Source: http://www.asesoriayempresas.es/jurisprudencia/JURIDICO/46787/sentencia-ts-sala-3-de-25-de-mayo-de-2010-carreteras-modificacion-de-trazado-conversion-de-d
Timestamp: 2017-10-17 13:06:38
Document Index: 286331057

Matched Legal Cases: ['artículo 88', 'artículo 1', 'artículo 24', 'artículo 88', 'artículo 65', 'artículo 23', 'artículo 33', 'artículo 65', 'artículo 88', 'artículo 65', 'artículo 65', 'artículo 71', 'artículo 25', 'artículo 75', 'artículo 75', 'artículo 139']

Sentencia T.S. (Sala 3) de 25 de mayo de 2010. Carreteras. Modificación de trazado. Conversión de desvío provisional en vía de servicio - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
Inicio > Jurisprudencia > Resultados > Sentencia T.S. (Sala 3) de 25 de mayo de 2010. Carreteras. Modificación de trazado. Conversión de desvío provisional...
Sentencia T.S. (Sala 3) de 25 de mayo de 2010
Impugnación de resolución de la Demarcación de Carreteras en Castilla y León en la que se reordenan los accesos en obra de construcción del enlace de la N-VI con carretera local: No se aprecia falta de motivación de la sentencia, que encubre una discrepancia de la parte con la valoración de la prueba realizada por el tribunal de instancia. La via de servicio diseñada cumple los fines para el que está prevista, eliminando accesos directos de veredas a la carretera nacional. La construcción de la vía de servicio en los 25 metros desde la carretera es relativa pues puede construirse más allá de esta franja en casos de imposibilidad material o concurrencia de otra causa justificada y razonable, como es el caso que se aborda al intentar aprovevechar la previa construcción de una vía auxiliar provisional
VISTO por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituída en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 4.655/2.007, interpuesto por D. Imanol y D. Marcial, representados por la Procuradora D.ª Blanca Nales Tuduri, contra la sentencia dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Burgos en fecha 6 de julio de 2.007 en el recurso contencioso-administrativo número 296/2.005, sobre aprobación del expediente de información pública del proyecto de modificación n.º 1 de las obras de construcción de enlace de la carretera N-VI con la carretera local SG-P-7223.
Primero.-En el proceso contencioso-administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Burgos (Sección Primera) dictó sentencia de fecha 6 de julio de 2.007, estimatoria del recurso promovido por D. Imanol y D. Marcial contra la resolución del Ingeniero Jefe de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Oriental de 9 de junio de 2.005, por la que se aprobaba el expediente de información pública del proyecto de modificación n.º1 de las obras (clave 39-SG-2960) de "Construcción de enlace de la N-VI con la carretera local SG-P-7223, p.k. 67,100, Tramo San Rafael-Navas de San Antonio, término municipal de El Espinar" y se reordenaban los accesos que dicho proyecto contempla.
Segundo.-Notificada dicha sentencia a las partes, la demandante presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 5 de septiembre de 2.007, al tiempo que ordenaba remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Tercero.-Emplazadas las partes, la representación procesal de D. Imanol y D. Marcial ha comparecido en forma en fecha 23 de octubre de 2.007, mediante escrito interponiendo recurso de casación, que articula en los siguientes motivos:
- 1.º, formulado al amparo del apartado 1.c) del artículo 88 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, en concreto, de los artículos 218.2, 609, 632 y 659 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y del artículo 1.218 del Código Civil, en relación con el artículo 24.1 de la Constitución;
- 2.º, que se basa en el apartado 1.d) del citado artículo 88 de la Ley jurisdiccional, por infracción del artículo 65 de la Orden Ministerial de 16 de diciembre de 1.997, por la que se regulan los accesos a las carreteras del Estado, las vías de servicio y la construcción de instalaciones de servicios, y
- 3.º, basado en el mismo apartado que el anterior, por infracción de los artículos 71 y 75 de la misma Orden de 16 de diciembre de 1.997, del artículo 23 de la Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras, y del artículo 33.3 de la Constitución.
Termina su escrito suplicando que se dicte sentencia por la que se revoque la recurrida, dictando otra por la que se estime el recurso interpuesto.
El recurso de casación ha sido admitido por providencia de la Sala de fecha 26 de noviembre de 2.007.
