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Timestamp: 2013-12-13 19:21:42
Document Index: 100980751

Matched Legal Cases: ['artículo 31', 'artículo 305', 'artículo 52', 'artículo 137', 'artículo 150', 'artículo 52', 'artículo 27', 'artículo 25', 'artículo 25', 'artículo 25', 'artículo 90', 'artículo 52', 'artículo 27', 'artículo 52', 'artículo 27', 'artículo 36']

Sentencia de tutela T553 de 2002. T-553-02 | SuTutela.com
Sentencia de tutela T553 de 2002. T-553-02
Derecho al debido proceso y doble instancia. Acceso a la administracion de justicia. Nivelacion salarial. Dictamen pericial. Indebida liquidacion. Incidente de desacato. Via de hecho. Cumplimiento fallo de tutela. Incametal s. A . Negada. Sentencia T-553/02
El expediente llegó a la Corte Constitucional, por remisión que se hizo en virtud de lo ordenado por el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. La Sala de Selección número cinco ordenó la selección del mencionado expediente por auto de 9 de mayo de 2002. I. ANTECEDENTES
3. Manifiesta el accionante, que en el incidente de desacato se pidió que en caso de que el juez lo considerara necesario, se nombrasen peritos para efectuar las liquidaciones que por nivelación salarial le correspondían a los trabajadores beneficiados con el fallo de la Corte, que no se acogieron a la Ley 50 de 1990. Considera el actor, que teniendo en cuenta que el incidente propuesto fue el de desacato, la prueba pericial solicitada se encontraba exclusivamente encaminada a establecer si se había configurado o no el desacato, pero no para determinar obligaciones pecuniarias a cargo de Incametal “tanto es así, que el incidente se abrió contra el representante legal de la sociedad, a título personal, y no contra Incametal S.A., misma”.
El apoderado de Incametal S.A. solicitó la declaración de nulidad de los autos proferidos por el Tribunal y, del fallo del juez de Bello en lo concerniente a la liquidación a cargo de la empresa incidentada. También recusó a los magistrados. La Sala Octava Laboral del Tribunal de Medellín, negó de plano la solicitud de nulidad y la recusación.
8. A juicio de Incametal S.A., el Juez de Bello incurrió en una vía de hecho por defecto fáctico, al condenar a la empresa al pago de unas liquidaciones con base en el dictamen inicial del perito, apartándose totalmente de las aclaraciones que hizo él mismo, sin motivar su decisión. Así mismo, incurrió en defecto procedimental, al haberse desviado por completo del procedimiento fijado por la ley para el trámite del incidente de desacato, convirtiéndolo en uno de liquidación del fallo de tutela. Así las cosas, el Juez Laboral de Bello, resolvió el incidente extrapetita, extendiendo su decisión a un asunto que no era materia de la solicitud que motivó su trámite, como era la de sí quedaban saldos a cargo de Incametal S.A., por concepto del fallo de la Corte. De esa forma, también se violó el principio de congruencia consagrado en el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, aplicable a toda decisión judicial, por cuanto emana directamente de la garantía del debido proceso. Manifiesta que si el juez accionado se hubiera limitado al tema del desacato, esa providencia no era susceptible de ser recurrida, según lo dispone el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, pero como extendió su decisión a asuntos de enorme gravedad, lo lógico es que contra ellos procediera la apelación. En efecto, señala que el auto que decidió sobre el incidente de desacato, en el fondo tiene la fuerza jurídica de una sentencia y materialmente se la debe considerar así, por cuanto declaró unas obligaciones patrimoniales a cargo de Incametal S.A. susceptibles de cobrarse por la vía ejecutiva.
Considera inicialmente que el orden jurídico fundado en la Constitución, no puede subsistir, sin la garantía del acatamiento de los fallos proferidos por los jueces de la República. Así, el desacato de las sentencias judiciales que reconocen derechos fundamentales, constituye una flagrante violación a los contenidos esenciales del orden jurídico. Luego de hacer una relación pormenorizada de toda la actuación surtida en el incidente de desacato que interpusieron los trabajadores de Incametal S.A., que resultaron beneficiados por la sentencia T-762 de 2000, aduce el juez constitucional de primera instancia, que al mismo se le imprimió el trámite previsto en el artículo 137 del Código de Procedimiento Civil.
