Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/C-1046-01.htm
Timestamp: 2018-12-10 09:38:07
Document Index: 49582977

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 379', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 366', 'artículo 1', 'artículo 366', 'artículo 366', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 379', 'artículo 1', 'artículo 243', 'artículo 169', 'artículo 243', 'artículo 243']

C-1046-01
Es un recurso extraordinario, que tiene esencialmente una función sistémica, por lo cual no puede confundírsela con una tercera instancia, o con un mecanismo para enfrentar errores judiciales. En materia de casación “la regla general es la improcedencia del recurso; la excepción, su procedencia, en los casos previstos en la ley”. Por ello, la ley puede establecer requisitos más severos para acceder a este recurso, e incluso para que pueda prosperar, sin que ello signifique que, por ese solo hecho, haya una restricción al acceso a la justicia, ya que para dirimir los conflictos y solucionar los problemas planteados en los distintos casos concretos, el ordenamiento prevé el trámite de las instancias.
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano Gonzalo De la Espriella Del Valle presentó demanda parcial contra los artículos 2º del Decreto 522 de 1988 y 19 y 366 del Código de Procedimiento Civil. Por medio de auto del dieciséis de marzo de 2001, el magistrado sustanciador inadmitió la demanda, por no encontrarse vigentes las normas demandadas, solicitando al actor que la corrigiera en lo pertinente. El 23 de marzo de 2001, el actor presentó escrito de corrección de la demanda, en el cual precisa que las normas acusadas son en realidad el artículo 1 de la Ley 592 de 2000 y el artículo 1 de la Ley 572 de 2000. El magistrado sustanciador admitió entonces la demanda dirigida contra esas disposiciones y le dio el curso legal correspondiente.
El actor considera que las normas acusadas son lesivas de los artículos 1º, 13 y 229 de la Constitución, en la medida en que señalan un límite para la procedencia de la casación, basado en el valor de la decisión desfavorable al recurrente, lo cual es discriminatorio pues, según su parecer, "todos los procesos de la misma instancia tienen de acuerdo con la Constitución, las mismas oportunidades de recurrir a todas las instancias consagradas en la Ley, ordinarias y extraordinarias e independientemente de las cuantías”. Según su parecer, la cuantía puede ser tenida en cuenta para distribuir competencia entre los distintos funcionarios judiciales pero no para determinar si es posible “interponer los recursos extraordinarios de casación y revisión”. Para sustentar su argumentación, el actor hace referencia a la sentencia C-345 de 1993, que declaró inexequible el artículo 2° del Decreto 597 de 1988, que establecía que en materia laboral administrativa eran de única instancia los procesos en donde la asignación mensual correspondiente al cargo no excediera de ochenta mil pesos. Igualmente, el actor también invoca la sentencia C-269 de 1998, que retiró del ordenamiento el inciso final del artículo 379 del Código de Procedimiento Civil, según el cual, las sentencias que dictaran los jueces municipales en única instancia carecían de recurso de revisión. Según el demandante, esas providencias muestran que –conforme a la doctrina constitucional- no es posible limitar el acceso a un recurso ordinario o extraordinario únicamente teniendo en cuenta la cuantía de la pretensión.
El ciudadano Héctor Enrique Quiroga Cubillos, en representación del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, intervino para defender la constitucionalidad de las normas acusadas. Según su parecer, “la posibilidad de impugnar las decisiones judiciales, a través de cualquiera de los recursos, no constituye un elemento integrador del núcleo esencial del debido proceso, ya que las sentencias por el solo hecho de serlo, no necesariamente ameritan su impugnabilidad”. Por ello, el interviniente considera que si la ley puede válidamente limitar el acceso de un recurso ordinario, como la apelación, con mayor razón puede restringir la posibilidad de usar un recurso extraordinario, como la casación, que no desarrolla el principio procesal de la doble instancia, ya que entra a operar “cuando se han agotado las instancias propias de los procesos”. Concluye entonces el ciudadano
“Realmente no encuentro asidero para sostener la tesis expuesta por el demandante, pues no veo de qué manera a las partes de un proceso, que no supera el justiprecio de la pretensión para recurrir en casación, se le haya impedido acudir al órgano jurisdiccional porque a otros se les ha conferido recurso de casación. Si todo lo contrario, las pretensiones fueron debatidas y obtuvieron las decisiones de las dos instancias que le confirió la ley.
Lo que sucede es que la construcción intelectual del demandante está partiendo de premisas falsas y de ahí la equivocación. No puede exigirle al juez constitucional, que por vía de exequibilidad, se me otorguen recursos que el legislador no me otorgó, cuando era del resorte de su competencia decir a qué recurso tengo derecho. Asimismo, no puedo plantear que la normas acusadas, al conceder el recurso de casación para pretensiones que superen un justiprecio, están cercenando un derecho de acceder a la casación a las pretensiones que no superen tal justiprecio, porque ese derecho no se tiene”.
El ciudadano José Camilo Guzmán Santos, obrando en calidad de apoderado del Ministerio de Justicia y del Derecho, intervino para oponerse a los argumentos de la demanda. Según su parecer, el actor desconoce la naturaleza excepcional del recurso de casación y no realiza un adecuado análisis de igualdad. Así, señala el interviniente, la Corte ha precisado que la casación, por ser un recurso extraordinario, en general es improcedente, por lo cual, “el legislador puede válidamente establecer requisitos o señalar o determinar contra cuáles sentencias procede”. En tal contexto, agrega el ciudadano, la norma acusada lo único que hace es instituir “una específica cuantía como factor de competencia, la cual se ajusta enteramente a un criterio general, abstracto e impersonal, como el del valor actual de la resolución desfavorable al recurrente”. Concluye entonces el interviniente:
“La norma sub exámine introduce un criterio válido a la luz de la Constitución para determinar o establecer la cuantía como factor de competencia para la procedencia del recurso de casación. Ahora bien, respecto del quantum establecido de 425 salarios mínimos legales mensuales vigentes, se tiene que este es razonable y ajustado a la naturaleza excepcional del recurso, pues bien es sabido que en él domina o prevalece el interés público. Nótese que de los tres fines del recurso (art. 365 CPC), los dos primeros son de interés público".
