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Timestamp: 2018-01-19 05:44:59
Document Index: 280975288

Matched Legal Cases: ['artículo 14', 'Artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 3', 'artículo 14', 'artículo 14', 'Artículo 14', 'Artículo 22', 'Artículo 223', 'Artículo 84', 'Artículo 351', 'Artículo 352', 'Artículo 353']

El ideal de los principios generales del derecho, en el Constituyente de 1917 - Vinculando
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Carlos Antonio Márquez Sandoval 2 comentarios Más sobre:
17/Feb/2011 Valoración:
"La más excelente de todas las virtudes es la justicia…"
Los principios generales del derecho en el ámbito jurisdiccional mexicano
La Constitución Mexicana, los principios generales del derecho y las fuentes
Ideales de la Constitución de 1917
La Constitución Mexicana de 1917 y su filosofía
Los principios y la democracia
En este contexto se sostiene la tesis de que los Principios Generales del Derecho en nuestra Constitución, tienen implícita una filosofía Aristotélico – Tomista, ya que, en su exposición de motivos el constituyente plasma unos ideales de Estado, que hunden sus raíces en la filosofía comentada; así, los Principios precitados, tanto en su interpretación como en su aplicación deberán tener la referencia de los valores postulados por el derecho justo o natural.
Desde hace tres décadas y hasta la actualidad, el tema de los Principios Generales del Derecho, ha sido discutido y discutible, [1] como señala Atienza y Ruiz Manero, ha sido uno de los temas más profusamente discutidos de la Teoría del Derecho.[2] Diferentes posiciones doctrinales se han fijado frente al reto de determinar lo que son los Principios, nos señalan los autores antes mencionados, que en el caso de Alchourrón y Bulygin, parece que por Principios tan sólo podría entenderse una de estas dos cosas: O bien se trataría de normas no coactivas (esto es, enunciados que ordenan, prohíben o permiten conductas en determinados casos genéricos sin establecer sanciones), que se caracterizarían porque la descripción de las propiedades relevantes del caso genérico correspondiente presentaría un alto grado de generalidad y/o de indeterminación semántica; y en tal caso serían normas (enunciados que correlacionan casos con soluciones) indistinguibles de las reglas. O bien podría tratarse de enunciados que ni serían normas ni tendrían influencia.[3]
García Máynez nos señala que para algunos tratadistas los Principios Generales son los del Derecho Romano, otros, que son los universalmente admitidos por la ciencia y por último, hay quienes los identifican con el derecho justo o natural.[4] Pero, para comprender realmente la discusión teórica dada entorno a los señalados Principios Generales, como refiere Galindo Vácha, para determinar la importancia de los mismos es imprescindible realizar un alto histórico en la reflexión de Del Vecchio cuando señaló: "Si, como nadie se atrevería a negar, es exacta la expresión de Celso- Scire leges non hoc est, verba earum tenere, sec vim ac potestatem- el jurista a diferencia del leguleyo, no puede darse por satisfecho con lo que está escrito, sino que además debe investigar su fundamento intrínseco. No basta con conocer las normas particulares; es necesario penetrar en el espíritu que las anima, el cual tiene sus propias raíces en nuestro propio espíritu. La particularidad de las leyes remite a la universalidad del derecho; y el pensamiento de lo universal es filosofía, jurisprudencia y filosofía no pueden, pues, marchar separadas; y así como ningún sistema filosófico (la historia del pensamiento lo demuestra) fue jamás verdaderamente completo sin abarcar los primeros principios del derecho; de igual manera todos los grandes juristas (también la historia lo demuestra) han sido en cierto modo filósofos: veram, nisi fallor, philosophiam, non simulatam affectantes. Una jurisprudencia desprovista de elementos filosóficos sería- según ejemplo que Kant toma de la antigua fábula- semejante a una cabeza sin cerebro; y nada resultaría en verdad más árido y estéril que el estudio de las normas particulares vigentes en este o aquel lugar, si de esta base empírica no fuese posible remontarse a los principios de donde tales normas proceden y que tienen su asiento propio en la razón. No sólo, pues, de los códigos, o como decía Cicerón, "no del edicto del pretor, ni de las XII Tablas, sino de la íntima filosofía debe obtenerse la disciplina del derecho."[5]
"…Registro No. 228881. Localización: Octava Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación III, Segunda Parte-2, Enero a Junio de 1989 Página: 573 Tesis Aislada Materia(s): Administrativa, Común. PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO. SU FUNCION EN EL ORDENAMIENTO JURIDICO. Tradicionalmente se ha considerado en el Sistema Jurídico Mexicano que los jueces para la decisión de los asuntos sometidos a su conocimiento están sujetos a la observancia no sólo del derecho positivo-legal, sino también de los dogmas generales que conforman y dan coherencia a todo el ordenamiento jurídico, que se conocen como principios generales del derecho según la expresión recogida por el constituyente en el artículo 14 de la Carta Fundamental.- La operancia de estos principios en toda su extensión -para algunos como fuente de la cual abreva todas las prescripciones legales, para otros como su orientación a fin- no se ha entendido restringida a los asuntos de orden civil tal y como podría desprenderse de una interpretación estricta del artículo constitucional invocado, sino que aun sin positivización para otros órdenes de negocios, es frecuentemente admitida en la medida en que se les estima como la formulación más general de los valores ínsitos en la concepción actual del derecho.- Su función desde luego no se agota en la tarea de integración de los vacíos legales; alcanza sobre todo a la labor de interpretación de la ley y aplicación del derecho, de allí que los tribunales estén facultados y, en muchos casos, obligados a dictar sus determinaciones teniendo presente, además de la expresión de la ley siempre limitada por su propia generalidad y abstracción, los postulados de los principios generales del derecho, pues éstos son la manifestación auténtica, prístina, de las aspiraciones de la justicia de una comunidad. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Queja 93/89. Federico López Pacheco. 27 de abril de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Adriana Leticia Campuzano Gallegos…"[6]
"…Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.
