Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/1992/T-494-92.htm
Timestamp: 2017-10-21 13:58:43
Document Index: 22937468

Matched Legal Cases: ['artículo 5', 'artículo 86', 'artículo 6', 'artículo 23', 'artículo 36', 'artículo 36']

T-494-92
_Sentencia No. T-494/92
DEBIDO PROCESO-Vulneración/ACCION DE TUTELA
SOCIEDAD DE HECHO-Aportes/TRABAJO DOMESTICO-Valor/DERECHO A LA IGUALDAD
El sentenciador parece creer que los únicos aportes a una sociedad de hecho deben ser dinero o bienes relevantes en el mercado, con lo cual descarta de plano el denominado aporte de industria. Seguramente por eso se abstuvo de considerar por un momento siquiera si el trabajo doméstico de la concubina tuvo o no significación económica suficiente para reconocerle, con todas sus consecuencias, la calidad de socio. El desconocimiento del trabajo doméstico de la peticionaria involucrado en la amenaza de despojo, sin debido proceso, del inmueble en que ella habita hoy adquirido y mejorado progresivamente, durante la unión de hecho y como fruto del esfuerzo conjunto de los concubinos, viola abiertamente los derechos constitucionales de igualdad, debido proceso y no discriminación en contra de la mujer.
En todos aquellos casos similares al presente por sus hechos o circunstancias, siempre que exista realmente trabajo doméstico en las relaciones entre hombre y mujer, la doctrina constitucional enunciada en esta sentencia tendrá CARACTER OBLIGATORIO para las autoridades.
Ref: EXPEDIENTE 1909
PETICIONARIO: ESTHER VARELA
PROCEDENCIA: SALA DE CASACION CIVIL-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Ciro Angarita Barón, Eduardo Cifuentes Muñoz y José Gregorio Hernández Galindo
En el proceso de acción de tutela promovido por la señora ESTHER VARELA contra providencias del juzgado 17 Civil Municipal y 9 Civil del Circuito, de la ciudad de Cali.
b) Desde 1970 la peticionaria viene poseyendo la casa en que vive, ubicada en la carrera 17A No. 16-54 del barrio Belalcázar de Cali, adquirida por su compañero con quien pasó a habitarla. Esta posesión sobre el 50% del inmueble ha sido ejercida ininterrumpidamente en los últimos 21 años.
i) El artículo 5 del Decreto 2282 de 1989, vigente desde el primero de Junio de 1990, dispuso que los procesos sucesorios de mayor cuantía serán de plena competencia de los jueces de familia. No obstante, el Juez Noveno Civil del Circuito sólo ordenó dicho traslado el 28 de enero de 1992, vale decir, 19 meses después de que entrara en vigencia el decreto aludido. Con todo la orden impartida en el despacho comisorio continua bajo el conocimiento del Juzgado 17 Civil Municipal.
"Además, según se dijo, tampoco es viable dicha acción cuando quien reclama el derecho dispone de otros medios de defensa, y en el mismo escrito se dice que la señora Varela reclama ese derecho ante la jurisdicción Civil en proceso Ordinario que actualmente se halla en la H. Corte para que se surta el recurso de Casación. Debe en consecuencia la actora, atenerse a la decisión que finalmente adopte esa Corporación, precisamente la competente para dirimir el litigio ". ( Fl. 29 ).
C. Impugnación de la sentencia.
En escrito de fecha 24 de febrero de 1992 ( Fls. 52-66 ) el apoderado de la peticionaria impugnó el fallo referido por las siguientes razones:
1. Se presenta una violación al debido proceso, porque solamente dentro del proceso ordinario que se adelanta ante la Corte Suprema, se le puede despojar de la posesión material a la tutelista. Aquí si es parte del proceso, por lo que puede ser oída y vencida en juicio.
