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Timestamp: 2018-12-11 18:30:29
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Matched Legal Cases: ['artículo 189', 'artículo 43', 'artículo 3', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 28', 'artículo 28', 'artículo 9', 'artículo 27', 'artículo 15', 'artículo 7']

﻿ DECRETO 648 DE 2001
DECRETO 648 DE 16 DE ABRIL DE 2001
CONTENIDO:SE REGLAMENTA LA INVERSIÓN DE LOS EXCEDENTES DE LIQUIDEZ DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO Y DE LAS SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA CON RÉGIMEN DE AQUELLAS DEDICADAS A ACTIVIDADES NO FINANCIERAS.
REVISTA LEGISLACIÓN ECONÓMICA N°:1166 DE MAYO 15 DE 2001, PG.908
DECRETO 648 DE 2001
“Por el cual se reglamenta la inversión de los excedentes de liquidez de las empresas industriales y comerciales del Estado y de las sociedades de economía mixta con régimen de aquellas dedicadas a actividades no financieras y se dictan otras disposiciones”.
en uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial de las que le confiere el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, el artículo 43 de la Ley 179 de 1994 y los numerales 6º y 41 del artículo 3º del Decreto 2739 de 1991,
ART. 1º—(Modificado).*Ámbito de aplicación. El presente decreto se aplica a los actos y contratos que en relación con los excedentes, impliquen de cualquier manera el depósito, la disposición, adquisición, manejo, custodia, administración de dinero, de títulos y en general de valores, por parte de las empresas industriales y comerciales del Estado y de las sociedades de economía mixta sujetas al régimen de aquellas, dedicadas a actividades no financieras.
PAR.—Cuando las entidades a las cuales se les aplique este decreto celebren contratos de administración con terceros, para que éstos efectúen cualquiera de las actividades mencionadas en el presente artículo, con dinero, títulos o en general valores de propiedad de dichas entidades, incluyendo aquellos que se celebren para ejercer la facultad consagrada en el parágrafo del artículo décimo de la Ley 533 de 1999 o la norma que lo adicione o sustituya, deberán asegurarse que aquellos den estricto cumplimiento a lo establecido en el presente decreto.
(Nota: Modificado por el Decreto 484 de 2007 artículo 1º del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)
ART. 2º—Subordinación a políticas reglas y procedimientos. Todos los actos o contratos a que se refiere el artículo 1º del presente decreto, deberán ser ejecutados con estricta sujeción a políticas, reglas y procedimientos, previamente definidos y divulgados por la junta o consejo directivo de la respectiva entidad. En dichas políticas, reglas y procedimientos, se deberá prever, como mínimo, lo siguiente:
2. Criterios de selección de los sistemas transaccionales a través de los cuales se exponen y concretan las operaciones.
4. Criterios para la administración o inversión de los activos a que se refiere el artículo 1º del presente decreto.
10. En general, deberá dejarse registro detallado y documentación de todas las operaciones a las que se refiere este decreto, de manera que pueda verificarse el cumplimiento de las políticas, reglas y procedimientos aplicables, todo lo cual deberá permanecer a disposición de las personas o entidades que tengan la facultad de inspección o verificación. Igualmente, deberá dejarse registro y documentación de la forma como el respectivo organismo haya dado aplicación al principio de la selección objetiva.
ART. 3º—Criterios para la selección de los agentes. Para la selección de los agentes a que se refiere el numeral 1º del artículo 2º de este decreto se tendrá en consideración, como mínimo, lo siguiente:
a) Que dichos agentes se encuentren legalmente facultados para realizar la administración de dichos recursos;
c) Que las calificaciones superen los mínimos establecidos en las políticas promulgadas por la respectiva entidad, en cumplimiento de lo previsto en el presente decreto.
PAR.—Cuando se entreguen recursos en administración, las entidades deberán determinar las políticas, parámetros y criterios para el manejo de los recursos por parte del contratista administrador, incluida la obligatoriedad para este último de realizar las operaciones a través de sistemas transaccionales y/o mecanismos de subasta, con sujeción a lo establecido en el presente decreto; así como evaluar la conveniencia por parte de la entidad de contratar una auditoría externa.
