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Timestamp: 2020-04-02 18:34:36
Document Index: 48900244

Matched Legal Cases: ['artículo 3', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 10', 'artículo 1', 'artículo 56', 'artículo 11', 'artículo 56', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 26', 'artículo 56', 'artículo 4', 'artículo 56']

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Gloria Torres Luna
1 Informe 0382/2012 Se consulta si resulta conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, la comunicación de una sentencia firme al Consejo General Médico de Manchester, que solicita la confirmación oficial de una condena a afectos de aptitud para la práctica profesional de un condenado. I Desde el punto de vista de la protección de datos de carácter personal la primera cuestión que plantea dicha consulta es la legitimación para efectuar la comunicación de datos solicitada que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3.i) de la Ley Orgánica 15/1999, constituye una cesión de datos de carácter personal definida en dicho precepto como Toda revelación de datos efectuada a persona distinta del interesado. En relación con esta cuestión, el artículo 11.1 de la Ley Orgánica 15/1999 dispone que los datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán ser comunicados a un tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del interesado, estableciendo en el artículo 11.2 una serie de excepciones que, a los efectos que interesan en el presente supuesto, quedan limitadas a la contenida en el apartado a) que prevé la posibilidad de cesión no consentida cuando la cesión esté autorizada por una Ley. Por consiguiente, será posible la cesión de datos sin consentimiento de los interesados en aquellos supuestos en que exista una norma con rango de Ley, que habilite esta cesión. Dispone en este sentido el artículo 10.2.a) del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre: No obstante, será posible el tratamiento o la cesión de los datos de carácter personal sin necesidad del consentimiento del interesado cuando: a) Lo autorice una norma con rango de ley o una norma de derecho comunitario y, en particular, cuando concurra uno de los supuestos 1
2 siguientes: El tratamiento o la cesión tengan por objeto la satisfacción de un interés legítimo del responsable del tratamiento o del cesionario amparado por dichas normas, siempre que no prevalezca el interés o los derechos y libertades fundamentales de los interesados previstos en el artículo 1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre. El tratamiento o la cesión de los datos sean necesarios para que el responsable del tratamiento cumpla un deber que le imponga una de dichas normas. La Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de septiembre de 2005 relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales, regula la cooperación administrativa en su artículo 56 disponiendo que: 1. Las autoridades competentes del Estado miembro de acogida y del Estado miembro de origen colaboraran estrechamente y se prestaran asistencia reciproca con el fin de facilitar la aplicación de la presente Directiva. Deberán garantizar la confidencialidad de la información que intercambien. 2. Las autoridades competentes de los Estados miembros de acogida y del Estado miembro de origen intercambiaran información relativa a la acción disciplinaria o a las sanciones penales adoptadas o a cualquier otra circunstancia grave y concreta que puedan tener consecuencias para el ejercicio de actividades con arreglo a la presente Directiva, dentro del respeto de la legislación sobre la protección de datos personales a que se refieren las Directivas 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas (Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas). El Estado miembro de origen examinará la veracidad de los hechos y sus autoridades decidirán acerca de la naturaleza y el alcance de las investigaciones que deban realizarse y comunicarán al Estado miembro de acogida las conclusiones que hayan extraído en relación con la información transmitida. En este sentido debe tenerse en cuenta que conforme a dicha Directiva será autoridad competente Toda autoridad u organismo investido de autoridad por los Estados miembros, habilitado, en particular, para expedir o recibir títulos de formación y otros documentos o información, así como para 2
