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Timestamp: 2019-08-26 05:52:16
Document Index: 315920179

Matched Legal Cases: ['artículo 107', 'artículo 107', 'artículo 107', 'artículo 107', 'artículo 107', 'artículo 6', 'artículo 5', 'artículo 107', 'artículo 107', 'artículo 107', 'artículo 5']

BOCG. Senado, apartado I, núm. 348-2408, de 12/05/2014
cve: BOCG_D_10_348_2408
Proyecto de Ley por la que se regula el procedimiento para la determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias y se crea el Consejo Agrario.
(621/000068)
(Cong. Diputados, Serie A, núm. 75
Núm. exp. 121/000075)
El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan una propuesta de veto al Proyecto de Ley por la que se regula el procedimiento para la determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias y se crea el Consejo Agrario.
Palacio del Senado, 28 de abril de 2014.—Jesús Enrique Iglesias Fernández y José Manuel Mariscal Cifuentes.
Presentamos este veto a un proyecto de ley condenado a generar frustración porque, tras un enunciado que apunta en la dirección de incrementar la democracia y la participación en el sector agrario, se desarrolla una normativa sólo busca introducir sucedáneos a los conceptos de democracia y participación.
Este Proyecto de Ley tiene como objetivo declarado regular el procedimiento para la determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias de carácter general y ámbito nacional, así como crear el Consejo Agrario como órgano consultivo adscrito al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Desde luego que es indudable que las elecciones agrarias son el medio más democrático y legítimo para medir la representatividad en el sector agrario. Pero esa legitimidad solo puede ser reconocida mediante procesos y procedimientos verdaderamente democráticos en el ámbito de los profesionales de la agricultura y la ganadería.
Pero este Proyecto de Ley, de un lado, no ofrece suficientes garantías democráticas y de participación para los profesionales del campo, sobre manera porque no prevé un auténtico proceso electoral.
Y, de otro, no otorga al Consejo Agrario de nueva creación competencias que entendemos básicas en el proceso de interlocución, como son la negociación y la concertación con la representación del sector agrario, limitando sus funciones a las de mera consulta y asesoramiento; oído el Consejo, el Ministerio hará lo que considere oportuno. Obviamente, esto no es dar auténtica participación a las organizaciones agrarias.
El sucedáneo de proceso electoral que contiene el Proyecto de Ley no ofrece suficientes garantías democráticas. Incorpora criterios absolutamente discrecionales y arbitrarios para la composición del censo electoral, no regula nada en absoluto respecto a la campaña electoral para garantizar la igualdad de oportunidades de las organizaciones agrarias que concurran al proceso electoral, ni garantiza el voto por correo de forma personal, directa y presencial para impedir cualquier tipo de intermediación.
En el colmo del despropósito se afirma que no se trata de un proceso electoral, sino de una consulta. En la exposición de motivos de este Proyecto de Ley se afirma que el motivo de dicha consulta no es elegir una lista de personas para ocupar los puestos de un órgano ejecutivo, sino determinar la representatividad de las organizaciones agrarias simplificando el procedimiento. Así, desde el punto de vista del Gobierno no se trata de un proceso electoral ni es directamente aplicable la normativa electoral. Sin embargo, electoral significa perteneciente o relativo a electores o a elecciones y en el propio Proyecto de Ley se definen los electores que tendrán derecho a participar en la llamada consulta. Y estos electores tienen derecho a participar en unas elecciones para elegir la organización profesional que les va a representar.
En todo caso, sería una consulta que en la práctica tendría los efectos de un proceso electoral en términos de representatividad pero sin las garantías democráticas necesarias. La cuestión es de una gravedad importante porque la consulta pretende legitimar unos resultados que afectarán al reconocimiento de representatividad, a la composición del Consejo Consultivo, a la financiación con fondos públicos o al reparto de los bienes patrimoniales agrarios.
Otra cuestión es que el Gobierno no considere oportuno regular el proceso electoral para determinar la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias mediante el procedimiento establecido en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General. Pero eso no puede implicar que no se regule en este Proyecto de Ley un proceso con garantías similares.
Es esencial que se regulen como corresponde cuestiones como la propia campaña electoral, la propaganda y actos de campaña, la utilización de medios de comunicación, los gastos y subvenciones o las infracciones electorales y su corolario en forma de sanciones. Nada de eso se acomete con garantías en el Proyecto de Ley.
