Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/Autos/2001/A110-01.htm
Timestamp: 2018-12-10 04:01:17
Document Index: 316714900

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 32', 'artículo 32', 'artículo 1']

A110-01
Auto 110/01
Referencia: expediente I.C.C - 257.
Conflicto de competencia entre el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia.
Bogotá, D.C., veintidós (22) marzo de dos mil uno (2001).
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en uso de sus facultades constitucionales y legales, procede a decidir sobre el conflicto de competencia suscitado entre los despachos judiciales mencionados en la referencia.
1. Esperanza Román Noreña y otros promovió acción de tutela como mecanismo transitorio ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales (Sala Penal), contra el Tribunal Contencioso Administrativo de Caldas, con el objeto de que fuera protegido el derecho al debido proceso, en razón de la adopción por parte de la Corporación de una decisión contraria a la ley dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por la Universidad de Caldas.
2. Mediante sentencia del veintiuno (21) de noviembre de 2000 el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, denegó el amparo por improcedente y consideró: “Si el supuesto afectado tiene a su haber otro medio ordinario de defensa judicial, como es de palmaria evidencia en el caso de la especie, el amparo constitucional será manifiestamente improcedente, como que los recursos ordinarios procedentes contra la decisión judicial atacada por vía excepcional de tutela no han prescrito o caducado, al menos hasta el momento de su invocación, y si en el decurso de este trámite excepcional alguno de los dichos fenómenos jurídicos ha sucedido, solo de su incuria o negligencia podrán quejarse los accionantes que teniendo la posibilidad de utilizar los medios ordinarios de defensa que les brinda el ordenamiento jurídico, han dejado transcurrir los términos para hacerlo. Así no opera la acción de tutela, como quiera que resultaría supliendo o habilitando el descuido procedimental” (fl. 91).
3. Impugnada la decisión, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, por auto del once (11) de enero de 2001, se declara incompetente para conocer de la impugnación y, por ende, remite el expediente al Consejo de Estado. En tal sentido, la Corporación expreso: “Ante la inexistencia de pronunciamiento sobre la inexequibilidad del decreto 1382 de la presente anualidad, este, continua gozando de la presunción de legalidad de la que se encuentran revestidos los actos administrativos, es decir, mientras no sean derogados por el mismo funcionario que los expidió, suspendidos o anulados por la Jurisdicción de lo Contencioso administrativo, ellos deben aplicarse y tienen fuerza ejecutoria. Por lo tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1, numeral 2 de la referida disposición, la competencia para conocer el presente asunto no radica en esta Corporación, sino en el superior funcional del accionado -Tribunal Contencioso Administrativo de Caldas, quien con su actuar dio origen a la presunta violación a los derechos fundamentales de los actores. Le corresponde al Consejo de Estado el conocimiento de la presente tutela. En consecuencia, las presentes diligencias se remitirán al Consejo de Estado por competencia, provocando colisión de competencia negativa en el evento en que no se comparta esta decisión” (fl. 105 y 106).
4. El Consejo de Estado, por auto del treinta y uno (31) de enero de 2001, consideró que carecía de competencia para conocer sobre el asunto referido, en consecuencia, ordeno enviar el expediente a la Corte Constitucional, para de esa manera dirimir el conflicto negativo de competencias entre la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado.
En este caso, la Corte Constitucional es competente para conocer del conflicto de competencia negativo planteado entre la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado.
2. Observa la Corporación que los despachos judiciales en conflicto fundan su incompetencia en la aplicación o inaplicación del Decreto 1382 de 2000 “Por el cual se establecen reglas para el reparto de la acción de tutela”. Al respecto la Corte Constitucional, en auto ICC - 118 de veintiséis (26) de septiembre de 2000, decidió inaplicar por ser contrario a la Constitución el artículo 1° del Decreto 1382 de 12 de julio de 2000[2]. En tal sentido, la Corte manifestó:
3. Por otra parte, mientras el Consejo de Estado decide la legalidad del Decreto 1382 de 2000, el Gobierno Nacional a través del Decreto 404 del catorce (14) de marzo de 2001, determinó suspender la aplicación de la mencionada norma[3]. En tal sentido, en el artículo 1 dispuso: ”Suspéndase por un año la vigencia del Decreto No.1382 del 12 de julio de 2000, Por el cual se establecen reglas para el reparto de la acción de tutela, en espera de que el Consejo de Estado resuelva en forma definitiva sobre la legalidad del mismo”.
4. En el asunto objeto de estudio, conforme al artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 en el que con claridad se dispone: “Presentada la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico correspondiente”, corresponde a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia conocer de la impugnación de la decisión de primera instancia proferida el veintiuno (21) de noviembre de 2000 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales (Sala Penal).
PRIMERO: DIRIMIR el conflicto de competencia suscitado entre la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, para conocer de la impugnación del fallo de tutela proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, en el sentido de que su conocimiento corresponde a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia conforme al artículo 32 del decreto 2591 de 1991.
SEGUNDO: REMITIR el expediente a la Corte Suprema de Justicia (Sala Penal) para lo de su competencia y comunicar lo aquí decidido al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, para los fines legales pertinentes.
Salvamento de voto al Auto 110/01
REF. Expediente ICC-257
Peticionario: Esperanza Román Noreña y otros.
[3] Sobre el tema, la Corporación en auto del veintisiete (27) de febrero de 2001 dispuso en la parte resolutiva: “Otorgar efectos inter pares a la decisión de inaplicar el artículo 1° del Decreto 1382 de 2000, para que en aquellos casos que sean semejantes todos los jueces de tutela apliquen la excepción de inconstitucionalidad en el mismo sentido”.