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Timestamp: 2018-02-25 23:36:54
Document Index: 275364021

Matched Legal Cases: ['artículo 82', 'e contrario', 'e contrario', 'e contrario', 'e contrario', 'artículo 11']

Sentencia T.S. (Sala 3) de 21 de diciembre de 2010. Medicamentos. Precios de comercialización de una especialidad farmacéutica. Doctrina de los actos propios - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Medicamentos: Fijación de precios de una especialidad farmacéutica. Revisión de los precios. Devolución de lo cobrado. Doctrina de los actos propios: Vinculación a la Administración y a los administrados. Válida formación de la voluntad en órganos colegiados. Inclusión de la reclamación en el orden del día, apoyo de los presentes y exitencia de motivo de urgencia. Competencias de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos: Acuerdos con la industria farmacéutica. Incongruencia omisiva: Cumple con la obligación de resolver con las pretensiones deducidas sin existir, en ningún momento, indefensión. Desestimación del recurso.
La Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, Sección Cuarta, ha visto el recurso de casación número 4762 de 2008, interpuesto por el Procurador Don Manuel Lanchares Perlado, en nombre y representación de Mabo- Farma S.A. contra la Sentencia de la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de fecha nueve de julio de dos mil ocho, en el recurso contencioso-administrativo número 870 de 2005.
Primero.-La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sección Octava, dictó Sentencia, el nueve de julio de dos mil ocho, en el Recurso número 870 de 2005, en cuya parte dispositiva se establecía: "Que debemos desestimar y desestimamos la demanda del recurso contencioso administrativo número 870/2005 interpuesto por el Procurador D. Manuel Lanchares Larre, en nombre y representación de la entidad MABO-FARMA S.A., contra la resolución de 29 de julio de 2005, dictada por la Ministra de Sanidad y Consumo, que estimó parcialmente el recurso de alzada presentado contra la resolución de la Comisión Interministerial de Previos de los Medicamentos de 30 de mayo de 2005, declarando la nulidad de las notificaciones cursadas por el Presidente y por el Vicepresidente de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos, con fecha 15 de enero de 2005 y 8 de junio de 2005, respectivamente, y retrotrayendo las actuaciones practicadas al momento previo a su notificación, para que nuevamente se practiquen las notificaciones procedentes, de uniformidad con los acuerdos adoptados por la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos en sus reuniones celebradas el 2 de diciembre de 2004 y 30 de mayo de 2005. Sin costas".
Segundo.-En escrito de uno de septiembre de dos mil ocho, el Procurador Don Manuel Lanchares Perlado, en nombre y representación de Mabo Farma S.A., interesó se tuviera por presentado el recurso de casación contra la Sentencia mencionada de esa Sala de fecha nueve de julio de dos mil ocho.
La Sala de Instancia, por Providencia de cuatro de septiembre de dos mil ocho, procedió a tener por preparado el Recurso de Casación, con emplazamiento de las partes ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, en el plazo de treinta días.
Tercero.-En escrito de veintinueve de octubre de dos mil ocho, el Procurador Don Manuel Lanchares Perlado, en nombre y representación de Mabo Farma S.A., procedió a formalizar el Recurso de Casación, interesando la revocación de la Sentencia dictada por la Sala de instancia, y que se dicte en su día nueva resolución ajustada a Derecho, admitiéndose el mismo por Providencia de veinte de febrero de dos mil nueve.
Cuarto.-En escrito de treinta de abril de dos mil nueve, el Sr. Abogado del Estado, en la representación y defensa que legalmente ostenta, manifiesta su oposición al Recurso de Casación y solicita se dicte sentencia por la que se declare no haber lugar al recurso y se impongan las costas al recurrente.
Primero.-Por la representación procesal de MABO-FARMA, S.A., se interpone recurso de casación frente a la Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia en la Comunidad de Madrid, Sección Octava, de nueve de julio de dos mil ocho, pronunciada en el recurso contencioso administrativo número 870/2005, interpuesto por la representación procesal citada frente a la Resolución de veintinueve de julio de dos mil cinco del Ministerio de Sanidad y Consumo que estimó parcialmente el recurso de alzada presentado contra la Resolución de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos de treinta de mayo de dos mil cinco que declaró la nulidad de las notificaciones cursadas por el Presidente y el Vicepresidente de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos quince de enero y ocho de junio de dos mil cinco, respectivamente, retrotrayendo las actuaciones practicadas al momento previo a su notificación para que nuevamente se practicasen las notificaciones procedentes de conformidad con los acuerdos adoptados por la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos en sus reuniones celebradas el 2 de diciembre de 2004 y el 30 de mayo de 2005.
Segundo.-La Sentencia de instancia en el primero de sus fundamentos destaca los antecedentes que resultan de la prueba practicada: "1) En fecha 16-1-2003, la actora presenta solicitud de precio de comercialización de la especialidad que nos ocupa, a PVL de 23'70 y PVP (con IVA) de 37'82 euros (por todos, folio 54 del expediente).
2) El 2-3-2003, por la actora se propone (folios 70 y 71 del expediente) "con la finalidad de que se resuelva favorablemente su financiación pública", el por la recurrente llamado "Acuerdo de comercialización de Omeprazol Mabo 40 mg. 14 y 28 Cápsulas", y en el que, a condición de que se acordase por el Ministerio determinado precio (13'53 y 20'30 respectivamente) para dichos productos en 2003 y 2004 el laboratorio interesado se comprometía a devolver a la Seguridad Social las sumas de 6 y 10'30 euros por cada tipo de envase, cantidades que "serán abonadas, 60 días después del momento que le sean requeridas al citado laboratorio". Se propone este acuerdo aunque la solicitud inicial, como antes vimos, reclamaba precios no muy alejados (de PVL 23'70 euros para la especialidad de 28 cápsulas).
Literalmente se dice en la propuesta de la parte actora que "con la finalidad de que se resuelva favorablemente la financiación pública de la citada especialidad", en sus presentaciones de 14 y 28 cápsulas, formula la siguiente propuesta:
"1. Mabo Farma S.A. garantiza que como consecuencia de la puesta en el mercado de su especialidad Omeprazol Mabo 40 mg. durante los años 2003 y 2004 el grupo A02BC: Antiulcerosos: Inhibidores de la Bomba de Protones no crecerá en valores por encima del crecimiento que tendrá el SNS en este grupo en el año 2002 reducido en medio punto porcentual" (...).
