Source: http://formu.info/la-convencin-internacional-sobre-los-derechos-de-las-personas-v3.html?page=15
Timestamp: 2019-05-25 07:36:25
Document Index: 220249097

Matched Legal Cases: ['artículo 19', 'artículo 20', 'artículo 9', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 9', 'artículo 20', 'artículo 20', 'artículo 9', 'artículo 19', 'artículo 20', 'artículo 19', 'artículo 20', 'artículo 19', 'artículo 20', 'artículo 4', 'artículo 19', 'artículo 28', 'artículo 19', 'artículo 20', 'artículo 25', 'artículo 26', 'artículo 9', 'Artículo 62', 'Artículo 63', 'Artículo 64', 'artículo 15', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 20', 'artículo 20', 'artículo 3', 'artículo 20', 'artículo 19', 'artículo 30', 'artículo 36', 'artículo 20', 'artículo 20']

Vida autónoma y movilidad personal
2.1.1. Determinación del objeto de análisis.
2.1.2. O
2.1.3. Concreción de las obligaciones dispuestas por la Convención
B) Normativa autonómica
2. Vida autónoma y movilidad personal.
2.1. Delimitación del contenido de la Convención relativo a la vida independiente y la movilidad personal
La Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce en su Preámbulo la importancia que para las personas con discapacidad reviste su autonomía e independencia individual, incluida la libertad de tomas sus propias decisiones (apartado n). La consecución de dicha autonomía e independencia exige atender a la diversidad de las situaciones en las que se encuentran las personas con discapacidad (apartado i), en particular a las que necesitan un apoyo más intenso (apartado j).
No sólo el Preámbulo sino también entre los principios generales figura en primer lugar la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas (art. 3 a). A estos principios se une asimismo el de participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad (art. 3 c), y la igualdad de oportunidades (art. 3 e).
Estos principios se concretan en el derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad que recoge el artículo 19 de la Convención. En éste los Estados reconocen el derecho en igualdad de condiciones de todas las personas con discapacidad a vivir en la comunidad, con opciones iguales a las de las demás, y se comprometen a adoptar medidas efectivas y pertinentes, y en la obligación de adoptar medidas efectivas y pertinentes para facilitar el pleno goce de este derecho.
Entre dichas medidas destacan aquellas que han adoptar los Estados miembros para asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso a una variedad de servicios de asistencia domiciliaria, residencial y otros servicios de apoyo de la comunidad, incluida la asistencia personal que sea necesaria para facilitar su existencia y su inclusión en la comunidad y para evitar su aislamiento o separación de ésta (art. 19 b Convención). Asimismo, se incluye la obligación de garantizar que las instalaciones y los servicios comunitarios para la población en general estén a disposición, en igualdad de condiciones, de las personas con discapacidad y tengan en cuenta sus necesidades (art. 19 c) Convención).
El derecho a vivir de forma independiente necesita, para realizarse de forma efectiva, de la garantía de la movilidad personal a la que se refiere el artículo 20 de la Convención que exige a los Estados adoptar medidas efectivas para asegurar que las personas con discapacidad gocen de movilidad personal con la mayor independencia posible.
La garantía se refiere a la movilidad personal supone, por una parte, facilitar soluciones adaptadas a cada persona y, asimismo, el acceso a los medios que la hagan efectiva.
Debe tenerse en cuenta que la garantía de los Estados a la movilidad personal de las personas con discapacidad requiere el cumplimiento previo de la accesibilidad del entorno, las instalaciones y los servicios conforme a lo dispuesto en el artículo 9 de la Convención y que se analiza en el apartado anterior.
Además, y al igual que ocurre con la accesibilidad, la realización del derecho a la vida independiente en su dimensión de una mayor movilidad puede verse modulado por otros derechos y obligaciones reconocidas en la Convención, al constituir un elemento imprescindible para garantizar el derecho trabajo, a la salud, a la participación en procesos electorales, acceso a la justicia, al ocio, cultural y deporte, etc. Por lo cual puede generar obligaciones específicas adicionales que deberán considerarse a la luz de los correspondientes artículos de la Convención dentro de los ámbitos en que se analicen en este trabajo.
2.1.2. Objetivo y alcance de las obligaciones de la Convención.
El objetivo del artículo 19 de la Convención consiste en garantizar a la personas con discapacidad una vida de forma independiente y en comunidad con iguales opciones que las demás, y con plena inclusión y participación.
De este modo el artículo 19 exige una garantía de autodeterminación personal, esto es, que las personas con discapacidad puedan decidir el cómo, dónde y con quién vivir, como cualquier otra persona. Con este objetivo, y teniendo en cuenta su vinculación a elementos externos para posibilitar su existencia en condiciones de igualdad, se dispone que deben tener la posibilidad de elegir entre distintos soluciones asistenciales (residencias, servicios, asistencia personal), de modo que puedan elegir la que consideren más conveniente para desarrollar su vida en sociedad.
Asimismo las instalaciones y servicios comunitarios deben estar a su disposición en igualdad de condiciones que a los demás. Esta puesta a disposición no se refiere a la accesibilidad de unas y otros —que se da por supuesto conforme al artículo 9—, sino que se trata de la posibilidad de acceder a la variedad de instalaciones y servicios existentes y deberán poder hacerlo en igualdad de condiciones que el resto.
Una concreción de este objetivo es el que figura en el artículo 20 que pretende asegurar que las personas con discapacidad gocen de movilidad personal con la mayor independencia posible.
Esta movilidad garantizada por los Estados parte debe partir del principio de la «autodeterminación dinámica», esto es, que cómo y cuándo quieren moverse y puedan hacerlo a costo asequible.
Asimismo debe garantizarse el acceso a las medidas necesarias para equiparar las funcionalidades motoras de las personas con discapacidad con respecto a las del resto. Esto supondría incluir tanto a personas con discapacidad física, como aquéllas con discapacidades sensoriales y mentales que afecten a la movilidad.
Debe distinguirse lo dispuesto en este artículo 20 con respecto a la movilidad de las obligaciones relativas al transporte, ya que éste último quedaría esencialmente sometido a lo dispuesto en el artículo 9 relativo a la accesibilidad. La movilidad se refiere a la traslación personal en un ámbito más básico que es el del normal desenvolvimiento al que no habilitan determinadas disfunciones físicas y mentales. Aunque la garantía de la movilidad puede alcanzar a los servicios de transporte cuando las medidas de accesibilidad no son suficiente y se hace necesario servicios especiales al no servir los disponibles al público en condiciones de accesibilidad.
La dimensión material de los artículos 19 y 20 de la Convención alcanza a una gran variedad de ámbitos ya que se refieren a todo aquello que resulte necesario para garantizar la vida independiente y la movilidad, lo que incluye servicios, bienes (tecnologías, dispositivos o ayudas técnicas) e instalaciones. En concreto, el artículo 19 c) se refiere a servicios de asistencia domiciliaria, residencial y otros servicios de apoyo, incluida la asistencia personal (apartado b), mientras que el artículo 20 b) menciona las formas de asistencia humana o animal e intermediarios, tecnologías de apoyo, dispositivos técnicos y ayudas para la movilidad.
A partir de todas estas medidas disponibles, debe tenerse en cuenta que la Convención no prevé un modelo concreto para garantizar el derecho a la vida independiente ya que, por una parte, el artículo 19 reconoce de forma genérica el derecho de todas las personas con discapacidad a vivir en la comunidad con opciones iguales, y determina que los Estados deberán adoptar medidas efectivas y pertinentes para facilitar el pleno goce de estos derechos. Más allá de este previsión genérica las medidas a adoptar por los Estados deben respetar en todo caso la libertad de decisión de las personas con discapacidad en cuanto a la organización de su propia vida (esto es, el lugar, la compañía y el modo de vida) por lo que deben poder contar con la posibilidad de acceder a las distintas soluciones que sean necesarias para facilitar su existencia y su inclusión en la comunidad y para evitar su aislamiento, sin que se manifieste una preferencia por ninguna de ellas que pueda derivar en una imposición. Se menciona la posibilidad de optar por residencias, servicios domiciliarios, y cualesquiera otros servicios asistenciales, incluida la asistencia personal.
Otro tanto ocurre con la movilidad personal, ya que el artículo 20 parte del reconocimiento del derecho a las personas con discapacidad de decidir el modo y momento en la movilidad personal, para lo cual se debe facilitar el acceso de las personas con discapacidad a formas de asistencia humana o animal e intermediarios, tecnologías de apoyo y dispositivos técnicos y ayudas.
Por otra parte, debe tenerse en cuenta que aunque se reconoce el derecho a la vida independiente no se hace con carácter prestacional, ya que el artículo 19 dispone de forma genérica que se adoptarán las medidas efectivas y pertinentes para facilitar el pleno goce de este derecho, y, asimismo se dispone que se garantizará en especial el acceso a las soluciones que así lo hagan posible y las puesta a disposición de instalaciones y servicios comunitarios. Por lo tanto, si bien es una obligación de los Estados prever las medidas para garantizar este derecho a la vida independiente, sin embargo, no es proveerlas ni de forma directa ni indirecta. En efecto, los Estados deben asegurar la existencia de una oferta suficiente de las medidas que sean necesarias, lo cual no significa ni que tengan que prestarlas directamente ni que tenga que asumir el coste de las mismas.
Exactamente igual ocurre con la movilidad, que, si bien no se reconoce como derecho, se garantiza a través de la disposición de la obligación de los Estados de disponer las medidas efectivas que sean necesarias para asegurarla. En este caso, se aprecia mejor la ausencia de una obligación de provisión pública de los medios necesarios para garantizar la movilidad por parte de los Estados, ya que el artículo 20 dispone que deben adoptar medidas efectivas para asegurar que gocen de movilidad personal, «facilitándola en la forma y en el momento que deseen a un costo asequible», y «facilitando el acceso» a aquellos medios necesarios para «una movilidad de calidad, incluso poniéndolos a su disposición a un costo asequible.
El facilitar la movilidad y el acceso a las medidas necesarias para ello no implica necesariamente la asunción total del coste económico, con respecto al cual, únicamente deben garantizar que sea asequible. La asequibilidad en los medios que garantizan la movilidad puede garantizarse a través de diversas medidas que incluyen la prestación pública directa con carácter gratuito, a la prestación indirecta con asunción de su coste (total o parcial), subvenciones, ayudas (que pueden ser directas o indirecta y totales o parciales).
En la medida que los Estados asuman la prestación de las medidas necesarias para garantizar la vida independiente y la movilidad, deberá tenerse en cuenta el artículo 4.2 de la Convención, que si bien se refiere literalmente a los derechos económicos, sociales y culturales, no cabe duda que en una interpretación sistemática y teleológica hace referencia a los derechos prestacionales, con respecto a los que dispone que los Estados Partes deberá adoptar medidas hasta el máximo de sus recursos disponibles y, cuando sea necesario, en el marco de la cooperación internacional, para lograr, de manera progresiva, el pleno ejercicio de estos derechos.
Por último debe tenerse en cuenta que las medidas relativas a la vida independiente y a la movilidad personal se enmarcan, cuando se prestan por los poderes públicos, en los servicios sociales. Sin embargo, desde de la perspectiva de la Convención, deben distinguirse aquéllos vinculados con la vida independiente y la movilidad personal a los que se refieren los artículo 19 y 20, de aquellos otros servicios distintos de éstos dispuestos para la protección social de manera que se garantice un nivel de vida adecuado tanto las personas discapacitadas como para sus familias, a las que se refiere el artículo 28 de la Convención y que se analiza en el ámbito 7 del presente estudio.
2.1.3. Concreción de las obligaciones dispuestas por la Convención.
El artículo 19 parte del reconocimiento por parte de los Estados del derecho de todas las personas con discapacidad a vivir en la comunidad, con opciones iguales a las de las demás, y gozar de este derecho con plena inclusión y participación en la comunidad, para lo cual deben cumplir con las siguientes obligaciones:
Obligación de carácter general: adoptar medidas efectivas y pertinentes para facilitar el pleno goce del derecho a la vida independiente por las personas con discapacidad y su plena inclusión y participación en la comunidad. Este derecho se garantiza esencialmente a través del cumplimiento de las obligaciones específicas que se detallan a continuación y que son el respecto a su autodeterminación en la organización de su propia vida, la posibilidad de elegir entre distintas soluciones asistenciales y la puesta a disposición de instalaciones y servicios comunitarios atendiendo a sus necesidades.
Asegurar la libre determinación del lugar y condiciones de residencia. En tanto la necesidad de determinados servicios y atenciones por parte de las personas con discapacidad puede condicionar la autodeterminación en el desarrollo de su propia vida (estancias en residencias, etc.), debe garantizarse que no se verán obligadas a vivir con arreglo a un sistema de vida específico.
Asegurar el acceso a los servicios necesarios para facilitar su existencia y su inclusión en la comunidad y para evitar su asilamiento o separación de ésta. Se trata de servicios de asistencia domiciliaria, residencial y otros servicios de apoyo de la comunidad, incluida la asistencia personal.