2. Igualmente, se viola el debido proceso por falta de competencia del Juzgado Noveno del Circuito y del 17 Municipal, civiles ambos, originada en la reforma del Código de Procedimiento Civil, vigente desde el primero de Junio de 1990. Por virtud de ello se determinó un cambio de competencia para los juicios de sucesiones de mayor cuantía, entre otros, los cuales en adelante serán de conocimiento de los jueces de familia.
En sentencia del 17 de Marzo de 1992, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema, confirmó la sentencia del Tribunal por las siguientes razones :
1. La acción pretende tutelar el derecho a la posesión, el cual "es obvio que no se da el calificativo de fundamental en la carta magna, y por ende, no tiene previsto en ella protección tutelar". ( Fl. 80 ).
2. "En el caso de la protección tutelar aquí invocada, ella está orientada a que se ordene suspender la diligencia de entrega dispuesta como medida consecuencial de la sentencia firme que fue dictada en el proceso sucesorio de Hernando Guerrero Trujillo, con lo cual se evidencia fácilmente que esa orden no puede ser impartida como fruto de la presente acción de tutela, porque ello implicaría discutir el fallo mismo, atributo que no está al alcance de este mecanismo de defensa excepcional". ( Fl. 78 ).
3. Existe otro medio de defensa judicial, como la oposición a dicha entrega que consagra el Código de Procedimiento Civil, el cual habrá de aceptar o no el Juez de conocimiento. De igual manera, la peticionaria "adelanto proceso de pertenencia que todavía no ha culminado, medio de defensa a través del cual podría eventualmente encontrar protección a sus derechos". ( Fl. 82 ).
La Corte Constitucional es competente para efectuar esta revisión según lo previsto en los artículos 86 y 241, numeral 9 de la Constitución Política y 31 . 32 . 33 . del decreto 2591 de 1991.
Además, es de observar que la providencia fue proferida oportunamente de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 86 de la Constitución en su inciso 4o., el cual no admite excepciones, como ha tenido a bien señalarlo esta Corte.
Los aspectos fácticos y jurídicos involucrados en el caso sublite exigen determinar sí la posesión es o no un derecho fundamental (1) si ha habido observancia del debido proceso (2) si existe otro medio eficaz de defensa judicial (3) y si posee relevancia jurídica el trabajo doméstico femenino (4), temas todos estos que constituyen las premisas necesarias del fallo de esta Corporación.
Obran pruebas en el expediente según las cuales durante la convivencia de la peticionaria con su difunto compañero adquirieron una casa ubicada en la carrera 17A No. 16-54 del barrio Balalcázar de Cali, a la cual le hicieron algunas mejoras y arrendaron habitaciones a inquilinos que pagaban los cánones de rigor. De otra parte, la peticionaria habita en la actualidad en el inmueble y a través de sus apoderados ha manifestado sus pretensiones de propietaria del 50% del mismo, condición ésta que no ha sido debidamente desvirtuada hasta el momento.
En estas circunstancias, la peticionaria es, cuando menos, titular activa de una relación posesoria cuya naturaleza esencial conviene dilucidar, a efectos de determinar si ella amerita o no la protección específica que la Carta de 1991 otorga a los derechos constitucionales fundamentales.
En la doctrina nacional más autorizada la posesión es concebida como la subordinación de hecho exclusiva total o parcial de los bienes al hombre1 .
Para nuestra Corte suprema en el pronunciamiento más trascendental y riguroso que haya hecho sobre esta materia, la posesión es
poder físico directo sobre las cosas, en virtud del cual se ejecutan sobre ellas actos materiales de goce y transformación , sea que se tenga el derecho o que no se tenga; por ella obtenemos de los bienes patrimoniales el beneficio señalado por la naturaleza o por el hombre; ella misma realiza en el tiempo los trascendentales efectos que se le atribuyen, de crear y sanear el derecho, brindar la prueba óptima de la propiedad y llevar a los asociados orden y bonanza; y es ella, no las inscripciones en los libros del Registro, la que realiza la función social de la propiedad sobre la tierra, asiento de la especie y cumbre de las aspiraciones de las masas humanas2 .
