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Timestamp: 2016-10-22 04:18:41
Document Index: 1680386

Matched Legal Cases: ['artículo 4', 'artículo 17', 'artículo 38', 'artículo 38', 'artículo 42', 'artículo 49', 'artículo 38', 'artículo 38', 'artículo 846', 'ARTÍCULO 1', 'Artículo 120']

⭐CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
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Ernesto Ojeda Piñeiro
1 Ley publicada en el Periódico Oficial del Estado No. 24 del 23 de marzo de 1974 DECRETO EL CIUDADANO LICENCIADO OSCAR FLORES, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIHUAHUA, A SUS HABITANTES SABED: QUE EL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, SE HA SERVIDO EXPEDIR EL SIGUIENTE EL QUINCUAGÉSIMO H. CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIHUAHUA, D E C R E T A EL SIGUIENTE CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA TITULO PRIMERO DE LAS ACCIONES Y EXCEPCIONES CAPITULO I DE LAS ACCIONES ARTICULO 1. El ejercicio de las acciones civiles requiere: I. La existencia de un derecho y la violación de él, o bien el desconocimiento de una obligación o la necesidad de declarar, preservar o constituir un derecho; II. III. La capacidad para ejercitar la acción por sí, o por medio de legítimo representante; El interés en el actor para deducirlo. Falta el requisito de interés siempre que no pueda alcanzarse el objeto de una acción, aun suponiendo favorable la sentencia. ARTICULO 2. La acción procede en juicio aun cuando no se exprese su nombre, con tal de que se determine con claridad la clase de prestación que se exija del demandado y el título o causa de la acción. Ningún juicio civil tendrá más de dos instancias. [Párrafo adicionado mediante Decreto No publicado en el Periódico Oficial del Estado No. 96 del 30 de noviembre de 1994] ARTICULO 3. Por las acciones reales se reclamarán: La herencia, los derechos reales o la declaración de libertad de gravámenes reales. Se dan y se ejercitan contra el que tiene en su poder la cosa y tiene obligación real, con excepción de la petición de herencia y la negatoria. Edificio Legislativo Libertad No.9 Col. Centro C.P Chihuahua, Chih. Tel: (614)2 ARTICULO 4. La reivindicatoria compete a quien no está en posesión de la cosa de la cual tiene la propiedad, y su efecto será declarar que el actor tiene dominio sobre ella y se la entregue el demandado con sus frutos y accesiones, en los términos prescritos por el Código Civil. ARTICULO 5. El tenedor de la cosa puede declinar la responsabilidad del juicio, designando al poseedor que ^lo sea a título de dueño. ARTICULO 6. El poseedor que niegue tener la posesión de la cosa reclamada, la perderá, si la tuviere en realidad, en beneficio del demandante. ARTICULO 7. Pueden ser demandados en reivindicación, además del poseedor de la cosa, el que para evitar los efectos de la acción reivindicatoria dejó de poseer, y el que está obligado a restituir la cosa o su estimación si la sentencia fuere condenatoria, aunque no posea la cosa. El demandado que pague la estimación de la cosa puede ejercitar a su vez la reivindicación. ARTICULO 8. No pueden reivindicarse: Las cosas que están fuera del comercio; los géneros no determinados al entablarse la demanda; las cosas unidas a otras por vía de accesión según lo dispuesto en el Código Civil, ni las cosas muebles perdidas o robadas que un tercero haya adquirido de buena fe en almoneda o de comerciante que en mercado público se dedique a la venta de objetos de la misma especie, sin previo reembolso del precio que aquél haya pagado por ellas. Se presume que no hay buena fe, si de la pérdida o robo se dio aviso público oportunamente. ARTICULO 9. Al adquirente con justo título y de buena fe le compete la acción para que el poseedor de mala fe restituya la cosa con sus frutos y accesiones en los términos del artículo 4o., aun cuando el primero no haya prescrito la cosa; o para reivindicarla del que teniendo título de igual calidad, ha poseído por menos tiempo que el actor. No procede esta acción en los casos en que ambas posesiones fuesen dudosas, o el demandado tuviere su título registrado y el actor no, ni tampoco contra el dueño legítimo. ARTICULO 10. Procederá la acción negatoria: para obtener la declaración de libertad o la reducción de gravámenes de bien inmueble, y la demolición de obras o señales que importen gravámenes; la tildación o anotación en el Registro de la Propiedad; y conjuntamente en su caso, la indemnización de daños y perjuicios. Esta acción se da sólo al poseedor a título de dueño, o al que tenga derecho real sobre el inmueble. Cuando la sentencia sea condenatoria, el actor podrá exigir del reo que caucione el respeto de la libertad del inmueble. ARTICULO 11. Compete la acción confesoria al titular del derecho real del inmueble y al poseedor del predio dominante que esté interesado en la existencia de la servidumbre. Se da esta acción contra el tenedor o poseedor jurídico que contraríe el gravamen, para que se obtenga el reconocimiento, la declaración de los derechos y obligaciones del gravamen, y el pago de los frutos, daños y perjuicios en su caso, y se haga cesar la violación. Si fuese la sentencia condenatoria, el actor podrá exigir del reo que afiance el respeto del derecho. ARTICULO 12. Se intentará la acción hipotecaria: para constituir, ampliar o registrar una hipoteca, o bien, para obtener el pago o la prelación del crédito que la hipoteca garantice. Procederá contra el poseedor a título de dueño del fundo hipotecado y, en su caso, contra los otros acreedores. Cuando después de registrada la cédula hipotecaria y contestada la demanda, cambiare el dueño y poseedor jurídico del predio, con éste continuará el juicio. ARTICULO 13. La petición de herencia se deducirá por el heredero testamentario o por quien haga sus veces en la disposición testamentaria, o por el heredero intestamentario; y se da, respectivamente según la situación jurídica que guarden los bienes, contra el albacea; contra el poseedor de los bienes hereditarios a título de heredero o de cesionario de éste, o contra el que no tenga título alguno de 2 de 1793 posesión respecto de los bienes de la herencia, o dolosamente dejó de poseerlos. En su caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 1188 y 1321 del Código Civil. ARTICULO 14. La petición de herencia se ejercitará para que sea declarado heredero el demandante, se le haga entrega de los bienes hereditarios con sus acciones, sea indemnizado, y se le rindan cuentas. ARTICULO 15. El comunero puede deducir las acciones relativas a la cosa común, en calidad de dueño, salvo pacto en contrario o ley especial que establezca otra forma para su ejercicio. No puede, sin embargo, transigir ni comprometer en árbitros el negocio, sin el consentimiento unánime de los demás condueños. ARTICULO 16. Al perturbado en la posesión jurídica o derivada de un bien inmueble, compete el interdicto de retener la posesión, contra el perturbador, contra el que mandó tal perturbación, o contra el que, a sabiendas y directamente se aproveche de ella, y contra el sucesor del perturbador. El objeto de esta acción es poner término a la perturbación, indemnizar al poseedor, y que el demandado afiance no volver a perturbar al poseedor y sea conminado con multa o arresto para el caso de reincidencia. Para la procedencia de esta acción se requiere: Que la perturbación consista en actos preparatorios tendientes directamente a la usurpación violenta, o a impedir el ejercicio del derecho; que se reclame dentro de un año a partir de la fecha de la perturbación, y que el poseedor no haya obtenido la posesión de su contrario por fuerza, clandestinamente, o a ruegos. ARTICULO 17. El que es despojado de la posesión jurídica o derivada de un bien inmueble debe ser, ante todo, restituido en la posesión, y le compete la acción de recobrarla, contra el despojador, contra el que haya mandado cometer el despojo, contra el que a sabiendas y directamente se aproveche de éste, y contra el sucesor del despojante. Esta acción tiene por objeto reponer al despojado en la posesión, indemnizarlo de los daños y perjuicios, obtener del demandado el que afiance su abstención de volver a despojar al demandante, y a la vez conminarlo con multa o arresto para el caso de reincidencia. ARTICULO 18. La acción de recuperar la posesión se deducirá dentro del año siguiente a los actos violentos o vías de hecho causantes del despojo. No procede en favor