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Timestamp: 2018-04-25 04:52:22
Document Index: 149814828

Matched Legal Cases: ['artículo 619', 'artículo 709', 'artículo 673', 'artículo 69', 'artículo 789', 'artículo 90', 'artículo 392', 'artículo 124']

Valencia Grajales Abogados | LA CIRCULACIÓN O TRANSMISIBILDIAD DEL PAGARÉ A LA ORDEN SE HACE MEDIANTE ENDOSO (NO PUEDE CONFUNDIRSE CON LA CESIÓN DE CRÉDITOS)
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LA CIRCULACIÓN O TRANSMISIBILDIAD DEL PAGARÉ A LA ORDEN SE HACE MEDIANTE ENDOSO (NO PUEDE CONFUNDIRSE CON LA CESIÓN DE CRÉDITOS)
Author Alexander Valencia Grajales Date agosto 23, 2017
“Puestas así las cosas, cuando de pagaré a la orden se trata, su ley de circulación o transmisibilidad, es a través del endoso, suceso jurídico que implica un régimen especial dada su naturaleza cambiaria orientada por las normas mercantiles, por lo que no puede confundirse con la figura de la cesión de créditos, habida consideración que ésta tiene un ordenamiento autónomo que la reglamenta, cual es el Código Napoleónico en sus art. 1959 y ss., hasta el punto que excluye lo concerniente a los títulos valores. Es así, que el precepto 1966 de esa obra, dice: “las disposiciones de este título no se aplicarán a la letras de cambio, pagarés a la orden, acciones al portador y otras especies de transmisión que se rigen por el Código del Comercio o por leyes especiales”
No obstante lo anterior, partiendo de la premisa genérica que gobierna la disciplina de lo justo, consistente en que toda regla general tiene su excepción, ella no escapa al punto de la materia, por cuanto el Legislador ha autorizado en un exclusivo supuesto, la transmisibilidad del endoso con secuelas de cesión ordinaria, aspecto que puntualmente origina disputa por parte de los ejecutados en sede de alzada. Ciertamente el inciso 2º del art. 660 del Ordenamiento Especializado Mercader, indica: “El endoso posterior al vencimiento del título, producirá los efectos de una cesión ordinaria”
(Tribunal Superior de Buga, sala civil familia, Sentencia de 2ª instancia (15070) del 14 de abril de 2010, con ponencia del Dr. Orlando Quintero García. Decisión: adiciona el fallo apelado y lo revoca parcialmente en los puntos 1º y 4º)
CITAS DE JURISPRUDENCIA:
*Providencias de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Buga 14286 y 13845 de 2007; sentencias de tutela de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia 0018-01 del04 de julio de 2001, M.P. Silvio Fernando Trejos Bueno y sentencia 2003-00010 del 27 de enero de 2003, M.P. Manuel Isidro Ardila Velásquez.
TESIS DE LA DECISIÓN:
Cuando se trata de legitimidad derivada de un título valor, debe observarse que ella siempre es de doble calidad. De un lado, para ejercitar el derecho incorporado en el documento, como por ejemplo, cobrar el crédito, reclamar mercancías etc. –aspecto activo-, y de otro, lo atinente a la satisfacción del mismo, esto es, que el deudor pague y quede liberado de la respectiva obligación definitivamente –aspecto pasivo-. Igualmente, es de suma importancia enfatizar desde ahora que la legitimación por activa la ostenta quien ha adquirido el instrumento de acuerdo con su ley de circulación, aspecto o elemento esencial a la par con la incorporación, la literalidad y autonomía del mismo.
