Source: https://corte-constitucional.vlex.com.co/vid/-43622810
Timestamp: 2019-10-19 00:42:58
Document Index: 355349041

Matched Legal Cases: ['artículo 241', 'artículo 50', 'artículo 12', 'ARTÍCULO 38', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 7', 'Artículo 7', 'artículo 189', 'artículo 157', 'artículo 146', 'Artículo 8', 'artículo 160', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 160', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 241', 'Artículo 289', 'ARTÍCULO 337', 'artículo 2', 'artículo 289', 'artículo 300', 'artículo 337', 'artículo 337', 'artículo 337', 'artículo 9']

Sentencia de Constitucionalidad nº 206/05 de Corte Constitucional, 8 de Marzo de 2005 - Jurisprudencia - VLEX 43622810
Sentencia de Constitucionalidad nº 206/05 de Corte Constitucional, 8 de Marzo de 2005
Revisión constitucional de la Ley 894 del 21 de julio de 2004, ''Por medio de la cual se aprueba el ''Acuerdo entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de la República de Colombia sobre ferias y eventos de Frontera'' suscrito en la ciudad de Quito el veintinueve (29) de septiembre del año dos mil (2000).
El 26 de julio de 2004, la Secretaria Jurídica de la Presidencia de la República, en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 241 de la Carta Política, remitió a esta Corporación fotocopia autenticada de la Ley 894 del 21 de julio de 2004 ''Por medio de la cual se aprueba el ''Acuerdo entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de la República de Colombia sobre ferias y eventos de Frontera'' suscrito en la ciudad de Quito, el veintinueve (29) de septiembre del año dos mil (2000).
Superada la etapa probatoria, el 10 de septiembre del mismo año ordenó por Secretaría General que se procediera a la fijación en lista del proceso para permitir la intervención ciudadana, y se corriera traslado del expediente al señor P. General de la Nación, para efectos de recibir el respectivo concepto.
''Por medio de la cual se aprueba el "Acuerdo entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de la República de Colombia sobre Ferias y Eventos de Frontera", suscrito en la ciudad de Quito, el veintinueve (29) de septiembre del año dos mil (2000).''
El ámbito de aplicación del presente acuerdo comprenderá las provincias ecuatorianas de Esmeraldas, C., Imbabura, Napo, Sucumbíos, O. y Manabí; los departamentos colombianos de Amazonas, Cauca, H., N. y P..
Recinto Ferial: Es el recinto cuyo espacio físico brinde seguridades para el debido control de las mercancías las destinadas a estas actividades;
Venta al Detal: Es aquella que se realiza durante la feria en forma directa del expositor al consumidor o usuario final previo cumplimiento de las normas aduaneras, la misma que se hará en unidades o volúmenes pequeños destinados al consumo de uso personal o familiar, en cantidades, clases y montos que serán fijados por la autoridad aduanera de cada Parte;
Venta al por mayor: Es aquella que se realiza durante la feria en forma directa del expositor al consumidor o usuario final y cuyas mercancías, por sus características, volumen y monto, solo podrán ser entregadas a los respectivos compradores a la finalización de la feria, previo cumplimiento del trámite de nacionalización correspondiente;
Documento de Venta Ferial: Es el documento que ampara la transacción o venta de mercancías en las ferias y que será expedido por el expositor-vendedor de las mercancías. Este documento equivaldrá a la factura o comprobante de venta, y
El expositor: Es la persona natural o jurídica que con ocasión de la celebración de una feria de carácter fronterizo binacional, adquiere mediante vínculo contractual con el administrador, la calidad de expositor.
Disponer de la autorización correspondiente otorgada por la entidad oficial del país donde se realice la feria de frontera;
Contar con un reglamento interno aprobado por la entidad oficial correspondiente; y
Disponer de un recinto cerrado debidamente acondicionado.
Denominación, objetivos y carácter de la feria;
Organización: Determinación de áreas o locales de exhibición, fijación de tarifas de arrendamiento de los "stands" o locales, fijación de las tarifas de ingreso del público al recinto ferial, condiciones de participación de los expositores, y
Previsiones de seguridad y servicios para los expositores y público asistente.
Los gremios empresariales y asociaciones legalmente constituidos;
Las empresas feriales constituidas en el país sede;
Las organizaciones privadas de promoción de exportaciones legalmente constituidas;
Las entidades públicas; y
Las representaciones oficiales de ambos países.
