Source: https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/20190123c00026107574.html
Timestamp: 2020-08-03 11:40:13
Document Index: 146531777

Matched Legal Cases: ['artículo 10', 'artículo 101', 'artículo 12', 'artículo 78', 'artículo 74', 'artículo 39', 'artículo 168', 'artículo 168', 'artículo 168', 'artículo 168', 'artículo 118', 'artículo 10', 'artículo 221']

2ª Sesión del 23 de enero de 2019
N.º 20 - TOMO 24 - 23 DE ENERO DE 2019
PRESIDE LA SEÑORA IVONNE PASSADA Presidenta
ACTÚAN EN SECRETARÍA: LOS SECRETARIOS JOSÉ PEDRO MONTERO Y VIRGINIA ORTIZ
– El señor legislador Abdala solicita se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Industria, Energía y Minería y, por su intermedio, a la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas, relacionado con el ajuste tarifario propuesto por el ente.
• Oportunamente fue tramitado.
5)	Situación irregular relacionada con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 19438
– Manifestaciones del señor legislador Abdala.
• Por moción del señor legislador, la Comisión Permanente resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras al directorio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios, y al Poder Ejecutivo, en particular al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
6)	Productores familiares y asalariados rurales
– Manifestaciones del señor legislador Reutor.
• Por moción del señor legislador, la Comisión Permanente resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, a las comisiones homónimas de ambas cámaras, a las Mesas de Desarrollo Rural de todo el país, al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, al Inefop y al Instituto Nacional de Colonización.
7)	Fiscalía General de la Nación
– Manifestaciones del señor legislador Iturralde.
• Por moción del señor legislador, la Comisión Permanente resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras a la Fiscalía General de la Nación y al Ministerio de Educación y Cultura.
8)	Banco de la República Oriental del Uruguay
– Manifestaciones del señor legislador Camy.
• Por moción del señor legislador, la Comisión Permanente resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras al directorio del Banco República y al Ministerio de Economía y Finanzas.
9) Reglamentación relativa a declaraciones públicas por parte de funcionarios del Codicén
– Manifestaciones de la señora legisladora Bianchi.
•	Por moción de la señora legisladora, la Comisión Permanente resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras al Consejo Directivo Central de la ANEP y al Consejo de Educación Secundaria.
10)	Llamado a sala al ministro de Relaciones Exteriores, señor Rodolfo Nin Novoa
• Por moción de los señores legisladores Amorín y Abdala, la Comisión Permanente resuelve convocarlo en régimen de comisión general.
11)	Llamado a sala a los señores ministros de Economía y Finanzas y de Industria, Energía y Minería, contador Danilo Astori e ingeniera Carolina Cosse
•	Por moción de los señores legisladores Abdala, Iturralde, Camy, Amorín y Bianchi, la Comisión Permanente resuelve convocarlos en régimen de comisión general.
•	Por moción de los señores legisladores Abdala, Amorín, Bianchi, Iturralde y Camy, la Comisión Permanente resuelve convocarla en régimen de comisión general.
13)	Consulta sobre solicitud de la Asociación de Funcionarios de Impositiva
– La formula el señor legislador Abdala.
«Montevideo, 17 de enero de 2019.
La COMISIÓN PERMANENTE se reunirá el próximo miércoles 23 de enero, a las 10:00 horas, a fin de dar cuenta de los asuntos entrados.
Virginia Ortiz Secretaria - Hebert Paguas Secretario».
ASISTEN: los señores senadores Amorín, Camy y Moreira; y los señores representantes Abdala, Bianchi, Carballo, Díaz, Iturralde, Pozzi y Reutor; e ingresa posteriormente el señor legislador Ayala sustituyendo al señor legislador Iturralde.
(Son las 10:05).
SEÑORA SECRETARIA (Virginia Ortiz).- «El Poder Ejecutivo remite resolución por la que se tributan honores fúnebres a los restos mortales de la señora Daniela Payssé.
Asimismo, remite mensajes:
• por el que solicita la venia correspondiente para conferir el ascenso al grado de brigadier general, con fecha 1.º de febrero de 2019, por el sistema de selección y por aplicación de los artículos 130, 131 y 134 del Decreto Ley n.º 14157 (orgánico de las Fuerzas Armadas), de 21 de febrero de 1974, en la redacción dada por el artículo 101 de la Ley n.º 19149, de 24 de octubre de 2013, y por el artículo 12 de la Ley n.º 15848, de 22 de diciembre de 1986, a los señores coroneles Rodolfo Daniel Pereyra Martínez, Alejandro Oscar Vilche Marti y José Martín Medina Rey;
• por el que se solicita la venia correspondiente, de conformidad con lo previsto en el artículo 78 del Código de Organización de los Tribunales Militares, en la redacción dada por el artículo único de la Ley n.° 18062, de 27 de noviembre de 2006, para designar en calidad de conjueces del Supremo Tribunal Militar, por la Armada nacional, a los señores oficiales superiores, capitanes de navío en situación de retiro Carlos Oscar Butteri Rebufello y Artigas Alberto Zorrilla Bianchi;
• por el que solicita la venia correspondiente, de conformidad con lo previsto en el artículo 74 del Código de Procedimiento Penal Militar, en la redacción dada por el artículo 39 de la Ley n.° 13892, de 19 de octubre de 1970, para designar en calidad de ministro del Supremo Tribunal Militar, por la Armada nacional, al señor capitán de navío (CG) en situación de retiro Eduvijes Torres Negreira;
• por el que solicita la venia correspondiente, de conformidad con lo establecido en el numeral 13 del artículo 168 de la Constitución de la república, a los efectos de designar en el cargo de fiscal letrado adscripto, escalafón N, a los doctores Victoria Cristiani, Katia Avilés, Ericka González, Carla Márquez, María Payaslian y Frencis Domínguez;
• por el que solicita la venia correspondiente, de conformidad con lo establecido en el numeral 13 del artículo 168 de la Constitución de la república, a los efectos de designar en el cargo de fiscal letrado adscripto, escalafón N, a las doctoras Victoria Acevedo Amaral y Ana Barrios Bermúdez;
• por el que solicita la venia correspondiente, de conformidad con lo establecido en el numeral 13 del artículo 168 de la Constitución de la república, a los efectos de designar en el cargo de fiscal letrado departamental, escalafón N, a los doctores María Bonsignore Umpiérrez, Bárbara Zapater Erviti y María Domínguez Manitto;
• por el que solicita la venia correspondiente, de conformidad con lo establecido en el numeral 13 del artículo 168 de la Constitución de la república, a los efectos de designar en el cargo de fiscal letrado departamental, escalafón N, a los doctores Valeria Bovio Caltieri, Sebastián Robles Román y Jessica Pereira del Puerto.
