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Timestamp: 2020-06-02 08:23:30
Document Index: 351966776

Matched Legal Cases: ['artículo 224', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 71', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 9']

La sentencia del TJUE y la inmunidad de Oriol Junqueras - Hay Derecho
19 diciembre, 2019 /27 Comentarios/en Blog /por Elisa de la Nuez Sánchez-Cascado
Por si el panorama político español fuera poco complicado, ha llegado la sentencia del TJUE pronunciándose sobre la inmunidad como europarlamentario de Oriol Junqueras, a raíz de una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo español en el “juicio del procés”. Conviene recordar, efectivamente, que fue el propio TS el que preguntó al TJUE acerca del alcance de la inmunidad de los eurodiputados electos, pese a que ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado lo consideraban necesario.
Por tanto, el Tribunal Supremo ha actuado conforme a las reglas del estado de Derecho al entender que (como finalmente ha ocurrido) podía haber una interpretación diferente de la normativa europea y que era necesario que el TJUE se pronunciara sobre si el mero hecho de ser elegido al Parlamento europeo confería inmunidad o eran necesarios otros requisitos adicionales a la elección previstos en la normativa nacional que, en este caso, no se cumplían.
Recordemos en este punto que el propio TS no había permitido a Junqueras salir de prisión siguiendo en este punto el criterio de la Fiscalía (la Abogacía del Estado sostenía que sí había que permítirselo, como ya había sucedido cuando fue elegido al Congreso de los Diputados en las elecciones del 28 de abril) para acatar la Constitución como requisito para acceder a la condición de eurodiputado.
Este requisito está recogido en la legislación nacional, en concreto en el artículo 224 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General: “1. La Junta Electoral Central procede”, no más tarde del vigésimo día posterior a las elecciones, al recuento de los votos a nivel nacional, a la atribución de escaños correspondientes a cada una de las candidaturas y a la proclamación de electos. 2. En el plazo de cinco días desde su proclamación, los candidatos electos deberán jurar o prometer acatamiento a la Constitución ante la Junta Electoral Central. Transcurrido dicho plazo, la Junta Electoral Central declarará vacantes los escaños correspondientes a los Diputados del Parlamento Europeo que no hubieran acatado la Constitución y suspendidas todas las prerrogativas que les pudieran corresponder por razón de su cargo, todo ello hasta que se produzca dicho acatamiento.”
Hay que reseñar que el TS justificaba su decisión de no dejar salir a Junqueras del centro penitenciario en la necesidad de preservar los fines del proceso penal principal, que, a su juicio, correrían peligro irreversible si se le autorizara a abandonar el territorio español para acudir a la primera sesión del Parlamento europeo. (Esta sería la diferencia fundamental con su elección al Congreso de los Diputados, en los que sí se le permitió acudir al Congreso porque no requería trasladarse fuera del territorio español).
En este contexto, mediante sus tres cuestiones prejudiciales, , el Tribunal Supremo pregunta en esencia al TJUE “si el artículo 9 del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión debe interpretarse en el sentido de que goza de inmunidad en virtud de dicho artículo una persona que ha sido oficialmente proclamada electa al Parlamento Europeo cuando se encontraba en situación de prisión provisional en un proceso penal por delitos graves y que no ha sido autorizada a cumplir ciertos requisitos previstos por el Derecho interno tras la proclamación ni a desplazarse al Parlamento Europeo para participar en su primera sesión. En caso de respuesta afirmativa, el Tribunal Supremo preguntaba si esta inmunidad implica el levantamiento de la medida de prisión provisional impuesta, al objeto de permitir al interesado desplazarse al Parlamento Europeo y cumplir allí las formalidades requeridas.”
Pues, bien, el TJUE concluye -a nuestro juicio acertadamente por ser la interpretación más garantista- que el artículo 9 del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea debe interpretarse en el sentido de que se goza de inmunidad una vez que una persona ha sido oficialmente proclamada electa al Parlamento Europeo, aunque no se hayan cumplido los requisitos previstos por el Derecho interno tras la proclamación ni haya podido desplazarse al Parlamento Europeo para participar en su primera sesión, dando primacía así a las garantías establecidas en dicho precepto para la protección del buen funcionamiento y de la independencia del Parlamento Europeo, porque es de eso de lo que se trata.
Esta inmunidad supone el levantamiento de la medida de prisión provisional impuesta, al objeto de permitir al interesado desplazarse al Parlamento Europeo y cumplir allí las formalidades requeridas. No obstante, también señala el TJUE que si el órgano judicial competente estima que debe mantenerse la medida de prisión provisional ha de solicitar a la mayor brevedad al Parlamento Europeo que suspenda dicha
inmunidad, conforme al artículo 9, párrafo tercero, del mismo
Hasta aquí la sentencia del TJUE de 19 de diciembre de 2019 que resuelve una cuestión sin duda muy relevante desde el punto de vista de la democracia representativa en un sentido que parece razonable para su adecuada protección.
