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Timestamp: 2017-12-15 12:10:17
Document Index: 79928502

Matched Legal Cases: ['artículo 56', 'artículo 35', 'artículo 13', 'artículo 11', 'artículo 60', 'artículo 903', 'artículo 9', 'artículo 53', 'artículo 905', 'artículo 9', 'artículo 18', 'artículo 124', 'artículo 8', 'artículo 11', 'artículo 523']

Sentencia T.S. 536/1995, (Sala 1) de 27 de mayo. Vulneración del derecho al honor personal y profesional. Fiscal demandado - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Sentencia T.S. 536/1995, (Sala 1) de 27 de mayo
Derechos fundamentales: Honor personal y profesional. Abogado. Responsabilidad civil de Ministerio Fiscal. Requisitos. Intromisión ilegítima. Inexistencia. Se limitan los demandados a la comprobación de extremos relativos a sanción impuesta a letrado. Juicio oral: Suspensión. Causas. Inhabilitación profesional a letrado con efectos a todo el ámbito nacional. Improcedencia. Falta de prueba contundente.
Primero.-Por la procuradora Doña M.ª Concepción Aporta Estevez, en representación de Don Cesar, se presentó demanda incidental sobre el derecho al honor personal y profesional contra la Excma. Sr.ª Fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Doña Raquel, El Excmo. Sr. Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Don Luis Francisco, y el Ministerio Fiscal, alegando los hechos que en síntesis son los siguientes: los hechos se produjeron durante la celebración del acto de la Vista Oral ante la Sección décima de la Audiencia Provincial de Barcelona en la causa penal n.º 88/84 seguida en el Juzgado de Instrucción n.º 6 de Barcelona, actuando como abogado defensor de los acusados el Sr. Cesar, y en representación del Estado la Excma. Sr.ª Fiscal Sr.ª Raquel . Durante la celebración de la sesión de la vista oral la Sr.ª Raquel planteó la suspensión del juicio habida cuenta de la inhabilitación para el ejercicio profesional a la que se hallaba sujeto el Sr. Cesar de dos años y cuatro meses, por una supuesta sanción impuesta por el Ilustre Colegio de Abogados del Señorío de Vizcaya; el Excmo. Sr. Presidente del Tribunal, no accedió a ello, manifestando que no habiendo tenido conocimiento alguno de que el Sr. Letrado tuviera o hubiese tenido sanción de inhabilitación impuesta que le imposibilitara el ejercicio de la defensa, no procedía dicha suspensión. El Sr. Cesar se puso en contacto con los Decanos de los Ilustres Colegios de Abogados del Señorío de Vizcaya y de Barcelona, manifestándole el primero su sorpresa ante lo injusto e infundado de tal información, confirmándole que ningún expediente sancionador de inhabilitación existía contra el mismo, y el segundo le manifestó su apoyo y colaboración, facilitándole además un certificado fechado, en 21 de junio de 1990, en el que consta: "Certifico: Que de los antecedentes que obran en esta Secretaría aparece que el Letrado Don Cesar fue incorporado a este Ilustre Colegio por la Junta de Gobierno en sesión de 16 de febrero de 1982 y en la actualidad ejerce la profesión de Abogado en esta capital, sujeto al pago de la licencia fiscal correspondiente, ha satisfecho las cuotas y levantado las cargas anejas a su condición de colegiado, sin que de su expediente resulte haberle sido impuesta corrección disciplinaria alguna." El Sr. Cesar considera que es patente que la pretensión de la demandada, Sr.ª Raquel, no es otra distinta a la de dañar y desprestigiar su imagen, creando un ambiente propicio a los bulos y una sombra negativa que menoscabe la credibilidad en su buen nombre como profesional del Derecho en la consideración ajena, con los consiguientes perjuicios. Valorados sopesadamente dichos perjuicios y los daños morales ocasionados, estima que su valoración económica ascendería a una cantidad aproximada de cien millones de pesetas (100.000.000.-ptas), y tras alegar los fundamentos de derecho que estimó de aplicación, terminó suplicando a la Sala se dictara resolución por la que se emplazara a los demandados y al Ministerio Fiscal para que contestaran la demanda; y en su día previos los trámites legales establecidos en la expresada Ley 62/1978 de 26 de Diciembre, se dictara sentencia por la que se declarase la tutela del derecho del actor por la lesión que ha sufrido en su derecho al honor, condenando a los mismos para que, de forma solidaria, y como resarcimiento del daño que se le ha producido, abonen al actor la cantidad de cien millones de pesetas (100.000.000.-ptas), con expresa imposición de las costas a la parte demandada en caso de que se opusiera a las pretensiones contenidas en la demanda.
