Source: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2009/c-930-09.htm
Timestamp: 2020-01-26 11:40:41
Document Index: 10531595

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 53', 'artículo 13', 'artículo 38', 'artículo 38', 'artículo 57', 'artículo 57', 'artículo 51', 'artículo 57', 'artículo 51', 'artículo 57', 'artículo 57', 'artículo 3', 'artículo 105', 'artículo 13', 'artículo 416', 'artículo 57', 'artículo 57', 'ARTÍCULO 57', 'artículo 57', 'artículo 1', 'artículo 25', 'artículo 23', 'artículo 25', 'artículo 53', 'artículo 93', 'artículo 57', 'artículo 23', 'Artículo 3', 'Artículo 105', 'artículo 5', 'artículo 53', 'artículo 1', 'artículo 53', 'Artículo 58', 'artículo 30', 'artículo 17', 'artículo 30', 'artículo 53', 'artículo 25', 'artículo 53', 'artículo 13', 'artículo 323', 'Artículo 323', 'artículo 227', 'artículo 323', 'artículo 1', 'artículo 140', 'ARTÍCULO 140']

C-930-09
2.2.1. Violación del artículo 1º de la Constitución: Para el demandante, este artículo superior, que consagra como principio fundamental del Estado “el respeto de la dignidad humana, el trabajo y la solidaridad”, se ve desconocido por la disposición acusada, pues los empleadores que hacen uso de la facultad otorgada por la norma para descontar o hacer trabajar en tiempo fuera del habitual a aquellos trabajadores que se encuentran en situación de calamidad doméstica, lesionan la dignidad del empleado y su patrimonio en forma injustificada.
2.2.2. Violación del artículo 2º de la Carta: Puesto que este artículo superior prescribe que las autoridades deben procurar que se cumplan “los deberes sociales del Estado y de los particulares”, considera el actor que tal postulado es vulnerado cuando, al amparo de la norma acusada, tratándose de trabajadores que laboran habitualmente los domingos, las empresas hacen compensar el tiempo utilizado por ellos para cumplir con el deber de participar en las jornadas electorales. Afirma que es injusta, inconstitucional y “desmotivante”, la situación en que un particular es “llamado a cumplir el deber civil de ejercer como Jurado de Votación, y es sometido a recuperar el tiempo en otros días de descanso”.
2.2.3. Violación de los artículos 5º y 42 de la Carta: En estos artículos constitucionales se establece que la familia es la base de la sociedad y se consagra el deber estatal de brindarle una protección integral. Como la ley laboral actual no define qué es la calamidad doméstica, no determina su alcance respecto al grado de consanguinidad y tampoco especifica cuántos son los días de licencia para un trabajador que se acoge a esta figura, dice el actor que es el empleador quien al final determina el número de días, y además puede decidir si las remunera o no; lo cual, a su juicio, atenta contra los derechos del trabajador a proteger a su familia en caso de amenaza contra la salud de sus miembros por enfermedad, accidentes, siniestros como incendios, etc. .
2.2.4. Violación del artículo 53 de la Constitución: Al parecer del demandante, la norma acusada es violatoria de los derechos de los trabajadores a que se refiere esta norma superior, porque “permite, sin ningún formalismo de solemnidad, más que el reglamento impuesto por el mismo empleador, transgredir derechos irrenunciables del trabajador”.
2.2.5. Violación del artículo 13 de la Constitución: Dice aquí la demanda que las empresas deben estipular en su respectivo reglamento interno de trabajo, debidamente aprobado por el Ministerio de la Protección Social, las condiciones en las que se deben conceder las licencias por calamidad doméstica; lo cual, estima el actor, quiere decir que cada empresa puede tener un tratamiento diferente respecto al tema, atentando así contra el principio de igualdad. Por otro lado, los empleados públicos tienen derecho a solicitar permisos remunerados de diversa duración, siempre y cuando exista una justa causa. Afirma que el período máximo de estos permisos es de tres (3) días para la Rama Ejecutiva, según lo establecen los Decretos Extraordinarios 2400 y 3074 de 1968. Con base en lo expuesto concluye que “es notoria la desigualdad de tratamiento para con los empleados sujetos al Código Sustantivo de Trabajo, los cuales dependen de la opción del empleador de escoger entre descontar los días de permiso o compensarlos en tiempo”.
2.2.6. Violación de los artículos 25 y 38 de la Carta: La primera de estas disposiciones superiores indica que “toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas”. La segunda prescribe que “se garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo de las distintas actividades que las personas realizan en sociedad”. La demanda arguye que la norma acusada desconoce la primera de estas disposiciones, porque no contempla los necesarios permisos para asistir a citas médicas; al parecer del actor, el no otorgamiento de tales permisos atenta contra la salud, vida e integridad del trabajador. Y en cuanto al desconocimiento del artículo 38 por la norma demandada, explica que los permisos sindicales estipulados en la legislación laboral hacen posible que los trabajadores desarrollen el derecho de asociación; por lo tanto, sin estos permisos sería nulo el mencionado derecho, contrariándose así el artículo 38 de la Carta; ahora bien, “como es evidente, descontando del salario los días para ejercerlo u obligando al asociado a laborar en su tiempo de descanso”, se desconoce también dicha garantía de asociación.
