Source: http://apps.procuraduria.gov.co/gd/docs/st689_13.html
Timestamp: 2019-10-17 00:32:26
Document Index: 413493557

Matched Legal Cases: ['artículo 7', 'artículo 9', 'artículo 10', 'artículo 3', 'artículo 116', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 2', 'artículo 6', 'artículo 51', 'Artículo 2']

Guía Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación [T-689_2013]
1.2	Hechos
Las accionantes señalan que el señor Juan Miguel de Vengoechea F. presentó ante la Alcaldía Municipal de Ciénaga, Magdalena, demanda policiva de lanzamiento por ocupación de hecho contra Pablo Pérez e indeterminados, la cual radicó, apróximadamente, el 20 de septiembre de 2011, manifestando ser el propietario de la Finca Córdoba o Lote 6C, localizada en el área rural de esta población.
Afirman que la persona demandada, Pablo Pérez, no existe, pues los accionantes, miembros de la Asociación Integral Nueva Esperanza, y en su calidad de parceleros y ocupantes de los predios rurales denominados Villa del Rosario, San Judas y Toribio, no lo conocen. Agregan que tampoco forma parte de las más de sesenta familias de parceleros asentados, unos desde mediados de 2010 y otros desde enero de 2011, en dichas tierras.
Cuentan que se encuentran en estos predios con autorización de la señora Rosa Gargioli Piedriz, poseedora y dueña de esos predios, en los cuales han realizado explotación económica agrícola. También indican que durante su permanencia en estas tierras, han recibido constantes amenazas de la familia Vengoechea, lo cual ha sido un hecho público, y fue consignado, por ejemplo, en la prensa en el mes de enero de 2011.
Refieren que en el proceso policivo se aplicaron los artículos 15 de la Ley 57 de 1905 y 6 del Decreto Reglamentario 992 de 1930, cuando el procedimiento que debió aplicarse fue el establecido en el Decreto 747 de 1992, por tratarse de un bien rural. Por tanto, alegan que la Alcaldía de Ciénaga, Magdalena, y la Inspección de Policía, al aplicar las normas subrogadas y no el mencionado decreto, incurrieron en una vulneración al debido proceso.
De otro lado, señalan que el artículo 7 del Decreto 747 de 1992 exige que el auto mediante el cual se avoca el conocimiento del proceso policivo, se comunique al Procurador Agrario competente y se notifique personalmente al querellado, lo cual no se vislumbra en dicho caso. Enfatizan que la notificación al querellado Pablo Pérez no se pudo realizar personalmente porque esa persona no existe, nadie la conoce y no es colono de las tierras que conforman Villa del Rosario, Toribio y San Judas. Indican que tampoco obra prueba en el plenario de que se hubiese fijado aviso para notificar a los querellados ni que se haya fijado aviso un día antes de efectuarse la diligencia como lo indica la norma. Al parecer, dicen, el 10 de octubre de 2011, después de las 5:00 p.m, una persona lanzó un oficio informando que al día siguiente a las 8:00 a.m se iba a efectuar un lanzamiento en la finca Córdoba. Aclaran que no se trataba de un aviso sino de un oficio o comunicación dirigida a Pablo Pérez en el que le informaban que iban a efectuar la diligencia en comento. De otra parte, insisten en que la diligencia de lanzamiento estaba dispuesta para realizarse en la finca Córdoba y no en la finca Villa Ana María, conformada por tres predios, donde ellos se encuentran[1]. Aseguran que esta circunstancia fue manifestada por los parceleros durante la práctica de la diligencia, pero el Inspector de Policía guardó absoluto silencio, y no tuvo en cuenta dichas manifestaciones al momento de adoptar una decisión definitiva.
Agregado a lo anterior, cuentan que no obra dentro del plenario el auto mediante el cual nombraron como perito al señor Calixto Lavalle Mercado para que rindiera su dictamen en la diligencia de inspección ocular, por lo cual, aducen, su actuación debe declararse nula.
Por otra parte, sostienen que el querellante presentó el folio de matrícula No. 022-17816 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, para acreditar que ejerce un derecho real sobre la finca Córdoba Lote 6C, cuando en este tipo de procesos lo que debe probarse es la tenencia y posesión además de la explotación económica del predio. Agregan que al leer el folio de matrícula inmobiliaria aportado, anotación 6 del año 2001, se puede evidenciar que Juan Miguel de Vengoechea Fleury como persona natural no es el propietario inscrito de la finca en comento sino que lo es una Sociedad Comercial denominada Juan Miguel de Vengoechea y CIA S. EN C.S. (persona jurídica).
Sumado a lo anterior, dicen, las dos declaraciones extraproceso obrantes en el plenario no se refieren en absoluto a la finca Córdoba sino que se limitan a hablar de la Hacienda Papare.
Al contrario, manifiestan, ellos sí probaron con hechos notorios y varias declaraciones rendidas en la diligencia, que se encuentran en posesión del bien por autorización de la señora Rosa Gargioli Piedriz al señor Salvador Parejo, Presidente de la Asociación de los predios Villa del Rosario y San Judas desde enero de 2011, lo cual constató el perito designado, quien en su dictamen evidenció la existencia de cultivos de maíz, ahuyama y otros, enfatizando en que " tenían como tres meses o que faltaban tres meses para la cosecha". Aseguran que este hecho probó que esas tierras estaban siendo explotadas económicamente con cultivos desde hacía varios meses y no, como lo afirmó el querellante, desde el 10 de septiembre de 2011, ya que es imposible que en un mes existan cultivos en producción. Lo anterior, a su juicio, también evidencia que habían pasado más de quince días desde la supuesta invasión.
Por otra parte, aducen, el artículo 9 del Decreto 747 de 1992, exige que se elabore un inventario de los bienes que no pertenecen al querellante y se proceda a la designación de un depositario para que se encargue de los mismos mientras se hace presente el querellado. Sin embargo, el inspector de Policía no permitió el ingreso de los parceleros a sus viviendas para buscar sus objetos personales, no levantó el inventario de cultivos existentes en el predio objeto de la diligencia, ni designó depositario, en consecuencia, consideran vulnerado su debido proceso.
Agregan que el artículo 10 del Decreto 747 de 1992 establece la doble instancia para este tipo de procesos; no obstante, el inspector de policía, según afirman los accionantes, bajo intimidaciones del señor Alfredo Vengoechea, aplicó la Ley 57 de 1905 y ante la interposición de los recursos de reposición y apelación, no concedió el de apelación, vulnerando su derecho de defensa.
