Source: http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=20020888
Timestamp: 2019-07-23 15:33:12
Document Index: 82570418

Matched Legal Cases: ['artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 150', 'artículo 150', 'artículo 380', 'artículo 39', 'artículo 13', 'artículo 11', 'Artículo 11', 'artículo 373', 'artículo 361', 'artículo 103', 'artículo 103', 'artículo 101', 'artículo 1', 'artículo 39']

C-317 de 2008
200Corte ConstitucionalCorte Constitucional20020020888CC-SENTENCIAC317200809/04/2008CC-SENTENCIA_C_317__2008_09/04/2008200208882008Sentencia C-317/08 LIBERTAD DE CONFIGURACION NORMATIVA DEL LEGISLADOR -En materia procesal AUDIENCIA DE CONCILIACION LABORAL- Aplazamiento por una sola vez cuando exista una causa que lo justifique SEGUNDA AUDIENCIA DE CONCILIACION LABORAL- Inasistencia no implica la aplicación de las consecuencias negativas del incumplimiento, máxime cuando media circunstancia que lo justifique Lo que establece la norma estudiada es que ante la inasistencia de una de las partes a la segunda audiencia de conciliación, en ningún caso podrá darse un aplazamiento. Sin embargo, el hecho de que no se pueda pedir un segundo aplazamiento de la audiencia no implica que, ante una circunstancia que lo justifique, se apliquen las consecuencias gravosas que tiene para la parte procesal su inasistencia, independientemente de que el proceso deba continuar de manera normal. Sin embargo, si no se presenta ninguna de las causales mencionadas (fuerza mayor o caso fortuito), la inasistencia tiene una serie de consecuencias como, por ejemplo, la presunción de veracidad de los hechos alegados por la contra parte susceptibles de confesión. La expresión cuestionada es el resultado legítimo de la potestad de configuración del legislador, en la ponderación de los distintos valores, principios y derechos que se ven comprometidos en el diseño del procedimiento judicial, optando por dar una sola oportunidad a las partes del proceso laboral para aplazar la audiencia de conciliación y señaló la causa que justifica este aplazamiento y las consecuencias del incumplimiento. Referencia: expediente D-6936
JAIME CÓRDOBA TRIVIÑOD6936CONSTITUCIONALIDADJairo Alberto Baquero Pradapor la cual se reforma el Código Procesal del Trabajo y de la seguridad social para hacer efectiva la oralidad en sus procesosIdentificadores20020020889true35786Versión original20020889Identificadores
Norma demandada: por la cual se reforma el Código Procesal del Trabajo y de la seguridad social para hacer efectiva la oralidad en sus procesos
SEGUNDAAUDIENCIA DE CONCILIACION LABORAL-Inasistencia no implica la aplicación de las consecuencias negativas del incumplimiento, máxime cuando media circunstancia que lo justifique
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 11 (parcial) de la ley 1149 de julio 13 de 2007, "por la cual se reforma el Código Procesal del Trabajo y de la seguridad social para hacer efectiva la oralidad en sus procesos".
En la audiencia de conciliación seobservarán las siguientes reglas:
Si antes de la hora señalada para la audiencia, alguna de las partes presenta prueba siquiera sumaria de una justa causa para no comparecer, el juez señalará nueva fecha para celebrarla, la cual será dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha inicial,sin que enningúncaso pueda haber otro aplazamiento.
El ciudadano demandante considera que la expresión acusada del artículo 11 de la ley 1149 de 2007 es inconstitucional, "por cuanto el órgano legislativo al decretar la norma sobrepasó el mandato constitucional estatuido en los artículos 2°, 13 y 29".
