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Timestamp: 2019-09-18 09:49:56
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BOCG. Congreso de los Diputados, serie A, núm. 38-4, de 12/02/2019
cve: BOCG-12-A-38-4
Núm. 38-4
121/000038 Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2019.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de las enmiendas a la totalidad presentadas en relación con el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2019.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero de 2019.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, al amparo de lo establecido en el artículo 110 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente enmienda a la totalidad del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2019.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de febrero de 2019.-Francesc Xavier Eritja Ciuró, Joan Margall Sastre, Joan Olòriz Serra, Carolina Telechea i Lozano, Jordi Salvador i Duch, Ana María Surra Spadea y Joan Capdevila i Esteve, Diputados.-Joan Tardà i Coma y Gabriel Rufián Romero, Portavoces del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
Esquerra Republicana de Catalunya trabaja para la construcción de la República Catalana de una forma pacífica y democrática. En ese camino, Esquerra se ha ido comprometiendo con aquellos proyectos que creímos que servían para avanzar, y un buen ejemplo de ello fue el impulso a la elaboración de un nuevo Estatut d'Autonomia que, sin colmar las expectativas del proyecto republicano, nos llevó a compartir proyecto con el socialismo catalán y español.
Esquerra Republicana se comprometió políticamente, en efecto, con el socialismo español y catalán en tiempos de los Presidentes Maragall, Montilla y Rodríguez Zapatero, porque existía un proyecto temporal compartido: un nuevo Estatut d'Autonomia para Catalunya, que quería avanzar hacia un Estado español federal y plurinacional. Desgraciadamente, el Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero optó por recortar el proyecto aprobado por el Parlament de Catalunya y pactar el texto con Artur Mas, jefe de la oposición al Gobierno catalán presidido por Pasqual Maragall, razón por la cual el republicanismo catalán demandó el voto negativo en el referéndum del nuevo Estatut celebrado en el año 2006. A pesar de ello
incluso se avaló el sistema de financiación autonómico hoy día vigente, aún a riesgo de verse penalizada en las urnas tal como ocurrió en el año 2010. Ello solo se explica si se atiende al carácter constructivo del republicanismo catalán interesado en la construcción de espacios compartidos con la izquierda española que hagan posible avances en las condiciones de vida de las clases populares y de progreso de las libertades individuales y colectivas.
Pero Esquerra Republicana solo puede negociar unos presupuestos si comparte un acuerdo político con el Gobierno que los propone. Si no hay acuerdo, no puede haber negociación. Y no la habrá. No por miedo a una alternativa política heredera del franquismo que amenace con suspender de facto la autonomía de Catalunya. Los republicanos catalanes estamos preparados para resistir esta amenaza como lo hicieron nuestros antecesores en los 40 años de dictadura. Tampoco votará unos presupuestos a cambio de unas partidas presupuestarias mientras nos separa una criminalización política que mantiene presos a los dirigentes políticos elegidos de manera democrática, entre ellos el Presidente de nuestro partido.
Nuestro posicionamiento es fruto de un compromiso permanente en defensa de la democracia y las libertades de nuestro país. Por eso, recordamos los millones de firmas recogidas por el PP en contra del Estatut y la presentación de los recursos ante el Tribunal Constitucional en una campaña caracterizada por la catalanofobia. Recordamos la sentencia de un tribunal corrompido en sus funciones por parcial y dominado por el Partido Popular, que redujo una "nacionalidad" como Catalunya a una comunidad autónoma provincial. A raíz de aquella sentencia, y valgan como ejemplos, no puede establecerse la igualdad de deberes y derechos entre las lenguas española y catalana o la creación de un poder judicial catalán. Sus maniobras consiguieron que este órgano constitucional reinterpretara de manera unilateral la relación entre Catalunya y el Reino de España. La sentencia contra el Estatut d'Autonomia vulneró el artículo 152.2 de la Constitución, que establece que un Estatuto aprobado en referéndum solo puede ser modificado por el mismo procedimiento. Desde entonces Catalunya vive en una situación anticonstitucional porque se rige por un Estatut que no es el que aprobaron sus ciudadanos en referéndum, situación no prevista en el texto constitucional.
En consecuencia, en 2010 se rompió el consentimiento que los ciudadanos de Catalunya habían otorgado a la Constitución en el referéndum de 1978.
Desde las elecciones de 2012 los partidos constitucionalistas representan solo el 40 % del electorado catalán, ocho puntos menos que los partidarios de la independencia. La Constitución española ha fracasado, pues, en Catalunya: en 1978 la votaron el 90 % de los ciudadanos catalanes mientras que hoy solo sería votada por un 30 %. Sin duda, todo ello refleja que ha triunfado la lectura que del texto constitucional hizo Manuel Fraga lribarne cuando afirmó: "Alianza Popular rechaza, una vez más, con toda energía y con plena conciencia de la trascendencia histórica de su gesto, la introducción de la expresión ''nacionalidades'' en la Constitución. Para nosotros no existe más nación que la española". Aquella sentencia fraguiana hoy ha sido renovada por el PP, Ciudadanos, Vox y parte del PSOE.
No puede negarse, pues, que existe un conflicto constitucional en la relación entre Catalunya y el Reino de España que un Estado democrático debería resolver de acuerdo con los Principios Democráticos Universales, como establece el artículo 10.1 de la Constitución. Este establece que los derechos fundamentales deben ser interpretados de acuerdo con los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y con los Tratados firmados por España. El Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles reconoce el derecho a la autodeterminación en su artículo 1. Un conflicto constitucional con una nacionalidad histórica como Catalunya que fue anexionada por el derecho de conquista al Reino de España en 1715 no se puede resolver con la imposición del principio de legalidad interpretado por una de las partes.
En el año 2014 en el Parlament de Catalunya hubo un consenso de las dos terceras partes de sus miembros para presentar en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para hacer posible la convocatoria de un referéndum como el celebrado en Escocia. El Congreso de los Diputados ni tan solo la tomó en consideración con una apabullante mayoría de 299 diputados sobre 347 presentes. Rechazo rotundo, pues, a la negociación. Esta negativa comportó la celebración de la consulta del 9-N de 2014, con más de dos millones de participantes, y la convocatoria de las elecciones plebiscitarias de septiembre de 2015. La victoria de los partidarios de la República Catalana con el 48 % de los votos hubiera conllevado el establecimiento de negociaciones en cualquier Estado de tradición democrática. Es lo que
hizo el Gobierno de Canadá con el Quebec o el Gobierno británico cuando el Scotish National Party obtuvo el 44 % de los sufragios, es decir, cuatro puntos menos que los obtenidos por las fuerzas republicanas catalanas.
No obstante, el Reino de España optó por la vía represiva. Usó sus medios de comunicación para agudizar los atávicos prejuicios contra los catalanes, que tienen sus raíces en la configuración de un imaginario consistente en la existencia de los enemigos interiores, sea el antisemitismo de la Inquisición, la primera institución de la unidad de España, en tiempos más pretéritos o en el anticatalanismo en tiempos más modernos.
El mundo contempló con perplejidad el uso de la brutalidad policial contra los dos millones de ciudadanos indefensos que acudieron a votar el día 1 de octubre de 2017. De igual manera que se han utilizado la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo para encarcelar o forzar el exilio de los presidentes de las entidades sociales Omnium Cultural y Assemblea Nacional Catalana, de miembros del Govern de la Generalitat de Catalunya y de la mesa del Parlament. En definitiva, acusar de rebelión violenta y encarcelar a Jordi Sánchez y a Jordi Cuixart por su actuación en la manifestación pacífica del 20 de septiembre de 2017 ante la Conselleria d'Economia sin duda ha representado un atentado contra los Derechos Humanos. Y así lo denunció Amnistía Internacional. Y acusar de rebelión violenta y encarcelar a Oriol Junqueras, Quim Forn, Raül Romeva, Josep Rull, Jordi Turull, Dolors Bassa y Carme Forcadell no puede considerarse más que de atentado a la misma democracia porque estos ciudadanos se limitaron a cumplir el programa electoral que ganó las elecciones de septiembre de 2015.
El Tribunal Constitucional prohibió debates en el Parlament de Catalunya y después impidió la investidura de los candidatos elegidos en las elecciones del 21 de diciembre de 2017.
El Tribunal Supremo ha mantenido un guión de carácter político: encarcelar a los candidatos que ganaron las elecciones, y el mismo magistrado Llarena procedió a encarcelar a Jordi Turull el día posterior de la primera votación a President de la Generalitat y el día anterior a que fuera elegido en segunda votación. No hay duda, pues, de que se vulneró el Convenio Europeo de Derechos Humanos de manera flagrante si nos atendemos a la resolución de este organismo condenando a Turquía por violar el derecho a ejercer como diputado a un ciudadano kurdo electo detenido en noviembre de 2016 bajo la acusación de propaganda a favor de una organización terrorista.
Se constata, al mismo tiempo, que el President Carles Puigdemont fue encarcelado en Alemania como consecuencia de la euroorden que cursó el Tribunal Supremo. Los jueces de Schleswig-Holstein consideraron que los hechos relatados por la fiscalía eran ejercicios pacíficos del derecho de manifestación y actos parlamentarios propios de una democracia. Actuaciones que, en definitiva, no encajaban en el delito de rebelión, tal como más de un centenar de académicos, así como Pascual Sala, magistrado expresidente del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, han manifestado de manera categórica.
Pese a ello, en un ejercicio que ha puesto en jaque la separación de poderes en el Estado español, los dirigentes republicanos catalanes han sido trasladados desde la cárcel a Madrid para ser juzgados en un juicio farsa, que bien pasará a la historia como el "juicio de la vergüenza", inspirado en la voluntad de escarmentar y atemorizar a la población catalana.
El conflicto constitucional, pues, no ha hecho más que agravarse y afecta a la estabilidad política del Reino de España. Se tuvieron que repetir las elecciones generales del año 2015 y las posteriores de 2016 provocaron una crisis muy grave en el PSOE, forzándose incluso la dimisión de su secretario general a fin de poder proceder a la investidura de Mariano Rajoy. La parálisis del sistema se hizo evidente pese a que en los últimos tres años la coyuntura económica internacional no ofrecía las incertidumbres actuales.
Esquerra Republicana ha mostrado en todo momento una coherencia argumental y de actuación. En su momento el republicanismo catalán denunció la falta de voluntad del PSOE para desalojar a Mariano Rajoy a pesar de presidir el partido político de Europa con más causas judiciales abiertas por corrupción. Y cuando Pedro Sánchez presentó la moción de censura, el republicanismo catalán se sumó a la iniciativa para expulsar a los corruptos del poder. Como expresamos claramente desde la tribuna, nuestro voto fue un No a Rajoy y no un Sí a Sánchez.
A pesar de esto, y dada la nueva coyuntura política, Esquerra Republicana optó por la construcción de escenarios de diálogo con el Gobierno del PSOE. También porque recibía el apoyo de otro grupo parlamentario claramente situado a la izquierda (Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea) con mayor capacidad de diálogo con el republicanismo catalán y el soberanismo vasco. Durante estos meses,
la actuación política de Esquerra Republicana ha respondido a este objetivo: hacer realidad un escenario de diálogo y negociación para la obtención de una solución política del conflicto entre el Reino de España y Catalunya basada en el principio democrático. Y al mismo tiempo, trabajar con el conjunto de la izquierda del Estado español para avanzar firmemente en un horizonte de verdadera justicia social, también con el deseo de unos presupuestos que pudieran ser beneficiosos para el conjunto de la ciudadanía.
Pero esto no nos puede abstraer de la situación de no normalidad democrática y de excepcionalidad que estamos viviendo. Lo que está en juego son los derechos, la democracia y, en definitiva, el mantenimiento del mismo Estado de derecho.
Ante esta situación, Esquerra Republicana, en coherencia con su ideario republicano y progresista, no puede dar apoyo a unos presupuestos generales sin un proyecto temporalmente compartido con el PSOE y la izquierda española en general. Un proyecto compartido que tiene que tener una concreción: la resolución democrática del conflicto entre el Reino de España y Catalunya.
Esta salida democrática deberá exigir el ejercicio del derecho a la autodeterminación, a través de la convocatoria de un referéndum para que la ciudadanía pueda pronunciarse. Diversos constitucionalistas han defendido que un referéndum con esta opción puede ser convocado bajo el amparo de la Constitución Española de 1978.
El Presidente Pedro Sánchez ha reconocido dos realidades. En primer lugar, que el Estatut de Catalunya vigente no es el que aprobó en referéndum el pueblo de Catalunya. En segundo lugar, que el conflicto debe resolverse a través de las urnas. Pero el actual Gobierno español se ha negado a corregir la judicialización de un conflicto político iniciada por el Gobierno del Partido Popular. Efectivamente, se ha negado a instar a la Fiscalía General del Estado la retirada de las acusaciones contra representantes legítimos del pueblo de Catalunya y líderes pacifistas, actuación posible en base a su propio Estatuto. Y también ha anunciado una campaña a nivel internacional durante el proceso judicial para amagar la falta de garantías de los procesados.
Esquerra Republicana mantiene, sí, y de manera firme y rotunda, también, la necesidad de establecer un espacio compartido de diálogo con el Gobierno de Pedro Sánchez. Pero no un diálogo de comisiones administrativas, sino una negociación para la resolución democrática del conflicto. Por esa razón el Gobierno español no puede incrementar la represión permitiendo razias policiales sin control judicial. Es imprescindible, además, establecer un marco de diálogo y negociación bilateral, con presencia de una mediación, preferiblemente a nivel internacional, a efectos fedatarios, consensuada entre ambas partes. Este marco debe asumir que la resolución del conflicto solo puede llevarse a cabo mediante un ejercicio democrático sin exclusiones, es decir, basándose en el principio de realidad que supone la existencia de un 48 % de la población catalana que ha optado por la independencia.
Como consecuencia de todo ello, ni las aspiraciones mantenidas de manera nítida por los ciudadanos catalanes que en las convocatorias electorales han optado legítima y legalmente por la independencia ni las sostenidas por los ciudadanos catalanes que, amparándose en la misma legalidad y legitimidad, han optado por la autonomía catalana dentro del Reino de España pueden quedar excluidas de las opciones que deberá contener la resolución a compartir.
Así pues, ante la presentación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2019 por parte del Gobierno español, y atendiendo a la trascendencia de dicho proyecto de ley, Esquerra Republicana no apoyará dicho proyecto si, previamente, no se da un marco de compromiso de construcción de un proyecto compartido de resolución política y democrática del conflicto existente entre el Reino de España y Catalunya en base a lo expuesto.
Es por esa razón que el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana presenta esta enmienda a la totalidad al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2019, solicitando su devolución al Gobierno.
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 110 del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente enmienda a la totalidad al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2019, por la que se solicita su devolución al Gobierno.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero de 2019.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
El Grupo Parlamentario Popular rechaza unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) presentados por el Gobierno del PSOE en minoría, que suponen más impuestos, menos crecimiento y menos empleo, más déficit y más deuda, que suben el gasto por encima de lo que puede permitirse nuestra economía; porque la razón que subyace a los mismos no es la persecución del interés general, sino satisfacer a quienes garantizan la estancia de Pedro Sánchez en la Moncloa, por lo que no tienen ninguna credibilidad.
"Los Presupuestos Generales del Estado para 2018 llegan con seis meses de retraso incumpliendo el artículo 134 de la Constitución, lo que demuestra la debilidad del Gobierno y su incapacidad para llegar a acuerdos estables con las diferentes fuerzas parlamentarias. Es un síntoma de un Gobierno agotado y sobrepasado por las circunstancias."
Este fue el párrafo con el que el Partido Socialista comenzaba la enmienda a la totalidad de los PGE del año 2018, que registró el 20 de abril del pasado año, apenas un mes antes de que el propio Partido Socialista asumiera como suyos estos presupuestos e incluso intentara apropiarse de las medidas contenidas en ellos (subida de las pensiones, subida del sueldo de los funcionarios, equiparación salarial, Pacto contra la violencia de género...).
Pues bien, a pesar de los esfuerzos negociadores del líder del partido que apoya al Gobierno socialista, Podemos, para conseguir el respaldo de otros partidos, como los nacionalistas vascos de Bildu o los partidos en cuyas filas militaban los líderes independentistas actualmente fugados de la justicia o presos, "los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019 llegan con cuatro meses de retraso incumpliendo el artículo 134 de la Constitución, lo que demuestra la debilidad del Gobierno y su incapacidad para llegar a acuerdos estables con las diferentes fuerzas parlamentarias. Es un síntoma de un Gobierno agotado y sobrepasado por las circunstancias".
La debilidad del Gobierno socialista se ve no solo en el retraso en la tramitación de estos presupuestos, sino también en el fondo de su elaboración: ha sido incapaz de aprobar los objetivos de estabilidad presupuestaria (la denominada "senda de déficit") y de deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas, que fueron rechazados dos veces por las Cortes Generales (en julio, por el Congreso y en diciembre, por el Senado). Y en un flagrante incumplimiento de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) han renunciado a volver a someter a su aprobación los objetivos de déficit y deuda y, en su lugar, han dado por válidos los últimos objetivos aprobados por las Cortes Generales en 2017 a propuesta del Gobierno del Partido Popular.
