Source: http://megaconsulting2000.com/sociedad_limitada/13transitorias.htm
Timestamp: 2018-07-19 20:47:45
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS, DEROGATORIAS Y FINALES
I.Idea general de las disposiciones transitorias.
II. Examen particular de las ocho disposiciones transitorias:
III. Disposiciones Derogatorias.
IV. Disposiciones Finales.
SUMARIO: Disposiciones Transitorias, Derogatorias y Finales. I. Idea general de las disposiciones transitorias: A) Breve estudio comparativo de los sistemas transitorios de 1989 y de 1995. B) La subsis-tencia del cargo de administrador nombrado con carácter indefinido antes del 1 de enero de 1990. C) Medidas para «estimular» la adap-tación. II. Examen particular de las ocho disposiciones transitorias: Disposición transitoria primera: A) La aplicación exclusiva de la Ley de 1995 y la derogación del sistema transitorio de 1989. B) La ineficacia de las disposiciones de la escritura o estatutos a partir del 1 de ju-nio de 1995. Disposición transitoria segunda: Apartado 1. Apartado 2. Apartado 3. Apartado 4. Disposición transitoria tercera: A) El cierre del Registro como medida de «entorpecimiento», no de «bloqueo». B) Las excepciones. C) Supuestos de cierre registral: estudio comparativo del supuesto de la disposición transitoria tercera y del supuesto del artículo 221 del TRLSA: 1. La causa del cierre registral y la res-ponsabilidad del órgano de administración. 2. El ámbito de la califica-ción registral. 3. La obligación de tracto único y de tracto continuado. 4. El plazo para el cumplimiento de la obligación. 5. Duración del cierre. IV. Disposiciones Finales
I.Idea general de las disposiciones transitorias
La experiencia habida recientemente con motivo de la Ley 19/1989, de 25 de julio, de reforma parcial y adaptación de la legislación mercantil a las directivas de la Comunidad Económica Europea en materia de Sociedades, ha servido para que el legislador rectifique algunos de los criterios que aplicó pa-ra «incentivar» la adaptación a dicha ley de todas las sociedades anónimas y de responsabilidad limitada preexistentes al 1 de enero de 1990.
La Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada, contiene ocho disposiciones transitorias.
Las cinco primeras tienen carácter general y su objetivo fundamental es el de facilitar la adaptación de las sociedades limitadas preexistentes al nuevo régimen.
Las tres restantes disposiciones transitorias, de la sexta a la octava, tienen carácter especial.
A) Breve estudio comparativo de los sistemas transitorios de 1989 y de 1995.
Si establecemos un parangón entre las normas transitorias contenidas en la Ley de 25 de julio de 1989 y en el Texto refundido de la LSA de 22 de diciembre de 1989, y las contenidas en la Ley de 1995, se observa a primera vista que el legislador, además de suprimir y modificar algunas de las normas transitorias del Texto refundido de la LSA (cfr. Disposición Adicional 2.ª, nú-meros 24 y 25), deroga expresamente, tratándose de SL, la norma sobre di-solución de pleno derecho contenida en el último inciso del apartado 2 de la disposición transitoria sexta de la Ley de 25 de julio de 1989, y prescinde de algunas de las medidas sancionadoras recogidas en la Ley de 1989, tales co-mo la responsabilidad solidaria e ilimitada de los administradores, las sancio-nes económicas y la citada disolución de pleno derecho de las sociedades que llegado el 31 de diciembre de 1995 no se hubieran adaptado (cfr. dispo-siciones transitorias 3.ª, 4.ª y 6.ª de la Ley de 25 de julio de 1989).
En síntesis, el sistema transitorio de 1989 pretendía un triple objetivo:
1. La adaptación estatutaria en general.
2. El aumento de capital hasta el mínimo legal.
3. Y la actualización del Órgano de Administración.
Para lograrlo, se adoptaron diversas medidas «estimulantes», de marcado carácter sancionador, a saber:
1. La ineficacia de los estatutos en lo que se opongan a la Ley.
2. La responsabilidad de los administradores y/o liquidadores, personal, ilimitada y solidaria, por las deudas sociales.
3. Las multas administrativas: 500.000 ptas. por la no presentación en plazo del acuerdo de reelección o cese de los administradores que vinieran ejerciendo el cargo por período superior a cinco años, y 5.000.000 de ptas.
para el caso de no adaptación de los estatutos, sin perjuicio de los efectos sustantivos derivados de la falta de acomodación.
4. El cierre del Registro Mercantil.
5. La disolución de pleno derecho, llegado el 31 de diciembre de 1995, por no haber aumentado el capital social hasta el mínimo legal <<1>> .
Frente a la complejidad de las normas transitorias de 1989, las disposiciones transitorias de la Ley de 1995 persiguen un único objetivo: la adapta-ción de la escritura y estatutos a la nueva Ley.
No contienen referencia alguna a la obligación de aumentar el capital social.
Cabría pensar que el legislador entiende que todas las sociedades de responsabilidad limitada preexistentes tienen ya el capital mínimo de 500.000 ptas. Sin embargo, ello no es cierto. En mi opinión, lo que sucede es que el legislador emplea el término adaptación en un sentido amplio, comprensivo de toda modificación estatutaria necesaria para adecuar el régimen estatutario al legal y, por tanto, abarcando, en su caso, el aumento del capital social.
Guarda también silencio la Ley respecto de la actualización de los cargos del Órgano de Administración. No se trata de un «lapsus», sino de la lógica consecuencia de la admisión legal de la duración indefinida del cargo de administrador.
B) La subsistencia del cargo de administrador nombrado con carácter indefinido antes del 1 de enero de 1990.
El problema transitorio se plantea respecto de los cargos nombrados con carácter indefinido con anterioridad al 1 de enero de 1990, ya que a partir de la entrada en vigor de la Ley de 1989 los nombramientos indefinidos fueron rechazados por la DGRN.
Podría aplicarse a esta cuestión lo dispuesto en la Disposición Transitoria 4.ª del RRM, según la cual «Los nombramientos de cargos por tiempo indefinido realizados al amparo de la legislación anterior, y que no estén ad-mitidos por la Ley de Sociedades Anónimas, caducarán a los cinco años de la entrada en vigor del presente Reglamento...». Consecuentemente estos cargos habrán caducado el 1 de enero de 1995.
A mi juicio, esta solución no es correcta, por las siguientes razones:
1.ª Tanto la Ley de 25 de julio de 1989 (Disposición Transitoria cuarta. 2) como la norma reglamentaria transcrita, se refieren exclusivamente a los cargos de administradores en la SA.
2.ª Precisamente la no alusión a los cargos de administradores en la SL obedece al distinto tratamiento que tiene la cuestión en estas sociedades a las que nunca fue aplicable la limitación o tope de los cinco años para la duración del cargo. Por ello no cabe el recurso a la analogía.
3.ª Tanto la reelección o el cese como la caducidad de los cargos al 1 de enero de 1995 se impusieron como lógica medida ante la entrada en vigor de la nueva norma que limitó a cinco años el plazo de duración de los cargos de los administradores sociales en la SA. Por ello, si la nueva Ley de 1995 sanciona precisamente la regla contraria, es decir, la inexistencia de tope máxi-mo en la fijación del plazo de duración del cargo, en un sistema transitorio que pretende la adaptación estatutaria a las nuevas normas, lo razonable es mantener la vigencia de los cargos designados con carácter indefinido con anterioridad a la Ley.
4.ª Lo contrario lleva a soluciones absurdas. Piénsese que el 1 de enero de 1995 se tendría por caducado un cargo por haber sido nombrado con carácter indefinido, con la consiguiente cancelación del asiento registral, y unos meses después nada se opondría a designar de nuevo al mismo administrador con carácter indefinido y proceder a la extensión del correspondien-te asiento registral.
Todo ello sería una solución contraria a la razón de ser del sistema transitorio, al principio de conservación del negocio jurídico, y al criterio general hermenéutico según el cual las leyes deben interpretarse de conformidad con la realidad social del tiempo en que han de aplicarse, atendiendo al espíritu y finalidad de aquéllas (artícu-lo 3.1 del Código Civil).
C) Medidas para «estimular» la adaptación.
En cuanto a las medidas para «estimular» la adaptación, el legislador de 1 9 9 5 , ante el fracaso de algunas de las medidas previstas en 1989, y los complejos problemas surgidos de otras, las simplifica enormemente limitándose a sancionar la ineficacia de las normas estatutarias que se opongan a la Ley y a prever el cierre del Registro Mercantil para las sociedades que no hayan lle-vado a efecto la adaptación en el plazo de tres años desde la entrada en vi-gor de la Ley (1 de junio de 1995).
