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Timestamp: 2018-10-20 12:31:11
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Matched Legal Cases: ['artículo 292', 'artículo 201', 'artículo 234', 'artículo 13', 'artículo 102', 'artículo 129', 'artículo 144', 'artículo 151', 'artículo 153', 'artículo 171', 'artículo 87', 'artículo 56', 'artículo 54', 'artículo 87', 'artículo 54', 'Artículo 189', 'Artículo 190', 'artículo 59', 'artículo 54', 'Artículo 191', 'Artículo 192', 'artículo 60', 'artículo 56', 'Artículo 193', 'artículo 80', 'artículo 54', 'Artículo 194', 'artículo 80', 'Artículo 195', 'Artículo 196', 'Artículo 197', 'artículo 201', 'artículo 201', 'artículo 234', 'artículo 97', 'artículo 292', 'artículo 292', 'artículo 292', 'artículo 326', 'artículo 339', 'Artículo 343', 'artículo 60', 'artículo 67', 'artículo 59', 'Artículo 344', 'Artículo 345', 'Artículo 346', 'artículo 343', 'Artículo 347', 'Artículo 348', 'artículo 68', 'Artículo 349', 'artículo 347', 'artículo 68', 'Artículo 350', 'artículo 349', 'Artículo 351', 'Artículo 352', 'Artículo 353', 'Artículo 354', 'artículo 71', 'Artículo 355', 'artículo 256', 'artículo 171', 'artículo 255']

Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los Títulos preliminar, I, IV, V, VI y VIII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas
Artículo único. Modificación del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los Títulos preliminar, I, IV, V, VI y VIII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas
Disposición adicional primera Concordancias
Disposición adicional tercera Sustancias peligrosas
Disposición adicional cuarta Normas de calidad ambiental
Disposición transitoria primera Acuíferos sobreexplotados
Disposición transitoria segunda Régimen de las autorizaciones de vertido otorgadas conforme a la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas
Disposición transitoria tercera Empresas colaboradoras
ANEXO . Correspondencia entre los preceptos de la Ley de Aguas citados en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico y los del texto refundido de la Ley de Aguas
La Sentencia T.S. (Sala 3.ª, Sección 2.ª) de 7 de marzo de 2012, declara la ilegalidad de la letra b) del artículo 292 («B.O.E.» 27 abril).
La Ley 46/1999, de 13 de diciembre, de modificación de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, en su disposición final primera autoriza al Gobierno y al Ministro de Medio Ambiente, en el ámbito de sus respectivas competencias, para dictar las normas reglamentarias que requieran su desarrollo y aplicación.
Por su parte, la disposición final segunda habilita al Gobierno para dictar un real decreto legislativo en el que se refunda y adapte la normativa legal existente en materia de aguas.
Al mandato anterior obedece la aprobación del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.
Una vez aprobado el texto que refunde la legislación vigente en materia de aguas, procede aprobar el desarrollo reglamentario previsto en el texto legal.
Sin embargo, este desarrollo no tiene un carácter uniforme debido a que algunos de los aspectos objeto de reforma en la Ley 46/1999 se verán afectados por la necesaria transposición de la Directiva 2000/60/CE, en la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de las políticas de aguas. La complejidad técnica de algunas cuestiones y la necesidad de abordar una reforma en profundidad de la norma reglamentaria, en aspectos tales como la simplificación de los distintos procedimientos administrativos, sin duda uno de los principales retos de las modernas Administraciones al que no puede ser ajena la Administración hidráulica, y la necesidad de recoger los nuevos conceptos, metodologías y criterios derivados de desarrollos tecnológicos, aconsejan aprobar, de momento, una norma limitada a los aspectos más necesitados de desarrollo reglamentario, al tiempo que se establecen algunas precisiones o se corrigen aspectos concretos de gran transcendencia en la gestión del recurso, aplazando a un futuro próximo la revisión completa de las normas de desarrollo en materia de aguas. Con ello se cerrará el proceso de modernización y adaptación de la legislación española reguladora de las aguas continentales.
Atendiendo a los criterios expuestos, son objeto de regulación en este real decreto las siguientes materias:
a) En el Título II, «De la utilización del dominio público hidráulico», capítulo III, las secciones 1.ª, 6.ª, 8.ª, 11.ª y 12.ª, relativas a la modificación de las características de las concesiones, concesión de aguas en general, especialidades en la tramitación de ciertas concesiones, acuíferos sobreexplotados y registro de aguas, respectivamente. En el capítulo IV se añade un nuevo párrafo al apartado 8 y un apartado 9 en el artículo 201.
b) En el Título III, «De la protección del dominio público hidráulico y de la calidad de las aguas continentales», dentro del capítulo I, sección 1.ª, se añade un nuevo apartado al artículo 234, y se da una nueva redacción a la sección 2.ª del capítulo I, dedicada al apeo y deslinde de los bienes de dominio público hidráulico, y al capítulo II, relativo a los vertidos.
c) En el Título IV, «Régimen económico financiero de la utilización del dominio público hidráulico», se redacta por entero el capítulo II, dedicado al canon de control de vertidos.
d) En el Título V, «Infracciones y sanciones», se modifican dos aspectos puntuales del régimen de infracciones y sanciones: el relativo a la valoración de los daños causados al dominio público hidráulico y el que afecta a la forma de pago de las sanciones.
e) Se crea un Título VI dedicado al contrato de cesión de derechos al uso privativo de las aguas.
Este real decreto contiene, además, diversas disposiciones:
Las adicionales hacen referencia, respectivamente, a las referencias que el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, hace a la Ley de Aguas, que se entenderán hechas al artículo correspondiente del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, conforme al anexo correspondiente; las funciones que ejercen los Organismos de cuenca de acuerdo con este real decreto en las cuencas intercomunitarias corresponderán a las Administraciones hidráulicas de las comunidades autónomas que ejerzan competencias en virtud de sus Estatutos, en las cuencas intracomunitarias, a las sustancias peligrosas y a las normas de calidad ambiental.
