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Timestamp: 2017-07-27 14:40:08
Document Index: 24126694

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 228', 'Artículo 228', 'Artículo 229', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 15', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'Artículo 35', 'Artículo 36', 'Artículo 37', 'Artículo 38', 'Artículo 39', 'artículo 240', 'Artículo 40', 'Artículo 41', 'Artículo 42', 'Artículo 43', 'Artículo 44', 'Artículo 45', 'Artículo 46', 'Artículo 1', 'Artículo 69', 'Artículo 69', 'artículo 62', 'artículo 71']

Daniel Baum Neuquén » Proy7581
Proy7581
Artículo 1° El Ministerio Público Fiscal es un organismo autónomo e independiente, con autonomía funcional y autarquía financiera, cuya función es dirigir en forma exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delito, los que determinen la participación punible y los que acrediten la inocencia del imputado y, en su caso, ejercer la acción penal pública en la forma prevista por la ley, en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad.
Asimismo, corresponde al Ministerio Público Fiscal la adopción de medidas para proteger a las víctimas y a los testigos.
Se encuentra vedado al Ministerio Público Fiscal ejercer funciones jurisdiccionales.
En el ejercicio de sus funciones, el Ministerio Público Fiscal no podrá ser impedido ni coartado por ninguna otra autoridad judicial o administrativa.
Artículo 2° El Ministerio Público Fiscal realizará sus actuaciones procesales a través de cualquiera de los fiscales de la circunscripción correspondiente que, con sujeción a lo dispuesto en la ley, intervenga en ellas.
Los fiscales, en los casos que tengan a su cargo, dirigirán la investigación y ejercerán la acción penal pública con el grado de independencia, autonomía y responsabilidad que establece esta Ley.
Artículo 3° En el ejercicio de su función, los fiscales adecuarán sus actos a un criterio objetivo y a los criterios establecidos por el Ministerio Público Fiscal, velando únicamente por la correcta aplicación de la ley.
De acuerdo con ese criterio, los fiscales deberán investigar tanto los hechos y circunstancias que funden o agraven la responsabilidad del imputado, como aquellos que la eximan, la extingan o la atenúen.
Artículo 4° Los fiscales podrán impartir órdenes directas a la Policía y a todos los funcionarios que intervengan en la investigación.
Las actuaciones que priven o restrinjan al imputado o a terceros del ejercicio de los derechos fundamentales, requerirán siempre de aprobación judicial previa.
Artículo 5° Los fiscales y funcionarios del Ministerio Público Fiscal deberán velar por la eficiente, eficaz e idónea administración de los recursos y bienes públicos y por el debido cumplimiento de sus funciones.
A tal fin, los fiscales deberán evitar el dispendio de recursos jurisdiccionales, favoreciendo a la unidad de acción, agilizando y simplificando los procedimientos sin más formalidades que aquellas que exija la ley, proponiendo salidas alternativas y aplicando criterios de oportunidad cuando corresponda.
Artículo 6° Los actos administrativos y actuaciones investigativas del Ministerio Público Fiscal son de carácter público, y accesibles a la sociedad en general, con la única limitación de que ello pueda frustrar la eficacia de alguna medida o acto en particular, mediando resolución fundada del fiscal y alcanzando solo a los actos relacionados y de conformidad a lo establecido en la ley procesal.
Organización y atribuciones del Ministerio Público Fiscal
Artículo 7° El Ministerio Público Fiscal se integrará por un ministro fiscal, un jefe fiscal por circunscripción judicial, con sus respectivos agentes fiscales, y adjuntos.
Los jefes fiscales integrarán el Consejo Asesor del ministro fiscal.
Artículo 8° Designación y remoción de los miembros del Ministerio Público Fiscal. El ministro fiscal es fiscal ante el Tribunal Superior de Justicia, y será designado por la Legislatura, con el voto de los dos tercios (2/3) de los miembros presentes, en sesión pública, a propuesta del Poder Ejecutivo, debiendo cumplir con los requisitos establecidos por el Artículo 228 de la Constitución Provincial.
El ministro fiscal posee iguales incompatibilidades e inmunidades que los miembros del Tribunal Superior de Justicia. Durante el ejercicio de sus funciones solo podrá ser removido de su cargo por las mismas causales y con las mismas formalidades que aquellos.
Los agentes fiscales serán designados por el Consejo de la Magistratura con acuerdo de la Legislatura, debiendo cumplir con los requisitos establecidos por el Artículo 228 de la Constitución Provincial.
Los jefes fiscales de Circunscripción serán designados de entre los agentes fiscales de la Provincia por la Legislatura a propuesta de los agentes fiscales de la circunscripción respectiva, y durarán en sus cargos por dos (2) años, pudiendo ser reelegidos por otro período inmediato posterior por una vez.
Los agentes fiscales y demás funcionarios del Ministerio Público Fiscal tendrán responsabilidad civil, disciplinaria y penal por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, de conformidad a la ley, y solo podrán ser removidos de su cargo por el Jurado de Enjuiciamiento por las causales contempladas en el Artículo 229 de la Constitución de la Provincia.
Los funcionarios del Ministerio Público Fiscal durarán en sus cargos mientras dure su buena conducta, no se jubilen, renuncien, sean destituidos, mueran o padezcan una enfermedad que los incapacite para el cargo.
