Source: http://regioncaribe.com/site2011/region-caribe-quimera-o-realidad/
Timestamp: 2020-08-05 22:58:50
Document Index: 93426444

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 286', 'artículo 32', 'artículo 307', 'artículo 307', 'artículo 30']

REGIÓN CARIBE: ¿QUIMERA O REALIDAD? – Región Caribe
REGIÓN CARIBE: ¿QUIMERA O REALIDAD?
Por: FÉLIX JOSÉ VALERA IBAÑEZ
Senador Partido Verde
La Constitución de 1991, aunque ha perpetuado la forma de Estado unitario, realizó una decisiva apuesta por la descentralización, continuando de forma integral con el modelo descentralizador iniciado en los años ochenta. Su artículo 1º proclama a Colombia como una república “unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales”. Esta disposición ubica al Estado colombiano en un modelo unitario, pero dejando abierta la posibilidad de poner en marcha procesos de descentralización territorial.
Por lo anterior, no puede entenderse la unidad como una medida de limitación o de fortalecimiento del Estado central en detrimento de la autonomía consagrada en la Constitución, sino que responde a la voluntad del constituyente de subrayar que la descentralización territorial no es incompatible con la unidad, tal como ha ocurrido en los procesos de regionalización emprendidos en países como Italia y Francia.
En Colombia, el artículo 286 de la Constitución Política enlista las entidades territoriales que conforman el diseño del ordenamiento territorial del Estado colombiano. Los departamentos, los distritos, los municipios y los territorios indígenas. A renglón seguido, el estatuto superior delega en la ley la facultad de brindarle el carácter de entidades territoriales a las regiones y provincias que se constituyan en los términos de la Constitución y la ley.
La región aparece en la Constitución de 1991 como un instrumento administrativo y de planificación, producto de la unión de dos o más departamentos, en procura del desarrollo económico y social del respectivo territorio (art. 306). Al mismo tiempo, se dispone que esas regiones administrativas y de planificación cuenten con personería jurídica, autonomía y patrimonio propio.
No obstante la claridad de las disposiciones constitucionales antes referidas, el proyecto de LOOT presentado el pasado 23 de agosto a consideración del Congreso por el Gobierno Nacional, parece esquivo al ordenamiento superior cuando aborda los componentes que eventualmente le darían vida a las regiones como entes territoriales, verbigracia, personería jurídica, autonomía y patrimonio propio.
Llama toda nuestra atención la forma como el proyecto gubernamental que pretende darle vida a la LOOT, al encargarse de la región territorial, reproduce de manera idéntica, en su artículo 32, lo dispuesto en el artículo 307 constitucional, el cual dispone:
“La respectiva ley orgánica, previo concepto de la comisión de ordenamiento territorial, establecerá las condiciones para solicitar la conversión de la región en entidad territorial. La decisión tomada por el Congreso se someterá en cada caso a referendo de los ciudadanos de los departamentos interesados.
La misma ley establecerá las atribuciones, los órganos de administración, y los recursos de las regiones y su participación en el manejo de los recursos provenientes del Fondo Nacional de Regalías. Igualmente definirá los principios para la adopción del estatuto especial de cada región”.
Resulta paradójico, cuando menos, que en el articulado del proyecto de LOOT se vierta de manera exacta el contenido del artículo 307 superior, mientras que en la exposición de motivos se afirma que “… la propuesta evita repetir los principios y conceptos ya señalados en la Constitución…”.
Se suponía que el proyecto de LOOT presentado por el Gobierno del presidente Santos recogería el anterior mandato constitucional, estableciendo claramente las condiciones de conversión, las atribuciones, los órganos de administración y las fuentes de financiamiento de las regiones. Por lo menos ese fue el compromiso de casi todos los candidatos presidenciales, entre ellos el actual Presidente, con más de dos millones y medio de costeños que se manifestaron el 14 de marzo en las urnas, a favor de la iniciativa de creación de la Región Caribe.
No define el proyecto de LOOT, por ejemplo, cuáles son los requisitos para la conversión de la región en entidad territorial; tampoco se define competencia alguna en cabeza de las mismas ni se habla de sus fuentes de financiación. Lo anterior conlleva obligatoriamente a la expedición de otra ley orgánica que se encargue del asunto, ya que por ostentar una superior jerarquía no podría ser modificada por una ley ordinaria.
En materia presupuestal, por ejemplo, el proyecto de LOOT no establece cómo sería la participación de las regiones en las rentas nacionales, en caso de convertirse en entidades territoriales. Por el contrario, el artículo 30 supedita el financiamiento de las Regiones Administrativas y de Planificación (RAP) al giro de recursos provenientes de regalías, en los términos establecidos por el Gobierno Nacional y la ley, así como a lo que las entidades territoriales que la conformen puedan destinar para tal fin.
Llegó la hora de reclamar el derecho que tenemos a ser dueños de nuestro propio destino, sin dejar de pensar en Colombia como Nación. No queremos un regalo, se trata de un derecho consagrado en la Constitución Política y que se nutre de razones sociales, filosóficas, políticas y económicas, reconocidas hoy en el mundo.
La autonomía política y administrativa sólo es viable si va a aparejada con una redistribución de los recursos y las competencias entre la Nación y las entidades territoriales.
Leandro y Moralito; Glorias del Folclor Nacional