Source: https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/20170808s00289614024.html
Timestamp: 2019-06-27 07:04:14
Document Index: 108155492

Matched Legal Cases: ['artículo 168', 'artículo 3', 'artículo 118', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 9', 'artículo 10', 'artículo 13', 'artículo 9', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 6', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 8', 'artículo 13', 'artículo 14', 'artículo 15', 'artículo 16', 'artículo 9', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 28', 'artículo 3', 'artículo 14', 'artículo 15', 'artículo 15', 'artículo 14', 'artículo 33', 'artículo 3', 'artículo 41', 'artículo 1', 'artículo 9', 'artículo 30', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 5', 'artículo 6', 'artículo 7', 'artículo 8', 'artículo 9', 'artículo 10', 'artículo 11', 'artículo 12', 'artículo 13', 'artículo 14', 'artículo 15', 'artículo 16', 'artículo 17', 'artículo 18', 'artículo 19', 'artículo 20', 'artículo 21', 'artículo 22', 'artículo 23', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 19', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 6', 'artículo 16']

28ª Sesión Ordinaria del 8 de agosto de 2017
N.º 28 - TOMO 567 - 8 DE AGOSTO DE 2017
28.ª SESIÓN ORDINARIA
–	La señora senadora Olano solicita se cursen dos pedidos de informes con destino al Ministerio de Desarrollo Social y, por su intermedio, a las oficinas territoriales de Cerro Largo y Río Branco, y al Ministerio de Salud Pública y, por su intermedio, a la Dirección Departamental de Salud de Cerro Largo, relacionados con el relevamiento de los residenciales, casas de salud y hogares de ancianos con internos que tienen patologías psiquiátricas, realizado entre los años 2011 y 2017, en las ciudades de Cerro Largo y Río Branco.
5)	Reiteración de pedido de informes
–	A solicitud de la señora senadora Aviaga, el Senado resuelve hacer suyo y reiterar un pedido de informes con destino al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, relacionado con la devolución de carne exportada a Estados Unidos.
–	El Senado concede las licencias solicitadas por los señores senadores Amorín, Moreira, Camy y Delgado.
–	Quedan convocados los señores senadores Viera, Paternain, Iturralde, Castaingdebat y Argimón.
8) y 20) Postergación de los numerales primero y undécimo del orden del día
•	La presidencia informa que como no se han planteado propuestas, se posterga una vez más la consideración del numeral primero.
•	Por moción del señor senador De León, el Senado resuelve postergar el tratamiento del numeral undécimo.
9)	José Luis Cancela Gómez. Designación como representante permanente de la república ante la OMC
10)	Designación de fiscales adscriptos
11) y 13) Directrices Nacionales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible
–	Proyecto de ley por el que se las establece.
14)	Acuerdo entre la República Oriental del Uruguay y la República de Finlandia sobre asistencia mutua y cooperación en materia aduanera
15)	Acuerdo entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República Árabe de Egipto sobre cooperación y asistencia mutua en asuntos aduaneros
16)	Acuerdo de cooperación y asistencia mutua en asuntos aduaneros entre la República Oriental del Uruguay y la República de Corea
17)	Convenio sobre transporte aéreo entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos
18)	Acuerdo entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República Popular China sobre cooperación y asistencia administrativa mutua en materia aduanera
19)	Acuerdo entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno del Estado de Israel sobre asistencia mutua en cuestiones aduaneras
21)	PIAI-Barrio Artigas
– Proyecto de ley por el que se desafectan de la órbita del Ministerio de Transporte y Obras Públicas varios padrones ubicados en la localidad catastral de la ciudad de Salto y se los afecta a la Intendencia de ese departamento.
«Montevideo, 4 de agosto de 2017
La CÁMARA DE SENADORES se reunirá en sesión ordinaria el próximo martes 8 de agosto, a las 09:30, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente
2.º) Informe de la Comisión de Asuntos Internacionales relacionado con la solicitud remitida por el Poder Ejecutivo a fin de designar como representante permanente de la república ante la Organización Mundial del Comercio al señor José Luis Cancela Gómez.
Carp. n.º 870/2017 - rep. n.º 488/17
3.º) Informe de la Comisión de Asuntos Administrativos relacionado con la solicitud remitida por el Poder Ejecutivo a fin de designar a varios fiscales letrados adscriptos, escalafón N.
Carp. n.º 838/2017 - rep. n.º 481/17 y anexos I, II, III y IV
4.º) por el que se establecen las Directrices Nacionales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible;
Carp. n.º 710/2016 - rep. n.º 478/17
5.º) por el que se aprueba el Acuerdo entre la República Oriental del Uruguay y la República de Finlandia sobre asistencia mutua y cooperación en materia aduanera, suscrito en Helsinki, República de Finlandia, el 13 de febrero de 2017;
Carp. n.º 842/2017 - rep. n.º 482/17
6.º) por el que se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República Árabe de Egipto sobre cooperación y asistencia mutua en asuntos aduaneros, suscrito en El Cairo, República Árabe de Egipto, el 28 de noviembre de 2016;
Carp. n.º 861/2017 - rep. n.º 486/17
7.º) por el que se aprueba el Acuerdo de cooperación y asistencia mutua en asuntos aduaneros entre la República Oriental del Uruguay y la República de Corea, suscrito en Seúl, República de Corea, el 15 de noviembre de 2016;
Carp. n.º 863/2017 - rep. n.º 487/17
8.º) por el que se aprueba el Convenio sobre transporte aéreo entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, suscrito en la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, el 14 de agosto de 2009;
Carp. n.º 859/2017 - rep. n.º 483/17
9.º) por el que se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República Popular China sobre cooperación y asistencia administrativa mutua en materia aduanera, suscrito en Beijing, República Popular China, el 18 de octubre de 2016;
Carp. n.º 860/2017 - rep. n.º 485/17
10) por el que se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno del Estado de Israel sobre asistencia mutua en cuestiones aduaneras, suscrito en Jerusalén, Estado de Israel, el 1.º de diciembre de 2016;
Carp. n.º 862/2017 - rep. n.º 484/17
11) por el que se dispone transferir a título gratuito, del dominio de la Intendencia de Durazno al Ministerio de Defensa Nacional-Comando General del Ejército, el inmueble padrón n.º 12979 de la localidad catastral de Durazno, con la finalidad de construir viviendas militares;
Carp. n.º 827/2017 - rep. n.º 479/17
12) por el que se desafectan de la órbita del Ministerio de Transporte y Obras Públicas varios padrones ubicados en la localidad catastral de la ciudad de Salto, departamento de Salto, y se afectan a la Intendencia de Salto con la finalidad de dar cumplimiento al PIAI-Barrio Artigas.
Carp. n.º 847/2017 - rep. n.º 480/17
ASISTEN: los señores senadores Alonso, Aviaga, Ayala, Besozzi, Bianchi, Bordaberry, Camy, Cardoso, Coutinho, De León, Delgado, Gallicchio, García, Garín, Heber, Lacalle Pou, Larrañaga, Lorier, Martínez Huelmo, Mieres, Mujica, Otheguy, Passada, Paternain, Payssé, Pintado, Topolansky, Tourné y Viera.
FALTAN: con licencia, los señores senadores Amorín, Carámbula, Michelini y Moreira.
(Son las 09:43).
SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «El Poder Ejecutivo remite un mensaje por el que se solicita la venia correspondiente para destituir de su cargo, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 10 del artículo 168 de la Constitución de la república, a dos funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas.
La Cámara de Representantes remite aprobado un proyecto de ley por el que se aprueba la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente al ejercicio 2016.
Asimismo, remite una exposición escrita presentada por el señor representante nacional Gastón Cossia, relacionada con la formación de veterinarios que operan en el sector apícola.
La Oficina Nacional del Servicio Civil remite respuesta a un pedido de informes solicitado por los señores senadores Patricia Ayala, Carmen Beramendi, Marcos Carámbula, Daniel Garín, Rafael Michelini, Marcos Otheguy, Daniela Payssé, Enrique Pintado, Lucía Topolansky, Daisy Tourné y Mónica Xavier, relacionado con las posibles incompatibilidades o impedimentos de un funcionario de la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas para asumir el cargo de intendente por el departamento de Treinta y Tres.
–OPORTUNAMENTE FUE ENTREGADA A LOS SEÑORES SENADORES AYALA, BERAMENDI, CARÁMBULA, GARÍN, MICHELINI, OTHEGUY, PAYSSÉ, PINTADO, TOPOLANSKY, TOURNÉ Y XAVIER.
•	por el que se establecen las Directrices Nacionales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible;
•	por el que se transfiere a título gratuito el inmueble padrón n.º 12979 del dominio de la Intendencia de Durazno al Ministerio de Defensa Nacional-Comando General del Ejército, con la finalidad de construir viviendas militares;
•	por el que se desafectan del patrimonio del Ministerio de Transporte y Obras Públicas varios padrones ubicados en la localidad catastral de la ciudad de Salto, departamento de Salto, y se afectan a la Intendencia de dicho departamento con la finalidad de dar cumplimiento al PIAI-Barrio Artigas.
La Comisión de Asuntos Administrativos eleva informada una solicitud de venia remitida por el Poder Ejecutivo a los efectos de designar en el cargo de fiscal letrado adscripto, escalafón N a varios doctores.
•	por el que se aprueba el Acuerdo entre la República Oriental del Uruguay y la República de Finlandia sobre asistencia mutua y cooperación en materia aduanera, suscrito en Helsinki, República de Finlandia, el 13 de febrero de 2017;
•	por el que se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República Popular China sobre cooperación y asistencia administrativa mutua en materia aduanera, suscrito en Beijing, República Popular China, el 18 de octubre de 2016;
•	por el que se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno del Estado de Israel sobre asistencia mutua en cuestiones aduaneras, suscrito en Jerusalén, Estado de Israel, el 1.º de diciembre de 2016;
•	por el que se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República Árabe de Egipto sobre cooperación y asistencia mutua en asuntos aduaneros, suscrito en El Cairo, República Árabe de Egipto, el 28 de noviembre de 2016;
•	por el que se aprueba el Acuerdo de cooperación y asistencia mutua en asuntos aduaneros entre la República Oriental del Uruguay y la República de Corea, suscrito en Seúl, República de Corea, el 15 de noviembre de 2016;
•	por el que se aprueba el Convenio sobre transporte aéreo entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, suscrito en la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, el 14 de agosto de 2009.
Asimismo, eleva informada una solicitud de venia remitida por el Poder Ejecutivo a los efectos de designar en calidad de representante permanente de la república ante la Organización Mundial del Comercio, al señor José Luis Cancela Gómez.
La Comisión especial con fines legislativos a partir de los llamados Papeles de Panamá y jurisdicciones similares para la prevención del fraude financiero, la defraudación y elusión fiscal, el lavado de activos y la transparencia global eleva informado un proyecto de ley por el que se ordena, sistematiza y actualiza la normativa vigente en materia de lavado de activos.
La señora senadora Carol Aviaga solicita, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3.º de la Ley n.º 17673, de 21 de julio de 2003, la reiteración de un pedido de informes, a los efectos de que el Cuerpo lo haga suyo, con destino al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, relacionado con la devolución de carne exportada a Estados Unidos.
La Junta Departamental de Flores remite copia de la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas por el señor edil Hugo Dayuto, relacionadas con el accionar de policías del departamento en dos hechos puntuales ocurridos recientemente en la ciudad de Trinidad, departamento de Flores.
SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «La señora senadora Walkiria Olano solicita, con fecha 3 de agosto del corriente, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la república, se cursen dos pedidos de informes: con destino al Ministerio de Desarrollo Social y, por su intermedio, a las oficinas territoriales de Cerro Largo y Río Branco, y al Ministerio de Salud Pública y, por su intermedio, a la Dirección Departamental de Salud de Cerro Largo, relacionados con el relevamiento de los residenciales, casas de salud y hogares de ancianos con internos con patologías psiquiátricas, realizado entre los años 2011 y 2017 en las ciudades de Cerro Largo y Río Branco.
5) REITERACIÓN DE PEDIDO DE INFORMES
SEÑOR PRESIDENTE.- Corresponde votar si el Senado hace suyo y reitera el pedido solicitado por la señora senadora Aviaga, del que se diera cuenta durante la lectura de los asuntos entrados.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- En la sesión ordinaria del 2 de agosto no se registraron inasistencias.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 7 de agosto de 2017
A través de la presente, solicito al Cuerpo me conceda licencia al amparo del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004, por motivos personales, durante el día 8 del corriente.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 8 de agosto de 2017
Por la presente solicito licencia el jueves 10 de agosto de 2017, por motivos personales.
A través de la presente, solicito al Cuerpo me conceda licencia al amparo del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004, por motivos personales, desde el 22 hasta el 29 de agosto inclusive.
A través de la presente, solicito al Cuerpo que usted preside me conceda licencia al amparo del literal D) del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, desde el 14 hasta el 21 de agosto de 2017 inclusive.
Motiva dicha solicitud la invitación para participar en el Ciclo de Charlas del Baker Institute en Houston, Texas, Estados Unidos de América.
8)	POSTERGACIÓN DE LOS NUMERALES PRIMERO Y UNDÉCIMO DEL ORDEN DEL DÍA
Correspondería considerar el asunto que figura en primer término, relativo a la elección de miembros de la Comisión Permanente del Poder Legislativo, pero una vez más se posterga su tratamiento dado que no hemos recibido propuestas.
9) JOSÉ LUIS CANCELA GÓMEZ. DESIGNACIÓN COMO REPRESENTANTE PERMANENTE DE LA REPÚBLICA ANTE LA OMC
SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en segundo término del orden del día: «Informe de la Comisión de Asuntos Internacionales relacionado con la solicitud remitida por el Poder Ejecutivo a fin de designar como representante permanente de la república ante la Organización Mundial del Comercio al señor José Luis Cancela Gómez. (Carp. n.º 870/2017 - rep. n.º 488/17)».
SEÑORA XAVIER.- Señor presidente: la Comisión de Asuntos Internacionales recibió en su última sesión al embajador Cancela, quien está propuesto como representante permanente de la república ante la Organización Mundial del Comercio.
Si bien todos los senadores disponemos de la información relativa al currículum del embajador Cancela, quiero destacar algunos aspectos que tienen que ver no solo con las diversas representaciones que asumió ante diferentes Estados en nombre de la república, sino también con el importante desempeño que ha tenido en organismos multilaterales a lo largo de su fecunda carrera.
José Luis Cancela fue designado por el Poder Ejecutivo como representante permanente de Uruguay ante la Organización de Naciones Unidas. Ocupó una de las vicepresidencias de la Conferencia de revisión del tratado de no proliferación de armas nucleares en Nueva York y fue electo presidente de la Comisión de desarme y seguridad internacional de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Es decir que tuvo un desempeño en múltiples áreas vinculadas con la no proliferación de armas, el desarme y la seguridad, y con las misiones de paz. Además, ha tenido un importante desempeño en otros ámbitos multilaterales y, como es sabido, desde el 2015 es subsecretario del Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país.
Así como valoramos la importancia del destino que se le conferirá al embajador Cancela en los próximos minutos, queremos resaltar lo significativa que fue su actuación en la Subsecretaría del Ministerio de Relaciones Exteriores durante todos estos años, ministerio en el que ya había tenido importantes representaciones como la de secretario general en el año 2005.
Creemos recomendable el informe que sobre el sistema multilateral de comercio, amenazas y desafíos, le brinda a la Comisión de Asuntos Internacionales, en el que se remonta a la creación de la Organización Mundial del Comercio –OMC– en 1995 y llega hasta los tiempos actuales en los que transcurrieron cuestiones muy trascendentes en el comercio multilateral, como la incorporación de la agricultura, las disciplinas comerciales y el órgano de solución de diferencias. A la fecha, son 143 los países miembros de la OMC, lo que supone una enorme diversidad de intereses. Sin duda que la de los países emergentes es una incorporación muy importante a destacar y un impacto significativo en el comercio mundial, así como también el surgimiento de enorme cantidad de acuerdos bilaterales y plurilaterales, y las tendencias proteccionistas que fueron surgiendo en forma simultánea.
A través de este análisis, el señor embajador nos trasmitía la importancia de la próxima conferencia ministerial a celebrarse en Buenos Aires, en diciembre de este año, donde se esperan resultados en la reducción de la ayuda interna a la agricultura, la eliminación de subvenciones a la pesca y el comercio electrónico, y las mejoras en las condiciones de acceso a las pymes en el comercio internacional.
