Source: https://boe.vlex.es/vid/supervision-consolidada-financieras-18150244
Timestamp: 2019-03-23 12:58:01
Document Index: 402353455

Matched Legal Cases: ['artículo 9', 'artículo 1', 'artículo 14', 'artículo 7', 'artículo 6', 'artículo 43', 'artículo 11', 'artículo 65', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 22', 'artículo 22', 'artículo 10', 'artículo 24', 'artículo 20', 'artículo 20', 'artículo 21', 'artículo 20', 'artículo 6', 'artículo 43', 'artículo 34', 'artículo 30', 'Artículo 35', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 33', 'artículo 86', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 3', 'artículo 20', 'artículo 21', 'artículo 10', 'artículo 67', 'artículo 54', 'artículo 42', 'artículo 40', 'artículo 39', 'artículo 40', 'artículo 20', 'artículo 54', 'artículo 14', 'artículo 44', 'artículo 44', 'artículo 26', 'artículo 28', 'artículo 30', 'artículo 30', 'artículo 39', 'artículo 54', 'artículo 55', 'Artículo 57', 'artículo 58', 'artículo 25', 'Artículo 77', 'artículo 25', 'artículo 25', 'artículo 57', 'artículo 57', 'Artículo 77', 'artículo 25', 'artículo 57', 'artículo 57', 'artículo 77', 'artículo 24', 'artículo 40', 'artículo 3', 'artículo 6', 'artículo 10', 'artículo 19', 'artículo 30', 'artículo 30', 'artículo 30', 'artículo 34', 'artículo 54', 'artículo 30', 'artículo 13', 'artículo 56', 'artículo 44']

Real Decreto 1343/1992, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla La Ley 13/1992, de 1 de junio, de recursos propios y supervisión en basé consolidada de las entidades financieras. - BOE. Boletín Oficial del Estado - Legislación - VLEX 18150244
Real Decreto 1343/1992, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla La Ley 13/1992, de 1 de junio, de recursos propios y supervisión en basé consolidada de las entidades financieras.
Marginal: BOE-A-1992-27168
Norma citada en: 48 sentencias, 18 artículos doctrinales, 19 resoluciones administrativas
El presente Real Decreto desarrolla La Ley 13/1992, de 1 de junio, sobre recursos propios y supervisión en basé consolidada de las entidades financieras, dedicando sendos títulos a los capítulos de La Ley que tratan de las entidades de crédito y sus Grupos (título i), de las Sociedades y agencias de valores y sus Grupos (título ii), de las entidades aseguradoras y sus Grupos (título iii) y finalmente de los otros Grupos consolidables de entidades financieras (título iv).
No ha sido objeto de desarrolló el capítulo v de La Ley que regula los Grupos mixtos no consolidables, por considerarse prematuro, dada la complejidad de la materia y no ser tan acuciante su regulación. En cambio se ha incluído un título preliminar que, a modo de pórtico, contiene una serie de Disposiciones comunes a todos los Grupos facilitando la comprensión del resto del articulado y evitando reiteraciones innecesarias.
Con esté Real Decreto se persigue alcanzar plenamente los siguientes objetivos ya enunciados en La Ley que desarrolla:
En primer lugar transponer adecuadamente directivas ya aprobadas por la Comunidad europea (la directiva 89/299/cee, de 17 de abril de 1989, relativa a los fondos propios de las entidades de crédito; parcialmente, la directiva 89/646/cee, de 15 de diciembre de 1989, segunda directiva bancaria; la directiva 89/647/cee, de 18 de diciembre de 1989, sobre el coeficiente de solvencia de las entidades de crédito; parcialmente, la directiva 91/674/cee, de 19 de diciembre de 1991, sobre cuentas anuales y cuentas consolidadas de las empresas de seguros, y la directiva 92/30/cee, de 6 de abril de 1992, relativa a la supervisión en basé consolidada de las entidades de crédito), o de inmediata aprobación (la propuesta de directiva sobre vigilancia y control de las operaciones de gran riesgo de las entidades de crédito, y la propuesta de directiva sobre adecuación del capital de las empresas de inversión y las entidades de crédito).
De está forma nuestro ordenamiento jurídico incorpora toda la normativa comunitaria reguladora de la solvencia de las entidades financieras. En está transposición Late la preocupación de no someter a las entidades financieras españolas a un régimen más riguroso que el exigido por las directivas, si bien en algún casó excepcional se ha optado por someterlas a medidas adicionales consideradas imprescindibles para garantizar su buena salud Financiera. No hay que olvidar que la necesaria competitividad de nuestras entidades frente a las extranjeras también puede verse incrementada por su correcta supervisión prudencial y la confianza que ello genera.
En segundo lugar, se da una respuesta adecuada a uno de los fenómenos más relevantes y complejos de los sistemas financieros modernos cómo es la existencia de Grupos integrados con frecuencia por entidades de muy distinta naturaleza y sujetos a la supervisión de organismos públicos diferentes. Así, en esté Real Decreto, y siguiendo el método de llegar a regulaciones especiales partiendo de enunciados más generales, se definen los diferentes tipos de Grupos, se establecen sus exigencias de recursos propios y se articulan mecanismos de supervisión en basé consolidada.
Dado el carácter unitario del Sistema financiero y la afinidad esencial de las entidades que lo integran, también se ha pretendido que en la regulación específicamente aplicable a cada tipo de entidades exista un notable grado de homogeneidad. En esté sentido y siguiendo el mandato de La Ley, las reglas de solvencia atienden más a la naturaleza objetiva de los riesgos inherentes a cada operación Financiera, que al tipo de entidad que la realiza.
Otro objetivo perseguido por la Norma es reforzar la colaboración entre los distintos organismos supervisores, única forma de atender adecuadamente a esquemas organizativos cada vez más sofisticados. A está finalidad también responde la posibilidad de crear un Registro de Grupos de entidades financieras en el Ministerio de economía y Hacienda.
En su virtud, a propuesta del ministro de economía y Hacienda, previó informe del comité consultivo de la comisión nacional del Mercado de Valores, de acuerdo con El Consejo de estado y previa deliberación del consejo de ministros en su reunión del día 6 de noviembre de 1992,
Los Grupos de entidades financieras a los que se refieren los capítulos i al v, ámbos inclusive, de La Ley 13/1992, de 1 de junio, son aquéllos conjuntos de entidades de esa naturaleza en los que concurra cualquiera de las siguientes circunstancias:
E) las Sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva, así cómo las Sociedades gestoras de Fondos de Pensiones, cuyo objeto Social exclusivo sea la administración y gestión de los citados fondos.
Asimismo, y aunue no tengan la consideración de entidades financieras, formarán parte de los Grupos de éstas las Sociedades instrumentales cuya actividad suponga la prolongación del negocio de una entidad Financiera, o consista fundamentalmente en la prestación a entidades del Grupo de servicios Auxiliares, tales cómo tenencia de inmuebles o activos materiales, prestación de servicios informáticos, de tasación, de representación, de mediación u otros similares.
Se entenderá que la actividad principal de una entidad es la tenencia de acciones o participaciones cuándo, en la fecha de referencia señalada en el artículo 9, más de la mitad de su activo esté compuesto por inversiones financieras permanentes en capital, sea cuál sea la actividad, objeto Social o estatuto de las entidades participadas.
. Si la entidad dominante es una entidad Financiera española, en el Grupo se integrarán Todas las entidades financieras controladas por élla, cualquiera que sea su nacionalidad, domicilio o naturaleza jurídica, y con independencia del país dónde desarrollen sus actividades.
2. Cuándo se esté en alguno de los supuestos contemplados en el apartado b) del artículo 1 de esté Real Decreto, o cuándo la dominante sea una entidad Financiera extranjera, el correspondiente Grupo estará compuesto por las entidades financieras de nacionalidad española y, en su casó, las filiales de estás últimas que sean entidades financieras, cualquiera que sea su nacionalidad, domicilio o naturaleza jurídica, y con independencia del país dónde desarrollen sus actividades.
2. Las cuentas anuales y el informe de gestión consolidados de los Grupos de entidades financieras deberán ser sometidos a la auditoría de cuentas regulada por La Ley 19/1988, de 12 de Julio, de auditoría de cuentas. Dichos Estados contables, así cómo sus correspondientes informes de auditoría, serán depositados en el Registro mercantil, de acuerdo con el código de Comercio y sus normas de desarrolló.
3. Por excepción, no se consolidarán los Estados contables de las entidades de seguros y sus Grupos, por una parte, con los de las entidades de crédito y las Sociedades y agencias de valores y sus respectivos Grupos, por otra, sin perjuicio de las operaciones contables que sea preceptivo realizar cuándo concurran los supuestos previstos en el capítulo v de La Ley 13/1992, de 1 de junio, sobre reglas especiales de vigilancia aplicables a los Grupos mixtos no consolidables de entidades financieras, y en las Disposiciones que lo desarrollen.
1. A los efectos de esté Real Decreto, son Grupos consolidables de entidades financieras los siguientes:
2. Las entidades financieras que integren, en cada casó concretó, un Grupo consolidable podrán estar sujetas individualmente a la misma o a diferentes clases de requerimientos de recursos propios, siendo de aplicación en esté último casó lo previsto en el artículo 14.
1. De acuerdo con lo establecido en La Ley 13/1992 y en los siguientes títulos de esté Real Decreto, en cada Grupo consolidable de entidades financieras existirá una entidad que deberá cumplir los deberes que se mencionan en el número siguiente y los demás exigibles con arreglo a la normativa que resulte de aplicación.
D) los deberes que se deriven de las relaciones con el organismo responsable de la supervisión del Grupo, tales cómo elaborar y remitir documentación e informaciones relativas al Grupo, atender los requerimientos y facilitar las actuaciones inspectoras del organismo supervisor, y los demás que se prevean en la normativa aplicable; todo ello sin perjucio de que el organismo responsable de la supervisión del Grupo pueda dirigirse directamente a las entidades componentes del mismo.
1. A los efectos de esté Real Decreto tendrá la consideración de subgrupo consolidable de entidades financieras un conjunto de éstas cuya configuración responda a alguno de los tipos previstos en el artículo 7, que a su vez se integre en un Grupo consolidable de mayor extensión y de tipo diferente.