Artículo 9° Será incompatible con el cargo de funcionario del Ministerio Público Fiscal:
a. El desempeño de otros empleos públicos, a excepción de la docencia, siempre que ello no presuponga un menoscabo en la función;
b. El ejercicio de la profesión liberal de abogado, a excepción de la defensa propia, la de su cónyuge, padres, hijos o personas a su cargo; y
c. El ejercicio del comercio o la integración de los órganos de administración de sociedades comerciales.
Podrán participar en asociaciones profesionales, académicas, culturales o de bien público, siempre que ello no comprometa la independencia de su función y la adecuada prestación de la misma.
Artículo 10° Todas las personas que cumplan con los requisitos correspondientes tendrán el derecho de postular en igualdad de condiciones a los cargos del Ministerio Público Fiscal, conforme a esta Ley.
Artículo 11 El ministro fiscal y los demás funcionarios del Ministerio Público Fiscal deberán, dentro del plazo de treinta (30) días, contado desde que hubieren asumido el cargo, efectuar una declaración jurada de sus bienes ante un notario público de la ciudad donde ejerzan sus funciones, o ante el juez de Paz en aquellas comunas en que no hubiere notario, poniéndola a disposición de la Legislatura Provincial a través de la oficina administrativa.
La declaración deberá ser actualizada cada vez que el declarante fuere nombrado en un nuevo cargo o dentro de los treinta (30) días siguientes al cumplimiento del cuatrienio siguiente a la declaración, si no se hubiere efectuado un nuevo nombramiento a su respecto.
Artículo 12 Los integrantes y empleados del Ministerio Público Fiscal se hallan sujetos a las mismas normas que los funcionarios y empleados del Poder Judicial, con la salvedad de que la superintendencia es ejercida por el ministro fiscal.
No obstante, los agentes afectados al Ministerio Público Fiscal podrán ser trasladados entre organismos, mediando resolución del ministro fiscal, quien podrá además disponer las modificaciones al régimen de asistencia que estime pertinente cuando las modalidades del servicio así lo requieran.
Artículo 13 El Ministerio Público Fiscal procurará la capacitación y actualización jurídica de sus integrantes a los efectos de optimizar su funcionamiento y brindar un mejor servicio de justicia.
En este sentido, el ministro fiscal será responsable de promover y aprobar los programas destinados a la capacitación y perfeccionamiento de los integrantes del Ministerio Público Fiscal.
A tales efectos, estará habilitado a realizar convenios con terceros, seleccionados mediante licitación o efectuar contrataciones de capacitadores mediante concurso público, sin perjuicio que los funcionarios del Ministerio Público Fiscal sean autorizados a capacitarse en cursos o congresos que impartan terceros y se ajusten a los programas de capacitación.
En los casos en que la capacitación impida al funcionario desempeñar las labores de su cargo, conservará el derecho a percibir las remuneraciones correspondientes.
La asistencia a cursos obligatorios de capacitación fuera de la jornada ordinaria de trabajo dará derecho a un descanso complementario igual al tiempo efectivo de asistencia a clases.
Artículo 14 El ministro fiscal es el jefe superior del Ministerio Público Fiscal y responsable de su funcionamiento, en cuyo ámbito ejerce las funciones de Superintendencia.
Ejercerá sus atribuciones personalmente o a través de los distintos órganos de la Institución, en conformidad a esta Ley.
El Ministerio Público Fiscal tendrá su sede en la ciudad de Neuquén
Artículo 15 Corresponde al ministro fiscal:
a. Ejercer la Jefatura del Ministerio Público Fiscal en toda la Provincia, y estar a cargo de la Superintendencia dentro de ese ámbito.
b. Presidir las reuniones del Consejo Asesor.
c. Fijar, oyendo previamente al Consejo Asesor, los criterios objetivos de actuación del Ministerio Público Fiscal.
En este sentido, el ministro fiscal dictará las instrucciones generales que estime necesarias para el adecuado cumplimiento de las tareas de dirección de la investigación de los hechos punibles, ejercicio de la acción penal y protección de las víctimas y testigos, pero le estará vedado dar instrucciones u órdenes en forma directa a los agentes fiscales para que realicen actuaciones en casos particulares u omitan hacerlo.
d. Fijar, oyendo al Consejo Asesor, los criterios que se aplicarán en materia de recursos humanos, de remuneraciones, de inversiones, de gastos de los fondos respectivos, de planificación del desarrollo y de administración y finanzas;
e. Crear, previo informe del Consejo Asesor, unidades especializadas para colaborar con los fiscales a cargo de la investigación de determinados tipos delictivos;
f. Dictar los reglamentos que correspondan para el funcionamiento de las fiscalías y demás unidades del Ministerio Público Fiscal y el ejercicio de la potestad disciplinaria correspondiente;
g. Armar la estructura de funcionamiento de su oficina y designar sus colaboradores y empleados administrativos, y aprobar los que propongan los jefes fiscales y las agencias fiscales;
h. Resolver las dificultades que se susciten entre fiscales de distintas circunscripciones, cuando estos no dependan de un mismo jefe fiscal, acerca de la dirección de la investigación, el ejercicio de la acción penal pública o la protección de las víctimas o testigos;
i. Impartir directivas generales a la Agencia de Investigaciones Penales y a la Policía;
j. Controlar el funcionamiento administrativo de las jefaturas fiscales de circunscripción, y velar por la recta y pronta administración de justicia, debiendo denunciar las irregularidades y malas prácticas de sus funcionarios o de los del Poder Judicial que advierta;
k. Atender las quejas que ante él se promuevan por inacción o retardo en el despacho de los demás funcionarios del Ministerio Público Fiscal;
l. Ejercer el control del cumplimiento de los plazos procesales, procurando que los procesos no se dilaten ni se prescriban;
La caducidad de los procesos o la prescripción de la acción penal producida por la negligencia o incumplimiento de las funciones de los agentes fiscales constituye falta grave en el desempeño del cargo, debiendo ponerse en conocimiento del suceso al Jurado de Enjuiciamiento.
