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Timestamp: 2017-08-20 00:16:28
Document Index: 195768071

Matched Legal Cases: ['artículo 96', 'artículo 155', 'artículo 13', 'Artículo 155', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 43', 'artículo 47', 'artículo 33', 'Artículo 94']

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JURISDICCION INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS...
La Corte Superior de Justicia de Cusco era una que tradicionalmente tenía salas superiores en materia civil y penal, aunque la primera devino siempre en un órgano mixto. Luego de la creación de su Sala Constitucional y Social, mediante la R.A. N° 181-2010-CE-PJ del 20 de mayo de 2010, avanzó y se consolidó como una Corte especializada al contar con una Sala Constitucional y Social, una Sala Civil, dos Salas Laborales y tres Salas Penales. De las dos salas mixtas (La Convención y Canchis) que tenía al año 2012, la de La Convención, se convirtió por razones técnicas (ausencia de carga procesal) en la Segunda Sala Laboral mediante la R.A. N° 276-2012-CE-PJ del 28 de diciembre de 2012 y la otra (la de Canchis) debería haberse convertido, por iguales razones, en otra y ser reubicada al Cusco, pero nada se hizo al respecto. Dicho avance y consolidación de una Corte especializada, dejando de lado las salas mixtas – sin dramatizar por cierto – se vio opacado por una decisión del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial quien, mediante la R.A. N° 379-2014-CE-PJ del 19 de noviembre de 2014 (publicada en el diario oficial El Peruano, en su edición del 11 de diciembre de 2014. p. 539642), determinó convertir y reubicar la Sala Constitucional y Social (2010 - 2014) en una Sala Mixta Descentralizada de La Convención y, en adición a sus funciones Sala de Apelaciones, con sede en Quillabamba. Con esta decisión, la Jurisdicción Constitucional retrocede en el país, pues también se convirtió el Juzgado Constitucional y Contencioso Administrativo del Cusco, en un Quinto Juzgado Civil (R.A. N° 415-2014-CE-PJ del 10 de diciembre de 2014).
Los procesos constitucionales y contenciosos administrativos (general) que conocía la Sala Constitucional y Social, serán ahora de competencia de la Sala Civil, con lo que ésta se convierte en una Sala Mixta, otrora especializada en materia civil únicamente, mientras que los procesos laborales privados serán conocidos por las dos Salas Laborales. Con esta decisión la Corte Superior de Justicia de Cusco no sólo pierde la especialidad constitucional y laboral privada, sino que también pierde la especialidad civil que, como se sabe, resuelve importantes casos de derecho civil patrimonial. Todo esto fue posible debido a los siguientes factores: i) la presión social – injustificada – de la población de La Convención para el “retorno” de una Sala Mixta con sede en Quillabamba; ii) la complaciente actitud del Poder Judicial frente al Poder Ejecutivo para acceder a la ubicación de una Sala Mixta en una provincia que no la necesita técnicamente; iii) el “individualismo” y personalismo de un Presidente de Corte de “aprovechar” la oportunidad para solicitar la creación de una Sala Mixta y dejar constancia de un logro en una gestión deslucida y, iv) la ausencia de liderazgo al frente de una Corte Superior de Justicia.
Lo primero se constata de sólo leer en la R.A. N° 379-2014-CE-PJ lo siguiente: “VISTOS: El Oficio Múltiple N° 0139-2014-PCM/ONDS, cursado por el Alto Comisionado de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros; (…) Cuarto.- Que por oficio Múltiple N° 0139-2014-PCM-ONDS, el Alto Comisionado de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros solicita evaluar el pedido efectuado por el denominado Comité Central de Lucha por el Desarrollo de la Provincia de La Convención, en relación al retorno de la Sala Mixta Descentralizada a la referida provincia (…)” La gran pregunta es ¿se evalúo el pedido?
