Source: http://transparencia.congresomich.gob.mx/es/documentos/lxxiii/reglamentos/reglamento-de-los-juzgados-de-ejecucion-de-sanciones-penales-del-estado-de-michoacan-de-ocampo/
Timestamp: 2018-03-20 19:27:33
Document Index: 21689972

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'artículo 3', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'Artículo 35', 'Artículo 36', 'Artículo 37', 'Artículo 38', 'Artículo 39', 'Artículo 40', 'Artículo 41', 'Artículo 42', 'Artículo 43', 'Artículo 44', 'Artículo 45', 'Artículo 46', 'Artículo 47', 'Artículo 48', 'Artículo 49', 'Artículo 50', 'Artículo 51', 'Artículo 52', 'Artículo 53', 'Artículo 54', 'Artículo 55', 'Artículo 56', 'Artículo 57', 'Artículo 58', 'Artículo 59', 'Artículo 60', 'Artículo 61', 'Artículo 62', 'Artículo 63', 'Artículo 64', 'Artículo 65', 'Artículo 66', 'Artículo 67', 'Artículo 68', 'Artículo 69', 'Artículo 70', 'Artículo 71', 'Artículo 72', 'Artículo 73', 'Artículo 74', 'Artículo 75', 'Artículo 76', 'Artículo 77', 'Artículo 78', 'Artículo 79', 'Artículo 80', 'Artículo 81', 'Artículo 82', 'Artículo 83', 'Artículo 84', 'Artículo 85', 'Artículo 86', 'Artículo 87', 'Artículo 88', 'Artículo 89', 'Artículo 90', 'Artículo 91', 'Artículo 92', 'Artículo 93', 'Artículo 94', 'Artículo 95', 'Artículo 96', 'Artículo 97', 'Artículo 98', 'artículo 17', 'Artículo 99', 'artículo 17', 'Artículo 100', 'Artículo 101', 'Artículo 102', 'Artículo 103', 'Artículo 104', 'Artículo 105', 'Artículo 106', 'Artículo 107', 'Artículo 108', 'Artículo 109', 'Artículo 110', 'Artículo 111', 'Artículo 112', 'Artículo 113', 'Artículo 114', 'Artículo 115', 'Artículo 116', 'Artículo 117', 'Artículo 118', 'Artículo 119', 'Artículo 120', 'artículo 171', 'Artículo 121', 'Artículo 122', 'Artículo 123', 'Artículo 124', 'Artículo 125', 'Artículo 126', 'Artículo 127', 'Artículo 128', 'Artículo 129', 'Artículo 130', 'Artículo 131', 'Artículo 132', 'Artículo 133', 'Artículo 134', 'Artículo 135', 'Artículo 136', 'Artículo 137', 'artículo 10', 'Artículo 138', 'Artículo 139', 'Artículo 140', 'artículo 22', 'Artículo 141', 'artículo 24', 'Artículo 142']

Reglamento de los Juzgados de Ejecución de Sanciones Penales del Estado de Michoacán de Ocampo | Reglamentos | Legislatura de Michoacán
08/junio/2012 | LXXIII Legislatura
Que mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, fue promulgada la reforma constitucional que contempla la incorporación del proceso penal acusatorio y oral.
Que la citada reforma penal comprendió entre otros preceptos los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para modificar los medios, bases, fines y organización del sistema penitenciario y asignar al Poder Judicial la función, no sólo de imponer las sanciones penales, sino determinar lo relativo a su duración y modificación.
Que lo anterior significó la judicialización de la etapa de ejecución del proceso penal y, por tanto, la creación de una nueva figura: el juez de ejecución, encargado del ejercicio de las funciones constitucionales antes mencionadas, y las legales que les delegue el ordenamiento secundario.
Que el artículo quinto transitorio del decreto de reforma constitucional señaló como plazo en el que el sistema de reinserción social y el régimen de modificación y duración de sanciones es decir, su judicialización cobrarían vigencia, el máximo de 3 años contado a partir del día siguiente al de la publicación del decreto respectivo, es decir, el pasado 19 de junio del 2011.
