Source: https://www.wcl.american.edu/humright/repertorio/art25.cfm
Timestamp: 2017-04-26 04:05:30
Document Index: 281876870

Matched Legal Cases: ['Artículo 25', 'artículo 25', 'artículo 8', 'artículo 25', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 25', 'artículo 25', 'artículo 6', 'artículo 25', 'artículo 21', 'artículo 25', 'artículo 25', 'artículo 1']

Artículo 25Protección Judicial
25.0.1. general 25.1.1. "[d]erecho a un recurso sencillo y r�pido o a cualquier otro recurso efectivo" 25.1.1.1. general
25.1.1.2. recurso de amparo 25.1.1.2.1. inderogabilidad del recurso de amparo 25.1.1.3. recurso efectivo 25.1.1.3.1. recurso efectivo como garant�a judicial inderogable en estado de emergencia 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.
25.0.1. general
63. Finalmente, la Comisión, también denunció una presunta violación de los artículos 2 y 25 de la Convención, en los términos que seguidamente se transcriben:
Las violaciones a los derechos humanos de las autoridades militares de Suriname frente a las cuales la población se encuentra en indefensión plena, como es el caso del señor Gangaram Panday, configura una violación clara de la obligación de protección judicial [...]
65. Pero, además, en el caso sub judice, evaluadas como han sido las distintas pruebas promovidas y evacuadas por las partes, consta lo siguiente:
a. Que en el Primer y Segundo Informes sobre la Situación de los Derechos Humanos en Suriname, correspondientes a los años 1983 y 1985, la Comisión declara haber constatado que "el Gobierno de Suriname continúa violando diversos derechos humanos fundamentales establecidos en la Declaración Americana", más, en su Informe Anual 1987-1988, aprobado por la Comisión en su 74 período de sesiones, se reconoce expresamente que
b. Que la señora Dropatie Sewcharan, viuda de la víctima, interpuso denuncia sobre los hechos a que se contrae este expediente por ante el Procurador General de la Corte de Justicia, en Paramaribo, el 11 de noviembre de 1988.
c. Que el hermano de la víctima, Leo Gangaram Panday, en su deposición ante la Corte y a la pregunta sobre si "¿[h]a experimentado usted falta de cooperación de las autoridades de Suriname en su esfuerzo para lograr justicia?", respondió "yo dejé todo en manos de mi abogado". Y, seguidamente, al ser interpelado sobre si "[ha] sido posible obtener decisiones en Suriname sobre este caso", se limitó a señalar vagamente "[n]o volví a oír nada sobre el asunto".
d. Que en la nota suscrita por el Ministro de Justicia y Policía de Suriname, remitida a la Comisión el 2 de mayo de 1989 ante el requerimiento realizado por ésta en su nota de 6 de febrero de 1989, se afirma que:
[E]l Fiscal General dio la orden de que se realizara una autopsia; el Fiscal General [...] investigó las circunstancias y las razones de la detención; [q]ue además de lo que antecede, el Departamento de Investigación Técnico Penal y el Departamento de Identificación elaboraron un informe; [y,] [q]ue el Fiscal General había considerado necesario investigar la posibilidad de que el Oficial de la Policía Militar [...] fuera culpable de privación ilegítima de la libertad o de detención ilícita.
66. La afirmación de la Comisión, en los considerandos de su resolución sobre el presente caso de que el Gobierno "promulgó un Decreto de amnistía liberando a todos los culpables de responsabilidad criminal", no cuenta con otro respaldo en el expediente que el mero dicho de la parte acusadora.
Corte I.D.H., Caso Gangaram Panday, Sentencia del 21 de enero de 1994, Serie C No 16, párrs. 63-67.
25.1.1. "[d]erecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo" 25.1.1.1. general
los Estados Partes se obligan a suministrar recursos judiciales efectivos a las víctimas de violación de los derechos humanos (art. 25), recursos que deben ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal (art. 8.1), todo ello dentro de la obligación general a cargo de los mismos Estados, de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción (Casos Velásquez Rodríguez, Fairén Garbi y Solís Corrales y Godínez Cruz, Excepciones Preliminares, Sentencias del 26 de junio de 1987, párrs. 90, 90 y 92, respectivamente). . . .