Es particularmente importante dejar claro que el derecho a voto solo puede pertenecer a los verdaderos profesionales del sector. Es decir, pertenece a las personas trabajadoras por cuenta propia del sector agrario para las que las actividades agropecuarias son medio básico de vida y que se hallan vinculadas vital y profesionalmente al territorio. Es inaceptable que puedan ser electores personas físicas que no tengan actividad agraria real.
El Proyecto de Ley, en este aspecto, incorpora criterios absolutamente cuestionables para la composición del censo electoral. Además de los afiliados a la Seguridad Social por su actividad agraria por cuenta propia, utiliza los ingresos agrarios para identificar cuando la actividad agraria se ejerce con la suficiente habitualidad y relevancia económica como para determinar la inclusión del perceptor en el censo.
Establecer el derecho a voto dependiendo de determinadas cuantías de rentas agrarias o ayudas comunitarias puede distorsionar el proceso electoral, ya que es evidente que la percepción de esas ayudas, con las actuales políticas de ayudas desacopladas, no garantiza una actividad agropecuaria real. Pero además es discriminatorio y arbitrario, pues mientras a quienes perciben pagos directos les basta con ingresar 3.000 euros para estar incluidos en el censo, con independencia de lo que esta cantidad represente en su renta total, a quienes obtienen renta agraria vía mercado se les exige que tales ingresos representen un porcentaje igual o superior al 25% de su renta total.
No se entiende el motivo por el cuál se haya ignorado el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo rural de 21 de enero pasado en el que se estableció el criterio a la hora de determinar que se debe considerar agricultor activo.
En lo que respecta al Consejo Agrario que se crea, éste no constituye un órgano capaz de llegar a acuerdos sobre políticas agrarias porque no se recoge entre sus funciones las de negociación y
concertación. Incluso estos aspectos fundamentales de la interlocución empeoran respecto al actual Comité Asesor Agrario.
La garantía de interlocución con el sector y el derecho efectivo de participación de los agricultores son imprescindibles, más si cabe en el momento actual, en una coyuntura de reformas agrarias y con cambios relevantes en los mercados agroalimentarios.
Este Proyecto de Ley no reconoce las funciones propias de las organizaciones profesionales agrarias: la representación institucional, la reivindicación y la negociación en defensa de los intereses profesionales y socioeconómicos de los agricultores y ganaderos.
En suma, el proceso que este Proyecto de Ley pretende abordar ha de ser regulado con las garantías de cualquier procedimiento electoral que se precie. En ningún caso las garantías electorales de estos profesionales en un proceso, independientemente de cómo se denomine, que pretende medir la representatividad de sus organizaciones, pueden ser legalmente inferiores a las que existen para medir la representatividad sindical del resto de trabajadores.
El derecho a ostentar representatividad ante las administraciones públicas forma parte del núcleo esencial del derecho a la libertad sindical.
En resumen, presentamos este veto porque la regulación planteada no garantiza la representatividad de las organizaciones agrarias de acuerdo a los estándares de unas elecciones democráticas, ni convierte al Consejo que se crea en instrumento útil para el ejercicio de dicha representatividad.
La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula una propuesta de veto al Proyecto de Ley por la que se regula el procedimiento para la determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias y se crea el Consejo Agrario.
Palacio del Senado, 8 de mayo de 2014.—Ester Capella i Farré.
El Proyecto de Ley, que pretende la determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias, determina la exclusión de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias con implantación territorial autonómica en base a la visión centralista y unitarista que caracteriza la actividad legislativa del Partido Popular en la presente Legislatura.
El establecimiento del requerimiento de tener una presencia mínima en, al menos 6 Comunidades Autónomas, para considerar representativa a una organización agraria es tan excluyente como arbitrario. Excluyente por la pretensión, reforzada por el criterio mínimo del 15% a nivel estatal, de marginar la representación de los colectivos autonómicos. Y arbitrario porque el criterio de 6 Comunidades Autónomas es absolutamente desorbitado. Hasta el punto que, actualmente, cinco comunidades suponen el 64% del censo estatal y que, contrariamente, diez comunidades pueden representar sólo el 23%. Estos datos contravendrían además el concepto de representatividad tal y como lo define la OIT cuando establece que el criterio debe ser objetivo y no puede estar basado en elementos, como estos, que son parciales o abusivos.
