Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2006-01004-de-abril-25-de-2013?documento=jurcol&contexto=jurcol_dd3faf08101a0234e0430a0101510234&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-08-20 10:20:49
Document Index: 256558299

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 357', 'artículo 9', 'artículo 187', 'artículo 67', 'artículo 134', 'artículo 357', 'artículo 8', 'artículo 14', 'artículo 4', 'artículo 357']

﻿ Sentencia 2006-01004 de abril 25 de 2013
SENTENCIA 2006-01004 DE 25 DE ABRIL DE 2013
CONTENIDO:LA APLICACIÓN DEL ÚLTIMO INCISO DEL ARTÍCULO 357 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, QUE REZA QUE CUANDO SE APELE UNA SENTENCIA INHIBITORIA, EL SUPERIOR QUE REVOQUE DEBE PROFERIR DECISIÓN DE MÉRITO, ASÍ FUERE DESFAVORABLE AL APELANTEES INCOMPATIBLE CON LOS ARTÍCULOS 29 Y 31 DE LA CONSTITUCIÓN. SE REVOCA UNA SENTENCIA INHIBITORIA Y LE ORDENÓ AL TRIBUNAL PRONUNCIARSE DE FONDO SOBRE LA NULIDAD QUE EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO (META) PRETENDE CONTRA EL DECRETO 106 DEL 2006, QUE DEFINIÓ LA SITUACIÓN DE ALGUNAS URBANIZACIONES. SEGÚN LA SENTENCIA, EL JUZGADOR DE PRIMER GRADO SE INHIBIÓ INJUSTIFICADAMENTE, YA QUE PODÍA INTERPRETAR LA DEMANDA COMO DE LESIVIDAD, EN LA MEDIDA EN QUE LA ADMINISTRACIÓN ESTÁ DEMANDANDO SU PROPIO ACTO, O ACOGER LA TESIS DE LA LEY 446 DE 1998, QUE SEÑALA PROCEDENTE LA ACCIÓN DE NULIDAD SI EL DEMANDANTE ES UNA ENTIDAD PÚBLICAEN APLICACIÓN DE LA TEORÍA DE LOS MÓVILES Y FINALIDADES. CON OCASIÓN DEL ESTUDIO DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES, SE HA AMPARADO ENTRE OTROS, EL DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA CUANDO EN LOS CASOS EN QUE EL JUZGADOR DE PRIMER GRADO HA PROFERIDO DECISIÓN INHIBITORIA INJUSTIFICADAMENTE Y HA DADO LUGAR A QUE SE REVOQUE TAL DECISIÓN Y, EN SU LUGAR, SE ORDENE, QUE SE PROFIERA NUEVA SENTENCIA, EN LA CUAL SE RESUELVA EL FONDO DEL ASUNTO.
TEMAS ESPECÍFICOS:PRINCIPIO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, SENTENCIA INHIBITORIA, acceso a la justicia, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Sentencia 2006-01004 de abril 25 de 2013
Ref.: Expediente 2006-01004-01
Actor: Municipio de Villavicencio.
Recurso de apelación contra la sentencia de 11 de mayo de 2010, proferida por el Tribunal Administrativo del Meta.
El Alcalde de Villavicencio,
1. Que de conformidad con el artículo 9º del Decreto 219 del 20 de febrero de 1969, mediante el cual se reglamentan algunas disposiciones de la Ley 66 de 1968, se establece que cuando el superintendente(1) (hoy los alcaldes municipales por disposición de la Ley 136 de junio 2 de 1994, artículo 187), hubiere dispuesto solamente la toma de posesión, podrá en cualquier tiempo devolver dicha posesión (resalta la Sala).
4. Que la señora Nohemí Carrillo Castro, ..., ha enviado a este despacho carta pormenorizada y anexos explicando el interés que le asiste como titular de los derechos patrimoniales sobre los terrenos de las urbanizaciones de La Reliquia y Ciudad Porfía, proyectos de vivienda sobre los cuales han intervenido con obras de urbanismo no solo la Nación y el municipio de Villavicencio, sino también el concejo municipal de esta ciudad y como es hecho notorio para la ciudad de Villavicencio los mencionados predios sufrieron ocupaciones de hecho mientras se encontraban bajo la administración del Estado, sin que hasta la fecha se haya solucionado de fondo el problema de la ocupación de hecho de los predios y el pago de los predios donde se realizaron la construcción de obras de urbanismo realizadas por los diferentes entes territoriales, los cuales actualmente son bienes de uso público.