Si en términos jurídicos existen serias dudas sobre la legalidad e incluso constitucionalidad de este proceder, en términos de sentido común no hay ninguna duda. Ni siquiera con la fuerte subida de impuestos y de cotizaciones sociales que se pretende llevar a cabo, que, además, solo hará caer la recaudación, es posible encajar el gasto previsto en unos presupuestos con fines electoralistas a favor del Partido Socialista y que recogen las peticiones de populistas, nacionalistas radicales e independentistas
dentro de la senda de déficit aprobada por las instituciones comunitarias Europeas, de conformidad con lo dispuesto en los Tratados, nuestra Constitución y la legalidad vigente.
De hecho, tanto el Banco de España (BdeE) como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en sus respectivas comparecencias en la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados para valorar el Proyecto de Ley de PGE remitido por el Gobierno declararon taxativamente que los ingresos están sobrestimados y los gastos están infravalorados, de forma que el déficit público se desviará entre 8.500 y 11.000 millones de euros (entre el -2 % que prevé el BdeE y el -2,2 % que estima la AlReF frente al -1,3 % previsto por el Gobierno).
Estas estimaciones del Banco de España y la AlReF están en línea con lo ya manifestado por la Comisión Europea en su valoración del Plan Presupuestario enviado por el Gobierno socialista en octubre: los ingresos están sobreestimados, los gastos infravalorados y el déficit incumplirá no solo el -1,3 % autorizado para 2019, sino incluso el objetivo del -1,8 % que pretendía el Partido Socialista y que rechazaron las Cortes Generales. En concreto, las instituciones comunitarias prevén un déficit del -2,2 %, niveles similares a los que estiman otros analistas independientes como BBVA Research (-2,3 %), Funcas (-2,1 %), Fitch (-2,1 %),el propio FMI (-2,4 %) o la OCDE (-2,1 %). Casualmente, coinciden todos ellos en que España cerrará 2019 con el déficit con que tendría que haber cerrado 2018, un año perdido por el Gobierno socialista en términos de estabilidad presupuestaria.
En definitiva, no existe una sola institución independiente, pública o privada, nacional o internacional, que avale las cuentas presentadas por el Gobierno del Sr. Sánchez.
Tal es la falta de credibilidad de este ejecutivo socialista, que ninguna de las Comunidades Autónomas que han elaborado sus presupuestos para 2019 (incluyendo las gobernadas por el PSOE) ha utilizado el -0,3 % de déficit que se aprobó en el Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado en agosto de 2018 en base a la senda que defendía el Ministerio de Hacienda socialista, y todas se han atenido al -0,1 % previsto en la senda de déficit plurianual enviado en su momento por el Gobierno del Partido Popular.
Hay motivos tanto de forma como de fondo para rechazar estos presupuestos. De forma, porque la finalidad de los mismos se aleja del interés general y persigue intereses partidistas, sesgados hacia aquellos partidos minoritarios que mantienen al Partido Socialista, a su vez en minoría, en el Gobierno, primando la supervivencia de este sobre el interés de todos los españoles, para que se alargue artificialmente la presente legislatura; nacen legalmente viciados incumpliendo la LOEPSF, carecen de cualquier credibilidad tanto dentro como fuera de España, y sabemos que solo serán aprobados si partidos que pueden calificarse de antisistema los apoyan, no porque crean que son unos buenos presupuestos, sino porque como han confesado "no pueden dejar caer al Gobierno de Sánchez". En definitiva, son unos presupuestos que no atienden al interés general de los españoles, sino al interés particular del actual Presidente de mantenerse en la Moncloa.
Cuando se analiza el fondo, las razones para solicitar la devolución al Gobierno del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2019 se multiplican. El Grupo Parlamentario Popular está en contra de unos presupuestos que ninguna institución ni organismo se creen, unos presupuestos que suponen más impuestos, menos crecimiento y menos empleo, más déficit y más deuda, y mucho gasto.
En cuanto a la imposición de más impuestos, cabe destacar que suben todas las figuras tributarias: IRPF, Patrimonio, Sociedades, "impuesto al Diésel" y Cotizaciones a la Seguridad Social, se penaliza el ahorro y se crean dos nuevos impuestos (transacciones financieras y servicios digitales). Todo lo anterior produce dos efectos claros:
- Nuestras empresas tienen que competir en situación de desventaja con respecto a los países de nuestro entorno, por lo que se perderán inversiones, se deslocalizarán y, por tanto, se perderá empleo.
- En última instancia, la subida de impuestos la van a pagar tanto las empresas como los ciudadanos. Aunque el Gobierno socialista ha utilizado figuras tributarias cobijándolas bajo un discurso demagógico en un claro intento de confundir a los ciudadanos, la única realidad es que la subida de impuestos la pagaremos todos los españoles para que el presidente del Gobierno pueda continuar unos meses más en la Moncloa. Nadie duda que la subida del "impuesto al diésel" la van a pagar los 17 millones de propietarios de vehículos con este combustible.
En segundo lugar, debe afirmarse que los ingresos están totalmente sobreestimados. El caso de los nuevos impuestos es muy claro, porque los correspondientes proyectos de ley acaban de comenzar su
tramitación parlamentaria con registro de entrada en el Congreso de los Diputados a fecha viernes 18 de enero de 2019 y todavía no tienen determinada la fecha para su toma en consideración, por lo que es imposible que entren en vigor antes del segundo semestre y que recauden lo que estima el Gobierno (más de 2.000 millones de euros entre ambos). Pero, además, el simple anuncio de las subidas de otras figuras tributarias está perjudicando las expectativas empresariales y va a contraer la inversión, por lo que es previsible que no se consiga incrementar la recaudación en la medida en que se ha estimado.
Estas consideraciones han sido confirmadas por el Banco de España y la AlReF, que estiman que el incremento de ingresos será entre un 30 % (BdeE) y un 50 % (AIReF) inferior al previsto por el Gobierno en el Proyecto de Ley de PGE.
El que los ingresos estén sobreestimados tiene otro daño colateral: suponen, coloquialmente, "pan para hoy y hambre para mañana" para las Comunidades Autónomas; ya que van a recibir entregas a cuenta mayores de las que les corresponderían y, cuando se haga la liquidación definitiva dentro de dos años, tendrán que devolver ese exceso de recursos. Algo que recuerda demasiado a los errores del pasado, esto es lo que ocurrió en 2010. Luego tuvo que llegar el PP a arreglarlo concediendo una financiación de la devolución de las liquidaciones negativas, en forma de aplazamiento por un espacio muy largo de años.
Por otra parte, desafía al sentido común la treta contable de cambiar la fecha de pago del IVA para tener 13 meses de ingresos. Pretender desde el Ministerio de Hacienda que una anualidad cuente con 13 meses es imposible. A ello se suma que el déficit no se calcula con criterios de caja, sino que las normas de gobernanza europea -Contabilidad Nacional-, que son las mismas para todos los países zona euro, aplican el criterio de devengo. Es imposible que con el mismo techo de gasto, los mismos ingresos y los mismos gastos, el déficit se haya reducido del -1,8 % al -1,3 % sin necesidad de ningún ajuste, salvo por el ardid contable de introducir 13 meses de IVA en un año.
Aun siendo grave todo lo explicado anteriormente en relación a los ingresos, quizá lo peor es que la subida de impuestos, que siempre es nociva para la economía y el empleo, ni siquiera conseguirá sus objetivos: la recaudación, que está en máximos, caerá con el desincentivo económico que siempre supone subir impuestos.
En tercer lugar, estos presupuestos generan menos crecimiento y menos empleo. El propio cuadro macroeconómico incluido en los PGE 2019 reconoce el fracaso de las políticas económicas del Gobierno. Revisa a la baja, por segunda vez en tres meses, el crecimiento hasta el 2,2 % y, lo que es peor, prevé la creación de un tercio menos de empleos que en cualquiera de los cinco años anteriores. Subir el coste por crear empleo a empresas y autónomos (más impuestos, más cotizaciones sociales, eliminación de incentivos a la contratación) no es la receta más adecuada para la creación de empleo. Los últimos datos de empleo, paro registrado y afiliación a la Seguridad Social en enero de 2019, nos dan la razón: se han destruido 6.608 puestos de trabajo destruidos cada día en el mes de enero, el peor dato desde el inicio de la recuperación.
En cuarto lugar, debe considerarse que se provoca más déficit y más deuda. Incumplir el objetivo de déficit del -1,3 % y alcanzar, como mínimo, el -2,2 % que estiman tanto analistas independientes como la mayoría de organismos internacionales, supone no solo una pérdida de credibilidad de nuestra economía, sino incrementar la deuda pública en el entorno de 11.000 millones de euros adicionales. O lo que es lo mismo, habremos perdido un año en reducir el elevado endeudamiento, que es la mayor vulnerabilidad y principal amenaza de medio y largo plazo de nuestra economía.
En quinto lugar, debe ponerse de manifiesto que el elevado gasto tiene fines partidistas y electoralistas, para mantenerse en el poder. Sobre el papel hay un fuerte incremento de la obra pública (+39,9 %), pero este incremento es poco creíble porque exige un grado de ejecución que es imposible alcanzar en muchas infraestructuras que no están licitadas o en las que incluso no existe ni el correspondiente estudio de impacto medioambiental.
Por otra parte, estos presupuestos nos han permitido conocer en qué consistía el famoso giro social que esgrimía el Partido socialista: consiste en llevar a cabo las medidas sociales que ya estaban aprobadas por el Gobierno del PP y en hacer obra pública, como se ha sostenido, con meros fines de interés partidista y electoralista y sin atender a las verdaderas necesidades de España ni a una planificación ordenada:
- Las principales medidas sociales incluidas en estos presupuestos ya fueron pactadas y aprobadas por el PP, y han sido ratificadas en sendos Reales Decretos-ley convalidados el pasado 22 de enero
(subida de pensiones y del sueldo de los funcionarios en los mismos niveles acordados por el PP), por lo que no requieren la aprobación de estos presupuestos para hacerse efectivas con fecha de 1 de enero de 2019. Otras medidas, como las dotaciones para el Pacto contra la violencia de género o la equiparación salarial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, también tienen el sello del Partido Popular.
- Mientras, se produce una subida del 39,9 % de las infraestructuras, destinado a premiar a unas Comunidades a costa de otras ocasionando diferencias incomprensibles para los ciudadanos.
En definitiva, el Gobierno socialista ha presentado unas cuentas públicas de dudosa constitucionalidad, nula credibilidad, que quiebran los principios básicos de igualdad y solidaridad entre españoles para intentar satisfacer intereses particulares de los partidos que conforman la amalgama que mantiene al mismo Ejecutivo socialista que presenta estos presupuestos y que persiguen un único objetivo: perpetuarse en el poder a costa del bienestar y el interés general de los españoles.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Popular presenta esta enmienda a la totalidad al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2019, por la que se solicita su devolución al Gobierno.
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la Diputada doña Ana M.ª Oramas González-Moro de Coalición Canaria, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda de totalidad al Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019, solicitando la devolución al Gobierno.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero de 2019.-Ana María Oramas González-Moro, Diputada.-Joan Baldoví Roda, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Durante el pasado año 2018 se producen dos acontecimientos históricos para Canarias. Concretamente, en los meses de octubre y noviembre, se aprueban y entran en vigor la reforma del Estatuto de Autonomía y el nuevo Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF), dos normas trascendentales para el desarrollo futuro de las islas y sus ciudadanos, con importantes avances y mejoras económicas y fiscales, que suponen una mejoría del hecho diferencial canario, dejándolas ancladas con rango de ley.
Por su parte, el nuevo REF incorpora una serie de medidas, tanto de carácter social, económico y fiscal, sustentadas en el objetivo fundamental de esta norma, que no es otro que garantizar el desarrollo económico y social del archipiélago mediante la diversificación de la actividad productiva y la creación de empleo, y respetando siempre el diferencial fiscal que por derecho atribuye esta norma al archipiélago canario.
De igual manera, la reforma de Estatuto supone reconocer, entre otros aspectos, la ultraperificidad de Canarias, derivada de su insularidad y lejanía, incluyendo el mar dentro del ámbito territorial canario, una característica que ya reconoce el Tratado de la Unión Europea dentro de su artículo 349, y que ahora se consagra por rango de ley en el nuevo Estatuto.
Otro de los aspectos más significativos de esta norma, se recoge en su artículo 168 a través del Principio de Solidaridad Interterritorial para lograr la equiparación progresiva de las condiciones socioeconómicas de la población de las islas al promedio estatal.
Además, otra de las novedades desde el punto de vista de la financiación es que se logra la desvinculación completa del REF del Sistema de Financiación Autonómica, a lo que se une la posibilidad de asumir una serie de competencias fruto de los nuevos preceptos que dicha norma incluye.
Por tanto, antes de entrar en la valoración del proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado para 2019 (PGE 2019), hay que dejar patente, que estas normas otorgan y reconocen unas singularidades específicas y particulares de las islas que no tienen otras Comunidades Autónomas, que se traducen en derechos a los que deben darse respuesta por parte de los poderes públicos.
Estos derechos deben tener su reflejo en los Presupuestos Generales del Estado.
En este sentido, el Ministerio de Hacienda presentó el pasado 14 de enero en el Congreso de los Diputados el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado de 2019, pero que esta formación política no va a apoyar. Además, va a solicitar su devolución a través de la presente enmienda a la totalidad porque, precisamente, vulnera los derechos antes citados, tanto desde el punto de vista social como del económico y fiscal, como veremos a continuación, precisamente en el mismo momento en que estos han sido mejorados a través de las normas con rango ley, esto es, su nuevo REF y Estatuto de Autonomía.
Por otro lado, varios organismos financieros ponen el acento sobre algunos extremos del proyecto de ley que cuestionan la propia viabilidad económica y financiera, en aspectos tan importantes como la distribución territorial de la inversión real o la financiación de las Comunidades Autónomas. Esta distribución sitúa a Canarias entre las Comunidades Autónomas que recibe menos recursos.
Por tanto, existen sólidos argumentos, que analizaremos a continuación, para que Coalición Canaria no acepte estos Presupuestos Generales en su conjunto y presente la correspondiente enmienda a fa totalidad y su devolución al Gobierno.
Por la presente enmienda a la totalidad del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2019, Coalición Canaria solicita su retirada y devolución al Gobierno fundamentalmente por la injusta e inadecuada respuesta y tratamiento que el mismo da al conjunto de la Comunidad Autónoma de Canarias en virtud de los acontecimientos y antecedentes que preceden a este proyecto de ley.
En este sentido, y como se expondrá a continuación, existen argumentos jurídicos fundamentados para demostrar que se vulneran derechos fundamentales de obligado cumplimiento del Estado con el archipiélago canario, con sus ciudadanos y con los agentes económicos y empresariales que operan en él, tanto de carácter social, económico como fiscal, y es por lo que se presenta dicha enmienda a la totalidad.
Con el nuevo Estatuto de Autonomía, el Estado reconoce la "ultraperificidad" de Canarias, una singularidad derivada de la insularidad y lejanía, ya reconocida por el propio Tratado de la UF (artículo 349), y que obliga a los poderes públicos a dotar a las islas de recursos económicos adicionales que hay que dimensionar, indispensables para cumplir con cada uno de los preceptos que integran ambas normas con rango de ley.
De esta forma, con la Ley de PGE 2018, se daba cumplimiento a uno de los principios que recoge en nuevo Estatuto, el artículo 168 de Solidaridad Interterritorial, y también a los artículos 94 y 95 del REF, logrando que la inversión per cápita en Canarias (362E) se situara por encima de la media territorializada del conjunto de las CCAA (235E). Así se corregía el déficit de inversión que históricamente ha existido con las islas a través de las inversiones regionalizadas a través de los capítulos 6 y 7 de la ley de Presupuestos Generales del Estado.
Para mostrar el reflejo de este cumplimiento normativo, se expone el siguiente gráfico, cómo se sitúo Canarias respecto a la media de inversión teniendo en cuenta todos y cada uno de los compromisos recogidos en la Ley de PGE para 2018.
PGE 2018: COMPARATIVA INVERSIÓN REGIONALIZADA (CAP. VI + VII) POR CCAA
Incluyendo los compromisos con Canarias
Sin embargo, de los más de los 1.400 millones de euros en compromisos adquiridos con Canarias en los PGE 2018, a la fecha de la presentación de esta enmienda no han sido materializados ni transferidos a la Comunidad Autónoma de Canarias; más de 327 millones de euros que iban destinados al plan contra la pobreza, carreteras, actuaciones en aguas, costas y vivienda no se han podido ejecutar, situando nuevamente a las islas en 2018 como la décima comunidad autónoma con menor inversión por habitante, incumpliendo así algunos de los preceptos del REF (artículos 94 y 95) y Estatuto de Autonomía (artículo 168) que obligan a mantenerla en la media del Estado.
PGE 2018: COMPARATIVA INVERSIÓN REGIONALlZADA (CAP. VI + VII) POR CCAA
*Teniendo en cuenta los incumplimientos con Canarias
Estos hechos no solo han tenido un impacto negativo en términos de desarrollo económico y social por las inversiones que no se han podido llevar a cabo en el conjunto de las islas durante el año 2018, sino
que también, y como veremos a continuación, muchas de estas partidas se eliminan en los PGE de 2019, lo que provoca que, Canarias, nuevamente se posicione como la quinta Comunidad Autónoma con menor inversión per cápita en el conjunto del Estado, argumentos más que suficientes para que esta formación política devuelva los presupuestos al Gobierno.
