Source: http://senado.cl/appsenado/index.php?mo=sesionessala&ac=getDocumento&teseid=60643&legiid=488
Timestamp: 2018-01-21 20:32:40
Document Index: 324172314

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'artículo 17', 'Artículo 75', 'artículo 18', 'artículo 12', 'artículo 773', 'artículo 24', 'artículo 58', 'artículo 17', 'Artículo 167', 'artículo 52', 'artículo 4', 'artículo 77', 'Artículo 66', 'artículo 63', 'artículo 116', 'artículo 41', 'artículo 41', 'artículo 41', 'artículo 41', 'artículo 19', 'artículo 19', 'in fine', 'artículo 21', 'artículo 18', 'artículo 18']

ELIMINACIÓN DE BENEFICIO DE LAS AFP EN MATERIA DE INTERESES DE COTIZACIONES PREVISIONALES ADEUDADAS
REGULACIÓN DE GARANTÍA DE BIENES MUEBLES DURABLES
ESPECIFICACIÓN EN PUBLICIDAD DE VENTA DE METRAJE DE BIENES RAÍCES Y DE TERRAZAS, BODEGAS Y ESTACIONAMIENTOS
Sesión 11ª, en martes 2 de mayo de 2017
(De 16:17 a 18:31)
GUIDO GIRARDI LAVÍN, VICEPRESIDENTE, Y SEÑORA ADRIANA MUÑOZ D'ALBORA, PRESIDENTA ACCIDENTAL
Concurrió, además, la Ministra de Transportes y Telecomunicaciones, señora Paola Tapia Salas.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 7ª y 8ª, ordinarias, en 11 y 12 de abril del año en curso, respectivamente, que no han sido observadas.
Las actas de las sesiones 9ª, especial, y 10ª, ordinaria, ambas en 18 de abril de 2017, se encuentran en Secretaría a disposición de las señoras y señores Senadores hasta la sesión próxima para su aprobación.
De Su Excelencia la Presidenta de la República, con el que retira la urgencia y la hace presente nuevamente, calificándola de "simple", para la tramitación del proyecto de ley que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales (boletín N° 9.895-11).
Expide copia de la sentencia definitiva pronunciada en el control de constitucionalidad del proyecto que modifica el Código Penal; el decreto ley N° 645, de 1925, sobre el Registro General de Condenas, y la ley N° 20.066, de violencia intrafamiliar, destinado a aumentar la penalidad y demás sanciones aplicables a delitos cometidos en contra de menores y otras personas en estado vulnerable (boletines números 9.279-07, 9.435-18, 9.849-07, 9.877-07, 9.904-07 y 9.908-07, refundidos).
Remite copia de las sentencias dictadas en los requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de los artículos 102 A a 102 M de la ley N° 19.968, que crea los tribunales de familia.
Adjunta resoluciones dictadas en los requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad referentes a las siguientes disposiciones:
-Artículo 1°, inciso segundo, de la ley N° 18.216, que establece penas que indica como sustitutivas de las penas privativas o restrictivas de libertad, y artículo 17 B, inciso segundo, de la ley N° 17.798, sobre control de armas.
-Inciso primero del artículo transitorio de la ley N° 20.281, que modifica el Código del Trabajo en materia de salarios base.
-Artículo 75, inciso primero, de la ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.
-Inciso final del artículo 18 del Código Penal.
-Inciso noveno del artículo 12 de la ley N° 20.179, que establece un marco legal para la constitución y operación de sociedades de garantía recíproca.
-Incisos segundo, tercero y cuarto del artículo 773 del Código de Procedimiento Civil.
-Artículos 195, inciso tercero, y 196 ter de la ley N° 18.290, de Tránsito.
-Letra a) del número 11 del artículo 24 transitorio de la ley N° 20.780, de reforma tributaria que modifica el sistema de tributación de la renta e introduce diversos ajustes en el sistema tributario.
-Inciso primero del artículo 58 del Código del Trabajo e inciso primero del artículo 17 del decreto ley N° 3.500, de 1980, que establece nuevo sistema de pensiones.
-Artículo 167 del Código de Procedimiento Civil.
Remite respuesta a solicitud de información, expedida en nombre del Honorable señor Navarro, acerca del número de contratos de trabajo de extranjeros y de la estimación del desempeño informal, en los últimos cinco años.
Responde inquietud, planteada en nombre del Honorable señor De Urresti, sobre el Estudio de Diagnóstico de Puentes e Implementación de un Sistema de Gestión para su Conservación, con indicación de su cronograma de desarrollo y objetivos.
Envía respuestas a solicitudes, remitidas en nombre del Honorable señor Matta, para informar con relación a los siguientes asuntos:
-Realización del Programa Nacional de Pasarelas, para entregar una solución de conectividad en la ribera sur del río Achibueno, entre las pasarelas El Peñasco y Vega de Salas, en Linares.
-Posibilidad de considerar, durante el año 2017, los proyectos de mejoramiento de caminos individualizados en la comuna del Maule.
Adjunta respuesta a preocupación, manifestada en nombre del Honorable señor Navarro, atinente a los incendios forestales ocurridos en el último tiempo en distintas regiones y su relación con un proyecto de su autoría sobre construcción en lugares de riesgo geológico o forestal.
Responde inquietud, expuesta en nombre del Honorable señor De Urresti, en cuanto al taller de capacitación "La información como piedra angular de la mitigación y los instrumentos de precios al carbono en Chile", en el marco del proyecto "Precio al Carbono Chile".
Anexa copia de informe sobre la emisión de gases de efecto invernadero en el país y políticas para enfrentar impactos del cambio climático, conforme a solicitud expresada en nombre del Honorable señor Navarro.
Contesta peticiones de antecedentes, enviadas en nombre del Honorable señor De Urresti, respecto de las siguientes materias:
-Taller de capacitación "La información como piedra angular de la mitigación y los instrumentos de precios al carbono en Chile", en el marco del proyecto "Precio al Carbono Chile".
-Proyecto de bioingeniería que pretende repoblar las riberas de la laguna principal del humedal Campiche, en la comuna de Puchuncaví.
Contesta petición de información, formulada en nombre de la Honorable señora Allende, tocante a las razones que fundamentan la resolución exenta que termina con aportes y subvenciones dispuestos en la ley N° 20.248 para veintiún establecimientos educacionales de la Región de Atacama.
Anexa datos sobre las medidas adoptadas para la protección del recurso huiro en la comuna de Tocopilla, materia consultada en nombre del Honorable señor Guillier.
Atiende las siguientes peticiones de antecedentes, manifestadas en nombre del Honorable señor Navarro:
-Razones de la falta de advertencia a la población de las marcas de carnes en mal estado importadas desde Brasil.
-Informe de fiscalización sobre la comercialización de pescados y mariscos a nivel nacional.
Del señor Secretario Regional Ministerial de Educación del Maule:
Da respuesta a solicitud, formulada en nombre del Honorable señor Matta, para informar si se ajustan a las políticas de esa Cartera las listas de útiles escolares y de aseo requeridas a ciertos cursos de la Escuela Alfredo Noguera Prieto, de Peñuelas, comuna de Villa Alegre, en el año académico 2017.
Del señor Secretario Regional Ministerial (s) del Medio Ambiente de Valparaíso:
Envía datos sobre autorizaciones otorgadas a empresas industriales para funcionar en la zona cercana al complejo educacional Sargento Aldea, de Ventanas, comuna de Puchuncaví, y denuncias presentadas en los últimos cinco años por daños medioambientales y de salud en esa zona, ante consulta formulada en nombre del Honorable señor Navarro.
De la señora Directora del Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de Antofagasta:
Da respuesta a petición de informar, expresada en nombre del Honorable señor Araya, acerca de la solicitud de saneamiento de título gratuito de propiedad para inmueble en la comuna de Taltal, presentada por la persona que se individualiza.
Del señor Director (t y p) del Servicio de Salud Araucanía Sur:
Atiende preocupaciones, manifestadas en nombre del Honorable señor García, relativas a los siguientes asuntos:
-Estado de avance del proyecto de recuperación de siete pabellones del hospital Hernán Henríquez Aravena.
-Consideración de un Centro de Diálisis en el nuevo hospital Doctor Eduardo González Galeno.
Informa respecto de la toma de muestras de sangre para detectar la presencia de metales pesados en los habitantes de los sectores de Medio Camino, San Vicente, Diego Portales y Libertad, consulta realizada en nombre del Honorable señor Navarro.
De la señora Directora Ejecutiva Nacional del Ministerio Público:
Envía información, pedida en nombre del Honorable señor Pérez Varela, referente al presupuesto asignado por ese servicio a las fiscalías.
Del señor Secretario Ejecutivo de la Asociación de Municipalidades de la Región de Los Ríos para el Manejo Sustentable de Residuos y la Gestión Ambiental:
Adjunta antecedentes relativos al proyecto "Planta Regional de Reciclaje Los Ríos", en la salida sur de la ciudad de Valdivia, solicitados en nombre del Honorable señor De Urresti.
Da respuesta sobre el número de denuncias presentadas por el delito de abigeato en la provincia de Curicó, en los últimos cinco años, y destino que han corrido, conforme a consulta en nombre del Honorable señor Coloma.
Del señor Rector de la Universidad Católica de la Santísima Concepción:
Contesta petición, manifestada en nombre del Honorable señor Navarro, con relación a los estudios efectuados para detectar la presencia de metales pesados en suelos de los sectores de Medio Camino, San Vicente, Diego Portales y Libertad, en la ciudad de Talcahuano.
De la señora Administradora del Juzgado de Garantía de Antofagasta:
Atiende preocupación, manifestada en nombre del Honorable señor Araya, en cuanto a causas falladas y audiencias de formalización realizadas desde el año 2015 a la fecha por el delito de usura.
Se ha recibido, además, en cumplimiento del artículo 52 del decreto ley N° 1.263, de 1975, el Balance de Gestión Integral del año 2016 de la Subsecretaría de Servicios Sociales y servicios relacionados.
Segundo informe de la Comisión Especial encargada de tramitar proyectos relacionados con niños, niñas y adolescentes, e informe de la Comisión de Hacienda, recaídos en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que crea la Defensoría de los Derechos de la Niñez (boletín N° 10.584-07) (con urgencia calificada de "simple").
De las Comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y de Hacienda, recaídos en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que fortalece la composición de los tribunales que indica asignando una dotación adicional de 110 jueces (boletín N° 10.611-07) (con urgencia calificada de "simple").
De los Honorables señor Chahuán, señora Van Rysselberghe y señores Araya, Letelier y Navarro, con la que inician un proyecto de ley que concede la nacionalidad por gracia al ciudadano estadounidense señor Steven Colon Santos (boletín Nº 11.201-17).
Del Honorable señor Quinteros, con la que da inicio a un proyecto para interpretar el artículo 4° de la ley N° 20.825, que amplía el plazo de cierre para otorgar nuevas concesiones en acuicultura, en lo relativo a la expresión "acuicultura de pequeña escala" (boletín Nº 11.203-21).
Del Honorable señor Chahuán, con la que inicia un proyecto de ley que modifica el Código Civil en lo relativo a la revisión judicial de contratos civiles y mercantiles en los casos que indica (boletín Nº 11.204-07).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y se manda poner en conocimiento de la Excelentísima Corte Suprema, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 77 de la Carta Fundamental.
De los Honorables señor Tuma y señora Muñoz, con la que inician un proyecto de ley sobre protección de los derechos de los trabajadores en la era digital (boletín Nº 11.208-13).
De la Comisión Bicameral del Artículo 66 A de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, relativo a la designación de los integrantes del Comité de Auditoría Parlamentaria.
Del Honorable señor Pizarro, para ausentarse del país a contar de esta fecha.
El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, ya que el Ejecutivo ha anunciado que el proyecto de modernización de la Cancillería va a ser enviado próximamente a tramitación en esta Corporación, el cual incluye una indicación sustitutiva respecto de otro radicado en la Comisión de Relaciones Exteriores, solicito que pueda ser discutido en general y en particular por el órgano técnico a partir de la fecha en que ingrese.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- ¿Habría acuerdo de la Sala para ello?
El señor LABBÉ (Secretario General).- En reunión celebrada hoy, los Comités adoptaron los siguientes acuerdos:
1.- Analizar en el segundo lugar del Orden del Día de la presente sesión ordinaria el proyecto signado con el número 8, que modifica el decreto ley N° 3.500, de 1980, que establece Nuevo Sistema de Pensiones, con el objeto de eliminar el beneficio de que gozan las AFP en materia de intereses de las cotizaciones previsionales adeudadas (boletín N° 10.708-13).
2.- Tratar en la tabla de Fácil Despacho de la sesión ordinaria de mañana, miércoles 3, los siguientes asuntos, si no se alcanzaran a despachar hoy día:
-Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el "Protocolo de Asunción sobre Compromiso con la Promoción y Protección de los Derechos Humanos del MERCOSUR", suscrito en Asunción, República del Paraguay, el 20 de junio de 2005 (boletín N° 10.994-10).
-Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el "Protocolo de Enmienda al Convenio de Integración Cinematográfica Iberoamericana", suscrito en Córdoba, España (boletín N° 10.996-10).
-Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el "Acuerdo Latinoamericano de Coproducción Cinematográfica, adoptado en Caracas, Venezuela, el 11 de noviembre de 1989, y su Protocolo de Enmienda", suscrito en la ciudad de Bogotá, Colombia, el 14 de julio de 2006 (boletín N° 10.997-10).
3.- Adelantar la semana regional de mayo a aquella comprendida entre el lunes 22 y el viernes 26 del mismo mes.
4.- Rendir homenaje en memoria del señor Agustín Edwards Eastman a las 18 de la sesión del martes 16 de mayo próximo.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Corresponde ocuparse en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que establece un procedimiento simplificado para la regularización de edificaciones de Bomberos de Chile, con segundo informe de la Comisión de Vivienda y Urbanismo.
Vivienda y Urbanismo (segundo): sesión 10ª, en 18 de abril de 2017.
El órgano técnico le efectuó una enmienda al proyecto aprobado en general, la que fue acordada por unanimidad, por lo que debe ser votada sin debate, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador manifieste su intención de impugnar la proposición respectiva o existan indicaciones renovadas.
Se acaba de formular una de estas últimas, que será preciso votar a continuación.
Sus Señorías tienen en sus escritorios un boletín comparado, en el que se consigna la modificación introducida y el texto que quedaría al acogerla.