Lo segundo se constata cuando se lee la R.A. N° 379-2014-CE-PJ, mediante la que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial decide convertir y reubicar, a principios del 2013, la Sala Mixta Descentralizada de La Convención y, en adición a sus funciones Sala de Apelaciones, en la Segunda Sala Laboral del Cusco, porque aquella no tenía lo que se denomina “carga” procesal y, en efecto así era. Dicha situación, es decir, ausencia de “carga” procesal ¿cambió?. La respuesta es no, no existe demanda de función jurisdiccional para un órgano de segunda instancia en La Convención. Según la R.A. N° 276-2012-CE-PJ (28 de diciembre de 2012) que convirtió y reubicó la Sala Mixta Descentralizada de La Convención, y en adición a sus funciones Sala de Apelaciones (Quillambamba), en una Segunda Sala Laboral (Cusco) la “carga procesal” de aquella, que fue la razón de su reconversión, el Año Judicial del 2012 dicha carga era de 245 procesos (trámite y en reserva), más 13 procesos como Sala de Apelaciones, en total, 258 procesos (258 al año/12m = 22 al mes/3 Jueces Superiores = 7 procesos al mes de carga para cada Juez Superior). Esta situación de 2012, ¿habrá cambiado durante los años 2013 y 2014?
Lo tercero es fácil deducirlo de sólo leer la R.A. N° 379-2014-CE-PJ, cuando expresa: “Cuarto.- (…) el Presidente de la Corte Superior de Justicia del Cusco, solicita la creación de una Sala Mixta Descentralizada en la Provincia de La Convención, que en adición de funciones sea Sala Penal de Apelaciones, con sede en la ciudad de Quillabamba (…)” lo que significa que el Presidente de Corte Superior de Justicia de Cusco, se arrogó una función reservada por la Ley Orgánica del Poder Judicial, en su artículo 96.4 al Consejo Ejecutivo Distrital y, con su sola firma solicita la “creación” de una Sala Superior para la provincia de La Convención, cuando ello le correspondía a aquél órgano colegiado de gobierno, aprovechando “la coyuntura” del pedido social injustificado, la complacencia del Poder Judicial ante el pedido político del Ejecutivo y “tener un logro – el único – que exhibir en una memoria anual”, si es que a eso se le puede llamar logro.
Finalmente, el camino correcto de un Presidente de Corte ante un pedido político injustificado y no sostenible, técnicamente hablando, así como a la presión política y de un órgano de gobierno del Poder Judicial, hubiese sido el de no solicitar la creación de una Sala Superior en La Convención, sino convocar al Consejo Ejecutivo Distrital de la Corte Superior de Justicia de Cusco para analizar la real necesidad de la provincia de La Convención en materia de la función jurisdiccional – que sin duda las tiene – y proponer lo que realmente se requería (p.ej. un Juzgado de investigación preparatoria en Echarate, otro en Maranura, otro segundo en Quillabamba, otro Juzgado más de Familia, o de pronto un segundo Juzgado Mixto más), así como convocar a la Sala Plena de la Corte Superior de Justicia de Cusco para obtener un pronunciamiento sólido y serio ante la presión política, desde una perspectiva técnica y de reales necesidades. Todo esto como una auténtica respuesta institucional y no de interés personal. Pero, nada de eso sucedió, se hizo todo lo contrario como ya lo hemos narrado, un tiro fue a los pies, y el otro salió por la culata. Esto coronó lamentablemente una gestión presidencial (2013-2014) en la que los espacios de liderazgo y decisión, por ausencia de quien debió ejercer autoridad y conducción serias, se fueron llenando de bufones, arlequines y neófitos, incapaces de conservar los logros y avanzar en lugar de retroceder. El logro a exhibir, entonces, será el de haber perdido una especialidad emblemática para la Corte Superior de Justicia de Cusco (a cargo de la Sala Constitucional) para convertirla en una Sala Mixta en una provincia que no la necesita. En unos seis meses veremos la estadística (a julio de 2015).
Ante todo esto desalienta, en primer lugar, la inexistente cohesión y unión institucionales en la Corte Superior de Justicia de Cusco; el silencio de la comunidad usuaria de la función jurisdiccional en el Cusco que, por excelencia, debería estar encabezada por el Colegio de Abogados del Cusco; sin dejar de hacer notar esa lejanía astronómica de las Facultades de Derecho respecto de lo que acontece en nuestra Corte Superior de Justicia de Cusco. Pero para acusar, quejar y hacer escarnio de errores sí existen.
