Source: https://beta.e-justice.europa.eu/contentPresentation.do?clang=es&idCountry=ES&idTaxonomy=405
Timestamp: 2020-02-25 16:31:27
Document Index: 409355730

Matched Legal Cases: ['artículo 17', 'artículo 17', 'artículo 177', 'artículo 229', 'artículo 147', 'artículo 17', 'artículo 10']

1 ¿Es posible obtener pruebas por videoconferencia con la participación de un tribunal del Estado miembro solicitante o directamente por un tribunal de dicho Estado miembro? En caso afirmativo, ¿cuáles son los procedimientos internos o las leyes pertinentes aplicables?
2 ¿Existe alguna restricción en cuanto al tipo de persona a la que puede tomarse declaración por videoconferencia? Por ejemplo, ¿puede sólo interrogarse a los testigos o puede interrogarse también de ese modo a otras personas, tales como expertos o partes?
3 ¿Qué restricciones existen, si las hay, en cuanto al tipo de pruebas que pueden obtenerse por videoconferencia?
4 ¿Existe alguna restricción respecto al lugar en el que la persona debe prestar declaración por videoconferencia, es decir, tiene que ser en un juzgado?
5 ¿Está permitido grabar los interrogatorios por videoconferencia y, en caso afirmativo, se dispone de una instalación a tal efecto?
6 ¿En qué lengua debe llevarse a cabo el interrogatorio: a) cuando la solicitud se hace de conformidad con los artículos 10 a 12, y b ) cuando se realiza una obtención directa de pruebas de conformidad con el artículo 17?
7 ¿En caso de necesitar intérpretes, ¿quién es responsable de proporcionarlos en ambos tipos de interrogatorio y dónde deben estar situados?
8 ¿Qué procedimiento se aplica a las disposiciones necesarias para el interrogatorio y para notificar la fecha y el lugar a la persona que debe prestar declaración? ¿Cuánto tiempo debe concederse al fijar la fecha de la declaración para que la persona reciba la notificación con antelación suficiente?
9 ¿Qué costes se aplican al uso de la videoconferencia y cómo deben pagarse?
10 ¿Qué medidas se aplican, en su caso, para asegurarse de que la persona directamente interrogada por el tribunal solicitante ha sido informada de que la declaración tiene carácter voluntario?
11 ¿Qué procedimiento existe para verificar la identidad de la persona a la que se va a interrogar?
12 ¿Qué requisitos se aplican para la toma de juramento y qué información debe facilitar el tribunal solicitante cuando el juramento sea obligatorio para la obtención directa de pruebas de conformidad con el artículo 17?
13 ¿Qué medidas se aplican para asegurarse de que hay una persona de contacto en el lugar de la videoconferencia con la que pueda comunicarse el tribunal solicitante y una persona que esté disponible el día de la audiencia para hacer funcionar las instalaciones de videoconferencia y para hacer frente a cualquier problema técnico?
14 ¿En su caso, qué información adicional debe facilitar el tribunal solicitante?
Se pueden obtener en las dos modalidades.
- artículo 177 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC ) remisión por la Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en materia civil;
- artículo 229 de la Ley Orgánica del Poder judicial (LOPJ) en lo que respecta al desarrollo de la videoconferencia; La LOPJ, en su apartado 3 permite que las declaraciones, interrogatorios, testimonios, careos, exploraciones, informes, ratificación de periciales y vistas, se puedan realizar a través de videoconferencia, a presencia del Juez o tribunal, con presencia o intervención, en su caso de las partes, asegurando en todo caso la posibilidad de contradicción de las partes y la salvaguarda del derecho de defensa, se practica en audiencia pública salvo en casos excepcionales.
- Reglamento 1/2018 sobre auxilio judicial internacional y redes de cooperación judicial internacional..
Supuestos en que España requiera la colaboración de una autoridad extranjera
En estos casos la Ley 29/2015 tiene un carácter subsidiario, en virtud del principio de primacía del Derecho de la Unión, que da prioridad a la aplicación en esta materia de las normas de la Unión Europea y de los tratados y acuerdos internacionales en los que España sea parte. En el ámbito de la cooperación jurídica internacional en materia civil, las Autoridades Españolas pueden cooperar con las autoridades extranjeras; no se exige reciprocidad, sin embargo el Gobierno puede, mediante Real Decreto, establecer que dichas Autoridades no cooperarán con las Autoridades de un Estado extranjero cuando exista una denegación reiterada de cooperación o prohibición legal de prestarla por las Autoridades de dicho Estado.
Supuesto en que los órganos jurisdiccionales españoles están habilitados para el establecimiento de comunicaciones judiciales directas
Se respetará en todo caso la legislación en vigor en cada Estado. Se entiende por comunicaciones judiciales directas aquéllas que tienen lugar entre órganos jurisdiccionales nacionales y extranjeros sin intermediación alguna. Tales comunicaciones no afectarán ni comprometerán la independencia de los órganos jurisdiccionales involucrados ni los derechos de defensa de las partes.
Las Autoridades Judiciales Españolas denegarán las solicitudes de cooperación jurídica internacional en materia civil , cuando:
a) El objeto o finalidad de la cooperación solicitada sea contrario al orden público;
b) El proceso de que dimane la solicitud de cooperación sea de la exclusiva competencia de la jurisdicción española;
c) El contenido del acto a realizar no corresponda a las atribuciones propias de la autoridad judicial española requerida. En su caso, ésta podrá remitir la solicitud a la autoridad competente, informando de ello a la autoridad requirente
d) La solicitud de cooperación internacional no reúna el contenido y requisitos mínimos exigidos por la Ley 29/2015 para su tramitación;
e) Cuando el Gobierno establezca mediante real decreto, que las autoridades españolas no cooperarán con las autoridades de un Estado extranjero que haya denegado reiteradamente las solicitudes de cooperación o haya fijado la prohibición legal de prestarla por las autoridades de dicho Estado.