–A LA COMISIÓN ESPECIAL.
El Ministerio de Economía y Finanzas remite respuestas a los siguientes pedidos de informes:
• solicitado por el señor legislador Guillermo Besozzi, relacionado con juicios contra el Estado;
• solicitado por el señor legislador Javier García, relacionado con el ingreso al país de aviones oficiales extranjeros en los días en que se realizó la Cumbre de Líderes del G20;
• solicitado por la señora legisladora Nibia Reisch, relacionado con el empaquetado y etiquetado de productos de tabaco;
• solicitado por el señor legislador Óscar de los Santos, relacionado con la transacción de la Intendencia de Maldonado sobre los padrones 10108 y 10109.
Asimismo, remite nota por la que solicita acceder a la prórroga del plazo de contestación a un pedido de informes realizado por el señor legislador José Satdjian, relacionado con el fallecimiento de un trabajador en el supermercado Disco.
–OPORTUNAMENTE FUERON REMITIDAS A LOS SEÑORES LEGISLADORES.
El Ministerio de Educación y Cultura remite respuestas de la Administración Nacional de Educación Pública a los siguientes pedidos de informes:
• solicitado por el señor legislador Alejo Umpiérrez, relacionado con la situación edilicia de la escuela agraria Francisca Arnal de Artigas, departamento de Rocha;
• solicitado por las señoras legisladoras Nibia Reisch y Susana Montaner, relacionada con la situación edilicia de la escuela agraria Rincón del Cerro, departamento de Montevideo;
• solicitado por la señora legisladora Angélica Ferreira, relacionado con los ingresos y egresos de alumnos al sistema educativo entre los años 2010 y 2017 en el departamento de Rocha;
• solicitado por el señor legislador Guillermo Besozzi, relacionado con juicios contra el Estado.
Además, remite nota del Fondo de Solidaridad en respuesta a las palabras pronunciadas por la señora legisladora Graciela Bianchi en la sesión del 3 de octubre de 2018.
El Ministerio de Salud Pública remite respuesta a los siguientes pedidos de informes:
•	solicitado por la señora legisladora Carol Aviaga, relacionado con la detección de una bacteria en alimentos chacinados;
•	solicitados por el señor legislador Martín Lema, relacionados con:
– la contratación de la empresa Tamed S. R. L., por parte de la Red de Atención Primaria (R. A. P.) de San José;
– la implementación de la historia clínica electrónica nacional;
• solicitado por la señora legisladora Cecilia Eguiluz, relacionado con la situación actual de la emergencia pediátrica del Hospital Regional Salto;
• solicitado por el señor legislador Daniel Radío, relacionado con el llamado a concurso para la provisión de un cargo de hematólogo para el Hospital Maciel;
• solicitado por la señora legisladora Nibia Reisch, relacionado con el carné de salud del discapacitado;
• solicitado por el señor legislador Carlos Camy, relacionado con la situación actual de la Comisión de Apoyo del Hospital Maciel;
• solicitado por el señor legislador José Olivera, relacionado con las ambulancias de la Administración de los Servicios de Salud del Estado.
– Solicitudes a fin de acceder a la prórroga del plazo de contestación de varios pedidos de informes presentados por los señores legisladores Mario Ayala, Javier García, Omar Lafluf y Martín Lema.
– Respuesta a una solicitud realizada por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes, relacionada con protocolos de actuación frente a casos de leishmaniasis.
–OPORTUNAMENTE FUE REMITIDA A LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS.
El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente remite respuestas a los siguientes pedidos de informes:
• solicitado por el señor legislador Pedro Bordaberry, relacionado con obras a realizarse en parte de la costa del departamento de Maldonado;
• solicitados por el señor legislador Alejo Umpiérrez:
– relacionado con construcciones realizadas en propiedad fiscal de la franja costera de Punta del Diablo, departamento de Rocha;
– relacionado con la calidad de las playas del departamento de Rocha;
• solicitado por la señora legisladora Susana Montaner, relacionado con la posible expropiación de hectáreas en Rincón del Bonete por parte de UTE;
• solicitado por la señora legisladora Nibia Reisch, relacionado con el derrame de petróleo en aguas oceánicas del balneario José Ignacio, departamento de Maldonado;
• solicitado por la señora legisladora Carol Aviaga, relacionado con la mortandad de peces registrada en varios puntos del país.
–OPORTUNAMENTE FUERON REMITIDOS A LOS SEÑORES LEGISLADORES».
SEÑORA SECRETARIA (Virginia Ortiz).- «El señor legislador Pablo Abdala solicita, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la república, se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Industria, Energía y Minería y, por su intermedio, a la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas, relacionado con el ajuste tarifario propuesto por el ente.
SEÑORA PRESIDENTA.- La Comisión Permanente ingresa a la media hora previa.
Tiene la palabra el señor legislador Abdala.
SEÑOR ABDALA.- Señora presidenta: queremos aprovechar estos minutos de la media hora previa para hacer referencia a una situación que nosotros calificamos de irregular e inapropiada, y que tiene que ver con el salario que en la actualidad percibe el gerente general de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios, cuyo monto asciende a $ 645.000 nominales por mes; este es un dato público al que se puede acceder a través de Internet, porque la caja de profesionales publica toda la escala salarial.
