Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/resolucion-1617-de-abril-21-de-2017?documento=legcol&contexto=legcol_ccb1936a66384251a2d002677b5affd2&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-12-10 00:22:08
Document Index: 45882251

Matched Legal Cases: ['artículo 6', 'artículo 25', 'artículo 334', 'artículo 19', 'artículo 2', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 10', 'artículo 2', 'artículo 61', 'artículo 16', 'artículo 8', 'artículo 170', 'artículo 16', 'artículo 2', 'artículo 2']

﻿ RESOLUCIÓN 1617 DE ABRIL 21 DE 2017
RESOLUCIÓN 1617 DE 21 DE ABRIL DE 2017
CONTENIDO:MINISTERIO DEL TRABAJO. CREA EL PROGRAMA “EMPLEOS VERDES PARA LA PAZ” COMO UN MECANISMO PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEOS QUE APORTEN AL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL PAÍS Y CONTRIBUYAN AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD AMBIENTAL Y EL CRECIMIENTO VERDE DE LA ECONOMÍA.
TEMAS ESPECÍFICOS:POLÍTICA DE PAZ, PROGRAMAS DE LA LEY DE JUSTICIA Y PAZ, MINISTERIO DEL TRABAJO, SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL, INTERVINIENTES EN LA LEY DE JUSTICIA Y PAZ, ACTIVIDAD ECONÓMICA, INCENTIVOS PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO, DESARROLLO SOSTENIBLE, CRECIMIENTO VERDE, PROCESO DE PAZ
RESOLUCIÓN 1617 DE 2017
“Por la cual se crea el programa empleos verdes para la paz en el marco del mecanismo de protección al cesante, para promover el empleo y el emprendimiento rural”.
en ejercicio de las atribuciones legales, en especial de las conferidas en el numeral 2º del artículo 6º del Decreto-Ley 4108 de 2011 y los artículos 2.2.6.1.3.12, 2.2.6.1.3.17 y 2.2.6.1.9.2 del Decreto 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, y
Que el artículo 25 de la Constitución Política, consagra el derecho fundamental al trabajo, estableciendo que “(…) el trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado”;
Que el inciso segundo del artículo 334 de la Constitución Política, dispone que el Estado, de manera especial, intervendrá para dar pleno empleo a los recursos humanos y asegurar, de manera progresiva, que todas las personas, en particular las de menores ingresos, tengan acceso efectivo al conjunto de los bienes y servicios básicos. También para promover la productividad y competitividad y el desarrollo armónico de las regiones;
Que la Ley 1636 de 2013 creó el mecanismo de protección al cesante, que tiene como finalidad entre otras, la articulación y ejecución de políticas activas y pasivas de mitigación de los efectos del desempleo;
Que el mecanismo de protección al cesante está integrado por el servicio público de empleo, el componente de capacitación para la inserción y la reinserción laboral, el Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante (Fosfec), las cuentas de cesantías de los trabajadores y el componente de promoción del emprendimiento y desarrollo empresarial, siendo responsabilidad del Gobierno Nacional la dirección, orientación, regulación, control y vigilancia de los esquemas que conforman dicho mecanismo;
Que el artículo 19 de la ley en mención, creó el Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante (Fosfec), cuyo objeto será el de “(…) financiar el mecanismo de protección al cesante y las acciones que de este se desprendan con el fin de proteger de los riesgos producidos por las fluctuaciones en los ingresos, que en periodos de desempleo, enfrentan los trabajadores y que facilite la adecuada reinserción de los desempleados en el mercado laboral”;
Que el artículo 2.2.6.1.3.12 del Decreto 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, define las subcuentas que componen el Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante (Fosfec);
Que la Ley 1780 de 2016 modificó el mecanismo de protección al cesante y, en consecuencia, dispuso entre otras cosas, en su artículo 9º que “El Gobierno Nacional definirá alternativas para el desarrollo de programas de empleo, emprendimiento y/o desarrollo empresarial, en el marco del mecanismo de protección al cesante, los cuales serán financiados con cargo al Fosfec”;
Que el parágrafo 2º del artículo 9º de la Ley 1780 de 2016, establece la potestad para que las cajas de compensación familiar, a través del mecanismo de protección al cesante y con cargo al Fosfec, puedan “(…) financiar y operar programas y proyectos relacionados, con la promoción de empleo y el emprendimiento, el desarrollo de obras en los territorios, la generación de ingresos, el impulso y financiamiento de las actividades agropecuarias, la promoción de la asociatividad y el desarrollo de proyectos productivos, entre otros”, con el fin de dinamizar el desarrollo económico y social en zonas rurales y de posconflicto;
Que el artículo 2.2.6.1.9.2 del Decreto 1072 de 2015, señala específicamente las líneas sobre las cuales se pueden desarrollar programas que, en virtud de lo contenido en la Ley 1780 de 2016, son susceptibles de ser financiados y desarrollados con cargo al Fosfec, para promover el empleo y el emprendimiento en las zonas rurales y de posconflicto;
