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Timestamp: 2019-01-24 13:28:53
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Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 2', 'artículo 2', 'artículo 24', 'artículo 1', 'artículo 241', 'artículo 2', 'artículo 13', 'artículo 25', 'artículo 53', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 53', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2']

﻿ SENTENCIA C-665 DE NOVIEMBRE 12 DE 1998
SENTENCIA C-665 DE 12 DE NOVIEMBRE DE 1998
CONTENIDO:EL DERECHO A LA IGUALDAD DE LOS TRABAJADORES ANTE LA LEY. PRESUNCIÓN DE LA RELACIÓN DE TRABAJO Y LA PRUEBA DE LA SUBORDINACIÓN JURÍDICA. SE DECLARA INEXEQUIBLE EL INCISO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 2 DE LA LEY 50 DE 1990. LA CORTE ADVIERTE EN FORMA EXPRESA, QUE LA DECLARATORIA DE INEXEQUIBILIDAD DEL INCISO NO IMPLICA QUE SE ASIMILEN LAS RELACIONES CIVILES Y COMERCIALES CON LAS LABORALES.
TEMAS ESPECÍFICOS:CONTRATO DE TRABAJO, TRABAJADOR, DEMANDA DE CONSTITUCIONALIDAD, CÓDIGO SUSTANTIVO LABORAL, DERECHO A LA IGUALDAD, PRESUNCIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL, EXEQUIBILIDAD DE LAS NORMAS, FALLO DE EXEQUIBILIDAD
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:327 DE MARZO DE 1999, PÁG.451
Sentencia C-665 de Noviembre 12 de 1998
Ref.: Expediente 2102
Acción de inconstitucionalidad contra el inciso segundo del artículo 2º de la Ley 50 de 1990.
Santafé de Bogotá, D.C., noviembre doce de mil novecientos noventa y ocho.
“ART. 2º—El artículo 24 del Código Sustantivo de Trabajo quedará así:
“ART. 24.—Presunción. Se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo.
No obstante, quien habitualmente preste sus servicios personales remunerados en ejercicio de una profesión liberal o en desarrollo de un contrato civil o comercial, pretenda alegar el carácter laboral de su relación, deberá probar que la subordinación jurídica fue la prevista en el literal b) del artículo 1º de esta ley y no la propia para el cumplimiento de la labor o actividad contratada”.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 241, numeral 4º de la Carta Política, la Corte Constitucional es competente para decidir definitivamente en relación con la demanda que en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad se formuló contra el inciso segundo del artículo 2º de la Ley 50 de 1990.
A su juicio, el inciso acusado es discriminatorio, ya que establece un tratamiento desigual entre los trabajadores, pues mientras que para la generalidad de ellos se reconoce la presunción legal de que toda relación de trabajo está regida por un contrato de trabajo, se excluye de ella en forma irrazonable y desproporcionada a quienes aparecen enumerados en el mencionado precepto, materia de impugnación
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Carta Política, “todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación”. Y además, agrega que “el Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva”.
Por su parte, en el artículo 25 superior se establece que “el trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas”.
Así mismo, según lo preceptuado por el artículo 53 de la Constitución, constituyen principios mínimos fundamentales del trabajo, “la igualdad de oportunidades para los trabajadores”; “la primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales”, y que “la ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores”.
Es pertinente señalar que la protección especial del trabajo en condiciones dignas y justas (C.P., art. 25), se constituye en un desarrollo específico del principio general de la igualdad, derecho inherente al reconocimiento de la dignidad humana que impone dar el mismo trato a las personas que se encuentran en idéntica situación.
Sobre el particular, esta corporación en la sentencia C-108 de 1994, expresó lo siguiente:
“La Corte Constitucional se ha pronunciado sobre el derecho a la igualdad en múltiples ocasiones, a través de sentencias provenientes de sus salas de revisión de tutelas(4) y de fallos proferidos por la Sala Plena(5) en asuntos de constitucionalidad.