A simple vista se consideraría que para levantar dicha causal sería necesario que la persona natural o jurídica se registre ante esta secretaría y obtenga el respectivo permiso de captación anticipada de dineros, para luego obtener el permiso de que trata la Ley 388 de 1997, el otrora permiso de ventas, hoy radicación de documentos. Pero en el caso del barrio La Porfía y La Reliquia, ya se encuentran construidos y desarrollados urbanísticamente, por lo cual no se hace necesario la obtención de permisos de captación o escrituración,... y lo que se requiere es la legalización de los títulos de propiedad de sus poseedores y la reubicación de los poseedores de hecho o de los propietarios de título precario, en el caso de La Reliquia, que se encuentran reclamando el mismo predio.
A la fecha los dos proyectos intervenidos a la señora Nohemí Carrillo Castro, se encuentran legalizados urbanísticamente. En el caso de La Reliquia dicha causal fue la última en subsanarse, pues el plan de ordenamiento territorial Decreto 353 de diciembre 28 de 2000, modificado por el Decreto 21 del 2002, el cual incluyó el área de La Reliquia dentro del perímetro urbano de la ciudad y mediante Decreto 39 del 11 de febrero de 2005, se legalizó el plano urbanístico.
6. Conforme a lo anterior y como quiera que la señora Nohemí Carrillo Castro, estima en suma superior a diez mil millones de pesos ($ 10.000.000.000), el monto aproximado que en su contra ha generado la intervención a la que fue sometida y que por vía de manifestación expresa, individual, voluntaria y sin vicios de consentimiento alguno, Nohemí Carrillo Castro, está dispuesta a admitir la suma de tres mil quinientos millones de pesos ($ 3.500.000.000) que el municipio de Villavicencio ha de pagar a su favor como valor indemnizatorio por causa de la invasión de los terrenos bajo la administración del Estado, daños, terrenos, y perjuicios, previo su reconocimiento a través de un acto administrativo y la orden de incluir tal suma en el presupuesto de gastos o apropiaciones, rubro denominado servicio de la deuda, cuenta 4 de la sección 03 secretaría de hacienda municipal, una vez se apropien dichos recursos en el presupuesto municipal adicional de 2006 o de la próxima vigencia, mediante acuerdo del concejo municipal y la sanción del ejecutivo local.
7. Que solicitado un informe detallado a la agencia especial intervenida Reliquia y Porfía, el doctor Fernando Muñoz Vizcaíno, actuando como tal hizo llegar el oficio ARP 038-06 el 27 de abril de 2006, en el que se denotan graves fallas frente a la situación jurídica, técnica y contable, además de su poca e idónea administración, al punto de contener informe de “aún están sin registrar” la escritura pública 3643 del 21 de junio de 1989 de la notaría primera de la ciudad respecto a la urbanización Ciudad Porfía. Además que en lo referente al aspecto contable tanto La Reliquia como Porfía “se han elaborado balances tomando como base una información que no puedo certificar. La única forma de establecer con veracidad la misma es la realización de una auditoría general para establecer el total de ingresos, egresos, activos, pasivos y patrimonio de la agencia, durante todo el tiempo que lleva la intervención”. En resumen no hay cuentas de naturaleza alguna.
9. Que la propia alcaldía de Villavicencio, mediante Resolución Urbanística 3 de 9 de octubre de 2004 del director administrativo de planeación Óscar E. Bolaños Cubillos, otorgó concepto favorable para la legalización del desarrollo urbano denominado La Reliquia, y a continuación el alcalde municipal mediante Decreto 39 de 17 de febrero de 2005, reconoció y legalizó el citado desarrollo urbano de La Reliquia, sin que en parte alguna se hubieran avaluado el inmueble emitido oferta de compra y menos pagado valor alguno o precio indemnizatorio, advirtiéndose que en dicho acto administrativo solo se hace alusión a La Reliquia.
a) Ordenar el levantamiento de las medidas cautelares constituidas sobre los bienes de su propiedad, los dineros que se encuentran depositados en los bancos, corporaciones y otras entidades captadoras de dineros públicos que existan en el país.
b) Ordenar al agente especial para que realice la entrega de los papeles comerciales, libros de contabilidad y demás documentos del proyecto La Reliquia y La Porfía, al municipio de Villavicencio a través de Villavivienda, mientras se realizan los avalúos y se emiten las respectivas ofertas de compra para enajenación voluntaria a Nohemí Carrillo Castro.
c) Prevenir a los deudores de la Intervenida para que sus obligaciones sean canceladas a Villavivienda, o a quien la represente, en las cuentas autorizadas para tal efecto.
d) Prevenir a todas aquellas personas con quien la intervenida tenga negocios para que a partir de la notificación del presente acto administrativo lo hagan directamente con Villavivienda o a quien la represente.