Viene discutiéndose todavía acerca de si la posesión es un hecho o un derecho. Más que otra cosa el debate es teórico porque si la ley ampara eficazmente la posesión no tiene importancia que lo haga porque sea un hecho o un derecho. (Subrayado fuera de texto). Lo importante es que la proteja. Ciertamente las teorías ideadas para explicar la protección posesoria, casi puede decirse que prescinden de ubicar la posesión en uno u otro concepto. Para Savigny, fundador de la escuela subjetivista, es un hecho; para Von Ihering, es un derecho. Pero al parecer la controversia ha perdido intensidad e interés y hoy apenas sí se alude a ella3 .
Pero existe una gran diferencia entre la propiedad y la posesión. La primera constituye un poder jurídico definitivo; la posesión, un poder de hecho provisional; provisional en el sentido de que puede caer frente a la acción que se deriva de la propiedad. De ahí que la doctrina actual predique (en forma bastante unánime) que la posesión es un derecho real provisional4 .
A menudo la suerte de la propiedad es casi enteramente decidida en la litis sobre la posesión, como con la posesión del título está decidida la suerte del valor al portador. Quien pierde o gana la posesión, pierde o gana en la práctica, en la mayoría de los casos, la propiedad, o sea, lo que la propiedad está llamada a procurarles; la seguridad del goce de las cosas, tanto para el propietario como para el no propietario.5
Por todo lo anterior, no es infundado afirmar que en la actual coyuntura colombiana la posesión es un derecho fundamental. En efecto, tiene, como ya se señaló, conexión intima con el derecho de propiedad, la cual constituye en opinión de esta Corte uno de los criterios específicos para la determinación de esa categoría jurídica abierta que es el derecho constitucional fundamental.6
Puesto que en el presente caso la posesión de la peticionaria está amenazada de despojo sin que, como veremos seguidamente, se haya surtido el debido proceso y los medios de defensa judicial no le brindan la protección inmediata que la naturaleza de su derecho exige, esta Corporación considera que las circunstancias ameritan la concesión de la tutela y así lo decretará.
En diversas sentencias7 , la Corte Constitucional ha expuesto algunas consideraciones sobre la importancia del debido proceso en un Estado Social de Derecho. En ellas se destaca que las competencias de las distintas jurisdicciones deben estar absolutamente regladas, sin perjuicio de acudir a los principios de interpretación en materia procesal cuando sea necesario, para garantizarle a los ciudadanos que las funciones de los jueces se ejecuten en la forma como el ordenamiento jurídico lo ha dispuesto.
En primer lugar, se desconoce el debido proceso por el Juzgado Noveno Civil del Circuito cuando se continua tramitando el proceso de sucesión de la referencia, después de la reforma del Código de Procedimiento Civil que dispuso que dichos procesos, y otros, serian en adelante de conocimiento de la nueva jurisdicción de familia. Esta rebeldía a acatar las reglas de competencia duró unos 19 meses, dentro de los cuales se profirió el despacho comisorio 190 de Octubre 10 de 1991 ordenándole al Juzgado 17 Civil Municipal que practicara la mencionada diligencia.
Todo lo anterior nos lleva a concluir que la peticionaria no podía disponer de mecanismos para proteger sus derechos fundamentales, o sea, ejercer en debida forma el derecho a la defensa, pilar fundamental del debido proceso. Esto hace procedente la acción de tutela ante la amenaza que experimenta la posesión de la peticionaria.
En desarrollo de esta norma, el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 dispone como principio general que la existencia del medio de defensa ha de considerarse en cada caso concreto.