El señor PROKURICA.- Señor Presidente, primero que nada, felicito a los Senadores señores García, Lagos, Montes, Quintana y Patricio Walker por la presentación de la iniciativa, porque debe de haber pocas instituciones más nobles que aquella de la cual se trata.
Una gran proporción de los cuerpos de Bomberos en el mundo han surgido a raíz de grandes catástrofes: incendios e inundaciones y otros fenómenos naturales. Sus miembros, mayoritariamente voluntarios en Chile, arriesgan su vida para poder salvar la existencia y los bienes de otros. En Valparaíso se creó la primera de estas entidades en el país, como consecuencia de un importante siniestro en diciembre de 1850. El 30 de junio de 1851, ante la precariedad de los mecanismos con que contaba en ese entonces la ciudad para combatir una emergencia como esa, se conformó el Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, que comenzó a operar oficialmente con cuatro compañías.
Este último realizaría una heroica labor 163 años después, una vez más, para contener las llamas extendidas por los cerros del puerto, en el mayor incendio en la historia de la comuna, que se tradujo en dos mil 500 casas destruidas y 15 fallecidos. Ese esfuerzo, enorme y encomiable, fue llevado a cabo por voluntarios no solo de Valparaíso, sino también de toda la Región, quienes vinieron a apoyar.
Los bomberos asimismo tuvieron una gran participación durante el terremoto del 27 de febrero de 2010, al igual que con motivo de los aluviones que afectaron a la Región que represento, adonde concurrieron incluso de otras regiones. Uno de ellos, de la Quinta Región, entregó su vida por ayudar a sus semejantes.
En la actualidad ascienden aproximadamente a cuarenta mil, veinticinco mil de ellos activos, y los demás cumplen funciones diferentes debido a su edad o condición. Varios Honorables colegas son bomberos.
La voluntariedad no es una característica exclusiva de los chilenos. Igualmente la presenta una parte de los integrantes de los cuerpos en otros países, como Australia, Alemania, Argentina y Estados Unidos. Sin embargo, lo que destaca a los nuestros es su capacidad y preparación para todo tipo de emergencias: antes se trataba únicamente de incendios; hoy día, la ayuda dice relación con tsunamis, terremotos, accidentes de tránsito con personas atrampadas, emergencias químicas y otras funciones que se han ido agregando con el tiempo.
El objetivo del proyecto es permitirle a Bomberos de Chile acoger a un sistema especial de regularización las edificaciones que no cuenten con permiso de construcción o con recepción definitiva. Ello va en la línea correcta, al establecerse un procedimiento simplificado para tal efecto con relación a instalaciones destinadas al ejercicio de sus funciones propias, tales como cuarteles, centros o campos de entrenamiento y casas de cuarteleros, y que los Cuerpos de Bomberos o la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile posean en calidad de propietarios o de comodatarios. Podrán acogerse al mecanismo dentro de los tres años siguientes al de la publicación del proyecto como ley.
Creo que nos hallamos ante una buena iniciativa. La institución es muy bien valorada por los chilenos ante la labor destacable y desinteresada que sus miembros realizan a diario. Son aproximadamente dos mil los cuarteles o inmuebles cuya situación no se ha podido regularizar, ya que, por ejemplo, no cuentan con permiso de construcción o no existe informe sobre la inundabilidad del terreno o median razones generalmente ajenas a la voluntad.
La Región que represento en el Senado se encuentra en este caso producto de los aluviones de 2015, pues no han aparecido todavía dichos informes.
Por eso, la bancada de Renovación Nacional va a votar a favor.
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, deseo referirme, en primer lugar, a la indicación renovada.
Durante la tramitación del proyecto en la Comisión de Hacienda, junto al Senador señor Tuma presentamos una indicación con el propósito de que el período durante el cual se podrá materializar la regularización de construcciones como la de cuarteles de bomberos sea de cinco años, en lugar de solo tres.
Los propios dirigentes de la institución, cuando estuvieron en la Comisión de Vivienda, explicaron que tienen que hacer una programación y elaborar las carpetas respectivas. Seguramente necesitarán contratar arquitectos, constructores civiles e incluso ingenieros, en algunos casos, de tal manera que la regularización de las propiedades se ajuste a las más altas exigencias, que no haya problemas y que se cumpla con la mayor cantidad de normas posibles.
Por eso mismo, nos han dicho: "Valoramos la iniciativa, pero tres años es muy poco. Ello no nos da tiempo para cubrir todo el territorio nacional. Esta es la razón por la que queremos que sean cinco años".
En consecuencia, hemos renovado la indicación y esperamos y pedimos el apoyo de las señoras y los señores Senadores para que el período excepcional de regularización de las instalaciones de bomberos sea de cinco años y no solo de tres.
Hemos presentado otra indicación respecto de la cual solicitamos la unanimidad de la Sala para poder tramitar.
Se trata de lo siguiente. Hoy día, toda persona tiene derecho a solicitar al concejo municipal la rebaja de los derechos de construcción. Lo que hacemos es tomar esa misma norma, ya existente en la Ley de Rentas Municipales, e incorporarla al texto, a fin de que se sepa, de manera ilustrada, informada, que a los cuerpos de Bomberos se les abre igual posibilidad.
No estamos creando un derecho nuevo, por lo que no se requiere patrocinio del Ejecutivo, sino que simplemente buscamos incluir lo ya dicho en el cuerpo legal citado.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Consulto si existe unanimidad para poder ocuparse en la indicación a que se ha referido el Honorable señor García.
Puede intervenir el Senador señor Quintana.
El señor QUINTANA.- Señor Presidente, Bomberos de Chile es acaso nuestra institución más señera y de reconocida dedicación al servicio público, y su base ética y compromiso moral constituyen los pilares fundamentales de su existencia.
Se trata de una entidad querida y respetada, no solo por la utilidad permanente que le presta a la comunidad, sino también porque su labor la realiza con altruismo, sin esperar contraprestación alguna a cambio. Así, sus miembros exponen su vida, arriesgan su integridad física y psíquica, solo motivados por ayudar, rescatando personas, recuperando bienes, apagando incendios en bienes públicos o privados, sirviendo a Chile en los momentos más duros -no son pocos- y sin distinción alguna: prestan sus servicios a quienes lo requieran, ya sea en la comuna más acomodada o en la localidad más remota de nuestro país. Bomberos de Chile es un ejemplo democrático.
Lo anterior implica una tremenda responsabilidad de la comunidad hacia los bomberos. Más aún si, según cifras de la propia institución, en el terremoto del 27F alrededor de 300 cuarteles sufrieron daño estructural y 70 de ellos fueron completamente destruidos. Ello implica que el Estado debe asumir un rol protagónico no solo en el financiamiento, sino también en el desarrollo de políticas públicas tendientes a fortalecer a Bomberos, lo cual inevitablemente pasa por mejorar su infraestructura.
En tal sentido, se han dado pasos importantes en materia institucional. Así, ya hace unos años se publicó la ley N° 20.564, Ley Marco de Bomberos, que ha dotado a la institución de una regulación sistémica y coherente. Pero más importante aún fue la creación, en la Ley de Presupuestos, de un programa específico dentro de la Partida Ministerio del Interior, lo cual garantiza una inyección permanente de recursos públicos, mejorando el sistema mixto de financiamiento que posee la entidad.
Asimismo, durante la discusión del Presupuesto de 2017, presentamos en esta Sala una indicación -aprobada por el Congreso y que hoy es ley- que incorpora un inciso final a la Glosa 02 del Programa 04, Capítulo 10, Partida 05, que se orienta al diseño de programas especiales para "facilitar a los Cuerpos de Bomberos de Chile, propietarios o comodatarios de bienes raíces urbanos o rurales, que hayan construido con o sin permiso de edificación y que no cuenten con recepción definitiva o que hayan materializado de hecho el cambio de destino de las edificaciones existentes en forma no concordante con los usos del suelo permitidos por los planes reguladores, regularizar" dichas construcciones.
El diálogo franco y permanente con Bomberos, especialmente de mi Región -quiero destacar al actual Superintendente, Leonel Nualart; a Gustavo Rocha, exdirector de la Primera Compañía de Bomberos de Temuco, entre otros directivos y profesionales de los cuerpos de bomberos de La Araucanía-, me motivó a presentar una moción que permitiera a través de una modificación legal precisa acceder a un procedimiento simplificado para la regularización de aquellas construcciones (ampliaciones, nuevas construcciones, etcétera) que se han efectuado sin los permisos de edificación o de obras municipales correspondientes como lo exige la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Se trata, pues, de aplicar las normas previstas en la última "Ley del mono", N° 20.898, que establece un procedimiento simplificado para la regularización de viviendas de autoconstrucción, a aquellas edificaciones de Bomberos que requieren ser regularizadas.
La idea es simplificar el cumplimiento de esta obligación a partir de un procedimiento expedito, fácil y eficaz. A mayor abundamiento, debemos recordar que, según cifras de Bomberos reveladas en la Comisión de Bomberos de la Cámara de Diputados, un 55 por ciento de los bomberos mantiene un nivel medio de satisfacción en relación con la infraestructura de su compañía.
El proyecto de ley se hace cargo de una realidad concreta y una demanda añorada por los cuerpos de bomberos. Prueba de ello ha sido el cerrado respaldo que la moción recibió en la Comisión de Vivienda y en la Sala del Senado, y, ¡cómo no!, de la propia institución. En resumen, los Bomberos podrán someterse dentro del plazo de tres años, a partir de la publicación de la ley en proyecto, a las normas de la referida "Ley del mono", sin que se les apliquen los topes de metraje u otros trámites administrativos, para que puedan regularizar su infraestructura que está en las condiciones previstas por la ley.
Como he señalado, esta es una modificación precisa, y bajo ningún respecto busca establecer las bases fundamentales de un ordenamiento jurídico en términos del artículo 63, número 20, de nuestra Carta Fundamental. Por ello, algunos temas surgidos al fragor de la discusión desafortunadamente no han sido incorporados en el proyecto, abriéndose una puerta para seguir mejorando la legislación de cara al futuro.
En efecto, se trata de tres materias fundamentales -algunas han sido abordadas en la indicación- que aún quedan pendientes.
La primera dice relación con la posibilidad de elevar a Bomberos al estatus que tienen las Fuerzas Armadas, en términos de que estas últimas están exentas de la obligación de obtener permisos de construcción por tratarse de servicios de utilidad pública, conforme a lo que dispone el artículo 116, inciso quinto, de la Ley General de Urbanismo y Construcciones...
El señor QUINTANA.- En efecto, durante la discusión se propuso incorporar a Bomberos dentro de aquellas instituciones exentas de solicitar dichos permisos. Sin embargo, ello no ha sido acogido.
Un segundo aspecto que quedó pendiente se refiere a la posibilidad de que Bomberos sea acreedor de una rebaja o exención del pago de derechos o aranceles municipales. Se adujo que existe en la Ley de Rentas Municipales la facultad para establecer esta rebaja o exención. Pero como se trata de una facultad y no de una obligación, ello quedará al arbitrio de cada municipalidad. Lo ideal hubiera sido que se expresara claramente en la ley en proyecto.
Un tercer tópico debatido en la Comisión se refiere a la regularización de los títulos de dominio de Bomberos sobre terrenos donde está asentada su infraestructura. Si bien el proyecto busca la regularización de construcciones y no de títulos, es importante que el Ejecutivo avance en esa línea, ya que entre un 35 y un 40 por ciento de la infraestructura de la institución aún no tiene títulos de dominio, lo cual es preocupante.
Señor Presidente, esta iniciativa goza de sustento técnico y apoyo transversal. Agradezco a los miembros de la Comisión de Vivienda, ya que sin su labor dedicada y prolija no hubiera sido posible aprobar este proyecto. Pero con más fuerza quiero agradecer a Bomberos y a sus cuerpos, ya que sin sus prevenciones, diálogo y cercanía no sería posible mejorar la ley, la que requieren sea mejorada para seguir sirviendo desinteresadamente.
El señor TUMA.- Señor Presidente, tuve la satisfacción y el honor de presidir la Comisión de Vivienda para dar tratamiento a este proyecto tan importante no solo para los cuerpos de bomberos, sino también para que los ciudadanos de Chile entiendan que nos encontramos ante una institución cuyos integrantes desinteresadamente y de manera generosa arriesgan sus vidas para ayudar y apoyar a quienes lo necesiten en situaciones de siniestros o de catástrofes.
Conocemos los riesgosos episodios que hemos vivido en Chile y los testimonios sin límites que Bomberos ha estado entregando permanentemente. De manera que este proyecto de ley tiene mérito propio.
Quiero saludar a los autores de la moción, ya que apunta en la dirección correcta en orden a darle las facilidades a esta institución para que siga sirviendo como lo ha hecho hasta ahora.
El objetivo de la iniciativa es establecer un procedimiento para facilitar que los cuarteles de Bomberos de Chile cumplan con las normas establecidas en la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que es muy exigente en materia de regularización, de manera que los cuerpos de bomberos no caigan en irregularidades causadas por distintas razones: por no realizar el trámite oportunamente; por desconocimiento; por falta de recursos; por emergencias, o por diversos motivos.
Así como está dispuesto para las casas-habitación, el objetivo es establecer un sistema que permita que estos inmuebles sean regularizados de manera simple. De esta forma, les será posible optar a subsidios para la ampliación o mejoramiento térmico.
Queremos darle la oportunidad a la institución para que regularice toda su infraestructura que aún no está regularizada, lo cual le permitirá postular a otro tipo de financiamiento.
La iniciativa en análisis beneficiará a 321 cuerpos de bomberos de nuestro país, a mil 180 compañías y a una cantidad cercana a los mil cuarteles que han hecho modificaciones en su estructura y que por distintas circunstancias no han sido regularizadas.
Formulamos una indicación para que esta iniciativa permitiera acogerse a la última ley de regularización, y no a la primera, pues aquella viene bastante más perfeccionada y entrega mayores facilidades a quienes la utilicen.
Por esa razón, comparto que Bomberos no solo no tenga la limitación de los metros cuadrados que contempla la ley de regularización respecto de viviendas o microempresas, sino que además se extienda el plazo para acogerse al beneficio (en un momento se establecieron tres años, al igual que en la ley de regularización). Hemos conversado con varios Senadores, entre ellos, los autores del proyecto, para que la institución cuente con un plazo mayor a los tres años. La idea es que sean cinco.