Por otro lado, la Disposición Transitoria Única establece una provisionalidad sine die para el mantenimiento del Comité Asesor Agrario que viola el derecho de libertad sindical y de representación.
Por todo ello, se presenta el siguiente veto al Proyecto de Ley por el que se regula el procedimiento para la determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias y se crea el Consejo Agrario.(621/000068).
El Senador Jordi Guillot Miravet (GPEPC) y el Senador Joan Saura Laporta (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan una propuesta de veto al Proyecto de Ley por la que se regula el procedimiento para la determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias y se crea el Consejo Agrario.
Y este Proyecto de Ley, ni ofrece suficientes garantías democráticas y de participación para los profesionales del campo, ni otorga al Consejo Agrario de nueva creación competencias que entendemos básicas en el proceso de interlocución, como son la negociación y la concertación con la representación del sector agrario.
El proceso electoral que contiene el Proyecto de Ley no ofrece suficientes garantías democráticas. Incorpora criterios absolutamente discrecionales y arbitrarios para la composición del censo electoral, no regula nada en absoluto respecto a la campaña electoral para garantizar la igualdad de oportunidades de las organizaciones agrarias que concurran al proceso electoral, ni garantiza el voto por correo de forma personal, directa y presencial para impedir cualquier tipo de intermediación.
En el colmo del despropósito se afirma que no se trata de un proceso electoral, sino de una consulta. En el Preámbulo de este Proyecto de Ley se afirma que el motivo de dicha consulta no es elegir una lista de personas para ocupar los puestos de un órgano ejecutivo, sino determinar la representatividad de las organizaciones agrarias simplificando el procedimiento. Así, desde el punto de vista del Gobierno no se trata de un proceso electoral ni es directamente aplicable la normativa electoral. Sin embargo, electoral significa perteneciente o relativo a electores o a elecciones y en el propio Proyecto de Ley se definen los electores que tendrán derecho a participar en la llamada consulta. Y estos electores tienen derecho a participar en unas elecciones para elegir la organización profesional que les va a representar.
Es particularmente importante dejar claro que el derecho a voto solo puede pertenecer a los verdaderos profesionales del sector. Es decir, pertenece a las personas trabajadoras por cuenta propia del sector agrario para las que las actividades agropecuarias son medio básico de vida y que se hallan vinculadas
vital y profesionalmente al territorio. Es inaceptable que puedan ser electores personas físicas que no tengan actividad agraria real.
En lo que respecta al Consejo Agrario que se crea, éste no constituye un órgano capaz de llegar a acuerdos sobre políticas agrarias porque no se recoge entre sus funciones las de negociación y concertación. Incluso estos aspectos fundamentales de la interlocución empeoran respecto al actual Comité Asesor Agrario.
Es por estos motivos, que presentamos esta propuesta de veto al Proyecto de Ley por la que se regula el procedimiento para la determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias y se crea el Consejo Agrario.
La Senadora Mónica Almiñana Riqué (GPEPC), el Senador Francisco Boya Alós (GPEPC), el Senador Rafel Bruguera Batalla (GPEPC), el Senador Carlos Martí Jufresa (GPEPC), el Senador José Montilla Aguilera (GPEPC), el Senador Joan Sabaté Borràs (GPEPC) y la Senadora María Jesús Sequera García (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan una propuesta de veto al Proyecto de Ley por la que se regula el procedimiento para la determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias y se crea el Consejo Agrario.
Palacio del Senado, 8 de mayo de 2014.—Mónica Almiñana Riqué, Francisco Boya Alós, Rafel Bruguera Batalla, Carlos Martí Jufresa, José Montilla Aguilera, Joan Sabaté Borràs y María Jesús Sequera García.