Asegurar que las instalaciones y los servicios comunitarios para la población en general estén a disposición, en igualdad de condiciones, de las personas con discapacidad y tengan en cuenta sus necesidades.
Por su parte, las obligaciones dispuestas en el artículo 20 se estructuran de la siguiente manera:
Obligación de carácter general: adoptar las «medidas efectivas» para asegurar la movilidad personal, lo cual implica una mayor vinculación de los poderes públicos con respecto al cumplimiento de esta obligación.
Obligaciones específicas para garantizar de forma directa la movilidad: entre las medidas efectivas para asegurar la mayor movilidad personal posible de las personas con discapacidad se señalan las siguientes:
Facilitar las condiciones para la movilidad personal: disponibilidad material, temporal y económica de las condiciones necesarias que garanticen dicha movilidad.
Facilitar el acceso a los medios (incluso poniéndolos a disposición a un costo asequible) que garanticen una movilidad personal de calidad. Pueden ser formas de asistencia humana o animal e intermediarios, tecnologías de apoyo, dispositivos técnicos y ayudas.
Obligación de facilitar formación sobre movilidad tanto a las personas discapacitadas como al personal especializado que trabaje con ellas.
Obligación de fomentar que los fabricantes de ayudas, dispositivos y tecnologías relacionados con la movilidad a que tengan en cuenta todos los aspectos relacionados con la movilidad de las personas con discapacidad.
2.2. Identificación del contenido de la normativa nacional relevante
I. Normativa sobre dependencia
Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia232.
Con la entrada en vigor el 1 de enero de 2007 de la Ley de Dependencia nace un nuevo derecho para todos los ciudadanos y ciudadanas. Con el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) que la Ley crea, todas las personas mayores o con discapacidad que no puedan valerse por si mismas serán atendidas por las Administraciones Públicas, garantizándoles el acceso a los servicios sociales públicos y a las prestaciones económicas más adecuadas a sus necesidades. En España los cambios demográficos y sociales están produciendo un incremento progresivo de la población en situación de dependencia. Nos encontramos con un importante crecimiento de la población de más de 65 años, que se ha duplicado de largo en los últimos cuarenta años (7,5 millones de personas según el Avance del Padrón a 1 de enero de 2007), con un aumento muy significativo de la población con edad superior a 80 años; a esta realidad debe añadirse la dependencia por razones de enfermedad y otras causas de discapacidad o limitación.
Hasta ahora su entrada en vigor han sido las familias las que tradicionalmente han asumido el cuidado de las personas en situación de dependencia. Los cambios en el modelo de familia y la incorporación progresiva de la mujer al mercado de trabajo han introducido nuevos factores en esta situación.
La implantación de la Ley será progresiva. En el año 2007 han accedido al Sistema los casos más graves, las personas que se encuentran en situación de gran dependencia, las que demanden ayuda con mayor urgencia; en 2008 se atenderá a las personas con dependencia severa Grado II, nivel 2 (personas que necesitan ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria dos o tres veces al día pero no requieren el apoyo permanente de un cuidador o tiene necesidades de apoyo extenso para su autonomía personal).
La Ley de Dependencia reconoce a los ciudadanos un derecho a la promoción de la autonomía personal y de atención a las personas en situación de dependencia. Son dependientes: las personas con limitación física, psíquica o intelectual, las personas con incapacidad para realizar por sí mismo actividades básicas de la vida diaria, las personas que tienen necesidad de asistencia o cuidados por parte de terceros.
La Ley distingue tres grados de dependencia:
- Grado I (Dependencia Moderada): Se encuentran en esta situación las personas que necesitan ayuda para realizar las actividades básicas de la vida diaria al menos una vez al día o tiene necesidades de apoyo intermitente o limitado para su autonomía personal.
- Grado II (Dependencia Severa): Se encuentran en esta situación las personas que necesitan ayuda para realizar las actividades básicas de la vida diaria, dos o tres veces al día, pero que no quieren el apoyo permanente de un cuidador o tienen necesidades de apoyo extenso para su autonomía personal.
- Grado III (Gran Dependencia): Se encuentran en esta situación las personas que necesitan ayuda para realizar las actividades básicas de la vida varias veces al día y, por su pérdida total de autonomía física, mental, intelectual o sensorial necesitan el apoyo indispensable y continuo de otra persona o tienen necesidades de apoyo generalizado para su autonomía personal.
Los requisitos para ser beneficiarios de la Ley de Dependencia son:
- Ser español (o tener residencia legal en España).
- Tendrán un tratamiento especial los menores de 3 años discapacitados.
- Encontrarse en situación de dependencia en alguno de los grados establecidos por la Ley.
- Residir en territorio español, y haberlo hecho durante 5 años, de los cuales dos deberán ser inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud.
La aplicación de la Ley va a ser progresiva. En el 2007, tendrán derecho a prestaciones sólo las personas que se encuentran en situación de Gran Dependencia (niveles 1 y 2). A partir del 2008, entrarán los restantes colectivos, de acuerdo con el calendario previsto:
La Ley contempla dos tipos de prestaciones: servicios y prestaciones económicas. Las prestaciones económicas y los servicios son incompatibles entre sí, a excepción de la teleasistencia para los no residenciados.
Los servicios tendrán carácter prioritario y se prestarán a través de las Redes de Centros de Servicios Sociales Autonómicas. De no ser posible la atención mediante alguno de estos servicios, o hasta que la red de servicios esté totalmente implantada, se podrá acceder a la prestación económica. La Red de Servicios Sociales integra centros y servicios, públicos y privados (con o sin ánimo de lucro). Los servicios incluidos:
- Servicios de prevención y promoción de la autonomía personal
- Servicios de ayuda a domicilio (atención de las necesidades del hogar y cuidados personales)
- Centros de día y de noche
- Servicios de atención residencial
Las prestaciones económicas se contemplan.
- Prestaciones económicas vinculadas al servicio. Esta prestación económica se establecerá únicamente cuando no sea posible el acceso a un servicio público o concertado de atención y cuidado. Esta prestación tendrá un carácter personal y estará vinculada siempre a la adquisición de un servicio. El uso y destino de esta cuantía económica podrá ser verificado, para asegurar que se destinan a la finalidad para la que fueron concedidas.
- Prestaciones económicas para cuidados en el medio familiar y apoyo a cuidadores no profesionales Son las ayudas destinadas a las cuidador no profesionales. Tendrá la condición de cuidadores no profesionales del dependiente, su cónyuge y sus parientes por consanguinidad, afinidad o adopción, hasta el tercer grado de parentesco. Cuando el dependiente tenga su domicilio en un entorno con falta de dotación de recursos públicos, se permitirá la existencia de cuidadores no profesionales, que aún no teniendo el grado de parentesco anterior, residan en el municipio de la persona dependiente o en uno vecino, por lo menos, durante un periodo previo de 1 año.
- Prestaciones económicas de asistencia personal. Son cuantías destinadas a la contratación de un asistente personal, durante un nº de horas, que facilite al beneficiario el acceso al trabajo y a la educación, así como una vida más autónoma. El Régimen de la Seguridad Social de estos asistentes, se regirá por la dispuesto en las normas de la Seguridad Social que resulten de aplicación para cada colectivo profesional.
La Ley contempla el "copago", que consiste en que los beneficiarios de las prestaciones participarán en la financiación de las mismas, dependiendo del tipo y coste del servicio y de su capacidad económica. Ningún ciudadano quedará fuera de la protección del sistema por carecer de recursos económicos. Está pendiente de aprobación por parte del gobierno, la norma que regulará estas prestaciones, y que se regulará a través de un Convenio entre la Administración General del estado y la Comunidad Autónoma.
Real Decreto 179/2008, de 8 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 6/2008, de 11 de enero, sobre determinación del nivel mínimo de protección garantizado a los beneficiarios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en el ejercicio 2008.
Orden ESD/1984/2008, de 4 de julio, por la que se crea la Comisión Especial para la mejora de la calidad del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
Orden TAS/2632/2007, de 7 de septiembre, por la que se modifica la Orden TAS/2865/2003, de 13 de octubre, por la que se regula el convenio especial en el sistema de la Seguridad Social, (cuidadores no profesionales de personas en situación de dependencia)
Orden TAS/1459/2007, de 25 de mayo, por la que se establece el Sistema de Información del Sistema para la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia y se crea el correspondiente fichero de datos de carácter personal.
Resolución de 8 de agosto de 2008, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros, en su reunión del día 1 de agosto de 2008, por el que se aprueba el marco de cooperación interadministrativa y criterios de reparto de créditos de la Administración General del Estado para la financiación durante 2008 del nivel acordado, previsto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.
Resolución de 23 de mayo de 2007, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros, por el que se aprueba el marco de cooperación interadministrativa y criterios de reparto de créditos de la Administración General del Estado para la financiación del nivel acordado, previsto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.
Resoluciones de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, por la que se publican los Convenios de colaboración para la realización de programas y/o proyectos cofinanciados del Plan de Acción a favor de Personas en Situación de Dependencia suscritos entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y las Comunidades Autónomas
Orden de 22 de septiembre de 2008, por la que se modifican la Orden de 5 de noviembre de 2008, por la que se regula el procedimiento y los requisitos para la acreditación de los centros para personas mayores en situación de dependencia en Andalucía, y la Orden de 15 de noviembre de 2007, por la que se regula el servicio de ayuda a domicilio en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Orden de 7 de marzo de 2008, por la que se modifica la Orden de 3 de agosto de 2007, por la que se establecen la intensidad de protección de los servicios, el régimen de contabilidad de las prestaciones y la Gestión de las prestaciones económicas del sistema de autonomía y atención a la dependencia en Andalucía y la Orden de 15 de noviembre de 2007, por la que se regula el Servicio de ayuda a domicilio.
Orden de 21 de diciembre de 2007, por la que se aprueba el modelo de reglamento de régimen interior de los centros residenciales de personas mayores en situación de dependencia que formen parte del sistema de autonomía y atención a la dependencia en Andalucía.
Orden de 15 de noviembre de 2007, por la que se regula el servicio de ayuda a domicilio en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Orden de 5 de noviembre de 2007, por la que se regula el procedimiento y los requisitos para la acreditación de los centros para personas mayores en situación de dependencia en Andalucía.
Orden de 1 de octubre de 2007, por la que se aprueban los modelos de informe social, trámite de consulta y propuesta de programa individual de atención del sistema para la autonomía y atención a la dependencia en Andalucía.
Orden de 3 de agosto de 2007, por la que se establecen la intensidad de protección de los servicios, el régimen de compatibilidad de las Prestaciones y la Gestión de las Prestaciones Económicas del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia en Andalucía.
Acuerdo de 31 de julio de 2007, del Consejo de Gobierno, por el que se distribuyen créditos entre Ayuntamientos de municipios con población superior a 20.000 habitantes y Diputaciones Provinciales al objeto de mejorar la atención a las personas en situación de dependencia.
Orden de 23 de abril de 2007, por la que se aprueba el modelo de solicitud del Procedimiento para el Reconocimiento de la Situación de Dependencia en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Orden de 11 de julio de 2008, del Departamento de Servicios Sociales y Familia, por la que se modifica el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y el acceso a los servicios y prestaciones del sistema para la autonomía y la atención a la dependencia.
Orden de 10 de marzo de 2008, del Departamento de Servicios Sociales y Familia, por la que se determinan las cuantías máximas de las prestaciones económicas del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia en la Comunidad Autónoma de Aragón, para el ejercicio 2008.
Orden de 7 de noviembre de 2007, del Departamento de Servicios Sociales y Familia, por la que se regula el régimen de acceso a los servicios y prestaciones económicas del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia en la Comunidad Autónoma de Aragón.
Decreto 259/2007, de 23 de octubre, del Gobierno de Aragón, sobre habilitación normativa para el desarrollo reglamentario de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.
Orden de 5 de octubre de 2007, del Departamento de Servicios Sociales y Familia, por la que se modifica el procedimiento de valoración y reconocimiento de la situación de dependencia y de acceso a los servicios y prestaciones del sistema para la autonomía y la atención a la dependencia.
Orden 15 de mayo de 2007, del Departamento de Servicios Sociales y Familia, por la que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y el acceso a los servicios y prestaciones establecidos en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia
Decreto 55/2007, de 17 de abril, del Gobierno de Aragón, sobre habilitación normativa para el desarrollo reglamentario de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.
Decreto 5/2007, de 16 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se distribuyen las competencias en materia de promoción de la autonomía y atención a las personas en situación de dependencia entre los diferentes órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón
Resolución de 7 de noviembre de 2007, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se regulan provisionalmente los criterios para la determinación en el Principado de Asturias de las prestaciones económicas a las personas beneficiarias que tengan reconocida la condición de persona en situación de dependencia.
Resolución de 26 de septiembre de 2007, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se dictan instrucciones para el diseño, elaboración y aprobación del Programa Individualizado de Atención a que se refiere la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.
Resolución de 8 de agosto de 2007, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se aprueban el modelo normalizado de dictamen-propuesta sobre el grado y nivel de dependencia de la persona valorada con arreglo a lo previsto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, y el modelo normalizado de la correspondiente resolución.
