Source: http://www.puertoricans.com/Carta_Autonomica_de_1897.asp
Timestamp: 2017-09-25 17:09:06
Document Index: 56982540

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'Artículo 35', 'Artículo 36', 'Artículo 37', 'Artículo 38', 'Artículo 39', 'Artículo 40', 'Artículo 41', 'Artículo 42', 'Artículo 43', 'Artículo 44', 'Artículo 45', 'Artículo 46', 'Artículo 47', 'Artículo 48', 'Artículo 49', 'Artículo 50', 'Artículo 51', 'Artículo 52', 'Artículo 53', 'Artículo 54', 'Artículo 55', 'Artículo 56', 'Artículo 57', 'Artículo 58', 'Artículo 59', 'Artículo 60', 'Artículo 61', 'Artículo 62', 'Artículo 63', 'Artículo 64', 'Artículo 65', 'artículo 63', 'Artículo 66', 'Artículo 5', 'Artículo 67', 'Artículo 68', 'Artículo 69', 'Artículo 70', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 1', 'artículo 45', 'Artículo 2']

Vengo en decretar lo siguiente:TITULO I. DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACION DE LA ISLA DE PUERTO RICOArtículo 1°.
El gobierno y administración de la Isla de Puerto Rico se regirá en adelante con arreglo a las siguientes disposiciones.Artículo 2°.
La facultad de legislar sobre los asuntos coloniales en la forma y en los términos marcados por las Leyes corresponde a las Cámaras insulares con el Gobernador General.Artículo 4°.
La representación insular se compone de dos Cuerpos iguales en facultades: la Cámara de Representantes y el Consejo de Administración.TITULO III. DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIONArtículo 5°.
El Consejo se compone de quince individuos, de los cuales ocho serán elegidos en la forma indicada en la ley electoral, y los otros siete serán designados por el Rey, y a su nombre por el Gobernador General, entre los que reúnan las condiciones enumeradas en los Artículos siguientes.Artículo 6°.
Para tomar asiento en el Consejo de Administración se requiere: Ser español; haber cumplido treinta y cinco años; haber nacido en la Isla o llevar en ella cuatro años de residencia constante; no estar procesado criminalmente; hallarse en la plenitud de los derechos políticos; no tener sus bienes intervenidos; poseer con dos o más años de antelación una renta propia anual de 4,000 pesos, y no tener participación en contratos con el Gobierno central o con el de la Isla.
Los accionistas de las Sociedades anónimas no se considerarán contratistas del Gobierno, aun cuando lo sean las Sociedades a que pertenezcan.Artículo 7°.
(1) Ser o haber sido Senador del Reino, o tener las condiciones que para ejercer dicho cargo señala el Título 3° de la Constitución.
(2) Haber desempeñado durante dos años alguno de los cargos que a continuación se expresan:
Presidente o Fiscal de la Audiencia territorial de Puerto Rico.
Director del Instituto de San Juan.
Consejero de Administración del antiguo Consejo de este nombre.
Presidente de las Cámaras de Comercio de la Capital y de Ponce.
Presidente de la Sociedad Económica de Amigos del País de Puerto Rico.
Presidente de la Asociación de Agricultores.
Decano del Ilustre Colegio de Abogados de la Capital.
Alcalde de San Juan o Presidente de la Diputación provincial durante dos bienios.
(3) Podrán ser igualmente elegidos o designados los propietarios que figuren en la lista de los 50 mayores contribuyentes por territorial, o en la de los 50 primeros por comercio, profesiones, industria y arte.Artículo 8°.
Los Consejeros electivos se renovarán por mitad cada cinco años, y en totalidad cuando el Gobernador General disuelva el Consejo de Administración.Artículo 9°.
Las condiciones necesarias para ser nombrado o elegido Consejero de Administración podrán variarse por una Ley del Reino a petición o propuesta de las Cámaras insulares.Artículo 10°.
Exceptúase de lo dispuesto en los párrafos anteriores el cargo de Secretario del Despacho.TITULO IV. DE LA CAMARA DE REPRESENTANTESArtículo 11°.
