Source: https://igj.tierradelfuego.gov.ar/ley-de-creacion/
Timestamp: 2020-07-12 17:19:19
Document Index: 341886005

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'artículo 5', 'artículo 303', 'Artículo 8', 'artículo 4', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'artículo 302', 'in fine', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 28']

Ley Provincial N° 798 – Inspección General de Justicia
LEY Nº 798
INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA – CREACIÓN: DEROGACIÓN LEY Nº 369.
Sanción: 24 de Septiembre de 2009.
Promulgación: 19/10/09 D.P. Nº 2334.
Publicación: B.O.P. 23/10/09.
Competencia y Funciones – Denominación y Organismos de Aplicación
Artículo 1º.- Créase en el ámbito de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, la Inspección General de Justicia, dependiente del Ministerio de Gobierno, Coordinación General y Justicia, la que detentará el nivel jerárquico y organización que determine el Poder Ejecutivo Provincial y será Órgano de aplicación de la presente ley.
Artículo 2º. – La Inspección General de Justicia tiene a su cargo las funciones atribuidas por la legislación pertinente al Juez de Registro y/o al Registro Público de Comercio, siendo sus competencias registrales las siguientes:
f) coordinar con organismos de contralor de otras jurisdicciones, planes de acción tendientes a unificar pautas referidas a la actividad propia de los mismos.
Artículo 5º.- En ejercicio de sus facultades y competencias la Inspección General de Justicia dictará los reglamentos y resoluciones necesarias para el cumplimiento de las funciones atribuidas por la presente ley.
Artículo 6º.- Establécese como fecha de vencimiento de la Tasa Anual de Fiscalización prevista en la Ley Impositiva para los servicios que presta la Inspección General de Justicia el día 31 de marzo de cada año.
Artículo 7º.- Corresponde a la Inspección General de Justicia ejercer las siguientes funciones específicas respecto de las sociedades por acciones, excepto de aquéllas cuya fiscalización corresponde a la Comisión Nacional de Valores:
c) fiscalizar permanentemente el funcionamiento, disolución y liquidación en los supuestos de los artículos 299 y 301 de la Ley nacional 19.550;
d) conformar y registrar los reglamentos previstos en el artículo 5º de la Ley precedentemente citada;
e) solicitar al Juez competente en materia comercial del domicilio de la sociedad las medidas previstas en el artículo 303 de la Ley nacional 19.550;
f) entender permanentemente, en los términos de los artículos 118 y 119 de la Ley nacional 19.550, en la fiscalización, funcionamiento, disolución y liquidación de las agencias y sucursales u otro tipo de representación de sociedades constituidas en el extranjero, siempre que éstas realicen en el ámbito provincial actos comprendidos en su objeto social.
Artículo 8º.- Corresponde a la Inspección General de Justicia ejercer las siguientes funciones con respecto a las Asociaciones Civiles:
c) autorizar y controlar la fusión o disolución resueltas por la entidad;
d) intervenir con facultades arbitrales, en los conflictos suscitados entre las asociaciones y sus asociados, a petición de parte y con el consentimiento de la otra Esta intervención no enerva el ejercicio de las atribuciones establecidas por el artículo 4º de la presente ley;
e) considerar, investigar y resolver las denuncias de los asociados o de terceros con interés legítimo;
f) dictaminar sobre consultas formuladas por las entidades;
g) asistir a las asambleas de las entidades;
h) convocar a asambleas en las asociaciones y al consejo de administración en las fundaciones, a pedido de cualquier miembro, cuando se estime que la solicitud es pertinente, siempre que los peticionantes hayan solicitado ello de manera infructuosa por ante sus autoridades y haya transcurrido el término de treinta (30) días desde ello. Podrá asimismo convocar tales actos en cualquier caso, cuando se verifique la existencia de irregularidades graves, las cuales en función del resguardo del interés público ameriten la referida medida;
i) disponer la intervención o el retiro de la autorización para funcionar, en los siguientes casos:
1) Si se verifica la existencia de actos graves que importen violación de la ley, del estatuto o reglamento;
3) si se verifica la existencia de irregularidades no subsanables;
4) si se verifica la imposibilidad de cumplimiento del objeto de la entidad.
