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Timestamp: 2020-04-03 22:55:14
Document Index: 217673338

Matched Legal Cases: ['Artículo 2', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'artículo 30', 'artículo 30', 'artículo 14', 'artículo 58', 'artículo 70', 'artículo 13', 'artículo 13']

Publicado en BOIB núm. 17 de 08 de Febrero de 2020
Artículo 2 Definición de los servicios
CAPÍTULO II. Autorización, acreditación e inspección de los servicios de atención social por otras situaciones de necesidad
Artículo 4 Competencia para autorizar los servicios
Artículo 5 Autorización e inscripción de los servicios
Artículo 6 Acreditación de los servicios
Artículo 7 Inspección de los servicios
Disposición adicional única Relaciones con la Administración pública a través de medios electrónicos
Disposición transitoria única Adaptación de las entidades actuales
Disposición final primera Principios generales
Disposición final tercera Modificación del Decreto 66/2016, de 18 de noviembre, por el que se aprueba la Cartera Básica de Servicios Sociales de las Illes Balears 2017-2020 y se establecen principios generales para las carteras insulares y locales
ANEXO 1 . Condiciones para la autorización y la acreditación de los servicios de atención social por otras situaciones de necesidad servicio de atención social a personas implicadas en un procedimiento judicial
2. Condiciones funcionales
3. Recursos humanos y perfiles profesionales
4. Condiciones materiales
5. Derechos de las personas beneficiarias
6. Documentación específica para adjuntar a la solicitud
ANEXO 2 . Condiciones para la autorización y la acreditación de los servicios de atención social por otras situaciones de necesidad servicio de orientación y asesoramiento para personas inmigrantes extracomunitarias
La Ley 4/2009, de 11 de junio, de servicios sociales de las Illes Balears, tiene por objeto configurar un sistema de servicios sociales que dé respuesta a las necesidades de las personas, potenciando su autonomía y calidad de vida. Entre los objetivos que tienen que regir los servicios sociales, recoge el de prevenir y atender las situaciones de vulnerabilidad de las personas, así como la atención prioritaria de los casos de vulnerabilidad, exclusión y aislamiento sociales. Así, establece que las personas en situación de vulnerabilidad y necesidad social, como son las personas encausadas o condenadas penalmente y las personas inmigrantes extracomunitarias, son destinatarias de los servicios sociales con carácter prioritario y urgente.
El artículo 30.15 del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, aprobado mediante la Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero, atribuye a la Comunidad Autónoma de las Illes Balears la competencia en materia de acción y bienestar social; políticas de protección y apoyo a las personas con discapacidades físicas, psíquicas y sensoriales; políticas de atención a las personas dependientes, y políticas de atención a las personas y a los colectivos en situación de pobreza o necesidad social. Asimismo, el artículo 30.49 atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia en materia de integración social y económica del inmigrante.
El Decreto 66/2016, de 18 de noviembre, por el que se aprueba la Cartera Básica de Servicios Sociales de las Illes Balears 2017-2020 y se establecen principios generales para las carteras insulares y locales, en el punto 2.8 del anexo, regula los servicios de atención social por otras situaciones de necesidad, en los que incluyen, en los respectivos apartados 2.8.1 y 2.8.2, el servicio de atención social a personas implicadas en un procedimiento judicial y el servicio de orientación y asesoramiento para personas inmigrantes extracomunitarias.
El Decreto 21/2019, de 2 de agosto, de la presidenta de las Illes Balears, por el que se establecen las competencias y la estructura orgánica básica de las consejerías de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, rectificado por el Decreto 22/2019, de 19 de agosto, de la presidenta de las Illes Balears (BOIB n.o 116, de 24 de agosto), atribuye a la Dirección General de Planificación, Equipamientos y Formación la competencia, entre otras, en planificación de la política de servicios sociales y elaboración de normativa en materia de servicios sociales.
2. Con respecto al servicio de orientación y asesoramiento para personas inmigrantes extracomunitarias, las personas beneficiarias son las personas inmigrantes extracomunitarias y todos los ciudadanos que, aunque son de países de la Unión Europea (UE), tienen la condición de extracomunitarios a la hora de trabajar en cualquier país de la UE, porque pertenecen a estados miembros no adheridos al Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen.
2. Estos servicios y las entidades titulares tienen que estar inscritos en el Registro Unificado de Servicios Sociales, de acuerdo con los procedimientos que establece el Decreto 10/2013, de 28 de febrero, por el que se establecen los principios generales del Registro Unificado de Servicios Sociales de las Illes Balears y de los procedimientos para la autorización y la acreditación de servicios sociales, y se regulan la sección suprainsular del Registro y los procedimientos para autorizar y acreditar servicios sociales de ámbito suprainsular. Esta inscripción puede ser a instancia de parte o de oficio, cuando se obtenga la correspondiente autorización o acreditación.
