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Timestamp: 2016-10-27 05:09:51
Document Index: 158632464

Matched Legal Cases: ['in dubio', 'artículo 23', 'artículo 29', 'artículo 30', 'artículo 56', 'in fine', 'artículo 705', 'artículo 30', 'artículo 54']

⭐MASTER EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS USAL DEUSTO ALUMNO: FRONTINI, FEDERICO GASTÓN
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Monica Ferreyra Díaz
1 TRABAJO PRÁCTICO DE DERECHO MASTER EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS USAL DEUSTO ALUMNO: FRONTINI, FEDERICO GASTÓN RESPONSABILIDAD SOLIDARIA EN EL CONTRATO DE TRABAJO El derecho laboral reacciona frente a las maniobras evasivas, y las conductas simuladas o fraudulentas, muy comunes en el ámbito del trabajo bajo la forma de tres artículos pivotes en la ley de contrato de trabajo los arts. 29, 29bis 30, complementados por normas civiles y comerciales, según el caso. En los artículos 29,29bis y 30 LCT existe un denominador común ya que en las tres normas existe más de un empleador que responde por los derechos del trabajador, que puede ejercerlos contra ellos.- En el caso del Art. 29 LCT, sin perjuicio de la solidaridad existente el empleador directo y titular de la relación jurídica es quien utiliza o se aprovecha de la prestación. Textualmente esta norma dice: Los trabajadores que habiendo sido contratados por terceros con vista a proporcionarlos a las empresas, serán considerados empleados directos de quien utilice su prestación. En tal supuesto, y cualquiera que sea el acto o estipulación que al efecto concierten los terceros contratantes y la empresa para la cual los trabajadores presten o hayan prestado servicios responderán solidariamente de todas las obligaciones emergentes de la relación laboral y de las que se deriven del régimen de la seguridad social. Los trabajadores contratados por empresas de servicios eventuales habilitadas por la autoridad competente para desempeñarse en los términos de los arts.99 de la presente y 77 a 80 de la Ley Nacional de Empleo, serán considerados en relación de dependencia con carácter permanente continuo o discontinuo, con dichas empresas. Es decir, que el Art. 29 LCT establece la relación de dependencia directa con quien se beneficia o aprovecha de la prestación, de los párrafos 1º y 2º de la norma transcripta surge que tanto el tercero intermediario como quien utilice al prestación, son solidariamente responsables por las obligaciones derivadas del contrato de trabajo.- Esta regulación resulta aplicable a los supuestos de intermediación fraudulenta, en los cuales el verdadero empleador hacer aparecer a un tercero con contratante del trabajador, pero el único beneficiario de la prestación es quien la recibe y aprovecha mientras que el contratante aparente es un testaferro o prestanombre, en general insolvente, lo cual perfecciona la maniobra.- El caso del tercer párrafo del Art. 29 LCT se plantea cuando el tercero contratante es una agencia de servicios eventuales habilitada para desempeñarse en los términos de los arts. 99 LCT y 77 y 80 ley En este supuesto el titular directo de la relación es la 12 agencia de servicios eventuales, sin perjuicio de la solidaridad en el cumplimiento de las obligaciones.- Ante la existencia de una agencia de servicios eventuales no habilitada (Art.29 párrafos 1 y 2), el trabajador que preste servicios en la empresa es considerado permanente continuo respecto del tipo de relación que lo vincula con esta empresa que utiliza su prestación, sin perjuicio de la solidaridad que corresponde a la empresa de servicios eventuales.- Aquí el fraude se materializa cuando el sujeto interpuesto toma la apariencia de una empresa en los términos del Art. 5 LCT, que textualmente dice A los fines de esta ley, toda actividad lícita, que se preste en favor de quien tiene la facultad de dirigirla, mediante una remuneración. El contrato de trabajo tiene como principal objeto la actividad productiva y creadora del hombre en sí. Solo después ha de entenderse que media entre las partes una relación de intercambio y un fin económico en cuanto se discipline por esta ley.- En este caso, la figura puede surgir de la iniciativa de un falso empresario que recluta personal para asignarlo a empresas verdaderas, actuando como si se tratara de una agencia (Art.29CCT), figurando ser una empresa que es contratada por otra para realizar determinada tarea en ella (Art.30 LCT), o del acto simulatorio de la propia beneficiaria de la labor que se presta en la empresa aparente para tratar de eludir el vinculo laboral.- En estos casos se produce fraude, ya que el sujeto interpuesto o testaferro, unipersonal o no, no tiene organización, y por el principio de primacía de la realidad, se desestima esta persona aparente que se interpone como una empresa, para que surja la auténtica relación entre el trabajador y la empresa que lo incorpora efectivamente en su organización y se beneficia con su trabajo.- Resulta sumamente útil que los jueces recurran al principio de la primacía de la realidad para indagar sobre la verdad de los hechos que se presentan en los reclamos laborales relacionados con el tema que nos ocupa. Así se ha decidido que: En materia laboral rige el principio de primacía de la realidad, por lo cual la naturaleza de las relaciones debe determinarse por el examen de las características que las conformen y definan en la realidad de los hechos y no por documentaciones en el caso, contrato de locaciòn de servicios- cuya suscripción o emisión bien pudo constituir una imposición más del dador de trabajo, Sala VII 18/11/2002 Zelasco, José F.c/ Instituto Obra Social del Ejército.- También se ha decidido que: Corresponde al Juez mediante el examen de los hechos cuestionados y de las relaciones existentes entre las partes, darles su auténtico sentido, desentrañando la verdadera figura jurídica que prevalece una situación dada, Sala I, 22/8/1998 Cabrera, Roberto E. c/clínica de Tenis Andrea Sociedad de Hecho y otro Es decir que los jueces, entre otros medios, cuentan con este principio aplicado al derecho laboral para poder investigar y desentrañar los hechos y arribar a la verdad a los efectos de proteger a la parte más débil del contrato de trabajo, es decir el trabajador, contando para ello con la ayuda de otros principios como el in dubio pro operario contenido en el Art. 9 LCT y,el principio de irrenunciabilidad normado por el art. 12 LCT, que abarca tambièn los derechos del trabajador emergentes de lo contratos 23 celebrados en el marco de la autonomìa de la voluntad (por ejemplo renuncias efectuadas bajo amenazas, violencia, renuncias negociadas con gratificaciones, etc) El artículo 23 LCT: El hecho de la prestación de servicios hace presumir la existencia de un contrato de trabajo, salvo que por las circunstancias, las relaciones o causas que lo motiven se demostrase lo contrario. Esa presunción operará igualmente aún cuando se utilicen figuras no laborales para caracterizar el contrato, y en tanto que por las circunstancias no sea dado calificar de empresario a quien presta el servicio, también es de utilidad para contribuir con el magistrado a dilucidar los casos que se le presentan.- Con relación a la aplicación del Art. 29 LCT, nuestra jurisprudencia ha decidido que: Las cooperativas de trabajo y la provisión de personal a terceros es el caso más común de fraude que se puede enmascarar bajo esa forma, pues la única finalidad de la cooperativa consiste en proveer servicios a terceros, los interesados recurren a la misma (una suerte de agencia) a fin de obtener empleo, deben ser socios de ella y ésta en tal carácter, los envía a terceros (clientes) que les asignan trabajo efecto (en el caso la actora prestó servicios en la planta de YPF y fue contratada a través de una cooperativa de trabajo).- La cooperativo de trabajo que medió en la relación entre el trabajador y la empresa no puede pretextar que no existe relación laboral con su supuesto socio, ya que el aporte de éste no lo fue en una tarea propia de la cooperativo- que no recibió la labor del trabajador- sino que fue en otra distinta y a favor de un tercero que contrato con ella, situación en la que solo podría considerarse integrante de la cooperativa al personal de la planta central que actúa como proveedora de trabajadores para terceros (objeto de la cooperativo de trabajo), cumpliendo, en definitiva, funciones como agencia de colocaciones o empresa de servicios. Sala 10º Rubio, Ethel M. c/ Cooperativa de Trabajo 4 de Setiembre Ltda.. y otro.