Segundo.-Emplazados que fueron los demandados, y transcurrido el término del emplazamiento sin que los demandados Doña Raquel y Don Luis Francisco se personaran en autos, fueron declarados en rebeldía.
Tercero.-Conferido traslado al Ministerio Fiscal para la contestación de la demanda, éste lo evacuó en tiempo y forma manifestando la procedencia de la inadmisión a limine de la demanda, y para el supuesto que se admitiera a trámite, contestó de acuerdo con los hechos que en síntesis son los siguientes: En sesión de juicio oral del día 21 de junio de 1990, en sumario 88/84 del Juzgado n.º 6 de Barcelona, el Fiscal que intervenía en la vista, presentó escrito a la Sala interesando la suspensión de las sesiones del Juicio Oral hasta tanto se acreditara si la anción de suspensión en el ejercicio profesional por dos años y nueve meses impuesta al Letrado que ejercía la defensa, había sido cumplida con anterioridad a la tramitación del recurso contencioso-administrativo que confirmaba dicha sanción o el Tribunal correspondiente había cursado los oficios correspondientes para la ejecución de dicha sentencia; aporta fotocopia de dicho escrito, fotocopias de la sentencia de la entonces Sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Territorial de Bilbao, recurso n.º 298/85, confirmatoria del acuerdo del Consejo General de la Abogacía Española de 28 de enero de 1985, confirmatoria del de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados del Señorío de Vizcaya de 5 de septiembre de 1984 que sancionaba al Letrado como autor de una falta disciplinaria muy grave y tres graves con suspensión en el ejercicio profesional por dos años y nueve meses, así como la sentencia de la Sección Sexta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de fecha 3 de abril de 1990 que confirmaba la anterior. Por providencia de 22 de junio de 1990, la Sala de lo Contencioso- Administrativo de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en recurso 298/85 en el que se había dictado la sentencia confirmada por el Tribunal Supremo, acordaba el cumplimiento de la misma e interesaba del centro de origen del expediente que le comunicara la liquidación efectuada en el cumplimiento de la sanción impuesta y que en el recurso de amparo interpuesto contra la sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 3 de abril de 1990, la Sección cuarta de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional acordó el 26 de noviembre de 1990, la inadmisión del recurso de amparo. Y tras alegar los fundamentos de derecho que consideró aplicables, solicitó se dictara sentencia desestimando la demanda, con imposición de las costas al demandante.
Cuarto.-Recibidas las actuaciones a prueba por término de veinte días se practicaron las propuestas por las partes, consistentes en documentales, una consistente en la documental aportada en autos y otra que se oficiara al Colegio de Abogados de Barcelona, al del Señorío de Vizcaya y al Consejo General de la Abogacía certificación de encontrarse el actor suspendido en el ejercicio de su profesión por el día 21 de junio de 1990, y de confesión judicial de los demandados por la parte actora; y documentales, una de los testimonios que obran en autos y otra que certifique y remita el Consejo General de la Abogacía Española su acuerdo de 6 de junio de 1986, por parte del Ministerio Fiscal, con el resultado que obra en autos.
Quinto.-Para la votación y fallo del presente procedimiento, se señaló el día 22 de mayo de 1995 en que ha tenido lugar.
Primero.-El mérito del presente proceso se contrae a establecer si el honor del demandante (bajo su aspecto de prestigio profesional) fue indebidamente menoscabado cuando con las demás declaraciones y condenas inherentes al caso, con ocasión, de juicio oral, comenzado en Barcelona, el día 21 de junio de 1990, en el que el expresado actor actuaba como abogado defensor de los acusados, la demandada, Doña Raquel, Fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que ejercía la acusación pública, solicitó que, con carácter previo, se tratara y resolviera sobre su petición de suspensión del juicio, tomando en consideración la posible inhabilitación para el ejercicio profesional a que se hallaba sujeto el demandante Don Cesar, como consecuencia de una sanción de dos años y cuatro meses impuesta por el Ilustre Colegio de Abogados del Señorío de Vizcaya. La demanda se dirige también contra Don Luis Francisco, Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en atención a que de acuerdo con la estructura orgánica del Ministerio Fiscal, como superior jerárquico de la primera, resulta, con ella, responsable solidario civil.
