Source: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5561626&fecha=31/05/2019
Timestamp: 2019-11-12 10:42:49
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DOF: 31/05/2019
SENTENCIA dictada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Acción de Inconstitucionalidad 29/2018, así como los Votos Concurrentes formulados por los Ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales y Pres
SENTENCIA dictada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Acción de Inconstitucionalidad 29/2018, así como los Votos Concurrentes formulados por los Ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales y Presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 29/2018
MINISTRO PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO
SECRETARIO: MERCEDES VERÓNICA SÁNCHEZ MIGUEZ
Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día diecinueve de febrero de dos mil diecinueve.
VISTOS para resolver los autos relativos a la acción de inconstitucionalidad 29/2018 promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y,
PRIMERO. Presentación de la acción. Mediante escrito presentado el siete de febrero de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis Raúl González Pérez, en su carácter de Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, promovió acción de inconstitucionalidad solicitando la invalidez de la norma que más adelante se señala, emitida y promulgada por las autoridades que a continuación se precisan:
- Órganos que emitieron y promulgaron la norma general que se impugna: Congreso y el Gobernador Constitucional, ambos del Estado de Nuevo León.
- Normas generales cuya invalidez se reclaman. Los artículos 140 y 148 en la porción normativa "el hombre y la mujer", del Código Civil para el Estado de Nuevo León, reformados mediante Decreto número 317, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, el ocho de enero de dos mil dieciocho.
SEGUNDO. Artículos constitucionales y de instrumentos internacionales violados. El promovente estima violados los artículos 1° y 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 1, 11, 17 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; los artículos 2°, 3° y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y los diversos 2° y 3° del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
TERCERO. Conceptos de invalidez. El promovente en su único concepto de invalidez, argumenta en síntesis lo siguiente:
- Indica que es inconstitucional la porción normativa "el hombre y la mujer" en los artículos 140 y 148 del Código Civil para el Estado de Nuevo León, toda vez que considera la institución del matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer y excluye a las parejas del mismo sexo. Lo anterior vulnera directamente el derecho a la dignidad humana en su vertiente de libre desarrollo de la personalidad, los principios de igualdad y no discriminación, la protección a la organización y desarrollo de la familia, previstos en los artículos 1° y 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- La norma impugnada tiene una legítima finalidad constitucional, además de que se emitió cumpliendo todas las normas aplicables. Dicha norma tiene el objeto de proteger y garantizar a las víctimas u ofendidos la reparación del daño, cuando resulten afectados por las conductas ilícitas que se prevén en el artículo 22 constitucional, y en ese sentido se aprecia la inexistencia de toda violencia al principio constitucional.
- Indica que el artículo 147 del Código Civil para el Estado de Nuevo León establece que el Estado sólo reconoce la unión legítima de un solo hombre con una sola mujer para contraer matrimonio y que tenga como fin la ayuda mutua, guardarse fidelidad, perpetuar la especie y crear una comunidad de vida permanente. Así, el requisito se satisface sólo mediante la unión del hombre con una mujer en función directa de los artículos 140 y 148 del código citado.
- Señala que al prever el matrimonio como un derecho orientado a salvaguardar la perpetuación de la especie, transgrede el reconocimiento de la dignidad humana como derecho fundamental, del que deriva el libre desarrollo de la personalidad reconocido en el artículo 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como el diverso 1° de la Constitución Federal. El derecho en cuestión implica que todo individuo puede elegir, de forma libre y autónoma, cómo vivir su vida, lo que recae en la libertad de contraer matrimonio, procrear o no hijos, definir preferencias sexuales, compartir su vida con otra independientemente de su sexo y género.
- Por lo anterior, estima que las porciones normativas que se refieren al matrimonio como la unión entre "un hombre y una mujer", son incompatibles con el bloque de constitucionalidad actual que rige la materia de derechos humanos; esto, ya que se orientan a garantizar la perpetuación de la especie y no a compartir una vida en común con la persona de su elección. Insiste, que los fines de procreación dependerán sólo de la persona y su libre desarrollo, pues también es una potestad, por lo que la celebración del matrimonio no necesariamente conlleva a la procreación. Sustenta sus argumentos con la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "MATRIMONIO. EL ARTÍCULO 143, PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE OAXACA, EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE PRESCRIBE PERPETUAR LA ESPECIE', COMO UNA DE LAS FINALIDADES DE ESA INSTITUCIÓN ES CONTRARIO A LOS ARTÍCULOS 1° Y 4° DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS".
- Posteriormente, indica que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al interpretar el artículo 1.1 de la Convención American (en cuanto a la prohibición de discriminación), definió que el precepto es una norma de carácter general y su contenido se extiende a todas las disposiciones del tratado y obliga a que los Estados parte a que garanticen todos los derechos y libertades reconocidos, sin discriminación alguna. Asimismo, refiere que el tribunal interamericano ha señalado que el principio de igualdad y no discriminación es inseparable de la dignidad de la persona.
- Hace especial énfasis en que lo anterior ha sido reiterado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de rubro: "DIGNIDAD HUMANA. CONSTITUYE UNA NORMA JURÍDICA QUE CONSAGRA UN DERECHO FUNDAMENTAL A FAVOR DE LAS PERSONAS Y NO UNA SIMPLE DECLARACIÓN ÉTICA".
- Posteriormente, retoma el caso "Atala Riffo y Niñas Vs. Chile" para señalar que dentro de los derechos fundamentales, se encuentra el derecho a la identidad personal y sexual. Una vez que define esos derechos, indica que estos, en conjunción de otros, son factores que determinan a un individuo en su desarrollo personal y que repercute en la colectividad con la que interactúa; de ahí que, el individuo tenga la libertad de entablar relaciones afectivas, amistosas o sexuales con personas del sexo o género igual o diferente, lo que repercute en la autodeterminación de la persona e incide en su decisión de con quién formará una vida en común y si desea o no tener hijos.
- Enfatiza que la porción normativa e incompatible con la prohibición de la discriminación y la protección efectiva de los derechos de identidad personal y sexual, pues limitan el matrimonio a la unión entre un hombre y una mujer y no con la persona que sea de la elección, lo cual repercute en el libre desarrollo.
- Así, concluye que al excluir injustificadamente a las parejas del mismo sexo para contraer matrimonio, se contrapone a la dignidad humana y contraviene los artículos 1° y 4° constitucionales.
- Asimismo, indica que limitar el matrimonio a "un hombre y una mujer" para garantizar la perpetuación de la especie, trasgrede el derecho a la igualdad y la prohibición de discriminación, pues se excluye de forma categórica de este derecho a las parejas del mismo sexo. Efectivamente, refiere que la vigencia de la disposición en el orden jurídico, se materializa como un acto de discriminación por ejercer una distinción basada en razones de preferencia sexual, con los efectos de impedir el reconocimiento y ejercicio de los derechos de igualdad, así como oportunidades.
- Para sustentar el argumento, retoma las consideraciones emitidas por este Tribunal Pleno al resolver la acción de inconstitucionalidad 28/2015. Al respecto, se decidió que el artículo impugnado del Código Civil del Estado de Jalisco de contenido similar al de la presente acción era discriminatorio y la principal línea argumentativa es que vulneraba la protección a toda forma de familia, aun cuando la Constitución Federal protege a cualquiera de sus formas.
- Enfatiza que las normas impugnadas derivan en una notoria exclusión de las parejas conformadas
por personas del mismo sexo y generan una distinción basada en el reconocimiento del matrimonio como una institución única entre parejas heterosexuales; por ello, el legislador crea un estigma a las modalidades no tradicionales del ejercicio de este derecho, sin sustento constitucional y que rebasa el contexto social actual. Así, la discriminación proviene desde la ley y viola la norma fundamental y tratados internacionales.
- Como consecuencia, indica que la legislación del Estado de Nuevo León no es acorde a los principios fundamentales contemplados a partir de la reforma constitucional de diez de junio de dos mi once, mediante los cuales se insta a las autoridades a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos conforme con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Aunado, no atiende la prohibición de discriminación motivada por el género, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana.
- Por otra parte refiere que si bien es cierto que el principio de igualdad tiene diversas acepciones, una de éstas es la igualdad ante la ley y debe observarse en todos los preceptos a fin de prever disposiciones sin tratos diferenciados o criterios arbitrarios; por lo contrario, debe procurar la protección más amplia a las personas en todo momento. Así, indica que sólo puede legislarse en función positiva para otorgar una protección especial.
- Aunado a lo anterior, indica que el principio de no discriminación también implica la prohibición de hacer distinciones sin una base objetiva, por lo que los artículos impugnados no cumplen con el mandato constitucional y perjudica sistemáticamente a un grupo de personas.
- En este orden de ideas, retoma a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso "López Álvarez Vs. Honduras", pues se fijó que el principio de derecho imperativo de protección igualitaria y efectiva de la ley y no discriminación, establece que los Estados deben abstenerse de producir regulaciones discriminatorias o que tengan estos efectos. Asimismo, indica que este tribunal internacional ha señalado el alcance de la relación entre el género humano y la dignidad, de forma que es inadmisible considerar que un grupo determinado de personas es superior, dando como resultado un trato privilegiado como sería el goce de determinados derechos.
- Por otra parte, destaca que la Opinión Consultiva 24/2017, de veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete, la Corte Interamericana de Derechos humanos determinó que de conformidad con los artículos 1.1, 2, 11.2, 17 y 24 de la Convención, los Estados deben garantizar el acceso a la figura jurídica del matrimonio a las parejas del mismo sexo; de ahí que, se deba asegurar el acceso al matrimonio en condiciones de igualdad sin importar el sexo de las personas.
- Evidencia que los artículos 140 y 148 del Código Civil para el Estado de Nuevo León, con relación al diverso 147 prevén una disposición excluyente que implica discriminación con base en las preferencias sexuales, carecen de contenido neutral y, por lo tanto, afectan de manera desproporcionada y negativa a un grupo social.
- Así, estima que reconocer el matrimonio como la unión exclusiva entre un hombre y una mujer es incompatible con la Constitución Federal y el corpus iuris internacional, toda vez que no existe justificación que motive la distinción y se impide el acceso a la institución matrimonial a un determinado grupo de personas. Finalmente, indica que el matrimonio no es un concepto inmutable, sino que debe atender a los procesos sociales dinámicos que deben ser acorde al principio pro persona.
- De esta forma, concluye que las porciones impugnadas de los artículos 140 y 148 del Código Civil para el Estado de Nuevo León son inconstitucionales, ya que atentan contra la autodeterminación de las personas y el derecho al libre desarrollo de la personalidad de cada individuo; de forma implícita, generan una violación al principio de igualdad y excluye a las parejas homosexuales para contraer matrimonio.
- Finalmente, refiere que si se declaran inconstitucionales los preceptos impugnados, entonces también deben invalidarse todas aquellas normas que estén relacionadas; esto, de conformidad con los artículos 41, fracción IV y 45, segundo párrafo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, recalca que los artículos 140 y 148 están en función de una interpretación sistemática del diverso 147, por lo que este Alto Tribunal es competente para declarar su invalidez indirecta, en la porción normativa que señala "perpetuación de la especie". Luego, los efectos de una invalidez de una norma o grupo de ellas, se origina a partir de la extensión de los efectos de la invalidez de otra, por las mismas causas.
CUARTO. Registro y admisión de la acción de inconstitucionalidad. Mediante proveído de ocho de
febrero de dos mil dieciocho, el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar la acción de inconstitucionalidad con el número de expediente 29/2018; asimismo, la turnó al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo para que fungiera como instructor en el procedimiento.
Por su parte, mediante acuerdo emitido el nueve de febrero siguiente, el Ministro Instructor tuvo por presentada la acción de inconstitucionalidad y la admitió a trámite, dio vista a los poderes Legislativo y Ejecutivo de Nuevo León para que rindieran su informe y requirió al Congreso de dicha entidad federativa, por conducto de quien legalmente lo representa, para que enviara copia certificada de todos los antecedentes legislativos de la norma impugnada; por su parte, solicitó al Poder Ejecutivo de dicha entidad federativa remitiera el ejemplar del Periódico Oficial del Gobierno del Estado en el que se publicó la norma impugnada; por último, dio vista a la Procuraduría General de la República para que formulara el pedimento que le corresponde.
QUINTO. Informe del Poder Ejecutivo del Estado. El Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León, a través del Subsecretario de Asuntos Jurídicos y Atención Ciudadana de la Secretaría General de Gobierno, rindió su informe el veinte de marzo de dos mil dieciocho. Al respecto, contestó el concepto de invalidez de la parte accionante, señalando lo siguiente:
- En primer lugar, refiere que previa a la promulgación respectiva por el Gobernador del Estado de Nuevo León, se publicó el decreto 317 en el Periódico Oficial de la entidad federativa, mediante el cual se reformaron los artículos impugnados. Así, la promulgación del decreto se hizo con fundamento en los artículos 71, 75 y 85, fracción X, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León. No obstante, en la demanda no converge la promulgación realizada por el Gobernador.
- En la demanda, se plantea la inconstitucionalidad de las normas impugnadas con base en que atentan los derechos humanos de igualdad y no discriminación, ya que se excluye la posibilidad de que las parejas del mismo sexo celebren el matrimonio; sin embargo, la reforma no versó respecto de dicha temática, sino que se buscó modificar la edad para celebrar esponsales y unirse en matrimonio.
- Incluso, la propia demanda reconoce que de la exposición de motivos, se advierte que la reforma tiene la finalidad de evitar el matrimonio infantil y establecer los dieciocho años como edad mínima para contraer matrimonio, pues antes se permitía que los jueces concedieran dispensas para los menores de edad.
- Transcribe la exposición de motivos de la iniciativa presentada por el Gobernador Constitucional de la entidad, así como el dictamen emitido por la Comisión de Legislación del Congreso del Estado de Nuevo León; esto, para evidenciar que la reforma pretende atacar el problema del matrimonio infantil.
- Así, evidencia que la reforma a las normas impugnadas en nada involucra el género de las personas que pueden celebrar esponsales o contraer matrimonio. También indica que si bien es cierto que el texto del artículo 140 y 148 del Código Civil del Estado de Nuevo León se alude "al hombre y la mujer", no se hace en un sentido excluyente o que discrimine a personas del mismo sexo. Así, simplemente se buscó regular la edad mínima de quienes podrían celebrar esponsales o casarse y no debe conferirle un alcance ajeno al texto ni finalidad.
- Asimismo, refiere que los artículos impugnados están en el tema de matrimonio, subtema de los esponsales, eso no autoriza a aprovechar su impugnación actual como pretexto para cuestionar tardíamente otros dispositivos (el diverso artículo 147 del mismo código citado) cuya constitucionalidad no se previó en el plazo previsto por la ley reglamentaria aplicable a las acciones de inconstitucionalidad.
- Continúa con que la simple lectura de los artículos 140 y 148 del Código Civil para el Estado de Nuevo León, se advierte que no son reguladores del género sexual de las personas que pueden celebrar legalmente esponsales o contraer matrimonio. De esta forma, lo que se propone en la demanda pasa a ser un problema de interpretación normativa y no de colisión con la Constitución Federal, por lo que la vía de la acción de inconstitucionalidad no es la adecuada.
- Finalmente, refiere que el artículo 147 del Código Civil multicitado admite una interpretación conforme a la Constitución Federal, de manera que se adecúa a la parte dogmática y es armónica con los derechos humanos reconocidos en ésta y los tratados internacionales; por ello, estima que lo mismo ocurre con los artículos 140 y 148 impugnados, ya que al tenor literal no tiene el efecto restrictivo de los derechos que se postulan en la demanda. Aun suponiendo que fueran restrictivas
en su literalidad, son susceptibles de interpretarse conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
SEXTO. Informe del Poder Legislativo del Estado. Posteriormente, el Poder Legislativo del Estado de Nuevo León, a través de la Presidenta de la Mesa Directiva de la Septuagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de Nuevo León, rindió su informe el veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, en los siguientes términos:
- En primer término, refiere que el propio actor señaló que la norma que se combate no es la que define la institución de matrimonio, pues en realidad tal concepto se encuentra en el artículo 147 del Código Civil para el Estado de Nuevo León. No obstante, el artículo 147 fue reformado mediante decreto publicado el cinco de febrero de mil novecientos noventa y siete, en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León; por ello, concluye que si la porción normativa "el hombre y la mujer" existe desde esa fecha, entonces la presente acción debe declararse extemporánea.