Análisis de los PGE para 2019 y su impacto en Canarias desde la vertiente social, económica y fiscal
Para el análisis del anteproyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado y su impacto en Canarias, es conveniente, tal y como se recogió en la introducción de la presente enmienda, dimensionar el impacto que el nuevo REF y Estatuto de Autonomía de Canarias tienen sobre los PGE, para traducir en términos de recursos económicos lo que dichas normas y sus preceptos suponen en su conjunto, fruto de las nuevas medidas que llevan incorporadas, y que son de obligado cumplimiento por parte del Estado.
Del análisis global y pormenorizado realizado sobre el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2019, tanto de su articulado como de las diferentes partidas económicas destinadas a Canarias que se recogen en el mismo, la primera conclusión que se extrae es que no se da cumplimiento estricto al conjunto de medidas del nuevo REF ni a las del Estatuto de Autonomía, en tanto en cuanto no se produce una correspondencia entre los recursos que los PGE 2019 destinan a Canarias y los que por ley se debieran transferir, existiendo una diferencia superior a los 400 millones de euros y que se detallarán a continuación.
Coalición Canaria cree que existen sólidos y contrastados argumentos jurídicos tanto de carácter social, económico y fiscal que esbozaremos a continuación, y que analizaremos sección por sección del anteproyecto de ley para detallar el déficit de recursos que el proyecto de ley de los PGE 2019 arroja con Canarias.
Impacto de carácter social de los PGE 2019 en Canarias
Basándonos en los preceptos incluidos en las dos normas anteriormente comentadas, REF y Estatuto de Autonomía de Canarias, pasamos a analizar aquellas partidas de carácter social con afección a Canarias en materias tan trascendentales para el desarrollo social y cultural de las islas como son la pobreza, la educación y el empleo.
Ministerio de Educación y Formación Profesional (Sección 18)
Entrando en las materias que afectan a Canarias dentro de esta sección, hay que señalar los incumplimientos que se producen en virtud del artículo 29 de la Ley 8/2018 por el que se modifica el artículo 23 del REF (Ley 19/1994), para la Formación Profesional, y del artículo 27 de la Ley 8/2018, por el que se modifica el artículo 22 del REF (Ley 19/1994), relativo a las Universidades.
En los PGE de 2019, la partida destinada al Plan de Infraestructuras Educativas de Canarias 2018-2025 deja de tener cobertura, frente a los 42 millones que se imputaron en los PGE 2018. De igual modo, se precisa dotar partidas específicas para cada uno de los preceptos recogidos en este artículo del REF referente al programa de becas para estudiantes canarios de Formación Profesional que estudien fuera de las islas valorado en dos millones de euros, y para aquellos que vayan a realizar prácticas en empresas peninsulares y en cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea que se valora en un millón de euros.
En este sentido, también se hace preciso dotar la partida que se dotó en los PGE 2018 para la Educación Infantil de cero a tres años en Canarias, por importe de tres millones de euros, y cumplir de esta forma con el objetivo del Gobierno de España para la universalización de la Educación Infantil.
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (Sección 28)
En lo que respecta a esta sección, y en virtud del artículo 27 de la Ley 8/2018, por el que se modifica el artículo 22 del REF (Ley 19/1994), relativo a las Universidades, esta formación política llama la atención sobre la ausencia de recursos en el PGE de 2019 para dar cumplimiento a algunos de los preceptos de este artículo.
1. Teniendo en cuenta la condición de región ultraperiférica de Canarias, las Universidades de las islas son centros de referencia a efectos del señalamiento de las políticas Universitarias del Estado español. En el marco de la Ordenación y Planificación Económica regional de Canarias, se incluirán medidas para incrementar su competitividad y focalizar los esfuerzos en investigación e innovación que tengan impacto en el sector productivo, así como la trasferencia de sus resultados y la orientación de su oferta a las necesidades del mercado, facilitando la movilidad entre islas.
5. Teniendo en cuenta la consideración de Canarias como región ultraperiférica de la Unión Europea, el Gobierno de la Nación acordará para los estudiantes y profesores de las universidades canarias una ayuda económica suplementaria para compensar los costes adicionales de la lejanía, equivalente a los gastos de transporte desde su lugar de residencia hasta el de destino, en los programas de investigación, formación y movilidad, además de otras medidas complementarias relativas a la promoción de la investigación, el desarrollo y la innovación."
En los PGE 2019 no se recoge ninguna partida específica para Canarias que dé cumplimiento al artículo 22 bis del REF y cumplir con el desarrollo de actividades docentes, de investigación y cooperación al desarrollo en los que intervengan las universidades establecidas en Canarias e instituciones europeas y de otros países, especialmente con terceros países vecinos y otras regiones ultraperiféricas. De esta manera se cumple el precepto y se fomenta y coordinan programas para el desarrollo de actividades docentes, de investigación y cooperación al desarrollo en los que intervengan las universidades establecidas en Canarias e instituciones europeas y de otros países, especialmente con terceros países vecinos y otras regiones ultraperiféricas. Para ello, se requieren recursos económicos cuantificados en cinco millones de euros.
De igual modo, y para compensar los costes adicionales de la lejanía, equivalente a los gastos de transporte desde su lugar de residencia hasta el de destino, en los programas de investigación, formación y movilidad, en cumplimiento del REF, artículo 22 bis, se hace preciso dotar una partida específica de cuatro millones de euros, inexistente en los PGE 2019, que fomenten los programas destinados a las universidades canarias para medidas complementarias relativas a la promoción de la investigación, el desarrollo y la innovación.
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social (Sección 26)
Una de las materias más importantes, competencia de esta sección, para la integración y cohesión social de Canarias, en virtud del artículo 26 de la Ley 8/2018, de Modificación del REF, por la que añade un nuevo artículo 21 bis para el Fomento de la Integración Social, es la partida específica del Plan contra la Pobreza a la que este precepto obliga al Estado a financiarla siempre que los indicadores sitúen a Canarias por encima de la media en esta materia, como es el momento actual.
Teniendo en cuenta que la finalidad de la presente Ley también pretende promover la cohesión social de Canarias, según se establece en su artículo 1.c), habida cuenta de la elevada tasa de pobreza y exclusión social del archipiélago y atendiendo a su consideración de región ultraperiférica, el Gobierno de España consignará anualmente en los Presupuestos Generales del Estado una dotación suficiente para impulsar medidas para paliar la pobreza y la exclusión social en Canarias, en tanto los indicadores oficiales la sitúen por encima de la medía nacional. Esta dotación económica tendrá carácter finalista y habrá de aplicarse a los programas e instrumentos que en cada momento tenga la Comunidad Autónoma de Canarias para atender a los sectores más vulnerables en peligro de exclusión."
Para Coalición Canaria, el hecho de que los PGE de 2019 no den cobertura, al igual que como se dio en los PGE 2018 (aun pendiente de 18 millones por transferir) a la partida de 30 millones de euros destinada a erradicar la pobreza en las islas, supone una vulneración a los derechos básicos de los canarios, hurtándoles de algo tan fundamental como es su integración en la sociedad y el desarrollo social. Este es sin duda uno de los motivos por la que esta formación se reafirma en que el Gobierno de España no puede considerar que los PGE de 2019 sean los más sociales de la Democracia española, pues con Canarias se produce todo lo contrario, una vulneración que queda contrastada.
Ministerio de Cultura y Deportes (Sección 24)
La cultura está definida como uno de los elementos básicos para que una sociedad se desarrolle y progrese, y es lo que da identidad a una región por los valores que trasmite.
Se trata además de una competencia concurrente, y es por ello por lo que el Estado, junto con el resto de las administraciones Públicas, debe garantizar la socialización de la cultura y el acceso de las minorías a ella desde el punto de vista social y educativo. En este sentido, en cumplimiento del nuevo Estatuto de Autonomía, que reconoce por primera vez el doble coste de la insularidad, y del artículo 24 bis del nuevo REF para el fomento de la cultura atendiendo a las características propias de Canarias, que se derivan de su insularidad y lejanía, queremos manifestar que proyectos como el Festival Internacional de Música de Canarias deban ser correspondidos en los PGE de 2019, como se hace con proyectos similares, incluso de menor dimensión y trascendencia. Se trata de un evento de música clásica de los más importantes de España que cumple en este 2019 su 35 edición.
En los PGE de 2019, no se recoge ninguna partida específica para Canarias en dicha materia para este proyecto cultural de carácter autonómico y que se cuantifica en 250.000 euros y, sin embargo, sí existen partidas específicas para proyectos similares a través de subvenciones nominadas otorgadas por el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música (INAEM), dependiente de esta sección.
Impacto de carácter económico de los PGE 2019 en Canarias
De igual modo, y también amparándonos en los nuevos preceptos tanto del REF como del Estatuto de Autonomía de Canarias, analizamos aquellas partidas sectoriales de carácter económico con afección a Canarias en sectores y materias que afectan directamente a la creación de empleo y riqueza en el archipiélago, como son la industria, el comercio, el transporte, turismo, el agua, la tecnología, las
infraestructuras, vivienda, carreteras, el sector primario en su conjunto, entre otras, y que forman los pilares básicos sobre los que se sustenta el desarrollo y crecimiento económico de las islas.
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (Sección 20)
A continuación, se analiza esta sección, la cual presenta también un déficit de recursos con Canarias, atendiendo al artículo 23 de Ley 8/2018, de Modificación del REF (Ley 19/1994), por el que se modifica el artículo 19 para la Promoción Turística, sucediéndole lo mismo respecto al artículo 14 bis, sobre el Precio del Agua.
En los PGE de 2019, la partida destinada al Plan de Infraestructuras Turísticas de Canarias pasa a ser de cero euros frente a los 15 millones que se otorgaron en los PGE de 2018, por lo que nos encontramos en una situación de auténtica falta de sensibilidad por parte del Gobierno con las islas para atender sus necesidades específicas, máxime cuando el sector turístico supone más 30 % de los empleos y más del 40 % del PIB de Canarias.
De igual modo, son de obligado cumplimiento los nuevos preceptos del REF, en su artículo 19, que obligan a dar cobertura específica a las islas, concretamente al Plan de Estratégico de Turismo, del Plan específico de formación profesional en el sector turístico, cuantificados en 4 y 1,2 millones de euros, respectivamente.
Por su parte, el Plan Estratégico de Canarias para el Turismo supone un instrumento vital para el conocimiento turístico relacionado con la economía verde y azul, así como para la economía digital, y la integración transversal de las cadenas de valor vinculadas a la actividad turística (agricultura, pesca y ganadería, paisaje, movilidad e industrias creativas). De la misma manera, y por la gran dependencia que la economía canaria tiene del sector turístico, es por lo que se hace necesario prestar especial atención a la formación técnico-profesional en el sector, diseñando para ello, en colaboración con el Estado, un Plan específico de formación profesional en el sector turístico.
Igualmente, hay que señalar que Canarias, por sus condiciones limitadas de mercado y fruto de su posición geoestratégica entre los tres continentes, tiene en la Internacionalización una oportunidad única para atraer inversiones a las islas, y abrir mercados en otros países. Por ello, Coalición Canaria quiere manifestar que los PGE de 2019 fulminan la partida para la Internacionalización de la Economía Canaria, cuando el artículo 18 de la Ley 8/2018 del nuevo REF obliga a dar cobertura, al igual que se dotó en los PGE 2018. En este punto, cabe recordar que con el objetivo de fomentar la internacionalización de la economía canaria se crea el Consejo Asesor para la Promoción Estratégica y Comercial de Canarias (CAPECC, art. 18 de la Ley 8/2018), que sustituye al antiguo CAPCAO.
En esta misma sección, con competencias en la industrialización de los procesos productivos, basándonos en el nuevo REF, concretamente en su artículo 14 bis, el Gobierno debe llevar a cabo actuaciones para garantizar en las islas Canarias la moderación de los precios estableciendo, reglamentariamente, un sistema de compensación, consignado anualmente en los Presupuestos Generales del Estado, que garantice en las islas Canarias la moderación de los precios del agua desalinizada, regenerada o reutilizada hasta alcanzar un nivel equivalente al del resto del territorio nacional, así como los precios del agua de consumo agrario fruto de la extracción y elevación de pozos y galerías y de la desalación para riego agrícola. Una partida, que está cuantificada para 2019 en 16 millones de euros.
Ministerio de Economía y Empresa (Sección 24)
El hecho diferencial de Canarias que se consagra en el nuevo REF, junto con las propias características de ultraperiferia que le otorga el nuevo Estatuto de Autonomía a las islas, viene determinado, entre otras razones, por su fragmentación de mercado y dependencia de las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC). Estas permiten acortar los tiempos de respuesta, sobre todo la de los operadores y agentes empresariales, como consecuencia de la lejanía frente a otros mercados.
Por ello, el artículo 12 de la Ley 8/2018, por la que se modifica el artículo 10 de la Ley 19/1994, del REF, que regula el derecho de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación.
"Artículo 10. Telecomunicaciones: Precios.
3. En atención a las especiales circunstancias de lejanía, insularidad y dispersión poblacional que concurren en Canarias como región ultraperiférica, así como a la necesidad de equiparar al resto del territorio nacional la disponibilidad y condiciones de acceso a todo tipo de servicios audiovisuales de banda ancha, se establecerá una consignación anual en los Presupuestos Generales del Estado, referida al año natural, para garantizar el acceso de toda la población a los mismos, financiando el sobrecoste que afrontan los operadores para desplegar los servicios de banda ancha en Canarias."
Por todo ello, Coalición Canaria pone de manifiesto que los PGE 2019 no contemplan partida específica para Canarias para dar cumplimiento a este precepto, y que se cuantifica en 10 millones de euros.
En este sentido, hay que señalar también que la incorporación de las TIC en todos los ámbitos de la economía es imprescindible en la consecución de los objetivos de la Estrategia Europa 2020. Su importancia es mayor aún en los territorios fragmentados y alejados, así como las regiones que se encuentran en una situación socioeconómica retrasada, que deben intentar aprovechar más que otras la oportunidad que brinda la disponibilidad de banda ancha de nueva generación para salvar sus dificultades y estimular el crecimiento económico y la mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos.
Ministerio de Fomento (Sección 24)
Una de las secciones presupuestarias con mayor trascendencia para Canarias es sin duda el Ministerio de Fomento, porque de ella se nutre gran parte del capítulo inversor que llega al archipiélago tanto a través del capítulo VI como las transferencias de capital del capítulo VII en las materias competencia de esta sección.
Entrando en el análisis pormenorizado de las partidas que afectan a las islas, hay que señalar por parte de esta formación política, que se incumplen varios preceptos del REF, en concreto, los artículos 94 y 95 de la Ley 19/1994, del REF, y artículo 168 del Estatuto de Autonomía, fundamentalmente motivado por la materia de carreteras y vivienda.
En este orden, también se hace necesario recordar el obligado cumplimiento por parte del Estado a las diversas sentencias del Tribunal Supremo fruto del incumplimiento del Gobierno de España sobre el anterior Convenio de Carreteras, y que fue renovado a finales del año 2018.
A su vez, y en lo que corresponde en materia de transporte, en cumplimiento con la disposición adicional primera de la Ley 8/2018, relativa a las subvenciones del transporte de mercancías, se produce un déficit para el transporte del plátano, elemento clave para el desarrollo y viabilidad del sector primario en Canarias.
"Artículos 94 y 95. Compensación por el hecho insular.
Se considerarán de interés general a efectos de la inclusión de los créditos correspondientes en los Presupuestos Generales del Estado, las obras de infraestructura y las instalaciones de telecomunicación que permitan o faciliten la integración del territorio del archipiélago con el resto del territorio nacional o interconecten los principales núcleos urbanos de Canarias o las diferentes islas entre sí.
En cada ejercicio, el Programa de Inversiones Públicas que se ejecute en Canarias se distribuirá entre el Estado y la Comunidad Autónoma de tal modo que las inversiones estatales no sean inferiores al promedio que corresponda para el conjunto de las Comunidades Autónomas, excluidas de este cómputo las inversiones que compensen del hecho insular."
"Artículo 168. Del Estatuto de Autonomía.
En cada ejercicio presupuestario y dentro del principio de la solidaridad interterritorial, se ejecutará un programa de inversiones públicas distribuido entre el Estado y la Comunidad Autónoma.
El objetivo de estas políticas debe ser la equiparación progresiva de las condiciones socioeconómicas de la población de las islas al promedio estatal. Esto se medirá periódicamente y las desviaciones serán compensadas con políticas de gasto eficientes."
"Disposición adicional primera. Subvenciones al transporte de mercancías en la Comunidad Autónoma de Canarias.
Uno. El porcentaje del 70 por 100 regulado en los artículos 3 y 4 del Real Decreto 170/2009, de 13 de febrero, sobre compensación al transporte marítimo y aéreo de mercancías incluidas en el anexo I del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, con origen o destino en las islas Canarias, y en los artículos 3 y 4 del Real Decreto 362/2009, de 20 de marzo, sobre compensación al transporte marítimo y aéreo de mercancías no incluidas en el anexo I del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, con origen o destino en las islas Canarias, queda establecido en el 100 por 100."