ART. 4º—De la obligación de utilizar sistemas transaccionales. Las entidades a que se refiere el presente decreto deberán realizar directamente las operaciones sobre valores a través de sistemas transaccionales autorizados por la Superintendencia de Valores por cumplir condiciones de seguridad, transparencia y adecuada formación de precios, además de los otros requisitos exigidos para tal efecto por la Superintendencia de Valores en desarrollo de sus facultades legales.
PAR.—La obligación de utilizar sistemas transaccionales a que hace referencia el presente artículo, estará condicionada a que las entidades sujetas a la inspección, vigilancia y control de la Superintendencia de Valores que administren recursos de terceros o que actúen por cuenta de éstos, estén obligadas a utilizar sistemas transaccionales, igualmente, cuando las sociedades fiduciarias respecto de la administración colectiva de fondos comunes, las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantías y las compañías de seguros sometidas a la vigilancia de la Superintendencia Bancaria, también se encuentren obligadas a utilizar los mencionados sistemas.
ART. 5º—De la utilización de sistemas de subasta. Cuando las entidades en la realización de sus operaciones no utilicen sistemas transaccionales, por no existir dichos sistemas o porque existiendo no se dé la condición prevista en el parágrafo del artículo anterior, deberán recurrir a mecanismos de subasta, las cuales podrán realizarse a través de sistemas electrónicos, salvo que se trate de operaciones interadministrativas.
ART. 6º—De las reglas de las subastas. Será responsabilidad de cada entidad expedir la reglamentación de las respectivas subastas la cual deberá constar por escrito, y asegurar que las operaciones se celebren en condiciones de transparencia, seguridad, solidez, liquidez y rentabilidad, y en condiciones de mercado.
Las entidades deberán informar al mercado sobre los medios a través de los cuales realizarán la convocatoria de las subastas y la comunicación de los resultados de las mismas. Para el efecto, podrán utilizar sistemas electrónicos de comunicación o cualquier otro medio que consideren idóneo. En todo caso, las entidades deberán asegurarse que las contrapartes y emisores idóneos quedarán oportunamente informados con los medios seleccionados.
ART. 7º—De la obligación de registro. Las entidades están en la obligación de registrar en un sistema centralizado de información para transacciones, aprobado por la Superintendencia de Valores, todas las operaciones efectuadas mediante el mecanismo de subasta, el mismo día de su realización.
ART. 8º—Subastas para la constitución de certificados de depósito y de ahorro a término. Para este efecto las subastas pueden ser: tipo oferta y tipo demanda.
ART. 9º—Subasta tipo oferta. Se denomina subasta tipo oferta aquella mediante la cual las entidades ofrecen recursos para constituir certificados de depósito y de ahorro a término y se adjudica a los emisores idóneos que presenten las propuestas en las mejores condiciones de mercado.
PAR. 1º—Con sujeción a las políticas de las entidades, en aplicación del presente decreto, éstas deberán definir las características y requisitos para que un emisor sea considerado idóneo.
ART. 10.— Requisitos y condiciones mínimas de las subastas tipo oferta. Las entidades al organizar y realizar este tipo de subastas, como mínimo, deberán:
PAR.—La entidad previa la convocatoria de cada subasta, deberá determinar la tasa mínima por plazo a la cual está dispuesto a colocar los recursos. Todos los elementos y factores considerados para su definición deberán constar por escrito. Dicha tasa, en ningún caso, deberá ser informada al mercado.
ART. 11.—Subasta tipo demanda. Se denomina subasta tipo demanda aquella a través de la cual las entidades financieras sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria, demandan recursos contra la expedición de certificados de depósito o de ahorro a término.