3.1. INTERVENCIÓN DE LA CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES –CUT-.
5.3. ESTUDIO SISTEMÁTICO DE LA DISPOSICIÓN ACUSADA. ALCANCE NORMATIVO DE LA MISMA. MODIFICACIONES PARCIALES INTRODUCIDAS POR NORMAS POSTERIORES.
5.3.1. El artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo, del cual forma parte el numeral 6° parcialmente demandado dentro de este proceso, está contenido en el capítulo titulado “Ejecución y efecto del contrato” y regula las “obligaciones especiales del empleador”. Dentro de ellas, el mencionado numeral 6° se refiere a las licencias que necesariamente deben concederse al empleado en diversas circunstancias, que son señaladas en forma taxativa en la norma. La expresión parcialmente acusada dispone que “Salvo convención en contrario, el tiempo empleado en estas licencias puede descontarse al trabajador o compensarse con tiempo igual de trabajo efectivo en horas distintas de su jornada ordinaria, a opción del empleador.”
5.3.2. El verdadero alcance normativo del numeral 6° del artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo exige interpretarlo en forma sistemática con el artículo 51 del mismo Código, referente a la “Suspensión del Contrato de Trabajo”. Esta última disposición, dentro de las causales que originan dicha suspensión, en su numeral 4° incluye la “licencia o permiso temporal concedido por el empleador al trabajador”. Así pues, conforme al numeral 6° del artículo 57, aquí acusado, el empleador en ciertas circunstancias allí mencionadas tiene la obligación de conceder licencias al trabajador; y de acuerdo con el artículo 51, dichas licencias implican la “suspensión del contrato de trabajo”.
5.3.3. Ahora bien, en cuanto a la extensión temporal de las licencias obligatorias a que se refiere el numeral 6° del artículo 57, parcialmente acusado en este proceso, prima facie la Corte observa que al respecto la disposición acusada guarda silencio, y tampoco los artículos 51 y 53 del mismo Código traen regulación alguna, de donde concluye que el asunto queda deferido a lo que dispongan los acuerdos de trabajo, el reglamento interno de trabajo, al acuerdo entre el empleado y el empleador o, en defecto de lo anterior, a las determinaciones unilaterales de éste último.
5.3.4. No obstante, la Corte detecta que, respecto de algunos de los supuestos de hecho regulados en la disposición aquí acusada, existen leyes especiales y posteriores que la modifican parcialmente, disponiendo otros efectos jurídicos distintos de los que se acaban de mencionar. Ciertamente, al respecto la Sala observa lo siguiente:
5.3.4.1. En relación con la licencia en caso de “grave calamidad doméstica debidamente comprobada”, la reciente Ley 1280 de 2009, “por la cual se adiciona el numeral 10 del artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo y se establece la Licencia por Luto”, consagró una regulación especial para el caso de “luto” del trabajador cuyo contrato se rige por dicho Código, excluyendo este supuesto de la causal genérica de “grave calamidad doméstica”, y disponiendo que en ese evento la licencia siempre será remunerada y tendrá una duración de cinco (5) días hábiles. En este sentido, la disposición dice así:
5.3.4.2. Por su parte, en lo relativo a la licencia “para el ejercicio del sufragio”, el artículo 3° de la Ley 403 de 1997 “por la cual se establecen estímulos para los sufragantes”, es del siguiente tenor:
5.3.4.3. En cuanto a la licencia “para el desempeño de cargos oficiales transitorios de forzosa aceptación” el inciso tercero del artículo 105 del Código Electoral dispone que “los jurados de votación que trabajen en el sector público o privado tendrán derecho a un (1) día compensatorio de descanso remunerado dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la votación.” (Negrillas y subrayas fuera del original)
5.3.4.4. En cuanto a las licencias para desempeñar comisiones sindicales inherentes a la organización, cuando se trate de servidores públicos cuya relación laboral se rija por el Código Sustantivo del Trabajo, es necesario tener en cuenta que el artículo 13 de la Ley 584 de 2000, “por la cual se derogan y se modifican algunas disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo”, adicionó el artículo 416 A al Código Sustantivo del Trabajo; dicha norma dispone lo siguiente:
(i) Por regla general, las licencias obligatorias a que se refiere el numeral 6° del artículo 57 del Código Sustantivo el Trabajo suspenden la ejecución del contrato de trabajo.
(ii) Lo anterior significa que, en principio, el empleador no está obligado a remunerarlas.
(iii) El empleador puede no remunerar dichas licencias, descontando del salario el tiempo empleado en ellas, u obligar al trabajador a compensarlo con tiempo igual de trabajo efectivo en horas distintas de su jornada ordinaria.
(iv) No obstante, las anteriores reglas no tendrán aplicación si entre los sujetos de la relación laboral existe “convención en contrario”.
(v) En cuanto a la duración de las licencias a que se refiere la disposición acusada, la ley no contiene una regla general, de manera que el asunto queda deferido a lo que dispongan los acuerdos de trabajo, el reglamento interno de trabajo, al acuerdo entre el empleador y el trabajador o, en defecto de lo anterior, a las determinaciones unilaterales del primero.
(vi) Tratándose del caso de licencia por luto, existe una nueva ley que modifica el numeral 6° del artículo 57 aquí acusado, y dispone una regla especial conforme a la cual para los trabajadores cuyo contrato se rige por el Código Sustantivo del Trabajo, la licencia obligatoria será remunerada y tendrá una duración de cinco (5) días hábiles.