El Gobierno de España no debe ni puede obviar dos de los elementos claves para la integración y desarrollo de Canarias con respecto al promedio estatal como son la vivienda y las carreteras, configurados como elementos vertebradores y de cohesión de las islas. Además, tiene una trascendencia por alta dependencia del sector turístico. En los PGE de 2019, se elimina la partida destinada al Plan de Viviendas
para Canarias que se cuantifica en 12 millones de euros, a semejanza de la recogida en los PGE de 2018. De igual modo, la partida que se recoge en PGE 2019 para el Convenio de Carreteras se considera insuficiente y no se da cumplimiento a lo acordado en la renovación del convenio ni al acuerdo extrajudicial. Una partida en carreteras que se ha cuantificado en 82,65 millones de euros para 2019.
Por ello, Coalición quiere advertir que se deja de prestar atención a las acciones que complementan el Plan Estatal de Vivienda, para que se puedan financiar actuaciones de urgencia habitacional de las familias canarias, independientemente de que la Comunidad Autónoma de Canarias participe, con el porcentaje que le corresponda, del Plan 20.000, teniendo en cuenta las especiales características de Canarias, desde el punto de vista de un territorio insular, escaso y frágil, pero además, desde el punto de vista de nuestra estructura económica, basada, principalmente, en el sector turístico y sector servicios que tiene como consecuencia una mayor tensión en el mercado inmobiliario y, por consiguiente, en el acceso a la vivienda de los canarios y canarias.
En segundo lugar, y en iguales condiciones de ejecución presupuestaria nos encontramos ante la omisión de aplicación a Canarias de partidas de inversión mediante transferencias correspondientes al convenio en materia de aguas, convenios de rehabilitación del barrio de las Chumberas (Tenerife) valorada en 7,6 millones de euros, provocando esta situación, colocar de nuevo, y como ya hemos explicado anteriormente, a las islas por debajo de la media nacional en inversión regionalizada, incumpliendo así un texto legal presupuestario que otorgó autorización a otro resultado bien distinto y respetuoso del Régimen canario ya citado.
Respecto al transporte de mercancías, se hace preciso mencionar que no se da la cobertura suficiente en los presupuestos de 2019 a las subvenciones para el transporte de mercancías, concretamente, al transporte del plátano, de forma que se pueda cubrir el 100 % del coste, tal y como se recoge en el nuevo REF, siendo preciso dotar adicionalmente la partida que se recoge en los PGE de 2018 con 18 millones de euros.
Ministerio para la Transición Ecológica (Sección 23)
Otro de los Ministerios con mayor impacto en los recursos económicos que deben reflejarse en los PGE de 2019 es el de Transición Ecológica, de reciente creación, y que asume algunas de las competencias que anteriormente tenía el Ministerio de Agricultura y el de Fomento. Es por ello, que del análisis presupuestario que esta formación ha realizado de esta sección hay que señalar la vulneración que se hace con respecto al artículo 18 de la Ley 8/2018, de modificación del REF, por el que modifica el artículo 14 bis referido al Precio del agua y artículo 152 del Estatuto Autonomía, que obligan a atender las especiales condiciones de Canarias para las infraestructuras en materia de agua, así como para el tratamiento de la misma, su extracción, y establecer las mejores condiciones para el riego agrícola.
De igual manera, y basándonos en el artículo 14 referido a la gestión, valorización, reciclaje y descontaminación de los residuos en Canarias, se requiere que por parte del Estado se atienda a los sobrecostes del archipiélago en relación a esta materia para mejorar las condiciones insulares para el tratamiento de los residuos.
"Artículo 152. Del Estatuto de Autonomía.
Establece que la Comunidad Autónoma de Canarias tiene competencia exclusiva en materia de aguas en todas sus manifestaciones, lo que incluye la regulación, planificación y gestión del agua, de los usos y de los aprovechamientos hidráulicos, régimen de protección, así como de las obras hidráulicas que no estén calificadas de interés general, correspondiéndole no obstante al Estado las actuaciones relativas a las obras hidráulicas de interés general, teniendo en cuenta las singularidades del Archipiélago Canario, de conformidad con el artículo 138.1 de la Constitución española."
4 Con el fin de obtener una adecuada protección ambiental del territorio canario, en aquellos residuos en los que la normativa establezca mínimos de recogida selectiva a nivel estatal, tales objetivos deberán ser alcanzados en la Comunidad Autónoma de Canarias de acuerdo con los criterios previstos en la normativa de cada flujo de residuos y, en su defecto, en proporción a los residuos generados, según los datos disponibles de la Comunidad Autónoma a 31 de diciembre del año precedente y los datos oficiales que puedan complementarlos.
En los PGE de 2019, las partidas destinadas a tales fines se ven mermadas, incluso algunas carecen de cobertura presupuestaria, como es el caso de la partida para el convenio en materia de aguas, que tampoco se formalizó el acuerdo recogido en los PGE 2018, y la partida para extracción y elevación de pozos y galerías y de la desalación para riego agrícola que quedó sin cobertura para 2019 y sin haberse tramitado la partida correspondiente a 2018.
A los efectos de actualizar el programa de inversiones a acometer por la Administración General del Estado en obras hidráulicas declaradas de interés general en la Comunidad Autónoma Canaria, con fecha 4 de diciembre de 2018, se firmó el "Protocolo General entre el Ministerio para la Transición Ecológica, Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas de Canarias, para el desarrollo de actuaciones en materia de agua en las islas Canarias, por el que se definen las líneas a seguir por ambas administraciones para el cumplimiento de la Directiva 2000160/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas", y que constituye el escenario adecuado para la suscripción de Convenios específicos de colaboración entre el Ministerio y la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas de Canarias, para la construcción y explotación de obras hidráulicas de interés general en la Comunidad Autónoma de Canarias, para el periodo 2018-2029.
La partida necesaria para llevar a cabo estas actuaciones se cuantifica en 70,05 millones de euros, y cubrir de esta manera la partida deficitaria contemplada en los PGE para 2019.
En lo que respecta al conjunto de obras de interés regional, principalmente en materia de depuración, saneamiento y reutilización de aguas, los PGE de 2019 no contemplan ninguna partida específica para las islas.
Por ello, estas obras, cuantificadas en 10 millones de euros, son de vital trascendencia para Canarias, amén de que la ejecución de estas actuaciones en esa materia supone dar cumplimiento a los objetivos generales de la Directiva Marco del Agua.
En este mismo sentido, esta partida económica permite dar una protección de las masas de agua de las demarcaciones hidrográficas para prevenir su deterioro y el equilibrio y armonización del desarrollo regional y sectorial, promoviendo su uso sostenible. Estos objetivos han de alcanzarse protegiendo la calidad del agua, economizando su empleo y racionalizando sus usos, protegiendo el medio ambiente y los demás recursos naturales. Concretamente se pretenden acometer aquellas obras que incidan en los programas de saneamiento, depuración, vertido y reutilización de aguas residuales en el conjunto de las ocho islas.
De igual modo, no se ha dotado partida específica para Canarias para el transporte de residuos entre las islas, que se cuantifica en tres millones de euros.
Este mismo Ministerio tiene asumidas las competencias en materia de costas, un asunto donde en Canarias tiene un papel vital por las propias características archipielágicas y su amplia superficie de costas. Por ello, no se entiende cómo el Estado deja sin partida en los PGE de 2019 para la formalización del convenio en esta materia, y que, sin embargo, sí tuvo reflejo en los presupuestos del año 2018, al igual que sucede con la partida específica para la Playa de Valleseco en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, ambas cuantificadas en seis y dos millones, respectivamente, partidas a las que esta formación no piensa renunciar.
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (Sección 21)
El sector primario en las islas es mucho más que un generador de economía, pues contribuye a mantener un paisaje del que se benefician otros sectores como el turístico, generando ventajas con mucho impacto medioambiental y es portador y garante de buena parte de las tradiciones canarias que son reflejo de siglos de actividad y de relación de los canarios y canarias con su entorno. Además, este sector goza de una protección europea por la consideración de Canarias como Región Ultraperiférica, con programas específicos que ayudan al desarrollo y permanencia del sector y al mantenimiento del empleo.
Esta protección también tiene reflejo en el nuevo REF, concretamente en el artículo 30 de la Ley 8/2018, que modifica el artículo 24 del REF para mejorar el sector primario, al que se debe dar respuesta a través de los PGE, concretamente para atender las ayudas adicionales al POSEI para cubrir el 100 % de las mismas, y sufragar la partida cuya finalidad es cubrir los seguros agrarios a través de la entidad pública dependiente de este ministerio.
Por su parte, y para dar cumplimiento al artículo 24 del REF, el Gobierno de la nación consignará anualmente en los PGE una dotación suficiente para incrementar en un 65 % la subvención base que en cada momento establezca la Entidad Estatal se Seguros Agrarios (ENESA) para los seguros agrarios de aplicación en Canarias.
Las partidas que se recogen en los PGE para 2019 no son suficientes para cumplir con los preceptos antes señalados, de forma que las necesidades financieras para cubrir el 100 % del POSEI ascienden a ocho millones de euros, mientras que, para garantizar los seguros agrarios, esta formación señala que se cuantifican en 10,5 millones de euros.
Por tanto, y a la vista de todo análisis de impacto económico esbozado, Coalición Canaria, en defensa de los intereses de su Comunidad Autónoma, y el de sus ciudadanos, concluye lo siguiente:
1. El Proyecto presupuestario para 2019 hace desaparecer todas las nuevas medidas incorporadas en el nuevo texto de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias aprobado en noviembre de 2018, como son las relativas al Fomento de la Integración Social y Programa de lucha contra la pobreza, Derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, Servicios audiovisuales banda ancha, Promoción comercial de Canarias, Plan de inversiones públicas en infraestructuras en las áreas turísticas, Gestión, valorización, reciclaje y descontaminación de los residuos en Canarias, Universidades, etc., cuando muchas de ellas se dotaron en Presupuesto de 2018.
2. En dicho Proyecto, se reducen las dotaciones previstas para inversión regionalizada, en 272,3 millones con respecto de 2018, este importe supone un decremento de un -35,39 %. Además, existe un déficit cuantificado de recursos económicos directos de más de 400 millones de euros que afectan tanto a la Comunidad Autónoma de Canarias, sus corporaciones locales, universidades, consorcios y centros para ciencia e investigación.
3. Este trato a Canarias se produce cuando la media de inversión regionalizada se incrementa en un 15,81 % sobre el ejercicio anterior y conculcando el citado artículo 96 de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias, que establece expresamente un régimen especial de inversión del Estado en Canarias que forma parte integrante de la acción estructural de carácter económico que el Estado se obliga a desarrollar en Canarias en ejecución de un estatuto diferencial de apoyo al desarrollo y de garantía de no compensación de costes presupuestarios.
4. El Estado no puede incumplir por más tiempo la aplicación en Canarias de las medidas que nos pertenecen por Derecho, sobre todo cuando se nos muestra un Proyecto de crecimiento de la Inversión General y de la Inversión Regionalizada, y en el que se aprecia la asimetría de tratamiento con otras Comunidades Autónomas.
Impacto de carácter fiscal de los PGE 2019 en Canarias
Ministerio de Hacienda (Sección 15)
De igual modo, se hace necesario entrar en el análisis global y pormenorizado de los aspectos fiscales recogidos en los PGE de 2019 que afectan directa e indirectamente a Canarias, a sus ciudadanos, y por supuesto a los agentes económicos y empresariales que operan en las islas.
Sobre dicho análisis, la primera conclusión que esta formación política extrae es que los PGE de 2019 vulneran determinados aspectos fiscales consagrados en el nuevo Régimen Fiscal de Canarias, que como bien sabe el Gobierno de España, se han actualizado recientemente y que han de respetarse al estar anclados por rango de ley.
En este sentido, conviene recordar cuáles han sido las mejoras fiscales que el nuevo REF incorpora a través de la ley 8/2018 y que refuerzan el resto de las medidas vigentes contempladas en la Ley 19/1994:
- En materia de la Reserva para Inversiones, se ha dotado de una mayor flexibilidad al incentivo aclarando a la vez determinados aspectos que habían sido controvertidos en su aplicación y se ha eliminado la posibilidad de su utilización en las viviendas de alquiler vacacional dando entrada a su materialización en suelo para las actividades sociosanitarias, centros residenciales de mayores y centros de rehabilitación neurológica y física.
- En el régimen de la Zona Especial Canaria se ha introducido la orientación al empleo de calidad, a primar este elemento sobre las inversiones y a incrementar la transparencia de su actividad mediante informes, a la vez que se han flexibilizado las localizaciones de los derechos de propiedad intelectual e industrial y las aplicaciones informáticas. Asimismo, se ha actualizado la intensidad máxima del incentivo en consonancia con las autorizaciones comunitarias de las ayudas de Estado y se han introducido nuevas actividades. Finalmente se ha abordado el tratamiento del régimen de consolidación fiscal de las sucursales que operan en este régimen.
- Se ha aclarado el carácter de rendimiento de actividad económica para los obtenidos por las comunidades de aguas y heredamientos de Canarias, admitiendo definitivamente la deducibilidad de las cuotas satisfechas por sus integrantes.
- Se ha incentivado la deducción para inversiones en producciones cinematográficas ampliando su límite sobre el establecido con carácter general en el impuesto sobre sociedades elevándolo a 5,4 millones de euros y permitiendo el disfrute del incentivo cuando los gastos de posproducción o de animación de una producción extranjera superen los 200.000 euros.
- Se ha establecido por primera vez en el marco del régimen económico fiscal de Canarias una deducción adicional por creación de empleo incrementando la estatal en un treinta por ciento.
- En cuanto al tratamiento comunitario de los incentivos fiscales previstos en el régimen se ha actualizado su intensidad al 30 % el tope máximo permitido por la legislación comunitaria y se han establecido las normas para el cálculo de esta respecto al AIEM.
- Se ha modificado el régimen de pagos fraccionados de las entidades inscritas en el registro especial de buques y empresas navieras adaptándolo a la tributación real del sector.
- Se ha establecido un marco de simplificaciones en el cumplimiento de las obligaciones y formalidades aduaneras en el marco de las importaciones.
Coalición Canaria quiere manifestar que en la elaboración del presupuesto para 2019 se vuelve a incumplir el ordenamiento jurídico dictado para su específica aplicación a Canarias, como región Insular y ultraperiférica, dentro del mandato del bloque constitucional en algunas cuestiones trascendentales para Canarias que finalmente nos recomiendan la presente enmienda de devolución del Proyecto al Gobierno.
Entre dichos incumplimientos, en esta ocasión, se nos presentan un asunto capital que afecta concretamente al "régimen de la fiscalidad directa en Canarias", alterándose unilateralmente el diseño preexistente con afección al diferencial fiscal canario en imposición directa y afectando, incluso, a la posición competitiva internacional del archipiélago; de forma transversal se desconocen en el Proyecto las deducciones, bonificaciones, reducciones y regímenes especiales del REF.
Tributación mínima en el Impuesto de Sociedades
Nos referimos al artículo 64 del anteproyecto de ley de los PGE para 2019, al fijar una tributación mínima a determinadas empresas en el impuesto de sociedad que choca frontalmente con el hecho diferencial de Canarias.
La Constitución española; el Estatuto de Autonomía de Canarias; la Ley 20/1991, de 7 de junio; la Ley 19/1994, del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, reconocen la existencia para Canarias de un régimen fiscal que atiende a su lejanía, insularidad, limitaciones estructurales permanentes y a su condición de región ultraperiférica de la Unión Europea en virtud del artículo 349 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión; establecen una política fiscal diferenciada que mantenga una significativa menor presión fiscal que la media del resto de España.
La introducción en la presente normativa del Impuesto sobre Sociedades de una cuota líquida mínima, que suponga una tributación mínima sin tener en cuenta el conjunto de medidas del Régimen Económico y Fiscal de Canarias supondría una grave alteración de la tributación de las entidades que operan en Canarias y colisionaría frontalmente con los principios del bloque constitucional expuestos.
Por ello, esta formación política considera y cree necesario, pues, que el Gobierno arbitre excepciones o limitaciones que permitan continuar aplicando las deducciones, bonificaciones, reducciones y regímenes especiales del REF presentes y futuros, entre las cuales se encuentran actualmente:
a) La Deducción por inversiones en Activos Fijos Nuevos en Canarias regulada en el artículo 94 de la Ley 20/1991, de modificación de aspectos fiscales del Régimen Económico y Fiscal de Canarias.
b) La Deducción por inversiones en territorios de África Occidental y por gastos de propaganda y publicidad. Regulada en el artículo 27 bis de la Ley 19/1994, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias.
c) Las Deducciones por inversiones en producciones cinematográficas, series audiovisuales y espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales realizadas en Canarias, según lo dispuesto en la disposición adicional decimocuarta de la Ley 19/1994, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias.
d) La Deducción por actividades de Innovación Tecnológica que se realicen en Canarias según lo dispuesto en la disposición adicional decimotercera de la Ley 19/1994, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias.
e) Las Deducciones de apoyo al emprendimiento y actividad económica aplicables en Canarias, según lo dispuesto en el artículo 94 bis de la Ley 20/1991, de modificación de aspectos fiscales del Régimen Económico y Fiscal de Canarias.
f) Los coeficientes límite en la aplicación de la deducción para la creación de empleo para trabajadores con discapacidad en aplicación de lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley 20/1991, de modificación de aspectos fiscales del Régimen Económico y Fiscal de Canarias.
g) La reducción a la base imponible por la dotación de la Reserva para Inversiones en Canarias, regulada en artículo 27 de la Ley 19/1994, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias.
h) La Bonificación del régimen especial de las empresas productoras de bienes corporales regulada en el artículo 26 de La Ley 19/1994, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias.
i) La Bonificación de las entidades inscritas en el Registro Especial de buques, regulada en el artículo 76 de la Ley 19/1994, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias.