Las disposiciones transitorias se refieren a los acuíferos que cuentan con declaración provisional de sobreexplotación o de riesgo de estarlo, sobre los cuales en un plazo de dos años se aprobará un plan de ordenación; a las autorizaciones de vertido otorgadas conforme a la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, y sus normas de desarrollo, que serán revisadas para su adecuación a la normativa en vigor en un plazo de dos años; a las empresas colaboradoras que hayan obtenido el título de idoneidad y estén inscritas en el registro especial, que deberán acomodarse a lo dispuesto en este real decreto, quedando suprimido aquel registro.
Por otro lado, se derogan cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en este real decreto. Expresamente se deroga el Real Decreto 1327/1995, de 28 de julio, sobre instalaciones de desalación de agua marina o salobre, cuyas disposiciones se oponen a la regulación contenida en el artículo 13 del texto refundido de la Ley de Aguas, en el que se ha recogido la actividad de desalación incorporada expresamente como actividad libre en la legislación de aguas mediante la Ley 46/1999, de 13 de diciembre.
En las disposiciones finales se autoriza al Ministro de Medio Ambiente a dictar cuantas disposiciones resulten necesarias para su aplicación y desarrollo, y se señala cuándo entrará en vigor.
Por último, consta el reglamento de cuatro anexos, en los que se contienen, respectivamente, la asignación de votos en las comunidades de usuarios, los contaminantes, las relaciones I y II de sustancias contaminantes y el cálculo del coeficiente de mayoración o minoración del canon de control de vertidos.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Medio Ambiente, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 23 de mayo de 2003,
Artículo único Modificación del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los Títulos preliminar, I, IV, V, VI y VIII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas
El Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los Títulos preliminar, I, IV, V, VI y VIII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, se modifica en los siguientes términos:
Uno. El tercer párrafo del artículo 102 queda redactado del siguiente modo:
«En las concesiones de agua para usos hidroeléctricos se fijarán, además, las características técnicas de los grupos instalados y el tramo de río afectado, entendiendo por tal el comprendido entre las cotas de máximo embalse normal en el punto de toma y de restitución al cauce público.»
Dos. El artículo 129 queda redactado del siguiente modo:
«En las tramitaciones a que se refiere el apartado 1 del artículo anterior, se prescindirá del trámite de competencia de proyectos, y la información pública se realizará únicamente mediante anuncio en el boletín oficial de la provincia donde esté ubicada la toma y en los ayuntamientos de los municipios en cuyos términos municipales radique cualquier obra o instalación o se utilicen las aguas, sin perjuicio de la facultad del Organismo de cuenca de ampliar el ámbito de esta publicación, cuando discrecionalmente lo estime pertinente.»
Tres. El apartado 2 del artículo 144 queda redactado del siguiente modo:
«2. Por características esenciales se entenderán: identidad del titular, caudal máximo y continuo medio equivalente a derivar, corriente y punto de toma, finalidad de la derivación, superficie regada en las concesiones para riego y tramo afectado en las destinadas a producción de energía eléctrica.»
Cuatro. Los apartados 2, 3 y 5 del artículo 151 quedan redactados del siguiente modo:
«2. Las modificaciones que no supongan alteración del destino de las aguas, del caudal o del tramo de río afectado por los aprovechamientos hidroeléctricos se tramitarán sin someter la concesión resultante a nueva competencia de proyectos, cualquiera que sea el momento en que se soliciten.
3. Si las modificaciones suponen alteración del caudal, cualquiera que sea la finalidad de la concesión, o del tramo afectado en el cauce por los aprovechamientos hidroeléctricos, y aquéllas se solicitasen antes de que se hubiera ejecutado el 20 por ciento del presupuesto de las obras proyectadas, se tramitarán sin nueva competencia de proyectos, cuando la variación no supere el 10 por ciento en más o en menos, a no ser que, en caso de disminución, el Organismo de cuenca considere conveniente dicho trámite. Si las variaciones superan el 10 por ciento en más o en menos, se someterá siempre a nuevo trámite de competencia de proyectos la totalidad de la concesión, incluidas las modificaciones.
En cualquier caso, las modificaciones, para ser tramitadas, se definirán en el proyecto de construcción, y en éste se recogerán con el mismo grado de definición las obras ya ejecutadas, si las hay, y su valoración.»
«5. Las variaciones en más o menos del 10 por ciento, indicadas en los artículos anteriores, a falta de otros criterios de valoración recogidos en el plan hidrológico de cuenca, se considerarán sobre el caudal para todas las finalidades de las concesiones, excepción hecha de las destinadas a producción hidroeléctrica, en las que esta variación se considerará sobre el denominado índice concesional, que queda definido como el producto del caudal expresado en metros cúbicos por segundo por el desnivel del tramo afectado en metros. Si el salto tuviera varias tomas o el aprovechamiento estuviera compuesto por varios saltos, el índice concesional será la suma de los productos indicados para cada toma.
En caso de variaciones sucesivas, la comparación para determinar si aquéllas superan el 10 por ciento se hará siempre entre la concesión inicial y la resultante de la ultima variación en trámite.»
Cinco. El primer párrafo del artículo 153 queda redactado del siguiente modo:
«En las modificaciones que supongan aumento de caudal, cualquiera que sea la finalidad de la concesión, o aumento del tramo afectado en los aprovechamientos hidroeléctricos, se determinará el plazo resultante para la reversión de la concesión modificada, de acuerdo con la siguiente fórmula:
P = (75 - T) .V / 1 + V
en la que V es el tanto por 1 de variación del caudal o del índice concesional; T es el plazo no transcurrido de la concesión anterior y P es el plazo que debe añadirse al que aún quedaba por disfrutar en la concesión anterior.»
Seis. El artículo 171 queda redactado del siguiente modo:
«1. El Organismo de cuenca competente, oído el Consejo del Agua, podrá declarar que los recursos hidráulicos subterráneos de una zona están sobreexplotados o en riesgo de estarlo. En estas zonas el Organismo de cuenca, de oficio o a propuesta de la comunidad de usuarios u órgano que la sustituya, conforme al artículo 87.2 del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobará, en el plazo máximo de dos años desde la declaración, un plan de ordenación para la recuperación del acuífero o unidad hidrogeológica. Hasta la aprobación del plan, el Organismo de cuenca podrá establecer las limitaciones de extracción que sean necesarias como medida preventiva y cautelar.