de aquél que, con relación al demandado, poseía clandestinamente, por la fuerza, o a su ruego; pero sí contra el propietario despojante que transfirió el uso y aprovechamiento de la cosa por medio de contrato. ARTICULO 19. Al poseedor de un predio o derecho real sobre él, compete la acción para suspender la conclusión de una obra perjudicial a sus posesiones, su demolición o modificación en su caso, y la restitución de las cosas al estado anterior a la obra nueva. Compete también al vecino del lugar cuando la obra nueva se construya en bienes de uso común. La acción a que se refiere este artículo, se da contra quien mandó construir la obra, sea poseedor o detentador de la heredad donde se construye. Para los efectos de esta acción de obra nueva, se entiende por tal no sólo la construcción de nueva planta, sino también la que se realiza sobre edificio antiguo, añadiéndole, quitándole o dándole una forma distinta. ARTICULO 20. La acción de obra peligrosa se da al poseedor jurídico o derivado de una propiedad contigua o cercana que pueda resentirse o padecer por la ruina o derrumbe de la otra, caída de un árbol u otro objeto análogo, y su finalidad es la de adoptar medidas urgentes para evitar los riesgos que ofrezca el mal estado de los objetos referidos, obtener la demolición total o parcial de la obra, o la destrucción del objeto peligroso. Compete la misma acción a quienes tengan derecho privado o público de paso por las inmediaciones de la obra, árbol u otro objeto peligroso. 3 de 1794 ARTICULO 21. Compete acción a un tercero para coadyuvar en el juicio seguido contra su codeudor solidario. Igual facultad corresponde al tercero de cuyo derecho depende la subsistencia del derecho del demandado o actor. El deudor de obligación indivisible, que sea demandado por la totalidad de la prestación, puede hacer concurrir al juicio a sus codeudores, siempre y cuando el cumplimiento de la obligación no sea de tal naturaleza que sólo pueda ser satisfecha por el demandado. [Artículo reformado mediante Decreto No publicado en el Periódico Oficial del Estado No. 79 del 2 de octubre de 1974] ARTICULO 22. El tercero obligado a la evicción deberá ser citado a juicio oportunamente para que la sentencia que se dicte pueda pararle perjuicio. ARTICULO 23. El tercero que, aduciendo derecho propio, intente excluir los derechos del actor y del demandado, o los del primero, solamente, tiene facultad de concurrir al pleito con arreglo a las disposiciones que este Código establece para las tercerías. ARTICULO 24. Las acciones del estado civil tienen por objeto: las cuestiones relativas al nacimiento, defunción, matrimonio o nulidad de éste, filiación, reconocimiento de hijos, tutela, adopción, divorcio y ausencia o atacar el contenido de las constancias del Registro Civil para que se anulen o rectifiquen. Las decisiones judiciales recaídas en el ejercicio de acciones del estado civil perjudican aun a los que no litigaron. Las acciones de estado civil fundadas en la posesión de estado producirán el efecto de que se ampare o restituya a quien la disfrute, contra cualquier perturbador. ARTICULO 25. Las acciones personales se deducirán para exigir el cumplimiento de una obligación personal, ^ya sea de dar, de hacer, o de no hacer determinado acto. ARTICULO 26. El enriquecimiento sin causa de una parte, con detrimento de la otra, presta mérito al perjudicado para ejercitar la acción de indemnización en la medida en que aquélla se enriqueció. ARTICULO 27. El perjudicado por falta de título legal tiene acción para exigir que el obligado le extienda el documento correspondiente. ARTICULO 28. En las acciones mancomunadas por título de herencia o legado, sean reales o personales, se observarán las reglas siguientes: I. Si no se ha nombrado interventor o albacea puede ejercitarlas cualquiera de los herederos o legatarios; II. Si se ha nombrado interventor o albacea, sólo a éstos compete la facultad de deducirlas en juicio, y únicamente podrán hacerlo los herederos o legatarios cuando requeridos por ellos, el albacea o el interventor se rehusen a ejercitarlas. ARTICULO 29. Ninguna acción puede ejercitarse sino por aquél a quien compete, o por su representante legítimo. No obstante esto, el acreedor puede ejercitar las acciones que competen a su deudor cuando conste el crédito de aquél en título ejecutivo y, excitado el deudor para deducirlas, descuide o rehuse hacerlo. El tercero demandado puede paralizar la acción pagando al demandante el monto de su crédito. Las acciones derivadas de derechos inherentes a la persona del deudor nunca se ejercitarán por el acreedor. Los acreedores que acepten la herencia que corresponde a su deudor, ejercitarán las acciones pertenecientes a éste, en los términos en que el Código Civil lo permita. 4 de 1795 ARTICULO 30. Las acciones que se transmiten contra los herederos no obligan a éstos sino en proporción a sus cuotas, salvo en todo caso la responsabilidad que les resulte cuando sea solidaria su obligación con el autor de la herencia, por ocultación de bienes, o por dolo o fraude en la administración de bienes indivisos. ARTICULO 31. Cuando haya varias acciones contra una misma persona, respecto de una misma cosa, y provenga de una misma causa, deberán intentarse en una sola demanda. Por el ejercicio de una o varias de ellas, quedan extinguidas las otras. No pueden acumularse en la misma demanda acciones contrarias o contradictorias, ni aun con el carácter de subsidiarias; ni las posesorias con las petitorias, ni cuando una dependa del resultado de la otra. Tampoco son acumulables las acciones que, por su cuantía o por su naturaleza, corresponden a jurisdicciones diferentes. ARTICULO 32. A nadie puede obligarse a intentar o proseguir una acción contra su voluntad, excepto en los casos siguientes: I. Cuando alguno públicamente se jacte de que otro es su deudor o de que tiene derechos que deducir sobre alguna cosa que otro posee. En este caso el poseedor o aquél de quien se dice que es deudor, puede ocurrir al juez de su propio domicilio pidiéndole que señale un término al jactancioso para que deduzca la acción que afirme tener, apercibido de que no haciéndolo en el plazo designado se le tendrá por desistido de ella. Este juicio se substanciará en la vía sumaria. No se reputa jactancioso al que, en algún acto judicial o administrativo se reserva los derechos que pueda tener contra alguna persona, o sobre alguna cosa; II. III. IV. Cuando por haberse interpuesto tercería ante un juez menor o de paz, por cantidad mayor de la que fija la ley para los negocios de su competencia, se hayan remitido los autos a otro juzgado y el tercero opositor no ocurra a continuar la tercería; Cuando alguno tenga acción o excepción que dependa del ejercicio de la acción de otro, puede exigir de éste que la interponga o continúe desde luego, o que, en el caso de excepción, la oponga desde luego y pida que sea admitida; y si excitado para ello se rehusare, lo podrá hacer aquél; Cuando una persona pretenda hacer un viaje al extranjero o a lugar distante, y tiene fundado temor de que alguien desea frustrárselo intentando en su contra una acción en los momentos de emprenderlo, podrá obligarlo a que deduzca desde luego la acción, o espere su regreso para hacerlo; V. En los supuestos de los artículos 28 y 29 de este Código. ARTICULO 33. Las acciones duran lo que la obligación que representan, salvo los casos en que la ley señale distinto plazo. La acción concedida en el artículo 17 del Código Civil prescribe en un año. ARTICULO 34. Intentada la acción y fijados los puntos cuestionados, no podrá modificarse ni alterarse a no ser que el demandado, lo consienta expresamente; pero sí podrá el actor desistirse de la acción intentada o simplemente de la demanda, en cualquier estado del juicio. 