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Timestamp: 2019-03-22 12:37:44
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Categoría: Temas jurídicos Publicado: 16 Septiembre 2013	 Escrito por Ángel Visto: 3637
tolerancia empresarial previa
CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS DEL DESPIDO DISCIPLINARIO
Dado que vamos a estudiar con profundidad las causas del despido disciplinario reguladas en el Estatuto de los Trabajadores, es importante que analicemos con detenimiento que entendemos por despido disciplinario.
Ya hemos estudiado sobre la existencia de un poder disciplinario dentro de la empresa ostentado por el empresario, con la finalidad de ordenar la actividad del trabajador, a quien contrata a cambio de determinada remuneración, para que le ejecute un servicio o realice una obra. El contenido de este poder se manifiesta en la posibilidad de imponer sanciones (en este caso disciplinarias) al trabajador que no cumpla con sus obligaciones. Se desprende, por tanto, que el poder disciplinario del empresario nace de una necesidad práctica, y es que, es lógico que quién contrata al trabajador y tiene un poder jerárquico sobre el mismo, tenga la posibilidad real de asegurarse que realice correctamente sus obligaciones. Sino lo contempláramos de esta forma, la jerarquía seria una ficción jurídica, ya que no es concebible la existencia de una autoridad que no cuente con medios para hacer valer sus facultades.
Podemos definir al despido disciplinario como: “negocio jurídico subordinado al contrato de trabajo por el cual el empresario, de forma unilateral, extingue el contrato de trabajo como consecuencia de un previo incumplimiento grave y culpable del trabajador”. De la definición podemos extraer las siguientes características:
1) El despido disciplinario siempre aparece como subordinado al contrato de trabajo. Es fundamental que el mismo se encuentre vigente, que se mantenga viva la relación laboral, como ya estudiamos antes.
2) El despido disciplinario es siempre individual. El empresario o la persona en quien éste delegue, es el emisor de la declaración de voluntad que debe ser dirigida directa y exclusivamente a un trabajador específico, por un incumplimiento también concreto e individual. Ni que decir tiene que varios sujetos pueden ser despedidos por un mismo hecho, pero debe imputarse a cada trabajador de forma individualizada una participación de la que se derive la comisión de una falta y, por tanto, un incumplimiento contractual.
3) Es una declaración de voluntad recepticia, como ya hacíamos mención antes. Para que tenga efectos es necesario que la decisión extintiva sea comunicada al trabajador y que éste tenga conocimiento de la misma. Se exige por tanto, como ya hemos estudiado, un proceso formal que de lugar a la elaboración de una carta de despido y su notificación pertinente al trabajador, como garantía para éste de conocimiento de los hechos que se le imputan y así poder defenderse en juicio. De hecho, como también hemos dicho ya, el incumplimiento de estos trámites formales tendrá importantes consecuencias en la revisión judicial del despido y su posterior calificación, ya que estos defectos provocaran la improcedencia del despido por la limitación producida al trabajador en su derecho a la defensa.
4) Como también sabemos, su ejercicio tiene importantes acotaciones de tipo temporal. La reacción empresarial tiene que producirse dentro de un lapso de tiempo desde que advirtió el incumplimiento, tal como indica el artículo 60, apartado 2, del Estatuto de los Trabajadores, transcurridos 60 días desde que tuvo conocimiento del incumplimiento o, en todo caso, a los 6 meses de su comisión, la falta prescribe y, por tanto, no es ya susceptible de sanción.
5) Es la máxima sanción que puede ser impuesta por parte del empresario al trabajador que incumpla con los deberes que tiene con el primero. La jurisprudencia también ha seguido esta misma dirección. Así, a modo de ejemplo, cito la Sentencia del Tribunal Supremo, de fecha 20 de diciembre de 1989 donde ya sentenciaba frontalmente: “por despido se entiende la extinción del contrato de trabajo por decisión unilateral del empresario, y este concepto que es ya clásico y tradicional dentro del ámbito del Derecho del Trabajo, no ha perdido vigencia en la actualidad ni ha sido desvirtuado por lo que se expresa en el artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores, ya que el despido disciplinario que en él se regula es una especialidad o particularidad dentro de la figura general del despido”.