La Cámara de Representantes se compondrá de los que nombren las Juntas electorales en la forma que determina la Ley y en la proporción de uno por cada 25,000 habitantes.Artículo 12°.
Para ser elegido Representante se requiere ser español, de estado seglar, mayor de edad, gozar de todos los derechos civiles, ser nacido en la Isla de Puerto Rico o llevar cuatro años de residencia en ella, y no hallarse procesado criminalmente.Artículo 13°.
La Cámara insular determinará con qué clase de funciones es incompatible el cargo de Representante y los casos de reelección.Artículo 14°.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no comprende a los Representantes que fueren nombrados Secretarios del Despacho.TITULO V. DE LA MANERA DE FUNCIONAR LAS CAMARAS INSULARES Y DE LAS RELACIONES ENTRE AMBASArtículo 15°.
Las Cámaras se reúnen todos los años. Corresponde al Rey, y en su nombre al Gobernador General, convocarlas, suspender, cerrar sus sesiones, y disolver separada o simultáneamente la Cámara de Representantes y el Consejo de Administración, con la obligación de convocarlas de nuevo o de renovarlas dentro de tres meses.Artículo 16°.
Mientras la Cámara de Representantes y el Consejo de Administración no hayan aprobado su Reglamento, se regirán por el del Congreso de los Diputados o por el del Senado respectivamente.Artículo 17°.
Ambas Cámaras nombrarán su Presidente, Vicepresidentes y Secretarios.Artículo 18°.
Exceptúase el caso en que el Consejo de Administración ejerza funciones judiciales.Artículo 19°.
Sus sesiones serán públicas, aun cuando en los casos que exijan reserva podrá cada una celebrar sesión secreta.Artículo 20°.
Al Gobernador General, por medio de los Secretarios del Despacho, corresponde, lo mismo que a cada una de las dos Cámaras, la iniciativa y proposición de los Estatutos coloniales.Artículo 21°.
Los Estatutos coloniales sobre contribuciones y crédito público se presentarán primero a la Cámara de Representantes.Artículo 22°.
Las resoluciones en cada uno de los dos Cuerpos Colegisladores se toman por pluralidad de votos; pero para votar acuerdos de carácter legislativo se requiere la presencia de la mitad más uno del número total de individuos que lo componen. Bastará, sin embargo, para deliberar la presencia de la tercera parte de los miembros.Artículo 23°.
Para que una resolución se entienda votada por el Parlamento insular, será preciso que haya sido aprobada en iguales términos por la Cámara de Representantes y por el Consejo de Administración.Artículo 24°.
Los Estatutos coloniales, una vez aprobados en la forma prescrita en el artículo anterior, se presentarán al Gobernador General por las Mesas de las Cámaras respectivas para su sanción y promulgación.Artículo 25°.
Los Consejeros de Administración y los individuos de la Cámara de Representantes son inviolables por sus opiniones y votos en el ejercicio de su cargo.Artículo 26°.
Los Consejeros de Administración no podrán ser procesados ni arrestados sin previa resolución del Consejo, sino cuando sean hallados in fraganti , o cuando el Consejo no se halle reunido; pero en todo caso se dará cuenta a este Cuerpo lo más pronto posible para que determine lo que corresponda. Tampoco podrán los Representantes ser procesados, ni arrestados durante las sesiones sin permiso de la Cámara, a no ser hallados in fraganti ; pero en este caso y en el de ser procesados o arrestados cuando estuvieren cerradas las Cámaras, se dará cuenta lo más pronto posible a la de Representantes para su conocimiento y resolución. La Audiencia territorial de Puerto Rico conocerá de las causas criminales contra los Consejeros y Representantes, en los casos y en la forma que determinen los Estatutos coloniales.Artículo 27°.
Las garantías consignadas en el artículo anterior no se aplicarán a los casos en que el Consejero o Representante se declare autor de artículos, libros, folletos o impresos de cualquier clase en los cuales se invite o provoque a la sedición militar, se injurie o calumnie al Gobernador general o se ataque a la integridad nacional.Artículo 28°.
Las relaciones entre las dos Cámaras se regularán, mientras otra cosa no se disponga, por la Ley de Relaciones entre ambos Cuerpos Colegisladores de 19 de julio de 1837.Artículo 29°.