Segundo.-La pretensión referida se condujo por el cauce procesal que determina la disposición transitoria 2.ª de la Ley Orgánica 1/1982 de 5 de mayo, mediante demanda presentada ante los Juzgados de Primera Instancia de Barcelona, lo que originó, previo planteamiento de la oportuna cuestión de competencia por el Ministerio Fiscal que esta Sala estableciera su propia competencia para conocer asuntos de esta naturaleza de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 56.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial al ostentar la categoría de Fiscal de Sala uno de los demandados, categoría a la que Don Luis Francisco fue promovido por R.D. de 17 de julio de 1987 -Decreto n.º 933 para que desempeñara el cargo de Fiscal Jefe de la entonces denominada Audiencia Territorial de Barcelona. Hoy es notorio que ocupa el cargo de Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y el artículo 35.2 del Estatuto Orgánico del Ministerio de 30 de diciembre de 1981 determina que los Fiscales Jefes de los Tribunales Superiores de Justicia tienen categoría equiparada a la del respectivo Presidente, estableciendo el artículo 13.1 de la Ley de Demarcación y Planta de 28 de diciembre de 1988, en relación con su Anexo IV, que dichos Presidentes tienen la consideración de Magistrados del Tribunal Supremo. La parte actora ha formulado de nuevo la demanda ante este órgano jurisdiccional por igual vía procesal que la anterior.
Tercero.-En el escrito de contestación el Ministerio Fiscal pidió la inadmisión "a límine" de la demanda, pues, con independencia de otros defectos formulados, entiende que la demanda incurre en los supuestos previstos en el artículo 11.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, dado que con el solo soporte de unas simples fotocopias de unos recortes de prensa en los que se recoge lo que el demandante tuvo a bien manifestar a la misma, con ocasión de la solicitud de suspensión de un juicio oral, realizada por el Fiscal que actuaba en la misma, se acusa al Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y a la Fiscalía General del Estado de un "montaje" premeditado dirigido al desprestigio profesional del demandante. Esa grave aseveración no tiene más apoyo probatorio que los referidos recortes de prensa, en el primero de los cuales el propio demandante admite la existencia de una sentencia del Tribunal Supremo de abril de 1990 -la petición de suspensión del juicio oral fue, según el demandante, el 21 de junio del mismo año- en la que se confirman los hechos, tachados de falsos en la demanda, que debieron mover al representante del Ministerio Público a solicitar la suspensión del juicio oral, en el estricto ejercicio de su función, solicitud que necesariamente había de ser pública y fundada.
Cuarto.-Aunque la posibilidad de repeler "in límine" la demanda fue admitida por la Sala Primera del Tribunal Supremo en el auto de 8 de abril de 1992, dictado en el recurso 1.884/91, auto en que se rechazaba la admisión a trámite de la demanda precisamente por incurrir en manifiesto abuso de derecho y fraude de ley, la circunstancia evidente de no haber procedido conforme a las disponibilidades del precepto invocado, indica que el criterio de la Sala se ha inclinado, en este caso, por la prevalencia del principio "pro actione", no obstante, tomar en cuenta a efectos de su mejor ilustración para resolver los razonamientos expuestos por el Ministerio Fiscal.
