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Timestamp: 2018-08-21 09:44:05
Document Index: 209253871

Matched Legal Cases: ['artículo 83', 'artículo 83', 'artículo 365', 'artículo 370', 'artículo 38', 'artículo 53', 'artículo 38', 'artículo 34', 'artículo 5']

﻿ Sentencia 2006-01754 de abril 17 de 2013
SENTENCIA 2006-01754 DE 17 DE ABRIL DE 2013
CONTENIDO:SE DECLARA LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE INSUBSISTENCIA TÁCITA PROFERIDO POR EMCALI, AL CONFIGURARSE LA DESVIACIÓN DE PODER. DE NINGUNA MANERA EL AGENTE ESPECIAL DE EMCALI E.I.C.E. E.S.P., SE ENCONTRABA HABILITADO POR LA NORMATIVA QUE REGULA SUS FUNCIONES, PARA, EN SU CONDICIÓN DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD SOMETIDA A LIQUIDACIÓN, MODIFICAR SU NÓMINA Y MENOS EN ÉPOCA PRE ELECTORAL, POR EXPRESA PROHIBICIÓN DE LA LEY ESTATUTARIA DE GARANTÍAS, LA CUAL IMPIDE LA MODIFICACIÓN DE LA NÓMINA DE LA ENTIDAD TERRITORIAL DENTRO DE LOS CUATRO MESES ANTERIORES A LOS COMICIOS ELECTORALES, COMPRENDIDOS EN CRITERIO DE LA CORPORACIÓN, AQUELLOS QUE BUSCAN LA ELECCIÓN DE PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.
TEMAS ESPECÍFICOS:SUPRESIÓN DE EMPLEOS PÚBLICOS, PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE LA ENTIDAD PÚBLICA
Sentencia 2006-01754 de abril 17 de 2013
Rad.: 76001-23-31-000-2006-01754-01(0900-11)
Demandado: Empresas Municipales de Cali - Emcali EICE ESP
Autoridades municipales - fallo
Al respecto la Sala señala, que el artículo 83 del Código de Procedimiento Civil que regula la figura del litis consorcio necesario y la integración del contradictorio, contempla la posibilidad para el juez de que en el auto que admite la demanda, se ordene dar traslado de esta a quienes falten para integrar el contradictorio en la forma y con el término de comparecencia dispuesto para el demandado. Pero, de no haberse ordenado el traslado al admitir la demanda, le otorga la facultad para que de oficio o a petición de parte “mientras no se haya dictado sentencia de primera instancia”, cite a las personas en mención, a quienes concederá el mismo término para que comparezcan.
En efecto, el auto que ordena integrar el litis consorcio necesario, tal como atrás se indicó —por disposición del artículo 83 del Código de Procedimiento Civil—, se asemeja a la providencia admisoria de la demanda; porque el juez bien puede vincular, a fin de integrar la relación jurídico-procesal, a aquella persona que considere puede verse afectada con el resultado del proceso, que evidentemente no es un tercero, pues son terceros al interior del mismo, el coadyuvante, el interviniente ad excludendum, quien tenga derecho a denunciar el pelito, el llamado ex oficio, el llamado en garantía, tal como lo establecen los artículos 52 y ss. del Código de Procedimiento Civil que regulan la “Intervención de terceros y la sucesión procesal”. Y evidentemente este no es el caso.
Como lo informan los artículos 1º, 2º y 25 del Acuerdo 34 de 15 de enero de 1999(1) proferido por el Concejo Municipal de Santiago de Cali, fueron disueltas y liquidadas la Empresa de Acueducto y Alcantarillado S.A. ESP, la Empresa de Distribución y Comercialización de Energía S.A. ESP, la Empresa de Telecomunicaciones de Cali S.A. ESP y la Empresa de Generación de Energía de Cali - Genercali S.A. ESP, para dar paso a una nueva empresa industrial y comercial del Municipio de Cali(2) prestadora de servicios públicos domiciliarios denominada empresas municipales de Cali EICE ESP, dotada de personería jurídica, patrimonio propio e independiente, autonomía administrativa y de objeto social múltiple.
