Source: http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/oct/20191002-V.html
Timestamp: 2019-12-05 21:54:49
Document Index: 386743956

Matched Legal Cases: ['artículo 115', 'artículo 105', 'artículo 94', 'artículo 79', 'artículo 138', 'artículo 48']

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Bienestar a realizar un estudio a fin de considerar incrementar la edad de los beneficiarios del programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, a cargo del diputado Valentín Reyes López, del Grupo Parlamentario de Morena
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de la Ciudad de México a apoyar a negocios y terceros afectados por los actos vandálicos ocurridos durante la marcha realizada el pasado 26 de abril por los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
Con punto de acuerdo, para exhortar al pleno de la SCJN a resolver con base en los criterios establecidos en la controversia constitucional número 135/2016 los subsecuentes de Veracruz, suscrita por la diputada Norma Azucena Rodríguez Zamora e integrantes del Grupo Parlamentario del PRD
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Segob a iniciar mesas de diálogo interinstitucional con la participación del gobierno de Oaxaca y las partes involucradas para atender el conflicto social presente en la agencia de policía Ojo de Agua, Santiago Juxtlahuaca, suscrita por las diputadas Beatriz Dominga Pérez López y Virginia Merino García, del Grupo Parlamentario de Morena
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SCT a reforzar con la SSP las acciones de seguridad en todos los caminos y las carreteras del país para disminuir el número de delitos, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
Con punto de acuerdo, para que la CFE y la CRE reclasifiquen la tarifa eléctrica en la región norte de Veracruz, suscrita por la diputada Norma Azucena Rodríguez Zamora e integrantes del Grupo Parlamentario del PRD
El que suscribe, Valentín Reyes López, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, fracción 1, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con puntos de acuerdo, mediante los cuales se exhorta a la Secretaría de Bienestar a realizar un estudio minucioso para considerar incrementar la referencia de la edad de los beneficiados con el programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad que Sobrepasan 29 Años de Edad y no son Consideradas Población Indígena.
En México hay marginación y pobreza lo cual, con la llegada de la cuarta transformación, se está trabajando para que la tasa respectiva disminuya considerablemente. Por ello, desde la Cámara de Diputados se aprobó para el ejercicio fiscal de 2019 un recurso que beneficiaba a la Secretaría de Bienestar, la cual tiene la responsabilidad de distribuirlo y apoyar con sus programas a los más desprotegidos.
Aunque estamos conscientes de que no hay presupuesto que alcance, es necesario dar a conocer que el apoyo para el programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, que apoya a niñas, niños y adolescentes, así como jóvenes de 0 a 29 años que tienen discapacidad permanente, y población indígena de 0 a 64 años, está estandarizado a edades cuando la discapacidad es permanente descartando a los mayores de 29 años que no estén en pueblos indígenas y que necesiten el apoyo.
Ello se convierte en un problema debido a que una persona que sufre discapacidad por lo regular necesita terceras personas para sus cuidados o atenciones. Los programas existentes para el apoyo de estas personas son como el enumerado, el cual en zonas que se consideran de marginación como ciudades no están contempladas, porque existen zonas de alta pobreza aun en las ciudades.
A pesar de que los pueblos indígenas sí deben ser considerados prioridad, este factor no debe olvidar a toda la población mayor de la edad tope, 29 años, y que necesitan este apoyo para ayudarse a sí mismos o a su familia.
Quienes no viven en pueblos indígenas pero sí en condiciones de pobreza extrema a moderada, por lo que el incremento de la edad delimitando a los de 29 a 64 años de una forma que este recurso llegue a los más necesitados debe ser una de las prioridades, claro con los candados correspondientes, pero que la edad estándar de mortalidad de este sector no sea uno de ellos, pues el mismo es afectado por el estándar, por lo que un incremento en la edad tope, de manera consciente y con sus candados para evitar el mal uso del mismo será ideal para que se pueda apoyar de manera integral, con los cuidados pertinentes.
Es preciso expresar que quienes sufren este tipo de problemas por lo regular sus familias no pueden pagar quien cuide a su familiar, lo cual provoca que 2 personas en un hogar no puedan trabajar para atender a quien en edad más baja y más alta necesiten total atención, la cual debe ser digna. Por ello considerar incrementar la edad puede ser un factor para lograr un bienestar absoluto para los más desprotegidos.
Es preciso mencionar que a diferencia de los demás apoyos que se les puede asignar una vigencia o un marco regulatorio de edad, debemos ser conscientes de que en las zonas urbanizadas y no urbanizadas que no cuentan con pueblos originarios también existe este tipo de problemática, donde el índice de población para recibir el beneficio no es de 100 por ciento, al limitarlos a la edad de 29 años. Parte de la importancia de reconsiderar la edad es analizar a detalle el significado de discapacidad, la pobreza que existe en el sector de personas con capacidades diferentes (PCD), a quien apoya la estandarización del sector.
Los de la secretaría son los que puedan replantear las edades para la entrega de este apoyo .
1. Discapacidad: De acuerdo con la clasificación internacional del funcionamiento, de la discapacidad y de la salud, presentada en 2001, las personas con discapacidad “son las que tienen una o más deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales y que al interactuar con distintos ambientes del entorno social pueden impedir su participación plena y efectiva en igualdad de condiciones a las demás”.
Las más comunes son caminar o moverse, ver, mental, escuchar, hablar o comunicarse, atención y aprendizaje, autocuidado.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2014 6.4 por ciento de la población del país (7.65 millones de personas) reportó tener al menos una discapacidad.
