Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/T-440-18.htm
Timestamp: 2019-05-26 09:28:12
Document Index: 190148928

Matched Legal Cases: ['artículo 33', 'artículo 2', 'artículo 6', 'artículo 44', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 13', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 47', 'artículo 47', 'artículo 93', 'artículo 47', 'artículo 2', 'artículo 3', 'Artículo 97']

T-440-18
ACCION DE TUTELA PARA RECONOCIMIENTO DE PENSION DE SOBREVIVIENTES-Procedencia excepcional
Dado el carácter subsidiario de esta acción constitucional, por regla general, esta acción no procede para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes cuando existan medios idóneos y eficaces para dirimir la controversia que se haya generado en su entorno. No obstante, este Tribunal ha permitido su procedencia cuando analizadas las particularidades del caso se configura la carencia de idoneidad o eficacia de la acción ordinaria, o cuando exista el riesgo de ocurrir un perjuicio irremediable. Asimismo, al encontrarse involucrados sujetos de especial protección el análisis se debe flexibilizar.
PENSION DE SOBREVIVIENTES-Concepto, finalidad y beneficiarios
DERECHO A LA PENSION DE SOBREVIVIENTES Y PRINCIPIO DEL INTERES SUPERIOR DEL MENOR-Vulneración por Colpensiones al negar reconocimiento y pago de porcentaje de pensión de sobrevivientes a menores en calidad de hijos del causante
Acción de tutela instaurada por la señora Digna Rosa Castellar Jiménez en representación de sus hijos W.P.H.C y C.J.H.C[1] contra Colpensiones
La Sala Octava de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Alberto Rojas Ríos, Carlos Bernal Pulido y José Fernando Reyes Cuartas, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, profiere la siguiente:
Dentro del trámite de revisión del fallo dictado por el Juzgado Tercero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Barranquilla (Atlántico), al interior de la acción de tutela interpuesta por la señora Digna Rosa Castellar Jiménez actuando como representante legal de los menores W.P.H.C y C.J.H.C, mediante apoderado judicial, contra la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones-.
La señora Digna Rosa Castellar Jiménez actuando como representante legal de los menores W.P.H.C y C.J.H.C, mediante apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra la Administradora Colombiana de Pensiones- Colpensiones- por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas, seguridad social, mínimo vital y la prevalencia del principio del interés superior del niño con fundamento en los siguientes:
1. La señora Digna Rosa Castellar Jiménez informó que convivió en unión marital de hecho con el señor Christian José de la Hoz Gutiérrez por un lapso superior a 10 años, que se extendió hasta el momento de su fallecimiento.[2]
2. Indicó que de dicha unión nacieron los menores de edad W.P.H.C y C.J.H.C, quienes dependían económicamente del señor de la Hoz Gutiérrez.[3]
3. Señaló que el causante cotizó en el régimen de prima media con prestación definida acreditando un monto superior a 1.172 semanas.
4. Afirmó que solicitó la pensión de sobrevivientes en calidad de compañera permanente del causante y en representación de los menores W.P.H.C y C.J.H.C ante Colpensiones el 8 de junio de 2017.[4]
5. Dicha solicitud fue negada mediante Resolución SUB-129102 del 18 de julio de 2017, con fundamento en que la pretensión reclamada había sido reconocida a la señora Ana Jackeline Osorio Tuiran en calidad de compañera permanente del causante tras verificar que pese a que se efectuó el emplazamiento dentro del proceso de asignación pensional, nadie que se creyera con derecho se presentó. En ese sentido, la reclamación administrativa allegada por la accionante fue realizada fuera del término señalado en dicho edicto.[5]
6. Mencionó que presentó recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra de la Resolución SUB-129102 del 18 de julio de 2017[6] con el propósito de que se le reconociera el 50% de la pensión de sobrevivientes en favor de los menores W.P.H.C y C.J.H.C. [7]
7. Finalmente, relató que mediante Resolución SUB-19643410 del 14 de septiembre de 2017, Colpensiones rechazó de plano los recursos por extemporáneos y negó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes solicitada.
