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Timestamp: 2018-09-26 07:31:39
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Honorable Legislatura de la Provincia del Chubut - Sesión 914 7 y 9-10-03
Sesión 914 7 y 9-10-03
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA SES-914
de los días 7 y 9 de octubre de 2003
- En Rawson, en el recinto de sesiones de la Honorable Le-gislatura del Chubut, a siete de octubre de dos mil tres, siendo las 20,03 dice el
SR. DE BERNARDI: Señor Presidente, solicito que el punto 7º del Orden del día, relacionado con el Proyecto de Ley Gene¬ral nº. 121/03, regrese a comisión.
Continúa en el uso de la palabra el señor diputado De Ber-nardi.
SR. DE BERNARDI: Señor Presidente, en razón de existir un alejamiento del Reglamento y por no tener el dictamen co-rrespondiente, solicito que el punto 3º del Orden del día, relacionado con el Proyecto de Ley General nº. 069/02, tam¬bién sea regresado a las comisiones pertinentes -de Asuntos Constitucionales y Justicia, de Presupuesto y Hacienda y de Infraestructura y Servicios Públicos-.
Por lo expuesto, solicito que se cumpla con el Reglamento y este punto del Orden del día sea regresado a las comisiones pertinentes.
SR. LORENZO: Señor Presidente, este punto está en el Orden del día y lo que hay que considerar es la moción efectuada por el señor diputado De Bernardi, que no acompañamos. Por lo tanto, solicito que Presidencia la someta a consideración y, si no se aprueba, este punto quedará en el Orden día para el tratamiento correspondiente.
SR. DE BERNARDI: Señor Presidente, lo que digo es que se violó el Reglamento; no se cumplió con el quórum correspon¬diente en las comisiones y, por lo tanto, el proyecto no tiene dictamen. Se burló la Constitución y el Reglamento, y se quiere burlar a las minorías en este recinto. Esto, en buen romance, es un disparate.
Por lo expuesto, sin más trámite, solicito que como autori¬dad de la Cámara, en función de faltarle el dictamen, someta esta moción a consideración de los señores diputados para que este proyecto regrese a las comisiones correspondientes.
- A las 20,25 dice el
SR. PRESIDENTE (Gil): Finalizado el Cuarto Intermedio, tiene la palabra el señor diputado Lorenzo.
SR. LORENZO: Señor Presidente, en virtud de la circunstancia que se vive por el corte de energía eléctrica que impide que podamos sesionar y como no tenemos información de su duración quiero proponer a los señores diputados que pasemos a un Cuarto Intermedio hasta el jueves próximo a las 10 de la mañana para proseguir con esta sesión y a continuación de la misma realicemos la sesión correspondiente al día jueves.
SR. PRESIDENTE (Gil): Les recuerdo a los señores diputados que queda una moción pendiente del señor diputado De Bernardi.
Se va a votar la moción del señor diputado Lorenzo de pasar a un Cuarto Intermedio hasta el día jueves a las 10 de la mañana.
- Así se hace a las 20,27.
- A las 11,50 del 9 de octubre de 2003 dice el:
SR. DE BERNARDI: Habíamos quedado con que habíamos observado que el dictamen en conjunto de las comisiones correspondientes referido al proyecto nro. 69/02 adolecía de irregularidades en cuanto a que la Comisión Permanente de Infraestructura y Servicios Públicos no estaba constituida como corresponde conforme a lo que dicta el Reglamento Orgánico, por lo tanto sostengo que debe volver a esa Comisión a los fines de que se expida como corresponde para no violar el Reglamento.
SR. LORENZO: Para nosotros el dictamen está en forma correcta. La Secretaría de Enlace lo ha puesto en el Orden del día y reúne todos los requisitos, por lo tanto solicito que se someta a votación la propuesta efectuada por el señor diputado De Bernardi y que se exprese la Cámara.
SR. DE BERNARDI: La Secretaría de Enlace cometió un error; esto no habilita para que lo consideremos como un dictamen. Sostengo, en consecuencia, que no corresponde votar sino que corresponde, lisa y llanamente, remitirlo a la Comisión respectiva a los efectos de que se expida. Es responsabilidad suya, señor Presidente, si usted quiere violar el Reglamento, hágalo o no.
SR. PRESIDENTE (Gil): Se va a votar la moción propuesta por el señor diputado De Bernardi para que el proyecto vuelva a Comisión.
Queda en el Orden del día. Por Secretaría se continuará con la relación de los Asuntos entrados.
- Nota de la Subsecretaría de Trabajo elevando informe de las actuaciones efectuadas por dicho organismo en relación con la denuncia efectuada por la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina Filial Chubut (A.T.S.A. Chubut) referida a la situación que atraviesan los trabajadores del Sanatorio San Martín S.A. de la ciudad de Trelew.
- Nota del Tribunal de Cuentas de la Provincia enviando la rendición de cuentas de dicho organismo correspondiente al mes de julio de 2003.
- Decretos nros. 1474, 1520, 1532, 1534 y 1584/03 del Poder Ejecutivo Provincial, mediante los cuales se incorporan partidas al Presupuesto General del presente ejercicio.
- Mensaje de la Cámara de Diputados de La Pampa remitiendo la Resolución nº. 76/03, por la que manifiesta su apoyo y acompañamiento a las conclusiones del Tercer Encuentro de Laboratorios Estatales de Medicamentos de la Patagonia, que deliberaron en la ciudad de General Pico.
- Nota del Ministro de Salud, doctor Eloy García, informando sobre la imposibilidad de concurrir a la Legislatura en la fecha propuesta por compromisos asumidos con anterioridad, concretamente la realización del curso de aeroevacuación medica.
- Nota del Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia remitiendo la respuesta de la Dirección General de Cooperativas al pedido de informes formulado por Resolución nº. 122/03 de esta Legislatura, referido a la nómina de cooperativas y mutualidades existentes en el registro provincial.
- Debido al volumen de la documentación que se adjuntó a la respuesta, no se fotocopió para su remisión a los Bloques. Dicha documentación puede consultarse en el archivo de leyes.
- Nota de la Coordinadora del Centro de Denuncias del Instituto Nacional Contra la Discriminación, dependiente del Ministerio del Interior, remitiendo copia de la nota del periodista Marcelo Longobardi relacionada con los hechos denunciados mediante Resolución nº. 028/03 de esta Legislatura.
SR. RISSO: Señor Presidente, hemos acordado en Labor Parlamentaria que no habría Hora de Preferencia en esta sesión prorrogada del martes, y como este tema pensaba plantearlo, lo voy a hacer ahora, ya que se trata de la denuncia que oportunamente hiciera esta Cámara contra el periodista Marcelo Longobardi por actitudes discriminatorias
y ofensivas hacia una comunidad, como es la Comarca Andina, que como usted sabe y recuerda, señor Presidente, se expresó a través de un referéndum en contra del proyecto minero en la ciudad de Esquel.
En su momento, denunciamos que el periodista Marcelo Longobardi, de Radio 10, una radio que tiene un perfil ideológico muy particular y que responde a la actitud del propietario, cuando comentó el resultado del plebiscito, en el que más del 80% de los electores se expresaron por el No del proyecto minero, dijo “Triunfó la indiada”.
Esto motivó que la Cámara se expresara denunciando la actitud discriminatoria y ofensiva de este periodista nacional, pidiendo las sanciones correspondientes.
El organismo que en el marco de la Ley 23.592 tiene a su cargo el control y la implementación de las medidas contra aquellos que tienen actitudes discriminatorias es el INADI, creado por Ley 24.515. Este organismo recepciona la denuncia formulada por esta Legislatura y corre traslado al periodista Marcelo Longobardi, el que formula una especie de descargo. De ese descargo se corre vista a esta Legislatura, por ser la denunciante, expresando que en determinado plazo que fije la Legislatura se acepten las explicaciones dadas por el periodista, y que las actuaciones pasen al archivo.
Queremos en esta instancia responder no sólo la nota del INADI sino además expresar de la forma más clara posible nuestra posición con relación al descargo efectuado. Por lo tanto, la propuesta que vamos a hacer, luego de analizar el descargo del periodista Longobardi, es que la versión taquigráfica sea remitida al INADI, porque vamos a rechazar y pedir a ese organismo que ponga en marcha las medidas a las cuales obliga la ley de creación 24.515, en todo lo que se refiere a las actitudes discriminatorias que son reprimidas por la Ley N° 23.592. Esa ley consta nada más que de tres artículos, y el autor fue el doctor De la Rúa, obviamente en el marco de la normativa de la Constitución Nacional que reprime cualquier tipo de actitud o actividad discriminatoria, cualquiera sea la razón.
El organismo que se creó prevé poner a disposición de las personas o grupos de personas que se sientan ofendidas o discriminadas los medios tendientes no sólo a corregir las actitudes discriminatorias sino también la búsqueda de la sanción para todas aquellas personas que tengan este tipo de actitud o que profesen ideologías o filosofías que puedan resultar discriminatorias.
Nosotros dijimos que el señor Longobardi había ofendido no sólo a la comunidad indígena de la provincia del Chubut o de todo el país, sino que había ofendido a toda la sociedad, en particular a la sociedad de Esquel. Expresar “triunfó la indiada”, no sólo resulta ofensivo a la comunidad indígena porque la forma en que se expresó el término hace referencia -a quien lo escuche- de menoscabo de la capacidad intelectual, del discernimiento, de decisión o de opinión de esa comunidad, del indígena o del indio no sólo del Chubut sino de toda la Argentina.
Expresar “triunfó la indiada”, señor Presidente, hace referencia respecto a quien tiene pertenencia a la comunidad indígena, se está diciendo ante el resto de la sociedad que no tiene una capacidad de discernimiento, que no es normal o que es inferior al resto de los ciudadanos.
Es decir, una expresión como ésta que resulta ofensiva hacia toda la comunidad indígena del país, pero también resulta ofensiva y discriminatoria hacia los ciudadanos de Esquel, que expresaron una opinión en un acto democrático con la más absoluta libertad y en pleno ejercicio de un derecho constitucional.
Se le dijo al elector, al votante de la comunidad cordillerana que votó por el no, que es un inferior, que no está capacitado ni preparado para opinar o que la opinión que vertió, lo hizo como lo haría un indígena, sin capacidad de discernimiento o en condiciones inferiores al resto de los mortales o de los ciudadanos, señor Presidente, diferenciándolo de aquellos electores qie votaron por el sí.
Entonces, si votaron por el sí son inteligentes, capaces y sabían lo que votaban y los que votaron por el no, eran personas que el señor Longobardi comparó con los indígenas o ciudadanos que son de inferiores condiciones al resto de los ciudadanos. Es una doble actitud discriminatoria, una doble actitud ofensiva hacia el pueblo indígena o hacia toda una sociedad que emite una opinión mayoritaria.
En el marco de la denuncia efectuada, obviamente se le corre el traslado al señor Longobardi, porque debemos recordar que esta opinión la vertió en una radio de difusión nacional y hoy sabemos que por el sistema de transmisión satelital, las radios nacionales llegan a todo el país. Una radio de audiencia importante o de primera audiencia como es Radio 10, obviamente, señor Presidente, forma opinión en muchos sectores de la sociedad argentina, no solamente en Buenos Aires sino de todo el país, en todos aquellos lugares donde se escuche Radio 10.
El señor Longobardi responde al momento que se le corre traslado de esta denuncia que fue caratulada –si se puede decir así- con el número 730 del 23 de abril de 2003, por discriminación, xenofobia y racismo, realizada por este periodista. El denunciante es el doctor Néstor Gil, porque es quien ha hecho la comunicación como Presidente de esta Cámara.
Voy a leer la respuesta del señor Longobardi y los motivos por los que la vamos a rechazar, lo voy a hacer para que quede constancia en la Versión Taquigráfica, ya que no tenemos posibilidad material de contestar por escrito este descargo, para que sea remitido a este organismo -el INADI- como fundamento de rechazo para la aplicación de la más severa sanción.
Dice el señor Longobardi: “Al respecto, debo señalar que el comentario a que se alude (“triunfó la indiada”) en absoluto tuvo por objeto el menoscabo, la descalificación o mucho menos el insulto de la raza indígena, si es que ésa es la implicancia contenida en los términos de la denuncia”.
Aquí, señor Presidente, es la primera observación: se preocupa en descargar o justificar su comentario aclarando que no tuvo intención de ofender a la raza indígena pero no dice a quién estaba dirigido el comentario, que era el ciudadano de Esquel que votó por el no.
No ofende al indígena pero no hace el descargo ni pide disculpas al ciudadano que no es indígena y que votó por el no. La intención de Longobardi fue ofender pero ofender a aquel que expresó una opinión mediante el voto que no coincide con la de él o que él entiende debió haber sido.
Dice más adelante: “Mi comentario tenía un objeto, un contenido y una significación exclusivamente políticas. Se relacionaba con la discusión sobre la posible instalación de una mina en la localidad de Esquel, y mi comentario por ese entonces era que la mentada instalación favorecería a los habitantes de esa zona del sur del país, que registra altos índices de desocupación y por ende, necesita de inversiones que alienten la actividad económica”.
Sigue diciendo: “La minería, desde mi punto de vista, es la actividad ideal para superar esa situación, ya que requiere de mano de obra intensiva –sinónimo de alta ocupación- y conlleva una importante inversión secundaria, también generadora de empleo-servicios de toda clase y su efecto multiplicador”.
“Es por ello que por ese entonces, y desde mi papel de periodista de opinión, expresé una postura crítica respecto de quienes se oponían al proyecto, alegando razones ecológicas que desde mi punto de vista estaban motivadas por posturas ideológicas y partidarias, ya que no encontré razones de peso que me convencieran de lo contrario, cuando explotaciones mineras de oro como la cuestionada en Esquel, existen no sólo en numerosos lugares del mundo sino en nuestro propio país”.
“La multitud de argumentos a mi juicio infundados, y el hecho de que ellos se propagaran de manera desordenada y tumultuosa, me llevaron a expresar el pensamiento de que había triunfado la indiada, con lo cual quise describir una cuestión de formas, relacionada con épocas donde el país aún no se había institucionalizado, sin que ello se relacione en modo alguno con el menoscabo a quienes pertenecen a culturas indígenas”.
Aquí está el párrafo más importante quizá de este descargo y que merece su rechazo. Habla de desorden, de épocas cuando el país no estaba institucionalizado; dice que a eso se quiso referir con la expresión “triunfó la indiada”. Sigue ofendiendo a toda la comunidad que votó por el no al expresarse democrática y libremente en ese referéndum, en opinión de un periodista nacional que se cree dueño de la verdad. Además, descalifica las motivaciones del no porque las disminuye y las pretende encuadrar en expresiones de tipo ideológico -que son las de él obviamente- que lo llevan a expresar que eso es sinónimo de desorden, de épocas en que el país no estaba organizado institucionalmente, de épocas que se manejaban con el criterio de los indios. Sigue ofendiendo a toda una comunidad y no pide disculpas.
Dice más adelante: “Mi queja tenía que ver con una medida que, según hoy sigo pensando, resultó perjudicial a los intereses de los habitantes de Esquel que seguramente hoy tendrían mayor bienestar de hallarse en funcionamiento la explotación.”
“Admito que de la manera en que me expresé y, sin haberlo querido en absoluto, algún oyente pudo haber malinterpretado mi comentario, que no estaba destinado a descalificar a los habitantes de Esquel sino por el contrario, a favorecerlos, por lo menos desde mi óptica. Posiblemente el vocablo “indiada” fue desafortunado, para calificar una forma de tratamiento desordenado e irreflexivo de los asuntos públicos. Si ése fuera el caso, no tengo inconvenientes primero, en lamentar el malentendido y pedir las disculpas del caso, así como ratificar mi más absoluto respeto y simpatía por los habitantes indígenas o descendientes de indígenas del sur argentino en general”.
Esto me hace acordar al xenófobo, al racista, que descalifica a los judíos diciendo: tengo amigos judíos.
“No habiendo existido de mi parte, la más mínima intención de faltarles el respeto o la consideración que merecen. Las mismas consideraciones extiendo al resto de los habitantes de la región patagónica, que visito asiduamente y por quienes siento un especial afecto.
Valga esta aclaración a la restante observación que aparece en la denuncia (“por intentar cercenar el derecho de expresarse de los habitantes de la Provincia, en particular de los vecinos de Esquel”), ya que mi crítica, aun cuando puede no ser compartida, tuvo en miras justamente lo contrario, es decir, permitir la libre expresión de todos los habitantes que yo veía obstaculizada por la acción de algunos grupos”.
Señor Presidente, éste es el descargo de Marcelo Longobardi. Cualquiera que lo lea comprende rápidamente que es un descargo que dista mucho de ser un pedido de disculpas y que, de ninguna manera, tiene entidad suficiente para evitar las sanciones que se merece aquel que actúa de la forma en que actuó el señor Marcelo Longobardi. Y mucho menos toda una comunidad que está ofendida puede verse satisfecha por una nota que ni siquiera ha sido difundida por el mismo medio por el que se propagó el insulto o la ofensa a toda una comunidad.
Todo esto en el marco y por la normativa de la ley 23592 que establece claramente que serán sancionadas y reprimidas todas las actitudes -decía, particularmente- los actos u omisiones discriminatorias determinadas por raza, nacionalidad, ideología política o gremial, sexo, posición económica, condición social o caracteres físicos, estableciendo más adelante, incluso, la elevación de penas del Código Penal para este tipo de actitudes.
En la ley de creación del I.N.A.D.I. se establece que se creará el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo como entidad descentralizada en jurisdicción de Ministerio del Interior, que tendrá por objeto elaborar políticas nacionales y medidas concretas para combatir la discriminación, la xenofobia y el racismo, impulsando y llevando a cabo acciones a tal fin.
Dentro del artículo 4º están las atribuciones y funciones. El inciso "l" del artículo 4º establece como funciones del I.N.A.D.I. promover e impulsar, cuando existan suficientes evidencias y de acuerdo con lo previsto en el artículo 43º de la Constitución Nacional, las acciones judiciales y administrativas pertinentes con relación a las personas comprendidas en el inciso anterior.
Este Organismo, cuando se reúnen los requisitos de la Ley, está obligado a llevar adelante las acciones judiciales y administrativas pertinentes. Judiciales, en el marco de un interés colectivo ofendido, como es el caso de la comunidad de Esquel, a través de la acción de amparo para impedir que continúen este tipo de actitudes. Y administrativas, en el marco de la Ley de Radiodifusión, con las sanciones que correspondan a periodistas habilitados, como el señor Marcelo Longobardi, cuando cometan algunos de los hechos que sean catalogados por la Ley como discriminatorios, que es el caso al que estamos haciendo referencia.