3°. Dirigirse al Gobierno central por medio del Gobernador general para proponerle la derogación o modificación de las leyes del Reino vigentes, para invitarle a presentar proyectos de ley sobre determinados asuntos, o para pedirle resoluciones de carácter ejecutivo en los que interesen a la colonia.Artículo 30°.
En ambos casos la correspondencia que mediare entre los dos Gobiernos se comunicará a las Cámaras y se publicará en la Gaceta .Artículo 31°.
Los conflictos de jurisdicción entre las diferentes legislaturas municipales, provincial e insular, o con el Poder ejecutivo, que por su índole no fueran referidos al Gobierno central, se someterán a los Tribunales de Justicia, con arreglo a las disposiciones del presente Decreto.
Estas facultades se entienden sin perjuicio de las que sobre las mismas materias correspondan, según las leyes, al Poder ejecutivo colonial.Artículo 33°.
Corresponde igualmente al Parlamento insular formar los reglamentos de aquellas leyes votadas por las Cortes del Reino que expresamente se le confíen. En este sentido le compete muy especialmente, y podrá hacerlo desde su primera reunión, estatuir sobre el procedimiento electoral, formación del censo, calificación de los electores y manera de ejercitar el sufragio; pero sin que sus disposiciones puedan afectar al derecho del ciudadano, según le está reconocido por la ley electoral.Artículo 34°.
Al Gobernador General en Consejo corresponden las facultades que, respecto al nombramiento de los funcionarios, subalternos y auxiliares del orden judicial y demás asuntos con la Administración de Justicia relacionados, ejerce hoy el Ministro de Ultramar, en cuanto a la Isla de Puerto Rico se refiere.Artículo 35°.
Ninguna de las dos Cámaras podrá pasar a deliberar sobre el presupuesto colonial, sin haber votado definitivamente la parte referente a los gastos de soberanía.Artículo 36°.
A las Cortes del Reino corresponde determinar cuáles hayan de considerarse por su naturaleza gastos obligatorios inherentes a la soberanía y fijar además cada tres años su cuantía y los ingresos necesarios para cubrirlos, salvo siempre el derecho de las mismas Cortes para alterar esta disposición.Artículo 37°.
Estos tratados, si por ellas fueren aprobados, se publicarán como leyes del Reino, y como tales regirán en el territorio insular.Artículo 38°.
Los tratados de comercio en cuya negociación no hubiere intervenido el Gobierno insular, se le comunicarán en cuanto fueren leyes del Reino, a fin de que pueda en un período de tres meses declarar si desea o no adherirse a sus estipulaciones. En caso afirmativo, el Gobernador General lo publicará en la Gaceta como Estatuto colonial.Artículo 39°.
Corresponderá también al Parlamento insular la formación del Arancel y la designación de los derechos que hayan de pagar las mercancías, tanto a su importación en el territorio insular como a la exportación del mismo.Artículo 40°.
(1) Ningún derecho, tenga o no carácter fiscal, y establézcase para la importación o la exportación, podrá ser diferencial en perjuicio de la producción insular o peninsular.
(2) Se formará por los dos Gobiernos una lista de artículos de procedencia nacional directa, a los cuales se les señalará de común acuerdo un derecho diferencial sobre similares de procedencia extranjera.
Si en la formación de ambas listas y en la fijación de los derechos protectores hubiera conformidad entre los dos Gobiernos, las listas se considerarán definitivas y se pondrán desde luego en vigor. Si hubiere discrepancia, se someterá la resolución del punto litigioso a una comisión de Diputados del Reino, formada por iguales partes de puertorriqueños y peninsulares. Esta comisión nombrará su Presidente; si sobre su nombramiento no se llegara a un acuerdo, presidirá el de más edad. El Presidente tendrá voto de calidad.
(3) Las tablas de valoraciones relativas a los artículos enumerados en las dos listas mencionadas en el número anterior se fijarán de común acuerdo, y se revisarán contradictoriamente cada dos años. Las modificaciones que en su vista proceda hacer en los derechos arancelarios se llevarán desde luego a cabo por los respectivos Gobiernos.TITULO VII. DEL GOBERNADOR GENERALArtículo 41°.