Según datos del Inegi de 2014, 6.4 por ciento de la población del país (7.65 millones de personas) reportó tener al menos una discapacidad. Ellos representan en su mayoría a personas adultas mayores (con 60 años o más al momento de levantar la encuesta); es decir, 52.1 por ciento de las personas con discapacidad, equivalente a 3.98 millones de personas.
Ese año, la discapacidad motriz fue el principal tipo de discapacidad reportado, la cual abarcó 2.6 millones de personas; esto es, 37.32 por ciento de las personas con discapacidad. Además, padecer una enfermedad fue la principal causa de las discapacidades, que alcanzó un promedio de 38.5 por ciento de las discapacidades.
Adicionalmente, también en 2014 se estimó que en 19.1 de cada 100 hogares del país, que representan 6.14 millones de hogares, vivía al menos una persona con discapacidad. Asimismo, había mayor presencia de hogares con personas con discapacidad en los que tuvieron ingresos más bajos.
2. Pobreza PCD: En materia de pobreza, el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social reportó que 54.1 por ciento de las PCD se encontraba en condición de pobreza en 2014, cifra superior a la tasa de prevalencia de la pobreza a escala nacional (46.2 por ciento).
Cabe mencionar que la tasa de pobreza extrema entre la PCD fue de 12.7 por ciento, mientras que en todo el país fue de 9.6. Por ello, con base en este diagnóstico, el gobierno federal ha establecido estrategias encaminadas a mejorar las condiciones de vida de las PCD.
3. Actualidad, programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, que poya a niñas, niños y adolescentes, así como jóvenes de 0 a 29 años que tienen discapacidad permanente, y población indígena de 0 a 64 años:
El programa fomentará la vigencia efectiva y el respeto irrestricto de los derechos de las niñas, los niños, los jóvenes y los indígenas con discapacidad permanente.
Muchos de sus derechos no se cumplen porque más de la mitad de las personas en esa situación se encuentran en pobreza en el país.
Con esta pensión, el gobierno de México refrenda su compromiso firme para eliminar las barreras de exclusión, discriminación y racismo que enfrentan millones de mexicanos y que no les permiten ejercer plenamente sus derechos económicos y sociales. El programa otorgará un apoyo económico a todas las personas con discapacidad que pertenezcan a grupos indígenas del país de 0 a 64 años de edad, niñas, niños y jóvenes con discapacidad permanente de 0 a 29 años que vivan en municipios y zonas urbanas de alta y muy alta marginación.
El monto de apoyo es de 2 mil 550 pesos, por entregarse bimestralmente.
La meta de población por atender es de 1 millón de personas con discapacidad.
El apoyo económico se entregará de manera directa, sin intermediarios, mediante el uso de una tarjeta bancaria.
4. Estándares de bienestar para el apoyo: que las y los servidores públicos involucrados en la operación del programa promuevan, respeten, protejan y garanticen el ejercicio efectivo de los derechos humanos de los beneficiarios, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, brindando en todo momento un trato digno y de respeto a las personas, con sujeción a los criterios de igualdad y no discriminación.
En los cuatro numerales anteriores se ve cómo el número de apoyos no es el que según datos del Inegi hay en promedio de población con este padecimiento, aunque se puede hacer un reajuste cuando los estándares se delimiten únicamente a familias que necesitan el apoyo.
Hay muchos programas y formas de apoyar, madres de familia, jóvenes estudiando, buscando trabajo, estamos preparando a un mejor México, pero los que no se les puede enseñar a pescar porque se lo impide su condición son la prioridad más apremiante, así como los adultos mayores.
Estos apoyos pueden ser óptimos con un trabajo arduo, donde sólo se esté dando a los que realmente lo necesitan. Quizás el incremento en la edad beneficie a los más necesitados y logre el cuidado para los más necesitados.
En conclusión: incrementar la edad de los beneficiados de este programa ayudará a una condición de vida menos precaria, teniendo los cuidados rigurosos para que no exista malversación o corrupción con recurso público llegar a las ciudades, áreas urbanas y no urbanas que no cuentan con pueblos originarios, pero sí cuentan con un familiar con discapacidad en condiciones de pobreza que no recibe el apoyo por superar la edad promedio que se estandarizó.
Por lo expuesto y fundado me permito someter a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Bienestar a realizar un estudio minucioso para considerar incrementar la referencia de la edad de los beneficiados con el programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad que Sobrepasan 29 Años de Edad y no son Consideradas Población Indígena.
Los que suscriben, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente
Desde la llegada del nuevo gobierno de la Ciudad de México, encabezado por la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, la capital se ha convertido en un caos en todos los sentidos. La incidencia de diversos delitos como la extorsión y el robo ha aumentado considerablemente, el Sistema de Transporte Colectivo Metro, cada vez tiene más retrasos y fallas mecánicas, la violencia de género va en aumento y es notoria la existencia de un vacío de poder que da luz verde a grupos extremistas y vandálicos a hacer destrozos en la ciudad con total impunidad.
Desde que la jefa de gobierno desapareció el Cuerpo de Granaderos de la Ciudad de México, las marchas y manifestaciones multitudinarias se han salido de control y han sido manchadas por la presencia de grupos de choque, entre los que se encuentra el de los autodenominados “anarquistas”, individuos encapuchados y con pasamontañas que han vandalizado en repetidas ocasiones monumentos históricos, inmobiliario y negocios, afectando a terceras personas y poniendo el riesgo la integridad física de los asistentes a las manifestaciones pacíficas.
