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Timestamp: 2017-10-23 09:52:27
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Matched Legal Cases: ['artículo 14', 'artículo 15', 'artículo 15', 'artículo 11', 'artículo 316', 'artículo 316', 'artículo 316', 'artículo 9', 'artículo 13', 'artículo 14', 'artículo 316', 'artículo 20']

Sentencia A.P. Alicante 552/2010, de 14 de julio. Derechos de los trabajadores. Delito. Lesiones. Imprudencia grave - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Sentencia A.P. Alicante 552/2010, de 14 de julio
Derechos de los trabajadores: Responsabilidad civil directa y solidaria de las entidades aseguradoras. Ejecución de nave industrial con incumplimiento de la normativa de seguridad y con grave riesgo de los trabajadores. Daño personal sufrido por un trabajador a consecuencia de un accidente en el desempeño de su actividad profesional. Requisitos.
En Alicante a catorce de julio de dos mil diez.
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Alicante, integrada por los Iltmos. Sres. Expresados al margen, ha visto el presente recurso de apelación en ambos efectos, interpuesto contra la sentencia de fecha 20/10/08 pronunciada por el JUZGADO DE LO PENAL NUMERO 3 DE ALICANTE en el Juicio Oral nº 000497/2007, dimanante del Procedimiento Abreviado Nº 90/06 del Juzgado de Instrucción nº 1 de Elda. Habiendo actuado como parte apelante Severiano, Jose Manuel, Carlos Daniel, VITALICIO y EMCASA, y como parte apelada MAPFRE EMPRESAS S.A. y Severiano.
Segundo.-El fallo de dicha Sentencia recurrida literalmente dice: "Que debo condenar y condeno a Carlos Daniel y Severiano, como criminalmente responsables en concepto de autores de un delito contra los derechos de los trabajadores, ya definido, y otro delito de lesiones causadas por imprudencia grave, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal:
Por el primer delito, a cada uno, a la pena de seis meses de prisión, con inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena; y seis meses de multa.
Por el segundo delito, a cada uno, tres meses de prisión, con inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena; y un año de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, de actividades relacionadas con la construcción, para Carlos Daniel y de Ingeniero Técnico para Severiano. Y al pago, por mitad, de las costas causadas incluidas las de la acusación particular.
En concepto de responsabilidad civil derivada de las infracciones los condenados indemnizarán conjunta y solidariamente a Jose Manuel en la cantidad de 69.946,41 euros por los perjuicios físicos irrogados.
Asimismo procede la declaración de responsabilidad civil directa y solidaria de las entidades aseguradoras Seguros Vitalicios, en relación al concepto del que responde Carlos Daniel, y Mapfre Industrial, por lo que respecta a Severiano, en relación a las cantidades por tal concepto señaladas, con la responsabilidad civil subsidiario de las mercantiles MONTAJES GÓMEZ, S. A., por lo que se refiere al condenado Carlos Daniel y ESTRUCTURAS METÁLICAS CAYO, S.A. (EMCASA), por lo que concierne al responsable Severiano.
Las aseguradoras satisfarán intereses del 20 por 100, desde el día 10/03/2006 hasta que se complete el pago. "
Tercero.-Contra dicha Sentencia, en tiempo y forma y por Severiano, Jose Manuel, Carlos Daniel, VITALICIO y EMCASA se interpuso el presente recurso alegando: Por la representación de Carlos Daniel y el resto de los recurrentes, error en la valoración de la prueba. Infracción de precepto legal (artículos 152.1.1º y 316 del Código Penal)..
Primero.-La representación de Carlos Daniel impugna la Sentencia de instancia por considerar que en el plenario no quedó acreditado que en la ejecución de la nave industrial, donde trabajaba el perjudicado, existiera un grave incumplimiento de la normativa de seguridad, que fuera la causa fundamental del accidente sufrido y que pusiera en grave peligro la seguridad del resto de los trabajadores que prestaban sus servicios en dicha obra.
Para abordar el posible reproche penal que pueda derivarse del daño personal sufrido por un trabajador a consecuencia de una accidente en el desempeño de su actividad profesional, debe analizarse la normativa que regula la prevención de riesgos laborales y la Jurisprudencia que perfila esta materia.
