Source: http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/PopUpCGI?CMD=VERLST&BASE=puw6&FMT=PUWTXDTS.fmt&DOCS=1-1&QUERY=%28CDP199804300156.CODI.%29
Timestamp: 2020-05-31 08:32:20
Document Index: 64462016

Matched Legal Cases: ['artículo 21', 'artículo 16', 'artículo 17', 'artículo 150', 'artículo 37', 'artículo 47', 'artículo 15', 'artículo 18', 'artículo 15', 'artículo 18', 'artículo 18', 'artículo 18', 'artículo 20', 'artículo 33', 'artículo 15', 'artículo 1', 'artículo 15', 'artículo 18', 'artículo 15', 'artículo 7', 'artículo 1', 'artículo 8', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 8', 'artículo 30', 'artículo 30', 'artículo 30', 'artículo 30', 'artículo 8', 'artículo 1', 'artículo 13', 'artículo 8', 'artículo 8']

DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 156, de 30/04/1998
Año 1998 VI Legislatura Núm. 156
celebrada el jueves, 30 de abril de 1998
--Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaraciones de actividades de Excmos. Sres. Diputados (número de registro 51256) (Página 8310)
--Real Decreto-Ley 2/1998, de 17 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por las inundaciones y temporales acaecidos entre noviembre de 1997 y febrero de 1998 (número de expediente 130/000044) («BOE» núm. 93, de 18 de abril de 1998) (Página 8310) * * * * * * *
--Denuncia del Convenio número 45 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de 21 de julio de 1935, relativo al empleo de las mujeres en los trabajos subterráneos de toda clase de minas «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, número 179, de 18 de marzo de 1998 (número de expediente 110/000164) (Página 8314)
--Tratado de Prohibición de Ensayos Nucleares, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de septiembre de 1996 «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie A, número 180, de 18 de marzo de 1998 (número de expediente 110/000165) (Página 8314)
--Proyecto de Ley Orgánica para la cooperación con el Tribunal Internacional para Ruanda. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, número 87-1, de 17 de octubre de 1997 (número de expediente 121/000085) (Página 8314)
--Proyecto de Ley del Servicio Postal Universal y de liberalización de los servicios postales. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, número 94-1, de 19 de diciembre de 1997 (número de expediente 121/000092) (Página 8315)
--Proposición de Ley reguladora de la objeción de conciencia y de la prestación social. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie B, número 36-1, de 10 de junio de 1996 (número de expediente 122/000024) (Página 8328)
Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana, con carácter secreto, para debatir sobre el dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaraciones de actividades de señores Diputados, que es aprobado.
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes (Página 8310)
Real Decreto-ley 2/1998, de 17 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por las inundaciones y temporales acaecidos entre noviembre de 1997 y febrero de 1998 (Página 8310)
Presenta el Real Decreto-ley, en nombre del Gobierno, el señor ministro de Interior (Mayor Oreja). Considera que el alcance y magnitud de los hechos exigen la adopción de medidas extraordinarias para su reparación y, desde el principio constitucional de solidaridad, se impone una actuación eficaz de los poderes públicos que permita la recuperación de la normalidad de las zonas afectadas. Explica que la aplicación de esta norma será específica y, posteriormente, se determinará, a través de una orden del Ministerio de Interior, los términos municipales y núcleos de población afectados en esas comunidades autónomas.
A continuación pasa a explicar las siete medidas contenidas en el Real Decreto-ley y destaca algunas diferencias que presenta en relación con otros anteriores.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Sedó i Marsal, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); la señora Aramburu del Río, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; el señor Barrero López, del Grupo Socialista del Congreso, y la señora Torme Pardo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la convalidación o derogación del Real Decreto-ley debatido, se aprueba la convalidación por 282 votos a favor y uno en contra.
Sometida a votación, a petición del Grupo Socialista del Congreso, la tramitación como proyecto de ley, se rechaza por 125 votos a favor y 157 en contra.
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales (Página 8314)
Denuncia del convenio número 45 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de 21 de julio de 1935, relativo al empleo de las mujeres en los trabajos subterráneos de toda clase de minas (Página 8314)
Tratado de prohibición de ensayos nucleares, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de septiembre de 1996 (Página 8314)
Sometidos a votación directamente los dos dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales, se aprueban por asentimiento.
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas (Página 8314)
Proyecto de ley orgánica para la cooperación con el Tribunal Internacional para Ruanda (Página 8314)
Sometido a votación el dictamen de la Comisión, se aprueba por asentimiento.
Proyecto de ley del servicio postal universal y de liberalización de los servicios postales (Página 8315)
Defienden las enmiendas presentadas a este proyecto de ley, los señores Saura Laporta y Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; González de Txabarri Miranda, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Sedó i Marsal, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Ríos Martínez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda , y Morlán Gracia, del Grupo Socialista del Congreso.
Contesta, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, el señor Pons Franco.
En un segundo turno intervienen los señores Morlán Gracia, Ríos Martínez y Pons Franco.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
Se procede a las votaciones de las enmiendas mantenidas al proyecto de ley del servicio postal universal y de liberalización de los servicios postales que han sido objeto de debate.
A continuación se procede a las votaciones correspondientes al dictamen del proyecto de ley del servicio postal universal y de liberalización de los servicios postales.
Votación de conjunto (Página 8328)
Proyecto de ley orgánica para la cooperación con el Tribunal Internacional para Ruanda (Página 8328)
Sometido a votación de conjunto, por su naturaleza orgánica, el proyecto de ley para la cooperación con el Tribunal Internacional de Ruanda, es aprobado por unanimidad.
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas (continuación) (Página 8328)
Proposición de ley reguladora de la objeción de conciencia y de la prestación social (Página 8328)
Defienden las enmiendas presentadas a la proposición de ley, la señora Lasagabaster Olazabal y el señor Alcaraz Ramos, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Uría Echevarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); el señor Castellano Cardalliaguet, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y la señora Del Campo Casasús, del Grupo Socialista del Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Campuzano i Canadès, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Bermúdez de Castro Fernández, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En un segundo turno intervienen la señora Del Campo Casasús y los señores Castellano Cardalliaguet y Bermúdez de Castro Fernández.
Se procede a las votaciones de las enmiendas mantenidas a la proposición de ley reguladora de la objeción de conciencia y de la prestación social que han sido objeto de debate.
A continuación se procede a las votaciones correspondientes al dictamen de la Comisión de la proposición de ley reguladora de la objeción de conciencia y de la prestación social.
DICTAMENES DE LA COMISION DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS:
-- DICTAMEN DE LA COMISION DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS SOBRE DECLARACIONES DE ACTIVIDADES DE SEÑORES DIPUTADOS (Número de registro 51256)
-- REAL DECRETO-LEY 2/1998, DE 17 DE ABRIL, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS URGENTES PARA REPARAR LOS DAÑOS CAUSADOS POR LAS INUNDACIONES Y TEMPORALES ACAECIDOS ENTRE NOVIEMBRE DE 1997 Y FEBRERO DE 1998 (Número de expediente 130/000044)
El señor PRESIDENTE: Punto VII del orden del día: Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. En primer lugar, y el único, el Real Decreto-ley número 2/1998, de 17 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por las inundaciones y temporales acaecidos entre noviembre de 1997 y febrero de 1998.
Para su presentación, en nombre del Gobierno tiene la palabra el señor ministro de Interior, Mayor Oreja.
El señor MINISTRO DE INTERIOR (Mayor Oreja): Señoras y señores diputados, comparezco ante SS. SS. para cumplimentar el trámite de convalidación por esta Cámara del Real Decreto 2/1998, de 17 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por inundaciones y temporales producidos entre noviembre de 1997 y febrero de 1998 en gran parte de España.
Como SS. SS. conocen, durante ese período de tiempo las comunidades de Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, han sufrido las consecuencias de diversos episodios, de fuertes lluvias que han producido inundaciones y desbordamientos de ríos, causando daños e importantes pérdidas en zonas afectadas.
El alcance y magnitud de estos hechos exigen la adopción de medidas extraordinarias para su reparación, y desde el principio constitucional de solidaridad se impone una actuación eficaz de los poderes públicos que permita la recuperación de la normalidad de las zonas afectadas.
El ámbito territorial de aplicación de esta norma será específica y posteriormente determinada a través de orden del Ministerio de Interior, en la que se establecerán los términos municipales y núcleos de población afectados en esas comunidades autónomas.
Son siete las medidas contenidas en el real decreto-ley. En primer lugar, concesión de una subvención estatal de hasta un 50 por ciento a los proyectos de entidades locales para reparación de infraestructuras y equipamientos.
En segundo lugar, indemnización por daños directos ocasionados por inundación, lluvia, arrastre de tierras, en producciones agrarias aseguradas por el seguro agrario combinado cuando los riesgos causantes del daño no sean susceptibles de aseguramiento.
En tercer lugar, declaración de emergencia de las obras de reparación y de infraestructuras hidráulicas, costas, restauración hidrológico-forestal y conservación de suelos en las cuencas hidrográficas afectadas.
En cuarto lugar, exenciones o reducciones tributarias en una serie de impuestos tales como sobre bienes inmuebles, de naturaleza rústica y urbana, sobre actividades económicas para las empresas cuyos locales hayan sufrido los efectos de las inundaciones y temporales, sobre determinados medios de transportes. Asimismo, se establece una exención de tasas, de matriculación de la Jefatura Central de Tráfico en relación con vehículos siniestrados, y la reducción en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para los agricultores afectados.
En quinto lugar, medidas relativas a expedientes de regulación de empleo que sean consecuencia de estos fenómenos, los cuales tendrán la consideración de ocasionados por fuerza mayor, exención de cuotas a la Seguridad Social y prestaciones por desempleo.
En sexto lugar, concesión de ayudas de emergencia por el Ministerio de Interior, en virtud de la orden de 18 de marzo de 1993, para paliar daños materiales.
En séptimo lugar, líneas de préstamo a bajo interés, 3 por ciento TAE, por parte del Instituto de Crédito Oficial, por un importe de 3.000 millones de pesetas, para anticipar la reparación o reposición de instalaciones industriales y mercantiles, explotaciones agrarias y ganaderas y locales de trabajo.
Señorías, la financiación de estas ayudas se va a realizar de la siguiente forma: un crédito extraordinario de 900 millones de pesetas concedido al Ministerio de Interior para las ayudas a familias y particulares. Un crédito de 1.100 millones de pesetas concedido al Ministerio de Administraciones Públicas para las ayudas de la reparación de infraestructuras y bienes a las corporaciones locales. El resto de las medidas contempladas se financiará con cargo a los presupuestos ordinarios de los departamentos.
Finalmente, como viene siendo habitual en este tipo de normas, se crea una comisión interministerial para la aplicación de las medidas y actuaciones previstas. Esta comisión estará coordinada por el director general de Protección Civil y está integrada por los representantes de los departamentos ministeriales afectados y por los delegados del Gobierno en las comunidades autónomas en las que resulte de aplicación este real decreto-ley.
Para concluir, señorías, me gustaría brevemente destacar algunas diferencias que presenta este real decreto-ley en relación con los anteriores. En primer lugar, se concede un tratamiento especial a dos municipios, Camas y Ecija, en atención a la especial magnitud de los daños ocasionados por las lluvias y temporales en estos dos municipios.
La disposición adicional tercera establece la creación de una comisión técnica mixta para la valoración de los daños producidos en estas localidades, comisión técnica mixta que está integrada por un representante de la Administración general del Estado y uno por cada una de las administraciones públicas afectadas. Se excluye la aplicación a las mismas de la orden de 18 de marzo de 1993 y se prevé la posibilidad esta vez de conceder ayudas a los particulares de hasta cuatro millones de pesetas. La excepción en la aplicación de la orden ministerial citada supone que en estos dos municipios no se tendrán en cuenta las limitaciones que aquélla establece para acceder a las ayudas previstas --ya saben ustedes que en aquel momento se determinó que era necesario acreditar una notable carencia de recursos económicos--, cuya cuantía máxima además es de un millón y medio de pesetas en caso de destrucción total de la vivienda.
La financiación de estas ayudas excepcionales se efectuará en un 50 por ciento por la Administración general del Estado, con cargo al crédito extraordinario concedido al Ministerio de Interior, y el otro 50 por ciento por las restantes administraciones públicas en los términos que las mismas acuerden.
En segundo lugar, esta vez se aprueban dos créditos extraordinarios específicos para dos departamentos ministeriales, Administraciones Públicas e Interior, y se financia el resto de las actuaciones previstas con cargo a los presupuestos ordinarios de los ministerios afectados, en lugar de aprobarse un crédito extraordinario con el carácter de ampliable, como ha venido siendo habitual. Esas son las dos diferencias sustanciales respecto de otros reales decretos-ley que han sido probados por esta misma Cámara.
¿Algún grupo desea consumir un turno en contra de la convalidación del decreto ley? (Pausa.) Si no es así, ¿grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo de Coalición Canaria, en primer lugar, tiene la palabra el señor Mardones.
Con mucha brevedad vamos a ratificar, una vez más, la línea congruente de Coalición Canaria en votar siempre afirmativamente la convalidación de estos reales decretos-leyes, que traen causa de catástrofes naturales, basándonos en el principio de reciprocidad y de solidaridad. Teniendo en cuenta las catástrofes acaecidas con motivo de los acontecimientos meteorológicos de finales del año pasado y de primeros del corriente, y en base a ese principio de solidaridad, Coalición Canaria, señor presidente, va a votar favorablemente la convalidación de este real decreto ley.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias a usted, señor Mardones.
Señor Sedó, por el grupo de Convergència i Unió.
Nosotros también vamos a convalidar el decreto-ley. Se trata de una disposición que coincide básicamente con otras dictadas por el Gobierno sobre esta materia, ya que la interrumpida sucesión de fenómenos meteorológicos de distinta índole durante el año 1997 y los primeros meses de 1998 han obligado a redactar todos estos decretos. Nuestra posición es prácticamente la misma que la que fijamos el 27 de febrero de 1997, el 10 de abril, el 27 de noviembre, el 18 de diciembre, el 22 de diciembre del mismo año y el 17 de febrero de 1998. Es una serie continua de intervenciones sobre decretos para arreglar todos los problemas que han causado las inundaciones, las lluvias torrenciales y los desastres.
Así pues, nosotros nuevamente vamos a votar favorablemente este decreto-ley.
Por el Grupo Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora Aramburu.
La señora ARAMBURU DEL RIO: Señor presidente, señorías, señor ministro, no debía pasar desapercibido
el debate sobre convalidación o derogación de este real decreto-ley relativo a las medidas para reparar los daños causados por las inundaciones y temporales acaecidos entre noviembre de 1997 y febrero de 1998.
Señor ministro, indiscutiblemente sería un ejercicio de irresponsabilidad política hacer demagogia con un tema de esta magnitud, pero tan irresponsable como minimizarlo o descualificarlo. Igualmente parece poco riguroso plantear en la exposición de motivos que las causas del desastre tienen un único titular que sería, según el Gobierno, la ininterrumpida sucesión de fenómenos meteorológicos adversos. Señalar a la naturaleza para describir el origen de nuestros males es, cuando menos, primitivista y poco serio.
Señorías, en un medio de comunicación no sospechoso de ser de Izquierda Unida, decía hace pocos días un columnista de reconocido prestigio que España no es un país sino una chapuza, y nos recordaba la presa de Tous, el camping de Biescas, el depósito de Melilla, las inundaciones de 1983 en El Aljarafe, etcétera, hasta llegar a la catástrofe anunciada de Doñana. Decía una obviedad que, como todas las obviedades, es evidente, y es que el único principio elemental es el de la previsión y el de la prevención; que no se trata de buscar el mejor cirujano sino de tener el mejor médico de cabecera que evite el quirófano. Así es y así parece.
Los fenómenos meteorológicos, climatológicos, no son reductibles, pero sus efectos, mayoritariamente, sí. Eso tiene dos expresiones: los que defendemos un modelo sostenible e integral y los que están instalados en un proyecto desarrollista, especulativo, cuyas consecuencias en algunos casos, como en Andalucía, concretamente en una población sevillana llamada Ecija, se convierten en irreparables. Las inundaciones, señorías, no son una maldición. El problema es cuando el criterio preventivo no pertenece al acervo gubernamental, y el sur es tremendamente vulnerable.
La afectación estructural de los temporales ha salpicado a diferentes comunidades, pero se ha detenido con especial virulencia en algunas poblaciones. Los daños en agricultura y obras públicas están cuantificados, los privados no tienen precio. Hay que reconstruir pueblos humana y económicamente. Hace unos días, me comentaban que muchos todavía no han visto un solo duro, y para ellos el paso del tiempo es un arma cargada y sin futuro. Es absolutamente injusto el permanente discurso competencial y partidario, y desleal el incumplimiento por demora de muchas administraciones que al día siguiente hicieron la pasarela in situ.
La gradualidad en la normalidad es un concepto marginal cuando se habla de vidas humanas y poco razonable hablar de flexibilidad cuando se habla de procedimientos y garantías, tal como se expresa en el decreto. No puede tener tantas aristas la financiación de los gastos para recuperaciones y reparaciones, no se pueden rehabilitar los siniestros con calderilla y con demora. Hay demasiada imprevisión y descoordinación para la aplicación de las necesarias medidas. Los efectos de las catástrofes han sido desiguales y diferenciados y la modulación del régimen de ayudas no se acompasa suficientemente para el establecimiento específico de las correspondientes coberturas.
