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Timestamp: 2018-05-21 09:44:34
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Matched Legal Cases: ['artículo 156', 'artículo 46', 'artículo 1', 'artículo 47', 'artículo 48', 'artículo 90', 'artículo 49', 'artículo 206', 'artículo 50', 'artículo 48', 'artículo 48', 'artículo 70', 'artículo 51', 'artículo 18', 'artículo 52', 'artículo 50', 'artículo 52', 'artículo 52', 'artículo 6', 'artículo 19', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 1']

TRIBUTACIÓN AUTONÓMICA MEDIDAS PDF
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Luis Miguel Rubén Ojeda Torres
1 TRIBUTACIÓN AUTONÓMICA MEDIDAS 2015 Actualizado a agosto de
2 CAPÍTULO I LÍNEAS DE ACTUACIÓN DE LAS CCAA EN TRIBUTOS CEDIDOS Y TRIBUTOS PROPIOS 2
3 ÍNDICE Página 1. IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS LOS TRIBUTOS SOBRE EL JUEGO IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES DE JUEGO EL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE EL IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS (ANTES IMPUESTO SOBRE VENTAS MINORISTAS DE DETERMINADOS HIDROCARBUROS) LOS IMPUESTOS PROPIOS Y LOS RECARGOS SOBRE TRIBUTOS ESTATALES EN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE RÉGIMEN COMÚN ANEXOS
4 La Constitución Española (CE) recoge en el artículo 156 el principio de autonomía financiera de las Comunidades Autónomas (CC.AA.) al señalar que Las Comunidades Autónomas gozarán de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles. Por su parte, entre el elenco de recursos que integran la Hacienda de las CC.AA. se encuentran los tributos estatales cedidos [artículo a) CE] y los tributos propios [artículo b) CE]. Según el artículo CE Mediante ley orgánica podrá regularse el ejercicio de las competencias financieras enumeradas en el precedente apartado 1, las normas para resolver los conflictos que pudieran surgir y las posibles formas de colaboración financiera entre las Comunidades Autónomas y el Estado. Así, son los artículos decimonoveno de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) en la redacción dada por la Ley Orgánica 3/2009, de 18 de diciembre, y 45 a 53 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias, los que establecen las competencias normativas que las CC.AA. pueden ejercer en relación con los tributos estatales cedidos. No obstante, fue la Ley 14/1996, de 30 de diciembre, de Cesión de tributos del Estado a las Comunidades Autónomas y de medidas fiscales complementarias la que recogió, por primera vez, la atribución a las CC.AA. de ciertas competencias normativas en relación con los tributos estatales cedidos. Estas competencias se ampliaron con la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, que al mismo tiempo, incrementa el número de tributos cedidos. Por su parte, los artículos 133 CE y sexto y decimoséptimo de la LOFCA prevén la competencia de las CC.AA. para establecer sus propios tributos. Los límites al ejercicio de la misma se regulan en el artículo CE y en los artículos sexto y noveno de la LOFCA. A continuación se describen las líneas generales que han seguido las Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus competencias normativas tanto en materia de tributos cedidos como en tributos propios para el año 2015 y en ejercicios anteriores. 1. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Las competencias normativas de las CC.AA. en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) se establecen en el apartado dos.a) del artículo decimonoveno de la LOFCA, según redacción dada por la Ley Orgánica 3/2009, de 18 de diciembre, y en el artículo 46 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre. 4
5 Las CC.AA. pueden regular la escala autonómica aplicable a la base liquidable general, que deberá ser progresiva. Respecto al ejercicio de esta competencia hay que destacar que, con la finalidad de que las CC.AA. hagan un ejercicio más explícito de corresponsabilidad, se excepciona la aplicación supletoria de la normativa estatal en materia de tarifa autonómica para el supuesto en que las CC.AA. no hicieran uso de sus competencias normativas salvo, transitoriamente, para el año 2010 (ejercicio para el que se previó la aplicación de una escala supletoria establecida en la normativa del Estado). Por otro lado, las CC.AA. pueden aprobar deducciones por circunstancias personales y familiares, por inversiones no empresariales y por aplicación de renta, siempre que no supongan directa o indirectamente una minoración del gravamen efectivo de alguna o algunas categorías de renta, y por subvenciones o ayudas públicas no exentas que se perciban de la Comunidad Autónoma, con excepción de las que afecten al desarrollo de actividades económicas o a las rentas que se integren en la base del ahorro. Es precisamente en este ámbito en el que las CC.AA. han ejercido de forma más intensa sus competencias normativas. Asimismo, podrán regular el importe del mínimo personal y familiar aplicable para el cálculo del gravamen autonómico, estableciendo incrementos o disminuciones en las cuantías correspondientes al mínimo del contribuyente y a los mínimos por descendientes, ascendientes y discapacidad, con el límite del 10 por ciento para cada una de las cuantías. Por último, las CC.AA. también tienen competencias para regular el tramo autonómico de la deducción por inversión en vivienda habitual. En concreto, de acuerdo con la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, las CC.AA. pueden incrementar o disminuir el porcentaje de deducción previsto en la ley estatal del IRPF. El resultado del ejercicio de competencias normativas en este impuesto por parte de las CC.AA. ha sido el siguiente 1 : Por lo que se refiere a la regulación autonómica de la tarifa del impuesto, las CC.AA. que introducen modificaciones en la escala de 2015 respecto de la regulada para 2014 son: Principado de Asturias, Cantabria, La Rioja, Región de Murcia, Aragón, Castilla-La Mancha, Canarias, Extremadura, Illes Balears, Madrid y Castilla y León. Si comparamos, para cada una de estas CC.AA., la base liquidable con el tipo efectivo aplicable en 2014 y 2015, sin tener en cuenta otras medidas tributarias, podemos concluir lo siguiente: 2 1) En las CC.AA. del Principado de Asturias, Cantabria, Aragón e Illes Balears y en las Comunidades de Madrid y Castilla y León la nueva escala supone, en su conjunto, una reducción de la tributación para todos los tramos de renta respecto a 2014: 1 Ver cuadro anexo I. 2 Ver cuadro anexo I bis. 5
6 Principado de Asturias: pasa de una escala de siete tramos a otra de ocho tramos de base liquidable. La reducción de la tributación respecto a 2014 es más acusada para las rentas más bajas y menos pronunciada en los tramos intermedios y altos. Cantabria: pasa de una escala de ocho tramos a otra de cinco tramos de base liquidable suprimiendo los tramos superiores de la escala aplicable en La reducción de la tributación respecto a 2014 es más acusada para las rentas más bajas y más altas y menos pronunciada en los tramos intermedios. Aragón: pasa de una escala de cuatro tramos a otra de cinco tramos. La reducción de la tributación respecto a 2014 es más acusada para las rentas más bajas y menos pronunciada en los tramos intermedios y altos. Illes Balears: pasa de una escala de cuatro tramos a otra de seis tramos. La reducción de la tributación respecto a 2014 es más acusada para las rentas más bajas y menos pronunciada en los tramos intermedios y altos. Madrid: pasa de una escala de cuatro tramos a otra de cinco tramos. La reducción de la tributación respecto a 2014 es más acusada para las rentas más bajas y menos pronunciada en los tramos intermedios y altos. Castilla y León: pasa de una escala de cuatro a otra de cinco tramos. La reducción de la tributación respecto a 2014 es más acusada para las rentas más bajas y menos pronunciada en los tramos intermedios y altos. 2) En las CCAA de La Rioja, la Región de Murcia, Castilla-La Mancha, Canarias y Extremadura la nueva escala supone, en su conjunto, una reducción de la tributación respecto a 2014 sólo para determinados tramos de renta produciéndose, con carácter general, un incremento de la tributación en los tramos de renta más elevados: La Rioja: pasa de una escala de cuatro tramos a otra de cinco tramos. El cambio de tarifa autonómica beneficia a los tramos de base liquidable de hasta, aproximadamente, euros. A partir de esta cifra la nueva tarifa autonómica aplicable en 2015 dará mayores cuotas que la de Región de Murcia: pasa de una escala de seis tramos a otra de cinco tramos. El cambio de tarifa autonómica beneficia a los tramos de base liquidable de hasta, aproximadamente, euros. A partir de esta cifra la nueva tarifa autonómica aplicable en 2015 dará mayores cuotas que la de
7 Castilla-La Mancha: pasa de una escala de cuatro tramos a otra de cinco tramos. El cambio de tarifa autonómica beneficia a los tramos de base liquidable de hasta, aproximadamente, euros. A partir de esta cifra la nueva tarifa autonómica aplicable en 2015 dará mayores cuotas que la de Canarias: pasa de una escala de cuatro tramos a otra de seis tramos. El cambio de tarifa autonómica beneficia a los tramos de base liquidable de hasta, aproximadamente, euros. A partir de esta cifra la nueva tarifa autonómica aplicable en 2015 dará mayores cuotas que la de Extremadura: pasa de una escala de diez tramos a otra de nueve tramos. El cambio de tarifa autonómica beneficia a los tramos de base liquidable de hasta, aproximadamente, euros. A partir de esta cifra la nueva tarifa autonómica aplicable en 2015 dará mayores cuotas que la de Por otra parte, si comparamos, sin tener en cuenta otras medidas tributarias, las escalas reguladas por las CC.AA. en 2015 con la escala general estatal fijada para el mismo ejercicio en la DA 31ª de la LIRPF, en la redacción dada por el artículo 1.Cuatro del Real Decreto-ley 9/2015 (escala de cinco tramos, con tipo marginal mínimo del 9,5 % y máximo del 22,5 %), el resultado es el siguiente: 3 1) Comunidades que regulan una escala que coincide con la escala general estatal: Cantabria. 2) Comunidades que regulan una escala diferente a la escala general estatal (ya sea por el número y cuantía de los tramos o por los tipos que regulan): a) Escalas inferiores (con respecto a la escala general estatal fijada para 2015 la escala autonómica supone, en su conjunto, para algunos tramos de renta la misma tributación y para otros una menor tributación): Madrid: regula una escala de cinco tramos, con tipo marginal mínimo del 9,5 % y máximo del 21 %. Castilla-La Mancha: regula una escala de cinco tramos, con tipo marginal mínimo del 9,5 % y máximo del 22,5 %. b) Escalas superiores (con respecto a la escala general estatal fijada para 2015 la escala autonómica supone, en su conjunto, un incremento de la tributación para todos los tramos de renta, a excepción de La Rioja donde supone para algunos tramos la misma tributación y para otros una mayor tributación). 3 Ver cuadro anexo I ter. 7
8 Andalucía: regula una escala de seis tramos, con tipo marginal mínimo del 12 % y máximo del 25,5 %. Principado de Asturias: regula una escala de ocho tramos, con tipo marginal mínimo del 10 % y máximo del 25,5 %. Extremadura: regula una escala de nueve tramos, con tipo marginal mínimo del 10,5 % y máximo del 25 %. Región de Murcia: regula una escala de cinco tramos, con tipo marginal mínimo del 10 % y máximo del 23,5 %. La Rioja: regula una escala de cinco tramos, con tipo marginal mínimo del 9,5 % y máximo del 23,5 %. c) Otras escalas (con respecto a la escala general estatal fijada para 2015 la escala autonómica supone, en su conjunto, una reducción de la tributación para determinados tramos de renta y un incremento de la tributación para otros): Aragón: regula una escala de cinco tramos, con tipo marginal mínimo del 10 % y máximo del 21,5 %. Illes Balears: regula una escala de seis tramos, con tipo marginal mínimo del 9,5 % y máximo del 21,5 %. Castilla y León: regula una escala de cinco tramos, con tipo marginal mínimo del 10 % y máximo del 21,5 %. Cataluña: regula una escala de seis tramos, con tipo marginal mínimo del 12 % y máximo del 25,5 %. Galicia: para contribuyentes con base liquidable igual o inferior a ,20 euros establece un tipo fijo del 11,5 % y para el resto regula una escala de cuatro tramos, con tipo marginal mínimo del 12 % y máximo del 21,5 %. Valencia: regula una escala de seis tramos, con tipo marginal mínimo del 11,9 % y máximo del 23,48 %. Canarias: regula una escala de seis tramos, con tipo marginal mínimo del 9,5 % y máximo del 24 %. En cuanto a la regulación del importe del mínimo personal y familiar aplicable para el cálculo del gravamen autonómico, sólo la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y la Comunidad de Madrid han ejercido esta competencia en el ejercicio 2015: 8