Corte I.D.H., Garantías Judiciales en Estados de Emergencia (Arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana Sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987, Serie A No 9, párrs. 23-24.
Corte I.D.H., Caso Caballero Delgado y Santana, Sentencia del 8 de diciembre de 1995, Serie C No 22, párr. 66.
89. El artículo 25 de la Convención regula el recurso sencillo y rápido que ampare a los lesionados por las violaciones de sus derechos consagrados por la misma Convención. En el presente caso la Comisión ha señalado la posible violación de los derechos procesales del señor Raymond Genie Peñalba protegidos por el artículo 8.1 de la Convención en el curso de un proceso penal pero no la inexistencia o ineficacia de este recurso, ni siquiera su interposición, y por consiguiente, la Corte considera que el artículo 25 de la Convención no ha sido violado (supra 73).
Corte I.D.H., Caso Genie Lacayo, Sentencia del 29 de enero de 1997, Serie C No 30, párr. 89.
19. El origen - poco conocido - de esta garantía judicial es latinoamericano: de su consagración originalmente en la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre (de abril de 1948), fue transplantada a la Declaración Universal de los Derechos Humanos (de diciembre de 1948), y de ahí a las Convenciones Europea y Americana sobre Derechos Humanos (artículos 13 y 25, respectivamente), así como al Pacto de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas (artículo 2(3)). Bajo la Convención Europea de Derechos Humanos, en particular, ha generado una considerable jurisprudencia, a la par de un denso debate doctrinal.
21. Los artículos 25 y 1 (1) de la Convención se reforzan mutuamente, en el sentido de asegurar el cumplimiento de uno y de otro en el ámbito del derecho interno. Los artículos 25 y l ( l ) requieren, conjuntamente, la aplicación directa de la Convención Americana en el derecho interno de los Estados Partes. En la hipótesis de supuestos obstáculos de derecho interno, entra en operación el artículo 2 de la Convención, que requiere la armonización con ésta del derecho interno de los Estados Partes. Estos últimos se encuentran obligados, por los artículos 25 y l (l) de la Convención, a establecer un sistema de recursos internos sencillos y rápidos, y a dar aplicación efectiva a los mismos. Si de facto no lo hacen, debido a supuestas lagunas o insuficiencias del derecho interno, incurren en violación de los artículos 25, 1(1) y 2 de la Convención.
Voto Disidente del Juez A. A. Cançado Trindade, Corte I.D.H., Caso Genie Lacayo, Resolución del 13 de septiembre de 1997, párrs. 18-21.
25.1.1.2. recurso de amparo
32. E1 artículo 25.1 de la Convención dispone . . . .
Corte I.D.H., El Habeas Corpus Bajo Suspensión de Garantías (Arts. 27.2, 25.1 y 7.6 Convención Americana Sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-8/87 del 30 de enero de 1987, Serie A No 8, párrs. 32-34.
25.1.1.2.1. inderogabilidad del recurso de amparo en estado de emergencia
Corte I.D.H., El Habeas Corpus Bajo Suspensión de Garantías (Arts. 27.2, 25.1 y 7.6 Convención Americana Sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-8/87 del 30 de enero de 1987, Serie A No 8, párrs. 27-31.
Corte I.D.H., El Habeas Corpus Bajo Suspensión de Garantías (Arts. 27.2, 25.1 y 7.6 Convención Americana Sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-8/87 del 30 de enero de 1987, Serie A No 8, párr. 32.
Corte I.D.H., Garantías Judiciales en Estados de Emergencia (Arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana Sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987, Serie A No 9, párr. 32.
Corte I.D.H., El Habeas Corpus Bajo Suspensión de Garantías (Arts. 27.2, 25.1 y 7.6 Convención Americana Sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-8/87 del 30 de enero de 1987, Serie A No 8, párrs. 42-43.
Corte I.D.H., Garantías Judiciales en Estados de Emergencia (Arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana Sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987, Serie A No 9, párr. 33.