A) cuándo el subgrupo carezca de una entidad dominante consolidable, sólo deberá cumplir los deberes contenidos en los párrafos b) y d) del citado apartado.
B) cuándo no se de la circunstancia señalada en el párrafo precedente, la entidad obligada deberá cumplir todos los deberes relacionados con el apartado mencionado. En esté supuesto se entenderá cumplido el deber de consolidación establecido en el apartado 2 del artículo 6 del Real Decreto 1815/1991, de 20 de diciembre, por el que se aprueban las normas para la formulación de las cuentas anuales consolidadas.
1. Los Grupos consolidables de entidades financieras quedarán sometidos a un régimen de supervisión prudencial sobre una basé consolidada. A estos efectos, en cada casó existirá un organismo estatal español responsable de está supervisión de acuerdo con lo dispuesto en La Ley 13/1992, de 1 de junio, y en los siguientes títulos de esté Real Decreto.
La supervisión en basé consolidada no será óbice para que Todas o algunas de las entidades componentes de los Grupos consolidables de entidades financieras estén también sometidas a supervisión individual o sobre una basé subconsolidada. En especial, la inclusión de un Grupo consolidable de una entidad sujeta a supervisión individual por organismo distinto del responsable de la supervisión del Grupo no eximirá al primero de ellos del ejercicio de sus funciones.
2. La exclusión individual de una entidad de la consolidación que se basé en lo previsto en el apartado 2 del artículo 43 del código de Comercio o en la normativa específica de cada tipo de Grupos consolidables lo será sin perjuicio de que el organismo competente de la supervisión en basé consolidada siga ejerciendo sobre dicha e
Ntidad el control que le atribuya la normativa específica mencionada.
3. Los subgrupos consolidables de entidades financieras serán supervisados, en cuanto tales, sobre una basé subconsolidada.
Para la determinación del tipo de subgrupo consolidable de que se trate en cada casó, de la entidad obligada, de los requerimientos específicos de recursos propios mínimos y del régimen y organismo supervisor se aplicarán las reglas previstas al respecto para los distintos tipos de Grupos consolidables en los títulos siguientes de esté Real Decreto.
1. Cuándo, además del organismo responsable de la supervisión de un Grupo sobre basé consolidada, existan otros organismos españoles responsables de la supervisión individual o sobre una basé subconsolidada de entidades componentes del Grupo, el primero de ellos deberá actuar de forma coordinada con los demás supervisores y todos deberán colaborar entre sí.
2. Si entidades extranjeras forman parte de Grupos españoles o si entidades españolas forman parte de Grupos extranjeros, los organismos responsables españoles colaborarán con las autoridades competentes extranjeras para facilitar la supervisión prudencial, a condición de reciprocidad y de respeto del secreto profesional. En el casó de las autoridades competentes de otros Estados miembros de las Comunidades Europeas, la supervisión prudencial se efectuará en los términos contenidos en las normas comunitarias o en los convenios celebrados a su Amparo.
1. A los efectos del presente Real Decreto, se distinguirán las siguientes clases de requerimientos de recursos propios mínimos: El coeficiente de solvencia de las entidades de crédito, las exigencias de recursos propios de las Sociedades y agencias de valores, el margen de solvencia de las entidades de seguros y, en general, cualesquiera otras reglas aplicables específicamente a éstas y a otras entidades financieras que relacionen sus recursos propios con los riesgos asumidos o con su volumen de negocio, incluyendo, en su casó, las que puedan dictar para las instituciones de inversión colectiva.
2. Cada tipo de Grupos consolidables de entidades financieras deberá cumplir sus requerimientos específicos de recursos propios mínimos en los términos previstos en el respectivo título de esté Real Decreto, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente.
3. Los subgrupos consolidables de entidades financieras deberán cumplir a nivel subconsolidado los requerimientos de recursos propios mínimos que correspondan al tipo de subgrupo de que se trate, en aplicación de las reglas mencionadas en el apartado 3 del artículo 11 de esté Real Decreto. Todo ello sin perjuicio de los que deban cumplir los Grupos en los que se integren y de los que, en su casó, sean exigible a las entidades individuales.
2. Aunque en un Grupo consolidable se integren entidades sometidas a diferentes definiciones de recursos propios computables, únicamente computarán cómo recursos propios del Grupo, en cuanto tal, aquéllos elementos que se contemplen en las normas propias del tipo de Grupo consolidable de que se trate. Igual regla se aplicará en lo referente a las deducciones de los recursos propios y a sus limitaciones.
2. Los elementos de recursos propios que, con arreglo a sus normas específicas, sean computables para alguna de las entidades individuales, o subgrupos de entidades, y que, sin embargo, no lo sean para el Grupo en su conjunto, se deducirán de los requerimientos exigibles a esas entidades individuales o subgrupos, hasta dónde éstos alcancen; las deducciones en los recursos propios que deban efectuarse según esas normas específicas individuales o del subgrupo, pero no según las normas del Grupo en su conjunto, se sumarán a los citados requerimientos.
- Los capitales mínimos de constitución que, en su casó, les impongan su legislación especial.
4. Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo a) del apartado 1 y en el apartado 3 los Grupos consolidables de entidades aseguradoras, regulados en el título iii de esté Real Decreto.
5. A fin de que el organismo responsable de la supervisión de un Grupo consolidable en el que se integren entidades sometidas a distintas clases de requerimientos de recursos propios mínimos pueda controlar la aplicación de lo dispuesto en el párrafo b) del apartado 1 anterior, los restantes organismos responsables de la supervisión individual o en basé subconsolidada de las entidades integrantes del Grupo comunicarán a aquél, siempre que sea necesario y al menos dos veces al año, los requerimientos de recursos propios mínimos que, con arreglo a sus normas específicas, sean exigibles de forma individual o subconsolidada a las entidades sujetas a su supervisión, los déficits que presenten en relación con tales requerimientos mínimos, y las medidas adoptadas para su corrección.
6. El organismo responsable de la supervisión del Grupo consolidable informará a los restantes organismos con competencias supervisoras sobre entidades individuales, o sobre subgrupos del mismo, cuándo lo considere necesario para la realización de sus respectivas funciones, de los déficits en los requerimientos de recursos propios mínimos exigibles al Grupo y de las medidas adoptadas para su corrección.
1. Los servicios competentes del Ministerio de economía y Hacienda tramitarán los expedientes de designación del organismo responsable de la supervisión de los Grupos consolidables de entidades financieras cuándo concurran las circunstancias del artículo 65 de esté Real Decreto o del segundo párrafo del apartado 3 del artículo 8 de La Ley 13/1985, de 25 de mayo, pudiendo, a estos efectos, solicitar de las entidades componentes del Grupo las informaciones y datos necesarios.
Efectuada por el Ministerio de economía y Hacienda dicha designación, ésta será notificada al organismo supervisor designado y a los demás organismos supervisores afectados, así cómo a los representantes del Grupo.
1. Sin perjuicio de lo previsto en el segundo párrafo del artículo 8,3 de La Ley 13/1985, de 25 de mayo, los Grupos consolidables de entidades de crédito son aquéllos Grupos de entidades financieras en los que concurra cualquiera de las siguientes circunstancias:
2. No obstante lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 4, la entidad dominante extranjera cuya actividad principal consista en tener participaciones en entidades de crédito, así cómo sus filiales consolidables, se integrarán en el Grupo consolidable de entidades de crédito, a efectos de su supervisión por las autoriddes españolas, cuándo concurran simultáneamente los siguientes Requisitos:
1. Cuándo las entidades de crédito de nacionalidad española sean las únicas filiales de esa naturaleza en el ámbito comunitario.
2. Cuándo, existiendo entidades de crédito filiales españolas y de otros países comunitarios, se hubiera alcanzado un acuerdo entre las autoridades competentes españolas y las de esos otros países, incluyendo el país de sede de la entidad dominante, en virtud del cuál se asigne la competencia de supervisión en basé consolidada a las autoridades españolas.
3. Cuándo, existiendo entidades de crédito filiales españolas y de otros países comunitarios, en ausencia del acuerdo a que se hace referencia en el inciso anterior, la entidad de crédito del Grupo con Balance más elevado tuviese nacionalidad española o, si los totales de Balance fuesen iguales, fuera española la entidad de crédito autorizada en primer lugar.
3. No obstante lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 4, no constituirá un Grupo consolidable de entidades de crédito a los efectos de su supervisión por las autoridades españolas, el formado por una entidad española cuya actividad principal sea la tenencia de participaciones en entidades de crédito y sus filiales consolidables, cuándo no exista ninguna entidad de crédito filial de nacionalidad española.
4. A efectos de lo dispuesto en los apartados anteriores de esté artículo, se entenderá que la actividad principal de una entidad consiste en tener participaciones en entidades de crédito cuándo concurran en élla los dos siguientes Requisitos simultáneamente:
B) que más de la mitad de su cartera de inversiones financieras permanentes en capital esté constituída por acciones u otros tipos de valores representativos de participaciones en entidades de crédito o en Sociedades, cualquiera que sea su denominación o estatuto que, de acuerdo con la normativa que les resulte aplicable, ejerzan las actividades típicas de las entidades de crédito.
1. Los Grupos consolidables de entidades de crédito quedarán sometidos a la supervisión sobre basé consolidada del Banco de España.
2. El Banco de España podrá recabar a las sucursales de entidades de crédito extranjeras el envío de los Estados contables de las entidades financieras radicadas en España y controladas por dichas entidades de crédito o por su Grupo, salvo que las mismas estén sujetas a la supervisión, en basé individual o consolidada, por la comisión nacional del Mercado de Valores, la dirección general de seguros o el propio Banco de España. Asimismo, le informarán sobre las relaciones financieras y de gestión entre la sucursal, o la matriz y su Grupo, y esas entidades.