Cuando decimos que se trata de una situación irregular hacemos referencia a lo que al respecto establece el artículo 10 de la Ley n.º 19438, de rendición de cuentas de 2015, aprobada en 2016 –como corresponde a la organización institucional que en materia presupuestal el país tiene–, donde se establece que ningún funcionario ni persona física que ocupe una función en los organismos públicos del artículo 221, o en las personas paraestatales –y la caja de profesionales lo es– puede percibir un salario superior al equivalente al 60 % del salario del presidente de la república. De acuerdo con los montos actuales, el presidente de la república percibe un salario de $ 657.031 por mes. Por lo tanto, estamos hablando de una cifra similar a la que percibe este empleado, gerente de la caja de profesionales.
Entonces, hay razones de legalidad que nos motivan y nos llevan a plantear este tema en el ámbito parlamentario, no en el afán de distribuir culpas, porque nos consta que esta es una situación heredada por el actual directorio –es una situación que viene del pasado reciente, para decirlo de alguna forma– y hay preocupación de varios directores por este asunto. También somos conscientes de que el actual presidente interino o en funciones, doctor López Secchi –que está en ejercicio de una suplencia–, ha hecho esfuerzos por racionalizar la actividad de la caja de profesionales y bajar sus costos en muchos aspectos, así como también los ha hecho, por ejemplo, el representante de los pasivos en el directorio, doctor Abisab. Sin perjuicio de eso, hay una situación de ilegalidad que se mantiene vigente y debiera corregirse, entre otras cosas, por razones de oportunidad y conveniencia.
Como todos sabemos, en estos momentos en el Uruguay figura en el debate público la cuestión de la seguridad social en general; y si no está planteado con fuerza, pienso que debiera estarlo con mucha insistencia. Me refiero al futuro del sistema público y estatal que administra el BPS, pero también al de los distintos subsistemas de seguridad social, uno de los cuales es el de la caja de profesionales. Esta, en principio, tiene una relación activo-pasivo relativamente saludable, sin perjuicio de lo cual, como es muy alta la declaración de no ejercicio de muchos de los afiliados activos y además hay niveles de morosidad muy importantes, hay quienes están planteando la necesidad de modificar los parámetros que regulan el régimen jubilatorio y pensionario de los profesionales universitarios. Otros entienden que no sería necesaria una reforma estructural y que alcanzaría con modificar aspectos de la gestión, como por ejemplo este que nosotros estamos trayendo hoy a colación. También juegan un papel importante las inversiones que la caja de profesionales lleva adelante y su rentabilidad.
Pero, más allá de esto, creo que en ese contexto y considerando que la administración anterior dispuso determinados recortes de beneficios, además de los que los pasivos ya estaban percibiendo –como el de la cuota mutual o, en determinado momento, la modificación de la tasa de remplazo para quienes ya se habían acogido a los beneficios jubilatorios–, parece claro que no es sano, no es saludable, e inclusive –y de hecho es así– hasta resulta bastante irritante que una situación como la que motivó nuestro planteo del día de hoy se mantenga vigente.
Nos consta que entre los afiliados a la caja –tantos los activos como los pasivos– este y otros aspectos de naturaleza similar están generando un nivel de insatisfacción importante en lo que tiene que ver con la administración de este organismo, y por eso es que queremos llamar la atención de la Comisión Permanente y solicitamos la benevolencia de los señores legisladores para que nuestras palabras sean derivadas al directorio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios, al Poder Ejecutivo y, en ese ámbito, particularmente al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar el trámite solicitado por el señor legislador.
–11 en 11. Afirmativa. UNANIMIDAD.
SEÑORA PRESIDENTA.- Continuando con la media hora previa, tiene la palabra el legislador Reutor.
SEÑOR REUTOR.­- Señora presidenta: en estos días se viene hablando mucho en la prensa y en las redes sociales de la crisis del agro nacional y del difícil momento por el que está pasando. Sin embargo, hoy quiero hablar de una crisis del agro que es estructural, de larga data, y de unos sujetos que son fundamentales: los productores familiares y los asalariados rurales.
Es verdad que nuestra escala productiva, al estar rodeados por dos países gigantes y tener un mercado interno pequeño, nos posiciona como un país tomador de precios, extremadamente dependiente del exterior; pero existen otras condiciones que son de carácter interno y tallan muy fuertemente en el desarrollo rural nacional. Por tal motivo, se hace necesario un análisis profundo de los sistemas de producción familiar desde una perspectiva de soberanía. Se necesita un marco de protección y un estímulo por parte del Estado para poder asegurar la continuidad de los productores en el medio rural y en condiciones de vida digna.
La producción familiar ha sufrido un cambio drástico a partir de las últimas décadas del siglo xx y principios del siglo xxi, explicado –en parte– por el retiro de políticas públicas de apoyo a la producción familiar en general y, en particular, a algunos rubros.
Sin duda, el ingreso al Mercosur, con una integración comercial asimétrica y en el marco de políticas neoliberales hacia adentro –llevadas adelante por Gobiernos posdictadura que inclinaron la balanza en favor de los más poderosos de esta mimada y cuidada oligarquía nacional–, en un contexto internacional de desvalorización de la materia prima en base al agronegocio a partir de 2003 y con una fuerte especulación financiera sobre los alimentos y, en especial sobre la tierra, fue generando condiciones para la reproducción y concentración del capital de grandes empresas transnacionales y de sus aliados nacionales, la oligarquía criolla, impactando en el acaparamiento de tierras y en el control sobre el proceso agroindustrial y su consumo por parte de grandes empresas.