Sin duda que en este marco que rápidamente describíamos del comercio, el fortalecimiento del sistema multilateral es hoy un desafío muy importante para la comunidad internacional. Tener reglas consensuadas resulta esencial para impulsar un crecimiento robusto de la economía, reducir la desigualdad entre los países y reforzar la cooperación internacional.
El embajador Cancela destacaba la vocación multilateral de nuestro país a lo largo de su historia y, por tanto, se comprometía a seguir trabajando por la afirmación del multilateralismo en materia comercial, la búsqueda de un comercio justo a nivel mundial, la mayor integración de cadenas de valor, el logro de avances en la agricultura y el acceso a mercados.
Por lo expuesto y por los enormes desafíos que se pueden ver en esta área en particular del comercio mundial, así como también por la competencia que ha mostrado el embajador Cancela en todas las responsabilidades a las que debió responder a lo largo de su fecunda carrera, la comisión –en la que hubo expresiones elogiosas hacia su carrera desde los diferentes sectores y partidos políticos– y quien habla traen hoy la propuesta de ratificar en el pleno esta designación.
SEÑOR MIERES.- Señor presidente: nos sumamos convencidos al informe que acaba de realizar la señora senadora Xavier, pero no queríamos dejar pasar la oportunidad de hacer uso de la palabra, porque con el embajador Cancela nos une un vínculo de muchos años. Lo conocí cuando él estaba en primer año de liceo y yo en cuarto año. Desde entonces y a lo largo de la vida nos ha unido un vínculo de amistad en el que hemos coincidido en todo momento. Es extremadamente valioso el juicio que uno debe hacer, tanto de su competencia –se ha destacado por su brillantez ya desde adolescente– como de sus cualidades personales.
Creo que el Gobierno hace muy bien en designar a José Luis Cancela para ocupar ese cargo en un lugar clave como es la Organización Mundial del Comercio, un ámbito decisivo para el desarrollo de las oportunidades del país, en el que la participación de Uruguay ha sido tradicionalmente muy importante –no por su peso cuantitativo sino cualitativo–, al punto de que la Ronda Uruguay, que fue muy relevante en el desarrollo del comercio internacional, tiene justamente el nombre de nuestro país.
Entonces, de todo el personal diplomático de Uruguay, José Luis Cancela es de los más capacitados para ocupar ese cargo. Tiene, además, una trayectoria profesional y política muy relevante. Ha ocupado cargos profesionales en su carrera como diplomático, pero también –como hasta ahora– cargos políticos, y en ambas funciones le fue muy bien porque tiene las aptitudes y las cualidades para ejercerlos en los dos planos –el político y el profesional– de manera brillante.
La otra cara del asunto es que perdemos en el rol de subsecretario del Ministerio de Relaciones Exteriores a una persona muy calificada, y eso nos apena. La posibilidad de que una persona esté en dos lugares a la vez es una asignatura que, obviamente, el Gobierno deberá resolver en los próximos tiempos y espero que sea con acierto.
Debo destacar que el embajador Cancela ha integrado en la Cancillería un equipo que ha trabajado denodadamente en la búsqueda de la apertura comercial del país, de nuevos acuerdos de participación en distintos ámbitos, mirando al mundo como una oportunidad. Creo que, en ese sentido, la orientación de la política exterior del país en el plano comercial ha sido totalmente compartible, y si no ha avanzado más es porque insólitamente muchas veces ha tenido más dificultades internas en su propio partido que las que pudieran surgir desde la oposición.
Lo que quiero referir es que vamos a votar con total convicción la solicitud de venia del Poder Ejecutivo para designar al embajador Cancela en el cargo que pasará a ocupar sabiendo, desde ya, que seguramente va a ser muy exitoso, como lo fue cuando le tocó representar al país ante la Organización de las Naciones Unidas en su anterior destino diplomático y como lo ha sido en sus roles en la Dirección General de la Cancillería en el período anterior y también en la Subsecretaría de Relaciones Exteriores en este período.
SEÑORA ALONSO.- Señor presidente: de la misma manera, reafirmando el informe que hizo la miembro informante, señora senadora Xavier, y las palabras que acaba de pronunciar el señor senador Mieres, adelanto que vamos a votar con muchísimo gusto la venia para designar al hasta ahora vicecanciller José Luis Cancela en su nuevo destino, porque es un diplomático de carrera –quiero reafirmar este concepto: un diplomático de carrera– que nos ha representado, como bien se decía aquí, con gran idoneidad y profesionalismo. Para mí es un orgullo, como uruguaya, tener representantes como Cancela –mucho más allá de banderas políticas–, un hombre de diálogo y de vasta trayectoria –pese a ser joven– en el mundo diplomático, como se puede ver en su currículo.
Tiene un enorme desafío por delante en un tiempo de gran incertidumbre, en el que se dan cambios de paradigmas, en el que parece que el proteccionismo hoy gana la carrera del comercio mundial y en el que la crisis del multilateralismo sigue presente y firme. Así que seguramente el embajador Cancela tendrá un gran reto porque, a pesar de la crisis, igualmente nuestro país tiene que apostar siempre a estos ámbitos para lograr mejoras en el acceso a mercados y en el tema de los subsidios.
Le decía, señor presidente, al futuro representante ante la Organización Mundial del Comercio, que va a arrancar en esta nueva etapa con un rezongo de parte de esa organización a raíz de la implementación de la tasa consular por parte de nuestro país. Entonces, ¡vaya si tiene grandes desafíos! Estos empiezan por este tema, que no le hace bien a nuestro país porque le quita credibilidad. Pero más allá de la situación coyuntural, estamos seguros de que llevará adelante la tarea con gran idoneidad, y le deseamos éxito al frente de la Organización Mundial del Comercio porque eso va a implicar, también, el éxito del país.
SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el artículo único del proyecto de resolución.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Artículo único.- Concédese al Poder Ejecutivo el acuerdo solicitado para acreditar en calidad de Representante Permanente de la República ante la Organización Mundial del Comercio al señor José Luis Cancela Gómez».
SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en tercer término del orden del día: «Informe de la Comisión de Asuntos Administrativos relacionado con la solicitud remitida por el Poder Ejecutivo a fin de designar fiscales letrados adscriptos, escalafón N. (Carp. n.º 838/2017 - rep. n.º 481/17 y anexos I, II, III y IV)».
SEÑOR PINTADO.- Señor presidente: trataremos de ser muy breves.
El Poder Ejecutivo solicita la venia correspondiente para la provisión de veintiocho cargos vacantes de fiscal letrado adscripto. Como es de público conocimiento, en la Fiscalía General de la Nación estos cargos se proveen por concurso y, por lo tanto, nuestra labor tiene que ver con analizar si en esa instancia se respetaron todas las normas que se autoimpusieron en la fiscalía y si se cumplieron todos los pasos y las formalidades de estilo.
Cumplidas esas instancias, controlada la documentación y los méritos de los postulantes, se dio por concluido este concurso en octubre de 2014, que es avalado por la documentación que está en los expedientes que tuvimos a consideración.
Por resolución del fiscal de corte y procurador general de la nación, se aprueba lo actuado por el tribunal del concurso respectivo y la lista de prelación confeccionada con los participantes, que fueron notificados, tal como se establece en el expediente.
Concluimos que lo actuado se ajusta cabalmente a la normativa vigente y al marco jurídico imperante y que, por lo tanto, los ciudadanos propuestos reúnen aptitudes suficientes y necesarias a efectos de cumplir con los objetivos y los cometidos funcionales inherentes al cargo al que fueron destinados.
También corresponde decir que la propuesta se ajusta adecuadamente a la normativa legal respecto a la provisión de cargos en un órgano jerárquico máximo en materia administrativa, que tiene la responsabilidad de analizar la correspondencia legal de los designados, así como la oportunidad y el mérito, a fin de enviar la solicitud de venia correspondiente.
Por lo tanto, solicitamos al Cuerpo que se apruebe esta solicitud de venia para la provisión de veintiocho cargos vacantes de fiscal letrado adscripto, que corresponderían a las doctoras Fabiana Leticia Corbo Figueroa, Alexandra Paula González Petroccelli, María Fernanda Manganello Umpiérrez, Sonia María Pritsch Arcieri, Carla Venecia Buceta Correa de Borba, Norma Elizabet Álvarez Botello, Jéssica Fabiana Pereira del Puerto, Adela María Pereira Fioritti, Sofía Ana de Thy Huby, Valeria Figueredo Fuentes, Claudia Natalia Altez Pereira, Carolina Elizabeth Ledesma Fernández, Analhía María Pugliese Ferrou, María Rosina Olmos Irabedra, Verónica Beatriz López Sosa, Ana Claudia Lema Crócamo, Nelly Beatriz González Galván, Gabriela Rosana Carrancio Silva, Verónica Daniela Amaya Cayafa, Ana Carina Buffa Zin, María Soledad González Gravier, Rossana Prato Donazar, Ana Karen Martínez Falcioni, Gladys Mabel Brites Clavijo y Matilde Pilar Mattos Curbelo, y a los doctores Federico Nicolás Pión Pareja, Diego Manuel Silveira Isoardi y Luis Alberto Álvez Sierra.
Reitero que estas son las 28 designaciones que figuran en el expediente y que aconsejamos al Cuerpo aprobar.
Esto era cuanto teníamos para decir.
SEÑOR PRESIDENTE.- ¿Y la cuota de género?
SEÑOR PINTADO.- Las mujeres han sido más inteligentes que los caballeros y han ganado mayoritariamente el concurso.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Concédense al Poder Ejecutivo las venias solicitadas para ocupar los cargos de Fiscales Adscriptos (Escalafón “N”) a las doctoras Fabiana Leticia Corbo Figueroa, Alexandra Paula González Petroccelli, María Fernanda Manganello Umpiérrez, Sonia María Pritsch Arcieri, Carla Venecia Buceta Correa de Borba, Norma Elizabet Álvarez Botello, Jéssica Fabiana Pereira del Puerto, Adela María Pereira Fioritti, Sofía Ana de Thy Huby, Valeria Figueredo Fuentes, Claudia Natalia Altez Pereira, Carolina Elizabeth Ledesma Fernández, Analhía María Pugliese Ferrou, María Rosina Olmos Irabedra, Verónica Beatriz López Sosa, Ana Claudia Lema Crócamo, Nelly Beatriz González Galván, Gabriela Rosana Carrancio Silva, Verónica Daniela Amaya Cayafa, Ana Carina Buffa Zin, María Soledad González Gravier, Rossana Prato Donazar, Ana Karen Martínez Falcioni, Gladys Mabel Brites Clavijo y Matilde Pilar Mattos Curbelo y a los doctores Federico Nicolás Pión Pareja, Diego Manuel Silveira Isoardi y Luis Alberto Álvez Sierra».
11)	DIRECTRICES NACIONALES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE
SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en cuarto término del orden del día: «Proyecto de ley por el que se establecen las Directrices Nacionales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible. (Carp. n.º 710/2016 - rep. n.º 478/17».
SEÑORA TOPOLANSKY.- Señor presidente: este proyecto de ley que el Senado tiene a consideración establece las Directrices Nacionales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, dando cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 9.º y 10 de la Ley n.º 18308 –la ley madre–, de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, del 18 de junio de 2008, respecto a la generación de los instrumentos legales para lograr un ordenamiento del territorio y un desarrollo sostenible.
Quiero recordar brevemente que el artículo 9.º «Directrices Nacionales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible» de la ley madre dice lo siguiente: «Las Directrices Nacionales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible constituyen el instrumento general de la política pública en la materia y tendrán por objeto:
f) La proposición de medidas de fortalecimiento institucional y el apoyo a la coordinación y cooperación para la gestión planificada del territorio».
Veremos que estos seis ítems se desarrollan en los capítulos del proyecto de ley.
A su vez, el artículo 10 «Elaboración y aprobación de las Directrices Nacionales» dice: «El Poder Ejecutivo elaborará y someterá las Directrices Nacionales al Poder Legislativo para su aprobación, sin perjuicio de la iniciativa legislativa que a éste corresponde.
En el proceso de elaboración de las Directrices Nacionales se fomentará la participación directa de las entidades públicas con competencia relevante en la materia y de los Gobiernos Departamentales».
Es en el marco de esa obligación que generó la Ley n.º 18308 que nosotros vamos a fundamentar hoy este proyecto de ley que está a consideración.
Consideramos que el ordenamiento territorial es la primera ley de medioambiente. Sin ordenamiento territorial no es posible desarrollar las normas de medioambiente; son dos cosas que van de la mano y su importancia radica en el desarrollo sostenible. Desde que se aprobó la Ley n.º 18308 se desarrollaron enormes transformaciones en el marco jurídico nacional que después, con el tiempo, fueron teniendo –y seguirán teniendo– consecuencias sobre el territorio.
En el fundamento de la nueva ley no vamos a desarrollar los conceptos de ordenamiento territorial porque son conocidos por todos, fueron discutidos en este ámbito cuando se aprobó la ley madre y ya están en marcha en el territorio. Con este proyecto de ley se introduce un nuevo instrumento –siempre es bueno dar instrumentos para la aplicación de las políticas de planificación territorial a escala nacional– capaz de potenciar una lógica proyectual desconocida en nuestra cultura territorial nacional.
La elaboración de esta ley tiene una historia que comienza en la legislatura pasada, pues en junio de 2008 se aprobó la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, y después empezó el proceso de las leyes subsidiarias.
El 29 de junio de 2010 se convoca el Comité Nacional de Ordenamiento Territorial –CNAOT– para dar inicio al proceso de elaboración de las directrices nacionales previstas en los artículos de la Ley n.º 18308 que acabo de leer.
El artículo 13 del Decreto n.º 400/2009, de 26 de agosto de 2009, ordena a la Comisión de Coordinación y Seguimiento realizar ese trabajo. Por eso es convocada por el CNAOT y se toma como base para iniciar el proceso de elaboración correspondiente el documento «Directrices Nacionales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible: Aproximación básica», elaborado por la Dinot en abril de 2010.
Para iniciar el trabajo, el comité entendió necesario que cada ministerio que lo conforma formulara una exposición sobre sus políticas y planes sectoriales –lo interesante era implicar y tener todas las miradas sobre las situaciones, los planes y las políticas que se desarrollan en el territorio– y sus implicancias territoriales, de modo de comenzar el proceso colectivo de elaboración, pues estas son políticas transversales.
Durante el año 2010 se realizaron sucesivas reuniones de los ministerios que integran la comisión: el de Ganadería, Agricultura y Pesca; el de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente; el de Industria, Energía y Minería; el de Economía y Finanzas; el de Transporte y Obras Públicas; el de Turismo y el de Defensa Nacional, así como la OPP.
En febrero de 2011, ya fijadas las líneas de acción, se incorporan las presentaciones del Mides y del Ministerio de Educación y Cultura, que complementan la mirada territorial, porque el ordenamiento territorial no son solo normas materiales, sino que implican fundamentalmente a la población.
Posteriormente, hubo instancias de análisis con la Dirección General de Desarrollo Rural y la Dirección General Forestal –como Uruguay es un país altamente urbanizado, en el que la mayor parte de la población vive en ciudades, solemos olvidar que la mayoría del territorio es rural, por lo que resulta muy importante dar participación a esas direcciones–, así como con el presidente del Instituto Nacional de Colonización –esa herramienta formidable que le permite al país desarrollar sus colonias para la producción– y el presidente del Instituto Nacional de la Leche; también hubo reuniones con representantes de algunas empresas públicas, con el fin de coordinar los aspectos necesarios para la elaboración final del proyecto de ley.
El 7 de abril de 2011 se presentó en el Congreso de Intendentes el documento que se venía elaborando, y el 12 de abril se analizó y discutió el avance de dicha iniciativa con los directores de todas las intendencias del país.
En todas las instancias descriptas –que, como se ha dicho, son muchas– se fueron incorporando nuevos aportes y miradas que constituyen el corazón de este proyecto de ley.
En mayo de 2011 se convoca a la Comisión Asesora de Ordenamiento Territorial –creada por un artículo de la Ley n.º 18308–, integrada por delegados de instituciones públicas y privadas, y representantes de la sociedad civil, de donde resultan nuevos aportes. Es decir que no quedó ningún organismo ni persona sin la posibilidad de participar en la elaboración de la ley.
