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Timestamp: 2018-02-20 07:55:16
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Resolución de 11 de diciembre de 2013, de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, de primera modificación de la Resolución de 28 de junio de 2013, por la que se regulan las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), y la determinación de la capacidad económica de las personas beneficiarias - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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RESOLUCIÓN DE 11 DE DICIEMBRE DE 2013, DE LA CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y VIVIENDA, DE PRIMERA MODIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE 28 DE JUNIO DE 2013, POR LA QUE SE REGULAN LAS PRESTACIONES DEL SISTEMA PARA LA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA (SAAD), Y LA DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD ECONÓMICA DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS (BOPA DEL 26 DE DICIEMBRE)
Artículo único. Modificación de la Resolución de 28 de junio de 2013, por la que se regulan las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), y la determinación de la capacidad económica de las personas beneficiarías
El Acuerdo del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia adoptado el 10 de julio de 2012 (publicado mediante Resolución de 13 de julio de 2012, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, en el Boletín Oficial de Estado de 3 de agosto de 2012), además de contemplar diversas medidas que incidían en la aplicación de la normativa del Sistema, contenía nuevos criterios mínimos sobre capacidad económica y participación del beneficiario en el coste de las prestaciones para la Autonomía y Atención a la Dependencia, estableciendo el plazo máximo de seis meses desde la fecha del Acuerdo, para que las comunidades autónomas promovieran las disposiciones normativas que resultasen necesarias para dar cumplimiento a lo previsto en el mismo, y de un año para que las Comunidades Autónomas procediesen a adaptar las prestaciones reconocidas a lo allí dispuesto.
El Principado de Asturias, en consecuencia, a través de la Resolución de 28 de junio de 2013, por la que se regulan las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), y la determinación de la capacidad económica de las personas beneficiarías (Boletín Oficial del Principado de Asturias de 1 de julio de 2013), procedió a regular el Servicio de Atención Residencial en su artículo 9, en el que distingue los distintos tipos de centros residenciales entre los que se encuentran los "centros de atención residencial para personas mayores".
El Decreto 10/1998, de 19 de febrero, por el que se regula el acceso y estancia en los establecimientos residenciales para ancianos, establece en cuanto a los servicios de atención residencial para personas mayores no dependientes, un régimen concreto, específico y diferenciado al regulado a través de la normativa relativa a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
Considerando que el propio Acuerdo de 10 de julio del Consejo Territorial de 28 de junio de 2012 establece, en relación al servicio de atención residencial, en el punto 7.6 del apartado Tercero relativo a los criterios y contenidos sobre capacidad económica y participación del beneficiario en el coste de las prestaciones para la Autonomía y Atención a la dependencia, que, la Administración competente podrá compatibilizar los sistemas que tenga establecidos, sobre reconocimiento de deuda, con lo previsto en el mismo, en los casos en que la aportación de la persona beneficiaria no sea suficiente para abonar en su totalidad su participación en el coste del servicio.
Resulta conveniente introducir en la citada Resolución de 28 de junio de 2013, las adaptaciones necesarias para regular un sistema diferenciado de determinación de la capacidad económica y participación en el coste del servicio de atención residencial para el colectivo de mayores, tanto dependientes como no dependientes.
Por otra parte, el plazo establecido en la Resolución de 28 de junio de 2013 se muestra insuficiente para poder llevar a cabo todas las revisiones de capacidad económica, por lo se considera necesario ampliar este plazo de seis a nueve meses.
En virtud de lo expuesto, en uso de las facultades que me atribuye el artículo 38, letra "i", de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, y al amparo de lo previsto en la disposición final primera del Decreto 68/2007, de 14 de junio, por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, resuelvo:
Artículo único. Modificación de la Resolución de 28 de junio de 2013, por la que se regulan las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), y la determinación de la capacidad económica de las personas beneficiarías—Uno. El artículo 9 "Servicio de Atención Residencial" queda redactado en el siguiente sentido:
"Artículo 9. Servicio de Atención Residencial.—1. El servicio de atención residencial ofrece una atención integral y continuada, de carácter personal, social y sanitario, que se prestará en centros residenciales, públicos o privados concertados, teniendo en cuenta la naturaleza de la dependencia, grado de la misma e intensidad de cuidados que precise la persona.
Puede tener carácter permanente, cuando el centro residencial sea la residencia habitual de la persona en situación de dependencia, o temporal, cuando se atiendan estancias temporales de convalecencia, durante vacaciones, fines de semana o períodos de descanso de los cuidadores no profesionales, sin que en estos casos pueda superar los 30 días.
2. La determinación del tipo de centro, así como del centro en concreto en que se preste el servicio, corresponderá al órgano gestor de los mismos y se ajustará a la normativa de acceso vigente, distinguiendo entre los siguientes:
a) Centro de atención residencial para personas mayores.
b) Centro de atención residencial para personas con discapacidad.
c) Alojamiento tutelado o vivienda con apoyos para personas con discapacidad, en la modalidad de estancia.
d) Alojamiento tutelado o vivienda con apoyos para personas con discapacidad, en la modalidad de asistencia parcial.
e) Alojamiento tutelado o vivienda con apoyos para personas con discapacidad, en la modalidad de estancias de fin de semana.
