Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2006/C-718-06.htm
Timestamp: 2018-10-19 09:21:32
Document Index: 364738243

Matched Legal Cases: ['artículo 148', 'artículo 241', 'artículo 148', 'artículo 7', 'artículo 116', 'artículo 148', 'e contrario', 'artículo 148', 'artículo 153', 'artículo 148', 'artículo 85', 'ARTÍCULO 150', 'ARTÍCULO 9', 'ARTÍCULO 16', 'ARTÍCULO 17', 'ARTÍCULO 18', 'ARTÍCULO 153', 'ARTÍCULO 286', 'ARTÍCULO 338', 'ARTÍCULO 355', 'ARTÍCULO 366', 'ARTÍCULO 102', 'ARTÍCULO 146', 'ARTÍCULO 147', 'ARTÍCULO 149', 'ARTÍCULO 152', 'artículo 16', 'artículo 16', 'ARTÍCULO 9', 'ARTÍCULO 16', 'ARTÍCULO 17', 'ARTÍCULO 18']

C-718-06
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 148 de la Ley 906 de 2004“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad establecida en el artículo 241 de la Constitución Política, el ciudadano Juan Francisco Álvarez Cardona solicita ante esta Corporación la declaratoria de inexequibilidad del artículo 148 de la Ley 906 de 2004 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”.
A través de oficio No. DP-0042 del 3 de enero de 2006, el Procurador General de la Nación manifestó a la Corte que tanto él como el Viceprocurador General de la Nación, se encontraban impedidos para conceptuar sobre la constitucionalidad de la disposición acusada, toda vez que, en su condición de Procurador General participó en la comisión redactora y el Viceprocurador General participó en la subcomisión redactora del proyecto que dio origen al nuevo Código de Procedimiento Penal –Ley 906 de 2004- objeto de revisión. En consecuencia, solicitó a esta Corporación que, de aceptar el impedimento manifestado, dispusiera que el Procurador General en cumplimiento de la función que le atribuye el numeral 33 del artículo 7º del Decreto Ley 262 de 2000 designara al funcionario que debe rendir el correspondiente concepto.
El actor considera que el artículo demandado vulnera el derecho a la igualdad al imponer al juez penal, “de forma discriminatoria”, determinada forma de vestir -el uso de la toga- , excluyendo de esta medida a, i) las demás personas que administran justicia, según el artículo 116 de la Constitución Política, ii) a los diferentes sujetos procesales que participan en audiencia, iii) a los mismos jueces penales de transición, y, iv) a los demás jueces de la República que tienen distinta especialidad a la penal y que también actúan como jueces de tutela.
Al respecto destaca que al no existir un fundamento para la exigencia del uso de la toga el deber de usarla “es solo rito, mera parafernalia inocua, puro formalismo hueco o y aislado o parcelado en el ejercicio de administrar justicia por parte de los jueces, que no puede primar sobre los derechos sustanciales de decidir como vestirse”.
Afirma que por las especificidades propias del derecho penal el juez no está en la misma situación fáctica de los demás funcionarios de la rama judicial ni mucho menos puede compararse con los demás intervinientes en el proceso pues es él quien como administrador de justicia lo “regenta, dirige y conduce”, por lo que en manera alguna puede entenderse vulnerado el derecho a la igualdad.
“(T)eniendo en cuenta que el derecho al libre desarrollo de la personalidad consiste en la potestad de todo individuo de elegir su propia opción de vida, potestad que encuentra su limitación en los derechos de los demás y en el ordenamiento jurídico existente (Sentencia T-124 de 1998), debe el Despacho analizar si este derecho resulta vulnerado con la exigencia a los jueces penales que usen toga durante las audiencias públicas que dirigen. Entonces habrá que recurrir al juicio de proporcionalidad con el fin de determinar si la restricción anotada se ajusta a la Carta, atendiéndose a la evaluación de los tres subprincipios, los de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en estricto sentido.
Lo primero que hay que precisar es que la medida no afecta posición alguna de derechos fundamentales predicables en quien resulte “togado”. La órbita de sus preferencias personales, su intimidad, su imagen, sus creencias, todas ellas resultarán preservadas, pues el ejercicio de la función de administrar justicia y la investidura de la toga, que le es accesoria en virtud de la medida legislativa que se adopta, resultarán conformes al cargo de juez que se ejerce. En consecuencia, en nada se afecta la integridad del plan de vida del juez por el uso de la toga, durante las audiencias públicas; por el contrario y de modo análogo a como históricamente el ejercicio de ciertas funciones y de ciertos trabajos exigen una determinada indumentaria, la majestad de juez y de sus actos, dentro del sistema oral, resultará fortalecida por el respetuoso uso de la toga, elemento simbólico, históricamente aceptado en las democracias continentales y americanas de tradición anglosajona.
En sentido contrario, no se perciben en principio desventajas notorias con la diferencia de trato que afecten el ejercicio de la función de administrar justicia, ni la autonomía del juez, ni su independencia, ni mucho menos posiciones relacionadas con el derecho a la imagen, tal y como equivocadamente lo plantea el accionante; por el contrario, en opinión del Ministerio Público, ésta resulta fortalecida.”
