Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2003-00311-47844-de-mayo-24-de-2017?documento=jurcol&contexto=jurcol_3dc652d2b69043c2a4796d7f61c51a76&vista=STD-PC
Timestamp: 2020-07-13 13:53:57
Document Index: 225304782

Matched Legal Cases: ['artículo 136', 'artículo 62', 'artículo 121', 'artículo 175', 'artículo 187', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 765', 'artículo 764', 'artículo 981', 'artículo 1', 'artículo 172', 'artículo 136', 'artículo 1427', 'Artículo 4', 'artículo 276', 'artículo 9', 'artículo 177']

﻿ SENTENCIA 2003-00311/47844 DE MAYO 24 DE 2017
SENTENCIA 2003-00311 DE 24 DE MAYO DE 2017
CONTENIDO:FALLA DEL SERVICIO EN LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LAS AUTORIDADES PUEDE OCASIONAR DAÑOS. SE DETERMINÓ QUE UNA FALLA DEL SERVICIO EN LA INFORMACIÓN CONOCIDA POR LAS AUTORIDADES SOBRE LOS HECHOS VIOLENTOS QUE SE PRESENTEN EN DETERMINADOS LUGARES PUEDE OCASIONAR DAÑOS. ES POR ELLO QUE SE CONFIGURABA LA POSICIÓN DE GARANTE INSTITUCIONAL QUE DEBIÓ SER ASUMIDA POR EL ESTADO. CONFORME A LO ANTERIOR EL ALTO TRIBUNAL SEÑALO QUE LOS DAÑOS SUFRIDOS POR LAS VICTIMAS DE HECHOS VIOLENTOS PUEDEN SER IMPUTABLES AL ESTADO, EN LA QUE SE ENCUENTRAN: I. PRODUCCIÓN DEL HECHO DAÑOSO, INTERVENCIÓN O PARTICIPACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA A TRAVÉS DE UNA ACCIÓN U OMISIÓN CONSTITUTIVAS DE FALLA DEL SERVICIOII. SE TUVIERE CONOCIMIENTO DE CIRCUNSTANCIAS PARTICULARES RESPECTO DE UN GRUPO VULNERABLE: III. PORQUE EN RAZÓN DE LAS ESPECIALES CIRCUNSTANCIAS QUE SE VIVÍAN EN EL MOMENTO, EL HECHO ERA PREVISIBLE Y NO SE REALIZÓ ACTUACIÓN ALGUNA DIRIGIDA A EVITARLO.
TEMAS ESPECÍFICOS:DAÑO, DAÑO A LA VIDA DE RELACIÓN, USO DE LA VIOLENCIA, CONFLICTO ARMADO, CONFLICTO ARMADO INTERNO, DAÑO A LA SALUD
Sentencia 2003-00311/47844 de mayo 24 de 2017
Rad.: 500012331000200300311 02 (47.844)
Actor: Hernando Loza Rodríguez y otros
Bogotá, D.C., veinticuatro de mayo dos mil diecisiete.
La Sala es competente para conocer del asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Meta el 22 de junio de 2012, en proceso con vocación de doble instancia ante esta Corporación, pues la mayor pretensión que se estimó en la demanda supera los quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes exigidos para la fecha de interposición del recurso(18).
En el presente asunto, advierte la Sala que la demanda se interpuso dentro del término de dos (2) años que establece el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.(19)
En efecto, la responsabilidad administrativa que se impetra en el sub lite se originó en los perjuicios sufridos por los demandantes a raíz del hurto perpetrado en un hato de su propiedad, por un grupo al margen de la ley, el 16 de noviembre de 2001, de suerte que el término de caducidad estaba llamado a expirar el 17 de noviembre del año 2003. Ahora, aunque la demanda fue radicada ante el Tribunal Administrativo del Meta el 18 de noviembre de 2003(20), se tendrá como presentada oportunamente, toda vez que el 17 de noviembre de 2003 fue día festivo en el calendario nacional de ese año, razón por la cual debía darse aplicación al artículo 62 de la Ley 4 de 1913, a cuyo tenor, los plazos de meses y años cuyo último día sea feriado o vacante, deben extenderse “hasta el primer día hábil”. Asimismo, en línea con lo anterior, el artículo 121 del Código de Procedimiento Civil señala: “En los términos de días no se tomarán en cuenta los de vacancia judicial, ni aquellos en que por cualquier circunstancia permanezca cerrado el despacho”.
Con fundamento en estas reglas normativas, la jurisprudencia de la Sala ha señalado que “la regla fundamental y característica de la propiedad de bienes muebles es la de que, la posesión sobre esta clase de bienes, adquirida de buena fe, equivale al título”, a lo que se agregó: “para acreditar la propiedad sobre de los bienes muebles el ordenamiento jurídico colombiano por regla general no exige una prueba solemne(21), por lo que se puede demostrar con cualquier medio de prueba y ello en aplicación de la regla de libertad probatoria que rige nuestro ordenamiento legal en la materia [artículo 175 del Código de Procedimiento Civil, en armonía con el artículo 187 del mismo Código]”(22) (se resalta).
Sin embargo, la indicada libertad probatoria que el ordenamiento jurídico establece por regla general, encuentra excepciones notables en aquellos bienes muebles sometidos a registro como los automotores, las naves mayores y las aeronaves(23), en los que la manera de acreditar el derecho de propiedad la constituye la tarjeta de propiedad del referido vehículo o el certificado emitido por la autoridad competente(24).
En materia de semovientes, particularmente los bovinos, el ordenamiento jurídico ha establecido un régimen de registro similar, en la medida en que las condiciones propias de dichos seres vivos lo permite, al de otro tipo de bienes muebles; en efecto, a partir de la Ley 132 de 1931 se habilitó al gobierno para que reglamentara lo relativo a hierros y marcas quemadoras, lo cual se materializó con el Decreto 1372 de 1933, en el que se estableció, en el artículo 3: “[e]n todas las Alcaldías se abrirá un libro para el registro municipal de marcas, en el cual se inscribirán todas las empleadas por los ganaderos del Municipio haciendo constar el nombre del dueño y su vecindad, el número de fincas en que emplee la marca, y se dejará el diseño exacto de los hierros usados por cada ganadero”(25). La finalidad de tal disposición normativa radicaba en la necesidad de controlar tanto el tamaño de la marca como su titularidad.