9 La Comunidad de Madrid incrementa el importe correspondiente al mínimo por el tercer, cuarto y siguientes descendientes hasta el límite máximo permitido. La Comunidad Autónoma de Illes Baleares incrementa también hasta el máximo permitido los importes correspondientes al mínimo del contribuyente de más de 65 años, al mínimo por el tercer, cuarto y siguientes descendientes y al mínimo por discapacidad. Por lo que se refiere a la regulación del tramo autonómico de la deducción por inversión en vivienda habitual, hay que tener en cuenta que el Estado, mediante Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica, suprimió la deducción por inversión en vivienda habitual a partir del 1 de enero de No obstante, la citada ley también estableció un régimen transitorio por el que podrán continuar practicando la deducción en ejercicios futuros todos aquellos contribuyentes que hubiesen adquirido antes del 31 de diciembre de 2012 su vivienda habitual o satisfecho cantidades para la construcción, ampliación, rehabilitación o realización de obras por razones de discapacidad en su vivienda habitual. En este sentido, las CC.AA. de la Región de Murcia, Illes Balears y Cataluña, que regularon en ejercicios anteriores porcentajes del tramo autonómico de la deducción estatal por inversión en vivienda habitual, derogaron con efectos desde el 1 de enero de 2013 la regulación de estos porcentajes y establecieron un régimen transitorio para practicar la deducción en ejercicios futuros. Finalmente, por lo que se refiere a las deducciones en la cuota íntegra autonómica, todas las CC.AA. han hecho un uso abundante de sus competencias normativas en esta materia, regulando diversos supuestos que, a juicio del legislador autonómico, son merecedores de incentivo fiscal en dicho impuesto. En total en el ejercicio 2015 están vigentes 186 deducciones. De éstas, 11 son nuevas para el 2015, habiéndose derogado 3. La Comunidad Autónoma que más deducciones aplica es la Comunitat Valenciana, que tiene vigentes 24 y la que menos La Rioja, con 4 deducciones vigentes. Las deducciones vigentes en el ejercicio 2015 en las diferentes CC.AA. se pueden clasificar de la siguiente manera: 1. Deducciones por circunstancias personales y familiares: a) Por nacimiento o adopción de hijos: las CC.AA. de Cataluña, Galicia, Andalucía, Principado de Asturias, La Rioja, Aragón, Castilla-La Mancha, Canarias, Extremadura e Illes Balears, la Comunitat Valenciana y las Comunidades de Castilla y León y Madrid. b) Por acogimiento familiar de menores y mayores o minusválidos: las CC.AA. de Galicia, Principado de Asturias, Cantabria, Extremadura, 9
10 Castilla-La Mancha, la Comunitat Valenciana y la Comunidad de Madrid. c) Por cuidado de ascendientes y/o descendientes: las CC.AA. de Aragón, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, las Illes Balears, Galicia, Canarias, la Región de Murcia, Andalucía, Principado de Asturias, la Comunitat Valenciana y la Comunidad de Castilla y León. d) Por familia numerosa: las Comunidades de Madrid y Castilla y León, la Comunitat Valenciana y las CC.AA. de Galicia, Principado de Asturias, Castilla-La Mancha y Canarias. e) Por edad y/o minusvalía del contribuyente: las CC.AA. de Galicia, Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Canarias, Illes Balears, la Comunitat Valenciana y la Comunidad de Castilla y León. f) Deducción para familias monoparentales: las CC.AA. de Principado de Asturias y Andalucía. g) Deducción por ayuda doméstica: CC.AA. de Andalucía y Comunidad de Castilla y León. h) Deducción por disfrute de periodos de suspensión de contrato de trabajo por paternidad o por percepción de ayudas públicas de protección a la paternidad: Comunidad de Castilla y León y Comunitat Valenciana. i) Deducción aplicable a los cónyuges que realicen labores no remuneradas en el hogar: Comunitat Valenciana. j) Deducción para los contribuyentes que queden viudos: CC.AA. de Cataluña y Extremadura. k) Deducción en concepto de gastos de enfermedad y/o gastos en primas de seguros individuales de salud: Cantabria, Aragón, Illes Balears. 2. Deducciones relacionadas con la vivienda habitual. Existe un conjunto muy heterogéneo de deducciones que se refieren al alquiler, adquisición, rehabilitación, reparación o mejora de la vivienda: a) Por alquiler de la vivienda habitual: las CC.AA. de Canarias, Principado de Asturias, Galicia, Andalucía, Cataluña, Cantabria, Aragón, Castilla- La Mancha, Extremadura, la Comunidad de Madrid, la Comunidad de Castilla y León y la Comunitat Valenciana. b) Por adquisición de vivienda. Las medidas en vigor en esta materia son diversas: Deducciones aplicables a la adquisición de la vivienda habitual por determinados colectivos (jóvenes, discapacitados, familias numerosas y/o víctimas del terrorismo): las CC.AA. de Andalucía, 10
11 Extremadura, La Rioja, la Región de Murcia, Aragón, Principado de Asturias y la Comunitat Valenciana. Deducciones aplicables cuando se adquiere una vivienda de protección oficial o cuando se perciben ayudas públicas para su adquisición: la Comunitat Valenciana y las CC.AA. de Andalucía, Principado de Asturias y Extremadura. Deducciones aplicables a viviendas rurales que vayan a constituir la residencia habitual del contribuyente: las CC.AA. de La Rioja, Aragón, Extremadura y la Comunidad de Castilla y León. Deducciones propias por adquisición y/o rehabilitación de la vivienda habitual: las Comunidades Autónomas de Cataluña, La Rioja, Canarias y la Comunidad de Castilla y León. Deducción en la cuota autonómica por la variación del euribor con objeto de paliar el efecto del incremento del coste de la financiación ajena a los contribuyentes que hayan obtenido un préstamo hipotecario a tipo variable referenciado al euribor para la adquisición o rehabilitación de la primera vivienda habitual: la Comunidad Autónoma de Canarias y la Comunidad de Madrid. c) Deducciones por inversión en instalaciones medioambientales (paneles solares, instalaciones térmicas, dispositivos de ahorro de agua, etc.), en obras de reparación y mejora en la vivienda habitual o en obras de adecuación de la vivienda habitual por razón de discapacidad o de adecuación a la inspección técnica de construcciones: CC.AA. de Galicia, Canarias, la Región de Murcia, Andalucía, Cantabria, Illes Balears, Comunidad de Castilla y León y Comunitat Valenciana. 3. Deducciones por donativos. Este tipo de deducciones se han establecido por distintas CC.AA. y contemplan diferentes supuestos: a. Donaciones de bienes integrantes del Patrimonio Histórico o Cultural autonómico, donación de cantidades para la conservación o rehabilitación de los mismos o donaciones a entidades dedicadas a la protección de estos bienes. Las CC.AA. de Canarias, Región de Murcia, la Comunidad de Castilla y León y la Comunitat Valenciana. b. De carácter medioambiental. Las CC.AA. de Cataluña, Canarias, Aragón, la Comunitat Valenciana y la Comunidad de Castilla y León. c. De ámbito cultural. Las CC.AA. de Cantabria, Cataluña, Illes Balears, Comunitat Valenciana y Comunidad de Castilla y León. d. Otras deducciones por donativos. Las CC.AA. de Galicia, Illes Balears y la Comunidad de Castilla y León (donaciones a entidades que tengan por objeto el fomento de la investigación científica y el desarrollo y la innovación tecnológica), Canarias (donaciones a descendientes de 11
12 cantidades destinadas a la adquisición de su primera vivienda habitual), Principado de Asturias (donación de fincas rústicas a favor del Principado), Castilla-La Mancha (donaciones a entidades para lucha contra la pobreza, la exclusión social y la ayuda a personas con discapacidad y donaciones destinadas a investigación y desarrollo científico e innovación empresarial) e Illes Balears (donaciones relativas al mecenazgo deportivo). 4. Deducciones relacionadas con el empleo. Este tipo de deducciones se pueden clasificar de la siguiente manera: a. Deducción aplicable a contribuyentes que trasladen su residencia habitual de una isla a otra del Archipiélago para realizar una actividad laboral o económica y deducción para los contribuyentes que perciben prestaciones por desempleo: Comunidad Autónoma de Canarias b. Deducción aplicable a los contribuyentes que perciban retribuciones del trabajo dependiente que no superen determinados límites: Comunidad Autónoma de Extremadura. c. Deducción por gastos de defensa jurídica en procedimientos judiciales de despido, extinción de contrato o reclamación de cantidad: Comunidad Autónoma de Andalucía. d. Deducciones para el fomento del autoempleo: la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias y la Comunidad de Madrid. 5. Otras deducciones: a. Por estudios y adquisición de libros de texto: las CC.AA. de Cataluña, las Illes Balears, Canarias, Extremadura, Aragón, Castilla-La Mancha, Principado de Asturias, la Comunidad de Madrid y la Comunitat Valenciana. b. Deducciones por inversiones en la adquisición de acciones o participaciones sociales de determinadas entidades: las CC.AA. de Andalucía, Galicia, Aragón, Cataluña, las Illes Balears, Cantabria, la Región de Murcia, Castilla-La Mancha, Extremadura y las Comunidades de Madrid y Castilla y León. c. Deducciones para fomentar el uso de las nuevas tecnologías en los hogares: C.A. de Galicia. d. Deducción por la obtención del certificado de la gestión forestal sostenible: Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. e. Deducción para contribuyentes que hayan puesto en arrendamiento una vivienda incluida en el Plan de Vivienda Social: Comunidad Autónoma de Aragón. 12
13 f. Deducción por determinadas subvenciones y/o ayudas obtenidas a consecuencia de daños sufridos por inundaciones: Comunidad Autónoma de Aragón. 2. Impuesto sobre el Patrimonio. De acuerdo con el artículo decimonoveno.dos.b) de la LOFCA, según redacción dada por la Ley 3/2009, de 18 de diciembre, y el artículo 47 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, las CC.AA. tienen, en relación con el Impuesto sobre el Patrimonio (IP), competencias para regular: El mínimo exento. El tipo de gravamen. Deducciones y bonificaciones en la cuota, que se aplicarán con posterioridad a las establecidas por el Estado y no podrán suponer una modificación de las mismas. Además, con arreglo a la disposición adicional segunda de la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la normativa tributaria con esta finalidad, las Comunidades Autónomas podrán declarar la exención en el IP de los bienes y derechos referidos en la misma norma. Las CC.AA. han hecho uso diverso de estas competencias normativas, centrándose especialmente en la regulación del mínimo exento y en menor medida en la tarifa y las deducciones y bonificaciones en la cuota 4. No obstante, estas medidas aprobadas por las CC.AA. perdieron su virtualidad práctica como consecuencia de la entrada en vigor, con efectos desde el 1 de enero de 2008, de la bonificación general de la cuota íntegra introducida por el artículo tercero de la Ley 4/2008, de 23 de diciembre, por la que se suprime el gravamen del Impuesto sobre el Patrimonio, se generaliza el sistema de devolución mensual en el Impuesto sobre el Valor Añadido y se introducen otras modificaciones en la normativa tributaria. Actualmente, las CC.AA. han recuperado de forma efectiva su capacidad normativa en el Impuesto sobre el Patrimonio puesto que el gravamen del mismo se ha restablecido mediante el Real Decreto-ley 13/2011, de 16 de septiembre, el cual suprime con carácter temporal, para los ejercicios 2011 y 2012, la bonificación general de la cuota íntegra introducida por la citada Ley 4/2008, de 23 de diciembre, y eleva el mínimo exento hasta los euros. Posteriormente, los artículos 10 de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, 72 de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, y 61 de la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, han 4 Ver cuadro anexo II. 13
