Source: https://www.justiciatransparente.com.mx/de-penal/terriquez-justiciapenal/
Timestamp: 2020-05-27 14:22:28
Document Index: 217770510

Matched Legal Cases: ['artículo 115', 'artículo 21', 'artículo 21', 'artículo 16', 'artículo 73', 'artículo 21', 'artículo 115', 'artículo 21', 'Artículo 92', 'Artículo 251', 'Artículo 252', 'artículo 242', 'Artículo 138', 'Artículo 139', 'Artículo 155']

La unidad de inteligencia financiera (UIF) puede congelar mis cuentas ?
La intervención de la UIF en la comisión de delitos, límites en su actuar
Derecho Penal unidaddeinteligenciafinanciera
La intervención de la UIF en la comisión de delitos, límites en su actua
Sumario: Introducción, Antecedentes, La inconstitucionalidad del artículo, La utilización de la Unidad de Inteligencia Financiera en la actualidad
Tenemos algunos años escuchando como se ha venido operando la unidad de inteligencia financiera, las órdenes que gira para efectos de bloquear cuentas bancarias, todo ello actuando como una autoridad administrativa-hacendaria, es decir, realizando actividades exclusivas a la autoridad investigadora, es decir al ministerio público federal.
En este breve estudio haremos un análisis sencillo, digerible sobre los alcances legales de la unidad de inteligencia financiera, la constitucionalidad de los actos de investigación y como ha venido trabajando la unidad de inteligencia financiera al dia de hoy
El artículo 115 de la Ley de instituciones de crédito vino a crear gran incertidumbre en el Estado de derecho, y más aún en la invasión de esfera de competencias, ya que este permite que la uif realizará actos de investigación por conductas que eran consideradas probablemente delictivas, bloqueando cuentas y demás acciones que invaden los derechos fundamentales de los cuentahabientes.
Sin embargo lo que en realidad causaba ruido era precisamente que existía una limitante constitucional para efectos de actuar en ese sentido, ya que el artículo 21 constitucional limita la investigación de delitos al Ministerio Público, y evidentemente la unidad de inteligencia financiera no es un ministerio público, y por ende, no puede investigar sobre conductas delictivas.
Fue hasta que se resolvió el amparo directo en revisión 1214-2016, que fue declarado inconstitucional el referido artículo.
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional el citado precepto, ya que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), realiza una invasión a las facultades del Ministerio Público establecidas en el artículo 21 de nuestra Carta Magna, al emitir un lista de personas bloqueadas y ordenar a las Instituciones de Crédito la suspensión de forma inmediata de la realización de actos, operaciones o servicios con clientes o usuarios, y de la disposición de los recursos que se contuviera en las cuentas bancarias, que estén incluidos en una lista de personas bloqueadas citada, por la supuesta existencia de alguna conducta relacionada con los delitos de Terrorismo y/o Lavado de Dinero o de Activos.
Lo anterior es así, debido a que el artículo 16 Constitucional, no autoriza de forma alguna a las autoridades administrativas (SHCP) a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para investigar la comisión de delitos, y la adopción de medidas cautelares, providencias precautorias o técnicas de investigación ajenas a sus facultades de comprobación o gestión administrativa, dejando tal facultad exclusiva al Ministerio Público y a las policías que actúan bajo su conducción, por tanto, citadas autoridades administrativas estarán facultadas solo a coadyuvar con el Ministerio Público en la persecución de determinados ilícitos.
Asimismo, respecto a la disposición carácter general reglamentaria, en específico del artículo 73°, el cual establece que la única forma de salir de la lista de personas bloqueadas, sería básicamente el demostrar a la UIF, que no se ha cometido un delito, observándose de nueva cuenta, que la referida autoridad de naturaleza administrativa realiza una invasión a las facultades del Ministerio Público establecidas en el artículo 21 de nuestra Carta Magna, pues el análisis de datos orientado a la detección de delitos o en el descarte de dicha comisión como base para que una persona sea retirada de la lista de personas bloqueadas, es una labor de material de investigación criminal y a la vez de la adopción de aseguramiento de bienes son propias de una investigación y de un juicio penal.