2. En caso de que en cualquiera de los años indicados se produjese un crecimiento por encima de este porcentaje marcado, Mabo Farma S.A. se compromete a las siguientes medidas compensatorias y en las siguientes condiciones: a) Cada uno de los años que se exceda el límite marcado, se producirán devoluciones a la Seguridad Social o a la entidad que en su caso fuese designada por importe de 6 y 10'30 euros por cada una de las unidades vendidas de Omeprazol Mabo 40 mg 14 cápsulas y 28 cápsulas vendidas al SNS durante el período de tiempo analizado. Las citadas cantidades serán abonadas, 60 días después del momento que le sean requeridas al citado laboratorio. La devolución será del importe unitario mencionado por el número de unidades totales vendidas a través de la Seguridad Social de cada período anual, siempre y cuando los precios citados en el primer párrafo permanezcan vigentes. De lo contrario, la cantidad unitaria a devolver por cada unidad será calculada corno el 50 % del importe del PVL en vigor en cada momento para la presentación de 28 cápsulas y el 44% del importe del PVL en vigor en cada momento para la presentación de 14 cápsulas. Independientemente de que durante el primer año no se excediese de la cifra porcentual marcada como límite, existiría un control para el resto del período anual, calculándose la devolución, a final de cada año, como el importe unitario indicado por el número de unidades totales del período analizado (por anualidades naturales). B) Además de la compensación analizada en el apartado 2 a, Mabo Farma, S.A. aceptará la revisión de precios que desde la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos se determine como necesaria, o renunciará a la comercialización de la especialidad Omeprazol Mabo 40 mg., retirándola del mercado.
3. Para evaluar la evolución real del mercado una vez introducido Omeprazol Mabo 40 mg, se excluirán del análisis además del esomeprazol los nuevos antiulcerosos (IBPs) aprobados con posterioridad al lanzamiento de Omeprazol Mabo. Sí quedarán incluidas nuevas formas o presentaciones de productos ya existentes.
4. Para afianzar esta propuesta y durante la vigencia de este acuerdo Mabo Farma S.A., se compromete a partir de 12 meses desde la aprobación de precio de Omeprazol Mabo 40 mg a que esta especialidad mantenga la senda del precio de referencia del omeprazol 20 mg en la proporción actual. Concretamente, a fecha de hoy, los precios de venta al público de referencia de omeprazol 20 mg 14 y 28 cápsulas deberán permanecer siempre como máximo un 40 % y un 60% respectivamente por encima del precio de referencia de omeprazol 20 mg vigente en cada momento. El laboratorio acepta la reducción futura del precio o su renuncia a mantener la comercialización del producto.
5. Cualquier modificación posterior a este acuerdo que altere el nivel de precios de las especialidades aquí implicadas, y que no sea consecuencia del mismo, no alterará el importe de las devoluciones expresadas en el apartado 2 a)."
3) Como contestación a este escrito, la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios fija un precio de las citadas especialidades coincidente con el que la actora señaló en su "acuerdo de comercialización" (13'53 y 20'30 euros respectivamente), mediante resolución de 9-4-2003 (folio 81 del expediente), contra el que no se formula recurso. Esta resolución se adopta a consecuencia del Acta n° 52 de la CIPM, de 25-3-2003 (folios 72 y siguientes), en la que "se estudian los expedientes de nuevos precios incluidos en el orden del día", se fijan los precios del Anexo 1 (punto 1 del acta), según consta en los folios 75 a 77 del expediente, y se aclara (punto 1, tercer párrafo, del acta, folio 73) que para todas las especialidades citadas, que incluyen la que nos ocupa, "los precios máximos autorizados tendrán un año de vigencia a partir de la fecha en que se notifique la correspondiente resolución". Además, figura en el expediente que el acuerdo de comercialización que nos ocupa se incorporó como anexo a este acta n° 52 (folios 79 y 80 del expediente).
4) Posteriormente, el 3-11-2004, la actora plantea propuesta, sin renunciar a lo acordado, de revisión de precios a la baja de la especialidad que nos ocupa, en formato de 28 cápsulas (folio 85 del expediente).
5) Ante tal propuesta, se cursa comunicación del Presidente de la CIPM de 15-1-2005 (folio 87 del expediente) dando por resuelto el compromiso unilateral ofrecido por la actora el 2-3-2003 y aceptado con la fijación de precios acordada por la resolución de 9-4-2003 antedicha, al decir, textualmente que "la Comisión Interministerial de Precios de Medicamentos, celebrada el pasado día 2 de diciembre de 2004, acordó dar por resuelto el compromiso asumido con fecha 2 de marzo de 2003, por el Laboratorio Mabo-Farma, S.A. (Grupo Tedec-Meiji) de la especialidad farmacéutica Omeprazol Mabo 40 mg. 14 y 28 cápsulas y proceder al estudio de una revisión a la baja del precio del medicamento al que se refiere el compromiso unilateral del laboratorio, que será sometido a una próxima reunión de dicha Comisión Interministerial. Para ello, se le requiere actualización de los precios de la citada especialidad en los países de la Unión Europea".
6) La actora acusa recibo de esta comunicación el 3-2-2005 sin reproche alguno (folio 88 del expediente), pese a que el 15-3- 2005 negase por escrito la existencia de acuerdo alguno (folio 89)."
En el segundo de los fundamentos la Sentencia recurrida rechaza las pretensiones de la demandante en orden a dejar sin efecto el cumplimiento del pacto unilateral que había suscrito con "la Administración para fijar un precio concreto para su medicamento y así manifiesta que: La Administración fija un precio siguiendo una oferta de la actora de la que luego ésta se desmarca, pretendiendo que todo lo que ha cobrado de más según dicho pacto no deba ahora devolverse, pese a que el precio de su medicamento se fijó expresamente en atención precisamente a ese pacto unilateral suscrito con ella, al igual que se hizo con otros laboratorios.
Las consecuencias de estos actos implican una clara contravención de la palabra dada por la actora, con quiebra de la doctrina de los actos propios, lo que obliga a privar de validez tanto a su alegato como a la pretensión de la misma de eximirse de lo que por ella se asumió, y que condicionó la fijación de precios de su producto.
De accederse a la pretensión actora el resultado para ésta sería doble:
1) Haber accedido al precio de venta que deseaba de un producto que se insertaría en el SNS, y no el que aconsejaba realmente el mercado del medicamento;
2) Eximirse, con contravención de la palabra dada de una obligación conscientemente asumida.
Ambos nocivos efectos para el SNS son los que evita la actividad administrativa aquí impugnada.