En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho…"[7]
Sin embargo, también indica el jurista que existe cierta tesis de jurisprudencia que señala que los teóricos no pueden servir para suplir las lagunas legales, lo que resulta en un factor de complejidad adicional ya que siendo los señalados, por su actividad propia, los propicios para el estudio de estos temas, así nos señala la tesis que se transcribe:[8]
"…TRATADISTAS. No existe disposición legal que atribuya a las opiniones de tratadistas de derecho nacionales o extranjeros, la fuerza de una Ley, al grado de que dichas opiniones suplan las omisiones o deficiencias de aquélla; al contrario, el artículo 14 Constitucional dispone que cuando la Ley es omisa, se acuda a los principios generales de derecho, debiendo entenderse por tales, no a las tradiciones de los tribunales que, en último análisis, no son más que prácticas o costumbres que no tienen fuerza de Ley, ni las doctrinas de los jurisconsultos, que tampoco la tienen, por ser contrario a la índole de las instituciones que nos rigen. Quinta época, pleno, Semanario Judicial de la Federación, t. XXIII, p. 996…" [9]
"…El artículo 3, apartado 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece que la interpretación de dicho ordenamiento se debe hacer conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional, y atendiendo a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 14 constitucional.
Las disposiciones citadas del código civil se consideran principios generales del derecho en los aspectos de que tratan, y no se encuentra que se opongan a disposiciones jurídicas de carácter electoral ni a la naturaleza del multicitado convenio, por lo que procede su aplicación en este asunto…"[10]
Llama la atención que la afirmación que realiza el órgano jurisdiccional cuando señala que "…las disposiciones citadas del código civil se consideran Principios Generales del Derecho en los aspectos de que tratan…" encontramos un argumento de fe, pues no se indica cómo es que se consideran Principios Generales del Derecho, tampoco porqué se les considera de esa manera y tampoco se enuncian en específico los Principios que pudieran contenerse en la norma civil; pareciera que los Principios se están tomando de las normas vigentes con características comunes que pudieran contener, sin embargo, el problema que se presenta es que dichos Principios subyacen en el contenido argumentativo de las normas jurídicas, por lo que, decir que estos Principios se encuentran contenidos en los Ordenes legales, podría dar lugar a una contradicción en cuanto a la concepción de lo que son los Principios, pues algo que subyace no se observa en la superficie o en su formalidad, luego entonces para decir que se encuentran en tal o cual código es necesario señalar la forma en que se encuentran subyaciendo y cómo se determinó aquello.
Siguiendo con la problemática, resulta que si se argumenta, que subyacen y no están precisados en la norma formalmente válida positiva, se tendría que aceptar que es necesario recurrir a un desarrollo teórico, lo que resultaría contrario respecto a la tesis señalada en anteriormente y que se encuentra registrada bajo el título "Tratadistas" señalado por el pleno de la Suprema Corte o como se señaló, los órganos jurisdiccionales competentes tendrían que acotar la complicación y realizar dicho ejercicio.
