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Timestamp: 2019-07-21 15:07:28
Document Index: 197329091

Matched Legal Cases: ['artículo 340', 'artículo 8', 'artículo 58', 'artículo 387', 'artículo 3', 'artículo 340', 'artículo 340', 'artículo 340', 'artículo 340']

CSJ-ÚI. N° 42.001
LUIS FERNANDO ALMARIO ROJAS Ex Gobernador de Arauca
Bogotá, D. C., febrero 9 de 2015
Ref.: Proceso No. 36046
Sindicado: LUÍS FERNANDO ALMARIO ROJAS
Delito: CONCIERTO PARA DELINQUIR AGRAVADO.
Asunto: CONCEPTO DE AUDIENCIA.
En mi condición de Delegada del Señor Procurador General de la Nación presento a consideración el concepto final respecto de la decisión que se considera debe adoptar la Honorable Sala dentro de la presente actuación que se sigue contra el señor LUÍS FERNANDO ALMARIO ROJAS por la presunta comisión en calidad de autor del DELITO DE CONCIERTO PARA DELINQUIR consagrado en el artículo 340 del Código Penal, inciso segundo de la Ley 599 de 2000, modificado por el artículo 8º. De la Ley 733 de 2002, agravado por el artículo 58.9 ibídem, y en calidad de determinador del DELITO DE CONSTREÑIMIENTO AL LECTOR consagrado por el artículo 387 ibídem, agravado de conformidad con el artículo 3º. De la misma normatividad.
La Procuraduría Delegada los refirió de la siguiente manera en el concepto precalificatorio:
En el año de 1997 hicieron presencia en territorio del Departamento de Caquetá grupos al margen de la ley denominados “autodefensas” que dependían de las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá, las cuales cedieron dominios al Bloque Central Bolívar, al entrar la década de 2000.
Uno de estos grupos se conoció con el nombre de “Frente Sur Andaquíes”, el que para el año 2001, contaba con un pie de fuerza suficiente de combatientes con el que pretendía cumplir las metas trazadas por el Comando Central; una de éstas, “liberar” a la referida compresión territorial de la presencia de la guerrilla tal como ocurrió en el sur de Bolívar, especialmente, luego del rompimiento de los “diálogos de paz del Caguán”.
Según versiones de miembros de esa organización ilegal armada1, el radio de dominio lo fueron los municipios de Albania, Morelia, Paujil, Doncello, San José de Fragua, Belén de los Andaquíes Puerto Arango, Milán, Valparaíso, Curillo, Solita, La Montañita, San Vicente del Caguán, incluso el casco urbano de Florencia (Caquetá).
Uno de los líderes del grupo armado ilegal, quien fungió como Jefe de Finanzas, Carlos Fernando Mateus Morales, alias “Paquita”, reveló que la principal misión del grupo ilegal creado en el Caquetá, lo fue el apoderamiento del “impuesto del gramaje”, controlado por la guerrilla, cuyo rubro serviría como fuente de financiación, junto a otro “impuesto” cobrado a ganaderos, finqueros y comerciantes de la zona, los cuales unidos formaron la fuente de financiación y sostenimiento del grupo armado ilegal2.
La estructura de las autodefensas era manejada por Carlos Mario Jiménez alias “Macaco”, quien diseñó unos estamentos, el militar, el financiero y el político, que constituyeron niveles de jerarquía interna. Entre los jefes de estos, se encontraban Héctor Edison Duque Ceballos alias “Monoteto”, quien manejaba la parte relacionada con los ingresos provenientes del narcotráfico y a su vez, delegaba funciones en alias “Paquita”; la estructura armada ilegal mencionada realizó diversos hechos punibles hasta el día en que hubo desmovilización general -15 de febrero de 2006-3, entre estas la “legalización” –homicidios selectivos de “limpieza social”-4. Miembros de la estructura del grupo armado ilegal manifestaron que su actuar se articuló con la sociedad civil de la zona representada en ganaderos, comerciantes, personas dedicadas al narcotráfico y políticos de la región.