(vii) Tratándose de licencia para el ejercicio del sufragio, también se profirió una nueva ley especial, conforme a la cual el ciudadano que haya hecho uso de ella tendrá derecho a media jornada de descanso compensatorio remunerado.
(viii) En lo relativo al desempeño de cargos oficiales transitorios de forzosa aceptación, en el caso concreto de los jurados de votación la ley concede el derecho a un (1) día compensatorio de descanso remunerado dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la votación. Y el relación con los cargos de claveros y escrutadores que presten sus servicios fuera de su horario habitual de trabajo, tienen derecho al beneficio de un día compensatorio de descanso remunerado, siempre y cuando no concurra con otra forma de compensación o beneficio.
(ix) Cuando se trate de licencias para desempeñar comisiones sindicales concedidas a servidores públicos cuya relación laboral se rija por el Código Sustantivo del Trabajo, las mismas deben ser remuneradas.
5.4. NECESIDAD DE PROFERIR UN FALLO DE FONDO
5.5. RESULTA NECESARIO CONFORMAR UNA UNIDAD NORMATIVA CON EL TEXTO COMPLETO DEL NUMERAL 6° DEL ARTÍCULO 57 DEL CST.
5.5.1. Precisado el alcance y vigencia de la disposición acusada, pasa la Sala a examinar las solicitudes presentadas por uno de los intervinientes y por el señor Procurador, para quienes la constitucionalidad de la norma acusada no puede ser examinada sin conformar primero una unidad normativa con otras disposiciones o apartes de ellas. En efecto, para la Central Unitaria de Trabajadores, antes de emitir cualquier concepto sobre la conformidad de la norma acusada con la Constitución, debe integrarse la unidad normativa entre ella y los artículos 51 y 53 del Código Sustantivo del Trabajo. Así mismo, para el señor Procurador es necesario hacer una integración normativa entre el aparte demandado del numeral 6° del artículo 57 y la primera parte del mismo numeral. A fin de analizar las anteriores solicitudes, la Sala enseguida recordará brevemente su jurisprudencia relativa a la unidad normativa y la proposición jurídica completa.
5.5.2. La unidad normativa y la proposición jurídica incompleta. En ciertas oportunidades, las demandas recaen sobre apartes de una disposición legal que carece de un sentido regulador propio y autónomo; es decir, el demandante impugna un contenido normativo que no es por sí mismo inteligible y separable. En estos supuestos, el retiro del ordenamiento jurídico de tal aparte demandado produciría como efecto que la norma acusada perdiera sentido. Se está entonces en presencia del fenómeno jurídico que la Corte ha denominado proposición jurídica incompleta, que ha definido así:
5.5.3. Precisadas las diferencias entre las nociones de “proposición jurídica incompleta” y “falta de unidad normativa”, los supuestos en que se presentan, y las posibilidades que en estos eventos tiene la Corte de integrar las disposiciones acusadas con otras, a fin de llevar a cabo el estudio de constitucionalidad que le compete, pasa la Sala a verificar si en este caso está en presencia de uno de esos dos fenómenos, de manera que se imponga realizar una unidad normativa, como se lo sugieren un interviniente y la vista fiscal.
5.6. LA OBLIGACIÓN DEL EMPLEADOR DE CONCEDER LAS LICENCIAS LABORALES ES UNA GARANTÍA LEGAL DERIVADA DE LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE SOLIDARIDAD Y DIGNIDAD, ASÍ COMO DEL RESPECTO A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL TRABAJADOR. LÍMITES A LA FACULTAD DE SUBORDINACIÓN.
5.6.1. En el encabezado mismo de la Constitución Política, su artículo 1° dice que el Estado colombiano es una república “fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran”[20]; posteriormente el artículo 25, ubicado en el Capítulo I del Título II de la Carta, relativo a los derechos fundamentales, indica que “toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas”[21]; y el 53 ibídem agrega que “la ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores”[22].
