Source: http://portaljuridico.lexnova.es/legislacion/JURIDICO/43924/ley-34-2002-de-11-de-julio-de-servicios-de-la-sociedad-de-la-informacion-y-de-comercio-electronico
Timestamp: 2017-05-25 20:01:11
Document Index: 5955117

Matched Legal Cases: ['artículo 3', 'Artículo 1', 'Artículo\n2', 'Artículo 4', 'artículo 7', 'Artículo\n6', 'artículo 122', 'artículo 3', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 8', 'ARTÍCULO 4', 'Artículo 8', 'artículo 11', 'artículo 11', 'Artículo 8', 'artículo 11', 'Artículo 9', 'artículo 9', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'artículo 9', 'Artículo 10', 'artículo 20', 'artículo 11', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'artículo 12', 'Artículo 12', 'artículo 2', 'artículo 12', 'Artículo 17', 'Artículo\n18', 'Artículo 18', 'Artículo\n19', 'artículo 20', 'ARTÍCULO 4', 'Artículo 20', 'Artículo 20', 'artículo 21', 'Artículo 21', 'Artículo 21', 'artículo 22', 'Artículo 22', 'Artículo 22', 'Artículo\n23', 'artículo 3', 'Artículo 24', 'Artículo 26', 'artículo\n27', 'Artículo 27', 'Artículo\n30', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 31', 'Artículo\n32', 'Artículo\n33', 'artículo 33', 'Artículo 33', 'artículo 32', 'Artículo 35', 'artículo 8', 'Artículo 37', 'Artículo 38', 'artículo 11', 'artículo 10', 'artículo 21', 'artículo 22', 'artículo 27', 'artículo 10', 'artículo 22', 'artículo 12', 'artículo 10', 'artículo 20', 'artículo 21', 'artículo 27', 'artículo 28', 'artículo 22', 'artículo 22', 'artículo 10', 'Artículo 38', 'artículo 8', 'artículo 11', 'artículo 21', 'artículo\n22', 'artículo\n22', 'artículo 9', 'artículo 10', 'artículo 20', 'artículo\n21', 'artículo\n27', 'artículo\n28', 'artículo 22', 'artículo 22', 'artículo 10', 'Artículo 38', 'artículo 8', 'artículo 11', 'artículo 12', 'artículo 12', 'artículo 12', 'artículo 10', 'artículo 21', 'artículo 22', 'artículo 27', 'artículo 10', 'artículo 22', 'artículo 9', 'artículo 10', 'artículo 20', 'artículo 21', 'artículo 27', 'artículo 28', 'artículo 10', 'Artículo 38', 'artículo 11', 'artículo 12', 'artículo 12', 'artículo 10', 'artículo 27', 'artículo 20', 'Artículo 38', 'artículo 10', 'Artículo 39', 'Artículo 42', 'artículo 38', 'artículo 43', 'Artículo 43', 'artículo 38', 'Artículo 43', 'Artículo 43', 'Artículo 45', 'artículo 1', 'artículo 54', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 37', 'artículo\n37', 'artículo 37', 'artículo 5', 'artículo 9', 'artículo 149', 'artículo 1', 'artículo\n3', 'artículo 1']

Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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LEY 34/2002, DE 11 DE JULIO, DE SERVICIOS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DE COMERCIO ELECTRÓNICO (BOE DEL 12)
Capítulo II. Ámbito de aplicación (Arts. 2 a 5)
Art. 2. Prestadores de servicios establecidos en España
Art. 3. Prestadores de servicios establecidos en otro Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo
Art. 4. Prestadores establecidos en un Estado no perteneciente a la Unión Europea o al Espacio Económico Europeo
Art. 5. Servicios excluidos del ámbito de aplicación de la Ley
Título II. Prestación de servicios de la sociedad de la información (Arts. 6 a 18)
Capítulo I. Principio de libre prestación de servicios (Arts. 6 a 8)
Art. 6. No sujeción a autorización previa
Art. 7. Principio de libre prestación de servicios
Art. 8. Restricciones a la prestación de servicios y procedimiento de cooperación intracomunitario
Capítulo II. Obligaciones y régimen de responsabilidad de los prestadores de servicios de la sociedad de la información (Arts. 9 a 17)
Sección 1.ª Obligaciones (Arts. 9 a 12)
Art. 9 (Derogado)
Art. 10. Información general
Art. 11. Deber de colaboración de los prestadores de servicios de intermediación
Art. 12 (Derogado)
Art. 12 bis. Obligaciones de información sobre seguridad
Sección 2.ª Régimen de responsabilidad (Arts. 13 a 17)
Art. 13. Responsabilidad de los prestadores de los servicios de la sociedad de la información
Art. 14. Responsabilidad de los operadores de redes y proveedores de acceso
Art. 15. Responsabilidad de los prestadores de servicios que realizan copia temporal de los datos solicitados por los usuarios
Art. 16. Responsabilidad de los prestadores de servicios de alojamiento o almacenamiento de datos
Art. 17. Responsabilidad de los prestadores de servicios que faciliten enlaces a contenidos o instrumentos de búsqueda
Capítulo III. Códigos de conducta (Art. 18)
Art. 18. Códigos de conducta
Título III. Comunicaciones comerciales por vía electrónica (Arts. 19 a 22)
Art. 19. Régimen jurídico
Art. 20. Información exigida sobre las comunicaciones comerciales, ofertas promocionales y concursos
Art. 21. Prohibición de comunicaciones comerciales no solicitadas realizadas a través de correo electrónico o medios de comunicación electrónica equivalentes
Art. 22. Derechos de los destinatarios de servicios
Título IV. Contratación por vía electrónica (Arts. 23 a 29)
Art. 23. Validez y eficacia de los contratos celebrados por vía electrónica
Art. 24. Prueba de los contratos celebrados por vía electrónica
Art. 25. Intervención de terceros de confianza
Art. 26. Ley aplicable
Art. 27. Obligaciones previas a la contratación
Art. 28. Información posterior a la celebración del contrato
Art. 29. Lugar de celebración del contrato
Título V. Solución judicial y extrajudicial de conflictos (Arts. 30 a 32)
Capítulo I. Acción de cesación (Arts. 30 y 31)
Art. 30. Acción de cesación
Art. 31. Legitimación activa
Capítulo II. Solución extrajudicial de conflictos (Art. 32)
Art. 32. Solución extrajudicial de conflictos
Título VI. Información y control (Arts. 33 a 36)
Art. 33. Información a los destinatarios y prestadores de servicios
Art. 34. Comunicación de resoluciones relevantes
Art. 35. Supervisión y control
Art. 36. Deber de colaboración
Título VII. Infracciones y sanciones (Arts. 37 a 45)
Art. 37. Responsables
Art. 38. Infracciones
Art. 39. Sanciones
Art. 40. Graduación de la cuantía de las sanciones
Art. 41. Medidas de carácter provisional
Art. 42. Multa coercitiva
Art. 43. Competencia sancionadora
Art. 44. Concurrencia de infracciones y sanciones
Sexta. Sistema de asignación de nombres de dominio bajo el «.es»
(BOE DEL 12) Corrección de errores BOE de 6 de agostoEXPOSICIÓN DE MOTIVOSILa presente Ley tiene como objeto la incorporación al
ordenamiento jurídico español de la Directiva 2000/31/CE, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 8 de junio, relativa a determinados aspectos
de los servicios de la sociedad de la información, en particular,
el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre
el comercio electrónico). Asimismo, incorpora parcialmente la Directiva
98/27/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo, relativa
a las acciones de cesación en materia de protección de los intereses
de los consumidores, al regular, de conformidad con lo establecido
en ella, una acción de cesación contra las conductas que contravengan
lo dispuesto en esta Ley.Lo que la Directiva 2000/31/CE denomina «sociedad de la
información» viene determinado por la extraordinaria expansión de las
redes de telecomunicaciones y, en especial, de Internet como vehículo
de transmisión e intercambio de todo tipo de información. Su incorporación
a la vida económica y social ofrece innumerables ventajas, como
la mejora de la eficiencia empresarial, el incremento de las posibilidades
de elección de los usuarios y la aparición de nuevas fuentes de
empleo. Pero la implantación de Internet y las nuevas tecnologías
tropieza con algunas incertidumbres jurídicas, que es preciso aclarar
con el establecimiento de un marco jurídico adecuado, que genere
en todos los actores intervinientes la confianza necesaria para
el empleo de este nuevo medio.Eso es lo que pretende esta Ley, que parte de la aplicación
a las actividades realizadas por medios electrónicos de las normas tanto
generales como especiales que las regulan, ocupándose tan sólo de
aquellos aspectos que, ya sea por su novedad o por las peculiaridades
que implica su ejercicio por vía electrónica, no están cubiertos
por dicha regulación.IISe acoge, en la Ley, un concepto amplio de «servicios
de la sociedad de la información», que engloba, además de la contratación
de bienes y servicios por vía electrónica, el suministro de información
por dicho medio (como el que efectúan los periódicos o revistas
que pueden encontrarse en la red), las actividades de intermediación
relativas a la provisión de acceso a la red, a la transmisión de
datos por redes de telecomunicaciones, a la realización de copia
temporal de las páginas de Internet solicitadas por los usuarios,
al alojamiento en los propios servidores de información, servicios
o aplicaciones facilitados por otros o a la provisión de instrumentos
de búsqueda o de enlaces a otros sitios de Internet, así como cualquier
otro servicio que se preste a petición individual de los usuarios
(descarga de archivos de vídeo o audio...), siempre que represente
una actividad económica para el prestador. Estos servicios son ofrecidos
por los operadores de telecomunicaciones, los proveedores de acceso
a Internet, los portales, los motores de búsqueda o cualquier otro
sujeto que disponga de un sitio en Internet a través del que realice
alguna de las actividades indicadas, incluido el comercio electrónico.Desde un punto de vista subjetivo, la Ley se aplica, con
carácter general, a los prestadores de servicios establecidos en
España. Por «establecimiento» se entiende el lugar desde el que
se dirige y gestiona una actividad económica, definición esta que se
inspira en el concepto de domicilio fiscal recogido en las normas
tributarias españolas y que resulta compatible con la noción material
de establecimiento predicada por el Derecho comunitario. La Ley
resulta igualmente aplicable a quienes sin ser residentes en España
prestan servicios de la sociedad de la información a través de un
«establecimiento permanente» situado en España. En este último caso,
la sujeción a la Ley es únicamente parcial, respecto a aquellos
servicios que se presten desde España.El lugar de establecimiento del prestador de servicios
es un elemento esencial en la Ley, porque de él depende el ámbito
de aplicación no sólo de esta Ley, sino de todas las demás disposiciones
del ordenamiento español que les sean de aplicación, en función
de la actividad que desarrollen. Asimismo, el lugar de establecimiento
del prestador determina la ley y las autoridades competentes para
el control de su cumplimiento, de acuerdo con el principio de la
aplicación de la ley del país de origen que inspira la Directiva
2000/31/CE.Por lo demás, sólo se permite restringir la libre prestación
en España de servicios de la sociedad de la información procedentes
de otros países pertenecientes al Espacio Económico Europeo en los
supuestos previstos en la Directiva 2000/31/CE, que consisten en
la producción de un daño o peligro graves contra ciertos valores
fundamentales como el orden público, la salud pública o la protección
de los menores. Igualmente, podrá restringirse la prestación de
servicios provenientes de dichos Estados cuando afecten a alguna
de las materias excluidas del principio de país de origen, que la
Ley concreta en su artículo 3, y se incumplan las disposiciones
de la normativa española que, en su caso, resulte aplicable a las
mismas.IIISe prevé la anotación del nombre o nombres de dominio
de Internet que correspondan al prestador de servicios en el registro público
en que, en su caso, dicho prestador conste inscrito para la adquisición
de personalidad jurídica o a los solos efectos de publicidad, con
el fin de garantizar que la vinculación entre el prestador, su establecimiento
físico y su «establecimiento» o localización en la red, que proporciona
su dirección de Internet, sea fácilmente accesible para los ciudadanos
y la Administración pública.La Ley establece, asimismo, las obligaciones y responsabilidades
de los prestadores de servicios que realicen actividades de intermediación
como las de transmisión, copia, alojamiento y localización de datos
en la red. En general, éstas imponen a dichos prestadores un deber
de colaboración para impedir que determinados servicios o contenidos
ilícitos se sigan divulgando. Las responsabilidades que pueden derivar
del incumplimiento de estas normas no son sólo de orden administrativo,
sino de tipo civil o penal, según los bienes jurídicos afectados
y las normas que resulten aplicables.Destaca, por otra parte, en la Ley, su afán por proteger
los intereses de los destinatarios de servicios, de forma que éstos puedan
gozar de garantías suficientes a la hora de contratar un servicio
o bien por Internet. Con esta finalidad, la Ley impone a los prestadores
de servicios la obligación de facilitar el acceso a sus datos de
identificación a cuantos visiten su sitio en Internet; la de informar
a los destinatarios sobre los precios que apliquen a sus servicios
y la de permitir a éstos visualizar, imprimir y archivar las condiciones
generales a que se someta, en su caso, el contrato. Cuando la contratación
se efectúe con consumidores, el prestador de servicios deberá, además,
guiarles durante el proceso de contratación, indicándoles los pasos
que han de dar y la forma de corregir posibles errores en la introducción
de datos, y confirmar la aceptación realizada una vez recibida.En lo que se refiere a las comunicaciones comerciales,
la Ley establece que éstas deban identificarse como tales, y prohíbe su
envío por correo electrónico u otras vías de comunicación electrónica
equivalente, salvo que el destinatario haya prestado su consentimiento.IVSe favorece igualmente la celebración de contratos por
vía electrónica, al afirmar la Ley, de acuerdo con el principio
espiritualista que rige la perfección de los contratos en nuestro
Derecho, la validez y eficacia del consentimiento prestado por vía
electrónica, declarar que no es necesaria la admisión expresa de
esta técnica para que el contrato surta efecto entre las partes,
y asegurar la equivalencia entre los documentos en soporte papel
y los documentos electrónicos a efectos del cumplimiento del requisito
de «forma escrita» que figura en diversas leyes.Se aprovecha la ocasión para fijar el momento y lugar
de celebración de los contratos electrónicos, adoptando una solución única,
también válida para otros tipos de contratos celebrados a distancia,
que unifica el criterio dispar contenido hasta ahora en los Códigos
Civil y de Comercio.Las disposiciones contenidas en esta Ley sobre aspectos
generales de la contratación electrónica, como las relativas a la validez
y eficacia de los contratos electrónicos o al momento de prestación
del consentimiento, serán de aplicación aun cuando ninguna de las
partes tenga la condición de prestador o destinatario de servicios
de la sociedad de la información.La Ley promueve la elaboración de códigos de conducta
sobre las materias reguladas en esta Ley, al considerar que son
un instrumento de autorregulación especialmente apto para adaptar
los diversos preceptos de la Ley a las características específicas de
cada sector. Por su sencillez, rapidez y comodidad para los usuarios,
se potencia igualmente el recurso al arbitraje y a los procedimientos
alternativos de resolución de conflictos que puedan crearse mediante
códigos de conducta, para dirimir las disputas que puedan surgir
en la contratación electrónica y en el uso de los demás servicios
de la sociedad de la información. Se favorece, además, el uso de
medios electrónicos en la tramitación de dichos procedimientos,
respetando, en su caso, las normas que, sobre la utilización de
dichos medios, establezca la normativa específica sobre arbitraje.De conformidad con lo dispuesto en las Directivas 2000/31/CE
y 98/27/CE, se regula la acción de cesación que podrá ejercitarse
para hacer cesar la realización de conductas contrarias a la presente
Ley que vulneren los intereses de los consumidores y usuarios. Para
el ejercicio de esta acción, deberá tenerse en cuenta, además de
lo dispuesto en esta Ley, lo establecido en la Ley general de incorporación
de la Directiva 98/27/CE.La Ley prevé, asimismo, la posibilidad de que los ciudadanos
y entidades se dirijan a diferentes Ministerios y órganos administrativos
para obtener información práctica sobre distintos aspectos relacionados
con las materias objeto de esta Ley, lo que requerirá el establecimiento
de mecanismos que aseguren la máxima coordinación entre ellos y
la homogeneidad y coherencia de la información suministrada a los
usuarios.Finalmente, se establece un régimen sancionador proporcionado
pero eficaz, como indica la Directiva 2000/31/CE, para disuadir
a los prestadores de servicios del incumplimiento de lo dispuesto
en esta Ley.Asimismo, se contempla en la Ley una serie de previsiones
orientadas a hacer efectiva la accesibilidad de las personas con discapacidad
a la información proporcionada por medios electrónicos, y muy especialmente
a la información suministrada por las Administraciones públicas,
compromiso al que se refiere la resolución del Consejo de la Unión
Europea de 25 de marzo de 2002, sobre accesibilidad de los sitios
web públicos y de su contenido.La presente disposición ha sido elaborada siguiendo un
amplio proceso de consulta pública y ha sido sometida al procedimiento
de información en materia de normas y reglamentaciones técnicas
previsto en la Directiva 98/34/CE, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 22 de junio, modificada por la Directiva 98/48/CE, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de julio, y en el Real Decreto
1337/1999, de 31 de julio.