14 prorrogado durante los ejercicio 2013, 2014 y 2015, respectivamente, la vigencia de este impuesto. En relación con el mínimo exento, se pueden distinguir dos tipos de medidas adoptadas por las CC.AA.: a) Regulación del mínimo exento aplicable con carácter general. Las CC.AA. de Galicia, Cantabria, Canarias y Extremadura y la Comunidad de Madrid han equiparado la cuantía del mínimo exento al regulado en la normativa estatal ( euros), la C.A. de Cataluña lo ha fijado en euros y la C.A. de las Illes Balears lo ha fijado en euros (desde 2015). b) Regulación de un mínimo exento aplicable a contribuyentes afectados por una discapacidad. La C.A de Andalucía fija en euros la cuantía del mínimo exento aplicable a sujetos pasivos que tengan la consideración legal de personas con discapacidad y la C.A de Extremadura establece una cuantía variable aplicable a discapacitados físicos, psíquicos o sensoriales en función del grado de discapacidad (en grado superior al 33 % e inferior al 50 % aplicarán euros, si su discapacidad está entre el 50 % y el 65 % aplicarán euros y de euros si es superior al 65 %). Por lo que se refiere a la tarifa han ejercido competencias las CC.AA. de Andalucía, Cantabria, Extremadura, Principado de Asturias, Cataluña, Galicia, Región de Murcia e Illes Balears. En las CC.AA de Andalucía, Extremadura, Cataluña, el Principado de Asturias, Región de Murcia y Galicia la escala es progresiva, consta de ocho tramos y los tipos son superiores a los fijados en la escala aprobada por el Estado con carácter supletorio. En la C.A de Cantabria la escala coincide con la fijada por el Estado. En la C.A. de las Illes Balears la escala es progresiva y consta de ocho tramos que son ligeramente superiores a los fijados en la escala estatal supletoria. En materia de deducciones y bonificaciones han ejercido competencias: la Comunidad Autónoma de Cataluña, que tiene vigentes desde 2004 y 2011, respectivamente, una bonificación del 99 % aplicable a los bienes o derechos que formen parte del patrimonio especialmente protegido del contribuyente discapacitado y otra del 95 % aplicable a determinadas propiedades forestales; la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, que tiene vigente desde 2012 una bonificación del 99 % aplicable a los bienes o derechos que formen parte del patrimonio especialmente protegido del contribuyente discapacitado; la Comunidad Autónoma de Galicia que creó en 2013 una bonificación del 75 % de la cuota aplicable a los bienes o derechos afectos a empresas de nueva o reciente creación; la Comunidad Autónoma de Aragón, que creó en 2014 una bonificación del 99 % aplicable a los bienes o derechos que formen parte del patrimonio especialmente protegido del contribuyente discapacitado; la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, que ha creado en 2015 una bonificación del 90 % aplicable a los bienes de consumo cultural; la Comunidad de Madrid, que tiene vigente desde el ejercicio 2009 una bonificación general del 100 % de la cuota del impuesto; y la Comunidad Autónoma de La Rioja, que ha creado en 2015 una bonificación general del 50 % de la cuota del impuesto. 14
15 Finalmente, la Comunidad de Castilla y León y la Comunidad Autónoma de Canarias han regulado la exención del impuesto para los bienes y derechos de contenido económico que formen parte del patrimonio especialmente protegido del contribuyente, conforme a lo establecido en la Ley 41/ Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. De acuerdo con el artículo decimonoveno.dos.c) de la LOFCA, en la redacción dada por la Ley Orgánica 3/2009, de 18 de diciembre, y el artículo 48 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, las CC.AA., en relación con el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD), pueden asumir competencias normativas sobre: La tarifa del impuesto. Las cuantías y los coeficientes de patrimonio preexistente que determinan la progresividad del impuesto. Las reducciones en la base imponible, estableciendo nuevas reducciones que respondan a circunstancias económicas o sociales de la Comunidad Autónoma o regulando las existentes en la normativa estatal. En este último caso, las CC.AA. pueden mantener las reducciones del Estado en condiciones análogas a las establecidas por éste o mejorarlas aumentando el importe o porcentaje de reducción, ampliando el número de beneficiarios o disminuyendo los requisitos de aplicación. Deducciones y bonificaciones de la cuota. Asimismo, se faculta a las CC.AA. para que regulen aspectos de gestión y liquidación, pero para poder establecer la autoliquidación obligatoria del tributo se requiere autorización del Estado, previa implantación por la Comunidad Autónoma de un programa de ayuda para la confección de la misma. En este tributo predominan las medidas tendentes a modificar las reducciones establecidas en la normativa estatal, aunque la mayoría de las CC.AA. también han utilizado, para la regulación de beneficios fiscales en el ISD, reducciones propias aplicables en la base imponible, coeficientes multiplicadores y deducciones y bonificaciones en la cuota. A estos instrumentos se suma, en algunos casos, la regulación de una tarifa de gravamen específica para favorecer a un determinado grupo de sujetos, medida que fue adoptada por primera vez en 2008 por Cataluña y Galicia. El resultado del ejercicio de estas competencias por parte de las CC.AA. ha sido el siguiente 5 : 3.1. Beneficios fiscales. Al margen del vehículo utilizado para instrumentar el beneficio fiscal (reducción, bonificación o deducción en la cuota ), las medidas adoptadas 5 Ver cuadros anexos III y IV. 15
16 pueden clasificarse en función de las características de sus beneficiarios o, lo que es lo mismo, de la política autonómica diseñada en materia fiscal, en los siguientes grupos: a) Beneficios fiscales aplicables por parentesco. En las adquisiciones mortis causa, en el panorama autonómico actual se vislumbra una tendencia a disminuir significativamente el gravamen aplicable a los parientes más próximos hasta llegar, en algunos casos, a la práctica supresión del mismo. Esta minoración de la carga tributaria se ha articulado mediante diversos instrumentos: reducciones, coeficientes multiplicadores inferiores a la unidad, tarifa de gravamen específica para determinados grupos de parentesco, deducciones y bonificaciones. En síntesis, podemos decir que en la actualidad existen cinco CC.AA. que prácticamente han suprimido el gravamen, sin establecer límites cuantitativos, en las herencias adquiridas por parientes pertenecientes a los grupos I y II (cónyuge, ascendientes y descendientes) 6 : las CC.AA. de Cantabria, La Rioja 7, Castilla-La Mancha, Illes Balears y la Comunidad de Madrid. El resto de CC.AA. (Cataluña, Galicia, Andalucía, el Principado de Asturias, la Región de Murcia 8, Aragón 9, Extremadura 10, Canarias, la Comunidad de Castilla y León y la Comunitat Valenciana) también disponen de medidas que disminuyen el gravamen aplicable en las adquisiciones mortis causa a los parientes pertenecientes a los grupos I y II. Sin embargo, a diferencia de las anteriores, estas medidas no implican una desfiscalización casi completa ya sea por el porcentaje de bonificación de la cuota que establecen (que no es próximo al 100%), porque se limitan a un solo grupo de parentesco (generalmente el Grupo I, a excepción de Cataluña que suprime prácticamente el gravamen para el cónyuge del fallecido) y/o porque se establecen ciertos límites de cuota, base imponible o patrimonio preexistente. 6 Las CC.AA. de Cataluña y Canarias, la Comunidad de Castilla y León y la Comunitat Valenciana, que en ejercicios anteriores también habían eliminado prácticamente el gravamen en las adquisiciones mortis causa para contribuyentes incluidos en los Grupos I y II suprimieron o limitaron, con efectos desde el 1 de febrero de 2014, desde el 1 de julio de 2012, desde el 1 de enero de 2013 y desde el 6 de agosto de 2013, respectivamente, este beneficio fiscal. 7 Sólo para sujetos pasivos con residencia habitual durante los últimos cinco años en la C.A. de La Rioja o en otras CC.AA. que no excluyan de sus beneficios fiscales a los contribuyentes con domicilio fiscal en La Rioja. 8 La C.A. de la Región de Murcia ha introducido, con efectos desde 8 de agosto de 2015, una deducción del 50 % de la cuota aplicable en las herencias adquiridas por contribuyentes incluidos en el grupo II de parentesco (para los del grupo I de parentesco aplica una deducción del 99 % de la cuota desde 2004). 9 En 2012 la C.A. de Aragón estableció una bonificación de la cuota en las herencias adquiridas por parientes pertenecientes a los grupos I y II de parentesco. En concreto, fijaba una bonificación del 20 % en 2012 y se preveía su incremento en las leyes de presupuestos de cada año hasta alcanzar el 100 % en 2015, lo que supondría una desfiscalización total de este impuesto para los parientes más cercanos a partir del citado ejercicio. En 2013 la CA de Aragón fijó la bonificación en el 33 %, en 2014 la fijó en el 50% y en el 2015 se ha establecido en el 65 %. 10 La C.A. de Extremadura ha introducido en 2015 dos bonificaciones de la cuota: bonificación del 99 % de la cuota aplicable en las herencias adquiridas por parientes pertenecientes al grupo I de parentesco y bonificación del 99 %, 95 % o 90 % de la cuota tributaria en función de que la base imponible no supere los euros, euros y euros, respectivamente, aplicable en las herencias adquiridas por parientes pertenecientes al grupo II de parentesco. 16
17 En las adquisiciones inter vivos también se aprecia una tendencia a disminuir significativamente el gravamen aplicable a los parientes más próximos hasta llegar, en algunos casos, a la práctica supresión del mismo. Las CC.AA. de Cataluña, Galicia, la Región de Murcia 11, la Comunitat Valenciana, Aragón 12, Castilla-La Mancha, Illes Balears, Extremadura 13 y la Comunidad de Madrid tienen vigentes medidas que apuntan en esta dirección (reducciones, tarifa de gravamen específica para determinados grupos de parentesco, deducciones y bonificaciones) 14. De estas CC.AA. solamente dos (la Comunidad Autónoma de Castilla- La Mancha y la Comunidad de Madrid) prácticamente han suprimido el gravamen, sin establecer límites cuantitativos, en las donaciones efectuadas por parientes pertenecientes a los grupos I y II (ambas CC.AA. aplican una bonificación de la cuota fijando el porcentaje de bonificación, respectivamente, en el 95 % y en el 99 %). El resto de CC.AA. (Cataluña, Galicia, Región de Murcia, la Comunitat Valenciana, Aragón, Illes Balears y Extremadura) también disponen de medidas que disminuyen el gravamen aplicable en las adquisiciones inter vivos a los parientes pertenecientes a los grupos I y II. Sin embargo, a diferencia de las anteriores, estas medidas no implican una desfiscalización casi completa ya sea por el porcentaje de bonificación de la cuota que establecen (que no es próximo al 100%), porque se limitan a un solo grupo de parentesco (generalmente el Grupo I) y/o porque se establecen ciertos límites de cuota, base imponible o patrimonio preexistente. Por otro lado, como caso particular dentro del bloque de beneficios fiscales establecidos para favorecer las transmisiones inter vivos entre parientes próximos, cabe encuadrar aquéllos que combinan requisitos de parentesco con otras condiciones, como las relacionadas con el destino de la donación o con la edad del sujeto pasivo. Constituyen ejemplos de este tipo de beneficios las bonificaciones o deducciones en la cuota por cantidades donadas a descendientes para la adquisición de la vivienda habitual, las 11 La C.A. de la Región de Murcia ha introducido, con efectos desde 8 de agosto de 2015, una deducción del 50 % de la cuota aplicable en las donaciones efectuadas a favor de parientes pertenecientes a los grupos I y II de parentesco. 12 En 2012 la C.A. de Aragón estableció una bonificación de la cuota en las donaciones efectuadas a favor de parientes pertenecientes a los grupos I y II de parentesco. En concreto, se fijaba una bonificación del 20 % en 2012, y se preveía su incremento en las leyes de presupuestos de cada año hasta alcanzar el 100 % en 2015, lo que supondría una desfiscalización total de este impuesto para los parientes más cercanos a partir del citado ejercicio. En 2013 la CA de Aragón no incrementó este porcentaje de bonificación. En 2014 la C.A. fija la bonificación en el 50 % y en 2015 en el 65 %. 13 La CA de Extremadura ha introducido en 2015 dos bonificaciones de la cuota: bonificación del 99 % de la cuota aplicable en las adquisiciones inter vivos efectuadas por parientes pertenecientes al grupo I de parentesco y bonificación del 99 %, 95 % o 90 % de la cuota tributaria en función de que la base imponible no supere los euros, euros y euros, respectivamente, aplicable en adquisiciones inter vivos efectuadas por parientes pertenecientes al grupo II de parentesco. 14 La Comunidad Autónoma de Canarias y la Comunidad de Castilla y León, que también en ejercicios anteriores habían suprimido prácticamente el gravamen en las adquisiciones inter vivos para contribuyentes incluidos en los Grupos I y II, eliminaron con efectos desde el 1 de julio de 2012 y desde el 1 de enero de 2013, respectivamente, este beneficio fiscal. 17