"En virtud de lo dispuesto por la carta del 91, no hay duda que 'el otro medio de defensa judicial' a disposición de la persona que reclama ante los jueces la protección de sus derechos fundamentales ha de tener una efectividad igual o superior a la de la acción de tutela para lograr efectiva y concretamente que la protección sea inmediata. No basta, pues, con la existencia en abstracto de otro medio de defensa judicial si su eficacia es inferior a la de la acción de tutela." 8
En relación con el proceso posesorio, una simple comparación de sus términos con los de la tutela, nos lleva a concluir que ésta es un mecanismo más eficaz. En efecto, es bien sabido que los términos judiciales son exclusivamente perentorios para las partes y no para el juez, lo que en la practica se traduce en la existencia de trámites y dilaciones, muchas de ellas imprevistas que hacen que dichos procesos duren meses y meses para culminar en una decisión definitiva. Los derechos fundamentales, núcleo y manifestación a la vez de la dignidad humana, no pueden someterse a este tratamiento.
Ellas fueron, entre otras, las labores domésticas propias del hogar, la colaboración en actividades comerciales en las cuales se utilizaron dos vehículos adquiridos durante la unión de hecho, así como también en la explotación conjunta de una casa mediante arrendamiento de piezas a inquilinos, inmueble este que es actualmente objeto de pleito con la adjudicataria única del difunto, señora Mélida Guerrero Trujillo.
En virtud de todo lo anterior, la peticionaria considera que hubo una sociedad de hecho y ésta Corte advierte que dicho aspecto no será dilucidado por su específica naturaleza y alcance en el presente fallo.
Comoquiera que, en el expediente de tutela se alude a un juicio que se adelanta actualmente ante la Corte Suprema de Justicia para definir la existencia de la sociedad de hecho, el Magistrado Ponente estimó necesario solicitar a esa Corporación formalmente el envío de una copia certificada del expediente, en aras de allegar elementos de juicio que le permitieran resolver la acción de tutela impetrada.
Es así como en tal expediente aparece que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali -Sala Civil de Decisión- negó la existencia de la sociedad de hecho, aduciendo, entre otras razones, que:
A juicio de la Sala, no se reunieron los presupuestos específicos del contrato de sociedad, pues no se estableció que la señora ESTHER VARELA hubiera efectuado algún aporte para la constitución de la sociedad que pretende se reconozca. En efecto, ninguno de los declarantes indica cual fue el aporte de la demandante, todos se limitan a indicar que ésta colaboraba en las labores domésticas y que realizaba algunos oficios como lavar ropas y cuidar niños que le reportaban algún beneficio económico, pero no indican en que consistió el aporte a la sociedad, si fue en dinero y en qué cuantía, o en especie y qué bienes aportó. (Subrayado fuera de texto). (Folio 10. Anexo 1).
Al proceder así el Tribunal comulga con quienes estiman que el trabajo doméstico es "invisible" y como tal , carece de todo significado en la economía del mercado.
Esta Corte no puede menos que manifestar su total desacuerdo con dicha visión por cuanto ella estimula y profundiza la desigualdad y la injusticia en las relaciones sociales, hace inequitativo el desarrollo económico y vulnera derechos fundamentales de la persona humana.
Es por eso precisamente que, entidades oficiales tales como el DANE, se hallan hoy empeñadas en la tarea de corregir los índices tradicionales de progreso social y contabilizar dentro del PIB el valor producido por el trabajo doméstico y medir las jornadas reales de trabajo de las personas
para ayudar a orientar el proceso de desarrollo hacia el bienestar colectivo, cerrando de alguna manera la brecha entre lo económico y lo social 9 .
Las obligaciones tradicionales de la mujer con respecto a la familia y su trabajo no remunerado en el hogar con frecuencia no se reconocen, pese a tratarse de actividades económicas que contribuyen al ingreso del hogar y por ende al ingreso nacional.
Estas actividades que no llevan rótulo de precio en efectivo, no son consideradas una variante importante para el desarrollo y no se tienen en cuenta en el momento de la planificación económica10 .
