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Timestamp: 2017-03-24 20:39:01
Document Index: 176001950

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'artículo 283', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 24', 'Artículo 24', 'Artículo 24', 'Artículo 24', 'Artículo 32', 'Artículo 34', 'Artículo 35', 'Artículo 35', 'Artículo 50', 'Artículo 54', 'Artículo 58', 'artículo 149', 'artículo 149', 'artículo 149', 'Artículo 33', 'Artículo 15']

LEY 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes	LEY 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes Mis Leyes
LEY 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes Estado	:
43/2003	Boletín Oficial	:
CAPÍTULO IV BIS. RÉGIMEN DE LOS MONTES PROTECTORES Y MONTES CON OTRAS FIGURAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN.
CAPÍTULO V. USO SOCIAL DEL MONTE.
Artículo 1. Objeto. Esta Ley tiene por objeto garantizar la conservación y protección de los montes españoles, promoviendo su restauración, mejora, sostenibilidad y aprovechamiento racional, apoyándose en la solidaridad colectiva y la cohesión territorial.
La conservación y restauración de la biodiversidad de los ecosistemas forestales.
q. Agente forestal: Funcionario que ostenta la condición de agente de la autoridad perteneciente a las Administraciones Públicas que, de acuerdo con su propia normativa y con independencia de la denominación corporativa específica, tiene encomendadas, entre otras funciones, las de policía y custodia de los bienes jurídicos de naturaleza forestal y la de policía judicial en sentido genérico tal como establece el apartado 6 del artículo 283 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
La definición de los objetivos generales de la política forestal española. En particular, aprobará los siguientes documentos:
La recopilación, elaboración y sistematización de la información forestal para mantener y actualizar la Estadística forestal española.
La elaboración de programas de mejora genética y conservación de recursos genéticos forestales de ámbito nacional, así como el establecimiento de normas básicas sobre procedencia, producción, utilización y comercialización de los materiales forestales de reproducción y, en particular, la determinación de sus regiones de procedencia y el mantenimiento del Registro y del Catálogo Nacional de Materiales de Base.
CLASIFICACIÓN Y RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS MONTES.
CLASIFICACIÓN DE LOS MONTES.
Artículo 12 bis. Montes protectores y montes con otras figuras de especial protección. Por razón de sus especiales características, los montes podrán clasificarse en protectores y montes con otras figuras de especial protección, de conformidad con lo establecido en el capítulo IV bis de esta Ley.
Artículo 13. Montes catalogados de utilidad pública. A partir de la entrada en vigor de esta ley, las comunidades autónomas podrán incluir en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública los montes públicos comprendidos en alguno de los siguientes supuestos:
RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS MONTES PÚBLICOS.
cuando se trate de una actividad de servicios que se promueva por la administración gestora del monte conforme a los instrumentos de planificación y gestión del mismo,
4. La exclusión de un monte del Catálogo de Montes de Utilidad Pública sólo procederá cuando haya perdido las características por las que fue catalogado y se regulará por el procedimiento descrito en el apartado anterior.
La exclusión parcial o permuta de una parte no significativa de un monte catalogado podrá ser autorizada por la comunidad autónoma, a propuesta de su órgano forestal, siempre que suponga una mejor definición de la superficie del monte o una mejora para su gestión y conservación.
RECUPERACIÓN POSESORIA Y DESLINDE DE LOS MONTES PÚBLICOS.
2. 3. El deslinde de los montes no catalogados se ajustará al procedimiento que determinen las respectivas Administraciones públicas titulares.
