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Timestamp: 2018-09-26 01:41:42
Document Index: 268657889

Matched Legal Cases: ['artículo 489', 'artículo 71', 'artículo 398', 'artículo 56', 'artículo 6', 'artículo 490']

Las medidas cautelares en el orden Penal | E&J
Alertas Jurídicas	Miércoles , 26 septiembre 2018
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Las medidas cautelares en el orden Penal
Por José Carlos Velasco Sánchez. Socio y J. Ignacio Fuster-Fabra Toapanta. Socio de Fuster-Fabra
Ya en Siglo I aC el escritor Publio Siro, antecedió lo que sería una máxima jurídica sobre las medidas cautelares en su cita “El hombre prudente se previene contra el futuro como si estuviese presente.”
Con el paso de los años hemos podido observar que la adopción de estas medidas no solo ha sido una constante en los procedimientos judiciales, sino que se ha convertido en la máxima expresión de la seguridad jurídica y tutela judicial efectiva en un procedimiento penal.
-Medidas cautelares personales
-Medidas cautelares reales
-Procedimiento de solicitud
-Alzamiento en caso de sentencia absolutoria
La finalidad principal de las medidas cautelares en el ámbito penal no es otro que el de asegurar:
En fase de Instrucción:
La comparecencia del investigado y su puesta a disposición judicial.
Asegurar la integridad de la prueba y evitar una hipotética modificación o destrucción.
Una vez dictada la sentencia:
La eficacia del fallo de la sentencia e impedir que el acusado pueda desaparecer impidiendo la acción de la justicia en el marco de la ejecución, antes de que devenga la sentencia firme (vgr. “la vistilla de prisión provisional” antes de la resolución del Recurso de Casación ante el Tribunal Supremo).
De este modo la ley faculta al órgano jurisdiccional para que pueda adoptar determinadas medidas para cerciorarse que puedan realizarse los distintos actos encaminados a la averiguación del hecho delictivo, asegurar la prueba y para que, al término de los mismos, la sentencia que se dicte sea plenamente eficaz, motivada, razonada y ajustada a derecho.
Las medidas cautelares siempre deberán estar sometidas al principio de legalidad, y por consiguiente sólo podrán llevarse a cabo en los supuestos recogidos en la ley. Además, son provisionales y limitadas en el tiempo, pues únicamente subsisten si también lo hacen las circunstancias que dieron lugar a su adopción.
Se pueden dividir, a grandes rasgos, en dos bloques principales.
Por un lado, nos encontramos, las Personales, esto es, aquellas que afectan directamente a la libertad individual (art. 17 C.E) y a la elección de residencia y estancia en el territorio nacional (art. 19 C.E).
Y por otro lado, las Reales, que directamente afectan a los bienes y al patrimonio del investigado, y tienen como finalidad garantizar las responsabilidades civiles derivadas directamente del ilícito penal cometido.
Están reguladas en el art. 486 a 544 de la LECrim y son la detención y la prisión provisional.
Es una Medida cautelar de privación de libertad que tiene la finalidad de poner a disposición judicial los fines de una investigación, la persona o personas presuntamente implicadas en el hecho delictivo. Viene regulado por el artículo 489 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en los casos y formas previstos en la ley:
No podrá durar del más estrictamente necesario para realizar las averiguaciones
El detenido debe ser informado de forma inmediata y comprensible de sus derechos y el motivo de la detención
No puede ser obligado a declarar
Se garantizará la asistencia de abogado
La ley regulará el procedimiento habeas corpus para la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida irregularmente
Como particularidad, en el marco político-judicial, cabe destacar, que existen unos supuestos en los que no procede la detención inmediata o automática como sucede con cualquier ciudadano, sino que opera únicamente en los supuestos de flagrante delito, es decir, de comisión de delitos en el momento de cometerse o inmediatamente después de los mismos.
Así, sería el supuesto de los Diputados y Senadores (artículo 71.2 de la Constitución), los parlamentarios de las Asambleas legislativas y miembros de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas si lo disponen sus Estatutos, los jueces y magistrados y fiscales (y únicamente, por orden del Juez competente, artículo 398 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y artículo 56 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal), el Defensor del Pueblo y sus adjuntos (artículo 6 de su Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril).
Conviene destacar también los tres tipos de detenciones que aparecen regulados en la Ley de Enjuiciamiento Criminal:
Detención por particulares: el artículo 490 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal faculta a cualquier ciudadano para detener:
Al que intentare, estuviere cometiendo o acabare de cometer un delito.
Al que intentare cometer un delito o al delincuente in fraganti.
Al que se fugare de un establecimiento penal y al declarado en rebeldía.
Debe informar al detenido haber obrado en virtud de motivos racionalmente suficientes y debe ponerlo en libertad o entregarlo al juez más próximo al lugar.