Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-sl15502-2015-57672-de-noviembre-11-de?documento=jurcol&contexto=jurcol_0aececf1adfb489cb7a779f450470fa7&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-10-22 17:16:39
Document Index: 165618841

Matched Legal Cases: ['artículo 18', 'artículo 18', 'artículo 467', 'artículo 18', 'artículo 98', 'artículo 98', 'artículo 98']

SENTENCIA SL15502-2015 DE 11 DE NOVIEMBRE DE 2015
CONTENIDO:SERVIDORES PÚBLICOS QUE PASARON DEL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES (I. S. S.) A EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO (E. S. E.) NO TIENEN BENEFICIOS PENSIONALES CONVENCIONALES. SE PRECISA QUE LOS SERVIDORES DEL I. S. S. QUE PASARON A LAS E. S. E., EN VIRTUD DEL DECRETO 1750 DEL 2003 CAMBIARON SU CONDICIÓN DE TRABAJADORES OFICIALES A EMPLEADOS PÚBLICOS, SALVO QUIENES EJERCÍAN LABORES PROPIAS DEL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA HOSPITALARIA O DE SERVICIOS GENERALES, DE SUERTE QUE QUIENES ADQUIRIERON LA CALIDAD DE EMPLEADOS PÚBLICOS EN LAS MENCIONADAS EMPRESAS TIENEN UN RÉGIMEN SALARIAL Y PRESTACIONAL ESPECIAL Y NO GOZAN DENTRO DEL ORDENAMIENTO DE LOS BENEFICIOS CONVENCIONALES O DE LAS PARTICULARES VENTAJAS DE LOS TRABAJADORES OFICIALES. SE CITA COMO PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL LA SENTENCIA 35399, REITERADA, ENTRE OTRAS, POR LAS SENTENCIAS 468/13 Y 644/13, QUE VERSAN SOBRE EL MISMO TEMA.
TEMAS ESPECÍFICOS:SERVIDOR PÚBLICO DEL ISS, TRABAJADOR OFICIAL, EMPLEADO PÚBLICO, RÉGIMEN PRESTACIONAL DEL SERVIDOR PÚBLICO, RÉGIMEN SALARIAL DEL SERVIDOR PÚBLICO, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO, ISS, BENEFICIOS DE LA CONVENCIÓN COLECTIVA
Sentencia SL15502-2015/57672 de noviembre 11 de 2015
SL15502-2015
Rad.: 57672
EXTRACTOS: «VIII Consideraciones
Independientemente de las deficiencias técnicas que puedan endilgársele al cargo, debe resaltarse que la Corte se ha pronunciado en un sinnúmero de casos similares al hoy examinado, para sostener que los servidores del Instituto de Seguros Sociales que pasaron a las empresas sociales del Estado, en virtud del Decreto 1750 de 2003, cambiaron su condición de trabajadores oficiales a empleados públicos, salvo quienes ejercían labores propias del mantenimiento de la planta física hospitalaria o de servicios generales, de suerte que quienes adquirieron la calidad de empleados públicos en las mencionadas empresas tienen un régimen salarial y prestacional especial y no gozan dentro del ordenamiento de los beneficios convencionales o de las particulares ventajas de los trabajadores oficiales, tal como lo pretende hacer ver la censura en el ataque.
En efecto, en la sentencia SL12348-2014, sobre la temática en comento, esta Sala asentó:
En la sentencia CSJ SL, 23 jul 2009, rad. 35399, reiterada, entre otras, en las sentencias CSJ SL468-2013 y CSJ SL644-2013, se dijo al respecto:
La Corte Constitucional para declarar inexequible la expresión o definición concerniente a lo que se debería entender por <derechos adquiridos> que contenía el citado artículo 18, según la sentencia de constitucionalidad C-314 de 2004, en lo que interesa al recurso de casación, en esencia se fundó en lo siguiente:
“De conformidad con lo dicho, esta Corporación estima que la expresión (…) es inconstitucional por restringir el ámbito constitucional de protección de los derechos adquiridos, el cual, como se vio, trasciende la simple definición contenida en el artículo 18” (resalta y subraya la Sala)”.
De lo anterior se sigue, que la Corte Constitucional consideró que dentro de los <derechos adquiridos> que se debían respetar a quienes pasaran a ser empleados públicos de las Empresas Sociales del Estado, por razón de la escisión del Instituto de Seguros Sociales, estaban también comprendidos aquellos que se derivaran de la convención colectiva de trabajo, pero lógicamente que se tratara de situaciones jurídicas consolidadas antes de la entrada en vigencia del Decreto 1750 de 2003, los cuales debían cubrirse hasta por el tiempo en que fueron pactados.