Otra cosa son las consecuencias políticas que pueda tener en pleno proceso de negociación del Gobierno de España con ERC -si no existiese dicha negociación la trascendencia de esta sentencia sería menor desde el punto de vista político- no es culpa del TJUE el que estemos donde estamos respecto a la constitución del Gobierno. Tampoco dice el TJUE que haya que excarcelar a Junqueras ni que otorgarle un indulto, ni mandarle mañana al Parlamento europeo. Lo que hace es sencillamente lo que haría cualquier tribunal nacional o internacional: interpretar las normas existentes, en este caso las del Derecho Europeo.
En este sentido, conviene insistir en que esas son las reglas del juego y que no hay ninguna injerencia en el Derecho nacional ni ninguna desautorización del Tribunal Supremo, por mucho que griten los ultras de uno y otro lado. Las cuestiones prejudiciales se plantean precisamente para esto. Pensar que porque una cuestión prejudicial se resuelva en un sentido u otro, o el TJUE o el TEDH dicte una sentencia estimatoria o desestimatoria en el ámbito de su jurisdicción se cuestiona el Estado de Derecho español o hay una injerencia en cuestiones internas es desconocer que esto pasa todos los días (afortunadamente porque disponer de una instancia más no viene nada mal).Que una sentencia sea revocada o una doctrina judicial revisada es habitual y nadie piensa por ello que se hunden los cimientos de nuestro ordenamiento jurídico (por mucho que a los abogados que pierden les moleste, lo que es muy comprensible).
Pero además el 14 de octubre de 2019, el Tribunal Supremo dictó sentencia en el juicio del procés condenando a Oriol Jnqueras a una pena de trece años de prisión y, por otro, a una pena de trece años de inhabilitación absoluta, con la consiguiente privación definitiva de todos sus honores, empleos y cargos públicos, aunque sean electivos, e incapacidad para obtener o ejercer otros nuevos, por lo que queda por ver cuales son los efectos prácticos de esta sentencia, una vez que ha terminado la prisión provisional. Corresponderá al Tribunal Supremo dilucidar esta cuestión pero de lo que estamos seguros es que lo hará conforme a las reglas del Estado de Derecho. Que pueden gustarnos más o menos, pero que tienen dos ventajas: ser iguales para todos y poder cambiarse por los procedimientos legalmente establecidos si nos parece que no responden a las necesidades de la sociedad.
La sentencia del TJUE puede consultarse aquí
Etiquetas: Derecho electoral, Derecho europeo
20 diciembre, 2019 en 00:17
Debo dar mi más sincera a Elisa de la Nuez por su pedagógico y sencillo, a la vez que profundo a pesar de lo perentorio del estudio. Debería ser de lectura obligada en todos los foros de propagandistas del malhadado proceso.
Felicito a Elisa por tan acertado y claro artículo de un tema oscurecido por su vertiente politica.- De acuerdo total con el comentario de Antonio Cebrián.-
20 diciembre, 2019 en 10:43
Me uno a la felicitación y agradecimiento del Sr Cebrián .
Pedro Huzzei Dice:
20 diciembre, 2019 en 11:29
Pregunto a los doctos de este medio: si, un poner, Puigdemont recoge su acta de diputado y acto seguido el Reino de España pide el suplicatorio y este se concede (no puede concebirse otra cosa), ¿puede Bélgica (o cualquier otro pais UE) seguir oponiéndose (virtualmente) a extraditar a alguien a quien la misma Europa ha autorizado su enjuiciamiento?. Si siguiera en Bélgica refugiado, se estaría frustrando ahora al juez nacional, pero también a la soberanía (?) europea.
21 diciembre, 2019 en 08:42
Vamos a ver si soy capaz de explicarme la mitad de bien que Elisa. La inmunidad de un eurodiputado se parece a la de un senador o diputado. Esto es, solo puede ser detenido y procesado en caso: a) se le sorprende cometiendo un delito, lo que se conoce como delito flagrante; b) pidiendo el suplicatorio a la cámara en que es miembro. La propia cámara debe votar el suplicatorio. En España, Congreso y Senado lo deben conceder por mayoría absoluta. En la Eurocamara basta la mayoría simple. Ahora bien, aunque la Eurocamara lo concediera eso no significa extradición inmediata. En caso de que Comin o Puigdemont siguieran fuera de España cuando se concediera volvemos al punto de partida: pedir eurorden y que decidan los jueces del país donde se encuentran,. Bélgica para el caso.