RÉGIMEN DE LOS MONTES PROTECTORES Y MONTES CON OTRAS FIGURAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN. Artículo 24. Declaración de montes protectores. 1. Podrán ser declarados protectores aquellos montes o terrenos forestales de titularidad pública o privada que se hallen comprendidos en alguno de los siguientes casos:
Artículo 24 bis. Declaración de otras figuras de especial protección de montes. 1. Las comunidades autónomas podrán establecer otras figuras de especial protección de los montes de titularidad pública o privada que presenten, entre otras, algunas de las siguientes características:
Artículo 24 ter. Registros de montes protectores y de montes con otras figuras de especial protección. 1. Cuando las comunidades autónomas hayan declarado montes protectores y montes con otras figuras de especial protección deberán crear los registros públicos de carácter administrativo correspondientes.
Artículo 24 quáter. Montes protectores y con otras figuras de especial protección de titularidad privada. 1. La gestión de los montes protectores y con otras figuras de especial protección de titularidad privada corresponde a sus propietarios, que deberán presentar a la Administración forestal de la comunidad autónoma el correspondiente proyecto de ordenación de montes o plan dasocrático, en caso de no disponer de instrumento de planificación de ordenación de recursos naturales o forestal vigente en la zona.
DERECHO DE ADQUISICIÓN PREFERENTE Y UNIDADES MÍNIMAS DE ACTUACIÓN FORESTAL.
Planificación de las acciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos fijados en el plan, incorporando las previsiones de repoblación, restauración hidrológico-forestal, prevención y extinción de incendios, regulación de usos recreativos y ordenación de montes, incluyendo, cuando proceda, la ordenación cinegética, pascícola y micológica.
Artículo 32. La gestión forestal sostenible. Directrices básicas comunes para la ordenación y el aprovechamiento de montes. 1. Los montes deben ser gestionados de forma sostenible, integrando los aspectos ambientales con las actividades económicas, sociales y culturales, con la finalidad de conservar el medio natural al tiempo que generar empleo y colaborar al aumento de la calidad de vida y expectativas de desarrollo de la población rural.
5. Artículo 34. Gestión de montes catalogados, montes protectores y montes con otras figuras de especial protección. 1. Los montes protectores, así como los montes catalogados que reúnan las características enumeradas en los artículos 13.b y 24.1, se gestionarán con el fin de lograr la máxima estabilidad de la masa forestal, se evitará, en su caso, la fragmentación ecológica de los montes y se aplicarán métodos silvícolas que persigan prioritariamente el control de la erosión, del peligro de incendio, de los daños por nieve, vendavales, inundaciones y riadas o de otros riesgos para las características protectoras del monte.
Artículo 35. Certificación forestal. Las Administraciones públicas promoverán el desarrollo de los sistemas de certificación, garantizando que el proceso de certificación forestal sea voluntario, transparente y no discriminatorio, así como velarán por que los sistemas de certificación forestal establezcan requisitos en relación con los criterios ambientales, económicos y sociales que permitan su homologación internacional.
Artículo 35 bis. Compra responsable de productos forestales. En los procedimientos de contratación pública, las Administraciones públicas adoptarán las medidas oportunas para evitar la adquisición de madera y productos derivados procedentes de talas ilegales de terceros países y para favorecer la adquisición de aquellos procedentes de bosques certificados.
Las entidades locales titulares de montes catalogados aplicarán a un fondo de mejoras, cuyo destino será la conservación y mejora de los montes incluidos en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública, una cuantía que fijarán las comunidades autónomas y que no será inferior al 15 % del valor de sus aprovechamientos forestales o de los rendimientos obtenidos por ocupaciones u otras actividades desarrolladas en el monte. Dicho fondo será administrado por el órgano forestal de la comunidad autónoma, salvo que ésta lo transfiera a la entidad local titular.
CONSERVACIÓN DE SUELOS, LUCHA CONTRA LA EROSIÓN Y LA DESERTIFICACIÓN Y RESTAURACIÓN HIDROLÓGICO-FORESTAL.
En la elaboración o posterior aplicación del plan, las comunidades autónomas podrán delimitar zonas de peligro por riesgo de inundaciones o intrusiones de nieve que afecten a poblaciones o asentamientos humanos.