El señor Procurador General de la Nación, en concepto No. 2549, recibido el 24 de mayo del año en curso, solicita a la Corte que se declare inhibida para pronunciarse de fondo sobre el artículo 1º de la Ley 572 de 2000, por ineptitud sustantiva de la demanda. Según su parecer, el actor no formula ningún cargo contra esa disposición, pues la acusación está dirigida contra la restricción de la casación a los casos que superen cierta cuantía, mientras que ese artículo se limita a fijar las cuantías que sirven como base para clasificar los procesos en aquellos de mayor, de menor y de mínima cuantía, y así determinar la competencia, “sin que la cuestionada norma, en parte alguna se ocupe del recurso extraordinario de casación”.
De otro lado, la Vista Fiscal resalta que el recurso de casación es extraordinario y tiene una finalidad propia, por lo cual “debe ser objeto de un tratamiento jurídico diferente al que se establece para los recursos de la vía ordinaria en materia civil e incluso para el extraordinario de revisión”. El Procurador concluye entonces que el ataque contra el artículo 1º de la Ley 592 de 2000 carece de sustento, pues no es cierto que la implantación del requisito de la cuantía como limitante para la casación desconozca “el derecho de acceso a la justicia, toda vez que no puede predicar tamaño desacierto la persona que ha sido beneficiaria, en el curso de su litis, del principio de las dos instancias, pues con ese solo hecho el Estado ha dispensado justicia".
4- En el presente caso, esa ineptitud de la demanda se explica por la siguiente razón: como lo indican los antecedentes de esta sentencia, el actor inicialmente demandó parcialmente los artículos 2 del Decreto 522 de 1.988 y 19 y 366 del Código de Procedimiento Civil, y en su escrito precisó que su acusación se dirigía contra los apartes que limitaban la procedencia de la casación, por razón de la cuantía de lo debatido. La Corte inadmitió la demanda, por no encontrarse vigentes esas disposiciones, por lo cual el actor corrigió su escrito y aclaró que las normas demandadas eran en realidad el artículo 1 de la Ley 592 de 2000 y el artículo 1 de la Ley 572 de 2000. Sin embargo, en ese escrito de corrección, el actor acusó genéricamente esos dos artículos, pero sin circunscribir su acusación a los apartes relativos a la restricción de la casación por razón de la cuantía. Es claro empero que su cargo está dirigido exclusivamente contra ese contenido material, sin que exista ninguna acusación contra los otras regulaciones contenidas en esos artículos. Ahora bien, la otra disposición impugnada, a saber el artículo 1º de la ley 592 de 2000, no se limita a establecer esa restricción a la casación sino que regula también otros aspectos de la procedencia de este recurso extraordinario. Es evidente que contra esas otras regulaciones contenidas en ese artículo, la demanda es también inepta, por ausencia de un cargo de constitucionalidad. Por esa razón, la Corte también se inhibirá de pronunciarse de fondo sobre esos contenidos normativos, lo cual significa que la presente sentencia únicamente analizará la constitucionalidad de aquellos apartes del artículo 1º de la ley 592 de 2000, que establecen la referida limitación a la procedencia de la casación, a saber, la expresión “cuando el valor actual de la resolución desfavorable al recurrente sea o exceda de cuatrocientos veinticinco (425) salarios mínimos legales mensuales vigentes” del inciso primero, así como el parágrafo segundo, que literalmente dice: “Cuando la parte que tenga derecho a recurrir por razón del valor de su interés interponga el recurso, se concederá también el que haya interpuesto oportunamente la otra parte, aunque el valor de interés de ésta fuera inferior al indicado en el primer inciso”.
5- Precisado el contenido normativo que debería ser objeto de pronunciamiento de fondo, surge un nuevo problema procesal que debe ser decidido por la Corte, y es el siguiente: aunque ni la Vista Fiscal, ni ninguno de los intervinientes lo señalaron, la Corte constata que esta Corporación tuvo la oportunidad de estudiar recientemente y declarar exequible la constitucionalidad de un contenido normativo prácticamente igual al que la Corte debe examinar en la presente oportunidad. En efecto, la sentencia C-596 de 2000. MP Antonio Barrera Carbonell analizó, entre otras cosas, una demanda dirigida parcialmente contra el artículo 366 del Código de Procedimiento Civil, antes de que esa disposición fuera reformada por la norma acusada en el presente proceso, a saber, el artículo 1º de la ley 592 de 2000. La demanda decidida en la sentencia C-596 de 2000 se dirigía específicamente contra los apartes que limitaban la casación en materia civil por razones de cuantía, pues el actor acusó la expresión “cuando el valor actual de la resolución desfavorable al recurrente sea o exceda de diez millones de pesos así:” del inciso primero de esa disposición, así como los dos parágrafos de la misma, que literalmente establecen lo siguiente:
“Par. 1. La cuantía de que trata este artículo se reajustará del modo que disponga la ley.
Par. 2. Cuando la parte que tenga derecho a recurrir por razón de valor de su interés interponga el recurso, se concederá también el que haya interpuesto oportunamente la otra parte aunque el valor del interés de ésta fuere inferior al indicado en el primer inciso”.