20 diciembre, 2019 en 13:55
Buen artículo de Elisa que pone el acento en los procedimientos del estado de Derecho, pero…. ¿de qué estado estamos hablando? Tenemos un conflicto de “soberanías” que son las que dan sentido al estado de Derecho, donde las normas pueden ser contradictorias (inseguridad jurídica) como muy bien señala con su referencia al artº 224 de la Ley Orgánica 5/1985 de 19 de junio del Régimen Electoral General (en España) en contraposición del artº 9 del Protocolo nº 7 sobre los privilegios e inmunidades en la UE. Hay que tener en cuenta que la incorporación formal de España a la UE no se produce hasta 1/1/1986 y, sobre todo, que el actual texto constitucional ni siquiera prevé tal situación.
No obstante, ha llovido mucho desde entonces para que no haber procedido a adaptar nuestro ordenamiento a la nueva situación. Nuestra pereza o resistencia para realizar cambios fundamentales legislativos es proverbial (prefiero pensar eso a que se trate de pura incompetencia) o, por el contrario, preferimos retorcer la interpretación de algo que de suyo no debía “interpretarse”.
El hecho es que las consultas prejudiciales deberían ser previas a la instrucción judicial y no producirse “a posteriori”. Esto deja en muy mal lugar a nuestro sistema jurisdiccional que ahora debe ver cómo sale adelante para “sorber y soplar” al mismo tiempo. O bien se revisa e incluso se anula el juicio por estas circunstancias (que es lo que vendría bien al gobierno y sus pactos) y se produce el regreso bajo palio de los condenados (con sus indemnizaciones correspondientes) o se pide la suspensión de la inmunidad de estas personas al Parlamento Europeo de acuerdo con el artº 9, párrafo tercero del citado Protocolo (lo que a los pactos del Sr. Sánchez no le gustaría). Tanto en un caso como en otro mal pintan las cosas para España sometida al poder absoluto del ejecutivo. Y, digo yo…. ¿donde está la soberanía española mientras tanto? Comprando los turrones y el mazapán, que es lo que toca….
20 diciembre, 2019 en 18:30
El TJUE no ha dicho que haya que excarcelar a Junqueras, pero se sobreentiende: Ha dicho que Junqueras tiene inmunidad…. Y ha recordado que eso implica que no puede estar bajo prisión provisional (la nombra el TJUE porque es la situación en que estaba Junqueras cuando se preguntó al TJUE) si no se le ha retirado la inmunidad mediante un suplicatorio.
La situación tras la “condena” es que está en prisión, pero Junqueras no ha sido realmente inhabilitado (así lo decidió el TS en una resolución del 30 de octubre: ver, por ejemplo: https://www.eldiario.es/catalunya/politica/Supremo-inhabilitacion-Junqueras-pronuncie-inmunidad_0_961004836.html ), por lo que es obvio que Junqueras sigue siendo Europarlamentario con su inmunidad intacta. Y esa inmunidad garantiza que no pueda ser detenido (salvo delito flagrante)… Así que, según la ley, mientras no se pida y resuelva suplicatorio, Junqueras no puede estar en prisión (ni provisional ni de ningún tipo).
Obviamente el TS “presuntamente” sigue sin respetar la inmunidad parlamentaria de Junqueras, así que le mantiene preso en contra de lo que dice la ley que cabe aplicar… y esa es la demostración de que estamos ante un preso político en un país que pretende hacerse pasar como un “Estado de Derecho”.
NOTA: Hay que recordar que el TS “presuntamente” ya vulneró la inmunidad constitucional (artículo 71, básicamente la misma que la europea) de los parlamentarios y senador electos que mantuvo en prisión, así que este comportamiento no nos debería sorprender.
Respecto el panorama político español… Pues teniendo en cuenta que “presuntamente” estamos hablando de detención ilegal perpetrada con la “colaboración necesaria” de dos parlamentarios de Vox (recordemos que ambos eran acusación particular en el “proceso judicial” y pidieron prisión provisional también para quienes gozaban de inmunidad)… pues será interesante ver cómo se desarrollan los correspondientes suplicatorios… Aclaro que esto sería lo esperable si realmente se siguieran las reglas de un “estado de Derecho”.
