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Timestamp: 2019-04-26 12:17:19
Document Index: 390216368

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 1', 'artículo 9', 'artículo 28', 'Artículo 54', 'Artículo 91', 'artículo 91']

Régimen Procesal Penal Juvenil.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 3 de octubre de 2007
Artículo 1°.- Apruébase como "Régimen Procesal Penal Juvenil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" el texto que como Anexo integra la presente.
Artículo 2°.- La presente ley entrará en vigencia en forma conjunta con el Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sancionado el 29/3/07 como Ley N° 2.303 (B.O.C.B.A. N° 2679 del 8/5/07).
LEY N° 2.451
Sanción: 03/10/2007
Publicación: BOCBA N° 2809 del 13/11/2007
RÉGIMEN PROCESAL PENAL JUVENIL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
Artículo 1º.- ÁMBITO PERSONAL
Esta ley se aplica a todas las personas que tengan entre dieciséis (16) y dieciocho (18) años de edad no cumplidos al momento de ocurrir los hechos objeto de una investigación preparatoria.
Art. 2°.- INTERPRETACIÓN.
En las causas penales seguidas contra personas que tengan entre dieciséis (16) y dieciocho (18) años de edad se procederá conforme las disposiciones del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en cuanto no sea modificado por lo establecido en este Régimen Procesal Penal Juvenil, y siempre que no restrinja derecho alguno reconocido por la Ley de Protección Integral de Derecho de los Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires.
Art. 3°.- PRESUNCIÓN.
Art. 4°.- INCOMPETENCIA Y REMISIÓN.
Si durante el transcurso del proceso se comprueba que la persona a quien se le imputa una infracción penal era mayor de dieciocho (18) años de edad al momento de la comisión del hecho, inmediatamente se declara la incompetencia del Juzgado Penal Juvenil en razón de la persona, ordenando la declinatoria y la remisión del expediente al Ministerio Público Fiscal. En caso de comprobarse que tiene una edad en la cual no es punible, el procedimiento se archiva inmediatamente notificando al/la imputado/a, a la defensa y a la fiscalía.
Art. 5°.- VALIDEZ DE LAS ACTUACIONES.
Las actuaciones que se remitan por causa de incompetencia son válidas tanto para la jurisdicción penal juvenil como para la que correspondiere, siempre que no contravengan los fines de esta ley, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y la Constitución Nacional, ni los derechos fundamentales de las personas menores de dieciocho (18) años de edad.
Art. 6°.- PARTICIPACIÓN DE SUJETOS MAYORES Y MENORES PARA LA JUSTICIA PENAL.
Art. 7º.- COMPETENCIA EN RAZÓN DE LA PERSONA. APLICACIÓN AL MAYOR DE EDAD.
Art. 8º.- JUICIO PREVIO.
Nadie puede ser condenado sin que se realice un juicio previo, basado en una ley anterior al hecho que se investiga, respetando los derechos y garantías establecidos en la Constitución Nacional, en la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en los Tratados Internacionales de Protección de Derechos Humanos.
Los derechos y garantías establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores (Reglas de Beijing), las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad (Resolución 45/113) y las Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil (Directrices de Riad) son principios que deberán observarse en la aplicación de la presente ley.
Art. 9º.- GARANTÍA DE DISCRECIÓN. CONFIDENCIALIDAD.
Las actuaciones judiciales son reservadas; no deben expedirse certificaciones, ni constancias de las diligencias practicadas en el procedimiento, salvo las solicitadas por las partes.
Queda prohibido a Jueces/zas, partes, funcionarios/as, empleados/as, autoridades, peritos, auxiliares de la justicia y/o personas que intervengan en el proceso dar a publicidad el contenido de las actuaciones o diligencia del procedimiento o proporcionar datos que permitan la identificación de la identidad de la persona menor de dieciocho (18) años de edad o su familia.
Corno excepción el/la Juez/a competente puede, a petición de parte y mediante resolución fundada, autorizar que sea pública la imagen o la identidad de la persona menor de dieciocho (18) años de edad para facilitar su localización respetando su dignidad e intimidad, en todos aquellos casos donde se evada la justicia y exista objetivamente un grave riesgo para la seguridad de las víctimas, testigos o cualquier otra persona.
Art. 10.- PRINCIPIOS DEL PROCESO.
Publicidad: Todo acto del proceso es público para las partes y sus representantes, con el límite establecido en el artículo 9, respecto de la garantía de discreción y confidencialidad.
