Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2005-20422-41515-de-agosto-31-de-2017?documento=jurcol&contexto=jurcol_c238ba1f549842198bc99a466cdbf721&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-09-18 23:59:16
Document Index: 237496846

Matched Legal Cases: ['IN DUBIO', 'IN DUBIO', 'artículo 86', 'artículo 136', 'artículo 169', 'artículo 185', 'artículo 267', 'e contrario', 'in dubio', 'e contrario', 'artículo 7', 'artículo 68', 'artículo 90', 'artículo 414', 'artículo 90', 'artículo 90', 'artículo 55', 'Artículo 28', 'artículo 74', 'Artículo 7', 'artículo 49', 'Artículo 9', 'Artículo 414', 'Artículo 535']

﻿ SENTENCIA 2005-20422/41515 DE AGOSTO 31 DE 2017
SENTENCIA 2005-20422 DE 31 DE AGOSTO DE 2017
CONTENIDO:CONDICIONES PARA QUE LA INDAGATORIA PUEDA SER VALORADA EN LOS PROCESOS DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO. ES POSIBLE VALORAR LA INDAGATORIA EN EL JUICIO DE RESPONSABILIDAD ESTATAL, EN LOS SIGUIENTES CASOS: I) CUANDO LA INDAGATORIA SE EQUIPARA AL TESTIMONIO AL SURTIRSE EL TRÁMITE DE LA RATIFICACIÓN MEDIANTE JURAMENTO EN EL TRÁMITE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVOII) CUANDO LOS INDAGADOS CONSIENTAN HACER AFIRMACIONES BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO Y SE SATISFAGAN LOS PRINCIPIOS DE CONTRADICCIÓN, NECESIDAD, PERTINENCIA Y CONDUCENCIA. ADEMÁS, SE HA DICHO QUE ES POSIBLE VALORAR LA INDAGATORIA Y OTORGARLE MÉRITO PROBATORIO SIEMPRE Y CUANDO: I) SE ADVIERTA QUE SON INDISPENSABLES PARA REALIZAR UN ANÁLISIS INTEGRAL DEL CASOII) NO SE CONSTITUYA EN LA ÚNICA PRUEBA QUE DEFINA LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADOIII) COINCIDAN CON LO ACREDITADO A TRAVÉS DE OTROS MEDIOS DE CONVICCIÓNIV) HAYAN SIDO TENIDAS EN CUENTA COMO MEDIOS DE PRUEBA EN PROCESOS FORÁNEOS EN LOS CUALES FUERON RECAUDADAS Y NO HAYAN SIDO DESESTIMADAS POR PRESIONES INDEBIDAS O VULNERACIONES A DERECHOS FUNDAMENTALES, CON EL AGREGADO QUE SI LA DECLARACIÓN ES DE QUIEN ES PARTE EN EL TRÁMITE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SÓLO SE ACORDARÁ CREDIBILIDAD PROBATORIA EN LO DESFAVORABLE, PUESTO QUE PODRÍA EVENTUALMENTE VERSE BENEFICIADA POR LA SENTENCIA FAVORABLE QUE EVENTUALMENTE SE PROFIERA COMO CONCLUSIÓN DEL PRESENTE LITIGIO. DE ESTE MODO, CUANDO LA ÚNICA PRUEBA QUE HAY CONSISTE EN EL TESTIMONIO RENDIDO EN INDAGATORIA POR UNA PERSONA Y ÉSTE NO DA LA SUFICIENTE CREDIBILIDAD, EL SINDICADO PODRÁ SER ABSUELTO DE SU RESPONSABILIDAD EN VIRTUD DEL IN DUBIO PRO REO COMO LO ES EN EL CASO BAJO ESTUDIO.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, PRINCIPIO DE IN DUBIO PRO REO, DILIGENCIA DE INDAGATORIA, APRECIACIÓN DE LA PRUEBA, PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD, INDAGATORIA
Sentencia 2005 - 20422/41515 de agosto 31 de 2017
Rad.: 50001 - 23 - 31 - 000 - 2005 - 20422 - 01
Exp. 41515
Actor: RVC y otros
Bogotá D.C., treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete
Temas: Privación injusta de la libertad por el presunto delito de homicidio agravado. Imputación del daño por privación injusta, régimen de responsabilidad aplicable. Régimen objetivo, daño especial. Inexistencia de culpa exclusiva de la víctima. Indemnización de perjuicios, perjuicios morales, criterios para su tasación. Perjuicios materiales por lucro cesante, indexación.
La Sala procede a resolver los recursos de apelación presentados por las partes contra la sentencia del 25 de noviembre de 2010, dictada por el Tribunal Administrativo del Meta en la que se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
9. La Sala es competente para resolver el caso iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa, en razón a su naturaleza. La Ley 270 de 1996 desarrolló la responsabilidad del Estado en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad, y determinó la competencia para conocer de tales asuntos en primera instancia en cabeza de los tribunales administrativos, y en segunda instancia en el Consejo de Estado, sin que sea relevante lo relacionado con la cuantía(2).
10. La acción de reparación directa establecida en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo es la procedente en este caso, por cuanto la producción o fuente del daño alegado se atribuye a las acciones u omisiones presuntamente cometidas por la Nación, representada por la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial, que según la parte actora, le provocaron perjuicios morales y materiales que deben ser indemnizados integralmente.
11. En cuanto a la legitimación en la causa por activa, está probado en el proceso que el señor EVC estuvo privado de la libertad desde el 15 de octubre de 1999(3) hasta el 24 de noviembre de 2003(4), e igualmente que el señor RVC fue capturado el 5 de marzo de 2001(5)y dejado en libertad el 24 de noviembre de 2003(6).
11.1. De igual forma, se probó el vínculo de parentesco existente entre las personas antes mencionadas y sus hermanos MAVC(7) y PEVC(8).
11.2. Así mismo, está acreditado que la señora MDS era la compañera permanente del señor EVC para la época en que este estuvo privado de la libertad(9) y que BSBD, MVA y AVA, son sus hijos(10).
11.3. Ahora, contrario a lo considerado por la primera instancia, está probado que la señora MLC es la madre de los señores RVC y EVC, pues así aparece consignado en los respectivos registros civiles de nacimiento(11), razón por la que le asiste legitimación en la causa por activa, aspecto en el que se impone modificar la decisión impugnada.
12. Sobre la legitimación en la causa por pasiva, se advierte que la privación de la libertad de los señores EVC y RVC se produjo con ocasión de varias decisiones tomadas por la Fiscalía General de la Nación, pues esta fue la entidad que ordenó su captura(12), impuso en su contra medida de aseguramiento consistente en detención preventiva(13) y resolución de acusación por el presunto delito de homicidio(14), de manera que se tendrá a la entidad como legitimada en este asunto.
12.1. También se encuentra legitimada en la causa por pasiva la Rama Judicial, dado que a partir de la ejecutoria de la resolución de acusación, los señores RVC y EVC quedaron a disposición del Juzgado Penal del Circuito de G - M, autoridad que dictó sentencia condenatoria en su contra por el presunto delito de homicidio, por virtud de la cual se prolongó la detención a la que se vieron sometidos(15), aunque posteriormente fueran absueltos por la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de San Gil - Santander(16).
12.2. En este punto se aclara que tanto la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial hacen parte de la persona jurídica Nación, entidades a las que los actores le endilgan responsabilidad por los daños sufridos, solo que para efectos de la responsabilidad se estudiará el grado de injerencia que estas tuvieron en la producción del daño alegado, a fin de determinar si una eventual condena se ordenaría con cargo a su presupuesto y, en qué medida.
13. Finalmente, concerniente a la caducidad, en tratándose de responsabilidad por la privación injusta de la libertad, la jurisprudencia de esta Corporación ha considerado que el término de caducidad de la acción de reparación directa se cuenta a partir del día siguiente al de la ejecutoria de la providencia judicial que absuelve al sindicado y le pone fin al proceso penal(17).
13.1. Acorde con las pruebas arrimadas al plenario, resulta acreditado que la sentencia del 17 de octubre de 2003 emitida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de San - Gil, providencia que absolvió a RVC y EVC del delito de homicidio agravado (fls. 253 - 273, cdno. 1), adquirió firmeza el 2 de diciembre de 2003(18), de manera que el plazo límite para ejercer el medio de control vencía el 3 de diciembre de 2005. Y comoquiera que la demanda fue radicada el 21 de septiembre de 2005 (fl. 18 vto, cdno. 1), esta se presentó dentro del término bienal que establece para tal efecto el artículo 136 numeral 8º del Código Contencioso Administrativo.
14. La Sala debe determinar si la privación de la libertad que soportaron los señores RVC y EVC, en el marco del proceso penal seguido en su contra por el punible homicidio agravado, constituye una detención injusta que compromete la responsabilidad de la Nación - Fiscalía General de la Nación y de la Nación - Rama Judicial.
15. En este punto, es preciso aclarar que con la finalidad de esclarecer aspectos dudosos y con apoyo en el artículo 169 del Código Contencioso Administrativo, el 2 de noviembre de 2016 la Sala decretó prueba de oficio en segunda instancia, a fin de que se remitiera el expediente penal correspondiente al sumario Nº 2000 - 0004 tramitado por Juzgado Penal del Circuito de Granada Meta (fl. 324, cdno. 3).
15.1. Una vez allegado el referido expediente, mediante auto del 12 mayo de 2017 (fl. 329, cdno. 3), se ordenó citar a los integrantes de la litis para que asistieran a la diligencia de inspección judicial que se llevó a cabo el 25 de mayo de 2017 (fls. 330 - 333, cdno. 3), al cabo de la cual se consideró pertinente trasladar a este proceso una serie de documentos respecto de los cuales se tomó copia y se corrió traslado por el término de cinco días para que las partes ejercieran su derecho de contradicción (fl. 334, cdno. 3).