El señor Fiscal General de la Nación, así como el interviniente en representación del Ministerio de Justicia y del Derecho solicitan a la Corte declarar la exequibilidad del artículo 148 de la Ley 906 de 2004 acusado y para el efecto hacen énfasis en que i) la disposición acusada debe examinarse en el contexto de la introducción de un nuevo sistema de procedimiento penal en el que la actuación del juez penal en audiencia se convierte en uno de sus elementos relevantes; ii) desde esta perspectiva no cabe comparar al juez penal encargado de administrar justicia bajo el sistema penal acusatorio regulado en la Ley 906 de 2004 con los demás jueces de la República y ni siquiera con los mismos jueces penales “de transición” que desarrollan su actuación en cumplimiento de la ley 600 de 2000. Menos aún cabe compararlos con los demás intervinientes en el proceso penal; iii) no cabe entender vulnerado el derecho a la libertad, la dignidad humana ni el núcleo esencial del derecho al libre desarrollo de la personalidad por exigir a los jueces penales el uso de toga para el cumplimiento de sus labores en audiencia pública, situación que se presenta en relación con muchas otras profesiones que exigen el uso de uniforme en horas laborales y que en el presente caso se encuenta claramente justificada por las características del nuevo sistema penal acusatorio iv) ninguna vulneración del derecho sustancial cabe entender configurada con el uso de la toga v) la diversidad cultural no se desconoce por el hecho de que para el cumplimiento de la función judicial en audiencia pública se acuda a una vestimenta específica que contrario a lo afirmado por el actor no es totalmente ajena a nuestra cultura.
La Procuradora Auxiliar para asuntos constitucionales por su parte solicita a la Corte declarar la exequibilidad del artículo acusado frente a los cargos planteados en la demanda -que considera se limitan en realidad a la supuesta violación de los derechos a la igualdad y al libre desarrollo de la personalidad- Destaca que i) no es posible comparar la actuación del juez penal en el marco de la Ley 906 de 2004 con la de los demás jueces de la República y mucho menos con los demás intervinientes en el proceso, por lo que ninguna vulneración del derecho de igualdad puede entenderse configurada en este caso; ii) frente a la supuesta vulneración del derecho al libre desarrollo de la personalidad señala que la restricción a que alude el actor en materia de atuendo del juez penal en audiencia por la obligación de usar toga i)es una medida idónea pues no solo pretende la realización de un fin legitimo constitucionalmente, a saber resaltar la dignidad de la función jurisdiccional en el marco de la audiencia pública, sino que ello resulta adecuado para contribuir a la readecuación de las prácticas procesales en función de los presupuestos del sistema penal acusatorio introducido en el Acto Legislativo 03 de 2002; ii) es una medida adecuada para fomentar el fin legítimo perseguido sin que con ello se afecten los derechos fundamentales de los jueces penales, pues sus preferencias personales, su imagen, su intimidad, sus creencias se preservan, sin que el uso de la toga, que debe portarse es en función del cargo que ejercen y exclusivamente en la audiencia, pueda considerarse que afecte el “plan de vida del Juez” ; iii) es una medida proporcionada pues no es de manera alguna lesiva de los derechos de los jueces y por el contrario ofrece innegables ventajas de orden sociológico y operativo en el ejercicio de la administración de justicia, particularmente en materia de conducción de la audiencia.
De ahí que la Corte haya señalado que la legitimidad de las normas procesales está dada en la medida de su proporcionalidad y razonabilidad “pues sólo la coherencia y equilibrio del engranaje procesal permite la efectiva aplicación del concepto de justicia y, por contera, hace posible el amparo de los intereses en conflicto”.[10] Así las cosas, la violación del debido proceso ocurriría no sólo bajo el presupuesto de la omisión de la respectiva regla procesal o de la ineficacia de la misma para alcanzar el propósito para el cual fue diseñada, sino especialmente en el evento de que ésta aparezca excesiva y desproporcionada frente al resultado que se pretende obtener con su utilización[11].
3.2.1 La Corte en las sentencias C-873 de 2003[14] C-591[15] y C-592[16] de 2005 hizo un extenso análisis tanto de los elementos esenciales y las principales características del nuevo sistema de investigación, acusación y juzgamiento en materia penal introducido mediante el Acto Legislativo 03 de 2002, que reformó los artículos 116, 250 y 251 de la Constitución, como de los parámetros de interpretación aplicables a las normas dictadas en desarrollo de dicha reforma, al cual resulta pertinente remitirse para introducir el análisis de los cargos planteados en el presente proceso contra el artículo 148 de la Ley 906 de 2004 “por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal” .