Si bien en la legislación en análisis no se entregan facultades extraordinarias, vamos a hacer presente en una indicación -se ha logrado la unanimidad para su tratamiento- una facultad que posee el municipio, a fin de que Bomberos pueda hacer uso del derecho a petición para solicitar la rebaja o exención del permiso municipal.
Al mismo tiempo, comparto la opinión en cuanto a que en este proyecto de ley quedaron aspectos pendientes, que tendrán que abordarse en otro instrumento, que deberá ser iniciativa del Ejecutivo, y que dicen relación con un gran plan de saneamiento de títulos para Bomberos y también con la exención, por ley, del pago derivado de modificaciones o construcciones de inmuebles, sumamente necesarios para cumplir esa labor tan generosa que Bomberos de Chile realiza.
El señor PÉREZ VARELA.- Señor Presidente, trabajar, aprobar y despachar un proyecto que resuelve ciertas dificultades que enfrentan nuestros bomberos es verdaderamente un buen ejercicio, toda vez que en la Región uno se da cuenta de que los cuarteles, en muchos casos, se encuentran en una situación irregular en términos de la propiedad en que ellos se ubican.
Por lo tanto, se hace necesario buscar una salida, un camino de regularización, a través de procedimientos simplificados como el que establece el proyecto, pero que también reconozca la realidad que vive Bomberos y que se ve reflejada en las indicaciones que nos ha dado a conocer el Senador José García, una de las cuales se relaciona con los plazos para realizar tales regularizaciones.
El terremoto del 27 de febrero de 2010 generó una importante destrucción de cuarteles, y recién en el último tiempo ha venido concluyendo la reparación y la reconstrucción de esos recintos. En la mayoría de los casos, el problema radicaba en la propiedad del terreno, en la falta de regularización del dominio de esos cuarteles.
Por consiguiente, todos nos dimos cuenta de que en ese proceso, en el cual todos estaban colaborando y ayudando, el tiempo es un elemento fundamental.
Por eso, me parece correcta la indicación tendiente a subir de tres a cinco años el plazo de regularización. Y me alegra que la Sala resuelva esa materia mediante la incorporación de una indicación en esta misma sesión, puesto que no solo se hace necesario establecer un procedimiento que sea lo más simplificado posible, sino también que el instrumento tenga amplitud en el tiempo para que pueda ser presentado por una institución conformada por voluntarios, por personas que quieren servir y cuya principal vocación es contribuir adecuadamente a salvar la vida y la propiedad de todos los chilenos.
El Senador Moreira, quien me pidió participar en su nombre en la presente sesión, me manifestó otra aprensión relacionada con una duda y una indicación que presentó el Senador señor De Urresti -en la Región que represento también existe tal situación-, cuyo fundamento es que en muchas ocasiones se ha autorizado a Bomberos a construir sus cuarteles en terrenos fiscales y, por lo tanto, la regularización ante Bienes Nacionales es un camino correcto.
Veía que en la discusión sostenida al interior de la Comisión de Vivienda la propia Ministra de Bienes Nacionales señaló que eso era efectivo y real, pero que el procedimiento para la regularización se encontraba en otro proyecto de ley: el correspondiente al boletín N° 8.741-22.
Por lo tanto, me parece bien que no abordemos esa materia en esta iniciativa, aun cuando es un problema al cual hay que darle solución, puesto que en todas las regiones existen inmuebles de cuerpos de bomberos que se han construido en bienes nacionales de uso público, en bienes fiscales, en bienes municipales, etcétera, ya que hay una actitud permanente de contribuir y de cooperar con Bomberos.
En consecuencia, señor Presidente, este es un proyecto que verdaderamente tenemos que respaldar, que debe salir lo más pronto posible. Es preciso que se establezcan estos procedimientos simplificados; que se eleve de tres a cinco años el tiempo para que Bomberos pueda requerir estas regularizaciones, y, sin duda, que los permisos de construcción que sean necesarios para llevar adelante estos procesos cuenten con las rebajas de que gozan otras instituciones.
Asimismo, espero que también podamos avanzar en el proyecto al que he hecho referencia, para regularizar aquellos cuarteles de bomberos que han sido construidos en bienes fiscales.
Si se resuelven adecuadamente todos estos problemas, que son más bien prácticos, creo que vamos a contribuir y ayudar a una institución que verdaderamente lo requiere y lo necesita. Y poder hacerlo será un orgullo.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Solicito el acuerdo de la Sala para abrir la votación, manteniendo los tiempos de intervención...
El señor LAGOS.- ¿Y las indicaciones, señor Presidente?
El señor PÉREZ VARELA.- ¿Y las dos indicaciones?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Vamos a votarlas por separado, Sus Señorías.
Primero nos pronunciaremos sobre la enmienda que nos propone la Comisión. Después, votaremos las indicaciones respectivas.
Entonces, ¿habría acuerdo para abrir la votación en los términos sugeridos?
En votación la modificación sugerida por la Comisión de Vivienda.
El señor LAGOS.- Señor Presidente, seré muy breve, pues las exposiciones del Senador Prokurica, del Senador García y particularmente del Senador Quintana describieron en detalle el contenido del proyecto.
Debo recordar que esta es una moción de los Senadores Quintana, García, Patricio Walker, Montes y de quien habla.
Lo que persigue esta iniciativa, para no confundir, es básicamente dar la posibilidad de regularizar las construcciones que se han efectuado en los diferentes cuarteles de bomberos a lo largo de Chile. En consecuencia, no se hace cargo de la regularización de los títulos de dominio, que, como bien puntualizó el Senador Víctor Pérez, corresponde a otro proyecto de ley, con un boletín distinto, que hoy día se encuentra en la Cámara de Diputados.
En consecuencia, el objetivo del proyecto es dar un plazo para que, así como se hizo con la ley N° 20.898 -la llamada "Ley del mono"-, se puedan regularizar las recepciones municipales y reconocer aquellas construcciones de hecho que se han levantado en los distintos cuarteles de nuestro país, ya sea a través de ampliaciones o, derechamente, de edificaciones nuevas.
El requisito esencial para ello es que dicho inmueble se haya construido sobre bienes propios o en comodato que tengan los diferentes cuerpos de bomberos.
La extensión a cinco años es una indicación que vamos a aprobar entusiastamente, no solo para generar mayor plazo, sino también porque hoy día existe una iniciativa paralela orientada a resolver el problema de la regularización de los títulos de dominio.
Si dicho proyecto de ley se aprobase durante el transcurso del presente año, podría ocurrir que los procesos de regularización de títulos de dominio se cumplieran en su forma, pero que se hubiere vencido el plazo para regularizar las construcciones emplazadas sobre los terrenos que van a ser potencialmente regularizados.
Por esa razón, creemos importante la extensión de tres a cinco años, para que cuando se regularicen los títulos de dominio aún esté vigente la ley en proyecto, que permitirá regularizar las construcciones que hoy día se encuentran en terrenos cuyos dominios no están regularizados.
Si bien esta moción perseguía el fin concreto que he señalado, Bomberos de Chile planteó una serie de temas, respecto de los cuales se explayó en detalle el Senador Quintana. Uno de ellos es la posibilidad de eximir a esta institución del pago de ciertos derechos municipales. Hoy día existe esa alternativa, pero, lamentablemente, depende de los municipios. Habría sido importante incorporar ese aspecto en esta legislación, aunque hoy día nuestro ordenamiento legal contempla la autorización para que los municipios, por sí y ante sí, puedan rebajar o eximir del pago de determinados derechos municipales.
Sin embargo, creo que en lo pertinente, en lo medular, este proyecto de ley viene a facilitar algo que puede ser oscuro, gris, aburrido desde cierto punto de vista, pero que es tremendamente importante para Bomberos de Chile, como es la regularización de las construcciones donde están los cuarteles, donde hacen sus entrenamientos o donde se ubican las casas de los cuarteleros.
En resumen, voy a concurrir con mi voto favorable, además de aprobar las indicaciones respectivas.
La señora PÉREZ (doña Lily).- Señor Presidente, me quiero sumar a todos los colegas que me han antecedido en el uso de la palabra, sobre todo al Senador Quintana, quien recordaba la ley N° 20.564, que nosotros aprobamos hace un tiempo y que da muchas más facilidades a Bomberos.
Sin embargo, creo que es muy insuficiente todo lo que hemos hecho. Y eso obedece a que no tenemos autonomía, no tenemos constitucionalmente la posibilidad de asignar recursos adicionales para sus cuarteles. Aquí mismo, en nuestra Región de Valparaíso, hay muchas compañías de bomberos que, por ejemplo, necesitan instalarse en locales más grandes porque los nuevos carros bombas que han recibido son muy altos, no caben en los techos de los antiguos cuarteles. Bomberos hace un tremendo esfuerzo consiguiendo que privados les donen o les bajen el precio de terrenos; pero, al final, todo esto es un esfuerzo adicional gigantesco que deben hacer para conseguir alguna facilidad y tener sus cuarteles como corresponde.
Por eso este proyecto de ley de artículo único es muy relevante porque permite que la llamada "ley del mono", que nació en la Comisión de Vivienda y que el Senador Montes trabajó arduamente años atrás, la utilicen también los cuerpos de bomberos para prescindir de un profesional que muchas veces cobra muy caro o es imposible conseguir. Me refiero a un arquitecto que haga los croquis, las dimensiones de los planos, los cambios necesarios y que vaya a la Dirección de Obras.
Estoy muy contenta de haberme sumado a la indicación que promueve el Senador García para que el plazo sea de cinco años, pues me parece que tres es muy poco tiempo para entregar esta facilidad a las compañías de bomberos.
También me siento orgullosa porque somos muy pocas las bomberas mujeres en el Senado. Como bombera honoraria de la Cuarta Compañía de Villa Alemana y madrina de varias otras, estoy muy feliz de poder apoyar este proyecto.
Me parece que debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance, de manera legislativa y constitucional, para ir ayudando cada día más a Bomberos de Chile.
Ojalá también tengamos iniciativas desde el Ejecutivo que contemplen muchos más recursos para la institución (para carros de rescate, etcétera). Alguien que me precedió en el uso de la palabra ya lo dijo: Bomberos no solamente apaga incendios; está presente igualmente en rescates, en accidentes automovilísticos, en alertas de tsunami y cuando existen problemas por terremotos o grandes sismos. Tiene un rol demasiado importante en cada una de las comunas de nuestro país y no todos le dan la relevancia que se merece ni lo apoyan como debieran hacerlo.
Por todo eso, señor Presidente, voto a favor.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, está claro que esta iniciativa va a ser ley de la república. Cabe concordar cuál va a ser la indicación, porque el texto que tenemos aquí habla de un plazo de tres años. ¿Se va a votar dicha propuesta ahora, o después de aprobar el texto en general? Comoquiera que sea, anticipo desde ya mi aprobación a la sustitución de la palabra "tres" por "cinco" años.
Uno se plantea por qué es necesario poner fecha si en definitiva lo que hay que hacer es regularizar todo en el menor tiempo posible. Algunos dicen que las leyes deben tener plazos para que ellas se cumplan. Hay leyes y reglamentos que no se cumplen nunca. Yo espero que cinco años sean suficientes.
Pero el tema de fondo es la regularización de los cuarteles de bomberos. Todavía existen muchos que se encuentran en condiciones precarias y otros que simplemente no tienen local. Por lo tanto, nuevamente apelo al tema de los recursos.
Está claro que son bomberos voluntarios y quieren seguir siéndolo. Eso es algo noble, digno y honorable. Por ende, lo que los bomberos quieren no es un sueldo, sino recursos para poder realizar bien su gestión. Y creo que este año, el último de este Gobierno, tiene que haber una conversación muy transversal para pedirle al Ministro de Hacienda (quien no se caracteriza por ser de mano muy ancha y generosa; más bien es "manito de guagua") que podamos contar con más recursos para la institución y así atender sus necesidades. Eso significa regularizar cuarteles y crear y reparar otros. Esto último se hace en base a los esfuerzos de los propios voluntarios.
Por cierto, aprobar este proyecto -es lo que vamos a hacer- debe suponer la continuidad de recursos, frescos, nuevos y en aumento, para la construcción y reparación de cuarteles en todo Chile. Confío en que los cuerpos de bomberos y el Presidente de la institución mantengan la objetividad que han mostrado hasta ahora para asignar los recursos de modo preferente a los que los necesitan en forma más urgente y de una manera amplia.
Igualmente, yo esperaría que la institución -ya lo hemos dicho- permita la creación de cuerpos de bomberos en lugares que están postulando hace tiempo. En San Carlitos, Tomé, y en Cosmito, Penco, hay gente esforzada que está construyendo a pulso su cuartel. Por eso espero que también exista capacidad para generar nuevos cuerpos de bomberos. Después de los últimos incendios, quedó muy claro en mi región, la Octava, que cuando hay una crisis potente se requieren muchas manos. Las personas pueden defenderse solas las primeras horas. Es decir, pueden generar una acción contra el fuego. Pero para eso requieren capacitación y una implementación mínima. Es lo que ocurre en San Carlitos, en Cosmito y en otros lugares del Biobío.
Voto a favor de esta moción parlamentaria, señor Presidente, que habla muy bien de la preocupación de los Senadores que la presentaron respecto del Cuerpo de Bomberos de Chile, con el cual seguimos estando en deuda.
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, hemos escuchado que hay absoluta unanimidad en relación con este proyecto y no cabe duda de que va a ser aprobado. Sin embargo, quisiera hacer dos precisiones.
A la Comisión de Vivienda y Urbanismo, donde se analizó la iniciativa, llevamos una inquietud discutida con la señora Ministra de Bienes Nacionales sobre la regularización de los terrenos donde se encuentran asentados muchas veces los cuarteles.
A través de esta ley, nosotros vamos a regularizar la edificación, la construcción, el edificio, con distintas normas, con un procedimiento adecuado que facilite el proceso. Pero seamos claros: existen numerosos cuarteles construidos sobre terrenos que son de Bienes Nacionales o de particulares o que son sucesiones. Antiguamente, en distintas localidades, especialmente rurales, era un particular quien los donaba. No obstante, muchas veces no se completaba el trámite y simplemente se entregaba el predio donde se asentaba el cuartel.
Entonces, el compromiso que se contrajo en dicha Comisión, en la que se encontraban varios de los autores de la moción -veo acá presente al Senador García-, fue que, para no complicar este proyecto, muy puntual, relacionado con la "ley del mono" y que tiene por objeto regularizar las edificaciones de Bomberos, se le diera urgencia a otra iniciativa que está en la Cámara de Diputados.