- Como puede apreciarse a través de este fallo, la intermediaria puede ser una cooperativa que en el caso cumple la misma función que una empresa de servicios eventuales, por lo que el Juez debe indagar sobre la verdadera función que cumple la cooperativa de trabajo a los efectos de extender la responsabilidad también a ella por las consecuencias derivadas del contrato de trabajo.- ART. 29 BIS. LCT.: El empleador que ocupa trabajadores a través de una empresa de servicios eventuales habilitada por la autoridad competente, será solidariamente responsable con aquélla por todas las obligaciones laborales y deberá retener de los pagos que efectúe a la empresa de servicios eventuales los aportes y contribuciones respectivos para los organismos de la seguridad social y depositarlos en término.- El trabajador contratado a través de una empresa de servicios eventuales estará regido por la convención colectiva, será representado por el sindicato y beneficiado por la obra social de la actividad o categoría en la que efectivamente preste servicios en la empresa usuaria.- Según lo dispuesto en el párrafo 1 del Art. 29 bis ambos empleadores son solidariamente responsables en el cumplimiento de las obligaciones frente al empleado permanente discontinuo, pero el titular de la relación es la agencia de servicios eventuales. Si ésta no estuviera habilitada para tal efecto, entran en juego las previsiones de los párrafos lª y ª del Art. 29: el trabajador seria considerado permanente en relación con la empresa usuaria y ésta a su vez titular de la relación laboral, sin perjuicio de la solidaridad en sus obligaciones frente al trabajador. 34 Para poder funcionar como tales, las empresas de servicios eventuales deben estar constituidas como personas jurídicas y tener como único objeto la intermediación en la contratación de trabajadores eventuales (Art., 77 ley 24013).- Deben prestar caución por una suma de dinero o valores y otorgar una fianza o garantía real ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (arts,78 ley y 14 dec. 342/1992) pudiendo ser sancionada-en caso de violación a las disposiciones que regulan su funcionamiento- con multa, clausura o cancelación de la habilitación (Art.79 ley ).- esta última sanción provoca la pérdida de la caución, que se destina a satisfacer los créditos laborales que pudieren existir con los trabajadores y los organismos de seguridad social, integrándose el eventual remanente al Fondo Nacional de Empleo (art, 80 ley ).- En virtud del párrafo 2º, el trabajador contratado por medido de una empresa de servicios eventuales está regido por el convenio colectivo de trabajo de la actividad o empresa (categoría en la que efectivamente presta servicios en la empresa usuaria) Así se ha dispuesto que: El art. 29 bis introducido al régimen de contrato de trabajo por el articulo 76 de la ley , establece la solidaridad de la usuaria con la empresa de servicios eventuales, habilitada por la autoridad competente respecto de las obligaciones con los trabajadores eventuales que prestaran servicios en su establecimiento. Pero si el actor fue contratado por tiempo determinado, y en autos no se demostraron las razones objetivas que justificaran tal modalidad, la cuestión cae bajo la directriz del artículo 29 de la ley de contrato de trabajo y ambas empresas deben responder por las indemnizaciones legales correspondientes. Catalana, Martín A. c/banco de Trabajo S.A., CNAT, Sala II 8/3/ Es la eventualidad de los servicios requeridos por la empresa usuaria la que delimita el campo de acción de la empresa de servicios temporarios, por lo que cuando lo que se suministra es la prestación por parte del trabajador, de servicios que en sí mismos no son eventuales, sino permanentes, la relación cae bajo el principio general que rige a la sub-empresa de mano de obra : se establece una relación directa y permanente con el empresario que utilizó los servicios del trabajador, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria del intermediario CNAT Sala XCedeira, Nancy c/ Edenor S. A. t y otro, Sala X 29/9/00.- ART. 30 L.C.T. CONTRATACION Y SUBCONTRATACION: El art. 30 LCT dispone que: quienes cedan total o parcialmente a otros el establecimiento o explotación habilitado a su nombre, o contraten o subcontraten cualquiera sea el acto que les dé origen, trabajados o servicios correspondientes a la actividad normal y especifica propia del establecimiento, dentro o fuera de su ámbito, deberán exigir a sus contratistas o subcontratistas el adecuado cumplimiento de las normas relativas al trabajo y los organismos de seguridad social.- El art. 17 de la ley sustituyó el párrafo 2 del art. 30 LCT y estableció que los cedentes, contratistas o subcontratistas deben exigir a sus cesionarios o subcontratistas el número de CUIL de cada uno de los trabajadores que presten servicios y la constancia de pago de las remuneraciones, copia firmada de los comprobantes de pago mensuales 45 al sistema de la seguridad social, una cuenta corriente bancaria de la cual sea titular y una cobertura por riesgos del trabajo, los comprobantes y constancias deben exhibirse a pedido del trabajador y/o de la autoridad administrativa.- Esta responsabilidad no se puede delegar en tercero, ya que el incumplimiento de alguno de los requisitos hace responsable solidariamente al principal por las obligaciones de los cesionarios contratistas o subcontratista respecto al personal que ocuparen en la prestación laboral. Esto también es aplicable al régimen de solidaridad establecido en el art. 32 de la ley (construcción).- La redacción del artículo 30 implica dejar sin efecto la doctrina del acuerdo plenario nº265 dicado el 27/ en autos Medina c/flamingo que declaraba inaplicables las disposiciones del mencionado artìculo a los trabajadores de la industria de la construcción., es decir que el sistema de solidaridad del art. 30 LCT resulta aplicable al régimen de la construcción, resultando insuficiente que que los constructores de obra que subcontraten se eximan de cualquier responsabilidad.- Los empresarios que ceden contraten o subcontraten parte de la actividad específica de una explotación deben requerir a sus contratantes para liberarse de la responsabilidad solidaria deberes de control además de las obligaciones contenidas en el párrafo 1º del art. 30 de la LCT., de esta forma se garantiza al trabajador y al sistema de seguridad social el cumplimiento de las obligaciones asumidas, certeza en las contrataciones, y verificación de la solvencia del contratista exigiéndole el cumplimiento de las normas laborales y de la seguridad social.- En la industria de la construcción el art. 32 ley establece como obligación del empresario principal exigirle al contratista su inscripción en el registro y avisar el inicio de la obra, la sola omisión de ese registro lo torna solidariamente responsable por los incumplimientos del contratista respecto del personal ocupado en la obra.- Es decir que la responsabilidad solidaria se torna operativa cuando el contratista no da cumplimiento a las normas relativas al trabajo, a los organismos de seguridad social o a los requisitos exigidos por el art. 17 de la ley Al contrario, si acredita el cumplimiento del control exigido y lo prescripto en el párrafo 1º del art. 30 de la LCT no existe responsabilidad solidaria del principal.- Para una mayor claridad, el art. 17 de la ley Textualmente dice: Los cedentes, contratista o subcontratista deberán exigir además a sus cesionarios o subcontratistas el número del Código Único de Identificación Laboral de cada uno de los trabajadores que presten servicios y a constancia de pago de las remuneraciones, copia firmada de los comprobantes de pago mensuales al sistema de seguridad social, una cuenta corriente bancaria de la cual sea titular y una cobertura por riesgos de trabajo.- Esta responsabilidad del principal de ejercer el control sobre el cumplimiento de la obligaciones que tienen los cesionarios o subcontratistas respecto de cada uno de los trabajadores que presten servicios no podrá delegarse en tercero y deberá ser exhibido cada uno de los comprobantes y constancias a pedido del trabajador y/o de la autoridad administrativa.