15.2. Dentro del referido término ninguna de las partes expresó reparo en relación con los documentos incorporados, por lo cual estos serán tenidos como prueba, pues fueron tomados del expediente original en audiencia pública y los interesados tuvieron la oportunidad de controvertirlos.
15.3. Además, según el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, aplicable al procedimiento administrativo en atención a lo establecido en el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, las pruebas practicadas válidamente en un proceso judicial podrán trasladarse a otro y serán apreciables sin mayores formalidades, “siempre que en el proceso primitivo se hubieran practicado a petición de la parte contra quien se aduce o con audiencia de ella”, exigencia que cumplen las pruebas trasladadas del proceso penal adelantado contra RVC y EVC, dado que fueron surtidas con audiencia de las demandadas en este caso, pues se trata de una investigación seguida por la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial, ambas integrantes de la persona jurídica Nación.
15.4. De otra parte, respecto de la indagatoria, se tiene que, en principio, se ha negado su mérito demostrativo, porque no se práctica bajo el apremio del juramento, requisito indispensable para que pueda considerarse como prueba testimonial, y en razón a que es deber del juez preservar la garantía constitucional de la no autoincriminación(19).
15.5. No obstante, a modo de excepción la Sala ha sostenido que es posible valorar la indagatoria en el juicio de responsabilidad estatal, en los siguientes casos:
i) Cuando la indagatoria se equipara al testimonio al surtirse el trámite de la ratificación mediante juramento en el trámite contencioso administrativo(20); ii) cuando los indagados consientan hacer afirmaciones bajo la gravedad del juramento y se satisfagan los principios de contradicción, necesidad, pertinencia y conducencia(21). Además, la Sala ha dicho que es posible valorar la indagatoria y otorgarle mérito probatorio siempre y cuando(22): i) se advierta que son indispensables para realizar un análisis integral del caso; ii) no se constituya en la única prueba que defina la responsabilidad administrativa y extracontractual del Estado; iii) coincidan con lo acreditado a través de otros medios de convicción; iv) hayan sido tenidas en cuenta como medios de prueba en procesos foráneos en los cuales fueron recaudadas y no hayan sido desestimadas por presiones indebidas o vulneraciones a derechos fundamentales, con el agregado que si la declaración es de quien es parte en el trámite contencioso administrativo, sólo se acordará credibilidad probatoria en lo desfavorable, puesto que podría eventualmente verse beneficiada por la sentencia favorable que eventualmente se profiera como conclusión del presente litigio(23).
15.6. Así las cosas, dentro del presente proceso reposan las copias auténticas de las diligencias de indagatoria rendidas por el señor JEVM dentro del Proceso Penal Nº xxx - xxx, misma que si bien se rindió libre de apremio y juramento, la Sala considera indispensable para el análisis integral del caso, no constituyen la única prueba para predicar la posible responsabilidad de la Administración y concuerda con otros elementos de prueba aportados al expediente, como se verá al realizar el análisis integral de los medios de prueba recaudados.
16. De conformidad con las pruebas incorporadas al expediente, están acreditados en el proceso los siguientes hechos relevantes:
16.1. El 7 de mayo de 1995, el señor JVMcompareció ante la Estación de Policía de Mesestas - Meta, quien portaba el arma de fuego “revólver, marca Rugger, calibre 38 largo, Nº 01963, con cuatro cartuchos” y manifestó que minutos antes había ultimado con esta al señor EVM,acto que había cometido en represalia por la muerte de dos de sus hermanos GVM y AC (hermano de crianza) (fls. 5 - 6, anexo 1).
16.2. El día siguiente, 8 de mayo de 1995, el señor JEVM rindió indagatoria ante la Unidad 9ª de Fiscalías de Mesestas - Meta, oportunidad en la que dijo (fls. 10 - 12, anexo 1):
Contesto: Venía yo pal (sic) pueblo ayer domingo siete (7), cuando iba un niño hijo de JS (…) él me dijo váyase que mataron sus hermanos, era por ahí como eso de las siete de la mañana, yo le pregunté al niño que a dónde los habían matado y él me dijo que los estaban esperando para matarlos, entonces yo me fui en un caballo y llegué a donde estaban ellos enseguida de “Caño Danta” vereda San Antonio, y llegue y miré dos (2) hermanos y un herido, entonces, le pregunté a mi hermano herido JAV que quién lo había herido y él no me pudo decir, estaba grave, entonces yo llamé el niño que venía en junta de ellos, que quienes habían sido y me dijo que él había conocido tres, que era EVCel que está muerto y EVC uno de los A que él lo distinguió y un individuo desconocido. Y entonces yo les pregunté que para dónde había cogido, y el niño me dijo que habían subido la loma, y que ahí había carro y ahí se habían volado, y que venía un herido entre ellos, entonces yo tomé el arma del finado EVC, hermano de crianza mío, y me vine en persecución de ellos, ya veníamos en el carro con el herido y la mujer del herido EN (…) me vine para el centro cuando llegando a la Droguería el “J” donde doña C, habían dos tipos esperándome, uno estaba al lado de una fama enfrente de la droguería y el otro iba llegando a la droguería cuando me di de cuenta (sic), me estaban disparando, en ese instante yo saqué el arma que traía y maté a uno de ellos EVC y el otro se salió el huida llevándose el arma del muerto y la que él portaba (…)
16.3. En ampliación de indagatoria del 12 de junio de 1995, rendida por el señor JRVMante la Fiscalía 28 Especializada, expresó (fls. 19 - 23, anexo 1):
Preguntado: Díganos y si es posible, describa las dos personas que se encontraban donde doña “C” dueña de la droguería el J. Contesto: Estaba EVC, y frente (sic) en una fama hay era donde estaba RVC un hermano de él. Que también me disparaba, supuestamente a lo mejor querían acabar con nuestra familia (…) Cuando yo iba llegando al sitio de la droguería E no se encontraba en ese momento ahí, hasta ahora iba llegando ahí, y él al mirarme de una vez sacó el arma y me disparó, yo al ver que él me disparaba yo empujé a los niños y ellos cayeron al piso, en ese momento fue cuando yo saqué el arma que supuestamente no era mía sino que era de uno de los muertos, entonces en ese momento yo me defendí en el piso y le disparaba, cuando el señor R me estaba disparando yo salí en carrera y en ese momento él aprovechó la oportunidad de quitarle el arma a Ey salir corriendo, entonces yo me fui para el puesto de policía (…)
16.4. El 11 de agosto de 1995, el menor JVT, de doce años, hijo del fallecido GVM, rindió testimonio ante Fiscalía acerca de los hechos investigados, así (fls. 24 - 27, anexo 1):
Nosotros salimos a caballo en el camino hay (sic) había cuatro manes (sic) esperando y a lo que llegamos nos encañonaron y nos dijeron que nos bajáramos de la bestia y cuando se bajaron de las bestias mi papá GV, mi tío que fue que quedó herido que se llama OV y AMC, que era el otro señor, ellos se bajaron de los caballos y mi papá tenía un revólver llegaron y le dijeron que le entregara el revólver y como él no tenía más que acompañarlos llegó y se lo entregó y lo echaron por delante y le dijeron que tenía que acompañarlos y más abajo le dijeron que los iban a matar y dijo mi papá que si los pensaban matar que los mataran ahí porque ellos no iban a ir más allá, de una vez ellos se retiraron de donde estábamos nosotros, yo no escuché que dijeron que paramos y cuando escuché yo me alejé y cuando yo iba caminando así escuché los tiros y mi tío cayó de una vez, de una vez a todos nos dispararon y A, dijo ahí me mataron y el sacó la peinilla, o sea A, y mandó con la peinilla de una vez y mi papá y fue cuando los manes (sic) dando balas y ellos se le mandaron encima con la peinilla y cuando ellos se iban arrimando encima les alcanzaron a tumbar la pistola a uno y cuando mi papá le quitó la pistola a uno y como él estaba herido de una vez cayó ahí muerto, cayeron muertos, yo seguí y arranqué a correr y cuando ellos vinieron ellos arrancaron a correr y yo cogí el revólver de mi papá, arranqué y los manes (sic) desde una barranca me estaban disparando y a lo que yo escuché los tiros entonces yo también disparé contra ellos, y el man (sic) seguía disparando entonces se acabaron los tiros del revólver y yo arranqué a correr por una subida para llegar rápido a la casa, llegué a la casa de mi mamá me dijo que pasó yo le dije mataron a mi papá y a los otros, y a lo que llegamos al camino mi tío J, ya estaba ahí porque él iba para el pueblo y le avisaron, yo estaba más asustado, entonces dijo présteme el revólver que me voy para Mesetas, yo le dije váyase rápido porque un man (sic) de esos va por el camino y va para M y sígalo rápido para ver si lo alcanza y yo me fui en el carro y nosotros íbamos mi tío J se desmontó de la bestia que iba y se montó al carro y frente a una droguería ahí el man (sic) estaba, yo le dije tío mire ahí está un man (sic) de los que mataron a mi papá y el me dijo en dónde y cuándo yo le dije en donde el man (sic) se dio cuenta y empezó a disparar y mi tío dijo agáchese y nos tiró al piso y a lo que él se tiró al piso le disparó rapidito y mató al tipo que estaba comprando la droga y de una vez lo mató (…) Preguntado: En el momento de los hechos primarios, es decir en el momento en que fueron muertos su papá, su tío y el otro señor, pudo Ud observar y reconocer a las personas que dispararon contra su papá y los otros en el camino?. Contestó: Los que le dispararon a mi papá a mi tío y AM, fuero H(sic) V, RV que eran hermanos, y un man (sic) que yo no lo había visto que fue herido, eran cuatro; y uno fue al que mató mi tío (…) Preguntado: Si estas personas le quitaron el revólver a su papá, cómo iba Ud. a tenerlos para arrancar a correr y disparar contra estas personas que lo perseguían. Contesto: Cuando uno de los que estaba herido se le cayó el arma donde la tenía encaletada y cuando él mandó la mano a cogerlo yo le gané y entonces arranqué a correr, entonces ellos me dispararon cuando estaban tras el barranco, yo también le disparaba (…)
16.5. En consecuencia, el 26 de octubre de 1995, la Fiscalía 37 Seccional de Granada - Meta, vinculó a la investigación penal del señor EVC, en contra de quien dictó orden de captura, por el presunto delito de homicidio de GVM y AC (fl. 39, anexo 1).
