Source: https://www.scribd.com/document/350916210/Trabajo-de-Derecho-Penitenciario
Timestamp: 2018-09-21 04:04:23
Document Index: 127355927

Matched Legal Cases: ['Artículo 29', 'artículo 29', 'artículo 30', 'artículo 52', 'Artículo 44', 'artículo 36', 'artículo 71', 'artículo 103', 'artículo 77', 'artículo 71', 'artículo 73', 'artículo 75', 'artículo 77', 'artículo 71', 'artículo 71', 'artículo 76', 'artículo 5', 'artículo 72', 'artículo 76', 'artículo 77', 'artículo 74']

Trabajo de Derecho Penitenciario
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Los sistemas de penas y medidas de seguridad .
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por la incertidumbre respecto a múltiples tópicos propios de ésta institución. Sin embargo. Es sumamente importante resaltar la manera incorrecta y fragmentaria como se ha regulado esta institución en el Código Penal de 1991. Mantenerse dentro de lo poco avanzado hasta el momento por nuestra doctrina. es menester señalar que en nuestra patria el trabajo más completo respecto al tema de la presente investigación es el realizado por el Dr. como pareciera que ha venido sucediendo hasta la actualidad. tanto en su tratamiento sustantivo como procesal. realizado por el legislador patrio va en relación inversamente proporcional con la importancia que tienen las medidas de seguridad en la praxis jurisdiccional. Nuestra doctrina. escaso e impreciso. no puede dejarse de lado al agente inimputable o imputable relativo que ha cometido un hecho antijurídico más no culpable que es sometido a medidas de seguridad. el tratamiento defectuoso. El legislador nacional ha regulado en el Titulo IV “De las Medidas de Seguridad”. En efecto. sobre todo. Por otro lado. es común para los operadores del derecho la sensación de zozobra que experimentan. la cual no hace más que corroborar la poca importancia que le ha dado el legislador a éste tema. INTRODUCCION En el sistema de derecho penal que tiene como base a la Constitución Política del Estado y como finalidad la búsqueda de la paz con justicia social. justifican la presente investigación. con grave perjuicio para los estudiantes de Derecho. dentro de escasos trabajos dedicados al tema objeto de la presente investigación. Código de Procedimientos Penales y Código Procesal penal del 2004. específicamente a su desarrollo. dejar insatisfecha una pretensión legitima del imputado con la adecuada determinación y aplicación de las medidas de seguridad. se puede constatar los múltiples problemas que pueden encontrarse para una aplicación correcta de las medidas de seguridad y más aún los problemas surgen de aquellos supuestos fácticos no regulados por los glosados códigos. Víctor Prado Saldarriaga en el año 2000. Abogados y. de la simple lectura de los artículos pertinentes del Código Penal. obtenidos de la realidad nacional. pues ello implica en principio. dedicando siete artículos. hace referencia a éste como una forma de consecuencia jurídica del delito. Así pues. significaría conformarse con vivir entre las tinieblas y la incertidumbre jurídica. con respecto a los derechos y garantías del sujeto sometido a un proceso penal. Todos los problemas planteados. dejando a la jurisprudencia y la doctrina. para los miembros de nuestra sociedad . la labor de aclarar aquellos preceptos confusos o de suplir las lagunas en las cuales se ha incurrido. naciendo la incertidumbre respecto a cómo se resolverán éstos. Magistrados.
Por tanto. Así. En la medida en que estas modalidades de intervención penal cumplen tareas que repercuten en el funcionamiento del sistema en general. Los criterios de configuración de un sistema son además completados por otros que teóricamente lo hagan funcional. . en este sistema. Así la existencia de diversos sistemas parte de si. Un primer criterio a observar en la programación e implementación de un sistema de penas es el respeto de la dignidad humana (art. síquica o jurídica. como dos medios diferentes de reacción frente al delito. pero no ambas. no debe. A su vez esta finalidad es realizable a través de diferentes formas de intervención penal (penas en particular). Constituye en principio una unidad pues sus elementos responden a una misma finalidad en el control penal: la disminución de la criminalidad. imponen o ejecutan penas. al menos teóricamente. Basado en esta problemática existen los siguientes sistemas: SISTEMA MONISTA Este sistema defendía la inclusión en el Derecho penal de una sola institución punitiva. en cuyo caso el tiempo de duración de las medidas será descontado al de la pena. Por lo tanto dichas medidas serán de aplicación antes que la pena de forma sustitutiva. ser un instrumento del Estado o de la sociedad al momento que prevén. cuyos elementos constitutivos están siempre relacionados entre sí5 y en contacto con una realidad determinada. Const. las medidas de seguridad son acumuladas a la pena. incluso los delincuentes más abyectos o peligrosos son titulares de este derecho. en consecuencia. Para los autores Cobo y Vives citados por Villa Stein.). la pena y las medidas de seguridad son de naturaleza distinta o no. el fundamento de esta propuesta radica en la aceptación de que las penas y las medidas de seguridad son la misma cosa. SISTEMA DUALISTA Este sistema intentaba conjugar la existencia de penas y medidas de seguridad en el ordenamiento punitivo. A continuación haremos un esbozo de los principales criterios que pueden dar tal calidad a las penas. Los resultados perseguidos mediante la imposición y aplicación de un sistema de penas no es otro que la modificación positiva del comportamiento de los individuos a los que se aplica (influencia social de las penas). El carácter universal de este principio determina que sus alcances sean aplicables a toda persona cualquiera que sea su condición física. bien las medidas de seguridad. SISTEMA VICARIAL En este sistema las medidas de seguridad podrán sustituir a la pena.SISTEMA DE PENAS Cuando decimos que las penas están organizadas en un sistema estamos asumiendo la idea de que se trata de una unidad global. La persona siendo un valor en sí mismo y portadora de una autonomía propia de su condición de ser racional y libre. se encuentran vinculadas entre ellas a efecto de llegar a resultados coherentes. 1. como medio de reacción contra el crimen: bien la pena.SISTEMA DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL PERU I.