- El incumplimiento de alguno de los requisitos hará responsable solidariamente al principal por las obligaciones de los cesionarios, contratistas o subcontratistas respecto del personal que ocuparen en la prestación de dichos trabajaos o servicios y que fueren emergentes de la relación laboral incluyendo la extinción y de las obligaciones de la seguridad social. Las disposiciones insertas en este artículo 56 resultan aplicables al régimen de la solidaridad específica previsto en el art. 32 de la ley Al respecto, existen dos líneas de interpretación, una rígida que establece que por la mera falta de inscripción en el registro, el principal es solidariamente responsable y una postura amplia que sostiene que el principal acreditando simplemente que el contratista o subcontratista está inscripto, queda liberado de la responsabilidad solidaria. La primera parte del art. 30 que no fue modificada por la ley prevé dos supuestos diferentes: la cesión total o parcial del establecimiento o explotación habilitado a su nombre y la contratación y subcontratación cualquiera sea el acto que le dio origen, de trabajos o servicios correspondientes a la actividad normal y específica propia del establecimiento dentro o fuera de su ámbito.- El empresario para alcanzar los fines de la empresa que dirige puede utilizar a sus propios empleados (a los cuales contrata directamente) o puede delegar parte de su actividad mediante la contratación de otra u otras organizaciones empresariales, las cuales con medios y personal propio contribuyen (en mayor o menor medida) al logro de sus objetivos.- Esta delegación, que se justifica en razones de especialización, complejidad, estrategia o simple conveniencia, ha originado las figuras del contratista y el subcontratista, y en la actualidad resulta común que una empresa para cumplir sus metas deba recurrir a este tipo de contrataciones.- Como sostiene Krotoschin, contratista es quien disponiendo de elementos propios de trabajo y cierta solvencia económica, presta servicios o realiza obras para otro por su cuenta, dependiendo su calificación de criterios económicos y sociológicos más que jurídicos. Cabe agregar que esta tercearizaciòn es lícita si se trata de la contrastante realidad, porque de lo contrario no se aplicaría el art. 30 LCT sino el 29 y en su caso el principio general adopta por el art. 14 LCT. ART. 14. LCT. : Será nulo todo contrato por el cual las partes hayan procedido con simulación o fraude a la ley laboral, sea aparentando normas laborales contractuales no laborales, interposición de personas o de cualquier otro medio, Enn tal caso, la relaciòn quedará regida por esta ley.- Volviendo al tema que nos ocupa que es el art. 30LCT, cuando el empleador encarga a uno de sus empleados la función de contratar o reclutar trabajador (capataz) no hay intermediación autónoma, sin perjuicio de que el contrato no haya sido celebrado directamente, el empresario està obligado porque el intermediario actúa jurídicamente en representación del verdadero titular o empleador.- Sin embargo, las consecuencias jurídicas que se derivan del art. 30 LCT no abarcan cualquier tipo de contratación o subcontratación (cualquiera sea el acto que le dè origen) sino sólo aquellas que se refieran a trabajos o servicios correspondientes a la actividad normal y específica propia del establecimiento, dentro o fuera de su ámbito.- El concepto de lo que se debe entender por actividad normal y específica propia del establecimiento ha dado origen a varias posturas doctrinarias que intentan delimitar su extensión.- Justamente la excesiva laxitud con la cual se ha interpretado esta expresión 67 (motivada por la necesidad de adecuar el esquema de solidaridad propio del derecho del trabajo a las nuevas tendencias contractuales en materia comercial) determinó tanto el dictado del fallo Rodríguez del la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como la reforma del régimen anterior por la ley Una posición doctrinaria propone una interpretación amplia del artículo, comprendiendo no sólo la actividad principal, sino también las accesorias y secundarias.- En cambio la corriente que postula una interpretación estricta de los alcances de esta expresión entiende que sólo deben incluirse aquellos servicios o trabajos que están íntimamente relacionados con la actividad de la empresa y que no se pueden escindir de la misma sin alterar el proceso productivo, con exclusión de aquellos que resultan secundarios o accesorios.- En caso de que alguien se proponga un emprendimiento y en lugar de realizarlo con sus trabajadores propios lo materialice con una tercer persona que se ocupa de contratar personal y se hace cargo del desarrollo, se produce la llamada tercearizaciòn del proceso productivo.- En virtud de la complejidad del proceso productivo, determinar si una obra o servicio forma parte de la actividad específica de la empresa es complicado, ya que aún en una misma actividad a veces la empresa, por razones de producción y económicas se vincula con otra.- En los últimos tiempos aparece la segmentación del proceso productivo, en el cual las empresas por razones operativas, no se ocupan de todo el proceso de producción, limitando su actividad a determinado ámbito o sector.- Aquí una persona física o jurídica resuelve no brindar un servicio o no llevar a cabo una obra, sino realizarlo por medio de otro a quien encomienda esa tarea (contratista o subcontratista). Un típico ejemplo son las empresas automotrices que tienen varios establecimientos independientes dirigidos a fabricar determinadas partes del producto final y cuya actividad específica es diferente.- Para una parte de la doctrina (Hierrezuelo y Núñez) los términos específica y propia utilizados por el legislador para calificar a la actividad contratada, aluden sólo a aquellos servicios o trabajos permanentemente integrados e inseparablemente relacionados con la actividad que se desarrolla en el establecimiento (sea que se efectúe dentro o fuera de su ámbito).- De lo dicho se desprende que se deben excluir aquellas tareas que, aunque necesarias para el funcionamiento del establecimiento resulten accesorias y perfectamente escindibles de la actividad desarrollada por la contratante, por no formar parte del giro normal y propio de la empresa. Si bien esta interpretación puede no resultar la más justa, es la única posible, a la luz de los antecedentes legislativos que inspiraron la redacción del párrafo 1º del art, 30 de la ley de contrato de trabajo.- Ello es así, porque el originario art, 32 de la ley (ahora 30) no sólo utilizaba el vocablo accesorio para regular una situación similar a la actual, sino que además por el párrafo 2º de ese artículo, en los casos en que se contrataran servicios correspondientes a la actividad normal y específica propia del establecimiento (aunque limitada dentro de su ámbito) la relación de trabajo de ese personal quedaba constituida con el principal.- 78 De lo expuesto se puede inferir que éste era un supuesto excepcional, que debía ser analizado estrictamente, pues establecía una relación directa entre el contratante y los trabajadores de contratista o subcontratista.- En este sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha resuelto que para que nazca la responsabilidad solidaria de una empresa por las obligaciones laborales de la otra es menester que aquella empresa contrate o subcontrate servicios que complementen su actividad normal.- Debe existir una unidad técnica de ejecución entre la empresa y contratista: el mero hecho de que una empresa provea a través de materia prima no compromete por si misma su responsabilidad solidaria por las obligaciones laborales de la segunda.- En el caso Rodriguez, Juan R. c/ Cia. Embotelladora Argentina S.A.s/recurso de hecho del 15/4/1993, la Corte Suprema sostuvo que el mero hecho de que una empresa provea a otra de la materia prima no compromete por sì mismo su responsabilidad solidaria por las obligaciones laborales de la segunda en los términos del art. 30 LCT.- Para que nazca la solidaridad es necesario que complementen o completen su actividad normal, debe existir una unidad técnica de ejecución entre la empresa y su contratista de acuerdo con la remisión implícita que la norma en cuestión al Art. 6 de la LCT.- En el mismo sentido decidió la sala V en autos Rey Miguel Ángel c/ Cìa embotelladora Argentina SAIC y otro del 10/08/93 al expresar que El simple hecho de que Pepsi Cola S.A. proporcione la materia prima para la elaboración del producto que distribuye la Compañía Embotelladora Argentina SAIC no demuestra que exista entre ambas la relación prevista por el Art. 30 LCT.- La contratación o subcontratación debería referirse a aspectos de la elaboración de dicha materia prima para que fuere posible declarar la solidaridad reclamada.