Resolución de 7 de agosto de 2007, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se determinan los componentes de los órganos de valoración de la situación de dependencia a que se refiere la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.
Resolución de 9 de julio de 2007, de la Procuradora General del Principado de Asturias, por la que se crea la “Comisión Especial para el Seguimiento de la Aplicación, en el ámbito del Principado de Asturias, de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de dependencia”.
Resolución de 9 de julio de 2007, de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social, por la que se aprueba el modelo de solicitud para el reconocimiento de la situación de dependencia.
Decreto 68/2007, de 14 de junio, por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia
Resolución de 17 de abril de 2007, de la Consejería de vivienda y bienestar Social, por el que se crean, con carácter provisional los modelos de documentación para los expedientes de reconocimiento de la situación de dependencia.
Resolución de la Consejera de Asuntos Sociales, Promoción e Inmigración, de 14 de febrero de 2008, por la que se regula la habilitación de las personas que han de llevar a cabo las funciones establecidas en los procedimientos de ejecución de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, y su normativa de desarrollo en el ámbito de las Islas Baleares
Resolución de la Consejera de Asuntos Sociales, Promoción e Inmigración, de 8 de noviembre de 2007, por la que se regula con carácter urgente y transitorio el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia, la intensidad de protección de los servicios y el régimen de compatibilidad de las prestaciones del sistema para la autonomía personal y atención a la dependencia, en el ámbito de la comunidad autónoma de las Islas Baleares.
Resolución de la Consejera de Asuntos Sociales, Promoción e Inmigración, de 7 de septiembre de 2007, por la que se crea el Equipo Técnico de Valoración para la declaración de la situación de dependencia y se revoca la de 31 de julio de 2007.
Resolución de la Consejería de Asuntos Sociales, Promoción e Inmigración de 31 de julio de 2007 por la que se crea el Equipo Técnico de Valoración para la Declaración de la Situación de Dependencia.
Resolución de la consejera de Presidencia y Deportes de 20 de febrero de 2007, por la que se aprueba, mientras no se produzca la entrada en vigor del baremo para la valoración de las personas en situación de dependencia en el ámbito nacional, el instrumento de valoración que tiene que aplicarse a los servicios y a las prestaciones económicas de la Consejería de Presidencia y Deportes destinados a las personas en situación de dependencia.
Decreto 163/2008, de 15 de julio, que modifica el Decreto 54/2008, de 25 de marzo, por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, establecido en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia (B.O.C. nº 61, de 26.3.08).
Orden de 7 de abril de 2008, por la que se establecen los modelos normalizados de propuesta del Programa Individual de Atención, de informe social y del trámite de consulta que se han de utilizar en los procedimientos para el reconocimiento de la situación de dependencia
Orden de 2 de abril de 2008, por la que se establece con carácter transitorio la intensidad de protección de los servicios y se hacen públicos los criterios para la determinación de la prestación económica a los beneficiarios que tengan reconocida la condición de persona en situación de dependencia en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias para el ejercicio 2008.
Resolución de la Dirección General de Servicios Sociales de 13 de junio de 2007, por la que se amplía el plazo de resolución y notificación en los procedimientos de reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema
Orden de 25 de mayo de 2007 de la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales, por la que se hacen públicos los modelos normalizados para la solicitud del reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la dependencia.
Orden EMP/70/2008, de 8 de septiembre, por la que se modifica la Orden EMP/18/2008, de 8 de febrero, por la que se desarrolla el Catálogo de Servicios del Sistema para la Autonomía Personal y la Atención a la Dependencia y se regula provisionalmente la aportación económica de las personas usuarias en la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Orden EMP/18/2008 de 8 de febrero por la que se desarrolla el Catálogo de Servicios del Sistema para la Autonomía Personal y la Atención a la Dependencia y se regula provisionalmente la aportación económica de las personas usuarias en la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Orden EMP/2/2007, de 26 de julio, por la que se regula provisionalmente la aportación económica de las personas usuarias del Sistema para la Autonomía Personal y la Atención a la Dependencia en la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Orden SAN/26/2007, de 7 de mayo, por la que se regulan los procedimientos para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la dependencia
Orden ASC/55/2008, de 12 de febrero, por la que se establecen los criterios para determinar las compatibilidades y las incompatibilidades entre las prestaciones del Sistema Catalán de Autonomía y Atención a la Dependencia (SCAAD) y las prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales (SPSS) en el ámbito territorial de Cataluña.
Orden ASC/433/2007, de 23 de Noviembre, por la que se establecen los criterios para determinar el importe de las prestaciones económicas del Sistema para la Autonomía y la atención a la Dependencia (SAAD) en el ámbito territorial de Cataluña.
Orden ASC/432/2007, de 22 de Noviembre, por la que se regulan los precios públicos y el régimen de participación de las personas beneficiarias en la financiación de los servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) en el ámbito territorial de Cataluña.
Decreto 115/2007, de 22 de mayo, por el que se determinan los órganos de la Generalidad de Catalunya competentes para aplicar la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia
Decreto 102/2008, de 15-07-2008, por el que se regula la concesión directa de una subvención a la Federación de entidades a favor de personas con discapacidad intelectual de Castilla-La Mancha para la adaptación de centros de servicios sociales en aplicación de la ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.
Orden de 09-05-2008, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se modifica la orden de 24-10-2007, por la que se establecen las intensidades de protección de los servicios y el régimen de compatibilidad de los servicios y prestaciones económicas del sistema para la autonomía y atención a la dependencia en Castilla-La Mancha.
Decreto 307/2007, de 18-12-2007, del procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la dependencia, y de la composición y funciones de los órganos de coordinación, de atención y valoración de la situación de dependencia.
Resolución de 02-11-2007, de la Dirección General de Coordinación de la Dependencia, por la que se delegan competencias en las Delegaciones Provinciales de Bienestar Social en materia de reconocimiento de la situación de dependencia.
Orden de 24 de octubre de 2007, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se establecen las intensidades de protección de los servicios y el régimen de compatibilidad de los servicios y prestacionres económicas del sistema para la autonomía y atención a la dependencia en Castilla-La Mancha.
Resolución de 24 de abril de 2007, de la Consejeria de Bienestar Social, por la que se aprueban los modelos de solicitudes de reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema y del informe social.
Resolución de 27 de octubre de 2008, de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, por la que se aprueba el modelo de solicitud para la valoración de la situación de dependencia y acceso a las prestaciones.
Orden FAM/2044/2007, de 19 de diciembre, por la que se regulan provisionalmente los criterios para el cálculo de la capacidad económica, coeficiente reductor para prestaciones económicas, aportación del usuario en el coste de los servicios y régimen de las prestaciones económicas del Sistema para la Autonomía Personal y la Atención a la Dependencia en la Comunidad de Castilla y León.
Orden FAM/1057/2007, de 31 de mayo, por la que se regula el baremo para la valoración de las solicitudes de acceso a la Prestación Social Básica de la Ayuda a Domicilio en Castilla y León.
Orden FAM/1056/2007, de 31 de mayo, por la que se regulan los baremos para la valoración de solicitudes de ingreso y de traslados en centros residenciales y en unidades de estancias diurnas para personas mayores dependientes de la Administración de la Comunidad de Castilla y León y a las plazas concertadas en otros establecimientos.
Resolución de 20 de febrero de 2008, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por la que se convocan subvenciones personales a residentes de Ceuta y de Melilla para facilitar la autonomía personal, mediante ayudas económicas para la adquisición de ayudas técnicas y realización de obras de accesibilidad y adaptaciones del hogar
Orden TAS/278/2008, de 8 de febrero, por la que se modifica la Orden TAS/2455/2007, de 7 de agosto, por la que se dictan normas para la aplicación y desarrollo en el año 2007, de los Reales Decretos que desarrollan la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, en las ciudades de Ceuta y Melilla, y se prorroga su vigencia para el año 2008.
Orden TAS/3/2008, de 9 de enero, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones personales a residentes de Ceuta y de Melilla para facilitar la autonomía personal, mediante ayudas económicas para la adquisición de ayudas técnicas y realización de obras de accesibilidad y adaptaciones del hogar, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales.
Real Decreto 1289/2007, de 28 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a favor de las Ciudades de Ceuta y de Melilla, para la realización de programas y actividades para personas mayores y personas en situación de dependencia.
Orden TAS/2455/2007, de 7 de agosto, por la que se dictan normas para la aplicación y desarrollo en el año 2007, de los Reales Decretos que desarrollan la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, en las Ciudades de Ceuta y de Melilla.
Resolución de 16 de julio de 2007, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, sobre el procedimiento a seguir para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la dependencia
Decreto 222/2008, de 24 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD).
Orden de 20 de febrero de 2008 por la que se hacen públicos los criterios para la determinación, en la Comunidad Autónoma de Extremadura, de la prestación económica a los beneficiarios que tengan reconocida la condición de persona en situación de dependencia.
Resolución de 25 de septiembre de 2007, de la Consejería de Sanidad y Dependencia, por la que se hacen públicos los criterios para la determinación, en la Comunidad Autónoma de Extremadura, de la prestación económica a los beneficiarios que tengan reconocida la condición de persona en situación de dependencia.
Resolución de 25 de abril de 2007, de la Consejera, por la que se hacen públicos los modelos normalizados para la solicitud del reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema.
Orden 1387/2008, de 11 de junio, por la que se regula el acceso a los servicios, las prestaciones económicas, la intensidad e incompatibilidades de los mismos para las personas en situación de dependencia en la Comunidad de Madrid.
Orden 2176/2007, de 6 de noviembre, de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales, por la que se regula el procedimiento de valoración y reconocimiento de la situación de dependencia y del acceso a las prestaciones y servicios del sistema.
Resolución de 20 de febrero de 2008, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por la que se convocan subvenciones personales a residentes de Ceuta y de Melilla para facilitar la autonomía personal, mediante ayudas económicas para la adquisición de ayudas técnicas y realización de obras de accesibilidad y adaptaciones del hogar.
Decreto Foral 69/2008, 17 de junio por el que se aprueba la Cartera de Servicios Sociales de Ámbito General.
Orden Foral 93/2008, de 10 de marzo, de la Consejera de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte, por la que se establece la cuantía máxima de ayudas vinculadas a servicio para estancias en centros ajenos de Tercera Edad y de Personas con Discapacidad.
Resolución 573/2007, de 12 de noviembre, del Director General de Presidencia, por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de Navarra del Acuerdo de la Junta de Cooperación entre la Administración General del Estado y la Comunidad Foral de Navarra de 7 de noviembre de 2007, en relación con la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.
Resolución de 8 de noviembre de 2007, de la Secretaría de Estado de Cooperación Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Junta de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Foral de Navarra en relación con la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.
Decreto Foral 184/2007, de 10 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia Navarra para la Dependencia.
Resolución de la Consejería de Servicios Sociales por la que se establecen las cuantías máximas de las prestaciones económicas del Sistema Riojano para la autonomía personal y atención a las personas en situación de Dependencia para el año 2008.
Decreto 131/2007, de 27 de diciembre, por el que se modifica el decreto 32/2005, de 29 de abril, por el que se crean y regulan las prestaciones para cuidadores de personas mayores dependientes.
Orden 5/2007, de 31 de octubre, de la Consejería de Servicios Sociales por la que se regulan las condiciones de acceso y la cuantía de las prestaciones económicas del Sistema Riojano para la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.
Decreto 126/2007, de 26 de octubre, por el que se regula la Intervención Integral de la Atención Temprana en La Rioja.
Orden 4/2007, de 16 de octubre, de la Consejería de Servicios Sociales por la que se regula el procedimiento para la valoración y reconocimiento de la situación de dependencia en la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Decreto Foral 11/2008, del Consejo de Diputados de 12 de febrero, que aprueba la normativa reguladora de la prestación económica de asistencia personal prevista en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia en el Territorio Histórico de Alava.
Decreto Foral 70/2007, del Consejo de Diputados de 23 de octubre, regulador de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar de personas en situación de dependencia.
Decreto Foral 45/2007, del Consejo de Diputados de 8 de mayo, que aprueba el Reglamento Regulador del Régimen de Acceso y Traslado de las Personas No Reconocidas Dependientes, que sean usuarias de la Red Foral de Servicios Sociales del Territorio Histórico de Álava.
Decreto Foral 39/2007, del Consejo de Diputados de 24 de abril, que regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia, el derecho y acceso a los servicios del sistema para la autonomía y atención a la dependencia en el Territorio Histórico de Alava.
Decreto Foral 7/2008, de 5 de febrero, de la Diputación Foral se Bizkaia, por el que se determinan en el Territorio Histórico de Bizkaia las cuantías para el año 2008 de las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar y de asistencia personal.
Decreto Foral 199/2007, de 6 de noviembre, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se modifica el Decreto Foral 99/2007, de 19 de junio, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se regula la prestación económica de asistencia personal.
Decreto Foral 198/2007, de 6 de noviembre, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se modifica el Decreto Foral 98/2007, de 19 de junio, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se regula la prestación para cuidados en el entorno familiar.
