Source: https://www.derechoecuador.com/registro-oficial/2002/01/registro-oficial-18-de-enero-del-2002
Timestamp: 2019-12-08 14:01:40
Document Index: 164903437

Matched Legal Cases: ['artículo 42', 'artículo 61', 'Artículo 2', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'artículo 24', 'artículo 200', 'artículo 133', 'artículo 592', 'artículo 35', 'artículo 200', 'artículo 592', 'artículo 139', 'artículo 3', 'artículo 200', 'artículo 78', 'artículo 26', 'artículo 200', 'artículo 632', 'artículo 188']

Registro Oficial. 18 de ENERO del 2002
Viernes, 18 de Enero del 2002
\n 001 Delégase al señor\n economista Ramiro Galarza Andrade, Subsecretario de Política\n Económica, para que represente al señor Ministro \n en la sesión de Directorio del Banco Central del Ecuador.
002 Delégase al señor doctor\n Milton Jurado Castro, Subsecretario Administrativo, para que\n represente al señor Ministro en la sesión de Comité\n de Subasta convocada por la Agencia de Garantía de Depósitos,\n AGD.
\n 0434 Establécese el seguro\n de vida y asistencia médica para los funcionarios de esta\n dependencia.
\n 124 Apruébase\n a partir del 1 de enero del 2002, para los servidores de la Dirección\n Nacional de Tránsito, sujetos a la Ley de Servicio\n Civil y Carrera Administrativa que laboran en jornada completa,\n la escala de sueldos básicos, gastos de representación\n y bonificación por responsabilidad.
\n Recursos de \n casación en los juicios laborales seguidos por las\n siguientes personas:
\n 198-2001 Dolores Noemi Alvarez\n Ulloa en contra de ENPROVIT.
200-2001 Segundo Francisco Caiza Ortega\n en contra de la Empresa Nacional de Ferrocarriles del Estado.
205-2001 Ever Iván Vélez Obregón\n en contra de Marco Rodolfo Rodriguez Rodríguez y otros.
207-2001\n Alfonso\n Gustavo Villalta Murillo en contra del Ministro de Obras Públicas\n y Comunicaciones
212-2001 Daniel Cesario Calderón Tapia en\n contra del INDA.
223-2001 Ramón Bello Quijije\n en contra de Autoridad Portuaria de Manta.
224-2001 Martha Cecilia Velasteguí Albán\n en contra del Ministerio de Agricultura y Ganadería y\n otra.
226-2001 Segundo Ezequiel Alvear Bedoya en contra\n del Ministerio de Agricultura y Ganadería.
229-2001 Sandra María Avila Salinas\n en contra de la Dra. Maria del Carmen Piedra y otro.
231-2001 Ernesto Fabián Zambrano Yalama\n en contra de la Pontificia Universidad Católica\n del Ecuador de Ibarra.
238-2001\n Telmo González\n Rodríguez en contra del Ministerio de Agricultura y Ganadería\n y otro.
239-2001 Segundo Luis Chango Otacoma en contra\n del Ministro de Agricultura y Ganadería y otro.
242-2001 Concedine Cenevi Quintero Benavides\n en contra del Ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda.
243-2001 Luis Gonzalo Noriega Polo en contra\n de Empresa Eléctrica Regional Sur S.A.
252-2001 Manuel Teodoro Anchundia Anchundia en\n contra de Industrias Ales C.A.
\n -\n Cantón Simón Bolivar: Que\n reglamenta los procesos de contratación.
-\n Cantón Simón Bolívar: Que regula la exoneración de impuestos\n municipales prevista en la Ley del Anciano.
\n -\n Muerte presunta\n de la señora\n Olga Judith Veloz Zurita (1ra publicación) .
-\n Muerte presunta de\n la señora María Trinidad Cóndor Reinoso\n (2da publicación).
-\n Juicio de expropiación seguido por la M.I. Municipalidad\n de Guayaquil\n en contra de Roberto Francisco Alaña León y otros\n (3ra publicación).
-\n Juicio de expropiación seguido por el Municipio de\n Quinindé\n en contra de Angela Landázuris Rodríguez y otras\n (3ra publicación).
-\n Juicio de expropiación seguido por la M.I. Municipalidad\n de Guayaquil\n en contra de Cristhian Suárez Molina (3ra publicación).
-\n Muerte presunta del\n señor Osler Hernán Torres Torres (3ra publicación).
-\n Muerte presunta\n del señor\n Campo Elías Vaca Guerra (3ra publicación).\n \n
ARTICULO ÚNICO.- Delegar al señor Econ. Ramiro\n Galarza Andrade, Subsecretario de Política Económica\n de esta Cartera de Estado, para que me represente en la sesión\n de Directorio del Banco Central del Ecuador, que se llevará\n a cabo el día jueves 3 de enero del 2002.
Comuníquese.- Quito, 3 de enero del 2002.
ARTICULO ÚNICO.- Delegar al señor Dr. Milton\n Jurado Castro, Subsecretario Administrativo de esta Cartera de\n Estado, para que me represente en la sesión de Comité\n de Subasta, convocada por la Agencia de Garantía de Depósitos,
\n AGD, para el día viernes 4 de enero del 2002.