Corte I.D.H., Caso Loayza Tamayo, Sentencia de 17 de septiembre de 1997, Serie C No 33, párr. 50.
Corte I.D.H., Garantías Judiciales en Estados de Emergencia (Arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana Sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987, Serie A No 9, párr. 25.
Corte I.D.H., Garantías Judiciales en Estados de Emergencia (Arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana Sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987, Serie A No 9, párr. 30.
25.1.1.3. recurso efectivo
24. El artículo 25.1 incorpora el principio, reconocido en el derecho internacional de los derechos humanos, de la efectividad de los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar tales derechos. Como ya la Corte ha señalado, según la Convención los Estados Partes se obligan a suministrar recursos judiciales efectivos a las víctimas de violación de los derechos humanos (art. 25), recursos que deben ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal (art. 8.1), todo ello dentro de la obligación general a cargo de los mismos Estados, de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción (Casos Velásquez Rodríguez, Fairén Garbi y Solís Corrales y Godínez Cruz, Excepciones Preliminares, Sentencias del 26 de junio de 1987, párrs. 90, 90 y 92, respectivamente).
Corte I.D.H., Garantías Judiciales en Estados de Emergencia (Arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana Sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987, Serie A No 9, párr. 24.
52. La Corte considera que, de acuerdo con el artículo 6 del Decreto-Ley N· 25.659 (delito de traición a la patria), la señora María Elena Loayza Tamayo no tenía derecho a interponer acción de garantía alguna para salvaguardar su libertad personal o cuestionar la legalidad de su detención (supra párr. 46. c), independientemente de la existencia o no del estado de suspensión de garantías.
Corte I.D.H., Caso Loayza Tamayo, Sentencia de 17 de septiembre de 1997, Serie C No 33, párrs. 52-55.
80. Por lo que respecta a la infracción al artículo 25 de la Convención sobre protección judicial, las partes formularon los siguientes argumentos:
a. En su demanda, la Comisión consideró que el derecho previsto en el artículo citado obliga al Estado a proveer un recurso efectivo y que dicho deber "fue violado en el Perú a través de diversas acciones estatales que impidieron [la libertad del señor Castillo Páez] y provocaron en última instancia la impunidad."Como fundamento, la Comisión señaló la sentencia de 19 de agosto de 1991, en la cual el Décimo Cuarto Juzgado Penal del Distrito Judicial de Lima se refirió a la desaparición de Ernesto Rafael Castillo Páez, la cual se produjo luego de haber sido arrestado por efectivos de la policía nacional.
b. La Comisión señaló que las acciones de los agentes del Estado impidieron un recurso efectivo. Asimismo, expresó que aunque el Estado está obligado a garantizar el cumplimiento por las autoridades competentes de todos los fallos y decisiones judiciales, la acción de hábeas corpus, la idónea en este caso, "demostró ser ineficaz para determinar [el] paradero y liberación" de la víctima. Según la Comisión "la Corte Suprema de Justicia carecía de competencia para conocer, en tercera instancia, sobre la acción de hábeas corpus, en virtud de la prohibición del artículo 21 de la Ley 23506". De acuerdo con dicho artículo "la interposición del recurso de nulidad no le está permitida a la parte que es causante de la violación del derecho que se alega". Agregó que "la policía se negó a cooperar con el esclarecimiento de la desaparición proveyendo a la Juez con libros fraguados en una clara obstrucción de la justicia".
c. Durante la audiencia pública celebrada el 6 y 7 de febrero de 1996, el Estado, en su
contrainterrogatorio a la Jueza Minaya Calle, enfatizó que el tomar declaraciones de testigos en forma anónima constituye una anomalía no permisible bajo el Código Procesal Penal. Al responder las preguntas formuladas por el agente del Estado, la Jueza declaró que su visita al lugar no fue para recibir testimonios sino sólo para redactar un acta y confirmó que identificó a los declarantes pero que por su seguridad no los mencionó en el acta y que esto no constituye una anomalía; que el hábeas corpus no tuvo efecto y que, tanto de su experiencia judicial en la que ha tramitado gran cantidad de recursos de hábeas corpus, como del conocimiento que ha tenido de otros, ninguno tuvo resultado en casos de desapariciones forzadas de personas. El Estado también hizo notar que no había prueba alguna contra el Ministro del Interior y las otras personas nombradas en el recurso de hábeas corpus a lo que la Jueza respondió que, al tratarse de instituciones en donde existen jerarquías, la responsabilidad recae en el funcionario de mayor rango.