Al ser el Régimen Económico y Fiscal un instrumento en evolución se hace necesario prever que una eventual extensión de este régimen será también salvaguardada en el caso de que en el futuro se arbitren nuevas medidas fiscales que palíen los costes de ultraperiferia y se incorporen al mismo.
Otro de los aspectos fiscales que hay que resaltar de la presente ley es la ausencia de los mecanismos jurídicos para que tanto las CCAA como las corporaciones locales puedan materializar su superávit de manera eficaz y eficiente, al estar sujeta al cumplimiento de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), la cual presenta ciertas limitaciones, reconocidas públicamente por organismos e instituciones de relieve como lo son la FEMP y la propia AIReF.
En este sentido, Coalición Canaria pone de manifiesto la conveniencia de añadir al artículo 12 un punto 6) de la LOEPSF para poder de flexibilizar la regla de gasto para que las administraciones públicas que han cumplido durante estos años con los objetivos de estabilidad diseñados en la LOEPSF puedan aplicar su superávit en la elaboración de sus presupuestos de manera que no vean limitada su capacidad económica y presupuestaria.
A través de esta adición, a la hora de territorializar la regla de gasto, la fijación como requisito de no incurrir en déficit estructural supondría establecer la exigencia de generar como máximo, en su caso, un déficit igual al saldo cíclico negativo que se estime que corresponda al periodo en cuestión, o la de generar un superávit como mínimo igual al saldo cíclico positivo que correspondiera al mismo. Adicionalmente, como medida para promover la sostenibilidad de la deuda pública, la territorialización de
la regla de gasto (entendiendo la misma como un crecimiento del gasto computable por encima de la tasa de referencia de crecimiento del PIB de medio plazo) no debería conllevar que las CCAA que presenten una deuda pública superior al valor de referencia generen déficit en términos SEC, sin perjuicio del cumplimiento del requisito anterior sobre equilibrio estructural (esta última situación se produciría en el caso de registrarse saldo cíclico negativo, circunstancia que no se prevé para 2019). Fijar como requisito el equilibrio estructural para territorializar la regla de gasto permitirá lograr una cierta proporcionalidad entre, por un lado, aquellas CCAA que considerando el déficit en el que han incurrido en el último ejercicio deben continuar haciendo ajustes y por tanto podrán previsiblemente hacer un uso completo del déficit permitido a través del OEP que les ha sido asignado; y por otro lado, aquellas CCAA que por haber alcanzado ya el equilibrio en la ejecución de sus presupuestos, la aplicación de la regla de gasto les podría someter a la generación de un superávit en términos estructurales.
Adicionalmente, hay que remarcar que la actual LOEPSF solo permite utilizar el superávit en dos supuestos. El primero de ellos es la amortización de la deuda y el segundo, las inversiones financieramente sostenibles (IFS).
En primer lugar, Canarias no necesita amortizar deuda y pagar intereses a los bancos. No se debe obviar que Canarias es la autonomía con menor deuda por habitante, y que su deuda ha alcanzado, al final de 2018, la mayor reducción de los últimos años.
Además, Canarias es la tercera autonomía con menor deuda en relación a su PIB, solo por detrás de País Vasco y de Madrid. A esto hay que sumar que, desde el 2012, se ha cumplido una y otra vez con los objetivos de déficit y deuda establecidos en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
En segundo lugar, Canarias ya es financieramente sostenible. La mejor prueba de ello es el superávit. Así que tampoco se puede aceptar el otro supuesto contemplado por el Ministerio para poder usar nuestros ahorros, es decir, las inversiones financieramente sostenibles.
Además, según los datos oficiales del Ministerio de Hacienda, se demuestra que las inversiones financieramente sostenibles no son la solución porque, además, se encuentran con numerosas trabas burocráticas que dificultan su uso.
En 2017, de las 61 entidades locales españolas que podían haber realizado IFS por encima de 10 millones de euros, importe para el que se requiere autorización del ministerio, solo han realizado este tipo de inversión 15 entidades.
Según datos de la Secretaría de Estado de Hacienda las entidades locales españolas pudieron destinar el año pasado 3.260,95 millones de euros a IFS. De esa cantidad, solo 899,48 millones se destinaron a este fin.
Créditos incorporables
Por último y no menos importante, hay que señalar que en el caso de que el proyecto de ley de los PGE para 2019 prosperara, su aprobación supone una dificultad adicional para la correcta ejecución de los créditos, especialmente aquellos que se delegan en la Comunidad Autónoma de Canarias en virtud del artículo 15 de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, en materia de inversión.
Por ello, se hace necesario la incorporación de los siguientes créditos al correspondiente anexo de manera que se da cumplimiento a las previsiones de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del REF de Canarias, en su "Libro IV, Régimen de las Inversiones Públicas en Canarias", constituido por los artículos 95 y 96, relativos al grado de inversión del Estado en Canarias, y, así mismo, en lo dispuesto, en su artículo 168 del nuevo Estatuto de Autonomía para Canarias, se recoge el principio de solidaridad interterritorial que refrenda el citado REF de Canarias.
En este sentido, el anexo VII de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, mantuvo la previsión de ejecución de las partidas de inversión dedicadas a Canarias por la que desarrollan las normas antes citadas.
Los créditos de nueva creación que han de incorporarse son los siguientes:
- El del crédito 17.09.261N.755.01 "Actuaciones complementarias al Plan Estatal de Vivienda en las Islas Canarias".
- El del crédito 18.05.322L.750 "Plan Especial de Empleo de Canarias (infraestructura educativa)".
- El del crédito 20.04.432A.751. "Convenio Administración General del Estado y Comunidad Autónoma de Canarias para la rehabilitación de infraestructura y equipamiento en zonas turísticas".
- El del crédito 23.05.452A.753 "A la Comunidad Autónoma de Canarias, para financiar inversiones de depuración".
- El del crédito 23.06.456D.750 "A la Comunidad Autónoma de Canarias, para actuaciones en la costa".
A la vista de todo lo expuesto anteriormente, Coalición Canaria ha motivado todos y cada uno de los argumentos jurídicos, tanto de carácter social, económico y fiscal que justifican sobradamente la decisión de devolver el Proyecto, exigiendo al Gobierno la corrección de todas las situaciones expuestas, enmendando la totalidad del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019, como vía indispensable para evitar la sanción de un marco donde, al consagrar la existencia de normas legales incumplidas, la posición canaria en estos presupuestos resulta agraviada con claridad, colocando en el escenario presupuestario del ejercicio 2019 a Canarias lejos de las exigencias financieras que le permitirían abordar el impulso del desarrollo económico y social.
Por tanto, ante el flagrante incumplimiento del Estatuto de Autonomía de Canarias y del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, se presenta esta enmienda de totalidad al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2019.
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 110 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente enmienda de totalidad de devolución al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2019.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero de 2019.-Francisco de la Torre Díaz y Antonio Roldán Monés, Diputados.-Juan Carlos Girauta Vidal, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
El Gobierno ha presentado unos Presupuestos Generales del Estado 2019 (PGE) con un agujero de más de 11.000 millones de euros, lo que anticipa que, de ser aprobados, el Gobierno acabaría por incumplir, subir más los impuestos a los españoles para financiarlo, o posiblemente ambas cosas.
Estos PGE son dañinos y tramposos, y, por ello, doblemente dañinos, para nuestro país. Reflejan la debilidad de un gobierno respaldado por un grupo con 84 diputados de los 350 que tiene el Congreso y las concesiones a sus potenciales socios.
El PSOE, con su intento de contentar a independentistas y a populistas, está poniendo en riesgo la recuperación económica, la creación de empleo y la prosperidad de las familias españolas con el único objetivo de mantener unos meses más en la Moncloa a Pedro Sánchez.
Estos PGE no cuadran, como lo han señalado la Comisión Europea, el Banco de España, o la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Esto ha supuesto que la Comisión Europea sitúe a España en la categoría de "riesgo de incumplimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento", porque no se cree los planes presupuestarios presentados por Sánchez.
Desde Ciudadanos rechazamos estos presupuestos porque son nocivos para la economía y suben los impuestos a los españoles sin aportar ni una sola reforma ni una medida de ahorro, porque destruirán empleo, no son creíbles y mucho menos serios.
Tampoco es de extrañar que unos presupuestos tan problemáticos en lo sustantivo, en su fondo, arrastren graves irregularidades en su elaboración, en las formas. El Gobierno, en su empeño por sacar estos PGE, ha forzado y vulnerado las normas europeas y nacionales de estabilidad presupuestaria, situándose, en nuestra opinión, fuera de los márgenes de interpretación de la ley.
II. Incumplimientos de nuestro marco normativo de estabilidad presupuestaria
El Proyecto de Ley de Presupuestos del Estado (PGE) para el 2019 se presenta a la Cortes con más de tres meses de retraso sobre el calendario legalmente previsto en el artículo 134.3 de nuestra Constitución: "El Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior".
Esta anomalía solo se debe a que el Gobierno ha estado tres meses maniobrando para saltarse la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LO 2/2012). Uno de los primeros trámites parlamentarios fue la presentación a las Cortes Generales del Acuerdo del Consejo de Ministros con los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública, previsto en el artículo 15.1 de la LO 2/2012: "1. En el primer semestre de cada año, el Gobierno, mediante acuerdo del Consejo de Ministros, (...) fijará los objetivos de estabilidad presupuestaria, (...) expresados en términos porcentuales del Producto Interior Bruto nacional nominal".
Este acuerdo preveía aumentar el límite de gasto no financiero del Estado un 4,4 % hasta los 125.064 millones de euros, 5.230 millones más que en 2018, y una relajación de la senda de ajuste fiscal que implicaba un objetivo de déficit del 1,8 % en 2019, en lugar del 1,3 % en vigor.
Este acuerdo fue rechazado en julio de 2018 por una amplia mayoría del Congreso. El Gobierno, en lugar de traer un nuevo acuerdo a las Cortes dentro del mes siguiente, según lo que establece el artículo 15.6 de la LO 2/2012, se centró en cómo modificar el veto del Senado contemplado en el mismo artículo de esa Ley, a pesar de que el Senado ni siquiera había intervenido en el fracaso de su propuesta.
Entre las trampas que el Gobierno ha hecho, o intentado, se encuentra la de introducir una enmienda para reformar las competencias del Senado en una proposición de ley orgánica de medidas urgentes contra la violencia machista, una iniciativa para la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que compartía rango jurídico, pero nada más, con la Ley de Estabilidad Presupuestaria que se deseaba modificar. Algo ilegal y que el Partido Socialista debía saber, ya que fue a instancias de un recurso suyo que el Tribunal Constitucional en 2011 sentenció que las enmiendas a las iniciativas legislativas deben tener conexión con la materia de la ley que pretenden enmendar.
El Gobierno decidió obviar este revés en el Congreso y pasó a elaborar un plan presupuestario que envío a la Comisión Europea el 15 de octubre. Sin embargo, en lugar de basar estos planes en los objetivos de estabilidad vigentes, hizo sus cálculos basados en los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública expresamente rechazados por el Parlamento.
La Comisión Europea no solo se encontró con esa anomalía y requirió información adicional, advirtiendo a España de que:
"El proyecto prevé un crecimiento del gasto nominal en un 1,7 %, lo que excede la recomendación del 0.6 %. El ajuste estructural planificado en 2019 es del 0,4 %, que está por debajo del 0,65 % del PIB requerido en la recomendación del Consejo Europeo del 13 de julio de 2018. De acuerdo con la limitada
información disponible, no podemos excluir un riesgo de desvío del esfuerzo requerido. También tenemos dudas en relación con el cumplimiento de la regla de deuda transicional."
Entonces, el Gobierno aseguró, por carta fechada el 19 de octubre de 2018 del Secretario General del Tesoro al director general de Asuntos Económicos y Financieros de la Comisión Europea, Marco Buti, publicada en la web de la Comisión Europea, que tanto las proyecciones macroeconómicas del plan como las "presupuestarias" habían recibido "el aval de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF)". Lo primero era cierto, pero lo segundo no, como quedó patente en la comparecencia del propio presidente de la AlReF en el Congreso de los Diputados el jueves 25 de octubre, en la que la AlReF hizo pública su valoración de los planes presupuestarios del Gobierno, que no era precisamente un aval, sino una advertencia de los graves riesgos de incumplimiento, y recomendaba un estrecho seguimiento.
La AlReF solo concluyó que el plan presupuestario era "factible" después de revisar información adicional al día 19 de octubre aportada por el Gobierno hasta un día antes de dicha comparecencia, según manifestó, reiteradamente, el propio presidente de la AlReF en su comparecencia del pasado día 25. El Gobierno engañó por escrito a Bruselas, dilapidando su crédito ante la Comisión y dañando notablemente la reputación de nuestro país.
Por aquel entonces, Ciudadanos ya salió al paso de los cálculos remitidos por el Gobierno a Bruselas, estimando que las cifras de recaudación de las subidas de impuestos de Sánchez estaban infladas en al menos 4.364 millones de euros, una cifra muy superior a la que apuntaban otros analistas y que luego han venido a confirmar el Banco de España o la AlReF.
Comparativa de las estimaciones de ingresos del Gobierno y Oficina Económica de Cs
El Plan Presupuestario elaborado por el Gobierno, como anticipó Ciudadanos, recibió un dictamen desfavorable por parte de la Unión Europea, situando a España en la categoría de "Riesgo de incumplimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en 2019", como ya estuvimos en 2015 y que a punto estuvo de costarnos una multa de 2.000 millones de euros. Según la Comisión Europea, los planes presupuestarios de Sánchez llevarían a nuestro país a cerrar 2019 con un déficit del 2,1-2,2 %. La importancia de esto es que, cuando finalmente el Gobierno presentó el Proyecto de PGE 2019, la
Comisión declinó revisar de nuevo el proyecto, ya que no difería sustancialmente de los planes presupuestarios ya revisados.
Un resumen de la valoración que la Comisión Europea hace de estos PGE podría ser:
- Sitúan a España en la peor categoría, la de "riesgo de incumplimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en 2019".
- La Comisión 2018 prevé que el déficit de 2019 sea de un 2,1 % del PIB.
- La Comisión Europea pedía un ajuste estructural del 0,65 % del PIB y califica el avance de "Limitado", es decir, nulo.
- El Gobierno solo lograría una reducción del déficit en 2019 del 0,1 % del PIB, es decir, 1.000 millones, con sus subidas de impuestos; todo lo demás es producto del propio crecimiento económico.
- La Comisión estima el impacto de las medidas de nuevos ingresos en 0,4 % del PIB (2.000 millones menos de lo calculado por el Gobierno) y del 0,3 % del PIB para gastos y se señala que los planes del Gobierno tendrán un impacto negativo sobre el empleo (particularmente la subida brusca del SMI). De hecho, el primer día hábil siguiente a la entrada en vigor de la subida del SMI, los servicios públicos de empleo detectaron nada menos que 274.000 despidos, con un saldo neto de destrucción de 43.000 empleos a jornada completa y hay indicios de que los malos datos de empleo en enero han sido peores en las CC.AA. donde hay más trabajadores cobrando el SMI.
- La Comisión advierte que un incremento del salario mínimo del 22 % supondrá entre 40.000 y 150.000 empleos menos.
- La Comisión declara que "España no está haciendo un progreso suficiente para reducir su deuda pública" y pide al Gobierno que emplee los "windfall gains", los vientos de cola, para acelerar la reducción de deuda, que está cerca del 100 % del PIB.
El Gobierno volvió a presentar en diciembre de 2018 el mismo acuerdo del Consejo de Ministros con los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública que fueron rechazados en julio, y esta vez cayeron en el Senado. En cuestión de días, el Gobierno presentó unos Presupuestos Generales del Estado ante las Cortes, ignorando las recomendaciones de la Comisión Europea y el veto del Senado, con unas previsiones de ingresos irreales, incumpliendo los objetivos de déficit de partida y un descuadre de más de 11.000 millones de euros.
Con este proceder, el Gobierno contradice el artículo 15.7 de la LO 2/2012 "aprobados los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública por las Cortes Generales, la elaboración de los proyectos de Presupuesto de las Administraciones Públicas habrán de acomodarse a dichos objetivos". El Proyecto de Ley presentado sitúa el techo de gasto en 125.064 millones de euros, un 4,4 % más que en 2018, conforme a sus planes presupuestarios iniciales. Respecto al déficit y deuda pública, el Gobierno no parece haberse atenido a ningún objetivo.
III. El déficit público no se ajusta al objetivo vigente del 1,3 % del PIB
Aunque el Consejo de Ministros de 20 de julio aprobó una nueva senda de déficit para el periodo 2019-2021, la no ratificación en el Parlamento hace que los PGE 2019, siguiendo el contenido del Programa de Convergencia autorizado inicialmente por la Comisión Europea y posteriormente confirmado en el Parlamento de España, deberían estar elaborados para alcanzar un saldo negativo de la Administración Central del -0,3 % del PIB y de los Fondos de la Seguridad Social del -0,9 % del PIB. La suma de ambos déficits debería ser del -1,2 % del PIB, pero es del -2,3 %.
