Source: http://marcajelegislativo.com/fdebate.php?noticia=390
Timestamp: 2018-10-16 05:58:02
Document Index: 216861856

Matched Legal Cases: ['artículo 73', 'artículo 115', 'artículo 115', 'artículo 32', 'artículo 96', 'artículo 36', 'artículo 57', 'artículo 67', 'artículo 91', 'artículo 92', 'artículo 71', 'artículo 14']

SOCIALIZAR EL CONOCIMIENTO: LA VÍA PARA GARANTIZAR EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
Análisis | SOCIALIZAR EL CONOCIMIENTO: LA VÍA PARA GARANTIZAR EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
JOSÉ GUADALUPE LUNA HERNÁNDEZ*
En nuestro país, la existencia de tres órdenes de gobierno y la diversidad que caracteriza a los municipios, provoca que la implementación de las normas y las políticas públicas arroje resultados diversos y muchas veces poco aceptables; si a eso sumamos que con el paso del tiempo la función pública es cada vez más compleja y especializada, entenderemos por qué se ha pensado en la necesidad de garantizar perfiles, conocimientos y actitudes homogéneas en ciertos cargos.
De esta manera, en los últimos años, el legislador ordinario ha venido estableciendo, como requisito para desempeñar ciertos cargos, varios en el orden municipal, el contar con una certificación de habilidades y competencias.
Para cumplir con estas obligaciones, se han creado instituciones especializadas con ese propósito o la concertación con determinadas instituciones académicas para ofertar cursos que permitan atender este mandato, desde mi punto de vista, esto ha tenido dos graves consecuencias: en primer lugar, que el número de personas que cuentan con la certificación no sea el suficiente y, 2) que se generen mercados cautivos para este tipo de ofertas.
En materia de Acceso a la Información Pública y a la Protección de Datos Personales, los procedimientos también se perfeccionan con el paso del tiempo, propiciando que la garantía de estos derechos, sea cada vez más complicada. Por esa razón, actualmente las leyes respectivas determinan que el Infoem debe ofrecer las certificaciones para desempeñar el cargo de Titular de la Unidad de Transparencia, Oficial de Protección de Datos y para impartir cursos en materia de transparencia y acceso a la información pública y a la protección de datos personales.
Para evitar el riesgo apreciado en los casos anteriores, en el Infoem hemos optado por una ruta accesible, que pretende revertir la diversidad que caracteriza a nuestros sujetos obligados y que tienen una finalidad muy clara: socializar los conocimientos en la materia y generar un amplio número de cuadros administrativos con estas capacidades, para que su designación sea bajo un espectro más amplio de posibilidades.
La complejidad de la función administrativa y la diversidad de las autoridades
El diseño constitucional de nuestro país establece como atribuciones de la Federación las contenidas en el artículo 73 de la Constitución General de República, el que ha sido reformado en 79 ocasiones, siendo el más modificado. Por otro lado, en el artículo 115 se registran las facultades exclusivas de los municipios, por lo que las no comprendidas en ambas disposiciones son las facultades residuales que les corresponden a los estados.
A las 8 facultades expresamente señaladas para los municipios, en el decreto que reformó el artículo 115 de la Constitución Federal, de febrero de 1983, se agregaron 9 más en materia de desarrollo urbano.
Sin embargo, el problema no radica ahí, sino en la definición de áreas gubernamentales concurrentes, a través de 50 leyes generales en las que a veces se distribuyen tareas entre los distintos niveles de gobierno, aunque también, y cada vez con mayor frecuencia, se regulan procedimientos constitucionales que definen estándares nacionales que deben de ser implementados por todas las autoridades.
De esta manera, en diversas materias, obligaciones que han sido diseñadas desde una perspectiva nacional, deben instrumentarse por todas las entidades gubernamentales en ámbitos que van desde la seguridad pública, la armonización contable, sin olvidar desde luego a la transparencia, el acceso a la información pública y a la protección de datos personales; si bien esto tiene como finalidad que no existan brechas regionales para la aplicación de ciertas políticas públicas o la tutela de determinados derechos, el problema fundamental consiste en que parte de un supuesto falaz: que cualquier autoridad cuenta con el personal calificado para desempeñar todas las tareas que se han definido.