En cuanto a las etapas del procedimiento, se mantuvo la distinción entre la fase de investigación –encaminada a determinar si hay méritos para acusar- y la fase de juzgamiento, pero se otorgó una clara preponderancia, bajo el nuevo sistema, a ésta última; ya se vio cómo el Constituyente derivado de 2002 caracterizó el juicio penal como una etapa regida por la oralidad, la publicidad, la inmediación de las pruebas, la contradicción, la concentración y el respeto por todas las garantías fundamentales. La etapa del juicio se constituye, así, en el centro de gravedad del proceso penal bajo el sistema instituido por el Acto Legislativo, a diferencia del sistema de 1991, que conservó la importancia de la etapa de investigación[21]. En efecto, bajo el sistema preexistente, es durante la investigación que lleva a cabo la Fiscalía que se practican y valoran las pruebas que obran dentro del proceso, por parte de un funcionario que ejerce funciones judiciales e investigativas al mismo tiempo. En virtud del Acto Legislativo, el trabajo investigativo de la Fiscalía constituye más una preparación para el juicio, que es público y oral, durante el cual (i) se practicarán y valorarán, en forma pública y con participación directa del imputado, las pruebas que se hayan podido recaudar, en aplicación de los principios de inmediación judicial y contradicción de la prueba, (ii) se aplicará el principio de concentración, en virtud del cual las pruebas serán evaluadas en su integridad y de manera global durante una etapa procesal de corta duración que otorgue al juez, y al jurado según el caso, una visión de conjunto y le permita fundamentar sus decisiones en la totalidad de las pruebas existentes, y (iii) se adoptarán, con igual publicidad, las decisiones definitivas a las que haya lugar respecto de la responsabilidad penal del acusado[22].
3.2.2. Ahora bien, cabe precisar que el artículo acusado en el presente proceso se encuentra incluido en el Capitulo I -sobre Oralidad en los procedimientos- del Titulo VI -sobre La actuación- del Libro I -sobre Disposiciones generales- de la Ley 906 de 2004 “por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”
En efecto, como ya se explicó en el parte pertinente de esta sentencia, en armonía con los presupuestos señalados por el Acto Legislativo 03 de 2002 sobre la exigencia de un “juicio público, oral, con inmediación de las pruebas, contradictorio, concentrado y con todas las garantías” (art. 250 C.P.) y en concordancia con los principios de oralidad, inmediación, concentración y publicidad, incluidos dentro de los principios rectores y garantías procesales que orientan el nuevo sistema penal, la Ley 906 de 2004 estructura la actuación procesal a través de una serie de audiencias -preliminares (art 153 y ss), de formulación de la imputación (art 286 y ss), de formulación de la acusación (art 338 y ss), preparatoria (art 355 y ss), del juicio oral (art 366 y ss), de reparación integral (art 102 y ss)-. Cabe señalar a su vez que diferentes disposiciones de la Ley se ocupan de fijar reglas para dichas audiencias en materia de registro de la actuación (art 146), celeridad y oralidad (art 147), publicidad de las mismas y sus excepciones (arts 149 a 152 y 155) regulaciones todas que no encuentran su equivalente en las demás jurisdicciones.
Dicho principio que la Corte ha señalado íntimamente vinculado al principio de dignidad humana[43] “tiene sus consecuencias inevitables e inexorables, y la primera y más importante de todas consiste en que los asuntos que sólo a la persona atañen, sólo por ella deben ser decididos”. Pues “Decidir por ella es arrebatarle brutalmente su condición ética, reducirla a la condición de objeto, cosificarla, convertirla en medio para los fines que por fuera de ella se eligen[44].
En similar sentido cabe recordar para efectos de la presente sentencia que la Corte al analizar dicho derecho en concordancia con el derecho a escoger libremente profesión u oficio ha señalado que “La decisión individual puede tener límites por la trascendencia colectiva o general que puede conllevar el ejercicio de determinadas labores, en especial si se trata de una actividad en la que se desarrollen fines del Estado. Sin embargo, tales limitaciones, dentro de un marco constitucional, deben ser razonables y proporcionales[53].
“Junto al ámbito absolutamente intangible del libre desarrollo de la personalidad, varias veces indicado por la Corte Constitucional, que puede expresarse en la completa autonomía del individuo para trazarse así mismo y practicar su propio plan de vida -siempre que no interfiera con los derechos fundamentales de los demás-, debe reconocerse que la persona humana como miembro de la comunidad tiene una condición social que constituye un factor a tener en cuenta por la ley con miras a armonizar el despliegue simultáneo de las libertades individuales y la necesaria conjugación de las conductas cuando ello sea necesario para alcanzar fines sociales merecedores de tutela constitucional. Cabe, pues, distinguir un ámbito del derecho al libre desarrollo de la personalidad, donde el sujeto puede plantear ante las autoridades y los demás una pretensión absoluta de no injerencia, indispensable para que pueda forjarse un plan de vida propio, y un ámbito de libertad personal que tiene carácter prima facie, en el cual resulta menester armonizar debidamente las exigencias individuales y las comunitarias. Tratándose de este ámbito de la libertad, las exigencias sociales sólo podrán restringir válidamente la libertad si su finalidad se ajusta a la Constitución, si la medida legal es idónea respecto del fin pretendido, si la restricción es necesaria por no existir alternativa razonable menos limitativa de la libertad e igualmente eficaz y, finalmente, si el sacrificio a la autonomía resulta adecuado y estrictamente proporcional en relación con la finalidad pretendida”[56].