No existe ninguna limitación en cuanto a la intervención, bien de las partes del proceso, o de cualquier interviniente en alguna prueba, sean testigos, o peritos; la apreciación de idoneidad, así como de la información suministrada a los peritos quedará a criterio del Juzgado o Tribunal.
Las limitaciones - en todo caso de carácter excepcional y que han de ser establecidas mediante resolución judicial motivada valorando la proporcionalidad de la restricción -, afectan a la protección de derechos fundamentales, o a la protección del superior interés de personas menores de edad.
Se ha de practicar en la sede judicial del Órgano Jurisdiccional, en el que se desarrolla el proceso y ante el que se realiza la prueba en audiencia pública o restringida en casos excepcionales. No existe restricción respecto al lugar en el que se encuentra la persona que debe intervenir en el proceso mediante videoconferencia. El letrado de la administración de justicia del Órgano Jurisdiccional ante el que se desarrolla el proceso debe acreditar, desde la propia sede judicial, la identidad de las personas que intervengan a través de la videoconferencia, mediante la previa remisión o la exhibición directa de documentación o por conocimiento personal.
Sí. Es más, es obligatoria su grabación para su constancia.
Con arreglo a lo establecido en el artículo 147 LEC, las actuaciones orales, en vistas y comparecencias se registrarán en soporte apto para la grabación y reproducción del sonido y de la imagen. Todos los órganos judiciales en España disponen de mecanismos audiovisuales para la grabación de los juicios y de las audiencias. El soporte físico se archiva el formato Dvd bajo la custodia del Letrado de la administración de justicia. Se puede expedir copia a las partes, a su cargo.
Si interviene un Órgano Judicial Español, para la práctica de la actuación procesal y su debida documentación, parece necesario que sea en castellano, salvo que se admita alguna de las lenguas co-oficiales en determinados territorios (Galicia, Cataluña, Valencia, País Vasco), para el caso de que las personas que deban declarar mediante videoconferencia conocieran y quisieran expresarse en dichas lenguas.
En el caso del artículo 17, no existe inconveniente, dado su carácter voluntario para quien se somete a dicha prueba, a que se practique en el idioma del país requirente.
En el ámbito civil, la intervención de intérpretes, tanto durante el acto de juicio, como después, para la documentación de lo realizado si no lo proporcional la parte que va a hacer uso de ellos, se posibilita a través de los servicios de la administración de justicia, transferidos en alguna de las Comunidades Autónomas, en otro caso quien proporciona dichos servicios es el Ministerio de Justicia. El coste de la prestación de dichos servicios, puede atribuirse a la parte que ha sido condenada en costas, modalizado en los casos de reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita.
Bajo el presupuesto de aseguramiento de la efectiva contradicción, el intérprete puede estar situado tanto en la sede del órgano jurisdiccional , como la del lugar donde se encuentra la persona que intervendrá en la audiencia a través de videoconferencia.
En todo caso se le requerirá al intérprete, la prestación de juramento o promesa de decir verdad y que actuará con la mayor objetividad posible, en el cumplimiento de su función .
El procedimiento interno para la práctica de un interrogatorio – en el caso previsto por el artículo 10 del Reglamento - es el contemplado en los artículos 301 y siguientes LEC – tratándose del interrogatorio de las partes -, en los artículos 360 y siguientes – tratándose del interrogatorio de testigos – y 335 y siguiente, respecto a la emisión de dictámenes y su sometimiento a efectiva contradicción en audiencia pública por peritos -.
En principio la videoconferencia no tiene costo, si bien de querer obtenerse copia de la grabación alguna parte interesada deberá facilitar soporte informático, o abonar el importe correspondiente.
Porque se realiza bajo la dirección del Órgano Jurisdiccional Español.
Ver arriba la respuesta a la pregunta 4
El Letrado de la Administración de Justicia del Órgano Jurisdiccional ante el que se desarrolla el proceso, debe acreditar desde la propia sede judicial, la identidad de las personas que intervengan a través de la videoconferencia, mediante la previa remisión o la exhibición directa de documentación o por conocimiento personal.
Es preciso distinguir los siguientes supuestos:
a) A las partes, no se les exige juramento o promesa en la práctica de su interrogatorio, si bien en la comunicación para su verificación, ha de apercibirse al interesado que en caso de incomparecencia injustificada, el tribunal podrá considerar reconocidos los hechos en que dicha parte hubiese intervenido personalmente y cuya fijación como ciertos le sea enteramente perjudicial.
b) A los testigos: antes de declarar, cada testigo está obligado a prestar juramento o promesa de decir verdad, con la conminación de las penas establecidas para el delito de falso testimonio en causa civil, de las que le instruirá el tribunal si manifestare ignorarlas.
Cuando se trate de testigos menores de edad penal, no se les exige juramento ni promesa de decir verdad.
c) A los peritos, al emitir su dictamen, deben manifestar, bajo juramento o promesa de decir verdad, que ha actuado y, en su caso, actuará con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito. Este juramento o promesa se reitera en el acto del juicio cuando somete el dictamen a que contradictorio entre las partes y el propio tribunal.
La gestión de los medios de comunicación audiovisuales se habrá concertado con antelación, y los servicios de la Secretaría del Decanato, o del órgano judicial, habrán establecido el día y hora, así como el lugar en que se practicará la videoconferencia, cuidando de la presencia de personal suficiente para que se lleve a efecto. Normalmente se realizan pruebas previas acerca del correcto funcionamiento de las conexiones y aparatos
Toda aquella que se considere conveniente para la mejor práctica y desarrollo de la diligencia de prueba.