Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/decreto-105-de-2001?documento=legcol&contexto=legcol_75992041b436f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-10-15 01:53:32
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Matched Legal Cases: ['artículo 17', 'artículo 1', 'artículo 9', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 8', 'artículo 5', 'artículo 8', 'artículo 5', 'artículo 1']

﻿ DECRETO 105 DE 2001
DECRETO 105 DE 18 DE ENERO DE 2001
CONTENIDO:SE PROMULGA LA "CONVENCIÓN SOBRE LA PROHIBICIÓN DEL EMPLEO, ALMACENAMIENTO, PRODUCCIÓN Y TRANSFERENCIA DE MINAS ANTIPERSONAL Y SOBRE SU DESTRUCCIÓN", HECHO EN OSLO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 1997.
Por el cual se promulga la “Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción”, hecho en Oslo el dieciocho (18) de septiembre de mil novecientos noventa y siete (1997).
Que el 6 de septiembre de 2000 Colombia, previa aprobación del Congreso Nacional mediante Ley 554 del 14 de enero de 2000, publicada en el Diario Oficial 43.858 y declarada exequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-991 del 2 de agosto de 2000, depositó ante la Secretaría General de las Naciones Unidas, el instrumento de ratificación de la “Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción", hecho en Oslo el dieciocho (18) de septiembre de mil novecientos noventa y siete (1997). En consecuencia el citado instrumento internacional entrará en vigor para Colombia el 1º de marzo de 2001 de acuerdo con lo previsto en su artículo 17, numeral 2º,
ART. 1º—Promúlgase la “Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción”, hecho en Oslo el dieciocho (18) de septiembre de mil novecientos noventa y siete (1997).
(Para ser transcrito en este lugar, se adjunta fotocopia del texto de la “Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción”, hecho en Oslo el dieciocho (18) de septiembre de mil novecientos noventa y siete (1997).
«Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción
Deseando realizar sus mejores esfuerzos en la prestación de asistencia para el cuidado y rehabilitación de las víctimas de minas, incluidas su reintegración social económica,
Acogiendo con beneplácito, así mismo, la Resolución 51/45 S del 10 de diciembre de 1996 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que se exhorta a todos los Estados a que procuren decididamente concertar un acuerdo internacional eficaz y de cumplimiento obligatorio para prohibir el uso, el almacenamiento, la producción y la transferencia de las minas terrestres antipersonal,
1. Por “mina antipersonal" se entiende toda mina concebida para que explosione por la presencia, la proximidad o el contacto de una persona, y que incapacite, hiera o mate a una o más personas. Las minas diseñadas para detonar por la presencia, la proximidad o el contacto de un vehículo, y no de una persona, que estén provistas de un dispositivo antimanipulación, no son consideradas minas antipersonal por estar así equipadas.
2. Por “mina" se entiende todo artefacto explosivo diseñado para ser colocado debajo, sobre o cerca de la superficie del terreno u otra superficie cualquiera y concebido para explosionar por la presencia, la proximidad o el contacto de una persona o un vehículo.
3. Por “dispositivo antimanipulación" se entiende un dispositivo destinado a proteger una mina y que forma parte de ella, que está conectado, fijado, o colocado bajo la mina, y que se activa cuando se intenta manipularla o activarla intencionadamente de alguna otra manera.
4. Por “transferencia" se entiende además del traslado físico de minas antipersonal hacia o desde el territorio nacional, la transferencia del dominio y del control sobre las minas, pero que no se refiere a la transferencia de territorio que contenga minas antipersonal colocadas.
5. Por “zona minada" se entiende una zona peligrosa debido a la presencia de minas o en la que se sospecha su presencia.
1. Sin perjuicio de las obligaciones generales contenidas en el artículo 1º, se permitirá la retención o la transferencia de una cantidad de minas antipersonal para el desarrollo de técnicas de detección, limpieza o destrucción de minas y el adiestramiento en dichas técnicas. La cantidad de tales minas no deberá exceder la cantidad mínima absolutamente necesaria para realizar los propósitos mencionados más arriba.
1. Cada Estado Parte se compromete a destruir, o a asegurar la destrucción de todas las minas antipersonal colocadas en las zonas minadas que estén bajo su jurisdicción o control, lo antes posible, a más tardar en un plazo de 10 años, a partir de la entrada en vigor de esta Convención para ese Estado Parte.
3. Si un Estado Parte cree que será incapaz de destruir o asegurar la destrucción de todas las minas antipersonal a las que hace mención en el párrafo 1 dentro del período establecido, podrá presentar una solicitud a la reunión de Estados Parte o a la Conferencia de examen con objeto de que se prorrogue hasta un máximo de otros diez años el plazo para completar la destrucción de dichas minas antipersonal.