8. Por lo anterior, la accionante consideró que se debió reconocer la pensión de sobrevivientes en favor de los menores pese a la extemporaneidad en que fue solicitada, ya que se encuentra plenamente demostrada la filiación de los menores W.P.H.C y C.J.H.C con el causante. En razón de ello, la negativa emitida por parte de la entidad les está vulnerando los derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas, a la seguridad social, y al mínimo vital.
9. El Juzgado 3° Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Barranquilla (Atlántico) mediante Auto del 6 de diciembre de 2017 avocó el conocimiento de la acción de tutela y ordenó notificar a Colpensiones.[8]
10. El gerente de defensa judicial de la entidad accionada informó[9] que la administradora no cuenta con solicitudes de la accionante sin resolver dentro del término legal ya que, a través de resoluciones SUB 129102 del 18 de julio de 2017 y SUB 196430 del 14 de septiembre de 2017, se dio respuesta a sus pretensiones. Adicionalmente, señaló que si la accionante no se encuentra conforme con las respuestas brindadas debe agotar los trámites administrativos y/o judiciales dispuestos para tal fin y no reclamar vía acción constitucional.
Asimismo, indicó que mediante Resolución SUB 49961 del 2 de mayo de 2017 se procedió al reconocimiento del 100% de la pensión de sobrevivientes a la señora Ana Jackeline Osorio Tuiran en calidad de compañera permanente del causante desde el 19 de febrero del 2017, ya que agotado el trámite de emplazamiento previsto en el artículo 33 del Decreto 758 de 1990[10] no obraba solicitud diferente sobre el mismo derecho.[11]
11. El 21 de diciembre de 2017, el Juzgado Tercero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Barranquilla (Atlántico) declaró improcedente la acción de tutela al considerar que el conflicto suscitado entre las partes se deriva de una pensión de sobrevivientes y, en razón de ello, el juez competente para dirimirlo es el ordinario laboral y no el constitucional.[12]
12. Inconforme con la decisión de instancia, el apoderado judicial de la accionante mediante escrito del 27 de diciembre de 2017[13] impugnó el fallo manifestando que el motivo de controversia vincula a dos menores de edad y, en consonancia con la legislación nacional e internacional vigente, sí resulta procedente el amparo constitucional.
13. El Juzgado Décimo Penal del Circuito de Barranquilla con Funciones de Conocimiento, mediante sentencia del 16 de febrero de 2018[14], decretó la nulidad del fallo proferido en primera instancia debido a que el a quo no conformó en debida forma el contradictorio, pues no vinculó a la señora Ana Jackeline Osorio Tuiran, a quien se le reconoció el 100% de la pensión de sobrevivientes objeto del asunto y a la cual podría ver afectados sus derechos con la decisión.
14. En cumplimiento de lo anterior, el Juzgado Tercero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Barranquilla, vinculó a la señora Ana Jackeline Osorio Tuiran quien guardó silencio.
15. A través de fallo del 14 de marzo de 2018[15], dicho despacho declaró la improcedencia del amparo constitucional al concluir que, por una parte, el asunto a tratar versa sobre el reconocimiento de una prestación pensional y, de conformidad con el artículo 2 numeral 4 de la Ley 712 de 2001, es competencia de la jurisdicción ordinaria laboral por lo cual no debe ser dirimido mediante la acción de tutela.
Por otra, precisó que no se evidenciaba la afectación del derecho al mínimo vital alegado por la accionante ya que hasta pasados cinco meses desde el suceso del señor de la Hoz Gutiérrez, la solicitante, en calidad de compañera permanente y como representante legal de los menores de edad, adelantó las gestiones necesarias para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes ante Colpensiones lo cual, a su juicio, no denota la urgencia del reconocimiento.
16. Entre las pruebas aportadas en el trámite de la acción de tutela, esta Sala destaca las siguientes:
- Copia de la cédula de ciudadanía de la señora Digna Rosa Castellar Jiménez[16].
-Copia de la Resolución SUB 129102 del 18 de julio de 2017 mediante la que Colpensiones negó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a la señora Digna Rosa Castellar Jiménez y los menores de edad W.P.H.C y C.J.H.C.[19]
-Copia de la Resolución SUB196430 del 14 de septiembre de 2017 por medio de la cual Colpensiones rechazó los recursos instaurados por la accionante.[21]
- Copia de la declaración extra juicio de la señora Linda Luz Navarro Semprun en la que afirmó que la señora Digna Rosa Castellar Jiménez convivió en Unión Marital de Hecho durante 10 años con el señor Christian José de la Hoz y de dicha unión nacieron los menores W.P.H.C y C.J.H.C.[22]
- Copia de la declaración extra juicio del señor Dagoberto José Garay Ramírez en la que afirmó que la señora Digna Rosa Castellar Jiménez convivió en UMH durante 10 años con el señor Christian José de la Hoz y de dicha unión nacieron los menores W.P.H.C y C.J.H.C[23].
- Copia del estado actual de afiliación al Sistema General de la Seguridad Social a través del cual se evidencia que la señora Castellar Jiménez se encuentra activa en el régimen subsidiado en calidad cabeza de familia[24].
ii) A la Administradora Colombiana de Pensiones, remitir copia del expediente administrativo en que el consta el reconocimiento del derecho pensional al causante y la pensión de sobrevivientes reconocida a la señora Osorio Tuiran;
18. Como respuesta a lo anterior, la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Soledad (Atlántico), mediante oficio del 14 de agosto de 2018, comunicó que revisada la información que reposa en su base de datos la señora Castellar Jiménez no registra inmuebles a su nombre.
19. Asimismo, la Secretaría de Tránsito y Transporte de Soledad (Atlántico), en oficio del 16 de agosto de 2018 informó que revisado el archivo físico y magnético evidenció que la señora no posee vehículos matriculados en ese instituto de tránsito.
20. A través de ofició del 21 de agosto de 2018, la Dirección Documental de Colpensiones, informó que adjuntaría en “medio magnético copia de los únicos documentos que a la fecha se encuentran en la Dirección Documental bajo guía número GA840165693”; sin embargo, se advierte que adjunto a dicho documento no se allegó lo anunciado.
21. En oficio del 5 de septiembre de 2018 el ICBF[27] remitió la información correspondiente. Informó que, a través de la funcionaria designada para efectuar la visita domiciliara, se evidenció que el grupo familiar de los menores C.J.H.C y W.P.H.C está constituido por una familia monoparental, “(…) donde la señora Castellar Jiménez, cumple con el rol de madre cabeza de familia, es quien les brinda a sus hijos la atención cuidado y protección, siendo garantes de sus derechos, se evidencia (sic) relaciones favorables en la dinámica familiar, manejo de autoridad con límites claros, buena comunicación, establecimiento de pautas de crianza lo que permite el cumplimiento de normas”.
1. Esta Sala es competente para analizar el fallo materia de revisión, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política, y 31 a 36 del Decreto Estatutario 2591 de 1991.
2. Corresponde a la Sala analizar si Colpensiones vulneró los derechos fundamentales a la vida digna, al mínimo vital y a la seguridad social de los hijos menores de edad de un afiliado fallecido, al negar el reconocimiento y pago de una pensión de sobrevivientes con fundamento en haber comparecido extemporáneamente a solicitar su derecho, el cual, en consecuencia, se encontraba reconocido en un 100% a la compañera permanente del causante.
3. La acción de tutela se creó como un mecanismo para garantizar la protección de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política y, mediante el Decreto 2591 de 1991, se delimitaron las reglas básicas para su aplicación. En ese sentido, el artículo 6° de dicha normativa, determinó la procedencia de la tutela para las siguientes situaciones, a saber: (i) cuando no exista otro mecanismo jurídico ordinario, (ii) pese a la existencia de este, no resulta ser idóneo y eficaz para la protección de los derechos fundamentales y, (iii) para evitar la consumación de un perjuicio irremediable.[28]
4. Sobre el particular, esta Corporación en Sentencia T-791A de 2012, se estudió la acción de tutela interpuesta por la madre de un menor de edad, quien actuó en nombre propio y representación de su hijo, al considerar que Cajanal vulneró sus derechos fundamentales a la vida digna y al mínimo vital, ya que la misma negó el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes con ocasión de la muerte de su compañero permanente y padre del menor con fundamento en que no se acreditó la documentación necesaria para acceder a dicha prestación pensional.