Cuando de la toma de posesión de una entidad prestadora de servicios públicos se trata, se debe recordar que la Carta Política en su artículo 365 dispone, que la prestación de estos servicios es finalidad inherente a la función social del Estado y por esta razón le impone el deber de asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. De otro lado, su artículo 370 señala, que el Presidente de la República, por intermedio de la Superintendencia de Servicios Públicos, SSPD, ejerce el control, inspección y vigilancia de los servicios públicos.
El agente especial aunque dirige en forma autónoma y directa la administración de la entidad intervenida, en el caso particular de Emcali EICE ESP(7), se encontraba sujeto a lo previsto en la Resolución SSPD 562 de 2003, en la que se indicaron los efectos derivados de la toma de posesión con fines liquidatorios, que había sido ordenada por la Resolución 141 de 2003.
Esta ley en el último inciso del parágrafo de su artículo 38(9), impone como restricción tanto para los entes territoriales como para las entidades, la consistente en que dentro de los 4 meses anteriores a las elecciones a cargos de elección popular, la nómina respectiva no se puede modificar, salvo que se trate de provisión de cargos por faltas definitivas, muerte o renuncia irrevocable debidamente aceptada y en los casos de aplicación de la normativa de carrera administrativa. Esta prohibición ha de entenderse que se extiende a todas las elecciones a cargos de elección popular, inclusive a las presidenciales, tal como esta corporación lo consideró(10).
Informa el Acta sin número de 15 de septiembre de 1997, que la actora tomó posesión del cargo de jefe oficina de quejas de Enercali S.A. ESP, para el cual fue nombrada por medio de Resolución 9 de 6 de agosto de 1997 (fls. 71 y 66 cdno. ppal.).
Como consta en Acta sin número de 24 de marzo de 1999, la demandante se posesionó como jefe de oficina de quejas - División Oficina de Quejas, según resolución de nombramiento G-0200 de 25 de febrero de 1999 (fls. 63 cdno. ppal.).
Por Acta 20-2000 de 27 de enero de 2000 tomó posesión del cargo de jefe departamento peticiones, quejas y reclamos - Departamento gerencia de servicio al cliente, habiendo sido nombrada por Resolución 150-01-2000 (fls. 61 cdno. ppal.).
Da cuenta el Acta 27-2002 de 2 de agosto de 2002 que la actora se posesionó en el cargo de gerente de área (E) en la gerencia comercial, según nombramiento mediante la Resolución 1986 de 1º de agosto de 2002 (fls. 35 cdno. ppal.).
En virtud de la Resolución 820 de 20 de mayo de 2004, el agente especial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios designado para Emcali, en ejecución de la toma de posesión, expidió el estatuto interno, estableciendo la estructura organizacional y adoptando la respectiva planta de cargos con la determinación de las competencias generales por áreas, a fin de garantizar la continuidad en la prestación de los servicios públicos domiciliarios así como la creación y facilitación de las condiciones tendientes a su recuperación y viabilidad operativa y financiera. En su artículo undécimo determinó que: “Son empleados públicos con funciones de dirección o confianza de Emcali EICE ESP quienes ocupen los siguientes cargos: ...jefe de departamento”. (fls. 113 a 147 cdno. ppal.).
Por medio de la Resolución 3382 de 20 de mayo de 2004, emitida por el Agente Especial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios designado para Emcali en ejecución de la toma de posesión, se determinó incorporar a la demandante a la planta de cargos como empleada pública, en el cargo de jefe de departamento asignado a la dependencia departamento de servicio al cliente y PQR de la gerencia comercial. Tomó posesión del cargo según consta en el Acta 37-2004 de 1º de junio de 2004 (fls. 20, 21 y 19 cdno. ppal.).
