Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/SENTENCIA/1984/114
Timestamp: 2019-03-21 17:34:26
Document Index: 92353944

Matched Legal Cases: ['artículo 18', 'artículo 18', 'Artículo 566', 'Artículo 8', 'Artículo 192', 'Artículo 497', 'Artículo 18', 'Artículo 18', 'Artículo 24', 'Artículo 7', 'Artículo 7']

Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 114/1984
SENTENCIA 114/1984, de 29 de noviembre
ECLI:ES:TC:1984:114
En el recurso de amparo núm. 167/1984 promovido por don Francisco Poveda Navarro contra la Sentencia de la Magistratura de Trabajo núm. 4 de Alicante, de 10 de mayo de 1983, que declaró procedente el despido del actor, así como contra la Sentencia dictada en recurso de casación por la Sala Sexta del Tribunal Supremo con fecha de 15 de febrero de 1984, que declaró no haber lugar al recurso de casación contra la anterior.
En dicho asunto han sido parte el recurrente, don Francisco Poveda Navarro, representado por el Procurador de los Tribunales don Juan Luis Pérez-Mulet y Suárez y asistido por el Abogado don Manuel Jiménez de Parga y Cabrera, el Ministerio Fiscal y el Abogado del Estado.
Ha sido Ponente el Magistrado don Luis Díez-Picazo y Ponce de León, quien expresa el parecer de la Sala.
1. El 14 de marzo de 1984 el Procurador de los Tribunales don Juan Luis Pérez-Mulet y Suárez interpuso recurso de amparo constitucional ante este Tribunal en nombre de don Francisco Poveda Navarro, contra las precitadas Sentencias de la Magistratura de Trabajo núm. 4 de Alicante y de la Sala Sexta del Tribunal Supremo. Afirmaba el actor que tales resoluciones judiciales vulneraron sus derechos fundamentales al secreto de las comunicaciones (art. 18.3 de la Constitución) y a un proceso judicial con todas las garantías (art. 24.2 de la Norma fundamental). La violación del derecho reconocido en el art. 18.3 de la Constitución la imputa el recurrente a una y a otra de las Sentencias impugnadas, conculcación que se extendería también, en la Sentencia de la Magistratura de Trabajo, al derecho fundamental a un proceso con todas las garantías, reconocido en el art. 24.2 de la Constitución.
a) Por lo que se refiere a la afirmada conculcación del derecho al secreto de las comunicaciones, entiende el actor que la misma se produjo en la Sentencia de la Magistratura de Trabajo que consideró procedente su despido por infracción de las obligaciones de lealtad y buena fe en sus relaciones para con la Empresa [arts. 5 a) y 20.2 del Estatuto de los Trabajadores, de 10 de marzo de 1980, en relación con los apartados c) y d) del art. 54.2 del mismo Cuerpo legal], que era a la sazón la editora del periódico «Información» de la ciudad de Alicante, integrado en el Organismo Autónomo «Medios de Comunicación Social del Estado», periódico en el que el recurrente trabajaba con la categoría de Redactor. Tal violación de su derecho fundamental se habría producido porque en el proceso laboral seguido a su instancia contra el despido de que fuera objeto se consideró como prueba de sus faltas laborales, de modo exclusivo, un instrumento ilegítimamente obtenido, a juicio del señor Poveda, como fue la grabación fonográfica de la conversación por él mantenida, el 14 de septiembre de 1982, con quien ocupaba entonces el cargo de Consejero Técnico del Gabinete del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Dicha grabación se obtuvo, según consta en las actas del proceso ante la Magistratura, por el interlocutor del señor Poveda sin conocimiento de éste, circunstancia invocada por el recurrente en amparo para calificar dicha grabación como atentatoria de los derechos fundamentales reconocidos en el art. 18.3 de la Constitución. En nueva violación de idéntico derecho fundamental habrían incurrido la Magistratura de Trabajo núm. 4 de Alicante, que falló a partir de un documento antijurídicamente obtenido, y la Sala Sexta del Tribunal Supremo que, según el recurrente, realizó una «interpretación errónea» del mencionado precepto constitucional. Esta última interpretación, como se desprende de la propia Sentencia del Tribunal Supremo, de 15 de febrero de 1984, consistió, en síntesis, en afirmar (considerando 3) que la invocada infracción del art. 18.3 de la Constitución no podía imputarse a la Sentencia de instancia, en la que el juzgador se limitó a declarar probado que en una conversación telefónica el demandante hizo las manifestaciones que motivaron su despido, hecho éste que tuvo acceso a los Autos no sólo a través de la transcripción escrita de aquella conversación, sino también mediante otras pruebas y, entre ellas, la declaración de quien fue interlocutor en la misma. Por lo demás, consideró la Sala Sexta del Tribunal Supremo que el derecho reconocido en el art. 18.3 de la Norma fundamental garantiza el que entre remitentes y destinatarios de cualquier comunicación no se interponga un tercero, sin contemplar para nada el uso que puedan hacer los destinatarios de lo que les sea comunicado. Esta interpretación es discutida por el recurrente en amparo, quien afirma en su demanda que el art. 18.3 de la Constitución protege «la intimidad de la conversación» no sólo frente a terceros, sino también frente a cualquiera de los comunicantes, impidiendo, en consecuencia, la colocación por uno de ellos, sin conocimiento del otro, de un instrumento de grabación que recoja el contenido de la conversación. Tal conducta -se dice en la demanda- constituiría, además, una de las «intromisiones ilegítimas» que describe y sanciona el art. 7 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, puesto que en el número 1 de este precepto se considera tal «el emplazamiento en cualquier lugar de aparatos de escucha». Por último, la antijuridicidad de este proceder se agravaría cuando lo así retenido se transcribiese -«con alteraciones», se dice- y se presentase como documento ante un Tribunal de Justicia.
