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Timestamp: 2019-02-22 16:58:38
Document Index: 303326187

Matched Legal Cases: ['artículo 82', 'artículo 86', 'artículo 136', 'artículo 254', 'artículo 187', 'artículo 2', 'artículo 298', 'artículo 172', 'artículo 307', 'artículo 55', 'artículo 307', 'artículo 2', 'artículo 132', 'artículo 251', 'Artículo 167']

﻿ Sentencia 2000-01976 de agosto 29 de 2014
SENTENCIA 2000-01976 DE 29 DE AGOSTO DE 2014
CONTENIDO:RESPONSABILIDAD ESTATAL- VALOR PROBATORIO DE INFORMES DE PRENSA- FALLA EN EL SERVICIO. LOS INFORMES DE PRENSA NO TIENEN POR SÍ SOLOS LA ENTIDAD SUFICIENTE PARA PROBAR LA EXISTENCIA Y VERACIDAD DE LA SITUACIÓN QUE NARRAN Y/O DESCRIBEN, POR LO QUE SU EFICACIA PROBATORIA DEPENDE DE SU CONEXIDAD Y COINCIDENCIA CON OTROS MEDIOS DE PRUEBA QUE OBREN EN EL EXPEDIENTE. ASÍ, LAS NOTAS DE PRENSA APORTADAS POR LAS PARTES PUEDEN SER VALORADAS CUANDO RECOJAN O REGISTREN HECHOS PÚBLICOS Y NOTORIOS, DECLARACIONES DE FUNCIONARIOS O CUANDO CORROBOREN ASPECTOS RELACIONADOS CON EL CASO, SIEMPRE QUE SE ENCUENTREN COMPLETOS O, POR LO MENOS, SEA POSIBLE CONSTATAR SU FUENTE, AUTOR Y FECHA DE PUBLICACIÓN.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, VALOR PROBATORIO DEL DOCUMENTO, PROVOCACIÓN DE INUNDACIÓN, FALTAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, INUNDACIÓN
Sentencia 2000-01976 de agosto 29 de 2014
Expediente: 31302
Radicación: 080012331000200001976 00
Actor: Álvaro Sánchez Maldonado
Demandado: Departamento del Atlántico-Secretaría de Obras Públicas
9. Por ser la demandada una entidad territorial, el presente asunto es de conocimiento de esta jurisdicción, de acuerdo con el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo.
11. La acción de reparación directa establecida en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo es procedente en este caso, dado que las pretensiones de la demanda van encaminadas a la declaratoria de responsabilidad del departamento del Atlántico - Secretaría de Obras Públicas, por las acciones y omisiones atribuidas a esta entidad territorial que, según la parte actora, determinaron daño alegado en la demanda.
13. En cuanto a la legitimación en la causa por activa, se demostró que el señor Álvaro Sánchez Maldonado es tenedor del bien inmueble sobre el que se produjeron los daños alegados en la demanda(5). Sobre la legitimación en la causa por pasiva, se comprueba que el daño que se invoca en la demanda proviene de acciones y omisiones atribuidas a la Gobernación del Atlántico-Secretaría de Obras Públicas, de manera que la Gobernación del Atlántico tiene legitimación en este asunto.
14. Finalmente, en lo atinente a la caducidad de la acción, la Sala constata que en el presente caso no opera tal fenómeno, pues el daño que se invoca —la inundación del bien inmueble del demandante— tuvo ocurrencia el 28 de octubre de 1999 y la demanda se interpuso el 21 de junio de 2000, es decir, dentro del término bienal que establece para tal efecto el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.
15. La Sala debe analizar si el departamento del Atlántico-Secretaría de Obras Públicas es responsable jurídica o fácticamente por el daño sufrido por el señor Álvaro Sánchez Maldonado como consecuencia de la inundación de su vivienda y la pérdida parcial de sus muebles y enseres. Para el efecto, deberá establecer si la construcción de la vía al Malecón en el municipio de Puerto Colombia fue la causa de la inundación o, al menos, contribuyó significativamente a la producción del daño. En caso de establecerse la responsabilidad estatal, se procederá a la respectiva liquidación de los perjuicios a indemnizar a favor del demandante.
III. Validez y eficacia de los medios de prueba
16. En primer lugar, la Sala observa en el expediente dos dictámenes periciales cuya eficacia probatoria fue puesta en duda, de manera que abordará esta cuestión antes de iniciar el juicio de responsabilidad.
16.1. El 27 de noviembre de 2002, el a quo decretó como pruebas una inspección judicial en la vivienda del demandante con la intervención de dos peritos, ingenieros civiles o arquitectos, y un dictamen pericial con el auxilio de los peritos Julio Martínez y Máximo Henríquez (fls. 134-136, cdno. 1).
16.2. El 24 de junio de 2003, una vez posesionados de sus cargos, los contadores públicos Máximo Henríquez y Julio Martínez presentaron un dictamen pericial en el que identificaron como causa de la inundación el levante del terreno con ocasión del proyecto vía al Malecón, e hicieron una estimación razonada del valor de los bienes muebles de propiedad del demandante perdidos o deteriorados (fls. 188-191, cdno. 1).
16.3. El 23 de enero de 2003, mediante despacho comisorio 004-CH, el a quo comisionó al Juez Promiscuo del municipio de Puerto Colombia para que practicara la inspección judicial antes mencionada (fl. 157, cdno. 1).
16.4. El 3 de abril de 2003, el Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Colombia designó como peritos a los señores Luis Fernando Rodríguez y Martín Eduardo Mestre, arquitectos de profesión (fl. 222, cdno. 1).
16.5. El 4 de agosto de 2003, una vez posesionados del cargo (fls. 225-227, cdno. 1), los arquitectos rindieron dictamen pericial en el que se pronunciaron sobre las causas de la inundación, los problemas técnicos de la obra vía al Malecón, e hicieron un avalúo de los daños causados al inmueble del demandante y a algunos bienes muebles por adhesión (fls. 230-238, cdno. 1).
16.6. Surtido el traslado del dictamen a las partes (fl. 241, cdno. 2), ninguna de ellas presentó objeción, solicitud de aclaración o modificación del mismo.
16.7. En la sentencia de primer grado, el tribunal no tuvo en cuenta el dictamen de los peritos arquitectos porque, a su juicio, fue presentado en un fecha muy tardía, los peritos carecen de la idoneidad profesional para pronunciarse sobre temas de ingeniería hidráulica, y no se observa una explicación de los procedimientos o técnicas utilizadas (fl. 251, cdno. 2).
16.8. Al respecto, la Sala ha considerado que la eficacia probatoria del dictamen pericial requiere que: (i) el perito informe de manera razonada lo que sepa de los hechos, según sus conocimientos especializados; (ii) el informe sea personal y contenga conceptos propios sobre las materias objeto de examen y no de otras personas, por autorizadas que sean, sin perjuicio de que pueda utilizar auxiliares o solicitar el concurso de otros técnicos, bajo su dirección; (iii) el perito sea competente, es decir, un experto para el desempeño del cargo; (iv) no exista un motivo serio para dudar de su imparcialidad; (v) no se haya probado una objeción por error grave; (vi) el dictamen esté debidamente sustentado y sus conclusiones sean claras, firmes y consecuencia de las razones expuestas; (vii) sus conclusiones sean conducentes en relación con el hecho a probar; (viii) se haya surtido la contradicción; (ix) no exista retracto del mismo por parte del perito; (x) otras pruebas no lo desvirtúen; (xi) sea claro, preciso y detallado, es decir, que dé cuenta de los exámenes, experimentos e investigaciones efectuadas(6).
16.9. Al examinar el dictamen pericial de los arquitectos a la luz de estos parámetros, la Sala encuentra una valoración objetiva y razonable de las características del terreno y del bien inmueble, de las circunstancias en que se produjo la inundación, de las fallas técnicas del proyecto vía al Malecón y, finalmente, de los daños causados al inmueble y los muebles y enseres, por varias razones: (i) los peritos tienen la capacidad técnica y profesional para rendir el concepto; de hecho, al decretar el dictamen pericial, el tribunal indicó que podía emitirlo un arquitecto o un ingeniero hidráulico, y fue en razón de su profesión que fueron nombrados; (ii) si bien la experticia fue rendida el 4 de agosto de 2003, esto es, casi cuatro años después de los hechos, la valoración del terreno y el análisis de las circunstancias en que se produjo la inundación se hicieron con base en las condiciones técnicas existentes al momento de los hechos; además, los peritos indicaron expresamente que la estimación de los perjuicios se sustentó en las fotografías aportadas por el demandante, contrastadas con una visita al lugar, y en los daños todavía perceptibles en el predio; (iii) la práctica del dictamen fue personal y no a partir de los criterios de terceros; (iv) la cuantificación de los daños se hizo con base en el costo de los materiales de construcción y precio comercial del inmueble; (v) la descripción de los daños ocasionados al inmueble y los bienes muebles guarda coherencia con las fotografías anexas al dictamen pericial; (vi) no hay motivo alguno para dudar de la imparcialidad de los peritos, pues fueron nombrados por el juzgado por expresa orden del tribunal y no se advierte que tengan vínculo con alguna de las partes; (vii) no se presentó objeción alguna al dictamen pericial en el momento del traslado.
16.10. En el caso del dictamen rendido por los contadores públicos, la Sala considera que resulta idóneo para establecer el valor de los bienes muebles perdidos o deteriorados con ocasión de la inundación, pues se sustenta en facturas, recibos y cotizaciones que registran el costo de los mismos o de su reparación. Sin embargo, no serán tenidas en cuenta las afirmaciones relacionadas con la ejecución de la obra vía al Malecón, los errores técnicos del proyecto y las propiedades físicas del terreno, dado que son situaciones que exceden la capacidad profesional de los peritos.
17. Ahora bien, se advierte que la parte actora aportó documentación en copia simple tendiente a acreditar los hechos que sirven de sustento a sus pretensiones. Estos documentos serán valorados por la Sala, si bien es necesario hacer algunas aclaraciones al respecto.
