Source: https://identidadbiologica.blogspot.com/2014_11_01_archive.html
Timestamp: 2017-09-23 11:12:41
Document Index: 176790478

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'artículo 1', 'ARTÍCULO 1', 'Artículo 15', 'artículo 2', 'ARTÍCULO 2', 'Artículo 16', 'artículo 3', 'artículo 2', 'Artículo 17', 'artículo 5', 'ARTÍCULO 5', 'Artículo 18', 'artículo 6', 'ARTÍCULO 6', 'Artículo 19', 'artículo 9', 'ARTÍCULO 9', 'Artículo 20', 'artículo 14', 'ARTÍCULO 14', 'artículo 2', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'artículo 7', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'artículo 11', 'artículo 11']

Identidad de Origen - Un Derecho de Todos: 11/01/2014 - 12/01/2014
La Senadora Nacional Norma Morandini ha presentado un Proyecto de Ley defendiendo la Universalidad del Derecho a la identidad: que la CoNaDi se ocupe de TODOS los casos de búsqueda de Identidad de Origen y la modificación de la Ley 26.548 de Traslado Del Banco Nacional de Datos Genéticos. Ya fue girado a la Comisión de DDHH del Senado de la Nación.
Este es un Proyecto superador a todos los presentados a la fecha tanto en Senado como en Diputados que el Bloque oficialista se ha negado a tratar hasta la fecha.
Incluye una modificación sobre quiénes deberán dirigir la CoNaDi a fin de garantizar transparencia en su gestión: "La Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad estará dirigida y administrada por un Presidente, designado por el Poder Ejecutivo, y un Directorio integrado por nueve (9) miembros", "El Presidente y los Directores durarán cinco (5) años en sus cargos y sólo podrán ser reelegidos por un período consecutivo." Además establece que todas las decisiones serán tomadas sin excepción por el voto de la mayoría simple de sus miembros.
Ya existe un lugar del Estado a nivel nacional: CoNaDi, existe un Banco Nacional de Datos Genéticos. Es hora que se atiendan Todos los casos de sustracción de Identidad sin excluir a nadie.
No se debe especular con los DDHH ni ser tomados como un negocio.
La Constitución Nacional (Ley Magna) es muy clara: todos los ciudadanos somos iguales y tenemos los mismos Derechos.
Que todos nuestros representantes se sumen y traten este Proyecto de Ley, por el Bien Común
(S-3817/14)
DERECHO A LA IDENTIDAD DE ORIGEN
Artículo 1º- La presente ley tiene por objeto garantizar el derecho a la identidad de origen a todas las personas nacidas en el territorio nacional. El Estado deberá proveer a quien presumiera que su identidad ha sido alterada o suprimida el acceso gratuito a toda
información relacionada con su búsqueda, obrante en cualquier registro público o privado.
Artículo 2º- Será autoridad de aplicación de la presente ley la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), órgano autónomo y autárquico dentro de la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
Artículo 3º- La Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad tendrá por objeto:
1. Coadyuvar en el cumplimiento del compromiso asumido por el Estado nacional al ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño -Ley 23.849- en lo atinente al derecho a la identidad;
2. Impulsar la búsqueda de hijos e hijas de desaparecidos y de personas nacidas durante el cautiverio de sus madres, en procura de determinar su paradero e identidad;
3. Intervenir en toda situación en que se vea lesionado el derecho a la identidad de las personas.
Artículo 4º- La Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad tendrá las siguientes funciones:
1. Recibir y centralizar denuncias sobre casos de alteración o supresión de la identidad de origen y llevar un registro de ellas;
2. Organizar un archivo de legajos de personas que buscan su identidad, el que se conservará de modo inviolable y confidencial;
3. Brindar asistencia psicológica integral y gratuita a todas las víctimas de alteración o supresión de identidad;
4. Proporcionar patrocinio jurídico gratuito especializado y, a pedido de la parte interesada, solicitar vistas de las actuaciones administrativas o judiciales relativas a los temas de su
5. Promover estrategias de trabajo y procesos de investigación arbitrando los instrumentos legales necesarios para la obtención de las pruebas que acrediten la alteración o supresión de la identidad;
6. Crear delegaciones en todo el territorio de la Nación;
7. Celebrar convenios de colaboración con las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los municipios y organizaciones no gubernamentales a fin de implementar programas de atención a quienes denuncien alteración o supresión de su identidad;
8. Proporcionar al Poder Judicial y al Ministerio Público Fiscal asesoramiento técnico especializado en los asuntos relativos a la temática de su competencia;