1. Los servicios de atención social por otras situaciones de necesidad están sujetos a la inspección y al control de las administraciones competentes en materia de servicios sociales, de acuerdo con la Ley 4/2009, de 11 de junio, de servicios sociales de las Illes Balears.
La disposición final séptima de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dispone que las previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo único electrónico producirán efectos a partir del 2 de octubre de 2020. A partir de esta fecha, según el artículo 14.2 de la misma ley, las personas jurídicas y sus representantes se han de relacionar con la Administración pública a través de medios electrónicos para efectuar cualquier trámite de procedimiento administrativo relativo al servicio de atención social a personas implicadas en un procedimiento judicial y al servicio de orientación y asesoramiento para personas inmigrantes extracomunitarias.
Por una parte, la regulación sobre el servicio de atención social a personas implicadas en un procedimiento judicial se dicta al amparo del artículo 58.3 del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, aprobado mediante la Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero, que otorga al Gobierno la potestad de dictar principios generales sobre materias de competencia propia de los consejos insulares, como son las políticas de atención a las personas y a los colectivos en situación de necesidad social, según el artículo 70.4 del mismo estatuto.
«Servicio de Orientación y Asesoramiento para personas inmigrantes extracomunitarias (OFIM)»
«Servicio de orientación y asesoramiento para personas inmigrantes extracomunitarias»
«Población destinataria: personas inmigrantes extracomunitarias.»
«Población destinataria: personas inmigrantes extracomunitarias y todos los ciudadanos que, aunque son de países de la Unión Europea (UE), tienen la condición de extracomunitarios a la hora de trabajar en cualquier país de la UE, porque pertenecen a estados miembros no adheridos al Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen.»
Condiciones para la autorización y la acreditación de los servicios de atención social por otras situaciones de necesidad: servicio de atención social a personas implicadas en un procedimiento judicial
La entidad prestadora del servicio tiene que cumplir las siguientes condiciones generales:
1. Tratarse de una persona física o jurídica que tenga como finalidad principal la atención social a personas implicadas en un procedimiento judicial.
2. Garantizar, mediante una declaración responsable incluida en el impreso de solicitud de la autorización o la acreditación, que ni la entidad prestadora del servicio ni la persona que la representa legalmente están en situaciones equivalentes a las fijadas como prohibiciones para ser beneficiarias o entidades colaboradoras en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 18 de noviembre, General de Subvenciones.
3. Garantizar el cumplimiento de las disposiciones aplicables en materia de servicios sociales y los requisitos y las condiciones que establece este anexo.
2.1. La entidad prestadora del servicio de atención social a personas implicadas en un procedimiento judicial tiene que desarrollar las áreas de intervención para cada persona beneficiaria mediante un diagnóstico social, que debe contener sus datos personales, jurídicos, económicos, de historia familiar y social, etc.
2.2. El servicio se tiene que prestar en todos los partidos judiciales de las Illes Balears de acuerdo con un horario y un calendario, que será de 244 días al año, de lunes a viernes, y coherente con los de los juzgados para desarrollar adecuadamente el servicio de atención social por otras situaciones de necesidad. En los períodos de vacaciones u otras contingencias en las que no se pueda prestar el servicio presencialmente, se garantizará como mínimo la atención telefónica.
3.1. Para prestar el servicio de atención social a personas implicadas en un procedimiento judicial, la entidad debe disponer del personal necesario para garantizar una atención suficiente, continuada y adecuada a la tipología de la persona usuaria, y, al menos, del número de profesionales que permita llevar a cabo las actuaciones fijadas en el programa. La ratio de profesionales por personas usuarias tiene que ser en cada momento la que permita el trabajo familiar/grupal o individual, para asegurar la calidad de la intervención.
3.2. El servicio estará formado por los siguientes profesionales con las siguientes titulaciones:
a) 1 técnico/a con tareas de coordinación, con media jornada destinada a cada función, ubicado en Mallorca, con una jornada laboral máxima de 38,5 horas semanales.
Requisitos: licenciatura, diplomatura o grado universitario en Ciencias Sociales (preferentemente en Trabajo Social).
b) 4,5 técnicos/as de grado.
Requisitos: diplomatura o grado en Trabajo Social.
Estos técnicos se asignarán, como mínimo, de la siguiente manera:
- Mallorca: 2,5 técnicos/as.
- Menorca: 1 técnico/a.
- Ibiza: 1 técnico/a.
c) 1 técnico/a superior en integración social en Mallorca.