"…Sin embargo, ante la ausencia de tales instrumentos explícitos para resolver el caso planteado, como el juez no puede alegar tal situación, como motivo para dejar de resolver adecuadamente un problema real que se le presente con una resolución, y faltar así a la función jurisdiccional que tiene encomendada, resulta procedente recurrir a la aplicación de los principios generales del derecho, como lo prevé el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su último párrafo, que establece:
Artículo 14. […]
Como se advierte, en el presente caso se actualiza el supuesto en que debe recurrirse a los principios generales del derecho, pues ante la ausencia de disposición expresa o supletoria, y de su interpretación para resolver una cuestión jurídica insoslayable, resulta jurídicamente válido que se funde con base en los principios generales del derecho, como ocurre respecto a la aclaración de sentencia de la cual quedaron establecidas sus características generales, situación que se corrobora, en virtud de que no existe disposición o principio que contemple la legislación electoral del Estado de Jalisco que prohíba la aplicación de ese instrumento procesal…"[11]
Es importante señalar la siguiente argumentación que se hace: "…resulta jurídicamente válido que se funde con base en los principios generales del derecho, como ocurre respecto a la aclaración de sentencia de la cual quedaron establecidas sus características generales, situación que se corrobora, en virtud de que no existe disposición o principio que contemple la legislación electoral del Estado de Jalisco que prohíba la aplicación de ese instrumento procesal…" en este punto y si se observa el desarrollo del argumento reproducido en la anotación correspondiente en el apartado de anexos del presente trabajo, presentaría que lo que se considera como Principios Generales del Derecho serían aquellas reiteraciones que se dan en las legislaciones normativas y que son comunes a la mayoría de las leyes, que las características generales son fuente de los Principios comentados, lo cual se traduce en una incertidumbre pues confrontada la argumentación que nos ocupa con la indicada por la tesis aislada señalada anteriormente, sería notorio que no se aclara de manera prístina y uniformemente lo que son los Principios objeto del presente desarrollo.
En el derecho Constitucional mexicano tenemos que sus fuentes a decir, son, como señala Carpizo y Madrazo[12]:
Carpizo y Madrazo ilustran[13], que las fuentes de la Constitución son de carácter mediato e inmediato, considerando como las primeras a las causas de la creación de la Constitución y a las segundas fue el congreso constituyente que se convocó para que se le redactara y aprobara.
Así, inductivamente podemos apreciar que el derecho Constitucional tiene, como una de sus fuentes a la Constitución, que a su vez tiene como fuentes aspectos de carácter mediato e inmediato; de lo que podemos concluir, es que estas fuentes mediatas o inmediatas son fuentes del derecho Constitucional mexicano. Esto es particularmente relevante, pues resulta que los idearios que dan origen a la Constitución plasmados por el constituyente resultan, entonces, fuente del derecho Constitucional mexicano. Estos idearios o ideales dan[14] luz al derecho que dimana de la carta fundamental y sus preceptos, así, podríamos remitirnos hasta los Principios Generales del Derecho señalados en la carta fundamental mexicana, los cuales también tienen un dato origénico en esos ideales o idearios que subyacen en la misma Constitución.
"… Art. 14.- A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.
En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra de la ley, y a la falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho…"
En dicho Diario, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, registró una fe de erratas que se publicó al día siguiente, el martes 6 de febrero de 1917, en ella se tocaron diversos artículos muy cercanos, pero el 14 permaneció sin modificación alguna.[15]
"Artículo Único. Se reforman los Artículos 14, segundo párrafo y 22 primer párrafo, y se deroga el cuarto párrafo del Artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Para lo anterior, debemos de recurrir a la exposición de motivos de la Constitución de 1917, que quedó plasmado en el Diario de los Debates del congreso constituyente, publicado en Querétaro el 1 de Diciembre de 1916, en donde se recoge lo sucedido en la sesión inaugural celebrada en el teatro Iturbide la tarde del viernes 1 de diciembre de 1916, en donde se observa lo manifestado por el Primer Jefe del Ejercito Constitucionalista, encargado del Poder Ejecutivo de la unión, en los siguientes términos:[16]
"… porque si el derecho es el que regulariza la función de todos los elementos sociales, fijando a cada uno su esfera de acción, ésta no puede ser en manera alguna provechosa, si en el campo que debe ejercitarse y desarrollarse, no tiene la espontaneidad y la seguridad, sin las que carecerían del elemento que, coordinando las aspiraciones y las esperanzas de todos los miembros de la sociedad, nos lleva a buscar en el bien de todos la prosperidad de cada uno, estableciendo y realizando el gran principio de la solidaridad, sobre el que deben descansar todas las instituciones que tienden a buscar y realizar el perfeccionamiento humano…"
"… Siendo el objeto de todo gobierno el amparo y protección del individuo, o sea de las diversas unidades de que se compone el agregado social, es incuestionable que el primer requisito que debe llenar la Constitución Política, tiene que ser la protección otorgada, con cuanta precisión y claridad sea dable a la libertad humana, en todas las manifestaciones que de ella derivan de una manera directa y necesaria, como constitutivas de la personalidad del hombre…"
"… Ya antes dije que el deber primordial del gobierno es facilitar las condiciones necesarias para la organización del derecho o, lo que es lo mismo, cuidar de que se mantengan intactas todas las manifestaciones de libertad individual, para que, desarrollándose el elemento social, pueda, a la vez que conseguirse la coexistencia pacífica de todas las actividades, realizarse la unidad de esfuerzos y tendencias en orden a la prosecución del fin común: la felicidad de todos los asociados…"
I.- En cuanto al bien de todos como fin de la sociedad; este concepto es nada menos el que implica al bien común en nuestra legislación, y tiene su antecedente en la filosofía de Santo Tomás de Aquino en la Summa Teológica,[17] en esta doctrina cristiana encontramos que el filósofo se expresa respecto a la esencia de la ley, que ésta, nos indica, ”…no es más que una prescripción de la razón, en orden al bien común, promulgada por aquel que tiene el cuidado de la comunidad…”, con lo que afirma que el fin del bien común es el mismo bien común; y sigue exponiendo “…constituyéndose la ley ante todo por orden al bien común, cualquier otro precepto sobre un objeto particular no tiene razón de ley sino en cuanto se ordena al bien común. Por tanto, toda ley se ordena al bien común…”, correspondiéndole, bien a la comunidad, o bien a la autoridad velar por él.