5. Asimismo, se advierte que este Tribunal ha admitido el estudio de la solicitud de la pensión de sobrevivientes por esta vía cuando lo solicitó un“(i) sujeto de especial protección constitucional”, y acredita que: “(ii) la falta de pago de la prestación genera un alto grado de afectación de los derechos fundamentales, en particular del derecho al mínimo vital, (iii) se ha desplegado cierta actividad administrativa y judicial por el interesado tendiente a obtener la protección de sus derechos, (iv) aparecen acreditadas siquiera sumariamente, las razones por las cuales el medio judicial ordinario es ineficaz para lograr la protección inmediata de los derechos fundamentales presuntamente afectados”[35] y, v) “que exista una mediana certeza sobre el cumplimiento de los requisitos de reconocimiento del derecho reclamado”.[36]
6. Ahora bien, esta Corte ha señalado que el amparo se concede como mecanismo definitivo en aquellos casos en que se acrediten los requisitos anteriormente mencionados y cuando el medio de defensa judicial sea inidóneo, ineficaz o inexistente puesto que no ofrece una protección integral e inmediata frente a la urgencia requerida.[37]
“El daño debe ser inminente, es decir que está por suceder en un tiempo cercano, a diferencia de la mera expectativa ante un posible menoscabo. Este presupuesto exige la acreditación probatoria de la ocurrencia de la lesión en un corto plazo que justifique la intervención del juez constitucional. Es importante resaltar que la inminencia no implica necesariamente que el detrimento en los derechos este consumado. Asimismo, indicó que las medidas que se debían tomar para conjurar el perjuicio irremediable deben ser urgentes y precisas ante la posibilidad de un daño grave evaluado por la intensidad del menoscabo material a los derechos fundamentales de una persona. En esa oportunidad, la Corte señaló que la gravedad del daño depende de la importancia que el orden jurídico le concede a determinados bienes bajo su protección. Finalmente estableció que la acción de tutela debe ser impostergable para que la actuación de las autoridades y de los particulares sea eficaz y pueda asegurar la debida protección de los derechos comprometidos.”[39](Negrillas del texto original)
7. En suma, dado el carácter subsidiario de esta acción constitucional, por regla general, esta acción no procede para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes cuando existan medios idóneos y eficaces para dirimir la controversia que se haya generado en su entorno. No obstante, este Tribunal ha permitido su procedencia cuando analizadas las particularidades del caso se configura la carencia de idoneidad o eficacia de la acción ordinaria, o cuando exista el riesgo de ocurrir un perjuicio irremediable. Asimismo, al encontrarse involucrados sujetos de especial protección el análisis se debe flexibilizar.
8. Los niños, niñas y adolescentes cuentan con una protección especial dadas las disposiciones previstas tanto en el ámbito internacional como en la jurisprudencia.[40] Este tema tampoco ha sido ajeno a los pronunciamientos de la jurisprudencia constitucional.
9. En efecto, el artículo 44 de la Constitución, estipuló la preeminencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes respecto de las prerrogativas constitucionales de los demás, ello en atención a sus condiciones de indefensión y vulnerabilidad, de las cuales se desprende la necesidad de brindar un cuidado especial.[41]
10. Por ejemplo, la Declaración sobre los Derechos del Niño, en su artículo 3.1 estableció que “en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”; y en el artículo 3.2 determinó que “los Estados partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.”[42]
11. Por su parte, la Ley 1098 de 2006[45] en los artículos 6[46], 7[47] y 9[48] consagró el interés superior del menor como un mandato dirigido a que las autoridades administrativas o judiciales adopten decisiones y garanticen la efectividad de la prevalencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
12. La jurisprudencia constitucional también ha resaltado en diferentes ocasiones[49] la importancia de los derechos fundamentales de los niños. A través de la sentencia C-507 de 2004, indicó que los derechos fundamentales de los niños se tratan de derechos de protección[50] y, en tal virtud, es necesario adoptar una serie de medidas a fin de garantizar su efectividad.[51]
(…) Este derecho a la protección es correlativo al deber del Estado de adoptar normas jurídicas que protejan al menor, habida cuenta de su vulnerabilidad, de sus condiciones reales de vida a medida que evoluciona la sociedad y su entor­no inmediato, y de su exposición a soportar las consecuencias de las decisio­nes que adopten los mayores sin considerar el interés superior del menor”[53].