5.6.2. Dentro de este marco axiológico que propone la Constitución, ha de entenderse el concepto de subordinación implícito en las relaciones laborales. La doctrina ha explicado que la subordinación es un elemento de la relación de trabajo, que consiste en la facultad general que las leyes sociales confieren al empleador para “dar órdenes y establecer reglamentos internos a los cuales debe someterse el trabajador.”[24] La Corte ha hecho ver que, dependiendo del tipo de labores que deba realizar el trabajador, y de las necesidades que tenga el empleador, éste ejerce en mayor o menor grado su facultad de subordinación.[25] No obstante, esta facultad subordinante no es nunca absoluta, pues encuentra diversos tipos de límites constitucionales. Así, en primer lugar están aquellos que se derivan de la noción de dignidad humana: las órdenes del empleador no podrán implicar un trato cruel, inhumano o degradante, ni desconocer las necesidades materiales y morales implícitas en la noción de vida digna[26]. También el núcleo esencial de los derechos fundamentales del trabajador constituye un límite a esta facultad del empleador, toda vez que no serán admisibles aquellas órdenes cuyo cumplimiento ponga en grave riesgo derechos constitucionalmente reconocidos, como la vida o la salud de los empleados[27], comprometan su libertad hasta el punto de esclavizar al trabajador, o restrinjan irrazonablemente garantías laborales constitucionalmente protegidas, como los derechos de asociación sindical y de negociación colectiva (C.P. Art. 55). Además, como lo ha hecho ver la Corte, la subordinación también se ve limitada por “lo pactado en el contrato individual de trabajo y en las demás estipulaciones convencionales” [28], y por “las normas y principios generales que rigen las relaciones laborales”[29].[30]
El Código Sustantivo del Trabajo, al consagrar en el artículo 23 los elementos esenciales del contrato de trabajo, estatuye la continuada subordinación o dependencia del trabajador con respecto del empleador en las actividades contratadas, facultad que lo autoriza para "exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento e imponerle reglamentos (....) sin que afecte el honor, la dignidad y los derechos mínimos del trabajador....". Es decir, que corresponde al empleador impartir las órdenes, dirigir a los empleados, imponer los reglamentos, y disponer lo relativo a las relaciones internas de la empresa, con el propósito de conseguir que ella marche de acuerdo con los fines y objetivos para los cuales se creó; el trabajador debe acatar lo ordenado, y someterse a las reglas y cumplirlas, lo cual no afecta por sí solo sus derechos ni su dignidad. Sin embargo, la subordinación no se puede extender hasta el punto de afectar "los derechos y prerrogativas que son esenciales a la persona humana para mantener su dignidad de tal ‘.[32]”
5.6.3. De otro lado, no sobra reiterar la jurisprudencia constitucional sentada en torno del alcance de la expresión “trabajo en condiciones dignas y justas”, contenida en el artículo 25 de la Carta, y de su relación con las garantías laborales mínimas a que alude el artículo 53 ibídem; en efecto, interpretando esta alocución constitucional, esta Corporación ha vertido estos elocuentes conceptos que ahora conviene recordar:
5.6.4. Finalmente, los tratados o convenios internacionales que sobre derechos humanos obliguen al país, en cuanto contengan límites expresos a la facultad subordinante de los empleadores, constituyen también una restricción a la misma, en virtud de lo dispuesto por el artículo 93 superior.
5.6.5. Hoy en día, la norma acusada consagra y regula la obligación del empleador de conceder al trabajador las licencias necesarias para atender a varias situaciones: calamidad doméstica distinta de luto, desempeño de cargos oficiales transitorios de forzosa aceptación distintos de jurado de votación, clavero o escrutador, comisiones sindicales cuando no se trate de servidores públicos, y entierro de los compañeros.[41] Según se dijo arriba, prima facie el empleador no está obligado a remunerar estas licencias, pudiendo descontar del salario del empleado el tiempo empleado en ellas, u obligarlo a compensarlo con tiempo igual de trabajo efectivo, en horas distintas de su jornada ordinaria. No obstante, la norma acusada dice que si media “convención en contrario”, la licencia puede ser remunerada, lo que significa que en los acuerdos de trabajo, en el reglamento interno de trabajo o en el acuerdo entre el empleador y el trabador se puede convenir tal remuneración y la extensión temporal de la licencia pagada. Sin embargo es claro que no mediando tales acuerdos, la duración y la posible remuneración de las licencias serán asuntos que quedarán sujetos a las determinaciones unilaterales del primero, que en todo caso estará obligado a otorgarlas.
5.6.5.1. En cuanto al desempeño de cargos oficiales transitorios de forzosa aceptación, para la Corte es claro que el trabajador no puede evadir el cumplimiento de estas responsabilidades legales, por lo cual el empleador está igualmente compelido por el ordenamiento jurídico a conceder el permiso correspondiente. En efecto, esta Corporación ha explicado[42] que si bien diversos convenios internacionales[43] proscriben el trabajo forzado u obligatorio[44], esos mismos pactos excluyen de tal noción aquel “trabajo o servicio que forme parte de las obligaciones cívicas normales de los ciudadanos de un país que se gobierne plenamente por sí mismo”[45]. Ahora bien, el fundamento constitucional que justifica la obligatoriedad de aceptar y ejercer este tipo de cargos oficiales transitorios radica en el principio de solidaridad. Ciertamente, así fue explicado por esta Corporación cuando sobre este asunto dijo:
5.6.5.2. En el caso de grave calamidad doméstica debidamente comprobada, median también claras razones de solidaridad que implican que el empleador esté obligado a responder de forma humanitaria “ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas”[47]. En efecto, el Código Sustantivo del Trabajo no define qué es la calamidad doméstica, pero para efectos de las licencias a que alude la norma acusada, ha de ser entendida como todo suceso familiar cuya gravedad afecte el normal desarrollo de las actividades del trabajador[48], en la cual pueden verse amenazados derechos fundamentales de importancia significativa en la vida personal o familiar del mismo, como por ejemplo una grave afectación de la salud o la integridad física de un familiar cercano –hijo, hija, padre, madre, hermano, cónyuge o compañero-, el secuestro o la desaparición del mismo, una afectación seria de la vivienda del trabajador o de su familia por caso fortuito o fuerza mayor, como incendio, inundación o terremoto, para citar algunos ejemplos. Todas estas situaciones, u otras similares, pueden comprometer la vigencia de derechos fundamentales de los afectados, o irrogarles un grave dolor moral, y los obligan a atender prioritariamente la situación o la emergencia personal o familiar, por lo cual no están en condiciones de continuar la relación laboral prestando su servicio personal, existiendo un imperativo de rango constitucional para suspender el contrato de trabajo.