El referido plan ordenará el régimen de extracciones para lograr una explotación racional de los recursos, y podrá establecer la sustitución de las captaciones individuales preexistentes por captaciones comunitarias, transformándose, en su caso, los títulos individuales con sus derechos inherentes en uno colectivo que deberá ajustarse a lo dispuesto en el plan de ordenación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 56.1 del texto refundido de la Ley de Aguas.
2. A los efectos previstos en el apartado anterior, se considerará que los recursos subterráneos de una zona están sobreexplotados o en riesgo de estarlo cuando se dé alguna de las siguientes condiciones:
a) Que se esté poniendo en peligro la subsistencia de los aprovechamientos de aguas subterráneas existentes o de los actuales ecosistemas directamente asociados a estas aguas que hayan sido objeto de delimitación y posterior declaración conforme a la legislación ambiental, como consecuencia de que se vinieran realizando en los acuíferos de la zona extracciones medias anuales superiores o muy próximas al volumen medio interanual de recarga.
b) Que se vengan realizando extracciones que generen un deterioro significativo de la calidad del agua.
c) Que el régimen y concentración de las extracciones sea tal que, aun no existiendo un balance global desequilibrado, se esté poniendo en peligro la sostenibilidad de los aprovechamientos a largo plazo.
3. El procedimiento de declaración se iniciará de oficio, por acuerdo de la Junta de Gobierno del Organismo de cuenca, a instancia de la comunidad de usuarios del acuífero, o a instancia de usuarios que acrediten estar utilizando, al menos, la mitad del volumen medio interanual extraído legalmente.
4. Iniciado el procedimiento, el Organismo de cuenca elaborará un estudio sobre la situación del acuífero en el que se justifique, en su caso, la procedencia de la declaración y podrá solicitar al efecto informe del Instituto Geológico y Minero de España. Para la elaboración del estudio se considerarán los datos y determinaciones de los planes hidrológicos que procedan, así como la posible información existente que pudiera complementarlos o actualizarlos.
5. Elaborado el estudio, se someterá a dictamen del Consejo del Agua de la cuenca, en cuyo informe deberán indicarse tanto la procedencia de la declaración como, en su caso, las rectificaciones sugeridas para la adaptación parcial del plan hidrológico de cuenca correspondiente, de acuerdo con lo establecido para el proceso de revisión de los planes. A estos efectos, será suficiente la constatación motivada de la sobreexplotación, sin que deban incluirse propuestas que resulten propias del plan de ordenación. Examinado este informe, la Junta de Gobierno resolverá expresa y motivadamente sobre la declaración de acuífero sobreexplotado o en riesgo de estarlo.
Esta declaración delimitará el perímetro de la zona afectada y llevará aparejados los siguientes efectos:
a) Paralización de todos los expedientes de autorización de investigación o de concesión de aguas subterráneas dentro de aquél, excepto las destinadas a abastecimiento de población que no puedan ser atendidas con otros recursos alternativos.
b) Suspensión del derecho establecido en el artículo 54.2 del texto refundido de la Ley de Aguas para la apertura de nuevas captaciones. Este tipo de uso queda sometido, durante la vigencia de la situación de sobreexplotación, al régimen de autorización que se haya establecido expresamente para ésta en la declaración, sin que ello dé lugar a indemnización.
d) Establecimiento de las limitaciones de extracción o criterios de explotación que sean necesarios como medida preventiva y cautelar hasta la aprobación del plan de ordenación.
e) Constitución forzosa de la comunidad de usuarios de los acuíferos de la zona, si no existiese, por aplicación del artículo 87 del texto refundido de la Ley de Aguas. La definición del perímetro de la comunidad se basará en el ámbito territorial de la utilización de los recursos hídricos y en la definición hidrogeológica de las unidades o acuíferos afectados según el plan hidrológico de cuenca, y podrá, de forma motivada, matizarse esta definición con otras consideraciones locales tendentes a facilitar un uso más racional de los recursos disponibles o una mayor protección del dominio público hidráulico.
f) Remisión al Gobierno de la propuesta del Consejo del Agua sobre modificaciones del plan hidrológico, de conformidad con lo regulado en el proceso de seguimiento y revisión de los planes hidrológicos de cuenca.
g) Redacción por el Organismo de cuenca, oída la comunidad de usuarios, de un plan de ordenación de las extracciones para lograr una explotación racional de los recursos, procurando el mantenimiento de los aprovechamientos existentes y la sostenibilidad de ecosistemas actuales directamente vinculados a los acuíferos de la zona.
6. El plan de ordenación a que se refiere el apartado anterior:
a) Ordenará el régimen de extracciones del perímetro delimitado, pudiendo establecer la sustitución de las captaciones individuales existentes por captaciones comunitarias, transformándose, en su caso, los títulos individuales con sus derechos inherentes en uno colectivo que deberá ajustarse a lo que el propio plan establezca.
b) Podrá proponer las medidas técnicas y administrativas que estime oportunas para la mejor utilización del dominio público hidráulico en la zona afectada.
c) Será de obligado cumplimiento para todos los aprovechamientos existentes, incluyendo los reconocidos en el artículo 54.2 del texto refundido de la Ley de Aguas y los derechos sobre aguas privadas a que se refiere la disposición transitoria tercera de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, sin que ello dé derecho a indemnización.
d) Podrá proponer la celebración de convenios con la comunidad de usuarios u órgano representativo equivalente, en los que se prevea, entre otras determinaciones, el apoyo económico y técnico del Organismo de cuenca a la comunidad de usuarios u órgano representativo para el cumplimiento de los términos del plan.
e) Fijará su plazo de ejecución y de vigencia de sus determinaciones, y podrán adoptarse diferentes fases de implantación según los resultados que se vayan obteniendo.
f) Será sometido a información pública e informe del Consejo del Agua de la cuenca, y será aprobado por la Junta de Gobierno del Organismo en el plazo máximo de dos años desde la declaración de sobreexplotación.
