Source: https://www.derecholocal.es/novedades_jurisprudencia_ampliada.php?id=CATSUYZJ:7E29D17B
Timestamp: 2018-12-19 11:09:38
Document Index: 123508320

Matched Legal Cases: ['artículo 849', 'artículo 24', 'artículo 790', 'artículo 390', 'artículo 390', 'artículo 390', 'artículo 404', 'artículo 404']

PRIMERO.-La Sección Segunda de la Provincial Audiencia de Valladolid de que dimana el presente Rollo de Sala dictó sentencia en la que se declaran probados los siguientes hechos: "I.El 6 de noviembre de 2002 se firmó un Convenio entre el Ministerio de Fomento, la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Valladolid para el desarrollo de las obras derivadas de la transformación de la red arterial ferroviaria de Valladolid, lo que se ha conocido como el proyecto del soterramiento.
En cumplimiento de dicho Convenio, mediante escritura pública otorgada el 10 de enero de 2003, se constituyó la "Sociedad Valladolid Alta Velocidad 2003 SA" (Sociedad VAV), con la siguiente participación accionarial: ADIF con el 37,5%, Renfe Operadora con el 12.5%, La Junta de Castilla y León con el 25% y El Ayuntamiento de Valladolid con el 25%.
Con esta distribución, el accionista mayoritario era el Grupo Fomento, siendo dicha sociedad independiente del Ayuntamiento de Valladolid.
El Pleno del Ayuntamiento de Valladolid, celebrado el 3 de diciembre de 2002, había aprobado los Estatutos de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad facultando al entonces Alcalde-Presidente, aquí acusado, Severiano, para la firma de cuantos documentos fueran necesarios para la constitución de la Sociedad.
El citado Sr. Severiano, desde el momento inicial, ostentó el cargo de Vicepresidente primero del Consejo de Administración de dicha Sociedad Valladolid Alta Velocidad, permaneciendo en el mismo durante el período en que se desarrollaron los hechos aquí enjuiciados.
Eran también miembros de ese Consejo de Administración, nombrados a propuesta del Ayuntamiento de Valladolid, los acusados Teodulfo, Concejal Delegado de Hacienda y Función Pública, y Ruperto, Concejal Delegado de Planificación, infraestructuras, Movilidad y Patrimonio.
II.En la sesión ordinaria del Consejo de Administración de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad celebrada el día 12 de diciembre de 2007, uno de los puntos del orden del día era la deliberación y aprobación, si procedía, de la propuesta de financiación de la Sociedad.
Se expusieron las diversas ofertas presentadas por varias entidades bancarias, entre ellas una línea de crédito puente sindicada a prestar por BBVA, Caja Madrid, La Caixa, Banco Santander, ICO y Caja E s p a ñ a . P o r u n a n i m i d a d d e l o s m i e m b r o s d e l C o n s e j o d e Administración, entre los que estaban los acusados, se aprobó el incremento de la solicitud de financiación de 125 a 626 millones de euros para hacer frente a las necesidades requeridas por el mencionado proyecto y se facultó al Consejero Delegado Sr. Germán para continuar las negociaciones y para la posterior firma del contrato de crédito, previo el otorgamiento del visto bueno a los términos del mismo otorgado por el Presidente y los Vicepresidentes primero y segundo.
Finalmente la póliza de crédito terminó suscribiéndose el 31 de julio de 2008 con las entidades antes citadas, por un importe máximo de 200 millones de euros y vencimiento el 30 de enero de 2010 y, como habían requerido los bancos, fue precedida de la firma por los accionistas, entre ellos el Ayuntamiento de Valladolid, de un documento -en adelante "comfort letter", carta de compromiso o de conformidad- datado el 28 de julio de 2008.
En dicho documento se indicaba:
1.-El Excmo. Ayuntamiento de Valladolid conoce todos los términos y condiciones del Contrato de Crédito, a los cuales presta su conformidad, así como que su condición de Accionista ha sido esencial para la concesión del mismo.
2.-El Excmo. Ayuntamiento de Valladolid declara en este acto que todas las actuaciones de índole societaria, así como todos los acuerdos, autorizaciones y consentimientos necesarios para el válido otorgamiento del presente documento (así como del Contrato de Crédito, del Convenio de 6 de noviembre de 2002 y los diferentes convenios firmados con la Acreditada) han sido debidamente realizadas y adoptados y que no existen circunstancias ni se han interpuesto reclamación alguna que pudiera resultar en la invalidez, inejecutabilidad o anulabilidad de los acuerdos adoptados y de las obligaciones asumidas por los Accionistas en dichos documentos.
3.-El Excmo. Ayuntamiento de Valladolid mantendrá su actual participación accionarial durante todo el plazo de vigencia del Contrato de Crédito. Actualmente el reparto del capital social es el siguiente: El Excmo. Ayuntamiento de Valladolid posee un porcentaje del 25%, la Junta de Castilla y León otro 25%, RENFE Operadora un 12,5% y el ADIF el 37,5% restante.
En el supuesto de contemplar la pérdida de esta condición de Accionista o alteración de su actual participación inmediatamente se pondrá en conocimiento de las Entidades Acreditantes a través del Agente (tal y como estos términos se definen en el Contrato de crédito) y la misma no se llevará a efecto sin que previamente la Acreditada hubiese cancelado las obligaciones derivadas del Contrato de Crédito o se hubiese llegado a un acuerdo satisfactorio para las Entidades Acreditantes.
4.-La finalidad del crédito será la de financiar parcialmente las obras necesarias para la transformación de la Red Arterial Ferroviaria de Valladolid y su integración urbana como consecuencia de la llegada del Tren de Alta Velocidad, el desarrollo urbanístico de los terrenos liberados de su uso ferroviario, y los gastos de gestión de la Acreditada.
5.-La Acreditada y el ADIF han firmado un convenio para la transmisión a Valladolid Alta Velocidad 2003, S.A. de los suelos liberados con motivo de las obras ferroviarias de la transformación de la red ferroviaria de Valladolid valorados, como mínimo, al mismo precio de las inversiones efectuadas por la Acreditada.
6.-La amortización y cancelación del crédito se producirá, por tanto, con los fondos procedentes de la enajenación de los terrenos indicados obtenidos por la Acreditada o con la formalización de una operación de crédito a largo plazo que incluya también el importe de las futuras inversiones recogidas en el proyecto total.
7.- Que, no obstante, el Excmo. Ayuntamiento de Valladolid supervisará y vigilará permanentemente el desarrollo del proyecto, arbitrará todos los medios que sean necesarios para su buen funcionamiento y, en el caso de que se prevea en cualquier momento durante la vigencia del Contrato de Crédito que los recursos disponibles por la Acreditada vayan a ser insuficientes, se compromete mancomunadamente (en función de su actual participación en la Acreditada) frente a las Entidades Acreditantes a llevar a cabo las aportaciones económicas que sean precisas para la gestión, desarrollo y mantenimiento de la Acreditada y para que ésta pueda cumplir íntegra y puntualmente sus obligaciones bajo el Contrato de Crédito.
8. Que nos comprometemos a realizar todas las gestiones que estén en nuestra mano para obtener en el menor plazo posible la aprobación definitiva de la Modificación del PGOU de Valladolid."
Dicha Comfort letter había sido elaborada por las entidades bancarias en su totalidad y fue remitida por estas a los accionistas de la sociedad VAV, entre ellos, al Alcalde del Ayuntamiento de Valladolid. Recibida que fue por el Sr. Severiano se transcribió en papel de la Alcaldía y fue suscrita por él creyendo que tenía competencia para proceder directamente a su firma en base a la citada autorización para constituir e intervenir en la Sociedad y a que, como Alcalde- Presidente, dirigía el gobierno y administración municipal, representaba al Ayuntamiento, de modo que en su nombre, le estaba encomendada la suscripción de escrituras, documentos y pólizas y, dentro del desarrollo de la gestión económica, de acuerdo con el Presupuesto aprobado, tenía atribuida la concertación de las operaciones de crédito, con las excepciones previstas en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Tal documento, denominado Comfort letter, era novedoso en el ámbito municipal, desconociéndose su carácter y naturaleza jurídica en esos momentos.
El Alcalde Sr. Severiano actuó sin informarse sobre el alcance real de esa Carta de Conformidad en cuanto pudiera comprometer patrimonio municipal y sobre la necesidad de recabar autorizaciones previas de los órganos municipales. Así pues, no solicitó informe de la Intervención, ni de la Secretaría General, ni dio conocimiento de dicho documento a la Junta de Gobierno, ni a los técnicos del Ayuntamiento, de modo que ningún órgano, ni funcionario de la Corporación había emitido dictamen, ni se había adoptado acuerdo alguno sobre el mismo, ni dado orden de tramitación de expediente al efecto a ninguna Concejalía.
III.Después de dos prórrogas del vencimiento de la póliza de crédito, debido a la situación económica de la Sociedad VAV que no disponía de tesorería para continuar con su actividad, los responsables de BBVA instaban una pronta solución.
La Sociedad VAV, el 21 de septiembre de 2010, notificó a todos los Consejeros, entre los cuales se encontraban los acusados, una comunicación que informaba del acuerdo con las entidades financieras para la concesión de un nuevo crédito puente por importe de hasta 70 millones de euros y exponía las condiciones impuestas por aquellas, entre ellas la firma por los accionistas de un nueva Comfort Letter señalando que eran idénticas a las firmadas en el año 2008.