Comuníquese.- Quito, 4 de enero del 2002.
f.) Dr. Carlos Julio Emanuel Morán, Ministro de Economía\n y Finanzas
N0 0434
Que, el artículo 42 de la Constitución Política\n de la República del Ecuador expresa que el Estado garantizará\n el derecho a la salud, su promoción y protección,\n por medio del fomento de ambientes saludables en lo familiar,\n laboral y comunitario y la posibilidad de acceso permanente e\n ininterrumpido a servicios de salud, conforme a los principios\n de equidad, universalidad, solidaridad, calidad y eficiencia;
Que, el artículo 61 de la Constitución Política\n de la República, determina que los seguros complementarios\n estarán orientados a proteger contingencias de la seguridad\n social no cubiertas por el Seguro General Obligatorio o a mejorar\n sus prestaciones y serán de carácter opcional.\n Los que serán administrados por entidades públicas,\n privadas o mixtas reguladas por la ley;
Que, diferentes entidades y organismos públicos han\n establecido un seguro de vida y asistencia médica a favor\n de los servidores y sus familiares, por lo que es oportuno que\n el Ministerio de Gobierno establezca el mismo, en beneficio de\n sus servidores y de asistencia médica para los dependientes\n directos;
Que, el Ministerio de Gobierno genera recursos de autogestión\n por recuperación de costos administrativos ocasionados\n por la prestación de ciertos servicios; y,
En ejercicio de la facultad que le confiere el numeral 6 del\n articulo 179 de la Constitución Política del Estado,
Articulo 1.- Establecer el seguro de vida y asistencia médica\n que ampare a los funcionarios del Ministerio de Gobierno. -
Artículo 2.- Hacer extensivo el seguro de asistencia\n médica a favor de los familiares que constituyan dependientes\n directos de los funcionarios del Ministerio de Gobierno.
Articulo 3.- Los beneficiarios del seguro son:
1. Los servidores del Ministerio de Gobierno que laboren bajo\n la modalidad de nombramiento, en planta central, Comisión\n Especial de Limites Internos, administración provincial\n en Pichincha y gobernaciones.
2. Los servidores que se encuentren en comisión de\n servicios con sueldo en otras instituciones.
3. Los dependientes directos de los servidores, como son:
a) Cónyuge o quien vive en unión de hecho permanente,\n legalmente reconocido;
b) Hijos hasta los 23 años, siempre que dependan económicamente\n del servidor; y.
c) Hijos discapacitados de cualquier edad.
Articulo 4.- El presente beneficio estará supeditado\n a la capacidad que tengan la Administración Central y\n las gobernaciones, de generar recursos de autogestión,\n parte de los cuales se utilizará para esta finalidad,\n siempre que se cuente con la respectiva aprobación presupuestaria\n por parte del Ministerio de Economía y Finanzas
Artículo 5.- La administración y control de\n los seguros corresponderá al Comité de Seguros,\n que estará integrado por los siguientes miembros:
a) El Subsecretario Administrativo, en Pichincha y el Gobernador\n en cada provincia quien lo presidirá;
b) El Director Financiero o Jefe Financiero;
c) El Director Administrativo o quien haga sus veces en las\n gobernaciones;
d) El Director de Asesoría Jurídica o Abogado\n de gobernaciones; y,
e) El Presidente de la Asociación de Empleados.
Los miembros del Directorio podrán actuar a través\n de sus delegados, quienes deberán ser servidores del Ministerio\n de Gobierno.
Artículo 6.- Las coberturas y montos de los seguros\n serán establecidos anualmente por el Comité de\n Seguro, en base a la disponibilidad presupuestaria y a las recomendaciones\n dadas por la Dirección de Recursos Humanos.
Artículo 7.- El Ministerio de Gobierno podrá\n contratar los servicios con una aseguradora legalmente constituida\n o asumir directamente la administración de los seguros;\n para lo cual deberá remitirse a la reglamentación,\n que para el efecto suscribirá el Subsecretario Administrativo,\n en Pichincha y el Gobernador en provincias.
Artículo 8.- El presente acuerdo ministerial entrará\n en vigencia a partir de la fecha de su suscripción, sin\n perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.
Comuníquese.- Quito, a 19 de diciembre del 2001.
f.) Dr. Marcelo Merlo Jaramillo, Ministro de Gobierno y Policía.
Certifico: que el presente documento es fiel copia del original\n que reposa en el archivo de este Ministerio, al cual me remito\n en caso necesario.
Quito, 26 de diciembre del 2001.
N0 124
Que, el Consejo Nacional de Modernización del Estado,\n a través del Proyecto MOSTA y la Oficina de Servicio Civil\n y Desarrollo Institucional - OSCIDI, desarrollaron el nuevo sistema\n de gestión organizacional y de recursos humanos, que está\n implementándose en las entidades del sector público,\n en el marco del proceso de modernización administrativa\n del Estado;
Que, el Consejo Nacional de Remuneraciones del Sector Público\n - CONAREM, en sesión del 1 de noviembre del 2000, estableció\n la nueva escala de sueldos básicos para las entidades\n del sector público que se reestructuren de conformidad\n con los nuevos sistemas antes señalados;
Que, la Dirección Nacional de Tránsito, ha concluido\n con el proceso de reestructura bajo l nuevo sistema de gestión\n organizacional y de recursos humanos antes referido y aprobado\n por la Oficina de Servicio Civil y Desarrollo Institucional OSCIDI,\n mediante Resolución N0 OSCIDI--2001-0115 de 14 de diciembre\n del 2001;
Que, el Art. 10 del Decreto Ejecutivo N0 1221, publicado en\n el Suplemento del Registro Oficial N0 265 de 13 de febrero del\n 2001, exceptúa de las normas de restricción y austeridad\n en el gasto público a las instituciones que concluyan\n con el proceso de aplicación de la nueva estructura y\n gestión organizacional, así como se reestructuren\n y se implementen acorde con el nuevo sistema y políticas\n de gestión de recursos humanos antes señalados;
Que, de acuerdo a lo prescrito en la Ley para la Reforma de\n las Finanzas Públicas, es facultad privativa del Consejo\n Nacional de Remuneraciones del Sector Público, determinar\n fijar la política remunerativa de los servidores públicos\n de las instituciones del Estado: y.