El decreto, en lo que se refiere a indemnizaciones agrarias, bonificaciones fiscales, ayudas de emergencia, créditos extraordinarios, cooperación con las administraciones locales y consorcio de compensación de seguros, es claramente insuficiente. En este sentido, quiero mostrar mi más severa poreocupación porque el principio constitucional de la solidaridad de un gobierno con su pueblo en el caso de las inundaciones se ha quebrado. Por tanto, no vale, señorías, el perverso juego de generar esperanzas ayer y recortar y demorar el decreto hoy. Eso tiene un efecto que a veces las urnas reflejan. Termino, señorías, instándoles y solicitándoles que se tramite como proyecto de ley para salvaguarda del conjunto de las garantías.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias a usted, señora Aramburu.
Tiene ahora la palabra el señor Barrero en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor BARRERO LOPEZ: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, señorías, voy a ser muy breve, pero no quisiera dejar pasar la oportunidad de fijar la posición del Grupo Parlamentario Socialista en un tema no menor, como es el que hoy, una vez más, un año más, por estas fechas, a través de la ratificación del real decreto-ley correspondiente, vienen los legisladores a intentar paliar daños producidos en distintas comunidades como consecuencia de los temporales que vienen produciéndose a finales de los años 1996 y 1997. Por tanto, estamos ante la posibilidad de paliar hoy --insisto-- unos daños importantes, muy importantes, que se han producido en cinco comunidades autónomas, de manera especial en la comunidad a la que yo represento en esta Cámara, es decir, en la comunidad andaluza. Sólo en Sevilla, señorías, se calculaba que en noviembre los daños producidos superaban los 5.000 millones de pesetas y en determinados núcleos de población los propios ayuntamientos valoraban sus daños en cantidades superiores a los 500 millones de pesetas. Un ejemplo era Gibraleón, en la provincia de Huelva, corporación regida por políticos de la misma ideología que los que dirigen el Gobierno de la nación y que valoraba los daños en 800 millones de pesetas.
Por tanto, el primer punto a destacar es que hoy muchas poblaciones, muchas personas, muchas familias y muchas entidades locales esperan a ver qué hacemos a la hora de valorar sus daños y cómo compensamos la desgracia que supuso los temporales en estas comunidades autónomas.
En segundo lugar, señor presidente, ha faltado agilidad, porque estamos hablando de unos daños que se producen en noviembre, señor ministro, y siete meses después se constatan y valoran los hechos insuficientemente y se inicia el ejercicio de reparación de daños. El real decreto tiene fecha de 17 de abril y lo más fuerte del temporal se produce el 2 y 3 de noviembre de 1997. Por tanto, señor ministro, permítame decirle que ha faltado agilidad y sensibilidad en un tema especialmente delicado, porque estamos constatando daños para familias, para personas y ciudadanos.
En tercer lugar, es insuficiente el real decreto-ley, y de ahí nuestra petición de que pueda tramitarse como proyecto de ley. Es insuficiente porque estamos intentando paliar, insisto mucho en ello, daños producidos en cinco comunidades autónomas y destinamos a ellos de manera directa, no a través de las partidas ordinarias de presupuestos sino con carácter extraordinario, 900 millones para enseres familiares, para los problemas que se han producido en las familias y 1.100 millones para reparación de infraestructuras en entidades locales de cinco comunidades autónomas. Es decir, la suma son 2.000 millones de pesetas, que si los dividimos entre los habitantes de cinco comunidades autónomas, entre casi más de la mitad de los habitantes de este país, haría ridícula la cantidad.
En cuarto lugar, no se determinan los núcleos afectados, aunque eso no significa, desde este grupo, señor ministro, desconfianza en que la orden ministerial correspondiente sea sensible a la hora de ir baremando y determinando los núcleos más afectados, pero parecería importante que se escuchara la voz de los parlamentarios de cada zona, sobre todo de aquéllas en las que se han producido más daños, para definir aquellos núcleos que deberían recoger mayor cantidad de dinero.
En quinto lugar, nada se dice de cómo se van a reparar, con carácter extraordinario puesto que extraordinarios fueron los daños, las carreteras, las costas, donde los daños han sido muy importantes, y de forma muy clara en algunas provincias como la de Huelva, y han repercutido también en una de las producciones esenciales de estas provincias, como es el turismo. En la provincia de Huelva los daños en costas han sido muy importante y graves, nada se dice de ello ni se arbitran partidas preventivas extraordinarias, es decir, para reparar los cauces de los arroyos y de los ríos, cuyo desbordamiento ha producido daños importantes en zonas, insisto, cuyos ayuntamientos forman parte de su grupo político y han solicitado, con nuestro apoyo, dinero; por ejemplo, en Gibraleón, en la provincia de Huelva.
Estas acciones preventivas, necesarias para que no ocurra más o para que, cuando suceda, los daños sean cada vez menores, más la insuficiencia del dinero aportado en este real decreto, señor ministro, nos llevan a solicitar con vehemencia, a pedir de su sensibilidad y de la de su grupo, que pueda tramitarse como proyecto de ley.
Vamos a aprobar el real decreto, considerándolo o no insuficiente, porque sería peor su no aprobación. Sin embargo, solicitamos vehementemente que pueda tramitarse como proyecto de ley y que los parlamentarios de las circunscripciones afectadas podamos, con nuestra voz y con nuestros datos objetivos, ayudar en la valoración correcta de los daños. Intentamos, sin duda alguna, hacerlo de tal manera que no sufran los Presupuestos Generales del Estado, pero sin duda también intentando paliar daños que han producido, insisto, auténticos dramas en la población de algunas comunidades autónomas, de manera especial la andaluza y de manera muy definida en Sevilla y en Huelva.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra doña Ana Torme Pardo.
La señora TORME PARDO: Gracias, señor presidente.
Por parte del Grupo Popular, intervengo muy brevemente para expresar la posición de mi grupo respecto a la convalidación del presente real decreto-ley.
Se trata de una disposición orientada a paliar los daños ocasionados en los terrenos de las cinco comunidades autónomas aludidas (Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Cataluña), como consecuencia de los temporales e inundaciones acaecidos durante los meses de noviembre de 1997 a febrero de 1998. Con posterioridad, como establece el propio real-decreto ley, se determinará cuáles son los términos municipales y núcleos de población afectados a los que concretamente serán de aplicación las medidas aludidas por una orden ministerial. En este caso, yo creo que no cabe dudar de la sensibilidad que demostrará el Ministerio de Interior, como ya la ha demostrado asimismo en el caso del tratamiento especial que se da a los municipios de Camas y Ecija. Yo creo que aquí no cabe dudar de esa sensibilidad. Además, se contará, por supuesto, con la información fundada de los delegados territoriales de las diversas comunidades afectadas.
Desde la aplicación del principio constitucional de solidaridad, este real-decreto ley supone la adopción, con carácter urgente, por parte de los poderes públicos de un conjunto de medidas paliativas y reparadoras que contribuyan al restablecimiento gradual de la normalidad en todas estas zonas siniestradas.
Como ha señalado el ministro de Interior, se prevé un amplio conjunto de medidas como subvenciones a corporaciones locales para la reparación de infraestructuras, equipamientos y servicios, indemnizaciones
por daños directos ocasionados sobre las producciones agrarias, declaración de emergencia de las obras destinadas a reparar los daños causados en infraestructuras hidráulicas así como en otro tipo de infraestructuras estatales, facultando para ello a los titulares de los ministerios de Medio Ambiente y de Fomento para declarar zonas de actuación especial las áreas afectadas; diversas bonificaciones fiscales en impuestos como el de Bienes Inmuebles y Actividades Económicas, reducciones fiscales especiales para actividades agrarias, diversas medidas laborales, ayudas de emergencia regidas por la Orden del Ministerio de Interior de marzo de 1993, a la que también ha hecho referencia el ministro de Interior, con ese tratamiento especial para los municipios que ya he señalado.
Este conjunto de medidas se financia con cargo, por una parte, a créditos ordinarios de los diversos departamentos ministeriales afectados y, por otra parte, con cargo al crédito extraordinario de 2.000 millones de pesetas que se aprueba, cuya gestión corresponderá tanto al Ministerio de Interior como al Ministerio de Administraciones Públicas. Asimismo se establecen líneas preferenciales de financiación con cargo a los créditos de 3.000 millones del Instituto de Crédito Oficial. Se prevén, además, los mecanismos adecuados de coordinación con la constitución de esa comisión cuya composición ha detallado ya el ministro de Interior.
Por último, hay que destacar ese tratamiento especial, con lo que ha quedado demostrada la sensibilidad del ministerio, hacia esos dos municipios de Andalucía.
Para concluir, desde el Grupo Popular, consideramos que con este real-decreto ley se da respuesta adecuada a la situación creada como consecuencia de esta serie de fenómenos meteorológicos adversos y, por ello, votaremos favorablemente su convalidación.
Por lo demás, señorías, tratar de hacer polémica a costa de este real-decreto parecería sin duda un ejercicio inútil.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Torme.
Concluido el debate, vamos a proceder a la votación.
Votación sobre la convalidación o derogación del real decreto-ley debatido.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 283; a favor, 282; en contra, uno.
El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobada la convalidación.
El Grupo Parlamentario Socialsita ha solicitado su tramitación como proyecto de ley. Por tanto, se somete a votación esa petición.
Comienza la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 282; a favor, 125; en contra, 157.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la tramitación como proyecto de ley del real decreto-ley convalidado.
-- DENUNCIA DEL CONVENIO NUMERO 45 DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT), DE 21 DE JULIO DE 1935, RELATIVO AL EMPLEO DE LAS MUJERES EN LOS TRABAJOS SUBTERRANEOS DE TODA CLASE DE MINAS (Número de expediente 110/000164)
-- TRATADO DE PROHIBICION DE ENSAYOS NUCLEARES, ADOPTADO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 1996 (Número de expediente 110/000165)
El señor PRESIDENTE: Punto octavo del orden del día, dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales, que parece no han tenido enmiendas y, por tanto, someteremos a aprobación del Pleno por asentimiento.
En primer lugar, la denuncia del Convenio número 45 de la Organización Internacional del Trabajo de 1935, relativo al empleo de las mujeres en los trabajos subterráneos de toda clase de minas.
¿Aprueba el Pleno el dictamen? (Asentimiento.) Muchas gracias, señorías.
Tratado de prohibición de ensayos nucleares, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de septiembre de 1996.
¿También lo aprueba el Pleno? (Asentimiento.) Muchas gracias.
-- PROYECTO DE LEY ORGANICA PARA LA COOPERACION CON EL TRIBUNAL INTERNACIONAL PARA RUANDA (Número de expediente 121/000085)
El señor PRESIDENTE: Punto noveno del orden del día, dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas. En primer lugar, al proyecto de ley orgánica para la cooperación con el Tribunal Internacional para Ruanda.
Al no tener tampoco enmiendas, ¿algún grupo parlamentario desea intervenir antes de someterlo a su aprobación? (Pausa.) Sometemos, pues, ahora a aprobación por asentimiento por el Pleno este proyecto de ley, sin perjuicio de, al final de este punto, votar por el sistema electrónico su carácter orgánico.
¿Aprueba el Pleno el dictamen de la Comisión a este proyecto de ley.
(Asentimiento.) Muchas gracias, señorías.
-- PROYECTO DE LEY DEL SERVICIO POSTAL UNIVERSAL Y DE LIBERALIZACION DE LOS SERVICIOS POSTALES (Número de expediente 121/000092)
El señor PRESIDENTE: Debate sobre el dictamen de la Comisión al proyecto de ley del servicio postal universal y de liberalización de los servicios postales. Existen enmiendas del Grupo Mixto.
El señor SAURA LAPORTA: Señor presidente, pasaré a defender las 34 enmiendas que las diputadas y diputados de Nueva Izquierda-Iniciativa per Catalunya-Els Verds mantenemos vivas en esta sesión plenaria. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señor Barrionuevo, señora Rubiales, señor Solé Turá... Por favor, desalojen. Señor Solé Turá... (Rumores.) Adelante, señor Saura.
Decía que paso a defender las 34 enmiendas que mantenemos vivas en esta sesión plenaria, que hemos formulado las diputadas y diputados de Nueva Izquierda-Iniciativa per Catalunya-Els Verds.
Desde el inicio de la tramitación de este proyecto de ley, hemos creído que el mismo debía dar respuesta a los grandes retos que hoy tiene el correo público español que, a nuestro entender, son tres: en primer lugar, garantizar el derecho de los ciudadanos a tener unas comunicaciones postales asequibles y accesibles; en segundo lugar, conseguir un correo público eficaz, eficiente y competitivo; y en tercer lugar, ordenar el mercado equilibradamente entre operadores públicos y privados.
Pensamos que el proyecto de ley inicialmente presentado por el Gobierno no daba respuesta a estos retos, lo que motivó la presentación de nuestra enmienda a la totalidad y también ha motivado unas movilizaciones importantes por parte de los trabajadores, en la medida en que los trabajadores veían y ven que, de haberse llevado adelante el proyecto inicial del Gobierno, una parte importante de los 65.000 puestos de trabajo podía peligrar.
Quiero decir --lo hemos dicho estos días, pero quiero repetirlo hoy-- que nosotros nos hemos solidarizado con las movilizaciones que los sindicatos han desarrollado en estos últimos días.
A partir de estos tres retos, hemos articulado el conjunto de nuestras enmiendas sobre la base de cuatro grandes elementos políticos. El primero es la necesidad de ampliar el servicio postal universal y, en todo caso, que este servicio postal universal no se sitúe por debajo de lo que marca la directiva europea; es decir, el primer objetivo es el de ampliar y fortalecer el servicio postal universal.
El segundo elemento hace referencia a la necesidad de que este proyecto de ley no deje abiertas posibilidades de erosión del sistema postal universal. Tenemos una serie de enmiendas que van en ese sentido, pero quería destacar nuestra preocupación especial por el régimen de autoprestación que, en función de cómo quede regulado, puede ser una grieta por la que se vaya erosionando el sistema postal universal.
El tercer elemento político fundamental es que la ley definitiva ha de garantizar un equilibrio financiero del operador público y, en ese sentido, hay instrumentos y elementos precisos y concretos que hemos defendido en nuestras enmiendas, como son el contrato programa, un contrato programa plurianual, o que la financiación del operador público esté recogida en los Prespuestos Generales del Estado.
Y el cuarto elemento es que la ley no puede contener de manera alguna la posibilidad discrecional de que, posteriormente, el propio Ministerio de Fomento vacíe de contenido algunas de las competencias o servicios del correo público, como figuraba en el segundo párrafo del punto 2 de la disposición transitoria primera del proyecto inicial.
Sobre estos cuatro elementos hemos articulado nuestras enmiendas y sobre estos cuatro elementos creo que ha girado una parte importante del debate en Comisión. Quiero decir hoy aquí que en el trámite en Comisión el proyecto de ley ha mejorado; es decir, el texto que hoy discutimos no es, a nuestro entender, satisfactorio, pero reconocemos que se han introducido mejoras importantes en relación al proyecto de ley; mejoras que hacen referencia a la ampliación del servicio postal universal, mejoras que hacen referencia a delimitar con mayor precisión los contenidos y el carácter del contrato programa. Se ha retirado del proyecto de ley uno de los elementos fundamentales de preocupación, que era este segundo párrafo del punto 2 de la disposición transitoria primera y hemos aprobado una enmienda transaccional, en relación a las tasas de contribución a la financiación del servicio postal universal, que creo que va en la línea que debería ir.
Por todo esto, señor presidente, mantenemos las enmiendas que no han sido recogidas. Este proyecto de
ley se ha mejorado, cosa de la que estamos satisfechos, pero queremos instar al Gobierno y al propio Grupo Parlamentario Popular a que en lo que queda de tramitación hasta el Senado se siga mejorando, se profundice aún más en el diálogo social y la ley final que apruebe este Congreso de los Diputados sobre el servicio postal universal dé respuestas fundamentalmente, insisto, al derecho que los ciudadanos tienen a un servicio postal asequible y accesible y a un correo público español eficaz y eficiente.
Está dispuesto a defender sus enmiendas el señor Rodríguez, que también mantiene enmiendas al dictamen.
El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario Mixto, Bloque Nacionalista Galego, presentó una enmienda a la totalidad para defender el carácter público del servicio postal de correos y telégrafos. Una vez que el debate a la totalidad ha sido superado, intentamos mejorar la ley que presentó el Gobierno a través de una serie de enmiendas parciales, algunas de las cuales fueron aceptadas en forma de transaccionales, de lo cual nos alegramos, porque contribuye a mejorar sensiblemente la ley, y otras las hemos mantenido vivas, específicamente las referidas a cuatro grandes bloques, que paso a enumerar. El primero es, si se reconoce que hay operadores, empresas que prestan servicios postales y son privadas, exigirles un grado de fiabilidad, de carácter económico y legal. Por lo tanto, van referidas a cuestiones que tienen que ver con las finanzas de las empresas, con su formalización como empresas mercantiles en el registro y, por consiguiente, con un capital social determinado y con una garantía de responsabilidad por los envíos. Esto es lo que intentamos con nuestras enmiendas números 2, 3 y 4, que modifican los artículos 8, 9.1 y 10.1 de la ley, y con la enmienda número 12, que modifica el artículo 21.1.
