensa judicial en el caso que nos ocupa.
En conclusión, la Acción de Tutela no satisface el requisito de subsidiaridad necesario para avalar su procedencia, pues, por un lado, no existen motivos para considerar ineficaz el recurso de anulación, y por el otro, no se probó la existencia de un perjuicio irremediable que afecte a Gecelca 3.
En virtud de lo expuesto, la Sala confirmará la sentencia de tutela proferida en segunda instancia por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado el 12 de septiembre de 2018, la cual, a su turno, confirmó la sentencia de primera instancia proferida por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado el 26 de julio de 2018, pero por las razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: CONFIRMAR por las razones expuestas en esta providencia, la sentencia de tutela dictada en segunda instancia por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado el 12 de septiembre de 2018, la cual, a su vez, confirmó la sentencia de primera instancia proferida por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado el 26 de julio de 2018 que declaró improcedente la acción de tutela formulada por las accionantes.
En el presente caso, del cual soy ponente, me permito aclarar mi voto con el fin de precisar que, a mi juicio, los árbitros internacionales no ejercen funciones jurisdiccionales necesariamente. Reconocer lo contrario implica dar cabida a que extranjeros, aplicando ley foránea, puedan ejercer transitoria y temporalmente una función pública y, por esa vía, profieran un laudo que eventualmente comprometa la responsabilidad internacional del Estado colombiano[57].
La competencia de los árbitros internacionales se deriva exclusivamente del pacto arbitral, tal circunstancia ha sido reconocida por el Legislador al sustraerles el poder de imperium, muestra de ello es que las medidas cautelares dictadas por árbitros internacionales requieran de la intervención de un juez de apoyo para su perfeccionamiento[58] y que para la práctica de pruebas fuera de audiencia sea necesaria la colaboración de la autoridad judicial[59].
En sede internacional, por tanto, se debilita la tesis jurisprudencial que ha equiparado, al menos materialmente, a los laudos arbitrales con providencias judiciales para efectos de avalar la procedencia de la acción de tutela contra los primeros.
A mi juicio, tal procedencia -que en atención a la sentencia es excepcionalísima- no se deriva de una analogía que cobra sentido en sede nacional, en donde el trámite arbitral se ha convertido en un proceso. Esta se sustrae, sobre todo, de: (i) la eventual incidencia que tienen las decisiones arbitrales internacionales frente a la vulneración de derechos fundamentales y la preminencia de estos en nuestro ordenamiento jurídico; (ii) el ámbito objetivo de la acción de tutela, el cual comprende acciones u omisiones de particulares[60]; y (iii) los puntos específicos de contacto entre la justicia estatal y el arbitraje internacional[61].
En Colombia, el arbitraje nacional y el arbitraje internacional son instituciones jurídicas diferentes. Y esto, en los términos de la sentencia, incide en el examen de los requisitos de procedibilidad y en el alcance de las reglas adicionales que la jurisprudencia ha sentado a este tenor. No obstante, tal diferencia, concluyo, también debe ser reconocida a efectos de avalar la procedencia excepcionalísima de la tutela contra laudos internacionales.
[3] Los testigos interrogados fueron los siguientes: Johanna Covas, Liu Wu, Wang Zhiliang, Nicolás Tafur, Wilfran Pertuz, Wu Huijing, Álvaro Alemán, José Bencomo, Jairo Ávila, Gerjan Tadeo Bermejo, Aida Ximena Martínez, Carlos Angarita, Ronald Howard y Li Yanfei.
[4] Los peritos interrogados fueron los siguientes: Nelson Gallardo y Glenn Villacoria (FTI), Chow Shiao Ling (FTI), Fabián Arias, Carlos Sosa y Rubén Pulgar (GPS), Manuel Maiguasca (Cerrito Capital) y Marcelo Schoeters (Compass Lexecom) y Carmenza Chahín.
[5] Gecelca (la matriz) actuó como mandataria de Gecelca 3 (filial) en la celebración del Contrato RP3, el cual incluye la cláusula compromisoria. En el arbitraje se vinculó a Gecelca, y en el Laudo Final se determinó que, como había suscrito el Contrato RP3 y por ende la cláusula compromisoria en calidad de mandataria, el Tribunal no era competente para pronunciarse frente a ella pues no suscribió la cláusula compromisoria por su cuenta y riesgo, sino por cuenta de su mandante, Gecelca 3.
[6] Sobre el estado de dicho proceso de anulación, la Secretaría de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en escrito fechado 5 de marzo de 2019, certificó que el recurso había sido avocado por tal Corporación en auto del 21 de agosto de 2018, en el cual se había ordenado correr traslado para presentar alegatos al Consorcio y al Ministerio Público para lo de su cargo. Agregó que el proceso ingresó el 24 de octubre de 2018 al despacho de la Consejera Ponente, doctora María Adriana Marín y que, a la fecha del escrito, se encontraba pendiente de elaborar proyecto de sentencia.
[46] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 15 de enero de 2019, Rad. 2016-03020-00.
[49] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 27 de julio de 2011, Rad. 2007-01956-01.
[50] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 15 de enero de 2019, Rad. 2016-03020-00.
[53] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 23 de marzo de 2018, Rad.2017-00080-00.
[57] ZULETA JARAMILLO, Eduardo. La colaboración de los jueces en el arbitraje internacional. En: ALJURE SALAME, Antonio et al. Estatuto Arbitral Colombiano. Análisis y aplicación de la Ley 1563 de 2012. Legis Editores, 2013. p. 499.
[58] Artículos 88 y 89 de la Ley 1563 de 2012.
[59] Artículo 100 de la Ley 1563 de 2012.
[60] Artículos 86 superior y 1º del Decreto 2591 de 1991.
[61] La sección tercera de la Ley 1563 de 2012, regula la intervención judicial en los trámites arbitrales internacionales, sobre todo en lo concerniente a la colaboración de los jueces locales en la práctica de pruebas (artículo 100); en la práctica de medidas cautelares (artículo 71); en la designación de árbitros (artículo 73); en la recusación de los árbitros (artículo 76); en eventos de falla o imposibilidad de ejercicio de las funciones por parte del árbitro (artículo 77); en el reconocimiento y ejecución del laudo (artículos 111 a 116); y en la impugnación del laudo (artículos 107 a 110). La intervención de los jueces locales en instancias de apoyo y de anulación, si bien es restringida y puntual, devela la existencia de puntos de contacto entre el arbitraje internacional y la justicia estatal, y en la medida en que las decisiones de esta última pueden ser excepcionalmente objeto de acciones de tutela, no puede entonces inferirse que este tipo de trámites arbitrales sean completamente exógenos a la jurisdicción constitucional