Source: http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ct-d20-2012.html
Timestamp: 2017-01-23 05:16:09
Document Index: 65990144

Matched Legal Cases: ['artículo 35', 'artículo 45', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 107', 'artículo 8', 'artículo 9', 'artículo 10']

Publicado en BOC núm. 80 de 25 de Abril de 2012
CAPÍTULO II. SIMPLIFICACIÓN DOCUMENTAL
Justificación de la exigencia documental
Presentación de documentación diferida
Elaboración de modelos normalizados de solicitud
Difusión de solicitudes y formularios
CAPÍTULO III. COMPROBACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN
Comprobación de oficio
Supresión de la exigencia de presentación de documentos acreditativos de la identidad y del domicilio o residencia y de la información de índole tributaria estatal o relativa a la Seguridad Social en los procedimientos administrativos
Supresión de la obligación de aportar documentos emitidos por la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria o que estén en su poder
Comprobación y constancia de los datos acreditativos de la identidad, el domicilio o residencia, información de índole tributaria estatal y relativa a la Seguridad Social
Comprobación y constancia de los datos o documentos emitidos o en poder de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria
Comprobación en actos formales o públicos de apertura. En los procedimientos en los que la documentación acreditativa deba ser presentada a la
Adaptación de los modelos de solicitud anteriores a la entrada en vigor de este decreto
Modificación del Decreto 109/2001, de 21 de noviembre, por el que se regulan las Cartas de Servicios, la información sobre procedimientos Administrativos y los premios anuales a la innovación y mejora de los servicios públicos en la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria
La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común establece, en su artículo 35.f, el derecho del ciudadano a no presentar aquellos documentos «que se encuentren en poder de la Administración» y en su artículo 45.1 que las Administraciones Públicas impulsarán el empleo y aplicación de las técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos, para el desarrollo de su actividad y el ejercicio de sus competencias.
Más recientemente, la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, regula, en su artículo 6.2.b, entre los derechos de los ciudadanos, el de «no aportar los datos y documentos que obren en poder de las Administraciones Públicas, las cuales utilizarán medios electrónicos para recabar dicha información siempre que, en el caso de datos de carácter personal, se cuente con el consentimiento de los interesados en los términos establecidos por la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, o una norma con rango de Ley así lo determine, salvo que existan restricciones conforme a la normativa de aplicación a los datos y documentos recabados. El citado consentimiento podrá emitirse y recabarse por medios electrónicos.»
«1. Para un eficaz ejercicio del derecho reconocido en el apartado 6.2.b, cada Administración deberá facilitar el acceso de las restantes Administraciones Públicas a los datos relativos a los interesados que obren en su poder y se encuentren en soporte electrónico, especificando las condiciones, protocolos y criterios funcionales o técnicos necesarios para acceder a dichos datos con las máximas garantías de seguridad, integridad y disponibilidad, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo.
2. La disponibilidad de tales datos estará limitada estrictamente a aquellos que son requeridos a los ciudadanos por las restantes Administraciones para la tramitación y resolución de los procedimientos y actuaciones de su competencia de acuerdo con la normativa reguladora de los mismos. El acceso a los datos de carácter personal estará, además, condicionado al cumplimiento de las condiciones establecidas en el \l «a6#a6» artículo 6.2.b de la presente Ley.»
Por su parte, la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y la Ley 25/2009, de 22 de diciembre de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio contienen diversas disposiciones encaminadas a favorecer la simplificación de los procedimientos mediante la reducción de cargas administrativas.
Además, en nuestra Comunidad Autónoma, la Ley 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, en su redacción dada por la Ley 1/2010, de 27 de abril, que modifica aquélla, establece en su artículo 107 quáter que «En los procedimientos iniciados a instancia de parte, la Administración podrá suprimir la obligación de aportar documentación que afecte a datos de carácter personal, debiendo ser ella quien los recabe utilizando medios electrónicos. Tal supresión requerirá en todo caso que se cuente con el consentimiento de los interesados en los términos establecidos por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.»
El presente decreto forma parte del conjunto de iniciativas del Gobierno de Cantabria para potenciar la prestación de servicios administrativos de calidad, la simplificación de las relaciones con los ciudadanos y con el sector empresarial y un funcionamiento más eficaz y más eficiente por parte de la Administración, lo que, sin duda, mejorará el nivel de crecimiento y competitividad de la economía en su conjunto.