La segunda cuestión, fundamental para nosotros como gallegos, es eliminar del articulado una apertura grave que hay a la discriminación por razones de ubicación de los ciudadanos, por razones de estructura demográfica y del hábitat de algunos territorios, que quedan muy malparados en el proyecto de ley, incluso tal como está formalizado después del debate en Comisión. Nos gustaría que el Gobierno fuese sensible a no tolerar desde ningún punto de vista, con artículos que están redactados de una manera excesivamente abierta, que grandes poblaciones del campo quedasen desasistidas de un servicio postal público y, por lo tanto, de un derecho que debe ser comparable, análogo o prácticamente igual para todos los ciudadanos. Son las modificaciones que hacemos con nuestras enmiendas números 6, 7 y 8, relativas al artículo 16 de la ley, y la enmienda número 9, en relación con el artículo 17.2.
Por fin, tenemos unas enmiendas de carácter netamente político. Unas limitan la capacidad del Gobierno para modificar el servicio postal universal por real decreto-ley, en concreto las enmiendas números 5 y 11, que hacen referencia a los artículos 15.5 y 18.2, y sobre todo un debate político de importancia, que pensamos que se está desaprovechando en una serie de proyectos de ley, para reformular el carácter competencial del Estado español, transfiriendo competencias a las comunidades autónomas, por lo menos a aquellas que estén dispuestas a acogerlas, a través del mecanismo contemplado en el artículo 150.2 de la Constitución española, que en el caso que nos ocupa, el servicio postal, debía tenerse muy en cuenta, precisamente para adaptarlo a la estructura demográfica y poblacional de cada uno de los territorios del Estado. En este sentido van nuestras enmiendas números 16, al artículo 37, y 17, al artículo 47.
La primera, para posibilitar esa transferencia y la segunda, para que por lo menos las comunidades autónomas tengan capacidad de inspección sobre el servicio, cosa que nos parece fundamental.
También mantiene enmiendas el Grupo Nacionalista Vasco, para cuya defensa y mantenimiento en su caso tiene la palabra el señor González de Txabarri.
El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) mantiene estas enmiendas vivas en este debate en Pleno, entendiendo que este proyecto de la ley postal tiene por objeto la adaptación del Estado español a la normativa europea relativa a la aplicación de la Directiva de liberalización del sector postal.
Nos encontramos ante la situación de contemplar un proyecto de ley que busca nuevos equilibrios entre lo que ha sido Correos como monopolio en el sector y la liberalización que pretende la directiva. Es evidente que el proyecto de ley guarda un equilibrio entre los dos objetivos, pero un equilibrio que, en nuestra opinión, es muy inestable y no el equilibrio debido que los objetivos de liberalización pretenden.
Decía el señor Saura que en el trámite en Comisión este proyecto de ley ha conocido mejoras. Evidentemente, señor presidente, pero en una dirección, en la dirección de consolidar el servicio postal universal y afianzar las posturas de Correos en la consecución de sus propios objetivos. Tanto las enmiendas transaccionales aceptadas al Grupo Mixto como al Grupo de Izquierda Unida tienen indudablemente ese objetivo y
los contenidos recogidos sobre el proyecto de ley original insisten en ese eje del servicio universal y esencial en materia postal, pero, señor presidente, nos encontramos ante un proyecto de liberalización y no se nos oculta que, por una parte, precisamente los empresarios del correo privado que rechazan la nueva ley postal son aquellos que ya venían desarrollando sus trabajos y, por otra, aquellos otros que entendían que podían extender sus actividades y sus funciones en este sector cuando estamos abordando precisamente la liberalización de este sector.
Las enmiendas que presenta el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y que mantiene vivas para su debate en el Pleno intentan encontrar un punto de equilibro, que, en nuestra opinión, es más estable que el que el Gobierno sostiene y que en este momento es objeto de discusión por estar recogido en el dictamen de la Comisión que se presenta y analiza hoy en el Pleno.
Es cierto que las enmiendas que presenta el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) intentan recoger también los dos ejes. Por una parte, unas enmiendas refuerzan el eje público de servicio esencial, entendiendo que si no se recogen esas previsiones difícilmente Correos va a encontrar el equilibrio financiero necesario y que nos vamos a encontrar en la necesidad de suscribir contratos programas o aportaciones presupuestarias en relación al sostenimiento de este servicio público esencial, y, por otra, un conjunto de enmiendas en orden a establecer la liberalización más objetiva del sector para que los empresarios del correo puedan encontrar un nuevo marco en el que desarrollar sus actividades.
En todo caso, señor presidente, el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), analizado el dictamen de la ponencia y las incorporaciones que se admitieron por la misma, va a retirar las enmiendas números 111, 113, 116, 121, 122, 123, 124, 127,129 y 132 por entender que sus contenidos están recogidos en las enmiendas de otros grupos parlamentarios que se incorporaron en el trámite de Comisión y, en consecuencia, mantiene vivas para su votación las enmiendas 110, 114, 115, 118, 119, 120, 126, 128 y 131.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor González de Txabarri.
En el año 2004 nos encontraremos prácticamente con la liberalización total del sector postal en Europa. Es absolutamente imprescindible que Correos pueda competir entonces en un mercado plenamente liberalizado en la Unión Europea. En el desarrollo de los debates de esta ley, nuestro grupo siempre ha hecho mención a ello, y al defender nuestras enmiendas, de forma acertada o no, ha ido sin demagogias con esta intención. Nuestro grupo estará marcadamente a favor de lograr un plan estratégico de correos para el futuro inmediato. Para nosotros este es el punto clave de la cuestión y deberíamos trabajar en ello de manera urgente.
Además de lo que pueda aportar esta ley, se debe trabajar mucho desde Correos, desde el Gobierno y, cómo no, desde esta Cámara para que en pocos años, en los anteriores hasta el 2004, se pueda obtener la óptima posición en gestión empresarial dentro del ente de Correos. Nuestro grupo siempre estará a favor de lograr este objetivo y va a apoyar dicho texto porque consideramos que mejora el ente de Correos. Las enmiendas que nuestro grupo dejó vivas para el Pleno, las damos por defendidas.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sedó.
Por el Grupo Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Señor presidente, señorías, el Grupo Federal de Izquierda Unida mantiene para su debate en Pleno una serie de enmiendas que van dirigidas a corregir lo que consideramos defectos fundamentales del proyecto de ley y del dictamen que sale de la Comisión.
Estamos ante una ley que era necesaria porque el profundo proceso de liberalización que ha existido en nuestro país en el correo público se ha hecho sin orden ni concierto. Estimamos que, siendo necesaria la ley para regular cómo va a funcionar este mercado y cuál va a ser el servicio postal universal, no se puede olvidar, sea quien sea quien preste el servicio, cuál es el servicio que todos los españoles, vivan donde vivan, tengan la capacidad que tengan, deben recibir por el mero hecho de ser ciudadanos y como garantía de los derechos constitucionales. Por tanto, el servicio postal universal debe ser igual para todos, no en el centro de una ciudad con mucha calidad y con mucha frecuencia y en otra zona con poca frecuencia, una vez a la semana y en peores condiciones; no en un sitio sólo para la carta, y en otro para toda la gama de servicios, desde paquetería, hasta telex, etcétera. El objetivo de la ley postal debe tener como prioridad defender el interés del usuario.
El proyecto de ley del Gobierno nada entre dos aguas. Por un lado, una liberalización aún mayor de la que existe. Cuando hoy en día en el paquete de realidad productiva del país tenemos en este sector un volumen de 65.000 empleos dentro de Correos como actividad pública y unos 40.000 en la actividad privada, se plantea un proceso de liberalización que intenta regular, pero sin acoger todo lo que debe ser la vertiente de este proceso, fundamentalmente la directiva europea.
Nosotros somos muy críticos con este proceso europeo, pero me extraña que haya grupos parlamentarios que defienden una liberalización total cuando hay una directiva que mandata tres cosas fundamentales. La directiva dice que tiene que haber unos servicios postales universales definidos para todos los países de la Unión. No sé por qué en España tienen que ser menos que en otros países de la Unión Europea. Si queremos liberalizar, hagámoslo al igual que está en Alemania, en Francia o en Inglaterra; no vaya a ser que el proceso de liberalización sea que lo que ahora mismo presta la entidad pública empresarial, que es Correos, vaya a privatizarse para que empresas públicas alemanas, francesas o inglesas vengan aquí a prestar un servicio que ya está prestando el servicio público español. Por tanto, no entendemos por qué la directiva no se traspone en todos sus elementos: en la parte universal, para que todos los ciudadanos tengamos los mismos derechos; en la parte de servicios reservados, para que se sepa cuáles son los servicios reservados que mantiene el operador público, el operador de las actividades universales, como lo denomina la ley. A nosotros nos gustaría más --y es una de las enmiendas que mantenemos-- que se dijera el operador público, porque en la ley no queda claro si será un operador o dos operadores, si serán públicos o privados. Creemos que puesto que hay unos servicios reservados, debe decirse que son para el operador público, que va a mantener ese proceso durante los años que la directiva tiene eficacia.
La directiva dice que de aquí al 2003 debe producirse una realidad para que en ese año 2003 estemos en condiciones de poder competir desde la opción de mejor servicio, mejor tarifa, mejor relación calidad-precio del servicio que se pueda estar prestando. Pero esa directiva también dice que en ese tránsito deben producirse unas actuaciones de financiación de este operador público para garantizar ese servicio universal al margen del interés privado. ¿Por qué? Porque el interés privado es obtener beneficios, ganar dinero sea cual sea la calidad del servicio que preste en determinados puntos a todos los ciudadanos. Esa directiva dice que debe producirse una financiación de esta obligación aunque no sea rentable. Es decir, si llevar una carta a 380 kilómetros del centro de la ciudad más importante cuesta 120 pesetas, y distribuirla entre dos barrios de una ciudad cuesta 35, todo lo rentable se irá a donde cuesta poco y donde cuesta mucho no se realizará. Para garantizar ese servicio universal, esos derechos que recogen todas las manifestaciones de los distintos Estados cuajadas en sus constituciones, es por lo que se establecen unos sistemas de financiación. Pues bien, la ley es timorata, tímida en la precisión de estos tres elementos y, sobre todo, en garantizar perspectivas de futuro y eficacia a lo que hoy es el sector público de Correos, que ya tiene una situación complicada, que necesita un proyecto de modernización, de tecnificación, de capacitación para poder competir tanto en el servicio universal que debe prestar a todos los ciudadanos, como en la posibilidad de optar a hacer ofertas rentables en lo que pudiéramos llamar bocado exquisito, bocado en mejores condiciones.
El trámite de la Comisión ha contribuido con unas leves precisiones al proyecto de ley en cuanto a los servicios reservados y al servicio postal universal. Ha añadido el giro que no estaba en el proyecto de ley, ha añadido unas precisiones y, sobre todo, creo yo que ha garantizado el CEN; digo creo porque aquí no está claro conforme evolucionan las cosas.
El CEN se puede relativizar como servicio diciendo que en realidad afecta a 200 ó a 300 trabajadores. Pero el problema no es que el CEN sólo afecte a 200 ó 300 trabajadores, sino cuánto factura. Resulta que si miramos los 365.000 millones que factura la entidad pública empresarial Correos, un paquete importante, casi un tercio, está hecho por el CEN. Si nosotros relativizamos la exclusividad del CEN dentro del servicio postal universal y dentro del operador público, estamos poniendo en quiebra un tercio de la capacidad adquisitiva. Si la empresa tiene que ser rentable para competir, los ingresos suficientes para modernizarse, con una financiación paralela desde el Estado y desde lo que son los operadores privados, pues resulta que estamos debilitando un elemento importante. Yo creo que en el trámite de Comisión, a través de los artículos 2.2. y 15, esto se ha definido y se ha mejorado, sobre todo quitando esa precisión que había en la disposición transitoria primera, apartado 2, párrafo segundo, que autorizaba al Ministerio de Fomento a que pudiera actuar de manera excepcional privatizando parte de este servicio. Sin embargo, para nosotros la ley sigue adoleciendo de elementos básicos, de principios básicos. La ley ha dado un paso en la financiación. Yo tengo que reconocer que en el trámite de Comisión se ha dado un carácter plurianual de cinco años al contrato-programa. Hubo una discusión sobre si era bueno que hubiera un contrato-programa o si debía haber un plan estratégico con financiación desde el Estado. Yo creo que los dos persiguen un mismo objetivo, y es potenciar al operador público para que esté en condiciones de competencia tecnológica y no se quede desfasado y para poderlo ubicar con unas mejores condiciones.
Para este debate, nosotros mantenemos vivas enmiendas que amplían y precisan el servicio postal universal. Nuestra enmienda número 44, que se refiere al servicio postal universal, pretende ampliar hasta la directiva europea el servicio postal universal y precisar su definición --que no queda clara en ese planteamiento--, y pretende consolidar los avances que se han conseguido en la Comisión en cuanto al contrato-programa de cinco años. En cuanto a un fondo de compensación --y me quiero detener en el tema del fondo--, en el proyecto de ley se fijaba en un 1 por mil sobre todas las empresas que facturen más de 100 millones
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de pesetas, y en la Comisión se ha establecido entre un 1 por mil y un 1 por cien, lo que supone un avance sobre el proyecto original. Nosotros tememos que este fondo sea, simplemente, una definición que después no se ponga en marcha, y por eso mantenemos dos enmiendas. La primera va dirigida al límite de los 100 millones de pesetas. No entendemos por qué la facturación debe ser superior a 100 millones, porque en el entramado empresarial español se puede producir una atomización de empresas. Es decir, una empresa puede tener acciones en cinco empresas, facturando cada una de ellas 50 millones, con lo que ninguna tiene que declarar. Por tanto, a pesar de facturar 200 millones de pesetas, no se declara; y si no se declara, no se participa en el fondo. Nosotros pretendemos que participen en el fondo por una razón importante. A pesar de que los operadores privados lo critican (en esta discusión, nosotros queremos huir de los términos trabajadores privados y trabajadores públicos porque ése no es el problema; no se trata de que haya más trabajadores privados o más trabajadores públicos con intereses confrontados, sino que el trabajador público tenga los mismos requisitos y las mismas condiciones que el trabajador privado; es decir, el trabajador privado no puede tener contratos de tres horas aunque trabaje doce y prestaciones de seguridad por tres horas aunque trabaje doce, hay que evitar ese dumping), nosotros queremos este fondo de compensación. Los operadores privados dicen: Nos hacen pagar para hacer competencia al operador público y que luego nos quite negocio a nosotros. No, nadie hace pagar a los operadores privados para que hagan potente al otro. Al operador privado se le hace pagar para que garantice el servicio postal universal al que todos los ciudadanos tienen derecho. ¿Por qué? Porque como éste sólo va donde hay negocio y donde hay beneficio, no se compromete en la otra parte. De ahí que creamos que el sistema de financiación de la ley (que es un contrato-programa mediante el que se compromete a modernizarse la empresa, la aportación del Estado desde los Presupuestos Generales del Estado y la aportación de lo que pudiéramos llamar beneficio rentable en esa parte universalizada) debería precisarse con este grupo de enmiendas que mantenemos.
Por otro lado está el tema de la autoprestación. Nosotros creemos que la autoprestación puede ser el vehículo para abrir las puertas y hacer una especie de estructura paralela al operador público, puesto que esta autoprestación puede llevar consigo la captación de lo que pudiéramos llamar grandes clientes --las grandes superficies, las grandes empresas-- a la hora de contratar la distribución. No quiero dar nombres de las empresas, pero todos sabemos cómo funcionan y distribuyen su información los bancos y las grandes superficies. Con nuestras enmiendas tratamos que quede claro que la autoprestación no puede ser una puerta para hacer un aparato paralelo de un sector empresarial que compite deslealmente haciéndose con los sectores más rentables.
Doy por defendidas todas las enmiendas referidas a la regulación del silencio administrativo positivo, que yo creo que en el Senado debe mejorarse. En la regulación que se hace en el proyecto --fíjense--, a las empresas a las que se les va a dar la concesión no se les exige que precisen el número de oficinas que van a abrir, dónde van a operar, cuál es el volumen de actividad que se plantea. En el proyecto de ley se señala: Si en el plazo de un mes la Administración no ha respondido al operador, se entiende que puede empezar a funcionar y tiene la licencia concedida. Parece que estamos poniendo este plazo tan corto para que no se revisen las condiciones. Nosotros proponemos que ese plazo sea de tres meses. En fin, son garantías de forma.
También quisiéramos que se precisara más respecto al consejo asesor, pero me voy a referir a los dos grandes problemas --y con esto termino, señor presidente-- que vemos todavía. Además de lo relativo a la autoprestación, a una mejor definición del servicio postal universal, de una mayor precisión de los servicios reservados, del contrato privado y del fondo, el Gobierno se dota de dos agujeros con el artículo 15.5 y con el artículo 18.2 de este proyecto. Me van a permitir que les lea el texto de estos artículos para que comprendan ustedes la preocupación que a Izquierda Unida le producen. Aquí hemos definido el servicio postal universal, al que tienen derecho todos los españoles, pero el texto del proyecto del Gobierno de este artículo 15.5 señala: El Gobierno, mediante real decreto, podrá modificar la delimitación del servicio postal universal en función de la evolución tecnológica, de la demanda de servicios en el mercado, de las necesidades de los usuarios o por consideraciones de política social o territorial, el acuerdo de los límites, etcétera. Aquí, por decreto, el Gobierno puede hacer todo lo contrario de lo que estamos definiendo.