Disposiciones generales	CAPÍTULO I
ObjetoArtículo 1. Objeto.—1. Es objeto de la presente Ley la regulación del régimen
jurídico de los servicios de la sociedad de la información y de
la contratación por vía electrónica, en lo referente a las obligaciones
de los prestadores de servicios incluidos los que actúan como intermediarios
en la transmisión de contenidos por las redes de telecomunicaciones,
las comunicaciones comerciales por vía electrónica, la información
previa y posterior a la celebración de contratos electrónicos, las
condiciones relativas a su validez y eficacia y el régimen sancionador
aplicable a los prestadores de servicios de la sociedad de la información.2. Las disposiciones contenidas en esta Ley se entenderán
sin perjuicio de lo dispuesto en otras normas estatales o autonómicas
ajenas al ámbito normativo coordinado, o que tengan como finalidad
la protección de la salud y seguridad pública, incluida la salvaguarda
de la defensa nacional, los intereses del consumidor, el régimen
tributario aplicable a los servicios de la sociedad de la información,
la protección de datos personales y la normativa reguladora de defensa
Ámbito de aplicaciónArtículo
2. Prestadores de servicios establecidos en España.—1. Esta Ley será de aplicación a los prestadores de servicios
de la sociedad de la información establecidos en España y a los
servicios prestados por ellos.Se entenderá que un prestador de servicios está establecido
en España cuando su residencia o domicilio social se encuentren en
territorio español, siempre que éstos coincidan con el lugar en
que esté efectivamente centralizada la gestión administrativa y la
dirección de sus negocios. En otro caso, se atenderá al lugar en
que se realice dicha gestión o dirección.2. Asimismo, esta Ley será de aplicación a los servicios
de la sociedad de la información que los prestadores residentes
o domiciliados en otro Estado ofrezcan a través de un establecimiento
permanente situado en España.Se considerará que un prestador opera mediante un establecimiento
permanente situado en territorio español cuando disponga en el mismo,
de forma continuada o habitual, de instalaciones o lugares de trabajo,
en los que realice toda o parte de su actividad.3. A los efectos previstos en este artículo, se presumirá
que el prestador de servicios está establecido en España cuando
el prestador o alguna de sus sucursales se haya inscrito en el Registro
Mercantil o en otro registro público español en el que fuera necesaria
la inscripción para la adquisición de personalidad jurídica.La utilización de medios tecnológicos situados en España,
para la prestación o el acceso al servicio, no servirá como criterio para
determinar, por sí solo, el establecimiento en España del prestador.4. Los prestadores de servicios de la sociedad de la información
establecidos en España estarán sujetos a las demás disposiciones
del ordenamiento jurídico español que les sean de aplicación, en
función de la actividad que desarrollen, con independencia de la
utilización de medios electrónicos para su realización.
3. Prestadores de servicios establecidos en otro Estado miembro
de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo.—1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 7.1 y 8, esta Ley se aplicará a los
prestadores de servicios de la sociedad de la información establecidos
en otro Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico
Europeo cuando el destinatario de los servicios radique en España
y los servicios afecten a las materias siguientes:a) Derechos de propiedad intelectual o industrial.b) Emisión de publicidad por instituciones de inversión
colectiva.c) Actividad de seguro directo realizada en régimen de
derecho de establecimiento o en régimen de libre prestación de servicios.d) Obligaciones nacidas de los contratos celebrados por
personas físicas que tengan la condición de consumidores.e) Régimen de elección por las partes contratantes de
la legislación aplicable a su contrato.f) Licitud de las comunicaciones comerciales por correo
electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente
no solicitadas.2. En todo caso, la constitución, transmisión, modificación
y extinción de derechos reales sobre bienes inmuebles sitos en España
se sujetará a los requisitos formales de validez y eficacia establecidos
en el ordenamiento jurídico español.3. Los prestadores de servicios a los que se refiere el
apartado 1 quedarán igualmente sometidos a las normas del ordenamiento
jurídico español que regulen las materias señaladas en dicho apartado.4. No será aplicable lo dispuesto en los apartados anteriores
a los supuestos en que, de conformidad con las normas reguladoras
de las materias enumeradas en el apartado 1, no fuera de aplicación
la ley del país en que resida o esté establecido el destinatario
4. Prestadores establecidos en un Estado no perteneciente a la Unión
Europea o al Espacio Económico Europeo.— A los prestadores establecidos en países que no sean miembros
de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, les será de
aplicación lo dispuesto en los artículos 7.2 y 11.2
Este primer párrafo ha sido
redactado por la Ley 56/2007, de 28 de diciembre (BOE del 29), de Medidas
de Impulso de la Sociedad de la Información. Los prestadores que dirijan sus servicios específicamente
al territorio español quedarán sujetos, además, a las obligaciones previstas
en esta Ley, siempre que ello no contravenga lo establecido en tratados
o convenios internacionales que sean aplicables.
— REDACCIÓN ORIGINARIA.VIGENTE DE 12 DE OCTUBRE DE 2002 A 29 DE DICIEMBRE DE
2007Artículo 4. Prestadores establecidos
en un Estado no perteneciente a la Unión Europea o al Espacio Económico
Europeo.—A los prestadores establecidos en
países que no sean miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico
Europeo les será de aplicación lo dispuesto en los artículos 7.2
y 8.Los prestadores que dirijan sus servicios específicamente
5. Servicios excluidos del ámbito de aplicación de la Ley.—1. Se regirán por su normativa específica las siguientes
actividades y servicios de la sociedad de la información:a) Los servicios prestados por notarios y registradores
de la propiedad y mercantiles en el ejercicio de sus respectivas
funciones públicas.b) Los servicios prestados por abogados y procuradores
en el ejercicio de sus funciones de representación y defensa en
juicio.2. Las disposiciones de la presente Ley, con la excepción
de lo establecido en el artículo 7.1, serán aplicables a los servicios de
la sociedad de la información relativos a juegos de azar que impliquen
apuestas de valor económico, sin perjuicio de lo establecido en
su legislación específica estatal o autonómica.
la sociedad de la información	CAPÍTULO I
Principio de libre prestación
de serviciosArtículo
6. No sujeción a autorización previa.—La prestación de servicios de la sociedad de la información
no estará sujeta a autorización previa.Esta norma no afectará a los regímenes de autorización
previstos en el ordenamiento jurídico que no tengan por objeto específico
y exclusivo la prestación por vía electrónica de los correspondientes
7. Principio de libre prestación de servicios.—1. La prestación de servicios de la sociedad de la información
que procedan de un prestador establecido en algún Estado miembro
de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo se realizará
en régimen de libre prestación de servicios, sin que pueda establecerse
ningún tipo de restricciones a los mismos por razones derivadas
del ámbito normativo coordinado, excepto en los supuestos previstos
en los artículos 3 y 8	.2. La aplicación del principio de libre prestación de
servicios de la sociedad de la información a prestadores establecidos
en Estados no miembros del Espacio Económico Europeo se atendrá
a los acuerdos internacionales que resulten de aplicación.
8. Restricciones a la prestación de servicios y procedimiento de
cooperación intracomunitario.— 1. En caso de que un determinado servicio de la sociedad
de la información atente o pueda atentar contra los principios que
se expresan a continuación, los órganos competentes para su protección,
en ejercicio de las funciones que tengan legalmente atribuidas,
prestación o para retirar los datos que los vulneran. Los principios
a que alude este apartado son los siguientes:a) La salvaguarda del orden público, la investigación
penal, la seguridad pública y la defensa nacional.b) La protección de la salud pública o de las personas
físicas o jurídicas que tengan la condición de consumidores o usuarios, incluso
cuando actúen como inversores.c) El respeto a la dignidad de la persona y al principio
de no discriminación por motivos de raza, sexo, religión, opinión,
nacionalidad, discapacidad o cualquier otra circunstancia personal
o social, yd) La protección de la juventud y de la infancia.e) La salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual.En la adopción y cumplimiento de las medidas de restricción
a que alude este apartado se respetarán, en todo caso, las garantías,
normas y procedimientos previstos en el ordenamiento jurídico para
proteger los derechos a la intimidad personal y familiar, a la protección
de los datos personales, a la libertad de expresión o a la libertad
de información, cuando éstos pudieran resultar afectados.En todos los casos en los que la Constitución y las leyes
reguladoras de los respectivos derechos y libertades así lo prevean de
forma excluyente, sólo la autoridad judicial competente podrá adoptar
las medidas previstas en este artículo, en tanto garante del derecho
a la libertad de expresión, del derecho de producción y creación
literaria, artística, científica y técnica, la libertad de cátedra
y el derecho de información.2. Los órganos competentes para la adopción de las medidas
a que se refiere el apartado anterior, con el objeto de identificar
al responsable del servicio de la sociedad de la información que
está realizando la conducta presuntamente vulneradora, podrán requerir
a los prestadores de servicios de la sociedad de la información
la cesión de los datos que permitan tal identificación a fin de
que pueda comparecer en el procedimiento. Tal requerimiento exigirá
la previa autorización judicial de acuerdo con lo previsto en el
apartado primero del artículo 122 bis de la Ley reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa. Una vez obtenida
la autorización, los prestadores estarán obligados a facilitar los
datos necesarios para llevar a cabo la identificación.3. La adopción de restricciones a la prestación de servicios
de la sociedad de la información provenientes de prestadores establecidos
en un Estado de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo
distinto a España deberá seguir el procedimiento de cooperación
intracomunitario descrito en el siguiente apartado de este artículo,
sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación procesal y de cooperación
judicial.4. Cuando un órgano competente acuerde, en ejercicio de
las competencias que tenga legalmente atribuidas, y de acuerdo con
lo dispuesto en el párrafo a) del apartado 4 del artículo 3 de la
Directiva 2000/31/CE, establecer restricciones que afecten a un
servicio de la sociedad de la información que proceda de alguno
de los Estados miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico
Europeo distinto de España, dicho órgano deberá seguir el siguiente
procedimiento:a) El órgano competente requerirá al Estado miembro en
que esté establecido el prestador afectado para que adopte las medidas
oportunas. En el caso de que no las adopte o resulten insuficientes,
dicho órgano notificará, con carácter previo, a la Comisión Europea
o, en su caso, al Comité Mixto del Espacio Económico Europeo y al
Estado miembro de que se trate las medidas que tiene intención de
adoptar.b) En los supuestos de urgencia, el órgano competente
podrá adoptar las medidas oportunas, notificándolas al Estado miembro
de procedencia y a la Comisión Europea o, en su caso, al Comité
Mixto del Espacio Económico Europeo con la mayor brevedad y, en
cualquier caso, como máximo, en el plazo de quince días desde su
adopción. Así mismo, deberá indicar la causa de dicha urgencia.Los requerimientos y notificaciones a que alude este apartado
se realizarán siempre a través del órgano de la Administración General
del Estado competente para la comunicación y transmisión de información
a las Comunidades Europeas.5. Los órganos competentes de otros Estados Miembros de
la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo podrán requerir
la colaboración de los prestadores de servicios de intermediación
establecidos en España en los términos previstos en el apartado
2 del artículo 11 de esta ley si lo estiman
necesario para garantizar la eficacia de las medidas de restricción
que adopten al amparo del apartado anterior.6. Las medidas de restricción que se adopten al amparo
de este artículo deberán, en todo caso, cumplir las garantías y
los requisitos previstos en los apartados 3 y 4 del artículo 11 de esta ley.
Este apartado, antiguo apartado
5, ha sido reenumerado por la Ley 2/2011, de 4 de marzo (BOE del 5), de Economía
Sostenible.Este artículo 8 ha sido redactado, salvo las excepciones
hechas, por la Ley 56/2007, de 28 de diciembre (BOE del 29), de Medidas
de Impulso de la Sociedad de la Información. — REDACCIÓN ANTERIOR POR EL ARTÍCULO 4 DE LA
LEY 56/2007, DE 28 DE DICIEMBRE (BOE DEL 29). MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO. VIGENTE DE 30 DE DICIEMBRE DE 2007 A 5 DE MARZO DE 2011.Artículo 8. Restricciones a la
prestación de servicios y procedimiento de cooperación intracomunitario.—1.
En caso de que un determinado servicio de la sociedad de la información
atente o pueda atentar contra los principios que se expresan a continuación,
los órganos competentes para su protección, en ejercicio de las
funciones que tengan legalmente atribuidas, podrán adoptar las medidas
necesarias para que se interrumpa su prestación o para retirar los
datos que los vulneran. Los principios a que alude este apartado
son los siguientes:a) La salvaguarda del orden público, la investigación
o social, yd) La protección de la juventud y de la infancia.En la adopción y cumplimiento de las medidas de restricción
y el derecho de información.2. La adopción de restricciones a la prestación de servicios
judicial.3. Cuando un órgano competente acuerde, en ejercicio de
a las Comunidades Europeas.4. Los órganos competentes de otros Estados Miembros de
2 del artículo 11 de esta ley si lo estiman necesario para garantizar
la eficacia de las medidas de restricción que adopten al amparo
del apartado anterior.5. Las medidas de restricción que se adopten al amparo
los requisitos previstos en los apartados 3 y 4 del artículo 11
de esta ley.— REDACCIÓN ORIGINARIA.VIGENTE DE 12 OCTUBRE DE 2002 A 29 DE DICIEMBRE DE 2007.Artículo 8. Restricciones a la
prestación de servicios.—1. En caso de que
un determinado servicio de la sociedad de la información atente
o pueda atentar contra los principios que se expresan a continuación,
físicas que tengan la condición de consumidores o usuarios, incluso cuando
actúen como inversores.c) El respeto a la dignidad de la persona y al principio
de información, cuando éstos pudieran resultar afectados.En todos los casos en que la Constitución, las normas
reguladoras de los respectivos derechos y libertades o las que resulten aplicables
a las diferentes materias atribuyan competencia a los órganos jurisdiccionales
para intervenir en el ejercicio de actividades o derechos, sólo
la autoridad judicial competente podrá adoptar las medidas previstas
en este artículo.2. Si para garantizar la efectividad de la resolución
que acuerde la interrupción de la prestación de un servicio o la
retirada de datos procedentes de un prestador establecido en otro
Estado, el órgano competente estimara necesario impedir el acceso
desde España a los mismos, podrá ordenar a los prestadores de servicios
de intermediación establecidos en España, directamente o mediante
solicitud motivada al Ministerio de Ciencia y Tecnología, que tomen
las medidas necesarias para impedir dicho acceso.Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 11 cuando
los datos que deban retirarse o el servicio que deba interrumpirse procedan
de un prestador establecido en España.3. Las medidas de restricción a que hace referencia este
artículo serán objetivas, proporcionadas y no discriminatorias,
y se adoptarán de forma cautelar o en ejecución de las resoluciones
que se dicten, conforme a los procedimientos administrativos legalmente
establecidos o a los previstos en la legislación procesal que corresponda.4. Fuera del ámbito de los procesos judiciales, cuando
se establezcan restricciones que afecten a un servicio de la sociedad de
la información que proceda de alguno de los Estados miembros de
la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo distinto de España,
se seguirá el siguiente procedimiento:a) El órgano competente requerirá al Estado miembro en
Mixto del Espacio Económico Europeo en el plazo de quince días desde
su adopción. Asimismo, deberá indicar la causa de dicha urgencia.Los requerimientos y notificaciones a que alude este apartado
a las Comunidades Europeas.
de los prestadores de servicios de la sociedad de la informaciónSECCIÓN 1.ª OBLIGACIONES
Artículo 9. Constancia
registral del nombre de dominio.— [...]
Este artículo 9 ha sido
derogado por la Ley 56/2007, de 28 de diciembre (BOE del 29), de Medidas
de Impulso de la Sociedad de la Información. — REDACCIÓN ORIGINARIA.VIGENTE DE 12 DE OCTUBRE DE 2002 A 29 DE DICIEMBRE DE
2007.Artículo 9. Constancia registral
del nombre de dominio.—1. Los prestadores
de servicios de la sociedad de la información establecidos en España
deberán comunicar al Registro Mercantil en el que se encuentren
inscritos, o a aquel otro registro público en el que lo estuvieran
para la adquisición de personalidad jurídica o a los solos efectos
de publicidad, al menos, un nombre de dominio o dirección de Internet
que, en su caso, utilicen para su identificación en Internet, así
como todo acto de sustitución o cancelación de los mismos, salvo
que dicha información conste ya en el correspondiente registro.2. Los nombres de dominio y su sustitución o cancelación
se harán constar en cada registro, de conformidad con sus normas reguladoras.Las anotaciones practicadas en los Registros Mercantiles
se comunicarán inmediatamente al Registro Mercantil Central para su
inclusión entre los datos que son objeto de publicidad informativa
por dicho Registro.3. La obligación de comunicación a que se refiere el apartado
1 deberá cumplirse en el plazo de un mes desde la obtención, sustitución
o cancelación del correspondiente nombre de dominio o dirección
de Internet».
10. Información general.— 1. Sin perjuicio
de los requisitos que en materia de información se establecen en
la normativa vigente, el prestador de servicios de la sociedad de
la información estará obligado a disponer de los medios que permitan, tanto
a los destinatarios del servicio como a los órganos competentes,
acceder por medios electrónicos, de forma permanente, fácil, directa
y gratuita, a la siguiente información:a) Su nombre o denominación social; su residencia o domicilio
o, en su defecto, la dirección de uno de sus establecimientos permanentes
en España; su dirección de correo electrónico y cualquier otro dato
que permita establecer con él una comunicación directa y efectiva.b) Los datos de su inscripción en el Registro Mercantil
en el que, en su caso, se encuentren inscritos o de aquel otro registro público
en el que lo estuvieran para la adquisición de personalidad jurídica
o a los solos efectos de publicidad.
