Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2014-00168-4101-2015-de-septiembre-15-de?documento=jurcol&contexto=jurcol_8410947eec934d3985f3ba89a5eb62ed&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-08-19 18:57:36
Document Index: 345700056

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 279', 'ARTÍCULO 46', 'artículo 279', 'artículo 5', 'artículo 8', 'artículo 3', 'artículo 56', 'artículo 56', 'artículo 56', 'artículo 46', 'artículo 7', 'artículo 4', 'artículo 16', 'artículo 7', 'artículo 1', 'artículo 7', 'artículo 1', 'artículo 7', 'artículo 46', 'artículo 12', 'artículo 46', 'artículo 279', 'artículo 279', 'artículo 13', 'artículo 46', 'artículo 46', 'artículo 46', 'artículo 21', 'artículo 48', 'artículo 12']

﻿ SENTENCIA 2014-00168/4101-2015 DE SEPTIEMBRE 15 DE 2016
SENTENCIA 2014-00168 DE 15 DE SEPTIEMBRE DE 2016
CONTENIDO:RECONOCIMIENTO DE PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES A CÓNYUGE SUPÉRSTITE DE DOCENTE. EL ARTÍCULO 279 DE LA LEY 100 DE 1993 EXCEPTUÓ DE SU APLICACIÓN EL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS AFILIADOS AL FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, EN RAZÓN A LA APLICACIÓN DE ESTA NORMA NO SERÍA POSIBLE APLICAR LA LEY 100 DE 1993 EN RELACIÓN CON LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES PARA LOS DOCENTES. ESTE RÉGIMEN PENSIONAL ESTÁ REGULADO POR EL DECRETO LEY 224 DE 1972 Y LA LEY 33 DE 1973, EN ESTA NORMATIVA SE ESTABLECE QUE LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES CON CARÁCTER VITALICIO A FAVOR DE LAS VIUDAS E HIJOS, TENDRÁ QUE CUMPLIRSE CON EL REQUISITO DE 18 AÑOS DE SERVICIO CONTINUOS O DISCONTINUOS EN PLANTELES OFICIALES. LA LEY 100 DE 1993 POR SU PARTE ESTABLECE EN SU ARTÍCULO 46 REQUISITOS MENOS EXIGENTES PARA ACCEDER A LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES. EL TRIBUNAL DE CIERRE ADMINISTRATIVO ESTABLE QUE PESE A QUE SON REGÍMENES DIVERSOS, ES POSIBLE QUE SE APLIQUE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL, CUANDO RESULTEN MÁS FAVORABLES A LAS PRETENSIONES DE LOS BENEFICIARIOS.
TEMAS ESPECÍFICOS:BENEFICIARIO DE LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES, MAGISTERIO, FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES, DOCENTE DEL SECTOR PÚBLICO, SALARIO DEL DOCENTE DEL SECTOR PÚBLICO, SISTEMA DE SALUD DEL MAGISTERIO, CALIDADES DEL BENEFICIARIO DE LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES, AFILIACIÓN DEL FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO
Sentencia 2014-00168/4101-2015 de septiembre 15 de 2016
Rad.: 15001233300020140016801
Nº Interno: 4101-2015
Actora: Libia Celmira Niño Wilches y otras.
Demandado: Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
Asunto: Reconocimiento de pensión de sobrevivientes a cónyuge supérstite de docente que se encuentra afiliado al Fondo Nacional de Prestaciones sociales del Magisterio.
Antes a establecer el problema jurídico, observa la Sala que quien profirió el acto administrativo acusado fue el Secretario de Educación del Departamento de Boyacá, lo cual podría llegar a generar una falta de legitimación en la causa por activa como quiera que a quien se demandó, fue a la Nación - Ministerio de Educación - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
El artículo 279 de la Ley 100 de 1993 exceptuó de su aplicación unos regímenes especiales de seguridad social, entre los que se encuentran el de los miembros de la Fuerzas Militares y de la Policía Nacional y el de los afiliados al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio.
