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Timestamp: 2019-09-20 01:01:28
Document Index: 111102671

Matched Legal Cases: ['artículo 1134', 'artículo 10', 'artículo 1165', 'artículo 1363', 'artículo 6', 'artículo 14', 'artículo 14']

Extensión del convenio arbitral a partes no signatarias y la intervención de terceros en el arbitraje - Litigation, Mediation & Arbitration - Dominican Republic
Dominican Republic: Extensión del convenio arbitral a partes no signatarias y la intervención de terceros en el arbitraje
Article by Fabiola Medina Garnes
1. Introducción. El análisis del alcance de los procesos arbitrales con respecto a terceros constituye uno de los puntos más controvertidos en términos doctrinales en los actuales tiempos. El debate, retomado una vez más, fue deliberadamente omitido en el nuevo reglamento de la CCI, puesto en vigencia a partir del primero de enero de este [...]
El arbitraje constituye una institución cimentada, fundamentalmente, en un principio hegemónico convertido prácticamente en un dogma de la codificación civil napoleónica y de la tradición clásica del siglo XIX: el principio de la autonomía de la voluntad de las partes. Ello se traduce, al decir de LARROUMET, en que "la voluntad es soberana para conducir a la celebración del contrato y para determinar sus efectos."1Y agrega: "(...) no podrá haber contrato sin voluntad."2 Este es, pues, el espíritu que guió sin dudas al legislador decimonónico al momento de estructurar la codificación privada y sobre el cual descansa la cláusula arbitral.
En ese sentido se orienta la jurisprudencia norteamericana al expresar que el arbitraje "es una cuestión contractual y una parte no puede ser obligada a someterse a un arbitraje con relación a una disputa que no ha acordado someter a tal jurisdicción."3 Por igual se pronuncia la Corte Constitucional de Colombia al establecer lo siguiente: "(...) la justicia arbitral implica la suscripción voluntaria de un contrato o negocio jurídico, por medio del cual las partes renuncian a la jurisdicción ordinaria y acuerdan someter la solución de cuestiones litigiosas, que surgen o que puedan surgir de relaciones jurídicas determinadas, a la decisión de árbitros, para lo cual determinan un procedimiento que ellos establecen o se remiten al previsto en la ley (...) De lo expuesto es fácil concluir que el sustento de la justicia arbitral es el acto voluntario y libre de los contratantes de acudir a los árbitros, como quiera que "el arbitramento tiene que partir de la base de que es la voluntad de las partes en conflicto, potencial o actual, la que habilita a los árbitros para actuar".4
Asimismo, la doctrina, en este caso precisada por el profesor argentino ROQUE J. CAIVANO, es conteste con lo expuesto por la jurisprudencia comparada y añade, a su vez, una importante acotación —sobre todo para el tema objeto de análisis— en torno al principio derivado de la autonomía de la voluntad: el de la relatividad de las convenciones. Veamos: "Este principio se funda —en general— en que la fuerza obligatoria de los contratos tiene fundamento en la voluntad de las partes y, por consiguiente, no puede tener eficacia ni producir efectos respecto de quienes no han prestado su consentimiento. En el caso del acuerdo arbitral en particular, ese principio tiene como propósito evitar que alguien, sin haber expresado su consentimiento, sea forzado a dirimir determinadas controversias por arbitraje, siendo paralelamente obligado a resignar la competencia de los tribunales judiciales."5