El planteamiento de la mercantil recurrente se encuentra en flagrante contradicción tanto con el principio de que nadie puede venir contra sus propios actos, como con la doctrina del ejercicio normal de los derechos, lo que convierte la posición de la sociedad actora en un claro abuso, inadmisible por la Sala (art.11 LOPJ).
La doctrina de los actos propios no sólo vincula a la Administración, sino que también lo hace respecto de los interesados y administrados, en la medida en que sus compromisos anteriores no pueden eludirse. Así, en las sentencias de la Sala 3.ª del Tribunal Supremo de 13 de junio de 1983 y de 26-12-1987, se dice: "Que opuesta por el Abogado del Estado a la pretensión de la demanda la vinculación del demandante a sus propios actos, ha de ser examinada con preferencia esta cuestión múltiples veces tratada en relación con la conducta de la Administración y en menos ocasiones en consideración a la del administrado, aunque suficientes para poder contar hoy con una doctrina, que ha de presidir el enjuiciamiento de este caso y que entre otras cosas, tiene declarado: que el apotegma "venire contra "factum" proprium non valet" ha encontrado acogida en la jurisprudencia contencioso-administrativa y que, por no esta recogida esta doctrina como excepción procesal en ninguno de los apartados del artículo 82 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción, ha de actuar como causa de desestimación relacionada, con el examen del fondo del asunto (Sentencia de 11 de diciembre de 1969; que la relación entre los actos propios de los administrados y los actos de la Administración, así como él alcance y las repercusiones e unos tienen en otros, no quedan al arbitrio de las subjetivas apreciaciones de los interesados, sino que han de ser jurídicamente calificados por los Tribunales competentes (sentencia de 24 de noviembre de 1973); y principalmente, que lo actos contra los que no es licito accionar a quien los ha ejercitado son aquellos que por su carácter transcendental o por construir convención, causan estado, definiendo inalterablemente la situación jurídica de su autor, los que se realizan con el designio de crear o modificar algún derecho, y es necesario que exista demostrada una intima relación de causa o efecto entre el acto ejecutado y el que posteriormente se realiza, o con las con secuencias de aquel, con pleno conocimiento consentidas, principio que supone que los actos que se invocan como excepción tengan significación y eficacia jurídica contrarias a la acción intentada o bien, que los actos a cuya consecuencia queda obligado el que los realiza son aquellos que válidos en derecho tienen eficacia en sí mismos para producir efecto jurídico, recibido por otra parte interesada, o reveladores de la existencia de otros anteriores suficientes para producirlos (S 23 de junio de 1.971)."
Dicho esto, conviene indicar que las Actas de la CIPM hacían expresa referencia a la reclamación que nos ocupa, y las mismas cumplen con los requisitos de formación de voluntad de los órganos colegiados. Así:
1) En el Anexo 1 al Acta 52 (antes apuntada, folios 72 y siguientes del expediente), de 25-3-2003, se fijaron precios máximos en consonancia literal con lo acordado por la actora el 2-3-2003 con un plazo máximo de vigencia de un año.
2) En el acta de 5-10-2004 (obrante en el expediente del recurso 637/05 seguido ante esta Sala y Sección), se adopta el acuerdo en el punto 3 (ruegos y preguntas) de reclamar a instancias de la Dirección General de Farmacia y Productos sanitarios las cantidades a que la actora se comprometió a abonar en su acuerdo.
3) Se llega hasta la resolución aquí impugnada junto a la de 30-5-2005, de 2-12-2004 (acta n° 70, obrante en los folios 101 y siguientes del expediente del recurso 637/05), por la que se acuerda hacer efectiva esta reclamación (párrafo 3°, punto 4°, ruegos y preguntas).
Es cierto que la exigencia de cantidades figura en el apartado de ruegos y preguntas, pero no lo es menos que la misma puede perfectamente incluirse y darse por incluida los acuerdos del Acta, pues consta la presencia de todos los miembros y la urgencia de la reclamación radica en que casi había transcurrido un año desde el vencimiento del plazo de fijación de precios, habiéndose dado muestras por la interesada, a la sazón, de no querer realizar pago alguno ni cumplir los compromisos a los que llegó en el sector farmacéutico (así lo confirmará el escrito posterior de 15-3-2005 -folio 89 del expediente- por el que manifestaba que en modo alguno había llegado a un acuerdo, pese a que en el anterior de 3-2-2005, obrante al folio 88, acusase recibo de la comunicación del Presidente de la CIPM y diese por resuelto, aceptando el contenido de dicha comunicación sin tacha alguna, tal compromiso).
En consecuencia, la reclamación fue oportunamente incluida en el orden del día, con apoyo de todos los presentes, y por un evidente motivo de urgencia, con lo que no cabe predicar de la misma nulidad alguna.
Pero incluso debe apuntarse que aun de considerarse esta circunstancia como falta de procedimiento, la misma ni es esencial ni ha ocasionado indefensión, lo que impide considerar el acto ni como nulo ni como anulable. En este sentido, entiende el Tribunal Supremo el carácter no esencial de la formalidad de adopción expresa del acuerdo de inclusión en el orden del día, en los casos de urgencia, como se ve entre otras muchas en las sentencias de la Sala 3.ª, Sec. 5.ª, de fecha 3-1-2008, rec. 7628/2003. Pte: Peces Morate, Jesús Ernesto; Sec. 7.ª, de fecha 6-6-2007, rec. 2607/2003. Pte: Maurandi Guillén, Nicolás y Sec. 7.ª, de fecha 6-6-2007, rec. 2607/2003. Pte: Maurandi Guillén, Nicolás y, la citada el Abogado del Estado de fecha 23-1- 2006.
Consta en las actuaciones que se acordó la inclusión de la reclamación sin reproche alguno por los miembros de la CIPM, estando todos presentes, y con una evidente urgencia, habida cuenta del transcurso de casi un año desde el vencimiento del ejercicio de 2003, fecha en que se pudieron hacer efectivas las reclamaciones. Por tanto, se pueden tener por cumplidos los trámites de inclusión en el orden del día y urgencia, sin perjuicio de que los mismos en supuestos análogos se han considerado como no esenciales y no susceptibles de anular lo actuado en tanto no medie indefensión, la cual a mayor abundamiento no puede apreciarse en el presente caso al haber dispuesto la parte actora de la posibilidad de alegar y recurrir conforme a derecho, y al derivar la reclamación de cantidad de un acuerdo unilateral por ella misma adoptado, como se ha visto.