Al respecto, el legislador mediante la Ley 91 de 29 de diciembre de 1989, dispuso la creación del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, como una cuenta especial de la Nación, con independencia patrimonial, contable y estadística, sin personería jurídica, cuya finalidad entre otras, es el pago de las prestaciones sociales a sus afiliados, esto es, de los docentes. Así se observa en el artículo 5º ibídem:
En relación con los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio la citada norma, teniendo en cuenta el proceso de nacionalización de la educación oficial llevado a cabo en el país mediante la Ley 43 de 1975(10), señaló que quedarían automáticamente afiliados al Fondo los docentes nacionales o nacionalizados vinculados a la fecha de promulgación de la citada ley, esto es, 29 de diciembre de 1989 y, así mismo, el personal vinculado con posterioridad, siempre que cumplieran los requisitos de afiliación de naturaleza formal o normativa y económica.
En lo que se refiere a los recursos económicos que hacen parte del citado Fondo, el artículo 8º ibídem indicó que los mismos estarían integrados, principalmente por los aportes de los docentes afiliados, en cuantía del 5% del sueldo básico mensual. Y, en cuanto al manejo de los recursos que lo integran, artículo 3º de la Ley 91 de 1989, dispuso que para tal efecto el Gobierno Nacional suscribiría un contrato de fiducia mercantil con una entidad fiduciaria de naturaleza estatal o de economía mixta la cual se encargaría de su administración.
Con posterioridad, el Presidente de la República mediante los artículos 5º a 8º del Decreto 1775 de 1990(11), reglamentó el funcionamiento del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio precisando, en relación con el trámite de las solicitudes de reconocimiento y pago de prestaciones económicas de los docentes, que las mismas debían ser radicadas ante la Oficina de Prestaciones Sociales del respectivo Fondo Educativo Regional, quien procedería a realizar el estudio de la documentación, con el visto bueno de la entidad fiduciaria, para luego expedir la correspondiente resolución de reconocimiento.
No obstante lo anterior, en relación con este mismo punto, el Congreso de la República mediante el artículo 56 de la Ley 962 de 2005(12), dispuso que las prestaciones sociales pagaderas a los docentes oficiales serían reconocidas y pagadas por el Fondo del Magisterio, mediante la aprobación del proyecto de resolución por parte de quien administre el Fondo, el cual en todo caso debía ser elaborado por el Secretario de Educación de la Entidad Territorial certificada correspondiente, a la que se encuentre vinculado el docente. Debe señalarse que el anterior trámite fue reglamentado por los artículos 2º, 3º, 4º y 5º del Decreto 2831 de 16 de agosto de 2005(13).
Así las cosas, debe decirse que las resoluciones por las cuales se dispone el reconocimiento y pago de prestaciones económicas a favor de los afiliados del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio son actos en los que interviene, en estricto sentido, tanto la Secretaría de Educación del ente territorial, en el cual presta sus servicios el docente peticionario, a través de la elaboración del proyecto de resolución de reconocimiento prestacional, como la Fiduciaria encargada de administrar los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, a quien le corresponde aprobar o improbar el proyecto de resolución, de acuerdo con la documentación que para tal efecto le haya sido enviada, entre la cual se destaca, la certificación de tiempo de servicio y régimen salarial y prestacional del docente interesado, según la normatividad vigente(14).
Ahora bien, la fiduciaria encargada de administrar los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio tiene la función de aprobar o improbar los proyectos de resolución de reconocimiento prestacional de los docentes, cabe advertir que es a este último a quien a través de la Secretaría de Educación del ente territorial correspondiente, le está dada la función de expedir el acto administrativo por el cual se dispone el pago de la prestación deprecada por el docente peticionario, en virtud de lo dispuesto en los artículos 5º a 8º del Decreto 1775 de 1990 y 5º del Decreto 2831 de 2005.
