Source: http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/documento/98232
Timestamp: 2019-09-16 23:01:13
Document Index: 355192813

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 65', 'artículo 65', 'artículo 65', 'artículo 65', 'artículo 83', 'artículo 65', 'artículo 65', 'Artículo 65', 'artículo 83', 'artículo 66']

Gaceta: LXIV/1SPR-31/98232
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE PROPONE REFORMAR EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 65 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN RELACIÓN A LA DURACIÓN DE LOS PERIODOS DE SESIONES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN
Las y los suscritos, legisladores y legisladoras integrantes de la Comisión Permanente correspondiente al segundo receso del primer año de ejercicio de la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 71 fracción II, 78 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los artículos 55 y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos ante esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se propone reformar el primer párrafo del artículo 65 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al tenor de la siguiente:
En la Constitución de 1917, como parte del diseño institucional del Congreso de la Unión, se acordó dejar un único periodo de sesiones para que sesionaran en pleno las Cámaras que lo conforman durante cuatro meses, de septiembre a diciembre de cada año. Esta situación permaneció así por 76 años ininterrumpidos, hasta 1993 que se estableció un segundo periodo ordinario de sesiones, con una duración de un mes y medio, que iba del 15 de marzo al 30 de abril.
Posteriormente, más de una década después, el 2 de agosto de 2004 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto con la reforma al primer párrafo del artículo 65 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que, precisamente modifica la fecha del inicio del segundo periodo ordinario de sesiones del 15 de marzo al 1ero. de febrero de cada año.
Esta reforma logró su cometido, al permitir que el Congreso de la Unión aumentara el número de días de sesión, en un segundo periodo de sesiones ordinarias durante tres meses para desahogar los asuntos de su competencia.
Cabe mencionar que esta reforma fue producto de un consenso entre las fuerzas políticas representadas en la Cámara de Diputados apoyado por el Senado de la República, que fue operado desde la Comisión para la Reforma del Estado de la LVIII como una conclusión del grupo plural.
Este consenso fue posible gracias al reconocimiento, por parte de los grupos parlamentarios, de la necesidad de contar con las cámaras del Congreso de la Unión, reunidas y trabajando durante un lapso mayor de tiempo, para abatir el, el enorme rezago legislativo acumulado tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores.
Con esta medida se intentó adicionalmente combatir las inercias negativas que se observaban en el trabajo legislativo cotidiano, tales como el ausentismo legislativo, la falta de eficacia y capacidad de respuesta ante fenómenos políticos tanto de coyuntura como legislativos, y sobre todo la morosidad para dictaminar los asuntos que se turnan a las comisiones, lo que genera el grave problema del rezago legislativo. Con ello se trató de atemperar el desgaste de la imagen del Congreso y de los legisladores ante la opinión pública, derivado de lo anteriormente descrito.
A lo largo de 87 años, que van de 1917 a 2004, el Congreso logró la ampliación de sus periodos de sesiones de la siguiente manera. Del diseño original del constituyente de 1917, que era de cuatro meses por año en un solo periodo, es decir, de septiembre a diciembre; siguió otro esquema de cinco meses por año en dos periodos de sesiones, uno de tres meses y medio, es decir, del 1 de septiembre al 15 de diciembre y otro de un mes y medio, del 15 de marzo al 30 de abril, en la reforma de 1993. Finalmente, en la reforma ya referida de 2004, el Congreso amplía sus periodos a siete meses por año, el primer periodo de tres meses y medio, del 1 de septiembre al 15 de diciembre y un segundo periodo del 1 de febrero al 30 de abril.
También es de tomarse en cuenta que el Congreso de la Unión no solamente funciona en periodos de sesiones ordinarias, sino también, en los periodos de receso a través de la Comisión Permanente y por otro lado, por conducto de las comisiones y comités que están obligados a sesionar por lo menos mensualmente durante todo el año. También en los periodos de receso que son del 15 de diciembre al 31 de enero y del 1 de mayo al 31 de agosto, es decir, cinco meses y medio, es cuando se pueden convocar a los periodos extraordinarios. Es verdad que en los últimos años la Comisión Permanente ha estado convocando a las cámaras del Congreso a periodos extraordinarios con mayor frecuencia que en otros tiempos.
Por otro lado, es cierto que los recesos son demasiado largos, sobre todo el segundo, que va del 1 de mayo al 31 de agosto, cuya sede es en la Cámara de Senadores. Sin embargo, este periodo de receso tiene su lógica propia, sobre todo cuando coincide con procesos electorales federales o locales, o incluso con la etapa final de una legislatura.
Durante los últimos años las legislaturas de los estados y la federal, junto con las autoridades electorales han hecho esfuerzos para alinear los calendarios electorales en fechas concurrentes, buscando que sea el mes de junio el mes de las elecciones, tanto federales como locales, en congruencia con la propia evolución de la autoridad electoral que ahora es de carácter nacional.
En este sentido, y desde el punto de vista de los procesos electorales, es muy útil el segundo receso, sobre todo en los meses de mayo, junio y julio. En mayo se desarrollan las campañas electorales, el primer domingo de junio es la jornada electoral, y durante junio y julio se desahoga la etapa de lo contencioso electoral.
Posteriormente a la conclusión de los procesos de impugnación y la emisión de las constancias de mayoría, corresponde a los órganos administrativos de ambas cámaras recibir la documentación de cada legislador electo por parte del INE, a efecto de acreditarlos, emitir las credenciales correspondientes de legisladores, para lo cual necesita que exista un periodo de tiempo adecuado previo al inicio del primer periodo de sesiones de cada Legislatura, por ello, es más conveniente que se mantenga un periodo amplio posterior a la fecha de elección para que los órganos administrativos del Congreso puedan cumplir en tiempo y forma con esta tarea y el mes de julio resulta idóneo para ello.