6- Para responder al anterior interrogante, es necesario distinguir, tal y como esta Corte lo ha hecho, entre las nociones de “disposición” y de “contenido normativo”. Así, en general las expresiones normas legales, enunciados normativos, proposiciones normativas, artículos, disposiciones legales y similares se asumen como sinónimas. Sin embargo, lo cierto es que es posible distinguir entre, de una parte, los enunciados normativos o las disposiciones, esto es, los textos legales y, de otra parte, los contenidos normativos, o proposiciones jurídicas o reglas de derecho que se desprenden, por la vía de la interpretación, de esos textos. Mientras que el enunciado o el texto o la disposición es el objeto sobre el que recae la actividad interpretativa, las normas, los contenidos materiales o las proposiciones normativas son el resultado de las misma[1]. El primero hace entonces referencia a un precepto específico, consagrado en una disposición determinada (v.gr. el artículo X de la ley Y). El segundo, por su parte, refiere al contenido normativo y a las consecuencias jurídicas que se derivan de una norma, pero no se reduce a un precepto específico. Así, por ejemplo, el “contenido normativo” de la disposición “X” puede encontrarse también en la disposición “Y”.
El primer aparte demandado en el presente caso es el inciso primero del artículo 366 del estatuto procesal civil, que señala que “el recurso de casación procede contra las siguientes sentencias dictadas en segunda instancia por los tribunales superiores, cuando el valor actual de la resolución desfavorable al recurrente sea o exceda de cuatrocientos veinticinco (425) salarios mínimos legales mensuales vigentes así: (subrayas no originales)”. Por su parte, la disposición declarada exequible en la sentencia C-596 de 2000 establecía que “el recurso de casación procede contra las siguientes sentencias dictadas en segunda instancia por los tribunales superiores, cuando el valor actual de la resolución desfavorable al recurrente sea o exceda de diez millones de pesos así: (subrayas no originales)”. Es obvio que ambas disposiciones no sólo tienen una redacción similar sino que comparten un sentido normativo básico, pues ambas establecen un límite monetario para acceder a la casación. Sin embargo, existe una diferencia, pues ni el mecanismo de cálculo ni el valor de ese límite monetario son idénticos, por lo cual el contenido normativo es parcialmente distinto. No hay pues cosa juzgada constitucional en relación con ese inciso.
8- El otro aparte demandado es el segundo parágrafo de ese mismo artículo 366 del Código de Procedimiento Civil, y que tiene un tenor literal idéntico al parágrafo estudiado y declarado exequible por la sentencia C-596 de 2000, pues ambos establecen que “Cuando la parte que tenga derecho a recurrir por razón del valor de su interés interponga el recurso, se concederá también el que haya interpuesto oportunamente la otra parte, aunque el valor de interés de ésta fuera inferior al indicado en el primer inciso". Esto sugiere que existe cosa juzgada material debido a la identidad de la redacción. Sin embargo, el asunto no es tan sencillo, pues una disposición jurídica no puede ser analizada aisladamente sino que debe ser interpretada de manera sistemática, tomando en consideración el conjunto normativo del cual forma parte. Por ello dos artículos que presentan un texto idéntico pueden empero tener un contenido material distinto, si hacen parte de contextos normativos diversos. Esto es aún más claro en aquellos casos en que una determinada disposición A remite a otros preceptos del ordenamiento, pues si estos preceptos varían, entonces el contenido normativo de la disposición A cambia, aunque su tenor literal siga siendo el mismo. Por ejemplo, supongamos que un artículo A señala que “los requisitos para acceder a la función X son los mismos que para ocupar al cargo Y”. Ahora imaginemos que la ley varía los requisitos para poder acceder a Y. Esto significa que el contenido normativo del precepto A ha cambiado, a pesar de que siga teniendo idéntico tenor literal.
Pues bien, eso sucede exactamente en el presente caso, ya que el texto demandado establece que si una parte tiene derecho a recurrir por razón del valor de su interés e interpone el recurso, entonces éste “se concederá también el que haya interpuesto oportunamente la otra parte, aunque el valor de interés de ésta fuera inferior al indicado en el primer inciso”. Este parágrafo remite entonces al inciso primero, que determina el valor mínimo para poder recurrir en casación en materia civil, y este inciso, como ya se señaló en el fundamento anterior de esta sentencia, varió parcialmente su contenido normativo, pues el mecanismo de cálculo y el valor de ese límite monetario fueron modificados. Por consiguiente, habiendo sido reformado el inciso primero, la Corte considera que el parágrafo segundo, a pesar de conservar su tenor literal, ha cambiado, precisamente porque remite a ese inciso primero. Una conclusión se impone: siendo los contenidos normativos parcialmente diversos, no existe cosa juzgada material y procede un estudio de los cargos del demandante contra ese parágrafo.
“Según el actor las restricciones impuestas al recurso de casación en cuanto a la cuantía del interés para recurrir violan los derechos al trabajo, a la igualdad, y al acceso a la administración de justicia.
Por lo anterior, la Corte declarará la exequibilidad de los arts. 86 y 92 del C.P.T., y 221 del C.P.P. Igualmente declarará exequibles: la expresión "cuando el valor actual de la resolución desfavorable al recurrente sea o exceda de diez millones de pesos[2]" del inciso 1º, y los parágrafos primero y segundo del art. 366 del C.P.C.”