Al ser excesivamente cortas son incompatibles con los esfuerzos por resocializar al delincuente. expulsión) o de otras formas.. o que han cometido hechos delictuosos que no revisten mayor gravedad” Sin embargo. facilitando su estudio e interpretación.II. diferentes a la suspensión de la ejecución de la pena. La pena privativa de libertad es formalmente. limitación de días libres. como pena conminada. 83) criminalidad. El criterio de diferenciación en función del bien jurídico afectado por la pena permite. se busca privilegiar el uso de alternativas a la privación de libertad. Las desventajas resultantes de una pena privativa de libertad con límites mínimos excesivamente bajos son diversas. el legislador de 1991 señala « la urgencia de buscar otras medidas sancionadoras para ser aplicadas a los delincuentes de poca peligrosidad.LAS PENAS EN EL CÓDIGO PENAL DE 1991 El legislador de 1991 intentó sistematizar las penas agrupándolas en cuatro categorías: penas privativas de libertad. En el primer caso. Esta tendencia se pone de manifiesto fundamentalmente a nivel de las estrategias destinadas a controlar la pequeña y mediana criminalidad 22. Desde la perspectiva administrativa. expatriación. no niega el hecho que la pena privativa de libertad esté prevista como pena principal en 187 de las 407 infracciones penales contempladas en el Código y como pena acumulada en 169 casos.La pena privativa de libertad puede ser temporal o de cadena perpetua. Respecto a estas formas de (p. Al colocar el mínimo de duración de esta pena en dos días no hizo más que ratificar la opción ya asumida desde el Código derogado. constataremos que la pena privativa de libertad constituye el 95 % de las penas de la parte especial del Código. la organización de medidas de . el legislador no renunció a las penas privativas de libertad de corta duración. En este sentido. tendrá una duración mínima de 2 días y una máxima de 35 años. en la parte especial del Código. La introducción en el Código penal de nuevas penas (prestación de servicios a la comunidad. 1. penas privativas de derechos y multa. Lo diversificado del sistema de sanciones del Código de 1991. No atenuó tampoco la importancia de su aplicación mediante la previsión de una cláusula de última ratio que haga de la pena de corta duración una sanción excepcional. en función del tipo de criminalidad. exención de la pena) no disminuyen notablemente su importancia en el sistema de sanciones. como veremos luego. reserva del fallo condenatorio. de atenuar la aplicación o de sustituir la pena privativa de libertad (conversiones. no ha disminuido su presencia. Artículo 29°. A pesar de seguir siendo la pena que más identifica al derecho penal actual. Es prácticamente imposible que en el lapso de unos meses la ejecución penal pueda influir positivamente sobre el condenado. Si a ello se agrega los 31 supuestos en que es imponible como pena alternativa. el uso diferenciado de la pena privativa de libertad. su importancia como instrumento de política criminal ha disminuido sensiblemente. PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD El marco legal que las rige es el artículo 29° del Código Penal. la sanción más severa con que cuenta nuestro ordenamiento jurídico. Esta estructura da al Código vigente una mayor transparencia. revelar algunas incoherencias. luego de la pena de muerte21. penas restrictivas de libertad. En realidad.
Las penas restrictivas de libertad son: I. una pena de este tipo desarraiga inútilmente al condenado del medio social y familiar. tratándose de extranjeros.La expatriación. en un medio como el nuestro con una alta tasa de desocupación y subempleo. inc. 329. 2. Su inclusión. Ambas se aplican después de cumplida la pena privativa de libertad. genocidio (art. 1). el legislador reformó tímida pero favorablemente la concepción subyacente en el Código derogado. No obstante constituir un avance. 107). Intentar modificar positivamente el comportamiento de un condenado recluido tanto tiempo constituye una amarga ironía. tiene efectos contraproducentes. Las sanciones . II. En todo caso. esta vez con carácter de pena. 34). violación de menores (art. PENAS RESTRICTIVAS DE LIBERTAD Se encuentran reguladas por el artículo 30° del Código Penal. teniendo una duración determinada. 303). por arte de birlibirloque. a excepción del Proyecto de 1986 que preveía la expatriación (art. apareció misteriosamente en el Proyecto de enero de 199126. 331. Desechada en los sucesivos proyectos de Código penal. tratándose de nacionales y tiene una duración máxima de diez años. Al referirse a las clases de pena previstas por el Código. 329. 325. esta opción sobrepasaba la tendencia legislativa en el derecho comparado que fija en 20 años el promedio de duración máxima de esta pena. 173. 85) (DL 22095. 330. La expatriación de nacionales está prevista en determinados delitos (dolosos) contra la seguridad nacional y de traición a la patria (arts. 320. empero. e indeterminada en el segundo caso. 331. tráfico de drogas calificado (art. en el Código vigente va a contra corriente de la tendencia político criminal de proscribirla del catálogo de sanciones penales. 108). el legislador prevé específicamente la expulsión de extranjeros en los casos de comisión de este delito (art. en el primer caso (hasta los 10 años). 326.tratamiento penitenciario requiere de un periodo de tiempo para su aplicación efectiva. art. el legislador de 1991 previó el máximo de duración de la pena en contados delitos: parricidio (art. Retomando.La expulsión del país. asesinato (art. una duración máxima. 129). 328. cuando aún estaba previsto en el Código (arts. En el Código vigente se fija la duración máxima de esta pena en 25 años. traición a la patria (arts. 297). Además. 325. Ambas se aplican como penas acumuladas a la pena privativa de libertad. Los argumentos en favor de la reducción sustantiva del tiempo de duración de la privación de libertad tienen relación fundamentalmente con su adecuación a los fines de prevención especial de la pena. 332). 30 CP). 332) y terrorismo. El apuro del legislador por introducirla en el sistema de penas se pone en evidencia en la forma cómo rectificó la exposición de motivos del Proyecto de 1990. 319. Situación que. 321 y 323). En éste se preveía la posibilidad de imponer penas relativamente indeterminadas como el internamiento: siendo su duración mínima 25 años no tenía. 63). Respecto a la duración máxima de la pena privativa de libertad. Esta denominación comprende las penas de expatriación de los nacionales y expulsión de los extranjeros (art. la legislación especial en materia de tráfico ilícito de drogas (p. el legislador del 91 señaló: “El Proyecto prevé un elenco de penas marcadamente simple.