c) El art. 18.3 de la Constitución protege las comunicaciones frente a la inmisión de terceros que tengan la condición de «Poderes Públicos», siendo éstos los únicos sujetos potenciales capaces de lesionar este derecho fundamental. En el presente caso no ha habido tal intervención pública, tratándose de una conversación mantenida en términos particulares y resultando a estos efectos intrascendente el que fuera el Ministerio de Transportes uno de los lugares desde los que se mantuviera aquélla y el que el interlocutor del señor Poveda fuera o no colaborador del Ministro. Esta última cualidad -no demostrada- sería irrelevante para poder imputar un acto al Poder Público. Esta misma limitación -por la que se requiere la existencia de un acto de autoridad para entender conculcado el derecho- cabe extenderla al núm. 1 del mismo art. 18 (protección de la intimidad personal), lo que no significa que esta garantía no se proyecte sobre el conjunto del ordenamiento sino, más estrictamente, que sólo cabrá la especial protección del amparo constitucional frente a las agresiones que puedan provenir de la acción de los Poderes Públicos.
e) No existió tampoco violación alguna de derecho fundamental en el acto de comunicación de la conversación a la Dirección del organismo donde trabajaba el hoy demandante, ni tampoco en su ulterior utilización procesal. Los hechos divulgados no tienen encaje en ninguna de las prohibiciones que, en defensa de la intimidad, incorporan los núms. 3, 4, 6 y 7 del art. 7 de la citada Ley Orgánica 1/1982. Por lo demás, en su conversación el señor Poveda no se limitaba a depositar una confidencia personal en su interlocutor, sino que tendía a «instigar» la acción de este último cerca de la Dirección del periódico «Información» de Alicante, para la obtención de un beneficio profesional propio; y el medio para conseguir dicho resultado había de pasar forzosamente por el conocimiento del Director del periódico, o de quien tuviera en su mano la concesión de aquel beneficio. En definitiva, la comunicación no tenía otro objeto que la de hacer del interlocutor del señor Poveda un medio de transmisión de dicha información a otra persona. En el tenor de la conversación no sólo estaba implícita la autorización para divulgarla, sino que tal divulgación era la finalidad misma de la conversación. Cuestión distinta es que, producida tal comunicación a tercero, el efecto no fuese el pretendido por el señor Poveda, de tal modo que no sirvieron sus medios de presión para conseguir el empleo exigido en el periódico sino, más bien, para hacer procedente el despido.
En el Derecho español el problema de la prueba ilícitamente obtenida sigue abierto, por la carencia de disposición expresa. El recurso a la vía interpretativa impuesta por el art. 10.2 de la C. E. no resulta concluyente, por no existir pronunciamiento al respecto por parte del Tribunal Europeo de Derechos del Hombre. Existe, sin embargo, una resolución en este ámbito que debe mencionarse, por más que su sentido no resulte de necesaria consideración en nuestro Derecho sobre la base del citado art. 10.2 de la Constitución. Se trata de la resolución adoptada por el Comité de Ministros del Consejo de Europa el 12 de noviembre de 1971, resolviendo el caso Scheichelbauer, a partir de demanda formulada contra el Estado austriaco.