En lo que respecta al caso dominicano, la Suprema Corte de Justicia se ha orientado en ese mismo tenor, esto es, acentuando el carácter convencional de la cláusula arbitral y reafirmando así el principio de autonomía de la voluntad. Dice el máximo tribunal de justicia, refiriéndose a un caso en el cual una de las partes desconoció la efectividad de la cláusula arbitral y demandó ante los tribunales ordinarios de justicia: "(...) que innegablemente, la relación contractual que se establece entre el asegurador y su asegurado, no escapa a la regla del texto legal arriba transcrito, de lo que resulta que a los términos del citado artículo 1134, las convenciones legalmente formadas no pueden ser revocadas sino por el acuerdo de los contratantes; que en la decisión recurrida se deja constancia, como una cuestión de hecho, de que en el expediente no existe documento alguno que pruebe que se diera cumplimiento a la cláusula 18, antes transcrita; que, como se advierte, la Corte a-qua, dentro de sus facultades soberanas de apreciación de los elementos de juicio aportados al debate, dio por establecido que lo estipulado en la cláusula 18 de la referida póliza de seguro no había sido objeto de modificación o de revocación de mutuo acuerdo, por lo que mantenía enteramente su vigencia y lo reconocía como bueno y absolutamente válido (...)."6
En términos normativos, la legislación dominicana reconoce expresamente el carácter convencional del arbitraje. De manera específica, el numeral 1 del artículo 10 de la Ley No. 489-08, sobre Arbitraje Comercial, del 9 de diciembre de 2008, lo demuestra al consagrar la siguiente definición de "Acuerdo de Arbitraje": "(...) es un acuerdo por el cual las partes deciden someter a arbitraje ciertas o todas las controversias que hayan o puedan surgir entre ellas, respecto de una determinada relación jurídica, contractual o no contractual. El Acuerdo de Arbitraje podrá adoptar la forma de una cláusula arbitral incluida en un contrato o la forma de un acuerdo independiente."
El artículo 1165 del Código Civil Dominicano —y de otras legislaciones inspiradas en la tradición napoleónica— establece este principio de manera expresa. La doctrina, en este caso LARROUMET, ha dicho: "El principio del efecto relativo de los contratos significa que únicamente los contratantes y las personas que se les equiparan según el art. 1122, llegan a ser acreedores y deudores en virtud del contrato. Este principio corresponde a la lógica del efecto creador de un vínculo de obligación del contrato. El contrato descansa sobre la voluntad de las partes. Por lo tanto, solo puede crear derechos y obligaciones en beneficio y en contra de quienes han convenido en su celebración. Quienes no han dado su voluntad, esto es, los terceros por oposición a las partes, no podrán llegar a ser acreedores o deudores en virtud del contrato. El principio del efecto relativo de los contratos es una consecuencia del principio de la autonomía de la voluntad."7
Entonces, para entrar de lleno en nuestra discusión, ¿cómo se extiende la aplicación de una cláusula arbitral hacia aquellos que no figuran como signatarios del convenio? El arbitraje, en tanto que un instituto fundado en la autonomía de la voluntad de las partes, solo afecta, en principio —más adelante veremos la evolución—, a aquellos que "formalmente" se erigen en parte del contrato; a aquellos que firman el contrato. TRAZEGNIES sostiene, en ese orden, que "por su origen y por su naturaleza, el convenio arbitral es un contrato. En consecuencia, como tal, es ley entre las partes, pero sus reglas no pueden ser aplicadas a terceros no signatarios. (...) Es en ese sentido que el artículo 1363 del Código Civil prescribe que los contratos sólo producen efectos entre las partes que los otorgan y sus herederos. En consecuencia, en tanto que contrato que se rige fundamentalmente por la doctrina de la autonomía de la voluntad, el convenio arbitral debe ser respetado e interpretado en sentido restrictivo, no permitiendo que se extienda a quienes no han manifestado su voluntad de arbitrar, sea por suscripción o por adhesión (arbitraje estatutario)."8
En ese mismo sentido, ROQUE J. CAIVANO establece: "[H]ay casos en que se admite que sujetos que no han sido parte stricto sensu del acuerdo arbitral, sean obligados a participar en el proceso arbitral. En rigor de verdad, se trata de personas que tienen una relación especial con quienes han otorgado el acuerdo arbitral, que los convierte en una categoría especial de «terceros», que por alguna razón pueden considerarse «asimilados a las partes». Tal es, por ejemplo, el caso de los sucesores universales de las partes, a quienes se extienden activa y pasivamente los efectos de la cláusula arbitral, o en ciertas hipótesis, el de los fiadores de las partes."10