Contradicción: Las personas que tengan entre dieciséis (16) y dieciocho (18) años de edad tienen el derecho de ser oídos, aportar pruebas e interrogar a los testigos y refutar argumentos. Lo anterior está garantizado por la intervención de un/a defensor/a.
Concentración: Se deben unificar en las audiencias la resolución de los incidentes y las peticiones de las partes.
Celeridad: El/la Juez/a no hará lugar a las diligencias meramente dilatorias.
Claridad: Todos los actos procesales deben ser expresados en un lenguaje claro y sencillo que pueda ser entendido por la persona menor de dieciocho (18) años de edad. No pueden utilizarse latinismos y debe asegurarse la comprensión adecuada, para lo cual se deben realizar las aclaraciones o explicaciones que sean necesarias. Esta obligación abarca al/la Juez/a Penal Juvenil, al/la Fiscal Penal Juvenil, a su abogado/a defensor/a, a los/as funcionarios/as del Juzgado y a los/as funcionarios/as administrativos/as. Deben informar claramente el significado, los objetivos y consecuencia de cada una de las actuaciones y diligencias del proceso penal juvenil.
Art. 11.- JUEZ NATURAL.
Art. 12.- PROHIBICIÓN DE PERSECUCIÓN A NO PUNIBLES.
Art. 13.- PRINCIPIO DE INOCENCIA.
Art. 14.- DERECHO A LA INTEGRIDAD.
Las acciones que ordenen los/as Jueces/zas en materia penal juvenil o el/la Fiscal Penal Juvenil, destinadas a la identificación o detención de una persona que tenga entre dieciséis (16) y dieciocho (18) años de la cual se presuma su participación en un hecho calificado como delito en las leyes penales, se deben realizar con las precauciones necesarias para evitar que se afecte su dignidad.
Los/as funcionarios/as policiales que participen en estas diligencias deben estar capacitados de forma tal de no ofender la dignidad ni afectar la integridad de las personas que tengan entre dieciséis (16) y dieciocho (18) años.
Art. 15.- DERECHO DE NO AUTOINCRIMINACIÓN.
Nadie puede ser obligado a declarar contra si mismo. El ejercicio de este derecho no puede ser valorado como una admisión de los hechos o indicio de culpabilidad.
Toda admisión de los hechos o confesión debe ser libre y bajo su expreso consentimiento; para garantizar la libertad de su manifestación debe contar con la asístencia previa de la defensa pública o particular especializada en la materia.
La declaración sólo puede prestarse ante el Juez Penal Juvenil, con intervención del/la Fiscal y el/la Defensor/a.
Art. 16.- DERECHO DE DEFENSA.
Art. 17.- INTÉRPRETE.
Art. 18.- PERSECUCIÓN ÚNICA.
Art. 19.- PROTECCIÓN DE LA INTIMIDAD Y PRIVACIDAD.
En los procedimientos se respeta el derecho a la intimidad y a la privacidad del/la imputado/a y de cualquier otra persona; en especial la libertad de conciencia, el domicilio, la correspondencia, los papeles privados y las comunicaciones de toda índole.
Sólo con autorización del/la Juez/a competente y bajo las reglas establecidas en el Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires puede afectarse este derecho.
Art. 20.- IGUALDAD DE TRATO.
Art. 21.- RAZONABILIDAD TEMPORAL DEL PROCESO.
Art 22.- MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES.
Cuando se trate de sentencias dictadas por tribunales colegiados, si los hubiera, cada uno de sus miembros funda individualmente su voto, salvo que adhiera a los motivos expuestos por otro miembro. La adhesión a los fundamentos de otro/a Juez/a no permite omitir la deliberación.
Art. 23.- LEGALIDAD DE LA PRUEBA.
Art 24.- DUDA.
En caso de duda, los/as Jueces/zas deciden siempre lo que sea más favorable para el/la imputado/a, en cualquier instancia del proceso.
Art. 25.- SOLUCIÓN DEL CONFLICTO.
Art. 26.- INTERPRETACIÓN RESTRICTIVA Y ANALOGÍA.
Art. 27.- RESTRICCIÓN A LA LIBERTAD.
Las medidas restrictivas de la libertad tienen carácter excepcional, corno último recurso y por el menor tiempo posible.
Art. 28.- CONDICIONES DE LA PRIVACIÓN DE LIBERTAD.