Sumado a lo anterior, refieren, ante la misma Alcaldía Municipal cursa un proceso policivo de amparo a la posesión, entablado por Salvador Parejo y otros contra Juan Miguel y Alfredo de Vengoechea, el cual se entabló en el mes de noviembre de 2010 y versa sobre las mismas tierras, esto es, Villa del Rosario, San Judas y Toribio, con lo cual se prueba que dichas tierras están fuera de la tenencia y posesión de la familia de Vengoechea[2].
Afirman que luego de cerrada la diligencia de lanzamiento por ocupación de hecho, el inspector de policía agregó un otrosí al acta del 11 de octubre de 2011, en donde se hizo constar que la finca había sido entregada al abogado del querellante, sin que los participantes en la misma hubiesen conocido de este hecho.
La realidad, dicen, es que no hubo entrega de la finca, el abogado se encontraba con los actores en la carretera y quienes ingresaron, ya entrada la noche por orden del inspector, fueron la Policía y el grupo antimotines escoltando a Alfredo de Vengoechea, quienes entraron violentamente al predio, dispararon contra las tierras y montañas, y lanzaron gases lacrimógenos, sin tener en cuenta la presencia de niños, adultos mayores y demás personas que se encontraban en este lugar.
Por todo lo relatado, sostienen que sus derechos al mínimo vital, a la salud y a la vivienda han sido vulnerados, pues actualmente se encuentran sin un lugar en donde habitar junto a sus familias, sin alimentos y sin protección alguna. En consecuencia, solicitan (i) tutelar sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, a la igualdad, al mínimo vital y a la vivienda digna, (ii) dejar sin efecto el proceso policivo contra Pablo Pérez e indeterminados, (iii) reiniciar el trámite policivo aplicando la normativa pertinente, (iv) que el alcalde municipal desaloje de dichas tierras al querellante y (v) se proceda a la entrega material de los predios a los accionantes con el inventario del estado en que los reciben.
2	ACTUACIONES PROCESALES
2.1.1	Traslado y contestación de la demanda
2.1.1.1	Contestación en el trámite del proceso de tutela
Frente a la afirmación de los accionantes acerca de que en el predio objeto de debate se encuentran asentadas 60 familias desde enero de 2011, indica que no existe prueba alguna, pues el bien sobre el cual ejerce la propiedad y posesión se denomina "FINCA CORDOBA O LOTE 6" nombre que dista del atribuido por los accionantes al predio o predios que ocupan, esto es, Villa del Rosario, San Judas y Toribio, sumado a que en el sector es imposible que existan inmuebles con la naturaleza de baldíos.
2.1.2	Pruebas y documentos
Fotocopia del oficio que emitió la Alcaldía Municipal de Ciénaga, Magdalena, el 22 de septiembre de 2011, avocando el conocimiento de la querella civil policiva (Lanzamiento por ocupación de hecho) en relación con el bien denominado Lote seis (6) C, Finca Córdoba (Folio 9 del cuaderno principal).
Fotocopia del oficio No. 359 del 27 de septiembre de 2011, dirigido al señor Pablo Pérez y personas indeterminadas, solicitándoles se presentaran en el despacho de la Inspección Única de Policía de Ciénaga, con el fin de notificarse de la querella civil policiva de lanzamiento por ocupación de hecho (Folio 10 del cuaderno principal).
Fotocopia del poder otorgado por la señora Rosa Gargioli Piedriz, en calidad de querellada dentro del proceso policivo (Folio 11 del cuaderno principal).
Fotocopia de los oficios Nos. 372, 373 y 374 del 4 de octubre de 2011, y sin número del 7 de octubre de 2011, mediante los cuales se puso en conocimiento del Alcalde Municipal, del Secretario de Gobierno Municipal, del Personero Municipal de Ciénaga, Magdalena, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y del Procurador Agrario y del Medio Ambiente de Santa Marta, Magdalena, la diligencia de lanzamiento por ocupación de hecho programada para el día 11 de octubre de 2011 a partir de las 11:00 a.m (Folios 18 al 20 del cuaderno principal).
Fotocopia de la intervención de la querellada Rosa Gargioli Piedriz dentro del proceso de lanzamiento por ocupación de hecho iniciado por Juan Miguel de Vengoechea (Folio 21 del cuaderno principal).
Fotocopia del aviso fijado el 10 de octubre de 2011, en un lugar visible de la Secretaría del despacho del Inspector de Policía y del lugar en donde se llevaría a cabo la práctica de la diligencia, dentro del proceso policivo de lanzamiento por ocupación de hecho (Folio 27 del cuaderno principal).
Fotocopia de la querella presentada por el señor Juan Miguel de Vengoechea contra Pablo Pérez y personas indeterminadas (Folio 30 y siguientes del cuaderno principal).
Fotocopia de dos declaraciones extraproceso relacionadas con el proceso policivo de lanzamiento por ocupación de hecho (Folio 37 del cuaderno principal).
Fotocopia de la escritura No. Cuatro mil doscientos setenta y uno (4.271) contentiva de la división material de la Hacienda Santa Cruz de Papare (Folios 39- 63 del cuaderno principal).
Fotocopia del acta de la diligencia de lanzamiento por ocupación de hecho ordenada por la Alcaldía Municipal de Ciénaga, Magdalena (Folios 64-83 del cuaderno principal).
Fotocopia de mapas de la Hacienda Papare de Vengoechea (Folios 84-86 del cuaderno principal).
2.1.3	Decisiones Judiciales
En segundo lugar, adujo, de acuerdo con los artículos 233, 237-6 y 241 del Código de Procedimiento Civil, el perito designado no exhibió las pruebas de sus especiales conocimientos técnicos ni científicos sobre la materia, en este caso particular, para delimitar linderos. El juez enfatizó lo siguiente: (i) durante el desarrollo de la inspección ocular sostuvo que los linderos de la finca Córdoba eran los que se especificaban en el certificado de tradición No. 222-17816, afirmación de la cual se infiere que nunca constató directamente la delimitación de los linderos como era su obligación hacerlo. (ii) El representante del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Juan José Villoria Pabón, afirmó que durante la práctica de la diligencia "no se realizó el 100% del recorrido de la parcela, para verificar el núcleo familiar existente y ... si existen niños o niñas adolescentes que tengan su domicilio en las mismas..."