mediante su efecto disuasivo. 2. ejecutada previamente. A pesar de tener un alcance práctico limitado. La expulsión de extranjeros no tiene por qué ser considerada como una pena. Pues si de lo que se trata es de evitar que el nacional vuelva a coludirse con un . inc. ni ser privado de ingresar en el mismo.). Pero en este caso su duración es proporcional a la gravedad de la infracción cometida y su finalidad es diferente: garantizar la seguridad de los habitantes del Estado de donde el condenado es expulsado. la comisión de futuros delitos. ni mucho menos del principio de proporcionalidad. Como su nombre lo indica. Tampoco es aceptable la duración indeterminada de esta pena. 11 Const.son de tres clases: privativa de libertad. la Constitución establece como limitaciones de su ejercicio razones de sanidad. ya habría cumplido dichos fines. hubiera sido inviable. Al margen de su incompatibilidad con la Convención Americana de Derechos Humanos que prescribe que nadie puede ser expulsado del territorio del cual es nacional. En este sentido. La finalidad político criminal de la expulsión de extranjeros no es la de retribuir la comisión de un delito. Tampoco puede sostenerse que la expatriación sea una pena adecuada al fin de prevención especial negativa. pero difícilmente puede sostenerse que una expulsión indeterminada satisfaga las exigencias del principio de legalidad. las penas restrictivas de la libertad implican una restricción sustantiva a la libertad de residencia en todas sus manifestaciones: la posibilidad de establecerse en el territorio nacional. 87) legal suficiente. mandato judicial o la aplicación de la ley de extranjería (D Leg 703). se justifica la expulsión como sanción administrativa vinculada a la comisión de un delito. pues ningún otro Estado aceptaría recibir narcotraficantes. cabría también evaluar constitucionalmente su legitimidad. Como todo derecho fundamental. ni la de prevenir. Su dudosa constitucionalidad y su clara incompatibilidad con el derecho internacional han sido relevadas unánimemente por los autores nacionales 29. agregó a la anterior versión la nueva pena. La concretización de estas restricciones está sin embargo sujeta al examen de tres condiciones: un interés público predominante. en el mismo caso. No puede tener dicho carácter pues en este caso la pena privativa de libertad. ciertamente. En la legislación comparada. se contradiga posteriormente con la expulsión del extranjero que tiene ciertos vínculos de integración al país 28. 28)”27. Es decir. La pena de expatriación de nacionales constituye igualmente una innovación infeliz del legislador. pero siguió hablando de la existencia de tres clases de pena. el legislador debió. estas penas resultan incompatibles con un sistema de sanciones moderno y adecuado a la Constitución. Hubiera sido más razonable que el legislador optara por dejar a la legislación de extranjería la regulación de dicha medida. prever la pena de expatriación del nacional que cometa el delito de tráfico ilícito de drogas. una base (p. y la observancia de la proporcionalidad de la medida. A fuerza de ser coherente y equitativo. limitativa de derechos y multa (art. Es incomprensible. que la función de resocialización de la pena privativa de libertad previamente cumplida. Estas condiciones difícilmente se cumplen en la manera como han sido reguladas estas penas: el interés público de expulsar a un extranjero que ha cometido un delito puede ciertamente existir y prevalecer sobre el interés del condenado de permanecer en el territorio nacional. la libertad de residencia está sujeta a restricciones. de transitar y de entrar en todo tiempo (art. No puede existir interés público preferente en expatriar a un nacional luego de que éste haya purgado 15 o 20 años de privación de libertad. por otro lado. restrictiva de libertad. Solución que.