Aduce que si bien al juez le corresponde graduar los efectos de fallo de tutela, no puede hacerlo de manera arbitraria, desconociendo las reglas del trámite incidental, sobre congruencia de las decisiones con los pedimentos de las partes, sobre apreciación de dictámenes periciales y sobre motivación de los fallos. Por último, aduce el señor Landa García, que lo controvertido en la presente tutela hace referencia a la liquidación de una obligación laboral de naturaleza puramente económica que nunca afectó el mínimo vital de los accionantes. En efecto, ellos ya habían recibido su salario normal que en Incametal S.A. supera el mínimo legal aproximadamente en un 50%, y habían recibido un reajuste anual en iguales condiciones de los otros trabajadores por pacto colectivo. Así las cosas, solicita que se revoque el fallo impugnado, y se conceda la tutela por vulneración de los derechos al debido proceso, doble instancia y acceso a la administración de justicia.
III.	III. Consideraciones de la Corte Constitucional
2. El asunto que se debate 2.1. Corresponde a la Corte Constitucional establecer si la providencia proferida por el Juez Laboral de Bello, mediante la cual se resolvió el incidente de desacato promovido por los trabajadores de Incametal S.A., resulta constitutiva de una vía de hecho por la existencia de defectos fácticos y procedimentales, al haber sustentado su decisión en un análisis parcial de un dictamen pericial, y desviado el procedimiento señalado en la ley para el incidente de desacato. Así mismo, le corresponde establecer si la Sala Octava Laboral del Tribunal de Medellín, vulneró el debido proceso de Incametal, al no darle curso al recurso de apelación interpuesto por esa empresa contra la providencia que resolvió el incidente de desacato. 2.2. Para un mayor entendimiento del asunto que ahora se decide por la Corte, se impone hacer un resumen detallado de toda la actuación surtida en el presente proceso:
Celebrada la audiencia en la fecha y hora programada, se decretaron las pruebas solicitadas por la parte incidentante, y en aplicación del principio de concentración se ordenó la práctica de las mismas, las que no pudieron ser llevadas a cabo por ausencia del apoderado de los trabajadores, quedando solamente en firme la prueba pericial, para lo cual se designó el correspondiente auxiliar de la justicia y se señaló el día 12 de octubre como fecha para que el perito rindiera su dictamen. 2.2.4. En escrito de 19 de septiembre de 2000, el abogado de los trabajadores solicitó la nulidad de lo actuado en la audiencia de 14 de septiembre, por considerar que se desconocieron las normas procesales en relación con el señalamiento del término para la práctica de las pruebas solicitadas. Mediante auto del 20 del mismo mes y año, el funcionario judicial dio traslado de la solicitud de nulidad a Incametal S.A., empresa que se opuso a la misma y solicitó continuar con el trámite del incidente de desacato.
2.2.6. El 11 de diciembre de 2000, el Juez Laboral de Bello ordenó dar cumplimiento a lo dispuesto por el superior y posesionó al perito designado, quien en escrito de 6 de marzo de 2001, presentó el dictamen solicitado, en el que se realizó la liquidación de cada uno de los trabajadores que interpusieron el incidente de desacato. El 13 de marzo de 2001, se celebró audiencia incidental con el fin de incorporar el dictamen, con la asistencia de los apoderados de las partes. En escrito de 6 de marzo, pero recibido en el despacho judicial el 7 del mismo mes, el apoderado de los trabajadores, solicitó la complementación del dictamen, a fin de que se actualizaran los valores liquidados, teniendo en cuenta para ello el IPC o la tasa de devaluación a 31 de diciembre de cada uno de los años liquidados desde 1993. Posteriormente, en escrito de 16 de marzo el apoderado de la parte incidentada solicitó la adición del dictamen, con el objeto de que se considerara el impacto de la retroactividad de las cesantías en las respectivas liquidaciones, y para que se explicara la razón de las liquidaciones, reservándose el derecho a objetar el dictamen, una vez se rindieran las adiciones y explicaciones solicitadas.