5.6.5.3. En el caso del desempeño de comisiones sindicales inherentes a la organización gremial, ya esta Corporación ha tenido la ocasión de explicar que tales permisos obligatorios constituyen los instrumentos que permiten el ejercicio del derecho fundamental de asociación sindical, porque, a través de su concesión, se logra “el normal funcionamiento de la organización sindical”.[49] En este sentido, la Corte ha vertido estos elocuentes conceptos:
5.6.5.4. Finalmente, la obligación del empleador de conceder a sus empleados permisos obligatorios para asistir al entierro de los compañeros constituye un límite a su facultad de subordinación que igualmente toma pie en el deber constitucional de solidaridad y que, así mismo, es una exigencia derivada de la dignidad del trabajador. En efecto, como se dijo anteriormente, la noción de dignidad humana impide al empleador desconocer las necesidades no sólo materiales sino también morales implícitas en la noción de vida digna. La dignidad, ha dicho esta Corporación, “equivale al merecimiento de un trato especial que tiene toda persona por el hecho de ser tal”[51], por lo cual un trato verdaderamente digno lleva implícito el necesario otorgamiento de un mínimo de respeto ante el dolor ajeno. Permitir al empleado asistir al funeral de sus compañeros se inscribe dentro de este respeto básico a la dignidad moral del trabajador, por lo cual puede considerarse que la licencia respectiva es una exigencia constitucional.
5.6.5.5. Así pues, hasta ahora la Corte encuentra que en todos lo supuestos a que se refiere el numeral 6° del artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo, ahora bajo examen, existe una razón de rango constitucional que justifica la limitación de la facultad de subordinación del empleador y la obligación que legalmente se le impone de conceder permisos o licencias a sus trabajadores.
5.7. EN PRINCIPIO NO VIOLA LA CONSTITUCIÓN EL QUE SE PERMITA AL EMPLEADOR DESCONTAR DEL SALARIO DEL TRABAJADOR, U OBLIGARLO A COMPENSAR EN TIEMPO FUERA DE LA JORNADA ORDINARIA, LA LICENCIA OBLIGATORIA QUE LE HA CONCEDIDO, PERO SÓLO SI DICHA LICENCIA OBEDECE A RAZONES IMPUTABLES A LA DECISIÓN LIBRE Y VOLUNTARIA DEL TRABAJADOR.
5.7.1. Conforme lo enseña la doctrina laboral, dentro de los elementos esenciales de la relación laboral se encuentra de un lado la “actividad personal del trabajador”, es decir, la prestación personal del oficio a que se ha comprometido, y de otro el salario como retribución del servicio. A estos dos elementos se suma la subordinación, a la que se aludió en líneas anteriores de la presente sentencia.[52] Esta relación laboral, además, se da entre dos sujetos, el empleador y el trabajador, de manera que cuando se presentan los tres elementos esenciales a que se acaba de hacer mención, se presume legalmente que entre ellos existe un contrato de trabajo, como lo establece el numeral segundo del artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo[53].
5.8. EN ALGUNOS CASOS EXCEPCIONALES, EL DESCUENTO DE LA LICENCIA OBLIGATORIA DEL SALARIO DEL TRABAJADOR, O LA OBLIGACIÓN DE COMPENSARLA EN TIEMPO FUERA DE LA JORNADA ORDINARIA, DESCONOCE DERECHOS FUNDAMENTALES DEL TRABAJADOR.
5.8.1. La Corte analizará en primer lugar el supuesto regulado por la norma acusada, en el que la licencia obligatoria se concede por desempeño de cargos oficiales transitorios de forzosa aceptación distintos de jurado electoral, clavero o escrutador. Se trata de uno de aquellos eventos en los cuales la suspensión del trabajo no obedece a causas imputables al trabajador ni tampoco al empleador, sino al legislador. Conforme a la disposición acusada, no mediando “convención en contrario”, el empleador puede descontar del salario del empleado el tiempo empleado en atender estas licencias, u obligarlo a compensarlo con tiempo igual de trabajo efectivo en horas distintas de su jornada ordinaria, a su elección. De esta manera, la norma permite que la carga de estos empleos oficiales de forzosa aceptación recaiga en el trabajador, que debe asumirla o bien económicamente con el descuento sobre su salario, o bien en trabajo personal con afectación de su derecho al descanso.
5.8.2. En segundo lugar, la Corte examinará la constitucionalidad de la norma acusada, en cuanto ella regula la licencia obligatoria que se concede al trabajador en caso de grave calamidad doméstica debidamente comprobada, distinta de luto. Para este caso, igualmente dispone que el empleador puede escoger entre descontar del salario del empleado el tiempo empleado en atender estas licencias, u obligarlo a compensarlo con tiempo igual de trabajo efectivo en horas distintas de su jornada ordinaria.
5.8.3. En tercer lugar la Corte se detiene a estudiar el caso de la licencia para el desempeño de comisiones sindicales, cuando no se trate de servidores públicos. Como se hizo ver en las consideraciones anteriores de esta misma Sentencia, también en este caso, salvo convención en contrario, el empleador está facultado por la norma acusada para descontar del salario del empleado el tiempo empleado en atender estas licencias, u obligarlo a compensarlo con tiempo igual de trabajo efectivo en horas distintas de su jornada ordinaria. De esta manera, el tiempo utilizado por el trabajador para desempeñar estas actividades debe ser siempre compensado por él, bien en dinero o bien en tiempo de labor.