13. Además, a juicio de esta Corporación[54], las autoridades administrativas y/o judiciales al momento de dar aplicación al principio de prevalencia del interés superior de los NNA debe analizar: (i) las condiciones fácticas integralmente y advertir los parámetros establecidos en el ordenamiento jurídico para promover el bienestar infantil.[55]
14. Conforme a lo expuesto, de conformidad con la especial consideración que tuvo el constituyente primario, los postulados internacionales, y el desarrollo constitucional de estos, los derechos de los menores de edad se deben garantizar con mayor rigor y en observancia del principio de interés superior del menor. El cual es un mandato dirigido a todas las personas para que en el ámbito de sus posibilidades hagan efectivos, siempre que corresponda, los derechos de los menores.
15. Ahora bien, se advierte que el artículo 13 del Decreto 1889 de 1994, compilado en el artículo 2.2.8.2.5 del Decreto Único Reglamentario 1833 de 2016[64], estableció que el estado civil y parentesco del beneficiario se acredita con el certificado de registro civil.
16. Por otro lado, en el artículo 2.2.8.2.1 ibídem estableció los porcentajes de distribución de la pensión de sobrevivientes, a saber:
2. Si no hubiese cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con derecho, la pensión de sobrevivientes corresponderá en su totalidad a los padres con derecho, por partes iguales.
17. En conclusión, se tiene que la pensión de sobrevivientes es una prestación que tienen por objeto la efectiva protección de aquellos que conforman el núcleo familiar del causante y, de conformidad con los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993 modificada por la Ley 797 de 2003, y en consonancia con el Decreto 1833 de 2016, para el reconocimiento del derecho prestacional derivado de la muerte de un afiliado, en casos de menores de edad, el único requisito exigido es demostrar su parentesco por medio del registro civil.
18. En el presente caso, se analiza la situación de los niños W.P.H.C y C.J.H.C de 3 y 8 años de edad, quienes a través de su madre, Digna Rosa Castellar Jiménez solicitaron el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes con ocasión al fallecimiento de su padre el 19 de febrero de 2017.
Se tiene que dicha solicitud fue negada con fundamento en que la misma se reclamó de manera extemporánea y, en consecuencia, se encuentra reconocida en el 100 % a la señora Jackeline Osorio Tuiran en calidad de compañera permanente del causante.
Agotada la vía gubernativa, la señora Castellar Jiménez, actuando en representación de sus hijos a través de apoderado judicial, el 6 de diciembre de 2017, interpuso acción de tutela contra Colpensiones en la cual invocó la protección de los derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas, seguridad social, mínimo vital y la prevalencia del principio del interés superior del niño, con ocasión a la negativa de la administradora de pensiones para efectuar el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes en calidad de hijos menores de edad, en los términos del literal c) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993.
El Juzgado Décimo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Barranquilla, declaró la nulidad de todo lo actuado una vez constató que el juzgado de primer nivel no vinculó a la señora Osorio Tuiran, compañera permanente del causante.
19. Analizado el expediente se encuentra acreditada la legitimación por activa toda vez que la señora Castellar Jiménez actúa en representación de sus hijos menores de edad quienes son titulares del derecho pensional reclamado.
De la legitimación por pasiva se concluye que Colpensiones está legitimada dentro de la presente acción de tutela, ya que es la encargada de administrar la prestación social reclamada debido a que ante dicha entidad el fallecido dejó causado el derecho; sumado a ello, es la entidad que negó la pensión de sobrevivientes reclamada por los hijos del señor Christian José de la Hoz Gutiérrez.
Respecto del requisito de inmediatez, esta Corte ha concluido que la acción de tutela puede ser interpuesta en un tiempo razonable desde la ocurrencia del hecho generador de la trasgresión o amenaza y su presentación. En el caso bajo análisis se tiene que la negativa expedida por Colpensiones fue comunicada a la señora Castellar Jiménez el 21 de septiembre del 2017 y la acción de tutela fue interpuesta el 6 de diciembre de 2017. Es decir, que transcurrieron 2 meses y 15 días desde que se recibió la contestación negativa por parte de la administradora. En ese sentido se encuentra acreditado el presupuesto de inmediatez.
