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Timestamp: 2018-02-19 16:17:55
Document Index: 160753245

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Sentencias de Unificación | Paz Abogados
CARACTERÍSTICAS QUE DEBEN TENER LAS SENTENCIAS DE UNIFICACIÓN PARA QUE ESTAS PUEDAN SER OBJETO DE EXTENSIÓN DE JURISPRUDENCIA.
EXTENSION DE JURISPRUDENCIA – Tiene como finalidad garantizar que la administración aplique de manera uniforme la ley en los términos en que fue interpretada por la jurisprudencia de unificación / EXTENSION DE LA JURISPRUDENCIA POR LA ADMINISTRACION – Debe extenderla en los casos que se encuentren en iguales situaciones fácticas y jurídicas siempre que se trate de sentencias de unificación / SOLICITUD DE EXTENSION DE JURISPRUDENCIA – En caso de ser negada por la administración el interesado queda facultado para acudir ante el Consejo de Estado
La institución jurídica denominada «extensión de los efectos de la jurisprudencia», se incorporó al procedimiento administrativo por medio del artículo 102 del CPACA y tiene la finalidad de garantizar que la Administración aplique de manera uniforme la ley, en los términos en los que fue interpretada por la jurisprudencia de unificación del Consejo de Estado. El artículo 102 del CPACA establece la extensión de los efectos de la jurisprudencia, (…) De la lectura de la norma transcrita, es preciso resaltar, que la Administración tiene el deber de extender los efectos de la jurisprudencia, a aquellos casos que se encuentren en iguales situaciones fácticas y jurídicas, siempre que se trate de sentencias de unificación, en las que se haya reconocido un derecho al demandante. De otra parte, la norma en cita establece que si la Administración niega total o parcialmente la solicitud de extensión o guarda silencio, el peticionario queda facultado para acudir ante el Consejo de Estado dentro de los 30 días siguientes, para adelantar el procedimiento especial establecido en el artículo 269 del CPACA. La solicitud ante el Consejo de Estado debe hacerse por medio de un escrito que contenga las razones que le sirven de fundamento y debe acompañarse de la copia de la actuación surtida ante la autoridad competente.
FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 – ARTICULO 102 / LEY 1437 DE 2011 – ARTICULO 269
SENTENCIA DE UNIFICACION DEL CONSEJO DE ESTADO – Para lograrla se debe adelantar el procedimiento previsto en el artículo 271 del CPACA / DECISIONES POR IMPORTANCIA JURIDICA, TRASCENDENCIA ECONOMICA O SOCIAL O PARA SENTAR JURISPRUDENCIA – Son los temas que ameritan que el Consejo de Estado profiera sentencias de unificación / EXTENSION DE JURISPRUDENCIA – No procede cuando la sentencia que se solicita extender no es de unificación
Como se explicó, el artículo 102 del CPACA establece que las autoridades deben extender los efectos de las sentencias de unificación dictadas por el Consejo de Estado. A su turno, los artículos 270 y 271 del CPACA determinan cuáles sentencias tienen tal naturaleza, así: (…) De las normas transcritas se puede concluir que, en el asunto objeto de estudio, la sentencia respecto de la cual se solicita la extensión de sus efectos no cumple con los presupuestos legales antes indicados, para que proceda el trámite y estudio de la solicitud. En efecto, si bien la sentencia cuyos efectos se solicita sean extendidos, fue proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, una de las Secciones que integran la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, la providencia no tuvo como objeto unificar la jurisprudencia de los Tribunales, pues para ello debe adelantarse el procedimiento previsto en el artículo 271 íb., el cual no existía para la época en que se expidió dicha sentencia, y que tiene precisamente como objeto, que la Sección se pronuncie con la finalidad expresa de unificar la jurisprudencia o de decidir un asunto de importancia jurídica o de trascendencia social o económica. Las anteriores razones son suficientes para rechazar por improcedente la solicitud presentada por LUIS ÁNGEL CASTRO CARVAJAL, para adelantar el procedimiento previsto en el artículo 269 del CPACA.
FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 – ARTICULO 102 / LEY 1437 DE 2011 – ARTICULO 270 / LEY 1437 DE 2011 – ARTICULO 271
Bogotá D.C., nueve (9) de diciembre del dos mil dieciséis (2016)
Radicación número: 11001 03 25 000 2013 00929 00 (20893)
Actor: LUIS ANGEL CASTRO CARVAJAL
Demandado: DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTURARIO DE BARRANQUILLA – DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
Llega al Despacho el proceso de la referencia para dar trámite a la solicitud de extensión de la jurisprudencia del Consejo de Estado a terceros, de conformidad con el artículo 269 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA.