Además, la Ministra de Bienes Nacionales nos informó acerca de un convenio suscrito con la Junta Nacional de la institución para los efectos de poder llevar adelante esta normalización a través de un inventario de los distintos terrenos donde se hallan ubicados los cuarteles de bomberos.
Por eso, es importante clarificar que aquí vamos a tener una ley que va a facilitar, sin lugar a dudas, la regularización de las construcciones, pero nos quedará pendiente la tenencia de los terrenos, toda vez que es sobre ellos que se sanean y regularizan las diversas edificaciones y sobre los cuales se van a levantar a futuro nuevas infraestructuras.
Con todo, valoro lo asertivo de este proyecto. Sin lugar a dudas, es una buena noticia para Bomberos de Chile y para cada una de las compañías que existen a lo largo del país.
El señor COLOMA.- Señor Presidente, a mí me parece que este es un proyecto ciudadano, que obviamente beneficia a la gente. Y me alegro mucho de que se haya presentado de manera transversal, sobre todo en un ámbito de acción que implica hacerles más fácil la vida a las personas.
Efectivamente, su fundamento es generar mecanismos para que aquellos cuarteles que están postulando a proyectos de inversión social para poder mejorar sus dependencias no se vean rechazados porque existen reparos sobre su edificación o porque falta la recepción definitiva.
Le consulté al Departamento de Infraestructura de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos cuál era el número de edificaciones que se hallaba en tal situación. Y quedé bastante impactado, porque son alrededor de setecientos cuarteles los que hoy día presentan alguna irregularidad, particularmente con el tema de las ampliaciones.
Muchas veces -alguien ya lo dijo- se cambian los carros en localidades rurales. La gente, a propósito de los últimos incendios forestales, ha podido ver que los que se entregan ahora son más anchos y más altos que los de antes, porque traen incorporados sistemas de agua que son bien impresionantes y que fueron clave en el combate de los siniestros registrados en febrero. Son máquinas completamente nuevas, con una infraestructura algo diferente, que por supuesto hay que mantener y cuidar. Y su incorporación ha supuesto inversiones que, en especial en sectores rurales, ha debido hacerse con fuerza propia, de los propios voluntarios, a fin de generar una mejor convivencia y brindar una óptima atención a los vecinos.
Pero, como digo, hay una enorme cantidad de edificaciones de Bomberos que deben ser regularizadas. Generalmente -insisto en este aspecto-, no se trata de cuestiones estructurales muy profundas, sino, básicamente, de ampliaciones. Pero resulta obvio que cuando se opta a un mejoramiento de la infraestructura a través de una inversión estatal -puede ser un subsidio-, en el momento de pedirse los papeles para efectuar dicha regularización saltan a la vista estos elementos, que retrasan, complican o finalmente impiden obtener el financiamiento requerido para optimizar las dependencias de un cuartel.
Por eso, señor Presidente, a mí me gustan estos proyectos, que son de sentido común y que nacen de oír a la gente.
A mí me tocó -no soy autor de la iniciativa- escuchar a bomberos que luchaban contra los últimos incendios forestales señalar las dificultades que muchas veces enfrentan para lograr ampliar sus locales. Por lo tanto, si el proyecto ayuda a solucionar este problema con rapidez, obviamente que será una muy buena noticia para ellos.
Yo sé que tal vez -y esta es una reflexión más profunda- el día de mañana los cuarteles de bomberos deberán asemejarse más a las instalaciones que en la actualidad tiene Carabineros, institución que, como sabemos, cuenta con otro procedimiento que no requiere un estudio municipal. Es un sistema distinto, muy ordenado, para implementar este tipo de construcciones, que quizás es una aspiración que sea posible concretar más adelante.
En la Región del Maule, este proyecto va a beneficiar a muchos cuarteles rurales que han ampliado sus espacios a fuerza de ñeque para poder entregar un mejor servicio, ya sea por la mayor estructura de los nuevos carros o por el aumento de estos.
Hoy día tener camiones aljibes en los sistemas de bomberos resulta esencial en algunos lugares, particularmente en el sector rural. Ahí se puede declarar un incendio a 50 o 100 kilómetros de distancia, donde solo hay una fuente de agua u otro aljibe de naturaleza regional que se demora mucho en llegar.
Estamos en un mundo que va cambiando, que va evolucionando, y por eso tenemos que dar facilidades. Esto no significa que no haya que hacer las cosas bien. Me refiero a dar facilidades para poder regularizar de mejor manera.
Así que yo, por lo menos, comparto el proyecto. Ahora habrá un procedimiento simplificado para regularizar las edificaciones de Bomberos. Estamos hablando de setecientos cuarteles a lo largo de Chile. Por lo tanto, se aplica a muchos sectores -no a uno o dos- que de esta manera tendrán acceso a otro tipo de inversiones que obviamente irán en beneficio de la gente.
Por eso, señor Presidente, voto con gusto y con decisión a favor de la iniciativa, que creo que va en la línea correcta de hacer un Chile más justo hasta el último rincón del país.
El señor GIRARDI (Vicepresidente).- Señor Secretario.
--Se aprueba la enmienda propuesta por la Comisión de Vivienda y Urbanismo (27 votos a favor).
Votaron las señoras Goic, Muñoz, Lily Pérez y Van Rysselberghe y los señores Allamand, Araya, Bianchi, Coloma, De Urresti, García, Girardi, Guillier, Horvath, Lagos, Letelier, Matta, Montes, Navarro, Ossandón, Pérez Varela, Prokurica, Quintana, Quinteros, Rossi, Tuma, Ignacio Walker y Andrés Zaldívar.
El señor GIRARDI (Vicepresidente).- Además, se deja constancia de la intención de voto favorable de los Senadores señora Von Baer y señor Chahuán.
El señor LABBÉ (Secretario General).- A continuación, siguiendo el orden del proyecto, correspondería votar la indicación renovada que se ha presentado, la cual tiene por objeto sustituir, en el inciso primero del artículo único, el plazo de regularización que ahí figura, de "tres años" por "cinco años".
--Se aprueba la indicación renovada (18 votos a favor).
Votaron las señoras Goic, Muñoz y Lily Pérez y los señores Araya, Bianchi, Coloma, De Urresti, García, Girardi, Horvath, Hernán Larraín, Letelier, Matta, Ossandón, Pérez Varela, Prokurica, Rossi e Ignacio Walker.
El señor GIRARDI (Vicepresidente).- Asimismo, se deja constancia de la intención de voto favorable de los Senadores señores Quintana, Quinteros, Chahuán y Tuma.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Ahora correspondería poner en votación la indicación que unánimemente se autorizó para ser presentada, la cual tiene por propósito incorporar al artículo único un inciso final del siguiente tenor: "Además, en esta materia regirá lo establecido en el número 1 del artículo 41 del decreto ley N° 3.063, de 1979, sobre rentas municipales, en lo relativo a rebaja de derechos.".
El señor GIRARDI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor García.
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, durante la tramitación de este proyecto en la Comisión de Vivienda del Senado le solicitamos a la titular del ramo que incorporara una norma que estableciera una exención de derechos municipales por la construcción de edificaciones para Bomberos. Ella, naturalmente, dijo que lo debía consultar con el Ministerio de Hacienda, y probablemente fue lo que impidió que dicha indicación llegara.
En reemplazo de tal exención, que realmente sería lo mejor y que fue lo que la institución nos pidió, estimamos que a lo menos debiera quedar la referencia que figura en el texto propuesto, para que los cuerpos de bomberos puedan solicitar a los respectivos concejos municipales que se aplique la norma ya vigente y así lograr una rebaja en el pago de los derechos municipales. Naturalmente, cada concejo estará facultado para resolver si acepta o no la petición que se le haga.
Nos parece bueno que de manera ilustrativa, de manera informativa, esta norma, que ya existe en la Ley de Rentas Municipales, quede incorporada en esta iniciativa, que beneficia a Bomberos de Chile.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, entendiendo el objetivo de la indicación, me gustaría tener clara su admisibilidad. Y no lo planteo porque esté en desacuerdo con el tema de fondo.
Los municipios, si quieren, pueden darles una subvención a los bomberos para que estos paguen derechos que les permitan regularizar sus construcciones y así evitar que este trámite resulte algo oneroso para ellos. Entiendo que ese es el espíritu de la norma. Sin embargo, no creo que tengamos atribución para proponer lo que señala la indicación y que esta sea estimada admisible. Porque, si pudiéramos hacerlo acá, también podríamos hacerlo en varias otras disposiciones.
Aquí se hace referencia al número 1 del artículo 41 del decreto ley N° 3.063, de 1979, sobre rentas municipales, en lo relativo a rebaja de derechos, pero yo entiendo que no tenemos una atribución de tal naturaleza, señor Presidente.
Por lo tanto, me gustaría que la Mesa o los autores de la indicación se pronunciaran al respecto, porque en esta materia tenemos que ser del todo rigurosos, más allá de la simpatía que le tengamos a la causa.
Entonces, le pido un pronunciamiento a la Mesa.
El señor GIRARDI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor García.
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, por su intermedio, quiero señalar al Senador señor Letelier que esta norma ya existe, ya rige. Toda persona o institución puede recurrir al respectivo concejo municipal a fin de solicitar la rebaja de los derechos municipales correspondientes.
Simplemente queremos ponerlo en esta ley en proyecto, de manera informativa, de manera ilustrativa.
Lo ideal sería que durante la tramitación de esta iniciativa en la Cámara de Diputados fuera posible lograr -como lo hicimos para la regularización de las propiedades- la exención por ley. Porque se puede producir la siguiente situación: que un concejo municipal resuelva rebajar los derechos en 50 por ciento; otro en 80 por ciento; otro en 90 por ciento. Al final, se podrían generar una serie de situaciones difíciles.
No tenemos una norma que exima de derechos, para cuya existencia sí se requiere patrocinio del Ejecutivo. En este caso no se necesita, pues ya se contempla en la Ley de Rentas Municipales.
Hoy día toda persona puede pedirle al concejo municipal la rebaja de derechos. En esta iniciativa simplemente proponemos que Bomberos, asimilándose a lo que ya existe, también pueda hacerlo.
El señor BIANCHI.- ¡En votación, señor Presidente!
El señor GIRARDI (Vicepresidente).- En votación la indicación.
--Se aprueba la indicación que incorpora un inciso final, nuevo, al artículo único (20 votos a favor), quedando el proyecto aprobado en particular y despachado en este trámite.
Votaron las señoras Goic, Muñoz, Lily Pérez y Von Baer y los señores Araya, Bianchi, Chahuán, Coloma, De Urresti, García, Girardi, Horvath, Hernán Larraín, Letelier, Ossandón, Pérez Varela, Prokurica, Quintana, Quinteros e Ignacio Walker.
El señor GIRARDI (Vicepresidente).- Senador señor Letelier, ¿pidió la palabra?
El señor LETELIER.- Señor Presidente, disculpe, quiero dejar una constancia sobre una consulta que formule en forma previa.
Debo decir que la referencia a que aludí se hace al Título VII de la Ley de Rentas Municipales, en cuanto a los recursos obtenidos por concesiones de permisos o pago de servicios, y en su artículo 41 no se establece el derecho a petición.
Hago presente lo anterior, porque nosotros prometimos -o juramos, según la opción de cada uno- respetar las leyes y la Constitución. Y aquí no se hace una referencia al derecho a petición.
Si bien acepté la argumentación del colega García Ruminot -por su intermedio, señor Presidente-, porque entendía que era como él lo indicaba, el texto que me han pasado dice otra cosa.
Por ello, a menos que se me pueda clarificar el punto, pido el pronunciamiento de la Mesa.
Por muy votado que esté, como dicen algunos, yo entiendo que todos deberíamos respetar con altura lo que dice la Constitución y la ley. Es nuestra obligación.
El señor GARCÍA.- Gracias por permitirme hacer la aclaración, señor Presidente.
El artículo 41 de la Ley de Rentas Municipales, numeral 1, señala en lo pertinente: "Las tasas de los derechos establecidas en el primero de los textos citados -se refiere a cobrar derechos- son las máximas que pueden cobrarse pudiendo las municipalidades rebajarlas.".
Naturalmente, para rebajarlas se debe presentar una solicitud. Se puede hacer motu proprio, pero el derecho a petición está consagrado en nuestra Constitución Política y este mecanismo tiene que operar a través de que alguien pida la respectiva rebaja.
Aquí está la facultad para que las municipalidades puedan rebajar estos derechos de construcción, señor Presidente, y a eso me refería.
El señor GIRARDI (Vicepresidente).- Conforme al acuerdo de los Comités, corresponde poner en discusión el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica el decreto ley N° 3.500, de 1980, que establece nuevo sistema de pensiones, con el objeto de eliminar el beneficio de que gozan las AFP en materia de intereses de las cotizaciones previsionales adeudadas.
El señor LABBÉ (Secretario General).- El objetivo de la iniciativa es establecer que los reajustes e intereses que derivan del cobro de cotizaciones previsionales adeudadas, incluidos sus recargos, serán abonados conjuntamente con el valor de las cotizaciones en la cuenta de capitalización individual del afiliado. Asimismo, se propone que solo serán de beneficio de la respectiva administradora de fondos de pensiones las costas de cobranza que hubieren obtenido.
La Comisión de Trabajo y Previsión Social discutió este proyecto en general y en particular por tratarse de aquellos de artículo único, y lo aprobó en general y en particular, con las modificaciones que consigna en su informe, por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadoras señoras Goic y Muñoz y Senadores señores Larraín y Letelier.
El texto que se propone aprobar se consigna en la página 15 del informe de la Comisión de Trabajo y Previsión Social y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
El señor GIRARDI (Vicepresidente).- En la discusión general, tiene la palabra la Senadora señora Goic.
La señora GOIC.- Señor Presidente, quiero destacar que el presente proyecto se originó en una moción presentada por la Diputada Sepúlveda, quien la encabezó, así como por las Diputadas Girardi, Pascal y los Diputados Alvarado, Andrade, Boric, Fuentes, Mirosevic, Pérez y Vallespín.
Lo hemos tramitado con celeridad en la Comisión de Trabajo porque beneficia a los cotizantes mediante la modificación del decreto ley N° 3.500, de 1980, que establece el sistema actual de pensiones, con el objeto de eliminar el beneficio de que gozan hoy día las AFP en materia de intereses de cotizaciones previsionales adeudadas.