Art. 29.- RESPETO A LA DIVERSIDAD CULTURAL.
Cuando se trate de hechos cometidos por miembros de un pueblo originario, se aplica en forma directa lo establecido en la Ley Nacional Nº 24.071.
Art. 30.- JUEZ PENAL JUVENIL. COMPETENCIA.
El/la Juez/a Penal Juvenil conoce durante la etapa de investigación de todas las infracciones tipificadas como delitos por la legislación penal atribuidas a la persona que tenga entre dieciséis (16) y dieciocho (18) años de edad no cumplidos; y en su juzgamiento, así como de los asuntos establecidos en el Título XIII de este régimen.
Art 31.- FUNCIONES.
Conocer en todas las acciones penales iniciadas, en la cual se impute a personas que tengan menos de dieciocho (18) años de edad, la comisión o participación en un hecho tipificado como delito en la ley penal.
Decir sobre cualquier medida que restrinja un derecho fundamental de la persona que tenga menos de dieciocho (18) años de edad a quien se le atribuye la comisión o participación en un delito.
Dictar, revocar o modificar las medidas cautelares.
Conocer en los incidentes iniciados por la Defensa, el/la Asesor/a Tutelar y la Querella, en relación con los actos de investigación llevados a cabo por el/la Fiscal Penal Juvenil.
Controlar el cumplimiento de las garantías previstas en esta ley por el Ministerio Público Fiscal durante la etapa de investigación.
Resolver los pedidos de nulidad, impugnaciones y cualquier otro cuestionamiento, realizado por la Defensa, el/la Asesor/a Tutelar y la Querella, relacionados con las acciones que lleve a cabo el/la Fiscal Penal Juvenil durante la investigación.
Decretar la suspensión del proceso a prueba, en los supuestos previstos en la legislación vigente.
Escuchar a la persona que tenga entre dieciséis (16) y dieciocho (18) años de edad no cumplidos o a su familia toda vez que le sea solicitado.
Conducir las audiencias de juicio sobre la determinación de la responsabilidad penal y de la pena.
Dictar sentencia motivada aplicando los criterios de responsabilidad, proporcionalidad y racionalidad en caso de aplicar sanción a la persona declarada penalmente responsable.
Enviar al organismo correspondiente las estadísticas mensuales.
Realizar las funciones que ésta y otra leyes le asignen.
Art. 32.- PROHIBICIÓN.
Art. 33.- COLABORACIÓN Y AUXILIO.
Para cumplir con los fines de la presente ley, toda autoridad o funcionario, está obligado a prestar colaboración y auxilio a los/as Jueces/zas Penales Juveniles cuando éstos se lo requieran.
Art. 34.- IMPUTADO.
Es toda persona que tenga entre dieciséis (16) y dieciocho (18) años de edad no cumplidos a quien se le atribuye la comisión o participación en una acción tipificada como delito en la ley.
Art. 35.- PADRES, TUTORES O RESPONSABLES.
Art. 36.- VÍCTIMA Y OFENDIDO.
A que no se revele su identidad, ni la de sus familiares, cuando ésta implique un peligro evidente para la misma y cuando la víctima así lo solicite.
A recibir asistencia médica, psicológica, o de otra índole cuando la necesite.
Art. 37.- DEFENSORES.
Hasta tanto se designe defensor/a particular, se dará intervención al/la defensor/a Oficial Juvenil en turno quien deberá entrevistarse inmediatamente con la persona menor de dieciocho (18) años de edad, se encontrare o no detenido, y participará en todos los actos procesales
Art. 38.- FISCAL PENAL JUVENIL.
Procurar la mediación.
Proceder al archivo de las denuncias y de las actuaciones de prevención, cuando la naturaleza del hecho no justifique la persecución, o cuando considere que ello resulta conveniente para la mejor solución del conflicto jurídico penal o para el futuro del/la imputado/a.
Realizar las funciones que esta y otras leyes le asignen al Ministerio Público Fiscal.
Art. 39.- QUERELLA
El ofendido o víctima de un delito tiene derecho a ser representado por un abogado/a, conforme a las disposiciones del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 40.- ASESOR TUTELAR.
Deberá intervenir en los procesos penales por delitos en los cuales resulta imputado/a, víctima o testigo una persona menor de dieciocho (18) años de edad. Éste debe velar por el efectivo ejercicio de los derechos y garantías que asisten a la persona menor de dieciocho (18) años.