Que el parágrafo del artículo anteriormente mencionado, señala que el Ministerio del Trabajo “(…) definirá los programas, proyectos y/o beneficios que podrán desarrollar las cajas de compensación familiar en el marco del presente artículo y establecerá sus lineamientos y criterios de priorización y focalización”;
Que el artículo 2.2.6.1.8.1 del Decreto 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, señala que de conformidad con el artículo 10 de la Ley 1780 de 2016, la promoción del emprendimiento y desarrollo empresarial, como componente del mecanismo de protección al cesante, es la herramienta para impulsar y financiar emprendimientos, iniciativas de autoempleo, innovación social para el emprendimiento y micro y pequeñas empresas que requieran apoyo para su desarrollo. A través del componente de promoción del emprendimiento y desarrollo empresarial se impulsarán iniciativas individuales o colectivas, buscando promover enfoque de economía social y solidaria;
Que el artículo 2.2.6.1.9.4 del Decreto 1072 de 2015, establece alianzas para impulsar el desarrollo económico y social en zonas rurales y de posconflicto, señalando que en los términos del artículo 61 de la Ley 21 de 1982 y de los numerales 1º y 4º del artículo 16 de la Ley 789 de 2002, las cajas de compensación familiar podrán ejecutar conjuntamente o a través de entidades especializadas públicas o privadas, conforme las disposiciones que regulen la materia, los programas y proyectos a que refiere esta sección;
Que el artículo 8º de la Resolución 5215 de 2016 dispone que los saldos restantes de la vigencia del 2015 del Fondo de Solidaridad de Fomento de Protección al Cesante (Fosfec), serán destinados de acuerdo a los lineamientos y para los fines que establezca el Ministerio del Trabajo, en el marco del mecanismo de protección al cesante;
Que las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país” destacan la importancia de contar con un modelo de desarrollo soportado en el crecimiento verde, como un factor clave para la consolidación de la paz “(…) al reducir los conflictos sociales entre la población cuando se logra ordenar el territorio de acuerdo a su vocación, conservando zonas estratégicas y dejando lugar a las actividades productivas. Asimismo, garantizando la oferta de recursos en calidad y cantidad, de tal forma que el acceso a los bienes y servicios ambientales no sean los factores detonantes de nuevos escenarios de conflicto”;
Que, en la misma línea, el artículo 170 de la Ley 1753 de 2015, señala lo siguiente: “Formulación de una política de crecimiento verde de largo plazo. El Gobierno Nacional, a través del Departamento Nacional de Planeación en coordinación con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y con participación de los ministerios, formulará una política de crecimiento verde de largo plazo en la cual se definan los objetivos y metas de crecimiento económico sostenible. Dentro de sus estrategias se diseñará un programa de promoción de la investigación, desarrollo tecnológico e innovación para el fortalecimiento de la competitividad nacional y regional a partir de productos y actividades que contribuyan con el desarrollo sostenible y que aporten al crecimiento verde”;
Que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha señalado, en reiteradas ocasiones, la importancia de los empleos verdes como motores del desarrollo sostenible y claves para responder a los desafíos de protección del medio ambiente, desarrollo económico e inclusión social;
Que, en el marco de lo anterior, el informe “El desarrollo sostenible, el trabajo decente y los empleos verdes” derivado de la 102ª Conferencia Internacional del Trabajo (2013) señala que “La importancia de los empleos verdes no se limita a la creación de empleo. Esos empleos no son solo el resultado pasivo de una reorientación de las inversiones para impulsar la economía verde. Más bien cabe señalar lo importante que es contar con empresas competentes, dotadas de una fuerza de trabajo calificada, motivada y habilitada para que las inversiones arrojen resultados medioambientales y económicos positivos”;
Que este mismo informe señala, dentro de sus conclusiones, que “(…) La promoción de los empleos verdes forma parte de un número cada vez mayor de resultados nacionales prioritarios vinculados a las políticas de empleo, el desarrollo de las competencias profesionales, la inversión intensiva en empleo, las empresas sostenibles, las estrategias sectoriales y la erradicación del trabajo infantil y del trabajo forzoso”;
Que por lo anterior, se hace necesario crear un programa que impulse y desarrolle los empleos verdes en el marco del mecanismo de protección al cesante y establecer sus condiciones de funcionamiento;
ART. 1º—Creación del programa. Créase el programa “Empleos Verdes para la Paz” como un mecanismo para la generación de empleos que aporten al desarrollo sostenible del país y contribuyan al mejoramiento de la calidad ambiental y el crecimiento verde de la economía.
