Source: https://www.iurisprudente.com/2018/10/
Timestamp: 2019-09-17 08:29:33
Document Index: 111566225

Matched Legal Cases: ['artículo 675', 'artículo 272', 'artículo 1060', 'artículo 1060', 'artículo 98', 'artículo 98', 'artículo 166', 'artículo 290']

Iuris Prudente: octubre 2018
La Resolución DGRN de 25 de enero de 2019 declara que el legatario de la participación que corresponde al cónyuge premuerto en un bien ganancial determinado no debe consentir la liquidación del consorcio conyugal entre la viuda y el único heredero, pues sus derechos quedan sujetos a la expectativa de que el bien concreto sea adjudicado a la herencia del cónyuge que ha efectuado el legado.
La Resolución DGRN de 3 de julio de 2019 aborda un supuesto en que el testador legaba a su esposa un derecho de usufructo universal de su herencia, con facultades para disponer de los bienes a título oneroso e inter vivos y en caso de necesidad, que podría apreciar libremente, e instituyó herederos a dos hermanos suyos, designándolos nominativamente. La viuda se adjudica un bien de la herencia (al parecer el único bien de esta), de carácter ganancial, haciéndolo en una mitad indivisa a cuenta de su participación en la disuelta sociedad de gananciales y en la otra mitad, por título de herencia, conforme a la atribución realizada a su favor en el testamento. La calificación registral exigía para la inscripción el consentimiento de los herederos nudo propietarios del esposo. El notario autorizante de la escritura alega en el recurso que la figura equivale a un fideicomiso de residuo, recordando las opiniones doctrinales sobre el pseudo-usufructo testamentario. La DGRN, sin dejar de reconocer el debate doctrinal sobre esta figura, considera que en la interpretación del testamento debe prevalecer una interpretación literal (artículo 675 del Código Civil) y que, siendo el testamento notarial, esto debe complementarse con una interpretación conforme al sentido técnico de las palabras, lo que le lleva a cuestionar la equiparación del usufructo con facultades de disposición a un fideicomiso de residuo. Recuerda también la DGRN la jurisprudencia reciente sobre que el usufructuario universal no es heredero. Y, en el caso, cuestiona que estuviéramos ante un verdadero pseudo-usufructo por ser los herederos determinados y actuales (los hermanos del testador). Todo ello le lleva a negar la inscripción de la escritura (asumiéndose que, de haber sido un verdadero fideicomiso de residuo, sí hubiera sido inscribible). Apunta, no obstante, la DGRN posibilidades como que la viuda pudiera disponer del bien sin una previa adjudicación o que se pudiera inscribir el legado a su favor acreditando que poseía el bien antes de la apertura de la sucesión, lo cual podría realizarse por acta de notoriedad.
De esta doctrina se extrae que, para la DGRN, el usufructuario universal con facultades dispositivas carece de facultades particionales por sí mismo. En el caso particular de la resolución citada faltaba el consentimiento de los herederos nudo propietarios, lo que se considera necesario. Pero de que se haya negado al usufructuario con facultades dispositivas la posibilidad de otorgar actos particionales sin la intervención de los nudo propietarios no se deduce necesariamente que, a la inversa, los herederos nudo propietarios pudieran prescindir de este usufructuario con facultades dispositivas en la partición de la herencia. En contra puede citarse el criterio de la Sentencia de 16 de diciembre de 2014, según lo dicho. La propia DGRN entiende, en la resolución analizada, que la partición debería ser consentida por "todos los interesados". No obstante, es argumentable que, si este usufructo con facultades dispositivas es universal, siempre que los herederos respeten el usufructo y se limiten a distribuir en la partición la nuda propiedad, el usufructuario carece de un interés real en la misma. Aunque sí podría tenerlo en la previa liquidación de gananciales (cuando no se tratara del mismo cónyuge supérstite, en cuyo caso su intervención en la liquidación de gananciales derivaría de esta condición).
Sigue la misma posición la Resolución DGRN de 31 de octubre de 2018, exigiendo el consentimiento de la viuda a la liquidación de gananciales del primer matrimonio del causante, practicada por su primera esposa (de la que se divorció ) y los herederos, con el argumento de ser la viuda legitimaria del causante.
La Resolución DGRN de 25 de abril de 2018 recoge la posición de las últimas resoluciones de la DGRN citadas, exigiendo la intervención del cónyuge viudo del transmisario en la partición de la herencia del primer causante. Confirma esta postura la Resolución DGRN de 5 de julio de 2018. Reitera esta misma doctrina la Resolución DGRN de 28 de septiembre de 2018 (ya con un nuevo Director General). En la misma línea, la Resolución DGRN de 4 de abril de 2019, según la cual, el cónyuge viudo, y en cuanto tal legitimario, del transmitente debe consentir partición del primer causante. No obstaría a ello el que viva el cónyuge del primer causante, quien tenía atribuido por testamento el usufructo universal, aludiendo a la posibilidad jurídica y clara potencialidad económica del usufructo sucesivo.
