Source: http://www.historiaydoctrinadelaucr.com/2010/12/juventud-radical-y-derechos-humanos-por.html
Timestamp: 2018-08-20 15:08:52
Document Index: 353108413

Matched Legal Cases: ['Artículo 14', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 33', 'artículo 38', 'artículo 18']

HISTORIA Y DOCTRINA DE LA UCR: JCN-JR: “Juventud Radical y Derechos Humanos” (24 de Septiembre de 1983)
JCN-JR: “Juventud Radical y Derechos Humanos” (24 de Septiembre de 1983)
En 1892 nació la UNION CIVICA RADICAL reintegrando a la vida política argentina valores éticos y morales que estaban ausentes desde que la "Brillante generación" del 80 había tomado el gobierno, para ejercer autocráticamente como expresión exclusiva y excluyente de la oligarquía y del capital británico.
Estos valores no se concretarían solamente al demandar hones­tidad y capacidad a los gobernantes, con el cumplimiento riguroso de la Constitución, sino cuando toda la sociedad jerarquizara el valor de cada individuo y brindara igualdad de posibilidades... “… Para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino...”. La necesidad de que esta concepción rigiera la vida pública nacional fue el motivo que impulso a Leandro N. Alem y sus seguidores a fundar a la UNIÓN CIVICA RADICAL e indicar esta lucha que nosotros hoy -92 años después- continuamos, por la dignidad del hombre en el marco de una sociedad justa e igualitaria.
Cabe recordar la gestión de los gobiernos radicales: Yrigoyen (1916-1922, 1928-1930), Alvear (1922-1928) e Illia (1961-1966), en los cuales estos valores presidieron todas as gestiones gubernamentales; en ninguno de ellos hubo estado de sitio; ni presos polí­ticos, desaparecidos o torturados.
Estos valores morales y éticos abarcan, entre otros temas, el de los Derechos Humanos, derechos consagrados en la primera parte de nuestra Carta Magna, reconocidos y no concedidos pues pertene­cen al Hombre por su propia condición humana. Estos derechos fue­ron objeto de constantes menoscabos desde 1930 a la fecha y particularmente con extrema gravedad desde el golpe de estado de 1976.
Los derechos a la vida y la libertad son los más elementales y podría afirmarse que los primeros en ser reconocidos como tales. Corresponde también considerar como derechos fundamentales del hombre e integratorios de su condición humana el derecho a la salud, al alimento, al vestido, a la vivienda, a la posibilidad de educarse, al descanso, etc.
Nuestra Constitución Nacional los consagra en los artículos:
Artículo 14: Todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio a saber: de trabajar y ejercer toda industria lícita; de navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades; de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino; de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa; de usar y disponer de su propiedad; de asociarse con fines útiles; de profesar libremente su culto y de enseñar y aprender.
Artículo nuevo sancionado el 24 de octubre de 1957: El en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor; jornada limitada; descanso y vacaciones pagadas; retribución justa; salario mínimo vital y móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público; organización sindical libre y democrática reconocida por la simple inscripción en un registro especial.
Queda garantizado a los gremios: concertar convenios colectivos de trabajo; recurrir a la conciliación y al arbitraje; el derecho de huelga, los representantes gremiales gozaran de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo.
El estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacio­nales o provinciales con autonomía financiera y económica, administradas por los interesados con participación del estado, sin que pue­da existir superposición de aportes jubilatorios y pensiones móviles; la protección integral de la familia; la defensa de bien de familia; la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna.
Artículo 18: Ningún habitante de la nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso ni juzgado por comisiones especiales, o sacado de los juicios designados por la ley antes del hecho de la causa. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo, ni arrestado sino en virtud de orden escri­ta de autoridad competente. Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos. El domicilio es inviolable, como también la correspondencia epistolar y los papeles privados; una ley determinará en qué casos y que con que justificativo podrá procederse a su allanamiento y ocupación. Quedan abolidos para siempre la pena de muerte por causas políticas, toda especie de tomento y los azotes.
Las cárceles de la nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pre­texto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice.
Artículo 19: Las acciones privadas de los hombres que de nin­gún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la Ley, ni privado de lo que ella no prohíbe.
Artículo 20: El congreso no puede conceder al Ejecutivo Na­cional ni las legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetaran a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabi­lidad y pena de los INFAMES TRAIDORES A LA PATRIA.
