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Timestamp: 2019-12-08 10:18:59
Document Index: 219593092

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 11', 'artículo 14', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 7', 'artículo 12']

LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN COMO CONTRATENDENCIA: SU RELACIÓN CON LA LEY 132437
El día 13 de Julio del año 2009 fue expedida la ley 1324, denominada ley del ICFES o Ley de Evaluación. La ley trata tres temas, a saber:
Parámetros y criterios para organizar el Sistema de Evaluación de los resultados de la calidad de la educación.
Normas para el fomento de una cultura de la evaluación en procura de facilitar la inspección y vigilancia del Estado.
Transformación del ICFES en una empresa estatal.
El concepto “calidad de la educación” no es gratuito ni ingenuo. Hace parte de una estrategia económica de acumulación de renta. Por lo tanto considero que es inconveniente su utilización para proponer currículos de resistencia. Haciendo un análisis de la ley 1324 podemos encontrar las razones de esa inconveniencia.
La ley se desarrolla en doce artículos y dos transitorios. El artículo primero trata sobre parámetros y criterios, donde se establece que la función suprema de inspección y vigilancia de la educación tiene que valerse de exámenes de Estado y de otras pruebas externas para medir el cumplimiento de los objetivos y el mejoramiento continuo de la educación. El nuevo decreto 1290 que reglamenta la evaluación del aprendizaje menciona en el artículo 1º que ésta se realizará no solamente en el ámbito institucional sino en los ámbitos internacional y nacional. Estas últimas darán cuenta de la calidad de la educación frente a estándares internacionales y estándares básicos. En el artículo 11º del mismo decreto se establece la obligatoriedad de las pruebas censales ICFES. La capacitación que dio el Ministerio de Educación en todos los municipios colombianos, sobre el 1290 en el año 2009, estuvo precedida de 11 diapositivas que daban información de las pruebas internacionales. Es importante anotar que ni en el decreto 1860 ni en el 0230 se mencionan las pruebas ICFES (en este último, en el artículo 14 se mencionan algunas pruebas censales que podrían realizar las entidades territoriales por intermedio de empresas privadas).
Como vemos, las pruebas nacionales e internacionales servirán para evaluar la calidad de la educación. Pues bien, la política de revolución educativa, según el plan sectorial 2006-2010 establece en forma horizontal 4 variables que considera básicas del plan: cobertura, eficiencia, calidad y pertinencia.
Las dos últimas son en este momento las variables más importantes. De la calidad dependerá todo el sistema de evaluación y de la pertinencia los ejes del “nuevo currículo”:
Uso y apropiación de medios y nuevas tecnologías.
Bilingüismo (inglés como lengua extranjera)
Establece el primer artículo de la ley 1324 los principios que regirán a los “Exámenes de Estado” y a otras pruebas: independencia, igualdad, comparabilidad, periodicidad, reserva individual, pertinencia y relevancia. Es importante resaltar los principios de comparabilidad y de pertinencia. La comparabilidad nos remite a la variable calidad y la pertinencia, que es resaltada en el artículo 3º como un principio rector, permite valorar la calidad frente a los requerimientos del mercado laboral.
El artículo 4º se llama: de la Publicidad y Reserva. Manifiesta que los resultados de las pruebas se publiquen y puedan estar dispuestos a terceros con el fin de adelantar investigaciones sobre educación. En la página de Internet del ICFES hay un Link que se llama “clasificación de los colegios”, allí se encuentran todos los colegios de Colombia clasificados como muy superior, superior, alto, medio o inferior, de acuerdo con los resultados del último examen ICFES.
El artículo 7º define cuáles son los exámenes de Estado: los tradicionales ICFES y los ECAES y establece su obligatoriedad. No aparecen por ninguna parte las pruebas SABER. Los exámenes tendrán como propósito evaluar si se han alcanzado o no y en qué grado, los objetivos específicos para cada nivel o programa. La mención de “nivel”, puede incluir entonces el nivel de la educación básica, y aquí se podría hablar de las pruebas SABER. Los resultados de las pruebas cuando sean satisfactorios producirán incentivos y las instituciones cuyos resultados estén por debajo de la media nacional serán intervenidas con proyectos de mejoramiento ( o con la aplicación del Art. 1°. del Decreto 2355) de la calidad de la educación.