La legitimación entonces, siempre va unidad a la tenencia del título, se itera, conforme a la ley de circulación, y es por lo mismo que la persona que sea tenedor de aquél en virtud de fraude o sin negociación legal, jamás puede considerarse tenedor legítmo, aunque en apariencia lo parezca. En ese orden, el Código Mercantil Colombiano, además de definir y clasificar los títulos valores, regla su forma de circulación. Para el caso que nos ocupa, el pagaré puede ser expedido a la orden y circula por endoso, habida cuenta que: “Los títulos-valores expedidos a favor de determinada persona en los cuales se agregue la cláusula “a la orden” o se exprese que son transmisibles por endoso, o se diga que son negociables, o se indique su denominación especifica de título valor, serán a la orden y se transmitirán por endoso y entrega del título…”, -art. 651-. De otra parte, el canon 661 del ordenamiento en cita, dispone: “Para que el tenedor de un título a la orden pueda legitimarse, la cadena de endosos deberá ser ininterrumpida”
Corolario de lo dicho se tiene que un tenedor del título valor pagaré, que circula a la orden, se encuentra legitimado cuando: I) Se le trasfiere mediante endoso, caso en el cual su cadena endosataria debe ser ininterrumpida y, II) Se le entregue materialmente el título.
Cumplidas las anteriores exigencias, el tenedor se identifica como último endosatario, y por ende, está legitimado para deprecar del deudor la satisfacción de la prestación debida, en juicio su fuere necesario llegar a él.
Otro aspecto que debe destacarse es que, el endoso, que como ya se anotó es una de las exigencias para la legitimidad de un tenedor de un pagaré a la orden, puede darse de tres formas: en propiedad, en procuración al cobro o en garantía, de acuerdo a lo establecido en el art. 656 ibídem. En cuanto a la primera, que es la que interesa en estra la litis, debe entenderse que se origina cuando por voluntad del endosante se transfiere el derecho real sobre el título al endosatario, consignándose expresamente en el respectivo documento: “endoso en propiedad a…”
Lo anterior, significa que cuando se endosa en propiedad, el endosatario realmente lo que adquiere es el derecho principal de dominio sobre el título, con todos los atributos de que él dimanan, incluyéndose por supuesto los derechos accesorios. En ese entendido, es que el art. 628 ejúsdem reza: “La transferencia de un título implica no sólo la del derecho principal incorporado, sino también la de los derechos accesorios.” –Negrillas de la Sala-.
Puestas así las cosas, cuando de pagaré a la orden se trata, su ley de circulación o transmisibilidad, es a través del endoso, suceso jurídico que implica un régimen especial dada su naturaleza cambiaria orientada por las normas mercantiles, por lo que no puede confundirse con la figura de la cesión de créditos, habida consideración que ésta tiene un ordenamiento autónomo que la reglamenta, cual es el Código Napoleónico en sus art. 1959 y ss., hasta el punto que excluye lo concerniente a los títulos valores. Es así, que el precepto 1966 de esa obra, dice: “las disposiciones de este título no se aplicarán a la letras de cambio, pagarés a la orden, acciones al portador y otras especies de transmisión que se rigen por el Código del Comercio o por leyes especiales”
Volviendo la mirada al asunto que llama la atención de la Sala, se tiene que, en el pagaré No. 03500462-4 otorgado el 9 de marzo de 1995 en aquél entonces por el Banco Central Hipotecario a los señores JULIO HERNAN BAHÁMON HURTADO y LORENZA NAVIA DE BAHÁMON, se consignó textualmente que dicho título valor se pagaba a la orden del Banco de la República. En el mismo documento, el día 8 de enero de 1999 se registró el endoso por parte de ésta última entidad a favor del B.C.H., y ésta a su vez, a la Sociedad Central de Inversiones S.A., el 17 de mayo de 2001 –Fs. 15 y 16 vlto-.
En ese estado de cosas, observando con detenimiento la transmisibilidad de que fue objeto el pagaré de marras, a juicio de la Corporación, la Sociedad Central de Inversiones S.A., ostenta legitimidad en la causa para demandar a los señores JULIO HERNAN BAHAMON HURTADO y LORENZA NAVIA DE BAHAMON, dado que adquirió tal título valor acorde a la ley de circulación, puesto que la actuación se surtió mediante endoso, conservando su respectiva cadena antecesora –Banco de la República a B.C.H., y ésta en su orden, endosó en propiedad y sin responsabilidad a la demandante-, sin que se avizore muestras de interrupción alguna, amén que se le entregó materialmente el título por lo que se pudo adosar a la demanda. En consecuencia, no se evidencia circunstancia que empañe la legitimidad de la ejecutante como última endosataria para que se le pague la obligación pretendida.