5 de 1796 El desistimiento de la acción extingue ésta. El desistimiento de la demanda, que requiere el consentimiento del demandado, sólo importa la extinción actual del procedimiento. En ambos casos, el desistimiento produce el efecto de que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la presentación de la demanda, y obliga al actor a pagar las costas y los daños y perjuicios a la contraparte, salvo convenio en contrario. CAPITULO II DE LAS EXCEPCIONES ARTICULO 35. Se llaman excepciones todas las defensas que pueda emplear el demandado para impedir el ejercicio actual de la acción, o para destruir ésta. En el primer caso, son dilatorias; en el segundo, perentorias. Para los efectos de su substanciación, se considerará también como excepción dilatoria, la oposición que el actor pueda hacer al reconocimiento procesal que se haga de la personalidad o capacidad del representante o apoderado del demandado. Las excepciones procederán en juicio aun cuando no se exprese su nombre, con tal de que se haga valer con precisión y claridad el hecho o hechos en que se hace consistir la defensa. No podrán oponerse excepciones o defensas contrarias o contradictorias, aun cuando sea con el carácter de subsidiarias. [Párrafos adicionados mediante Decreto No V P.E. publicado en el Periódico Oficial del Estado No. 12 del 10 de febrero del 2001] ARTICULO 36. Son excepciones dilatorias, las siguientes: I. La incompetencia del Tribunal; II. III. IV. La litispendencia; La conexidad de litigios; La falta de personalidad o de capacidad en el actor o en el demandado; V. La falta de cumplimiento del plazo o de la condición a que está sujeta la acción intentada; VI. VII. La división; La excusión; VIII. La improcedencia de la vía; y [Fracción reformada mediante Decreto No VII P.E. publicado en el Periódico Oficial del Estado No. 83 del 17 de octubre del 2001] IX. Las demás a que dieren ese carácter las leyes. [Fracción adicionada mediante Decreto No VII P.E. publicado en el Periódico Oficial del Estado No. 83 del 17 de octubre del 2001] ARTICULO 37. Salvo lo dispuesto en el artículo 38, las excepciones dilatorias y las objeciones aducidas respecto de los presupuestos procesales, se opondrán dentro de los tres días siguientes a aquél en que el demandado haya sido emplazado y se resolverán en la audiencia de conciliación y depuración del proceso, a menos que en disposición expresa se señale tramite diferente. 6 de 1797 De todas las excepciones que deban resolverse en la audiencia, se dará vista a la contraria por el término de tres días para que manifieste lo que a su derecho convenga. La falta de personalidad del representante o apoderado del actor se substanciará en artículo de previo y especial pronunciamiento con suspensión del procedimiento, corriendo traslado a la contraria por tres días, del escrito en que se oponga. Si se promueven pruebas, se ofrecerán en los escritos iniciales y de ser admisibles, se ordenará su preparación para que se reciban en la audiencia que resolverá el incidente y que se celebrará dentro de los ocho días siguientes al en que surta efecto la notificación del auto que tiene por contestada la vista. En la excepción de falta de personalidad, únicamente serán admisibles la documental y la pericial. Cuando se alegue falta de exactitud, de autenticidad o de falsedad del documento con el que se pretenda acreditar la representación con que se comparece, también serán admisibles la inspección judicial y el cotejo del documento correspondiente. En las demás excepciones dilatorias, solo se admitirá la prueba documental. Si se trata de excepciones de litispendencia y conexidad, se admitirá también, la prueba de inspección de los autos. En este caso, desahogadas las pruebas en una sola audiencia, que no se diferirá bajo ningún supuesto, se oirá en alegatos y en el mismo acto se dictará la sentencia que corresponda. El tribunal nunca podrá diferir la resolución que deberá dictarse en la misma audiencia. [Artículo reformado mediante Decreto No VII P.E. publicado en el Periódico Oficial del Estado No. 83 del 17 de octubre del 2001] ARTICULO 37 Bis. El actor deberá oponer la excepción de falta de personalidad o de capacidad en el representante o apoderado del demandado, dentro de los tres días siguientes a aquél en que tenga conocimiento legal de su presentación en el juicio y se substanciará corriendo traslado a la contraria por tres días del escrito en que se oponga. Si se opone antes de la celebración de la Audiencia de Conciliación y Depuración del Proceso, sin suspender el procedimiento, será en ella donde se resuelva. Si es opuesta después de la celebración de dicha audiencia, se substanciará y decidirá en artículo de previo y especial pronunciamiento con suspensión del procedimiento, con arreglo a las disposiciones que este Código establece para los incidentes. [Artículo reformado mediante Decreto No VII P.E. publicado en el Periódico Oficial del Estado No. 83 del 17 de octubre del 2001] ARTICULO 38. La incompetencia, así como la falta de personalidad o de capacidad, por causas supervinientes a las existentes en el momento de la presentación de la demanda o de su contestación, pueden promoverse en cualquier estado del juicio hasta antes de citación para sentencia y se substanciarán en forma incidental. La objeción de la personalidad suspenderá el procedimiento hasta en tanto se resuelva. La excusión podrá también oponerse fuera del término señalado para proponer las excepciones dilatorias, con arreglo a las disposiciones respectivas del Código Civil y se resolverá en la definitiva. ARTICULO 38 Bis. En la excepción de falta de personalidad del actor, o en la impugnación que se haga a la personalidad del representante o apoderado del demandado, cuando se declare fundada una u otra, si fuere subsanable el defecto, el tribunal concederá un plazo no mayor de ocho días para que se subsane, y de no hacerse así, cuando se tratare del demandado, se continuará el juicio en rebeldía de éste. Si no fuera subsanable la del actor, el juez de inmediato dará por terminado el juicio y devolverá las documentales exhibidas previa simple toma de razón que se deje en autos. [Artículo reformado y 7 de 1798 adicionado mediante Decreto No V. P.E. publicado en el Periódico Oficial del Estado No. 12 del 10 de febrero de 2001] ARTICULO 39. La incompetencia puede promoverse por declinatoria o por inhibitoria. El litigante que hubiere optado por uno de estos medios no podrá abandonarlo y recurrir al otro. Tampoco se podrán emplear simultáneamente, debiendo pasarse por el resultado de aquél que se hubiere preferido. El que promueva la cuestión protestará en el escrito o en la comparecencia en que lo hiciere, no haber empleado el otro medio diverso al que inicie. Si resultare falsa la protesta, se le impondrá una multa de hasta 20 veces el salario mínimo, aunque se hubiere decidido en su favor la competencia, o se desista de ella. [Artículo reformado mediante Decreto No V. P.E. publicado en el Periódico Oficial del Estado No. 12 del 10 de febrero de 2001] ARTICULO 40. Las cuestiones de competencia sólo podrán entablarse a instancia de parte; pero el Tribunal que tenga razón fundada para creer que conforme a derecho es incompetente, puede de oficio inhibirse del conocimiento del negocio. Su resolución en este sentido será apelable en ambos efectos. Si se interpusiese el recurso, el superior, sin más trámite que oír a las partes en audiencia, decidirá dentro de las veinticuatro horas siguientes, confirmando o revocando el auto del inferior, devolviendo los autos al Juzgado de su procedencia o remitiéndolos en su caso directamente al juez declarado competente. ARTICULO 41. Las cuestiones de competencia se tramitarán sin suspender el procedimiento, pero la subsistencia de éste quedará pendiente del resultado de la cuestión de competencia. [Artículo reformado mediante Decreto No V. P.E. publicado en el Periódico Oficial del Estado No. 12 del 10 de febrero de 2001] ARTICULO 42. La declinatoria de competencia se propondrá ante el juez a quien se considere incompetente, pidiéndole que se abstenga del conocimiento del negocio y remita los autos al considerado competente. El juez, inmediatamente después de interpuesta la declinatoria, remitirá copia autorizada de los autos al Tribunal que deba decidir la competencia, emplazando previamente a las partes para que comparezcan ante el superior para la continuación del trámite correspondiente. Notificadas las partes que los autos se han recibido por el superior, éste dentro de los tres días siguientes en una audiencia oirá los alegatos de los interesados y pronunciará su resolución ordenando la remisión de los autos al juez que estime competente. Si la declinatoria se propuso antes de contestar la demanda, ésta deberá presentarse ante el juez que sea declarado competente. Si se promovió de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 38 de este Código, las diligencias practicadas por el juez declarado incompetente serán válidas hasta el momento en que por la causa superviniente, dejó de tener competencia para conocer del asunto. [Artículo reformado mediante Decreto No V. P.E. publicado en el Periódico Oficial del Estado No. 12 del 10 de febrero de 2001] ARTICULO 43. La inhibitoria, tratándose de tribunales del Estado, se intentará ante el juez a quien se considere competente, pidiéndole que dirija oficio al que viene conociendo del asunto, para que se inhiba de seguir conociendo y le remita los autos. El juez que reciba la solicitud, dentro de los tres días siguientes decidirá si acepta su competencia o la rechaza, pudiendo abrir previamente a prueba el punto si así lo estimare necesario. La resolución negativa es apelable en ambos efectos; y el superior respectivo, sin más trámite que una audiencia en la que informará el apelante si quisiese hacerlo, confirmará o revocará la resolución del inferior. 