Source: https://www.derechoecuador.com/registro-oficial/2000/08/registro-oficial-18-de-agosto-del-2000
Timestamp: 2019-12-06 08:13:15
Document Index: 108118923

Matched Legal Cases: ['artículo 11', 'artículo 181', 'artículo 585', 'artículo 181', 'artículo 95', 'artículo 3', 'artículo 19', 'artículo 15']

Registro Oficial. 18 de AGOSTO del 2000
\n 671 Expídese el Reglamento\n para la regulación del costo de la educación en\n los establecimientos particulares del país
\n 64-2000 Fidel Ernesto Cedeño\n Paz en contra del Banco del Pichincha C.A
\n 69-2000 Milton Alden Pazmiño\n Bayas en contra de la compañía Finlatina S.A.
\n 71-2000 Adolfo Calixto Bailón\n Mero en contra del Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones\n
\n 73-2000 José Luis Pazmiño\n Murillo en contra de Autoridad Portuaria de Guayaquil
\n 75-2000 Jesús Barbecho Güiracocha\n en contra de Acerías del Ecuador S.A.
\n 84-2000 Jorge Benites Sánchez\n en contra de la compañía Electro Ecuatoriana S.A.C.I
\n 90-2000 Pablo Antonio Cedeño\n en contra del Ministro de Obras Públicas
\n 91-2000 Manuel Jesús\n Mayancela Lliguichuzca en contra de Paula Cecilia Vélez\n Vera
\n 95-2000 Mario Hernán\n Vaca Bastidas en contra del Banco del Pichincha
\n 99-2000 Henry Calderón\n Martínez en contra de Autoridad Portuaria de Guayaquil\n
\n Cantón\n Zapotillo: Que\n contiene el nuevo Reglamento Orgánico Funcional
\n Muerte\n presunta del señor Pedro Guamán Pulupa (1era.\n publicación)
\n Muerte presunta del señor César\n Augusto Vera Pazmiño (2da. publicación)
\n Muerte presunta del señor Iván\n Javier Cumbe Bayolina (3ra. publicación)
\n Muerte presunta del señor José\n Miguel Tigre Tigre (3ra. publicación)
N0 671
Que el Decreto Supremo N° 1052 del 14 de septiembre de\n 1972, publicado en el Registro Oficial N0 150 de 22 de septiembre\n del mismo año y el Art. 21 de la Ley de Educación,\n han venido normando el funcionamiento de la Comisión Nacional\n para la Regulación del Costo de la Educación Particular,\n de las juntas provinciales y demás aspectos referidos\n a este ámbito de la educación;
Que es interés del Gobierno Nacional, a través\n del Ministerio de Educación, Cultura, Deportes y Recreación,\n establecer una normatividad que armonice la aplicación\n de leyes y reglamentos para la regulación de costos de\n la educación particular;
Que es necesario actualizar los mecanismos para regular el\n pago de matriculas, pensiones y otros valores en la educación\n privada;
Que mediante memorando N° 958 del 8 de agosto del 2000,\n la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica\n del Ministerio de Educación emite informe favorable; y,
Expídese el Reglamento para la regulación del\n costo de la educación en los establecimientos particulares\n del país.
DE LOS ÓRGANOS DE REGULACIÓN DE COSTOS DE LA\n EDUCACIÓN PARTICULAR
Art. 1 - Para la aplicación de las normas previstas\n en el presente reglamento, adscrita al Ministerio de Educación,\n Cultura, Deportes y Recreación, funcionará la Comisión\n Nacional de Costos de la Educación Particular; y, adscritas\n a las direcciones provinciales de Educación y Cultura\n Hispana, funcionará una Junta Provincial Reguladora de\n Costos de la Educación Particular.
Art. 2. - Con sede en la ciudad de Quito, funcionará\n la Comisión Nacional Reguladora de Costos de la Educación\n Particular, con jurisdicción en todo el territorio del\n país, la misma que estará integrada de la siguiente\n forma:
a) El Subsecretario de Educación o su delegado, quien\n la presidirá;
b) Cuatro funcionarios del Ministerio del Ramo, los mismos\n que serán:
El Director Nacional de Asesoría Jurídica o\n su delegado.
El Director Nacional de Educación Regular y Especial\n o su delegado.
El Director Nacional de Planeamiento de la Educación\n o su delegado.
El Director Nacional de Supervisión Educativa o su\n delegado;
c) Dos representantes de la educación particular confesional\n o sus respectivos alternos, designados en Asamblea General de\n Directores y Rectores de los establecimientos educativos confesionales;\n y,
d) Dos representantes de la educación particular laica\n o sus respectivos alternos, designados en Asamblea General de\n Directores y Rectores de los establecimientos educativos laicos.
Actuará como Secretario con voz informativa, pero sin\n voto, el Jefe de la División de Régimen Escolar\n y Refrendación de Títulos Nacional.
Art. 3. - La Comisión Nacional de Costos de la Educación\n Particular tendrá sesiones ordinarias de acuerdo con el\n calendario que se establezca en la convocatoria que para el efecto\n debe realizarse en los meses de enero y julio de cada año.
Puede convocarse en forma extraordinaria por decisión\n de su Presidente o a pedido de tres de sus miembros, en cuyo\n caso la convocatoria deberá realizarse por el Presidente.
Art. 4. - La convocatoria para las sesiones ordinarias las\n ejecutará el Secretario, en el plazo de ocho días\n de anticipación a la fecha de sesión mediante citación\n escrita conteniendo el orden del día, de modo que los\n miembros de la Comisión en caso de imposibilidad, puedan\n comunicarlo con la oportunidad debida y se cite al respectivo\n suplente. En caso de sesiones extraordinarias, las convocatorias\n podrán hacerse con 48 horas de antelación.
Art. 5. - El quórum necesario para la instalación\n de las sesiones conformarán cinco de sus miembros, de\n los cuales por lo menos uno debe ser representante de la Educación\n Particular Laica y otro de la Educación Particular Confesional.\n De tratarse de segunda convocatoria, la Comisión se reunirá\n con los miembros asistentes, dentro de las 24 horas posteriores\n a la convocatoria.