Durante la marcha por los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, llevada a cabo el 26 de septiembre pasado, estos grupos hicieron presencia intentando confundirse con quienes se manifestaban de forma pacífica. Aproximadamente un grupo de 100 personas, integrantes de los grupos de choque, rompieron cristales de diversos edificios, dañaron oficinas de la Secretaría del Bienestar, del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, del Senado de la República, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, entre otras dependencias.1
Fueron vandalizados bancos, hoteles, restaurantes y diversos comercios ubicados sobre la avenida Juárez y Paseo de la Reforma. De acuerdo con medios, los atacantes robaron libros de una librería ubicada en avenida Juárez e intentaron incendiarla, los empleados se encontraban dentro.2
También se dañaron monumentos ubicados sobre Paseo de la Reforma y en los alrededores de la Alameda y Bellas Artes. En la Plaza de la Constitución, un grupo de personas golpearon con mazos y tubos las puertas del Palacio Nacional e hicieron pintas con aerosol en el mismo, lo que constituye un daño importante contra el patrimonio histórico de los mexicanos.
Reporteros pertenecientes a diversos medios de comunicación reportaron agresiones con palos y piedras por parte de los grupos de choque.
Padres de los 43 normalistas y organizadores de la marcha, se deslindaron de los actos vandálicos realizados por los encapuchados, a los cuales acusaron de intentar descarrilar la manifestación.
De acuerdo con el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac), Francisco Fernández, se estima que los actos de vandalismo ocurridos en la marcha dejaron pérdidas por al menos 100 millones de pesos, teniendo en cuenta pérdidas materiales y las derivadas de cerrar los establecimientos.3
Sin embargo, las pérdidas podrían ser mayores si tomamos en cuenta lo que se tendrá que invertir para la restauración de los monumentos dañados por pintas y los martillazos, como en el caso de Palacio Nacional.
Esta no es la primera vez que se registran ataques de estos grupos durante manifestaciones multitudinarias desde que Claudia Sheinbaum se convirtió en jefa de gobierno de la Ciudad de México.
El pasado agosto, durante una marcha de grupos feministas que se manifestaban en contra de la violencia hacia las mujeres y, específicamente, de una probable violación multitudinaria a una menor de edad por parte de policías en la alcaldía de Azcapotzalco, se volvieron a registrar ataques a la infraestructura de transporte público, ataques contra reporteros, ciudadanos y policías, así como pintas en diversos monumentos históricos del Paseo de la Reforma, entre estos la columna de El Ángel de la Independencia.
En esa ocasión, tan sólo los daños al Metrobús ascendieron a 1.5 millones de pesos, mientras que, de acuerdo con el secretario de Cultura de la Ciudad de México, José Alfonso Suárez del Real, la primera fase para reparar los daños a la columna de El Ángel de la Independencia tendrá un costo de entre 10 y 13 millones de pesos.4
Los actos de vandalismo en este tipo de manifestaciones no sólo causan pérdidas millonarias a negocios y empresas que deben cerrar y reparar los daños causados a sus inmuebles, sino que desalienta la inversión y el crecimiento económico de la ciudad. Por ello, el gobierno capitalino debe garantizar la seguridad de los mismos, sin que con ello se coarte el derecho a la libertad de expresión de los manifestantes.
La negligencia del gobierno capitalino, que ha insistido en no enviar elementos de seguridad a las manifestaciones, así como la carencia de protocolos de seguridad y de acción preventiva efectivos, han causado que estos eventos se salgan de control y que los grupos vandálicos actúen con total libertad e impunidad, dañando el patrimonio histórico y cultural de la Ciudad de México, además de causar afectaciones a terceros y de poner en riesgo la seguridad y la integridad física de los manifestantes, reporteros y empleados de comercios.
En este sentido, el gobierno capitalino debe asumir su responsabilidad con los ciudadanos y apoyar a quienes resultaron afectados por los actos de vandalismo ocurridos en la marcha de la semana pasada. Asimismo, debe implementar las medidas necesarias para evitar en la medida de lo posible que se vuelvan a presentar este tipo de situaciones, siempre respetando el derecho a la libre manifestación y garantizando la seguridad e integridad de los manifestantes.
Contar con protocolos de seguridad y elementos policiales en eventos multitudinarios como las manifestaciones, no tiene por qué significar represión o violentar la libertad de expresión, al contrario, deben ser orientados para garantizar el derecho a manifestarse pacíficamente y evitar que grupos ajenos a los manifestantes desvirtúen el evento actuando con violencia y causando daños a los inmuebles.
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al gobierno de la Ciudad de México a brindar el apoyo necesario a negocios y terceros afectados por los actos de vandalismo ocurridos durante la marcha por los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, realizada el pasado 26 de abril; así como a fortalecer los protocolos de seguridad y de acción preventiva, con el fin de garantizar la seguridad de la población y su derecho a la libre manifestación.
1 “Causantes de disturbios en marcha por los 43 de Ayotzinapa no son anarquistas, son conservadores: AMLO”, en El Financiero, en línea, disponible en:
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/
manifestantes-que-causaron-disturbios-no-son-anarquistas-son-conservadores-amlo
2 “Saqueos y disturbios en marcha por los 43 de Ayotzinapa; roban libros de Gandhi”, en El Financiero, en línea, disponible en:
saqueos-y-disturbios-en-marcha-por-los-43-de-ayotzinapa-roban-libros-de-gandhi
3 El presidente de la Canirac dice que vandalismo en marcha por Ayotzinapa costó “cuando menos” 100 millones de pesos”, en Sin Embargo, en línea, disponible en:
https://www.sinembargo.mx/27-09-2019/3652640
4 “15 de septiembre de 2019, una celebración sin Ángel”, en El Heraldo, en línea, disponible en:
https://heraldodemexico.com.mx/tv/noticiasmexico/
15-septiembre-2019-celebracion-sin-angel-independencia-sismos-marcha-feminista /
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el 2 de octubre de 2019.