12- La sentencia C-345 de 1993, MP Alejandro Martínez Caballero declaró la inexequibilidad de la expresión “cuando la asignación mensual correspondiente al cargo exceda de ochenta mil pesos ($80.000.oo)” del artículo 2° del Decreto 597 de 1988. Esa disposición fijaba la competencia de los Tribunales Administrativos e implicaba que los procesos sobre actos de destitución, declaración de insubsistencia, revocación de nombramiento o cualesquiera otros que implicaran el retiro del servicio, eran de única instancia, si la asignación mensual del cargo no excedía esa suma, y de doble instancia cuando superara dicha suma. La Corte concluyó que ese mandato era discriminatorio, pues no podía la ley limitar el acceso a la apelación en los procesos laborales administrativos basándose exclusivamente en el monto de remuneración del trabajador. Sin embargo, eso no significa que esa sentencia hubiera concluido que la ley no podía tomar en cuenta la cuantía de las pretensiones o de lo judicialmente debatido para fijar competencias o regular la procedencia de los recursos. Todo lo contrario: esa sentencia admitió expresamente que la ley podía regular competencias y el acceso a los recursos con base en la cuantía de las pretensiones, pero que no podía fundarse en el nivel de remuneración de los trabajadores. Es más expresamente esa sentencia reconoció que la ley podía limitar el acceso a la casación por razón de la cuantía de lo debatido. Dijo expresamente esa providencia:
“No hay duda que la distribución del trabajo al interior del aparato judicial requiere de la adopción de criterios que, tanto horizontal como verticalmente, aseguren el cumplimiento de la noble función que la Carta le asigna. Ciertamente, la racionalización en la administración de justicia obliga a la adopción de técnicas que aseguren prontitud y eficiencia y no solo justicia en su dispensación. Para ello es razonable introducir el factor cuantía como elemento determinante de la competencia, pero la cuantía referida a un quantum objetivo que no se fundamente en los ingresos subjetivos de una persona sino el monto global de la pretensión, como bien lo hace el Decreto N° 719 de 1989, artículo 1°, que dice que serán susceptibles del recurso de casación los negocios cuya cuantía exceda de 100 veces el salario mínimo mensual. Pero del factor cuantía no se sigue pues una autorización genérica para violar otras disposiciones constitucionales, particularmente las más caras -los derechos y sus garantías-[3]“.
13- Por su parte, la sentencia C-269 de 1998, MP Carmenza Isaza de Gómez, consideró que no podía limitarse el acceso al recurso de revisión por razón de la cuantía, y esa fue una de las razones para declarar la inconstitucionalidad del inciso final del artículo 379 del Código de Procedimiento Civil, según el cual, las sentencias que dicten los jueces municipales en única instancia, que son básicamente los procesos de mínima cuantía, carecían de recurso de revisión. Esta sentencia pareciera dar mayor sustento al cargo del actor, pues si la Corte concluyó que no podía limitarse la procedencia de un recurso extraordinario, como la revisión, con base en la cuantía, ¿no significa esa doctrina que tampoco puede limitarse la procedencia del otro recurso extraordinario, la casación, por el mismo factor?
Así, la casación, tal y como esta Corte lo ha señalado, no pretende “enmendar cualquier yerro ocurrido en las instancias”, sino que es “un recurso extraordinario que pretende lograr la mayor coherencia posible del sistema legal, al lograr el respeto del derecho objetivo y una mayor uniformidad en la interpretación de las leyes por los funcionarios judiciales”[4]. Es pues un recurso extraordinario, que tiene esencialmente una función sistémica, por lo cual no puede confundírsela con una tercera instancia, o con un mecanismo para enfrentar errores judiciales. Es entonces razonable concluir que en materia de casación “la regla general es la improcedencia del recurso; la excepción, su procedencia, en los casos previstos en la ley”[5]. Por ello, la ley puede establecer requisitos más severos para acceder a este recurso, e incluso para que pueda prosperar, sin que ello signifique que, por ese solo hecho, haya una restricción al acceso a la justicia, ya que para dirimir los conflictos y solucionar los problemas planteados en los distintos casos concretos, el ordenamiento prevé el trámite de las instancias.
“Lo dicho hasta aquí, no significa que se esté dejando de lado la jurisprudencia reiterada de esta Corporación, sobre la facultad que tiene el legislador para organizar, dentro de la jurisdicción, un trabajo racional de distribución, que tiene como fundamento el valor de la pretensión. No. Es claro que la Constitución es enfática al conferirle al legislador plena competencia para organizar la administración de justicia, y para ello, nada más equilibrado que el establecimiento de una cuantía, que responda a factores objetivos, con el fin de hacer de esa distribución de labores, lo más coherente posible”.
Segundo: Declarar EXEQUIBLE la expresión “cuando el valor actual de la resolución desfavorable al recurrente sea o exceda de cuatrocientos veinticinco (425) salarios mínimos legales mensuales vigentes” del inciso primero del artículo 1º de la ley 592 de 2000, así como el parágrafo segundo de ese mismo artículo, que literalmente dice: “Cuando la parte que tenga derecho a recurrir por razón del valor de su interés interponga el recurso, se concederá también el que haya interpuesto oportunamente la otra parte, aunque el valor de interés de ésta fuera inferior al indicado en el primer inciso”.
La cosa juzgada formal recae sobre el texto acusado, mientras que la cosa juzgada material se proyecta sobre los contenidos normativos estudiados. La cosa juzgada formal impide revisar la constitucionalidad de una “disposición”, cuando previamente la Corte ha proferido una sentencia sobre ese texto legal. A su turno, la cosa juzgada material impide revisar, en principio, la constitucionalidad de “contenidos normativos idénticos”, aún cuando se hallen consagrados en disposiciones distintas, pues en relación con ellos ya existe una decisión integral. En otros palabras, la cosa juzgada material supone una sentencia judicial definitiva, que deberá ser observada por todas las autoridades, cuando existen disposiciones con idéntico contenido y donde, respecto de una de ellas, ya fue resuelto el fondo del asunto. Por ello, esta Corte ha considerado que la cosa juzgada material se presenta “cuando no se trata de una norma con texto normativo exactamente igual, es decir, formalmente igual, sino de una disposición cuyos contenidos normativos son idénticos. El fenómeno de la cosa juzgada opera así respecto de los contenidos de una norma jurídica”.