De doña Mónica Almiñana Riqué (GPEPC), de don Francisco Boya Alós (GPEPC),
de don Rafel Bruguera Batalla (GPEPC), de don Carlos Martí Jufresa (GPEPC),
de don José Montilla Aguilera (GPEPC), de don Joan Sabaté Borràs (GPEPC)
La Senadora Mónica Almiñana Riqué (GPEPC), el Senador Francisco Boya Alós (GPEPC), el Senador Rafel Bruguera Batalla (GPEPC), el Senador Carlos Martí Jufresa (GPEPC), el Senador José Montilla
Aguilera (GPEPC), el Senador Joan Sabaté Borràs (GPEPC) y la Senadora María Jesús Sequera García (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente propuesta de veto.
El proyecto de Ley que presenta el Gobierno para derogar la Ley 1﻿0/2009 y mediante el cual se crea el Consejo Agrario como órgano consultivo del Estado en el ámbito agroalimentario, determinando las bases de representación de las organizaciones profesionales agrarias, carece a nuestro entender de algunos elementos fundamentales en una norma de estas características.
En primer lugar, resulta sorprendente que el gobierno pretenda cambiar una legislación que aún no ha sido aplicada en su integridad ya que su Reglamento fue dictado en 2010 y, por tanto, se encuentra aún en proceso de implantación. Y. resulta aún más grave, que pretenda hacerlo sin los mínimos consensos necesarios. Es decir, sin ninguna implicación ni debate previo con las organizaciones sindicales, las organizaciones profesionales agrarias y las Comunidades Autónomas. Un hecho que resulta doblemente significativo atendiendo a que una Ley de estas características debería ser un instrumento longevo y capaz de concitar un sólido apoyo en sus líneas maestras, evitando así procesos de interinidad legislativa que responden más a intereses de parte que no al bien común del conjunto del sector agrario.
Puede entenderse que de la aplicación del texto legislativo vigente se visualicen ahora cuestiones que requieren de modificaciones puntuales para mejorarlo y adaptarlo. En cambio, no es entendible, en absoluto, un cambio de legislación como el que acontece, que además no goce de un amplio consenso entre los representantes del sector a quién va dirigido.
Además, el Proyecto de Ley no cuenta con el aval ni del Consejo de Estado, ni tampoco del Consejo Económico y Social, lo que le hace adolecer de un soporte jurídico suficiente para ser presentado a las cámaras sin los mínimos consensos referidos en el anterior párrafo.
En segundo lugar, nos parece grave que para la realización del proceso de elección al Consejo Agrario no se utilice un proceso electoral y se sustituya este término por el de consulta, quedando su marco normativo sujeto a los reglamentos de la presente Ley. Sería más razonable y más democrático que el proceso fuera regulado por la Ley 5/1985 del Régimen Electoral General dándole así carácter de elecciones en un sentido pleno del término.
En tercer lugar consideramos que la definición de personas físicas y jurídicas que establece el artículo 6 distorsiona de una forma evidente los electores relacionados con la actividad agraria. No parece que la participación de colectivos que por el hecho de poseer tierras y recibir ayudas de la PAC pueden, a pesar de no tener condición de agricultor activo, participar en el proceso, ayude a dar credibilidad a los órganos consultivos del Estado.
En cuarto lugar queremos evidenciar las contradicciones del artículo 5 y las consecuencias de su aplicación en los términos planteados. Especialmente si tenemos en cuenta que la proporción del 15% de los votos emitidos en todo el Estado y además el 5% de los emitidos en al menos seis Comunidades Autónomas, puede generar situaciones arbitrarias. Especialmente al no tener en cuenta el peso de los propios censos en cada una de las comunidades autónomas en las que cinco de ellas suponen el 64% del censo nacional y 10 pueden representar el 23%. Por esta razón proponemos rebajar el porcentaje a un 10% del voto nacional para dar cabida a todas las organizaciones presentes en el conjunto del Estado.
Por todo ello y atendiendo a la voluntad de definir un texto legislativo capaz de responder al interés general de las OPAs y del conjunto del sector agrario presentamos esta propuesta de veto al Proyecto de Ley por el que se regula el procedimiento para la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias y se crea el Consejo Agrario.
El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula una propuesta de veto al Proyecto de Ley por la que se regula el procedimiento para la determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias y se crea el Consejo Agrario.
Palacio del Senado, 8 de mayo de 2014.—El Portavoz, Jokin Bildarratz Sorron.
Se propone con la presente propuesta de veto la devolución al Gobierno del Proyecto de Ley por la que se regula el procedimiento para la determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias y se crea el Consejo Agrario.