18 reducciones y otras bonificaciones por donaciones a hijos para constitución o adquisición de una empresa o de un negocio y las reducciones por donaciones a descendientes de cantidades destinadas a formación. Tienen establecidos beneficios fiscales de este tipo las CC.AA. de Cataluña, Galicia, Andalucía, Cantabria, el Principado de Asturias, La Rioja, la Región de Murcia, Canarias, Extremadura, Illes Balears y la Comunidad de Castilla y León. b) Beneficios fiscales a favor de personas con minusvalía. Son numerosas las CC.AA. que han establecido este tipo de beneficios fiscales. En las adquisiciones mortis causa algunas prácticamente han suprimido el gravamen para las personas con determinado grado de minusvalía. No obstante, la mayoría se limita a incrementar la cuantía de las reducciones establecidas en la normativa estatal. En concreto, han adoptado medidas que prácticamente suprimen el gravamen en las adquisiciones mortis causa realizadas por discapacitados con un determinado grado de minusvalía las CC.AA. de Andalucía (reducción de cuantía variable), el Principado de Asturias (bonificación en la cuota), la Comunitat Valenciana (bonificación en la cuota), Aragón (reducción), Castilla-La Mancha (deducción en cuota) y Galicia (reducción), aunque en el caso de las dos primeras con límites de base imponible y de patrimonio preexistente, respectivamente. Han mejorado la reducción por adquisiciones mortis causa realizadas por sujetos discapacitados regulada en la normativa estatal, en algunos casos de manera muy significativa aunque no alcancen a suprimir por completo el gravamen para este grupo de contribuyentes, las CC.AA. de Cataluña, Galicia (además de la reducción mencionada en el apartado anterior), Cantabria, la Comunitat Valenciana (además de la bonificación mencionada), Canarias, Extremadura, las Illes Balears, la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha (además de la deducción mencionada en el apartado anterior) y la Comunidad de Castilla y León. En cuanto a las adquisiciones inter vivos efectuadas por personas discapacitadas, sólo tres CC.AA. las han favorecido con carácter general: la Comunitat Valenciana y Castilla-La Mancha. Por otro lado, cinco CC.AA. han establecido medidas tendentes a favorecer las donaciones que constituyan aportaciones a patrimonios protegidos de personas con discapacidad al amparo de la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la normativa tributaria con esta finalidad: Cataluña, Cantabria, Castilla-La Mancha, las Illes Balears y la Comunidad de Castilla y León. 18
19 c) Beneficios fiscales relacionados con la transmisión de la vivienda habitual del causante (solo adquisiciones mortis causa). La mayoría de las CC.AA. han establecido mejoras de la reducción estatal por la transmisión de la vivienda habitual del causante mediante la disminución del periodo mínimo de permanencia exigido, la elevación del porcentaje de reducción o la modificación o supresión del límite máximo fijado por la norma estatal: Cataluña, Galicia, Andalucía, el Principado de Asturias, Cantabria, La Rioja, Aragón, Canarias, Extremadura, las Illes Balears, la Comunitat Valenciana (desde 6 de agosto de 2013) y la Comunidad de Madrid. La C.A. de Extremadura regula, además de la mejora en la reducción estatal, la posibilidad de aplicar, cuando se cumplen requisitos específicos, una reducción propia, que es incompatible con la reducción estatal. d) Beneficios fiscales relacionados con la transmisión de empresa familiar. Algunas CC.AA. han introducido mejoras en las reducciones por transmisión de empresa familiar establecidas en la norma estatal aunque la mayoría ha optado por establecer reducciones propias para este supuesto, exigiendo para su disfrute requisitos adicionales como la radicación del negocio o empresa en el territorio de la Comunidad. Así, en los supuestos de transmisiones mortis causa de empresa familiar, cuentan con reducciones propias las CC.AA. de Galicia, el Principado de Asturias, La Rioja, la Región de Murcia, Castilla-La Mancha, la Comunitat Valenciana y la Comunidad de Castilla y León, mientras que las CC.AA. de Andalucía, Cantabria, las Illes Balears y la Comunidad de Madrid han mejorado las reducciones estatales. En las CC.AA. de Cataluña, Extremadura y Aragón se dan ambas modalidades: por un lado han establecido una mejora de la reducción estatal y, por otra, reducciones propias para transmisiones de empresa a personas con vínculos laborales o de prestación de servicios o vinculadas al mantenimiento de la plantilla de trabajadores. En la regulación de medidas que afectan a las transmisiones inter vivos de empresa familiar, las CC.AA. han sido mucho menos prolíferas. Algunas de ellas (como Galicia, Principado de Asturias, La Rioja, la Región de Murcia, Castilla-La Mancha y la Comunitat Valenciana) han establecido reducciones propias. Otras han optado por mejorar las reducciones estatales (Andalucía, Cantabria y Canarias). En las CC.AA. de Cataluña, Aragón Extremadura y las Illes Balears y en la Comunidad de Castilla y León se dan ambas modalidades. e) Beneficios fiscales relacionados con la transmisión de explotaciones agrícolas, forestales o rurales. 19
20 Han regulado reducciones propias para los supuestos de transmisiones mortis causa de explotaciones agrarias las CC.AA. de Cataluña, Galicia, La Rioja, la Región de Murcia, la Comunitat Valenciana y Castilla y León. La Comunidad Autónoma de Extremadura ha mejorado la reducción estatal. En transmisiones inter vivos las reducciones propias solo están vigentes en cinco CC.AA.: Galicia, La Rioja, la Región de Murcia, la Comunitat Valenciana y Extremadura. En cuanto a las reducciones aplicables a las transmisiones de fincas rústicas de dedicación forestal o terrenos incluidos en áreas de suelo rústico protegido, áreas de interés agrario o espacios de relevancia ambiental, tienen vigentes reducciones de este tipo las CC.AA. de Cataluña, Canarias, Galicia y las Illes Balears. f) Beneficios fiscales por percepción de cantidades derivadas de seguros de vida para el caso de muerte. Las CC.AA. de Cataluña, Cantabria, Canarias, las Illes Balears y la Comunidad de Madrid han regulado modificaciones en el límite máximo de la reducción establecida en la norma estatal por percepción de cantidades derivadas de seguros de vida para el caso de muerte. g) Beneficios fiscales relativos a la transmisión de bienes de interés cultural, artístico o histórico de las CC.AA. Las CC.AA. de Cataluña, Cantabria, Canarias, las Illes Balears, la Comunitat Valenciana, la Comunidad de Madrid y la Comunidad de Castilla y León aplican beneficios fiscales en las adquisiciones mortis causa de este tipo de bienes. Sólo las CC.AA. de Cataluña, Cantabria y las Illes Balears han adoptado medidas para favorecer también las adquisiciones inter vivos. h) Otros beneficios fiscales en el ISD. Las Comunidades de Madrid y Castilla y León y la Comunidad Autónoma de Galicia tienen vigentes reducciones propias por indemnizaciones satisfechas por las Administraciones públicas a los herederos de los afectados por el síndrome tóxico. Las Comunidades de Madrid y Castilla y León y la Comunidad Autónoma de Galicia tienen vigentes reducciones propias aplicables a las prestaciones públicas extraordinarias por actos de terrorismo percibidas por los herederos. Las CCAA de Galicia y Cantabria aplican una deducción en la cuota del importe de la tasa satisfecha en el supuesto de que se haya solicitado 20
21 de la Administración la valoración previa de bienes inmuebles conforme al artículo 90 de la LGT. Las CC.AA. de Cataluña y Canarias tiene una reducción aplicable a las adquisiciones mortis causa efectuadas por personas de 75 años o más. Las CC.AA. de Galicia, Aragón, Illes Balears, la Región de Murcia y la Comunidad de Castilla y León aplican una reducción en las adquisiciones de dinero que se destine a la creación de nuevas empresas y/o empleo. La C.A de Illes Balears la aplica exclusivamente en las adquisiciones mortis causa, la Comunidad de Castilla y León exclusivamente en las adquisiciones inter vivos y las CCAA de Galicia, Aragón y la Región de Murcia tanto en adquisiciones mortis causa como inter vivos. La Comunitat Valenciana aplica una reducción en las adquisiciones inter vivos de dinero destinadas al desarrollo de una actividad económica en el ámbito de cinematografía, las artes escénicas, la música, la pintura y otras artes visuales o audiovisuales, la edición, la investigación o en el ámbito social. La Comunidad Autónoma de las Illes Balears aplica una bonificación por donaciones resultantes de cesiones de bienes inmuebles a cambio de pensiones de alimentos vitalicias a favor del cedente. Las CC.AA. de Aragón y de la Región de Murcia aplican beneficios fiscales en localidades afectadas por acontecimientos extraordinarios (seísmos, inundaciones). Otra medida regulada por las CC.AA. ha sido la equiparación, a efectos del impuesto, de los miembros de las uniones de hecho a los cónyuges y del acogimiento familiar preadoptivo o permanente a la adopción: La equiparación de los miembros de las uniones de hecho a los cónyuges ha sido incorporada en la normativa de las CC.AA. de Cataluña, Galicia, Andalucía, el Principado de Asturias, Cantabria, La Rioja, Castilla-La Mancha, Canarias, Extremadura, las Illes Balears, la Comunidad de Madrid y la Comunidad de Castilla y León. La equiparación del acogimiento familiar preadoptivo o permanente a la adopción ha sido incorporada a su normativa por las CC.AA. de Andalucía, el Principado de Asturias, La Rioja, Castilla-La Mancha y Canarias Regulación de la tarifa y los coeficientes multiplicadores. Han ejercido competencias en materia de tarifa las CC.AA. de Cataluña, Galicia, Andalucía, Principado de Asturias, Cantabria (aunque la ha 21
