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Timestamp: 2018-12-16 04:35:53
Document Index: 78175007

Matched Legal Cases: ['artículo 231', 'artículo 34', 'artículo 61', 'artículo 63', 'artículo 32', 'artículo 7', 'artículo 205', 'artículo 210']

Martes, 08 de Mayo de 2018 00:59
"..Frente a la legitimación del procesado para solicitar la exclusión de evidencias cuando el acto de investigación de donde fueron obtenidas afecta los derechos fundamentales de otras personas, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, por medio de un auto, indicó que existen dos tesis dominantes:
(i)La primeratiene un fuerte arraigo en el sistema procesal estadounidense, precisa que la exclusión de evidencia solo puede ser pedida por el titular del derecho vulnerado con el acto de investigación, no por el procesado. (Lea: Confirman absolución de fiscal acusado de prevaricato por precluir investigación carente de pruebas incriminatorias)
(ii)Por su parte, la segunda, con una amplia cabida en el derecho español, se estructura sobre la idea de que el procesado tiene derecho a que su presunción de inocencia se desvirtúe con pruebas obtenidas y practicadas dentro del marco constitucional y legal.
Así las cosas, estará legitimado para pedir la exclusión de evidencia, así el acto de investigación solo haya comprometido los derechos fundamentales de terceros.
Situaciones diferenciadas
El artículo 231 de la Ley 906 del 2004 (actual Código de Procedimiento Penal), que por expresa disposición legal debe aplicarse a los otros actos de investigación regulados en ese mismo capítulo, dispone expresamente que la legitimación para pedir la exclusión procede de dos situaciones perfectamente diferenciadas:
(i)La calidad de imputado o indiciado o
(ii)a titularidad de la expectativa razonable de intimidad frente al bien objeto del registro.
Ello sin perjuicio de que concurran los dos presupuestos, agregó el fallo. (Lea: Frente a investigación criminal, no es obligatorio practicar reconocimiento en fila o fotográfico)
Para la corporación, lo anterior guarda armonía con lo dispuesto por la Corte Constitucional en la Sentencia C-591 del 2005, en la cual argumentó que cuando se trata de graves afectaciones de derechos fundamentales puede haber lugar a la nulidad de la actuación, por la inoperancia de los controles judiciales, lo que choca con la idea de que solo la persona afectada está legitimada para pedir la exclusión.
Con todo, el auto concluyó que tanto el indiciado como el imputado o el acusado está legitimado para solicitar la exclusión de las evidencias obtenidas a partir de un acto de investigación que afectó los derechos de terceros.
Dentro del proceso seguido en contra de un juez civil municipal de Cúcuta, la Sala Penal resolvió el recurso de apelación interpuesto por el defensor en contra de un auto que negó la exclusión de varias evidencias relacionadas con la extracción de la información de un teléfono celular perteneciente a una testigo dentro del proceso (M. P. Patricia Salazar Cuéllar)
Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Auto AP-14652018 (52320), Abr. 11/18
Última actualización el Martes, 08 de Mayo de 2018 01:01
Viernes, 16 de Marzo de 2018 17:19
"...Recientemente, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia advirtió que una vez el juez encuentra satisfechas las categorías dogmáticas de tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad frente a determinado comportamiento humano debe atender u observar el principio hermenéutico de necesidad de la pena. (Lea: No se vulnera principio de congruencia si la sentencia es acorde con la acusación)
Para ello, el fallo explicó que es necesario considerar las siguientes tres eventualidades:
i. Para determinar si se está frente a uno de los supuestos en los que el legislador lo faculta para prescindir de la pena, según lo normado en artículo 34 de la Ley 599 de 2000, se debe cumplir con la primera exigencia relativa a que se trate de un delito culposo o reprimido con pena no privativa de la libertad y con la segunda que precisa los grados de parentesco y vínculos filiales,
ii. Al momento de individualizar la pena, con sustento en los criterios establecidos en el artículo 61 de la Ley 599 de 2000, dado que la observancia de esos moduladores son desarrollo de los ya indicados principios de proporcionalidad y razonabilidad, en cuanto permiten establecer la magnitud de castigo necesaria y merecida por el infractor sin desconocer los límites legales, en este asunto acatados por los juzgadores, y
iii. Con el fin de establecer si se reúnen los presupuestos para conceder la suspensión de la ejecución de la pena, de conformidad con el artículo 63 de la Ley 599 de 2000, este subrogado requiere el condicionamiento objetivo relativo al monto de pena impuesta el cual no puede superar de cuatro años.