Como ese objetivo tiene relación con el no pago del empleador de las cotizaciones previsionales y, a su vez, con la obligación de las administradoras de fondos de pensiones de ejercer las acciones necesarias para el cobro de tales cotizaciones, así como con el abono de los intereses que se devenguen en la cuenta del afiliado y con los que son en beneficio de la administradora, es importante resaltar que el inciso vigésimo del artículo 19 del decreto ley N° 3.500 es modificado en el proyecto que despachó la Cámara de Diputados.
Se propone que los reajustes e intereses que deriven del cobro de cotizaciones previsionales adeudadas, incluidos sus recargos, sean abonados, conjuntamente con el valor de las cotizaciones, en la cuenta de capitalización individual del afiliado. Es decir, que sean de beneficio del trabajador, en este caso, no solamente la cotización adeudada, sino también los intereses que se generaron en el tiempo en que estuvo en mora el empleador.
En la actualidad, el 20 por ciento de la parte del recargo de los intereses y las costas de cobranza son de beneficio de las AFP. En este punto conviene tener presente que el recargo de esos intereses alcanza a 50 por ciento -no es una cifra menor-, según lo disponen los incisos decimoprimero y decimosegundo del mismo artículo 19 del decreto ley Nº 3.500.
En la Comisión de Trabajo y Previsión Social se tomó conocimiento de que la versión original del referido cuerpo legal no contemplaba tal beneficio para las AFP, el que fue agregado por la ley Nº 18.646, publicada el 28 de agosto de 1987.
Además, y como lo suscribió la Ministra del Trabajo y Previsión Social en el informe de productividad que envió a la Comisión, los recargos a favor de las administradoras representan aproximadamente el 4 por ciento de la deuda previsional recuperada por mes, lo que equivale a 560 millones de pesos, cifra no menor.
Teniendo a la vista toda esa información y otros datos entregados por distintas autoridades -incluida la propia Diputada Alejandra Sepúlveda, quien nos acompañó en la tramitación de este proyecto en el Senado-, la Comisión acordó, por la unanimidad de sus integrantes presentes (Senadora Muñoz, Senadores Larraín y Letelier y quien habla), aprobar el texto despachado por la Cámara Baja, con modificaciones, algunas de carácter formal y otras que implican la incorporación de dos normas transitorias.
En consecuencia, la redacción que se propone hoy a la Sala señala que los reajustes e intereses, incluidos los recargos, serán abonados conjuntamente con el valor de las cotizaciones en la cuenta individual del afiliado. Las AFP percibirán solo las costas de cobranza, que, según explicó el Superintendente de Pensiones, equivalen a cifras de bajo monto.
Asimismo, en las disposiciones transitorias se contempla que la ley entrará en vigencia el día primero del mes posterior a su publicación en el Diario Oficial y que no será aplicable a los intereses, incluidos los recargos devengados y no pagados, respecto de los cuales las AFP hayan iniciado la cobranza antes del 1º de abril de 2017.
Eso es parte de lo que incorporamos en la Comisión de Trabajo.
Señor Presidente, este proyecto es una primera forma de paliar el déficit que presentan los montos de las pensiones entregadas por el sistema de capitalización individual, por lo que solicito a la Sala que se pronuncie de manera favorable, igual como lo hizo el órgano técnico. De esa forma, en un corto tiempo podrá ser una realidad que irá en beneficio de muchos compatriotas que hoy día cotizan en el sistema de AFP.
En consecuencia, pedimos a nuestros colegas la aprobación de esta iniciativa.
Y, si es posible, solicito que se abra la votación de inmediato.
El señor LARRAÍN.- ¿Hay algún problema en abrir la votación, señor Presidente?
El señor GIRARDI (Vicepresidente).- No, Su señoría, si están todos de acuerdo, procederemos a votar.
El señor GIRARDI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Hernán Larraín.
El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, tal cual lo ha manifestado la Presidenta de la Comisión de Trabajo, el proyecto que nos ocupa se originó en una moción presentada por una serie de Diputados.
Creo que lo propuesto viene a hacer justicia respecto de una situación puntual.
Los empleadores, gracias a una ley que se dictó en un momento de mucha aflicción económica, pueden postergar el pago de las cotizaciones previsionales. Ello implica que las administradoras de fondos de pensiones deben preocuparse de que se entere el monto adeudado.
Sin embargo, los plazos de recuperación son variables. De hecho, el 46 por ciento de las cotizaciones declaradas y no pagadas es cubierto por los empleadores dentro del primer mes luego de la declaración y el no pago, y el 84 por ciento es pagado durante la etapa prejudicial, léase dentro de los primeros seis meses, porque solo entonces procede la cobranza judicial.
Se juntan recursos en esta materia. Son muchos los fondos albergados en tierra de nadie.
Pero cuando los tribunales decretan el pago -o antes si hay acuerdo-, también se tienen que cancelar los reajustes e intereses correspondientes, más las costas de cobranza, que deben ser de cargo de la entidad responsable en este ámbito.
Cabe preguntarse: ¿a quién benefician esos fondos? ¿A quién benefician los reajustes e intereses? ¿A quién benefician los costos de cobranza?
Hoy día el grueso de todo ello va a manos de las AFP.
El proyecto en análisis propone que sean de los afiliados los recursos provenientes de las cotizaciones adeudadas y de sus reajustes e intereses. Esos fondos son los que correspondería haber abonado a las cuentas individuales, de haberse enterado a tiempo.
Por cierto, los costos de cobranza, que han sido de cargo de las AFP, deben ser recuperados por estas.
Me parece que de esa manera los cotizantes no sufren ningún perjuicio. Se recuperan recursos que les pertenecen -¡les debieron pertenecer siempre!- y se les devuelve a las administradoras los montos de los gastos en que incurrieron para lograr que se enteren las cotizaciones previsionales que algunos empleadores no pagaron oportunamente.
Por esa razón y luego de introducir algunos cambios relativos a la entrada en vigencia de la ley y al efecto de retroactividad, que no debe establecerse para no generar problemas respecto de lo obrado en el pasado, hemos aprobado esta iniciativa en la Comisión.
Espero que el Senado proceda de la misma forma, porque es de toda justicia que los reajustes e intereses de las cotizaciones no pagadas, cuando se enteren, sean abonados a las cuentas de los afiliados y que las AFP recuperen las costas de cobranza.
La señora MUÑOZ.- Señor Presidente, en la misma línea de lo señalado por el Senador y la Senadora que me han antecedido, creo sumamente oportuno este proyecto. Por eso felicito a la Diputada Alejandra Sepúlveda, quien presentó la moción que le dio origen.
Digo que es oportuno porque -¡qué duda cabe!- el sistema previsional, sustentado en las administradoras de fondos de pensiones, está en una crisis evidente. Hay un fracaso del sistema, cuyo propósito central debiera ser pagar pensiones justas y dignas.
La promesa inicial del decreto ley Nº 3.500, del año 81, fue entregar una tasa de reemplazo de 70 por ciento. ¡Hoy día no alcanza a 30 por ciento!
La preocupación, entonces, radica en cómo avanzar hacia la construcción de un sistema distinto, más justo.
Mientras buscamos la fórmula adecuada y reunimos voluntad política para superar la modalidad actual, que solo se basa en la capitalización individual, y avanzar hacia un sistema mixto de pensiones, como lo han hecho otros países del mundo; mientras no tengamos la opción de decidir dónde depositar nuestros ahorros previsionales, creo que este proyecto viene a corregir una irregularidad que se ha producido desde hace bastantes años.
Cabe recordar que la disposición legal que la hacía posible no estaba incluida en el texto original del decreto ley Nº 3.500, del año 81. Se incorporó recién en 1987, en dictadura, mediante una ley miscelánea que introdujo numerosas modificaciones al referido decreto.
Ahí se estableció que el 20 por ciento de los intereses que devenguen las cotizaciones adeudadas, en vez de ir a las cuentas de los trabajadores, fuese a las AFP.
La encuesta de opinión encargada por la denominada "Comisión Bravo" señala que existe una muy baja legitimidad del sistema: 72 por ciento de las personas consultadas manifiestan querer un cambio total de sistema; 66 por ciento considera que las bajas pensiones son responsabilidad de las AFP, y 60 por ciento está muy en desacuerdo con la expresión "Me da tranquilidad que las AFP administren los ahorros de pensión".
O sea, la situación es compleja, señor Presidente.
A mi juicio, los casi 600 millones de pesos que recaudan mensualmente las administradoras por concepto del 20 por ciento de los intereses devengados deberían ir a las cuentas de los afiliados y no a manos de las AFP. Mientras debatimos y buscamos construir voluntad política para impulsar un cambio estructural y de fondo al actual sistema, tales recursos irán a engrosar las menguadas cuentas individuales de los cotizantes chilenos.
Por eso, señor Presidente, así como la Comisión de Trabajo dio su apoyo transversal a esta iniciativa, sería muy importante que la Sala se pronunciara afirmativamente. De esta forma, de una vez por todas se haría justicia ante el problema que afecta a las cuentas individuales de ahorro, que en realidad se origina en las cobranzas que deben hacer las AFP, debido a un ilícito existente en nuestro país que no hemos logrado resolver: la declaración y el no pago de cotizaciones. Aquí hay apropiación indebida de recursos de los trabajadores -recordemos que se les retiene el 20 por ciento de su remuneración-, que muchas veces no llegan a sus cuentas de capitalización individual.
En consecuencia, señor Presidente, voto a favor con mucho entusiasmo, pues considero que el proyecto resulta muy oportuno.
El señor GIRARDI (Vicepresidente).- Senador señor Bianchi, tiene la palabra.
El señor BIANCHI.- Señor Presidente, aquí estamos frente a otro de los tantos abusos que deben sufrir los cotizantes de las administradoras de fondos de pensiones. Y en realidad es doble, pues por un lado tenemos los dineros generados por concepto de intereses de cotizaciones adeudadas que las AFP se quedan, y por otro, el incumplimiento del empleador que declara la cotización, no la paga oportunamente y luego lo hace de manera desfasada, lo cual provoca esta situación por completo abusiva e injusta para el cotizante.
Voy a apoyar este proyecto de ley -aunque aquí casi estamos legalizando el incumplimiento de parte del empleador que no paga a tiempo las cotizaciones-, porque impide a las AFP, que ya realizan el cobro de intereses por cotizaciones adeudadas, producto del seguimiento judicial que hacen de tal incumplimiento, quedarse con esos recursos. Sin embargo, tal como señaló la Senadora Muñoz, que me antecedió en el uso de la palabra, quiero expresar que no hemos sido capaces de abordar en el país la situación anómala, permanente, en la que muchos empleadores, algunos por obligación y otros por malos hábitos o malas costumbres, faltan a su deber con sus trabajadores; y ni hablar -como bien lo hizo ver el Senador Prokurica- de los municipios, de las corporaciones municipales, del propio Estado en materia de incumplimientos relativos a la situación previsional de sus funcionarios.
No obstante, hay otros abusos que son bastante más groseros, o tan groseros como este, señor Presidente.
Por ejemplo, las AFP cobran por administrar y colocar los dineros de sus afiliados, pero el abuso mayor ocurrió cuando en cierto momento se crean los multifondos -categorizándolos en A, B, C, D y E- y se permite su movilidad, pues lo que se hizo no fue otra cosa que traspasar al cotizante toda la responsabilidad en las pérdidas que experimentan las AFP producto de la administración de dichos fondos.
Antes de tal modificación, las propias AFP tenían que asumir -¡como debe ser!- la carga por su irresponsabilidad en materia de administración de los fondos del cotizante. Sin embargo, luego de permitirse la movilidad de los multifondos, en definitiva quien asume los costos y los perjuicios es el afiliado.
Reitero que votaré favorablemente este proyecto de ley, no sin antes reclamar que en el país se debe discutir en serio, de una buena vez, la posibilidad de contar con un sistema previsional distinto del que hoy nos rige.
Ello es urgente, responde al clamor ciudadano, a una necesidad humana. Por lo tanto, nosotros, como Congreso, debemos informarle al país lo antes posible que abordaremos el debate respectivo, el cual no se ha podido llevar a cabo en los últimos años por los múltiples intereses que la materia involucra.
Por mi parte, insisto, una vez más, en que debemos ser capaces de discutir, zanjar y resolver el reclamo que nos hacen los cotizantes de nuestro país en el sentido de que debe haber una transformación del sistema previsional.
El señor PROKURICA.- Señor Presidente, está muy claro que lo planteado por el Senador Carlos Bianchi, quien me antecedió en el uso de la palabra, es la verdad: la gran discusión de estos tiempos -no cabe ninguna duda- es cómo mejorar las pensiones de los chilenos, especialmente las más bajas.
No hay ningún candidato presidencial, no hay ningún partido político, no hay ningún centro de pensamiento que no esté en este minuto tratando de generar ideas nuevas para mejorar la condición de las chilenas y los chilenos que perciben las pensiones más bajas.
Este proyecto de ley va en la línea correcta: mejorar las pensiones de las personas, sustituyendo la disposición que estableció que los intereses por no pago o por pago atrasado de las cotizaciones previsionales fueran en beneficio de las AFP.
No hay duda alguna de que se trata de un paso importante.
Por eso hay que felicitar a los autores de la presente moción, porque nadie había planteado este tema. Poco a poco, se van generando las condiciones para que ese grupo de chilenos y chilenas que recibe pensiones bajas pueda ir mejorando.
Sin embargo, quiero llamar la atención de los Senadores y las Senadoras presentes respecto de una situación que está ocurriendo día a día y que afecta a las personas que perciben las más bajas pensiones de nuestro país. Se trata, nada más ni nada menos, que del caso de 60 mil chilenos que, teniendo derecho a recibir un beneficio que responde al esfuerzo de todo el país, que se aprobó en algún minuto del Gobierno anterior de la Presidenta Bachelet, y para lo cual se hizo una reforma tributaria, hoy día no lo están percibiendo.
Me refiero al denominado "Pilar Solidario", que es una ayuda que todos los chilenos, a través de la recaudación fiscal, entregan a las personas que reciben pensiones bajas, las cuales pueden llegar hasta los 300 mil pesos con dicho apoyo.
Sin embargo, en la actualidad, de acuerdo a la información oficial del IPS, hay 60 mil chilenos que, pudiendo tener acceso al Pilar Solidario, este beneficio aprobado por ley, cuyos recursos además están contemplados en la Ley de Presupuestos de la Nación, no lo reciben, porque hoy día se halla establecido que solo lo percibirán quienes lo reclamen, si cumplen las condiciones que se exigen.