Artículo 9º.- En todo lo concerniente al régimen de fundaciones, la autoridad de aplicación se regirá por la Ley nacional 19.836.
Artículo 10.- La Inspección General de Justicia aplicará sanciones a las sociedades comerciales cualquiera sea su tipo, asociaciones civiles y fundaciones, a sus directores, gerentes, síndicos y a toda persona o entidad que no cumpla con su obligación de proveer información, suministre datos falsos, o que de cualquier manera infrinja las obligaciones que les impone la ley, el estatuto o los reglamentos, o dificulte el desempeño en sus funciones.
Las sanciones para las sociedades por acciones son las establecidas por el artículo 302 de la Ley nacional 19.550.
Las asociaciones civiles y las fundaciones serán pasibles de las sanciones de apercibimiento, multa y retiro de personería en el modo que determine la reglamentación.
Se podrá aplicar como accesoria la inhabilitación especial para ocupar cargos en entidades sin fines de lucro hasta un máximo de diez (10) años a los miembros de la comisión directiva, a los integrantes del órgano de fiscalización en las asociaciones civiles, o a los consejeros en las fundaciones, cuando se verifique una conducta culpable en desmedro de la actividad de fiscalización de la Inspección General de Justicia, o que haga peligrar la continuidad de la persona jurídica por incumplimiento de las normas.
Queda exceptuada de la facultad de imponer sanciones en aquellas situaciones en que ello esté a cargo de la Comisión Nacional de Valores.
Artículo 11.- El monto de la multa se graduará de acuerdo con la gravedad del hecho, con la comisión de otras infracciones por el responsable y se tomará en cuenta el capital y el patrimonio de la entidad.
Artículo 12.- La disposición que ordene la aplicación de una sanción de multa tendrá fuerza ejecutiva y su cobro se accionará por vía ejecutiva de acuerdo a lo establecido por el Código Procesal Civil, Comercial, Laboral, Rural y Minero de la Provincia, por intermedio del Inspector General de Justicia o abogados del organismo que lo representen o patrocinen, quienes deberán acreditar personería con disposición dictada al efecto. Podrá asimismo delegarles las facultades para ejecutar la sanción. El mismo procedimiento será aplicado en el caso de cobro por vía ejecutiva de tasas adeudadas al Organismo en razón de lo establecido en la Ley Impositiva provincial.
Artículo 13.- El Inspector General de Justicia, sus representantes sustitutos y demás funcionarios letrados del Organismo que actúen o hayan actuado representando o patrocinando a la Inspección General de Justicia en razón de lo establecido en el artículo anterior, no tendrán derecho a percibir honorarios de ésta, cuando la misma haya sido vencida en costas o las tomara a su cargo, en virtud de transacción judicial o extrajudicial, en las contiendas en que haya participado como actora, demandada, tercerista o en cualquier otro carácter. En los juicios en que la parte contraria sea vencida, los honorarios que se regulen al Inspector General de Justicia, sus representantes o patrocinantes, serán depositados en el Banco de Tierra del Fuego, en una cuenta que se abrirá a tal efecto denominada “Inspección General de Justicia – Honorarios Judiciales” y serán distribuidos en idéntica proporción entre todos los agentes que efectivamente presten servicios en el Organismo, de acuerdo al procedimiento que a tal fin reglamente el Poder Ejecutivo Provincial.
Artículo 14.- El producto de las tasas de servicios y de las multas aplicadas conforme a la presente ley, se destinará exclusivamente a las adquisiciones, contrataciones y cualquier otra erogación que deba realizarse por y para el área específica de la Inspección General de Justicia, y para cualquier otro gasto necesario para dar estricto cumplimiento a las tareas de fiscalización normadas en la presente ley, para lo cual dicho producido deberá ingresarse a una cuenta especial del Banco de Tierra del Fuego que se denominará “Inspección General de Justicia – Tasas y Multas”, cuya disposición estará a cargo del Ministerio de Gobierno, Coordinación General y Justicia, debiendo rendirse el uso de los fondos en la forma que prescribe la Ley de Contabilidad.
