Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/auto-ap1284-2015-45293-de-marzo-11-de-2015?documento=jurcol&contexto=jurcol_2e42c5d811fc4362ae4deeb681e5cd4e&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-07-16 08:55:11
Document Index: 255083863

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 235', 'ARTÍCULO 1', 'artículo 235', 'artículo 1', 'artículo 29', 'artículo 2', 'artículo 250', 'artículo 39']

﻿ Auto AP1284-2015 de marzo 11 de 2015
AUTO AP1284-2015 DE 11 DE MARZO DE 2015
CONTENIDO:CONTRA DECISIONES DE CASOS DE FUNCIONARIOS CON FUERO CONSTITUCIONAL NO PROCEDE EL RECURSO DE APELACIÓN. LA CORTE NO TIENE COMPETENCIA PARA RESOLVER LOS RECURSOS DE APELACIÓN CONTRA LAS DECISIONES ADOPTADAS EN DESEMPEÑO DE LA FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS, POR MAGISTRADOS DE LA SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ, DENTRO DE ACTUACIONES SEGUIDAS CONTRA FUNCIONARIOS DEL ESTADO QUE GOCEN DE FUERO CONSTITUCIONAL. SE ACLARA QUE A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE DICHO ORDEN, PREVIA ACUSACIÓN DEL FISCAL GENERAL DE LA NACIÓN, EL VICEFISCAL O DE LOS DELEGADOS DE AQUEL ANTE ESTA CORPORACIÓN, LOS JUZGA LA SALA PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. ASÍ SE DESPRENDE DEL ARTÍCULO 235.4 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 1º DEL ACTO LEGISLATIVO 06 DE 2011.
TEMAS ESPECÍFICOS:SERVIDOR PÚBLICO, MAGISTRADO, FUERO CONSTITUCIONAL, RECURSO DE APELACIÓN, AUTO INTERLOCUTORIO, JUEZ DE CONTROL DE GARANTÍAS, HOMICIDIO
Auto AP1284-2015 de marzo 11 de 2015
AP1284-2015
Radicación: 45293
La Corte no tiene competencia para resolver los recursos de apelación contra las decisiones adoptadas en desempeño de la función de control de garantías, por magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, dentro de actuaciones seguidas contra funcionarios del Estado que gocen de fuero constitucional.
A los servidores públicos de dicho orden, previa acusación del Fiscal General de la Nación, el vicefiscal o de los delegados de aquel ante esta corporación, los juzga la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Así se desprende del artículo 235.4 de la Constitución Política, modificado por el artículo 1º del Acto Legislativo 6 de 2011.
Acótase que dicha modificación, la justificó la necesidad de liberar a aquel alto funcionario investigador, de una parte de la carga laboral que le impedía cumplir a cabalidad con todas sus funciones, pues antes de la reforma, solo él podía acusar a quienes gozaban de la mentada prerrogativa, con pocas posibilidades de concurrir a todas las audiencias en las que debía intervenir en acatamiento de la preceptiva constitucional ya superada con el cambio.
Conforme a la disposición de que se trata, los generales y almirantes de la fuerza pública, gozan de fuero constitucional y, a causa de ello, encuentran en esta Corte a su juez natural que en guarda del principio de imparcialidad que es consustancial al debido proceso establecido en el artículo 29 Superior; además, por lo señalado en el canon 250.1 ibídem y 39, inciso primero, del Código de Procedimiento Penal de 2004, en el sentido de que el juez que ejerza el control de garantías no podrá ser el juez de conocimiento o, quedará impedido para asumir la función del conocimiento del mismo caso en su fondo, máxime cuando las decisiones y el fallo que emerge de esa clase de asuntos están clasificados como de única instancia, se abstendrá de resolver la alzada basándose en lo que en un caso similar dijo, según las siguientes líneas:
Frente a dicha preceptiva constitucional, debe recordarse que el fuero es una prerrogativa que la Constitución reconoce a los altos funcionarios del Estado, dada su jerarquía, la importancia de la institución a la cual pertenecen, sus responsabilidades públicas y la trascendencia de su investidura, privilegio que, por disposición de la Carta, acarrea la circunstancia de que siendo la Corte Suprema de Justicia, como máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria, la encargada de su juzgamiento, las determinaciones adoptadas en el proceso penal, sin excepción alguna, son de única instancia.
