Source: https://www.sipiapa.org/notas/1200138-ley-prensa-cuba-excep-la-libertad-expresion
Timestamp: 2019-12-06 23:35:00
Document Index: 156234507

Matched Legal Cases: ['Artículo 321', 'Artículo 318', 'Artículo 320', 'Artículo 319', 'Artículo 144', 'Artículo 55', 'Artículo 56', 'Artículo 57', 'Artículo 279', 'Artículo 287', 'Artículo 288', 'Artículo 289', 'Artículo 290', 'Artículo 294', 'Artículo 62', 'Artículo 217', 'Artículo 218', 'Artículo 64', 'Artículo 1', 'Artículo 72', 'Artículo 303', 'Artículo 312', 'Artículo 8', 'Artículo 86']

Ley de Prensa Cuba: Excep. a la libertad de expresión
I .Difamación, Injuria y Calumnia
El Código Penal dedica su Título XII a los delitos contra el honor. La difamación requiere denuncia de la parte ofendida para que la fiscalía inicie el proceso penal; la calumnia y la injuria se persiguen ya sólo en virtud de querella de la parte ofendida. Si la difamación o calumnia atañe a persona fallecida (o declarada ausente), la denuncia o querella corresponde a los parientes más próximos (Artículo 321).
· Por difamación se entiende imputar ante terceras personas una conducta, hecho o característica que puedan dañar la reputación social, rebajar frente la opinión pública o exponer a la pérdida de la confianza requerida para desempeñar cargo, profesión o función. La sanción prevista es privación de libertad de tres meses a un año o multa de cien a trescientas cuotas o ambas. El inculpado no incurre en sanción si prueba que las imputaciones eran ciertas (o tenía serias razones para creerlas), así como que obró (o creyó obrar) en defensa de interés socialmente justificado. No obstante, la prueba es inadmisible si el inculpado no tenía otro designio que denigrar a la víctima. Si no queda demostrada la veracidad de las imputaciones o el difamador se retracta de ellas, el tribunal deberá consignarlo en sentencia y dar constancia a la víctima. (Artículo 318).
· La injuria se define como la ofensa a propósito por escrito o de palabra, o por medio de dibujos, gestos o cualesquiera otros actos. Se conmina con sanción de privación de libertad de tres meses a un año o multa de cien a trescientas cuotas. El tribunal puede abstenerse de sancionar si la ofensa trae su causa del comportamiento provocador de la víctima, o si ésta reaccionó de inmediato con otra injuria o con ataque contra la integridad corporal (Artículo 320).
· Se considera calumnia divulgar a sabiendas hechos falsos en descrédito de otro. El culpable incurre en privación de libertad de seis meses a dos años o multa de doscientas a quinientas cuotas. Si reconoce la falsedad de sus afirmaciones y se retracta de ellas en juicio, la sanción corre de tres meses a un año o multa de cien a trescientas cuotas. El tribunal dará a la víctima constancia de la retractación (Artículo 319).
II .DesacatoCodigo Penal; Ley 62
El Código Penal imputa desacato a quien amenace, calumnie, difame, insulte, injurie o de cualquier modo ultraje u ofenda, de palabra o por escrito, en su dignidad o decoro, a una autoridad o funcionario público (a sus agentes o auxiliares) tanto en ejercicio de sus funciones como en ocasión o con motivo de ellas. La sanción es privación de libertad por tres meses a un año o multa de cien a trescientas cuotas o ambas, pero si el desacato atañe al presidente o demás miembros del Consejo de Estado, a los ministros, o al presidente o diputados de la Asamblea Nacional, se agrava con privación de libertad de uno a tres años (Artículo 144).