Un caso con similitudes con el anterior es el resuelto por la Resolución DGRN de 6 de junio de 2019. Se planteaba igualmente si el negocio formalizado en una escritura pública era o no de cesión. El causante fallecido instituyó una heredera y reconoció los derechos legitimarios de su madre, que le sobrevivió. Se otorga por la heredera y la madre una escritura, denominada de aceptación y adjudicación de herencia, en la que se adjudica a la heredera un bien que le pertenecía en pro indiviso con el causante en pago de sus haberes y, además, se inventarían los derechos que al causante correspondían en la herencia de su fallecido padre, enumerando una serie de bienes integrantes de la misma (aunque parece ser que no todos). No hay una expresa adjudicación de esos derechos hereditarios del padre del causante a la madre legitimaria, limitándose las otorgantes (heredera y madre legitimaria) a declarar que aceptaban las adjudicaciones realizadas. La cuestión se plantea al otorgar la partición de la herencia del padre del causante sin la intervención de la heredera del causante en cuestión. La DGRN se plantea si ha existido o no una verdadera cesión de derechos hereditarios de la heredera a la madre, lo que supondría la no necesidad de intervención de aquella en la partición del padre del causante, llegando, por todas las circunstancias expresadas, a la conclusión de que no existió tal cesión de derechos hereditarios, sino una simple adjudicación hereditaria a la heredera, y que si se pretende rectificar dicha escritura de adjudicación de herencia debe hacerse con el consentimiento de todos sus otorgantes.
En cuanto a la intervención en la partición de un representante voluntario o apoderado, posible por no ser la partición un acto personalísimo, la práctica de la partición exigirá un poder específico o expreso, no bastando para su realización la concesión de facultades genéricas de administración. Ni siquiera sería suficiente un poder general de administración para administrar para adjudicar los bienes por cuotas indivisas proporcionales a las hereditarias, pues este acto se ha considerado de verdadera partición.
La Resolución DGRN de 27 de noviembre de 2017 revoca la calificación registral en cuanto a la congruencia de un juicio notarial de suficiencia de la representación, juicio en el que se hizo referencia por el notario a que el poder acreditado contenía facultades suficientes para actos de aceptación y adjudicación de herencia, adjudicándose en la escritura autorizada en uso del poder a un heredero la totalidad de las fincas de la herencia, sin referencia alguna a la posible compensación a satisfacer al otro. No obstante, la DGRN matiza que con esto solo se valora la calificación registral como fue emitida (relativa a la congruencia del juicio notarial de suficiencia de la representación con el contenido de la escritura), pero no se prejuzga la cuestión de que los excesos o defectos de adjudicación resultantes de la partición deban expresar su causa a efectos registrales, lo que se considera necesario, aunque no fue planteado por la calificación registral recurrida.
Debe recordarse que, en doctrina que entiendo discutible, la DGRN ha exigido, en su etapa más reciente, que el notario exprese en su juicio de suficiencia sobre la representación que en el poder se incluye la autorización del auto-contrato o la dispensa del conflicto de interés, cuando el acto otorgado implique alguno de estos casos. Así, para un caso de partición, la Resolución DGRN de 27 de noviembre de 2017. Pero esta autorización del conflicto de interés puede considerarse implícita en ciertos casos: por ejemplo, se concede al apoderado, heredero en una herencia, poder especial para realizar la partición de dicha herencia (respecto a esta cuestión me remito a la siguiente entrada del blog: "La autocontratación ...").
El artículo 272 del Código Civil aclara que la aprobación judicial, a diferencia de la autorización judicial, se obtendrá "una vez practicada la partición". Sin embargo, el nuevo artículo 1060 del Código Civil afirma que el tutor precisará aprobación judicial de la partición efectuada, lo que plantea la duda de si esta debe ser previa. Debe entenderse que prevalece el tradicional sistema, conforme al cual, mientras la autorización judicial es necesariamente previa al acto (siendo dudoso si cabe convalidarlo mediante una autorización judicial a posteriori), la aprobación judicial de la partición puede ser realizada con posterioridad a la misma. Pero quizás también debería admitirse el otorgamiento de la aprobación judicial con carácter previo a la realización de la partición, lo que excluiría la eventualidad de la misma, aunque parece que no cabría una autorización judicial para partir en términos generales, sino que la aprobación debería recaer sobre un proyecto de partición completo (siendo con todo la cuestión discutible, pues si el juez concediera una previa autorización judicial para partir en términos generales, no parece que en el ámbito notarial o registral deba entrarse a juzgar el fondo de la resolución judicial).
También la partición en la que intervenga un defensor judicial (caso del conflicto de interés que después se dirá) será necesaria someterla a aprobación judicial, con independencia de que sustituya al padre o al tutor, y siempre que el Secretario Judicial (hoy Letrado de la Administración de Justicia) al hacer el nombramiento no hubiese dispuesto otra cosa (artículo 1060 II del Código Civil).
