Source: https://legislacion.vlex.es/vid/reguladora-demarcacion-municipal-andalucia-71616490
Timestamp: 2019-10-17 23:03:40
Document Index: 69178860

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'artículo 4', 'Artículo 11', 'artículo 47', 'Artículo 14', 'artículo 134', 'artículo 29', 'artículo 29', 'artículo 41', 'Artículo 70', 'artículo 4', 'artículo 47']

Ley reguladora de la Demarcación Municipal de Andalucía (Ley 7/1993, de 27 de Julio) - Normativa de Andalucía - Legislación - VLEX 71616490
Publicado en: BOJA de 7 de Agosto 1993
TÍTULO II. Modificaciones de términos municipales
CAPÍTULO I. Creación y supresión de municipios - arts. 6 a 9
CAPÍTULO II. Alteración de términos municipales - arts. 10 y 11
CAPÍTULO III. Procedimiento de creación, supresión y alteración de municipios - arts. 12 a 17
CAPÍTULO IV. Comisiones y Vocales gestores - arts. 18 a 22
TÍTULO III. De las Mancomunidades y de otras asociaciones locales
CAPÍTULO I. De las Mancomunidades - arts. 23 a 32
CAPÍTULO II. De los Consorcios - arts. 33 a 36
CAPÍTULO III. De los Convenios y otras asociaciones locales - arts. 37 a 40
CAPÍTULO IV. Disposiciones comunes al título III - arts. 41 y 42
TÍTULO IV. Areas metropolitanas - arts. 43 a 46
TÍTULO V. Entidades locales autónomas
CAPÍTULO I. Constitución de Entidades locales autónomas - arts. 47 a 51
CAPÍTULO II. Régimen jurídico - arts. 52 a 63
CAPÍTULO III. Hacienda de las Entidades locales autónomas - arts. 64 a 67
CAPÍTULO IV. Extinción de las Entidades locales autónomas - arts. 68 y 69
CAPÍTULO V. Publicación e inscripción - art. 70
Norma citada en: 125 sentencias, 20 artículos doctrinales, 68 disposiciones normativas, un tema práctico, una resolución administrativa, una noticia
Ley actualizada en cuanto que establece para el procedimiento de Creación de Entidades Locales autónomas un plazo máximo de resolución de 12 meses y efectos desestimatorios para la falta de resolución expresa por el Anexo I F) del Decreto 133/1993, del 7 de Septiembre, publicado en el BO Junta de Andalucía del 21 de Octubre de 1993.
Ley desarrollada por el Decreto 185/2005, del 30 de Agosto, Reglamento de Demarcación Municipal de Andalucía 2005, publicado en el BO Junta de Andalucía del 23 de Septiembre de 2005.
De acuerdo con lo preceptuado en los artículos 3.2 y 13.3 del Estatuto de Autonomía y en desarrollo de las previsiones contenidas en la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local, la presente Ley tiene por objeto la regulación de las modificaciones que afecten a la demarcación de los municipios andaluces, así como del régimen de constitución y funcionamiento de las Mancomunidades, Consorcios y otras asociaciones de municipios y de las Entidades locales autónomas. Asimismo, se fijan las disposiciones que habrán de regir las áreas metropolitanas que se creen.
Las modificaciones de términos municipales podrán dar lugar a la creación y supresión de municipios o a la mera alteración de sus límites territoriales, sin que en ningún caso aquéllos puedan ser discontinuos.
Artículo 1 actualizado en cuanto que establece para el procedimiento de Modificación términos municipales un plazo máximo de resolución de 24 meses y efectos desestimatorios para la falta de resolución expresa por el Anexo I F) del Decreto 133/1993, del 7 de Septiembre, publicado en el BO Junta de Andalucía del 21 de Octubre de 1993.
A los efectos del ejercicio de las competencias propias del municipio, el término municipal abarcará tanto el suelo como el vuelo y el subsuelo del territorio a que aquél se extiende, comprendiendo, en su caso, dentro del mismo la zona marítimo-terrestre, las playas, zonas portuarias y los terrenos ganados al mar, sin perjuicio de las competencias que según la legislación específica correspondan sobre los mismos al Estado o a la Junta de Andalucía.
La planificación territorial de la Junta de Andalucía, previo informe del Consejo Andaluz de Municipios, determinará las directrices que deban presidir las modificaciones de los términos municipales y la creación de áreas metropolitanas y de Entidades locales autónomas, como consecuencia de la fijación de nuevas áreas territoriales para la prestación de servicios, de la ejecución de programas de desarrollo regional, de actuaciones de colonización o de otros supuestos de naturaleza similar.
La legislación sobre planificación territorial que apruebe la Junta de Andalucía establecerá como determinaciones obligatorias de los planes o de los instrumentos de actuación que se prevean, además del señalamiento de las directrices a que se refiere el apartado anterior, los objetivos que se persiguen con las mismas, los plazos y supuestos de su revisión y los efectos sobre el planeamiento urbanístico de ámbito local.
Los Ayuntamientos andaluces están obligados a garantizar a la población residente en sus términos un mismo nivel de prestación de los servicios públicos de carácter básico de su competencia, sin distinción alguna por razón de la localidad territorial de aquélla o de su distanciamiento del núcleo principal.