Sin embargo, se puede encontrar un antecedente un poco más antiguo del concepto, que la originalidad, y de la cual abrevó el padre de la iglesia, es atribuible al griego Aristóteles, cuando en su obra Ética a Nicómaco[18] nos señala que "… el hombre es social cuya naturaleza es vivir en compañía …" de esta manera, podemos determinar que el primer concepto analizado y que se encuentra en la exposición de motivos de nuestra Constitución vigente y que dice: El bien de todos como fin de la sociedad, tiene un antecedente en una filosofía Aristotélico – Tomista, en donde la impronta cristiana la encontramos implícita en todo el ideal.
II. Respecto al ideal: La misma sociedad como medio de realización del perfeccionamiento humano, este concepto de que el hombre alcanza el perfeccionamiento por medio de la vivencia en sociedad, Santo Tomás de Aquino esgrime, que la sociedad civil es natural en el hombre en relación a que es algo a lo que él naturalmente se inclina, ya que es necesario para el perfeccionamiento de su naturaleza racional. Para el religioso, la única asociación humana que pueda otorgar la posibilidad de acceder a la virtud y de satisfacer las necesidades del hombre es la ciudad. Sin embargo, señala que la ciudad, como autoridad política se edifica la existencia de hombres libres sobre hombres libres, con el objetivo del bien de todos los ciudadanos, de esta manera, la ciudad es más que la suma de sus partes y su finalidad es más que la suma de los intereses particulares de los miembros.[19] Por lo señalado, se entiende que el bien común es el fin general de la ciudad, que es el que se debe de privilegiar por encima de los intereses de los particulares y que bajo de este deben quedar cualquier otra finalidad.
Así, en resumen, podemos decir que en la motivación del constituyente de la carta Constitucional de 1917, encontramos la impronta de una filosofía política de corte Aristotélico – Tomista, con un sustrato de ideología cristiana a su vez sustentada en el derecho natural, lo que nos permite acercarnos al objetivo del presente trabajo, determinar qué debemos estimar por Principios Generales del Derecho de acuerdo a su génesis; estando en posición, a esta altura del trabajo de poder ir concluyendo, que su origen lo tienen en los ideales que los constituyentes absorbieron de los filósofos mencionados con anterioridad. Esto resulta trascendente, debido a que, si los Principios Generales del Derecho son la abstracción o generalización de las normas de derecho de un Estado, entonces ésta deberá hacerse buscando armonizarlos con el derecho natural o justo; ya que la carta magna del país, de acuerdo a los análisis realizados, encuentra su motivación en el señalado derecho justo.
En este momento metodológico, ante el horizonte que se vislumbra, resulta imprescindible describir al derecho natural y sus principios, así, se puede sostener que el derecho natural es lo que es adecuado, lo absolutamente justo, los que es justo por sí mismo, no lo justo sustentado en un estatuto humano fijado por la razón. Lo justo por sí mismo importa esencialmente equidad y para esta acción de importación no requiere de orden de algún otro. Por esto, lo justo se revela en el hombre desde su interioridad, desde su naturaleza y no se discute su validez. El derecho de gentes[20] requiere de la validez que solamente obtiene de su fundamento en el derecho natural.