Juzgado Segundo Penal del Circuito de Ciénaga, Magdalena
No obstante, señaló, al realizar un análisis del auto mediante el cual se avocó conocimiento de la querella, concluyó que el mismo no cumplió con los requerimientos exigidos en la normativa, pues "...el mismo no sólo adolece de señalar fecha y hora, es igualmente notificado a un abogado totalmente ajeno a la querella policiva, como así mismo lo reconoce el Secretario de Gobierno del Municipio en su Resolución de fecha 7 de octubre de 2011, cuando esboza que la señora Gargioli Piedriz, no es parte del proceso ya que el mismo se remite en contra de Pablo Pérez e indeterminados, no siendo la antes mencionada parte en el proceso, sin embargo notifican a su apoderado del auto que avoca conocimiento..."
2.2	Expediente T- 3.477.644
2.2.1	Traslado y contestación de la demanda
Contestación en el trámite del proceso de tutela
Señora Rosa María Gargioli Piedriz
Indicó que para mediados del año 2009, la señora Rosa Gargioli Piedriz encomendó al señor Julio Aguirre el cuidado del predio Yolamira e iniciando el año 2010, le permitió al señor Salvador Parejo que se estableciera en Villa del Rosario y San Judas para efectos de su explotación y cuidado a título gratuito o "comodato gratuito".
Señor Juan Miguel de Vengoechea
2.2.2	Pruebas y documentos
Fotocopia del certificado de existencia de entidades sin ánimo de lucro "Asociación Integral Nueva Esperanza" (Folio 14 del cuaderno principal).
Fotocopia de la sentencia emitida por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Ciénaga, Magdalena, el 28 de noviembre de 2011, en el cual resolvió un litigio con similares pretensiones a las invocadas por los actores (Folio 17 del cuaderno principal).
Fotocopia de la actuación mediante la cual la Alcaldía Municipal de Ciénaga, Magdalena, avocó conocimiento de la querella civil de policía de lanzamiento por ocupación de hecho, el 22 de septiembre de 2011 (Folio 58 del cuaderno principal).
Fotocopia de dos declaraciones extraproceso relacionadas con el proceso policivo de lanzamiento por ocupación de hecho (Folio 67 y 68 del cuaderno principal).
Fotocopia del acta de la diligencia de lanzamiento por ocupación de hecho ordenada por la Alcaldía Municipal de Ciénaga (Magdalena) dentro de la querella civil policiva instaurada por el señor Juan Miguel de Vengoechea contra Pablo Pérez y personas indeterminadas (Folios 70-92 del cuaderno principal)
Fotocopia del recurso de reposición presentado por el señor Salvador Parejo Charris en contra de los autos del 29 de diciembre de 2010 y 12 de enero de 2011 dentro del trámite del proceso policivo (Folio 93 y siguientes del cuaderno principal)
Fotocopia de la comunicación de la empresa C.I. Andiminerals S.A.S, titular de un contrato de concesión para explotar materiales de construcción, dirigida al Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de Ciénaga, Magdalena (Folios 122-126 del cuaderno principal).
Declaración extraproceso de la señora Maria Lilia Picon de Neira dentro del proceso policivo de la referencia (Folio 160 del cuaderno principal).
Fotocopia de la decisión de la Alcaldía Municipal de Ciénaga, Magdalena, en donde se abstiene de conocer de la querella civil policiva de perturbación a la posesión de Salvador Parejo Charris contra Juan Miguel de Vengoechea, Alfredo de Vengoechea y personas indeterminadas (Folio 163 del cuaderno principal).
2.2.3	Decisiones Judiciales
2.2.3.1	Decisión de primera instancia – Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de Ciénaga, Magdalena-
Juzgado Primero Penal del Circuito de Ciénaga, Magdalena
3	ACTUACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
3.1	DEBIDA INTEGRACIÓN DEL CONTRADICTORIO
3.2	PRUEBAS DECRETADAS POR LA SALA
3.2.1	De igual forma, con el fin de contar con elementos de juicio que explicaran mejor los hechos particulares del caso, mediante auto de fecha cuatro (04) de septiembre de 2012, la Sala decretó las siguientes pruebas:
3.2.1.1	Ofició a la Alcaldía Municipal de Ciénaga, Magdalena, y a la Inspección Única de Policía de este mismo municipio, para que allegaran copia completa del trámite administrativo y del proceso policivo por ocupación de hecho que se adelantó en contra de los accionantes identificados en los procesos de la referencia.
3.2.2	Además, mediante auto adiado el 19 de septiembre de 2012, la Sala, decidió solicitar las siguientes pruebas adicionales:
Ofició al INCODER para que informara (i) si el predio objeto de controversia integra los denominados bienes baldíos de la Nación, y (ii) si los peticionarios han presentado alguna solicitud de adjudicación de dicho bien, aduciendo la naturaleza de baldío de éste y la explotación económica del mismo.
Ofició a la Superintendencia de Notariado y Registro, Oficina de Instrumentos Públicos de Ciénaga, Magdalena, para que allegara el certificado de tradición del inmueble identificado como la finca Córdoba o lote 6C, localizado en área rural de este municipio.
"...En primer lugar, mediante escrito del 22 de septiembre de 2011, el Alcalde ´...avocó conocimiento de la querella civil policiva (LANZAMIENTO POR OCUPACIÓN DE HECHO)... presentada por el señor RICARDO FERNÁNDEZ DE CASTRO DANGOND en contra del señor PABLO PÉREZ Y PERSONAS INDETERMINADAS´, por supuestos actos de invasión ocurridos en el mes de enero de 2011. Así las cosas, parecería que la querella fue presentada varios meses después de los quince días calendario siguientes a la ocurrencia de la invasión, desconociendo con dicho actuar lo establecido en el artículo 3 del Decreto 747 de 1992. Este precepto dice que la acción de protección policiva debe solicitarse dentro de ´los quince (15) días calendario siguientes al acto de invasión´
Dicho aserto se verifica en la diligencia de lanzamiento que por ocupación de hecho se realizó el 11 de octubre de 2011, al sostener el Inspector de Policía de Ciénaga que ´...En estos procesos de policía, la finalidad no es otra que el de proteger la posesión o la tenencia de un predio y establecer el Statu Quo, cuando por vía de hecho se despoje al poseedor o al tenedor, sin que medio contrato de tenencia de tierra..."