Dicha obligación, -que para el caso de los jueces penales encargados de aplicar el sistema penal acusatorio va entonces mas allá del deber establecido para todos los Jueces y Magistrados de “Cuidar de que su presentación personal corresponda al decoro que debe caracterizar el ejercicio de su elevada misión” (numeral 14 del artículo 153 de la Ley 270 de 2006)- si bien limita de alguna manera la posibilidad de optar por una determinada indumentaria en esas circunstancias no puede entenderse que constituya una restricción ilegitima desde el punto de vista constitucional del libre desarrollo de la personalidad de los jueces llamados a portar la toga exclusivamente durante las audiencias en que ellos participan.
En efecto para la Corte es claro no solamente que el cumplimiento de dicha obligación en manera alguna puede considerarse como un hecho que altere o ponga en entredicho el “plan de vida”[59] o “las opciones vitales que habrán de guiar el curso de su existencia”[60] de los jueces llamados a utilizar en las circunstancias precisas aludidas dicha indumentaria, como tampoco que ella constituya una medida carente de todo fundamento, idoneidad y necesidad para la realización de los fines de la justicia y específicamente del nuevo sistema penal y mucho menos que comporte una limitación desproporcionada de los derechos de los jueces en esas circunstancias.
Para el actor con la disposición acusada se desconoce el principio de prevalencia del derecho sustancial (art 228 C.P.) pues al no existir un fundamento para la exigencia del uso de la toga el deber de usarla “es solo rito, mera parafernalia inocua, puro formalismo hueco y aislado o parcelado en el ejercicio de administrar justicia por parte de los jueces, que no puede primar sobre los derechos sustanciales de decidir como vestirse”
Al respecto conviene recordar que la Constitución no sólo reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana (CP art. 7°) sino que además establece que es deber del Estado proteger las riquezas culturales de la Nación (CP art. 8°). Y precisa igualmente que la “cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad” y que por ello el “Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las que conviven en el país” (CP art. 70). Estas disposiciones constitucionales muestran ha dicho la Corte que la Constitución aspira a construir una Nación, en donde todas las culturas puedan convivir en forma pacífica e igualitaria[67].
“Los artículos 7°, 8°, 70 y 71 de la Constitución Política disponen que la cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad, que el Estado reconoce y protege las riquezas culturales y la diversidad étnica y cultural de la Nación, al tiempo que debe promover por el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, garantizando la libertad en el desarrollo de las expresiones artísticas.
En términos constitucionales, como lo ha sostenido esta Corporación[69], la diversidad cultural de la Nación hace referencia a formas de vida y concepciones del mundo no totalmente coincidentes con las costumbres de la mayoría en aspectos, tales como, la raza, religión, lengua, arte, folclor y tradiciones artísticas. Los grupos humanos que por sus características culturales no se ajustan a las creencias, costumbres y parámetros sociales propios de la mayoría o difieren de los gustos y anhelos de ésta, tienen derecho constitucional al reconocimiento de sus diferencias con fundamento en los principios de dignidad humana (Preámbulo y C.P. art. 1°), pluralismo (C.P art. 1°) y protección de las minorías (C.P. arts. 1° y 7), así como en los derechos fundamentales a la identidad personal y al libre desarrollo de la personalidad (C.P. art. 16).”[70]
Dicho reconocimiento de la diversidad cultural así como particularmente de la autonomía -en el marco de la Constitución[71]- que en determinados ámbitos es reconocida a las comunidades indígenas (arts 246 y 330 C.P.) ha llevado a la Corte a señalar que “el Estado está obligado, a un mismo tiempo, a garantizar los derechos de todas las personas en su calidad de ciudadanas y a reconocer las diferencias y necesidades particulares que surgen de la pertenencia de esas personas a grupos culturales específicos. En esa labor de equilibrio, el Estado debe cuidarse de imponer alguna particular concepción del mundo pues atentaría contra el principio pluralista y contra la igualdad de todas las culturas”[72].
[1] ACUERDO No. 2680 DE 2004 (Noviembre 10) “Por medio del cual se reglamenta el uso de la Toga”. LA SALA ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA En ejercicio de sus funciones constitucionales y reglamentarias, en especial de las establecidas en el artículo 148 de la Ley 906 de 2004 y en el artículo 85 numeral 13 de la Ley 270 de 1996, ACUERDA
[2] Dicho artículo señala: ARTICULO 153. DEBERES. Son deberes de los funcionarios y empleados, según corresponda, los siguientes: (…)
“Los deberes que se estipulan en la disposición bajo examen son, en principio, constitucionales habida cuenta de que propenden por el ejercicio respetuoso, responsable -tanto profesional como patrimonialmente- y serio de la administración de justicia (Art. 228 C.P.). Adicionalmente, los compromisos en mención se convierten en reglas de conducta mínimas que deben ser observadas en todo momento por los funcionarios judiciales, de forma tal que, por una parte, las relaciones autoridad-asociados se tornen en amables y deferentes; y, por la otra, se logre el cumplimiento oportuno de los objetivos y obligaciones que tanto la Constitución como la ley le imponen a los miembros de la rama judicial.