De esta manera lo expresa también el Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 54, apartado primero, donde expresamente indica: “el contrato de trabajo podrá extinguirse por decisión del empresario, mediante despido basado en un incumplimiento grave y culpable del trabajador”. Analizando el precepto vemos que indica como premisa fundamental que se deberá tratar de un incumplimiento contractual grave y culpable del trabajador. Esto será lo que estudiaremos a continuación. Además y también lo adelanto ya, los incumplimientos contractuales que legítimamente justifican un despido disciplinario se enumeran en un listado legal, concretamente en el apartado segundo del mismo artículo 54, que serán las causas que estudiaremos después. Como ya dijimos al estudiar el principio de tipicidad de las faltas y sanciones, los convenios colectivos pueden regular que faltas laborales de los trabajadores que facultan al empresario para su despido, precisando los genéricos supuestos legales con un mayor grado de detalle, pero nunca pueden configurar causas que no se contemplen en los supuestos que genéricamente la Ley determina. Por tanto, podemos resaltar los elementos esenciales que configuran la figura del despido disciplinario, que los siguientes:
1) Como ya hemos visto, el despido es una extinción por voluntad unilateral, no aplicándose, por tanto, otros mecanismos extintivos basados en un mutuo acuerdo.
2) Pero no sólo eso, no sólo es una extinción basada en la voluntad unilateral de una parte del contrato de trabajo, sino que debe proceder inexcusablemente de uno de los contratantes de la misma: el empresario. Por tanto, no existe despido cuando la extinción parte por voluntad unilateral del trabajador, dado que el ordenamiento reserva únicamente este mecanismo al empresario.
3) El incumplimiento contractual, tal y como establece el Estatuto de los Trabajadores, que justifica la extinción debe ser grave y culpable. Por tanto, no cualquier incumplimiento justifica el despido, sino aquellos que por ser graves y culpables pueden dar lugar a un despido calificado como procedente. Por grave entendemos un incumplimiento con una entidad suficiente que justifique la extinción de la relación laboral. Se debe incumplir una obligación relevante de la relación laboral y que tenga una cierta intensidad. Respecto de la gravedad es posible encontrar alguna referencia expresa, además de la regla general del artículo 54, apartado primero del Estatuto de los Trabajadores, entre las diferentes causas de despido disciplinario; así, se habla de faltas “repetidas” de asistencia o puntualidad, o de disminución “continuada” en el rendimiento normal o pactado, o de embriaguez “habitual” y toxicomanía que repercutan “negativamente” en el trabajo.
Además, nos dice el precepto que el incumplimiento debe ser culpable. Es decir, debe ser imputable al trabajador por dolo, culpa o negligencia. Al igual que la gravedad, también aquí hay ciertas causas de despido disciplinario que hacen referencia a esta cuestión; por ejemplo, se habla no sólo de faltas repetidas de asistencia o puntualidad, sino que además, dichas faltas han de ser “injustificadas”, o también se habla de la disminución continuada y “voluntaria”, del rendimiento normal o pactado. Ello supone que aún cuando haya un incumplimiento del trabajador, y dicho incumplimiento sea grave, el despido sólo será posible si ha intervenido una voluntad dolosa por parte del trabajador, o al menos negligente.
Como señala el Tribunal Supremo en su Sentencia de fecha 17 de diciembre de 1985: “la nota de culpabilidad del incumplimiento contractual debe concurrir acumulativamente con la de gravedad”. Y como venimos repitiendo en diversas ocasiones y así lo ha establecido el mismo Tribunal, en su Sentencia de fecha 3 de junio de 1987: “en cualquier caso, para ponderar las notas de gravedad y culpabilidad deben tenerse presentes todos los aspectos objetivos y subjetivos, así como los antecedentes del caso y las circunstancias coetáneas concurrentes en el supuesto examinado”. Si que se ha de puntualizar que para analizar si una determinada conducta en causa justa de despido disciplinario no es necesario que la misma se cometa con carácter doloso, sino que también pueden ser sancionadas con despido las acciones simplemente culposas o negligentes, cuando se trate de una negligencia grave, debiéndose valorar su trascendencia y gravedad, así como sus consecuencias.