Art. 6. - Las resoluciones se tomarán por mayoría\n simple, de los votos de los miembros presentes; en caso de empate\n se dirimirá con el voto del presidente.
Art. 7. - Son deberes y atribuciones de la Comisión\n Nacional:
a) Revisar, modificar, suspender o ratificar las regulaciones\n aprobadas por las Juntas Provinciales, las cuales deberán\n enviar copias de todo lo actuado en el plazo máximo de\n ocho días de haberse tomado la resolución;
b) Conocer y resolver las apelaciones que los Establecimientos\n de la Educación Particular presente respecto a los dictámenes\n de las Comisiones Provinciales dentro de los quince días\n a partir de su recepción; y,
c) Coordinar las labores de las Juntas Provinciales, para\n cuyo efecto expedirá las normas que estimare necesarias;
Art. 8. - Son deberes del Secretario de la Comisión\n Nacional:
a) Asistir a todas las sesionas de la Comisión Nacional\n y elaborar las actas correspondientes;
b) Redactar las resoluciones, acuerdos, oficios y otras comunicaciones\n dispuestas por el Presidente de la Comisión Nacional;
c) Notificar por escrito, en el plazo de ocho días,\n las resoluciones de la Comisión Nacional a las partes\n interesadas;
d) Organizar y llevar al día el archivo de la Comisión\n Nacional;
e) Organizar y mantener un registro de las resoluciones aprobadas\n por las juntas provinciales, para conocimiento de la Comisión\n Nacional;
f) Informar al presidente de la Comisión Nacional los\n asuntos urgentes que se presentaren y requieran de sesión\n extraordinaria;
g) Llevar a conocimiento y resolución de la Comisión\n Nacional los expedientes de cada uno de los casos; y,
h) Los demás deberes asignados por la Comisión\n Nacional.
Art. 9. - En cada capital de provincia, adscrita a la Dirección\n Provincial de Educación y Cultura Hispana, funcionará\n una Junta Provincial Reguladora de Costos de la Educación\n Particular, la misma que estará integrada por:
a) El Director Provincial de Educación y Cultura o\n su delegado, quien la presidirá;
b) Un Supervisor Provincial de Educación Primaria,\n elegido en Asamblea General de Supervisores;
c) Un Rector del colegio fiscal, elegido en Asamblea general\n de rectores de colegios fiscales de la capital de provincia;
d) Un representante de la educación particular confesional\n o su alterno, elegido en Asamblea de Directores y Rectores de\n establecimientos particulares confesionales; y,
e) Un representante de la educación particular laica\n o su alterno, elegido en Asamblea General de Directores y Rectores\n de establecimientos particulares laicos.
Actuará corno secretario con voz informativa y sin\n voto, el Jefe del Departamento de Régimen Escolar y Refrendación\n de Títulos Provincial.
Art. 10. - En las Juntas Provinciales, los miembros previstos\n en los literales b), c), d) y e) durarán dos años\n en sus funciones, pudiendo ser reelegidos por un período\n adicional. En caso de ausencia temporal o definitiva de los titulares,\n el presidente convocará a los respectivos alternos.
Art. 11. - La primera sesión ordinaria se realizará\n en Ci mes de enero para el régimen de la Costa y Galápagos;\n y en el mes de julio para el régimen de la Sierra y Oriente.\n Las juntas provinciales elaborarán el calendario para\n las sesiones ordinarias.
Pueden sesionar en forma extraordinaria por convocatoria de\n su Presidente o a pedido de por lo menos tres de sus miembros.
El Secretario, con ocho días de anticipación\n a la fecha de la sesión, realizará la convocatoria\n por escrito, de modo que los miembros de la Junta, en caso de\n imposibilidad de asistencia puedan comunicarlo con la oportunidad\n debida al alterno.
Art. 12. - Las sesiones se realizarán con un mínimo\n de tres de sus miembros, uno de los cuales obligatoriamente será\n el representante de la educación particular confesional\n o educación particular laica. De tratarse de segunda convocatoria,\n la Junta se reunirá con los miembros asistentes, dentro\n de las 24 horas posteriores a la convocatoria.
Art. 13. - Las resoluciones se tomarán por mayoría\n simple, de los miembros presentes. En caso de empate se dirimirá\n con el voto del presidente.
Art. 14. - Son deberes y atribuciones de las juntas provinciales:
a) Conocer y resolver sobre las peticiones de reajuste del\n valor de las matrículas, pensiones, derechos de exámenes,\n derechos de grado, tarifas de transporte, etc., que los establecimientos\n de educación particular presenten por intermedio de sus\n representantes legales;
b) Aprobar, previo el estudio respectivo, el valor de las\n matrículas, pensiones, derechos de exámenes, derechos\n de grado, tarifas de transporte, etc., de los establecimientos\n que se crearen después de la expedición del presente\n reglamento;
c) Conocer y sancionar las violaciones que se cometieren a\n las regulaciones establecidas por las juntas así como\n las disposiciones de este reglamento; y,
d) Resolver sobre los recursos de reposición que se\n interpusieren.
Para el cumplimiento de lo señalado anteriormente se\n expedirán las respectivas resoluciones en un término\n no mayor de 8 días, las mismas que serán suscritas\n por el Director Provincial de Educación, a nombre de la\n Junta.
Art. 15. - Son deberes del Secretario de la Junta Provincial;
a. Llevar un registro de los planteles particulares que funcionan\n legalmente en la provincia, por cantones y niveles educativos,\n junto a las resoluciones tomadas respecto de matrículas,\n pensiones, derechos de exámenes, derechos de grado, certificados\n de promoción y tarifas de transporte de cada uno de ellos;
b. Organizar y mantener al día el archivo de la Junta;
c. Asistir a las sesiones de la Junta Provincial y elaborar\n las actas correspondientes;
d. Notificar las resoluciones de la Junta Provincial a los\n representantes del establecimiento educativo correspondiente;
e Redactar las comunicaciones y resoluciones dispuestas por\n la Junta Provincial;
f. Remitir a la Comisión Nacional copias de las resoluciones\n tomadas por la Junta Provincial; y,
g. Los demás deberes asignados por la Junta Provincial.