Quinto.-Invocada, como defecto formal, la excepción de inadmisión de procedimiento debe resolverse sobre tal cuestión anticipadamente, a la entrada en el examen del fondo del asunto. Sostiene, en efecto, el Ministerio Fiscal la concurrencia de la expresada excepción "al tratarse de una demanda sobre responsabilidad civil de dos funcionarios de la Carrera Fiscal a los que se reclaman cien millones de pesetas por actos realizados en el ejercicio de sus funciones. El artículo 60 del Estatuto del Ministerio Fiscal de 30 de diciembre de 1981 se remite a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial respecto de la responsabilidad civil de Jueces y Magistrados y los artículos 411 y siguientes de la referida Ley Orgánica nada dicen en cuanto al procedimiento a seguir para la reclamación de dicha responsabilidad. Ello nos lleva a la aplicación del artículo 903 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, precepto que determina la utilización del juicio ordinario y no el de los incidentes". Y cierto es que, desde una perspectiva rigurosa la tesis se ajusta plenamente a las disposiciones legales. Pero un análisis ponderado del problema ha de llevar, sin embargo, a esta Sala a mantener que el procedimiento elegido no invalida la conducción procesal de la pretensión deducida por la parte actora. Son factores, en este sentido, a tomar en consideración: a) la relativización creciente que se observa en las directrices jurisprudenciales en torno al valor de esta excepción, si el procedimiento elegido, aunque no sea exactamente el adecuado cumple su finalidad en relación con la cuestión debatida; b) la flexibilidad de criterio que tiene que utilizarse en esta materia, y, que por ello, debe favorecer interpretaciones que se inclinen en pro de la economía procesal, ante las inevitables dudas que muchas veces suscita entre los profesionales la elección de un determinado procedimiento a causa de las superposiciones históricas que ofrece nuestra legislación procesal y, como consecuencia, también de la desmedida proliferación de procedimientos especiales permanentemente en auge, con grave peligro para la racionalidad del sistema procesal; c) la dicción del artículo 9.1 de la Ley Orgánica 1/1982 de 5 de mayo que admite frente a la tutela judicial que puede recabarse por las vías procesales ordinarias, también, la reclamación por el procedimiento previsto en el artículo 53.2 de la Constitución Española, que de acuerdo con la Disposición Transitoria segunda es el elegido por el demandante; d) la consideración formal de que el procedimiento en cuestión contiene las garantías procesales necesarias para el desenvolvimiento de la pretensión, sin que haya lugar a indefensión. En consecuencia, se desestima la excepción.
Sexto.-Opone, también, el Ministerio Fiscal la excepción de prescripción por razón de lo previsto en el artículo 905 de la Ley de Enjuiciamiento Civil al haber transcurrido de sobra los seis meses establecidos en dicho precepto desde la ocurrencia de los hechos y la presentación de la demanda, sin que la expresada prescripción se haya interrumpido por la no acreditada interposición de una demanda ante Tribunal que carecía de competencia objetiva, contrariamente a lo que tiene declarado la Sala Primera del Tribunal Supremo en relación a la competencia territorial. No obstante, a este Tribunal consta por invocación de su sentencia n.º 454 bis de 10 de mayo de 1993 que la demanda, en efecto, se presentó con anterioridad ante el órgano jurisdiccional incompetente, mas, en atención a argumentos de máxima defensión y dado que la ley cuya aplicación se solicita es de carácter especial y muy posterior a la Ley de Enjuiciamiento Civil, cabe que la prescripción de la pretensión ejercitada origine dudas por mor de lo dispuesto en el artículo 9.5, cuyo plazo se extiende a cuatro años, razones que obligan a desestimar la excepción ya que como tiene reiteradamente declarado la jurisprudencia de esta Sala la prescripción no es una cuestión de justicia intrínseca y, por ello, debe interpretarse restrictivamente.
Séptimo.-Alega el demandante (hecho 1.º del escrito de demanda) que la Sr.ª Fiscal (demandada) "no sólo afirmó sin certeza alguna" que el Sr. Cesar se hallaba inhabilitado sino que, además, "sin razón lógica y por su propio arbitrio y criterio, entiende que ha de extenderse el efecto de dicha hipotética sanción al territorio jurisdiccional de los Tribunales de Barcelona". Mas probado consta que ni la sanción fue hipotética, ni la posible extensión de la misma a mayor ámbito territorial, argucia de la acusación pública. En efecto, por sentencia del Tribunal Supremo, correspondiente a la Sala Tercera, de fecha 3 de abril de 1990, según consta acreditado, fue desestimado el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de Don Cesar contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Territorial de Bilbao de 12 de mayo de 1986, cuyo fallo textualmente dice: " desestimando el presente recurso número 298 de 1985, interpuesto por la procuradora Sr.