Art. 1.- Aprobar a partir del 1 de enero del 2002, para los\n servidores de la Dirección Nacional de Tránsito,\n sujetos a la Lev de Servicio Civil y Carrera Administrativa,\n que laboran en jornada completa, la escala de sueldos básicos,\n gastos de representación y bonificación por responsabilidad,\n establecida por el Consejo Nacional de Remuneraciones del Sector\n Público - CONAREM, para las entidades reestructuradas\n del sector público mediante resoluciones Nos. 046 y 047,\n publicadas en el Suplemento del Registro Oficial N0 224; y, Segundo\n Suplemento del. Registro Oficial N0 234 de 14 y 29 de diciembre\n del 2000, respectivamente.
Art. 2.- La Oficina de Servicio Civil y Desarrollo Institucional\n - OSCIDI, como organismo rector de los recursos humanos y organizacional\n del sector público, aprobará mediante resolución,\n la lista de asignaciones de ubicación de los servidores\n de la Dirección Nacional de Tránsito, en la escala\n de sueldos básicos que se determina en el artículo\n anterior, conforme a la norma técnica de ubicación\n inicial de los servidores públicos en el desarrollo de\n la carrera, expedida al respecto por ese órgano rector;\n y, remitirá a la entidad correspondiente para la implementación\n de las nuevas denominaciones de puestos.
Art. 3.- La Subsecretaría de Presupuestos del Ministerio\n de Economía y Finanzas, efectuará las regulaciones\n correspondientes en el distributivo de sueldos y presupuesto\n de la entidad, sobre la base de la resolución emitida\n por la Oficina de Servicio Civil y Desarrollo Institucional.
Art. 4.- La aplicación presupuestaria de la presente\n resolución, la efectuará, la entidad con recursos\n propios de carácter permanente.
f) Ing. Luis A. Sánchez Aguirre, Director de Servicio\n Civil y Desarrollo Institucional, Secretario Permanente del CONAREM.
N0 198-2001
ACTORA: Dolores Alvarez Ulloa.
DEMANDADO: ENPROVIT - MAG.
SEGUNDA SALA DE LO LABORAL Y SOCIAL\n Quito, noviembre 28 del 2001; las 16h40.
VISTOS: En el juicio de trabajo propuesto por Dolores Noemí\n Alvarez en contra de ENPROVIT, el Dr. Eduardo Plazarte Arias,\n mandatario especial del Ing. Walter López González,\n en su calidad de interventor - liquidador especial de la empresa\n demandada, interpone recurso de casación de la sentencia\n dictada por la Tercera Sala de la Corte Superior de Justicia\n de Quito. Siendo el estado actual de la causa el de resolver,\n para hacerlo, se considera: PRIMERO. - La competencia se ha radicado\n en esta Sala, en virtud de lo dispuesto en el Art. 200 de la\n Constitución Política de la República y\n por el sorteo de ley efectuado, cuya razón obra a fs.\n 1 de este cuaderno. SEGUNDO.- El recurrente, señala en\n su escrito que la Sala de alzada, infringió las siguientes\n normas de derecho: Arts. 184, 185 y 592 del Código del\n Trabajo; Arts. 119 y 278 del Código de Procedimiento Civil;\n y, Art. 24 numerales 13 y 14 de la Constitución Política\n de la República. Fundamenta su recurso en las causales\n 1a y 3a. del Art. 3 de la Ley de Casación. TERCERO.- De\n la confrontación de lo que sostiene el demandado en su\n escrito de interposición del recurso con la sentencia\n impugnada y con las piezas procesales del caso, se establece\n que el casacionista muestra su inconformidad sobre dos puntos:\n a) Estima que la relación laboral entre las partes, concluyó\n por desahucio; y, b) Que el acta de finiquito, reúne los\n requisitos del Art. 592 del Código del Trabajo. CUARTO.-\n Esta Sala, se ha pronunciado reiteradamente en casos que guardan\n similitud con el presente, en el sentido de que son susceptibles\n de impugnación las actas de finiquito, aún las\n celebradas con las formalidades que prescribe el Art. 592 del\n Código del Trabajo, cuando de su texto se observe renuncia\n de derechos, omisiones, errores de cálculo, etc. Criterio\n que, además, ha sido compartido por las diversas salas\n de lo Laboral y Social de la Corte Suprema de Justicia; por esta\n circunstancia, hay que proceder a analizar el acta impugnada\n por la accionante y sus antecedentes. Al efecto, se debe anotar\n que de fs. 72 y 73 del proceso aparece una solicitud de desahucio\n que formula la demandante, notificada al representante de ENPROVIT,\n en ella, se solícita "notificar al empleador con\n la voluntad de dar por terminadas las relaciones de trabajo".\n En esta petición se invoca el pedido expreso de que incluya\n la indemnización que consagra el Art. 185 del Código\n del Trabajo. Aparece a fs. 49 el acta de finiquito celebrada\n según las exigencias del Art. 592 del Código del\n Trabajo, en ella, se han liquidado todos los derechos de la trabajadora,\n inclusive una bonificación de SI. 7' 116.43 5,oo. La liquidación\n se practica ante el Inspector del Trabajo cuya firma aparece\n del referido documento. No se encuentran pruebas que demuestren\n que se haya afectado el consentimiento de la actora. QUINTO.-\n Existe por lo expuesto en el considerando precedente, error en\n la aplicación de lo que preceptúan los Arts. 184,\n 185 y 592 del Código del Trabajo y, 119 y 278 del Código\n de Procedimiento Civil. Por las consideraciones expuestas, esta\n Sala, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR\n AUTORIDAD DE LA LEY, casa la sentencia dictada por la Tercera\n Sala de la Corte Superior de Justicia de Quito y rechaza la demanda.\n Sin costas. Notifíquese y devuélvase.
