Source: https://supremo.vlex.es/vid/580923302
Timestamp: 2019-11-13 02:13:53
Document Index: 38544591

Matched Legal Cases: ['artículo 563', 'artículo 852', 'artículo 21', 'artículo 708', 'artículo 24', 'artículo 120']

STS 467/2015, 20 de Julio de 2015 - Jurisprudencia - VLEX 580923302
Número de Recurso: 10253/2015
Número de Resolución: 467/2015
ASESINATO. ALEVOSÍA. TENENCIA ILÍCITA DE ARMAS. La esencia de la alevosía se encuentra en el aniquilamiento de las posibilidades de defensa, en la existencia de una conducta agresiva, que tienda objetivamente a eliminar dicha defensa. Aplicación del artículo 563 y 564 CP. Se requiere la simple tenencia y que el arma tenga idoneidad para el disparo. Se desestima recurso casación por infracción del precepto constitucional.
En el recurso de Casación por infracción de precepto Constitucional, que ante Nos pende, interpuesto por Jaime , ha visto el Recurso de Apelación interpuesto contra la sentencia número 465/2014, de fecha diez de noviembre de 2014 , pronunciada por el Ilmo. Sr. Magistrado-Presidente del Tribunal del Jurado, constituido en el ámbito de la Ilma. Audiencia Provincial de Oviedo, sección tercera, en la causa del Procedimiento Especial del Jurado número 1/2011 del Juzgado de Instrucción de Luarca, correspondiente al Rollo de Sala número 4/2011; los componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que al margen se expresan se han constituido para la deliberación y Fallo, bajo la Presidencia del Primero de los indicados y Ponencia del Excmo. Sr. D. Juan Ramon Berdugo Gomez de la Torre, siendo también parte el Ministerio Fiscal y como parte recurrida Carina representada por la Procuradora Sra. Agulla Lanza, y dicho recurrente representado por la Procuradora Sra. Lobo Ruiz.
Seguido por la Audiencia Provincial de Oviedo, el procedimiento del Tribunal del Jurado número 1/2.011, dimanante de la causa incoada por el Juzgado de Instrucción de Luarca, se dictó Sentencia con fecha 10 de noviembre de 2.014, que contiene los siguientes HECHOS PROBADOS:
El acusado Jaime trabajó una temporada para Severino en el establecimiento de materiales de construcción denominado Casa Fonso, sito en el Alto de la Llaviada de la localidad de Boal, y a lo largo del año 2010, en fechas indeterminadas, valiéndose de una copia de las llaves de acceso al local de la que disponía por haber efectuado aquel trabajo, entró en el mismo con la intención de enriquecerse ilícitamente, apoderándose de diverso material de construcción y de dinero en efectivo por un importe de entre 6.000 y 9.000 euros, siendo descubierto por Severino , que llegó a instalar cámaras de seguridad y a sorprenderlo una de esas veces. Severino no llegó a denunciar a Jaime , si bien le reclamó lo sustraído dándole de plazo hasta finales de año para devolverlo porque sino lo denunciaría ante la Guardia Civil.
El acusado Jaime temía ser denunciado por Severino y en la tarde del día 10 de noviembre de 2010, salió de su domicilio sito en la localidad de Prelo y se dirigió al domicilio del sobrino de su ex mujer, Basilio , sito en la localidad de la Cámara, donde sin el conocimiento ni el consentimiento de éste, se apoderó del interior de un armario de una escopeta marca Zabala Hermanos, modelo PR, calibre 12 y número de serie NUM000 .
Una vez con la escopeta y munición en su poder, y portando un pasamontañas y unos guantes de látex, sobre las 20,00 horas del citado día se dirigió a la nave industrial, a la que accedió y penetró en su interior, hasta la oficina, donde se encontraba sólo Severino , sin la presencia de sus empleados que se había marchado al terminar la jornada laboral.
Nada más entrar en la oficina, y sin que conste que mediara previa conversación el acusado, desde la puerta, y con el fin de causarle muerte, disparó en una ocasión la escopeta contra Severino , que no pudo repeler la agresión ante lo sorpresivo del ataque, penetrando la munición por la región deltoidea y saliendo por la axilar; acto seguido el acusado se aproximó a Severino que se hallaba tendido en el suelo y acercando la escopeta contra su cabeza le disparó en una segunda ocasión. Ambos disparos afectaron a centros vitales al causar en zona axilar y torácica izquierda dos heridas con infiltración de bordes y eversión de tejido subcutáneo de 4x1,5 cm y puntiforme de aproximadamente 1 cm de diámetro, así como la destrucción masiva cráneo-encefálica a nivel occipital con estallido parietal y temporal, salida de masa encefálica con presencia de restos cerebelosos en el interior de fosa craneal interior y múltiples fracturas de la base y bóveda del cráneo, que le provocaron la muerte.
Finalmente el acusado cogió la caja de caudales que se guardaba en el cajón de una de las mesas de la oficina y que contenía unos 300 euros, abandonó el lugar, sin dar aviso a los servicios de emergencia.
En el momento de su muerte Severino contaba con 52 años de edad, estaba casado con Carina y tenía dos hijos de 16 y 17 años de edad respectivamente.
C) El acusado Jaime cogió la escopeta marca Zabala Hermanos Modelo PR, calibre 12 en la casa del sobrino de su mujer careciendo de licencia de armas y de guía de pertenencia para portarla.
Jaime tiene antecedentes penales al haber sido condenado por un delito de robo con fuerza en las cosas a la pena de seis meses de prisión por Sentencia firme de 1 de julio de 2010 dictada por el Juzgado de lo Penal N° 1 de Avilés en la ejecutoria seguida con el N° 278/2010.