Ahora bien, como la transmisibilidad en comento se ejecutó en propiedad, tal circunstancia como se reveló en glosas precedentes, a más de implicar la transferencia del dominio sobre el título, igualmente envuelve sus derechos accesorios, como en este caso la garantía hipotecaria que respalda la deuda que reclama judicialmente la última tenedora del pluricitado pagaré. En las presentes diligencias, los señores JULIO HERNAN BAHAMON HURTADO y LORENZA NAVIA DE BAHAMON suscribieron la Escritura Pública No. 399 de 9 de febrero de 1995 de la Notaría 3ª de Palmira, instrumento en el que se consignó: “La PARTE HIPOTECANTE para garantizar al BANCO el pago de cualquier obligación que por cualquier motivo tuviere…. a favor del BANCO o de cualquier suma que llegare a deberle por razón de los préstamos… así como para garantizar el cumplimiento de las demás obligaciones que a su cargo resulten por el otorgamiento de los respectivos préstamos…” -F. 27 -.
Tal contrato, como bien se sabe, se caracteriza medularmente por ser de naturaleza accesoria, pues está destinado a garantizar el pago de la deuda, que en el sub-exámine tiene su hontanar en la ejecución de un título valor, tal como se exteriorizó en el hecho 6º del libelo introductor: “Mediante Escritura Pública No. 399 del día 9 del mes de Febrero de 1.995…los deudores JULIO HERNAN HURTADO BAHAMON Y LORENZA NAVIA DE BAHAMON, garantizaron todas las obligaciones derivadas del título valor que se acompaña a la presente demanda, mediante hipoteca abierta de primer grado…” –F. 42-. Bajo este derrotero, el endoso del título base del recaudo ejecutivo, de conformidad con el art. 628 del Código de los Comerciantes, comprendió igualmente la aludida hipoteca, como derecho accesorio de aquél, luego, era innecesario que se cediera aquélla, pues se itera, la transmisión del pagaré operó desde su fuente como obligación principal, y en ese entendido incorporó derechos accesorios como la garantía hipotecaria. Por lo tanto, tal contrato no requería cesión, ni mucho menos, la notificación de los deudores, como inadvertidamente lo sostiene la parte apelante.
Discuten los recurrentes que como el endoso del título valor de marras ocurrió con fecha posterior al vencimiento de aquél, se debe entender que operó una cesión ordinaria reglada en el art. 1960 del Código Civil. Por tanto, indican que debió notificárseles con anterioridad a la calenda en la que se libró el mandamiento de pago.
Al abrir nuevamente los ojos sobre el pagaré No. 03500462-4, se aprecia que en él, se pactó el pago por la suma de $15.000.000 a plazo, de la siguiente manera: EL DEUDOR pagará las sumas señaladas…. Mediante CIENTO OCHENTA (180) cuotas mensuales y sucesivas; pagaderas así: la primera, un (1) mes depuse de la fecha de liquidación del crédito, es decir, desde la fecha fijada en la cláusula primera de este pagaré. La segunda, un (1) mes después de la anterior y así sucesivamente cada mes, sin interrupción, hasta la cancelación total de la deuda. Estas fechas se denominarán fecha de vencimiento del pago. – Folio 10 del cdno. principal-.
Se observa que en verdad lo alegado en la alzada para sustentar que el traspaso en comento se realizó con fecha posterior al vencimiento del pagaré que origina la acción ejecutiva, carece de todo fundamento jurídico, por cuanto en aquél, como se acaba de reproducir, se estipuló una deuda de $15.000.000, pagadera en 180 cuotas mensuales, además que, para ese cometido se convino como calenda final la última cuota adiada el día 9 de marzo de 2010 –F. 10-.
En ese orden, atendiendo los principios de literalidad del título valor y autonomía de la voluntad de las partes para celebrar convenios, acorde con lo establecido en el canon 711 y el num. 3º del art. 673 del C. de Co., la forma de terminación del plazo estipulado en el pagaré No. 03500462-4, fue con vencimientos ciertos y sucesivos.
De otra parte, en el título en mientes se convino la cláusula aceleratoria, indicándose: “El BANCO queda autorizado para cargar en cualquier cuenta o para debitar de cualquier suma que el DEUDOR tenga a su favor, el valor de este pagaré y exigir anticipadamente el pago inmediato del mismo…” –F. 14-.