La suscrita, Norma Azucena Rodríguez Zamora, diputada federal del Grupo Parlamentario del PRD de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente: proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que con base en los criterios establecidos de la controversia constitucional No. 135/2016 se resuelvan los subsecuentes del estado de Veracruz, con el fin de no afectar las finanzas de los municipios del estado , lo anterior con base en las siguientes
Conforme al artículo 115, fracción IV, inciso C, los municipios tienen derecho a recibir recursos, participaciones y fondos federales de acuerdo a los montos y plazos que se establezcan, los cuales están diseñados para contribuir al cumplimiento de los objetivos planteados en el Plan Nacional de Desarrollo para fomentar el desarrollo de actividades sociales o económicas prioritarias de interés general.
La gestión y la implementación de los recursos económicos requieren seguir ciertos procesos y/o fases, que deben realizarse en apego a la legislación Federal.
De igual modo deberá revisarse la legislación local con el objetivo de conocer todos los elementos con los que se debe cumplir para los proyectos de obra pública.
La legislación federal comprende tres ámbitos de aplicación, que deben conocer los municipios para la correcta aplicación y comprobación de los recursos transferidos vía programas federales
Los proyectos que se ejecuten con recursos federales deberán estar alineados al Plan Nacional de Desarrollo, al Plan Estatal de Desarrollo y al Plan municipal de desarrollo
• Ley de Obras y Servicios relacionados con las mismas
Los municipios podrán promover y presentar estudios, planes y programas para el desarrollo de proyectos, debiendo proporcionar la información suficiente que permita su factibilidad
Los municipios podrán presentar a consideración de las dependencias y entidades competentes propuestas de estudios para la realización de obras asociadas a proyectos de infraestructura
Los municipios incluirán en sus respectivas leyes de ingresos y presupuestos de egresos las fuentes de sus ingresos sean ordinarios o extraordinarios
• Ley de Desarrollo Social
Los municipios formularán y aplicarán políticas compensatorias y asistenciales, así como oportunidades de desarrollo productivo e ingreso en beneficio de las personas, familias y grupos sociales en situación de vulnerabilidad
Tabla 1. Papel de los municipios dentro del Marco Jurídico Federal. Elaboración propia con base en (Inafed, 2018)
Cuando el municipio cumple a cabalidad con lo anterior es acreedor a recibir los solicitados fondos federales, sin embargo durante la administración estatal 2010-2016, el exgobernador del Estado Javier Duarte de Ochoa, omitió y retuvo los fondos federales de los 212 municipios, tales como Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, Fondo para el Fortalecimiento Financiero, Participaciones Federales, Hidrocarburos, Programa de Fortalecimiento para la Seguridad, Proyectos de Desarrollo Regional, Bursatilización, entre otros.
Por lo anterior, durante los meses de noviembre y diciembre de 2016, diversos municipios presentaron denuncias penales ante la Delegación Estatal de la entonces Procuraduría General de la Republica y en la Procuraduría General de Justicia del Estado, mientras otros 93 municipios del Estado de Veracruz con facultad en lo establecido en el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) demandaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación vía Controversia Constitucional la omisión y retención de esos recursos por parte del Gobierno del Estado.
Quedando como antecedente la primera Controversia Constitucional Núm. 135/2016, promovida por el municipio de Jalcomulco, Estado de Veracruz Ignacio de la Llave, contra actos del poder Ejecutivo de dicho Estado, consistentes en la omisión del pago de aportaciones del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal correspondientes a los meses de septiembre y octubre de 2016 y presentado con fecha 22 de febrero de 2018, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia fijo los criterios que debían observarse al resolver las demandas de esta y en las subsecuentes Controversias Constitucionales sobre participaciones o aportaciones que se debieron haber entregado (Sesión Pública Núm. 19 Ordinaria Lunes 19 de febrero de 2018, 2018), tales como:
a) Término para la presentación de la demanda de Controversia tratándose de omisiones o actos negativos
b) Excepción al principio de definitividad, cuando se invoquen violaciones al marco constitucional.
Acorde al artículo 94 de la CPEUM, las Salas que integran la Suprema Corte de Justicia (las cuales están compuestas de los 11 ministras y ministros, y que funcionan en Salas o en pleno) conforme a los criterios establecidos resolvieron 95 demandas de controversia condenando al Gobierno del Estado de Veracruz al pago de los fondos omitidos, así como los respectivos intereses. Todas resueltas bajo el criterio que eran procedentes, primero por acreditar el interés legítimo y la omisión de pago de esos recursos, y que la vía de controversia constitucional realizada, era la idónea, así como por tratarse de actos negativos se actualizaban día a día hasta en tanto no se cumplieran, lo que permitía que se demandaran siempre y cuando se acreditara la omisión de pago.
Cabe resaltar que, en las demandas presentadas, los municipios actores acreditan la obligación del Gobierno del Estado de depositar las participaciones federales y el derecho de dichos actores de recibir tales recursos; máxime que el demandado al dar contestación a la demanda ha aportado las documentales en las que no sólo no se desvirtúa las omisiones que se le atribuyen, sino que reconoce los adeudos que se le demandan.
Posteriormente durante los años 2017 y 2018, se presentaron adicionalmente controversias constitucionales de 6 municipios veracruzanos, los cuales 4 de ellos fueron resueltas con base en los criterios establecidos en la resolución Jalcomulco 135/2016, es decir de condenar al Gobierno del Estado a pagar los fondos omitidos: Ixhuatlán de Madero 1/2017, Papantla 156/2017, Tlapacoyan 230/2018 y Pajapan 221/2018.