Jaime colaboró con la Guardia Civil para que se encontrara la escopeta y la caja de caudales que había tirado a un río.
FALLO: Que debo condenar y condeno a Jaime :
Como autor de un delito continuado de robo con fuerza en las cosas, concurriendo la circunstancia agravante de reincidencia, a la pena de tres años de prisión, con la accesoria legal de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, debiendo indemnizar al legal representante de la empresa "Casa Fonso" en la cantidad de 6.300 euros, la cual devengará los intereses legales previstos en el art. 576 de la L.E.Civil .
B) Como autor de un delito de asesinato, concurriendo la circunstancia atenuante analógica de confesión, a la pena de diecisiete años y seis meses, menos un día de prisión, con la accesoria legal de inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, imponiéndole la privación del derecho a residir en el concejo de Boal y la de acudir a dicho territorio, junto con la prohibición de acercarse a Carina , Victor Manuel y Adriano a menos de 500 metros de cualquier lugar en que se encuentren, todo ello por un plazo de diez años más al de duración de la pena de prisión impuesta. Se le condena a indemnizar a Carina en la cantidad de 120.000 euros, y a Victor Manuel y Adriano , a cada uno de ellos, en la cantidad de 48.000 euros, devengando todas las cantidades los intereses legales previstos en el art. 576 de la L.E.Civil .
C) Como autor de un delito de tenencia ilícita de armas, concurriendo la atenuante analógica de confesión, a la pena de nueve meses menos un día de prisión, con la accesoria legal de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.
Las penas impuestas se cumplirán conforme al art. 75 del Código Penal , con el máximo de cumplimiento de veinticinco años siéndole de abono al condenado el tiempo que lleva privado de libertad en esta causa.
El condenado deberá abonar las costas procesales causadas, con inclusión de las devengadas por la acusación particular.
Se absuelve a Basilio y a la Compañía de Seguros Santa Lucía S.A. de la demanda de responsabilidad civil, subsidiaria y directa, respectivamente, que les era formulada.
Contra la presente Sentencia cabe recurso de apelación ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias en término de diez días a contar desde la última notificación.
Contra dicha resolución se interpuso recurso de apelación por Jaime , dictándose sentencia por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, cuya parte dispositiva es la siguiente:
Desestimar íntegramente el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal del condenado Jaime contra la sentencia dictada por el Magistrado-Presidente del Tribunal del Jurado, de fecha diez de noviembre de dos mil catorce , que se confirma en todos sus pronunciamientos. Se imponen las costas al apelante.
Tercero.- Notificada la sentencia a las partes, se preparó recurso de casación por quebrantamiento de forma e infracción de Ley, por Jaime , que se tuvo por anunciado, remitiéndose a esta Sala Segunda del Tribunal Supremo las certificaciones necesarias para su substanciación y resolución, formándose el correspondiente rollo y formalizándose el recurso.
MOTIVO PRIMERO.- Al amparo del art. 849.1 de la LECrim ., en relación con el artículo 852 de la LECrim . infracción de Ley por vulneración de derechos fundamentales, especialmente de la presunción de inocencia ( art. 5.4 de la LO.P.J . en relación con el art. 24.2 de la C.E .) y por indebida aplicación del art. 22.1 y 22.2 del C.P . en relación con los artículos 65 a 67 del mismo cuerpo legal , así como de los arts. 138 y 139.
MOTIVO SEGUNDO.- Al amparo del art. 849.1 de la L.E.Crím ., en relación con el art. 852 de la L.E.Crím . infracción de Ley por vulneración de derechos fundamentales, especialmente de la presunción de inocencia ( art. 5.4 de la L.O.P.J . en relación con el art. 24.2 de la C.E .) y por indebida aplicación del art. 20.1 y 21.1 del C.P .
MOTIVO TERCERO.- Al amparo del art. 849.1 de la L.E.Crim ., en relación con el art. 852 de la L.E.Crim . infracción de Ley por vulneración de derechos fundamentales, especialmente de la presunción de inocencia ( art. 5.4 de la L.O.P.J . en relación con el art. 24.2 de la C.E .) y por indebida aplicación del art. 21.5 del C.P .
MOTIVO CUARTO.- Al amparo del art. 849.1 de la L.E.Crim ., en relación con el art. 852 de la L.E.Crim . infracción de Ley por vulneración de derechos fundamentales, especialmente de la presunción de inocencia ( art. 5.4 de la L.O.P.J . en relación con el art. 24.2 de la C.E .) y por indebida aplicación del art. 564 del C.P .
MOTIVO QUINTO.- Al amparo del art. 849.2 de la L.E.Crím ., infracción de Ley por error en la apreciación de la prueba basado en documentos que demuestran la equivocación del Tribunal sentenciador, así como vulneración del principio de presunción de inocencia en dicha apreciación, señalando a estos efectos los siguientes documentos y con cita de las siguientes expresiones particulares.
MOTIVO SEXTO.- Al amparo del art. 852 de la L.E.Crím ., la sentencia recurrida infringe del art. 24.2 de la C.E . por vulneración del derecho a aun proceso con todas las garantías, incluida la del derecho a un juez imparcial en relación con el art. 117 también del texto constitucional.
MOTIVO SÉPTIMO.- Al amparo del art. 852 de la LECrim ., la sentencia recurrida vulnera el art. 120.3 de la C.E . en relación con los arts. 61.1d ) y 54.3 de la Ley del Jurado .