Hacemos esta trascripción del texto constitucional que lo deberían conocer TODOS los argentinos, para comprender cabalmen­te que el tema de la plena vigencia de los derechos humanos es uno de los objetivos principales en la lucha por el Estado de Derecho. O sea, lograr que los gobernantes elegidos por el pueblo cumplan la voluntad de este en aplicación del principio de la soberanía popular, respe­tando todas y cada una de las garantías y derechos constitucionales reconocidos: Artículo 33: Las declaraciones, derechos y garantías que enumera la Constitución no serán tenidos como negación de otros derechos y garantías no enumerados, pero que nacen del prin­cipio de la soberanía del pueblo y de las forma republicana de gobierno.
La reivindicación de la democracia formal fue subestimada por distintos sectores de izquierda por considerarla “estructuras demoliberales burguesas” desde los años 60 y 70. Pero ahora nadie duda de que con el Poder Judicial Independiente, constituido conforme lo establece la Constitución Nacional, no hubieran existido miles de desaparecidos en el país; o que si hubiera existido el Congreso duran­te estos últimos siete años, Martínez de Hoz no podría haber consu­mado su nefasta tarea. Más allá que nuestro objetivo sea la demo­cracia social, es imposible lograrla sin acceder previamente a la de­mocracia formal.
Las instituciones democráticas no son un capricho “liberal bur­gués” sino una síntesis alcanzada después de siglos de lucha y la con­creción de la concepción del hombre como destinatario último y prin­cipal de la Política.
La movilización popular y la violencia. La movilización popular es el método de lucha que siempre usó el Radicalismo. No sólo consiste en realizar manifestaciones en la calle en apoyo o en contra de tal o cual cuestión. Es básicamente trabajar junto al pueblo en todas sus manifestaciones: la fábrica, el aula, la oficina, el sindicato, las organizaciones profesionales, los barrios, centros de fomento, etc., en pro de reivindicaciones, enmarcándolas a éstas en el contexto de la lucha global que libramos todos los argen­tinos por la liberación nacional y social. Cumpliendo la función de dirección que le cabe a una organización política, pero yendo sola­mente un paso adelante del pueblo, para que nuestras propuestas sean comprendidas y tomadas como propias por el conjunto del pueblos Lograremos así, en forma lenta, avanzando paso a paso, que todos los argentinos comprendamos que la única división verdadera que existe en nuestro país es la que enfrenta al pueblo con el anti­pueblo, la Nación contra el Imperialismo y la Oligarquía, la liberación o la dependencia.
Los radicales recurrimos a la lucha armada revolucionaria en 1890, en 1893 y en 1905. Estas luchas en que participó el pueblo entero fueron legítimas precisamente por eso, porque un pueblo entero decidió armarse para acabar con una agresión que lo oprimía, y de la cual todos tenían conciencia. Agresión que no justifica más daño que el necesario y luego de agotar todo medio pacífico para evitarla.
En estas características puede verse claramente las diferencias entre la violencia ejercida por las organizaciones guerrilleras que hemos conocido en nuestra época y la ejercida por el Radicalismo a lo largo de su historia. La primera fue una violencia elitista y total­mente al margen de las masas.
Elitista puesto que estas organizaciones estaban formadas casi en exclusividad por estudiantes o graduados universitarios, no siendo comprendidos jamás por el pueblo, quien nunca comulgó con sus ideologías y sus propuestas. Puede afirmarse que incluso tampoco les fueron explicados a los propios militantes, como por ejemplo las propuestas del “Socialismo Nacional“. Estuvieron al margen de las mas­as aunque se autotitulaban “Vanguardia de los trabajadores” ya que en el pueblo argentino los trabajadores repudiaron siempre al terro­rismo por ellos practicado.
Es terrorismo pegarle un balazo por la espalda a un Cabo para robarle su pistola, poner una bomba que mate al director o a un empleado de un banco, es terrorismo amenazar de muerte o secuestrar al directivo de una empresa para obtener mejoras salariales, como tam­bién es terrorismo el accionar impune de bandas parapoliciales o para­militares que realizan los mismos actos.
El método terrorista busca perturbar la paz social. Utiliza todos los medios: los violentos, los inhumanos. No tiene límites; agrava injustificadamente los daños materiales y morales. Demuestra el me­nosprecio más absoluto por el hombre, por su dignidad, por su vida. Al fenómeno se lo denomina terrorismo porque justamente intenta dominar a la sociedad por el terror.