Contra esta decisión, el apoderado de Incametal S.A., interpuso recurso de reposición, el cual fue resuelto en providencia de septiembre 10 de 2001, en el sentido de abstenerse de conocer del recurso impetrado, para lo cual se fundamentó en la sentencia C-243 de 1996, en la que se expresa que el incidente de desacato concluye que un auto que no es susceptible del recurso de apelación. 2.2.10. Inconforme con esa decisión, el apoderado de Incametal S.A., promovió incidente de nulidad contra el auto del Tribunal que se abstuvo de conocer del recurso de reposición, y contra el auto del Juez Laboral de Bello que decidió el incidente de desacato. Finalmente recusó a los magistrados de la Sala Octava Laboral del Tribunal Superior de Medellín, con fundamento en la causal 2 del artículo 150 del Código de Procedimiento Civil, por considerar que emitieron tácita o expresamente su concepto sobre el tema.
En auto de 4 de octubre de 2001, la Sala Octava del Tribunal Superior de Medellín, no aceptó la recusación formulada y rechazó de plano la nulidad propuesta. 3. La solución al problema planteado
3.1. La Constitución Política al consagrar la acción de tutela como un mecanismo de protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, que resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de una autoridad pública, o de los particulares en los casos establecidos por la ley, dispone que la protección consistirá en una orden y que el fallo será de inmediato cumplimiento. Esa orden, como lo dijo esta Sala de Revisión, debe ser acatada en forma inmediata o total por su destinatario, porque si no se cumple “el orden constitucional continúa quebrantado, con el agravante de que se pone en tela de juicio la eficacia de las normas constitucionales que protegen los derechos fundamentales”, salvo, claro está, que la propia Corte señale un término adicional, en ejercicio de su facultad de modular sus fallos.
Señaló también esta Sala de Revisión, que en caso de desconocimiento de una orden proferida por el juez constitucional, el ordenamiento jurídico tiene prevista una vía procesal específica para obtener que los fallos se cumplan y, para que en caso de no ser obedecidas, se impongan sanciones que pueden ser pecuniarias o privativas de la libertad, de conformidad con lo preceptuado por los artículos 52 y 53 del Decreto 2591 de 1991. Así las cosas, el desacato, como lo ha sostenido esta Corporación, es “...un ejercicio del poder disciplinario y por lo mismo, la responsabilidad de quien incurra en aquel es una responsabilidad subjetiva. Es decir, que debe haber negligencia comprobada de la persona para el incumplimiento del fallo, no pudiendo presumirse la responsabilidad por el solo hecho del incumplimiento...”. La competencia para tramitar el incidente especial de desacato regulado por los artículos 52 y 53 del Decreto 2591 de 1991, se encuentra radicada en el juez de primera instancia quien, en caso de encontrarlo procedente, podrá imponer las sanciones por desacato al juez que incumpla una orden de tutela, en los términos señalados en la ley, la cual deberá ser consultada con el superior jerárquico. Resulta pertinente en el caso sub examine, recordar que contra el auto que impone la sanción por desacato, no procede ningún recurso. Ese aspecto, fue claramente resuelto por esta Corporación en la sentencia C-243 de 1996, en la cual se expresó lo siguiente: “En efecto, entre varias alternativas el legislador escogió precisamente la del trámite incidental, y frente a la posibilidad de señalar los recursos que cabrían contra el auto que lo decidiera guardó expreso silencio, estableciendo tan sólo, como obligatorio frente a esta decisión, el grado de jurisdicción de la consulta.