Una acepción absoluta de la cosa juzgada material anquilosa la jurisprudencia, y evita que el tribunal constitucional pueda corregir sus errores y la Constitución pueda ser adaptada a los cambios históricos. La cosa juzgada material no puede ser concebida en términos absolutos, sino que debe conciliar el respeto al precedente y la seguridad jurídica con los principios de actualización del derecho, armonización concreta y concordancia práctica. No obstante, no puede perderse de vista que la fuerza de cosa juzgada material vincula a todas las autoridades, y por supuesto a la Corte y, en consecuencia, para que un cambio jurisprudencial no sea arbitrario, “es necesario que el tribunal aporte razones que sean de un peso y fuerza tales que, en el caso concreto, ellas primen no solo sobre los criterios que sirvieron de base a la decisión en el pasado sino, además, sobre las consideraciones de seguridad jurídica e igualdad que fundamentan el principio esencial del respeto del precedente en un Estado de derecho”
En estos términos, la cosa juzgada formal impide revisar la constitucionalidad de una “disposición”, cuando previamente la Corte ha proferido una sentencia sobre ese texto legal. A su turno, la cosa juzgada material impide revisar, en principio, la constitucionalidad de “contenidos normativos idénticos”, aún cuando se hallen consagrados en disposiciones distintas, pues en relación con ellos ya existe una decisión integral. En otros palabras, la cosa juzgada material supone una sentencia judicial definitiva, que deberá ser observada por todas las autoridades, cuando existen disposiciones con idéntico contenido y donde, respecto de una de ellas, ya fue resuelto el fondo del asunto. Por ello, esta Corte ha considerado que la cosa juzgada material se presenta “cuando no se trata de una norma con texto normativo exactamente igual, es decir, formalmente igual, sino de una disposición cuyos contenidos normativos son idénticos. El fenómeno de la cosa juzgada opera así respecto de los contenidos de una norma jurídica”[6].
2- Esta Corte, desde sus primeros años, ha considerado que nuestra Constitución consagra la cosa juzgada material en su artículo 243. Así, la Sentencia C-301 de 1993[7], dijo al respecto:
“La Constitución firmemente repele los actos de las autoridades que reproduzcan el contenido material del acto jurídico declarado inexequible por razones de fondo, mientras subsistan en la Carta las disposiciones que sirvieron para hacer la confrontación entre la norma ordinaria y aquélla (C.P. art. 243). Lógicamente, la reproducción del acto jurídico declarado exequible no debería merecer, en principio, reparo alguno.
Esta hipótesis está igualmente cubierta por el manto de la cosa juzgada, la que se predica tanto de los fallos de inexequibilidad como de los de exequibilidad (C.P. art. 243, inc 1), vincula a todas las autoridades - incluida la misma Corte Constitucional - y se extiende, por igual, al continente de la norma como a su contenido material - precepto o proposición jurídica en sí misma considerada.”(Subrayado fuera de texto)
Esa misma sentencia advirtió que la reproducción de un acto jurídico que ya ha sido objeto de pronunciamiento, o la imposibilidad de hacerlo, “depende del alcance o ratio de la cosa juzgada derivada de la respectiva sentencia”. Y, por último, señaló que la cosa juzgada material se predica tanto de los fallos de inexequibilidad, como en los de exequibilidad, pues las decisiones de la Corte tienen fuerza de cosa juzgada, no porque sean positivas o negativas, sino porque son pronunciamientos de la Corte que hacen tránsito a cosa juzgada constitucional (CP art 243).
2- La anterior posición fue reiterada en la sentencia C-225 de 1994, que tuvo que estudiar una norma del Código de Procedimiento Penal que consagraba el fuero de los obispos. La Corte consideró que ya se había pronunciado sobre ese punto al analizar la constitucionalidad del Concordato en la Sentencia C-027 de 1993, y concluyó entonces que debía estarse a lo resuelto en aquella oportunidad, pues “ambas normas consagran el mismo precepto normativo, por lo que la decisión respecto de éste último debe cobijar a la primera de conformidad con el principio general de la cosa juzgada.”
3- Posteriormente, la sentencia C-427 de 1996, MP Alejandro Martínez Caballero, sistematizó y desarrolló el concepto de cosa juzgada material. Retomando los planteamientos anteriores en relación con la ratio decidendi, la Corte concluyó que la noción de cosa juzgada material está ligada con aquellos conceptos de la parte motiva que guardan unidad de sentido con la parte resolutiva de la sentencia. De otro lado, esa sentencia precisó que para que opere la cosa juzgada material no es necesario que se trate de textos literales exactos, sino que su contenido normativo coincida, y siempre y cuando subsistan en la Carta las disposiciones que sirvieron de fundamento para la primera decisión. Finalmente, la sentencia reiteró que esta figura se aplica tanto para las decisiones de inexequibilidad, como para las sentencias de exequibilidad.
4- Con fundamento en la doctrina de la cosa juzgada material, la Corte ha venido profiriendo sentencias en las que dispone estarse a lo resuelto en fallos anteriores, pues aún cuando se trata de disposiciones distintas, considera que su contenido normativo es el mismo y respecto de una de ellas ya existe decisión previa con fuerza de cosa juzgada[8].