21 diciembre, 2019 en 13:39
Entonces, cómo es que dice el TJUE que, si el tribunal de origen tiene razones fundadas para no dejar sin efecto la prision provisional, en ese caso envíe el suplicatorio lo antes posible? En cualquier caso, si en derecho todo es sobreentendible, con sus argumentos se le pone al TS en bandeja la solución: que envíe la petición de suplicatorio al Parlamento europeo, pero sin ponerlo en libertad por los riesgos de fuga y reiteración delictiva evidentes. Dejando de lado la sentencia firme, claro. Y que el Parlamento europeo decida por mayoría simple si concede el suplicatorio o no a alguien condenado por haberse saltado a la torera las mismas leyes que ahora tanto aduce en su favor. Lo mismo se solidarizan con él y con los otros por puro corporativismo, tal y como están las cosas. En beneficio de Europa, por supuesto.
21 diciembre, 2019 en 14:45
Lògicamente, el señor AGonzalo no pierde la oportunidad de señalar los múltiples fallos que tiene el sistema jurídico penal español en una materia en la que las normas sobrevenidas europeas añadidas a una regulación electoral surgida después de la dictadura, , llena de torpeza y papanatismo democrático y la inacción de los actores políticos, principales beneficiarios de una ley sectorial que regula aspectos relacionados con su propio bienestar y el de la partitocracia fue minuciosamente examinada por los separatistas antes de su asalto institucional desde dentro para deducir que su eventual situación procesal sería susceptible de ser defendida con muchos argumentos jurídicos.
Pues el edificio institucional estaba y está basado en un vector moral del que los separatistas han abusado hasta la extenuación: aprovechar sus fallas para subvertirlo materialmente respetando su formalidad.
Evidentemente que la estrategia de los patrocinadores del señor AGonzalo ( sus intervenciones en este blog se circunscriben a estos asuntos) pasa por deslegitimar a las instituciones españolas, cosa que no resulta difícil en un tema lastrado ab initio por los intereses de los propios legisladores.
Sin embargo, todo ello es coherente con la manera en que el separatismo se ha movido en el entramado español: vampirizando las instituciones para pervertirlas hasta la náusea en una continua desviación de poder, y, cuando ha sido detenido un extremis, torpe y malamente, en sus fines espurios, señalando con el dedito lo malo y anti jurídico que es el sistema en el que ha medrado.
Sistema que mientras ha usufructuado no ha generado la más mínima queja.
Pero tiene razón en lo lógico-formal: está llena de defectos.
Aunque no es ninguna heroicidad señalarlos, y en este caso particular, no va acompañado de ninguna moralidad o eticidad defendible.
La legislación deberá adaptarse para evitar que los parlamentarios no puedan, en virtud de privilegios cuasimedievales, sorprender en su buena fe a la sociedad y a la ley de la que son depositarios y en teoría guardianes.
¿Qué es poesía? ¿Y tú me lo preguntas…? ¡Poesía eres tú !
21 diciembre, 2019 en 00:24
Es impensable que la decisión del TJUE hubiera sido la misma si, un suponer, el diputado hubiera sido alemán, o si el delito grave fuera, por ejemplo, contra la libertad sexual. El “Estado de Derecho” está muy bien, pero no querer ver estas cosas me parece que desenfoca la cuestión. También se respetaron “las reglas del Estado de Derecho” cuando el TC consagró cierta aberración jurídica, y ahora viene contando Alfonso Guerra que “no soportaron la presión”…
21 diciembre, 2019 en 08:45
Magnífico artículo Elisa, enhorabuena!
21 diciembre, 2019 en 13:35
Creo que esta sentencia va a ser el origen de problemas no banales en toda Europa y por supuesto en España. Quizás, como apunta la autora, Dña. Elisa, se puedan disimular o paliar. Pero el daño está y será permanente.
El “tema” arranca en los requisitos de aceptación de Candidaturas (no estar implicado en procesos penales debería ser uno de ellos) y se agrava por la irrelevancia, también procedimental, de los juramentos de Lealtades debidas como condición inexcusable de la asunción de la condición legal de REPRESENTANTE de una Nación. Da vergüenza ver lo que se ha hecho en este último punto en toda España. Tolerado y azuzado.
Ahora un individuo en busca y captura puede ser candidato y ser electo. ¿Es esta la Europa que buscan?
Caso Urruticoechea, el caso de estos golpistas o de cualquiera de las antiguas bandas terroristas de toda Europa. Pongan ustedes candidaturas Narco en barrios de muchas ciudades portuarias o lo que les apetezca. Si no los tenemos todavía, cosa que dudo, los tendremos.
Si a estro le sumamos que las Cámaras o no nos representan o lo hacen con tantas intermediaciones que el entero sistema está viciado, lo que estamos viendo es otro pasito en un proceso de de-construcción que puede que no sea de estricto diseño pero que, a cámara lenta, lo parece. Desde luego hay alguien que ni desaprovecha cada oportunidad ni da puntada sin hilo siempre en la misma dirección.