Decreto Foral 197/2007, de 6 de noviembre, de la Diputacion Foral de Bizkaia, por el que se modifica el Decreto Foral 74/2007, de 24 de abril, de la Diputacion Foral de Bizkaia, por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia.
Decreto Foral 99/2007, de 19 de junio, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se regula la prestación económica de asistencia personal.
Decreto Foral 98/2007, de 19 de junio, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se regula la prestación para cuidados en el entorno familiar.
Decreto Foral 74/2007, de 24 de abril, de la Diputación Foral de Bizkaia por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia.
Decreto Foral 235/2006, de 26 de diciembre, de la Diputación Foral, por el que se regula el régimen de acceso a las unidades residenciales socio-sanitarias de la red foral de residencias para personas mayores dependientes y las condiciones de prestación del servicio asistencial.
Orden Foral 545/2007 de 15 de junio, por la que se establece el sistema de equivalencias para la conversión de las puntuaciones obtenidas mediante la Escala Sakontzen a valores de los instrumentos BVD y Rai-Rug.
Orden Foral 445/2007, de 4 de junio, por la que se determina para el ejercicio 2007 el grado de implantación del Decreto Foral 38/2007 de 22 de mayo, por el que se determinan las condiciones necesarias para la concertación de servicios residenciales para personas mayores dependientes.
Decreto Foral 133/2007, de 20 de noviembre, por el que se regulan las prestaciones económicas de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.
Decreto Foral 38/2007, de 22 de mayo, por el que se determinan las condiciones necesarias para la concertación de servicios residenciales para personas mayores dependientes.
Orden Foral 320/2007, de 25 de abril, por la que se establece el baremo de la de valoración de la situación de dependencia y el procedimiento de actuación para su determinación.
Orden de 5 de diciembre de 2007, de la Conselleria de Bienestar Social por la que se regula los requisitos y condiciones de acceso a las ayudas económicas del programa de atención a las personas y a sus familias en el marco del sistema para la autonomía y atención a la dependencia en la Comunitat Valenciana.
Orden de 5 de diciembre de 2007, de la Conselleria de Bienestar Social que regula el Procedimiento de Aprobación del Programa Individual de Atención.
Decreto 171/2007, de 28 de septiembre, del Consell, por el que establece el procedimiento para reconocer el derecho a las prestaciones del sistema valenciano para las personas dependientes
Decreto 35/2007, de 30 de marzo, del Consell, sobre creación, composición y régimen de funcionamiento del Consejo Interterritorial de Servicios Sociales, Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia de la Comunitat Valenciana.
II. Normativa e iniciativas relativas a la vida independiente y a la movilidad en el ámbito de la Seguridad Social.
A) Prestaciones contributivas
Ley General de la seguridad social de 1994 (arts. 134-143 y 150-156).
Ley 35/2002, de 12 de julio, de medidas para el establecimiento de un sistema de jubilación gradual y Flexible. (art. 8, 9 y disp. ad. segunda).
Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de medidas Fiscales, administrativas y de orden social (arts. 41 y 42).
Ley 52/2003, de 10 de diciembre, de disposiciones específicas en materia de seguridad social (arts. 13, 14 y 15 y disp. derogatoria única d)
Real Decreto-Ley 2/2003, de 25 de abril, de medidas de reforma económica (art. undécimo)
Ley 9/2005 de 6 de junio de compatibilidad de la pensión SOVI con la viudedad
Ley 30/2005 de 29 de diciembre de presupuestos del Estado para 2006 (Disposición adicional cuadragésima octava).
Decreto 1.646/1972 de 23 de junio. nuevo reglamento general de prestaciones.
Real Decreto 1.799/1985 de 2 de octubre para la aplicación de la Ley 26/1985.
Real Decreto 1300/1995 de 21 de julio, sobre Incapacidades laborales del sistema de la Seguridad social.
Real Decreto 1647/1997, de 31 de octubre, por el que se desarrollan determinados aspectos de la Ley 24/1997, de 15 de julio, de consolidación y racionalización del sistema de la seguridad social (arts. 6 y 7).
Real Decreto 1132/2002, de 31 de octubre, de desarrollo de determinados preceptos de la Ley 35/2002, de 12 de julio, de medidas para el establecimiento de un sistema de jubilación gradual y flexible (arts. 10 y 11).
Real Decreto 463/2003, de 25 de abril, sobre el reconocimiento del incremento de la pensión de incapacidad permanente total para la profesión habitual para los trabajadores por cuenta propia.
Orden de 15 de abril de 1969 por la que se establecen normas para la aplicación y desarrollo de las prestaciones por incapacidad en el régimen general de la seguridad social.
Orden de 5 de abril de 1974. modifica el baremo de Lesiones permanentes no Invalidantes.
Orden de 11 de mayo de 1988. Lesiones permanentes no invalidantes.
Orden de 16 de enero de 1991. Lesiones permanentes no Invalidantes.
Orden de 18 de enero de 1996 para la aplicación y desarrollo del Real Decreto 1300/1995 de 21 de julio sobre incapacidades laborales.
Orden TAS/1040/2005 de 18 de abril sobre actualización de las cuantías en lesiones permanentes no invalidantes.
El procedimiento puede iniciarse a petición del trabajador afectado, o su representante legal; de oficio por propia iniciativa del INSS; como consecuencia de una petición de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social o del Servicio de Salud competente; o a petición de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, de las Mutualidades de Previsión Social, o de las Empresas colaboradoras en los asuntos que les afecten directamente.
La Incapacidad Permanente puede tener diversos grados:
· Incapacidad permanente parcial para la profesión habitual: es la que ocasiona al trabajador una disminución del 33% o más, en su rendimiento normal, sin impedirle realizar las tareas fundamentales de su profesión.
· Incapacidad permanente total para el desempeño de la profesión habitual: se considera que inhabilita al trabajador para la realización de todas, o las tareas fundamentales, de su profesión, pero no para dedicarse a otra distinta.
· Incapacidad permanente absoluta para todo trabajo: es aquélla que inhabilita por completo al trabajador para toda profesión u oficio.
· Gran Invalidez: se llama así a la situación del trabajador afectado de incapacidad permanente que necesita la asistencia de otra persona para realizar los actos más esenciales de la vida. En este caso, la persona afectada solicita pensión de invalidez, y es el correspondiente Tribunal Médico el que estima, a la vista de las circunstancias, cuál es el grado de la misma.
Ley de 1 de septiembre de 1939, de sustitución del régimen de capitalización en el retiro obrero por el de pensión fija, aumentando la pensión la pensión actual y convirtiendo las cajas colaboradoras en Delegaciones del Instituto Nacional de Previsión.
Ley general de la seguridad social (arts. 160 a 166 y dispos. trans.).
Estatuto de los trabajadores (art. 12.4 y dispos. ad. 10ª).
Ley 47/1998, de 23 de diciembre, por la que se dictan reglas para el reconocimiento de la jubilación anticipada del sistema de la Seguridad Social, en determinados casos especiales.
Ley 24/2001, de medidas fiscales, administrativas y de orden social (art. 34.6)
Decreto de 18 de abril de 1947, por el que se crea la caja nacional del seguro de Vejez e Invalidez (SOVI)
Decreto 1.646/1972, de 23 de junio, para la aplicación de la Ley
24/1972 (art. 2).
Real Decreto 1.799/1985, de 2 de octubre, para la aplicación de la Ley 26/1985, de 31 de julio.
Real Decreto 1647/1997, de 31 de octubre, por el que se desarrollan determinados aspectos de la Ley 24/1997, de 15 de julio.
Real Decreto 144/1999, de 29 de enero, por el que se desarrolla, en materia de acción protectora de la seguridad social, el RDL 15/1998.
Real Decreto 1131/2002, de 31 de octubre, por el que se regula la seguridad social de los trabajadores contratados a tiempo parcial, así como la jubilación parcial.
Real Decreto 1132/2002, de 31 de octubre, de desarrollo de determinados preceptos de la Ley 35/2002, de 12 de julio.
Real Decreto 1795/2003, de 26 de diciembre, de mejora de las pensiones de viudedad (dispos. final primera).
Orden de 2 de febrero de 1940, dictando normas para la aplicación del de la Ley de 1 de septiembre de 1939 (subsidio de Vejez).
Orden de 18 de enero de 1967, por la que se establecen normas para la aplicación y desarrollo de la prestación de vejez en el régimen general de la seguridad social.
Esta prestación se percibe tras cumplir 65 años, al cesar toda actividad laboral y habiendo cotizado al menos 15 años a la Seguridad Social, de los cuales dos deberán estar comprendidos dentro de los 15 años anteriores al momento de causar derecho o de aquel en que cesó la obligación de cotizar. Como medida de fomento del empleo se rebaja la edad mínima de jubilación exigida de 65 años a 64 años, sin la aplicación de coeficientes reductores por edad. Existe también la posibilidad de jubilarse a partir de los 60 años, con coeficientes reductores para los trabajadores que tuvieran la condición de mutualistas en alguna mutualidad laboral de trabajadores por cuenta ajena antes del 1 de enero de 1997, en el caso de trabajadores en situación de alta o asimilada. Otra opción que se tiene es la jubilación anticipada a partir de los 61 años sin tener la condición de mutualista así como los trabajadores con un grado de discapacidad de igual o superior al 65% de discapacidad. Con 61 años y sin tener la condición de mutualista también podrán solicitar esta condición de jubilado de manera anticipada.
Excepcionalmente, en algunos supuestos, es posible jubilarse con antelación a la edad ordinaria de jubilación sin coeficientes reductores.
La cuantía de la pensión depende de la aplicación de una serie de porcentajes a la base reguladora, en función de una serie de circunstancias (con 35 años trabajados se cobra el 100%)
· Trabajadores con 65 o más años: si el trabajador solicita una pensión a una edad superior a los 65 años, el porcentaje será el que resulte de sumar el 100% siendo el 2% adicional cada año cotizado desde que cumplíó esos 65 años siempre y cuando se tenga 35 años cotizados, en el caso de no estar completados esos 35 años, el porcentaje se aplicará el periodo solamente de cotización real.
· Jubilación anticipada de trabajadores con discapacidad. A partir del 1 de enero del 2004, las personas con discapacidad igual o superior al 65% y sean trabajadores por cuenta ajena podrán acceder anticipadamente a la jubilación sin tener reducción de la cuantía de la pensión, mediante la aplicación de coeficientes reductores.
· Jubilación especial a los 64 años. Esta modalidad ha sido concebida como una medida de fomento del empleo y se rebaja la edad mínima de jubilación exigida de 65 años a 64 años, sin la aplicación de coeficientes reductores por edad, esto permita al trabajador por cuenta ajena acceder a esta prestación con los mismos derechos económicos que si tuviera 65 años cumplidos.
Prestaciones por muerte y superviviencia
Ley de 1 de septiembre de 1939, de sustitución del régimen de capitalización
Ley general de la seguridad social (arts. 171-179).
Real Decreto 1647/1997, de 31 de octubre, por el que se desarrollan determinados aspectos de la Ley 24/1997, de 15 de julio, de consolidación y racionalización del sistema de la seguridad social (arts. 8-11, dispos. ad. única, y disp. trans. 4ª).
Real Decreto 1.465/2001, de 27 de diciembre, de modificación parcial del régimen jurídico de las prestaciones por muerte y supervivencia.
Real Decreto 1.795/2003, de 26 de diciembre, de mejora de las pensiones de viudedad.
Real Decreto 364/2004, de 5 de marzo, de mejora de las pensiones de orfandad en favor de minusválidos.
Orden de 13 de febrero de 1967, por la que se establecen normas para la aplicación y el desarrollo de las prestaciones de muerte y supervivencia del régimen general.
Tiene derecho a ella el cónyuge sobreviviente, siempre que haya existido matrimonio o separación judicial o divorcio. En algunos casos se reconoce también en supuestos de cohabitación. Si el causante de la pensión es un trabajador, es requisito indispensable que esté en situación de alta o asimilada, y que haya cotizado 500 días dentro de los 5 años anteriores al fallecimiento, si la causa de éste es una enfermedad común. Si es pensionista, no se exige período alguno de cotización. En caso de fallecimiento por accidente, sea o no de trabajo, o a enfermedad profesional no se exige período previo de cotización.
La cuantía de la pensión de viudedad asciende al 52% de la base reguladora del causante, con carácter general y efectos económicos a partir de 1-1-04. Sérá del 70% de la base reguladora correspondiente siempre que, durante todo el período de percepción de la pensión, se cumplan los siguientes requisitos:
· Que el pensionista tenga cargas familiares:
A la unión familiar que conviva con hijos menores de 26 años o mayores discapacitados, o menores acogidos. A estos efectos, se considera que existe incapacidad cuando acredite una minusvalía igual o superior al 33%.
Los rendimientos de la unidad familiar, incluido el propio pensionista, divididos entre el número de miembros que la componen, no superen, en cómputo anual, el 75% del salario mínimo interprofesional vigente en cada momento, excluida la parte proporcional de las dos pagas extraordinarias.