Si bien, los hechos que analiza la Sala en el sub lite tuvieron ocurrencia en el año 2001, cabe señalar que a partir de la Ley 914 de 2004 comenzó a operar el Sistema Nacional de Identificación e Información del Ganado Bovino —que rige en la actualidad—, cuyo objeto es el de funcionar como un programa en el cual se dispone “la información de un bovino y sus productos, desde el nacimiento de este, como inicio de la cadena alimenticia, hasta llegar al consumidor final”(26). Bajo este nuevo esquema, la actividad registral en la materia se atribuyó a las organizaciones gremiales ganaderas y, excepcionalmente, a las autoridades municipales, al tiempo que se tecnificó el registro de las actividades ganaderas y el de hierros, marcas y cifras quemadoras y se actualizaron las normas atinentes a los formatos y la documentación que le sirve de soporte al tráfico de ganado, entre ellos el bono de venta(27). En punto a lo anterior también sobresale, para efectos de establecer la relación existente entre el registro del hierro y la titularidad de los semovientes, por ejemplo, la Resolución 71 de 2007 —no aplicable al caso sub judice- emitida por el Instituto Colombiano Agropecuario, en la que se establece expresamente que el bono de venta debe incluir no solo el nombre y la identificación sino la inclusión de los “hierros, marcas y/o números de dispositivos de identificación registrados del vendedor o enajenante que lo acreditan como propietario del ganado”(28).
Así las cosas, resulta válido afirmar que, con ocasión de las regulaciones que se han establecido al respecto a lo largo del tiempo, el registro de hierros y marcas quemadoras ha tenido diversos usos: por una parte, le ha permitido al Gobierno Nacional establecer programas sanitarios de erradicación de enfermedades que afectan a esos animales, pero también, de otra parte, se ha constituido en un mecanismo constitutivo y de acreditación de la propiedad de los semovientes, especialmente para efectos tributarios(29).
De esta manera, quien aparezca como titular de las marcas, hierros y cifras quemadoras que se encuentren impuestas en determinado semoviente se presumirá su propietario para todos los efectos legales(30) —sin perjuicio de que se pueda probar la transferencia de la propiedad del ganado mediante el instrumento de transferencia de dominio correspondiente—.
Con fundamento en las normas que en cada época han regulado la materia, esta subsección ha señalado que para demostrar el derecho de propiedad sobre unidades o grupos de reses, es preciso allegar el “certificado expedido por la autoridad competente en el que, quien pretenda demostrar tal situación, aparezca como el titular del hierro, marca, cifra quemadora y/o dispositivo de identificación, así como que los semovientes cuya propiedad se busca acreditar hubieren exhibido, al momento de ocurrencia de los hechos, tales hierros, marcas, cifras quemadoras y/o dispositivos de identificación”(31) (énfasis fuera de texto). En este punto cabe reiterar y precisar que, de conformidad con el artículo 3º del Decreto 1372 de 1933 —en vigor para la época de los hechos—, el certificado aludido es el del registro municipal del hierro, marca o dispositivo de identificación, expedido por la respectiva alcaldía, documento que no se suple ni se equipara al boleto o papeleta de venta, emitido por quien vende, para hacer constar la enajenación del ganado a un determinado comprador.
Al respecto, también es pertinente traer a referencia la providencia del 16 de julio de 2015(32), en la cual esta Sala, en torno a tales materias, indicó:
2.3.2. Pruebas obrantes en el proceso
2.3.2.1. Al incoar la presente acción, el actor Hernando Loza Rodríguez manifestó ser el propietario del inmueble rural Santa Helena, en sustento de lo cual aportó al plenario copia de la Resolución 710 del 30 de junio de 1994 mediante la cual el Instituto Colombiano de Reforma Agraria Incora le adjudicó al hoy demandante el terreno baldío así denominado – y ubicado en la Inspección de Guacacias, jurisdicción del municipio de Santa Rosalía – departamento del Vichada(33). No obstante, en el expediente se echa de menos el respectivo certificado de inscripción en el registro de instrumentos públicos, necesario para acreditar la titularidad y propiedad sobre bienes inmuebles, de conformidad con el Decreto 1250 de 1970 —vigente para la época de los hechos y en la fecha de presentación de la demanda— y en consonancia con la jurisprudencia de esta corporación(34).
Se sigue de lo anterior que la alegada titularidad que el señor Hernando Loza Rodríguez dijo ostentar sobre el aludido predio no fue acreditada debidamente en este proceso, sin embargo, tal falencia no impide, por sí sola, establecer la propiedad sobre los semovientes cuyo hurto se aduce en el libelo ya que, como se anotó anteriormente, la prueba de tal derecho de dominio no depende de que se demuestre la titularidad del demandante sobre el bien inmueble en el cual pastaran las cabezas de ganado en el momento de ocurrencia del daño.
Ahora bien, de conformidad con del artículo 765 del Código Civil, la mencionada Resolución de adjudicación constituye justo título traslaticio de dominio del inmueble(35), apto para acreditar la posesión regular prevista en el artículo 764 ibídem. Por su parte, el artículo 981 del mismo Código Civil, establece:
Por lo tanto, a la luz de las citadas normas, resulta procedente concluir que la Resolución de adjudicación 710 del 30 de junio de 1994, aunada a los testimonios que —como más adelante se señalará— refirieron las actividades de dueño desarrolladas en la finca Santa Helena por el actor Hernando Loza Rodríguez junto con los señores Juana María Paredes Rojas y Arbey Hernando Loza Paredes, obran como indicio de que tales demandantes ejercían pacífica y regular posesión sobre el indicado predio rural, en la época de los hechos, y por consiguiente, sobre los productos de la tierra cultivada en dicho inmueble.
