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Timestamp: 2019-06-26 03:41:58
Document Index: 93677447

Matched Legal Cases: ['artículo 621', 'artículo 625', 'artículo 132', 'artículo 282', 'artículo 430', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 784', 'artículo 626', 'artículo 306']

El examen de los requisitos formales de los títulos valores en el proceso ejecutivo. – Colombia Legal Corporation
El examen de los requisitos formales de los títulos valores en el proceso ejecutivo
Sea lo primero decir que los títulos valores, desde su nacimiento se han visto revestidos de una formalidad que conlleva a que la falta de alguno de estos requisitos ocasione que el juez se abstenga de librar mandamiento de pago o que al final no se siga con la ejecución por prosperar una excepción relacionada con las formalidades del título, ocasionando mayor congestión judicial en demandas ejecutivas que a la postre no conseguirán el objetivo del demandante.
Lo anterior supone para todos aquellos que se ven involucrados con el negocio contenido en el título, el estudio y análisis meticuloso de tales exigencias sustanciales, para que así, de ser necesario, el demandante acuda a otras vías procesales distintas al proceso ejecutivo.
Pues bien, en primera medida es el creador del título quien debe realizar el primer filtro, por ser quien le da vida al mismo, pues sin la firma de éste no existe título valor, conforme lo dispone el artículo 621 del Código de Comercio.
En tal sentido, es quien tiene la potestad de emitir completamente lleno el título, o de entregar un documento en blanco o con espacios en blanco con la intención de dar nacimiento a un título valor, tal y como lo dispone el artículo 625 Código de Comercio.
No está de más acotar que en el segundo escenario deberá adoptar medidas adicionales como, por ejemplo, impartir las instrucciones para la eventual suscripción de los espacios en blanco.
También, el tenedor de buena fe deberá verificar si el documento que recibe cumple con todos los requisitos esenciales para ser considerado como título valor.
No se desconocen las dificultades que ello acarrea, pues para esto se requiere de algún conocimiento sobre los títulos valores; sapiencia que no muchas veces se tiene por las personas. No obstante, ello podría suplirse con la debida asesoría de un abogado, quien, dependiendo de la cuantía del proceso será necesario para presentar la demanda.
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Acto seguido, al presentar la demanda, la carga se traslada al juez, quien debe efectuar un primer control, que no se suple con las formalidades contenidas en los artículos 82, 83, 85, 89 y 422 del Código General del Proceso, sino que debe incluir también las formalidades del documento que sirve de fundamento a la ejecución. Esta labor, se itera, evita un desgaste a la administración de justicia.
Sin perjuicio de lo anterior, debe aclararse que, si el funcionario judicial en su primer análisis no advirtió alguna de las carencias del título valor, nada le impide que en la decisión de fondo, bien sea por auto o por sentencia, pueda volver a efectuarlo al momento de proferir la decisión de fondo, realizar el control de legalidad que prevé el artículo 132 del Código General del Proceso, para verificar los requisitos necesarios para que exista una ejecución.
Y es que resulta claro que la valoración oficiosa del título valor en la sentencia de primera instancia es una facultad que tiene el juez aun cuando exista silencio del ejecutado.
Entonces, si el juez encuentra debidamente acreditado que falta un requisito sustancial debe abstenerse de seguir adelante la ejecución, aun cuando inicialmente hubiera librado mandamiento ejecutivo y el demandado no hubiera presentado reposición contra dicho auto.
Y es que la facultad y deber de realizar control de legalidad por parte del juez, viene acompañada de la posibilidad declarar de manera oficiosa las excepciones de fondo tal y como lo dispone el artículo 282 del Código General del Proceso.
Bajo este entendido, si el juez encuentra debidamente acreditado que falta un requisito sustancial debe abstenerse de seguir adelante la ejecución muy a pesar de haber librado mandamiento de pago o de no haberse formulado reposición contra el mandamiento de pago, opinión que compartió el Consejo de Estado, quien así lo estableció a través de su Sala de lo Contencioso Administrativo, sección tercera en sentencia adiada 12 de agosto de 2004, en el proceso identificado con radicación 200123310001999072701 y número de expediente 21177, con ponencia del Consejero Ramiro Saavedra Becerra.
Ahora si pasan desapercibidos algunos de esos requisitos, también el deudor debe hacérselos notar al juez de conocimiento, por medio de los mecanismos de defensa con los cuales cuenta. El mecanismo por excelencia, opinamos, es el recurso de reposición contra el mandamiento de pago que se encuentra descrito en el artículo 430 del C.G.P.