7. Una vez aprobado, el control de la ejecución del plan corresponderá a una junta de explotación cuya constitución se acordará junto con la aprobación. Esta junta elaborará un informe anual de seguimiento, con las propuestas de modificación que estime procedentes. La Junta de Gobierno del Organismo de cuenca podrá acordar dichas modificaciones, previo informe de la comunidad de usuarios u órgano representativo equivalente.
8. Si al término del plazo establecido para la ejecución del plan se hubiesen alcanzado los objetivos fijados en éste, las ordenanzas de la comunidad se adaptarán al nuevo régimen de explotación. En caso contrario, la Junta de Gobierno del Organismo de cuenca deberá acordar prórrogas bianuales del plan, con las modificaciones que estimara oportunas.
9. Las principales determinaciones y efectos conseguidos por el plan de ordenación deberán incorporarse a la siguiente revisión completa del plan hidrológico de la cuenca.»
Siete. La sección 12.ª del capítulo III del Título II queda redactada del siguiente modo:
«SECCIÓN 12
DEL REGISTRO DE AGUAS Y DEL CATÁLOGO DE AGUAS PRIVADAS
Del Registro de Aguas
Artículo 189 Registro de Aguas del Organismo de cuenca
1. Los Organismos de cuenca llevarán un Registro de Aguas en el que se inscribirán de oficio las concesiones y otros títulos de derecho para la utilización de las aguas, así como los cambios autorizados que se produzcan en su titularidad o en sus características.
2. Las referidas inscripciones se harán en el registro del Organismo de cuenca en cuya circunscripción territorial radique la toma o captación del recurso.
3. La organización y funcionamiento del Registro de Aguas serán determinados por el Ministro de Medio Ambiente.
Artículo 190 Estructura del Registro de Aguas
En cada Organismo de cuenca existirá un único Registro de Aguas, formado por una estructura informática de datos y un libro de Inscripciones, organizado en tres secciones que se designan con las letras A, B y C, anotándose en ellas, respectivamente, los siguientes tipos de aprovechamientos:
a) Sección A: concesiones de aguas superficiales o subterráneas; reservas legalmente constituidas a favor de las Confederaciones Hidrográficas; derechos adquiridos por prescripción o por otro título legal; autorizaciones especiales a las que se refiere el artículo 59.5 del texto refundido de la Ley de Aguas y otros derechos provenientes del anterior Libro de Registro de Aprovechamientos de Aguas Públicas.
b) Sección B: aprovechamientos dentro de la misma finca catastral de aguas procedentes de manantiales situados en su interior y de aguas subterráneas cuando el volumen total anual no sobrepase los 7.000 metros cúbicos, así como las aguas pluviales que discurran por ella y las estancadas dentro de sus linderos, a que se refiere el artículo 54 del texto refundido de la Ley de Aguas.
Artículo 191 El libro de inscripciones
El Registro de Aguas estará compuesto por una estructura informática de datos y su transcripción en papel que se denomina libro de inscripciones, que estará integrado por hojas móviles foliadas y selladas por el Organismo de cuenca, consignándose en ellas el tomo y nombre del registro. En la primera hoja de cada libro se extenderá una certificación fechada, en la que se hará constar el número de inscripciones que lo componen.
Artículo 192 Inscripciones
1. Cada aprovechamiento abrirá folio registral en el libro de inscripciones.
A los efectos de inscripción, se entiende por aprovechamiento el derecho a utilizar un volumen determinado de agua que se toma de uno o varios puntos, para uno o varios usos, dentro de una misma concesión o derecho al uso privativo de las aguas.
2. La primera inscripción de un aprovechamiento será la de inmatriculación y contendrá los siguientes apartados:
a) Sección: A, B o C.
b) Número de inscripción. Se mantendrá invariable para los distintos tractos o modificaciones de un mismo aprovechamiento.
c) Clave. Identificará como mínimo el número de expediente con el que se ha tramitado el derecho.
d) Corriente o acuífero del que procedan las aguas.
e) Lugar, término municipal y provincia en la que se capta el agua. Se incluirá las coordenadas Universal Transversa de Mercator (U.T.M.), y el huso a que están referidas, de cada una de las tomas.
f) Identificación del concesionario o titular del derecho que se inscribe.
g) Tipo de aprovechamiento. Se consignará el uso o usos a que se destina el agua: abastecimiento, riego, hidroeléctrico, recreativo, industrial u otro de los especificados en el artículo 60 del texto refundido de la Ley de Aguas.
h) Características. En función del tipo de aprovechamiento se indicarán los datos que definan claramente el uso del agua, tales como el número de habitantes, cabezas de ganado, superficie de riego en hectáreas o tramo afectado en los aprovechamientos hidroeléctricos, y el lugar de su aplicación.
i) Plazo por el que se otorga la concesión o se mantiene el derecho.
j) Volumen máximo anual, en metros cúbicos y modulación establecida.
k) Caudal máximo instantáneo a derivar por toma, expresado en litros por segundo.
l) Título que ampara el derecho, con expresión de la fecha y autoridad que lo haya otorgado.
m) Condiciones específicas de la concesión o del derecho que se inscribe.
3. Las referencias cartográficas de las tomas de agua y de sus lugares de aplicación se realizarán mediante la definición de puntos o recintos, en su caso. Las coordenadas a utilizar serán, de acuerdo con los sistemas de referencia y geodésico oficiales, las de la proyección Universal Transversa de Mercator (U.T.M.), con indicación del huso correspondiente.
4. Todos los asientos posteriores al inicial y relativos al mismo aprovechamiento se practicarán a continuación, numerándolos correlativamente. Se hará constar el número de expediente si es distinto del inicial. Asimismo, se consignará el número correspondiente del antiguo Libro Registro de Aprovechamientos de Aguas Públicas, cuando se produzca el traslado de asiento.
Se incluirá la referencia del posible contrato de cesión de derechos de uso del agua, tanto en el asiento correspondiente al adquirente como en el del cedente.
5. Cuando se complete la primera hoja destinada a una inscripción se continuará en otra que se abrirá a continuación de la anterior, que mantendrá el mismo número de inscripción y la identificación correlativa que corresponda.
6. En el supuesto de que la concesión o derecho que vaya a inscribirse requiera la realización de determinadas obras o contenga condiciones suspensivas, se anotará la resolución que corresponda. En caso de incumplimiento de estas condiciones o de que no se aprueben las obras, se cancelará la inscripción, con base, asimismo, en la oportuna resolución administrativa.