En diciembre de 2011, el Comité Nacional de Ordenamiento Territorial aprueba en general el documento y, posteriormente, la Comisión de Coordinación y Seguimiento convoca a los delegados de las áreas jurídicas de los ministerios que la integran y se redacta el anteproyecto de ley de Directrices Nacionales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible. En dicho documento se define el concepto de territorio como el «resultado de la vinculación de tres ingredientes decisivos: el soporte material, sus habitantes y las relaciones que los une y los legitima en un lugar preciso de la superficie terrestre. Estas relaciones son políticas, de dominio y control territorial, y son también relaciones sociales y económicas, que hacen al usufructo del territorio».
Debemos conceptualizar que el territorio es, a la vez, un producto terminado y una construcción sin fin; es un organismo vivo. Por eso, estos conceptos y leyes tienen su complejidad y no son estáticas en el tiempo. En esta dialéctica que está pautada por la herencia –es decir, lo que recibimos– y la novedad –que es lo que proponemos–, por la permanencia y el cambio, su característica genética fundamental radica en su potencialidad de ser lo que aún no es o –dicho de otra manera– de ser transformado en un proyecto. El territorio debe estar en constante transformación y permanencia.
Este largo proceso es la génesis del proyecto de ley en consideración: las discusiones, los aportes y las reflexiones que lo hicieron posible. Sin todo ese trabajo previo, el proyecto de ley no habría cumplido con los fines que se definen en el artículo 9.º de la Ley n.º 18308.
Pero es bueno hacer un poco de historia. La organización colonial heredó un modelo territorial fuertemente centralista –lo padecemos hasta el día de hoy– que aún mantiene sus elementos básicos. De esa época datan los profundos desequilibrios entre el norte y el sur del río Negro, la ocupación perimetral del territorio, el vaciamiento sostenido de sus áreas centrales y una expansión irracional, hasta hoy imparable, de su área metropolitana. Esta es la demostración gráfica de los problemas que heredamos desde la colonia y que todavía no hemos podido resolver en toda su dimensión.
Además del conglomerado metropolitano, que es donde está el grueso de la población, este territorio tiene ciudades intermedias y un amplio universo de pequeñas ciudades, así como diversos pueblos, poblados, localidades, etcétera. Casi todas las ciudades intermedias son capitales departamentales, aunque hay algunas otras ciudades en varios departamentos que se podrían calificar de la misma manera. Esas capitales se ubican, generalmente –no es siempre así–, en la periferia del territorio nacional. Quiere decir que se han colonizado los bordes, seguramente para defender los límites territoriales de nuestra soberanía. Es así que el grueso de la población nacional reside en las ciudades que se ubican de ese modo y en particular en los bordes fluviales, dejando un vacío interior –el medio rural– histórico hasta el día de hoy. De modo que el modelo heredado se caracteriza estructuralmente por la relación crítica centro-periferia.
Podríamos hacer un análisis de este documento durante horas, pero es bueno graficar el corazón de la cosa. Cabe destacar que la comisión manejó estos conceptos como antecedentes. En el documento de la comisión también se enumeran todas las consecuencias que estas situaciones trajeron, aunque, de hecho, las conocemos porque es el territorio en el que vivimos. En base a estos análisis se estructura el proyecto de ley que hoy tenemos en consideración.
Debemos recordar que este proyecto de ley ingresó al Parlamento en la legislatura pasada. Podemos decir que existe un problema con las leyes de ordenamiento territorial; recordemos que para poder aprobar la Ley n.º 18308 pasaron tres legislaturas, es decir que luchamos durante quince años para obtenerla, pero al final lo logramos. Digo esto porque llama la atención que la iniciativa haya ingresado durante la legislatura pasada y recién venga para ser aprobada en esta. Se discutió ampliamente en la comisión correspondiente de la Cámara de Representantes y se aprobó en sala en aquel entonces. Posteriormente, comenzó la discusión en la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial del Senado, que analizó todo lo discutido en la otra cámara y realizó una serie de entrevistas –esto sucedió sobre el fin de la legislatura–, pero los tiempos legislativos son cortos y no fueron suficientes para aprobar el proyecto de ley, por lo que quedó archivado. En esta legislatura se retoma el tema porque es un mandato de la ley y hay que cumplir con él. La iniciativa ingresa nuevamente por la Cámara de Representantes, que la analiza en profundidad, vuelve a realizar todas las entrevistas correspondientes y la aprueba en sala; luego, el expediente completo –que es muy voluminoso y realmente constituye un material de estudio– ingresa al Senado y todos sus miembros tuvimos oportunidad de estudiarlo detenidamente.
El proyecto de ley tiene 45 artículos y está dividido en 7 capítulos, algunos de los cuales se subdividen en secciones. Como todas las leyes de ordenamiento territorial que componen este sistema –al igual que las de medioambiente–, la iniciativa da marco a las acciones sobre el territorio. ¿Para qué? Para que el ordenamiento territorial y el desarrollo sostenible sean un hecho de la realidad.
El capítulo I, «Disposiciones generales», que incluye los artículos 1.º a 3.º, establece el alcance y la obligatoriedad de estas directrices para las instituciones públicas, los entes y los servicios del Estado que ejerzan competencias en el territorio.
Es bueno recordar que la filosofía de la Ley n.º 18308 prioriza el interés público, el interés general, el de la comunidad sobre el interés particular, lo que es crucial en las leyes de ordenamiento territorial, porque de lo contrario sería imposible que funcionaran.
El capítulo II, «Bases y objetivos estratégicos nacionales», que va del artículo 4.º al 7.º, trata de ordenar el territorio para lograr ese desarrollo sostenible. El artículo 4.º desarrolla las bases del ordenamiento territorial y desarrollo sostenible a escala nacional. El artículo 5.º define los objetivos estratégicos integrales de la ley: promover y consolidar el desarrollo de las actividades de todos los sectores de la economía, orientando y regulando su localización y articulación sustentable, para conseguir la integración y la cohesión social en el territorio; coordinar los planes de inversión pública –es muy importante la planificación territorial para que la inversión pública tenga el mayor rendimiento y eficiencia posible, para poder localizar después el complemento de la inversión privada asociada–; potenciar la ubicación estratégica del país como centro logístico nacional –nosotros estamos ubicados geográficamente en la boca de los grandes ríos que penetran el corazón de América del Sur, lo que nos pone en una posición privilegiada y particular–; fomentar el desarrollo de equipamientos, servicios e infraestructuras, y proteger el ambiente, promoviendo la conservación y el uso sustentable de la biodiversidad, como también de los recursos naturales y culturales. No se trata de no usar los recursos naturales, sino de usarlos bien para que sean sustentables en el tiempo, productivos para la población y en beneficio del desarrollo.
El artículo 6.º, «Objetivos estratégicos sectoriales», contiene siete ítems. El primero de ellos refiere a la promoción del desarrollo de la producción primaria, agropecuaria, minera y pesquera. Es muy importante planificar estas cosas porque ha sido un aspecto bastante dejado de lado. Por tanto, hay que potenciar su desarrollo y todas las cadenas de valor que nacen de esa producción primaria.
El segundo ítem tiene que ver con el fortalecimiento del desarrollo de la actividad industrial y la localización en áreas de uso preferente, las cuales van a ser definidas por el artículo 7.º de este proyecto de ley. Es fundamental lograr algún día que las actividades industriales estén equilibradamente ubicadas en todo el territorio nacional y no concentradas en el área metropolitana. Este país nació de un puerto y por eso hay una gran concentración industrial en esa área metropolitana, donde también se concentra la población. Esta es la vieja historia de los frigoríficos, que en un inicio se habían instalado en Montevideo porque la zona portuaria estaba allí. Sin embargo, con el tiempo se logró que los frigoríficos se instalaran mucho más cerca de la producción primaria, es decir, de donde surge la materia prima, para luego trasladar el producto elaborado a los puertos para su exportación, o a la cadena de distribución si es para consumo interno. El desarrollo de la actividad industrial en el territorio nacional hay que planificarlo para que se produzca porque, de lo contrario, la iniciativa individual va sencillamente a priorizar determinadas conveniencias de distancia, de puertos, de servicios, etcétera. De ahí surge el tema de las áreas preferentes.
–El tercer ítem refiere a fomentar el desarrollo de la infraestructura de transporte de personas y bienes y la conectividad transversal, lo que es un problema si no tenemos buenas vías de comunicación. ¡Ojalá podamos tener un ferrocarril de transporte, fundamentalmente, de bienes! Aquel diseño en forma de mano donde todo confluía en el puerto de Montevideo, donde todas las vías de transporte morían en Montevideo, tiene que romperse de algún modo con la conectividad transversal, porque de lo contrario no vamos a lograr un equilibrio sustentable de desarrollo.
El cuarto ítem busca promover la diversificación de la matriz energética. Esto es algo que está muy avanzado en Uruguay, pero importa sobremanera porque el desarrollo industrial está directamente casado con la posibilidad del uso de la energía. Nuestro país ha avanzado en la electrificación rural, en el cambio de su matriz energética, pero estas tareas nunca están terminadas.
El quinto ítem apunta a potenciar el desarrollo turístico, integrado a todo ese desarrollo agropecuario, industrial y urbano. Este sector de la economía es muy importante actualmente por el aporte de ingresos que genera y por el trabajo para nuestra gente.
El sexto ítem refiere a impulsar y facilitar el acceso a las tecnologías de la información y comunicación, lo que no es nada menor. Hoy por hoy, el desarrollo de la fibra óptica que se ha desplegado en el territorio nacional permite determinado tipo de desarrollo que era impensable algunos años atrás. Y habría un montón de ejemplos más para mencionar en relación con esto.
El artículo 7.º del proyecto de ley define el concepto de áreas de uso preferente, lo que no será excluyente porque no serán las únicas. Hay que potenciar esas áreas, que son aquellas que poseen aptitudes, capacidades y valor estratégico para localizar una actividad. Es muy importante ver este aspecto con una mirada global, porque las políticas públicas deben estar casadas con este concepto.
El capítulo III, «Estructura y actuaciones territoriales estratégicas», que va del artículo 8.º al 12, sustancialmente define componentes en los que se basa la transformación crítica del modelo territorial existente. Son los desvelos de estas leyes de ordenamiento territorial. Se trata de impulsar estrategias que mitiguen el centralismo estructural de nuestro territorio y de fomentar la integración social y geográfica, tanto norte-sur como este-oeste, lo que se traduce en el desarrollo de alternativas a la red carretera existente para mejorar la sustentabilidad social del conjunto. Esto podría hacer que el Uruguay diera un gran salto como país en su perspectiva histórica.
El capítulo IV, «Criterios, lineamientos y orientaciones generales para instrumentos de ordenamiento territorial, políticas sectoriales y proyectos de inversión pública con incidencia territorial», que va del artículo 13 al 33, se divide en cuatro secciones.
La primera sección contiene las disposiciones generales y establece cómo se actúa sobre un territorio que ya existe y tiene su historia. Esto es importante, porque no es lo mismo una política de planificación territorial en un territorio virgen, vacío, donde no hay ningún condicionamiento más que la geografía para desarrollar un proyecto territorial, que en otro tipo de áreas. El ejemplo más cercano y gráfico es la construcción de la ciudad de Brasilia, donde los arquitectos Óscar Niemeyer y Lucio Costa pudieron desarrollar un proyecto de ciudad sobre una meseta en la que no había nada. Por ello, la planificación de esa ciudad pudo tener una libertad de despliegue como no tuvieron otras urbes. Cuando la recorremos vemos que los edificios públicos de gobierno están comunicados por grandes espacios verdes, y hay una zona en la que están todas las representaciones diplomáticas. Lo cierto es que a nadie se le ocurriría instalar allí, por ejemplo, una fábrica de embutidos, porque no corresponde al ordenamiento urbano territorial.
Allí se pudo planificar con total libertad, pero cuando hay que hacerlo sobre un territorio en el que no se planificó antes, es necesario considerar la historia y a veces hasta enmendar errores, lo que es bastante costoso. Un ejemplo muy claro que tenemos en el Uruguay es el de la llamada Ciudad de la Costa, donde nunca deberíamos haber permitido que se asentara una población, ya que es un territorio plano en el que es muy difícil hacer drenajes y saneamiento. Sin embargo, la cuestión inmobiliaria determinó que la gente se asentara allí en momentos en que no había normas al respecto; por tanto, no se incumplieron las normas sino que, sencillamente, no las habíamos elaborado. En la actualidad estamos terminando el saneamiento de esa zona, pero a un costo altísimo; por supuesto que se lo merece –como cualquier otra zona– pero no debemos olvidar que por sus características físicas, por tratarse de un entorno totalmente plano, los desagües y bombeos de toda esa red tienen un costo gigantesco. La situación hubiera sido distinta si esa población se hubiera asentado un poco más hacia al norte.
En Montevideo tenemos otro tremendo ejemplo en la rambla de Pocitos, donde los edificios proyectan su sombra sobre la playa. Esto también respondió a razones de orden económico e inmobiliario, que llevaron a ese fraccionamiento que hace que hoy se levante una especie de pared en la costa. Afortunadamente se aprendió de esto, y en otros lugares, como Punta del Este, por ejemplo, los edificios que levantan en la primera cuadra sobre la rambla tienen una altura limitada.
Lo que voy a mencionar no viene a cuento de este proyecto de ley, pero queremos que se sepa: desgraciadamente, se va a demoler una mansión emblemática, hecha nada más ni nada menos que por el arquitecto Vilamajó. No tengo claro por qué la Comisión de Patrimonio no ha intervenido en ello, pero es un recuerdo que nos queda en esa rambla del mejor arquitecto que tuvo el Uruguay.
Estos son los dramas del territorio, porque estamos en un sitio que tiene su historia. De todos modos, se puede actuar teniendo en cuenta esa historia, y un ejemplo emblemático de esto es la ciudad de París. Cuando se produce la comuna de esa ciudad, las autoridades del momento quisieron intervenir y reprimir el movimiento social que allí se estaba gestando. Lo cierto es que la trama urbana era absolutamente endiablada, por lo que posteriormente Haussmann hizo una reforma que hoy podemos ver en la plaza de la Estrella, en las avenidas radiales y en las circunvalaciones. En realidad, el objetivo era poder dividir a París en gajos y que nunca más se diera una situación como la de la comuna.
Podríamos relatar miles de historias, pero creo que estas son bastante gráficas y demuestran la dialéctica constante cuando actuamos en un territorio ya establecido.
El artículo 14 dispone que, en oportunidad de modificarse la planificación existente en un territorio, deberán considerarse los nuevos criterios, para poder avanzar y no quedarnos en el pasado.
El artículo 15 va en el mismo sentido.
El artículo 16 refiere a los proyectos de inversión y su consistencia con los lineamientos estratégicos del Gobierno nacional, que deben estar vinculados a nivel departamental.
En igual sentido van los artículos 17 y 18, que interpretan que las disposiciones de esta ley no podrán entenderse como derogatorias de ninguna norma existente de protección del medioambiente. Se dispone que ellas tienen que convivir, pero en caso de generarse un conflicto de intereses entre ellas –esto puede pasar–, la ley de ordenamiento territorial prevé cómo resolverlo. Ese es un tema que hay que abordar.
La sección II, «De los criterios, lineamientos y orientaciones generales para el suelo urbano y suburbano», está compuesta por los artículos 19 a 27. El ámbito urbano seguramente sea el que más normativa elaborada tiene, que abarca retiros, alturas, prohibiciones, etcétera; sin embargo, como señalamos al principio, dado que estamos ante organismos vivos y en evolución –incluso las técnicas constructivas también están evolucionando permanentemente–, nunca debemos pensar que hemos llegado a una situación consolidada.
Aquí se establecen criterios precisos de desarrollo urbano para potenciar la capacidad de los servicios e infraestructuras instaladas. Este es uno de los dramas que tenemos, fundamentalmente en la ciudad de Montevideo, donde por razones inmobiliarias –de compra y venta de inmuebles– hay zonas centrales con servicios, infraestructuras instaladas y un enorme potencial –hay que tener en cuenta que llevar servicios como luz, agua, teléfono, proximidad de escuelas, liceos, policlínicas, abastecimiento, tránsito y transporte a una manzana de una ciudad tiene un costo enorme– que se vaciaron por los altos costos, y ello determinó que la población se corriera hacia la periferia o hacia departamentos aledaños. Así nacieron Ciudad de la Costa en Canelones y Ciudad del Plata en San José: porque no se pudo utilizar una infraestructura ya existente en virtud de que la gente no podía acceder a pagar los precios de esos lugares; y dado que la infraestructura instalada no se pudo utilizar in totum, se perdió la oportunidad de desarrollo que tenía la ciudad, extendiéndose en forma inorgánica, a pesar de que se trabajó en varios planes reguladores.