d. Respecto de la supuesta violación del citado artículo 25 de la Convención, el Perú, en su contestación de la demanda, negó que hubiese obstrucción de la investigación o irregularidades en el proceso. Detalló las acciones tomadas en las investigaciones judiciales hasta la fecha de la presentación de su escrito de alegatos finales y reiteró la falta de agotamiento de los recursos internos. Además señaló las acciones tomadas por las autoridades competentes en la determinación y ubicación del paradero del señor Castillo Páez.
81. La Corte considera que el recurso interpuesto por los familiares del señor Castillo Páez en contra de su detención (hábeas corpus) fue obstaculizado por agentes del Estado con la adulteración del registro de ingreso de detenidos, lo cual impidió localizar al agraviado (supra, párr. 30.d. y 58) y, aunque el hábeas corpus fue resuelto favorablemente en dos instancias, la Corte Suprema de Justicia, en su sentencia de 7 de febrero de 1991, declaró la nulidad del fallo.
84. Habiendo quedado demostrado, como antes se dijo (supra, párr. 71), que la detención del señor Castillo Páez fue realizada por miembros de la Policía del Perú y que, por tanto, se encontraba bajo la custodia de ésta, la cual lo ocultó para que no fuera localizado, la Corte concluye que la ineficacia del recurso de hábeas corpus es imputable al Estado, configurando con ello una violación del artículo 25 de la Convención en relación con el artículo 1.1.
Corte I.D.H., Caso Castillo Páez, Sentencia de 3 de noviembre de 1997, Serie C No 34, párrs. 80-84.
Corte I.D.H., Caso Suárez Rosero, Sentencia de 12 de noviembre de 1997, Serie C No 35, párr. 65.
61. La Comisión alegó que el Ecuador violó los artículos 7.6 y 25 de la Convención Americana al negar al señor Suárez Rosero el derecho de hábeas corpus. Sobre este punto, la Comisión señaló que el recurso de hábeas corpus interpuesto por el señor Suárez Rosero el 29 de marzo de 1993 fue resuelto en el lapso excesivo de catorce meses y medio después de su presentación, lo que es claramente incompatible con el plazo razonable establecido por la misma legislación ecuatoriana. Agregó que el Estado ha violado, en consecuencia, su obligación de proveer recursos judiciales efectivos. Por último, la Comisión sostuvo que el recurso fue denegado por razones puramente formales, es decir, por no indicar el solicitante la naturaleza del proceso ni la ubicación de la Corte que había ordenado la detención, ni el lugar, fecha o razón de la detención. Esos requisitos formales no son exigidos por la legislación ecuatoriana.
[el] hábeas corpus, para cumplir con su objeto de verificación judicial de la legalidad de la privación de libertad, exige la presentación del detenido ante el juez o tribunal competente bajo cuya disposición queda la persona afectada. En este sentido es esencial la función que cumple el hábeas corpus como medio para controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así como para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (El hábeas corpus bajo suspensión de garantías (arts. 27.2, 25.1 y 7.6 Convención Americana sobre Derechos Humanos) Opinión Consultiva OC-8/87 de 30 de enero de 1987. Serie A No. 8, párr. 35).
Corte I.D.H., Caso Suárez Rosero, Sentencia de 12 de noviembre de 1997, Serie C No 35, párrs. 61-66.
25.1.1.3.1. recurso efectivo como garantía judicial inderogable en estado de emergencia
Corte I.D.H., Garantías Judiciales en Estados de Emergencia (Arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana Sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987, Serie A No 9, párrs. 24-26.
25.2.1."[l]os Estados partes se comprometen . . . ."