Entendiendo que el descargo del que se corre vista a esta Cámara y por intermedio de la misma a toda la comunidad de Esquel que, en realidad, es la que ha sido ofendida -y nosotros, como representantes legítimos de esa comunidad, formulamos una denuncia ante el I.N.A.D.I.- entendemos que el mismo no reúne los requisitos para que la comunidad ofendida que es, en definitiva, la sociedad chubutense, sea resarcida por la acción sufrida. No alcanza con el descargo y mucho menos cuando ese descargo no es claro, no se hace público y no se difunde por el mismo medio en que se difundió la ofensa.
Queremos proponer a esta Cámara que se emita una Resolución dirigida al I.N.A.D.I. para rechazar el descargo del señor Marcelo Longobardi.
Insistir en que toda una comunidad ha sido ofendida y sigue ofendida, y que el daño no ha sido reparado; demandar ante el INADI para que en el marco del inciso l) del artículo 4° promueva las acciones correspondientes a fin de lograr el castigo, la sanción, en el marco de la ley administrativa que corresponde aplicar, la Ley de Radiodifusión, y se le imponga una sanción al señor Marcelo Longobardi. Y exigir en el marco de esa sanción las disculpas en forma clara hacia toda la comunidad, que sean difundidas por el mismo medio en que se difundió la ofensa. Esta debe ser, a nuestro entender, la posición de la Cámara, expresada en una resolución y notificada a la mayor brevedad al INADI, para que no corra traslado la vista de apercibimiento si no contestamos en el plazo que establece la resolución, para que estas actuaciones no sean archivadas. Entonces por los argumentos expresados, solicitamos sea incorporada la parte resolutiva, remitiéndola al INADI y rechazando el descargo del señor Longobardi, por no ser suficiente. Exigir al INADI que en el marco del inciso l) artículo 4° ponga en marcha todas las acciones para el castigo y la sanción administrativa de este señor, y que las disculpas que debe realizar hacia toda la comunidad sean difundidas por el mismo medio nacional en que fue difundida la ofensa. Obviamente, solicitamos que se realice a la mayor brevedad, que mañana mismo salga esta respuesta y se comunique al INADI, para evitar el archivo de las actuaciones.
SR. PRESIDENTE (Gil): Por Secretaría se tomará debida nota.
Se va a votar la moción del señor diputado Risso.
- Nota del Honorable Concejo Deliberante de Epuyén, enviando la Declaración N° 18/03, exigiendo al Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Chubut, la inmediata investigación y esclarecimiento de los hechos de violencia que terminaran con el trágico deceso del vecino Gumersindo Vergara.
- Nota de la Diputada Elsa ZARCOS del Bloque de la Alianza, remitiendo copia de la nota que le enviara el señor Nelson Restuccia adjuntando fotocopias de certificados y listado de Veteranos de Guerra.
- Nota del señor Gobernador, enviando el Decreto N° 1.442/03 del Poder Ejecutivo Provincial, por el que se declara de interés provincial el “VI Salón Municipal de Artes Plásticas Esquel 2.003” con alcance regional patagónico, a realizarse del 19 de setiembre al 19 de octubre del corriente año en la ciudad de Esquel, según lo solicitado por Declaración N° 040/03 de esta Legislatura.
- Nota del Ministerio de Educación en respuesta a lo requerido mediante Declaración N° 016/03 de esta Legislatura referida a la situación irregular de la comunidad educativa de la Escuela Polimodal Rural N° 920 de Río Pico.
- Nota del Consejo de la Magistratura remitiendo el pliego con la solicitud de acuerdo legislativo para la designación del Dr. Martín Eduardo ZACCHINO en el cargo de Procurador Fiscal para la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Esquel.
- Nota del Consejo de la Magistratura remitiendo el pliego con la solicitud de acuerdo legislativo para la designación de la Dra. Analía María MURILLO en el cargo de Defensor General para la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Esquel.
- Nota de la diputada Araceli Di Filippo solicitando la lectura en esta sesión de la nota que le enviaran profesionales médicos del Hospital Zonal de Trelew donde solicitan con carácter urgente la intervención de esta Legislatura ante el Ministerio de Salud para considerar los temas tratados.
- Nota del Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia remi¬tiendo la respuesta del Ministerio de Educación en respuesta al pedido de informes dispuesto por Resolución nº. 061/03 de esta Legislatura, con referencia a la derogación del artí¬culo 4º de la Resolución nº. 113/03 de ese Ministerio, que disponía el cierre del núcleo zonal E.A.S. 902 de la locali¬dad de Epuyén.
- Nota del señor Intendente Municipal de Puerto Madryn invi¬tando a participar del Taller de Fortalecimiento Productivo, que se realizará los días 23 y 24 del corriente en las ins¬talaciones del Centro Nacional Patagónico en dicha ciudad.
- Proyecto de Ley nº. 129/03 presentado por el Poder Ejecu¬tivo Provincial, por el que se propicia el establecimiento de una fecha límite para la aceptación, como medio de cance¬lación de las obligaciones con la Provincia, de las Letras de Cancelación de Obligaciones Provinciales LECOP.
- Proyecto de Ley nº. 130/03, presentado por el Poder Ejecu¬tivo Provincial, por el cual se propicia la aprobación del Convenio nº. 213019 de Infraestructura en Comunicaciones so¬bre Ruta Nacional nº. 3 — Provincia del Chubut, celebrado entre la Dirección Nacional de Vialidad y la Provincia del Chubut, autorizando la instalación de diecinueve Cabinas Te¬lefónicas S.O.S., correspondientes al Proyecto "Sistema de Comunicaciones para emergencias en Ruta", en la Ruta Nacio¬nal nº. 3 en el tramo comprendido entre los límites provin¬ciales (Paralelo 42 y 46) fuera de la zona de seguridad y en el marco de la Ley Nacional de Tránsito y su Decreto Regla¬mentario.
- Proyecto de Ley nº. 131/03, presentado por el Poder Ejecu¬tivo Provincial, por el que se propicia la modificación del Presupuesto General de la Administración Provincial corres¬pondiente al año 2003, en lo referido a la denominación de los proyectos "Nuevo Edificio Alcaidía Puerto Madryn y Re¬facción Edificios Gubernamentales No Escolares, manteniendo el mismo crédito presupuestario.
- Proyecto de Ley nº. 132/03, presentado por el Bloque de la Alianza, por el que se propone la ampliación del plazo pre¬visto en la Ley nº. 5004 de Seguridad Pública para la eleva¬ción a esta Legislatura del Proyecto de Ley de Reforma Inte¬gral de la Policía de la Provincia.
- Proyecto de Ley nº. 133/03, presentado por los diputados Iralde y Lorenzo del Bloque de la Alianza, por el que se propone autorizar al Poder Ejecutivo a instrumentar a partir del año 2004 un sistema de locación de servicios profesiona¬les denominado "Plan de Inserción en Prácticas Profesionales para graduados universitarios de la Provincia del Chubut".
- Proyecto de Ley nº. 134/03, presentado por el Bloque Jus¬ticialista, por el que se propone regular el ejercicio de la profesión de Técnicos Radiólogos y/o Técnicos en Diagnóstico por Imágenes y Terapias Radiantes.
- A las Comisiones Permanentes de Legislación General, Cul¬tura y Educación y de Legislación Social y Salud.
- Proyecto de Declaración N° 053/03, presentado por el Bloque Justicialista, por el que se solicita al Poder Ejecutivo que a través de la Secretaría de Turismo y Áreas Protegidas se lleve adelante el proyecto de desarrollo de un centro de ski y actividades de montaña en el Cerro Azul en la localidad de El Maitén.
- Proyecto de Declaración N° 054/03, presentado por el Bloque Justicialista, por el que se vería con agrado que el Poder Ejecutivo declare de interés provincial la “II Feria de Proyectos Juveniles de la Comarca Andina del Paralelo 42°” que se realizará los días 13, 14 y 15 de noviembre de 2003 en la Escuela N° 109 de Lago Puelo.
SRA. MARTÍNEZ: Señor Presidente, solicito que se reserve en Secretaría para su posterior pedido de tratamiento sobre ta¬blas.
- Proyecto de Declaración N° 055/03, presentado por el Bloque Justicialista, por el que se solicita al Poder Ejecutivo Provincial que interceda ante el Poder Ejecutivo Nacional con el fin de que se incluya en el Presupuesto 2004 la pavimentación de la Ruta Nacional N° 40 que une El Maitén con el empalme Leleque Ruta N° 258 de la Comarca Andina.
- Proyecto de Resolución N° 081/03, presentado por el Bloque Justicialista, por el que se solicitan informes a la Dirección General de Cooperativas y Mutualidades, requiriendo el envío de copia del Expediente N° 614S-S.D.S./03 correspondiente a la Asociación Mutual Siempre Joven.
- Dictamen unánime de la Comisión Permanente de Turismo y Deporte sobre el Proyecto de Declaración N° 050/03, presentado por el Bloque Justicialista, por el que se solicita al Poder Ejecutivo que declare de interés provincial el “Campus de Básquetbol de Playa Unión” cuya novena edición se realizará durante el mes de enero de 2004.
- Dictamen de la Comisión Permanente de Asuntos Constitucionales y Justicia y Dictamen en Mayoría de la Comisión Permanente de Presupuesto y Hacienda, sobre el Proyecto de Ley No General N° 118/03, presentado por el Poder Ejecutivo, por el que se propone establecer un régimen de facilidades de pago para abonar las obligaciones que se devengan por la falta de pago de la tasa Especial de Policía de Trabajo y Capacitación Laboral prevista en la Ley N° 3270 y las multas impuestas por la Subsecretaría de Trabajo ante los incumplimientos laborales.
- Ocupa el sitial de Presidencia la Vicepresidenta Primera señora diputada Zarcos.
- Dictamen de la Comisión Permanente de Asuntos Constitucionales y Justicia y Dictamen en Mayoría de la Comisión Permanente de Presupuesto y Hacienda, sobre el Proyecto de Ley No General N° 119/03, presentado por el Poder Ejecutivo, por el que se propicia el dictado de un régimen especial de facilidades de pago para los contribuyentes y responsables de tributos cuya recaudación tiene a su cargo la Dirección General de Rentas de la Provincia del Chubut.
- Dictamen unánime de la Comisión Permanente de Asuntos Constitucionales y Justicia y de Presupuesto y Hacienda, sobre el Proyecto de Ley General N° 067/01, presentado por el Poder Ejecutivo, por el que se propicia la modificación de varios artículos de la Ley N° 4139, Orgánica del Tribunal de Cuentas de la Provincia.
- Nota del Colegio Público de Abogados Circunscripción Judicial de Trelew, con relación al anteproyecto de Ley presentado oportunamente, por el que se propone la creación de una Caja de Previsión Social para Abogados, adjuntando nota del Dr. Pérez Catella, que contiene la declaración dada en el 47° Congreso de la Unión Internacional de Abogados realizado en la ciudad de Lisboa, entre los días 29 de agosto y 3 de setiembre pasados.
- Nota del Consejo Directivo Provincial de la Asociación de Trabajadores del Estado (A.T.E.) elevando un anteproyecto de ley que propone una recomposición salarial para personal incluido en la Ley nº. 3158.
- Nota de la Comunidad Educativa de la Escuela Abierta Semipresencial nº. 902, de la localidad de Epuyén, con referencia a una publicación periodística aparecida en el diario Páginas del Sur.
- Nota del señor Abel Angel Figueroa, de la ciudad de Trelew, solicitando que se arbitren los medios necesarios a los efectos de que se revea su situación jubilatoria.
- Nota del señor Oscar Guillermo López, de la ciudad de Esquel, recibida por correo electrónico, adjuntando antecedentes con relación a explotaciones de oro y uranio en nuestra provincia.
- Nota del señor Antonino Coluccio, de la ciudad de Rawson, haciendo llegar documentación correspondiente al proyecto de explotación y comercialización conjunta entre Antonino Coluccio y Ecolmar S.A.., para la reactivación y el aprovechamiento integral de la planta elaboradora ex — Frigorífico Mellino S.A..
- Nota de Comunidades Mapuches Tehuelches haciendo llegar sus consideraciones con respecto a la situación de los pobladores por el desalojo de sus tierras.
SRA. PRESIDENTA (Zarcos): Tiene la palabra la señora diputada Césaro.
SRA. CÉSARO: Solicito que por Secretaría se dé lectura.
- Nota del Cuerpo de Delegados de los Hospitales de Puerto Madryn, Trelew, Comodoro Rivadavia y Rawson y del Ministerio de Salud, pertenecientes a la Asociación de Trabajadores del Estado, informando acerca de la situación salarial y laboral que sufren los trabajadores del sector.
SRA. PRESIDENTA (Zarcos): Finalizada la relación de los Asuntos entrados, corresponde considerar los temas reservados en Secretaría. En primer lugar, el Proyecto de Declaración N° 054/03.
SRA. MARTINEZ: Señora Presidenta, el presente proyecto de declaración solicita que el Poder Ejecutivo Provincial declare de interés provincial la II Feria de Proyectos Juveniles de la Comarca Andina del Paralelo 42°, que se realizará los días 13, 14 y 15 de noviembre del corriente año, en la Escuela N° 109° de Lago Puelo.
Este es el segundo encuentro que realizan los jóvenes de toda la Comarca, donde se exponen proyectos de trabajos comunitarios, apoyados por adultos y educadores. La perspectiva para este año es superadora con respecto al año 2000, contándose con más de cincuenta proyectos de todas las regiones de la Provincia del Chubut.
Nuestro Bloque considera que este tipo de ferias y de encuentros de jóvenes de nuestra provincia, con vocación para el servicio voluntario, donde se plantean proyectos de ayuda a la comunidad, deben ser fomentados y, fundamentalmente, incentivados por el Poder Ejecutivo Provincial.
Por los motivos expuestos, solicitamos el tratamiento sobre tablas, para que el Poder Ejecutivo acompañe, apoye e incentive este tipo de emprendimientos realizados por jóvenes de nuestra provincia.
Habiéndose leído por Secretaría y por constar de un solo artículo, se va a votar en general y en particular el despacho emanado de la Cámara en Comisión.
Se encuentra reservado en Secretaría el Proyecto de Declaración N° 055/03.
SRA. CESARO: Señora Presidenta, vamos a solicitar a los señores diputados que acompañen este proyecto, por el que se solicita al Poder Ejecutivo Nacional incluya en el Presupuesto 2004 la obra de pavimentación del tramo de la Ruta Nacional N° 40, que une la localidad de El Maitén con el empalme Leleque-Ruta N° 258 de la Comarca Andina.
- Ocupa el sitial de Presidencia el Presidente de la Cámara, doctor Néstor Gil.
- Se reintegra a su banca la Vicepresidenta 2° de la Cámara, señora diputada Zarcos.
SR. PRESIDENTE (Gil): Habiendo finalizado el tratamiento de los temas reservados en Secretaría y habiendo acordado no realizar Hora de Preferencia en la presente sesión, por Secretaría se leerá el punto 2° del Orden del día.
- Dictamen de la Comisión Permanente de Asuntos Constitucionales y Justicia, sobre el Proyecto de Ley General N° 040/02, presentado por el Poder Judicial, el que ha sido modificado en la Comisión, por el que se propone la sanción de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal de la Provincia del Chubut.
SR. RISSO: Señor Presidente, el presente dictamen propone la aprobación del Proyecto de Ley General N° 40 del año 2002, que ha sido presentado por el Poder Judicial y que ha tenido algunas modificaciones en la Comisión. Por el mismo se propone la sanción de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal de la Provincia del Chubut.
Señor Presidente, el proyecto de Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal ha generado desde su presentación, reitero, en el año 2002, muchísimos debates de distinto tipo algunos de ellos especialmente motivados por la discusión que ha generado en la provincia y en las provincias patagónicas el proceso de transformación y de reforma de la legislación procesal en materia penal.
Creo señor Presidente, que es importante que al momento de tratar este proyecto de Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, dejemos en claro algunas de las motivaciones que originaron estos debates y estas discusiones.
No hay que olvidar que en el año 1988 empezó en la Patagonia y en la provincia de La Pampa, un proceso de transformación que llevaba a dejar atrás un sistema en la legislación procesal penal, señor Presidente, que se llamó sistema inquisitivo, que fue el sistema que inspiró toda la legislación procesal en la Argentina a partir de la influencia que ejerció en nuestra legislación, le diría señor Presidente, un modelo español propio de finales del siglo XIX.
El sistema inquisitivo es un sistema escrito y cuando hablamos de derecho procesal estamos hablando de la legislación de forma, que es la que determina de qué manera se ejerce o se aplica la legislación de fondo que es el Código Penal.
Cuando hablamos de derecho penal estamos hablando especialmente de la plena vigencia de las garantías constitucionales que tienen que ver con la libertad, la igualdad ante la ley, el derecho de defensa en juicio, con las garantías que establece nuestra Constitución que están vinculadas a modelos propios de una organización democrática, a un estado de derecho, señor Presidente, en que estos principios que están vinculados a la libertad, a la igualdad ante la ley, deben tener plena vigencia.
El sistema inquisitivo es el modelo más propio, más adecuado a la filosofía que imperó en la Argentina durante muchísimos años y particularmente en los modelos militares. El sistema inquisitivo no marca una diferencia clara que hoy existe en nuestra Constitución entre el que acusa y el que juzga.
Las garantías, señor Presidente, al no existir una diferencia entre el que acusa y el que juzga, pueden verse limitadas, hacer un modelo escrito además limita y condiciona muchísimo el ejercicio del derecho de defensa en juicio y fundamentalmente, señor Presidente, está vinculado con la lentitud del proceso, con la imposibilidad del juez de tener inmediatez en cada causa, en cada proceso donde en la mayoría de las veces hay personas privadas de su libertad que demandan una rápida respuesta de la Justicia para esclarecer su situación, ya sea por una condena o por una absolución.
Digamos que en cuanto a ese modelo escrito, inquisitivo, a partir de 1983 con el renacimiento de la democracia hubo todo un fenómeno en el país que buscó dejarlo atrás. Empezó en la provincia de La Pampa con la sanción del denominado Código Levenne y en nuestra Provincia fue el Gobernador Viglione el que puso en marcha el mecanismo para la reforma del Código Procesal Penal y se concretó recién en 1988 cuando gobernaba la Provincia el doctor Perl; en el Superior Tribunal de Justicia estaba entre otros el doctor Raúl Heredia, si mal no recuerdo y el doctor Royer; en esta Cámara había legisladores como los doctores López Salaberry, Fernández Vecino, Cimadevilla y quien les habla, todos convencidos de que este modelo de transformación debía darse para llegar a lo que se llama el sistema acusatorio, que es el que más se ajusta a un modelo democrático y a la filosofía que caracteriza a quienes militamos en partidos democráticos como el Radicalismo, el Justicialismo, el PACH, y el MID en aquel entonces.