El Gobernador general, antes de hacerse cargo de su destino, prestará en manos del Rey el juramento de cumplirlo fiel y lealmente.Artículo 42°.
La correspondencia de este género se comunicará integra y simultáneamente al Ministerio de Estado.Artículo 43°.
4°. Nombrar y separar libremente los Secretarios del Despacho.Artículo 44°.
Ningún mandato del Gobernador general, en su carácter de Representante y Jefe de la Colonia, puede llevarse a efecto si no está refrendado por un Secretario del Despacho, quien por este solo hecho se hace de él responsable.Artículo 45°.
El aumento o disminución de las Secretarías del Despacho, así como la determinación de los asuntos que a cada una correspondan, pertenece al Parlamento insular.Artículo 46°.
Los Secretarios del Despacho pueden ser individuos de la Cámara de Representantes o del Consejo de Administración, y tomar parte en las discusiones de ambos cuerpos; pero sólo tendrán voto en aquel a que pertenezcan.Artículo 47°.
Los Secretarios del Despacho serán responsables de sus actos ante las Cámaras insulares.Artículo 48°.
El Gobernador general no podrá modificar o revocar sus propias providencias cuando hubiesen sido confirmadas por el Gobierno, fueren declaratorias de derechos, hubieren servido de base a sentencia judicial o contencioso-administrativa, o versasen sobre su propia competencia.Artículo 49°.
El Gobernador general no podrá hacer entrega de su cargo al ausentarse de la Isla sin expreso mandato del Gobierno. En casos de ausencia de la capital que le impidieran despachar los asuntos o imposibilidad de ejercerlos, podrá designar la persona o personas que hubieran de sustituirle, si el Gobierno no lo hubiese hecho de antemano, o si en sus instrucciones no estuviera previsto el modo de hacer la sustitución.Artículo 50°.
De las responsabilidades administrativas en que incurra conocerá el Consejo de Ministros.Artículo 51°.
Una ley determinará el procedimiento y los medios de acción que en estos casos podrá emplear el Gobernador general.TITULO VIII. DEL REGIMEN MUNICIPAL Y PROVINCIALArtículo 52°.
Todo Municipio legalmente constituido estará facultado para estatuir sobre la instrucción pública, las vías terrestres, fluviales o marítimas, la sanidad local, los presupuestos municipales, y para nombrar y separar libremente sus empleados.Artículo 53°.
Al frente de la provincia habrá una Diputación elegida en la forma que determinen los Estatutos coloniales y compuesta del número de individuos proporcional a su población.Artículo 54°.
La Diputación provincial es autónoma en todo lo referente a la creación y dotación de establecimientos de instrucción pública, servicios de beneficencia, vías provinciales terrestres, fluviales o marítimas, formación de sus presupuestos y nombramientos y separación de sus empleados.Artículo 55°.
Los recursos del presupuesto provincial serán independientes de los del municipal.Artículo 56°.
Serán Alcaldes y Tenientes de Alcalde los Concejales elegidos por los Ayuntamientos.Artículo 57°.
Los Alcaldes ejercerán sin limitación alguna las funciones activas de la Administración municipal, como ejecutores de los acuerdos de los Ayuntamientos y representantes suyos.Artículo 58°.
Tanto los Concejales como los Diputados provinciales serán responsables civilmente de los daños y perjuicios causados por sus actos.
Esta responsabilidad será exigible ante los Tribunales ordinarios.Artículo 59°.
La Diputación provincial nombrará libremente su Presidente.Artículo 60°.
Las elecciones de Concejales y Diputados provinciales se harán de manera que las minorías tengan en ellas su legítima representación.Artículo 61°.
Las Leyes provincial y municipal vigentes en Puerto Rico seguirán rigiendo en cuanto no se opongan a las disposiciones del presente Decreto y a las modificaciones introducidas por la ley Electoral mientras el Parlamento colonial no estatuya sobre estas materias.Artículo 62°.
Ningún estatuto colonial podrá privar a los Municipios ni a la Diputación de las facultades reconocidas en los artículos anteriores.TITULO IX. DE LAS GARANTIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA CONSTITUCION COLONIALArtículo 63°.