22 aprobado con valores idénticos a los previstos con carácter supletorio en la normativa estatal), la Región de Murcia, las Illes Balears, la Comunitat Valenciana y la Comunidad de Madrid. La Comunidad Autónoma de Cataluña aplica una tarifa que consta de 5 tramos con un tipo máximo del 32 %. Por otra parte, tiene vigente una escala específica de gravamen aplicable a las adquisiciones inter vivos realizadas por contribuyentes integrados en los grupos I y II de parentesco, cuya finalidad es disminuir significativamente el gravamen aplicable en las donaciones entre parientes próximos. La Comunidad Autónoma de Galicia tiene tres tarifas diferentes: i) la primera, aplicable a las adquisiciones mortis causa realizadas por sujetos pasivos incluidos en los Grupos I y II de parentesco, ii) la segunda, aplicable a las adquisiciones inter vivos realizadas por los mismos causahabientes siempre que la donación se formalice en escritura pública, y iii) la tercera, aplicable al resto de adquisiciones lucrativas gravadas por el impuesto, que coincide con la establecida con carácter supletorio por el Estado. Las CC.AA. de Andalucía, el Principado de Asturias y la Región de Murcia aplican una tarifa que consta de 16 tramos, siendo los tipos marginales aplicables a los dos últimos tramos superiores a los establecidos en la escala fijada por el Estado con carácter supletorio. La Comunitat Valenciana, la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y la Comunidad de Madrid regulan tarifas muy similares a la establecida por el Estado con carácter supletorio. En cuanto a los coeficientes multiplicadores, la mayoría de las CC.AA. que han ejercido esta competencia han modificado los tramos de patrimonio preexistente en función de los cuales se aplican, pero con importes muy similares a los previstos supletoriamente en la normativa del Estado. Han regulado los coeficientes multiplicadores en este sentido las CC.AA. de Cantabria, la Comunitat Valenciana y la Comunidad de Madrid. No obstante, en ocasiones los coeficientes han sido utilizados como medio para disminuir el gravamen de las transmisiones hereditarias entre sujetos integrantes de determinados grupos de parentesco («coeficientes reductores» del gravamen). En concreto, ha regulado este tipo de coeficientes fijando unas cuantías inferiores a la unidad la C.A. del Principado de Asturias (para el Grupo I). La Comunidad Autónoma de Cantabria, que reguló en ejercicios anteriores coeficientes multiplicadores inferiores a la unidad aplicables en las adquisiciones mortis causa efectuadas por contribuyentes de los Grupos I y II de parentesco, modificó en 2010 la forma de instrumentar el beneficio fiscal sustituyendo estos coeficientes por una nueva bonificación autonómica sobre la cuota tributaria. 22
23 Esta competencia también fue ejercida por la Comunidad Autónoma de Galicia en ejercicios anteriores como una forma de reducir el gravamen a los sujetos integrados en el Grupo I de parentesco. Sin embargo, con vigencia desde el 1 de septiembre de 2008, aprobó nuevos coeficientes multiplicadores con un valor igual a la unidad que afectan a los Grupos I y II de parentesco y son aplicables con independencia del patrimonio preexistente. La Comunidad Autónoma de Cataluña aplica también unos coeficientes establecidos únicamente en función del grado de parentesco con el causante. La Comunidad Autónoma de Illes Balears es la primera que fija unos coeficientes multiplicadores más elevados con respecto a los colaterales de segundo y tercer grado por afinidad que integran parte del Grupo III de parentesco y más reducidos con respecto al resto de integrantes del Grupo III (desde 7 de diciembre de 2011) y los integrantes del Grupo IV (desde 2015). 4. Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. En el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP y AJD) las CC.AA. disponen de las siguientes competencias normativas, de acuerdo con el artículo 49 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, en desarrollo del artículo decimonoveno.dos.d) de la LOFCA, en su nueva redacción dada por la Ley 3/2009, de 18 de diciembre: 1) Pueden regular el tipo de gravamen aplicable en la modalidad Transmisiones Patrimoniales Onerosas (TPO) en: Concesiones administrativas. Transmisión de bienes muebles e inmuebles. Constitución y cesión de derechos reales que recaigan sobre muebles e inmuebles, excepto derechos reales de garantía. Arrendamientos de muebles e inmuebles. Igualmente, pueden regular el tipo aplicable a los documentos notariales en la modalidad de Actos Jurídicos Documentados (AJD). 2) Además, las CC.AA. pueden aprobar deducciones y bonificaciones de la cuota aunque solo podrán afectar a los actos y documentos sobre los que las CC.AA. pueden ejercer capacidad normativa en materia de tipos de gravamen. Asimismo, se les atribuye competencia para regular aspectos de la gestión y liquidación de este impuesto. 23
24 En cuanto a la modalidad de Operaciones Societarias, las CC.AA. no tienen competencias normativas. Pues bien, así como en la imposición directa las medidas autonómicas están siendo orientadas hacia una reducción de la presión fiscal, en el principal impuesto indirecto que les está cedido con competencias para su modificación están utilizando las mismas para una elevación general del gravamen, aunque aplican tipos especiales reducidos a determinadas categorías de operaciones. A continuación se expone el resultado del ejercicio de competencias normativas en ambas modalidades de este impuesto por parte de las CC.AA. 15 : Transmisiones Patrimoniales Onerosas Todas las CC.AA. de régimen común han regulado el tipo de gravamen general aplicable a las transmisiones de bienes inmuebles, así como en la constitución o cesión de derechos reales sobre los mismos, excepto los de garantía, en la modalidad de TPO. Entre los años 1998 y 2005 todas las CC.AA. de régimen común incrementaron este tipo de gravamen pasando de un 6 %, que es el que establece la normativa estatal, a un 7 %, excepto la Comunidad Autónoma de Canarias que lo fijó en un 6,5 %. En los ejercicios 2010 a 2013, todas las CC.AA., a excepción de La Rioja, Aragón, Madrid y Canarias, elevaron de nuevo este tipo de gravamen general. En el ejercicio 2014 la Comunidad de Madrid redujo este tipo de gravamen general del 7 % al 6 %. En resumen, el resultado para el año 2015 del ejercicio de las competencias normativas, en lo que se refiere a la regulación del tipo de gravamen general aplicable en la transmisión de inmuebles, así como en la constitución y cesión de derechos reales sobre los mismos, excepto de garantía, es el siguiente: La Comunidad de Madrid lo fija en el 6 %. La Comunidad Autónoma de Canarias lo fija en el 6,5 %. Las CC.AA. de La Rioja y Aragón lo fijan en el 7 %. Las CC.AA. de la Región de Murcia y Castilla-La Mancha lo fijan en el 8 %. Las CC.AA. de Cataluña y Galicia y la Comunitat Valenciana lo fijan en el 10 %. La Comunidad Autónoma de Cantabria y la Comunidad de Castilla y León aplican un tipo del 8 % exclusivamente sobre el tramo del valor real del 15 Ver cuadros anexos V y VI. 24
25 inmueble que no supere determinada cuantía, tributando el resto del valor real al 10 %. Las CC.AA. de Andalucía, el Principado de Asturias y las Illes Balears aplican una escala variable de tipos que van del 8 % al 10 % y la Comunidad Autónoma de Extremadura aplica también una escala variable de tipos que van del 8 % al 11 % según el valor del inmueble. Esta modificación del tipo general ha venido acompañada, en muchos casos, del establecimiento por las CC.AA. de tipos especiales de gravamen normalmente más bajos para supuestos diversos o de otros beneficios fiscales (bonificaciones) con gran heterogeneidad. Dentro de éstos destacan los siguientes: a) Aplicación de beneficios fiscales a la adquisición de la vivienda habitual por determinados colectivos, como jóvenes, discapacitados o familias numerosas: las CC.AA. de Andalucía, Aragón, Cataluña, La Rioja, Canarias, Cantabria, Galicia, Murcia, Extremadura, la Comunitat Valenciana y las Comunidades de Madrid y de Castilla y León aplican este tipo de beneficios fiscales. b) Aplicación de beneficios fiscales a la adquisición de viviendas protegidas: las CC.AA. de Canarias, Principado de Asturias, Extremadura, Cataluña, Aragón, Cantabria, La Rioja, la Región de Murcia, la Comunitat Valenciana y la Comunidad de Castilla y León aplican este tipo de medidas. c) Otra medida que tiene gran trascendencia a efectos de la tributación de operaciones inmobiliarias por el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) o por TPO es la aprobación de tipos reducidos para los supuestos en que, siendo posible la renuncia a la exención de IVA, el obligado tributario opte por tributar en TPO. Tienen establecida esta medida las siguientes CC.AA.: el Principado de Asturias, Illes Balears, Región de Murcia, Cantabria, Castilla-La Mancha y Aragón. d) Tipos reducidos o bonificaciones aplicables a la segunda o ulterior transmisión de una vivienda a entidades del sector inmobiliario, siempre que se destine al arrendamiento para vivienda habitual o la incorpore a su activo circulante con la finalidad de venderla: las CC.AA. del Principado de Asturias, Andalucía, la Región de Murcia, Aragón, Cataluña y la Comunidad de Madrid aplican este tipo de medidas. e) Tipos reducidos para la tributación de los inmuebles incluidos en la transmisión global de un patrimonio empresarial: están vigentes en las CC.AA. de Aragón, Principado de Asturias y Extremadura y en la Comunitat Valenciana. f) Otros beneficios fiscales relacionados con la adquisición de viviendas: 25
26 Adquisiciones de vivienda habitual cuyo valor no supere un determinado límite: Castilla La Mancha y Extremadura. Adquisiciones de vivienda habitual cuando el patrimonio de los adquirentes no supere determinada cuantía: Galicia. Adquisiciones de vivienda situada en municipios rurales o con problemas de despoblación: Comunidad de Castilla y León. Adquisición de viviendas que vayan a ser objeto de inmediata rehabilitación: La Rioja, Cantabria. Transmisiones de la vivienda habitual y/o constitución y ejercicio de la opción de compra en contratos de arrendamiento vinculados a determinadas operaciones de dación en pago: Cataluña, Aragón y Andalucía. g) Otros beneficios fiscales relacionados con la adquisición de inmuebles distintos de la vivienda: Transmisiones de inmuebles destinados a ser la sede social o centro de trabajo de una sociedad mercantil o destinados a estar afectos a una actividad empresarial o profesional: La Rioja, la Región de Murcia, Extremadura, Illes Balears, Cantabria, Aragón, Castilla y León y la Comunitat Valenciana. Transmisiones de explotaciones agrarias y determinadas fincas rústicas: Galicia, Principado de Asturias, La Rioja, Castilla-La Mancha y Cantabria. Transmisiones de terrenos para la construcción de parques empresariales consecuencia del Plan de Dinamización Económica de Galicia (Galicia) y transmisiones de inmuebles del Parque Balear de Innovación Tecnológica (Illes Balears). Transmisiones de edificaciones y terrenos afectos a una actividad industrial ubicados en determinados municipios del Corredor del Henares y Sur Metropolitano: Madrid. Por lo que se refiere al tipo de gravamen aplicable con carácter general en las transmisiones de bienes muebles y semovientes, así como en la constitución y cesión de derechos reales sobre los mismos, las Comunidades Autónomas del Principado de Asturias, Rioja y Cantabria lo regulan coincidiendo, en los tres casos, con el tipo establecido en la normativa del Estado (4 %), la Comunidad de Castilla y León establece un tipo del 5 %, la Comunidad Autónoma de Canarias lo ha fijado en un 5,5 %, las Comunidades Autónomas de Extremadura y Castilla-La Mancha y la Comunitat Valenciana aplican un 6 % y la Comunidad Autónoma de Galicia un 8 %. 26
