Source: http://www.tecnoiuris.com/venezuela/secciones/telecomunicaciones/breves-sobre-la-devolucion-de-vehiculos-en-procesos-penales?tmpl=component&print=1&layout=default
Timestamp: 2020-08-06 21:13:47
Document Index: 148920746

Matched Legal Cases: ['artículo 311', 'Artículo 311', 'artículo 311', 'artículo 311', 'artículo 311', 'Artículo 311', 'artículo 311', 'artículo 26', 'Artículo 319', 'artículo 7', 'artículo 31', 'artículo 311', 'artículo 10', 'artículo 311', 'artículo 311', 'artículo\n100']

Una vez cumplidos todos los trámites de identificación, fotografías, inspecciones, experticias de seriales o daños del vehículo envuelto en estas situaciones (sobre todo cuando hay pólizas de seguros que cubren este tipo de siniestros), el mismo debe ser entregado a la brevedad o mejor dicho, inmediatamente a su dueño, ya que mientras todo esto sucede o se realiza, el vehículo estará a bien resguardo en una depositaria o estacionamiento para estos fines. El propietario debe cancelar, entre otras cosas, el pago por el tiempo de permanencia en esas instalaciones. Una vez realizado esto, la fiscalía emite la autorización correspondiente para retirar el vehículo. Si por diversas circunstancias, esto no es posible, el artículo 311 del Código Orgánico Procesal Penal establece:
"Artículo 311. El Ministerio Público devolverá lo antes posible los objetos recogidos o que se incautaron y que no son imprescindibles para la investigación. No obstante, en caso de retraso injustificado del Ministerio Público, las partes o los terceros interesados podrán acudir ante el Juez de Control solicitando su devolución, sin perjuicio de la responsabilidad civil, administrativa y disciplinaria en que pueda incurrir el Fiscal si la demora le es imputable.
El Juez o el Ministerio Público entregarán los objetos directamente o en depósito con la expresa obligación de presentarlos toda vez que sean requeridos.
Debo acotar que es algo distinto el procedimiento en la entrega de vehículos recuperados en estacionamientos públicos solicitados por motivo de robo o hurto, ya que es el Cuerpo Técnico de Policía Judicial conjuntamente con un Fiscal del Ministerio Público, quienes solicitarán al Juez de Control una orden para que el vehículo se mantenga a la disposición del Cuerpo Técnico de Policía Judicial sin retirarlo del estacionamiento público en que se encontrare, todo ello a los fines de su entrega efectiva al propietario legítimo del vehículo.
A continuación lean varias Sentencias de nuestro máximo Tribunal sobre el artículo 311:
Sentencia Número 3.198 de la SC, de fecha 25 de octubre de 2005, con ponencia de la Dra. Luisa Estella Morales Lamuño:
"…No obstante, esta Sala en decisión N° 1.412 del 30 de junio de 2005, -ratificada por sentencia N° 2.862 del 29 de septiembre de 2005-, señalo lo siguiente: Las anteriores consideraciones, a juicio de la Sala, son de innegable valor a los fines de la interpretación que deben hacer el Ministerio Público y el juez penal, de las normas que disciplinan la entrega o devolución de vehículos recuperados, consagradas en la Ley especial –sobre el Hurto y Robo de Vehículos Automotores- y en el Código Orgánico Procesal Penal. En efecto, en materia de devolución de objetos incautados en el curso de una investigación, el señalado texto adjetivo penal establece dos normas al respecto: los artículos 311 y 312. El artículo 311 obliga al Ministerio Público a devolver, lo antes posible, los objetos recogidos o que se incautaron y que no son imprescindibles para la investigación. No obstante, en caso de retraso injustificado del Ministerio Público, las partes o los terceros interesados podrán acudir ante el juez de control solicitando su devolución, sin perjuicio de la responsabilidad civil, administrativa y disciplinaria en que pueda incurrir el fiscal si la demora le es imputable. … Ahora bien, de lo contenido en los artículos precedentemente señalados, se observa que si bien el legislador –en aras de la protección del derecho de propiedad- fue inflexible en el referido procedimiento de entrega, ya que debe estar comprobada, sin que medie duda alguna, la titularidad del derecho de propiedad que posea un ciudadano sobre el objeto recuperado que se reclama en el proceso penal, para que pueda ordenarse su entrega;..."