La norma fundamental en este sector en la Ley 31/95, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. En su artículo 14 se reflejan, con carácter general, las obligaciones del empresario en materia de seguridad, afirmando que:
La conciencia social y el disfrute de las comodidades inherentes al desarrollo de los pueblos exige el que hayan de tolerarse actividades que inevitablemente conllevan determinados riesgos; pero, como contrapeso ineludible de tal tolerancia, en cada una de esas actividades hay una serie de normas, escritas o no, que garantizan el que puedan desarrollarse dentro de unos límites tolerables. El riesgo socialmente permitido ha de estar controlado por la adopción de una serie de medidas que lo enmarcan para que no exceda de lo imprescindible. Un mayor desarrollo económico se corresponde con un mayor número de actividades peligrosas y con una más exigente legislación protectora frente a éstas.". Entre las Sentencias posteriores que reiteran esta argumentación, cabe citar las de 26 de marzo de 1999 y 11 de diciembre de 2002.
El trabajador también viene obligado a respetar los sistemas de seguridad. Ahora bien, es habitual que en el desarrollo de la actividad laboral se produjo una relajación en el uso de las dinámicas de trabajo seguras, por rutina o por obtener un mayor rendimiento en la actividad. Ello, en ocasiones da lugar a accidentes, que ponen al descubierto en muchos casos deficiencias en la planificación o ejecución de las medidas de seguridad. Por tanto, al establecer éstas deben prevenirse, en lo posible, las conductas inadecuadas de los trabajadores. En este sentido es muy claro el artículo 15.4 LPRL, al afirmar que:
Este concepto aparece reiteradamente en la Jurisprudencia del Tribunal Supremo, que considera que el trabajador debe ser protegido de su propia imprudencia (por todas la STS de 18 de marzo de 2002).
En el ámbito en el que se produce el siniestro es de aplicación también el Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción.
En dicha norma, sin perjuicio de las obligaciones genéricas que derivan del artículo 15 LPRL, se regulan determinadas competencias específicas para los intervinientes en el proceso, constructivo. En aplicación del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio básico, cada contratista elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio básico, en función de su propio sistema de ejecución de la obra (art. 7.1).
En la ejecución de la obra contratista y subcontratistas resultan obligados, según el artículo 11 del Real Decreto 1627/97 a:
Segundo.-En contra de lo manifestado por el recurrente, consideramos acreditado que en la obra existía un grave incumplimiento en materia de seguridad que ponía en grave riesgo la integridad de los trabajadores. Concreción del riesgo generado fue el accidente sufrido por Jose Manuel.
Consideramos que en el plenario quedó sobradamente acreditada la existencia de dichas deficiencias, resultando destacable:
1.- En el atestado instruido por la policía local se refleja la inexistencia de red de seguridad. Uno de los agentes que se personaron en el lugar poco después de producirse el siniestro manifestó que el no vio líneas de vida. Que no puede asegurar que no existieran, porque no llegó a subir al techado al existir un fuerte viento, que sí cree que no estaban instaladas, ya que se alejaron bastante de la nave teniendo una visión bastante completa.
2.- El informe emitido por la inspectora de trabajo se fundamenta en sus propias indagaciones y apreciaciones, y en los emitidos por el Gabinete de Seguridad y por el Servicio de Prevención. En el mismo se concluye que la falta de medidas colectivas resultó determinante, ya que, caso de haberse encontrado instaladas, el accidente no tenía por qué haberse producido. Sobre las individuales, dado el tiempo transcurrido desde el accidente, no puede asegurar que la cuerda que observó en la cubierta de la nave, que hacía las veces de línea de vida, se encontraba instalada ese día. De todas formas se considera que incumplía la normativa de aplicación y que su uso hacía prácticamente imposible la ejecución de labores como las que desarrollaba el perjudicado en el momento de producirse la caída por el hueco. La inspectora acudió al lugar cinco días después de producirse el siniestro. Con relación a la línea de vida resulta muy interesante su declaración en el plenario, donde afirma que no subió a la cubierta, ya que la cuerda se veía perfectamente desde el suelo. Este dato siembra grandes dudas sobre su presencia el día de los hechos, ya que desde el suelo no pudo ser visto por la policía local, como anteriormente hemos referido. Igualmente afirma la técnico citada que la empresa César Gómez carecía de plan de prevención de riesgos laborales, no habiendo impartido formación al perjudicado en este ámbito.