Fdo.) Dres. Julio Jaramillo Arízaga, Teodoro Coello\n Vásquez y Camilo Mena Mena (VS.), Ministros.
f.) Dr. Julio Arrieta Escobar, Secretario Relator.
Quito, diciembre 7 del 2001.
VOTO SALVADO DEL SEÑOR MAGISTRADO DR. CAMILO MENA MENA,\n DENTRO DEL JUICIO LABORAL PROPUESTO POR DOLORES NOEMÍ\n ÁLVAREZ ULLOA CONTRA ENPROVIT.
Quito, noviembre 28 del 2001; las 16h40.
VISTOS: El Dr. Eduardo Plazarte Arias, mandatario especial\n de lng. Walter López González, Interventor-liquidador\n especial de ENPROVIT, en liquidación, interpone recurso\n de casación de la sentencia dictada por la Tercera Sala\n de la Corte Superior de Justicia de Quito, en el juicio laboral\n que sigue la señora Dolores Noemí Alvarez Ulloa.\n Afirma que en el fallo que impugna se han infringido los preceptos\n de los artículos 184, 185 y 592 del Código del\n Trabajo y, 119 y 278 del Código de Procedimiento Civil;\n y, los numerales 13 y 14 del artículo 24 de la Constitución\n Política. Fundamenta su recurso en las causales primera\n y tercera del articulo 3 de la Ley de Casación. Habiéndose\n agotado el trámite del recurso, para resolver se considera:\n PRIMERO.- La competencia de esta Sala se halla radicada en virtud\n de lo dispuesto en el artículo 200 de la Constitución\n Política y por el sorteo de ley efectuado, cuya razón\n obra de fojas 1 de este cuaderno. SEGUNDO. - La confrontación\n de lo que sostiene el recurrente en su escrito que contiene la\n casación y las piezas procesales del caso, permite a la\n Sala observar lo siguiente: a) Es criterio de esta Sala que una\n misma norma de derecho no puede ser al mismo tiempo no aplicada,\n indebidamente aplicada o erróneamente interpretada como\n pretende el demandado. No obstante esta situación, esta\n Sala ha aceptado a trámite el escrito; b) El asunto fundamental\n de este proceso, radica en determinar la forma como terminaron\n las relaciones laborales entre el actor y el demandado; pues,\n sostiene el recurrente que en el presente caso no se produjo\n despido intempestivo dado que la actora, voluntariamente, presentó\n el desahucio ante el Inspector del Trabajo y, que el acta de\n finiquito, suscrita después de la notificación\n del desahucio, se ha celebrado cumpliendo las formalidades que\n exige el articulo 592 del Código del Trabajo. TERCERO.-\n Consta del proceso, a fojas 72 que la accionante solicitó\n al Inspector del Trabajo "notifique a su empleador"\n su decisión de terminar la relación laboral "mediante\n DESAHUCIO, acogiéndose a la compensación prevista\n por ENPROVIT para el Segundo Plan de Retiro Voluntario".\n Sin embargo, a fojas 73 obra la fe de presentación de\n dicha solicitud seguida por la providencia dictada por el Inspector\n del Trabajo de Pichincha, en la que dice: "Con la solicitud\n de desahucio presentada por el trabajador, notifíquese\n al empleador...". En el presente caso, no se trata de un\n trabajador, sino de una trabajadora. No obstante lo anotado,\n no puede este Tribunal poner en tela de duda la autenticidad\n de estos documentos, la propia demandante sostiene haberlos suscrito,\n pero no en forma libre y voluntaria. Es verdad también\n que existen omisiones en la redacción del acta de finiquito.\n Sin embargo, hay un hecho que modifica sustancialmente la controversia.\n El demandado ha sido emplazado a rendir una absolución\n y, en el texto de esas preguntas se puntualizaron hechos que\n hacen verosímil lo que la accionante sostiene en su demanda;\n esto es, que ni la solicitud de desahucio, ni el acta de finiquito,\n fueron celebradas en forma libre, espontánea y sin presiones.\n Hay reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia,\n sobre la confesión fictas en el sentido de que habiéndose\n hecho la notificación correspondiente para que el demandado\n confiese, si éste no comparece, sin razón valedera,\n debe aplicarse el precepto del artículo 133 del Código\n de Procedimiento Civil, estimándose que "tal diligencia\n y declaratoria de confeso tienen pleno valor probatorio".\n Por lo mismo, es procedente la apreciación hecha por la\n Sala de alzada, en el sentido de que se ha producido el despido\n intempestivo. Por otra parte, en lo relacionado a la Impugnación\n del acta de finiquito, hay criterio uniforme de las diversas\n salas de lo Laboral y Social de la Corte Suprema, en el sentido\n de que pueden ser impugnadas las actas, aún las celebradas\n con las formalidades que exige el artículo 592 del Código\n del Trabajo, cuando existe renuncia de derechos, omisiones, errores,\n como aparece en la especie. CUARTO.- -No existe, por lo expuesto\n en el considerando procedente, error en la aplicación\n de los preceptos legales enunciados por el recurrente. Esta Sala,\n en fallos dictados en juicio iniciados en contra de ENPROVIT,\n ha rechazado las demandas, por insuficiencia de pruebas, tomando\n en consideración que cada proceso tiene sus propias características.\n Por las consideraciones anotadas, esta Sala, ADMINISTRANDO JUSTICIA\n EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, rechaza\n el recurso propuesto. Sin costas. Notifíquese.
