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Timestamp: 2019-08-24 08:50:06
Document Index: 355596004

Matched Legal Cases: ['artículo 221', 'artículo 24', 'artículo 44', 'artículo 79', 'artículo 50', 'artículo 253', 'artículo 251', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 78', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 576', 'artículo 45', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 341', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 52', 'artículo 10', 'artículo 23', 'artículo 19', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 6', 'artículo 6']

demanda | Abogados penalistas en Madrid,
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13 noviembre, 2012 de 10:00 · Filed under formularios and tagged: abogado, demanda, responsabilidad civil
Demanda formulada frente a abogado por responsabilidad civil por perjuicio en el ejercicio.
D. Procurador de los Tribunales y de D. José y Doña Marta, representación que acredito con las copias de escrituras de poder, otorgadas a mi favor, que debidamente bastanteadas y aceptadas acompaño como documentos nº 1 y 2, ante el Juzgado comparezco y, como mejor en Derecho proceda DIGO:
Que mediante el presente escrito formulo DEMANDA DE JUICIO ORDINARIO contra D. Letraínez Defensorato, con domicilio en Madrid, calle Alcalá, número 1 – 1º, Cp 28010, en donde deberá ser emplazado, en reclamación de la cantidad de 100.000,00- euros (CIEN MIL EUROS), cantidad que es en deber a mis patrocinados, en virtud de los perjuicios sufridos por su actuación profesional, más los intereses legales que correspondan, con apoyo en los Hechos y Fundamentos de derecho que a continuación se exponen:
Con fecha 1 de enero de 2.010, tuvo entrada en el Juzgado de lo Social nº 4 de Madrid, una demanda de despido formulada en contra de mis representados por la mercantil SA a la que correspondió el número de Autos 1/2010 de dicho Juzgado.
Con fecha 5 de Mayo de 2011, el Juzgado de lo Social desestimó la demanda deducida, estimando una falta de legitimación pasiva, en cuanto a Dña. Marta, y desestimando la demanda en cuanto a D. José.
La actora en el proceso, la mercantil SA interpuso contra la sentencia del Juzgado de lo Social, recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJ), Sala de lo Social, Tribunal que por sentencia de 1 de Enero de 2010 estimó el recurso y declaró la improcedencia del despido, condenando solidariamente a mis representados a estar y pasar por la declaración y a la mercantil SA , a optar entre la readmisión o el abono de una indemnización, cifrada en 90.000,00 euros, y en todo caso, al pago de los salarios dejados de percibir, desde la fecha del despido, hasta que se notificara la sentencia, a razón de 100 euros/día.
Acompañamos como documento nº 3 copia de la citada sentencia del TSJ, en la que consta como antecedente, en su exposición fáctica, la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 3 a que se refiere el hecho segundo anterior.
A la vista del fallo de la sentencia dictada en el recurso de suplicación, mis patrocinados contrataron los servicios del Letrado, D. Letraínez Defensorato, demandado en estos autos, para interponer contra la sentencia, recurso de casación para la unificación de doctrina, ante la Sala de lo Social del TS de Justicia. Este Letrado ya había defendido los intereses de D. José, ante el Juzgado de lo Social y ante el TSJ.
Cumpliendo con el encargo profesional recibido, el Letrado demandado, mediante escrito de 1-1-2010, con registro de entrada en el TSJ del día siguiente, anunció el recurso de casación para la unificación de doctrina, solicitando el emplazamiento de las partes y manifestando el propósito de entablar recurso de amparo constitucional, para el caso de que la sentencia no fuera anulada por el TS.
Por providencia de 2-2-2009, la Sala del TSJ acordó emplazar a las partes ante el TS, en un plazo de quince días, y conceder un plazo de veinte días para interponer el recurso.
Acompañamos como documentos nº 4 copia del escrito, que motivó el emplazamiento de las partes ante el Alto Tribunal.
Elevadas las actuaciones al TS, no obstante el emplazamiento efectuado, el Letrado D. Letraínez Defensorato no se personó ante la Sala de lo Social del TS, ni interpuso, en el plazo concedido, el recurso de casación anunciado, lo que dio lugar al Auto de 1-1-2010, en el que la Sala de lo Social del Alto Tribunal acordó poner fin al trámite del recurso, por haber finalizado el plazo concedido, sin que los recurrentes, mis patrocinados, hubieran interpuesto el recurso anunciado, ni se hubieran personado ante el Tribunal Supremo.
Acompañamos el auto de 1 de Junio de 2010, como documento nº 5.
