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Timestamp: 2018-06-23 13:38:57
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Matched Legal Cases: ['artículo 9', 'artículo 769', 'artículo 8', 'artículo 78', 'artículo 107', 'artículo 954']

Algunas cuestiones jurídicas que se plantean en los supuestos de ruptura de los matrimonios mixtos y entre extranjeros · Noticias Jurídicas
01/03/2008 08:00:00 | MATRIMONIOS MIXTOS
Mª Angeles Serrano Ochoa y Ruby Sibony
Si además vamos a tratar cuestiones relacionadas con la custodia de los hijos/as de ese matrimonio , tendríamos que atender a lo dispuesto por el Reglamento 2201/2003 de 27 de noviembre de 20034 (o al Convenio de La Haya de 1996 relativo a la competencia , la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad parental y las medidas de protección de niños, aunque por el momento no está en vigor en España pero que se que se puede consultar en www.hcch.nl en su texto en inglés). 5, que conforme a su art. 12 se entienden competentes los Tribunales que lo sean para conocer de la acción de separación/divorcio6 siempre que se cumplan determinados requisitos. 7
Por su parte, el art. 22.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que "los juzgados y tribunales españoles serán competentes en materia de relaciones paterno-filiales cuando el hijo tengan su residencia habitual en España al tiempo de la demanda o el demandante sea español o resida habitualmente en España" .
Al existir hijos, se debe tratar también en el procedimiento judicial el establecimiento de una pensión de alimentos , por lo que para determinarse si son competentes o no los Tribunales españoles, debemos acudir al Reglamento C. E. 44/2001 de 22 de diciembre de 2000, conforme al cual los foros que determinan la competencia de los Tribunales son : a) los tribunales del estado miembro elegido por las partes, b) los tribunales del estado miembro en el que el demandado tenga su domicilio y c) competencia de los tribunales de la residencia del menor (acreedor de los alimentos), salvo que dicha medida sea incidental de un proceso de familia en cuyo caso la competencia corresponde, generalmente, al tribunal que conoce de la demanda principal11.
Por otro lado, si la resolución o decisión judicial es dictada en un país con los que España tiene suscrito un convenio bilateral 21, habría que tener presente ese acuerdo concreto para el reconocimiento y ejecución de las resoluciones judiciales en materia de derecho de familia.
En los demás supuestos, es decir, cuando no provenga la resolución de un país que haya suscrito el Reglamento 2201/2003 o no exista convenio bilateral, se debe acudir al exequatur previsto en la Ley de Enjuiciamiento Civil . El procedimiento de exequatur es un paso previo a la ejecución de una sentencia extranjera que no trata de revisar el fondo de la resolución sino simplemente de comprobar determinadas cuestiones formales.
Mª Angeles Serrano Ochoa
Abogados mangeles.serrano@despachoabogado.com.
1 II Anuario de la Comunicación del Inmigrante en España, editado por la consultora Etnia Comunicación.
2 Debemos tener presente para determinar la competencia territorial, entre los principales, el Reglamento del Consejo 2201/2003 de 27 de noviembre de 2003 relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental –DOCE 338 de 23 de diciembre de 2003—; el Convenio de la Haya de 5 de octubre de 1961 sobre Protección de Menores en cuestiones relacionados con menores, excepto cuestiones alimenticias que establece la competencia el Reglamento comunitario del Consejo 44/2001 de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil –DOCE L 12, de 16 de enero de 2001-; el Convenio de Lugano de 1988 relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (BOE nº 251 de 20 de octubre de 2004) y el Convenio de Bruselas de 1968. En último caso se puede acudir a ciertos Convenios bilaterales suscritos por el legislador español en materias concretas, como es el caso del Convenio entre España y Uruguay sobre alimentos a los menores.
3 Hay que tener presente también el artículo 9.2 y 107 del C.C.
4 El Reglamento denomina responsabilidad parental a “los derechos y obligaciones conferidos a una persona física o jurídica en virtud de una resolución judicial, por ministerio de la ley o por acuerdo con efectos jurídicos en relación con la persona o los bienes de un menor”
5 Este Convenio está pendiente de ratificar por España y se aplicaría fuera del ámbito de la Unión Europea, pero sigue el mismo diseño competencial: foro principal para determinar la competencia en base a la residencia del menor (art. 5) y foros excepcionales si otro Estado está "mejor situado" para la adopción de las medidas (art. 8) u otro Estado es competente para conocer de la demanda de divorcio o separación de los padres (art. 10) y se cumplen los requisitos allí especificados.
6 En el mismo sentido el artículo 769 de la LEC 2000.
7 El art. 12, establece que "1. Los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en que se ejerza la competencia con arreglo al art. 3 en una demanda de divorcio, separación judicial o nulidad matrimonial tendrán competencia en las cuestiones relativas a la responsabilidad parental vinculadas a dicha demanda:
b) cuando la competencia de dichos órganos jurisdiccionales haya sido aceptada expresamente o de cualquier otra forma inequívoca por los cónyuges o por los titulares de la responsabilidad parental en el momento de someter el asunto ante el órgano jurisdiccional y responda al interés superior del menor".