9. Requerir asistencia, asesoramiento y colaboración del Banco Nacional de Datos Genéticos;
10. Ordenar la realización de pericias genéticas al Banco Nacional de Datos Genéticos;
11. Requerir al Banco Nacional de Datos Genéticos informes periódicos sobre sus archivos.
Artículo 5º.- La Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad estará dirigida y administrada por un Presidente, designado por el Poder Ejecutivo, y un Directorio integrado por nueve (9) miembros:
a) Tres (3) representantes del Poder Ejecutivo: uno (1) por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, uno (1) por el Ministerio de Salud y uno (1) por la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia;
b) Dos (2) representantes del Ministerio Público Fiscal: uno (1) por la Procuración General de la Nación y uno (1) por la Defensoría General de la Nación;
c) Cuatro (4) representantes de Organizaciones no Gubernamentales con reconocida trayectoria en la lucha por los derechos humanos.
Los miembros del Directorio deberán ser personas con reconocido prestigio social, derivado de su trayectoria en el ámbito de los derechos humanos.
El Presidente y los Directores durarán cinco (5) años en sus cargos y sólo podrán ser reelegidos por un período consecutivo.
Todas las decisiones de la CONADI vinculadas con su objeto y funciones se adoptarán, sin excepción, por el voto de la mayoría simple de sus miembros.
Artículo 6º.- La presentación ante la CONADI se formulará por escrito y deberá aportarse los siguientes datos:
1. Nombre, apellido y domicilio del interesado;
2. Detallada y pormenorizada exposición de los hechos;
3. Testimonios, indicios o pruebas, si obraren en poder del interesado.
Artículo 7º.- Presentada la petición, la CONADI ordenará la producciónde la información que resulte útil y pertinente a fin de esclarecer la identidad de origen del interesado.
Artículo 8º.- Producida la totalidad de la prueba ofrecida y de la ordenada la CONADI comunicará en forma fehaciente al interesado, por resolución fundada, la conclusión de su denuncia por alteración o supresión de su identidad de origen. El resultado no será oponible a
terceros, debiendo a tal fin promoverse las acciones pertinentes.
Artículo 9º.- Toda persona que presuma que su identidad ha sido alterada o suprimida tiene derecho a acceder a la información pertinente al interés acreditado asentada en registros de entrada y salida de los hospitales; historias clínicas de parturientas; libros de partos, de nacimientos, de neonatología y de defunciones, archivados en cualquier establecimiento sanitario de gestión pública o privada.
Artículo 10º- Los establecimientos sanitarios de gestión pública y privada deben exigir de manera fehaciente la identificación de la persona que solicite la información, quien debe realizar una declaración jurada por escrito en la que haga constar los motivos de su pedido, la que será archivada en la institución con carácter confidencial.
Artículo 11.- En ningún caso se podrá denegar o retardar injustificadamente la información que hubiera en los registros. La información solicitada por el interesado, respecto de su identidad de origen, debe ser puesta a su disposición en un plazo no mayor a treinta (30) días hábiles.
Artículo 12.- Los establecimientos sanitarios de gestión pública y privada deben preservar los registros de entrada y salida; historias clínicas de parturientas; libros de partos, de nacimientos, de neonatología y de defunciones, que se hubieran producido en dichos
establecimientos, poniéndolos siempre a disposición de la persona que lo requiriera o de la CONADI.
Dichos registros deben ser preservados de acuerdo a las técnicas de conservación y seguridad vigentes por un plazo mínimo de diez (10) años en el nosocomio y luego deberán ser remitidos para su archivo definitivo al Ministerio de Salud de la Nación, manteniendo una copia digitalizada en el nosocomio de origen.
Artículo 13.- En caso de que la documentación buscada no se encuentre en los registros en uso o archivos regulares de los establecimientos mencionados en el artículo precedente se deberá consignar por escrito lo siguiente:
a) Causa atribuible a la ausencia de documentación;
b) Destino certero o presunto de los archivos que no se encuentran; e
c) Identificación de los funcionarios responsables de la ausencia, extravío o destrucción de la documentación, si se conocieren.
DEL BANCO NACIONAL DE DATOS GENÉTICOS
Artículo 14.- Modifíquese el artículo 1º de la ley 26.548, el que quedará redactado de la siguiente manera:
"ARTÍCULO 1º — Créase el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), el que funcionará como organismo autónomo y autárquico dentro de la órbita del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva."