3.- El trabajador que estaba en esos momentos con el accidentado afirma que había línea de vida, que este había venido utilizando, pero que se soltó porque ya se iban a marchar. Ratifica que no había red, ni elemento alguno que indicara de la existencia del hueco ni vallas de protección. En la actualidad trabaja para la misma empresa.
4.- Teofilo es técnico en seguridad e higiene en el trabajo. En el plenario relató como acompañó a la inspectora de trabajo en la visita girada a la obra. Los trabajadores presentes les informaron sobre las líneas de vida existentes que pudieron ver desde el suelo, resultando manifiestamente insuficientes para los fines pretendidos. Que no vio si existía una cuerda a lo largo de todo el perímetro.
5.- Carlos José, técnico en seguridad, ratifica su informe estimando que las medidas colectivas e individuales eran insuficientes. Que la cuerda que pudo observar era insuficiente como protección en los trabajos que se estaban realizando. Que en la visita que realizó nadie le dijo que hubiera una cuerda perimetral.
Con estos antecedentes estimamos, con el Juez a quo, palmaria la insuficiencia de las medidas adoptadas que, al margen de las medidas de seguridad individuales, ya resultaría de la falta de las colectivas, especialmente la red.
Tercero.-Plantea el recurrente que la conducta enjuiciada no es constitutiva de un delito contra la seguridad de los trabajadores del artículo 316 CP.
El citado precepto recoge un tipo abierto, que exige de un especial esfuerzo al juzgador para examinar la concurrencia de los diferentes elementos normativos que lo integran.
No plantea problemas su caracterización como delito de riesgo concreto, al exigir que se ponga en peligro grave la vida, salud e integridad física de los trabajadores. Sin no existe este riesgo, que supone realmente una lesión del bien jurídico protegido (derecho de los trabajadores a la salud y seguridad en el trabajo) el delito no se comete.
2.- La entidad de daño en el caso de que llegara a producirse.
Para analizar si el trabajo se presta en las debidas condiciones de seguridad habrá de tenerse en cuenta:
1.- Los medios materiales.
Debe constatarse si la maquinaria utilizada respeta las medidas de seguridad que le son propias, y si se ha provisto al trabajador de los medios individuales o colectivos para el desarrollo de su labor con las debidas garantías.
2.- La dinámica del trabajo.
Puede contarse con una maquinaria segura y con las medidas de seguridad adecuadas, pero adoptarse formas de trabajo que supongan un riesgo grave para los trabajadores.
3.- El lugar de trabajo.
Las condiciones ambientales en que el trabajo se desarrolla han de ser seguras, eliminando las sustancias o agentes que puedan afectar de forma inmediata o de futuro a la salud del trabajador, o, caso de ser imposible dadas las características concretas de la actividad, dotarle de los medios que excluyan la posibilidad de cualquier daño.
4.- La formación del trabajador.
El trabajador debe ser contratado para una actividad para cuyo desempeño este capacitado. Por tanto, al valorar la seguridad en el trabajo debe atenderse a la cualificación del trabajador, y si ha recibido las instrucciones precisas para desempeñar la labor encomendada.
La falta de formación es el fundamento de sendas condenas por delito imprudente en las SSTS de 4 de junio y 29 de julio de 2002. Se afirma en la primera:
"La sentencia impugnada razona convincentemente la actuación imprudente de uno de los acusados... por destinar a un menor a un trabajo peligroso, sin impartirle ninguna formación ni informar a sus padres, despreocupándose de cuidar su adaptación al trabajo que prácticamente acababa de iniciar..".
Argumenta la segunda citada:
"El accidente se produjo por la concurrencia de dos causas explicitadas en el factum: la falta de ciertas medidas de seguridad en la cinta y la deficiente instrucción dada al trabajador... que ocasionalmente y sin la debida instrucción, dirigía ese día los mandos centrales de la cinta transportadora".