Es por ello que la correcta interpretación y alcance del artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, parcialmente demandado de inexequibilidad, no puede ser otro que el que se deduce de su tenor literal y del sentido natural y obvio de sus palabras: es decir, consagra un trámite incidental especial, que concluye con un auto que nunca es susceptible del recurso de apelación, pero que si dicho auto es sancionatorio, debe ser objeto del grado de jurisdicción llamado consulta, cuyo objeto consiste en que el superior jerárquico revise si está correctamente impuesta la sanción, pero que en sí mismo no se erige como un medio de impugnación. Y ello es así por cuanto el trámite de la acción de tutela es un trámite especial, preferente y sumario que busca la protección inmediata de los derechos fundamentales, lo cual implica una especial relievancia del principio de celeridad”. (Negrillas fuera de texto.). Ahora bien, la competencia del juez de primera instancia, no se encuentra restringida a imponer las sanciones pertinentes en caso de incumplimiento de un fallo de tutela, pues al tenor de lo dispuesto por el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991, al juez le corresponde verificar el cumplimiento del fallo, para lo cual “establecerá los demás efectos del fallo y mantendrá la competencia hasta que esté completamente restablecido el derecho o eliminadas las causas de la amenaza”. (Negrillas fuera de texto). Así las cosas, como lo estableció la Corte “Los artículos 52 y 53 reseñados son concordantes con el 27 del mismo decreto 2591 de 1991, que se refiere específicamente al cumplimiento del fallo por parte de la autoridad responsable del agravio de los derechos fundamentales y que autoriza al juez para sancionar por desacato a la persona responsable y eventualmente cumplidos los supuestos que para ello se señalan en la norma, también al superior de aquella.
La anterior es la interpretación armónica de los artículos 27, 52 y 53 del decreto 2591 es decir es la interpretación que consulta el contexto de la ley para entender cada una de sus partes de manera que cada artículo produzca efectos y que entre todos exista correspondencia y armonía”.
En cumplimiento a la sentencia de tutela, la empresa Incametal S.A. utilizó un procedimiento de promedio para calcular el porcentaje de incremento aplicable a cada uno de los trabajadores, y procedió a cancelar las sumas resultantes de dicha liquidación, respecto de la cual los trabajadores expresaron su desacuerdo por considerar que desconocía lo ordenado por la Corte Constitucional, anotando dicho descontento en los soportes del pago realizado por la empresa, como se observa a folio 80 vuelto. Ante esta situación procedieron a interponer incidente de desacato ante el Juez Laboral de Bello. 3.3. El Juez Laboral de Bello, en cumplimiento de sus funciones, y con el fin de dilucidar el punto de inconformidad en relación con la liquidación de los ajustes salariales para nivelar la remuneración de los trabajadores, procedió a designar un perito, quien debidamente informado por el director financiero y el jefe de contabilidad de la empresa, rindió su dictamen, el que a solicitud de las partes fue complementado y aclarado, sin que hubiera sido objetado dentro de la oportunidad legal prevista para ello.
