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Timestamp: 2019-08-20 12:30:14
Document Index: 270322812

Matched Legal Cases: ['artículo 4', 'artículo 66', 'artículo 1757', 'artículo 177', 'Artículo 4', 'Artículo 66', 'Artículo 1757']

Sentencia: CE SIII E 24021 DE 2013
Cuando se pretende la nulidad por indebida aplicación de los pliegos de condiciones y por indebida evaluación de las propuestas, éstos documentos deben ser aportados
CE SIII E 24021 DE 2013
SOCIEDAD OSSA Y CÍA. S. EN C. VS. INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO
El Instituto de Casas Fiscales del Ejército abrió la licitación pública No. 02 del 9 de marzo de 1998, con el objeto de contratar la construcción de un edificio de apartamentos para suboficiales del ejército. El pliego de condiciones señalaba una serie de reglas aritméticas que debían ser tenidas en cuenta por los proponentes, so pena de ver disminuida su calificación proporcionalmente a los errores cometidos. La Sociedad OSSA Y CÍA. S. EN C., presentó un escrito y observó que se habían cometido irregularidades al calificar las propuestas, lo que alteró el orden de elegibilidad. El director del Instituto de Casas Fiscales del Ejército, a través de la Resolución No. 126 del 28 de mayo 1998 resolvió adjudicar la licitación pública No. 02 de 1998, Pliego de Condiciones No. 02 de 1998, al CONSORCIO VARELA FIHOLL & CÍA. LTDA. Y JAIRO ENRIQUE VARELA FIHOLL. En el acervo probatorio faltan documentos que son esenciales para el análisis de las pretensiones de la Sociedad OSSA Y CÍA. S. EN C.
¿Puede un proponente demandar en acción de nulidad y restablecimiento del derecho la indebida aplicación de los pliegos de condiciones, abstenerse de aportar al expediente los pliegos y las propuestas respectivas, y argumentar que tal falencia documental fue responsabilidad del a quo al no incorporarlo en una diligencia de inspección judicial?
Presunción de validez del acto administrativo. « (…) Ha dicho la Sala al respecto: Presunción de validez del acto administrativo que parte de que la actividad del Estado es jurídica, pues si faltara la legalidad en la administración habría disminuido el valor del estado de derecho. Esta presunción se basa, además, en la idea según la cual los órganos administrativos son instrumentos desinteresados que sólo persiguen la satisfacción de una necesidad colectiva dentro del orden jurídico [Díez, Manuel María. El acto administrativo. Buenos Aires, Tipográfica Editora Argentina, 1993, pág. 278.] Se trata —por supuesto— de una presunción iuris tantum, de ahí que pueda ser desvirtuada en sede judicial, pero entretanto se dilucida la conformidad o no a derecho precisa —en principio— que el acto pueda desplegar los efectos que le son propios, esto es, sea eficaz [Parejo Alfonso, Luciano et al., Manual de Derecho Administrativo. Volumen 1, Barcelona, Ariel Derecho, 1988, pág. 721.][1] (…)»
Principio de autorresponsabilidad de las partes en la conducta procesal. « (…) 10.6 De conformidad con la jurisprudencia de la Sala, las normas referidas “son desarrollo del principio de auto responsabilidad de las partes que impone al interesado una conducta procesal, que de no adelantarse deberá acarrear las consecuencias adversas que ella apareja” En ese orden de ideas, “el demandado ha de ser absuelto de los cargos, si el demandante no logró probar los hechos constitutivos de la demanda (actore non probante, reus absolvitur)[2] (…)»
[1] CE SIII E 21317 DE 2012 [2] CE SIII E 21128 DE 2011
« (…) Para la Sala es evidente que si un demandante quiere obtener una sentencia en la que se declare que los pliegos de condiciones no fueron aplicados debidamente al analizar las propuestas, es indispensable que se aporten los pliegos y las propuestas al expediente. Si bien es cierto que el análisis adelantado por el tribunal a quo sugiere que tuvo acceso al pliego de condiciones, en especial cuando afirma que ese documento era claro en los puntos respecto de los cuales el actor presentó la demanda —párrafo 3—, la Sala aprecia que no obra dentro del expediente el pliego de condiciones y que si en la sentencia recurrida se tuvo acceso a la información que ahí se comprendía, lo fue solo de una manera indirecta y parcial, con base en lo que el dictamen pericial señala al respecto, pero nunca porque el pliego haya estado incorporado al plenario. En el mismo sentido, si se pretende señalar que la entidad no respetó lo que se prescribía en los adendos, pues claramente se ha debido aportar tales documentos al plenario. 