Requisitos: formación profesional de grado superior de Integración Social.
d) 1 técnico/a superior en administración y finanzas (0,10 de jornada).
Requisitos: formación profesional de grado superior en Administración y Finanzas.
Estos técnicos se distribuirán por islas según una jornada laboral máxima de trabajo efectivo de 38,5 horas semanales y mínima de 37,5 horas semanales, durante 244 días al año.
3.3. La entidad concertada solo puede subcontratar parcialmente el objeto del servicio y las actividades complementarias.
3.4. Para la acreditación, además de dichos requisitos, la entidad prestadora del servicio debe disponer de un plan de igualdad, previsto en la Ley 11/2016, de 28 de julio, de igualdad de mujeres y hombres, así como de un programa de formación del personal. Igualmente, la entidad debe cumplir las condiciones de empleo de trabajadores con discapacidad que establece el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.
4.1. La entidad que tenga que prestar el servicio de atención social a personas implicadas en un procedimiento judicial debe tener un título o documento de cesión de espacios y disponer del espacio adecuado para la prestación del servicio. Este servicio se prestará en la estructura física de los juzgados de instrucción y penales o partidos judiciales de Palma, Manacor, Inca, Maó, Ciutadella y Eivissa. En caso de que, por cualquier circunstancia, alguno de los juzgados deje de ceder los espacios necesarios para la prestación del servicio, la entidad tendrá que buscar un espacio físico lo más próximo posible al juzgado en cuestión, para facilitar el acceso al servicio a todas las posibles personas usuarias. En este caso, la entidad está obligada a comunicarlo por escrito por medio de una solicitud de modificación de autorización del servicio al órgano competente.
4.2. En todo caso, el servicio tiene que estar dotado de los equipamientos y de los medios necesarios para garantizar una atención personal adecuada. Las instalaciones tienen que cumplir la normativa de accesibilidad vigente y los requisitos de seguridad que establece la normativa vigente.
4.3. Además, en el caso de los servicios que se quieran acreditar, la entidad tiene que disponer de un sistema informatizado para la gestión de los protocolos de atención y de los expedientes individuales de las personas beneficiarias. Este sistema tiene que respetar la normativa vigente y, especialmente, la normativa sobre protección de datos de carácter personal.
El personal de los servicios de atención social a personas implicadas en un procedimiento judicial tiene que velar por el respeto de los derechos de las personas que reconoce la legislación y, especialmente, tienen que:
a. Respetar su intimidad.
b. Tratarlas con respeto y de acuerdo con sus convicciones culturales, religiosas o filosóficas.
c. Proporcionarles la información que pidan y sobre aquello que les incumba.
d. Mantener la confidencialidad de todos los datos personales que no hace falta que conozca el personal de apoyo.
e. Tener en cuenta su situación personal y familiar.
f. Conocer estos derechos y garantizar su divulgación.
A la solicitud de acreditación de los servicios de atención social a personas implicadas en un procedimiento judicial, además de la documentación fijada con carácter general en el Decreto 10/2013, se tiene que adjuntar la siguiente documentación:
a. Certificado de la calidad del servicio o proyecto de gestión de la calidad, cuyo objetivo tiene que ser la mejora objetiva de los servicios ofrecidos y la satisfacción de las personas usuarias del servicio de atención social a personas implicadas en un procedimiento judicial, mediante procesos de planificación, gestión, acreditación y control de la calidad.
b. Plan de igualdad, regulado en la Ley 11/2016.
c. Acreditación documental de la existencia de un sistema informatizado para la gestión de los protocolos de atención y de los expedientes individuales de las personas beneficiarias.
d. Acreditación documental, o declaración responsable, sobre el cumplimiento efectivo de las condiciones de empleo de trabajadores con discapacidad que establece el Real Decreto Legislativo 1/2013.
e. Memoria económica en la que se informe sobre la financiación del servicio de atención social a personas implicadas en un procedimiento judicial.
f. Programa de formación del personal y de las personas voluntarias que participan en el servicio de atención social a personas implicadas en un procedimiento judicial.
Condiciones para la autorización y la acreditación de los servicios de atención social por otras situaciones de necesidad: servicio de orientación y asesoramiento para personas inmigrantes extracomunitarias
a. Tratarse de una persona física o jurídica que tenga como finalidad principal la orientación y el asesoramiento para personas inmigrantes extracomunitarias.
b. Garantizar, mediante una declaración responsable incluida en el impreso de solicitud de la autorización o la acreditación, que ni la entidad prestadora del servicio ni la persona que la representa legalmente están en situaciones equivalentes a las fijadas como prohibiciones para ser beneficiarias o entidades colaboradoras en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 18 de noviembre, General de Subvenciones.
c. Garantizar el cumplimiento de las disposiciones aplicables en materia de servicios sociales y los requisitos y las condiciones que establece este anexo.