En este caso, con los argumentos expuestos en el Fundamento anterior consideramos patente el grave incumplimiento de las medidas de seguridad, que se centra principalmente en la ausencia de elementos colectivos, la insuficiencia de los individuales y la falta de formación al trabajador, que incorporado pocos días antes al trabajo no recibió instrucción alguna al efecto, utilizando herramientas sin que constara su aptitud para su manejo, que desarrollaba con notable impericia como relató el trabajador que declaró como testigo y al que hemos hecho referencia en el Fundamento Segundo
Cuarto.-Finalmente el recurrente considera no encuadrable su conducta en el artículo 316 CP por no resultar acreditada una conducta dolosa.
Como se recoge en el escrito de recurso el artículo 316 CP establece un delito doloso. El sujeto activo de forma consciente y voluntaria establece o consiente (con infracción de sus obligaciones legales o contractuales), unas condiciones de trabajo que suponen una grave infracción de las condiciones de seguridad en el trabajo, poniendo en grave riesgo la seguridad de los trabajadores.
Cabe pensar en la apreciación de dolo eventual en aquellos supuestos en que el sujeto se representa que la prestación del trabajo pueda estar violentando la normativa de prevención, aceptando el riesgo generado.
En este caso, hay una manifiesta desatención a la normativa de seguridad. No se facilita formación a los trabajadores. Se trabaja en altura sin las medidas de seguridad habituales en este tipo de actividad. Esta situación era conocida por el recurrente, encargado de suplir estas deficiencias.
Todo ello determina la desestimación del recurso.
Quinto.-Impugna la representación de Severiano la condena como autor de los delitos contra los derechos de los trabajadores y de lesiones por imprudencia, al no apreciar en su conducta un incumplimiento de sus obligaciones que pudiera fundamentar la aplicación de los citados delitos.
Como consta en autos el recurrente ostentaba la condición de coordinador en materia de seguridad y salud. Las obligaciones de dicho profesional, como se especifica por el apelante, vienen relacionadas en el artículo 9 del RD 1627/1997 de 24 octubre 1997 por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, con el siguientes contenido en lo relevante para la resolución del recurso:
c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas en el mismo. Conforme a lo dispuesto en el último párrafo del apartado 2 del art. 7, la dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de coordinador...
En el mismo ámbito debe recordarse que el artículo 13 de dicha norma establece con carácter preceptivo el que en cada centro de trabajo existirá con. fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud un libro de incidencias. El mismo, deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.
"4. Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra... estarán obligados a remitir, en el plazo de veinticuatro horas, una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra"
En el mismo sentido el artículo 14.1 establece:
"cuando el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o cualquier otra persona integrada en la dirección facultativa observase incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, advertirá al contratista de ello, dejando constancia de tal incumplimiento en el libro de incidencias, cuando éste exista de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1 del art. 13, y quedando facultado para, en circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y la salud de los trabajadores disponer la paralización de los tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra".
Por tanto, la normativa impone unas obligaciones que sólo pueden atenderse con un seguimiento constante de los trabajos.
En este caso, existía un incumplimiento generalizado y manifiesto de las medidas de seguridad. Con ausencia de medidas colectivas y disposición de medidas individuales inefectivas como hemos detallado al analizar el recurso anterior, lo que debió ser detectado y abordado por el coordinador de seguridad, postura omisiva que sirve de base para el pronunciamiento condenatorio, que consideramos adecuado en atención a la normativa de aplicación, especialmente el artículo 316 CP, al que anteriormente hemos hecho referencia.
Sexto.-Por la representación de la mercantil Estructuras Metálicas Cayo S.A. se impugna la Sentencia de instancia con unos argumentos muy similares a los expuestos por el condenado Severiano.
Procede la desestimación del recurso ya que el apelante, en su condición de responsable civil subsidiario, carece de legitimación para discutir la condena del acusado, debiendo limitarse su participación al ámbito de la responsabilidad civil que han motivado su llamada al procedimiento.