DE LAS PERSONAS MENORES DE DIECIOCHO AÑOS VÍCTIMAS O
TESTIGOS DE DELITOS
Art. 41.- DERECHOS.
En los procesos donde las personas menores de dieciocho (18) años de edad sean víctimas o testigos, los/as funcionarios/as judiciales y administrativos/as que intervengan deben tener en cuenta los principios del interés superior del niño/a, todos los derechos consagrados en la presente ley y en las Directrices sobre la Justicia en Asuntos concernientes a los Niños Víctimas y Testigos de Delitos del Consejo Económico y Social (E/2005/20).
Art. 42.- CRITERIOS ESPECÍFICOS.
A fin de determinar el interés de la persona menor de dieciocho (18) años de edad damnificado se escuchará en audiencia a aquel que esté en condiciones de formarse un juicio propio, garantizándole el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que lo afecten. Se tendrán debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de su edad y su madurez.
Informar y orientar a las personas menores de dieciocho (18) años, a sus padres, tutores o responsables, sobre la finalidad de las diligencias procesales, el resultado de las investigaciones, los derechos que les asisten, así como la forma en la cual pueden ejercerlos y a ser acompañados por persona de su confianza.
Cuando proceda, se deben tomar medidas para excluir al público y a los medios de información de la sala de audiencia mientras el niño presta su testimonio.
Que no se revele su identidad ni la de sus familiares cuando implique un peligro evidente o cuando así lo solicite.
Art. 43.- DECLARACIÓN.
En la etapa del debate la persona menor de dieciocho (18) años, sólo será entrevistada por un/a psicólogo/a especialista en niños, niñas y/o adolescentes designado/a por el tribunal que ordene la medida, no pudiendo en ningún caso ser interrogados en forma directa por dicho tribunal o las partes.
El acto se llevará a cabo en un gabinete acondicionado con los implementos adecuados a la edad y etapa evolutiva del menor.
En el plazo que el tribunal disponga, el profesional actuante elevara un informe detallado con las conclusiones a las que arribe.
Las alternativas del acto podrán ser seguidas desde el exterior del recinto a través de vidrio espejado, micrófono, equipo de video o cualquier otro medio técnico con que se cuente. El tribunal hará saber al profesional a cargo de la entrevista las inquietudes propuestas por las partes, así como las que surgieren durante el transcurso del acto, las que serán canalizadas teniendo en cuenta las características del hecho y el estado emocional de la víctima o testigo.
Cuando se trate de actos de reconocimiento de lugares y/o cosas, será acompañado/a por el profesional que designe el tribunal, no pudiendo en ningún caso estar presente el/la imputado/a.
Art. 44.- ACREDITACIÓN DE EDAD.
Se acredita la edad por presentación de la partida de nacimiento, del Documento Nacional de Identidad, cualquier otra forma judicial o administrativa fehaciente en la cual consten los datos fíliatorios de la persona menor de dieciocho (18) años de edad, y los de sus padres, tutores o responsables. Si no existe otra forma de acreditarla, se realizarán las pericias necesarias por funcionarios/as del servicio público designados/as a tal efecto, las cuales tienen un plazo improrrogable de seis (6) horas una vez notificado de la resolución que lo ordena.
Art. 45.- DECLARACIÓN DEL IMPUTADO.
La declaración sólo puede prestarse ante el/la representante del Ministerio Público Fiscal Penal a cargo de la investigación o el/la Juez/a Penal Juvenil, a pedido del/la imputado/a.
Art 46.- ACTOS DEFINITIVOS E IRREPRODUCIBLES. NOTIFICACIÓN.
Antes de realizarse actos definitivos e irreproducibles, excepto los registros domiciliarios, deberán citarse a la Querella y a la Defensa si el/la imputado/a estuviese identificado/a. La incomparecencia de las partes debidamente notificadas no impedirá la realización del acto, que tendrá valor para todos sus efectos.
Art. 47.- DURACIÓN.
La investigación preparatoria deberá concluir dentro del término de noventa (90) días a partir de la intimación del hecho al/la imputado/a. Si ese término resultare insuficiente, el/la Fiscal Penal Juvenil deberá solicitar prórroga al/la Juez/a Penal Juvenil, quien podrá acordarla hasta por sesenta (60) días más, según las causas de la demora y la naturaleza de la investigación.