- Luego, indica que al no preverse en normas relativas al matrimonio en la Constitución Federal, no existe un parámetro con el que pueda confrontarse el texto de los artículos impugnados, entonces es inadecuado estudiar la constitucionalidad a la luz del artículo 4°, pues ese precepto sólo contempla la igualdad entre el hombre y la mujer, así como la protección de la familia.
- De la lectura de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se advierte que el artículo 17 utiliza los términos "hombre y mujer" al igual que otros tratados, pero esto no quiere decir que sean excluyentes o no se establezcan condiciones de igualdad para todas las personas sin importar su sexo; de ahí que, considere que no se está ante un acto discriminatorio, pues, insiste, que los artículos 140 y 148 del Código Civil para el Estado de Nuevo León no contravienen lo establecido en los diversos 1° y 4° de la Constitución Federal.
- De igual forma, indica que los artículos del código civil local no vulneran la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que el Congreso del Estado de Nuevo León actuó dentro de su esfera competencial, en estricto acatamiento al contenido del artículo 116 constitucional en relación con los diversos 63, 70 y 71 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León.
- Posteriormente indica que partiendo de la premisa que el matrimonio es la institución integradora de la familia, así como que el vínculo jurídico social en el que dos personas contraen derechos y obligaciones recíprocas, es claro que el elemento fundamental para aceptar las cargas que derivan del matrimonio, es el consentimiento personalísimo de ambos contrayentes.
- En otro orden de ideas, señala que el matrimonio infantil constituye un problema mundial que va en contra de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que deciden por ellos o que son objeto de una moneda de cambio para mejorar la economía de sus padres, pues se sujetan a obligaciones que no son física ni psicológicamente aptos para su pleno desarrollo.
- Ante esta problemática, indicó que con la reforma se cumplen con los tratados internacionales (Convención Americana sobre Derechos Humanos, Convención sobre el Consentimiento para el Matrimonio, la Edad Mínima para Contraer Matrimonio y el Registro de Matrimonios, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, así como la Convención sobre la Eliminación de Todas Formas de Discriminación en Contra de la Mujer) en los cuales se establecen que los dieciocho años es la edad mínima que debe tener el hombre y la mujer para contraer matrimonio. Adicionalmente, también se cumplen con los derechos humanos reconocidos en el primer párrafo del artículo 1° y el sexto párrafo del artículo 4°, ambos de la Constitución Federal, toda vez que se permite que todas las personas gocen de los derechos humanos y garantías para su protección, así como que se tome en cuenta el interés superior de la niñez.
- Así, indica que el espíritu del legislador es derogar las disposiciones establecidas como excepciones para que un menor de edad pueda contraer matrimonio, es decir, que los menores solo puedan contraer matrimonio con la autorización del juez de primera instancia o el tribunal de justicia en el estado ante causas graves y justificadas.
- Como consecuencia, indica que el matrimonio para mayores de dieciocho años garantiza que la persona tenga la autodeterminación adquirida por la mayoría de edad y se refleje en su desarrollo personal; es por eso, que no considera que se violente el libre desarrollo de la personalidad ni los artículos 1° y 4° constitucionales.
- Incluso, refiere que la nueva edad no sólo es para la protección de los menores, sino que desvincula la procreación del matrimonio.
- Así, la reforma pretende evitar la desigualdad, la exclusión, discriminación y deserción escolar, así como salvaguardar los derechos de las menores cuyos padres pactan el matrimonio y se encuentra arraigado en la discriminación por razón de sexo, género y edad.
- Luego, reconoce que el matrimonio infantil es una práctica que sigue ocurriendo en el país, e implica una violación grave a los derechos de los niños y niñas que impide su libertad física, sano desarrollo en su entorno y la capacidad de decidir un futuro para sí mismos. Adicionalmente, se pretende evitar la violencia que suelen sufrir las menores, que van desde abusos hasta violaciones y las consecuencias que trae la falta del uso del preservativo.
- Continúa con que permitir el matrimonio infantil violenta los derechos humanos de los menores, pues puede ser una de las formas generalizadas de abuso sexual y explotación, con consecuencias negativas como la separación de la familia y amigos, la falta de libertad para relacionarse con personas de la misma edad y reducción de las oportunidades para acceder a la educación.
- Por todo lo expuesto, concluye que la mayoría de edad para contraer matrimonio es un requisito que implica la eliminación de cualquier dispensa de familiares o tutores, al igual que autoridades o jueces en beneficio de los menores. Así, estima que las normas impugnadas no son transgresoras de derechos humanos, sino que se trata de una medida necesaria para los fines que se persiguen.
SÉPTIMO. Plazo para alegatos. Como consecuencia, por proveído de veintidós de marzo de dos mil dieciocho, el Ministro instructor tuvo por presentados los informes y por desahogado el requerimiento formulado en el diverso auto de nueve de febrero de dos mil dieciocho. Adicionalmente, se ordenó correr traslado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como a la Procuraduría General de la República, con copia simple del informe y anexos presentados por la autoridad promulgadora de la norma impugnada. Finalmente, se fijó el plazo de cinco días hábiles para que formularan por escrito sus alegatos.
OCTAVO. Opinión de la Procuraduría General de la Republica. Debido a la ausencia de Titular de la Procuraduría General de la Republica(1), Alberto Elías Beltrán, en su carácter de Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, mediante oficio presentado el seis de abril de dos mil dieciocho, emitió la opinión respectiva sobre el conflicto jurídico planteado. Como consecuencia, mediante proveído de nueve de abril siguiente, el Ministro instructor tuvo por formulado el pedimento.
En síntesis, el Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales manifestó:
- En cuanto a la extemporaneidad alegada por los poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Nuevo León, señaló que los argumentos, atendiendo a la suplencia de la queja y la cuestión efectivamente planteada, deben entenderse como una causal de improcedencia respecto de la impugnación del artículo 147 del Código Civil local, cuya validez se pretende en vía de consecuencia.
- Luego, señala que el planteamiento de improcedencia debe desestimarse, ya que con la reforma de los artículos 140 y 148, se configuró un acto legislativo nuevo con el que se aumentó la edad para contraer matrimonio. Así, si bien es cierto que el artículo 147 se reformó el cinco de febrero de mil novecientos noventa y siete y en éste se define la institución de matrimonio, lo cierto es que los preceptos 140 y 148 del mismo ordenamiento, sólo se reformaron para combatir el matrimonio infantil al elevar la edad y suprimir la dispensa de la misma por causas justificadas. Este simple aspecto implica una modificación sustancial de los preceptos impugnados.
- Retoma lo resuelto en la acción de inconstitucionalidad 29/2008, en el que el Tribunal Pleno reiteró que si bien es cierto que cuando la reforma o adición no va dirigida al contenido normativo del precepto impugnado, entonces no se podía considerar como un acto legislativo nuevo que hiciera procedente la acción de inconstitucionalidad. En cambio, cuando del texto aprobado se advierta que se modificó el alcance jurídico o se hubiere precisado un punto ambiguo u oscuro, entonces sí se estaba en presencia de un nuevo acto legislativo.
- Así, indica que sí se cumplen con los dos requisitos para considerar que existe un nuevo acto legislativo (que se haya llevado un proceso legislativo y que la modificación normativa sea sustantiva o material). En cuanto al primer aspecto, se llevaron a cabo las diferentes etapas del procedimiento legislativo hasta culminar con la publicación de la reforma; en cuanto al segundo, también se actualiza, ya que se modificó la edad para contraer matrimonio, de forma que la figura de matrimonio sufrió un cambio significativo.
- Por lo anterior, estima que la causal de improcedencia debe desestimarse.
- En cuanto al fondo del asunto, expone el marco constitucional, jurisprudencial y convencional que
estima aplicable al caso. Con base en lo anterior, concluye que el concepto de invalidez esgrimido es esencialmente fundado.
- Al respecto señala que la exclusión de las personas homosexuales a la institución del matrimonio incide directamente en el libre desarrollo de la personalidad de forma injustificada. Continúa con que las parejas del mismo sexo pueden adecuarse a los fundamentos actuales de la institución matrimonial y de la familia en la medida que también se mantienen relaciones comprometidas y estables.
- Retoma a la Primera Sala de esta Suprema Corte e indica que para todos los efectos relevantes, las parejas del mismo sexo se encuentran en una situación equivalente a las parejas heterosexuales, por lo que es injustificada la exclusión del matrimonio.
- Señala que no existe razón de índole constitucional para desconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo y que toda ley que limite el matrimonio a un hombre y a una mujer, resulta inconstitucional al conllevar a un acto de verdadera discriminación.
- Concretamente, advierte que la porción impugnada de los artículos 140 y 148 del Código Civil del Estado de Nuevo León, es inconstitucional porque atenta contra la autodeterminación de las personas y el libre desarrollo de la personalidad. De forma implícita también viola el principio de igualdad pues se establece un trato diferenciado para las parejas del mismo sexo.
- Asimismo, argumenta que los artículos que se combaten son una medida que no protege la institución de la familia porque resulta discriminatoria, pues vincula los requisitos del matrimonio a las preferencias sexuales de quienes pretenden formar una familia. Así, las preferencias sexuales no constituyen un aspecto relevante para hacer la distinción en relación con el fin perseguido como lo es la familia, lo cual no debe incidir en su tipo, sino que deben protegerse en cuanto a la realidad social.
- Por lo anterior, estima que debe declararse la inconstitucionalidad de la porción normativa "el hombre y la mujer" prevista en los artículos 140 y 148 del Código Civil del Estado de Nuevo León y, en la vía de consecuencia, la invalidez de las porciones normativas del precepto 147, del mismo ordenamiento, que señalan "un solo hombre y una sola mujer", así como "perpetuar la especie".
- Finalmente, solicita tener por reproducidas en lo conducente, las consideraciones expresadas en la acción de inconstitucionalidad 28/2015.
NOVENO. Alegatos y cierre de instrucción. Por oficio presentado el nueve de abril de dos mil dieciocho, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por conducto de su delegado, formuló alegatos; mismos que fueron acordados mediante auto de diez de abril siguiente.
Finalmente, una vez transcurrido el plazo legal concedido a las partes para formular alegatos, mediante proveído de veinte de abril de dos mil dieciocho, el Ministro Instructor decretó el cierre de la instrucción, a efecto de elaborar el proyecto de resolución respectivo.
PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que se plantea la posible contradicción entre los artículos 140 y 148 del Código Civil para el Estado de Nuevo León y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como algunos instrumentos de carácter internacional.
SEGUNDO. Oportunidad. El artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que el plazo para la presentación de la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales y el cómputo respectivo deberá hacerse a partir del día siguiente al en que se hubiere publicado la norma impugnada en el correspondiente medio oficial. Asimismo, señala que si el último día del plazo fuere inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.
En el caso, los artículos 140 y 148 se reformaron mediante el "Decreto número 317 por el que se reforman diversas leyes del Estado de Nuevo León", que se publicó en la Tercera Sección del tomo CLV, Número 4-III, del Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, el ocho de enero de dos mil dieciocho; por lo tanto, el plazo de treinta días naturales para promover la acción inició el
nueve de enero de dos mil dieciocho y concluyó el siete de febrero siguiente.
Consecuentemente, como la demanda fue presentada el siete de febrero de dos mil dieciocho ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe estimarse que resulta oportuna.
No es óbice a lo anterior lo señalado por los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Nuevo León, en el sentido de que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción VII del artículo 19, en relación con el artículo 65, de la Ley Reglamentaria de la Materia, al haberse promovido la demanda de manera extemporánea, pues consideran que la porción normativa impugnada tiene su origen en un acto legislativo previo, publicado el cinco de febrero de mil novecientos noventa y siete.
Contrario a lo señalado por las autoridades mencionadas, la demanda se promovió oportunamente, pues, como quedó expuesto, se presentó dentro del plazo de treinta días naturales previsto para ello, ya que las normas impugnadas en esta acción son los artículos 140 y 148 del Código Civil para el Estado de Nuevo León -en la porción normativa que señala "el hombre y la mujer"- y el accionante señala que viola, entre otros, los artículos 1º y 4º de la Constitución Federal; esto, pues al haber dejado incólume dicha porción normativa, se restringió el ejercicio de derechos humanos, al excluir de la celebración del matrimonio a parejas del mismo sexo. Asimismo, aduce que tal porción normativa está relacionada con el diverso artículo 147, lo que reitera una definición discriminatoria de la institución del matrimonio, por lo que también solicita que, en vía de consecuencia, se declare la invalidez de este último precepto -de manera indirecta-, el cual, en efecto, no fue reformado.
Además, si bien es cierto que con la reforma a los artículos 140 y 148 impugnados persistió la redacción anterior -la porción normativa que indica "el hombre y la mujer"(2) -, en el caso, no debe pasar desapercibido que se está en presencia de un nuevo acto legislativo; esto, toda vez que se llevó a cabo un procedimiento legislativo y la modificación normativa fue sustantiva.
Al respecto, conforme a lo determinado por el Tribunal Pleno, al resolver las acciones de inconstitucionalidad 28/2015(3) y 29/2016(4) para considerar que se trata de un nuevo acto legislativo, para efectos de su impugnación o sobreseimiento por cesación de efectos a través de una acción de inconstitucionalidad, deben reunirse, al menos, los siguientes dos aspectos:
a) Que se haya llevado a cabo un procedimiento legislativo (criterio formal); y
b) Que la modificación normativa sea sustantiva o material.
El primer aspecto conlleva el desahogo y agotamiento de las diferentes fases o etapas del procedimiento legislativo: iniciativa, dictamen, discusión, aprobación, promulgación y publicación; siendo relevante para las acciones de inconstitucionalidad la publicación de la norma, pues, a partir de este momento, podrá ejercerse la acción por los entes legitimados(5).
El segundo aspecto consistente en que la modificación sea sustantiva o material se actualiza cuando existan verdaderos cambios normativos que modifiquen la trascendencia, el contenido o el alcance del precepto. Una modificación al sentido normativo será un nuevo acto legislativo.
Una modificación de este tipo no se daría, por ejemplo, cuando se reproduce un artículo exactamente con el mismo contenido que el reformado, ni cuando solamente se varíen las fracciones o párrafos de un artículo y que, por cuestiones de técnica legislativa, deban recorrerse, siempre y cuando las nuevas inserciones no impliquen una modificación en el sistema normativo al que fueron adheridas. Tampoco basta la sola publicación de la norma, ni que se reproduzca íntegramente, para que se considere un nuevo acto legislativo, sino que la modificación debe impactar el alcance de ésta con elementos novedosos que la hagan distinta a la que se encontraba regulada.
En otras palabras, esta modificación debe producir un efecto normativo en el texto de la disposición al que pertenece el propio sistema. El ajuste de la norma debe producir un efecto normativo distinto en dicho sistema, aunque sea tenue.
Así, conforme a este entendimiento del nuevo acto legislativo, no cualquier modificación puede generar la procedencia de la acción de inconstitucionalidad, sino que, una vez agotadas las fases del procedimiento legislativo, la modificación necesariamente debe producir un impacto en el mundo jurídico. En este sentido, también quedarían excluidas aquellas reformas de tipo metodológico que derivan propiamente de la técnica legislativa, en las que, por cuestiones formales, deba ajustarse la ubicación de los textos o, en su defecto, los cambios de nombres de ciertos entes, dependencias y organismos, por ejemplo.
Lo que este Tribunal Pleno pretende con este entendimiento sobre el nuevo acto legislativo es controlar o verificar cambios normativos reales y no sólo cambios de palabras o cuestiones menores propias de la técnica legislativa, esto es, cambios que afecten la esencia de la institución jurídica que se relacione con el cambio normativo al que fue sujeto, que deriva precisamente del producto del Poder Legislativo.