Sospecho que esto lo ha visto hace mucho la élite británica y toda Europa comienza a entender mejor el Brexit. En pocos meses aquí, en España, cada vez más gente comienza a pensar que va siendo hora de “Recuperar Soberanía” para las Naciones que conforman Europa. Palabras escuchadas en un foro empresarial hace muy pocos días e impensables hace tres años.
Otra cuestión de Primordial Importancia y que, lamentablemente, salta a la vista es que quienes están detrás de los ataques a España (que existe desde mucho antes que el Estado de Derecho) tienen una Estrategia seria, bien estudiada y con gran respaldo, medios y redes.
Sin embargo, quienes deberían estar en la defensa de lo atacado, España, no tienen ni estrategia, ni ideas –más allá de declaraciones huecas de las que los ingleses llaman “platitudes” o “motherhood statements”–, ni unos recursos siquiera mínimos dedicados a la labor.
Me gustaría entender cómo se puede pretender defender algo sin una estrategia, sin recursos y sin dedicación.
21 diciembre, 2019 en 16:27
Estupendo comentario. Hay que invertir como otros hacen.
Lo curioso es que lo hacen con nuestro dinero, lo que revela que hay muchas cosas mal, como seguramente señala acertadamente el amigo AGonzalo, gracias al que, con otros, se podrán ir puliendo los defectos formales que el sistema generosamente, y algo inconscientemente como se ha demostrado en un alarde de eticidad, había dejado sin resolver
22 diciembre, 2019 en 15:54
Prefiero, sinceramente, la opinión de Isabel Elbal en este artículo sobre este tema que estáis hablando, es abogada, mujer de Gonzalo Boye, jefe del grupo de abogados internacional que defiende a Puigdemont, que parece ser que en Europa lo están ganando todo.
https://m.eldiario.es/zonacritica/culpa-jueces-Supremo_6_976462356.html
22 diciembre, 2019 en 21:45
A estas horas de la noche aquí en Iustel (https://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?idseccion=53) hay como mínimo cinco artículos de expertos tan expertos como Isabel Elbal que le pueden servir de complemento y, además, no son abogados de parte. Una abogada de parte que en su soflama podría haber dejado claro que a lo mejor lo que dice del Supremo lo debería decir también de la Comisión Europea y del propio Parlamento Europeo (Ah, esa Europa que nos da la razón, jejeje…¡), que han aplicado hasta ahora exactamente la misma doctrina de la inmunidad. Tras la sentencia europea habrá que cambiar lo que haya que cambiar en todos los países que ponían algún requisito adicional. Y me consta que en esos países no manda nuestro Tribunal Supremo, verdad? Cosa que Isabel Elbal deja de lado, como buena parte interesada.
22 diciembre, 2019 en 19:49
El comentario trata de contentar a unos y a otros, y me temo que eso no es posible. No trataré de hacerlo yo, pero creo que deja cuestiones sin analizar. ¿Era necesaria esa consulta del TS? El propio Tribunal de la UE apunta extrañado sobre la necesidad de la consulta, que considera que se realiza de modo hipotético, ya que cuando tal consulta se realizó, Junqueras había resultado elegido, ya estaba siendo juzgado, y por lo tanto, la cuestión de la inmunidad carecía de contenido. Esta sentencia en nada cambia a efectos prácticos la situación de Junqueras, pero pone de relieve una cuestión que a todos los que se suponen demócratas se les escapa, es la siguiente: ¿Puede una actuación judicial torcer la voluntad democrática de los electores? Y lamentablemente la respuesta en este caso es SÍ. Nuestro TS suponía que si Junqueras no recogía el Acta de eurodiputado y no acataba la Constitución, no consolidaría su cargo electo, y lo impidió. Creo que ese comportamiento, con independencia de que Junqueras caiga bien o no, con independencia de si se está de acuerdo o no con el procés, debe ser objeto de reflexión. El TS debería (según la sentencia) de haber levantado la prisión provisional, rodeando a Junqueras de todas las garantías que fueran necesarias para evitar su huida. En otro caso, simple y llanamente no debería haber realizado esa consulta. Por otro lado el que el TS haya hecho esa consulta que desde un punto de vista práctico nada cambia, pone de relieve la inseguridad con la que los tribunales nacionales se mueven en el ámbito europeo -(recordemos los errores de forma en la orden internacional de detención del juez Llarena)- aunque consigue aclarar que si Puigdemont recoge su acta de diputado, habrá que solicitar al Parlamento europeo que suspenda su inmunidad para poder seguir adelante con su procesamiento, salvo que venga a España, se le detenga y a continuación se solicite el suplicatorio. Muchas torpezas que hacen que me pregunte si se promocionan los mejores o simplemente los mas convenientes.