En 1988 se sancionó el Código Levenne que es un paso intermedio entre los sistemas inquisitivo y acusatorio, con mucha expectativa de solución a los problemas más críticos que tenía la justicia especialmente en materia penal pero también vinculado con la seguridad, con la problemática del menor. Todos estos problemas hoy siguen afectando y preocupan a nuestra sociedad pero con este paso se quedó a mitad de camino, se quedó conservando parte del sistema inquisitivo, sistema escrito que no diferencia claramente al que acusa y al que juzga, con la vigencia de los jueces de instrucción que hoy todavía siguen existiendo en la Provincia del Chubut, que eran y son quienes investigan y los que deciden todo en un proceso escrito hasta el momento de la acusación, de definir si hay mérito para que se eleve a juicio.
El avance hacia el sistema acusatorio fue la oralidad en materia penal, la creación de las Cámaras del Crimen y la oralidad de lo que se llama el juicio en sí mismo pero la práctica llevó a que ese juicio oral quedara limitado y condicionado a todo lo que se había actuado en la parte instructoria. Quiere decir que el objetivo del sistema acusatorio de separar claramente los roles, de buscar la mayor garantía a las personas imputadas -que está vinculado con nuestra filosofía y norma constitucional- quedaba limitado porque el proceso oral simplemente traía a juicio todo lo que se actuaba en la etapa instructoria que era escrita y sin una clara delimitación entre el que acusa e investiga; el juez de instrucción investigaba y terminaba acusando.
A partir de 1994, con la reforma constitucional en la Provincia del Chubut y en las provincias patagónicas, particularmente en el Chubut, se definió avanzar hacia la plena vigencia del sistema acusatorio. Para que se entienda claramente, nuestra Constitución declama y proclama que en la Provincia del Chubut se debe dejar atrás definitivamente todo matiz del sistema inquisitivo y deben empezar a estar claramente delimitadas las funciones en materia de procedimiento penal. Debe haber una muy clara función de investigación en el marco de lo que es a partir de la sanción de 1994 la procuración -el procurador general y los fiscales- una clara función de defensa y autonomía funcional tanto en la procuración como en la defensa pública y una clara diferenciación, que esa investigación de los hechos y de las conductas tipificadas por la ley de fondo como delitos estén a cargo de la procuración; que los jueces sean jueces de garantía que juzguen en la primera etapa de la investigación, es decir que controlen las garantías, la plena vigencia de las garantías constitucionales pero la etapa de la investigación a cargo de la Procuración.
Un juicio oral y público plenamente insertado en el sistema acusatorio, en el que las pruebas, los hechos, los antecedentes que hacen al origen del juicio oral, se hayan obtenido con plena vigencia de estos principios, como decía anteriormente. Debe estar claramente delimitado quién investiga, quién defiende, con todas las garantías de la Constitución y con el control judicial de un juez que debe poner límites, que debe garantizar que en todo ese proceso de investigación estén respetados estos principios básicos y fundamentales de nuestro sistema constitucional.
En ese marco se sancionó al final del período legislativo anterior, el denominado Código Maier, que fue sancionado en esta Cámara a libro cerrado, sin un proceso previo de discusión y de consenso entre todos los actores del sistema judicial en materia penal. Esto ha provocado hoy que una Ley en vigencia, como es el Código Maier, genere todas las discusiones que generó, que imposibilitaron que se pusiera totalmente en vigencia.
Este Código Maier ha sido analizado y discutido en las provincias patagónicas, porque hoy es una decisión -que ha nacido incluso del propio Parlamento Patagónico- la necesidad de unificar entre las provincias patagónicas la legislación en materia de Derecho Procesal Penal.
En el marco de este espíritu mencionaba anteriormente la plena vigencia del sistema acusatorio, la discusión del Código Maier con los roles que deben cumplir claramente delimitados -como mencioné- los jueces, los fiscales y la defensa. Todo esto provocó discusiones que pasaron por las transformaciones que necesariamente debe sufrir nuestra Justicia.
No nos olvidemos que estamos hablando de que los fiscales cumplirán roles que hasta hoy no cumplían. Hay fiscales que en el marco del sistema inquisitivo, en el sistema escrito, su trabajo, su intervención, se limitaba a conocer el expediente que le elevaba el Juzgado de Instrucción. Los fiscales, en el sistema anterior, no investigaban, no sabían, no conocían el hecho por percepción propia, por investigación propia, como lo hace el Juzgado de Instrucción.
El Fiscal está en su despacho y simplemente se limita a controlar las actuaciones del Juez de Instrucción y a pedir la elevación a juicio; pero lo que es más grave todavía es que cuando llega el momento de sostener la acusación en el plenario, en el juicio oral, no es el mismo Fiscal, sino que es el Fiscal de Cámara el que sostiene la acusación; es decir que el Fiscal que, en teoría, debió haber participado en la investigación, termina su trabajo y la acusación la sostiene el Fiscal de Cámara que no participó en absoluto en la investigación.
Hay que cambiar los roles de esos fiscales que estaban acostumbrados a estar sentados en su despacho; al no tener percepción directa de los hechos, al no investigar, al no acelerar el proceso -que es un reclamo de la sociedad- esa transformación en el rol del Fiscal generó reacción en ese Fiscal que tiene que cambiar su rol, que tiene que salir del despacho.
Como decíamos hace algún tiempo atrás, esto generó reacción en algunos fiscales, si mal no recuerdo, del propio Procurador. El Fiscal en la comisaría significa que el Fiscal investiga, que el Fiscal actúa ante el hecho que conmueve a la sociedad, se convierte en el vocero, en el representante de una sociedad conmovida por el delito.
Éste es el nuevo rol en un proceso de transformación, que está beneficiando a todas las provincias patagónicas, que debe cumplir la Fiscalía. Hay quienes se resisten, obviamente, que no lo quieren hacer porque están cómodos y porque cualquier proceso de transformación, necesariamente genera una reacción.
Luego, tenemos los Jueces de Instrucción, que son los que hasta ahora están investigando y que de golpe se dan cuenta de que en el nuevo modelo dejan de ser jueces, porque la figura del Juez de Instrucción desaparece, el juez no investiga más, el que va a investigar va a ser el fiscal. Y el juez tiene dos posibilidades...
Señor Presidente, le ruego a la señora diputada que me deje fundamentar el proyecto, y después si quiere expresar o rebatir todo lo que estoy planteando que lo haga, pero estoy dando los fundamentos de este proceso de transformación que da origen a la ley, para que conste en la versión taquigráfica. Y si no quiere escuchar que se retire, con la esperanza de que algún día lo lea y entienda. Solicito, señor Presidente, la no interrupción.
El Juez de Instrucción hoy también se resiste al proceso de cambio, porque tiene que dejar de ser juez, no va a investigar más. Y tiene dos posibilidades: o se transforma en fiscal para cumplir el rol que le manda la Constitución a los fiscales o se convierte en juez de garantía.
Un juez de garantía que en la etapa instructora no juzga más, no dicta sentencia; el juez de garantía resuelve en el proceso de investigación, controla que las medidas que promueve el investigador, el fiscal, sea por sí mismo un policía judicial que respeta las leyes y garantías, para que no haya exceso por parte del fiscal, como cuando pide allanamientos, para que se cumplan los requisitos que exige la ley cuando se investiga a las personas por el presunto cometimiento de hechos ilícitos, y que no sea una simple voluntad del fiscal, para evitar que esa investigación nazca por una cuestión personal o de rencor personal que naturalmente puede tener un fiscal, como persona. Para eso van a existir los jueces de garantía, para evitar que en los procesos de investigación se cometan abusos.
Luego, está la posición hacia el sistema, hasta de los abogados que se oponen a este proceso de transformación, porque cambian las reglas de juego, porque el proceso deja de ser escrito. Ahora el proceso adquiere una oralidad o conocimiento que hasta hoy no se tenía.
Hoy, ninguno de nosotros sabe, seamos conscientes, de aquellas causas que tienen mayor repercusión en la opinión pública, porque sabemos que en el proceso escrito hasta a los propios periodistas les cuesta acceder a las actuaciones que figuran en los expedientes, y hoy cambian las reglas de juego; incluso para los propios abogados que van a tener que estar a la cabeza de la representación, y preparados para hacerlo de esta manera ante la opinión pública, en un proceso que va a ser público, con un fiscal que debe hacer cumplir el espíritu de la ley, el espíritu de la reforma, las voces como representantes de la sociedad, obviamente movidos por combatir todo tipo de delito. Hoy la sociedad con el nuevo sistema tiene la posibilidad de controlar a sus fiscales y exigirles respuestas a sus fiscales. No es el juez que actúa en un proceso de instrucción sino que va a ser el fiscal; el fiscal tomado de un modelo similar en otras partes del mundo, que va a tener la oportunidad de ser el representante de una sociedad que pide que los hechos se esclarezcan. No va a ir más el juez a investigar sino el fiscal que va a estar al servicio de la sociedad, actuando con la inmediatez del caso. Cualquiera de nosotros va a poder acceder a nuestros representantes en la sociedad, reclamando una respuesta, la respuesta de la justicia ante el hecho que nos conmovió. Hay quienes se oponen y no ha de ser posible incluso, señor Presidente, si funciona como debe el modelo o el sistema, porque hasta no van a ser posibles las sospechas que tradicionalmente se han generado en el sistema anterior cuando se trata de causas que tienen gran repercusión hasta políticas, sospechas generalizadas de manejo de algunas causas. Esto no será posible porque habrá un fiscal que estará obligado a actuar y la sociedad le va a exigir una respuesta. Todas estas cosas están enmarcadas en el proceso de cambio y transformación, señor Presidente, que tiene que ver con el reclamo hacia el Estado de una respuesta mejor ante la ola de inseguridad que nos conmueve.
Obviamente, somos conscientes -y lo hemos dicho muchísimas veces- de que una ley, un modelo o una transformación por sí sola no va a terminar con la corrupción o con la ola de inseguridad, pero creo que nadie seriamente hoy podría sostener que este modelo es mejor o no que el anterior. Obviamente que esto no va alcanzar ni los fiscales van a pasar a ser de golpe próceres de la sociedad o van a poder solucionar y responder a todos los problemas, pero es un modelo que contribuye a que avancemos hacia esos objetivos.
Obviamente que con la sanción de este proyecto no superamos ni la situación de las cárceles, ni la situación de nuestros detenidos, ni la incapacidad carcelaria para contener a todos, ni la falta de elementos materiales de la policía para combatir el delito.
Obviamente que hay quienes van a sostener que a esto le falta plata, claro que sí. Hoy sería ideal, señor Presidente, estar hablando de la creación de la Policía Judicial, que los fiscales pudieran contar además con estas atribuciones que el nuevo modelo les confiere y contar con la partida presupuestaria para que exista una policía judicial, una policía a disposición de la Procuración para que investigue y contribuya con el Fiscal en esta tarea de investigación, pero la verdad es que no tenemos el dinero, no está la plata necesaria.
Lo ideal sería, señor Presidente, que habláramos hoy porque seguramente será discutido en el marco de este Proyecto de Ley, que pudiéramos nombrar diez o quince fiscales por circunscripción, claro que sí, pero no lo podemos hacer porque no tenemos el dinero suficiente.
Por lo menos, deberíamos apuntar a que en el próximo presupuesto se contara con las partidas para poder tener los fiscales necesarios, por muchas razones principalmente porque hay que tener en cuenta que al fiscal hay que formarlo.
El Fiscal debe ser formado dentro de la idiosincracia del Chubut, a mi entender no sería positivo un concurso a nivel nacional donde vienen abogados -como ocurre habitualmente cuando se abren los concursos para jueces- de otros lugares del país o de otras provincias con una problemática e idiosincracia distinta a la nuestra.
Lo ideal sería abrir todo un procedimiento de formación de fiscales en la Provincia del Chubut y esto tiene que ver con un artículo de esta Ley que es el de funcionario judicial, lo que generó tanta discusión en el pasado.
Lo que es cierto es que a este proceso de transformación, señor Presidente, ya nadie seriamente debería oponerse.
Es verdad que no alcanza y es verdad que queda muchísimo para hacer, pero a este proceso de transformación no deberíamos oponernos ni deberíamos obstaculizarlo aún sin el Código Maier, porque sé que una de las cuestiones que se van a plantear es si no avanzamos en la puesta en vigencia del Código Maier, para qué necesitamos una Ley Orgánica de la Procuración. Por lo que acabo de explicar, porque aún sin el Código hay un proceso de transformación que está en marcha, todos debemos tener plena conciencia de que el proceso de transformación está en marcha.
En la Provincia del Chubut al igual que en el resto de las provincias patagónicas se va a dejar atrás el sistema inquisitivo. En la provincia de Neuquén el proceso empezó sin la sanción del Código al revés de lo que ocurrió en la Provincia del Chubut.
Quizás el error -y lo dijimos en un foro realizado en la ciudad de Madryn cuando vinieron los Superiores Tribunales de toda la Patagonia- de la Provincia del Chubut fue que se sancionó el Código Maier sin haber logrado el consenso en los actores de la Administración de Justicia para que comprendieran y se adecuaran a este nuevo modelo que queremos en la justicia de la Provincia del Chubut.
Señor Presidente, salvo contadas excepciones, creo que hoy nadie puede oponerse seriamente a que en el ám¬bito del Derecho Procesal Penal entre en plena vigencia el sistema acusatorio, donde están claramente delimitadas las garantías de la Constitución como una forma más de garanti¬zar los derechos de las personas.
Por eso, aun sin la sanción del Código Maier, es necesaria la Ley Orgánica de la Procuración, así como en su momento sancionamos la Ley Orgánica de Defensa Pública, en la que se delimitó, a partir de la filosofía impuesta por nuestra Constitución y en ese proceso de transformación de nuevo rol de la Defensa Pública con su ley orgánica, con la ley que determina cómo está conformada la Defensa Pública, cómo es su constitución, quién es el Defensor General, cuál es su competencia, quiénes son los defensores en cada circunscrip¬ción, cómo se organizan, cuáles son las atribuciones, facul¬tades y obligaciones de cada uno de los actores. Lo mismo ocurre con la Procuración General. El proyecto de ley de la Procuración, que es un proyecto de ley orgánica, determina la manera y la forma en que se organizará la Procuración en el marco de esta nueva filosofía de transformación.
Es verdad que la Procuración General existe desde el naci-miento de la organización de la Justicia del Chubut, porque siempre ha habido un titular de la acción pública, pero con roles totalmente diferentes a los que estamos planteando ahora. Hoy es necesaria una ley orgánica porque, luego de la Reforma Constitucional de 1994, dicho rol es totalmente di¬ferente. Por lo tanto, hay que darle una estructura y una organización donde se determinen claramente las funciones del Procurador, la integración de la Procuración y el rol que va a cumplir cada uno de los grados de su organización.
Con respecto a uno de los temas que más se ha discutido es el de lo que conocíamos como Fiscales Adjuntos, que en este proyecto de ley que hemos dictaminado favorablemente, ya no los denominamos más así, sino que son funcionarios de la Fiscalía, donde además queda claramente delimitada la dife¬rencia entre el Fiscal y quien no lo es.
Hay un razonamiento lógico, expresado en la exposición de motivos y que hay que entender: este proceso de transforma¬ción requiere fundamentalmente dos aspectos: en primer lu¬gar, que quien es Fiscal comprenda que las cosas son dife¬rentes y que sus obligaciones también lo son; ya no debe es¬tar más cómodamente sentado en su despacho, esperando que le traigan la investigación, sino que debe investigar él. En segundo lugar, necesitamos Fiscales; el sistema requiere de una gran cantidad de fiscales; y hay que formarlos, y la me¬jor forma es a través de lo que la ley denomina funcionarios de la Fiscalía, con potestades, que son abogados con una an¬tigüedad determinada en el ejercicio de la profesión, que se vienen desempeñando en cada Fiscalía, que son los que inves¬tigan y los que mayor esfuerzo hacen hoy para capacitarse y reunir los requisitos para ser los futuros Fiscales que reemplazarán a los viejos Fiscales. Estos funcionarios de la Fiscalía, que se están formando dentro de este nuevo modelo, son los futuros Fiscales, que quizá son los que se adecuarán mejor a todo el sistema que queremos para nuestra ley.
Por último, el anteproyecto de ley de organización de la Fiscalía prevé la creación del Consejo de Fiscales. En rei¬teradas oportunidades, hemos dicho que no es lo mismo la De¬fensa Pública que la Procuración. La Defensa Pública hasta demanda menos requisitos de control; porque naturalmente la función de la defensa pública, en el marco de un proceso de la defensa general, es contribuir al respeto, junto con los Jueces de Garantía, de los derechos y garantías de la Constitución Provincial pero la Procuración no, es la que acusa e investiga y aquí entran a jugar las instrucciones generales del Fiscal, las instrucciones de política criminal, de investigación, que se dan a los fiscales en jefe, fiscales generales y funcionarios de Fiscalía.
Hay un instituto de relevancia especial, es el Consejo de Fiscales que está integrado por fiscales elegidos democráticamente por todos quienes integran la Procuración General -este consejo tiene facultades que le da la propia Ley- no lo elige el Procurador, sus integrantes son elegidos democráticamente por todos los que integran la Procuración y son quienes controlan las instrucciones generales del Fiscal.
Con la misma filosofía de poder discutir y hasta denunciar aquellas instrucciones que no se adecuen a la ley y a la propia Constitución, ésta es otra razón que a nuestro entender justifica también la sanción de la ley que pone en vigencia este Consejo de Fiscales.
En definitiva, aun sin la sanción del código, para ir avanzando en un proceso de transformación que se adecue a lo que está reclamando la sociedad, este proyecto de ley debe ser aprobado, la Procuración debe tener su ley orgánica como dijimos, con la ley de Defensa Pública y con el funcionamiento se verá; esta propia Cámara va a ser el control natural además del mecanismo que establece la organización de Justicia en la Constitución en cuanto a la conducta de todos los funcionarios públicos que cumplimos un rol en el Estado.
Esta propia Cámara en el próximo período legislativo va a tener oportunidad de controlar y determinar el funcionamiento de esta Ley Orgánica tanto de la Defensa como de la Procuración y fundamentalmente de los próximos pasos, porque esto no termina acá ni muchísimo menos. Hay que seguir avanzando en la concreción de un sistema que se adecue, no tengo la menor duda, a nuestra forma de concebir el poder del Estado y de una democracia.