Así lo ha establecido el Tribunal Supremo en Sentencia de fecha 28 de junio de 1988: “no cualquier defecto en la prestación de trabajo puede calificarse como incumplimiento del deber de diligencia, susceptible de justificar la sanción por despido, sino solamente aquellos que por la reiteración de la conducta negligente o por elementos de cualificación vinculados normalmente al resultado de una imprudencia inexcusable revisten una especial gravedad”.
Si bien es cierto y así lo ha confirmado la jurisprudencia que la negligencia se agrava especialmente cuando el trabajador afectado tiene una especial cualificación profesional, imponiéndose una diligencia exigible con mayor rigor, de acuerdo con la responsabilidad del cargo desempeñado y confianza depositada en quien los ocupa. Por ejemplo, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en su Sentencia de fecha 21 de Noviembre de 1994 estableció en un caso presentado: “es causa de despido disciplinario la conducta de un técnico profesional operativo, al que se le encarga inspeccionar un inmueble para detectar una fuga de gas de la que se había dado aviso telefónico por los vecinos y que omite inspeccionar una parte de la instalación, dado que no obro según la diligencia mínima adecuada a la cualificación profesional del actor y que, por tanto, le era exigible”.
Esta exigencia de culpabilidad hace que no podamos considerar un despido como procedente en aquellos supuestos en los que el trabajador tiene algún tipo de enfermedad psíquica que le disminuye o le elimina su capacidad volitiva. Así, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, de fecha 26 de abril de 2005: “no se aprecia que el trabajador haya incurrido en incumplimiento culpable alguno, puesto que su situación deriva de una enfermedad psíquica que ha dado lugar a varias situaciones recientes de incapacidad temporal, la última precisamente el 2 de diciembre de 2003, esto es, unos días más tarde de ocurrir los hechos que para despedirlo ha imputado la empresa, lo que no es sancionable en modo alguno con un despido disciplinario, por no concurrir la característica de culpabilidad exigible al incumplimiento laboral, sin perjuicio de que la empresa utilice otros cauces legales a su disposición”.
Igualmente, no se considera que se haya producido un incumplimiento culpable cuando éste obedece a un error en la propia empresa, tal y como establece la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia, de fecha 31 de marzo de 1999: “la actora permaneció de baja por maternidad hasta el día 4 de noviembre de 1998, que en conversación mantenida en el mes de octubre de dicho año con el asesor laboral de la empresa, éste comunicó a la actora que no tenía que reincorporarse hasta el 16 de noviembre, como así hizo y ese mismo día fue despedida por haberse ausentado del trabajo los 13 días relatados (…) Ciertamente la demandante debió reincorporarse a trabajar a partir del 4 de noviembre y si no lo hizo fue porque el asesor laboral de la recurrente así lo manifestó. Es clara la falta de culpabilidad en su conducta, suficiente para exonerarla”.
Como decía antes, para que el incumplimiento del trabajador sea una causa que justifique la sanción de despido, debe tener como requisito el tratarse de conductas que alcancen cotas de gravedad y culpabilidad suficientes, excluyendo así su aplicación bajo meros criterios objetivos, exigiendo, por tanto, un análisis individualizado de cada conducta, tomando en consideración todas las circunstancias concurrentes en el hecho acaecido, así como las de su propio autor, pues así y solo de esta forma, se apreciará de una manera correcta la proporcionalidad de la sanción, ya que las causas que establece el artículo 54, apartado segundo del Estatuto de los Trabajadores, aunque describen claros incumplimientos contractuales, no denotan de forma abstracta, la conjunta concurrencia de culpabilidad y gravedad suficientes.