Unas de estas relaciones se entablaron con Juan Carlos Claros Pinzón, quien aspiraba a la gobernación del Caquetá para el año de 2003, y con el aspirante a la alcaldía del departamento, Arnoldo Barrera, quien fuera citado por alias “Paquita” a reuniones clandestinas en las que se acordaron apoyos electorales a cambio de una retribución contractual a través de un “impuesto”-contribución- en caso que ganaran las elecciones, las que eran también en especie a través de la realización de diversas obras públicas.
En tal estrategia política, se incluyeron contactos y acuerdos con aspirantes al Congreso de la República y miembros de ésta célula legislativa, entre estos el procesado LUIS FERNANDO ALMARIO ROJAS quien concurrió a varias reuniones con miembros del grupo armado ilegal, cumpliendo así una directriz general elaborada por los Comandantes del Bloque, convirtiéndose en voceros autorizados de la organización ilegal para hacer contactos con los líderes políticos de la región y candidatos a diferentes cargos de elección popular, con quienes se concertó un apoyo de la actividad proselitista a cambio de prebendas, una vez salieran elegidos. Además, la estrategia incluyó la búsqueda de apoyo en la población de la región a sus aspiraciones políticas.
¿Se encuentran reunidos los requisitos sustanciales para emitir sentencia condenatoria en contra del procesado LUIS FERNANDO ALMARIO ROJAS respecto de los cargos de la acusación?
¿Acordó LUIS FERNANDO ALMARIO ROJAS la promoción del grupo armado ilegal denominado Autodefensas Campesinas, a cambio del apoyo a éste a sus aspiraciones políticas?
¿LUIS FERNANDO ALMARIO es determinador de la conducta punible de constreñimiento al elector?
Se encuentran reunidos los requisitos del art. 232 de la ley 600 de 2000 para proferir sentencia condenatoria en contra de LUIS FERNANDO ALMARIO ROJAS como autor de la conducta punible de concierto para delinquir agravado y como determinador del punible de constreñimiento al lector, agravado por la condición de servidor público.
La presente investigación, al igual que múltiples adelantadas por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, tiene relación con un hecho social de connotación política que se presenta en Colombia desde la década de los años ochenta.
Una de los objetivos de la aparición de esos grupos, en el Departamento del Caquetá, lo fue “liberar” a la zona de guerrilleros, ante la imposibilidad de las fuerzas militares del Estado Colombiano de combatirlos.
Varios sectores de la sociedad, estimaron pertinente ofrecer una acción concreta contra la subversión, la que con ataques generalizados a la población civil ocasionaron la afectación de derechos subjetivos y fundamentales de los pobladores de esa zona.
Para ello, se diseñó una estrategia con varios objetivos, más allá del militar, entre los cuales se destacan el económico, el social y político, los cuales tenían como punto en común el debilitamiento de los grupos guerrilleros, obstaculizando el llamado impuesto al gramaje, controlado por tales grupos ilegales, y volcando la población hacia el apoyo de las AUC, a través de trabajo social y político.
Estos grupos ilegales de autodefensa, a través del empleo de las armas, penetraron en las capas de la sociedad así como en sus sectores más representativos, conforme lo podemos observar, de acuerdo a las versiones de líderes de la agrupación como de personal raso que estuvo al servicio de los mismos, sea en el plano militar, ideológico o político como se reseñó en los hechos.
El poder social de los grupos de autodefensa no solo se basó en el poderío económico sino en la creación de unas bases sociales que irían a soportar un macroproyecto político que fue desarrollándose paulatinamente a nivel municipal, departamental y nacional, tal como lo corroboró Iván Roberto Duque Gaviria, alias Ernesto Báez.
Para conseguir la culminación de tal proyecto promovieron en esas bases sociales la idea de influir sobre la decisión a la hora de elegir por quién votar en las elecciones correspondientes, sean de la naturaleza mencionada, ora localmente, para Alcaldías y la gobernación, como para plazas en el Congreso de la República.