17.1. En decisiones anteriores, el Consejo de Estado consideró que las copias de documentos públicos y privados solo podían ser aducidas o apreciadas como prueba en un proceso judicial si reunían las exigencias del artículo 254 del Código de Procedimiento Civil: (i) que hubieran sido autorizadas por notario, director de oficina administrativa o de policía, o secretario de oficina judicial previa orden del juez donde se encuentre el original o la copia autenticada; (ii) que hubieran sido autenticadas por notario, previa comparación con el original o la copia autenticada que se le presentara; o (iii) que se hubieran remitido del original o de una copia autenticada en el curso de una inspección judicial. Así las cosas, para que fueran tenidos como elementos de prueba válidos para demostrar los supuestos de hecho de interés para el proceso, todos los documentos públicos y privados debían allegarse en original o en copia auténtica.
17.2. Posteriormente, esta corporación también señaló que, en ciertas circunstancias, las exigencias legales para la valoración de las copias simples pueden flexibilizarse con el objeto de proteger los principios de lealtad procesal, equidad y buena fe(7). Esta situación ocurre cuando la parte contra la cual se aducen tales copias conserva el original de los documentos y, por lo tanto, está en capacidad de efectuar un cotejo y de tacharlas de falsedad si es procedente, o cuando la parte demandada ha utilizado los documentos para sustentar su defensa, pues se presume que, con dicha actuación, acepta la validez de dichos medios de prueba, entre otros eventos.
17.3. En la actualidad, la Sala Plena de esta Sección decidió unificar la jurisprudencia en el sentido de otorgar a las copias simples el mismo valor probatorio que se concede a los documentos originales o copias auténticas, siempre que no hayan sido objeto de tacha de falsedad(8).
17.4. En este caso, la entidad demandada pudo controvertir y tachar las pruebas documentales aportadas por la parte demandante. Por lo tanto, la Sala, como lo ha hecho antes en aras de respetar los principios de buena fe y acceso a la administración de justicia, y de preservar el deber de lealtad procesal, le reconocerá valor a la prueba documental que ha obrado a lo largo de la controversia y que, surtida la contradicción, no fue cuestionada en su autenticidad por la entidad demandada(9).
18. En relación con las pruebas documentales allegadas al proceso, es necesario hacer algunas aclaraciones sobre su eficacia probatoria.
18.1. El principio de unidad de la prueba exige que las pruebas sean valoradas de manera integral, porque de hacerse de forma individual o separada resultan insuficientes para establecer la verdad de los hechos y no pueden confrontarse para efectos de determinar sus concordancias y divergencias con el asunto debatido(10). Sobre este principio, el Código de Procedimiento Civil establece en el artículo 187 que las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica y sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos.
18.2. En el caso bajo análisis, es claro que si bien los medios de prueba considerados individualmente no arrojan mayores luces sobre los hechos objeto debate, su valoración armónica y contrastada permite establecer circunstancias relevantes para la resolución de esta controversia.
18.3. Las fotografías aportadas por la parte actora (fl. 62, cdno. 1), en las que se observan unos muebles y enseres deteriorados, aunque no registran el origen, el lugar o la fecha en que fueron tomadas(11), serán apreciadas siempre que sean concordantes con las demás pruebas documentales y testimoniales que obran en el proceso.
18.4. Las fotografías que acompañan el informe del Instituto de Estudios Hidráulicos y Ambientales de la Universidad del Norte (fls. 171-179, cdno. 1) y las adjuntas al dictamen de los arquitectos Rodríguez Arrieta y Mestre Yunez (fls. 236-237, cdno. 1), serán valoradas porque registran el origen, el lugar y la fecha en que fueron tomadas, además de que hacen una descripción fiel de los hechos que pretenden demostrar e ilustran las conclusiones y las recomendaciones de los informes de expertos.
18.5. Las fotografías aportadas por la señora Blanca Diva Gaviria Wolff (fl. 62, cdno. 1), que evidencian el alcance del nivel del agua en el predio del demandante, son susceptibles de valoración porque fueron reconocidas y ratificadas por la aportante en su declaración ante el a quo (fl. 215, cdno. 1).
18.6. El videocasete(12) obrante en el plenario, que registra la inundación del 28 de octubre de 1999 en el municipio de Puerto Colombia, Atlántico, será valorado dado que el autor de dicha grabación, el señor José Luis Suárez Jiménez, explicó en su declaración la naturaleza y el contenido de las imágenes en él proyectadas (fls. 213-215, cdno. 1). Además, fue objeto de ratificación por parte del tribunal mediante diligencia de proyección del 23 de febrero de 2004 (fls. 247-248, cdno. 1).
19. En cuanto al valor probatorio de las notas de prensa allegadas por la parte actora (fl. 20, cdno. 1), se deben hacer algunas precisiones.
19.1. La corporación señaló inicialmente que la información consignada en artículos de prensa no puede ser admitida dentro del proceso como una prueba testimonial, dado que carece de los requisitos esenciales que identifican este medio probatorio, en especial porque no fue rendida ante un funcionario judicial bajo juramento, ni el comunicador dio cuenta de su dicho (CPC, art. 227)(13). Por lo tanto, las notas periodísticas podían ser apreciadas como prueba documental de la existencia de la información y de la forma como fue publicada la noticia, pero no de la veracidad de su contenido(14).
19.2. Posteriormente, se admitió que tales documentos podían tenerse como un indicio contingente si valorados racional y conjuntamente con la totalidad del acervo probatorio resultaban indicativos de la veracidad de la ocurrencia de los hechos objeto de examen(15).
19.3. Finalmente, la Sala Plena de la Sección Tercera señaló que los informes de prensa no tienen, por sí solos, la entidad suficiente para probar la existencia y veracidad de la situación que narran y/o describen, por lo que su eficacia probatoria depende de su conexidad y coincidencia con otros medios de prueba que obren en el expediente(16). De acuerdo con esto, “cualquier género periodístico que relate un hecho (reportajes, noticias, crónicas, etc.), en el campo probatorio puede servir solo como un indicador para el juez, quien a partir de ello, en concurrencia con otras pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso, podría llegar a constatar la certeza de los hechos”(17).
19.4. Esta postura resulta acorde con la jurisprudencia interamericana, que al respecto ha indicado que las notas de prensa aportadas por las partes pueden ser valoradas cuando recojan o registren hechos públicos y notorios, declaraciones de funcionarios, o cuando corroboren aspectos relacionados con el caso, siempre que se encuentren completos o, por lo menos, sea posible constatar su fuente, autor y fecha de publicación, y que se valorarán tomando en cuenta el conjunto del acervo probatorio, las observaciones de las partes y las reglas de la sana crítica(18).
19.5. En vista de lo anterior, la Sala acogerá el precedente trazado por esta corporación y, en consecuencia, le dará valor probatorio a la nota periodística aportada por la parte demandante, luego de advertir que fue allegada en original, cuenta con el sello de autenticidad del medio que la publicó, se observa con claridad la fuente y la fecha de publicación y, sobre todo, los hechos que narra son notorios y guardan relación con las demás pruebas aportadas al proceso.
20. De acuerdo con el material probatorio incorporado al expediente, están acreditados en el proceso los siguientes hechos relevantes:
20.1. Álvaro Sánchez Maldonado habitaba el bien ubicado en la calle 2 Nº 10C-169 del municipio de Puerto Colombia, Atlántico (declaraciones de José Luis Suárez Jiménez —fls. 213-214, cdno. 1— y Blanca Diva Gaviria Wolff —fl. 215, cdno. 1—; certificado del Alcalde Municipal de Puerto Colombia —fl. 19, cdno. 1—; dictamen pericial de contadores —fls. 188-191, cdno. 1— dictamen pericial de arquitectos —fls. 230-239, cdno. 1—).
20.2. En mayo de 1998, la Gobernación del Atlántico, por intermedio de la Secretaría de Obras Públicas, inició la ejecución del proyecto vía al Malecón, en el municipio de Puerto Colombia (Concepto Técnico 168-98 de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico —fls. 42-47, cdno. 1—).
20.3. El 22 de mayo de 1998, mediante Concepto Técnico 168-98, la Corporación Autónoma Regional del Atlántico hizo recomendaciones a la Gobernación del Atlántico con el fin de que modificara aspectos técnicos del proyecto vía al Malecón. En concreto, la corporación encontró que la obra mencionada no había previsto unos canales de drenaje adecuados, manifestó que los Box Culvert destinados a la canalización de las aguas eran insuficientes, advirtió el peligro de represamiento e inundación, y solicitó que se suspendiera la obra hasta tanto la Secretaría de Obras Públicas no adoptara los correctivos necesarios (Concepto Técnico 168-98 de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico —fls. 42-47, cdno. 1—).
20.4. El 6 de julio de 1998, se celebró una reunión entre la Secretaría de Obras Públicas y la Corporación Autónoma Regional del Atlántico, en la que la primera se comprometió, entre otras cosas, a no utilizar materiales vegetales para el apuntalamiento de los Box Culvert, respetar las normas ambientales, solucionar el represamiento de aguas, y realizar un estudio hidráulico que permita definir el flujo y la escorrentía de las aguas (acta de la reunión del jul. 6/98 —fl. 114, cdno. 1—; Concepto Técnico 270-98 de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico —fls. 129-130, cdno. 1—).
20.5. El 7 de julio de 1998, en vista de los compromisos, la Corporación Autónoma Regional del Atlántico rindió un concepto técnico favorable a la continuación de la obra Vía al Malecón y, mediante Resolución 169, ordenó su reanudación (Concepto Técnico 270-98 —fls. 129-130, cdno. 1—; Res. 169 de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico —fls. 131-132, cdno. 1—).
20.6. El 6 de octubre de 1998, el demandante presentó acción de tutela contra la Gobernación del Atlántico por considerar que la construcción de la vía al Malecón ponía en riesgo su vida al exponerlo al represamiento y al eventual desbordamiento de las aguas lluvia. Al respecto, precisó que se había levantado el terreno por encima de la altura de los predios que limitan con dicha obra, lo que generó un representimiento de las aguas y este, a su vez, causó la proliferación de insectos, entre estos el mosquito trasmisor del dengue hemorrágico (acción de tutela —fls. 22-24, cdno. 1—).
20.7. El día 21 de octubre de 1998, el Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Colombia declaró improcedente la acción de tutela, dado que el estancamiento de las aguas era un fenómeno usual en esa zona y, por lo tanto, no implicaba riesgo alguno para el demandante. Agregó que, de acuerdo con el Departamento de Salud del Atlántico, el mosquito vector del dengue hemorrágico prolifera en las aguas limpias, mas no en aguas estancadas como las que se advierten en esa área (sentencia del Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Colombia —fls. 25-30, cdno. 1—).
