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Timestamp: 2020-08-03 15:37:58
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Matched Legal Cases: ['artículo 40', 'artículo 18', 'artículo 11', 'artículo 8', 'artículo 99', 'artículo 151', 'artículo 99', 'artículo 6', 'artículo 57', 'artículo 40', 'artículo 42', 'artículo 36', 'artículo 37']

Reclamar la extensión de efectos de un fallo firme en materia tributaria no exige una previa solicitud a Hacienda01/07/2020
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El Supremo dicta sentencia en la que fija como criterio interpretativo que reclamar la extensión de efectos de un fallo firme en materia tributaria no exige una previa solicitud a Hacienda.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha fijado como criterio interpretativo que la solicitud de extensión de efectos del fallo de una sentencia firme en materia tributaria no requiere que el interesado, con carácter previo al escrito que ha de dirigir al tribunal que ha dictado la sentencia cuya extensión de efectos se pretende, presente una solicitud de rectificación de la autoliquidación del tributo en cuestión ante una Administración tributaria.
La sentencia estima el recurso de una persona contra los autos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que le denegaron la extensión de efectos de una sentencia de dicho tribunal superior, de 6 de julio de 2016, que reconoció a una mujer el derecho a que Hacienda le devolviese el dinero pagado en el IRPF por una prestación pública de maternidad, al estar ésta exenta del impuesto.
El TSJ de Madrid argumentó para no extender los efectos de su sentencia al solicitante que no estaba en “idéntica situación jurídica” a la que había ganado el pleito, ya que no había presentado una previa solicitud de rectificación de la autoliquidación del IRPF a la Agencia Tributaria. El TSJ no veía coherente que le planteasen una petición que entraba en contradicción con el contenido de la autoliquidación presentada por la parte recurrente sin que, con carácter previo, dicha persona hubiese intentado rectificar esa declaración por el cauce previsto legalmente y ante la autoridad competente, que es la AEAT.
El Supremo, por el contrario, destaca que “la exigencia del previo agotamiento de la vía administrativa, o la equivalente previa rectificación de la autoliquidación tratándose de materia tributaria, no resulta, con el actual texto legal, muy conforme con la finalidad y naturaleza que corresponde a este mecanismo procesal de la extensión de efectos de una sentencia firme”.
Y ello “porque supone someter al administrado a unas dilaciones y molestias que no tienen justificación”. Cree que se trata de trámites inútiles cuando ya ha habido un proceso jurisdiccional que ha decidido por sentencia firme idéntica pretensión a la que se quiere reclamar a través del incidente procesal de extensión de efectos.
Los magistrados recuerdan que ese incidente no es una vía para enjuiciar de nuevo la controversia de fondo ya decidida por la sentencia firme cuya extensión se solicita; sino tan sólo de un incidente procesal que, a los efectos de dar satisfacción al derecho a la igualdad en la aplicación del Derecho y al de tutela judicial efectiva, tiene como único objeto constatar que la situación del solicitante de la extensión de efectos es idéntica a la de las personas que fueron litigantes en el proceso principal donde fue dictada la sentencia firme cuya extensión de efectos es reclamada. Evitando al ciudadano las molestias, costes y dilaciones que significaría tramitar un nuevo proceso jurisdiccional.
Por todo ello, el Supremo reconoce el derecho del recurrente a que la Administración tributaria proceda a la rectificación de sus autoliquidaciones de IRPF y a las devoluciones resultantes de esa rectificación, en los términos en que fueron interesadas en su escrito de solicitud de extensión de efectos.
(Fuente IBERLEY - COLEX)
La responsabilidad de los administradores tras el estado de alarma23/06/2020
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Es una realidad que muchas sociedades van a tener que enfrentarse a situaciones financieras delicadas, pérdidas y desequilibrios patrimoniales provocados por el COVID-19, cuya gestión se convierte en un reto para sus administradores
Hasta la fecha se han dictado distintas normas que tienen por finalidad conceder a las empresas, durante el estado de alarma, tiempo para la adopción de medidas de reestructuración y saneamiento a fin de hacer frente a los efectos del COVID-19.
Si bien, siendo conocedores de la fecha en la que el estado de alarma llega a su fin, conviene analizar la responsabilidad de los administradores sociales en este contexto, tanto desde el punto de vista del ámbito societario como del concursal.
En el ámbito societario, el régimen de responsabilidad de los administradores contempla dos supuestos:
1.- La responsabilidad por deudas sociales, que es aquella responsabilidad especial de los administradores por no convocar junta general de socios en el plazo de dos meses para que sean adoptados los acuerdos necesarios tendentes, según sea el caso, bien a la disolución de la sociedad -en caso de que la misma esté incursa en alguna o varias de las causas de disolución legal o estatutariamente previstas- o bien al concurso de acreedores -en caso de que esté en situación de insolvencia-.