Esos planes que se llevaron adelante en Montevideo ya tienen bastante tiempo y en esto debemos destacar la labor del arquitecto Mauricio Cravotto, que fue quien más trabajó en su momento. Luego lo hicieron muchos otros, que intentaron ordenar la ciudad, pero a veces los tozudos hechos pasan por arriba; por esto es bueno insistir en esto.
En esta sección también se aborda el tema de la movilidad urbana, la evacuación de aguas pluviales y servidas, y se pone especial énfasis en las áreas contaminadas. Hemos luchado mucho en contra de los predios contaminados con plomo e, incluso, en este ámbito se aprobaron algunas leyes al respecto. También se hace referencia a las zonas inundables y a la necesidad de medir las densidades y los servicios. Esta es una tarea infinita.
La sección III, «De los criterios, lineamientos y orientaciones generales para el suelo rural», está compuesta por los artículos 28 a 31. Aquí es donde se hace más énfasis en las áreas de uso preferente, buscando el uso productivo sustentable. Por ejemplo, la ley forestal determinó zonas de prioridad para esta actividad, dadas las características del suelo. Lo mismo sucede con la ley de riego, recientemente aprobada, que habla de la forma de uso de este recurso, ya que el uso eficiente del agua tiene que ver con el cuidado del suelo, que es un bien finito y por eso es tan valioso, pues no hay fábricas de suelos. Por cierto, los holandeses crearon un poco más de suelo ganándole tierras al mar, pero son pocas las posibilidades.
También se promueve la producción familiar, que nos permite la radicación y con ello la distribución de la población. Por eso fue importante la intervención en este proyecto de ley del Instituto Nacional de Colonización. Hace unos días en esta sala se conmemoraron los cincuenta años de creación de Mevir, y esa política también tiene mucho que ver con esto.
Se establece la coexistencia de cultivos, que son cosas que tienen que pensarse, porque no se trata de decir: «Este es mi predio, me limito a él; tiene este cerco y estas dimensiones, entonces hago esto». En algunos países, como en Dinamarca, todos los predios del territorio tienen una variabilidad de destinos y no se les puede dar otro. Por ejemplo, si una persona va a comprar un predio en Dinamarca, le preguntan: «¿Para qué lo quiere?». «Lo quiero para plantar pinos». «Ahí no se puede porque esa zona es para criar conejos y gallinas, o para viviendas». Y no lo dejan hacer otra cosa, porque el ordenamiento territorial en ese país es tremendamente severo. Nosotros estamos lejísimo de esa realidad; recién estamos en los primeros balbuceos, porque implica un cambio cultural muy importante.
Asimismo, se establecen normas para el hábitat rural –tal como dijimos hace un momento– y se considera algo que es muy importante: la interfaz urbano-rural, donde terminan las plantas urbanas y nacen los predios rurales, donde mueren las chacras y nace la ciudad. En esas zonas siempre hay litigio y confrontación, porque el modo de vida urbano tiene diferencias con el rural. Entonces, es necesaria una intervención territorial que permita atemperar esa interfaz, de modo de hacerla compatible. Esto nos ha pasado, y últimamente se ha discutido sobre el tema de las fumigaciones en avionetas contra los mosquitos por la deriva que se produce en un país como Uruguay en el que siempre hay viento –lo que nos beneficia para la generación de energía eólica, porque los aerogeneradores rinden más que en otros lugares del mundo–, por lo que tenemos que estar muy atentos a la deriva que tienen determinados productos.
En la sección IV, que comprende los artículos 32 y 33, se desarrolla la integración socioterritorial y las disposiciones que son comunes para el suelo urbano, suburbano y rural.
El capítulo V refiere a los espacios sujetos a régimen especial de protección ambiental. En el territorio ya hay –y puede haber más– áreas especiales establecidas por distintas razones relativas a la biodiversidad y a la protección de determinadas cosas que entendemos son muy importantes y debemos cuidar colectivamente. En este capítulo –que comprende los artículos 34 a 36– se da una visión general que integra todas las normas existentes en materia de ordenamiento territorial, de desarrollo sostenible y de protección del medioambiente; hay que integrarlas –no pueden estar descoyuntadas–, de manera que sea un paquete único, sin perjuicio de que puedan determinarse otras áreas en la medida en que se desarrollen las directrices que sean objeto de protección.
También trata del uso y gestión de los recursos naturales. Por ejemplo, las cuencas hídricas son de gestión colectiva, hay que cuidar las márgenes, los vertidos, es decir, el uso de esas cuencas, para poder mantenerlas en el tiempo.
El capítulo VI, «Propuesta de incentivos y sanciones», comprende los artículos 37 a 40. Se trata de un sistema interesante que desarrolla todos los mecanismos de incentivos; para quien cumpla con las normas de desarrollo territorial sostenible, con la protección del medioambiente y demás, habrá una serie de incentivos, que se retirarán –esa sería la sanción– cuando estas normas no se cumplan.
El capítulo VII, «Fortalecimiento institucional», abarca los artículos 41 a 45, que es el último. No se trata de crear una nueva institucionalidad; no queremos superponer, sino articular los espacios institucionales que ya existen. ¿Por qué? Por dos razones: porque es la manera de desarrollarlos y potenciarlos, y porque es la forma de utilizar lo existente y ahorrar energía, sobre todo cuando son espacios institucionales descentralizados, que son los más importantes en el territorio, como el Consejo Agropecuario Nacional, los Consejos Agropecuarios Departamentales y la Comisión Sectorial de Descentralización. Es necesario que haya un director para realizar esta coordinación que realiza la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que a su vez distribuye determinados recursos por la descentralización. También promueve la instalación e información territorial.
Finalmente, este proyecto de ley introduce algo muy importante que no estaba en la ley de ordenamiento territorial del año 2008, porque en ese momento no existían: los municipios. Si leemos la ley de ordenamiento territorial constataremos que no hay ninguna referencia a los municipios, porque la ley que los creó es posterior. Había una omisión, un «agujero» que este proyecto de ley viene a llenar. En ese sentido, promueve la información territorial y la obligatoriedad de comunicar a los municipios involucrados en estas directrices –que son varios– los avances de los instrumentos del ordenamiento territorial, departamental y regional, para que ellos también los hagan suyos y se posibilite así su participación en el proceso. Creo que estamos dando un primer paso de integración de esta herramienta al tercer nivel de gobierno, que es formidable para el desarrollo sostenible y el ordenamiento territorial.
Como vemos, además de dar cumplimiento a lo que nos pedía la Ley n.º 18308, este proyecto de ley lleva a tierra –respetando la historia y las realidades, y conociendo las situaciones preexistentes que es necesario modificar– las posibles y necesarias transformaciones para lograr la sustentabilidad junto con el desarrollo en un sentido profundo, o sea, desde el punto de vista ambiental, social, económico, y también cultural, lo que no es menor, porque si la gente no hace suyos estos cambios, ellos no van a ser posibles. Hay que potenciar lo existente y transformarlo constantemente, de acuerdo con las necesidades que cada momento histórico o cada territorio nos imponga.
Por las razones que hemos expuesto, aconsejamos al Senado que apruebe este proyecto de ley para tener un marco fuerte y sólido para el desarrollo sostenible de nuestro territorio.
Debemos dejar dos o tres constancias. En cuanto al ordenamiento territorial y al desarrollo sostenible, así como sobre algunas cuestiones jurídicas y otros tópicos, puede haber mil bibliotecas, tal como se dice acá; algunos nos afiliamos a una y otros, a otra. Son cuestiones discutibles y puede haber distintas miradas, lo aceptamos. Nosotros proponemos esta mirada.
El Congreso de Intendentes presentó una serie de indicaciones y propuestas que nos comprometemos a introducir –lo quiero decir en esta intervención– en la reglamentación de esta ley. Lo vamos a hacer dialécticamente con las diecinueve intendencias –algún día discutiremos la organización política de nuestro territorio, pero ese es otro tema– para poder consolidar en la práctica esta iniciativa.
Seguramente, con el tiempo habrá otras leyes. Acá aprobamos la ley sobre directrices costeras, pero solo refiere a la costa sur del país; falta la de los grandes ríos y arroyos, entre otras.
Esta discusión va a ser permanente, aunque sé que no tiene una gran convocatoria. Los que estamos convencidos creemos que si no resolvemos este tema de fondo, después será mucho más cara la gestión del territorio.
Entonces, partiendo del concepto básico de la ley de ordenamiento territorial en el sentido de que el bien público está por encima del individual, proponemos la aprobación de este proyecto de ley en el día de hoy.
SEÑORA AVIAGA.- Buenos días a todos.
Nos toca presentar el informe en minoría. Integramos la comisión del Senado que ha tratado este proyecto de ley y creo que en nuestra voz está representado todo el Partido Nacional, más allá de que sabemos que los compañeros también van a hacer uso de la palabra.
Quisiera hacer una reflexión: ¿qué son y para qué sirven las directrices nacionales de ordenamiento territorial? Las directrices nacionales de ordenamiento territorial sirven, fundamentalmente, para que las grandes apuestas de desarrollo nacional se dibujen en muchos planos, en los que se vea lo que se quiere para el país, el lugar y la forma en que se va a realizar.
Esto es lo que deberíamos votar hoy: decisiones concretas y claras. Tendríamos que preguntarnos, por ejemplo, si durante los próximos años todo el Uruguay va a querer completar la construcción de la tan añorada ruta 14, de la ruta 26 o de la ruta 30, para después establecer en las directrices nacionales qué hay que hacer y cómo, para lograr su concreción. Por ejemplo, si se planea hacer un puerto de aguas profundas debería estar determinado específicamente en este proyecto de ley que establece las Directrices Nacionales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, tal vez no haciendo referencia al predio concreto, que ya fue motivo de otra ley –que está por ahí– y que debió haber sido parte de esta propuesta.
En cuanto a la minería de gran porte y a esos polígonos que se anuncia que se van a hacer por decreto, creo firmemente que deberían estar dibujados en un mapa para que toda la sociedad uruguaya y el cuerpo político y técnico puedan discutir si queremos o no que se desarrolle ese tipo de actividades en nuestro territorio y recién después, votar. Este instrumento que fue pensado a escala nacional debería ser claro respecto a esas referencias en el territorio.
Se pide a los Gobiernos departamentales y a las regiones que hagan propuestas concretas de directrices departamentales de ordenamiento territorial que establezcan dónde debería haber un puente, una carretera, una zona de desarrollo para la pequeña industria, otra zona para fomentar la agricultura familiar, etcétera. En este caso, el proyecto de ley de directrices nacionales también debería contener propuestas concretas a nivel nacional.
Se han olvidado y se ha obviado la evaluación ambiental estratégica; se obvió ex profeso. Cuando este proyecto de ley entró a la Cámara de Representantes, hace más de cinco años, esa evaluación era obligatoria para cualquier tipo de proyectos con determinada magnitud. Lamentablemente, en 2015 la evaluación ambiental estratégica se derogó por parte del Poder Ejecutivo y entonces ha sido imposible –y no se ha hecho– medir el impacto que una ley de esta magnitud va a tener en el territorio.
Hoy todos tendríamos que estar pensando, y dibujando entre todos, el país del futuro y establecer una política de Estado en la cual encajen todos los instrumentos del ordenamiento territorial. De no hacerlo de esa manera, no se sostendría ningún análisis serio en esta materia.
El proyecto de ley que se presentó aquí sobre las directrices nacionales de ordenamiento territorial está dando vueltas en el Parlamento desde el año 2012. Siempre se trató del mismo proyecto de ley, ya que no tuvo modificaciones.
Desde hace cinco años los poderes ejecutivos de turno insisten en su presentación y se siguen haciendo las mismas observaciones. No ha cambiado para nada el pensamiento de los técnicos que han participado en las distintas actividades de las comisiones, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado. En distintas oportunidades se han pedido informes a todos los actores –Gobiernos departamentales, técnicos departamentales, asesores, academia, sociedad civil organizada– y cada uno de ellos ha sido negativo respecto a este proyecto de ley de directrices nacionales de ordenamiento territorial. A pesar de esto, en estos cinco años no se ha logrado cambiar nada considerable en esta iniciativa. Nunca se han aceptado modificaciones con la excusa de que es importante que salga. Curiosamente, en cinco años, no hubo un solo ajuste al articulado, según lo aconsejado por todos los que concurrieron a las comisiones a considerarlo. Sería importante que cada uno de nosotros pudiera leer detenidamente esas observaciones.
Lo cierto es que el argumento que hemos escuchado en cuanto a que es lo mejor que se puede hacer en este tiempo, ya no es aceptable. Creer que los especialistas y los técnicos de alto nivel de las universidades y de los Gobiernos departamentales no hayan tenido tiempo para avanzar en el tema en estos cinco años, junto al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y a la Dinot, no es creíble.
La ley nacional que define el destino de un país no es una norma cualquiera. Estamos hablando de directrices nacionales que, según los especialistas en la materia, están vacías de contenido y son un cheque en blanco al ejecutivo nacional de turno.
Con respecto a los antecedentes de 2017 y a lo actuado hoy en el Senado, podemos expresar que la interacción entre el Congreso de Intendentes, la comisión del Senado y el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente ha sido intensa.
En el segundo semestre de 2016 se conformó el primer equipo asesor del Congreso de Intendentes para elaborar un informe sobre el proyecto de ley de directrices nacionales. Allí se advierte sobre las gravísimas consecuencias que tendría la aprobación del texto tal cual vino de la Cámara de Representantes y se integran las áreas críticas del informe elaborado por los representantes de las Intendencias de Canelones y de Maldonado.
En el plenario de diciembre de 2016, el Congreso de Intendentes, habiendo escuchado y debatido sobre el contenido del informe técnico que le hizo llegar su grupo de trabajo, decidió pedir que la comisión del Senado los recibiera para expresar sus inquietudes acerca del proyecto que se estaba analizando.
El 4 de abril de 2017 se recibe a los intendentes Carlos Moreira y Yamandú Orsi, en representación de todo el cuerpo del Congreso de Intendentes, junto a los técnicos que los acompañaban. Se identificaron cinco problemáticas principales. Primero, el proyecto de ley no contempla lo establecido en el artículo 9.º de la Ley n.º 18308; segundo, el proyecto de ley no tiene en cuenta el derecho de los Gobiernos departamentales de participación directa en el proceso de elaboración del proyecto; tercero, el proyecto lesiona las autonomías de los Gobiernos departamentales; cuarto, el proyecto lesiona las competencias de los Gobiernos departamentales al amparo de los artículos constitucionales ya mencionados y de la Ley n.º 18308 y, quinto, el proyecto de ley genera inseguridad jurídica.
En cada una de las reuniones que mantuvo el Congreso de Intendentes con el director Freitas, de la Dinot, ambas partes afirmaron que estaban trabajando para cambiar el proyecto de ley y no para hacer modificaciones mediante su reglamentación. En cada reunión, el director nacional de la Dinot señaló que él estaba dispuesto a trabajar en la modificación de la ley, pero que dependía de la voluntad del Senado que esas modificaciones se pudieran realizar, como estaba pidiendo el Congreso de Intendentes. Obviamente, el director Freitas manifestaba esto al Congreso de Intendentes, pero cuando venía a la comisión del Senado decía otra cosa.
Con fecha 4 de abril, la delegación del Congreso de Intendentes, encabezada –como dijimos– por los intendentes Yamandú Orsi y Carlos Moreira, expresó ante la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial del Senado las razones por las que se pedía la modificación del proyecto de ley en tratamiento. Todos los técnicos reafirmaron esa posición: la necesidad de modificar la ley. Ese mismo día en la comisión del Senado –esto consta en la versión taquigráfica– el oficialismo expresó la voluntad de toda la bancada de trabajar en consecuencia, en conjunto con el Congreso de Intendentes y con la Dinot, para modificar, sin apuros, el proyecto de ley. Lamentablemente, en la sesión siguiente el oficialismo propuso comenzar a votar artículo por artículo y aprobar el proyecto en comisión, sin haber tenido en cuenta absolutamente ninguno de los argumentos expresados por el Congreso de Intendentes y por sus asesores. Esos son los antecedentes inmediatos del tratamiento de este proyecto en el Senado.
