Source: https://www.scribd.com/document/58122665/Resolucion-0495-2011-JNE-Caso-Zegarra
Timestamp: 2017-11-24 05:58:07
Document Index: 267634196

Matched Legal Cases: ['artículo 346', 'artículo 346', 'artículo 39', 'artículo 31', 'artículo 192', 'artículo 361', 'artículo 362', 'artículo 346', 'artículo 362', 'artículo 346', 'artículo 4']

Resolución N.° 0495-2011-JNE
Expediente N.° J-2011-0416 LIMA CENTRO 04589-2011-036 Lima, ocho de junio de dos mil once VISTO, en audiencia pública de fecha 8 de junio de 2011, el recurso de apelación interpuesto por Carlos Rivera Paz, en representación de Eduardo Ariel Zegarra Méndez, contra la Resolución N.° 00002-2011-JEELC, emitida por el Jurado Electoral Especial de Lima Centro, que declaró la comisión de infracción del principio de neutralidad estatal en las Elecciones Generales del año 2011. ANTECEDENTES Del procedimiento seguido por el Jurado Electoral Especial
a. En fecha 26 de abril de 2011, la coordinadora de fiscalización del Jurado Electoral Especial de
Lima Centro evacúa el Informe N.° 437-2011-LMSBR-CF-JEELC/JNE, en el cual concluye la posible infracción del principio de neutralidad estatal por parte de Eduardo Ariel Zegarra Méndez, quien ejerce el cargo de regidor de la Municipalidad Metropolitana de Lima. b. A través de la Resolución N.° 00001-2011-JEELC, el Jurado Electoral Especial de Lima Centro (en adelante, JEE) abre procedimiento de determinación de infracción del principio de neutralidad estatal y corre traslado del mencionado informe. c. Por escrito de fecha 3 de mayo de 2011, Carlos Rivera Paz, en representación de Eduardo Ariel Zegarra Méndez, solicitó el archivo definitivo del procedimiento sobre la base de: a) la manifestación pública ante diversos medios de comunicación de su apoyo a la candidatura del partido político Gana Perú representa un acto político y no un acto de carácter oficial o municipal, por tratarse de un alto dirigente del partido Fuerza Social; b) los hechos materia del procedimiento no fueron realizados en el desempeño de sus funciones como regidor de la Municipalidad Metropolitana de Lima, por lo tanto no infringe la neutralidad exigida en el Código de Ética de la Función Pública; c) no existió dolo, es decir, sin conocimiento de que tal hecho podría suponer una violación de la neutralidad estatal, y d) como corolario de lo anterior, no se ha demostrado la existencia de voluntad de transgredir la ley para obtener una consecuencia favorable para determinados intereses políticos.
d. El JEE, mediante Resolución N.° 0002-2011-JNE, declara la comisión de infracción a la
neutralidad estatal por cuanto se quebrantó la prohibición del literal b del artículo 346 que señala que proscribe la realización de actos de cualquier naturaleza que favorezcan o perjudiquen a un determinado partido o candidato. No es relevante que ello se haya realizado en ejercicio de sus funciones, más aún si tal exigencia se encuentra en el Código de Ética de la Función Pública que es aplicación supletoria ante la inexistencia de regulaciones especiales. Asimismo, también quebrantó lo dispuesto en el literal e del artículo 346 del mismo código que establece la prohibición de hacer propaganda a favor o campaña en contra de ninguna agrupación política o candidato. e. A través del escrito de fecha 10 de mayo de 2011, Carlos Rivera Paz, en representación de Eduardo Ariel Zegarra Méndez interpone recurso de apelación y reitera los términos de la contestación de fecha 3 de mayo de 2011. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN El principio de neutralidad respecto del proceso electoral 1. El artículo 39 de nuestra Ley Fundamental establece que los funcionarios y servidores públicos se encuentran al servicio de la nación. Del mismo modo, el artículo 31 expresamente señala