- PLENARIO 309: El 3 de febrero de 2006 la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dictó el plenario nº 309 en los autos caratulados Ramírez, María Isidoro c/ RUSSOComunicaciones e Insumos S.A. y otro s/despido (Sala VI Expte /2001) por el cual se resolvió que es aplicable al art. 705 del Código Civil a la responsabilidad del Art. 30 de la LCT.- LA SOLIDARIDAD EN EL DERECHO COMUN: Las fuentes de solidaridad, según surge del Art. 699 del Código Civil son la convención de las partes y la ley, aunque el Art. 700 del C.C. dice que la solidaridad puede también ser constituida por decisión judicial, siendo sus efectos principales: la exigibilidad de derecho del cobro total del crédito a cualquiera de los deudores y extinción de la obligación por pago u otro medido equivalente. El Art. 701 CC. exige que esté expresamente comprendida en la obligación por términos inequívocos, ya obligándose in solidum o cada uno por el todo, o el uno por los otros, etc, o que expresamente la ley la haya declarado solidaria.- Por su parte el art. 705 del Código Civil expresamente dice: El acreedor, o cada acreedor, o los acreedores juntos pueden exigir el pago de la deuda por entero contra todos los deudores solidarios juntamente o contra cualquiera de ellos. Pueden exigir la parte que a un solo deudor corresponda. Si reclamasen el todo contra uno de los deudores y resultase insolvente pueden reclamarlo contra los demás. Si hubiesen reclamado sólo la parte o de otro modo hubiesen consentido en la división respecto de un deudor, podrán reclamar el todo contra los demás, con deducción de la parte del deudor libertado en la solidaridad 89 Se desprende del texto del art. 705 CC que el acreedor o cada acreedor o los acreedores juntos pueden exigir el pago entero contra todos los deudores solidarios juntamente o contra cualquiera de ellos. Respecto del derecho al cobro total, en el derecho laboral el instituto de la solidaridad consiste en que cualquiera de los deudores solidarios está expuesto a que se le reclame la totalidad de la deuda, sin demandar previamente al deudor principal. - La postura mayoritaria para el dictado del plenario 309 justifica su posición en la inexistencia en nuestro derecho de la solidaridad propia e impropia que se le imputa al derecho romano e invoca como precedente el fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa Cabeza Aurelia y otros c/ Sanz y Cìa y otros s/recurso extraordinario. El Fiscal General Dr. Eduardo Álvarez quien defendiera la postura mayoritaria, sostuvo que la característica esencial de las obligaciones reside en el derecho del acreedor a exigir a cada deudor el pago íntegro, es decir, en la posibilidad de demandar a todos, a algunos o a uno en particular, sin decir por qué ( Ver Tratado de Obligaciones de LLambìas TII pàgs. 452 Edit. Abeledo Perrot). Expresó el Fiscal General, que la disposición legal (art. 705 CC) reitera con énfasis que el sujeto activo del vínculo puede exigir el pago de la deuda por entero a todos los deudores solidarios juntamente o contra cualquier de ellos y aclara que si se reclamó el todo contra uno de los deudores que resultase insolvente, puede reclamarlo contra los demás. Señaló que esta característica hizo que Josserand, al comentar la solidaridad pasiva como manifestación de las obligaciones múltiples, sostuviera que lo trascendente y definitorio cuando se menciona obligación solidaria es el derecho de elegir, con libertad, sin condicionamientos a quien se persigue para el cobro.- Donde hay solidaridad, dice Josserand, hay elección libre del acreedor y esta elecciòn se funda en que las obligaciones solidarias no hay un solo deudor principal son todos deudores principales, es decir se crea un vìnculo en el cual todos los deudores son principales pagadores y no existe excusión, o sea no hay que convocar primero a alguno de los sujetos pasivos ni traerlo a juicio,.- Continuò exponiendo el Fiscal General Dr.Alvarez que el art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo importa que la responsabilidad solidaria como medio para proteger al trabajador (acreedor) en el marco de una segmentación productiva que puede traer aparejada al menos en el terreno de las hipótesis la afectación de insolvencia.- El Derecho del Trabajo para tutelar al dependiente, recurrió a una institución decantada del derecho Civil (obligaciones solidarias) que fue precisamente pensada para garantizar el cobro, pontencializar la responsabilidad patronal, sin necesidad de tener que reclamar el pago a una persona determinada cuando se sabe que ocioso o simplemente inconducente perseguir.- El derecho del Trabajo no es autosuficiente ni tiene autonomìa plena cuando la norma laboral dice obligación solidaria se està refiriendo a las pautas normativas del Còdigo Civil al igual que cuando dice pago o persona jurìdica ideal. Existe entonces una vocación de aplicabilidad de las normas civiles, que sòlo cede por circunstancias concretas: a) la presencia de una norma laboral expresa distinta y b) la incompatibilidad de la norma con los principios generales del derecho del trabajo, por lo que no existe un règimen especìfico y distinto de la responsabilidad solidaria y no se advierte diferencia alguna entre lo dispuesto por los arts. 669 y 705 del Còdigo Civil y el principio protectorio del derecho del Trabajo. Muy por el contrario, la doctrina en forma unánime dice que el art. 30 de la LCT està destinado a garantizar el cobro de los 910 crèditos, para lo cual crea múltiples opciones aún en la ausencia de fraude o ilicitud, con la finalidad de tutelar al dependiente (Ver Hugo Carcavallo Los acreedores de la LCT en Revista de Derecho Laboral 2001, Justo Lòpez La solidaridad en las relaciones obligatorias laborales, Derecho Laboral, Editorial Rubinzal Culzoni, 2001, Juan Carlos Fernández Madrid Tratado de Derecho Laboral, pàgs 925 y sges, Editorial La Ley, y la reseña allí efectuada El Fiscal Álvarez concluyó en que corresponde aplicar las claras disposiciones del Código Civil, al acreedor laboral de ese derecho esencial de elegir que tienen todos los acreedores de obligaciones solidarias al demandar a todos o a uno.-finalmente criticó la postura tradicional por cuanto la misma 1) Carece de todo respaldo normativo, 2) Implica la creación de un sistema autónomo de responsabilidad solidaria que no responde a ninguna disposición del ordenamiento, 3) Prescinde en la materia del principio de solidaridad pasiva que es el principio de libre elecciòn del acreedor que puede demandar a todos, a algunos, o a uno al mismo tiempo en forma sucesiva, sin tener que explicar el porqué, 4) Incurre en el error de aludir a obligados principales o accesorios cuando lo que caracteriza a la solidaridad es la ausencia de un deudor principal, 5) Impone para el acreedor el régimen de menor beneficio, peyorativo en relación con lo dispuesto en el Derecho Civil, al privarlos de la posibilidad de conminarlos a reclamar al empleador, al que se lo erige como deudor principal, 6) Materializa una diferencia de trato laboral, que consagra una inadmisible discriminación, porque el trabajador es el único titular de una obligación solidaria.- Además de los sólidos fundamentos vertidos por el Dr.Eduardo Alvàrez, entre los votos de la mayoría merecen destacarse los de los Dres. Guibourg, Capòn FilasScotti, Catardo, Rodríguez Brunengo y Ferreiròs.- El Dr.uibourg ha señalado que la ùnica solidaridad de nuestro sistema de obligaciones jurídicas es la establecida en el Código Civil, por su parte el Dr. Capòn Filas expresa Cuál es la razón por la cual no reconocer lo mismo al acreedor laboral?. Si el ciudadano tiene derecho en la Sociedad a accionar como se indica, el ciudadano en la empresa también.- La Dra. Ferreiròs entendió que no existe un régimen de duplicación de responsabilidad solidaria, sino que el régimen se encuentra en el Derecho civil y consideró que es el que se debe aplicar. Agregó que se deben dejar de lado los resabios antiguos y aplicar la ley (que no hace distinción alguna), la moderna doctrina y la actual jurisprudencia predominante.- Por su parte la minoría mantuvo la tesis tradicional que tiene en cuenta tanto el aspecto procesal, como la disímil situación que se aprecia entre los distintos sujetos que componen el vínculo jurídico obligacional. Se incité en sostener que del juego de los arts. 525, 689 y717 del Código Civil se desprende que no se puede condenar al deudor accesorio obligado sin se condena al principal porqué se trata de una obligación mancomunada con solidaridad impropia.- Conviene centrar la atención en los fundamentos vertidos por los Dres. González, Morando y Corach quienes reflejan sólidas argumentaciones, el pensamiento de la minoría plenaria.