Nada en contra a la fijación de precios que hemos visto significa, el que, con fecha posterior a la misma, se recibiera el escrito del Presidente de la Comisión Interministerial de Precios de Medicamentos (a la sazón, Subsecretario del Ministerio de Sanidad y Consumo), de fecha 15 de enero de 2005, pues, como hemos dicho, la actora acusó recibo de esta comunicación el 3-2-2005 sin reproche alguno (folio 88 del expediente)".
En el tercero se refiere a la alegada incompetencia de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos para llegar a acuerdos con la industria farmacéutica y afirma que: "debe destacarse que lo impugnado no es un acuerdo al que la CIPM haya llegado con ninguna entidad farmacéutica, sino un requerimiento de abono de determinadas cantidades con fundamento en acuerdos suscritos entre la actora y el propio Ministerio, a través de la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios.
En efecto, Real Decreto 1555/2004, de 25 de junio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Sanidad y Consumo, establece en su art. 7 cuáles son los cometidos y atribuciones de la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios, y de este precepto conviene resaltar los siguientes apartados:
"1. La Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios es el órgano al que corresponde la dirección, desarrollo y ejecución de la política farmacéutica del departamento, así como el ejercicio de las funciones que competen al Estado en materia de financiación pública y fijación del precio de los medicamentos y productos sanitarios, y las condiciones especiales de prescripción y dispensación de medicamentos en el Sistema Nacional de Salud, en particular el establecimiento de visados previos a la dispensación. Le corresponde, asimismo, ejercer la potestad sancionadora cuando realice funciones inspectoras (...)
3. En concreto, le corresponde el desarrollo de las siguientes funciones: (...)
d) Formular propuestas al titular del departamento en relación con las condiciones de financiación, en el ámbito del Sistema Nacional de Salud y con cargo a la financiación pública de medicamentos ya autorizados y productos sanitarios. Tramitar administrativamente la oferta de especialidades farmacéuticas, así como de los efectos y accesorios, al Sistema Nacional de Salud (...)
1) Suministrar apoyo técnico y administrativo a la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos en todo lo relativo a fijación de precios industriales de las especialidades farmacéuticas autorizadas y registradas. Asimismo, apoyar a la citada comisión en relación con las revisiones de precios de las especialidades farmacéuticas que se encuentran ya en el mercado y desempeñar la secretaría de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos.
g) Elaborar y aplicar las revisiones generalizadas de precios de las especialidades farmacéuticas ya comercializadas, así como proponerla fijación y revisión de los precios máximos de los efectos y accesorios para su financiación pública.
a) La Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos prevista en los apartados 1 y 2 del articulo 100 de la Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento ".
De este precepto se deduce, como ya resulta de las actas de la CIPM, que ésta no es sino mero instrumento para la reclamación de las cantidades que nos ocupan, pues la competencia para hacer efectiva la reclamación de las cantidades aquí tratadas y para la fijación y revisión de precios se atribuye a la Dirección General. De este modo, el precio para la especialidad Omeprazol Mabo 40 mg. en sus dos formatos se fijó por la Dirección General (resolución de 9-4-2003), y es a instancias de ésta por quien actúa la propia CIPM, nunca de modo autónomo, pues como consta claramente en el acta de 5-10-2004 (cuyas referencias antes se han aportado) la reclamación se formula "a propuesta de la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios, la Comisión Interministerial acuerda que el Presidente del órgano colegiado proceda a reclamar formalmente las aportaciones económicas derivadas de las propuestas formuladas por los laboratorios para los supuestos en que las ventas de determinadas presentaciones superen las estimaciones que sirvieron de base para la fijación de su precio industrial máximo".
Por lo tanto, resulta erróneo entender una atribución competencial allí donde no existe, pues la reclamación la realiza la CIPM, pero a instancias de la referida Dirección General, como órgano adscrito a la misma que es, y que puede perfectamente ser utilizado con estos fines, sin que tal circunstancia suponga infracción competencial alguna, al tratarse de la mera ejecución de una orden del superior jerárquico.
A todo ello debe añadirse que la CIPM no ha aceptado con lo impugnado acuerdo u oferta alguna, sino que ha acordado requerir unas cantidades a las que la parte unilateralmente se obligó, y que fueron aceptadas (si se quiere de forma tácita, aunque a la vista de los hechos expuestos podría decirse que de modo expreso) por, esta sí, la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios, que goza de todas las competencias, ratificadas en el Real Decreto de organización de la estructura orgánica del el Ministerio de Sanidad y Consumo, cuya manifestación se muestra la resolución de 9-4-2003 en la que, asumiendo los precios propuestos por la actora, se confirma igualmente la aceptación de lo que ella misma calificó como "acuerdo de comercialización".
Dilucida en el cuarto la Sentencia la cuestión relativa a si produjo o no un acto formal de aceptación del "acuerdo de comercialización" y sobre ello mantiene que da "por ella suscrito y remitido, debemos dar por reproducidas las anteriores alegaciones relativas a la existencia de un acto de aceptación formal en la propia resolución de 9-4-2003, en la que se accedió exactamente al precio que señalaba la actora.
Es más, aún en el caso que se considerase que no hubo una aceptación formal, emanada del órgano competente para la fijación de precios, habría al menos una aceptación tácita, pues de otro modo no se concibe cómo en fecha tan cercana (del 2 al 25 de marzo) la Administración fija un precio exactamente coincidente con un "acuerdo de comercialización" remitido días antes por la recurrente interesada.
En definitiva, existen claros actos de aceptación del tan mencionado acuerdo de comercialización, siendo la postura de la actora ciertamente contradictoria en este punto con sus propios actos, pues de lo contrario no se explica porqué no recurrió la antedicha resolución de fijación de precios, que dejó como acto consentido y firme a todos los efectos, si no fuese porque la misma se fundaba en una propuesta financiera claramente remitida como irrevocable, recepcionada por la Administración, y que con notoriedad influyó en una resolución de fijación de precios.
Decir que no existió aceptación del acuerdo por el Ministerio es tanto como pretender que no existió el mismo, pues de lo contrario no se entiende por qué el Ministerio accedió a un precio exactamente coincidente con el acuerdo irrevocable planteado por la actora. Si se conecta este dato con el que la actora no recurrió la resolución de fijación de precios, no cabe sino tener por aceptado el tan mentado acuerdo de comercialización, y que a la propia actora le quedó constancia de esta circunstancia desde el momento mismo en que por la Administración se dictaron precios según lo que reclamaba u ofrecía".