Ingresos y gastos consolidados en PGE 2019
La documentación presentada en el Parlamento parece combinar los criterios de caja y devengo, pero no incluye información para convertirla al de Contabilidad Nacional, el utilizado para cumplir el objetivo marcado por la Unión Europea.
La previsión de ingresos consolidados en 2019 (316.181 millones de euros) aumenta el 7,8 % sobre la dotación inicial del pasado ejercicio (+46.500 millones de euros). Este porcentaje de evolución anual puede disminuir en alguna décima por la mejor ejecución obtenida en 2018. Dentro de los ingresos consolidados del Estado se utiliza la recaudación por IVA sin aplicar el efecto SII, es decir, se utiliza la valoración obtenida de ingresar trece meses durante 2019. La previsión de gastos consolidados en 2019 (345,358 millones de euros) aumenta el 5,3 % anual. Esta evolución posiblemente se mantenga cuando se compara con la ejecución de 2018.
Con esta información de ingresos y gastos consolidados (páginas 479 a 485 del Informe Económico y Financiero) se obtiene un déficit del -0,84 % para la Administración Central y del -1,49 % para la Seguridad Social, es decir, un déficit agregado del -2,32 % del PIB en los PGE 2019.
En el supuesto de que las Comunidades Autónomas cumplieran con su objetivo del -0,1 % del PIB y la hipótesis de que las Entidades Locales mantuvieran un superávit de 0,6 % del PIB, el déficit de las administraciones públicas españolas sería del -1,82 % del PIB.
Esto demuestra que el Gobierno no ha hecho nada para ajustar sus presupuestos al objetivo de déficit de 1,3 % y que el Gobierno ha mantenido, desafiando nuestro marco legal, el objetivo del 1,8 %. Con esto, el Gobierno se sitúa fuera del respeto al principio de estabilidad presupuestaria consagrado en el artículo 11.1 de esa Ley: "11.1 La elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de las Administraciones Públicas y demás entidades que forman parte del sector público se someterá al principio de estabilidad presupuestaria".
Claramente, este proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para 2019 también incumple el artículo 15.6 de la citada Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que señala: "7. Aprobados los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública por las Cortes Generales, la elaboración de los proyectos de Presupuesto de las Administraciones Públicas habrán de
acomodarse a dichos objetivos.". Este proyecto de ley, como se señalará posteriormente, no se ajusta a los objetivos de déficit aprobados por las Cortes Generales.
Cuadro resumen déficit público previsto por el Gobierno en PGE 2019
Fuente: SEPG.
Además, como ya han advertido la Comisión Europea, la AlReF, el Banco de España y este Grupo Parlamentario, el déficit público ni siquiera será del 1,8 %, sino que lo más probable es que se sitúe entre el 2,1 % y el 2,4 % del PIB, como poco, al tiempo que lastra la creación de empleo y la actividad económica con más impuestos.
Esto nos deja con unas cuentas públicas que no cuadran de partida, con un agujero de 10.000 millones por el lado de la previsión de ingresos y un déficit casi un punto del PIB por encima del objetivo legal vigente que es el 1,3 %.
Saltarse los principios y las normas de estabilidad presupuestaria no sale gratis, mina la credibilidad de nuestro país, afecta a la percepción de inversores y socios internacionales y deteriora nuestras condiciones de financiación.
España, con un nivel de deuda similar a Francia y una previsión de crecimiento mayor que la del país vecino, paga por la deuda pública el doble que Francia por la pésima credibilidad fiscal de nuestro Gobierno.
En estos PGE, la cantidad que se destina al pago de intereses de deuda frena su reducción y se sitúa por encima de los 31.000 millones, es la política de gasto más abultada de los presupuestos después de Pensiones, representando un 8,6 % de los PGE 2019. En los PGE 2018 esta partida se redujo un 2 %, con un ahorro en intereses de 623 millones de euros. En los PGE 2019 esta partida se reduce un 0,5 %, lo que supone un ahorro de tan solo 150 millones de euros, cuatro veces menos que el año precedente.
IV. Ingresos inflados y más impuestos
Ciudadanos se propuso durante la negociación de los PGE de 2017 y 2018 proteger la estabilidad, la prosperidad y la credibilidad de España. Esto implicaba acabar con algunas prácticas presupuestarias comunes a gobiernos del PP y del PSOE, que consistían en inflar los ingresos de manera increíble y ajustar el gasto vía inejecución de presupuestos que sobre el papel se podían vender bien. Los PGE de 2017 y 2018 acabaron con esto. Como admitía la Secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos, Gualda Romero, en su reciente comparecencia: "Este buen comportamiento lo pueden observar en tanto el total de la recaudación en el ejercicio 2018 ha superado a lo presupuestado, ya que ha sido un 100,2 %".
Sin embargo, el acuerdo del Gobierno con Podemos ha propiciado que se vuelva a las andadas, con una previsión de ingresos "fake", irreal. El proyecto de Presupuestos Generales de Estado 2019 presentado por el Gobierno de Sánchez infla los ingresos para tratar así de cuadrar sus partidas de gasto. Según el Gobierno, 6.000 millones de euros saldrán de subidas de hasta ocho impuestos (dos de nueva creación ni siquiera aprobados) y además prevé que la recaudación (impuestos y cotizaciones) suba otros 14.000 millones por el crecimiento económico que todos los indicadores dicen que va a ralentizarse.
Los PGE 2018 preveían un aumento de los ingresos del 4,6 % con un crecimiento del PIB real del 2,5 %; mientras que ahora el Gobierno estima que los ingresos crezcan un 7,8 % con la economía ralentizándose al 2,2 % en 2019.
INGRESOS CONSOLIDADOS NO FINANCIEROS
Fuente: Libro amarillo PGE 2019, Ministerio de Hacienda.
El Gobierno propone una subida masiva de impuestos a todos los españoles
Son numerosas las medidas que incrementan la presión fiscal en España que se han incorporado al borrador del proyecto. Destacan: el aumento de las bases de cotización máximas en un 7 %; de las mínimas, en línea con el incremento del salario mínimo interprofesional en un 22 %; la fijación de un tipo mínimo del 15 % sobre la base imponible de las grandes empresas en el impuesto sobre sociedades; incremento del IRPF y del patrimonio para las rentas más altas; un incremento del impuesto de hidrocarburos, el dieselazo, y dos figuras tributarias, nuevas como son el impuesto sobre transacciones financieras y el impuesto sobre determinados servicios digitales.
El Gobierno miente cuando afirma que no ha subido los impuestos a la clase media trabajadora. La subida del diésel supondrá no solo 3,8 céntimos por litro, como pone en PGE, porque hay sumarle el IVA, que es un 21 % adicional, por lo que la subida real será de 4,6 céntimos, unos 2,5 ? más por depósito. Esto es una precisión muy importante evidentemente para los 18 millones de conductores de diésel, que no son ricos. Además, aunque el Gobierno vende esta medida como ambiental, no ha aumentado las ayudas de compra a vehículos de energías alternativas. En cambio, ha dejado fuera de la subida a los profesionales del transporte, por lo que destinará 1.091 millones a bonificaciones de diésel, un 20 % más que el ejercicio anterior. Precisamente, son los profesionales del transporte los que utilizan más sus vehículos. Por consiguiente, si el objetivo del Gobierno fuese reducir la contaminación, la exención de estos profesionales simplemente no se entiende.
Comparativa actualizada de ingresos según el Gobierno y Oficina Económica de Cs
Nuevos impuestos a servicios digitales y transacciones financieras
El Gobierno estima que va a recaudar 1.200 millones con la denominada "Tasa Google", que no se ha implantado en ningún sitio, y que en estos momentos sigue en fase de proyecto: no solo es que no sepamos qué se pretende recaudar ni a quién, es simplemente que la Administración Tributaria española no tiene experiencia alguna en un impuesto que es novedad mundial. Aun así, según el análisis de impacto que elaboró la Comisión Europea, cuando presentó su propuesta para la Unión Europea, los 28 países miembro podrían llegar a recaudar 4.800 millones de euros al año si aplicasen ese impuesto, lo que, aproximando por tamaño de la economía, supondría unos 360 millones en España.
Algo parecido a la fantasía de la tasa Google sucede con la ley "anti-fraude": no hay, en este caso, ni proyecto de ley, y siendo muy optimistas (para la recaudación) no se puede esperar que estén en vigor más que un trimestre en 2019, como mucho. En algunas cuestiones que incluye la ley anti-fraude como la prohibición por ley de las amnistías fiscales, no se entiende cuál puede ser el resultado recaudatorio. De hecho, la propia medida ni siquiera se entiende: una nueva ley de amnistía dejaría sin efecto esta norma.
Lo peor, y es indicativo del grado de chapuza con la que está redactada y planteada toda esta normativa, es que esta ley ya existe. Según se establece en la disposición adicional vigésima primera de la Ley de Presupuestos de 1992, y que no se ha derogado: "A partir del 1 de enero de 1992 no se dictará disposición alguna, de cualquier rango, que implique para quien hubiere incumplido sus obligaciones tributarias, amnistía fiscal ni se establecerán otras regularizaciones análogas a las contenidas en la Disposición Adicional Decimotercera y en el punto uno de la disposición adicional decimocuarta de la Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas".
Por otra parte, el mal llamado Impuesto sobre Transacciones Financieras se limita a un recargo del 0,2 % sobre la compra de acciones de empresas cotizadas españolas, sin tener en cuenta otros instrumentos financieros como bonos o derivados, y sin tener en cuenta el mayor riesgo que acarrean unos respecto de otros. Es decir, afectará sobre todo a pequeños inversores que no pueden buscar vías alternativas de negociación y afectará negativamente a la liquidez bursátil, lo que podría empeorar la financiación y el coste de capital de las empresas.
El Gobierno estima que podrá recaudar 850 millones, pero visto la experiencia en Italia y Francia, y el menor tamaño de España, todos los expertos estiman una recaudación anual de entre 400 y 600 millones de euros. El primer año, Francia no recaudó nada, y dados los retrasos que lleva España, como hemos visto antes, la recaudación que cabe esperar es cero en 2019.
Quienes han introducido este impuesto no ofrecen buenas experiencias. Por ejemplo, Suecia impuso esta tasa en los años ochenta y vio como las operaciones en la Bolsa de Estocolmo se trasladaban masivamente a Londres. Suecia no ha recuperado ese mercado bursátil, porque las empresas no han regresado a su mercado. En Francia, el Tribunal de Cuentas realizó un informe muy crítico demostrando que la tasa se había trasladado enteramente al pequeño inversor y que no había conseguido ninguno de los objetivos por los que se había promovido. En base a la recaudación en países que ya han introducido un impuesto similar cabe esperar que España recaudará la mitad de lo que presume el Gobierno, sin tener en cuenta el retraso de la tramitación parlamentaria, ni el tiempo necesario para su puesta en funcionamiento. Como en el caso de la denominada tasa Google, o la ley anti-fraude, la recaudación que cabe esperar en 2019 de esta "tasa Tobin al estilo Sánchez" es de CERO euros.
El año de trece meses de IVA de grandes empresas
Merece la pena detenerse en los 5.000 millones de euros extra incluidos en el Presupuesto por el IVA de las grandes empresas. El IVA se cobra sobre las ventas de las empresas, a través del Sistema de Información Inmediata (SII). Si las grandes empresas venden lo mismo y aplican el mismo tipo de IVA, entonces el Estado recaudará lo mismo. Que se adelante diez días un pago hace que se tengan en caja a 31 de diciembre 5.000 millones más, pero a mitad de enero del año siguiente, o sea unos días más tarde, el dinero en caja será el mismo. Con ese dinero no se puede financiar gasto permanente, porque el Estado no cobra más IVA. Al igual que para una empresa contabilizar un adelanto de cobro, o un descuento de una factura, como una venta es un fraude, esto no es distinto para el Gobierno de Sánchez y Montero. Eso sí, este maquillaje o fraude contable son nada menos que 5.000 millones de euros.
Otras previsiones irreales y los cálculos de AlReF y Banco de España
La previsión del Gobierno es que el Impuesto de Sociedades tenga el mejor comportamiento desde los años de la burbuja y recaude 27.000 millones. La pretendida reforma del impuesto de sociedades con un mínimo del 15 % para las grandes empresas sobre la base imponible apenas tendrá efecto sobre la recaudación. Esto se debe a que las grandes empresas ya están pagando bastante más del 15 %, por lo que el nuevo límite introducido es redundante, el artículo 39 de la Ley del Impuesto de Sociedades limita las deducciones al 25 % de la cuota íntegra que no va a aportar recaudación. Es otra de las trampas del Gobierno.
No obstante la modificación del régimen fiscal de esos dividendos repatriados de las filiales extranjeras rebajando la exención del 100 al 95 % sí permitiría ingresar entre 800 y 900 millones, esto es la mitad de lo estimado por el Gobierno.
De nuevo otra trampa del Gobierno es que se apunta 339 millones de ingresos por el incremento del Impuesto sobre el Patrimonio, pero este está cedido a las CC.AA. de modo que los ingresos del Estado por este concepto serán cero. La AlReF ha dicho claramente: "en el caso del Impuesto sobre Patrimonio nosotros no le damos ninguna capacidad recaudatoria porque depende de las comunidades autónomas y, por lo que hemos visto en los presupuestos de las distintas comunidades autónomas, no hay previsto desplegar esa capacidad que tienen y por tanto no hay ingresos previstos por esa vía". A esta contundente observación de nuestra autoridad fiscal independiente, hay que añadir que el Impuesto sobre el Patrimonio de 2019 se ingresará en mayo y junio de 2020 y es un ingreso de las CC.AA., no del Estado.
En conclusión, ¿qué piensa la AlReF? "La AlReF piensa que ese 9,5 (aumento de impuestos) va a ser, en nuestra mejor estimación, un 7,5 %, 2 puntos menos. (...) Ahora vamos a ver la valoración de los ingresos tomando como partida el plan presupuestario, la evaluación que se hizo del plan presupuestario de octubre. (...) la estimación del Gobierno, que era de unos 5.700 millones. Cuando estuve aquí ya presentamos una ficha individualizada con mucho detalle de cómo lo habíamos estimado y nos quedábamos en 4.200 millones de euros. El Gobierno ahora sigue con una estimación en los Presupuestos Generales del Estado muy similar, y nosotros hemos ido todavía más abajo y estamos en 2.900 millones. 1". El último cálculo de la AlReF de las nueva medidas de ingresos coincide sustancialmente con lo que decíamos desde Ciudadanos ya en octubre de 2018 (ahora, como se ha visto, somos un poco más pesimistas aún) y es que el Gobierno recaudará aproximadamente la mitad de lo que prevé.
"¿Cuál es la valoración que hace el Banco de España sobre la previsión de ingresos del proyecto de Presupuestos Generales del Estado? En su conjunto, el proyecto básicamente asume un crecimiento de los ingresos tributarios y de las cotizaciones sociales ligeramente por encima del 8 %, 8,2 % en términos presupuestarios. Nosotros pensamos, de acuerdo con las estimaciones de nuestros economistas, que estas estimaciones de ingresos públicos se encuentran sujetas a riesgos a la baja muy significativos. (...) En primer lugar -y esto tiene que ver con una cuestión puramente contable-, está el hecho de que la mayor recaudación del nuevo suministro inmediato de información, que básicamente lo que supone es que durante este año en términos presupuestarios, aunque no en términos de contabilidad nacional, se recaudarán trece meses frente a los doce habituales, ese mayor mes, dado que la contabilidad nacional lo que sigue es el principio de devengo, evidentemente no podrá ser incorporado a los ingresos públicos que afectan al déficit público (...), cuando uno elimina el efecto del suministro inmediato de información, se convierte en un 6,9, es decir, en una cantidad mucho más reducida. (...) si tomáramos ese crecimiento de los ingresos públicos del 6,9 %, es decir, una vez eliminado el efecto recaudatorio del nuevo suministro inmediato de información que, insisto, no tendrá repercusión en términos de contabilidad nacional, y uno utiliza elasticidades impositivas históricas, por ejemplo, estimadas por la OCDE o por la Comisión Europea, así como por los expertos del Banco de España, la previsión de crecimiento se reduciría hacia los entornos del, 5,6 %, como pueden ver en esa línea rosa que está en el gráfico de la izquierda, o para el caso de las cotizaciones sociales, se reduciría desde el 6,9 hacía el entorno 5 %" 2. Por tanto, el Banco de España apunta a una desviación de ingresos de 8.796 millones de euros.
En resumen, la AlReF estima una desviación de siete décimas en la Administración General del Estado, derivada fundamentalmente de los ingresos: es decir, un agujero de 8.400 millones de euros. El Banco de España estima el agujero en unos 8.800 millones. Por último, la Oficina Económica de Ciudadanos considera que este agujero en la Administración General del Estado alcanzará las ocho décimas, unos 9.600 millones de euros. En fin, se tomen las cifras que se tomen, estamos ante una previsión de ingresos de ciencia ficción y de imposible cumplimiento.