SEXTO.- Con fecha 1-1-2010, con entrada en el Registro General el día 1-1-2010, el Letrado D. Letraínez Defensorato, en nombre de mis patrocinados, interpuso recurso de súplica, por el que se solicitaba, que fuera repuesto el auto de 1-1-2010, alegando que, de otra forma, la indefensión de mis patrocinados resultaba evidente y reconociendo, que, por un error en su propia aplicación informativa, la providencia se “había perdido”, dando lugar al transcurso del plazo, sin que el recurso de casación hubiese sido interpuesto. Acompañamos como documento nº 6 copia del escrito de interposición del referido recurso.
Con fecha 2-2-2011, el Tribunal Supremo, Sala de lo Social, dictó el auto que acompañamos como documento nº 7, desestimando el recurso interpuesto por el Letrado Sr. D. Letraínez Defensorato, por no haberse personado, ni haber interpuesto el recurso de casación en tiempo hábil, señalando en su razonamiento jurídico segundo que “la omisión fue debida exclusivamente a la actuación descuidada de la dirección Letrada”, lo que debía conducir inexorablemente a la Sala, a poner fin al trámite del recurso de casación, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 221 de la LPL.
OCTAVO.- Mis patrocinados, a la vista de lo ocurrido y pensando que, no obstante su evidente descuido, el Letrado Sr. Letraínez Defensorato tenía razón en su alegato del recurso de súplica, relativo a que el error de la dirección Letrada, no achacable a los recurrentes, podía infringir su derecho constitucional de defensa (artículo 24 de la CE), pues el excesivo formulismo en la preclusión del plazo les impedía su acceso a los Tribunales, cuando habían evidenciado su interés en acudir a ellos, incluso al TC, decidieron apurar todas sus posibilidades, antes de dirigir su reclamación contra el abogado causante del error.
A dicho efecto, contrataron los servicios de otro Letrado, quien, en su nombre y con la representación del Procurador, formalizó demanda de amparo constitucional ante el TC, en súplica de que les fuera reconocida la tutela judicial efectiva y les fuera restablecido su derecho, mediante la anulación de la sentencia de la Sala de lo Social del TSJ de Madrid que había devenido firme como consecuencia de lo ocurrido, impidiéndoles su acceso a los Tribunales de Justicia, repetidamente anunciado e intentado.
Acompañamos como documento nº 8 copia del escrito de interposición de la demanda de amparo.
El TC, Sala segunda, con fecha 1 de Mayo de 2009, dictó resolución inadmitiendo el recurso, por entender que se había deducido fuera de plazo, precisamente por no haberse interpuesto el recurso de casación anunciado, lo que situó el inicio del cómputo de caducidad del amparo en la fecha de notificación de la sentencia de suplicación, con la consecuencia de que la demanda de amparo había sido presentada fuera de plazo.
Añade el TC, que no se puede entender cumplimentado el requisito establecido en el artículo 44.2 de la LOTC (plazo de veinte días para interponer recurso de amparo), por haberse iniciado una vía impugnatoria, que, posteriormente decayó por razones sólo imputables a la parte recurrente, no siendo posible aplazar artificialmente el comienzo del plazo para promover el recurso, mediante el procedimiento de abrir cauces procesales, clausurados después sin justificación alguna.
En definitiva, en el criterio del TC, el error del Letrado D. Letraínez Defensorato fue también la causa de la caducidad del amparo para mis representados.
Acompañamos como documento nº 9 copia de la resolución dictada por el TC.
En el momento en que mis patrocinados conocieron la sentencia del TSJ de Madrid, para poder interponer el recurso de casación que pretendían consignaron, como es preceptivo, el importe de la indemnización por despido, fijado por la Sala, así como el importe de los salarios dejados de percibir por la trabajadora.
UNDECIMO.-
Con posterioridad, una vez practicada la liquidación de intereses por el Juzgado de lo Social nº 3, mis representados consignaron la suma de 5.000,00 euros por este concepto, conforme al resguardo de consignación que acompañamos unido como documento nº 11.
DUODECIMO.- El Letrado D. Letraínez Defensorato, una vez firme la sentencia del TSJ, solicitó y obtuvo de la Delegación del Gobierno, la devolución a mis representados de la cantidad de 40.000,00 euros, por los conceptos de salarios y cuotas de la SS, en su momento consignados, conforme acreditamos con los documentos núms. 12, 13, 14 y 15, que acompañamos unidos.
DÉCIMOTERCERO.-
Como consecuencia de lo expuesto en los hechos precedentes, mis representados han soportado, de manera definitiva, un perjuicio de 100.000,00- euros.
Este perjuicio es consecuencia directa de la actuación del Letrado demandado, quien con su actuar ha privado a D. José y Doña Marta, de la posibilidad de recuperar lo consignado, en virtud de la sentencia dictada por el TSJ, resolución que devino firme, exclusivamente por la actuación del Letrado, y privó a mis representados de su derecho a que la citada sentencia fuera revisada en casación, tal como era su intención oportunamente anunciada.
