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Timestamp: 2018-11-21 10:19:41
Document Index: 327495387

Matched Legal Cases: ['artículo 83', 'artículo 30', 'artículo 83', 'artículo 83', 'artículo 83', 'artículo 189', 'artículo 404', 'artículo 14', 'artículo 413', 'artículo 415', 'artículo 30', 'artículo 292', 'artículo 83', 'artículo 14']

﻿ Sentencia 43163 de mayo 21 de 2014
SENTENCIA 43163 DE 21 DE MAYO DE 2014
CONTENIDO:EXTINCIÓN DE LA PERSECUCIÓN PENAL. UNA VEZ FORMULADA LA IMPUTACIÓN, LA EXTINCIÓN DE LA PERSECUCIÓN PENAL PUEDE ACONTECER EN LOS SIGUIENTES DOS EVENTOS: A) ENTRE AQUEL ACTO PROCESAL Y LA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA SI TRANSCURRE, POR REGLA GENERAL, LA MITAD DE LA PENA MÁXIMA IMPONIBLE AL DELITOY, B) CON POSTERIORIDAD A ESE FALLO CUANDO SE CUMPLAN CINCO AÑOS SIN QUE EL MISMO HAYA ADQUIRIDO EJECUTORIA.
TEMAS ESPECÍFICOS:PROCESO PENAL, PREVARICATO, CONCUSIÓN, DELITO, OPORTUNIDAD DE LA PERSECUCIÓN PENAL, PERSECUCIÓN PENAL
Sentencia 43163 de mayo 21 de 2014
SP6374-2014
Rad. 43163.
Aprobado acta Nº 153.
Bogotá D.C., veintiuno de mayo de dos mil catorce.
Desde ya se anuncia que, de manera oficiosa, la Corte casará la sentencia de condena proferida en contra de Ángela Yolima Nova Molano por los delitos de Concusión y Prevaricato por acción agravado, cada uno de ellos en concurso homogéneo y sucesivo, por cuanto aquélla se produjo, por lo menos en la segunda instancia, cuando la acción penal se encontraba prescrita, situación ésta que evidentemente constituye una violación a las garantías fundamentales de la acusada que activa la facultad de control oficioso de constitucionalidad y legalidad de las sentencias judiciales.
Sea lo primero advertir que a la procesada se le imputó la pertenencia a una organización delincuencial conformada por funcionarios judiciales, abogados litigantes y otros particulares, quienes en el período comprendido entre septiembre de 2006 y junio de 2007, se dedicaron a solicitar y/o exigir dinero a diferentes internos de los establecimientos penitenciarios de Santa Rosa de Viterbo, Duitama y Sogamoso, o a los familiares de estos, a cambio de obtener para aquéllos beneficios tales como permisos, redenciones de pena o subrogados penales, los cuales eran reconocidos por el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del primero de los municipios en mención. En desarrollo de esa empresa ilícita, los integrantes falsificaron documentos públicos, expedían providencias manifiestamente contrarias a la ley y obtuvieron los dineros pedidos y/o exigidos a cambio.
En ese contexto fáctico, la acusada ejecutó las diferentes conductas punibles que le fueron imputadas, primero, en la condición de abogada litigante y, luego, como secretaria del despacho judicial en mención. De allí que, la imputación jurídica formulada desde el inicio del proceso, la cual se mantuvo en la acusación que fuera aceptada unilateralmente por aquélla, le atribuyó dos formas de responsabilidad penal en lo que hace a los delitos con sujeto activo calificado: como coautora en los hechos que ejecutó siendo servidora pública (secretaria del juzgado) y como interviniente en los que realizó cuando ejercía particularmente la abogacía.
Como quiera que en la imputación fáctica contenida en la acusación, de una parte, no se precisó el período durante el cual Ángela Yolima Nova Molano se desempeñó como empleada de la Rama Judicial, y, de la otra, tampoco distinguió las conductas ilícitas que le eran imputables a título de coautora por ostentar la condición jurídica exigida en los tipos penales respectivos, de las que realizó como interviniente en el tiempo que carecía de la misma, omisión ésta que, a diferencia de la anterior, no pudo superarse(1); el juzgado de primera instancia consideró que, especialmente ante esta última indeterminación, la solución correcta era condenar a la procesada por la forma de responsabilidad penal que le resultaba más beneficiosa, o sea, la de interviniente, como efectivamente lo hizo(2).