Finnis nos ilustra cómo en las sociedades y culturas se revelan los principios del derecho natural cuando nos señala: "…Todas las sociedades humanas muestran una preocupación por el valor de la vida humana; en todas, la autoconservación es aceptada generalmente como un motivo adecuado para la acción, y en ninguna se permite matar a otros seres humanos sin alguna justificación clara y precisa. Todas las sociedades humanas consideran la procreación de una nueva vida humana como un bien en sí mismo, a menos que se den circunstancias especiales. Todas las sociedades humanas imponen algún tipo de restricción a la actividad sexual; en todas las sociedades se prohíbe de algún modo el incesto, la promiscuidad ilimitada y la violación, y se favorece la estabilidad y la permanencia en las relaciones sexuales. Todas las sociedades humanas exhiben una inquietud por la verdad, que se manifiesta en la educación de los jóvenes en asuntos no sólo prácticos (por ejemplo, la evitación de peligros), sino también especulativos o teóricos (por ejemplo, la religión). Todas las sociedades humanas exhiben una preferencia por los valores de la cooperación, de la promoción del bien común por encima del individual, del compromiso entre los individuos, y de la justicia en el seno de los grupos. Todas conocen la amistad. Todas tienen alguna concepción del meum y el tuum, de la propiedad y de la reciprocidad. Todas tratan a los cuerpos de los miembros del grupo muertos de un modo ritual y tradicional, distinto a los procedimientos de eliminación de la basura. Todas muestran interés por los poderes o principios que deben ser respetados como suprahumanos: bajo una u otra forma, la religión es universal…"[21]
"…PREÁMBULO. La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de: Garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo. Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular. Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones. Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida. Establecer una sociedad democrática avanzada, y Colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la Tierra…"
La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria"[22]
"…Art. 17.- El Estado garantizará a todos sus habitantes, sin discriminación alguna, el libre y eficaz ejercicio y el goce de los derechos humanos establecidos en esta Constitución y en las declaraciones, pactos, convenios y más instrumentos internacionales vigentes. Adoptará, mediante planes y programas permanentes y periódicos, medidas para el efectivo goce de estos derechos…"[23]
Da Silva[24] ya daba cuenta de que los Principios de la Constitución tienen esa característica de inmutabilidad, cuando nos señala que la Constitución será, entonces, "un complejo normativo establecido de una sola vez, en el cual, de una manera total, exhaustiva y sistemática, se establecen las funciones fundamentales del Estado y se regulan los órganos, el ámbito de sus competencias y las relaciones entre ellas. La Constitución es, pues, un sistema de normas". Y nos sigue ilustrando que esa concepción nació en el constitucionalismo moderno y está vinculada a la idea del Estado liberal y al racionalismo, para los cuales la actividad jurídica es, en mayor o menor grado, mero producto de la razón, mero producto de la razón, algo deducido de ciertos principios más o menos inmutables, capaces de moldear, disciplinar, modificar la realidad social, y la Constitución es la garantía de esos principios.
Resultando oportuno señalar que la conexión referida, se da en la lógica de que a felicidad, el bien común y el perfeccionamiento humano presuponen la realización de la libertad, la igualdad y la justicia, lo cuales, a su vez presuponen, el momento de la praxis la realización de un Estado democrático. Y es que la tiranía, que es injusta y nada igualitaria resulta lo opuesto a lo democrático, precisamente para salvaguardarlo es que estos Principios permean tanto en la práctica política como en la jurídica, en síntesis, como señala Botero,[25] cuando nos señala que "…una idea propia de los principios terminan siendo hitos en el transcurrir jurisprudencial colombiano, reafirmando que el dilema de los principios, por la cuestión de fondo que le subyace (defensa de la democracia), es fruto de especulaciones (que se enfrentan en un campo teorético) del autor y luego del lector…" señalando de forma conclusiva que "…Por ello se afirma aquí que el discurso principialístico está atravesado, desde su inicio hasta el fin, de pretensiones políticas…"
En este sentido, es pertinente determinar, para una mejor comprensión de lo afirmado con anterioridad, que los Principios tienen en su naturaleza una característica que los diferencia de las demás normas, que sirve para explicar la dualidad referida de ellos y son las diferencias genéticas; magistralmente señaladas por Jiménez Cano[26] y que nos explica que las normas proceden de en la organización estatal o social y necesitan que una autoridad determine su contenido, los principios tienen su origen en la propia naturaleza del Derecho y obtienen su contenido de la misma naturaleza de las relaciones humanas en la que el Derecho aparece.
Al respecto Rawls[27] ya nos explicita que "…en cualquier sociedad en la que las personas reflexionan sobre sus instituciones tendrán ellas una idea de qué principios de justicia serían reconocidos en las circunstancias descritas, y habrá ocasiones en las que de hecho las cuestiones de justicia se discutirán de esta forma. Por tanto, si sus prácticas no son acordes con esos principios, ello afectará a la calidad de sus relaciones sociales. Pues en ese caso habrá algunas situaciones sociales reconocidas en las que las partes son mutuamente conscientes de que una de ellas está siendo forzada a aceptar lo que la otra admitiría que es injusto. Podemos, pues, pensar que el precedente análisis representa la calidad efectiva que tienen las relaciones entre personas en tanto que definidas por prácticas que se aceptan como justas. En el ámbito de tales prácticas las partes reconocerán los principios sobre cuya base están construidas, y el reconocimiento general de este hecho se pone de manifiesto en la ausencia de resentimiento y en el sentimiento de que se las trata con justicia…"
TERCERO: Los sueños que subyacen en el espíritu del constituyente, reflejan un alto contenido de una ideología aristotélica – tomista, la cual se funda y sostiene en el derecho justo o natural, mismo que permea en la Constitución y en el derecho constitucional y por ende, en el derecho mexicano.