Entonces, estamos francamente ante una realidad increíble, porque el Gobierno se halla en conocimiento de la situación de estos ¡60 mil chilenos! pertenecientes a las familias más vulnerables del país, los cuales reciben las pensiones más bajas, quienes no tienen acceso al Pilar Solidario, porque ignoran su derecho a percibirlo.
Cabe preguntar: ¿existe realmente preocupación por las personas de más escasos recursos? Pareciera que no.
El problema se lo denuncié a la Ministra del Trabajo en enero de este año.
¿Y qué planteo yo? Que aquellas personas que reúnan los requisitos establecidos por ley para acceder a dicho beneficio automáticamente empiecen a recibirlo.
Fíjese, señor Presidente, que incluso algunas de las personas que se han dado cuenta de que tenían tal beneficio, al ir a reclamarlo y hacer presente que debían recibirlo hace tres años, se les responde que no se paga con efecto retroactivo.
Entonces, se debe hacer el esfuerzo para que esos 60 mil chilenos empiecen a recibir este aporte, de manera automática.
Yo presenté un proyecto de ley al respecto, que por supuesto necesita el patrocinio del Ejecutivo. No obstante, espero que el Gobierno envíe una iniciativa igual o parecida, o patrocine la mía, porque me parece una vergüenza y una total insensatez que, habiéndose establecido por ley este beneficio, que habiéndose consignado los recursos pertinentes en la Ley de Presupuestos, hoy día haya 60 mil chilenos que no lo reciban solo porque desconocen su derecho a obtenerlo.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, la declaración y el no pago de las cotizaciones a las AFP se han discutido en el Congreso durante más de 20 años.
En reiteradas ocasiones, varios parlamentarios -algunos desde la época en que fuimos Diputados- presentamos iniciativas para que se entienda como "apropiación indebida" o se prohíba la declaración y no pago. Por desgracia, desde las bancas de la Derecha siempre se ha encontrado una razón o un fundamento para votar en contra.
El señor MONTES.- ¡Desde 1992!
El señor LETELIER.- ¡Desde el año 1992 venimos planteando esto!
Y lo señalo, señor Presidente, porque aquí se realiza el robo de una parte de la remuneración de los trabajadores, quienes por ley están obligados a ahorrar para sus pensiones.
El proyecto en discusión pretende subsanar la agravante de esta situación abusiva, donde se permite declarar y no pagar las cotizaciones de los trabajadores. Esto ocurre tanto en el sector público como en el privado.
Es más. Diría que este proyecto de ley surgió porque los municipios no pagan las remuneraciones a tiempo. Tampoco las cotizaciones. Al no pagar las cotizaciones, el Ministerio de Educación retiene las transferencias de las subvenciones. Y, finalmente, terminamos constatando que miles de millones de pesos que esa Cartera transfiere a los municipios para pagar la subvención escolar, que es la principal fuente de pago de remuneraciones de los profesores, estaban llegando directamente a los bolsillos de las AFP.
Por tanto, existe una doble perversión.
Este mecanismo de declaración y no pago se mantiene. ¡Debería quedar absolutamente erradicado! Uno no se explica por qué a finales de la dictadura se les regaló esta caluga adicional a las AFP.
En varias ocasiones se ha tratado de eliminar esta situación abusiva. Hoy existe un debate de otra naturaleza respecto al sistema previsional de nuestro país, el cual está cuestionado no solo por el monto de las pensiones que entrega, no solo por el incumplimiento de su promesa inicial; sino también porque privados con fines de lucro están administrando la plata de los trabajadores, una masa de riqueza gigantesca: más de 181 mil billones de pesos. Además, ello condiciona el funcionamiento del mercado de capitales de nuestro país, que es muy pequeño, lo que lleva al absurdo de que las platas de los trabajadores de Chile sean las que muchas veces financien empresas que están en la bolsa, a la cual acceden para hacer sus inversiones, y que obtienen por esa vía utilidades bastante más grandes que lo que reciben los trabajadores por estos ahorros.
Señor Presidente, esta norma es básica y simple: cuestiona dónde va un porcentaje de las multas que se cobran por este mecanismo tan perverso de la declaración y no pago, cuando las AFP son las encargadas de cobrar. Recordemos que se les tuvo que obligar por ley a cobrar las cuotas atrasadas.
Creemos que es de toda justicia aprobar este proyecto.
Espero que los votos que existen hoy también estén disponibles mañana para abrir un debate previsional serio.
A uno de los Senadores que me antecedió en el uso de la palabra le gusta hablar del tema de las platas del Estado...
Le pido solo un minuto para redondear, señor Presidente.
El señor GIRARDI (Vicepresidente).- Continúe, señor Senador.
El señor LETELIER.- Él señaló que el APS -es decir, la cuota adicional que el Estado aporta para las pensiones más bajas- debería ser automático.
Yo creo que es cierto: el pago debería ser automático -lo hemos hecho en otros casos-, sin que las personas tengan que solicitarlo.
Espero que dicho colega esté de acuerdo también en que el Estado debe contar con mayores atribuciones en previsión. En particular, para lograr suficiencia, equidad y solidaridad, tres principios básicos de la seguridad social de los que nuestro país carece y que serán parte del tema de fondo que se abrirá con la presentación que hará la Presidenta Bachelet dentro de poco, consistente en aumentar el ahorro del 10 al 15 por ciento.
Probablemente, nosotros vamos a pedir que pasemos de ese 15 a 18 por ciento, pero siempre que se administre sin fines de lucro.
El señor GIRARDI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Horvath.
El señor HORVATH.- Señor Presidente, los argumentos a favor de este proyecto ya han sido expuestos.
En primer lugar, quiero felicitar a sus autores y autoras, miembros de la Cámara de Diputados, porque buscaron el punto exacto en que el Parlamento sí tiene atribuciones, ya que se regula el cobro de una deuda y sus intereses -como dice el propio informe-, lo que no está previsto en las restricciones que establece la Carta Fundamental.
En segundo lugar, también se hacen cargo de que este sistema requiere una reforma mayor. Y, como recién analizamos aquí con mi colega el Senador Prokurica, hay que hacer una reforma urgente para los sectores más desposeídos, que reciben jubilaciones mínimas.
Desde luego, esta iniciativa es de toda justicia, pues la integridad de los intereses debe ser del afiliado y no del órgano administrador.
En esta materia, los parlamentarios, dentro de sus posibilidades, han sido particularmente propositivos hacia el Ejecutivo. Una de las sugerencias -hay ejemplos buenos y malos en otros países- es que los afiliados puedan acceder a determinados montos de su cuenta de previsión individual. Cuando hay problemas de salud importantes, cuando no se dispone de una vivienda o cuando sí se tiene la alternativa de hacer un negocio que genere más rentabilidad que la propia previsión, no veo por qué nosotros deberíamos coartar esa posibilidad.
Así que estamos a la espera de que el Gobierno, conforme a sus atribuciones, envíe pronto esta reforma que tanto requiere el país.
--Se aprueba en general el proyecto (20 votos a favor) y, por no haber sido objeto de indicaciones ni haberse pedido plazo para tal efecto, queda aprobado también en particular y despachado en este trámite.
Votaron las señoras Goic, Muñoz y Von Baer y los señores Araya, Bianchi, Chahuán, Coloma, De Urresti, Girardi, Horvath, Hernán Larraín, Letelier, Montes, Ossandón, Pérez Varela, Prokurica, Quintana, Quinteros, Ignacio Walker y Patricio Walker.
El señor GIRARDI (Vicepresidente).- Se deja constancia de la intención de voto favorable del Senador señor Guillier.
Boletín N° 10452-03
El señor GIRARDI (Vicepresidente).- Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en moción de los Senadores señoras Van Rysselberghe y Von Baer y señores Pérez Varela y Tuma, que modifica la ley N° 19.496, que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores, disponiendo garantías para los bienes durables, con informe de la Comisión de Economía.
--Los antecedentes sobre el proyecto (10.452-03) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción de los Senadores señoras Van Rysselberghe y Von Baer, y señores Pérez Varela y Tuma):
Economía: sesión 78ª, en 4 de enero de 2017.
El señor LABBÉ (Secretario General).- El objetivo principal del proyecto es regular la garantía de los bienes muebles durables que por su esencia han de tener larga vida útil en manos del consumidor, como los electrodomésticos, los productos tecnológicos y los vehículos.
La Comisión de Economía discutió la iniciativa solamente en general, y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros, Senadores señora Lily Pérez y señores Moreira, Pizarro, Quinteros y Tuma.
El texto que se propone aprobar en general se transcribe en las páginas 80 a 82 del primer informe de la Comisión y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
La señora VON BAER.- Señor Presidente, este proyecto de ley busca resguardar los derechos de los consumidores ampliándolos.
Hoy día la ley N° 19.496, sobre protección de derechos de los consumidores, al regular en el artículo 21 la garantía del comprador no distingue si el bien adquirido es durable en el tiempo o no -o sea, no hay diferencia entre, por ejemplo, una prenda de vestir y un electrodoméstico- y, por tanto, fija un plazo común de tres meses.
Dicha garantía le otorga al consumidor el derecho de solicitar, a su elección, la reparación gratuita del bien, su reposición o la devolución de la cantidad pagada en caso de que falle o no sea apto para el uso para el que se adquirió, siempre y cuando ello no se deba a un hecho imputable al comprador.
La condición para ejercer el derecho de garantía legal, que puede exigirse ante el vendedor, el fabricante o el importador, es la presentación del producto con la boleta o con el medio de pago que acredite la compra.
Debido a que existen bienes cuya duración excede con mucho el plazo de tres meses estipulado para la vigencia de la garantía legal, se genera un problema.
En efecto, es posible que un bien muy duradero -por ejemplo, un electrodoméstico- no presente ninguna dificultad dentro de los tres meses posteriores a la compra, pero que sí falle durante el primer semestre, no obstante que se adquirió en el entendido de que iba a durar más.
Hay una diferencia entre comprar un producto que puede echarse a perder antes de los tres meses y, por ejemplo, un electrodoméstico o un auto, respecto de los cuales se considera una duración bastante mayor y su aptitud para el uso previsto.
Tan así es que las mismas empresas han comenzado a generar las llamadas "garantías comerciales", que permiten extender tanto el plazo de la garantía legal cuanto su cobertura, pero sobre la base del pago de determinado monto por parte del consumidor. Por ejemplo, uno va a comprar un bien y le dicen: "Si cancela esta cantidad adicional, podrá extender la garantía por mucho tiempo más".
El problema radica en que aquel mecanismo, como dije, se basa en el pago de un monto adicional de cargo del consumidor.
En consecuencia, las condiciones de esa garantía son fijadas unilateralmente por las empresas. ¿Por qué? Porque la ley vigente no exige un tiempo mayor y no distingue en cuanto a los bienes que debieran tener una garantía más larga.
Por eso presentamos este proyecto, que va en la línea de lo que sucede actualmente, por ejemplo, en la Unión Europea, donde se ha establecido una garantía legal libre de costo y que debe tener un mínimo de dos años de vigencia, plazo que no puede reducirse. Incluso, es factible que las legislaciones internas contemplen plazos mayores, siempre que la modificación vaya en beneficio del consumidor.
Acá estamos planteando que debe existir una diferenciación entre los bienes de menor duración y los de vida útil más prolongada (por ejemplo, un electrodoméstico, un auto), y que respecto de estos últimos la garantía para el comprador sea de dos años. Sin duda, en este caso el plazo tiene que ser superior, porque partimos de la base de que cuando compramos un bien durable él no es desechable. Por ejemplo, si adquirimos un electrodoméstico suponemos que podrá usarse por un tiempo extenso y que, en consecuencia, la garantía ha de ser por un lapso mayor que el establecido en la ley vigente, que llega a tres meses.
En tal sentido se presentó este proyecto, el que fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Economía.
Ojalá que Sus Señorías apoyen la idea de legislar, pues, a nuestro juicio, implica un avance muy importante, ya que se les dará mayor resguardo a los consumidores, quienes, cuando compran un bien durable, esperan que tenga una vida útil mayor y, por consiguiente, que la garantía esté en línea con ello.
Esta iniciativa contó también con el respaldo del Gobierno.
Entendemos que durante la discusión particular deberemos introducirle modificaciones para hacerla más específica.
Creemos -repito- que la ley en proyecto avanza en la dirección correcta de proteger en mejor forma a los consumidores cuando compren bienes durables.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Les pido a los Comités que llamen a sus Senadores, para evitar problemas con el quorum.
Se solicitó abrir la votación.
Recabo la autorización de la Sala para que, por algunos minutos, me remplace en la testera la Honorable señora Muñoz.
La señora MUÑOZ (Presidenta accidental).- En votación general el proyecto.
La señora MUÑOZ (Presidenta accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Quinteros
El señor QUINTEROS.- Señora Presidenta, tal como se ha dicho acá, en toda compra va envuelta una garantía legal de tres meses en caso de disconformidad entre el producto y lo estipulado en el contrato.
La iniciativa que estamos votando se relaciona con el aumento del plazo de la garantía legal tratándose de los bienes durables.
Ese tipo de bienes constituye una nueva categoría que propone la ley en proyecto. Ella no se encuentra recogida en nuestra legislación, pero sí en la doctrina, que la ha considerado una categoría especial.
Entre los bienes durables hallamos productos que no se desgastan con poco uso, como los automóviles, los artículos tecnológicos, los electrodomésticos, en fin.
La Ley del Consumidor, si bien a lo largo de los años ha avanzado enormemente en ciertos aspectos en materia de garantías, en este caso específico adolece de una falencia.
Se ha advertido que todos los bienes existentes en el mercado, sin distinción, tienen una garantía legal de tres meses, durante los cuales el consumidor puede devolver el producto adquirido, pedir de vuelta el dinero pagado por él o cambiar por otro el artículo comprado.
En la Comisión de Economía, de la que formo parte, al analizar este proyecto nos preguntamos qué efectos tenía la normativa vigente y si era necesario cambiarla.
La respuesta fue que sí debía modificarse, por las siguientes razones.
Primero, los bienes no son todos iguales; por tanto, podrán fallar en distintos momentos de su vida útil.
Segundo, existen algunos bienes, como los automóviles nuevos, que rara vez podrán fallar dentro de los tres primeros meses, precisamente porque tienen la calidad de durables.
Tercero, hay otros bienes, como ciertos tipos de electrodomésticos (por ejemplo, los refrigeradores nuevos), que probablemente tampoco fallarán en el curso de los tres primeros meses.