En este sentido se ha pronunciado una reiteradísima Jurisprudencia, de la que es ejemplo la Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de julio de 2001, al manifestar que:
"Es doctrina de esta Sala que el responsable civil subsidiario tiene delimitada su actuación, dentro del proceso penal, al área puramente indemnizatoria sin que le sea posible alegar en su defensa cuestiones de descargo penal, de acuerdo con una interpretación literal y finalista de los arts. 651, 652 y 854, de la LECr. El responsable civil subsidiario, en principio, tiene constreñida su legitimación a la impugnación de los daños y perjuicios derivados del delito y también a su cualidad de sujeto pasivo de esa responsabilidad discutiendo y negando, en su caso, el nexo causal en el que se funda la responsabilidad civil. No la tiene, por el contrario, para impugnar la responsabilidad penal del autor directo porque asumiría la defensa de derechos ajenos. Entre otras son representativas de esta doctrina la S. de 19 Abr. 1989, que cita otras ocho, y la S.234/96, de 16 Mar. con mención expresa de la anterior que, por decirlo con sus mismas palabras, fue la que abordó el tema con mayor extensión".
Séptimo.-La aseguradora Mapfre empresas S.A., se adhiere al recurso de Severiano, reproduciendo sus argumentos y efectuando alegaciones nuevas.
Estimamos que la adhesión no es medio para plantear un recurso que no fue interpuesto en plazo, posición que una reiterada Jurisprudencia del Tribunal Constitucional considera amparada en las facultades de interpretación de los órganos judiciales, sin relevancia constitucional (SSTC 16/00, 170/02 ó 46/05).
En consecuencia, no procede entras a conocer de las cuestiones planteadas.
Octavo.-La entidad Vitalicio impugna su condena como responsable civil directo, en su condición de aseguradora de la mercantil EMCASA.
Como consta en las actuaciones el seguro de responsabilidad invocado como fundamento de la solución condenatoria fue suscrito en el mes de noviembre de 2005, cuando el siniestro objeto de las actuaciones tuvo lugar en abril de ese año. Por todo ello, no existe fundamento del que derive la condición de responsable civil directo del recurrente, lo que determina la estimación del recurso.
Noveno.-Finalmente vamos a analizar el recurso interpuesto por la representación del perjudicado.
Se impugnan pronunciamientos en el ámbito civil, por considerar que la indemnización por daño personal no compensa adecuadamente el perjuicio. El Juez a quo calcula el monto correspondiente, atendiendo al Baremo aprobado por el Texto Refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor.
En primer lugar se discute la determinación de los puntos resultantes por las secuelas descritas en el informe de sanidad emitido por el Médico Forense. Establece la norma utilizada que cuando el perjudicado resulte con diferentes lesiones derivadas del mismo accidente, se otorgará una puntuación conjunta, que se obtendrá aplicando la fórmula siguiente:
[ [(100 - M) × m] / 100 ] + M, donde:
En este caso, M inicialmente sería 10 y m 1, el resultado sería M, pasando a ser m 3 y así sucesivamente. Aplicando dicha fórmula resultan 25 puntos. Dicho resultado no debe sumarse a los puntos derivados de las secuelas estéticas, como se realiza en la resolución impugnada, por ser otra la solución contemplada en la norma reiterada. En concreto, en sus reglas interpretativas puede leerse:
"3. El perjuicio fisiológico y el perjuicio estético se han de valorar separadamente y, adjudicada la puntuación total que corresponda a cada uno, se ha de efectuar la valoración que les corresponda de acuerdo con la tabla III por separado, sumándose las cantidades obtenidas al objeto de que su resultado integre el importe de la indemnización básica por lesiones permanentes".
Aplicando dicha solución se obtendría un resultado de 31.442,95 euros por las secuelas, incluyendo el factor de corrección y 13.424,55 por los puntos quince puntos de perjuicio estético. La suma de ambos resultados es sensiblemente inferior al importe recogido en Sentencia por lo que dicho motivo de impugnación no puede ser acogido.
Impugna también el recurrente la fecha inicial del cómputo de intereses moratorios de las aseguradoras declaradas responsables civiles directos, al estimar que debe devengarse desde al fecha en que el siniestro tuvo lugar. Procede la estimación del motivo por directa aplicación del artículo 20.6 LCS.
Décimo.-Se declaran de oficio las costas de esta alzada.
FALLAMOS: Que procede estimar el recurso interpuesto por VITALICIO, procediendo su absolución. Que procede estimar parcialmente el recurso interpuesto por la representación de Jose Manuel, estableciendo como fecha inicial para el devengo de intereses moratorios la del siniestro. Que procede desestimar el resto de los recursos interpuestos. Se declaran de oficio las costas de esta alzada.