En estas condiciones, como se adelantó, en el caso, se reúnen los dos requisitos. Se llevaron a cabo las diferentes etapas o fases del procedimiento legislativo hasta culminar con la publicación de la norma impugnada, pues los artículos impugnados -140 y 148 del Código Civil para el Estado de Nuevo León-, entre otros, fue motivo de las iniciativas presentadas por los diputados José Isabel Meza Elizondo, José Antonio Saldaña Lumbreras y Ma. Dolores Leal Cantú integrantes del Grupo Legislativo Nueva Alianza de la Septuagésima Tercera Legislatura(6); el diputado Sergio Arellano Balderas integrante del Grupo Legislativo del Partido del Trabajo de la Septuagésima Cuarta Legislatura(7); los diputados Karina Marlen Barrón Perales, Marco Antonio Martínez Díaz, Jorge Alán Blanco Durán y Eugenio Montiel Amoroso integrantes del Grupo Legislativo de Diputados Independientes de la Septuagésima Cuarta Legislatura(8); la diputada Laura Paula López Sánchez integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional de la Septuagésima Cuarta Legislatura(9); la señora Lucía Verenice Todd Lozano(10); el Gobernador del Estado de Nuevo León(11). Éstas fueron turnadas a la Comisión de Legislación, a fin de modificar, entre otras cosas, la edad mínima requerida para contraer esponsales y para suprimir las causas de dispensa de edad para el caso del matrimonio en el Estado.
Una vez que la Comisión elaboró y aprobó el dictamen correspondiente(12), en sesión ordinaria de seis de diciembre de dos mil diecisiete, se sometió a discusión ante el Pleno de la misma Legislatura la minuta del Decreto Número 317, por el que se reformaron diversas leyes del Estado de Nuevo León, incluidos los artículos 140 y 148 del Código Civil para el Estado de Nuevo León, se aprobó por unanimidad de 39 votos(13). Finalmente, el decreto que contiene las normas impugnadas fue publicado en el Periódico Oficial del Estado el ocho de enero de dos mil dieciocho(14).
Por lo que respecta al segundo requisito, este Tribunal Pleno considera que la modificación de los artículos 140 y 148 impugnados es de carácter sustantivo, pues por una parte, la edad para contraer esponsales fue modificada y, por otra, se eliminó la posibilidad de conceder dispensas de edad para que los menores de dieciocho años contrajeran matrimonio. Antes de la reforma combatida, la edad para contraer esponsales era de dieciséis años, mientras que ahora, como resultado de la reforma, es de dieciocho años. Adicionalmente, aun cuando la edad para contraer matrimonio era de dieciocho años desde el siete de diciembre de dos mil trece, se permitía que los jueces competentes concedieran dispensas de edad por causas justificadas.
Así, la figura del matrimonio en el Estado de Nuevo León sufrió un cambio significativo, ya que, actualmente, para que las personas estén en aptitud de prometer contraer o contraer matrimonio necesariamente deben contar con una edad de dieciocho años sin que medie excepción alguna, provocando una modificación en el sistema normativo, al influir en la institución de la que forma parte, pues se advierte un impacto trascendente en la regulación de dicha figura jurídica.
TERCERO. Legitimación. A continuación, se procede a analizar la legitimación de la parte promovente, por ser un presupuesto indispensable para el ejercicio de la acción.
La demanda está suscrita por Luis Raúl González Pérez, ostentándose como Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lo que acredita con la copia certificada de su designación por el Senado de la República de fecha trece de noviembre de dos mil catorce.
De conformidad con el artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(15), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos podrá ejercer la acción de inconstitucionalidad en contra de leyes estatales, entre otras.
En el caso, la acción se promovió en contra de los artículos 140 y 148 del Código Civil para el Estado de Nuevo León, expedida por el congreso local, esto es, en contra de una ley estatal, y se planteó la vulneración a los derechos humanos relacionados con la dignidad humana en su vertiente de libre desarrollo de la personalidad, así como a los principios de igualdad y no discriminación, además de la protección a la organización y desarrollo de la familia, aunado a la exclusión del acceso al matrimonio a las parejas del mismo sexo, que están situadas en condiciones similares a las parejas heterosexuales, por lo que no cabe duda que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos accionante, cuenta con la legitimación necesaria para hacerlo.
Consecuentemente, en términos del invocado precepto constitucional, en relación con el artículo 15,
fracción XI, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos(16), dicho funcionario cuenta con la legitimación necesaria.
CUARTO. Causas de improcedencia. Salvo la causa de improcedencia analizada en el apartado de oportunidad, las autoridades emisora y promulgadora de la norma impugnada, no hacen valer otras causas de improcedencia, ni este Alto Tribunal advierte, de oficio, que se actualice alguna. Por lo tanto, lo procedente es analizar los conceptos de invalidez planteados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos promovente.
QUINTO. Consideraciones y fundamentos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos impugna la porción normativa que indica "el hombre y la mujer" prevista en los artículos 140 y 148 del Código Civil para el Estado de Nuevo León. Estas normas impugnadas señalan:
"Art. 140.- Sólo pueden celebrar esponsales el hombre y la mujer que han cumplido dieciocho años.
Art. 148.- Para contraer matrimonio, el hombre y la mujer necesitan haber cumplido dieciocho años".
La Comisión promovente considera que dicha porción normativa es inconstitucional por discriminatoria ya que viola los artículos 1º y 4º de la Constitución Federal, porque atenta contra la dignidad humana en su vertiente de libre desarrollo de la personalidad, los principios de igualdad y no discriminación, así como la organización y desarrollo de la familia; esto, toda vez que otorga un trato diferenciado a parejas homosexuales respecto de las heterosexuales, al excluir de la posibilidad de contraer matrimonio a personas del mismo sexo.
Pues bien, para resolver lo planteado conviene precisar, se retomarán las consideraciones adoptadas por el Tribunal Pleno al resolver tanto la acción de inconstitucionalidad 28/2015 en la que se impugnó el artículo 260 del Código Civil del Estado de Jalisco, en la porción normativa "el hombre y la mujer", así como en la diversa acción 29/2016 en la que se impugnó el artículo 300, en la porción normativa "el hombre y la mujer", del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla; lo anterior, ya que los artículos se impugnaron por las mismas razones que en este asunto y debe tenerse en cuenta el siguiente marco jurídico:
a) Derechos derivados de los artículos 1º y 4º de la Constitución Federal.
El artículo 1º de la Constitución Federal, en lo que al caso interesa, establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en aquélla y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, sino en los casos y condiciones que la misma establece, así como que: "Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas".
Al respecto, este Alto Tribunal ha señalado que derivado del derecho fundamental a la dignidad humana se encuentran el libre desarrollo de la personalidad; es decir, el derecho de todo individuo a elegir, en forma libre y autónoma, cómo vivir su vida, lo que comprende, entre otras expresiones, la libertad de contraer matrimonio o no hacerlo; la de procrear hijos y decidir cuántos, o bien, decidir no tenerlos; la de escoger su apariencia personal, así como su libre concepción sexual(17).
Asimismo, este Tribunal Pleno reconoció que es un hecho indiscutible que la naturaleza humana es sumamente compleja, lo cual, en la especie, se representa con uno de los aspectos que la conforman, que es la preferencia sexual de cada individuo; ésta, indudablemente orienta también su proyección de vida, sobre todo, en este caso, la que desee o no tener en común con otra persona, ya sea de diferente o de su mismo sexo. Es, por tanto, la orientación sexual de una persona, como parte de su identidad personal, un elemento relevante en el proyecto de vida que tenga y que como cualquier persona incluye el deseo de tener una vida en común con otra de igual o distinto sexo o no y que, en modo alguno, deberá limitarlo en la búsqueda y logro de su felicidad.
También este Tribunal Pleno ha señalado en diversos precedentes que dentro de los derechos fundamentales se encuentra el derecho a la identidad personal y sexual, entendiéndose por el primero, el derecho de todo individuo a ser uno mismo, en la propia conciencia y en la opinión de los demás, de acuerdo con sus caracteres físicos e internos y sus acciones, que lo individualizan ante la sociedad y permiten identificarlo. Lo anterior implica, además, la identidad sexual, que lo proyecta frente a sí y socialmente desde su perspectiva sexual, así como su preferencia u orientación sexual y que, por tanto, se inscribe dentro de la autodeterminación de las personas e incide en el libre desarrollo de las mismas, al ser un elemento que innegablemente determinará sus relaciones afectivas y/o sexuales con personas de diferente o de su mismo sexo y, de ahí su elección de con quién formar una vida común y tener hijos, si es que desea hacerlo.
Este Tribunal Pleno también sostuvo que si bien en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se contempla un derecho a contraer matrimonio, lo cierto es que el derecho al libre desarrollo de la personalidad implica también el de decidir casarse o no. Así, tratándose de personas homosexuales, de la misma forma que ocurre con las personas con orientación sexual hacia otras de diferente sexo (heterosexuales), es parte de su pleno desarrollo el establecimiento libre y voluntario de relaciones afectivas con personas del mismo sexo; relaciones, unas y otras, que como informan los diferentes datos sociológicos comparten como característica que constituyen una comunidad de vida a partir de lazos afectivos, sexuales y de solidaridad recíproca, con una vocación de estabilidad y de permanencia en el tiempo.
Al respecto, este Tribunal Pleno advirtió que en diversos países vía legislación o jurisprudencia, se ha evolucionado paulatinamente en el reconocimiento de los derechos de las personas homosexuales y la protección jurídica de sus uniones, justificándose dichos referentes en la eliminación de la discriminación que históricamente han sufrido. Una de las formas que ha sido utilizada para lograr ese fin es a través de la aprobación de leyes que regulan las llamadas "sociedades de convivencia" o "pactos de solidaridad", para reconocer las uniones de hecho de personas homosexuales, aunque también en algunas de esas legislaciones incluso en la del entonces Distrito Federal, no se limitaron a ese tipo de relaciones, comprendiendo ahora, además, las uniones de hecho entre personas heterosexuales, que no sean un matrimonio o un concubinato; sin embargo, tales legislaciones se equiparan, en lo general, al concubinato y no al matrimonio, por lo que no alcanzan a tener el mismo reconocimiento y protección jurídica de los derechos y obligaciones que surgen de las mismas.
Este Tribunal Pleno también destacó que si uno de los aspectos que conduce la forma en que un individuo proyectará su vida y sus relaciones, es su orientación sexual, es un hecho que en pleno respeto a la dignidad humana es exigible el reconocimiento por parte del Estado no sólo de la orientación sexual de un individuo hacia personas de su mismo sexo, sino también de sus uniones bajo las modalidades que en un momento dado se decida adoptar (sociedades de convivencia, pactos de solidaridad, concubinatos y el matrimonio).
Por tanto, aun cuando es cierto que existen diferencias entre unas y otras parejas, sobre todo, en cuanto a la limitante de procrear hijos biológicamente comunes en las del mismo sexo, esto no se traduce en una diferencia o desigualdad entre ambas relaciones que en forma relevante incida en la decisión del legislador de extender la institución del matrimonio civil de forma tal que comprenda a ambas; lo anterior, toda vez que la "potencialidad" de la reproducción no es una finalidad esencial de aquél tratándose de las parejas heterosexuales que dentro de su derecho de autodeterminación, deciden tener hijos o no, o bien, se encuentran, en ocasiones, ante la imposibilidad de tenerlos, lo que en modo alguno les impide contraerlo, ni es una causa para anularlo si no se ha cumplido con una función reproductiva.
Asimismo, este Tribunal Pleno al resolver la acción de inconstitucionalidad 2/2010 interpretó, en la parte que interesa, el artículo 4º de la Constitución Federal y señaló que contiene diversos aspectos, tales como: a) la igualdad ante la ley del hombre y la mujer; b) la protección a la familia, correspondiendo a la ley establecer lo relativo a su organización y desarrollo; y c) el derecho de las personas a decidir el número y espaciamiento de sus hijos, en forma libre, responsable e informada.
Además, este Pleno precisó que esa disposición constitucional, contiene una serie de principios y derechos que no tienen una relación directa entre sí, pues además de los referidos aspectos, consagra también el derecho a la protección de la salud, a un medio ambiente sano, el derecho de la familia a tener una vivienda digna y decorosa, la protección a los niños y sus derechos y, derivado de su última reforma en dos mil nueve, el derecho a la cultura y a la creación cultural, la protección a la diversidad cultural y el respeto a la libertad creativa(18).
i. La igualdad ante la ley del hombre y la mujer.
A propósito de este aspecto igualdad entre hombre y mujer ante la ley, este Máximo Tribunal señaló que tanto del texto del artículo 4° constitucional, como del procedimiento legislativo que le dio origen(19), la reforma obedeció a la discriminación histórica advertida hacia las mujeres (justificada en la pretendida protección a ese grupo vulnerable), de manera que se buscó eliminarla, a fin de lograr la igualdad de hombres y mujeres frente a la ley, con lo que se constituyó un límite material a la actividad legislativa; esto, en el entendido que conforme a los criterios de esta Corte en materia de igualdad, no se trata de dar un trato idéntico o de prohibir el establecimiento de diferenciaciones, sino de lograr una igualdad real entre hombres y mujeres.
ii. La protección a la familia.
En cuanto a este segundo aspecto protección a la familia, este órgano colegiado indicó que lo consagrado constitucionalmente es justamente su protección, en cuanto a su organización y desarrollo, sobre lo cual se dejó al legislador ordinario la facultad de garantizarlo de manera tal que conlleve su promoción y
protección por el Estado, sin que tal protección constitucional se refiera o limite a un tipo de familia, como sería la nuclear (padre, madre e hijos) y que se pueda deducir que la familia se constituya exclusivamente a través del matrimonio entre un hombre y una mujer.
Por consiguiente, lo que debe entenderse protegido constitucionalmente es la familia como realidad social; por ende, tal protección debe cubrir todas sus formas y manifestaciones en cuanto a realidad existente, alcanzando a dar cobertura a aquellas familias que se constituyan con el matrimonio, con uniones de hecho con un padre o una madre e hijos (familia monoparental), o bien, por cualquier otra forma que denote un vínculo similar.
iii. El derecho de las personas a decidir el número y espaciamiento de sus hijos, en forma libre, responsable e informada.
Con relación en este aspecto -derecho de las personas a decidir el número y espaciamiento de sus hijos, en forma libre, responsable e informada-, el Tribunal Pleno advirtió que se trata de un derecho fundamental, de los denominados de libertad, sobre la determinación libre sobre el número y espaciamiento de los hijos que se deseen tener, lo cual implica también la decisión de no tenerlos; a la par, el artículo 4° constitucional establece la obligación del Estado de proporcionar información acerca de métodos de anticoncepción, educación sexual, etcétera, a fin de que dicha decisión sea tomada en forma responsable e informada.
Sobre este derecho a decidir libremente respecto del número y espaciamiento de los hijos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la diversa acción de inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulada, sostuvo que el derecho a ser padre o madre no es conceptualmente referible a un derecho de exclusivo ejercicio colectivo, dado que, por ejemplo, una vía para ejercer este derecho es la adopción que, en el caso del Código Civil para el entonces Distrito Federal, se permite tanto por un matrimonio como por una sola persona (hombre o mujer solteros).
Luego de explicar las notas distintivas en la evolución de las relaciones familiares, el Tribunal Pleno concluyó que conforme al artículo 4° constitucional, el legislador ordinario está obligado a proteger la organización y el desarrollo de la familia en sus múltiples organizaciones y/o manifestaciones; esto es, entendida la familia como un diseño o realidad social que, por ende, se presenta de forma distinta en cada cultura y que si bien, históricamente, el matrimonio como institución civil ha sido tradicionalmente reconocido como el celebrado entre un hombre y una mujer, así como la base primaria de la familia y, como tal, ha sido objeto de una especial protección jurídica, interviniendo el Estado en su celebración y registro a través de la fe pública del funcionario competente para ello, de todo lo cual deriva el reconocimiento y protección de los diversos efectos de dicho vínculo (derechos y obligaciones para los contrayentes y, en su caso, hacia sus hijos, así como frente a terceros).
También se señaló que es cierto que el referido estatus jurídico especial del matrimonio no ha impedido que dada la dinámica de la sociedad el legislador ordinario haya reconocido otro tipo de uniones, como ha ocurrido. Como ejemplo de lo anterior, está la regulación del concubinato en el Código Civil, concebido como la unión de dos personas de la que, con el transcurso de determinado tiempo de vida en común, surgen recíprocamente entre ellos derechos y obligaciones y, en su caso, hacia sus descendientes; o bien la entonces vigente Ley de Sociedades de Convivencia del Distrito Federal, mediante la cual se reconocen también los derechos y obligaciones que surgen de determinado tipo de uniones de hecho.