Es de subrayar que en toda esa etapa hay un ambiente de competencia electoral y de polarización natural entre las diferentes fuerzas políticas en donde se torna muy complicado construir acuerdos políticos que se requieren para buscar los consensos necesarios que implica la tarea legislativa.
No obstante lo anterior, también se ha hecho evidente, sobre todo en la última década, que en el segundo receso la Comisión Permanente se acumula una gran cantidad de asuntos que presentan las y los legisladores debido en parte a que éstos no se desahogan en los periodos ordinarios, y también al impulso que toma la Comisión ante los acontecimientos nacionales de un país de la dimensión y complejidad de México. Esta dinámica genera también el hecho de que la propia Comisión Permanente acumula su rezago en cuanto a la resolución de los asuntos que se presentan y recarga de asuntos, sobre todo de iniciativas con proyecto de ley o decreto a las dos cámaras del Congreso, ya que les son turnadas para su dictamen debido a que la Comisión Permanente carece de facultades para dictaminar iniciativas.
Efectivamente en las comisiones y comités, como órganos del Congreso, es donde se procesan los debates, las decisiones y los dictámenes que pasan finalmente al pleno, y sostener que el Congreso debe su funcionalidad únicamente a la obligación de sesionar por más tiempo es una apreciación discutible.
Resulta más eficaz, para abatir el rezago legislativo el fortalecimiento de las comisiones ordinarias que es donde se procesan y se resuelven lo asuntos legislativos, que mantener abiertas las sesiones ordinarias de las cámaras.
Por ello, es de resaltar nuevamente, el consenso logrado en la Comisión para la Reforma del Estado hace ya más de una década, que incluía ampliar dicho periodo tanto desde su inicio como su terminación, con pleno reconocimiento de la realidad del Congreso pero también con un criterio de racionalidad, por ello es que en aquél entonces se propusieron como fechas de inicio y clausura del periodo de sesiones, el 1ero. de febrero y el 30 de junio del mismo año, respectivamente, lo cual, en su primera parte se aprobó y se aplica desde entonces, quedando pendiente la segunda fecha. Con la primera fecha se incrementó en mes y medio el tiempo de sesiones.
También se deben tomar en cuenta los periodos electorales que gravitan sobre todo al final de cada legislatura y que se empalmarían en mayor tiempo con el final del segundo periodo de sesiones del último año de ejercicio.
Es necesario recordar que en la reforma política electoral publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014 se aprobaron diversos cambios directamente relacionados con la materia de esta iniciativa, en particular la reforma al artículo 65 constitucional el cual quedo de esta manera redactado:
Esto está directamente relacionado con la reforma al artículo 83 que modificó la fecha de toma de protesta del Presidente de la República:
Con el paso del tiempo, se ha observado que las dinámicas políticas cada vez más complejas a las que está sometido el Congreso de la Unión, lo han obligado a ir más allá de los periodos de sesiones ordinarias, convocando a sendos periodos extraordinarios para cumplir con los plazos constitucionales y legales que le determinan y obligan para ejercer sus facultades y obligaciones con mayor eficacia y eficiencia.
No obsta mencionar que ante esta realidad y las exigencias legítimas de la ciudadanía en su conjunto, es necesario encontrar un nuevo punto de equilibrio de los tiempos de su funcionamiento y su organización, que tome en cuenta el trabajo en el Pleno, el trabajo en comisiones y desde luego, los tiempos electorales, por ello es que consideramos en la presente iniciativa proponer un cambio en la fecha del inicio del primer periodo de sesiones que pasará si se aprueba la presente reforma, del 1 de septiembre al 1 de agosto de cada año, incluyendo la hipótesis del inicio del encargo del Presidente de la República, que ya está en el artículo 65 de la Constitución Política, objeto de este proyecto de reforma.
Con ello, podemos alcanzar dos objetivos: el primero alargar el periodo de sesiones del Congreso de la Unión y por otro lado, también respetar los tiempos electorales, ya que cada tres años podrían causar innecesarios apresuramientos y presiones para las autoridades electorales, luego de la jornada electoral, en los cómputos y en el contencioso electoral.
Los proponentes de la presente iniciativa, tenemos la firme convicción de que, al modificar la fecha del inicio del primer periodo de sesiones del Congreso de la Unión, del 1o de septiembre al 1o de agosto, lograríamos resolver adecuadamente el problema de la ampliación de los periodos de sesiones, respetar los tiempos electorales, coadyuvar al buen funcionamiento de la Comisión Permanente y propiciar mayores espacios para alcanzar los acuerdos y entendimientos entre las fuerzas políticas que nuestro país demanda.
En razón de lo anteriormente expuesto se propone el siguiente:
Único. - Se reforma el primer párrafo del artículo 65 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:
Artículo 65. El Congreso se reunirá a partir del 1o. de agosto de cada año para celebrar un primer periodo de sesiones ordinarias, incluyendo cuando el Presidente de la República inicie su encargo en la fecha prevista en el artículo 83 de esta Constitución; y a partir del 1o. de febrero para celebrar un segundo periodo de sesiones ordinarias.
Único. - El presente decreto entrará en vigor el primero de agosto de 2020.
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente a 14 de julio de 2019
Cabe señalar que en el primer año de ejercicio del presidente de la República, el primer periodo ordinario de sesiones abre el 1 de septiembre y puede cerrar hasta el 31 de diciembre, tal como lo señala el artículo 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.