3 recibir solicitudes y para tomar decisiones contempladas en la presente Directiva Así en lo que respecta a la entidad solicitante, la normativa interna del Reino Unido (The European Communities (Recognition of Professional Qualifications) Regulations 2007 ) atribuye (schedule 1) al General Medical Council, una de cuyas oficinas se encuentra en Manchester, la calificación de autoridad competente respecto de la profesión médica, por lo que la remisión a dicha entidad de los datos relativos a sentencias penales con consecuencias para el ejercicio de la actividad de una persona que ejerce o pretende ejercer la medicina en dicho país vendría a encontrarse legitimada en lo previsto en la aludida Directiva. No obstante, el procedimiento para dicho intercambio de información previsto en la Directiva requiere que se efectúe entre autoridades competentes, en este sentido la entidad que solicita los datos debería dirigirse a la autoridad competente en España, para que la misma a través de los procedimientos establecidos recabe la información pertinente y la remita. Por consiguiente, la transmisión de datos objeto de consulta, en los términos a los que posteriormente se hará referencia, a la entidad solicitante vendría amparada en lo previsto en el artículo 11.2.a) de la Ley Orgánica 15/1999 en relación con lo previsto en el artículo 56 de la aludida Directiva 2005/36/CE, sin perjuicio de que dicha transmisión deba llevarse a cabo a través de la correspondiente autoridad competente española. No compete a esta Agencia determinar el procedimiento para llevar a cabo dicha transmisión, no obstante cabe reseñar que en el momento en que se emite este informe, no ha entrado en vigor todavía, si bien lo hará a principios de diciembre, el Reglamento (UE) Nº1024/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativo a la cooperación administrativa a través del Sistema de Información del Mercado Interior y por el que se deroga la Decisión 2008/49/CE de la Comisión («Reglamento IMI»). Dicho Reglamento establece oficialmente el IMI que según su artículo 3.a) constituye la herramienta electrónica proporcionada por la Comisión para facilitar la cooperación administrativa entre autoridades competentes de los Estados miembros y entre autoridades competentes de los Estados miembros y la Comisión Dicha herramienta, de conformidad con el artículo 3 del citado Reglamento se utilizará para la cooperación administrativa entre autoridades competentes de los Estados miembros y entre las autoridades competentes de los Estados miembros y la Comisión que sea necesaria para la aplicación de actos de la 3
4 Unión en el ámbito del mercado interior a tenor del artículo 26, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) que dispongan la cooperación administrativa, incluido el intercambio de datos de carácter personal, entre los Estados miembros o entre los Estados miembros y la Comisión. Señala asimismo este precepto que la lista de dichos actos de la Unión figura en el anexo, apareciendo citada en el número 2 de dicha lista la Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales en lo relativo, entre otros artículos, al arriba transcrito artículo 56 de la misma. II No obstante lo anterior, debe recordarse que, como ha señalado reiteradamente esta Agencia en sus informes, el hecho de que una norma con rango de Ley habilite el tratamiento o cesión de los datos no resulta por sí solo suficiente para considerar dicho tratamiento o cesión, sin más, como amparados por la Ley Orgánica 15/1999, siendo igualmente preciso que los mismos resulten conformes a lo dispuesto en la mencionada Ley y en particular a los principios consagrados por su artículo 4. A este respecto, el número primero de dicho artículo recoge el principio de proporcionalidad al disponer que Los datos de carácter personal sólo se podrán recoger para su tratamiento, así como someterlos a dicho tratamiento, cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que se hayan obtenido. El número 3 del mismo artículo cuatro consagra el principio de exactitud especificando que Los datos de carácter personal serán exactos y puestos al día de forma que respondan con veracidad a la situación actual del afectado. En lo que se refiere a la aplicación de dichos principios a la comunicación de condenas penales debe tenerse en cuenta que el propio artículo 56.2 de la Directiva 2005/36/CE exige como requisito que dichas condenas puedan tener consecuencias para el ejercicio de actividades con arreglo a la presente Directiva De este modo será preciso que la condena se refiera estrictamente al ejercicio de la actividad profesional de la persona respecto de la cual se solicita y no a otros posibles delitos cometidos por la misma. Además, teniendo en cuenta que los datos deben ser los adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con la finalidad para la que se transmiten, esto es, para reconocer o permitir el mantenimiento del ejercicio profesional al condenado, si los datos contenidos en el fallo fueran suficientes, bastaría con comunicar estos, sin que 4
5 en ningún caso proceda transmitir datos relativos a terceras personas que pudieran figurar en el fallo. Asimismo, de acuerdo con el principio de exactitud, será preciso que dicho fallo afecte en la actualidad al ejercicio de la profesión de la persona a la que se refiere, de modo que si no tiene ya efectos para dicho ejercicio, por haber sido ya cumplida, dicha comunicación de datos podría resultar contraria a dicho principio. 5