· Que la pensión de viudedad constituya la principal o única fuente de ingresos, entendiendo que se cumple este requisito cuando el importe anual de la pensión sea superior al 50% del total de los ingresos del pensionista.
· Que los rendimientos anuales del pensionista por todos los conceptos no superen la cuantía resultante de sumar al límite que, en cada ejercicio económico, esté previsto para el reconocimiento de los complementos por mínimos de las pensiones contributivas, el importe anual que, en cada ejercicio económico, corresponda a la pensión mínima de viudedad en función de la edad del pensionista. A partir de 1-1-2007, el límite de ingresos es de: con 65 o más años: 6.495,29 + 6.0905,08 = 13.400,37 euros; con menos de 65 años: 6.495,29 + 6.433,98 = 12.929,27 euros.
En caso de separación judicial, divorcio o nulidad, la cuantía será proporcional al tiempo vivido en matrimonio con el fallecido.
La base reguladora será el cociente que resulte de dividir por 28 la suma de las bases de cotización del interesado durante un período ininterrumpido de 24 meses. Dicho período será elegido por los beneficiarios dentro de los 15 años inmediatamente anteriores a la fecha del hecho causante (fallecimiento) de la pensión. Cuando se trate de pensionistas, se utilizará como base la misma que sirvió para determinar su pensión, incrementada con las mejoras que se hubieren producido. En caso de fallecimiento por accidente de trabajo o enfermedad profesional, se aplican los salarios cobrados en el momento del accidente, incluidas las horas extraordinarias en cómputo anual.
Los beneficiarios son los siguientes:
· El cónyuge sobreviviente.
· Los separados y divorciados que no hubieran contraído nuevas nupcias, con independencia de las causas que hubieran determinado la separación o el divorcio. La cuantía de la pensión será proporcional al tiempo vivido en matrimonio con el fallecido.
· El superviviente cuyo matrimonio fuese declarado nulo, respecto del cual no cupiera la apreciación de mala fe, siempre que no hubiera contraído nuevas nupcias. La cuantía de la pensión será proporcional al tiempo vivido en matrimonio con el fallecido.
Tienen derecho a esta pensión todos los hijos del causante, cualquiera que sea la naturaleza legal de su filiación.
Los hijos del cónyuge sobreviviente aportados al matrimonio, siempre que éste se hubiera celebrado dos años antes del fallecimiento del causante, hubieran convivido a sus expensas y además no tengan derecho a otra pensión de la Seguridad Social, ni queden familiares con obligación y posibilidad de prestarles alimentos, según la legislación civil, esto se aplica en estos casos:
· Menores de 18 años o mayores que tengan reducida su capacidad de trabajo en un porcentaje valorado en grado de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez.
· Menores de 22 años, o de 24 años si no sobreviviera ninguno de los padres, en los casos en que los hijos no efectúen un trabajo lucrativo por cuenta ajena o propia, o cuando, realizándolo, los ingresos que obtengan, en cómputo anual, resulten inferiores al 75% del salario mínimo interprofesional que se fije en cada momento, también en cómputo anual.
La cuantía de la pensión se calcula aplicando a la base reguladora el porcentaje correspondiente, de forma similar al cálculo de la pensión de viudedad,
Si el fallecimiento ha sido debido a accidente de trabajo o a enfermedad profesional, se concede, además, a cada huérfano una indemnización a tanto alzado equivalente a una mensualidad de la base reguladora. En caso de no existir cónyuge con derecho a indemnización, las seis mensualidades correspondientes a aquél se distribuirán entre los huérfanos.
Se concede a parientes por consanguinidad que sean nietos, hermanos, madre, abuelas, padre y abuelos del sujeto causante que reúnan los requisitos exigidos.
Se concede pensión a los hijos, o hermanos de los pensionistas de incapacidad permanente o jubilación que sean mayores de 45 años en la fecha del fallecimiento, que acrediten haber prestado cuidados durante un tiempo prolongado al causante de la pensión, y que carezcan de medios de vida propios.
Para causar esta pensión se requiere:
Si el causante es trabajador, estar afiliado en situación de alta o similar, a la Seguridad Social, y tener cubiertos 500 días de cotización en los 5 años anteriores al fallecimiento, si la muerte se debe a una enfermedad común.
Que el solicitante de la pensión pueda acreditar una convivencia con el causante al menos dos años antes del fallecimiento de éste, así como la dependencia económica de él.
Igualmente, debe acreditar no tener derecho a otra pensión pública y carecer de medios de subsistencia, o de familiares con obligación y posibilidad de prestarles alimentos.
La cuantía de la pensión es el 20% de la base reguladora, que se puede incrementar con el 52% de la pensión de viudedad si al fallecimiento de causante no queda cónyuge sobreviviente, ni hijos con derecho a pensión de orfandad.
La base reguladora es el cociente de dividir por 28 la suma de las bases de cotización del interesado durante un período ininterrumpido de 24 meses, elegido dentro de los 7 años inmediatamente anteriores. Cuando se trate de pensionistas, se utiliza como base la misma que se haya usado para determinar la cuantía de su pensión, incrementada con las mejoras que su hubieran producido.
Si el fallecimiento del causante se debe a accidente de trabajo o enfermedad profesional, se aplican los salarios devengados en el momento del accidente incluidas las horas extraordinarias en cómputo anual.
Existe la posibilidad de solicitar también el llamado Subsidio en favor de familiares. Se trata de un subsidio temporal del 20% de la base reguladora tomada para calcular la viudedad, durante 12 meses y dos pagas extraordinarias, en favor de hijos/as, hermanos/ as del trabajador o pensionista fallecido, mayores de 18 años, solteros, viudos, separados judicialmente o divorciados, que convivieran con éste, no tuvieran derecho a cualquier otra pensión, carezcan de medios de subsistencia y no haya familiares que tengan la obligación de prestarles alimentos.
Prestaciones sanitarias (únicamente las vinculadas a la vida independiente y a la movilidad, que no se refieren directamente a la salud de las personas con discapacidad)
Ley General de la Seguridad Social de 1974 (cap. IV del título II)
Ley 28/1992, de 24 de noviembre, de medidas presupuestarias urgentes (art. 5).
Real Decreto 1.030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes del sistema nacional de salud y el procedimiento para su actualización.
Orden de 18 de enero de 1996, de desarrollo del real Decreto 63/1995, de 20 de enero, para la regulación de la prestación ortoprotésica (apartado 8.º, actualizado por las órdenes de 20 de marzo de 2000 y 19 de julio de 2001).
Contenido de las prestaciones.
La prestación ortoprotésica consiste en la utilización de productos sanitarios, implantables o no, cuya finalidad es sustituir total o parcialmente una estructura corporal, o bien de modificar, corregir o facilitar su función, comprendiendo los elementos precisos para mejorar la calidad de vida y autonomía del paciente (art. 17 de la Ley 16/2003 y anexo VI del RD 1.030/2006). Esta prestación se facilitará por los servicios de salud o dará lugar a ayudas económicas, y el acceso a la misma se hará, garantizando las necesidades sanitarias de los pacientes, en la forma que establezca al efecto la administración sanitaria competente en la gestión de la prestación; debiendo ser llevada a cabo su prescripción por un médico de atención especializada, especialista en la materia correspondiente a la clínica que justifique la prescripción. La prestación ortoprotésica comprende:
·Implantes quirúrgicos.
·Prótesis externas.
· Sillas de ruedas.
· Ortesis.
· Ortoprótesis especiales.
- Las sillas de ruedas son el vehículo individual para favorecer el traslado de personas que han perdido, de forma permanente, total o parcialmente, la capacidad de deambulación y que sea adecuado a su grado de discapacidad. Se incluyen en esta prestación las sillas de ruedas manuales y los accesorios para las sillas de ruedas. No se consideran incluidas las sillas de ruedas manuales con ruedas grandes delanteras maniobradas por los dos brazos, las sillas de ruedas propulsadas con el pie, las sillas de ruedas de fibra de carbono y/o titanio, las sillas de ruedas con motor, con excepción de las sillas de ruedas con motor eléctrico y dirección eléctrica para pacientes con limitaciones funcionales graves del aparato locomotor por enfermedad, malformación o accidente que cumplan todos y cada uno de los requisitos siguientes:
· Incapacidad permanente para la marcha independiente.
· Incapacidad funcional permanente para la propulsión de sillas de ruedas manuales con las extremidades superiores.
· Suficiente capacidad visual, mental y de control que les permita el manejo de sillas de ruedas eléctricas y ello no suponga un riesgo añadido para su integridad y la de otras personas.
- Las ortoprótesis especiales son el producto sanitario no implantable que sustituye una estructura corporal o su función o facilita la deambulación sin que pueda considerarse como cualquiera de los productos anteriores. Son ortoprótesis especiales:
· ayudas para caminar manejadas por un brazo.
· ayudas para caminar manejadas por los dos brazos.
· ayudas para terapia circulatoria.
· ayudas para la prevención de las úlceras por presión (ayudas antidecúbitos).
· equipamiento para el entrenamiento del movimiento, la fuerza y el equilibrio para pacientes lesionados medulares, parálisis cerebral, traumatismos craneoencefálicos, mielomenigocele, distrofias musculares progresivas y enfermedades neurodegenerativas.
Prestaciones de Regímenes Especiales integrados en el Régimen General
B) Prestaciones no contributivas: la acción asistencial de la Seguridad Social
La Ley 26/1990, por la que aprueba el Texto refundido de la Ley General de Seguridad Social, extendió el derecho a las pensiones de la Seguridad Social, por jubilación e invalidez, a todos los ciudadanos, aunque no hayan cotizado o lo hayan hecho de forma insuficiente para tener derecho a una pensión contributiva, y carezcan de recursos suficientes.
Pensión no contributiva de jubilación. La prestación por jubilación está considerada como un derecho y que a través de la Seguridad Social garantiza una cuantía a las personas que cumplan los requisitos exigidos, es una protección frente a las situaciones que se contemplan en la Ley General de la Seguridad Social asegurando así una prestación económica, asistencia médico-farmacéutica gratuita y otros servicios sociales complementarios, aunque no se haya cotizado o se haya hecho de forma insuficiente para tener derecho a una Pensión Contributiva.
Pensión no contributiva por invalidez. La Pensión no Contributiva de Invalidez asegura a todas las personas en situación de invalidez y en estado de necesidad una prestación económica, asistencia médico-farmacéutica gratuita y servicios sociales complementarios, aunque no se haya cotizado o se haya hecho de forma insuficiente para tener derecho a una Pensión Contributiva. De acuerdo con la Ley 8/2005, de 6 de junio, para compatibilizar las pensiones de invalidez en su modalidad no contributiva con el trabajo remunerado, en el caso de personas que con anterioridad al inicio de una actividad lucrativa vinieran percibiendo PNC de Invalidez, durante los cuatro años siguientes al inicio de la actividad, la suma de la cuantía de la pensión de invalidez y de los ingresos obtenidos por la actividad desarrollada no podrán ser superiores, en cómputo anual, al importe, también en cómputo anual, del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) vigente en cada momento. En caso de exceder de dicha cuantía, se minorará el importe de la pensión en el 50 por 100 del exceso sin que, en ningún caso, la suma de la pensión y de los ingresos pueda superar 1,5 veces el IPREM.
Las personas beneficiarias de la Pensión no contributiva de Invalidez serán todos los ciudadanos españoles y nacionales de otros países, con residencia legal en España que cumplen los siguientes requisitos:
Minusvalía/Discapacidad: Grado igual o superior al 65%.
Pensiones de ancianidad en favor de españoles no residentes. Son beneficiarios de la pensión de ancianidad los españoles de origen que cumplan los siguientes requisitos:
Tener la condición de emigrante.
Residir legal y efectivamente en el extranjero.
Carecer de rentas suficientes en los términos legalmente establecidos.
No pertenecer a institutos, comunidades ordenes y organizaciones religiosas que, por sus reglas o estatutos, estén obligados a prestarles asistencia.
B) Otras prestaciones
Pensiones por actos de terrorismo. Si la incapacidad es consecuencia de haber sido víctima de un acto terrorista, y la persona estaba afiliada a la Seguridad Social en cualquiera de sus regímenes, tendrá derecho a una pensión extraordinaria, incluso si en el momento de producirse el hecho no estaba en situación de alta.
La pensión también podrá ser para familiares de pensionistas que fallezcan a causa de un atentado o actividad delictiva de la que no son responsables. La prestación por acto terrorista incluye no sólo una pensión, sino además asistencia sanitaria y servicios sociales.
Se otorgan varias clases de pensiones: de incapacidad permanente, de supervivencia, de viudedad, orfandad y en favor de familiares.
Las pensiones se producen en los términos establecidos en el Régimen General de la Seguridad Social para pensiones debidas a accidentes de trabajo, pero con algunas variaciones. Por ejemplo, el importe será igual al 200% de la cuantía resultante de aplicar el porcentaje que corresponda a la base reguladora. Además, no estan sujetas a los límites de señalamiento inicial ni de revalorización de las pensiones, y son incompatibles con las pensiones ordinarias que pudieran corresponder a sus beneficiarios por los mismos hechos causantes, así como con cualquier otra pensión extraordinaria que, por la misma causa, pudiera reconocer cualquier régimen público de protección social básica. En todo caso, tienen garantizada una cuantía mínima igual al doble del salario mínimo interprofesional vigente en cada momento.