En esta decisión se acordó que no había implicado violación del art. 6.1 de la Convención (derecho a la jurisdicción) la utilización por un Tribunal nacional de un registro fonográfico como medio de prueba, que fue tachado en cuanto a su procedimiento de obtención por el recurrente. Con independencia de que la interpretación relevante, de acuerdo con el art. 10.2 de la Constitución, es sólo la jurisdiccional del Tribunal Europeo, y no la del Comité de Ministros, lo cierto es que, en el presente caso, este órgano no entró a conocer, en su breve resolución, acerca de si la grabación controvertida constituyó o no un atentado a la intimidad (art. 8 de la Convención), sino que, considerándose sólo llamado a decidir sobre la vulneración o no del art. 6 del mismo texto, limitó a este objeto específico su acuerdo.
4. Aun careciendo de regla legal expresa que establezca la interdicción procesal de la prueba ilícitamente adquirida, hay que reconocer que deriva de la posición preferente de los derechos fundamentales en el ordenamiento y de su afirmada condición de «inviolables» (art. 10.1 de la Constitución) la imposibilidad de admitir en el proceso una prueba obtenida violentando un derecho fundamental o una libertad fundamental. Para nosotros, en este caso, no se trata de decidir en general la problemática procesal de la prueba con causa ilícita, sino, más limitadamente, de constatar la «resistencia» frente a la misma de los derechos fundamentales, que presentan la doble dimensión de derechos subjetivos de los ciudadanos y de «elementos esenciales de un ordenamiento objetivo de la comunidad nacional, en cuanto ésta se configura como marco de una convivencia humana, justa y pacífica...» (STC 25/1981, de 14 de julio, fundamento jurídico 5). Esta garantía deriva, pues, de la nulidad radical de todo acto -público o, en su caso, privado- violatorio de las situaciones jurídicas reconocidas en la sección primera del capítulo segundo del Título I de la Constitución y de la necesidad institucional por no confirmar, reconociéndolas efectivas, las contravenciones de los mismos derechos fundamentales (el deterrent effect propugnado por la jurisprudencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos). Estamos, así, ante una garantía objetiva del orden de libertad, articulado en los derechos fundamentales, aunque no -según se dijo- ante un principio del ordenamiento que puede concretarse en el reconocimiento a la parte del correspondiente derecho subjetivo con la condición de derecho fundamental.
El derecho al «secreto de las comunicaciones... salvo resolución judicial» no puede oponerse, sin quebrar su sentido constitucional, frente a quien tomó parte en la comunicación misma así protegida. Rectamente entendido, el derecho fundamental consagra la libertad de las comunicaciones, implícitamente, y, de modo expreso, su secreto, estableciendo en este último sentido la interdicción de la interceptación o del conocimiento antijurídicos de las comunicaciones ajenas. El bien constitucionalmente protegido es así -a través de la imposición a todos del «secreto»- la libertad de las comunicaciones, siendo cierto que el derecho puede conculcarse tanto por la interceptación en sentido estricto (que suponga aprehensión física del soporte del mensaje -con conocimiento o no del mismo- o captación, de otra forma, del proceso de comunicación) como por el simple conocimiento antijurídico de lo comunicado (apertura de la correspondencia ajena guardada por su destinatario, por ejemplo). Por ello, no resulta aceptable lo sostenido por el Abogado del Estado en sus alegaciones en el sentido de que el artículo 18.3 de la Constitución protege sólo el proceso de comunicación y no el mensaje, en el caso de que éste se materialice en algún objeto físico. Y puede también decirse que el concepto de «secreto», que aparece en el artículo 18.3, no cubre sólo el contenido de la comunicación, sino también, en su caso, otros aspectos de la misma, como, por ejemplo, la identidad subjetiva de los interlocutores o de los corresponsales. La muy reciente Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos del Hombre de 2 de agosto de 1984 -caso Malone- reconoce expresamente la posibilidad de que el art. 8 de la Convención pueda resultar violado por el empleo de un artificio técnico que, como el llamado comptage, permite registrar cuáles hayan sido los número telefónicos marcados sobre un determinado aparato, aunque no el contenido de la comunicación misma.
8. Si a esta solución se debe llegar examinando nuestra Norma Fundamental, otro tanto cabe decir a propósito de las disposiciones ordinarias que garantizan, desarrollando aquélla, el derecho a la intimidad y a la integridad y libertad de las comunicaciones.
Denegar el amparo solicitado por don Francisco Poveda Navarro.