sustituir las penas privativas de libertad. concentración de esfuerzos en el tratamiento de los delincuentes llamados residuales (racionalización de objetivos). Estas sanciones punitivas limitan el ejercicio de determinados derechos económicos. disminución o neutralización de las condiciones generadoras del ilícito (prevención de acuerdo con la situación). Un segundo problema es el relativo a la función de estas penas dentro del sistema de sanciones. que estas penas pueden. Sin embargo. no vienen a ser sino los instrumentos establecidos por el ordenamiento jurídico para ejercerla. En efecto. lo cierto es que la introducción de la pena de prestación de servicios a la comunidad y de limitación de días libres. 33 es cualitativamente diferente de la función prevista en el art. A esta ventaja de orden financiero. una justificación moral para que el Estado se deshaga de sus nacionales que han cometido un delito en su territorio. no existe una frontera claramente delimitada entre la afectación de la libertad y la de los derechos. La primera es concebida como un sinónimo parcial del término derecho30. En este sentido. Son de tres clases: Prestación de servicios a la comunidad. convertirlas de acuerdo al art. 52 que regula el sistema de conversiones.Estado extranjero. se agregan otras inherentes a su ejecución no carcelaria: mantenimiento del condenado en el sistema social (disminución de riesgos de perdida de la socialización). finalmente. así como la ampliación de los alcances de la inhabilitación responde a la necesidad de encontrar alternativas a la pena privativa de libertad. 66) se preveía ya la . Los derechos. cabe pensar. En realidad. 52. En consecuencia. 90) general de sustitución. el legislador señala que “los elevados gastos que demandan la construcción y sostenimiento de un centro penitenciario. limitación de días libres e inhabilitación. 32 y. así como el disfrute total del tiempo libre. la privación o la restricción de la libertad. no se percibe de qué manera se atenúa o desaparece dicho riesgo expulsándolo del territorio nacional. En este sentido. por un lado. No existe. utilidad de la prestación o actividad desarrolladas por el condenado (generación de beneficios sociales). PENAS LIMITATIVAS DE DERECHOS Están consideradas normativamente entre los artículos 31° a 40° del Código Penal. En el art. es de preguntarse si la función substitutiva prevista en el art. El primer problema que ha de enfrentarse en la revisión de estas penas es el de su denominación. de acuerdo con el art. políticos y civiles. Al regularlas como una categoría independiente de las penas privativas y restrictivas de libertad. 88) natural que tiene toda persona de obrar de una manera o de otra o de abstenerse de obrar. 33 sólo se fija el principio (p. en su acepción subjetiva. La libertad constituye una facultad (p. prima facie. es igualmente una forma de privar o limitar el ejercicio de un derecho. 3. se trata de dos caras de la misma moneda34. Independientemente de este problema formal. por otro lado. obligan a imaginar nuevas formas de sanciones para los infractores que no amenacen significativamente la paz social y la seguridad colectiva”31. En el Proyecto 1984 (art. El título adoptado para denominarlas no resulta muy funcional para dar cuenta de su contenido. La razón de esta dificultad interpretativa puede rastrearse desde los inicios del proceso de reforma penal. en tanto que en el artículo 52 se precisan los criterios de conversión (llámese sustitución). el legislador asume que existe una diferencia cualitativa entre los bienes jurídicos afectados con estas penas. mediante la imposición de una pena.
antes de la elección de la pena. Respecto a las características de esta pena cabe hacer algunas precisiones. De este modo.posibilidad de convertir la pena de prestación de trabajo en favor del Estado. en los que el órgano de ejecución y control cumple igualmente una función consultativa. 36). se estableció la versión definitiva (vigente en el Código penal de 1991). su grado de integración social o familiar. Luego.? Estos criterios requieren de una información individualizada y especializada que el juzgador no podrá obtener a través del expediente. el contenido de la prestación realizable por el condenado puede abarcar todo tipo de trabajos. en los proyectos de 1985 y 1986. se establecía únicamente las condiciones de conversión. A) PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD (ART. sino las condiciones personales del condenado.. A diferencia de otros países. Sería además discriminatorio establecer diferencias entre los trabajos calificados y no calificados. en el caso nuestro la decisión es más intuitiva. y puede ser aplicada de modo directo o también de modo sustitutivo. su conformación psicóloga.. su aptitud para el trabajo. ¿Qué factores decidirán al juez en favor de esta pena y no de una multa o de una pena de limitación de días libres? ¿Tomará en cuenta la solvencia económica del condenado. Recién en el Proyecto de 1989 se previó que las penas limitativas de derechos podían substituir a la pena privativa de libertad cuando sea inferior a los tres años (art. la amplitud de opciones facilitará la tarea de ejecución. 34° C. La pena puede extenderse desde 10 a 156 jornadas semanales (alrededor de 3 años de ejecución) . El problema que plantea el no ordenamiento jerárquico de las penas substitutivas es cómo puede el juzgador formar su decisión en favor de esta pena sin contar con los elementos necesarios para establecer su idoneidad en el caso concreto. Ulteriormente. Corresponde a las llamadas formas de trabajo correccional en libertad. su experiencia laboral. En este último caso. Ellos pueden ser manuales. fuera de los pocos casos en que prevé esta sanción como pena autónoma. los fines de semana. en el Proyecto de 1990. incluido los trabajos calificados. servicios y labores a favor de la comunidad. El legislador. intelectuales o incluso artísticos. ella reemplazará a una pena privativa de libertad no superior a cuatro años. La prestación de servicios a la comunidad es una forma de trabajo correccional en libertad y está dirigida a formas de delincuencia de escasa peligrosidad. El condenado queda obligado a prestar gratuitamente. pues ni el Código Penal de 1863 ni el de 1924 la incluyeron como sanción y únicamente se le aplicaba como una medida sustitutiva de la prisión que se imponía al condenado que no cumplía con la pena de multa. pero manteniéndose el sistema de conversiones dentro de este límite. deja en manos del juez la elección de la pena substitutiva de la pena privativa de libertad. El criterio decisivo para establecer el alcance de las prestaciones susceptibles de ser comprendidas en la ejecución de la pena no es la calidad de la prestación in abstracto. evitando así que el condenado sea recluido en un establecimiento penitenciario.P) Es una pena que tiene escasos precedentes en nuestro país. su edad. sus antecedentes. Pero la función substitutiva de la pena de prestación de servicios a la comunidad no está sujeta a criterios jerárquicos que privilegie su aplicación frente a otras penas. Primero.