Artículo 15.- Modifíquese el artículo 2º de la ley 26.548, el que quedará redactado de la siguiente manera:
"ARTÍCULO 2º — Objeto. Constituye el objeto del Banco Nacional de Datos Genéticos la obtención, almacenamiento y análisis de la información genética que facilite la determinación y esclarecimiento de conflictos relativos a la filiación y la determinación de perfiles o patrones genéticos a los fines de la dentificación de personas, y que permita:
a) La búsqueda e identificación de hijos y/o hijas de personas desaparecidas, que hubiesen sido secuestrados junto a sus padres o hubiesen nacido durante el cautiverio de sus madres
como prueba para el esclarecimiento de delitos de lesa humanidad;
b) La búsqueda de datos e investigaciones a fin de constatar la verdadera identidad de origen de cualquier persona que presumiera que le ha sido alterada o suprimida su identidad por hechos concomitantes o posteriores a su nacimiento;
c) Auxiliar a la justicia y/o a organizaciones gubernamentales y no gubernamentales especializadas en la materia objeto de esta ley en la identificación genética de los restos de personas víctimas de desaparición forzada."
Artículo 16.- Modifíquese el inciso c) del artículo 3º de la ley 26.548, el que quedará redactado de la siguiente manera:
"c) Actuar a través de su director general técnico y el resto de los profesionales que lo integren como peritos oficiales exclusivos ante los jueces competentes en las causas penales que tengan por objeto la identificación de las personas mencionadas en el artículo 2º de la presente ley, emitiendo dictámenes técnicos y realizando las pericias genéticas que les sean requeridas;"
Artículo 17.- Modifíquese el artículo 5º de la ley 26.548, el que quedará redactado de la siguiente manera:
"ARTÍCULO 5º — Archivo Nacional de Datos Genéticos. En este archivo se registrará la información genética de aquellas personas cuya extracción haya sido solicitada por la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad y/o en el marco de una causa judicial.
Este archivo contendrá la información genética relativa a:
a) La búsqueda e identificación de hijos o hijas de personas desaparecidas como consecuencia del accionar represivo ilegal del Estado, secuestrados junto con sus padres y/o de nacidos durante el cautiverio de sus madres. Al efecto de posibilitar el entrecruzamiento de los datos, el archivo contendrá la información genética de los familiares de los hijos o hijas de
personas desaparecidas, así como la de aquellas personas que pudieran ser las víctimas directas;
b) La búsqueda, recuperación y análisis de información que permita establecer la identidad y lo sucedido a las personas desaparecidas como consecuencia del accionar represivo ilegal
c) La identificación de los restos de embriones fruto de procesos de gestación no llegados a término como consecuencia del accionar represivo ilegal del Estado perpetrado en contra de
d) La búsqueda, recuperación y análisis de información que permita establecer la identidad de origen de cualquier persona que presumiera que ésta le ha sido alterada o suprimida por
hechos concomitantes o posteriores a su nacimiento;
El Archivo Nacional de Datos Genéticos llevará registros específicos y diferenciados de la información relativa a los tipos de situaciones descriptas, sin perjuicio del entrecruzamiento de
datos en cada caso particular cuando las circunstancias del hecho así lo aconsejaren.
El Banco Nacional de Datos Genéticos deberá adoptar e implementar, todas las medidas que resulten necesarias a los fines de garantizar su inviolabilidad e inalterabilidad.
La información genética ingresada quedará registrada en el Archivo Nacional de Datos Genéticos con el único objeto de asegurar su comparación con los datos que se incorporen en el futuro."
Artículo 18.- Modifíquese el artículo 6º de la ley 26.548 el que quedará redactado de la siguiente manera:
"ARTÍCULO 6º — Inclusión de datos. Cualquier familiar directo de personas desaparecidas o presuntamente nacidas en cautiverio o cualquier persona que presumiera le ha sido alterada o suprimida su identidad tendrán derecho a solicitar y a obtener los servicios del Banco Nacional de Datos Genéticos en los términos a los que se refiere esta ley, incluyendo el registro de sus datos en el Archivo Nacional de Datos Genéticos.
El Banco Nacional de Datos Genéticos garantizará el cumplimiento de las facultades de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad reconocidas por la presente ley."
Artículo 19.- Modifíquese el artículo 9º de la ley 26.548, el que quedará redactado de la siguiente manera:
"ARTÍCULO 9º — Reserva de la información. El Banco Nacional de Datos Genéticos no proporcionará información a particulares sobre los datos registrados, ni tampoco a entidades públicas o privadas cualquiera sea la índole de las razones alegadas.
La información genética almacenada sólo podrá ser suministrada por requerimiento judicial, en causa determinada, a los fines exclusivos de respaldar las conclusiones de los dictámenes
periciales elaborados por el mismo y posibilitar su control por los peritos de parte.
