Source: https://elderecho.com/red-natura-2000-y-suelo-rural
Timestamp: 2019-10-19 20:53:52
Document Index: 403494967

Matched Legal Cases: ['artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 51', 'artículo 149', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 13']

Red Natura 2000 y suelo rural - El Derecho
Ciertamente pudiera parecer que la determinación de territorio como inte...
Al regular los usos del suelo rural, el art. 13.4 del texto refundido de ...
Al regular los usos del suelo rural, el art. 13.4 del texto refundido de la Ley de Suelo (TRLS) establece una asociación bastante nítida entre los espacios protegidos o que son tributarios de la Red Natura 2000 y aquélla clase de suelo; pues, no en vano, es el otrora conocido como u0022suelo no urbanizableu0022 el llamado principalmente a garantizar los bienes jurídicos más importantes de índole ecológica o medioambiental.
Eso no significa que de las Directivas u0022avesu0022 y u0022hábitatu0022 y de las normas nacionales que las han desarrollado, no puedan derivarse regímenes de protección especial susceptibles de proyectarse sobre otras clases de suelo si éstas devienen, por ejemplo y en mayor o menor medida, sustrato físico idóneo de determinadas formas de vida natural objeto de tutela.
Sin embargo, por lo que se refiere a los u0022espaciosu0022 propiamente dichos, parece claro el designio legal de excluirlos del proceso de transformación urbanística –ver el art. 12.2.a) TRLS-; y ello, en la medida en que esa transformación pugnaría con el tipo de interdicciones y de medidas de protección del suelo que establecen las disposiciones nacionales y comunitarias en materia de protección de la naturaleza y del medio ambiente. En ese mismo sentido, puede resultar útil e ilustrativa la sentencia de 15 de junio de 2007, dictada por la Sección 1ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia en los autos nº 671/2001. Y, cómo no, las sentencias de 24 de julio de 2008 y 3 de julio de 2007, dictadas por la Sección 5ª de la Sala 3ª del TS en los recursos nº 5417/2004 y 3865/2003. Sentencias, todas ellas, que reflejan los obstáculos a vencer por el planificador para poder desclasificar suelo rústico protegido.
Por otra parte, que el planificador urbanístico se vea en la tesitura de tener que incluir por imperativo legal determinados espacios en el suelo rústico, ni tiene porque traducirse en la supresión de todo poder de decisión en ese punto (el planificador podrá incluir otros espacios dentro de la misma clase de suelo), ni nos alejará demasiado del escaso o nulo margen de maniobra del que ese mismo planificador había venido gozando tradicionalmente para clasificar suelo urbano; y esto último, como consecuencia de su subordinación a u0022la normatividad de lo fácticou0022 (ver los ecos de esa máxima o principio en el art. 12.3 TRLS).
La progresiva transferencia de competencias u0022internasu0022 o nacionales hacia los órganos de nuestra u0022Confederaciónu0022 (léase, Unión Europea) sin necesidad, además, de vernos abocados a reformas constitucionales y estatutarias, es, por lo que respecta a la materia analizada, consecuencia o resultado de una cesión de soberanía en beneficio de órdenes supraestatales, prevista y autorizada por el art. 93 de nuestra Ley Fundamental y que en el caso que ahora nos ocupa se resumió –hace casi treinta años en el ingreso de España en la Comunidad Europea.
En el plano interno, los enunciados imperativos de la legislación estatal básica encuentran también un claro apoyo en los títulos competenciales de los apartados 1º y 23º de la Constitución (estatuto básico de derechos y deberes constitucionales y normas básicas medioambientales, susceptibles de verse complementadas por normas de protección adicional de matriz autonómica). Sin olvidar –a mayor abundamiento la obligación estatal de garantizar en el orden interno el cumplimiento de la normativa europea; pues, aunque es cierto que el derecho de la Unión, en principio no puede alterar la distribución de competencias entre los diferentes poderes de un Estado miembro, no lo es menos que, a menudo, las razones que llevarán a su promulgación justificarán la caracterización como u0022básicau0022 de la normativa estatal de desarrollo.
Observaciones, las anteriores, que será menester completar con la convicción plena de que los objetivos y fines que tiene asignados la Unión Europea , harán -más pronto que tarde que los órganos comunitarios se vean en la tesitura de tener que armonizar las legislaciones nacionales en materia de ordenación del territorio y urbanismo. Entre otras razones, porque cada vez resulta más difícil disociar urbanismo y medio ambiente.
Y si el urbanismo en sentido amplio no es más que una técnica susceptible de reconducir a la unidad y a la racionalidad diversas vertientes o realidades vitales plasmadas sobre un territorio, habrá que convenir en que será preciso dotar a la Unión Europea de un poder directivo, siquiera en materia de u0022planificación territorialu0022, que muy bien podría hallar su primera justificación en los sectores de acción pública (que no son pocos) sobre los que la Comunidad ya está legislando.
Si -en un contexto de globalización galopante el suelo es un bien limitado y, a la vez, su buen uso resulta indispensable para garantizar un desarrollo social y económico reticular y de calidad en todo el orbe europeo, ¿qué reparo cabría oponer ante la eventualidad de que la Unión Europea se plantease aprobar una Directiva de mínimos en materia de planificación territorial y urbanismo?