La pena puede extenderse entre 10 a 156 jornadas (alrededor de 3 años de ejecución). profesional o laboral. prohibición de la arbitrariedad). los fines de semana.): Es una pena por el cual se le priva a una persona del ejercicio de uno o varios derechos políticos. La extensión de la pena comprende un mínimo de I 0 y un máximo de 156 jornadas de limitación semanales.Esta pena ha sido descalificada así mismo por su carácter infamante.P. La jornada semanal fluctúa entre 10 a 16 horas. El sentenciado a este tipo de sanción deberá permanecer en el establecimiento señalado un total de 10 a 16 horas por semana. o. respeto de la dignidad.P. La limitación de días libres determina la asistencia obligatoria del condenado. así como de sus funciones profesionales. Esto es. a un establecimiento no carcelario donde recibirá charlas. inherente a todo tipo de pena.). La pena que ahora comentamos puede ser impuesta como pena principal o accesoria. Además. No es un arresto de fin de semana.P) Es una pena que carece de antecedentes en nuestro sistema legal. o. si él ha cometido un delito culposo de tránsito (Artículos 39° y 40° C. también como una pena complementaria a una pena privativa de libertad. cursos o participará en otras actividades de carácter educativo. y su ejecución se haya regulada por la Ley No. 35° C. Se la considera incluso más grave que la simple detención dado que expone al condenado a los ojos de la opinión pública. 27030. arte u oficio. Hasta el presente el cumplimiento de estas penas no se ha materializado. Ahora bien. cuyas características deben ser distintas de las de un centro penitenciario y que debe organizarse en función de fines educativos. C) PENA DE INHABILITACIÓN (Artículos 36° a 40°C. El progreso de los sistemas de información no hace necesaria la exposición física del condenado para que éste sea objeto de la crítica social. Fuera de tales supuestos la inhabilitación se aplica como pena principal aunque en varios delitos como los cometidos por funcionarios públicos contra la Administración Pública . se aplica una inhabilitación accesoria si el autor del delito ha infraccionado un deber especial derivado de su posición funcional. se le puede aplicar de modo exclusivo al autor de un delito. y que resulten idóneos para su rehabilitación personal. B) PENAS DE LIMITACION DE DIAS LIBRES (Art. el efecto infamante. Crítica en realidad excesiva dado que resulta bastante relativa la determinación de qué pena está más expuesta al conocimiento público. Al igual que la pena de prestación de servicios a la comunidad. domingos y feriados a un establecimiento especial. civiles o económicos. la de limitación de días libres puede aplicarse también como pena sustitutiva de penas privativas de libertad no mayor de cuatro años. familiar. el condenado deberá participar en sesiones y dinámicas de carácter educacional o psicológico. Consiste en la obligación que se impone al condenado de asistir los días sábados. Durante su estancia semanal. también. puede ser limitado si su ejecución se rodea de garantías (proporcionalidad. con iguales criterios de organización y supervisión que los contemplados para el caso de penas de prestación de servicios a la comunidad.
Por supuesto que este instituto haría desdibujar las fronteras. ella puede aplicarse conjuntamente con una pena privativa de libertad. PENA DE MULTA Su base legal se encuentra entre los artículos 4I° a 44° del Código Penal. conforme a los parámetros que la ley indica. participa de las características de toda pena. y entre las que destacan la incapacidad para desempeñar funciones públicas o determinadas profesiones u ocupaciones. Ahora bien. se obtiene a través de un procedimiento especial que analizaremos en una próxima unidad lectiva.P. es decir. Es importante distinguir que la multa es una pena de condición patrimonial y no una indemnización para la víctima del delito como lo es la reparación civil. que cobrarían la víctima o su familia. afecta el patrimonio del condenado pues impone la obligación de pagar la suma de dinero indicada por el juez en su resolución. el mínimo de esta pena es de diez días-multa y el máximo de 365 días-multa.). Cabe anotar que la ley establece un plazo de I O días para que el condenado pague la multa. Siendo la multa una pena.(Artículos 376° a 426° C. En todo caso. Es importante destacar que la inhabilitación debe tener siempre el carácter de especial. consiste en un mal. 4. por haber sido autor o partícipe de un hecho punible. la definición específica del monto de dinero que deberá pagarse como importe de la multa. aunque se prevé la posibilidad de que el importe se abone de modo fraccionado a través de cuotas mensuales o también con un descuento directo sobre la remuneración del sentenciado (Artículo 44°). el cual será mayor o menor según la gravedad del hecho punible. La multa implica el pago de una cantidad de dinero que el condenado debe realizar a favor del Estado. El condenado a una pena de inhabilitación no puede ejercer los derechos o los cargos y las facultades que el juez le precise en la sentencia. hoy níticas. El artículo 36° del Código Penal detalla las distintas limitaciones que genera la inhabilitación. que priva o afecta bienes jurídicos del condenado y que se aplica . Es la pena pecuniaria y afecta al patrimonio económico del condenado. Esto es. así como la suspensión para portar o hacer uso de arma de fuego. el Juez debe suspender o restringir únicamente aquellos derechos de los cuales abusa el condenado en la realización del delito. En nuestro sistema legal vigente la transferencia de ese dinero se produce en favor del Estado y no quita la posibilidad de que en otros regímenes o en una futura reforma se establezca un sistema de multa reparatoria. De momento sólo es de mencionar para cada delito en particular se fija un determinado número de días-multa. entre multa e indemnización de daños y perjuicios. Se trata de una pena pecuniaria. y además en atención al volumen personal de rentas que percibe el condenado diariamente. En el Perú la multa se cuantifica a partir de una unidad de referencia abstracta que se conoce como día-multa.