Al respecto, entre otras cosas, señala "la misión del Estado es proteger al individuo en su integridad, sin ninguna discriminación, y sin ninguna desigualdad frente a las normas creadas por el estado para proteger los derechos de los ciudadanos.". Y más adelante indica:
"La norma acusada viola un derecho de aplicación inmediata: el derecho a la igualdad: "todas las personas nacen libres e iguales ante la ley", precepto que no se cumple cuando se le niega la oportunidad a la otra parte de solicitar aplazamiento de la Audiencia del artículo 11 de la Ley 1149 de 2007, cuando se le presente justa causa para no asistir, y que ello le conlleve hacerse merecedor a las consecuencias procesales expresadas en el mismo artículo. En el presente caso, el Estado hizo caso omiso a lo preceptuado en el artículo 13 de la carta que dice que éste "promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva", no puede ser efectiva, si existiendo dos partes, una tiene desventaja sobre la otra por mandato legal, quebrantando los derechos constitucionales."
A juicio del actor, la norma dejó sin prever la hipótesis en la cual a la parte que cumplidamente asistió a la primera audiencia "se le presente en la segunda fecha, fuerza mayor, o justa causa para no comparecer a la parte que no solicitó aplazamiento." Encuentra que existe un tratamiento desigual que no tiene justificación objetiva y razonable alguna y, en consecuencia, viola el artículo 13 de la Constitución. A su juicio, "la distinción se da cuando solamente le da la oportunidad a una de ellas de continuar con el proceso cuando se le presente un caso fortuito o fuerza mayor para acudir a una de las instancias procesales; a la otra parte, la castiga cuando se encuentre en las mismas circunstancias que las descritas anteriormente: tiene que atenerse a las consecuencias ya descritas en este mismo libelo, violentando el principio de equidad frente a la ley.".
A su juicio no puede haber imparcialidad si no se escucha a las dos partes o, al menos, si no se les dan las mismas oportunidades. En resumen, "para el caso que nos ocupa, debe existir igualdad de oportunidad para que las dos partes soliciten aplazamiento de la audiencia de que trata el artículo que contiene la expresión acusada, cuando se les presente razón justificable para no asistir; si es una sola de las partes la que tiene esa posibilidad, no se le estaría aplicando el debido proceso a la parte pasiva.".
Su solicitud se fundamenta en los siguientes dos argumentos: (1) "las ritualidades del proceso y sus reglas no son establecidas para el beneficio de una de las partes, sino para la celeridad del proceso y la culminación de cada una- de las etapas del mismo, donde resultan afectados cada uno de los extremos de la litis". Adicionalmente, sostiene que (2) "la potestad de configuración legislativa conlleva la discrecionalidad para determinar una actuación procesal, siempre y cuando al hacerlo respete los valores y principios constitucionales.", en su criterio, en el presente caso no se vulneran tales valores y principios.
La representante del Ministerio comienza por recordar los alcances que la propia jurisprudencia ha dado a la potestad de configuración del legislador, para señalar que hace parte de dicha potestad el diseño de los procedimientos judiciales. Al respecto indica que según la Corte Constitucional, "El artículo 150 numerales 1° y 2° de la Constitución Política autoriza al legislador para instituir las formas, con base en las cuales se ventilarán las diferentes controversias jurídicas que surjan entre las personas, consideradas tales formas como"(...) el conjunto de reglas señaladas en la ley que, según la naturaleza del juicio, determinan los procedimientos o trámites que deben surtirse ante las diversas instancias judiciales o administrativas."[1] De esta forma, dicho presupuesto se erige en garantía del principio de legalidad que gobierna el debido proceso, el cual "(...) se ajusta al principio de juridicidad propio del estado de derecho y excluye, por consiguiente, cualquier acción contra legem o praeter legem"[2].
