Source: http://boletinlegalve.blogspot.com/2014/09/
Timestamp: 2017-12-15 17:55:30
Document Index: 37484033

Matched Legal Cases: ['artículo 6', 'artículo 7', 'artículo 5', 'artículo 94', 'artículo 113', 'artículo 94', 'artículo 94', 'artículo 94', 'artículo 94']

Boletín Legal Venezuela: septiembre 2014
Desarrollo legislativo de la propuesta de reforma constitucional que fue rechazada
Sentencia: http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/Agosto/167906-01185-6814-2014-2012-0678.HTML
Mediante sentencia N° 1185 del 06 de agosto de 2014, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, reiteró el criterio establecido por la Sala Constitucional en la sentencia Nº 256 del 10 de abril de 2014 (caso: Eliseo Fermín Escaray), según la cual el rechazo en un referéndum aprobatorio de una determinada modificación de la Constitución, debe ser interpretada como la negación del pueblo soberano de incluir u otorgar rango constitucional a la propuesta realizada, pero nunca como una prohibición del posible desarrollo legislativo del contenido de la referida propuesta. En efecto, se señaló que:
“Se destaca de la sentencia citada que la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal consideró que las regulaciones propuestas en un proyecto de reforma o enmienda constitucional, no ostentan un estatus jurídico en lo que respecta a su calificación como normas integrantes del sistema de derecho vigente, aunado a que su rechazo en una consulta popular no limita el ejercicio de las competencias atribuidas a los órganos que ejercen el Poder Público en el marco del Estado de Derecho, las cuales están regidas entre otros principios por los de no arbitrariedad, racionalidad y legalidad conforme a los artículos 2, 3, 4, 7, 136 y 137 de la Constitución.
También puso de relieve la Sala Constitucional, en el fallo citado, que los órganos con competencias normativas, no sólo deben desarrollar aquellas regulaciones necesarias para el logro de los fines del Estado, sino que el Legislador en el ejercicio de sus funciones debe actuar bajo el principio de racionalidad o de no arbitrariedad, lo que comporta que toda medida adoptada deba responder o ser idónea a los fines y límites que el ordenamiento jurídico vigente establezca y dado que, en muchos casos las normas constitucionales establecen un parámetro general, el Legislador puede desarrollar diversas opciones regulatorias válidas, como sería el régimen estatutario que se pretendía incorporar al articulado de la Constitución mediante una reforma o enmienda constitucional, sin perjuicio del control de la constitucionalidad que pueda ejercerse sobre el desarrollo legislativo correspondiente.
Igualmente, estimó la máxima instancia constitucional que el rechazo en referéndum aprobatorio de una determinada propuesta o modificación regulatoria del Texto Fundamental, debe ser interpretada como la negación del pueblo soberano de incluir u otorgar rango constitucional a la misma, pero no como una prohibición de desarrollo legislativo en ese sentido, a lo que debe agregar esta Sala Político-Administrativa que dicho criterio resulta aplicable mutatis mutandi a cualquier acto normativo emanado de cualquier órgano del Poder Público.
Importa destacar, asimismo, que las ideologías políticas no necesariamente deben estar establecidas de manera expresa en el Texto Constitucional, el cual está caracterizado por el establecimiento de los principios fundamentales del Estado y el reconocimiento de los derechos y garantías constitucionales, así como lo atinente a la división del Poder Público y las atribuciones inherentes a sus órganos.
De modo que, aplicando los razonamientos expuestos, concluye esta Sala Político-Administrativa que el Decreto impugnado, al ajustarse al Estado democrático y social de Derecho y de justicia, así como a sus fines, de acuerdo a los valores superiores del ordenamiento jurídico, como se indicó supra, mal puede vulnerar la soberanía popular y, por ende, ser inconstitucional sino que –por el contrario- el emisor del acto cuestionado garantiza la referida soberanía, al haber sido electo mediante el sufragio por el pueblo, para velar por sus intereses”.