(4) Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-422 M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz y Sentencia T-432 de junio 25 de 1992 M.P Dr. Simón Rodríguez Rodríguez, entre otras.
(5) Cfr. Corte Constitucional —Sala Plena—. Sentencia C-0016 de enero 21 de 1993, M.P. Dr. Ciro Angarita Barón, entre otras.
Según lo ha indicado también la Corte(6), dicho derecho contiene seis elementos, a saber:
(6) Corte Constitucional Sala de Revisión. Sentencia T-591 de diciembre 4 de 1992, M.P. Dr. Jaime Sanín Greiffenstein.
a) Un principio general, según el cual, todas las personas nacen libres e iguales ante la ley y recibirán la misma protección y trato de las autoridades;
c) El deber del Est(sic);
“El principio de la igualdad se traduce en el derecho a que no se instauren excepciones o privilegios que exceptúen a unos individuos de lo que se concede a otros en idénticas circunstancias, de donde se sigue necesariamente, que la real y efectiva igualdad consiste en aplicar la ley en cada uno de los acaecimientos según las diferencias constitutivas de ellos. El principio de la justa igualdad exige precisamente el reconocimiento de la variada serie de desigualdades entre los hombres en lo biológico, económico, social, cultural, etc., dimensiones todas esas que en justicia deben ser relevantes para el derecho.
Y en sentencia C-221 de 29 de mayo de 1992, la Corporación(7) al desentrañar el alcance del principio de la igualdad, señaló:
(7) Corte Constitucional —Sala Plena—. Sentencia C-221 de mayo 29 de 1992, M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero, pp. 10-12.
“...Ese principio de la igualdad es objetivo y no formal; él se predica de la identidad de los iguales y de la diferencia entre los desiguales. Se supera así el concepto de la igualdad de la ley a partir de la generalidad abstracta, por el concepto de la generalidad concreta, que concluye con el principio según el cual no se permite regulación diferente de supuestos iguales o análogos y prescribe diferente normación a supuestos distintos. Con este concepto sólo se autoriza un trato diferente si está razonablemente justificado. Se supera también, con la igualdad material, el igualitarismo o simple igualdad matemática.
El operador jurídico, al aplicar la igualdad con un criterio objetivo, debe acudir a la técnica del juicio de razonabilidad que, en palabras del tratadista italiano Mortati, “consiste en una obra de cotejo entre hipótesis normativas que requieren distintas operaciones lógicas, desde la individualización e interpretación de las hipótesis normativas mismas hasta la comparación entre ellas, desde la interpretación de los contextos normativos que pueden repercutir, de un modo u otro, sobre su alcance real, hasta la búsqueda de las eventuales disposiciones constitucionales que especifiquen el principio de igualdad y su alcance”.
En sentencia T-432 de junio 25 de 1993 esta Corte(8) profundizó sobre la naturaleza de este derecho fundamental. La jurisprudencia(9) además ha reiterado los supuestos que justifican el trato diferenciado, a saber:
(8) Corte Constitucional. Sala Sexta de Revisión. Sentencia T-432 de junio 25 de 1993, M.P. Dr. Simón Rodríguez Rodríguez, pp. 7 a 15.
(9) Cfr. Sentencia C-0016 de enero 21 de 1993, M.P. Dr. Ciro Angarita Barón y Sentencia T-422 de junio 19 de 1992 M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz, entre otras.
a) La diferenciación razonable de los supuestos de hecho. El principio de igualdad sólo se viola si el tratamiento diferenciado de casos no está provisto de una justificación objetiva y razonable. La existencia de tal justificación debe ser apreciada según la finalidad y los efectos del tratamiento diferenciado, y
b) Racionalidad y proporcionalidad. Fuera del elemento anotado anteriormente, debe existir un vínculo de racionalidad y proporcionalidad entre el tratamiento desigual, el supuesto de hecho y el fin que se persigue.