El 1º de marzo de 2013, el señor Luis Ángel Castro Carvajal, actuando en nombre propio, radicó escrito ante el Concejo Distrital de Barranquilla para que, según lo dispuesto en el artículo 102 del CPACA, extendiera los efectos de la sentencia del 4 de septiembre de 2008, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado[1], mediante la cual se anuló el Acuerdo 032 de diciembre 29 de 2004, expedido por el Concejo Municipal de Calima El Darién (Valle del Cauca)[2], en una situación fáctica y jurídica que, a su juicio, es análoga a la de los artículos 10 al 13 del Acuerdo 0015 de 2009 expedido por el Concejo del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla.
El 7 de marzo de 2013, el actor radicó un escrito en el que amplió la solicitud de pruebas y anexó una copia de la sentencia, cuyos efectos solicita que se extiendan[3].
El accionante afirma que el Concejo Distrital de Barranquilla no dio respuesta a la solicitud impetrada, dentro del término previsto en el artículo 102 del CPACA.
SOLICITUD DE EXTENSIÓN DE JURISPRUDENCIA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO
El 3 de mayo de 2013, el actor radicó escrito en esta Corporación, para que se ordene, a quien corresponda, «reconocer la extensión de los efectos de la sentencia de unificación jurisprudencial dictada por el Consejo de Estado “sobre el impuesto de alumbrado público” Sentencia Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Cuarta Consejera Ponente: LIGIA LÓPEZ DÍAZ de fecha 4 de septiembre de 2008 – radicado número: 76001233100020050458201 REFERENCIA: 16850 Actor (a): CLARA MARÍA GONZÁLEZ ZABALA, y en su lugar se declare la nulidad de los artículos 10, 11, 12 y 13 del acuerdo 0015 de diciembre 18 de 2009, emanado por el Honorable Concejo Distrital Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla y los actos de contenido general que se desprenda de ellos».
En el escrito, el actor hizo un análisis normativo y jurisprudencial sobre el impuesto de alumbrado público y la facultad impositiva de las entidades territoriales, para concluir que los artículos 10, 11, 12 y 13 del Acuerdo 015 de 2009, expedido por el Concejo Distrital de Barranquilla, no se ajustan ni a la Constitución ni a la ley.
Sostuvo que los mencionados artículos regulan el impuesto de alumbrado público de la misma forma en que lo hacía el Acuerdo 032 del 2004, expedido por el Concejo Municipal de Calima El Darién (Valle del Cauca), el cual fue anulado por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, al considerar que el mencionado municipio carecía de competencia para establecer los elementos del impuesto de alumbrado público.
En los términos del escrito presentado por el señor Luis Ángel Castro Carvajal, corresponde a este Despacho determinar si la solicitud de extensión de los efectos de la jurisprudencia formulada respecto del fallo proferido por la Sección Cuarta en el expediente 16850, es procedente a la luz de lo dispuesto en los artículos 102 y 269 del CPACA. Para ello, se analizarán en primer lugar los rasgos distintivos de esta institución para luego, estudiar el caso concreto.
La institución jurídica denominada «extensión de los efectos de la jurisprudencia», se incorporó al procedimiento administrativo por medio del artículo 102 del CPACA y tiene la finalidad de garantizar que la Administración aplique de manera uniforme la ley, en los términos en los que fue interpretada por la jurisprudencia de unificación del Consejo de Estado.
El artículo 102 del CPACA establece la extensión de los efectos de la jurisprudencia, así:
“Artículo 102. Extensión de la jurisprudencia del Consejo de Estado a terceros por parte de las autoridades. Las autoridades deberán extender los efectos de una sentencia de unificación jurisprudencial dictada por el Consejo de Estado, en la que se haya reconocido un derecho, a quienes lo soliciten y acrediten los mismos supuestos fácticos y jurídicos.
Justificación razonada que evidencie que el peticionario se encuentra en la misma situación de hecho y de derecho en la que se encontraba el demandante al cual se le reconoció el derecho en la sentencia de unificación invocada.
Las pruebas que tenga en su poder, enunciando las que reposen en los archivos de la entidad, así como las que haría valer si hubiere necesidad de ir a un proceso.
Copia o al menos la referencia de la sentencia de unificación que invoca a su favor.
Exponiendo las razones por las cuales considera que la decisión no puede adoptarse sin que se surta un período probatorio en el cual tenga la oportunidad de solicitar las pruebas para demostrar que el demandante carece del derecho invocado. En tal caso estará obligada a enunciar cuáles son tales medios de prueba y a sustentar de forma clara lo indispensable que resultan los medios probatorios ya mencionados.
Exponiendo las razones por las cuales estima que la situación del solicitante es distinta a la resuelta en la sentencia de unificación invocada y no es procedente la extensión de sus efectos.
Exponiendo clara y razonadamente los argumentos por los cuales las normas a aplicar no deben interpretarse en la forma indicada en la sentencia de unificación. En este evento, el Consejo de Estado se pronunciará expresamente sobre dichos argumentos y podrá mantener o modificar su posición, en el caso de que el peticionario acuda a él, en los términos del artículo 269.