Sala Constitucional, Sentencia Número 1412 de fecha 30/06/06, con ponencia del Magistrado JESÚS CABRERA ROMERO, estableció sobre la entrega, lo siguiente:
"…En efecto, en materia de devolución de objetos incautados en el curso de una investigación, el señalado texto adjetivo penal establece dos normas al respecto: los artículos 311 y 312. El artículo 311 obliga al Ministerio Público a devolver, lo antes posible, los objetos recogidos o que se incautaron y que no son imprescindibles para la investigación. No obstante, en caso de retraso injustificado del Ministerio Público, las partes o los terceros interesados podrán acudir ante el juez de control solicitando su devolución, sin perjuicio de la responsabilidad civil, administrativa y disciplinaria en que pueda incurrir el fiscal si la demora le es imputable…Ahora bien, de lo contenido en los artículos precedentemente señalados, se observa que si bien el legislador –en aras de la protección del derecho de propiedad- fue inflexible en el referido procedimiento de entrega, ya que debe estar comprobada, sin que medie duda alguna, la titularidad del derecho de propiedad que posea un ciudadano sobre el objeto recuperado que se reclama en el proceso penal, para que pueda ordenarse su entrega; no obstante, a juicio de la Sala, tanto el Ministerio Público como el juez de control deben ser lo suficientemente diligentes en ordenar la práctica de todos los dictámenes periciales que sean necesarios, según las características de cada caso en concreto, a los fines de establecer la identificación, en este caso, del vehículo objeto del delito…"
Sentencia Número 1238, de fecha 30/06/2004, emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que refiere lo siguiente:
“… La justificante de [esa] negativa, acertadamente obedece a que sobre la referida unidad automotor existe una experticia de reconocimiento y avalúo (folio 15) de donde se extrae lo siguiente: ‘1.-Presenta la chapa metálica al nivel del tablero que identifica el de carrocería donde tiene impreso los dígitos… la cual se encuentra suplantada ya que los dígitos que presenta al igual que los remaches ….a los originales elaborados por la planta ensambladora.- 2.- Presenta estampado en el serial del chasis los dígitos… los cuales se encuentran adulterados, ya que los dígitos que presenta difieren a los originales elaborados por la planta ensambladora y observan en la superficie donde se encuentran ubicados los mismos… 3.- Presenta en la superficie donde se encuentra ubicado el serial del motor devastado… 4.- Posteriormente se procedió a la reactivación y restauración de los seriales… Ahora bien, esta Sala observa que, efectivamente, existe incertidumbre respecto a la identificación del vehículo Ello así, estima la Sala que, para proceder a la devolución de los bienes que se retienen con ocasión de una investigación por parte del Ministerio Público, debe estar comprobada la titularidad del derecho de propiedad sobre el objeto que se reclama en el proceso penal, razón por la cual, en tanto que no está claramente comprobada en el presente caso la titularidad de la propiedad del vehículo en cuestión no es procedente su devolución…”.
Sentencia de la Sala Constitucional, de fecha 10-06-01, expediente Nº 01-0618:
"… Es necesario reiterar que no puede negarse a un juez la facultad de retener cualquier bien sobre el cual se esté llevando a cabo una investigación por haber indicio de que el mismo haya sido objeto de un hecho punible o bien haya sido utilizado en la comisión aquel..."