El artículo 12 transforma el ICFES en una empresa estatal de carácter social cuya función esencial es ofrecer el servicio de evaluación de la educación con la finalidad de prestar información.
Como lo que se requiere es evaluar la calidad de la educación, veamos qué significa este concepto. La palabra calidad proviene del ámbito económico-industrial, donde ella es una variable38 muy importante en la elaboración de bienes y servicios, y se define como “la propiedad o conjunto de propiedades inherentes a una cosa que permiten apreciarla como igual, mejor o peor de las restantes de su especie.” El concepto calidad implica comparar (principio señalado en el Art. 1°), acto que se hace de forma pública frente a unos estándares nacionales e internacionales que están expresados en la pertinencia como las necesidades del mercado.
La historia de la “evaluación de la calidad de la educación” la podemos ubicar hacia los años 50 y 60 en los EE.UU., cuando se vislumbró la necesidad de estudiar las diferencias entre los objetivos escolares y los logros alcanzados en términos de cuantificar y objetivar; el informe Coleman39, por ejemplo, empieza a preguntarse por variables que den cuenta de los logros de la escuela. Hacia los años 70 se hacen protestas en pro de una evaluación cualitativa, pero en los años 90, en el contexto de la crisis del Modelo Taylorista y en el marco del Estado de Bienestar, resurgen de nuevo los modelos cuantitativos. La crisis económica se encamina a reducir el gasto público y a establecer prioridades. Pero no sólo se reduce el gasto, sino que se instauran nuevas fórmulas de gestión y de evaluación de las políticas públicas en una cultura de rendición de cuentas. Las estrategias para que funcione el sistema parten de la descentralización de la función hasta la autonomía institucional. Y es aquí donde debemos reconocer que los decretos 1290, 2355 y la ley 1324, entre otros actos administrativos, hacen parte de un solo paquete, que lo podemos llamar de “plantelización” de la educación pública. Es erróneo considerar, como lo han venido haciendo Secretarías de educación departamentales y municipales, que el problema esencial de la evaluación está en el 1290 y por lo tanto en la “forma” de ésta y es así como durante todo el año 2009 se “quebraron la cabeza” para volver a establecer el mismo sistema de evaluación cuantitativa de la época brava del conductismo, de la tecnología educativa( razón más para demostrar que la evaluación de la educación basada en normas de competencia, y desempeños, acompañada del constructivismo, no es sino la instrucción de conductas necesarias para un nuevo consumismo).
El concepto de calidad, entonces, es una palabra vacía e indefinida que sirve para comparar de acuerdo con un contexto. Algunos autores hablan de la calidad de la educación como un concepto polisémico, es decir, de múltiples significados. Tal propuesta expresa el afán o ansia de salirse del ámbito económico que carga el concepto. Dicha propuesta no deja de ser una utopía, ya que el término no es aplicable al mundo del aprendizaje. La calidad de la educación tiene un origen y una finalidad enmarcada en la crisis económica del capitalismo, es una contratendencia,40 y se maneja como tal en la misma medida en que se establece como una política (consciente) que los capitalistas crean para contrarrestar la “tendencia decreciente de la tasa de ganancia” , ésa que genera la crisis del capitalismo.
Estas políticas:
aumentan el grado de explotación del trabajo;
reducen el salario por debajo del valor de la fuerza de trabajo,
abaratan los elementos del capital constante,
Generan superpoblación relativa,
Incentivan el comercio exterior (venden “afuera” para realizar la plusvalía) y
Articulan mecanismos para el incremento del capital por acciones.
La buena noticia es ésta: al ser una política, vale decir una decisión que depende también de la correlación de fuerzas entre los sujetos (colectivos) que quieren aplicarla o impedir que se aplique, como tal política —igualmente— se puede combatir, y revertir.