m. Administrar, de conformidad a la ley, los recursos que sean asignados al Ministerio Público Fiscal;
n. Celebrar convenios de cooperación con instituciones públicas o privadas nacionales o extranjeras para la realización de la capacitación o de investigaciones propias de la función;
o. Intervenir en juicios con arreglo a lo que determinen los códigos procesales y leyes especiales; y
p. Ejercer las demás atribuciones que la ley o la Constitución Provincial le confiera.
Artículo 16 El ministro fiscal rendirá cuentas de las actividades del Ministerio Público Fiscal en audiencia pública ante la legislatura provincial en la primera sesión del mes de abril de cada año.
En su exposición, el ministro fiscal se referirá a los resultados obtenidos en las actividades realizadas en el período del año judicial anterior, incluyendo las estadísticas básicas que las reflejaren, explicará los criterios de actuación del Ministerio Público Fiscal aplicados y los que aplicará en el periodo en curso, el uso de los recursos otorgados, como así también, las dificultades que se hubieren presentado y, podrá, sugerir modificaciones legales destinadas a optimizar la funcionalidad del Ministerio Público Fiscal y para la protección de las víctimas y de los testigos.
Artículo 17 El ministro fiscal será subrogado por los jefes fiscales de Circunscripción, en orden a la mayor antigüedad, y a falta o impedimento de ellos, por los agentes fiscales, utilizándose el mismo criterio de orden.
Artículo 18 Corresponde al Consejo Asesor del ministro fiscal:
a. Dar a conocer su opinión respecto de los criterios de actuación del Ministerio Público Fiscal, en la oportunidad correspondiente, conforme el inciso c) del Artículo 15.
b. Escuchar las opiniones relativas al funcionamiento del Ministerio Público que formulen los agentes fiscales;
c. Asesorar al ministro fiscal en aquellas cuestiones que la ley lo exija o sea requerido;
d. Dictar su propio reglamento de funcionamiento; y
e. Cumplir las demás funciones que la ley le asigne.
Artículo 19 El Consejo Asesor se reunirá cada tres meses, salvo que las circunstancias ameriten un plazo menor o fueren convocados por el ministro fiscal, a los efectos de elaborar un informe, donde se hará constar cada una de las manifestaciones respecto al funcionamiento del Ministerio Público que realice cada jefe fiscal, conforme a lo que los agentes fiscales de su circunscripción le hayan manifestado.
Artículo 20 Corresponde a los jefes fiscales de Circunscripción:
a. Integrar el Consejo Asesor del ministro fiscal;
b. Dictar, conforme a las instrucciones del ministro fiscal, las normas e instrucciones necesarias para la organización y funcionamiento de las fiscalías y el adecuado desempeño de los agentes fiscales.
c. Resolver los conflictos de competencia o actuación que se presenten entre agentes fiscales de su circunscripción;
d. Transmitir en el Consejo Asesor las opiniones de los agentes fiscales de su circunscripción respecto al funcionamiento del Ministerio Público Fiscal;
e. Armar la estructura de funcionamiento de sus oficinas y requerir al ministro fiscal la designación del personal que sea menester para su funcionamiento, y el de las agencias fiscales;
f. Intervenir en los juicios por jurados conjuntamente con los agentes fiscales;
g. Disponer las medidas que faciliten y aseguren la protección de víctimas y testigos; y
h. Ejercer las demás atribuciones que la ley le confiera.
Artículo 21 El jefe fiscal será subrogado por el agente fiscal la respectiva circunscripción de mayor antigüedad.
Artículo 22 Corresponde a los agentes fiscales:
a. El ejercicio de la acción penal pública, de conformidad a lo establecido en el Código Procesal Penal y en las leyes de fondo;
b. Promover la investigación de los hechos constitutivos de tipos delictivos, y la eventual persecución y sanción de sus responsables, ante el conocimiento de ellos por cualquier vía;
c. Representar el interés general de la sociedad en la individualización y sanción de las personas que infrinjan las normas penales, dentro de los límites de la objetividad que su actuación implica.
d. Velar por los cumplimientos de los plazos procesales en los casos donde actúen, interponiendo los recursos procesales correspondientes ante la mora judicial, y comunicando a la superintendencia del Poder Judicial la situación y los datos del funcionario responsable.
e. Proponer salidas alternativas y aplicar criterios de oportunidad cuando corresponda conforme a las leyes y los reglamentos, a los efectos de alcanzar la paz social, teniendo como última opción la imposición de sanción;
f. Armar la estructura de funcionamiento de la agencia fiscal y proponer ante el jefe fiscal a los empleados y colaboradores que sea menester a los efectos que este solicite su designación ante el ministro fiscal.
g. Poner en conocimiento del jefe fiscal de Circunscripción de las irregularidades que adviertan y de las necesidades que surjan en la función del Ministerio Público Fiscal;
h. Cumplir con las pautas y criterios establecidos por el ministro fiscal y por el jefe fiscal de Circunscripción.
i. Dirigir y controlar a los funcionarios de la Agencia de Investigaciones Penales y de la Policía que intervengan en la investigación a su cargo, pudiendo, dentro de ese ámbito, impartir órdenes directas.
j. Asignar a sus fiscales adjuntos la producción o control de actos de la investigación, sin desmedro de su responsabilidad personal.