El Consejo de Gobierno aprobará, a propuesta del Consejo Andaluz de Municipios y a los efectos de lo dispuesto en este artículo, los niveles homogéneos de prestación de cada uno de los servicios, mediante la fijación de resultados, de características técnicas o de modalidades de prestación que deban conseguirse.
Las Diputaciones Provinciales, en los términos previstos en la Ley 11/1987, de 26 de diciembre, cooperarán con las Entidades locales y demás entes asociativos para la consecución de los niveles homogéneos de prestación de los servicios públicos de carácter básico fijados.
Facilitar estudios técnicos, jurídicos, económicos y administrativos a los municipios interesados en colaboración con las actuaciones que, en este mismo orden, promuevan las Diputaciones Provinciales.
Establecer líneas de créditos y subvenciones específicas para cubrir los gastos que se originen por la fusión o incorporación de municipios a otros limítrofes, fundamentalmente para la instalación de nuevos servicios, en los mismos términos de colaboración con las Diputaciones Provinciales reseñados en el apartado anterior.
TÍTULO II Modificaciones de términos municipales Artículos 6 a 22
CAPÍTULO I Creación y supresión de municipios Artículos 6 a 9
Por la segregación de parte del territorio de otro u otros términos municipales.
Confusión de sus núcleos urbanos como consecuencia del desarrollo de sus edificaciones.
Existencia de condiciones de orden geográfico, económico, demográfico, administrativo o cualquier otra que pudieran hacerla necesaria o conveniente.
Que el nuevo municipio cuente con una población no inferior a 4.000 habitantes y que entre aquél y el municipio matriz exista una franja de terreno clasificada como suelo no urbanizable de una anchura mínima de 7.500 metros entre los núcleos principales.
Que el nuevo municipio pueda disponer de territorio bastante y de los recursos necesarios para el cumplimiento de las competencias municipales.
Que la segregación no implique una disminución en la calidad media de los servicios que vienen siendo prestados, determinando, por el contrario, una mejora en los que pasen a ser gestionados por el nuevo municipio, teniendo en cuenta los niveles a que se refiere el artículo 4. de esta Ley.
Asimismo, y concurriendo simultáneamente con los requisitos expresados en los apartados 2 y 3 de este artículo, podrán crearse, por segregación, nuevos municipios cuando se trate de uno o varios núcleos de población en los que concurran las siguientes circunstancias:
Que cuenten con una población no inferior a 2.500 habitantes.
Que entre el nuevo municipio y el municipio matriz exista una franja de terreno clasificado como suelo no urbanizable de una anchura mínima de 5.000 metros.
Que cuenten con características tipificadoras de su propia identidad en base a razones históricas, sociales, económicas, laborales, geográficas, urbanísticas o sociales.
Que hayan permanecido como Entidad local autónoma por un período mínimo de cinco años con anterioridad al inicio del expediente de segregación.
Artículo citado en: 12 sentencias, 10 disposiciones normativas
La supresión de municipios se producirá:
Al fusionarse dos o más municipios entre sí.
Al incorporarse uno o varios municipios, en su totalidad, a otro u otros limítrofes.
Al extinguirse o desaparecer de hecho, como consecuencia de grandes obras hidráulicas o cuando, como resultado de la despoblación del núcleo, resulte técnicamente desaconsejable la prestación de los servicios públicos obligatorios por tal municipio. En este último supuesto, la prestación de tales servicios se realizará por el municipio al que se agregue el que desaparezca.
Podrá acordarse la supresión por incorporación cuando se dé alguna de las circunstancias siguientes:
Insuficiencia de medios para atender los servicios obligatorios exigidos por la Ley.
Descenso acusado y progresivo de su población.
Merma sustancial de su territorio por motivo de obras públicas.
CAPÍTULO II Alteración de términos municipales Artículos 10 y 11
La alteración de un término municipal se producirá por la segregación de parte del mismo para su agregación a otro limítrofe.
La alteración de términos municipales podrá efectuarse en alguno de los siguiente casos:
Cuando un núcleo de población de un municipio se extienda por el término de otro limítrofe. El municipio que experimente la segregación podrá ser compensado con la incorporación a su término de una parte del que originó esta alteración.
Cuando sea necesario dotar a un municipio limítrofe del territorio indispensable para ampliar los servicios existentes o instalar aquellos nuevos que imperativamente hubiere de prestar como consecuencia de un aumento de población.
Cuando concurran circunstancias de orden geográfico, demográfico, económico o administrativo que así lo aconsejen.
Cuando sea necesario corregir anomalías que tuviesen su origen en una demarcación arbitraria o sobrevenidas por cualquier otra causa con posterioridad, evitando que ello comporte beneficios a uno o varios municipios en detrimento de otro u otros.
Artículo 11 actualizado en cuanto que establece para el procedimiento de Modificación términos municipales un plazo máximo de resolución de 24 meses y efectos desestimatorios para la falta de resolución expresa por el Anexo I F) del Decreto 133/1993, del 7 de Septiembre, publicado en el BO Junta de Andalucía del 21 de Octubre de 1993.
CAPÍTULO III Procedimiento de creación, supresión y alteración de municipios Artículos 12 a 17
Los expedientes de creación y supresión de municipios o de alteración de sus términos, podrán iniciarse por los Ayuntamientos interesados, por las Diputaciones Provinciales a que pertenezcan o, de oficio, por la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía.