Es decir: nuevo frente de confrontación política, en un tema que el TS no creo que tuviera dudas, ¿si no, porqué continuó adelante con el juicio, sin paralizarlo, cuando se celebraron las elecciones europeas y Junqueras concurría como candidato? Mi opinión: inseguridad y algo de postureo para evitar las críticas de que se estaba juzgando a los independentistas sin garantizar sus derechos fundamentales. Lamentable. Así también lo debe creer la fiscalía que rápidamente sacó un comunicado en el que subraya que Junqueras adquirió la condición de eurodiputado electo el 13 de junio, cuando el juicio estaba visto para sentencia. Urge cambiar el sistema de selección de los magistrados del alto tribunal. Son demasiadas disfunciones en poco tiempo. Todos los juristas coinciden en que “ya no es lo mismo”.
Por otro lado el TC también evidencia cierto malestar en ese tema y ya no es unánime.
Durán & Durán Abogados Dice:
23 diciembre, 2019 en 12:58
Desde luego es una situación muy delicada. Gracias por el artículo.
23 diciembre, 2019 en 16:29
El Tribunal Supremo de equivocó, porque si crees que un acusado puede tener inmunidad no debes seguir el juicio. Ahora ese juicio es nulo para Junqueras, esperemos que no se quiera reincidir en el error.
23 diciembre, 2019 en 17:08
La Profesora De la Nuez dice muy bien lo que dice, la felicito; también calla muy bien lo que calla, y eso no me gusta tanto. La Sentencia aclara una cuestión que podía considerarse discutible (aunque sólo bajo un prisma extremadamente formalista): si Junqueras había adquirido o no la inmunidad como diputado europeo. Aclarado que efectivamente así es, la norma aplicable (art 7 del Protocolo 9, del Tratado de la Unión Europea) es muy fácilmente comprensible: “No se impondrá ninguna restricción de orden administrativo o de otro tipo a la libertad de movimiento de los miembros del Parlamento Europeo cuando se dirijan al lugar de reunión del Parlamento Europeo o regresen de éste.” Visto que Junqueras es eurodiputado, le basta con acercarse a la puerta de su celda y decir:”Me voy al Parlamento Europeo” y ninguna autoridad administrativa ni judicial le puede impedir la salida.
Por supuesto, el Tribunal Supremo puede enviar un suplicatorio pidiendo el alzamiento de esa inmunidad, y en mi opinión debe hacerlo inmediatamente. Pero, mientras el Parlamento Europeo no suspenda la inmunidad de Junqueras, es perfectamente libre de viajar al Parlamento cuando y como quiera.
24 diciembre, 2019 en 13:39
Creo que los párrafos 91 y 92 copiados aquí abajo pertenecen también a lo que ha dictaminado el TJUE, ¿no le parece?
“91. En estas circunstancias, si el tribunal nacional competente estima que debe mantenerse una medida de prisión provisional impuesta a una persona que haya adquirido la condición de miembro del Parlamento Europeo, ha de solicitar a la mayor brevedad al Parlamento Europeo que suspenda la inmunidad reconocida en el párrafo segundo del artículo 9 del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión, conforme al párrafo tercero del mismo artículo.
92 A la luz de las consideraciones anteriores, procede responder al tribunal remitente que la existencia de la inmunidad prevista en el artículo 9, párrafo segundo, del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión implica el levantamiento de la medida de prisión provisional impuesta a la persona que goza de tal inmunidad, al objeto de permitirle desplazarse al Parlamento Europeo y cumplir allí las formalidades requeridas. Si el tribunal nacional competente estima, no obstante, que debe mantenerse la medida de prisión provisional tras la adquisición por el interesado de la condición de miembro del Parlamento Europeo, ha de solicitar a la mayor brevedad al Parlamento Europeo que suspenda dicha inmunidad, conforme al artículo 9, párrafo tercero, del mismo Protocolo”.
Parece que lo de acercarse a la puerta y decir que me voy a Europa no es tan automático ni siquiera para quien ha redactado y aprobado esos párrafos. En mi modesta opinión…
24 diciembre, 2019 en 19:56
Las fichas en el tablero se están moviendo. Primero el TS ha dado traslado a las partes para efectuar alegaciones. Las de la Fiscalía parece irán en línea con la posición en el juicio. Las de la Abogacía del Estado se están retrasando ya que consideran el asunto complejo. Veremos por donde salen. Las de la defensa del Sr. Oriol son las más contundentes: solicita su inmediata liberación para acreditarse al Parlamento Europeo y la suspensión de la sentencia desde la fecha de la proclamación como eurodiputado (en este sentido estoy de acuerdo con el comentario de Javier Pérez de la Ossa: basta con que se acerque a la puerta de la celda y diga ¡hasta luego!). Otra cosa es que lo retengan a la espera de que se realice la petición al Parlamento Europeo de suspensión de su inmunidad, en cuyo caso la situación se agravaría para el Estado.