Los fundamentos culturales, ideológicos y estructurales y la lógica de la subordinación sexual que refuerza y prolonga en Colombia tal discriminación han sido estudiados recientemente en un iluminante trabajo académico, elaborado por las profesoras Elssy Bonilla Castro y Penélope Rodríguez S. quienes destacan como
Los atributos sexuales objetivos fundamentan "biológicamente" la división social del trabajo, que asigna "culturalmente" de manera subjetiva, espacios y responsabilidades que son mutuamente excluyentes para hombres y mujeres. Este primer referente al orden social, opera como si fuera un orden natural incuestionable que se mantiene mediante una jerarquía básica del poder, centrada en la autoridad masculina. Como producto cultural, la división social del trabajo se transforma en el tiempo, pero el uso subjetivo de los atributos biológicos se mantiene paradójicamente en la base, como constante. Este mecanismo reproduce acríticamente el contenido de las diferencias por el sexo, para sostener una relación formal de subordinación, la cual tiene repercusiones negativas para las mujeres y para la sociedad en su conjunto.
. . . La división social del trabajo está relacionada también con una separación entre el trabajo remunerado, identificado como productivo -aunque una porción importante de las actividades de las mujeres que se orientan hacia el mercado no son remuneradas- y el trabajo doméstico, definido como improductivo al igual que las mujeres que lo realizan, quienes quedan asimiladas con los incapacitados y los inválidos, a pesar de que el bienestar de éstos depende de las actividades de aquellas. En este sentido, la subordinación de la mujer es una realidad que permea la esfera económica y las relaciones que son externas al hogar y también la esfera doméstica y sus tareas fundamentales en la reproducción biológica, y la reproducción social. El trabajo doméstico es esencial para la economía, aunque está ligado indirectamente al proceso de desarrollo y a la acumulación de capital. El rol y la ubicación de la mujer en el proceso de desarrollo está condicionado en gran medida por su papel primario en la esfera reproductiva (Benería y Sen, 1982). Este condicionamiento implica que una parte significativa, cuando no todos los trabajos de la mujer, permanecen invisibles. El trabajo productivo no es fácilmente detectado por la sociedad cuando es adelantado por una trabajadora que realiza también labores domésticas11 .
De otra parte, los constituyentes de 1991 fueron conscientes no solo de la discriminación salarial de que es hoy víctima la mujer colombiana sino también que muchas de ellas no reciben ningún pago por su trabajo. Es por ello que pidieron que se elevara a canon constitucional la eliminación de todas las formas de discriminación en contra de la mujer y se garantizaran plenamente sus derechos12 .
Todos los anteriores elementos permiten afirmar a esta Corte que el desconocimiento del trabajo doméstico de la peticionaria involucrado en la amenaza de despojo, sin debido proceso, del inmueble en que ella habita hoy adquirido y mejorado progresivamente, durante la unión de hecho y como fruto del esfuerzo conjunto de los concubinos, viola abiertamente los derechos constitucionales de igualdad, debido proceso y no discriminación en contra de la mujer, consagrados, respectivamente, en los artículos 13, 29 y 43 de la Carta vigente. Por lo cual esta Corte protegerá tales derechos de la peticionaria en la forma que se indicará en la parte resolutiva del presente fallo.
De otra parte, dicho inmueble fue adquirido durante la unión de hecho como fruto del esfuerzo de ambos compañeros al cual ella aportó, cuando menos, su trabajo doméstico, derecho protegido por la ley fundamental (art. 25 C.N. ).
Puesto que los derechos vulnerados demandan una protección inmediata que otros medios de defensa no le brindan a la peticionaria en el caso concreto, esta Corte revocará la sentencia de la Corte Suprema - Sala de Casación Civil- y otorgará la tutela impetrada.