SRA. MARTÍNEZ: Señor Presidente, seguramente en el tratamiento de este proyecto de ley no estoy en igualdad de condiciones con el señor diputado preopinante porque no me he especializado en la universidad en derecho. Quiero analizar y fijar la posición en nombre de mi bloque con el criterio que da la universidad de la vida a través de la lectura y de las posiciones en distintos momentos políticos en que este proyecto ha sido tratado.
Voy a empezar y le pido al señor diputado Risso por favor que me escuche como él pidió que lo atienda y si no que se vaya porque seguramente no estamos en igualdad de condiciones.
Permanentemente se relaciona la Ley de Defensoría General con la Ley de Procuración pretendiendo ponerlas en igualdad de condiciones. El defensor general aparece en nuestra Constitución Provincial con la reforma de 1994 y se lo nombró recién en el año 2000. La defensoría existe para que cualquier ciudadano pueda tener su defensa a través del Ministerio Público pero aquel que tiene más dinero puede contratar a un privado para su defensa. Lo que no puede un ciudadano común es tener la oportunidad de acceder a la defensa pagando a un privado.
Siempre la acusación viene de una sola persona que es el Procurador General por instrucción o por investigación. Esta es la diferencia. Por eso me parece hasta antojadizo y de mala intención querer comparar si hicimos una Ley Orgánica de la Defensoría, por qué no podemos hacer una de la Procuración; porque estamos hablando de un ciudadano en diferentes situaciones con algunas posibilidades para la defensa pero ninguna para la acusación, que solamente la tiene el poder público y, en este caso, la Procuración.
Quiero dejar en claro que me parece un argumento que deberían empezar a desterrar el político y abogado que conocen mucho mejor esta cuestión, para justificar una Ley ampliamente criticada, con todos los autores que da la carrera de Abogacía, como lo hizo el señor diputado preopinante el año pasado.
Señor Presidente, no habla el señor diputado Risso del juez de garantías; ahora todos nuestros derechos están garantizados por el juez de garantías gracias, aparentemente, a que vamos a sancionar una Ley Orgánica de la Procuración General de la Provincia. Yo digo, ¿mañana van a estar los jueces de garantía o los jueces de garantía están cuando entra en funcionamiento la Ley Maier?
A propuesta del señor diputado Risso, y con el acompañamiento de toda esta Cámara, se hizo una Comisión Interpoderes para ver si se puede estar con el Código Maier o con el actual Levenne o con el Levenne modificado para llevarlo un poco más lentamente en este proceso de transformación -como decía el señor diputado Risso- de la Justicia en la Provincia del Chubut hacia el ideal, que es el Código Procesal Penal Maier.
El señor diputado Risso ayer sabía lo que yo iba a fundamentar. Con total humildad digo que ayer hice estas preguntas porque reconozco que es un profesional de la Justicia, es un abogado, pasó por la Universidad. Yo -como ciudadana- hice uso del título que el Estado le pagó a él, y le pregunté cómo iba a decir que estamos todos mucho más resguardados por este juez que no existe, que van a sacar los juzgados de instrucción, que el empleado de la Fiscalía va a poder investigar, promover y acusar sin tener el acuerdo legislativo. Esto lo planteamos en la Comisión y, fundamentalmente, esta diputada.
No es que no estemos de acuerdo en hacer una Ley para la Procuración General. Estamos planteando que hay muchas cosas inconclusas, como por ejemplo la suspensión del Código Procesal Penal Maier; hay una Comisión Interpoderes en la cual tengo entendido que participa el señor diputado Risso, que todavía no encontró, en definitiva, con qué Código Procesal Penal se manejará la Provincia del Chubut; pero rápidamente hacemos un parche más, sacamos primero lo de la Procuración sin que exista este juez de garantías mientras funcionen los juzgados de instrucción. Éste es el planteo.
Estos veintisiete diputados hemos compartido analizar el fondo de la cuestión cuando el propio Bloque de la Alianza manifestaba que durante estos cuatro años de vida el Código Procesal Penal Maier no se pudo poner en vigencia -y lo dijo el mismo señor diputado Risso- porque no hay presupuesto. En una de las primeras reuniones posteriores a la sanción del Código Procesal Maier en esta Legislatura, en este período, se dijo que era imposible ponerlo en funcionamiento en un cien por ciento por falta de presupuesto, lo que acaba de reconocer el señor diputado Risso.
Yo pregunto, ¿quién no quiere fiscales en las comisarías? Está en el Código Maier, que está sustentado y está siendo analizado por los señores diputados en torno de un Código Procesal nuevo. Entonces, nos preguntamos, ¿cuál es el apuro ahora, cuando hay una Comisión Interpoderes aprobada por Ley, a propuesta del señor diputado Risso, para que se trate y se revea qué Código Procesal Penal vamos a utilizar en la Provincia del Chubut y cómo quedan algunos procesos con la ley que viene a parchar, lo que no se pudo hacer con una ley.
A esta altura lo que se ve es que hay que tratar de empezar a definir -en esta provincia- con qué Código Procesal Penal nos vamos a manejar, justamente con la presentación de este proyecto de la Procuración General. Esto fue lo que generó esta Comisión Interpoderes, este proyecto ley que presentó el Poder Judicial, de la Ley Orgánica de la Procuración, tiene un cambio o no aún, está definido pero se ha avanzado porque a mí me lo dijeron, ya que lo consulté, pero no se avanza en lo que se va a hacer con el Código Procesal Penal; si se va con el viejo Código o se va a hacer con la cuestión que el propio diputado Risso está planteando, porque no hay posibilidad, porque no hay plata, porque es muy costoso ese proyecto del Código Maier. Y el planteo viene por esta ley, porque hay una modificación en la ley original, y no sé quién la introduce. Pero hizo mención el señor diputado preopinante a la jerarquización, al Consejo de fiscales, que va a ser elegido democráticamente entre todos los fiscales, entonces son quienes a su vez van a controlar a su jefe. No conozco al Procurador General, pero si por esas casualidades de la vida en esta provincia sucede algo con el Procurador General quién se va a animar a controlar al propio jefe, que alguien me lo explique, con este Consejo de Fiscales que va a controlar las relaciones con el jefe; si creen que con el artículo 17°, con esta definición la cuestión de fondo cambia, me parece que nos están tomando el pelo.
Hay un artículo 24° que también fue un tema en la Comisión. En este artículo se fijan las funciones de la investigación a los empleados, a los funcionarios de la Fiscalía. Con este argumento de que hacen la carrera, para en el futuro, ser fiscales, la pregunta que se haría cualquier ciudadano de la Provincia del Chubut es si ese empleado de la Fiscalía, al inicio de la investigación, en función de la acusación hacia otro ciudadano, la eleva al juez cuando en realidad no tienen acuerdo legislativo los fiscales. De la Constitución Provincial surge que los exámenes realizados por el Consejo de la Magistratura sean elevados para su acuerdo a la Legislatura. Con esto se está habilitando para elevar al juez y acusar con esta ley a funcionarios de la Fiscalía que intervendrán en todas las etapas del proceso; es decir desde que empieza hasta que termina. Pregunto entonces, qué garantía tiene el ciudadano, que ese funcionario que no tiene acuerdo legislativo lo lleve ante el juez y lo acuse. Está bien, me parece bárbaro que se haga la carrera en la investigación, pero en esto –digamos- vamos en camino a hacer un Código Procesal Penal donde voy a tener un juez de garantía, pero mientras tanto siempre estamos jugando a dos aguas y estamos hablando de algo muy serio, señor Presidente, estamos hablando de la Justicia.
Esto no lo digo yo, señor Presidente, hasta los propios miembros de la Justicia están cuestionando la propia justicia y su forma de trabajo.
Entonces seguimos parchando y si a esto lo queremos relacionar con que aparentemente estamos inseguros porque no está la Ley Orgánica de la Procuración General, también nos equivocamos, no somos abogados pero no somos estúpidos para saber que esto no es la columna vertebral para que la inseguridad desaparezca en la Provincia del Chubut.
Entonces está bien, entre abogados podemos hablar algún idioma y si utilizamos un poco de tecnicismo, a lo mejor no nos van a poder contestar, votamos a libro cerrado y hacemos lo que podemos hacer sin dar la solución de fondo.
El planteo, señor Presidente, es que nosotros no decimos que la Procuración General no debe tener su Ley Orgánica, obviamente que nosotros en particular vamos a sugerir algunas modificaciones en los artículos si el Bloque de la Alianza lo permite o si lo quiere sacar tal cual está.
En realidad, creo que hay cosas mucho más importantes para resolver, estamos empezando la casa por el techo sin haber solucionado el problema de los cimientos porque se nos están moviendo las paredes.
Esto es lo que queremos transmitir, señor Presidente, no decimos que no sea necesario sino en qué marco se hace, porque a mí no me pueden decir que la Procuración no se ha podido desempeñar porque no tenía ley, como lo escuché el año pasado. Se dijo que la Procuración no podía trabajar porque no había una ley orgánica de la Procuración, está la Ley 37, la Ley 1130 y otras, como también la ley básica de la Procuración que es el Código Penal, que dice qué es lo que tienen que hacer y qué no.
Entonces cuál es la urgencia, por qué no se puede seguir debatiendo si esto hace un año y medio que esta Cámara ha debatido públicamente y no justamente con gente de este Bloque. Puntualmente este tema ha sido debatido por el Procurador General de la Provincia y el señor diputado Risso, todos hemos escuchado a través de todos los medios en que han tenido oportunidad de hacerlo a estos dos funcionarios -uno diputado y otro Procurador General-, escuchando qué se decían por los medios.
SR. RISSO: Señor Presidente, me permite una interrupción porque hay un límite...
SRA. MARTINEZ: Señor Presidente, voy a seguir con la fundamentación porque ya hablé con el señor diputado Risso y me explicó de esa manera, por lo tanto sigo teniendo las mismas dudas, sigue dando la misma exposición y lo mismo que expresó ayer en la Comisión.
Lo que ha cambiado dentro del proyecto, de pronto, es el Consejo de fiscales y obviamente me parece que se debería rever el tema de las funciones de los funcionarios fiscales, me parece que eso también es importante que lo vean porque, repito, van a acceder a cualquier acusación en todos esos procesos de ese proyecto de ley. Me refiero a funcionarios de la Fiscalía que no van a tener acuerdo legislativo como lo tienen sí los fiscales de los Juzgados de Instrucción en este caso y, obviamente, los fiscales que llevan la acusación que son los fiscales de Cámara.
Quiero que se entienda porque a lo mejor no he sido técnicamente muy explícita, pero hay cosas que a nosotros no nos cierran en este momento, en este proceso de transformación que, es verdad, se inició allá por el año 1988 en el Gobierno del doctor Perl con el juicio oral. La Provincia del Chubut fue la primera provincia en hacerlo o una de las pioneras en el proceso oral de juicio. Obviamente, la Provincia del Chubut siempre ha sido pionera en las transformaciones y este Código Maier es uno de los Códigos Procesales Penales de avanzada.
Hemos escuchado al doctor Pasutti, ministro del Superior Tribunal de Justicia, decir que tiene un serio impedimento -no lo digo yo, es lo que dijo el señor diputado Risso- el tema presupuestario.
Entonces, hoy estamos con un Código Procesal Penal viejo y otro nuevo más todos los parches que se hicieron en el medio para poder llegar a éste, al actual Código Levenne y al de Maier y en el medio estamos. Es decir, hoy no tenemos un Código Procesal Penal definido, definido para uno u otro momento de cada caso de acuerdo con la época en que entró en funcionamiento el Código Maier, luego se suspendió y después se siguió con él. Esta es la cuestión básica de la Justicia que hace también a la seguridad de todos los ciudadanos, con qué Código Procesal Penal nos manejamos.
Pero esta responsabilidad la asumimos en esta Cámara por Ley que creó la Comisión Interpoderes, que está trabajando todavía, y que cuestionó justamente la falta de la Ley Orgánica de la Procuración. Por eso hoy no decimos que no sea necesaria una Ley Orgánica para la Procuración pero cuando corresponda y sea necesario. En este momento hay mucha más incertidumbre sobre cuál es el Código Procesal Penal utilizado en la provincia y me parece más importante que la Ley Orgánica de la Procuración.
De mi parte y de mi Bloque nada más.
SR. RISSO: Señor Presidente, tengo necesidad de aclarar algunas cosas que son de lógica y lo hago, le puedo asegurar señor Presidente, con el mayor de los respetos. Si una cosa he aprendido en mi vida es cuándo me debo limitar de opinar sobre cosas que no conozco, es lo primero que aprendí. No hablo de una cuestión menor, ni siquiera una cuestión política...
Cómo no me voy a enojar.
Permítame continuar, señor Presidente, porque en el marco del análisis que se ha hecho se introducen acusaciones de matiz político que no tienen nada que ver. Cómo se viene a decir que en la Provincia del Chubut no sabemos qué Código está en vigencia, hay un Código en vigencia, siempre estuvo. Además no tiene absolutamente nada que ver con la seguridad de la sociedad.
Jamás se cuestionó qué Código está en vigencia. Por lo menos, antes de opinar me debo asesorar para expresar una opinión porque hay un solo Código en vigencia. ¿Cuál es la cuestión que se plantea alrededor de la sanción de una Ley Orgánica para la Procuración? Media hora hablé al principio para explicar que hay un proceso de transformación en marcha y que los procesos de transformación no requieren de un Código. Los modelos de procedimiento no se llaman Maier o Levenne, son inquisitivos o acusatorios y esto es lo que se debate en la Comisión Interpoderes. Me hubiese gustado muchísimo que la señora diputada concurriera porque no es sólo una cuestión de abogados, es una cuestión de lógica de la sociedad.
Lo he visto participar al señor diputado Garitano, opinar, y no es abogado. No se puede venir a plantear que hay cuestiones ocultas en el tratamiento de este proyecto de ley. ¿En qué se basa? ¿Cuál es la diferencia entre la Ley de Defensa Pública que fue debatida y aprobada con seriedad en esta Cámara al debate que se propone dar hoy? ¿Qué quiere sugerir la señora diputada? ¿Cuál es el motivo de la oposición? ¿Qué diferencia hay entre el Defensor General y el Procurador General? Que me lo diga. Hemos planteado una cuestión técnica, hemos ido a la Comisión Interpoderes y en la Comisión Permanente de Asuntos Constitucionales y Justicia
luego debatido técnicamente con los argumentos que tenemos y las explicaciones que tenemos. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Qué le dice a la sociedad? Si desde que se organizó la Justicia en la Provincia del Chubut hubo una defensa pública, siempre hubieron defensores.
Si está planteando dudas en la Ley Orgánica de la Procuración, que es una herramienta que va a estar al margen de la ley, que lo diga. Si hay sospechas sobre lo que pueda hacer el Procurador, que lo diga.
¿Cómo va a sostener que aquí no hay garantías? ¿Qué organización de Justicia tenemos en la Provincia del Chubut si las garantías están en base a los jueces de garantías? Es una barbaridad sostener que la sociedad o el imputado van a estar inseguros porque no está el juez de garantías.
¿Y los jueces del Chubut? Ellos son los que controlan el resguardo de las garantías constitucionales, sobre lo que haga o no el Procurador, los fiscales o los funcionarios de la Fiscalía. Esto es lo que estamos planteando.
¿Cómo viene a plantear o a poner en duda si discutí o no con Samamé? ¿Qué tiene que ver Samamé? Importa la estructura de la Procuración de la Provincia del Chubut no Eduardo Samamé ni Chiche Barone, ni un partido político, ni radicales o peronistas. Estamos hablando de la organización de la Justicia y lo que pido -y cualquiera debe pedir, señor Presidente- es seriedad en el tratamiento de los temas. ¿Cómo va a sugerir semejante barbaridad?
Yo cuestioné severamente al doctor Samamé cuando él sugirió en una declaración que algunas de las decisiones de esta Cámara estaban motivadas desde la cárcel. Ese argumento se lo cuestioné, en su momento, al doctor Samamé, porque las cuestiones de la Justicia son de la Justicia.
Cuestiono la actitud del Bloque Justicialista que viene a plantear una cuestión espuria, infantil e irrespetuosa que está detrás de la sanción de una ley. Hubieron cuestiones de competencia entre el Defensor General y el Procurador. Demandamos y exigimos, por lo menos, respeto a nuestra opinión y seriedad en el debate.
Yo no hablo de Samamé ni de Barone sino de un proceso de transformación de la Justicia que debe ser tomado con seriedad. Cuando los abogados y la sociedad dicen "vamos hacia un sistema acusatorio" estamos diciendo muchísimas cosas más que no tienen que ver ni con Barone ni con Samamé, tienen que ver con las garantías constitucionales, con un modelo de administración de Justicia que sea mejor que el que tenemos y que, insisto, no pasa por el nombre y apellido de un Código, sino por el modelo de organización de la Justicia, un sistema acusatorio y la sanción de esta Ley que, como dije y es claro, tiene que ver con este proceso de transformación.
Hablo de la Procuración porque siempre hubo un titular del Ministerio Público, no fue el Fiscal. Desde la sanción de la Ley nº. 37 siempre hubo un Defensor Público que era el Defensor de Pobres y Ausentes; siempre hubo gente que tuvo plata y quienes no; pero sobre todas las cosas está cómo se organiza la justicia y los principios que inspiran esa organización de la Justicia, que es lo que estamos debatiendo en la Cámara y es lo que se debatirá en el futuro.
No hay que echar mantos de sospecha sobre una Ley y reitero y vuelvo a repetir diez mil veces, así el Procurador sea mi peor enemigo o el Defensor sea mi peor enemigo, estamos hablando de una Ley de organización de la Justicia y la que garantiza al ciudadano cómo se da vigencia a los derechos y garantías de las Constituciones Provincial y Nacional.
Yo pregunto, ¿qué otra motivación puede haber en la sanción de esta Ley que avanzar hacia el sistema acusatorio? ¿Cuál otra?
¿Cómo podemos sostener que con la Ley nº. 37 -obviamente, así lo dijo la señora diputada- le alcanza a la Procuración y a la organización de la Procuración para cumplir los roles que debe cumplir dentro de un nuevo modelo impuesto? La primera Ley de organización de la Justicia que se hizo fue con la filosofía y el espíritu del sistema inquisitivo; ahora no, vamos hacia un proceso de transformación gradual.
Habló también de la vigencia del Código, no sé de dónde lo sacó. En Neuquén se avanzó en el proceso de transformación; todos los Superiores Tribunales de Justicia avanzan en este proceso de transformación sin incorporar, sin la sanción de un nuevo Código porque el proceso es gradual porque -y lo dije al principio- todo cambio genera oposición y resistencia.
Hay jueces que no quieren que nada cambie porque se debe tener consenso, por eso el Código Maier no se puso en vigencia y todos, responsablemente, debemos debatirlo con seriedad, sea el Código Maier o el autor de otro Código, lo que importa es el sistema que se instala en la administración de Justicia.