DEL PROCEDIMIENTO Y DE LOS RECURSOS
Art. 16 - Para los colegios x escuelas que inician el año\n escolar. los directivos del establecimiento presentarán\n en la Dirección Provincial de Educación, en los\n meses de enero y julio, tanto por la apertura de clases como\n por la fijación salarial del CONADES, la solicitud correspondiente\n para la fijación o revisión de las matrículas,\n pensiones, derechos de exámenes, derechos de grado. certificados\n de promoción, tarifas de transporte, etc., por duplicado,\n en carpetas separadas que contendrán los siguientes documentos:
a) Solicitud dirigida al Presidente de la Junta Provincial\n Reguladora de Costos de la Educación Particular;
b) Autorización de funcionamiento;
c ) Copia certificada del registro único de contribuyentes\n RUC.
d) Copia certificada del número patronal del IESS y\n la última planilla de aportación; y,
e) Instructivo aprobado por el Ministerio de Educación,\n Cultura, Deportes y Recreación, conjuntamente con la declaración\n juramentada ante un Notario Público.
El costo de pensiones será determinado atendiendo a\n las realidades socioeconómicas de cada provincia conforme\n con el instructivo aprobado por el Ministerio de Educación,\n Cultura, Deportes y Recreación.
Art. 17. - Los representantes del establecimiento o del Comité\n Central de Padres de Familia, podrán solicitar ser recibidos\n en comisión general, en las sesiones de la Comisión\n Nacional de Costos y de las juntas provinciales, únicamente\n para la defensa de los intereses de sus representados.
Art. 18. - Las resoluciones de la Comisión Nacional\n y de las juntas provinciales que serán debidamente motivadas,\n serán resueltas dentro del plazo previsto en el Art. 127\n del Estatuto del Régimen Jurídico de la Función\n Ejecutiva.
Art. 19. - Los establecimientos particulares laicos y confesionales\n podrán interponer el recurso de reposición de las\n resoluciones de la Junta Provincial Reguladora de Costos, mediante\n petición debidamente fundamentada dentro de un plazo de\n ocho días laborables de notificada la resolución.\n La Junta Provincial Reguladora de Costos, resolverá en\n un plazo de quince días laborables. De esta resolución\n se concederá el recurso de apelación.
El recurso de reposición genera efectos suspensivos\n en la resolución.
Art. 20. - El recurso de apelación de las resoluciones\n de la Junta Provincial, debidamente fundamentado y documentado,\n puede ser interpuesto por los interesados, ante la Comisión\n Nacional en el plazo de quince días, contados a partir\n de la fecha de notificación de la resolución.
El recurso de apelación genera efectos suspensivos\n en la resolución. De esta resolución no se concederá\n recurso alguno.
DEL VALOR DE LAS MATRICULAS, PENSIONES, DERECHOS DE EXAMENES,\n DERECHOS DE GRADO, CERTIFICADOS DE PROMOCIÓN, TARIFAS\n DE TRANSPORTE
Art. 21. - Para establecer el valor de las matrículas,\n pensiones, derechos de exámenes, derechos de grado, certificados\n de promoción, en los diferentes establecimientos particulares,\n deben considerarse todos los aspectos determinados en el formulario\n de declaración de datos para fijación de los valores\n de los servicios educativos, aprobado por el Ministerio de Educación,\n Cultura, Deportes y Recreación.
El valor de la matrícula ordinaria no excederá\n del 75% del monto de la pensión mensual neta fijada legalmente.\n La matrícula extraordinaria tendrá un recargo del\n veinte por ciento respecto de la ordinaria.
Art. 22. - Las juntas provinciales reguladoras de costos,\n para la fijación del valor de las pensiones mensuales,\n calcularán el valor de operación de los doce meses\n del año incluidas las vacaciones, prorrateado en diez\n pensiones de los meses laborables, de tal manera que no se podrá\n alegar cobros especiales, extras o adicionales por concepto de\n vacaciones. Por tanto, en la pensión mensual se incluye\n los costos que debe cubrir el establecimiento por el período\n vacacional.
Los establecimientos emitirán las respectivas facturas\n de todos los valores que se recaudaren las mismas que llevarán\n el nombre del establecimiento con su respectivo sello. En caso\n de no extenderse las facturas con el detalle de los cobros, por\n parte de los establecimientos, éstos, estarán obligados\n a justificar que no se incurrió en cobros excesivos o\n no autorizados. En caso de haberse violado estas disposiciones\n expresas serán sancionadas conforme a las normas establecidas\n en este reglamento.
Art. 23. - Los planteles particulares no podrán exigir\n el pago de valores extras, bonos, contribuciones, inscripciones,\n cupos, servicios y donaciones, etc. sino estuvieren autorizados\n por las juntas provinciales.
Ningún establecimiento, podrá exigir el pago\n de varías mensualidades adelantadas.
Art. 24. - Los establecimientos que tuvieren el servicio de\n transporte escolar se someterán a lo dispuesto en el Acuerdo\n Ministerial N0 857 del 19 de mayo de 1999. Constituirá\n un servicio al alumno sin finca de lucro.
Art. 25. - Los planteles particulares están obligados\n a exhibir en lugares visibles para conocimiento de los padres\n de familia, las resoluciones que determinan, el valor de las\n matrículas, pensiones, derechos de exámenes, derechos\n de grado, certificados de promoción, tarifas de transporte,\n etc., las mismas que se sujetarán a las regulaciones previstas\n para
\n el efecto.
Art. 26. - Las juntas provinciales de costos de la educación\n particular, a través de los medios de comunicación\n publicarán los valores de las matrículas y pensiones\n autorizadas.
Art. 27. - Se prohíbe en los establecimientos educativos\n particulares a los comités de padres de familia u otras\n organizaciones, la venta de uniformes, útiles escolares\n u otros bienes.
Art. 28. - Según la gravedad de la falta se establecen\n las siguientes sanciones:
a) Amonestación escrita,
b) Multa de dos a diez salarios mínimos vitales, o\n lo que establezca la ley, según la gravedad de la falta;
c) Suspensión temporal de funcionamiento del establecimiento,\n por un año, que se aplicará en el año lectivo\n siguiente; y,
Sin perjuicio de las sanciones señaladas en este articulo\n se dispondrá la inmediata devolución de los cobros\n indebidos a los perjudicados que de no ejecutarse, ameritará\n la aplicación de la sanción de clausura definitiva\n que se ejecutará el año lectivo inmediato siguiente.