La Sala encuentra acreditado este requisito ya que en el expediente obra prueba de la solicitud elevada[68] a Colpensiones el 8 de junio de 2017 con el fin de obtener el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes con ocasión del fallecimiento del señor de la Hoz Gutiérrez. Asimismo, se advierte el agotamiento de la vía gubernativa de la misma el 17 de agosto de 2017.[69]
De acuerdo con lo anterior, por las circunstancias particulares de este asunto, esto es que la señora Castellar Jiménez representa a (i) dos sujetos de especial protección constitucional, (ii) su núcleo familiar se encuentra en situación de vulnerabilidad, (iii), atraviesa una situación económica precaria y (iv) se evidencia una afectación al mínimo vital y la vida en condiciones dignas, concluye la Sala que otro medio judicial se torna ineficaz para la protección oportuna de sus derechos fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital y en esa medida la acción de tutela es procedente en el presente caso.
20. Agotado el examen de procedencia y al abordar el fondo del asunto, la Sala advierte que, tratándose del cumplimiento de los requisitos legales para acceder a la pensión de sobrevivientes, es preciso destacar que el literal c) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993 establece que uno de los beneficiarios son los hijos menores de 18 años de edad, siempre y cuando acrediten la relación filial con el causante.
En el caso bajo estudio, se encuentra acreditado el parentesco, pues la peticionaria allegó los registros civiles de nacimiento de los menores de edad W.P.H.C y C.J.H.C en los que se evidencian sus fechas de nacimiento los días 18 de septiembre de 2009 y 14 de agosto de 2015 y, a su vez, se establece su relación consanguínea con el señor Christian José de la Hoz Gutiérrez, de quien además se aportó su registro civil de defunción donde consta que su deceso se produjo el 19 de febrero de 2017.
21. Del material probatorio allegado en sede de revisión se advierte que los menores de edad actualmente se encuentran bajo el cuidado y protección de su progenitora, cuya subsistencia se efectúa con un ingreso inferior a un SMLMV ya que, antes del fallecimiento del señor de la Hoz Gutiérrez, dependían económicamente de él.
22. Ahora bien, tal como consta en el acápite de antecedentes, se tiene que Colpensiones negó el reconocimiento y pago del derecho pensional a los menores de edad W. P. H.C y C.J. H.C con ocasión de la muerte de su padre mediante Resolución SUB 129102 del 18 de julio de 2017 al concluir que:
“(…) la solicitud de la señora CASTELLAR JIMÉNEZ DIGNA ROSA, ya identificada y los menores W.P.H.C y C.J.H.C[70], no puede ser estudiada conforme a la anterior disposición, debido a que el derecho ya fue otorgado a la SEÑORA OSORIO TUIRAN ANA JACKELINE, ya identificada en calidad de compañera; debido a que una vez se realiza solicitud de pensión de sobrevivientes (sic) se procedió a realizar la publicidad señalada en la Ley a través del edicto emplazatorio, a fin de todas las personas (sic) que se creyeran con derecho se hicieran presentes en el trámite de la reclamación pensional, edicto No. 028 del 9 de marzo de 2017, y la señora CASTELLAR JIMENEZ DIGNA ROSA, ya identificada y los menores W.P.H.C y C.J.H.C acudieron a reclamar el mismo derecho el 8 de junio de 2017, cuando ya había precluido (sic) el termino para hacerlo.”
Posteriormente, Colpensiones confirmó dicha decisión a través de Resolución SUB 196430 del 14 de septiembre de 2017.
23. En cuanto a la omisión de las funciones por parte de la entidad, se advierte que tanto Colpensiones como el derecho prevén figuras jurídicas por las cuales la administradora de pensiones cuenta con la facultad de dejar sin efectos un acto administrativo expedido por ella.