20.8. El 23 de octubre de 1998, el señor Sánchez Maldonado presentó recurso de apelación contra la anterior decisión, en el que alegó que la no construcción de unos canales de drenaje adecuados por parte de la Secretaría de Obras Públicas del Departamento del Atlántico ha causado un represamiento de las aguas lluvias que, a su vez, genera un riesgo de inundación para los predios vecinos, por lo que es necesario instalar un canal o Box Culvert que facilite el flujo de las aguas represadas. Añadió que antes de la construcción de la Vía al Malecón no se observaba en esa zona tal represamiento de aguas (recurso de apelación —fls. 31-33, cdno. 1—).
20.9. El 3 de diciembre de 1998, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Barranquilla confirmó la sentencia impugnada, si bien por una razón distinta. A su juicio, aunque está demostrada la relación directa entre el represamiento de las aguas y la construcción de la Vía al Malecón, la acción de tutela resulta improcedente porque el accionante cuenta con otros medios para amparar su derecho, esto es, acudir a las autoridades ambientales para que estas adopten los correctivos necesarios (sentencia del Juzgado Primero Penal del Circuito de Barranquilla —fls. 34-41, cdno. 1—).
20.10. El 16 de marzo de 1999, el ingeniero civil Carlos Donado rindió un concepto a la Secretaría de Obras Públicas del departamento, en el que identificó la zona comprendida entre las carreras 13 y 15 paralelas a la vía al Malecón como altamente inundable, toda vez que se encuentra a una altura inferior a la del área entre la playa y la carretera, que por las frecuentes inundaciones forma una laguna o charco. Además, explicó las medidas recomendadas para facilitar el drenaje de las aguas y evitar la inundación de predios aledaños (concepto del ingeniero civil —fls. 124-127, cdno. 1—).
20.11. El 28 de octubre de 1999, debido a fuertes lluvias, se produjo un desbordamiento del Arroyo Grande en el municipio de Puerto Colombia, Atlántico, que generó una inundación de los sectores de San Carlos y La Vuelta del Oso (concepto del Instituto de Estudios Hidráulicos y Ambientales de la Universidad del Norte —fl. 50, cdno. 1—; declaraciones de Carlos Marimón del Valle —fl. 212, cdno. 1—, José Luis Suárez Jiménez —fls. 213-214, cdno. 1—, Blanca Diva Gaviria Wolf —fl. 215, cdno. 1— y Manuel Alvarado Ortega —fls. 213-214, cdno. 1—; artículo de prensa —fl. 20, cdno. 1—).
20.12. El señor Álvaro Sánchez Maldonado residía en una de las zonas afectadas por la inundación (certificado de la Alcaldía Municipal —fl. 19, cdno. 1—; declaraciones de José Luis Suárez Jiménez —fls. 213-214, cdno. 1— y Blanca Diva Gaviria Wolf —fl. 215, cdno. 1—).
20.13. El 24 de noviembre de 1999, el Instituto de Estudios Hidráulicos y Ambientales de la Universidad del Norte presentó un informe en el que consideró insuficientes las medidas tomadas por la Secretaría de Obras Públicas para evitar futuros desbordamientos de aguas: disposición de diques de baja compactación, procesos de erosión sobre las riberas del arroyo no atendidos, Box Culvert inadecuados, entre otras. Igualmente, consideró que la inundación de las zonas adyacentes a la playa se debe, además, a la falta de un mantenimiento preventivo de las estructuras de drenaje y a la construcción de viviendas en esa área (informe del Instituto de Estudios Hidráulicos y Ambientales de la Universidad del Norte —fls. 166-179, cdno. 1—).
21. En primer lugar, la Sala determinará si está demostrado el daño alegado en la demanda, esto es, la pérdida o el deterioro de la vivienda del señor Álvaro Sánchez Maldonado y de sus muebles y enseres, con ocasión de la inundación que padeció el municipio de Puerto Colombia, Atlántico, el 28 de octubre de 1999.
31.1. Para el efecto, se advierte que la inundación del 29 de octubre de 1999 en el municipio de Puerto Colombia, Atlántico, fue registrada por el diario “El Heraldo” en estos términos (fl. 20, cdno. 1):
100 casas bajo el agua
Represamiento del Arroyo Grande ocasionó emergencias en cuatro sectores de la zona urbana y la caída de una vivienda en el sector de “Vista Mar”.
Las 70 familias damnificadas de “San Carlos” y “Sal Si Puedes” en Puerto Colombia, todavía se preguntan cómo alcanzaron a salir aterrorizados de sus viviendas para evitar que el Arroyo Grande los arrastrara junto a los muebles, catres y uno que otro electrodoméstico que ayer perdieron durante la emergencia registrada desde la una de la madrugada.
“Apenas me alistaba a acostarme, cuando escuché algo parecido a un león enfurecido, agarré a mis dos hijos y le grité a mi mujer que corriera a la parte alta”, relató uno de los 500 damnificados que dejó esta nueva inundación por invierno que se registra en el departamento del Atlántico.
En total, las aguas desbordadas afectaron a 100 viviendas y según el Alcalde Humberto Rosales, la tragedia se extendió a sectores como Margarita y Centro.
Explicó que este arroyo recibe afluentes desde Galapa y otros sectores de La Cordialidad, a los cuales se sumaron las fuertes lluvias que cayeron desde la medianoche.
La fuerza de la corriente llegó a tal extremo, que en algunos tramos superó los niveles del malecón, cuyo Box Culvert resultó insuficiente para atajar la cantidad de agua que arrastraba todo lo que encontraba a su paso.
Desde recién construido el malecón, los pobladores de sectores aledaños se habían quejado por el tamaño del sistema de drenaje.
En el censo entregado por el comité de emergencias se incluye la caída de una vivienda en el sector de “Vista Mar”, como consecuencia de los deslizamientos de tierra en la parte alta de la zona urbana.
Rosales insistió en que “la gente pedía que abrieran otros espacios para que el agua corriera, pero no la escucharon. Hoy (ayer), la gobernación anunció el inicio de la construcción de un nuevo Box Culvert de dos metros de ancho por dos de largo”.
Una comisión del gobierno departamental (...) inspeccion[ó] en la mañana la zona del desastre, el primero que se presenta en más de cinco años.
El comité de emergencia presidido por Rosales declaró la alerta máxima y de inmediato puso a trabajar 6 motobombas —4 de la Defensa Civil y 2 del municipio—, al igual que una retroexcavadora y la colocación de 4 mil sacos cedidos por la Defensa Civil.
“El agua alcanzó niveles inimaginables. Hacía muchos años que Puerto Colombia no sufría en carne propia una emergencia por inundaciones. Pero afortunadamente, no hubo víctimas fatales a pesar que la emergencia se presentó en la madrugada”, anotó.
Las inundaciones se extendieron a la zona de casetas, que tradicionalmente abren los fines de semana para el servicio de los turistas. Allí, la ciénaga se desbordó y se unió al mar.
Para Rosales, los 500 damnificados requieren de ayuda urgente. “Vamos a comenzar a entregar mercados, pero requerimos que los atlanticenses donen más comida que es lo más urgente”, dijo al tiempo que señaló que cualquier ayuda puede canalizarse a través de la alcaldía municipal.
El plan de urgencia incluye el envío a las zonas afectadas del cuerpo médico y de enfermeras para atender cualquier brote epidémico que pueda presentarse. (sic)
21.2. Según el certificado de la Alcaldía Municipal de Puerto Colombia, para la fecha de la inundación el señor Sánchez Maldonado residía en la calle 2 Nº 10C-169 de ese municipio (fl. 19, cdno. 1):
El señor Álvaro Eduardo Sánchez Maldonado (...) reside en la actualidad en el municipio de Puerto Colombia en la calle 2 Nº 10C-169.
Que el día 29 de octubre de 1999, fecha en que ocurrió el desbordamiento del Arroyo Grande, el mencionado señor vivía en esa misma dirección.
21.3. El dictamen pericial rendido por los contadores Máximo Henríquez y Julio Martínez registró que el señor Sánchez Maldonado sufrió daños en sus bienes como consecuencia de la inundación (fl. 189, cdno. 1):
La inundación abarcó la casa del señor Álvaro Sánchez Maldonado, ubicada en la calle 2 Nº 10C-169, donde generó daños graves en la construcción, como son las paredes, pisos, cimientos, cerramientos por inundación, en instalaciones eléctricas, en los muebles allí guardados como vehículos, alcoba, comedor, estudio, cocina, electrodomésticos varios y un computador portátil.
21.4. Por su parte, el dictamen pericial de los arquitectos Luis Fernando Rodríguez y Martín Eduardo Mestre estableció que el inmueble del señor Sánchez Maldonado sufrió deterioros en su estructura, pintura, puntos sanitarios y alambrado, con ocasión de la inundación del 28 de octubre de 1999 en el municipio de Puerto Colombia (fls. 230-238, cdno. 1).
21.5. En las pruebas testimoniales obrantes en el proceso, se advierte que la casa de habitación del señor Sánchez Maldonado resultó afectada por la inundación del 29 de octubre de 1999. Por ejemplo, el señor José Luis Suárez Jiménez, vecino del demandante, afirmó haber grabado un video en el que registró los estragos de la inundación, entre estos la afectación de la vivienda del demandante, en estos términos (fl. 214, cdno. 1):
Los barrios que visité con mi cámara fueron Sal si Puedes, San Carlos, Las Américas, la calle 2 desde el Puente hasta el sector Costa Azul. Preguntado: La residencia del doctor Álvaro Sánchez Maldonado se encuentra ubicada cerca de los barrios anteriormente señalados por usted. Contestó: Están en la parte de Puerto Colombia que comprende la calle 2 muy cerca a lo que conocemos en Puerto Colombia, primer puente.
De la residencia en mención puedo mencionar algunos vehículos que se podían ver desde afuera, a esa residencia no ingresé por 2 razones: una, aún estaba presentando los niveles más altos de agua, y 2, habían unos perros. (...).
Reitero que en la casa donde reside el doctor Álvaro muy cerca al primer puente, quien presenta esta demanda no pude ingresar, solo gravé los vehículos que estaban casi a la mitad cubiertos por el agua. (...).