Como era urgente la elevación a escritura pública del nuevo crédito antes del día 30 de septiembre, los acuerdos correspondientes de este Consejo de Administración se adoptaron por escrito y sin sesión, emitiendo los tres acusados sus votos favorables a la suscripción de la póliza de ese crédito puente.
De nuevo, el Alcalde Sr. Severiano firmó la Carta de compromiso o de conformidad de 24 de septiembre de 2010, cuyos extremos coincidían sustancialmente con el contenido de la anterior del 2008 antes reseñados. Entre su contenido se encontraban los apartados siguientes:
"1. El Excmo. Ayuntamiento de Valladolid conoce todos los términos y condiciones del Contrato de Crédito, a los cuales presta su conformidad, así como que su condición de Accionista ha sido esencial para la concesión del mismo.
2. El Excmo. Ayuntamiento de Valladolid declara en este acto que todas las actuaciones de índole societaria, así como todos los acuerdos, autorizaciones y consentimientos necesarios para el válido otorgamiento del presente documento (así como del Contrato de Crédito, del Convenio de 6 de noviembre de 2002 y los diferentes convenios firmados con la Acreditada) han sido debidamente realizadas y adoptados y que no existen circunstancias, ni se han interpuesto reclamación alguna que pudiera resultar en la invalidez, inejecutabilidad o anulabilidad de los acuerdos adoptados y de las obligaciones asumidas por los Accionistas en dichos documentos.
7. Que, no obstante, el Excmo. Ayuntamiento de Valladolid supervisará y vigilará permanentemente el desarrollo del proyecto, arbitrará todos los medios que sean necesarios para su buen funcionamiento y, en el caso de que se prevea en cualquier momento durante la vigencia del Contrato de Crédito que los recursos disponibles por la Acreditada vayan a ser insuficientes, se compromete mancomunadamente (en función de su actual participación en la acreditada) frente a las Entidades Acreditantes a llevar a cabo las aportaciones económicas que sean precisas para la gestión, desarrollo y mantenimiento de la Acreditada y para que ésta pueda cumplir íntegra y puntualmente sus obligaciones bajo el Contrato de Crédio."
El Sr. Severiano, de la misma forma que en la anterior comfort letter, la firmó en la creencia de que tenía competencia para suscribirla sin necesidad de la autorización previa de organismo municipal alguno y, despreocupándose de la trascendencia real que pudiera tener ese documento, no dio conocimiento del mismo a ninguna Concejalía, a ningún técnico del Ayuntamiento, ni pidió informe a la Intervención o al Secretario de la Corporación, sin dar lugar a ningún trámite en el seno de la misma. Tampoco recabó autorización de la Junta de Castilla y León pensando que no era necesaria.
- El 14-9-2010 consta la emisión de un correo electrónico dirigido a una pluralidad de destinatarios, entre los que aparece " DIRECCION000" este último sería de Teodulfo en la Concejalía de Hacienda, en el que figuraba como asunto VAV_Comfor Letters, cuyo texto era:
" Estimada Inocencia,
Como te hemos adelantado esta mañana por teléfono, es de máxima urgencia que contemos con la comfort letters firmadas de cara a instrumentar la potencial financiación puente a finales de este mes de septiembre.
Adjunto os remitimos las versiones de las comfort letters que deberían firmar cada uno de los socios. Asímismo os adjuntamos versiones con cambio comparados sobre las cartas ya firmadas en la financiación puente de 31 de julio de 2008.
Para llegar a las fechas revistas de firma en tiempo y forma, os rogamos nos hagáis llegar a la mayor brevedad la solicitud formal de la potencial financiación puente, como comentado en la pasada reunión de 9 de septiembre ".
No consta que Teodulfo hubiera leído este correo. Su encabezamiento iba dirigido a otra persona llamada Inocencia.
IV.El devenir económico de la Sociedad VAV empeoró debido a la crisis económica, que afectó al sector inmobiliario, siendo necesaria más financiación para cancelar deudas preexistentes y llevar adelante el proyecto emprendido.
La cuestión fue tratada en la sesión ordinaria del Consejo de Administración de la Sociedad VAV de 24 de enero de 2011, a la que asistieron, como consejero y Vicepresidente primero el Sr. Severiano, así como los otros dos acusados Sr. Teodulfo y Sr. Ruperto como vocales.
El Consejo de Administración, por unanimidad de los Consejeros entre los que estaban los acusados, acordó otorgar poder suficiente al Consejero Delegado y Director General de la Sociedad Sr. Marco Antonio, para suscribir en nombre de Valladolid Alta Velocidad 2003 SA una línea de crédito sindicada por importe máximo de 400 millones de euros para la financiación de las obras necesarias para la transformación de la red arterial ferroviaria de Valladolid, con la entidad o entidades financieras que presenten la oferta global más ventajosa tras las negociaciones entabladas por el Director Económico financiero y de Control de ADIF, D. Artemio o, en todo caso con las entidades financieras BBVA, Banco Santander, Caja Madrid, ICO, Caja España-Caja Duero y La Caixa en los términos y condiciones siguientes: Periodo de vigencia hasta el 31 de julio de 2021. Margen aplicable Tipo de interés 4% Euribor trimestral o semestral más el margen aplicable. Gastos comisión apertura 3%. Gastos comisión agencia 50.000 ? anual, actualización IPC. Comisión no disposición 1,60%. Comisión cancelación anticipada 1%. Cobretura tipo de interés 75% del saldo vivo.
En virtud de tal acuerdo, el 14 de febrero de 2011 se firmó un contrato de línea de crédito sindicada con las seis entidades financieras indicadas, por un importe máximo total de 400 millones de euros, con vencimiento final el 31 de julio de 2021.
Este nuevo contrato de línea de crédito fue precedido, al dictado de las entidades financieras, de la firma por los partícipes de la Sociedad VAV, de una Comfort Letter (Carta de conformidad) que, en el caso del Ayuntamiento de Valladolid y actuando en su representación, suscribió el 26 de enero de 2011 el entonces Alcalde, Severiano.
En la misma figuraban los siguientes extremos:
"2. Que el Excmo. Ayuntamiento de Valladolid conoce todos los términos y condiciones del Contrato de Crédito, a los cuales presta su conformidad, así como que su condición de Accionista ha sido esencial para la concesión de los Contratos de Financiación.
3. Que cualquier modificación de la relación contractual existente entre la Acreditada y las Entidades Financieras en relación con los Contratos de Financiación se entiende expresamente consentida por el Excmo. Ayuntamiento de Valladolid, de forma que renunciamos desde ahora a excepcionarles la extinción de nuestros compromisos. En consecuencia, nuestros compromisos surtirán efectos y permanecerán subsistentes y en vigor hasta que les hayan sido totalmente abonados todos los importes que la Acreditada adeude por cualquier concepto en virtud de los Contratos de Financiación.
4. Que el Excmo. Ayuntamiento de Valladolid declara en este acto que todas las actuaciones, así como todos los acuerdos, autorizaciones y consentimientos necesarios para el válido otorgamiento del presente documento (así como de los Contratos de Financiación, del Convenio de colaboración firmado el 6 de noviembre de 2002 entre, entre otros, el Ministerio de Fomento, La Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Valladolid para el desarrollo de las obras derivadas de la transformación de la red arterial ferroviaria de Valladolid -publicado en el Boletín Oficial del Estado de 30 de mayo de 2003- (el Convenio) y los diferentes convenios firmados con la Acreditada) han sido debidamente realizadas y adoptados y que no existen circunstancias, ni se han interpuesto reclamación alguna que pudiera resultar en la invalidez, inejecutabilidad o anulabilidad de los acuerdos adoptados y de las obligaciones asumidas por los Accionistas en este y en todos los documentos referidos, y que las personas firmantes de este documento, en nombre y representación de la misma, poseen las facultades suficientes a tal efecto.
11. Que el Excmo. Ayuntamiento de Valladolid supervisará y vigilará permanentemente el desarrollo del proyecto, arbitrará todos los medios que sean necesarios para su buen funcionamiento y, en el caso de que se prevea en cualquier momento durante la vigencia del Contrato de Crédito que los recursos disponibles por la Acreditada vayan a ser insuficientes, se compromete frente a las Entidades Financiadoras y de forma mancomunada con los restantes Accionistas (en función de su actual participación en la Acreditada) a llevar a cabo las aportaciones económicas que sean precisas para la gestión, desarrollo y mantenimiento de la Acreditada y para que ésta pueda cumplir íntegra y puntualmente sus obligaciones bajo los Contratos de Financiación. "
El Sr. Severiano firmó dicho documento Comfort Letter de 26 de enero de 2011 sin dar conocimiento del mismo a ningún técnico del Ayuntamiento ni pedir un Informe de la Asesoría jurídica, omitiendo el procedimiento legal que sería preciso para suscribirlo, consistente en un informe de la Intervención, que debía analizar la capacidad de la entidad local para hacer frente a las obligaciones que se derivaran de la operación, la aprobación del Pleno del Ayuntamiento y la autorización del órgano correspondiente de la Comunidad Autónoma. Obvió esos trámites en la creencia de que podía firmar la Carta por sí mismo en virtud de las facultades de representación que tenía de la Corporación en esa Sociedad VAV.
Los otros dos acusados el Sr. Teodulfo y el Sr. Ruperto, tampoco iniciaron procedimiento alguno en el ámbito del Ayuntamiento en relación con estas Comfort letters suscritas por el Alcalde, desconociendo realmente la naturaleza jurídica de esa Cartas de Conformidad pues si bien asistían a las sesiones del Consejo de Administración, no se encargaban de las cuestiones financieras de la Sociedad que delegaban en otros consejeros confiando tanto en estos como en la actuación más directa en estos temas del propio Alcalde como Vicepresidente primero, el cual no les informaba acerca de las Comfort letters que firmaba, ni les hacía indicación alguna sobre las mismas.
V.No existían precedentes en el Ayuntamiento de Valladolid de otras Comfort letters con anterioridad a estos hechos. Es en mayo de 2013 cuando, por primera vez, se examinan ese tipo de documentos con ocasión de la solicitud hecha por la Institución Ferial al Ayuntamiento para la suscripción de un crédito.
A través del informe del Interventor General, fechado el 15-2-2016, y del de la Asesoría jurídica de 18-2-2016 se analiza la naturaleza jurídica de la Comfort letter de 26-1-2011. En los mismos se explica que este instrumento jurídico no está regulado expresamente en nuestra normativa, siendo la jurisprudencia la que ha ido formando doctrina sobre esas cartas de conformidad distinguiendo entre "cartas fuertes y cartas débiles". Solo las primeras generarían obligaciones y vendrían a considerarse como un contrato de garantía atípico. En los citados informes se considera que esa Carta de 26-1-2011 debería ser calificada como carta fuerte con lo que tendría que haberse seguido para su aprobación el procedimiento siguiente:
1. Informe de la Intervención en el que se analizase la capacidad de la entidad local para hacer frente a las obligaciones que se derivaran de dicha carta.
2.- Aprobación del órgano competente que, de estar prevista la operación en el presupuesto y no superar el 10 por ciento de los recursos ordinarios recogidos en dicho presupuesto, sería el Presidente de la Corporación y, de superar estos límites, el Pleno del Ayuntamiento.
3.- Autorización del órgano de tutela de la Junta de Castilla y León en los casos de existencia de un Plan Económico Financiero aprobado, o cuando el nivel de endeudamiento superara el 110% (en 2010, el 125%).
4.-Anotación de la operación en la Central de Riesgo del Ministerio de Hacienda, por parte del Ayuntamiento.
VI.El Pleno del Ayuntamiento de Valladolid, en sesión ordinaria de 5 de mayo de 2016, adoptó el acuerdo de inicio del expediente de revisión de oficio de la Carta de Conformidad firmada el 26 de enero de 2011. En fecha 1 de septiembre de 2016 se declaró la nulidad de pleno derecho de dicho documento al haberse formalizado sin seguir el procedimiento legalmente establecido e incumpliendo las medidas extraordinarias en materia económico financiera para la reducción del déficit público establecidas para las entidades locales.
Con fecha 23 de Noviembre de 2017 se ha firmado escritura de elevación a público de documento de carta de pago y de reconocimiento de subrogación de la deuda con el sindicato bancario, en virtud del cual el Ministerio de Fomento (Adif, Adif Alta Velocidad y Renfe Operadora) liquidó el préstamo que pesaba sobre la Sociedad VAV considerándose con ello cumplidas las obligaciones económicas derivadas de los compromisos mancomunados de aportación de fondos adquiridos por dichas entidades, reconociendo expresamente la cancelación económica de los contratos de financiación a que venimos haciendo referencia.
No consta que, como consecuencia de estos hechos, se haya producido un perjuicio evaluable económicamente para el Ayuntamiento.
VII.- La denuncia que dio origen a este procedimiento se presentó el 20 de abril de 2016, ante la cual, con fecha 29 de abril de 2016, recayó Auto del Juzgado de Instrucción nº 4 de Valladolid acordando incoar Diligencias Previas.
VIII.-Al acusado Severiano le consta un antecedente penal que no causa reincidencia.
Los acusados Teodulfo y Ruperto carecen de antecedentes penales".
SEGUNDO.-La parte dispositiva de la sentencia recaída en primera instancia, de fecha 30 de julio de 2018, dice literalmente: "PARTE DISPOSITIVA: Absolvemos a Severiano de los delitos de falsedad documental y de prevaricación por los que viene siendo acusado.
Absolvemos a Ruperto de los delitos de prevaricación por los que se le acusa.
Absolvemos a Teodulfo de los delitos de prevaricación de los que es acusado.
Las costas de este proceso se declaran de oficio.
La presente resolución no es firme y contra la misma cabe interponer Recurso de Apelación para ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, presentado en este tribunal dentro de los DIEZ DÍAS siguientes a aquel en que se les hubiera notificado la sentencia y que deberá contener los requisitos exigidos en el art. 790 y siguientes de la L. E. Criminal ( art. 846 ter L.E.Cr).
Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos."
TERCERO.-Contra esta resolución se interpuso recurso de apelación por el Ministerio Fiscal, expresando como fundamento del mismo el error en la valoración de la prueba y la infracción de normas por inaplicación de los artículos 390 y 404 del Código penal, e interesando la anulación de la sentencia absolutoria dictada o, en su caso, del juicio oral y su repetición por otro Tribunal distinto del que procedió a dictar aquélla o la revocación de la resolución absolutoria y su sustitución por la condena de los acusados
CUARTO.-Admitido el recurso, se dio traslado del mismo a la parte recurrida, que lo impugnó, y elevadas las actuaciones a este Tribunal, previo emplazamiento de las partes, se formó el oportuno Rollo de Sala y se señaló para la deliberación, votación y fallo del recurso el día 5 de noviembre del presente año.
QUINTO.-Con fecha 22 de octubre de 2018 se dictó providencia por la que, no estimándose necesaria la celebración de vista se acordaba requerir a la Sra. Letrado para que procediese sin más trámite al señalamiento para deliberación votación y fallo, dictándose Diligencia de ordenación con fecha 26 de octubre de 2018 en la que se señalaba el día 5 de noviembre a las 11.30 horas para deliberación, votación y fallo.
SEXTO.-Con fecha 2 de noviembre de 2018 por el Ministerio Fiscal se interpuso recurso de súplica contra la providencia anteriormente indicada. Con esa misma fecha y también por el Ministerio Fiscal se interpuso recurso de reposición contra la Diligencia de ordenación de 26 de octubre en la que se acordaba señalar fecha para la deliberación, votación y fallo; recursos que se tuvieron por interpuestos por Diligencia de esa misma fecha, en la que se daba traslado a las partes y se dejaba sin efecto el señalamiento efectuado, traslado que fue evacuado en plazo.
SÉPTIMO.-Con fecha 13 de noviembre se dictó Auto estimando el recurso de súplica interpuesto y acordando, en consecuencia, la celebración de vista, que fue señalada el día 20 de noviembre.
Ha sido Ponente el Excmo. Sr. D. José Luis Concepción Rodríguez, Presidente del Tribunal, quien expresa el parecer del mismo.
PRIMERO.- Planteamiento de la cuestión.-
En la ausencia de conciencia y voluntad de cometer los hechos que se les atribuye -falsedad en documento público en el caso de Severiano y prevaricación administrativa en el caso de aquél y de los otros dos acusados-, y en el transcurso del tiempo de prescripción en el supuesto de la falsedad por imprudencia que también se imputaba al primero, fundamenta la Audiencia de Valladolid la resolución absolutoria de la que ahora conocemos por vía de recurso.
Con respeto hacia la narración de hechos probados efectuada por el Tribunala quo, reseñaremos, en lo que aquí importa, que la acusación vertida en su día contra las tres personas sometidas a enjuiciamiento trajo causa de la suscripción por el Sr. Severiano, en su condición de Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de aquella ciudad, de sendas cartas de compromiso (denominadasconfort letteren el tráfico mercantil) fechadas los días 28 de julio de 2008, 24 de septiembre de 2010 y 26 de enero de 2011, que tenían por objeto garantizar otras tantas pólizas de crédito dirigidas a financiar la actividad de la "Sociedad Valladolid Alta Velocidad 2003, S.A", surgida del Convenio firmado el 6 de noviembre de 2002 por el Ministerio de Fomento, la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Valladolid para acometer las obras derivadas de la transformación de la red arterial ferroviaria de la ciudad y que estaba participada por ADIF (37.5%), Renfe Operadora (12.5%), la Junta y el propio Ayuntamiento, con un 25% cada una de ellas.
El Sr. Severiano, respecto del cual manifiesta probado la sentencia que desconocía el carácter y la naturaleza jurídica de los novedosos documentos que firmaba, y que actuó en la creencia de que podía firmar por sí mismo en virtud de las facultades de representación de la Corporación municipal que como Alcalde tenía en la Sociedad VAV, no estimó necesario pedir informe alguno a la asesoría técnica del Ayuntamiento ni a la Intervención, ni interesar la aprobación del Pleno teniendo, como tenía, capacidad para suscribir escrituras, documentos y pólizas, así como, dentro del desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el presupuesto aprobado, concertar operaciones de crédito con las excepciones previstas en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Por fin, con fecha 5 de mayo de 2016, el Pleno del Consistorio adoptó el acuerdo de iniciar el expediente de revisión de oficio de la Carta de Conformidad fechada el día 26 de enero de 2011, declarándose con fecha 1 de septiembre la nulidad de pleno derecho de dicho documento al haberse formalizado sin seguir el procedimiento legalmente establecido.
Por otra parte, el 23 de noviembre de 2017 se elevó a documento público la carta de pago y el reconocimiento de subrogación de deuda con el sindicato bancario, en virtud del cual el Ministerio de Fomento liquidó el préstamo que pesaba sobre la sociedad VAV, cancelando así las obligaciones económicas que para los participantes en la sociedad aún existían.
SEGUNDO.- Motivos del recurso.-
El Ministerio Fiscal, única acusación que impugna la sentencia dictada por la Audiencia, fundamenta su recurso -que persigue la anulación de la sentencia absolutoria dictada o, en su caso, del juicio oral y su repetición por otro Tribunal distinto del que procedió a dictar aquélla, o la revocación de la solución absolutoria y su sustitución por la condena de los acusados-, en dos concretos motivo s, a saber:
a)error en la valoración de la prueba, con impugnación del relato de hechos realizadoderivado de la insuficiencia de la motivación fáctica y de la omisión de todo razonamiento sobre alguna de las pruebas practicadas; y, b)infracción de normas por inaplicación de losartículos 390y404 del Código penal .
En efecto, en relación con el primero de los motivos, aduce la recurrente que la sentencia omite en su relato de hechos extremos relevantes que constan en la prueba documental, entre los que cabe citar la expresa referencia que se hizo en la sesión del Consejo de Administración de VAV 2003 de la exigencia hecha por las entidades crediticias de mayores garantías para firmar la operación (f. 597); la remisión previa de la documentación a los Consejeros (f. 597); la remisión junto con la convocatoria para adoptar el acuerdo no presencial de 28 de septiembre de 2010 del modelo de lasComfort Letterexigidas por el Consorcio Bancario Sindicado (fs. 616 a 619); las gestiones previas a la firma de las citadas garantías; de la advertencia efectuada por uno de los Consejeros a la hora de firmar el crédito puente de septiembre de 2010, relativa a la viabilidad financiera de la sociedad si no mejoraba el mercado inmobiliario (f. 128 vuelto); la intervención de los acusados en el Consejo de Administración tras decir el representante de RENFE que, aunque en principio votara favorablemente el acuerdo de suscripción de la póliza, dicho consentimiento quedaba supeditado a que el Comité de Dirección de esa entidad pública aprobara la carta de compromiso y, por tanto, la línea de crédito; la falta de comunicación a ningún órgano municipal, tanto por parte del Sr. Severiano como de los otros dos acusados, de la firma por el primero de los citados documentos de garantía (fs. 64 y 426 y ss); el conocimiento por la Corporación de la existencia de estas Cartas ya en el curso de la causa penal incoada; y, en fin, los hechos de relevancia para ponderar el daño material que podrían haber ocasionado las conductas imputadas de no haberse producido ya en noviembre de 2017 la subrogación referida más arriba y la correlativa liquidación del préstamo por parte del Ministerio de Fomento.
En relación con el causal atinente a la infracción de normas, el segundo de los motivos articulado se dirige a acreditar la concurrencia de los requisitos precisos para la presencia de los dos delitos que configuran la base de la acusación.
Así,en relación con el delito de falsedady ante la única posibilidad comisiva concedida por la Audiencia, relativa a la falsedad ideológica del 390. 1. 4º CP -faltar a la verdad en la narración de los hechos-, el Fiscal sostiene que el acusado Sr. Severiano firmaba los documentos haciendo constar que se habían adoptado los acuerdos precisos y por tanto aparentando que su firma no era sino reflejo de una autorización o decisión previa adoptada por los órganos municipales competentes, lo que posibilita la subsunción de tal conducta en los ordinales 1º y 3º del citado 390.
Y respecto de la afirmada ausencia de dolo falsario -y la correlativa calificación de falsedad imprudente que entiende prescrita la resolución impugnada-, se afirma la existencia de la necesaria conciencia en el actuar del agente, acreditada mediante la participación del mismo en los Consejos de Administración de AVA 2003 que precedieron a la firma de cada una de las tres Cartas de Conformidad reseñadas, en los que se condicionaba la concesión del crédito interesado a la suscripción de tales garantías y en donde pudo tomar preciso conocimiento de la operación financiera de que se trataba, de su magnitud, de las condiciones impuestas por las entidades crediticias y, consecuentemente, de los efectos de suscribirlas o de dejar de hacerlo.
Por lo que se refiere aldelito de prevaricación, en cuya comisión la resolución impugnada excluye el dolo, al no haberse acreditado que el acusado - ayuno de conocimientos jurídicos- conociese la naturaleza de los documentos por él suscritos, el recurso analizado reivindica este elemento subjetivo del injusto con base en el mismo hilo argumental representado por la presencia de todos los acusados en los referidos Consejos de Administración.
En definitiva, lo que pretende la recurrente a través de ambos motivos es que donde la Sala de instancia ha visto una conducta negligente -por no haber valorado hechos acreditados mediante la documental consistente en las actas de dichos Consejos-, veamos nosotros una conducta intencional, no tanto por la revisión de tales documentos como por un análisis más detallado de los propios hechos que se declaran probados.
TERCERO.- Consideraciones previas acerca del recurso de apelación penal contra sentencias absolutorias en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.-
La adaptación a las exigencias constitucionales y europeas llevada a cabo por la reforma operada en la LECrim por la Ley 41/2015, de 5 de octubre, en relación con el recurso de apelación impide condenar al acusado que haya resultado absuelto en primera instancia o agravar la sentencia condenatoria que le hubiera sido impuesta por error en la apreciación de las pruebas cuando el motivo esgrimido sea, precisamente, dicho error.
En tales casos, el Tribunalad quempodrá anular la sentencia siempre quese justifique la insuficiencia o la falta de racionalidad en la motivación fáctica, el apartamiento manifiesto de las máximas de experiencia o la omisión de todo razonamiento sobre alguna o algunas de las pruebas practicadas que pudieran tener relevancia o cuya nulidad haya sido improcedentemente declarada(art. 790. 2º, 3), debiendo concretarsi la nulidad ha de extenderse al juicio oral y si el principio de imparcialidad exige una nueva composición del órgano de primera instancia en orden al nuevo enjuiciamiento de la causa(art. 792. 2º, 2).
Por su parte, la STS 58/2017, de 7 de febrero nos dice que el motivo adecuado para la impugnación de las sentencias absolutorias y su sustitución por otra de condena es el que, residenciado en el ordinal 1º del artículo 849 LECrim, tiene por fundamento la infracción de ley.
En otro orden de cosas, la STS 363/2017, de 19 de mayo -con cita de las SSTC 167/2002, de 18 de septiembre, 21/2009, de 26 de enero, 24/2009 de 26 de enero o 191/2014, de 17 de noviembre, entre otras-, recuerda la quiebra de los principios de publicidad, inmediación y contradicción integrados en el derecho a un proceso con todas las garantías del artículo 24.2 de nuestra Constituciónque supone una condenaex novoa la hora de resolver un recurso de apelación contra una sentencia que en la primera instancia hubiera sido absolutoria, por cuanto que toda condena -afirma- para ser fiel a aquellos principiosdebe fundarse en una actividad probatoria examinada directa y personalmente por el Tribunal que la dicta y desarrollada en un debate público en el que se dé oportunidad para la contradicción de la totalidad del acervo probatorio.
Por ello -sigue diciendo-cuando en fase de recurso se plantean cuestiones de hecho relacionadas directa o indirectamente con la valoración de pruebas personales de las que depende la condena ex novo del acusado, resulta imprescindible la celebración de vista pública en segunda instancia para que el órgano de apelación pueda resolver tomando conocimiento directo e inmediato de dichas pruebas. Los principios de publicidad, inmediación y contradicción exigen que el Tribunal de apelación oiga personalmente a los testigos, peritos y acusados que hayan prestado declaración en el acto del juicio, dado el carácter personal de estosmedios de prueba, a fin de llevar a cabo su propia valoración y ponderación y corregir la efectuada por el órgano de instancia. El órgano de apelación no puede operar una mutación de los hechos probados que revierta la absolución en condena, si no viene precedida del examen directo y personal de los acusados o testigos en un debate público con posibilidad de contradicción.
De todo ello se deduce que existen dos vías para la pretendida modificación de una resolución absolutoria, bien que la impugnación se base en una errónea valoración del material probatorio, bien que se fundamente en una diversa interpretación de una norma. En aquel supuesto, esto es, cuando la revisión condenatoria se realice modificando la apreciación de los hechos se debe ser especialmente cuidadoso con los antedichos principios so pena de incurrir en una nulidad que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha declarado en no pocos supuestos (por todas, Sentencias de 10 de marzode 2009 (caso Igual Coll), 26 de mayo de 1988 ( caso Ekbatani), 21 de septiembre de 2010 ( caso Marcos Barrios) o 16 de noviembre de 2010 ( caso García Hernández).
En éste, resulta admisible la revisión de sentencias absolutorias, aun cuando no se celebre nueva audiencia del acusado, si se trata exclusivamente de decidir sobre una cuestión estrictamente jurídica como sería modificar la interpretación de las normas jurídicas aplicadas por el Tribunal de Instancia, ( SSTEDH de 10 de marzo de 2009, caso Igual Coll c. España; de 21 de septiembre de 2010, caso Marcos Barrios c. España; de 16 de noviembre de 2010, caso García Hernández c. España; de 25 de octubre de 2011, caso Almenara Álvarez c. España; de 22 de noviembre de 2011, caso Lacadena Calero c. España; de 13 de diciembre de 2011, caso Valbuena Redondo c.España; de 20 de marzo de 2012, caso Serrano Contreras c. España; y de 27 de noviembre de 2012, caso Vilanova Goterris y Llop García c. España).
En idéntica línea, el Tribunal Constitucional en SSTC 143/2005, de 6 de junio, 2/2013, de 14 de enero y 88/2013, de 11 de abril, ha descartado la vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías cuando la condena o agravación en vía de recurso,aun no habiéndose celebrado vista pública, no derive de una alteración del sustrato fáctico sobre el que se asienta la sentencia de instancia sino sobre cuestiones estrictamente jurídicas, insistiendo en que "si el debate planteado en segunda instancia versa exclusivamente sobre estrictas cuestiones jurídicas no resulta necesario oír personalmente al acusado en un juicio público, pues dicha audiencia ninguna incidencia podría tener en la decisión que pudiera adoptarse, y en la medida en que el debate sea estrictamente jurídico, la posición de la parte puede entenderse debidamente garantizada por la presencia de su abogado, que haría efectivo el derecho de defensa frente a los argumentos esgrimidos por la otra parte (así,SSTC 45/2011, de 11 de abrily153/2011, de 17 de octubre)".
El Ministerio Fiscal pretendió a la hora de sustentar su recurso la celebración de vista para que en el curso de la misma fueran oídos los acusados absueltos en la instancia, si bien vinculó esta pretensión al segundo de los motivos esgrimidos, atinente a la infracción de las normas en las que se plasman en el Código Penal los delitos de falsedad y de prevaricación por los que ejerció la acusación.
Pudiera entenderse que, habiéndose fundamentado la absolución en la ausencia de dolo falsario en el primero de los supuestos y en la falta de conciencia y voluntad de efectuar una torcida aplicación del derecho en perjuicio de alguien en el segundo de los mismos y hallándonos, en consecuencia, ante una circunstancia relativa al elemento subjetivo del injusto, no es otra que la construcción fáctica de la sentencia la que se halla en discusión ( STS 582/2017, de 19 de julio).
Pudiera entenderse, por contra, que la polémica debiera resolverse partiendo de la inmodificabilidad de los hechos que fueron declarados probados, analizando si son o no suficientes para establecer la presencia del dolo y que ello no constituye una cuestión fáctica sino eminentemente jurídica -de acuerdo con lo razonado por la STS 278/2014, de 2 de abril-, en la que la rectificación que pudiéramos hacer, aun cuando fuera perjudicial para los acusados, no vulneraría el derecho a un proceso con todas las garantías, en tanto que no precisa de la práctica de pruebas personales, ni tampoco exige la audiencia de aquéllos al no afectar a los hechos, siendo suficiente con la intervención de los letrados de su defensa.
Cualquiera que fuera a los puros efectos dialécticos la tesis por la que nos inclinásemos, es lo cierto que la Sala, recapacitando su inicial postura, consideró adecuado efectuar la citación interesada y así ofrecer el trámite de audiencia solicitado por la Fiscal por si los motivos esgrimidos en el recurso hubieran podido llegar a prosperar.
CUARTO.- Motivo consistente en el error en la valoración de la prueba.-
A) El párrafo 3º del artículo 790. 2º LECrim afirma que "cuando la acusación alegue error en la valoración de la prueba para pedir la anulación de la sentencia absolutoria o el agravamiento de la condenatoria, será preciso que se justifique la insuficiencia o la falta de racionalidad en la motivación fáctica, el apartamiento manifiesto de las máximas de experiencia o la omisión de todo razonamiento sobre alguna o algunas de las pruebas practicadas que pudieran tener relevancia o cuya nulidad haya sido improcedentemente declarada".
Insuficiencia o falta de racionalidad, apartamiento manifiesto de las máximas de experiencia u omisión de todo razonamiento son, pues, las únicas razones sobre cuya realidad permitiría el legislador, con estimación del referido motivo de impugnación, decretar la anulación de la sentencia que adoleciese de tales vicios o agravar, en su caso, la condena por ella impuesta.
No tiene encaje en este motivo, por tanto, la eventual discrepancia que pueda llegar a tenerse con la valoración probatoria que ha efectuado el Tribunal, por lo que lo que debe de hacerse en la alzada, consecuentemente, no es ponderar aquélla frente a la que se efectúa por las partes que la contradigan sino analizar, tan sólo, si la realizada por la sentencia impugnada se adecúa a las más elementales reglas de la lógica o si, por contra, se ha apartado de las máximas de experiencia o ha omitido cualquier razonamiento sobre cualquier prueba que sea verdaderamente relevante. Esto es, como sostiene una pacífica jurisprudencia, si las inferencias apreciadas por el Tribunal no resultan irracionales, arbitrarias o absurdas.
Además, en el supuesto que no ocupa no está de más recordar, tal y como oportunamente hace la defensa de uno de los recurridos en su escrito de impugnación al recurso, que nos hallamos ante una sentencia absolutoria y que a la hora de apreciar cualquier eventual omisión en la fundamentación de la misma no podemos acudir a idénticos parámetros que si estuviésemos valorando un posible error en una resolución condenatoria, por cuanto el nivel de exigencia a la hora de fundamentar éstas resulta más elevado so pena de vulnerar la presunción de inocencia de la que goza a cualquier persona. Esto es, mientras que en las sentencias condenatorias el esfuerzo de fundamentación debe ser más riguroso para razonar a través del mismo el eventual enervamiento de tal derecho constitucional, la exigencia motivadora de las absolutorias únicamente debe de satisfacer el principio dirigido a la interdicción de la arbitrariedad.
B) Dice el Fiscal, en síntesis, en su escrito de recurso -fs.1 a 8 del escrito de recurso-, tratando de sustentar el denunciado error, que "la sentencia omite en su relato de hechos extremos relevantes que constan en la prueba documental, entre los que cabe citar la expresa referencia que se hizo en la sesión del Consejo de Administración de VAV 2003 de la exigencia hecha por las entidades crediticias de mayores garantías para firmar la operación (f. 597 de las actuaciones); la remisión previa de la documentación a los Consejeros (f. 597); la remisión junto con la convocatoria para adoptar el acuerdo no presencial de 28 de septiembre de 2010 del modelo de lasComfort Letterexigidas por el Consorcio Bancario Sindicado (fs. 616 a 619); las gestiones previas a la firma de las citadas garantías; la advertencia efectuada por uno de los Consejeros a la hora de firmar el crédito puente de septiembre de 2010, relativa a la viabilidad financiera de la sociedad si no mejoraba el mercado inmobiliario (f. 128 vuelto); la intervención de los acusados en el Consejo de Administración tras decir el representante de RENFE que, aunque en principio votara favorablemente el acuerdo de suscripción de la póliza, dicho consentimiento quedaba supeditado a que el Comité de Dirección de esa entidad pública aprobara la carta de compromiso y, por tanto, la línea de crédito; la falta de comunicación a ningún órgano municipal, tanto por parte del Sr. Severiano como de los otros dos acusados; la firma por el primero de los citados documentos de garantía (fs. 64 y 426 y ss); el conocimiento por la Corporación de la existencia de estas Cartas ya en el curso de la causa penal incoada; y, en fin, los hechos de relevancia para ponderar el daño material que podrían haber ocasionado las conductas imputadas de no haberse producido ya en noviembre de 2017 la subrogación referida más arriba y la correlativa liquidación del préstamo por parte del Ministerio de Fomento".
C) No comparte la Sala la denunciada omisión que hace el recurso de las razones que llevaron a la Audiencia a estimar como probados los hechos que como tales describe en el correspondiente antecedente de la resolución, ni tampoco a entender insuficiente la valoración que en el segundo de los fundamentos jurídicos se efectúa del material probatorio que fue tenido en cuenta para construir aquél y que se extiende a lo largo de 14 folios de la misma -fs. 17 a 31-, en los que se desgranan todos y cada uno de los acontecimientos de los que los Magistrados fueron obteniendo la convicción en la que basaron la conclusión ahora combatida.
Así, en la página 45 de la sentencia los Magistrados refieren que no consta que en los Consejos de Administración de la Sociedad VAV "se detallase el contenido preciso de las Cartas de conformidad sino que simplemente se mencionaron en alguna de ellas como documentos que los bancos requerían a las entidades partícipes en la Sociedad para la financiación, pero sin suficiente detalle o concreción". A continuación entienden que no pueden tener por probado "la documentación que se remitía a los vocales en relación con esas reuniones", a salvo un correo electrónico que, remitido a la dirección del acusado Sr. Teodulfo en la Concejalía de Hacienda, en el que se hablaba de unasConfort Letter, fue rebotado a su secretaria sin tomar conocimiento del mismo. Al folio 21, se describe que el Sr. Severiano reconoce que "firmó el documento...pero no era consciente de su alcance...porque no se conocía lo que significaba laComfortLetter". Al folio 23 reseñan que el acusado Sr. Ruperto "al hablar en el Consejo de Administración de una Carta no pensaba que era un documento financiero" y el Sr. Teodulfo "no sabía que era ese documento, no estaba regulado, no sabía si requería informes o autorizaciones. No sabía lo que era unaConfort Letter, no obstante votó a favor...no se planteó que fuera un aval porque no existe posibilidad de que la Administración local avale a sociedades mercantiles independientes" -f. 24-. En la página 21 hacen referencia a la convicción que les produce la declaración del acusado sobre la legitimación que le había otorgado el Pleno municipal celebrado con fecha 2 de diciembre de 2002 para "firmar los documentos públicos y privados necesarios para el desarrollo del plan".
Reseñas todas ellas que evidencian el rigor con el que se efectuó el análisis del material probatorio. Otra cosa es que pueda llegar a discreparse de la valoración efectuada, tal como se infiere del recurso, o que de las diligencias de prueba practicadas puedan llegar a extraerse otras conclusiones. Más lo que nos dice la sentencia, es que analizando el mismo de manera pormenorizada y rigurosa, no se ha podido llegar a la necesaria convicción para declarar la culpabilidad de los acusados. Y no siendo manifiestamente irrazonable tal conclusión, a ella debemos de atenernos, sin que sea dable sustituir aquella percepción por cualquier otra como nos viene diciendo una pacífica jurisprudencia (por todas, STS 162/2018, de 5 de abril), toda vez que lo contrario supondría enmendar una valoración probatoria vinculada a los principios de contradicción e inmediación.
Y es que, de acuerdo con esa línea interpretativa, no podríamos aunque quisiéramos, realizar una "nueva valoración fáctica si no (se) ha presenciado directamente la prueba y si no (se) ha permitido al acusado oír y estar presente en la realización de la prueba cuya revaloración pretende el recurso del que (se) conoce ( SSTS 142/2011, de 26 de septiembre y 602/2012, de 10 de julio).
Ello nos lleva al rechazo del primero de los motivos del recurso.
QUINTO.- De la naturaleza jurídica de lasComfort Letters.-
A) Hemos dicho más arriba que la acusación vertida en su día contra los tres acusados que han resultado absueltos en la primera instancia trajo causa de la suscripción por el Sr. Severiano, en su condición de Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Valladolid, de tres cartas de compromiso fechadas los días 28 de julio de 2008, 24 de septiembre de 2010 y 26 de enero de 2011, que tenían por objeto garantizar otras tantas pólizas de crédito dirigidas a financiar la actividad de la "Sociedad Valladolid Alta Velocidad 2003, S.A", surgida del Convenio firmado el 6 de noviembre de 2002 por el Ministerio de Fomento, la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Valladolid para acometer las obras derivadas de la transformación de la red arterial ferroviaria de la ciudad y que estaba participada por ADIF,Renfe Operadora, la Junta de Castilla y León y el propio Ayuntamiento en la proporción que ya ha sido especificada.
El debate existente sobre el conocimiento que tenían o debían tener quienes signaron tales documentos o ante cuya presencia se suscribieron y sobre lo novedoso de esta figura nos obliga a efectuar una serie de consideraciones acerca de la naturaleza jurídica de las mismas.
La carta de patrocinio, en sentido propio, también llamada carta de confort o de soporte -fórmula conocida en derecho anglosajón en donde se la denomina indistintamenteletter of responsability, letter of support, letter de patronage, letter of intention, etc.-, responde en su calificación de fuerte, tal y como nos dice la Jurisprudencia ( SSTS 440/2015, de 28 de julio y 424/2016, de 27 de junio), a la estructura del negocio jurídico unilateral con transcendencia obligacional, como declaración unilateral de voluntad, de carácter no formal, dirigida a la constitución o creación de una relación obligatoria, en virtud de la cual el patrocinador asume una obligación de resultado con el acreedor o futuro acreedor consistente en garantizar el buen fin de las operaciones de financiación proyectadas.
Dichas declaraciones, frente a las "débiles", que suelen ser emitidas generalmente para declarar la confianza en la capacidad de gestión de los administradores de la sociedad que aspiran al crédito o de la viabilidad económica de la misma y que pueden estimarse como simples recomendaciones, pueden llegar a servir de fundamento para que la entidad crediticia pueda exigir el pago del crédito a la entidad patrocinadora ( STS 197/2009, de 18 de marzo). En definitiva, mientras que a aquéllas se les suele atribuir un carácter obligacional, éstas suelen ser vistas como simples instrumentos de notificación o de información que fundamentan un compromiso de naturaleza no jurídica.
Dicha figura, no excesivamente frecuente hasta época relativamente reciente en el tráfico mercantil -por más que exista algún precedente jurisprudencial que se refiera a la misma - SSTS de 16 de diciembre de 1985, 10 de julio de 1995, 30 de junio de 2005 ó 13 de febrero de 2007- ostenta un carácter meramente instrumental respecto de un negocio principal -en este caso, la concesión de una línea de crédito- al que sirve de garantía personal; que no se perfecciona como una suerte de fianza aunque pueda participar en algunos aspectos de sus características y al que, por tanto, le resulta ajena la tipificación de este contrato.Y usualmente contiene declaraciones que tienen por objeto mover la voluntad de la entidad crediticia a concluir un negocio de crédito.
B) En el supuesto enjuiciado, del tenor literal de los documentos que fueron redactados por las entidades de crédito y cuya firma les fue exigida a las personas jurídicas que participaban la Sociedad VAV 2003, SA -que aparecen recogidos en lo que aquí importa a los folios 7, 8 10 y 13 de la sentencia impugnada- aparece que el Ayuntamiento de Valladolid se comprometía, entre otros extremos, a mantener "su actual participación accionarial durante todo el plazo de vigencia del contrato de crédito" y en el supuesto de contemplar perder tal condición a ponerlo "en conocimiento de las entidades acreditantes" y a no verificarlo "sin que previamente la acreditada hubiese cancelado las obligaciones derivadas del contrato de crédito o se hubiese llegado a un acuerdo satisfactorio para las entidades acreditantes"; a respetar la finalidad del crédito que no era otra que "financiar parcialmente las obras necesarias para la transformación de la Red Arterial Ferroviaria de Valladolid y su integración urbana como consecuencia de la llegada del Tren de Alta Velocidad, el desarrollo urbanístico de los terrenos liberados de su uso ferroviario y los gastos de gestión de la acreditada"; y "a supervisar y vigilar permanentemente el desarrollo del proyecto", arbitrando "todos los medios que sean necesarios para su buen funcionamiento".
Se preveía en las cláusulas 5ª y 6ª de las mismas que "la amortización y cancelación del crédito se (produciría)...con los fondos procedentes de la enajenación de los terrenos liberados con motivo de las obras ferroviarias de la transformación de la red viaria de Valladolid; y, solo en el caso de que durante la vigencia del contrato se previera que los recursos disponibles de la sociedad acreditada fueran a ser insuficientes, se comprometía mancomunadamente en función de su participación en VAV 2003, SA a llevar a cabo las aportaciones económicas que fueran precisas "para la gestión, desarrollo y mantenimiento de la acreditada y para que ésta (pudiera) cumplir íntegra y puntualmente sus obligaciones bajo el contrato de crédito".
C ) Con todo, y para acabar de dibujar los contornos de esta figura, la STS de 16 de diciembre de 1985, en doctrina que sigue la de 30 de junio de 2005, que fueron las dos primeras que abordaron el estudio de la misma, estableció los siguientes requisitos o presupuestos, "necesarios para que pudiera atribuirse a una carta de patrocinio el efecto propio de un contrato de garantía: 1) que exista intención de obligarse la sociedad matriz a prestar apoyo financiero a la filial o a contraer deberes positivos de cooperación a fin de que la Compañía subordinada pueda hacer efectivas las prestaciones que le alcanzan en sus tratos con el tercero favorecido por la carta, careciendo de aquella obligatoriedad las declaraciones meramente enunciativas; 2) que la vinculación obligacional resulte clara, sin que pueda basarse en expresiones equívocas, por aplicación analógica de los requisitos de la declaración constitutiva de la fianza del art. 1827 CC; 3) que el firmante de la carta tenga facultades para obligar al patrocinador en un contrato análogo al de fianza; 4) que las expresiones vertidas en la carta sean determinantes para la conclusión de la operación que el patrocinado pretenda realizar; y 5) que la relación de patrocinio tenga lugar en el ámbito o situación propia de sociedad matriz de sociedad filial, lo que es algo distinto de la posición de accionista mayoritario de la patrocinadora en la patrocinada, haciendo referencia además a que la traslación de responsabilidad -sólo admisible en casos excepcionales- que dichas cartas significan tienen su actuación propia en la esfera de los créditos bancarios solicitados por la sociedad filial, con promesa de garantía asumida por la sociedad cabeza de grupo".
SEXTO.- Motivo consistente en infracción de normas por inaplicación delartículo 390 del Código penal.-
A) En relación con la acusación dirigida por falsedad documental, que fue exclusivamente ejercitada frente a D. Severiano, por tres delitos del artículo 390. 1º, 3º y 4º, por cada una de las tres Cartas de Conformidad que suscribió con fechas 28 de julio de 2008, 24 de septiembre de 2010 y 26 de enero de 2011, respectivamente, la Audiencia estimó que la única modalidad de falsedad por la que procedía calificar los hechos probados era la llamada falsedad ideológica del ordinal 4º del mencionado precepto (que castiga el delito cuando se cometa "faltando a la verdad en la narración de los hechos"), pero alcanzó su solución absolutoria por entender que no había existido en la conducta del agente el llamado dolo falsario, al no considerar probado que tuvieraintencionalidad de alterar el tráfico jurídico, de trastocar de forma consciente y maliciosa la verdad para inducir a error a los demás implicados en el documento.
El Ministerio Fiscal, que se aquieta ante la prescripción declarada de la modalidad imprudente apreciada por la Audiencia, defiende en su recurso la comisión también de la variedad contenida en el ordinal 3º (suponer"en un acto la intervención de personas que no la han tenido, o atribuyendo a las que han intervenido en él declaraciones o manifestaciones diferentes de las que hubieran hecho") por entender que el acusado firmó tales documentos en nombre del Ayuntamiento que presidía haciendo constar que se habían adoptado los acuerdos precisos para ello y que por tanto su firma no era sino el reflejo de la autorización otorgada por los órganos municipales competentes y deduce la presencia del dolo falsario y, por tanto, de la conciencia y la voluntad con la que suscribió las cartas de conformidad, esencialmente, del conocimiento que le proporcionó su asistencia a las tres reuniones del Consejo de Administración de la Sociedad VAV 2003, SA que precedieron a la firma de aquellos documentos.
B) Sabido es que el delito de falsedad persigue la mutación de la verdad mediante alguno de los procedimientos enumerados en el artículo 390 del Código penal y que esa alteración debe ser relevante en las relaciones jurídicas a las que los documentos se destinan.
Pero mientras que la alteración descrita en el 390.1º (alterar"un documento en alguno de sus elementos o requisitos de carácter esencial"), cuya presencia no reivindica ahora la recurrente en su escrito de recurso, atenta contra la configuración material del documento y puede revestir cualquier comportamiento que afecte a su legitimidad, las falsedades ideológicas descritas en los números 3º y 4º del mencionado precepto consisten en la aseveración de lo que no es verídico aunque el documento sea legítimo, toda vez que tienden a suponeren un acto la intervención de personas que no la han tenido, a atribuira las que han intervenido en él declaraciones o manifestaciones diferentes de las que hubieran hecho, o a faltara la verdad en la narración de los hechos.
Que la configuración material del documento fue efectuada en su totalidad por las entidades crediticias es un hecho que la sentencia da como probado en indiscutida afirmación -f. 9 de la misma- y, aunque dada la naturaleza del delito que nos ocupa ello no impediría su comisión por un tercero, resulta evidente que la denunciada actividad del acusado no estuvo dirigida a alterar la configuración material del documento, sino a dar por sentado que para que él pudiese signarlo se habían observado con anterioridadtodos los acuerdos, autorizaciones y consentimientos necesarios para el válido otorgamiento delmismo.
C) Cualquieraque sea, pues, la modalidad de la falsedad ideológica en la que tenga su encaje la conducta antedicha, es lo cierto que juntoa este elemento objetivo del tipo, se exige un elemento subjetivo o intencional consistente en la conciencia del sujeto activo de trasmutar la verdad y en la voluntad de que su actuación pueda llegar a ser relevante en el marco de las relaciones jurídicas en las que va a intervenir el documento,esto es, que el elemento no veraz incorporado al documento tenga aptitud para lesionar o poner en peligro bienes jurídicamente protegidos y trastocar la confianza que la sociedad tiene depositada en el valor de los documentos( STS 729/2017, de 10 de noviembre).
Más que la intención de alterar el tráfico jurídico a la que se refiere la sentencia impugnada, que constituye un elemento intrínseco en esta figura delictiva, dada la atipicidad de la falsedad que no provoca esa consecuencia perturbadora, el elemento subjetivo del injusto se caracteriza aquí por el conocimiento que tiene el agente de que con su actuar va a conseguir dicha alteración unido a la voluntad que persigue de que así sea.
El dolo falsario no es otra cosa que la conciencia y la voluntad de trastocar la realidad para convertir en veraz lo que no es y se da cuando el autor tiene conocimiento de los elementos del tipo objetivo, sabiendo que el documento que se suscribe contiene la constatación de hechos no verdaderos ( SSTS 309/2012, de 12 de abril y 331/2013, de 25 de abril, entre las más recientes).
D) Ya hemos evidenciado más arriba la compleja naturaleza jurídica de los documentos cuya firma fue condiciónsine qua nonpara la apertura de la línea de crédito a la sociedad constituida para llevar a cabo las obras de soterramiento del tren de alta velocidad en la ciudad de Valladolid. Complejidad que ha provocado que la más acreditada doctrina mercantilista no se haya podido poner aún de acuerdo sobre la naturaleza obligacional o no de las mismas, bien que alguna reciente resolución las haya dividido en fuertes o débiles, según ostenten o no aquel carácter.
Y hay que recordar, para rubricar lo novedosas que eran las mismas a finales de la pasada década, que nuestro Tribunal Supremo se había referido a ellas hasta ese momento en tan sólo cuatro o cinco resoluciones.
Amén de que la lectura rigurosa de su clausulado no arroja otros compromisos que los de permanecer en la sociedad acreditada en tanto que ésta no hubiese cancelado las obligaciones derivadas del contrato de crédito o se hubiese llegado a un acuerdo satisfactorio para las entidades acreditantes, o a respetar la finalidad del crédito y supervisar y vigilar permanentemente el desarrollo del proyecto y que sólo de la cláusula 6ª podría vislumbrase alguna consecuencia obligacional para el Ayuntamiento que presidía, no es de extrañar que, con todas aquellas particularidades, una persona profana en derecho, como es el acusado, ignorase el alcance de lo que estaba firmando y, creyendo que se trataba de una simple recomendación, no considerase preciso someterlo al criterio de los órganos técnicos o de intervención del Consistorio, teniendo como tenía autorización del Pleno para firmar todas las escrituras, documentos y pólizas, en virtud de las facultades de representación de la Corporación municipal que como Alcalde tenía en la Sociedad VAV.
Tampoco queda probado -como pretende la recurrente- que la sola presencia del acusado en los tres Consejos de Administración que precedieron a la suscripción de aquéllas sirvieran para proporcionarle una completa información acerca de la magnitud de la operación que se proponía, no siendo plausible la afirmación resaltada en el recurso de que firmó los documentos después de haberlos leído, porque el hecho de que la sentencia no declare probado en ningún momento que las cartas de compromiso fueron firmadas sin haberlas leído previamente no significa que las leyera.
Hemos dicho anteriormente que el dolo falsario se da cuando el autor tiene conocimiento de los elementos del tipo objetivo, esto es, que el documento contiene hechos no verdaderos y, pese a ello, acepta alterar la verdad por medio de una acción que ataca la confianza que la sociedad tiene depositada en el valor de los mismos. Ahora bien estos elementos subjetivos es preciso deducirlos, a salvo que exista prueba directa derivada de una manifestación del acusado, a través de prueba indirecta o indiciaria, valorando cuantos actos del sujeto, anteriores, simultáneos o posteriores a la acción se conozcan.
Y en este sentido no parece compadecerse bien con la conducta delictiva que se atribuye al agente -y que en la página 20 del recurso se llega a tildar de oscurantista- el anuncio público que hizo de la misma a través de los medios de comunicación social de la ciudad, a través de la correspondiente rueda de prensa en la que narró los pormenores de la operación que se acababa de suscribir.
Por todo ello, corroborando la tesis de la sentencia apelada, rechazamos el segundo de los motivos del recurso en cuanto al particular atinente al tipo penal de falsedad.
SÉPTIMO.- Motivo consistente en infracción de normas por inaplicación delartículo 404 del Código penal.-
A) La Audiencia, tras analizar el tipo penal de la prevaricación administrativa y subsumir en el mismo los hechos que había considerado probados, alcanzó la solución absolutoria que se recurre por no estimar acreditado,con la suficiencia que es precisa en esta vía penal para llegar a un juicio de certeza, el elemento subjetivo de actuar "a sabiendas" de la injusticia y la arbitrariedad, toda vez que ni la actuación del Sr. Severiano ni la de los otros dos acusados estuvo movida por el interés de perjudicar al Consistorio o por cualquier otra intención espuria.
Otra vez la suscripción de las reseñadas Cartas de Recomendación o de Patrocinio (Confort Letter) por parte del primero de los acusados constituyó el sustrato fáctico para apuntalar el reproche con base en el artículo 404 del Código Penal en relación con aquél, mientras que la aquiescencia de los otros dos a esa firma, que con sus votos favorables a la suscripción de la póliza de crédito -entre cuyas condiciones se encontraba la firma por parte de todos los accionistas de las mismas- la hicieron posible, fue la conducta sobre la que se ha sustentado la acusación contra cada uno de ellos por tres delitos de prevaricación.
B) Según una muy consolidada jurisprudencia, para apreciar la existencia de un delito de esta naturaleza será necesario, tal y como también recuerda la sentencia impugnada: a) la existencia de una resolución dictada por autoridad o funcionario en asunto administrativo; b) que la misma sea objetivamente contraria a derecho; c) que la contradicción con el derecho o ilegalidad, que puede manifestarse en la falta absoluta de competencia, en la omisión de trámites esenciales del procedimiento o en el propio contenido sustancial de la resolución, sea de tal entidad que no pueda ser explicada con una argumentación técnico-jurídica mínimamente razonable; d) que ocasione un resultado materialmente injusto; y, e) que la resolución sea dictada con la finalidad de hacer efectiva la voluntad particular de la autoridad o funcionario y con el conocimiento de actuar en contra del derecho.
Y en relación con la prevaricación administrativa, se insiste en que el acto administrativo ha de ser una resolución que, más allá de la mera ilegalidad, incurra en arbitrariedad -porque aquella ilegalidad sea evidente, patente, flagrante y clamorosa- ( SSTS de 5 de abril de 2017 y 20 de junio de 2018, entre las más recientes) y que además de ser jurídicamente incorrecta,no sea sostenible mediante ningún método aceptable de interpretación de la ley, por serpalmaria, patente, evidente o, incluso, esperpéntica( SSTS de 24 de septiembre de 2002, 2 de abril de 2003 u 8 de junio de 2006, entre otras).
Por eso dice la Jurisprudencia queno se trata de sustituir a la jurisdicción administrativa, en su labor de control de la legalidad de la actuación de la Administración Pública, por la jurisdicción penal a través del delito de prevaricación, sino de sancionar supuestos límite, en los que la actuación administrativa no sólo es ilegal, sino además injusta y arbitraria( SSTS 259/2015, de 30 de abril y 362/2018, de 18 de julio).
C) La controversia se sitúa, en consecuencia, nuevamente alrededor de la concurrencia o no del elemento subjetivo del injusto, que en el caso de la prevaricación administrativa viene conformado por el dolo directo, pues no es otro el que se corresponde con el término " a sabiendas" que incorpora el mencionado precepto. Ni siquiera, pues, el dolo eventual conlleva eficacia suficiente para entender cometido el delito, ni mucho menos la manifestación culposa de la responsabilidad que no encuentra encaje en la tipicidad.
Consecuentemente, sólo puede cometer el delito el que conociendo la arbitrariedad de la resolución, a sabiendas de su injusticia, ejecuta el hecho que da lugar a ella y, en este caso, o bien firma el controvertido documento, o bien asiente o se desinteresa de la conducta de quien ha de firmarlo.
Por tanto, el conocimiento del agente debe abarcar, al menos, el carácter arbitrario de la resolución, por lo que quien así actúa ha de tener plena conciencia de que lo hace al margen del ordenamiento jurídico y de que ocasiona un resultado materialmente injusto; es decir, que "actúa de tal modo porque quiere este resultado y antepone el contenido de su voluntad a cualquier otro razonamiento o consideración, esto es con intención deliberada y plena conciencia de la ilegalidad del acto realizado, o sea concurriendo los elementos propios del dolo" ( SSTS 443/2008, de 1 de julio y 302/2018, de 20 de junio).
Que el resultado obtenido con la firma de la documentación -la necesaria financiación para que la sociedad participada por el Ayuntamiento lograse acometer el objeto social para el que fue constituida, que no fue otro que el llevar a cabo las necesarias obras para que el tren de alta velocidad fuese realidad en la ciudad- no cabe reputarlo como injusto es algo que no ofrece la más mínima duda, aunque para ello se obviase el procedimiento que debería haber sido respetado y que por no estimarlo necesario no inició el primero de los acusados, ni reclamaron los otros dos, respecto de los que ha quedado probado que no fueron consultados en cuanto a ese concreto particular.
Es evidente que el acusado no trató de prevalerse de su posición de superioridad que le atribuía su condición de Alcalde, ni de sustituir por su mero capricho el actuar que debería de haber observado, ni ocasionó con ello el necesario perjuicio a los intereses generales que viene siendo exigido en este concreto delito. Ni hubo actuar arbitrario -no es la mera ilegalidad lo que sanciona el tipo, sino la arbitrariedad-, ni existió perjuicio -toda vez que la consecuencia mediata fue beneficiosa para la sociedad y la inmediata, consistente en la amortización del crédito que con las firmas de los documentos se obtuvo, no tuvo que efectuarlo el Consistorio sino, a la postre, el Ministerio de Fomento en su calidad de accionista mayoritario de la sociedad, tal y como ha resultado probado, ocasionando con ello el aquietamiento de la acusación particular ante la sentencia absolutoria que ahora se combate-.
Y si se obvió el procedimiento fue en todo caso por ignorancia de lo que había de realizar, no existiendo, como no existe, indicio alguno de que la conducta del acusado fuese consciente, voluntaria y dirigida a quebrar la legalidad de manera arbitraria.
D) Y, en relación con los otros dos, tampoco ha quedado probado con la necesaria evidencia que su conducta pueda incardinarse en las formas de participación que con evidente esfuerzo pretende introducirla el Ministerio Fiscal.
Ni existe complicidad toda vez que no favorecieron la ejecución del actuar del primero de los acusados ni puede decirse que cooperasen con la conducta de aquél ni, por supuesto, que existiese un concierto de voluntades para llevar a cabo el resultado que se les imputa.
En efecto, la afirmación que se efectúa en el apartado 3º del recurso de que su condición de miembros del Consejo de administración les hacía conocedores de la naturaleza obligacional de las cartas de patrocinio, carece del más mínimo fundamento probatorio, tal y como se ha razonado anteriormente.
Y no cabe entender, tal y como se pretende en el recurso, que se comunicase a todos los consejeros el contenido del documento que iba a ser suscrito, pues tal correo remitido con fechas 3 y 14 de septiembre de 2010 fue dirigido a la directora financiera de la sociedad VAV 2003 -Dª. Inocencia-, que era la encargada de efectuar las gestiones precisas con las distintas entidades bancarias, pero no existe base acreditativa que permita pensar que también llegó a conocimiento de los dos concejales acusados.
Tampoco cabe inferir dicho concierto de voluntades del hecho de que, como concejales "no (adoptaran) ninguna medida tendente a asegurarse de que la firma da las confort letter obedeciera a la verdadera voluntad municipal", actuación omisiva que conduciría en puridad a imputarles un delito de prevaricación por omisión impropia, tesis que no llega a plantear explícitamente el recurrente , consciente de la dificultad de encajarla en un supuesto como el presente en el que la hipotética actuación prevaricadora del alcalde no ha causado ningún resultado perjudicial para el ayuntamiento, que pudiera haberse evitado mediante una actuación positiva de aquellos, por lo que no cabe atribuirles la coautoría del delito de prevaricación.
Y, de otra parte, ninguno de los requisitos que para la comisión omisiva del delito de prevaricación exige la jurisprudencia desde la STS 1093/2006, de 18 de octubre -la no evitación de un resultado típico con infracción de un especial deber jurídico de garante- concurren en el presente. No es dable predicar que la conducta de los acusados -que no tenían conocimiento de lo que iba a verificarse, tal y como ha quedado probado-, incurriera en arbitrariedad ni que actuasen con un pleno conocimiento de la injusticia que podía llegar a perpetrarse, por lo que no cabe decir que se moviesen al margen del ordenamiento jurídico. De otra parte, no se ha probado que conocieran la exigencia efectiva realizada por los bancos, toda vez que no consta que en el seno del Consejo de Administración se les dijese nada al respecto ni que el Sr. Severiano les informase acerca de ese particular; tampoco existía norma imperativa alguna que les obligase a actuar y cuya omisión hubiese supuesto una quiebra del deber que como miembros de la Corporación municipal les pudiera afectar; delegaron en el Consejero delegado de VAV 2003 la negociación de las garantías exigidas por las entidades para la firma de los créditos; y, en fin, desde la concejalía de Hacienda se les dijo -en especial al Sr. Germán que era el responsable de la misma- que no se instruiría ningún expediente administrativo porque la competencia para ello la ostentaba la concejalía de Comercio, tal y como había sucedido en otra ocasión y como había hecho la Junta de Castilla y León, socia también de la sociedad VAV 2003.
Todos los anteriores argumentos desembocan en el rechazo del segundo de los motivos y, en consecuencia, de la totalidad del recurso interpuesto y en la correlativa confirmación de la resolución recurrida, sin hacer expresa imposición de las costas causadas en la presente instancia.
Vistas las disposiciones legales citadas y demás aplicables al caso,
Que, desestimando íntegramente el recurso de apelación interpuesto por el MINISTERIO FISCAL contra la sentencia de fecha 30 de julio de 2018 dictada por la Sección 2ª de la Audiencia provincial de Valladolid a que este rollo se refiere, debemos confirmar y confirmamos íntegramente la misma, sin hacer expresa imposición de las costas causadas en la presente instancia.
Así, por ésta nuestra sentencia, contra la que cabe recurso de casación por infracción de Ley y por quebrantamiento de forma, que podrá prepararse en esta misma Sala dentro de los cinco días siguientes al de su última notificación, para su interposición ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo con arreglo a la Ley, que se notificará a las partes en legal forma y de la que se unirá certificación al Rollo de Sala, así como testimonio literal a las actuaciones de que trae causa, que se remitirán a la Audiencia de origen para su cumplimiento y demás efectos, una vez firme, en su caso, lo pronunciamos y mandamos y firmamos.
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