Estas condiciones aceleraron un proceso que terminó agravando el fenómeno de la desaparición de un número importante de explotaciones, alrededor de 23.500 entre los años 1980 y 2011, y que estuvo acompañado por la reducción de la población agrícola: 157.000 personas en el mismo período. Esto profundizó un proceso de concentración de pocos agentes en el poder, tanto en la fase primaria como en otros eslabones de la cadena: en el comercio exterior, en el mercado de insumos y en la generación de conocimiento y demás. A su vez, esta desaparición de productores fue acompañada por la profundización de políticas neoliberales que afectaron fuertemente el salario, la base industrial del país, la reducción de la inversión pública, el desmantelamiento de la institución del Estado y, en especial, la falta de políticas de promoción de producción, financiamiento y desarrollo del mercado interno. Todo esto, en una apertura económica que permitió que ingresaran productos agropecuarios a menor precio, subsidiados, que fueron desplazando a los productores nacionales que no competían en precio, dejando en riesgo toda la base productiva de pequeña y mediana escala.
Analizando la estructura de la tierra en base primaria, tenemos que casi el 70 % de las explotaciones se producen en superficies menores a 200 hectáreas, representando menos del 10 % de la superficie, y casi el 30 % de estas en predios de menos de 20 hectáreas, ocupando una superficie de menos del 1 %.
Desde esa perspectiva de avance capitalista, analizando los datos, advertimos que los cambios son muy drásticos y los impactos muy profundos. El daño va generando un marco de vulnerabilidad muy alto que pone en riesgo la sostenibilidad de la producción familiar en el territorio.
En ese sentido, este Gobierno fue generando una institucionalidad más acorde y sensible a esta realidad, creando la Dirección General de Desarrollo Rural, el Consejo Agropecuario Nacional, los Consejos Agropecuarios Departamentales y las Mesas de Desarrollo Rural. También se crearon la Unidad Descentralización y Coordinación de Políticas con Base Departamental, el Fondo Agropecuario de Emergencia y el Fondo de Desarrollo Rural, siendo dineros genuinos para el desarrollo. Estas son algunas de las herramientas institucionales creadas pero, sobre todo, se comenzó a definir al productor familiar, que tanto precisaba nuestro país. Son muchas las herramientas creadas para lograr el desarrollo rural y, de alguna manera, mitigar los desbalances y avances del capitalismo en el campo.
–Señora presidenta: si se me permite, para redondear esta exposición quisiera hacer algunas reflexiones.
Es necesario hablar del proceso histórico del agro uruguayo. Es necesario hablar de la tenencia y de la estructura de la tierra; del tercio de la tierra productiva nacional que está bajo arrendamiento, donde los dueños cobran pero no trabajan; de los miles de asalariados que generan la riqueza pero de los que se dice que son una mochila pesada para el patrón, por sus costos. Recordemos que hablar de las ocho horas de trabajo costó décadas.
En definitiva, tenemos que hablar acerca de que hay unos pocos que se quedan con la gran porción de riqueza del agro, esos que se adjudican la voz de la ruralidad, que dan un discurso una vez al año, que viven más cerca de la costa que del campo y que pocas veces agacharon el lomo bajo el sol candente para poder llevar un plato de comida a sus hijos. Con esto no pretendo poner a unos contra otros, pero sí tengo claro que debemos profundizar en aspectos de justicia social sabiendo que la producción familiar y el asalariado siempre tendrán en esta fuerza política una usina de ideas trabajando, sobre todo de defensa del medio rural y sus condiciones de vida digna.
Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, a las Comisiones de Ganadería, Agricultura y Pesca de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Representantes, a las Mesas de Desarrollo Rural de todo el país, al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, al Inefop y al Instituto Nacional de Colonización.
SEÑORA PRESIDENTA.- Continuando con la media hora previa, tiene la palabra el señor legislador Iturralde.
En los últimos días del año pasado y los primeros del corriente, se sucedieron una serie de episodios en los que ha estado en foco la Fiscalía General de la Nación a través de la información que se ha brindado. Se han generado muchas dudas y molestias en la ciudadanía al tomar conocimiento de algunos hechos, así como de la actuación y de la forma en que se procedió.
Nosotros, más que plantear una convocatoria desde el punto de vista institucional al Ministerio de Educación y Cultura –que es lo que correspondería en este caso, más allá de que en su momento manifestamos en forma clara y contundente que se trata de una situación irregular desde el punto de vista institucional, ya que el citado ministerio no puede ser responsable de hechos en los cuales no está involucrado– quisiéramos no esperar el funcionamiento regular de las cámaras a partir del 1.º de marzo, sino poder generar desde ya un ámbito de diálogo con la fiscalía a fin de ver qué es lo que ha ocurrido en la mayoría de los episodios que se han dado, pues quizás amerite ir pensando en algunas modificaciones a la normativa que fuera votada en forma unánime por este Parlamento.
Además, cabe señalar la eventual responsabilidad que podemos tener los legisladores pues, más allá de plantear algunas dudas, todos acompañamos determinados cambios a sugerencia de los técnicos en la materia, tanto de los institutos de derecho de las universidades que comparecieron ante el Parlamento, como del Colegio de Abogados –entre otros actores–, que manifestaron su conformidad en cuanto a que se modificara en el sentido que venía planteado.
Más allá de eso, ha habido algunos errores –o, al menos, algún ruido que se ha generado en la prensa– en cuanto a la forma en que se ha venido aplicando la normativa aprobada, y creo que esto amerita, perfectamente, generar un diálogo con el señor fiscal para saber cuáles son los caminos que podemos seguir.
Evidentemente, este no es un tema sencillo. Vivimos un tiempo en el que la inseguridad está en el foco y tenemos que trabajar fuertemente en eso. Quizás las señales que estamos dando desde el sistema político e institucional –desde la fiscalía, el Poder Judicial y demás– no están siendo las mejores. Por eso, más que solicitar la convocatoria, quería traer este tema hoy aquí, manifestar la preocupación y dejar planteada la necesidad de generar un diálogo con las autoridades de la fiscalía a los efectos de conversar sobre los temas en los que podemos ir trabajando.
Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a la Fiscalía General de la Nación y al Ministerio de Educación y Cultura.