Así las cosas, el ámbito punitivo de movilidad de los delitos de concusión y de prevaricato por acción agravado y, por ende, los respectivos términos de prescripción de la acción penal que se identifican, por regla general, con el extremo máximo de aquel, según lo prescribe el artículo 83 del Código Penal(3); sufrieron una modificación sustancial consistente en la reducción en una cuarta (1/4) parte, tal y como lo ordena el artículo 30 ibídem para quienes realizan el tipo penal sin reunir la calidad especial exigida. Bajo esta premisa se procede a verificar, entonces, la ocurrencia del fenómeno extintivo de la persecución penal, no sin antes advertir que, como lo ha manifestado la Sala en otras oportunidades, el aumento de término de prescripción previsto para los servidores públicos en el artículo 83 precitado(4) no resulta aplicable a los partícipes en el delito que, como el interviniente, no reúnen tal condición:
Por lo demás, es cierto que para efectos de la prescripción no pueden recibir igual trato el sujeto activo cualificado del tipo penal de peculado y el copartícipe sin esa cualificación, pero tal aspecto se previene con la sola observancia de la regla contenida en el inciso 5º del artículo 83 del Código Penal, según la cual el término de prescripción debe aumentarse en una tercera parte al servidor público que en ejercicio de sus funciones, de su cargo o con ocasión de ellos realice una conducta punible o participe en ella, norma que garantiza un trato más severo para un participe con tales características, frente al que no las reúne(5).
De conformidad con lo establecido en los artículos 86, inciso 2º, del código sustantivo y 292, inciso 2º, del procesal penal; a partir de la formulación de imputación el término de prescripción de la acción penal se interrumpe y empieza a correr nuevamente por un tiempo igual a la mitad del señalado en el artículo 83 al que se viene aludiendo. Esta última disposición consagra, a manera de regla general (inc. 1º), que la acción penal prescribirá en un tiempo igual al máximo legal de pena imponible, si fuere privativa de la libertad, sin que en ningún caso sea inferior a cinco (5) años ni superior a veinte (20). En todo caso, proferida la sentencia de segunda instancia se suspende el término extintivo de la acción y comienza a correr hasta por cinco (5) años más, según lo dispone el artículo 189 de la Ley 906 de 2004.
De esa manera, una vez formulada la imputación, la extinción de la persecución penal puede acontecer en los siguientes dos eventos: uno, entre aquel acto procesal y la sentencia de segunda instancia si transcurre, por regla general, la mitad de la pena máxima imponible al delito; y, dos, con posterioridad a ese fallo cuando se cumplan cinco (5) años sin que el mismo haya adquirido ejecutoria. En el asunto que se examina, obviamente, el proceso ya transitó el curso ordinario de las instancias, por lo que, en principio, la prescripción ha podido acaecer en cualquiera de los dos escenarios procesales que antes se identificaron.
De entrada ha de descartarse la probable ocurrencia de la prescripción de la acción penal con posterioridad a la sentencia de segunda instancia porque esta se profirió el 21 de octubre del 2013, por lo que a la fecha tan sólo ha transcurrido algo más de seis (6) meses. En cambio, la conclusión es diferente al verificar que entre la fecha en que se formuló imputación a Ángela Yolima Nova Molano por las dos especies de delitos contra la administración pública (jun. 8/2007) y aquella en que el Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo profirió la sentencia de segunda instancia que resolvió el recurso de apelación propuesto por el defensor (21 de octubre de 2013); transcurrieron setenta y seis (76) meses y 13 días, período éste que superó la mitad de las penas máximas imponibles por los delitos de concusión (67.5 meses) y de prevaricato por acción agravado (72 meses), según se pasa a explicar.
En lo que respecta al primer delito, el artículo 404 de la Ley 599 de 2000 prevé una pena de prisión de seis (6) a diez (10) años, la cual fue aumentada de una tercera (1/3) parte a la mitad (1/2) por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004. De esa forma, la pena de prisión aplicable a cada una de las conductas de Concusión realizadas por la procesada oscilaría entre los ocho (8) y los quince (15) años. Sin embargo, como quiera que la misma fue condenada a título de interviniente, se reitera, el marco punitivo imponible se reduce en una cuarta (1/4) parte, por lo que los extremos definitivos quedan fijados en seis (6) años el mínimo y once punto veinticinco (11.25) años el máximo, lo que es igual a 135 meses.