Cuando se apruebe el acta de reconocimiento parcial o final de las obras, se reflejará en la inscripción, con indicación expresa de la fecha de extinción del derecho por transcurso de plazo.
7. En cada hoja de inscripción deberá figurar un apartado destinado a anotar, en su caso, la constitución, modificación o extinción de gravámenes que afecten a la respectiva concesión o derecho y sean compatibles con su especial naturaleza. Asimismo, se harán constar, en su caso, las limitaciones del derecho de uso derivadas de medidas correctoras de la sobreexplotación u otras situaciones anómalas o excepcionales contempladas en el artículo 56 del texto refundido de la Ley de Aguas.
Artículo 193 Efectos jurídicos de la inscripción en el registro
1. La inscripción registral se considerará medio de prueba de la existencia y situación de la concesión, de acuerdo con el artículo 80.4 del texto refundido de la Ley de Aguas, así como de la existencia y situación de los contratos de cesión de derechos suscritos por el concesionario.
2. La inscripción registral será, también, medio de prueba de los derechos reconocidos en el artículo 54 del texto refundido de la Ley de Aguas y de los aprovechamientos temporales de aguas privadas inscritos conforme a las disposiciones transitorias segunda y tercera de la Ley 29/1985 de 2 de agosto, de Aguas.
3. Los titulares de concesiones de aguas y otros derechos inscritos en el Registro de Aguas correspondiente podrán interesar la intervención del Organismo de cuenca competente en defensa de sus derechos, de acuerdo con el contenido de la concesión o título administrativo que ampare su derecho y de lo establecido en la legislación en materia de aguas.
4. Esta protección se ejercerá por el Organismo de cuenca frente a quien, sin derecho inscrito, se oponga al derecho del titular o perturbe su ejercicio, aplicando los procedimientos y medidas previstos al efecto en el texto refundido de la Ley de Aguas y en este reglamento
Artículo 194 Carácter público del Registro de Aguas
1. El Registro de Aguas tendrá carácter público y podrán interesarse del Organismo de cuenca las oportunas certificaciones sobre su contenido, de acuerdo con el artículo 80.2 del texto refundido de la Ley de Aguas.
2. Las certificaciones podrán ser positivas o negativas, según que en el registro aparezca o no inscrito el aprovechamiento sobre el que ha de versar la certificación.
Artículo 195 Expedición de certificaciones
1. Las certificaciones, tanto literales como en extracto, se podrán expedir directamente a partir de los datos existentes en las bases de datos informatizadas.
2. El Ministro de Medio Ambiente establecerá los mecanismos de solicitud y expedición de certificaciones por medios telemáticos, en el marco de lo establecido por el Real Decreto 209/ 2003, de 21 de febrero, por el que se regulan los registros y las notificaciones telemáticas, así como la utilización de medios telemáticos para la sustitución de la aportación de certificados por los ciudadanos.
Catálogo de Aguas Privadas
Artículo 196 Catálogo de Aguas Privadas
1. Los Organismos de cuenca llevarán un Catálogo de Aguas Privadas que estará compuesto por una estructura informática y un libro, y en el que figurarán inscritos los aprovechamientos de aguas calificadas como privadas por la Ley de Aguas de 1879, cuyos titulares optaron por mantenerlas en tal régimen, declarando su existencia al Organismo de cuenca dentro de los plazos establecidos al efecto.
d) Lugar, término municipal y provincia en la que se toma el agua. Se incluirán las coordenadas U.T.M. de la toma y el huso al que están referidas.
3. Los titulares de aguas privadas inscritas en el catálogo no podrán gozar de la protección administrativa que se deriva del Registro de Aguas.
Base central de datos
Artículo 197 Base central de datos
1. En el Ministerio de Medio Ambiente se crea la Base central de datos, formada por los existentes en los Registros de Aguas, Catálogo de Aguas Privadas y demás censos o registros que se lleven en los Organismos de cuenca y en las Administraciones hidráulicas de las comunidades autónomas que tengan transferidas sus competencias.
2. Los Organismos de cuenca y las Administraciones hidráulicas de las comunidades autónomas remitirán en soporte informático a la Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas la información precisa para la actualización de la Base central de datos, en las condiciones y plazos que determine el Ministro de Medio Ambiente.
3. El Ministerio de Medio Ambiente dispondrá lo necesario para atender las solicitudes formuladas para obtener información de la Base central de datos.»
Ocho. Se añade un párrafo f) en el artículo 201.8 con la siguiente redacción:
«f) Con independencia de lo establecido en su régimen estatutario, es obligatorio para todos los comuneros el pago de la parte que les corresponda de todas las obras que la comunidad acuerde realizar, entre ellas las correspondientes a mejoras y modernizaciones de regadío. Todo comunero se verá obligado a adecuar la utilización de las aguas a los procedimientos que estas obras o instalaciones pudieran exigir.»
Nueve. Se añade un apartado 9 al artículo 201 con la siguiente redacción:
«9. Se entenderán denegados los estatutos u ordenanzas sobre los que no haya sido notificada la resolución expresa en el plazo de seis meses contados a partir de su presentación en el Organismo de cuenca.»
Diez. Se añade un nuevo párrafo al artículo 234.c) con la siguiente redacción:
«Cuando el Organismo de cuenca compruebe la degradación del medio receptor como consecuencia de prácticas agropecuarias inadecuadas, lo comunicará a la Administración competente, sin perjuicio de la exigencia de responsabilidad por acciones causantes de daños al dominio público hidráulico derivadas del incumplimiento del artículo 97.b) del texto refundido de la Ley de Aguas.»
Once. La sección 2.ª del capítulo I del Título III queda redactada del siguiente modo:
5. El Organismo de cuenca podrá ejercer de oficio la facultad de recuperación posesoria cuando exista invasión efectiva del dominio público hidráulico, aun cuando no esté deslindado, siempre que sea evidente el carácter demanial del bien objeto de invasión y sin perjuicio de incoar el oportuno procedimiento sancionador.»