En suma, es claro que los asesores y técnicos del Congreso de Intendentes estaban trabajando junto a la Dinot para la modificación del proyecto de ley y no para subsanar después las diferencias en una futura reglamentación, tal como termina expresando Freitas en la comisión.
El Congreso de Intendentes pide que se postergue el tratamiento de este proyecto hasta que sus técnicos y los del ministerio lleguen a un consenso en cuanto a la redacción en cuestión. Además, también queda claro que el Congreso de Intendentes pidió que se tuvieran en cuenta las notas que ellos enviaron a la comisión del Senado. El senador Saravia y quien habla manifestamos –y en otra ocasión, junto al senador Cardoso– nuestra disposición a trabajar en conjunto, entre las tres partes que estábamos involucradas en este tema. Lamentablemente, eso no pasó.
Quiero dejar constancia de las tres cartas del Congreso de Intendentes que nos llegaron a la comisión. La primera, desde Rocha, con fecha 23 de mayo de 2017, se eleva al presidente de la comisión, senador Rafael Michelini y la firma el presidente del Congreso de Intendentes del momento, ingeniero Daniel Martínez. Allí se dice que el congreso trasmite a la comisión su preocupación referida a la eventual votación del proyecto de ley de las directrices de ordenamiento territorial, tal como vino de la Cámara de Representantes. Enfatiza el interés del congreso de discutir varios aspectos, que las diferencias que existen requieren modificaciones a texto expreso en la ley que se está considerando y que no son subsanables por vía reglamentaria. Eso dice la primera nota que envió el Congreso de Intendentes a la comisión del Senado que estaba tratando este proyecto.
La segunda nota tiene fecha 31 de mayo de 2017 y en ella nuevamente el ingeniero Martínez, intendente de Montevideo, se dirige al presidente de la comisión, senador Rafael Michelini, y le solicita prorrogar el tratamiento del proyecto de ley hasta que se logre un consenso para su modificación.
Dada la falta de atención que tuvo este pedido –casi implorado–, el Congreso de Intendentes se reunió nuevamente y el ingeniero Martínez, en nombre de todos los intendentes del país envió una tercera carta –ya era una declaración– con fecha 28 de junio, al presidente de la comisión, don Rafael Michelini. Esta nota dice: «El Congreso de Intendentes, en sesión de la fecha, resuelve transmitir su profunda preocupación sobre el contenido y sobre la forma de tratamiento del proyecto de Directrices de Ordenamiento Territorial y de Ordenamiento Costero, en trámite en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Representantes respectivamente.
Sobre la forma de tratamiento, debemos enfatizar que ni los Gobiernos departamentales individualmente, ni el Congreso de Intendentes como cuerpo han sido partícipes del proceso, a pesar de lo establecido preceptivamente en la Ley n.º 18308.
Sobre el contenido, la representación del Congreso de Intendentes presentó por escrito en la única oportunidad que ha sido recibida a la fecha, una serie de objeciones de fondo y oportunidad que afectan la autonomía de los Gobiernos departamentales, generan efectos retroactivos sobre los instrumentos de ordenamiento territorial, aun en los casos en que tienen fuerza de ley en el ámbito departamental, aun en los casos de haber sido aprobados con el debido proceso en la Ley n.º 18308.
Por lo expuesto, queremos transmitir que, dada la gravedad de los hechos, es imprescindible comunicar al señor presidente de la república, a la Cámara de Representantes y a la Cámara de Senadores la firme decisión de todos los Gobiernos departamentales de proteger sus competencias de rango constitucional, que se verían afectadas en caso de aprobarse los textos con media sanción, recurriendo a todos los institutos establecidos en el marco normativo del país.
No obstante, el Congreso de Intendentes pone de manifiesto su mayor predisposición a aportar sus equipos técnicos, con la intención de aportar para que el trámite parlamentario logre los mayores consensos y se alcance, en definitiva, un marco normativo adecuado para todos los niveles de gobierno».
Esta fue la última nota recibida por la comisión que tenía a estudio este proyecto de ley, el 28 de junio de este año. Obviamente, se siguió adelante y esto no tuvo cuórum en ese ámbito.
Pero también nos llegó un informe del Congreso de Intendentes, que formó una comisión especial para estudiar particularmente este tema, en el que se incluyen algunas consideraciones –sobre las que creemos importante dejar constancia– que tienen que ver con la exposición realizada por el intendente Moreira en nombre de todos los intendentes. En este informe se habla de dos riesgos importantes que se corren si este proyecto de ley se aprueba. Leo, a título expreso, lo que manifestaba el exsenador Moreira: «El hecho de que las DN tengan que vestir el formato de ley genera, de por sí, dos importantes riesgos: el primer riesgo, que el acto legislativo en su formalidad prime sobre el contenido planificatorio y, en vez de un instrumento de planificación como tal, se tenga una ley más, completamente innecesaria porque en lo que es materia legislativa propiamente nacional a cargo del Sistema Nacional de OT ya se cumplió con lo dictado por la ley 18308, del año 2008; el segundo riesgo, está configurado por la potencia derogatoria del formato legal del instrumento que puede conllevar al peligro concreto de alterar, en esta segunda instancia legislativa, aquella distribución de competencias que se estableció en la ley 18308.
Ambos riesgos entendemos se concretan en el texto en consideración pues el mismo no genera el instrumento planificatorio previsto en el sistema creado en la ley 18308 […] y además, altera las competencias de los órganos del Gobierno nacional y de los Gobiernos departamentales previstos en la ley 18308».
El doctor Daniel Hugo Martins estuvo en la Cámara de Representantes cuando se trató este proyecto de ley. A nosotros nos gustaría destacar su opinión sobre el artículo 3.º, que se refiere a la obligatoriedad. Sostiene que si este artículo, especialmente, «comprende a los Gobiernos departamentales, es inconstitucional». Y continúa diciendo: «Sabido es que en materia de planificación hay dos sistemas: la planificación obligatoria y la indicativa. En esta última, sus orientaciones no son vinculantes; la unidad planificadora trata de convencer a los demás órganos del Estado y a los particulares de que sigan esas orientaciones, inclusive mediante exoneraciones tributarias o préstamos, subsidios, etcétera. La planificación obligatoria es la máxima intervención del Estado en la economía y en el ordenamiento territorial. Fue aplicada por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y por los Estados del este de Europa, así como también por China». Más adelante, agrega: «... se adoptó el dirigismo, mediante operaciones concertadas con particulares y órganos del Estado».
Lamentablemente, no estamos ni en China ni en la Unión Soviética; por lo tanto, nosotros creemos que esta directriz nacional no puede adoptar una planificación obligatoria.
Pablo Ligrone, arquitecto y doctor en ordenamiento territorial, en una entrevista acerca de cuál es su opinión sobre las directrices nacionales propuestas por el Poder Ejecutivo, expresa que al ponerse de manifiesto en el año 2012 el anteproyecto de directrices nacionales, alertaron que no se estaba cumpliendo con la Ley n.º 18308 y que en muchos aspectos la contradecía fuertemente, afectando en forma notoria la autonomía departamental. Las directrices nacionales deberían ser un instrumento de la Ley 18308, por cuanto derivan de ella y deben cumplirla en su materia, principios, procedimientos y contenidos concretos. Esta propuesta –hablando de este proyecto– careció de estos elementos esenciales para considerarse de planificación. No tiene propuesta concreta, carece de gráficos, cuadros, mapas, análisis, diagnósticos, estrategia y proyectos estratégicos. Además, no cumple con lo que la ley establece en los siguientes aspectos. No plantea objetivos estratégicos concretos, no define la estructura territorial ni identifica actuación territorial estratégica, no determina protección del ambiente, ningún régimen especial, ni en áreas subyacentes, no propone ningún tipo de incentivos ni sanciones, no propone ninguna medida de fortalecimiento institucional y solamente refuerza el poder de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
El doctor Ligrone opina que es muy peligroso poner de manifiesto un documento de este tipo, hacer creer que es de planificación y que cumple con la Ley n.º 18308 y advierte que por esta vía se está dejando la puerta abierta para que las cuestiones concretas que definen el verdadero destino del país se impongan por decreto, lo que está fuera del proceso de la mencionada ley.
En síntesis –dice el doctor Ligrone–, en esa propuesta se establecen varios cheques en blanco para el Gobierno nacional de turno, que podría imponer por decreto cualquier emprendimiento y se induce a la renuncia de participación de los Gobiernos departamentales en tales instancias.
Asimismo, desde la comisión hicimos una consulta a la División Estudios Legislativos del Senado, que elaboró un informe en el que se indica que no consideran que exista inconstitucionalidad por razones de forma, pero sí por razones de contenido. Se hace un informe detallado sobre el artículo 3.º que, como ya expresamos, trata de la obligatoriedad y sobre los artículos 14 y 15, relativos a las normas departamentales y a la vulneración de la autonomía de los Gobiernos departamentales. Asimismo, el artículo 28 (Desarrollo rural, agropecuario y no agropecuario), establece que los organismos nacionales definirán en forma coordinada las políticas sectoriales en suelo rural. Eso es materia de los Gobiernos departamentales, por lo que es claramente violatorio de las autonomías y de la Constitución de la república.
Obviamente, este estudio que nos llegó a la comisión –al igual que ocurrió con todos los otros informes que acabo de leer– no se tomó en cuenta para nada.
SEÑOR LARRAÑAGA.- Señora presidenta: formulo moción para que se prorrogue el tiempo de que dispone la oradora.
Lo que estaba diciendo es que esos informes que leí no fueron tenidos en cuenta en ningún momento en la comisión.
Pero la pregunta que hoy, finalmente, nos hacemos es: ¿por qué? ¿Por qué el apuro? ¿Por qué ya? ¿Por qué no se tuvo en cuenta absolutamente nada de lo que piensan los intendentes del país? Esta es una ley territorial, de aplicación en todo el territorio. Entonces, ¿por qué no se escuchó y sigue sin considerarse la voz de los técnicos de primera línea de nuestro país en todos los ámbitos, que nos están diciendo que con esta iniciativa nos estamos equivocando? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el verdadero motivo de imponer este proyecto de ley que nadie quiere o que solo algunos quieren? Da curiosidad saber quiénes son los que lo quieren y para qué.
La pregunta básica es: ¿a qué intereses realmente responde el proyecto de ley sobre Directrices Nacionales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible? Parecería que responde a otros intereses –no al interés nacional–, a intereses de entrega de la soberanía, por los cheques en blanco que deja librados a los decretos del Poder Ejecutivo para que haga y deshaga lo que quiera en el territorio. Quizás esta iniciativa vaya por ahí: por la entrega de nuestros recursos, de nuestro territorio; tal vez apunta a que siga aumentando el proceso de extranjerización de la tierra para que se implementen e impongan proyectos en el territorio sin la participación de la gente que vive en él, obviando sus derechos. Nosotros seguimos trabajando en estos temas porque estamos convencidos de la defensa de las autonomías departamentales y de la participación de la gente que vive en el territorio a la hora de aprobar o no proyectos que se quieran realizar, ya sean de carácter departamental como nacional.
Pensamos que esto es una incoherencia porque no queremos creer que sea otra la intención. Sentimos la obligación de hacer esta denuncia en este Parlamento.
Por todo lo expuesto, no vamos a acompañar este proyecto de ley en general ni en particular.
SEÑOR LARRAÑAGA.- Señora presidenta: queremos apoyar integralmente lo que ha expresado la señora senadora Aviaga.
Cuando fui intendente, en el año 1992, el Gobierno de la época, que era de mi partido, dictó una ley de funcionarios públicos. Algunos intendentes recurrimos ante la Suprema Corte de Justicia y logramos que se declarara inconstitucional. Recuerdo que en aquel momento recurrieron el intendente de Montevideo, doctor Tabaré Vázquez, el intendente de Cerro Largo, Rodolfo Nin Novoa, y el intendente de Río Negro, Mario Carminatti, un queridísimo amigo y compañero que, lamentablemente, ya no está con nosotros. Rodolfo perdió por un problema formal de lesión de autonomía y no específicamente por acción de inconstitucionalidad, pero en el fondo el planteo era similar. Considero que este proyecto avanza equivocadamente sobre las autonomías de los Gobiernos departamentales.
No vamos a acompañar este proyecto por un conjunto de razones de forma, de fondo y de oportunidad. Como ha expresado la señora senadora Aviaga, en la elaboración de este proyecto de directrices nacionales en general han sido ignorados los Gobiernos departamentales. A mi juicio, el Congreso de Intendentes ha sido desairado por el Poder Ejecutivo primero y por el Parlamento después, ya que no se ha recogido prácticamente ninguna de las observaciones interpuestas por dicho cuerpo. Debo decir que esta es una señal institucional muy equivocada. Nuestra opinión coincide totalmente con la de los Gobiernos departamentales que, como todos sabemos, tienen representación de intendentes de tres lemas, del Partido Nacional, del Frente Amplio y del Partido Colorado.
En Nueva Helvecia, los intendentes declararon en forma unánime, el pasado 26 de junio –como se dijo aquí–, su profunda preocupación por el contenido y la forma de tratamiento del proyecto de ley sobre Directrices Nacionales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible en trámite en el Parlamento.
En cuanto a la forma de tratamiento, debemos enfatizar que ni los Gobiernos departamentales individualmente ni el Congreso de Intendentes como cuerpo han sido partícipes del proceso, a pesar de lo establecido preceptivamente en la Ley n.º 18308.
Sobre el contenido, la representación del Congreso de Intendentes –en la única oportunidad en que fuera recibido– presentó por escrito una serie de objeciones de fondo y de oportunidad sobre las disposiciones que afectan la autonomía de los Gobiernos departamentales. Además, esas disposiciones generan efecto retroactivo sobre los instrumentos de ordenamiento territorial, incluso en los casos en que tienen fuerza de ley en el ámbito departamental y que han sido aprobados siguiendo las normas del debido proceso en la Ley n.º 18308.
Por lo expuesto, señora presidenta, queremos trasmitir que este es un hecho de trascendencia, un hecho importante. Es imprescindible que el presidente de la república y el Parlamento sepan que todos los Gobiernos departamentales han asumido la firme decisión de proteger sus competencias de rango constitucional –que se verían afectadas de aprobarse los textos en discusión–, recurriendo a todos los institutos establecidos en el marco normativo del país.
No obstante, el Congreso de Intendentes siempre tuvo la mayor disposición a aportar equipos para poder trabajar en el trámite parlamentario y evitar desembocar en esta problemática a la que vamos a llegar si persistimos en esto.
Los intendentes ya han declarado –y se lo trasladan al presidente y a todo el oficialismo– que presentarán acciones de inconstitucionalidad por violación de las autonomías. Me parece que el Poder Ejecutivo está avanzando de una forma equivocada al ir en contra de los diecinueve Gobiernos departamentales. Este no es un buen camino.
Seguiremos alertando acerca de lo que esto significa a la luz del análisis de algunos puntos de este proyecto de ley, principalmente siguiendo alguno de los ejes señalados por los asesores del Congreso de Intendentes, a los que también se refirió la señora senadora preopinante.
El artículo 3.º, «Obligatoriedad», establece: «Sus disposiciones constituyen orientaciones vinculantes para las instituciones públicas, entes y servicios del Estado que ejerzan competencias con incidencia territorial». Más adelante, agrega: «Las orientaciones dispuestas al amparo de la presente ley, en ningún caso supondrán transgredir el ámbito de las autonomías de los Gobiernos departamentales y locales». Como bien dice el informe de la División Estudios Legislativos del Senado, que ya fue citado, es sabido por todos que las juntas departamentales tienen competencia con incidencia territorial dentro de los límites de su jurisdicción, por lo que la previsión de la primera parte de la norma las alcanzaría. El inciso final pretende salvar esta contradicción, pero no lo logra, porque en lo medular, en lo conceptual, avanza en los contenidos que violan y transgreden el principio de autonomía de los Gobiernos departamentales.