Fdo.) Dres. Julio Jaramillo Arízaga, Teodoro Coello\n Vázquez y Camilo Mena Mena, Magistrados.
Dr. Julio Arrieta Escobar, Secretario Relator.
RAZÓN.- En esta fecha se notifica con la vista en relación,\n sentencia de mayoría y voto salvado que anteceden a la\n actora Dolores Noemí Alvarez UIloa, en el casillero N0\n 447 del Dr. Luis Taipe, a ENPROVIT SA., en el casillero N0 937,\n del Dr. Eduardo Plazarte, al M.A.G., en el casillero N0 1040,\n del Dr. Luis Cuesta Aldaz, y al señor Procurador General\n del Estado, en el casillero N0 1200 de la Dra. Ruth Seni P.
Quito, noviembre 29 del 2001.
f) Dr. Julio Arrieta Escobar, Secretario Relator. Es fiel\n copia del original..
f) Dr. 'Julio Arrieta Escobar, Secretario Relator.
N°\n 200-2001
ACTOR: Segundo Caiza Ortega.
DEMANDADO: M.O.P.
Quito, noviembre 8 del 2001 las 16h00.
VISTOS: Inconforme con la sentencia dictada por la Segunda\n Sala de la Corte Superior de Justicia de Riobamba, el demandante\n señor Segundo Francisco Caiza Ortega, interpone recurso\n dc casación en el juicio laboral que sigue en contra de\n la Empresa Nacional de Ferrocarriles del Estado. Sostiene que\n en la sentencia que reprocha se han infringido las siguientes\n normas de derecho: artículo 35 numerales 2, 3, 4, 6 y\n 14 de la Constitución, artículos 119, 238 y 280\n del Código de Procedimiento Civil y los artículos\n 4, 7, 185, 188, 592 y regla segunda del articulo 219 del Código\n del Trabajo. Funda su recurso en las causales primera y tercera\n del articulo 3 de la Ley de Casación. Siendo el estado\n del recurso el de resolver, para hacerlo se considera: PRIMERO.-\n La competencia de esta Sala se halla radicada en virtud de lo\n preserito en el artículo 200 de la Constitución\n Política del Estado y por la razón de sorteo que\n obra de fojas 1 de este cuaderno. SEGUNDO.- Del cotejo de lo\n que sostiene el demandante en su escrito de interposición\n del recurso con las piezas procesales del caso, este Tribunal\n observa que lo que se plantea es una reliquidación de\n las indemnizaciones pagadas al trabajador, según el acta\n de finiquito, incorporada al proceso a fojas 4, 5, 6, 7 y 8.\n Pide, para fundamentar su recurso, la aplicación de los\n preceptos del Tercer Contrato Colectivo celebrado entre la Empresa\n Nacional de Ferrocarriles del Estado y los sindicatos "Ferroviario\n Ecuatoriano" y "Quito San Lorenzo". Cita el defensa\n de sus derechos, normas constitucionales y legales de protección\n al trabajador. Menciona también las reglas para la jubilación\n patronal. Igualmente preceptos sobre procedimientos para tomar\n declaración de testigos y, sobre lo que debe contener\n una sentencia. TERCERO.- La Segunda Sala de la Corte Superior\n de Justicia de Riobamba, en el fallo que es motivo de la casación,\n en el considerando quinto, hace un análisis completo de\n los pasos e instancias que se han dado para llegar a la suscripción\n del acta incorporada al proceso. Hace patente que para la firma\n del documento de finiquito se han cumplido con todas las formalidades\n que exige el artículo 592 del Código del Trabajo;\n es decir, que el instrumento se practica ante el Inspector del\n Trabajo y se encuentra pormenorizado. En el fallo reprochado\n se hace presente que se han pagado las indemnizaciones por despido\n intempestivo, tanto las que establece el Código Laboral\n en sus artículos 185 y 188, como las que consagra el Tercer\n Contrato Colectivo, como también las de la Ley 133; en\n su artículo 139. La Sala de alzada llegó a la conclusión\n de que el acta cumple, con todas las exigencias legales y que\n no aparece que "se hayan producido perjuicios al trabajador".\n Este Tribunal recuerda que en varios fallos se ha puntualizado\n que el acta legalmente celebrada cumpliendo los requisitos que\n se exige en el código de la materia es "un hecho\n jurídico autónomo y completo". Por lo tanto,\n la Sala de instancia ha procedido conforme a la ley y aplicando\n lo que prescribe el articulo 19 de la Ley de Casación,\n no obstante que no aparece del proceso que el actor, en su demanda\n haya impugnado el acta de finiquito. Por lo expuesto, no a lugar\n a la reliquidación demandada. Por otro lado, el derecho\n a la jubilación patronal que declama el recurrente, es\n incuestionable, pues ha cumplido con todos los requisitos que\n exige el articulo 219 del Código del Trabajo; sin embargo,\n de los documentos que aparecen a fojas 130 y 194 del proceso,\n consta que el actor está jubilado por la empresa demandada\n y que se encuentra cobrando las pensiones que le corresponden.\n No existe pues violación de precepto legal alguno en el\n fallo materia de la casación. Por las consideraciones\n anotadas, esta Sala, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA\n Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, rechaza el recurso de casación\n propuesto. Sin costas. Notifíquese.
Fdo.) Dres. Julio Jaramillo Arízaga, Teodoro Coello\n Vásquez y Camilo Mena Mena, Magistrados.
N0 205-2001
ACTOR: Ever Vélez Obregón.
DEMANDADA: La Universal SA.
Quito, noviembre 14 del 2001; las 15h30.