En caso de flagrancia el plazo de la investigación preparatoria será reducido a quince (15) días, prorrogables hasta por quince (15) días más en los mismos términos que en el párrafo anterior.
Art. 48.- CITACIÓN DEL IMPUTADO. COMPARENDO.
Art. 49.- PROCEDENCIA.
Art. 50.- PRISIÓN PREVENTIVA.
Su carácter será excepcional y no podrá exceder un período de sesenta (60) días corridos. La libertad ambulatoria sólo podrá limitarse en caso de peligro de fuga o entorpecimiento del proceso.
La detención cautelar de una persona menor de dieciocho (18) años de edad sólo procederá cuando no apareciese suficiente la aplicación de otra medida menos grave y por el periodo mínimo necesario para evitar que eluda el juicio, siempre que el delito imputado prevea pena privativa de la libertad y el/la Juez/a Penal Juvenil estime prima facie, que no procederá condena de ejecución condicional.
La privación de libertad deberá cumplirse conforme a lo establecido en el artículo 28 y en el Título XIII "Control de las Medidas Privativas de la Libertad" de esta ley.
Art. 51.- DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS PROCEDENTES.
Siempre que el peligro de fuga o de entorpecimiento de la investigación pueda ser evitado razonablemente por aplicación de otra medida menos gravosa para la persona menor de dieciocho (18) años de edad que la requerida por el/la Fiscal Penal Juvenil o la Querella, el/la Juez/a Penal Juvenil deberá imponerle alguna de las previstas en el Código Procesal Penal de la
Art. 52.- DURACIÓN.
Art. 53.- FORMAS.
Art. 54.- RÉGIMEN.
Establécese el presente régimen de resolución alternativa de conflictos penales, para el caso que los supuestos autores de una infracción de tal índole resultaren ser personas menores de dieciocho (18) años punibles, que se instrumentarán en el procedimiento establecido en la presente ley.
Art. 55.- FINALIDAD.
Art. 56.- PRINCIPIOS DEL PROCEDIMIENTO.
El procedimiento de los mecanismos de resolución alternativa de conflictos penales, previsto en el presente capítulo, para menores de dieciocho (18) años, se regirá por los principios de voluntariedad, confidencialidad, celeridad, informalidad, gratuidad y neutralidad o imparcialidad de los mediadores.
Art. 57.- CASOS EN LOS QUE PROCEDE.
La Oficina de Resolución Alternativa de Conflictos que se establezca al efecto, deberá tomar intervención en cada caso en que en el proceso se traten causas penales en las cuales intervengan las personas comprendidas en el texto del Artículo 54.
No procederá la mediación cuando se trate de causas dolosas relativas a los delitos previstos en el Libro II del Código Penal Titulo I (Capítulo I - Delitos contra la vida) y Título III (Delitos contra la Integridad Sexual), y en los casos de las Lesiones establecidas en el Artículo 91 del Código Penal, cuando se efectuaren dentro de un grupo familiar conviviente, aunque estuvieren constituidos por uniones de hecho. - Articulo 8º de la Ley Nacional N° 24.417 de Protección contra la Violencia Familiar-.
Art. 58.- PROCEDIMIENTO. INICIO.
El procedimiento de resolución alternativa de conflicto deberá ser requerido por el/la Fiscal Penal Juvenil que intervenga en el proceso, de oficio o a solicitud de la persona imputada de una infracción penal, o sus padres, tutores o responsables, así como su Defensor/a y/o la víctima. Este régimen será aplicable hasta el inicio del debate.
Art. 59.- REMISIÓN.
Art. 60.- CITACIONES.
Art. 61.- INCOMPARECENCIA.
En caso que alguna o todas las partes no concurran a las reuniones fijadas, o de hacerlo, manifiesten su desistimiento al presente procedimiento, el trámite se dará por concluido, labrándose un acta, en la que constará las circunstancias de las notificaciones y la presencia de la parte que haya concurrido, remitiéndose la misma al/la Fiscal Penal Juvenil correspondiente a fin de que continúe el trámite de la investigación preparatoria.
Art. 62.- REPRESENTACIÓN DE LAS PARTES.
El/la imputado/a asistirá a las reuniones personalmente, en las que deberá ser acompañado obligatoriamente por sus padres, tutores o responsables, y será obligatoria la presencia de su Defensor/a.