Las sanciones contempladas en los literales a) y b), serán\n impuestas. por las respectivas juntas. Las sanciones contempladas\n en los literales c) y d), competen al Ministro del Ramo, de conformidad\n con lo dispuesto en el Art. 24 literal d) de la Ley de Educación\n y Art. 29, literal e) de su reglamento.
Los establecimientos educativos particulares que cobraren\n intereses por mora en el pago de pensiones serán sancionados\n de conformidad a lo dispuesto en los literales anteriormente\n citados.
Art. 29. - El Subsecretario de Educación y el Director\n Provincial de Educación y Cultura, según su ámbito\n de competencia por delegación del Ministro, suscribirán\n los
\n acuerdos o resoluciones de sanción para los planteles\n particulares que hayan infringido el presente reglamento.
Art. 30. - Toda denuncia presentada ante el Ministro de Educación,\n respecto a violaciones de este reglamento, enviará a la\n Comisión Nacional Reguladora del Costo de la Educación\n Particular para la investigación e informe respectivos.
Art. 31. - El establecimiento particular sancionado con clausura\n definitiva, no podrá reabrirse y se prohíbe al\n (los) propietario (s), solicitar la creación de un nuevo\n plantel.
PRIMERA. - Si se comprobare que un plantel particular ha datos\n falsos para justificar su pedido, no se dará curso a la\n solicitud presentada sin perjuicio de que se impongan las sanciones\n correspondientes.
SEGUNDA. - El desempeño de las funciones como miembro\n de la Comisión Nacional o de las juntas provinciales es\n obligatorio, pudiendo excusarse temporal o definitivamente, solo\n en caso de enfermedad o imposibilidad física debidamente\n justificadas.
TERCERA. - Los padres de familia o apoderados están\n autorizados para presentar ante el Ministerio de Educación\n o direcciones provinciales de Educación, denuncias, las\n mismas que serán por escrito y con firma de responsabilidad,\n sobre los casos de cobros. indebidos efectuados en los establecimientos\n educativos particulares.
Se garantizará la reserva de las denuncias.
CUARTA. - Las denuncias de cobros indebidos serán investigadas\n inmediatamente por la Supervisión Nacional o Provincial,\n el contenido del informe se notificará al establecimiento\n educativo. Los directivos o representantes del establecimiento\n educativo serán escuchados en la Junta Provincial Reguladora\n de Costos de la Educación Particular, a fin de que alegue\n su defensa.
De comprobarse las denuncias, dichos establecimientos educativos\n serán clausurados, conforme lo dispone el Art. 28 literal\n d) del presente reglamento.
QUINTA. - Los funcionarios o empleados de la planta central\n del Ministerio de Educación, Cultura, Deportes y Recreación,\n subsecretarías regionales de Educación o direcciones\n provinciales de Educación y Cultura, que sean socios o\n propietarios de organismos jurídicos, dueños de\n establecimientos educativos particulares, no podrán integrar\n la Comisión Nacional o juntas provinciales reguladoras\n de costos de la educación particular.
SEXTA. - Los establecimientos educativos particulares que\n excedieren del tope máximo expresado en el formulario\n de declaración de datos para fijación de los valores\n de los servicios educativos, aprobado por el Ministerio de Educación,\n Cultura. Deportes y Recreación, se someterán a\n lo que dispongan las juntas provinciales reguladoras de costos\n de la educación particular.
SÉPTIMA. - Los casos no previstos en este Reglamento\n serán resueltos por el Ministro de Educación, Cultura,\n Deportes y Recreación, mediante acuerdo ministerial.
Deróganse todas las disposiciones de igual o menor\n jerarquía que se opongan a la aplicación del presente\n Reglamento. En consecuencia, con excepción de las normas\n legales y las del Reglamento General de la Ley de Educación\n sobre esta materia, rige exclusivamente el presente reglamento.
De la ejecución del presente decreto, que entrará\n en vigencia a partir de su publicación en el Registro\n Oficial, encárguese al Ministro de Educación, Cultura,\n Deportes y Recreación.
Dado en el Palacio Nacional, en Quito a los nueve días\n del mes de agosto del dos mil.
No. 64\n - 2000
JUICIO DE TRABAJO QUE SIGUE FIDEL CEDEÑO\n CONTRA BANCO DEL PICHINCHA.
Quito, julio 10 del 2000; las 09h50.