Aristóteles. Ética a Nicomaco. Traducción Francisco Gallach Palés. España. Impreso por L. Rubio. Biblioteca Jurídica Virtual. 1931. Libro IX. Dirección Electrónica:
Atienza, Manuel. Ruiz Manero, Juan. Sobre Principios y Reglas. España. Doxa, Cuadernos de filosofía del Derecho. Universidad de Alicante. Publicación 10- 1991. Página Web:
Carpizo, Jorge. Madrazo Jorge. Derecho Constitucional. México. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la U.N.A.M. 1991. Pág. Web:
Constitución Ecuatoriana. Dirección electrónica siguiente:
10. Constitución Española. Dirección electrónica:
11. Da Silva José Alfonso. Aplicabilidad de las Normas Constitucionales. Traducción Nuria González Martín. Instituto de Investigaciones Jurídicas. México. 2003. Dirección electrónica
12. Finis, John. Natural Law and Natural Rights, Clarendon, Oxford, 1988.
13. Galindo Vácha, Juan C. Lecciones de Derecho Administrativo. Bogotá, Colombia. Universidad Pontifica Javierana. 2006. Segunda Edición. Vol. 1. Dirección Web: http://books.google.com.mx/books?id=M7PyAnbrZIAC&pg=PA61&dq=vecchio+giorgio+principios+generales&lr=&ei=NazER4rQGpXaygShqemPAQ&sig=lt4v8z43oS0K_Ee8BnqW0hmZikk
14. García Máynez, Eduardo. Introducción al Estudio del Derecho. México. Porrúa. 2002. 53 Edición.
15. Giorlandini, Juan Carlos y Eduardo. Principios del Derecho. Equipo Federal del Trabajo. Argentina. Página web:
16. Jiménez Cano R. Sobre Los Principios Generales del Derecho. Especial Consideración en Derecho Español. Revista Telemática de Filosofía del Derecho. No. 3 1999/2000.
17. Rawls, J. Justicia como Equidad. Revista Española de Control Externo. España. Vol. 5, Nº 13, 2003. P. 143.
18. Romero A. Oscar. Mons. Oscar A. Romero. Su pensamiento III. Alicante, España. Biblioteca Miguel de Cervantes. 2002. visible en la dirección electrónica siguiente: http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/12715282009050405209624/p0000001.htm#I_0_
19. Strauss, Leo y Cropsey Joseph. Historia de la Filosofía Política. Traducción de Leticia García Urriza, Diana Luz Sánchez y Juan José Utrilla. México. Fondo de Cultura Económica. 2004. Cuarta reimpresión.
20. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Principios Generales del Derecho. Su función en el ordenamiento jurídico. IUS 2006. =912064&cPalPrm=PRINCIPIOS,DEL,DERECHO,GENERALES,&cFrPrm
21. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. SUP-RAP-038-1999, Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Página Web:
22. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. SUP-JRC-010/2001. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la siguiente Página Web:http://www.trife.org.mx/Siscon/gateway.dll/nJurTes/nCompilaSen/ncompilasen2001/ncompilasen2001jrc/supjrc0102001?f=templates&fn=default.htm
* Maestro en Filosofía por la Universidad del Mayab, Yucatán. Docente en la Universidad Interamericana para el Desarrollo, Campus Campeche. Juez Segundo Electoral del Poder Judicial del Estado de Campeche. Correo: carlosmarquez68@prodigy.net.mx. Página Web:
[1] Giorlandini, Juan Carlos y Eduardo. Principios del Derecho. Equipo Federal del Trabajo. Argentina. Página web: Es pertinente señalar que este tema se desarrolla ampliamente en el ensayo de los autores.
[2] Atienza, Manuel. Ruiz Manero, Juan. Sobre Principios y Reglas. España. Doxa, Cuadernos de filosofía del Derecho. Universidad de Alicante. Publicación 10- 1991. Página Web:
[4] García Máynez, Eduardo. Introducción al Estudio del Derecho. México. Porrúa. 2002. 53 Edición. P. 371. El autor refiere que al Del Vecchio en donde señala que la última de las concepciones señaladas es la correcta.