Y a continuación en el quinto resuelve rechaza la alegación acerca de la ruptura del equilibrio financiero del acuerdo o "rebus sic stantibus" citando órdenes ministeriales y un Real Decreto que en absoluto resultan de aplicación al caso y añade que "En efecto:
1) En la Orden SCO/2958/2003, de 23 de octubre (que entró en vigor el 26 de dicho mes), no se hace ninguna referencia a la fijación de precios del medicamento que nos ocupa (Omeprazol Mabo 40 mg, 14 y 28 cápsulas).
2) Tampoco en la Orden SCO/3524/2003, de 12 de diciembre, y por la que se modifica la anterior, se hace referencia alguna al medicamento que nos ocupa; y evidentemente tampoco afecta a la citada especialidad y al acuerdo que nos ocupa el Real Decreto 2402/2004, de 30 de diciembre, que no hace referencia alguna a este concreto medicamento, y obviamente escapa al equilibrio financiero que la actora alega, al superar en un año la fecha de vigencia del establecimiento del precio máximo de la especialidad que nos ocupa, que según la resolución de 9-4-2003 y el Acta n° 52 antes mencionada abarcaba un año desde la fecha de su notificación, por lo que obviamente no viene al caso su cita, ya que no se refiere concretamente a la especialidad antedicha (ni se cita la misma), ni su entrada en vigor se produce en el ámbito temporal al que va referido el acuerdo (la misma se produjo el 31-12-2004, y el acuerdo planteado unilateralmente por la actora y asumido por la Administración se refiere al ejercicio de 2003, por lo que entrando en vigor la norma el último día de 2004, con dificultad podrá la misma alterar el equilibrio financiero)".
Y cita para apoyar su posición distintas Sentencias de esta Sala sobre esa cuestión del equilibrio financiero y concluye que "En este caso la Administración no ha introducido modificación alguna del precio acordado (y menos por las órdenes y disposición general que se citan de contrario), y tampoco ha surgido una circunstancia imprevisible que haya modificado la base que se tuvo en cuenta para fijar el precio, lo que de plano impide la aplicación de la doctrina que se postula de contrario.
Y ello sin perjuicio de que en el presente caso, ni estamos ante un contrato administrativo (como la actora reconoce) ni cabe calificar de imprevisible la revisión de precios por parte del Ministerio, más cuando legalmente está prevista en atención a la coyuntura económico-financiera del sector (art.101.2 de la Ley 25/1990), facultad reconocida como plenamente ajustada a derecho tanto por reiterada jurisprudencia como por reiterada y unánime doctrina de esta Sala (Secciones 6.ª y 8.ª).
A mayor abundamiento, que el propio acuerdo de 2-3-2003 reconocía al final de su cláusula segunda la aceptación de revisión de precios, y que la misma es una facultad legalmente reconocida al Ministerio, lo que la convierte en una circunstancia plenamente previsible, al menos por aplicación del art 6.1 del Código Civil.
En consecuencia, no refiriéndose los documentos citados de contrario a la especialidad que nos ocupa, y no pudiéndose apreciar la concurrencia de una circunstancia imprevisible, no cabe apreciar la ruptura del equilibrio financiero de contrario denunciada ni, por tal motivo, la aplicabilidad del principio de "rebus sic stantibus".
Tercero.-El recurso articula hasta ocho motivos de casación. Los dos primeros se acogen al apartado c) del Art. 88.1 de la Ley de la Jurisdicción por "quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las norma reguladoras de la Sentencia o de las que rigen los actos y garantías procesales, siempre que, en este último caso, se haya producido indefensión para la parte". Y los cinco restantes se amparan en el apartado d) de ese mismo número 1 del Art. 88 de la Ley de la Jurisdicción, por "infracción de las normas del ordenamiento jurídico o de la jurisprudencia que fueran aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate".
El primero de ellos denuncia la incongruencia omisiva en que a su juicio incurrió la Sentencia de instancia "cono infracción del art. 11.3 de la LOPJ 6/1985, al no dar respuesta a la cuestión planteada sobre el contenido de las actas de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos de 5 de octubre y 2 de diciembre de 2004, pues alegaba el recurrente que en ellas no se cita a Laboratorios Mabo-Farma S.A. ni al medicamento Omeprazol Mabo 40 mg y sí otros medicamentos y otras empresas farmacéuticas".
Afirma el motivo que la "sentencia que ahora se recurre en casación, en su fundamento jurídico segundo, establece que "en el acta de 5/10/2004 (obrante en el expediente del recurso 637/05 seguido ante esta Sala y Sección), se adopta el acuerdo en el punto 3 (ruegos y preguntas) de reclamar a instancias de la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios las cantidades a que la actora se comprometió a abonar en su acuerdo", pero nada dice con respecto de que ni en el cuerpo ni en los anexos de las actas de la Comisión Interministerial de los Precios de los Medicamentos de 5 de octubre de 2004 y 2 de diciembre de 2004, aparece referencia alguna a Laboratorios Mabo-Farma S.A. (laboratorio de medicamentos genéricos) ni al medicamento Omeprazol Mabo 40 mg., figurando, eso sí, otras compañías farmacéuticas y otros medicamentos.
Por lo tanto, la citada sentencia, ha incurrido en una clara incongruencia omisiva, infringiendo el artículo 11.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y causando una grave indefensión a mi mandante, al no dar respuesta a que, efectivamente, el acta de la sesión de la Comisión Interministerial de Previos de los Medicamentos de 2 de diciembre de 2004 (que se pretende amparar en otro acuerdo de la propia Comisión de 5 de octubre del mismo año) y que se toma como base para requerir a mi representada el pago de 390.814,40 euros (cuyo contenido se adjuntó por mi mandante como documento número 3 al escrito de interposición de recurso contencioso administrativo y obra en los folios 101 y siguientes del expediente del recurso 637/05) no recoge, en ningún punto de su orden del día, la adopción de ningún acuerdo que conlleve la exigencia a Mabo-Farma, S.A. de la cantidad cuyo pago ahora le exige el Ministerio de Sanidad y Consumo".
Y añade que tampoco se cumplió lo dispuesto por la Resolución que estimó la alzada y ordenó retrotraer actuaciones en cuanto a la notificación de las Resoluciones que se cuestionan que no llegó a producirse.
Opone la Sra. Abogado del Estado que en el fundamento segundo de la Sentencia si se hizo referencia expresa al acta de la Sesión de 5 de octubre de 2004 y a la necesaria reclamación de las cantidades que la actora MABO-FARMA por tanto se comprometió a abonar en su acuerdo. Y en cuanto a la pretendida falta de notificación afirma en ese mismo fundamento se comprueba como la Sentencia afirma que la recurrente acusó recibo de la petición de pago que se le efectuó.