8 de 1799 ARTICULO 44. El juez ante quien se promovió la inhibitoria, ya sea que él mismo haya admitido su competencia o que hubiere sido declarada en segunda instancia, dirigirá oficio inhibitorio al juez que conoce del negocio y remitirá desde luego las actuaciones respectivas al Tribunal que deba decidir la competencia, haciéndolo saber al interesado. Luego que el juez requerido reciba el oficio inhibitorio, remitirá a su vez copia autorizada de los autos al Tribunal de competencia, emplazando a las partes para que ocurran ante él a alegar de sus derechos si así les conviniere, siguiéndose el trámite previsto por el artículo 42. Decidida la competencia a favor del requirente, el Tribunal ordenará al juez incompetente que envíe los autos al juez declarado competente, remitiendo sendos testimonios de la sentencia pronunciada a los jueces contendientes. En caso contrario continuará conociendo del asunto el juez requerido. Contra la resolución del Tribunal decidiendo la competencia no cabrá ningún recurso. [Artículo reformado mediante Decreto No V. P.E. publicado en el Periódico Oficial del Estado No. 12 del 10 de febrero de 2001] ARTICULO 45. Si por los documentos que se hubieren presentado o por otras constancias de autos, apareciere que el litigante que promueve la inhibitoria o la declinatoria se ha sometido a la competencia del Tribunal que viene conociendo del negocio, se desechará de plano continuando su curso el juicio. También se desechará de plano cualquiera competencia promovida que no tenga por objeto decidir cuál haya de ser el juez o Tribunal que deba conocer del asunto. El desechamiento a que se refiere este artículo, lo hará el Tribunal Superior al avocarse al conocimiento del conflicto en los términos de los artículos 42 y 44 de este Código. ARTICULO 46. Cuando dos o más jueces se nieguen a conocer de determinado asunto, la parte a quien perjudique la determinación ocurrirá al superior que conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial deba decidir las competencias de jurisdicción, a fin de que ordene a los que se nieguen a conocer, le envíen las constancias de los expedientes en que se contengan sus respectivas resoluciones. Si varios tribunales fueren competentes para resolver la cuestión de competencia el interesado podrá escoger libremente entre ellos para iniciar su instancia. Una vez recibidas las constancias respectivas por dicho Tribunal, citará a las partes a una audiencia de pruebas y alegatos que se efectuará dentro del tercer día y en ella pronunciará resolución, ordenando la remisión de los autos al juez que estime competente, enviando a los dos jueces contendientes, sendos testimonios de su resolución. Las disposiciones de este artículo son aplicables en lo conducente, a las competencias negativas que se susciten en las Salas del Supremo Tribunal de Justicia. [Artículo reformado y adicionado mediante Decreto No V. P.E. publicado en el Periódico Oficial del Estado No. 12 del 10 de febrero de 2001] ARTICULO 47. Al dirimirse las cuestiones de competencia, sólo los litigantes serán considerados como partes; y éstas podrán desistirse de la competencia antes o después de la remisión de los autos al superior que deba decidirla. Su desistimiento hará cesar la contienda. ARTICULO 48. Ningún juez puede sostener competencia con su superior inmediato; pero sí con otro juez o Tribunal que, aunque superior en su clase, no ejerza jurisdicción sobre él. Tampoco puede sostener su competencia el Tribunal que reconozca la jurisdicción del otro por providencia expresa, salvo que el acto del reconocimiento consista sólo en la cumplimentación de un exhorto, pues en este caso, el Tribunal requerido no estará impedido para sostenerla. 9 de 17910 ARTICULO 49. En la substanciación de las competencias que se susciten entre los tribunales del Estado y los de la Federación o de otro Estado, se aplicarán las siguientes disposiciones: a) Cuando a un juez del Estado plantee competencia otro de cualquier categoría de la Federación o de otra Entidad Federativa, si alguna de las partes se inconforma, el requerido dará cuenta al Supremo Tribunal de Justicia con los antecedentes, exponiendo, al remitirlos, las razones que le asistan en pro o en contra de su competencia. b) Si un juez del Estado, recibe solicitud de parte legítima para plantear competencia a un juez de la Federación o de otra Entidad Federativa, resolverá libremente si acepta o no la petición. Si la acepta, girará oficio al juez requerido comunicándole su resolución; si el Juez requerido se negare a reconocer la competencia del requirente y la parte que promovió insistiere en desconocer la competencia de aquél, el requirente actuará conforme lo dispuesto en la parte final del inciso anterior. c) Recibidos en el Tribunal Pleno los antecedentes e informes a que se refieren los dos incisos anteriores, se dará vista al Ministerio Público, quien dentro del término de tres días, pedirá lo que proceda. Dentro de los tres días siguientes de evacuada la vista el propio Tribunal resolverá según el caso, si debe o no iniciarse o sostenerse la competencia. Dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, se comunicará al juez la resolución correspondiente. d) Si la resolución del Tribunal Pleno fuere a favor de la competencia, el juez observará la substanciación establecida por las reglas generales sobre competencias de esta clase. Si fuere desfavorable, se abstendrá, según el caso, de iniciar o sostener la competencia. e) Si la competencia se hubiere iniciado o sostenido por disposición superior conforme al inciso precedente y el juez requerido rehusare inhibirse, el requirente dará de nuevo cuenta al Pleno con todo los antecedentes y con el informe respectivo, a fin de que aquél con vista de dichos documentos resuelva si es o no de sostenerse la competencia. f) Si de conformidad con lo establecido en la primera parte del inciso b), el juez que aceptó la competencia creyere posteriormente que debe desistirse de ella y se opone el interesado que ante él litiga, se observará lo dispuesto en la parte final del inciso a). g) De las resoluciones del Pleno a que se refiere este artículo, no procederá recurso alguno. [Artículo reformado y adicionado mediante Decreto No V. P.E. publicado en el Periódico Oficial del Estado No. 12 del 10 de febrero de 2001] ARTICULO 50. Es nulo lo actuado por el juez que fuere declarado incompetente o por el que se hubiere desistido, salvo los casos siguientes: I. La demanda, la contestación a la demanda, la reconvención y su contestación, si las hubo, se tendrán como presentadas ante el juez que sea declarado competente; II. Las actuaciones relativas al conflicto competencial, o aquellas por las que se decrete de oficio; 10 de 17911 III. IV. Cuando la incompetencia sea por razón del territorio y convengan las partes en su validez; Que se trate de incompetencia sobrevenida; y V. Cuando la ley lo disponga expresamente. [Artículo reformado y adicionado mediante Decreto No V. P.E. publicado en el Periódico Oficial del Estado No. 12 del 10 de febrero de 2001] ARTICULO 51. La nulidad a que se refiere el artículo anterior es de pleno derecho y por tanto, no requiere declaración judicial. Los tribunales declarados competentes harán que las cosas se restituyan al estado que tenían antes de practicarse las actuaciones nulas. Lo dispuesto en este artículo admite las excepciones expresamente consignadas en la ley. ARTICULO 52. Salvo los casos previstos en el artículo 49 de este Código, en todos los demás en que sea declarada improcedente la incompetencia, la parte que la hubiere hecho valer será condenada en costas generadas en el procedimiento que hizo nacer y se le impondrá