En concreto, el contenido de las ocho disposiciones transitorias de la Ley de 1995 se resumen en lo siguiente:
1. La exigencia de adaptación de la escritura y los estatutos a la nueva Ley, en el plazo de tres años.
2. El reconocimiento de ciertas medidas facilitantes de dicha adaptación, como las relativas a: La mayoría necesaria para la adopción de los acuerdos correspondientes; las exenciones tributarias; y la reducción de los costes documentales y de publicidad.
3. La adopción de dos medidas concretas para los casos de falta de adaptación, a saber: la ineficacia de las reglas de la escritura o de los estatutos que se opongan a la Ley; y el cierre registral.
4. La solución de los problemas transitorios que pueden plantearse en torno a tres cuestiones concretas:
1.ª La amortización de participaciones propias o de acciones o participaciones de la sociedad dominante.
2.ª La validez de las emisiones de obligaciones acordadas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley, respecto de aquellas emisiones que la Ley prohíbe para lo sucesivo.
3.ª Las sociedades unipersonales preexistentes.
II.EXAMEN PARTICULAR DE LAS OCHO DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera. Aplicación temporal de la Ley
La presente Ley se aplicará a todas las sociedades de responsabilidad limitada, cualquiera que sea la fecha de su constitución, quedando sin efecto a partir de su entrada en vigor aquellas disposiciones de las escrituras o esta-tutos sociales que se opongan a lo establecido en ella.
A) La aplicación exclusiva de la Ley de 1995 y la derogación del sistema transitorio de 1989.
Esta disposición delimita el ámbito de aplicación temporal de la Ley.
La Ley se aplica a todas las sociedades limitadas, cualquiera que sea la fecha de su constitución.
La Ley se aplica tanto a las sociedades limitadas constituidas antes del 1 de enero de 1990, se hayan adaptado o no a la Ley de 1989, como a las constituidas después del 1 de enero de 1995, así como a las que se constituyan a partir del 1 de junio de 1995.
La aplicación de la nueva Ley de 23 de marzo de 1995 determina no sólo la ineficacia de las normas estatutarias que se opongan a lo que en ella se establece con carácter imperativo, sino también la derogación de la Ley de 1953, reformada por la de 25 de julio de 1989.
Es decir, esta disposición transitoria primera está en íntima relación con la disposición derogatoria primera, según la cual «A la entrada en vigor de la presente Ley quedará derogada la Ley de 17 de julio de 1953, sobre régimen jurídico de las Sociedades de Responsabilidad Limitada».
Es cierto que la disposición transitoria primera, que comentamos, sólo se refiere explícitamente a la ineficacia de las normas contenidas en las escrituras o estatutos sociales, pero no es menos cierto que la aplicación exclusiva de la nueva Ley a toda sociedad limitada implica la derogación de la Ley ante-rior, ya que, al delimitar el ámbito temporal de aplicación, el legislador resuel-ve toda cuestión sobre la posible aplicación cumulativa de las dos leyes, la an-terior y la nueva, a las sociedades preexistentes.
Y por lo que ahora nos interesa, si la Ley de 1955 ha derogado la de 1953, tal como quedó redactada tras la Ley de 25 de julio de 1989, habrá que entender también derogado el sistema transitorio previsto en la legislación anterior por su carácter complementario o accesorio.
El objetivo básico, por no decir el único, del sistema transitorio de 1989, en lo tocante a las sociedades de responsabilidad limitada, fue el de lograr la adaptación de las sociedades limitadas a la reforma introducida en aquella fecha. Por ello, derogada esta legislación, carecen de razón de ser las normas transitorias dictadas a los solos efectos de la citada adaptación.
Sería realmente pintoresco que derogada la Ley de 1953, en su última redacción dada en 1989, se pretendiera mantener la vigencia de las normas dictadas con motivo de la reforma de 25 de julio de 1989.
No obstante lo dicho, tal vez podría generar cierta confusión lo dispuesto en la disposición derogatoria segunda, según la cual «Queda derogada la norma sobre disolución de pleno derecho de las sociedades de responsabilidad limitada contenida en el último inciso del apartado 2 de la disposición transitoria sexta de la Ley 19/1989, de 25 de julio».
En efecto, cabría interpretar a sensu contrario esta norma y entender que puesto que sólo se deroga expresamente el último inciso del apartado 2 de la transitoria 6.ª debe entenderse que no se derogan las demás normas transitorias de la Ley de 25 de julio de 1989 que afecten a las sociedades de res-ponsabilidad limitada.
En mi opinión esta interpretación no es correcta. No me parece convincente acudir a interpretaciones «a contrario» cuando el legislador se manifiesta explícitamente en esta materia, derogando la legislación anterior (dis-posición derogatoria primera) y reafirmando la aplicación exclusiva de la nue-va Ley a todas las sociedades de responsabilidad limitada (disposición transitoria primera).
La explicación de la disposición derogatoria segunda puede encontrarse en el proceso prelegislativo. En efecto, esta norma se incluyó en uno de los borradores del Anteproyecto en un momento en el que no se sabía con seguridad si la nueva Ley podría ver la luz antes del 1 de enero de 1996. Por ello, en evitación de que la aplicación automática de la sanción de disolución de pleno derecho determinara la cancelación de la hoja registral de una socie-dad limitada no adaptada a la Ley de 1989, pero que pudiera adaptarse a la nueva Ley, se redactó esta especial disposición derogatoria segunda, que no es sino complemento o aclaración, tal vez innecesaria, de la disposición de-rogatoria primera, y que hubiese permitido, en su caso, sostener la subsisten-cia de las sociedades limitadas para su adaptación a la nueva Ley, aunque a 31 de diciembre de 1995 no se hubiesen adaptado a la legislación anterior.
En suma, aunque en sede teórica podría plantearse la cuestión de la subsistencia y armonización de los dos sistema transitorios, el de la Ley de 25 de julio de 1989 y el de la Ley de 1995, ya que existen actualmente sociedades de responsabilidad limitada que no se adaptaron a la Ley de 1989, a mi jui-cio, estas sociedades limitadas que no se adaptaron, a partir del 1 de junio de 1995 únicamente deberán adaptarse a la nueva Ley, cuyas disposiciones derogan y sustituyen a las contenidas en la Ley de 1989 en lo que respecta a las sociedades limitadas.
Consecuentemente, las sanciones previstas por la no adaptación a la Ley de 1989 han quedado, a mi juicio, derogadas. Así:
1. La ineficacia de las normas estatutarias a partir del 1 de enero de 1990 se produjo ya en su día, y a partir del 1 de junio de 1995 la ineficacia se predicará únicamente de las normas estatutarias que se opongan a la nueva Ley. En este sentido recuérdese lo dicho en torno a la subsistencia del cargo indefinido de administrador que no se oponía a ningún precepto expreso (a pesar de la doctrina de la DGRN) y que hoy se admite explícitamente por la nueva Ley.
2. La multa administrativa, además de haber caducado -por aplicación de las normas de caducidad de las infracciones administrativas- ha sido expresamente derogada por la Ley de 1995.
3. Lo mismo ha sucedido, como dijimos, con la medida extraordinaria de la disolución de pleno derecho.
4. Respecto del cierre del Registro Mercantil, tanto por la no adecuación de la cifra del capital al mínimo legal como por la no adaptación estatutaria en general, resulta de aplicación la nueva norma de la disposición transitoria tercera, habiendo perdido su razón de ser la disposición transitoria sexta, 1, de la Ley de 1989.
Se produce así un tratamiento más beneficioso como resultado de la ampliación del plazo para la adaptación estatutaria hasta el 1 de junio de 1998.
Al igual que todas las demás, la nueva norma reguladora del cierre del Registro es de aplicación retroactiva, en virtud de la disposición transitoria primera que estamos comentando.
5. El problema puede ser más delicado respecto de aquellas sociedades que estén incursas en la sanción de la disposición transitoria 3.ª de la Ley de 1989 en cuanto que sus administradores y, en su caso, los liquidadores responderán personal y solidariamente entre sí y con la sociedad de las deudas sociales si la sociedad limitada no adaptó sus estatutos a la Ley de 1989 an-tes del 30 de junio de 1992.
El tenor literal de la citada disposición transitoria 3.ª da pie a la admisión, a partir del 1 de junio de 1995, de la acción de responsabilidad en el caso de inadaptación a la Ley de 1989, en relación a las deudas anteriores a la entrada en vigor de la Ley de 1995, con independencia de que la sociedad se adapte o no a esta última ley.