Como recalca el Tribunal Supremo, en Sentencia de fecha 12 de febrero de 1990: “se ha de aplicar, por tanto, la denominada teoría gradualista atendiendo a las circunstancias concretas del caso, como antigüedad del trabajador en la empresa, escaso perjuicio económico sufrido por la misma, inexistencia de otras sanciones anteriores por el mismo hecho, etc. pues solo desde tal perspectiva cabe apreciar la proporcionalidad de la sanción”. Por tanto, en la aplicación de esta teoría gradualista debemos tener en consideración la situación subjetiva del trabajador. Imaginemos por ejemplo un caso de ofensa verbal. Como el Tribunal Supremo ha señalado, en su Sentencia de fecha 10 de diciembre de 1991: “los procesos depresivos merman los impulsos e intereses vitales y se traducen en una incapacidad para la comunicación, recluyendo a quien lo padece en un hermetismo que crea desconfianza frente a los otros y que frecuentemente desencadena episodios de violenta agresividad, y a los que su autor se ve abocado más por su patología que en ejercicio de su libertad”. Veríamos por tanto, en este supuesto, como no podríamos aplicar meros criterios objetivos, sino que tendríamos considerar las situaciones subjetivas del trabajador y llegar así a un correcto juicio de proporcionalidad en relación a la sanción a imponer. Por tanto, si acreditado que en el hecho, el autor se encontraba en medio de una crisis de ansiedad o que padece dicha patología, se deberá imponer una sanción menor que el despido disciplinario. Deberá atenuarse, atendidas las circunstancias del caso concreto.
Por el contrario, para indicar un ejemplo inverso, en relación con las sustracciones o apropiaciones indebidas, tal y como ha establecido el Tribunal Supremo de forma acertada, en su Sentencia de fecha 1 de junio de 1987: “no cabe apreciar como circunstancia atenuadora la escasa entidad económica de lo apropiado, porque la esencia de la trasgresión a la buena fe contractual no radica en la acusación de un daño evaluable económicamente, sino en la vulneración de la lealtad debida de la buena fe, recíprocamente exigible en cualquier relación contractual y significadamente en la laboral, de manera que la conducta del trabajador determina la perdida del mínimo de confianza precisa para el mantenimiento de la relación de trabajo, puesto que en estos casos esa pérdida de confianza, por su especial y esencial naturaleza, no admite grados de valoración y una vez producida se rompe el equilibrio de las relaciones trabajador-empresario, impidiendo el restablecimiento posterior, es decir, constatada la pérdida de confianza y la trasgresión de la buena fe contractual, el incumplimiento es per se grave, no siendo de aplicación la teoría gradualista”. Ya estudiamos la importancia del principio de buena fe en las relaciones contractuales como principio de general observancia, que vemos la importancia que tiene en estos casos a la hora de su valoración. Aun dicho esto, también es cierto que la jurisprudencia viene suavizando esta regla de tanto rigor y en determinados supuestos de muy escasa importancia económica se ha aplicado la teoría gradualista ante la concurrencia de otras circunstancias.
Vamos a tratar ahora otro concepto importante que tiene mucha relación con esta concepción de la gravedad y culpabilidad que estoy analizando aquí. Se trata de lo conocido por la doctrina y la jurisprudencia como “tolerancia empresarial previa”.
Como ya sabemos, el incumplimiento del trabajador no lleva consigo de forma automática la extinción del contrato de trabajo, solo habilita al empresario a extinguir este. Si la conducta del trabajador resulta probada y la misma tiene encaje en la descripción de las faltas muy graves que se establezca en el cuadro sancionador aplicable al caso, corresponde al empresario la facultad de imponer la sanción que considere apropiada, dentro del margen que establezca la norma reguladora del régimen de faltas y sanciones.
Con este concepto de tolerancia previa empresarial, nos referimos a que el empresario puede tolerar la conducta del trabajador o limitarse a imponer sanciones de menor gravedad que el despido, si así se prevé y admite por el convenio colectivo de aplicación. Si, por tanto, el empresario tolera estos comportamientos de forma previa, no puede luego contradecir sus propios actos, imponiendo un despido de carácter sorpresivo, cuando anteriormente venía admitiendo la conducta irregular del trabajador, por que si así lo hiciera, atentaría frontalmente contra la buena fe y la lealtad que recíprocamente se deben ambos, como ya sabemos. Por tanto, cuando exista una costumbre de tolerar estos comportamientos de forma previa, el empresario deberá advertir al trabajador de que dicha tolerancia se dará por acabada, de manera que ha de calificarse como improcedente un despido que sancione por primera vez y sin advertencia previa la conducta de un trabajador que era conocida por la empresa y se había desarrollado durante largo tiempo sin conllevar ninguna reacción por parte del empresario. Hemos de apuntar, que esta tolerancia previa para vincular al empresario debe ser de una consistencia suficiente para deducir de la misma una voluntad de no sancionar determinados tipos de conducta.