- Así para la Dra. Gonzàlez no puede considerarse que se encuentren en un mismo plano, ya que uno resulta ajeno al vínculo obligacional que une al trabajador con su empleador, y una demanda que sòlo lo involucre a él podría llevar a afectar la garantía de defensa en juicio, sin que la citación del empleador permita conjurar los efectos perniciosos de la postura cuestionada,. 1011 LA RESPONSABILIDAD LABORAL Y EL PLENARIO RAMIREZ, MARIA ISIDORA C/RUSSO COMUNICACIONES E INSUMOS S.A. El 3 de febrero de 2006, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dictó el Plenario Nº 309 en los autos caratulados Ramírez, María Isidora c/ Russo Comunicaciones e Insumos S.A. y otro s/ despido, por el cual se resolvió que es aplicable el art. 705 del C. Civil a la responsabilidad del art. 30 L.C.T., el que encubre un debate más amplio que se traduce en la posibilidad, en nuestra disciplina, de condenar al deudor solidario, si no se demandó o se desistió de la demanda contra el empleador. Cabe destacar, en primer término, que los alcances del plenario son limitados, ya que se restringen a los supuestos de cesión total o parcial del establecimiento, y a los de contratación o subcontratación previstos en el art. 30 de la L.C.T., y no se proyectan al resto del articulado de la L.C.T. donde también se impone la solidaridad. Y esta cuestión no es menor, porque por ejemplo la Dra. García Malgarejo, si bien votó por la afirmativa, aclaró que ello no implica abrir juicio de valor alguno de ningún tipo sobre la solución que eventualmente corresponda en otros supuestos en que la ley establece la solidaridad. Aún cuando la doctrina y la jurisprudencia está conteste en extender esta interpretación a los casos de interposición e intermediación dispuestos en los arts. 14 y 29 de la L.C.T., todavía quedarían sin resolver los supuestos de interrelación (empresas de servicios eventuales), subordinación y relación (empresas controladas y conjunto económico), transferencia del establecimiento, cesión del personal y extensión de responsabilidad a los socios, directores y gerentes de sociedades comerciales, en los cuales la discusión se podría seguir manteniendo. Ahora bien, la postura mayoritaria realiza una fundamentación estrictamente jurídica y justifica su posición en la inexistencia de recepción en nuestro derecho de la solidaridad propia e impropia que se le imputa al derecho romano. Asimismo, invoca como precedente un fallo dictado por la C.S.J.N. en la causa Cabeza, Audelia y otros c/ Sanz y Cía. y otros s/ recurso extraordinario (Fallo 306-2:1421 in fine). El Fiscal General Dr. Eduardo Álvarez quien defendiera la postura mayoritaria, sostuvo que la característica esencial de esta tipología de las obligaciones reside en el derecho del acreedor a exigir a cada deudor el pago íntegro, vale decir, en la posibilidad irrestricta de demandar, como diría Jorge Joaquín Llambías, a todos, a algunos o a uno en particular, sin decir por qué (ver Tratado de Derecho Civil Obligaciones T. II, págs. 452, Edit. Abeledo Perrot). El art. 699 del Código Civil resalta esta faceta como base de la definición misma y establece que una obligación es solidaria cuando la totalidad del objeto de ella puede, en virtud del título constitutivo o de una disposición de la ley ser demandada a cualquiera de los deudores. El art. 705 del Código Civil, que se menciona en el interrogante de la convocatoria, es clave en la dinámica propia de estas obligaciones. Vélez Sarfield hace confluir, en un solo texto, la traducción que hizo Andrés Bello de los arts ; y del Código Civil Francés y la norma abunda en la descripción de las potestades del titular del crédito. La disposición legal reitera con énfasis que el sujeto activo del vínculo puede exigir el pago de la deuda por entero contra todos los deudores solidarios juntamente, o contra cualquiera de ellos y aclara que si se reclamó el todo contra uno de los deudores y resultase insolvente, puede reclamarlo contra los demás. Señaló que esta característica hizo que Josserand, al comentar la solidaridad pasiva como manifestación de las obligaciones con sujetos múltiples, sostuviera que lo 1112 trascendente y definitorio cuando se menciona la expresión obligación solidaria es el derecho del acreedor a elegir, con libertad, sin condicionamientos, a quien se persigue para el cobro, en función de una estrategia que a nadie tiene que justificar. Donde hay solidaridad, dice Josserand, hay elección libre del acreedor y esta elección se funda en que en las obligaciones solidarias no hay un deudor principal, todos son deudores principales ( Quatre Lessons du Droit Civil, págs. 235, Edit. Dalloz, Paris, 1967, 4 Edic.). Esta afirmación última es decisiva y permite comprender algo que señalaba desde la cátedra de Derecho Romano el recordado Luis María Berrotarán, quien fuera titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nro. 72: Las obligaciones solidarias son una superación histórica de la fianza, ya que se crea un vínculo en el cual todos los deudores son principales pagadores y no existe el beneficio de excusión, o sea no hay que convocar primero a alguno de los sujetos pasivos, ni traerlo a juicio, ni procurar cobrarle antes ejecutando su patrimonio. Expresó que el art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, que también se cita en el temario que nos reúne, impone de una manera inequívoca la responsabilidad solidaria, como medio para proteger al trabajador (acreedor), en el marco de una segmentación del proceso productivo que, más allá de su legitimidad, puede traer aparejada, al menos en el terreno de las hipótesis, la afectación o licuación de la solvencia. El Derecho del Trabajo, para tutelar al dependiente, recurrió a una institución decantada del Derecho Civil (las obligaciones solidarias) que, como vimos, fue precisamente pensada para garantizar el cobro, potencializar la responsabilidad patrimonial y evitar la necesidad de tener que reclamar el pago a una persona determinada cuando se sabe que es ocioso o, simplemente, no se la quiere perseguir. Nuestra disciplina no es autosuficiente, ni tiene una autonomía plena y cuando una norma laboral dice responsabilidad solidaria, se está refiriendo a las pautas normativas del Código Civil, al igual que cuando dice pago, o persona jurídica de existencia ideal. Existe, entonces, como lo advirtiera Justo López, una vocación de aplicabilidad de las normas civiles, que sólo puede ceder ante dos circunstancias concretas: a) La presencia de una norma laboral expresa distinta y b) La incompatibilidad de la norma civil con principios generales del Derecho del Trabajo (ver Incidencia del Derecho Civil en el Derecho del Trabajo, en Legislación del Trabajo XXX 194). En la Ley de Contrato de Trabajo no existe un régimen específico y distinto de la responsabilidad solidaria y no se advierte incompatibilidad alguna entre lo dispuesto por los arts. 669 y 705 del Código Civil y el principio protectorio. Muy por el contrario, la doctrina coincide, de una manera unánime, en que el art. 30 de la L.C.T. esta destinado a garantizar el cobro de los créditos, para lo cual crea sujetos pasivos múltiples, aún en la ausencia de fraude o ilicitud, con la finalidad de tutelar al dependiente (ver Hugo Carcavallo Los alcances del art. 30 de la L.C.T., en Revista de Derecho Laboral 2001 I; Justo López La solidaridad en las relaciones obligatorias laborales, en Revista de Derecho Laboral, Editorial Rubinzal Culzoni, , págs. 9 y sgtes.; Juan Carlos Fernández Madrid Tratado de Derecho del Trabajo T. I, págs. 925 y sgtes., Edit. La Ley y la reseña allí efectuada). En consecuencia, consideró que corresponde aplicar las claras disposiciones del Código Civil, cuyos alcances he reseñado y no cabe privar al acreedor laboral de ese derecho esencial de elegir que tienen todos los acreedores de obligaciones solidarias y que consiste en demandar, como diría Llambías en la obra ya citada a todos (empleador y contratista), o a uno (el contratista o el empleador). 