2.3.2.2. A fin de demostrar la propiedad sobre los semovientes y demás bienes hurtados, los demandantes aportaron al proceso las papeletas de venta 511 de 1999; 195, 196, 95 y 226 de 2000, 388 y 300 de 2001. Sin embargo, el señor Hernando Loza Rodríguez figura en dichos documentos como vendedor de las unidades de ganado —en tanto que aparecen como compradores los ciudadanos Pedro Pablo Bermúdez, Simón Gualdrón, Francisco Acevedo y Julia Magali Mojica—, de suerte que las mencionadas papeletas no demuestran la propiedad del actor respecto de tales reses, como tampoco la identificación ni la titularidad de los animales que fueron objeto de hurto(36) .
Con todo, la existencia de ganado en el predio Santa Helena a la fecha de acaecimiento del daño, fue referida en el curso de la primera instancia por los testigos Axel Marrero Oliveros, Madeleine Marrero Oliveros e Ignacio Cisneros Marrero, quienes manifestaron haber estado presentes en la mencionada finca en el momento de ocurrencia de los hechos.
Al respecto, el testigo Axel Marrero Oliveros —quien manifestó ser el “encargado” de la finca Santa Helena y estaba presente en el momento de los hechos— afirmó (se transcriben los testimonios de manera literal, incluyendo errores):
“(Había) 50 vacas de leche, 90 de cría, habían más o menos 130 novillas entre año y medio dos años, habían 60 de vientre grandes mas de tres años en estado de preñez, mautes un tope de 120…”(37).
En cuanto al número de reses hurtadas por el grupo subversivo en la fecha del evento dañoso, el citado declarante Axel Marrero Oliveros afirmó que había alcanzado las 430 unidades de ganado.
En lo tocante a los cultivos de plátano, yuca, caña de azúcar y café, que los actores manifiestan haber perdido con ocasión del hecho dañoso, el mismo testigo dio cuenta de los productos agrícolas que se sembraban en el indicado predio, por cuanto dicho declarante —en su ya referida condición de encargado de la finca Santa Helena—, refirió la existencia de varias hectáreas de pasto, plátano –en sus variedades de hartón y topocho-, y café(38), cultivos que, según tal versión, también fueron destruidos por los integrantes de las FARC durante el saqueo perpetrado el 16 de noviembre de 2001. Agregó, con relación a los señores Loza Rodríguez y Paredes de Loza, que desde cuando los conoció, siempre habían vivido en la finca Santa Helena.
— Por su parte, la testigo Madeleine Marrero Oliveros —quien afirmó que se hospedaba en la finca porque estaba interesada en adquirir ganado existente en el lugar—, manifestó:
“… habían (sic) vacas paridas que son de 4 a 6 años aproximadamente y novillas de 2 y 3 años (…), entre ganado de lechería se llevaron más o menos 50…”(39).
De conformidad con el relato de esta testigo, la cantidad de ganado sustraído del predio Santa Helena, fue de “450 reses, más o menos”, además de lo cual, los perpetradores se apoderaron de un número aproximado de 60 caballos y 30 porcinos(40).
Por otro lado, al rendir su versión, la señora Madeleine Marrero Oliveros sostuvo que desde su infancia conocía a los señores Hernando Loza Rodríguez y Juana Paredes de Loza, el primero de los cuales siempre vivió en Santa Helena. De igual manera sostuvo que el señor Arvey Loza Paredes era hijo de ellos y que había nacido cuando la pareja se había ido a vivir definitivamente en el mencionado predio rural(41).
— En el proceso también rindió declaración el señor Ignacio Cisneros Marrero, quien como testigo presencial de los hechos afirmó que los perpetradores del daño habían sacado de Santa Helena aproximadamente 430 reses y 70 caballos(42), además de otros animales y elementos. Refirió lo sucedido, de la siguiente manera:
“Había ganadería de cría como unas 90 vacas, unas 50 mansas de lechería, como unas 120 novillas de vientre (…), como unos 110 machos de uno a dos años, había como unas 60 novillas de uno a dos años…”(43).
2.3.2.3. Sobre las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que tuvo ocurrencia el hecho dañoso, la señora Madeleine Marrero Oliveros señaló que el día previo a los hechos había llegado a la finca Santa Helena con el propósito de ver unas reses que estaba interesada en adquirir, a efectos de lo cual decidió hospedarse esa noche en el inmueble. Seguidamente, manifestó:
“… a las 5:30 de la mañana del día 16 amanecemos rodeados por gente armada o subversivos con armas de corto y largo alcance vestidos de verde y con brazaletes que decían ‘frente 16 de las FARC’ (…), dijeron al encargado que tenía que recoger el ganado y que no era un favor sino una orden (…), después de recoger el ganado, 430 reses aproximadamente, (ordenaron) que les entregaran guadañas, motosierras, todos los implementos que tuvieran, y le pregunté al encargado por qué (…), matan una res para comer y después se marchan (…), la moto que llevábamos nosotros se la llevaron y nunca más la volvimos a ver, a mi esposo y el encargado se los llevaron hacia el río Tomo para fabricar una balsa para pasar el ganado (…), quemaron lo más importante (…), una casa de paredes con cemento (…), el tractor lo quemaron, los cultivos los arrancaron y el maíz lo machetearon…”(44).
Más adelante, afirmó que desde hacía dos años esa región del Vichada era “gobernada” por el frente 16 de las FARC. En punto a este aspecto, también expresó:
“… la comunidad se reunió y eligieron al señor Alberto Albarracín para que fuera a hablar en la brigada de Villavicencio, en la cual la finca (sic) el Zafiro fue quemada donde le mataron (sic) un hijo, Ancízar Albarracín”(45) (destaca la Sala).
— Por su parte, el testigo Axel Marrero Oliveros - Oliveros –quien manifestó ser el “encargado” de la finca Santa Helena y conocía a los hoy demandantes desde que vivían en dicho lugar- manifestó que en la mañana del 16 de noviembre de 2001 se encontraba en el inmueble Santa Helena en condición de encargado, cuando arribaron al predio “aproximadamente unos 40 guerrilleros”, quienes manifestaron que venían a recoger el ganado de la finca, los caballos y todo lo que pudieran encontrar, en vista de que el “propietario” no había pagado la vacuna que le habían exigido.