El porcentaje de la ayuda dependerá del grado de incapacidad que tenga reconocido el titular de la pensión. Las pensiones extraordinarias son incompatibles con las pensiones ordinarias que pudieran corresponder al beneficiario por el mismo hecho causante. Si fuera ya pensionista, la pensión extraordinaria concedida será incompatible con la pensión ordinaria que sirvió de cálculo para determinar la base reguladora de la pensión extraordinaria. En todos los casos quien tuviera derecho a dos o más pensiones podrá optar entre causar derecho a las pensiones extraordinarias por actos de terrorismo o a las que correspondan en el sistema de la Seguridad Social.
Las prestaciones del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI). El Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI) es un régimen residual que se aplica a aquellos trabajadores y sus derechohabientes que, reuniendo los requisitos exigidos por la legislación del extinguido régimen, no tengan derecho a pensión del actual sistema de la Seguridad Social, con excepción de las pensiones de viudedad de las que puedan ser beneficiarios.
Ley de 1-9-39, establece el Subsidio de Vejez.
Orden de 2-2-1940, desarrolla lo dispuesto en la Ley 1-9-39.
Decreto de 18-4-1947, establece el Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI).
Decreto de 2/9/1955, que establece la Pensión de Viudedad en el SOVI
Orden de 10-8-1957, sobre incompatibidad de las pensiones de SOVI.
Resolución de 30//7/1985, de la Secretaria General para la Seguridad Social, por la que se declara la imprescriptibilidad de las pensiones de viudedad del SOVI .
LGSS (Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social) Disposición Transitoria Séptima.
Ayudas extraordinarias.
Beneficiarios. Las familias que tengan a su cargo hijos con discapacidad psíquica, y cuya renta per cápita sea inferior al 70% del salario mínimo interprofesional, tienen derecho a optar a las siguientes prestaciones económicas extraordinarias que concede la Administración:
Para niños de 0 a 5 años, se conceden ayudas para estimulación precoz en fisioterapia, psicomotricidad, rehabilitación, asistencia especializada y otras áreas de actuación.
Entre los 5 y los 18 años, las prestaciones extraordinarias se dirigen sobre todo a la educación, tanto para enseñanza como para reeducación, transporte escolar y comedor. También hay ayudas para asistencia domiciliaria, asistencia isntitucionalizada, adquisición de silla de ruedas y eliminación de barreras arquitectónicas.
Hijos o menores acogidos menores de 18 años con una discapacidad igual o superior al 33%, 1000,00 euros anuales por hijo (250,00 euros trimestrales). No se exige en estos casos límite de recursos económicos al tratarse de un discapacitado.
Hijos mayores de 18 años y con una discapacidad igual o superior al 65%. 3.941,28 euros anuales por hijo (328,44 euros mensuales). No se exige en estos casos límite de recursos económicos al tratarse de un discapacitado.
Hijos con 18 o más años afectados por una discapacidad en grado igual o superior al 75% y que, como consecuencia de pérdidas anatómicas o funcionales, necesiten el concurso de otra persona para realizar los actos vitales más elementales como vestirse, desplazarse, comer o análogos: 5.911,92 euros anuales por hijo (492,66 euros mensuales). No se exige en estos casos límite de recursos económicos al tratarse de un discapacitado.
La mayoría de las Comunidades Autónomas tienen transferidas las competencias en servicios sociales, por lo que algunos apartados de las prestaciones pueden variar significativamente, o haberse suprimido o sustituido por otras. Para conocer en cada lugar concreto cuáles son las prestaciones existentes, su cuantía, y demás detalles que permitan acceder a ellas, conviene consultar en el Centro Base correspondiente a su localidad, o bien a las asociaciones de discapacitados psíquicos de su zona.
Ayudas económicas ordinarias, de carácter asistencial, para emigrantes incapacitados para el trabajo, residentes en Iberoamérica y Marruecos
Ayudas de carácter asistencial ordinarias: Estas son ayudas económicas individuales destinadas a proporcionar un mínimo de subsistencias a los inmigrantes con discapacidad permanente para poder trabajar, que carezcan de rentas o ingresos suficientes.
Ayudas asistenciales extraordinarias para emigrantes: Estas ayudas pretenden paliar la situación derivada de la carencia de recursos de los españoles en el exterior y de los familiares a su cargo, y sufragar los gastos extraordinarios derivados del hecho de la emigración cuando se acredite insuficiencia de recursos en el momento de la solicitud de la ayuda. Se entiende por familiares a cargo, las personas unidas en matrimonio al migrante, excepto en casos de separación, por consanguinidad, afinidad, o adopción, en primer grado que convivan con aquél , siempre que dependan económicamente del emigrante.
III. Normativa e iniciativas relativas a la vida independiente y a la movilidad en el ámbito de los servicios sociales.
A) Normativa estatal.
a) Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos. Art. 15: «Los minusválidos con problemas graves de movilidad que reúnan los requisitos que se establezcan reglamentaria, tendrán derecho a la percepción de un subsidio cuya cuantía se fijará reglamentariamente». Su objetivo es atender los gastos extraordinarios originados por desplazamientos fuera del domicilio habitual en medios de transporte no colectivos. La tramitación se realiza en los órganos gestores de las Comunidades Autónomas con competencia en la materia. Para poder solicitarlo, hay que reunir los siguientes requisitos:
Ser mayor de 3 años.
Tener una minusvalía física, psíquica o sensorial en grado igual o superior al 33%.
Padecer, como consecuencia de la minusvalía, grandes dificultades para utilizar los transportes públicos.
No estar imposibilitado para hacer desplazamientos fuera del domicilio habitual, por estado de salud, prescripción médica u otras causas.
No estar comprendido en el campo de aplicación del sistema de la Seguridad Social por no desarrollar actividad laboral alguna.
No ser beneficiario o no tener derecho a otra prestación o ayuda pública para movilidad o transporte.
Que los ingresos familiares no superen el 70% del salario mínimo interprofesional, con un 10% adicional por cada miembro de la familia distinto del propio minusválido, hasta un máximo del 100% del salario mínimo interprofesional.
B) Normativa autonómica sobre servicios sociales
La Constitución Española atribuye la competencia exclusiva en esta materia, a través del art. 148.1.20, a las Comunidades Autónomas, cuyos Estatutos de Autonomía constituyen el marco jurídico que garantiza los derechos de los ciudadanos en los ámbitos correspondientes. En este marco se fueron promulgando las respectivas Leyes Autonómicas de Servicios Sociales que contemplan sus principios, actuaciones y prestaciones, promoviendo una red de equipamientos y servicios, que han supuesto el desarrollo e implantación de los Servicios Sociales en todo el territorio del Estado.
Normativa autonómica sobre servicios sociales
Ley 1/1999, de 31 de marzo, de atención a las personas con discapacidad en Andalucía
Aragón: Ley 4/1996, de 22 de mayo, relativa al Instituto Aragonés de Servicios Sociales.
Baleares: Ley 4/1999, de 31 de marzo, reguladora de la Función Inspectora y Sancionadora en materia de servicios sociales.
Canarias: Ley 9/1987, de 28 de abril, de servicios sociales.
Ley 5/1992, de 27 de mayo, de acción social.
Ley 6/2001, de 26 de noviembre, de protección a las personas con discapacidad.
Castilla la Mancha: Ley 3/1986, de 16 de abril, de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y Ley 3/1994, de 3 de noviembre, de Protección de los Usuarios, Centros y Servicios Sociales
Cataluña: Ley 16/1996 de inspección de servicios sociales
Extremadura: Ley 5/1987, de 23 de abril
Galicia: Ley 4/1993, de 14 de abril, de servicios sociales.
La Rioja: Ley 5/1998, de 16 de abril, de Derechos y Deberes de las personas usuarias, autorizaciones administrativas, infracciones y sanciones e inspección en el ámbito de los servicios sociales de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Comunidad de Madrid: Ley 11/1984, de 6 de junio, y Ley 11/2002, Ordenación de la Actividad de los Centros y Servicios de Acción Social y de Mejora de la Calidad en la Prestación de los Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid
Región de Murcia: Ley 8/1985 de servicios sociales de la Región de Murcia
Navarra: Ley Foral 9/1999, de 6 de abril, para una Carta de Derechos Sociales
País Vasco: Ley 5/1996, de 18 de octubre, de servicios sociales
Principado de Asturias: Ley del Principado de Asturias 5/1987, de 11 de abril, de Servicios Sociales y Ley 18/1999 que introduce la inspección y el régimen sancionador.
Ley 5/1997 de 25 de junio por la que se regula el sistema de Servicios Sociales en el ámbito de la Comunidad
Ley 11/2003, de 10 de abril, sobre el Estatuto de las Personas con Discapacidad.
Planes autonómicos sobre servicios sociales. Las CCAA han elaborado sus respectivas Leyes de Servicios Sociales en las que se prevén unos Planes de Servicios Sociales. En estos planes se establecen las prioridades y las bases de la política social a desarrollar en la comunidad autónoma tanto a nivel general como en cada uno de los sectores en los que se estructuran el amplio campo de los servicios sociales. En los planes de servicios sociales se organizan la oferta de servicios y atenciones para las personas con discapacidad, estableciendo las actuaciones destinadas a favorecer su autonomía personal e inserción social.
B) Normativa local sobre servicios sociales.
La Ley 7/1985 de 2 de Abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, establece en su artículo 25.2.K. que el municipio ejercerá, en todo caso, competencias, en los términos de la legislación del Estado y de las CCAA, en materia de prestación de los Servicios Sociales y de promoción y reinserción social. Señala también, en su artículo 26.1C, "la obligación de los municipios con población superior a 20.000 habitantes a otorgar la prestación de Servicios Sociales".
Al margen del marco normativo general, a efectos de la garantía de la movilidad interesan las iniciativas que a nivel estatal, autonómico y local se vienen desarrollando en cada uno de estos niveles dentro del marco de los correspondientes programas diseñados en estos niveles. Se trata de subvenciones, beneficios fiscales, etc. que se dirigen tanto a las personas con discapacidad como a los actores relevantes (asociaciones, voluntarios).
IV. Otras normas relevantes para la movilidad.
Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. El contenido de la LIONDAU relevante a efectos del artículo 9 es el siguiente:
Objetivo general (art. 1): garantizar y hacer efectivo el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad.
Ámbito de aplicación (art. 3) únicamente interesa lo referido a los transportes y, dentro de estos, los servicios especiales.
Ley 49/2007, de 26 de diciembre, por la que se establece el régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. Esta Ley 49/2007 interesa en la medida que constituye el complemento necesario de la LIONDAU.
Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad. En desarrollo de lo dispuesto en la LIONDAU se aprueba el Real Decreto 1544/2007 por el que se establecen las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad. En particular por lo que respecta a la movilidad interesan las condiciones básicas para los servicios de transporte especial (anexo VIII).
V. Normativa, planes y actuaciones en materia de investigación y formación en movilidad.
A) Formación relacionada con la Movilidad
Artículo 62. 1. La atención y prestación de los servicios que requieran los minusválidos en su proceso de recuperación e integración deberán estar orientadas, dirigidas y realizadas por personal especializado.
Artículo 63. 1. El Estado adoptará las medidas pertinentes para la formación de los diversos especialistas, en número y con las cualificaciones necesarias para atender adecuadamente los diversos servicios que los minusválidos requieren, tanto a nivel de detección y valoración como educativo y de servicios sociales.
Artículo 64. 1. El Estado fomentará la colaboración del voluntariado en la atención de los disminuidos promoviendo la constitución y funcionamiento de instituciones sin fin de lucro que agrupen a personas interesadas en esta actividad, a fin de que puedan colaborar con los profesionales en la realización de actuaciones de carácter vocacional en favor de aquéllos.
3. Por los poderes públicos se procurará orientar hacia la atención de los disminuidos, a quienes resulten obligados a la realización de una prestación civil sustitutoria respecto del cumplimiento del servicio militar, y a quienes se incorporen al servicio civil para la atención de fines de interés general de conformidad con lo previsto en los arts. 30, 2 y 3, de la Constitución y en las disposiciones que se dicten para su desarrollo.
Capítulo II. Formación en materia de dependencia.
1. Se atenderá a la formación básica y permanente de los profesionales y cuidadores que atiendan a las personas en situación de dependencia. Para ello, los poderes públicos determinarán las cualificaciones profesionales idóneas para el ejercicio de las funciones que se correspondan con el Catálogo de servicios regulado en el artículo 15.
b. Acuerdo de 28 de noviembre de 2008 adoptado en el seno del Consejo Territorial de la Dependencia sobre Criterios comunes de acreditación para garantizar la calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).
En este Acuerdo el Gobierno y las Comunidades Autónomas definen las competencias profesionales con el objetivo marcado en 2015 para que todos los profesionales del sector estén en posesión de un título acreditativo.