Frente a esa labor de persuasión, se adelantaron igualmente, conforme se evidencia dentro del proceso, actividades violentas para no solo dominar la voluntad de la población sino la de aquellos que postularon sus nombres a los cargos de elección popular, al punto que sólo quien tuviera aval de las AUC podía ejercer la actividad proselitista.
LUIS FERNANDO ALMARIO ROJAS hace parte de este grupo a quienes se les dio el aval para hacer proselitismo político pero con ayuda de grupos al margen de la ley como lo fueron las AUC. En ese contexto debe analizarse la conducta de ALMARIO ROJAS, quien en ejercicio de la actividad política tuvo aval del grupo armado ilegal de AUC, tal como lo refiere Carlos Fernando Mateus, alias Paquita, señalado como el jefe de Finanzas del Bloque Sur Andaquíes del Departamento del Caquetá, corroborando el dominio militar y territorial del grupo ilegal en ese Departamento cuyo objetivo lo fue el permear la sociedad local y regional, como lo expuso también alias “Ernesto Báez”, encargado de “aspectos políticos” del Bloque Central Bolívar, prueba que refrenda aún más el objetivo político del grupo armado ilegal, que iba más allá de liberar la región de la presencia guerrillera, pues su pretensión lo fue interferir en la vida política local, para avanzar en la representación popular a nivel del Congreso de la República. Para ello, se requería una asociación ilegal con la representación política y social del departamento del Caquetá.
Así mismo, a nivel local y geográfico específico se tiene el testimonio de Harlintont Mosquera, quien desempeñaba el rol de comisario político, una especie de estrategia para organizar la clase política en cada región. A éste último, conforme se desprende de las pruebas, le correspondió realizar ese proselitismo ilegal en la zona de la capital del departamento del Caquetá. Son estas las pruebas que demuestran la responsabilidad penal de LUIS FERNANDO ALMARIO ROJAS, ex Representante del Caquetá, en el tipo penal de concierto para delinquir agravado, en calidad de autor.
La plataforma político militar como estrategia en la región, lo fue para agrupar varios elementos para así conformar una fuerza político, militar y social, de manera ilegal. Es lo que reseñan, el análisis conjunto de la prueba recaudada5.
Esta investigación ha demostrado que es un hecho cierto la constitución de alianzas de la clase política con grupos al margen de la ley; en este caso de autodefensas, en la región del Departamento del Caquetá.
En efecto, los miembros de las AUC que han declarado en este proceso refieren que el fenómeno paramilitar apareció en la segunda mitad de la década de los años 90. Sociológicamente se puede observar, que su aparición siguió la misma secuencia que en otras zonas del país. No solo fue una ofensiva militar en contra de un grupo de guerrillas que azotaba al departamento sino se empezó a diseñar una estrategia política-social para llevar a cargos de elección popular a ciertos candidatos que apoyaran el denominado “proyecto paramilitar”.
Y la estrategia, comenzó con la iniciativa u objetivo de afectar o cortar la fuente económica de la subversión; fue así que Carlos Fernando Mateus, alias Paquita, comandante militar de las AUC, ha relatado la manera en que se dio la presencia paramilitar en la región y como poco a poco se convirtió el “gramaje a la hoja de coca”, como uno de los objetivos del grupo, una de las fuentes de financiación, entre otras. En el concepto precalificatorio esta delegada se refirió a las pruebas que corroboran ese accionar6.
Del mismo modo, los testimonios de diferentes miembros de las AUC en este proceso dan cuenta que otro de los objetivos del grupo armado ilegal lo fue la constitución de una base social de apoyo, capaz de dar respaldo al proyecto político que los líderes de las AUC estaban idealizando, que iba más allá de las fronteras territoriales del Departamento del Caquetá. Es decir, la voluntad popular debía manifestarse y las armas de las AUC se pusieron al servicio de ciertos candidatos o políticos para ayudar a la configuración del mencionado entramado político de alcance nacional. En otras palabras, la búsqueda del poder electoral en los cargos de elección popular era un objetivo perseguido y realizable.