Su derecho, así conculcado, tampoco ha podido ser amparado por el TC, toda vez que la actuación del Letrado fue la causa también de la caducidad del amparo, tal como dictaminó el TC en su resolución de 1 de Mayo de 2010.
Sin duda, a este perjuicio habría que añadir lo pagado por mis representados, en concepto de honorarios, por la interposición del recurso de amparo que, tal vez, no hubiera sido necesario, si la sentencia del TSJ hubiera podido ser revisada en casación. Y también, lo pagado en concepto de honorarios al propio Letrado D. Letraínez Defensorato.
No es que estas cantidades sean baladíes, pero, al fin, se trata de gastos en los que mis patrocinados habrían tenido que incurrir, probablemente incluso en el caso de que la sentencia del TSJ de Madrid hubiera podido ser revisada en casación, y de ahí, que no sean objeto de reclamación en la presente demanda.
Con fecha 1 de julio de 2010, el Letrado autor de este escrito se dirigió al Letrado demandado, con el fin de comunicarle la decisión del TC, que ponía fin al asunto, y de rogarle que estudiara la posibilidad de acudir a sus coberturas de responsabilidad civil y a estudiar el asunto, que ya se había comentado telefónicamente, para procurar una solución, o al menos una aproximación, a fin de evitar cualquier confrontación judicial.
Acompañamos como documento nº 16 copia de la citada comunicación que no ha merecido respuesta.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 79 del Estatuto General de la Abogacía Española, y no habiendo recibido respuesta del Letrado D. Letraínez Defensorato, fue solicitada la mediación del Decano del ICAM, mediación que tampoco ha ofrecido los resultados apetecidos.
Acompañamos como documentos números 17 y 18 la comunicación dirigida al Decano del ICAM y su contestación, acreditando el fracaso de la mediación.
A la vista de lo anterior, no queda otra posibilidad que la interposición de la presente acción en defensa de los derechos de mis patrocinados.
I COMPETENCIA.-
Es competente el Juzgado al que tengo el honor de dirigirme, por ser el que corresponde al del domicilio del demandado, en virtud de lo dispuesto en el artículo 50 de la LEC.
II PROCEDIMIENTO.-
Deberán seguirse las normas del Juicio ordinario artículos 399 a 436 de la Ley Procesal, en virtud de lo dispuesto en el art. 249.2 de la misma Ley Ritual.
III POSTULACIÓN.-
Mis representados comparecen con Procurador habilitado con poder bastante y dirigidos por el Letrado
IV CUANTÍA.-
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 253 de la LEC se expresa como cuantía de la demanda la de 61.775,74 euros, por ser la que es objeto de reclamación, siguiendo lo dispuesto en el artículo 251.1ª de la Ley de Ritos.
V LEGITIMACIÓN.-
Corresponde la legitimación activa a mis patrocinados en su condición de perjudicados por la actuación del demandado. Y corresponde la pasiva al Letrado demandado, por ser quien con su conducta originó los perjuicios objeto de la reclamación.
VI FONDO DEL ASUNTO.-
La calificación jurídica de la relación entre Abogado y cliente es la de un contrato de prestación de servicios que define el artículo 1.544 del CC.
Esta prestación de servicios, como relación profesional “intuitu personae”, incluye el deber de cumplirlos y un deber de fidelidad que deriva de la norma general del artículo 1.258 del CC, obligación que impone al profesional el deber de ejecución óptima del servicio contratado.
Esta cuestión es pacífica en la doctrina y la Jurisprudencia, bastando, a modo de ejemplo, la cita de dos sentencias de la Sala 1ª del TS, la primera de 28 de Enero de 1.998 y la segunda de 28 de Marzo de 1.998, por ser ambas expresivas de la calificación de esta relación profesional.
Con arreglo a lo anterior, constituye fundamento de nuestro derecho el citado artículo 1.544 del CC, en cuanto el Letrado D. Letraínez Defensorato fue contratado por mis representados, para recurrir en casación contra la sentencia dictada por el TSJ de Madrid, al resolver recurso de suplicación, interpuesto contra la sentencia de Primera Instancia que había sido favorable a mis mandantes.
El demandado no cumplió con el servicio encomendado, desde el momento en que, anunciado y preparado el recurso de casación y emplazado para comparecer ante el TS, dejó transcurrir el plazo, tanto para la personación como para la interposición del recurso.
Esta conducta, negligente en el cumplimiento de su obligación, provocó que mis representados no pudieran ejercitar su derecho a que la sentencia fuera revisada en casación, como era su intención, anunciada por el propio Letrado, por medio de Otrosí en el escrito por el que anunció y preparó el recurso, con la consecuencia, fatal para mis mandantes, de que la sentencia deviniera firme.