6- Desde una perspectiva teórica, la existencia de la cosa juzgada material no significa que la Corte deba inhibirse de adelantar un control de constitucionalidad, pues no sólo la disposición ha nacido a la vida jurídica y sobre ella debe haber un pronunciamiento sino que, además, se corre el riesgo de anquilosar la propia jurisprudencia. Por ello esta Corte ha dicho al respecto lo siguiente[9]:
“En efecto, la cosa juzgada material no debe ser entendida como una petrificación de la jurisprudencia sino como un mecanismo que busca asegurar el respeto al precedente. Ello deriva no sólo de elementales consideraciones de seguridad jurídica -pues las decisiones de los jueces deben ser razonablemente previsibles- sino también del respeto al principio de igualdad, puesto que no es justo que casos iguales sean resueltos de manera distinta por un mismo juez.
Por ello la Corte debe ser muy consistente y cuidadosa en el respeto de los criterios jurisprudenciales que han servido de base (ratio decidendi) de sus precedentes decisiones. Esto no significa obviamente que, en materia de jurisprudencia constitucional, el respeto al precedente y a la cosa juzgada constitucional deban ser sacralizados y deban prevalecer ante cualquier otra consideración jurídica, puesto que ello no sólo puede petrificar el ordenamiento jurídico sino que, además, podría provocar inaceptables injusticias. Las eventuales equivocaciones del pasado no tienen por qué ser la justificación de inaceptables equivocaciones en el presente y en el futuro. Se debe entonces aceptar que todo sistema jurídico se estructura en torno a una tensión permanente entre la búsqueda de la seguridad jurídica -que implica unos jueces respetuosos de los precedentes- y la realización de la justicia material del caso concreto -que implica que los jueces tengan capacidad de actualizar las normas a las situaciones nuevas-“. (Subrayado fuera de texto)
7- Esta reflexión conceptual muestra que una acepción absoluta de la cosa juzgada material anquilosa la jurisprudencia, y evita que el tribunal constitucional pueda corregir sus errores y la Constitución pueda ser adaptada a los cambios históricos. Por ello, en derecho comparado, la doctrina y la jurisprudencia tienden a negar el carácter absoluto de la cosa juzgada material, en materia constitucional, y admiten que el propio tribunal constitucional puede revisar sus doctrinas y pronunciarse en forma diversa sobre un mismo contenido normativo. Así, en Estados Unidos[10] o Argentina[11] es claro que, por la naturaleza difusa de su sistema de control, que implica que la disposición no es formalmente expulsada del ordenamiento sino únicamente inaplicada, el juez constitucional puede reexaminar la constitucionalidad de contenidos normativos sobre los cuales ya se ha pronunciado. Pero lo mismo acontece en países que tienen un sistema concentrado de control, en donde las decisiones del tribunal constitucional tienen fuerza erga omnes, como en Alemania, en donde se admite que una modificación de las circunstancias históricas puede autorizar un nuevo examen de constitucionalidad sobre un contenido normativo ya analizado por el tribunal[12]. Por ello, la doctrina, a partir de un examen de la práctica de los sistemas de control concentrado europeos, concluye que “la función pacificadora de la justicia constitucional debe hacerse compatible con el carácter dinámico de la interpretación constitucional y la consiguiente posibilidad de instar a la revisión de la doctrina de los tribunales constitucionales”, lo cual obliga a relativizar “el contenido de categorías clásicas como la cosa juzgada.[13]”
Esa necesidad de preservar una interpretación dinámica de la Carta fue también una de las razones por las cuales la cosa juzgada material no fue admitida por la Corte Suprema de Justicia mientras ejerció la guarda de la Constitución. Según ese tribunal, esa figura es excesivamente rígida y petrifica, en forma inconveniente, la jurisprudencia, pues “elimina una de las pocas posibilidades que tiene el juez constitucional para revisar los fundamentos de la primera decisión enmendando los errores cometidos, y mantener una línea doctrinal actualizada permanentemente”[14]. Por ello la Corte Suprema admitió que era posible estudiar de nuevo un contenido normativo sobre el cual ya había habido una decisión previa, pues “se le abre así a la Corte la posibilidad de reexaminar el criterio jurisprudencial precedente o matizarlo y afrontar la evolución doctrinaria sin que la seguridad jurídica se afecte ni los atributos de definitividad, inmutabilidad, intangibilidad e indiscutibilidad que resumen los efectos de la cosa juzgada tanto material como formal de la primera decisión, resulten comprometidos o excepcionados con el nuevo pronunciamiento”.
Así, en muchas oportunidades, esta Corte ha considerado que la existencia de un pronunciamiento previo de exequibilidad sobre un contenido normativo idéntico representa un precedente, que merece un especial respeto de parte del juez constitucional, pero que no impide un nuevo pronunciamiento de exequibilidad o inexequibilidad. Por ejemplo, la sentencia C-599 de 1998, MP Eduardo Cifuentes Muñoz, tuvo que estudiar una demanda dirigida contra el aparte del artículo 169 de la Ley 100 de 1993, según el cual “las Entidades Promotoras de Salud podrán ofrecer planes complementarios al Plan Obligatorio de Salud”. La Corte constató que existía cosa juzgada material, puesto que un contenido normativo idéntico ya había sido declarado exequible por las sentencias C-089 de 1998, M.P. José Gregorio Hernández Galindo y C-112 del 98, M.P. Carlos Gaviria Díaz. Sin embargo, teniendo en cuenta que podía existir alguna duda mínima sobre la existencia de la cosa juzgada material, la Corte consideró que era necesario pronunciarse directamente sobre la disposición formalmente demandada y declarar su exequibilidad, para lo cual este tribunal prácticamente se limitó a ratificar y aplicar la doctrina elaborada en las providencias anteriores. Dijo entonces esta Corte:
En la presente decisión la Corte reitera la doctrina anterior y, como debe ocurrir en todas las decisiones judiciales, salvo que existan razones nuevas y muy poderosas para cambiar la jurisprudencia, se acoge a su propio precedente. En efecto, por las razones que brevemente se exponen y que no son otra cosa que la recopilación de decisiones anteriores de esta Corporación, la norma demandada será declarada exequible” (subrayas no originales) [15].