En el mismo sentido, Colpensiones podía haber ordenado la suspensión de la prestación pensional mientras se tramitaba la acción de lesividad ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, o en su defecto, de acuerdo con el artículo 93 de la Ley 1437 de 2011, la entidad también contaba con la posibilidad de revocar el acto administrativo SUB 49961 del 2 de mayo de 2017 en el cual se reconoció el 100 % de la pensión de sobrevivientes a la señora Jackeline Osorio Tuiran en calidad de compañera permanente del causante y expedir una nueva resolución en la que se reconociera el 50 % correspondiente a los hijos menores de edad del causante, desde el momento en que aquellos acreditaron el único requisito exigido por la legislación para que se otorgue, esto es, el parentesco.[74]
Así, se encontraban acreditados los requisitos legales para acceder a la pensión de sobrevivientes consagrados en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993 en el caso de menores de edad que certifican la relación filial con el causante hasta el cumplimiento de su mayoría de edad o hasta los 25 años de edad siempre y cuando se encuentre estudiando y no se trate de una persona en condición de discapacidad, ya que este escenario cuenta con sus particularidades. Por consiguiente, Colpensiones al negar el reconocimiento de la citada prestación social pese a que los niños W. P. H.C y C.J. H.C contaban con los presupuestos requeridos para tal fin, conculcó sus derechos al mínimo vital, a la seguridad social y a la vida digna, al no dar una aplicación prevalente de los derechos de los menores de edad frente al trámite administrativo pensional.
24. Ahora bien, el Juzgado 3º Penal del Circuito con Funciones de Control de Garantías de Barranquilla decidió declarar improcedente el amparo constitucional argumentando que el conflicto suscitado entre las partes era competencia del juez ordinario laboral.
Sin embargo, esta Sala no comparte dicha decisión ya que no se observa una valoración juiciosa respecto de la situación particular de los menores de edad. Lo anterior, dado que desconoció el carácter prevalente de los derechos de los menores de edad y la flexibilización de este mecanismo jurídico ante situaciones que involucran sujetos de especial protección y se encuentran ante una situación apremiante.
En ese orden, la Sala no encuentra motivos suficientes para que Colpensiones y el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Barranquilla, al momento de resolver las pretensiones objeto de discusión, hubieran pasado por alto todas las prevenciones que tuvo el Legislador respecto de los menores de edad así como al desarrollo jurisprudencial sobre el carácter prevalente del interés superior del menor.
25. Acto seguido, corresponde a la Corte determinar si en el asunto el amparo se otorgará de forma definitiva o como mecanismo transitorio.
A juicio de esta Sala, de conformidad con los antecedentes expuestos y los elementos de juicio que obran en el expediente, si bien es cierto que el asunto cuenta con un mecanismo ante la jurisdicción ordinaria, lo cierto es que remitir a la accionante al proceso laboral ante dicha jurisdicción es poner en marcha el aparato judicial sin razón, dado que por una parte, la entidad como se explicó en párrafos precedentes, contaba con las figuras jurídicas idóneas y eficaces para solucionar la controversia, máxime si se tiene en cuenta que no existen dudas sobre la acreditación de los requisitos para acceder al derecho pensional por parte de los niños W.P.H.C y C.J.H.C.
Aunado a lo anterior, como se mencionó en precedencia, la accionante hace parte de la base de datos del Sisbén en el nivel II.
26. En suma, para la Sala, en el presente asunto, la Administradora de Pensiones de Colombia -Colpensiones- vulneró los derechos a la seguridad social, la vida en condiciones dignas y el mínimo vital de los menores de edad W.P.H.C y C.J.H.C al negar el reconocimiento y pago del porcentaje correspondiente a ellos en calidad de hijos del causante.
27. Como consecuencia de lo anterior, la Sala Octava de Revisión revocará la decisión de primera instancia proferida por el Juzgado 3° Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Barranquilla (Atlántico) y, en su lugar, concederá la protección de los derechos fundamentales a la seguridad social, a la vida digna y al mínimo vital de los menores de edad W.P.H.C y C.J.H.C.