Sentencia de la Sala Constitucional, Exp. Número 02-0517, del 13/12/2002, la cual señaló:
“El Código in commento, si bien contiene una norma (Artículo 311) que prevé la devolución de objetos incautados “que no son imprescindibles para la investigación” atribuyéndole la competencia para aplicar el procedimiento allí pautado al Juez de Control, es decir al Juez que conoce de la investigación, no prevé ningún procedimiento específico a aplicar para la devolución de los objetos incautados, cuando, concluida la investigación, se ha declarado terminada la averiguación por no revestir los hechos carácter penal y dicha decisión adquiere firmeza, por lo que forzoso es concluir que, en aplicación del artículo 311 referido y de la garantía consagrada en el artículo 26 constitucional, es el tribunal que conoce de la investigación, el competente para ordenar y ejecutar cualquier actividad que resulte necesaria realizar como consecuencia de haber terminado la averiguación, tal como sería la devolución de los objetos incautados, que, en el presente caso, será el competente conforme al Régimen Procesal Transitorio aplicable”.
Finalmente, tenemos esta última decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 13-08-2001, con ponencia del Magistrado Antonio García García, indicando el siguiente criterio:
"…Observa la sala que, en atención a lo dispuesto en el Artículo 319 (hoy 311) del Código Orgánico Procesal Penal, el Ministerio público debe devolver, los objetos recogidos o que se incautaron y que no sean indispensables para la investigación, a quienes, han acudido ante el Juez de Control, ha solicitar su devolución, demuestre, primera fase, ser propietarios o poseedores legítimos de los mismos. En los casos de vehículos automotores, resulta obligatoria su devolución, a quienes exhiban su documentación expedida por la autoridades administrativas de tránsito o que puedan probar sus dichos por cualquier medio ilícito y valorable conforme a la regla del Criterio Racional…"
Sobre la solicitud de entrega de vehículo es relevante tener en cuenta la Circular Nº DFGR/DVFGR/DGAJ/DCJ-5-9-2004-001 de fecha 02/01/04 en la cual se regula el procedimiento que deben seguir los Fiscales del Ministerio Público, bajo la pena de ser sometidos a sanciones disciplinarias por la inobservancia de las instrucciones impartidas. Esta el punto III de la Circular que regula los supuestos generales en materia de entrega de vehículos, se destaca en el aparte segundo que:
“ …si el vehículo es recuperado en una Circunscripción Judicial distinta de aquella a donde se encuentra solicitado, con ocasión de denuncia interpuesta por la presunta comisión de uno de los delitos previstos en la Ley Sobre el Hurto y Robo de Vehículos, el representante del Ministerio Público que tuviere a cargo la investigación iniciada en virtud de la incautación del automóvil, deberá solicitar la práctica de los peritajes correspondientes. Una vez obtenido el resultado de los mismos, deberá remitirlo a la brevedad posible al Fiscal del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial donde cursen las actuaciones contentivas de la denuncia por el hurto o robo del vehículo..."
La Doctrina de la Fiscalía del Ministerio Público sobre los puntos anteriores, es la siguiente:
Dirección de Consultoría Jurídica:
Ministerio Público MP N° DCJ-2-330-2008-0794
"El hecho de que el peticionario legítimo de un vehículo retenido -que no presentó ningún tipo de alteración en sus seriales, ni ha sido denunciado por hurto o robo-, no hubiere legalizado su situación como propietario, no constituye fundamento jurídico suficiente para negar su devolución"
“Me dirijo a usted, con la finalidad de dar respuesta a su oficio N° 109.1616 de fecha 11-12-2007, mediante el cual solicita la opinión de esta Dirección en torno a la solicitud de entrega de un vehículo que se encuentra a la orden de esa representación del Ministerio Público, para lo cual expone los hechos de la manera siguiente: `...Encontrándome de guardia en tribunales fui notificada de la aprehensión del ciudadano (...) por unas lesiones personales en contra de un adolescente y conjuntamente con el ciudadano colocaron un vehículo: tipo: Moto paseo entre otras características. La cual poseía el ciudadano para el momento en que ocurrieron los hechos. (...) Ahora bien, en vista de que dicho vehículo se encuentra a la orden de este Despacho según acta enviada por el órgano policial que realizó el correspondiente procedimiento (...). Es importante señalar que la experticia realizada al respectivo vehículo arrojó como resultados que el mismo se encuentra totalmente en estado original y que lo único en este caso es que el ciudadano no posee certificado de propiedad del mismo y que la ciudadana que manifestó ser la concubina tampoco tiene la documentación que le adjudique la propiedad de la misma (sic) Solo que nos dice que fue la concubina del ciudadano que aparece como propietario de la moto (hoy difunto) y que corrobora el testimonio del ciudadano imputado en la presente causa de que fue la ultima (sic) persona a la que su concubino vendió dicho vehículo...´.