1ª: Que no debería considerarse algo ajeno a los fines y objetivos de la Unión –siquiera en términos de instrumentalidad garantizar y promover los principios de buena administración, y
2ª: Que la prevención y la represión de la corrupción en el ámbito de lo público tiene que ver más de lo que parece con la preservación del u0022juego limpiou0022 que demanda una economía de mercado sana y respetable.
El artículo 13 del TRLS regula la utilización del suelo rural. Este art...
El apartado 4 del artículo 13 del TRLS que centra hoy nuestra atención ...
Esta regla sumamente restrictiva es una reproducción literal de los artículos 48 y 51 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, que deroga y sustituye a la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres. Aunque sea una crítica puramente formal o de falta de sistemática, comparto la opinión de Díaz Lema, en el sentido de que la sede propia de estas normas tuitivas no debería ser la ley urbanística, sino exclusivamente la ambiental, para evitar interferencias. La crítica se hacía más necesaria con la versión original de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, del Suelo, cuyo artículo 13.4 era idéntico al vigente del TRLS, pero en un momento temporal en que todavía no había entrado en vigor la Ley 42/2007, que -recordemos para no perder la perspectiva es anterior al TRLS pero posterior a la LS de 2007. El procedimiento para la descatalogación de espacios protegidos e incluidos en la Red Natura 2000 fue introducido durante la tramitación parlamentaria de la Ley, con ocasión de una enmienda del Grupo Socialista que se adoptó en la Comisión de Fomento y Vivienda del Senado (BOCG de 9 marzo 2007).
En todo caso, el artículo 13.4 TRLS (art. 51 de la Ley 42/2007) plantea el problema de una hipotética invasión de competencias urbanísticas, y por extensión, una vulneración de la autonomía local, por el ejercicio desmedido de competencias ambientales. Si la delimitación de los espacios naturales protegidos y de la Red Natura 2000 presupone que el terreno tenga la situación básica de suelo rural, entonces las competencias ambientales no dejarían margen de apreciación al planeamiento, con invasión de competencias urbanísticas. Estamos ante una de las controversias competenciales, en relación con el suelo no urbanizable -ahora rural más tradicionales de nuestro Derecho urbanístico.
Evidentemente, el título competencial que justifica el artículo 13.4 del TRLS es la protección del medio ambiente, como se deduce del último párrafo del artículo 13 que recuerda que u0022el cumplimiento de lo previsto en los párrafos anteriores no eximirá de las normas adicionales de protección que establezca la legislación aplicableu0022 (de nuevo reproducción del artículo 51.3 de la Ley 42/2007). Esto constituye un recordatorio de la división competencial en materia ambiental, entre el Estado y las Comunidades Autónomas, según el artículo 149.1 23º CE.
Ahora bien, siguiendo a la doctrina constitucional, la restricción de competencias urbanísticas queda sometida a ciertas condiciones. En primer lugar, tiene que existir una previsión legal y, en segundo lugar, no puede suponer un vaciamiento de competencias locales, es decir, tiene que ser una limitación proporcionada, que respete u0022el núcleo mínimo identificable de competencias que los haga reconocibles como instancia decisoria autónomau0022 (STC 240/2006, de 20 julio) y sólo u0022en la medida en que concurran intereses de carácter supramunicipal o controles de legalidad que, de conformidad con el bloque de constitucionalidad, se atribuyen a las Administraciones supraordenadas sobre las inferioresu0022 (STC 54/2001, de 13 abril).
En caso contrario, se corre el riesgo de convertir a la autonomía local en una simple participación en procedimientos ajenos, olvidando que tiene un contenido propio: el derecho y la capacidad efectiva de los entes locales de gestionar una parte importante de los asuntos públicos bajo su propia responsabilidad. Y, sobre todo, como establece la Carta Europea de la Autonomía Local, las competencias encomendadas a las entidades locales deben ser normalmente plenas y completas, y sólo pueden ser limitadas por otra autoridad central o regional u0022dentro del ámbito de la Leyu0022.
El precepto constituye otro ejemplo de cómo el Derecho comunitario, sin competencias directas en materia urbanística, adopta normas con clara trascendencia urbanística. Así ocurre con la evaluación estratégica de planes y programas (regulados en la Ley 9/2006, de 28 de abril) o con la sujeción a los principios comunitarios de la contratación pública (convenios urbanísticos, agente urbanizador), en lo que se conoce como fenómeno de u0022contractualizaciónu0022 del urbanismo por obra del Derecho comunitario y vis expansiva del Derecho de la contratación pública.
Con respecto a la primera de las preguntas que se nos formulan entiendo q...