De otra parte, en relación a los delitos de Prevaricato por acción agravado también imputados a título de interviniente, la pena máxima aplicable es de doce (12) años de prisión por la siguiente razón: el artículo 413 sustantivo prevé una sanción aplicable de tres (3) a ocho (8) años de privación de la libertad, la cual fue aumentada por la Ley 890 de 2004 en las proporciones arriba indicadas, como resultado de lo cual se modificaron esos límites quedando así: de cuatro (4) a doce (12) años. Debido a la concurrencia de la circunstancia específica de agravación prevista en el artículo 415 ibídem que prevé un aumento hasta en una tercera (1/3) parte, el monto máximo queda establecido en dieciséis (16) años. Por último, al aplicarse la disminución prevista en el artículo 30 (último inciso), los extremos punitivos se reducen a tres (3) años el mínimo y doce (12) años el máximo.
En ese orden, de acuerdo a la disposición normativa integrada por el artículo 292 del estatuto procesal penal y 86 y 83 (inc. 1º) del estatuto sustantivo, la acción penal por los delitos de Concusión y de Prevaricato por acción agravado habrán prescrito si se constata que desde la formulación de la imputación hasta la sentencia de segunda instancia transcurrió un período superior a la mitad de los montos máximos de pena aplicable, hipótesis que efectivamente se concretó desde el 23 enero de 2013 para la primera clase de delitos y desde el 8 de junio de 2013 para la segunda, momentos ambos anteriores a la fecha en que se profirió la sentencia de segunda instancia (oct. 21/2013).
En conclusión, la sentencia de segunda instancia proferida en contra de Ángela Yolima Nova Molano se produjo cuando la acción penal por todos los delitos investigados se encontraba prescrita, con lo cual se vulneraron garantías fundamentales de aquella, especialmente las emanadas del principio de legalidad. Por esa razón, de manera oficiosa se casará integralmente la sentencia y se declarará la extinción de la acción penal por la ocurrencia de la prescripción.
Por último, como quiera que en el presente asunto ocurrió la prescripción de la acción penal no sólo en relación a los delitos por los que será declarada sino, además, a los de Falsedad ideológica en documento público y Concierto para delinquir, la cual ya había sido decretada en segunda instancia por el Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo; se compulsarán copias de la presente actuación con destino a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria tanto del Consejo Superior de la Judicatura como del Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá, para que investiguen, según su competencia, la probable comisión de faltas disciplinarias que dieron lugar a la extinción de la acción penal por parte de los funcionarios judiciales que conocieron el asunto en las instancias.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justica en nombre de la República y por autoridad de la ley,
1. CASAR de oficio la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo el 21 de octubre de 2013, mediante la cual se confirmó parcialmente la emitida por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Sogamoso el 7 de marzo de 2012.
2. DECLARAR la extinción de la acción penal por los delitos de concusión y de prevaricato por acción agravado, por prescripción.
3. COMPULSAR copias de la actuación con destino a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria tanto del Consejo Superior de la Judicatura como del Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá, con el objeto de que investiguen, según su competencia, la probable comisión de faltas disciplinarias por parte de los diferentes funcionarios judiciales que en las instancias conocieron el presente asunto.
(1) En el fallo de primera instancia (fl. 5) se determinó con base en el oficio DESAJ 02080 del 23 de mayo de 2007, que dicho período había transcurrido entre el 9 de abril y el 8 de mayo de ese mismo año.
(2) A folio 13 del fallo se manifestó: “… a pesar de que se le imputan por los mismos delitos la calidad de coautora y de interviniente, no se declara que delitos cometió como funcionaria de la Rama Judicial, ni cuantos ni que procesos tramitó como abogada litigante, sin embargo, de los elementos materiales probatorios se tiene que su función como Secretaria del Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad tuvo un término muy corto con relación al tiempo que permaneció establecida la agencia delictiva, así las cosas, como le resulta más favorable a la implicada, la pena se dosificará en calidad de interviniente, por consiguiente al total de las infracciones penales que requieren la mencionada calidad se le aplicará el descuento de la cuarta parte fijados en el art. 30 del Código Penal”.
(3) ART. 83: “La acción penal prescribirá en un tiempo igual al máximo de la pena fijada en la ley, si fuere privativa de la libertad…”.
(4) El original inciso 5º del artículo 83, aplicable al caso por constituir la ley previa, consagraba el aumento “en una tercera (1/3) parte”. Posteriormente, el artículo 14 de la Ley 1474 de 2011 mantuvo la prescripción diferenciada para los servidores públicos, pero aumento la proporción “en la mitad (1/2)”.
(5) CSJ, 8 de febrero de 2012, Rad. 37696.