Artículo 23 Cada Agencia Fiscal estará a cargo de un agente fiscal, y podrá contar hasta con dos fiscales adjuntos, conforme se estime necesario para cumplir acabadamente la función encomendada.
Artículo 24 La división territorial de las Agencias Fiscales se realizará de conformidad a las circunscripciones judiciales que se establezcan en la ley orgánica del Poder Judicial, y estará a cargo de un jefe fiscal de Circunscripción.
En este sentido, habrá:
a. Ocho (8) Agencias Fiscales en la Primer Circunscripción Judicial, asentadas en la ciudad de Neuquén.
b. Dos (2) Agencias Fiscales en la Segunda Circunscripción Judicial, asentadas en la ciudad de Cutral-Có.
c. Una (1) Agencia Fiscal en la Tercera Circunscripción Judicial, asentada en la ciudad de Zapala.
d. Dos (2) Agencias Fiscales en la Cuarta Circunscripción Judicial, asentada una (1) en la ciudad de Junín de los Andes, y una (1) en la ciudad de Villa la Angostura.
e. Una (1) Agencia Fiscal en la Quinta Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Chos Malal.
No obstante, las circunscripciones judiciales, conforme a la necesidad, podrán subdividirse, conforme lo determine el ministro fiscal a propuesta del Consejo Asesor, de acuerdo a la carga del trabajo, la extensión territorial, la facilidad de las comunicaciones y la eficiencia en el uso de los recursos.
Artículo 25 Los fiscales adjuntos colaboran directamente con el fiscal del cual dependen, permitiéndose la delegación expresa para la producción o control de actos de la investigación.
Artículo 26 Los fiscales adjuntos ejercerán las funciones que el fiscal del cual dependan les asignen o deleguen en forma expresa.
ORGANIZACIÓN AUXILIARES DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
Artículo 27 Son órganos auxiliares del Ministerio Público Fiscal, las siguientes dependencias:
a. La Agencia de Investigaciones Penales;
b. La Policía de la Provincia de Neuquén;
c. La Oficina de Atención a las víctimas del delito y protección de testigos; y
d. Centro de Mediación Penal.
Artículo 28 La Agencia de Investigaciones Penales es un órgano auxiliar del Ministerio Público Fiscal, que tiene como finalidad asistir a los fiscales en todo lo concerniente a la investigación y persecución de hechos delictivos, encontrándose sus integrantes bajo la dirección y responsabilidad del fiscal del caso, sin perjuicio de la dependencia administrativa que les corresponda.
Su creación y funcionamiento será establecido por ley especial, teniendo en cuenta las facultades y deberes que el Código Procesal le confiere
Artículo 29 La Oficina de Atención a las víctimas del delito y protección de testigos es un órgano auxiliar del Ministerio Público Fiscal que tiene como finalidad atender, contener e informar de sus derechos a las víctimas de hechos delictivos y proteger a los testigos en las causas que se investiguen.
Esta oficina será integrada por el personal administrativo del Ministerio Público Fiscal que el ministro fiscal específicamente designe, sin que tal destino sea necesariamente permanente.
La oficina se organizará conforme se establezca por reglamentación del ministro fiscal con acuerdo del Consejo Asesor, con las partidas presupuestarias que se determinen al efecto.
El Consejo Asesor supervisará el funcionamiento de la oficina de Atención a las víctimas del delito y protección de testigos.
Artículo 30 El Centro de Mediación Penal es un órgano auxiliar del Ministerio Público Fiscal que tiene como finalidad buscar, dentro de las previsiones legales, salidas alternativas a los conflictos penales que se susciten.
En cada Circunscripción Judicial se creará una dependencia del Centro de Mediación Penal, que será integrado y funcionará conforme determine por reglamento el ministro fiscal con acuerdo del Consejo Asesor.
Artículo 31 Los integrantes del Ministerio Público Fiscal percibirán por sus funciones las siguientes remuneraciones:
a. El ministro fiscal recibirá una retribución igual a la de los vocales del Tribunal Superior de Justicia.
b. Los jefes fiscales de Circunscripción recibirán una retribución igual a la de los jueces de Cámara.
c. Los agentes fiscales recibirán una retribución igual a la de los jueces de Primera Instancia.
d. Los fiscales adjuntos recibirán una retribución equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) de lo que le corresponde a un agente fiscal.
e. El jefe de la Oficina de Atención a las víctimas del delito y protección de testigos recibirá una retribución equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) de lo que le corresponde a un agente fiscal.
f. El jefe del Centro de Mediación Penal recibirá una retribución equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) de lo que le corresponde a un agente fiscal.
Artículo 32 Las faltas se clasifican en graves y leves.
1) Violar el deber de reserva respecto de los asuntos en los que intervengan que así lo requieran, o exhibir documentación que se encuentre reservada.