Esta letra b) ha sido redactada
por la Ley 56/2007, de 28 de diciembre (BOE del 29), de Medidas
de Impulso de la Sociedad de la Información.
c) En el caso de que su actividad estuviese sujeta a un
régimen de autorización administrativa previa, los datos relativos
a dicha autorización y los identificativos del órgano competente
encargado de su supervisión.d) Si ejerce una profesión regulada deberá indicar:1.º Los datos del Colegio profesional al que, en su caso,
pertenezca y número de colegiado.2.º El título académico oficial o profesional con el que
cuente.3.º El Estado de la Unión Europea o del Espacio Económico
Europeo en el que se expidió dicho título y, en su caso, la correspondiente
homologación o reconocimiento.4.º Las normas profesionales aplicables al ejercicio de
su profesión y los medios a través de los cuales se puedan conocer, incluidos
los electrónicos.e) El número de identificación fiscal que le corresponda.f) Cuando el servicio de la sociedad de la información
haga referencia a precios, se facilitará información clara y exacta
sobre el precio del producto o servicio, indicando si incluye o
no los impuestos aplicables y, en su caso, sobre los gastos de envío
o en su caso aquello que dispongan las normas de las Comunidades
Autónomas con competencias en la materia.
Esta letra f) ha sido redactada
por la Ley 56/2007, de 28 de diciembre (BOE
del 29), de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información.
g) Los códigos de conducta a los que, en su caso, esté
adherido y la manera de consultarlos electrónicamente.2. La obligación de facilitar esta información se dará
por cumplida si el prestador la incluye en su página o sitio de
Internet en las condiciones señaladas en el apartado 1.3. Cuando se haya atribuido un rango de numeración telefónica
a servicios de tarificación adicional en el que se permita el acceso
a servicios de la sociedad de la información y se requiera su utilización
por parte del prestador de servicios, esta utilización y la descarga
de programas informáticos que efectúen funciones de marcación, deberán
realizarse con el consentimiento previo, informado y expreso del
usuario.A tal efecto, el prestador del servicio deberá proporcionar
al menos la siguiente información:a) Las características del servicio que se va a proporcionar.b) Las funciones que efectuarán los programas informáticos
que se descarguen, incluyendo el número telefónico que se marcará.c) El procedimiento para dar fin a la conexión de tarificación
adicional, incluyendo una explicación del momento concreto en que
se producirá dicho fin, yd) El procedimiento necesario para restablecer el número
de conexión previo a la conexión de tarificación adicional.La información anterior deberá estar disponible de manera
claramente visible e identificable.Lo dispuesto en este apartado se entiende sin perjuicio
de lo establecido en la normativa de telecomunicaciones, en especial, en
relación con los requisitos aplicables para el acceso por parte
de los usuarios a los rangos de numeración telefónica, en su caso,
atribuidos a los servicios de tarificación adicional.
Este apartado 3 ha sido
añadido por la Ley 59/2003, de 19 de diciembre (BOE del 20), de firma electrónica. — REDACCIÓN ANTERIOR POR LA DA OCTAVA DE LA LEY
59/2003, DE 19 DE DICIEMBRE (BOE DEL 20). INSERCIÓN
DEL APARTADO 3.VIGENTE DE 20 DE MARZO DE 2004 A 29 DE DICIEMBRE DE 2007.Artículo 10. Información general.—1.
Sin perjuicio de los requisitos que en materia de información se
establecen en la normativa vigente, el prestador de servicios de
la sociedad de la información estará obligado a disponer de los
medios que permitan, tanto a los destinatarios del servicio como
a los órganos competentes, acceder por medios electrónicos, de forma
permanente, fácil, directa y gratuita, a la siguiente información:a) Su nombre o denominación social ; su residencia o domicilio
en España ; su dirección de correo electrónico y cualquier otro
dato que permita establecer con él una comunicación directa y efectiva.b) Los datos de su inscripción en el Registro a que se
refiere el artículo 9.c) En el caso de que su actividad estuviese sujeta a un
los electrónicos.e) El número de identificación fiscal que le corresponda.f) Información clara y exacta sobre el precio del producto
o servicio, indicando si incluye o no los impuestos aplicables y,
en su caso, sobre los gastos de envío.g) Los códigos de conducta a los que, en su caso, esté
Internet en las condiciones señaladas en el apartado 1.3. Cuando se haya atribuido un rango de
numeración telefónica a servicios de tarificación adicional en el
que se permita el acceso a servicios de la sociedad de la información
y se requiera su utilización por parte del prestador de servicios,
esta utilización y la descarga de programas informáticos que efectúen
funciones de marcación, deberán realizarse con el consentimiento
previo, informado y expreso del usuario.A tal efecto, el prestador del servicio
deberá proporcionar al menos la siguiente información:a) Las características del servicio que
se va a proporcionar.b) Las funciones que efectuarán los programas
informáticos que se descarguen, incluyendo el número telefónico
que se marcará.c) El procedimiento para dar fin a la conexión
de tarificación adicional, incluyendo una explicación del momento
concreto en que se producirá dicho fin, yd) El procedimiento necesario para restablecer
el número de conexión previo a la conexión de tarificación adicional.La información anterior deberá estar disponible
de manera claramente visible e identificable.Lo dispuesto en este apartado se entiende
sin perjuicio de lo establecido en la normativa de telecomunicaciones,
en especial, en relación con los requisitos aplicables para el acceso
por parte de los usuarios a los rangos de numeración telefónica,
en su caso, atribuidos a los servicios de tarificación adicional.— REDACCIÓN ORIGINARIA.VIGENTE DE 12 DE OCTUBRE DE 2002 A 19 DE MARZO DE 2004.Artículo 10. Información general.—1.
Internet en las condiciones señaladas en el apartado 1.
11. Deber de colaboración de los prestadores de servicios de intermediación.— 1. Cuando un órgano competente hubiera ordenado, en ejercicio
de las competencias que legalmente tenga atribuidas, que se interrumpa
la prestación de un servicio de la sociedad de la información o
la retirada de determinados contenidos provenientes de prestadores
establecidos en España, y para ello fuera necesaria la colaboración
de los prestadores de servicios de intermediación, dicho órgano
podrá ordenar a los citados prestadores que suspendan el correspondiente
servicio de intermediación utilizado para la provisión del servicio
de la sociedad de la información o de los contenidos cuya interrupción
o retirada hayan sido ordenados respectivamente.2. Si para garantizar la efectividad de la resolución
retirada de contenidos procedentes de un prestador establecido en
un Estado no perteneciente a la Unión Europea o al Espacio Económico Europeo,
el órgano competente estimara necesario impedir el acceso desde
España a los mismos, y para ello fuera necesaria la colaboración
de los prestadores de servicios de intermediación establecidos en
España, dicho órgano podrá ordenar a los citados prestadores de
servicios de intermediación que suspendan el correspondiente servicio
de intermediación utilizado para la provisión del servicio de la
sociedad de la información o de los contenidos cuya interrupción
o retirada hayan sido ordenados respectivamente.3. En la adopción y cumplimiento de las medidas a que
se refieren los apartados anteriores, se respetarán, en todo caso,
las garantías, normas y procedimientos previstos en el ordenamiento
jurídico para proteger los derechos a la intimidad personal y familiar,
a la protección de los datos personales, a la libertad de expresión
o a la libertad de información, cuando éstos pudieran resultar afectados.En todos los casos en que la Constitución, las normas
de forma excluyente para intervenir en el ejercicio de actividades
o derechos, sólo la autoridad judicial competente podrá adoptar
las medidas previstas en este artículo. En particular, la autorización
del secuestro de páginas de Internet o de su restricción cuando
ésta afecte a los derechos y libertades de expresión e información
y demás amparados en los términos establecidos en el artículo 20 de la Constitución solo podrá ser decidida por
los órganos jurisdiccionales competentes.4. Las medidas a que hace referencia este artículo serán
objetivas, proporcionadas y no discriminatorias, y se adoptarán
de forma cautelar o en ejecución de las resoluciones que se dicten,
conforme a los procedimientos administrativos legalmente establecidos
o a los previstos en la legislación procesal que corresponda.
Este artículo 11 ha sido
2007.Artículo 11. Deber de colaboración
de los prestadores de servicios de intermediación.—1.
Cuando un órgano competente por razón de la materia hubiera ordenado,
en ejercicio de las funciones que legalmente tenga atribuidas, que
se interrumpa la prestación de un servicio de la sociedad de la
información o la retirada de determinados contenidos provenientes
de prestadores establecidos en España, y para ello fuera necesaria
la colaboración de los prestadores de servicios de intermediación,
podrá ordenar a dichos prestadores, directamente o mediante solicitud
motivada al Ministerio de Ciencia y Tecnología, que suspendan la
transmisión, el alojamiento de datos, el acceso a las redes de telecomunicaciones
o la prestación de cualquier otro servicio equivalente de intermediación
que realizaran.2. En la adopción y cumplimiento de las medidas a que
se refiere el apartado anterior, se respetarán, en todo caso, las
garantías, normas y procedimientos previstos en el ordenamiento
en este artículo.3. Las medidas a que hace referencia este artículo serán
Artículo 12. Deber de
retención de datos de tráfico relativos a las comunicaciones electrónicas.— [...]
Este artículo 12 ha sido
derogado por la Ley 25/2007, de 18 de octubre (BOE del 19), de conservación
de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes
públicas de comunicaciones. — REDACCIÓN ORIGINARIA.VIGENTE DE 12 DE OCTUBRE DE 2002 A 7 DE NOVIEMBRE DE 2007.Artículo 12. Deber de retención
de datos de tráfico relativos a las comunicaciones electrónicas.—1.
Los operadores de redes y servicios de comunicaciones electrónicas,
los proveedores de acceso a redes de telecomunicaciones y los prestadores de
servicios de alojamiento de datos deberán retener los datos de conexión
y tráfico generados por las comunicaciones establecidas durante
la prestación de un servicio de la sociedad de la información por
un período máximo de doce meses, en los términos establecidos en
este artículo y en su normativa de desarrollo.2. Los datos que, en cumplimiento de lo dispuesto en el
apartado anterior, deberán conservar los operadores de redes y servicios
de comunicaciones electrónicas y los proveedores de acceso a redes
de telecomunicaciones serán únicamente los necesarios para facilitar
la localización del equipo terminal empleado por el usuario para
la transmisión de la información.Los prestadores de servicios de alojamiento de datos deberán
retener sólo aquéllos imprescindibles para identificar el origen de
los datos alojados y el momento en que se inició la prestación del
servicio.En ningún caso, la obligación de retención de datos afectará
al secreto de las comunicaciones.Los operadores de redes y servicios de comunicaciones
electrónicas y los prestadores de servicios a que se refiere este
artículo no podrán utilizar los datos retenidos para fines distintos
de los indicados en el apartado siguiente u otros que estén permitidos
por la Ley, y deberán adoptar medidas de seguridad apropiadas para
evitar su pérdida o alteración y el acceso no autorizado a los mismos.3. Los datos se conservarán para su utilización en el
marco de una investigación criminal o para la salvaguardia de la
seguridad pública y la defensa nacional, poniéndose a disposición
de los Jueces o Tribunales o del Ministerio Fiscal que así los requieran.
La comunicación de estos datos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
se hará con sujeción a lo dispuesto en la normativa sobre protección
de datos personales.4. Reglamentariamente, se determinarán las categorías
de datos que deberán conservarse según el tipo de servicio prestado, el
plazo durante el que deberán retenerse en cada supuesto dentro del
máximo previsto en este artículo, las condiciones en que deberán
almacenarse, tratarse y custodiarse y la forma en que, en su caso,
deberán entregarse a los órganos autorizados para su solicitud y
destruirse, transcurrido el plazo de retención que proceda, salvo
que fueran necesarios para estos u otros fines previstos en la Ley.
12 bis. Obligaciones de información sobre seguridad.—1. Los proveedores de servicios de intermediación establecidos
en España de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 de esta Ley que realicen
actividades consistentes en la prestación de servicios de acceso
a Internet, estarán obligados a informar a sus clientes de forma
permanente, fácil, directa y gratuita, sobre los diferentes medios
de carácter técnico que aumenten los niveles de la seguridad de
la información y permitan, entre otros, la protección frente a virus
informáticos y programas espía, y la restricción de los correos
electrónicos no solicitados.2. Los proveedores de servicios de acceso a Internet y
los prestadores de servicios de correo electrónico o de servicios
similares deberán informar a sus clientes de forma permanente, fácil,
directa y gratuita sobre las medidas de seguridad que apliquen en
la provisión de los mencionados servicios.3. Igualmente, los proveedores de servicios referidos
en el apartado 1 informarán sobre las herramientas existentes para
el filtrado y restricción del acceso a determinados contenidos y
servicios en Internet no deseados o que puedan resultar nocivos para
la juventud y la infancia.4. Los proveedores de servicios mencionados en el apartado
1 facilitarán información a sus clientes acerca de las posibles responsabilidades
en que puedan incurrir por el uso de Internet con fines ilícitos,
en particular, para la comisión de ilícitos penales y por la vulneración
de la legislación en materia de propiedad intelectual e industrial.5. Las obligaciones de información referidas en los apartados
anteriores se darán por cumplidas si el correspondiente proveedor
incluye la información exigida en su página o sitio principal de
Internet en la forma establecida en los mencionados apartados.
Este artículo 12 bis ha
sido añadido por la Ley 56/2007, de 28 de diciembre (BOE del 29), de Medidas
de Impulso de la Sociedad de la Información, con entrada en vigor
a los tres meses de su publicación. SECCIÓN 2.ª RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD
13. Responsabilidad de los prestadores de los servicios de la sociedad
de la información.—1. Los prestadores de servicios de la sociedad de la información
están sujetos a la responsabilidad civil, penal y administrativa
establecida con carácter general en el ordenamiento jurídico, sin
perjuicio de lo dispuesto en esta Ley.2. Para determinar la responsabilidad de los prestadores
de servicios por el ejercicio de actividades de intermediación,
se estará a lo establecido en los artículos siguientes.
14. Responsabilidad de los operadores de redes y proveedores de
acceso.—1. Los operadores de redes de telecomunicaciones y proveedores
de acceso a una red de telecomunicaciones que presten un servicio
de intermediación que consista en transmitir por una red de telecomunicaciones
datos facilitados por el destinatario del servicio o en facilita
acceso a ésta no serán responsables por la información transmitida,
salvo que ellos mismos hayan originado la transmisión, modificado
los datos o seleccionado éstos o a los destinatarios de dichos datos.No se entenderá por modificación la manipulación estrictamente
técnica de los archivos que alberguen los datos, que tiene lugar
durante su transmisión.2. Las actividades de transmisión y provisión de acceso
a que se refiere el apartado anterior incluyen el almacenamiento
automático, provisional y transitorio de los datos, siempre que
sirva exclusivamente para permitir su transmisión por la red de
telecomunicaciones y su duración no supere el tiempo razonablemente
necesario para ello.
15. Responsabilidad de los prestadores de servicios que realizan
copia temporal de los datos solicitados por los usuarios.—Los prestadores de un servicio de intermediación que transmitan
por una red de telecomunicaciones datos facilitados por un destinatario
del servicio y, con la única finalidad de hacer más eficaz su transmisión
ulterior a otros destinatarios que los soliciten, los almacenen
en sus sistemas de forma automática, provisional y temporal, no
serán responsables por el contenido de esos datos ni por la reproducción
temporal de los mismos, si:a) No modifican la información.b) Permiten el acceso a ella sólo a los destinatarios
que cumplan las condiciones impuestas a tal fin, por el destinatario
cuya información se solicita.c) Respetan las normas generalmente aceptadas y aplicadas
por el sector para la actualización de la información.d) No interfieren en la utilización lícita de tecnología
generalmente aceptada y empleada por el sector, con el fin de obtener datos
sobre la utilización de la información, ye) Retiran la información que hayan almacenado o hacen
imposible el acceso a ella, en cuanto tengan conocimiento efectivo de:1.º Que ha sido retirada del lugar de la red en que se
encontraba inicialmente.2.º Que se ha imposibilitado el acceso a ella, o3.º Que un tribunal u órgano administrativo competente
ha ordenado retirarla o impedir que se acceda a ella.
16. Responsabilidad de los prestadores de servicios de alojamiento
o almacenamiento de datos.—1. Los prestadores de un servicio de intermediación consistente
en albergar datos proporcionados por el destinatario de este servicio
no serán responsables por la información almacenada a petición del
destinatario, siempre que:a) No tengan conocimiento efectivo de que la actividad
o la información almacenada es ilícita o de que lesiona bienes o
derechos de un tercero susceptibles de indemnización, ob) Si lo tienen, actúen con diligencia para retirar los
datos o hacer imposible el acceso a ellos.Se entenderá que el prestador de servicios tiene el conocimiento
haya declarado la ilicitud de los datos, ordenado su retirada o
que se imposibilite el acceso a los mismos, o se hubiera declarado
la existencia de la lesión, y el prestador conociera la correspondiente
establecerse.2. La exención de responsabilidad establecida en el apartado
1 no operará en el supuesto de que el destinatario del servicio actúe
bajo la dirección, autoridad o control de su prestador.
17. Responsabilidad de los prestadores de servicios que faciliten
enlaces a contenidos o instrumentos de búsqueda.— 1. Los prestadores de servicios de la sociedad de la información
que faciliten enlaces a otros contenidos o incluyan en los suyos
directorios o instrumentos de búsqueda de contenidos no serán responsables
por la información a la que dirijan a los destinatarios de sus servicios,
siempre que:a) No tengan conocimiento efectivo de que la actividad
o la información a la que remiten o recomiendan es ilícita o de
que lesiona bienes o derechos de un tercero susceptibles de indemnización,
ob) Si lo tienen, actúen con diligencia para suprimir o
inutilizar el enlace correspondiente.Se entenderá que el prestador de servicios tiene el conocimiento
1 no operará en el supuesto de que el proveedor de contenidos al
que se enlace o cuya localización se facilite actúe bajo la dirección,
autoridad o control del prestador que facilite la localización de
Este apartado 2 ha sido
2007.Artículo 17. Responsabilidad
de los prestadores de servicios que faciliten enlaces a contenidos
o instrumentos de búsqueda.—1. Los prestadores
de servicios de la sociedad de la información que faciliten enlaces
a otros contenidos o incluyan en los suyos directorios o instrumentos
de búsqueda de contenidos no serán responsables por la información
a la que dirijan a los destinatarios de sus servicios, siempre que:a) No tengan conocimiento efectivo de que la actividad
establecerse.La exención de responsabilidad establecida en el apartado
bajo la dirección, autoridad o control del prestador que facilite
la localización de esos contenidos».
