Source: https://morey-abogados.blogspot.com/2014/06/la-lucha-contra-el-ruido.html
Timestamp: 2017-11-19 03:16:52
Document Index: 31438977

Matched Legal Cases: ['artículo 6', 'artículo 84', 'artículo 2', 'artículo 9', 'artículo 4', 'Artículo 5', 'artículo 9']

Tu Blog de la Administración Pública: LA LUCHA CONTRA EL RUIDO
Que las medidas preventivas -y licencias y autorizaciones lo son- constituyen un arma a utilizar y que ello beneficia al ciudadano no ofrece lugar a dudas y conforme pues a este artículo estas medidas constituyen también una obligación de las Administraciones públicas. De otro lado, la razón del precepto no puede ser otra que la existencia de un interés general comprensivo de verdaderos derechos fundamentales y de convivencia pacífica y así se deduce del preámbulo legal en cuanto se citan los artículos 43 , 45 y 18.1 de la Constitución, diciendo que el derecho a la salud y al medio ambiente engloban el derecho a la intimidad personal y familiar que a su vez comprenden la inviolabilidad del domicilio que la jurisprudencia europea consideró que incluye la no intromisión de ruidos, vibraciones, olores, etc.; cuestión generalmente aceptada ya en nuestra doctrina legal. La Ley considera la Directiva sobre Ruido ambiental.
Con anterioridad en la Comunidad Valenciana se dictó la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de Protección contra la contaminación acústica que en su artículo 6, con la retórica que parece habitual en la legislación valenciana, dice:
He dicho que hay retórica porque a la vista de los hechos y de lo que los ciudadanos sufrimos estas acciones no parecen tener verdaderos efectos positivos y acaban formando parte de la propaganda y demagogia municipal. Póngase Vd. ha temblar cuando su derecho fundamental se someta al diálogo y la participación y no a la aplicación de la ley, porque es que su derecho ya no se considera prioritario ni fundamental y que la Administración huye del problema. Cierto es que se regulan las Zonas Acústicamente Saturadas y la forma de su declaración, pero la resistencia a hacerlo ha sido evidente y al final no son las molestias manifiestas las que tienen peso sino el límite en decibelios de modo que si te falta una décima de decibelio para ese mínimo, a soportar toca. Pero así se elimina la decisión ponderada y se simplifica la prueba que, por el contrario, pesa sobre el ciudadano de forma impropia y siempre a través de recursos y demandas. La Ley también comprende los espectáculos, establecimientos públicos y actividades recreativas y al referirse a los locales cerrados incluye a los que cuentan con ambientación musical procedente exclusivamente de equipos de reproducción sonora y le exige aislamiento acústico y establece la previsión límites de distancia en los términos que fije la administración local para evitar efectos acumulativos. Lo cierto es que la posterior legislación de Espectáculos públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos, complica los conceptos ya que la definición de actividades recreativas a efectos de los locales con ambientación musical no los sitúa con la claridad que en la Ley de protección contra la contaminación acústica, sobre todo la Ley 14/2010. El exceso de normas nunca trae buenas consecuencias.
Pero aún quedan en el municipio de Valencia, por ejemplo, dos Ordenanzas, una la de protección contra la contaminación acústica y otra la Reguladora de Obras de Edificación y Actividades del Ayuntamiento de Valencia. Esta última ya tiene que ver con lo que se expone a continuación.
Mucha norma como vemos, pero es el caso que estas situaciones no mejoran porque los intereses existentes son muchos y lo cierto es que los intereses económicos predominan sobre cualesquiera otros, aunque no sean de mayor peso y consideración ni prioritarios sobre los derechos que he señalado y que, como tales, son más que intereses. Lo económico se ha convertido en tema primordial y frente a ello los derechos individuales no pesan lo mismo. Los intereses económicos son defendidos por grupos poderosos e influyentes en los poderes públicos nacionales o europeos, hasta el punto de que frente a ellos, podemos decir o concluir, que los derechos fundamentales se convierten en mera alegación retórica o en demagogia para convencer a incautos o conformar a los que reclaman acción. Los hechos se imponen al Derecho y para conocer lo que éste representa no hay que acudir a la norma sino a la realidad o no de las acciones dirigidas a su eficacia. Se ha discutido si es la Economía o el Poder lo que mueve a las sociedades o a los políticos y quizá si el poder depende de que se sirva a los intereses económicos predominantes habremos de concluir que es la "economía" el factor principal, pero si para que aquéllos predominen es necesario estar en el poder, habrá que convenir que es éste el predominante; pero en realidad hay una clara relatividad. Pero, desde mi punto de vista y por lo que me afecta, son los intereses económicos los que predominan y además no son de carácter general, sino bastante individuales y de menor importancia que los derechos comentados.