Con el argumento de que la situación normativa existente —constituida por la Ley 10/2009, de 20 de octubre, de creación de órganos consultivos del Estado en el ámbito agroalimentario y de determinación de las bases de representación de las organizaciones profesionales agrarias— dificulta la determinación de las organizaciones profesionales agrarias en el ámbito estatal, el Estado plantea este Proyecto de Ley entendiendo que resulta necesario un cambio de modelo para fijar la determinación de las organizaciones profesionales agrarias en el ámbito del conjunto del Estado.
El modelo propuesto en el proyecto es el que se deriva de la consideración de las organizaciones profesionales agrarias como asociaciones constituidas al amparo de los escasos contenidos dispositivos de la Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre regulación del derecho de Asociación Sindical, que continúan en vigor. El proyecto opta, en consecuencia, por un precepto preconstitucional para la determinación de las organizaciones profesionales agrarias que, aunque se encuentre vigente y sea acorde con la Constitución, carece de fundamento constitucional expreso.
En este contexto, el proyecto plantea un cambio de modelo en la elección de las organizaciones profesionales agrarias más representativas, al pasar de uno en el que las Comunidades Autónomas ostentan un papel determinante en los procesos de elección, a otro definido por una consulta única en el conjunto del Estado.
Se pretende instaurar un sistema de carácter centralizado y uniforme en el que se elimina cualquier intervención de las Comunidades Autónomas, cuando éstas ostentan competencia exclusiva en materia de agricultura, materia que, a fin de cuentas, es la que va a ser tratada en el seno del Consejo Agrario que crea la Ley como resultado de lo que el Estado denomina una consulta de ámbito estatal.
El sistema para determinar la representatividad de las OPAs que se recoge en el proyecto no es un auténtico proceso electoral revestido de las garantías inherentes a éstos, sino que se trata una consulta a cuyos resultados se otorgan los mismos efectos que los de un proceso electoral.
El Estado español se ampara en el art. 149.1.18 de la Constitución para la formulación de este Proyecto de Ley, considerando con ello que la regulación propuesta constituye materia propia de bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas, pero la invocación del art. 149.1.18 CE resulta, cuando menos, forzada ya que lo que el texto del proyecto plantea no son las bases de un procedimiento administrativo específico, sino que se trata de un sistema de consulta.
A pesar de que la memoria que acompaña al texto del proyecto exprese que su objetivo no es regular la representatividad de estas organizaciones ante los órganos competentes de las Comunidades Autónomas, ni afectar a las competencias exclusivas de éstas en esta materia, lo cierto es que la celebración de esta consulta interfiere y se interpone en la materia de agricultura, exclusiva de las Comunidades Autónomas.
Sin duda alguna, el proyecto tiene un ámbito estatal de actuaciones y además, la consulta que se plantea en la Ley y la consiguiente configuración del Consejo Agrario puede tener una posible incidencia en el ámbito competencial exclusivo autonómico en materia de agricultura.
La consulta que propone el Proyecto de Ley constituye una suerte de intervención estatal en el ámbito autonómico en el que pueden llevarse a cabo los procedimientos de selección de las organizaciones profesionales agrarias más representativas de conformidad con la correspondiente normativa autonómica y estas OPAs de ámbito autonómico pueden verse difuminadas o infravaloradas en su propio ámbito de actuaciones al verse concernidas por una consulta única y centralizada que pretende desarrollarse, también, en ese mismo ámbito territorial, de forma paralela y a modo de intromisión, en un contexto más amplio y uniformizado que plantea el Proyecto de Ley.
Por todo ello, no apreciándose la necesidad objetiva de dictar una norma con rango de Ley en los términos en los que se encuentra redactado el presente proyecto y teniendo en cuenta las dudas que suscita desde la perspectiva de su posible afección a las competencias autonómicas en materia de agricultura, así como su articulación expresa en base a una ley preconstitucional, se plantea la retirada del Proyecto de Ley por el que se regula el procedimiento para la determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias y se crea el Consejo Agrario.
El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula una propuesta de veto al Proyecto de Ley por la que se regula el procedimiento para la determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias y se crea el Consejo Agrario.