La Sala no pasa por alto que la intención del legislador al expedir la Ley 962 de 2005 fue la de simplificar(15) una serie de trámites que los particulares adelantaban ante la administración, entre ellos las solicitudes de los docentes oficiales tendientes a obtener el reconocimiento de una prestación pensional, dada la evidente complejidad que ello entrañaba. Sin embargo, ello en ningún momento supuso despojar al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio de la competencia para reconocer y pagar las prestaciones sociales de los docentes oficiales, como se observa en el artículo 56 el cual, no hace otra cosa que reafirmar dicha competencia en cabeza del referido Fondo, al señalar en su tenor literal que “Las prestaciones sociales que pagará el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio serán reconocidas por el citado Fondo”.
Así las cosas se infiere que a la Secretaría de Educación del ente territorial al cual pertenece la docente, en este caso el señor Luis Uriel Lancheros Valbuena (QEPD), se le confía la función de elaborar el proyecto de resolución que reconozca o niegue una prestación social, resolución que con posterioridad debía aprobar o improbar la sociedad fiduciaria encargada de administrar los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio ello, en todo caso, en nombre y representación de la Nación, Ministerio de Educación Nacional y del referido Fondo de Prestaciones.
En efecto, no hay duda de que es a la administración representada en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, a quien le corresponde el pago de los derechos prestacionales de los docentes afiliados al citado fondo, de acuerdo con el procedimiento que para tal efecto ha dispuesto el legislador y las normas reglamentarias, con posterioridad a la expedición de la Ley 91 de 1989.
Bajo estos supuestos, si bien es cierto la Ley 962 de 2005 estableció un procedimiento complejo en la elaboración de los actos administrativos mediante los cuales se reconocen prestaciones sociales a los docentes oficiales en el que, como quedó visto, intervienen la Secretaría de Educación del ente territorial, al cual pertenece el docente peticionario, y la respectiva sociedad fiduciaria, no lo es menos que, es el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio a quien en últimas el mismo legislador, en el artículo 56 de la citada Ley 962 de 2005, le atribuye la función de reconocer y pagar las prestaciones sociales a los docentes oficiales “Las prestaciones sociales que pagará el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio serán reconocidas por el citado Fondo”.
Atendiendo a los motivos de oposición aducidos por la parte demandada en calidad de apelante único y conforme al material probatorio obrante en el expediente, se extrae que en el sub-lite el problema jurídico se contrae a determinar si la señora Libia Celmira Niño Wilches y sus menores hijas Lizeth Karina, Francy Julieth y Yersy Mariana Lancheros Niño tienen derecho al reconocimiento de sobrevivientes de que trata el artículo 46 de la Ley 100 de 1993(16), por la muerte del señor Luis Uriel Lancheros Valbuena (QEPD), a pesar de que para el momento de su fallecimiento se encontraba afiliado a un régimen especial.
i. De la pensión de sobreviviente y el régimen aplicable a los docentes
“(…) La Corte ya había advertido en reiteradas ocasiones que la pensión de sobrevivientes tiene como finalidad evitar ‘que las personas allegadas al trabajador y beneficiarias del producto de su actividad laboral queden por el simple hecho de su fallecimiento en el desamparo o la desprotección’ y, por tanto, ‘busca impedir que, ocurrida la muerte de una persona, quienes dependían de ella se vean obligados a soportar individualmente las cargas materiales y espirituales de su fallecimiento’ (…)”.
Así mismo debe decirse, que la noción de contingencia derivada por la muerte de un empleado no es ajena al régimen prestacional aplicable a los docentes oficiales. En efecto, el Decreto 224 de 1972, por el cual se dictan normas relacionadas con el ramo docente, en su artículo 7º reguló lo relacionado con el reconocimiento de la pensión post mortem en los siguientes términos :
“(…) ART. 7º—En caso de muerte de un docente que aún no haya cumplido el requisito de edad exigido para la obtención de la pensión, pero que hubiere trabajado como profesor en planteles oficiales por lo menos diez y ocho (18) años continuos o discontinuos, el cónyuge y los hijos menores tendrán derecho a que por la respectiva entidad de previsión se pague una pensión equivalente al 75% de la asignación mensual fijada para el cargo que desempeñaba el docente al tiempo de la muerte mientras aquel no contraiga nuevas nupcias o el hijo menor cumpla la mayoría de edad y por un tiempo máximo de cinco (5) años (…)”.