3. Para cada una de estas zonas se formulará un Plan de Defensa que, además de todo aquello que establezca el correspondiente Plan autonómico de emergencias, deberá considerar, como mínimo:
Artículo 50. Mantenimiento y restauración del carácter forestal de los terrenos incendiados. 1. Las comunidades autónomas deberán garantizar las condiciones para la restauración de los terrenos forestales incendiados, y queda prohibido:
USO SOCIAL DEL MONTE. Artículo 54 bis. Acceso público. 1. El acceso público a los montes podrá ser objeto de regulación por las Administraciones Públicas competentes.
INVESTIGACIÓN, FORMACIÓN, EXTENSIÓN Y DIVULGACIÓN.
La cooperación en materia forestal entre institutos, centros de investigación, centros tecnológicos y universidades, tanto públicos como privados, en particular a través del enlace en forma de redes de los distintos centros.
Artículo 58. Extensión, policía y guardería forestal. 1. Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, deberán desempeñar, entre otras, las siguientes funciones de extensión, policía y guardería forestal:
DEFENSA DE LOS INTERESES FORESTALES.
1. Las comunidades autónomas llevarán un registro de cooperativas, empresas e industrias forestales, tanto de las empresas que realizan trabajos forestales en los montes como de las industrias forestales, incluyendo en éstas las de sierra, chapa, tableros, pasta, papel y corcho.
Las comunidades autónomas deberán mantener informada a la Administración General del Estado sobre dicho registro.
INCENTIVOS ECONÓMICOS EN MONTES ORDENADOS.
a. El cambio de uso forestal sin autorización.
c. La quema, arranque o inutilización de ejemplares arbóreos de especies forestales, salvo casos excepcionales autorizados o de intervención administrativa, justificados por razones de gestión del monte.
g. La forestación o reforestación con materiales de reproducción expresamente prohibidos.
h. La realización de aprovechamientos forestales sin autorización administrativa o, en su caso, notificación del titular y, en general, la realización de cualquier actividad no autorizada o notificada, cuando tales requisitos sean obligatorios.
j. El pastoreo en los montes donde se encuentre prohibido o se realice en violación de las normas establecidas al efecto por el órgano forestal de la comunidad autónoma.
l. Cualquier incumplimiento grave que afecte al normal desarrollo del monte, del contenido de los proyectos de ordenación de montes, planes dasocráticos de montes o planes de aprovechamientos, así como sus correspondientes autorizaciones, sin causa técnica justificada y notificada al órgano forestal de la comunidad autónoma para su aprobación.
n. El vertido no autorizado de residuos en terrenos forestales.
ñ. La alteración de las señales y mojones que delimitan los montes públicos deslindados.
o. La obstrucción por acción u omisión de las actuaciones de investigación, inspección y control de las Administraciones públicas y de sus agentes, en relación con las disposiciones de esta Ley y de sus normas de desarrollo.
p. El incumplimiento de las obligaciones de información a la Administración por parte de los particulares.
Las infracciones tipificadas en los párrafos a a n del artículo anterior, cuando los hechos constitutivos de la infracción hayan causado al monte daños cuyo plazo de reparación o restauración sea superior a 10 años.
La infracción tipificada en el párrafo ñ del artículo anterior, cuando la alteración de señales y mojones impida la determinación sobre el terreno de los lindes legalmente establecidos.
Las infracciones tipificadas en los párrafos a a n del artículo anterior, cuando los hechos constitutivos de la infracción hayan causado al monte daños cuyo plazo de reparación o restauración sea inferior a 10 años y superior a seis meses.
La infracción tipificada en el párrafo ñ del artículo anterior, cuando la alteración de señales y mojones no impida la identificación de los límites reales del monte público deslindado.
La infracción tipificada en el párrafo o del artículo anterior.
Las infracciones tipificadas en los apartados p y q del artículo anterior.