No obstante, siendo coherente con lo expuesto anteriormente, cabe entender que a la entrada en vigor de la nueva Ley de 1995 y siendo esta Ley la única aplicable a cualquier sociedad limitada, cualquiera que sea la fecha de su constitución, la sanción indicada ha quedado sin valor por el efecto de-rogatorio de la nueva Ley, por lo que la acción de responsabilidad no proce-derá aunque la sociedad limitada no hubiera adaptado sus estatutos a la Ley de 1989.
Además de lo expuesto hasta ahora, esta interpretación cuenta también en su favor con los siguientes argumentos:
- El carácter sancionador de la disposición transitoria 3.ª de la Ley de 1989 y, en consecuencia, su necesaria interpretación restrictiva.
- La escasa trascendencia de la reforma de 1989 respecto de las sociedades limitadas.
- El incumplimiento por parte del Gobierno de lo dispuesto en el apartado 4 de la Disposición Final primera, en cuya virtud el Gobierno en el plazo de un año debería haber elaborado y aprobado un texto refundido de la Ley de 1953.
- La excesiva carga impuesta a los ciudadanos de adaptar los estatutos sociales a una ley cuyo carácter provisional, respecto de las sociedades limitadas, se puso de manifiesto desde el primer momento, de manera que pudo parecer razonable aguardar a la publicación de la nueva Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada para llevar a cabo la definitiva adaptación al nuevo régimen prometido.
Con todo, a mi juicio, esta «amnistía» no puede llegar tan lejos que exonere de responsabilidad a administradores y/o liquidadores en aquellos casos en los que la acción de responsabilidad se hubiere entablado con anteriori-dad a la entrada en vigor de la nueva Ley.
B) La ineficacia de las disposiciones de la escritura o estatutos a partir del 1 de junio de 1995.
A partir del 1 de junio de 1995 quedan sin efecto aquellas disposiciones de las escrituras o estatutos sociales que se opongan a lo establecido en la nueva Ley.
- Se trata de una sanción de ineficacia, ya tradicional en nuestro Derecho Mercantil. Igual medida figuraba en las disposiciones transitorias de las leyes de 1951 y 1953 y en la disposición transitoria segunda de la Ley de 1989.
La Ley de 1995, al igual que la de 1989, suprime la referencia que hiciera la Ley de SA de 1951 al principio de respeto de los derechos adquiridos. No obstante, la vigencia de este principio general (cfr. disposiciones transitorias del Código civil) debe servir para la defensa de aquellos derechos de los socios adquiridos al amparo de la ley anterior y que no afecten al funcionamien-to corporativo de la SL ni se opongan a las escasas normas imperativas de la Ley de 1995.
- La ineficacia es automática. Se produce a partir del 1 de junio de 1995, sin perjuicio del plazo de tres años para efectuar la adaptación.
¿Qué normas se aplicarán a partir del 1 de junio de 1995 y hasta la adaptación, para suplir la ineficacia de las normas estatutarias afectadas por esta medida legal? En principio, la respuesta parece clara. El vacío estatutario queda cu-bierto por la aplicación automática del régimen legal imperativo. La dispo-sición transitoria primera descansa en la idea de que toda norma estatuta-ria que se oponga a la ley es sustituible, de manera que su vacío queda automáticamente cubierto por aquélla.
No obstante, no siempre esta sustitución es posible. En efecto, hay aspectos de los estatutos que no admiten el recambio legal. Pensemos, por ejemplo, en las normas estatutarias relativas al objeto social o a la denomina-ción social. Si tales normas se oponen a la Ley (v gr., «la sociedad tiene por objeto exclusivamente la compraventa de bienes muebles» o «la sociedad se denomina Banco del diamante»), ¿cómo se suple la pretendida ineficacia?, ¿hay que entender que la sociedad carece de objeto o de denominación con las graves consecuencias que ello implicaría para su válida subsistencia? En estos casos excepcionales parece más razonable permitir la subsistencia de la sociedad con la sanción de cierre registral, que luego comentaremos, has-ta que no se lleve a cabo la necesaria adaptación.
En otro orden de cosas, las disposiciones que quedan sin efecto son únicamente las que se opongan a lo establecido en la Ley. Por ello:
1. Debe existir auténtica oposición, no basta un tratamiento estatutario distinto del legal o un mero desajuste. En la duda el principio de conservación del negocio y el carácter excepcional y sancionador de la norma abogan por el mantenimiento de la eficacia de las disposiciones de la escritura o de los estatutos que no se opongan claramente a la Ley.
En este sentido, la DGRN, en su resolución de 13 de noviembre de 1991, relativa a la ineficacia estatutaria predicada por la disposición transitoria segunda de la Ley de 1989, declaró que «El principio de respeto a las situaciones jurídicas creadas por acuerdo colectivo celebrado bajo la legislación an-terior, el del favor negotii... son criterios, todos ellos, que inducen a una inter-pretación estricta de la disposición transitoria 2.ª de la Ley y a no llevar la de-claración de ineficacia a aquellas cláusulas... respecto de las cuales haya mero desajuste pero no oposición a las disposiciones de la Ley».
2. Además, la oposición debe existir respecto de las normas imperativas.
Es este punto uno de los más interesantes en materia de adaptación de las SL preexistentes.
En efecto, como reiteradamente se ha recordado en esta obra, uno de los postulados que sirven de base al nuevo Derecho, según palabras de la Exposición de Motivos, es el de la flexibilidad del régimen jurídico de la SL «a fin de que la autonomía de la voluntad de los socios tenga la posibilidad de ade-cuar el régimen aplicable a sus específicas necesidades y conveniencias. Al imprescindible mínimo imperativo, se añade así un amplio conjunto de nor-mas supletorias de la voluntad privada, que los socios pueden derogar me-diante las oportunas previsiones estatutarias».
En consecuencia, las normas estatutarias que devengan ineficaces por aplicación de esta disposición transitoria serán muy escasas, pues escasas son las normas legales de carácter imperativo. E incluso, algunas de las normas estatutarias que se opongan a la Ley, como la relativa al capital social, no devienen ineficaces, sino que deben ser objeto de la correspondiente adaptación. Como uno de los casos más claros de normas que devienen ine-ficaces a partir del 1 de junio de 1995 cabe citar las cláusulas estatutarias re-lativas a la posibilidad de adoptar acuerdos fuera de Junta.
Segunda. Adaptación de las sociedades a las previsiones de la Ley
1. Dentro del plazo de tres años a contar desde la entrada en vigor de la presente Ley, las sociedades de responsabilidad limitada constituidas con anterioridad a la vigencia de la misma deberán adaptar a ella las disposiciones de las escrituras o estatutos sociales, si estuvieran en contradicción con sus preceptos.
El plazo para llevar a cabo la adaptación es el de tres años, contados desde el 1 de junio de 1995. Por tanto, el plazo expira el 1 de junio de 1998 (artículo 5.1 Código civil).
A diferencia de lo que ocurría en la adaptación a la Ley de 1989, no se concreta si la adaptación se cumple con la adopción de los acuerdos, con su elevación a documento público, con su presentación en el Registro Mercantil o con su inscripción.
Lo lógico es entender que la obligación de adaptación se cumple con la adopción de los acuerdos correspondientes por la Junta General. Lo que ocurre es que mientras que tales acuerdos no se inscriban será de aplicación el efecto de cierre registral que prevé la disposición transitoria tercera.
De conformidad con lo expuesto anteriormente, la adaptación únicamente es necesaria respecto de aquellas disposiciones de la escritura o estatutos que se opongan al «mínimo» imperativo. Se impone pues una labor de análisis de los estatutos vigentes para delimitar las posibles disposiciones contra-rias a normas imperativas. Pero dado que el régimen legal es simple y dispositivo en su mayor parte, serán muy pocas las disposiciones que requerirán su adaptación.
Así, por ejemplo, si, como sucederá en la mayoría de las ocasiones, el artículo referente al capital social dispone que éste está dividido en participaciones «iguales», esta disposición no es claramente opuesta al artículo 5.º de la Ley, pues aunque éste ha suprimido la igualdad como nota esencial de las participaciones, las excepciones a la igualdad de derechos se admiten por vía de estatutos y no parece existir inconveniente a que los estatutos prevean que todas las participaciones de determinada sociedad deban ser iguales.