En el presente ejercicio fiscal se tiene conocimiento de que aproximadamente 70 municipios más del Estado de Veracruz han demandado vía Controversia Constitucional el pago de los recursos federales que la administración 2010-2016 omitió depositarles observándose lo siguiente:
1. En todos los casos, la suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite las demandas, emplazando al Gobierno del Estado de Veracruz, el cual contestó y aceptó en su informe adeudar las cantidades reclamadas, en otros casos, precisó que los montos eran menores, pero en ningún caso negó adeudar algún fondo a los municipios, se desahogaron las audiencias de ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos.
2. De estas demandas, 3 han sido resueltas favorablemente a los intereses de los municipios solicitantes: Totutla 41/2019, Acajete 78/2019 y San Juan Evangelista 79/2019. Las dos primeras fueron resueltas por la Primera Sala con fecha 04 de septiembre de 2019 y la última por la Segunda Sala con fecha 14 de agosto de 2019.
Sin embargo, el municipio de Cotaxtla, Veracruz con Controversia Constitucional número 262/2019 no obtuvo la misma resolución que los municipios anteriores, debido a que fue resuelta con criterios diferentes establecidos por la Suprema Corte de Justicia en la controversia 135/2016, con fecha 15 de agosto de 2019, que se desechaba por notoria y manifiesta improcedencia por las siguientes causales (Actor: Municipio de Cotaxtla, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 2019):
a) Falta de interés legítimo del municipio actor
b) Por no haber agotado el principio de definitividad
c) Que los actos que se atribuyen al Poder Ejecutivo no son omisiones, sino que se trata de retención de recursos federales y por ellos deben considerarse como actos positivos, aplicando en este caso, la regla de 30 días hábiles para presentar la demanda de controversia, por lo que ya había prescrito el plazo para presentarla.
Con este nuevo criterio se desecharon las demandas de Sochiapan, Úrsulo Galván, Tlacolulan y Tlaltetela, todos municipios del estado de Veracruz.
En el mismo tenor de ideas la Segunda Sala al resolver con fecha 04 de septiembre de 2019, la demanda de Controversia Constitucional 111/2019 del municipio de la Antigua, Veracruz, por mayoría de votos determinó sobreseerla por extemporánea bajo el argumento de que los actos cuya invalidez demanda el municipio actor no son omisiones, sino que se trató de una retención de recursos federales realizada por el Poder Ejecutivo, calificándolos como actos positivos y determinando que por ello la demanda fue presentada fuera del plazo legal, apartándose totalmente de los criterios que el Pleno de dicha Instancia había fijado con anterioridad, ello a pesar de que el Gobierno del Estado al formular su contestación reconoció los montos que se le reclaman.
En consecuencia, este último criterio también afecto las controversias números 129/2019 y 161/2019, de los municipios de Chinameca y Tenampa Veracruz, respectivamente, y de seguir con el mismo criterio, se abre la posibilidad de que los Gobiernos Estatales de forma unilateral y arbitraria le retengan los recursos federales a que tienen derecho los municipios y que al transcurrir los 30 días que tendrían para demandar pierdan el derecho de reclamar su pago.
Por último, se debe tomar en cuenta que el actual gobierno de Veracruz no niega ningún adeudo que se haya generado con antelación y demandado por la vía de Controversia Constitucional y con el último criterio establecido de la SCJN de seguir desestimando los adeudos y por ende no recibir el pago que los municipios demandan, los restantes municipios quedaran en la zozobra financiera agravando la crisis económica del estado de Veracruz.
Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, someto a consideración del pleno el siguiente
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que con base en los criterios establecidos de la controversia constitucional No. 135/2016 se resuelvan los subsecuentes del estado de Veracruz, con el fin de no afectar las finanzas de los municipios del estado.
Actor: Municipio de Cotaxtla, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Controversia Constitucional 262/2019 (Suprema Corte de Justicia de la Nación, 15 de julio de 2019).
Carvajal, I. (18 de junio de 2019). Cuitláhuac ha pagado 1,274mdp a municipios saqueados por Duarte. Liberal.
Inafed. (2018). Marco Jurídico Aplicable en el Uso de Recursos Públicos. México: Inafed.
Sesión pública número 19; ordinaria, lunes 19 de febrero de 2018, I. 135/2016 (Suprema Corte de Justicia, 19 de febrero de 2018).
Dado en el salón de sesiones el 2 de octubre de 2019.
Diputados: Norma Azucena Rodríguez Zamora (rúbrica), José Guadalupe Aguilera Rojas, Abril Alcalá Padilla, Mónica Almeida López, Ma. Guadalupe Almaguer Pardo, Mónica Bautista Rodríguez, Frida Alejandra Esparza Márquez, Raymundo García Gutiérrez, Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica), Antonio Ortega Martínez, Claudia Reyes Montiel.
Beatriz Pérez López y Virginia Merino García, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 2, fracción III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Primera. La nación indígena triqui, localizada en la región mixteca de Oaxaca, se ha caracterizado por ser un pueblo indígena combativo en defensa de sus derechos y su cultura milenaria, derivado de que en múltiples ocasiones han sido objeto de saqueos de sus recursos naturales y la violación de sus derechos humanos e indígenas.
Segunda. Ojo de Agua Copala, situada en Santiago Juxtlahuaca, es hogar para 221 habitantes. Dicha población tiene acceso a la escuela primaria y secundaria; sin embargo, aún hay pobladores que no saben leer y escribir. Son hablantes de lengua indígena triqui.