También podrán incoarse los expedientes de creación y alteración de municipios por una Comisión promotora que acredite la representación de la mayoría de los vecinos en el núcleo de población que lo pretenda.
Cuando los expedientes a que se refiere el artículo anterior se inicien por los Ayuntamientos interesados, éstos habrán de adoptar acuerdo con el quórum cualificado que exige el artículo 47.2 de la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local.
De promoverse el expediente por varios de los Ayuntamientos interesados en realizar una determinada modificación, se constituirá una Comisión mixta integrada por representantes de los mismos, que intentará llegar a una unificación de pareceres sobre todos aquellos aspectos que hubieran de quedar resueltos en el expediente.
Cuando la iniciativa corra a cargo de los vecinos residentes en un término municipal habrán de acreditar, mediante certificación expedida por el Secretario del Ayuntamiento que figuran inscritos como tales en el Padrón municipal de habitantes.
Los expedientes a que se refieren los dos artículos anteriores, estarán integrados por la siguiente documentación:
Planimetría en la que se refleje la delimitación actual del término o términos municipales afectados, así como la que se pretenda alcanzar.
Certificaciones acreditativas del cumplimiento, en su caso, de los requisitos de legitimación a que se refiere el artículo precedente.
Informe del Pleno de la Diputación Provincial, en el que, a la vista de la documentación presentada, se pronuncie sobre el cumplimiento de sus requisitos formales, cuando sean Ayuntamientos o comisiones gestoras los promotores de la iniciativa.
En los expedientes de segregación para la constitución de un nuevo municipio, además de la documentación exigida en el artículo anterior, figurará la siguiente:
Propuesta de atribución al nuevo municipio de bienes, créditos, derechos y obligaciones procedentes del Ayuntamiento originario y régimen de usos públicos y aprovechamientos comunales, así como las bases que se establezcan para resolver cualesquiera de las cuestiones que pudieran suscitarse entre ellos en el futuro.
En los expedientes de fusión también figurará la propuesta a que se refiere el apartado 2, a), de este artículo.
Artículo 14 Apartado 1 e) añadido por el artículo 134 de la Ley 18/2003, del 29 de Diciembre, de Medidas de Andalucía 2004, publicada en el BO Junta de Andalucía del 31 de Diciembre de 2003.
La Consejería de Gobernación, una vez recibida la iniciativa de modificación con la documentación correspondiente, comprobará si ha surgido de todos los municipios afectados o sólo de parte de ellos.
La Consejería, tanto en el supuesto previsto en el párrafo anterior como en los casos de iniciativa vecinal, antes de cualquier otro trámite, concederá audiencia por plazo de cuatro meses a los municipios que no hayan participado en la iniciativa, a fin de que puedan pronunciarse motivadamente sobre la misma, aportando, en su caso, la documentación que estimen conveniente. Se entenderá que el municipio que no se pronuncie expresamente sobre la iniciativa, dentro del señalado plazo, muestra su conformidad.
Recibida la iniciativa y cumplido, en su caso, el requisito a que se refiere el párrafo anterior, se someterá a información pública durante el plazo de un mes, mediante anuncios insertos en el y de la provincia, así como en los tablones de anuncios del Ayuntamiento o Ayuntamientos interesados.
Una vez completado el expediente se solicitará el parecer sucesivo de la Diputación Provincial y del Consejo Andaluz de Municipios que deberán ser emitidos en el plazo de tres meses.
Por último se remitirán las actuaciones al Consejo Consultivo de Andalucía. Simultáneamente a la petición de este último dictamen se pondrán en conocimiento de la Administración del Estado las características y datos principales del expediente.
Cuando la iniciativa corresponda a la Consejería de Gobernación o a la Diputación Provincial se procederá a ponerla en conocimiento de los municipios afectados a fin de que puedan pronunciarse motivadamente en el plazo de cuatro meses, aportando, en su caso, la documentación que estimen conveniente. Se entenderá que el municipio que no se pronuncie expresamente sobre la iniciativa, dentro del señalado plazo, muestra su conformidad.
Tanto la iniciativa de la Consejería de Gobernación como los acuerdos municipales adoptados, en su caso, serán sometidos por la propia Consejería a información pública por plazo de un mes, mediante anuncios insertos en el y de la provincia, así como en los tablones de anuncios del Ayuntamiento o Ayuntamientos interesados.
Cumplidos los trámites previstos en los apartados anteriores la Consejería decidirá sobre la continuación del expediente.
En el supuesto de que decida su continuación la Consejería lo instruirá de conformidad con lo dispuesto en los dos artículos anteriores.
Todos los expedientes de creación o supresión de municipios, así como los de alteración de términos municipales serán resueltos por Decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero de Gobernación.
No obstante, cuando en los expedientes de fusión de municipios se haya manifestado la voluntad contraria de algún municipio afectado, bien por el Pleno del Ayuntamiento respectivo o por la mayoría de los habitantes del municipio en el trámite de información pública, el acuerdo del Consejo de Gobierno requerirá autorización previa y expresa del Parlamento Andaluz.
CAPÍTULO IV Comisiones y Vocales gestores Artículos 18 a 22
En los casos de creación de un nuevo municipio por segregación de parte del término de uno o varios, durante el período que medie hasta la constitución de los nuevos Ayuntamientos que resulten elegidos en las primeras elecciones municipales, aquéllos que experimenten la segregación permanecerán con el mismo número de Concejales que tenían.