Agregó que también debía analizarse la proporcionalidad de la decisión adoptada por la administración municipal sobre la orden de desalojo de las familias asentadas en el predio objeto de litigio, máxime cuando durante el desarrollo de la "inspección ocular" el representante del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar sostuvo que no se recorrió en su totalidad el predio para verificar los núcleos familiares existentes, entre ellos la población infantil, lo cual no permitió adoptar las medidas requeridas para garantizar la protección de sus derechos.
Inspección Única del municipio de Ciénaga, Magdalena.
De otra parte, adujo, la decisión que tomó su despacho se fundamentó en que como Inspector de Policía, tenía pleno conocimiento de que existían diversos procesos policivos sobre el inmueble objeto de controversia. Al respecto, explicó "...tanto la caducidad de la acción materia de la oposición por parte del abogado de la parte (sic) querellada, como la identificación plena del inmueble materia del asunto, eran relevantes y así se dejó plasmado en la decisión, pues, ya existían, como dije anteriormente, diversos procesos policivos en dicho inmueble que entre otras cosas también dan certeza que el suscrito conocía de antemano el Predio Materia de la Diligencia, que al tenor del Art. 337 Parágrafo 4 de la diligencia no se necesitara de su identificación y con relación a la caducidad de la acción, con la presentación de la primera querella de cual tuve conocimiento se interrumpía el término de caducidad..."
Finalmente, sostuvo "...que en el predio materia del asunto se presentaron para el tiempo de la posesión que de manera errada dicen tener los accionantes, alteraciones del Orden Publico, entre los accionantes y un señor de nombre ALFREDO DE VENGOECHEA, quien dice ser hijo del señor JUAN MIGUEL DE VENGOECHEA FLEUR I. Estos fueron hechos públicos los cuales fueron divulgados por la prensa hablada y escrita de la región, lo que da certeza...que nunca existió ninguna posesión quieta, pacífica e ininterrumpida por parte de los accionantes. Situación que conllevó a la verificación de lanzamiento por parte de mi despacho..."
Inspección Judicial practicada por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Ciénaga, Magdalena.
Refirió que por este mismo camino, arribaron al sitio conocido como "rancho quemado" donde se encuentra evidencia sobre la construcción de una casa de habitación que fue construida con materiales de madera, próxima al río Toribio; también se desplazaron por un sendero en el cual se está adelantando la construcción de una vía que conduce hacia el sitio conocido como la Mina. Posteriormente, continuaron su recorrido hacia la parte posterior del predio donde encontraron vestigios de una casa de habitación totalmente destruida y que fue construida con materiales de bloques, cemento y tejas de eternit. Sostuvo que de regreso hacia el sitio donde inició la diligencia, observó al costado izquierdo algunos vestigios de viviendas con cultivos de papaya, yuca, limones, entre otros, tal como se demuestra en el video que adjunta al informe.
Informe sobre la diligencia de inspección judicial practicada al predio rural denominado Lote 6C-Córdoba, presentado por la Defensoría del Pueblo.
Accionantes Edilberto de Jesús Cortina y Horika Caballero
El 7 de noviembre de 2012, los accionantes Edilberto de Jesús Cortina y Horika Caballero,	manifestaron lo siguiente:
También comentó que en el inmueble objeto de la diligencia, el personal del comisionado fue recibido por el señor Dario Antonio Rivas Urieles, quien es el encargado de cuidar el predio del accionante y de realizar otras labores de campo, resaltando que los accionantes a quien denomina "invasores" se encontraban presentes en el lugar, lo que lleva a inferir que a dicha parte sí le comunicaron el día y la hora en que se realizaría la misma, lo cual vulnera la igualdad y compromete la imparcialidad que los jueces deben garantizar en todas sus actuaciones.
Enfatizó que durante la realización de la diligencia de inspección judicial se cometieron varias irregularidades e incluso se llevó a cabo sin la Procuraduría Judicial para Asuntos Agrarios, sumado a que la afirmación de la existencia de "vestigios de vivienda" a los que se refiere el comisionado no es clara, pues no indica la calidad de las viviendas, las cuales nunca han existido, y además, si manifiesta que existe una vivienda construida con materiales y bloque, no podía ser de ningún campesino que viviera del pan coger diario sino de un "invasor con dinero".
Ahora bien, a la luz de la anterior normativa, sostuvo que el perito designado no exhibió las pruebas que acreditaran sus especiales conocimientos técnicos ni científicos sobre la materia, enfatizando que durante su intervención en la diligencia de inspección ocular admitió que los linderos de la finca Córdoba, región de Cordobita, son los que se encuentran insertos en el certificado de matrícula inmobiliaria No. 222-17816 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos, afirmación de la cual se infiere que el inspector no constató directamente los linderos del predio objeto de controversia como era su obligación hacerlo, lo cual es corroborado por el representante del ICBF, quien durante la inspección ocular expuso que "...no se realizó el 100% del recorrido de la parcela, para verificar el núcleo familiar existente y verificar si existen niñas o niños o adolescentes, tengan su domicilio en las mismas..."