Al respecto, en virtud del apartado 11 del artículo 40 del Real Decreto Ley 8/2020 (RDL 8/2020), se suspendió, durante la vigencia del estado de alarma, el plazo para tramitar la referida convocatoria de junta general. Además, a tenor del apartado 12 del mismo artículo, si la causa legal o estatutaria de disolución hubiera acaecido durante la vigencia del estado de alarma, los administradores no responderán de las deudas sociales contraídas en ese período.
En consecuencia, con la finalización del estado de alarma, dichas normas decaen y, por ende, habrá de reanudarse el cómputo de plazo para convocar junta general si la sociedad estaba incursa en causa de disolución.
No obstante, ha de tenerse en consideración que el artículo 18 del Real Decreto Ley 16/2020 (RDL 16/2020) estableció, en relación con esta materia, que, para la determinación de la existencia de causa de disolución por desequilibrio patrimonial o pérdidas, no se computarán las pérdidas del ejercicio 2020. Así, se evita la responsabilidad por deudas de la sociedad contraídas en 2020, sin tener que convocar a la junta general en el plazo de dos meses para acordar lo procedente. Solo si esa situación de desbalance se mantiene en el resultado del ejercicio 2021, los administradores deberán convocar la junta general para proceder a la disolución de la sociedad o a adoptar cualquier medida que subsane dicha situación.
2. La responsabilidad por daños, por la causación por el administrador de un daño a la sociedad, a los socios o a los acreedores sociales. Dicha responsabilidad resulta exigible bien a través de la acción social, cuando los daños han sido causados directamente a la sociedad, bien a través de la acción individual, cuando los daños han sido causados a un tercero que no es la sociedad.
Las responsabilidades de los administradores abarcan un deber de diligencia tan amplio, que cualquier evento puede dar origen a reclamaciones de responsabilidad. El cumplimiento de dicho deber, ante una situación tan excepcional y sin precedentes como la provocada por el COVID-19, ha de acentuarse, con especial observancia de los requisitos que protegen la discrecionalidad empresarial: actuación de buena fe, sin interés personal en el asunto objeto de decisión, con información suficiente y con arreglo a un procedimiento de decisión adecuado.
A lo anterior ha de añadirse, en caso de concurso de acreedores, la responsabilidad concursal de los administradores en la medida que su conducta haya generado o agravado la insolvencia de la sociedad o si tiene lugar alguna de las presunciones de concurso culpable.
Al respecto, habría que tener en cuenta dos situaciones especiales post COVID-19:
En relación con la solicitud tardía del concurso de acreedores, con motivo de la declaración el estado de alarma y en virtud del artículo 11 del RDL 16/2020, ha quedado en suspenso el deber de solicitar el concurso hasta el 31 de diciembre de 2020;
En cuanto al cumplimiento de convenio, el artículo 8 del ya citado RDL 16/2020 contempla la posibilidad de modificar el acuerdo alcanzado con los acreedores que se encuentre en fase de cumplimiento, adaptando las quitas y esperas a quienes tengan aún crédito pendiente de cobro, a la actual situación. Lo anterior, en evitación de un escenario de liquidación, con el fin de mantener la actividad, impedir la destrucción del tejido empresarial y la amortización de puestos de trabajo. Esto supone, cuando menos retrasar (si se aprueba la modificación de convenio, pero se termina incumpliendo igualmente) y cuando más evitar (si finalmente se cumple el convenio modificado), la apertura de la Sección VI o de calificación, en la que se somete a juicio la actuación del deudor y, en su caso, la de sus administradores y otras personas relacionadas, para determinar si la insolvencia del deudor se ha producido de manera fortuita o si, por el contrario, ha venido provocada por causas y personas concretas e identificables.
Esta Sección se abre tanto al tiempo de la liquidación, como si se logra la aprobación de un convenio, con la única excepción de que el convenio aprobado, establezca para todos o algún acreedor, o para los de alguna clase, una quita inferior al 33% o una espera de menos de tres años. No obstante, si se incumple, se abrirá igualmente calificación. Pues bien, los administradores de compañías, con cargo recién rehabilitado y en fase de cumplimiento del convenio aprobado con sus acreedores, que se encuentren con dificultades para atender el calendario de pagos comprometido, pueden volver a plantear una novación de condiciones de pago, más duras y realistas, que tengan en cuenta las consecuencias del COVID-19 en su compañía, antes de encontrarse con una denuncia de incumplimiento. Esta modificación de convenio se podrá presentar durante el año siguiente a contar desde la declaración del estado de alarma.