Asimismo, el servicio de atención residencial ajustará los servicios y programas de intervención a las necesidades de las personas en situación de dependencia atendidas.
Dos. Se adiciona un artículo 9.bis. "Determinación de la participación económica de las personas usuarias de centros de atención residencial para personas mayores", en el siguiente sentido:
"Artículo 9 bis. Determinación de la participación económica de las personas usuarias de centros de atención residencial para personas mayores.—1. La determinación de la participación económica de las personas no dependientes usuarias de centros residenciales de mayores será la establecida en el Decreto 10/1998, de 19 de febrero, por el que se regula el acceso y estancia en los establecimientos residenciales para ancianos, en el Capítulo IX. Liquidación de estancias.
2. La determinación de la participación económica de las personas dependientes usuarias de centros residenciales de mayores, se realizará mediante la aplicación de la siguiente fórmula matemática, que garantiza la progresividad en la participación:
PB = CEB-CM
Una vez determinada la participación en el coste de los servicios, se establece una cantidad de referencia para gastos personales que será del 19% del IPREM mensual.
Cuando los usuarios no dispongan de patrimonio líquido suficiente y el 75% de los ingresos o rentas líquidas mensuales de que dispongan, sin computar las pagas extraordinarias de las pensiones, sea insuficiente para hacer frente al precio público resultante, participarán abonando mensualmente a cuenta el 75% de sus ingresos o rentas líquidas, no computando las pagas extraordinarias de las pensiones, previa solicitud del usuario o de su representante.
3. A partir del día siguiente a la finalización definitiva de la prestación del servicio se realizará la liquidación definitiva en la que se procederá a determinar, en su caso, la deuda total acumulada, sin perjuicio de la posibilidad de efectuar en cualquier momento durante la prestación del servicio, bien de oficio, bien a solicitud del usuario, liquidaciones complementarias con la finalidad de aminorar la deuda generada.
Tres. Se adiciona un artículo 9. ter. "Determinación de la participación económica de las personas usuarias del resto de servicios", que queda redactado en el siguiente sentido:
"Artículo 9 ter. Determinación de la participación económica de las personas usuarias del resto de servicios.—1. La determinación de la participación económica de las personas usuarias dependientes y no dependientes, se realizará mediante la aplicación de la siguiente fórmula matemática, que garantiza la progresividad en la participación:
2. En el caso de las personas dependientes, cuando los ingresos o rentas líquidas anuales de que dispongan sean insuficientes para hacer frente al abono del precio público resultante, éstas participarán mensualmente a cuenta de la cantidad que resulte de aplicar la siguiente fórmula matemática:
PBc = CEBc - CM
PBc: Participación económica mensual a cuenta de la persona beneficiaria en el coste del servicio de atención residencial.
CEBc: Renta líquida mensual de la persona beneficiaria.
La deuda generada desde la entrada en vigor de la presente disposición se liquidará con carácter anual, no obstante, los interesados podrán solicitar, en cualquier momento a lo largo del año, la liquidación total o parcial de la misma.
3. En el caso de las personas no dependientes cuando los ingresos o rentas líquidas anuales de que dispongan sean insuficientes para hacer frente al abono del precio público resultante, éstas abonarán mensualmente a cuenta el 75% de sus ingresos o rentas totales que por cualquier concepto pudiera percibir, no computándose a estos efectos las pagas extraordinarias de las pensiones.
Cuatro. Se modifica la Disposición transitoria segunda que queda redactada:
"1. La Administración del Principado de Asturias procederá de oficio a la revisión de la participación económica de las personas dependientes y no dependientes en el coste de los servicios públicos con el objeto de adaptarla a lo establecido en la presente Resolución, para lo que se establece un plazo de seis meses desde su entrada en vigor.
2. Lo dispuesto en la presente norma no afectará a aquellas personas a las que les haya sido de aplicación la anterior normativa en materia de determinación de su capacidad económica, hasta en tanto no se produzca la revisión de la misma, de oficio o a instancia de parte.
3. El plazo previsto en el apartado primero de esta disposición será de nueve meses para las revisiones relativas a los Servicios de Atención Residencial y Centro de Día dependientes del Organismo Autónomo E.R.A., y para los Servicios de Alojamiento Residencial y Centro de Día dependientes de la Dirección General de Mayores y Discapacidad."
Cinco. Se adiciona una Disposición transitoria tercera que queda redactada:
Disposición transitoria tercera.—Las personas dependientes usuarias de centros de atención residencial para mayores que, a la entrada en vigor de la presente norma, ya vinieran efectuando abonos mensuales a cuenta de la liquidación final de la deuda generada, no precisarán efectuar la previa solicitud señalada en el apartado 2 del artículo 9. bis de esta Resolución
Seis. Se adiciona una Disposición transitoria cuarta que queda redactada:
Disposición transitoria cuarta.—La presente Resolución será de aplicación a los procedimientos de cálculo de la participación económica en el coste del Servicio de Atención Residencial iniciados al amparo de lo dispuesto en la Resolución de 28 de junio de 2013, por la que se regulan las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), y la determinación de la capacidad económica de las personas beneficiarias (Boletín Oficial del Principado de Asturias de 1 de julio de 2013).
Disposición Final Única.—La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.