Cuarto.-Personado el Abogado del Estado, ha formulado escrito de oposición al recurso de casación, suplicando que se dicte sentencia declarando no haber lugar a casar la recurrida, con íntegra confirmación de la misma, todo ello con imposición de las costas a la parte recurrente.
Quinto.-Por providencia de fecha 25 de febrero de 2.010 se ha señalado para la deliberación y fallo del presente recurso el día 11 de mayo de 2.010, en que han tenido lugar dichos actos.
Primero.-Objeto y planteamiento del recurso de casación
Don Imanol y D. Marcial impugnan en casación la Sentencia de 6 de julio de 2.007, que desestimó el recurso contencioso administrativo que habían entablado contra la resolución administrativa de 9 de junio de 2.005 por la que se aprobó el expediente de información pública del proyecto de modificación de determinadas obras, especificadas en los antecedentes, relativas a un enlace de la N-VI con una carretera local en el punto kilométrico 67,100 y la reordenación de accesos que dicho proyecto contempla.
La Sentencia impugnada desestima el recurso en base a los siguientes argumentos:
" CUARTO.- Y entrando en el examen del fondo del recurso, su resolución exige reseñar los siguientes datos que resultan acreditados tanto con el expediente administrativo como con los demás documentos aportados al recurso y la prueba practicada en el mismo:
1.º).- Que la situación preexistente a la modificación presentada y aprobada, era la siguiente: La N- VI intercepta a nivel a las veredas de la "Soledad" y "El Molino", permitiendo no solo el cruce de la vía, sino también los accesos directos, es decir con giros a la derecha e izquierda de entrada y salida a la carretera, sin que en la actuación ordenación de la N-VI en dicho tramo tenga carriles específicos de cambio de velocidad o de giro a la izquierda (carril centra o raquetas); de esta forma existen diversos predios de particulares que acceden a la N-VI a través de las veredas mencionadas, produciendo giros a la izquierda y ello pese a que la intensidad media de circulación diaria -IMD- de dicha carretera en el año 2.003 era de 5.129 vehículos, motivo por el cual tales giros a la izquierda infringen el art. 102.8.b) del Reglamento General de Carreteras.
2.º).- El proyecto objeto del expediente y cuya modificación luego se aprueba, frente a dicha situación prevé no solo la construcción de pasos a distinto nivel de la N-VI con las citadas veredas, sino que también elimina los accesos directos de éstas con la carretera, reordenándolos por medio de la vía de servicio que se proyecta. Con ello se eliminan los giros a la izquierda de acceso a y desde la N-VI de todos los predios que hasta ahora utilizaban las veredas, todo ello con la intención de mejorar la seguridad vial del tramo dando cumplimiento al citado Reglamento General de Carreteras. De este modo con la modificación aprobada se eliminan dos cruces a nivel, cuatro accesos directos (dos por vereda, uno en cada margen de la N-VI); ocho giros a la izquierda (cuatro por vereda) y, por último ocho giros a la derecha (cuatro, también por vereda).
3.º).- En la propia resolución recurrida se justifica técnicamente dicha modificación argumentando que la conversión en vía de servicio permanente del desvío provisional construido con ocasión de la ejecución de la "Construcción de Enlace en el Cruce de la Carretera N-VI Madrid A Coruña con la carretera local SG-P-7223 en el P.K. 67,100. Tramo San Rafael-Navas de San Antonio. T.M. de El Espinar. Proyecto Clave: 39-SG-2960", previa eliminación de sus entronques con la N-VI y adecuación de su rasante con las de las veredas que, necesariamente, han de ser rebajadas en sus cruces con la carretera para posibilitar los pasos inferiores, tiene por objeto la reordenación de los accesos existentes con la finalidad de mejorar la seguridad vial.
4.º).- Que la vía de servicio construida, como así informa el perito designado judicialmente, el ingeniero de caminos D. Avelino no está situada dentro del límite que define la línea de edificación de la carretera, por cuanto que está situada dicha vía de servicio a unos 50 metros del borde exterior de la calzada, por lo que dicho trazado impone a los propietarios colindantes la obligación de verse privados de un mayor terreno que si la citada vía de servicio se hubiera construido más pegada al trazado de la N-VI.