2) Actuar con negligencia en la investigación, o ejecutar actos u omisiones que tengan como consecuencia la pérdida o adulteración de elementos que sirvan para sustentar la acusación.
3) Ocultar información que pueda servir para eximir, extinguir o atenuar la responsabilidad del acusado.
4) No informar a las víctimas del resultado de las investigaciones en la forma que lo estipula la Ley Procesal Penal.
5) Realizar requerimientos o dictámenes que tengan como base hechos manifiestamente erróneos, impliquen un claro desconocimiento del derecho, o que no expresen fundamentación legal.
6) Incurrir en abandono de la función, la cual se presumirá existiendo tres (3) inasistencias injustificadas consecutivas, o cinco (5) alternadas dentro del mismo año calendario.
7) La falta de presentación injustificada de las declaraciones juradas exigidas periódicamente.
b) Se consideran faltas leves:
1) Actuar en forma irrespetuosa respecto de otro funcionario del Ministerio Público Fiscal, de la víctima, el imputado, la querella o de cualquier otra persona que intervenga en el proceso, o en alguna de las diligencias de la investigación que se realice.
2) Faltar injustificadamente al trabajo, llegar habitualmente tarde o ausentarse sin autorización, siempre que ello no presuponga un grave retardo o perjuicio a las tareas encomendadas.
Artículo 33 Los funcionarios del Ministerio Público Fiscal, serán pasibles de las siguientes sanciones disciplinarias:
a. Llamados preventivos de atención.
b. Apercibimiento;
c. Multa equivalente hasta el cincuenta por ciento (50%) de su remuneración mensual.
Artículo 34 Se aplicarán llamados de atención ante faltas leves a aquellos funcionarios que no registren más de dos (2) infracciones leves dentro de los cinco (5) años anteriores a la falta.
Artículo 35 Se aplicarán apercibimientos ante faltas leves a aquellos funcionarios que registren tres (3) o más infracciones leves y no más de un (1) apercibimiento dentro de los cinco (5) años anteriores a la falta.
Artículo 36 Se aplicarán multas de hasta el cincuenta por ciento (50%) del salario mensual, ante faltas leves a aquellos funcionarios que registren dos (2) o más apercibimientos dentro de los cinco (5) años anteriores a la falta.
Solo se podrán aplicar multa hasta dos (2) veces dentro del plazo de cinco (5) años, debiendo ante la reiteración de infracciones que ameriten tal sanción, remitirse las actuaciones al Jurado de Enjuiciamiento a los efectos que se determine si estas configuran mal desempeño de la función, y que se aplique la correspondiente sanción a través de aquel órgano.
Artículo 37 Salvo el caso del último párrafo del artículo anterior, ante la comisión de faltas leves, el ministro fiscal correrá vista al funcionario acusado, a los efectos que dentro del plazo de diez (10) días se presente ante una audiencia pública ante él, a los efectos que efectúe su descargo en forma oral para luego resolver en forma inmediata.
La resolución tomada por el ministro fiscal es pasible de ser recurrida por el funcionario acusado ante el Jurado de Enjuiciamiento.
Artículo 38 En el caso de comisión de faltas graves se remitirán las actuaciones al Jurado de Enjuiciamiento a los efectos de que este determine si estas configuran mal desempeño de la función, y eventualmente aplique la correspondiente sanción, pudiendo ordenarse la suspensión preventiva hasta tanto la confirme o revoque el Jurado de Enjuiciamiento.
Artículo 39 El ministro fiscal remitirá anualmente al Tribunal Superior de Justicia, con la debida antelación, el requerimiento presupuestario del Ministerio Público Fiscal, a los efectos que lo incorpore en el presupuesto general del Poder Judicial que remitirá a la legislatura de conformidad al artículo 240 de la Constitución Provincial, el cual no podrá ser modificado ni observado por el Tribunal Superior de Justicia.
El Ministerio Público Fiscal estará sujeto a las normas de la Ley de Administración Financiera del Estado provincial.
Artículo 40 Los actuales fiscales de Cámara pasarán a ser jefes fiscales de Circunscripción, manteniendo todos los derechos adquiridos, y permaneciendo en el cargo mientras dure su buena conducta, hasta tanto cesen en sus funciones por destitución, jubilación, muerte, incapacidad sobreviniente para el cargo, o incompatibilidad con otra función.
A tales efectos, las disposiciones referentes a la elección y duración en los cargos de jefes fiscales solo serán aplicables a aquellos que sean designados con posterioridad a la sanción de la presente Ley.
Artículo 41 Los actuales agentes fiscales pertenecientes a los distintos equipos fiscales y cuerpos especializados pasarán a estar a cargo de agencias fiscales con idéntica competencia material para actuar en todos los hechos delictivos que se susciten dentro del ámbito de la circunscripción correspondiente, dividiéndose el trabajo conforme el criterio preestablecido que cada jefe fiscal de circunscripción establezca.
Artículo 42 Dentro de los noventa (90) días previos a la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal establecido por Ley 2784, el ministro fiscal dictará las reglamentaciones e instrucciones generales, necesarias para el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal y para la paulatina puesta en función de las disposiciones contenidas en la presente Ley.
Artículo 43 Los derechos adquiridos por los funcionarios y empleados del Ministerio Público Fiscal con anterioridad a la vigencia de la presente Ley serán inalterables, y no podrán ser pasibles de afectación alguna.