Sexto.- Hecho el señalamiento se celebró la deliberación prevenida el día nueve de julio de dos mil quince.
El motivo primero al amparo del art. 849.1 LECrim , en relación con el art. 852 LECrim , infracción de Ley, por vulneración de derechos fundamentales especialmente de la presunción de inocencia ( art. 5.4 LOPJ , en relación con el art. 24.2 CE ), y por indebida aplicación del art. 22.1 y 22.2 CP , en relación con los arts. 65 a 67 del mismo cuerpo legal , así como de los arts. 138 y 139.
Considera el recurrente que no ha quedado demostrada la causa por la cual el recurrente fue el día de los hechos a la nave "casa Fonso" en la cual se produjeron los hechos, ni siquiera el cómo se produjeron los hechos, si hubo alguna cita entre las partes para solucionar los problemas existentes en relación a los robos que había cometido el recurrente, si hubo cualquier tipo de discusión o pelea previa. Asimismo alude a las deficiencias del arma que quedaron patentes por la declaración de su propietario ("el arma no funcionaba bien, llevaba 8 ó 10 años sin uso, estaba defectuoso el cañón, el guardamanos, los cartuchos si se pone boca abajo se caen, dispara un solo cañón"), por lo que llevar un armas con estas características no puede suponer una garantía de aseguramiento del posible resultado, puesto que dicha arma lo normal es que no hubiera funcionado con dichas características.
Por otra parte si bien quedó acreditada la existencia de dos disparos, no puede afirmarse con la certeza que asegura el derecho penal, que el segundo de los disparos se produjera mientras la víctima estuviera viva.
En definitiva considera que no existe prueba de cómo se produjeron los hechos que dieron lugar a que el recurrente disparara contra la víctima y por lo tanto no existe tampoco ninguna prueba de que exista alevosía.
En relación a la alevosía hemos dicho en SSTS. 632/2011 de 28.6 , 599/2012 de 11.7 , 703/2013 de 8.10 , 838/2014 de 12.12 , que viene aplicándose a todos aquellos supuestos en los que por el modo de practicarse la agresión quede de manifiesto la intención del agresor de cometer el delito eliminando el riesgo que pudiera proceder de la defensa que pudiera hacer el agredido, es decir la esencia de la alevosía como circunstancia constitutiva del delito de asesinato, (art. 139.1) o como agravante ordinaria en otros delitos contra las personas (art. 22.1), radica en la inexistencia de probabilidades de defensa por parte de la persona atacada.
En el caso presente el penado declaró probados por unanimidad los siguientes hechos objeto del veredicto "... Una vez con la escopeta y munición en su poder, y portando un pasamontañas y unos guantes de látex, sobre las 20,00 horas del citado día se dirigió a la nave industrial, a la que accedió y penetró en su interior, hasta la oficina, donde se encontraba sólo Severino , sin la presencia de sus empleados que se había marchado al terminar la jornada laboral.
Nada más entrar en la oficina, y sin que conste que mediara previa conversación el acusado, desde la puerta, y con el fin de causarle muerte, disparó en una ocasión la escopeta contra Severino , que no pudo repeler la agresión ante lo sorpresivo del ataque, penetrando la munición por la región deltoidea y saliendo por la axilar; acto seguido el acusado se aproximó a Severino que se hallaba tendido en el suelo y acercando la escopeta contra su cabeza le disparó en una segunda ocasión. Ambos disparos afectaron a centros vitales al causar en zona axilar y torácica izquierda dos heridas con infiltración de bordes y eversión de tejido subcutáneo de 4x1,5 cm y puntiforme de aproximadamente 1 cm de diámetro, así como la destrucción masiva cráneo-encefálica a nivel occipital con estallido parietal y temporal, salida de masa encefálica con presencia de restos cerebelosos en el interior de fosa craneal interior y múltiples fracturas de la base y bóveda del cráneo, que le provocaron la muerte".
Del anterior relato fáctico la concurrencia de los elementos de la alevosía no admite discusión alguna. Las alegaciones del recurrente sobre la posibilidad de una cita concertada entre ambos o de una disputa previa carecen de cualquier sustento probatorio. La misma forma de presentarse el recurrente con la escopeta, con pasamontañas y guantes de látex avalan lo contrario, y la potencialidad letal del arma resultó evidente al efectuarse los dos disparos sin problema alguno. Y en este extremo la utilización de un arma de fuego frente a quien se encuentra inerme, esto es, sin ninguna clase de arma defensiva, ha de considerarse ordinariamente una acción alevosa. Más indefensión que verse acometido, en tu propio lugar de trabajo, mediante los disparos de un arma de fuego que provienen del agresor, sin ninguna posibilidad de defensa, no cabe imaginar ( SSTS. 25/2009 de 22.1 , 1062/2009 de 19.10 , 37/2010 de 22.1 ).
El motivo segundo al amparo del art. 849.1 LECrim , en relación con el art. 852 LECrim , infracción de Ley por vulneración de derechos fundamentales, especialmente de la presunción de inocencia ( art. 5.4 LOPJ , en relación con el art. 24.2 CE ) y por indebida aplicación del art. 20.1 y 21.1 CP .
Deberá recordarse que las circunstancias modificativas de la responsabilidad, cuya carga probatoria compete a la parte que las alega deben estar tan acreditadas como el hecho delictivo mismo ( SSTS. 138/2002 de 8.2 , 716/2002 de 22.4 , 1527/2003 de 17.11 , 1348/2004 de 29.11 , 369/2006 de 23.3 ).