10.2 El demandante indica que esos documentos han debido incorporarse al expediente en la diligencia de inspección judicial que pidió al tribunal a quo desde el inicio mismo del proceso, mediante el libelo introductorio; afirma en el escrito de apelación que la autoridad judicial se abstuvo de ordenar esa prueba y que esa decisión lo perjudicó. La Sala aprecia que mediante auto del 9 de septiembre de 1999, el tribunal decretó: “Teniendo en cuenta la inspección judicial pedida, el Despacho se abstiene a su decreto por ahora; en su lugar, siguiendo el interés de la parte actora, Decreta una prueba pericial que versará sobre los hechos materia de la inspección judicial” (fols. 73-74, cdno. 1). 10.3 Entonces, si no estaba de acuerdo con lo decidido mediante esta providencia, el actor ha debido hacer uso de los recursos que el ordenamiento jurídico le concedía para rebatirla, pero en lugar de eso guardó silencio sobre el particular. También observa la Sala que no aportó los pliegos de condiciones, los adendos, ni las propuestas como anexos de la demanda, ni pidió que se ordenara a la entidad que los incorporara al expediente. En tal sentido, no resulta imputable a la autoridad judicial la falta de los documentos dentro del acervo, puesto que correspondía al demandante, de acuerdo con la iniciativa que le es exigible en materia probatoria, procurarlos para el proceso con las herramientas jurídicas a su disposición. 10.4 No resulta necesario hacer mucho esfuerzo para sustentar que un acto administrativo se encuentra cobijado con la presunción de legalidad. El inciso segundo del artículo 4º de la Constitución Política prescribe que “es deber de los nacionales y extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades”, de suerte que la forma de expresión paradigmática de las autoridades, el acto administrativo, debe ser respetado y obedecido o, en otros términos, que el acto administrativo es obligatorio y vinculante. De manera más concreta, el Decreto 01 de 1984, en su artículo 66, prescribe que “los actos administrativos serán obligatorios mientras no hayan sido anulados o suspendidos por la jurisdicción en lo contencioso administrativo…”. (…)
10.5 Por lo anterior, quien tiene el propósito de que una autoridad judicial declare la nulidad de un acto administrativo, ha de probar la veracidad de los cargos que invoca para ello, tal y como se desprende de las normas sustanciales —Código Civil, “artículo 1757. Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquellas o ésta”— y procedimentales —Código de Procedimiento Civil, “artículo 177. “Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”—, pertinentes. (…)»
Un proponente al demandar en acción de nulidad y restablecimiento del derecho la indebida aplicación de los pliegos de condiciones, no puede abstenerse de aportar al expediente los pliegos y las propuestas respectivas, y argumentar que tal falencia, que conlleva la falta de acreditación de la ilegalidad del acto administrativo de adjudicación, fue responsabilidad del a quo al no incorporarlo en una diligencia de inspección judicial, porque:
Si un demandante quiere obtener una sentencia en la que se declare que los pliegos de condiciones no fueron aplicados debidamente al analizar las propuestas, es indispensable que se aporten los pliegos y las propuestas al expediente. En el mismo sentido, si se pretende señalar que la entidad no respetó lo que se prescribía en los adendos, pues claramente se ha debido aportar tales documentos al plenario.
El auto mediante el cual el tribunal se abstuvo de decretar la inspección judicial, y en su lugar decretó una prueba pericial, era susceptible de ser recurrido por parte del actor, quien en su lugar guardó silencio. En tal sentido, no resulta imputable a la autoridad judicial la falta de los documentos dentro del acervo, puesto que correspondía al demandante, de acuerdo con la iniciativa que le es exigible en materia probatoria, procurarlos para el proceso con las herramientas jurídicas a su disposición.
Un acto administrativo se encuentra cobijado con la presunción de legalidad, por lo que, quien tiene el propósito de que una autoridad judicial declare su nulidad, ha de probar la veracidad de los cargos que invoca para ello.
Nota del editor. Sin perjuicio de lo anterior, la Sala estudió fundamentalmente la prueba pericial y los testimonios, las cuales tampoco dieron vía libre a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, en tanto desmienten los argumentos del actor y reivindican la validez del acto de adjudicación demandado.
Primero.—CONFIRMAR la sentencia del 17 de septiembre de 2002, dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, de conformidad con los argumentos expuestos en la presente providencia.
CE SIII E 21317 DE 2012 CE SIII E 21128 DE 2011
Constitución Política. Artículo 4º.
Decreto 01 de 1984. Artículo 66.
Código Civil. Artículo 1757.
Documento: CE SIII E 24021 DE 2013
Cuando se pretende la nulidad por indebida aplicación de los pliegos de condiciones y por indebida..