1213 Finalmente, criticó la postura tradicional por cuanto la misma: 1) Carece de todo respaldo normativo; 2) Implica la creación voluntarista de un sistema autónomo de responsabilidad solidaria que n responde a ninguna disposición del ordenamiento; 3) Prescinde de lo esencial en materia de solidaria pasiva, que es el principio de libre elección del acreedor, que puede demandar a todos, a algunos o a uno, al mismo tiempo o en forma sucesiva; sin tener que explicar el porque; 4) Incurre en el error de aludir a obligados principales y vicarios o accesorios cuando lo que caracteriza a la solidaridad es la ausencia de un deudor principal ; 5) Impone para los trabajadores un régimen de menor beneficio, peyorativo en relación con lo dispuesto en el Derecho Civil, al privarlos de la posibilidad de optar y conminarlos a reclamar al empleador, al que se lo erige como deudor principal; 6) Materializa una diferencia de trato hacia el acreedor laboral, que consagra una inadmisible discriminación, porque el trabajador es el único titular de una obligación solidaria en el país al cual un órgano jurisdiccional le exige ejercer una conducta con un contenido preciso: incluir al empleador en el reclamo (ver fundamentos del Fiscal General). Además de los sólidos fundamentos vertidos por el Dr. Eduardo Álvarez, entre los votos de la mayoría merecen destacarse los de los Dres. Guibourg, Scotti, Catardo, Rodríguez Brunengo y Ferreirós, a los que me remito por su claridad conceptual. Así Guibourg, luego de desconocer la solidaridad impropia reiteró y ratificó su postura sentada en el artículo Las obligaciones solidarias en el derecho laboral (LT XXVI- 1978, pág. 969). Manifiesto que a pesar del tiempo transcurrido, sigue sosteniendo lo que entonces sostenía; y no por tozudez, sino porque el artículo 705 del Código Civil ha mantenido desde entonces el mismo texto, que autoriza expresamente al acreedor a demandar su crédito de cualquiera de los deudores solidarios, a su elección y sin la condición de hacerlo conjuntamente. Advirtió las diferencias que subsisten entre los deudores y de las dificultades que puede enfrentar el vicario si se lo demanda por separado, pero indica que las mismas no son suficientes para introducir por vía pretoriana, en perjuicio del trabajador, una distinción que la ley no autoriza; y las mencionadas dificultades, que el legislador no pudo dejar de considerar a la hora de crear las leyes civil y laboral, pueden prevenirse mediante una actuación prudente, pueden mitigarse mediante el uso adecuado de las instituciones procesales y, en última instancia, forman parte del riesgo que la ley en cumplimiento del principio protectorquiso alejar de la parte más débil. Scotti, luego de destacar que no existe en el ámbito de nuestra disciplina una regulación específica en torno al concepto de solidaridad, por lo que parece obvio que deba recurrirse a los postulados del derecho común con relación a este tema; afirmó que no parece adecuado, a falta de disposición expresa sobre el punto, examinar una institución como la de la solidaridad (incorporada a nuestro ordenamiento laboral para proteger adecuadamente el derecho de los trabajadores) con un prisma restrictivo y, para más, asimilándola a regulaciones inexistentes en nuestro derecho o que se refieren a instituciones diametralmente opuestas. A esto agregó que no deja de resultar paradójico que rigiendo para ambos los mismos preceptos- los obstáculos que nadie se atrevería a oponerle a un acreedor civil o comercial que enfrente a codeudores solidarios, se constituyan en escollos insalvables para el trabajador en relación de dependencia. Finalmente, Ferreiros entendió que no existe un régimen de duplicación de responsabilidad solidaria, sino que el único existente se encuentra en el Derecho Civil y consideró que es el que se debe aplicar. Agregó que se deben dejar de lado los resabios de un derecho antiguo y aplicar la ley (que no hace distinción alguna) la moderna doctrina y la actual jurisprudencia predominante. 1314 Por su parte, la minoría mantuvo la tesis tradicional que tiene en cuenta tanto el aspecto procesal, como la disímil situación jurídica que se aprecia entre los distintos sujetos que componen el vínculo jurídico obligacional. Se insiste en sostener que del juego de los arts. 523, 524, 525, 689 y 717 del Código Civil, se desprende que no se puede condenar al deudor accesorio obligado si no se condena al deudor principal porque se trata de una obligación mancomunada con solidaridad impropia. Conviene centrar la atención en los fundamentos vertidos por los Dres. González, Morando y Corach, quienes reflejan claramente y con sólidas argumentaciones, el pensamiento de la minoría plenaria. Así, para la Dra. González no puede considerarse que ambos deudores se encuentren en un mismo plano, ya que uno resulta ajeno al vínculo obligacional que une al trabajador con su empleador, por lo que ante una demanda que sólo lo involucre a él no podría articular ninguna defensa de fondo en cuanto a los presupuestos de hecho y de derecho, lo que podría llevar a afectar la garantía de defensa en juicio, sin que la citación del empleador como tercero ni la mayor exigencia probatoria permitan conjurar los efectos perniciosos de la postura cuestionada. Por su parte Morando, luego de resaltar la imposibilidad de responder en forma unívoca en los términos en que fuera planteado el recurso de inaplicabilidad de ley, entendió que el art. 30 de la L.C.T. sería uno de los supuestos (conjuntamente con los delitos civiles y la solidaridad cambiaria) en que las normas comunes no tienen aplicación total. Para sustentar su postura sostuvo que no existe ni identidad de causa entre la obligación de empleador y la del empresario principal. Aquél responde por incumplimiento de una obligación contractual; éste, por inobservancia de ciertos deberes de contralor, enderezados, genéricamente, a combatir la evasión de cargas fiscales y parafiscales. Finalmente, para Corach el obligado directo es el empresario principal y para que pueda declararse la existencia de solidaridad es necesario que ella haya sido expresamente invocada; razón por la cual es improcedente la condena al empresario principal en forma directa. Sin dejar de admitir que en la realidad la situación de ambos deudores al pago es disímil, mantengo mi posición original en el sentido que no existe obstáculo legal que le impida al trabajador-acreedor demandar indistintamente al empleador-deudor o a cualquier de los deudores solidarios. CONCLUSIONES: Debe tenerse presente que a la luz del plenario Ramírez el art. 30 de la LCT vendría a imponer una suerte de responsabilidad solidaria de la empresa usuaria de los servicios contratados o mercerizados.- La Cámara de Apelaciones del Trabajo interpreta que la actividad de seguridad o vigilancia hace a la actividad normal y específica de bancos, clubes de campo cerrados, la comercialización de telefonía mòvil por terceros hace a la actividad normal y específica de las empresas de telefonía.,de modo que la LCT ya no contemplaría un sistema específico de responsabilidad solidaria para el derecho laboral.- Es verdad que el art. 30 de la LCT se convirtió en uno de los más complejos y que más controversias ha suscitado en la jurisprudencia, no lográndose unificar las interpretaciones ni siquiera sobre los alcances del concepto de actividad normal propia del establecimiento, sin que las modificaciones introducidas por la ley hayan mejorado la situación. Pero no menos ciertos es que la decisión en pleno del acuerdo de Cámara resulta a todas luces justo, aún cuando en el actual artìculo 30 de la LCT no habilita una acción autónoma directa contra el empresario principal, y deberá entonces 1415 recordar que el acuerdo en pleno deviene obligatorio para las diez salas que integran la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y todos los juzgados del fuero. La realidad económica hace que las empresas recurran a la segmentación productiva con la finalidad de concentrar sus recursos atendiendo exclusivamente aquellas actividades comprendidas en su objeto social. Sin embargo, muchas veces se ven acorraladas por demandas laborales que les entablan empleados de sus contratistas, con quienes no tienen ningún vínculo laboral. Puntos Importantes Las empresas se ven acorraladas por demandas laborales que les entablan empleados de sus contratistas, con quienes no tienen ningún vínculo laboral. Dentro de ese contexto, y aún cuando la Corte Suprema no trató el fondo del asunto, se conoció en una causa el voto del presidente del tribunal, Ricardo Lorenzetti, por el que restringió los alcances de la responsabilidad solidaria en materia laboral en casos de contratación de servicios. Si bien el fallo no siente doctrina, el voto de Lorenzetti "tranquiliza" a las empresas de cara a un próximo pronunciamiento de la Corte en su actual composición. Dentro de este contexto, y aún cuando la Corte Suprema de Justicia no trató el fondo del asunto por considerar inadmisible el recurso de queja planteado, se conoció en una causa el voto del presidente del