16.6. Comoquiera que no fue posible la ubicación del señor EVC, el 16 de abril de 1996 la Fiscalía 28 Seccional de Granada - Meta lo declaró persona ausente y le designó defensor de oficio (fls. 41 y 42, anexo 1).
16.7. Posteriormente, el 24 de junio de 1996, la Fiscalía 28 Especializada de Granada Meta dispuso la vinculación del señor RVC a la investigación penal y dictó orden de captura en su contra (fl. 44, anexo 1).
16.8. De igual forma, ante la no comparecencia del señor RVC, el 11 de abril de 1997 la Fiscalía 28 Delegada de Granada - Meta lo declaró persona ausente y le nombró defensor de oficio (fl. 45, anexo 1).
16.9. El 19 de febrero de 1998, la Fiscalía 28 Delegada ante el Juzgado Penal del Circuito de Granada - Meta, resolvió la situación jurídica provisional de EVC y RVC, en el sentido de imponerles medida de aseguramiento, consistente en detención preventiva, por los presuntos delitos de homicidio y lesiones personales, por cuanto (fls. 47 - 50, anexo 1):
De las probanzas recaudadas se deduce, en primer lugar, que la muerte de ACy de GVM fue violenta y consecuencia de graves lesiones físicas que les fueron causadas con arma de fuego, en hechos sucedidos el 7 de mayo de 1995, en jurisdicción de Mesetas - Meta
En cuanto a autoría y responsabilidad se refiere, tenemos que obran en el expediente pruebas que con claridad suficiente dan cuenta o nos permiten concluir que fueron los sindicados EV y RV las personas que, con armas de fuego, llegaron hasta el lugar donde estaban los occisos antes mencionados y luego de despojar a GV del revólver que en ese momento llevaba consigo o portaba, aprovechando las condiciones de inferioridad en que se hallaban o colocaron a los hoy occisos AC y GV, procedieron a darle muerte a estos y a herir a su acompañante señor OV; hecho lo anterior o agotado su propósito criminoso los sindicados huyeron del teatro de los hechos para procurarse impunidad, para eludir la acción de la justicia, lo cual han logrado hasta el momento.
En este orden de ideas se infiere que contra los dos sindicados están dados los presupuestos probatorios para imponerles medida de aseguramiento y, en consecuencia, en contra de los mismos se decretará la detención preventiva, sin excarcelación como presuntos autores responsables de doble delito de homicidio agravado por aprovechamiento de estado de indefensión en que colocaron a sus víctimas y aprovechamiento del estado de indefensión en que estas se hallaban, delito este del que fueron sujetos AC y GV, en concurso con el delito de Lesiones personales del cual fue víctima OV (…)
16.10. De igual forma, el 6 de septiembre de 1999, la Fiscalía 28 Delegada ante el Juzgado Penal del Circuito de Granada - Meta, calificó el mérito del sumario adelantado contra EVC y RVC, en contra de quienes dictó resolución de acusación por el delito de homicidio con sustento en las siguiente razones (fls. 51 - 58, anexo 1):
Hace notar que, aunque al resolver la situación jurídica a los sindicados se les impuso medida de aseguramiento no solo por homicidio sino también por el presunto delito de lesiones personales del que dice fue víctima en los mismos hechos OV, también es cierto que el despacho procuró establecer objetivamente la materialidad de tal ilícito y, para tal fin dispuso someter a OV a reconocimiento médico legal para establecer el número de lesionas causadas, su localización, trayectoria (…) pero las gestiones adelantadas con tal propósito no dieron resultados positivos (…)
La materialidad de la conducta tipificada como delito de homicidio del que fueron sujetos pasivos GVM y AC está probada suficientemente con las respectivas actas de levantamiento de los cadáveres y los protocolos de necropsia, pruebas que indican que la muerte de las personas antes mencionadas fue violenta y en consecuencias las graves lesiones que les fueron causadas con armas de fuego.
En lo que respecta al posible delito de lesiones personales del que se dice fue sujeto pasivo OV tenemos que, acorde con lo consignado en el acápite precedente de este proveído, no está probada la materialidad de dicho ilícito ni claramente individualizada la víctima del mismo (…)
En cuanto a las circunstancias que rodearon los hechos, autoría y responsabilidad en la consumación del delito de homicidio del que fueron sujetos pasivos GVC y AC tenemos que las probanzas recaudadas, especialmente el testimonio del menor JVT(…)
Para resolver considera el despacho que en el presente caso está suficientemente acreditado que los aquí sindicados EVC y RVC deliberadamente, en ejercicio pleno de su capacidad de comprensión y de autodeterminación quisieron obrar y obraron activamente contrario a la ley penal movidos por idéntico designio criminoso, de común acuerdo optaron por dar muerte a GV y a AC y, para la consumación de tal propósito delictivo, utilizando armas aptas para producir tal resultado realizaron conducta inequívocamente dirigida a obtener tal resultado que efectivamente se dio como lo pretendieron los mencionados implicados, pues las lesiones que les causaron los proyectiles disparados con arma de fuego, proyectiles dirigidos deliberadamente hacia órganos vitales, desencadenaron la muerte de los agredidos GVM y AC en forma inmediata en el mismo teatro de los hechos, Es decir, que los sindicados realizaron intencionalmente conducta típica, antijurídica y culpable a título de dolo, sin que su comportamiento estuviere acompañado de causal alguna de justificación o de inculpabilidad (…)
16.11. El 15 de octubre de 1999 fue capturado el señor EVC, tal como se desprende del oficio suscrito por el Teniente Coronel JFBN, comandante de la 9ª Estación de Policía de Fontibón (fl. 59, anexo 1) y del acta de derechos del capturado firmada por el sindicado en esa fecha (fl. 60, anexo 1).
16.12. De igual forma, el 5 de marzo de 2001 fue capturado el señor RVC, según aparece en el informe rendido por el Sargento SHCM (fl. 64, anexo 1).
16.13. El 16 de noviembre de 2001, el Juzgado Penal del Circuito de Granada - Meta dictó sentencia penal de primera instancia en la que condenó a los señores EVC y RVC a la pena de 37 años de prisión, en calidad de coautores intelectuales y materiales del homicidio agravado cometido en la persona de los señores GVM y AC, por cuanto (fls. 152 - 252, cdno. 2):
Retomando la idea, debe definir, en el caso en particular en cual forma o modalidad, o mejor, en qué fuente de la culpabilidad se encasillarían las conductas desviadas asumidas por acción de los enjuiciados, teniendo como basamento claro está la especiales circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se suscitaron, dieron o desarrollaron los episodios luctuosos investigados.
De donde y para concretar tal cometido se debe circunscribir el Juzgado a lo expuesto por el único testigo visu o presencial de los hechos, el menor JVT (f. 82f al 85f), del que incuestionablemente se colige con meridiana claridad, aflora la actuación deliberada, a sabiendas de los episodios que se desencadenarían en la mañana del domingo 7 de mayo de 1995 por parte del grupo de personas para dar muerte a los componentes de la familia V M, puesto que el hecho de atalayarse en el camino por donde debían circular o transitar G, A y J y el acá declarante, hijo del primero reseñado, que hacían recorrido de la casa campestre hacia la población de M (M); una vez les tienen próximos, esgrimen sus armas, les ordenan apearse de los caballares, tratan de sacarlos de la zona carreteable, las víctimas se oponen y se genera la reacción de los victimadores (sic) dando muerte a GA e hiriendo a JE, para luego dispararle al menor deponente sin alcanzar su objetivo; por manera que surge pues de la síntesis descrita de los hechos la manifiesta, consciente realización voluntaria de los procesados de consumar la idea criminal de segarle la vida a dos de los integrantes de la familia VM, al materializarse lo previsto por los agentes y querido además, refulge entonces la manifiesta voluntad en llevar a cabo la representación o visión anticipada de las acciones a ejecutar, que en sí es el momento cognoscitivo o intelectual, para luego, después de cerciorarse que sus objetivos estaban a su alcance, toman la resolución, trasluciendo poner en acción su querer, que en últimas recoge lo que sabían, conocían, sería el actuar a sabiendas de menoscabar el bien jurídico que amparaba la ley penal, realizaron el tipo objetivo, luego volitivamente pusieron en práctica lo representado momentos antes; lo que traduce entones que a los ajusticiables se les debe imputar y por ende reprochar sus conductas desviadas en forma dolosa, dado que es clara y manifiesta la intención homicida de ambos, perfecta, sin términos medios, en haber querido ejecutar y como así lo hicieron, el matar a dos seres humanos que de suyo conocían contrariaban la ley (…)
Surge claro en la causa que con entibo en este medio de prueba, clásico por excelencia para el caso particular, de su análisis deberá proyectarse la verdad real buscada para cimentar pues el juicio de reproche en detrimento de los encausados.
De donde es obvio que se parta esencialmente de lo declarado por el menor JVT pues fue el único testigo presencial de los sucesos, que se logró hacer comparecer, porque la realidad procesal pergeña que JEVM, otra de las víctimas, que sobrevivió al atentado contra su vida, por error craso de la Fiscalía instructora para la época de los hechos no agotó ningún medio posible para obtener su testimonio (…)
16.14. Contra tal decisión el abogado defensor de los demandantes interpuso recurso de apelación (fls. 143 - 151, cdno. 2), impugnación que el 17 de octubre de 2003 resolvió en segunda instancia la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de San Gil, en el sentido de revocar la providencia recurrida y absolver a los señores RVC y EVC en aplicación del principio in dubio pro reo, así (fls. 253 - 273, cdno. 2):
La decisión se ha centrado en relación con la autoría y consecuencial responsabilidad, pero debe anticiparse que las dos personas vinculadas al proceso, esto es: E y RVC, en sus respectivas salidas al proceso han negado cualquier incidencia en el desarrollo y ejecución de este insuceso, exculpación que sin embargo no aceptó el a quo pero en cambio el apelante sí y por lo mismo demanda la revocatoria del fallo dictado en su contra.