El ministerio fiscal, si a ello fuera requerido por los agentes del Poder ejecutivo colonial, perseguirá igualmente ante los Tribunales las infracciones de ley o las extralimitaciones de facultades cometidas por los Ayuntamientos y Diputación.Artículo 64°.
En los casos a que se refiere el artículo anterior, serán Tribunales competentes para las reclamaciones contra los Municipios, la Sala de lo civil de la Audiencia territorial, y para las reclamaciones contra la Diputación provincial, la Audiencia territorial de Puerto Rico en pleno.
Cuando se trate de extralimitación de facultades de las referidas Corporaciones, resolverá en Tribunal pleno la Audiencia territorial. De las resoluciones de la Audiencia territorial podrá apelarse al Tribunal Supremo del Reino.Artículo 65°.
Las facultades concedidas en el artículo 63°. a todo ciudadano se podrán también ejercer colectivamente por medio de la acción pública, nombrando al efecto apoderado o representante.Artículo 66°.
Sin perjuicio de las facultades que le están otorgadas en el Artículo 5°., el Gobernador general, cuando lo estime conveniente, podrá acudir, en su calidad de Jefe del Poder ejecutivo colonial, ante la Audiencia territorial de Puerto Rico, para que ésta dirima los conflictos de jurisdicción entre el Poder ejecutivo colonial y sus Cámaras legislativas.Artículo 67°.
Si surgiera alguna cuestión de jurisdicción entre el Parlamento insular y el Gobernador general en su calidad de representante del Poder central, que a petición del primero no fuera sometida al Consejo de Ministros del Reino, cada una de las dos partes podrá someterla a la resolución del Tribunal Supremo del Reino, que resolverá en pleno y en una sola instancia.Artículo 68°.
Las resoluciones que recaigan en los casos previstos en los artículos anteriores se publicarán en la Colección de Estatutos Coloniales y formarán parte de la legislación insular.Artículo 69°.
Un Estatuto especial determinará la cuantía del empréstito o de la deuda que, según el número de vecinos que compongan el Ayuntamiento, será necesaria para que tenga lugar el referéndum.Artículo 70°.
Todas las disposiciones de carácter legal que emanen del Parlamento colonial o de los Tribunales, se compilarán con el nombre de Estatutos coloniales en una colección legislativa, cuya formación y publicación estará confiada al Gobernador general como Jefe del Poder ejecutivo colonial.ARTICULOS ADICIONALESArtículo 1°.
Mientras no se hayan publicado en debida forma Estatutos coloniales, se entenderán aplicables las Leyes del Reino a todos los asuntos reservados a la competencia del Gobierno insular.Artículo 2°.
Una vez aprobada por las Cortes del Reino la presente Constitución para las Islas de Cuba y Puerto Rico, no podrá modificarse sino en virtud de una ley y a petición del Parlamento insular.Artículo 3°.
Sobre los que aún no hubieran empezado a ejecutarse, pero estuvieran ya convenidos, el Gobernador general consultará al Gobierno central o a las Cámaras coloniales en su caso, resolviéndose de común acuerdo entre los dos Gobiernos la forma definitiva en que hubieren de celebrarse.ARTICULOS TRANSITORIOSArtículo 1°.
A fin de llevar a cabo con la mayor rapidez posible y con la menor interrupción de los servicios la transición del sistema actual al que se crea por este Decreto, el Gobernador general, cuando considere llegado el momento oportuno, previa consulta al Gobierno central, nombrará los Secretarios del Despacho a que se refiere el artículo 45°., y con ellos conducirá el Gobierno interior de la Isla de Puerto Rico hasta la constitución de las Cámaras insulares. Los Secretarios nombrados cesarán en sus cargos al prestar el Gobernador general juramento ante las Cámaras insulares, procediendo el Gobernador acto continuo a sustituirlos con los que a su juicio representen de la manera más completa las mayorías de la Cámara de Representantes y del Consejo de Administración.Artículo 2°.
Dado en Palacio a veinticinco de noviembre de mil ochocientos noventa y siete