además una multa de hasta doscientos salarios mínimos. [Artículo reformado mediante Decreto No V. P.E. publicado en el Periódico Oficial del Estado No. 12 del 10 de febrero de 2001] ARTICULO 53. La excepción de litispendencia procede cuando un juez conoce ya del mismo negocio sobre el que se emplaza al demandado. El que la oponga, debe señalar en su escrito respectivo, precisamente el juzgado donde se tramita el primer juicio y presentar una copia autorizada de la primera demanda. Del escrito en que se oponga la excepción se dará traslado por tres días a la parte contraria y el juez dictará su resolución en la audiencia de conciliación y depuración del proceso, pudiendo previamente mandar inspeccionar el primer juicio. Si se declara procedente la excepción dará por concluido el procedimiento instaurado ante él. Si por no haberse opuesto oportunamente la excepción de litispendencia, se llegaren a pronunciar sentencias contrarias o contradictorias, de ellas prevalecerá la que primeramente haya causado ejecutoria. [Artículo reformado mediante Decreto No V. P.E. publicado en el Periódico Oficial del Estado No. 12 del 10 de febrero de 2001] ARTICULO 54. El objeto de la excepción de conexidad es que un mismo Tribunal conozca los litigios conexos y los resuelva por una misma sentencia, aún cuando los tramite por cuerda separada. Se entenderá que existe conexidad de litigios, cuando entre ellos haya identidad de personas, identidad de acciones o éstas provengan de una misma causa, y las cosas sean distintas. La parte que oponga la excepción acompañará a su escrito respectivo, copia autorizada de la demanda y contestación que iniciaron el juicio conexo. De este escrito se correrá traslado por tres días a la parte contraria y el Juez dictará su resolución en la audiencia de conciliación y depuración del proceso, pudiendo previamente mandar inspeccionar el juicio diverso del que conoce y se ha señalado como causa de la excepción. Declarada procedente dicha excepción, el Tribunal que conoció de ella remitirá los autos respectivos al que conoce del litigio conexo. Si la excepción se hubiere hecho valer en ambos juicios, y en los dos se declarare procedente, conocerá de ellos el que haya tomado conocimiento del litigio más antiguo. [Artículo reformado mediante Decreto No V. P.E. publicado en el Periódico Oficial del Estado No. 12 del 10 de febrero de 2001] ARTICULO 55. No procederá la excepción de conexidad de litigios: 11 de 17912 I. Cuando los litigios están en diversas instancias; II. III. Cuando se trate de juicios sumarios, o de diversa naturaleza; Cuando los juzgados que conozcan respectivamente de los juicios que se señalan como conexos, sean de diverso fuero o de Entidades Federativas distintas. ARTICULO 56. Se deroga. [Artículo derogado mediante Decreto No V. P.E. publicado en el Periódico Oficial del Estado No. 12 del 10 de febrero de 2001] ARTICULO 57. Cuando se declare la improcedencia de la vía, su efecto será el de continuar el trámite del juicio en la vía que se considere procedente, siendo valido todo lo actuado hasta ese momento, sin perjuicio de la obligación que tiene el juez de regularizar el procedimiento. Las demás excepciones dilatorias, salvo aquellas en que la ley disponga cosa distinta, se resolverán en la audiencia de conciliación y depuración procesal y se substanciarán con un escrito de cada parte en el que se ofrecerán las pruebas que se promuevan y de ser admisibles, se ordenará su preparación para que se reciban en dicha audiencia.[artículo reformado mediante Decreto No VII P.E. publicado en el Periódico Oficial del Estado No. 83 del 17 de octubre del 2001] ARTICULO 58. Las excepciones perentorias deben oponerse precisamente al contestar la demanda. Después de formulada la contestación y fijados los puntos cuestionados, no se admitirá, salvo lo dispuesto en el artículo siguiente, excepción alguna, ni se permitirá al demandado que cambie la opuesta a menos que el actor conviniere en ello. [Artículo reformado mediante Decreto No V. P.E. publicado en el Periódico Oficial del Estado No. 12 del 10 de febrero de 2001] ARTICULO 59. Las sentencias ejecutoriadas, las transacciones y pagos judiciales y cualquier otro acto procesal que tenga fuerza de cosa juzgada, impiden se entable o continúe un nuevo juicio sobre las cuestiones resueltas. Si de hecho se promoviere o continuare, podrá hacerse valer la excepción de cosa juzgada en cualquier estado de los autos y en cualquier instancia. Si la excepción se opone antes de la celebración de la Audiencia de Conciliación y Depuración del Proceso, sin suspender el procedimiento, será en ella donde se resuelva. Si es opuesta después de la celebración de dicha audiencia, se substanciará y decidirá en artículo de previo y especial pronunciamiento con suspensión del procedimiento, con arreglo a las disposiciones que este Código establece para los incidentes. Si la excepción es declarada procedente, se condenará en costas, daños y perjuicios al litigante contra quien se diere y se le impondrá además, de oficio, una multa de hasta doscientas veces el salario mínimo. [Artículo reformado mediante Decreto No VII P.E. publicado en el Periódico Oficial del Estado No. 83 del 17 de octubre del 2001] 12 de 17913 TITULO SEGUNDO REGLAS GENERALES DEL PROCEDIMIENTO CAPITULO I DE LA CAPACIDAD, LA PERSONALIDAD Y LA REPRESENTACIÓN PROCESAL ARTICULO 60. Quien tenga capacidad de ejercicio podrá autorizar para oír notificaciones en su nombre, a licenciado en derecho con título profesional registrado y autorizado por la Oficina Estatal de Profesiones o por la Secretaría de Educación Pública, para el ejercicio de su profesión, quien se entenderá investido de la personalidad del autorizante, con facultades para promover, ofrecer y desahogar pruebas, interponer los recursos que procedan, alegar en las audiencias, y todas las necesarias para realizar cualquier acto en el proceso en defensa de los derechos del autorizante, con excepción de las de substituir la autorización, delegar facultades, desistirse de la acción, de la demanda, excepciones, o recursos, transigir, comprometer en árbitros o de celebrar convenios, sean dentro o fuera del proceso. El o los profesionales acreditarán fehacientemente contar con la autorización a que se refiere el párrafo anterior; en caso contrario, el juez rechazará su intervención, subsistiendo las relativas al penúltimo párrafo de este artículo. En su caso, para tener por acreditada la autorización oficial, se anexará al expediente copia certificada de la cédula profesional correspondiente, dándose vista a la contraria por el término de tres días a efecto de que manifieste lo que a su interés convenga. De ser varios los autorizados, nombrarán un representante común; aquéllos podrán renunciar a la calidad otorgada, manifestando las causas que la provocaron. Así mismo, las partes podrán autorizar a personas solamente para oír notificaciones, recibir documentos e imponerse de los autos. Si alguna de las partes pertenece a un pueblo o comunidad indígena, cerciorado el juez de esta circunstancia, y de que no está asistido en el proceso, lo proveerá de un defensor de oficio, si lo hubiere, con las mismas facultades del segundo párrafo de este artículo, además de suplirle la deficiencia de la queja. Lo mismo se observará cuando se trate de personas de extrema pobreza. [Artículo reformado mediante Decreto No. 361/05 I P.O. publicado en el Periódico Oficial del Estado No. 13 del 15 de febrero de 2006] ARTICULO 60 Bis.- Por los incapaces comparecerán: I. Sus representantes legítimos; II. III. Quienes conforme a la ley tengan el deber de suplir la incapacidad; El licenciado en derecho mandatario o apoderado de los dos últimos señalados. [Artículo adicionado mediante Decreto No. 361/05 I P.O. publicado en el Periódico Oficial del Estado No. 13 del 15 de febrero de 2006] ARTICULO 61. Los ausentes e ignorados serán representados como se previene en el título relativo del Código Civil; pero si a juicio del Tribunal el asunto de que se trate fuere urgente o perjudicial la dilación, el ausente será representado por el Ministerio Público. En este último caso, si se presentare por el ausente una persona que pueda comparecer en juicio, será admitida como gestor judicial. ARTICULO 62. La gestión judicial es admisible para representar al actor o al demandado. El gestor debe sujetarse a las disposiciones que sobre gestión de negocios establece el Código Civil y tendrá los derechos y facultades de un procurador. 