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Sentencia: http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/septiembre/168815-01269-18914-2014-2011-0328.HTML
Mediante sentencia N° 1269 del 18 de septiembre de 2014, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, destacó que la declaratoria de utilidad pública contenida en el artículo 6 de la derogada Ley Para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (reproducida en el artículo 7 de la Ley Orgánica de Precios Justos) no contraviene lo previsto en el artículo 5 de la Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública o Social. Razón por la cual, el Ejecutivo Nacional puede iniciar el procedimiento expropiatorio sin que sea necesaria una declaratoria de interés público o interés social posterior a la ya realizada por esa norma de manera general y previa. En tal sentido, se precisó lo que sigue:
“En ese sentido, observa esta Sala Político-Administrativa, como se destacó, al pronunciarse sobre las medidas cautelares requeridas en el presente juicio (sentencias Nos. 00554 y 00081 dictadas en fechas 23 de mayo de 2012 y 5 de febrero de 2013, respectivamente), que la norma antes transcrita establece de antemano la declaratoria de utilidad pública e interés social general, para el ámbito nacional, de los bienes necesarios para el desarrollo de las actividades de producción, fabricación, importación, acopio, transporte, distribución y comercialización de bienes y servicios
No obstante, con la disposición en comento lo que pretendió el Legislador fue prever que no era necesaria una declaratoria de utilidad pública e interés social posterior a la ya –general y previa- por él instaurada, cuestión que evidencia, una vez más, la coherencia de nuestro ordenamiento jurídico como sistema, en el cual sus normas resultan insertas de manera clara en el conjunto ordenado”.
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U.T. que servirá de base para el pago de multas tributarias
Sentencia: http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/junio/165176-00815-4614-2014-2012-1813.HTML
Mediante sentencia N° 815 del 04 de junio de 2014, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, determinó que conforme al artículo 94 del Código Orgánico Tributario las multas que estén expresadas en términos porcentuales, se convertirán al equivalente de las Unidades Tributarias que correspondan al momento de la comisión del ilícito y a los efectos de su pago se tomará en cuenta el valor de la Unidad Tributaria vigente para la oportunidad del pago de la multa.
De esa forma, la sanción prevista en el artículo 113 eiusdem, relativa a quien no entere el Impuesto al Valor Agregado en los plazos previstos, y aunque se entere tardía pero voluntariamente, el valor de la Unidad Tributaria en la que se calculará la sanción será la del momento del pago de la respectiva multa, ya que lo que se pretende es que la sanción no pierda su valor con el transcurso del tiempo. En concreto, la Sala afirmó lo siguiente:
“Conforme al artículo arriba transcrito, la norma enuncia dos (2) supuestos: el primero, cuando las multas se expresen en unidades tributarias en cuyo caso se utilizará el valor de la misma que estuviera vigente para el momento del pago; y el segundo, en el caso que las multas consagradas en el Código estén expresadas en términos porcentuales, se convertirán al equivalente de unidades tributarias que correspondan al momento de la comisión del ilícito, y a los efectos de su cancelación se tomará en cuenta el valor de la unidad tributaria vigente para la oportunidad del pago de la multa.
En efecto, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 94 del Código Orgánico Tributario de 2001, las multas expresadas en unidades tributarias o aquellas establecidas en términos porcentuales (que deban convertirse al equivalente de unidades tributarias que correspondan al momento de la comisión del ilícito), se pagarán utilizando el valor de la unidad tributaria que estuviere vigente para la oportunidad del pago. El enunciado de la norma indica cómo debe ser conmutada la multa si está expresada en términos porcentuales, y cuál será la unidad tributaria aplicable al momento de su pago.
De esta manera, el legislador consideró aplicable a las penas pecuniarias una unidad de medición que permitiera convertir ciertos montos de nominales a corrientes o actuales. La intención del artículo 94 antes transcrito es mantener el valor del dinero, en resguardo del patrimonio público.
Por las razones anteriormente descritas, esta Sala Político- Administrativa considera que en el caso que el sujeto pasivo entere de manera extemporánea y en forma voluntaria el tributo retenido, las multas expresadas en términos porcentuales, se convertirán al equivalente en unidades tributarias (U.T.) que correspondan al momento de la comisión del ilícito, y se cancelarán utilizando el valor de la misma que estuviere vigente para el momento del pago de la referida multa, tal y como dispone explícitamente el Parágrafo Segundo del artículo 94 del Código Orgánico Tributario de 2001. Así se declara.
Declarado lo anterior, esta Sala modifica el criterio sostenido a partir de la sentencia N° 01426 de fecha 12 de noviembre de 2008, caso: The Walt Disney Company Venezuela, S.A., únicamente en lo que respecta al supuesto que el contribuyente pague de manera extemporánea y en forma voluntaria el tributo omitido. A tal efecto, el nuevo criterio se aplicará a los casos futuros, es decir, aquellos que se conozcan con posterioridad a la publicación del presente fallo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, cuyos incumplimientos se hayan verificado bajo la vigencia de la norma contenida en el artículo 94 del Código Orgánico Tributario de 2001. (Vid. Sentencia de esta Sala N° 1187 del 24 de noviembre de 2010, caso: Fábrica Nacional de Pañales Desechables de Valencia, C.A. (FANALPADE VALENCIA). Así se declara”.
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