“…nos dijeron que teníamos que coger todo el ganado junto con ellos (…), esa orden la dio el comandante Caimán (…), llegamos con el ganado al corral de la casa, iban 430 cabezas, y (…) de ahí nos ordenaron que teníamos que llevarlas al Tomo (…), iban las bestias revueltas con el ganado, de silla mansa eran 13 mas unas yeguas (…) eran en total 70 bestias, nosotros nos fuimos con el ganado y los guerrilleros (…) para el Tomo, nos ordenaron que teníamos que hacer una balsa con canecas para ellos pasar (…), nosotros llegamos a la finca por la noche, fue que nos dimos cuenta que habían quemado la casa …”(46).
— A su vez, el señor Ignacio Cisneros Marrero —quien afirmó ser amigo de los hoy demandantes y haber estado en el momento y el lugar de los hechos porque visitaba la finca con el fin de comprar ganado - señaló que en la mañana del 16 de noviembre de 2001 el predio Santa Helena fue rodeado por hombres armados que se identificaron como miembros de las Farc y manifestaron su propósito de cobrar una vacuna que no había sido cubierta por el dueño del ganado. Agregó:
“… dijeron que eran del frente 16 de las Farc, comandados por un tal Caimán, los que se quedaban, que iban a quemar la casa y acabar con la cementera, platanera, maicera, yuca, nosotros salimos, nos pusieron a recoger todo el ganado y las bestias que había en la sabana, unas 430 cabezas de ganado y unas 70 bestias, cuando hicimos ese recorrido nos llevaron rumbo al río Tomo (…), en la noche, cuando llegamos a la casa miramos que habían quemado todo, un tractor, la casa, la motobomba, la guadaña, la motosierra, los cultivos… …”(47)
Afirmó que, para la época de los hechos, todos los finqueros de la región habían sido conminados por el grupo subversivo al pago de “vacunas”, pero que decidieron abstenerse de atender tales extorsiones, razón por la cual fue asesinado el hijo del propietario de la finca “El Zafiro”(48).
2.3.2.4. El 1º de agosto de 2007 el Departamento de Policía del Vichada presentó ante el Tribunal a quo un informe escrito, relativo a las acciones y movimientos ejecutados por las FARC en esa región del territorio nacional entre los años 1998 y 2002. Al respecto, mencionó varios sucesos ocurridos durante ese interregno en los municipios de Santa Rosalía y La Primavera, como lo fue un enfrentamiento armado que tuvo lugar entre insurgentes de las FARC y una patrulla de la Policía Nacional, la quema de unas tractomulas perpetrada por esa misma fuerza irregular en zona rural de La Primavera, dos ataques simultáneos a las estaciones de Policía de ambos municipios, otros tres hostigamientos a la instalación policial de Santa Rosalía y dos emboscadas violentas contra patrullas policiales(49).
Asimismo, a través de oficio del 11 de agosto de 2007, la Brigada de Selva N° 28 del Ejército Nacional se refirió a la presencia de la guerrilla en el Vichada, durante el período 1998-2002, en los siguientes términos:
“Debido a la situación de orden público que se presentaba con el frente 16 de las FARC para los años 1998 al 2002, esta Unidad, principalmente, realizaba operaciones militares sobre el área del municipio de Cumaribo.
— (…) se tiene conocimiento que hubo un hostigamiento a la base de Santa Rosalía en el año 2001 por parte del frente 16 de la ONT – FARC, pero no se encontró documento alguno en los archivos de la unidad.
— Por medio de informaciones de soldados antiguos pertenecientes a la unidad táctica, se conoció que para esa época el Batallón no realizaba operaciones militares sobre las áreas rurales de Santa Rosalía y Guacacías”(50) (Énfasis fuera de texto).
2.4.1. El contexto de la situación fáctica demostrada en el proceso
Los hechos acreditados en esta actuación ocurrieron en el departamento del Vichada, cuya ubicación geográfica en frontera con Venezuela y en colindancia con Casanare, Arauca, Guainía, Guaviare y Meta —departamentos con alta actividad ganadera—, así como un considerable potencial para la actividad agrícola, minera y petrolera, la convierten en una región de importante valor estratégico, lo cual ha propiciado la presencia de grupos guerrilleros desde la década de los ochenta, y la afluencia de grupos paramilitares provenientes de Casanare y Meta, a partir de los años noventa.
En lo que respecta al grupo subversivo Farc, informes de la ACNUR(51) documentan que su expansión tuvo cabida merced a que, durante el período presidencial de Julio César Turbay Ayala (1978 - 1982) dicha organización guerrillera celebró dos conferencias en las cuales optó por consolidar nuevos núcleos esenciales de dominio territorial, con lo cual llegó a conformar alrededor de diez frentes guerrilleros distribuidos en todos los departamentos de los Llanos Orientales. De esta manera, el frente 16 de las Farc se ubicó en el Vichada, para, desde allí tener una amplia movilidad por todo el oriente colombiano.
De conformidad con lo documentado por la ACNUR, en el marco de esta expansión territorial de las Farc, los municipios de La Primavera y Santa Rosalía – Vichada registraron –especialmente entre 1998 y 2003- altas tasas de ocurrencia de delitos y de desplazamiento forzado, tanto por el accionar de las Farc como de los grupos de autodefensa de Casanare y Meta. En el marco de este panorama, en los años noventa el avance del Estado presentó dificultades debido a las condiciones hidrográficas y selváticas de la Amazonía que se desplegaba por el sur del Vichada, todo lo cual contribuyó, además, a favorecer la producción y exportación de cocaína y el tráfico ilegal de municiones y armas desde Venezuela.
A partir del año 2000, las Fuerzas Militares incrementaron sus operaciones con algunos resultados favorables, al punto que, tras la operación “Gato Negro”, adelantada en el mes de agosto del año 2001, el ejército colombiano generó cambios en la ecuación de la guerra vivida en la zona hasta ese entonces, pues la Fuerza Pública neutralizó el dominio que tenían las tropas irregulares del “Negro Acacio” en el Vichada –frente 16 de las Farc—. Informó la ACNUR:
En el departamento de Vichada se encuentran instalados el Comando Específico de Oriente en Puerto Carreño, el Batallón de Infantería No.43 General Efraín Rojas Acevedo en Cumaribo, el Comando IV División en Villavicencio Mayor, el Batallón Fluvial de Infantería de Marina Nº 40 en Puerto Carreño y el Grupo Aéreo de Oriente en Marandúa”(52) (énfasis fuera de texto).