Doce. Se modifica el capítulo II del Título III, que queda redactado del siguiente modo:
2. Queda prohibido con carácter general el vertido directo o indirecto de aguas y productos residuales susceptibles de contaminar las aguas continentales o cualquier otro elemento del dominio público hidráulico, salvo que se cuente con la previa autorización. Dicha autorización corresponde al Organismo de cuenca tanto en el caso de vertidos directos a aguas superficiales o subterráneas como en el de vertidos indirectos a aguas subterráneas. Cuando se trate de vertidos indirectos a aguas superficiales, la autorización corresponderá al órgano autonómico o local competente.
1. Las autorizaciones de vertido limitarán las sustancias peligrosas propias de la actividad causante del vertido para asegurar el cumplimiento de los valores límite de emisión, así como de las normas de calidad ambiental y objetivos de calidad previstos en los planes hidrológicos de cuenca y en las restantes disposiciones legales de aplicación.
2. A efectos de lo previsto en el apartado anterior, las autorizaciones de vertido:
a) Establecerán los límites de emisión de las sustancias incluidas en la relación I del anexo III que cuenten con regulación específica, con la finalidad de eliminar la contaminación del medio receptor.
b) Fijarán los valores límite de emisión de las sustancias recogidas en el Real Decreto 995/2000, de 2 de junio, con el fin de que puedan cumplirse los objetivos de calidad establecidos en él.
c) Tendrán en cuenta, para el resto de sustancias mencionadas en el anexo III, las limitaciones previstas en el apartado 1 de este artículo.
3. Lo dispuesto en los apartados anteriores será de aplicación en todos los ámbitos de planificación hidrológica, sin perjuicio de que los planes puedan establecer valores o normas más rigurosas.
3. La revocación de la autorización otorgada a una empresa de vertidos podrá llevar aparejada la pérdida de la fianza a que se refieren los artículos anteriores, previa la tramitación del correspondiente procedimiento en el que se dará audiencia al interesado.»
Trece. Se modifica el capítulo II del Título IV, que queda redactado del siguiente modo:
b) En todo caso se aplicará el coeficiente 4 de mayoración. Véase Providencia 7 octubre 2011, dictada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se admite a trámite la cuestión de ilegalidad planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia sobre el artículo 292, letra b), del Reglamento de Dominio Público Hidráulico, en la redacción dada por el R.D. 606/2003, de 23 de mayo («B.O.E.» 27 octubre). La Sentencia T.S. (Sala 3.ª, Sección 2.ª) de 7 de marzo de 2012, declara la ilegalidad de la letra b) del artículo 292 («B.O.E.» 27 abril).
En caso de incumplimiento de las condiciones de la autorización de vertido, el Organismo de cuenca dictará una liquidación complementaria, correspondiente al período del incumplimiento que esté acreditado en el procedimiento sancionador. El importe del canon se calculará con sujeción a los criterios establecidos en el artículo 292.»
Catorce. El artículo 326 queda redactado del siguiente modo:
«1. La valoración de los daños al dominio público hidráulico se realizará por el órgano sancionador. A tal efecto y sin perjuicio de las competencias de las Juntas de Gobierno, el Ministro de Medio Ambiente establecerá los criterios técnicos para su determinación.
2. Si los daños se hubiesen producido en la calidad del agua, para su valoración se atenderá al coste del tratamiento del vertido, a su peligrosidad y a la sensibilidad del medio receptor.»
Quince. El artículo 339 queda redactado del siguiente modo:
«El importe de las sanciones así como el resto de las obligaciones pecuniarias, se ingresará en la cuenta especial habilitada al efecto en el Banco de España, en los plazos previstos en el Reglamento General de Recaudación, destinándose su importe a efectuar las reparaciones o inversiones que requiera la mejora del dominio público hidráulico afectado y, en todo caso, la restitución de éste a su estado primitivo.»
Dieciséis. Se añade un nuevo Título VI, con la denominación de «Contrato de cesión de derechos al uso privativo de las aguas públicas» y con el siguiente contenido:
Contrato de cesión de derechos al uso privativo de las aguas públicas
Artículo 343 Cesión de derechos
1. Los concesionarios o titulares de algún derecho al uso privativo de las aguas podrán ceder con carácter temporal a otro concesionario o titular de derecho de igual o mayor rango según el orden de preferencia establecido en el plan hidrológico de la cuenca correspondiente o, en su defecto, en el artículo 60 del texto refundido de la Ley de Aguas, previa autorización administrativa, la totalidad o parte de los derechos de uso que les correspondan, de acuerdo con lo previsto en el artículo 67.1 del texto refundido de la Ley de Aguas.
b) Los titulares de las autorizaciones especiales a las que se refiere el artículo 59.5. del texto refundido de la Ley de Aguas.
Artículo 344 Formalización y contenido de los contratos de cesión
1. Los contratos de cesión deben ser formalizados por escrito y en ellos se recogerán, como mínimo, las siguientes especificaciones:
Artículo 345 Objeto del contrato de cesión y compensación económica
1. El volumen anual susceptible de cesión en ningún caso podrá superar al realmente utilizado por el cedente y se calculará atendiendo a los siguientes criterios:
b) El valor resultante podrá ser corregido, en su caso, atendiendo a la dotación objetivo que fije el plan hidrológico de cuenca, los retornos que procedan, las circunstancias hidrológicas extremas y el respeto a los caudales medioambientales establecidos o, en su defecto, al buen uso del agua.
En ningún caso el volumen susceptible de cesión podrá ser superior al que resulte de los acuerdos que adopte el Organismo de cuenca en función de la situación hidrológica de cada año.
Artículo 346 Solicitud de autorización
1. Dentro de los 15 días siguientes a la firma, el cedente y el cesionario, conjuntamente, deben remitir una copia del contrato al Organismo de cuenca y solicitar la autorización requerida por el artículo 343.1.
Artículo 347 Autorización
1. Mediante resolución motivada, el Organismo de cuenca concederá la autorización de la cesión previa comprobación de que el cedente y el cesionario tienen debidamente inscrito su derecho legítimo al uso privativo del agua y de que el contrato se ajusta a lo establecido en este capítulo.