Ese proyecto político militar contó con una estructura básica, perceptible, conforme a los medios de prueba recaudados en el presente expediente, la cual era la siguiente:
(i) una comandancia militar, ejercida por Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, miembro activo del Bloque Central Bolívar de las AUC, y en tal posición daba instrucciones sobre la modalidad de accionar del grupo armado ilegal. (ii) un comandante militar, con funciones de jefe de finanzas en la zona específica del departamento del Caquetá, ejercido por Carlos Fernando Mateus Morales, alias “Paquita”, hombre de confianza del primero, quien se encargaba de ejecutar la estrategia diseñada por el jefe militar alias macaco, a quien visitaba en su centro de reclusión una vez este se sometió a la Ley de Justicia y Paz y uno de sus temas de conversación, conforme lo refirió Iván Roberto Duque, lo era el Departamento del Caquetá, en especial la estrategia electoral local y regional. (iii) un estratega ideológico, en cabeza de Iván Roberto Duque Gaviria, alias Ernesto Báez, a nivel nacional, cuya función la ejercía a través de personas satélites en cada una de las zonas de influencias, rol (iv) en cabeza de Harlinton Mosquera para el caso de la capital del Departamento del Caquetá, a quien alias Ernesto Báez identifica y describe con certeza. Por ello, conforme hemos descrito el trabajo proselitista era una de las formas de obrar del grupo de AUC en el Caquetá, razón por la que tuvo esos llamados comisarios políticos o enlaces entre los jefes militares o ideológicos con la población o sociedad civil.
La penetración no era solo con la persuasión de la palabra sino con actos violentos conforme hemos reseñado desde el concepto precalificatorio, accionar que no tenía otro objetivo sino el de buscar el posicionamiento del bloque Sur de los Andaquíes. Ese control total, incluso permitió que se infiltrara miembros de las AUC en las unidades de policía y del ejército de la región, al punto que miembros activos de tales instituciones han sido señalados como parte del grupo ilegal.
Esta es la razón para valorar los elementos de prueba que indica que quien ha estado en un grupo al margen de la ley, puede señalar quién les colaboraba en el ala política, uno de los frentes de las AUC7. Johan Darley Benítez Z. es uno de ellos, cuyo testimonio no ha sido desvirtuado en estas diligencias y en sus señalamientos compromete la responsabilidad penal del ex parlamentario LUIS FERNANDO ALMARIO ROJAS, quien conforme se analizará tenía respaldo de parte de los dirigentes de las AUC de la región. Ello le significaba a él, como candidato a la Cámara de Representantes, un aval o lo que es lo mismo respaldo en materia política, sea directamente o a través de candidatos apoyados por este a elecciones locales como es el caso de Juan Carlos Claros, quien fuera elegido gobernador del departamento. Una vez electos, los beneficios se materializaban en contratos, cargos a nivel local o apoyo en iniciativas parlamentarias.
Esa filigrana política se manifestó en concreto con aspirantes locales a las alcaldías y a la misma gobernación del departamento. Así se advierte de los testimonios recogidos en la instrucción a Iván Rodrigo Duque Gaviria, alias “Ernesto Báez”, Carlos Fernando Mateus Morales, alias “Paquita”, jefe de finanzas en la región y José Germán Sena Pico, alias Nico, desmovilizado del Bloque Sur de los Andaquíes, quien cumplió funciones de patrullaje o roles propios de la tropa rasa. Este último y el primero de los nombrados dan cuenta de una figura propia del devenir del grupo, esto la del comisario político, a quien se le indicaban unas funciones específicas en relación con la población, a través de los talleres que perseguía el objetivo de expandir un proyecto político manifestado a través de un plan o disposición para llegar a ciertos cargos de elección popular.