Códigos de conductaArtículo
18. Códigos de conducta.— 1. Las Administraciones públicas impulsarán, a través
de la coordinación y el asesoramiento, la elaboración y aplicación
de códigos de conducta voluntarios, por parte de las corporaciones,
asociaciones u organizaciones comerciales, profesionales y de consumidores,
en las materias reguladas en esta Ley. La Administración General
del Estado fomentará, en especial, la elaboración de códigos de
conducta de ámbito comunitario o internacional.Los códigos de conducta podrán tratar, en particular,
sobre los procedimientos para la detección y retirada de contenidos
ilícitos y la protección de los destinatarios frente al envío por
vía electrónica de comunicaciones comerciales no solicitadas, así como
sobre los procedimientos extrajudiciales para la resolución de los
conflictos que surjan por la prestación de los servicios de la sociedad
de la información.2. En la elaboración de dichos códigos, habrá de garantizarse
la participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y
la de las organizaciones representativas de personas con discapacidades
físicas o psíquicas, cuando afecten a sus respectivos intereses.Cuando su contenido pueda afectarles, los códigos de conducta
tendrán especialmente en cuenta la protección de los menores y de
la dignidad humana, pudiendo elaborarse, en caso necesario, códigos
específicos sobre estas materias.Los poderes públicos estimularán, en particular, el establecimiento
de criterios comunes acordados por la industria para la clasificación
y etiquetado de contenidos y la adhesión de los prestadores a los
mismos.3. Los códigos de conducta a los que hacen referencia
los apartados precedentes deberán ser accesibles por vía electrónica. Se
fomentará su traducción a otras lenguas oficiales, en el Estado
y de la Unión Europea, con objeto de darles mayor difusión.
2007.Artículo 18. Códigos de conducta.—1.
Las Administraciones públicas impulsarán, a través de la coordinación
y el asesoramiento, la elaboración y aplicación de códigos de conducta
voluntarios, por parte de las corporaciones, asociaciones u organizaciones
comerciales, profesionales y de consumidores, en las materias reguladas
en esta Ley. La Administración General del Estado fomentará, en
especial, la elaboración de códigos de conducta de ámbito comunitario
o internacional.Los códigos de conducta podrán tratar, en particular,
fomentará su traducción a otras lenguas oficiales en la Comunidad
Europea, con objeto de darles mayor difusión.
por vía electrónica	Artículo
19. Régimen jurídico.—1. Las comunicaciones comerciales y las ofertas promocionales
se regirán, además de por la presente Ley, por su normativa propia
y la vigente en materia comercial y de publicidad.2. En todo caso, será de aplicación la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, y su normativa de desarrollo, en especial, en
lo que se refiere a la obtención de datos personales, la información
a los interesados y la creación y mantenimiento de ficheros de datos
20. Información exigida sobre las comunicaciones comerciales, ofertas
promocionales y concursos.— 1. Las comunicaciones comerciales realizadas por vía electrónica
deberán ser claramente identificables como tales y la persona física
o jurídica en nombre de la cual se realizan también deberá ser claramente
identificable.En el caso en el que tengan lugar a través de correo electrónico
u otro medio de comunicación electrónica equivalente incluirán al
comienzo del mensaje la palabra «publicidad» o la abreviatura «publi».2. En los supuestos de ofertas promocionales, como las
que incluyan descuentos, premios y regalos, y de concursos o juegos promocionales,
previa la correspondiente autorización, se deberá asegurar, además
del cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado anterior
y en las normas de ordenación del comercio, que queden claramente
identificados como tales y que las condiciones de acceso y, en su
caso, de participación sean fácilmente accesibles y se expresen
de forma clara e inequívoca.3. Lo dispuesto en los apartados anteriores se entiende
sin perjuicio de lo que dispongan las normativas dictadas por las
Comunidades Autónomas con competencias exclusivas sobre consumo,
comercio electrónico o publicidad.4. En todo caso, queda prohibido el envío de comunicaciones
comerciales en las que se disimule o se oculte la identidad del
remitente por cuenta de quien se efectúa la comunicación o que contravengan
lo dispuesto en este artículo, así como aquéllas en las que se incite
a los destinatarios a visitar páginas de Internet que contravengan
lo dispuesto en este artículo.
Este apartado 4 ha sido
añadido por el Real Decreto-Ley 13/2012, de 30 de marzo (BOE del 31), por
el que se transponen directivas en materia de mercados interiores
de electricidad y gas y en materia de comunicaciones electrónicas,
y por el que se adoptan medidas para la corrección de las desviaciones
por desajustes entre los costes e ingresos de los sectores eléctrico
y gasista.Este artículo 20 ha sido redactado, salvo la excepción
hecha, por la Ley 56/2007, de 28 de diciembre (BOE del 29), de Medidas de
Impulso de la Sociedad de la Información. — REDACCIÓN ANTERIOR POR EL ARTÍCULO 4 DE LA
LEY 56/2007, DE 28 DE DICIEMBRE (BOE DEL 29). MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO.VIGENTE DE 30 DE DICIEMBRE DE 2007 A 31 DE MARZO DE 2012.Artículo 20. Información exigida
sobre las comunicaciones comerciales, ofertas promocionales y concursos.—1.
Las comunicaciones comerciales realizadas por vía electrónica deberán
ser claramente identificables como tales y la persona física o jurídica
en nombre de la cual se realizan también deberá ser claramente identificable.En el caso en el que tengan lugar a través de correo electrónico
comercio electrónico o publicidad.— REDACCIÓN ORIGINARIA.VIGENTE DE 12 DE OCTUBRE DE 2002 A 29 DE DICIEMBRE DE
2007.Artículo 20. Información exigida
sobre las comunicaciones comerciales, ofertas promocionales y concursos.—Artículo
promocionales y concursos.1. Las comunicaciones comerciales realizadas por vía electrónica
deberán ser claramente identificables como tales y deberán indicar
la persona física o jurídica en nombre de la cual se realizan.En el caso en el que tengan lugar a través de correo electrónico
comienzo del mensaje la palabra "publicidad".2. En los supuestos de ofertas promocionales, como las
caso, de participación se expresen de forma clara e inequívoca..
21. Prohibición de comunicaciones comerciales no solicitadas realizadas
a través de correo electrónico o medios de comunicación electrónica
equivalentes.— 1. Queda prohibido el envío de comunicaciones publicitarias
o promocionales por correo electrónico u otro medio de comunicación
electrónica equivalente que previamente no hubieran sido solicitadas
o expresamente autorizadas por los destinatarios de las mismas.2. Lo dispuesto en el apartado anterior no será de aplicación
cuando exista una relación contractual previa, siempre que el prestador
hubiera obtenido de forma lícita los datos de contacto del destinatario
y los empleara para el envío de comunicaciones comerciales referentes
a productos o servicios de su propia empresa que sean similares
a los que inicialmente fueron objeto de contratación con el cliente.En todo caso, el prestador deberá ofrecer al destinatario
la posibilidad de oponerse al tratamiento de sus datos con fines
promocionales mediante un procedimiento sencillo y gratuito, tanto
en el momento de recogida de los datos como en cada una de las comunicaciones
comerciales que le dirija.Cuando las comunicaciones hubieran sido remitidas por
correo electrónico, dicho medio deberá consistir necesariamente
en la inclusión de una dirección electrónica válida donde pueda
ejercitarse este derecho, quedando prohibido el envío de comunicaciones
que no incluyan dicha dirección.
Este párrafo ha sido añadido
por el Real Decreto-Ley 13/2012, de 30 de marzo (BOE del 31), por
y gasista.Este artículo 21 ha sido redactado, salvo la excepción
hecha, por la Ley 32/2003, de 3 de noviembre (BOE del 4), General
de Telecomunicaciones. — REDACCIÓN ANTERIOR POR LA DISPOSICIÓN FINAL
PRIMERA DE LA LEY 32/2003, DE 3 DE NOVIEMBRE (BOE DEL 4). MODIFICACIÓN
DEL ARTÍCULO.VIGENTE DE 5 DE NOVIEMBRE DE 2003 A 31 DE MARZO DE 2012.Artículo 21. Prohibición de comunicaciones
comerciales no solicitadas realizadas a través de correo electrónico
o medios de comunicación electrónica equivalentes.—1.
Queda prohibido el envío de comunicaciones publicitarias o promocionales
por correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica
equivalente que previamente no hubieran sido solicitadas o expresamente
autorizadas por los destinatarios de las mismas.2. Lo dispuesto en el apartado anterior no será de aplicación
comerciales que le dirija.— REDACCIÓN ORIGINARIA.VIGENTE DE 12 DE OCTUBRE DE 2002 A 4 DE NOVIEMBRE DE 2003.Artículo 21. Prohibición de comunicaciones
o medios de comunicación electrónica equivalentes.—Queda
prohibido el envío de comunicaciones publicitarias o promocionales
22. Derechos de los destinatarios de servicios.— 1. El destinatario podrá revocar en cualquier momento
el consentimiento prestado a la recepción de comunicaciones comerciales
con la simple notificación de su voluntad al remitente.A tal efecto, los prestadores de servicios deberán habilitar
procedimientos sencillos y gratuitos para que los destinatarios
de servicios puedan revocar el consentimiento que hubieran prestado.
Cuando las comunicaciones hubieran sido remitidas por correo electrónico
dicho medio deberá consistir necesariamente en la inclusión de una
dirección electrónica válida donde pueda ejercitarse este derecho
quedando prohibido el envío de comunicaciones que no incluyan dicha
dirección.Asimismo, deberán facilitar información accesible por
medios electrónicos sobre dichos procedimientos.2. Los prestadores de servicios podrán utilizar dispositivos
de almacenamiento y recuperación de datos en equipos terminales
de los destinatarios, a condición de que los mismos hayan dado su
consentimiento después de que se les haya facilitado información
clara y completa sobre su utilización, en particular, sobre los
fines del tratamiento de los datos, con arreglo a lo dispuesto en
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal.Cuando sea técnicamente posible y eficaz, el consentimiento
del destinatario para aceptar el tratamiento de los datos podrá facilitarse
mediante el uso de los parámetros adecuados del navegador o de otras
aplicaciones, siempre que aquél deba proceder a su configuración
durante su instalación o actualización mediante una acción expresa
a tal efecto.Lo anterior no impedirá el posible almacenamiento o acceso
de índole técnica al solo fin de efectuar la transmisión de una comunicación
por una red de comunicaciones electrónicas o, en la medida que resulte
estrictamente necesario, para la prestación de un servicio de la
Este artículo 22 ha sido
redactado por el Real Decreto-Ley 13/2012, de 30 de marzo (BOE del 31), por
y gasista.
— REDACCIÓN ANTERIOR POR LA DISPOSICIÓN FINAL
DEL ARTÍCULO.VIGENTE DE 5 DE NOVIEMBRE DE 2003 A 31 DE MARZO DE 2012.Artículo 22. Derechos de los
destinatarios de servicios.—1. El destinatario
podrá revocar en cualquier momento el consentimiento prestado a
la recepción de comunicaciones comerciales con la simple notificación
de su voluntad al remitente.A tal efecto, los prestadores de servicios deberán habilitar
de servicios puedan revocar el consentimiento que hubieran prestado.Asimismo, deberán facilitar información accesible por
medios electrónicos sobre dichos procedimientos.2. Cuando los prestadores de servicios empleen dispositivos
de almacenamiento y recuperación de datos en equipos terminales,
informarán a los destinatarios de manera clara y completa sobre
su utilización y finalidad, ofreciéndoles la posibilidad de rechazar
el tratamiento de los datos mediante un procedimiento sencillo y
gratuito.Lo anterior no impedirá el posible almacenamiento o acceso
a datos con el fin de efectuar o facilitar técnicamente la transmisión
de una comunicación por una red de comunicaciones electrónicas o,
en la medida que resulte estrictamente necesario, para la prestación
de un servicio de la sociedad de la información expresamente solicitado
por el destinatario.— REDACCIÓN ORIGINARIA.VIGENTE DE 12 DE OCTUBRE DE 2002 A 4 DE NOVIEMBRE DE 2003.Artículo 22. Derechos de los
destinatarios de comunicaciones comerciales.—1.
Si el destinatario de servicios debiera facilitar su dirección de
correo electrónico durante el proceso de contratación o de suscripción
a algún servicio y el prestador pretendiera utilizarla posteriormente
para el envío de comunicaciones comerciales, deberá poner en conocimiento
de su cliente esa intención y solicitar su consentimiento para la
recepción de dichas comunicaciones, antes de finalizar el procedimiento
de contratación.2. El destinatario podrá revocar en cualquier momento
medios electrónicos sobre dichos procedimientos.
Contratación por vía electrónica	Artículo
23. Validez y eficacia de los contratos celebrados por vía electrónica.—1. Los contratos celebrados por vía electrónica producirán
todos los efectos previstos por el ordenamiento jurídico, cuando
concurran el consentimiento y los demás requisitos necesarios para
su validez.Los contratos electrónicos se regirán por lo dispuesto
en este Título, por los Códigos Civil y de Comercio y por las restantes normas
civiles o mercantiles sobre contratos, en especial, las normas de
protección de los consumidores y usuarios y de ordenación de la
actividad comercial.2. Para que sea válida la celebración de contratos por
vía electrónica no será necesario el previo acuerdo de las partes
sobre la utilización de medios electrónicos.3. Siempre que la Ley exija que el contrato o cualquier
información relacionada con el mismo conste por escrito, este requisito se
entenderá satisfecho si el contrato o la información se contiene
en un soporte electrónico.4. No será de aplicación lo dispuesto en el presente Título
a los contratos relativos al Derecho de familia y sucesiones.Los contratos, negocios o actos jurídicos en los que la
Ley determine para su validez o para la producción de determinados efectos
la forma documental pública, o que requieran por Ley la intervención
de órganos jurisdiccionales, notarios, registradores de la propiedad
y mercantiles o autoridades públicas, se regirán por su legislación
24. Prueba de los contratos celebrados por vía electrónica.— 1. La prueba de la celebración de un contrato por vía
electrónica y la de las obligaciones que tienen su origen en él
se sujetará a las reglas generales del ordenamiento jurídico.Cuando los contratos celebrados por vía electrónica estén
firmados electrónicamente se estará a lo establecido en el artículo 3 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
Este apartado 1 ha sido
de Impulso de la Sociedad de la Información. 2. En todo caso, el soporte electrónico en que conste
un contrato celebrado por vía electrónica será admisible en juicio
como prueba documental.
2007.Artículo 24. Prueba de los contratos
celebrados por vía electrónica.—1. La prueba
de la celebración de un contrato por vía electrónica y la de las
obligaciones que tienen su origen en él se sujetará a las reglas
generales del ordenamiento jurídico y, en su caso, a lo establecido
en la legislación sobre firma electrónica.2. En todo caso, el soporte electrónico en que conste
25. Intervención de terceros de confianza.—1. Las partes podrán pactar que un tercero archive las
declaraciones de voluntad que integran los contratos electrónicos
tenido lugar. La intervención de dichos terceros no podrá alterar
ni sustituir las funciones que corresponde realizar a las personas
facultadas con arreglo a Derecho para dar fe pública.2. El tercero deberá archivar en soporte informático las
declaraciones que hubieran tenido lugar por vía telemática entre
las partes por el tiempo estipulado que, en ningún caso, será inferior
Artículo 26. Ley aplicable.—Para la determinación de la ley aplicable a los contratos
electrónicos se estará a lo dispuesto en las normas de Derecho internacional
privado del ordenamiento jurídico español, debiendo tomarse en consideración
para su aplicación lo establecido en los artículos 2 y 3 de esta Ley.
27. Obligaciones previas a la contratación.— 1. Además del cumplimiento de los requisitos en materia
de información que se establecen en la normativa vigente, el prestador
de servicios de la sociedad de la información que realice actividades
de contratación electrónica tendrá la obligación de poner a disposición
del destinatario, antes de iniciar el procedimiento de contratación
y mediante técnicas adecuadas al medio de comunicación utilizado,
de forma permanente, fácil y gratuita, información clara, comprensible
e inequívoca sobre los siguientes extremos:a) Los distintos trámites que deben seguirse para celebrar
el contrato.b) Si el prestador va a archivar el documento electrónico
en que se formalice el contrato y si éste va a ser accesible.c) Los medios técnicos que pone a su disposición para
identificar y corregir errores en la introducción de los datos,
yd) La lengua o lenguas en que podrá formalizarse el contrato.La obligación de poner a disposición del destinatario
la información referida en el párrafo anterior se dará por cumplida
si el prestador la incluye en su página o sitio de Internet en las
condiciones señaladas en dicho párrafo.Cuando el prestador diseñe específicamente sus servicios
de contratación electrónica para ser accedidos mediante dispositivos
que cuenten conpantallas de formato reducido, se entenderá cumplida
la obligación establecida en este apartado cuando facilite de manera
permanente, fácil, directa y exacta la dirección de Internet en
que dicha información es puesta a disposición del destinatario.
de Impulso de la Sociedad de la Información. 2. El prestador no tendrá la obligación de facilitar la
información señalada en el apartado anterior cuando:
redactado por la Ley 56/2007, de 28 de diciembre (BOE
del 29), de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información. a) Ambos contratantes así lo acuerden y ninguno de ellos
tenga la consideración de consumidor, ob) El contrato se haya celebrado exclusivamente mediante
intercambio de correo electrónico u otro tipo de comunicación electrónica
equivalente.3. Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación específica,
las ofertas o propuestas de contratación realizadas por vía electrónica
serán válidas durante el período que fije el oferente o, en su defecto,
durante todo el tiempo que permanezcan accesibles a los destinatarios
del servicio.4. Con carácter previo al inicio del procedimiento de
contratación, el prestador de servicios deberá poner a disposición
del destinatario las condiciones generales a que, en su caso, deba
sujetarse el contrato, de manera que éstas puedan ser almacenadas
y reproducidas por el destinatario.