Sobre estos supuestos de tolerancia previa se ha pronunciado en multitud de ocasiones la jurisprudencia. Como vengo haciendo, indicare algunos ejemplos para ver más nítida la comprensión del concepto estudiado. Así, por ejemplo, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, de fecha 4 de julio 2005: “no constituye causa lícita de despido disciplinario el que un directivo que habitualmente come en un restaurante y carga su cuenta a la tarjeta de la empresa, realice comidas a la carta en lugar de acudir a fórmulas más baratas como el menú, puesto que está acreditado que la política empresarial incluye la celebración de comidas, almuerzos y reuniones del personal de alto nivel con cargo a la empresa y que la empresa desde hace varios años venia permitiendo comer a la carta”. El Tribunal Supremo, en su Sentencia de fecha 20 de febrero de 1991 establece: “cuando la empresa no concede importancia a las faltas de asistencia y puntualidad, limitándose a descontar su importe del salario, tratándose de una actuación pacifica, no puede variar sorpresivamente su actuación, procediendo a sancionar dichas faltas sin previa advertencia”. La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, de fecha 26 de febrero de 2008, en términos similares afirma: “tampoco es causa de despido la existencia de retrasos reiterados al reincorporarse al trabajo después de la comida del mediodía, si existía un régimen de tolerancia en esta materia, constitutiva de un uso de empresa, hallándose los trabajadores en la confianza de que podían actuar como lo hacían, máxime cuando además entraban a trabajar por la mañana antes de hora y salían por la tarde más allá de la hora prevista, de manera que se cumplía con creces la jornada. En tal situación la empresa no puede transformar la conducta tolerada en constitutiva de despido sin previa advertencia”.
4) Como también hemos analizado ya, el despido disciplinario es un acto formal, requiriéndose la comunicación escrita del mismo al trabajador para su conocimiento.
5) Esta voluntad extintiva del empresario basada en el incumplimiento del trabajador, el despido, produce efectos extintivos. Es decir, el despido extingue el contrato, aunque después el trabajador reclame contra éste y se produzca una Sentencia, esta no producirá efectos extintivos, sino que es el despido el que produce dichos efectos.
6) Tiene una finalidad claramente sancionadora: es la sanción más grave y de mayor intensidad que puede imponer el empresario a un trabajador por un incumplimiento de éste último. Por ello, el ordenamiento no da libertad absoluta al empresario para extinguir el contrato de trabajo, sino que las causas que lo extinguen se basan en un incumplimiento grave y culpable de las obligaciones del trabajador, como ya sabemos. Por ello y como ya estudiamos, si el empresario extingue el contrato de trabajo sin una causa justa en forma de incumplimiento grave y culpable, el ordenamiento impone al empresario bien la readmisión del trabajador si se declara nulo el despido, o bien, la opción entre una indemnización fijada legalmente o la readmisión del trabajador cuando el despido sea declarado como improcedente.
7) Como también hemos estudiado ya, debido al carácter sancionador del despido disciplinario, las faltas que cometan los trabajadores prescriben según lo establecido en el artículo 60, apartado segundo del Estatuto de los Trabajadores.
8) El despido es en sí mismo considerado, un acto causal, es decir, debe existir una causa justa para que el empresario en uso de su regular facultad disciplinaria decida resolver el contrato de trabajo. Por tal razón, los despidos que no tengan causa alguna deben ser tildados de arbitrarios, de ilegales, porque no se fundamentan en un motivo legalmente previsto, sino en la decisión pura y simple del empresario de dar por extinguido el contrato de trabajo, aún con las consecuencias de todo orden que ello conlleva. Si como ha tenido ocasión de señalar el Tribunal Constitucional, “el despido es la manifestación más grave del poder disciplinario del que dispone el empresario por las serias consecuencias que puede tener sobre la situación del trabajador, tanto en lo referente a su modo de vida, como a su estatuto jurídico, es evidente que debe existir un listado de causas por las cuales el empresario pueda dar por resuelto su vínculo con el trabajador, siempre y cuando tales faltas reúnan las necesarias características de gravedad y culpabilidad”.
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