Con respecto a la primera de las preguntas que se nos formulan entiendo que el art. 13.4 TRLS es concluyente: los suelos comprendidos en la u0022Red Natura 2000u0022 sólo son susceptibles de transformación urbanística u0022cuando así lo justifiquen los cambios provocados en ellos por su evolución natural, científicamente demostradau0022. La dicción de este precepto coincide, por otro lado, con el art. 48 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Interesa recordar que, conforme a esta Ley los u0022Espacios Naturales Red Natura 2000u0022, pues tal es la rúbrica del capítulo que versa sobre su régimen jurídico, componen u0022una red ecológica coherenteu0022 (art. 41), integrada por espacios protegidos (Lugares de Importancia Comunitaria, Zonas Especiales de Conservación y Zonas de Especial Protección de Aves) que u0022contribuyen de forma apreciable al mantenimiento o, en su caso, al restablecimiento del estado de conservación favorable de los tipos de hábitat naturales y los hábitat de las especies de interés comunitariou0022 (art. 42.1).
Llegados a este punto de nuestra rápida reflexión podemos destacar dos aspectos del tratamiento legal de la u0022Red Natura 2000u0022. En primer lugar, es cierto que el legislador no ha excluido expresamente la inclusión en esta red de lugares que se encuentren en la situación básica de suelo urbanizado. Pero no es menos cierto que por las finalidades a las que sirve la red y por la vinculación de la protección de los espacios que la componen con la conservación de u0022hábitat naturalesu0022 y u0022hábitat de las especies de interés comunitariou0022, habremos de convenir en que la incorporación de suelos urbanizados será rigurosamente excepcional. Siendo ello así, podemos destacar un segundo aspecto: los terrenos de la u0022Red Natura 2000u0022 y los integrados en un espacio natural protegido comparten un propósito último, cual es la preservación de ecosistemas y de la vida natural que en ellos se desarrolla frente a su transformación por la acción del hombre.
Lo expuesto nos lleva a alcanzar dos conclusiones. La primera de ellas es que la situación básica u0022normalu0022 de los terrenos integrados en la u0022Red Natura 2000u0022 será la de suelo rural pues es en él, en el espacio no alterado por la mano del hombre, donde hallaremos esos hábitat naturales a los que se refiere la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Esta conclusión es coherente, por lo demás, con la tradicional distinción entre patrimonio natural y cultural en función de la intervención humana. La segunda hace referencia a la protección misma de los espacios de esta Red: se trata de conservarlos y, en su caso, de regenerarlos, recuperando plenamente su valor ecológico. Si ello es así parece de todo punto razonable que la transformación urbanística de esos espacios sólo sea posible cuando, sin que medie intervención humana alguna ese valor ecológico haya desaparecido.
Expresado con las palabras, plenamente coincidentes y coherentes del legislador en los dos textos normativos aludidos, cuando en un espacio de esta Red ocurran u0022cambios provocados en el mismo por la evolución naturalu0022, que le hagan perder el valor ecológico y así se justifique científicamente. Parece, a este respecto, que la u0022justificación científicau0022 debe comprender ambos extremos, la pérdida de valor ecológico y que a esa pérdida no ha contribuido de manera inmediata la acción del hombre (en la situación actual de nuestro planeta resulta difícil imaginar supuestos de evolución completamente natural, esto es, sin contribución alguna de intervenciones humanas, siquiera sean remotas en el tiempo o lejanas en el espacios).
De modo que podemos convenir en que la situación básica ordinaria de los terrenos integrados en la u0022Red Natura 2000u0022 será la de suelo rural. Y cabe añadir que la virtualidad esencial del art. 13.4 TRLS y del art. 48 de la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, no es tanto garantizar esa situación inicial cuanto asegurar que no se altera si no es como consecuencia de una degradación del valor ecológico producida por u0022la evolución naturalu0022.
Así, el Estado, actuando la competencia exclusiva que para el establecimiento de la legislación básica de protección ambiental le otorga el art. 149.1.23 CE, ha limitado la libertad del legislador –y del planificador competente en materia urbanística. Pero no creo que esa limitación colisione con el sistema constitucional y estatutario de distribución de competencias en la medida en que se trata de una regla introducida para la protección ambiental, finalidad que justifica la competencia estatal, y que, además, deja un ámbito de regulación suficiente al legislador autonómico, que es quien finalmente lleva a cabo la declaración de los espacios integrados en la Red (arts. 42.1 y 44 de la Ley 42/2007), quienes adoptan las medidas de conservación (art. 45), de vigilancia y seguimiento (art. 47) y quienes, finalmente, deciden sobre el cambio de categoría, en los términos reglados del art. 48 de la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
Desde la consideración del artículo 13 relativo a la u0022Utilización del suel...
Desde la consideración del artículo 13 relativo a la u0022Utilización del suelo ruralu0022 y en su número 4 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo, ya de entrada, procede detener la atención en su doble perspectiva.
Seguramente el régimen establecido ya desde el artículo 13.4 de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo, hasta el artículo 13.4 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo, no puede apartarse del contexto resultante de los reiterados pronunciamientos de incumplimiento del Estado en la materia de derecho comunitario y por lo que hace referencia tanto a la Directiva 79/409/CEE, del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres (denominada u0022Directiva sobre las avesu0022), y de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitat naturales y de la fauna y flora silvestres (denominada u0022Directiva sobre los hábitatu0022) (ver anexo).