Precisamente, dentro de ese marco jurídico constitucional y legal y tratándose de los altos servidores públicos, es el Fiscal General de la Nación el facultado para realizar la investigación y la acusación, como en efecto ha ocurrido en el asunto que ahora ocupa la atención de la Sala, toda vez que ha sido el fiscal general quien, como consecuencia de la investigación que adelanta, imputó a Dorado Dávila la comisión de unas conductas punibles realizadas en el ejercicio de su función pública.
Ahora bien, no debe olvidarse que el artículo 2º del Acto Legislativo 3 de 2002, a través del cual se modificó el artículo 250 de la Constitución Política, según el cual “El juez que ejerza las funciones de control de garantías, no podrá ser, en ningún caso, el juez de conocimiento, en aquellos asuntos en que haya ejercido esta función”, es una de las disposiciones que permitieron el surgimiento y la entrada en vigencia del nuevo Código de Procedimiento Penal (L. 906/2004) que desarrolló el sistema penal con tendencia acusatoria, el cual se encuentra sustentado, entre otros, en el importante principio de imparcialidad.
De ahí que el parágrafo 1º del artículo 39 de la Ley 906 de 2004 asignó a los magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá la función de jueces de control de garantías en los procesos de competencia de la Corte Suprema de Justicia y relacionados con los funcionarios con fuero constitucional, razón por la cual la Corte no está legitimada para ejercer dicha función, de manera que resolver el recurso de apelación aquí interpuesto, en su condición de superior jerárquico, como se pretende, vulnera el precepto comentado.
Así las cosas, el magistrado con función de control de garantías del Tribunal Superior de Bogotá al conceder el recurso de apelación omite la hermenéutica lógica de la sistemática normativa del trámite en el sistema adversarial, que no faculta la modificación de competencias y procedimientos, de suerte que es equivocado el razonamiento de pretender que la Corte actúe como juez de garantías y juez de conocimiento, menos aún cuando, como se indicó, se trata de un proceso que, por disposición constitucional y legal, se adelanta en única instancia, trámite que, como lo concluyó la Corte Constitucional a través de la Sentencia C-934 del 15 de noviembre de 2006, en manera alguna vulnera los derechos de los altos funcionarios del Estado en su condición de imputados o acusados.
Y si bien es cierto que los artículos 20 y 176 del Código de Procedimiento Penal, normas sobre las cuales el funcionario judicial concedió en este caso la impugnación, contemplan la “doble instancia” y regulan la “apelación”, también lo es que dichas preceptivas textualmente se encargan de precisar que dicho recurso se puede interponer “salvo las excepciones previstas en este código” (art. 20) o “salvo los casos previstos en este código” (art. 176), excepción o salvedad que de manera lógica está referida a los procesos de única instancia adelantados contra los aforados constitucionales o legales.
Además, lo contrario provocaría dificultades en el desarrollo del sistema acusatorio en los casos de juzgamiento de los altos funcionarios cobijados con fuero, provocando el impedimento de la Sala (CSJ SP, 27 jun. 2007, rad. 27488).
Téngase en cuenta que a Patiño Fonseca la fiscalía le sigue una indagación por su actuación como comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, en la investigación de un caso de homicidio, presuntamente a manos de un subalterno suyo, de manera que es indiscutible su calidad de aforado por ministerio de la Constitución Política, que su juzgamiento está asignado a esta Sala y, que, el trámite procesal, se adelanta en única instancia.
En síntesis, la Corte se abstendrá de conocer del recurso de apelación interpuesto por la defensa del indiciado con fuero constitucional Patiño Fonseca.
En razón de lo expuesto, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia,
1. Abstenerse de resolver el recurso de apelación, presentado por el defensor del indiciado General Francisco Patiño Fonseca contra la decisión dictada el 27 de enero de 2015, mediante la cual un magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, con función de control de garantías, impartió aprobación a la solicitud de la fiscalía de búsqueda selectiva en bases de datos.
2. Contra lo aquí decidido, no procede recurso alguno.