El informe semestral (enero-junio del 2008) de la CCDHRC recoge casi una veintena de presos políticos por desacato, entre ellos el opositor pacífico Orlando Zapata Tamayo (Movimiento Alternativa Republicana), condenado inicialmente a tres años de cárcel (2003). Por el mismo «delito» y, además, por «desórdenes en establecimientos penitenciarios», Zapata Tamayo acumula ya 25 años de prisión. Otro caso ilustrativo se recoge en el informe (2007) de Amnistía Internacional: el abogado invidente Juan Carlos González Leiva fue arrestado (marzo de 2002) por «desacato», pasó dos años encarcelado sin juicio y fue condenado (abril 2004) a cuatro años.
III .Privacidad – Derecho a la honra, a la intimidad, a la propia imagen
Derecho a la honra, a la intimidad, a la propia imagen
La ausencia de contexto democrático impide la tensión correcta entre libertad de expresión y derecho a la intimidad, el honor y la propia imagen. La Constitución no reconoce el derecho a la propia imagen ni concibe el honor como bien jurídico. Se limita a proteger determinados aspectos de la intimidad, como «la libertad de conciencia y de religión» (Artículo 55), la inviolabilidad del domicilio (Artículo 56) y la inviolabilidad de la correspondencia postal, cablegráfica, telegráfica o telefónica (Artículo 57).
La tutela jurídica del honor se subordina a la autoestima del sujeto, que puede emprender la acción penal con denuncia por difamación o querella por injuria o calumnia, según dispone el Código Penal en el Título XII Delitos contra el Honor (Artículos 318-321).
Igual mecanismo de protección se establece en el Título IX Delitos contra los Derechos Individuales, que estipula de cuatro a diez años de cárcel por la privación ilegal de libertad con grave daño para la dignidad de la víctima (Artículo 279.2.b). La violación de domicilio (Artículo 287) y el registro ilegal (Artículo 288) se conminan con tres meses a un año de prisión o multa de cien a trescientas cuotas, o ambas.
Las mismas sanciones se aplican por violación (Artículo 289) o revelación (Artículo 290) del secreto de la correspondencia, incluyendo las comunicaciones por teléfono, así como por impedir o perturbar los actos o ceremonias públicas de los cultos registrados que se celebren con observancia de las disposiciones legales (Artículo 294).
Estas normas penales dejan de funcionar cuando se traspasan los límites del disenso trazados por la propia Constitución: ninguna de las libertades ciudadanas puede contrariar la existencia y fines del Estado socialista (Artículo 62). A esto se suma que las diligencias policiales son expeditas y no requieren aprobación de juez alguno. La Ley de Procedimiento Penal dispone, por ejemplo, que para registrar un templo u otro lugar de culto religioso bastará pasar recado a la persona encargada (Artículo 217). La entrada y registro en domicilio privado presupone el consentimiento del interesado, que se presume si éste no invoca la garantía constitucional de la inviolabilidad. Aun así es suficiente la resolución fundada del propio instructor policial, con aprobación del fiscal, para proceder al registro (Artículo 218).
Entre los numerosos casos reportados sobresale el registro arbitrario (30 de enero del 2007) del domicilio de la periodista Haydee Rodríguez (Voz de Oriente) por agentes de la Seguridad del Estado, quienes incautaron libros y revistas, dos radiorreceptores y un equipo de video.
Asimismo, la amenazaron con desalojarla y enviarla a un asilo de ancianos si no abandonaba el país.
Personas públicas versus Personas privadas
No hay diálogo libre entre los ciudadanos y el Estado ni articulación flexible entre lo público y lo privado. Sin pluralismo político ni tolerancia se descarta que las personas en ejercicio de funciones públicas cedan en parte su derecho a la vida privada frente a razones de interés social, salvo dictado del poder político.
El tren de argumentación es tan sencillo como ejemplar en la nota del ex-jefe de Estado y Gobierno, Fidel Castro, divulgada por el programa televisivo Mesa Redonda del 1ro. de agosto de 2006: «En la situación específica de Cuba, debido a los planes del imperio , mi estado de salud se convierte en un secreto de Estado que no puede estar divulgándose constantemente y los compatriotas deben comprender eso».
El Ministerio del Interior (MININT) se atribuye la licencia de violar la correspondencia postal y electrónica los ciudadanos, filmar sus movimientos e interceptar llamadas telefónicas sin necesidad de autorización judicial.