ª Rodríguez Molinero en representación de Don Cesar,contra el acuerdo del Consejo General de la Abogacía Española de 28 de enero de 1985, confirmatorio del de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados del Señorío de Vizcaya de 5 de septiembre de 1984, que sancionó al recurrente como autor de una falta disciplinaria muy grave y tres graves, previstas en el Estatuto General de la Abogacía, con suspensión en el ejercicio procesional por dos años y nueve meses, respectivamente, declaramos ajustados a derecho tales actos impugnados, confirmándolos íntegramente, sin hacer expresa imposición de costas". Posteriormente, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional (auto de 26 de noviembre de 1990) inadmitió el recurso de amparo, promovido por le demandante, contra la referida sentencia al considerar que debía reputarse su demanda "carente manifiestamente de contenido que justifique una decisión sobre el fondo de la misma" por parte de aquel. Pero, además, consta igualmente acreditado que el Consejo General de la Abogacía Española había adoptado, con fecha 6 de junio de 1986, precisamente a propuesta del Sr. Consejero Decano del Ilustre Colegio de Abogados del Señorío de Vizcaya acuerdo sobre la "eficacia de las sanciones en todo el territorio nacional" del que transcribimos por su interés literalmente algunos de sus párrafos: "Vista la propuesta formulada por el Sr. Consejero Decano del Ilustre Colegio de Abogados del Señorío de Vizcaya, en orden a la eficacia, en todo el territorio nacional, de las sanciones disciplinarias impuestas por un determinado Colegio, confirmada por el Consejo General de la Abogacía Española y en vía jurisdiccional en primera instancia, el Consejo acuerda, por unanimidad, dar traslado a todos los Colegios de abogados de España, de la siguiente resolución. Gravita sobre las Juntas de Gobierno de los Colegios el ejercicio de la potestad disciplinaria, delegada en los Colegios por el Estado para que, a través de la misma, se depuren las responsabilidades en que puedan incurrir los Abogados en el ejercicio de su profesión. Todo ello tiene el objetivo final de proteger al justiciable frente a situaciones en las que pudiera causársele lesión como consecuencia de la actuación de los Abogados y obtener, en todo caso, una más recta y eficaz administración de la Justicia". "Por todo ello, este Consejo General, en sesión celebrada el día 6 de junio del presente año, por unanimidad, se acuerda hacer presente a todos los Colegios que las sanciones disciplinarias que, impliquen cesación temporal o definitiva del ejercicio profesional, deberán surtir efecto en todo el ámbito del Territorio Nacional, recordándoles, al mismo tiempo, que deberán dar cuenta al Consejo General de la Abogacía Española de la imposición de tales sanciones. Asimismo, el Consejo General de la Abogacía, cuando concierne en vía de súplica de los recursos en materia disciplinaria, notificará igualmente a todos los Colegios las resoluciones adoptadas, si implicaran sanción".
Octavo.-Claro resulta, pues, que las prevenciones manifestadas por la Sr.ª Fiscal, respecto de la habilitación legal del Letrado actuante con fecha 21 de junio de 1990 en juicio oral, a celebrar en Barcelona, estaban seria y razonablemente fundadas. Su escrito de ese mismo día, deja cumplidamente acreditada la legalidad de su proceder pues noticiosa de la sentencia del Tribunal Supremo ya referida, lo que intenta es que se justifique por el medio más rápido "si se han cursado los oficios correspondientes para la ejecución de dicha sentencia o, en su caso, si dicha sanción pudiera estar cumplida previamente durante la tramitación del recurso contencioso- administrativo..." Con toda razón el Sr. Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Don Luis Francisco, al absolver la posición cuarta del pliego de posiciones declara: "precisamente en orden a conocer el alcance y la efectividad de la sanción impuesta al Sr. Cesar, van dirigidas las diligencias interesadas por la Sr.ª Raquel al comienzo del juicio oral correspondiente al sumario 88/96 del Juzgado de instancia número seis de Barcelona ante la Sección 10.ª de la Audiencia Provincial". La decisión de la Audiencia Provincial de celebrar y continuar el juicio, en nada desvirtúa la legitimidad y profesionalidad de la actuación del Ministerio Fiscal que no siempre, dado el carácter dialéctico del proceso y la naturaleza supraordenada a las partes del órgano jurisdiccional, -que resuelve con independencia-, tiene que ver acogidas sus peticiones, pues otros razonamientos y criterios pueden prevalecer sobre los suyos.