VISTOS: En el juicio seguido por Fidel Ernesto Cedeño\n Paz, en contra del Banco del Pichincha, sucursal Manta, la Segunda\n Sala de la Corte Superior de Portoviejo, confirma la sentencia\n dictada por la Jueza Segunda del Trabajo que acepta parcialmente\n la acción propuesta. - De este pronunciamiento el Ing.\n Edmundo Sandoval Córdova, Gerente Regional del Banco del\n Pichincha C.A., interpone recurso de casación; una vez\n radicada, por sorteo, la competencia en esta Sala, se considera:\n PRIMERO. - El recurrente estima infringidos los Arts. 117 - 119\n - 120 - 121 y 198 del Código de Procedimiento Civil; el\n Art. 592 del Código del Trabajo y el Art. 1 del Octavo\n Contrato Colectivo e invoca las causales primera y tercera del\n Art. 3 de la Ley de Casación. SEGUNDO. - El Art. 592 del\n Código Laboral, permite al trabajador impugnar el documento\n de finiquito, por ello, debe analizarse si aquello procede. La\n norma citada delimita las circunstancias en que puede ser objetado;\n si la liquidación de las cuentas se la ha realizado ante\n el Inspector del Trabajo y es pormenorizada, no existe razón\n jurídica para desconocer su validez; pero si no cumple\n cualquiera de esos requisitos el trabajador puede hacerlo, así\n como también cuando no se han respetado los derechos que\n le corresponden, los mismos que son irrenunciables. TERCERO.\n - Si bien es verdad que a fs. 49 - 50 consta el documento de\n finiquito pormenorizado suscrito entre los contendientes, sin\n embargo no es menos cierto que la cláusula séptima\n aparece que el Banco "adicionalmente a los conceptos antes\n mencionados y por cualquier otro concepto indemnización\n o derecho que pudiere tener o corresponder al señor Fidel\n Ernesto Cedeño Paz, por liquidaciones, trabajos extras,\n etc. Le reconoce como bonificación adicional imputable\n a cualquier derecho, liquidación o indemnización,\n etc., la suma de S/. 5'691.774,oo (cinco millones seiscientos\n noventa y un mil setecientos setenta y cuatro 00/100 sucres)";\n dicha cantidad sumada a las estipuladas en otras cláusulas\n de ese instrumento dan como resultado la cantidad de S/. 10'301.656\n (diez millones trescientos un mil seiscientos cincuenta y seis\n sucres). - Del contenido de la cláusula en comentario\n es lógico concluir que la relación contractual\n terminó por voluntad unilateral del empleador, toda vez\n que no se halla una razonable justificación para que se\n le entregue una bonificación por beneficencia o generosidad\n sino que se trata de una encubierta indemnización por\n despido intempestivo, lo cual además, se desprende del\n documento de fs. 2 incorporado con la demanda cuando mediante\n nota de 30 de mayo de 1997 se le comunica al actor que, a partir\n de esa fecha dejará de laborar como auxiliar de servicios\n generales en el Banco del Pichincha, Sucursal Manta. CUARTO.\n - Establecido el despido intempestivo, el demandante tiene derecho\n a que se le satisfagan las indemnizaciones que tal hecho genera\n y la bonificación previstas en los Arts. 188 y 185 del\n código de la materia, a cuyo efecto se tendrá como\n tiempo de servicios de enero de 1989 al 30 de mayo de 1997 y\n corno última remuneración la que aparece del comprobante\n de fs. 1 del primer cuaderno. QUINTO. - El Octavo Contrato Colectivo\n de Trabajo que consta de fs. 4 a 20 del primer cuaderno ampara\n a los trabajadores del Banco del Pichincha que laboran en Quito,\n Rumiñahui y Santo Domingo de los Colorados; por consiguiente,\n como el accionante prestó servicios en Manta se desestiman\n las reclamaciones que se derivan de dicha convención.\n - En tal virtud, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA\n Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, en los términos de este pronunciamiento\n se acepta parcialmente la impugnación formulada. - En\n la liquidación a practicarse por parte del Juez de primera\n instancia se imputarán los valores que recibió\n el actor. - Del monto de la caución, devuélvase\n al recurrente el sesenta por ciento del valor de la misma. -\n Actúe el Secretario de la Segunda Sala de lo Laboral y\n Social por licencia de la titular de esta Sala. - Notifíquese\n y devuélvase.
f) Secretaria de la Primera Sala de lo Laboral y Social de\n la Corte Suprema de Justicia.
No. 69\n - 2000
JUICIO LABORAL QUE SIGUE MILTON PAZMIÑO\n CONTRA FINLATINA.
Quito, junio 6 del 2000; las 09h20.
VISTOS: La Quinta Sala de la H. Corte de Justicia de Guayaquil,\n dicta sentencia a fs. 3 y vta. del cuaderno de segunda instancia\n confirmando la resolución dictada por el Juez Sexto del\n Trabajo del Guayas que declaró sin lugar la demanda planteada\n por Milton Alden Pazmiño Bayas en contra de Pablo Noboa\n Baquerizo y Freddy Magdama Méndez p.l.d.q.r., de la compañía\n Finlatina S.A. de la sentencia antedicha dedujo recurso de casación\n el actor, y siendo el estado del proceso, el de resolver sobre\n el recurso anotado, para hacerlo, se considera: PRIMERO. - La\n competencia de la Sala se encuentra asegurada, por el sorteo\n de ley, cuya razón actuarial consta a fs. 1 del cuaderno\n de este nivel y de conformidad con el Art. 1 de la Ley de Casación.\n SEGUNDO. - Al plantear su impugnación el recurrente sostiene\n que la funda en las causales 1era., 2da. y 3era. del Art. 3 de\n la Ley de Casación, mencionando además las normas\n contractuales y legales que a su juicio fueron infringidas en\n la sentencia que se impugna. En vías de fundamentar su\n recurso el casacionista asevera que en la sentencia se dice,\n que habiéndose reconocido la relación laboral debió\n la parte demandada probar que pagó al actor los valores\n que le reclama en la demanda, lo que está probado con\n el acta de finiquito. Mas, agrega el recurrente que las actas\n de finiquito que obran de autos fueron impugnadas por cuanto\n "... en algunos de estos documentos han sido forjadas"\n su firma y rúbrica, y que además, en tales actas\n no constan los rubros décimo sexto, bonificación\n complementaría y compensación salarial. Por otro\n lado, agrega el casacionista que se desestima su reclamo por\n despido intempestivo por cuanto, al decir de la Sala de instancia,\n según el acta de finiquito, el vínculo laboral\n terminó por la conclusión de la obra, ignorándose\n que el acta fue impugnada. TERCERO. - Analizadas las diversas\n actuaciones que tienen que ver con la impugnación planteada\n por el casacionista, se observa lo siguiente: La impugnación\n que de las actas de finiquito hace el recurrente en cuanto a\n que han suplantado su firma y rúbrica en papeles que le\n hicieron firmar al ingresar a trabajar en la empresa, no deja\n de ser una simple afirmación, pues ni siquiera se intentó\n probar aunque sea en principio, tal aseveración. Además\n las actas y contratos a los que se refiere el recurrente en el\n escrito que contiene su recurso han sido suscritos a los que\n se refiere el recurrente en el escrito que contiene su recurso\n han sido suscritos conjuntamente por las partes y el Inspector\n del Trabajo. Por otro lado, refuerzan la credibilidad de las\n actas y contratos que obran de autos celebrados entre el actor\n y varias personas, la certificación que corre a fs. 49\n conferida por el IESS, en la que aparece que el actor ha sido\n afiliado al IESS, por los suscriptores de tales instrumentos\n en calidad de empleadores. La Sala está absolutamente\n convencida que en muchos casos, para evitar las responsabilidades\n u obligaciones legales, los empleadores utilizan medios impropios\n para desfigurar la relación con sus empleados, medios\n como el que invoca el actor se ha utilizado en el presente caso,\n cual es el de crear empresas o patronos inexistentes. Mas, también\n se tiene claro que sobre el particular ha de intentarse algún\n medio probatorio para acreditar tal actitud patronal, lo que\n en la especie no se ha dado. Por las consideraciones anotadas,\n esta Primera Sala de lo Laboral y Social, ADMINISTRANDO JUSTICIA\n EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, desecha\n el recurso de casación planteado por el actor Milton Pazmiño\n Bayas, quedando así en firme la sentencia dictada dentro\n de este juicio por la Quinta Sala de la Corte Superior de Justicia\n de Guayaquil. Actúe el Secretario de la Segunda Sala de\n lo Laboral y Social por licencia de la titular de esta Sala.\n Publíquese y notifíquese.