Indica que "en relación con la norma demandada, el legislador dispuso que para efectos de la audiencia de conciliación, en caso de la no comparecencia por una de las partes, no señaló cual, siempre y cuando se demostrara mediante prueba siquiera sumaria de una justa causa, el Juez señalará nueva fecha para celebrarla. Esta disposición no tiene otro fin que dar una nueva oportunidad para que se lleve a cabo la audiencia de conciliación". Encuentra, que el requisito establecido desarrolla los principios de la administración de justicia, entre ellos, el principio de celeridad y eficacia y recuerda que según la Corte Constitucional "(E)l derecho de acceder a la administración de justicia (art. 229 de la CR) sufriría grave distorsión si pudiera concebirse como una posibilidad ilimitada abierta a todos los ciudadanos sin condicionamientos de ninguna especie. Semejante concepción conduciría a la parálisis de aparato encargado de administrar justicia, e implícitamente supondría la exoneración, para quienes acceden a la justicia, de toda ética de compromiso con la buena marcha de la justicia y con su prestación recta y eficaz. En fin, si el legislador no pudiera establecer requisitos y condiciones razonables para acceder a una tutela judicial efectiva, se llegaría a la imposibilidad de que el Estado brindara a los ciudadanos reales posibilidades de resolución de sus conflictos"[3].
Comienza su intervención indicando que el derecho procesal laboral es un verdadero derecho fundamental. Así fue entendido en la ponencia presentada para primer debate en la respectiva Comisión VII por el Senador Ponente Jesús Bernal Amorocho. Señala que "para la corriente de pensamiento expuesta en la ponencia del Senador Bernal Amorocho y adoptada por la Cámara Alta, el principio que se encuentra en lo más alto de la escala procesal es la realización del derecho sustancial, sin excusas ni ambages. El derecho procesal, como expresión de acceso real y efectivo a la administración y realización de la justicia es un derecho sustancial, no una enumeración de reglas de actuación con ritualidades que se satisfagan a sí mismas. Pero esta sustantivización no puede agotarse en cumplimiento de los plazos y las formalidades. Hay una comunión entre la normativídad sustancial y su realización mediante los procedimientos, si el uno no se cumple el otro precluye y viceversa. No basta tener el reconocimiento de una pensión de vejez, como derecho a la vida, a la subsistencia, si el proceso para obtenerlo se demora diez años, la vida probable del pensionado.
Bajo esta consideración es consecuente con el espíritu constitucional que el legislador en materia del trabajo busque por todos los medios posibles que los procesos tengan una solución justa, rápida y eficaz fijando términos apropiados, que deben ser cumplidos por los actores procesales y por todos los funcionarios estatales, de tal manera que si no se respetan en un caso específico sea posible imprecar el amparo constitucional.".
Continúa su exposición, señalando la importancia fundamental de diseñar procesos ágiles que permitan la protección cierta y rápida de los derechos sustantivos que están en juego en el proceso judicial. Adicionalmente, indica que la presente ley no sólo responde a ese propósito sino que "es la más democrática que se haya dado hasta el momento en toda la historia de nuestra legislación, en el que participaron todos los actores sociales y jurídico-laborales del país, precisamente porque existe un deseo común de acabar con las protuberantes falencias de la administración de justicia, en especial con la demora en la tramitación de los procesos". Indica que el proyecto culminó en la Comisión de Concertación de Políticas Laborales y Salariales, siendo su gran base el clamor generalizado contra la dilación abusiva de los procesos laborales y la falta de credibilidad en la administración de justicia.
Indica en consecuencia, que la ley 1149 de 2007 no ha sido una improvisación, "sino por el contrario, cada artículo, cada inciso, cada coma, han recogido discusiones iberoamericanas y colombianas dadas desde el año de 1944, tal como se expresa en las diversas ponencias en el Congreso de la República, en que la celeridad está concebida como sustancia de la realización de la justicia".
En particular sobre la norma demandada, señala que si bien la ley 712 de 2001 tenía una vocación inequívoca de superar las tradicionales costumbres a la dilación y a la morosidad, sus resultados no fueron del todo satisfactorios, por lo que era necesario tomar correctivos que superaran los obstáculos para la agilización de los procesos. Indica a este respecto que uno de tales obstáculos era "la consagración de la posibilidad de suspender más de una vez la primera audiencia de conciliación, fijación del litigio, saneamiento y decreto de pruebas".