La víctima deberá asistir personalmente, y en caso de ser menor de dieciocho (18) años deberá ser acompañado obligatoriamente por sus padres, tutores o responsables, no pudiendo hacerlo mediante apoderado. En caso de requerirlo se le asignará asistencia letrada gratuita.
Art. 63.- INFORME DEL REGISTRO DE RESOLUCIÓN ALTERNATIVA DE CONFLICTOS.
En los casos en que existan en curso otros trámites de resolución alternativa de conflicto en que intervengan ambas partes, podrán unificarse, cuando ello no perjudique la posibilidad de arribar a un acuerdo.
Art. 64.- DE LAS REUNIONES.
Art. 65.- ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD.
Art. 66.- SUSTANCIACIÓN DE LAS SESIONES.
Durante las reuniones el/la mediador/a interviniente tendrá amplias facultades para sesionar, cuidando de no favorecer con su conducta a una de las partes y de no violar el deber de confidencialidad. Las mismas se sustanciaran de manera informal y oralmente; se labrarán actas de las entrevistas, rubricadas por los intervinientes y el/la mediador/a.
En las actas solo constarán cuestiones formales.
Art. 67.- INTERVENCIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO.
Art. 68.- ACUERDO.
En caso de arribarse a un acuerdo en el que ambas partes encuentren satisfechos sus intereses, se labrará un acta, en la que se dejará constancia de los alcances del mismo, número de investigación preparatoria que diera origen a la misma, de las firmas de la persona menores de dieciocho (18) años imputadas, sus padres, tutores o responsables, Asesor/a tutelar, representantes legales, así como de la otra parte, de los letrados patrocinantes y del/de la mediador/a interviniente.
Asimismo se dejará constancia que el alcance del acuerdo no implicará la asunción de culpabilidad para los reclamos pecuniarios, salvo pacto expreso en contrario. No podrá dejarse constancia de manifestaciones de las partes.
Art. 69.- COMUNICACIÓN.
En el plazo de diez (10) días de firmado el acuerdo o de concluir el trámite por no arribar al mismo, el/la mediador/a interviniente deberá notificarlo al Agente Fiscal que haya intervenido, en la investigación preparatoria, así como a la Oficina de Resolución Alternativa de Conflictos, debiéndose acompañar copia del acta respectiva.
Art. 70.- PLAZO.
Art. 71.- EFECTOS SOBRE EL PROCESO.
En aquellos acuerdos en que las partes hayan dado enteramente por satisfechas sus pretensiones, el/la Fiscal Penal Juvenil mediante despacho simple, procederá al archivo definitivo de las actuaciones, no pudiendo promover nuevamente la acción por ese hecho. Para los casos en que se pacte alguna obligación para las partes, la investigación preparatoria se archivará sujeta a condiciones en la sede de la Oficina de Resolución Alternativa de Conflictos a fin de que constate el cumplimiento o incumplimiento de las mismas.
Verificado el cumplimiento, se remitirán las actuaciones al/la Fiscal Penal Juvenil, quien procederá de la manera enunciada en el párrafo primero. En caso de comprobarse el incumplimiento de aquellas en el plazo acordado, se dejará constancia de dicha circunstancia, procediéndose al desarchivo del proceso ya la continuación de su trámite.
Art. 72.- SEGUIMIENTO.
Art. 73.- REGISTRO ÚNICO DE RESOLUCIONES ALTERNATIVAS DE CONFLICTOS
En el ámbito de la Oficina de Mediación se creará un Registro Único de Resoluciones Alternativas de Conflictos, donde deberán registrarse todos aquellos trámites iniciados, debiendo constar partes intervinientes, y número del proceso juvenil que diera origen al mismo y el arribo o no a un acuerdo entre las partes.
Art. 74.- SECRETO PROFESIONAL.
Art. 75.- PROCEDENCIA.
La persona menor de dieciocho (18) años de edad sometida a proceso podrá por sí, o a través del/la Defensor/a requerir que se examine la posibilidad de no continuar el proceso, tomando en cuenta la gravedad del delito, con base en el grado de responsabilidad, en el daño causado y en la reparación del mismo. También procederá a pedido del/la Fiscal Penal Juvenil. El/la Juez/a Penal Juvenil puede actuar de oficio.
Si el/la Juez/a considera admisible el pedido convocará a las partes a una audiencia común y previo acuerdo con el/la imputado/a y la víctima, podrá resolver remitir a la persona menor de dieciocho (18) años de edad a programas comunitarios, con el apoyo de su familia y bajo el control de la institución que los realice, extinguiendo la acción. El auto que decide la remisión será apelable por aquellos que hubieren manifestado su oposición en la audiencia.