SEÑORA PRESIDENTA.- Continuando con la media hora previa, tiene la palabra el señor legislador Camy.
SEÑOR CAMY.- Señora presidenta: recientemente, el presidente del Banco de la República Oriental del Uruguay informó a la sociedad que en el año 2018 la entidad registró utilidades por un equivalente a USD 440:000.000. Señaló, específicamente, que se trata de una cifra récord y que son las mayores utilidades que se han registrado en la historia del banco.
En forma complementaria, el economista Jorge Polgar se ha mostrado complacido porque esas utilidades le permitirán al Banco República cumplir con el mandato legal –derivado de la última rendición de cuentas– de financiar parcialmente el gasto público. De hecho, en el año 2019 la institución estaría transfiriendo a rentas generales aproximadamente USD 82:000.000 más, y en el 2020, USD 90:000.000 más, respecto de lo que ya se transfería.
Voy a detenerme en un punto que me parece importante. La rendición de cuentas estableció como financiamiento de la expansión del gasto parte de las utilidades del Banco República. O sea que a iniciativa del Poder Ejecutivo, la bancada de gobierno aprobó este mandato legal. Para bien o para mal, fue todo el Gobierno el que determinó que las utilidades del Banco República vayan a rentas generales. Como bien lo expresó el presidente del Banco República, no son todas las utilidades las que pueden ser transferidas, sino hasta un 50 % de ellas, y siempre y cuando se mantengan las relaciones técnico-normativas que exige el Banco Central del Uruguay. Esto último significa que lo que se transfiere a rentas generales no afecte la solvencia del Banco República.
Por diversos motivos, que no vienen al caso detallar en esta oportunidad pero que reconocemos como positivos, el banco ha incrementado sus utilidades y reinvertido parte de ellas en el mejoramiento de la eficiencia, en pro de mejores resultados futuros. El tiempo dirá cuáles serán los frutos de eso. Y otra parte de las utilidades, de acuerdo al mandato del Gobierno y a la determinación de la bancada oficialista, sigue el camino hacia rentas generales.
Ahora bien; quiero centrar la discusión y focalizar esta exposición en cuál debe ser el rol de un banco de la república.
Desde nuestro punto de vista, el Banco República es un banco de desarrollo, llamado a fomentar el desarrollo productivo del país. ¿De qué manera? Con líneas de crédito que sean específicas para cada sector de la producción nacional, con tasas razonables y plazos adecuados, tal como lo hace cualquier banco de desarrollo en el mundo. Sin embargo, de acuerdo con lo que estamos viendo, el Banco República obtiene ganancias a través de líneas de crédito al consumo y ganancias por valuación de monedas y otras inversiones financieras, para obtener utilidades que luego son parcialmente destinadas a financiar el gasto público. Así de sencillo. Para quienes no entienden la lógica bancaria, la operativa del Banco República es fácil de explicar: gana con créditos al consumo, especula en los mercados financieros con sus disponibilidades y destina parte de las ganancias a financiar al Gobierno. Lejos, muy lejos está la lógica que dio razón de ser al Banco República como banco de desarrollo o de fomento, visión a la que nosotros nos afiliamos, claramente, así como también lo han hecho –me consta– muchos de los que están aquí presentes. Al menos, es lo que creí hasta hace un tiempo.
La economía del país se está desacelerando, señora presidenta. La actividad económica del Uruguay se está enlenteciendo y llegando, casi, al límite del estancamiento. Los sectores agropecuarios e industriales, con diferentes realidades cada uno de ellos, están teniendo enormes dificultades. El empleo viene definitivamente mal; ni que hablar la construcción. Y mientras todo esto pasa, el Banco República financia al Gobierno, financia el déficit del Gobierno.
–En lugar de destinar ese dinero a rentas generales, ¿no sería más razonable, dada la realidad nacional, generar líneas de crédito a tasas reducidas a fin de promover la actividad e impulsar el empleo?
En definitiva, ¿a qué se dedica un banco? A dar préstamos. Sin embargo, el Banco País se está dedicando a financiar al sector público. La tasa de un préstamo del Banco República pasa a ser un impuesto encubierto. Eso sí, destacamos la coherencia –lo reconocemos– porque lo que está sucediendo en el Banco República está ocurriendo también en UTE, en Ancap, en OSE y en Antel. En todos los casos las tarifas están siendo ajustadas por necesidades fiscales más que por la realidad de los costos de producción y de comercialización. En todos los casos las tarifas están operando como impuestos encubiertos.
Señora presidenta: solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada al directorio del Banco República y al Ministerio de Economía y Finanzas.
SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar lo solicitado por el señor legislador.
–10 en 11. Afirmativa.
9)	REGLAMENTACIÓN RELATIVA A DECLARACIONES PÚBLICAS POR PARTE DE FUNCIONARIOS DEL CODICÉN
SEÑORA PRESIDENTA.- Continuando con la media hora previa, tiene la palabra la señora legisladora Bianchi.
SEÑORA BIANCHI.- Señora presidenta: cuando el año pasado se dio a conocer el cese de la directora general del Consejo de Educación Secundaria, profesora Celsa Puente, la noticia fue bien recibida por las propias autoridades del Consejo Directivo Central –lo supongo, dado que fueron quienes oficialmente determinaron el cese, aunque no sé si hubo algún otro tipo de directiva en ese sentido–, por los docentes en general, y en especial, por la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria, pues la corta gestión de la profesora Puente al frente del citado consejo estuvo caracterizada por conflictos permanentes con todos los actores sociales, educativos e institucionales, y especialmente con el sindicato. De hecho, en la Comisión de Educación y Cultura nos tocó intervenir como mediadores para que, por lo menos, hubiera diálogo entre los integrantes del consejo y la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria. Extrañamente, Celsa Puente fue sustituida. Y lo digo de esta manera porque no ha sido ese el proceder característico de la presente Administración, en la que, sin importar los resultados, las personas permanecen en sus cargos.
En estos días, con sorpresa y gran preocupación leímos ciertas declaraciones suyas –que no sé si aparecieron primero en la prensa y luego en las redes sociales o viceversa, pero si fue en las redes sociales lo recogió la prensa– en las que hacía una crítica cerrada y, sobre todo, adhería a la concentración que un grupo de actores sociales va a realizar hoy en el departamento de Durazno, llamando a apagar los aparatos electrónicos y a no entrar a Internet. Más allá de la anécdota –que realmente nos preocupa–, está vigente una reglamentación que establece que cualquier funcionario del Consejo Directivo Central y, en especial, del Consejo de Educación Secundaria, tenga la jerarquía que tenga, debe pedir autorización al consejo para hacer declaraciones públicas, que además deben ceñirse, en general, a temas técnicos, referidos al objeto de la institución.
En lo personal, he solicitado públicamente –no tuve la posibilidad de comunicarme con la representante de los trabajadores, directora Isabel Jauregui, porque probablemente esté de licencia– que se me brinde información acerca de si esa autorización fue solicitada. De no haber sido solicitada, señora presidenta, es una falta grave. Primero, porque se está en contacto con los alumnos –en este momento ella es inspectora regional– y segundo, y sobre todo, con sus compañeros, en una relación institucional de jerarquía que coloca a la institución en una situación de vulnerabilidad. Es por esa razón que existe esa reglamentación.
Yo lo advierto, por las dudas. De todas formas, sabemos que en la media hora previa no es posible dar respuestas, pero quiero señalar que cuando decidí hacer intervenciones públicas sobre temas técnicos, pedí autorización al Consejo de Educación Secundaria, la que me fue otorgada y nunca fue revocada.
En consecuencia, señora presidenta, deseo indicar que me interesa sobremanera que estas palabras lleguen al Consejo Directivo Central y al Consejo de Educación Secundaria porque nos consta, por las responsabilidades que hemos tenido en el ámbito educativo, que las relaciones interpersonales hacen al equilibrio institucional. Y quien ocupa un cargo de jerarquía, como es una inspección regional, debe ser muy cuidadoso en el relacionamiento interno de la institución y también en sus manifestaciones externas, a no ser que el consejo le haya dado la autorización.
Solicito, señora presidenta, que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada al Consejo Directivo Central de la ANEP y al Consejo de Educación Secundaria.
SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el trámite solicitado por la señora legisladora.
–9 en 11. Afirmativa.
SEÑORA PRESIDENTA.- Corresponde dar lectura a una moción que ha llegado a la Mesa.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 23 de enero de 2019
Senadora Ivonne Passada
a) las resoluciones y actuaciones relacionadas con la nueva asunción del Sr. Maduro como presidente de Venezuela, los antecedentes y fundamentos de la posición adoptada por nuestro Gobierno;
b) las acciones, investigaciones y resoluciones adoptadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores respecto de la actuación de la Sra. cónsul de nuestro país en Buenos Aires, República Argentina, hechas públicas recientemente, así como su permanencia en dicho cargo». (Firman los señores legisladores Amorín y Abdala).
SEÑORA PRESIDENTA.- Dese lectura a otra moción llegada a la Mesa.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Mocionamos para que se llame a sala, en régimen de comisión general, a los señores ministros de Economía y Finanzas, y de Industria, Energía y Minería a los efectos de que expliquen los motivos del ajuste de tarifas públicas decretado por el Poder Ejecutivo con vigencia al 1.º de enero.
Asimismo, la ministra de Industria, Energía y Minería deberá responder las razones por las cuales Ancap no realizó denuncia penal por el uso de la tarjeta corporativa por parte del expresidente de Alur, Leonardo de León». (Firman los señores legisladores Abdala, Iturralde, Camy, Amorín y Bianchi».
SEÑORA DÍAZ.- Pido la palabra.
SEÑORA PRESIDENTA.-Tiene la palabra la señora legisladora.
SEÑORA DÍAZ.- Simplemente para dejar la siguiente constancia, señora presidenta. La bancada del Frente Amplio ha decido acompañar el tratamiento y aprobación de estas mociones de llamado a sala a fin de dar trámite y poder acompañar ese debate. Sin perjuicio de ello, nos gustaría conocer algunas razones de fondo que, justamente, hacen a la convocatoria.
SEÑOR CARBALLO.- Pido la palabra para una cuestión de orden.
SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor legislador.
SEÑOR CARBALLO.- La bancada del Frente Amplio solicita un cuarto intermedio de diez minutos.
La Comisión Permanente pasa a cuarto intermedio por el término de diez minutos.
(Son las 10:58).
–Correspondería pasar a votar la moción leída por Secretaría.
SEÑOR CARBALLO.- He solicitado la palabra a los efectos de dejar constancia de nuestra opinión.
Como bien se dijo aquí, la bancada del Frente Amplio ha decidido acompañar estos llamados a sala, pero quiero dejar una clara constancia en el sentido de que lo hacemos por una cuestión de gentileza parlamentaria. En lo personal, si bien recién nos estamos enterando del texto de estas mociones y nos parece que algunas de las cosas que se plantean son entendibles, puesto que tienen como objeto conocer en profundidad la opinión de los ministros respectivos sobre determinados temas, también nos hemos encontrado con algunos planteamientos cuyos contenidos no terminamos de comprender.
Por lo tanto, vamos a acompañar los llamados a sala en régimen de comisión general, pero queremos dejar constancia de la necesidad de generar, en los próximos días, por lo menos un ámbito para poder coordinar algunos de los temas que se van a plantear aquí.
SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción de llamado a sala a los señores ministros de Economía y Finanzas, y de Industria, Energía y Minería.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Señora presidenta: mocionamos para que convoque en régimen de comisión general a la señora ministro de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, para brindar explicaciones sobre criterios de utilización de fondos adjudicados al ministerio, específicamente en los Centros MEC, Dirección de Cultura, y compra del Museo Gurvich». (Firman los señores legisladores Abdala, Amorín, Bianchi, Iturralde y Camy)».
SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora legisladora.
SEÑORA MOREIRA.- Señora presidenta: comienzo por decir que me gustaría que la moción dijera «señora ministra» y no «señora ministro». Sé que en este Parlamento hay un debate muy grande sobre el lenguaje con perspectiva de género y que hay legisladores que hacen cuestión de decir «presidente» en lugar de «presidenta». En lo personal, preferiría que se dijera «señora ministra de Educación y Cultura», como forma también de atender a las reglas sobre la redacción con perspectiva de género que, además, han venido en los manuales que han realizado las Naciones Unidas y la Universidad de la República para el Parlamento.
Por otro lado, adelanto ya mi posición favorable en el sentido de que los ministros sean convocados por el Parlamento, porque entiendo que es parte de la división de poderes y del contralor que los partidos de la oposición deben hacer sobre los actos de gobierno. Sin embargo, en relación al tema particular de la compra del Museo Gurvich, debo decir que entiendo que es algo típico como para una citación a la Comisión de Educación y Cultura. La presidenta y quien habla hemos integrado las comisiones de educación durante muchos años, y me parece que este no es un tema para un llamado a Comisión General sino para una comisión. Dado que aprobamos el funcionamiento regular de las comisiones en forma extraordinaria, creo que ese debería haber sido el trámite a seguir.
Haciendo mías las palabras del señor legislador preopinante, reitero que por gentileza parlamentaria acompañaríamos esta moción, pero insisto en que creo que no es un tema para comisión general; en todo caso, lo sería si después de pasar por una comisión se entiende que las explicaciones no fueron suficientes y el debate adquiere la estatura como para realizar dicho llamado.
Así que dejo sentada mi discrepancia con la elección de este mecanismo aunque, por supuesto, igual voy a votar a favor.
Además, si van a existir innovaciones en las mociones sería bueno que a través de la coordinación interpartidaria se pudiera saber con anterioridad qué van a incluir, a los efectos de poder acompañarlas bien. Digo esto porque una cosa es hacerlo por gentileza parlamentaria, pero otra es acompañar una moción donde, me consta, nos queda la duda de qué significa el punto b) de alguna moción. Y esto se da porque los agregados se producen a último momento. Entonces, a los efectos de un funcionamiento futuro, sería bueno que supiéramos exactamente de qué se trata cada moción para poder acompañarla de manera correcta, teniendo conocimiento del contenido específico.
Dicho esto, me avengo a votar la moción.
SEÑORA BIANCHI.- Pido la palabra.
SEÑORA BIANCHI.- No sé cómo funciona la coordinación, pero aclaro que no es un tema agregado a último momento. En primer lugar, ya que hoy estamos todos –no digo que sea lo mejor o lo peor y sobre todo en este período del año de semivacaciones–, quiero decir que lo anuncié desde el primer momento en mi cuenta de Twitter.
En segundo término –aunque no va en orden de importancia–, no tengo la concepción de que el idioma español tenga que estar atravesado por la política de género. Es más, esta tiene su ámbito de aplicación. El idioma español se habla correctamente o no se habla; es un tema gramatical y no de género. Si hablamos el idioma español, la autoridad que lo regula no es Naciones Unidas ni ONU Mujeres ni nada por el estilo, sino la Real Academia Española. Y la Real Academia Española está cansada de la deformación del idioma español por causas que nadie discute, como son los aspectos de género. Creo que es al revés: son elementos distractores. Por ejemplo, hacer hincapié en si decimos «señora ministro» o «señora ministra» es un problema gramatical. Sería muy bueno que todos leyéramos el informe de 163 páginas del doctor Bosque –miembro de la Real Academia–, que figura en la página de la RAE, donde se explican las razones técnicas de este tema. De la misma manera, en nuestra Academia de Letras tenemos eximios lingüistas y especialistas en el idioma que no es que recomienden, sino que prácticamente nos dicen que no podemos seguir por este camino de deformación del idioma. Por tanto, estoy tranquila desde el punto de vista técnico. Una persona no es más o es menos por el género, sino que es más o es menos por la capacidad con la que desarrolla sus actividades, así sea trans, gay, mujer, hombre o lo que quiera ser.
El otro aspecto –que quizás sea lo más importante–, es que en realidad la compra del Museo Gurvich está dentro del tema general. Si ustedes leyeron la moción habrán visto que el tema general por el que pedimos explicaciones a la señora ministro de Educación y Cultura es el manejo de fondos adjudicados al ministerio, y me enteré por la prensa que se pagaron USD 3:800.000. Entonces, esto es un ítem –si lo quieren considerar así– o un punto del manejo de fondos que está realizando el Ministerio de Educación y Cultura –lo puse especialmente en la moción y fue acompañado por varios legisladores–: en los centros MEC, en la Dirección de Cultura y con la compra del Museo Gurvich. Todo es manejo de fondos.
Por último, quiero decir que me alegro de que esto se vote, pero no se trata de un tema de cortesía parlamentaria. Hemos llegado a un punto tal que parece que fuera posible usar mecanismos constitucionales tan buenos como el régimen de comisión general por un voto de cortesía parlamentaria. ¡Está en la Constitución! Lo que sucede es que los constituyentes fueron muy expertos al redactar ese texto, y buscaron preservar a las minorías. Todos sabemos que se necesitan más votos para hacer un llamado en régimen de comisión general, que para una interpelación. ¡Ojalá la bancada de Gobierno –que tiene la mayoría legítimamente obtenida– entendiera que muchas veces nuestra voluntad no es interpelar a los ministros, sino realizar un debate, un intercambio democrático de ideas! Por supuesto que con cortesía, de más está decirlo. ¡Bueno sería que eso no sucediera entre los legisladores, que son representantes de la población!
De todas maneras, el fundamento es que en un régimen de comisión general, aunque tiene el mismo objetivo y rango constitucional, el contenido y el procedimiento son diferentes, o puede desembocar en cosas distintas. En régimen de comisión general se da el debate sobre temas que nos interesan a todos.