El artículo transcrito, en cuanto a su regla temporal, esto es los 5 años por los cuales se reconocía la citada prestación pensional, se entiende derogado por la Ley 33 de 1973 en primer lugar, porque a través de esta se transforman en vitalicia las pensiones reconocidas a favor de las viudas de los docentes y, en segundo lugar, porque su artículo 4º derogó las disposiciones que le fueran contrarias.
“(…) ART. 1º—Fallecido un particular pensionado o con derecho a pensión de jubilación, invalidación o vejez, o un empleado a trabajador del sector público, sea este oficial o semioficial con el mismo derecho, su viuda podrá reclamar la respectiva pensión en forma vitalicia.
“ART. 4º—Esta ley rige a partir de la fecha de su sanción y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias (…)”.
Esta Sección mediante providencia del 29 de enero de 2004 analizó el tránsito legislativo entre el Decreto-Ley 224 de 1972 y la Ley 33 de 1973, precisando que(17):
“(…) La Sala ha verificado que la tendencia de la legislación sobre sustitución pensional a las viudas, para la época en que se expidió el aludido Decreto 224, fue en el sentido de que tal derecho se pagara durante 5 años.
En efecto, para el sector público se expidió el Decreto-Ley 434 de 1971 que modificó por medio de los artículos 19 y 20, los numerales (sic) 36 y 39 del Decreto-Ley 3135 de 1968, sobre sustitución pensional de jubilación e invalidez y retiro por vejez, respectivamente, para que se pagara durante los 5 años siguientes al fallecimiento del causante.
Y, a manera de ejemplo, para pensiones especiales, el mismo día también se emitió el Decreto-Ley 546 de 1971, para la rama judicial, cuyo artículo 16 consagró igual derecho a sustitución pensional por 5 años.
Lo expuesto, explica el porqué cuando por el artículo 7º del Decreto-Ley 224 de 1972 se consagró el derecho a una pensión para las viudas de los docentes que fallecieran y que hubieran trabajado 18 años como profesores en planteles oficiales, se estableció allí que ese derecho sería por un tiempo “máximo” (sic) de 5 años.
Y efectivamente, así se dispuso tanto para el sector privado como para el público, por su artículo 1º, cuyo parágrafo 2º autorizó que a las viudas que en ese momento se encontraban disfrutando, o tuvieran derecho a disfrutar, de la sustitución por 5 años, les quedaba prorrogado su derecho “dentro de los términos de esta ley,” vale decir, en forma vitalicia.
De ahí que, evidentemente el artículo 7º del Decreto-Ley 224 de 1972, está vigente, como lo concluyó la Sala de Consulta y Servicio Civil, pero sustituida su regla temporal de los 5 años allí establecida, por la condición vitalicia de la pensión, por mandato de la Ley 33 de 1973.
5. No atina la Nación cuando alega que la Ley 33 no se refirió a las pensiones post-mortem, pues basta leer su artículo 1º para convencerse de lo contrario: “Fallecido un trabajador (...)”.
6. Desde luego, que la Ley 33 no mencionó a las pensiones docentes, ni al artículo 7º del Decreto-Ley 224 de 1972, pero a juicio de la Sala no hacía falta que los mencionara para entenderlo modificado en lo pertinente, porque los términos en que fue expedida es omnicomprensiva, tanto de las pensiones ordinarias como de las especiales y las de los sectores público, ‘sea este oficial o semioficial’ y privado”.
Observa la Sala que mediante la presente acción de nulidad y restablecimiento del derecho la señora Libia Celmira Niño Wilches y sus menores hijas Lizeth Karina, Francy Julieth y Yersy Mariana Lancheros Niño pretenden obtener el reconocimiento y pago de una prestación pensional de sobreviviente argumentando para tal efecto, como causa eficiente, la muerte del señor Luis Uriel Lancheros Valbuena (QEPD), quien se desempeñaba como Docente al servicio del Departamento de Boyacá.