En efecto las causas de inimpugnabilidad como excluyentes de la culpabilidad (realmente actúan como presupuestos o elementos de esta última) en cuanto causas que enervan la existencia del delito (por falta del elemento culpabilístico) deben estar tan probadas como el hecho mismo y la carga de la prueba, como circunstancias obstativas u obstaculizadoras de la pretensión penal acusatoria que son, corresponde al acusado en quien presumiblemente concurren. Los déficits probatorios no deben resolverse a favor del reo, sino en favor de la plena responsabilidad penal ( STS. 1477/2003 de 29.12 ).
- Efectuada esta precisión previa en lo que atañe a la presente denuncia derivada del consumo de alcohol, como hemos dicho en SSTS. 6/2010 de 27.1 , 632/2011 de 28.6 , 539/2014 de 2.7 , debemos distinguir entre alcoholismo y embriaguez en cuanto que el primero implica una intoxicación plena, que en algunos casos de alcoholismo puede ser una toxifrenia que puede determinar una demenciación acreedora a ser recogida como circunstancia eximente completa de enajenación mental o, al menos, como atenuante eximente incompleta cuando se ha producido un notable deterioro de las capacidades intelectivas y volitivas del sujeto a consecuencia de una patología de origen alcohólico generalmente determinada por la ingesta reiterada frecuentemente y a lo largo de un tiempo de cierta duración ( SSTS. 261/2005 de 28.2 , 1424/2005 de 5.12 , 6/2010 de 27.1 ), y la segunda una intoxicación aguda, con encaje jurídico ya en el trastorno mental transitorio, exigiéndose en todo caso una afectación de las bases de imputabilidad -intelecto y voluntad- de modo que será la intensidad de la detención la que nos dará la pauta para graduar la imputabilidad desde la inoperancia de la responsabilidad hasta la exoneración completa e incompleta de la misma.
Las SSTS. 632/2011 de 28.6 y 625/2010 , matizan estas categorías indicando que en supuestos de adicción acreditada del sujeto a las bebidas alcohólicas, dicha dependencia será relevante si además concurren alguna de las siguientes condiciones: o bien la existencia de anomalías o alteraciones psíquicas que tengan su causa en dicha adicción, lo que podrá constituir también base para estimar la eximente completa o incompleta según el grado de afectación del entendimiento o la voluntad; o, en segundo lugar, por la vía de la atenuante del artículo 21.2 C.P ., atendida su relevancia motivacional, supuesta la gravedad de la adicción, debiendo constatarse una relación causal o motivacional entre dependencia y perpetración del delito. Ahora bien no basta el consumo de bebidas alcohólicas para que se entienda siempre disminuida la imputabilidad y la responsabilidad penal del sujeto, pues en cualquier caso, en el actual sistema del CP. se trata de circunstancias que afectan a las capacidades del sujeto, no es suficiente con determinar la causa que las origina, sino que es preciso además especificar los efectos producidos en el caso concreto.
Por ello para considerar el alcoholismo crónico como sustrato de una circunstancia que exima o aminore la imputabilidad del sujeto, es preciso no solo la presencia de la enfermedad, sino también la constatación de la afectación real de las facultades intelectivas y volitivas de quien la sufre, de tal modo que la intensidad de la alteración habría de ser el criterio determinante para graduar la imputabilidad ya que, fuera de las situaciones graves que pueden llegar a la "locura alcohólica" que origine la irresponsabilidad del sujeto, o las situaciones menos graves en las que no se anule la personalidad pero si se disminuyen las facultades de inteligencia y voluntad, fuera de esas situaciones, el simple alcoholismo crónico y controlado no causa alteración alguna en la capacidad de obrar y discernir, SSTS. 261/2005 de 28.2 , 1424/2005 de 5.12 , 6/2010 de 27.1 , que insisten en que el alcoholismo y la psicosis tóxica pueden ser acogidos como circunstancias eximentes o como atenuantes de exención incompleta, cuando se ha producido un notable deterioro de las capacidades intelectivas y volitivas del sujeto a consecuencia de su patología, y para apreciar la psicosis de origen alcohólico con efecto de eximente incompleta es preciso no solo la enfermedad, sino también la afectación real de las facultades intelectivas y volitivas de quien la sufre, de tal modo que la intensidad de la alteración habrá de ser el criterio determinante para graduar la imputabilidad ya que -se insiste- el simple alcoholismo crónico y controlado no causa alteración alguna en la capacidad de obrar y discernir.
- En cuanto a la posibilidad de la presencia de un trastorno de la personalidad no especificado, la jurisprudencia de esta Sala, SSTS. 1400/99 de 9.11 , 1126/2011 de 2.11 , 1172/2011 de 10.11 , 1377/2011 de 29.12 , 708/2014 de 6.11 , precisa que no basta la existencia de un diagnóstico para concluir que en la conducta del sujeto concurre una afectación psíquica. El sistema mixto del CP está basado en esos casos en la doble exigencia de una causa biopatológica y un efecto psicológico: la anulación o grave afectación de la capacidad de comprender la ilicitud del hecho o de determinar el comportamiento con arreglo a esa comprensión, siendo imprescindible el efecto psicológico en los casos de anormales o alteraciones psíquicas, ya que la enfermedad es condición necesaria pero no suficiente para establecer una relación causal entre la enfermedad mental y el acto delictivo ( STS 314/2005, de 9-3 ) y sigue insistiéndose en que "es necesario poner en relación al alteración mental con el acto delictivo concreto" ( STS 437/2001, de 22-3 -, 332/97 de 17-3 ), declarando que "al requerir cada uno de los términos integrantes de la alteración de imputabilidad prueba específica e independiente, la probanza de uno de ellos no lleva al automatismo de tener imperativamente por acreditado el otro" ( STS 937/2004, de 19-7 ), y se puntualiza que "cuando el autor del delito padezca cualquier anomalía o alteración psíquica , no es tanto su capacidad general de entender y querer, sino su capacidad de comprender la ilicitud del hecho y de actuar conforme a esa comprensión" ( STS 175/2008, de 14-5 ). No obstante, se considera aplicable este segundo elemento "cuando los presupuestos biológicos de la capacidad de culpabilidad (las enfermedades mentales, las graves alteraciones de la conciencia o la debilidad mental) se dan en un alto grado" ( STS 258/2007, de 19-7 ).