Para JAMES A. GRAHAM la cuestión es más simple aún: un tercero no puede ser nunca atraído a un arbitraje. Dicho autor, refiriéndose a esto, establece lo siguiente: "Una de esas problemáticas jurídicas complejas es la que unos llaman de manera errónea la atracción de los terceros en los procedimientos arbitrales, o de la extensión de la cláusula arbitral a partes terceras al contrato de base objeto de la controversia. Sin embargo, esa facilidad del lenguaje no refleja la esencia misma de la problemática, porque no cabe duda que un tercero a un acuerdo arbitral ¡simplemente no puede ser atraído a un arbitraje! De lo que habla la doctrina es en realidad del problema de los no firmantes de un acuerdo arbitral. En otras palabras: una parte que no ha firmado la cláusula arbitral compromisoria, ¿puede ser obligada a ir al arbitraje?"11
Esto último es tratado como parte de la práctica de la CCI, cuando un laudo adoptado en ese foro planteó lo descrito a continuación12: "La extensión de los efectos jurídicos de un acuerdo arbitral a un tercero no-signatario, cuando las circunstancias del negocio en cuestión demuestren la existencia de una voluntad común de las partes en el proceso, de considerar a ese tercero como involucrado en una forma considerable o como una verdadera parte en el contrato que contiene la cláusula arbitral, o cuando las circunstancias permiten presumir que ese tercero aceptó el sometimiento a ese contrato, especialmente si lo reconoció expresamente."
El emblemático caso "Dow Chemical c. Isover Saint Gobain", CCI No. 4131, laudo interlocutorio de fecha 23 de septiembre de 1982, señala: "[L]a cláusula arbitral expresamente aceptada por determinadas sociedades del grupo económico debe obligar a las otras que, en virtud del rol que les cupo en la celebración, ejecución o rescisión de los contratos que contienen la cláusula arbitral y de acuerdo con la común intención de todas las partes del juicio arbitral, parecen haber sido verdaderas partes en los contratos o estuvieron ampliamente comprometidas en ellos y en los conflictos que de ellos surgieron".
De manera más completa, y sistematizando mejor toda la discusión, el famoso caso "Thomson v. AAA" resuelve la problemática estableciendo un conjunto de supuestos conforme a los cuales un tercero se puede constituir en parte no signataria: i) La incorporación por referencia de otra relación contractual que incorpora un acuerdo arbitral; ii) La asunción de una obligación de arbitrar; iii) Agencia, de conformidad con la extensión de tal concepto en el common law; iv) El descorrimiento o levantamiento del velo societario o corporativo; y v) El estoppel. Más adelante volveremos sobre este punto cuando tratemos de manera especial lo referente al Grupo de Empresas o Conjunto Económico.
Hemos visto la posibilidad de que entes no signatarios de una cláusula arbitral puedan ser incorporados a un proceso arbitral. ¿Significa esto que la cláusula arbitral para ser efectiva no requiere de ser prevista por escrito? ¿Acaso no rige el formalismo para que dicho contrato tome vigencia entre las partes? De contestarse afirmativamente ambas interrogantes, la tesis de la extensión de la cláusula arbitral a partes no firmantes carecería de sustento. Sin embargo, a titulo general, podría decirse que la tendencia moderna es hacia el consensualismo, esto es, que el solo consensus entre las partes otorga validez y efectividad al contrato de arbitraje. Así lo sostiene mayoritariamente la doctrina (GRAHAM): "No obstante que se pudiera opinar que la firma es una condición sine qua non para el acuerdo arbitral, no cabe duda que en realidad ésta solo constituye un medio probatorio. En efecto, debemos recordar que en la materia la regla es el consensualismo, el consentimiento puede expresarse sin ninguna formalidad (...)."13