Artículo 348 Denegación
1. Mediante resolución motivada, el Organismo de cuenca denegará la autorización cuando el cedente o el cesionario no tengan debidamente inscrito su derecho legítimo al uso privativo del agua, y cuando concurran las circunstancias señaladas en el artículo 68.3 del texto refundido de la Ley de Aguas.
Artículo 349 Adquisición preferente
En los mismos plazos y casos establecidos en el artículo 347.2, el Organismo de cuenca podrá acordar la adquisición del aprovechamiento de los caudales objeto del contrato, en virtud del derecho de adquisición preferente reconocido en el artículo 68.3 del texto refundido de la Ley de Aguas.
Artículo 350 Inscripción en el Registro de Aguas
Se inscribirán en el Registro de Aguas los contratos de cesión de derechos al uso privativo del agua, así como el rescate de los aprovechamientos mediante la adquisición regulada en el artículo 349, en los términos que establezca el Ministro de Medio Ambiente.
Artículo 351 Instalaciones e infraestructuras hidráulicas
Artículo 352 Compensaciones económicas
1. Cuando las infraestructuras precisas para los contratos de cesión fueran de titularidad pública, se devengarán las tasas o precios que resulten de aplicación.
Artículo 353 Autorización de vertido en los contratos de cesión
1. En el caso de que el cedente o el cesionario fuesen titulares de la autorización de vertido a que se refieren los artículos 245 y siguientes de este reglamento, deberán hacer constar esta circunstancia en la documentación remitida con la solicitud de autorización del contrato, que deberá venir acompañada de un estudio de los posibles efectos que, respecto de aquélla, comporte la cesión de derechos.
Artículo 354 Centros de intercambio de derechos de uso del agua
1. Al amparo del artículo 71 del texto refundido de la Ley de Aguas, se podrán constituir centros de intercambio de derechos de uso del agua, mediante acuerdo del Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Medio Ambiente, en las situaciones reguladas en los artículos 55, 56 y 58 del mismo texto legal.
Artículo 355 La oferta pública de adquisición de derechos
1. La aprobación por el Consejo de Ministros de la constitución del centro de intercambio de derechos de uso del agua facultará al Organismo de cuenca para realizar ofertas públicas de adquisición de derechos.
f) El plazo, a contar desde la publicación de la oferta en el "Boletín Oficial del Estado”, para la presentación de solicitudes por parte de los concesionarios o titulares de derechos interesados.
6. La resolución se notificará a los afectados, se publicará en el "Boletín Oficial del Estado” y se inscribirá en el Registro de Aguas.
7. Los pagos e ingresos que deba realizar el Organismo de cuenca para adquirir o ceder derechos de uso del agua se contabilizarán separadamente respecto al resto de actos en que el Organismo pueda intervenir.»
Diecisiete. El anexo al Título II pasa a ser el anexo I, sin variación de su contenido.
Dieciocho. Se añade un nuevo anexo II con el siguiente contenido:
12. Sustancias que ejercen una influencia desfavorable sobre el balance de oxígeno (y que pueden ser medidas mediante parámetros tales como DBO o DQO).»
Diecinueve. El anexo al Título III pasa a ser el anexo III, sin variación de su contenido, salvo el apartado 1 de la relación II, que queda redactado del siguiente modo:
«1. Sustancias que forman parte de las categorías y grupos enumerados en la relación I para las que no se hayan fijado límites según el artículo 256 de este reglamento, excepto cuando se trate de vertidos a aguas subterráneas.»
Veinte. El anexo al Título IV pasa a ser el anexo IV, con el siguiente contenido:
Las referencias a la Ley de Aguas contenidas en el Reglamento de Dominio Público Hidráulico se entenderán hechas al artículo correspondiente del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, según la tabla recogida en el anexo de este real decreto.
Las funciones que, de acuerdo con el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, ejercen los Organismos de cuenca en aquéllas que excedan del ámbito territorial de una comunidad autónoma, corresponderán a las Administraciones hidráulicas de aquellas comunidades autónomas que, en su propio territorio y en virtud de sus Estatutos de Autonomía, ejerzan competencias sobre el dominio público hidráulico y se trate de cuencas hidrográficas comprendidas íntegramente dentro de su ámbito territorial.
Las sustancias peligrosas a que se refiere el Reglamento del Dominio Público Hidráulico son las expresadas en:
a) Las relaciones I y II del anexo III del propio reglamento.
b) El Real Decreto 995/2000, de 2 de junio, por el que se fijan objetivos de calidad para determinadas sustancias contaminantes y se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril.
c) La Orden de 12 de noviembre de 1987, sobre normas de emisión, objetivos de calidad y métodos de medición de referencia relativos a determinadas sustancias nocivas o peligrosas contenidas en los vertidos de aguas residuales, modificada por las Órdenes de 13 de marzo de 1989, 27 de febrero de 1991, 28 de junio de 1991 y 25 de mayo de 1992.
d) La Decisión n.º 2455/2001/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2001 por la que se aprueba la lista de sustancias prioritarias en el ámbito de la política de aguas, y por la que se modifica la Directiva 2000/60/CE.
Cuando se trate de vertidos que afecten o puedan afectar a las aguas subterráneas, los compuestos químicos «cianuros» que figuran en el párrafo g) de la relación II del anexo III, así como los aceites minerales no persistentes o hidrocarburos de origen petrolífero no persistentes del párrafo f) de dicha relación, se considerará que forman parte de la relación I y, por lo tanto, en los casos indicados serán objeto de todas las limitaciones que se exijan para las restantes sustancias de la citada relación I.
Las menciones del Reglamento del Dominio Público Hidráulico a las normas de calidad ambiental se entienden hechas a los objetivos de calidad indicados en las normas que a continuación se indican:
a) Real Decreto 1664/1998, por el que se aprueban los Planes Hidrológicos de cuenca.
c) Orden de 12 de noviembre de 1987, sobre normas de emisión, objetivos de calidad y métodos de medición de referencia relativos a determinadas sustancias nocivas o peligrosas contenidas en los vertidos de aguas residuales, modificada por las Órdenes de 13 de marzo de 1989, 27 de febrero de 1991, 28 de junio de 1991 y 25 de mayo de 1992.
