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Timestamp: 2019-10-14 10:15:42
Document Index: 318938118

Matched Legal Cases: ['artículo 106', 'artículo 107', 'artículo 737', 'artículo 68', 'artículo 926', 'artículo 737', 'artículo 213', 'artículo 106', 'artículo 213', 'artículo 60', 'artículo 13', 'artículo 60', 'artículo 213']

Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 2 de Septiembre de 2003 - Jurisprudencia - VLEX 31631832
Fecha de Resolución: 2 de Septiembre de 2003
El licenciado F.C., actuando en nombre y representación de Z.M., ha interpuesto recurso de casación laboral contra la sentencia de 3 de abril de 2003, expedida por el Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, dentro del proceso de reintegro por violación del fuero de maternidad, que su representada promoviera contra Banco Disa, S.A.
CARGOS DEL CASACIONISTA:
Afirma el recurrente que la sentencia impugnada transgrede los artículos 68 de la Constitución Nacional, 60, 106, y 737, numeral 3, del Código de Trabajo.
En el orden dispuesto en el recurso, el artículo 106 establece el fuero de maternidad por lo que la trabajadora en estado de gravidez sólo podrá ser despedida de su empelo por causa justificada y previa autorización judicial.
Esta norma fue infringida por la sentencia del Tribunal Superior debido a que la autorización administrativa para despedir a la trabajadora Z.M. por razones económicas debió obtenerse previamente al despido ocurrido el día 18 de enero de 2002, ya que el mutuo consentimiento entre las partes no era válido al ser contrario a la voluntad de la empleada. Agrega que aunque la trabajadora recibió el cheque No. 362, de 15 de enero de 2002, en concepto de pago de prestaciones laborales, ello es consecuencia de la liquidación forzosa de la empresa.
La no obtención de la autorización previa para despedir por motivos económicos convierte en injustificado el despido, y por ello viola la norma invocada (Cf. f. 2).
La segunda norma fundamento del recurso prohíbe al empleador, bajo pena de nulidad, que durante el tiempo en que el trabajador permanezca incapacitado o disfrutando de sus vacaciones pueda iniciar, adoptar o comunicarle ninguna de las medidas, sanciones y acciones previstas en el Código. Durante dichos períodos se suspenden los términos de caducidad y prescripción.
Considera el actor que esta disposición fue violada de manera directa por omisión ya que el Tribunal de alzada desconoce los derechos que la misma consagra. Esto es así porque si la propia sentencia recurrida reconoce las incapacidades en distintas fechas de la trabajadora debido a amenazas de aborto, una de las cuales incluso abarca el período de 13 de diciembre de 2001 hasta el 26 de enero de 2002, y la licencia por gravidez a partir del 26 de enero de 2002 hasta el 4 de mayo de 2002, no hubiese señalado en el fallo que la extinción del contrato durante el fuero de maternidad se ordenó por un despido colectivo solicitado por el banco a la Dirección General de Trabajo, solicitud que incluía a Z.M., "cuando el contrato se había extinguido durante un periodo de una incapacidad médica el 18 de enero de 2002 (Cf. f. 3).
Añade en este cargo que el ad-quem conocía de las incapacidades por amenaza de aborto concedidas a la trabajadora además de la instauración por la empresa de un proceso en otra instancia por motivos económicos sin conocimiento de la interesada, de allí que no es viable que tomara como válida la Resolución de la Dirección General de Trabajo que autoriza el despido de Z.M., medida que supuestamente le fue notificada el día 11 de abril de 2002, cuando todavía estaba de licencia según el artículo 107 del Código de Trabajo. Norma que además prohíbe al empleador iniciar, adoptar o comunicar al operario ninguna medida, sanción o acción prevista en dicho Código.
Se afirma violado el artículo 737, numeral 3, ibídem que establece un conjunto de presunciones legales. Según el enunciado numeral, la "relación de trabajo termina por despido, salvo prueba en contrario".
Al explicar el concepto de la infracción, la parte actora asegura que la empresa acepta que la relación de trabajo terminó por acuerdo con la trabajadora y no por autorización de la Dirección General de Trabajo. El Tribunal a-quo le resta validez a la autorización de despido de la Dirección General, toda vez que la finalización de la relación laboral se produjo el 18 de enero de 2002, mientras que la autorización de la entidad administrativa fue expedida meses después (22 de marzo de 2002). De ahí que, cabe presumir que la relación de trabajo terminó por despido.
La Sala no entrará a reseñar ni analizar el presunto cargo de infracción contra el artículo 68 de la Constitución, ya que el recurso de casación ha de tener como fundamento la violación de normas jurídico laborales con jerarquía de ley, y no disposiciones constitucionales, sin perjuicio que tales normas orientan todo el ordenamiento jurídico, incluido, evidentemente, la normativa del derecho del trabajo.
OPOSICIÓN AL RECURSO DE CASACIÓN LABORAL:
Según escrito que corre entre fojas 9 y 12 del cuadernillo de casación, la empresa se opuso al presente recurso. Argumenta que la impugnación no cumple con los requisitos del artículo 926 del Código, ya que se señala, de modo improcedente, la violación de una norma constitucional; además, no indica el concepto de la infracción de esta norma. Igualmente, con relación al artículo 737, numeral 3, omite exponer la forma como fue violado por la sentencia del Tribunal Superior. Estas deficiencias impiden que la Sala revise el recurso contra la sentencia y opina que no pueden ser subsanadas por el Tribunal de casación.
No obstante lo anterior, el escrito refractario del recurso concretiza las objeciones a éste indicando esencialmente que:
La relación de trabajo entre el Banco Disa, S.A y la
trabajadora terminó el día 10 de mayo de 2002, debido a que el mutuo
consentimiento no adquirió validez por
las reservas incluidas por la
trabajadora al momento de firmarlo.
Luego de terminada la licencia, el día 4 de mayo de 2002, y reintegrada
a sus labores, se le comunicó el despido pagándosele el día 10 subsiguiente la
diferencia en concepto de prestaciones;
Que el despido fue debidamente autorizado mediante
Resolución No. 32-DGT-02, de 22 de marzo de 2002, dentro de un procedimiento de
autorización de despido de un número
plural de trabajadores, entre éstos, Z.M., con fundamento en que la
Superintendencia de Bancos ordenó la liquidación forzosa de Banco Disa, S.A,
que equivale a la quiebra o concurso
del empleador, causal de despido
tipificada en el artículo 213, acápite
c, del Código de Trabajo;
c ) El vínculo laboral no terminó el día 18 de enero de
2002, como afirma el recurrente; sino el 10 de mayo de 2002, como viene
explicado; y,
El despido fue notificado después del reingreso de la
trabajadora con posterioridad a la licencia de maternidad que venció el día 4
EXAMEN DE LA SALA TERCERA:
Para resolver el presente recurso en el fondo, la Sala hace con antelación las siguientes consideraciones.
Observa el Tribunal que el casacionista alega la infracción de normas laborales que consagran la garantía procesal conocida como fuero de maternidad, que ampara a la mujer trabajadora contra el despido injustificado durante la etapa de la gestación y por un período posterior al alumbramiento, y medularmente que el despido de Z.M. se produjo el día 18 de enero de 2002, a través de un mutuo acuerdo entre las partes, al que la trabajadora hizo reservas, por lo que al ser inválido, según afirma el actor, se presume que la terminación del vínculo laboral se produjo por despido (Art. 737, No. 3); mientras que la empresa señala que la finalización de esa relación se produjo el día 10 de mayo de 2002, una vez la empleada se reincorporó a la empresa producto de la finalización de la licencia por gravidez, el día 4 de mayo de 2002.
El análisis de las alegaciones de las partes en contienda de cara a las pruebas que reposan en autos, particularmente de las resoluciones de primera y segunda instancia, confrontadas con las disposiciones legales aplicables, persuaden a la Sala de que no le asiste la razón al casacionista.
Ciertamente, en la primera instancia de este proceso, el Tribunal a-quo ordenó el reintegro de Z.M. por violación del fuero de maternidad, según Auto No. 53, de 7 de febrero de 2002 (fs. 19-21), y en la sentencia que resuelve la impugnación promovida por la empresa, dicha instancia mantuvo su decisión, de acuerdo a la sentencia No. 1, de 6 de enero de 2003, (fs. 60-64), tras estimar que en el fondo no existía un ambiente de entera libertad en la firma de la terminación de la relación de trabajo por mutuo consentimiento, que se extrae de la circunstancia económicamente difícil de la empresa y que la trabajadora expresa al estampar sus reservas en ese documento. Objeción que consiste en que no estaba de acuerdo con el pacto sobre todo en el punto referente al no pago del período de 1 año de fuero posterior a la reincorporación al puesto de trabajo, tiempo que, a su juicio, no había sido contemplado en el monto de la liquidación.
Cabe destacar que pese a esta reserva la trabajadora recibió el pago del cheque de liquidación de la relación de trabajo iniciada el 1 de diciembre de 1993 hasta el año 2002, por monto de B/.22, 080.10.
El Tribunal de segunda instancia, por su parte, estima que el a-quo no consideró la circunstancia especial de la empresa -liquidación bancaria-, que equivale a la quiebra de la misma, esto es, razones económicas, que fue lo que motivó fundamentalmente la terminación de la relación laboral, para lo cual se obtuvo la previa autorización de la Dirección General de Trabajo a través de una solicitud de autorización de despido colectivo, entre cuyos trabajadores estaba la señora Z.M., permiso que fue concedido según Resolución No. 32-DGT-02, de 22 de marzo de 2002 (Cf. fs. 36-38).