Así, el Tribunal Pleno consideró, en el tema de la procreación para la perpetuación de la especie, como una de las finalidades que originalmente se vinculaba al matrimonio, que una característica particular de la evolución de esa institución y su relación con la procreación, era el hecho de que si bien se preveía como impedimento para celebrarlo, entre otros, la impotencia incurable para la cópula (artículo 156, fracción VIII, del Código Civil para el entonces Distrito Federal), se establecía, a la par, una dispensa cuando dicha impotencia sea conocida y aceptada por el otro contrayente; o bien, aun cuando una causa de nulidad del matrimonio sea que el matrimonio se hubiere celebrado concurriendo alguno de los impedimentos enumerados en el artículo 156, entre ellos, el citado con antelación, se establece como salvedad que no hubiesen sido dispensados en los casos en que así proceda (artículo 235).
Además, advirtió que un dato más acerca de dicha separación matrimonio-procreación, como fue la reforma realizada al Código Civil para el Distrito Federal en dos mil ocho, en materia de reasignación sexual (personas transexuales) que entre otros reformó el artículo 97, fracción VII, para señalar que las personas que desearan contraer matrimonio, deberían presentar un escrito ante el Juez del Registro Civil que, entre otros elementos, contuviera "la manifestación por escrito y bajo protesta de decir verdad, en el caso de que alguno de los contrayentes haya concluido el proceso para la concordancia sexo-genérica". De lo que se advierte que si bien, en ese supuesto, podría existir diferencia de sexo entre quienes contraen matrimonio, derivado de una
reasignación sexual, una vez practicada la operación quirúrgica, teniendo como consecuencia la imposibilidad física para la procreación, ello no les impide contraer matrimonio.
Asimismo, con apoyo en los criterios emitidos por tribunales internacionales, este Alto Tribunal consideró que la Corte Europea de Derechos Humanos se ha pronunciado, reconociendo que la imposibilidad física para tener hijos, no es un motivo para impedir a las personas transexuales contraer matrimonio(20).
De todo lo anterior, este Máximo Tribunal concluyó que aun cuando históricamente el matrimonio ha sido considerado como la unión entre un hombre y una mujer, teniendo la procreación, en determinado momento, un papel importante para su definición y, sin desconocer, por ello, que procrear siga siendo parte importante de las uniones humanas; no es sostenible afirmar, sin más que el matrimonio en su definición tradicional fuera un concepto completo y, por tanto, inmodificable por el legislador, máxime derivado del proceso de secularización de la sociedad y del propio matrimonio; de manera que la decisión de un individuo de unirse a otro y proyectar una vida en común, como la relativa a tener hijos o no tenerlos, deriva de la autodeterminación de cada persona, del derecho al libre desarrollo de la personalidad de cada individuo, que ya ha sido reconocido por esta Suprema Corte (amparo directo civil 6/2008), sin que la decisión de unirse a otra persona traiga consigo necesariamente lo segundo, es decir, tener hijos en común, máxime que en ese aspecto confluyen aspectos también inherentes a la naturaleza humana que podrían impedir el tenerlos, lo que en modo alguno puede estimarse como obstáculo para el libre desarrollo de la personalidad, en cuanto a esas decisiones.
En el mismo sentido, la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha resuelto diversos precedentes en los que, de igual manera, ha determinado que no existe razón de índole constitucional para desconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo, y que toda aquélla ley de cualquier entidad federativa que limite el matrimonio a un hombre y una mujer, excluyendo de éste a las parejas del mismo sexo o considere que la finalidad de la institución del matrimonio es la procreación, resulta inconstitucional, ya que conllevan un acto de verdadera discriminación que no puede ser tolerado en un estado de derecho como el nuestro, el cual no sólo debe estar abierto a la pluralidad, sino que además, debe estar comprometido con el respeto absoluto de los derechos humanos(21).
Ahora bien, una vez señalados estos precedentes en los que ya se ha establecido el criterio de este Tribunal sobre el tema, conviene recordar el texto de los artículos 140 y 148 del Código Civil del Estado de Nuevo León impugnado:
Si bien, los artículos impugnados no definen a la institución del matrimonio pues esta definición se encuentra en el diverso artículo 147 del mismo ordenamiento legal(22) -el cual no fue reformado, pero respecto del cual el promovente solicita su declaración de invalidez de manera indirecta y por extensión-, si contemplan que éste se contraiga entre "un hombre y una mujer", pues el primero de esos preceptos alude a los esponsales que en la mutua promesa de contraer matrimonio y el segundo alude al de los requisitos para contraerlo, además, si estos preceptos se interpretan de manera sistemática con el señalado artículo 147, el cual sí define la institución del matrimonio como la unión legítima de "un solo hombre y una sola mujer", para procurar su ayuda mutua, guardarse fidelidad, "perpetuar la especie" y crear entre ellos una comunidad de vida permanente, sin lugar a dudas se advierte que la concepción de esta institución en el Estado de Nuevo León, está orientada a que se celebre entre un hombre y una mujer con fines de procreación.
De este modo, la porción impugnada de los artículos 140 y 148 del Código Civil del Estado de Nuevo León es inconstitucional, ya que atenta contra la autodeterminación de las personas y contra el derecho al libre desarrollo de la personalidad de cada individuo y, de manera implícita genera una violación al principio de igualdad, porque a partir de ese propósito se da un trato diferenciado a parejas homoparentales respecto de las parejas heterosexuales, al excluir de la posibilidad de contraer matrimonio a personas del mismo sexo(23).
Así entonces, resulta fundado el concepto de invalidez planteado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y lo procedente es declarar la invalidez de la porción normativa que indica "el hombre y la mujer" de los artículos 140 y 148 del Código Civil del Estado de Nuevo León.
SEXTO. Efectos. Por todo lo expuesto, se declara la invalidez de la porción normativa que indica "el hombre y la mujer" de los artículos 140 y 148 del Código Civil del Estado Nuevo León.
Aunado a lo anterior, con fundamento en la fracción IV del artículo 41 de la Ley Reglamentaria de las
Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal(24), aplicable al presente medio de control en términos del artículo 73 del propio ordenamiento(25), procede extender la declaratoria de invalidez(26) al artículo 147 del Código Civil para el Estado de Nuevo León, en la porción normativa que indica "un solo hombre y una sola mujer", así como "perpetuar la especie", por tratarse de una cuestión de concepto estrechamente relacionada con la porción normativa impugnada y declarada inválida.
De igual forma, en la interpretación y aplicación de las porciones normativas que refieran relaciones "entre un solo hombre y una sola mujer" y "como marido y mujer", contenidas en diversos preceptos del Código Civil para el Estado de Nuevo León y otros ordenamientos estatales vinculados tanto con el matrimonio como con el concubinato (comprendido en el Capítulo XI, Título Quinto, Libro Primero, del Código Civil local); deberá entenderse que estas instituciones involucran a dos personas del mismo o de diferente sexo.
Finalmente, debe decirse que las declaraciones de invalidez decretadas en el fallo, así como sus efectos, se surtirán a partir de la notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia al Poder Legislativo del Estado de Nuevo León.
PRIMERO. Es procedente y fundada la presente acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
SEGUNDO. Se declara la invalidez de los artículos 140 y 148, en sendas porciones normativas "el hombre y la mujer" del Código Civil para el Estado de Nuevo León, reformado mediante Decreto número 317, publicado en la Sección Tercera del Periódico Oficial de dicha entidad el ocho de enero de dos mil dieciocho y, en vía de consecuencia, la del artículo 147, en las porciones normativas "un solo hombre y una sola mujer" y "perpetuar la especie", del referido código civil en la inteligencia de que, en la interpretación y aplicación de las porciones normativas "entre un solo hombre y una sola mujer" y "como marido y mujer", contenidas en diversos preceptos del código impugnado y en otros ordenamientos de la propia Entidad Federativa vinculados tanto con el matrimonio como con el concubinato (comprendido en el Capítulo XI, Titulo Quinto, Libro Primer, del Código Civil local), deberán entenderse que estas instituciones involucran a dos personas del mismo o diferente sexo.
TERCERO. Las declaraciones de invalidez decretadas en este fallo, así como sus efectos, se surtirán a partir de la notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia al Poder Legislativo del Estado de Nuevo León.
CUARTO. Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, así como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.
Notifíquese; haciéndolo por medio de oficio y, en su oportunidad, archívese el expediente.
Se aprobó por unanimidad de diez votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Franco González Salas, Aguilar Morales con salvedades en el considerando de la oportunidad por no compartir criterio mayoritario referente a las modificaciones normativas sustantivas para determinar la existencia de un acto legislativo nuevo, Pardo Rebolledo con salvedades en el considerando de la oportunidad por no compartir el criterio mayoritario referente a las modificaciones normativas sustantivas para determinar la existencia de un acto legislativo nuevo, Piña Hernández con salvedades en el considerando de la oportunidad por no compartir el criterio mayoritario referente a las modificaciones normativas sustantivas para determinar la existencia de un acto legislativo nuevo, Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Zaldívar Lelo de Larrea, respecto de los considerandos primero, segundo, tercero y cuarto relativos, respectivamente, a la competencia, a la oportunidad, a la legitimación y a las causas de improcedencia.
Se aprobó por unanimidad de diez votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Franco González Salas, Aguilar Morales en contra de algunas consideraciones, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Zaldívar Lelo de Larrea, respecto del considerando quinto, relativo a las consideraciones y fundamentos, consistente en declarar la invalidez de los artículos 140 y 148, en sendas porciones normativas "el hombre y la mujer", del Código Civil para el Estado de Nuevo León, reformado mediante Decreto número 317, publicado en la Sección Tercera del Periódico Oficial de dicha entidad el ocho de enero de dos mil dieciocho. El señor Ministro Presidente Zaldívar Lelo de Larrea anunció voto concurrente.
Se aprobó por unanimidad de diez votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Franco González Salas, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Zaldívar Lelo de Larrea, respecto del considerando sexto, relativo a los efectos, consistente en determinar: 1) declarar la invalidez, en vía de consecuencia, del artículo 147, en las porciones normativas "un solo hombre y una sola mujer" y "perpetuar la especie", del Código Civil para el Estado de Nuevo León, publicado en el Periódico Oficial de esa entidad el ocho de enero de dos mil dieciocho, mediante Decreto 317; en razón de que se trata de una cuestión de concepto estrechamente relacionada con las porciones normativas impugnadas y declaradas inválidas, 2) determinar que, en la interpretación y aplicación de las porciones normativas que refieran relaciones "entre un solo hombre y una sola mujer" y "como marido y mujer", contenidas en diversos preceptos del Código Civil para el Estado de Nuevo León y otros ordenamientos estatales, vinculados tanto con el matrimonio como con el concubinato (comprendido en el libro primero, título quinto, capítulo XI del Código Civil local), deberá entenderse que estas instituciones involucran a dos personas del mismo o de diferente sexo, y 3) determinar que las declaraciones de invalidez decretadas en el fallo, así como sus efectos, se surtirán a partir de la notificación de los puntos resolutivos al Poder Legislativo Local. Los señores Ministros Aguilar Morales y presidente Zaldívar Lelo de Larrea anunciaron sendos votos concurrentes.
Se aprobó por unanimidad de diez votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Franco González Salas, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Zaldívar Lelo de Larrea.
El señor Ministro Presidente Zaldívar Lelo de Larrea declaró que el asunto se resolvió en los términos propuestos, dejando a salvo el derecho de los señores Ministros de formular los votos que consideren pertinentes.
Firman los señores Ministros Presidente y el Ponente con el Secretario General de Acuerdos quien autoriza y da fe.
El Presidente, Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.- Rúbrica.- El Ponente, Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.- Rúbrica.- El Secretario General de Acuerdos, Rafael Coello Cetina.- Rúbrica.
LICENCIADO RAFAEL COELLO CETINA, SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, CERTIFICA: Que esta fotocopia constante de veintiún fojas útiles, concuerda fiel y exactamente con el original de la sentencia de diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal Pleno en la acción de inconstitucionalidad 29/2018. Se certifica con la finalidad de que se publique en el Diario Oficial de la Federación.- Ciudad de México, a seis de mayo de dos mil diecinueve.- Rúbrica.
VOTO DEL MINISTRO JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO EN LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 29/2018.
En la sesión ordinaria celebrada el diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la acción de inconstitucionalidad 29/2018.En dicha acción me reservé el derecho a formular el presente voto en razón de lo siguiente:
En la sentencia respectiva se señaló que para considerar la existencia de un nuevo acto legislativo para efectos de su impugnación o sobreseimiento por cesación de efectos en una acción de inconstitucionalidad, deben reunirse dos aspectos:
a) Que se haya llevado a cabo un proceso legislativo; y
Conforme a lo señalado, no basta que se cumpla con el primer requisito para la procedencia de acción de inconstitucionalidad, sino que también debe actualizarse el segundo de estos; es decir, como resultado del proceso legislativo debe efectuarse una modificación normativa que sea sustantiva o material.
Este señalamiento no lo comparto, pues desde mi perspectiva basta que se actualice el primero de los requisitos para la acción de inconstitucionalidad sea procedente. Lo anterior, tomando en cuenta que si un nuevo acto legislativo necesariamente conlleva el desahogo y agotamiento de las diferentes fases o etapas del procedimiento relativo (iniciativa, dictamen, discusión, aprobación, promulgación y publicación), entonces es evidente que cualquier reforma o modificación que se derive de ese procedimiento, sea o no sustantiva o material, constituye un nuevo acto que puede ser impugnado a través de la acción de inconstitucionalidad.
De concluir de manera diversa, me parece que se estarían exigiendo mayores requisitos a los que
contempla la propia Constitución Federal para la procedencia de la acción de inconstitucionalidad; además, el requerir que la modificación normativa sea sustantiva o material, conlleva un criterio subjetivo que puede generar diversas complicaciones porque para lo que algunos es un cambio sustancial, para otros no con lo que se deja la procedencia de la acción de inconstitucionalidad a criterio del juzgador y eventualmente, considero, podría generar inseguridad jurídica.
Además, si bien es verdad que en ocasiones las reformas combatidas son de naturaleza meramente formal y en realidad no cambia el texto de la porción normativa que se combate, lo cierto es que, desde mi perspectiva, el inclinarse por un criterio formal contribuye al Estado de Derecho, que permite ejercer un verdadero control de constitucionalidad; esto, partiendo de la base que las acciones de inconstitucionalidad, como ahora las conocemos en su trámite, son relativamente nuevas, pues datan de la llamada "Reforma Zedillista" de 1994.
En ese contexto, no debe pasar desapercibido que existen leyes que datan de fechas anteriores; de ahí que, de no admitir que para la procedencia de la acción de inconstitucionalidad basta que la norma impugnada sea resultado de un nuevo proceso legislativo, muchas leyes que datan de épocas anteriores y que se vienen reiterando de manera integral, quedarían sin posibilidad de ser sometidas a un control de regularidad constitucional.
Por tal motivo, aunque comparto el sentido de la sentencia, me aparto de las consideraciones en las que se exigen los dos requisitos en comento, pues desde mi punto de vista, es suficiente el primero; es decir, basta que la norma se publique en los medios oficiales independientemente de lo que sea la sustancia o la diferencia con la anterior para que pueda ser impugnada, ya que aun cuando con motivo de la reforma se reproduzca de manera íntegra un artículo, a mi juicio constituye un nuevo acto legislativo que puede válidamente ser impugnado a través de la acción de inconstitucionalidad.
El Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.- Rúbrica.- El Secretario General de Acuerdos, Rafael Coello Cetina.- Rúbrica.
EL LICENCIADO RAFAEL COELLO CETINA, SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, CERTIFICA: Que esta fotocopia constante de dos fojas útiles, concuerda fiel y exactamente con el original del voto concurrente formulado por el señor Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, en relación con la sentencia de diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal Pleno en la acción de inconstitucionalidad 29/2018. Se certifica con la finalidad de que se publique en el Diario Oficial de la Federación.- Ciudad de México, a seis de mayo de dos mil diecinueve.- Rúbrica.
VOTO CONCURRENTE QUE FORMULA EL MINISTRO LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, RESPECTO DE LA EJECUTORIA PRONUNCIADA POR EL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, EN LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 29/2018.
En sesión de diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, al conocer de la Acción de Inconstitucionalidad 29/2018, promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió por unanimidad de diez votos declarar la invalidez de diversas porciones normativas del Código Civil para el Estado de Nuevo León, reformado mediante Decreto 317, publicado en la sección tercera del Periódico Oficial de dicha entidad el ocho de enero de dos mil dieciocho.