VISTOS: En el juicio verbal sumario de trabajo seguido por\n Ever Iván Vélez Obregón en contra de Marco\n Rodolfo Rodríguez Rodríguez, Judith Carrión\n Barrezueta, Jorge Enrique Rodríguez Carrión, Marco\n Rodríguez Carrión y Efraín Rodríguez\n Carrión, el actor interpone recurso de casación\n de la sentencia dictada por la Quinta Sala de la Corte Superior\n de Justicia de Guayaquil, confirmatoria de la pronunciada por\n el Juez Sexto del Trabajo del Guayas. Siendo procedente resolver\n sobre el recurso planteado, se realizan previamente las siguientes\n consideraciones: PRIMERO.- La competencia se ha radicado en esta\n Segunda Sala de lo Laboral y Social de la Corte Suprema de Justicia,\n en virtud de lo dispuesto en los artículos 200 de la Constitución\n Política del Estado y 1 de la Ley de Casación;\n y, atendiendo el sorteo de ley practicado, cuya razón\n antecede. SEGUNDO.- El recurrente, ataca la sentencia subida\n en grado, manifestando que ella ha violado vanas normas de derecho,\n entre ellas, menciona el Art. 119 del Código de Procedimiento\n Civil; y, los Arts. 36, 185 y 188 del Código del Trabajo.\n Fundamenta en su recurso en las causales 1a. y 3a. del Art. 3\n de la Ley de Casación. TERCERO.- Del texto del recurso\n de casación deducido, se infiere que el casacionista determina\n su descontento con el fallo de alzada, en el sentido de que no\n se aplicó el principio básico de valoración\n de las pruebas, esto es, la sana crítica, por ello, sostiene\n que se violó tanto el precepto del Art. 36 como el de\n los Arts. 185 y 188 del Código del Trabajo. Por tanto,\n es procedente que este Tribunal, en base a la confrontación\n de lo que sostiene el accionante en su recurso, con la sentencia\n impugnada y con los autos determine si procede o no casar la\n sentencia recurrida. CUARTO.- Sobre la impugnación relacionada\n con el Art. 36 del Código del Trabajo, que establece la\n responsabilidad solidaria que reclama el casacionista, se determina\n que tanto el Juez de primera instancia como el Tribunal superior\n han actuado con sujeción a la ley, toda vez que de autos\n constan pruebas, específicamente los roles de pago de\n fs. 29 a 84 demuestran que la relación laboral la mantenía\n el actor únicamente con Marco Rodolfo Rodríguez\n Rodríguez y no con los otros demandados. Además\n no se ha probado que ejercían funciones de gerencia, administración\n o dirección; en consecuencia, no a lugar en este sentido\n la pretensión del recurrente. QUINTO.- En lo que tiene\n que ver con el segundo punto de la impugnación, esto es,\n lo concerniente a las indemnizaciones previstas en los Arts.\n 185 y 188 del Código del Trabajo por el supuesto despido\n intempestivo que asevera ocurrió, es necesario, tener\n presente antes de remitirse a la constancias procesales, que\n las salas de la Corte Suprema de Justicia en materia laboral\n han determinado ya en incontables fallo que el despido intempestivo\n por ser una forma unilateral e ilegal de concluir la relación\n laboral y por las consecuencias de orden económico que\n suscitan debe ser demostrado en forma concreta en qué\n circunstancias de tiempo lugar y modo se produjo; en la especie,\n el casaciónista acude a la declaración de cuatro\n testigos para probar la existencia del mencionado despido; testimonios\n que, por su importancia merecen el análisis siguiente:\n 1.- La declaración del señor Silvio Humberto Valarezo\n Lamilla (fs. 20) se la desestima, por hallarse inmerso en el\n numeral 5to. del Art. 220 del Código de Procedimiento\n Civil; y, 2.- De su parte, las declaraciones de los testigos\n Julio César Durán Guzmán (fs. 20 vta.),\n José Orlando Ortega Villarruel (fs. 99) y Juan Hipólito\n Centeno (fs. 100) son circunstanciales, pues, al contestar sobre\n la razón de sus dichos, coincidencialmente responden los\n tres que estuvieron allí justamente a las 20h00 para hacer\n unas compras, situación que llama aun más la atención\n si se consideran las respuestas a la primera y segunda preguntas\n del interrogatorio de fs. 14 vta., ya que, siendo solamente compradores\n conocen quienes ejercen en la empresa funciones de dirección\n y administración, además que dicen constarles las\n horas extraordinarias y suplementarias que trabajaba el demandante,\n lo cual, a la luz de la sana crítica ciertamente no permite\n dar credibilidad a dichos testimonios; además que, la\n misma confesión judicial rendida por el actor (fs. 112)\n es contradictoria especialmente al responder las preguntas 6\n y 7 del interrogatorio de fs. 111, declaración que por\n el contrario, ha robustecido las excepciones planteadas por el\n demandado para negar la existencia del despido. Por lo expuesto,\n esta Sala, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y\n POR AUTORIDAD DE LA LEY; rechaza el recurso de casación\n propuesto por el actor del presente juicio. Notifíquese\n y devuélvase.
f) Dr. Julio Arrieta Escobar. Secretario Relator.
VOTO SALVADO DEL SEÑOR MAGISTRADO DR. CAMILO MENA MENA\n DENTRO DEL JUICIO LABORAL INICIADO POR EVER IVÁN VÉLEZ\n OBREGÓN CONTRA JORGE ENRIQUE RODRÍGUEZ CARRIÓN\n Y OTROS.
Quito, noviembre 14 del 2001 las 15h30.