Pido disculpas por mi interrupción, pero no podía aguantar más las cosas que se estaban diciendo. Y dije que el único que se molestó en participar es el señor diputado Garitano, que fue a la Comisión Interpoderes a dar su opinión. Y los demás en base a qué hacen las acusaciones, como si esto fuese un acuerdo, y estamos ante la Ley Orgánica de la Procuración. Fíjense la importancia de lo que estamos hablando. Se habla de las funciones de la Fiscalía, que generarían dudas, cuando el propio señor diputado Garitano se interesó por el tema y habló con Samamé sobre los Fiscales Adjuntos, sobre los conceptos de imparcialidad y de los objetivos.
Hemos debatido intensamente sobre los controles que tiene que tener el que acusa, pero no se puede sostener -porque el funcionario puede participar en todas las etapas del proceso- que por no tener acuerdo legislativo está en peligro el derecho de la gente. ¿De dónde saca eso? Si tiene plena vigencia la responsabilidad del que acusa.
¿O alguien puede sostener que porque se sanciona esta ley, con una nueva estructura está en peligro el derecho individual de las garantías de la persona? Podemos discutir si quieren el perfil del Procurador, podemos trabajar sobre ello si quieren. El acuerdo puede hacerse bien o mal, y de la misma manera el juez actuará y los abogados que participan en ella, porque están previstos todos los mecanismos de control, de nuestras actitudes y conductas, y la Constitución tiene vigencia.
Por eso, señor Presidente, más allá de los matices, de la oposición seria o de las modificaciones serias que se puedan hacer a la ley, no se puede sostener el argumento del Bloque Justicialista, al decir que el diputado Risso antes se oponía y ahora no. ¿Qué tiene que ver esto? Cuando estamos hablando de algo serio, de una ley.
No se puede sostener en esta Cámara y a esta altura, con el reclamo que la sociedad está haciendo, semejante planteo, que se venga a decir que no se puede sostener esta ley.
Quiero que me digan por qué. Por qué no darle a la Procuración su ley orgánica? ¿Cuál es el motivo?
¿Cuál es el motivo para que tanto la Procuración como los fiscales generales o los fiscales en jefe no tengan su Ley Orgánica? ¿Cuál es el motivo, cuál es el fondo de la cuestión que se está discutiendo? Porque si alguien lo sabe que lo diga, si no demos el marco necesario para discutirlo, que vengan los abogados o asesores de los señores diputados y discutámoslo públicamente, pero jurídicamente. No tengo inconvenientes si hay que hacer un debate hoy, con los abogados que asesoren a los diputados, hagámoslo de esa manera en el recinto, aún con los funcionarios de la justicia. Que vengan y expliquen si están en contra de este proceso de transformación o por qué no debe ser aprobada esta ley.
Insisto, señor Presidente, más allá de las modificaciones que en particular se quieran hacer a los artículos que vamos a debatir, a debatir en beneficio de esta transformación, de la que en su oportunidad hice mención, que nos coloca en un alto nivel pero que en modo alguno alcanza a solucionar todos los problemas; esta ley es un paso demasiado importante, por lo que debe ser sancionada.
SRA. MARTÍNEZ: Señor Presidente, no mencioné en mi fundamentación el nombre de Barone, pero recuerdo algunas cuestiones que sucedieron con el tratamiento de esta ley. Sabíamos que para su tratamiento se contó con el asesoramiento en la comisión. Evidentemente en alguna cuestión no debo estar tan errada porque el señor diputado Risso en su vehemencia, el color de la tez en su cara al fundamentar y querer hacer entender que la equivocada es esta diputada, cuando se pone muy nervioso y grita es que, de alguna manera, quiere hacer razonar a través del grito algo de lo que ni siquiera él, a lo mejor, en el fondo está convencido.
Quería decir esto nada más, hay una cuestión en la exposición del señor diputado Risso y es que me quedo mucho más tranquila con respecto a lo que dijo con esa forma de él de querer defender la fundamentación de la ley sin aclarar nada en definitiva y tratando de confundir lo que esta diputada quiso manifestar. Obviamente, pareciera ser que no debo estar tan equivocada en la fundamentación con respecto a la Ley Orgánica de la Procuración.
De todas maneras sin faltar el respeto, obviamente creo que esta ley va a ser ley y haremos algunas sugerencias sobre algunos artículos en particular cuando se vote, para que quede reflejado lo que uno piensa que debería ser.
Lamento haberlo puesto tan nervioso al señor diputado Risso y fundamentalmente quiero expresar al resto de la Cámara y de los diputados, que haber visto la segunda exposición del diputado Risso -que no sé si le puede afectar a lo mejor en la salud- en definitiva a mí me gratifica porque, en definitiva, en el fondo algo de razón debo tener para obtener semejante reacción en la respuesta.
SR. GARITANO: Señor Presidente, seguramente que sí, porque esta ley no es una ley nueva que haya ingresado hace poco a esta Cámara sino que lleva bastante tiempo de ingresada.
El señor diputado Risso y el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia, hasta hace una semana atrás nunca procuraron defender, debatir o analizar esta ley. Por lo tanto, algo habrá cambiado, algo habrá pasado, alguna motivación política tendrá que haber para que ahora sea prioridad, ahora nos acordamos de que la gente lo está solicitando para llevar adelante la aprobación de esta Ley.
Pero más allá de esta cuestión, señor Presidente, estamos convencidos de que esta ley está forzando de algún modo lo que expresa la propia Constitución. La Constitución da el marco de organización a la Justicia y especifica claramente en un Capítulo cuál es la función y cuáles son los objetivos de la Procuración. Esta Ley que obviamente la tendrán que interpretar los especialistas, está sin lugar a dudas con una interpretación objetiva forzando los propios artículos de la Constitución, está llevando las funciones de la Procuración más allá de lo que la propia Constitución establece. Está dando mayores atribuciones que las que establece la propia Constitución, esto está claro porque la Constitución tiene tres o cuatro artículos donde especifica claramente las funciones de la Procuración y cuáles son las funciones dentro de la organización de la Justicia.
Otro de los aspectos que el propio señor diputado Risso reconoció, es la cuestión presupuestaria que no es poca cosa. Lo que he manifestado en estos encuentros de técnicos muy reconocidos en materia de derecho, en estos encuentros de la Comisión Interpoderes, es justamente que muchas veces aquellos técnicos o aquellas personas que han estado muchos años estudiando específicamente una materia como es el derecho, a veces se van más allá de la cuestión práctica, de lo que es llevar adelante un sistema y esa cuestión técnica hace que muchas veces leyes desde el punto de vista técnico –valga la redundancia- que tienen todos y cada uno de los pasos absolutamente definidos, que tienen todas y cada una de las organizaciones establecidas, lamentablemente no se puede llevar adelante por una falta de presupuesto, porque falta dinero. Así, por ejemplo, tenemos la Ley nº. 4347, de pro¬tección integral de la niñez, adolescencia y familia; ¿quién puede discutirla desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de su organización y de preservar los objeti¬vos establecidos por esa normativa? ¿Quién puede discutir, desde el punto de vista técnico, todos y cada uno de los as¬pectos que esa ley establece? Bueno, pregunto: ¿está en vi¬gencia?, ¿se la pudo poner en vigencia? No. ¿Saben por qué?, por una cuestión presupuestaria.
Entonces, los Códigos de Procedimiento Penal que aquí se aprobaron a libro cerrado -porque así se estableció, apro-barlos a libro cerrado- también tienen severos inconvenien¬tes de aplicación por una cuestión presupuestaria. Entonces, creo que a veces es bueno discutir y que también sería muy bueno -más allá de los aspectos técnico-jurídicos y de los conocimientos que nadie pone en duda tienen el señor dipu¬tado Risso y los juristas que allí trabajan- analizar si eso que se pidió, analizó y estableció en base a códigos y leyes es verdaderamente aplicable. De lo contrario, pasa lo que pasa hoy en realidad.
Y hacia ahí quiero llevar el debate, dar el debate de la re¬alidad. El señor diputado Risso decía que la gente lo pide. Lo que la gente pide es que haya una Justicia que actúe con idoneidad y capacidad, que resuelva y lleve justicia a los problemas y situaciones a los que lamentablemente, en la provincia del Chubut, hoy la clase política, la Justicia, el gobierno, los legisladores, no podemos dar respuestas. De hecho ya hay movimientos en el interior de la provincia, en la zona cordillerana, que están organizándose para reclamar justicia; y justicia sobre hechos que son aberrantes, como asesinatos y desapariciones de personas. Y todos nos tenemos que hacer cargo de que somos incapaces de dar respuestas como corresponde; pero fundamentalmente la Justicia, que tiene por nuestra Constitución la obligación de dar respues¬tas.
Me gustaría mucho, como ciudadano común, sin tener el cono¬cimiento técnico de haber pasado por la Facultad de Derecho, poder llevarle respuestas concretas a la gente, a los ciuda¬danos que reclaman justicia y no respuestas concretas a los que quieren organizar la Justicia, quedarse con más poder e incluso forzar lo que la propia Constitución establece. Me parece que hoy estamos por aprobar una ley que lleva por lo menos a una parte de la Justicia a hacer eso, a llevarla más allá de lo que la propia Constitución establece. Pero desde ningún punto de vista -aunque no me atrevo a hacer una pre¬dicción a futuro- la lleva a dar mejores respuestas a lo que la gente está reclamando. Por eso, más allá de los tecnicis-mos, de conocimientos de Derecho, también tenemos que anali¬zar aspectos que hacen al funcionamiento general de la so¬ciedad.
Tenemos una gran deuda, de la que debemos hacernos cargo to¬dos. No estamos dando respuestas concretas a los hechos res¬pecto de los cuales la sociedad nos reclama; y muchas veces esto pasa porque nos cerramos en tecnicismos, pero no vemos más allá de la realidad, que pasa fundamentalmente y lo rei¬tero por cuánto nos cuesta poner en funcionamiento algún Có¬digo que desde el punto de vista técnico debe ser perfecto, pero que lamentablemente no se puede aplicar.
SR. RISSO: Señor Presidente, brevemente, quiero decir que acabamos de escuchar un análisis distinto y que merece otro tipo de respuesta.
El señor diputado Garitano hace mención a las necesidades de dar respuesta a un reclamo de la sociedad. Menciona un caso puntual de desaparición de personas y homicidios, que obvia¬mente demanda y exige una respuesta. Mencionó también la Ley 4347 en cuanto a los problemas de la conducta de los menores que delinquen y la falta de los institutos y profesionales necesarios para solucionar esta problemática, cosa que es verdad y lo hemos dicho muchas veces pero ¿qué tiene que ver con lo que estamos discutiendo? Absolutamente nada que ver porque son dos cuestiones diferentes. No he dicho y creo que nadie ha dicho que con la sanción de este proyecto de ley Orgánica de la Procuración se van a solucionar todos los problemas que menciona el señor diputado Garitano y que esta sanción es la respuesta que da el Estado a los problemas que él plantea; no lo estamos diciendo. Hemos dicho que es un paso en un proceso de transformación largo, muy largo pero es un paso, nada más que eso. Es darle un nuevo perfil a la Procuración General en este marco de transformación. No es una garantía total a futuro ni hemos dicho que el Código de Procedimientos sea la respuesta. Las leyes no son las respuestas exclusivamente, hacen falta otras respuestas del Estado, y lo compartimos, pero estamos mezclando las cosas.
Voy a hacer referencia a la última parte de la intervención del señor diputado Garitano porque dijo algo que me parece que debe ser aclarado, cuando abandonó un poco la seriedad de su exposición. Dice que con la sanción de este proyecto alguien quiere más poder que el que le corresponde. ¿Quién es? Quiero que lo diga. Dice que con la sanción de esta Ley se le están dando más facultades a la Procuración que las que le da la Constitución. ¿Cuáles son? Dice que con la sanción de esta ley alguien quiere transformar la Justicia para tener mayor poder. ¿Qué tipo de poder? ¿De qué está hablando? ¿A quién está acusando? ¿Qué está diciendo? ¿Que el Procurador General está buscando tener poder por encima de lo que establece la Constitución? ¿Eso es lo que está diciendo? Es grave. Que lo aclare y lo explique.
¿Quiere decir que todos estos diputados que vamos a sancionar una ley somos funcionales a una ambición de un funcionario de la Justicia de la Provincia del Chubut que es el titular de la función pública del Estado? ¿Que le estamos dando atribuciones por esta Ley que la Constitución no le da? Que lo diga, que lo explique.
¿Que no debe ser sancionada esta ley porque está procurando una desviación, una tergiversación de la Justicia? Es muy grave lo que acaba de sugerir el señor diputado Garitano. ¿Qué es lo que está denunciando? Que lo diga claramente. ¿Qué está denunciando? ¿Qué esconde este proyecto de ley que nosotros no estamos viendo? ¿Qué es? Estamos dispuestos a discutirlo. Me parece y espero equivocarme que algunos están viendo que estamos creando un monstruo que va a atentar contra los derechos y garantías que tenemos como ciudadanos. Si esto es así debe ser explicado o fundamentado si no se continuará en el ámbito de la primera parte de la exposición del señor diputado Garitano; es verdad, es un debate que no ha terminado ni va a terminar, es el rol y responsabilidad del Estado dar cumplimiento a estas demandas, pero seamos cuidadosos con los argumentos que utilizamos.
Señor Presidente, creo que están debidamente fundamentadas todas las posiciones; si no hay mayores consideraciones por parte de los señores diputados hagamos la votación en general y luego, en la votación en particular, veremos las modificaciones que puedan ser sugeridas.
- Ocupa el sitial de Presidencia la Vicepresidenta Primera de la Cámara, señora diputada Zarcos.
SR. GARITANO: Creo que ha sido muy claro el señor diputado Risso y le agradezco la advertencia final que hizo en relación a la cuestión expuesta.
SR. LORENZO: El Bloque Justicialista tiene estudiado, en particular, el proyecto y sabemos que harán algunas consideraciones. Por lo tanto, propongo que se apruebe en general a libro cerrado y en la votación en particular se realicen las modificaciones que se sugieran.
SRA. PRESIDENTA (Zarcos): Se va a votar la moción de tratamiento a libro cerrado.
SRA. PRESIDENTA (Zarcos): Por tratarse de una votación a libro cerrado, se va a votar en general.
- Se votan y aprueban los artículos 1º y 2º.
- Se enuncia el artículo 3º y dice la
SRA. PRESIDENTA (Zarcos): Tiene la palabra la señora diputada Martínez.
SRA. MARTINEZ: Vamos a proponer que en el artículo 3º, donde dice "será la que surja de la presente ley y de las resoluciones" se agregue "de carácter general".
SRA. PRESIDENTA (Zarcos): Por Secretaría se leerá el texto modificado del artículo 3º.
- Artículo 3º. Autonomía Funcional: La organización y funcionamiento del Ministerio Público Fiscal será la que surja de la presente Ley y de las resoluciones de carácter general que, al efecto, dicte el Procurador General en el marco de las disposiciones constitucionales y legales. En el ejercicio de sus funciones, el Ministerio Público Fiscal no podrá ser impedido ni coartado por ninguna otra autoridad.
SRA. PRESIDENTA (Zarcos): Se va a votar el artículo 3º.
- Se votan y aprueban los artículos 4º al 14º.
- Se vota y aprueba el artículo 15°.
- Se enuncia el artículo 16° y dice la:
SRA. PRESIDENTA (Zarcos) Tiene la palabra la señora diputada Martínez.
SRA. MARTÍNEZ: Señora Presidenta, en el inciso a) queremos proponer el siguiente agregado: “de carácter general”. Quedaría de la siguiente manera: “...e impartir instrucciones de carácter general que permitan un mejor desenvolvimiento del servicio...”.
SRA. PRESIDENTA (Zarcos): Por Secretaría se leerá el inciso a) del artículo 16° con la modificación propuesta.
“a) Cumplir y velar por el cumplimiento de las funciones del organismo e impartir instrucciones de carácter general que permitan un mejor desenvolvimiento del servicio, a fin de optimizar los resultados de la gestión y la observancia de los principios que rigen el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal”.
SRA. PRESIDENTA (Zarcos): Se va a votar el artículo 16°, tal como ha sido leído por Secretaría.
- Se votan y aprueban los artículos 17° al 23°.
- Se enuncia el artículo 24° y dice la:
SRA. MARTINEZ: Señora Presidenta, en este artículo queremos introducir una modificación en cuanto a las funciones de los funcionarios de las fiscalías. En realidad queremos llevarlos a que tengan competencia fundamentalmente en lo correccional, que tiene la mayor cantidad de causas, todos menores a tres años de condena.
Sugerimos hacer una modificación en el artículo 24°, que diga lo siguiente: ”Los funcionarios de Fiscalía intervendrán en todas las etapas del proceso, bajo la supervisión de los Fiscales Jefes y Fiscales Generales, con la única excepción de los actos propios del debate, salvo en las causas de competencia correccional y por razones fundadas de oportunidad y conveniencias expuestas en resolución especial así lo dispongan.”
SR. RISSO: Señora Presidenta, éste es uno de los temas que, más allá de la discusión y el debate, motivó que el Superior Tribunal de Justicia diera mediante un fallo la definición de la competencia a través de lo que llamaban Fiscales adjuntos. Y se generó la discusión en varias causas, la más importante fue la Megacausa, que motivó que en el ámbito del Superior Tribunal de Justicia los Jueces de Instrucción declararan la nulidad de lo actuado, justamente por la intervención de los Fiscales adjuntos.
El fallo del Superior Tribunal de Justicia acotó las atribuciones de éstos, que la ley llama funcionarios de Fiscalía, obviamente no actúan por sí mismos sino bajo la supervisión del titular de la Fiscalía.
Ahora hay otra cuestión a resolver, y este artículo fija una posición. Somos conscientes de que no es compartido por todos, y que es un rol que van a cumplir estos funcionarios de Fiscalía, que no son empleados de la Fiscalía sino abogados con el debido ejercicio en la profesión, que se incorporan a la Fiscalía con el carácter que determina el artículo 24°, es decir los denominados funcionarios de Fiscalía que cumplen el rol de los fiscales y existen dos motivos para mantener esta redacción, señor Presidente.
El primero es que hace falta en todas las circunscripciones nombrar por lo menos diez o 15 fiscales, hoy el presupuesto del Poder Judicial no lo permite. La segunda cuestión es que si se tomara la decisión de incorporar la partida presupuestaria necesaria para la incorporación de la cantidad de fiscales que hacen falta, al no existir en la Provincia del Chubut los profesionales capacitados para superar hoy los exámenes y convertirse en fiscales ya que el concurso es abierto a nivel nacional, provocaría que profesionales de otros lugares del país que tienen otra formación y otra idiosincracia, como ya lo dije al principio, ocupen esos cargos.