El motivo no puede prosperar. No existe esa pretendida incongruencia por omisión que se denuncia. El motivo se funda en el Art. 11.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial cuando dispone que "los Juzgados y Tribunales, de conformidad con el principio de tutela efectiva consagrado en el art. 24 CE, deberán resolver siempre sobre las pretensiones que se les formulen" y no menciona preceptos como el Art. 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que se refiere a la "exhaustividad y congruencia de las sentencias y a su motivación o los artículos 33.2, 65.2 y 67.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Y es que como es harto conocido precisamente en esta Jurisdicción la incongruencia se contempla de forma más amplia que en el resto de las Jurisdicciones. Tal y como plantea el motivo la cuestión la Sentencia habría incurrido en la denominada incongruencia omisiva, y habría infringido el mandato que la ley de la Jurisdicción contempla en el Art. 67.1 cuando dispone que "la sentencia (...) decidirá todas las cuestiones controvertidas en el proceso".
Sin embargo el planteamiento de fondo del motivo es erróneo porque lo que debe decidir la Sentencia cuando se refiere en el Art. 67.1 a las cuestiones controvertidas en el proceso ha de entenderse como la obligación de decidir acerca de las pretensiones ejercitadas. Pero, aún con todo, lo que no cabe duda es que la Sentencia se pronunció sobre esa cuestión en el fundamento segundo cuando se refirió al acta de la Sesión de 5 de octubre de 2004 y a la reclamación a la recurrente de las cantidades que estaba obligada a abonar como consecuencia del acuerdo alcanzado sobre el PVL de su producto. Y de igual modo y coincidimos con la oposición de la Administración conoció el requerimiento o mejor notificación que se le hizo, pero, aún en todo caso, no experimentó indefensión alguna puesto que sobre todo ello argumentó suficientemente.
Cuarto.-El segundo de los motivos con igual amparo que el precedente, considera que la Sentencia infringió el Art. 55.1. de la Ley de la Jurisdicción por haberse conferido el trámite de formulación de la demanda sin encontrarse completo el expediente administrativo.
Según el motivo que cita para ello la demanda en la que ya manifestó esa circunstancia expone que al comprobar que en el expediente no se hallaban las actas de la Comisión de 30 de mayo de 2005 y 5 de octubre y 2 de diciembre de 2004 reclamó que se completará el expediente a tal fin y que si bien y en determinadas circunstancias pudo conocer las dos últimas mencionadas nunca dispuso de la primera de ellas de 30 de mayo de 2005 primordial para ella puesto que fue en la que se acordó requerirle el abono de esa cantidad.
Por su parte la Abogacía del Estado opone que necesariamente la reclamante hubo de tener conocimiento del acta que afirma ignorar porque la Resolución de 29 de julio de 2005 que impugnó ante la Jurisdicción se refería entre otraa a ese acta y debió de acompañarlo al escrito de interposición de acuerdo con el Art. 45.2.c) de la Ley de la Jurisdicción y además se le debieron notificar como se dispuso por la Resolución atacada. Añade a lo anterior que no consta que recurriese la no reclamación del expediente con lo que no podría tomarse en consideración de acuerdo con el Art. 88.2 de la Ley el motivo.
Tampoco este puede prosperar. Además de cuanto ya expresamos anteriormente al rechazar el primero de los motivos en cuanto a lo expuesto por la Sentencia en el fundamento segundo, y siendo cierto lo alegado por la defensa de la Administración en referencia a la falta de recurso en relación con el vicio de procedimiento que se denuncia, no es posible dar bueno esa falta de conocimiento del acta cuando si se lee la Resolución recurrida en el antecedente de hecho quinto de la misma se expresa que "el 16 de junio de 2005, el laboratorio MABO-FARMA recurre en alzada el acuerdo de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos adoptado en su reunión de 30 de mayo de 2005, solicitando se deje sin efecto, por ser contrario a derecho, lo que fundamenta en las siguientes alegaciones que, sustancialmente, se exponen" y la recoge ese antecedente. Si se impugna la Resolución y se alega sobre ella es porque se conoce. Nada más hay que decir sobre el particular.
Quinto.-El tercero de los motivos se acoge al apartado d) del número 1 del Art. 88 de la Ley de la Jurisdicción del art. 7.1 CC y Jurisprudencia sobre la doctrina de los actos propios y del art. 11 LOPJ y d la Jurisprudencia sobre el ejercicio normal de los derechos.
No cuestiona la recurrente la valoración de la prueba sino el que las decisiones que se trasladaron a las actas se adoptaron incumpliendo las normas precisas para ello. Denuncia ausencia de miembros de la Comisión y el que se hiciese con urgencia y en el apartado de ruegos y preguntas.
Se rechaza el motivo afirmando que lo ocurrido en la Comisión ni fue arbitrario ni ilógico y si conforme a Derecho.
Como expusimos en la Sentencia de esta misma fecha recurso n.º 5867/2009 "En la sentencia de 29 de junio de 2010, rec. casación 3314/2008 se rechazó un motivo similar al aquí formulado como primero efectuado por otro Laboratorio respecto una resolución análoga de la Comisión Interministerial de Precios de Medicamentos. Se dijo en el FJ 4.º "El argumento esencial del motivo es que las reclamaciones de las aportaciones económicas derivadas de las propuestas formuladas por los laboratorios para los supuestos en que las ventas de determinadas presentaciones superen las estimaciones que sirvieron de base para la fijación de su precio industrial máximo se adoptaron fuera del Orden del día de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos de modo que de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 26.3 de la Ley 30/1.992 esos acuerdos eran nulos porque al no figurar en el orden del día no podían ser objeto de deliberación salvo que estando presentes todos los miembros del órgano se declarase la urgencia de su inclusión en aquél por el voto de la mayoría.
Es claro que la formación de la voluntad de los órganos colegiados debe someterse a las normas que la regulan y, desde ese punto de vista, no ofrece duda que no puede ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no esté incluido en el orden del día. Esta es una regla esencial que si se desconoce dará lugar a la nulidad de pleno derecho del acuerdo alcanzado de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 62.e) de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas. El remedio para ello es la inclusión del asunto en el orden del día del órgano, cumpliendo los requisitos que establece el Art. 26.3 citado. Pero el supuesto aquí contemplado no vulnera ninguna de esas normas esenciales.
