Source: http://civil.udg.es/normacivil/TSJC/99/STSJC19990204b.htm
Timestamp: 2018-05-27 13:58:43
Document Index: 412132214

Matched Legal Cases: ['artículo 10', 'artículo 1', 'artículo 359', 'artículo 8', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 10', 'artículo 1692']

de 4 de febrer de 1999, núm. 3/1999 (Sala Civil i Penal)
Visto por la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, integrada por los magistrados al margen expresados, el recurso de casación contra la sentencia dictada en grado de apelación por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Barcelona, como consecuencia de los autos de juicio declarativo de menor cuantía seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de Gavà, sobre declaración de derechos; cuyo recurso fue interpuesto por D. X1., representado por el procurador Sr. Alfredo M.ez Sánchez y defendido por el letrado D. Josep M.ª Guasch Gras; no habiendo comparecido en las presentes actuaciones la parte recurrida.
Primero.- El procurador de los tribunales D. Justo M. Aguilar, actuando en nombre y representación de D. Y1., formuló demanda de juicio declarativo de menor cuantía que en turno de reparto correspondió al Juzgado de Primera Instancia n.º 4 de Gavà, contra D. X1., en la que, tras exponer los hechos y citar los fundamentos de derecho que consideró de aplicación, terminó suplicando se dictara sentencia de conformidad con lo solicitado en su escrito de demanda. Que previos los trámites legales, por el indicado Juzgado se dictó sentencia con fecha 31 de Diciembre de 1996, cuyo fallo dice lo siguiente: "FALLO: Que debo de desestimar y desestimo la demanda presentada por el procurador D. Justo M. Aguilar, en nombre y representación de D. Y1., contra D. X1., representado por el procurador D. José Antonio López Jurado González, con imposición de costas a la parte actora. "
Segundo.- Contra la anterior sentencia se interpuso recurso de apelación por D. Y1. que fue admitido y, sustanciada la alzada, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Barcelona dictó sentencia con fecha 20 de Julio de 1998, cuyo fallo es el siguiente: "FALLO: Se estima el recurso de apelación interpuesto por Y1. contra la sentencia dictada por el Sr. Juez del Juzgado de Primera Instancia n.º 4 de Gavà en el procedimiento de menor cuantía n.º 457/95, y, revocándose la misma, se estima la demanda interpuesta por el recurrente contra X1., declarándose: 1) que el actor es el administrador de los bienes hereditarios recibidos por la menor de su madre; 2) que está extinguido el derecho de habitación otorgado testamentariamente al demandado por su difunto cónyuge; y se condena al demandado a rendir cuentas al actor de los bienes hereditarios de la menor, así como también al pago de las costas producidas en la primera instancia.".
Tercero.- Contra dicha sentencia el procurador D. Alfredo Martínez Sánchez, en representación de D. X1., formuló recurso de casación que fundó en los siguientes motivos: 1.- Al amparo del art. 1692.4 LEC. fundado en la infracción de las normas del ordenamiento jurídico aplicables, por infracción del artículo 10 de la Ley 39/1991 de 30 de Diciembre, "De la Tutela i Institucions Tutelars" e infracción del artículo 1 de la Compilació de Dret Civil de Catalunya; 2.- Al amparo del art. 1692.3LEC, fundado en la infracción de normas del Ordenamiento Jurídico aplicables, por infracción del artículo 359 de la Ley de enjuiciamiento civil. Incongruencia; 3.- Al amparo del art. 1692.4 de la misma Ley, fundado en la infracción de las normas del Ordenamiento Jurídico aplicables, por infracción del artículo 8 de la Ley 40/1991, de 30 de Diciembre, "Codi de successions". Nueva infracción del artículo 1 de la Compilació de Dret Civil de Catalunya; 4.- Al amparo del art. 1692.4 LEC, fundado en la infracción de las normas del Ordenamiento jurídico aplicables, por infracción del derecho vernáculo catalán (Les lleis, els costums i la jurisprudencia i la doctrina), por infracción de las Constituciones Codex Justiniano, año 530, Libro III, Título XXXIII, Fragmento XIII e infracción del Digesto Libro VII, Título VIII, Fragmento 10 y Libro IV, Título V, fragmento 10, por infracción del artículo 1 de la Compilació del dret civil de Catalunya.