21.6. A su vez, la señora Blanca Diva Gaviria Wolff, también afectada por la inundación y vecina del demandante, declaró que señor Sánchez Maldonado sufrió daños en sus vehículos y aportó unas fotografías para sustentar sus afirmaciones (fl. 215, cdno. 1):
Sí lo conozco, desde el año 75, llegué a Puerto y como a los cuatro o cinco años él [Álvaro Sánchez Maldonado] llegó a Puerto, vive una casa por medio a la mía, relación de vecino, era amigo de mi esposo, amigo de mi mamá y papá (...).
En este estado de la diligencia la declarante que (...) quiere hacer entrega de 16 fotos para que formen parte del proceso (...) en una de esas fotografías se aprecia el aspecto de inundación de la residencia del señor Álvaro Sánchez, observándose vehículos sumergidos (...)
22. De acuerdo con lo anterior, la Sala encuentra demostrado que el señor Álvaro Sánchez Maldonado habitaba en la vivienda ubicada en la calle 2 Nº 10C-169 del municipio de Puerto Colombia, y que con ocasión del desbordamiento del Arroyo Grande, debido a fuertes lluvias, sufrió el deterioro de la estructura del inmueble y la pérdida o la avería de algunos de los bienes y enseres que allí albergaba.
23. Ahora bien, la entidad demandada ha alegado a lo largo de esta controversia que la vivienda del señor Sánchez Maldonado, al haberse emplazado en una zona de bajamar, es un bien de uso público, de modo que el demandante es en realidad un invasor ilegal y, por lo tanto, está llamado a soportar los daños que invoca en la demanda.
23.1. Al respecto, la Sala observa en el expediente un oficio enviado por la Dirección General Marítima de la Armada Nacional a la Secretaría de Obras Públicas del departamento, en el que señala (fl. 119, cdno. 1):
En referencia a los predios que aparecen en las fotografías remitidas por usted con el oficio de su solicitud, ubicadas en la zona de bajamar del municipio de Puerto Colombia, frente a donde se está construyendo la vía al Malecón, con toda atención me permito informarle que presuntamente son bienes de uso público de la Nación, sobre los cuales se está llevando a cabo el respectivo deslinde por parte de la entidad competente, como es el Incora. Igualmente me permito informar que el predio es ocupado por Álvaro Sánchez, quien está siendo investigado en este despacho en forma sectorizada, conjuntamente con los demás ocupantes de esta zona de bajamar.
23.2. Además, se advierte un oficio remitido por la Capitanía del Puerto de Barranquilla al ingeniero Carlos Donado, en estos términos (fl. 123, cdno. 1):
En referencia a su amable oficio del 9 de septiembre de 1998 y de conformidad a la inspección a las obras del día miércoles 16 de septiembre de 1998, que usted practicó conjuntamente con la doctora Mercedes Muñoz y el personal de este despacho, con toda atención me permito informarle que la capitanía del puerto citó a los ocupantes de los predios referidos, con el fin de aclarar la situación que actualmente se presenta en dichos predios requeridos para hacer los parqueaderos de la vía al Malecón. (...)
Igualmente, le informo que siendo que el Incora es la entidad que viene haciendo el deslinde (con el apoyo de la capitanía y la IGAC), una vez deslindados los bienes de uso público de la Nación, el señor Alcalde de Puerto Colombia procederá a restituir materialmente los predios de la Nación por medio de su inspector de policía, bajo la supervisión de la procuraduría, estando este despacho dispuesto a recibir los bienes que fueron ilegalmente ocupados por particulares y así ponerlo a disposición del proyecto el Malecón.
23.3. De estos oficios se colige que la naturaleza de los bienes aledaños al malecón del municipio de Puerto Colombia, entre ellos la vivienda del señor Sánchez Maldonado, estaba en proceso de investigación por parte del Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora) y de la Capitanía del Puerto de Barranquilla, durante los meses de septiembre y octubre de 1998, que son las fechas en que fueron suscritos.
23.4. Pese a lo anterior, en el curso de este proceso —que inició en junio de 2000 y fue resuelto en primera instancia mediante fallo de febrero de 2005— no se demostró que el bien que habitaba el señor Álvaro Sánchez Maldonado hubiera sido declarado por alguna autoridad como bien de uso público por estar ubicado, supuestamente, en zona de bajamar.
23.5. Por el contrario, el alcalde municipal, encargado de iniciar acciones cuando se presentan invasiones en bienes de uso público, reconoce al demandante como el habitante del bien inmueble (fl. 19, cdno. 1), al igual que los vecinos de ese sector (fls. 213-215, cdno. 1) y los expertos encargados de determinar la naturaleza y el valor de los daños (fls. 188-191, 230-238, cdno. 1).
23.6. Además, de acuerdo con el plano técnico aportado por los peritos arquitectos (fl. 232, cdno. 1), la ubicación del bien inmueble habitado por el señor Sánchez Maldonado no corresponde a las zonas que la ley define como “terrenos de bajamar”, es decir, “los que se encuentran cubiertos por la máxima marea y quedan descubiertos cuando esta baja”(19), pues se encuentra a una distancia de 30 metros de la playa, mediada por la avenida Malecón, y una distancia de 150 metros del Mar Caribe.
23.7. Por lo tanto, ante la ausencia de una prueba que demuestre que el predio en mención es un bien de uso público, es claro que la tenencia pacífica del bien inmueble por parte del señor Sánchez Maldonado no fue desvirtuada en el proceso, de manera que los daños sufridos por el demandante, en caso de ser imputables a la administración, deberán ser indemnizados por la entidad demandada.
24. Una vez acreditado el daño, es preciso establecer si este resulta imputable al departamento del Atlántico-Secretaría de Obras Públicas, por no haber dispuesto canales de drenaje adecuados en la construcción de la vía al Malecón y, de esta forma, haber provocado el represamiento de las aguas y la posterior inundación del predio antes mencionado.
24.1. A propósito se advierte que, desde el comienzo de la obra, el 22 de mayo de 1998, la Corporación Autónoma Regional le había sugerido a la Gobernación del Atlántico que modificara aspectos técnicos del proyecto vía al Malecón. Específicamente, manifestó que la construcción de dicha vía obstruía el libre paso de las aguas pluviales, pues se estaba alzando la cota natural del terreno. Adicionalmente, criticó la poca capacidad de evacuación de agua de los dos Box Culvert recién instalados y advirtió que esa situación podría causar inundaciones en los sectores aledaños si no se rediseñaba la construcción de estas estructuras (fls. 42-47, cdno. 1):
Pero de acuerdo a lo observado, la lámina de agua, a pesar de no haber comenzado el invierno, es considerable, lo que indica que con un invierno prolongado o aguaceros fuertes la capacidad de los mismos no van a permitir el paso libre de las aguas por los mismos, causando de esta manera desbordes y problemas de inundación de los vecinos más cercanos a la obra. (...).
Se notó la construcción de dos Box Culvert, los cuales poseen una lámina de agua varias horas después de haber llovido, y teniendo en cuenta que el fuerte invierno no ha llegado, es de suponer que la capacidad de los mismos sea insuficiente para evacuar el caudal de agua, que bajo ellos pasan, previéndose inundaciones en la misma carretera y sectores aledaños. Además de lo anterior, no se muestra en detalle si las vías que descargarían en cada uno de los Box Culvert quedan por debajo del nivel de la vía Malecón o si existe alguna obra de drenaje especial, que permita el paso del agua hacia los mismos. (...).
La construcción de esta vía alzará la cota natural del terreno, afectando la normal escorrentía de las aguas superficiales, las cuales pueden ser represadas por esta obra y causar inundaciones en el sector aledaño al mencionado proyecto, trayendo consigo problemas de orden social, ambiental y de salubridad.
Se debe profundizar o en su defecto rediseñar la construcción de los Box Culvert existentes y los que faltan por construir, para evitar represamientos de las aguas lluvia, máxime que con la construcción de esta vía se está obstruyendo el libre paso de las aguas pluviales. (...).
La Gobernación del Atlántico será responsable civilmente ante la Nación y/o tercero por el daño que se causó y/o se continúe causando a los recursos naturales y el medio ambiente, si el proyecto se continúa tal como se tiene concebido, sin las recomendaciones de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico CRA, en este sentido.
24.2. El 6 de julio de 1998 se celebró una reunión entre la Secretaría de Obras Públicas y la Corporación Autónoma Regional del Atlántico, en la que la entidad se comprometió a entregar los planos de los Box Culvert para establecer la capacidad de los mismos. En general, se formularon recomendaciones y se suscribieron unos compromisos para la primera para poder continuar con la construcción de la vía al Malecón (fl. 114, cdno. 1):
Al punto 3. Se concluyó en esta reunión que en su momento había represamiento de aguas por cuanto el Box Culvert ni estaba terminado y el empozamiento por falta de encoles y descoles ya se corrigió. La Secretaría de Obras Públicas hace entrega de los estudios hidráulicos y se compromete a entregar los planos de los Box Culvert a construir, de manera que permitan establecer su capacidad.
Al punto 4 y 5. La Secretaría de Obras Públicas se compromete a redefinir el aspecto ambiental y constructivo del tramo que se señala en los puntos 4 y 5, conocido como la charca, para ello promoverá de ser necesaria la participación de la capitanía de puertos y ampliará el PMA, si se requiere.
Al punto 6: El estudio hidráulico permitirá definir la capacidad y escorrentía de las aguas.
24.3. El 7 de julio de 1998, mediante Concepto Técnico 270 de 1998, la Corporación Regional Autónoma autorizó la continuación de la obra de la vía al Malecón, e insistió en la necesidad de cumplir los compromisos adquiridos por la Secretaría de Obras Públicas (fl. 130, cdno. 1):
En el numeral 3.4 del Concepto Técnico 260-98 reza de la siguiente manera: “La SOPD deberá comprometerse, de forma escrita a efectuar las actividades impuestas en los incisos 1º, 2º, 3º del numeral cuatro del concepto técnico 168-98 y las normas ambientales vigentes, si desea el retiro de los cargos imputados en el Auto 256 del 28 de mayo de 1998. Además la SOPD deberá aportar el estudio hidráulico de la zona, así como los diseños y dimensionamientos de los Box Culvert, cunetas y puentes.