Solicitar la autorización respectiva por lo menos con tres meses de anticipación;
Velar por el normal desarrollo de la feria;
Asegurar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, así como la debida aplicación del presente Acuerdo;
Elaborar el formato del documento de venta, para las transacciones que se realicen dentro del recinto ferial, de conformidad con la normativa andina y la legislación nacional del País sede, y
Presentar el informe y resultados de la feria de frontera adjuntando el balance económico respectivo a las entidades oficiales contempladas en el artículo 50, dentro de los 30 días calendario siguientes a la fecha de finalización de la feria.
Mercancías originarias de cualesquiera de las Partes, amparadas en sus respectivos Certificados de Origen, debidamente emitidos conforme al régimen de origen establecido por la Comisión de la Comunidad Andina.
Las siguientes mercancías para el uso, consumo o distribución gratuita dentro del recinto ferial:
Conocimiento de embarque, carta porte o guía aérea, según corresponda;
Certificado de Origen, para las mercancías a que hace referencia el literal a) del artículo 12;
Certificado sanitario, fitosanitario, zoosanitario o de libre venta, cuando corresponda;
Lista de empaque, cuando hubiere lugar a ella;
Constancia de expositor otorgada por el organizador de la feria, y
Otros que de acuerdo con la naturaleza de las mercancías sean de exigencia general en el país sede.
Disponer de la autorización correspondiente otorgada por la entidad oficial del país donde se realice la feria de frontera, y
Deberá contar con un reglamento interno aprobado por la entidad oficial correspondiente.
Denominación, objetivos y carácter del evento;
Organización, determinación de áreas o locales de presentaciones o exhibición; fijación de tarifas de arrendamiento de los "stands" o locales, fijación de las tarifas de ingreso del público al recinto del evento, de ser el caso y condiciones de participación, y
Previsiones de seguridad y servicios para los participantes y público asistente.
Las instituciones y asociaciones culturales, educativas, científicas, artísticas y deportivas con personería jurídica;
Los gremios y asociaciones legalmente constituidos;
Las empresas de eventos constituidas legalmente en el país sede;
Las entidades públicas, y
Solicitar la autorización respectiva por lo menos con 30 días calendario de anticipación;
Velar por el normal desarrollo del evento;
Otorgar constancias a los participantes, y
Presentar el informe sobre la realización y resultados del evento, dentro de los 30 días calendario siguientes a la fecha de su finalización, ante la autoridad competente del país sede.
ARTÍCULO 38. D. sin efecto, a partir de la fecha de entrada en vigor del presente instrumento, el Acuerdo sobre Régimen de Ferias y Eventos Fronterizos suscrito el 18 de abril de 1990.
H.M.F..
J.B.A..
De acuerdo con el artículo 1o, el ámbito de aplicación del Acuerdo se circunscribe a la zona de integración fronteriza Colombo-Ecuatoriana, la cual comprende las provincias ecuatorianas de Esmeraldas, C., Imbabura, Napo, Sucumbíos, O. y Manabí; y los departamentos colombianos de Amazonas, Cauca, H., N. y P.. Su finalidad es la de contribuir al desarrollo de dicha zona para promover el comercio y el turismo (artículo 2o).
J.H.B.A..
La ciudadana S.M.M.P., obrando en calidad de apoderada del Ministerio de Relaciones Exteriores, intervino en el trámite de este proceso con el fin de defender la constitucionalidad de la Ley 894 del 21 de julio de 2004.
Indica que el convenio en revisión complementa ''el acuerdo de 1990'' en varias disposiciones, como en la organización de las ferias y eventos y la relación de las mercancías permitidas, y por lo tanto sus disposiciones se acomodan a las necesidades actuales.
Afirma que la ley bajo revisión cumple el compromiso plasmado en el Preámbulo de la Constitución de ''impulsar la integración de la comunidad latinoamericana'', con la finalidad de promover las relaciones económicas. Por ello la ley busca sacar provecho de las ''semejanzas regionales, como de la diversidad de ambos países''.
Sostiene que la mencionada ley resalta el valor de nuestras fronteras y la necesidad de evitar ''que factores como la distancia, impidan el mayor desarrollo de las mismas''. Así pues, indica que la mima Carta Política resalta el tema de la integración fronteriza en los artículos 80, 289, 337 exigiéndole al legislador la regulación de la materia (Ley 191 de 1995).