Este proyecto, señora Presidenta, se hace cargo de una realidad actual. Y, en tal virtud, en la Comisión hemos escuchado a varios expositores, quienes en su totalidad han concordado en la necesidad de establecer normas que resguarden realmente a los consumidores frente a los problemas que puedan surgir de la adquisición de un producto y, por tanto, en que tratándose de bienes distintos deberían fijarse también plazos de garantía legal diferentes.
Reafirmamos que los derechos de los consumidores son importantes para el correcto funcionamiento del mercado. Sin embargo, tenemos presente asimismo el justo equilibrio que debe existir con los demás actores.
Por eso, hemos de buscar las fórmulas más correctas para perfeccionar el proyecto que estamos votando, mediante el cual se plantea la extensión a dos años del plazo de la garantía en el caso de los bienes durables.
En virtud de las razones expuestas, voto a favor de la idea de legislar.
La señora MUÑOZ (Presidenta accidental).- Tiene la palabra el Honorable señor Prokurica.
El señor PROKURICA.- Ante todo, Su Señoría, la felicito por haber vuelto a la Mesa del Senado. Y ojalá se quede mucho tiempo más: lo ha hecho muy bien.
Señora Presidenta, en el camino de la defensa de los derechos de los consumidores, este es, sin duda, un paso adelante -no un paso abusivo como han planteado algunos- en la línea de hacer una diferencia con respecto a la garantía de los bienes hechos para durar un período largo, que no se deterioran o no se consumen rápidamente.
Como muy bien acaba de señalarlo el Senador Quinteros, los productos de larga duración fallan muy raramente con el transcurso del tiempo. Y si tienen algún problema, se manifiesta con rapidez en el origen.
En este proyecto se está planteando que el plazo de la garantía para responderle al consumidor se extienda a dos años en el caso de los bienes durables.
A mi entender, lo que acabo de señalar constituye un paso relevante en la defensa de los derechos de los consumidores de aquel tipo de bienes.
Además, señora Presidenta, la iniciativa que nos ocupa incorpora una disposición bastante significativa, de cuyas bondades podrán darse cuenta quienes están viendo el Canal del Senado.
Esa norma aborda la situación que vive el ciudadano común y corriente que adquiere, por ejemplo, un vehículo motorizado.
Se ha hecho una práctica que los vendedores de esa clase de bienes no respondan con la garantía, incluso en el corto plazo, si el comprador no realiza las revisiones del vehículo en su taller.
Ello da origen a varios problemas, a alguno de los cuales me voy a referir.
Quienes representamos a zonas rurales o a comunidades donde no necesariamente hay distribuidores de algunas marcas de vehículos sabemos que los compradores están obligados a viajar 200, 300 y más kilómetros para efectuar las revisiones de 1.000, de 5.000, de 10.000, de 20.000 kilómetros en el taller del vendedor, pues de lo contrario este se lava las manos y dice: "Yo no respondo por la garantía del vehículo si usted no hace las revisiones conmigo".
El segundo se relaciona con el elevadísimo cobro que realiza el vendedor por dar el servicio correspondiente. Ello, porque sobre el comprador pende una verdadera amenaza o coerción en el sentido de que si no efectúa las revisiones en el taller del distribuidor perderá la garantía.
Tal situación me parece injusta para las personas que viven en la ruralidad, lejos de los locales comerciales pertinentes.
A decir verdad, un gran número de distribuidores -no todos- cobran precios exorbitantes por revisiones que en la práctica significan no hacerles nada a los vehículos.
Incluso, algunos dan gratis la primera revisión, la de los 1.000 kilómetros. ¡Y qué podrían cobrar por no hacer nada...!
Pero las revisiones siguientes para los vehículos medianos o de mayor valor llegan a ¡precios insostenibles!
Como expresé, pende sobre el comprador la amenaza de que si no realiza las revisiones en el taller del vendedor pierde la garantía del vehículo.
Este proyecto de ley procura resolver esos problemas por la vía de extender el plazo de la garantía de los bienes durables.
De paso, pone término a la referida práctica, que se ha ido transformando en un abuso que no debe permitirse.
Tal situación no se registra en otros países del mundo: en ellos se responde por la garantía.
Ahora, para ser veraz, debo reconocer que en Chile se usa el gen de la pillería para ver de qué manera se engaña al vendedor. Sin embargo, no es bueno este mecanismo, ni tampoco el otro que describí, que en la práctica libera al vendedor de la obligación de hacer efectiva la garantía por la mera circunstancia de que el comprador no realiza las revisiones del vehículo en su taller.
En mi concepto, esta iniciativa significa un paso adelante en cuanto a la garantía adecuada de los derechos de los consumidores, materia en la que todavía nos falta mucho camino por recorrer.
La señora MUÑOZ (Presidenta accidental).- Tiene la palabra el señor Secretario.
--Se aprueba en general el proyecto (16 votos a favor).
Votaron las señoras Goic, Muñoz y Von Baer y los señores Bianchi, Chahuán, Hernán Larraín, Letelier, Montes, Navarro, Ossandón, Prokurica, Quinteros, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
La señora MUÑOZ (Presidenta accidental).- Se deja constancia de la intención de voto favorable del Senador señor Guillier.
Boletín N° 6056-14
La señora MUÑOZ (Presidenta accidental).- La Sala debe discutir el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones con el objeto de que en la publicidad de venta de bienes raíces se especifique el metraje correspondiente a terrazas, bodegas y estacionamientos, con informe de la Comisión de Vivienda y Urbanismo.
--Los antecedentes sobre el proyecto (6.056-14) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Vivienda y Urbanismo: sesión 87ª, en 7 de marzo de 2017.
El señor LABBÉ (Secretario General).- El principal objetivo de esta iniciativa es que la información entregada al comprador de un inmueble se entienda incorporada al contrato de compraventa y exprese claramente la superficie de aquel y de sus terrazas, bodegas y estacionamientos.
La Comisión de Vivienda y Urbanismo discutió el proyecto en general y en particular, por ser de artículo único, y lo aprobó con enmiendas formales y de redacción por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Montes, Moreira, Ossandón y Tuma.
El texto que se propone aprobar se consigna en las páginas 9 y 10 del informe de la Comisión y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
La señora MUÑOZ (Presidenta accidental).- En discusión general el proyecto.
Tiene la palabra el Honorable señor Montes, quien va a dar cuenta del informe de la Comisión de Vivienda y Urbanismo.
El señor MONTES.- Señora Presidenta, este proyecto se originó en una moción presentada en la Cámara Baja por los Diputados señoras Claudia Nogueira, Marisol Turres, María Angélica Cristi y Marta Isasi y señores José Antonio Kast, Ignacio Urrutia, Felipe Ward, Sergio Correa, Juan Lobos y Darío Paya.
En primer término, cabe señalar que se tuvo en cuenta que, desde la presentación de la moción, el artículo 18 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que aquella modifica, ha sido objeto de enmiendas, por lo cual el inciso quinto, al que la iniciativa se refería primitivamente, en la actualidad es el inciso séptimo.
También, en dicho lapso esa norma fue modificada a fin de detallar las responsabilidades de los profesionales que participan en el proceso constructivo, materia que no se trata en esta oportunidad.
El proyecto introduce enmiendas al aludido artículo 18, proponiéndose, en lo sustantivo, que la información entregada al comprador de un inmueble se entienda incorporada al contrato de compraventa y exprese claramente la superficie total y útil de aquel y de sus terrazas, bodegas y estacionamientos.
Durante el debate, la asesora de la señora Ministra de Vivienda y Urbanismo, doña Jeannette Tapia, manifestó que la iniciativa se originó por las diferencias que surgieron entre compradores y vendedores de departamentos principalmente con respecto a la superficie útil de las unidades transadas, añadiendo que precisamente se pretende evitar la confusión entre superficie total y superficie útil.
En la discusión se consignó que el hecho de exigirse que el vendedor informe por separado acerca de una y otra contribuirá a que el comprador obtenga certeza respecto de lo que va a adquirir.
Sin perjuicio de lo anterior, se consultó si es posible, con la redacción actual del proyecto, demandar la especificación de ellas aun respecto de bienes raíces que no formen parte de un condominio.
Los representantes del Ejecutivo expresaron que la redacción puede ser aplicada tanto a propiedades insertas en un condominio como individuales, pese a que ello no se advierta como necesario en el último caso, por los estacionamientos y las bodegas. Pero igualmente no sería complejo abarcar toda la información.
Más aún, agregaron que la diferenciación puede ser reglamentada en la Ordenanza General, del mismo modo que la forma de cálculo de una y otra superficie.
En consideración a todo lo expuesto, la Comisión, por la unanimidad de sus miembros presentes, aprobó el proyecto en general y en particular, con las enmiendas formales y de redacción pertinentes.
La señora MUÑOZ (Presidenta accidental).- Puede intervenir el Honorable señor Prokurica.
El señor PROKURICA.- Señora Presidenta, creo que esta es una iniciativa necesaria, pues los que alguna vez han comprado un inmueble pueden haber tenido la experiencia de que, cuando se visita el departamento o la casa pilotos o se obtiene algún indicio de lo que se adquirirá, nunca queda bien claro cuáles son los espacios comunes y los metrajes.
Además, las empresas constructoras han hecho departamentos, históricamente, que reúnen las condiciones del DFL 2, pero dejando una terraza que se puede cerrar después o se presta para una ampliación, o espacios cuyo fin es que la propiedad permita un mejoramiento posterior.
Los que hemos pasado por la experiencia descrita nos damos cuenta de que el contenido de algunos documentos que se presentan no es lo suficientemente preciso. El comprador no es un experto adquirente de bienes raíces todas las semanas, sino que a lo mejor lo hace una vez en su vida, por lo que necesita que la información sea lo más completa posible y se entienda incorporada al contrato de compraventa, en el que se deberá expresar claramente la superficie de la unidad, así como la de sus terrazas, bodegas y estacionamientos.
Voy a aprobar el proyecto de ley, ya que apunta, primero, a una mayor claridad de los antecedentes que se le entreguen al cliente, y segundo, a que se incluyan en el contrato. Además, esta es la única manera de hacerlos exigibles después. El comprador no lleva una huincha en el mismo minuto y mide, sino que se da cuenta de la diferencia con posterioridad. Juzgo que se da un paso adelante.
Como dije anteriormente, se busca explicitar la información que debe contemplarse en la escritura pública que suscribirán las partes contratantes. Porque además hay gente que, producto de la movilidad del mercado inmobiliario, compra o "en verde" o "en blanco". El primer caso dice relación con un edificio que por lo menos presenta una parte de la construcción, y ahora hay una modalidad en la que ni siquiera está comenzado.
Las disposiciones tienen que resultar claras con mayor razón, entonces, para el efecto de que quienes compren un bien raíz queden con la posibilidad de reclamar y de que se les garantice que todos los espacios que eventualmente vayan a mejorar la propiedad se incluirán al momento de construir.
Existen casos en que una empresa levanta un edificio y deja una terraza, pero no la declara en la escritura, y un señor equis compra el departamento que da justo ahí, pero no puede ocuparla, porque constituye un bien común. O viceversa: la misma constructora se adjudica departamentos y destina esos bienes comunes a algunos de ellos.
Eso ha ocurrido. El Senador que habla, por lo menos, conoció una de esas situaciones por vía directa.
En seguida, quiero aprovechar la discusión -ya que en la Sala hay algunos candidatos presidenciales, a lo mejor alguno de ellos puede recoger...
El señor WALKER (don Ignacio).- ¡Se ven varios...!
El señor PROKURICA.- ¡No sé si Su Señoría levantará todavía su candidatura...!
El señor MONTES.- ¡No lo diga ni en broma...!
El señor PROKURICA.- Me dirigiré a ellos, porque quizás alguno puede recoger el punto. Se trata de la delimitación de una propiedad en venta. Especialmente en el ámbito rural, pero también en el urbano, el abogado se encuentra con deslindes francamente increíbles al analizar una escritura. Por ejemplo, se expresa que "Al fondo limita con la propiedad de don Pedro Pérez", o bien, en el caso de una parcela, que "Al norte limita con la quebrada La Verbena". Ello no puede ser, porque se presta para discusiones infinitas y para que el vecino diga: "No. Esto es para acá" o "Eso está más allá".
Por mi parte, presenté un proyecto de ley -incluso se podría incorporar al que nos ocupa, porque creo que se encuentra contenido en sus ideas matrices- tendiente a no generar un verdadero "tsunami" de gastos y de trámites hacia atrás y a que en la venta se incluyan las coordenadas UTM, con la finalidad de que un GPS permita clarificar con exactitud hasta dónde llega la propiedad.
De ese modo se evitará la problemática que presentan hoy día muchos predios agrícolas y a veces incluso casas en las ciudades. La ley no exige que los límites se hallen establecidos, porque no había GPS cuando se creó nuestro sistema registral. Andrés Bello no pudo siquiera imaginar que fuera posible su existencia.
Pero esa es una tecnología disponible. Y a mí me parece que debiera incorporarse para el efecto de evitar que propiedades que se compran, se heredan o se venden generen una problemática que termina, muchas veces, con vecinos o familiares enfrascados en peleas infinitas en los tribunales, en circunstancias de que se podrían evitar si se recurriera a las coordenadas UTM.
Finalmente, cabe consignar que la iniciativa va en la línea correcta. Repito que votaré a favor, porque me parece que se traducirá en lo mejor que puede pasarles especialmente a aquellos que no se dedican a comprar y vender propiedades, sino que lo hacen solo algunas veces en la vida y se encuentran con que el inmueble no reúne las condiciones que se requieren o que una parte no mide los metros que decía originalmente el folleto publicitario o el departamento piloto.
La señora MUÑOZ (Presidenta accidental).- Tiene la palabra el Honorable señor Navarro.
El señor NAVARRO.- Señora Presidenta, son múltiples los reclamos que los compradores de vivienda le formulan de manera permanente al Servicio Nacional del Consumidor o las acciones legales que entablan en contra de empresas constructoras.
Una casa es un bien que se compra para toda la vida y no todos los días, por cierto. Y existe cero asesoría. En definitiva, un adquirente no tiene por qué saber ni de construcción ni de ingeniería. Lo que quiere es una vivienda cómoda, de buena calidad, y para eso paga un precio. Y el banco, cuando cursa el crédito, no revisa exactamente lo que aquí se pide.