que la ley establece los mecanismos para garantizar la neutralidad estatal durante los procesos electorales y de participación ciudadana. En esa línea, el principio de neutralidad se encuentra regulado en la LOE, así como en diversas normas destinadas a garantizar la imparcialidad del Estado (Código de Ética de la Función Pública). En tal sentido, la prohibición de favorecer opciones partidarias con aprovechamiento de la función pública alcanza a toda autoridad política, funcionarios y empleados públicos, independientemente de su cargo o régimen laboral. 2. De esta manera, para evitar el conflicto entre el ejercicio de funciones públicas y los intereses como candidato, la LOE establece una serie de prohibiciones o limitaciones a las autoridades públicas, antes, durante y después del sufragio, relacionadas directamente con el mantenimiento de su imparcialidad. a. El artículo 192 de la LOE dispone que, a partir de la convocatoria de las elecciones, al Estado le está prohibido, a través de publicaciones oficiales o estaciones de televisión o imprenta, públicos o privados, efectuar propaganda política a favor o difusión de información en contra de cualquier partido, agrupación independiente o alianza. Por su parte, el artículo 361 de la LOE establece prohibiciones especiales para el candidato a una reelección: i) hacer proselitismo político en la inauguración e inspección de obras públicas; ii) repartir a personas o entidades privadas bienes adquiridos con el dinero del Estado o como producto de donaciones de terceros al gobierno de la República; iii) en sus presentaciones públicas referirse directa o indirectamente a los demás candidatos o movimientos políticos. Se autoriza la realización de proselitismo político solo cuando no se realicen actos de gobierno ni se utilicen medios de propiedad pública. El incumplimiento de las restricciones a que se refieren los artículos 192 y 361 faculta al JEE y al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones a sancionar a los responsables con amonestación pública y multa, de conformidad con el procedimiento descrito en el artículo 362 de la LOE. b. El artículo 346 de la LOE establece las diversas infracciones en las que podrían incurrir las autoridades públicas, relacionadas directamente con el mantenimiento de su imparcialidad: i) intervenir en el acto electoral para coactar o impedir la libertad de sufragio, al amparo de su cargo o recursos bajo su administración; ii) practicar cualquier acto que favorezca o perjudique a determinado partido o candidato; iii) interferir en el normal funcionamiento de las mesas de sufragio; iv) imponer a las personas que tenga bajo su dependencia la afiliación a determinado partido o el voto por cierto candidato. En estos casos, el JEE debe correr traslado de los actuados ante el Ministerio Público, según corresponda. 3. De lo anterior, se tiene que existen dos mecanismos de regulación del procedimiento que se debe seguir una vez determinada una infracción del principio de neutralidad estatal. El artículo 362 de la LOE regula la posibilidad de imposición de una sanción de amonestación y multa solo para los casos en los que se determine la inobservancia de los artículos 192 y 361 de dicho cuerpo normativo, sanción que solo será aplicable en caso de que se constate la persistencia en la infracción previamente determinada. Por otra parte, para aquellas conductas que se subsumen dentro de los supuestos previstos en los artículos 346 y 347 de la LOE, el legislador ha señalado que el JEE debe remitir copia de lo actuado al Ministerio Público, en caso de que existan suficientes indicios de que un funcionario o autoridad política o pública hayan transgredido el deber de neutralidad.
