Source: http://www.revistarap.com.ar/Derecho/administrativo/aranceles_honorarios/santiago_del_estero_provincia_de_c_estado_nacion.html
Timestamp: 2020-07-08 01:57:40
Document Index: 259588270

Matched Legal Cases: ['Artículo 18', 'Artículo 8', 'Artículo 31', 'Artículo 117', 'Artículo 116', 'Artículo 116', 'Artículo 2']

Santiago del Estero, Provincia de c/ Estado Nacional (Administración Federal de Ingresos Públicos) s/ acción declarativa de inconstitucionalidad y certeza
Liquidación de honorarios e intereses. Procedencia. Inaplicabilidad del régimen de consolidación. Cómputo de los intereses.
S. 553. XXXIX. "Santiago del Estero, Provincia de c/ Estado Nacional (Administración Federal de Ingresos Públicos) s/ acción declarativa de inconstitucionalidad y certeza".
La Provincia de Santiago del Estero promovió acción declarativa de inconstitucionalidad y de certeza ante el Juzgado Federal de Santiago del Estero, contra la Administración Federal de Ingresos Públicos y/o Dirección General Impositiva y/o Estado Nacional, a fin de que se declare la supremacía, validez y eficacia de las normas constitucionales provinciales invocadas, se ordene la suspensión de los procedimientos iniciados por los demandados en contra del Estado provincial y se exima a éste de cumplir con los recaudos previstos por la Ley Nº 11.683, de procedimiento tributario, y los Artículos 15 y 12 de las Leyes Nº 18.820, de creación de la Dirección Nacional de Previsión Social, y 21.864, de actualización monetaria de deudas previsionales, declarándolas inaplicables al caso y/o inconstitucionales.
Cuestionó esas disposiciones en cuanto establecen la doctrina del solve et repete como indispensable para acceder a la jurisdicción, cuyo acatamiento obligaría a la provincia a incurrir en un gasto tal que le impediría cumplir con sus obligaciones esenciales, como el pago de sueldos, las derivadas de los servicios públicos de prestación directa, etc., poniendo en peligro -según dice- la paz social. Por lo tanto, adujo que dichas leyes lesionan sus derechos de defensa en juicio y a la jurisdicción, consagrados en el Artículo 18 de la Constitución Nacional y en el Artículo 8 de la Convención Americana de derechos Humanos (con jerarquía constitucional), siendo violatorias también del Artículo 31 de la Ley Fundamental.
Indicó que el litigio tiene su origen en el Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento de 1993, a consecuencia del cual la provincia suscribió en 1995 un Convenio de Transferencia del Sistema de Previsión Social con el Estado Nacional, por el que asumió obligaciones respecto de las contribuciones patronales y los aportes personales, sometiéndose a las normas previsionales nacionales (Leyes Nº 24.241 y 24.463), aceptando un mecanismo de pago mediante declaraciones juradas y retención, por parte de la AFIP, de un porcentaje de los recursos derivados de la coparticipación federal, por deudas de aportes y contribuciones.
Solicitó una medida cautelar de no innovar para que los demandados se abstengan de iniciar ejecuciones en su contra hasta tanto se dicte sentencia definitiva en la presente causa, como así también de retener los fondos de coparticipación federal, o tomar alguna medida que implique declarar la caducidad de las presentaciones administrativas.
A fs. 210/211, el juez federal, de conformidad con el dictamen del fiscal (v. fs. 208), se declaró competente, con fundamento en los Artículos 116 de la Constitución Nacional y 2°, inc. 6°, de la Ley Nº 48, admitiendo, de este modo, la prórroga de la competencia originaria de la Corte efectuada por la provincia, y ordenó el cumplimiento de la medida de no innovar peticionada.
A fs. 237, se presentó el Estado Nacional e interpuso recurso de apelación contra ese interlocutorio, que fue concedido a fs. 240.
A fs. 91/93 del incidente sobre incompetencia agregado por cuerda separada, la Cámara Federal de Apelaciones de la Provincia de Tucumán, adhiriéndose al dictamen del fiscal subrogante (v. fs. 74/75), declaró la incompetencia de la justicia federal de Santiago del Estero, por entender que la causa corresponde a la competencia originaria de la Corte, con apoyo en los Artículos 116 y 117 de la Constitución Nacional, al ser parte una provincia y el Estado Nacional y, además, por tratarse de una causa de carácter federal. Asimismo, no aceptó la renuncia ejercida por aquélla, puesto que entendió que se debaten en el pleito asuntos constitucionales directos en relación a la distribución constitucional de competencias entre la Nación y un Estado local.
A fs. 284 vta., VE corre vista, por la competencia, a este Ministerio Público.
A mi modo de ver, en atención a la naturaleza de las partes que han de intervenir en el pleito, el sub lite corresponde a la competencia originaria de la Corte ratione personae, toda vez que la Provincia de Santiago del Estero -a quien le corresponde la competencia originaria del Tribunal, de conformidad con el Artículo 117 de la Ley Fundamental- demanda a la Administración Federal de Impuestos - Dirección General Impositiva y al Estado Nacional -quienes tienen derecho al fuero federal, según lo dispuesto en el Artículo 116 de la Constitución Nacional-, por lo que entiendo que la única forma de conciliar ambas prerrogativas jurisdiccionales es sustanciado la acción en esta instancia originaria (Fallos: 311:489 y 2725; 312:389 y 1875; 313:98 y 551; 317:746; 320:2567; 323: 702 y 1110, entre otros).
No obstante, toda vez que la Provincia de Santiago del Estero optó por someterse a la justicia federal de grado de su jurisdicción, la cuestión a resolver aquí consiste en determinar si la competencia originaria del Tribunal -cuando procede ratione personae- puede ser prorrogada.
Al respecto, cabe recordar que VE, a partir de la sentencia dictada in re F.280.XXIII. "Flores, Feliciano Reinaldo y otra c/ Buenos Aires, Provincia de s/ cobro de pesos", del 29 de septiembre de 1992, publicada en Fallos: 315: 2157, admitió la posibilidad de que los estados provinciales puedan prorrogar la competencia originaria de la Corte a favor de los tribunales inferiores de la Nación, cuando ésta corresponde ratione personae, a excepción de que existan razones institucionales o federales, o conflicto entre la Nación y la provincia, que obliguen a aplicar un principio de interpretación restrictiva, como el que surge del Artículo 116 de la Constitución Nacional.
En su mérito, considero que este último supuesto es el que se presenta en el sub judice (cfr. Fallos: 323:470), toda vez que la cuestión en debate versa sobre el preservamiento de las órbitas de competencias entre la provincia y el gobierno federal, materia que se encuentra entre las especialmente regidas por la Constitución Nacional, según el Artículo 2°, inc. 1°, de la Ley Nº 48, por lo que reviste un neto contenido federal (Fallos: 308:610; 310:877; 311:919; 325:3525).
En tales condiciones, opino que el proceso debe tramitar ante la instancia originaria del Tribunal.