“Esta Corporación se ha venido declarando inhibida por carencia actual de objeto, para emitir pronunciamiento de fondo sobre normas que han sido derogadas, salvo cuando los preceptos acusados aún se encuentran produciendo efectos. No obstante, hoy considera que debe variar su jurisprudencia en el sentido de proferir sentencia de mérito en los casos en que la disposición impugnada ha perdido vigencia como consecuencia de su incorporación con idéntico texto a un código o estatuto, evento en el cual el fallo tendrá que recaer sobre la norma antes vigente y la codificada, por las siguientes razones: (...)” (Subrayado fuera de texto)
- Con ocasión de la Sentencia C-400 de 1998, la Corte modificó la jurisprudencia desarrollada en la Sentencia C-376 de 1993, en relación con el control de constitucionalidad de los tratados perfeccionados mediante leyes[16].
- En 1998, la Corte admitió el decomiso administrativo[17]. Sin embargo, frente al mismo punto dijo en la Sentencia C-674 de 1999 lo siguiente[18]: “La Corte entiende que las anteriores consideraciones implican un cambio de jurisprudencia en relación con lo sostenido en la sentencia C-194 de 1998, por lo cual entra a analizar si esa variación de doctrina se justifica (...)”. Y en efecto la modificó.
- Un último caso de replanteamiento jurisprudencial puede reseñarse en la Sentencia C-1404/00 MP. Carlos Gaviria y Alvaro Tafur Galvis, donde se indicó: “Antes de abordar el estudio de las razones por las cuales el Presidente de la República objeta el Proyecto de Ley, la Corte considera necesario revisar su jurisprudencia, en lo relativo a la función de decidir sobre la constitucionalidad de las objeciones presidenciales, y al alcance de la misma en ciertos casos concretos.”
10- Los anteriores ejemplos ratifican entonces que la cosa juzgada material no tiene un alcance absoluto, pues una tal concepción impediría la evolución jurisprudencial. Sin embargo, podría aducirse que un entendimiento absoluto de la cosa juzgada material no busca “petrificar” la jurisprudencia, sino que responde al principio de seguridad jurídica en su doble perspectiva, esto es, (i) garantizando la sujeción de las autoridades al ordenamiento jurídico y, (ii) fortaleciendo la certeza del derecho a través de su publicidad y conocimiento por los destinatarios[19]. Desde esta perspectiva, la cosa juzgada material autorizaría la modificación de la ratio decidendi por el tribunal constitucional, pero no admitiría que la decisión de fondo adoptada respecto de un contenido normativo específico pudiera ser objeto de nuevo control; en otras palabras, sobre ese punto específico la sentencia sería inmutable, aunque la doctrina constitucional podría evolucionar.
11- El análisis precedente muestra que una concepción absoluta de la cosa juzgada material no sólo desconoce la dinámica evolutiva del control constitucional sino que, además, no refleja adecuadamente la propia práctica constitucional colombiana. Por ende, habría que inferir que la cosa juzgada material en los fallos de constitucionalidad es relativa. Sin embargo, algunos podrían objetar que esa hermenéutica desconoce el mandato del artículo 243 de la Constitución, según el cual, los fallos de la Corte “en ejercicio del control jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional”, y por ende “ninguna autoridad podrá reproducir el contenido material del acto jurídico declarado inexequible por razones de fondo, mientras subsistan en la Carta las disposiciones que sirvieron para hacer la confrontación entre la norma ordinaria y la Constitución”. Conviene pues estudiar esa objeción.
Con el fin de precisar el alcance de ese artículo, conviene examinar los antecedentes de esta disposición en la Asamblea Nacional Constituyente. Así, la ponencia sobre el control de constitucionalidad expresamente dijo[20] que “la prohibición de reproducir normas declaradas inexequibles es un factor de seguridad jurídica, al no permitir que se burle por el legislativo o el Ejecutivo la acción de la justicia en materia constitucional, por lo cual esta propuesta será acogida en el texto del articulado”. Por su parte, el informe de ponencia para la sesión plenaria añadió:
Esta norma dará mucha más seguridad y estabilidad a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, y evitará las vacilaciones y aún fallos contradictorios en que ha incurrido en algunas materias la Corte Suprema de Justicia.”
Las características dinámicas de la justicia constitucional y la propia práctica de esta Corte implican que la cosa juzgada material –en lo que se refiere a fallos de constitucionalidad- no puede tener un alcance absoluto para la propia Corte, pues ello implicaría una prohibición total de modificar cualquier precedente. Por ello, es necesario concluir que el artículo 243 establece que la cosa juzgada formal es absoluta, incluso para la propia Corte, pero que, por el contrario, la cosa juzgada material frente a contenidos normativos exequibles, tiene una dimensión relativa. Ella establece un trascendental deber de coherencia, según el cual, la Corte debe ser consistente con sus precedentes y su propia doctrina, pero esa figura no implica la imposibilidad absoluta de variar un precedente o reexaminar un contenido normativo cuya constitucionalidad ya había sido estudiada en una sentencia previa. No obstante, no puede perderse de vista que la fuerza de cosa juzgada material vincula a todas las autoridades, y por supuesto a la Corte y, en consecuencia, para que un cambio jurisprudencial no sea arbitrario, “es necesario que el tribunal aporte razones que sean de un peso y fuerza tales que, en el caso concreto, ellas primen no solo sobre los criterios que sirvieron de base a la decisión en el pasado sino, además, sobre las consideraciones de seguridad jurídica e igualdad que fundamentan el principio esencial del respeto del precedente en un Estado de derecho”[21]. Quiere decir ello que si la Corte Constitucional constata que se dan los elementos de cosa juzgada material, opera una fuerte presunción para que el juez constitucional reitere su criterio y simplemente se esté a lo resuelto en la decisión previa: una declaratoria en este sentido no requiere mayor motivación. Puede sin embargo ocurrir que la Corte Constitucional, “actualizando las normas a situaciones nuevas”, cambie su jurisprudencia y determine la exequibilidad o inexequibilidad de una disposición respecto de la cual ya había declarado su constitucionalidad, todo ello siempre y cuando se ajuste a los parámetros señalados anteriormente.