Quinto.-Se trata por tanto de valorar si la resolución recurrida que aprueba dicha modificación y más concretamente en lo relativo a la conversión en vía de servicio permanente del desvío provisional citado es o no conforme a derecho a la vista de la normativa que es aplicable, de los motivos de impugnación esgrimidos por la parte actora y de los hechos y datos que resultan acreditados en el presente recurso tanto con el expediente como también con las demás pruebas practicadas en autos, entre éllas el informe pericial emitido por el perito, ingeniero de caminos, designado judicialmente, D. Avelino y que como más adelante valoraremos no comparte en su mayor parte los juicios de valor que verifica en su informe a instancia de la actora, acompañado con la demanda, el también ingeniero de caminos D. Elias.
Y para verificar si dicha resolución se ajusta a derecho, además de conocer la situación preexistente, las modificaciones previstas y la justificación técnica de dicha modificación, y que antes hemos trascrito, es preciso recordar lo que al respecto dispone y establece la normativa aplicable, que viene integrada por la ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras, el Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Carreteras y la Orden de 16 de diciembre de 1.997, sobre regulación de accesos a las carreteras del Estado, las vías de servicio y la construcción de instalaciones de servicios.
Así el art. 8 de la citada Ley 25/1988 dice lo siguiente:
Sexto.-Poniendo en relación dicha normativa, referido criterio jurisprudencial con la resolución recurrida y el contenido de la misma, se trata de dilucidar en primer lugar si realmente concurre la causa que se esgrime para justificar la modificación del proyecto en cuanto a la transformación del desvío provisional ya ejecutado en vía de servicio permanente, y si la misma puede integrar una verdadera "causa expropiandi", o realmente nos encontramos como asevera la actora ante una clara "desviación de poder".
Y para dilucidar dicha cuestión además de tener en cuenta los datos que se reseñan como probados en el fundamento de derecho cuarto, así como el propio contenido de la resolución recurrida en la que se esgrime y se señala que tal modificado tiene por objeto la reordenación de los accesos existentes con la finalidad de mejorar la seguridad vial", es preciso tener en cuenta el resultado de la prueba practicada. Es verdad que el informe emitido por el perito de parte, llamado D. Elias niega que con dicha obra se de cumplimiento a dicha finalidad y justificación y ello por los siguientes motivos: por cuanto que considera que las fincas colindantes no accedían de forma directa a la N-VI sino a través de las dos veredas existentes y de la carretera SG-P-7223; porque por ello la construcción de la vía de servicio resulta totalmente innecesaria para la reordenación de accesos a la carretera ya que no había accesos directos de la fincas colindantes a la carretera; porque sin dicha vía de servicio tales fincas van a seguir accediendo a la N-VI a través del recorrido habilitado con la nueva rotonda de la SG-P-7223; porque la construcción de esta nueva vía de servicio no solo no aporta ningún beneficio a las propiedades contiguas sino que las grava con una expropiación innecesaria; y porque además en la construcción de la citada vía de servicio se incumple el art. 71 de la Orden de 16.12.1997 porque no se construye dentro del límite de los 25 metros de edificación.
Sin embargo la mayor parte de tales valoraciones son rebatidas por el informe emitido por el perito D. Avelino designado judicialmente quien dictamina al respecto lo siguiente: primero, que entiende que la vía de servicio sí es necesaria para llevar a cabo una reordenación de accesos ya que es la forma más lógica de restablecer la conexión entre las veredas de la Soledad y El Molinillo y la carretera N-VI una vez que se han eliminado las conexiones directas existentes con anterioridad; segundo, porque con dicha vía de servicios se asegura, según el perito judicial, la continuidad de recorrido de vehículos no automóviles, cuyo tránsito es importante en ambas veredas; tercero, porque la vía construida sí cumple los requisitos fijados en la definición de vía de servicio del artículo 65 de la citada Orden de 1.997, ya que si bien es verdad que las fincas de la margen izquierda de la carretera -como también se reconoce en la propia resolución recurrida- no tenían conexión directa con la N-VI sino a través de sendas veredas, también es cierto que la ejecución del paso a distinto nivel en el cruce de sendas veredas ha supuesto un cambio en su rasante, haciendo inviables los accesos tradicionales a las fincas colindantes, permitiendo a la finca de la actora y demás colindantes con la vía de servicio una entrada a la N-VI; y cuarto, considera el perito judicial que no ve ninguna relación entre la supresión de los pasos a nivel de la vereda de la Soledad ni la de El Molinillo y el desarrollo industrial relativo al "Área de actividades El Espinar II" cuya concreta localización aún no se ha fijado por cuanto que ello se realizará a través de un plan regional, que si bien está redactado aún no ha sido aprobado ni sometido a información pública; en todo caso dicho área parece situarse entre la N-VI y la Autopista A-6, es decir al lado contrario de la N-VI en el que se encuentra la vía de servicio tantas veces referida; y por ello añade a modo de resumen que la supresión de estos pasos está plenamente justificada por la peligrosidad del cruce de ganado en la N-VI.