Cuando en la segunda oportunidad sepresente prueba de que existe fuerza mayor para que una de las partes pueda comparecer, la audiencia de conciliación se celebrará con su apoderado, quien se entiende con facultad para conciliar, admitir hechos y desistir.
"La falta de técnica de este inciso, suprimido por la ley 1149 de 2007, declarado condicionalmente exequible es palpable porque al señalar cuándo debe tenerse en cuenta la fuerza mayor, podría significar que en los demás eventos donde no lo hace no operarían sus consecuencias, o a contrario sensu, podría sostenerse que el normativizador debe indicar en cada evento y en cada momento procesal cómo deben actuar los sujetos procesales cuando tales acontecimientos extraordinarios se presenten, como si en la estructura básica de nuestro sistema jurídico no estuvieran reguladas las definiciones y las consecuencias de este fenómeno y el de caso fortuito".
En este sentido indica que "la ley 1149 de 2007 es puntual, no es una reforma sino la "efectivización de la oralidad" plasmada desde 1948 en el estatuto procesal laboral.". Así quedó consagrado en la ponencia adoptada por la Comisión VII Cámara y reiterado en las posteriores:
"Al ser una ley muy puntual es obvio que han quedado intactos el marco general y las especificidades del procedimiento del trabajo legislado en 1948, reformado por la ley 712 de 2001, al igual que todas nuestras instituciones jurídicas en general, tales como las consecuencias de la fuerza mayor y el caso fortuito, que en ningún momento han quedado invalidadas o derogadas por la ley 1149 de 2007, pero cuyo tratamiento no debe ser recordado o repetido en ningún aspecto puntual del conjunto de instituciones procesales laborales, so pena de tener que repetir en cada inciso del articulado ."
Adicionalmente, el interviniente señala que no existe desconocimiento de la igualdad pues la norma no favorece concretamente a ninguna de las partes. A su juicio, "el legislador del 2007 solo permite una suspensión cuando se le presenten una justa causa a cualquiera de las partes y no a una de ellas - demandante o demandado -." Y añade:
"Bajo el razonamiento del demandante podría también considerarse inexequible el inciso establecido en la ley 712 de 2001 que permite dos aplazamientos de la audiencia de conciliación y fijación del litigio, el primero provocado por causa justificada de cualquiera de las partes y el segundo solamente porque ambas o una sola hayan sufrido fuerza mayor, pues podría suceder que en las dos oportunidades iniciales sea la misma parte quien haya solicitado la suspensión y por ende debería existir una tercera para la otra que no tuvo razón para excusar de asistir a ellas y así indefinidamente. Este simple razonamiento lógico conlleva a confirmar que la ley 1149 de 2007 le da una sola posibilidad de aplazamiento a cualquiera de las dos partes en cumplimiento estricto del principio de la igualdad, lo demás es dilación."
Termina recordando que según la jurisprudencia de la Corte, en particular la sentencia C-204 de 2003, el legislador tiene un amplio poder de configuración en estas materias. En consecuencia considera que "las regulaciones de la ley 1149 de 2007, en especial la frase acusada de inconstitucionalidad, son razonables y proporcionales al fin para el cual fueron concebidas por todos los actores sociales, por los operadores jurídicos, por las tres ramas del poder público, y por los partidos políticos que concurrieron en un solo haz de voluntades a efectivizar la oralidad en los juicios laborales y de la seguridad social, colocando a este procedimiento como un derecho fundamental para su estricto cumplimiento."