Debe destacarse que, en este supuesto, por expresa previsión legal es el propio Secretario Judicial (Letrado de la Administración de Justicia) quien puede dispensar de la necesidad de aprobación judicial de la partición, aunque esta dispensa debe ser expresa. Se apartaría esta norma de la regla general en materia de intervención de defensores judiciales, en que la competencia para el nombramiento recae en el Secretario judicial, pero este nombramiento no puede implicar dispensa de la posterior autorización judicial que pudiese ser necesaria para el acto, pues la competencia para conceder dicha autorización corresponde al Juzgado.
La Resolución DGRN de 31 de octubre de 2018 confirma el defecto señalado por la calificación registral por falta de justificación de la aprobación judicial en una partición con intervención de defensor judicial.
- La Resolución DGRN de 5 de febrero de 2015 resuelve sobre una partición en que intervenía el viudo en nombre propio y en representación de un hijo incapaz, como titular de la patria potestad rehabilitada. En el caso, en el testamento se atribuía al viudo el usufructo universal con la fórmula de una cautela socini, atribuyéndose en la partición al viudo el usufructo universal. La DGRN, siguiendo su anterior doctrina al respecto, considera que existe un conflicto de interés en dicha atribución que exige la intervención de un defensor judicial, afirmando: "la cautela socini, según es configurada doctrinal y jurisprudencialmente, y fue ordenada por la testadora en su testamento, implica la adopción de una decisión por el viudo, que aunque pueda entenderse adecuada para los intervinientes, lo cierto es que supone una elección por parte de la legitimaria en relación a la posición del viudo respecto de los bienes gravados por la legitima de la incapaz".
La Resolución DGRN de 21 de marzo de 2019 recoge la doctrina previa, y confirma que la cuestión básica sobre la apreciación del conflicto de interés en relación con una cautela socini y la intervención de representantes legales está en a quien corresponde la facultad de optar según los términos del testamento. No obstante, en el caso, el conflicto de interés resulta de los propios términos de la partición, al haberse en ella adjudicado a los interesados no cuotas indivisas proporcionales a sus derechos, sino bienes concretos.
En esta resolución se pronuncia la DGRN sobre otra cuestión discutible. La de si el juicio de suficiencia de la representación por el notario debe amparar la existencia o no de conflicto de interés, excluyendo la cuestión de la calificación registral. La respuesta debe ser afirmativa, a mi entender, dados los claros términos del artículo 98 de la Ley 24/2001. Sin embargo, la DGRN se aparta de esta posición, afirmando: "También alega el recurrente que el juicio de suficiencia notarial, basta para acreditar la inexistencia de oposición de intereses, pero hay que recordar que el artículo 98 de la Ley 24/2001, se refiere a los datos identificativos del documento auténtico y la valoración de la suficiencia de las facultades representativas de la representación acreditada; y el artículo 166 del Reglamento Notarial determina en parecidos términos que se trata de acreditar la representación alegada y la expresión de que son suficientes las facultades representativas acreditadas para el acto o contrato a que el instrumento se refiera. Es cierto que el conflicto de intereses puede ser salvado en la representación voluntaria, pero tratándose en este caso de una representación legal y siendo que las representadas son personas con capacidad modificada judicialmente, solo correspondería salvar este conflicto de intereses en su caso, a la autoridad judicial". Pero la cuestión no es a quien corresponde salvar el conflicto de interés, sino quien debe apreciar su existencia en el ámbito notarial-registral y el alcance de la calificación registral al respecto de la extensión de la representación legal justificada ante el notario.
La Resolución DGRN de 28 de junio de 2019 se ocupa de una partición con intervención de un curador. La cuestión central que en ella se aborda es si cabe prescindir del consentimiento a la partición de la persona sujeta a curatela a través de una autorización judicial directa al curador para intervenir en la partición sin dicho consentimiento. La DGRN contesta negativamente, argumentando sobre la base de la naturaleza de la curatela como institución que tiene por objeto completar la voluntad de la persona incapacitada parcialmente, pero no prescindir del consentimiento de la misma. Para llegar a dicho fin, debería haberse previamente modificado la situación de incapacitación y de representación legal del incapaz, sustituyendo la sujeción a curatela por la constitución de una tutela. Con todo, en el caso se trataba, al parecer, de una curatela sujeta al artículo 290 del Código Civil, en que el curador debe intervenir en aquellos actos para los que la ley exige al tutor autorización judicial. La DGRN no se plantea que el incapacitado pudiera intervenir en la partición sin el complemento de capacidad del curador, pareciendo asumir que esa intervención del curador es necesaria para la partición, aunque esta no fue la cuestión planteada en la calificación registral.
- Posibilidad de apartarse de las disposiciones testamentarias.
- Operaciones de la partición.
Publicado por Francisco Mariño Pardo en 21:14:00 No hay comentarios: