Source: http://www.senado.es/web/conocersenado/normas/constitucion/detalleconstitucioncompleta/index.html?=lang=ca_ES
Timestamp: 2019-10-19 00:25:58
Document Index: 76759494

Matched Legal Cases: ['artículo 23', 'artículo 13', 'artículo 161', 'artículo 14', 'artículo 30', 'artículo 183', 'artículo 37', 'artículo 17', 'artículo 64', 'artículo 65', 'artículo 38', 'artículo 56', 'artículo 16', 'artículo 21', 'artículo 22', 'artículo 23', 'artículo 196', 'artículo 5', 'artículo 69', 'artículo 70', 'artículo 158', 'artículo 149', 'artículo 53', 'artículo 60', 'artículo 93', 'artículo 92', 'artículo 128', 'artículo 105', 'artículo 108', 'artículo 104', 'artículo 120', 'artículo 146', 'artículo 147', 'artículo 172', 'artículo 66', 'artículo 173', 'artículo 99', 'artículo 151', 'Artículo 135', 'artículo 135', 'artículo 143', 'artículo 166', 'artículo 27', 'artículo 56', 'artículo 56', 'artículo 168', 'artículo 143', 'artículo 53', 'artículo 146', 'artículo 156', 'artículo 157', 'artículo 158', 'artículo 147', 'artículo 159', 'artículo 143', 'artículo 143', 'artículo 143', 'artículo 99', 'artículo 115', 'artículo 70', 'artículo 69']

TÍTULO PRELIMINAR (arts. 1 a 9)
TÍTULO I. De los derechos y deberes fundamentales (art. 10)
CAPÍTULO PRIMERO. De los españoles y los extranjeros (arts. 11 a 13)
CAPÍTULO SEGUNDO. Derechos y libertades (art. 14)
Sección 1ª. De los derechos fundamentales y de las libertades públicas (arts. 15 a 29)
Sección 2ª. De los derechos y deberes de los ciudadanos (arts. 30 a 38)
CAPÍTULO TERCERO. De los principios rectores de la política social y económica (arts. 39 a 52)
CAPÍTULO CUARTO. De las garantías de las libertades y derechos fundamentales (arts. 53 y 54)
CAPÍTULO QUINTO. De la suspensión de los derechos y libertades (art. 55)
TÍTULO II. De la Corona (arts. 56 a 65)
CAPÍTULO PRIMERO. De las Cámaras (arts. 66 a 80)
CAPÍTULO SEGUNDO. De la elaboración de las leyes (arts. 81 a 92)
CAPÍTULO TERCERO. De los Tratados Internacionales (arts. 93 a 96)
TÍTULO IV. Del Gobierno y de la Administración (arts. 97 a 107)
TÍTULO V. De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales (arts. 108 a 116)
TÍTULO VI. Del Poder Judicial (arts. 117 a 127)
TÍTULO VII. Economía y Hacienda (arts. 128 a 136)
CAPÍTULO PRIMERO. Principios generales (arts. 137 a 139)
CAPÍTULO SEGUNDO. De la Administración Local (arts. 140 a 142)
CAPÍTULO TERCERO. De las Comunidades Autónomas (arts. 143 a 158)
TÍTULO IX. Del Tribunal Constitucional (arts. 159 a 165)
TÍTULO X. De la reforma constitucional (arts. 166 a 169)
DISPOSICIONES ADICIONALES (primera a cuarta)
DISPOSICIONES TRANSITORIAS (primera a novena)
CAPÍTULO PRIMERO. De los españoles y los extranjeros
2*. Solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23, salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por tratado o ley para el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales.
*Redactado conforme a la reforma del artículo 13, apartado 2, de la Constitución Española, de 27 de agosto de 1992.
4. La ley establecerá los términos en que los ciudadanos de otros paises y los apátridas podrán gozar del derecho de asilo en España.
Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o a tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra.
2. Las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delitos son ilegales.
SECCIÓN 2ª De los derechos y deberes de los ciudadanos
2. El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía.
1. Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo del presente Título vinculan a todos los poderes públicos. Sólo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades, que se tutelarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 161.1 a).
2. Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la Sección 1ª del Capítulo segundo ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Este último recurso será aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30.
3. El reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el Capítulo tercero, informará la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Sólo podrán ser alegados ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen.
(Véase artículo 183 del Reglamento del Senado)
1. Los derechos reconocidos en los artículos 17, 18, apartados 2 y 3, artículos 19, 20, apartados 1 a) y d), y 5, artículos 21, 28, apartado 2, y artículo 37, apartado 2, podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio en los términos previstos en la Constitución. Se exceptúa de lo establecido anteriormente el apartado 3 del artículo 17 para el supuesto de declaración de estado de excepción.
3. La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65.2.
4. Aquellas personas que teniendo derecho a la sucesión en el trono contrajeran matrimonio contra la expresa prohibición del Rey y de las Cortes Generales, quedarán excluidas en la sucesión a la Corona por sí y sus descendientes.
1. Será tutor del Rey menor la persona que en su testamento hubiese nombrado el Rey difunto, siempre que sea mayor de edad y español de nacimiento; si no lo hubiese nombrado, será tutor el padre o la madre, mientras permanezcan viudos. En su defecto, lo nombrarán las Cortes Generales, pero no podrán acumularse los cargos de Regente y de tutor sino en el padre, madre o ascendientes directos del Rey.
d) Proponer el candidato a Presidente de Gobierno y, en su caso, nombrarlo, así como poner fin a sus funciones en los términos previstos en la Constitución.
(Véase artículo 38 del Reglamento del Senado)
(Véase artículos 37.2 y 3; 48 y 61.1 del Reglamento del Senado)
1. El Congreso se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 Diputados, elegidos por sufragio universal,libre, igual, directo y secreto, en los términos que establezca la ley.
3. En las provincias insulares, cada isla o agrupación de ellas, con Cabildo o Consejo Insular, constituirá una circunscripción a efectos de elección de Senadores, correspondiendo tres a cada una de las islas mayores - Gran Canaria, Mallorca y Tenerife - y uno a cada una de las siguientes islas o agrupaciones: Ibiza-Formentera, Menorca, Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote y La Palma.
(Véase artículo 56 bis 1 del Reglamento del Senado y Acuerdo de la Diputación Permanente del Senado sobre el número de Senadores a designar por cada Comunidad Autónoma en la X Legislatura, de 28 de septiembre de 2011)
(Véase artículos 1, 18, 46 y disposición adicional primera del Reglamento del Senado)
(Véase artículo 16.1 del Reglamento Senado)
(Véase artículo 21 del Reglamento del Senado)
2. Durante el periodo de su mandato los Diputados y Senadores gozarán asimismo de inmunidad y sólo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito. No podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva.
(Véase artículo 22 del Reglamento del Senado)
(Véase artículo 23.1 del Reglamento del Senado)
(Véase artículo 196 y disposición adicional tercera del Reglamento del Senado y disposición final tercera del Reglamento del Congreso)
(Véase artículo 5.1 y disposición adicional segunda del Reglamento del Senado)
(Véase artículos 38 y 39 del Reglamento del Senado)
(Véase artículo 69.1 del Reglamento del Senado)
(Véase artículo 70.1 del Reglamento del Senado)
2. Las decisiones de las Cortes Generales previstas en los artículos 94. 1, 145. 2 y 158. 2, se adoptarán por mayoría de cada una de las Cámaras. En el primer caso, el procedimiento se iniciará por el Congreso, y en los otros dos, por el Senado. En ambos casos, si no hubiera acuerdo entre Senado y Congreso, se intentará obtener por una Comisión Mixta compuesta de igual número de Diputados y Senadores. La Comisión presentará un texto que será votado por ambas Cámaras. Si no se aprueba en la forma establecida, decidirá el Congreso por mayoría absoluta.
(Véase artículos 57, 137-140 y 145 del Reglamento del Senado y artículo 158 del Reglamento del Congreso)
(Véase artículos 130-132 del Reglamento del Senado y artículo 149.2 del Reglamento del Congreso)
(Véase artículos 59, 60 y disposición adicional segunda del Reglamento del Senado y artículo 53 del Reglamento del Congreso)
(Véase artículo 60.2 del Reglamento del Senado)
(Véase artículos 192-195 del Reglamento del Senado)
(Véase artículos 45-48 del Reglamento del Senado)
(Véase artículos 82 y 93.2, 3 y 4 del Reglamento del Senado)
(Véase artículo 93.1 del Reglamento del Senado)
(Véase artículo 92.3 del Reglamento del Senado)
(Véase artículos 22.3 y 6; 23.2; 72, 73 y 102.3 del Reglamento del Senado)
Las leyes de bases no pondrán en ningún caso:
(Véase artículo 128 del Reglamento del Senado)
1. En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos-leyes y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas, ni al Derecho electoral general.
(Véase artículos 104, 105, 108, 109 y 140 del Reglamento del Senado y artículos 108.2 y 125 del Reglamento del Congreso)
(Véase artículo 105 del Reglamento del Senado)
(Véase artículo 108 del Reglamento del Senado)
(Véase artículo 104 del Reglamento del Senado y artículo 120 del Reglamento del Congreso)
(Véase artículos 106 y 122 del Reglamento del Senado y artículos 121-123 y 132 del Reglamento del Congreso)
(Véase artículos 133-135 del Reglamento del Senado)
1. Las decisiones políticas de especial transcendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos.
(Véase artículos 144 y 145 del Reglamento del Senado)
(Véase artículo 146 del Reglamento del Senado)
(Véase artículo 147 del Reglamento del Senado)
(Véase artículo 172.2 del Reglamento del Congreso)
(Véase artículos 66 y 67 del Reglamento del Senado)
(Véase artículo 66 del Reglamento del Senado)
(Véase artículos 66.2 y 83.1 del Reglamento del Senado)
(Véase artículos 160-173 del Reglamento del Senado)
(Véase artículo 173.2 del Reglamento del Senado)
4. Si la moción de censura no fuera aprobada por el Congreso, sus signatarios no podrán presentar otra durante el mismo período de sesiones.
1. Si el Congreso niega su confianza al Gobierno, éste presentará su dimisión al Rey, procediéndose a continuación a la designación de Presidente del Gobierno según lo dispuesto en el artículo 99.
3. El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey, por un período de cinco años. De éstos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión.
(Véase artículos 184-186 del Reglamento del Senado)
1. La ley regulará el régimen jurídico de los bienes de dominio público y de los comunales, inspirándose en los principios de la inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad, así como su desafectación.
1. Corresponde al Gobierno la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado y a las Cortes Generales su examen, enmienda y aprobación.
(Véase artículos 148-150 del Reglamento del Senado)
(Véase artículo 151 del Reglamento del Senado)
Artículo 135*
*Redactado conforme a la reforma del artículo 135 de la Constitución Española, de 27 de septiembre de 2011.
1. El Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado, así como del sector público.
(Véase artículo 143 del Reglamento del Senado)
Las Cortes Generales, mediante ley orgánica, podrán por motivos de interés nacional:
(Véase artículos 56 c) y d), y 137-139 del Reglamento del Senado y artículo 166.2 y 3 del Reglamento del Congreso)
1ª. Organización de sus instituciones de autogobierno.
2ª. Las alteraciones de los términos municipales comprendidos en su territorio y, en general, las funciones que correspondan a la Administración del Estado sobre las Corporaciones locales y cuya transferencia autorice la legislación sobre Régimen Local.
3ª. Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda.
4ª. Las obras públicas de interés de la Comunidad Autónoma en su propio territorio.
5ª. Los ferrocarriles y carreteras cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en el territorio de la Comunidad Autónoma y, en los mismos términos, el transporte desarrollado por estos medios o por cable.
6ª. Los puertos de refugio, los puertos y aeropuertos deportivos y, en general, los que no desarrollen actividades comerciales.
7ª. La agricultura y ganadería, de acuerdo con la ordenación general de la economía.
8ª. Los montes y aprovechamientos forestales.
9ª. La gestión en materia de protección del medio ambiente.
10ª. Los proyectos, construcción y explotación de los aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos de interés de la Comunidad Autónoma; las aguas minerales y termales.
11ª. La pesca en aguas interiores, el marisqueo y la acuicultura, la caza y la pesca fluvial.
12ª. Ferias interiores.
13ª. El fomento del desarrollo económico de la Comunidad Autónoma dentro de los objetivos marcados por la política económica nacional.
14ª. La artesanía.
15ª. Museos, bibliotecas y conservatorios de música de interés para la Comunidad Autónoma.
16ª. Patrimonio monumental de interés de la Comunidad Autónoma.
17ª. El fomento de la cultura, de la investigación y, en su caso, de la enseñanza de la lengua de la Comunidad Autónoma.
18ª. Promoción y ordenación del turismo en su ámbito territorial.
19ª. Promoción del deporte y de la adecuada utilización del ocio.
20ª. Asistencia social.
21ª. Sanidad e higiene.
22ª. La vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones. La coordinación y demás facultades en relación con las policías locales en los términos que establezca una ley orgánica.
1ª. La regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales.
2ª. Nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo.
3ª. Relaciones internacionales.
4ª. Defensa y Fuerzas Armadas.
5ª. Administración de Justicia.
6ª. Legislación mercantil, penal y penitenciaria; legislación procesal, sin perjuicio de las necesarias especialidades que en este orden se deriven de las particularidades del derecho sustantivo de las Comunidades Autónomas.
7ª. Legislación laboral, sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las Comunidades Autónomas.
8ª. Legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las Comunidades Autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan. En todo caso, las reglas relativas a la aplicación y eficacia de las normas jurídicas, relaciones jurídico-civiles relativas a las formas de matrimonio, ordenación de los registros e instrumentos públicos, bases de las obligaciones contractuales, normas para resolver los conflictos de leyes y determinación de las fuentes del Derecho, con respeto, en este último caso, a las normas del derecho foral o especial.
9ª. Legislación sobre propiedad intelectual e industrial.
10ª. Régimen aduanero y arancelario; comercio exterior.
11ª. Sistema monetario: divisas cambio y convertibilidad; bases de la ordenación de crédito, banca y seguros.
12ª. Legislación sobre pesas y medidas, determinación de la hora oficial.
13ª. Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.
14ª. Hacienda general y Deuda del Estado.
15ª. Fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica.
16ª. Sanidad exterior. Bases y coordinación general de la sanidad. Legislación sobre productos farmacéuticos.
17ª. Legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las Comunidades Autónomas.
18ª. Las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios que, en todo caso, garantizarán a los administrados un tratamiento común ante ellas; el procedimiento administrativo común, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia de las Comunidades Autónomas; legislación sobre expropiación forzosa; legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas y el sistema de responsabilidad de todas las Administraciones públicas.
19ª. Pesca marítima, sin perjuicio de las competencias que en la ordenación del sector se atribuyan a las Comunidades Autónomas.
20ª. Marina mercante y abanderamiento de buques; iluminación de costas y señales marítimas; puertos de interés general; aeropuertos de interés general; control del espacio aéreo, tránsito y transporte aéreo, servicio meteorológico y matriculación de aeronaves.
21ª. Ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por el territorio de más de una Comunidad Autónoma; régimen general de comunicaciones; tráfico y circulación de vehículos a motor; correos y telecomunicaciones; cables aéreos, submarinos y radiocomunicación.