La rúbrica de este artículo
27 ha sido redactada por la Ley 56/2007, de 28 de diciembre (BOE del 29), de Medidas
2007.Artículo 27. Obligaciones previas
al inicio del procedimiento de contratación.—1.
Además del cumplimiento de los requisitos en materia de información
que se establecen en la normativa vigente, el prestador de servicios
de la sociedad de la información que realice actividades de contratación
electrónica tendrá la obligación de informar al destinatario de
manera clara, comprensible e inequívoca, y antes de iniciar el procedimiento
de contratación, sobre los siguientes extremos:a) Los distintos trámites que deben seguirse para celebrar
yd) La lengua o lenguas en que podrá formalizarse el contrato.2. El prestador no tendrá la obligación de facilitar la
información señalada en el apartado anterior cuando:a) Ambos contratantes así lo acuerden y ninguno de ellos
equivalente, cuando estos medios no sean empleados con el exclusivo
propósito de eludir el cumplimiento de tal obligación.3. Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación específica,
28. Información posterior a la celebración del contrato.—1. El oferente está obligado a confirmar la recepción
de la aceptación al que la hizo por alguno de los siguientes medios:a) El envío de un acuse de recibo por correo electrónico
u otro medio de comunicación electrónica equivalente a la dirección que
el aceptante haya señalado, en el plazo de las veinticuatro horas
siguientes a la recepción de la aceptación, ob) La confirmación, por un medio equivalente al utilizado
en el procedimiento de contratación, de la aceptación recibida,
tan pronto como el aceptante haya completado dicho procedimiento,
siempre que la confirmación pueda ser archivada por su destinatario.En los casos en que la obligación de confirmación corresponda
a un destinatario de servicios, el prestador facilitará el cumplimiento
de dicha obligación, poniendo a disposición del destinatario alguno
de los medios indicados en este apartado. Esta obligación será exigible
tanto si la confirmación debiera dirigirse al propio prestador o
a otro destinatario.2. Se entenderá que se ha recibido la aceptación y su
confirmación cuando las partes a que se dirijan puedan tener constancia de
ello.En el caso de que la recepción de la aceptación se confirme
mediante acuse de recibo, se presumirá que su destinatario puede
tener la referida constancia desde que aquél haya sido almacenado
en el servidor en que esté dada de alta su cuenta de correo electrónico,
o en el dispositivo utilizado para la recepción de comunicaciones.3. No será necesario confirmar la recepción de la aceptación
de una oferta cuando:a) Ambos contratantes así lo acuerden y ninguno de ellos
propósito de eludir el cumplimiento de tal obligación.
29. Lugar de celebración del contrato.—Los contratos celebrados por vía electrónica en los que
intervenga como parte un consumidor se presumirán celebrados en
el lugar en que éste tenga su residencia habitual.Los contratos electrónicos entre empresarios o profesionales,
en defecto de pacto entre las partes, se presumirán celebrados en
el lugar en que esté establecido el prestador de servicios.
Solución judicial y extrajudicial
de conflictos	CAPÍTULO I
Acción de cesaciónArtículo
30. Acción de cesación.—1. Contra las conductas contrarias a la presente Ley que
lesionen intereses colectivos o difusos de los consumidores podrá
interponerse acción de cesación.2. La acción de cesación se dirige a obtener una sentencia
que condene al demandado a cesar en la conducta contraria a la presente
Ley y a prohibir su reiteración futura. Asimismo, la acción podrá
ejercerse para prohibir la realización de una conducta cuando ésta
haya finalizado al tiempo de ejercitar la acción, si existen indicios
suficientes que hagan temer su reiteración de modo inminente.3. La acción de cesación se ejercerá conforme a las prescripciones
de la Ley de Enjuiciamiento Civil para esta clase de acciones.
31. Legitimación activa.— Están legitimados
para interponer la acción de cesación:a) Las personas físicas o jurídicas titulares de un derecho
o interés legítimo, incluidas aquéllas que pudieran verse perjudicadas
por infracciones de las disposiciones contenidas en los Ley 34/2002, de 11 de julio. Sociedad de la información y comercio electrónico
Artículo 21. Prohibición de comunicaciones comerciales no solicitadas realizadas
Ley 34/2002, de 11 de julio. Sociedad de la información y comercio electrónico
Artículo 22. Derechos de los destinatarios de servicios.—
artículos 21 y 22, entre
ellas, los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas
que deseen proteger sus intereses comerciales legítimos o los intereses
de sus clientes.b) Los grupos de consumidores o usuarios afectados, en
los casos y condiciones previstos en la Ley de Enjuiciamiento Civil.c) Las asociaciones de consumidores y usuarios que reúnan
los requisitos establecidos en la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, o, en su caso, en la legislación
autonómica en materia de defensa de los consumidores.d) El Ministerio Fiscal.e) El Instituto Nacional del Consumo y los órganos correspondientes
de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales competentes
en materia de defensa de los consumidores.f) Las entidades de otros Estados miembros de la Unión
Europea constituidas para la protección de los intereses colectivos o
difusos de los consumidores que estén habilitadas ante la Comisión
Europea mediante su inclusión en la lista publicada a tal fin en
el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas».Los Jueces y Tribunales aceptarán dicha lista como prueba
de la capacidad de la entidad habilitada para ser parte, sin perjuicio
de examinar si la finalidad de la misma y los intereses afectados
legitiman el ejercicio de la acción.
— REDACCIÓN ORIGINARIA.VIGENTE DE 12 DE OCTUBRE DE 2002 A 31 DE MARZO DE 2012.Artículo 31. Legitimación activa.—Están
legitimados para interponer la acción de cesación:a) Las personas físicas o jurídicas titulares de un derecho
o interés legítimo.b) Los grupos de consumidores o usuarios afectados, en
los requisitos establecidos en la Ley 26/1984, de 19 de julio, General
para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, o, en su caso, en
la legislación autonómica en materia de defensa de los consumidores.d) El Ministerio Fiscal.e) El Instituto Nacional del Consumo y los órganos correspondientes
Solución extrajudicial de conflictosArtículo
32. Solución extrajudicial de conflictos.—1. El prestador y el destinatario de servicios de la sociedad
de la información podrán someter sus conflictos a los arbitrajes
previstos en la legislación de arbitraje y de defensa de los consumidores
y usuarios, y a los procedimientos de resolución extrajudicial de
conflictos que se instauren por medio de códigos de conducta u otros
instrumentos de autorregulación.2. En los procedimientos de resolución extrajudicial de
conflictos a que hace referencia el apartado anterior, podrá hacerse uso
de medios electrónicos, en los términos que establezca su normativa
Información y control	Artículo
33. Información a los destinatarios y prestadores de servicios.— Los destinatarios y prestadores de servicios de la sociedad
de la información podrán dirigirse a cualesquiera órganos competentes
en materia de sociedad de la información, sanidad y consumo de las
Administraciones Públicas, para:a) Conseguir información general sobre sus derechos y
obligaciones contractuales en el marco de la normativa aplicable
a la contratación electrónica,b) Informarse sobre los procedimientos de resolución judicial
y extrajudicial de conflictos, yc) Obtener los datos de las autoridades, asociaciones
u organizaciones que puedan facilitarles información adicional o
asistencia práctica.La comunicación con dichos órganos podrá hacerse por medios
Este artículo 33 ha sido
2007.Artículo 33. Información a los
destinatarios y prestadores de servicios.—Los
destinatarios y prestadores de servicios de la sociedad de la información
podrán dirigirse a los Ministerios de Ciencia y Tecnología, de Justicia,
de Economía y de Sanidad y Consumo, y a los órganos que determinen
las respectivas Comunidades Autónomas y Entidades Locales, para:a) Conseguir información general sobre sus derechos y
a la contratación electrónica.b) Informarse sobre los procedimientos de resolución judicial
34. Comunicación de resoluciones relevantes.—1. El Consejo General del Poder Judicial remitirá al Ministerio
de Justicia, en la forma y con la periodicidad que se acuerde mediante
Convenio entre ambos órganos, todas las resoluciones judiciales
que contengan pronunciamientos relevantes sobre la validez y eficacia
de los contratos celebrados por vía electrónica, sobre su utilización
como prueba en juicio, o sobre los derechos, obligaciones y régimen
de responsabilidad de los destinatarios y los prestadores de servicios
de la sociedad de la información.2. Los órganos arbitrales y los responsables de los demás
procedimientos de resolución extrajudicial de conflictos a que se refiere
el artículo 32.1 comunicarán al Ministerio
de Justicia los laudos o decisiones que revistan importancia para
la prestación de servicios de la sociedad de la información y el
comercio electrónico de acuerdo con los criterios indicados en el
apartado anterior.3. En la comunicación de las resoluciones, laudos y decisiones
a que se refiere este artículo, se tomarán las precauciones necesarias
para salvaguardar el derecho a la intimidad y a la protección de
los datos personales de las personas identificadas en ellos.4. El Ministerio de Justicia remitirá a la Comisión Europea
y facilitará el acceso de cualquier interesado a la información
recibida de conformidad con este artículo.
35. Supervisión y control.— 1. El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en el
ámbito de la Administración General del Estado, y los órganos que
correspondan de las Comunidades Autónomas, controlarán, en sus respectivos
ámbitos territoriales y competenciales, el cumplimiento por los
prestadores de servicios de la sociedad de la información de las
obligaciones establecidas en esta Ley y en sus disposiciones de
desarrollo, en lo que se refiere a los servicios propios de la sociedad
de la información.No obstante, las referencias a los órganos competentes
contenidas en los artículos 8, 10, 11, 15, 16, 17 y 38 se entenderán hechas a los
órganos jurisdiccionales o administrativos que, en cada caso, lo
sean en función de la materia.
de Impulso de la Sociedad de la Información. 2. Los órganos citados en el apartado 1 de este artículo
podrán realizar las actuaciones inspectoras que sean precisas para el
ejercicio de su función de control.Los funcionarios adscritos a dichos órganos y que ejerzan
la inspección a que se refiere el párrafo anterior tendrán la consideración
del 29), de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información. 3. En todo caso, y no obstante lo dispuesto en el apartado
anterior, cuando las conductas realizadas por los prestadores de servicios
de la sociedad de la información estuvieran sujetas, por razón de
la materia o del tipo de entidad de que se trate, a ámbitos competenciales,
de tutela o de supervisión específicos, con independencia de que
se lleven a cabo utilizando técnicas y medios telemáticos o electrónicos,
los órganos a los que la legislación sectorial atribuya competencias
de control, supervisión, inspección o tutela específica ejercerán
las funciones que les correspondan.
2007.Artículo 35. Supervisión y control.—1.
El Ministerio de Ciencia y Tecnología controlará el cumplimiento
por los prestadores de servicios de la sociedad de la información
de las obligaciones establecidas en esta Ley y en sus disposiciones
de desarrollo, en lo que se refiere a los servicios propios de la
sociedad de la información.No obstante, las referencias a los órganos competentes
contenidas en los artículos 8, 10, 11, 15, 16, 17 y 38 se entenderán hechas
a los órganos jurisdiccionales o administrativos que, en cada caso,
lo sean en función de la materia.2. El Ministerio de Ciencia y Tecnología podrá realizar
las actuaciones inspectoras que sean precisas para el ejercicio
de su función de control.Los funcionarios adscritos al Ministerio de Ciencia y
Tecnología que ejerzan la inspección a que se refiere el apartado
anterior tendrán la consideración de autoridad pública en el desempeño
de sus cometidos.3. En todo caso, y no obstante lo dispuesto en el apartado
36. Deber de colaboración.—1. Los prestadores de servicios de la sociedad de la información
tienen la obligación de facilitar al Ministerio de Ciencia y Tecnología
y a los demás órganos a que se refiere el artículo anterior toda la información y colaboración
precisas para el ejercicio de sus funciones.Igualmente, deberán permitir a sus agentes o al personal
inspector el acceso a sus instalaciones y la consulta de cualquier documentación
relevante para la actividad de control de que se trate, siendo de
aplicación, en su caso, lo dispuesto en el artículo 8.5 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.2. Cuando, como consecuencia de una actuación inspectora,
se tuviera conocimiento de hechos que pudieran ser constitutivos
de infracciones tipificadas en otras leyes, estatales o autonómicas,
se dará cuenta de los mismos a los órganos u organismos competentes
para su supervisión y sanción.
Infracciones y sanciones	Artículo 37. Responsables.—Los prestadores de servicios de la sociedad de la información
están sujetos al régimen sancionador establecido en este Título
cuando la presente Ley les sea de aplicación.
Artículo 38. Infracciones.— 1. Las infracciones
de los preceptos de esta Ley se calificarán como muy graves, graves
y leves.2. Son infracciones muy graves:a) [...]
Esta letra a) ha sido derogada
de Impulso de la Sociedad de la Información. b) El incumplimiento de la obligación de suspender la
transmisión, el alojamiento de datos, el acceso a la red o la prestación de
cualquier otro servicio equivalente de intermediación, cuando un
órgano administrativo competente lo ordene, en virtud de lo dispuesto
en el artículo 11.c) [...]
Esta letra c) ha sido derogada
por la Ley 25/2007, de 18 de octubre (BOE del 19), de conservación
de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y las redes
de comunicaciones. d) [...]
Esta letra d) ha sido derogada
redactado por la Ley 59/2003, de 19 de diciembre (BOE del 20), de firma
electrónica. 3. Son infracciones graves:a) [...]
de comunicaciones. b) El incumplimiento significativo de lo establecido en
los párrafos a) y f) del artículo 10.1.c) El envío masivo de comunicaciones comerciales por correo
o el envío, en el plazo de un año, de más de tres comunicaciones
comerciales por los medios aludidos a un mismo destinatario, cuando
en dichos envíos no se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 21.d) El incumplimiento significativo de la obligación del
prestador de servicios establecida en el apartado 1 del artículo 22, en relación con los procedimientos
para revocar el consentimiento prestado por los destinatarios.e) No poner a disposición del destinatario del servicio
las condiciones generales a que, en su caso, se sujete el contrato,
en la forma prevista en el artículo 27.f) El incumplimiento habitual de la obligación de confirmar
la recepción de una aceptación, cuando no se haya pactado su exclusión
o el contrato se haya celebrado con un consumidor.g) La resistencia, excusa o negativa a la actuación inspectora
de los órganos facultados para llevarla a cabo con arreglo a esta
ley.h) El incumplimiento significativo de lo establecido en
el apartado 3 del artículo 10.i) El incumplimiento significativo de las obligaciones
de información o de establecimiento de un procedimiento de rechazo
del tratamiento de datos, establecidas en el apartado 2 del artículo 22.
electrónica. 4. Son infracciones leves:a) El incumplimiento de lo previsto en el artículo 12 bis.