La política de la Fiscalía es que los futuros fiscales que vayan gradualmente incorporándose a medida que el presupuesto lo permita en cada jurisdicción, se empiecen a formar. Estamos hablando de profesionales jóvenes, de profesionales que están en la Provincia del Chubut y que van a actuar bajo la supervisión en el cumplimiento de la política de persecución criminal que dicte la Procuración y la justicia provincial.
Se van a empezar a formar en un futuro no muy lejano para ir cubriendo estos cargos que la Procuración necesita. Serán profesionales del Chubut que respondan a la idiosincracia de la sociedad chubutense con formación en el marco de la política de persecución criminal que se corresponda a las necesidades y a la realidad de la sociedad chubutense.
Por eso es que insisto, hay quienes no comparten esto que se ha debatido intensamente pero hemos optado por mantener esta redacción apostando a que esto sirva para que los futuros fiscales, señor Presidente, sean de la Provincia del Chubut y estén capacitados con una práctica para hacerlo, ésta es la segunda cuestión.
Decíamos que hay un proceso de resistencia al cambio y que parte de este proceso está en los actuales fiscales. Si se permitiera que estos funcionarios de Fiscalía que por necesidad deben trabajar en la Fiscalía, trabajen, investiguen y no firmen, el fiscal actual que tiene que salir de su despacho, tiene que ir a las comisarías, tiene que investigar e involucrarse con la sociedad, va a ver facilitada su tarea. Va a seguir sentado en su despacho, va a estudiar el expediente, no va a investigar y va a sumar como mérito propio el trabajo que va a hacer el funcionario de la Fiscalía.
Además del control de la sociedad, del control de la Fiscalía, vamos a saber exactamente quién es el que se preocupó en dar respuesta a la sociedad, si el Fiscal actual sigue con su conducta de no salir de su despacho, no va a firmar porque él no va a investigar. Si la sociedad reclama que el Fiscal investigue para solucionar en parte los hechos graves o no tan graves que suceden, lo vamos a poder hacer porque el que va a informar será el funcionario de la Fiscalía, en algunos casos -no en todos- tiene competencia, hasta que empiece el juicio oral. Es decir, cuando se produce el juicio oral en el Plenario, hasta ahí puede llegar. La ley dice: “con la única excepción de los actos propios del debate en juicio criminal a cumplirse en causas de competencia de las Cámaras del Crimen...”
Es decir, señor Presidente, que no tiene competencia en el juicio oral “salvo razones de oportunidad y conveniencia, que deberán exponerse fundadamente mediante resolución especial”.
Quiere decir que si un funcionario de Fiscalía investiga un hecho, reúne la prueba, prepara el juicio cuando esté debidamente fundado en una resolución, su jefe, su titular o el Procurador, lo podrá autorizar a participar en el plenario pero sólo lo hará en casos excepcionales y por razones debidamente fundadas, siempre en el marco de este espíritu, el mérito se lo lleva cuando realmente lo merece, pero además suma mérito el resultado que le va a servir cuando se postule a ocupar un cargo como titular de Fiscalía.
En todo lo que hacen los fiscales siempre hay un responsable que es el Fiscal Jefe, el Fiscal General o el Procurador General; no es el Fiscal. Se va a poder sacar la responsabilidad de encima con lo que haga el funcionario de Fiscalía, si éste se extralimita o viola una garantía o norma legal el responsable final siempre es el Procurador General. Por eso optamos por mantener la redacción del artículo 24° aun conscientes de que hay quienes opinan lo contrario.
SRA. PRESIDENTA (Zarcos): Hay dos mociones, una de la señora diputada Martínez de modificación del artículo 24° y otra del señor diputado Risso para sostener la redacción como está.
SRA. MARTÍNEZ: Señora Presidenta, quiero hacer una salvedad.
En realidad lo que plantea el señor diputado Risso en esto de ir adquiriendo experiencia para futuros fiscales, por esto de la imposibilidad presupuestaria de nombrar –lo hablamos ayer en la Comisión- es que nosotros avanzamos en otra redacción para la adquisición de experiencia de estos funcionarios de la Fiscalía en la competencia correccional porque aquí se da la mayor cantidad de casos, todos culposos y con sentencias menores de tres años. Nos parece que ahí encuadraría a lo mejor la culminación de esta investigación en la adquisición de experiencia. Si hablamos de la Cámara del Crimen estamos hablando de casos muchos más grosos, sentencias y condenas que superan los tres años.
En esta cuestión de la fundamentación –debo reconocer que me la dio el señor diputado Risso en la Comisión- nosotros entendemos que sería conveniente una nueva redacción con una competencia correccional en las causas que tienen sanción o condenas menores a tres años, que generalmente son por accidentes de autos –culposos, que por ley los llevamos a cinco años- cheques sin fondos; cuestiones que hacen a la investigación y que es la mayoría de los casos que se dan en los juzgados. Se habla casi de un 60% de todas estas causas.
En esto de adquirir experiencia se da la participación directa de quien realmente hace el trabajo porque puede inclusive participar del debate con las excepciones que obviamente tendrán que ser fundadas en una resolución especial.
Quería aclararlo por si no se entendió la nueva redacción del artículo 24°, si fuera posible aprobarla este Bloque lo va a agradecer al Bloque mayoritario.
SRA. PRESIDENTA (Zarcos): Se va a votar la moción de la señora diputada Martínez.
Son seis votos.
Son once votos. Habiéndose aprobado queda el artículo 24° tal cual figura en el proyecto.
- Se vota y aprueba el artículo 25º.
SR. LORENZO: Solicito que por Presidencia se convoque a los señores diputados para que ingresen al recinto para la votación.
- Por Secretaría se cumple con la solicitud de la Presidencia.
- Se votan y aprueban los artículos 26º al 55º.
- El artículo 56º es de forma.
- Dictamen unánime en conjunto de las Comisiones Permanentes de Asuntos Constitucionales y Justicia, de Presupuesto y Hacienda y de Infraestructura y Servicios Públicos, sobre el Proyecto de Ley General nº. 069/02, presentado por el diputado Lorenzo del Bloque de la Alianza, por el que se propicia la adhesión al Decreto nacional nº. 2501/93, de política impositiva de la actividad de provisión de facilidades satelitales.
SR. LORENZO: El proyecto que vamos a tratar a continuación es un proyecto de ley que trata la exención de impuestos y condonación de créditos en un contrato suscripto por la Provincia del Chubut en el marco del Sistema Nacional Satelital Multipropósito. Es un contrato que le va a permitir al Estado Provincial tener un ahorro de U$S 7.080.000.
Señor Presidente, el presente proyecto se presentó el pasado 16 de abril de 2002; en esa oportunidad se hizo a través de este diputado en su calidad de Presidente del Bloque, ingresando este proyecto ante la ausencia del señor Gobernador en esa fecha y ante la urgencia de su tratamiento porque se encontraba en discusión, en el Poder Ejecutivo Provincial, una renegociación de este contrato.
Dicha renegociación era beneficiosa para el Estado Provincial por el cumplimiento de la exención y condonación que se propone en el proyecto de ley.
Debo mencionar que habían dos hechos importantes en aquella oportunidad. El primero era que recientemente salíamos de la convertibilidad y estaban a propuesta de una de las partes muchos contratos en la República Argentina, entre ellos éste, que obliga a renegociarse en función de la legislación nacional vigente al momento.
Por otro lado, toda una situación de conflicto que se vivió con la empresa ante la proximidad del tiempo de realización del mundial de fútbol, donde el canal estatal tenía la exclusividad de la transmisión en la Provincia del Chubut.
Comienza el fundamento de este proyecto diciendo que iba a generar un ahorro de U$S 7.080.000 a la provincia, porque ésta es la verdadera lectura que hay que darle al proyecto, por si cualquiera piensa que se está eximiendo o condonando en función de esos créditos; como que la provincia va a perder plata, y no la va a perder; la provincia va a tener un ahorro por la reconsideración de ese contrato, por el monto que estoy diciendo.
Señor Presidente, ese tema se debatió en su momento, y es cierto que uno de los legisladores intervinientes en esa oportunidad fue el señor diputado Risso, que hizo una de las observaciones válidas: qué seguridad daba la sanción de este proyecto para que realmente después la empresa, que es una de las partes del contrato, cumpliera con la renegociación del contrato. Esta situación fue la que no permitió el tratamiento en su momento, y se fue demorando en el tiempo. Hasta que ahora sí el Poder Ejecutivo Provincial ha logrado llegar a un acuerdo con la Unión Transitoria de Empresas, que es responsable de las facilidades del satélite, que hoy tiene la provincia en uso en todo el territorio del Chubut.
La renegociación del contrato, que se ha dado, empieza a tomar forma con la discusión de la capacidad satelital que la provincia requiere. Es por ello, sobre la propuesta de devolver los dos tercios de la capacidad satelital a la empresa que la provee que existe la posibilidad de bajar, de los U$S 145.000 mensuales, la cuota que se paga por este contrato a U$S 27.000. Esta es la propuesta que hoy se está fijando, por eso digo que esto va a traer un ahorro a la Provincia del Chubut de U$S 7.080.000.
Para terminar de hacer el análisis que hoy se plantea a los señores diputados, para lograr su acompañamiento, habría que ver el costo de la exención o condonación de los créditos.
En este sentido, señor Presidente, en el día de ayer a través de la Dirección General de Rentas hay una determinación impositiva sobre el Impuesto de Sellos. El crédito a condonar es por un total de $ 621.951,31, y en el caso de los ingresos producidos al día de hoy, la suma es de $ 2.982.206,22, o sea un total de $ 920.271,31 el que si hacemos la transformación en dólares a la cotización del día de ayer, el monto que estamos condonando es de 316.244 dólares.
Es decir, que esos 7.080.000 dólares que nos ahorramos en la renegociación del contrato a través de la condonación -lo que va a ser el verdadero ahorro- será de 6.763.756 dólares, ésta es la realidad del tema.
Pero es cierto lo que se planteó con anterioridad cuando se discutió el hecho de que eximimos y condonamos pero ¿después qué? ¿Se dará la renegociación? Por lo tanto, propongo una modificación al Proyecto de Ley que tiene que ver con la incorporación del artículo 4°.
El artículo 4° que se incorpora expresa que la vigencia de los artículos 2° y 3° estará condicionada a que la empresa firme con el Estado Provincial la addenda que implique la renegociación de este contrato y que forma parte integrante de la presente Ley. El texto obviamente de la addenda a suscribir por el Estado Provincial y por la UTE prestadora de los servicios satelitales que se incorpora al texto de la ley, tiene dos cuestiones fundamentales.
La primera es acordar la devolución de 18 MGHZ -los dos tercios de la capacidad simultánea en estos momentos- por un lado y, la otra cuestión central, es bajar de 145.000 dólares el contrato a 27.000 dólares mensuales.
Esto es, señor Presidente, en líneas generales este proyecto que estamos tratando el que queda demostrado que es de conveniencia para el Estado Provincial llevar adelante para lo cual, señor Presidente, con la incorporación de este artículo 4° y de la Addenda que después será leída por Secretaría y aprobada como parte integrante de la Ley, no quedará ninguna duda de que esto es beneficioso para el Estado Provincial. Pero, no se puede considerar la ley sin hacer algunas consideraciones de algunas situaciones políticas que se han provocado desde el Bloque de la oposición en los medios de difusión, a través del Presidente del Bloque Justicialista y de quien hoy es candidato a Gobernador de la Provincia por el Partido Justicialista, el señor Mario Das Neves. Han hecho consideraciones creo que por desconocimiento del tema que se está tratando, porque si se hubiera analizado el Expediente 417 que se incorporó el día que se presentó este proyecto, el 16 de abril del 2002, el que se derivó a la Comisión de Infraestructura y Servicios Públicos de esta Cámara, sabrían de qué estamos hablando porque se nos hace responsables de situaciones en las cuales no tenemos nada que ver. Debería asumir y reconocer el Justicialismo que esto tiene iniciativa en un programa nacional del Gobierno del Doctor Carlos Saúl Menem, que lo que estamos haciendo es nada más ni nada menos que cumplir con un acuerdo internacional que fue aprobado mediante la Ley 19.928, que en el año 1993 el doctor Carlos Saúl Menem firmó el Decreto 1095 en el cual, entre otras cosas, declaró de interés nacional este programa satelital llamado Sistema de Satélite Nacional Multipropósito. En ese mismo decreto adjudicó el contrato a una Unión Transitoria de Empresas, a la que hoy se la llama multinacional en algún medio, porque firmó el contrato con la Provincia; pero que en realidad es un sistema nacional de comunicaciones satelitales, porque así lo decidió el Go¬bierno Nacional, con privilegios que están establecidos en este acuerdo internacional y que establece puntualmente ese decreto del señor Presidente de la Nación, que consistió en un concurso nacional e internacional y que la Secretaría de Telecomunicaciones adjudicó en 1993, dándole la exclusividad para todo el territorio nacional.
Por ello no voy a analizar cuestiones y cosas que se dijeron y respecto de las cuales, en definitiva, la propia Justicia está determinando el pase a archivo de las correspondientes actuaciones. Creo que a veces no se dicen todas las verdades y cuestiones que tienen que ver con un tema. No hubo una li¬citación en la provincia porque el sistema era único y así lo había dictaminado un decreto del entonces Presidente Me¬nem. Si uno analiza este tema, ante tamaña conveniencia para el Estado Provincial de renegociar este contrato, alguien podría decir por qué sentamos el precedente de eximir o con¬donar y que dentro de esa diferencia se podrían enjuagar mi¬llones de dólares que la empresa debe pagar, que la empresa vaya y pague. Y la empresa sigue sosteniendo que se debe cumplir con los pactos internacionales que el Estado Nacio¬nal argentino ha suscripto, en directa relación con lo que establece el artículo 31º de la Constitución Nacional, que dice: "Esta Constitución, las leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras, son la ley suprema de la Nación; y las autoridades de cada Provincia están obligadas a con¬formarse a ella, no obstante cualquiera disposición en con¬trario que contengan las leyes o constituciones provincia¬les, salvo para la Provincia de Buenos Aires, los tratados ratificados después del Pacto del 11 de noviembre de 1859".
Por supuesto, se puede discutir un montón de cuestiones; pero cuando el entonces Presidente Menem decidió llevar ade¬lante el Sistema de Satélite Nacional Multipropósito con una Unión Transitoria de Empresas, a la que sin embargo le pu¬sieron un nombre bien paisano -Nahuel-, lo hizo valiéndose de un acuerdo internacional con potencias extranjeras, sus¬cripto por la Nación Argentina.
Esto lo digo para que quede absolutamente esclarecido quié¬nes son los verdaderos responsables de esta tramitación. Esta es una herramienta que el Estado de Chubut tuvo en re¬lación con decisiones tomadas por el Estado Nacional. Si quieren, lo podemos debatir en particular, no tenemos ningún tipo de inconveniente. Pero lo que hoy estamos proponiendo es autorizar al señor Gobernador para que suscriba la ad¬denda adjunta a este proyecto, que le permita renegociar este contrato, que va a provocar un importante ahorro. Vence en el año 2008. Si los trámites se hubieran cumplido en 1997, cuando se firmó una addenda de similares características a ésta, hubiéramos dejado de pagar U$S 145.000, si hubiéramos comenzado a pagar en esa oportunidad U$S 60.000 que era la renegociación de ese momento. Se perdió todo ese tiempo, tiempo que seguimos perdiendo, el Estado Provincial se pierde de ahorrar un monto de dinero importante mensualmente. Debo decir que el trámite legislativo de este proyecto de ley permitió que desde su ingreso la Provincia esté pagando un monto mínimo de U$S 21.000 hasta que se restablezca la relación final del acuerdo que está volcado en esta addenda que se establece en definitiva en un valor de U$S 27.000, valor internacional hoy del mega hertz de U$S 23.000 cada uno.
Creo que algunos no lo comparten, es válido que no lo comprendan quienes son oposición en el tema por alguna cuestión pero decir en los medios de difusión que estamos condonando a una empresa internacional no es así, es al sistema nacional de telecomunicaciones aprobado por el Gobierno Nacional después que llamó a un concurso internacional para ver quién iba a dar, en la República Argentina con exclusividad, facilidades satelitales.
El segundo tema a aclarar es que probablemente a muchos de nosotros no nos gusta estar eximiendo o condonando impuestos a empresas que ganan dinero pero estamos obligados a cumplir con la Constitución tanto Nacional como Provincial y las leyes que se dicten. Está claro que es así. No es por voluntad propia sino por la legislación vigente que nos rige. Por lo tanto, voy a acercar a Secretaría la modificación que se propone al dictamen de la comisión para continuar con el debate del tema.
- Hace llegar a Mesa de Presidencia el artículo indicado.
SRA. MARTÍNEZ: Señor Presidente, he escuchado atentamente la exposición del señor diputado Lorenzo con respecto al proyecto de ley de condonación de impuestos y trajo varios temas: el ahorro, el no cobrar el impuesto, la culpa de Menem y otros temas para justificar lo que le corresponde realmente a la Provincia del Chubut por tener una autonomía que nos da también la Constitución Nacional, fundamentalmente en la cuestión impositiva.
Este no es un tema nuevo y es suficientemente conflictivo, tal es así que desembocó en una denuncia penal teniendo como querellante al Fiscal de Investigaciones Administrativas doctor Romero y que fue iniciada por nuestro Bloque en 1998 cuando el entonces diputado mandato cumplido Juan Mario Pais presentó un pedido de informes.
Otras provincias tomaron esta señal satelital y compraron.
La denuncia penal se fundamentó en que la contratación fue en forma directa y lo que está investigando la Justicia es el abuso de autoridad del entonces Gobernador Maestro. Hay antecedentes en otras provincias como Neuquén que llamó a una licitación pública. Haciendo una comparación entre lo que pagó Neuquén y lo que pagó Chubut evidentemente hay un monto sensiblemente menor en el costo definitivo de Neuquén con respecto al Chubut.
Este es un tema que está analizando la Justicia, la Fiscal Vilaseca solicitó al Juez de Instrucción Basílico que lo remita al archivo pero la Fiscalía insiste y se presenta nuevamente para que no se envíe al archivo y en esa circunstancia del expediente se está. Por algunos informes que son incomprensibles de la Fiscal de Estado y del propio Tribunal de Cuentas, en definitiva, si fue una buena negociación para la provincia, si se hizo como debió hacerse por qué no hicimos como Neuquen o Río Negro; en Chubut se hizo como se hizo porque el Gobernador de la Provincia del Chubut de entonces, el doctor Carlos Maestro, se tomó atribuciones que solamente le competen a este Poder Legislativo. Decir que se van a condonar o no impuestos, solamente le corresponde -repito- al Poder Legislativo.