24.4. El 3 de diciembre de 1998, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Barranquilla, que decidió en segunda instancia la acción de tutela que inició el señor Sánchez Maldonado, advirtió la situación de riesgo para los habitantes de Puerto Colombia y solicitó a la Corporación Autónoma Regional que requiriera a la Secretaría de Obras Públicas para que esta adoptara los correctivos necesarios (fls. 39-40, cdno. 1):
Fíjese que ya la CRA [Corporación Autónoma Regional] ha venido realizando seguimiento permanente a la Vía Malecón y ha emitido conceptos técnicos. Incluso, en el estudio teórico que este despacho le ordena a la Corporación Autónoma Regional del Atlántico-Oficina de Gestión Ambiental, sugiere a la Dirección General de la CRA requerir a la SOPD [Secretaría de Obras Públicas Departamentales] para que corrija el represamiento de las aguas lluvias en los alrededores de la Vía Malecón en forma inmediata. (...)
6.3. Solicitar a la Dirección de la Corporación Regional Autónoma del Atlántico (CRA) que tenga en cuenta la sugerencia que hace el doctor Néstor Escorcia, en su Concepto Técnico 523/98, radicación 4465, del 1º de diciembre de 1998, numeral 3.2, y ordene las medidas preventivas del caso, a fin de proteger la salubridad de los habitantes del sector y esté atento a su cumplimiento.
24.5. El 16 de marzo de 1999, en documento técnico, el ingeniero civil Carlos Donado presentó un concepto a la Secretaría de Obras Públicas sobre el diseño hidráulico de la vía al Malecón, y determinó que la zona comprendida entre la carrera 13 con el km. 0+890 y la carrera 15 con el km. 1+270 hasta el km. 1+340 es un área de poca altura y, por lo tanto, es propensa a las inundaciones. Además, indicó las medidas que debían adoptarse para controlar el comportamiento de las aguas de escorrentía por medio de unas tuberías de drenaje y un piedraplén (fls. 124-128, cdno. 1):
Inicialmente, es necesario aclarar que la zona atravesada por la vía en mención es identificada como una zona inundable, más exactamente, la zona comprendida entre la carrera 13 coincidiendo con el K0+890 y la carrera 15 en la abscisa K1+270 e incluso hasta el K1+340. Esta zona, de acuerdo con las mediciones topográficas de alturas y cotas realizadas por la interventoría, quedó definida desde el inicio del proyecto como una zona baja o de baja altura, lo cual explica las inundaciones que siempre se presentan y que por su naturaleza debían tratarse en forma diferente e implementar en el proyecto un manejo especial para el comportamiento de las aguas de escorrentía de este sector. Por esta razón, se decidió proyectar, después del puente, localizado en la abscisa K0+900 una estructura tipo filtro, localizada en la parte inferior del terraplén, la cual estaría compuesta de una primera capa de un espesor de 50 centímetros de piedra con un diámetro entre diez (10) y treinta y cinco (35) centímetros, seguida de una segunda capa de un espesor de 10 centímetros, de un triturado con un diámetro de 2 pulgadas, y esta a su vez, seguida de una tercera y última capa, de un espesor de 5 centímetros de arena; todo lo anterior encapsulado en geotextiles, de la siguiente manera: en la parte inferior se colocaría un geotextil 2400 tejido y sobre la arena, o en la parte superior, un geotextil 2000 no tejido, este último traslapado y cosido en el tejido.
El diseño de la estructura del terraplén a partir del K0+900 hasta el K1+340 es tal que permite el libre flujo de agua superficial, debido a que en sus primeros cincuenta (50) centímetros de altura está contemplada una estructura drenante, conocida en la región como un piedraplén, que permite el paso de aguas de escorrentía superficial y que no altera su comportamiento original. Básicamente, el objetivo trazado con la implementación de este filtro es el de no alterar el comportamiento de las aguas de escorrentía superficial, las cuales en esta zona en particular, debido a la configuración topográfica de esta, generan un empozamiento de aguas, el cual inicia en la parte posterior de los patios de las casas y se extiende en una franja que varía de 10 a 50 metros.
Adicionalmente, en esta zona inundable o zona baja se presenta el siguiente comportamiento de aguas superficiales. Durante algunas horas del día, el flujo de agua intenta ser en el sentido desde los patios hacia el mar, alcanzando solo hasta donde lo permite el ancho de la franja de terreno baja, y en horas de la noche o incluso en épocas de invierno, el flujo de agua cambia su dirección, corriendo desde el mar hacia los patios, llegando hasta el límite de la zona inundable. (...)
Para proyectar la solución hidráulica del proyecto, se estudia cada tramo de la vía por separado y su resultado es expuesto a continuación:
— Las tuberías de veintisiete pulgadas (27”), ubicadas en el K1+180 y el K1+270, coincidiendo esta última con la carrera 15, son precisamente para ayudar a la rápida y oportuna evacuación de las aguas de escorrentía que bajan desde la ladera oriental, pasan por la calle 2 y por distintas carreras llegan a la Vía en referencia en esta abscisa. La corriente de aguas de escorrentía que ingresan desde la calle 2 por drenaje natural y que llegan al K1+180 pasan por los predios de la familia Visbal y las aguas que llegan al K1+270 bajan por la carrera 15.
— También se colocaron tuberías de veintisiete pulgadas (27”) en las abscisas K1+110 y K1+168 con la finalidad de permitir la salida de aguas de escorrentía, solo de los patios de los moradores del sector, los cuales se encuentran, incluso, en algunos casos, a una cota más baja que la franja ubicada entre la vía y la playa, identificada como zona inundable. La solución en particular de estos casos puntuales, en donde la parte posterior de los patios de las casas estén a una cota inferior a la de la zona inundable, estaría representada por la existencia de las tuberías de drenaje colocadas y un relleno, obligado, de los patios bajos. Por esta razón, pensar solamente en colocar estos tubos conllevaría a funcionar el sistema de drenaje en dos sentidos: desde los patios o de algunos de estos hacia la playa y viceversa. Todo esto obliga a tener en cuenta un trabajo participativo de la Secretaría de Obras Públicas de la Gobernación del Atlántico, construyendo los sistemas de drenaje definidos y necesarios y los propietarios de la parte posterior de los patios de las casas que estén más bajos que la zona definida como zona inundable.
25. De lo anterior se desprende que desde mayo de 1998 la Secretaría de Obras Públicas del departamento del Atlántico tenía conocimiento de la situación de riesgo para los habitantes de los predios aledaños a la vía al Malecón del municipio de Puerto Colombia, entre ellos el demandante, debido a un represamiento de las aguas lluvias que podía degenerar en la inundación de dichos terrenos. Así se lo advirtieron la Corporación Autónoma Regional, el ingeniero Carlos Donado y el Juzgado Primero Penal del Circuito de Barranquilla, que conoció en segunda instancia de la acción de tutela interpuesta por el señor Sánchez Maldonado.
26. Con el objeto de determinar la responsabilidad de la entidad por la inundación del 29 de octubre de 1999 en Puerto Colombia, es necesario establecer la causa principal de la inundación, es decir, si esta se debió a la negligencia de la entidad al hacer caso omiso de las advertencias de las autoridades y las recomendaciones de los expertos, o si se produjo por circunstancias externas y ajenas al Departamento del Atlántico.
26.1. Al respecto, los peritos Luis Fernando Rodríguez y Martín Eduardo Mestre manifestaron que la construcción de la vía al Malecón implicó un levantamiento del terreno de 2,50 metros de altura, de manera que en las zonas aledañas a la vía las aguas se estancaron, se represaron y, por la acción de la lluvia, se desbordaron y causaron daños a las viviendas. De igual forma indicaron que la solución ofrecida por la Secretaría de Obras Públicas, esto es, la disposición de un canal paralelo a la vía, no fue la adecuada, como lo demuestra su posterior clausura (fls. 232-233, cdno. 1):
Como se aduce en los hechos de la demanda, es cierto que antes de la construcción del Malecón, las aguas lluvias corrían directamente hacia el mar en dirección Oeste-Este y se puede ver a simple vista remitiéndonos al corte transversal(20) que aportamos en nuestro experticio.
Al elevar la rasante de la avenida al Malecón en un promedio de 2.50 mts de altura, la aguas lluvias tuvieron un represamiento para efectuar su salida libre al mar produciéndose inundaciones y estancamientos, con las graves consecuencias o los perjuicios que esto ocasiona a los afectados.
La solución técnica inicial a este grave problema, como fue la de un canal paralelo a la vía Malecón, consideramos que no fue la adecuada y así se demostró cuando ocurrió el desbordamiento del Arroyo Grande porque el canal que fue diseñado como desagüe de las viviendas aledañas, se constituyó en desagüe del Arroyo Grande, teniendo como objeto la situación ya planteada del desbordamiento del día 28 de octubre de 2009 y los perjuicios ya causados en el inmueble en mención y como consecuencia de lo anterior y como una demostración que no era la solución técnica adecuada, la Secretaría de Obras Públicas Municipales procedió al cierre definitivo del canal, por lo que hoy no se puede apreciar pero sí se observa en la fotografía que se adjunta, aportada por el demandante.
Como solución dada posteriormente se construyó el Box Culvert al frente en donde desemboca la carrera 12, el cual permite que el agua fluya directamente hacia la playa y el mar, y se evita que el represamiento de las aguas se vuelva a repetir, evitando así que se produzcan daños y perjuicios a las propiedades vecinas.
El inmueble motivo del presente proceso en relación con la vía el Malecón, los Box Culvert y el canal de drenaje que ya fue clausurado, sí es un sujeto pasivo directo de cualquier desbordamiento de las aguas, debido a que su cota mínima de desnivel es la misma de la cota de desnivel del gran canal que se ha formado entre la avenida el Malecón y las paredes de las viviendas paralelas a esta vía, por lo que los predios vecinos deberán ser rellenados para elevar la cota de nivel con relación del gran canal natural.