Además, nótese que la mencionada motivación, cuando se refiere a quienes están cobijados por la convención colectiva, alude exclusivamente a los <trabajadores> para el caso oficiales, y por consiguiente lo resuelto por esa alta Corporación no puede conllevar a que se entienda que dichos servidores o empleados públicos de las ESE se puedan beneficiar de ahí en adelante indistintamente de prerrogativas convencionales y menos sobre derechos que no se causaron cuando éstos ostentaban la condición de trabajadores oficiales.
Adicionalmente, es pertinente precisar, que como no es factible jurídicamente aplicarle a un empleado público una norma convencional, máxime que la fuente legal de esta clase de derechos que lo es el artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo, se refiere expresamente a que las condiciones a fijar regirán son los <contratos de trabajo>; se colige que los empleados públicos de la Empresa Social del Estado Rafael Uribe Uribe, que a partir de la escisión del ISS que se produjo el 26 de junio de 2003 dejaron de estar vinculados por una relación contractual laboral, como ocurrió con la demandante, no pueden beneficiarse de la convención colectiva de trabajo; salvo que de conformidad con el artículo 18 del Decreto 1750 de 2003, se trate de un derecho adquirido ya sea legal o convencional que se hubiera consolidado con antelación a la escisión del Instituto de Seguros Sociales y bajo la condición de trabajadora oficial; que no sería el caso del reconocimiento o reliquidación de la pensión de jubilación implorada en esta litis en los términos del artículo 98 convencional, por haberse causado el derecho como atrás se dijo el 16 de Diciembre de 2004 siendo la accionante empleada pública.
Finalmente, en lo que incumbe a la sentencia de exequibilidad C- 349 del 20 de abril de 2004, cabe decir que por virtud de que la misma se remite a lo expuesto en la sentencia C-314 de 2004, sirven las mismas consideraciones para estimar que el respeto de los derechos adquiridos que allí se mencionan, se concibe en los términos antes expresados (negrillas fuera de texto).
En igual sentido, la Corte ha determinado que los trabajadores oficiales del Instituto de Seguros Sociales, incorporados como empleados púbicos a las empresas sociales del Estado, podían adquirir la pensión de jubilación establecida en el artículo 98 de la Convención Colectiva de Trabajo, si habían consolidado ese derecho mientras tenían la condición de trabajadores oficiales, por tratarse de derechos adquiridos conforme a disposiciones vigentes. (Ver, entre otras, las sentencias CSJ SL644-2013 y CSJ SL803-2013).
Esa misma conclusión se ha construido desde el punto de vista fáctico, teniendo en cuenta que el artículo 98 de la convención colectiva de trabajo, razonable y objetivamente entendido, obliga a que el respectivo servidor cumpla los requisitos de edad y tiempo de servicios mientras mantiene la naturaleza jurídica de trabajador oficial (Ver CSJ SL888-2013 y CSJ SL713-2013). En dichas decisiones también se precisó que, contrario a lo que aduce la censura, mientras el trabajador no tenga los requisitos de edad y tiempo de servicios, no genera algún derecho adquirido, sino que mantiene una mera expectativa pensional.
A la luz de este criterio jurisprudencial, resulta claro que la Convención Colectiva de Trabajo, vigente para el periodo 2001- 2004 no le era aplicable a la demandante, toda vez que ésta pasó a ser parte de la planta de personal de la E.S.E. Antonio Nariño, sin solución de continuidad, desde el 26 de junio de 2003 hasta el 30 de noviembre de 2004, por lo que durante este tiempo ostentó la calidad de empleada pública y, por ende, no le resultaban aplicables las disposiciones convencionales invocadas en el juicio, máxime que, a pesar de contar la actora con más de 50 años a la entrada en vigencia del Decreto 1750 de 2003, pues nació el 25 de octubre de 1951, no acumulaba para la misma época 20 años de servicios que exigía la norma, pues había laborado un total de 19 años, 9 meses y 7 días (fl. 15), de manera que tampoco puede predicarse que cumplió los requisitos convencionales cuando todavía ostentaba la calidad de trabajadora oficial, como para concluir que tenía un derecho adquirido.
Costas en el recurso extraordinario a cargo de la recurrente y a favor del Instituto de Seguros Sociales. Como agencias en derecho se fijará la suma de tres millones doscientos cincuenta mil pesos ($3.250.000).
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 23 de marzo de 2012 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, dentro del proceso ordinario laboral seguido por LUZ MILA VILLADA RODRÍGUEZ contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ANTONIO NARIÑO.
Costas en el recurso extraordinario a cargo de la recurrente y a favor del Instituto de Seguros Sociales. Como agencias en derecho se fija la suma de tres millones doscientos cincuenta mil pesos ($3.250.000).