Se aprecia la Resolución GG 103 de 10 de febrero de 2006 “Por la cual se hace un nombramiento” en cuyo único artículo se nombra “a la señora Sandra Isabel Bermúdez Pérez,... como empelado público en el cargo de jefe de departamento, código de cargo 920-001, asignado a la dependencia Departamento de servicio al cliente y PQR de la gerencia comercial code 72412000...”. Este acto le fue comunicado a la demandante en la misma fecha por medio del Oficio 830-DTH-0565 signado por el jefe departamento de talento humano de Emcali (fls. 172, 170, 171 cdno. ppal.).
Informa al tribunal el jefe departamento de talento humano de Emcali en Oficio 830-DTH-004787 de 21 de junio de 2007 que: “...el antecedente administrativo que dio origen a la Resolución GG 103 de febrero 10 de 2006, Por la cual se hace un Nombramiento, fue el Oficio 830-DTH-0565 del 10 de febrero de 2006, mediante el cual declaran insubsistente a la doctora Myriam Correal Gooding, por desempeñar un cargo de libre nombramiento y remoción, lo cual dio origen a la resolución en mención” (fls. 242 cdno. ppal.).
El 16 de febrero de 2006 la actora solicitó ante la Procuraduría Provincial de Cali se investigara disciplinariamente al representante legal de Emcali, pues se vinculó a dicha entidad como servidora pública en cargo de libre nombramiento y remoción, que ocupó hasta el 10 de febrero de 2006 cuando se produjo su declaratoria de insubsistencia en forma tácita, con vulneración de la Ley 996 de 2005, lo que a su turno constituye una falta sancionable según la Ley 734 de 2002 (fls. 174 a 176 cdno. ppal.).
El 29 de junio de 2007 la Procuraduría Regional del Valle emitió resolución en la que revocó la decisión de archivo que había proferido respecto de las diligencias anteriormente reseñadas, por considerar que el representante legal de Emcali quien emitió el acto ahora acusado, era particular que cumple funciones públicas, por lo que según el artículo 53 de la Ley 734 de 2002 es sujeto disciplinable en concordancia con el Decreto 663 de 1993 —Estatuto Orgánico del Sistema Financiero— (fls. 246 a 255 cdno. ppal.). El 29 de enero de 2007 la Procuraduría ordenó la terminación de la actuación en consideración a que el Agente Especial de Emcali investigado no estaba obligado a observar las restricciones de la Ley 996 de 2005, para disponer de un acto de libre nombramiento y remoción. (fls. 283 a 295 cdno. ppal.). Y, el 23 de enero de 2009 formuló pliego de cargos en contra del disciplinado porque incurrió en la prohibición contenida en el inciso 4º del Parágrafo del artículo 38 de la Ley 996 de 2005, en lo que se refiere a la prohibición de modificar las nóminas dentro de los 4 meses anteriores a las elecciones a cargos de elección popular, con lo que pudo haber incumplido la obligación establecida en el numeral 1º del artículo 34 de la Ley 734 de 2002. Su falta se califica provisionalmente como grave a título de culpa (fls. 325 a 332 cdno. ppal.).
Pues bien, tal como quedó dilucidado en apartado precedente, el cargo que la actora desempeñaba al interior de la empresa intervenida, en calidad de jefe de departamento, fue clasificado como empleo público de dirección o confianza, según lo especificó el artículo undécimo de la Resolución 820 de 20 de mayo de 2004, emitida por el agente especial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en ejecución de la toma de posesión con fines liquidatorios; lo que se traduce, en que era empleada libre nombramiento y remoción para todos los efectos legales, condición que le confirió la función que le fue otorgada.
Significa lo anterior, que en manera alguna el agente especial de Emcali EICE ESP, se encontraba habilitado por la normativa que regula sus funciones, para, en su condición de representante legal de la entidad sometida a liquidación, modificar su nómina y menos en época pre electoral, por expresa prohibición de la ley estatutaria de garantías, que tal como se observó en párrafo precedente, impide la modificación de la nómina de la entidad territorial dentro de los cuatro meses anteriores a los comicios electorales, comprendidos en criterio de la corporación, aquellos que buscan la elección de Presidente de la República.