Pues bien, como se acaba de anotar, en el mentado título, diáfanamente se acordó un modo de vencimiento de la obligación, que es distinto a la anticipación de su exigibilidad que por virtud del pacto y ejercicio de la cláusula aceleratoria se precipitó. En ese entendido, no puede calificarse que el endoso rubricado a favor de CENTRAL DE INVERSIONES S.A., haya sido posterior al vencimiento del pagaré, pues se insiste, primero, su forma de expiración quedó nítidamente determinada al momento de suscribirse el título, y segundo, la anticipación del plazo en ejercicio de la cláusula de aceleración del plazo, lo que generó es la exigibilidad del cumplimiento de la obligación y no su vencimiento.
Al respecto, reconocida doctrina, ha sentado: “Y no puede decirse que acelerar la exigibilidad sea acelerar el vencimiento. Son cosas diferentes, que es fácil de discernir, así se suela hablar indistintamente de vencimiento y exigibilidad, conceptos coincidentes la mayor parte de las veces, pero no necesariamente. En realidad, ni siquiera se puede decir que sean equivalentes, pues lo que ocurre es que el vencimiento, la llegada del día señalado, determina que el crédito sea a partir de ese momento exigible por el acreedor. En principio, por lo tanto, una deuda vencida es una deuda exigible, como dice DOMÍNGUEZ LUELMO, pero yo agregaría que una deuda exigible, no siempre esta vencida”.
Elucidado así el asunto, por su estrictez jurídica, es lo que constituye fundamento basilar para desestimar la primera excepción planteada por los enjuiciados, y no por el endeble argumento que emprendió el a-quo, quien desconoció la teoría de la circulación de los títulos, los efectos que emana el endoso de los mismos atendiendo su tipología, omitiendo cualquier disquisición en torno al uso de la cláusula aceleratoria, cuando era su obligación su pronunciamiento como operador judicial, pues precisamente esos eran los aspectos que generaba la litis que se le planteaba, en la réplica de la demanda y en los alegatos de conclusión.
Antes de entrar al otro eje temático que causa inconformidad en la sentencia de primer grado, considera la Sala de suma importancia aclarar que, por mero raciocinio lógico, se tiene que el endoso al recaer sobre el título en su integridad y no por fracciones, incide es sobre la totalidad de del crédito contenido en él, esto es, hasta su última cuota pactada –la 180-, por eso, en el análisis desplegado, sobre esta circunstancia, se consideró que el uso de la cláusula aceleratoria, trascendía a la esfera de su exigibilidad y no para los efectos que quería difundir la parte apelante ya referenciados, habida cuenta que la deuda vista en su conjunto, no debe tenerse vencida el día en que se ejerció la misma, sino, cuando la obligación conforme se reglamentó su forma de pago, fenece por expirar su última cuota, ello pues se insiste, desde la óptica de la transmisibilidad del título, aspecto que muta cuando la susodicha prerrogativa se deriva de la prescripción extintiva, como se explicará delanteramente.
En cuanto atañe a la segunda excepción de mérito invocada, el juez de primer grado no la acogió, exponiendo simplemente que la obligación ejecutada vencía el 9 de marzo de 2010, sin importar el ejercicio de la cláusula aceleratoria. Merced a ese planteamiento, la parte recurrente discute que la prescripción de la acción cambiaria se originó desde la fecha en que se hizo uso de la misma -9 de julio de 1999, por lo que al día de presentación de la demanda -8 septiembre de 2004- y la respectiva notificación a los enjuiciados -4 de febrero de 2005, ya la obligación estaba prescrita.
Como viene de verse, la médula de la controversia gira en torno a la determinación del dies aquo desde el cual comienza a contabilizarse el término de prescripción en obligaciones pactadas para solucionarse por cuotas o instalamentos y cláusula aceleratoria, puesto que, de un lado se piensa que él corre desde la calenda que se vence la última cuota, sin miramiento a dicha prerrogativa, y de otro, partiendo del momento en que el acreedor ejerce la facultad de acelerar el plazo, esto es, desde el día en que los ejecutados entraron en mora -9 de julio de 1999-.