Al respecto, como quiera que de su planteamiento se advierte la supeditación de la resolución de una petición que le fuera formulada en una causa penal a su cargo, a la emisión de la opinión requerida, esta Dirección se encuentra en el deber de realizar algunas precisiones.
La función consultora que despliega esta dependencia la realiza en atención a lo que disponen el artículo 7, numeral 2 de nuestro Reglamento Interno y el artículo 31, numeral 9 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Como órgano consultivo que es, esta dependencia antes que girar instrucciones - lo cual es propio de las direcciones operativas- tiene carácter asesor, y en el desempeño de tal actividad, concretada en la evacuación de consultas, tiene por norte el compromiso de ser orientadora de la actividad de los fiscales del Ministerio Público en el tratamiento de problemas jurídicos de carácter general que ellos se planteen, pero los mismos, en fiel cumplimiento con sus deberes, atribuciones expresamente regulados por el ordenamiento jurídico, deben resolver -según su criterio y con pleno apego a la legalidad y a la doctrina institucional- la situación sometida a su consideración, sin supeditar su resolución al análisis o pronunciamiento por parte de cualesquiera de las dependencias que conforman el Despacho del Máximo Ductor de este Organismo; constituyendo una excepción a lo señalado, la circunstancia de que el fiscal del Ministerio Público tenga una comisión para actuar en determinado caso y, producto del trabajo coordinado con la dirección comitente, considere necesario solicitar instrucciones a tal despacho, sobre las actuaciones que le corresponda efectuar. Es por ello que la circular relativa al procedimiento para elevar consultas, entre otros particulares, expresamente destaca:
`...Se advierte entonces que, conforme a los lineamientos antes señalados, y en virtud de que la brevedad de los términos procesales vigentes impiden que las actuaciones de los fiscales del Ministerio Público se sujeten a consultas previas, las instrucciones impartidas por vía de consulta, no podrán preceder a una determinada actuación...´.
En atención a todo lo señalado, esta Dirección en lugar de girarle instrucciones, se permite sugerirle tener presente en casos como el planteado varios aspectos. Por una parte, de acuerdo con la información por usted aportada, advierte este Despacho que la retención del vehículo en cuestión no encuentra apoyo en alguna denuncia con motivo de un hurto o robo de vehículo. En efecto, afirma en la comunicación enviada que la razón de la detención del ciudadano Alvaro Antonio Brochado Mora -la cual habría cesado, según se desprende de la misma comunicación-, quien para ese momento poseía la moto en cuestión, y quien además es la persona que requiere su entrega, descansa en las presuntas lesiones que dicho ciudadano le habría causado a un adolescente.