Sin perjuicio de la flexibilización temporal de determinada normativa vinculada a la responsabilidad de los administradores con ocasión del COVID-19, no puede entenderse que existe “carta blanca” para éstos en la toma de decisiones y sus actuaciones, motivo por el cual conviene asesorarse convenientemente sobre las medidas preventivas a adoptar y prepararse para afrontar cualquier situación que el futuro pueda deparar.
Real Decreto-ley 22/2020: las inspecciones tributarias por videoconferencia ya son una realidad19/06/2020
Inspección de HaciendaadvocatiAlt advocatiAdvocati Abogadosvideoconferencia
Las inspecciones por videoconferencia ya son una realidad. Así lo establece el Real Decreto-ley 22/2020, de 16 de junio, en vigor desde este miércoles, por el que se regula la creación del Fondo COVID-19 y se establecen las reglas relativas a su distribución y libramiento. La norma modifica la Ley General Tributaria (LGT) para que las inspecciones telemáticas sean posibles, motivado por la crisis de la Covid-19.
Los principales puntos de la norma
Como consecuencia de la crisis sanitaria del coronavirus, y con el fin de favorecer el ejercicio de derechos y el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes, se regulan las actuaciones mediante videoconferencias en los procedimientos de aplicación de los tributos.
Para ello, la disposición final primera del Real Decreto-ley 22/2020, modifica dos artículos de la Ley General Tributaria.
Se introduce un último apartado 9 en el artículo 99 de la Ley General Tributaria, para contemplar el desarrollo de actuaciones y procedimientos tributarios mediante sistemas digitales.
Las actuaciones de la Administración y de los obligados tributarios en los procedimientos de aplicación de los tributos podrán realizarse a través de sistemas digitales que, mediante la videoconferencia u otro sistema similar, permitan la comunicación bidireccional y simultánea de imagen y sonido, la interacción visual, auditiva y verbal entre los obligados tributarios y el órgano actuante, y garanticen la transmisión y recepción seguras de los documentos que, en su caso, recojan el resultado de las actuaciones realizadas, asegurando su autoría, autenticidad e integridad.
La utilización de estos sistemas se producirá cuando lo determine la Administración Tributaria y requerirá la conformidad del obligado tributario en relación con su uso y con la fecha y hora de su desarrollo.
Lugar de las actuaciones inspectoras
Se incluye un nuevo apartado e) en el artículo 151.1 de la Ley General Tributaria. Con la inclusión de este nuevo apartado, las actuaciones inspectoras podrán desarrollarse, según determine la inspección, en otros lugares cuando dichas actuaciones se realicen a través de los sistemas digitales previstos en el artículo 99.9 de la Ley General Tributaria. La utilización de dichos sistemas requerirá la conformidad del obligado tributario.
Empleado que no se pone la mascarilla15/06/2020
advocatiAlt advocatiAdvocati Abogadoscoronaviruscovid-19mascarilla
Sanción. Su servicio de prevención le ha obligado a facilitar mascarillas a su plantilla. De hecho, las empresas están obligadas a facilitarlas en sectores como la hostelería o la restauración. ¡Atención! Si uno de sus trabajadores se niega a ponerse la mascarilla:
Dígale que le justifique su negativa. En este sentido, es válido que algunas personas con problemas respiratorios no lleven mascarilla. Apunte. Ahora bien, en ese caso su empleado no podrá prestar servicios (porque se estará incumpliendo una medida preventiva fijada por su servicio de prevención), por lo que deberá iniciar un proceso de incapacidad temporal (IT).
Si su empleado no justifica dolencias y se niega a usar la mascarilla, comuníquele la obligación por escrito (si no lo ha hecho ya). De ese modo, su desobediencia quedará documentada. Apunte. Si insiste en no usar mascarilla, sanciónelo por desobediencia e impida su entrada al centro (en caso contrario, pondría en riesgo al resto de personal). Dicha ausencia no es retribuida al ser imputable al trabajador.
Si un empleado no se pone la mascarilla estando obligado a ello y no acredita dolencias, sanciónelo e impida su entrada.
(Fuente Apuntes y Consejo Laborales - LEFEBVRE)
Publicado el Decreto de la nueva normalidad tras la crisis del COVID-1910/06/2020
advocatiAlt advocatiAdvocati Abogadoscovid-19Nueva normalidad
Publicado en el BOE del 10 de junio el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
El Decreto de la denominada "nueva normalidad" ha sido publicado. El BOE del 10 de junio de 2020 hace público el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Tiene por objeto establecer las medidas urgentes de prevención, contención y coordinación necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, así como prevenir posibles rebrotes, con vistas a la superación de la fase III del Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad por parte de algunas provincias, islas y unidades territoriales y, eventualmente, la expiración de la vigencia del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y sus prórrogas.