¿Qué proponemos nosotros? Creemos que puede ser necesaria la adecuación.
Si se define por ley el servicio postal universal, que sea por ley y previo informe del consejo asesor, porque si no el Gobierno puede cambiar mañana lo que aprobemos aquí, y un texto, aunque tenga buena voluntad, puede caerse como un castillo de naipes si luego no se concreta.
La otra ventana es el artículo 18.2, que hace referencia a los servicios reservados que se quedan para el operador público, y dice: La relación de servicios reservados determinada por el artículo 18.1 será reducida por el Gobierno para adaptarla a las exigencias del proceso liberalizador --será reducida-- en base a... Estamos facilitando al Gobierno que no lo suprima.
¿Por qué decimos todo esto? Porque hay algo positivo en el trámite de esta ley, hay una demanda social, ha habido una movilización social en la calle, tres días de paro y un día de huelga en todo el sector, una demanda
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de los usuarios y una demanda de los sectores privados, y creo que es un momento bueno para que la legislación se ajuste a la voluntad de la normativa europea y sobre todo para que el futuro sea para todos, no un futuro competente.
No queremos traer la discusión, huimos de ella, de que lo público es malo y lo privado es bueno, y como es rentable, ya veremos cómo actúa. ¿Por qué? Porque iríamos a un proceso de deterioro del servicio público, estaríamos perdiendo la posibilidad de garantizar el servicio postal universal para todos los usuarios y haríamos un flaco servicio al futuro, que es lo que nos debe preocupar a todos y cada uno de nosotros. Por eso mantenemos estas enmiendas y esperamos que sean tenidas en cuenta en el debate del Pleno o en otro trámite aunque, como decía aquél: a cada uno le gusta sopar donde la ensalada está. Además, en el Congreso, tenemos una presencia, pero en el Senado el grupo mayoritario tiene mayoría absoluta. Entiendan ustedes que preferiríamos que se aprobara aquí y no en el Senado; en todo caso, nunca es malo si la dicha es buena. Esperemos a ver el resultado final.
Nada más, señor presidente; nada más, señorías.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra don Víctor Morlán.
El señor MORLAN GRACIA: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, algún día tendremos que empezar a hablar en esta Cámara de cuáles son las condiciones mínimas de un servicio público y qué servicios son públicos, de interés general o esenciales, para que los ciudadanos de este país sepan qué condiciones mínimas se han de dar para tener esas prestaciones que el Estado debe ofrecer a la ciudadanía para atender sus necesidades fundamentales, en el sentido en que viene establecido en la Constitución, no estamos planteando ninguna cosa especial.
Hoy estamos debatiendo un proyecto de ley que, sin lugar a dudas, pone en tela de juicio la existencia de un servicio público para el futuro del servicio postal universal para todos los ciudadanos y ciudadanas de este país o al menos establece una clara diferencia entre unos ciudadanos y otros en razón a cómo sea la gestión de este servicio público. Digo esto porque si hace unos días estábamos debatiendo la Ley general de telecomunicaciones y planteábamos que el teléfono básico era servicio universal, y sin embargo la Compañía Telefónica hace lo que le viene en gana, ahora estamos discutiendo sobre un servicio postal universal en un proyecto de ley con el que el Gobierno puede hacer lo que le venga en gana.
El señor Ríos ha puesto dos ejemplos de dónde estaba la gatera por la que el Gobierno iba a hacer uso de sus posibilidades para liberalizar todavía más un sector que ya está muy liberalizado y acabar en un proceso de privatización, que no sé si es su voluntad, pero sí es cierto que el camino que se abre puede acabar en ese fenómeno, señor Pons. Yo no sé si ustedes se dan cuenta de que un servicio postal universal que tenga voluntad de continuidad y de permanencia en el tiempo tiene mucho que ver con el volumen del servicio que se presta y la financiación que tiene que haber para que ese servicio se preste, y si España ha sido un país que ha liberalizado el correo, como lo ha hecho durante mucho tiempo, y que la prestación de este servicio ha estado en una situación de alegalidad --por decirlo de alguna manera--, hoy nos encontramos con un proyecto de ley que da unos pasos más en esa dirección. Tengo que decirle que en Comisión hizo usted una afirmación categórica y falsa: que con este proyecto de ley había 20.000 personas en las empresas privadas que se iban a ver afectados con el despido. Eso es falso y espero tenga la gallardía de subir aquí y reconocerlo, porque la comunicación que nos envían las empresas del sector es que podría afectar a cinco mil trabajadores y todas las investigaciones que hemos llevado a cabo nos plantean que pueden ser entre cuatro mil y cinco mil los trabajadores afectados. Espero que no quiera incluir aquí todos los trabajadores y autónomos del transporte terrestre y que no me venga usted con ese tipo de planteamientos.
Las cosas son más sencillas y hay posibilidades de trabajo tanto para el operador publico con sus 65.000 trabajadores como para los operadores privados con sus cuatro, cinco, seis o siete mil trabajadores y no hay ninguna dificultad en que sea así, porque esa compatibilidad se puede dar y de hecho se da.
Partiendo de esta premisa, como grupo seguimos manteniendo las enmiendas que propusimos en la Comisión. Ha habido un par de aspectos en los que este proyecto de ley ha experimentado alguna variación, sobre todo, en esa disposición transitoria primera en la que se planteaba por parte del Grupo Catalán que hubiera una liberalización absoluta del correo interurbano. Nos parece bien que eso haya desaparecido, pero no quiere decir que no se pueda producir, porque dan al Gobierno la posibilidad de modificar la ley o incluso cuando están hablando de que en el correo interurbano pueden intervenir operadores privados siempre y cuando las tarifas sean cinco veces mayores del precio que establece el operador público, es una condición fuerte pero se puede cumplir. Eso lo establecen ustedes en el artículo 18. Pensamos que esa espita está abierta, que esa posibilidad está abierta. No obstante, en este proyecto de ley hay una serie de elementos que hay que tener en cuenta, que al menos garanticen que existe o puede existir un servicio postal público sin ninguna dificultad y con garantías para todos los ciudadanos y a un precio asequible.
Cuando hablan ustedes en su título I del objeto de este proyecto de ley, planteamos en nuestra enmiendas
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una trasposición de la directiva comunitaria, una definición con arreglo a lo que dice la directiva comunitaria de lo que son envíos postales, una definición perfecta de cuales son los contenidos y cometidos de la correspondencia básica. Es decir, pretendemos que se amolde este proyecto de ley a lo que dice la directiva comunitaria, y si en el 2003 hay otra, veremos a ver qué dice, pero no anticipemos aquí lo que todavía no está ni discutido en Europa.
Intentemos garantizar que existe ese operador público, que tiene una zona de reserva que va a ser la que utilizará de ahora en adelante el operador público y garanticemos que todos los ciudadanos y ciudadanas van a ser tratados con el mismo rasero, que van a ser ciudadanos y ciudadanas con perfecto derecho a recibir la carta, la tarjeta, el envío postal en las mismas condiciones y requisitos tanto si dentro de España viven en el pueblo más alejado como en la ciudad más importante.
Establecemos en esta ley una clarificación o una ordenación de lo que tienen que ser los servicios postales y fijamos tres diferencias sustanciales. La primera es que hay algunas actividades que antes estaban dentro de lo que son servicios postales que ahora no lo están y que tienen que estar regulados no por esta ley de servicios postales, sino por la Ley de ordenación de los transportes terrestres, con arreglo a su régimen de autorizaciones y de licencias.
Hay un segundo nivel que es el servicio postal universal y la diferencia que tenemos con ustedes es que lo ciframos, tal como dice la directiva, en los dos kilos en envíos postales --lo que ustedes llaman cartas y tarjetas, pero no es lo mismo; el concepto de envío postal es más amplio que el de cartas y tarjetas-- y hasta veinte kilos en paquetería. Ustedes plantean diez y la directiva permite hasta veinte. Estamos en nuestro perfecto derecho de hacer esa formulación de hasta veinte.
Hay un tercer nivel que es lo que ya es la zona reservada del servicio postal universal al operador público que son los 350 gramos de peso del envío postal. Lo que proponemos en nuestras enmiendas, y hago referencia a otros títulos de la ley, es que este tipo de servicios postales tienen que tener para su gestión unas condiciones administrativas que pueden venir reguladas de dos maneras. Si se trata de servicios postales que están fuera de la órbita del servicio postal universal, como es lógico, es la autorización administrativa que permite la Ley de ordenación de transportes terrestres y es una forma más ágil de gestión. Si se trata de servicios postales que están entre la zona reservada y el tope del servicio postal universal, es decir, desde 350 gramos hasta los 2 kilos de envíos postales y 20 kilos de paquetería, entendemos que puede ser también una simple autorización administrativa la que pueda plantear esa posibilidad o bien una licencia individual. Desde luego, sí que es cierto que hasta 350 gramos tiene que enviarlo el operador público. Nosotros decimos operador público, coincidiendo con lo que planteaba el señor Ríos, porque creemos que es bueno que sea el operador público. Yo no sé si en el 2003 la vida funcionará de tal manera que tendrá que haber dos o tres operadores públicos, no lo sé, pero en estos momentos las posibilidades que hay son ésas y no otras.
Desde esta perspectiva, si de verdad estamos de acuerdo en que tiene que haber una zona de reserva, si de verdad estamos de acuerdo en que esa zona de reserva tiene que estar en gran medida autofinanciada, si de verdad queremos que al no haber un sistema de autofinanciación tenga que proceder de los Presupuestos Generales del Estado, nuestra propuesta no va descaminada frente a la suya. Ustedes están hablando de la existencia de un fondo de compensación; están hablando de la existencia de una intervención de los Presupuestos Generales del Estado, que nosotros también aceptamos, cuando no haya posibilidad de financiación del servicio de otra manera; y desde luego estamos hablando de un contratro-programa.
La fórmula del contrato-programa es similar a la del Plan nacional de prestación del servicio postal universal que proponemos, porque cubre más o menos los mismos objetivos: ver de qué manera se prestan esos servicios postales, ver de qué manera se financian, que calidades deben de tener, quién y cómo los debe de prestar; no creo que haya mucha diferencia.
Indudablemente la fórmula del contrato-programa introduce una serie de variables que en el Plan de prestación del servicio postal no tiene nada que ver, porque cuando se aplica un contrato-programa parece que se está abriendo la posibilidad de que exista algún tipo de regulación de empleo, y no nos parece que ésta sea la fórmula más acertada para garantizar unos puestos dentro de la administración postal española. Con la fórmula de autofinanciación, a través de las tasas y de los precios públicos, que se evalúa también en nuestras enmiendas, pensamos que dentro de esa zona de reserva de 350 gramos hay una posibilidad clara, nítida de que se autofinancie el servicio postal.
Yo no sé por qué razón tienen tanto rechazo a este tipo de planteamiento, no lo sé. No sé por qué razón ustedes en este proyecto de ley han abierto tantas posibilidades de que la liberalización dé pasos más avanzados, cuando nadie se lo pide y cuando es mejor llegar a un proceso de liberalización, si es que es necesario llegar, mediante pautas adecuadas y correctas y no con un proyecto de ley que permite cualquier posibilidad. Creo que se equivocan, ya que tenían que ser más pausados y más prudentes a la hora de adoptar este tipo de medidas. Nos gustaría que hicieran uso de las enmiendas y de las aportaciones de otros grupos.
Como he dicho en muchas ocasiones, todos estamos en la Unión Europea, no sólo el Partido Popular; el Partido Socialista también apuesta por esa estancia. Nosotros estamos dispuestos a que haya una perfecta
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compatibilidad entre la existencia de unos servicios postales, unos servicios de interés general o esenciales, compatibilizados con unos servicios postales que estén en régimen de libre concurrencia, porque entendemos ciertos derechos de los ciudadanos tienen que estar evidentemente garantizados. Pero no entendemos que la fórmula que ustedes plantean sea la más adecuada.
Nosotros criticamos el régimen de autoprestación que ustedes formulan, porque es otra de las válvulas que tienen para liberalizar más la gestión de los servicios postales. En un proceso en el que va a haber unas controversias fuertes posiblemente entre usuarios y operadores, tanto privados como públicos, o público y privados, cuando haya solamente uno público, yel Ministerio no puede ser el que se convierta en el árbitro de la situación.
La propia directiva establece que tiene que haber una autoridad nacional de reglamentación, y nosotros ya la tenemos instituida en España, que es la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, y no pasaría nada porque se la dotara de algo más de fuerza, de algo más de prestancia, para que fuera retomando ya no sólo todas las competencias que pueden tener en materia de telefonía o de telecomunicaciones sino aquellas que tienen que ver con el correo. No creo que suceda nada especial porque así sea, ya que no generamos nuevos órganos ni nuevas estructuras. Por ello, entendemos que esa fórmula que planteamos de la Comisión en cuanto a autoridad nacional de reglamentación es la más correcta para regular y dirimir aquellas controversias que existan entre operadores públicos y privados.
Por último, señor presidente, señorías, quisiera llevar al ánimo de todos ustedes, señor Pons, que, cuando una estructura como Correos y Telégrafos está planteando las movilizaciones que están surgiendo entre todos los sindicatos que hay en Correos, no creo que sea ninguna utopía, ni ninguna exageración pedir que haya algún punto de encuentro en el que se suavicen esas tensiones, para atender unas reivindicaciones normales, que son las de intentar conseguir un servicio postal, que, a la vez que mantienen unas plantillas, unos puestos de trabajo, tanto en el sector privado como en el sector público, porque es perfectamente compatible, están garantizando a todos los usuarios y ciudadanos que no es una reivindicación corporativa, así como la posibilidad de recibir la carta, el envío postal o la tarjeta. Los que tenemos la suerte de vivir en ciudades no tendremos ningún problema en que en el D+1, D+2 o D+3, en función de la distancia o de la gestión del correo, para recibir nuestra correspondencia, pero, mucho me temo que los que viven en zonas rurales van a ser los más afectados y perjudicados, si esto no cambia, si la gestión de este servicio postal se mantiene, tal y como ustedes la están proponiendo.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Morlán.
¿Desea intervenir algún Portavoz por el Grupo Parlamentario Popular? (Pausa.) Señor Pons.
El señor PONS FRANCO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, quizá, quien mejor ha resumido cuáles son los temas importantes en los que se centra el debate de esta ley haya sido el portavoz de Izquierda Unida cuando ha dicho que se condensa en cuatro grandes bloques: el que afectaba al régimen de autoprestación, a la ampliación del servicio postal universal, a una financiación adecuada del ente público empresarial y de este servicio postal universal y el que afectaba a los posibles agujeros en el régimen de reserva del operador pública.
Yo resumiría --pero antes tengo que agradecer la posición de todos los grupos en esta ley-- estos cuatro puntos en dos grandes bloques: por una parte, el régimen de autoprestación, que va unido con los posibles agujeros que podría tener el régimen de reserva. Creo que este punto se ha mejorado sustancialmente en el trámite de Comisión, puesto que a partir de unas enmiendas transaccionales que se ha aceptado se han cerrado los posibles agujeros en el modelo que se prevé del régimen de reserva. Esta mejora, tal vez, podría permitir a algunos grupos mantener una posición de un sí, aunque sea crítico, a la ley. Ese era un bloque, y el otro, que ha sido objeto de discusión de contenido en esta ley, ha sido la financiación del servicio postal universal por ese operador al que se encomienda su prestación.
Esta financiación se articula a través de dos sistemas. Por una parte, está el contrato-programa. Creemos que su redacción también se ha mejorado sustancialmente mediante una enmienda transaccional referida al artículo 20, sobre todo porque se prevé un período quinquenal para su actuación. Por otra parte, en lo que hace referencia al fondo de compensación, que es el otro sistema para la financiación de este servicio postal universal, creemos que, con la transaccional al artículo 33, se han mejorado también sustancialmente las aportaciones al fondo de compensación, abriendo la posibilidad de que las que se tengan que realizar por parte de los operadores privados sean entre el 1 por ciento y el 1 por mil, dependiendo de la cantidad que se pueda recaudar.
Nos parece que es en estos dos bloques donde básicamente se ha centrado de verdad el debate de esta ley. Hay que decir que ha habido dos posturas claramente diferenciadas sobre estas dos cuestiones; por una parte, los que defendían una mayor concreción del régimen de autoprestación, quizá definiéndolo de manera que quedara más cerrado, evitando cualquier agujero al régimen de reserva; y, por otra, algunos grupos que
pretendían, no sin cierta coherencia y lógica porque estamos ante una liberalización del sector, quitar de la reserva lo que se conoce vulgarmente como correo especial de negocio en el correo interurbano.
La redacción que ha salido del proyecto de ley es buena, porque se trata de una ley que podríamos llamar del equilibrio. Estamos ahí en medio: presiones y tensiones por un lado, presiones y tensiones por otro lado, pero el proyecto de ley que ha mantenido el Gobierno y que ha apoyado el Grupo Parlamentario Popular lo podríamos calificar como la ley del equilibrio porque estamos en medio. Creemos que éste es el camino, una ley equilibrada, una ley lógica y, sobre todo, una ley con mucho sentido común, que recoge perfectamente todas las prescripciones de la directiva europea.