Las personas que presuman ser hijos o hijas de personas desaparecidas como consecuencia del accionar represivo ilegal del Estado y/o personas presuntamente nacidas durante el
cautiverio de sus madres o cualquier persona que presumiera le ha sido alterada o suprimida su identidad tendrán acceso exclusivo a los informes, dictámenes y resultados de pruebas
genéticas que los involucrasen directamente, lo que deberán acreditar ante el organismo."
Artículo 20.- Modifíquese el artículo 14º de la ley 26.548, el que quedará redactado de la siguiente manera:
"ARTÍCULO 14º - Eficacia de la medida de prueba. Cuando se trate de una de las medidas de prueba ordenadas por un juez competente o por la Comisión Nacional por el Derecho a la
Identidad en virtud del objeto definido en el artículo 2º, el Banco Nacional de Datos Genéticos deberá entrecruzar la información genética obtenida con todo el Archivo Nacional de Datos
Genéticos.".
Artículo 21.- La presente ley es de orden público y de aplicación obligatoria en todo el territorio nacional. Se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a sancionar, para el ámbito de sus exclusivas competencias, las normas correspondientes, que de ninguna manera podrán limitar o restringir los derechos consagrados en ésta.
Artículo 22.- Deróguese el artículo 7º de la ley 26.548.
Artículo 23.- Abróguese las leyes 23.511, 25.457, normas reglamentarias y toda otra norma que se oponga a la presente ley.
Artículo 24.- El Poder Ejecutivo debe reglamentar la presente ley dentro de los sesenta (60) días hábiles posteriores a su sanción.
Artículo 25.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norma E. Morandini. –
Toda persona tiene, desde que nace, derecho a tener una identidad. A poseer aquellos atributos que lo distinguen de los demás y que, al mismo tiempo, los incluye en la sociedad que integra: un nombre, una nacionalidad, una fecha de nacimiento, un género, son aquellos que reconocemos con mayor habitualidad. La identidad es la afirmación de la existencia, constituye la determinación de la personalidad individual, imprescindible para las relaciones jurídicas que la sociedad impone.
Reflexionar y legislar sobre el derecho a la identidad nos obliga a considerar todas las esferas de su conformación, en tanto se trata de una construcción simbólica que determina la proyección de la subjetividad del individuo en la sociedad.
La identidad es un elemento dinámico, que se inicia desde el momento de la concepción -las "raíces" de una persona- hasta que alcanza su mayor eficiencia simbólica cuando se produce la identificación. Es decir, el registro de sus atributos mediante la ley. Así, debemos
sostener que la identificación de la persona surge, jurídicamente, con la inscripción en la partida de nacimiento, pero la identidad se construye a lo largo del tiempo y se proyecta en el futuro, por lo que es una construcción fluida y cambiante, que incluso no se agota con el fin
de la existencia física.
Las personas poseen una imagen y un nombre mediante los cuales son identificados socialmente, pero también cuentan con un patrimonio ideológico-cultural, constituido por sus pensamientos, opiniones, creencias y comportamientos que se exteriorizan en el mundo. Se
trata de la "verdad personal del sujeto", tal como la denomina el jurista peruano Carlos Fernández Sessarego. La identidad supone la exigencia del derecho a la propia “biografía”; es la situación jurídica subjetiva por la que toda persona tiene derecho a una proyección
El derecho a la identidad es un bien personal, que como presupuesto de la personalidad, merece ser tutelado por el derecho objetivo. Es la articulación del derecho a la libertad; al respeto a la integridad física, psíquica y moral; a la seguridad personal; a tener un nombre; a la
protección de la familia y al derecho a la verdad. Intrínsecamente vinculado con la dignidad de la persona, el derecho a la identidad debe ser protegido como uno de los derechos humanos fundamentales. La Convención sobre los Derechos del Niño es el principal instrumento
internacional jurídicamente vinculante que incorpora toda la gama de derechos humanos -civiles y políticos- así como los derechos económicos, sociales y culturales, entre los cuales destacamos el derecho a la identidad como cabal expresión del respeto a la dignidad.
No obstante, existen otros tratados internacionales que consagran directa o indirectamente el derecho a la identidad. Entre ellos, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 1948, la que mediante distintos preceptos delimita este derecho: “toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición…” (Art. 2º);
“todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica.” (Art. 6º); “toda persona tiene derecho a una nacionalidad. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad” (Art. 15º).
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 1966, establece que “todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional o social, posición económica o nacimiento, a las medidas de protección que su
condición de menor requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad y del Estado; que todo niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y deberá tener un nombre y que todo niño tiene derecho a adquirir una nacionalidad” (Art. 24º).
