Source: https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/documento/88691
Timestamp: 2019-12-14 17:08:36
Document Index: 45852259

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 7', 'artículo 7', 'artículo 3', 'artículo 1', 'artículo 7', 'artículo 1', 'ARTÍCULO 7', 'artículo 7']

Gaceta: LXIV/1PPR-73/88691
INICIATIVA CON PROYECTO DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 7º DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, PRESENTADA POR LA SENADORA SASIL DE LEÓN VILLARD, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL.
La que suscribe, Sasil De León Villard, Senadora de la República integrante la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, 72 y 73 fracción XXV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, numeral 1, fracción 1, 164, 169 y demás disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se el que se reforma la fracción VI del artículo 7º la Ley General de Educación, conforme a la siguiente:
La educación es un valor profundo en la conciencia de nuestra nación, que consideramos una herramienta para la igualdad social, para combatir la pobreza, instrumento para disminuir la violencia, pilar para consolidar la democracia y palanca para el desarrollo del país.
Es sin embargo es notorio que, en la actual Ley General de Educación, no se definen, con claridad, los valores para prevenir la discriminación, promover la ciudadanía y la cultura de la paz, así como para promover la igualdad.
Por ello se debe de promover medidas de nivelación, las medidas de inclusión y las acciones afirmativas necesarias para garantizar a toda persona, la igualdad real de oportunidades y el derecho a la no discriminación.
Las llamadas medidas de nivelación, son aquellas que buscan hacer efectivo el acceso de todas las personas a la igualdad real de oportunidades eliminando las barreras físicas, comunicacionales, normativas o de otro tipo, que obstaculizan el ejercicio de derechos y libertades prioritariamente a las mujeres y a los grupos en situación de discriminación o vulnerabilidad.
Por su parte, las medidas de inclusión son aquellas disposiciones de carácter preventivo o correctivo, cuyo objeto, es eliminar mecanismos de exclusión o diferenciaciones desventajosas para que todas las personas gocen y ejerzan sus derechos en igualdad de trato.
Las medidas de inclusión pueden comprender, entre otras, las siguientes:
La educación para la igualdad y la diversidad dentro del sistema educativo nacional;
La integración en el diseño, instrumentación y evaluación de las políticas públicas del derecho a la igualdad y no discriminación;
El desarrollo de políticas contra la homofobia, xenofobia, la misoginia, la discriminación por apariencia o el adulto centrismo;
Las acciones de sensibilización y capacitación dirigidas a integrantes del servicio público con el objetivo de combatir actitudes discriminatorias, y
Llevar a cabo campañas de difusión al interior de los poderes públicos federales.
Por lo que se refiere a las acciones afirmativas, son todas aquellas medidas especiales, específicas y de carácter temporal, a favor de personas o grupos en situación de discriminación, cuyo objetivo es corregir situaciones patentes de desigualdad en el disfrute o ejercicio de derechos y libertades, aplicables mientras subsistan dichas situaciones y se deben adecuar a la situación que quiera remediarse, deben ser legítimas y respetar los principios de justicia y proporcionalidad; debiendo ser de mayor prioridad de aplicación, hacia personas pertenecientes a los pueblos indígenas, afro descendientes, mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas mayores.
Este entramado de acciones, principios y normas ha estado permanentemente buscando la Igualdad de Oportunidades, entendida como un proceso de adecuaciones, ajustes, mejoras o adopción de acciones afirmativas necesarias en el entorno jurídico, social, cultural y de bienes y servicios, para facilitar a las personas su inclusión, integración, convivencia y participación, en igualdad de condiciones con el resto de la población;
En materia educativa, la Secretaría de Educación Pública debe por Ley, promover el derecho a la educación de las personas, prohibiendo cualquier discriminación en planteles, centros educativos, guarderías o del personal docente o administrativo del Sistema Educativo Nacional.
Para tales efectos, la dependencia del Ejecutivo Federal está obligada a realizar entre otras, las siguientes acciones:
Establecer mecanismos a fin de que las niñas y los niños con discapacidad gocen del derecho a la admisión gratuita y obligatoria, así como a la atención especializada en los centros de desarrollo infantil, guarderías públicas y en guarderías privadas mediante convenios de servicios.
Sin embargo, y como todos aquellos que conocemos nuestra realidad, la situación de vulnerabilidad que enfrentan todavía un buen número de alumnos de todo el Sistema Educativo Nacional, es objeto de la violencia, lo cual obliga a que las autoridades académicas impulsen, promuevan y fomenten un cambio cultural, para que el colectivo estudiantil erradique las actitudes negativas que se manifiestan en los centros escolares, mismas que se traducen en discriminación y exclusión. Todo ello con el propósito de que se logren transformar en actitudes propositivas, que promuevan y fomenten un sano desarrollo integral en los educandos, tal y como se establece en el artículo 3, segundo párrafo de la Constitución General Federal, al señalar:
Por ello el presente proyecto de Iniciativa busca que los sectores educativos tanto públicos como privados, fomenten de manera especial y acuciosa en los centros educativos, la práctica cotidiana y regular de la justicia, sobre todo en lo referente a la no discriminación, plenamente establecida en el artículo 1º último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; que dada su naturaleza y trascendencia se reitera:
Por consiguiente, es claro que el proceso de adecuación y armonización normativa debe permitir que las políticas públicas implementadas hagan realidad los principios y derechos consagrados en la Carta Magna, y a los ya referidos en este apartado; es por tal motivo, que desde una perspectiva de análisis, al artículo 7o. de la Ley General de Educación, es omiso en detallar el significado de la acción humana denominada “discriminar”; por ello, para subsanar y armonizar el orden normativo y jurídico en mención, se propone incorporar a la fracción VI del artículo precitado el complemento de lo que, en lo sucesivo, debemos advertir por discriminación.