El nuevo municipio se regirá y administrará por una Comisión Gestora de igual número al de Concejales que le correspondan legalmente, designada por la Diputación Provincial, con arreglo a los resultados de las últimas elecciones municipales en la mesa o mesas correspondientes al territorio segregado, a propuesta de los partidos, coaliciones o agrupaciones de electores.
La Comisión Gestora designará de entre sus miembros un Presidente, con arreglo al procedimiento establecido para la elección de Alcaldes.
En el caso de que la parte del término que se segregue constituyese una Entidad local autónoma, se procederá de acuerdo con lo establecido en el artículo anterior para la constitución de la Comisión Gestora, que, en todo caso, estará presidida por el Alcalde de la Entidad local autónoma.
Cuando se trate de la creación de un nuevo municipio mediante la fusión de dos o más limítrofes, cesarán todos los Alcaldes y Concejales y se designará de entre ellos una Comisión Gestora por la Diputación Provincial integrada por un número de Vocales gestores igual al que correspondiese de Concejales según la población total resultante del nuevo municipio. La designación se hará en favor de los Concejales que obtengan mayores cocientes, después de sumar los votos conseguidos por todas las candidaturas presentadas en los municipios fusionados en las últimas elecciones municipales y de dividir dichas sumas, tal como establece la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, tantas veces cuantas sean los puestos de Concejales correspondientes al nuevo municipio.
De segregarse parte de un municipio para su agregación a otro limítrofe, el municipio que experimenta la segregación permanecerá con el mismo número de Concejales que tenía.
Si como resultado de la segregación correspondiese al municipio que ha recibido la porción segregada un mayor número de Concejales, la diferencia se cubrirá por Vocales gestores designados por la Diputación Provincial en consonancia a los resultados de las últimas elecciones municipales celebradas, en la mesa o mesas correspondientes al territorio segregado, a propuesta de los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores.
Los Presidentes y Vocales de las Comisiones Gestoras citadas en los artículos precedentes tendrán los mismos derechos y obligaciones que los establecidos en la legislación de régimen local para los Alcaldes y Concejales, respectivamente.
TÍTULO III De las Mancomunidades y de otras asociaciones locales Artículos 23 a 42
CAPÍTULO I De las Mancomunidades Artículos 23 a 32
Asistencia técnica para su constitución.
Subvenciones u otras medidas de caracter financiero para la ejecución de obras e instalación de servicios.
Las Mancomunidades tienen personalidad y capacidad jurídica para el cumplimiento de sus fines, pudiendo corresponderles, de acuerdo con sus respectivos Estatutos, las siguientes potestades y prerrogativas:
De autoorganización y de reglamentación de los serviciois que gestionen.
De programación o planificación.
De recuperación de oficio de sus bienes.
De presunción de legitimidad y ejecutividad de sus actos.
De revisión de oficio de sus actos y acuerdos.
De inembargabilidad de sus bienes y derechos en los términos previstos en las Leyes, prelaciones y preferencias y demás prerrogativas reconocidas a la Hacienda Pública para los créditos de la misma, sin perjuicio de las que correspondan a las Haciendas del Estado y de la Comunidad Autónoma.
La potestad expropiatoria se ejercitará por el municipio mancomunado en cuyo término se hallen los bienes que hayan de ser objeto de la expropiación, previo acuerdo del órgano colegiado de gobierno de la Mancomunidad.
Los Concejales de los municipios promotores de la Mancomunidad, constituidos en asamblea, elaborarán sus Estatutos. La Presidencia y la Secretaría de la Asamblea serán desempeñadas por el Alcalde y el Secretario del Ayuntamiento en que se celebren las sesiones.
La primera sesión habrá de celebrarse en el lugar, fecha y hora en que acuerden los Ayuntamientos interesados. En dicha sesión se determinará, por mayoría simple de asistentes, el lugar en que se celebrará la sesión siguiente y así sucesivamente. La convocatoria de cada sesión corresponderá al Alcalde que haya de presidirla y deberá estar en poder de los demás Alcaldes, al menos con diez días de antelación al de su celebración.
La Asamblea podrá designar una Comisión de estudios integrada por representantes de cada Ayuntamiento, que podrán estar asesorados por técnicos para redactar el proyecto de Estatuto.
Denominación y sede de la Mancomunidad.
Municipios que la comprenden.
Sus fines, competencias, potestades y prerrogativas.
Organos de gobierno, forma de designación y cese de sus miembros.
Recursos económicos, con especial referencia a las aportaciones de los municipios que la integran.
Plazo de duración, causa y procedimiento de disolución.
Procedimiento para su modificación, con especial referencia a la separación de municipios y posibilidades de adhesión de otros nuevos.
Los Ayuntamientos mancomunados estarán obligados a transferir a la Mancomunidad, en los períodos que se fijen, el importe de los recursos recaudados correspondientes a los servicios que se presten. Dichos recursos tendrán carácter finalista.
Sin perjuicio de lo anterior, los Estatutos podrán establecer entre otras previsiones la de que el órgano competente de la Mancomunidad solicite de la Comunidad Autónoma la retención del importe de las aportaciones no satisfechas en los plazos previstos, para su posterior ingreso en las arcas de la Mancomunidad. En todo caso, se dará audiencia al municipio afectado.