Además, sin perjuicio de lo que pudiera haber resuelto el Tribunal de Casación, la conducta del Letrado demandado provocó también la caducidad para la interposición del recurso de amparo, igualmente oportunamente anunciado; lo que desembocó en la inadmisión de la demanda de amparo, toda vez que, como dictaminó el TC en su resolución, “no es dable aplazar artificialmente el comienzo del plazo para promover el recurso, mediante el procedimiento de abrir cauces procesales, clausurados después sin justificación alguna”.
El incumplimiento de la obligación de prestar el servicio, de forma oportuna, como expresa el TS en su sentencia de 25-3-88 antes invocada, supone la violación del artículo 1.544 del CC, con las consecuencias a que se refiere el artículo 1.101 del mismo Código, que constituye también, por lo mismo, fundamento de nuestro derecho.
El artículo 1.101 citado obliga a indemnizar los daños y perjuicios causados, a quienes, en el cumplimiento de sus obligaciones, incurrieren en dolo, negligencia y morosidad.
La jurisprudencia que interpreta este precepto de la Ley civil, exige que los daños y perjuicios sean probados y que se deriven de un incumplimiento (St del TS de 19-2-1.998, RJ 1.166).
En cuanto al incumplimiento, en el caso que nos ocupa, no parece haber duda alguna, ya que la actuación del Letrado demandado, dejando transcurrir los plazos, supone el incumplimiento de su deber de prestar el servicio para el que había sido contratado.
En cuanto a la prueba de los perjuicios, aparece también clara, conforme hemos acreditado en los antecedentes fácticos de este escrito, en la medida de que mis mandantes fueron privados de la posibilidad de recuperar, tanto por la vía de la casación, como por la vía del amparo constitucional, las cantidades a las que tuvieron que hacer frente por imposición de una sentencia que no pudo ser revisada y que era contraria a la que se había dictado en Primera Instancia, en donde mis representados fueron absueltos.
Y en cuanto al nexo causal, entre la conducta negligente y el daño causado, también es patente en el caso de autos, puesto que fue la actuación del Letrado demandado, la causa que privó a mis representados de la posibilidad de recuperar – insistimos o en la casación o en el amparo – lo que fueron obligados a pagar, en virtud de la decisión de una resolución judicial que la negligencia del demandado evitó que pudiera ser revisada y aún anulada.
El artículo 78 del Estatuto General de la Abogacía consagra la responsabilidad civil de los Abogados, cuando por negligencia dañen los intereses cuya defensa les hubiere sido confiada, y qué duda cabe, de que en el caso de autos se le confirió al demandado la defensa del interés de recuperar las cantidades que fue obligado pagar, en virtud de la sentencia del TSJ de Madrid. Lo anterior lleva inexorablemente a entender que el daño producido debe ser la suma de lo definitivamente perdido por mis mandantes, suma a la que no se añade cantidad alguna, que no sea consecuencia directa de la conducta negligente del demandado, que es lo que se reclama en el presente litigio.
Ya hemos dicho que es pacífica en la doctrina y la Jurisprudencia, la cuestión de la naturaleza jurídica de las relaciones entre Abogado y cliente, encuadradas en el contrato de prestación de servicios. Sirvan en este sentido, además de las ya citadas, la sentencia del TS de 28-12-2.001, y en la Jurisprudencia menor, la de la AP de Tarragona de 20 de Marzo de 1.992, por ser una resolución que define muy claramente el contenido de estas relaciones.
De dicha calificación jurídica, hoy indiscutible, nace que el tiempo hábil para el ejercicio de una acción como la que se deduce, sea el de quince años, que establece el artículo 1.964 del CC. En esta materia, cabe también citar la sentencia de 24 de Abril de 1.997 de la AP de Segovia, que hace alusión al vínculo contractual expreso, tácito y aún presunto; y la sentencia de 6 de Mayo de 1.994 del TS, en la que se determina que la acción para exigir la responsabilidad, en este tipo de relaciones contractuales, prescribe a los quince años, conforme a lo previsto en el artículo 1.964 del CC.
VII INTERESES.-
En materia de intereses, además de los artículos 1.100 al 1.109 del CC, es de aplicación lo dispuesto en el artículo 576 de la LEC.
VIII COSTAS.-
En esta materia es de aplicación el articulo 394 de la Ley Procesal Civil.
SUPLICO AL JUZGADO, que teniendo por presentado este escrito con su copia y los documentos que se acompañan se sirva admitirlo y con todo ello
2.- Tener por deducida DEMANDA DE JUICIO ORDINARIO contra D. Letraínez Defensorato, que deberá ser emplazado en el domicilio expresado en la cabecera de este escrito, en reclamación de la suma de 100.000,00 euros, con apoyo en los hechos y fundamentos de derecho que preceden.