En el marco de la experiencia en Jurisdicción Constitucional, debemos recordar y agradecer a quienes trabajaron en la Sala Constitucional y Social. Este Tribunal durante el año 2014 (pese a la huelga), tuvo el siguiente volumen de trabajo: Procesos Constitucionales: 83, Procesos Contencioso Administrativos: 347; Procesos Laborales: 354 (Ley N° 29497); 49 (Ley N° 26636). En total: 833 procesos. (a noviembre de 2014), cuando la meta programada para este año era de 884 procesos, estuvimos a 51 procesos de lograrla. En conclusión, la Sala Constitucional y Social resolvió 884 casos, y ahora se ha convertido en una Sala Mixta en La Convención (Quillabamba) que sólo atenderá no más de 250 procesos, sino son menos, ya lo veremos; pero lo peor de todo es que la Sala Mixta Descentralizada de La Convención, tendrá un costo anual, entre remuneraciones y mantenimiento, de S/. 959,643.00, para resolver sólo 250 procesos a lo sumo, lo que implica que la Corte Superior de Justicia de Cusco invertirá S/. 3,838.00 por cada proceso.
En lo personal gané mucha experiencia en materia constitucional, pese a mi especialidad en Derecho Civil y Procesal Civil, tuve la oportunidad de poner en práctica mis conocimientos teóricos y académicos en materia constitucional y procesal constitucional, asimismo en materia laboral. Fui – sin ser consultado – el primer Presidente de la Sala Constitucional y Social (segundo semestre de 2010), laboré en ella durante el año 2013, cuando me dijeron que integraría otro Tribunal, la presidí este año 2014, pese a que me dijeron que me enviarían a otro Tribunal y, sin duda, seré el último en salir y, por tanto, el que apague la luz.
[1] Juez Superior Titular de la Corte Superior de Justicia de Cusco. Primer y último Presidente de la Sala Constitucional y Social. Magíster en Derecho Civil y Procesal Civil por la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco.
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Etiquetas: Especialidad Constitucional, Jurisdicción Constitucional, Justicia Constitucional
Publicado por Catedra Judicial en 7:48 No hay comentarios:
Alumnos del Curso de Procesos Constitucionales I, de la EPG de la Universidad Andina del Cusco.
Cuzco, 10, 11, 12, 24, 25 y 26 de octubre de 2014
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JURISDICCION INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Mis alumnos del Curso Jurisdicción Internacional de los Derechos Humanos, de la Maestría de Derecho Constitucional de la EPG de la Universidad Andina del Cusco.
Cuzco, 3, 4, 5, 17, 18 y 19 de octubre de 2014.
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La Ley Procesal del Trabajo (LPT) me parece interesante porque no lo tiene dicho todo y da lugar a que el Juez ejerza su responsabilidad interpretativa al máximo en procura de dar soluciones acertadas en su operatividad, cuidando en todo momento – como no puede ser de otro modo – el derecho a un debido proceso.
Uno de los temas interesantes en la LPT es el de la notificación. Sobre el concepto de notificación basta citar, como suficiente, el artículo 155 del Código Procesal Civil: “El acto de la notificación tiene por objeto poner en conocimiento de los interesados el contenido de las resoluciones judiciales.” A partir de una correcta notificación a las partes la resolución judicial surte sus efectos, esto es lo que se conoce como la eficacia del acto procesal a partir de su notificación.
De acuerdo al artículo 13 de la LPT, modificado por la Ley N° 30229 la regla general es que toda notificación se hace mediante sistemas de comunicación electrónica, lo que por cierto se infiere a partir de la excepción a tal regla implícita:
“En las zonas de pobreza decretadas por los órganos de gobierno del Poder Judicial, así como en los procesos cuya cuantía no supere las setenta (70) Unidades de Referencia Procesal (URP) las resoluciones son notificadas por cédula, salvo que se solicite la notificación electrónica. Las notificaciones por cédula fuera del distrito judicial son realizadas directamente a la sede judicial de destino.
Las resoluciones dictadas en audiencia se entienden notificadas a las partes, en el acto.”
El texto original del mencionado artículo establecía como regla general “Las notificaciones de las resoluciones que se dicten en el proceso se efectúan mediante sistemas de comunicación electrónicos u otro medio idóneo que permita confirmar fehacientemente su recepción (…)” y como excepción “(…) salvo cuando se trate de las resoluciones que contengan el traslado de la demanda, la admisión de un tercero con interés, una medida cautelar, la sentencia en los procesos diferentes al ordinario, abreviado y de impugnación de laudos arbitrales económicos. Las resoluciones mencionadas se notifican mediante cédula.”