Con todo, si bien la Fuerza Pública logró reducir parcialmente a las Farc en el Vichada a partir del año 2000, no es menos cierto que para ese mismo período los índices de violencia mantenían niveles altos –de manera particular en el municipio de La Primavera, aledaño al lugar de los hechos que hoy analiza la Sala—, precisamente por el incremento de la confrontación armada entre el Estado y los grupos al margen de la ley, los cuales lucharon por contrarrestar el despliegue militar en esa zona del territorio nacional(53).
En el caso concreto la Sala encuentra acreditado el daño antijurídico aducido en la demanda, consistente en el hurto de semovientes (reses y equinos) y el saqueo de otros bienes de los hoy demandantes en la finca Santa Helena, así como la atribución de estos hechos al frente 16 de las Farc, el cual efectuó tales despojos el día 16 de noviembre del año 2001. Es lo que resulta de las declaraciones vertidas en la actuación, reseñadas en líneas anteriores, las cuales aportaron evidencia sobre los actos ejecutados por las Farc en todo el sector rural de Santa Rosalía – Vichada, el 16 de noviembre de 2001.
Al examinar dichos testimonios se advierte que coinciden en dar cuenta del robo perpetrado por las Farc el 16 de noviembre de 2001, hecho que comprendió el despojo a sus propietarios, de aproximadamente 430 reses y varios caballos pertenecientes a los hoy demandantes, señores Hernando Loza Rodríguez y Juana Paredes de Loza, además del destrozo de cultivos, la destrucción de un tractor, la sustracción de motosierras y guadañas, así como otros daños materiales cometidos en el inmueble.
Ahora, si bien no existen en el plenario pruebas que evidencien nexo de conexidad alguno entre el hurto perpetrado por las Farc el 16 de noviembre de 2001 y la instalación de la denominada Zona de Distensión -implementada en dicha época por el Gobierno Nacional para adelantar diálogos de paz con ese grupo insurgente—, no es menos cierto que en el proceso quedó demostrada la falla del servicio de las entidades demandadas, consistente en no haber cumplido sus funciones de defensa, seguridad y protección de los habitantes –incluyendo a los hoy demandantes-, pese a conocer de antemano el riesgo que corrían los campesinos y hacendados de los municipios de Santa Rosalía y La Primavera – Vichada, por cuenta del accionar de los subversivos, tal como pasa a precisarse.
En efecto, el caudal probatorio también revela que con anterioridad a los hechos del 16 de noviembre de 2001 y, ante el asedio de la guerrilla –documentado por la ACNUR y por las propias entidades demandadas, como ya se señaló-, los ganaderos de la región y vecinos del predio Santa Helena designaron a un delegado para que solicitara ayuda y protección ante la Fuerza Pública, petición que no fue atendida por las autoridades, al punto que el grupo insurgente regresó a la zona y asesinó al hijo del campesino que fue delegado por sus coterráneos a fin de pedir auxilio para todos, tal y como lo refirieron los testigos Madeleine Marrero Oliveros e Ignacio Cisneros Marrero, antes citados.
Es de reiterar que para el año 2001, tanto el Ejército como la Policía Nacional tenían pleno conocimiento de las acciones que las Farc estaban ejecutando en los municipios cercanos al lugar de los hechos, ya que, mientras el estamento policial había recibido varios ataques directos de ese grupo insurgente, además de conocer que otros hechos semejantes habían sido perpetrados contra la población civil –como las destrucciones a medios de transporte, documentadas por el Departamento de Policía del Vichada—, el Ejército Nacional, por su parte, dio cuenta de los hostigamientos perpetrados en el mismo año 2001 contra una unidad militar instalada en Santa Rosalía, pese a lo cual no halló registro de tales hechos en sus propios archivos.
De lo anterior se sigue que, como se dijo al inicio de este apartado, si bien ninguna de tales autoridades cometió el hecho dañoso, sí se configuró una falla del servicio puesto que, la información conocida por las autoridades sobre los hechos violentos que se venían presentando en Santa Rosalía y La Primavera - Vichada, aunada a los llamados de auxilio de los ganaderos de la región, ha debido alertar a las unidades militares y policivas para ejecutar acciones de despliegue en la zona, a fin de impedir o siquiera contrarrestar el avance y la incursión de las Farc, máxime cuando tenían conocimiento de que el territorio que debía estar bajo su vigilancia, venía siendo dominado por el frente 16, perpetrador del hecho dañoso que hoy nos ocupa.
Es por todo lo anterior, en consonancia con el contexto ya reseñado, que, insiste la Sala, a las instituciones demandadas no les resultaba inesperado ni sorpresivo el ataque producido, pues era conocida para ellas y constituía un hecho notorio(54) la situación de violencia que azotaba a la zona, amén de haber sido previamente informadas sobre la presión violenta que las Farc estaban ejerciendo sobre los ganaderos del lugar. Precisamente por eso, por la vulneración y el desconocimiento de la suficiente y necesaria protección que debió ser suministrada a los habitantes de esa zona, especialmente en razón del peligro que corrían quienes venían siendo amenazados por el grupo guerrillero, y el conocimiento de las acciones del frente 16 de las Farc, por lo que se configuraba la posición de garante institucional(55) que debió ser asumida por el Estado.
Cabe destacar, además, que tratándose de los daños sufridos por las víctimas de hechos violentos cometidos por terceros, esta Sección del Consejo de Estado ha considerado que tales daños pueden ser imputables al Estado cuando, entre otras cosas: i) en la producción del hecho dañoso intervino o tuvo participación la Administración Pública a través de una acción u omisión constitutivas de falla del servicio; ii) se tuviere conocimiento de “circunstancias particulares” respecto de un grupo vulnerable o, iii) porque en razón de las especiales circunstancias que se vivían en el momento, el hecho era previsible y no se realizó actuación alguna dirigida a evitarlo(56).