26.2. A su vez, el ingeniero civil Manuel María Alvarado Ortega, quien participó en la ejecución de la obra, afirmó que si bien la construcción de la vía al Malecón contribuyó a la retención del agua, hubo varias causas que generaron la inundación (fls. 159-161, cdno. 1):
El cauce del arroyo grande presenta sección hidráulica insuficiente, esto quiere decir que no es capaz de transportar los caudales grandes que se presentan y adicionalmente como se han presentado invasiones de construcción han confinado su planicie de inundación. Como además los diques contra inundaciones son de muy bajas especificaciones, fácilmente se presentan desbordamientos durante las crecientes. Esto referido a la situación del año 1999, porque en este momento no tengo idea de la situación. Otro aspecto negativo que existe con respecto a la sección hidráulica que en los sitios de cruces de vías en el sector en el acceso a Puerto Colombia y al estadio son estructuras pequeñas con capacidad insuficiente para el tránsito de una creciente. Toda esta situación se agrava debido a que el cauce del arroyo está siempre lleno de maleza y basuras, con lo cual al llegar una inundación la situación se vuelve más peligrosa. Esta situación se debe también a que en la población de Puerto Colombia no existe planeación urbana (...)
Yo recalco que el Arroyo Grande no tenía la capacidad hidráulica suficiente ni las obras de protección requeridas para permitir los desbordamientos desde aguas hacia arriba. Adicionalmente desconocimos la hora en que se presentó la creciente para definir la condición de la marea, y además la obra de la vía al Malecón contribuyó de alguna manera a retener el agua. Sumando todos estos efectos y teniendo en cuenta la ubicación de viviendas se presentaron inundaciones que los afectaron (...)
En el documento que presentamos la causa de la inundación no está únicamente referida a la construcción de la vía del Malecón sino que son varias causas como se explicaron anteriormente: como falta de planeación urbana, desbordamiento del cauce por obras de protección, acciones mal concebidas, viviendas dentro del cauce y la construcción de la vía del Malecón.
26.3. Por su parte, el Instituto de Estudios Hidráulicos y Ambientales de la Universidad del Norte identificó diversas causas de la inundación en dos grandes sectores del municipio de Puerto Colombia: los procesos de erosión en las márgenes del arroyo, la falta de mantenimiento preventivo de las estructuras de drenaje y la construcción de casas en zonas bajas cercanas a la playa (fls. 166-169, cdno. 1):
Los arroyos que drenan por el sector urbano de Puerto Colombia hacen parte de una sola cuenca de drenaje, cuyo cauce principal se denomina Arroyo Grande. Esta cuenca se encuentra delimitada por el sistema de colinas bajas, con elevaciones máximas de 100 msnm que rodean la población (...) Su fisiografía se caracteriza por presentar pendientes del 2.5%, que producen una respuesta rápida al escurrimiento de las lluvias. Por cálculos preliminares se pudo determinar que el evento lluvioso generó un caudal total de 100 m3/s, los cuales se distribuyen de la siguiente manera: 20% (Vuelta del Oso) y el 80% (San Carlos).
Sitio 1: Arroyo Grande - Sector San Carlos
Se puede concluir que el efecto de ampliación del cauce no asegura un mejor funcionamiento del sistema, dado que las estructuras de drenaje construidas bajo las vías, hacia aguas abajo y aguas arriba del sector de los dragados, tienen capacidad hidráulica inferior. (...)
Adicionalmente en la entrada y salida del Box Culvert se observan procesos de erosión sobre la margen izquierda, los cuales se pueden incrementar durante las futuras crecientes, por las características de los suelos arenosos que constituyen el cauce. Con esta condición se debe considerar la construcción de obras de protección en la entrada y salida del Box Culvert.
Sitio 2: Arroyo Grande - Sector Vuelta del Oso
El cauce del arroyo presenta una sección hidráulica insuficiente, la cual se encuentra parcialmente ocupada por la construcción de viviendas que, además, gradualmente han reducido y confinado su planicie de inundación. No se han respetado los retiros mínimos o anchos de ronda permisibles, alterándose a la vez su alineamiento natural.
Debido al desarrollo urbanístico reciente, se han construido estructuras de drenaje vial, sin tener en cuenta ningún criterio hidráulico. En la intersección del arroyo con la calle principal y calle 10, existen dos Box Culvert, los cuales presentan sección insuficiente y alineamiento forzado. Esta condición se agrava debido a la falta de mantenimiento preventivo, incrementando así los niveles y duración de inundaciones.
Problema de inundaciones en las zonas adyacentes a la línea de costa
Las áreas adyacentes a la playa corresponden por su naturaleza a zonas bajas, sujetas a las inundaciones periódicas del mar, por efecto de la marea y el oleaje. Estas zonas a su vez reciben el drenaje de las zonas altas, funcionando como áreas de amortiguación, donde se induce un patrón de drenaje difuso. Estas franjas han sido recientemente invadidas por la construcción de viviendas y una vía paralela a la playa, que actúa como barrera. Consideramos que estas actuaciones del hombre han impactado negativamente el sistema.
26.4. Por su parte, el señor Álvaro José Adie Candil, que dirigió la obra vía al Malecón, aunque señala que en la construcción de tomaron todas las precauciones del caso, reconoce que esta “pudo ser mejor diseñada” y que fue “inconclusa y con muchos errores” (fls. 162-163, cdno. 1):
La vía al Malecón genera una mortificación visual a los vecinos de la vía, tanto que la vía fue construida a dos metros de altura sobre el nivel de la playa. Sin embargo, antes de la construcción se tomaron niveles de terreno inicial que nos mostraba que los patios vecinos a la vía se encontraba un poco debajo del nivel de la playa. Al construir la vía es inevitable generar un impacto ambiental y lo lógico es que se tomen las medidas pertinentes para evitar cualquier complicación.
Preguntado: Tuvo conocimiento usted de algunas advertencias técnicas por parte de algunas autoridades administrativas o vecinos del sector sobre los riesgos que implicaba seguir ejecutando la obra. Contestó: Conocimiento expreso dirigido hacia mí de alguna entidad administrativa, no conozco. Sin embargo luego de algunas lluvias vecinos del sector me comunicaron su inquietud acerca de posibles inundaciones la cual transmití a los directivos de mi empresa con la cual yo trabajaba para que la hiciera lo propio con la gobernación. (...).
Durante el tiempo que dirigí la obra del Malecón se presentaron lluvias no muy fuertes que generaron pequeñas inundaciones muy normales. Nunca se presentaron desastres de gran magnitud durante mi estadía en la obra, que yo recuerde. (...)
Simplemente que la obra el Malecón en mi parecer pudo ser mejor diseñada. Considero que es una obra, como la ciudadanía se ha dado cuenta, que es inconclusa y con muchos errores.
26.5. Por su parte, algunos vecinos de los sectores afectados afirman que antes de que se hiciera la vía al Malecón no se había presentado en la zona una inundación de esas proporciones. Por ejemplo, José Luis Suárez Jiménez sostuvo en su declaración (fls. 213-214, cdno. 1):
Preguntado: Informe al despacho si sabe las circunstancias que generaron o que pudieron ser generadoras de las inundaciones a los inmuebles ubicados en el sector comprendido entre carrera 10C y 13 denominada vía Malecón de este municipio. Contestó: A mi entender el único factor diferente a la estructura física de Puerto Colombia era el Malecón, era lo único nuevo que había en el recorrido de las aguas lluvias y según lo manifestado por vecinos más cercanos al Malecón se da a entender que la aparición del malecón en el curso que corrían las aguas fue lo que la represó a tal punto de inundar las viviendas. (...).
26.6. En el mismo sentido, la señora Blanca Diva Gaviria Wolf, afectada directamente por estos hechos, afirmó (fl. 215, cdno. 1):
Considero que todo se debió al Malecón (...) los vecinos le advirtieron a los ingenieros que iba a ver un desastre porque las aguas estaban estancándose a un trabajo mal hecho de ellos mismos, los ingenieros no tuvieron en cuenta ni pararon atención a lo que se le decía por eso se presentó lo que se presentó incluso ellos fueron víctimas porque por el cemento y otros implementos que tenían allí se le dañaron.
Preguntado: Informe al despacho si con anterioridad a la construcción del Malecón se había producido ante la ola invernal que se sucede anualmente inundaciones similares en los inmuebles de las residencias del sector. Contestó: No. Todo fue causado por el Malecón nunca había pasado eso. Preguntado: Con posterioridad a la inundación precedentemente señalada se ha producido en el sector inundaciones similares. Contestó: No, en el invierno pasado no sucedió eso, porque después de eso ellos construyeron como un canal para desaguar, ellos mismos.
27. El análisis conjunto de estos medios de prueba permite observar, por lo menos, dos lecturas de los hechos: por una parte, se afirma que la obra vía al Malecón, al haber levantado el terreno y no disponer de las estructuras necesarias para un drenaje adecuado de las aguas, fue la causante directa de la inundación que afectó, entre otras, la vivienda del señor Sánchez Maldonado; de otro lado, se sostiene que la inundación se produjo por diversas causas ajenas al departamento del Atlántico, y que se adoptaron los correctivos necesarios para evitar este desastre.
28. La Sala advierte, en primer lugar, que las recomendaciones que en su momento hizo la corporación regional autónoma, los reclamos de la comunidad, las advertencias del ingeniero Carlos Donado y el llamado de atención del Juzgado Primero Penal del Circuito de Barranquilla, fueron desoídas por la Secretaría de Obras Públicas del departamento, pese a que la entidad se había comprometido a adoptar las medidas necesarias para evitar el represamiento de las aguas, el desbordamiento del arroyo y la posible inundación de las zonas aledañas a la obra.
28.1. Nótese que incluso después de adquiridos estos compromisos, se le advirtió a la Secretaría de Obras Públicas que las estructuras previstas para el drenaje de las aguas eran insuficientes, pues los Box Culvert no eran idóneos para permitir el flujo normal de las aguas de escorrentía, que superaban su capacidad, y el canal dispuesto de manera paralela a la vía tampoco ofreció la solución esperada, como lo demuestra el hecho de que se debió replantear esa estrategia con posterioridad a los hechos.
28.2. Es claro que se desatendieron las advertencias de los expertos y las voces de la comunidad porque, como se temía, las aguas lluvias no encontraron una vía para correr hacia el mar sino que incrementaron el caudal del Arroyo Grande, de manera que las zonas adyacentes, por estar situadas a una altura inferior, recogieron las aguas hasta que estas superaron su capacidad y se desbordaron sobre las viviendas.
