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Timestamp: 2019-02-19 02:53:38
Document Index: 97192243

Matched Legal Cases: ['artículo 61', 'artículo 61', 'artículo 61', 'artículo 61', 'ARTÍCULO 61', 'artículo 61']

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO Septuagésima Tercera Legislatura. DIP. ADRIANA CAMPOS HUIRACHE Distrito V, Jacona - PDF
H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO Septuagésima Tercera Legislatura. DIP. ADRIANA CAMPOS HUIRACHE Distrito V, Jacona
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Juan Carlos Cristóbal Belmonte Luna
1 D i p u t a d o RAYMUNDO ARREOLA ORTEGA Presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo P r e s e n t e.- La que suscribe, Diputada ADRIANA CAMPOS HUIRACHE, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 36, fracción II y 44, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo; y 8º, fracción II, 234, 235 y 247, de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, me permito presentar a esta Soberanía Popular Iniciativa que contiene Proyecto de Decreto mediante el cual se reforma el artículo 61, de la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el Estado de Michoacán de Ocampo, al tenor de la siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS De conformidad con la legislación en la materia, cualquier acción u omisión que, basada en su género, cause a las mujeres daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual, o incluso, la muerte, tanto en el ámbito privado como en el público, es entendida como violencia contra las mujeres; la que constituye una de las expresiones más graves de discriminación, desigualdad y desequilibrio sociales. Ésta se expresa en amenazas, agravios, maltrato, lesiones y daños asociados a la exclusión, subordinación, discriminación, explotación y opresión de género en cualquiera de sus modalidades, que trasgreden y vulneran los derechos humanos de nuestras mujeres. Su tipología, va desde la violencia psicológica, física, sexual, patrimonial y económica, hasta cualquier forma que lesione o dañe la integridad, dignidad o libertad de ellas. Inaceptablemente, hoy los estándares e indicadores de mujeres en situación de violencia, según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Instituto Nacional de las Mujeres, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares y cifras de organismos P á g i n a 1 6
2 internacionales, persisten muy a pesar de los esfuerzos institucionales, acciones gubernamentales y de la sociedad civil organizada, en coordinación para el diseño y ejecución de políticas públicas y acciones afirmativas para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Solo por citar, en el año 2014, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, atendió a 30,671 mujeres víctimas de violencia. Y existe violencia que mata; según datos nacionales presentados en noviembre de 2015 por el INEGI, a propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer; durante 2013 se registraron 12,214 defunciones de mujeres por causas accidentales y violentas, el 21.7% de ellas fueron por homicidio y el 8.9% por suicidio. En promedio se estima que durante 2013 y 2014 fueron asesinadas siete mujeres diariamente en el país. La información estadística nos advierte que, durante los últimos 15 años, los homicidios contra mujeres están sujetos, más que a cambios coyunturales, se trata de un fenómeno estructural que deriva de un patrón cultural. Ante esta triste realidad de datos duros, debemos concretar que las investigaciones en curso y los esfuerzos concertados de las partes involucradas, permitan la eliminación de las estructuras desiguales entre hombres y mujeres, genere estrategias para detener definitivamente la violencia y materialice los cambios necesarios y suficientes en las prácticas, actitudes e instituciones que atentan contra la dignidad humana, y en concreto, contra las mujeres. Imaginemos por un momento la construcción de un andamiaje jurídico tal, que tipifique y castigue todos los actos de violencia e infracción a los derechos humanos de las mujeres y que evite la mutilación genital femenina, los mensajes y las comunicaciones ofensivas y abusivas, la inacción ante la violencia doméstica, la impunidad de los violadores y homicidas, la esclavización de mujeres en zonas de conflicto y la muerte de defensoras de derechos humanos, por citar algunas de sus trágicas expresiones y funestos alcances. Asumiendo compromisos y recomendaciones internacionales, resulta un acto de justicia reconocer que hemos avanzado en la legislación, pues hemos consagrado disposiciones jurídicas vinculantes a la no discriminación, a la igualdad de género y al goce y ejercicio pleno de los derechos civiles, económicos, P á g i n a 2 6