El Tribunal casacional recordaba que la Jurisprudencia había establecido... que "no basta la existencia de un diagnóstico para concluir que en la conducta del sujeto concurre una afectación psíquica. El sistema mixto del Código Penal está basado en estos casos en la doble exigencia de una causa biopatológica y un efecto psicológico, la anulación o grave afectación de la capacidad de comprender la ilicitud del hecho o de determinar el comportamiento con arreglo a esa comprensión, siendo imprescindible el efecto psicológico en los casos de anomalías o alteraciones psíquicas ( S. de 9/10/99 , núm. 1400).
El motivo tercero al amparo del art. 849.1 LECrim , en relación con el art. 852 LECrim , infracción de Ley por vulneración de derechos fundamentales, especialmente de la presunción de inocencia ( art. 5.4 LOPJ , en relación con el art. 24.2 CE ), y por indebida aplicación del art. 21.5 CP .
A estos efectos conviene delimitar la "ratio atenuatoria" de esta circunstancia en su actual formulación legal. Así esta Sala en SSTS. 809/2007 de 11.10 , 78/2009 de 11.2 , 1323/2009 de 30.12 , 954/2010 de 3.11 , 1319/2011 de 27.12 , 707/2012 de 20.9 , 196/2014 de 19.3 , tiene declarado que "La reparación del daño causado por el delito o la disminución de sus efectos se regulaba en el C.P. anterior dentro del arrepentimiento espontáneo, configurándose en el C.P. de 1995 como una atenuante autónoma de carácter objetivo fundada en razones de política criminal.
El motivo cuarto al amparo del art. 849.1 LECrim , en relación el con el art. 852 LECrim , infracción de Ley por vulneración de derechos fundamentales, especialmente de la presunción de inocencia art. 5.4 LOPJ , en relación con el art. 24.2 CE , y por aplicación indebida del art. 564 CP .
El delito de tenencia ilícita de armas aparece regulado en los arts. 563 y 564 CP , como infracción de pura actividad contra la seguridad interior del Estado, formal y de riesgo abstracto (general o comunitario). La doctrina científica y jurisprudencial considera el delito de tenencia ilícita de armas como un delito permanente, en cuanto la situación antijurídica se inicia desde que el sujeto tiene el arma en su poder y se mantiene hasta que se desprende de ella; como un delito formal, en cuanto no requiere para su consumación resultado material alguno, ni producción de daño, siquiera algún sector doctrinal prefiere hablar al respecto de un delito de peligro comunitario y abstracto, en cuanto el mismo crea un riesgo para un numero indeterminado de personas, que exige como elemento objetivo una acción de tenencia (y por ello es calificado también como tipo de tenencia) que consiste en el acto positivo de tener o portar el arma. Como elemento subjetivo atinente a la culpabilidad se exige el animus possidendi, esto es, el dolo o conocimiento de que se tiene el arma, pese a la prohibición de la norma ( SSTS. 709/2003 de 14.5 , 201/2006 de 1.3 , 311/2014 de 16.4 ).
En definitiva, la tenencia de armas, en cuanto al elemento positivo de la conducta descrita en el hecho objetivo, requiere según el verbo rector la simple tenencia del arma, siempre que falten los elementos legitimadores que como elemento negativo señala: licencia o permisos necesarios y en cuanto a la tenencia esta Sala viene señalando -por todas STS. 1348/2004 de 25.11 - que, como toda relación de hecho con una cosa con relevancia jurídica, la tenencia se integra de un "corpus" consistente en la relación física con el arma ("corpus rem attingere") que no precisa ser material y constante, pues tal elemento radica en la disponibilidad de la misma por el agente o sujeción a su voluntad, por lo que el "corpus" se da tanto portando o llevando consigo el agente el arma, como manteniéndola guardada en su domicilio u ocultándola en otro lugar, con tal que mantenga aquella disponibilidad o dominio de hecho sobre la misma, y un "animus", que no precisa consistir en el "animus rei sibi habendi" en cuanto la tenencia del arma puede ocurrir en situaciones en que el agente no pretenda adquirir su propiedad o incorporarla a su patrimonio, sino que la posea o detente aun reconociendo la propiedad de un tercero sobre tal arma, por lo que la jurisprudencia viene declarando que son suficiente soporte anímico de la tenencia, tanto el "animus possidendi", como el más inferior "animus detinendi", siempre que se dé la detentación y disponibilidad propias del "corpus", excluyendo solamente de la conducta típica los supuestos llamados de "tenencia fugaz" como serían los de mera detentación a efectos de contemplación o examen, reparación del arma o de simple transmisión a terceros ( STS. 304/2007 de 25.4 ).