La Convención Americana de Derechos Humanos, de 1969, también reconoce algunos de los atributos del derecho a la identidad: “Derecho al Nombre. Toda persona tiene derecho a un nombre propio y a los apellidos de sus padres o al de uno de ellos. La ley reglamentará la
forma de asegurar este derecho para todos, mediante nombres supuestos, si fuere necesario.” (Art. 18º); “Derecho a la Nacionalidad. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. […] a la nacionalidad del Estado en cuyo territorio nació si no tiene derecho a otra. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiarla.”
La Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, ya mencionada, ha establecido el alcance de este derecho al disponer que “el niño […] tendrá derecho desde que nace […] en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos” y que los Estados
Parte velarán por la aplicación de estos derechos de acuerdo con la legislación nacional y las obligaciones que hayan contraído en virtud de los instrumentos internacionales pertinentes en esta esfera…” (Art. 7º); como así también que los “Estados Partes se comprometen a respetar los derechos del niño a preservar su identidad, […] de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas” y “cuando un niño sea privado ilegalmente de alguno de estos elementos de su identidad o de todos ellos, los Estados Partes deberán prestar la asistencia y protección apropiadas y con miras a restablecer rápidamente su identidad” (Art. 8º); y por último, que los “Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de
estos…” (Art. 9º). Por otro lado, el Art. 29 que señala que: “Todos los hijos de trabajadores migratorios tendrán derecho a tener un nombre, al registro de su nacimiento y a tener una nacionalidad.”.
En nuestro país, la ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes consagra el derecho a la identidad en su artículo 11: "Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a un nombre, a una nacionalidad, a su lengua de origen, al conocimiento de quiénes son sus padres, a la preservación de sus relaciones familiares de conformidad con la ley, a la cultura de su lugar de origen y a preservar su identidad e idiosincrasia, salvo la excepción prevista en los artículos 327 y 328 del Código Civil.”
Como dijimos, en el plano de la identidad se desarrolla la “verdad personal” del individuo, que debe ser entendida como el conocimiento de aquello que se es realmente, lo que la persona pugna por construir pero al mismo tiempo descubrir y conocer. Comprende también una
multiplicidad de elementos de carácter cultural y espiritual. La persona se inserta en un patrón cultural, en el contexto de una construcción inter e intra generacional que le permite el acceso a la condición humana y es la carga emocional que recibimos al nacer.
Así podemos definir al derecho a la identidad como el derecho subjetivo a ser uno mismo y presentarse así frente a los terceros. La protección legal del derecho a la identidad, y particularmente a la identidad de origen, debe estar naturalmente orientada a impedir la
desnaturalización o el falseamiento de la persona y, por tanto, su proyección en la sociedad. Se pretende evitar que se desdoble la verdad histórica de las personas, mediante la consagración de herramientas jurídicas que garanticen la defensa de su identidad personal por sobre todo hecho o acto que pretenda o tienda destruirla u ocultarla. Se trata, como sostiene Fernández Sessarego, de “la defensa de la mismidad de la persona frente a toda acción tendiente a desfigurarla” (“Derecho a la identidad personal”, 1992).
Presentar a la persona, frente a la sociedad, con características o atributos que no le son propios u ocultando parcial o totalmente rasgos determinantes de su personalidad es lo que suele llamarse “false ligth in the public eye” -una falsa luz en la mirada del público-; es la
violación del derecho a la identidad personal en su faz dinámica. Fue el jurista Raymundo Salvat quien -en la década del 20- caracterizó a los derechos de la personalidad como derechos dinámicos que se amplían junto con el avance de la sociedad; a medida que la
humanidad progresa y comprende se amplía la esfera del solidarismo social (Salvat, R. “Tratado de derecho civil argentino”, 1924). El autor se refiere al individuo en sus orígenes y alude a aquellos componentes de su propio ser que lo hacen único y, a la vez, perteneciente a la sociedad.