A su vez, los artículos 14 y 15 del proyecto de ley incurren en eventuales contraposiciones a la Constitución. El artículo 14, «Figuras de planificación pretéritas», establece: «Los planes departamentales y demás instrumentos de planificación territorial departamental, aprobados antes de la vigencia de la Ley Nº 18.308, de 18 de junio de 2008, y que la mantuvieran a la fecha de promulgación de la presente ley, deberán considerar los criterios, lineamientos y orientaciones generales que se disponen en este capítulo, en oportunidad de procederse a su modificación, sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones de la presente ley mientras no fueren revisados». Y el artículo 15, «Instrumentos anteriores a esta ley», dice: «Los instrumentos de ordenamiento territorial aprobados con posterioridad a la vigencia de la Ley Nº 18.308, de 18 de junio de 2008, y con anterioridad a la vigencia de la presente ley deberán ajustarse en su próxima revisión a lo dispuesto en la presente ley, sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones aquí contenidas, mientras no fueren revisados».
Es decir que del proyecto de ley surge que los planes departamentales y demás instrumentos de planificación territorial departamental aprobados antes de la vigencia de la Ley n.º 18308 deberán considerar los criterios, lineamientos y orientaciones generales que se disponen en este capítulo en el momento de procederse a su modificación, pero aclara que es sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones de la presente ley mientras no fueren revisados. Por lo tanto, aquí se prevé que, si los planes departamentales y demás instrumentos de planificación aprobados antes de la Ley n.º 18308 no consideran los criterios, lineamientos y orientaciones, tendrán una especie de derogación tácita. Y esto es absolutamente claro.
Hay una colisión muy fuerte, señora presidenta, porque esa desaplicación o derogación tácita de la norma departamental por la ley nacional hace que este artículo pueda ser objeto de declaración de inconstitucionalidad por vulnerar la autonomía departamental.
El artículo 15, que refiere a los instrumentos de ordenamiento territorial aprobados con posterioridad a la vigencia de la Ley n.º 18308, transita por el mismo camino que el artículo 14.
El artículo 33 comienza diciendo: «Los instrumentos de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible departamentales, previstos en la Ley Nº 18.308, de 18 de junio de 2008, en los suelos urbano, suburbano y rural deberán:» y a continuación enumera una serie de acciones, lo que en los hechos implicaría limitar la autonomía de los Gobiernos departamentales.
SEÑOR BORDABERRY.- Gracias, señor senador.
Me gustaría, sobre todo, reafirmar la importancia de lo que está señalando el señor senador Larrañaga, no solo desde el punto de vista de la inconstitucionalidad –al agredirse las autonomías departamentales–, sino también desde el punto de vista práctico.
Acá se está planteando un problema enorme que le va a quitar certeza y seguridad jurídica a lo que está pasando, y creo que debemos alertar sobre esto.
Como bien señalaba el señor senador Larrañaga, el artículo 3.º establece la obligatoriedad. Pero cuando se hace referencia a los planes e instrumentos que hoy están vigentes, en los artículos 13 y 14 se dicen dos cosas. Una de ellas es que cuando estos sean modificados tendrán que atender esta ley, lo que no traería problemas desde el punto de vista de la certeza jurídica, pero enseguida se establece que esos planes e instrumentos quedan derogados por esta ley en lo que se oponga a ella. Por tanto, en la práctica se van a generar dudas sobre si los planes e instrumentos hoy vigentes no contradicen la ley. Esto va a provocar, como consecuencia, una incertidumbre absoluta. ¿Quién va a iniciar un desarrollo, quién va a tomar una decisión, si no está claro qué parte de los instrumentos y de los planes contradice la ley o no? Esto es un caos.
A modo de sugerencia considero que, por lo menos, se debería decir que esos planes tendrán que adaptarse a esta ley en un plazo de seis meses, o de uno, dos o tres años. Me parece que al imponerlo así, de buenas a primeras va a quedar supeditado a un recurso de inconstitucionalidad y, además, a una interpretación de qué parte de esos planes e instrumentos no cumple con la nueva ley, porque cumplía con la anterior. Esto constituye una inseguridad jurídica enorme desde el punto de vista práctico.
Reitero: debería ponerse un plazo para su puesta en vigencia; no se puede establecer, de buenas a primeras, que debe tenerse en cuenta las nuevas disposiciones cuando se vaya a modificar, pero mientras tanto rige la ley.
Señalo nuevamente que vamos a provocar un caos, y creo que el oficialismo debería atender el hecho de que lo que se está haciendo es generar una inseguridad absoluta en un área que, de por sí, ya es compleja.
No es que estemos en contra del ordenamiento territorial. Somos los primeros en estar de acuerdo con él. Lo que sucede es que el ordenamiento territorial tiene por finalidad brindar certezas jurídicas, además de cumplir con los objetivos de ordenamiento territorial, cosas que no estamos haciendo.
SEÑORA PRESIDENTA (Mónica Xavier).- Puede continuar el señor senador Larrañaga.
Agradezco la aclaración del señor senador, porque explicó mejor que yo el contenido de mi objeción y la falta de certeza que este instrumento está generando al país.
Está claro que los Gobiernos departamentales podrán seguir esos criterios o no cumplirlos, pero desde el punto de vista constitucional eso es su decisión y la ley no puede inmiscuirse, fijar, dirigir o establecer el sentido de esos instrumentos. Entonces, entramos en un problema de falta de certeza, en una situación de limbo, de falta de seguridad jurídica. Esto, de ordenamiento, no tiene nada; de compatibilizar medioambiente con territorio, no tiene nada. Como lo demostraremos más adelante, este es un proyecto de ley lleno de vaguedades.
También corresponde mencionar el artículo 41, que dispone: «Los organismos nacionales y departamentales promoverán la instalación de sistemas, articulados e integrados, de información territorial que posibiliten la planificación», etcétera. Aquí también parece ingresarse en la órbita de las decisiones que son propias de los Gobiernos departamentales y que no pueden ser alteradas ni influidas sin correr el riesgo de afectar las autonomías.
Por eso tenemos estos cuestionamientos, señora presidenta. Son cuestiones de forma, de oportunidad y de contenido. Es por esa razón que no vamos a votar este proyecto de ley.
Además, si uno analiza el proyecto artículo por artículo, puede ver que es un conjunto de definiciones vagas, que no definen nada y que lo único que van a lograr es agregar falta de certeza al tema que se pretende legislar.
Lo peor de todo –y es lo que apuntala la inconstitucionalidad del proyecto de ley– es que hay una suerte de reserva del Poder Ejecutivo para «legislar» –entre comillas– por vía de decreto. Quiere decir que lo medular no va a salir de las disposiciones legales de este proyecto de ley objeto de consideración del Parlamento, sino de los reglamentos dictados por el propio Poder Ejecutivo.
En este proyecto se pueden ver las distintas definiciones, las disposiciones generales, las figuras de planificación pretéritas, la forma de legislar de los instrumentos anteriores a esta ley, lo que se dice de manera vaga e incierta sobre los proyectos de inversión, la vinculación y el fomento de los planes y proyectos, las normas de protección del ambiente, así como todo lo que refiere a la sección II, lo que involucra la movilidad urbana, los usos industriales y las energías renovables.
Realmente, señora presidenta, considero que este instrumento carece del fortalecimiento institucional y de las propuestas de incentivos que dice tener. A su vez, desarrolla y puede potenciar un desafortunado conflicto con el Congreso de Intendentes, que no ha sido considerado. No ha sido debidamente consultado, más allá de la participación que tuvo en la comisión respectiva. Prueba de ello es la declaración que se ha mencionado, que fundamenta las objeciones al proyecto de ley y que determina nuestra postura absolutamente negativa al proyecto, en lo general y en lo particular.
Me parece, señora presidenta, que lo prudente sería devolver este proyecto de ley a la comisión para profundizar aún más su discusión. Eso fue lo que dijo la señora presidenta de la comisión, como consta en la versión taquigráfica de la sesión realizada el 4 de abril, día en que comparecieron representantes del Congreso de Intendentes. Expresaba así la presidenta: «Pueden estar tranquilos de que los tiempos no van a ser expresos». Pero resulta que después terminó habiendo una orden expresa de tratamiento y aprobación en comisión, para que viniera al plenario y se procurara la aprobación correspondiente.
Esas son las reflexiones que tengo para hacer, que se suman a las que ya hizo la señora senadora Aviaga en representación del Partido Nacional.
A través de la presente, solicito al Cuerpo que usted preside me conceda licencia al amparo del literal D) del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, desde el 15 de agosto hasta el 18 de agosto del 2017 inclusive.
Motiva dicha solicitud la invitación que recibiera de James A Baker III Institute for Public Policy, para participar en la conferencia Liderazgos Presenciales “Moody” a realizarse en Galveston, Texas.
Se comunica que los señores Alejandro Draper, Mercedes Antía y Jorge Saravia han presentado nota de desistimiento por los días 15 al 18 de agosto, y el señor Armando Castaingdebat, por los días 16 al 18 de agosto, informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que quedan convocados el señor Armando Castaingdebat, por el día 15 de agosto, y la señora Beatriz Argimón, por los días 16 al 18 de agosto, a quienes ya se ha tomado la promesa de estilo.
13)	DIRECTRICES NACIONALES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE
SEÑORA PRESIDENTA (Mónica Xavier).- Continúa la discusión general del cuarto punto del orden del día.
SEÑOR VIERA.- Señora presidenta: nosotros no vamos a acompañar con nuestro voto este proyecto de ley, como tampoco lo hicimos en la Cámara de Representantes. Creo que ha sido muy bien informada la posición de los partidos de la oposición por la señora senadora Aviaga y el señor senador Larrañaga, pero queremos acotar algunos puntos y hacer algunas reflexiones.
Este proyecto de ley no es, en absoluto, lo que prevé el artículo 9.º de la Ley n.º 18308 como Directrices Nacionales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible. En realidad, va a modificar la ley de ordenamiento territorial. Claramente, no tiene los contenidos mínimos que requiere una directriz. Y esto afecta algo que es –como bien se ha señalado aquí– un tema central en el desarrollo del país. El ordenamiento territorial, la preservación del medioambiente, la coordinación entre la protección del medioambiente y el desarrollo territorial son elementos fundamentales, y son temas que están dentro de la órbita de los Gobiernos departamentales que, además, conviven con el problema.
Ya con la aprobación de la Ley n.º 18308 hubo todo un proceso que vivieron los Gobiernos departamentales para adecuar sus normativas, y no fue fácil. Aquí hay varios exintendentes que me señalan que esto fue así. Fue muy trabajoso adecuar toda la normativa, las ordenanzas municipales, teniendo en cuenta la nueva ley nacional
–que, obviamente, es de mayor jerarquía–, pero también atendiendo a las particularidades de cada territorio, a las necesidades de cada departamento. Y creo que se logró avanzar en ese tema. Es más, diría que todavía se está avanzando porque se están elaborando los planes directores, los planes de ordenamiento territorial departamental, y después se procederá localidad por localidad. En el Uruguay todavía gran parte del territorio no tiene un plan de ordenamiento territorial.
Al avanzar ahora de esta manera, con un proyecto de ley titulado como «directrices», pero que –como decía– no prevé ninguna directriz, sino que está modificando peligrosamente la Ley n.º 18308, creo que le agregamos complicaciones muy importantes al ordenamiento territorial nacional, a los Gobiernos departamentales, y además en forma inconstitucional, como se ha dicho. Este proyecto está avasallando –diría yo, más que afectando– la autonomía de los Gobiernos departamentales.
Aquí se ha señalado, además, una grave carencia de este proyecto de ley: no se establece la evaluación ambiental estratégica, que fue eliminada en la ley de presupuesto de 2016 y que, evidentemente, es clave en cualquier proceso de ordenamiento territorial.
Lo que no comprendemos es el apresuramiento en aprobar un proyecto de ley que hoy cuenta con la unanimidad de los actores en contra. Realmente, creemos que es un proyecto de ley que por lo menos no está pronto, que no está maduro, o no se quiere tomar en cuenta las posiciones ya esgrimidas de actores fundamentales, como son los Gobiernos departamentales y el Congreso de Intendentes, pero también la academia, la Universidad de la República. En la exposición de motivos de este proyecto de ley ni siquiera se menciona a la UdelaR o a las distintas organizaciones no gubernamentales. O no fueron consultadas o la exposición de motivos no recoge toda la opinión. Probablemente sea esto último, y no la recoge porque la academia está absolutamente en contra de este proyecto de ley. Incluso, en su momento hizo aportes muy importantes para mejorarlo, para que realmente se incluyeran directrices y para corregir el error fundamental que, en mi opinión, tiene el proyecto: elimina algo importantísimo del ordenamiento territorial, que es el aporte multilateral, sustituyéndolo por una decisión unilateral del Poder Ejecutivo. Creo que ese es, si no el principal, uno de los principales errores.
No se ha tenido en cuenta ni siquiera el trabajo de la propia Dinot, del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente porque esto no empezó ayer, sino que se comenzó a trabajar en el año 2006. Ya entre 2006 y 2008, trabajó un equipo de ocho técnicos contratados especialmente por la Dinot. Los mejores especialistas del país fueron contratados a un costo de USD 350.000, elegidos entre cien candidatos. Pero a partir de 2006 cambió la orientación, y todo el trabajo que se hizo en esos dos años fue a parar a un cajón –no sabemos por qué– y se tomó una decisión expresamente reconocida como política. Esto me hace acordar a la frase «lo político está por encima de lo jurídico». En este caso, lo político está por encima de la opinión técnica y a cualquier costo.
A partir de 2012, cuando se presentó esta iniciativa, pasaron por las comisiones tanto de la Cámara de Representantes como del Senado diferentes técnicos y actores, como los Gobiernos departamentales, pero nunca fue aceptada una sola modificación. ¿Cuál es el apuro de aprobar este proyecto de ley? Nos parece que esto es totalmente inconveniente.
Como decíamos, la participación es el principio fundamental de la ley de ordenamiento territorial. El ordenamiento territorial fue, justamente, inventado para favorecer el interés general y no para atender el circunstancial, porque hoy hay unos y mañana, sin duda, va a haber otros. Las garantías del procedimiento son las que están planteadas en la Ley n.º 18308 y que, de alguna manera, con este proyecto de ley, estamos violentando.
Creo que lo mejor que podría hacer la Cámara de Senadores es votar que el proyecto de ley vuelva a comisión y que se atienda el aporte de los técnicos y del Congreso de Intendentes para que podamos volver a discutir y agregar, por lo menos, algunos temas que son fundamentales, mínimos, e incluso corregir algunos aspectos de redacción. De lo contrario, tendríamos que intentar hacerlo en sala, cosa que sabemos que, como técnica legislativa, es bastante inconveniente.
Por lo tanto, señora presidenta, vamos a votar en contra este proyecto de ley y proponemos que pase nuevamente a comisión.
SEÑORA ALONSO.- Señora presidenta: apoyando el informe que presentó la señora senadora Aviaga y reafirmando los conceptos vertidos por el señor senador Larrañaga, queremos decir de manera expresa que no vamos a votar este proyecto de ley. Entendemos que –como se dijo en sala– es un atropello a las autonomías departamentales y a nuestra propia Constitución. Además, es un proyecto de ley que ignora, como decía recién el señor senador Viera, la decisión unánime del Congreso de Intendentes del pasado 26 de junio –es decir, de hace apenas un mes y poquito– con la firma expresa de todos los intendentes, de todos los palos.
Aquí hay exintendentes de todos los partidos –los señores senadores Larrañaga, Besozzi, Viera, Ayala y Coutinho– y todos ellos saben, mucho mejor que quien habla, lo que está en juego en este caso y lo que afecta este tema al desarrollo territorial. En la discusión se hizo referencia a los defectos que tiene este proyecto de ley, como las inconstitucionalidades y la inseguridad jurídica, que mencionaba el señor senador Larrañaga y reafirmaba el señor senador Bordaberry. Más allá de todos los defectos, acá se cambian las reglas de juego.
Pero uno de los temas más graves que tiene este proyecto de ley es el de las áreas de uso preferente. La señora senadora Topolansky decía que el área de uso preferente no es excluyente, pero queda claro que cada uno va a atender sus propios intereses, sin participación de los Gobiernos departamentales. Esto puede parecer muy abstracto en el papel, pero pensemos en ejemplos, como la instalación por parte de UTE de los autogeneradores que determinan los tendidos de alta tensión. Esto puede, entre otras cosas, arruinar una zona de potencial turístico u otros.