ART. 12.—Requisitos y condiciones mínimas de las subastas tipo demanda. Las entidades podrán participar en esta clase de subastas, si:
b) La convocatoria es abierta, esto es, que permita la libre participación del mayor número posible de entidades públicas y de las vigiladas por las superintendencias Bancaria y de Valores en desarrollo de su objeto;
e) Las propuestas presentadas son en firme y sólo admiten modificaciones que impliquen mejorar los términos de la oferta;
h) El cumplimiento de las operaciones es compensado, esto es, entrega contra pago, e
ART. 13.—Subastas para la compra y venta de títulos y en general de valores en el mercado secundario. A través de estas subastas las entidades ofrecen comprar o vender títulos en el mercado secundario, previamente especificados en cuanto a clase y plazo, a contrapartes idóneas del sector público y de las sometidas al control y vigilancia de las superintendencias Bancaria y de Valores en desarrollo de su objeto.
Las entidades podrán optar por organizar directamente este tipo de subastas, garantizando la convocatoria de otras entidades públicas o participar en las que otros entes públicos realicen.
PAR. 1º—Contraparte idónea se entenderá en los términos del artículo 28 del presente decreto.
ART. 14.—Requisitos y condiciones de las subastas para la compra y venta de títulos y en general de valores en el mercado secundario. Las entidades en la realización de este tipo de subastas, como mínimo, deberán:
a) Efectuar convocatoria abierta, esto es, que permita la libre participación de las entidades públicas y de las vigiladas por las superintendencias Bancaria y de Valores en desarrollo de su objeto, que sean consideradas como contrapartes idóneas;
e) Informar que sólo negociarán títulos que se encuentren desmaterializados en un depósito centralizado de valores;
ART. 15.—Subasta repo. Es aquella mediante la cual las entidades ofrecen o demandan recursos a través de operaciones repo, a cualquier contraparte idónea que presente la propuesta en las mejores condiciones de mercado.
PAR. 2º—Contraparte idónea, propuesta en las mejores condiciones de mercado y títulos admisibles, se entenderán en los términos señalados en el artículo 28, el parágrafo 2º del artículo 9º, y el inciso tercero del artículo 27 del presente decreto, respectivamente.
ART. 16.—Requisitos y condiciones de las subastas repo. Las entidades en la realización de este tipo de subastas, como mínimo, deberán:
d) Informar que sólo negociarán títulos que se encuentren desmaterializados en un depósito centralizado de valores;
e) Exigir que el cumplimiento de las operaciones sea compensado, esto es, entrega contra pago y realizado en la misma fecha de la subasta, y
PAR.—Las entidades, previa la negociación deberán determinar las tasas mínimas y/o máximas por plazo a las que están dispuestos a colocar y/o tomar los recursos. Todos los elementos y factores considerados para la definición de las tasas deberán constar por escrito. Dichas tasas, en ningún caso, deberán ser informadas al mercado.
ART. 17.—Subastas para otras operaciones. Las entidades deberán diseñar subastas para la realización de operaciones distintas de las previstas en el presente decreto, cuando las mismas no puedan efectuarse bajo la modalidad de interadministrativa o a través de los sistemas transaccionales.
En todo caso, dicho diseño deberá contemplar los aspectos previstos para los diferentes tipos de subasta y subordinarse a lo señalado en el presente decreto.
ART. 18.—Operaciones no sujetas a la obligatoriedad del uso de sistemas transaccionales y/o mecanismos de subasta. Las entidades no estarán obligadas a utilizar sistemas transaccionales y/o mecanismos de subasta cuando realicen operaciones en el exterior, compren y/o vendan divisas en el país y/o celebren operaciones interadministrativas.
ART. 19.—De las operaciones en el exterior y la negociación de divisas en el país. La modalidad de negociación utilizada por las entidades para las operaciones en el exterior y para la compra y venta de divisas en el país, deberá ser establecida por la junta o consejo directivo de la entidad y deberán realizarse en condiciones que garanticen una amplia exposición al mercado, las cuales se documentarán previamente. Además, se dejará registro de las operaciones, de forma que pueda examinarse fácilmente el cumplimiento de las condiciones establecidas. Estas operaciones deberán realizarse en condiciones de mercado.
ART. 20.—Criterios para la administración o inversión de los activos a que se refiere el presente decreto. Para realizar las operaciones de que trata el presente decreto, las entidades deberán como mínimo, formular y aplicar políticas relacionadas con:
Las juntas o consejos directivos de las entidades son las responsables de la adopción y actualización permanente de las políticas a que se refiere el presente decreto. Dichas políticas deberán constar por escrito mediante acta aprobada, a la cual deberán anexarse los documentos soporte.