y tiene como fundamento evitar que estas personas consideradas como peligrosas. solo se prevén dos clases de medidas de seguridad: la internación y el tratamiento ambulatorio (artículo 71°).como retribución por haber el delincuente contravenido reglas de conducta impuestas para lograr una convivencia armoniosa. proyecto de 1990. pues ocurre que dado el acelerado proceso de inflación argentino. Posteriormente durante los trabajos de reforma se dieron varios proyectos tales como: el proyecto de setiembre de 1984. que ya lleva varias décadas. En este sentido. que en su artículo 103º se preveía que las medidas de seguridad son curativas. Además se introduce un nuevo artículo 77°. en todos los demás proyectos (proyecto de 1985. LA EVOLUCIÓN DE LA MEDIDA DE SEGURIDAD EN EL DERECHO PENAL PERUANO. no sólo conserva la existencia de las medidas de seguridad. No es vano insistir en que la multa es una pena y la pena es un mal. que se aplicará antes de la pena. de vigilancia y de internación. 74°) y tratamiento ambulatorio para imputables relativos (artículo 71° 76º). con la consecuencia notoria de que al cabo de unos meses las previsiones del legislador quedan superadas por la realidad y la multa no afecta en la misma medida en que podía hacerlo inmediatamente luego de haberse elevado las escalas. ha buscado conciliar la aplicación de estas medidas con las inmediatas posibilidades materiales del estado. Las medidas de seguridad fueron introducidas en el Código Penal de 1924. En el texto definitivo del Código Penal de 1991 vigente. Entonces pierde eficacia y hasta alienta la desobediencia. sino que tal como lo señala su exposición de motivos referente a este tópico que el Código Penal de 1924 incluyo un amplio catálogo de medidas de seguridad no obstante esta previsión. como es fácil comprobar en materia de contravenciones cuando alguien que tiene apuro por hacer un trámite estaciona lo mismo su vehículo en lugar prohibido sabiendo que la multa que eventualmente le aplicarán representará un sacrificio económico. el proyecto de octubre del mismo año que en su artículo 73° se suprimen las medidas de vigilancia. en el que se prevé una medida de internación para imputables relativos o imputables toxicómanos o alcohólicos. siguiendo el modelo de los proyectos del Código Penal Suizo. mucho menor que el que provocaría la frustración de la diligencia. consciente de esta negativa experiencia. la moneda va perdiendo valor de una manera más rápida que la marcha del proceso de reforma legislativa. CONCEPTO Las medidas de seguridad son tratamientos que se brindan a los sujetos cuando están dentro de alguno de los supuestos del Art. MEDIDAS DE SEGURIDAD 1.1 -inimputabilidad total o relativa-. Además tiene como finalidad conseguir que el individuo castigado internalice las pautas de comportamiento exigidas por la sociedad. . artículo 75° y proyecto 1991. 2. proyecto 1986. La comisión revisora. artículo 77°.20° num. III. dictado mediante decreto legislativo por el poder ejecutivo. artículo 71°)se prevén como en el texto vigente. las limitaciones económicas del estado frenaron toda posibilidad de que fueran realmente aplicadas. sólo las medidas de internación para inimputables (artículo 71°. artículo 76º.
como en el caso de la pena. defendida por eminentes administrativistas.-La fuente legal. por tanto. a los agentes que no sean capaces para tener esta libertad (enfermos mentales) o a los que no tienen suficiente dominio sobre ella (viciosos. Con esto se restringe ya de manera sensible el poder del Estado a recurrir a este tipo de medios de prevención de la delincuencia. se han realizado tentativas para encontrar una justificación a estas medidas. y que se haya cometido una acción prevista en la ley como delito. como medidas de policía de naturaleza administrativa. coincidimos con la mayoría de penalistas que estas aparecen en el Derecho punitivo como medio de lucha contra el delito y. Nuestro codificador. Así.cometan nuevos delitos. Esta aseveración propicia una nítida separación entre medidas de seguridad pre delictuales (tanto criminales como sociales) que pueden pensarse en el ámbito administrativo como hacen algunos de los autores mencionados y coherentemente fuera del Derecho penal y las medidas de seguridad pos delictuales de las que no se ha de dudar su pertenencia al sector punitivo. de que sólo puede participar. el que se deja dirigir por sus normas y como. mediante una medida de seguridad. En la dogmática penal. en forma íntegra en la vida en comunidad. la libertad exterior o social sólo se justifica en base a la posesión de una libertad interior vinculada éticamente. MANZINI titula el capítulo de su Tratado dedicado a las medidas con la denominación de "Las medidas administrativas de seguridad". LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL CÓDIGO PENAL DE 1991. que la personalidad del agente se adecue a una de tales categorías. los cuales representan en la práctica. SOLER no las considera sanciones y Rocco las cita como medios de defensa social de naturaleza administrativa. incluso integradas dentro de la definición de Derecho penal desde el momento en que son aceptadas como una consecuencia jurídica del delito más a aplicar al individuo que ha realizado una conducta observada por la ley penal como infracción y que revela una determinada peligrosidad criminal. La regulación referida a las medidas de seguridad que contiene el código penal actual proviene de fuentes legales extranjeras. 4. al menos sobre las medidas de seguridad. NATURALEZA DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Un grupo de autores opina que las medidas de seguridad no han de incluirse en el Derecho penal. se podrá limitar la libertad. el ya citado GRISPIGNI las entiende como medidas de Derecho administrativo comprendidas dentro de la función de policía de seguridad. Welzel considera como base de las medidas de seguridad el principio ético- social general. la privación o restricción de derechos inalienables de la persona humana. en cuanto que son medios de tutela preventiva de carácter administrativo contra las causas del delito. etc.) 3. . Nuestra posición difiere de cualquier planteamiento administrativista. según él. En todos los casos.1. siguiendo a los proyectos suizos incorporó al sistema de sanciones del Código diversas medidas de seguridad: el internamiento en un hospital u hospicio de inimputables y/o imputables relativos. alcohólicos. tiene acogida asimismo entre ciertos penalistas. pues. estimándolas. es indispensable que el agente haya actuado culpablemente y se haga merecedor a una pena. 4. La aplicación de una de estas medidas requiere. Esta corriente.