La única prueba directa que incrimina a los acusados proviene del joven JVT, aportado en copia de otro proceso y que sirvió de fundamento para iniciar esta investigación, la cual por obvias razones estuvo al alcance de los acusados para su crítica pertinente en desarrollo de la garantía constitucional del defensa (…)
Ante todo conviene señalar que un solo testigo puede conducir al juzgador a adoptar una sentencia adversa respecto de una persona, si sus asertos fluyen con las debida consistencia por ser lógicos, coherentes y no son contradictorios en aspectos sustanciales, por la posibilidad real que tuvo para apreciar lo que es objeto de su relato (…)
La Sala se aparta del criterio del Juez en cuanto otorga absoluta credibilidad al testimonio de J, porque hay aspectos que por lo menos siembran una seria duda acerca de la sinceridad del testigo, así pueda aceptarse que en verdad el jovencito estuvo presente en la escena del crimen, lo cual confirma su señora madre DTR a folio 19 cuando expone que aquel salió de la casa en compañía de su padre e inclusive manifiesta que al escucharse las detonaciones del arma de fuego y ella corrió hacia el sitio, el impúber iba igualmente en carrera a avisarle lo que había acontecido.
Sin embargo, hay elementos que desvanecen su exposición. Comenzando porque en su declaración menciona a E y a RVC como partícipes en los hechos, pero a su tío Jorge Eliécer le dijo que habían intervenido E y E, uno de los A que no distinguió y otro desconocido, esto es, no hay concordancia entre lo sostenido a la Fiscalía y a sus familiares, entre una y otra versión modifica por lo menos a uno de los supuestos copartícipes, sin que involucre a R quien es precisamente uno de los sindicados. Eso pone en tela de juicio la identificación de los autores del doble homicidio por parte del declarante, toda vez que no es explicable la confusión en que incurre, sobre todo si los VC eran personas conocidas en la región.
Ahora, contribuye a poner en duda la confiabilidad de los asertos del joven referido que a su madre no hubiera hecho comentario alguno relacionado con los artífices de este episodio, porque si se vuelve a la declaración de DTR, cuando se le preguntó sobre el punto dijo simplemente que sospechaba de los A, en complicidad con Pablo y EVC. Esto indica en sana lógica que el niño no le comentó nada, ni en el momento en que se lo encontró ni aún después (…)
Lógicamente la Sala aprecia que la versión del muchacho en algunos pasajes es fantasiosa y por ende poco verosímil como en lo relativo a que se enfrentó a disparos con los autores del hecho cuando lo perseguían, con lo cual devela que de cierta forma exagera lo acaecido y eso influye para que su dicho se tome con alguna reserva.
De otra parte y con razón lo plantea el defensor apelante, si en verdad los autores del hecho hubiesen sido personas conocidas, es inexplicable que JE u OV quien si bien sufrió heridas a la postre logró salvar su vida, no hubiese comparecido al proceso a dar a conocer la identidad de esos sujetos, que ni siquiera a través de un tercero hubiera aportado detalle alguno sobre el particular. Si eso es así, en principio es dable que no estuvo en capacidad de reconocer a nadie lo cual no habría ocurrido si en verdad estuvieron los VC o uno de los A que son ampliamente conocidos en la región y él los habría podido señalar (…)
Pero hay algo más que también planteó en la visita pública la defensa, consistente en que carece de lógica que si hubiesen sido los VC, no hubieren hecho uso de algún elemento que les permitiera camuflar su identidad y eludir de ese modo una eventual identificación. Sin embargo, J no da cuenta que los copartícipes llevaran cubierto el rostro, esto es, en sana lógica ello trasluce que no consideraban que pudieran ser identificados, lo cual hace pensar que no se trataba de sujetos conocidos suficientemente, al punto que no les importó mucho haber dejado ileso al propio menor y a O, cuando de haber sido los aquí sindicados es probable que habrían intentado no dejar con vida persona alguna que los reconociera (…)
Lo expuesto genera gran duda en este proceso acerca de los autores del homicidio, pues el análisis que ha hecho la Sala no le concede al testimonio del único presencial la contundencia que le otorgó el a - quo. Naturalmente no debe desatenderse del todo la versión relacionada con que fue la guerrilla la autora del homicidio, aspecto que asomó al proceso Norberto Bravo Cardona quien asevera que tal manifestación se produjo en una reunión en la vereda La Libertad, e igualmente lo menciona PEVC. Es punto si bien no puede darse por absolutamente acreditado, sobre todo porque atribuir episodios como estos a la subversión es asunto fácil, tampoco está desvirtuado de forma rotunda (…)
En consecuencia, la Sala no encuentra en este proceso la certeza que exige la ley para condenar, que contrario a lo que opina el Cognoscente debe ser absoluta en cuanto a que repudia cualquier tipo de duda razonable y debe generar el juzgador el convencimiento seguro y claro acerca de algo (…)
Es lo que acontece en este proceso en el cual la investigación fue muy deficiente y no obstante el esfuerzo desplegado por el Juez en la fase de juzgamiento, no logró consolidarse con absoluta certidumbre la responsabilidad de los implicados. Así las cosas, se revocará la sentencia condenatoria y absolverá a los implicados del cargo de homicidio que se les imputó en aplicación del inciso 2º del artículo 7º del Código de Procedimiento Penal, que dentro del principio de presunción de inocencia involucra absolución de la duda a favor del procesado.
16.15. Según certificación del Juzgado Penal del Circuito de Villavicencio, el señor EVC permaneció privado de la libertad desde el 15 de octubre de 1999 hasta el 24 de noviembre de 2003; RVC lo estuvo desde el 5 de marzo de 2001 hasta el 24 de noviembre de 2003 (fl. 79, anexo 1).
17. Para resolver el asunto puesto a consideración de la Sala es preciso resaltar primero que la libertad personal es un derecho esencial de la persona y, como tal, está reconocido en la Constitución Política(24) y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia e incorporados al orden jurídico interno por vía del bloque de constitucionalidad(25).
17.1. La libertad consiste, básicamente, en la capacidad de la persona de hacer lo que esté lícitamente permitido. En otras palabras, constituye el derecho de toda persona de organizar, con arreglo a la ley, su vida individual y social conforme a sus propias opciones y convicciones. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado:
La libertad, definida así, es un derecho humano básico, propio de los atributos de la persona, que se proyecta en toda la Convención Americana. En efecto, del Preámbulo se desprende el propósito de los Estados Americanos de consolidar “un régimen de libertad personal y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre”, y el reconocimiento de que “sólo puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento de temor y de la miseria, si se crean condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos”. De esta forma, cada uno de los derechos humanos protege un aspecto de la libertad del individuo(26).
17.2. La libertad, como principio y derecho humano, comprende en su núcleo esencial tanto “la posibilidad y el ejercicio positivo de todas las acciones dirigidas a desarrollar las aptitudes y elecciones individuales que no pugnen con los derechos de los demás ni entrañen abuso de los propios”, como “la proscripción de todo acto de coerción física o moral que interfiera o suprima la autonomía de la persona sojuzgándola, sustituyéndola, oprimiéndola o reduciéndola indebidamente”(27).
17.3. En su carácter de principio, la libertad es un elemento básico y estructural del Estado de derecho que reconoce y protege la propia autorrealización del individuo. Como derecho fundamental, la libertad goza de preeminencia en el orden superior, sólo puede ser regulada o intervenida por la potestad legislativa, se encuentra protegida por la prohibición de afectar su contenido esencial y su aplicación es directa e inmediata y obliga a todos los órganos y agentes del Estado.
17.4. El mencionado derecho, no obstante, no tiene carácter absoluto e ilimitado pues debe armonizarse con otros bienes y derechos de rango constitucional. En consecuencia, la restricción de la libertad a través de la captura o la detención preventiva es considerada admisible, pues el objeto de tales medidas es “asegurar el cumplimiento cabal de las decisiones adoptadas en el proceso, garantizar la presencia de los sujetos procesales y afianzar la tranquilidad jurídica y social en la comunidad”(28). Estas medidas deben ser decretadas por una autoridad judicial, en el desarrollo de un proceso con plenas garantías, y un carácter eminentemente provisional o temporal, con el fin de que no se conviertan en una sanción anticipada.
17.5. La restricción de la libertad no solamente debe sujetarse a estos requisitos formales y sustanciales, sino que su imposición estar motivada con claridad y suficiencia, y ajustarse a los principios, valores y derechos que consagra la Carta Política, así como a los parámetros fijados por el derecho internacional de los derechos humanos. En todo caso, debe tener en consideración la gravedad del delito cometido, la naturaleza de los bienes jurídicos tutelados, los antecedentes penales del sindicado, la circunstancia de haber sido aprehendido en flagrancia, el desacato a decisiones judiciales previas o la asunción de una conducta reprochable con posterioridad a la ejecución del hecho punible(29).