3 políticos, sociales y culturales de las mujeres. Hoy contamos con objetivos específicos en la agenda pública de los diferentes niveles y órdenes de gobierno para acelerar las actuaciones en la eliminación de la violencia contra la mujer y la consolidación del desarrollo sostenible integral. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1º de febrero de 2007, así como la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el Estado de Michoacán de Ocampo, publicada en el Periódico Oficial del Estado el 9 de agosto de 2013, prevén entre sus disposiciones, la figura jurídica denominada órdenes de protección, herramienta de espectro protector inmediato en su otorgamiento a favor de las mujeres en situaciones de crisis violenta. Su definición legal nos permite entenderlos como actos de protección y de urgente aplicación, que no causan estado, en función del interés superior de la víctima y son fundamentalmente de emergencia, preventivas y de naturaleza civil, penal o familiar. Se otorgan por la autoridad competente, inmediatamente que conozcan los hechos probablemente constitutivos de infracciones o delitos que impliquen violencia contra las mujeres por razones de género. La negativa o dilación en el otorgamiento y tramitación de las órdenes de protección, así como su debido seguimiento y registro, se equipara a la violencia institucional; acciones, prácticas u omisiones atribuibles a los servidores públicos que obstaculicen o impidan que las mujeres accedan a los medios para prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia en su contra. Las órdenes de protección de emergencia consisten, entre otras: en la desocupación por parte del agresor del domicilio conyugal o donde habite la víctima; la prohibición del probable responsable para acercarse al domicilio o lugares que frecuente la víctima; el reingreso de la víctima al domicilio cuando se considere a salvo su seguridad; y, la prohibición de intimidar o molestar a la víctima en sus entornos. Por su parte, las órdenes de protección de naturaleza preventiva son, entre otras: la retención y guarda de armas de fuego, punzocortantes o punzocontundentes, propiedad del agresor y que hayan sido empleadas para amenazar o lesionar a la víctima; el inventario de los bienes muebles e inmuebles de propiedad común; el uso y goce de bienes muebles que se encuentren en el P á g i n a 3 6
4 inmueble que sirva de domicilio de la víctima; el acceso al domicilio en común, de autoridades policiacas o de personas que auxilien a la víctima a tomar sus pertenencias personales y la de sus hijos; la entre inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima e hijos; el auxilio policiaco de reacción inmediata a favor de la víctima; y, brindar servicios reeducativos integrales con perspectiva de género al agresor. En ese tenor, el artículo 61, de la legislación local en la materia, dispone que las órdenes de protección de emergencia y preventivas, tendrán una temporalidad no mayor de setenta y dos horas y deberán expedirse por las autoridades competentes dentro de las veinticuatro horas siguientes al conocimiento de los hechos que las generan. Es decir, resulta claro y evidente el objetivo de las órdenes de emergencia y preventivas que se hace consistir en la eficaz e inmediata protección a la mujer víctima de violencia, con la mayor celeridad posible y evitando cualquier posibilidad en la continuación de nuevas agresiones. Esto es, las órdenes de protección buscan la plena integridad de las personas, sus bienes y derechos, generando un ámbito restrictivo al presunto agresor. Es por ello que, ante la redacción legal vigente, que propone que éstas deben expedirse dentro de las veinticuatro horas siguientes al conocimiento de los hechos que las generan; desde una visión progresiva en materia de derechos humanos, de transversalidad de la perspectiva de género, pero, además, desde un criterio lógico y objetivo, se hace necesario dotar de eficacia plena a este instrumento jurídico en beneficio de las mujeres, modificando el rubro relativo al tiempo que le sigue al conocimiento del acto de maltrato o