PRIMERO.- REVOCAR la providencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema del 17 de Marzo de 1992 , por las razones expuestas en la presente sentencia.
SEGUNDO.- Como mecanismo enderezado a la protección inmediata de los derechos fundamentales conculcados, ORDENAR al Juez 17 Civil Municipal de Cali que se abstenga de practicar la diligencia de entrega para la cual fue comisionado por el Juzgado Noveno Civil del Circuito, hasta cuando reciba la correspondiente instrucción del Juez de Familia competente, el cual deberá, en todo caso, respetar el derecho al debido proceso.
TERCERO.- En cualquier futura entrega del inmueble que realice la autoridad competente, deberá respetar la posesión y los frutos del trabajo de la peticionaria.
CUARTO.- En todos aquellos casos similares al presente por sus hechos o circunstancias, siempre que exista realmente trabajo doméstico en las relaciones entre hombre y mujer, la doctrina constitucional enunciada en esta sentencia tendrá CARACTER OBLIGATORIO para las autoridades, en los términos del artículo 23 del Decreto 2591 de 1991.
QUINTO.- ORDENAR que por Secretaría se comunique esta providencia a la Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil- , al Juzgado 9 Civil del Circuito y al 17 Civil Municipal de la Ciudad de Cali, en la forma y para los efectos previstos en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Sentencia aprobada por la Sala Primera de Revisión, en Santafé de Bogotá a los doce (12) días del mes de agosto de mil novecientos noventa y dos (1992)
Salvamento de voto a la Sentencia No. T-494
CORTE CONSTITUCIONAL-Revisión de Tutela/JUEZ DE TUTELA-Límites (Salvamento de voto)
El juez de tutela -y, por tanto, la Corte Constitucional al revisar- no está llamado a efectuar él mismo un acto, ni a proferir una providencia en materia distinta de la propiamente constitucional. No puede aceptarse que la Corte Constitucional, al revisar una sentencia de tutela, decida ordenar que un Juez Civil Municipal se abstenga de practicar la diligencia de entrega de un bien "hasta cuando reciba la correspondiente instrucción del Juez de Familia competente", lo que en realidad representa la suspensión de la práctica de un acto procesal ordenado por un juez a otro, dentro de un juicio civil que tiene en el ordenamiento jurídico vigente sus propias reglas. Implica una intromisión en el ámbito propio de la jurisdicción ordinaria, que no es la de esta Corte, y peligroso antecedente al que podrían acogerse en el futuro litigantes interesados en hacer inter-minables los procesos judiciales o en bloquear las actuaciones de los jueces. Si el problema es la competencia del juez que profirió la decisión cuestionada, el punto debe resolverse de acuerdo con el sistema ordinario y puede dar lugar, además, a consecuencias jurídicas dentro del proceso o fuera de él, ninguna de las cuales corresponde definir a esta Corporación. Existe un medio de defensa judicial consistente en la oposición a la entrega, siendo claro que el efecto práctico de ésta última, en caso de prosperar, sería el mismo que se obtiene mediante la suspensión ordenada en la fecha por la Corte Constitucional.
Ref.: Expediente 1909
Santafé de Bogotá,D.C., doce (12) de agosto de mil novecientos noventa y dos (1992)
1. En el Estado de Derecho no puede funcionario, tribunal ni jurisdicción alguna ejercer funciones distintas de las que le han sido confiadas por el ordenamiento jurídico, lo cual tiene sustento positivo, entre otros, en los artículos 6o., 122 y 123 de la Constitución Política.
3. La propia norma constitucional, al referirse a la protección objeto de la acción, alude a "una orden para aquél respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo".