4	CONSIDERACIONES DE LA CORTE
4.1	COMPETENCIA Y OPORTUNIDAD
4.3	EFICACIA HORIZONTAL DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA FRENTE A PARTICULARES.
"El criterio por excelencia que ha primado en la doctrina y la jurisprudencia constitucionales para admitir el examen constitucional de actuaciones particulares respecto de su respeto a los derechos fundamentales es la existencia de una clara relación asimétrica de poder entre los particulares, que de entrada descarta, limita o elimina la autonomía de la persona y justifica una intervención estatal para evitar el envilecimiento, la instrumentalización absoluta o la degradación del ser humano. Es así como en relaciones contractuales, comerciales o de ejercicio pleno de la autonomía individual la Corte ha sostenido que, en principio, no es pertinente otorgar la protección constitucional de los derechos fundamentales. En cambio, tratándose de relaciones particulares donde se presentan relaciones de subordinación o de indefensión – como es el caso en materia laboral[5], pensional[6], médica[7], de ejercicio de poder informático[8], de copropiedad[9], de asociación gremial deportiva[10] o de transporte[11] o religiosa[12], de violencia familiar[13] o supremacía social[14] –, la jurisprudencia constitucional, siguiendo los parámetros que la propia Constitución establece, ha intervenido para dejar a salvo la efectividad de los derechos fundamentales en dichas situaciones.[15] (Subraya fuera de texto)
"...El estado de indefensión, para efectos de la procedencia de la acción de tutela, debe ser analizado por el juez constitucional atendiendo las circunstancias propias del caso sometido a estudio. No existe definición ni circunstancia única que permita delimitar el contenido de este concepto, pues, como lo ha reconocido la jurisprudencia, éste puede consistir, entre otros en: i) la falta, ausencia o ineficacia de medios de defensa de carácter legal, material o físico, que le permitan al particular que instaura la acción, contrarrestar los ataques o agravios que, contra sus derechos constitucionales fundamentales, sean inferidos por el particular contra el cual se impetra la acción -sentencias T-573 de 1992; 190 de 1994 y 498 de 1994, entre otras-. ii) la imposibilidad del particular de satisfacer una necesidad básica o vital, por la forma irracional, irrazonable y desproporcionada como otro particular activa o pasivamente ejerce una posición o un derecho del que es titular -sentencias T-605 de 1992; T-036; T-379 de 1995; T-375 de 1996 y T-801 de 1998, entre otras- iii) la existencia de un vínculo afectivo, moral, social o contractual, que facilite la ejecución de acciones u omisiones que resulten lesivas de derechos fundamentales de una de las partes v.gr. la relación entre padres e hijos, entre cónyuges, entre coopropietarios, entre socios, etc. - sentencias 174 de 1994; T-529 de 1992; T-; T-233 de 1994, T-351 de 1997. iv) El uso de medios o recursos que buscan, a través de la presión social que puede causar su utilización, el que un particular haga o deje de hacer algo en favor de otro. v.gr. la publicación de la condición de deudor de una persona por parte de su acreedor en un diario de amplia circulación -sentencia 411 de 1995- la utilización de personas con determinadas características -chepitos- para efectuar el cobro de acreencias -sentencia 412 de 1992-; etc.
En la anterior enumeración sólo están algunas de las hipótesis que han permitido fijar la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional, en relación con el estado de indefensión y la procedencia de la acción de tutela frente a particulares, sin que se agote en éstas su materialización, dado que es el juez de tutela el llamado a darle contenido a este concepto, mediante un examen juicioso de las circunstancias que dieron origen a la solicitud de amparo..."
PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACTUACIONES SURTIDAS EN EL MARCO DE UN PROCESO POLICIVO –REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA-
"...Está consagrado en la legislación y así lo ha admitido la doctrina y la jurisprudencia de que cuando se trata de procesos policivos para amparar la posesión, la tenencia o una servidumbre, las autoridades de policía ejercen función jurisdiccional y las providencias que dicten son actos jurisdiccionales, excluidos del control de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, y no actos administrativos. En razón de lo anterior y dada la naturaleza material de actos jurisdiccionales que tienen las referidas providencias, cuando se alegue la tutela del debido proceso, por estimarse violado con motivo de la actuación de las autoridades de policía en el trámite de los procesos policivos, para que aquella prospere es necesario que se configure una vía de hecho, en los términos que ha precisado la jurisprudencia de la Corte, pues en esta clase de procesos las autoridades de policía, para el ejercicio de sus competencias, están amparadas por la autonomía e independencia que la Constitución reconoce a los jueces. Es decir, que como titulares eventuales de la función jurisdiccional, en la situación específica que se les somete a su consideración, gozan de un margen razonable de libertad para la apreciación de los hechos y la aplicación del derecho...
Por consiguiente, sólo cuando se configure una vía de hecho en la actuación policiva puede el juez de tutela invalidar la respectiva providencia y ordenar el restablecimiento del debido proceso..."[19]
Cabe anotar que la atribución jurisdiccional otorgada a las autoridades en el marco de un proceso policivo tiene sustento en el inciso tercero del artículo 116 Superior, el cual consagra que "Excepcionalmente la ley podrá atribuir función jurisdiccional en materias precisas a determinadas autoridades administrativas..."
4.5.1	De la vía de hecho a la doctrina de los requisitos generales y las causales específicas de la tutela contra providencias judiciales.
A partir de este precedente, la Corte construyó una línea jurisprudencial sobre los defectos que configuran una vía de hecho y que permiten censurar una providencia judicial en sede de tutela. Por ejemplo, en la sentencia T-231 de 1994, la Corte dijo "Si este comportamiento - abultadamente deformado respecto del postulado en la norma - se traduce en la utilización de un poder concedido al juez por el ordenamiento para un fin no previsto en la disposición (defecto sustantivo), o en el ejercicio de la atribución por un órgano que no es su titular (defecto orgánico), o en la aplicación del derecho sin contar con el apoyo de los hechos determinantes del supuesto legal (defecto fáctico), o en la actuación por fuera del procedimiento establecido (defecto procedimental), esta sustancial carencia de poder o de desviación del otorgado por la ley, como reveladores de una manifiesta desconexión entre la voluntad del ordenamiento y la del funcionario judicial, aparejará su descalificación como acto judicial"[21]. En casos posteriores, esta Corporación agregó otros tipos de defectos constitutivos de vías de hecho.
Lo anterior encuentra un claro fundamento en la implementación por parte del Constituyente de 1991 de un nuevo sistema de justicia constitucional basado, concretamente, "(i) en el carácter normativo y supremo de la Carta Política que vincula a todos los poderes públicos; (ii) en el reconocimiento de la efectividad y primacía de los derechos fundamentales; (iii) en la existencia de la Corte Constitucional a quien se le atribuye la interpretación de la Constitución y la protección de los derechos fundamentales; (iv) y en la posibilidad reconocida a toda persona para promover acción de tutela contra cualquier autoridad pública en defensa de sus derechos fundamentales. [22]"[23]
Requisitos generales y especiales de procedencia excepcional de la acción de tutela contra sentencias.
"Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
f. Que no se trate de sentencias de tutela[29]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas."[30]
"...Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.