28.3. Incluso después de ocurridos los hechos eran evidentes las fallas estructurales que presentaba la Vía al Malecón, como bien lo manifestó el Instituto de Estudios Hidráulicos y Ambientales de la Universidad del Norte: la capacidad hidráulica inferior de las estructuras de drenaje; la necesidad de construir mecanismos de protección a la entrada y salida de los Box Culvert, debido a la erosión de las riberas del arroyo, y lo inadecuado de los mecanismos viales de conducción de fluidos.
29. En segundo lugar, la Sala encuentra que, en efecto, las causas de la inundación del 28 de octubre de 1999 fueron diversas. En general, en el proceso se registran serios cuestionamientos sobre la idoneidad y la sostenibilidad de la política pública ambiental, urbanística, de salubridad y de prevención de desastres del municipio de Puerto Colombia. Ya los estudiosos han reiterado la desatención de la erosión de las riberas, la falta de mantenimiento de las estructuras de drenaje y la construcción de viviendas en zonas propensas a la inundación.
29.1. Sobre este argumento el tribunal sustentó la sentencia de primera instancia, luego de considerar que estas omisiones eran atribuibles a las autoridades ambientales y, en especial, al municipio de Puerto Colombia.
29.2. Sin embargo, es claro que la Secretaría de Obras Públicas, pese a tener conocimiento de la precariedad de la política pública, de los riesgos para la población y del impacto que la obra podía tener sobre la misma, pues conocía las condiciones técnicas, ambientales y poblacionales de la zona en que se quería ejecutar la obra, siguió adelante con el proyecto. Y no solo no suspendió su ejecución para solicitar o para implementar los correctivos necesarios, sino que agravó la situación de riesgo al levantar el terreno por encima de los predios circundantes y al no prever sistemas de drenaje adecuados ni reemplazar o modificar los existentes.
29.3. Se ha sugerido además que el demandante y los demás afectados por la inundación eran invasores ilegales de terrenos de bajamar que, por lo tanto, están llamados a soportar los daños causados por el agua, pues se expusieron voluntariamente a ese riesgo. Pero ese argumento no tiene prosperidad alguna por varias razones: como ya se señaló, la naturaleza de bien de uso público del predio ocupado por el actor no se demostró en el proceso, de manera que la tenencia —probada por varios medios de prueba— no fue desvirtuada; por otra parte, el hecho de que las autoridades pertinentes no hayan regulado y controlado el uso del suelo en Puerto Colombia no significa que los habitantes deban soportar estoicamente unos daños ocurridos en el ejercicio de una tenencia que suponen legal y sobre la cual pesa una expectativa legítima; además, si la Secretaría de Obras Públicas preveía que los predios adyacentes a la vía al Malecón estaban ubicados en una zona de bajamar y, por lo tanto, corrían el riesgo de verse afectados por la creciente de las aguas, debió frenar la ejecución de la obra hasta tanto no se conjurara dicha amenaza e impulsar la normalización del uso del suelo; finalmente, si la entidad advertía la supuesta irregularidad de los predios y, por ende, los peligros a los que estaban expuestos sus habitantes, y no obstante ello decidió continuar con el proyecto, debió disponer unos mecanismos de drenaje que evitaran el represamiento de las aguas y las inundaciones, como ya se lo habían recomendado los expertos y la misma comunidad.
30. Al no adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los habitantes del municipio de Puerto Colombia, pese a contar con el conocimiento técnico, los recursos y el personal necesarios para evitar que el riesgo conocido se concretara en un daño, la Secretaría de Obras Públicas, que hace parte del departamento del Atlántico, incurrió en una falla en el servicio por incumplimiento de sus deberes constitucionales.
30.1. Sobre los deberes de las autoridades públicas, el inciso segundo del artículo 2º de la Constitución Política consagra:
30.2. Y en relación con las funciones de los departamentos, el artículo 298 superior establece:
31. En conclusión, al estar plenamente demostrada la responsabilidad del departamento del Atlántico-Secretaría de Obras Públicas debido a la omisión en que incurrió al no adoptar medidas tendientes a proteger a la población de Puerto Colombia, se revocará el fallo de primera instancia que denegó las súplicas de la demanda y se procederá a la liquidación de los perjuicios a indemnizar.
32. En el escrito de demanda, el señor Sánchez Maldonado realizó la siguiente estimación de los perjuicios sufridos (fl. 10, cdno. 1):
1. En bienes inmuebles:
a) Daño en paredes, pisos y cimientos $ 5.856.000
b) Cerramiento por inundación $ 500.000
c) Instalaciones eléctricas $ 697.800
Subtotal $ 7.073.800
2. En bienes muebles:
a) Vehículos $ 13.019.958
b) Muebles (sala, comedor, alcoba, estudio) $ 2.000.000
c) Cocina $ 10.000.000
d) Computador portátil $ 4.577.524
e) Electrodomésticos $ 500.000
Subtotal $ 30.097.482
Gran total $ 37.171.282
33. En relación con los daños sobre la estructura del bien inmueble, la Sala observa dos estimaciones distintas. La primera es la del dictamen pericial presentado por los arquitectos Rodríguez y Mestre, que señala el valor de las reparaciones locativas por un total de $ 8.127.000 (fl. 233, cdno. 1).
33.1. La segunda estimación se obtiene al sumar el costo de reparación fijado por el maestro constructor Fidel Sánchez(21) ($ 5.856.000) (fl. 79, cdno. 1) y el valor de la restauración del sistema eléctrico, calculado por el técnico electricista Herbert Cervantes Bedoya ($ 697.800) (fl. 82, cdno. 1), para un total de $ 6.553.800.
33.2. La Sala acogerá esta última estimación dado que cuenta con una mayor especificidad de las obras realizadas, los materiales empleados y el costo de la mano de obra. Se aclara que esta suma no supera el valor de lo solicitado en la demanda(22), de modo que no se decide extra petita.
33.3. La actualización de esta suma según la fórmula Va x IPC final/IPC inicial, siendo Va el valor a actualizar ($ 6.553.800), IPC final el índice de la serie de empalme del mes anterior a la liquidación (117,09)(23), y el IPC inicial el índice de la serie de empalme de la fecha de las cuentas de cobro (56,70)(24), arroja un total de $ 13.534.117.
33.4. Aunque en la experticia de los arquitectos se avalúa el inmueble ($ 188.076.600) y se estima el valor del relleno compactado del lote para alzar su nivel ($ 13.793.132,50) y el alzamiento de las áreas sociales para obtener una vista al mar ($ 110.000.000), estos conceptos se denegarán porque el inmueble no se destruyó completamente y porque son gastos de mejoras del predio que corresponden al demandante.
34. Ahora bien, para determinar los daños ocasionados a los muebles y enseres, la Sala acude al dictamen pericial de los contadores públicos Máximo Henríquez y Julio Martínez, que los estimaron así (fls. 189-190, cdno. 1):
— Valor del computador portátil Asentia Sdram 32 mb, D.D 4,0 GB por $ 3.980.460 más $ 597.069, para un total de $ 4.577.529, siendo firmada la cotización por Hugo Guzmán Serge, gerente de DataNET.
— Cocina integral, importada de la ciudad de Miami, Estado F1, el 21 de marzo de 1999, por un valor de US $ 3.696,74, multiplicada por la tasa de cambio de ese día, igual a $ 1.546,77, arroja un valor de $ 5.718.006.
— Gastos de nacionalización consistentes en mueble integral para cocina, por $ 2.670.687; certificación firmada por Pedro María López (...)
— Cuenta de cobro de las reparaciones mecánicas a todo costo llevadas a cabo en el automóvil marca Mazda, línea 626 KLX, modelo 1989, placas QAL652, por valor de $ 6.201.958, firmada por Camilo García Escorcia (...)
— Cuenta de cobro de las reparaciones mecánicas a todo costo, llevadas a cabo en el automóvil Volkswagen, línea Escarabajo 1300, modelo 1973, placas PAI, por valor de $ 2.210.000, firmada por Tito Daniel Vásquez (...)
— Repuestos para el automóvil Honda Accord, modelo 1982, con placas AOJ, por valor de $ 4.608.000, firmada por Myriam Calderón (...)
34.1. En lo concerniente a los vehículos, se observa que en el proceso obran las tarjetas de propiedad de los automóviles marca Mazda (fl. 63, cdno. 1), Honda Accord (fl. 64, cdno. 1) y Volkswagen (fl. 65, cdno. 1), y que estas registran las placas mencionadas en el dictamen pericial. Además se advierte en las fotografías aportadas por la señora Blanca Diva Gaviria Wolff que los vehículos resultaron afectados por la inundación (fl. 62, cdno. 1). Finalmente, los costos de reparación consignados en la experticia coinciden con las cotizaciones entregadas por los talleres de mecánica (fls. 78, 80-81, cdno. 1). La suma de la restauración de los tres vehículos asciende a $ 13.019.958.
34.2. Este monto se actualizará según la fórmula Va x IPC final / IPC inicial, siendo Va el valor a actualizar ($ 13.019.958), IPC final el índice de la serie de empalme del mes anterior a la liquidación (117,09)(25), y el IPC inicial el índice de la serie de empalme de la fecha de las cotizaciones (56,70)(26). Como resultado, se obtiene un valor de $ 28.887.246.
34.3. En relación con el mobiliario (sala, comedor, alcoba, estudio), cuyo costo de reparación o compra el demandante calcula en $ 2.000.000, la Sala considera que al tratarse de un inmueble habitado debía contar con los muebles y enseres mínimos para su habitación en condiciones de normalidad. No obstante, dado que faltan los elementos objetivos para calcular la indemnización debida por este concepto, se deberá aplicar el artículo 172 del Código Contencioso Administrativo, que permite fijar las condenas en abstracto.
34.4. La respectiva liquidación deberá hacerse en el trámite incidental de que trata el artículo 307 del Código de Procedimiento Civil, de acuerdo con un dictamen técnico rendido por un contador público que, a partir de las pruebas que deberá aportar el demandante, certifique el tipo, número y características de los muebles perdidos o deteriorados en la inundación del 28 de octubre de 1999, y formule una estimación razonable de su valor actual. El valor estimado no podrá superar lo que se solicitó en la demanda. Para promover el incidente, se otorga a la parte interesada un término de 60 días contados a partir de la ejecutoria de esta decisión.