Sí que, en cambio, será necesario adaptar lo relativo a la adopción de los acuerdos sociales, al haberse suprimido la posibilidad de adoptar los acuerdos fuera de Junta. Respecto del quórum de votación habrá que tener en cuenta que el fijado por la Ley es un mínimo pero cabe que los estatutos fijen un quórum superior al legal e, incluso, el voto favorable de un determinado número de socios.
Todo ello sin perjuicio de reconocer que, publicada la nueva Ley, convenga en muchos casos llevar a cabo una labor no de adaptación estricta, sino de modernización de los estatutos para actualizarlos y aprovechar las enor-mes posibilidades que el nuevo derecho atribuye a la autonomía de la volun-tad.
- En otro orden de cosas, el precepto se refiere literalmente a la adaptación de las disposiciones de la escritura o de los estatutos a la presente Ley.
No obstante, cabe reproducir aquí la misma cuestión que se suscitó en la adaptación de las SA a la Ley de 1989. En efecto, en base a argumento literal y al juego del principio de legitimación registral, podría entenderse que la oposición debe darse en relación con la ley de 1995 exclusivamente, de ma-nera que las cláusulas inscritas que no se opongan a esta Ley no han de adaptarse necesariamente. No obstante, este no es el criterio que ha triunfa-do en la práctica y en la doctrina de la DGRN, que en su resolución de 18 de febrero de 1991 exige que la adaptación sea «global» al ordenamiento jurídi-co en vigor en el momento de efectuarla.
- En la práctica puede suceder que los socios entiendan que no existe disposición alguna en su escritura ni en los estatutos que deba adaptarse.
Puede suceder también que la necesidad de la adaptación sea dudosa o discutible, circunstancia que surgirá tanto de la novedad de algunos de los pre-ceptos legales y la consiguiente falta de doctrina jurisprudencial como del lí-mite, a veces borroso, entre lo dispositivo y lo imperativo. Y, finalmente, cabe que la necesidad de adaptación sea clara.
Las situaciones dudosas se resolverán a través del recurso gubernativo dado lo dispuesto en el apartado siguiente que establece el mecanismo que pasamos a comentar.
2. Dentro del mismo plazo, las sociedades constituidas con anterioridad a
la entrada en vigor de la presente Ley y que consideren que sus escrituras o estatutos sociales son conformes con los preceptos de la misma, presentarán los correspondientes títulos en el Registro Mercantil. Si el Registrador encontrara conformes el título o títulos presentados, lo hará constar así en los pro-pios títulos y por nota al margen de la última inscripción de la sociedad. En otro caso, extenderá al pie del título nota expresiva de la necesidad de adap-tación.
Esta calificación estará sujeta al sistema de recursos establecido en el Reglamento del Registro Mercantil.
Este mecanismo no es nuevo. Su antecedente inmediato se encuentra en la disposición transitoria vigésimo primera de la LSA de 1953.
Los títulos a presentar serán la escritura de constitución y las posibles escrituras de modificación estatutaria.
Deberá presentarse la primera copia que sirviera en su día para la práctica de la inscripción. Si ello no fuera posible habrá que presentar otra copia autorizada para su cotejo por el Registrador.
La constatación de la correcta adaptación se hará por nota marginal en la última inscripción, y, por nota en los propios títulos presentados.
En la práctica, por la importancia que para el tráfico mercantil va a tener el dato de estar la sociedad debidamente adaptada en el plazo legal, el título con su nota registral deberá exhibirse al realizar cualquier acto o negocio que requiera la inscripción registral. Por ello un procedimiento recomendable será el de obtener diversos testimonios notariales del título en el que figure la nota de adaptación.
El subjetivismo que a veces reina en las calificaciones registrales y el retraso con que en ocasiones se producen las resoluciones de los recursos gu-bernativos justifican la crítica del sistema por la paralización que puede supo-ner para el tráfico mercantil.
3. Por el Gobierno, a propuesta del Ministro de Justicia e Interior, se fijará
una reducción en los derechos que los Notarios y los Registradores Mercantiles hayan de percibir como consecuencia de la aplicación de sus respectivos aranceles por los actos y documentos necesarios para la adaptación de las sociedades existentes a lo previsto en la presente Ley, y para la inscripción en el Registro Mercantil de los sujetos obligados a hacerlo en virtud de las disposiciones de la misma.
La norma ya existía en la reforma de 1989 (cfr. disposición transitoria 8.ª de la Ley de 25 de julio de 1989).
La redacción de la norma no es a mi juicio muy afortunada. Parece claro que se refiere a los actos y documentos necesarios para la adaptación, a su otorgamiento en escritura pública y a su inscripción. Pero, ¿qué sentido tiene hablar de la inscripción «de los sujetos obligados a hacerlo en virtud de las disposiciones de la misma»? A mi juicio, el legislador copia y copia mal, ya que en la Ley de 1989 la norma tenía pleno sentido por cuanto que la Ley reformó el artículo 16 del Código de comercio obligando a la inscripción a dis-tintos sujetos que anteriormente no tenían acceso al Registro Mercantil (las instituciones de inversión colectiva, los fondos de pensiones...). Pero la Ley de 1995 no obliga, como novedad, a ningún sujeto a su inscripción en el Re-gistro Mercantil, salvo que se entienda que la norma se refiere a la constata-ción registral de la existencia de socio único.
Como norma excepcional su interpretación es restrictiva, de manera que únicamente existirá reducción para los actos «necesarios» y no para los simplemente convenientes.
Además, como resulta de la disposición transitoria 5.ª, la reducción sólo es de aplicación para la adaptación que se lleve a cabo en el plazo legal de los tres años a contar de la entrada en vigor de la Ley.
4. Del mismo modo se fijará la reducción del importe de la publicación en
el «Boletín Oficial del Registro Mercantil» de la inscripción de la adaptación o de la inscripción de los sujetos obligados a hacerlo en virtud de las disposiciones de la presente Ley.
Se trata de una novedad introducida en el Senado por la enmienda 295 del G. P. Socialista.
La medida es plausible, pues si se trata de rebajar costes, facilitando la a d a p -tación, es razonable que también se reduzca el importe de la publicación en e l BORME.
La reducción alcanza al importe de la publicación de la inscripción de los acuerdos (o del enigmático caso de la inscripción de los sujetos obligados a hacerlo). La medida no alcanza, y no podría ser de otra manera, los costes de la publicación, en su caso, de la convocatoria de la Junta General, en los periódicos. No obstante, recuérdese que el sistema de convocatoria que prevé la Ley es dispositivo y los estatutos pueden haberlo sustituido por otro distinto al de la publicación en el BORME y en un periódico.
Tercera. Inscripción de documentos en el Registro Mercantil
Transcurridos tres años desde la entrada en vigor de la presente Ley, no se inscribirá en el Registro Mercantil documento alguno de sociedad de responsabilidad limitada hasta tanto no se haya inscrito la adaptación de su es-critura o estatutos sociales o practicado la nota marginal de conformidad. Se exceptúan los títulos relativos a la adaptación a la presente Ley, al cese o dimisión de administradores, gerentes, directores generales o liquidadores, y a la revocación o renuncia de poderes, así como a la transformación de la so-ciedad o a su disolución y nombramiento de liquidadores y los asientos orde-nados por la autoridad judicial o administrativa.
A) El cierre del Registro como medida de «entorpecimiento», no de «bloqueo».
Es esta sin duda la norma fundamental en materia de efectos y consecuencias prácticas de la no adaptación estatutaria.
El legislador es consciente de la ineficacia de las multas económicas y, en cambio, de la perturbación que supone para la sociedad el cierre registral.
El cierre no es bloqueo de la actividad social, que puede continuar, es «entorpecimiento». Por ello el cierre no alcanza al Registro de la Propiedad, en el que podrán inscribirse los negocios inmobiliarios que realice la sociedad.
Pero el entorpecimiento es importante si se tiene en cuenta que la inscripción en el Registro Mercantil es necesaria para la oponibilidad a terceros de la mayoría de los actos sociales de cierta importancia, como el cambio de objeto social o de domicilio y, en general, de toda modificación estatutaria, con especial trascendencia en los casos de aumento y reducción de capital.
Más aún cuando, en el caso del aumento, la posible transmisión de las nuevas participaciones queda supeditada a la inscripción de aquél por el juego del nuevo artículo 28.
Y el entorpecimiento es total tratándose de la inscripción del nuevo órgano de administración y de los consejeros delegados.