Serán de aplicación las Disposiciones de esté Real Decreto relativas a Grupos consolidables de entidades de crédito a los conjuntos de entidades de crédito afiliadas de forma permanente a un organismo Central que cumplan los siguientes Requisitos:
4. Que la dirección del organismo Central controle la solvencia y la liquidez de las entidades afiliadas y esté habilitada para dar instrucciones vinculantes a las mismas en virud de los estatutos de éstas o de un contrató público otorgado al efecto.
A) el capital Social de las Sociedades anónimas, excluída la parte del mismo contemplada en el párrafo f) siguiente; los fondos fundacionales y las Cuotas participativas de las cajas de ahorro, así cómo el fondo Social de la confederación española de cajas de ahorro y las Cuotas participativas de asociación emitidas por ésta; las aportaciones al capital Social de las Cooperativas de crédito, y el fondo de dotación de las sucursales de entidades de crédito extranjeras.
Al cierre del ejercicio y hasta que tenga lugar la aplicación de Resultados, las entidades de crédito podrán incorporar a esté elemento la parte de los Resultados del ejercicio que se prevea aplicar a reservas, siempre que:
Las reservas de está naturaleza asociadas a procesos de fusión no se contabilizarán cómo recursos propios antes de la inscripción de la fusión en el Registro mercantil, restándose entre tanto de los activos revalorizados a efectos del cálculo del coeficiente de solvencia.
G) las financiaciones subordinadas recibidas por la entidad de crédito que cumplan los Requisitos establecidos en el apartado 3 del artículo 22 de esté Real Decreto. Se entiende por financiaciones subordinadas aquéllas que, a efectos de prelación de créditos, se sitúen detrás de todos los acreedores comunes.
B) las reservas en Sociedades consolidadas. En el casó de que en el activo del Balance Consolidado luzcan pérdidas en Sociedades consolidadas, éstas se deducirán de las reservas consolidadas.
3. Entre los elementos indicados en el párrafo g) del apartado anterior se incluirán las acciones preferentes emitidas con duración determinada por filiales extranjeras, cuándo otorguen derechos acumulativos al cobro de dividendos. En todo casó su duración no podrá ser inferior a la prevista en el apartado 3 del artículo 22 para las financiaciones subordinadas.
A) los Resultados negativos de ejercicios anteriores y del ejercicio corriente, así cómo los activos inmateriales integrados en su patrimonio.
B) las acciones, aportaciones u otros valores computables cómo recursos propios de la entidad o del Grupo que se hallen en poder de aquélla o en el de cualquier entidad del Grupo consolidable, incluso los poseídos a través de personas que actúen por cuenta de cualquiera de Ellas y los que hayan sido objeto de cualquier operación o compromiso que perjudique su eficacia para cubrir pérdidas de la entidad o del Grupo.
C) las financiaciones a terceros cuyo objeto sea la adquisición de acciones, aportaciones u otros valores computables cómo recursos propios de la entidad de crédito que las haya otorgado o de otras entidades de su Grupo consolidable. Está deducción no alcanzará a las financiaciones otorgadas al personal de la entidad o de otras entidades del Grupo consolidable, siempre que su importe unitario no supere los límites que se establezcan.
D) las acciones, aportaciones u otros valores computables cómo recursos propios de la entidad de crédito, o de otras entidades consolidables, poseídas por entidades no consolidables del mismo Grupo económico, hasta el límite que alcancen, directa o indirectamente, las participaciones, apoyos dinerarios o avales crediticios otorgados a las entidades tenedoras por la entidad de crédito o por cualquiera de las entidades del Grupo consolidable.
E) las participaciones en entidades financieras, distintas de las entidades aseguradoras, no integradas en el Grupo consolidable, cuándo la participación de la entidad de crédito, o del Grupo consolidable de entidades de crédito, sea superior al 10 por 100 del capital de la participada.
F) las financiaciones subordinadas u otros valores computables cómo recursos propios emitidos por las entidades participadas a que se refiere el párrafo precedente y adquiridos por la entidad o Grupo que ostente las participaciones.
G) las participaciones en entidades financieras que no sean aseguradoras, distintas de las incluídas en el párrafo e) precedente, y no integradas en el Grupo consolidable, y las financiaciones subordinadas emitidas por las mismas y adquiridas por la entidad o Grupo que sostente las participaciones, en la parte en que la Suma de Todas Ellas exceda del 10 por 100 de los recursos propios de la entidad de crédito, o del Grupo consolidable de entidades de crédito, calculados después de llevar a Cabo las deducciones a que se refieren los párrafos a), b), c) y d) de esté apartado.
H) el exceso de las participaciones en entidades de carácter no financiero a que se refieren el artículo 10 de La Ley 13/1985, de 25 de mayo, y el artículo 24 de esté Real Decreto.
2. Las deducciones recogidas en el número anterior se efectuarán, en su casó, por su valor en los libros de la entidad tenedora.
1. A efectos de su consideración cómo recursos propios, el capital de las Cooperativas de crédito estará integrado por las aportaciones de los socios y asociados que cumplan los siguientes Requisitos:
A) ser líbremente utilizables por la entidad para cubrir los riesgos inherentes al ejercicio de la actividad bancaria, incluso antes de que se hayan determinado las eventuales pérdidas o minusvalías.
A) el plazo original de dichas financiaciones no será inferior a cinco años; si no hubiere sido fijada la fecha de su vencimiento, deberá estar estipulado para su retirada un preavisó de, al menos, cinco años. Tanto en uno cómo en otro casó, durante los cinco años anteriores a su fecha de vencimiento reducirán su cómputo cómo recursos propios a razón de un 20 por 100 anual, hasta que su plazo remanente sea inferior a un año, momento en el que dejarán de computarse cómo tales.
B) se diferirá el pago de los intereses en casó de pérdidas.
E) en los contratos y folletos de emisión quedará patente la condición de financiación subordinada para los acreedores; el Banco de España verificará dichos contratos y folletos a fin de calificar su computabilidad cómo recursos propios.
Las financiaciones subordinadas podrán denominarse tanto en pesetas cómo en moneda extranjera.
4. Corresponderá al Banco de España la calificación e inclusión en los recursos propios de un Grupo consolidable de entidades de crédito de toda clase de acciones preferentes, emitidas de acuerdo con la normativa que sea de aplicación, y de los elementos recogidos en los párrafos f), g) y h) del apartado 1 del artículo 20, emitidos por Sociedades instrumentales u otras filiales. El Banco de España cuidará en especial de que la legislación del país dónde se realice la emisión, o la propia interposición de las Sociedades instrumentales o filiales, no debiliten la eficacia de los Requisitos y limitaciones establecidas para esos instrumentos, ni su valor cómo recursos propios del Grupo.
A) los recursos propios básicos de una entidad de crédito estarán constituidos por la Suma de los elementos recogidos en los párrafos a), b) y d) del apartado 1 del artículo 20, menos el importe del concepto a) del apartado 1 del artículo 21 y las partidas incluídas en los conceptos b), c) y d) de esté último apartado relativas a aquéllos elementos.
2. No serán computables cómo recursos propios de una entidad de crédito o Grupo consolidable de entidades de crédito:
A) el exceso de los elementos incluídos en el párrafo g) del apartado 1 del artículo 20, sobre el 50 por 100 de los recursos propios básicos de la entidad o el Grupo consolidable.
El Banco de España podrá autorizar a las entidades de crédito y a los Grupos consolidables de entidades de crédito a computar cómo recursos propios, transitoria y excepcionalmente, el exceso sobre los límites establecidos en esté apartado.
B) el importe de la participación cualificada en una solá Empresa o de la Suma de las participaciones cualificadas en empresas pertenecientes a un mismo Grupo económico, siempre que las empresas no tengan el carácter de financieras o de Sociedades instrumentales de éstas, en la parte de cada participación o Suma de participaciones que exceda del 15 por 100 de los recursos propios del Grupo consolidable o de la entidad de crédito que ostente las participaciones.
2. A efectos de lo dispuesto en el número precedente, se entenderá que un Grupo consolidable de entidades de crédito, o una entidad de crédito no perteneciente a uno de estos Grupos, ostenta una participación cualificada cuándo, en relación con la Empresa participada:
B) pueda ejercer una influciencia notable en su gestión. Se entenderá que existe está posibilidad cuándo al menos un 20 por 100 de los Consejeros de la Empresa participada puedan ser designados, o lo hayan sido efectivamente, por el Grupo consolidable o la entidad de crédito que ostente la participación.
4. Cuándo el Grupo consolidable o la entidad de crédito posean una participación cualificada a consecuencia del aseguramiento de una emisión de valores, la no inclusión de dicha participación en la deducción establecida en esté artículo no podrá superar un año a partir de la adquisición de los valores por la entidad.
5. La no inclusión en la deducción establecida en esté artículo de participaciones poseídas en nombre propio, pero por cuenta de terceros, exigirá la existencia de un contrató escrito de mandato y será incompatible con la existencia de una participación cualificada en la misma Empresa por parte del Grupo consolidable o de la entidad de crédito o, en su casó, de otras entidades de sus respectivos Grupos económicos.
1. Las cuentas patrimoniales, y los compromisos y demás cuentas de orden que presenten riesgo de crédito, excluidos aquéllos elementos que se deduzcan de los recursos propios, se clasificarán y ponderarán, para el cálculo del coeficiente de solvencia, en los Grupos de riesgo y con los factores de ponderación y recargos que establezca El Ministro de economía y Hacienda a propuesta del Banco de España, teniendo en cuenta lo dispuesto en el presente artículo.
En el ejercicio de estás facultades se atenderá al grado de riesgo asumido en las operaciones, habida cuenta de sus características y garantías y de la personalidad de la contraparte.
A) los riesgos frente a la administración del estado y el Banco de España; frente a las administraciones centrales y bancos centrales de los Estados pertenecientes a las Comunidades Europeas, de los países miembros de pleno Derecho de la ocde, y de aquéllos que hayan concertado acuerdos especiales de préstamo con el fondo monetario internacional en el Marco de los acuerdos generales de empréstito, así cómo frente a las Comunidades Europeas cómo tales, tendrán una ponderación nula.
Idéntica ponderación recibirán las emisiones de deuda pública de las comunidades autónomas cuándo estén autorizadas por el estado.