4. Adiciónese al presupuesto municipal de gastos o apropiaciones de Villavicencio vigencia de 2006, el valor del avalúo anterior, previo proyecto de acuerdo al honorable concejo municipal, rubro servicio de la deuda, cuenta 4 sección tercera secretaría de hacienda municipal o de las vigencias futuras que se aseguren el pago de tales terrenos a la propietaria Nohemí Carrillo Castro, según artículo 67 de la Ley 388 de 1997.
Es así como en sentencia de 28 de febrero de 2013(2), la Sala dijo:
3.3.Análisis del caso concreto.
Ahora bien, descendiendo a la controversia bajo examen, debe entrar a considerarse, que el Juez Tercero Administrativo de Pasto tenía jurisdicción y competencia para conocer de la demanda presentada, teniendo en cuenta que esta contenía una pretensión en contra de una entidad estatal referente a un tema contractual que no superaba la cuantía de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes, como lo exige el artículo 134B del Código Contencioso Administrativo en su numeral 5; y que la demanda cumplía con los requisitos formales señalados en el Código de Procedimiento Civil en el capítulo I del título VII, que versa sobre la demanda, y utilizados por analogía en procedimiento administrativo, por lo cual era correcta la admisión de la demanda, como efectivamente se dispuso.
Fuerza es, entonces, proteger el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia de la accionante y, en consecuencia, ordenar al Juez Tercero Administrativo de Pasto, tome la medidas procesales pertinentes para que en el término máximo de dos (2) meses, profiera sentencia que estudie el fondo de las pretensiones planteadas en el caso sub examine...” (negrilla y subraya fuera de texto).
Cabe advertir que esta corporación, al estudiar en segunda instancia los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias dictadas en primera por los tribunales contencioso administrativos, en las cuales no se ha resuelto el fondo del asunto —ello ha sido considerado injustificado—, en su lugar, ha procedido a proferir la providencia de mérito que corresponda, en aplicación del último inciso del artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, el cual prevé:
Así, en torno al desarrollo del procedimiento penal, el artículo 8º de la Convención americana sobre derechos humanos (Pacto de San José), dispone que: “Garantías judiciales.(...) 2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: (...) h) Derecho a recurrir el fallo ante juez o tribunal superior”. A su vez, el artículo 14 del Pacto internacional de derechos civiles y políticos establece que: “(...) 5. Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley (...).
En esta medida, el principio de la doble instancia se convierte en una garantía constitucional que informa el ejercicio del ius puniendi del Estado en todas sus manifestaciones, no sólo cuando se trata de la aplicación del derecho penal por los órganos judiciales sino también en el derecho administrativo sancionatorio y, específicamente, en tratándose del desarrollo y práctica del derecho disciplinario(1).
La Corte, en relación con el tema, ha determinado que: “tradicionalmente se ha aceptado que el recurso de apelación forma parte de la garantía universal de impugnación que se reconoce a quienes han intervenido o están legitimados para intervenir en la causa, con el fin de poder obtener la tutela de un interés jurídico propio, previo análisis del juez superior quien revisa y corrige los defectos, vicios o errores jurídicos del procedimiento o de la sentencia en que hubiere podido incurrir el a quo...”(2).
7. Por otra parte, el citado principio permite hacer efectivo el derecho de acceso a la administración de justicia, ya que éste por su esencia, implica la posibilidad del afectado con una decisión errónea o arbitraria, de solicitarle al juez o autoridad competente la protección y restablecimiento de los derechos consagrados en la Constitución y la ley(3). Así mismo, la doble instancia tiene una relación estrecha con el derecho de defensa, ya que a través del establecimiento de un mecanismo idóneo y efectivo para asegurar la recta administración de justicia, garantiza la protección de los derechos e intereses de quienes acceden al aparato estatal(4).
Por estas razones, en cumplimiento de lo normado en el artículo 4º de la Carta Política(3), debe la Sala inaplicar el último inciso del artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, para este caso concreto.
Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 25 de abril de 2013».
(2) Expediente AC-2012-01642, Actora: Fundación Futuro de Paz, C.P. María Claudia Rojas Lasso.