Adicionalmente a ello, debe tenerse en cuenta que de acuerdo con el resultado de la experticia realizada al vehículo solicitado `...el mismo se encuentra totalmente en estado Original...´. Como colorario de lo indicado, aprecia este órgano asesor -al margen de que el peticionario no haya legalizado su situación como propietario del mismo- que carece de fundamento jurídico el mantener retenido un vehículo en esas circunstancias, esto es, que el mismo no ha sido reportado como hurtado ni como
robado y que -por esa misma razón- solamente es reclamado por la persona que lo poseía para el momento de su ocupación penal. En este escenario, resulta oportuno traer a colación un comentario de Frank Vechionacce, quien en su trabajo Devolución de Objetos´, refiere que `...es de todo sentido de justicia que los objetos que no son necesarios conservar a los
fines de la investigación y del éxito de la persecución penal, deban ser entregados o devueltos a las personas a quienes corresponda´.
Por su parte, Eric Lorenzo Pérez Sarmiento al comentar el artículo 311 del Código Orgánico Procesal Penal, titulado `Devolución de Objetos´, destaca que el `...procedimiento para estas devoluciones debe ser sumario y sencillo, debiendo el
Ministerio Público entregar los objetos a que se refiere este artículo a quienes demuestren prima facie ser los propietarios o poseedores legítimos de los mismos...´, a lo cual agrega que esto `...es particularmente necesario en el caso de los vehículos automotores, los cuales deben ser devueltos a aquellos que exhiban la documentación expedida por las autoridades administrativas de tránsito o que puedan probar sus derechos por cualquier medio lícito y valorable a las reglas del criterio racional´. En este orden de ideas es pertinente recordar que la circular en materia de vehículos, citada en su comunicación, como su mismo nombre lo indica, se refiere al `... procedimiento a seguir en los casos de solicitudes de entrega de vehículos recuperados que presenten irregularidades en sus seriales y/o documentación”, y tiene como fin impartir “...instrucciones pertinentes en materia de entrega y devolución de vehículos automotores que presentan sus seriales en estado original o con irregularidades con ocasión a la presunta comisión de hechos punibles, los cuales son requeridos por las partes en el curso de la fase preparatoria del proceso penal, con fundamento a lo establecido en el artículo 10 de la Ley Sobre el Hurto y Robo de Vehículos en concordancia con lo previsto en el artículo 311 del Código Orgánico Procesal Penal´, situación que no se configura en el presente caso, en el que las actuaciones practicadas dan cuenta por una parte, de una retención irregular de dicho vehículo, y por la otra, que se habría realizado en perjuicio -precisamente- de la persona que la está solicitando.
Por último, resulta propicio referir en esta parte -aun cuando no se ajuste completamente a la situación descrita- una sentencia emanada de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, dado que en la misma se cuestiona expresamente la retención de vehículos por parte de los órganos policiales sin mediar denuncia por hurto o robo, razón por la cual estimamos que resulta de gran interés para el asunto que nos ocupa. En tal sentido, el alto Tribunal de la República expresó lo siguiente:
`...la Sala observa, que en el presente caso no existe sobre el vehículo retenido, denuncia o reclamo por parte de persona alguna, sino que el mismo fue detenido por efectivos de la Guardia Nacional y puesto a la orden de la fiscalía, cuando era
conducido por el ciudadano (...) al ver que éste no presentaba matrícula. A posteriori, al chequear los seriales de seguridad del vehículo en cuestión, se encontró que los seriales de carrocería y motor habían sido igualmente alterados.
/ Consta en autos (...) no aparece solicitado y no aparece registrado en el SETRA. / El ciudadano (...) ha solicitado reiteradamente (...) le sea devuelto su vehículo, el cual es su único medio de transporte para realizar su trabajo (...) aduciendo
además que tal retención le ha acarreado pérdidas por pago de estacionamiento y deterioro del vehículo señalado. / (...) La Sala advierte la gravedad de un procedimiento como éste, el cual es usual, y en el que sin mediar denuncia alguna, de oficio los cuerpos policiales, Guardia Nacional o fiscales, retienen vehículos a sus propietarios o poseedores de buena fe, bajo el pretexto de averiguaciones. Tal actuación se pudiera prestar para realizar cobros indebidos por rescates o adjudicaciones a dedo de tales vehículos (...) En virtud de lo antes expuesto, considera la Sala que lo ajustado a derecho en el presente caso, es
remitir el expediente al Juez Presidente del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, a fin de que lo distribuya en un Tribunal de Control, para que éste recabe las actuaciones necesarias y una vez constatado que el vehículo no está solicitado, y sea probada la propiedad o posesión legítima del mismo (...) Ordene la inmediata entrega bajo custodia del auto en cuestión al referido ciudadano”.