En los acuíferos que, a la entrada en vigor de este real decreto, cuenten con una declaración provisional de sobrebreexplotación o de riesgo de estarlo, el Organismo de cuenca deberá aprobar en el plazo máximo de dos años un plan de ordenación en los términos que regula el artículo 171 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
1. El Organismo de cuenca revisará, en el plazo de dos años, las autorizaciones de vertido concedidas a la entrada en vigor de este real decreto, para adaptarlas a lo dispuesto en los artículos 245 y siguientes del Reglamento de Dominio Público Hidráulico.
2. Los solicitantes de autorizaciones de vertido ya formuladas pero pendientes de otorgamiento a la entrada en vigor de este real decreto dispondrán de un plazo de tres meses que se contará desde la aprobación del modelo de declaración de vertido para adaptar las solicitudes a lo dispuesto en los artículos 245 y siguientes del Reglamento de Dominio Público Hidráulico.
Las empresas colaboradoras inscritas en el Registro especial a la entrada en vigor de este real decreto deberán acomodarse a los requisitos establecidos en el artículo 255 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de las condiciones a que se refiere el apartado 2 del mismo artículo.
Transcurrido dicho plazo, quedará suprimido el Registro especial de empresas colaboradoras, y las empresas que se hayan adaptado con arreglo a lo dispuesto en el párrafo anterior serán inscritas en el Registro especial de entidades colaboradoras.
a) El Real Decreto 484/1995, de 7 de abril, sobre medidas de regularización y control de vertidos.
b) La Orden ministerial de 23 de diciembre de 1986, por la que se dictan normas complementarias en relación con las autorizaciones de vertidos de aguas residuales.
c) El Real Decreto 1327/1995, de 28 de julio, sobre las instalaciones de desalación de agua marina o salobre.
Se autoriza al Ministro de Medio Ambiente para dictar cuantas disposiciones resulten necesarias para la aplicación y desarrollo del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
Correspondencia entre los preceptos de la Ley de Aguas citados en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico y los del texto refundido de la Ley de Aguas
3.1 3 3
5.2 5 5
9.2 6 6
10.1 7 7
12.2 9 9
14.2 11 11
15.2 52.2 54.2
« 12 12
16.2 45 47
17.1 46.3 48.3
17.2 46.4 48.4
17.3 46.5 48.5
18.1 46.1 48.1
41 46.2 48.2
50.1 48.1 50.1
50.2 48.2 50.2
50.3 48.3 50.3
50.4 48.4 50.4
51.1 49 51
53.1 15, d) 17, d)
54.2 104 112
61 70 78
63.2 104 112
70.2 69 77
72.5 104 112
83.2 50 52
84.1 52.1 54.1
84.2 52.2 54.2
87.1 48.4 50.4
89.5 51 53
90.3 53 55
93.1 57.1 59.1
93.2 71.2 79.2
93.3 22, a) 24, a)
« 58.3 60.3
96.1 57.2 59.2
96.2 57.3 59.3
97.1 57.4 59.4
97.2 57.5 59.5
98.4 58 60
99.4 59 61
100.3 51.3 53.3
100.4 60 62
103 61 63
108.3 y 4 53.3 55.3
115.1 58 60
« 51 53
« 53 55
« 56 58
« 62 64
« 63 65
« 64 66
115.3 60.2,3 y 4 62.2,3 y 4
117 15, c) 17, c)
123.2 81 89
125.4 51.3 53.3
136.5 104 112
140 60.3 62.3
143 62 64
150.2 Disp. trans. primera, aps. 1 y 2 Disp. trans. primera, aps. 1 y 2
152.1 58 60
154.1 57.6 59.6
156.1 y 3 63 65
161.2 64 66
162.4 60.3 62.3
166.1 58.2 60.2
168.1 51 53
168.3 108, c) 116, c)
169.1 51,b), c) y d) 53.1, b), c) y d)
169.3 51.1, b) 53.1, b)
170.1 51.1 53.1
170.2 51.4 53.4
172.1 54.2 56.2
173.1 y 7 54.3 56.3
174.1 55.1 57.1
175.1 55.2 57.2
176.1 55.3 57.3
177.2 52.2 54.2
178.1 65 73
179.1 66.1 74.1
180.1 66.2 74.2
180.4 66.3 74.3
184.1 52.2 54.2
184.4 68 76
184.10 66.3 74.3
185 67 75
198.1 73.1 81.1
198.3 78 86
199.1 74.1 82.1
200.1 74.2 82.2
203.1 73.5 81.5
204.1 73.2 81.2
204.2 73.3 81.3
204.3 73.4 81.4
205.1 74.3 82.3
205.4 74.4 82.4
209.1 75.1 83.1
210.1 75.2 83.2
211.1 75.3 83.3
212.1 75.4 83.4
215.1 77 85
216.1 76.1 84.1
216.2 76.2 84.2
219.1 76.3 84.3
223 76.6 84.6
227.1 76.5 84.5
228.1 79 87
228.2 80 88
228.3 79 87
« 80 88
229.2 74 82
« 81 89
230 82 90
231 83 91
232 84 92
233.1 85 93
234 92 100
234 d) 89 97
235.1 86 94
235.2 87 95
236 90 98
243.1 9 9
243.3 88 96
244.1 91 99
272.1 101 109
274 102 110
275.1 103.1 111.1
276.1 103.2 111.2
279.1 103.3 111.3
280.1 103.4 111.4
280.2 103.5 111.5
283.1 103.6 111.6
284.1 104.1 112.1
284.2 104.2 112. 2, 3, 4 y 5
284.3 104.3 112.6
285 104 112
« 2, b) y c) 2, b) y c)
295.4 40, e) 42, e)
« 105.3 113.5
296.5 106 114
297 106.1 114.1
304 106.2 114.2
313.2 107.2 115.2
314 108 116
« 109 117
317 108, g) 116, g)
321 109.1 117.1
322.1 109.2 117.2
322.2 109.1 117.1
323.1 110.1 118.1
323.2 110.2 118.2
324.1 111 119
341 112 120
342 113 121
Disposición transitoria primera. 1 Disposición final cuarta Disposición final tercera