27 No obstante, algunas CC.AA. han introducido tipos especiales de gravamen, reducidos o incrementados, aplicables en la transmisión de determinados bienes muebles (fundamentalmente vehículos). Dentro de éstos destacan los siguientes: Tipo incrementado del 8 % aplicable en las transmisiones de vehículos con más de 15 caballos de potencia fiscal, embarcaciones de recreo de más 8 metros de eslora o bienes muebles calificados como objetos de arte y antigüedades: Andalucía, Principado de Asturias, Cantabria. Tipo incrementado del 8 % aplicable en las transmisiones de vehículos con más de 15 caballos de potencia fiscal y de objetos de arte y antigüedades: Castilla y León. Tipo incrementado del 8 % para los automóviles de turismo, vehículos todoterreno, vehículos mixtos adaptables, motocicletas y ciclomotores con antigüedad inferior o igual a 12 años y cilindrada superior a centímetros cúbicos o con valor igual o superior a euros, las embarcaciones de recreo con más de 8 metros de eslora o con valor igual o superior a euros y los objetos de arte y las antigüedades: Valencia. Tipo incrementado del 5 % aplicable, con carácter general, a la transmisión de medios de transporte: Cantabria. Tipo reducido del 1 % aplicable en las transmisiones de embarcaciones de recreo y motores marinos: Galicia. Cuota fija establecida en función de la cilindrada en la transmisión de vehículos de determinada antigüedad: Galicia, Aragón, Canarias, Valencia e Illes Balears. Tipo reducido del 0,5 % aplicable en la transmisión de vehículos usados adquiridos por empresarios para su reventa con derecho a exención provisional: Madrid. Tipo reducido del 4 % aplicable en la transmisión de vehículos comerciales e industriales ligeros usados: Extremadura. Tipo reducido del 2 % aplicable a vehículos y embarcaciones adquiridos al final de su vida útil para su valorización y eliminación en aplicación de la normativa de residuos: Valencia. Tipo reducido del 1 % aplicable a la transmisión onerosa de bienes muebles de carácter cultural que se incorporen a una empresa, actividad o proyecto de carácter cultural, científico o de desarrollo tecnológico y a bienes muebles imprescindibles para la práctica del deporte que se incorporen a una empresa, actividad o proyecto de carácter deportivo (incentivos al mecenazgo cultural o deportivo): Illes Balears. 27
28 Con respecto al tipo de gravamen aplicable a las concesiones administrativas, así como en la transmisión y constitución de derechos sobre las mismas, y en los actos y negocios administrativos equiparados a ellas, las CC.AA. de Cantabria, Castilla y León, La Rioja y Aragón han incrementado el tipo de gravamen general previsto en la normativa estatal hasta el 7 %, las Comunidades Autónomas de Extremadura y Castilla-La Mancha lo han incrementado hasta el 8 %, la Comunidad Autónoma de Canarias lo ha fijado en un 7 % para las concesiones que tengan por objeto inmuebles y en un 5,5 % para las que tengan por objeto bienes muebles y la Comunitat Valenciana lo ha fijado en el 6 % para las concesiones que tengan por objeto bienes muebles. La Comunidad Autónoma de Galicia ha establecido una deducción de la cuota aplicable a las concesiones administrativas relativas a energías renovables (desde 2014). Por lo que se refiere al tipo de gravamen aplicable a los arrendamientos, la Comunidad Autónoma de Cataluña es la única que ha regulado un tipo general (desde 2014). Han establecido beneficios fiscales relacionados exclusivamente con el arrendamiento de viviendas las CC.AA. de Cataluña (además del tipo general regula bonificaciones de la cuota vinculadas a determinados contratos de arrendamiento de vivienda), Galicia, Castilla-La Mancha y Cantabria. Por último, existe otro conjunto heterogéneo de medidas que están vigentes en las distintas CC.AA. y que no se pueden encuadrar dentro de los apartados anteriores. Son las siguientes: a) Beneficios fiscales relacionados con el uso del agua (comunidades de regantes): Castilla y León, Castilla-La Mancha y Región de Murcia. b) Deducción en la cuota del importe de la tasa satisfecha en el supuesto de que se haya solicitado de la Administración la valoración previa de bienes inmuebles: Galicia y Cantabria. c) Beneficios fiscales en localidades afectadas por acontecimientos extraordinarios (seísmos, inundaciones): Aragón y Región de Murcia. d) Tipo incrementado aplicable en los expedientes de dominio, actas de notoriedad o actas complementarias de documentos públicos a que se refiere el Título VI de la Ley Hipotecaria y certificaciones expedidas a los efectos del artículo 206 de la misma ley, así como en los casos de transmisión de bienes inmuebles por subasta judicial, administrativa o notarial: Canarias. Actos Jurídicos Documentados Todas las CC.AA. de régimen común han regulado el tipo de gravamen de los documentos notariales. Entre los años 2002 y 2005 todas las CC.AA. de régimen común incrementaron este tipo de gravamen, pasando del 0,5 % previsto en la normativa estatal al 1 %, excepto la Comunidad Autónoma de Canarias que lo fijó en un 0,75 %. 28
29 En los ejercicios 2010 a 2013 todas las CC.AA., a excepción de La Rioja, Aragón, Madrid y Canarias, elevaron de nuevo este tipo de gravamen. En 2014 la Comunidad de Madrid disminuyó este tipo de gravamen del 1 % al 0,75 %. En resumen, el resultado para el año 2015 del ejercicio de las competencias normativas, en lo que se refiere a la regulación del tipo de gravamen de los documentos notariales, es el siguiente: La Comunidad Autónoma de Canarias y la Comunidad de Madrid lo fijan en el 0,75 %. Las CC.AA. de Aragón y La Rioja lo fijan en el 1 %. Las CC.AA. del Principado de Asturias, Extremadura e Illes Balears lo fijan en el 1,2 %. La Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha lo fija en el 1,25 %. Las CC.AA. de Cataluña, Galicia, Andalucía, Cantabria, la Región de Murcia, la Comunitat Valenciana y la Comunidad de Castilla y León lo fijan en el 1,5 %. Esta modificación del tipo general ha venido acompañada, en muchos casos, del establecimiento por las CC.AA. de tipos especiales de gravamen o de otros beneficios fiscales (deducciones y bonificaciones) para supuestos diversos con gran heterogeneidad. Destacan los siguientes: a) Algunas CC.AA. tienen establecidos tipos de gravamen reducidos u otros beneficios fiscales aplicables a los documentos que formalizan la adquisición de la vivienda habitual, así como la constitución ó modificación de préstamos hipotecarios destinados a su financiación: las CC.AA. de Galicia, Castilla-La Mancha, La Rioja y Extremadura, la Comunitat Valenciana y la Comunidad de Madrid. Las CC.AA. de Castilla-La Mancha y Extremadura y la Comunidad de Madrid exigen que el valor real de la vivienda no exceda de determinada cantidad y la C.A. de Galicia que el patrimonio de los adquirentes no supere determinada cuantía. b) La mayoría de las CC.AA. han establecido tipos reducidos o beneficios fiscales aplicables a las escrituras que formalizan adquisiciones de viviendas protegidas, así como la constitución o modificación de préstamos hipotecarios para su financiación: las CC.AA. de Canarias, Galicia, Cantabria, Principado de Asturias, Cataluña, Extremadura y las Comunidades de Madrid y Castilla y León. c) Otras CC.AA. han establecido tipos reducidos o beneficios fiscales aplicables a las escrituras que formalizan adquisiciones de la vivienda habitual por distintos colectivos (jóvenes, familias numerosas o discapacitados), así como la constitución o modificación de préstamos 29
30 hipotecarios para su financiación: Cantabria, Andalucía, La Rioja, Canarias, Región de Murcia, Aragón, Cataluña, la Comunidad de Castilla y León, la Comunitat Valenciana y Galicia. d) Otra medida adoptada de modo general por las CC.AA. consiste en elevar la tributación en AJD de los documentos notariales para los supuestos en que haya tenido lugar la renuncia a la exención en el IVA. Todas las CC.AA., a excepción de Canarias, han establecido tipos incrementados (1,5 %, 1,8 %, 2 % o 2,5 %) para estos supuestos. e) También es muy habitual que las CC.AA. establezcan beneficios fiscales aplicables a las operaciones realizadas por sociedades de garantía recíproca. Cuentan con este tipo de beneficios fiscales las CC.AA. de Cataluña, Galicia, Andalucía, Principado de Asturias, Cantabria, La Rioja, Región de Murcia, Aragón, Canarias, Extremadura, Illes Balears, Castilla-La Mancha y las Comunidades de Madrid, Castilla y León. Otros tipos especiales o bonificaciones vigentes en las distintas CC.AA. son los siguientes: a) Otros beneficios fiscales relacionados con la vivienda: Tipo reducido aplicable a los documentos que formalicen promesas y opciones de compra incluidas en contratos de arrendamiento de vivienda habitual: Castilla-La Mancha. Beneficios aplicables a las escrituras públicas que formalicen la declaración de obra nueva o la división horizontal de edificios destinados a viviendas de alquiler: Principado de Asturias, Galicia. Tipo reducido aplicable a las escrituras y actas notariales que documenten la transmisión de una vivienda a una entidad del sector inmobiliario, siempre que se destine al arrendamiento para vivienda habitual: Principado de Asturias. Tipo de gravamen reducido aplicable a la transmisión de viviendas situadas en municipios rurales, con problemas de despoblación o alta dispersión de población: Castilla y León. Tipo de gravamen reducido aplicable a préstamos hipotecarios que financien obras de rehabilitación y adaptación funcional de la vivienda de personas discapacitadas: Aragón. b) Beneficios fiscales relacionados con el uso del agua (comunidades de regantes): Castilla y León, Castilla-La Mancha y Región de Murcia. c) Otros beneficios fiscales: 30
31 Beneficios fiscales aplicables a los documentos que formalicen la modificación de determinadas condiciones financieras de los créditos y préstamos hipotecarios: Cataluña, Galicia, La Rioja, Aragón, Canarias, Madrid, Castilla y León, Valencia y Castilla-La Mancha. Tipo reducido para los documentos que formalicen la constitución de préstamos hipotecarios para financiar actuaciones protegidas de rehabilitación: Aragón. Bonificación aplicable a los documentos que formalicen operaciones inmobiliarias consecuencia del Plan de Dinamización Económica de Galicia: Galicia. Bonificación aplicable a los documentos que formalicen transmisiones y otras operaciones registrales de edificaciones y terrenos afectos a una actividad industrial ubicados en determinados municipios del Corredor del Henares y Sur Metropolitano: Madrid. Deducción del importe de la tasa satisfecha por la solicitud a la Administración de la valoración previa de inmuebles: Galicia y Cantabria. Beneficios fiscales aplicables a los documentos que formalicen la adquisición de inmuebles situados en polígonos industriales o parques empresariales destinados a ser la sede o centro de trabajo de una empresa y/o de una sociedad mercantil participada íntegramente por jóvenes o de contribuyentes que realicen actividades económicas, así como la constitución de préstamos y créditos hipotecarios destinados a su financiación: La Rioja, Región de Murcia, Cantabria, Illes Balears, Galicia, Extremadura, Valencia, Castilla y León y Castilla-La Mancha. Beneficios fiscales aplicables a las escrituras públicas que formalicen la declaración de obra nueva de construcciones afectas a actividades económicas: Castilla-La Mancha. Beneficios fiscales para operaciones relacionadas con explotaciones agrarias o parcelas forestales: Galicia y Castilla-La Mancha. Beneficios fiscales aplicables en la constitución y modificación de créditos y préstamos hipotecarios afectos a una empresa individual o negocio profesional: Región de Murcia y Aragón. Tipo reducido en la constitución de hipotecas unilaterales a favor de la Administración en garantía de aplazamientos o fraccionamientos de deudas: Comunidad Autónoma de Illes Balears. Beneficios fiscales en localidades afectadas por acontecimientos extraordinarios (seísmos, inundaciones): Aragón y Región de Murcia. 31