En efecto es cierto que para la existencia del tipo es preciso que el arma tenga idoneidad para el disparo, esto es que se halle en condiciones de funcionamiento, pero para estimar inútil un arma ha de estar en forma que ni pueda hacer fuego ni ser puesta en condiciones de efectuarlo. La aptitud para el disparo se debe apreciar de forma abstracta y no como una posibilidad inmediata del arma. En la medida en que la dificultad del disparo sea reparable y no implique una inutilización definitiva del arma, su tenencia se subsume en el tipo penal ( SSTS. 1071/2006 de 8.11 , 355/2007 de 27.6 ), y en el caso que se analiza que el arma era idónea para el disparo se deriva de su propia utilización por el recurrente con el resultado letal ocasionado.
Que no conste como el acusado puedo acceder a la casa del sobrino de su mujer -que estaba cerrada con llave- y cómo sabia donde se hallaba el arma -que se encontraba oculta en un armario detrás de la ropa resuelta irrelevante, lo importante es que el acusado entró en la casa y cogió el arma que utilizó posteriormente para acabar con la vida de Severino .
Por ello no cabe cuestionar el animus possidendi, pues se comete el delito, aunque se posea brevemente, pero es utilizada agresivamente, porque no existe una tenencia del arma tan efectiva y rotunda que cuando se utiliza con afán agresor y letal, pues la posesión adquiere entonces toda su virtualidad ( SSTS. 760/98 de 18.9 , 1674/2002 de 10.10 ).
En efecto la jurisprudencia ha excluido las posesiones meramente accidentales o fugaces o la propia de su servidor de la posesión ajena. Pero también ha señalado que basta la posesión con disponibilidad del arma con plena autonomía como sea que el acusado tuvo el arma en su poder, la llevó hasta el lugar de los hechos y la utilizó disparando contra la víctima, ha existido una posesión suficiente para la consumación del delito ( STS. 51/2007 de 29.1 ).
El motivo quinto al amparo del art 849.2 LECrim , infracción de Ley por error en la apreciación de la prueba basado en documentos que demuestran la equivocación del tribunal sentenciador, así como vulneración del principio de presunción de inocencia en dicha operación, señalando a estos efectos los siguientes documentos y con cita de las siguientes expresiones particulares:
Informe de autopsia (folios 104 y ss), e informe medico forense (folios 147 y 22) sobre la causa de la muerte, de los que no puede afirmarse con certeza que el segundo de los disparos se produjera mientras la víctima estaba viva; informes técnicos sobre distancia del disparo realizado por el Instituto de Toxicología y Ciencias Forenses, departamento de Madrid (folios 489 y ss), que contiene unas conclusiones que difieren del informe del departamento de química su SECRIM (folios 372 y ss); informes médicos forenses sobre capacidad del acusado (folios 1027 y ss 1037 y 1038) e informe pericial psiquiatras Drs. Justo y Nicolas sobre el mismo extremo; informes económicos Banco BBVA sobre medios económicos/cuentas de Jaime (folios 359 y ss); y documentos de consignación por valor de 8.000 Euros hechos por el hoy recurrente.
En el caso presente la interpretación que el recurrente realiza de los de autopsia, informes médicos forenses sobre la causa de la muerte e informes técnicos sobre distancia del disparo, ante la relevancia para alterar el sentido del fallo y la concurrencia de la alevosía en el modo de ocasionar la muerte a la víctima.
-Y en cuanto a los informes periciales, la doctrina de esta Sala (STS 182/2000, de 8-2 1793/2003, de 24-12 ; 299/2004, de 4-3 ; 1200/2005, de 27-10 ; 742/2006, de 29-6 ; 1068/2007, de 20-12 ; 1148/2009, de 25-11 ; 6342/2001, de 28-6 ; mantiene que dichos informes no son en realidad documentos sino pruebas personales documentadas consistentes en la emisión de pareceres técnicos sobre determinadas materias o sobre determinados hechos por parte de quienes tienen sobre los mismos una preparación especial, con la finalidad de facilitar la labor del Tribunal en el momento de valorar la prueba.
Siendo así la pericial medica sobre psiquismo tiene dos aspectos: el biológico-psíquico y el normativo valorativo del anterior, aspecto competencia del tribunal y revisable en casación ( STS 19-9 - y 9-11-2000 ). El juicio emitido por el órgano enjuiciante sobre la imputabilidad de un acusado, sobre la base de un informe pericial, no afecta a la presunción de inocencia por ser una cuestión jurídica -de derecho- ( ATC 343/97, de 18-3 ). A los médicos les corresponde señalar las bases patológicas de la anomalía que, en su caso, perciban, pero la valoración ha de hacerla el tribunal, correspondiente a éste la decisión sobre la imputabilidad, semiimputabilidad o inimputabilidad, por tratarse de conceptos eminentemente jurídicos, STS 125/2004 de 20 de enero ), pues el diagnóstico pericial no debe equipararse automática o mecánicamente con la insuficiencia de capacidad de autodeterminación en el orden penal, siendo el perito un mero colaborador de los juez y correspondiente a éste determinar si la eventual deficiencia de las facultades de decidir la comisión de un delito, alcanza el nivel necesario para afectar o no, la imputabilidad del sujeto ( STS 670/2005, de 27-5 ). La compleja cuestión de la valoración de los informes pericial que, en buena medida, deriva de las diferentes técnicas con que operan, de un lado, los peritos (la causa explicativa) y, de otra, los tribunales que es jurídica (es decir, normativa y valorativa) lo cual explica también los no infrecuentes roces entre unos y otros profesionales, de modo especial en el campo d la imputabilidad y responsabilidad personal, cuando se pierde vista la citada diferencia de perspectiva con que actúan unos y otros ( STS 1103/2007 , de 21-21).