Más allá de la preponderancia que le demos en la doctrina a la lucha por la protección de los derechos humanos, es innegable la trascendencia del conocimiento sobre la verdad de origen en el contexto de la protección de las personas. Como manifestamos, la singularidad del derecho a conocer nuestra identidad de origen no sólo se observa en nuestro país -en el marco de los delitos cometidos durante la última dictadura militar-, sino también a nivel internacional. Sin embargo, la realidad es que hoy en la Argentina hay personas que, por diversas causas, se encuentran desaparecidas o han sido víctimas de los delitos de alteración o supresión de identidad, por lo que requieren la asistencia del Estado para encarar la investigación que les permita conocer su origen. Más aún, muchos hijos y nietos continúan y continuarán siendo víctimas del desastre institucionalizado por el cual se encuentra oculta su verdad filiatoria. En estos casos, los organismos del Estado deberían facilitar y colaborar en la búsqueda, localización u obtención de información que les permita identificar a sus padres u otros familiares, no sólo ya de las niñas, niños o adolescentes sino también de los adultos que procuran el encuentro o reencuentro con sus orígenes, sin que detrás de ello necesariamente
se pretenda deducir una acción civil filiatoria. Esta es la demanda que organizaciones de derechos humanos, como es el caso de “¿Quiénes somos?” -de reconocida labor y trayectoria-, han expuesto ante la sociedad y ante las autoridades responsables de canalizar sus búsquedas.
Tal como mencionamos, el artículo 11 de la ley 26.061 consagró, dentro del marco jurídico nacional, el derecho a la identidad de las niñas, niños y adolescentes al establecer que “tienen derecho a un nombre, a una nacionalidad, a su lengua de origen, al conocimiento de quiénes son sus padres, a la preservación de sus relaciones familiares de conformidad con la ley, a la cultura de su lugar de origen y a preservar su identidad e idiosincrasia, salvo la excepción prevista en los artículos 327 y 328 del Código Civil”. Con el espíritu de otorgar operatividad a este derecho, la ley coloca en cabeza de los organismos del Estado la tarea de colaboración en la búsqueda de los datos que permitan un cabal ejercicio de este derecho: “Los Organismos del Estado deben facilitar y colaborar en la búsqueda, localización u obtención de información, de los padres u otros familiares de las niñas, niños y adolescentes facilitándoles el encuentro o reencuentro familiar. Tienen derecho a conocer a sus padres biológicos, y a crecer y desarrollarse en su familia de origen, a mantener en forma regular y permanente el vínculo personal y directo con sus padres, aun cuando éstos estuvieran separados o divorciados, o pesara sobre cualquiera de ellos denuncia penal o sentencia, salvo que dicho vínculo, amenazare o violare alguno de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que consagra la ley”.
En nuestro país es el Estado Nacional el encargado de garantizar a todas las personas el derecho a la identidad formal mediante la identificación civil. El Registro Nacional de las Personas es el organismo que inscribe a todas las personas físicas que se domicilien en el territorio argentino o en jurisdicción argentina y a todos los argentinos cualquiera sea el lugar de su domicilio. Esta identidad civil queda consagrada a través del Documento Nacional de Identidad (DNI). Así, en tanto el Estado es el responsable de garantizar la identificación de todas las personas al nacer, también le cabe responsabilidad por omisión, frente a la alteración o supresión de esa identidad. Por esta razón, es el Estado quien debe poner a disposición del ciudadano todos los mecanismos y las herramientas que faciliten la obtención de la verdad material, sin la cual no hay identidad plena posible.
En este contexto, cabe preguntarnos: ¿es necesario crear un entramado de nuevas instituciones u organismos para el ejercicio de la función estatal de asistir a las víctimas de los delitos de alteración o supresión de la identidad? ¿Existe algún organismo o dependencia de
la administración pública con competencia en la materia, dotado de la capacidad y los recursos suficientes para canalizar las demandas de los ciudadanos que procuran conocer su identidad de origen?
Lo cierto es que existen instituciones estatales especializadas en la investigación y asistencia de las víctimas de alteración o supresión de la identidad, pero su objeto ha sido circunscripto, en forma restrictiva, a las víctimas de la última dictadura militar y, por lo tanto, a los
nacimientos ocurridos con anterioridad al 10 de diciembre de 1983.
En el ámbito funcional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos funciona la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), cuyo objetivo es la asistencia en la investigación sobre casos de alteración o supresión de la identidad. Sin embargo, la ley
25.457 establece que ésta debe abocarse con exclusividad a la búsqueda y localización de niños desaparecidos durante la última dictadura militar así como a toda situación en que se vea lesionado el derecho a la identidad de un menor. Es así que nos encontramos ante un organismo del Estado que, a pesar de contar con capacidad jurídica para entender en la materia, encuentra restringido su objeto al punto de dejar desamparadas a todas aquellas personas que no cuentan con la asistencia estatal necesaria para la obtención de la verdadera identidad de origen.