Fdo.) Dres. Miguel Villacís Gómez, Jaime Velasco\n Dávila. Hugo Quintana Coello.
Es fiel copia de su original. - Quito, 27 de junio del 2000
f) Secretario de la Primera Sala de lo Laboral y Social. Corte\n Suprema de Justicia.
No. 71\n - 2000
JUICIO DE TRABAJO QUE SIGUE ADOLFO BAILON\n CONTRA M.O.P.
Quito, junio 5 del 2000; las 09h30.
VISTOS: A fojas 22 y vuelta del segundo cuaderno la Tercera\n Sala de la Corte Superior de Portoviejo dictó sentencia\n confirmando en todas sus partes el fallo parcialmente estimatorio\n de la demanda emitido en el Primer Nivel Jurisdiccional. En desacuerdo\n con este pronunciamiento el arquitecto Raúl J. Samaniego\n Palacios. Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones.\n calidad que se encuentra debidamente acreditada de autos planteó\n recurso de casación. Todo lo relatado ocurre dentro del\n juicio que por reclamaciones de índole laboral sigue Adolfo\n Calixto Bailón Mero, en contra de la referida Cartera\n de Estado en la interpuesta persona del ingeniero Pedro J. López\n T., titular de la misma a la época del emplazamiento.\n Encontrándose radicada la competencia en esta Sala, habiéndose\n dado cumplimiento a lo previsto en el artículo 11 de la\n ley de la materia y siendo el estado de la causa el de dirimir,\n para hacerlo se considera: PRIMERO. - El arquitecto Raúl\n Samaniego Palacios al patentizar su censura y oposición\n contra la sentencia de instancia, manifiesta que en aquella han\n sido infringidos los artículos 181 y 571 del Código\n del Trabajo y 27 del Código de Procedimiento Civil. Funda\n su impugnación en las causales 1ra., 2da. y 5ta. de la\n Ley de Casación. SEGUNDO. - Al argumentar en favor de\n su pretensión expresa el casacionista, en síntesis:\n a) Que el Ministerio de Obras Públicas dio por terminadas\n las relaciones laborales con el ahora actor mediante acta de\n finiquito, debidamente pormenorizada en 14 rubros, entregando\n a Bailón Romero la liquidación correspondiente,\n quien la aceptó sin formular reparo alguno. Por tanto\n dice el recurrente, que dicha acta no puede ser objeto de impugnación.\n b) Que la reclamación central del accionante se basa en\n la diferencia que existe en relación a la garantía\n de estabilidad acordada en la cláusula 7ma. del Séptimo\n Contrato Colectivo vigente en esa Cartera de Estado. c) Que en\n la referida cláusula contractual se prevé una estabilidad\n de 4 años (48 meses) contados a partir del 11 de marzo\n de 1992 y que a la fecha de la separación del trabajador\n en noviembre de 1993, éste ya se había beneficiado\n con 20 meses de estabilidad, razón por la cual únicamente\n faltaban 28 meses de aquella, lo cual así fue reconocido\n por el Ministerio de Obras Públicas, el mismo que con\n sujeción a lo señalado en el artículo 181\n del Código del Trabajo, le canceló el 50% de la\n remuneración total, por todo el tiempo que faltare para\n la terminación del plazo pactado, como lo dispone la citada\n norma legal. d) Que la disposición legal que acaba de\n citarse, fue erróneamente interpretada por la Sala de\n Alzada al disponer la solución de un valor al que no tiene\n derecho el actor, como es el relativo a los 34 meses demandados.\n e) Que con estos antecedentes, aspira a que la Corte Suprema\n de Justicia case la sentencia que acusa, para lo cual acompaña\n a su escrito de interposición del recurso sendas copias\n de resoluciones que sobre casos similares ha expedido la Corte\n Suprema de Justicia. f) Por último, el recurrente expresa\n que la decisión del Tribunal ad quem viola el precepto\n "Actor sequitor forum rei', ya que teniendo el Ministro\n de Obras Públicas su domicilio como tal en la ciudad de\n Quito, cualquier reclamación como es el caso, de la presente\n debió promovérsela ante los jueces de esa jurisdicción\n territorial, y al no hacérselo así se generó\n la nulidad de la presente causa. TERCERO ). - Resumida en los\n términos que han quedado consignados en los considerandos\n precedentes la acusación que endereza el Ministro de Obras\n Públicas contra el fallo dictado por el Tribunal ad quem,\n este Juzgado pluripersonal en orden a solventar la controversia\n y luego de examinar y confrontar los recaudos procesales pertinentes,\n formula las siguientes precisiones: A) Si bien es un principio\n universal de derecho el que se contiene en el aforismo actor\n sequitor forum reí, por el cual el actor debe plantear\n su demanda en el domicilio del reo, no es menos cierto, que de\n acuerdo con lo que señala el artículo 585 del Código\n del Trabajo en las demandas contra el Estado - v este es el caso\n - ellas "deberán ser citadas al Procurador General\n del Estado, o a uno de los Agentes Fiscales de la respectiva\n provincia'. En la especie, tal cosa ha acontecido, por tanto\n se rechaza la pretendida alegación de nulidad que ha esgrimido\n la parte accionada. B) En otro orden y en lo relativo a la reclamación\n de que se le pague la diferencia de 34 meses de estabilidad que\n no le fueron liquidados, tal aspiración carece en lo absoluto\n de sustento pues, de conformidad con el acta de finiquito, ambas\n partes están contestes en que cuando se produjo el despido\n intempestivo del actor ya se habían cumplido 20 meses\n de dicho período de estabilidad que abarcan el lapso comprendido\n entre marzo de 1993 y noviembre de 1994. Por último, lo\n único que quedaba por cumplirse de aquella eran 28 meses,\n que han sido satisfechos al actor en la forma que prescribe el\n artículo 181 inciso 2do. del Código del Trabajo;\n esto es, la razón de 50% de la remuneración total\n por todo el tiempo que falta para el cabal cumplimiento de aquella.\n No es demás consignar, que el criterio que aquí\n queda sentado es el mismo que en casos similares viene sosteniendo\n este Tribunal. Por las consideraciones que preceden y sin que\n sea menester añadir otras, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE\n DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY. se acepta el recurso\n de casación promovido por la parte demandada y en tal\n virtud, se revoco la sentencia dictada por la Sala de Apelación\n y se declara sin lugar la demanda. Se amonesto severamente a\n los magistrados de la Tercera Sala de la Corte Superior de Manabí\n doctor Héctor Cabrera Suárez, ahogado José\n V. Cevallos Peralta y ahogada Griselda Vélez Vélez\n por la falta de estudio que han demostrado en la resolución\n dictada por ellos en esta causa. Actúe el Secretario de\n la Segunda Sala de lo Laboral y Social por licencia de la titular\n de esta Sala. Publíquese, notifíquese y devuélvase.