tribunal, Ricardo Lorenzetti, que restringió los alcances de la responsabilidad solidaria en materia laboral en casos de contratación de servicios. Si bien el fallo no sienta doctrina, el voto de Lorenzetti "tranquiliza" a las empresas de cara a un próximo pronunciamiento de la Corte en su actual composición. Sucede que la cámara laboral, en los últimos años, extendió la responsabilidad por las obligaciones de empresas subcontratadas a la empresa principal, en actividades como gastronomía, higiene, seguridad e informática, es decir, servicios que no hacen a la actividad normal y específica del contratante, argumentando en todos los casos la responsabilidad solidaria prevista en el artículo 30 de la ley , de Contrato de Trabajo. El voto de Lorenzetti se dictó en la causa "Castro Bourdin, José Luis c/ Jockey Club Asociación Civil". Allí, un trabajador gastronómico del concesionario del hipódromo reclamó a su empleador directo el pago de indemnizaciones por despido, pero también extendió solidariamente la demanda a esa asociación civil. En su voto, el titular de la Corte limitó la responsabilidad solidaria de las empresas principales por las obligaciones laborales de sus contratistas en los casos en que éstos no realicen trabajos o servicios correspondientes a la actividad normal y específica propia del establecimiento. 1516 En los supuestos de contratos con terceros, la solidaridad se produce cuando se trata de una actividad normal y específica, entendiéndose por tal aquélla inherente al proceso productivo, dijo el magistrado. Agregó que la interpretación estricta que lleva a la conclusión de que el servicio de gastronomía no es una actividad normal y específica, condice con los precedentes de esta Corte, que ha dicho que, para que surja la solidaridad, debe existir una unidad técnica de ejecución entre la empresa y su contratista. Por otra parte, Lorenzetti también descartó que las actividades coadyuvantes o necesarias para el desarrollo de la actividad principal muchas veces citadas por los jueces al momento de extender la responsabilidad a las empresas- justifiquen la solidaridad laboral. A esos efectos señaló que la sentencia apelada prescinde de que no basta, a efectos de la asignación de responsabilidad solidaria, la índole coadyuvante o necesaria de la actividad para el desenvolvimiento empresario. Máxime cuando también se ha acreditado que la actora era dependiente de los otros codemandados sin vinculación laboral propia con la asociación civil recurrente y no se ha alegado ni probado que exista vinculación económica o jurídica entre las litisconsortes más allá del contrato de concesión, agregó. Art. 31 LCT. EMPRESAS RELACIONADAS Y SUBORDINADAS. SOLIDARIDAD.- Las empresas relacionadas, controladas y controlantes y el conjunto económico son sujetos que están relacionados o controlados entre sí. Son empresas que sin perjuicio de tener personalidad jurídica propia e independiente, se relacionan entre ellas o se verifica una subordinación a alguna por medio del control accionario, de administración y de dirección, al conformar un conjunto económico con carácter permanente. Las empresas subordinadas son las que tienen su capital social en manos de otra, que detenta una mayoría suficiente para imponer su voluntad. Actualmente se observa la existencia de los grupos económicos en que una empresa o un grupo de personas tienen bajo su control más de una empresa. La responsabilidad emergente de las relaciones laborales y las obligaciones de la seguridad social de cada una de estas empresas está consagrada en el art. 31, LCT, al disponer la responsabilidad solidaria con sus trabajadores cuando hayan mediado maniobras fraudulentas o conducción temeraria. Debe admitirse la posibilidad de que exista un conjunto económico cuando se observa un uso común (unidad) de los medios personales, materiales e inmateriales; se trata de grupos de interés económico que operan por medio de una unión de distintas empresas que no están fusionadas, aunque tienen intereses comunes, resultando el grupo en su conjunto el verdadero empleador. 1617 Sin embargo, esto no significa que habrá solidaridad entre las empresas que integran el grupo, ya que el empleador es la empresa en la cual el trabajador desarrolló tareas y a cuya autoridad se subordinó. En cambio, si el trabajador prestó servicios simultáneamente para distintas empresas del grupo económico, habría una pluralidad de empleadores responsables de sus obligaciones laborales. Excepcionalmente el conjunto económico es solidariamente responsable, aun en el caso de no haber sido formalmente empleador del trabajador, cuando se verifiquen maniobras fraudulentas (por ejemplo, empleo no registrado, que se haga aparecer al trabajador como empleado de una empresa en la cual efectivamente no presta servicios) y conducción temeraria (el vaciamiento de una de las empresas que conforman el conjunto económico). Art. 31, LCT: La LCT, en el art. 31, hace referencia a la solidaridad entre empresas subordinadas o relacionadas que constituyan un conjunto económico de carácter permanente en caso de haber mediado maniobras fraudulentas o conducción temeraria. El mencionado artículo expresa que siempre que una o más empresas, aunque tuviesen cada una de ellas personalidad jurídica propia, estuviesen bajo la dirección, control, administración de otras o de tal modo relacionadas que constituyan un conjunto económico de carácter permanente, serán a los fines de las obligaciones contraídas por cada una de ellas con sus trabajadores y con los organismos de seguridad social, solidariamente responsables cuando hayan mediado maniobras fraudulentas o conducción temeraria. El conjunto económico se presenta en los siguientes casos: a) cuando existe una unidad, un uso común de los medios personales, materiales e inmateriales; b) cuando una empresa está subordinada a otra, de la que depende económicamente directa o indirectamente; c) cuando las decisiones de una empresa están condicionadas a la voluntad de otra o del grupo a que pertenezca. Podetti sostenía que la existencia de grupo económico se da cuando una empresa está en condiciones de determinar, con caracteres de cierta continuidad y permanencia y por su propia voluntad, disponer las normas directrices de su gestión a otra empresa. Existe el control, que puede ser externo si es que hay una preponderancia por potencia económica, que es lo que se suele dar en el contrato de concesión; el concedente generalmente es una gran empresa. Y también puede ser un control interno, lo que lleva a sociedades controladas y a la normativa especifica sobre ello. El conjunto económico se da cuando hay una efectiva comunidad económica y de intereses, lo que puede configurarse bajo la forma de sociedades controladas bajo cualquier otra forma, en tanto no dañe a terceros y particularmente que no desconozca los derechos laborales.- El elemento esencial para determinar si hay conjunto económico de carácter permanente es que exista control de dirección, tiene que darse una efectiva subordinación económica en la cual la empresa periférica pierde su independencia para actuar como ente con capacidad propia.- Cabe destacar que el art. 31 a diferencia de lo que establecía del original art. 33 de la ley , no se refiere a los grupos de carácter accidental, sino sólo a los permanentes.- 1718 Esta norma era evidentemente protectoria ya que era suficiente para que existiera solidaridad la sola acreditación de que se trataba de empresas integrantes de los denominados grupos económicos.- Esa permanencia que impone el legislador se contrapone con la mera provisionalidad de la vinculación de los sujetos involucrados con las denominadas uniones transitorias de empresas. Jurisprudencialmente se ha resuelto que las UTE no son sociedades ni sujetos de derecho, no responden solidariamente por los actos y operaciones que realicen (arts. 377 y 381 ley ), no siéndoles aplicable el art. 31 LCT, toda vez que no son un conjunto económico de carácter permanente.- Cuando una UTE es empleadora, la relación se da con los integrantes de ella, quienes responden frente al dependiente en los términos acordados, por lo que no hay solidaridad entre ellos si no está convenida (art. 381 LSC), y de omitirse toda estipulación al respecto, responderán en partes iguales (conf. Arts. 690 y 691 CCivil)- La finalidad del art. 31 es evitar la evasión de responsabilidades por intermedio de acciones fraudulentas de las empresas independientes o con personalidad jurídica propia, que en realidad están ligadas entre sí por las figuras de control.