Artículo 44 Suprímanse las referencias a los funcionarios del Ministerio Público Fiscal de los artículos 11, 13, 23, 32, 38, 39, 64, 65 bis, 66, 74 de la Ley 1436 (Ley Orgánica del Poder Judicial).
Artículo 45 Deróganse los artículos 56, 57, 58, 59, 60 y 61 de la Ley 1436 (Ley Orgánica del Poder Judicial) y todas las leyes relativas al Ministerio Público Fiscal, cuando sus normas se opongan a la presente Ley.
Artículo 46 Comuníquese al Poder Ejecutivo.
El presente proyecto de Ley tiene por objeto regular el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal, adecuándolo al nuevo sistema de enjuiciamiento de carácter acusatorio-adversarial que propone la Ley 2784 sancionada en noviembre del 2011.
En este sentido, debe destacarse, que la ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal es una de las leyes fundamentales que debe ser sancionada a los efectos que pueda ponerse en funcionamiento el nuevo Código Procesal Penal, es más, tal como se afirmó en la Comisión de Asuntos Constitucionales, por distintos magistrados del Poder Judicial y juristas, el Ministerio Público Fiscal constituye la columna vertebral del nuevo código procesal penal a implementarse, ya que la concepción del sistema de enjuiciamiento requiere un órgano acusador autónomo e independiente, lo cual difiere sustancialmente de lo que actualmente prevé la actual Ley Orgánica del Poder Judicial, donde se lo concibe a este como un órgano dependiente administrativa y financieramente del Órgano Jurisdiccional.
De esta manera, lo primero que se resalta en el presente proyecto de Ley, en su primer artículo, es el carácter de autónomo e independiente que se confiere al Ministerio Público Fiscal , lo cual, revierte el sentido que se le dio al mismo al sancionarse la Ley Orgánica del Poder Judicial (Decreto-Ley 1436/83) en el año 1983, durante la vigencia de un sistema de enjuiciamiento de carácter preeminentemente inquisitivo, donde se concibe al mismo como un organismo dependiente del Poder Judicial, lo cual, incluso, se ve reflejado en nuestra Constitución Provincial, que aun hoy refiere en su texto al ministro fiscal como “Fiscal del Tribunal Superior de Justicia” , lo cual da una idea de pertenencia de este funcionario a aquel órgano que encabeza el Poder Judicial, y en la ley de subrogancia, que permite que este funcionario reemplace a los vocales del Tribunal Superior de Justicia, cumpliendo eventualmente funciones jurisdiccionales que le deben estar vedadas en un sistema acusatorio a los fiscales.
Así, la importancia de la separación tajante de este órgano acusador respecto al que tiene a cargo la tarea de impartir justicia, resulta uno de los pilares básicos de un sistema procesal que respete el debido proceso, cuyo fin está en mantener la imparcialidad e impartialidad del juez, que en los sistemas inquisitivos resulta vulnerada al ser el mismo funcionario quien tiene la tarea de acusar y juzgar, puesto que sin dudas, la función de promover la acción penal y de garantizar los derechos individuales del imputado, podrían llegar en un momento a ser motivo de fricciones funcionales intrínsecas, es decir, el ejercicio de una en menoscabo de la otra.
Del mismo modo, es inconcebible, dentro de un sistema acusatorio puro como el que propone el nuevo Código Procesal Penal, un Ministerio Público dependiente, ya sea en forma funcional o financiera, del órgano jurisdiccional puesto que ello afectaría esta separación de funciones que resulta esencial dentro de un sistema respetuoso de los principios básicos del debido proceso.
Por esta razón, es que se establece en este proyecto a un Ministerio Público Fiscal independiente de aquel órgano jurisdiccional, y con el único interés en la persecución penal y concreción de la pena sobre el responsable del delito.
En este sentido, la única forma de que haya autonomía e independencia, es que no exista dependencia administrativa, ni disciplinaria con el órgano jurisdiccional, y que exista autarquía, financiera puesto que si sus recursos fueran administrados por el órgano jurisdiccional, la independencia sería solo letra muerta.
Por esta razón, el presente proyecto de Ley prevé que el ejercicio de la Superintendencia de los funcionarios del Ministerio Público Fiscal esté a cargo del Ministro Fiscal (Art.15, inc. a), y que sea este quien remita anualmente al Tribunal Superior de Justicia el requerimiento presupuestario, quien deberá incorporarlo al presupuesto del Poder Judicial, vedando la posibilidad de que el Tribunal Superior de Justicia pueda observarlo o modificarlo (Art. 39).
Asimismo, esta autonomía e independencia que se le otorga al Ministerio Público Fiscal implica que no se le pueda impedir al fiscal actuante cumplir con su función o que se lo pueda obligar a dimitir de ella, y de allí que el Artículo 1º en su parte final, haga referencia a que el Ministerio Público Fiscal no pueda ser impedido ni coartado por ninguna otra autoridad judicial o administrativa.
En lo que respecta a la función específica del Ministerio Público Fiscal, esta se enmarca en el ejercicio de la acción penal pública, lo cual implica dirigir la investigación de los hechos delictuales, la persecución penal de los culpables, como así también la toma de decisiones sobre ella, incluyéndose el deber de adoptar medidas para proteger a las víctimas y testigos que eventualmente contribuirán al esclarecimiento de los hechos investigados, restringiéndoseles, en forma expresa, la posibilidad de que ejerzan funciones jurisdiccionales, sean como fiscales o subrogando a órganos judiciales.