Es fiel copia de su original. - Quito, 31 de julio del 2000.
No. 73\n - 2000
JUICIO LABORAL QUE SIGUE JOSÉ\n PAZMIÑO CONTRA AUTORIDAD PORTUARIA DE GUAYAQUIL.
Quito, julio 12 del 2000; las 09h30.
VISTOS: En el juicio que sigue José Luis Pazmiño\n Murillo en contra de la Autoridad Portuaria de Guayaquil, la\n Quinta Sala de la Corte Superior de ese distrito, al confirmar\n con el pronunciamiento de la Jueza Cuarta de Trabajo, acepta\n parcialmente la demanda. De esta decisión Antonio Xavier\n Aguirre Medina, Gerente General de dicha institución,\n plantea recurso de casación. Una vez radicada, por sorteo,\n la competencia en este Tribunal para resolver se considera: PRIMERO.\n - El recurrente, censura la resolución aduciendo que viola\n el artículo 95 del Código del Trabajo, al disponer\n que la entidad demandada pague los rubros a los que se refieren\n las cláusulas 40, 53 y 78 del Segundo Contrato Colectivo,\n fundando su impugnación en las causales 2da. y 3era. del\n artículo 3 de la Ley de Casación. Invoca también\n el artículo 19 de la ley últimamente citada. SEGUNDO.\n - El demandante en el escrito inicial manifiesta que prestó\n sus servicios del 16 de septiembre de 1974 a noviembre de 1993,\n en que fue despedido. Que en el acta de finiquito la remuneración\n que sirvió para el cálculo de las indemnizaciones\n se determinó el sueldo promedio de S/. 919.007,oo cuando\n en realidad fue de S/. 1'657.245. TERCERO). - En innumerables\n resoluciones esta Sala ha sentado el criterio de que tres son\n los requisitos que han de observarse para la validez de un acta\n de finiquito; a saber: a1) Que sea pormenorizada; a2) Que sea\n homologada por la autoridad administrativa pertinente y a3) Que\n en ella se respeten los derechos del trabajador que la Constitución\n y la ley proclaman irrenunciables. b) En otro orden, en lo atinente\n a la remuneración del trabajador, cuando éste es\n despedido de su labor por decisión de la parte empleadora\n la liquidación de sus haberes debe realizarse tomando\n en consideración lo que al efecto prescribe el artículo\n 95, antes 94 del Código del Trabajo. c) Al respecto, y\n revisada el acta de finiquito que corre de fojas 15 a 16 del\n primer cuaderno, se advierte que los rubros que el trabajador\n reclama en su demanda le han sido pagados en su integridad, con\n excepción del referido al numeral 4to. de dicho libelo,\n al que se hará mención unas adelante. Este Tribunal\n arriba a la convicción que se deja sentada en razón\n de que el trabajador no ha demostrado en el pleito que tenga\n derecho como queda indicado a la totalidad de tales rubros. Por\n tanto, no ha lugar a la reliquidación que reclama Pazmiño\n Murillo. CUARTO. - En otro orden, el actor también carece\n de derecho a la indemnización que peticiona por concepto\n de ruptura de estabilidad, dado que el artículo 15 del\n contrato colectivo señala que cuando aquella ocurra, el\n trabajador tiene derecho únicamente a ser reintegrado\n a su puesto de trabajo y al pago de la remuneración respectiva\n por el tiempo anterior a dicho reintegro. Sobre este particular,\n el accionante no ha sufragado prueba idónea que acredita\n que efectuó las gestiones y reclamos conducentes a tal\n propósito y que la empleadora se negó a readmitirlo.\n QUINTO. - De otro lado, como en la demanda no se reclamó\n el pago del aporte personal al IESS, el subsidio familiar, el\n subsidio alimenticio y el cupo de comisariato, es evidente que\n la Sala de Alzada actuó de manera errónea y extra\n petita al disponer la solución respectiva. Por todo lo\n expuesto, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y\n POR AUTORIDAD DE LA LEY, se acepta el recurso de casación\n promovido y en consecuencia, se declara sin lugar la demanda.\n Sin costas. Actúe el Secretario de la Segunda Sala de\n lo Laboral y Social por licencia de la titular de esta Sala.\n Publíquese, notifíquese y devuélvase.
Es fiel copia de su original. - Quito, 28 de junio del 2000.
No. 75\n - 2000
JUICIO LABORAL QUE SIGUE JESÚS\n BARBECHO CONTRA ACERIAS NACIONALES.