Tercera. Con fecha 20 de septiembre en el portal de noticias Mixteca Informa se dio a conocer la siguiente nota: “Continúan retenidos los habitantes de Ojo de Agua Copala. Integrantes del Movimiento Unificador de Lucha Triqui informaron que 15 personas de la comunidad de Ojo de Agua Copala continúan retenidas por militantes del Movimiento Unificador de Lucha Triqui Independiente, por lo que pidieron a la fiscalía la liberación de las autoridades auxiliares, niños, niñas y mujeres”.1
Cuarta. El portal del periódico noticias publicó el 20 de septiembre una nota periodística respecto a la tensa situación que se vive en la agencia de policía Ojo de Agua, que expresa lo siguiente: “El Movimiento de Unificación y Lucha Triqui responsabilizó de los hechos de violencia sucedidos en Ojo de Agua, Santiago Juxtlahuaca, a un grupo de priistas y llamó a sus bases a no caer en las provocaciones”.2
Por lo expuesto y fundado se somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición, de urgente u obvia resolución, con
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta atentamente a la Secretaría de Gobernación a iniciar mesas de diálogo interinstitucional con la participación del gobierno de Oaxaca y las partes involucradas para atender en forma integral e inmediata el conflicto social que se vive en la agencia de policía Ojo de Agua, Santiago Juxtlahuaca.
1 http://www.mixtecainforma.com/2019/09/continuan-retenidos-los-habitante s-de.html?m=1
2 https://www.nvinoticias.com/nota/126199/culpan-al-multi-de-convulsion-t riqui
Diputadas: Beatriz Pérez López, Virginia Merino García (rúbricas).
El autotransporte de carga en México es parte fundamental de la economía, ya que la gran mayoría de los productos y materiales que abastecen a todas las regiones del país se realizan a través de los caminos y carreteras que últimamente se han visto afectados y amenazados por la delincuencia.
La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) indica que tan sólo en 2018 aportó 3.2 por ciento del producto interno bruto (PIB), siendo el medio de autotransporte más importante dentro de los servicios de transporte (pasajeros y de carga) por el PIB que genera.1
De 2010 a 2018 el PIB mostró un crecimiento, promedio anual y en términos reales, de 4.7 por ciento siendo superior al que registró el PIB total, de 2.7 por ciento. Este sector dio empleo a un millón 134 mil personas en 2017 y las remuneraciones que pagó esta industria a cada persona, en promedio, fueron de 14 mil 800 pesos constantes mensuales en 2017, por lo que se ubicaron por arriba del promedio de las remuneraciones de toda la economía.
De acuerdo con Plan Nacional de Carreteras Federales (PNCF), el país cuenta con alrededor de 400 mil kilómetros de carreteras, de los cuales 40 mil pertenecen a la federación. A través de ellas transita 95 por ciento del pasaje y 56 por ciento de la carga que circula en el ámbito nacional.2
Aunque el gobierno en turno quiere lograr un sistema de verdadero respaldo a la competitividad nacional y superar la posición de nuestro país, que nos ubica en el lugar 62 de 137 países calificados en el orbe en cuanto a infraestructura carretera, no servirá de nada para la movilidad de personas y mercancías a consecuencia de la gran inseguridad que se vive.
Tan sólo de abril a junio de 2019 el número de incidencias de robo al autotransporte de carga sumó los 4 mil 219 casos, lo que significó 1 por ciento más que el mismo periodo de 2018. Aunque si se compara con el segundo trimestre de 2017 el crecimiento fue de 30 por ciento, según datos de la Comisión de Transporte de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).3
El estado de México, Puebla, Michoacán, Veracruz y Nuevo León fueron las cinco entidades del país con mayor incidencia de robo de carga, de camiones, violencia contra los conductores o secuestros, durante el segundo trimestre de 2019.
Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) señalan que en lo que va del primer cuatrimestre del año, la incidencia delictiva ha aumentado 6 por ciento a nivel nacional respecto al mismo periodo del año pasado, pues pasó de 3 mil 899 delitos de robo al autotransporte de carga a 4 mil 134.4
La Secretaría de Seguridad del Estado de México indica que se registran entre 80 y cien eventos delictivos al transporte de carga en las diferentes rutas de la entidad, aunque son 15 municipios donde se concentra el delito.5
Entre los que destacan Ecatepec, Cuautitlán, Tlalnepantla, Nezahualcóyotl, Naucalpan, Chimalhuacán, Valle de Chalco, Tecámac, Ixtapaluca, Toluca, Chalco, La Paz, Chicoloapan y Tultitlán, y 81 por ciento de los casos se registran en tramos estatales.
La Canacar indica que el robo al sector, provoca un impacto al producto interno bruto (PIB) de medio punto porcentual, es decir, cerca de 98 mil millones de pesos.
Según el Centro de Inteligencia de la Cadena de Suministro de SensiGuard que le proporciona información a la Concamin, el robo en carreteras subió en 100 por ciento en el Circuito Exterior Mexiquense, sobre todo de las 18 horas a las 24 horas.
Los artículos más robados son: alimentos y bebidas, materiales de construcción, químico-farmacéutico, textiles y confecciones, electrónicos, así como refacciones y autopartes.
Los equipos pesados con mayor incidencia de robo en las estadísticas de la Asociación de Compañías Mexicanas de Seguros (Amis) fueron Kenworth y Freightliner con 2 mil 765, y mil 348 unidades robadas de cada uno, respectivamente; mientras que los corredores más peligrosos que ha identificado esta institución son de Veracruz y Puebla.6
La empresa Daimler AG indica que diariamente se pierden al menos 17 millones de pesos por el robo de mercancía que constantemente sufren los transportistas de carga, sin embargo, las afectaciones reales que este delito provoca son incalculables, ya que el autotransporte impacta a 101 de las 262 actividades económicas que tiene el país.7
Dicha empresa indica que, en promedio, un camión de carga es robado cada 45 minutos en el país, cifra que representa un problema de inseguridad de gran magnitud ya que la media que manejan otras naciones como Estados Unidos de América (EUA), establece que por cada unidad que es robada en el país norteamericano, en México se roban alrededor de 20.