violencia. Se trata de que la autoridad competente, sin dilación alguna y como un factor de reacción urgente e inmediata, que incluso puede ser determinante entre la vida y la muerte de una mujer violentada, se convierta en una solución y no en un problema burocrático por falta de capacitación, ausencia de protocolos y procedimientos legales adecuados, en el otorgamiento de la medida de protección. Motivo por el cual propongo, muy respetuosamente, que el diseño legislativo en el Estado, específicamente en el artículo 61, de la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, reduzca las veinticuatro horas en las que la autoridad expida las órdenes de protección a las que hace alusión, para que éstas P á g i n a 4 6
5 se apliquen dentro de las ocho horas inmediatas al conocimiento de los hechos de violencia; tal como se prevé en la Ley General de la materia. Asimismo, la circunstancia de temporalidad que refiere una duración máxima de setenta y dos horas para la vigencia de las órdenes de protección en comento, tiempo por el cual la víctima no tiene contacto con su agresor, o bien, no está expuesta al riesgo de más maltratos y agresiones, resulta un lapso muy subjetivo, quizá insuficiente para cumplir el objetivo y cesen los riesgos de conato de violencia. Materialmente es casi imposible que las condiciones del círculo de violencia que generaron la expedición de la orden de protección por la autoridad competente, sea modificada. Se hace necesario que, desde la norma, se genere consciencia en las autoridades responsables de conceder las medidas protectoras a las mujeres maltratadas, para que, mantengan la duración de éstas órdenes hasta en tanto la víctima deje de estar expuesta al riesgo. En ese sentido hay un exhorto generalizado entre los congresos locales, las cámaras del Congreso de la Unión, e incluso, de organismos internacionales especializados en la materia. Entonces, esta situación nos permite examinar y afirmar lo inconveniente que resulta mantener la redacción actual, que repercute incluso en el absurdo de que, transcurrida la vigencia de la orden de protección de emergencia o preventiva, es decir, las setenta y dos horas, la víctima en caso de necesitarlo podrá solicitar la reexpedición, según lo señala el Reglamento de la Ley en la materia. Lo que, desde una óptica personalísima, resulta inviable, un exceso que atenta contra la estabilidad emocional y psíquica que presupone la travesía de una mujer víctima de violencia. En esa tesitura, este Poder Legislativo se encuentra ante la posibilidad real y material para buscar, con acciones positivas, coadyuvar determinantemente en la consolidación de la protección del Estado y su sistema de leyes e instituciones, a las víctimas de casos de violencia, y así comenzar a saldar, cada vez más, una deuda histórica con la reivindicación y el respeto a los derechos humanos de nuestras mujeres. Por lo antes expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 36, fracción II y 44, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo; y, 8º, fracción II, 234, 235 y 247, de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán de P á g i n a 5 6
6 Ocampo, me permito someter a la alta consideración del Pleno de esta Soberanía Popular, la siguiente Iniciativa que contiene Proyecto de: D E C R E T O: ÚNICO. Se reforma el artículo 61, de la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el Estado de Michoacán de Ocampo, para quedar como sigue: ARTÍCULO 61. Las órdenes de protección de emergencia y preventivas deberán otorgarse por las autoridades competentes dentro de las ocho horas inmediatas al conocimiento de los hechos que las generan y se mantendrán vigentes hasta que la víctima de violencia deje de estar expuesta al riesgo. T R A N S I T O R I O S PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo. SEGUNDO. Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para su conocimiento y efectos legales correspondientes. TERCERO. El Ejecutivo deberá adecuar sus disposiciones reglamentarias a la presente reforma en un plazo no mayor a 90 días naturales, a partir de su publicación. Morelia, Michoacán; a los once días del mes de marzo de dos mil dieciséis. A T E N T A M E N T E: Esta foja forma parte íntegra de la Iniciativa que contiene Proyecto de Decreto mediante el cual se reforma el artículo 61, de la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el Estado de Michoacán de Ocampo P á g i n a 6 6