El señor P. General de la Nación, E.M.V., en concepto No. 3688, recibido el 27 de octubre de 2004, solicita a la Corte declarar la exequibilidad del Acuerdo entre los gobiernos de Colombia y Ecuador sobre ferias y eventos de frontera, suscrito en la ciudad de Quito, el 29 de septiembre del año dos mil (2000), y la Ley 894 de 2004, aprobatoria del mismo.
Seguidamente el P. analiza el trámite legislativo de la Ley 894 de 2004 aprobatoria de dicho instrumento internacional, concluyendo que durante el mismo se cumplieron con las exigencias constitucionales y legales relativas a la materia.
Considera que Acuerdos como el suscrito contribuyen a la ampliación de actividades comerciales y fortalecen las relaciones políticas, culturales, técnicas, científicas y educativas entre los dos países, ya que '' en la exposición de los productos procedentes de cada país, además del desarrollo económico, va ligado el fin básico de que los habitantes de dicha región mejoren su calidad de vida en el ámbito cultural, artístico u formativo.''
Finalmente, el P. manifiesta que dada la especial atención que le ha otorgado la Carta al desarrollo de las relaciones con los países limítrofes y con la comunidad de países latinoamericanos, el citado Acuerdo se ajusta a los lineamientos que, con relación al tema, ha señalado la Constitución.
La competencia y el objeto de control
Examen de constitucionalidad del Acuerdo y de su ley Aprobatoria
Conforme a reiterada jurisprudencia, el control de constitucionalidad que la Corte ejerce respecto de los Convenios y sus leyes aprobatorias comprende la totalidad del contenido de esos actos jurídicos, tanto en sus aspectos formales como de fondo. A continuación la Corte se propone adelantar dicho control integral con el alcance anunciado en relación con el Acuerdo entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de la República de Colombia sobre ferias y eventos de Frontera'' suscrito en la ciudad de Quito el veintinueve (29) de septiembre del año dos mil (2000), y de su ley probatoria la Ley 894 de 2004.
El Acuerdo materia de revisión fue suscrito en la ciudad de Quito el 29 de septiembre del año 2000, por el entonces Ministro de Relaciones Exteriores doctor G.F. de S., quien para el efecto no necesitaba presentar plenos poderes pues así lo estipula el artículo 7.2 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados Artículo 7 Plenos poderes (...) 2. En virtud de sus funciones y sin tener que presentar plenos poderes, se considera que representan a su Estado: a) Los jefes de Estado, J.s de Gobierno y Ministros de Relaciones Exteriores para la ejecución de todos los actos relativos a la celebración de un tratado. .
Por su parte, el 5 de marzo de 2002 el Presidente de la República de ese entonces A.P.A. le impartió al citado instrumento su respectiva aprobación y confirmación presidencial, a fin de someterlo al trámite constitucional interno del Congreso de la República y su posterior ratificación, dando de esta forma cumplimiento al artículo 189-2 Superior, toda vez que al J. del Estado le corresponde dirigir las relaciones internacionales y en ejercicio de esta atribución celebrar los tratados o convenios con otros Estados y entidades de derecho internacional.
§ El proyecto de ley fue presentado a esa célula legislativa el 7 de mayo de 2003 por los doctores C.B.I., Ministra de Relaciones Exteriores, y J.B.A., Ministro de Comercio, Industria y Turismo. El texto original junto con la respectiva exposición de motivos, aparecen publicados en la Gaceta del Congreso 196 el 12 de mayo de 2003 Ver folio 3 del cuaderno de pruebas No. 1 Senado de la República.
§ Según consta en la Gaceta del Congreso 196 el 12 de mayo de 2003 la iniciativa junto con su exposición de motivos fue repartida a la Comisión Segunda Constitucional Permanente, cumpliéndose así con el requisito referente a la iniciación de esta clase de asuntos en el Senado de la República (art. 154 de la CP) Ver folio 4 del cuaderno de pruebas No. 1 Senado de la República .
§ La ponencia para primer debate se publicó en la Gaceta del Congreso 278 el 12 de junio de 2003 Ver folio 9 del cuaderno de pruebas No. 1 Senado de la República, siendo aprobada el 18 de junio de 2003 con once (11) votos a favor y ninguno en contra tal como consta en la certificación suscrita por el S. de la Comisión Segunda del Senado de la República Ver folio 31 del expediente principal, cumpliéndose así tanto la exigencia de la publicación del proyecto de ley antes de darle curso en la comisión respectiva (artículo 157, numeral 1 de la Carta), como sobre quórum decisorio que exige el artículo 146 constitucional, tendiendo en cuenta que dicha comisión está compuesta por 13 miembros.