Se estima que el costo total de la inseguridad en el autotransporte durante 2018 fue de alrededor de 43 mil 665 millones de pesos, lo que es equivalente a lo que el gobierno federal recauda por el Impuesto sobre Producción y Servicios (IEPS) sobre los combustibles.
La situación de inseguridad por la que atraviesa el país está afectando gravemente a la economía de todas las regiones por lo que solicitamos a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública, refuercen las acciones de seguridad en todos los caminos y carreteras del país, a fin de disminuir el número de delitos y fortalecer la actividad económica del país.
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública, refuercen las acciones de seguridad en todos los caminos y carreteras del país, a fin de disminuir el número de estos delitos.
1 http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/
contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/702825187798.pdf
2 https://www.gob.mx/sct/articulos/programa-nacional-de-infraestructura-c arretera-2018-2024-185945?idiom=es
3 https://www.eluniversal.com.mx/cartera/aumentan-robos-y-secuestros-de-a utotransporte-en-2019
4 https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2019/05/29/
aumento-14-robo-con-violencia-a-transporte-de-carga-canacar-2208.html
5 https://www.eleconomista.com.mx/estados/
Estado-de-Mexico-registra-aumento-de-70-en-el-robo-al-autotransporte-de-carga-20190611-0121.html
6 https://www.elfinanciero.com.mx/economia/robo-a-transportistas-no-cede- concamin
7 https://www.milenio.com/politica/comunidad/robo-camiones-carga-genera-p erdidas-17-mdp-transportistas
La suscrita, Norma Azucena Rodríguez Zamora, diputada del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos: 6, fracción I, y artículo 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, relativo a reclasificar la tarifa eléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) en la región norte de Veracruz con el objeto de disminuir el precio de la energía eléctrica con base en los valores de temperatura y humedad para beneficiar al sector de comercio, servicios y turismo de la región, al tenor de la siguiente
La zona norte del estado de Veracruz cuenta con un abanico de recursos naturales, decenas de miles de hectáreas de cítricos, vasta ganadería, más de 700 kilómetros de litorales, aproximadamente 40 mil hectáreas de superficie lagunar, esteros, recursos de infraestructura productiva, diversidad cultural, patrimonio arqueológico así como actividades de turismo de aventura y de naturaleza, sin olvidar la gastronomía lo cual lo convierte en un lugar con potencial turístico, sin embargo la violencia y la pobreza que afecta a esta zona impacta sobremanera en la inversión y turismo de la región, acorde a cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), Veracruz alcanzó la cifra récord de 1.2 millones de pobres que hace una década, de hecho es la mitad de los 2.9 millones de pobres en México durante 2018 (Sectur, 2019) (DelaCruz, 2018) (Ruíz, 2014) (Arteta, 2019).
Aunado a la pobreza, la región norte del estado de Veracruz se encuentra inmersa en una grave crisis económica debido a la falta de inversión de los gobiernos estatal y federal, lo anterior se refleja en una baja economía y bajo nivel de comercio y turismo (Mendoza, 2019) por lo anterior el Consejo Coordinador Empresarial de la Región norte de Veracruz y los municipios de Tihuatlán, Poza Rica, Papantla, Coatzintla, Cazones y Tuxpan afectado por esta crisis, refiere que uno de los problemas a resolver y que pueden aminorar el impacto económico por el que atraviesan es la revaloración urgente de la tarifa eléctrica por parte de la CFE y la CRE, con base en los estudios de temperatura y humedad de la región estimados por el Servicio Meteorológico Nacional, cabe destacar que dicho consejo empresarial solicitó lo anterior con fecha 6 de septiembre de 2018 a la Comisión Nacional del Agua Cuenca Norte y cuya respuesta fue emitida el 3 de octubre de 2018, en caso de aceptarse dicha revaloración esto conllevaría el beneficio sustantivo de ahorro con la disminución de la tarifa eléctrica (Consejo Coordinador Empresarial Región Norte de Veracruz, 2018) (Conagua, 2018).
Frecuentemente el turismo requiere sistemas de electricidad de gran capacidad para soportar las altas temperaturas y humedad, lo anterior implica un consumo importante de energía y costos significativos si no se dispone de energía de bajo costo. En la actualidad, la actividad hotelera ha registrado incrementos exorbitantes de hasta 300 por ciento de un periodo a otro, si esto continúa, el cierre de empresas y despido de personal será inminente, lo que reforzaría la desestabilidad económica que atraviesa la región (Reportur.mx, 2018).
Con la entrada en vigor de la Reforma Energética y como lo señala el artículo 138 de la Ley de la Industria Eléctrica y el artículo 48 de su reglamento, la autoridad facultada para expedir la metodología que determina la autorización, revisión y actualización del cálculo y ajuste de las tarifas reguladas es la Comisión Reguladora de Energía (CRE), sin embargo la metodología determinada para la tarifa eléctrica para la zona norte de Veracruz se basa en las medición de temperatura y humedad, con base en las cifras del Sistema Meteorológico Nacional las cuales contrastan con las cifras emitidas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), por lo anterior se solicita se revaloren urgentemente dichos valores para reajustar la tarifa eléctrica en pro de generar un ahorro para el sector hotelero (Cámara de Diputados, 2014).
Esta situación no es privativa de la industria turística de la región, sino que comienza a permear a otros sectores, lo que lo eleva a un problema estatal, orillando a dichos sectores a buscar las vías legales pertinentes para combatir la problemática, tales como los amparos.