En el caso presente tal como señala la sentencia recurrida que se remite a la del Tribunal del Jurado, el Magistrado Presidente precisa como "en cualquier caso el Jurado ha tenido en cuenta la contundencia de la pericial medico forense practicada por los Sres. Braulio y Arturo , cuyas conclusiones no dejan lugar a la duda: ratifican su informe (folios 728 y 793) confirmando que era plenamente consciente cuando ejecutó los hechos y es perfectamente responsable de sus actos, sabia lo que hizo y no mostró ningún arrepentimiento, es emocionalmente frío con una mínima autocrítica, y lo único que sentía por su acción eran las consecuencias que a él le reportaban. Les dijo que nunca bebía en casa, resultando ser un bebedor social, regular pero sin ninguna patología mental por ello, y actuó tomando todas las precauciones para no ser descubierto, hacia algo que no es propio de un loco. Añadiendo que en la misma línea de normalidad se expresaron los forenses Srs. Evaristo y Higinio , cuando ratifican su informe de los folios 1037 y 1038, y es que si fuera verdad que el acusado es un alcohólico inveterado, los estados carenciales experimentados, al menos desde que está preso por esta causa hubiesen tenido que determinar algunas asistencias facultativas en el Centro Penitenciario, y nada de eso tiene lugar, como resulta del informe del folio 1040, siendo también elocuente el informe del folio 767 que ratificó la doctora del servicio publico de salud que lo autorizó, en el sentido de que el acusado no fue paciente de ningún tipo de asistencia por el servicio de salud mental.
Siendo así no puede apreciarse el error en la apreciación de la prueba denunciado.
Por último respecto a la documental consistente en los informes del BBVA sobre las cuentas del recurrente y en la consignación de 8.000 E han sido valorados por el Tribunal del Jurado, deduciendo de ellos la no concurrencia de los presupuestos de la atenuante del art. 21.5 CP .
El motivo sexto al amparo del art. 852 LECrim , por infringir la sentencia recurrida el art. 24.2 CE , por vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías, incluido la del derecho a un juez imparcial en relación con el art. 117 CE .
Considera el motivo que el Magistrado Presidente intervino en tres momentos claves del juicio. En el interrogatorio de un testigo en el informe pericial de los forenses, y en el informe de los peritos de la defensa, y su intervención puso de manifiesto sus opiniones respecto a lo que el mismo creía respecto de las pruebas que se estaban practicando, influyendo de esta forma de manera indebida en los jurados.
Como ya dijimos en SSTS. 31/2011 de 2.2 , 79/2014 de 18.2 , 766/2014 de 27.11 , la LECrim, en una interpretación ajustada a los principios constitucionales, contempla una relativa pasividad del Tribunal encargado del enjuiciamiento. Ello no impide la dirección del plenario, ni que se solicite al acusado o a algún testigo alguna aclaración sobre el contenido de sus declaraciones, como se desprende de lo dispuesto en el artículo 708 de la LECrim , que aunque solo se refiere al testigo, se ha extendido en la práctica común a los acusados. No obstante, la jurisprudencia ha entendido que el Tribunal, para preservar su posición imparcial, debe hacer un uso moderado de esta facultad ( STS nº 538/2008, de 1 de setiembre ; STS nº 1333/2009, de 1 de diciembre ) que precisa que la jurisprudencia no entiende que el art. 708 LECrim , quebrante en sí la imparcialidad del juzgador, sino que para salvaguardar ese deber fundamental exige el uso moderado del art. 708, de modo que no exceda del debate procesal tal y como ha sido planteado por las partes, y que la utilización de la facultad judicial se limita a la función de aclarar el contenido del interrogatorio provocado por los letrados, lo cual excluye la formulación de preguntas de contenido incriminatorio que pudieran complementar la actuación de la acusación. El Tribunal Constitucional, en la STC nº 229/2003 y en la STC 334/2005 , entendió que el límite a esta actuación del Presidente del Tribunal venía establecido por la exigencia de que la formulación de preguntas no fuera una manifestación de una actividad inquisitiva encubierta, sustituyendo a la acusación, o una toma de partido a favor de las tesis de ésta "teniendo en cuenta que la justicia constituye un valor superior del ordenamiento jurídico ( arts. 1.1 CE ) y la tutela judicial efectiva un derecho fundamental de toda persona ( art. 24.1 CE ), para cuya protección el Juez necesita lógicamente conocer, con la mayor certeza posible, la realidad fáctica sobre la que ha de aplicar el Derecho, no parece jurídicamente admisible privar al órgano jurisdiccional de esta cuestionada iniciativa probatoria (que, en nuestro Derecho, cuenta con suficiente base legal), siempre que la misma esté ceñida a los hechos objeto de la correspondiente causa penal, que se trate de fuentes probatorias existentes en la propia causa, y que, se respeten convenientemente los derechos de contradicción y de defensa de todas las partes implicadas en el proceso".
No faltan otros precedentes que han puesto el acento en el significado procesal de esa iniciativa, perfectamente compatible con el exigido estatuto de imparcialidad del órgano decisorio. Así, la STS 1084/2006, 24 de octubre , tuvo oportunidad de precisar que " la doctrina reconoce que una cierta iniciativa probatoria del Juez penal no es incompatible con el principio acusatorio y con el derecho al Juez imparcial; y, a este respecto, se pone de manifiesto que, en el ámbito de nuestro entorno europeo, los ordenamientos jurídicos de los Estados que han suscrito los mismos tratados internacionales que España (Alemania, Italia, Francia, Portugal) admiten con distintos matices y amplitud la iniciativa del Juez penal en materia probatoria (244, II del CP Alemán, art. 507 del Código Procesal italiano, art. 340.1º del Código Procesal portugués, art. 310 del Código Procesal francés).
