Source: https://www.muface.es/revista/especial_40_constitucion_mujer_democracia_246.html
Timestamp: 2019-02-17 04:05:36
Document Index: 85367050

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 9', 'artículo 14', 'artículo 25', 'artículo 1', 'artículo 9', 'artículo 57']

=REVISTA MUFACE 246-ESPECIAL 40 AÑOS CONSTITUCIÓN=
Se encuentra en: Especial 40 años Constitución/ Mujer y democracia
﻿La Constitución de 1978 dio respuesta a algunas legítimas aspiraciones por parte de grupos feministas y de otros muchos colectivos ciudadanos, preocupados por dar voz a la mujer española en la esfera pública y privada y afianzar sus derechos. Hace 40 años que se establecieron las bases legislativas para conseguir la igualdad de género. Pero ¿cómo ha sido el desarrollo constitucional? ¿Ha facilitado el camino hacia la consecución real de esos derechos?
﻿Aurora Campuzano
﻿﻿﻿Nuestra Carta Magna contiene algunos de los preceptos que han sustentado el objetivo de la igualdad de género con los que se han conseguido grandes avances a lo largo de cuatro décadas. El artículo 1 reconoce el principio de igualdad; el artículo 9.2 obliga a los poderes públicos a crear las condiciones para que dicha igualdad sea efectiva; el 14 proscribe la discriminación por razón de sexo, raza o religión… “El marco constitucional ha permitido que se haya podido avanzar en un proceso de creación normativa que permite afirmar que, desde un punto de vista legislativo, no existe discriminación alguna de los derechos de la mujer”, señala Mª Luisa Balaguer, catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de Málaga.
Aun así, cabe preguntarse cómo se ha construido esa igualdad, cómo esa normativa ha calado en el día a día, en todas y cada una de las esferas sociales, en la vida pública, en el ámbito empresarial o en el entorno familiar.
﻿﻿﻿Muchos han sido los avances de la mujer española, pero mantenemos tasas de actividad aún lejanas a las de mujeres en otros países industrializados de Europa
La población activa –es decir, de ocupados y demandantes de empleo– ha aumentado en España desde 1978 de forma exponencial gracias –y fundamentalmente– a la incorporación masiva de la mujer al mercado de trabajo. Sin embargo, esa incorporación no siempre se ha efectuado en condiciones de igualdad, tal y como refleja el último Informe del Mercado de Trabajo de las Mujeres, elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones. “La población activa femenina mantiene unas tasas de actividad y de empleo 11 puntos inferiores a la de los hombres y una tasa de paro tres puntos superior a la masculina”, indica el citado estudio.
Esos datos dan cuenta de una realidad que dista mucho del objetivo de igualdad perseguido desde hace 40 años, tal y como señala Genoveva Millán, profesora en la Universidad Loyola de Andalucía: “Desde la promulgación de la Constitución de 1978 hasta nuestros días, muchos han sido los avances efectuados por la mujer española a nivel social y laboral, pero mantenemos tasas de actividad aún lejanas de las alcanzadas por las mujeres en otros países industrializados de Europa como, por ejemplo, Islandia (con una tasa de actividad de 79 %) o Suecia (del 77%)”.
Millán, en un artículo publicado conjuntamente con otras dos investigadoras –Manuela del Pilar Santos y Leonor Mª Pérez Naranjo–, asegura que en España “existe todavía una fuerte segregación por sexos y las mujeres siguen ocupando las categorías profesionales definidas con escasa calificación, baja remuneración y menor prestigio social”. A lo que habría que añadir que el trabajo temporal es el que más incidencia tiene en este colectivo.
La Carta Magna también estableció las bases para que la igualdad de género se asentara en el ámbito familiar. Por ejemplo, hace mención a la protección a la familia en los artículos 39.1 y 39.2; y a la no discriminación por razón de sexo en el artículo 14, sin embargo, cabe preguntarse cómo es el día a día en los hogares españoles y, sobre todo, qué rol desempeña hoy la mujer en ese contexto.
Los datos facilitados por la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) apuntan que el perfil del cuidador que se responsabiliza de un familiar dependiente es el de una mujer de en torno a los 55 años de edad, casada y que realiza labores de ama de casa. Según esa misma fuente, en un 62% de los casos son las mujeres de la familia las que asumen este papel, mientras que los hombres apenas superan el 37%.
Estas cifras pueden completarse con algunas facilitadas por los sindicatos. Según un informe de CC.OO y UGT en el año 2016, se registraron más de 50.000 excedencias en España por cuidado familiar; de ellas, el 90% fueron solicitadas por mujeres.