Bajo estas condiciones, la norma se declarará exequible, salvo las expresiones “Su incumplimiento constituye causal de mala conducta” del numeral 7o y “haciendo testar las frases inconvenientes” del numeral 21, así como los numerales 16 y 17, que serán declarados inexequibles.”
[3] ARTÍCULO 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones: (…)
[4] ARTÍCULOS 228. La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo.
[10] Sentencia C-925 de 1999M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[11] Ver la Sentencia C-1512/00 M.P. Álvaro Tafur Galvis. En similar sentido ver entre otras la Sentencia C-346/97 M.P. Antonio Barrera Carbonell donde se señaló: “La Corte ha señalado igualmente que en el establecimiento de las formas propias de cada actuación judicial, que comprende así mismo la regulación de las diferentes acciones, el legislador debe tomar como punto de referencia la realidad social y extraer de ellas reglas útiles que hagan expedito y eficaz el derecho de acción. Por lo tanto, si bien el legislador goza de libertad para establecer las formas procesales, en el diseño de éstas deben observarse los criterios de razonabilidad, racionabilidad, proporcionalidad y finalidad. No son válidas constitucionalmente, en consecuencia, aquéllas formas procesales que se desvían de dichos criterios y que anulan u obstaculizan irrazonablemente el ejercicio del derecho de acción.”.
[12] Sentencia C- 081/96. M.P. Alejandro Martínez Caballero, En el mismo Sentido ver la Sentencia C-404/01 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[13] Ibídem Sentencia C- 081/96. M.P . Alejandro Martínez Caballero.
[17] Ver Sentencia C-591/05 M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[19] Ver Sentencia C-1092/03 M.P. Álvaro Tafur Galvis
[20] Ver sentencia C-966de 2003 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[21] En este sentido, en la Exposición de Motivos del proyecto de Acto Legislativo se expresó: “...mientras el centro de gravedad del sistema inquisitivo es la investigación, el centro de gravedad del sistema acusatorio es el juicio público, oral, contradictorio y concentrado. Así pues, la falta de actividad probatoria que hoy en día caracteriza la instrucción adelantada por la Fiscalía, daría un viraje radical, pues el juicio sería el escenario apropiado para desarrollar el debate probatorio entre la fiscalía y la acusación. (sic) Esto permitirá que el proceso penal se conciba como la contienda entre dos sujetos procesales –defensa y acusador- ubicadas en un mismo plano de igualdad, al final del cual, como resultado del debate oral y dinámico, el tercero imparcial que es el juez, tomará una decisión.// Mediante el fortalecimiento del juicio público, eje central en todo sistema acusatorio, se podrían subsanar varias de las deficiencias que presenta el sistema actual…”
[22] Ver Sentencia C-873/03 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
[23] ARTÍCULO 9o. ORALIDAD. La actuación procesal será oral y en su realización se utilizarán los medios técnicos disponibles que permitan imprimirle mayor agilidad y fidelidad, sin perjuicio de conservar registro de lo acontecido. A estos efectos se dejará constancia de la actuación.
[24] ARTÍCULO 16. INMEDIACIÓN. En el juicio únicamente se estimará como prueba la que haya sido producida o incorporada en forma pública, oral, concentrada, y sujeta a confrontación y contradicción ante el juez de conocimiento. En ningún caso podrá comisionarse para la práctica de pruebas. Sin embargo, en las circunstancias excepcionalmente previstas en este código, podrá tenerse como prueba la producida o incorporada de forma anticipada durante la audiencia ante el juez de control de garantías.
[25] ARTÍCULO 17. CONCENTRACIÓN. Durante la actuación procesal la práctica de pruebas y el debate deberán realizarse de manera continua, con preferencia en un mismo día; si ello no fuere posible se hará en días consecutivos, sin perjuicio de que el juez que dirija la audiencia excepcionalmente la suspenda por un término hasta de treinta (30) días, si se presentaren circunstancias especiales que lo justifiquen. En todo caso el juez velará porque no surjan otras audiencias concurrentes, de modo que concentre su atención en un solo asunto.
[26] ARTÍCULO 18. PUBLICIDAD. La actuación procesal será pública. Tendrán acceso a ella, además de los intervinientes, los medios de comunicación y la comunidad en general. Se exceptúan los casos en los cuales el juez considere que la publicidad de los procedimientos pone en peligro a las víctimas, jurados, testigos, peritos y demás intervinientes; se afecte la seguridad nacional; se exponga a un daño psicológico a los menores de edad que deban intervenir; se menoscabe el derecho del acusado a un juicio justo; o se comprometa seriamente el éxito de la investigación
[27] ARTÍCULO 153. NOCIÓN. Las actuaciones, peticiones y decisiones que no deban ordenarse, resolverse o adoptarse en audiencia de formulación de acusación, preparatoria o del juicio oral, se adelantarán, resolverán o decidirán en audiencia preliminar, ante el juez de control de garantías.