RECONÓCESE personería a Elizabeth Velasco Góngora para representar a la demandada conforme a poder conferido obrante a folios 435 y 436 cdno. ppal.
(1) Acuerdo 34 de 15 de enero de 1999 “Por medio del cual se adopta el estatuto orgánico para la empresa industrial y comercial de Cali, Emcali EICE ESP, se modifica el Acuerdo 14 de 1996, se dan unas autorizaciones al señor Alcalde y se dictan otras disposiciones”.
(3) Acuerdo 34 de 1999. ART. 16.—“Régimen legal de los trabajadores. El régimen legal de los trabajadores de Emcali EICE ESP será el que corresponda al artículo 5°, inciso 2° del Decreto 3135 de 1968. La regla general será la de trabajadores oficiales y excepcionalmente ostentarán la calidad de empleados públicos quienes desarrollen actividades de dirección, confianza y manejo en los siguientes cargos: (...) jefes de departamento”.
(4) Consejo de Estado. Sentencia de 25 de marzo de 2004. Actor: Mario Edison Millán y otros. Demandado: Municipio de Santiago de Cali. Radicado interno 3436-02, C.P. Nicolás Pájaro Peñaranda.
(5) Resolución 820 de 20 de mayo de 2004. “Por la cual se expide el estatuto interno, se establece la estructura organizacional de las Empresas Municipales de Cali Emcali EICE ESP, se adopta la planta de cargos, se determinan las competencias generales por áreas y se adoptan otras determinaciones”. ART. 11.—“De los empleados Públicos. Son empleados públicos con funciones de dirección o confianza de EmcaliEICE ESP, quienes ocupen los siguientes cargos: administrativos. (...) jefe de departamento”.
(6) La Ley 142 de 1994, ART. 121.—“Procedimiento y alcances de la toma de posesión de las empresas de servicios públicos. La toma de posesión ocurrirá previo concepto de la comisión que regule el servicio, y puede realizarse también para liquidar la empresa. (...).//Se aplicarán, en estos casos, y en cuanto sean pertinentes, las normas relativas a la liquidación de instituciones financieras. Las referencias que allí se hacen respecto a la Superintendencia Bancaria y al Fondo de Garantías de Instituciones Financieras se entenderán hechas a la Superintendencia de Servicios Públicos; las que se hacen al consejo asesor se entenderán referidas a la comisión de regulación; las hechas a los ahorradores se entenderán hechas respecto a los acreedores; y las hechas al Ministerio de Hacienda y Crédito Público se tratarán como inexistentes”.
(7) En principio la toma de posesión se estableció en virtud de las Resoluciones SSPD 2536 de 3 de abril de 2000 y 2651 de 5 de abril del mismo año, para administrar los negocios, bienes y haberes de la empresa. Luego mediante la Resolución SSPD 141 de 23 de enero de 2003 se modificó la modalidad de toma de posesión para administrar por toma de posesión con fines liquidatorios.
(8) Carta Política. ART. 152.—“Mediante las leyes estatutarias, el Congreso de la República regulará las siguientes materias (...) f) la igualdad electoral entre los candidatos a la Presidencia de la República que reúnan los requisitos que determine la ley”. PAR. TRANS.—“El Gobierno Nacional o los miembros del Congreso presentaran, antes del primero de marzo de 2005 un proyecto de Ley Estatutaria (...) El Congreso de la República expedirá la Ley Estatutaria antes del 20 de junio de 2005. Se reducen a la mitad los términos para la revisión previa de exequibilidad del proyecto de Ley Estatutaria por parte de la Corte Constitucional...”.