Quiero valorar lo que decía el señor diputado Lorenzo sobre la capacidad de negociación que están teniendo nuestros funcionarios del Poder Ejecutivo por haber logrado que la empresa revea el contrato, no porque ellos tengan la predisposición sino porque -y el mismo señor diputado Lorenzo lo decía- estamos devolviendo las dos terceras partes de la capacidad que tenemos hoy. En realidad estamos devolviendo algo que no usamos, por eso nos hacen las reducciones, por lo que no tenemos y porque no podemos pagar más. Tenemos 21, usamos 9; estamos devolviendo y ellos hacen las negociaciones con lo que estamos devolviendo; tienen para vender a otro lo que nos reducen a nosotros, lo cobran por otro lado; es un negocio de la empresa. Como yo no lo necesito, lo devuelvo y esto es a lo que ellos acceden en la negociación.
Ahora, lo que no entiendo es por qué un derecho que tiene el Estado Provincial, como es el cobro de impuestos, no lo vamos a ejercer. ¿Qué nos está regalando la empresa? Nada, sólo su predisposición. Acepta que le devuelvan. En realidad, le salió el negocio. Le pueden vender a otra Provincia o a otra empresa que lo necesite. En realidad, la empresa no pierde plata.
La Provincia no va a perder nada si se cumple el Decreto, porque cuando se hace la contratación sobre este satélite, como decía el Decreto Nacional, se exceptuaba del Impuesto a los Sellos y de Rentas, pero se dejaba la libertad a cada Provincia de adherir o no al Decreto. Desde que se negoció este contrato, que lo hizo el propio señor Gobernador en forma directa -y, repito, en otras Provincias se hicieron licitaciones y fueron, en comparación, altamente beneficiosas, comparado con lo que pagó y sigue pagando Chubut- en Chubut decidimos cobrarle el impuesto.
¿Qué tiene que ver esto con la negociación, con el hecho de si vamos a pagar más o menos?
Lo que sí me preocupa es lo que está pidiendo el señor diputado Lorenzo, que se agregue un artículo. Porque parece ser -y pido que me disculpe el señor diputado Lorenzo si no le comprendí- que la empresa le dice "yo te recibo lo que no usás, pero si me condonás el impuesto". Supongo que no debe ser así, porque es coercitivo, es una amenaza, es una extorsión. Si lo interpretara así no estaría defendiéndolo como proyecto de ley, lo estaría denunciando como corresponde, porque hay una extorsión para hacer la renegociación de un contrato por el impuesto.
Quizá yo haya interpretado mal la exposición del señor diputado, pero no solamente eso, quizá estoy interpretando mal por qué se tiene que asegurar con un artículo más en la Ley, que se acercó a Secretaría, para que después la empresa no se desdiga, que una vez una ley sancionada le condonó un impuesto.
Porque parece ser que no es tanta la plata, son $ 920.000. Estamos ignorando no sé cuántos millones por la empresa. Entonces, después, pongamos en la ley cómo nos quieren; es decir, tenemos la exención impositiva, no renegociamos el contrato y hoy pone otra cláusula, que no sé si es un beneficio por la renegociación del contrato.
Este es un proyecto presentado por el actual Presidente de Bloque en el año 2002 y que fue bastante debatido.
Hemos observado la renegociación, y lo único que le importaba a la empresa era que saliese esta exención, por eso pienso que ahí sí existe la extorsión, y a lo mejor esta propuesta es el mensaje que están mandando, que la renegociación se hace si sale la ley de exención impositiva.
Estoy viendo un artículo que se ha agregado al proyecto de ley, acá en la Cámara, no en Comisión. Estamos debatiendo que se cumpla con el compromiso asumido por la empresa, porque el ahorro va a existir pero si se condona el impuesto. Entonces, ellos reciben las dos terceras partes de los mega y ahí sí nos quedamos con lo que teníamos, pero pagamos. Realmente no nos están regalando nada; la única gauchada que nos están haciendo es que le devolvamos la parte ociosa que hace años teníamos y que jamás se nos dio una sola idea para poder utilizarla, y que bien podría haber servido para el Banco o para controlar nuestras millas. No, sólo sirvió para el mundial de fútbol, para esa contratación directa altamente desfavorable para la provincia.
Todo esto hace que tengamos que condonar un impuesto, que en principio ellos habían reconocido que pagarían en cuotas. Ellos sabían que tenían que pagar, hasta que alguien les planteó: “No paguen más porque vamos a condonar”.
Señor Presidente, esto es grave, y ojalá que el señor diputado Lorenzo me aclare cuál es el beneficio real que tiene la Provincia del Chubut para decir que éste es el mejor negocio, que habría $ 920.000 para la provincia. Esto no es nada en comparación con lo que vamos a ahorrar, con los ciento cuarenta y dos y los veintisiete. Pero todo esto que estamos debatiendo, sobre los $ 920.000, nada va para remedios de los hospitales o para los comedores que siguen deteriorados.
Me parece una barbaridad entonces que se esté discutiendo esto, porque la empresa no está regalando nada. La empresa a mi modo de ver está extorsionando, porque recibe lo que no se usa si se lo condona. Éste es el mensaje que en realidad le está mandando la empresa y que se transparenta en ese proyecto de ley.
Tampoco estoy diciendo quién envió este proyecto de los muchos diputados que estamos acá, porque es verdad que este proyecto de ley entró en el 2002 y fue debatido, pero nunca dijimos que lo íbamos a aprobar, por lo menos del tema no se habló más porque era una barbaridad lo que estaba proponiendo esta empresa con esa reestructuración, con esa nueva refinanciación.
Ahora se está tratando el tema y todos parecen estar de acuerdo, nosotros no, con respecto a qué es beneficioso para la provincia, hacer esta reestructuración de la capacidad del satélite y condonemos el impuesto. Me gustaría cobrar el impuesto porque me parece que es lo que corresponde porque ésta ha sido la decisión, si no se hubiese hecho automáticamente la ley en el año 1998 cuando se firmaba el contrato y se hubiese hecho una ley condonando. Lo que pasa es que ese contrato había que guardarlo y nadie tenía que enterarse cómo había sido la negociación, no se podía mandar el proyecto de ley porque saltaba el contrato en forma directa sin opinión de los órganos de contralor del Estado Provincial, con un fuerte compromiso del entonces Gobernador de hacer la condonación del impuesto.
Entonces, señor Presidente, casi le diría que no tenemos dudas de que esto es una extorsión de la empresa a la cual los señores diputados del Bloque de la Alianza, se redimen en vez de denunciarlo, le dicen está bien, lo hacemos, en vez de ir donde corresponde a decir nos quieren extorsionar, se está haciendo una ley en base a la extorsión de esta empresa.
Entonces sí damos unos manotazos a los decretos, a Carlos Menem, cuando la provincia del Chubut tiene autonomía y la Cámara de Diputados decide si cobra o no sus impuestos y qué impuestos cobra, por más Decretos de Clinton o de Bush que existan, señor Presidente, porque nosotros tenemos la autonomía provincial como provincia de definir nuestra política impositiva.
Es una cuestión a la que nos tienen bastante acostumbrados, la culpa la tiene cualquiera menos los que la ejecutan y que ponen la firma, son pobres inocentes y después se dan cuenta de que el negocio fue malo. Pero además tenemos que escuchar la fundamentación de una ley que estuvo cajoneada porque no estaban de acuerdo, mayoritariamente compartían nuestro pensamiento e ideas con respecto a esta contratación y fundamentalmente sobre el pedido de la renegociación, lo compartían muchos diputados de la Alianza.
Hoy se pusieron de acuerdo, pero la razón de la oposición no desapareció, sigue siendo la misma. Sí es la misma porque lo ha planteado el señor diputado Lorenzo, la empresa está poniendo la condición, está haciendo la extorsión de que nos va a recibir en devolución las dos terceras partes de la capacidad del satélite si nosotros le condonamos el impuesto. Pasado en limpio, esto es nada más ni nada menos que esto, a esta extorsión los diputados van a levantar la mano y decir, es el negocio, es el ahorro.
Bueno, traten de no mentir muchachos, digan la verdad cómo es y asuman la responsabilidad de que no han tenido las suficientes voluntades sobre la mesa para hablar en serio sobre una renegociación, que la Provincia del Chubut no ha tenido la capacidad de darle la utilidad que tenía que tener. No vengan a mezclar un montón de temas, hasta inclusive la cuestión política, para justificar que están siendo extorsionados, que están aceptando la extorsión en vez de denunciarla.
Entonces, señor Presidente, cómo quiere usted que este Bloque acompañe semejante barbaridad. Los diputados Justicialistas no lo acompañamos desde el mismo momento en que presentaron el Proyecto de Ley pero aparte desde el mes de abril de 1998, cuando tomamos conocimiento de este contrato que obviamente no se ha hecho público sino que estaba bastante guardado pero, reitero, cuando tomamos conocimiento del mismo por intermedio del ex diputado Pais, lo denunciamos en esta Cámara y nunca lo dejamos de denunciar.
Esto desembocó en una denuncia penal llevada adelante por el Fiscal de Investigaciones Administrativas, doctor Romero, querellante en la causa y que hace unos días se presentó cuando se le comunicó que la causa iba a ir al archivo, porque lo pide la Fiscal Vilaseca. Se presentó como querellante y solicitó que no vaya al archivo por tener más elementos para demostrar que ha sido abuso de autoridad del entonces Gobernador Carlos Maestro y que ha sido altamente perjudicial para la Provincia.
A esto le tenemos que sumar que debemos hacer la exención impositiva porque encima nos quieren contar que es altamente beneficiosa porque la Provincia va a ahorrar. Ojalá pudiese decir que acompañamos el proyecto de ley pero se ve la falta de capacidad de negociación que tienen los funcionarios del Estado Provincial; como evidentemente esta capacidad no existe, lo único que existe es lo que he manifestado, algún susto por no hacer las denuncias que corresponden cuando alguien quiere usufructuar por encima de hasta las propias necesidades de la gente.
¿Cuál es el problema? Si nosotros tenemos la capacidad o nuestros funcionarios tienen la capacidad para renegociar, para que ahorremos y cobremos, ¿qué nos impide hacerlo? Porque tenemos buenos funcionarios que saben renegociar un contrato que beneficie a los chubutenses para que ahorren pero que cobren los impuestos como corresponde.
En esta circunstancia como desde el mismo inicio del conocimiento del contrato de este satélite, en abril de 1988 cuando fue denunciado en esta Cámara, no estuvimos de acuerdo. Insistimos, es una mala negociación de la Provincia en perjuicio de cada uno de los chubutenses. Además, a nosotros los justicialistas no nos gusta que nos aprieten y no nos dejamos apretar, por eso no vamos a votar -hablo en nombre de mi bloque, de los diez diputados del Bloque Justicialista- y rechazamos el proyecto de ley y, obviamente, el voto es negativo.
Espero que entiendan y revisen y todavía tienen la oportunidad de volver el proyecto a comisión para que analicemos entre todos la situación. No se trata de explicar los beneficios de la tecnología del satélite, si va arriba o va abajo. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no podemos ahorrar y cobrar el impuesto? Si son extorsiones denunciémoslas todos los diputados, denunciemos cómo nos quieren hacer renegociar diciéndonos: excímanme del impuesto. Supuestamente esto se debería hacer, pero no es así. Nosotros tenemos autonomía, podemos cobrar el impuesto y si tuviésemos buenos funcionarios en las negociaciones estaríamos ahorrando y si tuviésemos mejores funcionarios todavía seguramente hace muchísimo tiempo ya les hubiéramos dado utilización a esos mega ociosos. ¿Qué pasó que recién ahora nos damos cuenta de que no sirve porque tampoco tenemos idea de cómo utilizarlo?
SR. LORENZO: Señor Presidente, los dichos de la señora diputada Martínez tienen directa relación con una visión unilateral del tema, por eso habla de extorsión. He sido claro y voy a ratificar todo lo dicho. Hablé de renegociación de un contrato que suscribe un ente público, el Estado Provincial, con un ente privado que es una UTE que tiene la exclusividad de las facilidades satelitales en el país.
Si la administración del Estado Provincial tuviera esta visión unilateral de las cosas podría decir lo que dice la señora diputada, que esto es una barbaridad.
Acá hay dos partes; no es una sola. Se está renegociando el contrato y en esa renegociación cada una de las partes pone condiciones. Estas condiciones de la renegociación para la señora diputada son extorsión y esto no es ni más ni menos que la renegociación del contrato. Y esta renegociación del contrato entre ambas partes es lo que tenemos que discernir si es conveniente o no para el Estado Provincial, que es la verdadera discusión que se está dando.
Entonces, existen dos posibilidades: la del huevo primero y la gallina después o la de la gallina primero y el huevo después. Y vamos a seguir discutiendo largamente el tema y no nos vamos a poner de acuerdo.
Ya hubo una renegociación que se firmó en el año 1997, mucho después de que se dieran cuenta los señores diputados del Justicialismo. En el año 1994 salió en todos los medios de difusión que la Provincia se había adherido al Sistema Nacional Satelital Multipropósito, pero no se habían dado cuenta. Se dieron cuenta en el año 1998 cuando estaba suscripta la primera renegociación.
Renegociación: dos partes, los que firmaron el contrato. Dos partes; no es el decreto o una ley, es un acuerdo entre partes y si hay que cambiar ese acuerdo entre las partes, hay que hacer una renegociación para volver a acordar, no tomar medidas unilaterales.
La renegociación del año 1997, la de la gallina primero y el huevo después, establecía concretamente la devolución de 18 megahertz y la reconsideración del valor del alquiler, pero una de las condiciones que ponía una de las partes -la empresa- era resolver el problema impositivo. ¿A eso le llama extorsión la señora diputada? Así venimos perdiéndonos de pagar mucho menos, cuando hay dificultades en los hospitales por falta de medicamentos y cuestiones necesarias en las escuelas. Ese ahorro que el Estado Provincial podría tener no lo tiene por esta visión unilateral del manejo del Estado. Y esto no es así.
Estamos hablando para que el Bloque Justicialista lo entienda. Es una renegociación. Hoy está al revés: primero el huevo y después la gallina. Si firmaron antes la addenda y no se cumplió con lo pactado, la empresa dice "primero resuelvan el tema legislativo y después firmen la addenda". La otra parte dice eso. ¿Esa es la extorsión? Es parte de un instrumento que suscriben...
Solicito que la señora diputada haga uso de la palabra cuando corresponde y que me deje hablar.
Es parte de la suscripción de un documento que tiene validez y que firman estas dos partes. Es elemental tener comprensión de esto.
Es causa grave sostenerlo desde la oposición, pero qué grave sería si fueran gobierno; sería terrible, porque tener este tipo de interpretación gorila de la cuestión jurídica es ya realmente inaceptable.
Lo único que estamos diciendo es que existe un documento del año 1994 suscripto. Que la señora diputada diga lo que quiera; es decir, que diga que tiene una denuncia penal por abuso de autoridad, una tipología que tendría que saber de qué se trata cuando habla, porque existe mucha tipología para hablar de abuso de autoridad.
¿Por qué no se llamó a licitación? ¿Por qué no se consultó a los organismos de control? No sé qué tiene que ver.
De la misma manera, con cualquier tipología puede tener funciones desde el Estado, como por ejemplo el contrabando de armas a determinados países, con la anuencia del Estado Nacional. Porque si tenemos que mezclar las cosas, podemos hacerlo.
Pero tipificar la denuncia penal -si no lo hizo el Fiscal de Investigaciones Administrativas- diciendo que no es conveniente y por eso hay abuso de autoridad, es bastante lejano a decir que realmente es inconveniente analizar el fondo de la cuestión.
Para la señora diputada la extorsión es la renegociación. La empresa dice eso, y es válido que la otra parte, el Estado, de la que esta Legislatura forma parte, le diga a la empresa y también nosotros ponemos condiciones y que si eximimos y condonamos ustedes firman este addenda.
¿Cuál es el problema de condonar esta renegociación? Estos son los elementos que tenemos a la vista, pero por lo visto vamos a continuar así por lo que plantea la señora diputada.
El Bloque de la Alianza tiene la firme convicción de que este tema se tiene que resolver, y que no podemos seguir esperando porque hoy estamos pagando demás, un valor que en el ´94 era lo que valía realmente.
En el año ´99, cuando Neuquén firma obviamente otras eran las condiciones y otro era el valor. En el año ´98, quienes tenían el manejo monopólico de las comunicaciones en el país, a través de las empresas privatizadas -también porque el gobierno no se hizo cargo-, tuvieron que salir a competir contra el sistema de cableado de la fibra óptica para poder competir con los precios.
Esto es así, son las reglas de juego impuestas; pero además quiero señalar que en el año ´94, cuando se firmó este convenio por U$S 145.000 -que eran $ 145.000-, era mucho más barato que pagar $ 200.000 por mes por la señal de televisión de las cinco repetidoras de la provincia, del Canal 7 de Rawson. Así se analizó y se hizo el convenio.
Quizá lo que no se comparte es esta política pública comunicacional, pero no salir a decir un montón de cosas que no tienen que ver con la realidad. Es válido que se opongan. La cuestión penal que se resuelva, no hay ningún problema, el problema es del año ´94.
Podemos decir muchas cosas para justificar, porque creemos que la Provincia del Chubut fue la primera en el país que hizo la gestión de la comunicación, una gestión ejemplar.
Pero también, señor Presidente, vengo a plantear el caso de la situación que hoy nos ocupa, la renegociación. No es justo que se pongan condiciones, por un lado; pero nosotros, por el otro, podemos también poner condiciones y de la misma manera, según la señora diputada señala, el carácter extorsivo que utilizan cuando vienen a reclamar que si se examina el convenio se condone. Pero bueno, éstas son las reglas de juego; es un instrumento firmado por dos partes que se renegocia.
Esta es la herramienta que le queremos dar al señor Gobernador, quien tiene el addenda para suscribir en la provincia, que es similar al del año ´97, que en su artículo 2° establece -en el addenda que tiene el gobernador- el acuerdo con la empresa, que si no cumplimos con la exención y condonación, ellos no aceptan el acuerdo.
Señor Presidente, éstas son cosas claras, creo que el Justicialismo equivocado o no quiere seguir insistiendo con su posición de aceptación del año ´94 que lo siga haciendo, pero este tema en particular es claro porque la renegociación implica esto, y si no se sigue pagando los $ 145.000 dólares por mes en lugar de veintisiete MHZ, les guste o no.
La empresa decide “yo pago los impuestos, ustedes con 27 MHZ y con los 145.000 dólares mensuales”.