Hay un ejemplo en San José –se lo comentaba al señor senador Camy– de un tendido de alta tensión de cincuenta y ocho kilómetros, desde Punta del Tigre, de los cuales cincuenta y dos kilómetros pasan por la zona lechera y granjera de pequeños productores con pequeños predios. Estos pequeños productores van a sufrir, seguramente, dos años de construcción, de ingreso de camiones y daños a su producción porque UTE no quiere problemas con la Dinama, de pasar por el río Santa Lucía. Quienes nos hacían referencia a este ejemplo concreto nos decían que ese tendido, además, les obliga a dejar una franja de ochenta metros de servidumbre inutilizada, con eje en esa línea.
En este, como en miles de casos posibles, actuales y futuros, los Gobiernos departamentales no van a poder hacer nada. De nada habrán servido sus planes locales, sus proyectos productivos o, incluso, sus estrategias.
Otro ejemplo posible es la apertura de canteras o la extracción de cualquier tipo de pétreos o de áridos para atender una obra, por ejemplo vial, sin respetar áreas departamentales que han sido definidas como productivas, protegidas.
Vayamos a otros ejemplos. El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca podrá, a propósito de esta área de uso preferente, determinar áreas de uso forestal donde coyunturalmente, haciendo estos cambios en las reglas de juego, quiera atender, por ejemplo, las necesidades o los intereses de una empresa maderera. Esto se podrá hacer –como se habló en toda la mañana de hoy– sin la participación de los Gobiernos departamentales, omisión que me parece que es trascendental. Los Gobiernos departamentales van a mirar de afuera, con lo cual se desconoce cualquier planificación que se tenga desde el punto de vista turístico, agrícola, etcétera.
El potencial turístico que tenemos en infinidad de zonas –las rutas 12, 60 y 109, por mencionar algunas– puede desaparecer por medidas de la naturaleza de las que hoy estamos tomando acá. Los exintendentes que están aquí saben del esfuerzo que significa la realización de planes departamentales, que el Gobierno no crea y muchas veces no estimula, sino que surgen del diálogo entre los Gobiernos departamentales, los Gobiernos locales y también los agentes privados. Y esos planes pueden verse comprometidos, arruinados, porque desde una oficina centralizada algún iluminado del Gobierno de turno pueda tomar una decisión preferente.
Señora presidenta: seguramente, son muchos los casos que se nos pueden ocurrir en la mañana de hoy y que podamos imaginar. De manera que creo que este proyecto de ley le da mucha discrecionalidad al Poder Ejecutivo, mayor a la que ya le da la ley de ordenamiento territorial.
Por lo expuesto, y sumándonos a la propuesta de los señores senadores Viera y Larrañaga, hacemos un llamado a la reflexión para que este proyecto de ley vuelva a la comisión y allí se le realicen las modificaciones necesarias en pos de una mejora para todos los Gobiernos, pero especialmente para el Gobierno nacional.
SEÑOR BESOZZI.- Pido la palabra.
SEÑOR BESOZZI.- Señora presidenta: en este caso me comprenden las generales de la ley por haber estado al frente de una intendencia. Entiendo que sí, que un ordenamiento territorial tiene que haber y está bien que se trabaje en ello pero sin perder de vista algunas cosas.
Escuchaba a quienes me han precedido en el uso de la palabra y coincido con algunos conceptos. En primer lugar, me pregunto por qué no se realizan las consultas a quienes tienen, en el territorio, el conocimiento mayor. En este sentido, creo que no solo los intendentes, sino que hasta los alcaldes podrían estar involucrados. No olvido la cantidad de temas referentes a problemáticas de nuestros Gobiernos departamentales, que resolvimos con el anterior Gobierno. Quien fue presidente en ese período está hoy sentado como senador. Resolvimos un montón de problemas coordinando, conversando, y salían las cosas. Por eso no entiendo mucho el afán de llevar adelante este proyecto cuando ya tenemos una ley, con su problemática, en la que trabajaron muchísimo no solo las intendencias y las juntas departamentales, sino también la población civil, cada vez que íbamos a llevar un plan adelante en Soriano: el de Cardona y La Línea, el de Dolores por otro lado, el de Mercedes. Se trabajó mucho en las directrices departamentales. La verdad es que ha habido un trabajo muy fuerte, muy grande, y aun así hoy seguimos corrigiendo cosas, como decía el señor senador Viera. Sin embargo, hoy nos encontramos con que parecería que todo lo que trabajaron la Dinot, las intendencias, las juntas departamentales y toda esa sociedad a la que llamamos para juntarnos y llevar adelante un mejor ordenamiento, queda por el camino. Voy a poner un ejemplo de lo que pasó con la Ley n.º 18308, que tenía sus dificultades y las tratábamos de corregir con las directrices departamentales. Un día había que llevar adelante un plan Mevir en Villa Santo Domingo de Soriano. Empezamos a trabajar –estaba el presidente, el amigo Díaz– y nos encontramos con que la ley no permitía construir en lugares costeros que fueran inundables. Hasta ahí parecía que estaba bien; simplemente había que correrse hacia donde no es inundable. Creo que para eso es el ordenamiento. Pero el problema es que hay que tener en cuenta las situaciones particulares y la de Villa Soriano es una de ellas.
¿Cuál era la situación particular? La ley establecía como parámetro la última inundación más importante de la historia, más de cincuenta centímetros. En el año 1959 se inundó el 85 % de Villa Soriano, y si a eso le agregamos cincuenta centímetros, es entendible que era imposible que se diera un permiso de construcción allí. Se podría decir: «Levantemos el padrón, levantemos el lugar a construir», pero con buen tino se decía que debía tener algún acceso de calle pública no inundable y era imposible levantar todas las calles. Había que trabajar sobre eso para tratar de no condenar a Villa Soriano a no seguir creciendo. Se trata del desarrollo sostenible.
Se trabajó sobre todos esos temas. A veces parece que la teoría se contradice con la práctica; por eso es importante preguntar al parroquiano que está en el lugar. Nos pasa en la intendencia cuando tomamos determinaciones sobre algún camino vecinal. Decimos que vamos a sacar el agua o hacer el puente a determinada altura para que no llegue el agua. Pero puede pasar, por ejemplo, que según los estudios alcance con que un puente se encuentre a un metro y medio de altura, pero luego vengan los parroquianos y digan: «Miren que la inundación de hace tres años llegó hasta allá arriba». Me parece que esa situación es la que viven los alcaldes y los intendentes. Hay que trabajar con la sociedad y no tirar por la borda lo que se trabajó durante muchos años, que costó mucho y se hizo tratando de mejorar, de alguna manera, nuestro crecimiento en todo sentido.
Por eso, señora presidenta, me gustaría que el proyecto volviera a comisión, que se estudiara más, que se atendiera al Congreso de Intendentes. Creo que hay un montón de personas que pueden aportar sobre esta ley. La verdad es que no sé cuál es el apuro porque tenemos una ley en la que se ha trabajado. No entiendo por qué hoy se viene a plantear este nuevo proyecto cuando muchos reclaman por esta situación, incluso el Congreso de Intendentes y los alcaldes.
–Reitero que considero que lo mejor sería que el proyecto volviera a comisión. Además, no cambiaría nada el tiempo que demore su tratamiento; es más, pienso que los aportes lo mejorarían mucho.
Por lo tanto, me afilio a la idea planteada aquí; me parece que el proyecto es mejorable. Además, debemos tener en cuenta el trabajo que se hizo anteriormente, no solo por parte de las intendencias, sino también de la Dinot, que es un organismo del Estado, del Gobierno nacional, que realmente lo hizo con mucho entusiasmo para que todo saliera de la mejor manera.
Muchas gracias. Espero que el pedido que se realizó hoy en la cámara llegue a buen puerto.
SEÑOR PRESIDENTE.- Saludo la presencia de los alumnos de 3.º y 5.º años del Erwy School de Pocitos.
Para el cierre de la discusión tiene la palabra la señora senadora Topolansky.
SEÑORA TOPOLANSKY.- Señor presidente: quiero aclarar un error que tuve al realizar el informe. En realidad, la ley tiene cuarenta y cinco artículos porque hubo un artículo 30 –referido al agua– que se agregó en la Cámara de Representantes y está registrado en la versión taquigráfica de la comisión. Por lo tanto, queda salvada esta cuestión formal.
Cuando discutimos la Ley n.º 18308 de la que también fui miembro informante, tuvimos exactamente la misma discusión que hoy, casi calcada con papel carbónico. En ese momento, integraban la comisión los señores senadores La Paz y Moreira, que expusieron los mismos argumentos; además, pasaron por la comisión los mismos técnicos. Dijeron que esa ley iba a ser el desastre nacional. Sin embargo, el proyecto se aprobó, no fue declarado inconstitucional ni se interpusieron recursos. Se empezó a ordenar el territorio y se sancionaron leyes sucesivas que, como ya explicamos, son sistemas de leyes.
Es verdad que podemos tener miradas distintas sobre el tema y eso es parte de nuestro sistema democrático. Todos podemos pensar según nuestro leal saber y entender. Nosotros tenemos otra visión. La discusión de este tema nos llevó siete años y la otra ley, quince años. Creo que es un tiempo más que suficiente. No agregaría nada. Sabemos exactamente lo que piensan todos los asesores de los intendentes. Sencillamente, tenemos una mirada distinta. Por eso proponemos que se apruebe esta ley y después indicaremos la forma como queremos que se vote.
SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la propuesta del señor senador Viera para que el proyecto de ley vuelva a comisión.
SEÑOR LARRAÑAGA.- Me gustaría que quedara constancia en la versión taquigráfica de que yo realicé la propuesta junto con el señor senador Viera.
SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la propuesta de los señores senadores Viera y Larrañaga para que el proyecto de ley vuelva a comisión.
SEÑORA TOPOLANSKY.- Pido la palabra para una moción de orden.
SEÑORA TOPOLANSKY.- Formulo moción en el sentido de que se suprima la lectura del articulado y se vote por capítulos el proyecto de ley.
SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la propuesta de la señora senadora Topolansky.
–19 en 28. Afirmativa.
En consideración el capítulo I.
En consideración el capítulo II.
En consideración el capítulo III.
En consideración el capítulo IV.
En consideración el capítulo VI.
En consideración el capítulo VII.
SEÑOR MIERES.- Señor presidente: queremos dejar constancia de que hemos votado negativamente porque nos parecía razonable habilitar la posibilidad de una vuelta a comisión de la iniciativa para incorporar otras miradas, dado que no existen motivos de urgencia para aprobar el proyecto de ley tal como está.
SEÑORA AVIAGA.- Pido la palabra para fundar el voto.
SEÑORA AVIAGA.- Señor presidente: queremos dejar constancia de que nos hemos opuesto fuertemente a este proyecto de ley por considerarlo violatorio de las autonomías departamentales y de la Constitución de la república. Señalo que estaremos al lado de los Gobiernos departamentales, apoyando la defensa de sus derechos y los de los vecinos del territorio.
14) ACUERDO ENTRE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y LA REPÚBLICA DE FINLANDIA SOBRE ASISTENCIA MUTUA Y COOPERACIÓN EN MATERIA ADUANERA
SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en quinto término del orden del día: «Proyecto de ley por el que se aprueba el Acuerdo entre la República Oriental del Uruguay y la República de Finlandia sobre asistencia mutua y cooperación en materia aduanera, suscrito en Helsinki, República de Finlandia, el 13 de febrero de 2017. (Carp. n.º 842/2017 - rep. n.º 482/17)».
SEÑOR PINTADO.- Señor presidente: en el orden del día figuran cinco proyectos de ley por los que se aprueban convenios de cooperación y asistencia mutua en materia aduanera, y los informes están por escrito.
La variación entre ellos es la cantidad de artículos que poseen –por ejemplo, el que nos ocupa es el más extenso, con veintitrés artículos–, en los que están contemplados los conceptos que a continuación desarrollaremos.
Por lo tanto, a los efectos de acelerar la votación realizaré el informe del proyecto de ley relativo al Acuerdo entre la República Oriental del Uruguay y la República de Finlandia sobre asistencia mutua y cooperación en materia aduanera, y en los otros me limitaré a enumerar la cantidad de artículos que tienen porque, reitero, los conceptos son similares. Procederé de esta forma para que rinda el escaso tiempo de que disponemos. Aclaro que no voy a proponer votar las iniciativas todas juntas porque sería ignorar el Reglamento y no es mi intención poner en aprietos al señor presidente.
La finalidad del acuerdo entre la República Oriental del Uruguay y la República de Finlandia es promover la asistencia mutua y la cooperación en materia aduanera, a través del intercambio de información entre ambos Gobiernos sobre las operaciones comerciales, a fin de disponer las medidas de control adecuadas y prevenir ilícitos aduaneros.
Esta es una constante en todos los convenios que votaremos en el día de hoy: con la República Árabe de Egipto, con la República de Corea, con la República Popular China y con el Estado de Israel.
En este caso, el acuerdo consta de un preámbulo, veintitrés artículos y un anexo en el que se establecen los principios básicos de protección de datos.
En el artículo 1.º se definen los términos a ser empleados en el acuerdo; en el artículo 2.º se establece el alcance de la asistencia; los artículos 3.º y 4.º refieren al intercambio de información, previo requerimiento; el artículo 5.º tiene que ver con la vigilancia especial del Estado requerido; el artículo 6.º refiere a las acciones contra el tráfico ilícito de mercaderías de especial importancia; el artículo 7.º regula la entrega vigilada; el artículo 8.º establece la forma y el contenido de las solicitudes de asistencia; el artículo 9.º alude a la notificación a las personas interesadas, de los documentos relativos a las medidas y decisiones adoptadas por las autoridades administrativas; el artículo 10 habla de la cooperación en materia de investigaciones; el artículo 11 refiere al intercambio de archivos y documentos; el artículo 12 alude a la posibilidad de que la autoridad aduanera de la otra parte autorice a sus funcionarios a comparecer como testigos o expertos ante las autoridades competentes de la parte solicitante; el artículo 13 tiene que ver con la visita de funcionarios aduaneros de una parte al territorio de la otra parte; el artículo 14 refiere al uso de la información y los documentos; el artículo 15 hace mención a la protección y al uso de datos personales; el artículo 16 alude a la utilización como prueba, por las autoridades aduaneras, de la información y los documentos obtenidos conforme al alcance del acuerdo; en el artículo 17 se establecen excepciones a la obligación de prestar asistencia; en el artículo 18 se excluyen los reclamos por reembolsos de gastos derivados de la aplicación del acuerdo; en el artículo 19 se declara que el acuerdo no afectará las disposiciones de la Unión Europea que regulan la comunicación entre los servicios competentes de la Comisión de la Unión Europea y de la autoridad aduanera finlandesa sobre cualquier información obtenida en materia aduanera que pueda ser de interés de dicha unión; el artículo 20 refiere a la implementación del acuerdo, disponiendo que las autoridades aduaneras decidirán las modalidades de su aplicación; el artículo 21 establece el ámbito de aplicación territorial del acuerdo; el artículo 22 refiere a la posibilidad de establecer adiciones y enmiendas al acuerdo, y el artículo 23 corresponde a la entrada en vigor y las disposiciones relativas a la denuncia del acuerdo.
Este es un resumen bien escueto del acuerdo que tenemos en consideración.
En el artículo 1.º se definen conceptos como «legislación aduanera», «autoridad aduanera», «infracciones a la legislación aduanera», «derechos e impuestos de aduana», «persona», «datos personales», «estupefacientes», «sustancias psicotrópicas», «precursores», «entrega vigilada», «autoridad aduanera requirente» y «autoridad aduanera requerida».
En virtud de que el informe está por escrito y fue votado por unanimidad en la Comisión de Asuntos Internacionales, propongo al Cuerpo la aprobación de este proyecto de ley.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «ARTÍCULO ÚNICO.- Apruébase el Acuerdo entre la República Oriental del Uruguay y la República de Finlandia sobre Asistencia Mutua y Cooperación en Materia Aduanera, suscrito en Helsinki, República de Finlandia, el 13 de febrero de 2017».
SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en sexto término del orden del día: «Proyecto de ley por el que se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República Árabe de Egipto sobre cooperación y asistencia mutua en asuntos aduaneros, suscrito en El Cairo, República Árabe de Egipto, el 28 de noviembre de 2016. (Carp. n.º 861/2017 - rep. n.º 486/17)».