El Proyecto de Ley por la que se regula el procedimiento para la determinación de la representatividad de las Organizaciones Profesionales Agrarias (OPAs) y se crea el Consejo Agrario, viene a derogar la Ley 10/2009, de 20 de octubre, de creación de órganos consultivos del Estado en el ámbito agroalimentario y de determinación de las bases de representación de las organizaciones profesionales agrarias, y sus normas de desarrollo.
Una ley, la de 2009, que acababa con la situación de transitoriedad que se produjo en relación con la determinación de la representatividad de las OPAs que había abierto la Ley 18/2005, de 30 de septiembre, por la que se deroga la Ley 23/1986, de 24 de diciembre, por la que se establecen las bases del régimen jurídico de las Cámaras Agrarias.
Y lo hacen con una absoluta falta de negociación previa con los interesados, lo que lleva a una falta notable de consenso sobre la nueva norma. El dar cumplimiento a un trámite de audiencia entre las Comunidades Autónomas y los sectores afectados por este Proyecto de Ley, no implica haber escuchado las demandas de los mismos. Este Grupo Parlamentario desconoce a qué intereses responde esta nueva norma y la urgencia que tiene el Gobierno en tramitarla. Qué interés les lleva a modificar un sistema de atribución de la condición de «más representativas» a las OPAs, que fue pactado en la anterior Legislatura entre la práctica totalidad de las fuerzas con representación parlamentaria y que todavía no se ha visto plenamente implementado.
Por el contrario, el texto del Proyecto de Ley cuenta con la oposición formalmente expresada, incluso en las comparecencias que ante la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente se celebraron el pasado 24 de febrero, de 3 de las cuatro OPAs más representativas del país.
En la misma dirección, es necesario señalar que el texto de este Proyecto de Ley no cuenta con aval jurídico suficiente, pues no ha contado, entre otros, con el informe ni del Consejo de Estado ni del Consejo Económico y Social.
Por todo ello, el Proyecto de Ley presenta, al menos, las siguientes objeciones a juicio de este Grupo Parlamentario:
En primer lugar, este Proyecto de Ley sustituye el modo de determinación de la condición de Organización Agraria más representativa que, desde la Ley 23/1986 se establecía de forma indirecta, mediante las elecciones a Cámaras agrarias y que desde su derogación, por la Ley 18/2005, de 30 de septiembre, se ha dejado en manos de las Comunidades Autónomas.
En la mencionada Ley de 2009, se establecía un doble mecanismo, plenamente respetuoso con las competencias que corresponden en esta materia a las Comunidades Autónomas, para obtener tal condición de más representativas: de forma directa, cuando se acredite el 15% de los votos electorales obtenidos en las elecciones a órganos consultivos autonómicos en, al menos, 9 Comunidades
Autónomas; subsidiariamente, cuando se hallen reconocidas como OPAs más representativas en, al menos, 10 Comunidades Autónomas.
En aplicación de este sistema de determinación de la condición de OPAs más representativas en el ámbito estatal, se han producido elecciones a Cámaras Agrarias en once Comunidades Autónomas, con un censo homogéneo, con aplicación supletoria de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General) y facilitando la instalación de mesas en número y cercanía suficiente al domicilio de los electores para facilitar la participación.
Un sistema de determinación de la representatividad de las OPAs en el que se ha destacado la ausencia de conflictividad jurídica entre Administraciones territoriales distintas. De hecho, es necesario destacar que, lejos de lo que plantea este Proyecto de Ley, la condición de funcionamiento de la Ley vigente no es la convocatoria de elecciones a Cámaras Agrarias por parte de las Comunidades Autónomas puesto que se arbitra un mecanismo alternativo a éste.
Este Grupo Parlamentario, además, considera necesario reiterar su compromiso con los procedimientos electorales como mejor fórmula, la más garantista, para la determinación de la representatividad de las OPAs.
Este Proyecto de Ley establece como mecanismo fundamental una «consulta», mediante voto personal, directo y secreto de los profesionales de la agricultura incluidos en el censo, a celebrar a lo largo de 2015 (y, a partir de ahí, cada 5 años) de forma simultánea en todo el territorio nacional. A partir de la entrada en vigor de esta norma, y la celebración de la consulta que regula, tendrán tal condición las OPAs que obtuviesen un 15% de los votos válidos emitidos del total nacional y que supongan, en al menos seis Comunidades Autónomas, el 5% de los votos válidos emitidos.