3.- Sustanciar el litigio por los cauces del juicio ordinario previstos en la LEC.
4.- Previo el trámite oportuno, dictar sentencia por la que se estime la demanda y se condene al demandado al pago a mis patrocinados de la suma objeto de reclamación más los intereses que correspondan, como consecuencia de su conducta, negligente en el cumplimiento de sus obligaciones.
5.- Condenar al demandado al pago de las costas del juicio.
OTROSI DIGO, que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 231 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, manifestamos la voluntad de ésta representación de cumplir todos los requisitos procedimentales, y por ello, de subsanar cualquier defecto en que se hubiere podido incurrir, concediendo el oportuno plazo para ello y
AL JUZGADO SUPLICO, tenga por hecha la anterior manifestación, a los efectos de subsanación de posibles defectos.
SEGUNDO OTROSI DIGO, que siendo general el poder que acompaño y necesitándolo para otros usos, procede y
Todo ello por ser de Justicia que pido en Madrid, a uno de enero de dos mil diez.
demanda por aval
29 octubre, 2012 de 8:00 · Filed under formularios and tagged: aval, avalar, demanda, demanda por aval
AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE ÁVILA
D. JOSÉ MARTÍN, Procurador de los Tribunales y de la compañía mercantil, S.A., representación que acredito mediante escritura de poder otorgada a mi favor, la que debidamente bastanteada y aceptada en forma acompaño como documento nº 1, ante el Juzgado comparezco y, como mejor en Derecho proceda DIGO:
Que mediante el presente escrito vengo a formular DEMANDA DE JUICIO ORDINARIO contra la mercantil CAJA DE AHORROS, con domicilio a efectos de notificaciones en la Calle De Arriba, número 1 de Ávila, en reclamación de 30.000,00 EUROS (TREINTA MIL EUROS), de principal, correspondientes al Aval suscrito por dicha entidad a favor de la mercantil, S.A., más los intereses legales que correspondan y las costas de éste procedimiento, y todo ello de conformidad con los siguientes:
PRIMERO.- Mi mandante, LA MERCANTIL, S.A., es poseedora del Aval de fecha 3 de Febrero de 2010, suscrito a su favor por CAJA DE AHORROS, para responder de las obligaciones contraídas provenientes del contrato suscrito entre D. DEUDOR y MERCANTIL, S.A., por un importe máximo de TREINTA MIL EUROS.
Dicho documento de aval causó la correspondiente inscripción en el Registro Especial de Avales bajo el número 2000. Nº de Aval 0000-00-00, siendo debidamente intervenido por el Notario D. LUIS ARMANDO, según obra en la cara del mismo.
Acompañamos señalado con el número 2 de los documentos, el referido aval, y con el número 3 original del contrato suscrito entre las partes.
SEGUNDO.- Como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato al que nos acabamos de referir, y en concreto, la ausencia o falta de amortización por parte de D. DEUDOR 30.000,00 EUROS, de los 30.00000 Euros prestados o entregados a cuenta, LA MERCANTIL S.A. procedió a resolver dicho contrato, comunicándoselo así a las otras partes firmantes y, consecuentemente, a ejecutar el aval otorgado a su favor, ya que entre otras cosas, estaba vigente, y el importe ejecutado estaba dentro del máximo garantizado,
Acompañamos señalados con los números 4 y 5 de los documentos, burofax dirigido a D. DEUDOR resolviendo el contrato, así como a LA CAJA DE AHORROS ejecutando el aval.
A los anteriores hechos, son de aplicación los siguientes,
I.– COMPETENCIA. Corresponde conocer de esta Litis a los Juzgados de Primera Instancia, según el artículo 45 de la Ley de Ritos, y dentro de ellos al que por turno de reparto corresponda de la ciudad de Toledo, toda vez que, conforme a los artículos 50 y 51 de dicho cuerpo legal, el domicilio del demandado radica en dicha ciudad.
II.- PROCEDIMIENTO. Deberán regir las normas del Juicio Ordinario de los Arts. 399 y siguientes de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, al amparo de lo dispuesto en el art. 249.2 de la meritada Ley, por ser la demanda que se presenta de reclamación de cantidad superior a 3.000 €.
III.- CUANTIA. En cumplimiento de cuanto al efecto dispone la actual y vigente Ley de Enjuiciamiento Civil, la cuantía del procedimiento se fija en la cantidad de 30.000,00 EUROS (TREINTA MIL EUROS),importe del principal de la deuda reclamada.
IV- LEGITIMACIÓN ACTIVA. Mi mandante MERCANTIL, S.A. está legitimada activamente por ser la poseedora y beneficiaria del Aval del que se pretende su ejecución.