Nuestro país desde 1976, además de las formas terroristas ya citadas, ha vivido la más grave de las expresiones de la violencia: el terrorismo de estado. Esto sucede cuando el Estado abandona la ley, se aparta de los valores éticos que le dieron nacimiento, y denigrándose, usa los miamos métodos que la “subversión” o de los guerri­lleros, a quienes dice combatir. Toda la inmensa maquinaria del Es­tado puesta a disposición de esta política, los resultados están a la vista: miles de muertos, de desaparecidos, de torturados, de presos, de exiliados, de robos, de violaciones, de saqueo. Esto se hizo con el objeto de acabar con los “subversivos y los corruptos”. Nosotros venirnos repitiendo desde 1966 que los primeros subversivos son quienes violaron la Constitución Nacional, pisoteando la soberanía popular, para encaramarse en el poder y que el mayor grado de corrupción es usar la tortura, la violación, la muerte y la desaparición para poner en marcha un proyecto político.
De esto último se trató en definitiva, la única manera que tuviera viabilidad el Plan Martínez de Hoz era con una represión brutal. El acabar con la guerrilla era sólo un pretexto, en realidad fue un manto usado para tapar el verdadero objetivo de la presión: imponer a san­gre y fuego el sistema de los “Chicagos Boys”.
El hombre es anterior al Estado, y el Estado debe estar en fun­ción del hombre, para ayudarlo, protegerlo, promoverlo, para servirle, garantizarle el ejercicio de sus derechos, remover los obstáculos que impiden su plena realización como ser humano. Cuando para acceder al poder, se sacrifica al hombre, y se lo convierte así en un medio, se están subvirtiendo los valores. Cuando se lo asesina, se lo tortura, cuando se lo hace desaparecer para imponer un plan económico, se lo hace trabajar con salarios de hambre y se descuida su salud, su vivienda y su educación, se lo está reduciendo a la categoría de medio. Cuando se lo mata para obtener un arma o un uniforme, cuando se secuestra o se asesina para presionar u obtener mejoras salariales o sectoriales, cuando se pone una bomba para fines publi­citarios, ya no se piensa en el hombre como sujeto, sino como una cosa; y esto es subvertir la jerarquía del hombre. Jerarquía que ocupa el primer lugar en nuestro sistema de valores, consagrado categórica­mente por la Constitución Nacional.
Rescatamos... “Una concepción del hombre que lo ponga cubier­to de ser juzgado como una cosa o como un medio al servicio in­discriminado de cualesquiera fines: (ideológicos o materiales). Nadie puede ser dueño de la vida humana, ni individual ni colectivamente. El hombre es el sujeto, objeto y fin de la vida social” (Federación Argentina de Abogados 7/11/75).
EL PERÍODO 1973-1976
Derrocado el régimen de Onganía-Levingston-Lanusse, la ma­yoría de los argentinos nos abocamos a construir la democracia. Habíamos comprendido que las divisiones del pueblo a través de fal­sas antinomias, sólo eran redituables para el imperialismo y la oligar­quía. Los radicales y otros habíamos participado en 1955 en el derrocamiento de Perón y en 1966 la dirigencia sindical peronista había participado activamente en el golpe contra Illia, siendo el ejemplo de esto la presencia de Vandor y Alonso en la jura de Onganía. Pero la lucha codo a codo de radicales, peronistas, militantes de otros par­tidos y de millones de argentinos no identificados con ninguna orga­nización política, en el Cordobazo, en el Rosariazo y todos los hitos que echaron por tierra con los proyectos de aquella dictadura, nos hicieron comprender a todos la necesidad de dejar de lado aquellas divisiones estériles y lograr la unidad nacional, como (mica manera de garantizar la democracia que con tantos dolores y sacrificios había­mos obtenido.
Con esta convicción la J. R. en junio de 1973, luego de hacer público un documento en conjunto con la J. P. convocó con otras or­ganizaciones a formar las Juventudes Políticas Argentinas, la que se constituyó con las juventudes de todos los partidos políticos populares. Convencidos de la necesidad de avanzar a nivel juvenil en la concreción de organizaciones que trabajen por la unidad nacional y la defensa del régimen constitucional. Pero al comenzar la Juven­tud Peronista (J. P.) a usar el terrorismo como metodología de acción nuestra organización se retira de las Juventudes Políticas Argentinas -esto sucede a mediados de 1974 mediante una declaración pública- y a partir de ese momento pasa a ser un sello usado por Montoneros en función de su política.