En derredor de lo que genera el debate, esta Corporación reiterando sus pronunciamientos anteriores, los más recientes de 3 y 11 de julio de 2007, en asuntos de similares ribetes al de ahora tratado, en calenda cercana discernió así: “La obligación puede estar documentada en un título valor, que conforme al artículo 619 del C. de Co., es el documento necesario para el ejercicio del derecho literal y autónomo que en la carta se incorpora, título que puede ser de contenido crediticio, corporativo o de participación, y de tradición o representativo de mercancías. El de contenido crediticio es el que incorpora en el documento la obligación de pagar una suma de dinero, es instrumento negociable concebido para circular.
El pagaré consagrado en el artículo 709 del Código de Comercio es un tipo de título valor crediticio que consiste en la promesa incondicional de pagar una suma de dinero al cual se le aplica la normativa que disciplina la letra de cambio –art. 711 ibídem-, o sea que con arreglo al artículo 673 del mismo cuerpo normativo puede ser expedido a la vista; a un día cierto sea determinado o no; con vencimientos ciertos y sucesivos o a un día cierto después de la fecha o de la vista.
Cuando el pagaré ha sido expedido con vencimientos ciertos y sucesivos, valga subrayar, para que la obligación se pague por cuotas o instalamentos en fechas y cuantías determinadas, así debe cumplirse la obligación y su exigibilidad igual se genera independientemente para cada parcialidad, salvo que se pacte cláusula aceleratoria, es decir, aquella que permite pedir el total de la prestación cuando el deudor incurra en mora en el pago de una o varias de las parcialidades. La cláusula aceleratoria, está licenciada según amplio sector de la doctrina, entre otras disposiciones, en el artículo 69 de la Ley 45 de 1990, sin que el convenio de ésta afecte el tiempo transcurrido de las alícuotas vencidas del crédito. Es decir, uno es el punto de partida de la exigencia de pago y consecuente contabilización de la prescripción de las porciones ya causadas y otro el partidor de las cuotas pendientes pero que por virtud de la cláusula aceleratoria se hacen puras y simples, esto es, quedan en situación de pago inmediato.
Pero como todo, la obligación no es perenne y ello apareja que debe exigirse en el tiempo indicado en la ley, de donde se sigue que si el acreedor no ejercita su derecho, se extinguen las acciones derivadas del mismo por el solo transcurso del tiempo y es lo que se denomina prescripción. El tiempo se cuenta desde que “la obligación se haya hecho exigible.” –art. 2535 del C.C.-, “su finalidad no es otra que la de consolidar situaciones jurídicas concretas, en consideración al transcurso del tiempo. En relación con la prescripción extintiva o liberatoria, la regla general es que el plazo fijado en la ley debe computarse a partir de cuando podía ejercitarse la acción o el derecho. Sin embargo antes de completarse el término de prescripción puede verse afectado por los fenómenos jurídicos de la interrupción natural o civil, y de la suspensión. Renuncia de la prescripción.”.
Conforme al artículo 789 del Código de Comercio, la acción cambiaria prescribe en tres años.
Ciertamente, en las obligaciones con vencimientos diferentes y sucesivos, los tiempos de cumplimiento, las fechas de exigibilidad y vencimiento y, por lo mismo, la calenda que marca la partida del tiempo de la prescripción, son también distintos, se van cumpliendo de forma individual, sin que acontecimientos ulteriores alteren o hagan descaecer estos hechos ya cumplidos,… “Es decir, que si va a estudiarse el día aquo desde el cual empieza a correr la prescripción de un título-valor que es para pagarse por instalamentos, habrá que mirar en cada caso las fechas de vencimiento de las cuotas, independientemente las unas de las otras. Es un título-valor que vence parcialmente en distintos días, cuyo pago se hace de la misma manera como está reglamentado su vencimiento y en el cual la prescripción ofrece también varias fechas de iniciación y terminación. Pero puede pactarse una cláusula que acelere o anticipe su exigibilidad y, haciéndose ella valer, se anticiparían todas las cuotas sin que la prescripción sufra modificación en ninguna de ellas que por lo mismo seguirán prescribiendo a partir del vencimiento del plazo estipulado para cada una”. –Subrayas de la Sala-
Desde otra arista, se debe considerar que la cláusula aceleratoria, a la luz de la normativa que la regula, comporta el derecho o posibilidad del acreedor de anticipar el plazo conferido al deudor y exigir la totalidad del crédito insoluto, catalización de términos que deja la obligación pura y simple, estos es, de plazo vencido, a partir del momento mismo en que se opera la anticipación del plazo, instante desde el cual –no antes ni después- despunta el término de prescripción del compromiso en su integridad, por supuesto sin repercusión sobre la partes del crédito que, conforme a la modalidad de pago por instalamentos, se hayan cancelado, estén vencidas e, incluso prescritas, toda cuenta de la independencia que las disciplina, según lo pactado.