Respecto de los deberes de seguridad y protección del Estado para con las personas residentes en el territorio nacional, esta Sección del Consejo de Estado ha precisado, de tiempo atrás, que el Estado debe responder patrimonialmente a título de falla del servicio por omisión en el deber de prestar seguridad a las personas, cuando: a) Se deja a la población a merced de los grupos de delincuencia, sin brindarles protección alguna, en especial cuando se tiene conocimiento de que los derechos de esa población vienen siendo desconocidos por grupos organizados al margen de la ley; b) se solicita protección especial, con justificación en las especiales condiciones de riesgo en que se encuentra la persona; c) no se solicita expresamente dicha protección pero es evidente que las personas la necesitaban, en consideración a que existían pruebas o indicios conocidos que permitieran asegurar que se encontraban amenazadas o expuestas a sufrir graves riesgos contra su vida, en razón de sus funciones(57).
Bajo esta misma línea, la Subsección C de esta Sección del Consejo de Estado ha planteado varios criterios para valorar la falla del servicio con base en la cual cabe endilgar la responsabilidad patrimonial al Estado: i) que con anterioridad y posterioridad a la ocurrencia de los hechos hubiese “conocimiento generalizado” de la situación de orden público de una zona, que afecte a organizaciones y a personas relacionadas con éstas; ii) que se tuviere conocimiento de “circunstancias particulares” respecto de un grupo vulnerable; iii) que exista una situación de “riesgo constante”; iv) que haya conocimiento del peligro al que se encuentre sometida la víctima debido a la actividad profesional que ejerza, y; vi) que no se hubiesen desplegado las acciones necesarias para precaver el daño(58).
En términos generales, cabe señalar que la jurisprudencia del Consejo de Estado respecto del tema, se ha servido de este criterio de imputación -posición de garante institucional-, en múltiples eventos, para declarar la responsabilidad del Estado por falla del servicio en supuestos en los cuales se esperaba una conducta activa de la Administración pública en la protección de los ciudadanos que se han visto afectados por la acción de grupos criminales, lo que ha supuesto un significativo avance, ya que al margen de que causalmente el daño haya sido producto del actuar de un tercero, el mismo en esos casos específicos, se ha declarado imputable a la organización estatal como consecuencia del desconocimiento de la posición de garante institucional mencionada(59).
En similar sentido al derecho interno, en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos la Corte IDH ha precisado que, en relación con las violaciones y daños provocados por el hecho de particulares, el Estado está llamado a responder dependiendo de las circunstancias de cada caso concreto, de acuerdo al grado de previsibilidad del evento dañoso y de los medios que tenía para contrarrestarlo. Sobre el particular ha discurrido de la siguiente manera:
“Lo decisivo es dilucidar si una determinada violación a los derechos humanos reconocidos por la Convención ha tenido lugar con el apoyo o la tolerancia del poder público o si éste ha actuado de manera que la trasgresión se haya cumplido en defecto de toda prevención o impunemente. En definitiva, de lo que se trata es de determinar si la violación a los derechos humanos resulta de la inobservancia por parte de un Estado de sus deberes de respetar y de garantizar dichos derechos, que le impone el artículo 1.1 de la Convención”(60) (negrillas adicionales).
Bajo esa perspectiva reitera la Sala que, el no haber implementado la Administración medidas de prevención y protección eficaces en el departamento del Vichada —inmediaciones de los municipios de La Primavera y Santa Rosalía—, facilitó la consumación del hecho, razón por la cual el daño antijurídico resulta imputable a la Nación - Ministerio de Defensa – Ejército y Policía Nacional, con fundamento en lo que se viene de señalar.
Con respecto al Ministerio del Interior y de Justicia, es de advertir que la falla que le fue atribuida en la demanda consistió en haber suscrito los actos mediante los cuales fue establecida la zona de distensión, aspecto que no guardó nexo de conexidad con el daño aquí analizado, como ya se anotó. Adicionalmente, las pruebas del proceso no demostraron que dicho Ministerio hubiera tenido injerencia o participación alguna en el hecho dañoso, razón por la cual no se le impondrá condena alguna en el presente proceso.
Los demandantes solicitaron el reconocimiento de indemnización por los perjuicios morales derivados de la “pérdida de su patrimonio”(61), esto es, los bienes materiales que fueron objeto de hurto y de destrozo. Al respecto, quiere recordar la Sala que la jurisprudencia nacional tradicionalmente ha aceptado la procedencia de reconocer el resarcimiento de los daños morales derivados de un menoscabo patrimonial, siempre y cuando tal afectación moral aparezca plenamente probada en el proceso. Así lo explicó la Sección en sentencia de 12 de octubre de 2002(62):
La parte actora solicitó, a título de indemnización del daño emergente, la suma de $562’650.000, correspondiente al valor del ganado hurtado, el cual, según su dicho, comprendió “50 vacas lecheras paridas, 87 vacas de cría, 130 novillas de uno a dos años, 65 novillas de tres años, 107 mautes o novillos de uno a dos años”(63). Adicionalmente, reclamó indemnización bajo esta misma modalidad, por los siguientes conceptos:
“…b. La pérdida total de diez millones cuatrocientos mil pesos [$10’400.000] correspondientes al valor comercial de 13 caballos destinados a las labores ganaderas (…).
c. El abandono de la casa del hato Santa Helena (…) cuyo precio invertido en la misma fue de cinco millones de pesos moneda corriente ($5’000.000), hechos acaecidos el 16 de noviembre de 2001, hato Santa Helena (…).
d. La quema de cuatro mangones de un total de quince hectáreas de pasto llanero, donde el valor por hectárea (…) es de $500.000 para un total perdido de siete millones quinientos moneda corriente [$7’000.000], hechos acaecidos el 16 de noviembre de 2001 (…).
e. La pérdida por quema de 7 hectáreas de cultivos, hechos acaecidos el 16 de noviembre de 2001, hato Santa Helena en la Inspección Guacacias (…)
f. La pérdida de una motobomba de alta presión (…) y sus accesorios para un valor de seiscientos dieciocho mil pesos moneda corriente [$618.964], hechos acaecidos el 16 de noviembre de 2001 (…).
g. La pérdida de cinco [5] monturas valor de cada una de $600.000 para un total de tres millones de pesos moneda corriente (…).
h. La pérdida de tres [3] tanques hechos en bloque y revocados, para agua en cada mangón, de mil litros cada uno (…) para un total de novecientos mil pesos moneda corriente [$900.000] (…)”.