Se establece un deber de cautela y protección a cumplir por todos los ciudadanos.
"Todos los ciudadanos deberán adoptar las medidas necesarias para evitar la generación de riesgos de propagación de la enfermedad COVID-19, así como la propia exposición a dichos riesgos, con arreglo a lo que se establece en este real decreto-ley. Dicho deber de cautela y protección será igualmente exigible a los titulares de cualquier actividad regulada en este real decreto-ley".
Medidas más destacadas del Decreto de la "Nueva Normalidad" que entrará en vigor el 21 de junio de 2020:
Será obligatorio el uso de mascarillas por personas de seis años en adelante, en los siguientes supuestos:
Esta obligación no será exigible para las personas que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización.
Se deberán adoptar medidas en los centros de trabajo tendentes a:
También tendrán que mantener la distancia mínima de seguridad de 1,5 metros.
Los operadores de transporte aéreo y terrestre interprovinciales con número de asiento preasignado deberán recabar información para contacto de todos los pasajeros y conservar los listados un mínimo de cuatro semanas con posterioridad al viaje. Asimismo, deberán facilitar estos listados a las autoridades de salud pública cuando se requieran con la finalidad de realizar la trazabilidad de contactos. Misma medida para el transporte marítimo.
Otorgamiento de licencias previas de funcionamiento de instalaciones y puesta en funcionamiento de determinados productos sanitarios sin marcado CE
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios podrá otorgar, previa solicitud del interesado, antes del 31 de julio de 2020, una licencia excepcional previa de funcionamiento de instalaciones o una modificación temporal de la licencia previa de funcionamiento de instalaciones existente, para la fabricación de mascarillas quirúrgicas y batas quirúrgicas en la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 tras la valoración en cada caso de las condiciones generales de las instalaciones, su sistema de calidad y documentación del producto fabricado.
Declaración obligatoria de COVID-19
El COVID-19, enfermedad producida por la infección por el virus SARS-CoV-2, es una enfermedad de declaración obligatoria urgente, a efectos de lo previsto en el Real Decreto 2210/1995, de 28 de diciembre, por el que se crea la red nacional de vigilancia epidemiológica.
Planes de contingencia ante COVID-19
Las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas deben tener planes de contingencia que garanticen la capacidad de respuesta y la coordinación entre los servicios de Salud Pública, atención primaria y atención hospitalaria.
Asimismo, los centros de atención primaria y hospitalarios, de titularidad pública o privada, deben contar con planes internos para hacer frente a la gestión de situaciones de emergencia relacionadas con COVID-19. Dichos planes deberán garantizar la capacidad para responder ante incrementos importantes y rápidos de la transmisión y el consiguiente aumento en el número de casos. Para ello, se debe disponer, o tener acceso o capacidad de instalar en el plazo preciso los recursos necesarios para responder a incrementos rápidos de casos en base a las necesidades observadas durante la fase epidémica de la enfermedad.
El incumplimiento de la obligación de uso de mascarillas establecido en el artículo 6 será considerado infracción leve a efectos de lo previsto en el artículo 57 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, y sancionado con multa de hasta cien euros.
El incumplimiento de las medidas previstas en los artículos 17.2 y 18.1, cuando constituyan infracciones administrativas en el ámbito del transporte, será sancionado con arreglo a lo dispuesto en las leyes sectoriales correspondientes.
Plazos de caducidad de los asientos registrales suspendidos en virtud del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo
Con efectos desde el 10 de junio de 2020, se alza la suspensión de los plazos de caducidad de los asientos registrales susceptibles de cancelación por el transcurso del tiempo, reanudándose su cómputo en esa misma fecha.
Modificaciones del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19
Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 40. (Medidas extraordinarias aplicables a las personas jurídicas de Derecho privado)
Se deroga el artículo 42. (Suspensión del plazo de caducidad de los asientos del registro durante la vigencia del real decreto de declaración del estado de alarma)
Modificaciones del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19
Se modifican los apartados 1 y 4 del artículo 36. (Derecho de resolución de determinados contratos sin penalización por parte de los consumidores y usuarios)
Se deroga el artículo 37. (Medidas de restricción a las comunicaciones comerciales de las entidades que realicen una actividad de juego regulada en la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego.)
(Fuente IBER LEY COLEX)