Este período que estamos analizando, se había inaugurado con una ley de Amnistía, dictada por el parlamento Nacional, a los efec­tos de iniciar sin heridas el nuevo gobierno elegido por el pueblo; la ley fue votada por unanimidad en lo general y cuestionada en lo particular en algunos artículos por algunos partidos -entre los que estuvo la U.C.R.-. La salida de la cárcel de algunos presos comunes fue como resultado de algún exceso en el dictado del Indulto firmado por el Presidente Cámpora, siendo responsabilidad de las auto­ridades del Poder Ejecutivo y carcelarias y no como consecuencia de la ley de Amnistía, dictada con posterioridad a la salida de los mis­mos.
Pero a poco de andar, nuevamente la violencia empezaría a sig­nar la vida argentina. El 10 de junio de 1973, se produce en Ezeiza -en oportunidad del arribo del Gral. Perón al país- una brutal matanza; la responsabilidad de López Rega fue incuestionada. Brito Lima y Osinde dirigieron las operaciones en el terreno, el resultado fue: centenares de muertos y heridos baleados criminalmente por bandas armadas de la derecha peronista. Así se demostró que los ex­tremismos tanto de derecha como de izquierda, despreciaron al pueblo, utilizando como campo de batalla para dirimir sus conflictos y establecer su hegemonía lo que era una fiesta popular para el pero­nismo.
La Unión Cívica Radical repudió el episodio, como haría desde ahí en adelante con todos los episodios de violencia que asolaron la Nación y exigió una investigación que nunca fue hecha; hasta el día de hoy no fueron juzgados los asesinos, es más: Osinde fue designado embajador en el Paraguay por el gobierno Peronista. Habrá sido recompensado así, mandándolo junto al dictador Stroessner, -fas­cista como él- por los “patrióticos servicios prestados”.
Posteriormente aparecería en escena la tristemente célebre alianza anticomunista argentina -triple A- organización paramilitar que asesinó a muchas personas y realizó varios atentados, actuando con total impunidad y en algunos casos incluso, hasta usando vehículos y pertrechos de las fuerzas de seguridad. Nuestro correligionario Hipólito Solari Irigoyen, fue una de las tantas víctimas, salvando la vida milagrosamente al ser objeto de un brutal atentado. En esos días desde el Senado de la Nación se había opuesto con tenacidad a la ley de Asociaciones Profesionales, siendo en el debate el vocero de la U.C.R. Dicha ley coartaba la democracia sindical y la posibilidad de participación real de los trabajadores en la vida de sus organizaciones, no obstante fue aprobada por el oficialismo y contaba, por supuesto, con el apoyo de Lorenzo Miguel y Cía. Solari Yrigoyen fue un caso, cobró muchas víctimas la triple A, y varias de ellas mor­tales; nunca apareció ningún responsable de esos crímenes ni durante el gobierno peronista y por supuesto tampoco luego del 24 de marzo.
Cabe agregar, que además de estos episodios reseñados, hubo mu­chos grupos parapoliciales que contaron con total impunidad para atacar centros de estudiantes, sindicatos donde se practicaba demo­cracia, y a los militares de las organizaciones populares (C.N.U., C. de O., etc.).
Paralelamente, la ultraizquierda hacía lo suyo. El Ejército Re­volucionario del Pueblo (E.R.P.) tomaba el Comando de Sanidad, volviendo al uso de la violencia; posteriormente pondría en práctica la teoría foquista y trasladaría su accionar al monte tucumano. Los Montoneros, luego de que el Gral. Perón los echara de la Plaza de Ma­yo, ello de Mayo de 1974, también vuelven a poner en práctica métodos terroristas; llegando en 1975 a plantear la conveniencia del Golpe de Estado para “agudizar las contradicciones”. Ambas or­ganizaciones guerrilleras demostraron un desprecio total por las ins­tituciones democráticas, desestabilizando al gobierno constitucional e impidiendo que fuera el propio pueblo quien en diciembre de 1976 eligiera a su nuevo gobierno.
En febrero de 1975 Isabel Perón ordena al Ejército intervenir en Tucumán y en el mismo año -durante el interinato de Luder- ­se dictan los decretos que permiten a las Fuerzas Armadas actuar en la represión de la “subversión”.
La U.C.R. y la Juventud Radical (J.R.) como ya dijimos, repu­diamos todos los episodios de violencia reseñados y bregamos des­de el llano y desde las bancas parlamentarias que ocupábamos por la vigencia del Estado de Derecho. En 1975 la J. R. participó con Alfon­sín y otros dirigentes del partido en la fundación de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, junto a destacados hom­bres y mujeres que creían, como nosotros en la necesidad de preser­var la democracia y la vigencia de los Derechos Humanos, que eran diariamente menoscabados ante la inoperancia del gobierno.