No procederá la remisión cuando se trate de causas relacionadas con causas dolosas relativas a los delitos previstos en el Libro II del Código Penal Título I (Capítulo I - Delitos contra la vida) y Título III (Delitos contra la Integridad Sexual), y en los casos de las Lesiones establecidas en el artículo 91 del Código Penal, cuando se efectuaren dentro de un grupo familiar conviviente, aunque estuvieren constituidos por uniones de hecho.
Art. 76.- SUSPENSIÓN DEL PROCESO.
A pedido del/la imputado/a, del/la Defensor/a o del/la Asesor/a tutelar, se podrá proponer la suspensión del proceso a prueba fundadamente. La suspensión también podrá disponerse aún en aquellos casos en que el delito imputado sea susceptible de sanción con pena privativa de libertad en centro especializado, teniendo en miras el principio del interés superior, su reinserción social, su protección integral y con la finalidad de mantener y fortalecer sus vínculos familiares y comunitarios.
El tribunal convocará a una audiencia oral con citación al peticionario, al Fiscal Penal Juvenil, al Asesor/a Tutelar, a la víctima, y al Querellante si lo hubiere.
Luego de escuchar a las partes resolverá si concede la suspensión de la persecución penal, con las condiciones de cumplimiento que estime correspondientes, o la deniega.
La oposición del Fiscal Penal Juvenil, fundamentada en razones de política criminal o en la necesidad de que el caso se resuelva en juicio, será vinculante para el tribunal.
Contra la decisión no habrá recurso alguno.
Cumplidas las condiciones impuestas, el/la Juez/a, previa vista al Fiscal Penal Juvenil, dictará el archivo definitivo de la causa, no pudiendo promover nuevamente la acción por ese hecho. En caso de incumplimiento dispondrá la continuación del proceso o la prórroga de la suspensión, según corresponda.
Art. 77.- PAUTAS PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS CONDICIONES DE CUMPLIMIENTO.
Se privilegiarán aquéllas cuya finalidad comprenda su salud, educación, aptitud laboral, así como el mantenimiento y fortalecimiento de sus vínculos familiares y comunitarios.
Art. 78.- DEBATE.
El debate se realizará a puerta cerrada, y a la audiencia sólo podrán asistir el/la Fiscal Penal Juvenil, su Defensor/a, el/la Asesor/a tutelar, los padres, tutores o responsables del niño o adolescente imputado/a y víctima, y las personas que tuvieren legítimo interés en presenciarlo.
No es admisible la omisión de prueba.
Será parte legítima para manifestar oposiciones la Defensa y la Asesoría Tutelar. No se hará lugar a las preguntas capciosas, sugestivas de opinión, conclusivas, impertinentes, repetitivas, confusas, vagas, ambiguas y las compuestas.
Art. 79.- AUDIENCIA.
Cumplidos los requisitos establecidos por la legislación vigente, el/la Juez/a o Tribunal Juvenil, señalará audiencia con intervención del/la Fiscal Penal Juvenil, el/la Defensor/a, la persona declarada penalmente responsable, sus padres, tutores o responsables, y el/la representante de la Asesoría Tutelar, quienes tras la lectura de los informes producidos, se expedirán
separadamente en ese orden.
Concluidas las intervenciones, el Tribunal o Juez/a Penal Juvenil, en su caso resolverá si corresponde condenar, absolver o aplicar pena reduciéndola en la forma prevista para la tentativa.
Art. 80.- RECURSOS
Procederán los recursos previstos en el Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 81.- DEFINICIÓN.
Art. 82.- DERECHOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA MEDIDA.
Sus derechos, en relación a las personas o funcionarios que lo tuvieren bajo su responsabilidad.
Las medidas y las etapas previstas para su cumplimiento.
El régimen interno de la institución o establecimiento en el cual se la resguarde, especialmente las medidas disciplinarias que puedan serle aplicadas.
A recibir los servicios de salud, sociales y educativos adecuados a su edad y condiciones, y a que se proporcionen por personas con la formación profesional requerida.
A comunicarse reservadamente con su Defensor/a, el/la Asesor/a Tutelar, el/la Fiscal Penal Juvenil y el/la Juez/a de Ejecución Penal Juvenil.