Además del perjuicio que supone para la propia sociedad, esta situación puede ser perjudicial para los terceros. Pongo por caso uno sucedido con motivo del cierre registral establecido en la disposición transitoria 6.ª de la LSA. Se trataba de un comprador de finca, en documento privado, en el que el administrador único de la sociedad, entonces en vigor, había actuado en representación de la entidad vendedora. Llegado el momento de otorgarse la escritura de elevación a público del documento privado, el administrador había caducado y se había elegido a un nuevo administrador. El cargo de éste no estaba inscrito por razón del cierre registral. El comprador no tuvo otra vía que la judicial.
B) Las excepciones.
Las excepciones contenidas en la norma son claras. Unas responden a la idea de facilitar la extinción de la sociedad o, al menos, la cesación de sus actividades (cese o dimisión de representantes, revocación de poderes, disolución y nombramiento de liquidadores); otras implican el respeto al nuevo derecho (adaptación estatutaria, transformación en otro tipo social), y, final-mente, otras son consecuencia del ámbito de la norma que sólo resulta de aplicación a los actos voluntarios (los asientos ordenados por la autoridad ju-dicial o administrativa).
C) Supuestos de cierre registral: estudio comparativo del supuesto de la disposición transitoria tercera y del supuesto del artículo 221 TRLSA.
Tan convencido está el legislador de la idoneidad del cierre registral como medida de incentivar el cumplimiento de las obligaciones legales que incluso, como novedad, no sólo extiende esta medida a la falta de adaptación estatutaria de las SA al Texto Refundido de 1989 (cfr. Disposición Adicional segun-da, 24 y 25), sino que aplica la misma medida al caso de la falta de depósito de las cuentas sociales.
En efecto, el Pleno del Senado aprobó el nuevo texto dado al apartado 19 de la Disposición Adicional Segunda, referente al artículo 221, apartado 1, que como se inicia en otro lugar de estos comentarios, sin perjuicio de la multa económica en él prevista, sanciona con el cierre registral el incumplimiento por el órgano de administración de la obligación de depositar, dentro del plazo establecido, los documentos a que se refiere la Ley. El cierre se mantiene mien-tras el incumplimiento persista y no alcanza a las mismas excepciones recogi-das en la disposición transitoria que comentamos.
No obstante, entre ambas disposiciones,la transitoria tercera y el artículo 221.1, existen importantes diferencias que pasamos a esbozar.
1) La causa del cierre registral y la responsabilidad del órgano de administración.
1. En la disposición transitoria tercera la causa del cierre del Registro es la no inscripción de la adaptación o, en su defecto, no haberse practicado la nota marginal de conformidad.
Obsérvese que no es la falta de adaptación lo que motiva el cierre, sino la falta de inscripción de la adaptación. Cabe que la adaptación no se haya acordado por no haberse reunido la Junta a tal efecto o por no haberse conseguido un acuerdo mayoritario. Cabe también que la adaptación se acuerde o que no sea necesaria, pero que los administradores no hayan actuado dili-gentemente para obtener la práctica del asiento correspondiente, sea la ins-cripción, sea la nota marginal. En estos últimos casos los administradores responderán frente a la sociedad de los daños y perjuicios que a ésta ocasio-ne el cierre del Registro.
2. En el artículo 221 la causa del cierre es el incumplimiento por el órgano de administración de la obligación del depósito de cuentas dentro del plazo legal. La norma está redactada como si el depósito de cuentas dependiera exclusivamente de la diligente actuación del órgano de administración. La realidad demuestra que ello no es así siempre. En efecto, es posible que las cuentas no puedan depositarse por razones que escapan del control de los administradores. Tal es el caso del no depósito de las cuentas por no estar aprobadas. En ocasiones, en las sociedades en las que el poder político está repartido en dos bloques de socios al cincuenta por ciento, la aprobación de las cuentas se utiliza como argumento de choque para conseguir la adopción por la Junta de otro tipo de acuerdos. Otras veces las cuentas no pueden de-positarse por la sencilla razón de haberse extraviado o destruido la documentación social. Otras veces, finalmente, el interés de la empresa aconseja no depositar las cuentas para no dar a conocer la estrategia comercial a corto plazo.
No obstante, el artículo 221 no admite ninguna excepción al cierre del Registro por la falta del depósito de cuentas.
La responsabilidad del órgano de administración, como responsabilidad subjetiva, únicamente será exigible en aquellos casos en los que le sea imputable el incumplimiento de la obligación de depositar.
2) El ámbito de la calificación registral.
1. En el supuesto de la disposición transitoria tercera, presentado el documento en el Registro, el Registrador comprobará si figura previamente ins-crita la adaptación o practicada la nota marginal de conformidad.
La inscripción previa de la adaptación está sujeta a la calificación del Registrador, que deberá comprobar si la adaptación es suficiente, de manera que la escritura o los estatutos sociales no contengan norma alguna que se oponga a la Ley. Esta calificación queda bastante reducida teniendo en cuen-ta el carácter dispositivo de la Ley. El problema será, en su caso, de límites entre los posibles «excesos imaginativos» de los socios.
En el caso de disconformidad con la calificación del Registrador, el plazo concedido para la adaptación, tres años, parece más que suficiente para la resolución del recurso gubernativo y la adopción de las medidas que procedan según se confirme o no la nota del Registrador.
2. En cambio, en el supuesto de artículo 221, el Registrador deberá comprobar si la sociedad ha depositado las cuentas dentro del plazo, en relación al último ejercicio social y a los anteriores.
Respecto del acto mismo del depósito de cuentas, la calificación del Registrador tiene un eminente carácter formal. A ella se refiere expresamente el artículo 219 TRLSA. El Registrador no entrará en el contenido y detalle de las cuentas, pero sí en la comprobación de que el documento presentado reúne todos los requisitos exigidos por la Ley y, especialmente, si los documentos presentados son los exigidos por la Ley (certificación de los acuerdos de la Junta, un ejemplar de las cuentas anuales y de aplicación del resultado, el in-forme de gestión y el informe de los auditores en su caso. Cfr. art. 218), si están debidamente aprobados por la Junta General y si constan las precepti-vas firmas de los administradores y está expedida la certificación por quien tiene facultades para certificar. La experiencia habida en este punto desde 1990 nos hace presumir que, en la práctica, serán constantes los «disgus-tos» provocados por el cierre registral debido a una defectuosa presentación de las cuentas en el Registro Mercantil.
En caso de recurso ante la nota denegatoria no parece posible que tal recurso se resuelva dentro del plazo legal fijado para el depósito de las cuentas.
¿Habrá que entender que el depósito se ha efectuado a los efectos de evitar el cierre del Registro? ¿Y si la resolución de la DGRN confirma la calificación negativa del Registrador? Estamos ante una cuestión muy delicada, de indudable trascendencia práctica y de difícil solución, pues hay que partir de la base de que el artículo 221 exige la práctica del depósito de cuentas en forma legal, de manera que la obligación no se cumple si el depósito no es admitido por el Registrador. Ante la diatriba entre cerrar el Registro, aunque luego el depositante consiga una resolución favorable del recurso gubernativo, o no cerrarlo a la espera de la resolución del recurso, aunque ésta venga a confir-mar la nota del Registrador, me inclino por lo último. En una materia de tanta trascendencia para la marcha económica de las empresas debe interpretarse la norma sancionadora con carácter restrictivo y evitar soluciones que puedan producir en la práctica perjuicios irreparables, como serían los causados a una sociedad a la que se le cerrase el Registro Mercantil y, al cabo de bastantes meses, la DGRN resolviera el correspondiente recurso gubernativo recono-ciendo la improcedencia de los defectos alegados por el Registrador y, conse-cuentemente, del cierre del Registro operado en su día.
3) La obligación de tracto único y de tracto continuado.
1. En el supuesto del cierre por falta de adaptación estatutaria, cuando ésta fuera necesaria, el cierre se evita o queda sin efecto cumpliendo con la obligación de adaptar la sociedad. La situación es irrepetible, es decir, la obligación se cumple una vez y queda extinguida.
2. Por el contrario, en el supuesto del artículo 221 no basta con depositar las cuentas anuales de determinado ejercicio, sino que todos los años hay que cumplir con esta obligación y, en su defecto, se producirá el cierre registral.
4) El plazo para el cumplimiento de la obligación.
1. En el caso de la adaptación, la sociedad tiene tres años para lograr la inscripción de la escritura de adaptación o la práctica de la nota marginal de conformidad. El cierre registral si se produce será a partir del 1 de junio de 1998.
2. En cambio, en el supuesto del artículo 221, el órgano de administración tiene que efectuar el depósito de las cuentas anuales correspondientes a 1994, por lo que el cierre registral puede tener lugar ya en agosto de 1995 (art. 218 TRLSA y Disposición final segunda de la Ley de 23 de marzo de 1995).