Aun cuando concuerdo con la decisión de este Pleno, lo que motiva la emisión del presente voto es realizar algunas precisiones en relación con las consideraciones que sostienen el sentido del fallo, respecto de dos temas específicos, a saber:
Al resolver esta acción de inconstitucionalidad, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de diez votos, determinó que los preceptos impugnados sí constituyen un nuevo acto legislativo y, por lo tanto, la demanda se presentó de manera oportuna.
Al respecto, coincido con que los artículos 140 y 148 en la porción normativa "el hombre y la mujer" del Código Civil para el Estado de Nuevo León constituyen un nuevo acto legislativo, aunque por razones distintas a las del criterio mayoritario toda vez que, como lo manifesté en el voto aclaratorio emitido al resolver la acción de inconstitucionalidad 28/2015, considero que para que se actualice un nuevo acto legislativo es suficiente que la norma haya sido objeto de un proceso deliberativo; esto es, que haya sido sometida expresa y realmente a la consideración del legislador y que hubiere sido materia de un acto de aprobación, con
independencia de que sea totalmente novedosa o se pretenda su reforma, o incluso cuando se ponga a consideración el texto preexistente.
Es por eso que, a mi juicio, si bien concuerdo con que la presentación de la acción de inconstitucionalidad es oportuna debido a que lo que se impugna se trata de un nuevo acto legislativo, lo que sostiene mi conclusión no es que las normas respectivas hayan sufrido modificaciones sustanciales, sino que el texto completo del artículo fue materia de la iniciativa, exposición de motivos y discusión del proceso, y si bien el objeto de la reforma fue el relativo a la edad para contraer matrimonio y eliminar la posibilidad de conceder dispensas de edad para que los menores de 18 años contrajeran matrimonio, lo cierto es que el tema de fondo era regular la institución del matrimonio; lo anterior, sin perjuicio de que las porciones normativas "el hombre y la mujer" se hubieran reproducido en su integridad en el Decreto impugnado.
- Invalidez de los artículos impugnados.
Aunque coincido con la decisión de invalidar los preceptos impugnados, en las porciones normativas respectivas, mi postura se sostiene en consideraciones distintas a las del criterio mayoritario.
Como lo sostuve en diversos precedentes, y en específico al resolver la acción de inconstitucionalidad 32/2016, cualquier norma que limite la figura del matrimonio a los casos celebrados entre parejas heterosexuales; excluyendo la posibilidad de que la unión matrimonial se lleve a cabo entre personas del mismo sexo viola directamente el principio de no discriminación.
En el presente asunto, el legislador local estableció en los artículos 140 y 148 del Código Civil para el Estado de Nuevo León, una distinción para contraer matrimonio basada en la orientación sexual de las personas; esto es, su trabajo legislativo se construyó sobre una categoría sospechosa de las previstas en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos lo que obligaba a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en términos de su jurisprudencia(27), a realizar un escrutinio estricto de la norma impugnada a la luz del principio de igualdad y no discriminación.
En ese sentido, a mi juicio, lo que correspondía es determinar si la medida adoptada perseguía una finalidad constitucionalmente legítima.
Al respecto, en principio, la finalidad que persigue la medida legislativa impugnada se encuentra dirigida a la protección de la familia, en tanto regula la figura del matrimonio como una forma de constituirla. Sin embargo, resulta necesario analizar si dicha medida cumple eficazmente con esa finalidad.
Así, bajo la interpretación evolutiva que se ha hecho del concepto de familia previsto en el artículo 4º constitucional, se puede concluir que la norma que permite la celebración del matrimonio únicamente entre parejas heterosexuales, NO cumple con la finalidad para la que fue creada, pues no protege a la familia en todas sus dimensiones.
Y es que, una vez eliminado el elemento de la procreación como fin del matrimonio, las relaciones heterosexuales y homosexuales se encuentran en una misma situación en cuanto deciden unirse en matrimonio con el fin de cuidarse, quererse, protegerse, ayudarse mutuamente y tener vida en común, de ahí que no se encuentre justificada la exclusión por motivo de orientación sexual que hizo el legislador del Estado de Nuevo León.
Aunado a lo anterior, no puede desconocerse que prohibir implícitamente el matrimonio para las parejas homosexuales es una medida que se encuentra impregnada de prejuicios sociales en contra de los homosexuales derivada de una discriminación estructural en su contra.
En efecto, la medida legislativa impugnada es el resultado de una discriminación histórica y sistemática derivada de diferentes prejuicios, prácticas sociales y sistema de creencias que han ocasionado la invisibilización de este grupo vulnerable impidiendo el ejercicio pleno de sus derechos.
En ese sentido, con base en el artículo 1º constitucional, es obligación de este Alto Tribunal Constitucional erradicar todo tipo de estereotipos y estigmas sociales que disminuyan o restrinjan los derechos de una persona a partir de su orientación sexual, así como también, de manera paralela, desarrollar formas de vida más incluyentes con independencia de las opciones de vida de los ciudadanos.
En esta misma línea, negar el matrimonio a las personas homosexuales implica también negarles el acceso a diversos beneficios (médicos, fiscales, hereditarios, alimentarios, etcétera) que pueden obtenerse únicamente a través de esta figura, con lo que indirectamente se les estarían menoscabando otros derechos fundamentales.
En otro orden de ideas, la exclusión de las personas homosexuales a la institución del matrimonio incide
directamente en el libre desarrollo de la personalidad que, como ya lo ha señalado este Pleno, implica el reconocimiento del Estado sobre la facultad natural de toda persona a ser individualmente como quiere ser, sin coacción, ni controles injustificados o impedimentos por parte de los demás, con el fin de cumplir las metas y objetivos que se ha fijado, es decir, es la persona humana quien decide el sentido de su propia existencia, de acuerdo a sus valores, ideas, expectativas, gustos, etcétera(28).
Así, este derecho comprende todas aquellas decisiones a través de las cuales el individuo desee proyectarse y vivir su vida y, que por tanto, sólo le compete a él decidir en forma autónoma. Y entre dichas decisiones se encuentra la de elegir la pareja con la que se quiera contraer matrimonio, con independencia de su orientación sexual.
Por estas razones considero que excluir el matrimonio para las parejas homosexuales, esto es, en atención a su orientación sexual, incumple con la finalidad legítima de proteger a la familia y, por tanto, resulta una medida evidentemente discriminatoria y violatoria de los artículos 1º y 4º de la Constitución Federal.
Es por estos motivos que, aunque concuerdo con la invalidez decretada, el sentido de mi voto se basa en consideraciones distintas a las del criterio mayoritario.
El Ministro, Luis María Aguilar Morales.- Rúbrica.
EL LICENCIADO RAFAEL COELLO CETINA, SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, CERTIFICA: Que esta fotocopia constante de cuatro fojas útiles, concuerda fiel y exactamente con el original del voto concurrente formulado por el señor Ministro Luis María Aguilar Morales, en relación con la sentencia de diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal Pleno en la acción de inconstitucionalidad 29/2018. Se certifica con la finalidad de que se publique en el Diario Oficial de la Federación.- Ciudad de México, a seis de mayo de dos mil diecinueve.- Rúbrica.
VOTO CONCURRENTE QUE FORMULA EL MINISTRO ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA EN LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 29/2018
En sesión pública de 19 de febrero de 2019, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió por unanimidad de once votos el asunto citado al rubro, en el sentido de declarar la invalidez de los artículos 140 y 148, en las porciones normativas "el hombre y la mujer", del Código Civil del Estado de Nuevo León, al considerar que "atenta contra la autodeterminación de las personas y contra el derecho al derecho al libre desarrollo de la personalidad de cada individuo y, de manera implícita, genera una violación al principio de igualdad, porque a partir de ese propósito, se da un trato diferenciado a parejas homoparentales [sic](29) respecto de las parejas heterosexuales, al excluir de la posibilidad de contraer matrimonio a personas del mismo sexo"(30).
En esta línea, el Pleno extendió la declaratoria de invalidez por vía de consecuencia al artículo 147 de dicho ordenamiento en las porciones normativas "un solo hombre y una sola mujer" y "perpetuar la especie", con el argumento de que se trataba de "una cuestión de concepto estrechamente relacionada con la porción normativa impugnada y declarada inválida"(31). Finalmente, en la sentencia también se señala que "en la interpretación y aplicación de las porciones normativas que refieran relaciones "entre un solo hombre y una sola mujer" y "como marido y mujer", contenidas en diversos preceptos del Código Civil para el Estado de Nuevo León y otros ordenamientos estatales vinculados tanto con el matrimonio como con el concubinato (comprendido en el Capítulo XI, Título Quinto, Libro Primero, del Código Civil local) deberá entenderse que estas instituciones involucran a dos personas del mismo o de diferente sexo".(32)
Si bien estoy totalmente de acuerdo con el sentido de la sentencia, me aparto de diversas consideraciones que sustentan la decisión de considerar inconstitucionales las porciones normativas antes identificadas. Al respecto, mi objeción consiste en que no se analizó con la profundidad requerida el principal argumento en el que se sustenta la impugnación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos: la violación al principio de igualdad y no discriminación de los artículos 140 y 148 del Código Civil del Estado de Nuevo León.
Aunque es evidente que una medida como la analizada atenta también en contra de otros derechos fundamentales -como el libre desarrollo de la personalidad- me parece que la argumentación que desarrolla la sentencia no le da la importancia que le corresponde a los argumentos relacionados con el derecho a la igualdad y a la no discriminación en casos donde se excluye a las parejas homosexuales de la posibilidad de acceder al matrimonio, que por lo demás es la aproximación que ha utilizado la esta Suprema Corte en la inmensa mayoría de las decisiones anteriores sobre este mismo tema. En este sentido, considero que en la sentencia debió retomar la doctrina jurisprudencial de la Primera Sala.
En este orden de ideas, expondré mi desacuerdo con la sentencia desarrollando los siguientes puntos: (1) la intensidad con la que debe realizarse el escrutinio sobre la constitucionalidad de la norma impugnada, que tendría que ser con un escrutinio estricto; (2) la necesidad de realizar el test de igualdad de conformidad con el referido estándar; (3) el derecho de las parejas del mismo sexo a una vida familiar; (4) la discriminación histórica a las parejas del mismo sexo; (5) la doble discriminación que sufren las parejas homosexuales a las que se les impide casarse; (6) el derecho al libre desarrollo de la personalidad; y (7) los efectos establecidos en la sentencia.
1. Intensidad del escrutinio.
En términos generales, considero que sobre el tema de la vulneración del principio de igualdad y no discriminación debió retomarse la amplia doctrina constitucional que ha elaborado la Primera Sala al estudiar impugnaciones muy similares a la presente, la cual ha sido establecida en múltiples asuntos, entre los que destacan los siguientes: amparo en revisión 581/2012,(33) amparo en revisión 567/2012,(34) amparo en revisión 152/2013,(35) amparo en revisión 704/2014,(36) amparo en revisión 735/2014.(37)
Ahora bien, al tratarse de un tema de igualdad por cuestionarse la distinción implícita que contiene el artículo impugnado entre parejas del mismo sexo que pueden contraer matrimonio y parejas homosexuales que no pueden contraer matrimonio, debe determinarse la intensidad con la que se deberá realizar el escrutinio. En este caso concreto, debe enfatizarse que la norma comporta una distinción basada en una categoría sospechosa(38) como lo es la orientación sexual de las personas(39) y, en consecuencia, correspondía realizar un escrutinio estricto de la norma impugnada.(40)
2. Realización de un test de escrutinio estricto.
De acuerdo con lo anterior, considero que la sentencia debió realizar un test de escrutinio estricto para analizar la constitucionalidad de los artículos 140 y 148 del Código Civil del Estado de Nuevo León de conformidad con la metodología utilizada por la Primera Sala: (i) determinar si la norma persigue una finalidad constitucionalmente imperiosa; (ii) establecer si la distinción impugnada está directamente conectada con la finalidad constitucional que persigue; y (iii) verificar si la medida es la menos restrictiva posible.
Desde mi punto de vista, tal como lo ha sostenido la Primera Sala en asuntos similares, una medida como la impugnada no supera la segunda grada del escrutinio estricto. Por un lado, la distinción resulta claramente sobreinclusiva porque quedan comprendidas en la definición de matrimonio las parejas heterosexuales que no acceden al matrimonio con la finalidad de procrear, lo cual muestra la falta de idoneidad de la distinción para cumplir con la única finalidad constitucional a la que puede obedecer la medida: la protección de la familia como realidad social. El desajuste se presenta porque la norma impugnada pretende vincular los requisitos en cuanto al sexo y las preferencias sexuales de quienes pueden acceder a la institución matrimonial con la finalidad de procreación. Asimismo, se excluye injustificadamente del acceso al matrimonio a las parejas homosexuales que están situadas en condiciones similares a las parejas que sí están comprendidas en la definición. Así, la distinción es discriminatoria porque la orientación sexual no constituye un aspecto relevante para hacer la distinción en relación con el fin constitucionalmente imperioso.
3. Derecho de las parejas del mismo sexo a una vida familiar
En cuanto a la argumentación sobre los alcances del derecho a la protección de la familia, si bien considero que efectivamente la norma impugnada también viola este derecho fundamental, desde mi punto de vista la resolución en cuestión debía incluir tanto la doctrina elaborada por la Primera Sala sobre este tema, como los precedentes interamericanos invocados también por la propia Sala en diversas sentencias.
En esta línea, en el amparo directo en revisión 1905/2012,(41) la Primera Sala afirmó que el orden jurídico mexicano ha evolucionado "hacia un concepto de familia fundado esencialmente en la afectividad, el consentimiento y la solidaridad libremente aceptada con la finalidad de llevar a efecto una convivencia estable", lo que significa que sólo "se puede seguir afirmando que la familia es la base de la sociedad si la misma se equipara a una estructura básica de vínculos afectivos vitales, de solidaridad intra e intergeneracional y de cohesión social, pero parece claro que esa estructura descansa sobre una base muy diversificada, en la cual el matrimonio es sólo un elemento posible, pero no necesario" (énfasis añadido).
En el caso de los precedentes interamericanos, en Atala Riffo y niñas v. Chile,(42) 4 siguiendo el criterio de diversos órganos de derechos humanos creados por tratados, la Corte Interamericana explicó que "no existe un modelo único de familia" de tal manera que "la imposición de un concepto único de familia debe analizarse no sólo como una posible injerencia arbitraria contra la vida privada, según el artículo 11.2 de la Convención Americana, sino también, por el impacto que ello pueda tener en un núcleo familiar, a la luz del artículo 17.1 de dicha Convención"(43).
Adicionalmente, me parece que hubiera sido importante reiterar la doctrina de la Primera Sala sobre el
derecho de las parejas del mismo sexo a una vida familiar. En esta línea, tendría que enfatizarse que las parejas del mismo sexo pueden adecuarse perfectamente a los fundamentos actuales de la institución matrimonial y más ampliamente a los de la familia en la medida en que también mantienen relaciones comprometidas y estables. Al respecto, la Primera Sala ha sostenido que para todos los efectos relevantes las parejas del mismo sexo se encuentran en una situación equivalente a las parejas heterosexuales, de tal manera que es totalmente injustificada su exclusión del matrimonio.
La Primera Sala también ha señalado que la vida familiar de dos personas homosexuales no se limita a la vida en pareja, toda vez que la procreación y la crianza de menores no es un fenómeno incompatible con una orientación homosexual. Algunas parejas del mismo sexo que hacen vida familiar con menores procreados o adoptados por alguno de ellos, o parejas del mismo sexo que utilizan los medios derivados de los avances científicos para procrear, con independencia de que se les permita el acceso al poder normativo para casarse.(44)
En relación con el tema de la adopción de menores por parejas del mismo sexo, la Primera Sala ha sostenido que una vez que se ha establecido que no existe razón constitucional para negar a las parejas del mismo sexo el acceso al matrimonio y que es discriminatorio crear una figura alternativa para ellas, debe considerarse que los matrimonios entre personas del mismo sexo tienen el derecho de ser considerados para adoptar, en igualdad de condiciones que los matrimonios entre personas heterosexuales y cumpliendo con los requisitos pertinentes.(45)
En consecuencia, debe entenderse que la relación de dos personas del mismo sexo que hacen una vida de pareja constituye un tipo de vida familiar protegida por la Constitución y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.(46)
4. La discriminación histórica a las parejas del mismo sexo.
Por otro lado, como también lo ha hecho la Primera Sala en varios asuntos, considero que debió destacarse que la exclusión de las parejas del mismo sexo del régimen matrimonial se basa en prejuicios que históricamente han existido en su contra. La razón por la cual las parejas del mismo sexo no han gozado de la misma protección que las parejas heterosexuales no es por descuido del legislador, sino por el legado de severos prejuicios que han existido tradicionalmente en su contra. La ausencia de los beneficios que el derecho asigna a la institución matrimonial es una consecuencia directa de la prolongada discriminación que ha existido hacia las parejas del mismo sexo por razón de su orientación sexual.