Esta letra a) ha sido redactada
del 29), de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información. b) No informar en la forma prescrita por el artículo 10.1 sobre los aspectos señalados en los párrafos b), c), d), e) y g) del mismo, o en los párrafos a) y f) cuando no constituya infracción
grave.c) El incumplimiento de lo previsto en el artículo 20 para las comunicaciones comerciales,
ofertas promocionales y concursos.d) El envío de comunicaciones comerciales por correo electrónico
u otro medio de comunicación electrónica equivalente cuando en dichos
envíos no se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 21 y no constituya infracción
grave.e) No facilitar la información a que se refiere el artículo 27.1, cuando las partes no hayan
pactado su exclusión o el destinatario sea un consumidor.f) El incumplimiento de la obligación de confirmar la
recepción de una petición en los términos establecidos en el artículo 28, cuando no se haya pactado
su exclusión o el contrato se haya celebrado con un consumidor,
salvo que constituya infracción grave.g) El incumplimiento de las obligaciones de información
o de establecimiento de un procedimiento de rechazo del tratamiento de
datos, establecidas en el apartado 2 del artículo 22, cuando no constituya una
infracción grave.h) El incumplimiento de la obligación del prestador de
servicios establecida en el apartado 1 del artículo 22, en relación con los procedimientos
para revocar el consentimiento prestado por los destinatarios cuando
no constituya infracción grave.i) El incumplimiento de lo establecido en el apartado 3 del artículo 10, cuando no constituya infracción
electrónica. — REDACCIÓN ANTERIOR POR LA DISPOSICIÓN DEROGATORIA
DE LA LEY 25/2007, DE 18 DE OCTUBRE (BOE DEL 19). DEROGACIÓN DE LOS APARTADOS 2.C) Y D) Y 3.A).VIGENTE DE 8 DE NOVIEMBRE DE 2007 A 29 DE DICIEMBRE DE
2007. Artículo 38. Infracciones.—1.
Las infracciones de los preceptos de esta Ley se calificarán como
muy graves, graves y leves.2. Son infracciones muy graves:a) El incumplimiento de las órdenes dictadas en virtud
del artículo 8 en aquellos supuestos en que hayan sido dictadas
por un órgano administrativo.b) El incumplimiento de la obligación de suspender la
en el artículo 11.c) [...]d) [...]3. Son infracciones graves:a) [...]b) El incumplimiento significativo de lo establecido en
en dichos envíos no se cumplan los requisitos establecidos en el
artículo 21.d) El incumplimiento significativo de la obligación del
prestador de servicios establecida en el apartado 1 del artículo
22, en relación con los procedimientos para revocar el consentimiento
prestado por los destinatarios.e) No poner a disposición del destinatario del servicio
del tratamiento de datos, establecidas en el apartado 2 del artículo
22.4. Son infracciones leves:a) La falta de comunicación al registro público en que
estén inscritos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 9,
del nombre o nombres de dominio o direcciones de Internet que empleen
para la prestación de servicios de la sociedad de la información.b) No informar en la forma prescrita por el artículo 10.1
sobre los aspectos señalados en los párrafos b), c), d), e) y g)
del mismo, o en los párrafos a) y f) cuando no constituya infracción
grave.c) El incumplimiento de lo previsto en el artículo 20
para las comunicaciones comerciales, ofertas promocionales y concursos.d) El envío de comunicaciones comerciales por correo electrónico
envíos no se cumplan los requisitos establecidos en el artículo
21 y no constituya infracción grave.e) No facilitar la información a que se refiere el artículo
27.1, cuando las partes no hayan pactado su exclusión o el destinatario sea
un consumidor.f) El incumplimiento de la obligación de confirmar la
recepción de una petición en los términos establecidos en el artículo
28, cuando no se haya pactado su exclusión o el contrato se haya
celebrado con un consumidor, salvo que constituya infracción grave.g) El incumplimiento de las obligaciones de información
datos, establecidas en el apartado 2 del artículo 22, cuando no
constituya una infracción grave.h) El incumplimiento de la obligación del prestador de
servicios establecida en el apartado 1 del artículo 22, en relación
con los procedimientos para revocar el consentimiento prestado por
los destinatarios cuando no constituya infracción grave.i) El incumplimiento de lo establecido en el apartado
3 del artículo 10, cuando no constituya infracción grave.— REDACCIÓN ANTERIOR POR LA DA OCTAVA DE LA LEY
59/2003, DE 19 DE DICIEMBRE (BOE DEL 20). MODIFICACIÓN
DE LOS APARTADOS 2, 3 Y 4.VIGENTE DE 20 DE MARZO DE 2004 A 7 DE NOVIEMBRE DE 2007. Artículo 38. Infracciones.—1.
muy graves, graves y leves.2. Son infracciones muy graves:a) El incumplimiento de las órdenes dictadas
en virtud del artículo 8 en aquellos supuestos en que hayan sido
dictadas por un órgano administrativo.b) El incumplimiento de la obligación de
suspender la transmisión, el alojamiento de datos, el acceso a la
red o la prestación de cualquier otro servicio equivalente de intermediación,
cuando un órgano administrativo competente lo ordene, en virtud
de lo dispuesto en el artículo 11.c) El incumplimiento significativo de la
obligación de retener los datos de tráfico generados por las comunicaciones
establecidas durante la prestación de un servicio de la sociedad
de la información, prevista en el artículo 12.d) La utilización de los datos retenidos,
en cumplimiento del artículo 12, para fines distintos de los señalados
en él.3. Son infracciones graves:a) El incumplimiento de la obligación de
retener los datos de tráfico generados por las comunicaciones establecidas
durante la prestación de un servicio de la sociedad de la información,
prevista en el artículo 12, salvo que deba ser considerado como infracción
muy grave.b) El incumplimiento significativo de lo
establecido en los párrafos a) y f) del artículo 10.1.c) El envío masivo de comunicaciones comerciales
equivalente o el envío, en el plazo de un año, de más de tres comunicaciones
artículo 21.d) El incumplimiento significativo de la
obligación del prestador de servicios establecida en el apartado
1 del artículo 22, en relación con los procedimientos para revocar
el consentimiento prestado por los destinatarios.e) No poner a disposición del destinatario
del servicio las condiciones generales a que, en su caso, se sujete
el contrato, en la forma prevista en el artículo 27.f) El incumplimiento habitual de la obligación
de confirmar la recepción de una aceptación, cuando no se haya pactado
su exclusión o el contrato se haya celebrado con un consumidor.g) La resistencia, excusa o negativa a la
actuación inspectora de los órganos facultados para llevarla a cabo
con arreglo a esta ley.h) El incumplimiento significativo de lo
establecido en el apartado 3 del artículo 10.i) El incumplimiento significativo de las
obligaciones de información o de establecimiento de un procedimiento
de rechazo del tratamiento de datos, establecidas en el apartado
2 del artículo 22.4. Son infracciones leves:a) La falta de comunicación al registro
público en que estén inscritos, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 9, del nombre o nombres de dominio o direcciones de
Internet que empleen para la prestación de servicios de la sociedad
de la información.b) No informar en la forma prescrita por
el artículo 10.1 sobre los aspectos señalados en los párrafos b),
c), d), e) y g) del mismo, o en los párrafos a) y f) cuando no constituya
infracción grave.c) El incumplimiento de lo previsto en el
artículo 20 para las comunicaciones comerciales, ofertas promocionales
y concursos.d) El envío de comunicaciones comerciales
equivalente cuando en dichos envíos no se cumplan los requisitos
establecidos en el artículo 21 y no constituya infracción grave.e) No facilitar la información a que se
refiere el artículo 27.1, cuando las partes no hayan pactado su
exclusión o el destinatario sea un consumidor.f) El incumplimiento de la obligación de
confirmar la recepción de una petición en los términos establecidos
en el artículo 28, cuando no se haya pactado su exclusión o el contrato
se haya celebrado con un consumidor, salvo que constituya infracción
grave.g) El incumplimiento de las obligaciones
22, cuando no constituya una infracción grave.h) El incumplimiento de la obligación del
prestado por los destinatarios cuando no constituya infracción grave.i) El incumplimiento de lo establecido en
el apartado 3 del artículo 10, cuando no constituya infracción grave.— REDACCIÓN ANTERIOR POR LA DF PRIMERA DE LA
LEY 32/2003, DE 3 DE NOVIEMBRE (BOE DEL 4). MODIFICACIÓN
DE LOS APARTADOS 3.B) Y 4.D).VIGENTE DE 5 DE NOVIEMBRE DE 2003 A 19 DE MARZO DE 2004 Artículo 38. Infracciones.—1.
en el artículo 11.c) El incumplimiento de la obligación de retener los datos
de tráfico generados por las comunicaciones establecidas durante la
prestación de un servicio de la sociedad de la información, prevista
en el artículo 12.d) La utilización de los datos retenidos, en cumplimiento
del artículo 12, para fines distintos de los señalados en él.3. Son infracciones graves:a) El incumplimiento de lo establecido en los párrafos
a) y f) del artículo 10.1.b) El envío masivo de comunicaciones comerciales
equivalente, a destinatarios que no hayan autorizado su remisión
o se hayan opuesto a ella o el envío, en el plazo de un año, de
más de tres comunicaciones comerciales por los medios aludidos a
un mismo destinatario, cuando éste no hubiera solicitado o autorizado
su remisión o se hubiera opuesto a ella.c) No poner a disposición del destinatario del servicio
en la forma prevista en el artículo 27.d) El incumplimiento habitual de la obligación de confirmar
o el contrato se haya celebrado con un consumidor.e) La resistencia, excusa o negativa a la actuación inspectora
Ley.4. Son infracciones leves:a) La falta de comunicación al registro público en que
del mismo.c) El incumplimiento de lo previsto en el artículo 20
para las comunicaciones comerciales, ofertas promocionales y concursos.d) El envío de comunicaciones comerciales
equivalente a los destinatarios que no hayan autorizado su remisión
o se hayan opuesto a ella, cuando no constituya infracción grave.e) No facilitar la información a que se refiere el artículo
celebrado con un consumidor, salvo que constituya infracción grave.— REDACCIÓN ORIGINARIA.VIGENTE DE 12 DE OCTUBRE DE 2002 A 4 DE NOVIEMBRE DE 2003. Artículo 38. Infracciones.—1.
a) y f) del artículo 10.1.b) El envío masivo de comunicaciones comerciales por correo
a destinatarios que no hayan autorizado o solicitado expresamente
su remisión, o el envío, en el plazo de un año, de más de tres comunicaciones
éste no hubiera solicitado o autorizado su remisión.c) No poner a disposición del destinatario del servicio
u otro medio de comunicación electrónica equivalente a los destinatarios
que no hayan solicitado o autorizado expresamente su remisión, cuando
no constituya infracción grave.e) No facilitar la información a que se refiere el artículo
celebrado con un consumidor, salvo que constituya infracción grave.
Artículo 39. Sanciones.—1. Por la comisión de las infracciones recogidas en el artículo anterior, se impondrán las siguientes sanciones:a) Por la comisión de infracciones muy graves, multa de
150.001 hasta 600.000 euros.La reiteración en el plazo de tres años de dos o más infracciones
muy graves, sancionadas con carácter firme, podrá dar lugar, en
función de sus circunstancias, a la sanción de prohibición de actuación
en España, durante un plazo máximo de dos años.b) Por la comisión de infracciones graves, multa de 30.001
hasta 150.000 euros.c) Por la comisión de infracciones leves, multa de hasta
30.000 euros.2. Las infracciones graves y muy graves podrán llevar
aparejada la publicación, a costa del sancionado, de la resolución
sancionadora en el «Boletín Oficial del Estado», o en el diario
oficial de la Administración pública que, en su caso, hubiera impuesto la
sanción; en dos periódicos cuyo ámbito de difusión coincida con
el de actuación de la citada Administración pública o en la página
de inicio del sitio de Internet del prestador, una vez que aquélla
tenga carácter firme.Para la imposición de esta sanción, se considerará la
repercusión social de la infracción cometida, por el número de usuarios o
de contratos afectados, y la gravedad del ilícito.3. Cuando las infracciones sancionables con arreglo a
lo previsto en esta Ley hubieran sido cometidas por prestadores
de servicios establecidos en Estados que no sean miembros de la
Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, el órgano que hubiera
impuesto la correspondiente sanción podrá ordenar a los prestadores
de servicios de intermediación que tomen las medidas necesarias
para impedir el acceso desde España a los servicios ofrecidos por
aquéllos por un período máximo de dos años en el caso de infracciones
muy graves, un año en el de infracciones graves y seis meses en
el de infracciones leves.
40. Graduación de la cuantía de las sanciones.—La cuantía de las multas que se impongan se graduará atendiendo
a los siguientes criterios:a) La existencia de intencionalidad.b) Plazo de tiempo durante el que se haya venido cometiendo
la infracción.c) La reincidencia por comisión de infracciones de la
misma naturaleza, cuando así haya sido declarado por resolución
firme.d) La naturaleza y cuantía de los perjuicios causados.e) Los beneficios obtenidos por la infracción.f) Volumen de facturación a que afecte la infracción cometida.
41. Medidas de carácter provisional.—1. En los procedimientos sancionadores por infracciones
graves o muy graves se podrán adoptar, con arreglo a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
y sus normas de desarrollo, las medidas de carácter provisional
previstas en dichas normas que se estimen necesarias para asegurar
la eficacia de la resolución que definitivamente se dicte, el buen
fin del procedimiento, evitar el mantenimiento de los efectos de
la infracción y las exigencias de los intereses generales.En particular, podrán acordarse las siguientes:a) Suspensión temporal de la actividad del prestador de
servicios y, en su caso, cierre provisional de sus establecimientos.b) Precinto, depósito o incautación de registros, soportes
y archivos informáticos y de documentos en general, así como de aparatos
y equipos informáticos de todo tipo.c) Advertir al público de la existencia de posibles conductas
infractoras y de la incoación del expediente sancionador de que se
trate, así como de las medidas adoptadas para el cese de dichas
conductas.2. En la adopción y cumplimiento de las medidas a que
en este artículo.3. En todo caso, se respetará el principio de proporcionalidad
de la medida a adoptar con los objetivos que se pretendan alcanzar
en cada supuesto.4. En casos de urgencia y para la inmediata protección
de los intereses implicados, las medidas provisionales previstas
en el presente artículo podrán ser acordadas antes de la iniciación
del expediente sancionador. Las medidas deberán ser confirmadas, modificadas
o levantadas en el acuerdo de iniciación del procedimiento, que
deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a su adopción,
el cual podrá ser objeto del recurso que proceda.En todo caso, dichas medidas quedarán sin efecto si no
se inicia el procedimiento sancionador en dicho plazo o cuando el acuerdo
de iniciación no contenga un pronunciamiento expreso acerca de las
Artículo 42. Multa coercitiva.—El órgano administrativo competente para resolver el procedimiento
sancionador podrá imponer multas coercitivas por importe que no
exceda de 6.000 euros por cada día que transcurra sin cumplir las
medidas provisionales que hubieran sido acordadas.
43. Competencia sancionadora.— 1. La imposición de sanciones por incumplimiento de lo
previsto en esta Ley corresponderá al órgano o autoridad que dictó
la resolución incumplida o al que estén adscritos los inspectores.
Asimismo las infracciones respecto a los derechos y garantías de
los consumidores y usuarios serán sancionadas por el órgano correspondiente
de las Comunidades Autónomas competentes en materia de consumo.2. En la Administración General del Estado, la imposición
de sanciones por el incumplimiento de lo previsto en esta Ley corresponderá,
en el caso de infracciones muy graves, al Ministro de Industria,
Turismo y Comercio, y en el de infracciones graves y leves, al Secretario
de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información.No obstante lo anterior, la imposición de sanciones por
incumplimiento de las resoluciones dictadas por los órganos competentes
en función de la materia o entidad de que se trate a que se refieren
los párrafos a) y b) del artículo 38.2 de esta Ley corresponderá
al órgano que dictó la resolución incumplida. Igualmente, corresponderá
a la Agencia de Protección de Datos la imposición de sanciones por
la comisión de las infracciones tipificadas en los artículos 38.3 c), d) e i) y 38.4 d), g) y h) de esta Ley.3. La potestad sancionadora regulada en esta Ley se ejercerá
de conformidad con lo establecido al respecto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
y en sus normas de desarrollo. No obstante, el plazo máximo de duración
del procedimiento simplificado será de tres meses.
Este artículo 43 ha sido
de Impulso de la Sociedad de la Información. — REDACCIÓN ANTERIOR POR LA DA OCTAVA DE LA LEY
DE LOS APARTADOS 1 Y 2.VIGENTE DE 20 DE MARZO DE 2004 A 29 DE DICIEMBRE DE 2007.Artículo 43. Competencia sancionadora.—1.
La imposición de sanciones por el incumplimiento de lo previsto
en esta ley corresponderá, en el caso de infracciones muy graves,
al Ministro de Ciencia y Tecnología y en el de infracciones graves
y leves, al Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información.No obstante lo anterior, la imposición de
sanciones por incumplimiento de las resoluciones dictadas por los
órganos competentes en función de la materia o entidad de que se
trate a que se refieren los párrafos a) y b) del artículo 38.2 de
esta ley corresponderá al órgano que dictó la resolución incumplida.
Igualmente, corresponderá a la Agencia de Protección de Datos la imposición
de sanciones por la comisión de las infracciones tipificadas en
los artículos 38.3 c), d) e i) y 38.4 d), g) y h) de esta ley.2. La potestad sancionadora regulada en
esta ley se ejercerá de conformidad con lo establecido al respecto
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
del procedimiento simplificado será de tres meses.— REDACCIÓN ANTERIOR POR LA DF PRIMERA DE LA
DEL APARTADO 1.VIGENTE DE 5 DE NOVIEMBRE DE 2003 A 19 DE MARZO DE 2004.Artículo 43. Competencia sancionadora.—1. La imposición de sanciones por el incumplimiento
de lo previsto en esta ley corresponderá, en el caso de infracciones
muy graves, al Ministro de Ciencia y Tecnología y en el de infracciones
graves y leves, al Secretario de Estado de Telecomunicaciones y
para la Sociedad de la Información.No obstante lo anterior, la imposición de
los artículos 38.3.b) y 38.4.d) de esta ley.2. La potestad sancionadora regulada en esta Ley se ejercerá
de conformidad con lo establecido al respecto en la Ley 30/1992,
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en sus normas
de desarrollo.— REDACCIÓN ORIGINARIA.VIGENTE DE 12 DE OCTUBRE DE 2002 A 4 DE NOVIEMBRE DE 2003.Artículo 43. Competencia sancionadora.—1.
al Ministro de Ciencia y Tecnología, y en el de infracciones graves
Sociedad de la Información.No obstante lo anterior, la imposición de sanciones por
al órgano que dictó la resolución incumplida.2. La potestad sancionadora regulada en esta Ley se ejercerá
44. Concurrencia de infracciones y sanciones.—1. No podrá ejercerse la potestad sancionadora a que se
refiere la presente Ley cuando haya recaído sanción penal, en los
casos en que se aprecie identidad de sujeto, hecho y fundamento.No obstante, cuando se esté tramitando un proceso penal
por los mismos hechos o por otros cuya separación de los sancionables
con arreglo a esta Ley sea racionalmente imposible, el procedimiento
quedará suspendido respecto de los mismos hasta que recaiga pronunciamiento
firme de la autoridad judicial.Reanudado el expediente, en su caso, la resolución que
se dicte deberá respetar los hechos declarados probados en la resolución
judicial.2. La imposición de una sanción prevista en esta Ley no
impedirá la tramitación y resolución de otro procedimiento sancionador
por los órganos u organismos competentes en cada caso cuando la
conducta infractora se hubiera cometido utilizando técnicas y medios
telemáticos o electrónicos y resulte tipificada en otra Ley, siempre
que no haya identidad del bien jurídico protegido.3. No procederá la imposición de sanciones según lo previsto
en esta Ley cuando los hechos constitutivos de infracción lo sean
también de otra tipificada en la normativa sectorial a la que esté
sujeto el prestador del servicio y exista identidad del bien jurídico
protegido.Cuando, como consecuencia de una actuación sancionadora,
de infracciones tipificadas en otras leyes, se dará cuenta de los
mismos a los órganos u organismos competentes para su supervisión
y sanción.