Cuarto.- Admitido el recurso y habiendo solicitado el recurrente para en su día la celebración de vista, se señaló para que la misma tuviera lugar el día veinticinco de Enero de 1999, en que tuvo lugar.
Primero.- Aparecen como antecedentes fácticos incontrovertidos en autos los siguientes: 1) doña Z2, hermana del demandante y esposa del demandado, falleció en L. el día 27 de abril de 1992; 2) doña X2. había otorgado testamento último el día 4 de febrero de ese mismo año, ante el Notario de Gavá, don Alberto Garvayo Estefanía; 3) en dicho testamento la causante dispuso: a) nombrar heredera universal a su hija X3. ; b) legar a su esposo, don X1., el derecho real de habitación sobre la vivienda sita en L., calle S. A., número 00, 0, 0, relevándole de prestar fianza y hacer inventario; c) nombrar administrador de los bienes que la testadora deja a su hija, a su hermano don Y1.; 4 ) X3. es menor de edad; 5) el único bien inmueble de la herencia lo constituye el piso de L.; 6 ) dicho piso fué arrendado por el demandado el día 1 de abril de 1995. El Juez de Primera Instancia de Gavá, número 4, desestimó la demanda por falta de legitimación pasiva, apreciando que el demandado no había aceptado todavía, en nombre de su hija, la herencia dejada por su esposa. Apelada la sentencia, fué estimado íntegramente el recurso por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Barcelona, que declaró: 1 ) que el actor es el administrador de los bienes hereditarios recibidos por la menor de su madre; 2 ) que está extinguido el derecho de habitación otorgado testamentariamente al demandado por su difunto cónyuge; y condenó a dicho demandado a rendir cuentas al actor de los bienes hereditarios de la menor.
Segundo.- Contra la anterior sentencia interpone el demandado recurso de casación ante esta Sala, basado en cuatro motivos. El primero de ellos se articula por la vía casacional del numeral 4 del art. 1692 de la LEC y alega: Infracción del artículo 10 de la Ley 39/ 1991 de 30 de diciembre,`De la tutela i institucions tutelars´ .- Infracción del art. 1 de la Compilación de Dret Civil de Catalunya. Se afirma, resumidamente, que las disposiciones hereditarias no determinan la adquisición inmediata de derechos, sino expectativas sujetas a determinadas condiciones, una de las cuales es la aceptación de la herencia por los herederos. En razón a ello, el actor no tiene derecho a ejercer la administración de los bienes hereditarios hasta tanto la herencia no haya sido aceptada por el demandado, en representación de la heredera menor de edad. Para fundamentar la anterior tesis se basa el recurrente en el meritado art. 10 de la Llei del Parlament de Catalunya, Llei 10/ 1991, de 30 de desembre, que regulaba ( hasta la entrada en vigor del actual Codi de família; vid. Disposició Final Primera del mismo ) la tutela i les institucions tutelars y en el art. 1 de la Compilación, que, en realidad, nada tiene que ver con los argumentos esgrimidos. Como se sabe, aquel precepto establecía: Qui disposa de béns a títol gratuït a favor d’un menor o incapacitat por ordenar-ne un sistema d’administració i nomenar la persona o les persones que hagin d’exercir-la. Aquest nomenament no té efecte fins que hagin estat acceptats la donació, l’herència o el llegat. La antedicha argumentación se enfrenta a la motivación que contiene la sentencia recurrida, que sostiene: ...ha de concluirse que el representante legal de la heredera menor de edad ha efectuado una aceptación tácita de la herencia , pues no otro significado ha de darse al hecho reconocido de haber alquilado la vivienda heredada y haber dispuesto libremente de las rentas así obtenidas ( la manifestación de que éstas se destinaban