Asimismo, GRAHAM agrega, en cuanto a la Convención de Arbitraje de New York de 1958 y el carácter consensual que, a su juicio, ésta otorga a la cláusula arbitral, lo que figura a continuación: "Según la interpretación predominante de la Convención de Nueva York, la firma solo se requiere ad probationem. Como lo sostiene E. GAILLARD, el artículo II del Convenio exige la firma sólo para los contratos escritos, mientras que la misma disposición prevé que el acuerdo arbitral puede también pactarse por telegrama o fax, medios que obviamente no permiten que un acuerdo arbitral pueda ser firmado en el sentido legal, sino que únicamente pueden contener una "copia" de la firma. Consecuentemente, en ausencia de una firma, la existencia de la cláusula compromisoria puede ser comprobada por cualquier otro medio, como testimonios, por ejemplo."14
De su lado, CAIVANO expone en ese mismo tenor: "[L]os contratos pueden nacer mediante un consentimiento tácito, aunque no exista un documento expreso, infiriendo el acuerdo de voluntades a través de las conductas de las partes. Puede, en consecuencia, considerarse que hay acuerdo arbitral aunque no exista un contrato escrito o alguna de las partes no haya firmado personalmente el acuerdo."15
Aquí hemos de volver sobre el caso Dow Chemical de 1982 de CCI (Dow Chemical v. Isover Saint Gobain). En el mismo se aceptó la "intervención voluntaria" de dos empresas subsidiarias de Dow Chemical que no figuraban como signatarias de la cláusula arbitral. Dice al respecto el referido Tribunal Arbitral: "Considerando que es indiscutible —y de hecho no se discute— que DOW CHEMICAL COMPANY (EEUU) tiene y ejerce un control absoluto sobre sus filiales, ya sea habiendo firmado los contratos correspondientes o participado en su celebración, ejecución y su terminación (...)"; "Indistintamente de la identidad jurídica separada de cada uno de sus miembros, un grupo de sociedades constituye una y la misma realidad económica, la cual el Tribunal Arbitral debe tener en cuenta al pronunciarse sobre su propia competencia."16
En el laudo interlocutorio de ese mismo caso (CCI 4131), el tribunal arbitral se refirió a un concepto interesante para la discusión: la "apariencia de ser parte." Dice el tribunal:
"(...) la cláusula arbitral expresamente aceptada por determinadas sociedades del grupo económico debe obligar a las otras que, en virtud del rol que les cupo en la celebración, ejecución o rescisión de los contratos que contiene la cláusula arbitral y de acuerdo con la común intención de todas las partes del juicio arbitral, parecen haber sido verdaderas partes en los contratos o estuvieron ampliamente comprometidas en ellos y en los conflictos que de ella surgieron."17
Lo anterior fue confirmado por la Corte de Apelaciones de París, concretamente por la Primera Sala Civil, al prescribir lo siguiente: "(...) que por una interpretación soberana de los contratos (...) y de los documentos intercambiados durante la negociación y suspensión, los árbitros decidieron, según los términos de una motivación pertinente y exenta de contradicción, que, de acuerdo con la voluntad común de todas las sociedades interesadas, las sociedades Dow Chemical France y Dow Chemical Company fueron parte de tales contratos pese a que no los hayan materialmente firmado, y que por lo tanto la cláusula compromisoria les es aplicable."18
La misma Corte de Apelaciones de París confirmó el laudo arbitral en el caso "Societé Ofer Brothers c. The Tokio Marine and Fire Insurance Co." En dicho fallo la Corte asumió nueva vez la doctrina del grupo de sociedades, ratificando la extensión del convenio arbitral a "las partes directamente involucradas en la ejecución del contrato, cuando su situación y sus actividades hacen presumir que tenían conocimiento de la existencia y del alcance de esa cláusula, estipulada de conformidad con los usos y costumbres del comercio internacional."