A criterio de la Sala, el Tribunal de segunda instancia actuó apegado a las normas legales pertinentes, por lo cual su resolución de 3 de abril de 2003 no es violatoria de las normas legales que invoca el recurrente en su escrito de casación.
En efecto, el fuero de maternidad como protección de la maternidad de la mujer trabajadora establecido en el artículo 106 del Código de Trabajo, no se ha visto menoscabado, toda vez que en un primer momento debido a la liquidación forzosa ordenada del Banco Disa, S.A., empleadora de Z.M., la empresa procuró arribar el 18 de enero de 2002 a un mutuo acuerdo para dar por terminada la relación de trabajo entre las partes, negocio que no alcanzó a perfeccionarse ya que la trabajadora no prestó plenamente su consentimiento porque hizo reservas en el documento al momento de proceder a suscribirlo (Cf. f. 35), por ello la relación de trabajo se mantuvo incólume hasta el día 10 de mayo de 2002, en que se le comunicó a M. la carta de despido (Cf. f. 56-57) basada en el artículo 213, acápite c, literal c, previa obtención el 22 de marzo de 2002 de la autorización correspondiente. El texto del artículo mencionado es el siguiente:
C.- De naturaleza económica.
En estos casos de despido por causas económicas, se aplicarán las siguientes reglas:
...c) las mujeres en estado de gravidez, aún si no estuvieren amparadas preferentemente por las reglas anteriores, se despedirán en último lugar, si fuere absolutamente necesario y previo cumplimiento de las formalidades legales;
Como se observa, la norma en cita prevé la posibilidad que por causas económicas una mujer trabajadora pueda ser despedida, aún si estuviera tutelada por fuero de maternidad; aunque, en cualquier circunstancia, es imperante cumplir con las formalidades legales para ese cometido; en esto consiste precisamente la tutela conocida como fuero de maternidad o gravidez: evitar que la trabajadora por causa del embarazo sea despedida injustificadamente y que ante la contingencia de una medida de despido el empleador obtenga con anticipación el permiso correspondiente de la autoridad.
En el caso de la señora Z.M., dichas formalidades fueron cumplidas por la empresa, que tramitó la autorización de despido ante la institución administrativa competente en estos casos, motivada por una razón de índole económica, claramente acreditada en el expediente, consistente en la liquidación forzosa del Banco Disa, S.A. ordenada por la Superintendencia de Bancos, mediante Resolución S.B. No. 03-2002, de 15 de enero de 2002 (fs. 28-30).
A juicio del Tribunal, el casacionista incurre en un error de interpretación al estimar que bajo ningún concepto, so pena de invalidez de dicha acción, puede comunicársele una actuación judicial a su representada promovida por la empresa, debido a su estado especial producto del embarazo, específicamente durante el goce de la licencia. Esto es, que es inválida la comunicación a la trabajadora el día 11 de abril de 2002 del permiso para el despido obtenido de la Dirección General de Trabajo, porque su patrocinada todavía estaba en goce de licencia por gravidez.
La incorrecta interpretación o sentido dado por el recurrente al artículo 60 del Código de Trabajo radica en que la autorización de despido no es la sanción o medida disciplinaria en sí misma; sino el permiso para que dentro del término legal de caducidad previsto en el artículo 13 del Código, el empleador así facultado pueda adoptar el despido o también elegir no hacerlo, ya que el derecho potestativo a éste concedido por vía jurisdiccional no lo obliga a resolver inexorablemente el vínculo laboral.
El sentido del artículo 60 es prohibir que el trabajador sea sorprendido con medidas lesivas a sus intereses y derechos en períodos de inactividad laboral como vacaciones o durante incapacidades; sin embargo, la interdicción no incluye medidas adoptadas por el propio trabajador, tal cual ha dicho la jurisprudencia, por ejemplo, que el mismo renuncie. Tampoco están implicadas ciertas acciones legalmente adoptadas por conducto de los Tribunales y autoridades administrativas competentes, es el caso de la autorización de despido por razones económicas antes explicada, siempre salvaguardados los derechos del operario respectivo y siguiendo los requerimientos legales para tales efectos.
Una interpretación contraria o estricta de la norma conllevaría la complicación indebida de actividades de la vida de relación problemáticas y urgentes como es la intervención de un banco, que supone la quiebra de éste, interpretación que no sería consecuente con otras normas razonablemente previstas por el legislador, v. gr., el comentado artículo 213, acápite c, literal c, del Código de Trabajo, para un adecuado tráfico de las relaciones obrero patronales.
Por los motivos anteriores, la Sala debe descartar los cargos de violación contra las normas invocadas en el recurso de casación examinado.
Por consiguiente, la Sala Tercera de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia de 3 de abril de 2003, dictada por el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial, dentro de la controversia de reintegro por infracción del fuero de maternidad incoada por Z.M. contra el Banco Disa, S.A.
JOSÉ A. TROYANO -- WINSTON SPADAFORA FRANCO
ANAIS BOYD DE GERNADO (Secretaria Encargada)