Las desventajas históricas que los homosexuales han sufrido han sido ampliamente reconocidas y documentadas: acoso público, violencia verbal, discriminación en sus empleos y en el acceso a ciertos servicios, además de su exclusión de algunos aspectos de la vida pública. En esta línea, en el derecho comparado se ha sostenido que la discriminación que sufren las parejas del mismo sexo cuando se les niega el acceso al matrimonio guarda una analogía con la discriminación que en otro momento histórico sufrieron las parejas interraciales. En el célebre caso Loving v. Virginia, la Corte Suprema estadounidense argumentó que "[r]estringir el derecho al matrimonio sólo por pertenecer a una o a otra raza es incompatible con la cláusula de igual protección ante la ley" previsto en la Constitución norteamericana. En conexión con esta analogía, también puede decirse que se viola la el derecho a la igualdad si no se otorga a una persona la posibilidad de casarse con la persona que elige, sin importar cuál sea el sexo de esa persona.(47)
5. Doble discriminación: exclusión de beneficios expresivos y tangibles.
La Primera Sala ha sostenido que el derecho a casarse no sólo comporta el derecho a tener acceso a los beneficios expresivos asociados al matrimonio, sino también el derecho a los beneficios materiales o tangibles que las leyes adscriben a la institución, tales como: (i) beneficios fiscales; (ii) beneficios de solidaridad; (iii) beneficios por causa de muerte de uno de los cónyuges; (iv) beneficios de propiedad; (v) beneficios en la toma subrogada de decisiones médicas; (vi) beneficios migratorios para los cónyuges extranjeros, etc. En consecuencia, acceder al matrimonio implica en realidad tener "un derecho a otros derechos", de los que son excluidas injustificadamente las parejas del mismo sexo cuando no tienen la posibilidad de contraer matrimonio.
De esta manera, la Primera Sala ha señalado que si el matrimonio otorga a los cónyuges una gran cantidad de derechos, negarle a las parejas del mismo sexo los beneficios tangibles e intangibles que son accesibles a las personas heterosexuales a través del matrimonio implica tratar a esas parejas como
"ciudadanos de segunda clase". En este sentido, no existe ninguna justificación racional para no darles todos los derechos fundamentales que les corresponden como individuos y, al mismo tiempo, otorgarles un conjunto incompleto de derechos cuando se conducen siguiendo su orientación sexual y se vinculan en relaciones estables de pareja. Así, la exclusión de las parejas del mismo sexo del régimen matrimonial se traduce en una doble discriminación: no sólo se les priva de los beneficios expresivos del matrimonio, sino también se les excluye de los beneficios materiales o tangibles.(48)
Por lo demás, la Primera Sala también ha destacado que dicha discriminación no sólo afecta a las parejas del mismo sexo, sino también a los hijos de esas personas que hacen vida familiar con la pareja. En efecto, es una realidad que al margen de que las parejas homosexuales puedan acceder al matrimonio existe un creciente número de ellas que deciden criar niños, ya sea a los procreados en anteriores relaciones heterosexuales o utilizando para esos fines las técnicas de reproducción asistida. De igual manera, dicha discriminación repercute directamente en esos menores. En esta línea, la medida impugnada se traduce también en un trato diferenciado por parte de la ley hacia los hijos de esas parejas, que los colocan en un plano de desventaja respecto de los hijos de parejas heterosexuales.
6. Derecho al libre desarrollo de la personalidad.
Si bien comparto el argumento de que la norma impugnada vulnera el derecho al libre desarrollo de la personalidad, considero que debería reforzarse la argumentación para mostrar dos cosas: (i) por un lado, por qué se justifica sostener que la elección de la persona con la que se quiere contraer matrimonio, con independencia de su sexo, es una decisión amparada por el derecho al libre desarrollo de la personalidad; (ii) y, posteriormente, determinar si la norma impugnada es una medida que afecta de forma desproporcionada ese derecho.
En relación con el primer punto, se podrían haber tomado en consideración los señalamientos realizados por la Primera Sala en la contradicción de tesis 73/2014,(49) los cuales servirían para reforzar los alcances del derecho y, en este sentido, justificar de manera más robusta que en este caso concreto la elección de la persona con la que se quiere contraer matrimonio es una decisión que está amparada por el derecho al libre desarrollo de la personalidad.
En este sentido, más allá de la forma institucional que pueda adoptar en los distintos ordenamientos, ya sea como derecho fundamental o como un principio informador del orden jurídico, en el derecho comparado se ha entendido que el libre desarrollo de la personalidad otorga la posibilidad a cada individuo de determinar por sí mismo su proyecto vital, de tal manera que las interferencias del Estado en este ámbito deben examinarse con mucho cuidado.
Así, el libre desarrollo de la personalidad constituye la expresión jurídica del principio liberal de "autonomía de la persona", de acuerdo con el cual al ser valiosa en sí misma la libre elección individual de planes de vida, el Estado en principio tienen prohibido interferir en la elección de éstos, debiéndose limitar a diseñar instituciones que faciliten la persecución individual de esos planes de vida y la satisfacción de los ideales de virtud que cada uno elija, así como a impedir la interferencia de otras personas en la persecución de esos planes de vida.
Ahora bien, si el libre desarrollo de la personalidad permite a los individuos elegir y materializar los planes de vida que estimen convenientes, es evidente que al tratarse de un derecho fundamental el contenido de éste debe vincular a todas las autoridades estatales. En efecto, en el marco de un Estado constitucional es un lugar común sostener que los derechos pueden representarse como prohibiciones que pesan sobre los poderes públicos, aunque se trate de una representación incompleta. En este caso, el derecho al libre desarrollo de la personalidad indiscutiblemente impone límites al legislador, de tal manera que puede decirse que éste "no goza de una libertad omnímoda para restringir la libertad de las personas y, en ese sentido, restringir sus autónomos proyectos de vida y el modo en que se desarrollan". De esta forma, como ocurre con cualquier derecho fundamental, los límites a la libertad de configuración del legislador están condicionados por los alcances del derecho al libre desarrollo de la personalidad.
De acuerdo con lo anterior, elegir a la persona con la que se quiere contraer matrimonio con independencia de cuál sea el sexo de esa persona, es una decisión que está amparada por el derecho al libre
desarrollo de la personalidad, puesto que está relacionada con el plan de vida familiar que esa persona pretende materializar y se conecta de manera clara con el principio de autonomía de la persona, de tal manera que en principio el Estado sólo podría interferir con ese derecho a través de una medida legislativa que cumpliera con el principio de proporcionalidad.
Así, si se pretendiera analizar la disposición impugnada a la luz del derecho al libre desarrollo de la personalidad como lo hace la sentencia, también debería realizarse un test de proporcionalidad, como se hizo en la contradicción de tesis 73/2014, precedente en el que se analizó la constitucionalidad de los sistemas de disolución del vínculo matrimonial que exigen la prueba de una causal de divorcio, determinándose que éstos constituyen una afectación desproporcionada al derecho al libre desarrollo de la personalidad.
En este sentido, considero que debería de realizarse un test en el que se analizara si la norma impugnada persigue un fin constitucional, y si es idónea, necesaria y proporcional en estricto sentido. En este caso concreto, al igual que con el análisis de igualdad, me parece que la norma impugnada ni siquiera es idónea para alcanzar el fin constitucional de la medida, que sería la protección de la familia.(50)
7. Los efectos de la sentencia.
Finalmente, como ya se explicó, en el presente asunto el Pleno determinó declarar la invalidez de las porciones normativas de los artículos 140 y 148 del Código Civil del Estado de Nuevo León, extendiendo la declaratoria de invalidez por vía de consecuencia al artículo 147, en la porción normativa que indica "un solo hombre y una mujer", así como "perpetuar la especie". Adicionalmente, en la sentencia también se señaló que "en la interpretación y aplicación de las porciones normativas que refieran relaciones "entre un solo hombre y una sola mujer'" y "como marido y mujer", contenidas en diversos preceptos del Código Civil para el Estado de Nuevo León y otros ordenamientos estatales vinculados tanto con el matrimonio como el concubinato (comprendido en el Capítulo XI, Título Quinto, Libro Primero, del Código Civil local); deberá entenderse que estas institucionales involucran a dos personas del mismo o diferente sexo".
En este sentido, si bien esta última parte de los efectos en realidad no supone ninguna novedad en la doctrina jurisprudencial de la Suprema Corte sobre estos temas, puesto que lo que ordena es simplemente realizar una interpretación conforme de esas otras disposiciones a la luz de las consideraciones que están recogidas en la propia ejecutoria, desde mi punto de vista la sentencia requería explicar la forma en que dicho efecto resulta compatible con el criterio de la Primera Sala de rubro "NORMAS DISCRIMINATORIAS. NO ADMITEN INTERPRETACIÓN CONFORME Y EXISTE OBLIGACIÓN DE REPARAR".(51)
Para clarificar este punto, es necesario recordar cuál ha sido la doctrina de esta Suprema Corte sobre la manera en la que se debe reparar la discriminación en los casos relacionados con normas de códigos civiles que no permiten el acceso de las parejas homosexuales al matrimonio. En un primer momento, al resolverse los amparos en revisión 581/2012(52), 457/2012(53) y 567/2012(54), la Primera Sala realizó una interpretación conforme de los artículos del Código Civil para el Estado de Oaxaca, en la que se señaló que cuando la disposición prevea que el matrimonio es el celebrado entre "un solo hombre y una sola mujer", debe entenderse que dicho acuerdo de voluntades es entre "dos personas".
En atención a la decisión de la Sala, formulé un voto concurrente en el que expresé mi desacuerdo con esa decisión. Al respecto, sostuve que la sentencia debió declarar la inconstitucionalidad de ambas porciones normativas ("un solo hombre y una sola mujer" y "perpetuación de la especie"), señalando que "la razón fundamental para preferir la inconstitucionalidad de la norma tiene que ver con la posibilidad de lograr en el futuro una declaratoria de inconstitucionalidad con efectos generales, contemplada actualmente en el artículo 107 constitucional", toda vez que la regulación jurídica de la institución del matrimonio no se agotaba en su definición legal, de tal manera que era posible declarar la inconstitucionalidad de esas porciones sin que la institución del matrimonio desapareciera o se hiciera ininteligible.
Posteriormente, al resolver el amparo en revisión 152/2013,(55) la Primera Sala se apartó del criterio antes adoptado por la mayoría sobre la necesidad de realizar una interpretación conforme. En dicho precedente se decidió declarar la inconstitucionalidad de la porción normativa del Código Civil para el Estado de Oaxaca que establecía que el matrimonio era "entre un hombre y una mujer" por las razones que expuse en mi voto concurrente, es decir, dado que dicha declaratoria no crearía un vacío legal en atención a que los derechos y obligaciones de los cónyuges se encontraban previstos en la legislación civil.
Finalmente, dicho criterio se reiteró en los amparos en revisión 122/2014(56), 263/2014(57), 591/2014(58) y 704/2014(59) y, posteriormente, se recogió en la tesis jurisprudencial de rubro "MATRIMONIO. LA LEY DE CUALQUIER ENTIDAD FEDERATIVA QUE, POR UN LADO, CONSIDERE QUE LA FINALIDAD DE AQUÉL ES LA PROCREACIÓN Y/O QUE LO DEFINA COMO EL QUE SE CELEBRA ENTRE UN HOMBRE Y UNA MUJER, ES INCONSTITUCIONAL".
En la misma línea, la Primera Sala también aprobó la tesis de criterio de rubro "NORMAS DISCRIMINATORIAS. NO ADMITEN INTERPRETACIÓN CONFORME Y EXISTE OBLIGACIÓN DE REPARAR", criterio que por lo demás también comparte la Segunda Sala y ha sido reflejado en la tesis de rubro "NORMAS DISCRIMINATORIAS. NO ADMITEN INTERPRETACIÓN CONFORME".(60)
En este orden de ideas, para entender por qué la decisión del Pleno de realizar una interpretación conforme de algunas de las disposiciones relacionadas con la porción normativa impugnada del artículo 294 del Código Civil para el Estado de Puebla -declarada inconstitucional en la sentencia- es compatible con los criterios interpretativos antes citados que no admiten la utilización de la técnica de la interpretación conforme cuando se está en presencia de normas discriminatorias, hay que introducir la distinción entre la inconstitucionalidad de una norma por vulnerar derechos fundamentales y el remedio para repararla.
En efecto, una vez que se ha constatado que una norma general es inconstitucional, pueden utilizarse distintos mecanismos para reparar la violación a derechos fundamentales, como lo serían la anulación de la norma y su expulsión del ordenamiento o la desaplicación de ésta en el caso concreto. Como señalé en otra oportunidad,(61) en algunos casos la nulidad de una norma -que es el remedio que corresponde decretar en una acción de inconstitucionalidad- no resulta un mecanismo adecuado para hacer frente a una discriminación normativa, de tal manera que en esos escenarios sería posible utilizar remedios complementarios con la finalidad de reparar la vulneración a la igualdad, entre los que se pueden encontrar la realización de una interpretación conforme o la elaboración de sentencias aditivas.(62)
Ahora bien, la interpretación conforme puede ser una utilizada como una técnica para evitar declarar la inconstitucionalidad de una disposición -optando por atribuirle al texto normativo algún sentido que sea compatible con la Constitución- o como un remedio para reparar la inconstitucionalidad. En este sentido, desde mi punto de vista, lo que prohíben los criterios interpretativos de la Primera y la Segunda Sala recogidos en las tesis de rubro "NORMAS DISCRIMINATORIAS. NO ADMITEN INTERPRETACIÓN CONFORME Y EXISTE OBLIGACIÓN DE REPARAR" y "NORMAS DISCRIMINATORIAS. NO ADMITEN INTERPRETACIÓN CONFORME" es la utilización de la interpretación conforme como como una técnica interpretativa que evita declarar la inconstitucionalidad de una norma discriminatoria, optando por atribuirle a la disposición un significado que no vulnere el derecho a la igualdad.
De acuerdo con lo anterior, tal y como lo hizo el Pleno de esta Suprema Corte en la presente sentencia, sería perfectamente compatible con los citados criterios declarar la inconstitucionalidad de una norma discriminatoria, anularla y, en caso de que ese remedio sea insuficiente para reparar los efectos de la discriminación, también realizar alguna maniobra adicional como la interpretación conforme de algunas otras porciones normativas vinculadas con el texto anulado.
El Ministro, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.- Rúbrica.- El Secretario General de Acuerdos, Rafael Coello Cetina.- Rúbrica.
EL LICENCIADO RAFAEL COELLO CETINA, SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, CERTIFICA: Que esta fotocopia constante de once fojas útiles, concuerda fiel y exactamente con el original del voto concurrente formulado por el señor Ministro Presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, en relación con la sentencia de diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal Pleno en la acción de inconstitucionalidad 29/2018. Se certifica con la finalidad de que se publique en el Diario Oficial de la Federación.- Ciudad de México, a seis de mayo de dos mil diecinueve.- Rúbrica.
1 Se tiene como hecho notorio que el señor Raúl Cervantes Andrade presentó su renuncia al cargo de Procurador General de la República el dieciséis de octubre de dos mil diecisiete y a la fecha el Senado de la República no ha designado a otra persona para ocupar la vacante.
2 La redacción actual de los artículos 140 y 148 son:
Art. 140. Sólo pueden celebrar esponsales el hombre y la mujer que han cumplido dieciocho años.
Art. 148. Para contraer matrimonio, el hombre y la mujer necesitan haber cumplido dieciocho años.