Sin embargo, la cuestión no es totalmente clara. La disposición final seg u n -da excepciona la regla de la entrada en vigor contenida en la disposición fi-n a l quinta (1 de junio de 1995) respecto de las normas que enumera que serán de aplicación a las cuentas anuales a partir de los ejercicios sociales co-menzados a partir del 1 de enero de 1995. Entre las normas que cita esta disposición final segunda no figura el apartado 20 de la disposición adicional segunda, es decir, el nuevo ar-tículo 221 LSA.
De ahí que este artículo entrará en vigor el 1 de junio de 1995. Pero puede suceder que las cuentas anuales de 1994 hayan sido aprobadas en los primeros meses de 1995, habiendo transcurrido ya el plazo del mes a que se refiere el artículo 218 LSA. En este caso no parece posible aplicar con carácter retroac-tivo la sanción prevista en el nuevo artículo 221 LSA, precisamente por su carácter sancionador (artículo 9 de la Constitución).
En cambio, en los supuestos más frecuentes de aprobación de las cuentas de 1994 en los últimos días del mes de junio y, por tanto, estando ya en vigor la nueva Ley, nada se opone a la aplicación del artículo 221 LSA, tanto a las SA como a las SRL (artículo 84 LSLRL) que no depositen los documen-tos a que se refiere el artículo 218 LSA dentro del plazo legal.
5) Duración del cierre.
1. En el caso de la falta de adaptación, el cierre del Registro se mantiene hasta tanto no se haya practicado la inscripción de la adaptación o la nota marginal de conformidad.
Una vez practicado cualquiera de estos dos asientos se levanta el cierre registral de forma definitiva y podrán inscribirse todos los documentos de la sociedad con independencia de cuál sea su fecha.
2. En el caso del artículo 221.1, el cierre se mantiene mientras el incumplimiento de la obligación del depósito persista.
Cumplida dicha obligación se levantará el cierre registral, pero éste podrá de nuevo producirse si al año siguiente se incumple de nuevo la obligación del depósito.
¿Prescribe la sanción del cierre registral por incumplimiento de la obligación del depósito de cuentas? La pregunta surge a la vista del tenor literal del apartado 4 del artículo 221, según el cual, «4. Las infracciones a que se refie-re este artículo prescribirán a los tres años». El empleo del plural abarca todos los supuestos incluidos en el artículo 221 y, por tanto, también todas las san-ciones en él previstas, es decir, tanto la multa como el cierre registral. Pero técnicamente, así como la multa administrativa prescribe, y debe prescribir conforme a los principios generales en materia de infracciones administrati-vas, no sucede lo mismo con la sanción del cierre registral que conforme al apartado 1 del mismo artículo 221 se mantiene «mientras el incumplimiento persista».
Esta aparente contradicción entre el apartado 1 y el 4 del artículo 221 obedece, sin duda, a una imprevisión sufrida en el íter legislativo.
En efecto, en el texto del artículo 221 aprobado por el Congreso de los Diputados, únicamente estaba prevista la multa administrativa. Posteriormente, en el Pleno del Senado se aprueba el texto definitivo en el que se incluye a última hora la sanción del cierre registral, dándose nueva redacción al apar-tado 1 sin modificar el apartado 4.
6) La prueba de la inexistencia de cierre registral.
1. En el supuesto de la falta de adaptación, la prueba del no cierre del Registro resultará de la propia escritura de adaptación, en la que figurará el cajetín de su inscripción o la nota marginal, tal como expusimos al comentar la disposición transitoria segunda, apartado 2.
2. Nada dice la Ley respecto de la acreditación del depósito de cuentas.
La cuestión va a tener indudable importancia práctica para la seguridad del tráfico jurídico.
En efecto, como dijimos anteriormente, las graves consecuencias que para el tráfico provoca el cierre registral exigen que se instrumente algún procedimiento para la acreditación del cumplimiento de la obligación del depósito de cuentas, lo cual en estos casos puede dar lugar más frecuentemente a proble-mas, ya que una sociedad no adaptada en plazo legal suele ser una sociedad sin actividad, en cambio, hay sociedades que actúan en el tráfico y no cumplen regularmente con la obligación de depósito de las cuentas.
Y sobre todo téngase en cuenta que, según dijimos, para la adaptación hay tres años de plazo y, en cambio, el cierre del Registro por el artículo 221.1 puede tener lugar ya en 1995.
La perturbación del tráfico puede ser notable. Me explicaré, piénsese, por ejemplo, en una compraventa inmobiliaria en la que la sociedad vendedora actúe a través de un consejero delegado, cuya inscripción en el Registro Mercantil está pendiente por razón de la fecha de su nombramiento; o en el caso de que se aporte una finca a la sociedad, en un aumento de capital, y posteriormente la sociedad proceda a su venta a un tercero. ¿Cómo asegurarse de que estas compraventas se inscribirán sin problema en el Registro de la Propiedad, si, en rigor, dicha inscripción está supeditada a la previa ins-cripción en el Registro Mercantil de los nombramientos o del aumento de ca-pital, según los casos expuestos? La seguridad jurídica exige conocer la posible situación de cierre registral derivada del incumplimiento de la obligación de depositar las cuentas socia-les.
Por ello en estos casos deberá conectarse previamente con el Registro Mercantil, o exigir la exhibición de algún documento o recibo justificativo del depósito. Problema éste que en el supuesto de la disposición transitoria tercera viene resuelto por lo dispuesto en el apartado 2 de la disposición transi-toria segunda, ya comentado.
7) La acumulación de sanciones.
1. En el supuesto de falta de adaptación y dejando aparte la ineficacia de las disposiciones estatutarias a que se refiere la ya comentada disposición transitoria primera, la única sanción es la del cierre del Registro.
2. En cambio, en el supuesto del artículo 221, la falta del depósito de cuentas se sanciona no sólo con el cierre del Registro, sino también con una multa pecuniaria. Multa que es graduable de conformidad con los apartados 2 y 3 del nuevo artículo 221 del TRLSA.
Respecto de la multa, en la justificación de la enmienda que motivó la redacción definitiva puede leerse lo siguiente: «Aunque la sanción de la multa a los administradores se considera más justa que la imposición a la sociedad, hay que tener en cuenta dos dificultades: una operativa y otra de fondo. La operativa hace referencia a la dificultad de notificar el expediente sanciona-dor a todos los administradores, pues el Registro no proporciona el domicilio de éstos y, además, aunque lo proporcionase, si los administradores cambian de domicilio surgirá la cuestión de si está bien realizada la notificación en el domicilio que publique el Registro o en el que realmente tengan. Esta dificul-tad aumenta si los administradores son extranjeros. En este sentido, el Insti-tuto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas considera poco viable la sanción a los Administradores, considerando más operativo que la sanción se impon-ga a la sociedad y que, en su caso, los socios ejerciten la acción de respon-sabilidad contra los administradores.
Por otra parte, la jurisprudencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera, se va consolidando en el sentido de no admitir la responsabilidad solidaria en caso de sanciones. Se pueden citar las sentencias de 2 de noviembre de 1992 y de 9 de julio de 1994.»
Cuarta. Acuerdos sociales de adaptación
Los acuerdos por los que se proceda a adaptar la escritura o los estatutos sociales a la presente Ley serán válidos si vota a favor de los mismos la mayoría del capital social, cualesquiera que sean las disposiciones de la es-critura o estatutos sociales sobre el régimen de constitución o las mayorías de votación. Cualquier socio o administrador estará legitimado para solicitar del órgano de administración la convocatoria de la Junta General con esta fi-nalidad y si, transcurridos dos meses desde la solicitud, la convocatoria no hubiere sido publicada, podrán solicitarla del Juez de Primera Instancia del domicilio social, quien, previa audiencia de los administradores, acordará lo que proceda designando, en su caso, la persona que habrá de presidir la reu-nión.
La norma tiene su antecedente inmediato en el apartado 2 de la disposición transitoria quinta de la Ley de 25 de julio de 1989.
Es una disposición facilitante de la adaptación.
Como norma excepcional sólo resulta de aplicación a los acuerdos de adaptación estatutaria necesaria.