No menos importante, como herramienta para la investigación, es el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), creado en el año 1987 mediante la ley 23.511 “con el fin de obtener y almacenar información genética que facilite la determinación y esclarecimiento de conflictos
relativos a la filiación”. En 2009, mediante la ley 26.548, aquella universalidad fue drásticamente eliminada. Desde entonces, se fijó como objetivo del BNDG “la obtención, almacenamiento y análisis de la información genética que sea necesaria como prueba para el
esclarecimiento de delitos de lesa humanidad cuya ejecución se haya iniciado en el ámbito del Estado nacional hasta el 10 de diciembre de 1983, y que permita la búsqueda e identificación de hijos y/o hijas de personas desaparecidas, que hubiesen sido secuestrados junto a sus padres o hubiesen nacido durante el cautiverio de sus madres; y actuar como auxiliar a la justicia y/o a organizaciones gubernamentales y no gubernamentales especializadas en la materia objeto de esta ley en la identificación genética de los restos de
personas víctimas de desaparición forzada”.
Esta restricción en el objeto del BNDG, junto con la limitación de hecho de la CONADI, que debería encargarse de asistir a todas las víctimas de los delitos de alteración y supresión de la identidad sin distinción del período en que dichos delitos hubieran ocurrido, provocan que los más de 3.000.000 de personas -de entre 30 y 60 años de edad, según datos no oficiales- que desconocen su identidad de origen no encuentren respuesta del Estado y deban iniciar por sus propios medios investigaciones con resultados inciertos y costos que superan sus capacidades económicas. Estos casos han quedado al margen de las políticas de restitución de identidad del Estado argentino, que desde hace mas de 10 años ha demostrado con los
hechos que sólo asistirá en la búsqueda de niños apropiados durante la última dictadura militar, sin advertir que le corresponde dar respuesta a todo derecho lesionado, más allá del período histórico en que ocurrió el delito que lo generó.
En este sentido, también le cabe al Poder Legislativo a través de las normas que sanciona consagrar el derecho a la identidad de origen y dotar a los organismos del Estado de las funciones y los recursos que la dinámica social impone. Algunas instituciones, como la CONADI, nacieron al calor de la democratización; de aquella tragedia que fue la dictadura militar sobrevino la necesidad de poner las mejores energías para reparar lo que los años del Terror habían provocado: las muertes, las desapariciones, los nacimientos en cautiverio, la apropiación de niños. Esa fue su tarea y le cabe al propio Estado e incluso a los ciudadanos que acudieron en su auxilio evaluar o juzgar su eficiencia o, por el contrario, su discrecionalidad en todo este lapso. Lo cierto es que a más de 30 años del fin de la dictadura ha llegado la hora de que aquellas instituciones se pongan al servicio de todos los ciudadanos, sin distinción de tragedias. No se trata de minimizar -no podríamos hacerlo- los alcances de los delitos de lesa humanidad que provocó la dictadura. Se trata, precisamente, de que esa experiencia acumulada por el Estado democrático en la búsqueda de la verdad sea de provecho de todas las personas a quienes se les ha sustituido o alterado su verdadera identidad, sin márgenes temporales. A fin de garantizar el acceso a los expedientes administrativos o historias clínicas que pueden servir como indicios para alcanzar la verdad material, y en tanto la búsqueda es superior a toda acción de filiación, es que resulta necesario y pertinente el proyecto de ley que proponemos.
No sólo se plantea el reconocimiento del derecho a la identidad de origen sino que, de esta manera, nuestras normas internalizan los compromisos adquiridos por el Estado al incorporar a nuestra Constitución Nacional los tratados internacionales de Derechos Humanos.
Por otro lado, ningún derecho resulta plenamente operativo si no se crea un régimen que garantice su ejercicio, así como las herramientas a las que la persona puede recurrir para su protección y goce. Por tal motivo, y en razón de lo expuesto, se plantea la universalización del
objeto de los dos organismos del Estado nacional que resultan idóneos y competentes en razón de la materia para actuar.
En primer orden se establece que la CONADI será la autoridad de aplicación de la presente ley de “derecho a la identidad de origen”. Así, se transforma un organismo del Estado nacional con competencia en la materia, pero restricción en su acceso, en una dependencia que
deberá asistir y contener a toda persona que, en búsqueda de su identidad, requiera su intervención. Se amplía el objeto y sus funciones, hoy circunscriptas al cumplimiento de los principios establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, a la búsqueda de hijos e hijas de desaparecidos y de personas nacidas durante el cautiverio de sus madres en la última dictadura militar y a toda situación en la que se vea lesionado el derecho a la identidad de los menores, lo que entendíamos excluía un universo de víctimas a las que el Estado no les daba respuesta ni contención.