Respecto a la ampliación del servicio postal universal, que algunos grupos planteaban, no es necesaria puesto que pensamos que en la propuesta del servicio postal universal hecha por el Gobierno, en el artículo 15 del proyecto de ley, se incluyen holgadamente los planteamientos de la Directiva 97/67 de la Comunidad Económica Europea, sin resultar cicatera ni mucho menos. Yo creo que, más bien al contrario, la propuesta conjuga la máxima amplitud posible en el contexto español de un servicio postal universal, con una contención razonable de los costes financieros de tal servicio, de forma que se garantice de hecho su viabilidad económica, aunque obviamente eso suponga renunciar a determinados planteamientos que, dada la situación española en esta materia, pueden resultar casi utópicos.
Sí quiero comentar algo de lo que ha dicho el señor Morlán. Ha hablado de que este proyecto de ley pone en peligro el servicio público postal. La verdad es que al único grupo al que he oído esta afirmación con tal contundencia es al suyo. No creo que la opinión de que ponga en peligro de una forma clara el servicio público sea compartida por los demás grupos. ¿Dónde se pone en peligro? ¿Por qué? Porque yo no veo por ningún lado que se ponga en peligro el servicio público. Tiene usted una definición clara de que es un servicio público porque así lo establece el artículo 1 del proyecto de ley; tiene la disposición adicional primera que encomienda la prestación de este servicio postal universal, perfectamente definido en el artículo 15, al ente público empresarial Correos y Telégrafos y tiene en el artículo 18 perfectamente delimitada la reserva que se deja en manos de este operador público del servicio postal universal.
Usted dice que vamos directos hacia la privatización de la empresa pública Correos y Telégrafos. Yo creo que no se puede ser tan profeta, las noticias que tengo y la opinión de nuestro grupo no van en este sentido ni mucho menos. Por eso se ha creado el ente público empresarial Correos y Telégrafos, sin ninguna intención de privatizarlo, sino, más bien al contrario, para darle los instrumentos de derecho privado que le permitan estar en condiciones de competir en el año 2004; se trata de hacer del organismo autónomo una empresa pública con un marco de actuación flexible que le permita competir con otros operadores.
Dice que nosotros abrimos un agujero a la reserva al plantear que se puede prestar el servicio cuando se paga cinco veces el montante de la tarifa pública. No lo decimos nosotros, lo dice la directiva y eso es lo que hemos expresado en el proyecto de ley. ¿Por qué? El precio superior en cinco veces para que se pueda prestar el correo interurbano es el límite para que se puedan dar estos servicios --ya se lo he explicado otras veces-- en régimen de libre concurrencia cuando el producto tiene un valor añadido importante; por eso, la razón de este artículo. Si se hubiera leído con calma los considerandos de la directiva, hubiera visto que así está establecido.
Para acabar, señor presidente, quiero decir que este proyecto de ley sale mejorado de la Comisión de Infraestructuras. Se ha mejorado en el trámite con una voluntad decidida de clarificar al ámbito liberalizado del sector postal en este país y de conjugar esta pretensión con un régimen específico para el operador encargado de la prestación del servicio postal universal, en función de sus específicas necesidades y de la obligación que a éste se encomienda y con amparo de la normativa comunitaria; con ello se persigue una regulación básica y unitaria del sector postal en España.
Espero --y estoy de acuerdo con lo que ha dicho el portavoz de Convergència I Unió en este sentido-- que seamos capaces, desde el Gobierno y con ayuda de todos los grupos, de poner al ente público empresarial Correos y Telégrafos en el año 2004 en condiciones de competir en un mercado que va a estar totalmente liberalizado según la evolución del sector --todo hace prever que así será--, para que podamos hablar de una empresa pública que funciona y que puede mantener los 65.000 puestos de trabajo que tiene, que es una de las máximas aspiraciones de este Gobierno.
Vamos a proceder a las votaciones y a la votación del proyecto de carácter orgánico. (El señor Morlán Gracia pide la palabra.) Señor Morlán.
El señor MORLAN GRACIA: Presidente, creo que tenemos derecho a replicar a las palabras pronunciadas por el portavoz del Grupo Popular respecto a nuestras enmiendas, aunque sólo sea por unos breves momentos.
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El señor PRESIDENTE: ¿Desea hacer una breve réplica? (Asentimiento.) Adelante. (El señor Ríos Martínez pide la palabra.) Vamos a ver. El portavoz del Grupo Popular ha fijado posición sobre sus enmiendas y SS. SS. saben que no cabe reabrir el debate. No vamos a reabrir ahora todo el debate.
¿Se sienten aludidos o contradichos? Señor Morlán, le había dado la palabra y se la mantengo. ¿Aludido o contradicho, señor Ríos?
El señor RIOS MARTINEZ: Aludido y contradicho. (Risas.)
El señor PRESIDENTE: ¡Qué barbaridad! Adelante, señor Morlán, por tres minutos, y luego el señor Ríos.
Señor Pons, lo que usted denomina fondo de compensación, ese uno por ciento que se ha modificado en la Comisión de Infraestructuras, esa aportación de los operadores privados, desde luego, no nos ofrece ninguna garantía de que sean capaces de recaudarla; no nos ofrece esa garantía.
Esa fórmula de financiación que plantea, tal y como se están desarrollando los acontecimientos, no creemos que sea viable.
En segundo lugar, usted plantea que es una ley de equilibrio con la posición de Convergència i Unió, y debe serlo con la nuestra. Yo le tengo que decir que con los artículos 15.5 y 18.2 ese equilibrio desaparece; no hay ningún equilibrio, señor Pons. Ustedes se sitúan en un proceso de liberalización, lo que pasa es que Convergència i Unió lo dice más claro y ustedes lo rechazan, pero ustedes están abriendo la puerta a que esa liberalización se pueda producir tal y como ustedes desean, que es el criterio que han mantenido del principio del debate de este proyecto de ley.
En cuanto a la privatización, estamos acostumbrados a que cuando nosotros hemos conseguido que las empresas públicas fueran rentables han llegado ustedes y las han privatizado. Si quiere se lo repito, señor Pons. Cuando se ha conseguido que las empresas públicas o los entes públicos fueran rentables, ustedes los han privatizado. Nosotros tenemos serias dudas de que este proceso...
El señor PRESIDENTE: No vaya a otros temas, señor Morlán; vaya concluyendo. No abra nuevos campos al debate.
El señor MORLAN GRACIA: De acuerdo, señor presidente.
Nosotros tenemos serias dudas de que este proceso no se reproduzca aquí.
Si no de manera inmediata, pensamos que puede suceder, dado el planteamiento que ustedes han tenido en otro tipo de sectores de la actividad industrial española.
El señor RIOS MARTINEZ: Señor presidente, intervendré muy brevemente.
Solamente quería decir que yo no he encontrado, al margen del razonamiento que se ha dado por parte del Grupo Popular, ningún argumentación de por qué es mejor para el servicio postal universal y para los servicios reservados que se autorice por decreto al Gobierno a hacer lo que la ley decide por sí. Por tanto, yo considero que la mejor forma de que la directiva se trasponga y haya garantías de unidad con esa directiva es que este Parlamento, con informe previo del consejo asesor, decida la evolución de la ley. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señor Ríos, un momento.
Señorías, los diputados intervinientes están haciendo un esfuerzo especial para que el Pleno se desarrolle y finalice en las mejores condiciones para quienes, ante la acumulación de viajes de fin de semana, tienen dificultades para encontrar billete. En consecuencia, colaboren también todas SS. SS.
Adelante, señor Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Termino, señor presidente.
Lo que estaba intentando argumentar es que, a pesar de toda la evolución que pudiéramos tener encima de la mesa, es mejor que exista por ley, con seguimiento desde la Cámara, para que el desarrollo de la directiva se haga regulando el proceso de liberalización, garantizando futuro al servicio postal prestado por el operador público, y sobre todo que la competencia se haga habiendo financiado y dotado bien a la entidad pública empresarial. En todo caso, sí le garantizamos una cosa: vamos a hacer un seguimiento para que la ley no se quede en agua de borrajas, para que la ley de verdad se cumpla.
Señor Pons, a pesar del ambiente, si quiere intervenir...
El señor PONS FRANCO: Unicamente para decirle al portavoz del Grupo Socialista... (Rumores.)
El señor PONS FRANCO: Solamente quería decir al portavoz del Grupo Socialista que en su última intervención prácticamente lo único que ha hecho es prejuzgar
la futura acción del Gobierno. Lo único que ha dicho es que si el Gobierno hará, que si el Gobierno no hará, que si el Gobierno dejará de hacer... Espere usted a ver lo que hace el Gobierno y después seguramente podrá opinar, pero desde luego el Gobierno no tiene ninguna intención de hacer la mayoría de las cosas que usted ha dicho.
En cuanto al señor Ríos, deseo decirle únicamente, como ya lo hice en Comisión, que las facultades que se le dan al Gobierno en este proyecto de ley no se le dan de forma gratuita, sino porque la evolución de la directiva puede resultar incomodísima por cuanto ya se prevé en el año 2000 una primera revisión que va a continuar en el año 2003 de forma segura, para liberalizar en el 2004. Si cada seis o diez meses tenemos que tramitar en esta Cámara un proyecto de ley, la verdad es que resultaría poco eficiente y poco práctico. Mucho mejor será que el Gobierno, en función de esas facultades que le atribuye el proyecto de ley, pueda establecer esos cambios que van a ser necesarios, pero siempre adaptados a lo que diga la directiva. En todo caso, señor Ríos, esté tranquilo porque siempre, por encima de todo lo que pueda decir el Gobierno, estarán las normas de aplicación directa de la directiva correspondiente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pons. (El señor Mardones Sevilla pide la palabra.) Tiene la palabra el señor Mardones.
Intervengo muy brevemente para fijar la posición del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
Dado que nuestras enmiendas fueron aceptadas en el trámite de Comisión y el texto que viene en el dictamen ha sido muy mejorado, lo vamos a apoyar con nuestro voto favorable por entender, en primer lugar, que no hay ningún peligro para el servicio postal público.
El servicio postal universal queda perfectamente equilibrado, como bien se señala en los artículo 15 y 18 del proyecto, con los operadores privados. Lo que tendrá el nuevo organismo de Correos y Telégrafos es el reto de la eficacia en un mercado cada vez más libre y más competitivo.
Por estas mejoras y porque se recoge todo el espíritu de nuestras enmiendas, señor presidente, votaremos favorablemente el texto que nos llega de la Comisión y en contra de las enmiendas presentas al mismo.
Vamos, en consecuencia, a proceder a las votaciones correspondientes al dictamen de este proyecto de ley --primero a las enmiendas y luego al dictamen--, y también al carácter orgánico que se predica del mismo.
Comenzamos por las enmiendas del Grupo Mixto al dictamen de la Comisión al proyecto de ley del servicio postal universal y de liberalización de los servicios postales.
En primer lugar, y dentro a su vez del Grupo Mixto, las del señor Rodríguez, de manera desglosada.
Enmienda número 3, del señor Rodríguez.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 22; en contra, 289; abstenciones dos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, 19; en contra, 168; abstenciones, 123.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a favor, 140; en contra, 172.
Enmiendas números 16 y 17.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 8; en contra, 169; abstenciones, 136.
Restantes enmiendas del señor Rodríguez.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 144; en contra, 168; abstenciones, una.
Enmiendas de los señores Saura y Peralta.
En primer lugar, sometemos a votación las enmiendas números 220, 233, 234, 235, 236 y 237.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 19; en contra, 291; abstenciones, tres.
Enmiendas números 215, 216, 217, 219, 221, 232, 238, 239, 245, 250 al apartado 2.3 de la disposición transitoria primera.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 20; en contra, 170; abstenciones, 123.
Restantes enmiendas de los mencionados diputados del Grupo Mixto.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 146; en contra, 168.
Enmiendas del Grupo Nacionalista Vasco. En primer lugar, la número 110.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 22; en contra, 289; abstenciones, tres.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, siete; en contra, 290; abstenciones, 16.
Enmiendas números 114 y 115.
Enmiendas números 131 y 128.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 35; en contra, 153; abstenciones, 126.
Enmiendas números 118 y 119.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a favor, 148; en contra, 150; abstenciones, 14.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, 133; en contra, 165; abstenciones, 13.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda, última de las correspondientes al Grupo Vasco, PNV.
Pasamos a las enmiendas del Grupo Federal de Izquierda Unida.
En primer lugar, las números 41, 42, 43, 65, 68, 69, 70 a 74 y 76.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 19; en contra, 293; abstenciones, dos.
Enmiendas números 25, 31 a 36, 48, 51, 63, 64, 77 a 79, 83, 85 a 87, 91, 94 a 96, 103, apartado 2 y 3, y 104.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 20; en contra, 169; abstenciones, 124.
Enmiendas que subsisten del Grupo de Convergència i Unió. En primer lugar, la número 253.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 19; en contra, 279; abstenciones, 16.
Restantes enmiendas y voto particular del Grupo de Convergència i Unió.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 20; en contra, 294.
Enmiendas del Grupo Socialista. En primer lugar, las números 309, 319, 328, 329, 335 y 343.
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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 127; en contra, 184; abstenciones, tres.
Enmienda número 330.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 127; en contra, 169; abstenciones, 18.
Enmienda 325.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 128; en contra, 173; abstenciones, 13.
Enmiendas números 266, 280, 285, 288, 323, 326, 332, 338 y 345.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 134; en contra, 168; abstenciones, 12.
Enmiendas números 292 a 297, 300 a 304, 313 a 315, 317, 324, 327, 333, 336, 341 y 346.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 134; en contra, 180.
Votaciones correspondientes al dictamen.
En primer lugar, sometemos a votación los artículos 46, disposición adicional primera y disposición final segunda.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 164; en contra, 19: abstenciones, 131.
Artículos 21, 25 y 35.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 291; en contra, 18; abstenciones, cinco.
Disposiciones transitorias cuarta, quinta y sexta, disposición derogatoria y disposiciones finales primera y cuarta.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 309; en contra, cinco.
Artículos 5, 6 y 27.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 179; en contra, 127; abstenciones, ocho.
Artículos 18.1, 20.1, 33, 42.5 y disposición transitoria primera, apartado 2. (Rumores.) Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 167; en contra, 139; abstenciones, nueve.
Artículos 3, 4, 9, 11, 30, 32, 35, 40, 41, 47 y disposición transitoria tercera.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 177; en contra, 130; abstenciones, ocho.
Se somete a votación el artículo 7.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 295; en contra, uno; abstenciones, 19.
Artículos 36, 39 y 43.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 310; en contra, cinco.
Artículos 44 y 45, disposición transitoria segunda y disposición final tercera.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 183; en contra, siete; abstenciones, 125.
Disposiciones adicionales segunda y tercera.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 315.
Artículos 2, 14, 29, 34, 37 y 38 y disposición final segunda.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 164; en contra, 131; abstenciones, 20.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 164; en contra, 145; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la votación correspondiente al carácter orgánico que se predica del proyecto de ley para la cooperación con el Tribunal Internacional para Ruanda, cuyo dictamen ya ha sido aprobado por el Pleno. Esta votación, como anuncié, tiene carácter orgánico.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el proyecto de ley con carácter orgánico.
DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS (continuación):
-- PROPOSICION DE LEY ORGANICA REGULADORA DE LA OBJECION DE CONCIENCIA Y DE LA PRESTACION SOCIAL (Número de expediente 122/000024)
El señor PRESIDENTE: Debate sobre el dictamen de la proposición de ley, ya no orgánica, reguladora de la objeción de conciencia y de la prestación social.
Al dictamen se han presentado y mantenido enmiendas por los grupos Mixto, Nacionalista Vasco, Izquierda Unida y Socialista. En primer lugar, dentro del Grupo Parlamentario Mixto, mantienen enmiendas la señora Lasagabaster y el señor Alcaraz.
A la proposición de ley reguladora de la objeción de conciencia y de la prestación social, que no tiene carácter orgánico...
El señor PRESIDENTE: Un momento, señora Lasagabaster. La dificultad que para el Grupo Mixto supone tener que intervenir desde esa última fila no es genorosamente compensada por el Pleno, que añade la dificultad del ruido para que no se le pueda escuchar. (Pausa.) Ahora sí. Muchas gracias, señorías.
La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Muchas gracias por su amparo, señor presidente. Ciertamente es difícil a veces hablar desde estos escaños, pero lo intentaremos.
Hemos presentado seis enmiendas. Yo creo que la enmienda a la exposición de motivos, la número 23, recoge ciertamente la filosofía que Eusko Alkartasuna tiene respecto de esta ley y en relación a lo que es el servicio militar obligatorio y, por tanto, también a la prestación social sustitutoria. Sin embargo, entendíamos que esta proposición de ley recogía la necesidad de solventar los múltiples problemas que ha llevado a que muchos jóvenes hayan tenido incluso penas de prisión por esta cuestión y trataba de aligerar toda esta situación, por lo que creíamos que era buena.