Además, como para dicha fecha no había entrado en vigencia el Acto Legislativo No. 1 del 3 de julio de 2003 Acto Legislativo No. 1 de 2003. Artículo 8°. El artículo 160 de la Constitución Política tendrá un inciso adicional del siguiente tenor: ''Ningún proyecto de ley será sometido a votación en sesión diferente a aquella que previamente se haya anunciado. El aviso de que un proyecto será sometido a votación lo dará la Presidencia de cada Cámara o Comisión en sesión distinta a aquella en la cual se realizará la votación''., no era menester dar cumplimiento a la exigencia contenida en su artículo 8° referente al anuncio de su votación en sesión distinta a la cual se realiza esta.
§ La plenaria del Senado llevó a cabo el segundo debate de la iniciativa con base en la publicación de la ponencia en la Gaceta del Congreso No. 424 del 25 de agosto de 2003 Ver folio 12 del cuaderno de pruebas No. 1 Senado de la República, siendo aprobada el 9 de septiembre de 2003 según consta en el acta No. 6 publicada en la Gaceta del Congreso No. 532 de 2003 (pág.10) Ver folio 14 del cuaderno de pruebas No.1 Senado de la República, con un quórum decisorio de 96 senadores de los 102 que conforman la célula legislativa según lo certifica el S. General del Senado de la República Ver folio 1 del cuaderno de pruebas No.1 Senado de la República.
En relación con el requisito de que trata el artículo 8 del Acto Legislativo 01 del 3 de julio de 2003, se observa su cumplimiento pues el proyecto fue anunciado en sesión diferente a la cual se hizo la votación, según consta en las actas 05 del 2 de septiembre de 2003, publicada en la Gaceta del Congreso 485 de 2003 Consultada en la página http://aricaurte.imprenta.gov.co:7778/gaceta/gaceta.nivel_3 , y en el Acta No. 06 de la sesión del día 9 de septiembre de 2003, publicada en la Gaceta del Congreso 532 del viernes 10 de octubre de 2003 Ver folio 22 del cuaderno de pruebas No.1 Senado de la República.
§ La Comisión Segunda Constitucional de la Cámara de Representantes adelantó el estudio de la iniciativa, previa la publicación de la ponencia en la Gaceta del Congreso 594 del 14 de noviembre de 2003 (página 11) Ver folio 3 del cuaderno de pruebas No.1 Cámara de Representantes, siendo aprobada por unanimidad en primer debate el 2 de diciembre del mismo año con asistencia de 16 de los miembros que integran dicha comisión, según certificación expedida por el S. de la Comisión Segunda de esa célula legislativa Ver folio 87 del cuaderno de pruebas No. Cámara de Representantes .
La aprobación cumplió con el requisito del artículo 160 de la Carta Política, según el cual deben mediar 15 días como mínimo entre la aprobación del proyecto de ley entre una cámara y su aprobación en la comisión constitucional de la otra. Igualmente observó el requisito establecido en el artículo 8 del Acto Legislativo 01 de 2003, ya que el respectivo anuncio de votación se hizo en la sesión del día 26 de noviembre de 2003, tal y como puede constatarse en la Gaceta del Congreso 186 del 10 de mayo de 2004 Consultada en la página http://aricaurte.imprenta.gov.co:7778/gaceta/gaceta.nivel_3.
§ La ponencia para segundo debate presentada por el R.G.R.F., la cual aparece publicada en la Gaceta del Congreso 90 del 25 de marzo de 2004 (página 10) Ver folio 19 revés del cuaderno de pruebas No. 1 Cámara de Representantes , previamente a su aprobación en la sesión plenaria del 9 de junio de 2004, por 160 de sus miembros, de conformidad con la certificación expedida por el S. de la Cámara de Representantes Ver folio 1 del cuaderno de pruebas No. 1 Cámara de Representantes..
Igualmente, se cumplió con el requisito señalado en el artículo 8 del Acto Legislativo 01 de 2003, ya que la votación del mencionado proyecto de ley se anunció en la sesión plenaria del 9 de junio de 2004, según consta en el Acta de plenaria No. 109, publicada en la Gaceta del Congreso 365 de 21 de julio de 2004 (página 12) Ver folio 81 del cuaderno de pruebas No. 1 Cámara de Representantes..