22ª. La legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una Comunidad Autónoma, y la autorización de las instalaciones eléctricas cuando su aprovechamiento afecte a otra Comunidad o el transporte de energía salga de su ámbito territorial.
23ª. Legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las Comunidades Autónomas de establecer normas adicionales de protección. La legislación básica sobre montes, aprovechamientos forestales y vías pecuarias.
24ª. Obras públicas de interés general o cuya realización afecte a más de una Comunidad Autónoma.
25ª. Bases del régimen minero y energético.
26ª. Régimen de producción, comercio, tenencia y uso de armas y explosivos.
27ª. Normas básicas del régimen de prensa, radio y televisión y, en general, de todos los medios de comunicación social, sin perjuicio de las facultades que en su desarrollo y ejecución correspondan a las Comunidades Autónomas.
28ª. Defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español contra la exportación y la expoliación; museos, bibliotecas y archivos de titularidad estatal, sin perjuicio de su gestión por parte de las Comunidades Autónomas.
29ª. Seguridad pública, sin perjuicio de la posibilidad de creación de policías por las Comunidades Autónomas en la forma que se establezca en los respectivos Estatutos en el marco de lo que disponga una ley orgánica.
30ª. Regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia.
31ª. Estadística para fines estatales.
32ª. Autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum.
(Véase artículo 56 j) del Reglamento del Senado)
(Véase artículo 56 k) del Reglamento del Senado)
(Véase artículos 56 l) y 141 y 142 del Reglamento del Senado y artículo 168.1 y 2 del Reglamento del Congreso)
1º. El Gobierno convocará a todos los Diputados y Senadores elegidos en las circunscripciones comprendidas en el ámbito territorial que pretenda acceder al autogobierno, para que se constituyan en Asamblea, a los solos efectos de elaborar el correspondiente proyecto de Estatuto de Autonomía, mediante el acuerdo de la mayoría absoluta de sus miembros.
2º. Aprobado el proyecto de Estatuto por la Asamblea de Parlamentarios, se remitirá a la Comisión Constitucional del Congreso, la cual, dentro del plazo de dos meses, lo examinará con el concurso y asistencia de una delegación de la Asamblea proponente para determinar de común acuerdo su formulación definitiva.
3º. Si se alcanzare dicho acuerdo, el texto resultante será sometido a referéndum del cuerpo electoral de las provincias comprendidas en el ámbito territorial del proyectado Estatuto.
4º. Si el proyecto de Estatuto es aprobado en cada provincia por la mayoría de los votos válidamente emitidos, será elevado a las Cortes Generales. Los Plenos de ambas Cámaras decidirán sobre el texto mediante un voto de ratificación. Aprobado el Estatuto, el Rey lo sancionará y lo promulgará como ley.
(Véase artículo 143.2 del Reglamento del Senado)
5º. De no alcanzarse el acuerdo a que se refiere el apartado 2º de este número, el proyecto de Estatuto será tramitado como proyecto de ley ante las Cortes Generales. El texto aprobado por éstas será sometido a referéndum del cuerpo electoral de las provincias comprendidas en el ámbito territorial del proyectado Estatuto. En caso de ser aprobado por la mayoría de los votos válidamente emitidos en cada provincia, procederá su promulgación en los términos del párrafo anterior.
(Véase artículos 56 m) y 189 del Reglamento del Senado)
(Véase artículos 56 ñ) y 140 del Reglamento del Senado)
4. La condición de miembro del Tribunal Constitucional es incompatible: con todo mandato representativo; con los cargos políticos o administrativos; con el desempeño de funciones directivas en un partido político o en un sindicato y con el empleo al servicio de los mismos; con el ejercicio de las carreras judicial o fiscal, y con cualquier actividad profesional o mercantil.
b) Del recurso de amparo por violación de los derechos y libertades referidos en el artículo 53.2, de esta Constitución, en los casos y formas que la ley establezca.