Como bien lo expresa SILVA ROMERO, "la teoría del grupo de sociedades (...) no es autónoma de aquella del consentimiento implícito. Es, en efecto, menester subrayar que, incluso en la aplicación de la teoría del "grupo de sociedades", la existencia del consentimiento de las partes sigue siendo un elemento determinante para la extensión del convenio arbitral a personas no signatarias." Y en apoyo de lo expresado, agrega lo establecido por el Tribunal Arbitral en el caso CCI 9517, del 30 de noviembre de 1998: "(...) la cuestión de si las partes no nombradas en un acuerdo pueden aprovecharse de una cláusula de arbitraje incorporada en él es un asunto que debe ser decidido caso por caso, al requerir un estrecho análisis de las circunstancias en las cuales se hizo el acuerdo, la relación empresarial y práctica existente en un lado y conocida por la contraparte, la real o presunta intención de las partes en cuanto a los derechos de los no signatarios a participar en el acuerdo arbitral y la medida del involucramiento de los no signatarios en el acuerdo y a la controversia resultante de él."
Sin embargo, la doctrina del grupo de sociedades no es acogida en todos los ordenamientos; de hecho, su evolución y vigencia se debió a la flexibilidad del marco normativo francés, donde recibió por primera vez cobijo. Se resalta la fuerte resistencia en países como Inglaterra: en el caso CCI No. 7626 de 1985, donde la legislación que regía era la de la India, en un texto notoriamente similar al ingles, el Tribunal Arbitral rehusó acoger la doctrina del grupo de sociedades, apoyado justamente en una interpretación restrictiva de la común intención de los participantes en formar parte de la cláusula arbitral. En ese mismo sentido se decidieron los casos CCI No. 4504 de 1985 y el No. 6519 de 1991, diciendo en este último el tribunal, que solo el grupo de entidades que "efectivamente" hayan formado parte de la negociación, dirigiendo el contrato hacia donde sus intereses dicten, pueden ser incorporados, de lo contrario no.
En los Estados Unidos se habla del "third party beneficiary", es decir, los terceros que pueden beneficiarse de la cláusula arbitral. La jurisprudencia norteamericana parte de la vinculación de este "falso tercero" al convenio arbitral previsto en el contrato base. Y en lo que respecta a la teoría de los "grupos de sociedades", su consagración no es puesta en duda a partir de varias nociones como la del piercing the corporate veil, la del alter ego o la del estoppel.19 GRAHAM expresa en ese tenor: "Sin embargo, en tiempos recientes se ha perfilado una teoría general bajo el término de group of companies doctrine. Al contrario de los países de derecho civil, el fundamento legal para los tribunales norteamericanos para atraer el no firmante al arbitraje es no solo un consentimiento implícito (subrogación, tercero beneficiario), sino también el principio de equidad (que sea vía el estoppel o vía el principio de buena fe)."20
"CONSIDERANDO: Que si bien en la República Dominicana no existe una normativa jurídica que regule específicamente, la existencia, funcionamiento y operaciones de los grupos de sociedades en su contexto general, tanto el legislador dominicano, en el ámbito laboral, fiscal y monetario, como la Junta Monetaria del Banco Central de la R. D., en materia bancaria y financiera, han regulado las operaciones que realicen los grupos de sociedades al amparo de la personalidad jurídica de una sociedad integrante del mismo, con lo cual se le da primacía a la realidad de los hechos sobre las formas jurídicas a fin de evitar que se cometan fraudes, abusos de derechos e injusticias;
CONSIDERANDO: Que al examinar y restablecer la voluntad concordante tanto de AAA como de BBB, en la conclusión y ejecución del Contrato de fecha XXX, el Tribunal de Arbitraje ha comprobado que definitivamente, BBB está ligada y vinculada del mismo modo que CCC en la realización de la operación económica a la cual se contrae dicho Contrato; que su intención verdadera era ser parte en el referido Contrato, y consecuentemente en los conflictos que del mismo pudieren surgir, como al efecto han surgido;"
Como puede observarse, el Reglamento deja abierta la posibilidad de aceptar la intervención, pero a condición de que "el tercero sea parte del acuerdo de arbitraje, se formulen en su contra demandas especificas y exista un interés directo y legítimo". De acuerdo al análisis anterior, la extensión de la clausula arbitral se haría a "falsos terceros" (GRAHAM). 16
En las denominadas "Normas Complementarias al Reglamento de Arbitraje del CRC", puestas en vigencia a partir del 1 de enero de 2012, se exhorta a los árbitros a que en este tema en especifico ponderen la "doctrina y práctica arbitral de la CCI al respecto" (IV. Intervención Voluntaria e Intervención Forzosa).