32 Tipo reducido aplicable a los documentos que formalicen la transmisión de bienes de carácter cultural: Illes Balears. d) Otros tipos especiales: Tipo incrementado aplicable en operaciones sujetas al Impuesto General Indirecto Canario. Tipo incrementado aplicable a los documentos que formalicen transmisiones de inmuebles sujetas y no exentas de IVA: Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 5. Los Tributos sobre el juego. Los Tributos sobre el juego son los tributos cedidos sobre los que las CC.AA. disponen de mayor capacidad normativa, la cual alcanza a todos los elementos de la obligación tributaria salvo al hecho imponible y a los obligados tributarios (artículo decimonoveno.dos.e) de la LOFCA, según redacción dada por Ley 3/2009, de 18 de diciembre, y artículo 50 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre]. Las CC.AA. han aprobado numerosas disposiciones normativas en el ámbito de estos tributos y, en general, han procedido a elevar tanto los tipos como las cuotas fijas establecidos en la normativa estatal para las tres modalidades de la Tasa sobre juegos de suerte, envite y azar (casinos, bingo y máquinas recreativas), así como para la Tasa sobre rifas, tómbolas, apuestas y combinaciones aleatorias. 6. Impuesto sobre actividades de Juego. El Impuesto estatal sobre actividades de juego se regula en el artículo 48 de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del Juego, y su hecho imponible está constituido por la autorización, celebración u organización de los juegos, rifas, concursos, apuestas y actividades de ámbito estatal, así como las combinaciones aleatorias con fines publicitarios o promocionales de ámbito estatal. La Ley, en el apartado 7 del artículo 48, atribuye a las CC.AA. competencia para elevar, hasta un 20 % como máximo, los tipos respecto de las actividades que sean ejercidas por operadores, organizadores o por quienes desarrollen la actividad gravada por el impuesto con residencia fiscal en su territorio, incremento que se aplica exclusivamente sobre la parte proporcional de la base imponible correspondiente a la participación en el juego de los residentes fiscales en el territorio de la Comunidad Autónoma que eleve los tipos. No obstante lo anterior, la Ley 13/2011 prevé, en su disposición transitoria sexta, que no se harán efectivas las competencias normativas de las CC.AA. en este impuesto hasta que no se produzcan las modificaciones oportunas del sistema de 32
33 financiación autonómica y los correspondientes acuerdos en los marcos institucionales de cooperación. La Comunidad Autónoma de Canarias estableció, con efectos desde el 6 de noviembre de 2014, un incremento del tipo de gravamen de todas las actividades de juego, exceptuando las apuestas deportivas mutuas y las apuestas hípicas mutuas cuya recaudación corresponde en exclusiva al Estado. 7. El Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte. Este tributo es objeto de cesión por primera vez a las Comunidades Autónomas con el sistema de financiación introducido a través de la Ley Orgánica 7/2001, de modificación de la LOFCA, y con la Ley 21/2001. Actualmente, las Comunidades Autónomas pueden elevar el tipo fijado en la normativa estatal (artículo 70.1 de la Ley 38/1992) hasta un máximo de un 15%, de acuerdo con lo establecido en el artículo 51 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias. Respecto al ejercicio de competencias normativas por parte de las CC.AA. en este impuesto 16, sólo han regulado tipos de gravamen siete CC.AA.: Cataluña, Andalucía, Principado de Asturias, Cantabria, Extremadura, la Región de Murcia e Illes Balears. El resto de Comunidades Autónomas no han ejercido, hasta el momento, competencias normativas en este impuesto. En cuanto al grado de ejercicio de esta competencia, ninguna Comunidad Autónoma alcanza el incremento máximo permitido por la Ley 22/2009 para todos los medios de transporte. Los tipos vigentes en 2015 son los siguientes: Medios de transporte del epígrafe 2º (vehículos con niveles de emisiones superiores a 120 e inferiores a 160 g/km): Extremadura (5,20 %). Medios de transporte del epígrafe 3º (vehículos con niveles de emisiones superiores o iguales a 160 e inferiores a 200 g/km): Cantabria (11 %) y Extremadura (11 %). Medios de transporte del epígrafe 4º (vehículos con niveles de emisiones iguales superiores a 200 g/km, vehículos cuyas emisiones no resulten acreditadas, vehículos acondicionados como vivienda, vehículos tipo quad y motos náuticas): Cataluña (16 %), Andalucía (16,9 %), Principado de Asturias (16 %), Cantabria (16 %), Extremadura (16 %) e Illes Balears (16 %). 16 Ver cuadro anexo VII. 33
34 Medios de transporte del epígrafe 5º (otros vehículos, embarcaciones y aeronaves): Andalucía (13,8 %), Cantabria (13 %) y Extremadura (13 %). Medios de transporte del epígrafe 7º (motocicletas con niveles de emisiones superiores a 100 e inferiores o iguales a 120 g/km): Extremadura (5,20 %). Medios de transporte del epígrafe 8º (motocicletas con niveles de emisiones superiores a 120 e inferiores a 140 g/km): Extremadura (11 %). Medios de transporte del epígrafe 9º (motocicletas con niveles de emisiones iguales o superiores a 140 g/km, motocicletas cuyas emisiones no resulten acreditadas, motocicletas con potencia igual o superior a 100 cv y relación potencia neta máxima, masa del vehículo en orden de marcha, expresada en kw/kg igual o superior a 0,66): Cataluña (16 %), Andalucía (16,9 %), Principado de Asturias (16 %), Cantabria (16 %) y Extremadura (16 %). 8. El Impuesto sobre Hidrocarburos (antes Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos). Tras un proceso de negociación con la Comisión Europea en el que ésta planteaba dudas respecto al cumplimiento por el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos (IVMDH) de los requisitos establecidos en la Directiva 92/12/CEE del Consejo para la creación de impuestos no armonizados sobre materias gravadas por impuestos armonizados, España se comprometió a derogar el IVMDH integrando su carga fiscal en el Impuesto sobre Hidrocarburos armonizado (IH), manteniendo las diferencias de gravamen por Comunidades Autónomas que se encuentran vigentes en el IVMDH al amparo de lo que establece el artículo 18 de la propuesta de Directiva de modificación de la Directiva 2003/96/EC, por la que se reestructura el régimen comunitario de imposición de los productos energéticos y de la electricidad, publicada por la Comisión Europea el 13 de abril de 2011, que permite una diferenciación regional de los tipos impositivos en algunos de estos productos. La Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, procedió a derogar el IVMDH y a integrar el gravamen de este impuesto en el IH, trasladando a éste último el ejercicio de la capacidad normativa que hasta ahora se había ejercido por las Comunidades Autónomas en materia de tipos de gravamen autonómicos del IVMDH. El IH, tal y como queda configurado a partir del 1 de enero de 2013, consta de tres tramos: el tipo estatal general, que coincide con el antiguo IH, el tipo estatal especial, que sustituye al tipo estatal del derogado IVMDH, y el tipo autonómico, que sustituye al tipo autonómico del IVMDH, y que al igual que éste debe ser establecido por cada Comunidad Autónoma mediante ley de su Parlamento o Asamblea. 34
35 Los tipos de gravamen del tramo autonómico deben fijarse dentro de los límites fijados en el artículo 52 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, en su redacción dada por la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año De acuerdo con este artículo, las Comunidades Autónomas disponen de competencia para regular, respecto a algunos de los productos gravados por el IH, unos tipos de gravamen autonómicos máximos iguales al doble del tipo estatal especial. Los productos respecto a los que las CCAA disponen de esta competencia normativa son los siguientes (referidos a los regulados en los epígrafes del artículo 50 de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales): Epígrafes 1.1, y 1.2.2: gasolinas (de 0 a 48 euros por litros). Epígrafe 1.3: gasóleo de uso general (de 0 a 48 euros por litros). Epígrafe 1.4: gasóleos usos especiales (de 0 a 12 euros por litros). Epígrafe 1.5: fuelóleo (de 0 a 2 euros por tonelada). Epígrafe 1.11: queroseno uso general (de 0 euros a 48 euros por litros). Epígrafe 1.13: bioetanol y biometanol como carburante (de 0 a 48 euros por litros). Epígrafe biodiesel como carburante (de 0 a 48 euros por litros). Epígrafe 1.15: biodiesel y biometanol como combustible (de 0 a 12 euros por litros). Respecto al ejercicio de competencias normativas por parte de las CC.AA. en este impuesto 17, actualmente regulan tipos de gravamen autonómicos del IH once CC.AA.: Cataluña, Galicia, Andalucía, el Principado de Asturias, la Región de Murcia, la Comunitat Valenciana, Castilla-La Mancha, Extremadura, las Illes Balears, Madrid y Castilla y León. La Comunidad Autónoma de Cantabria, que en ejercicios anteriores reguló también los tipos de gravamen autonómicos del impuesto, los ha suprimido en En cuanto al grado de ejercicio de esta competencia, la única Comunidad Autónoma que alcanza la banda máxima de gravamen para todos los productos en los que se permite la aprobación de tipos autonómicos por la Ley 22/2209 es Illes Balears. El resto de Comunidades Autónomas no han agotado al máximo la banda de tipos de gravamen para todos los productos en los que se permite la aprobación de tipos autonómicos. 17 Ver cuadro anexo VIII. 35
36 Por otra parte, el artículo 52 de la Ley 22/2009 dispone que las CC.AA. podrán no ejercer, en todo o en parte, esta competencia normativa en relación con el gasóleo al que resulte de aplicación la devolución del Impuesto sobre Hidrocarburos establecida en el artículo 52 bis de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, revistiendo esta no aplicación, total o parcial, la forma de devolución parcial del impuesto previamente satisfecho. Las CC.AA. de Cataluña (desde 2014), Galicia (desde 2014), Principado de Asturias, la Región de Murcia, Castilla-La Mancha, Extremadura, Illes Balears, la Comunitat Valenciana y las Comunidades de Madrid (desde 2014) y Castilla y León han ejercido esta competencia fijando un tipo de devolución para el gasóleo profesional. 9. Los impuestos propios y los recargos sobre tributos estatales en las Comunidades Autónomas de Régimen Común. En la actualidad, todas las CC.AA. de régimen común tienen impuestos propios vigentes 18. En el año 2015 sólo han creado nuevos impuestos propios las CC.AA. de Cataluña y Galicia. En concreto, Galicia ha creado el Impuesto compensatorio ambiental minero y Cataluña el Impuesto sobre las viviendas vacías. Por su parte, la Comunidad Autónoma de Canarias ha suspendido la aplicación del Impuesto sobre el impacto ambiental causado por determinadas actividades, con efectos desde 1 de enero de 2013, y del Impuesto sobre el impacto ambiental causado por los grandes establecimientos comerciales, con efectos desde el 1 de julio de Por otro lado, en el 2015 varias Comunidades han modificado la regulación de sus impuestos propios. En concreto, en los tributos que recaen sobre el agua, las CC.AA. de Cataluña, Aragón, La Rioja, Extremadura y la Comunitat Valenciana han actualizado las tarifas vigentes para este ejercicio. Además, las CC.AA. de Cataluña, Galicia, Andalucía, Región de Murcia e Illes Balears han introducido otros cambios en la normativa reguladora de sus respectivos cánones de saneamiento o impuestos propios sobre el agua. Respecto al resto de impuestos propios y recargos, introducen modificaciones en la normativa reguladora las siguientes CC.AA.: Cataluña: en relación con los cánones sobre la disposición del desperdicio de los residuos, el Impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos, el Impuesto sobre la producción de energía eléctrica de origen nuclear, el Gravamen de protección civil y el Impuesto sobre la emisión de gases y partículas a la atmósfera producida por la industria. 18 Ver cuadro anexo IX. 36