La sensación de los que nos vemos afectados por esta situación, negativa desde nuestro punto de vista, es que ahora se ha visto agravada por dos circunstancias. Una: por la prohibición de fumar en el interior de los locales (en nuestro caso, bares y pubs, disfrazados de restaurantes) que en consecuencia han invadido las calles con sillas y mesas y en su caso coberturas de plástico creadoras de habitáculos semicerrados en plena acera. Así hoy, por los bares, la calle es fuente de ruido y se convierte hasta en estadios de fútbol. Dos: por la eliminación de las licencias de apertura y de obras que se exigían con carácter previo, en una especie de modernidad y liberalismo en los que todos parecen estar de acuerdo como un ejemplo de avance, pero que a nosotros, los simples ciudadanos e interesados en el procedimiento y ejecución de la legalidad y del Derecho de aplicación, nos permitía concurrir y alegar, como interesados en el procedimiento, para que se aplicarán las normas vigentes y no se incumplieran o se incurriera en prohibiciones, sin necesidad de tener que luchar contra hechos consumados y luchas contenciosas para revocar lo ya realizado, afectando a situaciones concretas y no a simples expectativas. Incluso a la Asociación de mi barrio se le denegaba la subvención habitual porque se utilizaba para pagar contenciosos contra el Ayuntamiento, lo que supongo que no constará por escrito, pues es un puro chantaje, un atentado contra la libertad, contra el Derecho y todo un culmen de más aspectos. Una vergüenza, contraria, al deber de toda Administración de sujetarse al principio de legalidad y al Derecho; si pierde asuntos en los Tribunales lo que debe pensar la Administración es que está haciendo mal y no demostrar con sus hechos que atiende a intereses de menor peso que los de los vecinos, sólo porque hay intereses económicos, incluso si se atiende a las tasas que cobra el Ayuntamiento, que para ello ya hace años amplió de forma exagerada las aceras que hoy constituyen parte de los bares pero que, paradójicamente, han reducido el espacio de paso para los peatones, hasta prácticamente desaparecer en algunas zonas. Más que licencias se puede considerar hay verdaderas concesiones de dominio público.
Todo el problema surge de un modo bastante cómodo para las Administraciones públicas que se acogen, como a clavo ardiendo, a la tendencia marcada de no exigencia de previa licencia para los servicios que tiene raíz en la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los servicios en el mercado interior y que da lugar a una serie de normas estatales que se ocupan de la cuestión, en especial la Ley 25/2009 que modifica diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades y servicios y a su ejercicio que aplica la citada Directiva. A esta norma sigue la del Real Decreto Ley 19/2012, de 26 de mayo, de medidas urgentes para la liberalización del comercio y de determinados servicios. En este último se nos explica la mala situación del comercio minoritario y se alude al exceso de trámites que se exigen como un obstáculo que contribuye a ello e incluso en un párrafo de su exposición de motivos se dice: Mediante este real decreto-ley se avanza un paso más eliminando todos los supuestos de autorización o licencia municipal previa, motivados en la protección del medio ambiente, de la seguridad o de la salud públicas, ligados a establecimientos comerciales y otros que se detallan en el anexo con una superficie de hasta 300 metros cuadrados. Se considera, tras realizar el juicio de necesidad y proporcionalidad, que no son necesarios controles previos por tratarse de actividades que, por su naturaleza, por las instalaciones que requieren y por la dimensión del establecimiento, no tienen un impacto susceptible de control a través de la técnica autorizatoria, la cual se sustituye por un régimen de control ex post basado en una declaración responsable. Lo traigo a colación en virtud de que ya no se considera el medio ambiente como motivo para la exigencia de una previa licencia. Si bien el Anexo del Real Decreto no me hace considerar que estos bares, pubs y restaurantes se encuentren contenidos en él y que si esta fuera la norma que hace que hoy proliferen los locales que cito sin previa licencia, todo es bastante discutible. Y además, como luego veremos, tampoco ese es el espíritu y sentido de la Directiva europea.
Pero es que en virtud de la Ley 25/2009 se modificó la Ley 7/1985 de Bases del Régimen Local y se añade un artículo 84 bis que dice:
El artículo deja una puerta abierta aun en los casos en que hay que proteger el medio ambiente puesto que al Ayuntamiento de turno le puede parecer que la declaración responsable es salvaguarda; cosa que, en cambio, cuando no es así, conduce claramente a una inefectividad del derecho fundamental del vecino que las ZAS vienen a salvaguardar y en las cuales las licencias son necesarias para dicha salvaguarda en cuanto, como mínimo, hay un límite de distancias que respetar. Lo cierto es que, con esta puerta y las ordenanzas dictadas por cada municipio, las Administraciones actúan según les conviene exigiendo o no las licencias y justificando o motivando a la carta. Mientras, el ciudadano se está viendo "machacado" ante este cúmulo de circunstancias desfavorables. Siempre es, además, más difícil para la Administración revocar o quitar lo hecho que controlar las circunstancias de legalidad de los proyectos y acciones, por lo que trata de mantener lo hecho y considera más claro el daño de retirar que el de no haber evitado la ocasión o el hecho ilegal.
