Source: https://www.animalpolitico.com/seguridad-justicia-y-paz/amnistia-para-quien/
Timestamp: 2020-06-05 01:22:08
Document Index: 12748694

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'in fine', 'artículo 479', 'artículo 2', 'artículo 19', 'artículo 474', 'artículo 73', 'artículo 477']

Amnistía ¿para quién? - Animal Político
Aunque es útil, la Ley de Amnistía beneficia principalmente a la Fiscalía General de la República, pues de tajo elimina la carga de trabajo de estos casos y sobre todo el rezago, pues esta ley sólo es aplicable para las conductas cometidas con anterioridad a su entrada en vigor.
Por Cristina Reyes Ortiz
La pacificación del país ha sido uno de los temas centrales del discurso de Andrés Manuel López Obrador desde su campaña presidencial. Para lograrlo, uno de los mecanismos más controvertidos que propuso fue una amnistía. La controversia hacia esta propuesta no se hizo esperar en varios sectores: desde aquellos que criticaban la medida por generar espacios de impunidad pues “se dejarían libres a los delincuentes”, hasta quienes cuestionan la efectividad de la amnistía como un único mecanismo de paz y reconciliación. Ante ello, y desde antes de que comenzara formalmente este sexenio, la Secretaria de Gobierno, Olga Sánchez Cordero, aclaró que la amnistía aplicaría únicamente a campesinos que fueron encarcelados por sembrar mariguana o amapola, a jóvenes detenidos en posesión de cannabis, y a mujeres indígenas que fueron empleadas para transportar estupefacientes.
Finalmente, el coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, confirmó el pasado 15 de septiembre que se recibió el proyecto de Ley de Amnistía propuesta por el presidente López Obrador. En lo general, se apega completamente a lo anunciado en su campaña, sin embargo, es necesario mirar de cerca lo propuesto para analizar si realmente se logrará el cometido de contribuir a la paz y reconciliación del país.
Una de las novedades que no se habían anunciado en campaña, pero que sí forman parte de la agenda anunciada por Olga Sánchez Cordero, es el tema del aborto. En la fracción I del artículo 1° de la propuesta de Ley dice que se beneficiarán de la amnistía aquellas personas que hayan sido acusadas o se les pudiere acusar ante tribunales federales por el delito de aborto, en cualquiera de sus modalidades, previsto en el Código Penal Federal. Este beneficio aplica cuando el delito sea imputado a la mujer que interrumpió su embarazo, así como a las personas médicas o parteras, siempre y cuando no hayan practicado el aborto de manera coercitiva.
Además de lo problemático, estigmatizante y sexista que representa el término “madre del producto del embarazo interrumpido” usado en este proyecto de Ley, existen otras limitantes que deben ser cuestionadas.
En primer lugar, para todos los delitos que se contemplan en esta Ley de Amnistía es requisito para su procedencia que no haya reincidencia por el mismo delito. Es decir, si una persona ha cometido el delito de aborto en más de una ocasión, no puede ser beneficiaria de esta Ley. Esto no sólo es contrario al principio de reinserción social y los principios constitucionales del derecho penal de acto, sino que, para el caso de aborto, resulta estigmatizante, moralista e intrusivo a la libre determinación de las mujeres sobre su propio cuerpo. El mensaje que se envía con esta restricción a la amnistía es contrario a lo que se pretende lograr con la inclusión del delito de aborto en la Ley: reconocer que el Estado no tiene potestad de controlar el cuerpo de las mujeres y debe proteger a aquellas que deciden, por cualquier razón, interrumpir el curso de su embarazo.
En segundo lugar, esta amnistía es sólo aplicable para los delitos perseguidos por la Federación. En el caso de aborto esto hace que el impacto de incluir este delito, para los cientos de mujeres que son criminalizadas por interrumpir su embarazo en el país, sea marginal. De acuerdo con respuestas de acceso a la información obtenidas por la organización GIRE, de enero de 2007 a diciembre de 2016, existían 216 mujeres en proceso penal por el delito de aborto en todo el país, así como 98 mujeres con sentencia definitiva por este delito. De este número, sólo 15 mujeres se encontraban sujetas a un proceso penal en el fuero federal. De acuerdo a estos datos, no existía, en ese mismo periodo, ninguna sentencia definitiva dictada por algún tribunal federal por el delito de aborto.1 Es evidente que el impacto a nivel federal es mucho más reducido a lo que se podría lograr con disposiciones similares a nivel local.