a la manutención y educación de la heredera están carentes de toda prueba ) .... Y este punto se antoja como auténtico nudo gordiano del primer motivo de recurso: si la herencia ha de entenderse o no tácitamente aceptada por el demandado en nombre de la heredera cuando ha procedido a alquilar el único bien inmueble que constituye el haber herditario. De entrada ha de recordarse la doctrina sentada por esta Sala al respecto, contenida en sentencias de 29 de enero y 15 de febrero de 1996, y que sigue la del Tribunal Supremo, expresada en sentencias, entre otras, de fechas 13 de febrero de 1951 y 12 de mayo de 1981. Dice así la sentencia última de esta Sala. Los hechos sobre los que se apoya la apreciación de la Sala de instancia y los que ella se basa para llegar a la conclusión de que ha habido aceptación tácita de la herencia, no son atacables en casación por la vía de la infracción de las normas del ordenamiento jurídico que actualmente recoge el n 4 del artículo 1692 de la Ley de enjuiciamiento civil, puesto que el recurrente no puede pretender sustituir con su apreciación interesada la más objetiva, por imparcial, del Tribunal de instancia . La verdad, sin embargo, es que, en el caso presente, el recurrente no ataca frontalmente los hechos que sirven de sustento al pronunciamiento de la Audiencia ( quedan éstos incontrovertidos, como la resolución expresa ). El recurrente discute la valoración que de los mismos hace la Sala sentenciadora y, por consiguiente, la conclusión a la que la misma llega, razón por la cual cabe entrar en el análisis del fondo del recurso planteado. La argumentación del motivo casacional viene íntimamente entroncada con la que se desarrolla para sostener el tercer motivo, lo que suscita la necesidad de un estudio y decisión conjuntos. Se basa el tercer motivo en la infracción del art. 8 de la Llei 40/91, de 30 de diciembre, Codi de successions, con infracción, asimismo, del art. 1 de la Compilació. El párrafo primero del art. 8 del Codi establece, efectivamente, que : Jacent l’herència, l’hereu cridat pot realitzar exclusivament actes possessoris, de conservació, vigilància i administració de l’herència, i promoure interdictes en defensa dels béns. Aquets actes per ell sols no impliquen acceptació, tret que amb ells es prenguin el títol o la qualitat d’hereu . La sentencia de la Audiencia razona, a contrario de la de primera instancia, que el demandante posee legitimación activa, y pasiva el demandado, en atención a que la herencia debe entenderse aceptada tácitamente por mor de haber arrendado éste la vivienda, que -repetimos - constituye el único bien hereditario. Pues bien, el recurso, combinando los motivos antedichos, viene a mantener, contrariamente, que el demandante carece de legitimación activa porque la herencia no ha sido aceptada, poseyendo sólo, en el interin, la expectativa de derecho a que se ha hecho mención ( art. 10 de la Llei de tutela i institucions tutelars ); y que la herencia no ha sido aceptada porque el arriendo de una vivienda no puede considerarse un acto de disposición, sino un acto de mera administración, inane a aquellos efectos, de conformidad con el art. 8 del Codi de successions. La argumentación carece de fuerza suasoria suficiente. Toda ella se asienta sobre el hecho de que la herencia no puede entenderse aceptada y la sentencia de instancia razona suficientemente la conclusión contraria; conclusión que, en absoluto, puede tildarse de irracional, arbitraria o carente de toda lógica. Muy al contrario. Entre las soluciones posibles, la sentencia ha optado por la que aparece como más acorde con las reglas de la experiencia y de la sana crítica. Debe profundizarse al respecto en el hecho