13 de 17914 ARTICULO 63. El gestor judicial, antes de ser admitido, debe dar fianza de que la persona por quien gestiona pasará por lo que él haga, y de que cumplirá lo juzgado y sentenciado e indemnizará los perjuicios y gastos que se causen. La fianza será calificada por el Tribunal bajo su responsabilidad. El fiador del gestor judicial, quedará sujeto a las disposiciones que el Código Civil establece respecto de la fianza legal o judicial. ARTICULO 64. Siempre que dos o más personas ejerciten una misma acción u opongan la misma defensa, deberán litigar unidas y bajo una misma representación. A este efecto nombrarán dentro de tres días un procurador judicial que los represente a todos, con las facultades necesarias para la continuación del juicio, o elegirán de entre ellos mismos un representante común. Si no hicieren ni una ni otra cosa, el Tribunal nombrará al representante común escogiendo a alguno de los que hayan sido propuestos; y si nadie lo hubiere sido, a cualquiera de los interesados. El procurador nombrado por los colitigantes tendrá las facultades legales que en su poder se le hayan concedido; el representante común ejercerá las que le corresponderían si litigare exclusivamente por su propio derecho, excepto las de transigir, desistirse y comprometer en árbitros, a menos de que expresamente le fueran también concedidas por los interesados en las actuaciones o en poder bastante. ARTICULO 65. Mientras continúe el procurador en su encargo, los emplazamientos, notificaciones y citaciones que se le hagan, incluso las de las sentencias, tendrán la misma fuerza que si se hicieren al poderdante, sin que sea permitido pedir que se entiendan con éste. Lo mismo se entenderá respecto de la persona que haya sido autorizada para oír notificaciones, en tanto no conste en autos la voluntad expresa de la parte que la autorizó para ese efecto, acerca de que no se entiendan en lo sucesivo las notificaciones con dicha persona. ARTICULO 66. Los tribunales examinarán la personalidad de las partes bajo su responsabilidad; no obstante esto, los litigantes tienen derecho de impugnarla en la forma y términos que este Código establece. Contra el auto en que el Tribunal desconozca la personalidad del actor y por ese motivo se niegue a dar curso a la demanda, cabe el recurso de apelación en ambos efectos. Resuelto el punto en segunda instancia favorablemente a la personalidad del actor, ésta no podrá ser nuevamente atacada por el demandado, salvo lo dispuesto en el artículo 38. Contra el auto del Tribunal que reconozca la personalidad de una de las partes, no cabrá recurso alguno; quedando a la parte contraria el derecho de oponer la excepción respectiva o impugnarla con arreglo a lo establecido en el artículo 38 de este Código citado antes. ARTICULO 67. El actor no está obligado a justificar la personalidad que atribuye al demandado, sino en el caso en que éste oponga la excepción correspondiente. Para este efecto cuando el demandado no tenga la representación que se le supone y en virtud de la cual hubiere sido llamado a juicio, o no tenga en su poder la cosa cuya posesión o propiedad se le reclama, deberá hacer valer las excepciones relativas quedando sujeto a lo dispuesto en la primera parte del artículo 846 de este Código, en caso de que lo hiciere. CAPITULO II DE LAS ACTUACIONES ARTICULO 68. Para la tramitación y resolución de los asuntos ante los tribunales ordinarios, se estará a lo dispuesto por este Código, sin que por convenio de los interesados puedan renunciarse los recursos ni el derecho de recusación, ni alterarse, modificar o renunciarse las normas del procedimiento. 14 de 17915 ARTICULO 69. Las actuaciones judiciales se practicarán en días y horas hábiles. Son días hábiles todos los del año, con exclusión de los sábados y domingos, primero de enero, el primer lunes de febrero, en conmemoración del cinco de febrero; el tercer lunes de marzo, en conmemoración del veintiuno de marzo; primero y cinco de mayo, quince y dieciséis de septiembre, doce de octubre, el tercer lunes de noviembre, en conmemoración del veinte de noviembre; el primero de diciembre de cada seis años, cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal; el veinticinco de diciembre, y aquellos en que por Acuerdo del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, permanezcan cerrados los tribunales. Se entiende como horas hábiles las que median entre las ocho y las veinte horas. En los juicios sumarios sobre alimentos, impedimentos de matrimonio, servidumbres legales, interdictos posesorios, diferencias domésticas y los demás que determinen las leyes, no hay días ni horas inhábiles. En los demás casos, el juez puede habilitar los días y horas inhábiles para actuar o para que se practiquen diligencias, cuando hubiere causa urgente que lo exija, expresando cuál sea ésta y las diligencias que hayan de practicarse. Si una diligencia de ejecución o aseguramiento de bienes, se hubiere comenzado a practicar en horas hábiles, podrá continuarse hasta su conclusión sin necesidad de que el juez habilite las que no lo fueren. [Artículo reformado mediante Decreto No II P.O. publicado en el Periódico Oficial del Estado No. 33 del 23 de abril del 2008] ARTICULO 70. Las actuaciones judiciales y los ocursos deberán escribirse en castellano. Los documentos redactados en idioma extranjero deberán acompañarse con la correspondiente traducción al castellano. Las fechas y cantidades se escribirán con letra. ARTICULO 71. En las actuaciones judiciales no se emplearán abreviaturas, raspaduras, ácidos u otras substancias para borrar las palabras o frases equivocadas, sobre las que sólo se pondrá una línea delgada que permita la lectura de lo testado, salvándose al final de la actuación, con toda precisión, el error cometido. Esto último se hará también respecto de las frases o palabras entrerrenglonadas. La infracción de esta disposición, cuando no sea delictuosa, se castigará disciplinariamente por el superior respectivo. ARTICULO 72. Las actuaciones judiciales deberán ser autorizadas bajo pena de nulidad, por el funcionario público a quien corresponda dar fe o certificar el acto. ARTICULO 73. Las audiencias en los negocios serán públicas, exceptuándose las que se refieran a divorcio, nulidad de matrimonio, y aquellas otras en que, a juicio del Tribunal, sea conveniente que se verifiquen privadamente. Las diligencias de prueba y las demás actuaciones judiciales serán reservadas para los extraños al juicio, y no para ninguna de las partes, salvo los casos en que la ley disponga expresamente lo contrario. El acuerdo será reservado, y las partes no podrán exigir que de él se les dé conocimiento hasta en tanto no queden debidamente autorizadas las resoluciones y éstas deban notificarse. ARTICULO 74. Las audiencias se celebrarán, concurran o no las partes. Los alegatos verbales que en ella produzcan los interesados no se harán constar en autos ni podrán exceder de media hora por cada parte incluyendo las réplicas y contrarréplicas. Las partes podrán, en todo caso, presentar en la audiencia sus alegaciones por escrito, las cuales se mandarán agregar a los autos. 15 de 17916 ARTICULO 75. Todas las demandas y en general todos los escritos con que se inicie un procedimiento, deberán presentarse necesariamente en la Oficialía de Turnos correspondiente, la que hará constar el día y hora en que se reciban, así como los documentos que se anexan. En la Oficialía de Turnos se realizará la captura por medios electrónicos adecuados, del contenido de las demandas y escritos a que se refiere el párrafo anterior y, en su oportunidad, serán integrados al respectivo expediente digital, para su consulta por quienes hayan sido autorizados, remitiéndose inmediatamente al Juzgado en turno y recabándose el recibo respectivo para su resguardo. Serán el día y la hora de recepción de los documentos que haya asentado la Oficialía de Turnos, la que se entenderá como fecha de presentación de los mismos, salvo en los lugares donde no exista dicha oficialía, en cuyo caso la recepción y captura digital se hará por los Tribunales ante los que se presenten tales documentos, con todos los efectos legales conducentes. Fuera de los casos a que se refieren los párrafos anteriores, los escritos y demás promociones de trámite se presentarán directamente ante el Tribunal en el que se ventile el asunto, el que realizará la captura y digitalización de los