Creíamos, al igual que ahora, que el Estado debe reprimir el terrorismo y la subversión con toda la fuerza de la ley, ejerciendo la fuerza moral que da el resguardar los derechos y garantías cons­titucionales, sin violar los derechos que precisamente está llamado a custodiar. Vemos que la mayor eficiencia en materia de represión y prevención contra el terrorismo es la que exhiben países como Ita­lia, Francia, Alemania, España, etc.
No podemos afirmar que la culpa la tiene la guerrilla, sería una ingenuidad creerles a los militares que dieron el golpe para terminar con la subversión; pues ellos antes del golpe ya gobernaban la Nación. Las FF.AA. habían obtenido la legislación de emergencia para repri­mir a la subversión en violación de principios del Derecho Penal Clásico con la oposición de la U.C.R. Harguindeguy era el Jefe de la Policía Federal; el E.R.P. en Tucumán prácticamente estaba derro­tado, en Diciembre de 1975 fuerzas conjuntas del E.R.P. y Montone­ros intentaban el copamiento de Monte Chingolo siendo la última operación comando protagonizada por la guerrilla, ya militarmente destruida. Luego del golpe, el accionar “antisubversivo” de las fuerzas de seguridad, se limitó a sacar de la cama a miles de personas y pegar­les un balazo en la nuca y hacerles desaparecer.
En esta “lucha antisubversiva” también cayeron y desaparecie­ron, fueron apresados, torturados y se tuvieron que exiliar muchas personas que nunca habían tenido que ver con la lucha armada: entre otros fueron asesinados nuestros correligionarios Sergio Karakachoff, Mario Amaya, Raul Pisarello y Felipe Rodríguez Araya este último en 1975.
Lo que sí aseguramos es que el accionar guerrillero fue un ele­mento del que se valieron las FF.AA. para crear el consenso necesario a los efectos de dar el golpe, y hasta se podría afirmar que muchos argentinos escucharon las marchas militares el 24 de marzo con cier­to alivio.
Era sumamente difícil defender las instituciones en aquel momen­to. Una gran crisis económica -el Rodrigazo- la inseguridad provo­cada por los grupos terroristas de ambos lados, y un gobierno inepto cuyo titular elogiaba el papel de las empresas multinacionales, difi­cultaban la tarea de preservar la vigencia de la Constitución Nacional.
La U.C.R. no obstante, usó todos los elementos a su alcance pa­ra evitar el golpe. Quizás el dramático discurso, que dirigiera al país Ricardo Balbín hora antes de la asonada, sea la muestra más clara de la decidida posición antigolpista del Radicalismo.
Su objeto fue insertar al país en la nueva división internacional del trabajo, ideada por la Comisión Trilateral -fundada en 1973 por Estados Unidos, la Comunidad Económica Europea y el Japón. El rol asignado a nuestro país era el de ser un enclave productor de carnes y granos baratos para los países del hemisferio norte. Por eso había que destruir la industria y fomentar exclusivamente la ren­tabilidad de los negocios financieros, a costa de la salud, de la edu­cación, y de la carencia de vivienda, del pueblo, que pasaron a ser considerados sin importancia para el Estado que declamaba su “Subsidia­riedad”.
La única manera de lograr esto era reprimiendo salvajemente todo tipo de actividad política, sindical, estudiantil, cultural, etc.
Con las limitaciones del caso, nuestra organización siguió tra­bajando por la vigencia de los derechos humanos y de la soberanía popular.
Franja Morada, Juventud Radical y los radicales en general, en­cabezados por personalidades de la talla de Raúl Alfonsín bregamos incansablemente por estos objetivos.
Fue un bastión en esta lucha la A.P.D.H. donde coincidimos con hombres de otras vertientes del pensamiento nacional de las distintas confesiones religiosas, de la cultura, del trabajo, en la defensa del Hombre y sus derechos.
Se hizo lo posible, desde ayudar a los presos, presentar habeas corpus, hasta golpear las puertas de los despachos alfombrados no para transar con el régimen, sino para pedir por la libertad de los presos sin causa o exigir la aparición de los desaparecidos. Si lo decimos con toda claridad, Alfonsín más de una vez se entrevistó con Harguindeguy por esto motivos; muchas veces no se logró nada, pero el hecho mínimo de haber podido salvar aunque sea una sola vida o evitarle sufrir vejámenes y torturas a un sólo individuo justifica plenamente el acto, no nos preocupan las acusaciones que hoy quiera hacemos la ultraizquierda.