4. Los beneficios que se generen correspondientes a las partes de la propiedad no esclarecidas deberán invertirse en la mejora del monte. En caso de no poder identificarse la propiedad no esclarecida, deberá invertirse en dicha mejora al menos el 15 % del beneficio total obtenido por los copropietarios.
DISPOSICIÓN ADICIONAL UNDÉCIMA. El Gobierno remitirá en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de esta Ley una propuesta de ley reguladora del Estatuto de la Propiedad Forestal, en la que se establecerán las bases, respetando las competencias que ostentan las Comunidades Autónomas, según sus respectivos Estatutos, en esta materia.
Los artículos 18, apartados 1, 2 y 3, 19, 22, 25 y la disposición adicional décima, que se dictan al amparo del artículo 149.1.8 de la Constitución, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las comunidades autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan.
El capítulo I del título V, por dictarse al amparo del artículo 149.1.15 de la Constitución.
La disposición adicional novena, por dictarse al amparo del artículo 149.1.14 de la Constitución.
Artículos 1, 6 (letra q), 7 (apdos. 2, letras c y g, y 3), 13, 18 (apdos. 1 y 4), 20 (apdo. 1), 21 (apdo. 7), 24, 25 (apdo. 1.b), 29 (apdos. 2 y 3), 30 (apdo. 2), 32, 33 (apdos. 2 y 4), 34, 35, 37 (letra b), 41 (apdos. 1 y 3), 46 (apdo. 1), 47 (apdos. 1 y 3), 48 (apdo. 3), 49 (apdo. 2), 50, 58, 63 (apdos. 1 y 3) y 77 (apdo. 2); Disposiciones adicional segunda (apdos. 2 y 3) y final tercera:
Redacción según Ley 10/2006, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. Capítulos IV bis del título II (arts. del 24 bis al 24 quáter) y V del título IV (art. 54 bis); Artículos 3 (letras j y k), 5 (apdo. 1.e), 10 (apdo. 3), 12 bis, 28 (apdo. 1, letras i, j y k, y último párrafo) y 35 bis; Disposición adicional undécima:
Añadido por Ley 10/2006, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. Artículo 33 (apdo. 5):
Suprimido por Ley 10/2006, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. Artículos 7 (apdos. 1.a y 2.h) y 21 (apdo. 2):
Derogado por Ley 10/2006, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. Artículo 15 (apdo. 5):
LEY 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio FiscalLEY 9/2001, de 12 de julio, por la que se establece el sentido del silencio administrativo y los plazos de determinados procedimientos como garantías procedimentales para los ciudadanosLEY 23/2003, de 23 de diciembre, de creación del Instituto Aragonés de Gestión AmbientalLEY 5/2004, de 24 de junio, de prevención y lucha contra los incendios forestales en ExtremaduraLEY 3/2004, de 23 de noviembre, de montes y ordenación forestalLEY 8/2004, de 20 de diciembre, de Medidas Urgentes en Materia de Medio AmbienteREAL DECRETO-LEY 11/2005, de 22 de julio, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de incendios forestalesLEY 13/2005, de 27 de diciembre, de medidas tributarias y administrativasLEY 10/2006, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de MontesLEY 11/2006, de 27 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas para el año 2007LEY 1/2007, de 15 de enero, de la Academia Gallega de Seguridad PúblicaLEY 3/2007, de 9 de abril, de prevención y defensa contra los incendios forestales de GaliciaLEY 7/2007, de 21 de mayo, de medidas administrativas y tributarias para la conservación de la superficie agraria útil y del Banco de Tierras de GaliciaLEY 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la BiodiversidadLEY 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La ManchaLEY 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicioLEY 7/2010, de 14 de julio, para la DehesaLEY 4/2011, de 29 de marzo, de aprobación de las Directrices de Ordenación de Ámbito Subregional de la Montaña Cantábrica Central en Castilla y LeónLEY 6/2011, de 13 de octubre, de movilidad de tierras	Cerrar PDF
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