Valorando el resultado de dichas pruebas amen de tener en cuenta también que tanto la propia resolución recurrida como el proyecto que se aprueba con la misma recoge igualmente el criterio y dictamen de los técnicos que lo proyectan y que luego se aprueba, considera la Sala que el resultado de la prueba emitida por el perito designado judicialmente acredita de forma bastante y suficiente que la construcción de mencionada vía de servicio responde a la justificación técnica que esgrime y se recoge en la resolución recurrida, es decir a la finalidad de la reordenación de los accesos existentes con la finalidad de mejorar la seguridad vial. Es decir, que el perito judicial en dicho extremo depone en coincidencia con los técnicos de la Administración, razón por la que ha de concluirse que en el presente caso concurre "la causa expropiandi" que pretende negar la actora, no siendo cierto por ello que nos encontremos ante un supuesto de desviación de poder por cuanto que la finalidad esgrimida como justificativa de la citada modificación es la que verdaderamente concurre no siendo cierto que de tras de la creación de mencionada vía de servicio se oculten otras finalidades y propósitos. Además tampoco se sostiene el argumento esgrimido por la actora relativo a que se crea dicha vía de servicio para no tener que acometer las obras de demolición y desmontaje del desvío provisional, con el ahorro de tiempo y dinero que ello conlleva. Y señala la Sala que este argumento no se sostiene porque si bien pudiera ser cierto que una vez valorada la necesidad de tener que construir una vía de servicio se haya valorado también la conveniencia económica de que el trayecto de la misma aproveche el desvío provisional ya realizado, sin embargo lo que no se puede admitir es que el origen y la causa de la creación de la vía de servicio esté en el hecho de no querer quitar el desvío provisional para así ganar tiempo y dinero, porque puede que se ganara tiempo y dinero al no tener que levantar el desvío pero el hecho de crear la vía de servicio da origen a un proceso expropiatorio mucho más complejo, laborioso y costoso que la simple obra de levantar el desvío provisional. Quiere decir con ello la Sala que no se cree porque tampoco se prueba que sea la verdadera causa de la conversión del desvío provisional en vía de servicio el hecho de no querer levantar el desvío para ahorrar tiempo y dinero, por lo que no concurre el supuesto de desviación de poder que denuncia la parte actora.
Y tales conclusiones no resultan desvirtuadas por el informe pericial emitido por el perito de parte por cuanto que su dictamen, al ser realizado a instancia de la actora y para apoyar su tesis y pretensiones carece de la objetividad e imparcialidad suficiente y bastante como para desvirtuar el criterio de los técnicos de la Administración, y sobre todo carece de dicha valor probatorio suficiente para tal fin desde el momento en que sus valoraciones y conclusiones no resultan corroboradas por el perito judicial. Por lo expuesto, procede desestimar referido motivo de impugnación.
Séptimo.-También denuncia la actora que en el presente caso se infringe el art. 101.1 del R.D. Leg. 2/2000 por el que se aprueba el T.R. de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, al entender que no se dan los presupuestos legales necesarios exigibles para que pueda modificarse el contrato. Señala dicho precepto: " 1. Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación sólo podrá introducir modificaciones por razón de interés público en los elementos que lo integran, siempre que sean debidas a necesidades nuevas o causas imprevistas, justificándolo debidamente en el expediente. "
También en este extremo debe desestimarse el recurso, no solo porque el perito judicial señala que la aprobación del modificado 1.º cumple las condiciones del art. 101 citado, sino sobre todo porque a juicio de la Sala el art. 101.1 del R.D. Leg. 2/2000 no es ningún caso aplicable al supuesto de autos, toda vez que el citado precepto contempla el modificado de un contrato, mientras que en el presente caso nos encontramos ante la resolución administrativa que aprueba la modificación de un proyecto de obras relativo a "la Construcción de Enlace en el Cruce de la Carretera N-VI Madrid A Coruña con la carretera local SG-P-7223 en el P.K. 67,100. Tramo San Rafael-Navas de San Antonio. T.M. de El Espinar. Proyecto Clave: 39-SG-2960". Es decir que la resolución recurrida y ahora impugnada no se dicta en el ámbito de una relación contractual o de un contrato concertado al amparo del citado R.D. Legislativo, sino en cumplimiento de las facultades y potestades que se reconoce a la Administración tanto en la Ley como en el Reglamento de Carreteras antes referidos, por lo que en ningún caso por dicha resolución puede infringirse el citado art. 101.