asociado a síntomas sicóticos de tipo paranoide. Como se puede apreciar coincidimos con el autor Paredes Pérez cuando afirma que la prognosis o probabilidad de que el individuo cometa nuevos delitos queda al arbitrio del juzgador. 4. consistente en la sujeción a un tratamiento ambulatorio. sino que cabe exigir la realización de un hecho típico. . Cabe mencionar tal como lo indica Lamo Rubio respecto que de este requisito que de una parte. en la cual sólo se regula dos de estos criterios como son las medidas privativas de libertad cuando hablamos de la internación y las medidas restrictivas de libertad para referirnos al tratamiento ambulatorio. En el mismo sentido coincide Bramont Arias al afirmar que con relación a las medidas de seguridad en especie y el art. Luego. solamente establece dos clases: detentiva y restrictiva. las normas que tratan de las clases de medidas de seguridad aplicables. objetivo y subjetivamente. se excluyen su imposición cuando el hecho sea constituido de falta. busque del hecho y de la personalidad del agente pueda deducirse un pronóstico de comportamiento futuro que revele una elevada probabilidad de comisión de nuevos delitos. y de otra. y la segunda. en otro establecimiento adecuado. Art. las medidas de seguridad tienen que tener como requisitos los siguientes: a. se acogen tan sólo las medidas denominadas post delictuales. responden a la influencia del Código Penal brasileño de 1984 (Cfr. 96º a 98). las disposiciones que aluden a su rol funcional en el artículo IX del título preliminar tiene como modelo al código penal colombiano de 1980 (Cfr. La primera.2. Que el agente haya realizado un hecho previsto como delito.P.Así el profesor Prado Saldarriaga señala que en primer lugar. 12°). Finalmente. a detenerse en consideración para interpretar las normas referentes a las medidas de seguridad de nuestro penal actual. es decir como lo aclara García Albero al señalar que por hecho previsto como delito no hasta entender la realización objetiva de una conducta abstractamente prevista en el correspondiente precepto penal.-Clases de Medidas de Seguridad. El artículo 5º del nuevo código colombiano del 2000 se refiere a las funciones de las medidas de seguridad. la brasileña y española. de carácter restrictiva. es la internación en un hospital de custodia y tratamiento psiquiátrico. La clasificación de las medidas de seguridad utilizadas por el Código Penal se realiza en función al bien jurídico afectado. Como podemos apreciar esta fusión de tres fuentes legales como los son la colombiana. se señala que éste se produce cuando existe un desorden orgánico cerebral. 71º C. sobre este tópico la jurisprudencia nacional ha establecido cuando se presenta este pronóstico. De acuerdo a lo preceptuado en el artículo 72° del código penal.-Requisitos comunes de aplicación. las reglas que regulan la aplicación de las medidas deben su redacción a las previsiones similares que para ello incluyó el anteproyecto de código penal español de 1983 (Cfr. 4. así en la ejecutoria derivada del expediente Nº 885-93. a falta de éstos. 87° a 89°).3. ello representa potencialmente un peligro para la integridad física del agente y de las personas de su entorno . además de antijurídico . detentiva.
FUNDAMENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Pocas dudas existen en afirmar que el fundamento inmediato de las medidas de seguridad es la peligrosidad personal del individuo. y consiste en visitar al o los especialistas en conducta humana (médicos o psicólogos). se exige conceptualmente la necesidad para fundamentar la medida. etc.A.3. 4. aún si existiera posibilidad de que el sujeto volviera a cometer nuevos delitos menores. En ambos autores se manifiesta como un pronóstico o juicio de probabilidades referido al comportamiento futuro del individuo. la ley no la regula al respecto. Sin embargo sobre este tópico el autor Sánchez Yllera sostiene que la práctica ha demostrado que la mayor parte de los supuestos ya no hace falta internar al enfermo mental de por vida en un hospital. 5. No obstante esta afirmación necesita ser matizada. . La medida de tratamiento ambulatorio. Este será establecido y se aplicará conjuntamente con la pena al imputable relativo que lo requiera. Los modernos psicofármacos permiten el control eficaz de estos enfermos al tiempo que posibilitan que continúen viviendo en sociedad al amortiguar y reducir los síntomas que identifican al diferente.de una medida de seguridad. La medida de internación. Esta internación se realiza en un centro hospitalario especializado u otro establecimiento adecuado orientado a fines específicos propios de esta medida de seguridad como son los fines terapéuticos o de custodia.3. Así también como señala Villa Stein que el tratamiento ambulatorio se lleva a cabo sin internar al agente. El tratamiento ambulatorio es la segunda clase de medida de seguridad que regula nuestro ordenamiento jurídico penal. Por otro lado. Esta normada en el artículo 76º del Código Penal. Sobre la duración de esta medida de seguridad. el cual está orientado a fines específicos propios de esta medida de seguridad como son: los fines terapéuticos o de rehabilitación.1. la misma que consiste en el ingreso y tratamiento del inimputable como regla general. en determinadas ocasiones. ya que excepcionalmente se aplica al imputable relativo toxicómano o alcohólico imputable eso es haciendo una interpretación sistemática con el artículo 77º referido al sistema vicarial. para seguir un tratamiento farmacológico o psicoterapéutico que pueda incluir “laborterapia”. esto concuerda con lo que afirma Peña Cabrera al señalar que ha de tenerse en cuenta el principio de mínima intervención.4. sin embargo coincidimos con la División de Estudios Legales con Gaceta Jurídica S. cuando afirma que nuestro Código Penal tampoco establece un tiempo de duración máxima del tratamiento ambulatorio. Además sólo podrá disponerse la internación cuando concurra el peligro de que el agente conecta delitos considerablemente graves. aunque este debe respetar el principio de proporcionalidad y tomar en cuenta el tiempo de obtención de un tratamiento exitoso a la rehabilitación del agente.2. para la aplicación –incluso. La internación está regulada en el artículo 74º del Código Penal. “terapia de grupo”.