Estos eventos en que procede la acción de tutela contra decisiones judiciales involucran la superación del concepto de vía de hecho y la admisión de específicos supuestos de procedibilidad en eventos en los que si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, si se trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales."[33]
Defecto procedimental –reiteración de jurisprudencia-
En particular, frente a la configuración del defecto procedimental absoluto, la Corte ha sido enfática en señalar que éste se estructura "cuando el funcionario judicial se aparta por completo del procedimiento legalmente establecido en el trámite de un asunto específico porque (i) sigue un trámite por completo ajeno al pertinente (desvía el cauce del asunto[36]), o (ii) pretermite etapas sustanciales del procedimiento legalmente establecido[37] afectando el derecho de defensa y contradicción de una de las partes del proceso".[38]
Por excepción, también ha determinado que el defecto procedimental puede estructurarse por exceso ritual manifiesto cuando "(...) un funcionario utiliza o concibe los procedimientos como un obstáculo para la eficacia del derecho sustancial y por esta vía, sus actuaciones devienen en una denegación de justicia."[39]
"La exigencia de razonabilidad y de proporcionalidad en el proceso interpretativo y en los resultados de la interpretación, precisamente llama la atención acerca del papel que le corresponde a la Carta en la aplicación de la ley y, por eso, reiteradamente la jurisprudencia ha hecho énfasis en que las decisiones judiciales ´vulneran directamente la Constitución´ cuando el juez realiza ´una interpretación de la normatividad evidentemente contraria a la Constitución´ y también cuando ´el juez se abstenga de aplicar la excepción de inconstitucionalidad en un caso en el cual, de no hacerlo, la decisión quebrantaría preceptos constitucionales...´[42]."[43]
4.6.1	Generalidades
"7. En opinión del Comité, el derecho a la vivienda no se debe interpretar en un sentido estricto o restrictivo que lo equipare, por ejemplo, con el cobijo que resulta del mero hecho de tener un tejado por encima de la cabeza o lo considere exclusivamente como una comodidad. Debe considerarse más bien como el derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad en alguna parte. Y así debe ser por lo menos por dos razones. En primer lugar, el derecho a la vivienda está vinculado por entero a otros derechos humanos y a los principios fundamentales que sirven de premisas al Pacto. Así pues, ´la dignidad inherente a la persona humana´, de la que se dice que se derivan los derechos del Pacto, exige que el término "vivienda" se interprete en un sentido que tenga en cuenta otras diversas consideraciones, y principalmente que el derecho a la vivienda se debe garantizar a todos, sean cuales fueren sus ingresos o su acceso a recursos económicos. En segundo lugar, la referencia que figura en el párrafo 1 del artículo 11 no se debe entender en sentido de vivienda a secas, sino de vivienda adecuada. Como han reconocido la Comisión de Asentamientos Humanos y la Estrategia Mundial de Vivienda hasta el Año 2000 en su párrafo 5: ´el concepto de ´vivienda adecuada´... significa disponer de un lugar donde poderse aislar si se desea, espacio adecuado, seguridad adecuada, iluminación y ventilación adecuadas, una infraestructura básica adecuada y una situación adecuada en relación con el trabajo y los servicios básicos, todo ello a un costo razonable."(subraya fuera de texto).
En segundo lugar, debe rodearse de garantías de seguridad en la tenencia, condición que comprende, entre otros aspectos: (i) Asequibilidad, que consiste en la existencia de una oferta suficiente de vivienda y de posibilidades de acceso a los recursos requeridos para satisfacer alguna modalidad de tenencia, entre otros. (...). (ii) Gastos soportables, que significa que los gastos de tenencia –en cualquier modalidad- deben ser de un nivel tal que no comprometan la satisfacción de otros bienes necesarios para la garantía de una vida digna de los habitantes de la vivienda. Para satisfacer este componente, el Estado debe, por ejemplo, crear subsidios para quienes no puedan sufragar el costo de la tenencia y sistemas de financiación que permitan a las familias acceder a la vivienda sin comprometer su vida en condiciones dignas, proteger a los inquilinos contra aumentos desproporcionados en los cánones de arrendamiento y facilitar el acceso a materiales de construcción. (iii) Seguridad jurídica en la tenencia, que implica que las distintas formas de tenencia estén protegidas jurídicamente, principalmente contra el desahucio, el hostigamiento, o cualquier forma de interferencia arbitraria e ilegal" (Negrilla y subraya fuera del texto).
MEDIDAS DE PROTECCIÓN A FAVOR DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD CUANDO EXISTE UNA ORDEN DE DESALOJO.
El artículo 11-1 del PIDESC dispone que "Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento." (negrilla fuera del texto)
A su turno, la Observación General No. 7 del Comité DESC establece una serie de recomendaciones a las que los estados parte deben prestar atención en situaciones en las que se presentan desalojos de asentamientos humanos irregulares. El Comité señaló que "los desalojos forzosos son prima facie incompatibles con los requisitos del Pacto", y aclaró que en materia de desalojos, no solo deben identificarse las situaciones que tengan que ver con desplazamientos, como sucede a menudo, sino que también:
"7. Hay otros casos de desalojos forzosos que tienen lugar en nombre del desarrollo. Pueden efectuarse en relación con conflictos sobre derechos de tierras, proyectos de desarrollo e infraestructura como, por ejemplo, la construcción de presas u otros proyectos energéticos a gran escala, la adquisición de tierras para programas de renovación urbana, rehabilitación de viviendas o embellecimiento de ciudades (...)".
Adicionalmente, el Comité recordó que conforme al párrafo 1 del artículo 2 del Pacto[48], los Estados parte deben utilizar "todos los medios apropiados" ante las situaciones de desalojo de poblaciones vulnerables[49], lo cual implica también la adopción de medidas legislativas para promover los derechos protegidos por el Pacto. Esta legislación, según el Comité, deberá contar con disposiciones que:
"a) brinden la máxima seguridad de tenencia posible a los ocupantes de viviendas y tierras, b) se ajusten al Pacto y c) regulen estrictamente las circunstancias en que se puedan llevar a cabo los desalojos."
Desde esta perspectiva, también señaló que en aquellos casos en los cuales los desalojos cuenten con un sustento legal, en todo caso deben llevarse a cabo con estricto cumplimiento de las disposiciones pertinentes del derecho internacional de los derechos humanos y "respetando los principios generales de la razón y la proporcionalidad". Adicionalmente, el Comité indicó que en el contexto de los desalojos, deben salvaguardarse las siguientes garantías procesales:
"15. a) una auténtica oportunidad de consultar a las personas afectadas; b) un plazo suficiente y razonable de notificación a todas las personas afectadas con antelación a la fecha prevista para el desalojo; c) facilitar a todos los interesados, en un plazo razonable, información relativa a los desalojos previstos y, en su caso, a los fines que se destinan las tierras o las viviendas; d) la presencia de funcionarios del gobierno o sus representantes en el desalojo, especialmente cuando éste afecte a grupos de personas; e) identificación exacta de todas las personas que efectúen el desalojo; f) no efectuar desalojos cuando haga muy mal tiempo o de noche, salvo que las personas afectadas den su consentimiento; g) ofrecer recursos jurídicos; y h) ofrecer asistencia jurídica siempre que sea posible a las personas que necesiten pedir reparación a los tribunales".