De esta manera, en dichas leyes se establecen una serie de obligaciones, a cargo de las administraciones públicas, y cuyo desarrollo depende de contar con personal calificado, así, por poner un ejemplo, cualquier entidad pública, desde la Secretaría de Gobernación o de Hacienda del Gobierno de la República, hasta los municipios más apartados en la sierra en Guerrero, Oaxaca o los más pequeños de nuestro estado, están obligados a realizar, por ejemplo, una prueba de daño cuya última fase implica realizar un ejercicio de ponderación de derechos.
En esto, la ley, tratando de ser igual para todos es inequitativa y no son pocas las administraciones municipales que, por sus condiciones geográficas, económicas o administrativas, carecen de servidores públicos calificados para tales efectos y lo aprobado olvida que en el último de los niveles de gobierno tenemos entidades gubernamentales que presupuestalmente compiten incluso con gobiernos estatales, pero otros que funcionan prácticamente en la precariedad, tanto por las condiciones socioeconómicas de la población o bien, porque administrativamente representan a municipios muy pequeños.
Así, por ejemplo, al realizar el diagnóstico para el diseño de nuestro primer curso de certificación, apreciamos que de 333 sujetos obligados en materia de transparencia, en el Estado de México, en el nivel municipal, tenemos algunos con población de 1,683,605 habitantes, es el caso de Ecatepec, pero también otros rurales como Otzoloapan con 3,639 habitantes. Los que cuentan con Titulares de Unidades de Transparencia que perciben desde 3 mil pesos mensuales, hasta los que perciben 77 mil pesos, esto sólo como ejemplos de la heterogeneidad del universo de los candidatos a certificarse.
Una de las principales preocupaciones que ha generado la constante rotación de los gobiernos municipales, la diversidad de los mismos y los efectos que esto provoca demeritando la calidad en la prestación de los servicios, justificó la necesidad de profesionalizar a los servidores públicos encargados de las más importantes labores en los municipios.
De esta manera, el artículo 32 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México y Municipios establece que los Secretarios del Ayuntamiento, Tesoreros, Directores de Obras Públicas, Desarrollo Económico o equivalentes y los titulares de las unidades administrativas y de los organismos auxiliares deben reunir diversos requisitos, entre ellos “en su caso contar con certificación”, mientras que el artículo 96 fracción primera señala como requisito para ser tesorero municipal el contar con la certificación de competencia laboral en funciones expedida por el Instituto Hacendario del Estado de México.
El Instituto Hacendario del Estado de México opera las siguientes normas de competencia laboral: Administración de la Hacienda Pública Municipal; Funciones de la Secretaría del Ayuntamiento; Funciones de Desarrollo Económico del Estado de México; Construcción y Mantenimiento de la Infraestructura Pública Municipal; Registro Catastral de Inmuebles; Valuación Catastral de Inmuebles; Funciones de la Sindicatura Municipal; Gerencia Pública Municipal; Funciones de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación; Ejecución de las Atribuciones de los Órganos Internos de Control en la Administración Pública Municipal; Dirección de la Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Servicios Generales del Gobierno Municipal; y, Dirección de las Funciones de los Organismos Operadores de Agua.
Dicho proceso de certificación de competencias tiene un costo de $4,240.00[1] y requiere realizar una evaluación diagnóstica para verificar si el aspirante puede someterse al plan de evaluación o si requiere acudir a un proceso de capacitación, las que se realizan de manera presencial en las instalaciones de dicho instituto.
Hasta ahora y desde la creación de dicha institución, los servidores públicos certificados en 125 municipios y con estos 12 estándares de competencias son alrededor de 4,376 y, en la actualidad, un número importante de los municipios carece de servidores públicos certificados que desempeñen tales funciones.
A partir de esa realidad, en el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, decidimos optar por una vía distinta que nos permita cumplir con la ley, socializar el conocimiento en el tema, pero sobre todo, hacerlo accesible.