Si se lee el Acta de 5 de octubre de 2.004 en el punto del orden del día ruegos y preguntas se dice que "a propuesta de la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios, la Comisión acuerda que el Presidente del órgano colegiado proceda a reclamar formalmente las aportaciones económicas derivadas de las propuestas formuladas por los laboratorios para los supuestos en que las ventas de determinadas presentaciones superen las estimaciones que sirvieron de base para la fijación de su precio industrial máximo. La cuantía de las respectivas aportaciones así como los laboratorios y las presentaciones concernidas por las mismas son las que se relacionan en el anexo 4 a la presente acta".
Por tanto esa decisión no puede entenderse de otro modo más que como la consecuencia de un acuerdo de reclamación ya decidido y conocido anteriormente por la Comisión, que había aceptado las propuestas de los laboratorios y que, por tanto, no precisaba para su exigencia de una nueva discusión o deliberación en la Comisión sino de la ejecución del mismo. Entendido de ese modo, a lo sumo estaríamos en presencia de la vulneración de una regla no esencial en la formación de la voluntad del órgano colegiado, y, por tanto, en una irregularidad no invalidante de aquellas que no impiden al acto alcanzar el fin que persiguen y no causan indefensión a los interesados. Y ello porque en este supuesto carecería de sentido dejar sin efecto esa decisión para que de inmediato la adoptase de nuevo el órgano que dispuso que la Presidencia efectuará las reclamaciones de las aportaciones económicas derivadas de las propuestas formuladas por los laboratorios para los supuestos en que las ventas de determinadas presentaciones superen las estimaciones que sirvieron de base para la fijación de su precio industrial, toda vez que ese acto de reclamación era conforme a Derecho".
Sexto.-El cuarto motivo menciona como soporte de la impugnación de la Sentencia el mismo apartado d) del núm. 1 del Art. 88 de la Ley de la Jurisdicción por infracción del art. 100.2 de la Ley del Medicamento 25/1990 en relación con la DA 1.ª del RD 1087/2003 que estableció la estructura orgánica del Ministerio de Sanidad, con el art. 12 del TRLCAP, RDL 2/2000, de 16 de junio, que atribuyó la condición de órganos de contratación a los Ministros y a los Secretarios de Estado y los arts 70, 71, 72 y 54 del citado TRLCAP y con el art. 62.1.b) de la LRJAP 30/1992.
Sostiene el motivo que no contravino ningún acto propio y que de hecho nada supo de la existencia de una pretendida aceptación de la Administración hasta el 15 de enero de 2005.
Se opone al motivo que no se enfrenta con la Sentencia sino con la conducta pretendida de la Administración de modo que no ataca al texto judicial que expresó en el fundamento segundo lo que conocemos acerca de la propuesta aceptada para la fijación del precio de su producto.
Ninguna vulneración de la jurisprudencia sobre la doctrina de los actos propios ha acontecido en la conducta de la administración.
Basta decir que la doctrina de los actos propios que, como recuerda la STC 73/88, de 21 de abril, FJ 5.º, "surgida originariamente en el ámbito del Derecho privado, significa la vinculación del autor de una declaración de voluntad generalmente de carácter tácito al sentido objetivo de la misma y la imposibilidad de adoptar después un comportamiento contradictorio".
Y, aquí, justamente la administración, tal como plasma la sentencia de instancia, reclamó del Laboratorio el cumplimiento del compromiso libremente asumido en aras a obtener la introducción de un nuevo medicamento en el Sistema Nacional de Salud".
Séptimo.-El motivo quinto con igual amparo que el precedente afirma que la Sentencia infringió el art. 1124 CC al modificar la Administración unilateralmente el marco regulador vigente en la fecha en que fue ofrecido el compromiso, mediante Orden SCO/2958/2006.
La idea central del motivo es que la Comisión carecía de competencia para alcanzar un acuerdo vinculante con el laboratorio de modo que de existir era nulo de pleno derecho.
La oposición al motivo se remite al Fundamento tercero de la Sentencia y añade que quien fijó el precio del medicamento de acuerdo con la pretensión de la reclamante fue la Dirección General de Farmacia que si era competente para ello.
Como expusimos en la Sentencia de 29 de junio de 2010: "Este motivo debe seguir la misma senda de desestimación que los precedentes. Evidentemente no hubo contrato de la Administración en cuanto tal, de modo que la cita de la Ley de Contratos de las Administraciones públicas está fuera de lugar, y es claramente improcedente. Sí hubo un compromiso del laboratorio recurrente fruto de una proposición que hizo a la Administración y que plasmó en la comunicación fechada en 25 de noviembre de 2.002 que constaba de cinco puntos y que no dejan lugar a duda acerca de los compromisos que el laboratorio adquirió libremente con la Administración. Naturalmente ese documento estuvo precedido o tuvo su origen en la Resolución de 30 de abril de 2.002 de la Agencia Española del Medicamento y que resolvió conceder la autorización de comercialización de la especialidad farmacéutica "Ulceral 40 mg cápsulas con número de registro 64.753 y en tres formatos de 14, 28 y 500 cápsulas en las condiciones que en la Resolución se estipulaban. Meses después se produjo el documento ya referido de acuerdo de comercialización de Ulceral 40 mg 14 y 28 cápsulas de 25 de noviembre de 2.002, que cuatro días después aceptó la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos en el Acta número 47 de 29 de noviembre de 2.002 al aprobar el precio de venta laboratorio que consta en el anexo I y que se estableció para las dos presentaciones 14 y 28 cápsulas en 13,53 y 23,70 €, respectivamente". En ese mismo acta y en el número 4 del orden del día también relativo a ruegos y preguntas se lee "Entre los expedientes resueltos en el punto dos del orden del día, figura la autorización del precio de las especialidades farmacéuticas Ulceral 40 mg y Pépticum 40 mg. Los precios máximos autorizados tendrán un año de vigencia a partir de la fecha en que se notifique la correspondiente resolución de la directora General de Farmacia y Productos Sanitarios. Transcurrido dicho periodo, los citados precios máximos serán nuevamente sometidos a la Comisión Interministerial de Precios y Medicamentos a efectos de su reconsideración. Se adjunta al final de esta acta la propuesta formulada por cada laboratorio".
De lo anterior se desprende con toda claridad que existía la propuesta formulada por cada laboratorio y que había sido aceptada. La consecuencia lógica de cuanto se expone es que sobrepasados los valores de crecimiento a que se refería el acuerdo y excedido el límite marcado a que se referían los apartados a) y b) del número 2 del acuerdo se produjesen las reclamaciones por la Administración de las cantidades comprometidas por el laboratorio.