Hemos registrado suficientes casos de faltas a la información y de publicidad engañosa. El proyecto viene a regular lo que debiera ser una norma estricta: que los antecedentes que se dan a conocer para la venta de un departamento o una casa sean exactamente los que queden incorporados al contrato, incluidos, en este caso especial, las terrazas y los estacionamientos, por los aspectos a los cuales se ha hecho referencia.
Solo quiero destacar que esta es una iniciativa extraordinaria. Uno de sus autores fue Juan Lobos, Diputado por Los Ángeles, Región del Biobío, ya fallecido, de quien guardo el mejor de los recuerdos. Eso demuestra que a veces tienen que pasar muchos años para que una moción pueda ser tramitada en el Senado y convertirse en ley.
A mi juicio, el texto es asertivo. Y valga decir que el SERNAC no funciona en la materia. Es decir, o despachamos el proyecto para garantizar el derecho del comprador, cuya posición es más débil frente a la empresa constructora o la sociedad inmobiliaria, o no tenemos cómo lograr ese objetivo.
Muchas veces, la cuestión termina en una crítica muy dura al Legislativo: ¿por qué no se dictan leyes protectoras de los compradores? ¿Por qué la ley favorece siempre a la constructora o a la inmobiliaria?
Espero que la iniciativa en examen tenga un rápido despacho.
Por mi parte, voy a votar a favor.
Solo deseo consignar, en relación con el ámbito de la medida, que se requieren definiciones para saber qué es el espacio común, qué es el espacio colectivo, como también qué es el espacio propio -en este caso, los pasillos, las terrazas-, a fin de saber exactamente lo que se puede ocupar, sobre todo en departamentos sujetos a la ley de condominios, donde se enfrenta una dura convivencia.
Una constructora incorporó una plaza a su conjunto habitacional, y, como lo presencié en La Florida -debe saberlo también el Senador señor Montes-, ¡se la vendió a una inmobiliaria pasados diez años! Y la gente perdió un elemento central al momento de decidir la compra: las áreas verdes del condominio, población o villa.
Lo anterior no se incluye, por tratarse de un espacio más bien de carácter público. Hacemos referencia estrictamente al metraje de la casa o del departamento en áreas que pueden ser parte de la oferta publicitaria. Establecer que la publicidad es una parte fundamental de la información y que se incorpore al contrato de compraventa, y, por lo tanto, que se haga exigible el cumplimiento de la obligación, me parece un paso extraordinario y un avance en la defensa de los derechos de los consumidores.
Mas ello resulta relevante, en particular, por garantizar. Porque está el SERNAC, efectivamente, y se puede ir a reclamar. ¡Pero, por favor! Lo que debe existir es la garantía de que lo que pague el comprador, en este caso, diga relación con lo que le entregue el vendedor. Y, lamentablemente, eso no ocurre, en especial con las inmobiliarias o las constructoras.
Solo quiero exponer dos elementos, señora Presidenta.
Es preciso contemplar estacionamientos en las casas con subsidio SERVIU. El que cree que se pueden seguir construyendo sin ellos se equivoca, porque las poblaciones que no los incluyen enfrentan el problema de que son utilizadas para tal efecto sus veredas y calles, lo que las vuelve altamente riesgosas. ¡Las viviendas sociales tienen que incluirlos!
En seguida, es necesario revisar el sistema de asesoría de las OTEC para la compra de viviendas y, en este caso, también para la contratación. Debiera haber, para tal efecto, un servicio público dirigido a los usuarios. Los comités de allegados obtienen apoyo en tal sentido a través de las OTEC, pero resulta absolutamente insuficiente. El Estado debiera comprar terrenos y llevar de la mano, en forma permanente, confiable, segura, responsable, a quienes van a adquirirlas, lo que a veces no se concreta, lamentablemente, por la vía de las OTEC.
Espero que el proyecto vea la luz y que no surjan indicaciones, porque está acotado a lo que estrictamente se ha expuesto aquí.
La señora MUÑOZ (Presidenta accidental).- En votación.
--Se aprueba en general el proyecto (15 votos a favor), y, por no haber sido objeto de indicaciones, queda aprobado también en particular y despachado en este trámite.
Votaron la señora Muñoz y los señores Chahuán, Coloma, De Urresti, Guillier, Horvath, Lagos, Hernán Larraín, Montes, Navarro, Ossandón, Prokurica, Quintana, Tuma e Ignacio Walker.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Hago presente que, por acuerdo de los Comités, los proyectos signados con los números 5, 6 y 7 del Orden del Día quedaron para la tabla de Fácil Despacho de la sesión ordinaria de mañana.
La señora MUÑOZ (Presidenta accidental).- Por haberse cumplido su objetivo, se levanta la sesión, sin perjuicio de dar curso reglamentario a las peticiones de oficios que han llegado a la Secretaría.
Al señor Alcalde de Valparaíso, para que se informe acerca de MEDIDAS PARA ELIMINACIÓN DE MICROBASURAL EN CALLE ROBERTO HERNÁNDEZ ESQUINA DE ESCUELA REPÚBLICA ÁRABE SIRIA, PLAYA ANCHA.
Al señor Jefe del Departamento de Derechos Intelectuales, dependiente de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, a fin de consultar respecto de FACULTAD DE EGEDA CHILE PARA COBRO DE DERECHOS, POR SÍ O POR INTERMEDIARIO, DE COMUNICACIÓN PÚBLICA DE OBRAS AUDIOVISUALES.
Al señor Ministro de Relaciones Exteriores, para que se remitan antecedentes de CONCURSO INTERNACIONAL DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN DE CENTRO ANTÁRTICO INTERNACIONAL EN PUNTA ARENAS.
Al señor Ministro de Relaciones Exteriores y al señor Ministro de Agricultura, con el objeto de que se informe respecto de ACUERDO ENTRE CHILE Y UNIÓN EUROPEA PARA ARMONIZACIÓN DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS ORGÁNICOS Y DE SISTEMAS FITOSANITARIOS.
Al señor Ministro de Agricultura, al señor Ministro del Medio Ambiente y al señor Director Ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal, a fin de pedir antecedentes de IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTO PILOTO PARA CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS FORESTALES NATIVOS DE PINTO Y EL CARMEN, REGIÓN DEL BIOBÍO.
A los señores Ministro de Agricultura y Director Nacional del Instituto de Investigaciones Agropecuarias, requiriéndoles antecedentes acerca de CAPACITACIÓN EN ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE SEMILLAS A PEQUEÑOS PRODUCTORES DE REGIÓN DE LOS RÍOS.
Al señor Ministro del Medio Ambiente, solicitando información sobre PROYECTO "HABILITACIÓN DE MIRADORES Y SENDERO INTERPRETATIVO PARA RE-VALORAR PATRIMONIO HISTÓRICO Y NATURAL DE LA COMUNIDAD DE MAULE EN CORONEL".
Al señor Alcalde de Valdivia, consultándole por RETIRO DE SEÑALÉTICA ANTE ERROR POR CAMBIOS EN PLANOS DE PROYECTO SOBRE TRAMO ENTRE BUERAS Y PEDRO MONTT, EN EJE ERRÁZURIZ.
A los señores Alcalde de Padre Las Casas, Director Nacional del Instituto de Desarrollo Agropecuario y Gerente del Servicio de Cooperación Técnica, pidiendo antecedentes de PUESTA EN MARCHA DE COOPERATIVA "ABEJAS DEL CAUTÍN".
Al señor Rector de la Universidad Católica del Norte y a la señora Directora Ejecutiva de la Fundación para la Innovación Agraria, requiriendo información acerca de FACTIBILIDAD TÉCNICA PARA CULTIVO DE ACELGA Y TOMATE CHERRY CON AGUA DE MAR Y PROYECCIONES PARA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS EN CALETA CONSTITUCIÓN, PENÍNSULA DE MEJILLONES.
Al señor General Director de Carabineros de Chile y al señor Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, a fin de que informen respecto de UTILIZACIÓN DE CONTROL PREVENTIVO DE IDENTIDAD.
Al señor Fiscal Nacional del Ministerio Público, con el propósito de que indique TOTAL DE PAGO DE FIANZA POR IMPUTADOS EN ASESINATO DE MATRIMONIO LUCHSINGER-MACKAY.
Al señor Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, consultándole respecto de DEMORA EN ENTREGA DE SEDE COMUNITARIA EN SECTOR DE HUIRILIL, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA.
Al señor Tesorero General de la República, para que informe RECAUDACIÓN DE IMPUESTO TERRITORIAL DURANTE 2016, COMUNA POR COMUNA, DE PREDIOS DE EXPLOTACIÓN FORESTAL.
Al señor Director de Salud Araucanía Sur, con el objeto de consultarle respecto de PROYECTO DE NUEVO HOSPITAL DE TOLTÉN.
A la señora Ministra de Salud, solicitándole informar en cuanto a ACCIONES PARAPROTECCIÓN DE SALUD DE ESTUDIANTES, PÁRVULOS Y DIRECTIVOS DE LICEO INDUSTRIAL A-16 Y DE JARDÍN CARACOLITO, ANTOFAGASTA, POR EMANACIÓN DE GAS.
A la señora Secretaria Regional Ministerial de Salud de Antofagasta, pidiéndole antecedentes referidos a COMBATE DE RIESGO SANITARIO POR BASURAL CLANDESTINO EN POBLACIÓN PAPIC, ANTOFAGASTA.
Al señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, pidiéndole constituir MESA DE TRABAJO REGIONAL PARA CONSTRUCCIÓN DE RECINTO PENITENCIARIO MODELO EN COIHAIQUE.
Al señor Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales de Aisén, requiriéndole REVISIÓN DE PETICIÓN DE SEÑOR SANTOS ALTAMIRANO MONJE PARA DESARROLLO DE PROYECTO TURÍSTICO Y DE REACTIVACIÓN RURAL EN PREDIO FISCAL EN SECTOR OESTE DE LAGO RISOPATRÓN.
A los señores Directores Nacional de Vialidad y Director Regional de Vialidad de Aisén, solicitándoles INCLUSIÓN DE REUTILIZACIÓN DE ALCANTARILLAS Y OTROS ELEMENTOS EN BASES DE LICITACIÓN.
Al señor Ministro del Interior y Seguridad Pública; al señor Ministro de Obras Públicas; al señor Intendente de la Región del Biobío; al señor Alcalde de Tomé y al señor Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas del Biobío, pidiéndoles OPINIÓN RESPECTO A POSIBILIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE COMPAÑÍA DE BOMBEROS EN POBLADO DE RANCHO GRANDE, COMUNA DE TOMÉ.
A los señores Ministro de Obras Públicas, Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas del Biobío y Director de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas, con el objeto de que informen sobre ESTUDIO DE INGENIERÍA DE PROYECTO DE TOMA DE AGUAS A TRAVÉS DE PUNTERAS PARA POBLADO DE RANCHO GRANDE, SECTOR SAN CARLITOS, COMUNA DE TOMÉ.
Al señor Ministro del Interior y Seguridad Pública, al señor Ministro de Obras Públicas y al señor Intendente del Biobío, solicitándoles antecedentes sobre DESARROLLO Y PRESUPUESTO DE PROYECTO DE LUMINARIA PÚBLICA DE CAMINO RURAL SECTOR DE SAN CARLITOS HACIA RANCHO GRANDE, COMUNA DE TOMÉ, Y DENUNCIAS POR HECHOS DELICTUALES EN SECTOR.
Al señor Alcalde de Tomé, para que se informe respecto de DESARROLLO, PRESUPUESTO Y APORTADOR DE RECURSOS PARA PROYECTO DE LUMINARIA PÚBLICA DE CAMINO RURAL SECTOR DE SAN CARLITOS HACIA RANCHO GRANDE, COMUNA DE TOMÉ; DENUNCIAS POR HECHOS DELICTUALES EN SECTOR, Y DISPONIBILIDAD DE FONDOS PARA TAL EFECTO POR MUNICIPALIDAD.
Al señor Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas del Biobío, a fin de que informe respecto de DESARROLLO, PRESUPUESTO Y APORTADOR DE RECURSOS PARA PROYECTO DE LUMINARIA PÚBLICA DE CAMINO RURAL SECTOR DE SAN CARLITOS HACIA RANCHO GRANDE, COMUNA DE TOMÉ, Y DISPONIBILIDAD DE FONDOS PARA TAL EFECTO POR MUNICIPALIDAD.
Al señor Subsecretario de Telecomunicaciones, pidiéndole informar en cuanto a USO DE ESPECTRO POR TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE PARA TRANSMISIÓN EN FORMATO DIGITAL Y CAPACIDAD DISPONIBLE POSTERIOR.
Al señor Intendente del Biobío y al señor Alcalde de Tomé, solicitándoles informe sobre ESTUDIO DE INGENIERÍA DE PROYECTO DE TOMA DE AGUAS A TRAVÉS DE PUNTERAS PARA POBLADO DE RANCHO GRANDE, SECTOR SAN CARLITOS, COMUNA DE TOMÉ.
Al señor Director del Servicio Nacional de Aduanas (s) y al señor Director Nacional del Servicio Civil, pidiéndoles dar a conocer ANTECEDENTES DE ÚLTIMOS CUATRO CONCURSOS PÚBLICOS PARA CARGOS EN CADA INSTITUCIÓN.
Al señor Director Nacional del Servicio Civil, solicitándole remitir detalle sobre CONCURSOS PÚBLICOS EN ÚLTIMOS CINCO AÑOS, DESAGREGADOS POR ÁREAS E INSTITUCIONES SOLICITANTES.
Al señor Alcalde de Puerto Montt, requiriéndole informar sobre MEDIDAS PARA MITIGACIÓN DE CRECIMIENTO DE ESTERO CHINCHIHUAPI Y DE SOCAVONES, ANTE EVENTUAL DAÑO A SITIO ARQUEOLÓGICO DE MONTE VERDE.
A la señora Secretaria Regional Ministerial de Bienes Nacionales de Atacama, a fin de consultarle respecto de TRAMITACIÓN DE REGULARIZACIÓN DE PROPIEDAD DE SEÑORA GLADYS FLORES CORTÉS.
A la señora Ministra del Trabajo y Previsión Social, solicitándole pronunciamiento acerca de EFECTIVIDAD DE PÉRDIDA DE DERECHO A NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y BENEFICIOS AFINES DE SINDICATOS DE ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN DEPENDIENTES DE CORPORACIONES MUNICIPALES.
Al señor Ministro Presidente del Consejo de la Cultura y las Artes, pidiéndole información de NORMATIVA PARA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE CIRCOS A NIVELES NACIONAL, REGIONAL Y COMUNAL.