C) las ponderaciones atribuídas en los párrafos precedentes a los riesgos con las administraciones públicas españolas se extenderán a los contraídos con los organismos autónomos y entes públicos dependientes de Ellas, siempre que tengan la naturaleza prevista en el párrafo b) del apartado 1 o en el apartado 5, ámbos del artículo 6 del Texto Refundido de La Ley general presupuestaria, o la naturaleza análoga a ésta que se prevea en las leyes correspondientes de las comunidades autónomas.
F) la ponderación de los riesgos frente al Banco europeo de inversiones y frente a los bancos multilaterales de desarrolló no será inferior al 20 por 100.
H) las cuentas de periodificación estarán sometidas a la misma ponderación que corresponda a los activos de los que deriven los rendimientos periodificados. Cuándo no pueda determinarse el tipo de activos de los que procedan dichos rendimientos, se aplicará una ponderación a tanto alzado no inferior al 50 por 100, excepto en el casó de que la indeterminación fuera consecuencia del incumplimiento de normas contables, para el que se aplicará una ponderación no inferior al 100 por 100.
J) los riesgos no comprendidos en los párrafos precedentes recibirán una ponderación no inferior al 100 por 100. No obstante, cuándo tales riesgos dispongan de garantías, reales o prendarias, que los reduzcan significativamente, podrán sujetarse a una ponderación menor.
K) los compromisos y demás cuentas de orden serán objeto de una doble ponderación. En primer lugar, cada partida se multiplicará por un coeficiente reductor, que determinará el Banco de España, comprendido entre el 0 y el 100 por 100, en función del grado de riesgo que presente. En segundo lugar, al importe obtenido le serán de aplicación las ponderaciones atribuídas a las contrapartes correspondientes, según lo previsto en los apartados anteriores. No obstante, en los acuerdos de venta con compromiso de recompra y en los compromisos de compra a plazo, registrados en cuentas de orden, la ponderación aplicable será la correspondiente al activo de que se trate y no a la contraparte de la transacción.
1. La exigencia, con arreglo a lo dispuesto en el capítulo precedente, de recursos propios en atención a los riesgos ligados a la cartera de valores de negociación de las entidades de crédito se sustituirá por la que, en desarrolló de la presente Norma, establezca El Ministro de economía y Hacienda o, con su habilitación, el Banco de España, atendiendo tanto al riesgo de crédito cómo a los riesgos de Mercado de las citadas carteras de negociación.
2. En el ejercicio de dichas competencias, El Ministro de economía y Hacienda y el Banco de España se ajustarán a las definiciones y criterios establecidos en la sección ii del capítulo tercero del título segundo de esté Real Decreto y dispondrán de las facultades de desarrolló allí establecidas. Las referencias que en dicha sección se realizan a la comisión nacional del Mercado de Valores se entenderán efectuadas al Banco de España.
El nivel de está exigencia de recursos propios será establecido por El Ministro de economía y Hacienda a propuesta del Banco de España y no será inferior al 8 por 100 de la posición en divisas global neta.
En el cálculo de los recursos propios consolidados exigibles, conforme a lo dispuesto en los dos artículos precedentes, a los Grupos consolidables de entidades de crédito se podrá permitir la compensación de posiciones de signo opuesto mantenidas por entidades de crédito y por Sociedades y agencias de valores españolas incluídas en la consolidación cuándo, a juicio del Banco de España, haya una distribución adecuada de los recursos propios del Grupo entre dichas entidades, y el Marco jurídico del Grupo permita asegurar un Apoyo financiero mútuo dentro del mismo.
En el casó de que se pretenda la compensación con, o entre, entidades pertenecientes al Grupo consolidable domiciliadas en otros países de las Comunidades Europeas o en países terceros se estará a lo previsto en el apartado 5 del artículo 43, salvo la referencia que en dicho número se hace a los grandes riesgos derivados de la cartera de valores de negociación.
1. Se considerará un gran riesgo el contraído frente a una misma persona o Grupo económico, incluso el propio en la parte no consolidable, cuándo su valor supere el 10 por 100 de los recursos propios del Grupo consolidable de entidades de crédito o de la entidad de crédito no perteneciente a uno de estos Grupos que concedan la financiación o asuman el riesgo.
2. El valor de todos los riesgos que un Grupo consolidable de entidades de crédito o una entidad de crédito no perteneciente a uno de estos Grupos contraiga con una solá persona o Grupo económico ajeno no podrá exceder del 25 por 100 de los recursos propios del Grupo consolidable o de la entidad de crédito que concedan la financiación o asuman los riesgos.
4. Los Grupos consolidables de entidades de crédito y las entidades de crédito no pertenecientes a uno de estos Grupos llevarán a Cabo un seguimiento adecuado de la concentración de sus riesgos mediante Procedimientos administrativos y contables y mecanismos internos de control adecuados, poniendo especial atención en conocer las relaciones de participación, garantías cruzadas y relaciones de dependencia comercial existentes entre sus clientes. A efectos de los límites establecidos en los apartados 2 y 3 de esté artículo, acumularán a los riesgos mantenidos frente a una misma persona o Grupo económico los mantenidos frente a aquéllas personas físicas o jurídicas que, por estar interrelacionadas económicamente con los anteriores, pudieran encontrarse en graves Difi
Cultades para atender sus compromisos si la persona o Grupo económico con el que se encuentren interrelacionados atravesaran una situación de insolvencia o falta de liquidez. Asimismo, vigilarán sus concentraciones de riesgo en las diferentes ramas de actividad económica.
El Banco de España supervisará el cumplimiento de está Norma y podrá establecer que determinados conjuntos de clientes sean considerados cómo una unidad a los efectos de la aplicación de aquéllos límites, aunque no pertenezcan al mismo Grupo económico.
El Banco de España podrá permitir la aplicación de los límites de referencia de forma individual, o agregada a sólo algunos componentes de un Grupo económico, cuándo su autonomía de gestión, limitación de responsabilidad, o actividad específica lo aconsejen.
F) los disponibles que puedan ser unilateral y líbremente cancelados por la entidad.
I) el 50 por 100 de los riesgos frente a Corporaciones Locales españolas, y frente a las comunidades autónomas, en cuanto no hayan sido ya excluidos conforme a lo establecido en el párrafo a) precedente, así cómo los riesgos garantizados por dichas administraciones directa e incondicionalmente.
7. Quedarán excluidos de las limitaciones establecidas en los apartados 2 y 3 precedentes los riesgos de las entidades de crédito españolas filiales de entidades de crédito extranjeras, incluyendo Grupos consolidables de entidades de crédito en España cuya entidad dominante sea una entidad de crédito extranjera o una entidad perteneciente a un Grupo de entidades de crédito extranjeras sujeto a supervisión en basé consolidada, con lo que se hallen garantizados explícitamente por la entidad dominante consolidable u otras entidades de crédito extranjeras del Grupo consolidable de entidades de crédito.
En todo casó la entidad de crédito española o el Grupo consolidable de entidades de crédito en España, deberán quedar sujetos a la supervisión en basé consolidada a que se someta el Grupo extranjero, y éste hallarse sujeto a limitaciones equivalentes a las establecidas en el presente artículo. Corresponderá al Banco de España apreciar la concurrencia de estás circunstancias.
3. Cuándo por circunstancias sobrevenidas, tales cómo fusiones de entidades o actualización de valores, se rebasen los límites del apartado 1 anterior, se aplicará el procedimiento previsto en el artículo 34, con el fin de retornar a dichos límites.
4. El Banco de España podrá autorizar, de forma previa a que se efectúen, inmovilizaciones materiales que transitoriamente superen los límites de esté artículo.
1. Los riesgos de tipo de interés y de liquidez serán objeto de una vigilancia continúa por parte de las entidades de crédito, mediante los Procedimientos de seguimiento y control interno adecuados. El Banco de España supervisará dichos Procedimientos y podrá sujetarlos a Requisitos mínimos o reglas normalizadas.
1. Sin perjuicio de su cumplimiento por el Grupo consolidable en basé consolidada, el Banco de España podrá exigir también de las entidades de crédito que formen parte del mismo y no sean su entidad dominante, el cumplimiento individual de las normas de solvencia establecidas en el presente título, a niveles inferiores o incluso iguales al establecido por las entidades de crédito no integradas en
Un Grupo consolidable de éstas, cuándo ello venga justificado por la autonomía de gestión de la entidad o la limitación de responsabilidad del Grupo en Ellas, o cuándo la especial situación de la entidad así lo aconseje. En tal casó, y a efectos de los límites establecidos en los apartados 2 y 3 del artículo 30, los riesgos expresamente garantizados por otra entidad de crédito del Grupo consolidable se atribuirán a ésta.
2. El Banco de España podrá sustituir el cumplimiento por el Grupo consolidable en basé consolidada de lo dispuesto en los artículos 27 y 28 por su cumplimiento individual, sea por las razones indicadas en el número precedente, sea por la dificultad de consolidar las posiciones con la frecuencia requerida para hacer efectivo lo dispuesto en esos artículos.
1. Cuándo un Grupo consolidable de entidades de crédito o una entidad de crédito no perteneciente a uno de estos Grupos presente un déficit de recursos propios respecto de los mínimos requeridos en virtud de lo dispuesto en el presente título, informará de ello con carácter inmediato al Banco de España y presentará un programa en el que se concreten sus planes para retornar al cumplimiento. Dicho programa deberá, al menos, hacer referencia a los siguientes aspectos: Identificación de las causas del incumplimiento del nivel de recursos propios exigible; plan para retornar al cumplimiento, que incluirá tanto la limitación al desarrolló de actividades que supongan riesgos elevados cómo medidas a adoptar para el aumentó del nivel de recursos propios, y plazos para retornar al cumplimiento.
Dicho programa deberá ser aprobado, si procede, en un plazo máximo de tres meses desde su presentación, por el Banco de España, quién podrá fijar medidas adicionales a las propuestas, con el fin de asegurar el retorno a los niveles exigibles. Transcurrido el plazo señalado sin que hubiera recaído resolución expresa, el programa presentado se entenderá aprobado.