Sobre este particular, observa la Sala a folio 42 del expediente el Certificado de 16 de marzo de 2010, expedido por el Profesional Universitario de la Secretaría de Educación del Departamento de Boyacá, que prestó sus servicios como Docente en la Escuela Guantoque ubicado en el municipio de Samacá, desde el 22 de enero de 1995 al 12 de febrero de 2010.
Adicionalmente se encuentra acreditado, de acuerdo con el certificado de registro de defunción Nº 06676459, expedido por la Notaría Segunda del Círculo Notarial de Tunja, que el señor Luis Uriel Lancheros Valbuena falleció el 12 de febrero de 2010(18).
Teniendo en cuenta lo anterior, el 20 de abril de 2012 la señora Libia Celmira Niño Wilches y las menores Lizeth Karina, Francy Julieth y Yersy Mariana Lancheros Niño, solicitaron en su condición de cónyuge supérstite e hijas del señor Luis Uriel Lancheros Valbuena (QEPD), al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio el reconocimiento y pago de una pensión de sobreviviente por el fallecimiento(19).
Sin embargo, mediante Resolución 550 de 24 de enero de 2013(20) el Secretario de Educación del Departamento de Boyacá negó tal solicitud, por cuanto el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio había establecido que no tenía derecho a una pensión de sobrevivientes por cuanto a los docentes que se encontraban afiliados al citado fondo se regían por la Ley 91 de 1989(21).
Bajo estos supuestos, estima la Sala que como quedó dicho con anterioridad, el Decreto-Ley 224 de 1972, en concordancia con la Ley 33 de 1973, disponen el reconocimiento de la pensión de sobreviviente a favor de las viudas e hijos de los docentes que al momento de su muerte hubieran laborado por lo menos 18 años al servicio de la educación oficial.
En efecto, debe decirse que en el caso concreto el señor Luis Uriel Lancheros Valbuena al momento de su muerte no acumulaba un tiempo de servicio como docente igual a 18 años que permitiera el reconocimiento y pago de una pensión de sobreviviente a favor de su compañera permanente e hijas, en los términos del Decreto 224 de 1972 y la Ley 33 de 1973, toda vez que, desde el momento en que inició sus labores como docente y hasta su muerte, trascurrieron 15 años y 20 días.
A pesar de lo anterior, la señora Libia Celmira Niño Wilches y sus menores hijas Lizeth Karina, Francy Julieth y Yersy Mariana Lancheros Niño consideraron que les resulta aplicable el artículo 46 de la Ley 100 de 1993 por cuanto esta norma en particular estableció la pensión de sobreviviente como un amparo a favor de las personas que dependían económicamente del afiliado al sistema que ha muerto, sin haber logrado el reconocimiento y pago de una pensión de vejez. Veamos:
“(…) ART. 46.—Requisitos para obtener la pensión de sobrevivientes. <Artículo modificado por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003. El nuevo texto es el siguiente:> Tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes:
1. Los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez o invalidez por riesgo común que fallezca
Bajo estos supuestos, se observa que los requisitos previstos por el artículo 46 de la Ley 100 de 1993 para el reconocimiento de una pensión de sobreviviente resultan ser menos exigentes que los establecidos por el Decreto-Ley 224 de 1972, en concordancia con la Ley 33 de 1973, en tanto solo se requiere haber cotizado 50 semanas dentro de los 3 años anteriores a la muerte del afiliado, en contraste a los 18 años de servicios que se exigen en el régimen especial aplicable a los docentes.
En este punto, estima la Sala que si bien el régimen especial aplicable a los docentes y el régimen general de pensiones, son regímenes diversos, con reglas jurídicas propias, debe decirse que tanto la jurisprudencia constitucional como la de esta Corporación han admitido la posibilidad de que a los beneficiarios de un régimen especial le sean aplicables las disposiciones de naturaleza general, en tanto estas últimas resulten más favorables a sus pretensiones.