Por tanto al incluir a diversa persona en la lista de personas bloqueadas, con los efectos amplios de suspensión de servicios y congelación de cuentas bancarias que precisa el citado artículo 115 del ordenamiento en estudio, tiene el alcance de una técnica de investigación o medida cautelar, correspondiéndole sólo al Ministerio Público investigar la comisión del delito y al Juez de control decretar la medida cautelar de congelamiento o inmovilización de las cuentas bancarias.
Concluyendo, que acorde con lo previsto por el artículo 21 Constitucional, si las autoridades hacendarias detectan la comisión de un delito, solo estas se encuentran constreñidas a formular de inmediato la denuncia respectiva, y permitir al Ministerio Público correspondiente, que intervenga para realizar la investigación de los delitos citados y en su caso, adopte las medidas de aseguramiento que resulten procedentes.
La utilización de la Unidad de Inteligencia Financiera en la actualidad
Ha ocasionado interés y un poco de incertidumbre la utilización de la unidad de inteligencia financiera como auxiliar del ministerio público, congelando cuentas y demás acciones que muchos consideran inconstitucionales, por lo que haremos una explicación de cómo intervendrá la unidad de inteligencia financiera dentro de un procedimiento penal utilizando un delito en donde es procedente y pertinente utilizar la misma; la defraudación fiscal.
Presentación de la querella : El primer paso para que inicie una investigación de carácter penal es precisamente que la SHCP presente una querella por los hechos probablemente delictivos.
Artículo 92.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá el carácter de víctima u ofendida en los procedimientos penales y juicios relacionados con delitos previstos en este Código.
Los abogados hacendarios podrán actuar como asesores jurídicos dentro de dichos procedimientos.
Esto quiere decir, que legalmente el ministerio público federal no puede iniciar una investigación hasta en tanto no exista
B) El investigado-imputado ya debe de tener conocimiento de la querella y tiene el derecho a defenderse
La respuesta es que no, hasta este momento el hecho de que una persona sea señalada de haber cometido un delito no genera el derecho de la persona a defenderse, toda vez que el ministerio público todavía no ha hecho imputaciones en su contra, y por ende, no existe un acto molestia concreto en perjuicio del investigado, solo una querella el cual la autoridad ministerial hasta este momento no tiene la obligación legal de informar sobre la misma al imputado.
Desde el momento en que se realice un acto de molestia en contra del imputado, ya sea una citación, o cualquier acto de investigación que limite la libertad de tránsito del imputado, es que nace el derecho a defenderse.
Investigación desformalizada: Hasta este punto la investigación no ha sido judicializada, por lo que los actos de investigación que realice la autoridad ministerial son para efectos de verificar si cuenta con elementos para sostener la imputación.
investigaciones fiscales que no requieren control judicial
Artículo 251. Actuaciones en la investigación que no requieren autorización previa del Juez de control No requieren autorización del Juez de control los siguientes actos de investigación:
La inspección del lugar del hecho o del hallazgo;
La inspección de lugar distinto al de los hechos o del hallazgo;
La revisión corporal;
El levantamiento e identificación de cadáver;
La entrega vigilada y las operaciones encubiertas, en el marco de una investigación y en los términos que establezcan los protocolos emitidos para tal efecto por el Procurador;
Todos estos actos de investigación pueden ser realizados por el ministerio público sin necesidad de acudir con el juez de control para efectos de poder realizarlos, toda vez que no generan ningún acto de molestia ni trastocan algún derecho del imputado.
Investigaciones fiscales que sí requieren control judicial
Artículo 252. Actos de investigación que requieren autorización previa del Juez de control Con excepción de los actos de investigación previstos en el artículo anterior, requieren de autorización previa del Juez de control todos los actos de investigación que impliquen afectación a derechos establecidos en la Constitución, así como los siguientes:
La exhumación de cadáveres;
Las órdenes de cateo;
III. La intervención de comunicaciones privadas y correspondencia;
La toma de muestras de fluido corporal, vello o cabello, extracciones de sangre u otros análogos, cuando la persona requerida, excepto la víctima u ofendido, se niegue a proporcionar la misma;
El reconocimiento o examen físico de una persona cuando aquélla se niegue a ser examinada, y
Las demás que señalen las leyes aplicables
Bajo este contexto nos percatamos que estos actos de investigación son realizados con control judiciales ya que trastocan derechos fundamentales, es decir los invade, y por ello es que el juez de control debe primeramente aceptar que la investigación que va a ser realizada tiene razón de ser, así mismo que es proporcional en base a lo que se pretende hacer y el derecho que se pretende trastocar.