Sobre esa base, es necesario establecer los criterios que el Jurado Nacional de Elecciones y los JEE deben considerar a efectos de determinar la existencia de violaciones al principio de neutralidad estatal en procesos electorales. Dichos criterios tienen en cuenta la existencia de una autoridad política o funcionario que representa al Estado, dirige organismos o entidades públicas o desarrolla políticas de Estado. Pero asimismo debe tenerse en cuenta, para la afectación del referido principio, que dicha autoridad o funcionario realice actos que puedan ser enmarcables dentro de la conducta básica estipulada en el artículo 346, literal b, de la LOE, esto es, “practicar actos de cualquier naturaleza que favorezcan o perjudiquen a determinado partido o candidato”. Ahora bien, deben especificarse las circunstancias en que dichas conductas favorecedoras o perjudiciales a una opción electoral puedan suponer una violación de la neutralidad estatal. Es claro que para ser consideradas atentatorias contra esta, la conducta básica debe desarrollarse en público, es decir, frente a un conjunto de ciudadanos con los cuales no se tenga una relación personal o privada. De este modo queda descartada la exposición de preferencias políticas expuestas en el ámbito del secreto de las comunicaciones o confesadas privadamente a personas con las que se tiene un estrecho vínculo de confianza de carácter personal. Para que se configure la afectación a la neutralidad estatal es necesario que el funcionario realice la conducta básica dentro de cualquiera de las siguientes dos circunstancias: a) dentro de una actividad oficial o como ejercicio de la función propia encomendada por el ordenamiento jurídico vigente (p. e., en la inauguración de una obra pública), y b) sin tratarse de una actividad oficial, que el funcionario invoque su condición de autoridad e intente influir sobre el sentido del voto de terceras personas o se manifieste en contra de una determinada opción política. Lo relevante es, entonces, la demostración de la condición de autoridad o funcionario. Así, cuando se inaugura una obra y se insta a votar por determinado candidato u organización política, se compromete a la entidad pública a la que se representa, con independencia de la forma en que dicho funcionario accedió al cargo público. Lo mismo ocurre cuando se actúa al margen de sus funciones oficiales pero se hace evidente la condición de funcionario o de autoridad pública de quien manifiesta las preferencias electorales propias o realice actos que favorezcan o perjudiquen a un determinado candidato u organización política. 5. En tal sentido, si la persona que ocupa un cargo público actúa como un simple particular y no se aprovecha de su función, ni siquiera del estatus inherente a la misma, para aumentar o disminuir el apoyo de algún candidato o agrupación política, no estaría infringiendo el deber de neutralidad. Por otra parte, debe tomarse en cuenta que la aplicación de las normas sobre neutralidad guarda estrecha relación con la jerarquía y la posibilidad de influir desde el cargo: a mayor jerarquía, mayor exigencia. Por ello se debe analizar caso por caso si determinada conducta de un funcionario o autoridad pública podría ser considerada como vulneración del principio de neutralidad. Por ello, solo se considerará atentoria de la neutralidad estatal el apoyo expresado públicamente con ocasión de una actividad oficial o fuera de ella pero en la que se haya hecho alusión al cargo público o a la autoridad de la que está investida el funcionario; pudiendo también darse el caso de la imposibilidad de separar las expresiones de un funcionario de la entidad a la que pertenece, precisamente, por su grado de importancia o la representatividad del cargo que ejerce. Tal ha sido el razonamiento seguido por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones en las Resoluciones 141-2011-JNE, 397-2011-JNE, 398-2011-JNE y 400-2011JNE, entre otras, y que hoy constituyen jurisprudencia constante de esta instancia electoral. En ese contexto, al Jurado Nacional de Elecciones le corresponde un activo y fundamental papel, pues es el organismo llamado por la Constitución a fiscalizar la legalidad del proceso electoral, y por ende, la neutralidad del Estado. Por lo tanto, le corresponde detectar aquellas conductas que infringen las normas que resguardan las condiciones equitativas de la campaña electoral, dictar las medidas de sanción y multa correspondientes (artículos 192 y
361 de la LOE) y poner el caso en conocimiento del Ministerio Público, si ello lo amerita (artículos 346 y 347 de la LOE). Análisis del caso concreto
De manera previa, debe señalarse que Eduardo Ariel Zegarra Méndez, en cuanto regidor de la Municipalidad Metropolitana de Lima, es un funcionario público en los términos señalados en el artículo 4 de la Ley N.° 28175, Ley Marco del Empleo Público, que señala expresamente que tiene la condición de funcionario quien “desarrolla funciones de preeminencia política, reconocida por norma expresa, que representa al Estado o a un sector de la población, desarrollan políticas de Estado y/o dirigen organismos del Estado”. Asimismo, según la misma disposición, los funcionarios públicos pueden ser “de elección popular, directa y universal o confianza política originaria”. Por lo demás, tampoco debe dejarse de tomar en cuenta que el antes mencionado ocupa, precisamente, la posición de primer regidor del concejo municipal, situación que lo coloca como el accesitario legalmente establecido en casos de vacancia de la actual titular de la alcaldía de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Por otro lado, no puede dejar de mencionarse que en tanto ciudadanos, los funcionarios tiene derecho a expresarse libremente e incluso a expresar sus convicciones políticas, facultades que solo pueden ser limitadas por el ordenamiento jurídico bajo condiciones específicas en circunstancias determinadas. Precisamente el proceso electoral es una de estas condiciones temporalmente delimitada, pues no cabe duda que la manifestación de la preferencia política de una autoridad política o un funcionario puede, aunque no necesariamente, comprometer a la entidad estatal a la que representa o en la ejerce sus funciones públicas. De allí que sea necesario evaluar concretamente las circunstancias específicas en las que Eduardo Ariel Zegarra Méndez expresó su apoyo a la candidatura presidencial de Ollanta Humala Tasso.