18. En el presente caso es preciso advertir que para el momento en que quedó en firme la decisión que puso fin al proceso penal seguido contra RVC y EVC, la sentencia del 17 de octubre de 2003, emitida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de San Gil (v. párr. 16.14), ya había entrado en vigencia la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, cuyo artículo 68 prescribe que “quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar del Estado la reparación de perjuicios”. El proyecto de la referida ley estatutaria fue revisado por la Corte Constitucional, quien condicionó la declaratoria de exequibilidad de la citada disposición, en estos términos:
Este artículo, en principio, no merece objeción alguna, pues su fundamento constitucional se encuentra en los artículos 6º, 28, 29 y 90 de la Carta. Con todo, conviene aclarar que el término “injustamente” se refiere a una actuación abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales, de forma tal que se torne evidente que la privación de la libertad no ha sido ni apropiada, ni razonada ni conforme a derecho, sino abiertamente arbitraria. Si ello no fuese así, entonces se estaría permitiendo que en todos los casos en que una persona fuese privada de su libertad y considerase en forma subjetiva, aún de mala fe, que su detención es injusta, procedería en forma automática la reparación de los perjuicios, con grave lesión para el patrimonio del Estado, que es el común de todos los asociados. Por el contrario, la aplicabilidad de la norma que se examina y la consecuente declaración de la responsabilidad estatal a propósito de la administración de justicia, debe contemplarse dentro de los parámetros fijados y teniendo siempre en consideración el análisis razonable y proporcionado de las circunstancias en que se ha producido la detención. (...) Bajo estas condiciones, el artículo se declarará exequible(30).
18.1. La Sala ha considerado que si bien el condicionamiento fijado por la Corte Constitucional traduce la privación injusta de la libertad en una actuación judicial “abiertamente arbitraria”, dicha disposición no excluye la aplicación directa del artículo 90 de la Constitución para derivar el derecho a la reparación cuando los daños provienen de una actuación legítima del Estado adelantada en ejercicio de la actividad judicial, pero que causa daños antijurídicos a las personas, en tanto estos no tengan el deber jurídico de soportarlos, como sucede con los que sufren las personas que son privadas de la libertad durante una investigación penal, a pesar de no haber cometido ningún hecho punible, que son los eventos del artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, el cual no perdió vigor con la entrada en vigencia de la ley estatutaria de la administración de justicia pues ello tuvo lugar solo hasta el 24 de julio de 2001, al entrar a regir la Ley 600 de 2000 —Código de Procedimiento Penal—(31).
18.2. Además, cabe advertir que durante la vigencia del Decreto 2700 de 1991, la responsabilidad estatal debía declararse en todos los casos en que se dictara una sentencia absolutoria o su equivalente —preclusión de investigación o cesación del procedimiento—, porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no era constitutiva de un hecho punible(32). Esta disposición quedó derogada el 24 de julio de 2001, al entrar a regir la Ley 600 de 2000(33), esto es, el Código de Procedimiento Penal. No obstante, como lo ha recordado anteriormente la Subsección, los supuestos del artículo ya citado se derivan directamente del artículo 90 de la Constitución Política, de modo que aún con la pérdida de vigor del Decreto 2700 de 1991, tales causales pueden ser aplicadas para derivar responsabilidad por expresa orden constitucional(34).
18.3. Fuera de los tres eventos contemplados en la norma en mención, la responsabilidad extracontractual de la administración puede resultar comprometida también cuando por ejemplo al término del proceso penal la presunción de inocencia del sindicado se mantiene incólume, lo cual ocurre en los eventos en los que la absolución se origina en la aplicación del principio indubio pro reo.
18.4. En otros términos, la responsabilidad del Estado en tratándose de casos de privación injusta de la libertad no se encuentra supeditada exclusivamente a la configuración de una de las tres causales señaladas en la norma sustantiva penal, pues si bien estas constituyen su marco normativo, aquella encuentra su génesis y justificación en la causación de un daño antijurídico que el afectado no está en la obligación de soportar, esto en los términos del artículo 90 constitucional.
19. En lo que respecta al daño, se encuentra demostrado que los señores RVC y EVC estuvieron privados de la libertad: el primero, desde el 5 de marzo de 2001 hasta el 24 de noviembre de 2003, para un total de 2 años, 8 meses y 19 días; y el segundo, desde el 15 de octubre de 1999 hasta el 24 de noviembre de 2003, para un total de 4 años, 1 mes y 9 días (v. párr. 16.11, 16.12 y 16.15)
20. Ahora, en relación con la imputación es menester destacar que para la Sala el régimen de responsabilidad aplicable por la privación injusta de la libertad es, en principio objetivo, razón por la cual no es imperativo establecer si hubo falla en la prestación del servicio en virtud de los artículos 65 y 68 de la Ley 270 de 1996. No obstante, ello no es óbice para que en un caso concreto, si las condiciones fácticas y jurídicas lo ameritan, resulte aplicable el régimen subjetivo, habida cuenta que si se encuentra acreditada la falla del servicio procede su declaración.
20.1. Empero, es importante señalar que en el sub lite el título de imputación aplicable será el objetivo, y por ello la declaratoria de responsabilidad con ocasión de la privación injusta de la libertad no dependerá de la ilegalidad, falla o yerro en la decisión que ordena la privación preventiva de la libertad, sino que estribará en el sobreseimiento a posteriori, razones por las cuales no es del caso adelantar un análisis que evidencie la actuación defectuosa de las entidades demandadas, aunque sí suficiente para corroborar los supuestos de responsabilidad estatal, los cuales fueron debidamente demostrados, a saber: i) se impuso en contra de los accionantes una medida restrictiva de la libertad en el marco de un proceso penal; ii) dicho proceso culminó con decisión favorable a su inocencia, y iii) el daño y los consecuentes perjuicios surgidos de la restricción al derecho fundamental de libertad, demostración con la que surge a cargo del Estado la obligación de indemnizar los perjuicios sufridos por el ciudadano.
21. Bajo tal horizonte de compresión, para el caso concreto se encuentra acreditado que:
21.1. El 7 de mayo de 1995 el señor JEVM compareció ante la Estación de Policía de Mesetas - Meta, quien manifestó que minutos antes había dado muerte con arma de fuego al señor EVC, acto que dijo cometer en desagravio, ya que dicho fallecido, el mismo día, presuntamente había asesinado a sus hermanos GVM y AC (v. párr. 16.1.)
21.2. Dicha persona rindió indagatoria al día siguiente, en la que precisó que el día de los hechos un niño le informó que habían matado a sus hermanos, de suerte que llegó al sitio de los hechos, donde efectivamente encontró muertos a GVM y AC (hermano de crianza), y herido a J “A” V, quien no supo darle razón sobre la identidad de los victimarios, pero que el menor que los acompañaba (JV)(35), sobrino suyo, le indicó que los agresores habían sido EVC, EVC y “uno de los A”, razón por la que se dispuso a perseguirlos empuñando el arma AC, y al llegar al pueblo, en la droguería “el Jardín”, avistó al señor EVC contra quien disparó, dado que este al verlo también le apuntó y disparó con un arma, al igual de otra persona que se encontraba presente en el lugar, esto es RVC (v. párr. 16.2 y 16.3).
21.3. De esta forma, fue llamado a declarar el menor JVT, hijo del fallecido GVM, quien dijo ser testigo presencial de los hechos, y relató que el 7 de mayo de 1995 fueron abordados por cuatro personas que les ordenaron bajarse de los caballos, le arrebataron el arma que portaba al señor VM y le afirmaron que lo iban a matar, de manera que en tal acto asesinaron al señor GV y a AA. Así, al preguntársele al testigo quiénes fueron los agresores expresó que se trataba de EVC, RVC y otra persona que no reconocía (v. párr. 16.4.).
21.4. Con sustento en lo anterior, el 26 de octubre de 1995 la Fiscalía 37 Seccional de Granada - Meta vinculó a la investigación penal al señor EVC en contra de quien dictó orden de captura (v. párr. 16.5), de igual forma procedió respecto de RVC mediante proveído del 24 de junio de 1996 (v. párr. 16.7.).
21.5. Posteriormente, el 19 de febrero de 1998, la Fiscalía 28 Delegada ante el Juzgado Penal del Circuito de Granada - Meta resolvió la situación jurídica provisional de los encartados, en el sentido de imponerles medida de aseguramiento, consistente en detención preventiva, pues en su entender, estaban configurados los elementos probatorios para inferir que los señores VC fueron las personas que con armas de fuego dieron muerte a GVM y AC (v. párr. 16.9.)
21.6. Agotada la etapa instructiva, el 6 de setiembre de 1999, la Fiscalía 28 Delegada ante el Juzgado Penal del Circuito de Granada - Meta calificó el mérito del sumario y dictó resolución de acusación contra los procesados por el presunto delito de homicidio, pues consideró que estos, de común acuerdo, optaron por dar muerte a GV y a AC (v. párr. 16.10).
21.7. Días después de emitida dicha resolución, el 15 de octubre de 1999, fue capturado el señor EVC (v. párr. 16.11), y lo propio ocurrió con RVC el 5 de marzo de 2001 (v. párr. 16.12).
21.8. Así, en la etapa de juicio, a través de providencia del 16 de noviembre de 2001, el Juzgado Penal del Circuito de Granada - Meta dictó sentencia de primera instancia, en el sentido de condenar a los hermanos VC a 37 años de prisión, en calidad de coautores intelectuales y materiales del homicidio agravado cometido sobre GVMy AC. Para sustentar tal determinación, el juez le otorgó credibilidad a la declaración del menor JVT, único testigo presencial de los hechos, de cuyas afirmaciones coligió la actuación deliberada de los acusados que desencadenaron en la muerte de las mencionadas personas (v. párr. 16.13).
21.9. No obstante lo anterior, en vía de apelación, el 17 de octubre de 2003, la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de San Gil revocó la sentencia condenatoria y absolvió a los inculpados, pues destacó que la única prueba directa que los incriminaba provenía de la declaración del menor JVT, la cual carecía de credibilidad, por múltiples razones a saber: (i) pese a que el menor estuvo en la escena del crimen, al momento de señalar a los presuntos agresores mencionó a los señores EVC y RVC, sin embargo, a su tío JEV le había dicho que los victimarios eran EV y EV, por lo que no había concordancia en tales afirmaciones; (ii) resulta extraño que el joven JV no le hubiera comentado a su madre nada acerca de los autores del crimen, pues cuando esta fue entrevistada, DTR solo dijo que sospechaba de los A; (iii) la versión del muchacho en algunos apartes resulta fantasiosa y poco verosímil, en cuanto a que se enfrentó a disparos con los autores del hecho cuando lo perseguían; (iv) no fue posible contar con la declaración del señor JVC quien también fue víctima de disparos pero que salió con vida, lo que da cuenta que no pudo reconocer a nadie al momento de la agresión, pues si en realidad los hermanos VC hubieran sido los agresores, muy seguramente dicha persona los habría señalado directamente o se lo hubiera contado a terceros; y (v) carece de lógica que si los autores del crimen hubieran sido los señores VC, estos no hubieran hecho uso de algún elemento que les permitiera ocultar su identidad, sin embargo, el testigo no da cuenta de que llevaran cubierto su rostro, de manera que los agresores no consideraban que pudieran ser identificados, lo que lleva a inferir que no eran sujetos conocidos en la región, al punto que no les importó dejar con vida al menor y a su tío “O” (v. párr. 16.14).