5.8.4. Finalmente, la Corte se referirá al caso de las licencias obligatorias que el empleador debe conceder a sus trabajadores, para asistir al entierro de los compañeros de trabajo. Aquí, salvo convención en contrario, también el empleador está facultado por la norma acusada para descontar del salario del trabajador el tiempo utilizado en atender estas licencias, u obligarlo a compensarlo con tiempo igual de trabajo efectivo en horas distintas de su jornada ordinaria.
[2] “Artículo 3. El ciudadano tendrá derecho a media jornada de descanso compensatorio remunerado por el tiempo que utilice para su función como elector. Tal descanso compensatorio se disfrutará en el mes siguiente al día de la votación, de común acuerdo con el empleador”.
[3] Esta norma fue declarada exequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-1005 de 2007, en el entendido que “los claveros y escrutadores que presten sus servicios fuera de su horario habitual de trabajo tendrán derecho al beneficio de un día compensatorio de descanso remunerado, siempre y cuando no concurra con otra forma de compensación o beneficio, en los términos, y con las condiciones indicadas en la parte motiva”.
[5] “Artículo 105. (…) Los jurados de votación que trabajen en el sector público o privado tendrán derecho a un (1) día compensatorio de descanso remunerado dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la votación.
Las personas que sin justa causa no concurran a desempeñar las funciones de jurados de votación o las abandonen, se harán acreedores a la destitución del cargo que desempeñen, si fueren empleados oficiales; y si o lo fueren, a una multa de cinco mil pesos ($5.000.oo), mediante resolución dictada por el Registrador del Estado Civil”.
[6] La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura a través del Acuerdo 2194 de 2003, artículo 5º, define lo que se entiende por calamidad doméstica en los siguientes términos: “Se entiende por calamidad doméstica, todo suceso familiar cuya gravedad afecte el normal desarrollo de las actividades del funcionario, como el fallecimiento, enfermedad o lesión grave de sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, del cónyuge, compañero o compañera permanente ”.
[8] La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, explicando el alcance del artículo 53 del Código Sustantivo el Trabajo, ha dicho que “La suspensión del contrato de trabajo es una institución jurídica que, manteniendo el vínculo obligacional generado entre las partes, permite el incumplimiento temporal, sin la responsabilidad consiguiente, de las principales obligaciones originadas en aquél, por causas determinadas en la ley.” (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sección Primera Sentencia de noviembre 9de 1990, Rad. 391. M.P. Jorge Iván Palacio). Así mismo, esa Corporación ha aclarado que “la facultad patronal de efectuar los descuentos a que se refiere la última parte del artículo mencionado está limitada a esos tres conceptos.”(Íbidem)
6. Conceder al trabajador las licencias necesarias para el ejercicio del sufragio; para el desempeño de cargos oficiales transitorios de forzosa aceptación; en caso de grave calamidad doméstica debidamente comprobada; para desempeñar comisiones sindicales inherentes a la organización o para asistir al entierro de sus compañeros, siempre que avise con la debida oportunidad al {empleado}r o a su representante y que, en los dos (2) últimos casos, el número de los que se ausenten no sea tal que perjudique el funcionamiento de la empresa. En el reglamento de trabajo se señalarán las condiciones para las licencias antedichas. Salvo convención en contrario, el tiempo empleado en estas licencias puede descontarse al trabajador o compensarse con tiempo igual de trabajo efectivo en horas distintas de su jornada ordinaria, a opción del empleador.”
[26] a Corte se ha referido a la noción de vida digna, explicando al respecto lo siguiente: “Al tenor de lo dispuesto en el artículo 1° de la Constitución Política, Colombia es un Estado social de derecho fundado en el respeto de la dignidad humana. La dignidad, como es sabido, equivale al merecimiento de un trato especial que tiene toda persona por el hecho de ser tal. Equivale, sin más, la facultad que tiene toda persona de exigir de los demás un trato acorde con su condición humana. De esta manera, la dignidad se erige como un derecho fundamental, de eficacia directa, cuyo reconocimiento general compromete el fundamento político del Estado colombiano. Desarrollando los conceptos anteriores, la jurisprudencia constitucional en torno del derecho a la vida ha hecho énfasis en que éste no hace relación exclusivamente a la vida biológica, sino que abarca también las condiciones de vida correspondientes a la dignidad intrínseca del ser humano. Ha tratado entonces del derecho a la vida digna, y se ha referido al sustrato mínimo de condiciones materiales de existencia, acordes con el merecimiento humano, llamándolo mínimo vital de subsistencia.” (Sentencia SU-062 de 1999, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa)
[27] La Corte ha admitido que existe una obligación en cabeza de los empleadores “de abstenerse de impartir órdenes que afecten la salud de sus empleados”, lo cual “implica una restricción general en el ejercicio de una prerrogativa legal de los empleadores, por virtud del respeto que estos deben a la dignidad de sus trabajadores”. Por esta razón, ha dicho que bajo determinadas condiciones, “el respeto por esta dignidad implica, además, el deber de reubicar a los trabajadores que, durante el transcurso del contrato de trabajo sufren disminuciones de su capacidad física”. (Sentencia T-1440 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil. En el mismo sentido se pueden consultar las sentencias T-556 de 2003, T-1183 de 2004, T-413 de 2008 y T-504 de 2008).