El capitulo III regula la comprobación de oficio, por parte de la Administración, de los datos necesarios en el procedimiento administrativo, cuando éstos obren en sus archivos, bases de datos u otros fondos documentales.
En la Disposición Final Primera se modifica el Decreto 109/2001, de 21 de noviembre, por el que se regulan las Cartas de Servicios, la información sobre procedimientos administrativos y los premios anuales a la innovación y mejora de los servicios públicos en la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Objeto Constituye el objeto de este decreto la adopción de medidas de simplificación documental en los procedimientos administrativos, regulando, el derecho de las personas interesadas a no presentar documentos que estén en poder de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria por haber sido previamente aportados o que puedan ser expedidos por la propia Administración o que obren en sus archivos o que puedan obtenerse de otra Administración a través de medios electrónicos.
Ámbito de aplicación 1. Este decreto es de aplicación a los procedimientos administrativos cuya tramitación y resolución corresponda a la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
3. Lo dispuesto en este decreto se aplicará, en todo caso, de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la citada Ley, y demás normativa de desarrollo.
CAPÍTULO II SIMPLIFICACIÓN DOCUMENTAL
Justificación de la exigencia documental 1. Los proyectos de disposiciones administrativas de carácter general no podrán exigir a las personas interesadas la presentación de documentos que no sean estrictamente necesarios para el cumplimiento del fin que persiguen.
Presentación de documentación diferida 1. En las bases y convocatorias de subvenciones, ayudas de carácter económico, y normas o disposiciones reguladoras de prestación de servicios, se eximirá a las personas interesadas de la aportación inicial de cualesquiera documentos cuya información pueda ser plasmada en una declaración responsable del propio interesado, sin perjuicio de su posterior acreditación, en los términos y con los efectos contenidos en las bases o normas de las convocatorias, por parte de las posibles personas adjudicatarias o beneficiarias.
Elaboración de modelos normalizados de solicitud 1. Aquellas disposiciones administrativas de carácter general que desarrollen procedimientos administrativos deberán definir un modelo normalizado de solicitud para las personas interesadas, ajustado a los estándares que se definan en la Guía de normalización y simplificación de formularios y documentos del Gobierno de Cantabria, que elaborará la Consejería de Presidencia y Justicia.
d. Si los datos aportados por los ciudadanos van a ser incorporados a una base de datos, se hará mención a esta circunstancia según los previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
3. Los modelos normalizados se elaborarán utilizando los programas informáticos «estándar» de la Administración para garantizar su difusión y publicación telemática, así como la presentación a través del Registro Electrónico Común, en los términos previstos en la normativa que lo regule.
Difusión de solicitudes y formularios 1. Todas las Consejerías pondrán sus modelos de solicitud y formularios a disposición de la Dirección General de Servicios y Atención a la Ciudadanía para su inclusión en el inventario de procedimientos administrativos y en las bases de datos de ayudas, becas, subvenciones y premios para su difusión a través del Portal Institucional.
CAPÍTULO III COMPROBACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN
Comprobación de oficio 1. La comprobación y constancia de los datos o documentos necesarios en el procedimiento administrativo se realizará de oficio por la Administración Autonómica en los siguientes casos:
Supresión de la exigencia de presentación de documentos acreditativos de la identidad y del domicilio o residencia y de la información de índole tributaria estatal o relativa a la Seguridad Social en los procedimientos administrativos 1. En los procedimientos cuya tramitación y resolución corresponda a la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, no se exigirá a las personas interesadas la aportación de fotocopia del Documento Nacional de Identidad o documento acreditativo de la identidad o tarjeta equivalente de los extranjeros residentes en territorio español expedido por las autoridades españolas, a efectos de comprobación de sus datos de identificación personal, ni del certificado de empadronamiento como documento acreditativo del domicilio y residencia.
Supresión de la obligación de aportar documentos emitidos por la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria o que estén en su poder 1. Para el inicio y tramitación, en su caso, de los procedimientos cuya resolución corresponda a la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, no se exigirá a las personas interesadas la presentación de aquellos documentos cuya aportación no esté prevista como obligatoria en la correspondiente norma y en particular no podrá exigirse la presentación de los siguientes documentos:
Comprobación y constancia de los datos acreditativos de la identidad, el domicilio o residencia, información de índole tributaria estatal y relativa a la Seguridad Social 1. En los procedimientos para cuya tramitación sea imprescindible acreditar de modo fehaciente los datos mencionados en el artículo 8 de este decreto, el órgano gestor o instructor podrá comprobar tales datos mediante el acceso a los Sistemas Estatales de Verificación de Datos de Identidad y de Verificación de Datos de Residencia, de Cesión de Información Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria o de Cesión de Información de la Tesorería General de la Seguridad Social.