Se elimina la discrecionalidad en la adopción de las resoluciones de admisión o rechazo de toda presentación ciudadana y por último se reestructura la conformación del órgano estatal con el propósito de otorgarle una mayor representatividad a todas las áreas del Estado
nacional que cuentan con capacidad para actuar al respecto, al tiempo que se reserva un espacio de participación para las organizaciones de la sociedad civil que actúan como veedoras u órganos de contrapoder de las decisiones gubernamentales.
Como herramientas para la investigación se garantiza al afectado el acceso gratuito a todos los registros que pudieran conducir al esclarecimiento de la verdad de origen y se restituye la universalidad del objeto del Banco Nacional de Datos Genéticos –actualmente acotado al esclarecimiento de delitos de lesa humanidad cuya ejecución se haya iniciado en el ámbito del Estado nacional hasta el 10 de diciembre de 1983- lo que permitirá la investigación y
producción de prueba en sede administrativa sin necesidad de dar intervención al poder jurisdiccional.
El terrorismo de Estado, sustentado por una ideología que hace de la identidad humana un rasgo superfluo, robó, torturó y mató, pero sobre todo, ocultó lo que había hecho. La práctica autoritaria de la mentira y el ocultamiento. Fue la luz pública de la democracia la que trajo a la
superficie lo que se ocultó deliberadamente.
Porque somos parte de ese legado, de ese camino que inició la democratización, cuando el Estado debió reparar lo que había provocado, hoy debemos consagrar lo que es de todos: el derecho a la identidad. Se haya nacido en cautiverio, fruto de una violación, producto del abandono o simplemente se trate de un ciudadano que busca su verdad. Las víctimas no tienen distinción y los instrumentos de reconocimiento y garantía de los Derechos Humanos deben estar en consonancia con el principio que los sustentan: la igualdad y la universalidad.
En síntesis, con la firme convicción de que el Estado ya cuenta con las herramientas necesarias para dar respuesta a quienes procuran su identidad de origen, creemos necesario ampliar aquello que fue restringido y poner a nuestras instituciones, por fin, al servicio del
derecho a la identidad, el más universal de los derechos.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Publicadas por Graciela Palma Arizaga a la/s 11:06 a.m.
Ordenanza en Rosario para la búsqueda de la Verdadera Identidad de Origen
La Comisión de DDHH del HC Deliberante de Rosario en reunión de Comisión firmaron hoy, 11 de noviembre de 2014 la conformidad para que se apruebe en sesión la Ordenanza propuesta por la Agrupación ¿Quiénes Somos? (Entidad de Bien Público N°134) y que presentara oportunamente la concejal radical María Eugenia Schmuck.
Este salto de calidad en materia legislativa coloca a Rosario junto a otros distritos del país en un grupo selecto de municipios que pueden ayudar a quienes estamos buscando nuestra verdadera identidad de origen por fuera del marco 74/83.
Esta Ordenanza de avanzada, superadora en materia legislativa, ayudará a todas aquellas personas que nacieron en Rosario y buscan su verdadera identidad de origen.
Graciela Palma Arizaga (Ciudadan sin Identidad)
Publicadas por Graciela Palma Arizaga a la/s 4:43 p.m.
Audiencia Pública Todos por el Banco Nacional de Datos Genéticos
Este viernes 14 de noviembre de 2014 a las 11hs. el diputado nacional Néstor Pitrola, del Frente de Izquierda y los Trabajadores, junto a las organizaciones nucleadas en la Mesa Todos por el Banco, convocan a una Audiencia Pública con el objetivo de informar a la comunidad del real estado de situación ante los comunicados falaces del Secretario de DDHH de la Nación y del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.
En la audiencia se discutirán iniciativas parlamentarias destinadas a revertir el avance sobre el derecho universal a la identidad suscitado a partir de la sanción de la regresiva ley 26.548, que restringe el campo de actuación del banco a casos de lesa humanidad ocurridos hasta el año 1983, excluyendo de su competencia a las víctimas de desaparición forzada durante la democracia, trata de personas, apropiaciones de recién nacidos, adopciones ilegales, entre otros supuestos
Por el derecho universal a la identidad
¡No al traslado y vaciamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos!
Viernes 14 de noviembre, 11 hs Av.Rivadavia 1841, Edificio Anexo, Sala 6, Piso 3°
Mesa Todos por el Banco:
Mirta Baravalle, Madre de Plaza de Mayo LF;
Agrupación por los DDHH ¿Quiénes Somos?;
APEL (Asociación Profesionales en Lucha);
Ex Detenidos-Desaparecidos;
Colectivo Memoria Militante;
Graciela Palma Arizaga (¿Quiénes Somos?) 154 991 6567
Margarita Pinto 155 982 5936
Publicadas por Graciela Palma Arizaga a la/s 7:41 p.m.
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