- El fraude laboral es requisito esencial para que se configure la responsabilidad establecida en el art. 31 LCT, pero no debe probarse el dolo del empleador o su intención fraudulenta, ya que es suficiente que la conducta del empresario denote la violación de las normas del derecho del trabajo.- En síntesis para que se verifique lo previsto en el art. 31 LCT y se extienda la responsabilidad deben darse algunos de estos presupuestos: 1) Maniobras fraudulentas, es decir aquellas conductas tendientes a burlar los derechos del trabajador por medio de empresas relacionadas o subordinadas, traspasos, artificios con la finalidad de sustraerse a la obligaciones laborales o de seguridad social., por ejemplo cuando se haga aparecer al trabajador como empleado de una empresa en la que efectivamente no presta servicios con la finalidad de evitar la aplicación de un convenio colectivo de trabajo o para fraccionar su antigüedad.- 2) Conducción temeraria, cuando se trata de una manejo de la empresa irresponsable y que por negligencia, imprudencia, o dolo se ocasione un daño al trabajadores, por ejemplo la insolvencia del empleador por maniobras imprudentes o vaciamiento de una de las empresas que la integran. 3) Conjunto económico de carácter permanente, ya nos referimos a este punto, en el que se encuentran excluidas las uniones transitorias de empresas.- RESPONSABILIAD DE SOCIOS GERENTES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES DE SOCIEDADES COMERCIALES: Un tema transcendente es la posibilidad de extender la responsabilidad en forma solidaria a personas diferentes de las sociedades comerciales empleadoras cuando existen reclamos efectuados por trabajadores que se desempeñaron en forma total o parcialmente irregular.- 1819 El primer fallo que releja esta postura novedosa lo dictò la Sala III de la Càmara Nacional de Apelaciones del Trabajo en autos Delgadillo Linares, Adela c/shatell S.A. y otros del ll de abril de En este caso la trabajadora se desempeño para la S.A. empleadora, que le pagaba una parte de la remuneración en negro.- Demanda a la sociedad anónima empleadora (que se encontraba en quiebra y a dos personas en su carácter de directivos, socios, gerentes, administradores o controlantes de ella, por el pago de las indemnizaciones por despido encausado y las multas de la ley En Primera Instancia el Juzgado rechazó la extensión de la responsabilidad a los integrantes de la sociedad, pero el Fiscal General del Trabajo dictaminó que correspondía tal extensión de la condena por aplicación de los arts. 54 y 274 de la Ley de Sociedades , por cuanto se habrìa creado una hipótesis automática de la caída del velo societario en supuestos de ilicitud, que como en el caso concreto, excede el mero incumplimiento de las obligaciones emergentes del contrato, al relacionarse con la indebida instrumentación de los importes remuneratorios reales, configurándose fraude laboral.- La Sala III sostiene que la conducta de la empleadora constituye un típico caso de fraude laboral y provisional ya que tiene por objeto y efecto disminuir ilegítimamente la incidencia del salario normal en las indemnizaciones y en los aportes al sistema de seguridad social.- El pago en negro perjudica al trabajador que se ve privado de aquella incidencia, y el sector pasivo es víctima de evasión y la comunidad comercial en cuanto ponen al autor de la maniobra en mejor condición para competir en el mercado, que la reservada a otros empleadores respetuosos de la ley.- El artículo 54 de la ley en el último párrafo agregado por la ley dispone que la actuación de la sociedad que encubra la consecución de fines extrasocietarios, constituya un mero recurso para violar la ley, el orden público o la buena fe o para frustrar derechos de terceros, se imputará directamente a los socios o a los controlantes que la hicieron posible, quienes responderán solidaria e ilimitadamente por los perjuicios causados.- No puede afirmarse que el pago en negro encubra la consecución de fines extrasocietarios ya que el principal fin de una sociedad comercial es el lucro, pero constituye un recurso para violar la ley, el orden pùblico laboral expresado en los arts, 7,12,13 y 14 LCT, la buena fe que obliga a que el empleador ajuste su conducta a lo que es propio de un buen empleador (art. 63 LCT) y para frustrar derechos de terceros como el sistema provisional y la comunidad empresarial. La demanda contra los socios se funda en la responsabilidad de éstos por los hechos y deudas de la sociedad, cuando se aplica a ésta la cláusula de desestimación de la personalidad prevista en el art. 54 de la ley A este primer caso le siguieron otros precedentes jurisprudenciales como Vidal, Miguel c/mario Hugo Azulay Asoc. S.A. del en el que el actor se habìa desempeñado bajo la apariencia de un vìnculo comercial independiente. Posteriormente la misma sala dicta el fallo Duquelsy, Silvia c/fuar S.A. y otro en el que la relación laboral era totalmente irregular, reclamàndose indemnizaciones por despido contra la sociedad, y contra quien revestía el carácter de socia y presidente del directorio, no se 1920 aplicó Delgadillo, porque no se había acreditado la calidad de socia de la demandada, pero se estableció la responsabilidad de la presidente del directorio que responde no por el art. 54 de la ley sino por el art. 274 de la misma normativa, por la violación de la ley, si no probó su oposición al actuar societario, ni su protesta o anoticiamiento al síndico, único medio de eximiciòn de responsabilidad.- El art. 274 de la ley de sociedades comerciales en su párrafo 1º establece que los directores responden ilimitada y solidariamente hacia la sociedad, los accionistas y los terceros por mal desempeño de su cargo, según el criterio del art. 59, asì como por la violación de la ley, el estatuto o reglamento y por cualquier otro daño producido por dolo abuso de facultades o culpa grave.- Luego siguieron otros casos jurisprudenciales, como por ejemplo la Sala X con voto de Simòn en autos Walter, Nelson E. c/masri, David y otro, con cita del art. 54 de la ley al igual que en Duquelsy e invocando en su apoyo la jurisprudencia de la sala III y la propia, considera al pago en negro, prohibido por el art. 140 LCT y art. 10 de la ley como recurso para violar la ley, el orden público y la buena fe y para frustrar derechos de terceros que justifica la solidaridad de la condena.- A fines de 1997 la sala III ya había extendido la solidaridad en la etapa de ejecución a una sociedad que no había sido demandada en autos por cuanto de los informes bancarios producidos se demuestra que ambas familias registran cierre de cuentas y y aperturas de otras, y de caja de ahorro que en la práctica constituye un mecanismo de traspaso de activos de la empleadora a otra (la recientemente formada), ambas integradas por familiares y de similar objeto y actividad comercial que licua el patrimonio o garantía de los acreedores de aquella.- La Sala extendió la responsabilidad con invocación en la teoría de la penetración de la nueva sociedad con voto del Dr. Eiras, estacándose que resulta irrelevante en el caso que la solicitud se formule en etapa de ejecución, el actor no podría haberlo hecho de otro modo, ya que el vaciamiento fue justamente consecuencia del conocimiento de su reclamo.- En este sentido es indudable que el profundo y sustanciado planteo del actor adquiere en el caso las características de tramitación incidental.-(ibelli Emilio c/ Cam SRL ) En este sentido la doctrina distingue que debe existir una íntima vinculación entre el excepcional beneficio de la limitación de responsabilidad y la función de garantía que cumple el capital social ya que el beneficio debe funcionar cuando una sociedad cuenta con capital suficiente para satisfacer sus obligaciones.- Al respecto, Nissen afirma que las sociedad infracapitalizadas constituyen un instrumento de fraude para los terceros, cuya protección debe ser prioritaria en toda legislación que reglamente el funcionamiento de sociedades comercial. La exigencia prevista por el art. 186 que requiere un capital social mínimo absurdo para la S.A. de $ y por lo tanto los socios deben efectuar nuevos desembolsos para conservar el beneficio de la limitación de la responsabilidad, a fin de equilibrar el capital social con el pasivo de ésta. Dentro de la doctrina laboral se destaca la posición de Eduardo Álvarez, Fiscal General del Trabajo, que afirma que este debate es inexplicable porque a cualquier víctima de 20 Mostrar más
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