Dentro de ese contexto, LUIS FERNANDO ALMARIO ROJAS, conoció y supo de tal situación como líder político de la región porque era un hecho notorio y cierto que en el territorio caqueteño, en la zona específica de influencia del Bloque Sur de los Andaquíes hacían presencia las autodefensas; era una regla, que para hacer política, se debía tener el asentimiento de tal grupo ilegal.
Señala directamente que en desarrollo de la actividad política, LUIS FERNANDO ALMARIO ROJAS, se reunió con miembros del grupo ilegal armado de autodefensas. Ello es indicador de un acuerdo o consunción de voluntades para sacar adelante el proyecto político de las AUC.
4. LA TIPICIDAD DE LA CONDUCTA
4.1. Del delito de concierto para delinquir
Los hechos relatados y probados se encuadran en el delito de concierto para delinquir, el cual está descrito en la Ley 599 de 2000 vigente para la fecha de los hechos.
Dentro del expediente está probado que el procesado realizó contactos con el grupo armado ilegal tenientes a lograr apoyos políticos no solo a su nombre sino para candidatos de éste en las elecciones locales; además, hubo acuerdo entre el procesado y el grupo armado ilegal para hacer proselitismo político con el apoyo de miembros de las autodefensas que se asentaron en los territorios de Caquetá a través del Bloque Sur de los Andaquíes.
El Código Penal mencionado, en el artículo 340 original, definió de la siguiente manera tal delito:
“Concierto para delinquir. Cuando varias personas se concierten con el fin de cometer delitos, cada una de ellas será penada por esa sola conducta, con prisión de tres (3) a seis (6) años.
La pena privativa de la libertad se aumentará en la mitad para quienes organicen, fomenten, promuevan o dirijan, encabecen, constituyan o financien el concierto o la asociación para delinquir”.
Con posterioridad a su expedición, el tipo penal mencionado ha sido objeto de dos reformas legislativas, las que se plasmaron en las leyes 733 de 2002 y 1121 de 2006.
La primera norma modificó el texto original de la siguiente manera, ampliando los delitos de la modalidad agravada:
“Concierto para delinquir. Modificado. L. 733/2002. Cuando varias personas se concierten con el fin de cometer delitos, cada una de ellas será penada, por esa sola conducta, con prisión de tres (3) a seis (6) años.
Cuando el concierto sea para cometer delitos de genocidio, desaparición forzada de personas, tortura, desplazamiento forzado, homicidio, terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas, secuestro, secuestro extorsivo, extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o para organizar, promover, armar o financiar grupos armados al margen de la ley, la pena será de prisión de seis (6) a doce (12) años y multa de dos mil (2.000) hasta de veinte mil (20.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
La pena privativa de libertad se aumentará en la mitad para quienes organicen, fomenten, promuevan, dirijan, encabecen, constituyan o financien el concierto para delinquir”.
La segunda norma planteó una especial particularidad que genera atención en la modificación introducida, pues se ha convertido en punto de polémica hermenéutica. La Ley 1121 de 2006 reformó el inciso segundo del artículo 340 del actual Código Penal. Veamos:
“Modificado. L.1121/2006, art. 19. Cuando el concierto sea para cometer delitos de genocidio, desaparición forzada de personas, tortura, desplazamiento forzado, homicidio, terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas, secuestro, secuestro extorsivo, extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o financiamiento del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas, la pena será de prisión de ocho (8) a dieciocho (18) años y multa de dos mil setecientos (2.700) hasta treinta mil salarios legales mensuales vigentes”.
Esta Corporación ha sido del criterio que frente a la modificación introducida por la nueva Ley, lo que hubo fue una acomodación de los verbos ‘organizar, promover, armar o financiar grupos armados al margen de la ley’, pues de ser una circunstancia agravante se convirtió en conducta punible autónoma; por ello, se dice que se amplió el radio de acción de la conducta punible del concierto para delinquir, y se le dio una represión mayor.