28. Sin embargo, no se dará una orden concreta dado que en el caso sub examine, posterior a la citación a Sala de la presente sentencia[75], Colpensiones allegó[76] la Resolución SUB 253899 del 25 de septiembre de 2018 mediante la cual redistribuyó el pago de la pensión de sobrevivientes con ocasión del fallecimiento del señor Christian José de la Hoz Gutiérrez a partir del 1 de octubre del 2018 de la siguiente manera:
-OSORIO TUIRAN ANA JACKELINE ya identificada, en calidad de Compañera con un porcentaje de 50.00% . La pensión reconocida es de carácter vitalicio, en los siguientes términos y cuantías:
El solicitante es representado legalmente por la señora Castellar Jiménez Digna Rosa, quien se identifica con CC No. 22657319.
-CASTELLAR JIMENEZ DIGNA ROSA ya identificada en calidad de compañera.”[79]
PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado 3° Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Barranquilla (Atlántico) dentro del proceso de tutela promovido por la señora Digna Rosa Castellar Jiménez por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia y, en consecuencia, CONCEDER la protección de los derechos fundamentales a la seguridad social, a la vida digna y al mínimo vital de los menores de edad W.P.H.C y C.J.H.C.
[50] “Los derechos de protección, a diferencia de los derechos de libertad, garan­ti­zan a las personas que el Estado adopte medidas de carácter fáctico y medidas de carácter normativo para protegerlos. Dentro de las primeras se encuentran aquellas acciones de la administración que suponen movilización de recursos materiales y humanos para impedir, por ejemplo, que la frágil vida e integri­dad de un niño recién nacido sea maltratada. Dentro de las medidas de carácter norma­tivo se encuentran, entre otras, las reglas de capacidad o las edades a partir de las cuales se pueden realizar ciertas actividades como traba­jar y las condiciones en que ello puede suceder. Cabe decir que el titular de un “dere­cho de protección”, puede ser cualquier persona (art. 2, CP), no sólo los “sujetos de protección especial” como niños, discapa­citados o adultos mayo­res. Sin embargo, que la Constitución reconozca un derecho de protección especial a un tipo de sujeto determinado, como sucede con los menores, plan­tea la cuestión de cuál es el alcance específico de dicho mandato legal de protección, diferente del ámbito de protección del mandato general que cobija a todas las personas (...)”// en sentencia T-717 de 2011:“(..) la Corte recordó que los derechos de protección en contraposición a los de libertad, le imponen al Estado obligaciones de hacer, respecto de la garantía de los mismos. Conforme a esto, se deben adoptar medidas tanto fácticas como normativas para lograr la efectiva salvaguarda de estos derechos”.
[59] Desestabilidad emocional, afectiva y psicológica y afectación al derecho a tener una familia.
[64] “ARTICULO 13. PRUEBA DEL ESTADO CIVIL Y PARENTESCO. <Artículo compilado en el artículo 2.2.8.2.5 del Decreto Único Reglamentario 1833 de 2016. Debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo 3.1.1 del mismo Decreto 1833 de 2016> El estado civil y parentesco del beneficiario de la pensión de sobrevivientes, se probará con el certificado de registro civil.
[66] Visible a folio 20, cuaderno principal
[69] Visible a folio 14, cuaderno 1.
[73] Ley 1437 de 2011. Artículo 97. Revocación de actos de carácter particular y concreto: “Salvo las excepciones establecidas en la ley, cuando un acto administrativo, bien sea expreso o ficto, haya creado o modificado una situación jurídica de carácter particular y concreto o reconocido un derecho de igual categoría, no podrá ser revocado sin el consentimiento previo, expreso y escrito del respectivo titular. || Si el titular niega su consentimiento y la autoridad considera que el acto es contrario a la Constitución o a la ley, deberá demandarlo ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. || Si la Administración considera que el acto ocurrió por medios ilegales o fraudulentos lo demandará sin acudir al procedimiento previo de conciliación y solicitará al juez su suspensión provisional. || Parágrafo. En el trámite de la revocación directa se garantizarán los derechos de audiencia y defensa”
[79] Respecto a la solicitud de la señora Castellar Jiménez la entidad concluyó que, de acuerdo a “la información verificada, cotejo de documentación, entrevistas de trabajo de campo, no se logró confirmar que el señor Christian José de la Hoz Gutiérrez y la señora Digna Rosa Castellar Jiménez convivieron en unión libre por el periodo manifestado por la solicitante”, esto es, entre el año 2008 hasta el 19 de febrero de 2017, fecha de su fallecimiento.