Se señala que el sistema establecido en la Ley de 2009 no permitía obtener datos fiables sobre la representatividad de las OPAs. Pues bien, no ha dado tiempo a comprobarlo. En poco más de 3 años se opta por derogar todo el sistema anterior sin que se haya aplicado totalmente.
Resulta sorprendente que una Ley que se promulga en octubre de 2009, cuyo Reglamento de desarrollo se dicta en junio de 2010 y cuyos efectos comienzan a producirse, efectivamente, en febrero de 2011 —fecha en que se comienza a proceder al reconocimiento de las OPAs más representativas en el ámbito estatal— sea cuestionada por el Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en su primera comparecencia parlamentaria de la presente Legislatura, celebrada el 2 de febrero de 2012, es decir, menos de un año después de la puesta en marcha efectiva de la Ley vigente.
Asimismo, se puede producir la incoherencia, no contemplada en el texto de este Proyecto de Ley, de asistir a resultados diferentes entre la consulta nacional que el mismo propone y los procesos electorales que se produzcan en las distintas Comunidades Autónomas.
Otro problema que se aprecia al analizar el nuevo sistema de atribución de la condición de más representativas a las OPAs viene dado por la aplicación a la consulta de la normativa administrativa (Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común) y no de la normativa electoral (LOREG) más garantista.
En segundo lugar, se plantean problemas en relación con la determinación del Censo, problemas que no se plantean con la Ley vigente, al permitir ésta la elaboración de un censo homogéneo, común y único, en todo el Estado, para la celebración de procesos electorales que habrán de ser convocados por las Comunidades Autónomas.
La definición que establece el Proyecto de Ley (personas físicas y jurídicas que, dedicándose a la agricultura, la ganadería o la silvicultura como actividad económica habitual, inscritas en el censo, cuando cumplan los requisitos a que se refiere el art. 6 del Proyecto de Ley) permite que un amplísimo colectivo de sujetos (notarios, agentes inmobiliarios, Iglesia Católica…) que no tengan la condición efectiva de agricultor activo accedan al censo y participen, como electores, en la consulta.
En sentido contrario, cabe prever que exista un número indeterminado de agricultores que, hoy por hoy, pueden participar en las elecciones a cámaras agrarias que no puedan hacer lo propio en relación con el nuevo procedimiento de consulta que quiere establecer este Proyecto de Ley.
Para el Grupo Parlamentario Socialista resulta necesario garantizar, en el diseño de este censo, que sean los profesionales del sector agrario los que exclusiva y efectivamente tengan la condición de electores y que este extremo no se garantiza en el Proyecto de Ley.
En definitiva, lo que pretende este Proyecto de Ley es una nueva regulación que permita alterar, mediante la modificación del procedimiento de elección, la determinación del censo de electores y la
ausencia de garantías democráticas propias de un proceso electoral, la representatividad obtenida por las OPAs en aplicación de la Ley vigente.
En tercer lugar, se establece un nuevo órgano consultivo, el Consejo Agrario, que viene a sustituir al anterior Comité Asesor Agrario, cuya función es asesorar a la Administración General del Estado en cuestiones de interés general en el ámbito agrario y rural. Estará compuesto por diez consejeros, nombrados por el Ministro, conforme a las propuestas de las OPAs más representativas, en aplicación de un criterio proporcional entre las OPAs, frente al modelo anterior en que se establecía una representación paritaria entre los representantes de la Administración y representantes de las OPAs, de forma igualitaria.
Asimismo, en cuarto lugar, es necesario tener en cuenta los efectos prácticos que un procedimiento de consulta como el previsto en este Proyecto de Ley va a tener en las OPAs. Si tienen que centrarse, incluso financieramente, en la labor electoral resulta evidente que no van a poder hacer frente a las tareas para las que existen estas asociaciones de naturaleza sindical creadas por los agricultores como es la defensa y representación de sus intereses generales.