Frente al tránsito de legislación, desde la comisión de la conducta punible investigada a la fecha, se debe dar aplicación del principio de favorabilidad. Así, conforme lo dejó plasmado esta Procuraduría Delegada, es aplicable el agravante del inciso segundo del artículo 340 del Código Penal de 2000, pues ésta norma es más benévola frente a la reforma del año 2006 que incrementó la pena para los verbos referidos, entre los que se encuentran el de promover, dentro del cual se enmarca la conducta del procesado ALMARIO ROJAS, a quien fáctica y jurídicamente se le imputó cuando en la indagatoria se le puso de presente en el inciso segundo del artículo 340 del Código Penal de 2000, en la modalidad del verbo de promover grupos al margen de la ley en el Departamento de Caquetá.
Allí se le imputó los siguientes hechos que dan cuenta a contactos o reuniones, afirmaciones que se basan en las pruebas recaudadas y que no han sido infirmadas hasta el presente:
1. Año 2000: Reuniones (a las afueras de Florencia-Caquetá).
2. Año 2002, en la vía de Valparaíso, según lo refiere alias Paquita.
3. Año 2005: reunión en la casa del Barrio Juan XXIII, en Florencia –Caquetá, según lo afirma Harlintong Mosquera.
4. Años 2004-2005, reuniones en la finca la Gringa, conforme lo asegura alias el gato.
Esta Procuraduría ha indicado, desde el alegato pre-calificatorio que el comportamiento que origina la imputación del concierto para delinquir se contrajo a promover la actividad que en tal comprensión territorial realizaron grupos armados ilegales denominados de autodefensa. Estos daban aval para el ejercicio de la actividad política tal como lo señalan testimonios como los de Harlintong Mosquera e Iván Roberto Duque Gaviria. Y esa promoción consistió en impulsar la consolidación del proyecto paramilitar en el Caquetá, conducta que fue juzgada desde el punto de vista disciplinario y que le acarreó al procesado una sanción de inhabilidad de 18 años, conforme a la prueba trasladada dentro del presente juicio. De ese apoyo da cuenta, Carlos Fernando Mateus, Jefe de Finanzas del grupo de AUC Sur de los Andaquíes.
De esta declaración se infiere que con apoyo del grupo armado ilegal al enjuiciado se le permitió hacer política en la región, permiso que se extendió a aspirantes como el caso del candidato a la Gobernación Juan Carlos Claros Pinzón, que a la postre fuera Gobernador del Departamento del Caquetá, elegido en el año de 2003.
Es claro pues, el acuerdo para que se configure el delito de concierto para delinquir que buscaba la realización de conductas punibles como las que señala el señor Sena Pico en sus testimonios, en el ámbito de la contratación estatal, conforme se deriva de sus disertaciones que hacen parte de este proceso8.
Es de aclarar que trata de un ilícito penal de mera conducta, su consumación se da por el sólo hecho de llegar a ese acuerdo de voluntades, sin que sea requisito para su tipificación el que se logre la finalidad buscada o la realización de tales ilícitos concertados, siendo indicador que así sería tal como lo señala el mencionado Sena Pico refiriéndose al flujo de relación entre el grupo armado ilegal y el entonces candidato Claros Pinzón9.
La prueba señala que el acuerdo se dio desde momentos antes de las elecciones del año 2003, para Gobernación del Departamento y se mantuvo hasta los momentos cercanos a las elecciones al Congreso de la República del año 2006, indicando, además, que el actuar del ex Parlamentario ALMARIO ROJAS lo fue de manera consciente e intencional dado que no rechazó el apoyo que el grupo armado ilegal le ofreció no sólo a él, sino al aspirante a la Gobernación del Caquetá, Juan Carlos Claros Pinzón, a quien apoyó en esos comicios electorales. A las reuniones que asistió conforme las pruebas, fue de manera voluntaria.