ART. 2º—Ámbito de aplicación. El programa tiene cobertura nacional. No obstante, se podrán establecer criterios de priorización o focalización según las necesidades locales y la disponibilidad de recursos, de acuerdo a los lineamientos impartidos por el Ministerio del Trabajo.
ART. 3º—Objetivo del programa. El programa tiene como objetivo la implementación de iniciativas que aporten al desarrollo sostenible de los territorios, a partir de acciones que generen bienes y servicios ambientales, que incrementen la oferta de servicios eco sistémicos, fomenten el crecimiento verde de la economía a partir de prácticas sostenibles que contribuyan al mejoramiento de la calidad ambiental y la preservación del capital natural.
ART. 4º—Beneficiarios del programa. Los beneficiarios del programa serán personas en edad de trabajar, que tengan la disposición para emplearse, asociarse, capacitarse para el trabajo y desarrollar actividades relacionadas con los empleos verdes para el desarrollo sostenible de los territorios.
ART. 5º—Requisitos de acceso. Para acceder al programa empleos verdes para la paz, los beneficiarios deberán realizar su inscripción en el servicio público de empleo. Esta inscripción será necesaria sin importar que el programa sea ejecutado directamente por la caja de compensación familiar o a través de un tercero.
PAR.—Las cajas de compensación familiar, en el marco de este programa, implementarán estrategias que faciliten la inscripción de las poblaciones con difícil acceso al servicio público de empleo.
ART. 6º—Operación del programa. Las cajas de compensación familiar serán las responsables de operar el programa de acuerdo con los lineamientos y directrices plasmados en el manual operativo que para este fin adopte el Ministerio del Trabajo.
En el marco de este programa, se podrán financiar iniciativas que se enmarquen, entre otras, en alguna de las siguientes líneas de trabajo:
• Playas sostenibles.
• Control de inundaciones para la adaptación al cambio climático.
• Formación y acción participativa en restauración ecológica para la protección de los ecosistemas y la biodiversidad.
PAR.—Las cajas de compensación familiar podrán aunar recursos humanos, técnicos y financieros con entidades públicas, privadas y de cooperación internacional, de acuerdo con las necesidades específicas de las iniciativas a desarrollar en cada municipio, en el marco legal de lo señalado en el numeral 1º del artículo 16 de la Ley 789 de 2002.
ART. 7º—Financiación. Para financiar este programa se destinará la suma de dieciocho mil novecientos millones de pesos ($ 18.900.000.000), con cargo a los recursos no ejecutados en la vigencia 2015 del Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante (Fosfec), de acuerdo a la información certificada por la Superintendencia del Subsidio Familiar con corte a 31 de diciembre de 2015. Estos recursos serán incluidos en la subcuenta de promoción del emprendimiento y desarrollo empresarial, definida en el artículo 2.2.6.1.3.12 del Decreto 1072 de 2015. Sobre estos recursos, el programa podrá destinar hasta un 10% para gastos administrativos, operativos e imprevistos.
El Ministerio del Trabajo, mediante acto administrativo, asignará los recursos para que cada caja de compensación familiar cumpla con las metas establecidas en el anexo técnico de la presente resolución, por lo que en cumplimiento de estas metas podrá realizar distribución de recursos entre cajas de compensación familiar a fin de atender la población objetivo del programa, de conformidad con los establecido en el artículo 2.2.6.1.3.15 del Decreto 1072 de 2015.
ART. 8º—Manejo contable de los recursos. La Superintendencia de Subsidio Familiar generará la cuenta contable del presente programa al interior de la subcuenta de gestión y colocación del Fosfec, para registrar los recursos que se destinarán para financiar el programa creado en la presente resolución.