SEÑORA DÍAZ.- Quisiera puntualizar algo a raíz de las intervenciones de las señoras legisladoras que me antecedieron en el uso de la palabra.
Iniciamos nuestra argumentación diciendo por qué acompañábamos estas mociones, pero en ningún momento dejamos de afirmar que desconocíamos algunos de los motivos de fondo de determinadas mociones –no todas–; creo que ello fue claramente expresado por los señores legisladores Carballo y Moreira.
En definitiva, nos interesa quitar la animosidad de este asunto. Cuando hablamos de gentileza parlamentaria nos referimos al hecho de tratar de conocer, de primera mano y con tiempo, cuáles serán los elementos que estarán sobre la mesa en el debate. De esta manera será más fácil dar un buen debate parlamentario sin empezar a discutir sobre lo que cada uno quiera.
En resumen, quería dejar esta constancia para que quede claro que cuando mencionamos la gentileza –en otros ámbitos hablamos de cortesía parlamentaria– nos estamos refiriendo al intento de mejorar los ámbitos de coordinación, porque en esto de tratar de respetar lo que es el ejercicio democrático, el Frente Amplio ha decidido acompañar el debate y generar los caminos para ello.
Queremos dejar sentado, sí, que hay elementos que el Frente Amplio desconocía y que han aparecido redactados en las mociones, aunque no ha sido el caso de esta última.
SEÑOR ABDALA.- Ya que estamos en la secuencia de dejar constancias, queremos aclarar que, desde el inicio, los partidos de la oposición representados en la Comisión Permanente trasmitimos nuestro propósito de generar las tres instancias de llamado a sala –tanto las que se han votado como la que se considerará a continuación– con respecto a las señoras y los señores ministros que habrán de ser convocados.
En cuanto a la concreción de los términos de los llamados y a la redacción de las mociones respectivas, es verdad que no pudimos notificar con anticipación las versiones finales al partido de Gobierno por una razón muy sencilla: vinimos a redactarlas en la propia sesión de la Comisión Permanente del día de hoy. Incluso, en lo que me es personal, he firmado mociones promovidas por mi propio partido –por ejemplo, con relación al tema que estamos analizando, que tiene que ver con la invitación de la señora ministra de Educación y Cultura a la Comisión Permanente–, notificándome en el día de hoy de cuáles eran los términos del llamado.
Quiero decir que valoramos mucho la buena voluntad del partido de Gobierno, del oficialismo, al dar su voto para generar estas instancias –que son de control parlamentario, de transparencia pública–, brindando la oportunidad de que el Parlamento interrogue a los ministros en una de sus funciones primarias, originales y naturales en cuanto a temas de su competencia, y que por esa vía la opinión pública también tenga acceso a la información y al conocimiento de los temas que aquí se planteen. Y me parece legítimo que, a la hora de votar, el Frente Amplio haga los señalamientos que considere pertinentes en cuanto a no hacerse cargo de todo lo que aquí se contiene. De todas formas, esto es para habilitar una instancia.
Me parece que es sano que estos llamados a sala se concreten en régimen de comisión general, porque desde el inicio ayuda a descomprimir la situación. Está claro que no procuramos ninguna consecuencia política en esta oportunidad; lo que pretendemos, en tal caso, es un solo efecto político, que es el de la transparencia. Ahora bien, si así no fuera, si al Frente Amplio le resultara complejo acompañar las mociones por los términos de la redacción, a la oposición no le quedaría otro camino que el de la interpelación, que no es nuestro deseo ni lo fue desde el comienzo.
¿Por qué digo todo esto? Porque así como a la hora de votar algunos entienden necesario dejar constancias en cuanto a no hacerse cargo de determinados aspectos que las mociones contienen, a nosotros nos interesa dejar constancia de que hemos actuado con absoluta franqueza y frontalidad; desde el inicio dijimos que pensábamos generar las tres instancias parlamentarias cuya formalización se ha propuesto en la sesión de hoy.
SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción leída en último término.
SEÑOR ABDALA.- Señora presidenta: quisiera consultar a la Mesa si ha ingresado una solicitud de la Asociación de Funcionarios de Impositiva –de la Dirección General Impositiva–, porque no lo advertí en la lectura de los asuntos entrados. A muchos de los que integramos la bancada del Partido Nacional, pero también a representantes de las demás bancadas y particularmente del oficialismo, nos adelantaron que iban a solicitar la colaboración de la Comisión Permanente con respecto al conflicto planteado en el ámbito de esa repartición pública, que por lo visto está trancado; las partes están distantes y, en principio, hay posiciones irreductibles, más allá de que nada es irreconciliable.
Francamente, no escuché si esa solicitud se presentó, si se dio cuenta de ello. Desde ya adelanto que si así fuera, el Partido Nacional tendría la mejor disposición de colaborar para encontrar un ámbito de mediación, que probablemente no sea la Comisión Permanente como tal, en la medida en que es uno de los órganos del Poder Legislativo y hoy está reunido en Plenario. Eso no excluiría la posibilidad de que pudiéramos conformar, eventualmente, una delegación multipartidaria o una subcomisión de la Comisión Permanente que se abocara al tema.
Esa es la consulta que quería realizar para saber cómo seguimos con relación a ese tema.
SEÑORA PRESIDENTA.- Le informo al señor legislador que he consultado con la Secretaría y hasta este momento no se ha recibido ninguna solicitud al respecto.
De todas formas, quiero recordar a los señores legisladores que en el mes de diciembre ambas cámaras aprobaron que se pudiera levantar el receso en las comisiones a fin de que puedan funcionar como tales. Lo digo porque a veces hay temas que se pueden analizar por esa vía.
(Así se hace. Son las 11:19).
IVONNE PASSADA Presidenta
Virginia Ortiz Secretaria
Adriana Carissimi Canzani Directora general del Cuerpo de Taquígrafos de la Cámara de Senadores