Pues bien, tal como quedó visto en el acápite de los hechos probados del proceso, los testimonios vertidos en la primera instancia evidenciaron que el saqueo de la finca Santa Helena por parte de los insurgentes produjo la pérdida de semovientes —reses y equinos—, cultivos, una motobomba y los tanques abrevaderos existentes en el inmueble. De igual manera se demostró que los perpetradores del daño causaron destrozos en la casa de habitación edificada en la finca, merced a las quemas que realizaron luego de evacuar el ganado. Sin embargo, si bien fue practicado en el proceso un dictamen pericial relativo al estado del inmueble rural en la fecha de realización de la experticia —11 de septiembre de 2007(64)—, lo cierto es que ninguna de tales probanzas permite establecer el estado ni el número de cultivos y demás bienes que existían en la finca en la fecha de ocurrencia del daño —16 de noviembre de 2001— puesto que sólo indicaron las mejoras que, con posterioridad a los hechos, fueron introducidas en el inmueble.
Significa lo anterior que en el plenario no quedó acreditada la cantidad cierta y precisa de cada clase de los elementos hurtados o destruidos, así como tampoco el valor que tenían en la fecha de ocurrencia del hecho dañoso, razón por la cual la determinación de la cuantía del daño emergente deberá realizarse mediante incidente, al tenor de lo previsto en el artículo 172 del Código Contencioso Administrativo.
En dicho trámite incidental deberán recaudarse las pruebas periciales, documentales, testimoniales y las demás que sean necesarias para establecer la cantidad de reses, caballos, cultivos y enseres sustraídos o destruidos por las FARC el 16 de noviembre de 2001 en la finca Santa Helena, así como el valor que para esa fecha tenían dichos elementos. De igual manera se deberá determinar el valor de la edificación o vivienda del mismo predio y la cuantía de la depreciación que sufrió a raíz del hecho dañoso. Con todo, se debe tener en cuenta que el monto de la condena que se establezca por concepto de la indemnización del daño emergente, no podrá superar las cantidades que resulten de actualizar, a la fecha del incidente de liquidación, los valores expresamente solicitados en la demanda por dicho concepto. En ese mismo sentido, la condena impuesta por concepto del ganado hurtado, no sobrepasará las cantidades de reses que fueron señaladas en el libelo, y reiteradas al comienzo del presente acápite, vale decir, “50 vacas lecheras paridas, 87 vacas de cría, 130 novillas de uno a dos años, 65 novillas de tres años, 107 mautes o novillos de uno a dos años”.
En lo que respecta a lo pedido en la demanda por concepto de lucro cesante, este perjuicio se hizo consistir en “la pérdida por abandono forzado durante 20 meses del hato Santa Helena”. Los restantes ítems que fueron incluidos en la pretensión relativa al lucro cesante, corresponden en realidad al daño emergente, pues se trata de la sustracción de 13 caballos y la “pérdida” de los cultivos anteriormente señalados(65).
Sobre la actividad económica desarrollada en la finca Santa Helena, el testigo Axel Marrero Oliveros señaló:
“… pues allá se ordeñaba, de las vacas mansas se hacía queso, solo se vivía de la ganadería, y unas gallinas para el consumo, esa finca toda la vida ha sido ganadera”(66).
De conformidad con lo demostrado en virtud de dicho testimonio, se tiene que el lucro cesante que habrá de otorgarse en el presente caso, corresponderá al valor de los ingresos provenientes de dichas labores comerciales, esto es, la venta de queso y la ganadería.
Ahora bien, habida cuenta que las pruebas del proceso no permiten establecer la cantidad periódica ni el valor del queso producido y vendido en la finca Santa Helena para la época de los hechos, como tampoco el precio del ganado comercializado en dicho predio, forzoso resulta para la Sala proferir condena en abstracto para que, por vía incidental, se dé lugar a la práctica de un dictamen pericial que determine el monto de la condena por concepto de lucro cesante, para lo cual determinará el perito, los siguientes aspectos:
a) El período a indemnizar, por un lapso de veinte (20) meses, señalado en la demanda como tiempo de duración del abandono de la finca a consecuencia del hecho dañino.
b) El número de litros de leche diarios, producidos por cada una de las 50 vacas lecheras existentes en el momento de los hechos y referidas expresamente en la demanda.
c) El período de producción de leche, de cada vaca.
d) La cantidad y el valor del queso producido y vendido mensualmente en la finca Santa Helena, para el año 2001.
REVOCAR la sentencia apelada, esto es la proferida el 22 de junio de 2012 por el Tribunal Administrativo del Meta, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. En su lugar, se dispone:
1. DECLARAR la responsabilidad administrativa y patrimonial de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y Policía Nacional, por el daño antijurídico sufrido por los demandantes a raíz del saqueo material y el desplazamiento forzado, cometidos por un grupo al margen de la ley el 16 de noviembre de 2001 en la finca Santa Helena, ubicada en zona rural de los municipios de La Primavera y Santa Rosalía, departamento del Vichada.
2. CONDENAR a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y Policía Nacional a pagar a los demandantes el daño emergente y el lucro cesante derivados del hurto y demás daños patrimoniales perpetrados en la finca Santa Helena el 16 de noviembre de 2001. El valor de tales perjuicios será establecido mediante incidente, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta providencia.
18 La cuantía del proceso supera la exigida para que esta Corporación pueda conocer en segunda instancia respecto de un proceso de reparación directa, esto es 500 smlmv. En efecto, para la fecha de presentación de la demanda -18 de noviembre de 2003—, dicha cuantía era equivalente a $166’000.000 mientras que en el caso concreto, la pretensión mayor por concepto de daño emergente fue estimada en $562’650.000.
19 De conformidad con lo previsto en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la acción de reparación directa deberá instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente “del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos”.
20 Folio 4 del cdno. 1..
21 Cita textual del fallo: Existen bienes muebles sujetos a registro pero es la excepción, como el establecimiento de comercio, o los automotores, pero la posesión sobre ellos admite libertad probatoria.