[30] Los principios generales de rango constitucional que rigen las relaciones laborales están recogidos en el artículo 53 de la Carta, que dice así: “ARTICULO 53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales:
[34] Código Sustantivo del Trabajo. Artículo 58: “Obligaciones especiales del trabajador. Son obligaciones especiales del trabajador:
8. Observar con suma diligencia y cuidado las instrucciones y órdenes preventivas de accidentes o de enfermedades profesionales”.
3. No obstante, cuando un trabajador devengue el salario mínimo legal, el valor por concepto de salario en especie no podrá exceder del 30%..”
La Corte declaró la constitucionalidad de los apartes de las normas demandadas por considerar que el legislador gozaba de un amplio margen de configuración para definir lo que constituía salario siempre que éste respetara los mínimos establecidos en la Constitución y la jurisprudencia sobre el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas: “Estima la Sala que es de la competencia del legislador, dentro de la libertad que tiene como conformador de la norma jurídica, determinar los elementos de la retribución directa del servicio dentro de la relación laboral subordinada, esto es, lo que constituye salario, con arreglo a los criterios y principios ya mencionados, lo cual le impide desconocer la primacía de la realidad sobre la forma y mudar arbitrariamente la naturaleza de las cosas, como sería quitarle la naturaleza de salario a lo que realmente tiene este carácter.
Con fundamento en lo anterior, se decidirá que los apartes de las normas que se acusan por el demandante son exequibles por no ser violatorios de las normas que se invocan en la demanda ni de ningún otro precepto constitucional.” La parte resolutiva de la sentencia dijo: “Declarar EXEQUIBLES los apartes de los artículos 15 y 16 de la Ley 50 de 1990.”
[36] En la sentencia C-202 de 1998 (Fabio Morón Díaz), la Corte revisó la constitucionalidad un aparte del artículo 30 de la Ley 10 de 1990: “Régimen de los trabajadores oficiales y de los empleados públicos. Las entidades públicas de cualquier nivel administrativo que presten servicios de salud, aplicarán a sus trabajadores oficiales, en cuanto sean compatibles, los principios y reglas propios del régimen de carrera administrativa, y les reconocerán, como mínimo, el régimen prestacional previsto en el Decreto 3135 de 1968, todo, sin perjuicio de lo que contemplen las convenciones colectivas de trabajo.
A los empleados públicos del sector salud de las entidades territoriales y de sus entes descentralizados, se les aplicará el mismo régimen prestacional de los empleados públicos del orden nacional, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 17 de la presente Ley”.(Lo subrayado corresponde al aparte demandado). La parte resolutiva de la sentencia dijo: “Declarar EXEQUIBLES los apartes acusados del artículo 30 de la Ley 10 de 1990.” Sobre el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas la Corte dijo: “de acuerdo con la interpretación prohijada por la Corte, las condiciones dignas y justas en las que han de desarrollarse las actividades que constituyen trabajo tienen que ver con las enunciadas como principios mínimos fundamentales, en el artículo 53 de la Constitución.”
En el mismo sentido, la Corte al revisar una norma sobre la capacitación de los empleados de carrera, se pronunció en la sentencia C-1163 de 2000 (MP: Fabio Morón Díaz) para reiterar que las condiciones “dignas y justas” en el trabajo se predican para todos. Se dijo:
“El artículo 25 de la C.P. establece, que el trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado; así mismo, que toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas.
Esas condiciones dignas y justas, “...sin las cuales la realización de una labor resultaría violatoria de los principios que fundamentan toda relación interhumana, sobretodo aquella donde el elemento de subordinación es el imperante”[36][3], deben estar presentes en toda relación laboral, incluidas las que surgen entre la administración pública y sus servidores; sobre el particular ha dicho la Corte:
“La prevalencia de estos principios debe, así mismo, mantenerse en toda relación laboral, incluso en la que surge entre la administración y sus servidores. Esto debe ser así, por cuanto la administración como una de las mayores fuentes de empleo no puede desconocer el valor del trabajo, así como la prevalencia de los principios enunciados en el artículo 53 de la Constitución Nacional. (Corte Constitucional, Sentencia T-457 de 1992, M.P. Dr. Ciro Angarita Barón.)
“La igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil proporcional a la cantidad y la calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad de los beneficios mínimos establecidos en las normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos ciertos e indiscutibles; situación más favorable al trabajador en caso de suda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales del derecho; primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social; la capacitación; el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajo del menor de edad.”
En esa perspectiva, la capacitación implica el desarrollo de un principio de rango constitucional, que se erige como un derecho del cual son titulares todos los trabajadores y en la administración pública todos sus servidores. Así las cosas, lo que deberá ahora determinar la Corte, es si la decisión del legislador extraordinario, de distinguir entre empleados de carrera y empleados provisionales, a la hora de impartir cursos de capacitación diferentes a los de inducción y entrenamiento específico para el puesto de trabajo, dando prevalencia a los primeros, constituye una forma de discriminación no justificada o irrazonable, que como tal vulnera el ordenamiento superior, especialmente el principio de igualdad al que se refiere el artículo 13 superior.”