SEÑOR PINTADO.- Señor presidente: tal como señalamos y en línea con los otros proyectos de ley, este tipo de acuerdo está alineado con las recomendaciones e instrumentos de la Organización Mundial de Aduanas y contiene disposiciones que contemplan el intercambio de información previa solicitud y asistencia espontánea, garantizando la protección y confidencialidad de la información, aspecto que me parece importante resaltar.
En este caso, el acuerdo consta de dieciocho artículos. Los conceptos que en ellos se manejan son los mismos a los que aludí en la iniciativa anterior, que no voy a reiterar porque figuran por escrito en el informe.
Sin más, solicitamos al Cuerpo la aprobación de este proyecto de ley, que también fue votado por unanimidad en la Comisión de Asuntos Internacionales.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Artículo único.- Apruébase el Acuerdo entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República Árabe de Egipto sobre Cooperación y Asistencia Mutua en Asuntos Aduaneros, suscrito en El Cairo, República Árabe de Egipto, el 28 de noviembre de 2016».
16) ACUERDO DE COOPERACIÓN Y ASISTENCIA MUTUA EN ASUNTOS ADUANEROS ENTRE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y LA REPÚBLICA DE COREA
SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en séptimo término del orden del día: «Proyecto de ley por el que se aprueba el Acuerdo de cooperación y asistencia mutua en asuntos aduaneros entre la República Oriental del Uruguay y la República de Corea, suscrito en Seúl, República de Corea, el 15 de noviembre de 2016. (Carp. n.º 863/2017 - rep. n.º 487/17)».
SEÑOR PINTADO.- Señor presidente: en este acuerdo cambia el país y la fecha, pero no los contenidos. Por otro lado, varía la cantidad de artículos, pero no los conceptos que ya señalamos anteriormente.
Este acuerdo consta de un preámbulo y trece artículos; hay una condensación de los conceptos en menos artículos. Mientras en el acuerdo con Finlandia hay un desarrollo más amplio del articulado, este es de menor extensión pero en los términos ya mencionados.
Por lo tanto, en razón de que el informe está escrito y de que la comisión lo aprobó por unanimidad, sugerimos que se vote.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Artículo único.- Apruébase el Acuerdo de Cooperación y Asistencia Mutua en Asuntos Aduaneros entre la República Oriental del Uruguay y la República de Corea, suscrito en Seúl, República de Corea, el 15 de noviembre de 2016».
SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en octavo término del orden del día: «Proyecto de ley por el que se aprueba el Convenio sobre transporte aéreo entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, suscrito en la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, el 14 de agosto de 2009. (Carp. n.º 859/2017 - rep. n.º 483/17)».
SEÑOR PINTADO.- Señor presidente: acá hacemos un alto en la consideración de los acuerdos de cooperación aduanera, aunque no deja de ser muy importante.
Se trata de un acuerdo que va en la línea de los realizados en los últimos tiempos en materia de transporte aéreo, que responde a un proceso de liberalización del transporte aéreo a nivel internacional. Esto se enmarca dentro de una tendencia muy clara –que se da desde hace muchos años– y de un modelo que se implanta generalizadamente a la hora de gestionar los derechos de tráfico y de los espacios aéreos, tanto en las negociaciones bilaterales como multilaterales. Allí se observa una creciente vocación de negociar sobre acuerdos llamados de «cielos abiertos».
Quiero agregar que este acuerdo particular se circunscribe en un acuerdo multilateral firmado por la organización de autoridades aeronáuticas de América Latina en Punta Cana, República Dominicana, donde todos acordaron los cielos abiertos entre los países de la región.
Este acuerdo que está aterrizando posibilita la operación entre los dos Estados, y trae como consecuencia que se pueda autorizar –no necesariamente debe ser así– que las aerolíneas de bandera o las que operen en los territorios que firman el acuerdo, puedan concurrir, en los grados de libertad que aquí se establecen, uniendo diferentes puntos de ambos Estados, en este caso, los Estados Unidos Mexicanos y la República Oriental del Uruguay.
Este acuerdo consta de un preámbulo, veintidós artículos y tres anexos. Dentro del articulado encontramos: definiciones; otorgamiento de derechos –relativos a prestar servicios o a sobrevolar el territorio, que es lo que comúnmente se denomina «las distintas libertades»–; designación y autorización –donde se establece que cada parte designará las líneas aéreas para operar los servicios en las rutas especificadas, que se acuerden de conformidad–; principios que rigen la operación de servicios –establecidos internacionalmente–; revocación, suspensión y limitación de los derechos –en qué caso ocurre–; uso de las instalaciones y servicios e imposición de derechos aeroportuarios; oportunidades comerciales; impuestos y derechos aduaneros; transferencia de excedentes; facilidades a pasajeros, equipaje y carga en tránsito; reconocimiento de certificados, licencias y habilitaciones; investigación de accidentes; aplicación de leyes y reglamentos; zonas prohibidas; intercambio de información; seguridad de la aviación; seguridad operacional; consultas y modificaciones al convenio y sus anexos; modificaciones por convenio multilateral; solución de controversias; disposiciones finales, y denuncias del convenio.
En el anexo figura el cuadro de rutas, donde aparecen una cantidad de cuadros de rutas con los puntos que se podrían unir, más allá de la República Oriental del Uruguay y de los Estados Unidos Mexicanos.
En la sección II se habla de las líneas aéreas designadas por el Gobierno del Uruguay, que tienen derecho a operar servicios regulares en los puntos intermedios del territorio de la República Oriental del Uruguay y de México, y más allá, así como otras definiciones.
Luego figuran las tarifas aplicables –en el anexo de las tarifas– y los vuelos no regulares de pasajeros y carga.
El informe está escrito y contó con el apoyo unánime de la Comisión de Asuntos Internacionales, por cuanto proponemos su aprobación.
SEÑOR BORDABERRY.- Señor presidente: quiero aclarar que falta una frase en el numeral cuatro del anexo II, «Tarifas», por cuanto solicitamos que se corrija por secretaría.
SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley con la corrección propuesta por el señor senador Bordaberry.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Artículo único.- Apruébase el Convenio sobre Transporte Aéreo, entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, suscrito en la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, el día 14 de agosto de 2009».
SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en noveno término del orden del día:
«Proyecto de ley por el que se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República Popular China sobre cooperación y asistencia administrativa mutua en materia aduanera, suscrito en Beijing, República Popular China, el 18 de octubre de 2016. (Carp. n.º 860/2017 - rep. n.º 485/17)».
SEÑOR PINTADO.- Señor presidente: para no perder ritmo, volvimos a los acuerdos de cooperación y asistencia administrativa mutua en materia aduanera.
Este acuerdo se encuentra alineado con las recomendaciones de la Organización Mundial de Aduanas y contiene disposiciones que contemplan el intercambio y la información previa solicitud, así como la asistencia espontánea a través de los puntos de contacto, garantizando la protección y confidencialidad de la información. Se busca promover la cooperación entre las administraciones aduaneras.
En el caso de la República Popular China –que nos ocupa– el acuerdo consta de un preámbulo y diecinueve artículos.
El artículo 1 establece las definiciones; el 2, el alcance de la asistencia administrativa mutua y la cooperación; el 3, las solicitudes de asistencia mutua; el 4, los detalles que deberán incluir las solicitudes; el 5, la ejecución; el 6 dispone que en ningún caso se proporcionarán datos de carácter personal relativos al origen racial, opiniones políticas, convicciones religiosas, salud u orientación sexual; el 7 estipula la asistencia mutua espontánea cuando se constituyan ilícitos aduaneros; el 8 menciona la cooperación a fin de contribuir a la modernización de las estructuras aduaneras, organización y metodología de trabajo; el 9 refiere a la asistencia de ambas partes en el desarrollo, la implementación y mejora de sus programas de operador económico autorizado; el 10, a la asistencia técnica en asuntos aduaneros que podrán brindarse por mutuo acuerdo entre ambas partes; el 11, a casos especiales de asistencia; el 12 tiene que ver con las investigaciones relativas a operaciones que constituyan o parezcan constituir un ilícito aduanero en el territorio aduanero de la parte requirente; el 13 estipula disposiciones para los funcionarios visitantes cuando estos estén presentes en el territorio aduanero de la otra parte; el 14 hace referencia al uso de la información y confidencialidad; el 15 establece las excepciones a la obligación de prestar asistencia; el 16 refiere a los costos de las solicitudes conforme a este acuerdo; el 17, a la implementación del acuerdo, en el que la asistencia será brindada directamente por las autoridades aduaneras; el 18, al ámbito territorial de aplicación, y el artículo 19 establece la entrada en vigor, la enmienda, la duración, la denuncia y la solución de controversias del acuerdo.
Entonces, en el mismo sentido que los otros proyectos de ley, la Comisión de Asuntos Internacionales, por unanimidad, recomienda la aprobación de este acuerdo.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Artículo único.- Apruébase el Acuerdo entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República Popular China sobre Cooperación y Asistencia Administrativa Mutua en Materia Aduanera, suscrito en Beijing, República Popular China, el 18 de octubre de 2016».
SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en décimo término del orden del día: «Proyecto de ley por el que se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno del Estado de Israel sobre asistencia mutua en cuestiones aduaneras, suscrito en Jerusalén, Estado de Israel, el 1.º de diciembre de 2016. (Carp. n.º 862/2017 - rep. n.º 484/17)».
SEÑOR PINTADO.- Señor presidente: este es el último proyecto de ley de esta tanda de acuerdos que hoy tenemos que votar. El informe también lo hemos hecho por escrito, y hemos abreviado el tiempo de información a la comisión, pero no por ello deja de tener la importancia que merece cada uno de los acuerdos considerados por el pleno.
En este caso estamos hablando del Estado de Israel. El acuerdo consta de un preámbulo y dieciséis artículos y, como ya señalé para el primer caso, en el artículo 1 hay una definición de los términos empleados en el acuerdo; el artículo 2 establece su alcance; el artículo 3 refiere a los casos especiales de asistencia; el 4, a la cooperación y asistencia profesional y técnica que se podrá brindar entre autoridades aduaneras; el 5, a la comunicación de las solicitudes, y el artículo 6 a cómo se ejecutarán; el 7, a la cooperación en materia de registros, documentos y testigos; el 8 prevé, mediante solicitud, la entrega de documentos y la notificación de todas las decisiones dentro del alcance de este acuerdo; el 9 establece la posibilidad de permitir el uso adecuado de la entrega controlada a nivel internacional con el fin de identificar a las personas involucradas en el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas u otras mercaderías, según el caso y, si fuera pertinente, iniciar las medidas legales en contra; el 10 prevé las excepciones a prestar asistencia; el 11, la confidencialidad en el manejo de la información recibida; el 12 refiere a los gastos incurridos en la implementación de este acuerdo; el 13, a la aplicación territorial, el que será aplicable en los territorios aduaneros de las dos partes; el 14 establece, de la letra a) a la e), las acciones para la implementación del acuerdo de referencia; el 15 estipula la solución de controversias que surjan de la interpretación y aplicación de este acuerdo, y el artículo 16 –y último– establece su entrada en vigor, enmienda, duración y denuncia.
Insisto en lo que hemos dicho a lo largo de toda la sesión: el informe está escrito y cuenta con el apoyo unánime de la Comisión de Asuntos Internacionales, por lo que estamos sugiriendo su aprobación.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Artículo único.- Apruébase el Acuerdo entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno del Estado de Israel sobre Asistencia Mutua en Cuestiones Aduaneras, suscrito en Jerusalén, Estado de Israel, el 1º de diciembre de 2016».
20)	POSTERGACIÓN DE LOS NUMERALES PRIMERO Y UNDÉCIMO DEL ORDEN DEL DÍA
SEÑOR PRESIDENTE.- Correspondería considerar ahora el undécimo punto del orden del día.
SEÑOR DE LEÓN.- Señor presidente: vamos a solicitar que se postergue el tratamiento de este punto del orden del día.
SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la propuesta que ha hecho el señor senador De León en el sentido de que el numeral 11) del orden del día se postergue para una próxima sesión.
21) PIAI-BARRIO ARTIGAS
SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en duodécimo término del orden del día: «Proyecto de ley por el que se desafectan de la órbita del Ministerio de Transporte y Obras Públicas varios padrones ubicados en la localidad catastral de la ciudad de Salto, departamento de Salto, y se afectan a la Intendencia de Salto con la finalidad de dar cumplimiento al PIAI-Barrio Artigas. (Carp. n.º 847/2017 - rep. n.º 480/17)».
Tiene la palabra el miembro informante, señor senador Gallicchio.
SEÑOR GALLICCHIO.- Señor presidente: el Poder Ejecutivo eleva para su consideración un proyecto de ley que reitera la gestión que fuera realizada y archivada en el año 2014. Este proyecto de ley desafecta del patrimonio del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y afecta a la Intendencia de Salto los padrones n.os 18891, 17854, 10329, 10331, 12872 y 30045, ubicados en la localidad catastral de la ciudad de Salto.
La referida intendencia ha manifestado interés en la mutación dominial de los padrones citados, ubicados en la ciudad de Salto, con la finalidad de cumplir con el objetivo de beneficiar a familias con problemas habitacionales en el marco del PIAI-Barrio Artigas, tramitándose las actuaciones administrativas en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
Los referidos bienes inmuebles actualmente se encuentran afectados al patrimonio del Estado –Ministerio de Transporte y Obras Públicas–, según informe notarial de la Dirección Nacional de Topografía de la citada secretaría de Estado, y corresponden a las fracciones y áreas individualizadas en el plano del ingeniero agrimensor Horacio Vega, inscripto en la Dirección Nacional de Catastro el 29 de mayo de 1992 con el número 1999.
A efectos de proceder a la mutación dominial de los inmuebles señalados se requiere la sanción de una ley nacional, como instrumento idóneo para disponer afectaciones y desafectaciones de bienes inmuebles entre personas jurídicas estatales para satisfacer necesidades del servicio público.
El proyecto de ley que envía el Poder Ejecutivo consta de un solo artículo, que dice lo siguiente: «Desaféctase de la órbita del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y aféctase a la Intendencia de Salto, a título gratuito, los bienes inmuebles, ubicados en zona suburbana, localidad catastral de la Ciudad de Salto, del Departamento de Salto, los que conforme al plano del Ing. Agrim. Horacio Vega, inscripto en la Dirección General de Catastro Nacional, el 29 de mayo de 1992 con el Número 1999, se individualizan y detallan a continuación» –aquí se enumeran los padrones afectados– «y con la finalidad de dar cumplimiento al Proyecto PIAI-Barrio Artigas en el objetivo de beneficiar a familias con problemas habitacionales nucleadas en esa zona».
La Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial, por unanimidad, se pronunció de acuerdo con la desafectación de marras respecto al organismo que está en posesión del inmueble –en este caso, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas– y propone al Cuerpo la aprobación de este proyecto de ley.
Corresponde aclarar que cada vez que en el artículo se alude a superficies, a áreas, se utilizan las abreviaturas «m.c» y «dm.c» para referirse a metros cuadrados y decímetros cuadrados, respectivamente; sin embargo, debe decirse «m2» o «dm2», que es la manera correcta de abreviar tales términos. Por lo tanto, pienso que debe corregirse esto y votarse el texto con la inclusión de las expresiones correctas, si estamos todos de acuerdo.
SEÑOR BORDABERRY.- Señor presidente: como he dicho ya varias veces, creo que vamos a terminar hablando con sonidos guturales.
En el texto también se emplea la abreviatura «m/a» para referirse a «mayor área». Se dice: «antes 9.847 m/a», cuando debería decirse «Antes en mayor área 9.847». En fin; creo que podemos pedir a secretaría que haga las correcciones a las que se ha aludido, y hacer confianza en que dejará claramente establecidas las expresiones correctas.
Todo este tipo de cosas cada día nos hace hablar peor y, según dicen, el que habla mal, piensa mal.
SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo único con las correcciones sugeridas.
(Así se hace, a las 13:02, presidiendo el señor Raúl Sendic y estando presentes los señores senadores Ayala, Besozzi, Bordaberry, Cardoso, De León, Delgado, Gallicchio, Garín, Lorier, Martínez Huelmo, Mujica, Otheguy, Passada, Paternain, Payssé, Pintado, Topolansky, Tourné y Xavier).