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Timestamp: 2019-04-23 15:10:21
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Matched Legal Cases: ['artículo 22', 'artículo 22', 'artículo 22', 'artículo 22', 'artículo 22', 'artículo 76', 'artículo 22', 'artículo 76']

VICIOS DE LAS MULTAS FISCALES
Publicado el 07 Oct a las 13:20h
Elaborado por: LC y LD Víctor Hugo González Martínez.
Licenciado en Derecho y Licenciado en Contaduría, autor de más de 200 artículos en Revistas Especializadas, Catedrático en la Escuela Bancaria y Comercial, Expositor en diversos colegios de contadores en el interior de la República, Autor del libro “Las Multas Fiscales y su impugnación” y “El Contador frente a una Revisión Fiscal” de Gasca sicco, ha participado en los programas de radio “Consultorio fiscal” de la UNAM y en TV programa “Fiscal.con” por canal 22, Litigante especialista en Materia Tributaria y Asesor de despachos de contadores.
En esta ocasión de forma breve pero importante exponemos las diversas ilegalidades en que incurren las autoridades al imponer sanciones. Son diversos los criterios de los tribunales en donde se ha establecido los requisitos de las multas fiscales que sean dirigidas a los contribuyentes, por lo que en todo caso debe respetarse no sólo tanto los requisitos establecidas en las leyes tributarias sino además aquellos que con motivo de la interpretación del artículo 22 Constitucional han sido fijados ya decíamos a través de las jurisprudencias y tesis. En ese tenor para evitar una multa excesiva el legislador debe establecer una sanción mínima y máxima que le permita tener un margen de acción para imponer la sanción en relación al tipo de infracción, conducta, reincidencia, gravedad, condición económica y demás circunstancias, pues en caso de faltar alguno de ellos hay una violación al artículo 22 Constitucional. Es por ello que los tribunales ha considerado necesario fijar un concepto de excesividad en que puede incurrir la autoridad al tiempo de imponer una multa, por lo que de la acepción gramatical del vocablo “excesivo”, así como de las interpretaciones dadas por la doctrina, y por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para definir el concepto de multa excesiva contenido en el artículo 22 constitucional, se pueden obtener los siguientes elementos:
Una multa es excesiva cuando es desproporcionada a las posibilidades económicas del infractor en relación a la gravedad del ilícito fiscal.
Una multa es excesiva cuando se propasa, va más adelante de lo lícito y lo razonable. C) Una multa puede ser excesiva para unos, moderada para otros y leve para muchos.
Para que una multa no sea contraria al texto constitucional, debe determinarse su monto o cuantía, tomarse en cuenta la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor y la reincidencia de éste en la comisión del hecho que la motiva.
La garantía de prohibición de multas excesivas, contenidas en el artículo 22 constitucional, se presenta en la práctica casi siempre en relación con la determinación concreta de la sanción administrativa, pero esta prohibición comprende también al legislador.
La multa excesiva puede estar establecida en la ley que emana del Poder Legislativo cuando se señalan sanciones fijas que no dan bases para la autoridad administrativa a individualizar esa sanción, permitiendo a ésta un actuar arbitrario, aunque esté dentro de los límites establecidos en la propia ley.
En ese sentido el sistema impositivo de multas por omisión en el pago de contribuciones establecidas en el Código Fiscal de la Federación debe contener todas las hipótesis posibles para adecuar la conducta a la infraccion pero además los parámetros para imponer una multa que respete los principios contenidos en el artículo 22 de la Carta Magna, razón por la cual no es fácil imponer una sanción pues en todo caso el particular puede defenderse para pedir la nulidad de la sanción economica.
Para efectos de apoyo citamos las siguientes JURISPRUDENCIAS que serán de gran interés para los lectores:
Instancia: TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.
Tomo: III, Febrero de 1996
Tesis: VI.3o. J/4
MULTAS FISCALES EXCESIVAS, SON INCONSTITUCIONALES. De la lectura del artículo 76 del Código Fiscal de la Federación, se aprecia que en ningún momento se faculta a la autoridad que deba imponer las sanciones para tomar en cuenta la gravedad de la infracción realizada, los perjuicios ocasionados a la colectividad y la conveniencia de destruir prácticas evasoras, en relación con la capacidad económica del infractor, sino que el monto de la sanción esté en relación directa con la causa que originó la infracción y con el momento en que debe cubrirse la susodicha multa, estableciendo porcentajes fijos. Lo anterior encuadra en el concepto constitucional de multa excesiva, pues con este proceder el legislador de ninguna manera permite a la autoridad calificadora de la sanción, su individualización para la fijación del monto de la misma. Si bien es cierto que el artículo 22 constitucional no establece un límite para la imposición de una multa, también lo es que para que ésta no resulte excesiva, es indispensable que el precepto secundario le otorgue a la autoridad sancionadora la facultad de determinar y valorar por sí misma, las circunstancias que se presenten en cada caso en que existan infracciones a las disposiciones fiscales, lo cual no sucede cuando la ley establece multas fijas, como son las previstas por el artículo 76 del Código Fiscal de la Federación. En estas condiciones, debe concluirse que una multa resulta excesiva y por ende inconstitucional, cuando la misma se establece en un porcentaje invariable y en su imposición no se pueden tomar en consideración los elementos citados.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO
Amparo directo 478/89. Servicio San Felipe, S.A. 24 de enero de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Jaime Manuel Marroquín Zaleta. Secretario: José de Jesús Echegaray Cabrera.
Amparo directo 375/90. Corporaciones Charles, S.A. de C.V. 25 de septiembre de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Jaime Manuel Marroquín Zaleta. Secretario: José de Jesús Echegaray Cabrera. Amparo directo 404/90. Odín Textil, S.A. de C.V. 9 de octubre de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Jaime Manuel Marroquín Zaleta. Secretario: José de Jesús Echegaray Cabrera.
Amparo directo 34/91. Integración Electrónica y Sistemas, S.A. de C.V. 30 de agosto de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Ana María Yolanda Ulloa de Rebollo. Secretario: José Manuel Torres Pérez
Amparo directo 221/95. Gloria Márquez Hernández. 14 de septiembre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Norma Fiallega Sánchez. Secretario: José Manuel Torres Pérez.
Tesis: P./J. 10/95
Amparo directo en revisión 866/94. Amado Ugarte Loyola. 22 de mayo de 1995. Unanimidad de nueve votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Enrique Escobar Angeles
Amparo en revisión 928/94. Comerkin, S.A. de C.V. 29 de mayo de 1995. Unanimidad de nueve votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Francisco de Jesús Arreola Chávez.
A manera de conclusión podemos afirmar que la mayoría de las multas carecen de los requisitos enumerados en esta colaboración y que depende de la pericia del abogado para su cancelación en el procedimiento contencioso, pues la autoridad incurre con frecuencia en las siguientes deficiencias:
No adecuada debidamente la sanción a la infracción.
No cita correctamente las disposiciones fiscales aplicables al caso.
No verifica adecuadamente la capacidad contributiva del particular para saber si puede hacer frente a la sanción o no, pues ésta pueda resultar excesiva y ruinosa.
De forma tal, que los contribuyentes tienen expedito su derecho de defenderse pues se han logrado cancelar más del ochenta por ciento de los casos ventilados en los tribunales, incluso constantemente hay nuevos criterios de los tribunales que surgen de las reiteras violaciones en contra de los contribuyentes.