La pregunta es: ¿porqué no se ha producido ya tal petición por quien corresponda? La posible respuesta tiene más que ver con los tiempos que fija la “política” (en concreto los del Sr. Sánchez y sus pactos) que los que parecen fijados por la Justicia. Al final mucha gente intuye que hay cosas que no se dicen y se ocultan a la opinión pública, no por este caso cuya gestión ha sido deplorable desde el principio (remontarse al Sr Pujol, pasando por el Sr. Zapatero, por el ínclito Rajoy y el absolutista Sánchez), sino en el desarrollo de todo el separatismo desde la Transición donde hay más sumergido que a la vista.
En el fondo de todo ello laten cuestiones que se han hurtado al “soberano” desde todos los gobiernos y todas las etapas de bipartidismo, con la especial complicidad de la mayor parte de los medios de comunicación (no digamos desde el “duopolio”).
Eso es lo que Europa conoce mejor que los propios españoles y eso es lo que conoce todo el movimiento separatista desde que tuvo al Estado (a sus gobiernos) bien cogidos…..
Todavía algunos esperan que se suspenda la condición de europarlamentarios de Oriol Junqueras, Puigdemont y Comín, porque los grupos del PSOE, PP y C,s la apoyarán. Olvidan que el compromiso del PSOE en Suresnes fue: “la autodeterminación de los pueblos de España” y que eso es lo que busca su modelo “federalista”. A menos que sea uno de esos “principios” volátiles en que se ha movido siempre (“OTAN, de entrada NO” sustituido por el “OTAN,SI”).
24 diciembre, 2019 en 20:14
De nuevo, vale la pena leer con calma. El TJUE dice (copio del comentario de Cristóbal)) “implica el levantamiento de la medida de prisión provisional”; es decir, que la libertad es automática. El TS “ha de solicitar” la suspensión de la inmunidad, cosa que obtendrá o no. Entretanto, lo único vigente es la inmunidad y, por tanto, “no se impondrá ninguna restricción (…) a su libertad de movimiento”.
Lo que dice el TJUE no es que se pueda mantener la “restricción al movimiento”, sino que se puede pedir que se autorice.
En fin, que, como tantas cosas, lo veremos, para bien y para mal.
25 diciembre, 2019 en 00:27
Vamos a ver, lo del “no obstante” en el párrafo 92 está muy claro desde el punto de vista estrictamente lingüístico. Otra cosa es que el lenguaje jurídico tenga su intríngulis… Por eso el TJUE debería haber usado una redacción menos interpretable: por ejemplo: … implica el levantamiento de la medida. Y una vez levantada la medida y puesto en libertad el preso preventivo, si el tribunal estima etc., etc. Tal y como está redactada la sentencia en ese párrafo, a mi modesto entender el TJUE está diciendo que no hay que poner en libertad al preso preventivo, sino solicitar a la mayor brevedad el suplicatorio o suspensión de la inmunidad. Es que si es imperativo levantar la prision preventiva, a qué viene decir que se pida a la mayor brevedad la suspensión de la inmunidad. Eso ya al TJUE debería darle igual, no es su problema la prisa que se tome el tribunal nacional en hacer la solicitud. Por tanto, modestamente creo que aquí el escrito de la defensa patina bastante al afirmar tan rotundamente que hay que poner en libertad inmediatamente al Junqueras. Y, por cierto, veo mucho hincapié en los derechos de Junqueras, pero ninguno en los derechos de los demás enjuiciados a un juicio sin dilaciones indebidas. Y ya no digamos en la absoluta desigualdad entre los enjuiciados, ya que no a todos se les ofreció la posibilidad de intentar lograr la inmunidad yendo en puestos de salida en las listas. De eso no hablamos, verdad?
Javuery Dice:
25 diciembre, 2019 en 09:25
Yo también creo, como ha señalado acertadamente el TSJUE, que en cuanto los miembros de La Manada, el asesino de Diana Quer o de las niñas de Alcasser obtengan su condición de eurodiputados, hay que dejarlos inmediatamente en libertad para que puedan desarrollar su importante labor en pro del bien común.