Surtido el trámite en el Congreso de la República, el Presidente de la República sancionó la ley aprobatoria del instrumento internacional objeto de examen el 21 de julio de 2004 Ver folio 20 revés del expediente principal , convirtiéndose en Ley 894 de 2004. El texto de la ley fue remitido por la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República a la Corte Constitucional, el 26 de julio de 2004, en cumplimiento y dentro de los términos que señala el artículo 241, numeral 10 de la Carta Política.
Constitucionalidad del Acuerdo por su aspecto material
En este apartado se señala que mediante el instrumento en revisión se establece el régimen para la realización de las ferias y eventos de frontera que se desarrollarán en la Zona de Integración Fronteriza Ecuatoriana-Colombiana, y también se determina su ámbito de aplicación que comprenderá las provincias ecuatorianas de Esmeraldas, C., Imbabura, Napo, Sucumbío, O. y Manabí, y los departamentos colombianos de Amazonas, Cauca, Huíla, N. y P.. (art. 1)
Capítulo I ''De las ferias de frontera''
Capítulo II ''De los eventos de frontera''
Capítulo III ''Disposiciones comunes''
Constitucionalidad material del Acuerdo en revisión
''Artículo 289. Por mandato de la ley, los departamentos y municipios ubicados en zonas fronterizas podrán adelantar directamente con la entidad territorial limítrofe del país vecino, de igual nivel, programas de cooperación e integración, dirigidos a fomentar el desarrollo comunitario, la prestación de los servicios públicos y la preservación del ambiente.''
''ARTÍCULO 337. La ley podrá establecer para las zonas de frontera, terrestres y marítimas, normas especiales en materias económicas y sociales tendientes a promover su desarrollo.
Conviene anotar que estos mandatos superiores fueron desarrollados por la Ley 191 de 1995 ''por la cual se dictan disposiciones sobre zonas de frontera'', que en su artículo 2° establece como objetivos de la acción del Estado en dichos territorios, entre otros, el fortalecimiento de los procesos de integración y cooperación que adelanta Colombia con los países vecinos y eliminación de los obstáculos y barreras artificiales que impiden la interacción natural de las comunidades fronterizas, inspirados en criterios de reciprocidad; la creación de las condiciones necesarias para el desarrollo económico de las Zonas de Frontera, especialmente mediante la adopción de regímenes especiales en materia de transporte, legislación tributaria, inversión extranjera, laboral y de seguridad social, comercial y aduanera y la prestación de los servicios necesarios para la integración Fronteriza y para el desarrollo de las actividades económicas, sociales y culturales, tales como transporte, telecomunicaciones, energía eléctrica, agua potable y saneamiento básico, educación y salud, para lo cual su parágrafo dispone que ''...Colombia celebrará los tratados o convenios que sean del caso con los países vecinos''.
En este orden de ideas, el citado instrumento representa una importante solución a la problemática social que se vive en las zonas de frontera pues aprovecha las ventajas derivadas de la propia situación geográfica de estos territorios, para impulsar la integración económica con los países vecinos y facilitar el fortalecimiento de la cooperación e integración económica, cultural y comercial entre las entidades territoriales limítrofes a fin de lograr el desarrollo económico y social comunitario, la prestación eficiente de los servicios públicos y la preservación del ambiente, propósitos éstos a los que debe propender la actividad del legislador en este campo tal como lo disponen los artículos 289 y 337 de la Constitución y lo ha reconocido la jurisprudencia constitucional, que al referirse a la intervención del legislador en esta materia en Sentencia C-076 de 1997, MP. Dr. J.A.M. señaló:
''La Corte no desconoce el papel activo que la ley debe desempeñar con el objeto de promover programas de cooperación e integración en los departamentos y municipios ubicados en zonas fronterizas. La conservación de la soberanía exige la presencia visible del Estado en los territorios limítrofes y la existencia de comunidades laboriosas y pujantes que desarrollen un sentimiento de arraigo nacional. Pero, al mismo tiempo, es importante que se estrechen los lazos culturales y económicos con las poblaciones de las naciones vecinas, como corresponde al ideario integracionista de la Carta.