Así entonces, se reitera, que los términos para comenzar a contar la figura extintiva de la prescripción son diferentes en cada una de las cuotas, al igual que con relación al capital que por virtud de la aceleración del plazo se hace, a partir de entonces –no antes-, exigible.
Y es que, mirar las cosas de otra manera y concluir que al activar la cláusula aceleratoria, el término de prescripción debe correr, no desde ese momento –en cuanto al capital que por virtud de la misma se hace exigible-, sino a partir de la mora del deudor en la primera parcialidad, en sentir de la Sala, haría inoperante el aludido mecanismo, en cuanto facultad del acreedor, porque dejaría en el resorte del obligado –dependiendo de su inobservancia- la materialización de un derecho del accipiens, lo cual invierte el orden que el legislador le quiso dar a la figura. A ello se suma, –si es que no constituye éste un argumento principal, que no adicional- un ingrediente de elemental lógica, y es que la cláusula aceleratoria no puede hacer descaecer hechos ya cumplidos irreversibles, es decir, no puede anticipar la exigibilidad y el vencimiento de obligaciones que ya se hicieron exigibles, que se vencieron, que el deudor no ha cancelado y que por ello iniciaron el curso de su prescripción; como tampoco podría, merced a su utilización, trasladar al pasado el inicio del término de prescripción de una obligación que solo se hace exigible precisamente por el ejercicio de esta excepcional herramienta que faculta requerir precozmente la satisfacción de la obligación.
La Corte Suprema de Justicia en sede de tutela se ha pronunciado sobre el tópico. En efecto, en el año 2001 la Sala de Casación Civil consideró que se había incurrido en vía de hecho por haberse contabilizado el término de prescripción de la obligación cobrada, indistintamente desde cuando hubo mora en la parcialidad del crédito, sin pararse mientes en la fecha de ejercicio de la cláusula aceleratoria, disponiendo enmendar, “esa equivocación a fin de que se vuelva a examinar la prescripción respecto de cada uno de los pagos pactados por cuotas, según la fecha de los respectivos vencimientos y después verificados en relación con las fechas de notificación el mandamiento ejecutivo.”. Se dijo en aquella oportunidad:
“El quid del asunto estriba en determinar si los jueces civiles accionados violaron el debido proceso por haber reconocido la excepción de prescripción propuesta por uno de los ejecutados, con el argumento de que como se pactó la cláusula aceleratoria del plazo, las fechas de vencimiento de la obligación dejaron de ser las pactadas y pasó a ser aquella en la que cobra vigencia la anticipación del plazo derivada del incumplimiento del pago, verificado en este caso desde la primera cuota, cuyo vencimiento fue previsto para el 10 de agosto de 1.993, en contraposición a la tesis, según la cual, cuando se pacta dicha cláusula el término prescriptivo sólo empieza a correr cuando el acreedor la hace efectiva por medio de la demanda ejecutiva o de algún otro modo.
Sobre ese particular la Corte observa que, tal como sostiene el Tribunal a-quo constitucional, los sentenciadores del orden civil, sin dar ningún fundamento válido y sin mediar un análisis adecuado para el caso, reconocieron la excepción de prescripción porque determinaron que, en virtud de la susodicha cláusula aceleratoria, el primer incumplimiento de los deudores marcó a su turno la fecha de vencimiento de toda la obligación, y por ende la de iniciación del término prescriptivo, sin parar mientes en que tal pacto simplemente otorga facultad al acreedor, y para beneficio exclusivo de éste, de dar por vencido anticipadamente el plazo ante el incumplimiento en el pago de una o más cuotas. Lo que significa que queda a su talante hacer uso de esa prerrogativa.