La primera de las enmiendas planteadas, a la exposición de motivos, hace referencia al párrafo segundo, que creíamos que era una descripción muy leve dadas las situaciones que habían ocurrido en relación a esta ley que hoy se pretende modificar. Creíamos que había que recoger la realidad de lo que había pasado a lo largo de todo este tiempo. Otra serie de enmiendas hacen referencia a la necesidad de que no solamente haya un consejo estatal de objeción de conciencia, sino consejos de objeción de conciencia en aquellas comunidades autónomas que así lo pactaren. En este sentido, entendíamos
que había que proponerlo y que estos consejos de objeción de conciencia debieran depender de la consejería o del departamento de Justicia, no del de Defensa, como hoy se establece en esta proposición de ley.
Otras dos enmiendas hacían referencia a aligerar las presentaciones de declaración de objeción de conciencia. En concreto entendemos que la mera presentación debe producir efectos inmediatos sin necesidad de que esté admitida e igualmente el hecho de que no se tenga que presentar o exigir una manifestación de los motivos. En definitiva, estas enmiendas lo que tratan es de manifestar un menor número y menor tipo de exigencias a la declaración de objeciones de conciencia.
También quiero señalar que, independientemente de las enmiendas presentadas, reconocemos que puede ser un avance sobre lo que hay en el momento actual, pero no estamos de acuerdo en dos temas claves: uno, en el no reconocimiento de la objeción sobrevenida --el artículo 1.3-- y, otro, en el período de disponibilidad, ya que nos parecen demasiados condicionamientos para las personas que son objetores de conciencia. En concreto, en el artículo 8.1 se establece un período de tres años que nos parece excesivamente prolongado y puede suponer graves perjuicios y consecuencias negativas para las personas que son objetores de conciencia y así lo han ejercitado con sus derechos.
Efectivamente, voy a defender en nombre de Nueva Izquierda-Iniciativa per Catalunya votos particulares a los artículos 1.3, 2, 8.1 y a la disposición adicional tercera.
Nosotros recibimos con satisfacción y esperanza la proposición de ley sobre la reforma del marco legal de la objeción de conciencia porque entendíamos que era urgente, porque la acumulación de problemas, de injusticias, de situaciones de insensibilidad social ante el comportamiento de muchos jóvenes de nuestro Estado requería de diversas medidas, entre ellas, como digo, una reforma en profundidad de la ley.
Pero hay que constatar, el día en que por fin esta Cámara va a aprobar el texto, que el retraso experimentado difícilmente puede justificarse.
Nadie puede explicarse cómo una proposición que fue tomada en consideración en junio de 1996 haya tardado casi dos años. En ese tiempo desgraciadamente se han acumulado otros problemas, se han acumulado situaciones negativas que afectan a los jóvenes que están en la cárcel como insumisos y otras situaciones.
Lo que ha hecho el trabajo en la ponencia y en la Comisión ha sido empeorar el texto primitivo, que entendíamos que era avanzado, que era un texto que solucionaba de manera interesante algunos de estos problemas que estaban convirtiéndose en crónicos. Nos hubiéramos evitado problemas si este texto se hubiera aprobado anteriormente, pero qué le vamos a hacer. Lo grave, como digo, es que el texto que ahora llega queda peor que el anterior, al menos en tres casos, y de ello se deriva el mantenimiento de nuestro votos particulares. En primer lugar, porque no se recoge la objeción sobrevenida, que sí figuraba en el artículo 1.3 del texto de la proposición. Ahora, sin embargo, tanto en el artículo 1, como en el artículo 2, no se admite esa posibilidad.
Desde un punto de vista razonable, no se entiende que a la propia lógica que lleva al reconocimiento democrático del derecho de objeción de conciencia se le marque un plazo, como si la conciencia a prestar servicio armado acabara el día en que uno traspasa la puerta de un cuartel. No se sostiene, desde el punto de vista de la racionalidad que afortunadamente ha hecho avanzar este derecho y, por tanto, discrepamos del informe y defendemos el texto originario.
Igualmente discrepamos del plazo de la disponibilidad, que en el artículo 8.1 de la proposición ahora se amplía considerablemente. Hay que recordar que la ley anterior no recogía un plazo concreto y que una sentencia del Tribunal Supremo decidió que no pudiera ser más de un año. La proposición de ley proponía precisamente un año, entendemos que en consonancia con esta sentencia y, sin embargo, en el informe que hoy se somete se triplica ese tiempo y se convierte en tres años. Ese plazo se convertiría, además, en ilimitado si el ejército profesional comienza su existencia en el año 2001. No entendemos, por tanto, las situaciones de incertidumbre absolutamente innecesarias que se van a generar en muchos jóvenes con este amplio período de tres años.
Finalmente, nuestra discrepancia también para la propuesta que viene ahora en la disposición adicional tercera, cuando se alude a la objeción en tiempo de guerra, algo que no aparecía en las disposiciones adicionales de la proposición. La alusión que hace el texto actual parece francamente desafortunada. La remisión a una futura regulación jurídica, cuando estamos aprobando ahora una ley para el tiempo de guerra, no parece que sea lo más apropiado. Quede constancia de que lamentamos los cambios introducidos. Esperamos todavía que en este trámite se pueda reconsiderar el retorno hacia posiciones menos avanzadas que las del texto de la proposición y expresamos una cierta decepción, si así no fuera, por el texto que finalmente va a salir.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alcaraz.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Uría.
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La señora URIA ECHEVARRIA: Señor presidente, señorías, el Grupo Vasco asistió al inicio de la tramitación de esta proposición sin excesivo entusiasmo. Desde nuestra óptica, hemos sostenido siempre la necesidad de desaparición del servicio militar y de su sustituto, sobre todo en la situación actual de promesa de un ejército profesional en breve plazo.
Por lo tanto, creemos que lo que procedía era establecer la desaparición de la obligación.
Visto que esto no va a ser así --el juego de mayorías en la Cámara parece manifestarlo-- hemos optado porque los jóvenes sujetos a la obligación puedan cumplirla en las condiciones más favorables posibles en este tiempo que queda y porque se reduzca todo lo posible la llamada bolsa de objetores. Debo señalar el notable esfuerzo realizado desde el grupo mayoritario de la Cámara y también desde el grupo proponente de la iniciativa aceptando enmiendas o proponiendo transacciones como la que hace referencia a la posibilidad de compaginar, en la medida de lo posible, el cumplimiento de la prestación social con otras actividades como, por ejemplo, los estudios.
En este trámite me restan, sin embargo, dos enmiendas que van en el mismo sentido: la número 19, referida a una respuesta sancionadora que consideramos excesiva desde el punto de vista de la proporcionalidad y que nos gustaría ver reducida, y la más importante, desde nuestra óptica, que hace referencia al período de disponibilidad, que nos gustaría ver fijado en el tiempo de un año, como ya admiten los tribunales, si bien es cierto que esto es en ausencia de norma legal expresa. Cuando se tomó en consideración la iniciativa, escribí en el diario Deia un artículo que, utilizando el estribillo de una pegadiza canción se titulaba: un pasito palante. Estaría hoy dispuesta a reconocer que el pasito es paso si por lo menos se aprobase esta enmienda número 16 referida al período de disponibilidad.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Castellano.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Gracias, señor presidente.
Las enmiendas formuladas en su día por nuestro grupo parlamentario a este proyecto de ley han sido todas, absolutamente todas, desestimadas tanto en ponencia como en Comisión, y diría que casi con un criterio unánime por parte del resto de los grupos de la Cámara, y esto no refleja más que una situación de absoluta coherencia de todos y cada uno. Izquierda Unida es la única fuerza política que ha mantenido, desde el principio del tratamiento de esta cuestión, una clara separación entre la necesidad de una regulación de la objeción de conciencia, y no sólo la innecesariedad, sino lo negativo de la introducción con carácter obligatorio de una prestación social sustitutoria que no viene, que no dimana de la interpretación mínimamente rigurosa de la Constitución y que, efectivamente, no supone la conculcación de la misma, pero sí supone una interpretación restrictiva de la objeción de conciencia, y es pura y sencillamente una condena disimulada o una discriminación sobre aquellos ciudadanos que han querido ejercitar ese derecho constitucional de la objeción de conciencia.
Resumo, en consecuencia, señor presidente. Sí a la regulación de la objeción de conciencia. No a la regulación de la prestación social sustitutoria con todas y cada una de sus consecuencias. En suma, todas y cada una de nuestras enmiendas, como podrán comprobar S. S. y el resto de miembros de la Cámara, tienen por objeto eliminar de esta proposición de ley toda referencia a la prestación social sustitutoria, aceptando nuestro grupo todo lo que se refiere lógicamente a normativizar la objeción de conciencia.
Es ésta ya la última ocasión en que vamos a poder tratar un tema tan importante, excepción hecha de cuando pueda venir del Senado con las enmiendas que allí se hayan querido introducir. Y ¿por qué va a ser la última ocasión? Porque resulta que estamos regulando --y me refiero a la prestación social sustitutoria-- una institución que todos y cada uno de los miembros de la Cámara saben que es una institución destinada a su desaparición en el breve plazo de dos años. El anuncio en su día de la desaparición del servicio militar no sólo era ocasión para haber eliminado el llamado delito de insumisión, incluso su tratamiento administrativo, sino para haber eliminado la prestación social sustitutoria. Y como es la última ocasión, es el momento de hacer un balance, y el balance, señor presidente y resto de miembros de los grupos parlamentarios, no puede ser más negativo. ¿Qué se ha conseguido con la prestación social sustitutoria? ¿Dónde están las ventajas? ¿Cuáles son los beneficios? Ciento cincuenta mil ciudadanos que han decidido objetar en conciencia han acabado viéndose en un saco, en una expectativa, la prestación social sustitutoria, que muchos de ellos ni siquiera han podido llevar adelante. Al final, con un cierto cinismo --vamos a decirlo con todas sus letras--, ha habido que acudir a una especie de amnistía disimulada para que no sean ni siquiera llamados a cumplirla. Y mientras tanto, ¿dónde están esos beneficios cívicos o sociales que se hayan podido obtener? Lo único que se ha hecho es mantener en situación de inestabilidad y de inseguridad a muchísimos ciudadanos por haber ejercitado un derecho constitucional; interrumpir lo que tenía que ser el proceso vital para que se pudieran haber colocado y haber realizado lo que pueda ser, pura y sencillamente, ese deseo de trabajar en condiciones normales con los demás; haber ocupado puestos de trabajo que debían estar en el mercado a
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disposición de trabajadores que están en paro, y además haber creado una enorme cantidad de conflictos.
Pero no contentos con todo este balance negativo, ahí sigue figurando la insumisión, aunque ahora, con bastante mala conciencia, se abandone la inserción en el Código Penal --que nuestro grupo político ya denunció-- y se quede reducida --según algunos-- a una pura infracción de carácter administrativo que trae unas gravísimas consecuencias, y es que el que se niegue a realizar esta prestación social sustitutoria queda discriminado e inhabilitado ni más ni menos que para, con arreglo a la Constitución, según mérito y capacidad, poder acceder a cualquier cargo.
Son todo un conjunto de situaciones vergonzantes que, sinceramente, deberían ruborizar a quienes las han mantenido y que, efectivamente, se están escudando en que, al final, desaparecerá el servicio militar y desaparecerá esta institución, pero las secuelas van a quedar ahí. Desde luego, yo no sé si alguno tendrá una especial sensibilidad para poder poner de manifiesto qué ha tenido esto de positivo. Porque si incluso se quiere estimar como positivo el que algunos objetores de conciencia, utilizando la prestación social sutitutoria, hayan participado en tareas humanitarias, que no se engañe nadie, lo hubieran hecho exactamente igual, porque nacía de su propio talante, como lo están haciendo muchos en organizaciones no gubernamentales, sin pedir nada a cambio, porque es fruto ni más ni menos que de su propia propensión a la generosidad. (El señor vicepresidente, Marcet i Morera, ocupa la Presidencia.) En consecuencia, esta disimulada condena de la prestación social sustitutoria va a tener que durar todavía otros dos años; esta figura de la insumisión va a tener que durar todavía otros dos años más, con todo lo que tiene de negativo y de represivo. Para que nos demos cuenta de lo que tiene de represivo, asómense ustedes al propio proyecto de ley y verán que, cuando llega el momento de analizar las posibles faltas, toda la terminología que se utiliza es de carácter absolutamente castrense: la falta de respeto, la desobediencia, la insubordinación, la no presentación a cumplir el trabajo determinado. ¿Por qué? Porque detrás de todo esto se ve la larga mano de un sector de la sociedad --que es el ejército-- que no ha querido aceptar seriamente y a conciencia la voluntad de los constituyentes y la voluntad de nuestra propia sociedad, y ha querido seguir teniendo una espada de Damocles con la que poder estar diciendo a todos que aquí hay dos clases de ciudadanos: los que hacen el servicio militar --buenos, justos y benéficos-- y los otros, hacia los cuales, incluso desde jerarquías del ejército y en revistas militares, se les ha hecho objeto, no ya de discriminaciones, sino de toda clase de insultos. Esto es lo que subyace en esta ley: la poca audacia, el poco sentido de soberanía y una cierta sumisión a lo que en esta Cámara no debía apreciarse.
Por ello, entenderán ustedes que nosotros mantengamos en este Pleno nuestras enmiendas y, mantenidas estas enmiendas, vayamos a votar, lógicamente, a favor de las mismas. Y en lo que se refiere al proyecto, a favor de todo lo que recoge en cuanto a la objeción de conciencia, y no podamos votar jamás lo que se refiere a la prestación social sustitutoria.
Como observo muy nervioso a uno de los padres de la Constitución, a un constituyente --que me merece toda clase de respetos--, y que da instrucciones al portavoz de su grupo para que rechace esas afirmaciones que le parecen absolutamente antipatrióticas, digo a semejante padre de la patria que, al fin y al cabo, no se ponga nervioso, que le cedemos gustosamente todo el patriotismo de esta ley y le cedemos también gustosamente el que se pueda colocar en el ojal de la solapa la responsabilidad, junto con todos los demás, de los que han sufrido privación de libertad, de los que han sufrido paralización de sus proyectos vitales y de los que están siendo objeto de represión con esta ley que ustedes van a aprobar, y que les aproveche.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Castellano.
Para defender el voto particular y las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Del Campo.
Voy a defender el voto particular que el Grupo Parlamentario Socialista mantiene al texto de esta proposición de ley, un texto de contenido muchísimo más escaso que el que debatimos allá por noviembre de 1996.
Señorías, el larguísimo proceso de negociación entre los socios de gobierno ha supuesto para esta proposición de ley una eficaz cura de adelgazamiento, han quedado en el tintero, a lo largo de ese proceso, muchas de las pretensiones que el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) traía a esta Cámara en el año 1996. El texto actual resulta más similar a la Ley de objeción de conciencia del año 1984 que al texto que presentó el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) en aquellos días. La reforma ha quedado reducida a extremos mucho menores, y en ese aspecto mi grupo no tiene demasiadas objeciones que hacer, porque creemos que en una situación de muerte del servicio militar obligatorio y, como consecuencia, de la prestación social sustitutoria, las modificaciones que han de hacerse son las imprescindibles para facilitar este tránsito de una manera pacífica y ordenada, y creemos que el texto que hoy llega a nosotros contiene, de manera acertada, algunas de esas modificaciones imprescindibles. Me refiero fundamentalmente al hecho de que se reduce la duración del período de actividad de la prestación social sustitutoria a nueve meses, los
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mismos nueve meses de duración del servicio militar obligatorio. Esta es una pretensión compartida por la mayoría de la Cámara, una pretensión que el Partido Socialista llevaba ya en su programa electoral y que no podemos por menos de aplaudir al verla realizada hoy.
Lamentamos que algo tan simple, tan fácil de articular, tan fácil de aprobar y llevar a la práctica, haya visto retrasada su aplicación durante diecisiete meses hasta el día de hoy, y veremos lo que tarda en volver del Senado, por el debate larguísimo que se ha originado en torno a los otros aspectos de la proposición de ley.
Hay algún otro aspecto positivo, señorías, que hemos señalado ya en el debate en Comisión, y no quisiera alargar esta sesión repitiéndolo. Sin embargo, junto a estos aspectos positivos, para mi grupo la proposición de ley contiene dos graves errores, uno de los cuales justifica nuestro voto particular y el otro justificará nuestra abstención en la votación de determinados artículos.
El primer error, y a nuestro entender el más grave, es, como han señalado ya los portavoces de otros grupos, el mantenimiento del periodo de disponibilidad en tres años; un establecimiento de un periodo de disponibilidad que se enfrenta con el texto original de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y también con la proposición no de ley que hace pocas fechas defendió el Grupo Parlamentario Socialista y que pretendía, por otras vías, establecer el periodo de disponibilidad en un año. Nosotros creemos que con esta innovación, señorías, los proponentes están en un vano intento de poner puertas al campo, y al campo nunca se le puede poner puertas.