El señor Procurador comienza por recordar algunos de los antecedentes de la Ley 1149 de 2007, según los cuales la finalidad de dicha Ley no era otra que implementar el sistema oral como garantía de la eficacia y la celeridad de la administración de justicia en asuntos laborales. Al respecto recuerda que "lo perseguido por el proyecto fue que "el procedimiento laboral sea abreviado, sin formalismos ni ritualidades, que pueda desarrollar la finalidad constitucional de defensa de los derechos fundamentales, en el entendido de que lo que importa al ciudadano es una justicia pronta y accesible. El objetivo primordial es que este obtenga por parte de la administración de justicia una atención rápida y la solución eficiente de sus controversias.". En esa dirección, en la misma exposición de motivos se señaló:
Al respecto recuerda que la Corte Constitucional ha señalado en múltiples ocasiones que la cláusula general de competencia establecida en el numeral 2 del artículo 150 de la Constitución Política, habilita al legislador con amplio margen de configuración a regular los procedimientos, los términos, los efectos y demás aspectos de las instituciones procesales en general. "De acuerdo con ese marco constitucional el legislador se encuentra revestido de facultades que le permiten dar alcance a las formas propias de cada juicio entendidas éstas como las "reglas señaladas en la ley, que según la naturaleza del proceso, determinan los trámites que deben surtirse ante las distintas instancias judiciales o administrativas". Tales atribuciones se expresan en consagrar libremente las etapas, características, términos y demás elementos que integran los diversos procedimientos judiciales, funciones, que el legislador debe ejercer sin desconocer los principios y valores constitucionales, la vigencia de los derechos fundamentales de los ciudadanos, y los principios de razonabilidad, proporcionalidad y prevalencia del derecho sustancial sobre lo adjetivo (Art. 228 C.P.), que se constituyen en límites al ejercicio legítimo de tales competencias. (Sentencias C-562 de 1997, C-742 de 1999, C-384 de 2000, C-803 de 2000, C-1232 de 2005, C-183 de 2007).".
En particular respecto a los cargos de la demanda, indica que no se viola el derecho a la igualdad. En su criterio, "la decisión del legislador de no aplazar la audiencia de conciliación por más de una vez, se aviene con la libertad de configuración normativa de diseñar los procedimientos, situación que no es desproporcionada e irracional de tal forma que desconozca los derechos fundamentales de quienes intervienen en el proceso laboral como lo afirma el demandante, con mayor veraz cuando lo buscado por el legislador es la eficiencia del mismo, evitando dilaciones innecesarias."
Sin embargo, el Procurador encuentra que aun en el evento planteado por el actor en el cual a alguna de las partes por causa justificada no le es dable asistir a la audiencia, "la norma no impide que el juez acudiendo al principio de la razonabilidad valore la circunstancia particular y proceda al aplazamiento de la audiencia".
A este respecto añade: "Se reitera, que el sentido de la expresión acusada es procurar que el proceso laboral no sufra interrupciones que terminen desconociendo el acceso a la administración de justicia como un derecho fundamental, pero que en ningún momento maniata la libre apreciación de los jueces respecto de situaciones concretas en las que considere que el no fijar una nueva fecha de audiencia es tan gravosa que conduciría a la afectación de los derechos fundamentales de las partes y de sus apoderados.". Y más adelante reitera "Es así, que la expresión demandada fija un criterio meramente procesal a efectos de evitar el aplazamiento indefinido de la audiencia de conciliación, que bajo ninguna circunstancia coarta la libertad del juez de hacer valoraciones con base en situaciones objetivas, respecto de que eventualmente considere el aplazamiento por segunda vez de la audiencia de conciliación, cuando observe que su negativa pueda causar una seria afectación de los derechos fundamentales de las partes o sus apoderados".
Finalmente, el Procurador General de la Nación considera que la disposición parcialmente demandada es exequible. En su criterio, el legislador está constitucionalmente facultado para diseñar como lo considere conveniente los procedimientos judiciales. Encuentra que en este caso la norma tiene una finalidad legítima y no vulnera la igualdad en la medida en que no establece un trato favorable o discriminatorio en pro o en contra de alguna de las partes. Sin embargo sostiene que la norma no impide que el juez laboral "acudiendo al principio de la razonabilidad valore la circunstancia particular y proceda al aplazamiento de la audiencia".