En efecto, la Corte Constitucional en Sentencia C-461 de 12 de octubre de 1995, al estudiar la demanda de inconstitucionalidad contra el inciso segundo del artículo 279 de la Ley 100 de 1993(22), concretamente a lo que se refería a la excepción a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, indicó que(23):
“(…) Por las razones anteriores la Corte considera que el establecimiento de regímenes pensionales especiales, como aquellos señalados en el artículo 279 de la Ley 100, que garanticen en relación con el régimen pensional, un nivel de protección igual o superior, resultan conformes a la Constitución, como quiera que el tratamiento diferenciado lejos de ser discriminatorio, favorece a los trabajadores a los que cobija. Pero si se determina que al permitir la vigencia de regímenes especiales, se perpetúa un tratamiento inequitativo y menos favorable para un grupo determinado de trabajadores, frente al que se otorga a la generalidad del sector, y que el tratamiento dispar no es razonable, se configuraría un trato discriminatorio en abierta contradicción con el artículo 13 de la Carta (…)”.
Sobre este mismo punto, esta corporación en sentencia de 27 de agosto de 2009, precisó que(24):
“(…) Ahora, como lo ha señalado la jurisprudencia de la Sección, en casos similares al que se juzga en este proceso(2), a las excepciones en la aplicación de las normas generales por la existencia de normas especiales que gobiernen un caso concreto, debe recurrirse solo en tanto la norma especial resulte más favorable que el régimen general; lo contrario implicaría que una prerrogativa conferida por una ley a un grupo de personas, se convierta en un obstáculo para acceder a los derechos mínimos consagrados en la ley para la generalidad, como ocurre en el caso que se examina, en el cual las previsiones contenidas en los artículo 46 y 48 de la Ley 100 de 1993 en cuanto a la pensión de sobrevivientes, resultan más favorables que las prestaciones reconocidas por muerte en situaciones especiales a los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares en el ordenamiento que rige la materia, por lo que la definición del asunto no puede conducir a la decisión adoptada por la entidad demandada, que negó la prestación en aplicación de dicho régimen especial (…)”.
Así las cosas, y teniendo en cuenta que la aplicación del régimen especial previsto para los docentes en el caso concreto, Decreto-Ley 224 de 1972 y Ley 33 de 1973, da lugar a un trato desfavorable a las pretensiones de las demandantes, la Sala estima acertada la decisión del Tribunal en cuanto por vía de excepción aplicó las disposiciones previstas en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, las cuales resultan más beneficiosas a su situación particular, en cuanto logra satisfacer los requisitos exigidos por el citado artículo 46.
En efecto, de acuerdo con las pruebas allegadas al expediente el señor Luis Uriel Lancheros Valbuena (QEPD) laboró como docente al servicio del departamento de Boyacá desde el 22 de enero de 1995 al 12 de febrero de 2010, lo que permite a la Sala dar por probado que dentro de los 3 años anteriores a su muerte esto es, entre el 12 de febrero de 2007 al 12 de febrero de 2010, cotizó más de cincuenta semanas por concepto de pensión y, en consecuencia da lugar, al reconocimiento de una pensión de sobreviviente a favor de las demandantes.
Sobre este particular, vale la pena precisar que en lo que se refiere al ingreso base de liquidación de la pensión de sobreviviente, reconocida a la señora Libia Celmira Niño Wilches y sus menores hijas Lizeth Karina, Francy Julieth y Yersy Mariana Lancheros Niño, que esta deberá corresponder al promedio de los salarios o rentas sobre los cuales la causante cotizó durante los 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión, de acuerdo con el artículo 21 de la Ley 100 de 1993; y, en cuanto a su monto se deberá seguir la regla establecida en el artículo 48(3) de la Ley 100 de 1993, esto es, el 45% del ingreso base de liquidación, más un 2% por cada 50 semanas cotizadas adicionales a las primeras 500 sin exceder, en todo caso, del 75% del ingreso base, tal y como lo dispuso el a - quo.
De acuerdo con las consideraciones que anteceden, la Sala confirmará la sentencia del a - quo, mediante la cual se accedió a las súplicas de la demanda.