Ahora bien, el hecho de que el Juez Laboral de Bello, se hubiera valido de un auxiliar de la justicia para determinar con claridad y precisión la cuantía que se debía reconocer y cancelar a cada trabajador, no desconoce los principios del debido proceso, como se afirma en el escrito de tutela. Por el contrario, el juez de primera instancia tiene la obligación de verificar el cumplimiento de los fallos que profieren los jueces en sede constitucional, a fin de lograr la protección eficaz de los derechos fundamentales reconocidos a quienes impetran dicha protección. Así las cosas, en este caso se imponía por parte del juez competente esclarecer la controversia suscitada con la liquidación que para efectos de nivelar salarialmente a los trabajadores beneficiados con la sentencia T-762 de 2000 realizó la empresa Incametal S.A., máxime teniendo en cuenta que la mencionada empresa había liquidado a algunos de sus trabajadores que por discriminación salarial por no acogerse a la Ley 50 de 1990, resultaron beneficiados con la sentencia T-602 de 1999, la cual, valga recordar fue reiterada totalmente en la sentencia T-762 de 2000. En efecto, para la liquidación de los trabajadores en esa oportunidad, es decir, en cumplimiento de la sentencia T-602 de 1999, la empresa liquidó a cada uno de los trabajadores “por los años indicados en la sentencia, tomando en cuenta los factores que integran el salario, a saber: El básico, vacaciones, prima legal, prima extralegal, cesantías, intereses a las cesantías y la indemnización. Ese total como obligación principal, fue actualizado o indexado, para los siguientes resultados finales...” (fl. 508); y, para la liquidación de cada uno de los trabajadores beneficiados con la sentencia T-762 de 2000, la empresa Incametal S.A. utilizó otro procedimiento que arrojo cuantías mínimas, muy diferentes a las deducidas en esa oportunidad. Por ello, el Juez Laboral de Bello, estaba en la obligación de esclarecer la controversia acudiendo para ello a los conocimientos especializados de un perito. Adicionalmente, encuentra la Corte, que esa designación del perito se justifica aún más, si se tiene en cuenta la afirmación hecha por el apoderado de Incametal al dar respuesta al incidente de desacato, en el sentido de que la liquidación que se realizó en cumplimiento de la sentencia T-602 de 1999 “se hizo de manera equivocada” (fl. 67). No es entonces, acertada la afirmación de la empresa Incametal S.A., cuando manifiesta que el Juez de Bello, incurrió en una vía de hecho por defecto procedimental, por cuanto liquidó unas sumas de dinero, convirtiendo el incidente de desacato en uno de liquidación de fallo de tutela en los términos del artículo 25 del Decreto 2591 de 1991. Lo que aquí ocurre es que el apoderado de la empresa mencionada ataca la providencia que impugna bajo el supuesto de que en ella se dio aplicación al artículo citado, cuando, en realidad, las situaciones jurídicas que se regulan por los artículos 25, 27 y 52 del Decreto 2591 de 1991, son diferentes. Así, en el primero de ellos, se trata de la reparación del daño emergente que se hubiere causado por una autoridad y por decisión del juez de tutela, cuando para el goce efectivo del derecho el afectado no disponga de otro medio judicial, provenga de una acción clara e indiscutiblemente arbitraria y, por ello, la violación del derecho fundamental sea manifiesta.
Esta Corporación, al analizar la declaratoria la exequibilidad del artículo 25 del Decreto 2591 de 1991, precisó su alcance en los siguientes términos: “Ningún motivo de inconstitucionalidad encuentra la Corte en el artículo 25 del Decreto 2591 de 1991, también acusado en este proceso, puesto que ese precepto se limita a indicar la natural consecuencia atribuída por el Derecho, en aplicación de criterios de justicia, a la comprobación del daño que se deriva de acción u omisión antijurídica, la cual no puede ser distinta del resarcimiento a cargo de quien lo ocasionó, tal como dispone el artículo 90 de la Constitución. Se trata de reparar, por orden judicial, el daño emergente causado si ello fuere necesario para asegurar el goce efectivo del derecho cuando el afectado no disponga de otro medio judicial, la violación sea manifiesta y provenga de una acción clara e indiscutiblemente arbitraria, supuestos que justifican y aún exigen que el fallador, buscando realizar a plenitud la justicia en cada caso, disponga lo concerniente” 3.4. Tampoco es de recibo la acusación del accionante, de vulneración del debido proceso por considerar que se resolvió más de lo solicitado por la parte incidentista, cuando a su juicio, era obvio que el juez solamente podía pronunciarse sobre la existencia o no de desacato, pues ese incidente sólo tiene por objeto establecer si la persona contra quien se le inicia, ha incumplido o no una orden de tutela, para decidir si se le deben imponer las sanciones que prevé el artículo 52 del citado decreto, pero que si se pretendían establecer los efectos del fallo tal como lo prevé el inciso final del artículo 27 íbidem, se debía acudir a una actuación especial.