"16. Los desalojos no deberían dar lugar a que haya personas que se queden sin vivienda o expuestas a violaciones de otros derechos humanos. Cuando los afectados por el desalojo no dispongan de recursos, el Estado parte deberá adoptar todas las medidas necesarias, en la mayor medida que permitan sus recursos, para que se proporcione otra vivienda, reasentamiento o acceso a otras tierras productivas, según proceda"[50] (negrilla fuera de texto).
"...Principio 5. "Todas las autoridades y órganos internacionales respetarán y harán respetar las obligaciones que les impone el derecho internacional, incluidos los derechos humanos y el derecho humanitario, en toda circunstancia, a fin de prevenir y evitar la aparición de condiciones que puedan provocar el desplazamiento de personas (...)
Además, el Principio 5 "...tras instar en su párrafo segundo a los Estados a que adopten medidas en su legislación nacional para la protección y la prevención contra el desplazamiento, en su tercer párrafo se refiere a las prácticas de desalojo forzoso, la demolición de viviendas, la destrucción de zonas agrícolas y la confiscación o expropiación de tierras como medida punitiva. En su párrafo cuarto, el Principio 5 incluye garantías adicionales de protección contra el desplazamiento por parte de agentes estatales y no estatales, incluidas las entidades privadas. Ello abarcaría toda una variedad de agentes, incluidos los grupos armados, los dueños privados de tierras, las corporaciones que intenten o que logren tomar el control de parcelas ocupadas por viviendas, así como cualquier persona o institución responsable del desplazamiento de individuos y comunidades. Merece la pena en este punto estudiar algo más en detalle los actos de desalojo forzoso, puesto que son una de las causas del desplazamiento. El derecho de no ser sometido a desalojos forzosos está implícito en el derecho a una vivienda adecuada así como el derecho a la vida privada y el respeto al hogar. Según interpretaciones autorizadas del derecho a una vivienda adecuada, un desalojo forzoso sólo podría justificarse en circunstancias excepcionales y, en todo caso, habrá de practicarse de conformidad con los principios respectivos de derecho internacional..."[51]
LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN POLICIVA CONSAGRADA EN EL DECRETO 747 DE 1992.
5.1	ACLARACIÓN PREVIA
(iii) Según lo informó la Procuradora 13 Judicial II Ambiental y Agraria, la diligencia efectivamente se realizó y contó con la presencia de un delegado de la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, también anotó "...que no reposa constancia de que se haya comunicado a una de las partes de la diligencia, pretermitiendo lo ordenado en el artículo sexto del auto de marras... es por ello, que esta Delegada buscando amparar y garantizar el derecho fundamental del debido proceso solicita comedidamente que se practique nuevamente la diligencia en la que se encuentren todas las partes..."
5.2	PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PARTICULARES.
5.3	ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS GENERALES DE PROCEDENCIA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES.
ANÁLISIS DE LAS CAUSALES ESPECÍFICAS DE PROCEDIBILIDAD DE LA PRESENTE ACCIÓN CONTRA LOS ACTOS PROFERIDOS EN EL CURSO DEL PROCESO POLICIVO.
En el caso bajo análisis se configuró un defecto procedimental absoluto.
A pesar de que se objetó el dictamen pericial por error grave, ante la indeterminación y falta de certeza sobre si la diligencia de inspección ocular se estaba realizando en el lote 6C o finca Córdoba, el inspector de policía sostuvo que "...En estos procesos de policía, la finalidad no es otra que el de proteger la posesión o la tenencia de un predio y establecer el Statuo Quo, cuando por vía de hecho se despoje al poseedor o al tenedor... " Esta respuesta contraría lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto 747 de 1992 el cual consagra que debe indicarse la ubicación del predio invadido y los linderos o señales que sirven para identificarlo claramente.
Por su parte, el Incoder informó el 2 de octubre de 2012, respecto del trámite administrativo adelantado sobre los predios Villa del Rosario, San Judas y Yolamira, que "...La Subgerencia de Tierras Rurales del INCODER, en cabeza de la Dirección Técnica de Procesos Agrarios, se encuentra adelantando el proceso de recuperación de baldíos indebidamente ocupados en lo atinente a los predios VILLA DEL ROSARIO Y SAN JUDAS..."[55]
En el caso bajo análisis, se estructuró el defecto específico de violación directa de la Constitución.
la Alcaldía Municipal de Ciénaga, no diseñó un plan de reubicación de la población asentada en el lote objeto de la diligencia de lanzamiento, la cual, de acuerdo con las pruebas obrantes en el expediente se encuentra en situación de vulnerabilidad. Esto se puede constatar de la afirmación realizada por el representante del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, quien hizo constar que durante el recorrido por varias parcelas se observó la presencia de niños, algunos con discapacidad, como también que no se había realizado el ciento por ciento del recorrido en el predio. En este sentido, sostuvo que no se tenía certeza acerca de la población menor de 18 años allí asentada y advirtió a la autoridad competente que al momento de proferir una decisión de fondo, debía aplicar en concreto el principio del interés superior de los niños, niñas y adolescentes.
Las autoridades municipales no atendieron las necesidades y requerimientos de la población que fue desalojada, en particular, no facilitaron una solución de vivienda de carácter temporal a los tutelantes, mientras les garantizaban el acceso a una solución definitiva.
No se observa que las autoridades estatales hayan brindado algún tipo de asesoría a las personas que residían en el lote, acerca de los programas de vivienda –nacionales y territoriales- a los cuales pueden acceder.
La autoridad municipal y policiva adelantó el trámite del proceso policivo de lanzamiento por ocupación de hecho, sin tener en cuenta que dentro de la población asentada en el lote se encuentran menores de 18 años y personas en situación de discapacidad, entre otros, subgrupos frente a los cuales tienen la obligación de diseñar un plan y/o programa de vivienda con enfoque diferencial.
La diligencia de lanzamiento por ocupación de hecho se ejecutó sin existir previamente un diálogo con la comunidad asentada en el predio donde se materializó la misma. Dicha participación es de trascendental importancia, ya que una facultad legal no puede ejercerse de forma arbitraria, al punto de desconocer los derechos fundamentales de las personas que resultarán afectadas ante la ejecución de la diligencia. Aún más, cuando se adelanta este tipo de procesos frente a un grupo vulnerable, debe haber un diálogo entre las autoridades estatales y la comunidad, pues las autoridades están en la obligación de realizar el contenido de los derechos fundamentales de las personas, como lo es el derecho a la vivienda digna. En definitiva, el desalojo no debe dar lugar a que las personas queden expuestas a violaciones de otras garantías constitucionales.