Consecuentemente, en los casos de Juntas «mixtas» en las que además de adoptar los acuerdos de adaptación necesario se adopten otros distintos, se aplicarán las normas estatutarias y legales que correspondan según el distinto contenido de los acuerdos. Al respecto hay que partir de la idea de que la Junta es indivisible, según reconoció la DGRN en su resolución de 12 de mayo de 1978, de modo que si no hay quórum para debatir alguno de los puntos del orden del día no pueden aprobarse los puntos que exijan un quó-rum de votación menos riguroso. Esta cuestión es especialmente delicada en sede de sociedades limitadas por lo dicho respecto de la escasez de normas imperativas que obliguen a una adaptación estatutaria, lo que limita en la práctica el juego de esta disposición transitoria cuarta.
Es discutible si dentro de los acuerdos de adaptación necesaria deben incluirse el acuerdo de transformación social o el de disolución. En mi opinión ello no es correcto dada la distinta trascendencia de estos acuerdos en rela-ción con la mera adaptación social. El tenor literal de la norma, que como nor-ma excepcional no debe ser interpretada a supuestos distintos de los en ella contemplados, lleva a la misma solución negativa. Y es que una vez más de-be insistirse en el limitado alcance de la adaptación estatutaria en las socieda-des limitadas en las que la regulación legal es una regulación de mínimos. No parece justificado permitir la adopción de un acuerdo de transformación social o de disolución a pretexto de que es una vía de adaptación, argumento este que, no obstante, podría encontrar apoyo en el último inciso de la disposición transitoria tercera en cuanto que excepciona del cierre registral no sólo los acuerdos de adaptación, sino los de transformación y disolución. Pero una co-sa es que el acuerdo de transformación deje sin sentido las medidas previstas para la falta de adaptación y otra, muy distinta, equiparar ambos tipos de acuerdo. En este sentido la propia Ley de 1995 en su artículo 53.2, a) y b), distingue entre la modificación de estatutos y la transformación, exigiendo pa-ra esta última el voto favorable de una mayoría cualificada (dos tercios de los votos correspondientes a las participaciones en que se divida el capital so-cial).
Esta disposición transitoria cuarta, como novedad, reconoce a cualquier socio o administrador legitimación para solicitar la convocatoria de la Junta General.
Además, cabe la convocatoria judicial, si pasan dos meses desde la solicitud sin que la convocatoria haya sido publicada.
La publicación de la convocatoria deberá hacerse en la forma prevista en los estatutos. Y por la importancia del plazo y la forma de su cómputo, en evitación de problemas, la solicitud deberá hacerse con fecha fehaciente.
Quinta. Exenciones tributarias
Quedarán exentos de tributos y exacciones de todas clases los actos y documentos legalmente necesarios para que las sociedades constituidas con arreglo a la legislación anterior puedan dar cumplimiento a lo establecido en la presente Ley dentro del plazo establecido en la disposición transitoria segunda.
A las aportaciones a sociedades unipersonales de responsabilidad limitada de unidades económicas autónomas por empresarios individuales, les será de aplicación en sus propios términos lo dispuesto en la Disposición Adi-cional segunda de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, de adecuación de de-terminados conceptos impositivos a las Directivas y Reglamentos de las Co-munidades Europeas.
Tiene su precedente en la disposición transitoria octava de la Ley de 25 de julio de 1989.
Es también una norma facilitante de la adaptación.
Al igual que en los casos de los apartados 3 y 4 de la disposición transitoria segunda, es de interpretación restrictiva, como norma excepcional. Por ello la exención de impuestos sólo se concederá respecto de los actos y do-cumentos legalmente necesarios, no sólo convenientes, para la adaptación dentro del plazo de tres años a contar de la entrada en vigor de la Ley.
Como actualización, más que novedad, el párrafo segundo de esta norma se remite a los beneficios fiscales reconocidos a las aportaciones de unidades económicas autónomas en la Disposición Adicional segunda de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, que son de aplicación al supuesto de la socie-dad unipersonal.
Sexta. Plazos para la amortización de participaciones propias
1. Las participaciones propias poseídas por la sociedad al momento de entrada en vigor de la presente Ley, en la medida en que infrinjan lo dispuesto en la sección 4.ª de su capítulo IV, habrán de ser amortizadas en el plazo de un año, con la consiguiente reducción del capital.
2. Las participaciones o acciones de la sociedad dominante poseídas por la sociedad al momento de entrada en vigor de la presente Ley, en la medida en que infrinjan lo dispuesto en la sección 4.ª de su capítulo IV, habrán de ser enajenadas en el plazo de un año.
3. Si la sociedad no adoptara las medidas establecidas en los apartados anteriores, cualquier interesado podrá solicitar su adopción por la autoridad judicial. Los administradores y, en su caso, los liquidadores, están obligados a solicitar de la autoridad judicial la amortización de las participaciones cuando el acuerdo social fuese contrario a la reducción del capital o no pudiera ser adop-tado.
Las participaciones o acciones de la sociedad dominante serán vendidas judicialmente a instancia de parte interesada.
La disposición transitoria sexta, al igual que las dos restantes, es una disposición especial, referida a un tema concreto.
Tal como se dijo al comentar los artículos 39 a 42 del nuevo texto legal, la ley de 1995 ha venido a colmar la laguna existente en materia de adquisición por la sociedad de sus propias participaciones o de acciones o participaciones de su sociedad dominante.
Pues bien, esta disposición transitoria sexta regula la situación de derecho transitorio que se produce en relación con las sociedades que a la entra-da en vigor de la Ley poseen participaciones propias o acciones o participa-ciones de la sociedad dominante.
En el primer caso las participaciones propias deberán ser amortizadas en el plazo de un año con la consiguiente reducción de capital. A estos efectos los administradores y, en su caso, los liquidadores, están obligados a solicitar la amortización judicial de las participaciones cuando el acuerdo social fuese contrario a la reducción o no pudiera ser adoptado. Igualmente, la autoridad judicial adoptará aquellas medidas a petición de cualquier interesado.
En rigor, se trata de dos supuestos de actuación judicial que tienen distinto significado. A los administradores y liquidadores la solicitud de actuación judicial se les impone como una obligación; en cambio, para los demás inte-resados es un derecho. La legitimación para ejercer este derecho debe reco-nocerse a cualquiera de los socios, a un administrador e incluso a los terce-ros acreedores. Pero no es un caso de convocatoria judicial de Junta, sino que aquí la Ley va más lejos, permitiendo que sea la autoridad judicial -el Juez de Primera Instancia del domicilio social- la que adopte directamente las medidas.
Tratándose de acciones o participaciones de la sociedad dominante, deberán ser enajenadas en el plazo de un año. La enajenación puede realizarse libremente por la sociedad, pero cualquier interesado puede exigir que la ven-ta sea judicial. En este último caso la venta se hará en pública subasta o, en su caso, en el mercado secundario de valores si las acciones de la sociedad dominante son negociables en dicho mercado.
El incumplimiento de las medidas previstas en esta disposición transitoria determinará la aplicación del régimen sancionador contenido en el artículo 42 de la Ley.
Séptima. Validez de las emisiones de obligaciones ya acordadas
Serán válidas y se regirán por lo dispuesto en la Ley 211/1964, de 24 de diciembre, las emisiones de obligaciones u otros valores negociables agrupados en emisiones que, con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, hubieran sido acordadas por sociedades de responsabilidad limitada, co-lectivas o comanditarias simples, siempre que la fecha de adopción del co-rrespondiente acuerdo conste en documento público o se acredite por cual-quiera de las formas previstas en el artículo 1.227 del Código Civil.
Igualmente serán válidas las emisiones de obligaciones u otros valores negociables agrupados en emisiones realizadas por empresarios individuales con arreglo a la legislación anterior y cuya formalización en escritura pública haya tenido lugar antes de la entrada en vigor de la presente Ley.
A pesar de los numerosos intentos realizados en el íter legislativo para que no triunfara la norma contenida finalmente en el artículo 9 de la Ley, lo cierto es que a partir de la entrada en vigor de la Ley queda prohibido a la SL acordar ni garantizar la emisión de obligaciones u otros valores negociables agrupados en emisiones.
En la misma línea, la Disposición Adicional tercera extiende idéntica prohibición a las personas físicas y a las sociedades civiles, colectivas y comanditarias simples.
Obsérvese que la prohibición afecta a la emisión de valores y para que ésta exista es necesario, por hipótesis, que se emitan varios. Por tanto, tratándose de una prohibición y, por tanto, de una norma de interpretación restrictiva, no alcanzará a la creación de un solo valor, cualquiera que sea el nombre que se le dé (obligación, cédula, letra, etc.).
La disposición transitoria séptima resuelve el conflicto transitorio que pudiera producirse en relación con las emisiones acordadas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley.