Haciendo una revisión de datos del Sistema Meteorológico Nacional con las temperaturas máximas y mínimas, así como humedad del estado de Veracruz y los datos emitidos para climatología del Inegi respecto a las temperaturas del mismo periodo.
Tabla 1.Comparativo de temperaturas y humedad.
Fuente: Elaboración propia con base en resúmenes mensuales de temperatura y lluvia (Conagua, 2018 y 2019).
Cifras del Inegi por otra parte establecen que los climas predominantes de la zona norte de Veracruz son cálido subhúmedo en 53.5 por ciento y cálido húmedo 41 por ciento teniendo una temperatura media anual es de 23 grados centígrados (°C), la temperatura máxima promedio es de alrededor de 32°C y se presenta en los meses de abril y mayo; la temperatura mínima promedio es de 13°C y se presenta en el mes de enero (Inegi, 2019). Estos datos contrastan con el informe que emite el gobierno de Veracruz donde las temperaturas máximas y mínimas diarias durante 2019 alcanzan los 36°C y 26°C respectivamente (Gobierno de Veracruz, 2019) (Meteored, 2019).
Por otro lado, el Sistema de Información Energética de la Secretaría de Energía que establece el precio medio de energía eléctrica por sector tarifario en centavos kilowatts-hora no presenta datos de 2018 ni 2019 en su sitio web (Secretaría de Energía, 2019), pero información de la Asociación de Hoteles, Moteles y Prestadores de Servicios Turísticos de la Región Totonaca de Veracruz, AC establecen que los precios medios de energía eléctrica por tarifa (centavos por kilowatts-hora) para el año 2018 y 2019 reflejaron un aumento, y de continuar esta situación los costos se trasladarán a los consumidores agravando la crisis de la región (La Jornada , 2018).
Grafica 1. Tarifa Hotelera de Electricidad, zona norte de Veracruz
Fuente: Elaboración propia con base en AHM PRESETUR, 2019.
Sin embargo, desde la perspectiva que nos atañe en esta exposición de motivos (brindar certidumbre jurídica, así como el fortalecimiento de las capacidades de los empresarios de la zona norte de Veracruz) existe una importante área de oportunidad para mejorar.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración de este pleno el siguiente Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Federal de Electricidad y a la Comisión Reguladora de Energía , a reclasificar la tarifa eléctrica en la región norte de Veracruz, con el objeto de disminuir el precio de la energía eléctrica con base en los valores de temperatura y humedad para beneficiar al sector de comercio, servicios y turismo de la región.
AHM PRESETUR. (08 de 09 de 2019). RECIBOS CFE 2018 Y 2019. Poza Rica, Veracruz, Mexico.
Cámara de Diputados . (2014). Ley de la Industria Eléctrica. México: Cámara de Diputados.
Conagua. (2018). Resúmenes Mensuales de Temperaturas y Lluvia . México: CONAGUA.
Conagua. (03 de octubre de 2018). Sobre información solicitada. Oficio de respuesta a solicitud del Consejo Empresarial Región Norte de Veracruz . Xalapa, Veracruz, México.
Conagua. (2019). Resúmenes mensuales de temperatura y lluvia . México: CONAGUA.
Consejo Coordinador Empresarial Región Norte de Veracruz. (06 de septiembre de 2018). Solicitud de revaloración de tarifas electricas. Poza Rica, Veracruz, México.
DelaCruz, E. (17 de marzo de 2018). Noreste . Obtenido de
http://www.noreste.net/noticia/enamorate-de-la-zona-norte-de-veracruz/
Gobierno de Veracruz. (2019). Boletín Metereológico. Veracruz: Gobierno de Veracruz.
Inegi. (03 de septiembre de 2019). INEGI . Obtenido de
http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/ver/territorio/clima.aspx?tema=me&e=30
La Jornada . (21 de septiembre de 2018). Desorbitadas alzas en tarifas de CFE, acusan hoteleros e industria textil. La Jornada , págs. https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2018/09/21/desorbitadas-alz as-en-tarifas-de-cfe-acusan-hoteleros-e-industria-textil-7268.html.
Mendoza, J. (19 de agosto de 2019). Se desploman las ventas en Veracruz; crisis económica no es exclusiva de Veracruz: Canaco. (D. d. Xalapa, & F. Danytza, Entrevistadores)
Meteored. (06 de septiembre de 2019). Meteored.mx . Obtenido de https://www.meteored.mx/veracruz/historico
Reportur.mx. (21 de septiembre de 2018). Reportur.mx . Obtenido de
https://www.reportur.com/mexico/2018/09/21/hoteleros-alzan-la-voz-protesta-las-altas-tarifas-la-energia-electrica-pais/
Secretaría de Energía. (03 de septiembre de 2019). SIE . Obtenido de
http://sie.energia.gob.mx/bdiController.do?action=cuadro &subAction=applyOptions
Sectur. (04 de septiembre de 2019). Veracruz Gobierno del Estado . Obtenido de http://www.veracruz.gob.mx/turismo/regiones-turisticas/
SIE Secretaría de Energía. (27 de agosto de 2016). Sistema de Información Energética. Obtenido de http://sie.energia.gob.mx/movil.do?action=cuadro&cvecua=IIIBC02
Diputados: Norma Azucena Rodríguez Zamora (rúbrica), José Guadalupe Aguilera Rojas, Abril Alcalá Padilla, Mónica Almeida López, María Guadalupe Almaguer Pardo, Mónica Bautista Rodríguez, Frida Alejandra Esparza Márquez, Raymundo García Gutiérrez, Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica), Antonio Ortega Martínez, Claudia Reyes Montiel.