V.-LEGITIMACIÓN PASIVA. A su vez CAJA DE AHORROS está legitimada pasivamente por figurar como avalista del Aval del que se pretende su ejecución.
VI.- ACCIÓN QUE SE EJERCITA. Ejercitamos acción personal en reclamación de la cantidad por el impago del Aval suscrito por CAJA DE AHORROS a favor de MERCANTIL, S.A. Se ejercita también, la acción recogida en el artículo 1.109 del mismo texto legal.
VII.- FUNDAMENTO DE LA ACCIÓN QUE SE EJERCITA.
Ejercitamos acción personal en reclamación del importe de la fianza solidaria, cifrándose la reclamación en la exacta cuantía de la deuda que al día de hoy sigue manteniendo D. DEUDOR con MERCANTIL, S.A., es decir 30.000,00, Euros.
El artículo 1.822 del Código civil establece que, por fianza una parte se obliga a pagar o cumplir por un tercero, en el caso de que este no lo hiciera.
A partir de tan clásica definición, la jurisprudencia del Tribunal Supremo, también muy clásica en figuras tan consolidadas como la fianza, ha venido a establecer que estamos en presencia de un contrato merced al cual, un tercero asume el compromiso de responder del cumplimiento de una obligación principal cuando no la cumple el principal obligado.
En el presente caso, y a la vista del texto del Aval, nos encontramos ante un AVAL A PRIMERA DEMANDA O A PRIMER REQUERIMIENTO, merced al cual la Entidad bancaria está obligada a satisfacer el importe de la deuda, de manera inmediata, siendo suficiente para ello la simple notificación, con acompañamiento de la documental acreditativa, tal y como se hizo, SIN OTRO REQUISITO.
Esta consideración es mantenida, de manera consolidada, por la Jurisprudencia de nuestro Alto Tribunal, entre las numerosas Sentencias existentes, cabe destacar:
-ST TS 919/2.002 del 27 de Octubre.
-ST TS 125/2.000 del 17 de Febrero.
-ST TS 332/2.000 del 5 de Julio.
-ST TS 697/2.002 del 5 de Julio.
A su vez, mi mandante la mercantil S.A., ha reclamado el pago del Aval, a las personas de los avalados.
Es evidente que, una vez ha sido requerido el pago del Aval y este no ha sido atendido, dicho Aval se convierte en un título ejecutable simplemente con la comunicación al avalista de que dicho pago no ha sido realizado. Esto mismo se establece en el párrafo segundo del contrato de Aval que ambas partes habían concertado y que, como establece el articulo 1.098 del Código Civil, “…Tienen fuerza de Ley entre las partes”
Es por éste motivo, el incumplimiento de la obligación correlativa de CAJA DE AHORROS por el que, a ésta representación no le queda otro remedio que solicitar el auxilio judicial para conseguir el pago de un Aval al que tiene un derecho completamente legítimo.
VIII.- INTERESES LEGALES. El artículo 341 del Código de Comercio, establece en su contenido literal: “La demora en el pago del precio de la cosa comprada constituirá al comprador en la obligación de pagar el interés legal de la cantidad que adeude el vendedor“.
Por su parte, el artículo 1.100 del Código Civil establece que: “Incurren en mora los obligados a entregar o hacer alguna cosa, desde que el acreedor les exija judicial o extrajudicialmente el cumplimiento de su obligación “.
El demandado incurrió en mora, por lo que debe ser condenado al abono de los intereses legales, a tenor igualmente de lo que dispone el artículo 1.108 del Código Civil, al establecer que: “Si la obligación consistiere en el pago de una cantidad de dinero y el deudor incurriere en mora, la indemnización de daños y perjuicios, consistirá en el pago de los intereses convenidos y a falta de convenir, en el interés legal” .
IX.- COSTAS. El Art. 394 de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, a cuyo tenor deberán imponerse las costas de este procedimiento al demandado, una vez sea estimada en todas sus partes, la presente demanda.
SUPLICO AL JUZGADO: Que teniendo por presentado este escrito con las copias y documentos que lo acompañan se sirva admitirlo y de conformidad con lo expuesto en el cuerpo del mismo, tenga por formulada demanda de Juicio Ordinario contra CAJA DE AHORROS DE, y tras los tramites procedimentales pertinentes, se sirva en su día dictar sentencia por la que con pleno acogimiento de esta demanda se condene al demandado al pago a mi patrocinada la suma de 30.000,00 EUROS (TREINTA MIL EUROS más los intereses legales que correspondan, y las costas del procedimiento, y todo ello por ser así de Justicia que respetuosamente pido en Ávila a dos de octubre de dos mil once.