Debe tenerse en cuenta que el análisis de este aspecto no tiene que ver no con la necesidad de imponer una pena, sino con la necesidad de ejecutarla (M. P. Eugenio Fernández Carlier).
Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Sentencia SP-0422018 (46283), Ene. 24/18..."
Última actualización el Viernes, 16 de Marzo de 2018 17:20
Viernes, 16 de Marzo de 2018 16:40
"...A la luz de los numerales 6º y 7º del artículo 32 del Código Penal, que establece la ausencia de responsabilidad, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia precisó las características de la legítima defensa.
Inicialmente, y frente al primer numeral, la corporación aseguró que la legítima defensa puede ser objetiva o subjetiva y depende el lugar donde se ubique, esto es, en el inciso primero o en el segundo del numeral 6º, así:
I.Cuando se obre por la necesidad de defender un derecho propio o ajeno contra injusta agresión actual o inminente, siempre que la defensa sea proporcionada a la agresión
II.Se presume la legítima defensa en quien rechaza al extraño que, indebidamente, intente penetrar o haya penetrado a su habitación o dependencias inmediatas.
Así mismo, y en relación con el numeral 7º, precisó que este ocurre cuando se obra por la necesidad de proteger un derecho propio o ajeno de un peligro actual o inminente, inevitable de otra manera, que el agente no haya causado intencionalmente o por imprudencia y que no tenga el deber jurídico de afrontar. (Lea: Apuntes sobre la legítima defensa en Colombia)
Con base en una sentencia del año 2002 de esta corporación aseguró que el reconocimiento del excluyente de responsabilidad requiere que esté probado, en grado de certeza, que quien llevó a cabo la conducta lo hizo al amparo de un motivo de justificación legalmente previsto.
Así las cosas, advirtió que la legítima defensa es el derecho que la ley confiere de obrar en orden a proteger un bien jurídicamente tutelado, propio o ajeno, ante el riesgo en que ha sido puesto por causa de una agresión antijurídica de otro (actual o inminente), no conjurable racionalmente por vía distinta, siempre que el medio empleado sea proporcional a la agresión.
Posteriormente, en una providencia del 2007, la Sala Penal afirmó que para la estructuración de la legítima defensa es necesario que la reacción defensiva surja como consecuencia de una injusta agresión. (Lea: Legítima defensa en situaciones sin confrontación. La muerte del tirano de casa)
Cuando dos o más personas, de manera consciente y voluntaria, deciden agredirse mutuamente la legitimidad de la defensa se desvirtúa porque en ese caso los contendientes se sitúan al margen de la ley, salvo cuando en desarrollo de la riña “los contrincantes rompen las condiciones de equilibrio del combate”.
El fallo también define otras disposiciones sobre el tema con base en jurisprudencia procedente de la corporación (M.P. Fernando Alberto Castro Caballero)
Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Sentencia SP-2912018 (48609), Feb. 21/18..."
Última actualización el Viernes, 16 de Marzo de 2018 16:41
Viernes, 16 de Marzo de 2018 16:43
"...La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia señaló que cuando hay duda acerca de la existencia del elemento violencia en el delito de acceso carnal violento, por mandato del artículo 7° de la Ley 906 del 2004, debe resolverse el caso a favor del procesado.
Así lo concluyó este alto tribunal luego de casar la sentencia impugnada y, en su lugar, confirmar el fallo absolutorio de primera instancia. Vale la pena decir que en su oportunidad el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga había condenado a un ciudadano por supuestamente violar a una menor, quien para la época de los hechos tenía 15 años.
Frente a un pronunciamiento de hace varios años, en el cual se había señalado que la violencia física en esta conducta consistía en cualquier vía de hecho suficiente para vencer la resistencia que una persona en idénticas condiciones a las de la víctima pudiera ofrecer al comportamiento desplegado, la Sala aclaró que jamás estableció deberes de acción en el sujeto pasivo, tan solo la necesidad de valorar la idoneidad del acto perpetrado.