2. Cuándo un Grupo consolidable de entidades de crédito o una entidad de crédito no perteneciente a uno de estos Grupos incumpla las limitaciones establecidas en el presente título se seguirá un procedimiento similar al descrito en el apartado anterior.
Artículo 35. Aplicación de Resultados en el casó de incumplimiento del coeficiente y de las otras normas de solvencia.
1. Cuándo un Grupo consolidable de entidades de crédito o una entidad de crédito no perteneciente a uno de estos Grupos presente un déficit de recursos propios superior al 20 por 100 de los mínimos requeridos en virtud de lo dispuesto en el presente título, la entidad, o Todas y cada una de las entidades pertenecientes al Grupo consolidable, deberán destinar a reservas la totalidad de los beneficios o excedentes netos. Queda a salvo lo establecido en el apartado 5 del artículo 11 de La Ley 13/1985, de 25 de mayo.
Se exceptúan de está obligación las filiales en las que las entidades incluídas en el Grupo consolidable posean al menos el 90 por 100 de los derechos de voto y del capital, que de forma individual satisfagan el nivel mínimo exigible de recursos propios.
2. Cuándo el déficit a que alude el número precedente sea igual o inferior al 20 por 100, la entidad, o Todas y cada una de las entidades pertenecientes al Grupo consolidable, con la excepción allí indicada, someterán su distribución de Resultados a la autorización previa del Banco de España, que establecerá el porcentaje mínimo a destinar a reservas atendiendo al programa del Grupo consolidable o de la entidad para retornar a los niveles mínimos; ese porcentaje mínimo será igual al 50 por 100 de los beneficios o excedentes netos, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 11 de La Ley 13/1985. El Banco de España podrá exigir un porcentaje superior cuándo de las circunstancias de la entidad o del Grupo resulte que no haya otras medidas eficaces para retornar al cumplimiento de las normas infringidas o cuándo las propuestas del mencionado programa sean insuficientes para ello.
3. Lo establecido en esté artículo y en el precedente se aplicará individualmente a las entidades de crédito que, incluídas en un Grupo consolidable de entidades de crédito, incumplan de forma individual las normas de solvencia que les sean exigidas en virtud de lo dispuesto en el artículo 33.
4. Lo dispuesto en esté artículo y en el precedente se entiende sin perjuicio de la aplicación, cuándo proceda, de las sanciones previstas en La Ley 26/1988, de 29 de Julio, sobre disciplina e intervención de las entidades de crédito.
1. Sin perjuicio de lo previsto en el apartado 5 del artículo 86 bis de La Ley del Mercado de Valores, los Grupos consolidables de Sociedades y agencias de valores son aquéllos Grupos financieros en los que concurra cualquiera de las siguientes circunstancias:
A) que una Sociedad o agéncia de valores controle a una o a varias entidades financieras.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 4, la entidad dominante extranjera cuya actividad principal consista en tener participaciones en empresas de inversión, incluyendo Sociedades y agencias de valores españolas, así cómo sus filiales consolidables, se integrarán en el Grupo consolidable de Sociedades y agencias de valores, a efectos de su supervisión por las autoridades españolas, cuándo concurran simultáneamente los siguientes Requisitos:
1. Cuándo las empresas de inversión de nacionalidad española sean las únicas filiales de esa naturaleza en el ámbito comunitario.
2. Cuándo, existiendo empresas de inversión filiales españolas y de otros países comunitarios, se hubiera alcanzado un acuerdo entre las autoridades competentes españolas y las de esos otros países, incluyendo el país de sede de la Sociedad dominante, en virtud del cuál se asigne la competencia de supervisión en basé consolidada a las autoridades españolas.
3. Cuándo, existiendo empresas de inversión filiales españolas y, de otros países comunitarios, en ausencia del acuerdo a que se hace referencia en el inciso anterior, la Empresa de inversión del Grupo con Balance más elevado tuviese nacionalidad española o, si los totales de Balance fuesen iguales, fuera española la Empresa de inversión autorizada en primer lugar.
3. No obstante lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 4, no constituirá un Grupo consolidable de Sociedades y agencias de valores, a los efectos de su supervisión por las autoridades españolas, el formado por una entidad española cuya actividad principal sea la tenencia de participaciones en empresas de inversión, y sus filiales consolidables, cuándo no exista ninguna Empresa de inversión filial de nacionalidad española.
4. A efectos de lo dispuesto en los números anteriores de esté artículo, se entenderá que la actividad principal de una entidad consiste en tener participaciones en Sociedades y agencias de valores o en empresas de inversión cuándo concurran en élla los dos siguientes Requisitos simultáneamente:
A) que la entidad sea de las contempladas en el párrafo h) del apartado 1 del artículo 3 de esté Real Decreto.
B) que más de la mitad de su cartera de inversiones financieras permanentes en capital esté constituída por acciones u otros tipos de valores representativos de participaciones en Sociedades y agencias de valores o en Empresa, cualquiera que sea su denominación o estatuto, que, de acuerdo con la normativa que les resulte aplicable, ejerzan las actividades típicas de las Sociedades y agencias de valores.
Los Grupos consolidables de Sociedades y agencias de valores quedarán sometidos a la supervisión sobre basé consolidada de la comisión nacional del Mercado de Valores.
1. A efectos de lo dispuesto en los títulos v y viii de La Ley 24/1988, de 28 de Julio, del Mercado de Valores, los recursos propios de las Sociedades y agencias de valores comprenderán los elementos relacionados en el apartado 1 del artículo 20 que concuerden con la naturaleza jurídica de estás entidades y con idénticas especificaciones, con excepción de la referencia que en su párrafo b) se hace ‹al cierre del ejercicio›, que se entenderá sustituida por la siguiente: ‹Durante el ejercicio y a su cierre ...›. Asimismo, en el inciso i) de dicho párrafo b) debe entenderse sustuituida la palabra ‹decisión› por ‹compromiso›.
3. Se deducirán de los recursos propios de las Sociedades y agencias de valores, o de los Grupos consolidables de éstas, los mismos elementos que se citan en el artículo 21, con idénticas especificaciones, excepto el exceso de las participaciones en entidades de carácter no financiero a que se refiere el artículo 10 de La Ley 13/1985, de 25 de mayo, que sólo se deducirán cuándo se den las circunstancias previstas en el apartado 2 del artículo 67 de esté Real Decreto.
4. Las menciones que, en los artículos a los que se remiten los números precedentes, se hacen a los Grupos consolidables de entidades de crédito, a las entidades de crédito y al Banco de España se entenderán hechas, a los efectos de esté capítulo, a los Grupos consolidables de Sociedades y agencias de valores, a las Sociedades y agencias de valores y a la comisión nacional del Mercado de Valores, respectivamente.
1. El Ministro de economía y Hacienda o, con su habilitación expresa, la comisión nacional del Mercado de Valores, a efectos de la cobertura de las exigencias de recursos propios derivadas de las Secciones ii, iv y v del capítulo iii del presente título y, en su casó, del artículo 54, podrán autorizar a las Sociedades y agencias de valores y sus Grupos consolidables que deban aplicar la citada sección ii, sobre riesgos ligados a la cartera de valores de negociación, a utilizar la definición alternativa de recursos propios que se recoge en los apartados siguientes.
D) los activos líquidos, cuándo se conceda la autorización para que las financiaciones subordinadas mencionadas en el párrafo b) anterior superen el 150 por 100 de los recursos propios básicos, a que se refiere el artículo 42.
B) no podrán contener cláusulas de rescate, reembolso o amortización anticipada, salvo en casó de liquidación de la entidad. Sin perjuicio de lo anterior, la comisión nacional del Mercado de Valores podrá autorizar al deudor el reembolso anticipado de financiaciones subordinadas si con ello no se ve afectada la solvencia de la entidad o del Grupo consolidable.
C) el pago de intereses y el reembolso del principal deberán diferirse en casó de que el nivel de recursos propios descienda por debajo del 100 por 100 de los niveles globales Exigidos a la entidad o al Grupo consolidable.
Las entidades deberán notificar a la comisión nacional del Mercado de Valores cualquier amortización cuándo a consecuencia de la misma los recursos propios de la entidad o del Grupo consolidable descienden por debajo del 120 por 100 de los niveles globales Exigidos, o cuándo los recursos propios ya estén situados por debajo de dicho porcentaje.
B) los recursos propios de tercera categoría de una Sociedad o agéncia de valores estarán constituidos por las financiaciones subordinadas mencionadas en el párrafo b) del apartado 2 del artículo 40.
2. No serán computables cómo recursos propios de una Sociedad o agéncia de valores o Grupo consolidable de éstas, tanto en relación con la definición del artículo 39 cómo con la definición alternativa del artículo 40:
A) el exceso de los elementos incluídos en el párrafo g) del apartado 1 del artículo 20, sobre el 50 por 100 de los recursos propios básicos de la entidad o del Grupo consolidable.
La comisión nacional del Mercado de Valores podrá autorizar a las Sociedades y agencias de valores y a sus Grupos consolidables a rebasar, transitoria y excepcionalmente, los límites establecidos en el párrafo a) y en el primer inciso del párrafo b) de esté apartado.
3. La utilización simultánea por una Sociedad o agéncia de valores, o un Grupo consolidable de éstas, de las definiciones de recursos propios contempladas en los artículos 39 y 40 anteriores no podrá suponer, en ningún casó, la inclusión de cualquiera de los componentes de los recursos propios por un importe superior al que figure en el Balance de la entidad o del Grupo consolidable.
B) la Suma de los importes resultantes en aplicación de lo dispuesto en las Secciones iii y iv del presente capítulo y, en su casó, en la sección ii del mismo capítulo, así cómo en el artículo 54 del capítulo iv.
3. Los recursos propios de los Grupos consolidables de las Sociedades y agencias de valores no podrán ser, en ningún momento, inferiores a la magnitud a que se refiere el párrafo b) del apartado anterior en relación al Balance Consolidado o, en su casó, a la más alta de las magnitudes a que se refieren los párrafos b) y c) de dicho apartado.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuándo en el Grupo consolidable de Sociedades y agencias de valores se integren entidades sometidas a requerimiento de recursos propios mínimos de distinta clase se aplicará lo previsto en el artículo 14 del presente Real Decreto.