Quito, julio 12 del 2000; las 10h20.
VISTOS: A fs. 33 y siguientes del cuaderno de segunda instancia\n el Coronel Eduardo Silva Maridueña p.l.d.q.r., de Acerías\n del Ecuador S.A., deduce recurso de casación respecto\n de la sentencia dictada por la Cuarta Sala de la H. Corte Superior\n de Justicia de Guayaquil en la que, revocando la resolución\n dictada en su oportunidad por el Juez Provincial Primero del\n Trabajo del (Guayas, declara con lugar la demanda deducida por\n Jesús Barbecho Güiracocha en contra de la parte recurrente.\n El estado del proceso es el de pronunciarse sobre tal recurso\n y para hacerlo, se considera: PRIMERO. - La competencia de la\n Sala se encuentra asegurada por el sorteo de ley cuya razón\n actuarial consta a fs. 1 del cuaderno de este nivel y de conformidad\n con el Art. 1 de la Ley de Casación. SEGUNDO. - Al plantear\n su recurso el casacionista puntualiza las normas sustantivas\n y adjetivas que a su juicio han sido infringidas en la sentencia\n impugnada, fundándolo en las causales 1era. y 3era. del\n Art. 3 de la Ley de Casación. La impugnación a\n la sentencia de mayoría dictada por la Primera Sala de\n la H. Corte Superior de Justicia de Guayaquil, se refiere básicamente\n a que la Sala de instancia sostiene en el considerando tercero\n (debe ser el cuarto), lo subrayado y entre paréntesis\n es de esta Sala que la relación terminó por decisión\n unilateral de la empleadora respecto de un gran número\n de trabajadores entre los que consta el nombre del accionante",\n sin analizar jurídicamente los hechos que configuraron\n el despido intempestivo y que dan lugar a indemnizaciones, lo\n que era imposible ya que ni en la demanda se lo invoco en la\n prueba se demostró tal despido, sin señalar fecha,\n lugar, forma, ni alguna razón del mismo. Destaca el recurrente\n que la demanda recogida por la sentencia indica "que de\n manera abrupta, inesperada e intempestiva, mi ex - empleadora\n el 15 de noviembre de 1996 procedió a terminar unilateralmente\n el nexo laboral...", omitiendo deliberadamente indicar respecto\n del conflicto colectivo que se presentó exactamente en\n noviembre de 1996, lo que merece ser valorado pues en el acta\n de finiquito se incluía una entrega voluntaria imputable\n a cualquier reclamo posterior, y que de acuerdo al Art. 741 del\n Código Civil, se lo hizo con buena fe habida cuenta del\n conflicto aludido; que además la Sala de instancia ha\n concedido una pretensión diferente a la corrección\n de "error de cálculo" pedida por el actor, quien\n no impugnó el acta, sino la liquidación. Por otro\n lado, sostiene el recurrente que la sentencia impugnada no precisa\n los fundamentos por los que desecho el valor probatorio del acta\n de finiquito, desatendiendo así normas para la valoración\n de la prueba. TERCERO. - Al analizar las diversas actuaciones\n procesales que tienen que ver con la impugnación, esta\n Sala encuentra que tiene razón la parte recurrente al\n sostener que la Sala de instancia no ha valorado en debida forma\n la prueba que obra de autos, lo que ha llevado a una resolución\n ajena a los méritos procesales, conclusión a la\n que se arriba en base de las siguientes puntualizaciones: Según\n la demanda inicial, la empleadora "de una manera abrupta,\n inesperada e intempestiva ... el 15 de noviembre de 1996 procedió\n a terminar unilateralmente el nexo laboral...". Pues, bien,\n atendiendo a que la parte demandada no concurrió a la\n audiencia de conciliación, correspondía al actor\n probar los hechos antes mencionados, tal como lo ordena el Art.\n 117 del Código Procesal Civil y no consta de autos absolutamente\n ninguna actuación que lo amerite; y no sólo eso,\n sino que ni siquiera solicitó se actúe prueba al\n efecto, lo que no debe extrañar sí se atiende a\n circunstancias como la de sostener en la demanda que "la\n liquidación" que se le entregó no estaba pormenorizada,\n lo que no es verdad y básicamente a la manera desleal\n de litigar del actor al invocar en su escrito de fs. 29, como\n prueba de despido intempestivo la comunicación de fs.\n 25 a 28 enviada por la parte demanda al Inspector del Trabajo\n indicándole que ha decidido dar por terminada la relación\n de trabajo con los empleados detallados en tal comunicación,\n entre los que constaba el actor, pero ocultando la comunicación\n de fs. 20 dirigida por la misma empleadora, indicándole\n que dejaba sin efecto la comunicación citada aisladamente\n por el actor, por haber llegado a un acuerdo con los trabajadores.\n Esta última manifestación está consagrada\n o ratificada en el acta que firma el actor y que corre a fs.\n 19 de los autos, en la que consta, además, que recibe\n otros valores y que deja constancia no tener ningún reclamo\n por ningún concepto, etc. - El documento de fs. 20 no\n siquiera ha sido mencionado por la Sala de instancia; no es litigar\n decente ni lealmente el presentar al juzgador circunstancias\n que tienen mucha connotación y ocultar otras que son definitorias\n para una resolución como en la especie se ha dado por\n parte del actor al no mencionar los antecedentes del acta de\n finiquito suscrita por él mismo, como el documento de\n fs. 20 y siguientes que refieren la existencia de un conflicto\n colectivo y la terminación del mismo, ni menos aprovecharse\n de tal ocultamiento para negar su propia firma e intentar beneficios\n a los que no hay lugar. Además de todo lo expuesto, que\n es suficiente para desechar el recurso de casación planteado,\n debe destacarse lo siguiente: en la demanda inicial el actor\n puntualiza que recibió una liquidación por S/.\n 76'740.445 y se limita a reclamar en todos los rubros valores\n "A liquidar; al ser requerido por el Juez para que "puntualice\n de donde obtiene la cuantía...", el actor contesta\n que el valor señalado corno cuantía de S/. 76'740.445,oo\n proviene de los rubros referidos en la demanda y que la cuantificación\n exacta