Ahora bien, por tratarse de una facultad reservada al acreedor, bien puede éste no anticipar el plazo y sujetarse a los términos normales establecidos en el respectivo contrato, sin que por eso se pueda afirmar que, con el primer incumplimiento del deudor, el acreedor incurrió en abandono de sus derechos que conduzca después a verificar desde entonces el término de prescripción; es decir, el deudor que resulta favorecido con que el acreedor no haga uso de la cláusula aceleratoria, no puede deducir a su favor el vencimiento anticipado del término, a partir de la fecha de su propio incumplimiento, para fundar la prescripción.
Desde esa perspectiva, se detecta al rompe la vía de hecho imputable a los jueces accionados que sin consideración a que la cláusula aceleratoria sólo se hizo efectiva respecto de las últimas cuatro cuotas de pago de las 36 pactadas y de que la demanda efectiva fue presentada el 25 de abril de 1.996, asumió, contrariando los plazos normales, que toda la obligación venció desde el 10 de agosto de 1.993, razón por la cual se impone enmendar esa equivocación a fin de que se vuelva a examinar la prescripción respecto de cada uno de los pagos pactados por cuotas, según la fecha de los respectivos vencimientos y después verificados en relación con las fechas de notificación el mandamiento ejecutivo(. . ).”
Este punto de vista fue reiterado en similar determinación producida el 27 de enero de 2003.
Y pese a que luego -en el año 2004, determinación acogida y reiterada en similar providencia de 3 de mayo de 2005- modificó su criterio alusivo a la existencia de una vía de hecho por razón de la interpretación de la normativa que disciplina la cláusula aceleratoria, mantuvo incólume su inicial postura, al estimar, con cita textual de lo considerado por el Tribunal cuestionado en tutela, que, “escrutada la sentencia protestada, en puridad, no denota una actitud claramente antojadiza o subjetiva, que le abra paso al mecanismo excepcional escogido y, por lo mismo, desde ahora, se vislumbra su improcedencia”, añadiendo posteriormente que, “ lo sentenciado, al margen y con total prescindencia de que la Corte lo comparta o avale (es decir, no tomó la Corte partido o exteriorizó postura jurídica con relación al punto de la prescripción), en estrictez, se apoyó en reflexiones que desde la óptica constitucional de tutela, no califican como un típica vía de hecho, en cuanto refieren a juicios objetivo alejados del antojo…”.
Retomando el caso que ocupa la atención de la Sala, se tiene que la obligación contraída por los señores JULIO HERNAN BAHAMON HURTADO y LORENZA NAVIA DE BAHAMON se pactó solucionar en 180 instalamentos mensuales pagaderos desde el 09 de marzo de 1995 hasta el 09 de marzo de 2010, lo cual indica que cada parcialidad tenía su fecha de vencimiento y exigibilidad que corrían independientemente a las demás y a la obligación in toto. Así las cosas debe entenderse que el término de la prescripción cuenta desde las fechas en que la ejecutada se comprometió a cancelar cada parte del crédito, ello para las parcialidades; y en cuanto al restante capital, a partir de su exigibilidad derivada del ejercicio de la cláusula de aceleración del plazo.