[28] ARTÍCULO 286. CONCEPTO. La formulación de la imputación es el acto a través del cual la Fiscalía General de la Nación comunica a una persona su calidad de imputado, en audiencia que se lleva a cabo ante el juez de control de garantías.
[29] ARTÍCULO 338. CITACIÓN. Dentro de los tres (3) días siguientes al recibo del escrito de acusación, el juez señalará fecha, hora y lugar para la celebración de la audiencia de formulación de acusación. A falta de sala, el juez podrá habilitar cualquier recinto público idóneo.
[30] ARTÍCULO 355. INSTALACIÓN DE LA AUDIENCIA PREPARATORIA. El juez declarará abierta la audiencia con la presencia del fiscal, el defensor, el acusado, el Ministerio Público y la representación de las víctimas, si la hubiere.
[31] ARTÍCULO 366. INICIO DEL JUICIO ORAL. El día y hora señalados en la audiencia preparatoria, el juez instalará el juicio oral, previa verificación de la presencia de las partes. Durante el transcurso del juicio, el juez velará porque las personas presentes en el mismo guarden silencio, si no tienen la palabra, y observen decoro y respeto. Igualmente, concederá turnos breves para las intervenciones de las partes con el fin de que se refieran al orden de la audiencia. El juez podrá ordenar el retiro del público asistente que perturbe el desarrollo de la audiencia.
[32] ARTÍCULO 102. PROCEDENCIA Y EJERCICIO DEL INCIDENTE DE REPARACIÓN INTEGRAL. Emitido el sentido del fallo que declara la responsabilidad penal del acusado y, previa solicitud expresa de la víctima, o del fiscal o del Ministerio Público a instancia de ella, el juez fallador abrirá inmediatamente el incidente de reparación integral de los daños causados con la conducta criminal, y convocará a audiencia pública dentro de los ocho (8) días siguientes.
[33] ARTÍCULO 146. REGISTRO DE LA ACTUACIÓN. Se dispondrá el empleo de los medios técnicos idóneos para el registro y reproducción fidedignos de lo actuado, de conformidad con las siguientes reglas, y se prohíben las reproducciones escritas, salvo los actos y providencias que este código expresamente autorice:
[34] ARTÍCULO 147. CELERIDAD Y ORALIDAD. En las audiencias que tengan lugar con ocasión de la persecución penal, las cuestiones que se debatan serán resueltas en la misma audiencia. Las personas allí presentes se considerarán notificadas por el solo proferimiento oral de una decisión o providencia.
[35] ARTÍCULO 149. PRINCIPIO DE PUBLICIDAD. Todas las audiencias que se desarrollen durante la etapa de juzgamiento serán públicas y no se podrá denegar el acceso a nadie, sin decisión judicial previa. Aun cuando se limite la publicidad al máximo, no podrá excluirse a la Fiscalía, el acusado, la defensa, el Ministerio Público, la víctima y su representación legal.
ARTÍCULO 152. RESTRICCIONES A LA PUBLICIDAD POR MOTIVOS DE INTERÉS DE LA JUSTICIA. Cuando los intereses de la justicia se vean perjudicados o amenazados por la publicidad del juicio, en especial cuando la imparcialidad del juez pueda afectarse, el juez, mediante auto motivado, podrá imponer a los presentes el deber de guardar reserva sobre lo que ven, oyen o perciben, o limitar total o parcial el acceso del público o de la prensa.
[41] En múltiples oportunidades esta Corporación ha explicado que. “la aplicación de los "tests" de razonabilidad y proporcionalidad se efectúa en etapas consecutivas y ordenadas (…)El orden de estas etapas corresponde a necesidades no sólo lógicas sino también metodológicas: el test del trato desigual pasa a una etapa subsiguiente sólo si dicho trato sorteó con éxito la inmediatamente anterior.”Ver Sentencia C-022/96 M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[43] Ver entre otras la Sentencia C-239/97 Carlos Gaviria Díaz donde se señaló: “La Constitución respeto a la dignidad de la persona establece que el Estado colombiano está fundado en el humana; esto significa que, como valor supremo, la dignidad irradia el conjunto de derechos fundamentales reconocidos, los cuales encuentran en el libre desarrollo de la personalidad su máxima expresión. El principio de la dignidad humana atiende necesariamente a la superación de la persona, respetando en todo momento su autonomía e identidad.”