CONFIRMAR la sentencia de 20 de agosto de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, por medio de la cual accedió a las pretensiones de la demanda incoada por la señora Libia Celmira Niño Wilches, en nombre propio y en representación de sus menores hijas Lizeth Karina, Francy Julieth y Yersy Mariana Lancheros Niño en contra del Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, de conformidad a lo expuesto a la parte motiva de la presente providencia.
10 “(…) por la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando los departamentos, el Distrito Especial de Bogotá los municipios, las intendencias y comisarías; y se distribuye una participación, se ordenan obras en materia educativa y se dictan otras disposiciones.
11 “(…) ART. 5º—Recepción de solicitudes. Las solicitudes relacionadas con el reconocimiento y pago de prestaciones económicas del Magisterio, serán radicadas en la oficina de prestaciones sociales de cada Fondo Educativo Regional.
ART. 6º—Estudio de solicitudes. Una vez radicada la solicitud, la oficina de prestaciones sociales de cada Fondo Educativo Regional, procederá a realizar el estudio de la documentación.
ART. 7º—Liquidación. Realizado el estudio de la documentación, se procederá a efectuar la liquidación respectiva con el visto bueno de la entidad fiduciaria.
12 “(…) ART. 56.—Racionalización de trámites en materia del fondo de prestaciones sociales del magisterio. Las prestaciones sociales que pagará el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio serán reconocidas por el citado Fondo, mediante la aprobación del proyecto de resolución por parte de quien administre el Fondo, el cual debe ser elaborado por el Secretario de Educación de la Entidad Territorial certificada correspondiente, a la que se encuentre vinculado el docente. El acto administrativo de reconocimiento se hará mediante resolución que llevará la firma del Secretario de Educación de la entidad territorial (…)”.
13 “(…) ART. 2º—Radicación de solicitudes. Las solicitudes de reconocimiento de prestaciones sociales, deberán ser radicadas en la secretaría de educación, o la dependencia o entidad que haga sus veces, de la respectiva entidad territorial certificada a cuya planta docente pertenezca o haya pertenecido el solicitante o causahabiente, de acuerdo con el formulario adoptado para el efecto por la sociedad fiduciaria encargada de administrar los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
ART. 5º—Reconocimiento. Aprobado el proyecto de resolución por la sociedad fiduciaria encargada del manejo de los recursos del Fondo, deberá ser suscrito por el secretario de educación del ente territorial certificado y notificado en los términos y con las formalidades y efectos previstos en la ley.”.
14 En este mismo sentido puede verse la sentencia de 18 de agosto de 2011. Rad. 1887-2008. M.P. Gerardo Arenas Monsalve.
15 Así puede verse en su mismo epígrafe en el cual se señala: “Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos”.
16 “(…) ART. 46.—Requisitos para obtener la pensión de sobrevivientes. <Artículo modificado por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003. El nuevo texto es el siguiente:> Tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes:
17 Consejo de Estado, Subsección A, sentencia de septiembre 7 de 2000, expediente Nº 1108-99, C. P. Nicolás Pájaro Peñaranda.
18 Visible a folio 30.
19 Información tomada de la Resolución 550 de 24 de enero de 2013, expedida por el Secretario de Educación del Departamento de Boyacá.
20 Visible a folios 17 a 19.
21 “(…) Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (…)”.
22 "Por la cual se crea el Sistema de Seguridad Social Integral y se dictan otras disposiciones"
23 Corte Constitucional, C-461 de 12 de octubre de 1995, M. P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz.
24 Consejo de Estado, sentencia de 27 de agosto de 2009, Radicado 130012331000200000421 01, C. P. Gerardo Arenas Monsalve.
2 Sentencias 2409-01 del 25 de abril de 2002 y 1707-02 del 6 de marzo de 2003.
3 ART. 48.—Monto de la pensión de sobrevivientes. El monto mensual de la pensión de sobrevivientes por muerte del pensionado será igual al 100% de la pensión que aquel disfrutaba.