Señorías, hoy tenemos una avalancha de solicitudes de reconocimiento de la condición de objetor de conciencia, solicitudes que se deben a distintas causas, pero sin duda la fundamental es la proximidad del fin del servicio militar obligatorio. Hemos visto incrementado el número de solicitudes casi en un 30 por ciento entre el año 1996 y 1997. Si los meses de marzo y abril de este año han seguido al mismo ritmo de aumento que los meses de enero y febrero, posiblemente estemos ahora en torno o por encima de los 140.000 objetores pendientes de reconocimiento de su condición o de cumplimiento de la prestación social sustitutoria. Es decir, señorías, que, con plan de choque o sin él, es prácticamente seguro que estamos por encima de aquella cifra de 130.000 que en mayo de 1996 se reprochaba al Gobierno socialista. De esta cifra, señorías, hay 50.000 personas aproximadamente que llevan más de un año esperando para cumplir la prestación social sustitutoria y unos 15.000 que llevan más de tres. Va a ser una magra disminución de la bolsa la de estos 15.000, aunque a algún otro, a lo largo de los años próximos, al ir cumpliendo el plazo de los tres años, se les puede incorporar.
Señorías, para el Grupo Socialista excluir a estas 50.000 personas que llevan más de un año pendientes de que los llamen para realizar la prestación social sustitutoria es cuando menos igual de justo y seguro que fundado en bases más objetivas que el sorteo de excedentes de cupo por lo que hace al servicio militar. Insistir en mantener ese plazo de tres años es aumentar cada vez más esa bolsa sin esperanza posible de salida.
La medida --y voy a ser muy breve en esto-- puede hacer a los objetores de conciencia en un futuro de peor condición de la que tienen actualmente. Hoy el Tribunal Supremo --y lo ha señalado la señora Uría-- amparándose en el vacío de la ley vigente que no fija la duración máxima del período de disponibilidad, ha empezado a declarar la caducidad de los expedientes de adscripción a la prestación social que no se hayan resuelto en catorce meses. Es decir, la jurisprudencia está abriendo una vía de salida para una situación distinta a aquella que contemplaban la Ley de 1984 y el Reglamento de 1995, aquella situación de servicio militar obligatorio y duradero. Sin embargo, al aprobarse esta ley, todos los jóvenes en situación de disponibilidad tendrán que esperar ese plazo de tres años para ver resuelta esta obligación, dar un rumbo definitivo a su vida y no estar pendiente del cumplimiento de esta prestación.
El cumplimiento de esta prestación, señorías, y aquí viene la segunda objeción que mi grupo debe plantear a esta proposición de ley, es un cumplimiento en fase de declive, en fase de decadencia. Queremos que la prestación social sustitutoria, lo mismo que el servicio militar obligatorio, tengan una muerte dulce y no una agonía traumática, y por ello estamos convencidos de que en este período tampoco tiene sentido mantener el reproche penal para las conductas de incumplimiento de una prestación que dentro de poco va a dejar de existir como tal prestación personal obligatoria.
Ya hace tiempo, pero desde luego con posterioridad a esta antiquísima proposición de ley, habíamos propuesto que se excluyeran del Código Penal estas conductas y se contemplaran para ellas sanciones administrativas en este período de transición. No se aceptó entonces nuestra postura; tampoco en este amplio debate y en las profundas modificaciones que ha sufrido la proposición de ley a lo largo de él se han incluido como sanciones administrativas las correspondientes a las conductas de incumplimiento de la prestación social sustitutoria, y precisamente por ese motivo nuestro grupo se abstendrá en la votación de los artículos 17 y 18 que se refieren a sanciones e infracciones.
Señorías, hemos perdido una buena oportunidad para resolver también este problema de una manera rápida y eficaz.
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El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señora Del Campo.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.
Voy a hacer una síntesis porque esta proposición de ley ha sido ya objeto de varios debates en la Cámara, tanto en la toma de consideración como en el trámite de Comisión. Coalición Canaria es cofirmante y copartícipe, junto con el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y el Grupo Parlamentario Popular, del texto de esta iniciativa.
Las enmiendas que habíamos considerado de perfeccionamiento sobre el texto consensuado en trámite de Comisión, enriquecieron este texto. Por tanto, nuestra primera valoración como copartícipes, y en el consenso de los tres grupos, es que el texto sale mejorado de la Comisión.
Se ha dicho aquí que hay errores. En todo texto sobre el que hay un debate dialéctico de fondo y una interpretación, a juicio del consumidor puede haber errores, pero según este portavoz no los hay, al menos los dos señalados.
Respecto a si se reduce el tiempo de la lista de espera a tres años o a un año, ya lo podían haber pensado en 1984 cuando se dejó indeterminado el tiempo de espera para hacer la prestación social sustitutoria. Ahora, buscando un equilibrio con el interés de la defensa de los llamamientos de los conscriptos, hemos entendido que un año hubiera hecho saltar por los aires las previsiones de cupo de sustitución con los que estaban en la lista de espera para hacer la prestación social sustitutoria. En segundo lugar, incentivar un período de transición en la desaparición del servicio militar obligatorio sería incentivar, de alguna manera, la vieja tradición de la picaresca en este país, con todos los respetos, porque hay que distinguir aquí los cumplidores que se acogen a un derecho constitucional reconocido en el artículo 30, porque de verdad son objetantes u objetores de conciencia, de los que tratan sencillamente de utilizar un vericueto de la ley para sus intereses personales.
Viene la segunda parte que se ha expuesto aquí sobre el tema de la objeción sobrevenida. Nosotros hemos entendido que con el texto nuestro de la ley, al equiparar la duración de la prestación social sustitutoria en los nueve meses con el servicio militar efectivo, al haber hecho esa determinación del plazo de lista de espera, al haber hecho la modificación fundamental del consejo nacional con la entrada de sindicatos para abortar cualquier interpretación de competencia desleal en el mercado laboral y haberle dado a las comunidades autónomas un plus de responsabilidad en la firma de convenios para ofertar plaza junto a los ayuntamientos para prestar la sustitutoria que regula la ley; todo ello nos parecen avances.
Pero ya que se ha puesto en tela de juicio el asunto de la objeción sobrevenida, quiero decir que como proponente puedo cometer errores, pero no soy ingenuo, porque ya la sentencia del Tribunal Constitucional de 1987 vino a señalar que, como había pretendido el Defensor del Pueblo, la exclusión de la objeción sobrevenida, una vez que el mozo está en filas, no era conculcar ningún derecho constitucional que no estuviera amparado por el artículo 30 de la Constitución Española y otros derivados contemplados en su mismo marco de derechos fundamentales; lo que venía era a poner en correlación que no había menoscabo del derecho a la objeción de conciencia, pero que, defendiendo un bien superior, cual es el bien jurídico a proteger --la defensa nacional-- en un sistema de orden en nuestros equipamientos de las Fuerzas Armadas, es una dislocación de todo este procedimiento de normalidad, que, dentro del servicio militar, con el uniforme y la impedimenta puesta ya allí, se haga uso de una objeción de conciencia sobrevenida que nosotros no podíamos amparar, porque teníamos además la interpretación favorable de esta sentencia de 1987 del Tribunal Constitucional para darle amparo por la objeción sobrevenida a algo que iba a producir una dislocación y un menosprecio de los bienes jurídicos de superior categoría a defender, como es el de la defensa nacional, basada en unos organigramas técnicos operativos del contingente de fuerza que tienen que tener los ejércitos de España. Eso venía totalmente a dislocarlo.
Vamos a ser sinceros, porque vuelvo a decir que aquí no es que hayamos cometido un error, no hemos querido restringir ningún derecho constitucional, e invoco por tercera vez esta sentencia; lo que no se puede hacer es, por una vía de querer reconocer un derecho que no estaba menoscabado, acogerse al mismo como un clavo ardiendo y producir una distorsión de la eficacia de los efectivos del contingente de tropa.
Por todas estas razones, señor presidente, votaremos en contra de estas enmiendas y defendemos el texto que ha salido de nuestra Comisión como cofirmantes y solidarios del mismo.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Mardones.
El señor CAMPUZANO I CANADES: Gracias, señor presidente.
Con satisfacción, nuestro grupo parlamentario aborda este trámite final de la proposición de ley de objeción de conciencia y de la prestación social que fue tomada en consideración por este Pleno en noviembre
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de 1996. Y con la satisfacción personal del diputado que les habla, quiero recordar que el 6 de octubre de 1992 comparecí en esta Cámara, en representación del Parlamento de Cataluña y en relación a una iniciativa de características similares a ésta. En aquel momento el Partido Socialista y también el Partido Popular impidieron la tramitación de aquella iniciativa del Parlamento de Cataluña, pero también con la satisfacción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) en su globalidad. En los debates de 1984, Joaquim Molins, entonces ponente de Convergència i Unió en esta materia, defendió buena parte de los argumentos que concurrían en esta iniciativa, y desde 1986, el hoy portavoz adjunto de nuestro grupo parlamentario, Lluis Recoder, también defendió buena parte de aquellos argumentos. Yo creo que para Convergència i Unió, que desde 1984 ha defendido el contenido material de esta iniciativa, que hoy demos este impulso y lo hagamos con una mayoría suficiente en la Cámara es un motivo de evidente satisfacción.
Al mismo tiempo, también quiero decir que éste ha sido un proceso largo; largo desde 1984, cuando el propio Defensor del Pueblo recurrió la Ley de objeción de conciencia, cuando desde 1988 se plantearon en esta Cámara por diversos grupos iniciativas tendentes a cambiar esta ley, y también largo desde la toma en consideración, en noviembre de 1996, de nuestra iniciativa.
Es evidente que las discrepancias ideológicas con el Grupo Parlamentario Popular en relación al tratamiento de esta ley han marcado el debate político de la misma. Esta ley, en términos ideológicos, no va a ser la ley de Convergència i Unió, lo manifestamos en el debate en Comisión y lo manifestamos en el debate en el Pleno. También decimos que esta es la ley posible en el contexto de transición hacia la supresión del servicio militar obligatorio. Esta ley la tenemos que entender fundamentalmente desde esa perspectiva, y tenemos que entender también los esfuerzos de aproximación que han hecho el Grupo Parlamentario Popular, Coalición Canaria y Convergència i Unió para hacerla posible en un periodo de transición.
Para nosotros este trámite es un trámite de reivindicación de la objeción de conciencia en dos conceptos. En primer lugar, la objeción de conciencia en sus términos ideológicos puros, como expresión de los valores de la no violencia y de la paz y, por tanto, también como expresión de la conciencia colectiva de sectores de nuestra juventud en su rechazo al servicio militar. Al mismo tiempo, también nuestra reivindicación de la objeción de conciencia como respuesta práctica, y llena de sentido común, de miles de jóvenes que delante de la existencia de lo absurdo del servicio militar, aprovecharon este derecho constitucional. En este sentido, para nosotros la objeción de conciencia es un no a una concepción militarista de la sociedad; es un no a una concepción machista de las relaciones entre las personas; es un no a una determinada concepción del Estado; es un no a la existencia de una obligación ineficaz y absurda. Pero igualmente es un sí. Es un sí al compromiso con el país, con el barrio, con la ciudad, con el pueblo; un sí a la solidaridad; un sí al compromiso con los menos favorecidos; un sí al compromiso personal desde la perspectiva de la propia formación; un sí a una manera diferente de entender las relaciones entre los pueblos. Para nuestro grupo, y ahí justificaría nuestra posición contraria a las enmiendas de Izquierda Unida, es también un sí, una reivindicación de la prestación social sustitutoria.
En un libro de reciente publicación, que me voy a permitir traducir, Ramón Panyella, presidente de la Asociación de Objetores de Conciencia de Cataluña, hoy Moviment per la Pau, afirmaba: Hay que reivindicar la dignidad y la generosidad del colectivo de objetores que libremente optaron por el servicio civil, colectivo mayoritario, en contra de las descalificaciones injustas que han tenido que padecer y aguantar con paciencia inteligente de los sectores más beligerantes y agresivos de la insumisión al servicio civil.
Hoy, si en el Estado español más de 500.000 jóvenes han optado por este derecho constitucional es porque la existencia de cientos de plazas de la prestación social, que en el caso de Cataluña más del 50 por ciento de ellas han sido impulsadas dentro de la sociedad civil, han permitido normalizar la existencia de ese derecho constitucional.
Nosotros queremos reivindicar el sentido positivo que ha tenido la prestación social porque en nuestro país, en Cataluña, eso ha sido respuesta también de la existencia de la demanda del movimiento juvenil catalán y de amplios sectores del movimiento pacifista. La existencia de esas plazas de prestación social en pueblos del Segriá o de la Segarra, han permitido que jóvenes del ámbito rural, con menos capacidad de acceder a información, optasen por el ejercicio de ese derecho constitucional. A mí me parece que este es un elemento positivo inevitable.
También hemos querido justificar la presentación de esta iniciativa en función del momento, no tan sólo del fin del servicio militar sino del desastre de la administración de la prestación social que hemos padecido durante todos estos años. Los gobiernos anteriores dedicaron escasos recursos para hacer frente a la avalancha de objetores de conciencia.
Pensemos que la primera adscripción de la materia de la prestación social fue en la Dirección General de Asuntos Religiosos, porque hasta 1994 la media de espera de los objetores para incorporarse a realizar la prestación social era superior a tres años. Hoy, eso ha cambiado porque entendemos que el Ministerio de Justicia ha mejorado sustancialmente el panorama del ejercicio de este derecho. Hoy, los jóvenes que se declaran objetores están realizando la prestación social en unas medias que se sitúan alrededor de los dieciocho meses.
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Entendemos que esta nueva ley va a permitir avanzar en tres líneas que van a facilitar el ejercicio del derecho desde esta perspectiva. En primer lugar, la posibilidad de que la prestación social sea controlada efectivamente por las comunidades autónomas --y anuncio que el Gobierno de Cataluña va a optar por la opción que marca la ley--, va a contribuir de manera muy importante en una mejor gestión de la misma. En segundo lugar, el hecho de que reduzcamos la prestación social sustitutoria a nueve meses va a permitir que las mismas plazas de prestación social sean utilizadas por un mayor número de objetores. En último término, la existencia del periodo de disponibilidad también va a ayudar a terminar con la situación de indefensión que se producía hoy, que no existe ningún periodo de disponibilidad, porque, remarquémoslo, el Tribunal Supremo se ha tenido que pronunciar sobre ello, entre otras cosas porque la Ley de 1984 y la aplicación reglamentaria que hicieron los gobiernos anteriores impedían resolver en sentido positivo los largos periodos de espera a los que se sometía a los jóvenes.
Además, el efecto retroactivo que la ley asume va a tener consecuencias muy importantes desde un punto de vista cuantitativo. Entre los meses de junio y septiembre de este año, 60.000 jóvenes pasarán directamente a la situación de reserva porque llevarán nueve meses de prestación social sustitutoria, y más de 15.000 jóvenes, previsiblemente cerca de los 25.000, que llevarán tres años en situación de espera, van a pasar también a la situación de reserva.
Entendemos que la descentralización, la reducción a nueve meses, la creación de este periodo de disponibilidad a tres años y el carácter retroactivo de la ley van a ayudar principalmente a los jóvenes más afectados por la inexistencia de ese periodo de disponibilidad y por la mala gestión --y les puedo asegurar que esto no es responsabilidad del grupo al que represento--; van a permitir reducir sustancialmente la existencia de la bolsa histórica de objetores, y van a permitir al Ministerio de Justicia gestionar de manera racional, en este proceso de supresión del servicio militar, el ámbito de la objeción de conciencia.
Decía anteriormente que esta es una ley que tiene sentido para el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió hoy en su redactado actual, en función del momento que vivimos. La señora Del Campo ha dicho, y yo coincido con ella, que teníamos que afrontar con suavidad los cambios legislativos que se marcaban en la ley. El Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió ha sido sensible a esta necesaria prudencia y de ahí ese esfuerzo que hemos hecho para elaborar una ley que va a tener un cambio positivo. Las cuestiones que se asumen, la reducción a nueve meses, el periodo de disponibilidad, el pleno control de la prestación social por parte de las comunidades autónomas, la reducción a tres meses del silencio positivo para los objetores que se declaren en su momento, el hecho de la compatibilidad entre poder trabajar en la Administración pública y realizar la prestación social sustitutoria, el hecho de poder compatibilizar los estudios con la realización de la misma, constituyen un catálogo de derechos que cambian radicalmente el panorama del ejercicio de este derecho en el Estado español. Además, lo hacemos sin afectar negativamente el objetivo de la supresión del servicio militar obligatorio.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor Campuzano, concluya, por favor.
El señor CAMPUZANO I CANADéS: Voy concluyendo.
Por tanto, vamos a rechazar el conjunto de enmiendas que nos plantea el resto de los grupos parlamentarios.
En primer lugar, queremos agradecer, de manera muy especial, al señor Bermúndez de Castro su voluntad de permitir llegar a acuerdos en esta tramitación. Creo que su actitud ha sido decisiva para poder plantear esta ley. También al señor Lesmes, que nos acompaña en esta sesión, porque entendemos que la Dirección General ha facilitado los puntos de acuerdo, y a los portavoces de Coalición Canaria y del PNV, el señor Mardones y la señora Uría, que han permitido que el trámite parlamentario llegase a buen fin.
Pero también, y aprovechando que nos acompañan los señores Tolrá y Cartañá, de la Asociación de Objetores de Conciencia Moviment per la Pau, quiero agradecer el hecho de que el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió en toda esta tramitación, incluso desde 1984, se ha sentido acompañado en su reivindicación por los sectores más activos del movimiento pacifista de Cataluña. Desde esta perspectiva, entendemos que esta ley no es su ley, pero también sabemos que ellos sabrán valorar que es la ley que va a permitir acabar con el servicio militar obligatorio, elemento fundamental de la reivindicación de buena parte de la juventud de Cataluña y de la mayoría de los sectores más activos de nuestro movimiento asociativo; a ellos, también, muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Campuzano.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Bermúdez de Castro.