Entre las cuestiones que se han tenido en cuenta al diseñar el Ministerio Público Fiscal, debe destacarse que se ha pensado en un acusador que sea objetivo, por contraposición a lo que sería un “acusador ciego”, es decir, que se busca un fiscal que persiga la Justicia, y no que pretenda castigar a cualquier costo, y de allí que se le imponga como deber investigar, además de las circunstancias y hechos que fundan y agravan la responsabilidad de los acusados, aquellas que la eximan, la extingan o la atenúen.
Vale aclarar, que ser objetivo, no quiere decir que deba ser “imparcial”, ya que el acusador, como tal, es parte del proceso, y su interés difiere del que tiene el acusado, pero como funcionario público, no puede ocultar hechos o pruebas que puedan favorecer al imputado, ya que su función no es condenar sino hacer justicia, de conformidad a lo que establece el Artículo 69 del nuevo Código Procesal Penal, que en su parte final dice que los fiscales: “No podrán ocultar información o evidencias que puedan favorecer la situación del imputado. Su inobservancia constituye falta grave”.
En cuanto a la tarea de investigar, se ha previsto que los fiscales puedan impartir órdenes y dirigir a la Policía y a los funcionarios que participen de la investigación ya que este es quien estará a cargo y será responsable por ella, lo cual, encuentra su correlato en el Artículo 69 del nuevo Código Procesal Penal de nuestra Provincia.
Un punto importante, que se ha tenido en cuenta, es que se impone a los fiscales el deber de administrar eficiente y eficazmente los recursos disponibles, evitando el dispendio de los recursos siempre escasos.
Así, lo buscado, es que los fiscales disciernan entre la posibilidad de recurrir a una salida alternativa o llevar el caso a juicio, lo cual fue el fin que tuvo la incorporación al Código Procesal Penal de los criterios de oportunidad, la posibilidad de aplicar la suspensión del juicio a prueba, la conciliación, la mediación, etc., ya que el principal sentido de la Justicia Penal es asegurar la paz social, siendo la punición la última opción cuando todas las demás han fracasado.
Asimismo, en cuanto a la eficacia, el fiscal debe llevar a juicio aquellas acusaciones que tienen suficiente sustento como para lograr una condena puesto que no se justifica que se derrochen recursos del Estado para llevar adelante juicios donde ya se sabe que no se cuenta con elementos para sostener la acusación .
Por otra parte, se proscribe la posibilidad de las investigaciones secretas, típicas de los sistemas inquisitivos, adaptando el sistema a la forma de gobierno republicana, donde la publicidad de los actos de gobierno es la regla.
Por esta razón, se impone como regla la publicidad de todos los actos administrativos y las actuaciones de la investigación, exceptuándose solo aquellos actos que resulta necesario reservar para asegurar la eficacia de una medida, de conformidad a nuestra Carta Magna provincial, que en su artículo 62 establece para los procesos judiciales que: “Los procedimientos judiciales serán públicos salvo los casos en que la publicidad afecte la moral, la seguridad o el orden público, según lo determine la ley”.
En cuanto a la organización funcional del Ministerio Público Fiscal, se cambia el sistema actual, adaptándolo al nuevo Código Procesal Penal.
En este sentido, debe verse que según el nuevo Código Procesal, el agente fiscal que interviene en el caso, será el encargado de investigarlo, y sostener, eventualmente, la acusación en juicio y requerir condena, u optar por una salida alternativa, es decir, que entenderá en el proceso, de principio a fin, a diferencia de lo que ocurría con el antiguo código, donde el agente fiscal investigaba, y el fiscal de Cámara llevaba adelante el juicio.
Por esta razón, la antigua estructura del Ministerio Público Fiscal, resulta incompatible con el sistema que plantea el nuevo Código Procesal Penal ya que las tareas de los agentes fiscales se superpondrían con la de los fiscales de Cámara.
Así, la estructura se forma con un ministro fiscal, jefes fiscales de Circunscripción y agentes fiscales.
El ministro fiscal es el fiscal del Tribunal Superior de Justicia, cumpliendo la función principal de dirigir el Ministerio Público Fiscal y de ser la máxima autoridad dentro del órgano acusador, de lo cual se desprenden otras funciones tales, como el ejercicio de la Superintendencia, el dictado de normas generales para el funcionamiento, el establecimiento de los criterios objetivos, presidir el Consejo Asesor, establecer el requerimiento presupuestario, etc.
En cuanto a los jefes fiscales, el cargo resulta novedoso dentro de la estructura en lo que respecta a la funcionalidad, pero jerárquicamente reemplazarían a los actuales fiscales de Cámara, siendo que se prevé la conversión de estos en aquellos (Art. 40).
Vale aclarar, que si bien la ley establece la temporalidad de la designación en el cargo de jefes fiscales (dos años y una reelección), dicha disposición solo es aplicable a los nuevos jefes fiscales que se designen, y no a los actuales fiscales de Cámara, quienes ejercerán la función mientras permanezcan en los cargos, a los efectos de evitar a afectación de derechos adquiridos.