21.10. De esta forma, el Tribunal dijo no encontrar la certeza que requiere la ley para emitir sentencia condenatoria, la cual debía ser absoluta, pero que echó de menos en el proceso penal, falencia que atribuyó a una investigación deficiente, pese al esfuerzo hecho por el juez en la etapa de juzgamiento (v. párr. 16.14).
22. En consecuencia, entiende la Sala que no se demostró la participación de los demandantes en el punible investigado, por cuanto así fue establecido en la providencia absolutoria dictada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de San Gil, quien afirmó que no existían los medios probatorios necesarios para proferir acusación alguna contra de los procesados. Por tal razón, lo sucedido en el proceso penal, a juicio de la Sala, fue que el Estado en ejercicio del ius puniendi no pudo desvirtuar la presunción de inocencia de los afectados.
22.1. Sobre este aspecto, la Sala se ha pronunciado de la siguiente manera:
Siguiendo un reciente precedente(36), la Sala entiende que aunque la medida se haya impuesto con fundamento en uno o más indicios graves de responsabilidad, en el presente caso fue deficiente la actividad probatoria en sede criminal, falencia que en estricto sentido no generó duda razonable sino más exactamente falta de prueba incriminatoria como acertadamente lo apuntó la vista fiscal en primera instancia.
Es que la privación de la libertad demanda una investigación eficiente, proclive a respetar el derecho constitucional fundamental del sindicado, por lo que si el Estado finalmente no desvirtúa la presunción de inocencia, patrimonialmente debe responder por los perjuicios ocasionados a quienes se afecte con el proceso judicial(37).
22.2. En conclusión, la absolución a favor de los hoy demandantes EVC y RVC no devino propiamente por aplicación del indubio pro reo, sino más bien a causa de la debilidad probatoria en el marco del proceso penal, como se reconoció finalmente en la decisión absolutoria; en consecuencia, estima la Sala que al no existir plena prueba de que los sindicados no cometieron el hecho, es posible afirmar que existe responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad, ya que este en ejercicio del ius puniendi no pudo desvirtuar la presunción de inocencia de los procesados, y al considerarse inocentes es menester colegir jurídicamente que no participaron en el hecho punible. De lo contrario, la presunción de inocencia sería inane.
23. Adicionalmente, a partir del acervo probatorio, no se avizora que los demandantes hayan actuado con dolo o culpa grave desde la perspectiva civil como causal eximente de responsabilidad, pues su vinculación al proceso penal se produjo con sustento en un solo testimonio, el de JVT, finalmente desechado en la absolución dado que en su contra pesaban muchos factores que minaron su credibilidad, tales como el hecho de ser hijo de una de las víctimas (GVM) e incurrir en serias contradicciones de las cuales se percató el juez penal colegiado al momento de resolver la apelación contra la sentencia condenatoria (v. párr. 21.9). Luego, el señalamiento de un tercero, evidentemente, no puede calificarse como un comportamiento gravemente culposo o doloso de la víctima, ya que es un hecho que escapaba a la voluntad de los procesados, máxime cuando dentro del trámite penal no se evidenció ninguna otra prueba que ratificara los dichos del único testigo presencial.
24. En este sentido, le asiste razón al Tribunal Administrativo del Meta al asignarle responsabilidad a la Fiscalía General de la Nación y a la Rama Judicial, órganos que pese a obrar en cumplimiento de sus atribuciones legales y constitucionales, con la decisión mantener preventivamente privado de la libertad y luego en virtud de sentencia penal condenatoria a EVC y BVC, provocaron un daño antijurídico que excedió las cargas que dichas personas estaban en el deber de soportar.
25. En esos términos, dado que EVC y RVC merecen ser compensados por el hecho de haberse quebrado, en perjuicio suyo, el principio de igualdad ante las cargas públicas, la Sala estima que le asistió razón al Tribunal Administrativo del Meta, quien mediante sentencia del 25 de noviembre de 2010, declaró administrativamente responsables y de manera solidaria a la Nación - Fiscalía General de la Nación y Rama Judicial por los daños antijurídicos causados a la parte actora, no obstante, la decisión será modificada en relación con el reconocimiento de los perjuicios, tal como se expresó supra.
26. Respecto a los perjuicios, se tiene que la parte demandante en la apelación solicitó el incremento de los perjuicios morales, al igual que de los materiales en la modalidad de daño emergente y el reconocimiento del lucro cesante que le fue denegado por el a-quo.
26.1 En cuanto a los perjuicios morales, es preciso destacar que el Tribunal Administrativo del Meta le reconoció a EVC y RVC, quienes permanecieron privados de la libertad, la suma 80 smlmv, para cada uno; a la compañera permanente del primero, MDS, 50 smlmv; a los hijos de EVC, los menores MVA, AVA y BSBD, 40 smlmv; y a los hermanos, PEVC y MAVC, 30 smlmv. No obstante, denegó tales perjuicios a la madre de los detenidos, señora MLC, de manera que la parte actora solicitó que a dicha demandante le fueran reconocidos y a todos los demandantes les fueran incrementados en la cantidad de 100 smlmv.
26.2. Frente a lo anterior, se advierte que la jurisprudencia del Consejo del Estado ha considerado que la privación de la libertad efectivamente genera una aflicción moral en quienes la sufren(38), padecimiento que también suele extenderse a los familiares y seres queridos más cercanos(39), especialmente a los padres, hijos, cónyuge, compañera o compañero permanente de la víctima directa(40).
26.3. Respecto al monto de la indemnización, en aras de garantizar el principio de igualdad, la Sección Tercera en sentencia del 28 de agosto de 2013 unificó su jurisprudencia(41) y sin perjuicio de las particularidades de cada caso concreto formuló las siguientes reglas para la tasación de perjuicios morales en los casos de privación injusta de la libertad:
i) en los casos en que la privación sea superior a 18 meses, se reconozca la suma de 100 SMMLV; ii) cuando supere los 12 meses y sea inferior a 18 meses, el monto de 90 SMMLV; iii) si excedió los 9 meses y fue inferior a 12 meses, se sugiere el reconocimiento de 80 SMMLV, iv) si fue mayor a 6 meses, pero no rebasó 9 meses hay lugar a fijar como indemnización la suma equivalente a 70 SMMLV, v) de igual forma, en tanto la privación sea superior a 3 meses pero no sea mayor a 6 meses, el valor por concepto de este perjuicio correspondería a 50 SMMLV, vi) si la medida supera 1 mes pero es inferior a 3 meses, se insinúa el reconocimiento de 35 SMMLV, y vii) finalmente, si la detención no supera un mes, la reparación se podrá tasar en el equivalente a 15 SMMLV, todo ello para la víctima directa —se insiste— y para cada uno de sus más cercanos o íntimos allegados. (Se destaca)
26.4. La providencia antes referida se complementa con la del 28 de agosto de 2014(42), que de acuerdo con la evolución jurisprudencial de la Sección Tercera incorporó el siguiente cuadro:
Reglas para liquidar el perjuicio moral derivado de la privación injusta de la libertad Víctima directa, cónyugeo compañero (a)
permanente y parientes enel 1° de consanguinidad Parientes en el 2º de consanguinidad Parientes en el 3ºde consanguinidad Parientes en el
4º de consanguinidad y afines hasta el 2º Tercerosdamnificados
50% delporcentaje de la víctima directa 35% del porcentaje de lavíctima directa 25% delporcentaje de la víctima directa 15% delporcentaje de la víctima directa
26.5. Así las cosas, comoquiera que en el presente caso se demostró que las dos víctimas directas, los señores EVC y RVC estuvieron privados de la libertad por un tiempo superior a 18 meses, por concepto de perjuicios morales le corresponde el equivalente a 100 smlmv, para cada uno.
26.6. De igual forma, a los hijos de EVC estos es, MVA, AVA y BSVD y a su compañera permanente, la señora MDS, le serán otorgados 100 smlmv, para cada uno.
26.7. Bajo la misma regla, a la señora MLC le serán reconocidos 100 smlmv, pese a que en la primera instancia le fueron denegados, pues como se aseveró al momento de verificar la legitimación en la causa por activa, se corroboró la relación de parentesco existente entre la mencionada y sus hijos RVC y EVC (v. párr. 11.3.)
26.8. Finalmente, para los hermanos de quienes fueron privados de la libertad, los señores PEVC y MAVC, les serán concedidos 50 smlmv, para cada uno. Para este efecto deberá tenerse en cuenta el salario mínimo vigente en el año de ejecutoria de esta providencia.
27. Sobre los perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente el a-quo dijo que había lugar a reconocer la cantidad de $ 5.000.000 millones de pesos a favor de los demandantes por concepto de los honorarios que estos pagaron al abogado que asumió su defensa dentro del proceso penal, valor que indexado arrojó $ 8.550.000. Sin embargo, los demandantes aseguran que en realidad la suma que debe pagarse por tal concepto es de $ 10.000.000 y debidamente indexada.