El entusiasmo de empapar de tecnología el acto procesal de la notificación ha dejado sin regulación, en la LPT, el acto procesal de “las resoluciones que contengan el traslado de la demanda, la admisión de un tercero con interés, una medida cautelar, la sentencia en los procesos diferentes al ordinario, abreviado y de impugnación de laudos arbitrales económicos.” pues dicho texto original expresaba que “Las resoluciones mencionadas se notifican mediante cédula.”
Felizmente ahora existe en el Código Procesal Civil el Artículo 155-E que regula las “Notificaciones por cédula” estableciendo:
“Sin perjuicio de la notificación electrónica, las siguientes resoluciones judiciales deben ser notificadas solo mediante cédula:
1. La que contenga el emplazamiento de la demanda, la declaración de rebeldía y la medida cautelar.
2. La sentencia o auto que pone fin al proceso en cualquier instancia.
La resolución notificada por cédula surte efecto desde el día siguiente de notificada.”
Entonces, ahora debe notificarse por cédula en el marco de la LPT, aplicando supletoriamente el Código Procesal Civil, todos aquellos actos procesales descritos en el artículo citado. Nótese que el texto original del artículo 13 de la LPT establecía – como una regla especial en la LPT, que la notificación por cédula no era aplicable cuando debían notificarse la sentencia en los procesos ordinario, abreviado y de impugnación de laudos arbitrales económicos.” y ello era lógico en la medida que la notificación de la sentencia en dichos procesos se hace en audiencia, salvo el caso en el que las partes no asistan a ella y mucho menos atiendan la citación para la notificación de la sentencia, como lo explicaremos, en todo caso esta regla especial está vigente en la LPT.
Empecemos por citar la última parte del artículo 13 que establece “Las resoluciones dictadas en audiencia se entienden notificadas a las partes, en el acto.” para dejar establecido que cuando las partes asisten en un proceso ordinario a la audiencia de conciliación, fracasada ésta y, por tanto entregada la contestación a la demanda, el Juez, dice el artículo 43.3 de la LPT “fija día y hora para la audiencia de juzgamiento, la cual debe programarse dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes, quedando las partes notificadas en el acto” esta citación, que sin duda es una resolución del Juez, se entenderá notificada a las partes en dicho acto, sin que sea necesario generar cédula alguna, sino sólo con la entrega del acta correspondiente a las partes, si la parte demandada no asistió o asistiendo ésta no lo hizo la parte demandante, será poco o nada trascendente, pues dicha citación se entenderá notificada a las partes en dicho acto, por tanto, estarán las partes en la obligación de asistir a la siguiente audiencia que es la de juzgamiento.
Ahora bien, si en un proceso ordinario laboral una de las partes no asiste a la audiencia de juzgamiento o en un proceso abreviado una de las partes tampoco lo hace a la audiencia única, considerando que está citada para asistir a tales audiencias, también se le tendrá por notificado en el caso que el Juez del proceso – haciendo de la excepción la regla – difiere el fallo de su sentencia, lo que en dichas audiencias debe ser informado a las partes, es decir, debe citárseles para que acudan a la sede del juzgado a efectos de que se les notifique con la sentencia, conforme así lo establece el artículo 47 de la LPT. A la parte que no asistió a la audiencia, siendo su deber asistir, se le tendrá por notificada con aquella resolución que cite a las partes para el acto de notificación de la sentencia, si dicha parte o las partes no asisten al acto procesal de notificación de la sentencia, ésta se tendrá por notificada en la fecha y día de tal acto procesal de notificación, sin perjuicio de enviarle a su domicilio procesal o casilla, la sentencia correspondiente, pero de modo alguno la fecha de recepción en el domicilio procesal o casilla es el término inicial para impugnar la sentencia, pues dicho término inicial es, sin duda, la fecha del acto procesal de notificación de la sentencia, así no hayan concurrido las partes.
En sede de apelación, el Tribunal debe citar a la audiencia de la vista de la causa, notificando tal citación en el domicilio procesal o casilla de las partes. Si las partes asisten a la audiencia y se decide diferir la expedición de la sentencia, estas quedarán notificadas con dicha citación en el mismo acto, siendo su obligación la de concurrir a la citación para el acto procesal de notificación de la sentencia. Si sólo asiste una de las partes igual que en primera instancia, la resolución que fija la citación para el acto procesal de notificación de la sentencia, se tendrá notificada a la parte que no asistió y si acaso ninguna de las partes asiste a dicho acto de notificación, entonces, igual que en primera instancia, la sentencia se considerará notificada en la fecha y día determinado para la notificación de la sentencia, siendo éste el término inicial para la impugnación correspondiente en el caso que desee ejercerse, mas no aquella fecha en la que la sentencia sea remitida al domicilio procesal o casilla.