6. Cada Estado Parte se compromete a proporcionar información a la base de datos sobre la limpieza de minas establecida en el sistema de las Naciones Unidas, especialmente la información relativa a diversos medios y tecnologías de limpieza de minas, así como listas de expertos organismos de especialistas o centros de contacto nacionales para la limpieza de minas.
a) Las medidas de aplicación a nivel nacional según lo previsto en el artículo 9º;
b) El total de las minas antipersonal en existencias que le pertenecen o posea, o que estén bajo, su jurisdicción o control, incluyendo un desglose del tipo, cantidad y, si fuera posible, los números de lote de cada tipo de mina antipersonal en existencias;
c) En la medida de lo posible, la ubicación de todas las zonas minadas bajo su jurisdicción o control que tienen, o se sospecha que tienen, minas antipersonal, incluyendo la mayor cantidad posible de detalles relativos al tipo y cantidad de cada tipo de mina antipersonal en cada zona minada y cuando fueron colocadas;
d) Los tipos, cantidades y, si fuera posible, los números de lote de todas las minas antipersonal retenidas o transferidas de conformidad con el artículo 3º, para el desarrollo de técnicas de detección, limpieza o destrucción de minas, y el adiestramiento en dichas técnicas o transferidas para su destrucción, así como las instituciones autorizadas por el Estado Parte para retener o transferir minas antipersonal;
f) La situación de los programas para la destrucción de minas antipersonal, de conformidad con lo establecido en los artículos 4º y 5º, incluidos los detalles de los métodos que se utilizarán en la destrucción, la ubicación de todos los lugares donde tendrá lugar la destrucción y las normas aplicables en materia de seguridad y medio ambiente que observan;
g) Los tipos y cantidades de todas las minas antipersonal destruidas después de la entrada en vigor de la Convención para ese Estado Parte, incluido un desglose de la cantidad de cada tipo de mina antipersonal destruida, de conformidad con lo establecido en los artículos 4º y 5º respectivamente, así como, si fuera posible, los números de lote de cada tipo de mina antipersonal en el caso de destrucción, conforme a lo establecido en el artículo 4º;
i) Las medidas adoptadas para advertir de forma inmediata y eficaz a la población sobre todas las áreas a las que se refiere el párrafo 2, artículo 5º.
2. Si uno o más Estados Parte desean aclarar y buscan resolver cuestiones relacionadas con el cumplimiento de las disposiciones de esta convención, por parte de otro Estado Parte, pueden presentar, por conducto del secretario general de las Naciones Unidas, una solicitud de aclaración de este asunto a ese Estado Parte. Esa solicitud deberá estar acompañada de toda información apropiada. Cada Estado Parte se abstendrá, de presentar solicitudes de aclaración no fundamentadas, procurando no abusar de ese mecanismo. Un Estado Parte que reciba una solicitud de aclaración, entregará por conducto del secretario general de las Naciones Unidas, en un plazo de 28 días al Estado Parte solicitante, toda la información necesaria para aclarar ese asunto.
3. Si el Estado Parte solicitante no recibe respuesta por conducto del secretario general de las Naciones Unidas dentro del plazo de tiempo mencionado, o considera que ésta no es satisfactoria, puede, someter, por conducto del secretario general de las Naciones Unidas, el asunto a la siguiente reunión de los Estados Parte. El secretario general de las Naciones Unidas remitirá a todos los Estados Parte la solicitud presentada, acompañada de toda la información pertinente a la solicitud de aclaración. Toda esa información se presentará al Estado Parte del que se solicita la aclaración, el cual tendrá el derecho de réplica.
5. El Estado Parte solicitante puede proponer, por conducto del secretario general de las Naciones Unidas, la convocatoria de una reunión extraordinaria de los Estados Parte para considerar el asunto. El secretario general de las Naciones Unidas comunicará a todos los Estados Parte esa propuesta y toda la información presentada por los Estados Parte afectados, solicitándoles que indiquen, si están a favor de una reunión extraordinaria de los Estados Parte para considerar el asunto. En caso de que dentro de los 14 días a partir de la fecha de tal comunicación, al menos un tercio de los Estados Parte esté a favor de tal reunión extraordinaria, el secretario general de las Naciones Unidas convocará esa reunión extraordinaria de los Estados Parte dentro de los 14 días siguientes. El quórum para esa reunión consistirá en una mayoría de los Estados Parte.
10. Cuando reciba una solicitud procedente de la reunión de los Estados Parte o de una reunión extraordinaria de los Estados Parte, el secretario general de las Naciones Unidas, después de consultas con el Estado Parte del que se solicita la aclaración nombrará a los miembros de la misión, incluido su jefe. Los nacionales de los Estados Parte que soliciten la realización de misiones de determinación de hechos o los de aquellos Estados Parte que estén directamente afectados por ellas, no serán nombrados para la misión. Los miembros de la misión de determinación de hechos disfrutarán de los privilegios e inmunidades estipulados en el artículo VI de la Convención sobre los privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas, adoptada el 13 de febrero de 1946.