Lo grave hubiera sido que se fuera a transar con el régimen. Fuimos inflexibles con los radicales que así lo hicieron en su momen­to y hoy condenamos las actitudes de Rubén Blanco, Tomas de An­chorena y otros, incorporando a la carta orgánica nacional de la U.C. R. el 30 de julio de 1983 en su artículo 38, la incompatibilidad para ejercer cargos partidarios o candidaturas con el haber sido perso­nero del régimen.
Nos preocupó sí, que otras organizaciones no actúen igual. Por ejemplo el peronismo que tolera a un Ottalagano -responsable de las persecuciones en la Universidad de Buenos Aires entre 1974 y 76­- hoy afirma ser fascista y no sea repudiado por sus correligionarios ni expulsado del Partido Justicialista. O que el actual candidato a gober­nador de la Pcia. de Bs. As. obedezca instrucciones para formar su ga­binete de Monseñor Plaza (éste fue quien dirigió las persecuciones de docentes y no docentes en la Universidad Nacional de la Plata y en la Católica de dicha ciudad, socio de Graiver en el Banco Comercial de la Plata, está enfrentado con casi la totalidad de la Asamblea Episcopal Argentina, totalmente desprestigiado ante su feligresía, etc., etc.), elogie al General Verpletsen -quien felicitó públicamente a los asesinos de Cambiasso y Pereyra Rossi- o se abrace con el gober­nador actual -Jorge Aguado- quien en las épocas que presidía CAR.­ AB se manifestaba partidario del voto calificado.
LA LUCHA POR LOS DERECHOS HUMANOS EN LA ACTUALIDAD
Luego del episodio de las Malvinas, no quedó un solo habitante de este país sin tomar conciencia de lo que había ocurrido desde 1976. El proceso hacia la democracia que estamos viviendo, posibilitó conocer cabalmente lo que había sucedido. Tomando cada vez más fuerza la lucha por la vigencia de los derechos humanos, a la que se han sumado millones de argentinos; esto ha generado algunas con­fusiones, planteos equivocados y también una cuota de optimismo. Vamos a referirnos a algunas de estas cuestiones.
a. Muchos sectores tratan hoy de sacar rédito de las banderas de los Derechos Humanos. Algunos grupos trotskistas incluso, han lle­gado a plantearse que los afectados por las violaciones de los derechos humanos son los sectores que mayor enfrentamiento tienen con el imperialismo y la dictadura militar, motivo por el cual son el sector más dinámico en la lucha por la liberación y en consecuencia han de­cidido poner todos sus militantes a trabajar en distintos grupos que luchan por los derechos humanos. Esto trae graves consecuencias pues plantean las tareas con el objeto de llevar agua para su molino, tergiversando los hechos para tratar de demostrar a propios y extraños que la defensa de los derechos humanos es patrimonio de ellos; no vacilando en echar tierra sobre hombres y organizaciones que han jugado sus vidas por esta cuestión durante la larga noche que vivió el país. Seguramente estos grupos se valdrán del tema de los derechos humanos para tratar de desprestigiar al próximo gobierno democrá­tico tratando de parcializar la lucha del pueblo por la vigencia plena de los derechos del hombre.
b. La lucha por la vigencia de los derechos humanos está subsu­mida en el reclamo de la vuelta al Estado de Derecho. El Estado es aquél en que los gobernantes están sujetos a normas preestablecidas, y que emanan de una ley suprema, a través de la cual el pueblo le con­fiere al Estado el Poder a la par que le fija los límites para su ejerci­cio en particular en lo que hace a la inviolabilidad de los derechos inherentes al individuo (artículos 14, 14 bis, 18, 19, 29 transcriptos en la página 1 entre otros).
Hoy algunos grupos están planteando la necesidad de crear Tri­bunales Populares, comisiones Especiales para juzgar a los responsables de las violaciones de los derechos humanos. Como ya vimos esto está expresamente prohibido en el referido artículo 18 de la Constitución Nacional. Además este planteo nos merece dos obser­vaciones. La primera es que en un gobierno constitucional, los tribu­nales ordinarios son sinónimos de justicia popular, porque son los que emanan del cumplimiento estricto de lo estipulado en la Constitu­ción Nacional; pues los jueces son nombrados por el Presidente -elegido por el pueblo de la Nación- a los que el Senado de la Na­ción -elegido por el pueblo de las Provincias- les da o no acuerdo; con este mecanismo participa el pueblo en la formación del Poder Judicial. Y la segunda es que no podemos reclamar “nosotros” la justicia, el debido proceso, condenar los tribunales clandestinos y los militares, y para los “otros” aplicar precisamente estos mecanis­mos repudiados por el pueblo, violatorio del Estado de Derecho esto no sería Justicia, es venganza.