Es importante mencionar que ni el Presidente ni el Congreso de la Unión tienen facultades para intervenir en la persecución penal de las entidades federativas y, por lo tanto, es extremadamente limitado lo que pueden hacer para extender el beneficio de la amnistía a las personas que están siendo criminalizadas en el fuero local por el delito de aborto. Incluso, se prevé en el artículo segundo transitorio que el Presidente, a través de la Secretaria de Gobernación, promueva ante los gobiernos y legislaturas locales la expedición de leyes similares de amnistía. Sin embargo, es importante también destacar que otra de las limitantes de la amnistía para los delitos previstos en este proyecto de Ley es que sólo aplicará para aquellas conductas cometidas antes de la entrada en vigor de la Ley. Es decir, no tendrá aplicación a futuro, por lo que con esta amnistía no se elimina la criminalización del aborto a nivel federal.
Por último, para el caso de aborto, esta Ley de Amnistía deja fuera a otras personas que puedan asistir a la mujer que decide de manera voluntaria interrumpir su embarazo. La Ley de amnistía se refiere específicamente a médicos y parteros, es decir, no aplica para enfermeras o personas de confianza que asistan a las mujeres durante este proceso, con el consentimiento de estas últimas.
En el caso de los delitos contra la salud, dice el proyecto de Ley de Amnistía, serán beneficiarias las personas que hayan sido acusadas o puedan ser acusadas por los delitos contemplados en los artículos 194, fracciones, I y II, 195, 195 bis y 198 del Código Penal Federal. Es decir, la producción, transporte, tráfico, comercio, suministro, prescripción, introducción, extracción, posesión con fines de comercio y posesión sin fines de comercio de narcóticos; así como la siembra, cultivo y cosecha de plantas de cannabis, amapola, hongos alucinógenos, peyote o cualquier otro vegetal que produzca efectos similares. Lo anterior, siempre y cuando se cumpla con lo siguiente:
Quien los haya cometido se encuentre en situación de pobreza, o de extrema vulnerabilidad por su condición de exclusión y discriminación, por estar discapacitados de manera permanente, o cuando el delito se haya cometido por indicación de su cónyuge, concubino o concubina, pareja sentimental, pariente consanguíneo o por afinidad sin limitación de grado, o por temor fundado, así como quien haya sido obligado por grupos de delincuencia organizada a cometer el delito;
Quien pertenezca a cualquier grupo étnico y se encuentre en alguna de las hipótesis mencionadas en el inciso anterior, o
Las personas consumidoras que hayan poseído narcóticos en cantidades superiores hasta en dos tantos la dosis máxima de consumo personal e inmediato, a que se refiere el artículo 479 de la Ley General de Salud, siempre que no haya sido con fines de distribución o venta;
Es importante reconocer que estas disposiciones pretenden beneficiar a muchas personas que forman parte de los eslabones más débiles de la cadena del mercado ilegal de drogas. Sin embargo, es importante señalar que existen muchas contradicciones, pues, el artículo 2° de esta propuesta de Ley establece que la amnistía no será aplicable para los delitos contemplados en el artículo 19 de la Constitución, que ameritan prisión preventiva oficiosa, lo cual incluye a los delitos contra la salud que pretenden beneficiar con la amnistía. También, es notorio que se dejó fuera a las personas que son perseguidas por el delito de posesión simple de narcóticos. Esto no es una omisión menor, puesto a que este delito es altamente perseguido por las procuradurías locales, pues es un delito fácil de probar, la mayoría de ellos implican una detención en flagrancia y es útil para “amarrar” la detención de personas por otros delitos.
De acuerdo al artículo 474 de la Ley General de Salud, el delito de posesión simple se persigue por las autoridades locales, siempre y cuando no le toque al Ministerio Público Federal atraer el caso por tratarse de delincuencia organizada, se trate de cantidades de narcótico superior a multiplicar por mil los límites superiores de la tabla de dosis personal e inmediata o, simplemente, a la Federación le interese conocer del asunto. Es así que cuando la autoridad federal atrae un caso o conoce de delitos contra la salud, aplica el Código Penal Federal y las autoridades estatales, la Ley General de Salud.