Anterior a la reforma, los artículos impugnados tenían esta redacción:
Art. 140. Sólo pueden celebrar esponsales el hombre y la mujer que han cumplido dieciséis años.
Art. 148. Para contraer matrimonio, el hombre y la mujer necesitan haber cumplido dieciocho años, los jueces
competentes podrán conceder dispensas de edad por causas justificadas.
3 Por una mayoría de seis votos a favor de la oportunidad de la impugnación en atención al criterio sustantivo, en sesión de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, bajo la Ponencia del Ministro José Ramón Cossío Díaz.
4 Por unanimidad de once votos (con reservas de los Ministros Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Medina Mora I. y Presidente Aguilar Morales) a favor de la oportunidad de la impugnación, en sesión de uno de agosto de dos mil diecisiete, bajo la Ponencia del Ministro Eduardo Medina Mora I.
5 CONSTITUCIÓN FEDERAL
Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por: (...).
LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA
Artículo 60. El plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnado sean publicados en el correspondiente medio oficial. Si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.
6 Fojas 313 a 322 del expediente.
7 Fojas 299 a 311 del expediente.
8 Fojas 288 a 297 del expediente.
9 Fojas 279 a 286 del expediente.
10 Fojas 220 a 277 del expediente.
11 Fojas 207 a 217 del expediente.
12 Fojas 323 a 426 del expediente.
13 Foja 681 del expediente.
14 Fojas 523 a 580 del expediente.
15 Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
16 Artículo 15. El Presidente de la Comisión Nacional tendrá las siguientes facultades y obligaciones:
XI. Promover las acciones de inconstitucionalidad, en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte, y
17 Esto lo determinó al resolver el amparo directo civil 6/2008, resuelto en sesión pública de seis de enero de dos mil nueve, por unanimidad de 11 votos. De este asunto derivaron, entre otros, los siguientes criterios: DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. ASPECTOS QUE COMPRENDE. Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXX. Diciembre de 2009. Tesis P. LXVI/2009. Página 7; DERECHOS A LA INTIMIDAD, PROPIA IMAGEN, IDENTIDAD PERSONAL Y SEXUAL. CONSTITUYEN DERECHOS DE DEFENSA Y GARANTÍA ESENCIAL PARA LA CONDICIÓN HUMANA. Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXX. Diciembre de 2009. Tesis P. LXVII/2009. Página 7; y DIGNIDAD HUMANA. EL ORDEN JURÍDICO MEXICANO LA RECONOCE COMO CONDICIÓN Y BASE DE LOS DEMÁS DERECHOS FUNDAMENTALES. Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXX. Diciembre de 2009. Tesis P. LXV/2009. Página 8. De igual manera esto se sostuvo al resolver la acción de inconstitucionalidad 2/2010, resuelta en sesión público de dieciséis de agosto de dos mil diez.
18 Esta acción de inconstitucionalidad 2/2010, se resolvió en sesión pública de dieciséis de agosto de dos mil diez.
19 Esto, mediante la reforma publicada el treinta y uno de diciembre de mil novecientos setenta y cuatro en el Diario Oficial de la Federación, en cuya exposición de motivos constan, entre otras consideraciones, las siguientes: Reconocida la aptitud política de la mujer, la Constitución Federal conservó no obstante, diversas normas proteccionistas, ciertamente justificadas en una época en que resultaba excepcional, casi insólito, que las mujeres asumieran tareas de responsabilidad social pública. Hoy día, la situación general se ha modificado profundamente y por ello resulta indispensable proceder a una completa revisión de los ordenamientos que, en uno u otro ámbito, contemplan la participación de la mujer en los procesos educativos, cultural, económico y social. De ahí que en mi último informe a la nación hubiese expresado ante el H. Congreso de la Unión que la mujer debe disfrutar de absoluta igualdad con el varón en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus responsabilidades, propósito para el cual anuncié ante la más alta representación nacional una completa revisión de las leyes federales correspondientes. (...) Para superar estos contrastes, es necesario que en el elevado plano constitucional quede asentada claramente, al lado de otros grandes principios rectores de la vida social, la igualdad entre hombres y mujeres. Tal es el objetivo de esta Iniciativa de Reformas, Inscritas en el contexto de propósitos y programas en los que el Gobierno de la República trabaja con entusiasmo y convicción recogiendo planteamientos populares. De esta manera se ratifica la capacidad del sistema constitucional mexicano para acelerar el ritmo del progreso y promover grandes transformaciones sociales.
20 Case of Christine Goodwin v. The United Kingdom (Application No. 28957/95), Judgment (Strasbourg, 11 July 2002), paragraph 98.
21 Tesis de jurisprudencia 1a./J. 43/2015 (10a.) de rubro: MATRIMONIO. LA LEY DE CUALQUIER ENTIDAD FEDERATIVA QUE, POR UN LADO, CONSIDERE QUE LA FINALIDAD DE AQUÉL ES LA PROCREACIÓN Y/O QUE LO DEFINA COMO EL QUE SE CELEBRA ENTRE UN HOMBRE Y UNA MUJER, ES INCONSTITUCIONAL. Considerar que la finalidad del matrimonio es la procreación constituye una medida no idónea para cumplir con la única finalidad constitucional a la que puede obedecer la medida: la protección de la familia como realidad social. Pretender vincular los requisitos del matrimonio a las preferencias sexuales de quienes pueden acceder a la institución matrimonial con la procreación es discriminatorio, pues excluye injustificadamente del acceso al matrimonio a las parejas homosexuales que están situadas en condiciones similares a las parejas heterosexuales. La distinción es discriminatoria porque las preferencias sexuales no constituyen un aspecto relevante para hacer la distinción en relación con el fin constitucionalmente imperioso. Como la finalidad del matrimonio no es la procreación, no tiene razón justificada que la unión matrimonial sea heterosexual, ni que se enuncie como "entre un solo hombre y una sola mujer". Dicha enunciación resulta discriminatoria en su mera expresión. Al respecto cabe recordar que está prohibida cualquier norma discriminatoria basada en la orientación sexual de la persona. En consecuencia, ninguna norma, decisión o práctica de derecho interno, tanto por parte de autoridades estatales como de particulares, pueden disminuir o restringir los derechos de una persona a partir de su orientación sexual. Así pues, bajo ninguna circunstancia se puede negar o restringir a nadie un derecho con base en su orientación sexual. Por tanto, no es factible hacer compatible o conforme un enunciado que es claramente excluyente. Décima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 149. Junio de 2015. Tomo I. Página 536.
Tesis de jurisprudencia 1a./.J. 46/2015 (10a.) de rubro: MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO. NO EXISTE RAZÓN DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL PARA NO RECONOCERLO. Las relaciones que entablan las parejas del mismo sexo pueden adecuarse perfectamente a los fundamentos actuales de la institución matrimonial y más ampliamente a los de la familia. Para todos los efectos relevantes, las parejas homosexuales se encuentran en una situación equivalente a las parejas heterosexuales, de tal manera que es totalmente injustificada su exclusión del matrimonio. La razón por la cual las parejas del mismo sexo no han gozado de la misma protección que las parejas heterosexuales no es por descuido del órgano legislativo, sino por el legado de severos prejuicios que han existido tradicionalmente en su contra y por la discriminación histórica. El derecho a casarse no sólo comporta el derecho a tener acceso a los beneficios expresivos asociados al matrimonio, sino también el derecho a los beneficios materiales que las leyes adscriben a la institución. En el orden jurídico mexicano existen una gran cantidad de beneficios económicos y no económicos asociados al matrimonio. Entre éstos destacan los siguientes: (1) beneficios fiscales; (2) beneficios de solidaridad; (3) beneficios por causa de muerte de uno de los cónyuges; (4) beneficios de propiedad; (5) beneficios en la toma subrogada de decisiones médicas; y (6)
beneficios migratorios para los cónyuges extranjeros. En este sentido, negar a las parejas homosexuales los beneficios tangibles e intangibles que son accesibles a las personas heterosexuales a través del matrimonio implica tratar a los homosexuales como si fueran "ciudadanos de segunda clase", lo cual esta Primera Sala no comparte. No existe ninguna justificación racional para reconocer a los homosexuales todos los derechos fundamentales que les corresponden como individuos y, al mismo tiempo, reconocerles un conjunto incompleto de derechos cuando se conducen siguiendo su orientación sexual y se vinculan en relaciones estables de pareja. Los modelos para el reconocimiento de las parejas del mismo sexo, sin importar que su única diferencia con el matrimonio sea la denominación que se da a ambos tipos de instituciones, son inherentemente discriminatorios porque constituyen un régimen de "separados pero iguales". La exclusión de las parejas del mismo sexo de la institución matrimonial perpetúa la noción de que las parejas del mismo sexo son menos merecedoras de reconocimiento que las heterosexuales, ofendiendo con ello su dignidad como personas y su integridad. Décima Época. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 22. Septiembre de 2015. Tomo I. Página 253.
22 El texto del artículo 147 del Código Civil del Estado de Nuevo León, es el siguiente:
Artículo. 147. El matrimonio es la unión legítima de un solo hombre y una sola mujer, para procurar su ayuda mutua, guardarse fidelidad, perpetuar la especie y crear entre ellos una comunidad de vida permanente.
23 Cabe señalar que la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver, por unanimidad de 5 votos, el Amparo en Revisión 411/2015, en sesión de veintitrés de septiembre de dos mil quince, amparó a las quejosas solicitantes por considerar inconstitucionales los artículos 260, 258 y 267 bis, del Código Civil del Estado de Jalisco. La relevancia del caso deviene que la redacción de los artículos es similar a la que ahora impugna la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
24 Artículo 41. Las sentencias deberán contener:
IV. Los alcances y efectos de la sentencia, fijando con precisión, en su caso, los órganos obligados a cumplirla, las normas generales o actos respecto de los cuales opere y todos aquellos elementos necesarios para su plena eficacia en el ámbito que corresponda. Cuando la sentencia declare la invalidez de una norma general, sus efectos deberán extenderse a todas aquellas normas cuya validez dependa de la propia norma invalidada; (...).
25 Artículo 73. Las sentencias se regirán por lo dispuesto en los artículos 41, 43, 44 y 45 de esta ley.
26 Sirve de apoyo la tesis número P./J. 53/2010, de rubro y texto: CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES Y ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA INVALIDEZ INDIRECTA DE LAS NORMAS. Para declarar la invalidez de una norma jurídica puede acudirse al modelo de "invalidación directa", en el cual el órgano constitucional decreta, mediante una resolución, que cierta norma o normas resultan inválidas por transgredir frontalmente el contenido de una norma constitucional o legal. Sin embargo, no es el único modelo, pues existe el de "invalidación indirecta", en el cual la invalidez de una norma o de un grupo de ellas se origina a partir de la extensión de los efectos de la invalidez de otra. Este modelo está previsto en el artículo 41, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La condición necesaria para que se extiendan los efectos de invalidez de una norma declarada invalida es la relación de dependencia de validez entre esta norma y otra u otras del sistema, acorde con los siguientes criterios: a) jerárquico o vertical, según el cual la validez de una norma de rango inferior depende de la validez de otra de rango superior; b) material u horizontal, en el que una norma invalidada afecta a otra de su misma jerarquía debido a que ésta regula alguna cuestión prevista en aquélla, de suerte que la segunda ya no tiene razón de ser; c) sistemático en sentido estricto o de la "remisión expresa", el cual consiste en que el texto de la norma invalidada remite a otras normas, ya sea del mismo ordenamiento o de otro distinto; cuando remite expresamente, su aplicador debe obtener su contenido a partir de la integración de los diversos enunciados normativos que resulten implicados en la relación sistemática; de este modo, la invalidez de la norma se expande sistemáticamente por vía de la integración del enunciado normativo; d) temporal, en el que una norma declarada inválida en su actual vigencia afecta la validez de otra norma creada con anterioridad, pero con efectos hacia el futuro; y, e) de generalidad, en el que una norma general declarada inválida afecta la validez de la norma o normas especiales que de ella se deriven. Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXI. Abril de 2010. Página 1564.
27 MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO. AL TRATARSE DE UNA MEDIDA LEGISLATIVA QUE REDEFINE UNA INSTITUCIÓN CIVIL, SU CONSTITUCIONALIDAD DEBE VERIFICARSE EXCLUSIVAMENTE BAJO UN PARÁMETRO DE RAZONABILIDAD DE LA NORMA (ARTÍCULO 146 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 29 DE DICIEMBRE DE 2009). Registro 161272; [TA]; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXXIV, Agosto de 2011; Pág. 873. P. XXIV/2011.;CONTROL DEL TABACO. EL ARTÍCULO 16, FRACCIÓN II, DE LA LEY GENERAL RELATIVA NO DEBE SER SOMETIDO A UN ESCRUTINIO DE IGUALDAD INTENSO. Registro 161364; [TA]; 9a. Época; Pleno; S.J.F y su Gaceta; Tomo XXXIV, Agosto de 2011; Pág. 24. P. VII/2011; ESCRUTINIO DE IGUALDAD Y ANÁLISIS CONSTITUCIONAL ORIENTADO A DETERMINAR LA LEGITIMIDAD DE LAS LIMITACIONES A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. SU RELACIÓN. Registro 161310; [J]; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXXIV, Agosto de
2011; Pág. 5. P./J. 28/2011.
28 Amparo Directo 6/2008, fallado por el Tribunal Pleno el seis de enero de dos mil nueve por unanimidad de once votos. De dicho asunto derivó la tesis aislada de rubro siguiente: DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. ASPECTOS QUE COMPRENDE. Registro 165822; [TA]; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXX, Diciembre de 2009; Pág. 7. P. LXVI/2009.
29 La sentencia debe referirse a parejas homosexuales y no homoparentales, toda vez que en el caso en particular no se discutieron cuestiones de paternidad y adopción.
30 Página 35 del engrose de la acción de inconstitucionalidad 29/2018.
31 Ídem, página 36.
32 Ídem, página 37.
33 Sentencia de 5 de diciembre de 2012, resuelta por unanimidad de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea (Ponente), José Ramón Cossío Díaz, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Presidente Jorge Mario Pardo Rebolledo, ausente el Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.
34 Sentencia de 5 de diciembre de 2012, resuelta por unanimidad de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Presidente Jorge Mario Pardo Rebolledo (Ponente), ausente el Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.
35 Sentencia de 23 de abril de 2014, resuelta por mayoría de cuatro votos de los señores Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena (Ponente) y Olga Sánchez Cordero de García Villegas, con el voto en contra del Ministro Pardo Rebolledo.
36 Sentencia de 18 de marzo de 2015, resuelta por mayoría de cuatro votos de los señores Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena (Ponente) y Olga Sánchez Cordero de García Villegas, con el voto en contra del Ministro Pardo Rebolledo.
37 Sentencia de 18 de marzo de 2015, resuelta por mayoría de cuatro votos de los señores Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena (Ponente) y Olga Sánchez Cordero de García Villegas, con el voto en contra del Ministro Pardo Rebolledo.
38 CATEGORÍA SOSPECHOSA. SU ESCRUTINIO. Una vez establecido que la norma hace una distinción basada en una categoría sospechosa -un factor prohibido de discriminación- corresponde realizar un escrutinio estricto de la medida legislativa. El examen de igualdad que debe realizarse en estos casos es diferente al que corresponde a un escrutinio ordinario. Para llevar a cabo el escrutinio estricto, en primer lugar, debe examinarse si la distinción basada en la categoría sospechosa cumple con una finalidad imperiosa desde el punto de vista constitucional, sin que deba exigirse simplemente, como se haría en un escrutinio ordinario, que se persiga una finalidad constitucionalmente admisible, por lo que debe perseguir un objetivo constitucionalmente importante; es decir, proteger un mandato de rango constitucional. En segundo lugar, debe analizarse si la distinción legislativa está estrechamente vinculada con la finalidad constitucionalmente imperiosa. La medida legislativa debe estar directamente conectada con la consecución de los objetivos constitucionales antes señalados; es decir, la medida debe estar totalmente encaminada a la consecución de la finalidad, sin que se considere suficiente que esté potencialmente conectada con tales objetivos. Por último, la distinción legislativa debe ser la medida menos restrictiva posible para conseguir efectivamente la finalidad imperiosa desde el punto de vista constitucional. Tesis: P./J. 10/2016 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Pleno, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo I, pag. 8, Jurisprudencia.