Artículo 45. Prescripción.—Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años,
las graves a los dos años y las leves a los seis meses; las sanciones
impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las
impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas
leves al año.
DISPOSICIONES ADICIONALESDisposición adicional primera. Significado de los términos
empleados por esta Ley.—A los efectos de la presente Ley, los términos definidos
en el anexo tendrán el significado que
allí se les asigna.
Disposición adicional segunda. Medicamentos y productos
sanitarios.—La prestación de servicios de la sociedad de la información
relacionados con los medicamentos y los productos sanitarios se
regirá por lo dispuesto en su legislación específica.
Disposición adicional tercera. Sistema Arbitral de Consumo.— El prestador y el destinatario de servicios de la sociedad de
la información podrán someter sus conflictos al arbitraje de consumo,
mediante la adhesión de aquéllos al Sistema Arbitral de Consumo
competente que se prestará también por medios electrónicos, conforme
al procedimiento establecido reglamentariamente.
Esta disposición adicional
tercera ha sido redactada por la Ley 56/2007, de 28 de diciembre (BOE del 29), de Medidas
2007.Disposición adicional tercera.
Sistema Arbitral de Consumo.—El prestador
y el destinatario de servicios de la sociedad de la información
podrán someter sus conflictos al arbitraje de consumo, mediante
la adhesión de aquéllos al Sistema Arbitral de Consumo.La Junta Arbitral Nacional de Consumo y aquellas otras
de ámbito territorial inferior, autorizadas para ello por el Instituto
Nacional del Consumo, podrán dirimir los conflictos planteados por
los consumidores de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 636/1993,
de 3 de mayo, que regula el Sistema Arbitral de Consumo, a través
de medios telemáticos.
Disposición adicional cuarta. Modificación de los Códigos
Civil y de Comercio.—Uno. Se modifica el artículo 1.262 del Código Civil, que
queda redactado de la siguiente manera:«El consentimiento se manifiesta por el
concurso de la oferta y de la aceptación sobre la cosa y la causa
que han de constituir el contrato.Hallándose en lugares distintos el que hizo
la oferta y el que la aceptó, hay consentimiento desde que el oferente
conoce la aceptación o desde que, habiéndosela remitido el aceptante,
no pueda ignorarla sin faltar a la buena fe. El contrato, en tal caso,
se presume celebrado en el lugar en que se hizo la oferta.En los contratos celebrados mediante dispositivos
automáticos hay consentimiento desde que se manifiesta la aceptación».Dos. Se modifica el artículo 54 del Código
de Comercio, que queda redactado de la siguiente manera:«Hallándose en lugares distintos el que
hizo la oferta y el que la aceptó, hay consentimiento desde que
el oferente conoce la aceptación o desde que, habiéndosela remitido
el aceptante, no pueda ignorarla sin faltar a la buena fe. El contrato,
en tal caso, se presume celebrado en el lugar en que se hizo la
oferta.En los contratos celebrados mediante dispositivos
automáticos hay consentimiento desde que se manifiesta la aceptación».
Disposición adicional quinta. Accesibilidad para las personas
con discapacidad y de edad avanzada a la información proporcionada
por medios electrónicos.— Uno. Las Administraciones públicas adoptarán las medidas
necesarias para que la información disponible en sus respectivas
páginas de Internet pueda ser accesible a personas con discapacidad
y de edad avanzada, de acuerdo con los criterios de accesibilidad
al contenido generalmente reconocidos, antes del 31 de diciembre
de 2005.A partir del 31 de diciembre de 2008, las páginas de Internet
de las Administraciones Públicas satisfarán, como mínimo, el nivel
medio de los criterios de accesibilidad al contenido generalmente
reconocidos. Excepcionalmente, esta obligación no será aplicable
cuando una funcionalidad o servicio no disponga de una solución
tecnológica que permita su accesibilidad.
Este segundo párrafo ha
sido redactado por la Ley 56/2007, de 28 de diciembre (BOE
del 29), de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información. Las Administraciones Públicas exigirán que tanto las páginas
de Internet cuyo diseño o mantenimiento financien total o parcialmente
como las páginas de Internet de entidades y empresas que se encarguen
de gestionar servicios públicos apliquen los criterios de accesibilidad
antes mencionados. En particular, será obligatorio lo expresado
en este apartado para las páginas de Internet y sus contenidos de
los Centros públicos educativos, de formación y universitarios,
así como, de los Centros privados que obtengan financiación pública.
Este tercero párrafo ha
del 29), de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información. Las páginas de Internet de las Administraciones Públicas
deberán ofrecer al usuario información sobre su nivel de accesibilidad
y facilitar un sistema de contacto para que puedan transmitir las
dificultades de acceso al contenido de las páginas de Internet o
formular cualquier queja, consulta o sugerencia de mejora.
Este cuarto párrafo ha sido
de Impulso de la Sociedad de la Información. Dos. Igualmente, se promoverá la adopción de normas de
accesibilidad por los prestadores de servicios y los fabricantes
de equipos y «software», para
facilitar el acceso de las personas con discapacidad o de edad avanzada
a los contenidos digitales.Tres. Las Administraciones Públicas promoverán medidas
de sensibilización, educación y formación sobre accesibilidad con objeto
de promover que los titulares de otras páginas de Internet incorporen
progresivamente los criterios de accesibilidad.
Este apartado tres ha sido
añadido por la Ley 56/2007, de 28 de diciembre (BOE
del 29), de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información. Cuatro. Los incumplimientos de las obligaciones de accesibilidad
establecidas en esta Disposición adicional estarán sometidos al
régimen de infracciones y sanciones vigente en materia de igualdad
de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de
Este apartado cuatro ha
sido añadido por la Ley 56/2007, de 28 de diciembre (BOE
del 29), de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información. Cinco. Las páginas de Internet de las empresas que presten
servicios al público en general de especial trascendencia económica,
sometidas a la obligación establecida en el artículo 2 de la Ley 56/2007, de medidas de impulso de
la sociedad de la información, deberán satisfacer a partir del 31
de diciembre de 2008, como mínimo, el nivel medio de los criterios
de accesibilidad al contenido generalmente reconocidos. Excepcionalmente,
esta obligación no será aplicable cuando una funcionalidad o servicio no
disponga de una solución tecnológica que permita su accesibilidad.
Este apartado cinco ha sido
del 29), de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información. Las páginas de Internet que sirvan de soporte o canal
a las redes sociales en línea, desarrolladas por entidades cuyo
volumen anual de operaciones, calculado conforme a lo establecido
en la normativa del Impuesto sobre el Valor Añadido, exceda de 6.101.121,04
euros, deberán satisfacer, a partir del 31 de diciembre de 2012,
como mínimo, el nivel medio de los criterios de accesibilidad al
contenido generalmente reconocidos. Excepcionalmente, esta obligación
no será aplicable cuando una funcionalidad o servicio no disponga
de una solución tecnológica que permita su accesibilidad.
Este apartado ha sido añadido
por la Ley 26/2011, de 1 de agosto (BOE del 2), de adaptación
normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las
— REDACCIÓN ANTERIOR POR EL ART. 4 DE LA LEY
56/2007, DE 28 DE DICIEMBRE (BOE DEL 29). MODIFICACIÓN
DE APARTADOS.VIGENTE DE 30 DE DICIEMBRE DE 2007 A 2 DE AGOSTO DE 2011Disposición adicional quinta.
Accesibilidad para las personas con discapacidad y de edad avanzada
a la información proporcionada por medios electrónicos.—Uno.
Las Administraciones públicas adoptarán las medidas necesarias para
que la información disponible en sus respectivas páginas de Internet
pueda ser accesible a personas con discapacidad y de edad avanzada,
de acuerdo con los criterios de accesibilidad al contenido generalmente
reconocidos, antes del 31 de diciembre de 2005.A partir del 31 de diciembre de 2008, las
páginas de Internet de las Administraciones Públicas satisfarán,
de una solución tecnológica que permita su accesibilidad.Las Administraciones Públicas exigirán que
tanto las páginas de Internet cuyo diseño o mantenimiento financien
total o parcialmente como las páginas de Internet de entidades y
empresas que se encarguen de gestionar servicios públicos apliquen
los criterios de accesibilidad antes mencionados. En particular,
será obligatorio lo expresado en este apartado para las páginas
de Internet y sus contenidos de los Centros públicos educativos,
de formación y universitarios, así como, de los Centros privados que
obtengan financiación pública.Las páginas de Internet de las Administraciones
Públicas deberán ofrecer al usuario información sobre su nivel de
accesibilidad y facilitar un sistema de contacto para que puedan
transmitir las dificultades de acceso al contenido de las páginas
de Internet o formular cualquier queja, consulta o sugerencia de
mejora.Dos. Igualmente, se promoverá la adopción de normas de
a los contenidos digitales.Tres. Las Administraciones Públicas promoverán
medidas de sensibilización, educación y formación sobre accesibilidad
con objeto de promover que los titulares de otras páginas de Internet
incorporen progresivamente los criterios de accesibilidad.Cuatro. Los incumplimientos de las obligaciones
de accesibilidad establecidas en esta Disposición adicional estarán
sometidos al régimen de infracciones y sanciones vigente en materia
de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal
de las personas con discapacidad.Cinco. Las páginas de Internet de las empresas que presten
sometidas a la obligación establecida en el artículo 2 de la Ley
56/2007, de medidas de impulso de la sociedad de la información,
deberán satisfacer a partir del 31 de diciembre de 2008, como mínimo,
el nivel medio de los criterios de accesibilidad al contenido generalmente
tecnológica que permita su accesibilidad.— REDACCIÓN ORIGINARIA.VIGENTE DE 12 DE OCTUBRE DE 2002 A 29 DE DICIEMBRE DE
2007Disposición adicional quinta.
a la información proporcionada por medios electrónicos.—Asimismo,
podrán exigir que las páginas de Internet cuyo diseño o mantenimiento financien
apliquen los criterios de accesibilidad antes mencionados».
Disposición adicional sexta. Sistema de asignación de nombres
de dominio bajo el «.es».—Uno. Esta disposición regula, en cumplimiento de lo previsto
en la disposición adicional decimosexta de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, los principios
inspiradores del sistema de asignación de nombres de dominio bajo
el código de país correspondiente a España «.es».Dos. La entidad pública empresarial Red.es es la autoridad
de asignación, a la que corresponde la gestión del registro de nombres
de dominio de Internet bajo el «.es», de acuerdo con lo establecido
en la disposición adicional sexta de la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones.Tres. La asignación de nombres de dominio de Internet
bajo el «.es» se realizará de conformidad con los criterios que
se establecen en esta disposición, en el Plan Nacional de Nombres
de Dominio de Internet, en las demás normas específicas que se dicten
en su desarrollo por la autoridad de asignación y, en la medida
en que sean compatibles con ellos, con las prácticas generalmente
aplicadas y las recomendaciones emanadas de las entidades y organismos
internacionales que desarrollan actividades relacionadas con la
gestión del sistema de nombres de dominio de Internet.Los criterios de asignación de nombres de dominio bajo
el «.es» deberán garantizar un equilibrio adecuado entre la confianza y
seguridad jurídica precisas para el desarrollo del comercio electrónico
y de otros servicios y actividades por vía electrónica, y la flexibilidad
y agilidad requeridas para posibilitar la satisfacción de la demanda
de asignación de nombres de dominio bajo el «.es», contribuyendo,
de esta manera, al desarrollo de la sociedad de la información en
España.Podrán crearse espacios diferenciados bajo el «.es», que
faciliten la identificación de los contenidos que alberguen en función de
su titular o del tipo de actividad que realicen. Entre otros, podrán
crearse indicativos relacionados con la educación, el entretenimiento
y el adecuado desarrollo moral de la infancia y juventud. Estos
nombres de dominio de tercer nivel se asignarán en los términos
que se establezcan en el Plan Nacional de Nombres de Dominio de
Internet.Cuatro. Podrán solicitar la asignación de nombres de dominio
bajo el «.es», en los términos que se prevean en el Plan Nacional
de Nombres de Dominio de Internet, todas las personas o entidades,
con o sin personalidad jurídica, que tengan intereses o mantengan
vínculos con España, siempre que reúnan los demás requisitos exigibles
para la obtención de un nombre de dominio.Los nombres de dominio bajo el «.es» se asignarán al primer
solicitante que tenga derecho a ello, sin que pueda otorgarse, con
carácter general, un derecho preferente para la obtención o utilización
de un nombre de dominio a los titulares de determinados derechos.La asignación de un nombre de dominio confiere a su titular
el derecho a su utilización, el cual estará condicionado al cumplimiento
de los requisitos que en cada caso se establezcan, así como a su
mantenimiento en el tiempo. La verificación por parte de la autoridad
de asignación del incumplimiento de estos requisitos dará lugar
a la cancelación del nombre de dominio, previa la tramitación del
procedimiento que en cada caso se determine y que deberá garantizar
la audiencia de los interesados.Los beneficiarios de un nombre de dominio bajo el «.es»
deberán respetar las reglas y condiciones técnicas que pueda establecer
la autoridad de asignación para el adecuado funcionamiento del sistema
de nombres de dominio bajo el «.es».La responsabilidad del uso correcto de un nombre de dominio
de acuerdo con las leyes, así como del respeto a los derechos de
propiedad intelectual o industrial, corresponde a la persona u organización
para la que se haya registrado dicho nombre de dominio, en los términos
previstos en esta Ley. La autoridad de asignación procederá a la
cancelación de aquellos nombres de dominio cuyos titulares infrinjan
esos derechos o condiciones, siempre que así se ordene en la correspondiente
resolución judicial, sin perjuicio de lo que se prevea en aplicación
del apartado ocho de esta disposición adicional.Cinco. En el Plan Nacional de Nombres de Dominio de Internet
se establecerán mecanismos apropiados para prevenir el registro
abusivo o especulativo de nombres de dominio, el aprovechamiento
indebido de términos de significado genérico o topónimos y, en general,
para prevenir los conflictos que se puedan derivar de la asignación
de nombres de dominio.Asimismo, el Plan incluirá las cautelas necesarias para
minimizar el riesgo de error o confusión de los usuarios en cuanto
a la titularidad de nombres de dominio.A estos efectos, la entidad pública empresarial Red.es
establecerá la necesaria coordinación con los registros públicos
españoles. Sus titulares deberán facilitar el acceso y consulta
a dichos registros públicos, que, en todo caso, tendrá carácter
gratuito para la entidad.Seis. La asignación de nombres de dominio se llevará a
cabo por medios telemáticos que garanticen la agilidad y fiabilidad de
los procedimientos de registro. La presentación de solicitudes y
la práctica de notificaciones se realizarán por vía electrónica, salvo
en los supuestos en que así esté previsto en los procedimientos
de asignación y demás operaciones asociadas al registro de nombres
de dominio.Los agentes registradores, como intermediarios en los
procedimientos relacionados con el registro de nombres de dominio, podrán
prestar servicios auxiliares para la asignación y renovación de
éstos, de acuerdo con los requisitos y condiciones que determine
la autoridad de asignación, los cuales garantizarán, en todo caso,
el respeto al principio de libre competencia entre dichos agentes.Siete. El Plan Nacional de Nombres de Dominio de Internet
se aprobará mediante Orden del Ministro de Ciencia y Tecnología, a
propuesta de la entidad pública empresarial Red.es.El Plan se completará con los procedimientos para la asignación
y demás operaciones asociadas al registro de nombres de dominio
y direcciones de Internet que establezca el Presidente de la entidad
pública empresarial Red.es, de acuerdo con lo previsto en la disposición adicional decimoctava de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas
y del orden social.Ocho. En los términos que permitan las disposiciones aplicables,
la autoridad de asignación podrá establecer un sistema de resolución
extrajudicial de conflictos sobre la utilización de nombres de dominio,
incluidos los relacionados con los derechos de propiedad industrial.
Este sistema, que asegurará a las partes afectadas las garantías
procesales adecuadas, se aplicará sin perjuicio de las eventuales
acciones judiciales que las partes puedan ejercitar.Nueve. Con la finalidad de impulsar el desarrollo de la
Administración electrónica, la entidad pública empresarial Red.es
podrá prestar el servicio de notificaciones administrativas telemáticas
y acreditar de forma fehaciente la fecha y hora de su recepción.