1 http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/DS/CO/DSCD-12-CO-701.PDF
2 http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/DS/CO/DSCD-12-CO-700.PDF
V. Déficit de la Seguridad Social
Donde es más claro que nos estamos haciendo trampas al solitario es en el presupuesto de la Seguridad Social, es decir, por la garantía de las pensiones de los españoles. El déficit objetivo de la Seguridad Social es un 0,9 % del PIB, pero el agujero entre sus ingresos y gastos obliga a instrumentar de nuevo un préstamo del Estado a la Seguridad Social, que, si el año pasado fue de 13.557 millones, en 2019 habrá de ser de 15.164 millones, lo que supone por sí solo un déficit del 1,2 %, sin que hayamos empezado a hablar de ingresos por cotizaciones irrealizables.
En el propio informe económico-financiero de los Presupuestos (el conocido como libro amarillo) se señala textualmente: "Para 2019 se han presupuestado en pasivos financieros 15.164 millones de euros, reflejo de la dotación de préstamos por parte del Estado a la Seguridad Social para equilibrar, presupuestariamente, las cuentas de la Seguridad Social. También en 2019 está previsto, para el equilibrio presupuestario de la Seguridad Social, la utilización del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. En este sentido, en el estado de ingresos del presupuesto de la Seguridad Social figura como ''Utilización de activos financieros afectos al FRSS y a otros fondos del Sistema'' un importe de 3.693 millones de euros.".
Como los ingresos, fundamentalmente las cotizaciones, no serán suficientes para pagar las pensiones, entonces se venderán activos del fondo de reserva por casi 3.700 millones. En estos activos está materializado el superávit de años anteriores, en los que había más ingresos por cotizaciones que gasto en pensiones. Como no basta, la Seguridad Social pedirá un préstamo a diez años al Tesoro, que muy probablemente no devolverá. Entre ambas cuestiones, nos encontramos un déficit, un exceso de gasto sobre ingresos en el ejercicio 2019, de 18.800 millones de euros, unos 8.000 millones más de déficit que la previsión del propio Gobierno Sánchez.
Un inciso: el préstamo del Tesoro supone financiar a cargo de impuestos de los ciudadanos el aumento de las pensiones. Ahora bien, si no se ajusta el cupo, este aumento corre a cargo de todos los ciudadanos que no tienen privilegio de estar en un territorio foral. Por supuesto, el PP, el PSOE y Podemos lo que hicieron en el cuponazo fue recortar el cupo que paga el País Vasco, obviar este ajuste, como muchos otros, y blindar esta financiación privilegiada. Solo Ciudadanos presentó enmienda a la totalidad y votó en contra. Una reflexión relevante se refiere a las razones del PNV exigiendo mayores pensiones, especialmente el incremento de las más elevadas, en la comunidad que tiene las pensiones más altas de España. Quizás, solo quizás, una de estas razones es que este aumento solo lo acabarán pagando, vía impuestos, los contribuyentes del resto de España.
El citado libro amarillo, es decir, el Gobierno de Sánchez, rebaja esta estimación de Ciudadanos, un desfase de gastos sobre ingresos, de 18.800 millones de euros a... 18.651, en estos términos: "Como consecuencia de los gastos e ingresos no financieros previstos en el Presupuesto de la Seguridad Social para 2019, se deduce un resultado no financiero por importe de -18.651 millones de euros". Es posible que se vendan las joyas de la abuela, fondo de reserva, por 3.693 millones, y la Seguridad Social se empeñe, pida un préstamo con el Tesoro por 15.164 millones y tenga finalmente un déficit de 18.651, y no de la suma, que son 18.800 millones, porque haya una pequeña diferencia temporal de tesorería, lo que resulta casi imposible de explicar es cómo, con estas cifras, se pretende dejar el déficit en 11.000 o 13.000 millones. En resumen, faltan 8.000 millones en la Seguridad Social.
Esta conclusión fue admitida explícitamente por la Secretaria de Estado de Presupuestos en su comparecencia en la Comisión de Presupuestos en estos términos: "me dicen que la Seguridad Social tiene un déficit que se valora en 1,5. Nosotros no hemos negado que el déficit de la Seguridad Social, saldo presupuestario en términos de déficit, serán 18.650 millones. Hemos hecho un trabajo para que sea 18.650...". Recordemos que el déficit máximo autorizado por las Cortes Generales para la Seguridad Social era el 0,9 % del PIB, es decir unos 10.800 millones de euros. La propia Secretaria de Estado de Presupuestos, en sede parlamentaria, admite abiertamente que faltan casi 8.000 millones de euros para cumplir el objetivo. Solo la Seguridad Social, con un déficit del 1,5 %, supera el objetivo de déficit de todas las Administraciones Públicas españolas en 2019, que es el 1,3 %.
Si a este exceso de déficit de casi 8.000 millones en la Seguridad Social añadimos el brutal agujero de ingresos en la Administración General del Estado (8.400 millones para la AIReF, 8.800 millones para el Banco de España, o 9.600 millones para la Oficina Económica de Ciudadanos), nos encontramos con un agujero en las Administraciones que dependen directamente del ejecutivo socialista de entre 16.000 y 17.500 millones. Una pequeña parte de este agujero puede compensarse con el superávit de la Administración local, pero no más, siendo muy optimista, de unos 5.000 millones de euros. En consecuencia, de aprobarse este presupuesto, España excederá el objetivo de déficit entre 0,9 y 1,0 %
del PIB, como mínimo. A esto habría que añadir supuestos de responsabilidad patrimonial del Estado (autopistas, por ejemplo), o el coste para el Fondo de Garantía de Depósitos y el Fondo de Resolución Ordenada Bancaria de los Esquemas de Protección de Activos, que consolidan con la Administración General del Estado, concedidos para salvar a los depositantes de las cajas de ahorro politizadas quebradas en el proceso de reordenación bancaria. Estas eventuales responsabilidad y garantías no se han estimado todavía, pero su valor tiene el riesgo de ser significativo.
En resumen, con este proyecto de presupuestos, el Gobierno de Sánchez incumple la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, los compromisos europeos de España recogidos en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, y quiebra la disciplina presupuestaria y la confianza en las finanzas públicas españolas.
VI. Los PGE aumentan los agravios y la brecha entre españoles
Hemos apuntado ya que en opinión de este Grupo Parlamentario estos presupuestos son pésimos para España, no solo por su contenido, sino también por la elección de socios que el Gobierno ha hecho para negociarlos.
Por un lado, incluyen medidas radicales, como subir de golpe el SMI un 22,3 % para contentar a Podemos, a pesar de que esto destruirá empleo, como ha advertido la Comisión Europea, en una fase de la recuperación económica delicada y de consolidación. Hay que recordar que en los PGE 2017 y 2018 venía subiéndose el SMI con una subida acumulada del 12 % sin incidencia en el empleo. Por otro lado, el Gobierno trata de contentar a nacionalistas vascos y catalanes con cesiones presupuestarias y extrapresupuestarias que ahondan las desigualdades entre españoles y suponen un precio político y económico intolerable.
El control del Gobierno en este punto es especialmente complicado por la falta de transparencia y los bandazos que da el propio Gobierno. En cualquier caso, desde que el Gobierno anunció su intención de traer unos PGE de la mano de Podemos a las Cortes hemos sido testigos de varias señales de alarma:
1. La visita de Pablo Iglesias a la prisión de Lledoners para negociar el apoyo a PGE con Oriol Junqueras, a la salida de la cual el propio Iglesias manifestó que él ya había hecho su trabajo y "ahora le toca al Gobierno".
ERC advertía de que no negociaría los Presupuestos sin un gesto del Gobierno con los políticos presos y volvió a recordar sus exigencias de que se construya un escenario de diálogo para que en Cataluña se pueda "ejercer el derecho a la autodeterminación", y que "finalice la represión". ERC evidenciaba que, para ellos, apoyar los PGE son una mera moneda de cambio para lograr privilegios, indultos y eludir la aplicación de la ley al presentar una enmienda a la totalidad de los mismos.
2. La "mini-cumbre" entre Sánchez y Torra en Pedralbes, donde la Generalitat ha buscado y explotado un tratamiento protocolario y simbología reservada a un jefe de Estado extranjero.
3. El portavoz de ERC aseguró a la prensa que Podemos habría ofrecido la salida del Gobierno del ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, a cambio de que su formación apoyase el proyecto de Presupuestos Generales del Estado. Lo que resulta vergonzoso en todo esto es que el Gobierno no defendió a su ministro, cuando este afirmó que un diputado republicano le había escupido mientras abandonaba el hemiciclo, y además ofreciese dejarle caer.
4. El PSOE voto en contra de una moción propuesta en el Congreso en noviembre de 2018 para prohibir los indultos a los políticos independentistas.
5. También en ese mes de noviembre el Gobierno hizo un gesto favorable a los intereses de los políticos investigados por el 1 de octubre, imponiendo a la Abogacía del Estado que en el escrito de acusación se excluyera el delito de rebelión y que rebaja a la mitad las penas que pide la fiscalía. Posteriormente, la reprobada ministra de Justicia destituyó de su puesto al Coordinador de la Abogacía del Estado partidario, como la Fiscalía, de acusar por el delito de rebelión.
6. A finales de diciembre de 2018, la Generalitat anunció sus planes de retomar la puesta en marcha de la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) para recaudar los impuestos estatales que pagan las empresas públicas y las administraciones catalanas al Estado, sin oposición del Gobierno. La ATC era considerada una pieza clave en los planes de desconexión de Puigdemont y formaba parte de la creación de estructuras de Estado.
7. Sin duda, el gesto más vergonzoso y preocupante ha sido el más reciente. Realizado con la enmienda a la totalidad de ERC ya registrada, el Gobierno concedió a los nacionalistas contar con un mediador en la mesa de partidos. El Gobierno ha tratado de enmascarar la vergüenza de comprar el marco conceptual de la propaganda independentista, hablando de un "relator" y limitando su función a la de asistir a las reuniones
para "tomar notas" y "ordenar el trabajo". El Gobierno a nadie engaña, y menos aún a los propios socialistas, como dijo Alfonso Guerra: "Es un desatino crear un relator, porque España no es Yemen".
Dentro del propio proyecto de presupuestos los agravios y la brecha entre españoles pueden incluso cuantificarse.
El abuso político de las inversiones en PGE
Los PGE 2019 anuncian a bombo y platillo una subida del 20 % de la inversión en las CC.AA., especialmente fuerte en Cataluña, pero de nuevo aquí se esconden un par de trampas que burlan las expectativas creadas.
Lo que sí han logrado ya estas cifras de inversiones es aumentar los agravios comparativos entre CC.AA., ya que perjudican notablemente a los residentes de unas CC.AA. frente a otras, en particular Madrid, Cantabria, Baleares, Galicia, La Rioja, Ceuta o Melilla... se verían muy perjudicados.
Los PGE de 2019 aumentan en 700 millones las inversiones en Cataluña, que acaparan un 33 % del incremento total, al margen de los 200 millones ya acordados con la Generalitat tras el Consejo de Ministros de Barcelona. El Gobierno parece dispuesto a aumentar la inversión estatal en Cataluña al margen de consideraciones de inversión técnica, discriminando al resto de CC.AA. para favorecer al govern separatista de la Generalitat. La excusa es cumplir con la disposición adicional tercera del Estatut, que hace años que agotó su vigencia, y además no vincula al Estado en cuanto al porcentaje de inversión, según aclaró el Tribunal Constitucional.
Estos presupuestos muestran a los ciudadanos que las inversiones del Estado, más que a criterios técnicos, parecen responder a criterios políticos. Esta asignación política de recursos es la que propicia palacios de congresos monstruosos, aeropuertos sin aviones y radiales sin coches, cuando lo que precisa nuestro país es impulsar la Oficina Nacional de Evaluación de proyectos de infraestructuras, y anteponer criterios técnicos al oportunismo político.
Total inversión territorializada (M?)
En cualquier caso, esta subida esconde un recorte del 7 % de las inversiones a cargo de los Ministerios, de 3.532 millones a 3.271 millones. Esto contrasta con el aumento del 18 % de estas inversiones en los PGE 2018. El aumento de la inversión se da exclusivamente a cargo del sector público empresarial y fundacional que pasa de 6.595 a 8.910 millones de euros.
Inversión territorializada de Sector público con presupuesto limitativo (M?)
La otra trampa es que, si los PGE 2019 no cuadran y tienen un agujero de más de 11.000 millones, será imposible cumplir con los objetivos de déficit y en esa situación se disparará el grado de incumplimiento de las inversiones presupuestadas.
VII. Recuperación económica, empleo y reformas estructurales
Con una economía mundial ralentizando su crecimiento, la idea genial del Gobierno para incentivar el empleo ha consistido en destopar las cotizaciones sociales en un 7 %, lo que supone un incremento de impuestos sobre el empleo. La otra gran idea de Sánchez e Iglesias consiste en incrementar el salario mínimo (y de paso las cotizaciones sociales de los empleados que menos ganan) la friolera de un 22 %. El primer día hábil siguiente, los servicios públicos de empleo detectaron nada menos que 274.000 despidos, con un saldo neto de destrucción de 43.000 empleos a jornada completa.
La última EPA de 2018, positiva en su conjunto, muestra no obstante una clara desaceleración en la segunda mitad del año, en la etapa de Sánchez y Podemos. Esto sin haber recogido todavía los efectos de la subida del 22 % del SMI y del 20 % de cotizaciones, que el Banco de España y la Comisión Europea ya han advertido que tendrán un impacto negativo sobre la creación de empleo.
Ya empezamos a tener los primeros resultados de la política laboral de Sánchez, que este proyecto de presupuestos profundiza. En enero, tras las medidas laborales de Sánchez, subida de cotizaciones y del 22 % en el SMI, la Seguridad Social perdió 204.865 cotizantes netos. En términos de empleo, fue el peor mes de enero desde 2014, y en términos de Seguridad Social, el peor desde 2013.
La falta de reformas estructurales y de profundidad es alarmante. Seguimos creando un empleo dual y precario. Hay entre seis y siete millones de trabajadores que sufren una rotación abusiva que se refleja en que 9 de cada 10 contratos que se firmaron cada mes durante 2018 fueron temporales. Nuestra tasa de temporalidad es del 26,97 %, la más alta de la UE, más alta aún entre las mujeres que en los hombres, diferencias de género persistentes y crecientes, ya que la tasa de paro de las mujeres ha crecido, mientras que bajó entre los hombres.
Un tercio de nuestros jóvenes están en paro y la precariedad en el desempleo es visible por la persistencia del paro de muy larga duración (1 de cada 3 desempleados lleva más de dos años buscando empleo) y una tasa de cobertura lejos de los niveles precrisis, cuando estaba por encima del 70 %.
Por último, hay señales preocupantes respecto al cambio de modelo productivo: La ocupación sigue con caídas acumuladas muy acusadas frente a 2008: primario (-7,2 %), industria (-15,8 %), construcción (-49,6 %). Sólo ganamos en servicios (6,1 %). Además, la ocupación ha crecido 3 %, frente al PIB del 2,3 % en el cuarto trimestre del año, lo que significa que volvemos a las andadas en cuanto a destrucción de la productividad.
Seguimos teniendo que reformar las políticas de empleo que ayuden a cerrar la brecha entre los perfiles profesionales que buscan las empresas y las capacidades de las personas que buscan trabajo.
Ciudadanos ha demostrado que las cosas se pueden hacer de otra manera: se puede cumplir con los socios europeos, bajar impuestos y mejorar las políticas sociales con los PGE 2018 y 2017.
En 2017 y 2018 subimos el gasto en pensiones, que representa el 41 % del gasto total. Subimos el gasto en sanidad, un 6,3 % (hasta los 4.251 millones); educación, un 3,4 % (hasta los 2.600 millones); cultura, un 7,7 % (hasta los 838); las políticas de fomento del empleo aumentaron en 500 millones de euros, un 9,6 %, más que en 2016, y con una reforma del IRPF con una rebaja fiscal de 2.400 euros y una subida media de las pensiones más bajas de un 2 %, lo que ha beneficiado ya a casi seis millones de perceptores.
Al mismo tiempo conseguimos que se aprobase la ley de apoyo a los autónomos, regulamos un complemento salarial joven para fomentar la formación y la inserción laboral, dotamos con más de 500 millones la Red Cervera de Transferencia Tecnológica para conectar la Universidad y nuestras PYMES, un Plan Prefe contra el abandono escolar, y medidas de conciliación y apoyo de 0 a 3 años para igualar las condiciones laborales de hombres y mujeres.
En 2017 y 2018 Ciudadanos terminó con las prácticas de inflar ingresos y esconder gastos de defensa fuera del presupuesto, aquilatando la credibilidad fiscal de nuestro país, con planes presupuestarios que contaban con el respaldo de Bruselas. De hecho, en 2017 España cumplió por primera vez con los objetivos de déficit acordados con la UE sin excusas.
Ciudadanos propone centrarse en políticas útiles: hemos propuesto una reforma de nuestro mercado laboral que termine con la dualidad y debemos mejorar el entorno de inversión, para situar a España en el top 10 del ranking Doing Business al final de una legislatura.