8 Virginia de Sande Gil, Fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Editorial SEPIN, encuesta publicada en marzo de 2007: ¿ Son competentes los tribunales españoles, si uno de los dos progenitores tiene residencia en España, para adoptar medidas definitivas en relación con su hijo menor residente en el extranjero?.
9 www.poderjudicial.es Id Cendoj: 30030370012003100353.
10 El Convenio de la Haya de 5 de octubre de 1961 de Protección de Menores, establece con carácter general la competencia de los órganos jurisdiccionales del Estado de residencia habitual de un menor. En el ámbito de la Unión Europea, el Reglamento del Consejo nº 2201/2003 establece en su artículo 8 también la competencia de los tribunales donde el menor tenga su residencia habitual si bien con las siguientes excepciones:
11 Similar distribución competencial contiene el Convenio de Lugano, de 16 de septiembre de 1988, aplicable en materia de alimentos a países no pertenecientes a la Unión Europea.
12 Carmen Parra Rodríguez, Profesora de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Barcelona “El Efecto de la multiculturalidad en los Juzgados españoles”
13 www.incadat.com.
14 Carmen Parra Rodríguez, Profesora de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Barcelona “El Efecto de la multiculturalidad en los Juzgados españoles”
15 El repudio es una forma de disolución del matrimonio que se dá en algunos ordenamientos jurídicos de países islámicos. Normalmente es unilateral y discriminatorio. Pero en otros supuestos, por ejemplo, cuando el repudio es invocado por la mujer en el supuesto de que ésta haya pagado una suma económica de dinero o si se lo pide al marido que consiente al mismo, se entiende que se estaría ante un repudio no discriminatorio. De las clases de repudios que existen sólo el que no es discriminatorio y requiere para su validez la previa autorización judicial (como es el que se recoge en la Moudawwanna marroquí de 03/02/2004, Código de Familia de Marruecos, artículo 78 y siguientes) sí puede ser instado en España y se regirá por la ley extranjera en virtud del artículo 107.2 del CC. De este modo es aplicable en España y el repudio instado ante Juez español será válido y eficaz en España.
16 El Tribunal Constitucional ha sentado la doctrina jurisprudencial de que en defecto de prueba del derecho extranjero debe estarse al Derecho español, criterio que es más respetuoso con el contenido del art. 24.1 de la Constitución Española "dado que el Derecho español, con carácter sustitutorio del que resulta aplicable, también puede ofrecer en una situación de tráfico externo la respuesta fundada en Derecho que e1 citado precepto constitucional exige" (STC 155/2001, de 2 de julio [RTC 2001155].Así lo resolvió también el Tribunal Supremo en su Sentencia de 7 de septiembre de 1990 (RJ 1990 6855) que, al respecto, se pronunció del siguiente modo: «la consolidada doctrina de esta Sala, en el sentido de entender, que la aplicación del Derecho extranjero es una cuestión de hecho, y como tal ha de ser alegada y probada por la parte que lo invoca, siendo necesario acreditar la exacta entidad del derecho vigente, y también su alcance y autorizada interpretación, de suerte que su aplicación no suscite la menor duda razonable a los tribunales españoles, y todo ello mediante la pertinente documentación fehaciente; constituyendo práctica reiterada, la que determina que, cuando a los Tribunales españoles no les es posible fundamentar con seguridad absoluta la aplicación del Derecho extranjero, habrán de juzgar y fallar según el Derecho patrio -Sentencias 28-10-1968 (RJ 19684850), 4-10-1982 (RJ 19825537), 15-3-1984 (RJ 19841574), 12-1 y 11-5-1989 (RJ 1989100 y RJ 19893758)-». Partidarios de esta línea doctrinal también son las Sentencias de las Audiencias Provinciales de Castellón de 22 de noviembre de 2002 (AC 20021914), Girona de 20 de octubre de 2002 (AC 2002 1493) y Valencia de 15 de noviembre de 1993 (AC 19932234).
17 La ejecución de las resoluciones dictadas en procesos de familia. Antonio Javier Pérez Martín. Editorial Lex Nova.
18 Para el reconocimiento y ejecución de sentencias en materia específica de pensiones alimenticias resulta de aplicación el Reglamento 44/2001 del Consejo de 22 de diciembre de 2000.
19 La ejecución de las resoluciones dictadas en procesos de familia. Antonio Javier Pérez Martín. Editorial Lex Nova.
20 Resolución de 20 de febrero de 2001- BOE 8 de marzo de 2001.
21 Ejemplo de ellos son los Convenios firmados con Suiza, Colombia o Marruecos.
22 La Disposición Derogatoria Única de la LEC 2000, en su apartado 1, determina la derogación de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1.881, con excepciones, entre ella, en la 3ª establece: "Los artículos 951 a 958, sobre eficacia en España de sentencias dictadas por tribunales extranjeros, que estarán en vigor hasta la vigencia de la Ley sobre cooperación jurídica internacional en materia civil", es decir, el artículo 954 de la LEC de 1881 se mantiene vigente en esta materia mientras no se promulga la anunciada Ley sobre cooperación jurídica internacional establece los requisitos para que una sentencia dictada en un país extranjero sea reconocida en España, cuando no existe previsión específica en los tratados bilaterales o multilaterales.
23 www.poderjudicial.es Id Cendoj: 50297370042006200102.