El 26 de agosto del 2008, los líderes opositores Martha Beatriz Roque, Jorge Luis García Pérez y Vladimiro Roca denunciaron que la Fiscalía General desestimó su demanda contra quienes revelaron su correspondencia privada en el programa de televisión Mesa Redonda. En el programa, de estricto carácter oficial, se mostraron fotos, correos electrónicos y grabaciones de llamadas telefónicas que, según el coronel Adalberto Barreiro (Departamento de Seguridad del Estado), eran parte de una investigación criminal, pero fueron manejadas ante las cámaras por los periodistas Randy Alonso, Lázaro Barredo y Reinaldo Taladrid, asi como por el coronel del MININT (retirado), Manuel Hevia, y la diplomática Josefina Vidal.
El también dirigente opositor Oswaldo Payá (Movimiento Cristiano Liberación) tiene su domicilio bajo constante vigilancia. Agentes de policía hacen guardia en los bancos del parque aledaño, las cabinas telefónicas o en autos estacionados. Hay cámaras que filman todo lo que entra o sale de la casa. El teléfono está intervenido y han sembrado micrófonos incluso en el dormitorio. El correo postal es abierto y por debajo de la puerta le introducen amenazas de muerte.
IV .Buenas costumbres: Menores, obscenidadTexto de la Constitución de la Republica de Cuba
El ex-jefe de Estado y Gobierno suele abogar por «los hábitos de urbanidad y buenas costumbres» (verbi grati, en San José de las Lajas, el primero de septiembre de 1981, al inaugurar el curso escolar), que son parte declarada de la moral y la convivencia socialistas. Sus normas deben observarse por imperativo de la Constitución (Artículo 64).
Aun el Código Penal se propone contribuir a «la correcta observancia de las normas de convivencia socialista» (Artículo 1.1). Las conductas en «contradicción manifiesta con las normas de la moral socialista» demuestran «especial proclividad cometer delitos» y se consideran «estado peligroso» (Artículo 72).
En este caso los tribunales no dictan sanciones, sino «medidas de seguridad», que pueden llegar hasta cuatro años de internamiento en centros especializados (cárceles camufladas) de trabajo o estudio. Así procedieron el 5 de diciembre de 2006 contra el periodista independiente Raymundo Perdigón (Yayabo Press). Por igual motivo impusieron tres años a su colega Ramón Velázquez (Agencia Libertad) el 23 de enero de 2007. La «peligrosidad social predelictiva» suele retorcerse también contra los opositores pacíficos. La CCDHRN (Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional) y otros organismos independientes de derechos humanos recogen casi una veintena de disidentes declarados en «estado peligroso».
El Código Penal sanciona el escándalo público con prisión de tres meses a un año o multa de cien a trescientas cuotas. No solo por ofender el pudor o las buenas costumbres con exhibiciones impúdicas, sino también por producir o poner en circulación publicaciones, grabados, cintas cinematográficas o magnetofónicas, grabaciones, fotografías u otros objetos que resulten obscenos tendentes a pervertir y degradar las costumbres (Artículo 303). Quien ofrezca, venda o facilite al menor de 16 años libros, publicaciones, estampas, fotografías u otros objetos de carácter obsceno, es reo de corrupción de menores e incurre en sanción de tres meses a un año de cárcel o multa de cien a trescientas cuotas o ambas (Artículo 312).
Código de la Niñez y la Juventud http://www.juventudrebelde.cu/secciones/ujc/htm/codigo-ninez_juventud.doc
Gaceta Oficial Ordinaria de 30 de junio de 1978)
Subraya que «la sociedad y el Estado trabajan por la eficaz protección de los jóvenes ante toda influencia contraria a su formación comunista» (Artículo 8). Los medios contribuyen a la formación integral de la niñez y la juventud, y garantizan el desarrollo constante del papel informativo y su más alta calidad técnica y cultural (Artículo 86).