(9) Ley 996 de 2005. ART. 38.—“Prohibiciones para los servidores públicos. A los empleados del Estado les está prohibido: 1. Acosar, presionar, o determinar, en cualquier forma, a subalternos para que respalden alguna causa, campaña o controversia política. 2. Difundir propaganda electoral a favor o en contra de cualquier partido, agrupación o movimiento político, a través de publicaciones, estaciones oficiales de televisión y de radio o imprenta pública, a excepción de lo autorizado en la presente ley. 3. Favorecer con promociones, bonificaciones, o ascensos indebidos, a quienes dentro de la entidad a su cargo participan en su misma causa o campaña política, sin perjuicio de los concursos que en condiciones públicas de igualdad e imparcialidad ofrezcan tales posibilidades a los servidores públicos. 4. Ofrecer algún tipo de beneficio directo, particular, inmediato e indebido para los ciudadanos o para las comunidades, mediante obras o actuaciones de la administración pública, con el objeto de influir en la intención de voto. 5. Aducir razones de “buen servicio” para despedir funcionarios de carrera. La infracción de alguna de las anteriores prohibiciones constituye falta gravísima. PAR.—Los gobernadores, alcaldes municipales y/o distritales, secretarios, gerentes y directores de entidades descentralizadas del orden municipal, departamental o distrital, dentro de los cuatro (4) meses anteriores a las elecciones, no podrán celebrar convenios interadministrativos para la ejecución de recursos públicos, ni participar, promover y destinar recursos públicos de las entidades a su cargo, como tampoco de las que participen como miembros de sus juntas directivas, en o para reuniones de carácter proselitista.//Tampoco podrán inaugurar obras públicas o dar inicio a programas de carácter social en reuniones o eventos en los que participen candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de la República, el Congreso de la República, gobernaciones departamentales, asambleas departamentales, alcaldías y concejos municipales o distritales. Tampoco podrán hacerlo cuando participen voceros de los candidatos.// No podrán autorizar la utilización de inmuebles o bienes muebles de carácter público para actividades proselitistas, ni para facilitar el alojamiento, ni el transporte de electores de candidatos a cargos de elección popular. Tampoco podrán hacerlo cuando participen voceros de los candidatos.// La nómina del respectivo ente territorial o entidad no se podrá modificar dentro de los cuatro (4) meses anteriores a las elecciones a cargos de elección popular, salvo que se trate de provisión de cargos por faltas definitivas, con ocasión de muerte o renuncia irrevocable del cargo correspondiente debidamente aceptada, y en los casos de aplicación de las normas de carrera administrativa”.
(10) Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto de 4 de febrero de 2010. Rad. 11001-03-06-000-2010-00006-00 (1985), C.P. Enrique José Arboleda Perdomo.
(11) Corte Constitucional. Sentencia C-1153 de 11 de noviembre de 2005, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
(12) Ley 142 de 1994. ART. 121.—“Procedimiento y alcances de la toma de posesión de las empresas de servicios públicos. La toma de posesión ocurrirá previo concepto de la comisión que regule el servicio, y puede realizarse también para liquidar la empresa. (...) // Si después del plazo prudencial señalado por el Superintendente para la toma de posesión de una empresa de servicios públicos, para administrarla, que no podrá ser superior a dos (2) años, por razones imputables a sus administradores o accionistas, no se superan los problemas que dieron origen a la medida, la Superintendencia podrá ordenar que se liquide la empresa.// Se aplicarán, en estos casos, y en cuanto sean pertinentes, las normas relativas a la liquidación de instituciones financieras. Las referencias que allí se hacen respecto a la Superintendencia Bancaria y al Fondo de Garantías de Instituciones Financieras se entenderán hechas a la Superintendencia de servicios públicos; las que se hacen al consejo asesor se entenderán referidas a la comisión de regulación; las hechas a los ahorradores se entenderán hechas respecto a los acreedores; y las hechas al Ministerio de Hacienda y Crédito Público se tratarán como inexistentes”.