[45] Ver entre otras la Sentencia C-481/98 M. P. Alejandro Martínez Caballero donde se señaló: “Al interpretar el artículo 16 constitucional que consagra el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el intérprete debe hacer énfasis en la palabra "libre", más que en la expresión "desarrollo de la personalidad", pues esta norma no establece que existen determinados modelos de personalidad que son admisibles y otros que se encuentran excluidos por el ordenamiento, sino que esa disposición señala "que corresponde a la propia persona optar por su plan de vida y desarrollar su personalidad conforme a sus intereses, deseos y convicciones, siempre y cuando no afecte derechos de terceros, ni vulnere el orden constitucional". Por ello esta Corte y la doctrina han entendido que ese derecho consagra una protección general de la capacidad que la Constitución reconoce a las personas para autodeterminarse, esto es, a darse sus propias normas y desarrollar planes propios de vida, siempre y cuando no afecten derechos de terceros”..
[46] Ver entre otras la Sentencia C-481/98. M. P. Alejandro Martínez Caballero donde se señaló: “El núcleo del libre desarrollo de la personalidad se refiere entonces a aquellas decisiones que una persona toma durante su existencia y que son consustanciales a la determinación autónoma de un modelo de vida y de una visión de su dignidad como persona. En una sociedad respetuosa de la autonomía y la dignidad, es la propia persona quien define, sin interferencias ajenas, el sentido de su propia existencia y el significado que atribuye a la vida y al universo, pues tales determinaciones constituyen la base misma de lo que significa ser una persona humana”. .
[47] Ver entre otras la Sentencia T-124/98. M. P. Alejandro Martínez Caballero donde se señaló: “Vivir en comunidad y experimentar la sensación de ser iguales y libres constitucionalmente frente a los demás, incluye también la posibilidad de actuar y sentir de una manera diferente, en lo que concierne a las aspiraciones y a la autodeterminación personal. La potestad de cada quien para fijar esas opciones de vida de conformidad con las propias elecciones y anhelos, sin desconocer con ello los derechos de los demás y el ordenamiento jurídico existente, es lo que llamamos el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Este derecho, protegido constitucionalmente y ligado sin duda alguna a los factores mas internos de la persona y a su dignidad, se manifiesta singularmente en la definición consciente y responsable que cada persona puede hacer frente a sus propias opciones de vida y a su plan como ser humano, y colectivamente, en la pretensión de respeto de esas decisiones por parte de los demás miembros de la sociedad”. En similar sentido ver entre muchas otras la Sentencia C-660/00 M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[48] Ver entre otras la Sentencia T-067/98. M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz donde se señaló: “El ámbito que encierra el libre desarrollo de la personalidad, comprende la libertad general de acción, esto es, "la libertad general de hacer o no hacer lo que se considere conveniente". La amplitud de su objeto se explica por el propósito del Constituyente de reconocer un derecho completo a la autonomía personal, de suerte que la protección de este bien no se limite a los derechos especiales de libertad que se recogen en el texto constitucional, sino que las restantes manifestaciones bajo la forma de derechos subjetivos de autonomía ingresen en el campo del libre desarrollo de la personalidad. En este sentido, se ha sostenido con acierto que el mencionado derecho representa la cláusula de cierre de la libertad individual”. .
[49] Ver entre otras la Sentencia SU-642/98. M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz donde se señaló: “El derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad protege la capacidad de las personas para definir, en forma autónoma, las opciones vitales que habrán de guiar el curso de su existencia. En esta medida, ha señalado que, en el artículo 16 de la Carta Política, se consagra la libertad in nuce, toda vez que cualquier tipo de libertad se reduce finalmente a ella o, dicho de otro modo, la anotada norma constitucional constituye una cláusula general de libertad. Así caracterizado, el derecho al libre desarrollo de la personalidad presupone, en cuanto a su efectividad, que el titular del mismo tenga la capacidad volitiva y autonomía suficientes para llevar a cabo juicios de valor que le permitan establecer las opciones vitales conforme a las cuales dirigirá su senda existencial”. .
[51] Ver entre otras la Sentencia SU-642/98. M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz donde se señaló: “Para la Sala, no existe duda alguna de que todo colombiano, sin distingo alguno de edad, es titular del derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad, el cual, como lo ha manifestado la Corte, constituye emanación directa y principal del principio de dignidad humana. Sin embargo, el hecho de que el libre desarrollo de la personalidad sea uno de los derechos personalísimos más importantes del individuo, no implica que su alcance y efectividad no puedan ser ponderados frente a otros bienes y derechos constitucionales o que existan ámbitos en los cuales este derecho fundamental ostente una eficacia más reducida que en otros. Ciertamente, en tanto lo que este derecho protege son las opciones de vida que los individuos adoptan en uso de sus facultades de juicio y autodeterminación, es natural que la protección constitucional a las mismas sea más intensa cuanto más desarrolladas y maduras sean las facultades intelecto-volitivas de las personas con base en las cuales éstas deciden el sentido de su existencia”. En el mismo sentido ver entre muchas otras la sentencia C-449/03 M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[56] Sentencia T-067/98. M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[61] ARTÍCULO 9o. ORALIDAD. La actuación procesal será oral y en su realización se utilizarán los medios técnicos disponibles que permitan imprimirle mayor agilidad y fidelidad, sin perjuicio de conservar registro de lo acontecido. A estos efectos se dejará constancia de la actuación.