22 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 15 de septiembre de 2011, exp. 20763.
23 Cf. para las aeronaves y las naves mayores, el artículo 1427 del Código de Comercio; para los vehículos automotores, la Ley 762 de 2002.
24 bajo la más reciente evolución jurisprudencial para bienes inmuebles resulta suficiente el folio de matrícula inmobiliaria, Cf. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 12 de mayo de 2014, exp. 23128, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
25 Completado por el Decreto 1608 del mismo año, en cuanto al tamaño y el lugar de imposición de la marca; las diferentes normas establecieron, igualmente, un régimen sancionatorio, cf. Decreto 1441 de 1940.
27 Al respecto, Cf. Decreto 3149 de 2006, modificado por los decretos 414 de 2007 y 442 de 2013.
28 Artículo 4º.
29 Por ejemplo, el cobro del impuesto de marcas, herretes o cifras quemadoras que se cobran como rentas municipales; ver, igualmente, el artículo 276 del Estatuto Tributario en cuanto al valor de los semovientes para efectos tributarios.
30 A similar conclusión, desde el punto de vista del derecho comparado, arribó el ordenamiento jurídico argentino en el artículo 9 de la Ley 22.939 del 6 de octubre de 1983..
31 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”. Sentencia del 1° de octubre de 2014. C.P. Hernán Andrade Rincón (E). Radicación número: 85001-23-31-000-2002-00064-01(26344)
32 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”. C.P.: Hernán Andrade Rincón (E). Radicación número: 500012331000200120203 01(34046).
33 Folio 58 del cdno. 1..
34 Al respecto, consultar la sentencia de unificación jurisprudencial emitida por la Sección Tercera del Consejo de Estado el 13 de mayo de 2014. C.P. Mauricio Fajardo Gómez. Expediente N° 76001-23-31-000-1996-05208-01(23128)
35 En efecto, indica la norma: “El justo título es constitutivo o traslaticio de dominio (…). Son traslaticios de dominio los que por su naturaleza sirven para transferirlo, como la venta, la permuta, la donación entre vivos. Pertenecen a esta clase las sentencias de adjudicación en juicios divisorios y los actos legales de partición…”.
37 Folio 273.
38 Folio 272 del cdno. 1..
39 Fls. 268 y 269.
36 Folios 49 al 59 del cdno. 1..
41 Folio 268 del cdno. 1..
42 Folio 274 C1.
44 Fls. 267 al 269 del cdno. 1..
45 Folio 269 ibídem.
46 Folio 314 del cdno. 1..
47 Folio 274 del cdno. 1..
48 Folio 275 del cdno. 1..
49 Folios 237 y 238 del cdno. 1..
50 Folio 243 del cdno. 1..
51 Agencia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR. “Los derechos humanos en el departamento del Vichada”. Enlace: http://www.acnur.org/t3/uploads/media/COI_261.pdf. El documento analiza la situación humanitaria y de orden público en el departamento, hasta el año 2003. Consultado el 4 de mayo de 2016.
54 En cuanto tiene que ver con el concepto de “hecho notorio”, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha señalado que “el hecho notorio además de ser cierto, es público, y sabido del juez y del común de las personas que tienen una cultura media. Y según las voces del artículo 177 del C. de P.C. el hecho notorio no requiere prueba; basta que se conozca que un hecho tiene determinadas dimensiones y repercusiones suficientemente conocidas por gran parte del común de las personas que tiene una mediana cultura, para que sea notorio”. Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 27 de noviembre de 1995, exp. 8045, C.P. Diego Younes Moreno.
55 Como lo ha referido la jurisprudencia, la posición de garante institucional es aquella que “surge no ante la generación de un riesgo con determinada actividad, sino por el hecho de pertenecer a determinada institución, de ahí su denominación. Al ser parte de un estamento –Estado-, nace una relación de especial protección, que se configura entre los asociados del conglomerado y el funcionario vinculado, este último llamado a encargarse, por razones de solidaridad, de la defensa y auxilio de los primeros, en aras de evitar que en el curso de la vida social sean dañados en su vida, integridad, honra y bienes”. Al respecto, consultar entre otras, la sentencia proferida por la Sección Tercera de esta Corporación el 9 de julio de 2014, exp. 44333, M.P. Enrique Gil Botero.
56 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencias de 8 de noviembre de 2016, exp. 40.341, del 26 de febrero de 2015, exp. 30.885 y del 26 de agosto de 2015, exp. 36.374, entre otras.
57 Al respecto, consultar la sentencia emitida por esta Subsección el 11 de agosto de 2011 dentro del expediente N° 19001-23-31-000-1998-58000-01(20325), relativo al homicidio del alcalde del municipio de Jambaló – Cauca. Igualmente, ver, entre otras, sentencias de 11 de octubre de 1990, exp. 5737; 15 de febrero de 1996, exp. 9940; 19 de junio de 1997, exp. 11.875; 30 de octubre de 1997, Exp: 10.958 y 5 de marzo de 1998, exp. 10.303. más recientemente, consultar sentencias de esta Subsección proferidas el 26 de agosto de 2015, exp. 36.374 y el 8 de noviembre de 2016, exp. 40.341, entre otras.
58 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencias del 31 de enero de 2011, exp. 17.842 y del 1º de febrero de 2016, exp. 48.842, ambas con ponencia del Consejero Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
59 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de diciembre de 2007, exp. 16894, M.P. Enrique Gil Botero; sentencia del 26 de marzo de 2009, exp. 17994, M.P. Enrique Gil Botero, sentencia del 11 de agosto de 2011, exp. 20.753, entre otras.
60 Corte Interamericana de Derechos Humanos CIDH, Caso Velásquez Rodríguez v. Honduras, sentencia de 29 de julio de 1988, párr. 173 y, en similar sentido, consultar, Caso Masacre de Pueblo Bello, sentencia del 31 de enero de 2006, párr. 123.
61 Folio 8 del cdno. 1.
62 Exp. 13.395.
63 Folio 9 del cdno. 1.
64 Folio 246 del cdno. 1.
65 Folios 5 al 12 del cdno. 1.
66 Folio 273 cdno. 1.