A presentar peticiones ante cualquier autoridad y a que se le garantice la respuesta, y especialmente a promover incidentes y a apelar las medidas disciplinanas aplicadas ante el/la Juez/a de Ejecución Penal Juvenil.
A comunicarse libremente con sus padres, tutores o responsables, y a mantener correspondencia por cualquier medio.
A que se le mantenga separado de los infractores mayores de dieciocho (18) años de edad.
A que su familia sea informada sobre los derechos que a ella le corresponden, y respecto de la situación y los derechos de la persona privada de la libertad.
A no ser trasladado arbitrariamente del centro en el que cumpla la medida de privación de libertad; el traslado sólo podrá realizarse por orden escrita del/la Juez/a competente.
A no ser incomunicado en ningún caso, ni sometido a régimen de aislamiento, ni a la imposición de penas corporales
A que se le tramite la debida documentación identificatoria
A ser ingresado solamente con orden previa y escrita de autoridad judicial competente.
A que existan separaciones respecto de la edad, sexo y según la privación de libertad sea provisional o definitiva.
Art. 83.- CENTROS ESPECIALIZADOS.
Art. 84.- PRIVACIÓN DE LIBERTAD EN CENTRO ESPECIALIZADO.
La cantidad de personas alojadas deberá ser reducida, a fin de que el tratamiento pueda aplicarse con carácter individual
Art. 85.- FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS ESPECIALIZADOS.
Art. 86.- REGLAMENTO INTERNO.
Un régimen que determine taxativamente los derechos y deberes de las personas alojadas en dichos centros.
Reglamentación taxativa de las sanciones que puedan ser impuestas durante el tiempo de alojamiento. En ningún caso se pueden aplicar medidas disciplinarias inhumanas o degradantes, incluidos los castigos corporales, el encierro en celdas oscuras y el aislamiento, y está prohibida la reducción de alimentos, la denegación del contacto con los familiares, las sanciones colectivas, y no se les debe sancionar más de una vez por la misma infracción disciplinaria. Se limita la utilización de medios coercitivos y de fuerza física, sólo a los casos necesarios.
Regulación del procedimiento a seguir, para la imposición de las sanciones disciplinarias.
Determinación de los mecanismos que permitan el cumplimiento eficaz de los derechos de las personas alojadas.
Establecimiento de programas educativos, de capacitación, laborales, de salud, culturales, religiosos y de recreación.
Art. 87.- REGISTRO
Los centros especializados de privación de libertad deberán contar con un Libro de Registro foliado, sellado y autorizado por la autoridad de quien dependa el centro especializado; puede adaptarse otro sistema de registro siempre que este garantice el control de ingreso.
Día y hora de ingreso, así como la del traslado o salida del centro;
El motivo de su alojamiento en dicho centro especializado, y la autoridad que lo ordena;
Detalles de la notificación de cada ingreso, traslado, liberación y entrega de la persona privada de la libertad a los padres, tutores o responsables de él.
Art. 88.- EXPEDIENTE PERSONAL
En los centros especializados de privación de libertad se lleva un expediente personal de cada persona alojada, en el que además de las datos señalados en el registro, se consignarán los datos de la resolución que imponga la medida y los relacionados a la ejecución de la misma, los informes médicos, las actuaciones judiciales y disciplinarias.
Art. 89.- EXAMEN MÉDICO.
Art. 90.- VIGILANCIA Y CONTROL.
Vigilar que no se vulneren los derechos de la persona privada de su libertad durante el tiempo de permanencia.
Vigilar que las medidas de privación de libertad provisoria o definitiva se cumplan de acuerdo a lo dispuesto en la resolución que las ordena.
Revisarlas para modificarlas o sustituirlas cuando no cumplan con los objetivos por las que fueron impuestas, o por ser contrarias al proceso de inserción social y comunitaria de la persona privada de la libertad.
En caso de que la persona menor de dieciocho (18) años no cumpliere con las condiciones que se fijen al revisar o sustituir las medidas señaladas, el/la Juez/a podrá disponer nuevamente su internación.
Decretar la cesación de la medida privativa de libertad.
Las demás que establezcan ésta y otras Leyes.
Art. 91.- REQUERIMIENTO.
CLÁUSULA TRANSITORIA. Hasta tanto sean creados los juzgados, fiscalías y defensorías con competencia especifica en materia penal juvenil, serán competentes los actuales integrantes del Poder Judicial y del Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.