11. Previo aviso de al menos 72 horas, los miembros de la misión de determinación de hechos llegarán tan pronto como sea posible al territorio del Estado Parte del que se solicita la aclaración. El Estado Parte del que se solicita la aclaración debe tomar las medidas administrativas necesarias para recibir, transportar, y alojar a la misión, y será responsable de asegurar la seguridad de la misión al máximo nivel posible mientras esté en territorio bajo su control.
c) La protección y seguridad físicas de los miembros de la misión de determinación de hechos;
19. La reunión de los Estados Parte, o la reunión extraordinaria de los Estados Parte, podrá sugerir a los Estados Parte afectados modos y maneras de aclarar aun más o resolver el asunto bajo consideración, incluido el inicio de procedimientos apropiados de conformidad con el derecho internacional. En los casos en que se determine que el asunto en cuestión se debe a circunstancias fuera del control del Estado Parte del que se solicita la aclaración, la reunión de los Estados Parte o la reunión extraordinaria de los Estados Parte podrá recomendar medidas apropiadas, incluido el uso de las medidas de cooperación recogidas en el artículo 6º.
1. Los Estados Parte se consultarán y cooperarán entre sí para resolver cualquier controversia que pueda surtir en relación con la aplicación e interpretación de esta Convención. Cada Estado Parte puede presentar el problema a la reunión de los Estados Parte.
2. La reunión de los Estados Parte podrá contribuir a la solución de las controversias por cualesquiera medios que considere apropiados, incluyendo el ofrecimiento de sus buenos oficios instando a los Estados Parte en una controversia a que comiencen los procedimientos de solución de su elección y recomendando un plazo para cualquier procedimiento acordado.
1. Los Estados Parte se reunirán regularmente para considerar cualquier asunto en relación con la aplicación de la puesta en práctica de esta Convención, incluyendo:
c) La cooperación y la asistencia internacionales según lo previsto en el artículo 6º;
e) Las solicitudes de los Estados Parte a las que se refiere el artículo 8º, y
f) Decisiones relativas a la presentación de solicitudes de los Estados Parte, de conformidad con el artículo 5º.
3. Al amparo de las condiciones contenidas en el artículo 8º, el secretario general de las Naciones Unidas convocará a una reunión extraordinaria de los Estados Parte.
Todos los Estados Parte de esta Convención serán invitados a cada conferencias de examen.
2. La finalidad de la conferencias de examen será:
c) Tomar decisiones sobre la presentación de solicitudes de los Estados Parte, de conformidad con el artículo 5º, y
3. Los Estados no Partes de esta Convención, así como las Naciones Unidas, otros organismos internacionales o instituciones pertinentes, organizaciones regionales, el Comité Internacional de la Cruz Roja y organizaciones no gubernamentales pertinentes, pueden ser invitados a asistir a cada conferencias de examen como observadores, de acuerdo con las reglas de procedimiento acordadas.
2. Los Estados no Parte de esta Convención, así como las Naciones Unidas, otras organizaciones o instituciones internacionales pertinentes, organizaciones regionales, el Comité Internacional de la Cruz Roja y organizaciones no gubernamentales pertinentes pueden ser invitados a asistir a cada conferencia de enmienda, como observadores de conformidad con las reglas de procedimiento acordadas.
4. Toda enmienda a esta Convención será adoptada por una mayoría de dos tercios de los Estados Parte presentes y votantes en la conferencia de enmienda. El depositario comunicará toda enmienda así adoptada, a los Estados Parte.
1. Los costes de la reunión de los Estados Parte, reuniones extraordinarias de los Estados Parte, conferencias de examen y conferencias de enmienda serán sufragados por los Estados Parte y por los Estados no Partes de esta Convención que participen en ellas de acuerdo con la escala de cuotas de las Naciones Unidas ajustada adecuadamente.
2. Los costes en que incurra el secretario general de las Naciones Unidas con arreglo a los artículos 7º y 8º, y los costes de cualquier misión de determinación de hechos, serán sufragados por los Estados Parte de conformidad con la escala de cuotas de las Naciones Unidas adecuadamente ajustada.
3. Los instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación, y adhesión se depositarán ante el depositario.
Cada Estado Parte, en el momento de depositar su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, podrá declarar que aplicará provisionalmente el párrafo 1 del artículo 1º de esta Convención.
El texto original de esta Convención, cuyos textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, se depositará con el secretario general de las Naciones Unidas».