5. En el cálculo de los recursos propios exigibles a los Grupos consolidables de Sociedades y agencias de valores podrá permitirse la compensación de posiciones de signo opuesto sujetas a riesgo de tipo de cambio y, en su casó, a riesgos ligados a la cartera de valores de negociación y a los grandes riesgos derivados de dicha cartera, mantenidas por diferentes Sociedades y agencias de valores y entidades de crédito de un mismo Grupo consolidable, cuándo Todas y cada una de Ellas cumplan sus exigencias de recursos propios de forma individual, y estén domiciliadas en España o en otro estado miembro de las Comunidades Europeas.
La compensación de posiciones a que se refiere el párrafo anterior entre entidades pertenecientes al Grupo consolidable domiciliadas en España o en otro estado miembro de las Comunidades Europeas y entidades radicadas en países terceros, o entre éstas últimas, sólo se permitirá cuándo se cumplan, a juicio de la comisión nacional del Mercado de Valores, simultáneamente las siguientes condiciones:
2. Las entidades radicadas en países terceros deberán cumplir, a nivel individual, normas de solvencia o exigencias de recursos propios equivalentes a las contenidas en esté Real Decreto.
El Ministro de economía y Hacienda o, con su habilitación expresa, la comisión nacional del Mercado de Valores podrán establecer que lo dispuesto en la presente sección no resulte aplicable a las entidades o Grupos consolidables cuya cartera de valores de negociación resulte inferior al menor de los siguientes importes: El 5 por 100 de su actividad total o 2.000 millones de pesetas, en cuyo casó, determinarán la forma de medir los importes antes mencionados, así cómo las circunstancias en que, excepcionalmente, se podrán superar dichos importes sin que ello suponga la aplicación de la presente sección a la entidad o Grupo consolidable, o está sección deba seguir aplicándose aunque la cartera de valores de negociación de una entidad o Grupo consolidable descienda transitoriamente de los importes citados.
1) los valores, incluídos instrumentos derivados sobre los mismos, y compromisos sobre valores que las entidades mantengan para su venta a corto plazo, o con la intención de beneficiarse a corto plazo de las variaciones en su precio, o cómo cobertura de otros elementos de dicha cartera.
4. No obstante las referencias que en la presente sección se hacen a la cartera de negociación de las Sociedades y agencias de valores, su operativa debe efectuarse dentro de los límites establecidos en La Ley del Mercado de Valores y sus normas de desarrolló, especialmente en lo relativo a la realización de operaciones por cuenta propia por parte de las agencias de valores.
1. La posición neta de una entidad o Grupo consolidable en cada valor o instrumento derivado se valorará diariamente a los precios de Mercado, convirtiéndose en su casó a pesetas.
El Ministro de economía y Hacienda o, con su habilitación expresa, la comisión nacional del Mercado de Valores determinarán las partidas que integrarán las posiciones a que se refiere el párrafo anterior, así cómo las reglas especiales que en cada casó resulten de aplicación.
B) riesgo específico, derivado de un cambio en el precio de una posición propia debido a causas relativas al emisor del valor, o al emisor de su subyacente, en el casó de instrumentos derivados.
3. Al establecerse los coeficientes a aplicar para el cálculo del riesgo específico, deberá tenerse en cuenta la calidad crediticia y solvencia de los distintos emisores; además podrá tenerse en cuenta la liquidez de los valores y, en el casó de posiciones en renta fija, sus plazos residuales de vencimientos.
La Suma de ámbos importes será su posición global bruta, y la diferencia entre ámbos será su posición global neta.
1. En el casó de aseguramiento de emisiones, El Ministro de economía y Hacienda o, con su habilitación expresa, la comisión nacional del Mercado de Valores podrán establecer que las posiciones aseguradas por la entidad o el Grupo consolidable que no están colocadas en firme ni reaseguradas por terceros se ponderen, de acuerdo con los factores de reducción que se determinen, a partir del día en que la entidad esté obligada incondicionalmente a adquirir los valores asegurados por un importe y a un precio conocidos.
El Ministro de economía y Hacienda o, con su habilitación expresa, la comisión nacional del Mercado de Valores establecerán el nivel de recursos propios exigible a una entidad o Grupo consolidable en atención a otros riesgos ligados a su cartera de negociación, diferentes de los contemplados en los artículos anteriores de está sección, entre los que se incluirán, en especial, los siguientes:
1. El riesgo de contraparte derivado de operaciones relativas a valores de la cartera de negociación, tales cómo retrasos en la liquidación de las mismas, posiciones en instrumentos derivados cuyo Mercado no asegure su liquidación adecuadamente, u otros compromisos relativos a dichos valores.
3. El riesgo correspondiente a los activos a que se refiere el punto tercero del apartado 2 del artículo 44, en cuyo casó se seguirán los criterios establecidos en la sección iii del presente capítulo.
En el ejercicio de estás facultades se deberán considerar, también, y entre otros, los siguientes criterios:
2. A efectos del cálculo del riesgo de crédito, sólo se incluirán los activos y compromisos que no formen parte de la cartera de valores de negociación, ni hayan sido deducidos de los recursos propios. No obstante, las Sociedades y agencias de valores y sus Grupos consolidables para los que, en virtud de lo previsto en el apartado 1 del artículo 44, no resultará de aplicación la sección ii del presente capítulo, tomarán en consideración todos los elementos sujetos a riesgo de crédito.
1. Las cuentas patrimoniales, y los compromisos y demás cuentas de orden que presenten riesgo de crédito, excluidos aquéllos elementos que se deduzcan de los recursos propios, se clasificarán y ponderarán para el cálculo de las exigencias de recursos propios, en los Grupos de riesgo y con los factores de ponderación y recargos que establezcan El Ministro de economía y Hacienda o, con su habilitación expresa, la comisión nacional del Mercado de Valores.
2. El ejercicio de las competencias otorgadas en el número anterior se ajustará a los criterios contenidos en el artículo 26 de esté Real Decreto.
2. El Ministro de economía y Hacienda o, con su habilitación expresa, la comisión nacional del Mercado de Valores establecerán la exigencia de recursos propios en atención a dicho riesgo y sus métodos de cálculo, ajustándose a lo previsto en el artículo 28 de esté Real Decreto.
Exigencia de basé
2. La entidad podrá ajustar esté importe, previa autorización de la comisión nacional del Mercado de Valores, si su actividad hubiera disminuido sustancialmente con respecto al ejercicio anterior.
Igualmente, la entidad deberá ajustar esté importe si su actividad estuviera aumentando sensiblemente con respecto al ejercicio anterior; la nueva basé de cálculo será sometida a la aprobación de la comisión nacional del Mercado de Valores.
3. Cuándo la entidad no haya completado un ejercicio se tomarán cómo basé de cál
4. El Ministro de economía y Hacienda o, con su habilitación expresa, la comisión nacional del Mercado de Valores determinarán las partidas contables integrantes de los Gastos de Estructura, el grado de variación en la actividad a que se refiere el apartado 2 anterior, así cómo, las circunstancias en que lo dispuesto en esté artículo podrá resultar de aplicación a los Grupos consolidables de Sociedades y agencias de valores.
1. Resultará también de aplicación a las Sociedades y agencias de valores y a sus Grupos consolidables lo dispuesto en el artículo 30, con las modificaciones que se derivan del presente artículo. A estos efectos, las menciones que en aquél artículo se hacen a los Grupos consolidables de entidades de crédito, a las entidades de crédito y al Banco de España se entenderán hechas en el presente precepto a los Grupos consolidables de Sociedades y agencias de valores, a las Sociedades y agencias de valores y a la comisión nacional del Mercado de Valores.
A efectos de está agregación, El Ministro de economía y Hacienda o, con su habilitación expresa, la comisión nacional del Mercado de Valores establecerán el método para el cálculo de las posiciones de riesgo que, frente a una misma persona o Grupo económico, mantengan en su cartera de valores de negociación las entidades y los Grupos consolidables.
El presente número no se aplicará a aquéllas Sociedades y agencias de valores y Grupos consolidables de éstas a las que no les resulten de aplicación las normas contenidas en la sección ii del capítulo iii. Estás Sociedades y agencias de valores y Grupos consolidables se regirán en lo relativo a los límites a los grandes riesgos, por las normas del artículo 30, sin más modificaciones que las que se derivan de lo establecido en el apartado 1 del presente artículo.
3. No obstante lo anterior, El Ministro de economía y Hacienda o, con su habilitación expresa, la comisión nacional del Mercado de Valores podrán establecer un método alternativo para el tratamiento de los grandes riesgos derivados de la cartera de valores de negociación, que permita que dichos riesgos superen los límites mencionados en el apartado 1, si bien calculados en relación a la definición alternativa de recursos propios, basado en el establecimiento de recargos por concentración, y que sólo podrá ser utilizado, en su casó, por aquéllas Sociedades y agencias de valores y Grupos consolidables de éstas que apliquen las normas contenidas en la sección ii del capítulo anterior. En todo casó, los riesgos ajenos a la mencionada cartera de valores de negociación nunca deberán superar los límites de referencia calculados en relación a la definición de recursos propios del artículo 39.
1. El Ministro de economía y Hacienda o, con su habilitación expresa, la comisión nacional del Mercado de Valores podrán establecer, en relación con las Sociedades y agencias de valores y sus Grupos consolidables, normas de obligado cumplimiento para la cobertura de riesgos de la misma o análoga naturaleza mediante operaciones de signo contrario, así cómo prohibiciones expresas o limitaciones a determinadas posiciones abiertas o rúbricas de activo. En particular, podrán fijar normas a seguir para la cobertura total o parcial del riesgo de tipo de cambio mediante el mantenimiento de las correspondientes proporciones entre los saldos de activo y de pasivo en cada divisa que deriven de operaciones tanto al contado cómo a plazo.