34.5. En el caso de la cocina integral, se allegó al plenario la factura de compra por un valor de USD$ 3.696,74 (fls. 67-70, cdno. 1) y el certificado de los costos de importación del producto por un total de $ 2.670.000 (fl. 72, cdno. 1), con los respectivos soportes (fls. 73-76, cdno. 1). Sin embargo, se desconoce si el señor Sánchez Maldonado contaba con una cocina similar antes de la inundación y, sobre todo, si esta se dañó o se deterioró por la acción de las aguas lluvia. Por eso, ante la ausencia de prueba de la preexistencia del bien, se denegará la indemnización por ese concepto.
34.6. En las fotografías aportadas por el demandante (fl. 62, cdno. 1) se puede ver un computador portátil parcialmente destruido por el agua y el lodo. Sin embargo, se ignora la marca y las particularidades de la máquina, y en especial, si se trata de un computador con iguales características al descrito en la cotización aportada por la empresa DataNET (fl. 77, cdno. 1) y el informe pericial de los contadores públicos (fl. 189, cdno. 1), y cuyo valor fue estimado en $ 4.577.529. Por lo tanto, al no estar probado que el equipo averiado corresponde a uno igual o similar al cotizado, se denegará toda indemnización por ese concepto.
34.7. La solicitud de reparación de los electrodomésticos presuntamente deteriorados, que el actor estima en $ 500.000, se denegará por falta de prueba de la existencia de los mismos.
34.8. En suma, la entidad demandada deberá indemnizar al señor Álvaro Sánchez Maldonado, como indemnización por los perjuicios materiales causados en la modalidad de daño emergente, la suma de $ 42.421.363.
35. Finalmente, en relación con los perjuicios morales, es necesario recordar que, si bien el Consejo de Estado ha señalado que es posible derivar los perjuicios morales de situaciones diferentes a la pérdida de seres queridos o por lesiones personales (por ejemplo, por la pérdida de bienes, incumplimiento de obligaciones o defectuoso funcionamiento de la administración de justicia), está reparación está sujeta a la existencia de pruebas que acrediten tales perjuicios, pues no es dado presumirlos(27).
35.1. En concreto, la corporación ha manifestado:
El desarrollo del tema en la jurisprudencia nacional ha ido en evolución, al punto que hoy se admite inclusive la posibilidad de reclamar indemnización por los perjuicios morales causados por el daño o pérdida de las cosas, a condición de demostrar plenamente su existencia, pues tal perjuicio no se presume(28).
35.2. En consecuencia, se negará la reparación por ese concepto, pues no está probado que el deterioro de su vivienda y la destrucción de sus muebles y enseres le haya generado un dolor moral al demandante.
36. No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia una actuación temeraria de ninguna de las partes, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se proceda de esta forma.
REVOCAR la sentencia del 10 de febrero de 2005, dictada por el Tribunal Administrativo del Atlántico, y en su lugar dispone:
1. DECLARAR responsable administrativa y patrimonialmente al departamento del Atlántico-Secretaría de Obras Públicas por los daños causados a los bienes del señor Álvaro Sánchez Maldonado.
2. CONDENAR al departamento del Atlántico-Secretaría de Obras Públicas a pagar, por concepto de reparación de daños materiales en la modalidad de daño emergente, a favor del señor Álvaro Sánchez Maldonado, la suma de $ 42.421.363.
3. CONDENAR al departamento del Atlántico-Secretaría de Obras Públicas a pagar, a favor del señor Álvaro Sánchez Maldonado, por concepto de reparación del daño causado sobre sus bienes muebles, el valor que resulte del trámite incidental previsto en el artículo 307 del Código de Procedimiento Civil, que deberá realizarse en los términos señalados en este fallo, y para el cual se otorga a la parte interesada un término de 60 días contados a partir de la ejecutoria de esta sentencia.
(1) En la demanda presentada el 21 de junio de 2000, la pretensión de mayor valor, correspondiente a la solicitud de indemnización del perjuicio material a favor de Álvaro Sánchez Maldonado, fue estimada en $ 41.171.282 (fl. 16, cdno. 1). Por estar vigente al momento de interposición del recurso de apelación (abr. 5/2005) se aplica el artículo 2º del Decreto 597 de 1988, que modificó el numeral 10 del artículo 132 del Código Contencioso Administrativo, según el cual la cuantía necesaria para que un proceso de reparación directa iniciado en 2000 fuera de doble instancia, debía ser superior a $ 36.950.000.
(5) Esta tenencia pacífica del inmueble se infiere de las declaraciones de Blanca Diva Gaviria Wolf (fl. 225, cdno. 1) y José Luis Suárez Jiménez (fls. 213-214, cdno. 1) vecinos del actor, y del certificado del Alcalde Municipal de Puerto Colombia, en el que se señala que el demandante residía en una de las zonas afectadas (fl. 19, cdno. 1).
(6) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de febrero de 2013, expediente 27959, C.P. (E) Danilo Rojas Betancourth; sentencia de 21 de marzo de 2012, expediente 24250, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; sentencia de 16 de abril de 2007, expediente AG-250002325000200200025-02, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.
(7) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 16 de abril de 2007, expediente AG-25000-23-25-000-2002-00025-02, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; sentencia de 10 de marzo de 2011, expediente 15666, C.P. Danilo Rojas Betancourth, entre otras.
(8) Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de 28 de agosto de 2013, expediente 25022, C.P. Enrique Gil Botero.
(9) Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de 28 de octubre de 2013, expediente 27954, C.P. Ramiro Pazos Guerrero.
(10) Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 15 de abril de 2010, expediente 2005-02808-01(AP) C.P. María Claudia Rojas Lasso.
(11) Esta corporación ha considerado que las fotografías carecen de valor probatorio si no hay certeza de que la imagen registrada corresponde a los hechos alegados en la demanda, salvo que hayan sido reconocidas o ratificadas. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 5 de diciembre de 2006, expediente 28459, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; sentencia de 28 de julio de 2005, expediente 14998, C.P. María Elena Giraldo Gómez; sentencia de 3 de febrero de 2010, expediente 18034, C.P. Enrique Gil Botero.
(12) El Código de Procedimiento Civil, en el artículo 251, considera como documentos los escritos, impresos, planos, dibujos, cuadros, fotografías, cintas cinematográficas, discos, grabaciones magnetofónicas, radiografías, talones, contraseñas, cupones, etiquetas, sellos y, en general, todo objeto mueble que tenga carácter representativo o declarativo, y las inscripciones en lápidas, monumentos, edificios o similares. Esta corporación ha dicho que las grabaciones audiovisuales son “pruebas documentales mixtas” que contienen escenas o imágenes visuales y relatos de voz, por lo que son susceptibles de valoración. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 3 de julio de 2009, expediente 2007-00364-02, C.P. Mauricio Torres Cuervo.
(13) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 21 de junio de 2007, expediente 25627, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez; sentencia de 10 de junio de 2009, expediente 18108, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; sentencia de 10 de marzo de 2011, expediente 20099, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.
(14) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 11 de agosto de 2011, expediente 20325, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
(15) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 25 de julio de 2011, expediente 19434, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; sentencia de 19 de octubre de 2011, expediente 20861, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; sentencia de 15 de febrero de 2012, expediente 20880, C.P. Olga Mélida Valle de De la Hoz.
(16) Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de 29 de mayo de 2012, expediente 110010315000201101378-00, C.P. Susana Buitrago Valencia.
(17) Este planteamiento acerca del valor indiciario de los recortes de prensa fue objeto de aclaración de voto de los magistrados Stella Conto Díaz del Castillo y Danilo Rojas Betancourth, en estos términos: “Centralmente debe advertirse que, en determinados eventos, atendiendo, verbi gratia, a la naturaleza de la noticia, el espectro de difusión y la calidad de los medios que la comunicaron, puede el juez considerar que se trata de un hecho notorio que no requiere prueba adicional, pues las notas periodísticas otorgan esa naturaleza. Es que, por ejemplo, casos como desastres naturales de repercusión nacional que son registrados en detalle por todos los medios de comunicación no podrían recibir el mismo trato, ni tampoco debería aplicarse la jurisprudencia vigente para hechos que impactan al colectivo en general y por lo mismo son registrados por la opinión pública hasta convertirse en temas de discusión en cualquier foro social. Por tanto, el llamado de la presente aclaración tiene por objeto morigerar el precedente vigente para que en cada caso el juez, orientado por su sana crítica, pueda darle a las notas e informaciones periodísticas un alcance superior al de la simple veracidad de su sola difusión y pueda, dependiendo del sub judice, tener el hecho como notorio y por lo mismo relevarlo de cualquier exigencia de prueba adicional, estimando entonces cierto el contenido que a nivel nacional registren los medios de comunicación, atendiendo también a su grado de credibilidad social”.
(18) Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Liakat Ali Alibux vs. Suriname, sentencia de 30 de enero de 2014, serie C 276, párr. 27; Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, sentencia de 21 de julio de 1989, serie C 7, párr. 146; Caso J. vs. Perú, sentencia de 27 de noviembre de 2013, serie C 275, párr. 41.
(19) Decreto 2324 de 1984, “por el cual se reorganiza la Dirección General Marítima y Portuaria”. Artículo 167.4.
(20) Se refiere a un plano técnico adjunto al dictamen (fl. 232, cdno. 1).
(21) Se advierte que lo pedido por concepto de “cerramiento por inundación” ($ 500.000) está incluido en la cotización del maestro constructor (fl. 79, cdno. 1).
(22) Al actualizar lo solicitado por ese concepto ($ 7.073.800) de acuerdo con la fórmula ya mencionada, se obtiene una suma de $ 14.677.853.
(23) IPC de julio de 2014.
(24) IPC de noviembre de 1999.
(25) IPC de julio de 2014.
(26) IPC de noviembre de 1999.
(27) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 5 de octubre de 1989, expediente 5320, C.P. Gustavo de Greiff Restrepo; sentencia de 11 de noviembre de 2009, expediente 17119, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
(28) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 9 de noviembre de 1994, expediente 9367, C.P. Carlos Betancur Jaramillo; sentencia de 11 de noviembre de 1999, expediente 12652, C.P. Jesús María Carrillo Ballesteros; sentencia de 13 de abril de 2000, expediente 11892, C.P. Ricardo Hoyos Duque, entre otras.