Ministerio Público MP N° DID-16-3006-35325
FECHA:27-6-2007:
"Los Fiscales Superiores del Ministerio Público al atribuirse facultades propias de los Fiscales de Proceso incurren en actuaciones irregulares e incumplen con los numerales 1 y 6 del Estatuto de Personal del Ministerio Público"
“Durante la sustanciación del presente expediente, se pudo demostrar que ordenó al administrador del Estacionamiento (...), la entrega del vehículo que presuntamente fue utilizado para asesinar al hoy occiso (...). En efecto, en comunicación N°(...) de fecha, usted informó a este Despacho entre otras cosas, lo siguiente: “…Por informaciones recibidas en este despacho, la ciudadana (...), funge como encargada del ESTACIONAMIENTO y GRUAS (...), y ciertamente le solicite la colaboración a la
mencionada ciudadana vía telefónica, previa (Sic) requerimiento del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas /CICPC/, argumentando éstos, que era indispensable la utilización de vehículos ajenos a su institución por motivos de seguridad en el éxito de investigaciones relacionadas con los secuestros de las ciudadanas, x y x…. Así las cosas, es forzoso para esta Dirección considerar que se atribuyó facultades que no le han sido encomendadas por ley, ya que corresponde a los fiscales de proceso que tienen asignadas las causas que guardan relación con alguno de los automóviles que se encuentran en el mencionado estacionamiento decidir sobre la pertinencia de ordenar o no la entrega de los vehículos involucrados en determinado hecho punible de conformidad con las previsiones establecidas en el artículo 311 del Código Orgánico Procesal Penal y la normativa interna.
Adicionalmente, usted solicitó esa `cooperación´ sin la debida participación a la Dirección de Fiscalías Superiores que es su Dirección de adscripción. En consecuencia, incurrió en una actuación irregular al incumplir los numerales 1 y 6 del artículo
100 del Estatuto de Personal del Ministerio Público, que establecen que los funcionarios del Ministerio Público deben: ` 1.- Prestar su servicios con la diligencia, idoneidad y eficiencia requeridas, para el cumplimiento de las tareas y actividades encomendadas y; 6.- Hacer del conocimiento de sus superiores jerárquicos, las iniciativas que estimen útiles para el mejoramiento de las labores encomendadas…´. Por tal razón, se le insta a dar cumplimiento a estas instrucciones desde el mismo momento que tenga conocimiento del presente comunicado así como abstenerse de incurrir en conductas como
las señaladas”.
Es importante tener conocimiento de la PUBLICACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO. AÑO II - Nº 2 - CARACAS, MAYO DE 2009, en la cuales se dan algunas recomendaciones que se trascriben a continuación:
"Pasos a seguir por la víctima
Cuando un ciudadano es víctima de robo o hurto de su automóvil, lo primordial es que denuncie el delito lo antes posible en la División de Vehículos del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalística.
Una forma rápida, es hacer contacto con el Centro Telefónico de Atención al Ciudadano (CTAC), a través del número: 0212- 508.41.00. El CTAC es un servicio que ofrece atención inmediata a las víctimas de hurto o robo de vehículos, durante las 24 horas del día, los 365 días del año. Allí, su denuncia quedará registrada en el sistema computarizado del CTAC por un período de 48 horas. En dicho lapso, la persona deberá
formalizar su denuncia personalmente ante la Delegación del Cicpc más cercana a su domicilio.