con ser bastante. En España la polémica se mantiene en pie. Los vinculados a orientaciones neoclásicas exigen una justificación ético- moral. junto a la fundamentación utilitarista de la medida de seguridad se precisa una fundamentación ético-social. se manifiesta a su vez de dos maneras: peligrosidad criminal predelictual y peligrosidad criminal postdelictual. La segunda es la probabilidad o realidad de que el sujeto realice actos levemente perturbadores de la vida comunitaria (actos asociales}. así como el derecho y deber . El que no es apto para tener esta liberta interior. por tanto. sino por indicios personales distintos de la concreta comisión del delito. Sin embargo. se trata. es necesario responder a la pregunta de si pertenecen al Derecho penal las medidas predelictuales. Para WELZEL. pues no son actos antisociales. debiendo quedar su prevención a la política social del Estado y. concebida en definitiva como un juicio de probabilidad de delinquir en el futuro. En la primera la peligrosidad no se manifiesta por medio de la realización de una conducta delictiva.En esta definición genérica de peligrosidad existen dos principios prácticamente confundidos: la peligrosidad criminal y la peligrosidad social. al Derecho administrativo. La justificación última de las medidas de seguridad es su necesidad para la sociedad. La peligrosidad social resulta insuficiente para imponer medidas penales. sin llegar cometer delitos propiamente dichos. vicios y hábitos perniciosos y él no tiene el suficiente dominio sobre ella. Semejante distinción nos introduce en la problemática de cuál de estas clases de peligrosidad constituye el presupuesto de las medidas de seguridad jurídico-penales o. un individuo antisocial. un importante sector de autores estima que esto no es suficiente. y por tal motivo aceptan sólo aquellas medidas que privan de sus derechos a quienes no pueden o no saben ejercerlos con libertad interior. La primera es la posibilidad de que un sujeto cometa un delito o siga una vida delincuencial. pues. En la segunda se expresa con un hecho tipificado como delito sin necesidad de que el sujeto sea imputable y culpable que es indicio de su inclinación antisocial. en caso de fracaso. dicho de otra forma. desde el momento en que la pena por sí sola no es suficiente para alcanzar las metas del Derecho penal actual. En virtud de esto se justifica la institución de las medidas de seguridad frente a los delincuentes por estado. A estos aspectos ético-sociales generales se agregan numerosos momentos éticos más específicos. o a quienes esa privación de derechos resulte en conjunto provechosa para superar la rémora en su desarrollo personal. Numerosas razones son esgrimidas a favor de la integración de las medidas predelictuales dentro del Derecho penal. ya no puede exigir la plena libertad social. De ambos planteamientos se pueden sacar provechosas enseñanzas. refleja. b.sólo se justifica en base a la posesión de una libertad interior vinculada éticamente. dirigida por una autodeterminación ética (como los enfermos mentales) lo que a raíz de predisposiciones. para deducir de ahí su única justificación. Toda libertad exterior o social -escribe. La peligrosidad criminal. JUSTIFICACION DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD BERISTAIN diferencia en dos bloques las opiniones de los penalistas que buscan la justificación de las medidas de seguridad a través de diversas argumentaciones: a. 6. Los más cercanos a las orientaciones positivistas que las justifican en su necesidad y utilidad social. de un individuo asocial.
por ejemplo. . el derecho de educación frente a los jóvenes y refractarios al trabajo. con el Derecho penal. al igual que sucede con la pena y. STRATENWERTH. de intima conexión con el principio de proporcionalidad. a los toxicómanos. a las personas de imputabilidad disminuida. a todas luces. etc. insuficiente. indica que el fundamento ético welzeliano es válido exclusivamente para las medidas de seguridad destinadas a inimputables y semi imputables. Para este último autor. Convenimos. en definitiva. De todas formas es imprescindible asumir que junto a esta necesidad de las medidas se sitúan los derechos y libertades ciudadanos en una reclamada simbiosis. en la dificultad que en la práctica encuentra la aplicación de estos principios teóricos. la justificación ética de la medida de seguridad se encuentra exclusivamente en el interés social preponderante de la prevención del delito. para negar idoneidad a la necesidad y al utilitarismo en sentido científico. La combinación racional entre necesidad. de rehabilitación y de asistencia respecto al enfermo mental. Semejante argumentación de WELZEL ha sido contestada por numerosos autores.del Estado de cuidado. utilidad y libertades individuales proyecta el auténtico fundamento de la medida de seguridad. no obstante.
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