15- Por el contrario, según nuestro parecer, el contenido normativo del segundo párrafo es idéntico. La sentencia tiene razón en destacar que una disposición jurídica no puede ser analizada aisladamente sino que debe ser interpretada de manera sistemática, tomando en consideración el conjunto normativo del cual forma parte, y que por ello dos artículos que presentan un texto idéntico pueden empero tener un contenido material distinto, si hacen parte de contextos normativos diversos. Igualmente la Corte acierta en resaltar que esto es aún más claro en aquellos casos en que una determinada disposición remite a otros preceptos del ordenamiento, pues si estos varían, entonces el contenido normativo de la primera disposición cambia, aunque su tenor literal siga siendo el mismo. Sin embargo, consideramos que eso no sucede en el presente caso, por la sencilla razón de que si bien el parágrafo acusado remite genéricamente a la cuantía señalada en el inciso primero, y ésta varió parcialmente, sin embargo el mandato establecido por ese parágrafo sigue siendo el mismo, en la medida en que ese mandato no depende de la cuantía. En efecto, esa norma simplemente establece que si una parte tiene derecho a recurrir por razón del valor de su interés, e interpone la casación, entonces el recurso “se concederá también el que haya interpuesto oportunamente la otra parte, aunque el valor de interés de ésta fuera inferior al indicado en el primer inciso". Nótese pues que no importa cuál es cuantía exigida por la ley, pues el mandato sigue siendo exactamente el mismo, ya que este parágrafo simplemente ordena que el recurso sea aceptado a la otra parte, aunque el valor de la resolución desfavorable de este último fuera menor que la cuantía exigida por la ley.
[1] Sobre esta distinción, ver entre otros J.J Gomes Canotilho Vital Moreira. Fundamentos da Constituicao. Coimbra: Coimbra Editora, 1995, p 47. Igualmente ver Alessandro Pizzorusso. Lecciones de derecho constitucional. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1984, Tomo II, p 22 y ss.
[2] El Decreto Ley 522/88 permite actualizar la cuantía para recurrir en casación en materia civil cada dos años en un 40%.
[3] Sentencia C-345 de 1993. MP Alejandro Martínez Caballero. Consideración Cuarta.4.
[4] Sentencia C-1065 de 2000. MP Alejandro Martínez Caballero. En el mismo sentido, ver sentencias C-058 de 1996, C-684 de 1996 y C-596 de 2000
[5] Sentencia C-058 de 19996. MP Jorge Arango Mejía, criterio reiterado por la sentencia C-684 de 1996
[6] Sentencia C-427 de 1996, MP Alejandro Martínez Caballero, Fundamento 2.
[7] MP. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[8] Cfr. entre otras las Sentencias C-812/01, C-412/00, C-599/98 y C-225/94.
[9] Sentencia C-447 de 1997. En el mismo sentido, ver sentencias C-400 de 1998, C-599 de 1998 y SU-047 de 1999.
[10] Ver al respecto, Francisco Rubio Llorente. “La jurisdicción constitucional cono forma de creación del derecho” en La forma del poder. Madrid: Centro de Estudios constitucionales, 1993, pp 502 y ss.
[11] Ver Alejandro Chigliani. El control jurisdiccional de constitucionalidad. Buenos Aires, Depalma, 1952, p 98.
[12] Ver Albrecht Weber. “Alemania” en Eliseo Aja (Ed) Las tensiones entre el tribunal constitucional y el Legislador en la Europa actual. Barcelona: Ariel, 1998, pp 71 y ss.
[13] Eliseo Aja y Markus González Belfus. “Conclusiones Generales” en Eliseo Aja (Ed) Las tensiones entre el tribunal constitucional y el Legislador en la Europa actual. Barcelona: Ariel, 1998,pp 283 y ss.
[14] Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, Sentencia del 13 de febrero de 1990 M.P. Jairo E. Duque Pérez
[15] Sentencia C-598 de 1998. MP Eduardo Cifuentes Muñoz, fundamentos 7 y 8.
[16] Fundamento jurídico No.57 MP. Alejandro Martínez Caballero.
[17] Sentencia C-194 de 1998 MP. Hernando Herrera Vergara.
[18] MP. Alejandro Martínez Caballero y Alvaro Tafur Galvis.
[19] Cfr. Auto de 14 de junio de 2001 MP. Jaime Araujo Rentería. Sobre el particular también puede consultarse el texto de Antonio E. Pérez Luño, La Seguridad Jurídica, 2ª ed., Madrid, 1994.
[20] Ponentes: María Teresa Garcés Lloreda y José María Velasco Guerrero. Gaceta Constitucional No.36, de abril 4 de 1991, pág.16
[21] Sentencia C-447/97. En el mismo sentido puede consultarse la sentencia C-400 de 1998, C-599/98 y SU-047 de 1999.