"(...) En este caso, la ley puede libremente adoptar un conjunto de regulaciones tendentes a promover el desarrollo de las zonas de frontera. Sin embargo, no parecería necesario y, además, sería inconstitucional que pretendiera hacer caso omiso de los restantes órganos del Estado cuyas atribuciones tuvieran relación con las materias tratadas. No se puede ignorar que los órganos nacionales tienen competencia en todo el territorio nacional y que, especialmente, en las zonas de frontera, no es el Congreso el único órgano que despliega en ellas sus atribuciones''.
La Corte también ha recalcado la función social que tiene la intervención del legislador en la regulación de las zonas de frontera. En Sentencia C-269 de 2000 MP Á.T.G. dijo sobre el particular:
''3. De las zonas de frontera en la Constitución y la ley
''3.1. La Constitución Política de 1991 reconoce como regiones de singular importancia económica y social (artículos 289 y 337), para darles un tratamiento especial, a las denominadas zonas de frontera, entendidas éstas como aquellos lugares donde sus habitantes viven una realidad diferente a la de los demás sectores nacionales, en virtud de la vecindad con los países limítrofes, lo cual influye notablemente en sus actividades culturales, el intercambio de bienes y servicios, la circulación de personas y vehículos, y genera por las circunstancias mencionadas, la libre circulación de monedas con la incidencia que ello conlleva en la economía regional Sentencia C-076 de 1997, MP. Dr. J.A.M...
''En relación con estas entidades, dispone el artículo 289 de la Carta Política, que por mandato de la ley, los departamentos y municipios ubicados en zonas fronterizas podrán adelantar directamente con la entidad territorial limítrofe del país vecino, de igual nivel, programas de cooperación e integración, dirigidos a fomentar el desarrollo comunitario, la prestación de servicios públicos y la preservación del ambiente.
''Por su parte, según el artículo 300-2 ibídem, corresponde a las asambleas departamentales por medio de ordenanzas, expedir las disposiciones relacionadas con el desarrollo de sus zonas de frontera.
''E igualmente, el artículo 337 superior preceptúa que la ley podrá establecer para las zonas de frontera, terrestres y marítimas, normas especiales en materias económicas y sociales tendientes a promover su desarrollo, lo cual se enmarca dentro del contexto de la internacionalización y globalización de la economía.
''3.2. Dentro del marco constitucional descrito, se hace necesario entonces, que el legislador busque el mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y culturales de los habitantes de las zonas de frontera, cuyas relaciones sociales y económicas han surgido en razón de circunstancias históricas y sociológicas que los identifica, adoptando para ello soluciones que deben estar acordes con el principio constitucional del Estado social de derecho, cuyas finalidades coinciden con el contenido programático del artículo 337 superior.
''Precepto éste que adopta un cometido estatal específico de fomento, estímulo y promoción de las zonas de frontera que comporta para el legislador el deber de su realización práctica. En esa medida, las soluciones que se adopten deben tener en cuenta las ventajas de la propia situación de esas zonas, para aprovecharlas e impulsar la integración económica con los países vecinos y facilitar, entonces, el fomento de proyectos de cooperación e integración con las entidades territoriales limítrofes a fin de lograr el desarrollo económico y social comunitario, la prestación eficiente de los servicios públicos y la preservación del ambiente (arts. 226, 227 y 289 C.P.) Corte Constitucional. Sentencia C-076 de 1997. MP. Dr. J.A.M...
''En esta medida, se hace necesario garantizar la efectividad del mandato constitucional del artículo 337, mediante la promoción de programas de cooperación e integración económica y social en los departamentos y municipios ubicados en zonas fronterizas, donde la conservación de la soberanía, de la independencia nacional y de la integridad territorial son fines esenciales del Estado colombiano, lo cual exige de éste su presencia efectiva, y donde es fundamental para su desarrollo, que se estrechen los lazos culturales y económicos con las poblaciones de las naciones vecinas dentro del ideal integracionista de la Carta Política de 1991. Principio éste que se desprende del preámbulo, al señalar que la Constitución tiene como uno de sus fines esenciales, impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, así como del artículo 9º a cuyo tenor la política exterior del Estado se orientará hacia la integración latinoamericana y del Caribe.'' (subrayas fuera de texto)
Constitucionalidad material de la Ley 894 de 2004
Primero.- Declarar EXEQUIBLE el ''Acuerdo entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de la República de Colombia sobre ferias y eventos de Frontera'', suscrito en la ciudad de Quito el veintinueve (29) de septiembre del año dos mil (2000).