[5] Galindo Vácha, Juan C. Lecciones de Derecho Administrativo. Bogotá, Colombia. Universidad Pontifica Javierana. 2006. Segunda Edición. Vol. 1. p 61 y 62. Dirección Web: http://books.google.com.mx/books?id=M7PyAnbrZIAC&pg=PA61&dq=vecchio+giorgio+principios+generales&lr=&ei=NazER4rQGpXaygShqemPAQ&sig=lt4v8z43oS0K_Ee8BnqW0hmZikk
[6] Verse la página Web de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. IUS 2006. =912064&cPalPrm=PRINCIPIOS,DEL,DERECHO,GENERALES,&cFrPrm=
[7] Verse de la página web de la Cámara de Diputados con dirección:
[8] Carbonell, Miguel. Los Derechos Fundamentales en México. México. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la U.N.A.M. 2004. p. 691 y 692.
[10] Verse la resolución SUP-RAP-038-1999, dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Página Web:
En esta resolución se podrá observar cómo pareciera que los Principios Generales del Derecho se deducen de aspectos comunes contenidos en las normas existentes en el derecho mexicano, resultando pertinente recomendar el análisis acucioso y que a manera de ejemplificación se transcribe un fragmento, pues por la extensión resulta de gran dificultad traerla a este espacio y dice:
"…según se constata en las disposiciones que se transcriben a continuación, de algunos de los ordenamientos del país. "Código Federal de Procedimientos Civiles: Artículo 223. Sólo una vez puede pedirse la aclaración o adición de sentencia o de auto que ponga fin a un incidente, y se promoverá ante el tribunal que hubiere dictado la resolución, dentro de los tres días siguientes de notificado el promovente, expresándose, con toda claridad, la contradicción, ambigüedad u obscuridad de las cláusulas o de las palabras cuya aclaración se solicite, o la omisión que se reclame." Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal: Artículo 84. Tampoco podrán los jueces y tribunales variar ni modificar sus sentencias o autos después de firmados, pero sí aclarar algún concepto o suplir cualquier omisión que las primeras contengan sobre punto discutido en el litigio, o los segundos cuando sean obscuros o imprecisos sin alterar su esencia. Estas aclaraciones podrán hacerse de oficio dentro del día hábil siguiente al de la publicación de la resolución correspondiente, o a instancia de parte presentada dentro del día siguiente al de la notificación. En este último caso, el juez o tribunal resolverá lo que estime procedente dentro del día siguiente al de la presentación del escrito en que se solicite la aclaración." Código Federal de Procedimientos Penales: Artículo 351. La aclaración procede únicamente tratándose de sentencias definitivas, y sólo una vez puede pedirse. Artículo 352. La aclaración se pedirá ante el tribunal que haya dictado la sentencia, dentro del término de tres días contados desde la notificación y expresando claramente la contradicción, ambigüedad, obscuridad o deficiencia de que, en concepto del promovente, adolezca la sentencia. Artículo 353. De la solicitud respectiva se dará vista a las otras partes por tres días, para que expongan lo que estimen procedente…" así, en estor términos de expresión de la resolución, podría pensarse que se está frente a Principios Generales que derivan de la norma formalmente vigente, de lo que se sostiene que si no se aclarara olvidaríamos que existe la posibilidad que la norma formalmente reconocida por el Estado podría no sostenerse en la norma justa.
[11] También consultable en la resolución del expediente: SUP-JRC-010/2001, dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la siguiente Página Web:http://www.trife.org.mx/Siscon/gateway.dll/nJurTes/nCompilaSen/ncompilasen2001/ncompilasen2001jrc/supjrc0102001?f=templates&fn=default.htm
[12] Carpizo, Jorge. Madrazo Jorge. Derecho Constitucional. México. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la U.N.A.M. 1991. p. 7. Pág. Web:
[14]Cámara de Diputados. Diario Oficial. Página web: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_orig_05feb1917_ima.pdf
[15] Ibidem. Consultable en la Página Web: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_fe_orig_06feb17_ima.pdf
[16] Ibidem. Página Web
[17] Citado por Monseñor Romero A. Oscar. Mons. Oscar A. Romero. Su pensamiento III. Alicante, España. Biblioteca Miguel de Cervantes. 2002. visible en la dirección electrónica siguiente: http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/12715282009050405209624/p0000001.htm#I_0_
[18] Aristóteles. Ética a Nicomaco. Traducción Francisco Gallach Palés. España. Impreso por L. Rubio. Biblioteca Jurídica Virtual. 1931. Libro IX. Pp. 256 y 257 Dirección Electrónica:
[19] Strauss, Leo y Cropsey Joseph. Historia de la Filosofía Política. Traducción de Leticia García Urriza, Diana Luz Sánchez y Juan José Utrilla. México. Fondo de Cultura Económica. 2004. Cuarta reimpresión. Pp 248.