ART. 21.—Políticas de planeación financiera. En el manejo de los excedentes las entidades deberán adoptar herramientas gerenciales, entre las cuales darán prioridad a la implantación y utilización permanente del flujo de caja para la toma de decisiones, y en éstas deberá primar la atención de los compromisos derivados del desarrollo del objeto de cada organismo, frente a la generación de excedentes para realizar operaciones de tesorería.
ART. 22.—Del flujo de caja. Para la estructuración y actualización del flujo de caja las entidades deberán considerar, como mínimo, los siguientes aspectos:
ART. 23.—Políticas para el manejo de cuentas corrientes y de ahorros, recaudos y pagos. Sin perjuicio del cumplimiento de las normas legales aplicables, las entidades, en la definición de las políticas relacionadas con estos aspectos, deberán establecer, como mínimo, criterios que les permitan:
e) Determinar la modalidad de pago a los acreedores del organismo, previa evaluación de las distintas alternativas existentes, teniendo en cuenta aspectos tales como, seguridad, calidad, eficiencia, oportunidad y costo.
En el registro de cuentas de beneficiarios finales, las entidades deberán establecer procedimientos eficientes y seguros, que involucren adecuados controles, orientados a impedir el desvío de recursos públicos.
ART. 24.—Políticas de riesgo. Para el establecimiento de estas políticas las entidades deberán considerar, como mínimo, los siguientes riesgos:
ART. 25.—Riesgo de depositarios a través de cuentas corrientes, de ahorro y de recaudo y de crédito de emisores. Se origina en la probabilidad de deterioro de la situación financiera de la entidad depositaria de los recursos o en el deterioro del crédito de los emisores de los títulos y en general de valores.
ART. 26.—Criterios para la asignación de cupos o montos máximos de exposición. Para el efecto, las entidades deberán tener en cuenta, como mínimo, las siguientes pautas:
ART. 27.—Otros aspectos relacionados con la fijación de los cupos o montos máximos de exposición. Los cupos asignados o montos máximos de exposición podrán tener una vigencia hasta de seis (6) meses; no obstante, las entidades deberán establecer criterios de medición mensual, que les permitan identificar ágilmente signos de deterioro en la situación financiera de las entidades, para realizar los ajustes requeridos y adoptar oportunamente las decisiones tendientes a minimizar o eliminar el riesgo.
Tratándose de operaciones repo, en el manejo del riesgo emisor sólo podrán ser títulos admisibles los títulos de tesorería, TES, y mientras se mantengan administrados por el Banco de la República, los títulos de desarrollo agropecuario de Finagro y los emitidos por Fogafín.
Las entidades, con sujeción a las políticas de riesgo, determinarán los títulos que, dentro de los enunciados en el inciso anterior, aceptarán en la realización de sus operaciones repo.
Los títulos deberán ser desmaterializados en un depósito centralizado de valores.
ART. 28.—Riesgo de contraparte. Este riesgo hace referencia a los eventuales incumplimientos de la entidad con la que se realiza la negociación.
c) Establecer como política en la compra de divisas en el país, que el pago se realice una vez éstas hayan sido abonadas en la cuenta del organismo, y en el caso de la venta en el país, que el traslado de las mismas se produzca previo el abono de los pesos equivalentes en la cuenta del organismo, lo cual no aplica en el caso de las operaciones interadministrativas.