No existe evidencia acerca del tipo de asesoría jurídica y/o sicológica que están en la obligación de suministrarle las autoridades estatales a la población en situación de vulnerabilidad que se encontraban asentadas en el lote, y las cuales resultaron afectadas por la decisión que se adoptó dentro del proceso policivo de lanzamiento.
Efectos inter comunis de las decisiones en sede de tutela
"...Existen circunstancias especialísimas en las cuales la acción de tutela no se limita a ser un mecanismo judicial subsidiario para evitar la vulneración o amenaza de derechos fundamentales solamente de los accionantes. Este supuesto se presenta cuando la protección de derechos fundamentales de los peticionarios atente contra derechos fundamentales de los no tutelantes. Como la tutela no puede contrariar su naturaleza y razón de ser y transformarse en mecanismo de vulneración de derechos fundamentales, dispone también de la fuerza vinculante suficiente para proteger derechos igualmente fundamentales de quienes no han acudido directamente a este medio judicial, siempre que frente al accionado se encuentren en condiciones comunes a las de quienes sí hicieron uso de ella y cuando la orden de protección dada por el juez de tutela repercuta, de manera directa e inmediata, en la vulneración de derechos fundamentales de aquellos no tutelantes.
En otras palabras, hay eventos excepcionales en los cuales los límites de la vulneración deben fijarse en consideración tanto del derecho fundamental del tutelante como del derecho fundamental de quienes no han acudido a la tutela, siempre y cuando se evidencie la necesidad de evitar que la protección de derechos fundamentales del accionante se realice paradójicamente en detrimento de derechos igualmente fundamentales de terceros que se encuentran en condiciones comunes a las de aquel frente a la autoridad o particular accionado..."[56]
5.4.3.2 Ahora bien, en el caso concreto, se observa que las condiciones exigidas para conferir al presente fallo efectos inter comunis se encuentran dadas, pues (i) se evidencia, según lo relatan los mismos peticionarios, que la orden de desalojo afectó a más de 60 familias, hecho que se corrobora con la afirmación del funcionario del ICBF que estuvo presente en la diligencia de inspección ocular al predio objeto de controversia, en el sentido de que "...no se realizó el 100% del recorrido de la parcela, para verificar el núcleo familiar existente y verificar si existen niñas, niños o adolescentes tengan su domicilio en las mismas..."; (ii) se encuentra acreditado que al igual que los accionantes, varias familias fueron afectadas con la orden de desalojo que se ejecutó en el predio donde tenían establecidos su vivienda y cultivos por parte de las entidades aquí accionadas y, en consecuencia; (iii) la Sala observa que no reconocer el derecho a la vivienda y al debido proceso de los no tutelantes deviene en un desconocimiento a su derecho a la igualdad, pues se evidencia que éstos se encuentran en las mismas circunstancias de quienes sí ejercieron la presente acción de amparo.
[5] " Corte Constitucional, Sentencias S. T-335 de 1995, T-172 de 1997, T-202 de 1997, SU-519 de 1997, S. T-584 de 1998, T-651 de 1998, T-639 de 1999, T-732 de 1999, T-203 de 2000. ´´
[6] ´´ Corte Constitucional, Sentencias T-339 de 1997, T-650 de 1998, T-295 de 1999, T-576/99, T-833 de 1999. ´´
[7] ´´ Corte Constitucional, Sentencia T-697/96, T-433 de 1998.´´
[8] ´´ Corte Constitucional, Sentencia T-1682 de 2000, SU-1721 de 2000.´´
[9] ´´ Corte Constitucional, Sentencias T-630 de 1997, T-308 de 1998, T-418 de 1999.´´
[10] ´´ Corte Constitucional, Sentencia T-796/99.´´
[11] ´´ Corte Constitucional, Sentencia T-640 de 1999.´´
[12] ´´ Corte Constitucional, Sentencia T-474 de 1996.´´
[13] ´´ Corte Constitucional, Sentencia T-557/95, T-420/96.´´
[14] ´´ Corte Constitucional, Sentencia T-263/98.´´
[24] " Sentencia 173/93."
[25] " Sentencia T-504/00."
[26] " Ver entre otras la reciente Sentencia T-315/05"
[27] " Sentencias T-008/98 y SU-159/2000"
[28] " Sentencia T-658-98"
[29] " Sentencias T-088-99 y SU-1219-01"
[31] " Sentencia T-522/01"
[32] " Cfr. Sentencias T-462/03; SU-1184/01; T-1625/00 y T-1031/01."
[36] " Ver sentencia T-996 de 2003"
[37] " Cfr. Sentencias T-996 de 2003 y SU-159 de 2002. ´(se pretermiten etapas) señaladas en la ley para asegurar el ejercicio de todas las garantías que se le reconocen a los sujetos procesales de forma tal que, por ejemplo, (i) puedan ejercer el derecho a una defensa técnica, que supone la posibilidad de contar con la asesoría de un abogado –en los eventos en los que sea necesario -, ejercer el derecho de contradicción y presentar y solicitar las pruebas que considere pertinentes para sustentar su posición; (ii) se les comunique de la iniciación del proceso y se permita su participación en el mismo y (iii) se les notifiquen todas las providencias proferidas por el juez, que de acuerdo con la ley, deben serles notificadas´. (Tomado de la SU-159 de 2002)"
[42] " Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-1143 de 2003. M. P. Eduardo Montealegre Lynett."
[45] La mencionada observación establece elementos que asisten a la interpretación del artículo 51 constitucional. El parágrafo 7 de la observación contiene algunos aspectos centrales del derecho a la vivienda adecuada que sirven de pauta de interpretación de la disposición constitucional.
[48] Artículo 2: 1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos.
[49] Concretamente, el Comité define los desalojos forzosos como "el hecho de hacer salir personas, familias y/o comunidades de los hogares y/o tierras que ocupan, en forma permanente o provisional, sin ofrecerles medios apropiados de protección legal o de otra índole ni permitirles su acceso a ellos".
[51] Manual sobre la Restitución de las Viviendas y el Patrimonio de Refugiados y Personas Desplazadas. Aplicación de los "Principios Pinheiro", marzo de 2007. ONU.