25 diciembre, 2019 en 11:10
Ese es uno de los casos extremos de efectos colaterales de la nueva doctrina/interpretación del TJUE. Digo nueva porque ni la Comisión Europea, ni el Parlamento europeo, ni el juez del Tribunal General europeo que denegó a Puigdemont las medidas cautelarísimas que solicitó, se habían enterado de ese cambio doctrinal, por lo que el varapalo al Supremo español se lo han llevado también esos organismos europeos citados; pero de eso no se habla, claro. Como tampoco se habla, porque no interesa, de otro efecto colateral: si la doctrina del abogado polaco hecha suya por el TJUE, con la que estoy de acuerdo, en el sentido de que la democracia es la democracia y lo importante son los resultados electorales y, por tanto, los parlamentarios lo son a todos los efectos desde la proclamación oficial por las juntas electorales, quiere ello decir que esa doctrina también será aplicable a los demás procesos electorales, nacionales, autonómicos e incluso municipales, no? Por consiguiente, lo que procederá es cambiar la legislación electoral para que el acatamiento de la Constitución se produzca antes de la proclamación oficial, con lo que las performances de las sesiones inaugurales de congresos y senados se acabarán de una vez, digo yo… Ah, y otro efecto colateral del que no se habla, quizás porque no interesa, es de qué instancia judicial última va a depender a partir de ahora el velar por los derechos humanos básicos de unos electores que pasan a ser representados, en parte o en todo, por unos diputados electos que se vanaglorian de haberse saltado a la torera, y se empeñan en seguir haciéndolo, el mismo ordenamiento jurídico al que tan encarecidamente apelan en salvaguarda de sus derechos. Si eso no es un problema para toda Europa, que venga el TJUE y lo vea. Efectos colaterales por los que habrá que estar agradecidos, de verdad, a nuestro TS, no?
5 enero, 2020 en 02:36
Creo que hay dos cuestiones una la temporal los hechos y la instrucción fue previa a la inmunidad. La celeridad del TJUE, que cambia la doctrina, cuando hay una condena firme.
La segunda cuestión está nueva interpretación, que deja la norma interna en conflicto con la europea no provocaría una cuestión de inconstitucionalidad con el tratado
En esta situación no es un Juez el que impide un político realicé sus funciones, sino la Ley. Y a título personal sin acatar la ley no puede existir la democracia como la concibo.
26 diciembre, 2019 en 21:43
El articulo informa sobre la sentencia del TJUE y no valora cuestiones que me parecen fundamentales. La primera es que si el Acta Electoral, articulo 8 dice que el procedimiento electoral es el del Estado Miembro. Lo vigente es el del Estado Miembro y el TJUE no puede saltarse el Acta Electoral y emitir uno uniforme para todos los Estados. Si el procedimiento del Estado Español es el Articulo 224 de la Ley Electoral y es lo vigente, ha de ser vigente para el TJUE tambien y en el Estado Español se adquiere la condicion de Miembro del Parlamento Europeo al cumplir dos requisitos : ser electo y acatar la Constitucion. El Tribunal Supremo deberia haber autorizado la salida de Junqueras para acatar la Contitucion, no por la inmunidad pues no era Miembro del Parlamento Europeo y tampoco habia comenzado el viaje a la session de apertura que es cuando comienza la inmunidad de un Miembro del Parlamento Europeo segun el Protocolo 7, Articulo 9 sino porque le obliga el propio Articulo 224.2 porque “Un Estado no puede impedir al ciudadano el cumplimiento de la Ley”. Posteriormente al acatar la Constitucion y por tanto cumplidos los dos requisites que fija el Estado Miembro en su procedimiento electoral, seria incluido en la lista oficial comunicada al Parlamento Europeo y cuando comenzara su viaje a la sesion de apertura comenzaria a tener la inmunidad.
Todo este embrollo se genera porque un presunto, profugo o en prision provisional mantienen sus derechos politicos. Si se le quita la libertad con la prision provisional ¿ como no se le quitan los derechos politicos ?. Por otra parte, tambien es consecuencia de no querer aplicar el Articulo 22.2 de la Constitucion del que no se habla en los medios de comunicacion y que dice : “Las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delto son ilegales” . Todos los partidos de la independencia unilateral -eufemismo de Derrocar al Estado en la Comunidad Autonoma- son ilegales segun el Articulo 22.2 de la Constitucion. ¿ Y todo esto quien lo paga ? Me refiero quien va a pagar a Puigdemont si el TJUE lo hace Miembro del Parlamento Europeo cuando no debe de figurar en ninguna lista oficial del Estado Español que le pueda servir de base al Parlamento Europeo.
¿Tiene herramientas la administración para hacer frente al envejecimiento... Consejo Asesor de la Fundación Hay Derecho