ART. 29.—Riesgo de contraparte en operaciones repo. Tratándose de operaciones repo, además de los lineamientos establecidos en el artículo anterior, las entidades deberán tener en cuenta lo siguiente:
a) Establecer el valor de la operación mediante el descuento de los flujos futuros de los títulos asociados a la misma, con aplicación de tasas de descuento diferenciales;
b) Determinar márgenes diferenciales que permitan a la entidad cubrir, de manera adecuada, los riesgos de volatilidad de tasa de interés y el riesgo de contraparte;
c) En caso de que las operaciones no sean realizadas a través de sistemas transaccionales, además del riesgo de contraparte, las entidades deberán definir criterios para la determinación de las tasas de mercado y de las tasas de volatilidad;
e) Seleccionar depósitos centralizados de valores y sistemas transaccionales que, entre otros, garanticen a las entidades, en caso de incumplimiento de la contraparte, el ejercicio de sus derechos, en los términos establecidos en el parágrafo 1º del artículo 15 del presente decreto, y
ART. 30.—Riesgo administrativo. Hace referencia a las eventuales pérdidas por debilidades en los procesos operativos y administrativos. Las entidades en la definición de esta política deberán considerar al menos los siguientes elementos:
b) Adopción de las medidas necesarias para la realización de las operaciones a través de sistemas transaccionales y, en su defecto, la utilización de mecanismos de subasta, en los términos establecidos en el presente decreto;
e) Elaboración de manuales de políticas y procedimientos y difusión de éstos al interior de las entidades, así como de las normas que regulan la actividad de la administración o inversión de los excedentes;
j) Adopción de herramientas adecuadas que permitan, entre otros, la inclusión detallada de las operaciones, su liquidación, valoración, contabilización, control de vencimientos y generación de informes, y
ART. 31.—Riesgo de mercado. Se entiende como la contingencia de pérdida o ganancia, por la variación del valor de mercado frente al valor registrado de la inversión, producto del cambio en las condiciones de mercado, incluida la variación en las tasas de interés o de cambio. Para el efecto, las entidades deberán considerar, como mínimo, lo siguiente:
b) Adopción de políticas y procedimientos en cuanto a liquidez, estructura y cobertura, con sujeción a las directrices contenidas en este decreto, y
ART. 32.—Políticas de rentabilidad. Son las políticas mínimas orientadas a optimizar la administración o inversión de los excedentes, con sujeción a la seguridad y responsabilidad que en todo momento deberán observar las entidades.
c) Establecer lineamientos para la adopción de una estrategia racional de mercado, para que la participación de las entidades en los sistemas transaccionales y en los mecanismos de subasta, no atenten contra la adecuada formación de precios ni conduzca al deterioro del patrimonio público.
ART. 33.—Políticas de liquidez. Son las políticas mínimas orientadas a garantizar la disponibilidad de recursos, que les permita a las entidades atender en forma adecuada y oportuna las obligaciones, sin perjuicio de la optimización de los excedentes.
PAR.—Se considera de alto riesgo la realización de repos pasivos como instrumento para obtener liquidez del portafolio, cuando el nivel acumulado de estas operaciones supere el equivalente al cinco por ciento (5.0%) del valor del respectivo portafolio de la entidad.
ART. 34.—Políticas de estructura del portafolio. Responden principalmente al manejo responsable y seguro del portafolio. Estas políticas deben ser consistentes con las de riesgo, rentabilidad y liquidez.
ART. 35.—Operaciones interadministrativas. Se podrá dar prioridad a la realización de operaciones directas entre entidades públicas siempre que así se establezca en las políticas de cada organismo, salvo que se trate de contratos celebrados con las entidades de carácter público para ejercer la facultad consagrada en el parágrafo del artículo décimo de la Ley 533 de 1999, o en general, contratos con entidades públicas cuyo objeto legal principal sea de servicios financieros o de administración de los activos a que se refiere este decreto.
ART. 36.—Obligatoriedad de registro. Las operaciones interadministrativas deberán registrarse con sujeción a lo señalado en el artículo 7º del presente decreto. Se exceptúan de esta obligación las interadministrativas realizadas a través de sistemas transaccionales, la suscripción primaria de TES y la negociación de divisas.
ART. 37.— Políticas. Las políticas, reglas y procedimientos que se fijen en desarrollo de lo previsto en el presente decreto deberán ser revisadas periódicamente, teniendo en cuenta, entre otras, la evolución del mercado y las operaciones de la respectiva entidad.
ART. 38.—Vigencia. El presente decreto rige a partir del 1º de julio de 2001, previa su publicación en el Diario Oficial.