Tipo y número de registro Recurso de amparo 167-1984
Fecha de resolución 29/11/1984
Síntesis Descriptiva Supuesta violación del derecho al secreto de las comunicaciones al admitir como prueba de las faltas laborales del recurrente la grabación fonográfica de una conversación telefónica mantenida por el actor
1. El recurso de amparo frente a violaciones de derechos fundamentales por obra de decisiones jurisdiccionales halla su sentido institucional, de modo exclusivo, en la depuración de las actuaciones de estos órganos que «de modo inmediato y directo» [art. 44.1 b) de la LOTC] hayan incurrido en dichas vulneraciones, no siendo este proceso constitucional instrumento apto para revisar genéricamente lo resuelto por la jurisdicción ordinaria.
2. No existe un derecho fundamental autónomo a la no recepción jurisdiccional de las pruebas de posible origen antijurídico.
3. Aun careciendo de regla legal expresa que establezca la interdicción procesal de la prueba ilícitamente adquirida, hay que reconocer que deriva de la posición preferente de los derechos fundamentales en el ordenamiento y de su afirmada condición de «inviolables» la imposibilidad de admitir en el proceso una prueba obtenida violentando un derecho fundamental. Esta garantía deriva de la nulidad radical de todo acto público o privado violatorio de las situaciones jurídicas reconocidas en la Sección 1.ª del Capítulo Segundo del Título I de la Constitución y de la necesidad institucional por no confirmar, reconociéndolas efectivas, las contravenciones de los mismos derechos fundamentales. Estamos, así, ante una garantía objetiva del orden de la libertad, aunque no ante un principio del ordenamiento que puede concretarse en el reconocimiento a la parte del correspondiente derecho subjetivo con la condición de derecho fundamental.
4. Constatada la inadmisibilidad de las pruebas obtenidas con violación de derechos fundamentales, su recepción procesal implica una ignorancia de las «garantías» propias al proceso (art. 24.2 de la C. E.), implicando también una inaceptable confirmación de la desigualdad entre las partes en el juicio (art. 14 de la C. E.). El concepto de «medios de prueba pertinentes» que aparece en el mismo art. 24.2 de la C. E. pasa, así, a incorporar, sobre su contenido esencialmente técnico-procesal, un alcance también sustantivo, en mérito del cual nunca podrá considerarse «pertinente» un instrumento probatorio obtenido en desprecio a los derechos fundamentales de otro.
5. El derecho al secreto de las comunicaciones no puede oponerse frente a quien tomó parte en la comunicación misma. No hay «secreto» para aquél a quien la comunicación se dirige, ni implica contravención de lo dispuesto en el art. 18.3 de la C. E. la retención, por cualquier medio, como la grabación, del contenido del mensaje. Quien entrega a otro la carta recibida o quien emplea durante su conversación telefónica un aparato amplificador de la voz que permite captar aquella conversación a otras personas presentes no está violando el secreto de las comunicaciones, sin perjuicio de que éstas mismas conductas, en el caso de que lo así transmitido a otros entrase en la esfera «íntima» del interlocutor, pudiesen constituir atentados al derecho garantizado en el art. 18.1 de la C. E.
Enmienda IV, f. 2
Artículo 566, f. 3
Artículo 8, ff. 3, 7
Resolución (72) 1 del Comité de Ministros del Consejo de Europa, de 12 de noviembre de 1971. Homologación de los conceptos legales de "domicilio" y "residencia" (Schneichelbauer c. Austria)
Artículo 192 bis, f. 8
Artículo 497 bis, f. 8
Artículo 18.1, ff. 7, 8
Artículo 18.3, ff. 1 a 3, 6 a 8
Artículo 24.2, ff. 2, 3, 5
Artículo 7.1, f. 8
Artículo 7.6, f. 8
Ley Orgánica 7/1984, de 15 de octubre. Código penal: adiciona artículos 192 bis y 497 bis sobre colocación ilegal de escuchas telefónicas
Sentencia del Tribunal Constitucional italiano 34/1973, de 4 de abril
Sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América (United States v. Janis) (428 U.S. 433, 1976)
Derecho a la intimidadDerecho a la intimidad, Respetado, ff. 7, 8
Derecho a la propia vozDerecho a la propia voz, f. 8
Derecho al secreto de las comunicacionesDerecho al secreto de las comunicaciones, Contenido, ff. 7, 8
Internamiento del incapazInternamiento del incapaz, ff. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Teoría general de los derechos fundamentalesTeoría general de los derechos fundamentales, ff. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Grabaciones audiovisuales en centros de trabajoGrabaciones audiovisuales en centros de trabajo, ff. 7, 8
Prueba ilícitaPrueba ilícita, ff. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8