Y, desde luego, no es admisible que se afirme por el recurrente que denunció el Acuerdo en carta dirigida al Subsecretario en 22 de julio de 2.003 porque lo que dice esa misiva nada tiene que ver con el acuerdo alcanzado en relación con el "Ulceral" ya que lo que anuncia el responsable del laboratorio es que anula el compromiso que había contraído con el Ministerio el 20 de diciembre de 2.002 de firmar el pacto de estabilidad, compromiso que anulaba porque la nueva normativa que iba a entrar en vigor perjudicaba gravemente los intereses de la Compañía".
Octavo.-El motivo sexto mantiene que la Sentencia incurrió en infracción del Art. 31.3 de la Constitución conforme al cual sólo pueden establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a la Ley.
De acuerdo con ese enunciado manifiesta que no existen compromisos o pactos unilaterales sino propuestas, ofertas, que pueden ser aceptadas o no. Si no lo son, habrá acuerdo, y, en caso contrario, no lo habrá y por tanto no surtirá efecto obligacional alguno. Añade que el acuerdo hubiera requerido su aceptación por la Administración y ésta no se produjo.
La Sra. Abogado del Estado afirma desconocer por qué razón el motivo cita como impugnado ese precepto constitucional ya que en ningún momento la Sentencia menciona que se haya impuesto a la recurrente una prestación patrimonial de carácter público y menos personal.
El motivo carece de sustento alguno. Los hechos más arriba expuestos son categóricos y no pueden desvirtuarse citando sin razón alguna un precepto constitucional que nada tiene que ver con la decisión de la empresa que aceptó la Administración y, que en buena lógica, exigió al cumplirse la condición propuesta de la que el laboratorio esperaba conseguir una ventaja aunque luego la misma fuese truncada por un cálculo erróneo de la situación creada.
Noveno.-El motivo séptimo, al amparo del apartado d) del núm. 1 del Art. 88 de la Ley de 13 de julio de 1998, expresa que la Sentencia infringió el art. 1124 CC al modificar la Administración unilateralmente el marco regulador vigente en la fecha en que fue ofrecido el compromiso, mediante Orden SCO/2958/2003.
Arranca el motivo de la premisa de que la Administración no aceptó la propuesta que le formuló la recurrente de modo que no nació obligación alguna a su cargo.
Pero en último término sostiene que la Orden de Sanidad y Consumo 2958/2003, de 23 de octubre alteró unilateralmente el marco regulador existente cuando se formuló la propuesta de modo que fue la Administración y no la recurrente la incumplió el acuerdo al cambiar el marco legal que regía en el momento de la firma obligando a ésta a bajar los precios.
También este motivo se rechaza. Los hechos ocurrieron como los conocemos, y la empresa formuló el acuerdo de comercialización que creyó que le convenía. Que posteriormente las cosas ocurrieran de otro modo no cambia la situación original. Lo cierto es que la Administración aceptó fijar el precio que propuso el laboratorio y las condiciones que el mismo estipuló y producido el desfase en las ventas solicitó el cumplimiento de las obligaciones libremente contraídas por la empresa.
Décimo.-- El último de los motivos, el octavo, se plantea de igual modo que los anteriores de acuerdo con lo dispuesto en el apartado d) del núm. 1 del Art. 88 de la Ley de la Jurisdicción por infracción del Art. 7.1 del Código Civil y por vulneración de la jurisprudencia relativa al principio "rebus sic stantibus" en la contratación administrativa.
Parte el motivo de que no hubo un compromiso unilateral sino que su oferta fue aceptada por la Administración que posteriormente modificó su posición del modo conocido y cambió de ese modo las condiciones del contrato de modo que sería preciso aplicar la cláusula citada para restablecer el equilibrio del contrato.
Y cierra el argumento diciendo que "una propuesta u oferta, o se acepta como se ofrece (en su totalidad) o si se modifica constituye una contra-oferta que debe ser aceptada por el oferente originario. Lo que no es admisible es que unilateralmente y sin el consentimiento de la parte que realizó la propuesta, se exija a mi mandante el cumplimiento de obligaciones no contempladas en ella.
La defensa del Estado rebate adecuadamente los argumentos contradictorios que contiene el motivo. Las condiciones las impuso el recurrente y los perjuicios que dice experimentó por el cambio de la norma nada tiene que ver con el argumento que utiliza porque lo que se reclama se refiere al año 2.003 y el cambio normativo no entró en vigor hasta finales de noviembre de ese año.
Pero es que, además, para los intereses del laboratorio es demoledor el número 5 que cierra el Acuerdo de comercialización puesto que textualmente afirma que "cualquier modificación posterior a este acuerdo que altere el nivel de precios de las especialidades aquí implicadas, y que no sea consecuencia del mismo, no alterará el importe de las devoluciones expresadas en el apartado 2 a.
Undécimo.-Al desestimarse el recurso de conformidad con lo prevenido por el Art. 139.2 de la Ley de la Jurisdicción procede hacer expresa condena en costas a la recurrente, si bien la Sala haciendo uso de la facultad que le otorga el núm. 3 del artículo citado señala como cifra máxima que en concepto de honorarios de abogado podrá hacerse constar en la tasación de costas la suma de tres mil euros. (3.000 €).
No ha lugar al recurso de casación núm. 4762/2008, interpuesto por la representación procesal de MABO-FARMA, S.A., frente a la Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia en la Comunidad de Madrid, Sección Octava, de nueve de julio de dos mil ocho, pronunciada en el recurso contencioso administrativo número 870/2005, interpuesto por la representación procesal citada frente a la Resolución de veintinueve de julio de dos mil cinco del Ministerio de Sanidad y Consumo que estimó parcialmente el recurso de alzada presentado contra la Resolución de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos de treinta de mayo de dos mil cinco que declaró la nulidad de las notificaciones cursadas por el Presidente y el Vicepresidente de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos quince de enero y ocho de junio de dos mil cinco, respectivamente, retrotrayendo las actuaciones practicadas al momento previo a su notificación para que nuevamente se practicasen las notificaciones procedentes de conformidad con los acuerdos adoptados por la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos en sus reuniones celebradas el 2 de diciembre de 2004 y el 30 de mayo de 2005, que confirmamos, y todo ello con expresa condena en costas a la recurrente con el límite fijado en el fundamento de Derecho undécimo de esta Sentencia.