VISTOS: Para conocimiento de este Tribunal se encuentra el\n juicio verbal sumario de trabajo que sigue Ever Iván Vélez\n Obregón, en contra de: Jorge Enrique Rodríguez\n Carrión, Marco Rodriguez Carrión. Judith Inés\n Carrión Barrezueta y, César Efraín Rodríguez\n Carrión. El actor interpone recurso de casación\n de la sentencia dictada por la Quinta Sala de la Corte Superior\n de Justicia de Guayaquil y manifiesta que en el fallo que impugna\n se han infringido los preceptos de los artículos 119 del\n Código de Procedimiento Civil; y, 35, 185 y 188 del Código\n del Trabajo. Funda su recurso en lo previsto en las causales\n primera y tercera del artículo 3 de la Ley de Casación.\n Siendo el estado del recurso el de resolver, para hacerlo se\n considera: PRIMERO - La competencia de esta Sala se halla radicada\n en virtud de lo dispuesto en el artículo 200 de la Constitución\n y por la razón de sorteo que obra de fojas 1 de este cuaderno.\n SEGUNDO.- El asunto fundamental del recurso, según la\n confrontación que ha hecho esta Sala del escrito las piezas\n procesales, está dirigido a requerir que la sentencia\n condenatoria se haga extensiva solidariamente a todos los demandados\n y exigir se reconozca el pago de las indemnizaciones puntualizadas\n en los artículos 185 y 188 del Código del Trabajo.\n Estima el casacionista que no existe valoración de la\n prueba por parte del inferior y que no se ha aplicado el articulo\n 119 del Código de Procedimiento Civil. TERCERO.- La Quinta\n Sala de la Corte Superior de Justicia de Guayaquil, en su sentencia,\n que es la impugnada, dice, en relación a la solidaridad\n que reclama el accionante que, con "los roles de pago se\n evidencia también que quien fungía de administrador\n del depósito La Universal, era Marco Rodolfo Rodríguez\n Rodríguez". Este hecho puntualizado por la Sala de\n alzada, está corroborado por otras pruebas, de manera\n que no existe violación alguna en la sentencia que ha\n sido impugnada. CUARTO.- El recurso extraordinario de casación,\n tiene por objeto verificar si el Tribunal que ha emitido el fallo,\n ha incurrido en errores de derecho al dictar la sentencia, para\n corregirlos. Pretende, por lo mismo, anular los fallos dictados\n con errores de derecho. En la presente controversia lo que se\n asegura por parte del casacionista es que no hay una justa valoración\n de la prueba; pues, la Sala de alzada ha prescindido analizar\n los testimonios que obran del proceso. Este Tribunal, no obstante\n las consideraciones expuestas, no puede prescindir del examen\n de las piezas procesales que menciona el accionante, para sustentar\n que se ha producido el despido, que según la Sala de instancia,\n "la prueba no es idónea por falta de credibilidad".\n El estudio de la prueba presentada por el demandante, tiene varios\n aspectos no tomados en cuenta: a) A fojas 20 del proceso hay\n el testimonio del señor Silvio Humberto Valarezo, que\n si bien puede estar incurso en lo que dispone el numeral Sto.\n del articulo 220 del Código de Procedimiento Civil, no\n se lo puede desconocer. Al responder la pregunta tercera del\n interrogatorio, confirma el hecho del despido y al dar razón\n de sus dichos, manifiesta que el también trabajaba en\n el depósito, y que estaba despedido "porque se iba\n a cerrar el negocio". Es un testimonio que no puede desestimarse.\n Es posible que las otras declaraciones no presten la credibilidad\n exigida, pero existen testimonios que sumados a otros hechos,\n permiten tener una información sobre el asunto; b) A fojas\n 25 del proceso, consta una fotocopia de una publicación\n de prensa "La Verdad", de 29 de mayo de 1999, que titula\n "Agencia de la Universal Cerró Puertas"; c)\n A fojas 111 y 112 del proceso consta la absolución rendida\n por el demandante, por pedido del señor Jorge Rodríguez\n Carrión; y, de esa diligencia se desprende, según\n las respuestas a las preguntas 6 y 7 que el depósito fue\n cerrado, y que los representantes de La Universal se llevaron\n todas las mercaderías. Esto implica que el accionante\n quedaba despedido, como lo sostiene al responder a las preguntas\n 1, 9 y 10 del interrogatorio. Por lo dispuesto en los artículos\n 144 y 146 del Código de Procedimiento Civil, esta Sala\n estima que esta diligencia confirma lo sostenido por el actor\n sobre el despido. Por lo que se ha analizado en el considerando\n precedente, este Tribunal concluye que se ha probado el despido\n intempestivo y, por lo mismo, dispone que el demandado Marco\n Rodolfo Rodríguez Carrión pague al actor las indemnizaciones\n establecidas en los artículos 185 y 188 del Código\n del Trabajo, adicionalmente a lo dispuesto en la sentencia dictada\n por la Quinta Sala de la Corte Superior de Justicia de Guayaquil.\n Por las consideraciones anotadas, esta Sala, ADMINISTRANDO JUSTICIA\n EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, casa parcialmente\n la sentencia dictada por la Sala de alzada, en los términos\n que constan en el considerando cuarto de este fallo. Sin costas.\n Notifíquese.
f)Ilegible.
N°\n 207-2001
ACTOR: Alfonso Villalta Murillo.
Quito, octubre 22 del 2001; las 10h15..