De esta forma, quien esté al frente de la dirección de un centro acreditado deberá contar con una titulación universitaria así como formación complementaria en el ámbito de la atención a la dependencia como discapacidad, geriatría, gerontología o dirección de centros residenciales.
Por su parte, los cuidadores, gerocultores o categorías profesionales similares, deberán acreditar la cualificación profesional en Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales, de Técnico en Cuidados Auxiliares en Enfermería o la de Técnico de Atención Sociosanitaria.
Asimismo, quienes realicen las funciones de asistencia personal a personas con gran dependencia, deberán acreditar la cualificación profesional de Atención a Personas en el Domicilio, el certificado de profesionalidad de Auxiliar de Ayuda a Domicilio o las titulaciones requeridas para los cuidadores y gerocultores.
Precisamente la cualificación de los profesionales será requisito imprescindible para que las comunidades autónomas acrediten a los centros y servicios en el Sistema de Dependencia. Junto a la capacitación, formación y número de profesionales, se valorará además la calidad de los recursos materiales, equipamiento y, por supuesto, la accesibilidad de los centros.
Enseñanzas relacionadas con la movilidad.
Enseñanza universitaria de pregrado
-	Enseñanza oficial
· Diplomado en Enfermería
· Diplomado en Fisioterapia
· Diplomado en Logopedia
· Diplomado en Terapia Ocupacional
· Diplomado en Educación Social
· Diplomado en Trabajo Social
· Maestro-Especialidad de Audición y Lenguaje
· Maestro-Especialidad de Educación Especial
- Enseñanza de títulos propios
· Audición y Lenguaje. Audiología. Audiometría. Audioprótesis. Logopedia. Trastornos
· Terapia. Terapias no Convencionales. Arte-Terapia. Musicoterapia
Enseñanzas universitaria de postgrado
· Discapacidad. Integración de Personas Discapacitadas.
· Envejecimiento Humano
· Salud Mental. Enfermería en Salud Mental. Psiquiatría
Estudios de master profesional
· Atención en Enfermería. Cuidados en Enfermería. Curas en Enfermería
· Educación para la Salud. Educación Sanitaria
· Gerontología. Gerontología Clínica. Gerontología Social. Geriatría. Gerontogeriatría. Atención Gerontológica
· Medicina Paliativa. Enfermería Paliativa. Cuidados Paliativos
· Podología. Ortopedia. Ortopodología. Ortopedia para Farmacéuticos
· Psicología de la salud
· Psicología. Neuropsicología. Psicología Clínica y de la Salud.
· Psicomotricidad
· Psicopatología y Salud. Psicopatología Clínica
· Salud Pública. Salud Comunitaria
· Sanidad. Administración, Dirección y Gestión de Centros, Instituciones y Servicios Sanitarios y Sociosanitarios
· Tanatología
Otros títulos propios (enumeración a título de ejemplo)
Experto en Dependencia y Gestión de Servicios Sociales: Título Universitario expedido por la Universidad de A Coruña.
Experto en Gestión y Dirección de Centros de Servicios Sociales: Diploma expedido por la Escuela de Estudios Sociales y Sanitarios.
Master organizado por el IMSERSO, el Departament d'Organització d'Empreses de la Universitat Politécnica de Catalunya y la Mútua Universal
Máster impartido por el INICO (Instituto Universitario de Integración en la Comunidad)
Master de Economia Social y Direccion de Entidades sin Ánimo de Lucro (On-line)
Master organizado por la Universidad Autónoma de Madrid, el Instituto de Migraciones y Servicios Sociales y la Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física.
Diploma de Postgrado en Intervención Sociosanitaria con Personas Dependientes: Discapacitadas y Mayores
II Máster en Evaluación del Daño Corporal, Incapacidades Laborales y Minusvalías.
B) Investigación relacionada con la movilidad
Disposición adicional décima. Investigación y desarrollo. 1. Los poderes públicos fomentarán la innovación en todos los aspectos relacionados con la calidad de vida y la atención de las personas en situación de dependencia. Para ello, promoverán la investigación en las áreas relacionadas con la dependencia en los planes de I+D+I.
Planes en materia de I+D+I
Plan Nacional de Investigación Científica Desarrollo e Innovación Tecnológica 2004-2007. Subprograma Nacional de Tecnologías de Apoyo a las Personas con Discapacidad y Personas Mayores.
La investigación científica, el desarrollo e innovación tecnológica (I+D+I) se erigen en instrumentos fundamentales no sólo para la mejora en términos absolutos del bienestar y la plena participación sociales y de la calidad de vida de las personas con discapacidad y de las personas mayores, sino también para optimizar los beneficios sociales que se derivan de los recursos que se utilizan con este propósito. Al mismo tiempo, el desarrollo de tecnologías propias al servicio de las personas con discapacidad y de las personas mayores y su explotación en el mercado interior y exterior permiten, en términos de balanza comercial, aquilatar los beneficios sociales y económicos que se desprenden de las actividades de I+D+I.
Asimismo, los principios y criterios, de acuerdo a los cuales deben desarrollarse las tecnologías al servicio de las personas con discapacidad y personas mayores, como la accesibilidad universal o el diseño para todos, pueden irradiar transversalmente las demás Áreas Temáticas y Programas de la totalidad del Plan.
Atendiendo a la norma UNE-EN ISO 9999, las ayudas técnicas para personas con discapacidad se clasifican en:
· Ayudas para el tratamiento y el entrenamiento.
· Mobiliario y adaptaciones del hogar y otros edificios.
· Ortesis y exoprótesis.
· Ayudas para la comunicación, información y señalización.
· Ayudas técnicas para la movilidad.
· Ayudas para la manipulación de productos y mercancías.
· Ayudas para la protección y el cuidado personal.
· Ayudas y equipamiento para la mejora del entorno, herramientas y máquinas.
· Ayudas para las tareas domésticas.
· Ayudas para el ocio y el tiempo libre.
Libro Blanco de la I+D+I al servicio de las personas con discapacidad y de las personas mayores (diciembre de 2001). En este documento se describen las circunstancias y objetivos para el desarrollo del Libro Blanco de la investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica (I+D+I) al servicio de las personas con discapacidad y de las personas mayores. No cabe duda de que el avance que han experimentado muchos servicios sociales de carácter técnico durante la segunda mitad del siglo XX no habría sido posible sin la aportación concurrente de nuevas y avanzadas tecnologías que han permitido el desarrollo de nuevas soluciones a problemas relacionados con las discapacidades desde el enfoque de la eficacia, efectividad y seguridad de tales soluciones, así como a problemas relacionados con la gestión de recursos, sistemas de información y sistemas de comunicación en el entorno de dichos servicios sociales. El concepto global de tecnologías al servicio de las Personas con Discapacidad y de las Personas Mayores es evidentemente muy amplio y se relaciona, de una manera genérica, con todo lo que supone innovación al servicio de la integración social, autonomía personal, independencia, salud y calidad de vida de las Personas con Discapacidad (alrededor de seis millones de personas en España) y de las Personas Mayores (cerca de siete millones de españoles tienen más de 65 años). En este contexto, la investigación científica, el desarrollo e innovación tecnológica (I+D+I) se erigen en instrumentos fundamentales no sólo para la mejora en términos absolutos del bienestar social y de la calidad de vida de las Personas con Discapacidad y de las Personas Mayores, sino también para optimizar los beneficios sociales que se derivan de los recursos que se utilizan con este propósito. Al mismo tiempo, el desarrollo de tecnologías propias al servicio de las Personas con Discapacidad y de las Personas Mayores y su explotación en el mercado interior y exterior permiten, en términos de balanza comercial, aquilatar los beneficios sociales y económicos que se desprenden de las actividades de I+D+I.
Centro Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas (CEAPAT)
El Centro Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas es un centro tecnológico dependiente del IMSERSO, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, creado mediante Orden Ministerial de 7 de abril de 1989. La misión del Ceapat es contribuir a mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos, con especial apoyo a personas con discapacidad y personas mayores, a través de la accesibilidad integral, el diseño para todos y la tecnología de apoyo.
Promueve la optimización de las ayudas técnicas y la aplicación de los principios del "diseño universal",con el objeto de mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos,con especial dedicación a las personas con discapacidad y las personas mayores.
Información y asesoramiento sobre ayudas técnicas y diseño para todos.
Desarrolla proyectos sobre accesibilidad,I+D+I, valoración de usuarios,transferencia tecnológica y adaptaciones sencillas para adecuar los productos a los requerimientos de los usuarios cuando estas adaptaciones no se encuentren en el mercado.
Proporciona formación técnica y gestión del conocimiento
Coordina actuaciones y participa en grupos de trabajo para el desarrollo de la accesibilidad integral.
Compromisos de Calidad que asume el Centro.
Resolver las solicitudes de información en el plazo máximo de 20 días hábiles desde la fecha de su recepción para el 80% de las solicitudes,y dentro de los 25 días hábiles para el resto.
Dar respuesta al servicio de asesoramiento en el plazo máximo de 30 días hábiles desde la solicitud para el 80% de las solicitudes y dentro de los 36 días hábiles para el resto.
Elaborar los dictámenes técnicos en el plazo máximo de 60 días hábiles desde la fecha en que se acuerda realizarlo para el 85% de los casos acordados y dentro de los 70 días hábiles para el resto.
Realizar los estudios de mejora de la accesibilidad arquitectónica y urbanística a entidades públicas en el plazo máximo de 60 días hábiles desde la fecha en que se aprueba realizarlo para el 80% de lo acordado y dentro de los 90 días hábiles para el resto.
Contestar las quejas presentadas que no requieran conocimiento o participación de otra Unidad de la Administración en el plazo de quince días hábiles desde su recepción.
Indicadores para el seguimiento de los compromisos de calidad
Porcentaje de resoluciones de solicitudes de información en 20 y 25 días hábiles desde la fecha de la recepción de las mismas
Porcentaje de respuestas de asesoramiento en 30 y 36 días hábiles desde la solicitud.
Porcentaje de dictámenes técnicos elaborados en 60 y 70 días hábiles desde la fecha del acuerdo de realización.
Porcentaje de realizaciones de estudios de mejoras de accesibilidad realizadas en 60 y 90 días hábiles desde la fecha en que se acuerda realizarlos.
Porcentaje de quejas contestadas antes de los quince días hábiles.
Medidas de subsanación en caso de incumplimiento de los compromisos declarados.
El propósito general del Centro Nacional de Tecnologías de Accesibilidad (CENTAC) es la promoción de herramientas y soluciones que faciliten la accesibilidad a la tecnología en todos sus ámbitos, particularmente en aquellos colectivos con mayores dificultades de acceso y convertirnos en instrumento necesario para la cooperación y el impulso a la investigación y el desarrollo de la industria. Encomendado al Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación (INTECO) este proyecto ha sido promovido conjuntamente por la Secretaría de Estado de Política Social, Familias y Atención a la Dependencia y a la Discapacidad, el Real Patronato sobre Discapacidad, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información y empresas líderes del sector privado.
Objetivos. El CENTAC contempla los siguientes objetivos:
Convertirse en el referente estatal en adaptación de tecnologías para personas con discapacidad.
Aglutinar proyectos de las principales empresas del sector y promover el ensayo, la innovación, la evaluación y la muestra de los avances en accesibilidad y diseño para todos.
Aportar visibilidad internacional a la tecnología española de accesibilidad, potenciando los procesos de cooperación con la industria en proyectos I+D+i y mediante la participación activa de los usuarios.
Servicios. Para alcanzar estos objetivos, el centro ofrecerá los siguientes servicios:
Realizar una labor de comunicación sobre los procesos de normalización, innovación, transferencia tecnológica y cooperación. Esto servirá para contribuir a la puesta en común del conocimiento sobre el sector. El servicio estará dirigido a la industria, los prescriptores y usuarios.
Prestar soporte a la elaboración de catálogos de productores y distribuidores de tecnologías de accesibilidad.
La constitución de un Observatorio de Vigilancia y Prospectiva sobre las Tecnologías de Accesibilidad que elabore estudios sectoriales y tecnológicos.
Un laboratorio de demostración y ensayos. Será un entorno de experimentación en el que se estudian normativas y especificaciones técnicas, se evalúan productos, se comprueba la adecuación de productos a los estándares de accesibilidad, y se analizan las soluciones más innovadoras.
Además, en las dependencias del CENTAC se ha instalado un entorno domótico de demostración de tecnologías en el que se realizan pruebas con usuarios reales.
Servicios de acreditación, incluyendo el diseño de métodos de ensayo y certificación de productos.
Apoyo al desarrollo legislativo y de normativa técnica. Supone el soporte a la dimensión tecnológica e industrial de la Ley de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad (LIONDAU) y la participación en grupos y comités técnicos de normalización.
Formación de profesionales. Con el fin de contar con profesionales cualificados en el desarrollo de entornos y productos. Se impartirán cursos formativos en temas relacionados, como la accesibilidad y usabilidad en portales de información en Internet. También se elaborarán guías y materiales didácticos sobre diseño accesible.