A primera vista se podría decir que la Ley de Amnistía no podría incluir los delitos contra la salud previstos en la Ley General de Salud, debido a que son competencia de las entidades federativas. Sin embargo, esto no es así. El artículo 73, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la facultad al Congreso de la Unión de emitir las leyes relativas a la salubridad general. Es así que es el Congreso Federal el encargado de modificar la Ley General de Salud. Entonces, ¿quién podría emitir alguna ley de amnistía relativa a las conductas delictivas previstas en la Ley General de Salud?: el Congreso de la Unión.
Para el caso de las personas que consumen drogas y que, por lo tanto, cometen el delito de posesión simple, previsto en el artículo 477 de la Ley General de Salud, no es suficiente con que se aplique la amnistía respecto a los delitos federales, pues su criminalización sucede a través de la aplicación de este artículo aplicado por las autoridades locales. A diferencia del caso de aborto, el Congreso de la Unión sí tiene la capacidad de incidir en la persecución de las personas que consumen drogas, en todo el país, en todos los fueros.
Robo y delitos cometidos por personas pertenecientes a grupos indígenas
Por último, hablaré del caso de la amnistía prevista para los casos de robo simple, sin violencia, y de personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas, por cualquier delito, cuando durante su proceso no hayan accedido plenamente a la jurisdicción del Estado, por no haber sido garantizado su derecho a contar con intérpretes o defensores que tuvieran conocimiento de su lengua y cultura.
Por supuesto que resulta positivo que la Federación reconozca que las personas que pertenecen a las comunidades indígenas y que no han tenido acceso a una debida defensa deben ser beneficiadas por la amnistía. Sin embargo, la amnistía no es el camino adecuado para garantizar ni el acceso a la justicia de las víctimas, ni el debido proceso de las personas indígenas, ni la no repetición de la discriminación sistemática del sistema de justicia a las personas pertenecientes a los grupos históricamente más vulnerados.
Claramente, es mucho más barato para el Estado aplicar una Ley de Amnistía que aplicar los mecanismos ya existentes de justicia. Para el caso del robo simple, sin violencia, existen otros mecanismos de acceso a la justicia que benefician tanto a víctimas como imputados. Evidentemente la prisión es una sanción excesiva para el robo simple sin violencia, por lo que ya existe en la Ley Nacional de Ejecución Penal, en la fracción I del artículo Décimo Transitorio, un mecanismo de excarcelación automática. Además, existen los mecanismos alternativos de solución de controversias y los acuerdos reparatorios, que son mucho más eficientes para el acceso a la justicia que un proceso penal ordinario. La amnistía para estos casos es innecesaria.
¿Realmente a quién beneficia la Ley de Amnistía?
Principalmente a la Fiscalía General de la República, pues de tajo elimina la carga de trabajo de estos casos, pero, sobre todo, el rezago. Pues, como se explicó anteriormente, esta amnistía sólo es aplicable para las conductas cometidas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley. La población que realmente se vería beneficiada por esta Ley, en estos términos, es verdaderamente reducida. Sin embargo, tampoco podemos negar que es realmente necesario contar con estos mecanismos de justicia transicional y que, sin importar el número limitado de personas, se trata de un beneficio útil pues es la libertad lo que está en juego.
Sólo que no podemos esperar que la amnistía sea la cura de todos los males. Esta debe ser vista como la primera piedra de una serie de medidas integrales que beneficien a más personas que han sido encarceladas por este tipo de delitos y que evite la criminalización de más personas en las mismas condiciones en un futuro. Para ello, esta Ley de Amnistía debió ir acompañada de la presentación de propuestas de reforma para la eliminación de estos delitos. No hay que olvidar que el Legislativo tiene la tarea pendiente de reformar la política de drogas y eso necesariamente debe pasar por terminar con la persecución de estas conductas. Además de que será necesario el monitoreo de cerca y constante de la efectiva aplicación de esta Amnistía.
En el mismo sentido, el gobierno debe ser congruente y tomarse en serio la tarea de fortalecer el sistema de justicia y abandonar las estrategias populistas punitivas, como aquellas que tanto ha impulsado para multiplicar los supuestos en los que se aplica la prisión preventiva automática, por ejemplo.
* Cristina Reyes Ortiz (@Krissy_Ramone) es Abogada Senior del programa de Política de Drogas de @MUCD.
1 GIRE, “Maternidad o castigo: La criminalización del aborto en México”, México, 2018, p. 62. Consulta disponible aquí.