Los términos para la presentación de la demanda en los casos anteriormente señalados se reanudarán al vencimiento del plazo de treinta (30) días establecidos para acudir ante el Consejo de Estado cuando el interesado decidiere no hacerlo o, en su caso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 269 de este Código” (Se subraya).
De la lectura de la norma transcrita, es preciso resaltar, que la Administración tiene el deber de extender los efectos de la jurisprudencia, a aquellos casos que se encuentren en iguales situaciones fácticas y jurídicas, siempre que se trate de sentencias de unificación, en las que se haya reconocido un derecho al demandante.
De otra parte, la norma en cita establece que si la Administración niega total o parcialmente la solicitud de extensión o guarda silencio[4], el peticionario queda facultado para acudir ante el Consejo de Estado dentro de los 30 días siguientes, para adelantar el procedimiento especial establecido en el artículo 269 del CPACA.
La solicitud ante el Consejo de Estado debe hacerse por medio de un escrito que contenga las razones que le sirven de fundamento y debe acompañarse de la copia de la actuación surtida ante la autoridad competente[5].
En el sub examine se advierte que el señor Luis Ángel Castro Carvajal, presentó la solicitud ante la Secretaría General de esta Corporación, el 3 de mayo de 2013[6], es decir, luego de transcurridos los 30 días siguientes a la radicación de la petición de extensión de los efectos de la jurisprudencia ante el Concejo Distrital de Barranquilla, sin que hubiera obtenido respuesta de esa Corporación.
El expediente fue asignado por reparto a la Sección Segunda la que, por auto del 11 de diciembre de 2013[7], remitió el asunto por competencia a esta Sección, toda vez que versa sobre materia tributaria.
El 14 de marzo de 2014[8], en virtud del reparto efectuado por la Secretaría de la Sección Cuarta, este expediente subió al Despacho para resolver la solicitud.
En el escrito, el actor expone los argumentos en que sustenta la procedibilidad de la aplicación extensiva de la jurisprudencia en su caso, para lo cual allegó la copia de la petición realizada al Concejo de Barranquilla y de sus anexos.
Teniendo en cuenta lo anterior, se concluye que la petición reúne los requisitos formales para proceder a su estudio de fondo.
Ahora bien, se advierte que el actor solicita la aplicación extensiva de los efectos de una sentencia proferida el 4 de septiembre de 2008, por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, en el proceso Nº 16850, que se ocupó de estudiar la legalidad del Acuerdo 032 del 2004 proferido por el Concejo del Municipio de Calima el Darién (Valle del Cauca), por medio del cual “se fijan los valores del impuesto para el servicio de alumbrado público”[9]
Como se explicó, el artículo 102 del CPACA establece que las autoridades deben extender los efectos de las sentencias de unificación dictadas por el Consejo de Estado. A su turno, los artículos 270 y 271 del CPACA determinan cuáles sentencias tienen tal naturaleza, así:
“Artículo 270. Sentencias de unificación jurisprudencial. Para los efectos de este Código se tendrán como sentencias de unificación jurisprudencial las que profiera o haya proferido el Consejo de Estado por importancia jurídica o trascendencia económica o social o por necesidad de unificar o sentar jurisprudencia; las proferidas al decidir los recursos extraordinarios y las relativas al mecanismo eventual de revisión previsto en el artículo 36A de la Ley 270 de 1996, adicionado por el artículo 11 de la Ley 1285 de 2009.
La instancia competente decidirá si avoca o no el conocimiento del asunto, mediante auto no susceptible de recursos” (Se subraya).
De las normas transcritas se puede concluir que, en el asunto objeto de estudio, la sentencia respecto de la cual se solicita la extensión de sus efectos no cumple con los presupuestos legales antes indicados, para que proceda el trámite y estudio de la solicitud.
En efecto, si bien la sentencia cuyos efectos se solicita sean extendidos, fue proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, una de las Secciones que integran la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo[10], la providencia no tuvo como objeto unificar la jurisprudencia de los Tribunales, pues para ello debe adelantarse el procedimiento previsto en el artículo 271 íb., el cual no existía para la época en que se expidió dicha sentencia[11], y que tiene precisamente como objeto, que la Sección se pronuncie con la finalidad expresa de unificar la jurisprudencia o de decidir un asunto de importancia jurídica o de trascendencia social o económica.
Las anteriores razones son suficientes para rechazar por improcedente la solicitud presentada por LUIS ÁNGEL CASTRO CARVAJAL, para adelantar el procedimiento previsto en el artículo 269 del CPACA.
RECHÁZASE por improcedente la solicitud de extensión de la jurisprudencia presentada por LUIS ÁNGEL CASTRO CARVAJAL, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.