Entonces, si se concertó solucionar el crédito de este proceso en cuotas exigibles desde el 09 de marzo de 1995, los demandados incurrieron en mora a partir del 9 de julio de 1999 –adeudaban para entonces según el certificado del estado de la obligación adosado en la demanda, no cuestionado, 53 mensualidades-,la demanda fue presentada el 8 de septiembre de 2004 –folio 47-, se notificó, por estado al extremo actor el 20 de la misma calenda y, personalmente a los ejecutados el 04 de febrero de 2005; más la cláusula aceleratoria se operó con la presentación del libelo genitor, es de concluir que:
I) las cuotas causadas entre el 09 de julio de 1999 y el 9 de agosto de 2001 se encontraban prescritas a la fecha de presentación de la demanda -8 de septiembre de 2004-, porque para esta calenda ya había transcurrido más de tres años desde su exigibilidad, luego entonces, con relación a estas parcialidades no es predicable la interrupción civil de la prescripción, por cuanto, se recaba, ya se encontraba cumplido el medio extintivo de esas obligaciones;
II) la interrupción de la prescripción que venía corriendo con relación a las parcialidades respecto de las cuales los deudores estaban en mora, esto es, las exigibles con posterioridad al 10 de agosto de 2001, tuvo lugar en la misma fecha de presentación de la demanda, toda cuenta que el introductorio se notificó al extremo ejecutado dentro del término de un (01) año señalado en el artículo 90 del C.P.C., según el siguiente conteo: un año contado desde el 20 de septiembre de 2004 fecha de notificación del mandamiento de pago a la Sociedad Central de Inversiones S..A.,- da hasta el 20 de septiembre de 2005, acontecer que indica con claridad que la noticia del mandamiento de pago a los ejecutados, señores JULIO HERNAN BAHAMON HURTADO y LORENZA NAVIA DE BAHAMON se hizo en término, por cuanto como se anotó ello ocurrió el 4 de febrero de 2005; y
III) la prescripción del capital que se hizo exigible merced a la cláusula acleratoria, inicia su decurso en la fecha de presentación de la demanda, luego entonces, es una obligación civilmente exigible.
Así las cosas, se debe acoger parcialmente la excepción de prescripción de la acción cambiaria, en lo que atiende a las cuotas de la obligación en trato vencidas entre el 09 de julio de 1999 y el 10 de diciembre de ese mismo año, las correspondientes al año 2000, y las que van desde el 09 de enero al 10 de agosto de 2001, respecto de las cuales no se exigió su pago dentro de los tres años siguientes a su vencimiento.
Atendiendo a las resultas de la determinación –acogimiento parcial de la pretensión-, conforme al artículo 392 del C.P.C., se condenará en costas de ambas instancias en un 80% a la parte demandada y en un 20% a la parte demandante.
Finalmente, como quiera que en la decisión de primera instancia, no obstante se decretó la venta en pública subasta del bien hipotecado, se omitió disponer seguir adelante con la ejecución, en ese sentido se adicionará la sentencia.
Por último, con honda preocupación registra la Sala el prolongado tiempo que se tomó el a quo para asumir algunas determinaciones en el proceso, dilación que no aparece justificada en la foliatura y que por tal razón debe explicarle a la Jurisdicción Disciplinaria. Ciertamente se mira como no obstante que: I) el término de traslado de las excepciones de fondo venció el 11 de marzo de 2005 –folio 84 vto.-, la fase siguiente, esto es, el auto de decreto de pruebas para lo cual se tiene máximo 10 días a la luz del artículo 124 del C.P.C., se profirió el 18 de octubre de ese mismo año, o sea, más de siete meses después –folio 98-, en un asunto que en materia probática no revestía mayor complejidad. II) a pesar de haberse fijado 30 días para la práctica de las dos pruebas documentales decretadas, el término se prolongó, sin saberse porqué, desde el mes de octubre de 2005 hasta el 13 de julio de 2006, es decir, aproximadamente nueve meses. III) haberse vencido el término de traslado para alegar el 26 de julio de 2006 a las 6 P.M. y contar con 40 días para proferir sentencia –art. 124 C.P.C.-, ésta se produjo el 13 de julio de 2007, valga de decir, casi un año más tarde. En este orden, se compulsará copias del proceso para que la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca adelante la investigación que corresponda y el operador judicial pueda rendir ampliamente su explicación a semejante demora.
Sentencia de 2ª instancia (15070) del 14 de abril de 2010, con ponencia del Dr. Orlando Quintero García. Decisión: adiciona el fallo apelado y lo revoca parcialmente en los puntos 1º y 4º
Posted in Civil, Comercial, Derecho
linda quintero
abril 11, 2018 at 1:26 am
buenos dias para un proceso de pertencia el problema es que se murio el demandante y como hago ahora para stademanda he pagado impuestos y todo en los ultimos 45 años,
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