Hacen falta reformas estructurales, innovación educativa y suprimir gasto superfluo para gastar mejor en lugar de gastar más. Si queremos modernizar nuestro sistema productivo, el Gobierno debe liderar con el ejemplo: priorizar, dinamizar y evaluar el gasto público. Hay que mejorar nuestros resultados educativos; aumentar la transferencia tecnológica entre la universidad y las empresas, particularmente PYMES; apoyar el dinamismo de autónomos y emprendedores, dar estabilidad a las inversiones estratégicas, particularmente en materia de agua, transporte y agenda digital. Estas inversiones en lugar de estar guiadas por objetivos políticos y crear agravios entre CC.AA. deberían estar plenamente justificadas desde un punto de vista técnico y ser social y financieramente pertinentes, para ello hay que apostar decididamente por una Oficina Nacional de Evaluación de inversiones. No menos importante, debemos avanzar en la independencia de los organismos supervisores, garantía de transparencia en la lucha contra el fraude y la corrupción, con medidas como la protección del denunciante o la reforma del proceso de nombramientos.
Estos presupuestos son exactamente lo contrario a lo que necesita España. Las cuentas no cuadran, incluso antes de que los populistas y los separatistas introduzcan sus enmiendas, que en casi todos los casos supondrán más gasto y menores ingresos. Pero está por ver que los apoyos políticos sean suficientes para que Sánchez saque adelante sus cuentas irreales, con el objetivo de mantenerse en el poder a cualquier precio. El precio político que los separatistas están exigiendo no solo consiste en
mayores inversiones a costa de los españoles residentes en otras CC.AA. Torra, por ejemplo, está exigiendo que Sánchez dé pasos para hacer posible la autodeterminación de Cataluña, y por supuesto los presuntos golpistas en prisión preferirían salir de allí lo más pronto posible. Los primeros resultados de este chantaje de los independentistas ya los estamos viendo: la creación de una mesa de partidos con un mediador o relator, comprando el relato falso de los independentistas...
Por eso, desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos nos oponemos a unas cuentas pésimas, que no cuadran y que van en dirección contraria a lo que necesita España, y por eso presentamos esta enmienda a la totalidad. Al mismo tiempo, desde Ciudadanos también presentamos una enmienda a la totalidad al chantaje de los separatistas y a la humillación a la que Sánchez nos somete para intentar permanecer en La Moncloa unos meses más a costa de todo y de todos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta enmienda de totalidad al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2019 y solicita su devolución al Gobierno.
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de Diputado del Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT), integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el artículo 110 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la totalidad al Proyecto de Ley Presupuestos Generales del Estado para el año 2019.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero de 2019.-Carles Campuzano i Canadés, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
El pasado 1 de junio de 2018, hace más de siete meses, el PDeCAT apoyó la moción de censura presentada por el hoy presidente Pedro Sánchez con la voluntad de recuperar la actividad política como instrumento de diálogo y como instrumento parlamentario para abordar los problemas y debates políticos. El objetivo era acabar con la inanición política del anterior presidente, Mariano Rajoy, que optó por inhibirse de sus responsabilidades políticas y traspasar estos conflictos al ámbito judicial. En un estado democrático de derecho, no corresponde a la justicia dar respuestas a problemas políticos, sino que corresponde al Gobierno y al Parlamento.
Desde que se aprobó la moción de censura el espíritu de recuperar el diálogo ha tenido un recorrido muy limitado a pesar de los meses transcurridos. Dos breves encuentros entre el presidente Sánchez y el President Torra y unas cuantas reuniones bilaterales y sectoriales entre los responsables ministeriales y los responsables de las Consejerías de la Generalitat son sin duda insuficientes para empezar abordar y dar respuesta al conflicto entre Catalunya y el Estado español, conflicto que ha sido definido por múltiples líderes políticos y de opinión, como el principal problema político de España.
Más allá de lo que pueda considerarse "independencia judicial", cuando los principales líderes "electos" de un país como Catalunya son detenidos y encarcelados y a punto de ser juzgados, o bien se encuentran en el exilio, y aún en esta precaria situación vuelven a ser elegidos y alcanzan la mayoría parlamentaria en el Parlament en unas atípicas elecciones convocadas por el presidente del Gobierno del Estado, ello significa que existe un muy grave problema político España y Catalunya que los gobernantes del Estado deben debatir con la mayoría independentista de Catalunya, pues sin duda sobrepasa la esfera judicial.
El Estado exige el cumplimiento de la Constitución y el Estatut vigente, pero este Estatut, máxima ley de Catalunya, no ha sido votada ni por el Parlament, ni por el Congreso, ni por el Senado, ni refrendado por los catalanes, es el Estatut del Tribunal Constitucional, no es el votado por los catalanes, hay aquí un agujero negro legislativo y democrático que obliga al Gobierno del Estado a un debate político, que sobrepasa el estricto ámbito judicial.
Por activa y por pasiva el PDeCAT ha manifestado que resultaba muy difícil, por no decir imposible, afrontar el trámite parlamentario de los presupuestos generales del Estado para el próximo año mientras el presidente del Gobierno no ponga encima de la mesa una propuesta para solucionar el conflicto político existente entre Catalunya y España. Si es el principal problema que tiene España, ¿por qué el Gobierno de España no lo aborda como tal? ¿Dónde está la capacidad política del Gobierno socialista si se inhibe ante el más importante de los problemas, al igual que hizo el presidente Rajoy? La estabilidad política solo se alcanzará si los problemas se abordan en su justa dimensión y ello requiere que el Gobierno encare directamente el reto de abordar el conflicto político existente entre Catalunya y España.
Si la moción de censura permitió abrir una puerta al diálogo, con carácter previo a la tramitación del Proyecto de ley de presupuestos, el Gobierno debe garantizar que habrá mesas para el diálogo. Aunque a lo largo de las últimas semanas ha habido tímidos avances en relación a estos aspectos, estos no son suficientes ni disponen de la concreción necesaria, y desde el PDeCAT siempre mantendremos abierta la puerta a consolidar estos espacios de dialogo tanto hasta el día 13 donde se van a producir las votaciones a las enmiendas a la totalidad, como obviamente más allá del calendario de tramitación de los presentes presupuestos; no obstante, entendemos que es necesario consolidar estos espacios de diálogo para resolver el conflicto político con carácter previo a la tramitación de dicho presupuesto que habrá voluntad sincera para practicarlo, sin vetos previos, de manera que aspectos como el derecho a la autodeterminación de Catalunya formen parte de este diálogo.
Desde una segunda perspectiva, estrictamente presupuestaria, el Proyecto de Ley presentado a debate, en opinión del PDeCAT, resulta insuficiente para afrontar con éxito los retos sociales y económicos que la sociedad catalana necesita.
El Proyecto de Ley anual de presupuestos constituye el principal instrumento de gestión de las políticas sociales y económicas que impulsa el Gobierno. Para su aprobación es necesario el concurso de una mayoría parlamentaria, por ello, antes de presentarlo a debate, si el Gobierno pretende aprobarlo, debe consensuarlo con las fuerzas parlamentarias que después deban apoyarlo. No ha sido este el procedimiento utilizado hasta el momento por el Gobierno, lo cual debilita su voluntad de aprobarlo.
Es cierto que la inversión presupuestada para Catalunya aumenta hasta representar el 16,8 % del total territorializado, pero para cumplir con lo estipulado en la disposición adicional 3.ª del Estatut debiera representar el 19,2 %, que es el peso del PIB catalán en el PIB español, este fue el compromiso que asumió el Gobierno socialista al presentar unos presupuestos que anunciaba como favorables a Catalunya, pero no ha cumplido el compromiso. La diferencia son casi 300 M?.
La segunda cuestión a debate es la ejecución presupuestaria. El Gobierno concentra la casi totalidad del aumento de la inversión en Catalunya en ADIF, que en los últimos años se ha destacado por su reducida ejecución de las inversiones presupuestadas. En 2018 la información presupuestaria indica que solo ha ejecutado el 53 % de lo previsto para el Corredor del Mediterráneo en Catalunya y solo el 31 % en Cercanías de Barcelona; en 2017 ejecutó el 48 %, en 2016 el 55 % y en 2015 el 27 %. Con este balance de incumplimientos y sin cláusulas penalizadoras en caso de inejecución, esta es una propuesta presupuestaria insuficiente para Catalunya.
Una tercera cuestión que no contemplan los Presupuestos 2019 es un nuevo sistema de financiación para Generalitat, comunidades autónomas y ayuntamientos. Desde el 1 de enero de 2014 se está prorrogando un sistema de financiación injusto porque los ingresos que proporciona a la Generalitat son insuficientes para financiar las competencias que le corresponden. Sanidad, educación, servicios sociales, seguridad, bomberos, ... son servicios básicos que requieren de mejor financiación. Más de cinco años de retraso en la actualización del sistema acumula una deuda del Estado con la Generalitat y demás comunidades que estos presupuestos no corrigen, pero es evidente que requieren de compensaciones.
Valoramos positivamente varios cambios presupuestarios en política social. El aumento de las pensiones con mantenimiento de poder adquisitivo, ya fue aprobado a través del RDL 28/2018, el incremento de los recursos destinados a dependencia o a políticas de inmigración, ... incorporan cambios que, como ha quedado demostrado a lo largo de las últimas semanas aunque no sean aprobados estos
presupuestos, pueden ser implementados perfectamente a través de la aprobación y convalidación de reales decretos ley o modificaciones presupuestarias.
En Cultura los presupuestos aumentan, pero no para Catalunya, ni para la defensa de la pluriculturalidad del Estado.
En las políticas de fomento del empleo y de protección por desempleo sigue habiendo mucho por hacer, pues el 14 % de paro estimado para 2019 sigue siendo una tasa no admisible, que prácticamente dobla la media europea. En este aspecto y a pesar de las medidas aprobadas en el RDL 28/2018, estos son presupuestos de continuidad, destinan el triple de recursos a protección del paro respecto a los destinados a fomento del empleo.
Uno de los aspectos que cabe valorar más negativamente de los presupuestos presentados por el Gobierno socialista es su incidencia sobre la actividad productiva. Aumenta la presión fiscal, mientras que los recursos destinados a políticas sectoriales, agricultura, comercio, turismo, industria, así como las destinadas a apoyar a las PYMES tienen presupuestos mínimos con incrementos inferiores al IPC. Así mismo, el gasto en I+D o el destinado a incidir en la transición energética aunque se incrementa levemente resulta deficitario para poder incidir en un cambio de modelo productivo, de mejora de la competitividad y de mejora del medio ambiente.
En definitiva, esta es una enmienda a la totalidad con un primerísimo y principal componente político, pero también por su contenido relativo a las políticas presupuestarias respecto a Catalunya y respecto a su capacidad de incidir sobre los cambios en ámbitos claves como el empleo, la competitividad o el necesario cambio de modelo productivo.
Por todo ello los Diputados y Diputadas del Partit Demòcrata Europeu Català presentan la siguiente enmienda a la totalidad del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2019 solicitando su devolución al Gobierno.
El Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa de Isidro Martínez Oblanca, Diputado de FORO, de acuerdo con lo establecido en el vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente enmienda de totalidad al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2019, por la que se solicita su devolución al Gobierno.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero de 2019.-Isidro Manuel Martínez Oblanca, Diputado.-Joan Baldoví Roda, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Las cuentas públicas territorializadas presentadas por el Gobierno para el ejercicio 2019 atribuyen a Asturias una inversión de 295,44 M? y un incremento de un 26,8 % lo que es falso toda vez que en la comparativa con el ejercicio 2018 se han olvidado incorporar los más de 61M? que se introdujeron como enmiendas parciales impulsadas por FORO en el correspondiente trámite legislativo ante la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados. De hecho, en el Boletín Oficial del Estado de fecha 3 de julio de 2018 sí están reflejados 286 M? de inversión territorializada para Asturias lo que deja en evidencia que en su proyecto de ley el Gobierno presidido por Pedro Sánchez apenas ha aumentado un 4 % con respecto al pasado ejercicio, cifra alejadísima de la divulgada por la propaganda oficial.
FORO parte de la premisa de considerar que unos presupuestos son algo más que una suma de euros, lo mismo que un edificio es algo más que una acumulación de ladrillos. Las cifras de euros son condición necesaria pero no suficiente, puesto que a Asturias no le sirve cualquier destino de los euros presupuestados, sino el resultado de su aplicación al fin establecido. Aplicada esta consideración a los presupuestos del Ministerio de Fomento, mientras las inversiones que figuran en los PGE 2019 no garanticen ancho europeo o UIC y tiempos de línea de alta velocidad entre Madrid y Asturias homologables con el resto de las capitales y principales ciudades de España (2h 30' entre Madrid y Oviedo), no contarán con el apoyo de FORO. Estos PGE 2019 no garantizan tiempos de alta velocidad entre Madrid y Asturias porque 2 h 56' a Oviedo y 3 h 21' a Gijón son de una línea de baja velocidad no homologable con los de Zaragoza, Valencia, Alicante, Castellón, Murcia, Sevilla, Málaga o Barcelona.
Madrid-Zaragoza (274 km) 1 h 15'
Madrid-Valencia (370 km) 1 h 40'.
Madrid-Castellón (460 km) 2h 32'.
Madrid-Murcia (440 km) 2h 30'.
Madrid-Sevilla (471 km) 2h 20'.
Madrid-Málaga (510 km) 2h 35'.
Madrid-Barcelona (670 km) 2h 30'.
Madrid-Gijón (470 km) 3h 21'.
Madrid-Oviedo (446 km) 2h 56'.
Sobre el Metrotrén de Gijón, el proyecto de ley de PGE 2019 no contiene previsiones de obras en esta legislatura para "amueblar" -poner vías, catenaria, seguridad y alicatados- el túnel del Metrotrén entre Viesques y el Museo del Ferrocarril, esperando otro nuevo hasta Cabueñes que ni siquiera tiene planos. Se limitan a repetir cantidades aprobadas en leyes presupuestarias anteriores y no ejecutadas, cual táctica dilatoria. Tampoco la Ronda Norte de Oviedo, vital para acabar con el colapso de la capital del Principado, tiene asignadas cantidades relevantes.
Igualmente, las cuentas públicas para 2019 se desentienden del cumplimiento del protocolo para dotar de enlaces por carretera a nuestros principales puertos y, específicamente, el de El Musel. La conexión a través de la Autopista del Mar (Gijón-Nantes) continuará suspendida como resultado de una falta de
compromiso para recuperar su funcionamiento. Tampoco la Zona de Actividades Logísticas e Industriales (ZALIA) recibe espaldarazo presupuestario para proporcionarle conexiones por carretera.
El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo no refleja en el proyecto de ley de PGE 2019 los apoyos específicos que Asturias necesita para recuperar la competitividad de sus industrias y empresas por lo que FORO vuelve a reclamar fórmulas regionalizadas que abran la oportunidad de acceder a ayudas y crear empleo, nuestra principal prioridad. Para ello es imprescindible que los Presupuestos Generales del Estado de 2019 proporcionen continuidad a las medidas de apoyo para dotar a las centrales térmicas de generación eléctrica de instrumentos de mejora de las emisiones medioambientales, así como la dotación y ejecución de ayudas a las industrias de consumo electro-intensivo a nivel nacional para costes indirectos del CO2 que en 2018 se elevó a 150 M? y que fueron desperdiciados.
En fechas relativamente recientes, hemos sido testigos de que a determinadas Comunidades incumplidoras en muchos parámetros de déficit y de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, se les "premia" con cuantías extras desde el actual Gobierno de España, como aconteció con los 2.000 millones extra inyectados recientemente al Gobierno más incumplidor de la Generalitat de Cataluña, a costa del resto de las CC.AA., a lo que se añaden los Presupuestos para 2019 de la Comunidad Valenciana, los cuales registran un incremento del gasto del 10,7 % alcanzado la cifra de 22.096 millones de euros, que será sufragado con mayores aportaciones de capital por parte del Estado, conforme se refleja en dicho documento presupuestario.
Es nuestra obligación reclamar en los PGE 2019 la deuda histórica pendiente con Asturias, porque resulta imprescindible asegurar que partimos de las mismas limitaciones y nos movemos en idénticos márgenes que el resto de las CC.AA. Según los datos proporcionados por el Ministerio de Hacienda (los del Banco de España aún son peores para Asturias), la condonación total de intereses devengados, como consecuencia de las medidas de liquidez puestas en marcha por el Gobierno de España en el periodo 2012-2017, ascienden a un total de 28.482 millones de euros. Pues bien, de ellos 10.045 son para Cataluña, 6.776 para la Comunidad Valenciana y 4.532 para Andalucía; es decir, solo estas tres Comunidades Autónomas acumulan el 75 % del total de la condonación de intereses de todos los fondos recibidos. De entrada, se ha incumplido la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de 2012, en lo que se refiere al principio de responsabilidad, porque en su artículo 8 establece que "el Estado no asumirá ni responderá de los compromisos de las Comunidades Autónomas".
Al mismo tiempo que se presentaba en el Congreso de los Diputados el Proyecto de Ley de PGE 2019, el Gobierno hizo público el aplazamiento de la reforma del sistema de financiación autonómica, vigente desde 2009 y que ya tenía que haberse reformado en 2014 y que es muy perjudicial para Asturias. Además, en este año 2019 Cataluña logrará 1.560 millones más de financiación autonómica, un alza del 8,1 % frente al aumento del resto de Comunidades Autónomas de régimen común, caso de Asturias, de un 4,9 %. La cifra procede del sistema de cálculo que se aprobó en 2009 por el Gobierno de Zapatero y darle continuidad, al menos, otro año profundiza nuestra decadencia. Asturias lleva así una década, sumida en un sistema insolidario y discriminatorio del que dependen sus servicios públicos esenciales (sanidad, educación, servicios, sociales).