Este sistema de selección, al igual que la temporalidad en el cargo, resulta novedosa dentro de nuestro sistema, y sin dudas contribuirá a una mejor organización de Justicia, al no permitir que los cargos sean estancos.
Asimismo, teniendo en cuenta la complejidad que significará la puesta en funcionamiento del Sistema de Enjuiciamiento por Jurados, se ha pensado en que en la sustanciación de estos procesos, intervengan el jefe fiscal en el juicio en forma conjunta con el agente fiscal que realizó la investigación.
En lo que respecta a los agentes fiscales, la jerarquía y designación de los mismos es mantenida, pero no así su función, que ahora se extiende a la intervención en los juicios ordinarios. Por esta razón, se ha decidido equiparlos a los jueces de Primera Instancia, lo cual es así en la mayor parte de las legislaciones de nuestro país, y es una deuda pendiente que el sector viene reclamando desde hace tiempo, y que hoy sin dudas se encuentra totalmente justificada con el aumento de su función.
En cuanto a la posibilidad de acceder a los cargos del Ministerio Público, se ha establecido el principio de postulación, que tiene que ver con una garantía que permite que todas las personas que cumplan con los requisitos que la Constitución establece puedan, en igualdad de condiciones, concursar los cargos disponibles.
Un punto que nos parecía fundamental, máxime teniendo en cuenta los cambios sustanciales en el sistema de enjuiciamiento que se prevén, y a los efectos de brindar el mejor servicio de justicia posible, es la capacitación de los integrantes del Ministerio Público Fiscal como una prioridad, poniendo en cabeza del ministro fiscal la obligación de promover programas destinados a este fin, permitiéndosele que realice convenios, licitaciones, contrataciones, etc., para ello.
Otra cuestión que se establece dentro de este proyecto de Ley, es la obligación del ministro fiscal de rendir cuentas ante la Legislatura provincial, en la primera sesión de abril de cada año, lo cual tiene como fin, que los representantes del pueblo puedan conocer las políticas criminales aplicadas, las estadísticas y dificultades del sistema conociendo circunstancias que le permitirían impulsar reformas legislativas a los efectos de optimizar el funcionamiento del órgano.
En cuanto a la organización de cada agencia fiscal, al igual que hoy, se prevé que estén a cargo de un fiscal, pudiendo este tener, además del personal auxiliar, hasta dos fiscales adjuntos, conforme a las necesidades de funcionamiento.
Asimismo, se faculta que el ministro fiscal pueda subdividir las circunscripciones judiciales a propuesta de los jefes fiscales para optimizar la función, lo que permitirá eventualmente que puedan distribuirse funciones en aquellas circunscripciones de grandes dimensiones territoriales o de alta densidad demográfica.
En cuanto a los órganos auxiliares que se prevén para el Ministerio Público Fiscal, se encuentra:
• La Agencia de Investigaciones Penales (que es creada por el nuevo Código Procesal Penal);
• La Policía de la Provincia, al igual que ocurre en la legislación vigente;
• La Oficina de Atención a las víctimas del delito y protección de testigos (que es un órgano fundamental para que el sistema funcione, puesto que la prueba se produce en el juicio y hay que asegurar que esta llegue allí); y
• Centro de Mediación Penal (que también es una creación del nuevo Código, aunque no en forma expresa, dado que prevé como salida alternativa la mediación).
La Agencia de Investigaciones Penales resulta como consecuencia de una creación expresa del nuevo Código Procesal Penal, que se encuentra contemplada en el artículo 71 y que deberá ser organizado, bajo las pautas de esa ley, por otra legislación especial, teniendo como función colaborar con las investigaciones penales a través de profesionales especialmente capacitados para ello.
La Oficina de Atención a las víctimas del delito y protección de testigos, si bien no está expresamente contemplada en el nuevo Código Procesal Penal surge como una necesidad para el funcionamiento del nuevo Código Procesal Penal, ya que no puede sostenerse un sistema cuya prueba fundamental resulta ser la testimonial, sin tomar los recaudos necesarios para su preservación y protección.
Asimismo, tenemos que ver, que al hablar de testigos y víctimas, no solo estamos hablando de una prueba en juicio, sino que estamos hablando de personas, que eventualmente pueden estar en riesgo como consecuencia de ser elementos fundamentales de prueba en un juicio, donde la suerte de los acusados dependerá de su presencia en el proceso y de los que estos digan allí.
El Centro de Mediación Penal si bien no está expresamente contemplado en el nuevo Código, éste lo tiene en forma implícita ya que menciona como una causal de aplicación de criterio de oportunidad la mediación previa (art. 106, inc. 5) del nuevo Código Procesal Penal), lo cual tiene por objeto que en los casos donde la ley lo admite, las partes puedan conciliar y favorer la posibilidad de salidas alternativas al sistema penal en los casos donde no existe un interés público prevalente.
En cuanto al régimen disciplinario, se contemplan faltas graves y leves, estableciéndose como posibles sanciones los llamados de atención, apercibimientos y multas para las segundas, puesto que para las primeras corresponderá eventualmente el sometimiento al Jurado de Enjuiciamiento de conformidad con lo que establece la Constitución provincial.
Por todo esto, consideramos, que resulta necesario el tratamiento y la aprobación del presente proyecto de Ley, a los efectos de adecuar el Ministerio Público Fiscal a los requerimientos constitucionales y al nuevo procedimiento penal, por lo que solicitamos el acompañamiento de nuestros pares.