c. Hay que decir dos palabras también sobre la parcialización en esta lucha, Madres de Plaza de Mayo -por ejemplo- han centra­do su actividad en el tema de los desaparecidos, a consecuencia de lo cual fue fundada dicha organización; desarrollando su tarea en tomo a consignas “Aparición con vida”. Planteo con el cual lógi­camente coincidimos, se debe exigir la aparición de todos los desa­parecidos, y en caso contrario el Poder Judicial --constituido como manda la Constitución- deberá investigar y condenar a los responsa­bles. Pero afirmamos que es improcedente resumir en una sola consig­na -sea cual sea- la lucha por el esclarecimiento de todos los casos de violaciones a las libertades individuales, ocurridas en los últimos años, siguiendo con la consigna citada, ¿qué ocurre si algún desapare­cido no aparece? Y, en consecuencia, ¿qué harán las organizaciones que levantan como bandera casi excluyente la “aparición con vida“? Se sumarán a las posiciones analizadas en el punto a., o comprende­rán con nosotros que los derechos humanos van intrínsecamente li­gados a la existencia o no de un régimen pleno de libertades democráticas.
Para J. R. la lucha por los derechos humanos es integral. No sólo los desaparecidos significan violaciones a los derechos humanos -aunque después del asesinato sea, quizás, lo más doloroso-. Re­presenta una cruel violación de los derechos humanos, el que existan los índices de mortalidad infantil que sufre el país, la desnutrición de la niñez, la cantidad de casos de enfermedades infectocontagiosas que se registran, o los presos políticos, los miles de exilados etc. Traemos a colación esto, pues más de una vez hemos protagonizado -los militantes radicales- interminables discusiones sobre estas consignas parciales, para una organización política como la nuestra, pero que son centrales para las Madres de Plaza de Mayo, por ejemplo. Para ellas la lucha por los derechos humanos se inicia con la desapa­rición de sus hijos o sus nietos y se agotará cuando aparezcan con vida esto es lo que ellas y todos deseamos. Pero para Unión Cívica Radical esta reivindicación fue causa de su fundación hace 92 años y cuando aparezcan los desaparecidos y salgan los presos políticos de la cárcel los derechos humanos seguirán siendo nuestra bandera para siempre.
Es tarea nuestra la reivindicación de todos los derechos del hom­bre y con la comprensión de este concepto aunar nuestros esfuerzos al de las personas y organizaciones que luchan por ellos, pero enmar­cando nuestras posiciones en aquel marco general.
d. Como decíamos en el punto b, no podemos exigir la vigencia de los derechos humanos en unos casos y en otros no. Juventud Radical ha condenado siempre la violación de los derechos humanos, hemos atacado tanto el terrorismo de estado, como a las parapolicia­les o paramilitares y a los grupos armados de la ultraizquierda. Nos preocupan que algunas organizaciones hoy se nieguen a condenar la violencia de los grupos guerrilleros; un ejemplo de esto fue lo sucedido cuando el Movimiento de Juventudes Políticas organizó en Bs. As. la Marcha por la Democracia y la Paz con Chile, donde un grupo de la J. P. perteneciente al sector de Intransigencia y Movilización Peronista, con el apoyo de la Juventud Intransigente, exige que del documento convocante se saquen las palabras que condenaban la vio­lencia ultraizquierdista -previamente repudiaba también al terrorismo de estado-. Finalmente palabra más, palabra menos el documento quedó con el contenido original; pero también cabe decir que durante la discusión este grupo amenazó de muerte a los miembros de otros sectores, de la propia Juventud Peronista, y también con romper la marcha -lo que es muy fácil, se le tira una piedra a un policía y lo que iba a ser una marcha pacífica termina en una masacre.- Esta práctica fue la misma que caracterizó a los Montoneros, y también al C.N.U. Nosotros no toleramos esta forma de actuar antes del 76 y tampoco la permitimos ahora, como no lo dejaremos a Loren­zo Miguel patotear a todo el país.
La Juventud Radical seguirá condenando con energía toda práctica terrorista, pues ésta lleva implícita el desprecio total por la dignidad del hombre y trae aparejada la violación de los derechos humanos; como ya hemos explicado. SEA QUIEN SEA EL TERRO­RISTA.
e. Creemos con Hipólito Yrigoyen, “que los hombres son sagra­dos para los hombres y los pueblos son sagrados para los pueblos”, esto nos lleva a respetar y a exigir que se respeten los derechos de los hombres de todo el mundo, al margen de sus nacionalidades.