La Asamblea, una vez aprobado inicialmente el proyecto de Estatutos, con el voto favorable de la mayoría de los miembros asistentes, lo someterá sucesivamente a los siguientes trámites:
Información pública durante el plazo de treinta días, que será anunciada simultáneamente en los tablones de edictos de los Ayuntamientos interesados, en el de las provincias respectivas y en el .
Remisión simultánea al Consejo Andaluz de Municipios y a la Diputación Provincial para que informen en el plazo de tres meses.
La misma Asamblea una vez evacuados los trámites a que se refiere el punto anterior:
Aprobará provisionalmente el proyecto de Estatutos introduciendo, en su caso, las modificaciones que estime pertinentes a la vista de las alegaciones formuladas.
Lo remitirá, en unión de todo lo actuado, a la Consejería de Gobernación, la cual, en el plazo de treinta días, emitirá informe, advirtiendo, en su caso, de las ilegalidades que pudieran existir en el expediente. También podrá formular las sugerencias que estime oportunas para la más completa acomodación del proyecto de Estatutos a los principios que informan la política territorial de la Comunidad Autónoma. De no emitirse dicho informe en el plazo señalado, se presumirá que es favorable.
La Asamblea, una vez recibido el informe de la citada Consejería o transcurrido, en su caso, el plazo establecido en el punto anterior, procederá a tomar o no en consideración las sugerencias formuladas, adoptando el pertinente acuerdo por mayoría de los miembros asistentes, y remitirá el proyecto de Estatutos a cada una de las Corporaciones interesadas para que lo aprueben definitivamente con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de sus miembros. No obstante, si las sugerencias aceptadas por la Asamblea afectaren al objeto o composición de la Mancomunidad, será necesario dar al proyecto de Estatutos nuevo trámite, sujeto a lo señalado en los párrafos 1 y 2 de este artículo.
Cada Ayuntamiento enviará a la Dirección General de Administración Local y Justicia certificación del acuerdo de aprobación de los Estatutos, acompañada de un ejemplar de los mismos, debidamente diligenciados.
La publicación de los Estatutos de la Mancomunidad en el determinará el nacimiento de la misma, el reconocimiento de su personalidad jurídica y la obligación de inscribirla en el Registro de Entidades Locales.
Dentro de los tres meses siguientes a la publicación de los Estatutos deberán constituirse los órganos de la Mancomunidad y comenzar su normal funcionamiento.
CAPÍTULO II De los Consorcios Artículos 33 a 36
Las Entidades locales podrán constituir Consorcios con cualquier otra Administración Pública o Entidad privada sin ánimo de lucro que persiga fines de interés público concurrentes con los de las Administraciones Públicas para la realización de actuaciones conjuntas, la coordinación de actividades y la consecución de fines de interés común.
Asimismo, la prestación de servicios de carácter supramunicipal se efectuará preferentemente a través de Consorcios entre municipios y Diputaciones Provinciales en los términos previstos en el capítulo III de la Ley 11/1987, de 26 de diciembre, reguladora de las relaciones entre la Comunidad Autónoma de Andalucía y las Diputaciones Provinciales de su territorio.
Subvenciones u otras medidas de carácter financiero para la ejecución de obras, instalación y prestación de servicios.
Determinación de prioridades en los Planes Provinciales de Obras y Servicios y en los Programas de Cooperación Municipal.
Artículo citado en: 7 sentencias, 2 artículos doctrinales, 4 disposiciones normativas
Los Estatutos de los Consorcios contendrán como mínimo los siguientes extremos:
Relación de Entidades, Instituciones u Organismos consorciados.
Régimen orgánico.
Procedimientos para la alteración, disolución y liquidación.
Los Estatutos deberán ser aprobados por todas las Entidades consorciadas de acuerdo con su legislación específica y remitidos a la Comunidad Autónoma para su inscripción, registro y publicación en el .
Los órganos de representación de los Consorcios estarán integrados por comisionados de todas las Entidades consorciadas en la proporción que se fije en los Estatutos.
En los Consorcios constituidos para la prestación de servicios supramunicipales serán de aplicación las normas contenidas en el artículo 29 de la presente Ley.
CAPÍTULO III De los Convenios y otras asociaciones locales Artículos 37 a 40
Los Convenios deberán pronunciarse expresamente sobre: Objeto, derechos y obligaciones de los firmantes, ámbito temporal, previsiones concretas, en su caso, sobre el traspaso de medios financieros, personales y patrimoniales y causas de extinción y sus efectos.
Los Convenios que se suscriban se enviarán a la Comunidad Autónoma para su publicación en el .
Podrán constituirse Sociedades para fines de interés público bajo la forma de Sociedad mercantil con participación de capital público de una o varias Administraciones Públicas y, en su caso, de capital privado.
Sus Estatutos se remitirán a la Comunidad Autónoma para su publicación en el .
CAPÍTULO IV Disposiciones comunes al título III Artículos 41 y 42
El personal funcionario adscrito a los servicios traspasados quedará en situación de servicio activo en la Administración de procedencia y en calidad de comisión de servicios en el Organismo o Entidad al que el servicio se adscribió, con respeto de todos sus derechos. En la misma situación quedará cualquier otro funcionario que, sin haber estado adscrito originariamente al servicio de que se trate, acepte voluntariamente su adscripción.