Sin perjuicio de ello, debe acotarse que el Código General del Proceso, no derogó en forma expresa o tácita las normas del Código de Comercio, que determinan los efectos frente a la ausencia de un requisito esencial de los títulos valores. Por su parte, en materia de facturas el artículo 2º del Decreto 3327 de 2009 confirmó los efectos de dichas falencias, pues allí se dispuso que “toda factura de venta de bienes o de prestación de servicios es título valor, siempre y cuando se incorporen la totalidad de los requisitos señalados en el artículo 3° de la Ley 1231 de 2008. La omisión de cualquiera de estos requisitos, no afectará la validez del negocio jurídico que dio origen a la factura”.
Siendo así las cosas, debe considerarse que el mecanismo de defensa idóneo con que cuenta el deudor para controvertir el contenido del título valor, son las excepciones cambiarias previstas en el numeral 4° artículo 784 del Código de Comercio, es decir, “Las fundadas en la omisión de los requisitos que el título deba contener y que la ley no supla expresamente”, formule o no recurso de reposición contra el mandamiento de pago, y si analizamos el contenido del artículo 626 del Código General del Proceso no derogó de manera parcial o total dicha norma, es decir, el deudor conserva intactos todos sus medios de defensa.
Ahora, si los sujetos procesales y el Juez de primera instancia pasan inadvertidos requisitos esenciales del título valor, es posible que el superior de éste, entre a realizar el estudio de los mismo aún sin que el recurso de apelación objeto de su conocimiento no verse sobre dicho aspecto, pues como ya se ha venido manifestando, la existencia del título valor que dio origen al proceso ejecutivo es el fundamento del mismo.
Como consecuencia lógica de lo anterior, no es jurídicamente posible que se ordene seguir la ejecución basándonos en un título valor que no cumple los requisitos legales para ser considerado como tal. No está de más advertir que la facultad oficiosa del juez a que se hizo referencia cuando se mencionó la labor del funcionario de primera instancia también le es aplicable a operador judicial que conoce la apelación.
Al respecto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil ha manifestado que ello no constituye una interpretación caprichosa, advirtiendo que:
“Ahora bien, en lo que concierne a la facultad que le asiste al juzgador de segunda instancia para declarar probada una excepción que no fue alegada por la parte ejecutada, basta con precisar que en el caso analizado dichos funcionarios actuaron en acatamiento de lo previsto en el artículo 306 del Código de Procedimiento Civil, en virtud del cual, «cuando el juez halle probados los hechos que constituyen una excepción, deberá reconocerla oficiosamente, en la sentencia, salvo las de prescripción, compensación y nulidad relativa que deberán alegarse en la contestación de la demanda».
En este orden de ideas, es claro los fundamentos de la providencia aquí cuestionada no revelan arbitrariedad o desmesura que propicie la intervención del juez de tutela (…)”
En síntesis, así el demandado al interior del trámite ejecutivo no ejerza su derecho de defensa reprochando las formalidades que hagan faltan para que el título valor nazca a la vida jurídica, a través del recurso de reposición, ello no puede ser considerado como un óbice para que lo que efectúe lo propio mediante las excepciones cambiarias, las cuales de conformidad con el Código de Comercio son el mecanismo apropiado para discutir los efectos del título valor.
En este mismo orden de ideas, si el Juez por error inadvirtió las omisiones en alguna o algunas de las formalidades con las cuales debe contar el título valor, y en virtud de ello, libró mandamiento de pago, existe la posibilidad de que manera oficiosa, aún en el evento en que el obligado haya guardado total silencio, el funcionario entre a valorarlos al momento de proferir sentencia, pues como se ha venido sosteniendo el mismo proceso ejecutivo sólo puede existir a partir de un verdadero título ejecutivo, que para el caso nos ocupa será un título valor con todas sus formalidades.
En este último caso, deberá el juez, sin lugar a dudas, abstenerse de seguir adelante la ejecución. Sin perjuicio de ello, debe anotarse que lo que pretendemos evidenciar, como se enunció al principio del presente, es que bien pudo darse solución al problema del título desde los diferentes roles que se ven involucrados en el análisis del título, con la finalidad de evitar que, ejecuciones con títulos carentes de requisitos, congestionen los estrados judiciales.