mismos. El Secretario del Juzgado, o quien haga sus veces, dará cuenta a su superior de los documentos recibidos, a más tardar dentro de las veinticuatro horas siguientes a su recepción, para lo cual y con ese único propósito, hará constar el día y la hora en que se reciba en el Tribunal el documento. Tanto de las demandas y escritos a que se refiere el párrafo primero, como de las promociones que se mencionan en el párrafo cuarto, podrán los promoventes exhibir una copia simple de los mismos, a fin de que se anote la fecha y hora de su presentación, cuya constancia será firmada y sellada por el empleado que los reciba. El Pleno del Supremo Tribunal de Justicia determinará los mecanismos que garanticen la veracidad en la fecha y hora de recepción de tales documentos. En asuntos competencia de las salas del Supremo Tribunal de Justicia, las oficialías de turnos de segunda instancia, recibirán las demandas o escritos iniciales y promociones procediendo a la captura y digitalización de sus contenidos. Las demandas o escritos iniciales y promociones que se presenten de manera diferente a la señalada en este artículo, se tendrán por no presentados. [Artículo reformado mediante Decreto No II P.O. publicado en el P.O.E. No. 81 del 10 de octubre de 2009] ARTICULO 76. Los jueces y magistrados recibirán por sí todas las declaraciones y presidirán todos los actos de prueba asistidos de sus secretarios o de las personas que hagan sus veces. Sin embargo, en casos de urgencia y cuando el despacho de las labores del Tribunal lo exijan, podrán encomendar a sus secretarios la recepción de las declaraciones o diligencias de prueba, con excepción de aquéllas que requieran su intervención personal de modo indispensable. ARTICULO 77. Las diligencias que deban practicarse en lugar distinto al de la residencia del Tribunal que conoce del litigio, se encomendarán directamente a la autoridad judicial o auxiliar de ésta, que tenga su residencia en el lugar en que aquellas deban practicarse. ARTICULO 78. Los actos judiciales que importen declaración personal, se ejecutarán bajo protesta de decir verdad. 16 de 17917 ARTICULO 79. En cualquier estado del negocio pueden los tribunales citar a las partes a las juntas que crean convenientes; ya sea para procurar su avenencia o para esclarecer algún punto, sin que se suspendan los términos que estén corriendo. No podrá citarse a los fedatarios púbicos en calidad de partes, con motivo de los actos en los que únicamente hayan intervenido para dar fe pública.[segundo párrafo adicionado mediante Decreto No ll P.O. publicado en el P.O.E. No. 55 del 10 de julio de 2010] [Fe de Erratas al Decreto ll P.O. publicada en el P.O.E. No. 63 del 7 de agosto de 2010] ARTICULO 80. Las juntas a que se refiere el artículo anterior, lo mismo que todas las diligencias, se verificarán en el Juzgado o Sala que deba practicarlas, a menos de que por su propia naturaleza deban practicarse en otro lugar, o cuando por razón del sexo, edad, enfermedad u otra circunstancia grave de las personas que intervengan, el Juzgado o Sala designe lugar diverso. ARTICULO 81. Todas las promociones se harán en comparecencia o por escrito, a elección del promovente, salvo en los casos siguientes: a) Cuando la ley prevenga que se hagan en forma específica; b) Cuando de la promoción deba correrse traslado a la parte contraria o al Ministerio Público, pues entonces se hará necesariamente por escrito. Artículo reformado mediante Decreto No XVI P.E. publicado en el Periódico Oficial del Estado No. 80 del 6 de octubre del 2004] ARTICULO 82. Al primer escrito o comparecencia deberán acompañarse los siguientes documentos, sin perjuicio de lo que se establece especialmente para la presentación de la demanda y su contestación: a) El documento o documentos que acrediten el carácter con que el litigante se presente en juicio, en el caso de tener la representación legal de alguna persona ya fuere ésta física o moral o cuando el derecho que reclame provenga de habérsele trasmitido por otra persona; b) El poder que acredite la personalidad del procurador, cuando éste intervenga. Para el cumplimiento de este artículo no bastará, en caso de omisión de los documentos, la protesta de presentarlos después. ARTICULO 83. Cuando de una promoción deba correrse traslado a la parte contraria de quien promueva o al Ministerio Público, deberán acompañarse al escrito relativo, las copias simples necesarias, una para cada interesado, del escrito y documentos que se presenten. Si se omitiere total o parcialmente la presentación de las copias, el Tribunal prevendrá al promovente que, dentro del término de tres días las exhiba, en la inteligencia de que, mientras no hiciere su exhibición, no se tendrá por hecha la promoción, y en los casos en que la ley señale un término para hacerla, se tendrá por no hecha en tiempo si el interesado no exhibe las copias dentro de este último. ARTICULO 84. Los documentos que se hubieren presentado en juicio, se devolverán a las partes que los presentaron, si lo piden; quedando en autos copia exacta de ellos, previo conocimiento que de la solicitud se dé a la parte contraria. Si el juicio estuviere concluido, bastará dejar en autos la razón de la devolución de los documentos. Cada parte podrá pedir que a su costa se le expida copia certificada de los documentos presentados por la otra parte y de las actuaciones; en ambos casos, las copias se mandarán expedir con conocimiento de la otra parte. 17 de 17918 Para obtener copias simples bastará la solicitud verbal del interesado y cubrir el costo de las mismas para que le sean expedidas. Los extraños a un juicio podrán solicitar copias de los documentos o actuaciones que obren en él, con arreglo a las disposiciones que este Código establece en el Capítulo relativo a la prueba documental. Las copias certificadas a que se refiere este artículo, serán autorizadas por el funcionario que determine la ley orgánica respectiva o reglamento correspondiente. [Artículo reformado mediante Decreto No XVI P.E. publicado en el Periódico Oficial del Estado No. 80 del 6 de octubre de 2004] ARTICULO 85. A los jueces y magistrados sólo dará cuenta con los escritos y promociones de las partes, el secretario respectivo o quien haga sus veces conforme a la ley. ARTICULO 86. Las actuaciones y las notificaciones serán nulas, cuando a las primeras les falte alguna de las formalidades esenciales de manera que la omisión deje sin defensa a alguna de las partes, y cuando la ley expresamente lo disponga; las segundas cuando se hagan en forma distinta a la prevenida en este Código. ARTICULO 87. La nulidad establecida en beneficio de una de las partes, no puede ser invocada por la otra. Tampoco puede ser invocada la nulidad por la parte que dio lugar a ella. ARTICULO 88. La nulidad de una actuación o notificación, deberá reclamarse en la actuación o promoción subsecuentes en que intervenga el interesado en solicitar la nulidad. Si ésta no se hiciere valer en tiempo, la actuación o notificación conceptuada nula quedará revalidada de pleno derecho, con excepción de la nulidad por defecto en el emplazamiento cuando el juicio se haya seguido en rebeldía. ARTICULO 89. Sólo darán lugar a resolverlas en artículo de previo y especial pronunciamiento, la nulidad por defecto en el emplazamiento, en la citación para absolución de posiciones o para reconocimiento de documentos; por defecto en el requerimiento que se haga a alguna persona para que lleve a cabo un acto de ejecución inmediata, y en los demás casos en que la ley lo determine así expresamente; y se substanciará con un escrito de cada parte. Si se promoviera prueba, se citará a las partes a una audiencia, en la que se recibirán las pruebas y se dictará resolución. Las cuestiones que se susciten con motivo de otras nulidades de actuaciones o notificaciones, se substanciarán dando vista de la promoción de nulidad a la parte contraria de quien promueve, y se fallarán en la sentencia definitiva. Si el mejor despacho lo exigiere, se podrá formar expediente por separado, sin perjuicio de que sea en la sentencia definitiva en donde se resuelva el punto cuestionado. ARTICULO 90. La nulidad declarada por defecto en el emplazamiento, implica la nulidad de todo lo actuado con posterioridad al mismo. La nulidad por defecto en la citación para absolver posiciones o reconocer documentos, involucra la de las diligencias y declaraciones judiciales relativas a esos medios de prueba. La nulidad por defecto en el requerimiento para que una persona lleve a cabo un acto determinado de ejecución inmediata, sólo implicará la nulidad de la diligencia de requerimiento y la de las correcciones disciplinarias o medios de apremio que se hayan decretado para hacer cumplir la orden judicial respectiva. Las demás nulidades de las actuaciones o notificaciones, por regla general, sólo implicarán la nulidad de la propia actuación o notificación defectuosa. ARTICULO 91. En todos los casos de nulidad de actuaciones o notificaciones de previo y especial pronunciamiento, sólo se repetirán las declaradas nulas cuando así lo solicitare la parte interesada, salvo que se trate de alguna diligencia decretada de oficio pues en este caso, el Tribunal obrará discrecionalmente. 