[37] En la sentencia C-065 de 2005 (MP: Marco Gerardo Monroy Cabra) se analizó la constitucionalidad del artículo 323 del Código Sustantivo del Trabajo que establecía: “Artículo 323 En los casos de enfermedades venéreas en estado agudo, de trabajadores de empresas de petróleos, no hay derecho al auxilio monetario de que trata el artículo 227". La Corte consideró que la norma establecía una diferenciación irrazonable en materia de protección a la seguridad social en salud por lo que declaró su inconstitucionalidad. Dijo: “A la luz de las anteriores consideraciones es evidente que la norma acusada debe ser declarada inexequible por negarle la posibilidad de trabajar en condiciones respetuosas de su integridad física a los trabajadores del petróleo con enfermedades venéreas en estado grave, puesto que este grupo se ve o bien forzado a laborar deteriorando su estado de salud, o bien a dejar de trabajar con justa causa sin que obtenga su mínimo vital, por el lapso en el que se recupera su estado de salud.” La parte resolutiva de la sentencia dice: “DECLARAR INEXEQUIBLE el artículo 323 del Código Sustantivo del Trabajo.”Sobre el trabajo en condiciones dignas indicó que “el derecho al trabajo en condiciones dignas no sólo implica la posibilidad de trabajar, sino también la posibilidad de no verse forzado a laborar cuando las condiciones físicas no le permitan al trabajador seguir desempeñándose en su labor, so pena de agravar su estado de salud. Cuando al trabajador si bien no se le prohíbe hacer un receso en sus labores por su estado de salud se le permite sin obtener una remuneración equivalente a la que obtendría de estar en pleno uso de sus facultades físicas se le está forzando a laboral bajo condiciones contrarias a la dignidad humana. Lo anterior, puesto que se hace imprescindible para el empleado seguir laborando para conseguir su sustento mínimo vital el cual, por regla general, equivale al salario.”
“ARTICULO 23. ELEMENTOS ESENCIALES. <Artículo subrogado por el artículo 1o. de la Ley 50 de 1990. El nuevo texto es el siguiente:>
[53] El texto de este numeral reza: “2. Una vez reunidos los tres elementos de que trata este artículo, se entiende que existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen”.
[54] Dice el artículo 140 del Código sustantivo del Trabajo: 2ARTÍCULO 140. SALARIO SIN PRESTACION DEL SERVICIO. Durante la vigencia del contrato el trabajador tiene derecho a percibir el salario aun cuando no haya prestación del servicio por disposición o culpa del empleador”.
[55] En la Sentencia C-1005 de 2007, M.P. Humberto Antonio sierra Porto, la corte Constitucional afirmó que “del carácter fundamental del derecho al descanso, la jurisprudencia constitucional ha deducido su carácter de derecho irrenunciable”.
[60] En lo relacionado con el posible carácter vinculante de ciertas recomendaciones de los órganos de control de la OIT, concretamente las proferidas por el Comité de Libertad Sindical de dicho organismo, la jurisprudencia de esta Corporación, vertida toda en sede de tutela por parte de diferentes Salas de Revisión, no ha sido uniforme. Y hasta ahora, la Sala plena de la Corte no ha fijado en una sentencia de constitucionalidad o de unificación una doctrina según la cual dichas recomendaciones tengan un valor obligatorio para Colombia, y menos que las mismas integren el bloque de constitucionalidad en sentido amplio o estricto, por lo cual deban ser utilizadas como normas, principios o parámetros de referencia para el examen de constitucionalidad. En efecto, en la Sentencia C-562 de 1992[60], arriba citada, la Corte sostuvo: “Los convenios internacionales del trabajo se han definido como instrumentos destinados a crear obligaciones internacionales para los Estados que los ratifican, al paso que las recomendaciones no crean tales obligaciones, sino que se dirigen a definir guías que orienten la acción de los gobiernos respecto a sus relaciones laborales.” Idéntica postura fue reiterada en la Sentencia C-147 de 1994, aunque posteriormente en la Sentencia T-568 de 1999 se sostuvo una posición disímil, al indicarse que ocasionalmente dichas recomendaciones podrían resultar vinculantes, lo cual dependía de las atribuciones que le confirieran a los órganos que las proferían el tratado constitutivo de mismos. Tendencia que también se aprecia en las sentencias T-1211 de 2000 y T-603 de 2003; en esta última, además, se sostuvo que en el orden interno el único medio judicial para lograr el cumplimiento de las recomendaciones de los órganos de control de la OIT era la acción de tutela. Empero, en contra de esta última línea jurisprudencial se encuentra la Sentencia T-979 de 2004, en donde tras estudiar extensamente las distintas clases de recomendaciones que profiere el Consejo de la OIT o sus comités, se llegó a conclusiones diversas de aquellas sostenidas en los fallos anteriores. Por su parte, al decidir sobre la nulidad de la anterior Sentencia, la Sala Plena de la Corte se abstuvo de fijar una posición en torno al carácter vinculante de las recomendaciones proferidas por los referidos órganos de la OIT. Así pues, la jurisprudencia relativa al posible carácter vinculante de algunas recomendaciones de la OIT, en especial de las proferidas su comité de Libertad Sindical, no es uniforme y los precedentes judiciales en la materia no han sido proferidos por la Sala Plena de esta Corporación. Tampoco puede afirmarse que exista una doctrina consistente recogida en un fallo de constitucionalidad o en una sentencia de unificación, conforme a la cual el posible carácter vinculante de tales recomendaciones de la OIT hiciera que las mismas entraran a conformar el bloque de constitucionalidad.