De los Resultados de dicho Sistema interno se dará cuenta, con periodicidad al menos mensual, al consejo de administración de la Sociedad o agéncia de valores, o de la entidad obligada a presentar las cuentas consolidadas. La comisión nacional del Mercado de Valores será informada de la organización de dicho Sistema y de sus Resultados. Se faculta asimismo a la comisión nacional del Mercado de Valores para establecer los Requisitos mínimos que deberán cumplir tales sistemas internos de evaluación de riesgos, así cómo la frecuencia y la extensión de las informaciones que le deban ser facilitadas.
1. Cuándo una Sociedad o agéncia de valores o un Grupo consolidable de éstas presente un nivel de recursos propios inferior al mínimo exigible en virtud de lo dispuesto en esté título y Disposiciones que lo desarrollen, informará de ello con carácter inmediato a la comisión nacional del Mercado de Valores, y presentará un programa en el que se concreten sus planes para retornar al cumplimiento. Dicho programa deberá, al menos, hacer referencia a los siguientes aspectos: Identificación de las causas del incumplimiento del nivel de recursos propios exigible; plan para retornar al cumplimiento, que incluirá tanto la limitación al desarrolló de actividades que supongan riesgos elevados cómo medidas a adoptar para el aumentó de su nivel de recursos propios, y plazos para retornar al cumplimiento.
Dicho programa deberá ser aprobado, si procede, en un plazo máximo de tres meses desde su presentación, por la comisión nacional del Mercado de Valores, quién podrá fijar medidas adicionales a las propuestas, con el fin de asegurar el retorno a los niveles Exigidos. Transcurrido el plazo señalado sin que hubiera recaído resolución expresa, el programa presentado se entenderá aprobado.
2. Cuándo una Sociedad o agéncia de valores o sus Grupos consolidables incumplan las limitaciones a que se refiere el artículo 54, o las que se establezcan en desarrolló de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 55, se seguirá un procedimiento similar al descrito en el apartado anterior.
Artículo 57. Aplicación de Resultados en el casó de incumplimiento de las exigencias de recursos propios.
1. Cuándo el nivel de recursos propios de una Sociedad o agéncia de valores o de sus Grupos consolidables descienda por debajo del 80 por 100 del mínimo exigible en virtud de lo dispuesto en esté título y en las Disposiciones que lo desarrollen, la entidad en cuestión, o Todas y cada una de las entidades pertenecientes al Grupo consolidable, deberán destinar a reservas la totalidad de sus beneficios.
Se exceptúan de está obligación las filiales en las que las entidades incluídas en el Grupo consolidable posean, al menos, el 90 por 100 de los derechos de voto y del capital, que a nivel individual satisfagan el nivel mínimo exigible de recursos propios.
2. Cuándo el déficit a que alude el número precedente sea igual o inferior al 20 por 100, la entidad, o Todas y cada una de las entidades pertenecientes al Grupo consolidable, con la excepción allí indicada, someterán su distribución de Resultados a la autorización previa de la comisión nacional del Mercado de Valores, que establecerá el porcentaje mínimo a destinar a reservas atendiendo al programa de la entidad o Grupo consolidable para retornar a los niveles mínimos; ese porcentaje será igual al 50 por 100 de los beneficios. La comisión nacional del Mercado de Valores podrá exigir un porcentaje superior cuándo de las circunstancias de la entidad o del Grupo resulte que no haya otras medidas eficaces para retornar al cumplimiento de las normas infringidas o cuándo las propuestas del mencionado programa sean insuficientes para ello. La autorización se entenderá otorgada si transcurrido un mes desde la solicitud no hubiera recaído resolución expresa.
3. Lo dispuesto en esté artículo y en el precedente se entiende sin perjuicio de la aplicación de las sanciones que, en su casó, puedan corresponder.
1. Los Grupos consolidables de entidades aseguradoras son aquéllos Grupos financieros en los que concurra cualquiera de las siguientes circunstancias:
2. A efectos de lo dispuesto en el número precedente, se entenderá que la actividad principal de una entidad consiste en tener participaciones en entidades aseguradoras cuándo concurran en élla los dos siguientes Requisitos simultáneamente:
B) que más de la mitad de su cartera de inversiones financieras permanentes en capital esté constituída por acciones u otros tipos de valores representativos de participaciones en entidades aseguradoras o en empresas, cualquiera que sea su denominación o estatuto, que, de acuerdo con la normativa que les resulte aplicable, ejerzan las actividades típicas de las entidades aseguradoras.
Los Grupos consolidables de entidades aseguradoras quedarán sometidos a la supervisión de la dirección general de seguros del Ministerio de economía y Hacienda sobre basé consolidada.
La entidad obligada de un Grupo consolidable de entidades aseguradoras será su entidad dominante, siempre que ésta sea una aseguradora. Cuándo la dominante sea una entidad no aseguradora y en los supuestos contemplados en el párrafo c) del apartado 1 del artículo 58 anterior, la entidad obligada será designada por la dirección general de seguros.
‹1. Las entidades aseguradoras deberán disponer, en todo momento, cómo margen de solvencia, de un patrimonio propio no comprometido suficiente en relación a los riesgos asumidos por la totalidad de las operaciones en España o fuera de élla.›
‹4. Los Grupos consolidables de entidades aseguradoras a que se refiere el artículo 25 de La Ley deberán disponer, en todo momento, cómo margen de solvencia, de un patrimonio Consolidado no comprometido suficiente para cubrir la Suma de las exigencias legales de solvencia aplicables a cada una de las entidades del Grupo.
En cumplimiento por el Grupo o, en su casó, el subgrupo de lo dispuesto en los párrafos precedentes no exonerará a las entidades aseguradoras que se integren en uno u otro la obligación de cumplir a título individual sus requerimientos de recursos propios.›
‹Artículo 77. Patrimonio propio no comprometido.
1. El patrimonio propio no comprometido, a los efectos del margen de solvencia individual a que se refiere el artículo 25.1 de La Ley comprende las partidas que a continuación se relacionan, deducidas las que se especifican en el número 2 de esté artículo:
F) la derrama pasiva, cuándo sea exigible a los mutualistas, en los términos del artículo 25 de esté Reglamento, con el límite del 50 por 100 de las Cuotas netas de anulaciones del seguro directo. Esté sumando no podrá exceder del 50 por 100 del patrimonio propio no comprometido, evaluado antes de la incorporación de está partida.
H) el 50 por 100 de los beneficios futuros, referidos exclusivamente al ramo de vída. Para el cálculo de su importe se hallará la medía aritmética de los Resultados ordinarios obtenidos en el ramo durante los últimos cinco años, y la medía así obtenida se multiplicará por el factor que represente la duración residual medía de los contratos, sin que dicho factor pueda ser superior a 10. Cuándo la entidad no pueda justificar la duración residual medía de los contratos, el factor a utilizar será igual a 5.
J) el 75 por 100 del exceso de la provisión de riesgos en cursó, calculada por los Procedimientos previstos en el artículo 57.1, b) y c), sobre la cantidad que resultaría de haber aplicado el procedimiento póliza a póliza previsto en el artículo 57.1, a). La cantidad a computar por dicho exceso no podrá superar el 20 por 100 del margen de solvencia, evaluado antes de la incorporación de está partida.
B) los Gastos a distribuir en varios ejercicios que figuren en el activo del Balance por tener proyección económica Futura, salvo cuándo tengan la condición de cuentas compensadoras de pasivo.
E) las minusvalías resultantes de la sobreestimación de los elementos de activo o de la subestimación de los elementos de pasivo. Se incluirán en está partida las obligaciones, provisiones o deudas que puedan no haberse contabilizado en virtud de alguna disposición legal.
F) en general, cualesquiera otras partidas que carezcan de valor de realización.›
‹Artículo 77 bis. Patrimonio propio no comprometido de los Grupos consolidables de entidades aseguradoras.›
F) las Diferencias negativas de consolidación, salvo cuándo tengan la naturaleza de provisión para riesgos y Gastos.
I) la derrama pasiva, cuándo sea exigible a los mutualistas de la entidad dominante, en los términos previstos en el artículo 25 de esté Reglamento, con el límite de las Cuotas netas de anulaciones del seguro directo de dicha entidad dominante. Esté sumando no podrá exceder del 50 por 100 del patrimonio propio Consolidado no comprometido, evaluado antes de la incorporación de está partida.
J) el 50 por 100 de la Suma de los beneficios futuros, referidos exclusivamente al ramo de vída, de la Sociedad dominante y de las dependientes. Para el cálculo de su importe se hallará, en cada Sociedad, la medía aritmética de los Resultados ordinarios obtenidos en el ramo durante los últimos cinco años, y la medía así obtenida se multiplicará por el factor que represente la duración residual medía de los contratos, sin que dicho factor pueda ser superior a 10. Cuándo alguna de las Sociedades no pueda justificar la duración residual medía de los contratos, el factor a utilizar será igual a 5.
L) el 75 por 100 del exceso que, tanto en la Sociedad dominante cómo en las Sociedades dependientes, represente la provisión de riesgos en cursó calculada por los Procedimientos previstos en el artículo 57.1, b) y c), sobre la cantidad que resultaría de haber aplicado el procedimiento póliza a póliza prevista en el artículo 57.1, a). La cantidad a computar por dicho exceso no podrá superar el 20 por 100 del margen de solvencia, evaluado antes de la incorporación de está partida.
A) los Gastos de establecimiento, tal cómo se definen en el artículo 77.2, a), que figuren en el activo del Balance de la Sociedad dominante y de las dependientes.
E) las minusvalías resultantes de la sobreestimación de los elementos de activo o de la subestimación de los elementos de pasivo de la Sociedad dominante y de las dependientes. Se incluirán en está partida las obligaciones, provisiones o deudas que puedan no haberse contabilizado en virtud de alguna disposición legal.
Se entienden por reservas en Sociedades consolidadas las reservas generadas por las Sociedades dependientes desde la fecha de la Primera consolidación, incluídas aquéllas que no hayan pasado por sus cuentas de Resultados, una vez deducida la parte de dichas reservas que correspondan a los socios externos.›
‹5. Lo dispuesto en el número 2 del presente artículo podrá aplicarse a los Grupos consolidables de entidades aseguradoras cuándo se aprecie, con referencia al Grupo, alguna de las situaciones especificadas en las letras b), c), d), e) o f) del número 1 de esté artículo.