De lo que se trata finalmente es armonizar tanto el texto constitucional con la Ley General de Educación y la Ley Federal Para Prevenir y Eliminar la Discriminación, para quedar como sigue:
VI.- Promover el valor de la justicia, de la observancia de la Ley y de la igualdad de los individuos ante ésta, propiciar la cultura de la legalidad, de la inclusión y la no discriminación, de la paz y la no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones, así como el conocimiento de los Derechos Humanos y el respeto a los mismos;
VI Bis. a XVI. ...
VI. Promover el valor de la justicia, de la observancia de la Ley y de la igualdad de las personas ante ésta, propiciar la cultura de la legalidad, de la inclusión y la no discriminación, por motivos de origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas, de la paz y la no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones, así como el conocimiento de los Derechos Humanos y el respeto a los mismos;
No se omite señalar que el artículo 1º, fracción III, de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, prescribe por discriminación: toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento, o el ejercicio, de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas.
Por lo que se puede advertir que la discriminación es un fenómeno que ocurre en las relaciones que se establecen entre los individuos y en diversos sectores sociales, el cual consiste en actitudes y prácticas de desprecio hacia alguna persona o conjunto de personas a quienes se les valora negativamente, lo cual deriva en un estigma social que se traduce en la privación de sus derechos fundamentales y en el bloqueo o generación de limitaciones a sus oportunidades de desarrollo.
Esas conductas se manifiestan en prejuicios que se han vuelto colectivos, al grado tal que la sociedad, en su conjunto, los reproduce a través de distintas prácticas sociales. La discriminación es, por lo tanto, un elemento de exclusión que alimenta y agrava la inequidad, divide a la sociedad y fomenta la desigualdad.
En tal sentido, tenemos la responsabilidad de mejorar el marco normativo que regula las conductas sociales, con el propósito de establecer condiciones que eviten, en lo posible, que en la sociedad existan grupos susceptibles de ser víctimas de discriminación; sobre todo, cuando se trata de minorías o personas que presentan algún tipo de discapacidad, así como también grupos en situación de vulnerabilidad como las mujeres, niñas, niños y personas de la tercera edad.
El impacto social, político, económico y moral que causan dichas prácticas, ocasiona el deterioro de las formas de convivencia social, al limitar las capacidades y recursos y, además, restringe e impide el ejercicio real de los derechos de las personas y el crecimiento y desarrollo de los seres humanos.
De esta manera, esta propuesta de Iniciativa permite armonizar el marco jurídico constitucional con el legal, lo cual permitirá, de aprobarse, que el Estado mexicano perfeccione y mejore su obligación de implementar programas y políticas públicas tendientes a erradicar la discriminación que sufren las personas, sobre todo en la edad temprana, como son los educandos del nivel básico.
La propuesta central permitirá implementar políticas públicas en materia de prevención y combate de la discriminación, en virtud de que la violación al derecho al libre desarrollo de la persona genera en la víctima baja autoestima, desprecio hacia los demás, frustración, sentimientos de rencor, entre otras situaciones emocionales que pueden terminar en eventos delictivos.
Es por ello, que se debe concientizar a los educandos a edad temprana, principalmente en los niveles de educación básica normal y especial, en la que participen desde sus propios espacios, los ámbitos públicos y privados, para que se generen ciudadanos propositivos, mismos que en su etapa adulta reproduzcan esos valores y que permitan hacer realidad una sociedad más justa e igualitaria. Y es el espacio educativo uno de los mejores y más propicios para generar valores como el respeto por los demás a través de la no discriminación.
Como consecuencia, para avanzar hacia estadios de vida armónicos y de convivencia pacífica de las familias mexicanas, se requiere impulsar una educación basada en valores, espíritu de servicio y tolerancia a las diferencias.
Por ende, se debe desterrar la discriminación, confrontación, denostación y desprestigio, por eso le apostamos a que se debe privilegiar el debate, las ideas planes y proyectos como herramientas para avanzar hacia la consolidación de la democracia y de justicia social.
No obstante que se han generado las reformas Constitucionales, al tema de derechos humanos, en nuestro país existe todavía un desconocimiento importante al respecto; y sin embargo aún y cuando la sociedad cuenta con conocimientos sobre esos derechos, carece de un concepto objetivo de cómo hacerlos cumplir, o de cómo obtener el apoyo de alguna estructura que le garantice el respeto y cumplimiento a los mismos.
Por todo lo anteriormente expuesto, someto a su consideración, el siguiente:
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 7º. DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN
Artículo Único. Se reforma la fracción VI del artículo 7o. de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República el 11 de diciembre de 2018