Y la quinta condición consiste en que la relación entre los anteriores factores esté caracterizada por la proporcionalidad. Ello por cuanto un trato desigual fundado en un supuesto de hecho real, que persiga racionalmente una finalidad constitucionalmente admisible sería, sin embargo, contrario al artículo 13 superior, si la consecuencia jurídica fuese desproporcionada. La proporcionalidad no debe confundirse, sin embargo, con la “oportunidad” o el carácter de óptima opción de la medida adoptada: estos dos son criterios políticos que quedan, por lo tanto, excluidos del juicio jurídico de constitucionalidad...” (M.P. Dr. Hernando Herrera Vergara).
Desde luego que siguiendo la jurisprudencia transcrita, aunque el artículo 13 constitucional prohíbe la discriminación, sin embargo autoriza y justifica el trato diferenciado, cuando éste, y los supuestos de hecho que dan lugar a él, están provistos de una justificación objetiva y razonable, la cual debe ser apreciada según la finalidad y los efectos del tratamiento diferenciado. Pero además de este elemento, debe existir un vínculo de racionalidad y proporcionalidad entre el tratamiento desigual, el supuesto de hecho y el fin que se persigue.
Como ya se advirtió, la Carta Política establece en cabeza de todos los trabajadores, sin discriminación alguna, una especial protección del Estado, y les garantiza el ejercicio pleno y efectivo de un trabajo en condiciones dignas y justas, así como un trato igual. Por lo tanto, cuando a un reducido sector de trabajadores que prestan sus servicios personales remunerados en forma habitual, en desarrollo de un contrato civil o comercial, y pretenden alegar la subordinación jurídica, al trasladársele la carga de la prueba de la subordinación, se produce ciertamente, dentro del criterio de la prevalencia de la realidad sobre la forma, una discriminación en relación con el resto de los trabajadores, colocando a aquellos, en una situación más desfavorable frente al empleador, no obstante que la Constitución exige para todos un trato igual (C.P., art. 13).
Cabe advertir que conforme lo establece el artículo 53 de la Carta Fundamental, el principio de la prevalencia de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de la relación laboral, implica como lo ha sostenido esta corporación, un reconocimiento a la desigualdad existente entre trabajadores y empleadores, así como a la necesidad de garantizar los derechos de aquellos, sin que puedan verse afectados o desmejorados en sus condiciones por las simples formalidades.
Ahora bien, como lo que establece el inciso 1º del artículo 2º de la Ley 50 de 1990, es una presunción de origen legal, la cual para estos efectos, rige solamente en materia laboral, y no civil o comercial o proveniente del ejercicio de una profesión liberal en forma aislada, presunción que puede ser desvirtuada por el empleador ante el juez del trabajo, quien determinará finalmente, si en realidad se configura o no la referida subordinación a efecto de adoptar las medidas concernientes a las consecuencias de orden laboral o por el contrario, a los que se deriven de la mera prestación de servicios independientes.
En tal virtud, se declarará la inexequibilidad del inciso segundo del artículo 2º, de la Ley 50 de 1990, en el entendido de que dicha norma es violatoria del derecho a la igualdad con respecto a los trabajadores que en la realidad han prestado sus servicios bajo la continuada dependencia o subordinación del empleador, y que en forma evidente han reunido los presupuestos propios de la relación de trabajo, lo que deberá ser examinado y decidido por el juez laboral en el correspondiente juicio.
Finalmente, debe advertirse en forma expresa, que la declaratoria de inexequibilidad del inciso acusado no implica que se asimilen las relaciones civiles y comerciales con las laborales, sino simplemente que se está garantizando la efectividad de los postulados constitucionales del estado social de derecho, de la igualdad, del trabajo y de la dignidad humana, desconocidos por el precepto demandado.
Declarar INEXEQUIBLE el inciso segundo del artículo 2º de la Ley 50 de 1990, por las razones expresadas en la parte motiva de esta providencia.