Promoción de la transferencia tecnológica. Se impulsará la cooperación entre universidades y universidades y empresas, así como la I+D+i entre los fabricantes.
Constitución de una red de centros de referencia en I+D. Incluirá el apoyo a la participación cooperativa de centros públicos y privados en convocatorias internacionales y nacionales de apoyo a la I+D.
e)	Otros centros e instituciones relacionados con la investigación.
Departamento de Didáctica, Organización y Métodos de Investigación, de la Universidad de Salamanca
Departamento de Educación, de la Universidad de Navarra
Departamento de Filosofia y Ciencias de la Educación, de la Universidad de León
Departamento de I+D (Asociación ESCLAT) - Barcelona
Departamento de la Lengua y la Literatura, de la Universidad de Valencia
Departamento de Pedagogia y Psicologia. Facultad de Ciencias de la Educación, de la Universidad de Lérida
Departamento de Pedagogía, de la Universidad de Gerona
Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos, de la Universidad de Salamanca
Departamento de Psicología Evolutiva y de Educación, de la Universidad de Santiago de Compostela
Departamento de Psicologia Evolutiva y de la Educación, de la Universidad de Valencia
Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación, de la Universidad Autónoma de Barcelona
Departamento de Teoria e Historia de la Educación, de la Universidad Autónoma de Barcelona
Departamento Didáctica y Organización Escolar. Grupo: Educación Especial y Psicología de la Educación, de la Universidad de Murcia
C.I.M. (Centro de Investigación y Formación en Minusvalías). Córdoba
Cátedra Microsoft de Accesibilidad a la Educación Superior
Centro de Biología Molecular "Severo Ochoa". Facultad de Ciencias
Centro de Estudios Económicos Tomillo (Fundación Tomillo)
Centro de Investigación, Desarrollo y Aplicación Tecnológica (CIDAT) de la ONCE
Centro Merrill de Estudios Avanzados
Centro Piloto de Estudios Avanzados para el Desarrollo de Programas sobre Familia y Discapacidad - Centro de Rehabilitación El CAU
CIES, Centro de Iniciativas de la Economía Social
CIM (Centro de Investigación y Formación en Minusvalías) (Evaluación psico-social)
CISATER, Centro de Investigación sobre el Síndrome del Aceite Tóxico y Enfermedades Raras
CISC, Centro de Estudios de Ciudadanía y Sociedad Civil
CUFIE, Centro Universitario de Formación e Innovación Educativa
Evaluación de resultados en minusvalías psíquicas y costes de salud mental
GIRMOGEN, Red de Estudio Cooperativo en Retraso Mental de Origen Genético - Bilbao
Grupo de Investigación GT 3: Accesibilidad en Internet para Personas Mayores y con Discapacidad
Grupo de Investigación ImenosD
Grupo de Investigación y Apoyo a la educación Bilingüe de las Personas Sordas
Grupo de Investigación y Formación en Trastornos del Espectro Autista
Grupo de Investigación: Diagnóstico Genético Molecular
Grupo de investigación: Estudio sobre el impacto de las Nuevas Tecnologías en las Personas con Discapacidad de la Unidad ACCESO, de la Universidad de Valencia
Grupo de Investigación: Evaluación en Medicina Psicosocial, de la Universidad de Cádiz
Grupo de Investigación: Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación, de la Universidad de Málaga
Grupo de Trabajo en Fibromialgia
IES: Iniciativas y Estudios Sociales
Instituto de Estudios e Investigación Perinatal. Servicio de Neonatología. Hospital Clínico.
Instituto de Investigación de Enfermedades Raras (IIER). Instituto de Salud Carlos III
Instituto Universitario de Integración en la Comunidad (INICO), de la Universidad de Salamanca
Sección de Transferencia Informática en Apoyo de las Minusvalías (SETIAM) del Centro de Transferencia Tecnológica en Informática y Comunicaciones (CETTICO)
SIDAR (Seminario de Iniciativas sobre Discapacidad y Accesibilidad en la Red)
UIPCS (Unidad de Investigación en Psiquiatría Clínica y Social)
Unidad de Investigación Polibienestar, de la Universidad de Valencia
Unitat d'Hiperactivitat [Unidad de Hiperactividad], de la Universidad de las Islas Baleares.
2.3. Valoración del cumplimiento y recomendaciones.
2.3.1. Obligaciones relativas al derecho a la vida independiente.
En primer lugar se procederá al análisis del cumplimiento en nuestro país de lo dispuesto en el artículo 19 de la Convención por lo que respecta a la derecho a la vida independiente y a la inclusión en la comunidad.
En España se ha desarrollado un enorme esfuerzo institucional por garantizar el derecho de las personas con discapacidad a una vida independiente. Destaca la existencia de diversas líneas de actuación seguidas por todos los poderes públicos que tratan de garantizar el disfrute de este derecho con carácter pleno.
Por una parte, la acción de la Seguridad Social (tanto en su dimensión contributiva como no contributiva) protege a las personas con discapacidad facilitando esencialmente prestaciones dinerarias que permiten el mayor grado de independencia a la hora de organizar su propia vida.
Por otra, la intervención en materia de servicios sociales garantiza las condiciones de prestación de aquellos servicios que resultan necesarios para desarrollar una vida independiente (residenciales, domiciliarios, personales, etc.). A lo que se añade la cobertura pública del coste de estos servicios en función de los recursos, etc.
Por último, el sistema de protección social de las personas con discapacidad se ha completado con la aprobación de la Ley 39/2006, que reconoce como un derecho subjetivo de ciudadanía la promoción de la autonomía personal y la atención a las personas en situación de dependencia, para lo cual dispone las bases del Sistema para la Autonomía y la Atención de la Dependencia.
Por razón de las características de estos tres ámbitos de cobertura, es posible afirmar que España cumple con las obligaciones mínimas dispuestas en el artículo 19 de la Convención en tanto, en primer lugar, reconoce no sólo el derecho a la autonomía de las personas con discapacidad sino el derecho a las prestaciones necesarias para ello.
Se encuentra a disposición de las personas con discapacidad una variedad suficiente de servicios para facilitar su existencia y su inclusión en la comunidad, y en la medida que éstos son provistos desde por las Administraciones Públicas existe una flexibilidad suficiente para que no se vean abocadas a tener que vivir con un sistema de vida impuesto. Así, las prestaciones de la Ley de la Dependencia son suficientemente variadas (servicios y prestaciones económicas), y su adjudicación se hace de forma racional, proporcionada e individualizada de modo que se ajusta a las necesidades y condiciones de los destinatarios, con una preferencia por aquellas prestaciones que permiten un mayor grado de autonomía. En el caso de las prestaciones de la Seguridad Social, su naturaleza económica promueve la independencia en su desarrollo.
Por último, la acción del Estado, CCAA y entes locales garantizan la puesta a disposición de las instalaciones y servicios comunitarios a las personas con discapacidad, esencialmente por la condición de accesibilidad que se exige a los mismos.
2.3.2. Obligaciones relativas a la movilidad
Las medidas dirigidas a las personas con discapacidad dispuestas desde el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, desde la Seguridad Social y desde los Servicios Sociales garantizan su movilidad personal, en las condiciones de disponibilidad (modal y temporal) y de asequibilidad a la que se refiere el artículo 20. Asimismo desde estas tres dimensiones se garantiza no sólo la posibilidad de acceder a las formas de asistencia, tecnologías, dispositivos y ayudas necesarias para su movilidad, sino su disfrute efectivo, no ya a un costo asequible sino con carácter (total o parcialmente) gratuito gracias a su cobertura pública. Por lo tanto, es posible afirmar que España cumple con las obligaciones dispuestas en el artículo 20 de la Convención.
No obstante, debe tenerse en cuenta que las limitaciones (materiales, funcionales, económicas, etc.) sobre las medidas que permiten a una persona con discapacidad una movilidad equivalente a cualquier otra y que garantiza su vida independiente no se ajustan a los principios de la Convención expresados en el artículo 3 (respeto a la autonomía individual e independencia, no discriminación, participación plena, igualdad de oportunidades). Esto no implica que cualquier limitación impuesta por parte de los Estados en estas medidas implique un incumplimiento del contenido de la Convención. En la Convención se establecen unas obligaciones mínimas que resultan de inexcusable cumplimiento para los Estados, por encima de las cuáles los Estados tampoco pueden actuar libremente sino que dentro de este margen se encuentran obligados por los principios inspiradores de la propia Convención a los que deberán de ajustarse en la mayor medida posible.
Por lo tanto, el cumplimiento con el mínimo de las obligaciones dispuestas en el artículo 20 de la Convención no quita que se deban realizar todas las mejoras posibles en las medidas adoptadas en nuestro país para garantizar la movilidad y procurar que sea efectiva cada vez con mayor independencia y calidad. Por lo tanto se deben reconsiderar algunas cuestiones que, sin constituir un incumplimiento de las obligaciones específicas de la Convención, no se ajustan a su finalidad.
En primer lugar, debe tenerse presente que la posibilidad que se reconoce a los Estados para que puedan optar por subvencionar aquellas medidas que garanticen la movilidad no significa que no exista una preferencia por aquellas que sean más adecuadas para la realización de los principios de igualdad, autonomía e independencia. Por lo tanto, en la medida que resulte posible, se deberá permitir que sean las propias personas con discapacidad las que opten, y, en caso de que no sea posible por razones organizativas, dar preferencia a aquellas que faciliten una mayor libertad de decisión (prestaciones económicas frente a servicios residenciales).
En segundo lugar, existen limitaciones en la aplicación de las medidas garantizadoras de la movilidad. El artículo 19 de la Ley de Dependencia limita la prestación económica de asistencia personal a la educación y al trabajo. Al margen de la afectación del derecho a la cultura, ocio y deporte reconocido en el artículo 30 de la Convención, este tipo de limitaciones deben erradicarse para no condicionar los ámbito de movilidad de la vida de las personas discapacitadas, y afectar a su autonomía e independencia que deben disfrutar en igualdad de condiciones que cualquier otro.
Por último, en cuanto a la cuestión del copago, debe partirse de que la Convención no impone a los Estados la cobertura pública de las medidas dirigidas a garantizar la movilidad, y deja margen al respecto a partir de un mínimo que es la garantía de acceso a coste asequible. No obstante los principios de la Convención apuntan a que los Estados, dentro de dicho margen, garanticen la igualdad y procuren la realización del mayor grado de independencia posible de las personas con discapacidad. Por esta razón debería replantearse la cuestión del copago que afecta tanto a la igualdad como a la independencia que se hace depender del nivel económico de la persona con discapacidad, y que, por lo tanto no se ajusta a los principios que inspiran a la Convención.
2.3.3. Formación e investigación en materia de movilidad
La capacitación profesional en habilidades relacionadas con la movilidad se encuentra en incluida en los diversos estudios relacionados con la discapacidad. La oferta formativa en nuestro país en materia de discapacidad parece suficiente.
La formación en este ámbito se ha visto recientemente reforzada al establecerse una serie de exigencias en cuanto a la formación de las personas que prestan sus servicios en el Sistema para la Autonomía y de Atención a la Dependencia, con la intención de profesionalizar su actividad de forma que sea de la mayor calidad. Así se dispone en el artículo 36 de la Ley 39/2006 de Dependencia dentro Capítulo dedicado a la calidad en los servicios asistenciales. En aplicación de éste el Acuerdo de 28 de noviembre de 2008 adoptado en el seno del Consejo Territorial de la Dependencia sobre criterios comunes de acreditación para garantizar la calidad de los centros y servicios del SAAD, ha establecido un programa de cualificación profesional para aquellos que trabajan con dependientes.
La capacitación en habilidades relacionadas con la movilidad a las personas con discapacidad aparece recogida esencialmente en la normativa autonómica sobre servicios sociales.
A través de todas estas previsiones y actuaciones se cumple con lo exigido en el artículo 20.2 c) de la Convención. No obstante, al hacer referencia a la formación de las personas con discapacidad y de los profesionales que trabajan con éstas de forma genérica, convendría hacer un seguimiento de la concreción que se haga de la cuestión específica de la movilidad.
En cuanto al fomento de la adecuada fabricación de dispositivos y ayudas técnicas relacionados con la movilidad, el artículo 20 d) de la Convención exige únicamente que se aliente a que en la fabricación de ayudas y dispositivos para la movilidad y de apoyo se tengan en cuenta todos los aspectos relacionados con la movilidad.
Esta obligación resulta ampliamente cumplida en España ya que, por una parte existe una conexión entre las obligaciones derivadas de la accesibilidad y del diseño para todos con la fabricación de ayudas y dispositivos para la movilidad.
Por otra parte se ha desarrollado una amplia política pública de investigación en materia de ayudas para la movilidad, y dispositivos y tecnologías de apoyo, que tiene incidencia directa en la actividad privada de los fabricantes. A través de los diversos planes y desde los centros públicos y privados creados a tal efecto se consigue avanzar en la investigación de las tecnologías relacionadas con la movilidad. Los resultados recogen todos los aspectos de la movilidad de las personas con discapacidad y revierten en la actividad privada de los fabricantes.