Por eso repudiamos a quienes se preocupan por las agresiones su­fridas por el pueblo de Vietnam, cuando lo invadió Estados Unidos por ejemplo, y no condenan de la misma manera a quienes hoy le impiden ejercer todos sus derechos al pueblo de Afganistán. Y por supuesto ha quienes hacen lo contrario.
Creemos en la autodeterminación de los pueblos y consecuente­mente en la no intervención. Por lo cual condenamos a EE UU. cuan­do invadió Santo Domingo, Vietnam o por la política que está llevan­do adelante hoy en América Central, pero con la misma fuerza hemos repudiado a la Unión Soviética cuando invadió Checoslovaquia, Hungría, Afganistán, o permite la represión en Polonia.
Como hemos visto, a lo largo de este trabajo, desde el siglo pas­ado la U.C.R. viene bregando por los derechos humanos. Pero en particular en el período analizado hemos participado activamente, ya fuera la Juventud Radical, Franja Morada y una larga serie de figuras partidarias encabezadas por Raúl Alfonsín.
Con valentía y sin hacer bandera de las heridas sufridas en esta lucha -que a todos los sectores nos ha significado tener exiliados, presos, torturados y muertos- hemos predicado y seguiremos haciéndolo, la necesidad imperiosa de la Unidad Nacional como única forma de lograr la recuperación de la Soberanía Popular, a través de la cual podremos volver al Estado de Derecho y edificar una democracia sólida. Democracia que nos permita discutir nuestras diferencias ideo­lógicas dentro de las instituciones consagradas en la Constitución Nacional, logrando que todos los argentinos comprendan que jamas debemos permitir que un militar trasnochado vuelva a dar un golpe de estado. Así lograremos que los derechos humanos nunca vuelvan a ser violados en Argentina.
Algunos de los grupos oportunistas a que hacíamos referencia, tratan de restar importancia a nuestra participación activa en la reivindicación permanente de los derechos humanos. No nos preocupa tenemos la conciencia tranquila pues hicimos todo lo que correspondía y en el momento oportuno.
Así como dicen que la campaña electoral de la U.C.R. esta financiada por EE.UU. y la Unión Soviética, o una patota peronista -a cuyos integrantes el Partido Justicialista no ha expulsado de sus filas- entra a un comité de la Unión Cívica Radical en Santiago del Estero y ataca con armas, cadenas y palos a los presentes, dejando ciego a uno de los correligionarios allí reunidos. Se trata ahora tam­bién de tergiversar todo lo actuado por nosotros en los últimos años en el tema que nos ocupa. Reiteramos, nos preocupa, es más fuimos una de las pocas organizaciones que condenamos a miembros de nuestro partido que colaboraron con la dictadura -el caso citado de los embajadores-. El justicialismo acepta en su seno al General Vilas y también acepta los votos del partido de Masera reiteramos éstas son las actitudes que nos preocupan y confunden al campo popular.
El radicalismo con la responsabilidad que le dé el pueblo en el próximo gobierno constitucional, será un firme defensor de los dere­chos humanos pues es el requisito indispensable para edificar una so­ciedad libre, base de una democracia social, donde se pueda lograr la dignidad del hombre.
Los jóvenes radicales estaremos a la altura de Alem e Yrigoyen y de los radicales anónimos que desde 1890 no vacilaron en dar hasta su vida, en esta lucha que emprendió en el año 1810 el pueblo de nuestra América Latina para lograr la libertad y la independencia. En la cual no nos tenemos que equivocar, el enemigo es fue y será el imperialismo y la oligarquía, los que se han dado, de acuerdo a la época distintos métodos para dominar a nuestro pueblo; antes la Colonia, desde hace una década los gobiernos militares.
Concientes de esto, no obstante nosotros somos optimistas, Argentina inicia un período democrático; haremos todos los esfuer­zos necesarios para lograr la Unidad Nacional, que es la única manera de preservarla.
En la historia de los pueblos del mundo, estos siempre han derrotado a los opresores, las heridas abiertas han servido de enseñanza, nuestro país no es una excepción. NADIE DEBE VOLVER JAMÁS, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, A VIOLAR LOS DERECHOS HUMANOS EN ARGENTINA.
Fuente: Documento "Juventud Radical y Derechos Humanos" de la Junta Coordinadora de la Juventud Radical, 24 de Septiembre de 1983.
Publicado por Alan Pavon en 17:54