Caso especial y excepcional a lo dicho es aquél tolerado por la misma LPT, cuando contempla la posibilidad que ninguna de las partes acuda a la audiencia de vista de la causa, supuesto en el que no cabe llevar a cabo ninguna audiencia y, por tanto, no se podrá fijar fecha y día para notificar la sentencia, difiriendo su expedición, pues el inciso d) del artículo 33 de la LPT establece: “Si las partes no concurren a la audiencia de vista, la sala, sin necesidad de citación, notifica la sentencia al quinto día hábil siguiente, en su despacho.”
Como se ve el supuesto de hecho está contemplado: inasistencia de las partes a la audiencia de vista de la causa, si ello es así, opera la regla: “la sala, sin necesidad de citación, notifica la sentencia al quinto día hábil siguiente, en su despacho.” Esto podría interpretarse en el sentido que la sentencia no puede ser notificada en otra fecha que no sea el quinto día hábil de frustrada la audiencia de vista de causa y en el despacho y si acaso las partes no concurriesen esa fecha, se las tendrá por notificadas en dicha fecha, pues estando citados a la audiencia de vista de causa, las partes saben que la sentencia sí o sí se notificará al quinto día contado desde la fecha de la audiencia de vista de causa, mas no desde aquella fecha en la que la sentencia fue recibida en casilla o domicilio procesal, pues incluso ni siquiera sería obligatorio remitirla a dichos domicilios, pues la norma es clara: “la sala, sin necesidad de citación, notifica la sentencia al quinto día hábil siguiente, en su despacho.”
Publicado por Catedra Judicial en 19:03 No hay comentarios:
Etiquetas: Ley Procesal del Trabajo, Notificación
De Presidente de un Jurado Electoral Especial a Juez Superior Titular (4)[1]
Es bueno recordar que la elección de Jueces Superiores Titulares, a cargo de las Salas Plenas que integran, para que el Jurado Nacional de Elecciones conforme los Jurados Electorales Especiales, se hace en cumplimiento de la Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones. Esto es importante en la medida que permite afirmar que la elección se hace mediante votación y en cumplimiento de una ley orgánica, no siendo un acuerdo de Sala Plena como órgano de deliberación.
Haciendo un símil, la elección de Presidente de Corte, a cargo de la Sala Plena de la que forma parte y en cumplimiento de la Ley Orgánica del Poder Judicial, es análoga a la elección de un Juez Superior Titular para que éste conforme un Jurado Electoral Especial, en tanto y en cuanto es una elección mediante la emisión de un voto de parte de los miembros de la Sala Plena, mas no una decisión que se toma respecto de asuntos de competencia de la Sala Plena como órgano de deliberación (Cf. Artículo 94 de la LOPJ). Este mismo símil lo encontramos respecto a la elección de Juez Superior Titular que debe ejercer el cargo de Jefe de la OCMA.
El proceso de elección y el acto mismo de elegir, no es el mismo para tomar un acuerdo, como producto de una deliberación; lo primero es la expresión personal de quien decide votar a favor de una determinada persona para que ésta ocupe un cargo determinado, lo segundo es tomar un acuerdo mediante el voto, respecto a temas de gobierno y administración. En ese orden de ideas, ambas elecciones no son pasibles de recurso alguno, mucho menos de reconsideración, pues admitir lo contrario – por ejemplo – implicaría aceptar que la elección de Presidente de Corte o del Jefe de ODECMA es un “acto” respecto del que se puede plantear reconsideración, así como aceptar que la elección de un Juez Superior Titular para que conforme un Jurado Electoral Especial, es otro “acto” susceptible de reconsideración.