10. El primer regidor de la Municipalidad Metropolitana de Lima sostuvo lo siguiente: “Nuestro partido ha decidido exhortar a sus bases a votar por la alternativa de Gana Perú”. Tales dichos han sido aceptados por la defensa del mencionado regidor, por lo que la cuestión controvertida radica en determinar si ello ha comportado violación del principio de neutralidad estatal en periodo electoral. 11. Como ya se dijo en el fundamento 4 de la presente resolución, se hace necesario que la manifestación de adhesión o apoyo a favor de una determinada candidatura u organización política se realice en el marco de un acto oficial o en otro, que sin serlo, haga evidente de manera clara la condición de funcionario del supuesto infractor. 12. En el presente caso, conforme a los criterios expuestos, se concluye que las declaraciones de apoyo de la candidatura del regidor Eduardo Ariel Zegarra Méndez no comportan infracción al principio de neutralidad estatal en procesos electorales. Así, es claro que, en primer lugar, ellas no se dieron en el marco de un acto oficial relacionado con las funciones de regidor de la Municipalidad Metropolitana de Lima, sino de una reunión particular en su condición de dirigente del partido político Partido Descentralista Fuerza Social. Ello se deduce de la propias informaciones periodísticas que dan cuenta de la cita entre el mencionado candidato y tres dirigentes del referido partido, entre los que se encuentra Eduardo Ariel Zegarra Méndez. En segundo lugar, al no tratarse de un acto oficial, corresponde determinar si entre los hechos que se imputan se evidencia su condición de funcionario. Para ello, debe analizarse el discurso o alocución del aludido funcionario, pero también la existencia de carteles u otros símbolos que hagan referencia al cargo público que ostenta. Solo de este modo, a través de la identificación plena, sea por la expresión de su cargo público, por sí mismo o por terceros, se podrá concluir que se ha evidenciado su condición funcionarial y, por ende, se configurará la infracción de la neutralidad estatal. La cuestión básica radica en determinar si el apoyo expresado por un determinado sujeto es posible comprometer a la entidad pública a la que pertenece y, en suma, al Estado en su conjunto, y ello solo se da si existe alusión expresa de su cargo público.
13. Así, está demostrado que las declaraciones públicas del regidor Eduardo Ariel Zegarra Méndez
no se realizaron en el marco de un acto oficial, por cuanto se trató de una reunión informal entre el antes mencionado y el candidato presidencial Ollanta Humala Tasso. Tampoco se ha demostrado, y así lo prueban las numerosas informaciones periodísticas, que haya hecho invocación de su cargo de primer regidor de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Es más, en el acto mismo de declaración pública de apoyo al candidato de la organización política Gana Perú, el regidor Zegarra Méndez señaló también que “en este momento no encarno a la Municipalidad de Lima” (cfr. Diario Correo, edición del 25 de abril de 2011, accesible en http://diariocorreo.pe/nota/5390/teniente-alcalde-rompe-neutralidad-y-llama-a-votar-por-humala/). 14. A partir de allí, se nota claramente la inexistencia de vinculación entre la adhesión a la candidatura electoral y el cargo de regidor, por cuanto expresamente se enuncia que el apoyo brindado se realiza única y exclusivamente del partido político Fuerza Social, negando con ello que pueda ser vinculado a su condición de regidor. Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, en uso de sus atribuciones, RESUELVE Artículo primero.- Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Carlos Rivera Paz, en representación de Eduardo Ariel Zegarra Méndez, y REVOCAR la Resolución N.° 0002-2011JEELC, emitida por el Jurado Electoral Especial de Lima Centro, por infracción del principio de neutralidad estatal en las Elecciones Generales del año 2011. Artículo segundo.- Disponer el ARCHIVO definitivo del presente expediente. Regístrese, comuníquese y publíquese. SS. SIVINA HURTADO
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