Las certificaciones en materia de transparencia
La reforma constitucional federal de 2014, definió el más reciente diseño para la tutela de los derechos de acceso a la información y a la protección de datos personales, en esa determinación del Congreso de la Unión, se definió la obligación de expedir tres leyes generales: la de Transparencia y Acceso a la Información Pública; la de Protección de Datos Personales y la de Archivos.
La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se promulgó el 04 de mayo de 2015 y, entre sus transitorios, se incluyó la obligación de los estados de armonizar su legislación.
En el Estado de México, la LIX Legislatura del Estado de México conoció de tres iniciativas de leyes, una de las cuales contemplaba como requisito, para ser titular de la Unidad de Transparencia, contar con la certificación respectiva; la que sería ofertada por el Infoem. Con una acotación importante, la certificación resultaba obligatoria para los titulares de los sujetos obligados del ámbito estatal y de los municipios de más de 70 mil habitantes.
Como resultado del proceso legislativo, la versión finalmente aprobada decidió generalizar esta obligación a todos los municipios, sin valorar el impacto que ello tendría. De esta manera, el artículo 36 fracción XI determinó la atribución del Infoem de “certificar a los Titulares de las Unidades de Transparencia”, mientras que el artículo 57 de la misma ley, señaló como requisito para ocupar el cargo de Titular de la Unidad de Transparencia, de cualquier sujeto obligado, el contar con la “certificación en materia de acceso a la información, transparencia y protección de datos personales, que para tal efecto emita el instituto”.
Además de esa certificación, el artículo 67 fracción III inciso b) de la misma norma, facultó al Infoem para certificar “a los sujetos obligados, organizaciones o asociaciones de la sociedad civil, así como personas en general que ofrezcan, en forma interdisciplinaria y profesional, la posibilidad de llevar a cabo cursos o talleres en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales”
Por otra parte, en atención al mandato constitucional, el 26 de enero de 2017 se promulgó la Ley General de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, norma que, igual que la de Transparencia, estableció en sus disposiciones transitorias, la armonización de la legislación estatal. Procedimiento que se agotó en nuestro estado con la expedición el 30 de mayo de 2017, de nuestra respectiva legislación estatal.
Dicha norma contempla en su artículo 91 que ciertos responsables, especialmente los que “en el ejercicio de sus funciones sustantivas” realizan “tratamientos de datos personales relevantes o intensivos, deberán designar a un Oficial de Protección de Datos Personales”, quien formará parte del Comité de Transparencia.
Mientras que el artículo 92 de la misma norma señala como requisito para ocupar ese cargo, el “Contar con la certificación en materia de protección de datos personales que para tal efecto emita el Instituto”.
Vale la pena destacar que, en este caso, el legislador sólo determinó la necesidad de contar con esta figura a aquellos responsables que realizan tratamientos relevantes e intensivos, esto es, según el artículo 71 de la misma ley cuando existan riesgos inherentes a los datos personales a tratar, se traten de datos sensibles, se efectúen o pretendan efectuar transferencias de datos personales
Además de este, el artículo 14 en su fracción V, de la misma norma, determinó la necesidad de contar con un Programa Estatal de Protección de Datos Personales, el que debe incluir la facultad del Infoem de “certificar a los sujetos obligados, organizaciones o asociaciones de la sociedad, así como personas en general, que ofrezcan en forma interdisciplinaria y profesional, la posibilidad de llevar a cabo cursos o talleres en materia de protección de datos personales”.
Bajo estos supuestos, el Infoem tiene entonces que ofrecer cuatro programas de certificación dirigidos a: 1) Titulares de las Unidades de Transparencia; 2) Oficiales de Protección de Datos Personales; 3) Sujetos Obligados, Organizaciones u Asociaciones de la Sociedad Civil y personas que lleven a cabo cursos o talleres en materia de Transparencia y Acceso a la Información y, 4) dirigidos a las mismas personas que el anterior, pero en materia de Protección de Datos Personales.
Y a partir de ahí fue que comenzamos una ruta para cumplir con este mandato legal en la medida de nuestras posibilidades y capacidades, pero bajo criterios generales perfectamente definidos y que pueden resumirse en los siguientes aspectos.
Primero. El proceso de certificación debe de estar a cargo del Instituto, sin que éste delegue dicha facultad en alguna otra institución pública o académica.
