Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/Autos/2003/A136-03.htm
Timestamp: 2017-11-22 01:58:00
Document Index: 123515060

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 4']

A136-03
Auto 136/03
Referencia: expediente ICC-685
Conflicto de Competencia suscitado entre el Consejo Superior de la Judicatura - Sala Jurisdiccional Disciplinaria- y la Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil- en la acción de tutela interpuesta por Carlos Alberto Quintero Muriel contra la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia.
Provee la Corte en relación con el Conflicto de Competencia suscitado entre el Consejo Superior de la Judicatura - Sala Jurisdiccional Disciplinaria- y la Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil- en la acción de tutela promovida por Carlos Alberto Quintero Muriel contra la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia.
1. El ciudadano Carlos Alberto Quintero Muriel, en memorial dirigido a la Corte Suprema de Justicia interpone acción de tutela contra el Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia con el fin de que se resuelva un caso planteado por él, relacionado con una tutela que había presentó anteriormente contra Comfenalco EPS.
2. El Presidente de la Corte Suprema de Justicia mediante auto del 11 de febrero de 2003, ordenó remitir la acción de tutela a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura para que éste la tramite conforme a lo dispuesto en el numeral segundo del artículo 1º del Decreto 1382 de 2000.
3. Por su parte, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura reiterando su tesis sobre la inconstitucionalidad del Decreto 1382 de 2000 y el principio de la doble instancia, mediante decisión del 25 de febrero de 2003, ordenó remitir el expediente de la referencia a la Corte Suprema de Justicia para que asuma el conocimiento del mismo, igualmente propuso el conflicto negativo de competencia, en el evento en que dicha autoridad judicial no compartiera lo dispuesto en dicho proveído.
4. Enviado nuevamente el expediente a la Corte Suprema de Justicia, la Sala de Casación Civil a quien correspondió por reparto conocer del asunto en proveído del 21 de abril de 2003, dispuso que como se está en presencia de un conflicto negativo de competencia corresponde conocer del asunto a la Corte Constitucional y en ese orden de ideas, ordena remitir el expediente a esta Corporación.
”PRIMERO: Declarase nulo el inciso cuarto del numeral 1° del artículo 1° del Decreto 1382 de 2000, que dice así: «Las acciones de tutela dirigidas contra la aplicación de un acto administrativo general dictado por una autoridad nacional serán repartidas para su conocimiento al Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, siempre que se ejerzan como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.»
SEGUNDO: Declarase nulo el inciso segundo del artículo 3.° del Decreto 1382 de 2000, que dice así: «Cuando se presente una o más acciones de tutela con identidad de objeto respecto de una acción ya fallada, el juez podrá resolver aquélla estándose a lo resuelto en la sentencia dictada bien por el mismo juez o por otra autoridad judicial, siempre y cuando se encuentre ejecutoriada.»
3. Lo anterior significa que, ante la vigencia del Decreto Reglamentario 1382 de 2000, son las reglas allí fijadas las que determinan la autoridad judicial que debe asumir el conocimiento de la actuación.
4. Ahora bien, como en esta oportunidad la acción de tutela se dirige contra la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, correspondería el conocimiento de la solicitud de tutela de la referencia al Consejo Superior de la Judicatura de conformidad con lo dispuesto en el numeral segundo del artículo 1º del Decreto Reglamentario 1382 de 2000 que a la letra dice: “Cuando la acción de tutela se promueva contra un funcionario o corporación judicial, le será repartida al respectivo superior funcional del accionado...”
No obstante, la Corte[1] advierte, que el numeral segundo del artículo 1º del Decreto 1382 de 2000, no resulta aplicable en aquellos eventos en los cuales el demandado en sede de tutela sea el Consejo Superior de la Judicatura, pues si del asunto hubiera entrado a conocer la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ello implicaría la imposibilidad jurídica para tramitar la segunda instancia, lo cual contraviene abiertamente la Constitución. [2]
En efecto, aunque el artículo 4º del Decreto 1382 de 2000 autoriza modificar el reglamento de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura con el fin de prever la conformación de salas, secciones o subsecciones para tramitar la segunda instancia, éstas no han sido creadas hasta la fecha, lo que implica la total inexistencia de las condiciones jurídicas necesarias para una eventual impugnación en el trámite de las acciones de tutela que se inician ante el Consejo Superior de la Judicatura.
5. En ese orden de ideas y tomando en consideración que el Consejo Superior de la Judicatura,- Sala Jurisdiccional Disciplinaria- no tiene establecidas conforme a la ley Salas de Decisión, ni Secciones ni Subsecciones, es claro que la competencia para conocer de esta acción de tutela corresponde a la Corte Suprema de Justicia –Sala de Casación Civil -, en razón de lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política y 37 del Decreto 2591 de 1991, órgano judicial ante el cual se instauró esta acción por el ciudadano Carlos Alberto Quintero Muriel, en ejercicio del derecho que le confieren las normas citadas.
Remítase el expediente contentivo de la acción de tutela promovida por el ciudadano Carlos Alberto Quintero Muriel contra la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, a la Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil -, para que la tramite y decida en forma inmediata.
Salvamento de voto al Auto 136/03
Peticionario: Carlos Alberto Quintero Muriel
[1] Ver entre otros los ICC-597, ICC-640 y ICC-665 de 2003.
[2] Esta Corporación, mediante providencia del 27 de agosto de 2002, con ponencia del Magistrado Marco Gerardo Monroy Cabra, expresó sobre el particular lo siguiente: