Source: https://nnlegalgroup.com/2020/06/26/sancion-de-40-000-euros-a-una-aseguradora-por-la-publicidad-enviada-a-un-cliente-pese-a-que-comunico-no-desear-recibir-publicidad-en-su-email/
Timestamp: 2020-08-09 06:10:00
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Matched Legal Cases: ['artículo 48', 'artículo 44', 'artículo 48', 'artículo 72', 'artículo 19', 'artículo 44', 'artículo 45', 'artículo 44', 'artículo 44', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 82', 'artículo 30', 'artículo 34', 'artículo 51', 'artículo 35', 'artículo 51', 'artículo 48', 'artículo 51', 'artículo 3', 'artículo 47', 'artículo 132', 'artículo 93']

26 junio, 2020 bufeteneila Otras categorías Deja un comentario
Desde nnlegalgroup, despacho de abogados especializado en derecho administrativo, les informamos de una reciente sentencia del Tribunal supremo de 16 de junio de 2020 que ha sido publicada en relación a una sanción impuesta por la Agencia Española de Protección de Datos a una empresa por infringir la normativa de protección de datos y seguir enviando publicidad a una persona que les comunicó previamente la negativa a seguir recibiendo publicidad molesta.
El caso fue tratado en la Audiencia Nacional, dictándose en 2018 la siguiente sentencia:
«Que desestimando el recurso contencioso administrativo interpuesto por la representación procesal de MUTUA MADRILEÑA AUTOMOVILISTA Sociedad de Seguros a Prima Fija, frente a la Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos de 21 de enero de 2016 que confirma en reposición la anterior Resolución de 24 de noviembre de 2015 que impone a dicha entidad una multa de 40.001 euros confirmamos dicha resolución y sanción, dada su conformidad a Derecho, con imposición de las costas procesales a tal parte actora.»
SEGUNDO.- Notificada la sentencia, se presentó escrito por la representación procesal de Mutua Madrileña Automovilista, ante la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, manifestando su intención de interponer recurso de casación, y la Sala, por auto de 23 de enero de 2019 tuvo por preparado el recurso, con emplazamiento de las partes ante esta Sala del Tribunal Supremo.
TERCERO.- Por auto de 5 de julio de 2019, la Sección de Admisión de esta Sala del Tribunal Supremo acordó:
«1.º) Admitir a trámite el recurso de casación n.º 601/2019 preparado por el procurador D. Jorge Deleito García, en representación de la entidad Mutua Madrileña Automovilista Sociedad de Seguros a Prima Fija (Mutua Madrileña) contra la sentencia dictada con fecha 11 de mayo de 2018, por la Sala de lo Contencioso- Administrativo de la Audiencia Nacional – Sección Primera -, en el procedimiento ordinario n.º 126/2016.
(i) Precisar si una entidad que sea responsable del tratamiento de datos personales y que contrate con otra la publicidad de sus productos y servicios, está obligada a proporcionar a ésta el fichero en el que se reflejen las solicitudes de exclusión del envío de comunicaciones comerciales contemplado en el artículo 48 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre.
(ii) Precisar si, en tal caso, aquella entidad -responsable del tratamiento de datos personales- podría quedar exonerada de responsabilidad por la infracción tipificada en el artículo 44.3.e) de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, en virtud de las cláusulas del contrato celebrado con la segunda entidad.
3.º) Identificar como normas jurídicas que, en principio, serán objeto de interpretación: Los artículos 4, apartados 7) y 8), 24 , 28 y 82.2 del Reglamento 2016/679/UE, de 27 de abril, del Parlamento Europeo; artículos 3 d) y g), 30.4, y 44.3.e) de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de carácter personal; y los artículos 5 i) y q), 35.3, 46.
CUARTO.- La indicada parte recurrente presentó, con fecha 19 de septiembre de 2019, escrito de interposición del recurso de casación, en el que expuso como motivos de impugnación: i) sobre el fondo de la infracción, que admitido (FD 5º de la sentencia recurrida) que desde un punto de vista contractual con la empresa Datono, con quien contrató una campaña de marketing por correo electrónico, la recurrente introdujo cláusulas contundentes para garantizar el cumplimiento de la normativa aplicable, no es conforme a derecho ni el rechazo por la sentencia impugnada de que estas cautelas contractuales tengan virtualidad de exoneración de la sanción, ni la asunción de que la (única) forma en que la recurrente debe proceder en casos como este para no ser sancionada es el facilitar a su contraparte contractual un fichero de exclusión, y ii) prescripción de la sanción, pues es pacífico que desde el momento en que el denunciante ejerció su derecho de oposición ante la parte recurrente por última vez (23 de octubre de 2012) hasta que se inició el expediente sancionador (1 de junio de 2015) habían transcurrido más de dos años, que era el plazo de prescripción de las infracciones graves según la LOPD entonces vigente.
– El responsable del tratamiento contratante no está obligado a facilitar a la empresa contratista un fichero de exclusión de los referidos en el artículo 48 RPD.
– El responsable del tratamiento puede quedar exonerado de la infracción recogida en el actual artículo 72.1.k) de la L.O. 3/2018, si en el contrato suscrito la contratista asume como propio el cumplimiento de las obligaciones y exigencias de la normativa en materia de protección de datos.
QUINTO.- Se dio traslado a la parte recurrida, para que manifestara su oposición, lo que verificó el Abogado del Estado por escrito de 12 de noviembre de 2019, en el se opuso a las alegaciones de la demanda y alegó: i) en relación con la primera cuestión de interés casacional, que siendo Mutua Madrileña responsable del tratamiento y del fichero, y habiendo obstaculizado el ejercicio legítimo del derecho de oposición, resulta conforme a derecho la imposición de la sanción por infracción de los artículos 17.1 y 30.4 LOPD, como claramente exponen los FD 4º y 5º de la sentencia de instancia y, en definitiva, era obligado que la entidad ahora recurrente, como responsable del tratamiento de datos personales, estaba obligada a proporcionar a la empresa con la que contrató la publicidad de sus productos, los ficheros conteniendo las solicitudes de exclusión del envío de comunicaciones que había recibido, y ii) en relación con la segunda cuestión de interés casacional, que es claro que la entidad responsable del tratamiento de datos no puede quedar exonerada de su responsabilidad cualesquiera que hayan sido los pactos que haya concluido con la empresa con la que ha contratado la publicidad de sus productos.
SEXTO.- Conclusas las actuaciones, se señaló para votación y fallo el día 12 de mayo de 2020, si bien, por providencia de 11 de mayo de 2020, por razón de la emergencia sanitaria COVID-19, se acordó dejar sin efecto la celebración de la vista señalada, quedando los autos pendientes de deliberación, que tuvo ocasión el día 2 de junio de 2020, por vía telemática, conforme a lo previsto en el artículo 19.1 del Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia.
PRIMERO.- Se impugna en este recurso de casación por Mutua Madrileña Automovilista (Mutua Madrileña) la sentencia dictada por la Sección 1ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, de 11 de mayo de 2018 (autos 126/2016), que desestimó el recurso contencioso administrativo interpuesto contra la resolución de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), de 21 de enero de 2016, que confirmó en reposición la anterior resolución de 24 de noviembre de 2015, de imposición de sanción.
«PRIMERO.- IMPONER a la entidad MUTUA MADRILEÑA AUTOMOVILISTA SOCIEDAD DE SEGUROS A PRIMA FIJA, por una infracción de los artículos 17.1 y 30.4 de la LOPD en su relación con lo dispuesto en los artículos 34.b), 48 y 51.1 del RDLOPD, tipificada como grave en el artículo 44.3.e) de la LOPD, una multa de 40.001 € (cuarenta mil un euros), de conformidad con lo establecido en los apartados 2 y 4 del artículo 45 de la citada Ley Orgánica.»
«1º. Don C. es cliente de la Mutua Madrileña en su condición de tomador de tres pólizas de seguro, dos de las cuales, suscritas con fechas 08/01/1998 y 27/11/2006, respectivamente, se encuentran en vigor. La tercera, está suspendida desde el 12/12/2013.
2º. Tal denunciante es titular de las cuentas de correo electrónico xxx..es y zzz..com, ambas inscritas en el Servicio de Lista Robinson desde el 16 de enero de 2012.
3º. El 20/12/2011 el denunciante ejerció su derecho de oposición al tratamiento de sus datos personales ante Mutua Madrileña (recibido por dicha entidad el 9/01/2012), en el que exponía “sólo autorizo a la compañía Mutua Madrileña a que utilice los datos personales recabados sobre mí que sean imprescindibles para el desarrollo de la relación contractual. Por supuesto, no autorizo el uso fraudulento de mis datos personales para cometer delitos de falsedad documental, ni para realizar tratamientos con fines publicitarios o de prospección comercial, no autorizo la realización de segmentaciones, ni estudios de marketing, ni campañas publicitarias, etc. No autorizo ninguna comunicación ni cesión de mis datos personales excepto las imprescindibles para el desarrollo de la relación contractual o las amparadas por la legislación.”
Mutua Madrileña contestó el 3 de febrero de 2012 que “conforme a la solicitud (…) de derecho de oposición de sus datos le informamos que hemos procedido a dar cumplimiento a su petición.”
4º. El 23/10/2012 el denunciante remitió desde su cuenta de correo de …, a un empleado de Mutua Madrileña, el siguiente mensaje: “Ustedes deben cumplir la ley y no hacer uso de los datos personales. Estoy recibiendo correos con campañas de Mutua Madrileña a pesar de estar dado de alta en la Lista Robinson desde hace 9 meses. Le ruego que indique a cualquier compañía con la que contraten sus campañas publicitarias que comprueben la Lista Robinson y que-independiente o además de la lista- NO MANDEN ningún correo publicitario a las direcciones xxx.es y zzz.com pues están vulnerando mis derechos”.
5º. El denunciante envió los siguientes mensajes a MM desde la dirección de correo electrónico aaa.com:
Con fecha 30 de diciembre de 2013 solicitud a la dirección …@mutuamad.es ejercitando el derecho de acceso a la información y grabaciones de dos llamadas que indica recibió en su teléfono.
Con fecha 21 de enero de 2014 envío un nuevo correo electrónico a la cuenta…@mutua-mad.es adjuntando su DNI en respuesta al correo postal recibido de Mutua Madrileña para subsanar la petición de acceso.
Con fecha 16 de febrero de 2014 un correo electrónico a …@mutua-mad.es reiterando determinada información solicitada al ejercer el derecho de acceso, que fue contestada por MM por correo certificado el 27/02/2014.
6º. El 4 de mayo de 2015 la cuenta de correo electrónico xxx.es figuraba registrada en el fichero de clientes de la MM y estaban marcados con la opción “NO” los apartados correspondientes a los tratamientos opcionales de envío de publicidad por medios electrónicos y no electrónicos, cesión de datos y tratamiento de datos/estudios de clientes asociados al denunciante.
7º: El 17 de junio de 2015 el denunciante incorporó el correo electrónico de zzz.com a través del “Área personal” de la web www.mutua.es, servicio que permite a los mutualistas de la Mutua gestionar, con contraseña, sus pólizas de seguro y consultar y actualizar sus datos.
8º. En la inspección realizada por la AEPD el 4/05/2015 en las instalaciones de MM, sus representantes manifestaron que no disponían de ningún fichero del tipo “Lista Robinson” en el que se incluyeran los datos de las personas que solicitaban la oposición al tratamiento, sino que utilizan un sistema de marcas en su propio fichero de clientes. Que no facilitaban a las empresas encargadas de la realización de los envíos publicitarios ningún dato de las personas que habían solicitado la cancelación de sus datos o manifestado su oposición a recibir publicidad de MM.
9º. El 8/01/2013 Mutua Madrileña y DATONO suscribieron “Contrato de Agencia” en virtud del cual DATONO actuaba como Agente de Seguros de MM. El objeto del contrato (apartado I cláusula primera) era “regular las condiciones en las que EL AGENTE, en este caso DATONO, como Agencia de Seguros Vinculada, comercializará en territorio español los diferentes productos de seguros de MUTUA referidos en el presente contrato y sus Anexos”.
En el apartado II: “El Agente se compromete a prestar a MUTUA el servicio de mediación entre los solicitantes de información derivados por MUTUA y ésa última entidad, en particular, en el asesoramiento preparatorio y en su caso, la celebración de contratos de seguro privado referente a “los productos” a suscribir por MUTUA.
10º. El 18/09/2013 Mutua Madrileña y DATONO suscribieron un Anexo al Contrato firmado entre ambas empresas en cuya cláusula primera señalaba como objeto del mismo: “las partes acuerdan ampliar el objeto del Contrato mediante la contratación por parte de MUTUA de los servicios del AGENTE para que lleve a cabo las campañas que a continuación se detallan: Campaña 2: Generación de leads.
Para ello utilizará bases de datos de terceros para realizar envíos de email y así generar esos leads (contactos útiles). MUTUA es totalmente ajena a la obtención y generación de esos Leads, siendo responsabilidad del AGENTE el cumplimiento de todos los aspectos derivados de protección de datos de carácter personal. Únicamente podrá utilizar datos de contactos en los términos previstos en la normativa de protección de datos, así como en la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI). Los datos obtenidos y utilizados por parte del AGENTE serán por tanto obtenidos con su consentimiento válidamente prestado, y si se fueran a realizar envíos de emails, para dichos envíos se deberá contar con el consentimiento expreso de sus destinatarios”.
11º. El 12/08/2014 DATONO y LINKEMANN SL suscribieron un “Contrato de Prestación de Servicios”. Se indicaba que DATONO es una entidad que presta, entre otros, servicios auxiliares en la mediación de seguros privados que deseaba realizar una campaña de publicidad de productos o servicios, tanto propios, como en nombre de los clientes con los que colabora.
13º. El 5 de diciembre de 2014 el denunciante recibió en su dirección de correo electrónico zzz.com, procedente de la cuenta usuarios@… una comunicación comercial ofertando seguros de coche y moto comercializados por la aseguradora Mutua Madrileña. La comunicación ofrece un enlace para darse de baja directamente a través del mismo y la dirección de correo …@ofertondeldia.com.
Al pie del mensaje se informa de que ” Mutua Madrileña es totalmente ajena a este envío no asumiendo ninguna responsabilidad por el mismo. El presente email publicitario es remitido directa y únicamente por la entidad indicada más abajo. Es dicha entidad la única responsable por su remisión y a quien deberá dirigirse en caso de querer ejercitar sus derechos de protección de datos” . Más abajo se informa que la información ha sido enviada por Oferton del día y que los datos personales no han sido enviados al anunciante.
14º. Con fecha 11 de enero de 2015 ROIANDCO dio de baja del sistema la dirección de correo… zzz.com del denunciante.»
SEGUNDO.- La empresa recurrente fue sancionada por una falta grave del artículo 44.3.e) de la LOPD, en su redacción dada por la disposición final 56.2 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo de Economía Sostenible, en relación con los artículos 17.1 y 30.4 del mismo texto legal y 34.b), 48 y 51.1 del RDLOPD.
El citado artículo 44.3.e) de la LOPD tipifica como falta grave “El impedimento o la obstaculización del ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.”
Sin embargo, el 5 de diciembre de 2014, dicho denunciante recibió en su dirección de correo electrónico zzz.com, procedente de la cuenta usuarios@ del sitio web ofertondeldia.com, titularidad de las compañías Roiandco 2012 S.L. y Likeman S.A. contratadas por Datono para la realización de la campaña promocional de la Mutua Madrileña Automovilista, una comunicación comercial ofertando seguros de coche y motos comercializados por Mutua Madrileña Automovilista.
En tal sentido, ya la Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de junio de 2004, que confirma, en casación para Unificación de Doctrina, la de esta AN de 16 de octubre de 2003, haciéndose eco de lo argumentado por esta Sala refiere la diferenciación de dos responsables en función de que el poder decisión vaya dirigido al fichero o al propio tratamiento de datos. Así, el responsable del fichero es quien decide la creación del fichero y su aplicación, y también su finalidad, contenido y uso, es decir, quien tiene capacidad de decisión sobre la totalidad de los datos registrados en dicho fichero. El responsable del tratamiento, sin embargo, es el sujeto al que cabe imputar las decisiones sobre las concretas actividades de un determinado tratamiento de datos, esto es, sobre una aplicación específica. Se trataría de todos aquellos supuestos en los que el poder de decisión debe diferenciarse de la realización material de la actividad que integra el tratamiento.
Con ello, como asimismo argumenta la STS de 26 de Abril de 2005 (casación para unificación de doctrina 217/2004), el legislador español pretende adaptarse a las exigencias de la Directiva 95/46/CE, que tiene como objetivo dar respuesta legal al fenómeno, que cada vez es más frecuente, de la llamada externalización de los servicios informáticos, donde actúan múltiples operadores, muchos de ellos insolventes, creados con el objetivo de buscar la impunidad o irresponsabilidad de los que le siguen en los eslabones siguientes de la cadena.
La primera se define en el apartado 7) del artículo 4 como ” persona física o jurídica (…) que determine los fines y medios del tratamiento” . Y el encargado de tratamiento en el apartado 8) del mismo artículo 4 como aquel que “trate datos personales por cuenta del responsable del tratamiento”
Ello en relación con los Artículos 24 y 28 del mismo Reglamento Europeo de Protección de Datos. Responsable y encargado del tratamiento de datos que, sin lugar a dudas, resultan asimismo responsables de las infracciones en materia de protección de datos, en tal nuevo marco normativo, de conformidad con lo previsto en el artículo 82.2 del repetido Reglamento (UE) 2016/679 a cuyo tenor: Cualquier responsable que participe en la operación de tratamiento responderá de los daños y perjuicios causados en caso de que dicha operación no cumpla lo dispuesto por el presente Reglamento. Un encargado únicamente responderá de los daños y perjuicios causados por el tratamiento cuando no haya cumplido con las obligaciones del presente Reglamento dirigidas específicamente a los encargados o haya actuado al margen o en contra de las instrucciones legales del responsable.
TERCERO.- La parte recurrente alega en su escrito de interposición del recurso de casación, en relación con las anteriores cuestiones, que la sentencia impugnada, a pesar de admitir que la recurrente introdujo en su contrato con Datono cláusulas contundentes para garantizar el cumplimiento de la normativa aplicable, rechazó sin embargo que dichas cautelas contractuales tuvieran virtualidad exoneradora de la responsabilidad y que la única forma en que la recurrente debió proceder para no ser sancionada era la de facilitar a la contraparte el fichero de exclusión.
CUARTO.- Hacemos una referencia a la normativa legal y reglamentaria sobre el derecho de oposición que asistía al denunciante y que según la sentencia impugnada resultó obstaculizado o impedido por la conducta de la sociedad recurrente.
El artículo 30.4 de la LOPD establece que, en relación a los tratamientos con fines de publicidad y de prospección comercial, “Los interesados tendrán derecho a oponerse, previa petición y sin gastos, al tratamiento de los datos que les conciernan, en cuyo caso serán dados de baja del tratamiento, cancelándose las informaciones que sobre ellos figuren en aquél, a su simple solicitud.”
El artículo 34 del RDLOPD define el derecho de oposición como “el derecho del afectado a que no se lleve a cabo el tratamiento de sus datos de carácter personal o se cese en el mismo en los siguientes supuestos… b) Cuando se trate de ficheros que tengan por finalidad la realización de actividades de publicidad y prospección comercial, en los términos previstos en el artículo 51 de este reglamento, cualquiera que sea la empresa responsable de su creación.”
El artículo 35.3 del RDLOPD 1720/2007, determina que “El responsable del fichero o tratamiento deberá excluir del tratamiento los datos relativos al afectado que ejercite su derecho de oposición o denegar motivadamente la solicitud del interesado en el plazo previsto en el apartado 2 de este artículo.” (El citado plazo es de 10 días).
Dentro del concreto ámbito del tratamiento de datos para actividades de publicidad y prospección comercial, al que se refiere este recurso, el derecho de oposición está específicamente contemplado en el artículo 51 del RDLOPD, cuyo apartado 1 señala que “Los interesados tendrán derecho a oponerse, previa petición y sin gastos, al tratamiento de los datos que les conciernan, en cuyo caso serán dados de baja del tratamiento, cancelándose las informaciones que sobre ellos figuren en aquél, a su simple solicitud.”
A su vez, en el mismo ámbito del tratamiento de datos para actividades de publicidad,el artículo 48 del RDLOPD contempla “los ficheros de exclusión del envío de comunicaciones comerciales”, señalando que “Los responsables a los que el afectado haya manifestado su negativa a recibir publicidad podrán conservar los mínimos datos imprescindibles para identificarlo y adoptar las medidas necesarias que eviten el envío de publicidad.”
Finalmente, para este mismo marco de las actividades de publicidad, el artículo 51.4 del RDLOPD establece, en relación como supuestos como el presente, en el que una compañía encarga a terceros una campaña de marketing, lo siguiente: “Si el derecho de oposición se ejercitase ante una entidad que hubiera encomendado a un tercero la realización de una campaña publicitaria, aquélla estará obligada, en el plazo de diez días, desde la recepción de la comunicación de la solicitud de ejercicio de derechos del afectado, a comunicar la solicitud al responsable del fichero a fin de que el mismo atienda el derecho del afectado en el plazo de diez días desde la recepción de la comunicación, dando cuenta de ello al afectado.”
QUINTO.- En este caso no cabe duda del ejercicio por el denunciante ante Mutua Madrileña del derecho de oposición al tratamiento de sus datos en actividades publicitarias.
Tal obligaciónimponía la adopción por Mutua Madrileña de las medidas necesarias para la efectividad del derecho de oposición ejercitado, pero en el procedimiento de instancia quedó acreditado que Mutua Madrileña adoptó tales medidas únicamente en relación con los propios ficheros y la dirección de correo electrónico de su cliente …@xxx.es (hecho probado 6º), pues la inspección llevada a efecto por la AEPD en la sede de Mutua Madrileña el 4 de mayo de 2015, permitió constatar que la indicada cuenta de correo electrónico figuraba registrada en el fichero de clientes y aparecían marcados con la opción “NO” los apartados correspondientes a los tratamientos opcionales de envío de publicidad por medios electrónicos y no electrónicos, cesión de datos y tratamiento de datos/estudios de clientes asociados al denunciante.
Pero la recurrente no adoptó igual cautela en relación con la cuenta de correo electrónico de su cliente …@zzz.com, ni tampoco en relación con las actividades de publicidad contratadas por la propia Mutua Madrileña con terceras compañías.