(Véase artículos 152 y 153 del Reglamento del Senado)
(Véase artículos 57, 154, 155, 156.1 y 2 del Reglamento del Senado y artículo 146.3 del Reglamento del Congreso)
(Véase artículo 156.3 y 4 del Reglamento del Senado)
(Véase artículo 157 del Reglamento del Senado)
1. Cuando se propusiere la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al Título preliminar, al Capítulo segundo, Sección 1ª del Título I, o al Título II, se procederá a la aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara, y a la disolución inmediata de las Cortes.
(Véase artículo 158 del Reglamento del Senado y artículo 147.2, 3 y 5 del Reglamento del Congreso)
(Véase artículo 159 del Reglamento del Senado)
En los territorios dotados de un régimen provisional de autonomía, sus órganos colegiados superiores, mediante acuerdo adoptado por la mayoría absoluta de sus miembros, podrán sustituir la iniciativa que el apartado 2 del artículo 143 atribuye a las Diputaciones Provinciales o a los órganos interinsulares correspondientes.
1) En el caso de Navarra, y a efectos de su incorporación al Consejo General Vasco o al régimen autonómico vasco que le sustituya, en lugar de lo que establece el artículo 143 de la Constitución, la iniciativa corresponde al Órgano Foral competente, el cual adoptará su decisión por mayoría de los miembros que lo componen. Para la validez de dicha iniciativa será preciso, además, que la decisión del Órgano Foral competente sea ratificada por referéndum expresamente convocado al efecto, y aprobado por mayoría de los votos válidos emitidos.
2) Si la iniciativa no prosperase, solamente se podrá reproducir la misma en distinto periodo del mandato del Órgano Foral competente y, en todo caso, cuando haya transcurrido el plazo mínimo que establece el artículo 143.
1) Las Cámaras que han aprobado la presente Constitución asumirán, tras la entrada en vigor de la misma, las funciones y competencias que en ella se señalan, respectivamente para el Congreso y el Senado, sin que en ningún caso su mandato se extienda más allá del 15 de junio de 1981.
2) A los efectos de lo establecido en el artículo 99, la promulgación de la Constitución se considerará como supuesto constitucional en el que procede su aplicación. A tal efecto, a partir de la citada promulgación se abrirá un período de treinta días para la aplicación de lo dispuesto en dicho artículo.
3) En caso de disolución, de acuerdo con lo previsto en el artículo 115 y, si no se hubiera desarrollado legalmente lo previsto en los artículos 68 y 69, serán de aplicación en las elecciones las normas vigentes con anterioridad, con las solas excepciones de que en lo referente a la inelegibilidades e incompatibilidades se aplicará directamente lo previsto en el inciso segundo de la letra b) del apartado 1 del artículo 70 de la Constitución, así como lo dispuesto en la misma respecto a la edad para el voto y lo establecido en el artículo 69. 3.
1) Queda derogada la Ley 1/1977, de 4 de enero, para la Reforma Política, así como, en tanto en cuanto no estuvieran ya derogadas por la anteriormente mencionada Ley, la de Principios del Movimiento Nacional, de 17 de mayo de 1958; el Fuero de los Españoles de 17 de julio de 1945; el del Trabajo de 9 de marzo de 1938; la Ley Constitutiva de las Cortes, de 17 de julio de 1942; la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado de 26 de julio de 1947, todas ellas modificadas por la Ley Orgánica del Estado, de 10 de enero de 1967, y en los mismos términos esta última y la de Referéndum Nacional de 22 de octubre de 1945.
2) En tanto en cuanto pudiera conservar alguna vigencia, se considera definitivamente derogada la Ley de 25 de octubre de 1839 en lo que pudiera afectar a las provincias de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya.
3) Asimismo quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en esta Constitución.
Esta Constitución entrará en vigor el mismo día de la publicación de su texto oficial en el "Boletín Oficial del Estado". Se publicará también en las demás lenguas de España.