“Es absurdo pensar que en todos los casos en los cuales se ha imputado la realización del artículo 205 del Código Penal la víctima está obligada a actuar de determinada forma en aras de colegir que la acción del autor fue violenta”, agrega el reciente fallo.
Volviendo al caso, el alto tribunal afirmó que había una serie de inconsistencias en los relatos de la presunta víctima y de los distintos dictámenes aportados. Ella siempre afirmó a lo largo del proceso que su agresor “comenzó a tocarla, la llevó a un sitio un poco más oscuro y en el piso le subió su ropa interior para accederla”.
Sin embargo, para la Sala, en ninguna de esas manifestaciones expuso en qué consistió la violencia, como elemento integrante del injusto. (Lea: Explican concepto de acoso sexual y precisan diferencias con otras conductas)
“La menor es recurrente en la utilización del término violación, pero la relevancia jurídica del mismo no está determinada por el concepto que tenga la denunciante, ni cierto grupo de personas, por mayoritario que sea, sino por lo previsto en la ley penal”, enfatiza el pronunciamiento. (Lea: Jalón de orejas al Sena por sancionar a aprendiz que presentó una queja por acoso sexual)
En este sentido, y resolviendo este caso, para que el juzgador pueda efectuar tal calificación jurídica requería de unas proposiciones fácticas que no se avizoran de manera indefectible en el proceso, en tanto las pruebas no las suministran y no se podían obtener por otro medio.
Para finalizar, la menor no reunía la condición necesaria para ser sujeto pasivo de un acceso carnal abusivo, porque tenía 15 años de edad.
Este fallo ha tenido una serie de críticas por parte de varios grupos feministas, los cuales consideran que la jurisprudencia penal, en esta oportunidad, no avanzó frente a la importancia de este tipo de casos cometidos contra menores (M. P. José Luis Barceló)...."
Última actualización el Viernes, 16 de Marzo de 2018 16:44
Jueves, 01 de Marzo de 2018 22:02
"...La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia explicó que el tipo penal de acoso sexual no ha sido objeto de detenido examen en esta corporación dada su novedosa incorporación como delito. (Lea: Acoso sexual en el trabajo trasgrede el Derecho Internacional de los Derechos Humanos)
Con base en algunas legislaciones precisó que si bien no se posee una definición unívoca de acoso sexual sí es posible determinar un lugar común, referido a actitudes o comportamientos que por sí mismos causan mortificación o crean un clima hostil en ámbitos de trabajo o similares respecto de actos, gestos o palabras que en muchas ocasiones representan una pretensión, pero no la consumación de la misma. (Lea: Jalón de orejas al Sena por sancionar a aprendiz que presentó una queja por acoso sexual)
Regulación en la materia
En Colombia, este delito fue instaurado en la Ley 1257 del 2008, que dictó normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres. Al respecto, la Corporación aclaró que este delito opera generalmente en contra de la mujer.
Sin embargo, nada impide que en determinados casos pueda materializarse respecto de víctimas de otro género o identidad sexual, independientemente de que el agresor sea otro hombre o una mujery siempre y cuando se cubran los presupuestos modales, objetivos y subjetivos que diseñan el tipo penal en examen. (Lea: Destituyen a juez que acosaba sexualmente a una de las partes de un proceso)
En torno a lo anterior, la sala señaló que el artículo 210 A del Código Penal contiene una textura bastante abierta, a la espera de consignar allí todas las posibilidades de ejecución de la conducta e incluso de beneficiarios de la misma, pues se alude al “beneficio” propio o de un tercero.
También advierte que el bien jurídico tutelado, libertad, integridad y formación sexuales, puede verse afectado con un solo acto, manifestación o roce físico, pero se entiende que para evitar equívocos el legislador estimó prudente consagrar punibles solo los actos reiterados, persistentes o significativos en el tiempo, y así lo plasmó en la norma con la delimitación de dichos verbos rectores, compatibles con la noción de acoso.
Finalmente, explicó la distinción entre la materialización de un delito de acceso carnal o actos sexuales violentos y uno de acoso sexual, indicando que estos se diferencian en los alcances de lo ejecutado por el agente. (M. P. Fernando León Bolaños Palacios).
CSJ Sala Penal, Sentencia SP-1072018 (49799), 07/02/18.."
Última actualización el Jueves, 01 de Marzo de 2018 22:06