[20] Castilla Urbano, F. El pensamiento de Francisco de Vitoria: Filosofía Política e Indio americano. México. Editorial Artrhopos. Pp. 160.
[21] Finis, John. Natural Law and Natural Rights, Clarendon, Oxford, 1988, pp.83-84
[22] La Constitución Española fue obtenida de la siguiente dirección electrónica:
[23] La Constitución Ecuatoriana fue obtenida de la dirección electrónica siguiente:
[24] Da Silva José Alfonso. Aplicabilidad de las Normas Constitucionales. Traducción Nuria González Martín. Instituto de Investigaciones Jurídicas. México. 2003. Pp. 15. dirección electrónica
[25] Botero Bernal A. La Jerarquía entre Principios Generales del Derecho: La Historicidad y la Culturalidad del Principio de Justicia. Revista de Derecho. Universidad del Norte. Colombia. 2005. No. 23 pp. 64
[26] Jiménez Cano R. Sobre Los Principios Generales del Derecho. Especial Consideración en Derecho Español. Revista Telemática de Filosofía del Derecho. No. 3 1999/2000 pp. 9
[27] Rawls, J. Justicia como Equidad. Revista Española de Control Externo. España. Vol. 5, Nº 13, 2003. P. 143
Carlos Antonio Márquez Sandoval, (2011). El ideal de los principios generales del derecho, en el Constituyente de 1917. Recuperado de Revista Vinculando: http://vinculando.org/articulos/sociedad_mexico/principios_generales_derecho_constitucion_1917_mexico.html
alfredo loredo opina:
Les invito a que por favor visiten el siguiente Link relacionado con este tema: constituyentecivil mexico2010 en blogspot.
Luis Ernesto Trillo opina:
QQHH:..Soy un lego en derecho , conforme pasa el tiempo en su estudio, me doy cuenta que no se nada, con la fe que sin embargo, la practica hace al capas en derecho , definitivamente mi entusiasmo a seguir adelante es de tener el poder para contender y vencer al poderoso y opresor de nuestro pueblo , Mi lema Unidad y Progreso Intelectual , Soy Partidario de la Paz, aunque paradójicamente me estoy preparando para la Guerra… lego leguleyo por practica mejor situación económica accesoria a la falta de ética profesional , No es la razón de mi estudio… lego aprendiz de jurista si. empero no lo expreso asi para continuar con mis votos de humildad y sacrificio de conocer a mi pueblo, caminando con el en lo mas de su recóndita paupérrima pobreza e ignorancia a la que me a sido posible llegar y tener el privilegio de ser por ellos mismos juzgado superiormente pobre e ignorante al grado de ser por ellos discriminado por no ser alguien importante suficiente como para unirse me a protestar por su derecho que solo existe en el mundo sub real de donde vienen los sueños del que se atreve a soñar en la justicia para el iletrado y pobre contra el argumento arbitrario de la autoridad o el de un rico que siempre es reconocido por verdad y ni la evidencia de la evidencia misma tiene la suerte de probar lo contrario al contender un miembro de la antes por derecho del arbitrario y opresor clase social …o sea conozco la sociedad auto desahuciada que se comprende aceptando la muerte civil. lego aprendiz de jurista si lo expreso asiendo alarde a mi soberbia que persigue la significante lucha por el bien común de mi pueblo , aunque el desplegar de mi audacia se me juegue emana de problemas patológicos, que importa que así lo jueguen hoy y en una historia en la que nunca figure se recuerde por mis secanos el afirmado veredicto , que al fin y alabo tarde que temprano se olvidaría , que me importa que los arbitrarios y opresores de nuestro pueblo aunados a un puñado de ignorantes lambe votas del pueblo traidores hablen mal de quien con buena fe intenta hacer la diferencia …así que sin humildad alguna soy Lego aprendiz de juristas y filósofos como muchos que no son nombrados en la presente publicación de principios generales de derecho, lego aprendiz de jurista hasta el ultimo de esta vida fiel, y quizás así como a mis maestros pueda tener el gran honor de ser citado como jurista por el mismo mismo pueblo que un día diferente me juzgo….así que debo volver a mi mundo sub real para seguir tratando hacer la brecha para que los futuros aprendiz de juristas caminen por ella y me citen jurista …así que no es humildad sino soberbia bien fundada por tener la oportunidad de pensar que el conocimiento que con los años adquiere me dará el poder para bien representar a mi pueblo y dictar la pauta a seguir en re-interpretada definición del principio de igualdad ante la ley en el futuro del derecho mexicano que deja huella y en sus hijos persiste y persevera persistente en un futuro que se los promete…TESS::: CUAUHTLEHUANITLIN LAK’ECH – HALA KEN CUAUHTLEHUANITL
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