Segundo. Para acreditar la certificación se ofertaría un curso de alineamiento diseñado por el propio instituto, con el contenido de la norma y armonizado con los criterios que han nutrido a nuestras resoluciones.
Tercero. El curso de alineamiento se pondría a disposición de los aspirantes en línea, de tal forma que no tengan que trasladarse a la capital del estado durante el periodo de formación, dejando a un lado sus funciones públicas y sufragando en traslados y viáticos.
Cuarto. En razón de que en el Código Financiero del Estado de México y Municipios no se contempla ningún derecho que pueda cobrar el Infoem por este concepto, el proceso de certificación sería gratuito.
Con esos cuatro parámetros de arranque iniciamos el proceso de elaboración del curso de alineamiento y del primer estándar de competencias, al que denominamos, “Garantizar el Derecho de Acceso a la Información Pública”, cuyo contenido fue aprobado en sesión del pleno el pasado siete (07) de marzo de dos mil dieciocho, así como la plataforma de capacitación para que el curso de alineamiento sea accesible en línea, lo que evitará que los servidores públicos tengan que trasladarse a la capital del estado, dejar sus funciones y acudir en tiempos determinados a tomar el mismo. Siendo en línea, el alumno adapta su aprendizaje a sus propios tiempos.
Al mismo tiempo agotamos las fases previas para acreditarnos como entidad certificadora y evaluadora y la integración de nuestro Comité de Gestión Por Competencias para la Tutela de los Derechos de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México, observando las normas técnicas y estándares de competencia del Sistema Nacional de Competencias (SNC), el que fue aprobado por dicha instancia el 16 de julio de 2018.
El pasado primero de agosto de dos mil dieciocho fue aprobada la convocatoria y del 13 al 24 de agosto se inscribieron 953 aspirantes, de los cuales 732 presentaron la evaluación diagnóstica, de los cuales 158 dijeron ser titulares de Unidades de Transparencia y 574 servidores públicos. De los titulares de Unidades de Transparencia, 42, al obtener el puntaje de 83.85 requerido en la convocatoria, tienen derecho de pasar a la evaluación final conforme al estándar de competencia, mientras que 116 tomarán el curso de alineación.
De los 574 servidores públicos que se registraron, 125 –al obtener el puntaje requerido– optaron por realizar la evaluación final conforme a dicho estándar y 438 participarán del curso de alineación.
Nuestra meta como institución consiste en garantizar que las 732 personas que presentaron la evaluación diagnóstica puedan agotar el procedimiento de certificación a más tardar en el mes de abril de 2019. De ser el caso que las 158 personas que dijeron ser titulares de las unidades de transparencia lograran obtenerla, garantizaríamos que los titulares del 47.44% de los sujetos obligados, cuenten con la certificación, por lo que seguramente será necesario que emitamos una nueva convocatoria para que se incorporen al procedimiento los titulares de las unidades del resto de los servidores públicos y para que los nuevos gobiernos municipales, también puedan promover la incorporación de aspirantes al mismo.
En el Infoem hemos coincidido en la necesidad de que el proceso de certificación sea un procedimiento abierto y accesible, que la certificación no genere un grupo de cuadros administrativos que limite el derecho de los titulares de los sujetos obligados para decidir, sino que, al contrario, cuente con una amplia oferta de donde seleccionar.
Intentamos que con nuestra modalidad resolvamos los problemas de distancia, falta de tiempo y sobre todo, que los costos del mismo no se transformen en una restricción indirecta, sino que, al contrario, el conocimiento necesario para tutelar el derecho de acceso a la información pública se socialice de tal forma que no sea la falta de conocimiento en la materia lo que provoque la afectación a los derechos humanos.
Sabemos que, con este esfuerzo, promovemos la debida tutela del derecho en cuestión, elemento esencial para consolidar un modelo político - administrativo de rendición de cuentas, la garantía de los derechos de la población debe de ser el mayor incentivo para que el mismo se ejerza, para que se fomente el desarrollo de nuestras comunidades y garanticemos el derecho a la verdad de los pueblos.
*Comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios.
[1] http://ihaem.edomex.gob.mx/costos_evaluacion
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