Porque también está la otra posición que hay que respetar, el trabajo que están realizando los funcionarios, fundamentalmente los técnicos en este tema a nivel provincial.
Insisto, señor Presidente, para que ponga a consideración el proyecto de ley, se haga la lectura del addenda para que se logre una verdadera comprensión -por parte del Bloque Justicialista y, en particular, por la señora diputada Martínez- de todo lo que he planteado, de algo que es muy sencillo, hice preguntas y evidentemente lo que ha quedado claro en la segunda exposición del señor diputado Lorenzo, es que en su momento más que un gobernador existía un emperador, que firmaba contratos, addendas, convenios y no sé si trajo los libros el señor diputado Lorenzo para explicar lo que es cada cosa.
Esto sobre todo, comprometiendo la responsabilidad que solamente la tiene el Poder Legislativo, esto es lo que se ha planteado desde el Bloque Justicialista. Después de la segunda intervención, de la que algunas cosas entendí y otras no por tantos gritos, en realidad me queda claro que tampoco la capacidad negociadora del Estado Provincial queda bastante transparentada.
Siempre estamos más predispuestos al de afuera, al que se lleva nuestra plata, por lo que no podemos negociar y evidentemente la debilidad desde el Estado Provincial hacia el privado es bastante lamentable, porque en realidad esto es producto de varias negociaciones y renegociaciones del que firmaba y se comprometía con lo que no podía cumplir, porque creo que él interpretaba que tenía el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo a través de su firma.
Pero llegado el momento acá se cuestiona también que evidentemente nadie tenía la voluntad de condonar este impuesto. Ahora existe una mayoría que va a condonar el impuesto en detrimento de los ingresos propios que tiene la Provincia del Chubut y, repito, la propia empresa reconoció y empezó a pagar, ésta es la cuestión, señor Presidente.
Entonces lamento que me siga quedando la duda sobre la extorsión y lamento mucho más que quede demostrada la capacidad de negociación del Estado Provincial a través de sus funcionarios. Estamos totalmente entregados, esto es lo que ha dicho el señor diputado Lorenzo, porque estamos entregando nuestro impuesto que es de todos los chubutenses. Es decir, el Bloque de la Alianza va a entregar la plata de los chubutenses porque no sabe negociar, se dejan apretar por la empresa.
Esto es en conclusión, señor Presidente, después de la fuerte y gritonera exposición del señor diputado Lorenzo, que se quiere hacer entender a través de los gritos pero en definitiva lo único que ha hecho con lo poco que se pudo entender, es que lleguemos a la conclusión de que desde el Estado no se sabe negociar, pero sí se sabe entregar y condonar.
Esta es una política de la era del ‘90 del doctor Maestro y recuerdo que se hicieron exenciones impositivas para otras empresas y para cuantas multinacionales existían y en algunos casos pudieron entender los diputados radicales de entonces que no había que regalar la plata de los chubutenses. Por ejemplo, un caso que recuerdo es el de un millón quinientos mil pesos del impuesto a los sellos de la Empresa Transpa que la empresa pagó, porque no se aprobó acá la exención impositiva del proyecto de condonación que había mandado también el doctor Maestro. Pero bueno, era otro Bloque, otra gestión y eso no se aprobó, señor Presidente.
Por lo tanto, señor Presidente, no tenemos la menor duda desde nuestro Bloque -con más razón- de que nuestro voto es negativo.
SR. PRESIDENTE (Gil): Tiene la palabra el señor diputado Lo¬renzo.
SR. LORENZO: Señor Presidente, en el despacho que se va a poner a consideración con relación al Proyecto de Ley nº. 069/02 el artículo 4º es de forma. Lo que he hecho llegar a Secretaría es una modificación a efectos de que se incorpore en el tratamiento particular como artículo 4º.
Por lo expuesto, solicito que someta a consideración el dic¬tamen en general y que en el tratamiento en particular se vote la mencionada incorporación.
- Así se hace a las 15,23.
- A las 15,25 dice el
Por Secretaría se leerá el artículo 4º que propone incorporar el señor diputado Lorenzo y, a conti¬nuación, lo que se individualiza como anexo I.
"Artículo 4º. Lo establecido en los artículos 2º y 3º en-trará en vigencia una vez suscripta la addenda que como anexo I forma parte de la presente ley."
- Se adjunta copia del anexo I.
SR. LORENZO: Solicito que se cumpla con el artículo 118º del Reglamento Orgánico que habla de la incorporación de nuevos artículos.
SR. PRESIDENTE (Gil): Por Secretaría se leerá el artículo 4º.
Artículo 4º: Lo establecido en los artículos 2º y 3º de la presente entrará en vigencia una vez suscripta la addenda que como Anexo I forma parte de la presente ley.
- Dictamen unánime en conjunto de las Comisiones Permanentes de Asuntos Constitucionales y Justicia y de Presupuesto y Hacienda, sobre el Proyecto de Ley General nº. 096/03, presentado por el Poder Ejecutivo, por el que se propone la aprobación del Convenio de Garantías, suscripto entre la Provincia y el Banco del Chubut S.A., que tiene por objeto dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 14º de la Ley nº. 4164.
SRA. LLAMAZARES: Quiero fundamentar el dictamen en conjunto unánime de las Comisiones Permanentes de Asuntos Constitucionales y Justicia de Presupuesto y Hacienda.
El Poder Ejecutivo Provincial somete a consideración de esta Cámara un proyecto de ley mediante el cual se aprueba en todos sus términos el convenio suscripto el 28 de abril de 2003 en la ciudad de Rawson entre el Ministro de Hacienda y Crédito Público, doctor Héctor Capraro, y el Banco del Chubut S.A. representado por su Presidente, doctor Norberto Massoni.
El convenio fue protocolizado con fecha 12 de mayo de 2003 en el Registro de Contratos de Locación de Obras e Inmuebles de la Escribanía General de Gobierno. Dicho convenio se suscribe en virtud de la Ley nº. 4164 y su objetivo es garantizar las siguientes operaciones: depósitos en cuentas corrientes, depósitos en caja de ahorro, depósitos a plazo fijo especiales, los saldos inmovilizados provenientes de los conceptos precedentes del Banco del Chubut S.A. según la denominación dada en la normativa respectiva del Banco Central de la República Argentina.
- Dictamen unánime en conjunto de las Comisiones Permanentes de Legislación Social y Salud y de Presupuesto y Hacienda, sobre el Proyecto de Ley General N° 100/03, presentado por los diputados Iralde y Lorenzo, del Bloque de la Alianza, por el que se propone otorgar a partir del 1° de enero de 2.003 a los beneficiarios de la pensión social “Islas Malvinas” una suma fija remunerativa no bonificable de Pesos Cincuenta ($ 50,00).
SR. LORENZO: Señor Presidente, el pasado 13 de marzo de 2003 sancionamos la ley por la cual se dispuso otorgar a los beneficiarios de la Pensión Social Islas Malvinas el aumento de $ 100 que se había otorgado a todos los empleados de la administración provincial, y un artículo de esa Ley 4985 establece que todos los aumentos que se otorguen a los empleados públicos también se otorguen a los beneficiarios de esta pensión. En ese momento se otorgó por la Ley 4970 un aumento de $ 50 para todos los empleados públicos, y por una interpretación del Ministerio de Hacienda de la Provincia no incluía a los beneficiarios de la Pensión Social Islas Malvinas en estos $ 50, que fueron otorgados con posterioridad, según la lectura del artículo 5° que se modificó con la Ley 4985.
Por estos motivos elaboramos esta ley para corregir esta situación. Después, señor Presidente, en la votación en particular voy a pedir nuevamente la palabra para hacer una corrección.
- Se lee el artículo 1° y dice el:
SR. LORENZO: Señor Presidente, cuando se hizo la corrección de la Ley 4985 se establecía que todos los aumentos otorgados por el Estado Provincial, fueran también para los beneficiarios de la Pensión Social Islas Malvinas; éste fue el espíritu de los legisladores, que fuera una cuestión automática. Pero quiero hacer una aclaración porque lo que estamos corrigiendo es la adecuación a la Ley 4970 y los $ 50 fueron otorgados a partir del 1° de abril y el proyecto de ley dice a partir del 1° de enero.
Como es una equiparación del tema con lo que ya tiene el Estado Provincial, correspondía hacer una corrección, que el beneficio es partir del 1° de abril y que la retroactividad se tiene que pagar a partir del 1° de abril y no a partir del 1° de enero, porque lo que estamos haciendo simplemente es generalizando en el tema de los salarios de la administración pública provincial.
SR. PRESIDENTE (Gil): Por Secretaría se leerá el texto del Artículo 1° con la modificación propuesta.
“Artículo 1°: Otórgase a partir del 1° de abril de 2003 a los beneficiarios de la Pensión Social “Islas Malvinas” una suma fija remunerativa no bonificable de pesos cincuenta ($ 50) en la forma y condiciones establecidas por la Ley N° 4970”.
SR. PRESIDENTE (Gil): Se va a votar el Artículo 1° con la modificación propuesta.
- Se lee y aprueba.
Por Secretaría se leerá el punto 6 ° del Orden del día.
SRA. LLAMAZARES: Señor Presidente, voy a fundamentar el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que cuenta con dictamen unánime de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
En el mismo se propicia la modificación de la Ley 3258 atento a que a la fecha rigen para el organismo dos obligaciones en cuanto al registro y estados anuales contables.
Por una parte, las previsiones de la Ley 3258, Artículo 10°, inciso b), le obligan a registrar sus operaciones de tal forma al Organismo de Turismo que le permita generar un balance general y cuenta de pérdidas y ganancias. Esta exigencia, señor Presidente, implica una registración en un sistema de partida doble.
A su vez, Ley 4626 de administración financiera que fuera promulgada en el año 2000, establece las normas sobre presupuestos y su ejecución, cuando en su artículo 6 establece a qué sector provincial le son aplicables dichas normas, incluye a los organismos descentralizados y autárquicos, quedando entonces comprendido en los alcances de la ley el Organismo Provincial de Turismo.
Ello hace que este organismo deba registrar su ejecución presupuestaria y confeccionar las cuentas generales del ejercicio bajo el sistema general que rige para la administración pública provincial.
Por lo tanto, señor Presidente, en virtud del Artículo 135° inciso 8) de la Constitución Provincial, se exige que únicamente deben registrarse los movimientos presupuestarios y financieros de tal forma de obtener la cuenta de inversión prevista en el artículo mencionado precedentemente.
Por lo expuesto, señor Presidente y en virtud de contar con dictamen unánime de la Comisión, solicito la aprobación del presente proyecto.
- El art. 3 ° es de forma.
- Dictamen unánime de la Comisión Permanente de Asuntos Constitucionales y Justicia, sobre el Proyecto de Ley No General N° 122/03, presentado por el Poder Ejecutivo, mediante el cual se propicia la donación de dos vehículos automotores tipo pick-up, a la Asociación Cooperadora del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia.
SR. CONRAD: Señor Presidente, voy a fundamentar el dictamen unánime de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia, sobre el proyecto de Ley no General N° 122/03, que propicia la donación de dos vehículos automotores tipo Pick Up a la Asociación Cooperadora del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia.
Señor Presidente, se trata de dos vehículos que están hoy fuera de uso y que han sido solicitados por el Hospital de Comodoro Rivadavia, según informan las notas y los antecedentes que obran en la Comisión.
Sin más, señor Presidente, solicito el acompañamiento de los señores diputados previa lectura del mismo.
- Dictamen unánime de la Comisión Permanente de Asuntos Constitucionales y Justicia, sobre el Proyecto de Ley General N° 123/03, presentado por el Poder Judicial, por el que se propone la modificación de los artículos 3° de las Leyes Nros. 4734 y 4768, de creación de Juzgados Letrados de Primera Instancia en las Circunscripciones Judiciales de Esquel, Comodoro Rivadavia, Trelew y Puerto Madryn, incorporando dentro de la competencia de los mismos a la tramitación de sucesiones, concursos y quiebras.
SR. CONRAD: Señor Presidente, este dictamen unánime de la Comisión Permanente de Asuntos Constitucionales y Justicia, sobre el Proyecto de Ley General N° 123/03 fue presentado por el Poder Judicial y propone la modificación de los artículos 3° de las Leyes Nros. 4734 y 4768, de creación de Juzgados Letrados de Primera Instancia en las Circunscripciones Judiciales de Esquel, Comodoro Rivadavia, Trelew y Puerto Madryn, incorporando dentro de la competencia de los mismos a la tramitación de sucesiones, concursos y quiebras.
Ambas leyes coinciden en su artículo 3° -fija la competencia de los juzgados- y mediante el presente proyecto de ley se incorpora la competencia para la tramitación de juicios voluntarios, sucesiones, concursos y quiebras. Tratándose simplemente de este agregado solicito el acompañamiento de los señores diputados, previa lectura por Secretaría.
- Así se hace a las 15,50.
- A las 15,57 dice el:
SR. CONRAD: Habiendo surgido divergencias en la interpretación del texto y siendo necesario realizar las consultas pertinentes con los autores del Proyecto, en este caso el Superior Tribunal de Justicia, solicitamos que votado en general, el dictamen pase, de acuerdo con nuestro Reglamento Orgánico, a la sesión del próximo 21 de octubre.
- Dictamen unánime de la Comisión Permanente de Asuntos Constitucionales y Justicia, sobre el Proyecto de Declaración nº. 046/03, presentado por el Bloque Justicialista, por el que se vería con agrado que el Banco del Chubut S.A. proceda a la instalación de cajeros automáticos en los barrios Kilómetro 3, Kilómetro 8, Kilómetro 11, Laprida y Diadema Argentina, ubicados en la zona norte de la ciudad de Comodoro Rivadavia.
SR. ALBORNOZ: Voy a fundamentar el dictamen unánime de la Comisión Permanente de Asuntos Constitucionales y Justicia en el cual se solicita al Directorio del Banco del Chubut S.A. la posibilidad de instalar cajeros automáticos en la zona norte de Comodoro Rivadavia, sobre todo en base a la excesiva distancia entre los barrios de la zona norte de Comodoro Rivadavia. Usted, señor Presidente, conoce muy bien esa zona, y sobre todo, los padeceres que sufren los vecinos en forma permanente para hacer un trámite.
Se solicita, por lo tanto, al Poder Ejecutivo que arbitre las medidas necesarias para la instalación de cajeros automáticos en los Barrios de Kilómetro 5, Kilómetro 8, Kilómetro 11, Laprida y Diadema Argentina. Por todo lo expuesto solicitamos el acompañamiento de los señores diputados para aprobar este proyecto de declaración.
SRA. SECRETARIA (Arias):
SR. ALBORNOZ: Voy a fundamentar el dictamen unánime de la Comisión Permanente de Asuntos Constitucionales y Justicia en el cual, a pedido del Concejo Deliberante y de la Unión Vecinal de la Zona Norte de Kilómetro 5 y del Barrio 30 de Octubre de la ciudad de Comodoro Rivadavia, se han puesto ha disposición del Poder Ejecutivo espacios físicos para que puedan funcionar subcomisarías. Se cuenta con las instalaciones, faltaría la designación del personal para poder atender la constante demanda ante la inseguridad y poder proporcionar alguna respuesta.
Se solicita al Poder Ejecutivo Provincial la creación de subcomisarías o destacamentos permanentes teniendo en cuenta que se tendría la infraestructura necesaria para que esto funcione. Por lo expuesto, solicitamos el acompañamiento de los señores diputados.
SR. PRESIDENTE (Gil): Tiene la palabra el señor diputado señor diputado Garitano.
SR. GARITANO: Quiero fundamentar un despacho unánime de la Comisión Permanente de Asuntos Constitucionales y Justicia relacionado con la nota elevada por el señor Gobernador de la Provincia del Chubut en donde se cubre la vacante producida en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas con el nombre del doctor Manuel Cimadevilla. Hemos analizado los antecedentes y reúne todas las condiciones para ocupar este importante cargo en este órgano de control del Estado.
Por lo expuesto, solicito el voto favorable para esta designación.
SR. PRESIDENTE (Gil): Se va a votar el dictamen para la designación del doctor Manuel Cimadevilla en el cargo de Fiscal Adjunto de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas.
- Dictamen unánime de la Comisión Permanente de Asuntos Constitucionales y Justicia sobre la solicitud de acuerdo legislativo remitida por el Consejo de la Magistratura para la designación de la Dra. Viviana Andrea Barillari en el cargo de Defensor General con asiento y jurisdicción territorial en Comodoro Rivadavia.
SR. CONRAD: Señor Presidente, voy a fundamentar, en este caso, el dictamen unánime de la Comisión Permanente de Asuntos Constitucionales y Justicia, sobre la solicitud de acuerdo legislativo remitida por el Consejo de la Magistratura para la designación de la doctora Andrea Viviana Barillari, de profesión abogada, recibida en la Universidad Nacional de Mar del Plata que cuenta con una amplia experiencia laboral. Fue Auxiliar Letrada de Defensa en Comodoro Rivadavia; en la Defensoría N° 1 de esa ciudad; abogada adjunta de la oficina de Defensa General de Comodoro Rivadavia; adjunta de cátedra y además tiene experiencia profesional en la carrera privada. Fue abogada de la firma Antonio Barillari S.A. con sede en Mar del Plata.
Por los fundamentos expuestos solicito el acompañamiento de los señores diputados para dar el pertinente acuerdo.
- Dictamen unánime de la Comisión Permanente de Asuntos Constitucionales y Justicia sobre la solicitud de acuerdo legislativo presentada por el Consejo de la Magistratura para la designación de la Dra. Raquel Susana Tassello en el cargo de Procurador Fiscal con asiento en Comodoro Rivadavia.
SR. CONRAD: Señor Presidente, voy a fundamentar el dictamen unánime de la Comisión Permanente de Asuntos Constitucionales y Justicia sobre la solicitud de acuerdo legislativo presentado por el Consejo de la Magistratura para la designación de la doctora Raquel Susana Tassello para ocupar el cargo de Procurador Fiscal para la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia.
Señor Presidente, la doctora Tassello cuenta con importantes antecedentes profesionales, se recibió en la Universidad Nacional de Rosario en Santa Fé y tiene postgrado en Derecho Penal, además posee experiencia judicial, fue Auxiliar Letrada en la Circunscripción Judicial N° 3.
Es funcionaria actualmente del Ministerio Público Fiscal, se desarrolló como abogada en Capital Federal y es además Asesora Jurídica del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos.
Su largo currículum abona el desempeño de la citada profesional, razón por la cual la Comisión considera cumplidos los requisitos para otorgar el correspondiente acuerdo legislativo.
Les comunico a los señores diputados que en cinco minutos se entregará copia de la Minuta para continuar con la sesión prevista para el día de la fecha.
- Eran las 16,07.
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