Se entenderá que concurre en el Grupo consolidable de entidades aseguradoras la situación prevista en la letra b) del número 1 de esté artículo cuándo exista déficit en el cálculo de las provisiones a que se hace referencia en dicha letra, en los porcentajes que en la misma se indican, en cualquiera de las entidades que integren el Grupo consolidable de entidades aseguradoras.
Para apreciar la posible concurrencia en el Grupo consolidable de entidades aseguradoras de la situación prevista en la letra c) del número 1 de esté artículo, se tendrá en cuenta el estado de cobertura de provisiones técnicas del Grupo consolidable, que se obtendrá por la agregación de los Estados de cobertura individuales de cada una de las entidades del Grupo. La dirección general de seguros podrá requerir de la entidad dominante la presentación del indicado estado de cobertura de provisiones técnicas referido a todo el Grupo consolidable de entidades aseguradoras.
Se entenderá que concurre en el Grupo consolidable de entidades aseguradoras cualquiera de las situaciones previstas en las letras e) y f) del número 1 de esté artículo cuándo tales situaciones se hayan producido en cualquiera de las entidades que integren el Grupo.›
1. Los Grupos consolidables de entidades financieras a los que se refiere el capítulo iv de La Ley 13/1992, de 1 de junio, sobre recursos propios y supervisión en basé consolidada de las entidades financieras, son aquéllos Grupos consolidables de entidades de esa naturaleza en los que no concurra ninguna de las siguientes circunstancias:
A) que una entidad de crédito, una Sociedad o agéncia de valores, o una entidad aseguradora controle a una o varias entidades financieras.
2. En todo casó, para que un Grupo tenga la consideración de Grupo consolidable de entidades financieras deberá incluir, al menos, una entidad Financiera sometida a estatuto especial, entendiendo por tal la supervisada de forma individual bien por el Banco de España, bien por la comisión nacional del Mercado de Valores, bien por la dirección general de seguros.
2. Cuándo la entidad dominante no esté supervisada en basé individual por un organismo estatal español, El Ministro de economía y Hacienda, previó informe de los organismos supervisores directamente afectados, designará al responsable de la supervisión del Grupo, atendiendo tanto al tipo e importancia relativa de las diferentes actividades realizadas por el Grupo, cómo a la dimensión relativa de las diferentes entidades financieras integradas en él, medida en función de los activos totales, ingresos y Gastos, y riesgos asumidos, y a la importancia de los fondos ajenos o valores, poseídos o administrados por las entidades.
1. Serán aplicables a los Grupos consolidables de entidades financieras regulados en el presente título las normas de requerimientos de recursos propios mínimos, composición de los recursos propios y sus deducciones y limitaciones, límites a grandes riesgos y a otras operaciones o posiciones, consolidación de cuentas, régimen de supervisión, procedimiento sancionador y reglas de actuación en casó de insuficiencia de recursos propios que correspondan a su entidad obligada.
2. No obstante lo dispuesto en el número anterior, cuándo en un Grupo consolidable de entidades financieras que tenga cómo Sociedad dominante a una cuya actividad principal consista en tener participaciones en entidades financieras, y en el mismo se integre una entidad de crédito, los límites a las participaciones cualificadas en empresas no financieras, reguladas en el artículo 24, deberán respetarse sobre basé consolidada, salvo en el casó de que resulte aplicable a dicho Grupo la deducción de los activos ilíquidos establecida en el artículo 40.
3. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 1 de esté artículo, cuándo la entidad dominante de un Grupo consolidable de entidades financieras sea una de las mencionadas en el párrafo h) del apartado 1 del artículo 3 del presente Real Decreto, y más de la mitad de su cartera de inversiones financieras permanentes en capital esté constituída por acciones u otros tipos de valores representativos de participaciones en entidades no financieras, los recursos propios computables del Grupo consolidable se reducirán en la cuantía que resulte de aplicar a los recursos propios de la entidad dominante la proporción que supongan sus participaciones en entidades no financieras sobre el total de sus inversiones financieras permanentes en capital.
4. Si en el Grupo se integrarán exclusivamente Sociedades de inversión mobiliaria, Sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva, Sociedades gestoras de cartera y Sociedades instrumentales de cualquiera de Ellas o que ejerzan sus actividades típicas, se tomará cómo referencia la normativa sobre instituciones de inversión colectiva, en los términos que establezca El Ministro de economía y Hacienda o, con su habilitación expresa, la comisión nacional del Mercado de Valores.
. No obstante su carácter de entidad de crédito al Instituto de crédito Oficial no le serán exigibles las previsiones de esté Real Decreto, sin perjuicio de las Disposiciones que le sean de aplicación en cuanto al cumplimiento del nivel mínimo de recursos propios.
A tal efecto, El Ministro de economía y Hacienda o, con su habilitación expresa el Banco de España, concretarán la forma de llevar a Cabo ese cumplimiento, de acuerdo con los principios que resulten de lo previsto en esté Real Decreto para las entidades de crédito.
2. En las emisiones de valores que realice el Instituto de crédito Oficial que vayan a representarse mediante anotaciones en cuenta, la publicación de las características de la emisión en el ‹boletín Oficial del estado› sustituirá a la escritura pública a que se refiere el artículo 6, párrafo cuarto, de La Ley 24/1988, de 28 de Julio, del Mercado de Valores, surtiendo la citada publicación el efecto previsto en el artículo 10 del Real Decreto 116/1992, de 14 de febrero, sobre representación de valores por medio de anotaciones en cuentas y compensación y liquidación de operaciones bursátiles.
No obstante lo dispuesto en el artículo 19 de esté Real Decreto, el Grupo asociado Banco de crédito agrícola-Cajas rurales tendrá la consideración de organismo Central.
A) el límite máximo a la concentración de riesgos con una solá persona o Grupo económico ajeno, establecido en el párrafo primero del apartado 2 del artículo 30, será del 40 por 100 de los recursos propios;
C) el porcentaje a partir del cuál se considerará contraído un gran riesgo, fijado en el apartado 1 del artículo 30, será del 15 por 100.
2. Los Grupos consolidables de entidades de crédito o las entidades de crédito no pertenecientes a uno de estos Grupos, que en la fecha de entrada en vigor del artículo 30 no se adapten a lo dispuesto en él, presentarán al Banco de España calendarios de adaptación, aplicándose un régimen equivalente al del artículo 34 de esté Real Decreto.
Lo dispuesto en la disposición transitoria Primera resultará también aplicable para las Sociedades y agencias de valores y sus Grupos consolidables en relación con lo previsto para éstos en el artículo 54, sin perjuicio de que la fecha de entrada en vigor de esté último artículo se anticipe al 1 de enero de 1993. Las competencias que en esa disposición se atribuyen al Banco de España corresponderán, en esté casó, a la comisión nacional del Mercado de Valores.
En la fecha de entrada en vigor de esté Real Decreto quedarán derogadas Todas las Disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a su contenido y, en especial, las siguientes:
4. Los artículos 16 al 19, ámbos inclusive, del Real Decreto 276/1989, de 22 de marzo, sobre Sociedades y agencias de valores.
1. Además de las potestades que le atribuyen los artículos de esté Real Decreto, el Banco de España podrá ejercer las siguientes:
Cursos propios y del cumplimiento de las limitaciones exigibles con arreglo al presente Real Decreto. Especialmente, regulará el Banco de España el régimen de notificación de los grandes riesgos, tal cómo se definen éstos en el apartado 1 del artículo 30.
C) de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de La Ley 13/1985, de 25 de mayo, apreciar la equivalencia de los requerimientos o limitaciones exigibles a las entidades de crédito extranjeras en relación a las obligaciones establecidas en el presente Real Decreto, y acordar, en su casó, la exclusión de sus sucursales en España del cumplimiento de dichas obligaciones.
D) definir los conceptos contables que hayan de integrar los recursos propios y sus deducciones y las diferentes categorías de riesgos, activos y compromisos sujetos a las obligaciones establecidas en el presente Real Decreto y en sus normas de desarrolló.
C) definir los conceptos contables que hayan de integrar los recursos propios y sus deducciones y las diferentes categorías de riesgos, activos y compromisos sujetos a las obligaciones establecidas en el presente Real Decreto y en sus normas de desarrolló.
2. Sin perjuicio de la fecha de entrada en vigor que se fija en el número precedente, las Sociedades y agencias de valores y sus Grupos consolidables podrán someter a la aprobación de la comisión nacional del Mercado de Valores, no más tarde del 31 de diciembre de 1992, Programas de adaptación a las Disposiciones de esté Real Decreto. A estos Programas se les aplicará lo previsto en el artículo 56.
Disposición final cuarta. Facultades para desarrolló.
1. Sin perjuicio de las previsiones específicas contenidas en esté Real Decreto, El Ministro de economía y Hacienda o, con su habilitación expresa, el Banco de España y la comisión nacional del Mercado de Valores dictarán las Disposiciones necesarias para su desarrolló y ejecución.
2. Toda Norma que se dicte en desarrolló de lo que se prevé en el presente Real Decreto y pueda afectar directamente a entidades financieras sujetas a la supervisión del Banco de España, de la comisión nacional del Mercado de Valores o de la dirección general de seguros se dictará previó informe de éstas.
3. Se autoriza al ministro de economía y Hacienda a modificar el importe de 2.000 millones de pesetas que figura en el apartado 1 del artículo 44, cuándo ello venga impuesto por cambios en la normativa comunitaria o en la apreciación de la unidad de cuenta europea.
ORDEN FORAL 149/2008, de 11 de septiembre, del Consejero de Educación, por la que se establece la organización del nivel avanzado de las enseñanzas de idiomas de régimen especial.
DECRET 370/2006, de 3 d'octubre, pel qual es declara d'utilitat pública i d'execució urgent la concentració parcel·lària de la zona regable del terme municipal d'Aspa.
ORDEN de 28 de octubre de 2014, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se modifica la orden de 16 de marzo de 2010, del Consejero de Agricultura y Alimentación, por la que se aprueba el Reglamento técnico para la utilización de la marca 'C´alial' en el 'Turrón Negro' y en el 'Guirlache'.