Noveno.-La protección civil que se otorga al derecho fundamental al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen (en nuestro caso se trata del prestigio profesional que forma parte de la reputación, fama, y, por ello, del honor), que garantiza el artículo 18 de la Constitución Española, exige un "prius" inexcusable, que equivale a un presupuesto de derecho material: la existencia de una "intromisión ilegítima". Sólo en virtud de una intromisión que tenga este carácter nace o emerge el derecho a la protección. En el caso, ninguna duda cabe sobre la legitimidad de la actuación del Ministerio Fiscal. Como expresa la contestación a la demanda el "menoscabo que el demandante alega haber sufrido en su honor personal y profesional, nunca puede derivarse de una estricta actuación profesional ajustada a Derecho y razonablemente fundada de quien tenía la representación del Ministerio Fiscal en determinado juicio oral". Tan fundada, que, según certificación expedida por la Secretaría de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados del Señorío de Vizcaya, en fecha 28 de octubre de 1994, que da cuenta de las causas de suspensión del cumplimiento de la sanción "el Colegio de Abogados en resolución de 23 de noviembre de 1992, acordó considerar cumplida la sanción que pudiera quedar pendiente". La actividad, por tanto, de los Fiscales demandados, se adecúa, en todo, a la misión constitucional que tienen encomendada de "promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la Ley." (artículo 124.1 de la Constitución Española). No puede, en consecuencia, reputarse "intromisión ilegítima" la petición de comprobación de los extremos relativos a la sanción impuesta al Colegiado Sr. Cesar y de su extensión a otros ámbitos así como de los aspectos relativos al cumplimiento de la referida sanción. Estamos, en definitiva, en presencia de "actuaciones autorizadas o acordadas por la autoridad competente de acuerdo con la ley", y ello con independencia de que el Tribunal no las considerara necesarias. Por consiguiente es de aplicación lo dispuesto en el artículo 8.1 de la Ley Orgánica 1/1982 de 5 de mayo. Huelga, por tanto, examinar cuestiones como la relativa a perjuicios o indemnizaciones por razón de daños.
Décimo.-Los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica, conforme a los que el Ministerio Fiscal ejerce sus funciones por medio de órganos propios no autorizan sin más a que las reclamaciones o quejas dirigidas contra un miembro del Ministerio Fiscal, deriven necesariamente hacia una reclamación idéntica contra el superior jerárquico de éste, pues, como expresa, el Sr. Luis Francisco, al absolver posiciones, "estos principios son compatibles con la autonomía del Ministerio Fiscal y de sus miembros en el ejercicio de su función y en particular en el acto del juicio oral, salvo que en algún momento mediaran órdenes expresas verbales o escritas", respuesta absolutamente coherente con las vigentes disposiciones del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. En el caso concreto, el Sr. Luis Francisco asume personalmente el respaldo a la actuación de la Sr.ª Fiscal en el asunto origen de la reclamación, Ni aún así, sin embargo, está justificado este singular litisconsorcio pasivo que constituye el demandante, pues la responsabilidad de cada miembro del Ministerio Fiscal es personal, propia, e indivisible, salvo que acredite sus razonables discrepancias previas con el cumplimiento de una orden superior, en cuyo supuesto puede eximirse de responsabilidad o atenuarla compartiéndola.
Undécimo.-La conducta procesal del demandante se ha reflejado en una serie de imputaciones infundadas sobre los demandados. Achaca a la representante del Ministerio Fiscal "verter de forma tan irresponsable y con tal tranquilidad, una información calumniosa e inventada", con el "único y exahustivo propósito de derribar la figura de un abogado de reconocido prestigio". Atribuye de manera gratuita la intervención del Ministerio Fiscal, "a un montaje premeditado tendente a lograr el desprestigio profesional" del demandante "fruto de la evidente animadversión y manifiesta enemistad que le profesan los miembros de la Fiscalía general" como consecuencia de haber ejercitado la acción popular contra un Fiscal y relaciona sus críticas con el Fiscal General del Estado y, a su vez, con los demás miembros del Ministerio Fiscal. Esta conducta, desdeluego, sin perjuicio de las acciones que contra el mismo procedan, revelan en el orden procesal civil, que la parte actora no ha respetado "las reglas de la buena fe", conforme al artículo 11.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y ha actuado con temeridad manifiesta, razón que, por sí sola, justificaría la imposición de costas, que, a mayor abundamiento, procede conforme a lo dispuesto por el artículo 523 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Declaramos, con desestimación de las excepciones de inadecuación de procedimiento y de prescripción de la acción, que no ha habido, por razón de los hechos a que se contrae la demanda formulada por Don Cesar contra la Sr.ª Fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Doña Raquel y el . Sr. Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Don Luis Francisco y el Ministerio Fiscal, intromisión ilegítima alguna en el honor de Don Cesar y, en consecuencia, que procede la plena absolución de los demandados, con imposición de costas al demandante.