Los funcionarios en comisión de servicios a que se refiere el apartado anterior dependerán funcionalmente del Organismo o Entidad a que queden adscritos y percibirán la totalidad de sus retribuciones con cargo al mismo.
La comisión de servicios a que se refiere el presente artículo se extenderá durante el tiempo previsto en el Convenio o en el norma constitutiva del nuevo Organismo o Entidad y podrá tener, en su caso, carácter indefinido.
Los puestos de trabajo que queden vacantes con posterioridad al reajuste previsto en este artículo se proveerán conforme a lo establecido en la legislación vigente reguladora de la función pública local.
La adscripción de bienes y medios patrimoniales se llevará a cabo mediante la cesión del uso de los mismos, en las condiciones que se establezcan en cada caso.
En el propio acuerdo de cesión se regularán los supuestos y condiciones en que el uso de los bienes y medios patrimoniales adscritos revertirá a su titular.
TÍTULO IV Areas metropolitanas Artículos 43 a 46
Las áreas metropolitanas son Entidades locales supramunicipales, con personalidad jurídica propria y plena capacidad para el ejercicio de sus competencias, integradas por municipios de grandes aglomeraciones urbanas entre cuyos núcleos de población existan vínculos urbanísticos, económicos y sociales, que se constituyen como división territorial óptima para la planificación conjunta y la gestión coordinada de determinadas obras y servicios.
TÍTULO V Entidades locales autónomas Artículos 47 a 70
CAPÍTULO I Constitución de Entidades locales autónomas Artículos 47 a 51
Los núcleos separados de población dentro de un término municipal podrán acceder a la administración de sus propios intereses, constituyéndose en Entidades locales autónomas y bajo la denominación de , o cualquier otra de reconocida implantación en el lugar, de conformidad con el principio de máxima proximidad de la gestión administrativa a los ciudadanos. Las Entidades locales autónomas que se creen al amparo de la presente Ley tendrán la condición y tratamiento de Entidades locales, igualmente gozarán de tal condición aquellas Entidades creadas con anterioridad a la aprobación de esta Ley por el Parlamento de Andalucía, salvo que los vecinos en forma mayoritaria y directa, muestren su voluntad contraria.
Tanto la iniciativa como la Memoria serán sometidas a información pública por plazo de treinta días, debiendo publicarse tanto en el tablón de edictos del Ayuntamiento como en el de la provincia y en el .
CAPÍTULO II Régimen jurídico Artículos 52 a 63
Las Entidades locales autónomas tendrán, en la esfera de su competencia, las siguientes potestades y prerrogativas:
De autoorganización y reglamentaria.
Administración, investigación, deslinde y recuperación de oficio en los bienes de su patrimonio y regulación del aprovechamiento de sus bienes comunales.
Sancionadora, expropiatoria y ejecución forzosa.
Participar en la programación y planificación de actividades y servicios que por su índole sean competencias de la Entidad municipal mayor a la que pertenezca.
Los acuerdos sobre disposición de bienes, salvo los efectos no utilizables, operaciones de crédito, tesorería y expropiación forzosa deberán ser ratificados por el Ayuntamiento, en sesión en la que un representante de la Entidad local autónoma tendrá voz para intervenir en ese asunto.
Las Entidades locales autónomas, en el ejercicio de sus competencias propias, prestarán, como mínimo, los siguientes servicios:
Los Ayuntamientos, en el marco de sus competencias propias, podrán delegar en las Juntas vecinales, de acuerdo con su capacidad y en atención a la mayor proximidad de la gestión administrativa respecto a los ciudadanos, el ejercicio de sus competencias cuando dicha prestación se halle localizada en el ámbito territorial de la propia Entidad.
Los acuerdos municipales que tengan por objeto la delegación de competencias a que se refiere el artículo anterior deberán precisar las facultades que se transfieren o delegan, las directrices y objetivos que deban observarse en su ejercicio, los medios que se traspasan y los mecanismos de vigilancia y control que se reserva el municipio. En todo caso, el acuerdo de delegación deberá contener la valoración económica del coste efectivo de los servicios objeto del mismo.
El Ayuntamiento podrá en todo momento, y en relación con estas competencias delegadas, recabar la información que estime precisa, enviar comisionados y formular los requerimientos pertinentes para la subsanación de las deficiencias observadas.
Si los órganos de gobierno de la Entidad delegada no atendieran estas directrices o requerimientos, el Ayuntamiento podrá dejar en suspenso temporalmente o revocar la delegación. En ambos casos, y de forma inmediata, los órganos del municipio pasarán a ejecutar por sí la competencia de que se trate en sustitución de la Entidad local autónoma.
La efectividad de la delegación requerirá la aceptación por parte de la Entidad local autónoma.
La Junta Vecinal estará compuesta por un número de Vocales que no podrá ser inferior a dos ni superior al tercio del número de Concejales que integren el Ayuntamiento. La distribución de las vocalías se hará de conformidad con los resultados de las elecciones para el Ayuntamiento en la sección o secciones constitutivas de la Entidad local autónoma.
La Junta Electoral de Zona determinará, por aplicación de la regla general de la distribución de escaños contenida en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, el número de Vocales que corresponde a cada partido, federación, coalición o agrupación que haya intervenido en la elección.