27.1. La suma anterior tuvo como sustento la certificación emitida por el abogado Manuel Horacio Nieves el 4 de mayo del 2000, donde se aseveró (fl. 12, cdno. 1):
El suscrito abogado, a petición de la interesada,
Que se ha hecho cargo de defender a los procesados E y RVC, el primero preso y el segundo huyendo, dentro de un proceso que por homicidio agravado se adelanta contra ellos en el Juzgado Penal del Circuito de Granada (Meta).
Que el total de la defensa se ha pactado con la señora MDS, quien representa a los dos procesados, en diez millones de pesos ($ 10.000.000), de los cuales me ha dado sino cinco millones ($ 5.000.000). El saldo me lo irá dando un millón ($ 1.000.000) mensual hasta completar la suma dicha. Queda aclarado que el hecho de defenderlos no significa que se obliga a sacarlos libres, sino hacer todo lo que esté a su alcance en defensa de sus clientes. La señora M manifiesta ser la esposa del preso EV y cuñada de R (…) (Se destaca)
27.2. Al respecto se tiene que dentro de las piezas procesales del proceso penal allegadas al expediente aparece que los señores EVC y RVC fueron declarados personas ausentes dentro de la etapa de instructiva y en ese sentido les fue nombrado defensor de oficio (v. párr. 16.6 y 16.8). No obstante, a partir del momento en que estos fueron capturados, después de haber sido emitida resolución acusación (v. párr. 16.10, 16.11 y 16.12), dichas personas otorgaron poder a un abogado de confianza, primero a QC, después al señor Rozo Niño (fl. 66, anexo 1) y finalmente al profesional del derecho MH NM quien los representó en la audiencia pública que se llevó a cabo durante los días 23 de mayo del 2000 (fls. 45 - 58, cdno. 2), 19 de junio del 2000 (fls. 59 - 85, cdno. 2), 9 de agosto del 2000 (86 - 95) 10 de agosto del 2000 (fls. 10 - 26, cdno. 2), 5 de septiembre de 2001 (fls. 28 - 44, cdno. 2) y 4 de octubre de 2001 (fls. 96 - 123, cdno. 2), presentó alegatos de conclusión previo a que se dictara sentencia de primera instancia (fls. 124 - 142, cdno. 2) y recurso de apelación contra el fallo condenatorio del 16 de noviembre de 2001 emitido por el Juzgado Penal del Circuito de Granada - Meta (fls. 143 - 151, cdno. 2).
27.3 Sobre el particular, para la Sala no hay duda de que los procesados nombraron a sendos abogados de confianza y que, en efecto, ejercieron su defensa. Adicionalmente reposa certificación donde se afirma que la cantidad pactada por concepto de honorarios a pagar al abogado MHNM fue de $ 10.000.000, y si bien es cierto que en la aludida constancia se afirmó que solo se hizo efectivo el desembolso de $ 5.000.000, no lo es menos que la obligación contraída por los demandantes es mayor, y que corresponde a estos el correspondiente pago. De esta suerte, la suma de $ 10.000.000 es un monto que la Sala considera razonable, dada la labor desplegada por el abogado defensor y teniendo en cuenta que este debió asumir la defensa de dos personas procesadas, esto es, de los hermanos EVC y RV C, lo que implica una mayor complejidad y dificultad para el trabajo de defensa que debía realizar el profesional del derecho.
27.4. De esta suerte, se modificará la decisión de la primera instancia que reconoció por daño emergente $ 5.000.000, para en su lugar otorgar la cantidad de $ 10.000.000 por tal concepto, valor que será actualizado desde el día en que culminó la actuación penal, esto es, el 2 de diciembre de 2003, cuando adquirió firmeza la sentencia que absolvió a los demandantes y se presume se hizo exigible la totalidad de la obligación (v. párr. 13.1) hasta la fecha del presente fallo y con base en la fórmula siguiente: “Va x IPC final / IPC inicial”.
27.5. Así, “Va” es el valor a actualizar ($ 10.000.000), IPC final el índice de la serie de empalme del mes anterior a la liquidación (137,80)(43), y eI IPC inicial el correspondiente a la fecha de finalización del proceso penal, (76,03)(44).
27.5. De esta manera, le serán reconocidos a los demandantes RVC y EVC, la suma de $ 18.124.424 por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente.
28. Concerniente a los a los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, el tribunal de primera instancia denegó su reconocimiento al considerar que no aparecían probados.
28.1. Al respecto, esta Corporación estimó en la sentencia de Sala Plena de la Sección Tercera del 28 de agosto de 2014 (Rad. 36149), cuyos criterios han sido reiterados con posterioridad(45), que para la procedencia de los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante se exige que la víctima se haya encontrado en edad productiva para el momento de la privación de la libertad.
28.2. Para el caso que nos ocupa, vale decir que es cierto que dentro del plenario no aparece prueba alguna que evidencie cuánto devengaban los demandantes para la época que fueron capturados, pero al verificarse que se encontraban en edad productiva, tal circunstancia los habilita para aplicar en su favor la presunción, según la cual devengaba por lo menos un salario mínimo legal mensual vigente.
28.3. En este orden de ideas, corresponderá establecer si el salario mínimo vigente para la época de la privación de la libertad(46) (año 1999), debidamente actualizado, es mayor al de la fecha de la presente providencia, así:
Vp = Vh Índice final (julio de 2017) (último conocido)
Índice inicial (octubre de 1999) (fecha de la detención)
Vp = (236.460) 137,80
Vp = 573.665
28.4. Respecto de la suma base de liquidación se tiene que al actualizar el salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de los hechos (octubre de 1999), el guarismo resultante (573.665), es inferior al monto del salario mínimo a la fecha en que se hace la actualización ($ 737.717).
28.5. Conforme a la pauta trazada por la Sección Tercera del Consejo de Estado(47), previo incremento del 25% del factor prestacional ($ 184.429), se tendrá por suma base de liquidación el valor de $ 922.146 Adicionalmente.
28.6. Así, en el caso de RVC se tendrá en cuenta como periodo a indemnizar 32,6 meses y para EVC 49,3 meses. Además, tal como lo ha hecho la Sala en casos similares a dichos periodos le serán adicionados 8.75 meses, para cada uno, relativos al tiempo que una persona tarda en situarse laboralmente(48), conforme al estudio realizado por el Observatorio Laboral y Ocupacional Colombiano, a cargo del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), lo que da un total de 41,35 en el primero de los casos y 58,05 en el segundo.
28.7. La siguiente es la liquidación del lucro cesante consolidado para RVC
• n= número de meses a indemnizar: 41.35
• VA = es el valor actual: 922.146
S = VA (1 + i)n - 1
S = 922.146 * (1.004867)41.35 - 1
S = 922.146 x 45,681976
S = $ 42.125.451
28.8. En consecuencia por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante consolidado, especialmente por los ingresos dejados de percibir, se reconocerá a RVC la suma de $ 42.215.457.
28.9. La siguiente es la liquidación del lucro cesante consolidado para EVC:
• n= número de meses a indemnizar: 58,05
S = 922.146 * (1.004867)58,05 - 1
S= 922.146 x 66.893767
S = $ 61.685.819
28.10 En consecuencia por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante consolidado, especialmente por los ingresos dejados de percibir, se reconocerá a EVC la suma de $ 61.685.819.
29. El artículo 55 de la Ley 446 de 1998 establece que se condenará en costas a la parte que hubiere actuado en forma temeraria. En el presente caso la Sala no observa comportamiento temerario en las actuaciones procesales de las partes dentro del proceso, razón por la cual no se condenará en costas.
Modificar la sentencia del 25 de noviembre de 2010, proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, que quedará así:
1. Declárese patrimonial y administrativamente responsables, y de manera solidaria, a la Nación - Fiscalía General de la Nación y a la Nación - Rama Judicial, por los daños antijurídicos causados a los señores EVC y RVC, con ocasión de la privación injusta de su la libertad.
Perjuicios morales: (i) A favor de EVC, RVC, MVA, AVA, BSVD, MDS y MLC el valor correspondiente a 100 smlmv, para cada uno; y (ii) para PEVC y MAVC, el equivalente a 50 smlmv, para cada uno. Para este efecto deberá tenerse en cuenta el salario mínimo vigente en el año de ejecutoria de esta providencia.
Perjuicios materiales por daño emergente: A favor de EVC y RVC, la suma de dieciocho millones ciento veinticuatro mil cuatrocientos veinticuatro pesos ($ 18.124.424).
Perjuicios materiales por lucro cesante: (i) para RVC la suma de cuarenta y dos millones ciento veinticinco mil cuatrocientos cincuenta y un pesos ($ 42.125.451); y (ii) para EVC la cantidad de sesenta y un millones seiscientos ochenta y cinco mil ochocientos diecinueve pesos ($ 61.685.819).
(2) Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, auto de 9 de septiembre de 2008, Expediente 11001 - 03 - 26 - 000 - 2008 - 00009 - 00, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
(3) Informe de captura suscrito el 15 de octubre de 1999 por el Teniente Coronel JFBN, Comandante de la Novena Estación de Policía de Fontibón - Bogotá (fl. 59, Anexo 1). Acta de derechos de capturado, suscrita por EVC (fl. 60, Anexo 1). Certificación emitida por el Director del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Medianda Seguridad de Granada - Meta, donde se expresó que el señor EVC Estuvo allí recluido desde el 2 de febrero del 2000 hasta el 12 de diciembre de 2001 (fl. 110, cdno. 1). Certificación suscrita por la Dactiloscopista Coordinadora del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Combita, donde hizo constar que el señor EVC permaneció en dicho penal desde el 1º de noviembre de 2002 hasta el 24 de noviembre de 2003 (fl. 107, cdno. 1).
(4) Certificación suscrita por el Juez Penal del Circuito de Grabnada M, donde expresó que el señor EVC permaneció privado de la libertad desde el 15 de octubre de 1999 hasta el 24 de noviembre de 2003 (fl. 116, cdno. 1). Boleta de libertad emitida el 24 de noviembre de 2003 por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Tunja (fl. 76, anexo 1).