5. En primer lugar el demandante sostiene que la expresión impugnada tiene dos consecuencias: la parte que cumplidamente asistió a la primera audiencia pero a quien se presenta un grave impedimento para asistir a la segunda, (i) no tiene el derecho de solicitar un nuevo aplazamiento y (ii) debe asumir todas las consecuencias perjudiciales que apareja el incumplimiento, como, por ejemplo, la presunción de veracidad de los alegatos de la contraparte susceptibles de confesión. Ello, incluso, si el incumplimiento se dio por fuerza mayor y caso fortuito. Justamente por esta razón alega que las consecuencias de la norma parcialmente demandada son tan graves que vulneran el derecho de acceso a la administración de justicia pues al prohibir que exista un nuevo aplazamiento, con las consecuencias mencionadas, se impide que una de las partes sea escuchada, en igualdad de condiciones, antes de ser "condenada".
A su turno, el representante del Instituto de Derecho Procesal sostiene que la disposición demandada impide un segundo aplazamiento de la audiencia de conciliación laboral. Sin embargo considera que en todo caso, esta norma debe ser interpretada de conformidad con las disposiciones que regulan las instituciones de la fuerza mayor y el caso fortuito en el derecho procesal colombiano. En consecuencia, en estos eventos - de fuerza mayor o caso fortuito - se aplicarían dichas disposiciones.
Finalmente, en criterio del Procurador, la norma parcialmente demandada impide la citación a una segunda audiencia de conciliación, salvo que el juez de la causa, "acudiendo al principio de la razonabilidad, valore la circunstancia particular y proceda al aplazamiento de la audiencia".
Por esta razón, el Código de Procedimiento Civil es claro cuando establece que la fuerza mayor es causal de justificación de situaciones tan perturbadoras para la administración de justicia, como la pérdida del expediente[5] o la inasistencia a diligencias judiciales fundamentales como la audiencia de casación[6]. Así mismo, la fuerza mayor y el caso fortuito son la única causal que puede justificar el incumplimiento del deber del secuestre de entregar el bien secuestrado[7]. Finalmente, para sólo mencionar algunos de los ejemplos de la legislación procesal vigente, la fuerza mayor se convierte incluso, en causal excepcional para que el juez de segunda instancia deba decretar pruebas no solicitadas en la primera instancia[8] o, incluso, para solicitar la revisión de las sentencias que han hecho tránsito a cosa juzgada. En efecto, como lo indica el artículo 380 del CPC, la primera causal de revisión es aquella según la cual, después de pronunciada la sentencia, se encuentran documentos que habrían variado la decisión contenida en ella, y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria. Igualmente, respecto a la inasistencia a la audiencia de conciliación en materia civil, el Código de Procedimiento Civil establece que la existencia de una justa causa - como fuerza mayor o caso fortuito - impide que se imponga a la parte incumplida las sanciones propias del incumplimiento, sin que ello obste para que el proceso continúe de manera ordinaria. (Art. 101 del CPC).
"La falta de técnica de este inciso (se refiere al segundo inciso del artículo 39 de la ley 712 de 2001[11]), (…) es palpable porque al señalar cuándo debe tenerse en cuenta la fuerza mayor, podría significar que en los demás eventos donde no lo hace no operarían sus consecuencias, o a contrario sensu, podría sostenerse que el normativizador debe indicar en cada evento y en cada momento procesal cómo deben actuar los sujetos procesales cuando tales acontecimientos extraordinarios se presenten, como si en la estructura básica de nuestro sistema jurídico no estuvieran reguladas las definiciones y las consecuencias de este fenómeno y el de caso fortuito.".