Del mismo modo, estas Normas establecen como "principios generales, sin desmedro de la libertad del tribunal": a) Dado que el arbitraje tiene su origen en un convenio arbitral o cláusula compromisoria, solo "quienes lo han suscrito son en principio partes del proceso"; b) Si se trata de una solicitud de intervención forzosa, la parte solicitante deberá presentar una solicitud de intervención ante la Secretaría. Toda solicitud de intervención estará sujeta a las disposiciones del artículo 6 del Reglamento de Arbitraje del CRC. "Ningún tercero podrá ser incorporado después de la confirmación o nombramiento de un árbitro, salvo que todas las partes, incluyendo el tercero, acuerden lo contrario."
Como se destaca, la normativa dominicana tiende a favorecer, con limitaciones que entendemos muy razonables, la intervención de terceros en el proceso arbitral, pero propicia la integración de las partes informales. Será interesante dar seguimiento a esta evolución, sobre todo en la interpretación de lo que se significa ser "parte" del acuerdo de arbitraje. El hecho de que los redactores hayan escogido el término "acuerdo de arbitraje", que es definido de manera amplia por la ley, no escapará a los intérpretes advertidos, al momento de juzgar si un presunto tercero puede ser considerado como parte, aun cuando no haya firmado la cláusula arbitral.
1 LARROUMET, Christian. Teoría General del Contrato. Vol. I. Primera edición, Editorial Temis, 1999, p. 85 2 Ibid.
2 United Steelworkers v. Warrior & Gulf Navigation Co., 363 U.S. [1960] y AT&T Technologies, Inc. V. Communications Workers of America, 475 U.S. [1986]. En: Revista International de Arbitraje; Enero-Junio 2005. Subrayado nuestro.
3 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia No. 163-99, 7 de marzo de 1999.
4 CAIVANO, Roque J. "Arbitraje y grupo de sociedades. Extensión de los efectos de un acuerdo arbitral a quien no ha sido signatario." En: Revista Lima Arbitration No. 1 – 2006, p. 122.
5 Sent. 28 de enero de 2009, No. 53.
6 LARROUMET, Christian, ob. cit. p. 191
7 BULLARD, Afredo, ¿Y quiénes están invitados a la fiesta? Latin Arbitration Law. Sept. 1, 2010, http://www.latinarbitrationlaw.com/y-quienes-estan-invitados-a-la-fiesta/
8 Se destaca lo prescrito en el artículo 14 de la nueva Ley Peruana de Arbitraje de 2008: "El convenio arbitral se extiende a aquellos cuyo consentimiento de someterse a arbitraje, según la buena fe, se determina por su participación activa y de manera determinante en la negociación, celebración, ejecución o terminación del contrato que comprende el convenio arbitral o al que el convenio esté relacionado. Se extiende también a quienes pretendan derivar derechos o beneficios del contrato, según sus términos."
9 CAIVANO, Roque J., ob. cit., p. 123
10 GRAHAM, James. La atracción de los no firmantes de la cláusula compromisoria en los procedimientos arbitrales. Www.biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2552/19.pdf., p. 380
11 12 Caso CCI: 7604-7610
12 GRAHAM, James, ob. cit., p. 380
13 Ibid., p. 381
14 CAIVANO, Roque J., ob. cit., p. 129
15 Citado por SILVA ROMERO, Eduardo. El artículo 14 de la nueva Ley Peruana de Arbitraje: Reflexiones sobre el contrato de arbitraje – realidad. En: Revista Lima Arbitration No. 4 – 2010/2011, p. 53
18 GRAHAM, James, ob. cit., p. 388
19 Ibid., p. 388