Ahora bien bajo este análisis, es importante verificar lo siguiente
Hasta qué momento puede un imputado por delito de defraudación fiscal tener conocimiento que está siendo investigado
Por lo que será en alguno de estos momentos
Cuando sea citado a la fiscalía para efectos de declarar: En este caso será momento para ir acompañado de un abogado para tener conocimiento de las imputaciones que se están realizando investigaciones en su contra por hechos probablemente delictuosos.
Cuando le sea cumplimentada una orden de aprehensión: En este caso deberá existir la necesidad de haber emitido una orden de aprehensión, ya sea por que el delito de defraudación fiscal venga acompañado de algún delito considerado grave por la ley, como pudiera ser delincuencia organizada.
Cuando le sea solicitado que aporta documentación propia de la empresa: En este caso se realiza un acto de molestia claro, y es por ello que hasta este momento ya puede existir la necesidad de un abogado para efectos de generar la estrategia adecuada de defensa.
Nota: En este caso se utiliza regularmente la estrategia de no contar con imputados para efectos de que no haya una restricción constitucional para efectos de hacerse de la información, toda vez que evidentemente el imputado no está obligado a aportar información que le cause un perjuicio, y la documentación viene incluida dentro de este derecho.
Ahora bien, no tenemos que confundir la facultad que tiene el ministerio público de solicitar información a instituciones bancarias con la facultad de asegurar activos financieros.
La información se solicita enviando directamente a la comisión nacional bancaria y de valores una petición para efectos de que ésta recabe la información enviando la petición a la institución bancaria y esta informe para que le sea enviada al ministerio público dicha información, por lo que esta acción es legal.
La ilegalidad acontece cuando el ministerio público con la información dentro de la carpeta de investigación opta por asegurar activos financieros, ya que esta facultad que antes se encontraba establecida en el artículo 242 del código nacional ya fue declarado inválido.
El procedimiento correcto para efectos de congelar cuentas bancarias sería bajo estas dos figuras procesales.
Artículo 138. Providencias precautorias para la restitución de derechos de la víctima
El embargo de bienes, y
El juez dictará las providencias precautorias, siempre y cuando, de los datos de prueba expuestos por el Ministerio Público y la víctima u ofendido, se desprenda la posible reparación del daño y la probabilidad de que el imputado será responsable de repararlo.
Artículo 139. Duración de las medidas de protección y providencias precautorias La imposición de las medidas de protección y de las providencias precautorias tendrá una duración máxima de sesenta días naturales, prorrogables hasta por treinta días. Cuando hubiere desaparecido la causa que dio origen a la medida decretada, el imputado, su Defensor o en su caso el Ministerio Público, podrán solicitar al Juez de control que la deje sin efectos.
Explicación: Las providencias precautorias tienen la finalidad de garantizar la reparación del daño a la víctima, en este caso al fisco federal, siempre y cuando existen datos ciertos de que el imputado puede obstaculizar el pago de la reparación del daño.
Así mismo las providencias precautorias tienen una duración de 90 días naturales como máximo, tiempo en el cual el ministerio público debe de solicitar audiencia inicial y en su caso solicitar la medida cautelar de prisión preventiva
Artículo 155. Tipos de medidas cautelares A solicitud del Ministerio Público o de la víctima u ofendido, el juez podrá imponer al imputado una o varias de las siguientes medidas cautelares:
La inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren dentro del sistema financiero
Explicación: Esta es la regla general por la cual se pueden inmovilizar cuentas bancarias dentro del sistema financiero, mediante una medida cautelar, la cual es impuesta mientras el proceso sigue vigente.