[62] ARTÍCULO 16. INMEDIACIÓN. En el juicio únicamente se estimará como prueba la que haya sido producida o incorporada en forma pública, oral, concentrada, y sujeta a confrontación y contradicción ante el juez de conocimiento. En ningún caso podrá comisionarse para la práctica de pruebas. Sin embargo, en las circunstancias excepcionalmente previstas en este código, podrá tenerse como prueba la producida o incorporada de forma anticipada durante la audiencia ante el juez de control de garantías.
[63] ARTÍCULO 17. CONCENTRACIÓN. Durante la actuación procesal la práctica de pruebas y el debate deberán realizarse de manera continua, con preferencia en un mismo día; si ello no fuere posible se hará en días consecutivos, sin perjuicio de que el juez que dirija la audiencia excepcionalmente la suspenda por un término hasta de treinta (30) días, si se presentaren circunstancias especiales que lo justifiquen. En todo caso el juez velará porque no surjan otras audiencias concurrentes, de modo que concentre su atención en un solo asunto.
[64] ARTÍCULO 18. PUBLICIDAD. La actuación procesal será pública. Tendrán acceso a ella, además de los intervinientes, los medios de comunicación y la comunidad en general. Se exceptúan los casos en los cuales el juez considere que la publicidad de los procedimientos pone en peligro a las víctimas, jurados, testigos, peritos y demás intervinientes; se afecte la seguridad nacional; se exponga a un daño psicológico a los menores de edad que deban intervenir; se menoscabe el derecho del acusado a un juicio justo; o se comprometa seriamente el éxito de la investigación
[66] Sentencia C-1512/00 M.P. Alvaro Tafur Galvis. Sobre le mismo tema ver igualmente entre otras la Sentencias C-012/02 M.P. Jaime Araujo Rentería.
[67] Ver sentencia T-778/05 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[69] Véase, sentencia T-605 de 1992. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[70] Sentencia C-1192/05 M.P. Rodrigo Escobar Gil S.P.V. y A.V. Humberto Antonio Sierra Porto Salvamento del que cabe resaltar el siguiente aparte “La identidad nacional a la que se refiere la Constitución de 1991 es una identidad pluralista. No presupone ni exige coincidencias. No implica homogeneidad. Todo lo contrario, se orienta a reconocer la riqueza de la diversidad. La Constitución de 1991 ofrece un espacio para la convivencia de distintos puntos de vista y cosmovisiones, de la visión femenina así como de la visión masculina y de aquellas perspectivas no coincidentes ni con la una ni con la otra. El hilo conductor que recorre de principio a fin la Constitución colombiana procura hacer visibles a quienes durante mucho tiempo fueron opacados hasta el límite de la invisibilidad: las mujeres, las minorías étnicas, los discapacitados, los ancianos, los niños y pretende generar un espacio para desarrollar sus derechos culturales.”
[71] No sobra recordar que para el caso del análisis de las normas constitucionales relativas a los pueblos indígenas La Corte Constitucional en Sentencia T-254 de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, señaló algunas reglas de interpretación a ser aplicadas cuando se presenten diferencias conceptuales y conflictos valorativos en la aplicación de órdenes jurídicos diversos. Ellas son:
“7.1 A mayor conservación de sus usos y costumbres, mayor autonomía. La realidad colombiana muestra que las numerosas comunidades indígenas existentes en el territorio nacional han sufrido una mayor o menor destrucción de su cultura por efecto del sometimiento al orden colonial y posterior integración a la "vida civilizada" (Ley 89 de 1890), debilitándose la capacidad de coerción social de las autoridades de algunos pueblos indígenas sobre sus miembros. La necesidad de un marco normativo objetivo que garantice seguridad jurídica y estabilidad social dentro de estas colectividades, hace indispensable distinguir entre los grupos que conservan sus usos y costumbres - los que deben ser, en principio, respetados -, de aquellos que no los conservan, y deben, por lo tanto, regirse en mayor grado por las leyes de la República, ya que repugna al orden constitucional y legal el que una persona pueda quedar relegada a los extramuros del derecho por efecto de una imprecisa o inexistente delimitación de la normatividad llamada a regular sus derechos y obligaciones.
7.4 Los usos y costumbres de una comunidad indígena priman sobre las normas legales dispositivas. Esta regla es consecuente con los principios de pluralismo y de diversidad, y no significa la aceptación de la costumbre contra legem por tratarse de normas dispositivas. La naturaleza de las leyes civiles, por ejemplo, otorga un amplio margen a la autonomía de la voluntad privada, lo que, mutatis mutandis, fundamenta la prevalencia de los usos y costumbres en la materia sobre normas que sólo deben tener aplicación en ausencia de una autorregulación por parte de las comunidades indígenas.”
[72] Sentencia SU-510 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. En similar sentido ver entre otras la sentencia T-603/05 M.P. Clara Inés Vargas Hernández.