Disposición adicional séptima. Fomento de la Sociedad de
la Información.—El Ministerio de Ciencia y Tecnología como Departamento
de la Administración General del Estado responsable de la propuesta
al Gobierno y de la ejecución de las políticas tendentes a promover
el desarrollo en España de la Sociedad de la Información, la generación
de valor añadido nacional y la consolidación de una industria nacional
sólida y eficiente de productos, servicios y contenidos de la Sociedad
de la Información, presentará al Gobierno para su aprobación y a
las Cortes Generales un plan cuatrienal para el desarrollo de la
Sociedad de la Información y de convergencia con Europa con objetivos
mensurables, estructurado en torno a acciones concretas, con mecanismos
de seguimiento efectivos, que aborde de forma equilibrada todos
los frentes de actuación, contemplando diversos horizontes de maduración
de las iniciativas y asegurando la cooperación y la coordinación
del conjunto de las Administraciones públicas.Este plan establecerá, asimismo, los objetivos, las acciones,
los recursos y la periodificación del proceso de convergencia con los
países de nuestro entorno comunitario en línea con las decisiones
y recomendaciones de la Unión Europea.En este sentido, el plan deberá:Potenciar decididamente las iniciativas de formación y
educación en las tecnologías de la información para extender su
uso; especialmente, en el ámbito de la educación, la cultura, la
gestión de las empresas, el comercio electrónico y la sanidad.Profundizar en la implantación del gobierno y la administración
electrónica incrementando el nivel de participación ciudadana y
mejorando el grado de eficiencia de las Administraciones públicas.
séptima ha sido añadida por la Ley 32/2003, de 3 de noviembre (BOE del 4, c.e BOE
de 19 de marzo de 2004),
General de Telecomunicaciones, que añade esta otra disposición con
la misma numeración, sin que se derogue expresamente la anterior. DISPOSICIÓN TRANSITORIADisposición
transitoria única. Anotación en los correspondientes registros públicos
de los nombres de dominio otorgados antes de la entrada en vigor
de esta Ley.—	Los prestadores de servicios que, a la entrada en
vigor de esta Ley, ya vinieran utilizando uno o más nombres de dominio
o direcciones de Internet deberán solicitar la anotación de, al
menos, uno de ellos en el registro público en que figuraran inscritos
a efectos constitutivos o de publicidad, en el plazo de un año desde
la referida entrada en vigor.
DISPOSICIONES FINALESDisposición final primera. Modificación del artículo 37
de la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones.—Se modifica el párrafo a) del apartado 1 del artículo
37 de la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, que
queda redactada en los siguientes términos:«a) Que los ciudadanos puedan recibir conexión
a la red telefónica pública fija y acceder a la prestación del servicio
telefónico fijo disponible para el público. La conexión debe ofrecer
al usuario la posibilidad de emitir y recibir llamadas nacionales e
internacionales y permitir la transmisión de voz, fax y datos a
velocidad suficiente para acceder de forma funcional a Internet.A estos efectos, se considerará que la velocidad
suficiente a la que se refiere el párrafo anterior es la que se
utiliza de manera generalizada para acceder a Internet por los abonados
al servicio telefónico fijo disponible para el público con conexión
a la red mediante pares de cobre y módem para banda vocal».
Disposición final segunda. Modificación de la disposición
adicional sexta de la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones.—Se modifica el apartado 10 de la disposición adicional
sexta de la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones,
que quedará redactado como sigue:«10. Tasa por asignación del recurso limitado
de nombres de dominio y direcciones de Internet.a) Hecho imponible.El hecho imponible de la tasa por asignación
de nombres de dominio y direcciones de Internet estará constituido
por la realización por la entidad pública empresarial Red.es de
las actividades necesarias para la asignación y renovación de nombres
de dominio y direcciones de Internet bajo el código de país correspondiente
a España (.es).b) Sujetos pasivos.Serán sujetos pasivos de la tasa los solicitantes
de la asignación o renovación de los nombres y direcciones de Internet.c) Cuantía.La cuantía de la tasa será única por cada
nombre o dirección cuya asignación o renovación se solicite. En
ningún caso se procederá a la asignación o a la renovación del nombre
o dirección sin que se haya efectuado previamente el pago de la
tasa.Sólo podrán modificarse mediante Ley el
número e identidad de los elementos y criterios de cuantificación
con base en los cuales se determinan las cuotas exigibles.A los efectos previstos en el párrafo anterior,
se consideran elementos y criterios de cuantificación del importe
exigible por asignación anual inicial de los nombres de dominio
o direcciones de Internet el número asignado, el coste de las actividades de
comprobación y verificación de las solicitudes de asignación, así
como el nivel en que se produzca la asignación y, en el caso de
renovación anual en los años sucesivos, el coste del mantenimiento
de la asignación y de las actividades de comprobación y de actualización
de datos. Igualmente, se atenderá al número de nombres o direcciones
de Internet asignados y a la actuación a través de agentes registradores
para concretar la cuantía de la tasa.El establecimiento y modificación de las
cuantías resultantes de la aplicación de los elementos y criterios
de cuantificación a que se refieren los párrafos anteriores podrá
efectuarse mediante Orden ministerial.No obstante lo dispuesto en los párrafos
anteriores de este apartado, en los supuestos de carácter excepcional
en que así esté previsto en el Plan Nacional de Nombres de Dominio
de Internet y en los términos que en el mismo se fijen, con base
en el especial valor de mercado del uso de determinados nombres
y direcciones, la cuantía por asignación anual inicial podrá sustituirse
por la que resulte de un procedimiento de licitación en el que se
fijará un valor inicial de referencia estimado. Si el valor de adjudicación
de la licitación resultase superior a dicho valor de referencia,
aquél constituirá el importe de la tasa. En los supuestos en que
se siga este procedimiento de licitación, el Ministerio de Ciencia
y Tecnología requerirá, con carácter previo a su convocatoria, a
la autoridad competente para el Registro de Nombres de Dominio para
que suspenda el otorgamiento de los nombres y direcciones que considere
afectados por su especial valor económico. A continuación, se procederá a
aprobar el correspondiente pliego de bases que establecerá, tomando
en consideración lo previsto en el Plan Nacional de Nombres de Dominio
de Internet, los requisitos, condiciones y régimen aplicable a la
licitación.d) Devengo.La tasa se devengará en la fecha en que
se proceda, en los términos que se establezcan reglamentariamente,
a la admisión de la solicitud de asignación o de renovación de los
nombres o direcciones de Internet, que no se tramitará sin que se haya
efectuado el pago correspondiente.e) Exacción y gestión recaudatoria.La exacción de la tasa se producirá a partir
de la atribución de su gestión a la entidad pública empresarial
Red.es y de la determinación del procedimiento para su liquidación
y pago, mediante Orden ministerial.Los modelos de declaración, plazos y formas
de pago de la tasa se aprobarán mediante resolución de la entidad
pública empresarial Red.es.El importe de los ingresos obtenidos por
esta tasa se destinará a financiar los gastos de la entidad pública
empresarial Red.es por las actividades realizadas en el cumplimiento
de las funciones asignadas a la misma en los párrafos a), b), c)
y d) del apartado 4 de esta disposición, ingresándose, en su caso,
el excedente en el Tesoro Público, de acuerdo con la proporción y
cuantía que se determine mediante resolución conjunta de las Secretarías
de Estado de Presupuestos y Gastos y de Telecomunicaciones y para
la Sociedad de la Información, a propuesta de esta última».
Disposición final tercera. Adición de una nueva disposición
transitoria a la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones.—Se añade a la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de
Telecomunicaciones, una nueva disposición transitoria duodécima,
con la siguiente redacción:«Disposición transitoria
duodécima. Criterios para el desarrollo del plan de actualización
tecnológica de la red de acceso de la red telefónica pública fija.—En
el plazo máximo de cinco meses a partir de la entrada en vigor de
esta disposición, el operador designado para la prestación del servicio
universal presentará al Ministerio de Ciencia y Tecnología, para
su aprobación en el plazo de un mes, previo informe de la Comisión
del Mercado de las Telecomunicaciones, un plan de actuación detallado
para garantizar que las conexiones a la red telefónica pública fija
posibiliten a sus abonados el acceso funcional a Internet y, en
particular, a los conectados mediante Telefonía Rural de Acceso
Celular (TRAC).El desarrollo del plan estará sujeto a las
siguientes condiciones:a) Incluirá soluciones tecnológicas eficientes
disponibles en el mercado para garantizar el derecho de los usuarios
a disponer, previa solicitud a partir de la aprobación del plan,
de la posibilidad de acceso funcional a Internet en el plazo máximo de
sesenta días desde la fecha de dicha solicitud en las zonas con
cobertura. Estas soluciones tecnológicas deberán prever su evolución
a medio plazo hacia velocidades de banda ancha sin que ello conlleve
necesariamente su sustitución.b) La implantación en la red de acceso de
las soluciones tecnológicas a las que se refiere el párrafo a) deberá
alcanzar a los abonados al servicio telefónico fijo disponible al
público que, en la fecha de aprobación del plan, no tienen la posibilidad de
acceso funcional a Internet, de acuerdo con el siguiente calendario:1.º Al menos al 30 por 100 antes del 30
de junio de 2003.2.º Al menos al 70 por 100 antes del 31
de diciembre de 2003.3.º El 100 por 100 antes del 31 de diciembre
de 2004.En todo caso, esta implantación alcanzará,
al menos, al 50 por 100 de los citados abonados en cada una de las
Comunidades Autónomas antes del 31 de diciembre de 2003.c) En el plan de actuación deberá priorizarse
el despliegue al que se refiere el párrafo b) con arreglo al criterio
de mayor densidad de abonados afectados.d) A los efectos de lo dispuesto en los
apartados anteriores y en caso de que sea necesario, el operador
designado para la prestación del servicio universal podrá concluir
con otros operadores titulares de concesiones de dominio público
radioeléctrico, contratos de cesión de derechos de uso de las bandas
de frecuencias necesarias para el cumplimiento de los objetivos establecidos
en esta disposición. Dichos contratos deberán ser sometidos a la
previa aprobación por parte del Ministerio de Ciencia y Tecnología,
que podrá establecer las condiciones de salvaguarda del interés
público que estime necesarias».
Disposición final cuarta. Modificación de la disposición
derogatoria única de la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones.—Se modifica el último párrafo de la disposición derogatoria
única de la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones,
que queda redactado de la siguiente forma:«Igualmente, quedan derogadas cuantas otras disposiciones
de igual o inferior rango a la presente Ley se opongan a lo dispuesto
en ella y, en especial, a lo dispuesto en el artículo 37.1.ª), en
lo relativo a la velocidad de transmisión de datos».
Disposición final quinta. Adecuación de la regulación reglamentaria
sobre contratación telefónica o electrónica con condiciones generales
a esta Ley.—El Gobierno, en el plazo de un año, modificará el Real Decreto 1906/1999, de 17 de diciembre, por el que se regula la
contratación telefónica o electrónica con condiciones generales
en desarrollo del artículo 5.3 de la Ley 7/1998, de 13 de abril,
sobre condiciones generales de la contratación, para adaptar su
contenido a lo dispuesto en esta Ley.En dicha modificación, el Gobierno tendrá especialmente
en cuenta la necesidad de facilitar la utilización real de los contratos electrónicos,
conforme al mandato recogido en el artículo 9.1 de la Directiva
2000/31/CE.
Disposición final sexta. Fundamento constitucional.—Esta Ley se dicta al amparo del artículo 149.1.6.ª, 8.ª y 21.ª de la Constitución, sin perjuicio de las competencias
Disposición final séptima. Habilitación al Gobierno.—Se habilita al Gobierno para desarrollar mediante Reglamento
Disposición final octava. Distintivo de adhesión a códigos
de conducta que incorporen determinadas garantías.—En el plazo de un año a partir de la entrada en vigor
de esta Ley, el Gobierno aprobará un distintivo que permita identificar
a los prestadores de servicios que respeten códigos de conducta
adoptados con la participación del Consejo de Consumidores y Usuarios,
y que incluyan, entre otros contenidos, la adhesión al Sistema Arbitral
de Consumo o a otros sistemas de resolución extrajudicial de conflictos
que respeten los principios establecidos en la normativa comunitaria
sobre sistemas alternativos de resolución de conflictos con consumidores,
en los términos que reglamentariamente se establezcan.
Entrada en vigor.—Esta Ley entrará en vigor a los tres meses de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».No obstante, las disposiciones adicional sexta y finales
primera, segunda, tercera y cuarta de esta Ley entrarán en vigor
el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del
Definiciones A los efectos de esta Ley, se entenderá por:a) «Servicios de la sociedad de la información» o «servicios»:
todo servicio prestado normalmente a título oneroso, a distancia, por
vía electrónica y a petición individual del destinatario.El concepto de servicio de la sociedad de la información
comprende también los servicios no remunerados por sus destinatarios,
en la medida en que constituyan una actividad económica para el
prestador de servicios.Son servicios de la sociedad de la información, entre
otros y siempre que representen una actividad económica, los siguientes:1.º La contratación de bienes o servicios por vía electrónica.2.º La organización y gestión de subastas por medios electrónicos
o de mercados y centros comerciales virtuales.3.º La gestión de compras en la red por grupos de personas.4.º El envío de comunicaciones comerciales.5.º El suministro de información por vía telemática.6.º [...]
Este apartado 6º ha sido
derogado por la Ley 7/2010, de 31 de marzo (BOE de 1 de abril),
b) «Servicio de intermediación»: servicio de la sociedad
de la información por el que se facilita la prestación o utilización
de otros servicios de la sociedad de la información o el acceso
a la información.Son servicios de intermediación la provisión de servicios
de acceso a Internet, la transmisión de datos por redes de telecomunicaciones,
la realización de copia temporal de las páginas de Internet solicitadas
por los usuarios, el alojamiento en los propios servidores de datos,
aplicaciones o servicios suministrados por otros y la provisión
de instrumentos de búsqueda, acceso y recopilación de datos o de
enlaces a otros sitios de Internet.c) «Prestador de servicios» o «prestador»: persona física
o jurídica que proporciona un servicio de la sociedad de la información.d) «Destinatario del servicio» o «destinatario»: persona
física o jurídica que utiliza, sea o no por motivos profesionales,
un servicio de la sociedad de la información.e) «Consumidor»: persona física o jurídica en los términos
establecidos en el artículo 1 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa
de los Consumidores y Usuarios.f) «Comunicación comercial»: toda forma de comunicación
dirigida a la promoción, directa o indirecta, de la imagen o de
los bienes o servicios de una empresa, organización o persona que
realice una actividad comercial, industrial, artesanal o profesional.A efectos de esta Ley, no tendrán la consideración de
comunicación comercial los datos que permitan acceder directamente a
la actividad de una persona, empresa u organización, tales como
el nombre de dominio o la dirección de correo electrónico, ni las
comunicaciones relativas a los bienes, los servicios o la imagen
que se ofrezca cuando sean elaboradas por un tercero y sin contraprestación
económica.g) «Profesión regulada»: toda actividad profesional que
requiera para su ejercicio la obtención de un título, en virtud
de disposiciones legales o reglamentarias.h) «Contrato celebrado por vía electrónica» o «contrato
electrónico»: todo contrato en el que la oferta y la aceptación
se transmiten por medio de equipos electrónicos de tratamiento y
almacenamiento de datos, conectados a una red de telecomunicaciones.i) «Ámbito normativo coordinado»: todos los requisitos
aplicables a los prestadores de servicios de la sociedad de la información,
ya vengan exigidos por la presente Ley u otras normas que regulen
el ejercicio de actividades económicas por vía electrónica, o por
las leyes generales que les sean de aplicación, y que se refieran
a los siguientes aspectos:1.º Comienzo de la actividad, como las titulaciones profesionales
o cualificaciones requeridas, la publicidad registral, las autorizaciones
administrativas o colegiales precisas, los regímenes de notificación
a cualquier órgano u organismo público o privado, y2.º Posterior ejercicio de dicha actividad, como los requisitos
referentes a la actuación del prestador de servicios, a la calidad, seguridad
y contenido del servicio, o los que afectan a la publicidad y a
la contratación por vía electrónica y a la responsabilidad del prestador
de servicios.No quedan incluidas en este ámbito las condiciones relativas
a las mercancías y bienes tangibles, a su entrega ni a los servicios
no prestados por medios electrónicos.j) «Órgano competente»: todo órgano jurisdiccional o administrativo,
ya sea de la Administración General del Estado, de las Administraciones
Autonómicas, de las Entidades locales o de sus respectivos organismos
o entes públicos dependientes, que actúe en el ejercicio de competencias
legalmente atribuidas.
— REDACCIÓN ORIGINARIA.VIGENTE DE 12 OCTUBRE DE 2002 A 30 DE ABRIL DE 2010.ANEXO	Definiciones	A los efectos de esta Ley, se entenderá por:a) «Servicios de la sociedad de la información» o «servicios»:
o de mercados y centros comerciales virtuales.3.º La gestión de compras en la red por grupos de personas.4.º El envío de comunicaciones comerciales.5.º El suministro de información por vía telemática.6.º El vídeo bajo demanda, como servicio en que el usuario
puede seleccionar a través de la red, tanto el programa deseado como
el momento de su suministro y recepción, y, en general, la distribución
de contenidos previa petición individual.No tendrán la consideración de servicios de la sociedad
de la información los que no reúnan las características señaladas
en el primer párrafo de este apartado y, en particular, los siguientes:1.º Los servicios prestados por medio de telefonía vocal,
fax o télex.2.º El intercambio de información por medio de correo
para fines ajenos a la actividad económica de quienes lo utilizan.3.º Los servicios de radiodifusión televisiva (incluidos
los servicios de cuasivídeo a la carta), contemplados en el artículo
3 de la Ley 25/1994, de 12 de julio, por la que se incorpora al
ordenamiento jurídico español la Directiva 89/552/CEE, del Consejo,
de 3 de octubre, sobre la coordinación de determinadas disposiciones
legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros
relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva,
o cualquier otra que la sustituya.4.º Los servicios de radiodifusión sonora, y5.º El teletexto televisivo y otros servicios equivalentes
como las guías electrónicas de programas ofrecidas a través de las plataformas
televisivas.b) «Servicio de intermediación»: servicio de la sociedad
establecidos en el artículo 1 de la Ley 26/1984, de 19 de julio,
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.f) «Comunicación comercial»: toda forma de comunicación