PRIMER OTROSIDIGO, que siendo el Poder que se acompaña, General para Pleitos y, necesitándolo para otros menesteres,
SUPLICO AL JUZGADO, se sirva a ordenar su desglose y proceder a su devolución a la representación que suscribe, dejando del mismo testimonio suficiente en autos, y todo ello por ser así de Justicia que respetuosamente reitero en Ávila.
SEGUNDO OTROSI DIGO, que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 231 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, manifestamos la voluntad de ésta representación de cumplir todos los requisitos procedimentales, y por ello, de subsanar cualquier defecto en que se hubiere podido incurrir, concediendo el oportuno plazo para ello y
SUPLICO AL JUZGADO, tenga por hecha la anterior manifestación, a los efectos de subsanación de posibles defectos y, todo ello, por ser así de Justicia que respetuosamente reitero en Ávila. Fecha ut supra.
25 octubre, 2012 de 6:52 · Filed under RECURSOS and tagged: demanda, recurso, recurso contencioso administrativo
Procurador de los Tribunales y de Mi Representada S.L., representación que tengo acreditada en recurso contencioso administrativo procedimiento ordinario número 1/2.010, ante la Sala comparezco y como mejor proceda en derecho DIGO
Que mediante el presente escrito, en la representación que ostento, cumplimento diligencia de ordenación de fecha 01/01/2.011, notificada en día 10 del mismo mes y año, y formalizo al amparo del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción DEMANDA DEL RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO con apoyo en los siguientes
Los que se derivan del expediente administrativo, que, incumpliendo lo dispuesto en la Ley de la Jurisdicción, está sin foliar.
I COMPETENCIA.- Es competente en la Sala a la que tengo el honor de dirigirme, conforme a lo dispuesto, tanto en la resolución recurrida de manera expresa, como en el artículo 10.1 d) la Ley de la Jurisdicción.
II PROCEDIMIENTO.- Deberán seguirse las normas contenidas en los artículos 45 a 69 de la Ley Reguladora, que regulan el recurso contencioso administrativo.
III POSTULACIÓN.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 23.2 de la Ley de la Jurisdicción, mi patrocinada interviene representada por Procurador habilitado con poder bastante y asistido por el Letrado del ICAM, Don José Martín.
IV LEGITIMACIÓN.- No cabe duda de la legitimación que ostenta mi patrocinada, en virtud de lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley Reguladora, en cuanto destinataria del acto administrativo recurrido.
V FONDO DEL ASUNTO.- En la resolución recurrida, aparece un único fundamento jurídico de fondo, el artículo 6.1 de la Ley 3/93 de 22 de marzo, artículo que el funcionario que resuelve el recurso ni siquiera sabe leer, pues en su afán de apoyar el informe emitido por la Cámara de Comercio, confunde voluntariamente los tiempos verbales.
El informe que figura en el expediente, con registro de salida de la Cámara número 11111 de 30/12/2.011, firmado por quien se denomina Secretario General de tan peculiar Organismo, se apoya a su vez en el objeto social de mi patrocinada y no en la actividad que realiza; también los artículos 1 y 116 del C.de Co, a los que el precepto de la Ley 3/93, invocado en la resolución recurrida, ni siquiera se refiere. El informe, por lo tanto, es contrario a derecho por contrario al precepto legal invocado y, no obstante ello, se sigue miméticamente en la resolución recurrida.
El artículo 6.1 de la Ley 3/93 dice que son electores las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras QUE EJERZAN actividades comerciales, industriales o navieras, en territorio nacional.
Nótese el tiempo del verbo, presente de subjuntivo, porque sólo fijándose en el tiempo verbal, es decir, sabiendo leer, se deduce que el legislador, no ha querido incluir como electores, a quienes no ejerzan tales actividades, aunque las puedan ejercer, porque el objeto social se lo permita o porque a su interés convenga.
Por ese motivo, el número 3 del mismo artículo fija una condición objetiva para entender, que la persona en cuestión ejerce una actividad comercial, industrial o naviera: cuando por esta razón quede sujeta al IAE o tributo que lo sustituya.
Por consiguiente, si una persona física o jurídica no tributa por el IAE, no cabe entender que ejerza la actividad comercial, industrial o naval, que es el requisito exigido por la Ley, para ser considerado elector de la Cámara; y ello sin perjuicio de que el objeto social de una persona jurídica, le permita, cuando así convenga a sus intereses, darse de alta en el impuesto para ejercer la actividad comercial de que se trate, momento en el cual, sin duda, deberá ser considerado como elector de la Cámara. De otra parte, este aspecto es fácil de acreditar, con sólo recurrir a quienes estén tributando por el impuesto que son los únicos que pueden ejercer la actividad.