Artículo 15.- Las resoluciones que dicte la Inspección General de Justicia, en atención a las facultades correspondientes al Registro Público de Comercio como así también aquellas que dispongan la aplicación de sanciones a las asociaciones civiles y/o a sus integrantes, serán recurribles por ante la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la Provincia, excluyendo los recursos administrativos incluyendo el jerárquico.
Artículo 16.- El recurso debe interponerse fundado ante la Inspección General de Justicia, dentro del término de quince (15) días de notificada la resolución, y en el mismo debe ofrecerse la prueba, para la cual se habrá de tener en cuenta lo previsto en tal sentido por la normativa procedimental en materia civil, comercial y laboral vigente en el ámbito provincial.
Las actuaciones se elevarán a la alzada dentro de los cinco (5) días de interpuesto el recurso, y junto a ello se elevará el informe pertinente.
Artículo 17.- El recurso contra las resoluciones que impongan sanciones de apercibimiento y de multa, será concedido con efecto suspensivo.
Artículo 18.- A los fines de la substanciación del recurso el Tribunal de Alzada podrá disponer el requerimiento de informes y demás medios de prueba que estime conducentes, para lo cual determinará el plazo en el cual los mismos deberán ser producidos.
Dirección-Régimen del Personal
Artículo 19.- La Inspección General de Justicia estará a cargo de un Inspector General que la representa y es el responsable del cumplimiento de esta ley. Deberá poseer título habilitante de abogado y pertenecer a la planta permanente del personal de la Administración Pública de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Tendrá el rango jerárquico de Director General.
Artículo 20.- Corresponde al Inspector General:
d) delegar su firma para la suscripción de actos, documentos o resoluciones.
Artículo 21.- Asimismo la Inspección General de Justicia contará con un Subinspector General, que reemplazará al Inspector General con todas sus atribuciones y deberes, en caso de ausencia o impedimento de este último. Deberá reunir los mismos requisitos y tendrá rango de Subdirector General.
Artículo 22.- El Subinspector General tendrá a su cargo al personal técnico de la Inspección General de Justicia que integrará el cuerpo de inspectores. Para ser inspector se requiere ser mayor de edad y tener título habilitante de abogado, contador o actuario.
Artículo 23.- De igual modo aquellos agentes que se desempeñen en la Inspección General de Justicia y no posean título habilitante, atento la especificidad de las funciones a cumplir, detentarán la categoría de idóneos.
Artículo 24.- Queda prohibido al personal de la Inspección General de Justicia:
Artículo 25.- En virtud de las prohibiciones e incompatibilidades previstas en el artículo anterior se establece respecto de todos los agentes que integran la planta de personal de la Inspección General de Justicia el Régimen de Dedicación Exclusiva, que importa la incompatibilidad con toda otra tarea, rentada o no, con excepción de la docencia e investigación.
Respecto de aquellos agentes que posean título universitario, este sistema implica el bloqueo total del título para su actividad profesional privada, salvo la excepción prevista en el párrafo que antecede.
Artículo 26.- El personal comprendido en el Régimen establecido en el artículo anterior percibirá mensualmente los adicionales denominados “Dedicación Exclusiva” o “Bloqueo de Título” según corresponda, que consistirá en la suma remunerativa y no bonificable equivalente al sesenta y cinco por ciento (65%) de su sueldo básico más suplemento por zona y bonificación especial para el primero. Respecto del segundo el porcentaje será establecido por vía de reglamentación del Poder Ejecutivo Provincial.
Artículo 27.- El Poder Ejecutivo Provincial reglamentará la presente ley dentro del plazo de treinta (30) días a partir de su promulgación.
Artículo 28.- Derogar la Ley provincial 369.