En este sentido indica que "la ley 1149 de 2007 es puntual, no es una reforma sino la "efectivización de la oralidad" plasmada desde 1948 en el estatuto procesal laboral". Y en este sentido señala:
"Al ser una ley muy puntual (se refiere a la Ley 1149 de 2007), es obvio que han quedado intactos el marco general y las especificidades del procedimiento del trabajo legislado en 1948, reformado por la ley 712 de 2001, al igual que todos nuestras instituciones jurídicas en general, tales como las consecuencias de la fuerza mayor y el caso fortuito, que en ningún momento han quedado invalidadas o derogadas por la ley 1149 de 2007, pero cuyo tratamiento no debe ser recordado o repetido en ningún aspecto puntual del conjunto de instituciones procesales laborales, so pena de tener que repetir en cada inciso del articulado ."
12. Como fue señalado arriba, el cargo de la demanda se refiere fundamentalmente al derecho a la igualdad. Considera el demandante que se viola el orden justo y otros valores esenciales del Estado social de derecho, dado que a su juicio "no es justo" que una de las partes pueda solicitar aplazamiento y la otra sin embargo quede vinculada a la segunda fecha fijada por el juez, sin que pueda solicitar un nuevo aplazamiento. Sostiene que esta norma vulnera el artículo 13 de la Constitución porque dispensa un trato desigual a las partes procesales: mientras una de ellas tuvo la oportunidad de solicitar aplazamiento por una justa causa, una vez aplazada la audiencia, la otra pierde el derecho a pedir un nuevo aplazamiento. Finalmente encuentra que esto vulnera el debido proceso por que este derecho comporta el derecho a la igualdad de armas. En este sentido sostiene: "para el caso que nos ocupa, debe existir igualdad de oportunidad para que las dos partes soliciten aplazamiento de la audiencia de que trata el artículo que contiene la expresión acusada, cuando se les presente razón justificable para no asistir; si es una sola de las partes la que tiene esa posibilidad, no se le estaría aplicando el debido proceso a la parte pasiva".
Declarar EXEQUIBLE la expresión sin que enningúncaso pueda haber otro aplazamiento, contenida en el artículo 11 de la ley 1149 de 2007, por los cargos estudiados en la presente providencia.
Exequible la expresión ... Artículo 11 LEY_1149_2007_13/07/2007
[1]Sentencia C-562 de 1997 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[2]Sentencia T-001 de 1993 M.P. Jaime Sanin Grafestein
[3]Sentencia C-1104/01 M.P. Clara Inés Vargas Hernandez.
[4] ART. 145. Aplicación analógica. A falta de disposiciones especiales en el procedimiento de trabajo se aplicarán las normas análogas de este decreto, y, en su defecto, las del Código Judicial." Como se sabe, el Código Judicial a que se refiere el artículo citado fue sustituido por el Código de Procedimiento Civil. (Decretos 1400 y 2019 de 1970 y normas complementarias)
[6] Al respecto el artículo 373 del CPC señala: ART. 373. -Modificado. D.E. 2282/89, art. 1º, num. 188. Trámite del recurso. (…) La Sala podrá citar a las partes para audiencia en la fecha y hora que señale, una vez que el asunto quede en turno para que el magistrado ponente registre el proyecto de sentencia. Si las partes no concurrieren, se prescindirá de la audiencia y el magistrado ponente les impondrá multas por el valor de cinco salarios mínimos mensuales, a menos que dentro de los tres días siguientes a la fecha señalada, prueben fuerza mayor. (…).