Realizada la operación anterior los Vocales serán designados por el representante legal de la respectiva candidatura.
El Presidente de la Entidad será elegido directamente por los vecinos en los términos previstos en la legislación electoral, quien designará y removerá libremente al Vocal, o Vocales que hayan de sustituirle en caso de ausencia, vacante o enfermedad.
Los miembros de la Junta Vecinal están sujetos a responsabilidad civil y penal por los actos y omisiones cometidos en el ejercicio de sus cargos. Son responsables aquéllos que hubieren votado favorablemente los acuerdos.
Los Alcaldes de las Entidades locales autónomas podrán sancionar con multas a los Vocales de la Junta Vecinal por las faltas injustificadas de asistencia a las sesiones o incumplimiento reiterado de sus obligaciones.
El Alcalde de la Entidad local autónoma preside y ejecuta los acuerdos de la Junta Vecinal, representa a la Entidad y dirige su gobierno y administración. Además, ostenta respecto a aquélla las funciones que la legislación de Régimen Local atribuye al Alcalde, en cuanto se correspondan con el ámbito de su competencia. El Alcalde de la Entidad local autónoma podá delegar en los Vocales de la Junta Vecinal la dirección inmediata de los servicios que preste la Entidad.
La Junta Vecinal, compuesta por el Presidente de la Entidad y los Vocales, asume el gobierno y la administración general de la misma, correspondiéndole específicamente las siguientes atribuciones:
El control y la fiscalización del Alcalde de la Entidad local autónoma y de cualquier otro órgano complementario que se constituyese.
La aprobación, en su caso, de la plantilla de personal, bases de las pruebas para su selección y provisión, relación de puestos de trabajo y oferta anual de empleo.
La fijación de las cuantías globales de las retribuciones complementarias de sus funcionarios y el régimen retributivo del personal laboral.
El ejercicio de acciones administrativas y judiciales, incluso contra los actos y acuerdos de los órganos de gobierno del municipio que afecten a los derechos e intereses de la propia Entidad local autónoma.
No obstante lo dispuesto en los artículosanteriores, las Entidades locales autónomas podrán optar por el sistema de concejo abierto, en los supuestos previstos por el artículo 29.1 de la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local.
En tal supuesto, sus órganos de gobierno estarán constituidos por un Alcalde de la Entidad local autónoma y una Asamblea Vecinal, de la que forman parte todos los electores. Dichos órganos asumirán respectivamente las funciones del Presidente y de la Junta Vecinal, ajustando su funcionamiento a los usos, costumbres y tradiciones locales y, en su defecto, a las normas de esta Ley y de la legislación de Régimen Local.
El régimen de sesiones de la Junta Vecinal, de adopción de acuerdos, así como de redacción y formalización de las actas correspondientes, será el establecido, con carácter general, en la legislación de Régimen Local.
Las Entidades locales autónomas deberán remitir en el plazo de seis días posteriores a los de su adopción, copia o extracto de los actos y acuerdos de sus órganos de gobierno, a los Gobernadores civiles y a los Delegados de la Consejería de Gobernación de la Comunidad Autónoma Andaluza, así como al Alcalde del Ayuntamiento correspondiente.
Los actos de las Entidades locales autónomas son inmediatamente ejecutivos en los términos que establece la legislación de Régimen Local.
Las resoluciones y acuerdos de la Junta Vecinal, adoptados en el ámbito de sus competencias propias, ponen fin a la vía administrativa, salvo que la Ley requiera la aprobación posterior municipal o de otras Administraciones Públicas.
Las resoluciones y acuerdos que adopten en el ejercicio de competencias delegadas, podrán ser recurridas ante el Ayuntamiento delegante.
Contra los acuerdos que pongan fin a la vía administrativa cabrá recurso contencioso-administrativo.
Los conflictos de atribuciones que surjan entre dos o más Entidades locales autónomas de un mismo municipio serán resueltos por el Pleno del Ayuntamiento.
Los conflictos de competencias planteados entre el municipio y las Entidades locales autónomas situadas dentro de su término serán resueltos por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma, cuya resolución podrá ser impugnada ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
El Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma a iniciativa propia o a solicitud del Ayuntamiento correspondiente, previo acuerdo adoptado por mayoría absoluta, podrá resolver, una vez recabados los informes que estime oportunos, y en todo caso los del Consejo Andaluz de Municipios, de la Diputación Provincial respectiva y del Consejo Consultivo de Andalucía, la disolución de los órganos de gobierno de las Entidades locales autónomas, en el supuesto de gestión gravemente dañosa para los intereses generales que suponga incumplimiento de sus obligaciones constitucionales. No obstante, con carácter previo, podrá requerir a la Junta Vecinal para que rectifique las actuaciones que motivan tal medida, independientemente del cumplimiento del trámite de audiencia del interesado.
Acordada la disolución, se hará cargo de la administración ordinaria de la Entidad local autónoma una Comisión Gestora, designada por la Diputación, a propuesta del Ayuntamiento, con igual número de miembros que el órgano disuelto y representativa para la constitución del Ayuntamiento en la sección o secciones constitutivas de la Entidad, cuyos órganos se disuelven.
El personal al servicio de las Entidades locales autónomas podrá ser propio o de los Ayuntamientos a cuyo ámbito pertenezcan.