39 Una distinción se basa en una categoría sospechosa cuando utiliza alguno de los criterios enunciados en el último párrafo del artículo 1º constitucional: origen étnico, nacionalidad, género, edad, discapacidad, condición social, salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas
40 Lo anterior se sostiene en los siguientes criterios jurisprudenciales:
IGUALDAD. CUANDO UNA LEY CONTENGA UNA DISTINCIÓN BASADA EN UNA CATEGORÍA SOSPECHOSA, EL JUZGADOR DEBE REALIZAR UN ESCRUTINIO ESTRICTO A LA LUZ DE AQUEL PRINCIPIO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que cuando una ley contiene una distinción basada en una categoría sospechosa, es decir, en alguno de los criterios enunciados en el último párrafo del artículo 1o. constitucional (el origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas), el juzgador debe realizar un escrutinio estricto de la medida para examinar su constitucionalidad a la luz del principio de igualdad, puesto que estas distinciones están afectadas de una presunción de inconstitucionalidad. Si bien la Constitución no prohíbe que el legislador utilice categorías sospechosas, el principio de igualdad garantiza que sólo se empleen cuando exista una justificación muy robusta para ello. Tesis: 1a./J. 66/2015 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Primera Sala, Libro 23, Octubre de 2015, Tomo II, pag.
1462, Jurisprudencia.
CONSTITUCIONALIDAD DE DISTINCIONES LEGISLATIVAS QUE SE APOYAN EN UNA CATEGORÍA SOSPECHOSA. FORMA EN QUE DEBE APLICARSE EL TEST DE ESCRUTINIO ESTRICTO. La constitucionalidad de las distinciones legislativas que se apoyan en una categoría sospechosa debe analizarse a través de un escrutinio estricto, pues para estimarse constitucionales requieren de una justificación robusta que venza la presunción de inconstitucionalidad que las afecta. Para ello, en primer lugar, debe examinarse si la distinción basada en la categoría sospechosa cumple con una finalidad imperiosa desde el punto de vista constitucional, es decir, debe perseguir un objetivo constitucionalmente importante y no simplemente una finalidad constitucionalmente admisible. En segundo lugar, debe analizarse si la distinción legislativa está estrechamente vinculada con la finalidad constitucionalmente imperiosa, es decir, debe estar totalmente encaminada a la consecución de la finalidad, sin que pueda considerarse suficiente que esté potencialmente conectada con tales objetivos. Finalmente, la distinción legislativa debe ser la medida menos restrictiva para conseguir la finalidad imperiosa desde el punto de vista constitucional. Tesis: 1a./J. 87/2015 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Primera Sala, Libro 25, Diciembre de 2015, Tomo I, pag. 109, Jurisprudencia.
41 Sentencia de 22 de agosto de 2012, resuelta por unanimidad de cinco votos de los Ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo, José Ramón Cossío Díaz (Ponente), Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
42 4 Caso Atala Riffo y Niñas vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 24 de febrero de 2012. Serie C No. 239. Fondo, Reparaciones y Costas Sentencia del 24 de febrero de 2012. Serie C No. 239
43 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Karen Atala Riffo y Niñas vs. Chile. Sentencia de 24 de febrero de 2012. Fondo, reparaciones y costas. Serie C 239. Párr. 175.
44 DERECHO A LA VIDA FAMILIAR DE LAS PAREJAS DEL MISMO SEXO. A partir de las consideraciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la similitud entre las parejas homosexuales y heterosexuales en cuanto a su capacidad de desarrollar una vida familiar, la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación entiende que la vida familiar entre personas del mismo sexo no se limita únicamente a la vida en pareja, sino que puede extenderse a la procreación y a la crianza de niños y niñas según la decisión de los padres. Así, existen parejas del mismo sexo que hacen vida familiar con niños y niñas procreados o adoptados por alguno de ellos, o parejas que utilizan los medios derivados de los avances científicos para procrear. Tesis: 1a./J. 8/2017 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Primera Sala, Libro 38, Enero de 2017, Tomo I, pag. 127, Jurisprudencia.
45 Esta consideración se realizó en la sentencia del amparo en revisión 704/2014, resuelto el 18 de marzo de 2015 por mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto concurrente, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto particular. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: Karla I. Quintana Osuna.
46 ADOPCIÓN. LOS MATRIMONIOS ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO TIENEN EL DERECHO A SER CONSIDERADOS PARA REALIZARLA EN IGUALDAD DE CONDICIONES QUE LOS MATRIMONIOS ENTRE PERSONAS HETEROSEXUALES. Esta Primera Sala ha establecido en varios precedentes que la vida familiar de dos personas del mismo sexo no se limita a la vida en pareja sino que, como cualquier pareja heterosexual, se puede extender, de así desearlo, a la procreación y la crianza de niños y niñas. También ha destacado que existen parejas del mismo sexo que hacen vida familiar con niños y niñas procreadas o adoptadas por algún miembro de la pareja, o parejas homosexuales que utilizan los medios derivados de los avances científicos para procrear o tienen hijos a través de la adopción, con independencia de que se les permita el acceso al poder normativo para contraer matrimonio. Ahora bien, una vez establecido que no existe razón constitucional para negar a las parejas del mismo sexo el acceso al matrimonio y que es discriminatorio crear una figura alternativa para ellas, esta Primera Sala determina que los matrimonios entre personas del mismo sexo tienen el derecho de ser considerados para adoptar, en igualdad de condiciones que los matrimonios entre personas heterosexuales y cumpliendo con los requisitos pertinentes. Tesis: 1a. CCCLIX/2015 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Primera Sala, Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo I, pag. 950, Tesis Aislada.
ADOPCIÓN. LA PROHIBICIÓN DE SER CONSIDERADO COMO ADOPTANTE CON BASE EN LA ORIENTACIÓN SEXUAL ES INCONSTITUCIONAL. La orientación sexual de la persona o personas no es un elemento relevante a tomar en consideración para formar o completar una familia, ni como elemento a considerar en el adoptante, ni para compartir la patria potestad en los supuestos en que ésta sea exclusiva de uno de los convivientes. Así, la prohibición para las parejas del mismo sexo de adoptar vulnera el principio constitucional de igualdad y no discriminación, pues es insostenible la interpretación de que la homosexualidad de los adoptantes implica una afectación al interés superior de los menores adoptados. Tesis: P. XII/2016 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Pleno, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo I, pag. 253, Tesis Aislada.
ADOPCIÓN. LA PROHIBICIÓN A LOS CONVIVIENTES DE SER CONSIDERADOS COMO ADOPTANTES ES INCONSTITUCIONAL. Pertenecer a un estado civil en modo alguno pone en riesgo, por sí mismo, el interés superior del niño, niña y adolescente, puesto que cualquier persona en lo individual y cualquier pareja del mismo o distinto sexo deben
ser consideradas en igualdad de circunstancias como posibles adoptantes. Lo que debe tomarse en cuenta en los adoptantes es si éstos son idóneos, es decir, si cuentan con las características, virtudes y cualidades para brindar una familia a los menores de edad, y no puede atender, de ninguna manera, a la orientación sexual del adoptante o adoptantes. La prohibición ex ante que impide a los convivientes ser siquiera considerados para la adopción implica, por un lado, una vulneración al interés superior de los niños, niñas y adolescentes, al impedirles formar parte de una familia respecto de convivientes que cumplieran con el requisito de idoneidad y, por otro, una transgresión al derecho de estos últimos a completar su familia, a través de la adopción si es su decisión y mientras cumplan con el requisito referido. Tesis: P./J. 13/2016 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Pleno, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo I, pag. 7, Jurisprudencia.
47 MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO. NO EXISTE RAZÓN DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL PARA NO RECONOCERLO. Las relaciones que entablan las parejas del mismo sexo pueden adecuarse perfectamente a los fundamentos actuales de la institución matrimonial y más ampliamente a los de la familia. Para todos los efectos relevantes, las parejas homosexuales se encuentran en una situación equivalente a las parejas heterosexuales, de tal manera que es totalmente injustificada su exclusión del matrimonio. La razón por la cual las parejas del mismo sexo no han gozado de la misma protección que las parejas heterosexuales no es por descuido del órgano legislativo, sino por el legado de severos prejuicios que han existido tradicionalmente en su contra y por la discriminación histórica. El derecho a casarse no sólo comporta el derecho a tener acceso a los beneficios expresivos asociados al matrimonio, sino también el derecho a los beneficios materiales que las leyes adscriben a la institución. En el orden jurídico mexicano existen una gran cantidad de beneficios económicos y no económicos asociados al matrimonio. Entre éstos destacan los siguientes: (1) beneficios fiscales; (2) beneficios de solidaridad; (3) beneficios por causa de muerte de uno de los cónyuges; (4) beneficios de propiedad; (5) beneficios en la toma subrogada de decisiones médicas; y (6) beneficios migratorios para los cónyuges extranjeros. En este sentido, negar a las parejas homosexuales los beneficios tangibles e intangibles que son accesibles a las personas heterosexuales a través del matrimonio implica tratar a los homosexuales como si fueran "ciudadanos de segunda clase", lo cual esta Primera Sala no comparte. No existe ninguna justificación racional para reconocer a los homosexuales todos los derechos fundamentales que les corresponden como individuos y, al mismo tiempo, reconocerles un conjunto incompleto de derechos cuando se conducen siguiendo su orientación sexual y se vinculan en relaciones estables de pareja. Los modelos para el reconocimiento de las parejas del mismo sexo, sin importar que su única diferencia con el matrimonio sea la denominación que se da a ambos tipos de instituciones, son inherentemente discriminatorios porque constituyen un régimen de "separados pero iguales". La exclusión de las parejas del mismo sexo de la institución matrimonial perpetúa la noción de que las parejas del mismo sexo son menos merecedoras de reconocimiento que las heterosexuales, ofendiendo con ello su dignidad como personas y su integridad. Tesis: 1a./J. 46/2015 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Primera Sala Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, pag. 253, Jurisprudencia.
48 MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO. LAS NORMAS CIVILES QUE IMPIDEN ESTA POSIBILIDAD, PROVOCAN UNA DOBLE DISCRIMINACIÓN, AL PRIVAR A LAS PAREJAS HOMOSEXUALES DE LOS BENEFICIOS MATERIALES Y EXPRESIVOS QUE SE OBTIENEN CON DICHA INSTITUCIÓN. El matrimonio comporta el derecho a tener acceso a los beneficios expresivos asociados a dicha institución, así como el derecho a otros beneficios materiales, económicos y no económicos, que las leyes adscriben al matrimonio (por causa de muerte de uno de los cónyuges, de solidaridad, de propiedad, en la toma subrogada de decisiones médicas, migratorios, etcétera). En este sentido, las normas civiles que impiden a las parejas del mismo sexo el acceso a la institución matrimonial producen una doble discriminación, pues no sólo se les priva a las parejas homosexuales de los beneficios expresivos que comporta el matrimonio, sino también de los materiales; exclusión que pudiera incluso llegar a afectar a sus hijos al colocarlos en un plano de desventaja respecto de los hijos de parejas heterosexuales. Tesis: 1a./J. 86/2015 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Primera Sala, Libro 25, Diciembre de 2015, Tomo I, pag. 187, Jurisprudencia.
49 Sentencia de 25 de febrero de 2015, resuelta por mayoría de cuatro votos de los Señores Ministros: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea (Ponente), Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Presidente Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena en contra del emitido por el Ministro José Ramón Cossío Díaz, por lo que respecta a la competencia. Por mayoría de tres votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea (Ponente), José Ramón Cossío Díaz y Olga Sánchez Cordero de García Villegas, en contra de los emitidos por los Ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo y Presidente Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, por lo que se refiere al fondo del asunto.
50 Cfr. MATRIMONIO. EL ARTÍCULO 143, PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE OAXACA, EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE PRESCRIBE "PERPETUAR LA ESPECIE", COMO UNA DE LAS FINALIDADES DE ESA INSTITUCIÓN, ES CONTRARIO A LOS ARTÍCULOS 1o. Y 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El precepto legal citado define la institución del matrimonio a partir de cuatro elementos: a) es un contrato civil; b) celebrado entre un solo hombre y una sola mujer; c) que se unen para perpetuar la especie; y, d) dentro de sus objetivos también está la ayuda mutua que debe proporcionarse la pareja en la vida. Ahora bien, en relación con el tercero de esos componentes, si bien es cierto que históricamente la procreación ha tenido, en determinado momento, un papel importante para la definición del matrimonio y, sin desconocer, por ello, que procrear siga siendo parte importante de las uniones humanas, también lo es que en virtud de la dinámica jurídica, los cambios sociales y culturales, así como la existencia de diversas reformas legales, se ha puesto en evidencia la separación del binomio
matrimonio-procreación, pues la decisión de todo individuo de unirse a otro y proyectar una vida en común deriva de la autodeterminación y del derecho al libre desarrollo de la personalidad de cada persona para la conformación de una familia, sin que tal decisión implique necesariamente el acuerdo de tener hijos en común. Por tanto, la porción normativa del artículo 143, párrafo primero, del Código Civil para el Estado de Oaxaca, que prescribe "perpetuar la especie" como una de las finalidades del matrimonio, atenta contra la autodeterminación de las personas, el derecho al libre desarrollo de la personalidad de cada individuo, sean éstas parejas homosexuales o heterosexuales pues, en ese tema, confluyen tanto aspectos genéticos, biológicos y otros inherentes a la naturaleza humana que llegan a impedir la procreación y, por otra parte, implícitamente genera una violación al principio de igualdad, porque a partir de ese propósito se da un trato diferenciado a parejas homosexuales respecto de las parejas heterosexuales, al excluir de la posibilidad de contraer matrimonio a personas del mismo sexo (so pretexto de la imposibilidad biológica de cumplir con el propósito de procreación); de ahí que si se considera que la función reproductiva "potencial" del matrimonio civil y, por ende, la formación de una "familia con hijos", no es la finalidad del matrimonio, debe declararse que dicha porción normativa es contraria a los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tesis: 1a. CCXV/2014 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Primera Sala, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo I, pag. 548, Tesis Aislada.
51 Tesis: 1a./J. 47/2015 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Primera Sala, Libro 21, Agosto de 2015, Tomo I, pag. 394, Jurisprudencia.
52 Sentencia de 5 de diciembre de 2012, resuelta por unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea (Ponente), José Ramón Cossío Díaz, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Presidente Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ausente: Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.
53 Sentencia de 5 de diciembre de 2012, resuelta por unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien formulará voto concurrente, José Ramón Cossío Díaz (Ponente), Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Presidente Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ausente el señor Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.
54 Sentencia de 5 de diciembre de 2012, resuelta por unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Presidente y Ponente Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ausente el Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. El Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, manifestó que se reserva el derecho de formular voto concurrente.
55 Sentencia de 23 de abril de 2014, resuelta por mayoría de cuatro votos de los señores Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz (quienes se reservaron el derecho de formular voto concurrente), Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena (Ponente) y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. El Ministro Presidente Jorge Mario Pardo Rebolledo votó en contra y se reserva el derecho de formular voto particular.
56 Sentencia de 25 de junio de 2014, resuelta por unanimidad de votos de los señores Ministros: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Presidente y Ponente Jorge Mario Pardo Rebolledo.
57 Sentencia de 24 de septiembre de 2014, resuelta por mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien se reserva el derecho de formular voto concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Olga Sánchez Cordero de García Villegas (Ponente), en contra del emitido por el Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo (Presidente), quien se reserva el derecho de formular voto particular.
58 Sentencia de 25 de febrero, resuelta por cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo (ponente), quien formuló voto aclaratorio, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.
59 Sentencia de 18 de marzo de 2015, resuelta por mayoría de cuatro votos de los señores Ministros: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien se reservó el derecho de formular voto concurrente, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Presidente y Ponente Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena en contra del emitido por el Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien se reserva el derecho de formular voto particular.
60 Tesis: 2a. X/2017 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Segunda Sala, Libro 40, Marzo de 2017, Tomo II, pag. 1394, Tesis Aislada.
61 Al respecto, véase el voto concurrente que formulé en relación con las consideraciones sustentadas por la Primera Sala en el amparo en revisión 581/2012.
62 Díaz Revorio, Francisco Javier, Sentencias interpretativas del tribunal constitucional, Editorial Porrúa, Instituto Mexicano de Derecho Procesal Constitucional, México, 2011.