Octavo.-Queda finalmente por dilucidar si la vía de servicio creada da cumplimiento a las exigencias previstas para su constitución, establecimiento y trazado previstas en la Orden de 16.12.1997. A este respecto ya hemos señalado que el trazado de dicha vía de servicio, como informan tanto el perito judicial como el perito de parte aunque discurre paralela a la N-VI entre los dos puntos de las dos veredas que une, también es verdad que dicha vía de servicio no está situada dentro del límite que define la línea de edificación de la carretera, por cuanto que está situada a unos 50 metros del borde exterior de la calzada. Con base a dicho dato el perito judicial dictamina que el trazado de la vía de servicio no sigue las recomendaciones de la citada Orden Ministerial, que no existen razones topográficas o funcionales que impidan ubicar la vía de servicio en su mayor parte esté dentro de los 25 metros que recomienda la Orden, y que si la Administración ha actuado así ha sido para aprovechar el desvío provisional aunque ello supone para los propietarios unas cargas expropiatorias mayores.
Sobre el trazado de la vía de servicio señala el párrafo primero del art. 71 de la O. de 16.12.1997 que " Las vías de servicio, no darán lugar al establecimiento de las zonas de servidumbre y de afección, ni a la línea limite de edificación de la propia vía, pero si a la zona de dominio público. En lo posible, se proyectarán interiores a la línea límite de edificación de la carretera, de la que son elementos funcionales ". Este límite de edificación se cuantifica en 25 metros en el art. 25 de la Ley 25/1988. Respecto al trazado de tales vías de servicio señala el art. 75 de mencionada orden: " Salvo justificación en contrario, las vías de servicio deberán cumplir los siguientes requisitos:
La anchura de la franja comprendida entre la vía de servicio y la carretera o calzada principal, deberá permitir la ampliación futura de los carriles de estas últimas ".
Poniendo en relación tales previsiones reglamentarias con el verdadero trazado de la vía de servicio a la que nos referimos, y pese a ser cierto que la misma no se ha construido dentro del límite de edificación de los 25 metros y que según el perito judicial podía en gran parte de su trazado haber discurrido dentro de dicho límite, sin embargo considera la Sala que en este extremo no se infringe las previsiones y recomendaciones de la Orden de 16.12.1997, primero porque el art. 71 citado no obliga en todo caso a que la vía de servicio se proyecte sobre el interior de dicho límite, sino cuando sea posible; segundo, porque el propio art. 75 citado no solo permite para la construcción de la vía de servicio la posibilidad de aprovechar caminos existentes -en este caso se aprovecha el desvío provisional realizado con anterioridad- sino que además prevé que el terreno comprendido entre la vía de servicio y la carretera principal debe permitir la ampliación futura de los carriles de estas últimas; tercero, porque el trazado de dicha vía de servicio en todo su recorrido no podía proyectarse dentro del límite citado de los 25 metros, como así lo reconoce el perito judicial, al poner de manifiesto que en dicho trazado existe la rotonda creada en la carretera SG-P-7233, amen de los carriles de acceso y de salida de la N-VI que también reducen en gran medida el citado espacio inicial de los 25 metros; y cuarto, porque las mayores cargas expropiatorias que pudieran resultar para los propietarios colindantes a la vía de servicio por el citado trazado de la misma podrán ser convenientemente indemnizados en el correspondiente expediente de justiprecio.