de que el piso arrendado, cuyo uso se desprende de la herencia, constituye el único bien de la misma. No se trata, pues, de un acto de administración proyectado a la conservación de la masa hereditaria, ni un acto de control, de vigilancia o de protección de la masa. Se trata, contrariamente, de un acto de disposición de una de las facultades ínsitas en el dominio: la del uso o posesión. Y a ello ha de sumarse lo siguiente. De acuerdo con lo dispuesto en el art. 271 del Codi de successions, el legatario no puede tomar por si mismo la cosa legada. En el demandado concurre la doble condición de legatario - del derecho real de habitación de la vivienda - y de legal representante de la heredera menor de edad. Luego, si el demandado ha arrendado la vivienda, cediendo, pues, su uso ( contenido de su legado), de ello ha de derivarse y entenderse que, tácitamente, el demandado ha aceptado la herencia en nombre de su hija. Aceptación tácita que viene regulada en el primer párrafo del art. 19 del Codi de successions, en formulación realmente objetiva, coherente, además, con el último inciso del art. 8 transcrito: ... tret que amb ells es prenguin el títol o la qualitat d’hereu . Decae con todo ello la argumentación del recurrente que, basada en el hecho de que la herencia no ha sido aceptada y que se halla todavía yacente, niega la legitimación activa del demandante y le reconoce tan sólo una espectativa de derecho al amparo del art. 10 de la Llei de tutelas que cita. Contrariamente, si se admite, como ha de admitirse por lo dicho, que la herencia ha sido aceptada y no se halla, por consiguiente, yacente, goza el demandante del pleno derecho de reclamar la administración de los bienes hereditarios de la menor, a él atribuídos en el testamento.
La conclusión procedente es, pues, que el motivo primero del recurso no puede prosperar, como tampoco puede hacerlo el tecero de los invocados.
Tercero.- El segundo motivo de oposición del recurrente a la sentencia de instancia denuncia, por la vía del apartado 3 del art. 1692 de la LEC, el vicio de incongruencia de la meritada resolución, al amparo del art. 359 de la misma Ley que, en efecto, ordena que las sentencias sean claras, precisas y congruentes con las demandas y demás pretensiones oportunamente deducidas en el pleito.
La congruencia, ha dicho el Tribunal Supremo, supone la correlación o armonía entre las pretensiones de las partes oportunamente deducidas en el pleito y la parte dispositiva de la sentencia ( 9 de diciembre de 1985, 3 de octubre de 1991,...). Se mide, pues, por el ajuste o adecuación entre estos dos términos comparativos, de suerte tal que no puede la sentencia otorgar más de lo que se hubiera pedido en la demanda, ni menos de lo que hubiera sido admitido por el demandado ( ultra petita), ni cosa diferente a la que hubiera sido pretendida ( extra petita ), ni omitir pronunciamiento sobre lo pedido ( citra petita ). Con ello, como se sostiene por nuestra doctrina, la exigencia va más allá del respeto simple al restringido axioma conformis libello para alcanzar al principio de ne procedat iudex ex officio. Se trata, por consiguiente, de una consecuencia clara del principio de rogación que preside el orden jurisdiccional civil. Y, yendo más alla, es lícito ver, también, en la congruencia una obediencia al principio de interdicción de la indefensión, entronque ya resaltado por nuestro Tribunal Constitucional en sus sentencias, entre otras, de 12 de junio de 1986 y 7 de junio de 1994, en la medida que la resolución de pretensión no oportunamente deducida o la concesión de mayor cantidad o cosa diferente a la impetrada impide arbitrar los necesarios medios de contestación a quien se defiende.