37 Galicia: en relación con el canon eólico, el Impuesto sobre el daño medioambiental causado por determinados usos y aprovechamientos del agua embalsada y el Impuesto sobre la contaminación atmosférica. Andalucía: en relación con el Impuesto sobre las bolsas de plástico de un solo uso. Región de Murcia: en relación con el recargo sobre las cuotas mínimas del Impuesto sobre Actividades Económicas. Aragón: en relación con el Impuesto sobre la contaminación de las aguas. Canarias: en relación con el Impuesto sobre las labores del tabaco, el Impuesto sobre el impacto ambiental causado por determinadas actividades y el Impuesto sobre el impacto ambiental causado por los grandes establecimientos comerciales. Extremadura: en relación con el Impuesto sobre aprovechamientos cinegéticos, el Impuesto sobre instalaciones que incidan en el medio ambiente y el Impuesto sobre la eliminación de residuos en vertedero. En resumen, los impuestos propios vigentes en el ejercicio 2015 en las distintas CC.AA. de Régimen Común pueden agruparse en las siguientes categorías: Cánones o impuestos sobre el agua con distintas denominaciones y estructuras. Existen problemas para pronunciarse de un modo definitivo acerca de la naturaleza jurídica de los cánones autonómicos, sobre los que únicamente existe en la doctrina un amplio consenso en cuanto a su consideración como ingresos de Derecho Público. La característica común de estos cánones es que gravan bien el consumo real o potencial del agua en razón a la contaminación que puede producir o bien el vertido de aguas residuales manifestado a través del consumo real o estimado. Estos cánones, en cuanto no persiguen estrictamente un fin recaudatorio sino que, además, pretenden evitar acciones que pueden degradar el medio ambiente, podrían ser clasificados, según los casos, como tributos extrafiscales o medioambientales que revisten la forma de impuesto o de tasa. Las CC.AA. que tienen vigentes en 2015 este tipo de cánones son Cataluña, Galicia, Andalucía, el Principado de Asturias, Cantabria, La Rioja, la Región de Murcia, Aragón, Canarias, Extremadura, las Illes Balears, la Comunitat Valenciana y la Comunidad de Madrid. 37
38 Impuestos que gravan determinadas instalaciones o el ejercicio de determinadas actividades. Las CC.AA. de Cataluña, Galicia, Principado de Asturias, La Rioja, Castilla- La Mancha, Canarias (suspendida su aplicación), Extremadura, la Comunidad de Castilla y León y la Comunitat Valenciana tienen vigentes en 2015 impuestos pertenecientes a esta categoría. Impuestos que gravan la utilización de grandes superficies comerciales. Las CC.AA. que tienen vigentes en 2015 impuestos de este tipo son Cataluña, el Principado de Asturias, La Rioja, Aragón y Canarias (suspendida su aplicación). Tributos propios sobre el juego. Tienen vigentes en 2015 tributos propios de este tipo las CC.AA. del Principado de Asturias, la Región de Murcia, las Illes Balears y la Comunidad de Madrid. Impuestos que gravan la emisión de gases a la atmósfera. Las CC.AA. que tienen vigentes en 2015 impuestos de este tipo son Cataluña, Galicia, Andalucía, la Región de Murcia, Aragón y Castilla-La Mancha y la Comunitat Valencia. Impuestos que gravan la producción, abandono o depósito de residuos en instalaciones controladas. Tienen vigentes impuestos de este tipo en 2015 las CC.AA. de Cataluña (tiene 4 impuestos sobre residuos, pero uno de ellos con aplicación suspendida), Galicia, Andalucía, Cantabria, La Rioja, la Región de Murcia, Castilla-La Mancha y Extremadura, las Comunidades de Madrid y Castilla y León y la Comunitat Valenciana. La Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética (artículos 19 al 27) introdujo, con efectos desde el 1 de enero de 2013, el Impuesto Estatal sobre el almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos en instalaciones centralizadas. La creación de este tributo supuso gravar un hecho imponible que la C.A. de Andalucía ya había sometido a tributación mediante el Impuesto sobre el depósito de residuos radiactivos e implicaba que esta C.A. debía derogar el tributo autonómico para evitar una situación de doble imposición. La C.A. de Andalucía dejó sin efecto, desde el 1 de enero de 2013, la aplicación de su impuesto, en coherencia con el compromiso adquirido con el Estado en el marco del Acuerdo para la aplicación de la compensación prevista en el artículo 6.2 LOFCA. No obstante, se recuerda que la C.A. todavía mantiene vigente el Impuesto sobre el depósito de residuos peligrosos, que se incluye dentro de la categoría de impuestos que gravan la producción, abandono o depósito de residuos en instalaciones controladas y cuyo hecho imponible no coincide con los gravados por la normativa estatal. 38
39 Impuestos sobre tierras en deficiente aprovechamiento. Las CC.AA. de Andalucía y del Principado de Asturias tienen vigentes en 2015 impuestos de este tipo. Impuestos sobre combustibles derivados del petróleo. La Comunidad Autónoma de Canarias tiene vigente en 2015 un impuesto de este tipo. Impuestos sobre las Labores del Tabaco. La Comunidad Autónoma de Canarias tiene vigente en 2015 un impuesto de este tipo. Impuestos sobre aprovechamientos cinegéticos. La Comunidad Autónoma de Extremadura tiene vigente en 2015 un impuesto de este tipo. Impuestos sobre depósitos bancarios. Las CC.AA. de Andalucía, Canarias, Cataluña, Extremadura, el Principado de Asturias y la Comunitat Valenciana han creado impuestos de este tipo. El artículo 19 de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica, creó, con efectos desde el 1 de enero de 2013, el Impuesto Estatal sobre Depósitos en Entidades de Crédito. La creación de este tributo supuso gravar un hecho imponible que algunas CC.AA ya habían sometido a tributación e implicaba que las CC.AA debían dejar sin efecto los tributos autonómicos para evitar una situación de doble imposición. En consecuencia, la propia Ley 16/2012, creadora del impuesto estatal, remitiéndose a lo establecido en el artículo 6.2 de la LOFCA, preveía acordar una compensación financiera a favor de las CC.AA que tuviesen un tributo sobre depósitos bancarios vigente antes del 1 de diciembre de 2012: Andalucía, Extremadura y Canarias. En coherencia con el compromiso adquirido con el Estado en el marco del acuerdo para la aplicación del artículo 6.2 LOFCA, las CC.AA de Canarias y Andalucía suspendieron o dejaron sin efecto desde el 1 de enero de 2013 la aplicación de sus impuestos propios y la Comunidad Autónoma de Extremadura estableció una bonificación del 100% de la cuota del impuesto y exoneró a los sujetos pasivos de la obligación de presentar la autoliquidación del mismo en tanto se mantuviese la vigencia del impuesto estatal. Las CC.AA de Cataluña y el Principado de Asturias y la Comunitat Valenciana han creado estos impuestos con posterioridad al 1 de diciembre de 2012 lo que implica, de acuerdo con lo previsto en la Ley 16/2012, que 39
40 estas figuras tributarias no dan lugar a la compensación financiera prevista en el artículo 6.2 de la LOFCA. Los impuestos catalán, asturiano y valenciano han sido objeto de recurso de inconstitucionalidad por infringir el artículo 6.2 LOFCA, que impide que un tributo autonómico recaiga sobre hechos imponibles gravados por el Estado. Recientemente, el Tribunal Constitucional, mediante sentencias de 19 de febrero y de 28 de mayo de 2015, ha declarado inconstitucionales los impuestos establecidos por la Comunitat Valenciana y las CC.AA. de Cataluña y del Principado de Asturias. Impuestos sobre las bolsas de plástico. La Comunidad Autónoma de Andalucía tiene vigente en 2015 un impuesto de este tipo. Impuestos sobre las estancias en establecimientos turísticos. La Comunidad Autónoma de Cataluña tiene vigente en 2015 un impuesto de este tipo. Impuestos sobre las viviendas vacías. La Comunidad Autónoma Cataluña tiene vigente en 2015 un impuesto de este tipo. En cuanto a los recargos sobre tributos del Estado, en el ejercicio 2015 tienen establecidos recargos sobre las cuotas mínimas del Impuesto sobre Actividades Económicas las CC.AA. del Principado de Asturias, Cantabria, La Rioja, la Región de Murcia y la Comunidad de Madrid. Ninguna Comunidad Autónoma tiene vigentes recargos en tributos sobre el juego. 40
42 ANEXO I IRPF MEDIDAS CAT GAL AND AST CANT RIO MUR VAL ARA CLM CAN EXT BAL MAD CYL I. Tarifa Escala igual que la estatal de la DA 31ª LIRPF (10% hasta 23,5% para BL > ) Escala inferior a la estatal (9,5% hasta 22,5% para BL> en Cantabria; 9,5% hasta 23,5% para BL> en La Rioja; 9,5% hasta 21% para BL>53.407,20 en Madrid; 9,5% hasta 22,50% para BL> en Castilla-La Mancha; 10% hasta 21,50% para BL> en Aragón) Escala superior a la estatal (10,5% hasta 25% para BL> en Extremadura) Otras escalas - con tipos superiores a los de la escala estatal para determinados tramos y con tipos inferiores o iguales para otros (12% hasta 25,5% para BL> ,20 en Cataluña; 11,5% si BL ,20, 12% hasta 21,5% para BL>53.407,20 en Galicia; 12% hasta 25,5% para BL> en Andalucía; 10% hasta 25,5% para BL> en Asturias; 11,9% hasta 23,48% para BL> ,20 en Valencia; 9,5% hasta 24% para BL> en Canarias; 9,5% hasta 21,5% para BL> en Baleares; 10% hasta 21,5% para BL>53.407,20 en Castilla y León) II. Mínimo personal y familiar III. Deducciones por circunstancias personales o familiares Por nacimiento o adopción de hijos Por acogimiento familiar de menores y mayores o minusválidos Por cuidado de ascendientes y/o descendientes Por familia numerosa Por edad o minusvalía del contribuyente Por familias monoparentales Por paternidad (disfrute de suspensión de contrato de trabajo o percepción de ayudas públicas por paternidad) Por ayuda doméstica Por labores no remuneradas en el hogar Por viudedad Por gastos de enfermedad o en primas de seguros individuales de salud IV. Deducciones relacionadas con la vivienda habitual Por alquiler de la vivienda habitual Por adquisición de vivienda habitual por determinados colectivos (jóvenes, discapacitados, familias numerosas o víctimas terrorismo) Por adquisición de una vivienda de protección oficial o por percepción de ayudas para su adquisición Por variación del euribor Por adqusición y/o rehabilitación de vivienda habitual Por viviendas rurales que vayan a constituir la residencia habitual del contribuyente Por obras en vivienda, instalaciones mediambientales, reparación o mejora o adcuación a discapacidad o ITC V.Deducciones por donativos De bienes, cantidades o a entidades en relación con el Patrimonio Histórico o Cultural autonómico De carácter medioambiental De ámbito cultural Otros donativos VI. Deducciones relacionadas con el empleo. Para el fomento del autoempleo Por percepción de retribuciones de trabajo dependiente que no superen determinados límites Por gastos de defensa jurídica en procedimientos judiciales de despido, extinción de contrato o reclamación de cantidad Por traslado de residencia a otra isla del Archipiélago por motivos laborales o percepción de de prestaciones por desempleo VII.Otras deducciones Por estudios y adquisición de libros de texto Por inversiones en la adquisición de acciones o participaciones sociales en determinadas entidades Deducción por la obtención del certificado de la gestión forestal sostenible Para el fomento del uso de nuevas tecnologías en los hogares Por subvenciones y/o ayudas obtenidas a consecuencia de daños sufridos por inundaciones Por arrendamiento de vivienda social 42
43 ANEXO I bis COMPARACIÓN ESCALAS IRPF AUTONÓMICAS EJERCICIOS Se compara la base liquidable con el tipo efectivo aplicable en 2014 y 2015, sin tener en cuenta otras medidas tributarias. Las CCAA de Cataluña, Galicia y Andalucía y la Comunitat Valenciana no han modificado para el ejercicio 2015 la regulación de la escala autonómica respecto al ejercicio 2014, por lo que no se incluye gráfico comparativo para estas CCAA. 43
44 COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA 44
45 COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA 45
46 COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA 46
47 COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 47
48 COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS COMUNIDAD DE MADRID 48
49 COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN 49
50 ANEXO I ter COMPARACIÓN ESCALAS IRPF ESTADO CCAA EJERCICIO Se compara la base liquidable con el tipo efectivo que resulta de aplicar la escala regulada por la CA para el ejercicio 2015 y el que resulta de aplicar la escala general estatal fijada para el mismo ejercicio en la DA 31ª de la LIRPF según redacción dada por el artículo 1.Cuatro del Real Decreto-ley 9/2015 (escala de cinco tramos, con tipo marginal mínimo del 9,5 % y máximo del 22,5 %), sin tener en cuenta otras medidas tributarias. 50
51 COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA 51
52 COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 52
53 COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA Coinciden la escala autonómica y la estatal. 53