El personal del Ayuntamiento adscrito al servicio de la Entidad local autónoma lo será en virtud del acuerdo de constitución de la Entidad o de los acuerdos municipales de delegación de competencias, siéndole aplicable el régimen establecido en el artículo 41 de esta Ley.
El personal propio de la Entidad local autónoma podrá ser funcionario o laboral.
La Entidad local autónoma podrá proponer al Ministerio competente, de acuerdo con sus recursos presupuestarios, previos los informes del Ayuntamiento y de la Consejería de Gobernación, la creación en su plantilla de plaza o plazas de funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional. También podrá agruparse con otras Entidades locales autónomas para el sostenimiento en común de dichas plazas, correspondiendo la resolución del expediente incoado al efecto al Consejero de Gobernación. En otro caso, la Secretaría-Intervención corresponderá al titular del Ayuntamiento respectivo. No obstante, la Tesorería podrá ser conferida a un miembro de la Junta Vecinal o a un funcionario de la propia Entidad.
CAPÍTULO III Hacienda de las Entidades locales autónomas Artículos 64 a 67
Por participación en los tributos del municipio, mediante las asignaciones que se establezcan en el Presupuesto de aquél.
Las Juntas Vecinales podrán imponer prestación personal y de transporte, conforme a las normas existentes para los Ayuntamientos, salvo cuando la tuviesen establecida éstos con carácter general.
Los Ayuntamientos en cuyo término existan Entidades locales autónomas deberán consignar anualmente en sus presupuestos una asignación económica destinada a nutrir el de ésta, cuyo importe se actualizará en función de lo determinado en el acuerdo de creación y del coste de las competencias y servicios propios gestionados por las mismas, y del número de sus habitantes.
Las asignaciones serán aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento, cuyo acuerdo podrá ser impugnado por la Entidad local autónoma ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
La Entidad local autónoma podrá dirigirse a la Comunidad Autónoma, previo acuerdo del Ayuntamiento en Pleno, solicitando la retención del importe de estas asignaciones, para su posterior ingreso en las arcas de la Entidad cuando los pagos no se produzcan en los plazos fijados en el acuerdo de creación.
Las Entidades locales autónomas elaborarán y aprobarán anualmente un presupuesto único que comprederá todos los ingresos y gastos de la Entidad, con sujeción a las normas económico-financieras que rigen para las Corporaciones Locales.
Los Ayuntamientos que financien, con cargo a los presupuestos, servicios o actividades de las Entidades locales autónomas, podrán comprobar el destino dado a los fondos de su procedencia. Igualmente podrán comprobar el grado de utilización de los recursos tributarios propios de éstas y el nivel de prestación de los servicios públicos que tengan asignados.
CAPÍTULO IV Extinción de las Entidades locales autónomas Artículos 68 y 69
Las Entidades locales autónomas podrán ser suprimidas en los siguientes casos:
Cuando desaparezcan las circunstancias de hecho que justificaron su creación.
Cuando sea manifiesto el sistemático incumplimiento de los fines para que fueron creadas o su inviabilidad económica.
Cuando la iniciativa vecinal, mostrada por el mismo procedimiento que para la creación de la Entidad, sea contraria a su mantenimiento.
La iniciativa para la supresión de estas Entidades corresponderá:
A la mayoría de sus vecinos con el mismo procedimiento seguido para su constitución.
El acuerdo de supresión será adoptado, en todo caso, por el Consejo de Gobierno, previa audiencia de todas las partes interesadas e informes de la Diputación Provincial y del Consejo Andaluz de Municipios.
Acordada la supresión de la Entidad local autónoma, el Ayuntamiento se hará cargo de todos sus bienes, recursos y obligaciones.
La liquidación de las deudas y créditos contraídos se llevará a cabo en la forma y condiciones previstas en el correspondiente acuerdo de supresión.
CAPÍTULO V Publicación e inscripción Artículo 70
Los acuerdos de constitución, modificación o supresión de las Entidades locales autónomas se publicarán en el y en el de la provincia a que pertenezcan, así como en el tablón de anuncios del municipio en que estén integradas.
Dichos acuerdos se reflejarán en el Registro de Entidades Locales.
La aprobación por el Consejo de Gobierno de los niveles homogéneos a que se refire el artículo 4.2 habilitará a los Ayuntamientos para variar las condiciones de los servicios públicos gestionados indirectamente, a fin de ajustarlos a dichos niveles.
El nombre y capitalidad de los municipios y de las Entidades locales autónomas podrá ser alterado, previo acuerdo del Ayuntamiento o Junta Vecinal, con el quórum establecido en el artículo 47.2.d) de la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local, información pública por plazo de treinta días, informe de la Diputación Provincial y del Ayuntamiento, en su caso, y aprobación por resolución del Consejo de Gobierno. Este acuerdo se publicará en el de la provincia y en el , así como en el , y se inscribirá en el Registro de Entidades Locales.
Disposición citada en: 6 sentencias, 2 disposiciones normativas
ANGEL MARTIN LAGOS.
RESOLUCIÓN DE 5 DE MARZO DE 1997, de la Direccion general de la Energia, por la que se fijan las Normas para el Calculo de las Compensaciones de Ofico correspondientes a los Gastos de almacenamiento de Carbon termico durante el año 1995.