Y como quiera que dichas emisiones pueden acordarse por alguna de las sociedades a que se refiere la norma o «decidirse» por persona física, empresario individual, la forma de acreditar la fecha de la emisión es diferente según los casos. Si la emisión se acordó por una sociedad, la fecha deberá constar en documento público o acreditarse por cualquiera de las formas pre-vistas en el artículo 1.227 del Código civil. Uno de los medios más prácticos suele ser el de la legitimación notarial de firmas en el certificado de los acuer-dos sociales.
Si la emisión fue decidida por empresarios individuales es necesario que la emisión haya sido formalizada en escritura pública antes de la entrada en vigor de la Ley.
Estableciendo una comparación entre esta disposición transitoria y el artículo 9 se observa que la norma transitoria guarda silencio respecto del acuerdo de garantizar la emisión de obligaciones. No obstante, siendo la garantía un ele-mento accesorio de lo principal parece claro que le es perfectamente aplicable el mismo criterio y, por tanto, serán válidos los acuerdos de garantizar una emi-sión siempre que la fecha conste fehacientemente en alguna de las formas indi-cadas o que, en el caso del empresario individual, la garantía se haya constitui-do en escritura pública con anterioridad al 1 de junio de 1995.
Lo que es más problemático es la validez de la garantía cuando la emisión se acordó antes del 1 de junio de 1995, pero la garantía está pendiente del acuerdo definitivo. La aplicación del artículo 9 impide la válida adopción de este acuerdo con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley. Sin embargo, pu-diera darse el caso de que el acuerdo de emisión se haya adoptado sobre la base del compromiso de futura garantía por parte de la sociedad o del empre-sario individual. En estos casos, excepcionales, la unidad del negocio y el carácter accesorio de la garantía deberían ser argumentos suficientes para admitir la validez de la conversión del simple compromiso en acuerdo definiti-vo de garantizar la emisión, aunque éste tenga lugar tras la entrada en vigor de la Ley.
Octava. Sociedades unipersonales preexistentes
1. Antes del día 1 de enero de 1996, las sociedades anónimas o de responsabilidad limitada que a la entrada en vigor de la presente Ley se hallaren en alguna de las situaciones a que se refiere el artículo 125, deberán presentar en el Registro Mercantil, para su inscripción, una declaración suscrita por persona con facultad certificante y firma legitimada en la que se indicará la identidad del socio único.
2. En caso de incumplimiento de lo dispuesto en el apartado anterior, el socio único responderá en los términos del artículo 129.
Con carácter de novedad la Ley ha regulado la figura de la sociedad unipersonal (arts. 125 a 129).
De conformidad con el apartado 1 del artículo 126 esta situación deberá hacerse constar en escritura pública que se inscribirá en el Registro Mercantil.
Y a tenor del artículo 129, transcurridos seis meses sin que esta circunstancia se hubiere inscrito en el Registro, el socio único responderá personal, ilimitada y solidariamente de las deudas sociales contraídas durante el perío-do de unipersonalidad. Inscrita la unipersonalidad, el socio único no respon-derá de las deudas contraídas con posterioridad.
El nuevo régimen es de aplicación también a la SA, a cuyo efecto la Disposición Adicional segunda, apartado 23, introduce un nuevo capítulo, el XII, bajo el título «De la sociedad anónima unipersonal», integrado por un solo artículo, el 311, que se remite al capítulo XI de la LSRL.
Y en virtud de la Disposición Adicional quinta, el apartado 2 del artículo 126, los apartados 2 y 3 del artículo 128 y el artículo 129 no serán de aplicación a las sociedades anónimas o de responsabilidad limitada cuyo capital sea propiedad del Estado, Comunidades Autónomas o Corporaciones Loca-les, o de organismos o entidades de ellos dependientes.
La disposición transitoria octava resuelve el conflicto transitorio que se produce en relación con las SA o SL que a la entrada en vigor de la Ley se hallaren en alguna de las situaciones a que se refiere el artículo 125. De estas situaciones, la primera, la constitución de la sociedad unipersonal ab initio sólo se dará respecto de las sociedades constituidas unipersonalmente por alguna entidad pública.
La disposición transitoria se aparta del artículo 126 en cuanto a la forma de reflejar documentalmente la unipersonalidad, pues en lugar de exigir la escritura pública se conforma con una declaración suscrita por persona con fa-cultad certificante y firma legitimada en la que se hará constar la identidad del socio único. La medida sólo se justifica por razones prácticas, para facilitar la constancia registral de las situaciones de unipersonalidad preexistentes.
El hecho de que la norma exija que la declaración esté suscrita por persona con facultad certificante se explica porque, de un lado, en muchas ocasio-nes el socio único será una sociedad -que actúa a través de sus órganos- y, de otro, porque cuando se trate de persona física, por aplicación del artículo 127, ésta podrá actuar a través del órgano de administración o personalmente, certificando sus propios acuerdos o «decisiones».
Por lo demás, la norma se aplica a la situación de unipersonalidad formal.
En aquellos casos de unipersonalidad real, lograda a través de la utilización de meros testaferros, habrá que acudir a las reglas generales en materia de simulación y a la vía judicial para el levantamiento del velo. Mientras que ello no suceda la sociedad conservará su apariencia externa y no le serán de aplicación las normas de la sociedad unipersonal ni, por tanto, la sanción de la responsabilidad personal, ilimitada y solidaria impuesta por el artículo 129.
Primera. Derogación de la Ley de 17 de julio de 1953
A la entrada en vigor de la presente Ley quedará derogada la Ley de 17 de julio de 1953, sobre régimen jurídico de las sociedades de responsabilidad limitada.
La norma, por su claridad, no merece especiales comentarios. Únicamente recordar que debe ponerse en relación con la disposición transitoria prime-ra, que somete a todas las sociedades de responsabilidad limitada a lo dis-puesto en la nueva Ley y, en consecuencia, queda sin razón de ser el sistema transitorio previsto para las sociedades limitadas en la Ley de 25 de julio de 1989.
Segunda. Derogación de la norma sobre disolución de pleno derecho
Queda derogada la norma sobre disolución de pleno derecho de las sociedades de responsabilidad limitada contenida en el último inciso del apartado 2 de la disposición transitoria sexta de la Ley 19/1989, de 25 de julio.
Como dijimos al comentar la disposición transitoria primera, aunque tal vez no habría hecho falta dado el tenor literal de la disposición derogatoria primera, en evitación de torcidas interpretaciones el legislador ha preferido insistir en la derogación expresa de la norma sobre disolución de pleno dere-cho.
De subsistir dicha norma se produciría el absurdo de que las sociedades limitadas no adaptadas a la Ley de 1989 quedarían disueltas automáticamente llegado el 31 de diciembre de 1995, aunque tuvieran tres años para adap-tarse a la nueva Ley.
Realmente esta disposición transitoria habría tenido más sentido si la entrada en vigor de la nueva Ley, por razones de política legislativa, se hubiese producido con posterioridad al 31 de diciembre de 1995.
Primera. Entrada en vigor de la Ley
La presente Ley entrará en vigor el día 1 de junio de 1995.
La fecha de entrada en vigor tiene una gran trascendencia para el cómputo de los plazos establecidos para la adaptación (tres años), para el de los plazos a que se refieren las disposiciones transitorias sexta, séptima y octava y para el inicio del efecto derogatorio de la Ley de 1953, así como para la pérdida de eficacia de las disposiciones de la escritura o estatutos que se opongan a lo establecido en la nueva Ley.
Segunda. Régimen de vigencia aplicable a las cuentas anuales
El apartado 2 de la disposición adicional primera y los apartados 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 de la disposición adicional segunda, se aplicarán a las cuentas anuales a partir de los ejercicios sociales que den comienzo el día 1 de enero de 1995 o en el transcurso de dicho año.
Con esta norma el legislador zanja la cuestión de si las modificaciones introducidas en materia de cuentas anuales sólo debe aplicarse respecto de los ejercicios sociales que comiencen el 1 de enero de 1996.
La voluntad del legislador es clara, deben someterse a las nuevas normas las cuentas anuales a partir de los ejercicios sociales que den comienzo el 1 de enero de 1995 o en el transcurso de dicho año, si la sociedad se fundó posteriormente.
JUAN BOLÁS ALFONSO
Colegio Notarial de Madrid
Un esbozo de los numerosos problemas que plantea el sistema transitorio de los textos de 1989 puede verse en mi trabajo sobre «La adaptación de las sociedades de capital a la vigente normativa: la triple vertiente de la obligación de adaptación, Problemas prácti-cos».
Revista Jurídica del Notariado, número 1, eneromarzo 1992.
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