Sin embargo, también hay motivos para pensar que se está avanzando. En un trabajo de FUNCAS que analiza la evolución en una década de la Encuesta de Población Activa (2005 a 2017), se subraya un cambio de patrón: “La práctica de abandonar el mercado de trabajo por parte de algunas mujeres coincidiendo con la edad de maternidad está tendiendo a desaparecer”.
Pero ¿a qué coste se producen estos avances? Las nuevas generaciones de mujeres no parecen dispuestas a sacrificar su vida profesional a cambio de un papel centrado en el cuidado de los hijos. Las organizaciones feministas y en general reivindicativas de los derechos de la mujer reclaman más servicios públicos y ayudas fiscales para evitar que la permanencia de las mujeres en el mercado de trabajo suponga un país cada vez más envejecido y una España de hijos únicos.
La conclusión, tras 40 años de innegables progresos en la materia, es que queda mucho por hacer. Paso a paso se han conseguido avances, pero aún existen voces especialmente críticas. La profesora Mª Luisa Balaguer, magistrada del Tribunal Constitucional desde 2017, cree que la regulación de los derechos de la mujer en el texto constitucional es insuficiente. Y es una deficiencia “que no se solventa únicamente con disposiciones específicas como la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, sino que debe contar con un soporte material efectivo y, sobre todo, se ha de considerar constitucionalmente la particularidad de las mujeres en el ámbito de los derechos”, afirma con rotundidad.
﻿Clara Álvarez Alonso, catedrática acreditada de la UAM
﻿Los derechos de la mujer
﻿﻿En relación a la regulación de los derechos de la mujer, la Constitución de 1978 es heredera en muchos aspectos de la de 1931. Considerada un ejemplo entre las que introdujeron el Estado social, esta Constitución, en cuya redacción participó Clara Campoamor, recogía ampliamente en el título III relativo a “Derechos y Deberes” las demandas formuladas por la así llamada primera ola feminista que, con sus reivindicaciones sobre derechos civiles y políticos y su defensa de la igualdad, se había significado entre los movimientos sociales que introdujeron ese modelo de Estado.
Un elemento contundente al respecto fue la incorporación del término “persona” al lenguaje constitucional. Con él se ponía fin a las discriminaciones congénitas del sistema consagradas por las primeras declaraciones de Derechos, que las constituciones se limitaron a transcribir literalmente, entre las que el sexismo ocupa un lugar destacado. El hecho de que únicamente reconocieran como titulares de derechos a hombres y ciudadanos no solo otorgaba a estos pleno dominio sobre los actos de esposas e hijas, sino que sancionaba al más alto plano el “principio de invisibilidad” aplicado a las mujeres.
“Sin distinción de sexo”
En la Constitución de 1931 aparece la palabra-concepto para referirse a la libertad de elegir profesión, opinión y expresión. El artículo 25, perteneciente al capítulo “Garantías individuales y políticas” (por las que, a diferencia del liberalismo, el Estado se obliga a implementar los derechos), elimina explícitamente la desigualdad sexual entre otras. Y aunque se utilizan los sintagmas “ciudadano” y “español”, el propio texto aclara que deben entenderse “sin distinción de sexo”. En general, a pesar de que se conservan algunas proscripciones (mayoritariamente debidas al signo de político de los gobiernos), la Constitución respondía a las reivindicaciones del momento sobre la igualdad, que se plasmó tanto en la regulación de los derechos relativos a la familia, cultura y sociales, como en la legislación. Así, el código penal o la ley del divorcio de 1932.
A pesar de que desde el artículo 1º reconoce el principio de igualdad como una de sus bases, a la altura de 1978 la actual Constitución no respondía a las necesidades reales. Ni siquiera con el añadido del artículo 9.2, que obliga a los poderes públicos a crear las condiciones y eliminar los obstáculos para que fuera efectiva, o el 14, que proscribe la discriminación sexual. No se trata solo del concepto de igualdad que se usa o de su infracción por el criticado artículo 57 relativo a la jefatura del Estado al incorporar en la sucesión a la Corona el derecho feudal de preferencia del varón. Se trata de que no se recoge la especificidad de la mujer (voz que se usa precisamente en este último artículo para resaltar esa preferencia y en el 32.1, relativo a la igualdad jurídica para contraer matrimonio). De hecho, el propio Tribunal Constitucional ha tenido que enmendar desde 1992 esta concepción introduciendo el “derecho desigual igualatorio” para conseguir una igualdad real superando las discriminaciones “directas” e “indirectas”.
La regulación de los derechos de la mujer en el texto constitucional es, pues, insuficiente. Una deficiencia que no se solventa únicamente con disposiciones específicas como la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Fundamentalmente, si su implementación carece de un soporte material efectivo y, sobre todo, no se considera constitucionalmente la particularidad de las mujeres en el ámbito de los derechos.