Por todo lo expuesto, procede desestimar en este extremo el recurso interpuesto, concluyendo que el trazado de la citada vía de servicio no incumple las recomendaciones previstas en la Orden de 16.12.1997. Todo lo hasta aquí argumentado lleva a la Sala a desestimar el recurso interpuesto y declarar la conformidad a derecho de la resolución recurrida en lo que ha sido objeto de impugnación y debate." (fundamentos jurídicos cuarto a octavo)
El recurso se articula mediante tres motivos. El primer motivo, acogido al apartado 1.c) del artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción, se basa en la denuncia de una insuficiencia en la motivación en relación con la prueba pericial practicada, ocasionando indefensión. El segundo motivo se ampara en el apartado 1.d) del indicado precepto de la Ley jurisdiccional, y se basa en la supuesta infracción del artículo 65 de la Orden de 16 de diciembre de 1.997, por la que se regulan los accesos a las carreteras del Estado, la vías de servicio y la construcción de instalaciones de servicio, en relación con la utilidad de los accesos en litigio. El último motivo, también formulado bajo el apartado 1.d) del mismo precepto procesal, se basa en la infracción de los artículos 71 y 75 de la referida orden, 23 de la Ley de Carreteras (Ley 25/1998, de 29 de julio) y 33.3 de la Constitución, en relación con la proyección de la vía de servicio fuera de la franja de 25 metros contigua a la carretera contemplada en la normativa específica, con la consiguiente necesidad de una mayor expropiación de terrenos a los propietarios afectados.
Segundo.-Sobre el primer motivo, relativo a la suficiencia en la motivación.
La parte recurrente sostiene en este primer motivo que la Sentencia recurrida adolece de un defecto en la motivación en relación con la prueba pericial practicada en autos y que resulta decisiva para resolver. Dicha insuficiencia se basaría en que no se han tenido en cuenta las aclaraciones efectuadas por el perito en respuesta a las preguntas formuladas al mismo en su comparecencia. No tiene razón la recurrente, y las precisiones que hace a los razonamientos de la Sentencia no evidencian sino un intento de revisar la valoración de la prueba efectuada por la Sala de instancia, cuya apreciación sobre la prueba en cuestión se encuentra sobradamente motivada. Así, no puede entenderse que existe contradicción entre la afirmación genérica del perito sobre "reordenación de accesos" con su aclaración posterior sobre la inexistencia previa de camino entre las fincas y la N-IV, pues es evidente que con independencia de dicha circunstancia toda la obra litigiosa implica una reordenación de accesos, como asumen todas las partes y se establece así como en la documentación obrante en autos; tampoco puede hallarse contradicción alguna entre la afirmación inicial del perito sobre el cumplimiento de requisitos por la construcción de la vía de servicios y la posterior aclaración sobre si la obra constituye un beneficio para las fincas, al ser esta aclaración solicitada por la parte una valoración subjetiva sobre las ventajas relativas entre la mejora de los accesos y el incremento de terreno expropiado, valoración que naturalmente el perito en ningún caso podría responder como tal experto en ningún sentido. De igual forma hay que rechazar que las restantes precisiones del perito a instancias de la parte en relación con el supuesto interés municipal en la reordenación de accesos por la previsión de un futuro polígono industrial o las relativas a la justificación del proyecto evidencien deficiencia en la motivación. Las afirmaciones al respecto de la parte se basan en contradicciones inexistentes o meramente literales y lo único que ponen de relieve es su desacuerdo en la valoración de la prueba efectuada por la Sala juzgadora.
Tercero.-Sobre el segundo motivo, relativo a la utilidad de la reordenación de accesos.
Sostiene la parte recurrente que las aclaraciones del perito ponen de manifiesto que la vía de servicio controvertida no supone utilidad alguna para las fincas afectadas, las cuales ni antes ni después de la reordenación tienen acceso directo a la N-IV y que, en cualquier caso, el perito aclara que no podría afirmar que la nueva posibilidad de accesos sea beneficiosa para tales fincas habida cuenta de que suponen un incremento de los terrenos expropiados. Así pues, la vía de servicio litigiosa no cumple la finalidad legal de toda vía de servicio, cual es que sea útil para las propiedades afectadas, por lo que se infringe el artículo 65 de la Orden de 16 de diciembre de 1.997.
El motivo debe ser rechazado. En primer lugar, el precepto invocado de la Orden en cuestión estipula que "la vía de servicio, o calzada de servicio, es un camino sensiblemente paralelo a una carretera, respecto de la cual tiene carácter secundario, conectado a ésta solamente en algunos puntos y que sirve a las propiedades o edificios contiguos", en lo que supone más una definición general de lo que son las vías de servicio que una enumeración de requisitos para la creación de una vía de esta naturaleza.