(5) Oficio del 6 de marzo de 2001, mediante el cual la Unidad de Fiscalías Delegas dejó a disposición del Juzgado Penal del Circuito de Granada - Meta al señor RVC (fl. 63, anexo 1). Informe de captura del 5 de marzo de 2001, firmado por el Sargento Segundo HCM (fl. 64, anexo 1). Oficio del 13 de agosto de 2007, en el que la Asesora Jurídica del Establecimiento Carcelario y Penitenciario de Combita, informó que el señor RVC estuvo en dicho establecimiento desde el 1º de noviembre de 2002 hasta el 24 de noviembre de 2003 (fl. 72, cdno. 1).
(6) Certificación emitida por el Juez Penal del Circuito de Granada - Meta, en la que hizo constar que RVC fue capturado el 5 de marzo de 2001 y dejado en libertad el 24 de noviembre de 2003 (fl. 116, cdno. 1). Boleta de libertad emitida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Tunja el 24 de noviembre de 2003 (fl. 75, anexo 1).
(7) Conforme aparece en el registro civil de nacimiento, NUIP xxxxxx - xxxxx, inscrito en la Registraduría de Mesetas - Meta (fl. 10, cdno. 1).
(8) Tal como se desprende del registro civil de nacimiento. NUIP xxxxxxxxxx, de la Registraduría de San Juan de Arama - Meta (fl. 9, cdno. 1).
(9) El hecho de que entre EVC y MDS existiera una unión marital de hecho para la época en que este fue privado de la libertad, se derivan de varios elementos probatorios que así lo indican, tales como: (i) la certificación emitida por el Inspector de Policía de la Belleza - Santander el 29 de octubre de 2004, quien manifestó que EVC “convive con la señora MDS” (fl. 11, cdno. 1); (ii) la afirmación hecha por el abogado defensor de los señores R y EVC en documento fechado el 4 de mayo del 2000 donde no solo expresa la cantidad que estos le habían pagado hasta esa fecha por concepto de honorarios, sino que también puso de presente que “la señora M manifiesta ser la esposa del preso EV y cuñada de R”; y (iii) del hecho de que MDS y EV tengan un hijo en común, esto es, el menor BSVD (fl. 6, cdno. 1).
(10) Así aparece en los respectivos registros civiles de nacimiento con indicativos seriales Nº xxxxxxxxx, xxxxxxxxx y xxxxxxxxx, de la Registraduría de Ciudad Bolívar - Bogotá el primero y de la Notaría 17 de Bogotá los demás (fls. 6 - 8, cdno. 1).
(11) Así se infiere de los respectivos registros civiles de nacimiento de R y EVC, esto es, los identificados bajo el NUIP xxxxxxxxxx y xxxxxx, de las Registradurías de San Juan de Arama - Meta y Mesetas - Meta, respectivamente (fls. 3 y 5, cdno. 1)
(12) Mediante decisiones del 26 de octubre de 1995 y 24 de junio de 1996 (fls. 39 y 44, anexo 1).
(13) A través de resolución que definió su situación jurídica el 19 de febrero de 1998, dictada por la Fiscalía 28 Delegada ante el Juez Penal del Circuito de Granada - Meta (fls. 47 - 50, cdno. 1).
(14) Mediante resolución del 6 de septiembre de 1999 de la Fiscalía 28 Delegada ante el Juzgado Penal del Circuito de Granada - Meta (fls. 51 - 58, cdno. 1).
(15) Esto es, a través de fallo del 16 de noviembre de 2001 (fls. 152 - 252, cdno. 2).
(16) Por medio de sentencia del 17 de octubre de 2003 (fls. 253 - 273, cdno. 2).
(17) En este sentido ver auto de la Sección Tercera de 3 de marzo de 2010, Expediente 36473, M.P. Ruth Stella Correa Palacio y auto de 9 de mayo de 2011 de la Subsección C, Sección Tercera, Expediente 40324, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
(18) Tal como se evidenció en diligencia de inspección judicial celebrada el 25 de mayo de 2017, así: “De igual manera y verificado la totalidad del expediente, no se encuentra que se haya interpuesto recurso extraordinario alguno en contra de la decisión del 17 de octubre de 2003 del Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil, en cuanto absolvió en segunda instancia de los procesados E y RVC; por el contrario se verifica el auto del 2 de diciembre de 2003 del Juzgado Penal del Circuito de Granada - Meta, en el que consta que la referida decisión quedó ejecutoriada” (fl. 333, cdno. 3).
(19) “Sobre las indagatorias y versiones libres de los suboficiales EAMV y MDJCM, que obran en el proceso penal adelantado en su contra, se aclara que no podrán ser valoradas, en vista de que la indagatoria es un medio de defensa del procesado y la veracidad de su contenido se encuentra, en general, influida por la necesidad de la exculpación. Adicionalmente, la indagatoria carece de las exigencias propias de la práctica de testimonios, a saber, la de rendirse bajo la gravedad del juramento”: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 9 de octubre de 2014, Radicado 29033. M.P. Ramiro Pazos Guerrero, criterio reiterado en varias providencias: sentencias de 29 de mayo de 2014, Radicado 24078; 9 de febrero de 2011, Radicado 16934; 20 de febrero de 2014, Radicado 30615; 29 de agosto de 2012, Radicado 23686 y de 28 de abril de 2014, Radicado 21896. Igualmente pueden consultarse: Sección Tercera, sentencia del 21 de febrero de 2002, Radicado 12789; 25 de enero de 2001, Radicado 12831; 3 de mayo de 2007, Radicado 25020; 18 de octubre de 2007, Radicado 15528, entre muchas otras.
(20) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 27 de marzo de 2014, Radicado 22597, M.P. Danilo Rojas Betancourth.
(21) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 29 de mayo de 2014, Radicado 24078, M.P. Ramiro Pazos Guerrero: “(…) En cuanto a las indagatorias. La indagatoria rendida por Miguel Rodríguez Orejuela, arrimada a este proceso, proveniente de la Dirección Nacional de Fiscalías, la cual contribuyó a desvirtuar que el demandante Enrique Mancera estaba relacionado con el “cartel de narcotráfico de Cali”, no pueden ser tenidas como medio de prueba, toda vez que se trata de una versión que se obtuvo sin el apremio del juramento y, por tanto, no reúne las características necesarias para que pueda considerársela como testimonio. Lo anterior no es impedimento para que en algunos casos se tengan en cuenta las afirmaciones que los indagados consientan en hacer bajo la gravedad del juramento, lo que se deduce de la aplicación a contrario sensu de la regla antes aludida”.
(22) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 26 de noviembre de 2015, Radicado 36170 y del 25 de julio de 2016, Radicado 37125, M.P. Danilo Rojas Betancourth.
(23) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 1º de agosto de 2016, Radicado 42376, M.P. Ramiro Pazos Guerrero.
(24) Constitución Política. Artículo 28. Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley. (...)
(25) Convención Americana sobre Derechos Humanos. Aprobada por la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos en San José, Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, entrada en vigor el 18 de julio de 1978 conforme su artículo 74.2 y aprobada en Colombia en la Ley 16 de 1972. Artículo 7º. Derecho a la Libertad Personal. 1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas. 3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios. (...); Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas en su Resolución 2200A (XXI), de 16 de diciembre de 1966, entrado en vigor el 23 de marzo de 1976 de conformidad con su artículo 49 y aprobado en Colombia en la Ley 74 de 1968. Artículo 9.1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta. (...)
(26) Corte Interamericana de Derechos Humanos, Chaparro Álvarez y Lapo Iñiguez vs. Ecuador, sentencia de 21 de noviembre de 2007, Serie C-170, párr. 52.
(27) Corte Constitucional, Sentencia C-634 de 2000, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
(29) Corte Constitucional, Sentencia C-634 de 2000, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
(31) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de abril 6 de 2011, Expediente 21653, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.
(32) Decreto 2700 de 1991. “Artículo 414. Indemnización por privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios. Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiere sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave”.
(33) Ley 600 de 2000. “Artículo 535. Derogatoria. Derógase el Decreto 2700 de noviembre 30 de 1991, por el cual se expidió el Código de Procedimiento Penal, sus normas complementarias y todas las disposiciones que sean contrarias a la presente ley”.
(34) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 30 de septiembre de 2013, Expediente 35235, C.P. Ramiro Pazos Guerrero.
(35) Hijo del difunto GVC.
(36) Sentencia de ésta misma Subsección, proferida el 6 de abril de 2011 dentro del Expediente 19.225, con ponencia de Conto Díaz del Castillo.
(37) Sentencia de 12 de mayo de 2011, Expediente 20.314, M.P. Stella Conto Díaz del Castillo.
(38) Entre otras, sentencia del 14 de marzo de 2002, Expediente 12076, M.P. Germán Rodríguez Villamizar.
(39) Consejo de Estado, Sentencia del 20 de marzo de 2008, Expediente 15980, M.P. Ramiro Saavedra Becerra.
(40) Cfr. Sentencia del 11 de julio de 2012, Radicado 23688, M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera, reiterada en sentencia del 30 de enero de 2013, Expediente 23998 y del 13 de febrero de 2013, Radicado 24296, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.
(41) Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de 28 de agosto de 2013, Radicado 25022, C.P. Enrique Gil Botero.
(42) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de agosto de 2014, Radicado 39149, M.P. Hernán Andrade Rincón.
(43) IPC de julio de 2017.
(44) IPC de diciembre de 2003.
(45) Verbigracia en las siguientes sentencias: 10 de febrero de 2016, Radicado 37774, M.P. Hernán Andrade Rincón y 2 de diciembre de 2015, Radicado 37936, M.P. Martha Nubia Velásquez.
(46) El salario mínimo vigente para 1999 según el Decreto 2550 de diciembre de 1998, fue fijado en $ 236.460.
(47) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 31 de agosto de 2006, Expediente 15.439, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
(48) Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia de 8 de junio de 2011, Expediente 19.502 Actor: Germán Arcos Gómez y otros. M. P. Mauricio Fajardo Gómez.