9.1. Recurso de Reconsideración del Señor Juez Superior Andrés Quinte Villegas.- La Sala Plena de la Corte Superior de Justicia de Cusco, en su sesión del 30 de mayo de 2014, eligió de entre los Jueces Superiores Titulares que lo integran, al Juez Superior, Señor Andrés Quinte Villegas, como el Juez Superior Titular ante el Jurado Nacional de Elecciones, para que este conforme el Jurado Electoral Especial de Espinar. De manera general los argumentos de la reconsideración son los siguientes[3]:
i) haber sido elegido en ausencia; ii) que el Presidente no debió haber votado, sino dirimido; iii) que la elección vulnera el derecho de un magistrado a la inamovilidad de su cargo y a no ser trasladado sin su consentimiento; iv) que por lo anterior la Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones es inconstitucional.
9.2. Recurso de Reconsideración del Señor Juez Superior Luis A. Sarmiento Núñez.- La Sala Plena de la Corte Superior de Justicia de Cusco, en su sesión del 30 de abril de 2014, eligió de entre los jueces superiores titulares que lo integran, al Juez Superior, Señor Luis A. Sarmiento Núñez, como el Juez Superior Titular ante el Jurado Nacional de Elecciones, para que este conforme el Jurado Electoral Especial de Canchis. De manera general los argumentos de la reconsideración son los siguientes[4]:
i) que la elección vulnera el derecho de un magistrado a la inamovilidad de su cargo y a no ser trasladado sin su consentimiento; ii) que por lo anterior la Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones es inconstitucional; iii) que las decisiones deben estar motivadas; iv) “so pretexto de cumplir con la ley electoral, (no) se puede afectar el derecho constitucional de inamovilidad de un Juez”; v) que la Sala Plena tenía la potestad de hacer control difuso respecto de las normas que afectan derechos constitucionales (inamovilidad en el cargo); vi) estar ocupando los cargos de miembro del Consejo Ejecutivo de la Corte Superior de Justicia de Cusco, miembro integrante de la Comisión de Control Interno responsable de la Unidad de Visitas e Investigaciones de la ODECMA.
Analizando cada uno de los argumentos de las reconsideraciones, desde un punto de vista académico, debemos decir lo siguiente:
a) Haber sido elegido en ausencia.- De lo expuesto, era y es la Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones la que imponía la obligación a la Sala Plena de la Corte Superior de Justicia del Cusco, a elegir entre los Jueces Superiores Titulares que la integran a quien en tal condición debía integrar, presidiendo, un Jurado Electoral Especial. Esta obligación comprende, como obligados, a los Jueces Superiores Titulares que integran la Sala Plena de una Corte Superior de Justicia como los llamados a elegir y ser elegidos, lo repetimos una vez más, todo en cumplimiento de una ley orgánica.
Qué fácil sería, para un Juez Superior, evadir el cumplimiento de la Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones, aunque para algunos sea “solo basado en el supuesto cumplimiento de una norma electoral” dejando de asistir a la Sala Plena en la que debe elegir y ser elegido, a uno o por uno de sus pares como aquél que debe integrar un Jurado Electoral Especial. Si no asistir fuese una actitud válida para evadir el cumplimiento de una Ley Orgánica, entonces todos los Jueces Superiores no hallarían modo más eficiente que no asistir a la Sala Plena, pero ello no es así en tanto que por el sólo hecho de ser Juez Superior hábil puede ser sujeto pasivo de elección.
Si acaso un Juez Superior Titular no pudiese asistir a la Sala Plena en la que debe cumplir una obligación de origen legal, tiene el deber justificarse, pero ello no impide que sea elegido, si el vínculo con el Poder Judicial está vigente. Si el Juez Superior Titular considera que por alguna razón no debe o no puede ser elegido, así lo debería expresar verbalmente ante el pleno o, si no puede asistir, por escrito exponiendo la razón por la que considera que no puede ser sujeto pasivo de una elección. Si por el contrario no se asiste, ni se pone por escrito la razón por la que considera no debe elegírsele, el pleno no puede adivinar o suponer alguna razón por la que no debe elegir al ausente. Si luego se expone alguna razón que no haya sido puesta en conocimiento del Pleno para sostener que la elección no fue válida ello implica una actuación desleal, más si dichos motivos son alegados luego de la elección. Continuará…
[1] La primera , segunda y tercera partes de este artículo se publicó en el Diario del Cusco, en sus ediciones del 2, 11 y 21 de agosto de 2014 y también se pueden leer en http://catedrajudicial.blogspot.com
[3] Cf. Recurso de reconsideración presentado el 9 de mayo de 2014.
[4] Cf. Recurso de reconsideración presentado el 12 de mayo de 2014.
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