Bien entendido que en todo caso el tribunal debe ser especialmente cuidadoso y prudente a fin de no comprometer su imparcialidad objetiva que si bien es evidente que está puede verse mayormente afectada por el contenido de la intervención en la practica de la prueba, también puede verse afectada por la forma en que ésta se produce. En este sentido el tribunal debe preservar su apariencia de neutralidad e imparcialidad, de forma que de su conducta se infiera que únicamente intervienen con la ya señalada finalidad de precisión, puntualización y concreción de los hechos objeto de debate.
Y ello adquiere especial trascendencia en los juicios ante el Tribunal del Jurado. En efecto, la aplicación del art. 708.2, no ofrece duda alguna a tenor de la regulación de la LOTJ (en este sentido se pronuncia la STS. 2.6.2003 ). No obstante, se recuerda en la doctrina que este tipo de procedimiento presenta algunas especialidades, como son la singular posición del Magistrado-Presidente que carece de competencia para entrar en la valoración de la prueba efectuada por el Jurado (salvo la verificación de la existencia de prueba de cargo) o el carácter lego de los miembros del Jurado, que determina que la forma, el modo o el momento de la intervención del magistrado-Presidente, puedan adquirir una relevancia notable, que imponen que las cautelas en orden a la preservación de la imparcialidad deban extremarse al máximo.
Es por tanto, a partir de estos precedentes como hemos de resolver la cuestión suscitada. Las preguntas realizadas por el Magistrado Presidente no pueden entenderse como perdida de imparcialidad al limitarse a depurar los hechos sobre los que esta declarado un testigo en relación a la condición de bebedor del acusado, a pedir aclaraciones a los peritos psiquiatras sobre sus conclusiones sin ninguna descalificación de éstas, y a no considerar pertinente una pregunta del letrado de la defensa sobre la cualificación y especialidad de un medido forense.
El motivo séptimo al amparo del art. 852 LECrim , al vulnerar la sentencia recurrida el art. 120 CE , en relación con los arts. 61.1 d ) y 54.3 Ley del Jurado , dado que el acta de votación infringió los preceptos referidos al no contener la sucinta explicación de las razones por las que han declarado o rechazado declarar determinados hechos como probados, respecto a la existencia o no de alevosía, y respecto si proceden las atenuantes de reparación del caño causado y de alteración mental.
Como hemos recordado en reciente sentencia 331/2015 de 3.6 , la exigencia de motivación de las sentencias resulta, en primer lugar, del artículo 24.1, en tanto que el derecho a la tutela judicial efectiva comprende el de obtener una resolución suficientemente fundada, tanto sobre los hechos como sobre el derecho aplicable, así como acerca de la concreción de las consecuencias de tal aplicación. El carácter fundado de la resolución resulta precisamente de su suficiente motivación. En segundo lugar, de la previsión específica contenida en el artículo 120.3 de la Constitución . En ninguno de los dos casos se excluyen del ámbito de las previsiones constitucionales las sentencias dictadas por los tribunales de jurados que, en consecuencia, deben ser igualmente motivadas. Es lógico, sin embargo, que el nivel técnico de la fundamentación no sea el mismo cuando se trata de tribunales profesionales o de tribunales compuestos por legos. Tampoco las exigencias son las mismas cuando se hace referencia a la motivación del veredicto, que corresponde a los jurados, o a la motivación de la sentencia que corresponde al Magistrado Presidente. En cualquier caso, como hemos reiterado, la exigencia de motivación no pretende satisfacer necesidades de orden puramente formal, sino permitir a los directamente interesados y a la sociedad en general conocer las razones de las decisiones de los órganos jurisdiccionales y facilitar el control de la racionalidad y corrección técnica de la decisión por el Tribunal que revise la resolución en vía de recurso. Igualmente contribuye a que el propio órgano que dicta la resolución verifique su correcta fundamentación.
Médicos forenses: Cosme y Faustino .
Agentes de la Guardia Civil NUM001 y NUM002 .
Facultativos INT NUM003 , NUM004 , NUM005 y NUM006 .
No olvidemos que si el Juez técnico decidió someter al Jurado al objeto del veredicto es porque ya había entendido que no procedía la disolución anticipada del Jurado a que se refiere el art. 49 LOTJ , por falta de existencia de prueba de cargo que pueda fundar una condena del acusado. El Magistrado Presidente debe pues tener en cuenta las explicaciones sucintas expresadas por el Jurado que complementara con sus propias consideraciones sobre la prueba de cargo tenida en cuenta con aquél. Lo que no es coherente -dice la STS. 11161/2004 de 14.10 es que dichas consideraciones sean contradictorias o divergentes con la decisión del Jurado.
Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación, interpuesto por Jaime , contra la sentencia número 465/2014, de fecha diez de noviembre de 2014 , pronunciada por el Ilmo. Sr. Magistrado-Presidente del Tribunal del Jurado, constituido en el ámbito de la Ilma. Audiencia Provincial de Oviedo, sección tercera, en la causa del Procedimiento Especial del Jurado número 1/2011 del Juzgado de Instrucción de Luarca, correspondiente al Rollo de Sala número 4/2011; y condenamos al recurrente al pago de las costas causadas en la tramitación de su recurso.
Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos y firmamos D. Candido Conde-Pumpido Touron D. Jose Manuel Maza Martin D. Juan Ramon Berdugo Gomez de la Torre D. Antonio del Moral Garcia D. Andres Palomo del Arco