[8] El artículo 361 del CPC, señala: "ART. 361. - Pruebas en segunda instancia. Cuando se trate de apelación de sentencia, en el término de ejecutoria del auto que admita el recurso, las partes podrán pedir pruebas, que se decretarán únicamente en los siguientes casos: (…) 4. Cuando se trate de documentos que no pudieron aducirse en la primera instancia por fuerza mayor o caso fortuito, o por obra de la parte contraria. (…)"
[9]En el mismo sentido se pronuncia el artículo 103 de la Ley 446 de 1998, en materia de conciliación judicial y extrajudicial. Esta ley, como se sabe, establece una serie de disposiciones sobre descongestión, eficiencia y acceso a la justicia, algunas de las cuales regulan el trámite de la conciliación procesal y extra procesal. Dentro de las disposiciones comunes para la conciliación judicial de que trata la citada ley, se encuentra el artículo 103, parcialmente modificado por los artículos 69 y 70 de la Ley 794 de 2003, que textualmente dispone: "ART. 103. - Sanciones por inasistencia. La inasistencia injustificada a la audiencia de conciliación judicial prevista en esta ley o a la contemplada en el artículo 101 del Código de Procedimiento Civil, tendrá además de las consecuencias indicadas en el citado artículo, las siguientes consecuencias en el proceso: (…) 4. Si se trata del demandado, se tendrán por ciertos los hechos susceptibles de confesión contenidos en la demanda, y además el juez declarará desiertas las excepciones de prescripción, compensación y nulidad relativa, si las hubiere propuesto. 5. Si se trata de alguno de los litisconsortes necesarios, se le impondrá multa, hasta 10 salarios mínimos legales mensuales, en favor del Consejo Superior de la Judicatura. En el auto que señale fecha para la audiencia, se prevendrá a las partes sobre las consecuencias que acarrea su inasistencia. PAR. -Son causales de justificación de la inasistencia: 1. Las previstas en los artículos 101 y 168 del Código de Procedimiento Civil. 2. La fuerza mayor y el caso fortuito, que deberán acreditarse al menos sumariamente dentro de los cinco (5) días siguientes. El auto que resuelve sobre la solicitud de justificación o que imponga una sanción, es apelable en el efecto diferido. "(Subraya fuera del texto) En la sentencia C-196 de 1999, la cual la Corte examinó la constitucionalidad de los artículos 74 y 103 de la Ley 446 de 1998
[10] En este mismo sentido ha señalado que Igualmente, ha entendido que tales circunstancias justifican que un testigo, cuando sea ciudadano colombiano pero por fuerza mayor no pueda identificarse con su cédula de ciudadanía, pueda ser escuchado y su testimonio ser tenido como evidencia dentro del proceso. Al respecto ha señalado la Corte:"Si bien es verdad que el artículo 1º de la Ley 39 de 1961 establece que la cédula de ciudadanía laminada es un documento idóneo para la identificación de los colombianos mayores de edad en asuntos civiles, administrativos y judiciales, no es menos cierto que ante la necesidad de allegar a un proceso el testimonio de quien por fuerza mayor no porta su cédula de ciudadanía en un momento determinado (destrucción o pérdida de la misma), la administración de justicia, habida esa circunstancia, puede recepcionar la declaración testifical y valorarla luego en conjunto con los demás medios de prueba, "decisión excepcional que resulta admisible", según lo tiene dicho esta corporación, cuando "sin reparo no hay en el expediente duda alguna sobre la identidad personal misma de la deponente" (sentencia de 4 de agosto de 1988...). ".(CSJ, Sala de Casación Civil, sentencia de septiembre 29 de 1994, Exp. 4384. M.P. Pedro Lafont Pianetta).
[11] El artículo 39 de la ley 712 de 2001, que fue objeto de una exequibilidad condicionada y posteriormente resultó reformado por la disposición que se estudia, se estableció lo siguiente: "Si antes de la hora señalada para la audiencia, alguna de las partes presenta prueba siquiera sumaría de una justa causa para no comparecer, el juez señalará nueva fecha para celebrarla, sin que pueda haber otro aplazamiento.
Cuando en la segunda oportunidad sepresente prueba de que existe fuerza mayor para que una de las partes pueda comparecer, la audiencia de conciliación se celebrará con su apoderado, quien se entiende con facultad para conciliar, admitir hechos y desistir." (subraya fuera de original)