Para orillar este problema, insoluble para los intereses de la Cámara, la resolución recurrida no duda en faltar a la verdad, pues, tras afirmar en su fundamento segundo que no consta que mi representada tribute por IAE, sostiene que la actividad que desarrolla, según el RM, no es la mera tenencia de bienes, ya que su objeto social le permite desarrollar otras actividades, lo que convierte a mi mandante en elector de la Cámara.
Se le olvida añadir, lógico porque ello iba en contra de los intereses de la Cámara, que para desarrollar otras actividades que no sean la mera tenencia de bienes, el artículo 4º de los estatutos de mi patrocinada, que regula su objeto social, exige que “no podrá la sociedad iniciar actividad específica alguna de las que se contemplan en el objeto social, sin cumplir el oportuno requisito administrativo que, en cada caso, sea exigible”. En el caso que nos ocupa, el requisito para realizar una actividad comercial de las que permite el objeto social, sería el alta en el IAE, sin cuyo cumplimiento mi patrocinada no puede ejercer actividad comercial alguna y por eso no las ejercita.
Acompañamos como documento número 1 copia del artículo 4º de los estatutos sociales de mí representada que regula el objeto social.
Es decir, la resolución recurrida, partiendo de una suposición inadmisible, inventa que la sociedad que represento está ejercitando actividades comerciales, y además sin pagar el IAE. O sea, está suponiendo que Mi Representada S.L. incumple la legislación fiscal, y además la legislación mercantil porque no cumple sus propios estatutos; y no duda en suponer este disparate, con tal de asegurarse un elector más y un contribuyente más. Es obvio, que al autor de la resolución recurrida no le importa, ni poco ni mucho, incumplir el texto del propio precepto que invoca, ni hacer presunciones que no son admisibles, invocando para ello parcialmente el artículo que regula el objeto social de una sociedad mercantil. Y todo con tal de considerar a la fuerza, como elector a quien no lo es.
A este cúmulo de despropósitos, se suma el triste informe de la Cámara de 30/12/2.011, antes aludido, que figura en el expediente y en el que se apoya la resolución recurrida. Este informe invoca los artículos 1 y 116 de C. de Co, invocación llamativamente contraria a derecho, toda vez que, una cosa es que el código establezca quién es comerciante o que el contrato de sociedad es mercantil, y otra bien distinta es que todas las compañías mercantiles ejerzan necesariamente el comercio, aunque no cumplan ni los requisitos de su ley sustantiva (los estatutos), ni los que impone la legislación fiscal.
Frente a lo sostenido por la resolución recurrida, mi patrocinada no ejerce, aunque pueda hacerlo, actividad comercial alguna, no está sujeta al IAE porque no las realiza y por eso no paga, ni consta que tribute por el impuesto. Su actividad única, desde la constitución hasta el día de hoy, es la tenencia y disfrute de bienes muebles e inmuebles.
Acompañamos como documento número 2, unido a esta demanda, copia de la memoria y cuentas anuales de la sociedad, correspondientes al ejercicio 2.010 últimas presentadas, en las que puede comprobarse que no ejerce actividad comercial alguna y que sus únicos beneficios provienen de los dividendos de las acciones y participaciones de los que es tenedora.
Una sociedad de este tipo no puede ser elector de la Cámara, so pena de infringir el artículo 6.1 y el 6.3 de la Ley 3/93 de 22 de marzo, y así debe declararse anulando la resolución recurrida por contraria a derecho.
Finalmente, queremos hacer constar que, no sólo tenemos que padecer en España una lacra como la Cámara de Comercio, organismo inútil donde los haya que no sirve para nada a los ciudadanos, ni siquiera a los que ejercen el comercio, de afiliación obligatoria como los sindicatos verticales de épocas pasadas; sino que además, quienes rigen un Organismo así no dudan en considerar electores a quienes no desean participar en el sistema, a quienes no desean prestarse a la burla del sufragio universal que suponen unas elecciones para la renovación del pleno de una Institución, que no contaría con miembro alguno y dejaría de existir, de no imponer obligatoriamente la pertenencia.
SUPLICO A LA SALA que teniendo por presentado este escrito con su copia y el documento que se acompaña, se sirva admitir todo ello y, teniendo por cumplimentada la providencia citada en cabecera, tenga por formalizado ESCRITO DE DEMANDA DEL RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, para previo el trámite oportuno dictar sentencia por la que se estime el recurso y se anule la resolución recurrida, declarando que Mi Representada S.L. no puede ser considerada elector de la Cámara de Comercio Industria y Navegación, de conformidad con el artículo 6 de la Ley 3/93 de 22 de marzo, y ordenando su exclusión de dicho censo.
11 octubre, 2012 de 8:15 · Filed under formularios and tagged: demanda, demanda en procedimiento monitorio