En Valencia la Ordenanza, antes citada Reguladora de Obras de Edificación y Actividades del Ayuntamiento de Valencia, que se funda en la Directiva europea citada, tiene un artículo 2 que nos dice:
La presente Ordenanza se aplicará a todas las solicitudes, tanto de obras como de actividades, ya sean estas de carácter ambiental, espectáculos públicos o actividades recreativas, en el término municipal de Valencia.
Artículo que hay que relacionar con lo que considera en su exposición de motivos cuando se apoya en la Directiva 2006/123/CE y refleja su artículo 9 que dispone:
En su artículo 4 la Ordenanza establece:
Procedimiento preferente.
La declaración responsable será, con carácter general, el procedimiento para llevar a cabo la ejecución de obras y la apertura de las actividades, salvo que su complejidad requiera la intervención previa del Ayuntamiento mediante el otorgamiento de licencia, o su simplicidad permita que se realice mediante comunicación previa, de acuerdo con lo dispuesto en los siguientes Títulos de la presente Ordenanza. Y continúa en el siguiente artículo.
Artículo 5. Tramitación conjunta.
En el supuesto de que la implantación de la actividad que se pretenda desarrollar requiera la realización de obras, ya sea mediante licencia o a través de declaración responsable, la tramitación se efectuará de manera conjunta, de conformidad con la regulación contenida en el Capítulo Tercero del Título Tercero de la presente Ordenanza.
Estos artículos, junto con los 9, 10 y 11 que se ocupan de las obras y actividades sujetas a licencia o a declaración responsable o comunicación previa, que pueden leer en el enlace incluido antes, hacen que toda determinación de si procede o no licencia sea un ejercicio que queda al albur de lo que crea el que inicie la actividad y que no haya la prevención exigida y el ciudadano tenga en todo caso que accionar y perseguir. Pero como este post se alarga, y aún lo hará más, quiero que el lector tenga constancia del alcance de le expresión que utiliza el artículo 9 de la Directiva 2006/123, tantas veces mencionada, de razón imperiosa de interés general. Ya que en la motivación o explicación previa al articulado, la Directiva nos dice, por ejemplo:
Lo subrayado es para, primero que se vea que el medio ambiente y su protección, razón por la que se dictan las leyes del ruido y protección acústica, obedecen a razones imperiosas de interés general y que las ordenanzas no se dignan ocuparse de destacarlo, ni de considerar la exigencia de autorización previa, sino que más bien confunden o, peor, tratan de confundir. Y al no exigir con claridad y directamente en estos casos, es evidente que todo se deja a controles posteriores o al hecho de que existan reclamaciones. De otro lado, si el ruido afecta a la salud y se incrementa la necesidad de servicios sanitarios en estos casos, como ocurre con el tabaco, por ejemplo, se afecta a la salud pública. Y para finalizar ,si el bienestar animal es una razón imperiosa de interés general qué no decir del bienestar humano.
Sea como sea, lo cierto es que el problema no sería mayor si ese control ex post se realizara y se emplearan medios para ello y se actuará congruentemente y sin miedos a deshacer lo mal hecho, pero la triste y sucia realidad es que dicho medios no existen y el control es escaso y aquellos funcionarios que tienen que realizarlo se ven desbordados la mayor parte las veces. Por lo tanto, en el caso de estos bares y falsos restaurantes, en los que han acabado los antiguos pubs, -no sé porque raras circunstancias incluidos en el actual paraíso de la Gastronomía tan de moda-, lo que sucede es que de un día para otro y tras sufrir los inconvenientes de los ruidos de obras hechas a puerta cerrada, aparecen llenas las aceras de mesas y sillas, se instalan en ellas individuos que lanzan humo como chimeneas y hay que buscar rutas alternativas para poder pasar con el carrito de la compra o el de los inválidos, cada día más en el barrio, Y si protestas parece que te opones a la prosperidad de otros y que eres un retrogrado que no comprendes que nuestra Industria y Economía se vendrá abajo y que los jóvenes y no tan jóvenes tienen derecho a disfrutar, beber, gritar etc.
Pues, bueno, esta consideración de eliminar las licencias en estos casos, desde mi punto de vista, es contraria a los principios fundamentales que mantiene en realidad la Directiva 2006/123/CE y a todo el derecho español contra la contaminación acústica incluido en la protección del medio ambiente. Buena situación para políticos mediocres y para "componedores de virgos", pero malo para el simple ciudadano desprotegido y violado en sus derechos. La simplificación administrativa y la racionalización, a las que se alude, no son esto, señores; no puede servir para la eliminación de derechos fundamentales. Y cabe, como en maldición de gitanos, desear que ustedes lo sufran también en sus carnes y espíritus.