Es decir, el juez de tutela -y, por tanto, la Corte Constitucional al revisar- no está llamado a efectuar él mismo un acto, ni a proferir una providencia en materia distinta de la propiamente constitucional. Por ese motivo, el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, titulado "Efectos de la revisión", señala expresamente que las sentencias de la Corte Constitucional mediante las cuales se revise una decisión de tutela "sólo surtirán efectos en el caso concreto y deberán ser comunicadas inmediatamente al juez o tribunal competente de primera instancia, el cual notificará la sentencia de la Corte a las partes y adoptará las decisiones necesarias para adecuar su fallo a lo dispuesto por ésta".
4. Siendo ello así, mal podría aceptarse que la Corte Constitucional, como se ha hecho en este caso, al revisar una sentencia de tutela, decida ordenar que un Juez Civil Municipal se abstenga de practicar la diligencia de entrega de un bien "hasta cuando reciba la correspondiente instrucción del Juez de Familia competente", lo que en realidad representa la suspensión de la práctica de un acto procesal ordenado por un juez a otro, dentro de un juicio civil que tiene en el ordenamiento jurídico vigente sus propias reglas.
Resulta preocupante esta determinación, no obstante la bondad de las intenciones que han movido a ella, por cuanto implica una intromisión en el ámbito propio de la jurisdicción ordinaria, que no es la de esta Corte, y peligroso antecedente al que podrían acogerse en el futuro litigantes interesados en hacer interminables los procesos judiciales o en bloquear las actuaciones de los jueces.
5. En el caso que se examina, aunque resultan de gran interés las consideraciones consignadas en su ponencia por le H. Magistrado Sustanciador sobre la posesión y en torno al debido proceso, no menos que las relativas al trabajo doméstico femenino, creo que no era necesario formularlas por cuanto, de una manera ostensible, la narración de los hechos conducía a la conclusión de que, por una parte, la Corte Constitucional carece de competencia para entrar a definir el punto cuestionado (viabilidad de una diligencia de entrega dispuesta como efecto de una sentencia en firme) y, por la otra, que la persona afectada tiene a su alcance, como acertadamente lo expresa la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia del 17 de marzo de 1992, revocada mediante el fallo del cual discrepo, un medio de defensa judicial consistente en la oposición a la entrega, siendo claro que el efecto práctico de ésta última, en caso de prosperar, sería el mismo que se obtiene mediante la suspensión ordenada en la fecha por la Corte Constitucional.
1 Cfr. Gómez R. José J., Bienes. Edición actualizada por el Dr. Douglas Bernal Saavedra, publicaciones Universidad Externado de Colombia. Bogotá, 1981. p. 342.
2 Cfr. Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 27 de Abril de 1955. Gaceta Judicial. Tomo LXXX No. 2153, p. 87 y ss.
3 Cfr. Ibídem, pp. 351, 352.
4 Valencia Zea. Naturaleza jurídica de la relación posesoria. p. 214, 215.
5 Citado por Gómez, José J, op. cit., p 372.
6 Cfr. Sentencias Corte Constitucional No. T- 406 y T- 428. Sala Primera de Revisión.
7 Cfr. Sentencias Corte Constitucional No. T- 11, T- 13 y T- 436.
8 Cfr. Sentencia Corte Constitucional No. T- 414. Sala Primera de Revisión.
9 Cfr. Cortés Cely Juan Carlos. Trabajo Doméstico. Ensayo de valoración (Documento de trabajo mimeógrafo). Dirección General de Análisis Socioeconómico del DANE. Bogotá, Noviembre de 1991, p. 1.
10 Cfr. Anker Richard y Dixon-Mueller Ruth. Evaluación del aporte económico de la mujer al desarrollo. O.I.T. Ginebra 1969, p. 13. Citado por Cortés Cely Juan Carlos. Ob. Cit., p. 2.
11 Cfr. Bonilla Castro Elssy y Rodríguez S. Penélope. Fuera del Cerco. Mujeres, Estructura y Cambio social en Colombia. Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional (ACDI), Santafé de Bogotá, Colombia. 1992, p. 14, 15.
12 Cfr. Gaceta Constitucional No. 85 mayo 29 de 1991.