En esa inteligencia ha de situarse el recurso planteado. Cierto es que en el encabezamiento y Suplico de la demanda de autos no se menta la cualidad en que es demandado D. X1. y cierto es también, como se ha visto, que el mismo ostenta - materialmente - la doble condición de legatario y de legal representante de la heredera. Pero es mucho más cierto que, leída la demanda en su integridad, no aparece la más mínima duda de lo que se pide y contra quien se pide. Los hechos son claros y el Suplico explícito. Invocándose que el demandado había procedido con anterioridad a arrendar el único bien inmobiliario de la herencia, pretende el actor que se declare que él es el legal representante de los bienes de la heredera menor ( error corregido en la comparecencia posterior, aunque innecesariamente, pues ya se entendía que la referencia era a la administración y no a la representación de los bienes hereditarios ), que se declare extinguido el derecho de habitación legado y que se condene al demandado a rendir cuentas al actor. Tan claros eran los términos de la acción y lo que en verdad impetraba el demandante, que el propio demandado no hizo, en su contestación ni en la posterior comparecencia, protesta alguna de indefensión por desconocer en condición de qué era demandado, limitándose, en los dichos actos procesales, a resaltar el error ya referenciado; y es ahora, dictada la sentencia de segunda instancia, cuando se alza contra la misma alegando un defecto formal de la demanda, que pudo plantear y no planteó en su momento, lo que se aproxima, aunque en este recurso se tilde de vício de incongruencia, al plateamiento de una cuestión nueva, vedada en el ámbito casacional.
Si a lo anterior se une, la falta de proporcionalidad que, en cualquier caso, supondría la corrección del defecto estudiado, siendo así que no existe el más mínimo atisbo de indefensión, habrá de concluirse con la necesaria desestimación del motivo segundo de recurso planteado.
Cuarto.- El último de los motivos de recurso se articula, al amparo del numeral 4 del art. 1692 de la LEC., en la infracción de : DERECHO VERNACULO CATALAN ( LES LLEIS, ELS COSTUMS I LA JURISPRUDENCIA I LA DOCTRINA ). INFRACCION CONSTITUCIONES Codex JUSTINIANO, AÑO 530, LIBRO III, TITULO XXXIII, FRAGMENTO XIII E INFRACCION DEL DIGESTO, LIBRO VII, TITULO VIII, FRAGMENTO 10 Y LIBRO IV, TITULO V, FRAGMENTO 10. INFRACCION DEL ARTICULO 1 DE LA COMPILACIO DEL DRET CIVIL DE CATALUNYA .
La sentencia de instancia declara extinguido el derecho de habitación objeto del legado testamentario, al entender probado ( igualmente sin contradicción ) que el legatario había procedido al arriendo del piso, siendo así que el derecho de habitación solo otorga la facultad de usar como tal la vivienda objeto del mismo . La síntesis del motivo casacional viene recogida así en el recurso: la Sala sentenciadora al ejecutar la declaración contenida en el párrafo antes transcrito, no ha tenido en cuenta que siendo de aplicación el Código civil, únicamente como derecho supletorio del Derecho Vernáculo y sólo después del Derecho Civil Común Catalán, integrado por la tradición jurídica Catalana, el Derecho Canónico y el Derecho Romano y que este derecho romano es de aplicación, en defecto de la regulación del derecho de la Compilación de derecho civil de Cataluña y antes que el Código civil..., indicando, a continuación, que el Codex de Justiniano y el Digesto facultaban al habitacionista a arrendar las partes sobrantes o el edificio entero a un tercero, y concluyendo con unas declaraciones que ninguna transcendencia tienen respecto al fondo del recurso. No sobra añadir por parte de esta Sala que la anterior argumentación jurídica es completamente nueva, apareciendo por vez primera en el presente recurso de casación.
Es cierto, como dice el recurrente, que la habitatio se configuró en Roma como un derecho real que atribuía a su titular la facultad de habitar una casa ajena o de arrendarla - sed etiam aliis locare - pero no cederla a título gratuito. Justiniano consideró la habitación como un derecho equidistante e intermedio entre el usufructo y el derecho de uso, siendo más amplio que éste y más restringido que aquél. Mientras el usus concedía al usuario el derecho de usar la casa o cederla a título gratuito, pero no arrendarla, la habitatio concedía ese mismo derecho de uso y el derecho de arrendar la casa, pero no el de cederla gratuitamente.