Por lo demás, la vía de servicio litigiosa se ajusta a dicha definición. En efecto, las afirmaciones de la parte se contradicen con los hechos declarados probados por la Sala en el fundamento de derecho segundo -reproducido supra - que, a este respecto, en el apartado 2.º establece claramente que la nueva vía de servicio elimina accesos directos de las veredas a la N-VI (a través de las cuales las fincas afectadas accedían a su vez a la citada carretera), mejorando la seguridad vial, además de otros cambios, todo lo cual acredita sobradamente la utilidad general de la reordenación, así como para las fincas afectadas, lo aprecien o no sus titulares en consideración al mayor terreno expropiado. Debemos reiterar por otra parte que la valoración de la utilidad en lo que respecta al balance entre la mejora de los accesos y el sacrificio de la expropiación no es cuestión que sea susceptible de una opinión pericial, como pretende la parte. Finalmente, tampoco es dicho balance puramente cualitativo entre beneficios y sacrificios expropiatorios el que contempla la Orden invocada cuando se refiere a la utilidad de las vías de servicio para las propiedades afectadas.
Cuarto.-Sobre la ubicación de las vías de servicio.
Alega la parte recurrente en el tercer motivo que al ubicarse la vía de servicio fuera de la franja de los 25 metros contiguos a la carretera se ha infringido el artículo 71 de la Orden de 16 de diciembre de 1.997 y demás legislación concordante (artículos 23 de la Ley de Carreteras (Ley 25/1998), 75 de la propia Orden citada y 33.3 de la Constitución).
Tampoco puede prosperar este motivo. El artículo directamente invocado como infringido, el 71 de la referida Orden de 16 de diciembre de 1.997, cuyo primer inciso establece que:
"71.- Planificación, proyección, construcción, conservación y explotación de vías de servicio.
Las vías de servicio, no darán lugar al establecimiento de las zonas de servidumbre y de afección, ni a la línea límite de edificación de la propia vía, pero sí a la zona de dominio público. En lo posible, se proyectarán interiores a la línea límite de edificación de la carretera, de la que son elementos funcionales."
Pues bien, dicha redacción abre un amplio margen para la concreta ubicación de las vías de servicio ya que, como bien interpreta la Sala de instancia, la exigencia de que se construya dentro del límite de edificación de la carretera (25 metros, según el artículo 25.1 de la Ley de Carreteras) es relativa, en la medida de lo posible. Quiere ello decir que puede construirse más allá de dicha franja de terreno en casos de imposibilidad material o por cualquier otra causa justificada y razonable, como en el supuesto de autos lo es aprovechar la previa construcción de una vía auxiliar provisional y el que en todo caso ya en algún tramo era inevitable el que la vía de servicio saliera de dicha franja. Y también es una razón admisible la mencionada por la Sala de que el artículo 75 de la Orden contempla también la conveniencia de que el espacio entre la carretera principal y la vía de servicio permita la ampliación de la primera, sin que se pueda invalidar dicho argumento por el hecho de que no haga falta tanto espacio para una futura ampliación. Así las cosas, al existir diversas razones justificadoras razonables y no arbitrarias para la construcción de la vía de servicio más allá de dicha franja, tal construcción no contradice con la normativa invocada.
Digamos por otra parte que aunque tienen razón los recurrentes cuando afirman que constituiría un fraude de ley el construir una vía auxiliar con la deliberada intención de poder luego invocar el artículo 75 de la reiteradamente citada Orden y aprovechar dicha vía como camino preexistente, nada acredita que la construcción de la vía provisional auxiliar se hiciera con esa finalidad pues, como se ha indicado, son varias las razones aducidas para justificar el trazado de la referida vía de servicio.
La desestimación de todos los motivos supone la del propio recurso de casación. Procede imponer las costas a la parte que lo ha sostenido, según prevé el artículo 139.2 de la Ley jurisdiccional.
Que NO HA LUGAR y por lo tanto DESESTIMAMOS el recurso de casación interpuesto por D. Imanol y D. Marcial contra la sentencia de 6 de julio de 2.007, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Burgos (Sección Primera) en el recurso contencioso-administrativo 296/2005. Se imponen las costas de la casación a la parte recurrente.