Si bien es cierto, el trámite del incidente de desacato surtido en el Juzgado Laboral de Bello, no hace gala de una adecuada técnica jurídica en su adelantamiento, como lo acepta el mismo juez, pues permitió que un incidente especial, se convirtiera casi en otro proceso, desvirtuando la finalidad de la acción de tutela, que no es otra que la protección de los derechos constitucionales fundamentales, no por ello, se constituye en una vía de hecho, porque el juez en la providencia que resolvió el incidente, no creó una situación jurídica nueva, ni más gravosa que la señalada por la Corte Constitucional en su sentencia T-762 de 2000, simplemente verificó que aún cuando de buena fe la empresa Incametal S.A., había realizado unas liquidaciones, ellas no correspondían a lo ordenado por la Corte, para lo cual se valió de un auxiliar de la justicia. Así las cosas, analizada por el juez la responsabilidad subjetiva de Incametal S.A., concluyó que no hubo una conducta reprochable como desacato, razón por la cual no era procedente imponer una sanción en los términos del artículo 52 del Decreto 2591 de 1991. Con todo, el juez, dándose cuenta que el fallo no fue debidamente cumplido, ordenó su pleno cumplimiento acudiendo para ello a una fuente jurídica distinta, cual es el artículo 27 del decreto mencionado, en virtud del cual, el juez mantiene su competencia hasta que se encuentre plenamente restablecido el derecho o eliminadas las causas de la amenaza, estableciendo los efectos del fallo para el caso concreto, pudiendo incluso sancionar por desacato al responsable y al superior, hasta que se de cumplimiento a la sentencia.
Resulta entonces, que en una misma providencia se resuelven dos asuntos: que no hay desacato, pero que tampoco hay cumplimiento pleno del fallo, acudiendo para ello a dos fuentes jurídicas distintas, sin que ello implique desconocimiento del debido proceso, pues, como se vio, los artículos 27, 52 y 53 del Decreto 2591 de 1991, deben ser interpretados armónicamente, a fin de que cada uno produzca los efectos previstos por el legislador. Así las cosas, en cuanto al desacato no procedía el grado jurisdiccional de la consulta, y mucho menos el recurso de apelación, pues como ya se explicó ese medio de impugnación es improcedente en el trámite del incidente de desacato, porque no hubo la imposición de una sanción; y, en cuanto a la decisión del juez para el restablecimiento de los derechos fundamentales protegidos con la sentencia T-762 de 2000, tampoco era procedente la apelación, por cuanto el juez en el ámbito de su competencia adoptó unas decisiones para el cumplimiento del fallo, las cuales no son objeto del recurso de apelación, porque la ley no lo ha establecido, ni en materia de tutela, ni en otras especialidades del Derecho.
3.5. Analizado detenidamente el asunto sub examine, tampoco se vislumbra por parte alguna vulneración del acceso a la administración de justicia, sino que por el contrario, lo que se observa es que la empresa Incametal S.A., ha gozado, como lo afirman los jueces de instancia, no sólo de todas las oportunidades para acceder a la administración de justicia, sino del reconocimiento de todas las garantías procesales por parte de los funcionarios demandados. Finalmente, considera la Corte que el argumento esgrimido por el actor José Carlos Landa García, en el sentido de que la incongruencia de la providencia del Juez Laboral de Bello, se hace más patente, porque desconoció que el incidente de desacato se dirigió contra él, como persona natural, fallando en perjuicio de la empresa Incametal, resulta completamente contraevidente, pues resulta claro que él fue demandado en su condición de representante legal de Incametal, como se observa en el escrito de incidente de desacato, a más, de que es la empresa a través de su apoderado, quien contesta el incidente, y se hace parte en todas las actuaciones surtidas en su adelantamiento. IV. Decisión
Primero: CONFIRMAR los fallos proferidos por la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura, de Cundinamarca, y del Consejo Superior de la Judicatura, el 29 de noviembre de 2001 y el 24 de enero de 2002, respectivamente. Líbrense por Secretaría, las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, cópiese, publíquese, comuníquese e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. ALFREDO BELTRAN SIERRA