2.1. La entidad prestadora del servicio de orientación y asesoramiento para personas inmigrantes extracomunitarias debe disponer del personal necesario para garantizar una atención suficiente, continuada y adecuada a la tipología de la persona usuaria, y ofrecer asesoramiento a profesionales sobre temas relacionados con extranjería. La dotación de profesionales tiene que ser en cada momento la que permita la atención y asegure la calidad de la intervención.
2.2. La entidad prestadora del servicio desarrollará las actuaciones necesarias destinadas a cada persona beneficiaria, que se recogerán en un plan de intervención con sus datos personales, su situación administrativa, su situación socioeconómica, su historia familiar, sus conocimientos de lengua catalana y castellana, etc.
2.3. La entidad prestadora del servicio tiene que prestar el servicio de acuerdo con un horario y un calendario que permitan desarrollar adecuadamente el servicio de orientación y asesoramiento para personas inmigrantes. Este servicio debe prestarse, en horario habitual, a jornada completa, con una distribución que coincida básicamente con el horario normal de apertura de establecimientos, incluida la mañana de los sábados.
3.1. Para prestar el servicio de orientación y asesoramiento para personas inmigrantes extracomunitarias, la entidad debe disponer del personal necesario y ajustado a la actividad que desarrolle para la gestión ordinaria, como son la coordinación y la gestión técnica y administrativa del servicio, así como la coordinación del voluntariado y del alumnado en prácticas, en su caso.
- 1 profesional del ámbito del trabajo social o del ámbito jurídico (con tareas de coordinación).
Requisitos: licenciatura, diplomatura o grado universitario en Trabajo Social o en Derecho.
Requisitos: ciclo formativo de grado medio de Gestión Administrativa.
Obligatoriamente, el equipo estará compuesto por alguno de los perfiles profesionales del ámbito del trabajo social o del ámbito jurídico. La ratio mínima es de 1 profesional por cada 10.000 habitantes extracomunitarios.
3.4. Para la acreditación, además de dichos requisitos, la entidad prestadora del servicio debe disponer de un plan de igualdad, previsto en la Ley 11/2016, de 28 de julio, de igualdad de mujeres y hombres, así como de un programa de formación del personal. Igualmente, la entidad tiene que cumplir las condiciones de empleo de trabajadores con discapacidad que establece el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.
4.1. El servicio de orientación y asesoramiento para personas inmigrantes extracomunitarias debe tener una sede que ha de ser accesible y próxima para las personas beneficiarias. Dentro de la estructura del espacio, debe tener, como mínimo, salas de atención a los destinatarios que garanticen una atención personal adecuada. Las instalaciones tienen que cumplir la normativa de accesibilidad vigente y los requisitos de seguridad que establece la normativa vigente.
4.2. Además, en el caso de los servicios que se quieran acreditar, la entidad debe disponer de un sistema informatizado para la gestión de los protocolos de atención y de los expedientes individuales de las personas beneficiarias. Este sistema tiene que respetar la normativa vigente y, especialmente, la normativa sobre protección de datos de carácter personal.
El personal de los servicios de orientación y asesoramiento para personas inmigrantes extracomunitarias tiene que velar por el respeto de los derechos de las personas que reconoce la legislación y, especialmente, tienen que:
A la solicitud de acreditación del servicio de orientación y asesoramiento para personas inmigrantes extracomunitarias, además de la documentación fijada con carácter general en el Decreto 10/2013, se tiene que adjuntar la siguiente documentación:
a) Certificado de la calidad del servicio o proyecto de gestión de la calidad, cuyo objetivo tiene que ser la mejora objetiva de los servicios ofrecidos y la satisfacción de las personas usuarias del servicio de orientación y asesoramiento para personas inmigrantes extracomunitarias, mediante procesos de planificación, gestión, acreditación y control de la calidad.
b) Plan de igualdad, regulado en la Ley 11/2016.
c) Acreditación documental de la existencia de un sistema informatizado para la gestión de los protocolos de atención y de los expedientes individuales de las personas beneficiarias.
d) Acreditación documental, o declaración responsable, sobre el cumplimiento efectivo de las condiciones de empleo de trabajadores con discapacidad que establece el Real Decreto Legislativo 1/2013.
e) Memoria económica en la que se informe sobre la financiación del servicio de orientación y asesoramiento para personas inmigrantes extracomunitarias.
f) Programa de formación del personal y de las personas voluntarias que participan en el servicio de orientación y asesoramiento para personas inmigrantes extracomunitarias.