En definitiva, el mecanismo de atribución de la representatividad a las OPAs que establece la Ley de 2009 ha permitido establecer un marco de interlocución estable entre el sector agrario y la Administración, basado en normas y procedimientos claros, transparentes, consensuados y con todas las garantías democráticas exigibles. Un marco de interlocución que se ha producido tanto mediante la participación de las OPAs más representativas en el Comité Asesor Agrario como en cuantas jornadas y actos de todo tipo convocados por la Administración General del Estado. Asimismo, ha permitido atribuir apoyos públicos de la Administración General del Estado a estas OPAs más representativas así como la participación de éstas en el uso del patrimonio sindical acumulado de agricultores y ganaderos españoles.
Es decir, el modelo ha funcionado razonablemente bien y no se aprecia la necesidad de modificarlo si no es para establecer un mecanismo de determinación de las OPAs más representativas en el ámbito estatal que suponga una verdadera mejora en relación con el actualmente existente.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Socialista formula el presente veto, solicitando la devolución del Proyecto de Ley por la que se regula el procedimiento para la determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias y se crea el Consejo Agrario.
El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula una propuesta de veto al Proyecto de Ley por la que se regula el procedimiento para la determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias y se crea el Consejo Agrario.
Palacio del Senado, 8 de mayo de 2014.—El Portavoz, Josep Lluís Cleries i Gonzàlez.
El Proyecto de Ley por la que se regula el procedimiento para la determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias y se crea el Consejo Agrario tiene como principal objetivo regular el procedimiento de consulta para la determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias de carácter general y en el ámbito estatal. Dicha consulta de celebrará cada cinco años y servirá para determinar la composición del Consejo Agrario, órgano colegiado de carácter consultivo adscrito al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, cuya finalidad es asesorar a la Administración General del Estado en las cuestiones de interés general agrario y rural. Sin lugar a dudas, el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió comparte la necesidad de dotar al sector agrario de mayor protagonismo en la vida pública, así como en la toma de decisiones que afectan de manera directa a sus intereses, pero no comparte el procedimiento establecido para la determinación de la representatividad de la organizaciones profesionales agrarias.
El principal aspecto que determina las discrepancias de éste grupo parlamentario, respecto al procedimiento de consulta para la determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias regulado en el Proyecto de Ley, es la regulación de un procedimiento para determinar la representatividad de las organizaciones agrarias mediante una «consulta» con garantías similares a las establecidas en las elecciones generales, en lugar de regular directamente un proceso electoral aplicando la normativa del Régimen Electoral General prevista para las elecciones generales, dotando al procedimiento, en este caso sí, de todas las garantías y posibilitando que las organizaciones profesionales agrarias tanto de ámbito estatal como autonómico puedan ser candidatas y obtener representación en el Consejo Agrario si obtienen el porcentaje de votos suficiente en su demarcación electoral. Desde la perspectiva electoral del procedimiento, que contiene el proyecto de ley, el menos comprensible de los artículos es el artículo 5, el cual exige que para determinar las organizaciones agrarias más representativas, estas deban obtener al menos el 15% de los votos válidos en el conjunto del Estado y además un mínimo del 5% de los votos en 6 comunidades autónomas. En comparación a la normativa contemplada en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, que simplemente exige el 3% de los votos de la provincia, en los comicios generales al Congreso de los Diputados, todo indica que los requisitos exigidos en el proyecto de ley para determinar la representatividad de las organizaciones agrarias se orientan más al objetivo de concentrar fuertemente esta representatividad que a garantizar su pluralidad.
A modo de conclusión cabe señalar, que teniendo en cuenta, el carácter autonómico del Estado, resultaría más coherente a nuestra distribución competencial en materia agraria, celebrar un proceso electoral similar al regulado en el Régimen Electoral General para las elecciones generales, es decir, elecciones simultaneas en todo el Estado, pudiendo participar organizaciones profesionales agrarias de ámbito estatal y autonómico, teniendo representación en el Consejo Agrario, aquellas organizaciones profesionales que alcancen un mayor apoyo electoral en cada demarcación electoral. De establecerse este proceso electoral para la determinación de la representatividad de las organizaciones agrarias, muchas de las incoherencias del Proyecto de Ley, cuando se compara con la normativa del Régimen Electoral General, quedarían subsanadas.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta una propuesta de veto al Proyecto de Ley por la que se regula el procedimiento para la determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias y se crea el Consejo Agrario.