Pero, en cualquier caso, no es cierto que tal doctrina pueda ser de aplicación al evento presente. La aplicación por subsidiariedad de las normas civiles comunes a las autonómicas viene hoy claramente resuelta, con carácter general, en: 1) el art. 149.3 de nuestra Constitución, que, en su último inciso, establece que el derecho estatal será, en todo caso, supletorio del derecho de las Comunidades Autónomas; 2) el art. 26.2 del Estatut d’Autonomia de Catalunya, que dice: en defecte de dret propi el dret de l’Estat serà d’aplicació supletòria ; y con carácter especial, referido al ámbito civil, en la Disposición Final Cuarta de la Compilació de Dret Civil de Catalunya, en la medida en que dispone que : Conformement al que disposa l’article 1 d’aquesta Compilació, sens perjudici de les normes de directa aplicació general, en el que no preveuen les disposicions del Dret Civil de Catalunya regeixen supletòriament els preceptes del Codi civil i de les altres lleis estatals de caràcter civil, en la mesura que no s´oposin a aquelles disposicions o als principis generals que informen l’ordenament jurídic català.
En el Preàmbul de la Llei 40/1960, de 21 de julio, se explicaba: D´ara endavant coneixerem quin és el Dret especial de Catalunya ya examinant només la Compilació; i totes aquelles matèries i qüestions que hi manquin de precepte aplicable hauran de regir-se pel Codi civil.... Y es que, como dice la doctrina catalana, la Compilació no ha sustituído el régimen anterior, sino que lo representa; afirmándose así que el derecho histórico no puede ser alegado ante los Tribunales porque ha sido integrado en el texto compilado, lo que se reconoce en las sentencias del Tribunal Supremo de fechas 15 de junio de 1983 y 27 de febrero de 1985.
El inciso último de la Disposición Final citada de la Compilació no puede perturbar las anteriores consideraciones. En modo alguno puede sostenerse que la inarriendabilidad del derecho de habitación pugne con la tradición jurídica catalana, mucho menos con los principios que informan el ordenamiento jurídico catalán. Pugnará, en todo caso, con los preceptos del Derecho romano justinianeo, pero en Cataluña el derecho de habitación puro ha de tenerse por una institución jurídica no regulada y, como tal, supletoriamente reglada por las normas del Código civil.
En este estado, necesario es recordar que el art. 525 del Código prohibe expresamente que los derechos de habitación sean objeto de arriendo o traspaso por ninguna clase de título. Habiéndose acreditado que el demandado en los autos, legatario del derecho de habitación sobre el piso antiguo familiar, lo alquiló en las fechas ya indicadas ut supra, hecho no controvertido ni discutido a lo largo de la causa y sólo pretendidamente intentado justificar en base a una buena fé de aquél y una no probada conversión de la renta en bien alimentario y educacional de la heredera menor, la solución de la Sala de instancia de dar por extinguido el derecho aparece como ajustada a la legalidad y claramente confirmable.
En razón a todo lo dicho, también el ultimo de los motivos casacionales ha de decaer y, con él, el recurso entero.
Quinto.- Por imperativo de lo dispuesto en el art. 1715.3 de la LEC., se impondrán al recurrente las costas causadas.
Así pues, por lo que antecede
Que debemos desestimar y desestimamos en todas sus partes el recurso de casación entablado por el procurador D. Alfredo Martínez Sánchez, en nombre y representación de D. X1., contra sentencia dictada en fecha 20 de julio de 1998 por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Barcelona, en Rollo núm. 319/97, procedente de juicio de menor cuantía núm. 457/95 tramitado ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 4 de Gavá, imponiendo al indicado recurrente las costas causadas en el presente recurso.
Notifíquese esta resolución a las partes personadas y remítanse las actuaciones a la Sala de la Audiencia Provincial, con el Rollo de apelación y testimonio de la presente.