Posterior a su denuncia en el Cicpc, debe dirigirse a cualquier oficina del Instituto Nacional de Transporte y Tránsito Terrestre (Inttt), y notificar sobre el hurto o
robo de su vehículo, para que el mismo sea registrado como solicitado en su sistema computarizado.
En caso de que su vehículo posea algún sistema satelital privado de localización, deberá comunicarse con los prestatarios del servicio para que inicien el rastreo y poder colaborar con los organismos policiales para su recuperación. Si el vehículo se encuentra amparado por alguna póliza de seguros, la víctima debe comunicarse con su corredor de seguros, quien le indicará los pasos a seguir para la notificación del siniestro en la compañía aseguradora correspondiente.
Al ser recuperado un vehículo denunciado; bien sea por el Inttt, la policía municipal, la policía regional o cualquier otro organismo de seguridad, estos deberán
informar a la división de vehículos del Cicpc, que se encargará de notificar al Ministerio Público y al propietario de la recuperación.
Una vez informado el legítimo propietario de la recuperación, deberá consignar ante el Ministerio Público original y copia del título de propiedad del vehí-
culo automotor y de la cédula de identidad.
1.- Si no posee título de propiedad por haberlo extraviado, se debe consignar el original de certificación de datos emanado del Inttt y la cédula de identidad.
2.- Si no posee título de propiedad por no haber realizado los trámites aún en el Inttt: original y copia de la factura de compra del vehículo, certificación de
origen y cédula de identidad.
3.- Si posee el título de propiedad a nombre de otra persona: original y copia del título de propiedad, todos los documentos notariados de compra venta y
4.- Si no posee el título de propiedad o los documentos notariados de compra venta: solicitar ante el Inttt la certificación de datos, y ante la (s) notaria (s) la
(s) copia (s) certificada (s) de dicho (s) traspaso (s), y cédula de identidad.
5.- Si el vehículo no es de su propiedad: original y copia del título de propiedad, poder notariado donde el propietario autoriza que se le haga entrega del bien y
cédula de identidad de ambas partes.
6.- Si el vehículo está a nombre de una persona jurídica: original y copia del título de propiedad, registro mercantil de la entidad, y cédula de identidad. La persona que retire el vehículo debe ser miembro de la Junta Directiva y aparecer en el acta constitutiva de la entidad. Si la persona que retira el vehículo, no pertenece a la empresa; debe consignar original del poder notariado donde algún directivo facultado para ello, le otorgue el derecho a retirar el bien.
7.- Si el vehículo pertenece alguna compañía de seguros: original y copia del título de propiedad, finiquito, registro mercantil, y cédula de identidad, incluyendo, si ese fuera el caso, lo acotado en el segundo aparte del punto anterior.
8.- Si el propietario del vehículo ha fallecido: original y copia del título de propiedad, acta de defunción, acta de matrimonio si es casada(o) con el finado(a), partida de nacimiento si el mismo lo retiran sus progenitores, acta sucesoral, y autorización, en caso de haber varios herederos.
9.- Si el vehículo es adquirido en el exterior: original y copia expedida por Resguardo Nacional, certificado de origen del vehículo del país donde fue adquirido
Una vez entregados y verificados los documentos de propiedad, y obtenida la respectiva experticia de identificación de seriales, el Ministerio Público procederá a emitir una orden de entrega dirigida al estacionamiento judicial en el que se encuentre el vehículo para su inmediata devolución. Asimismo, se elaborará un oficio dirigido a la Dirección Nacional de Investigación de Vehículos del Cicpc y del Inttt, a fin de que sea excluido del sistema computarizado como vehículo solicitado."
Fuente del Ministerio Público: http://www.mp.gob.ve/c/document_library/get_file?uuid=89d2f275-67f4-4b09-875d-9c80c0ff760f&groupId=10136