El señor BERMUDEZ DE CASTRO FERNANDEZ: Señor presidente, señorías, la reforma de la Ley de objeción de conciencia que hoy debatimos pretende conseguir dos objetivos fundamentales. De un lado, corregir los desequilibrios existentes en la vigente legislación que penalizaba a los objetores de conciencia respecto a los jóvenes que optaban por la realización del servicio militar y, de otro, mejorar las condiciones
de cumplimiento de la prestación social sustitutoria. Son, pues, los principios de no discriminación y seguridad jurídica los que han inspirado el acuerdo de varios grupos, plasmado en el dictamen de la Comisión, todo ello desde el respeto a la doctrina del Tribunal Constitucional en esta materia y en el marco de una situación, de un proceso de tránsito hacia la profesionalización de nuestras Fuerzas Armadas que, como ya he tenido oportunidad de reiterar en varias ocasiones en esta tribuna, exige, a nuestro juicio, una actitud de responsabilidad, por lo que se hace necesario garantizar el ejercicio constitucional de este derecho de objeción de conciencia y, a la par, amparar y proteger el valor y las necesidades de defensa durante este período de tránsito.
Nos encontramos, por tanto, ante una reforma cuyas novedades ya han resaltado anteriores portavoces y que supone un avance muy significativo en relación a la actual regulación de la objeción de conciencia.
En cuanto a las enmiendas que permanecen vivas, adelanto que no las vamos a aceptar. Y como quiera que este debate ya se produjo la pasada semana en la Comisión Constitucional, sólo me detendré en realizar alguna valoración o reflexión en relación a aquéllas que considero más relevantes. Comienzo por las presentadas por el Grupo de Izquierda Unida, que pretenden se suprima la obligatoriedad de la prestación social sustitutoria en la medida que consideran que dicha prestación es una sanción que se impone a los objetores, por lo que abogan también por la despenalización de la insumisión. Nosotros no compartimos esa concepción, señor Castellano. Y no la compartimos porque la prestación social sustitutoria no es una sanción sino una obligación que nace, precisamente, del ejercicio del derecho de objeción de conciencia que, como usted sabe muy bien, hemos regulado con la máxima amplitud en cuanto a sus causas, interpretando que es la incompatibilidad entre las actividades militares y las convicciones del ciudadano, y no la naturaleza de dichas convicciones, lo que justifica la exención del servicio militar; exención que, para evitar precisamente discriminaciones entre los ciudadanos en razón de sus creencias e ideologías, lleva pareja la obligación de cumplir una prestación de carácter sustitutorio al servicio militar. Y para dejar de cumplir la prestación social, difícilmente se pueden invocar razones de conciencia, ya que si las obligaciones militares pueden entrar en contradicción con las convicciones del ciudadano, no parece que realizar un actividad o servicio en favor de intereses generales o sociales pueda entrar en contradicción con la conciencia. No parece, o al menos a nuestro grupo no nos lo parece, y por lo que se ve tampoco al Tribunal Constitucional, que ha establecido en reiteradas ocasiones que la Constitución no reconoce a los objetores ningún derecho a negarse a cumplir la prestación social como medio para imponer sus particulares opiniones acerca de la organización de las Fuerzas Armadas o de su radical supresión. ¿Por qué hay que mantener ligada la prestación social al valor de la defensa? Sencillamente, porque cuando un joven es reconocido como objetor no queda exento del deber general de la defensa recogido en el artículo 30; queda exento de una forma del deber, pero no del deber mismo. Por ello, mientras subsista la obligatoriedad del servicio militar, debemos mantener igualmente la obligatoriedad de cumplir una prestación social sustitutoria a dicho servicio.
Tampoco podemos aceptar las enmiendas presentadas por Eusko Alkartasuna.
Señora Lasagabaster, ustedes pretenden que la condición de objetor no precise de reconocimiento sino que se obtenga por la mera declaración formal del joven. Y eso no es posible. No es posible porque vulneraríamos en este punto la doctrina del Tribunal Constitucional que, como usted sabe muy bien, tiene un carácter vinculante para todos los poderes públicos. Así, dicho tribunal estableció, en una célebre sentencia del 27 de octubre de 1987, que el derecho de objeción de conciencia introduce una excepción que ha de ser declarada existente en cada caso, por lo que el objetor no tiene el derecho de abstenerse de un deber sino el derecho a ser declarado exento del mismo. Por ello la objeción de conciencia tiene un carácter no incondicionado, necesitado de su expresión, constatación y reconocimiento, dada la excepcionalidad que supone respecto al deber general. En consecuencia, la condición de objetor no puede obtenerse por la mera declaración, sino a través del reconocimiento por el Consejo Nacional de Objeción de Conciencia, que en ningún caso, para su tranquilidad, podrá entrar a investigar o valorar los motivos alegados por el solicitante.
Respecto al voto particular mantenido por el señor Alcaraz, poco que añadir a la explicación dada por el señor Mardones, que creo que ha sido muy clara y que ha justificado de manera muy razonable los motivos por los que nosotros no hemos ampliado la posibilidad de ejercitar el derecho de objeción de conciencia durante el periodo de permanencia en filas.
De otro lado, la enmienda número 16 del Grupo Nacionalista Vasco (PNV) y el voto particular del Grupo Socialista hacen referencia a un mismo objetivo: que el periodo máximo de disponibilidad sea de un año. Pues bien, señora del Campo, como le recordé la pasada semana en la Comisión Constitucional, ya tuvimos hace un mes ocasión de debatir en este Pleno una proposición no de ley de su grupo que perseguía tal objetivo, si bien le recordaré que con una particularidad. El entonces portavoz del Grupo Socialista, señor Caballero, entendía que, de acuerdo con la vigente legislación, es decir la que ustedes habían elaborado, la duración máxima del periodo de disponibilidad era de 14 meses, pero no porque lo dijera la Ley de objeción de conciencia, que no lo establece, sino consecuencia de la caducidad de los expedientes de objeción iniciados de oficio
en aplicación de la Ley de procedimiento administrativo. No voy a reproducir los argumentos que en su día utilicé en esta tribuna porque están en el «Diario de Sesiones», pero le recordaré uno, dado que ustedes han reiterado el mismo argumento.
Cuando en mayo de 1996 el Partido Popular accede al Gobierno había una bolsa de 130.000 objetores en situación de espera. ¿Sabe cuántos objetores que llevaran más de 14 meses de espera fueron exonerados por la Administración socialista de cumplir con la prestación social sustitutoria, consecuencia de que habían caducado sus expedientes? Ninguno. ¿Por qué? Porque sencillamente ustedes no interpretaban que, de acuerdo con dicha legislación, la que ustedes habían elaborado, se estableciese dicho límite temporal a la situación de espera. De hecho, la Ley de objeción de conciencia del año 1984 no sólo no establecía un límite de 14 meses, es que no establecía ni un año, ni tres, ni cinco, lo que colocaba a muchos objetores en una situación de incertidumbre y de indefensión, que es lo que precisamente ahora queremos corregir. Y si ese argumento no nos parece acertado, mucho menos podemos aceptar aquel que pretende justificar ahora esa medida de la situación de disponibilidad en un año en la existencia actual de un colapso en la gestión de la prestación social, porque esa afirmación, señora del Campo no se sostiene, y me voy a explicar.
Usted mantiene que en la actualidad hay aproximadamente 140.000 objetores en situación de espera, cifra que le corrijo porque no llega ni siquiera a 125.000, pero no olvide que en mayo de 1996 había 130.000 objetores en espera, lo que significa que desde la llegada al Gobierno del Partido Popular la bolsa de objetores no sólo no ha aumentado sino que ha disminuido. Es más, si ustedes no nos hubiesen endosado un volumen tan importante de objetores pendientes de cumplir con la prestación social sustitutoria, al día de hoy prácticamente ningún objetor se encontraría en dicha situación. ¿Cómo hemos podido, en dos años, controlar esa situación, teniendo en cuenta que además ha crecido el número de objetores? La respuesta es muy clara: gestionando bien. Por eso en los dos últimos años se ha incrementado en más de un 50 por ciento el número de puestos de actividad y se ha doblado el número de conciertos y el número de objetores en activo. Es más, han sido llamados a realizar la prestación social sustitutoria en los últimos 20 meses más objetores que en los siete años anteriores.
¿Por qué digo siete y no doce años, si la Ley de objeción de conciencia es de 1984 y han pasado doce años desde 1984 hasta que llegó el Partido Popular al Gobierno en 1996? Simplemente, y yo de eso a usted, señora del Campo, no la hago responsable, porque hubo un tiempo en que la Administración socialista no es que gestionara mal la prestación social, es que no la gestionaba. Le voy a dar un dato que creo que es concluyente. El primer objetor que realizó la prestación social en España, ¿saben cuándo la inició? En abril de 1989, cinco años después de la entrada en vigor de la Ley de 1984, cuando ya había más de 28.000 objetores en espera, a muchos de los cuales, por cierto, los pasaron ustedes directamente a la reserva por vía de decreto. Así que, señora del Campo, no me hable ahora de colapso o de deficiencias en la gestión porque le aseguro que este Gobierno aguanta cualquier comparación en esta materia.
En todo caso, en la medida en que muchos puestos de actividad se desarrollan en administraciones gobernadas por ustedes, con independencia de discrepancias del presente (no lo hago con ánimo de polémica, créame, y menos con usted, que sé que tiene una sensibilidad especial en este tema, sino para que, al menos, todo el mundo conozca la situación de partida en que nos encontramos cuando llegamos al Gobierno), estoy seguro, señora del Campo, de que contaremos con su colaboración y apoyo para seguir mejorando la gestión de la prestación social en los próximos años, dentro del llamamiento al acuerdo que en varias ocasiones le he realizado y hoy le vuelvo a reiterar desde esta tribuna.
¿Por qué no estamos de acuerdo en establecer --voy terminando, señor presidente-- un límite de un año en la situación de espera? Con ello contesto también a la señora Uría. Sencillamente porque supondría un nuevo desequilibrio, esta vez en favor del objetor respecto del joven que realiza el servicio militar. Así, en el servicio militar, desde la clasificación a los 17 años hasta la efectiva incorporación a filas, pueden pasar casi tres años. Esa es la razón, bajo el principio de no discriminación, por la que también establecemos para el objetor un período máximo de tres años en su situación de disponibilidad.
Agradeciendo también, en justa reciprocidad, el talante que han demostrado los señores Mardones y Campuzano renunciando a planteamientos iniciales en aras de un consenso, termino diciendo que esta reforma mejora las condiciones de cumplimiento de la prestación social sustitutoria, cumple con el artículo 30 de nuestra Constitución al regular la objeción de conciencia con las debidas garantías, recoge la doctrina del Tribunal Constitucional en esta materia y elimina la discriminación que hoy sufren los objetores al equiparar los tiempos de cumplimiento del servicio militar y de la prestación social sustitutoria.
En definitiva, es un reforma que, con independencia de su período de vigencia, supone un avance muy importante porque va a afectar a decenas de miles de jóvenes que, estoy seguro, van a saber reconocer y valorar las mejoras que bajo los principios de no discriminación y seguridad jurídica hemos incorporado para la mejor defensa del sistema de derechos y garantías de los objetores de conciencia en España.
Nada más y muchas gracias. (Varios señores diputados: Muy bien.--Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Bermúdez de Castro.
Señora del Campo, tiene la palabra para la réplica. Entiende esta Presidencia que la intervención del señor Bermúdez de Castro ha sido un verdadero turno en contra de las enmiendas. (Rumores.)
La señora DEL CAMPO CASASUS: Va a ser un turno muy breve, señor Bermúdez.
Yo quisiera felicitar a S. S. por el gran logro que según sus cálculos --que no coinciden con los míos, pero algún día confrontaremos cifras con calma-- ha realizado el Gobierno del Partido Popular con ese plan de choque de la prestación social sustitutoria que ha conseguido reducir, en un plazo de más de dos años, la gloriosa cifra de 4.000 objetores de conciencia pendientes de realizar la prestación social sustitutoria; en este caso hablo de sus cifras.
Señor Bermúdez de Castro, seamos serios. Yo creo que lo más claro para refutar los argumentos a que usted se refiere sobre actitudes del Gobierno socialista (de no reconocimiento de caducidad de expedientes, de iniciación tardía de la prestación social sustitutoria debido, sin duda, a que había que elaborar un reglamento, como S. S. no desconocerá), son las palabras que decía en Comisión precisamente el padre de esta criatura, el señor Campuzano, y que son las que explican el fundamento de esta proposición de ley y las que explican el fundamento de la postura del Grupo Socialista.
El señor Campuzano decía que en 1991 el Congreso de los Diputados había aprobado mantener un sistema mixto de reclutamiento y eso creaba un espacio legal, un espacio político y un modelo determinado de defensa y seguridad; que en 1996 el Congreso de los Diputados ha iniciado un proceso de supresión del servicio militar y eso necesariamente condiciona el marco legal que otorguemos a la regulación de la objeción de conciencia.
Lo único que mi grupo pretende es que esta Cámara comprenda íntegramente ese hecho y que adaptemos de verdad el marco legal a una desaparición de la objeción de conciencia sin traumas y sin problemas añadidos.
Señor Castellano.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Con toda brevedad, señor presidente, porque en la argumentación del señor Bermúdez hay una pequeña falacia. Es una auténtica falacia decir que la prestación social sustitutoria no es una sanción porque es un deber dimanante del no cumplimiento de la obligación del servicio militar; no será un deber, será la sanción dimanante del no cumplimiento de la obligación del servicio militar.
Porque si fuera pura y sencillamente un deber no vendría acompañada, como así ha ocurrido a lo largo de los tiempos, ni más ni menos que de la inserción de un delito en el Código Penal y sigue acompañada de la inhabilitación para la ocupación de cargos públicos. ¿Qué deber es ése? Revise usted esa relación de causa efecto porque si seguimos por ese camino va a resultar que los delitos se han convertido todos ellos en deberes incumplidos y entonces sería una teoría con respecto al delito muy peculiar.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Castellano.
El señor BERMUDEZ DE CASTRO FERNANDEZ: Nada nuevo que añadir a lo dicho anteriormente porque en realidad la señora del Campo, que es a quien contesto, no ha establecido ni un solo nuevo argumento. Es evidente que entre 125.000 objetores pendientes, que son los que hoy nosotros tenemos, y 130.000, que fueron los que heredamos, hemos conseguido reducir el número en 5.000 objetores en relación al que nosotros habíamos recogido precisamente de esa herencia. En caso contrario, le vuelvo a reiterar, al día de hoy no nos encontraríamos en una situación tan preocupante como la que usted ha puesto de manifiesto en esa tribuna.
En relación a si nos encontramos ante una sanción o una obligación, es evidente que hay una diferencia de concepción entre el señor Castellano y la nuestra. Es una obligación y, como consecuencia de su incumplimiento, lleva pareja una sanción que está contemplada como delito en el Código Penal, que es muy reciente, de 1995, que castigó con penas privativas de prisión a los que incumplían tanto el servicio militar y la prestación social sustitutoria, en este caso agravada, y eso se deberá a quienes votaron a favor de aquel Código Penal de 1995, no nuestro grupo ni siquiera este diputado que en aquel momento no pertenecía a esta Cámara.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Bermúdez de Castro.
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder a las votaciones correspondientes a este último punto del orden del día.
Votaciones correspondientes a las enmiendas presentadas al dictamen de la Comisión a la proposición
de ley reguladora de la objeción de conciencia y de la prestación social.
Votamos en primer lugar las enmiendas del Grupo Mixto, comenzando por las de la señora Lasagabaster.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304; a favor, ocho; en contra, 287; abstenciones, nueve.
Enmiendas del señor Alcaraz.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304; a favor, seis; en contra, 288; abstenciones, 10.
Enmiendas del Grupo Nacionalista Vasco. En primer lugar, la número 16.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 131; en contra, 166; abstenciones, ocho.
Enmienda número 19, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 12; en contra, 284; abstenciones, 10.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 13; en contra, 289; abstenciones, cuatro.
Voto particular del Grupo Socialista al artículo 8.1 Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 133; en contra, 172; abstenciones, una.
En primer lugar, el artículo 1, apartado segundo.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 293; en contra, 12.
Votación sobre la letra c) del artículo 13.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 294; en contra, 11.
Votación sobre los artículos 6, 7, 9, 10, 11, 12 y 16.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 296; en contra, 10.
Pasamos al artículo 8, párrafo 1, apartado tercero.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 169; en contra, 132; abstenciones, cuatro.
Resto del artículo 8.
Votación de los artículos 17 y 18.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 170; en contra, 10; abstenciones, 125.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 291; en contra, 14; abstenciones, una.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 295; en contra, 11.
Resto del articulado.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 304; en contra, dos.
Exposición de motivos, párrafo tercero.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 169; en contra, 136; abstenciones, una.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304; a favor, 289; en contra, 11; abstenciones, cuatro.
Ha concluido el orden del día. Muchas gracias, señoras y señores diputados.