18 de 17919 Si al pronunciarse la sentencia definitiva hubiere de declararse la nulidad de alguna actuación o notificación de influencia notoria para la correcta resolución del juicio, el Tribunal que conozca de éste se abstendrá de declarar sobre la acción o excepción deducidas, y ordenará la reposición del procedimiento hasta antes de correrse traslado a las partes para que alegaren de su derecho a fin de que, con arreglo a lo dispuesto en la parte final del párrafo anterior de este artículo, se repitan las actuaciones o notificaciones declaradas nulas, concediéndose para ello un término prudente a juicio del Tribunal. Concluido este término, seguirá su curso el juicio. Cuando en la sentencia definitiva se declaren válidas las actuaciones o notificaciones impugnadas de nulidad, el interesado podrá reclamarlo como agravio en la segunda instancia. ARTICULO 92. Las frases "dar vista" y "correr traslado" sólo significan que los autos quedan en la Secretaría para que se impongan de ellos los interesados, o para que se entreguen las copias. Las disposiciones de este artículo comprenden al Ministerio Público. ARTICULO 93. Si se perdieren o destruyeren total o parcialmente los autos, será repuesto el expediente a costa del responsable, quien quedará obligado a pagar los daños y perjuicios que se ocasionaren por la pérdida o destrucción, haciéndose además la consignación del caso al Fiscal General del Estado. [Artículo reformado mediante Decreto No Xll P.E. publicado en el P.O.E. No. 77 del 25 de septiembre de 2010] CAPITULO III DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES ARTICULO 94. Las resoluciones judiciales pueden ser: Sentencias o autos. Sentencias son las que resuelven el punto principal del litigio o de la instancia. Autos, todas las demás resoluciones, ya sea que resuelvan un incidente, un punto que no sea de mero trámite, o uno de mera tramitación. Toda resolución expresará la fecha en que se pronuncie y se autorizará por los funcionarios respectivos y por la persona que deba dar fe de ella, con firma entera. ARTICULO 95. Las sentencias se ocuparán sólo de las acciones deducidas y de las excepciones opuestas respectivamente en la demanda y en la contestación, y de las demás pretensiones deducidas oportunamente en el litigio. Cuando los puntos litigiosos hubieren sido varios, se hará el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos. Contendrán, además lo siguiente: a) La designación del lugar en que se pronuncien y la del Tribunal que las dicte; b) Los nombres y apellidos del actor y del demandado, y el objeto del litigio; c) Un extracto breve de los hechos exclusivamente conducentes a los puntos resolutivos de la sentencia; d) Las consideraciones y los fundamentos legales de ella, comprendiéndose en las primeras los razonamientos que el Tribunal haya tenido en cuenta para apreciar los hechos y para valorar las pruebas; e) La condenación o absolución que proceda, y los demás puntos resolutivos correspondientes. Cuando hubiere de condenarse al pago de intereses, daños y perjuicios, o a la entrega de frutos, se fijará en la sentencia su importe en cantidad líquida, o se establecerán por lo menos, las bases con arreglo a las cuales deba hacerse la liquidación. Sólo en el caso de no ser posible lo uno ni lo otro se hará la condena, a reserva de fijar su importe y hacerla efectiva en la ejecución de la sentencia. ARTICULO 96. Los autos contendrán, cuando no sean de mero trámite, una breve exposición del punto de que se trate, y la resolución correspondiente precedida de sus fundamentos legales. Cuando los autos sean de mero trámite, bastará la simple expresión de éste. ARTICULO 97. Los autos deberán dictarse dentro de tres días y las sentencias dentro de quince salvo lo que la ley disponga para casos especiales. El término para pronunciar un auto empezará a contar desde 19 de 17920 la fecha de recibo de la promoción o de la comparecencia en su caso, que motiven la providencia; el término para pronunciar sentencia se contará a partir del día que termine la celebración de la audiencia respectiva o a partir del siguiente en que quede notificado el auto de citación para sentencia. Si el Secretario o quien haga sus veces, no diere cuenta oportunamente con el asunto, se le impondrá por escrito una corrección disciplinaria y los términos a que se refiere en particular este artículo empezarán a contar desde la fecha en que se dio cuenta con el negocio. ARTICULO 98. Los tribunales no podrán, bajo ningún pretexto, aplazar, demorar, omitir o negar la resolución de las cuestiones que legalmente hayan sido sometidas a su conocimiento. Para los efectos de esta disposición, tratándose de sentencias, no incurrirá en morosidad culpable el funcionario que deba pronunciarla, si hubiere dictado por lo menos tres sentencias a la semana, sin contar las pronunciadas en rebeldía, en los días en que haya estado al frente de su oficina, siempre que la celebración de la audiencia o la citación respectiva sea de fecha posterior a las correspondientes de las sentencias pronunciadas. ARTICULO 99. Las resoluciones judiciales, una vez firmadas y autorizadas por los funcionarios respectivos, no podrán ser revocadas o modificadas por el que las dictó ni por el que lo substituya en el conocimiento del asunto; pero si podrán aclarar algún concepto, o suplir cualquier omisión que contengan sobre un punto discutido en el litigio. Estas aclaraciones podrán hacerse de oficio dentro del día hábil siguiente al de su publicación, o a instancia de parte presentada dentro del día siguiente a la notificación. En este último caso, el juez o magistrado resolverá lo que estime prudente dentro del día siguiente al de la presentación del escrito en que se solicite la aclaración. El auto en que se aclare una resolución judicial se considerará como parte integrante de la misma. Los tribunales no podrán, al realizar la aclaración de una resolución judicial, alterar o variar su parte substancial. [Artículo reformado mediante Decreto No VII P.E. publicado en el Periódico Oficial del Estado No. 83 del 17 de octubre del 2001] ARTICULO 100. Los autos que no sean apelables, podrán revocarse o modificarse mediante la interposición del recurso correspondiente, si se trata de la primera instancia; en la segunda, todos los autos podrán revocarse o modificarse mediante la interposición del recurso respectivo. ARTICULO 101. Las resoluciones judiciales dictadas con el carácter de provisionales pueden modificarse en la sentencia definitiva. Las resoluciones judiciales firmes dictadas en negocios sobre alimentos, ejercicio y suspensión de la patria potestad, guarda y custodia de menores, interdicción, jurisdicción voluntaria, y las demás que prevengan las leyes, pueden alterarse y modificarse cuando cambien las circunstancias que afectan al ejercicio de la acción que se dedujo en el juicio correspondiente. [Párrafo reformado mediante Decreto XIII P.E. publicado en el P.O.E. No. 87 del 31 de octubre de 2007]. ARTICULO 102. Las resoluciones judiciales no se tendrán por consentidas sino cuando notificada la parte conteste expresamente de conformidad, o deje pasar el término señalado para interponer el recurso que proceda. ARTICULO 103. Toda sentencia tiene a su favor la presunción de haberse pronunciado según la forma prescrita por la ley, con conocimiento de causa, y por el Tribunal legítimo y competente para pronunciarla. ARTICULO 104. La sentencia firme o ejecutoriada produce acción y excepción contra los que litigaron y contra los terceros que fueron llamados legalmente al juicio. Con excepción de estos últimos, un tercero 20 de 179 Mostrar más
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