Comprobación y constancia de los datos o documentos emitidos o en poder de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria La comprobación y constancia de los datos e información contenidos en los documentos relacionados en el artículo 9 del presente decreto, se llevará a cabo de la siguiente manera:
Consentimiento de las personas interesadas 1. Para que puedan ser consultados y comprobados por el órgano gestor o instructor los datos a los que se refieren los artículos anteriores, será preciso, en todo caso, el consentimiento de la persona interesada que deberá constar en la solicitud de iniciación del procedimiento o en cualquier otra comunicación posterior.
Certificación acreditativa de la titularidad de una cuenta bancaria En los procedimientos administrativos incluidos en el ámbito de aplicación de este decreto se sustituye la obligación de la persona interesada de aportar certificación acreditativa de la titularidad de una cuenta bancaria por una declaración responsable acerca de la veracidad de los datos consignados en la solicitud y relativos a la citada cuenta.
Dentro de los tres meses siguientes a la publicación del presente decreto la Consejería de Presidencia y Justicia aprobará la Guía de Normalización y Simplificación de Formularios y Documentos del Gobierno de Cantabria.
Procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de este decreto La supresión de la obligación de aportar los documentos, prevista en este decreto, así como la sustitución de las certificaciones por declaraciones de la persona interesada, no serán de aplicación a los procedimientos iniciados con anterioridad a su entrada en vigor.
Comprobación en actos formales o públicos de apertura. En los procedimientos en los que la documentación acreditativa deba ser presentada a la Administración en sobre cerrado, a efectos de su comprobación en actos formales o públicos de apertura de dichos sobres, se seguirá requiriendo su aportación en tanto no se habiliten medios que permitan su verificación en el desarrollo de tales actos.
Adaptación de los modelos de solicitud anteriores a la entrada en vigor de este decreto Las unidades administrativas competentes en la tramitación o resolución de procedimientos administrativos para cuyo inicio o tramitación sea necesaria la presentación de una solicitud, remitirán en el plazo de seis meses, contados desde la aprobación de la guía de normalización y simplificación de formularios y documentos del Gobierno de Cantabria, a la Dirección General de Servicios y Atención a la Ciudadanía los correspondientes modelos de solicitud ajustados a los estándares definidos en la referida guía.
Queda derogado el Decreto 61/2006, de 1 de junio, por el que se regula la acreditación de los beneficiarios de subvenciones de estar al corriente de las obligaciones con las Administraciones Públicas y cuantas disposiciones normativas de igual o inferior rango se opongan o contradigan lo dispuesto en este decreto.
Modificación del Decreto 109/2001, de 21 de noviembre, por el que se regulan las Cartas de Servicios, la información sobre procedimientos Administrativos y los premios anuales a la innovación y mejora de los servicios públicos en la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria Se modifica el artículo 10, que queda redactado del siguiente modo:
Informe de nuevos Procedimientos Administrativos La regulación de nuevos procedimientos o las modificaciones de carácter general de los ya existentes deberán ser informadas por la Inspección General de Servicios, que podrá manifestarse sobre la necesidad de simplificar o racionalizar la tramitación y la documentación exigida a los interesados. Este informe se entenderá favorable en caso de no emitirse en el plazo de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la recepción de la solicitud por la citada Unidad.»
Sistema de verificación de la información de índole tributaria y relativa a la Seguridad Social. La configuración, características, requisitos y procedimientos para la verificación de la información de índole tributaria estatal y relativa a la Seguridad Social se realizará a través de la Dirección General competente en materia de desarrollo tecnológico.
Sistema de verificación de información contenida en registros de titularidad de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria. La configuración, características, requisitos y procedimientos para el acceso electrónico a la información de los registros titularidad de órganos de la Administración Autonómica se llevará a cabo por la Dirección General competente en materia de desarrollo tecnológico que lo pondrá en conocimiento del resto de órganos de la Administración Autonómica.
Entrada en vigor El presente decreto entrará en vigor el 1 de mayo de 2012.