Así resulta con una claridad destacable en la segunda comunicación remitida por el denunciante el 23 de octubre de 2012 (hecho probado 4º) a un empleado de Mutua Madrileña, que indica lo siguiente: “Ustedes deben cumplir la ley y no hacer uso de los datos personales. Estoy recibiendo correos con campañas de Mutua Madrileña a pesar de estar dado de alta en la Lista Robinson desde hace 9 meses” y en relación con la cuestión que tratamos ahora de las actividades de publicidad contratadas por Mutua Madrileña con terceros, continúa dicha comunicación señalando que: “Le ruego que indique a cualquier compañía con la que contraten sus campañas publicitarias que comprueben la Lista Robinson y que-independiente o además de la lista- NO MANDEN ningún correo publicitario a las direcciones …@xxx.es y …@zzz.com pues están vulnerando mis derechos”.
Por tanto, en este contexto fáctico, que la parte recurrente no desconoce, pues en la alegación primera sobre los antecedentes, apartado i), de su escrito de interposición admite la existencia de los dos correos a que nos referimos,no pueden compartirse las alegaciones sobre la ilegalidad, por falta de consentimiento del denunciante, de la comunicación de su oposición a aquellas otras compañías con las que la recurrente contrató campañas de marketing por correo electrónico
La sentencia impugnada considera que Mutua Madrileña es responsable del fichero, en los términos del artículo 3.d) de la LOPD y 5.q) del RDLOPD, en cuanto los datos personales tratados lo fueron con la finalidad de llevar a cabo una campaña publicitaria respecto de los seguros de coche y moto que comercializaba Mutua Madrileña, en definitiva en beneficio de la misma,”siendo tal entidad actora la que, en último término, determina los fines y medios del repetido tratamiento de datos” (FD 5º), lo que no ha sido cuestionado en este recurso.
A su vez,Mutua Madrileña conocía la oposición que le había manifestado un cliente al tratamiento de sus datos, mediante el envío de publicidad a cualquiera de las dos direcciones de correo electrónico que identificó.
SEXTO.- Aunque no se trata de una cuestión que presente interés casacional, de acuerdo con el auto de admisión del recurso, alega también la parte recurrente la prescripción de la infracción, porque desde el momento en que el denunciante ejercitó su derecho de oposición por última vez, el 23 de octubre de 2012, hasta que se inició el expediente sancionador, el 1 de junio de 2015, había transcurrido el plazo de dos años de prescripción de las infracciones graves, establecido en el artículo 47, apartados 1 y 2, de la LOPD.
La parte recurrente considera que el plazo de prescripción de dos años debe empezar a contarse desde la fecha en que, por segunda vez, el denunciante ejercitó ante Mutua Madrileña su derecho a oponerse al tratamiento de sus datos, el 23 de octubre de 2012, pero la elección de tal fecha es contraria al artículo 132.2 de la Ley 30/1992, que dispone que “El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día en que la infracción se hubiera cometido”.
SEPTIMO.- La respuesta a las cuestiones que plantean interés casacional según el auto de admisión del recurso de casación, es la siguiente de acuerdo con lo hasta aquí razonado:
OCTAVO.- Según dispone el artículo 93.4 de la Ley de la Jurisdicción, cada parte abonará las costas del recurso de casación causadas a su instancia y las comunes se abonarán por mitad, al no apreciar la Sala que ninguna de las partes ha actuado con mala fe o temeridad, manteniéndose el pronunciamiento de la sentencia impugnada respecto de las costas de instancia.
1º.- Fijar los criterios interpretativos expresados en el fundamento jurídico séptimo de esta sentencia.
2º.- Declarar no haber lugar al presente recurso de casación número 601/2019, interpuesto por Mutua Madrileña Automovilista contra la sentencia de 11 de mayo de 2018, dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, en el procedimiento ordinario 315/2016.
3º.- No hacer imposición de las costas del recurso de casación,
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