VISTOS: El demandante señor Alfonso Gustavo Villalta\n Murillo, interpone recurso de casación del fallo dictado\n por la Segunda Sala de la Corte Superior de Justicia de Quito,\n en el juicio laboral que sigue en contra del señor Ministro\n de Obras Públicas y Comunicaciones. Dice el accionante\n que en la sentencia que reprocha se han infringido los siguientes\n preceptos: artículos 51, 52 incisos 1o., 3o. y 4o. y disposición\n transitoria tercera de la Lev de Modernización del Estado;\n artículo 78, inciso tercero del Reglamento a la Ley de\n Modernización del Estado, artículo 26, inciso último\n del Reglamento Sustitutivo al Reglamento General de la Ley de\n Modernización del Estado; artículos 5, 188 incisos\n 1o., 4o., 7o.; 590 y 593 del Código del Trabajo; artículos\n 16, 17, 18, 19; .35, inciso primero, numerales 1, 23; 54; inciso\n 2do.; 55, 56, 57, 272, 273 y 274 de la Constitución Política;\n artículos 168 y 169 del Código de Procedimiento\n Civil; y. las cláusulas 7 y 44 del Séptimo Contrato\n Colectivo. Funda su recurso en las prescripciones de las causales\n primera y tercera del articulo 3 de la Ley de Casación.\n Siendo el estado de este recurso el de resolver, para hacerlo\n se considera: PRIMERO.-La competencia de esta Sala se halla radicada\n en virtud de lo dispuesto en el artículo 200 de la Constitución\n Política y por la razón de sorteo que obra de fojas\n 1 de este cuaderno. SEGUNDO.- La confrontación de lo que\n sostiene el recurrente con las principales piezas procesales,\n permite observar a esta Sala que los puntos fundamentales de\n la casación están dirigidos a reclamar por la prescripción\n resuelta por la Sala de alzada, que rechaza todas las pretensiones\n del demandante y la negativa de la jubilación patronal\n por la falta de tiempo de servicios para obtener el beneficio.\n El casacionista, para sustentar los fundamentos, hace citas de\n la Constitución y el Código del Trabajo, sobre\n la protección al trabajador. Enumera varias normas de\n la Ley de Modernización del Estado y su reglamento. Enumera\n también preceptos del Código de Procedimiento Civil,\n sobre instrumentos públicos. TERCERO.- La Segunda Sala\n de la Corte Superior de Justicia de Quito, en su considerando\n cuarto, hace un análisis completo en torno a la prescripción\n de la acción, que fuera oportunamente alegada por la parte\n demandada. Este Tribunal observa que el actor manifiesta en su\n demanda que fue notificado "con la terminación de\n la relación laboral" el 18 de julio de 1994. La citación\n con la demanda, se produce el 14 de abril de 1998, en que se\n entrega la última boleta. Por lo mismo, solamente en esta\n última fecha, según lo prescribe el numeral segundo\n del articulo 101 del Código de Procedimiento Civil, se\n interrumpe la prescripción. No son válidas las\n argumentaciones del accionante en torno a que una parte de sus\n indemnizaciones se pagó el 20 de enero de 1995, porque\n esta circunstancia no interrumpe la prescripción. Es complementario\n el hecho de que el señor Villalta Murillo, aparte de lo\n expresado en su demando, en su confesión judicial, que\n aparece de fojas 104 y 105 del proceso, contesta afirmativamente\n y categóricamente que la relación laboral terminó\n el 17 de noviembre de 1993. Por lo que, al amparo de lo que dispone\n el artículo 632 del Código del Trabajo, la acción\n se encuentra preserita. CUARTO.- Por resolución de la\n Corte Suprema de Justicia, publicada en el Registro Oficial N0\n 233 de 14 de julio de 1989, que tiene el carácter de obligatoria,\n declaró "Que es imprescriptible el derecho del trabajador\n que hubiere prestado sus servicios por 25 años o más,\n en forma continuada e interrumpida, para que se beneficie con\n la jubilación patronal...". Ahora bien, el penúltimo\n inciso del articulo 188 del Código Laboral, estatuye que,\n en el caso de despido -este es el caso del demandante- el trabajador\n que hubiere cumplido 20 años y menos de 25", "tiene\n derecho a la parte proporcional de la jubilación patronal".\n En el caso de la presente controversia, la fotocopia certificada\n que obra de fojas 74 vta., del carné de afiliación\n al IESS, consta que el accionante prestó sus servicios\n en el Ministerio de Obras Públicas, desde ello, de mayo\n de 1974, hasta el 17 de noviembre del 1993, esto es, 19 años,\n 6 meses y 16 días, instrumento público que se complementa\n con el detalle de aportes enviados por el IESS, que aparece de\n fojas 28 y 29. del cuaderno de segunda instancia. En la absolución\n rendida el actor manifiesta haber laborado hasta el 17 de noviembre\n de 1993, según documento de fojas 104 y 105 del proceso.\n El demandante sostiene que sí en verdad laboró\n por 19 años, 6 meses y 16 días, tiene derecho a\n la jubilación, porque en el artículo 188 del Código\n Laboral se determina que "la fracción del año\n se considera como año completo". Al respecto, esta\n Sala recuerda que esta norma es aplicable para las indemnizaciones,\n mas no para el cálculo de tiempo de servicios Por lo mismo,\n la norma invocada por el accionante, no es aplicable al caso\n de la jubilación patronal. El análisis que hace\n la Sala de alzada está encuadrado dentro de las normas\n legales. Por las consideraciones anotadas, esta Sala, ADMINISTRANDO\n JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY,\n desecha el recurso de casación. Sin costas. Notifíquese.
Fdo.) Dres. Julio Jaramillo Arizaga, Teodoro Coello Vásquez\n y Camilo Mena Mena, Magistrados.
Certifica. -
RAZÓN: En esta fecha se notifica con la vista en relación\n y sentencia que anteceden al actor Alfonso Gustavo Villalta.\n Murillo, en el casillero N0 668 del Dr. Frederman Besantes P.,\n al M.O.P. en el casillero N0 984 del Dr. August