Que mediante decreto 341, publicado en el Periódico Oficial del Estado de 14 de junio de 2011, se promulgó la Ley de Ejecución de Sanciones Penales del Estado de Michoacán de Ocampo, cuyas disposiciones instituyen la naturaleza y funciones de la figura del juez de ejecución, asignándole facultades específicas en lo atinente a esa etapa del proceso penal, con la peculiaridad de que el procedimiento relativo queda sujeto a los principios del sistema acusatorio y oral.
Que el artículo noveno transitorio del decreto antes referido, establece al Consejo del Poder Judicial el deber de emitir el Reglamento de los Juzgados de Ejecución de Sanciones Penales.
Que entre las facultades del Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado, está el expedir los reglamentos, así como los acuerdos generales y específicos necesarios para el adecuado ejercicio de la función judicial, según lo dispuesto en los artículos 77, fracciones III y V, de la Ley Orgánica vigente.
Que el reglamento es una norma que complementa o amplía el contenido de una ley y que resulta jerárquicamente inferior a ésta.
Que la Ley de Ejecución de Sanciones Penales del Estado de Michoacán no prevé reglas procesales que permitan hacer efectivos los principios del proceso acusatorio y oral.
Que a través del decreto número 425, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 13 de enero de 2012, fue promulgado el Código de Procedimientos Penales del Estado de Michoacán, acorde con los principios del proceso acusatorio y oral; cuya entrada en vigor quedó condicionada -salvo los casos expresamente señalados en el artículo décimo segundo transitorio, entre los que no se encuentra la ejecución de sanciones penales-, a la implementación gradual y regional del sistema procesal penal acusatorio, en los términos indicados en los transitorios del segundo al octavo del señalado decreto; por lo que no es factible remitirse al mismo -en lo inmediato-, para regular el procedimiento de ejecución y tampoco resultaría viable hacerlo respecto del que actualmente se encuentra en vigor.
Que, en tanto cobra vigencia la legislación adjetiva penal acorde con el sistema que prevén la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Ejecución de Sanciones Penales, resulta indispensable y normativamente justificado establecer reglas procesales que traduzcan los principios de oralidad, publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, en abono tanto del adecuado ejercicio de la función asignada a los jueces de ejecución de sanciones penales, como de la seguridad y certidumbre jurídica de los justiciables.
Que el artículo segundo transitorio del decreto al que se ha hecho referencia, dispone que la implementación del sistema procesal acusatorio y oral en la entidad será gradual y regional, estableciendo las regiones judiciales siguientes: Apatzingán, integrada con los actuales distritos judiciales de Apatzingán y Coalcomán; Lázaro Cárdenas, que comprende los distritos judiciales de Arteaga, Coahuayana y Lázaro Cárdenas; Morelia, que se integra por los distritos judiciales de Morelia, Pátzcuaro y Zinapécuaro; Uruapan, que comprende los distritos judiciales de Ario, Tacámbaro y Uruapan; Zamora, en la que se integran los distritos judiciales de Jiquilpan, La Piedad, Los Reyes, Puruándiro, Sahuayo, Tanhuato, Zacapu y Zamora; y, Zitácuaro, que comprende los distritos judiciales de Hidalgo, Huetamo, Maravatío y Zitácuaro; por lo que a fin de que exista plena compatibilidad entre la implementación del referido sistema y el sistema judicializado de ejecución de sanciones penales, es conveniente acoger tal distribución territorial para los efectos de este Reglamento.
Que es necesario contar con normas que regulen la organización de los juzgados de ejecución de sanciones penales, y el ejercicio de las funciones que la Ley de Ejecución de Sanciones Penales asigna a sus titulares.
En atención a lo antes expuesto, el Consejo del Poder Judicial del Estado expide el presente
REGLAMENTO DE LOS JUZGADOS DE EJECUCIÓN DE SANCIONES PENALES DEL ESTADO
Artículo 1. Objeto. Las disposiciones de este ordenamiento son de observancia obligatoria para los Jueces de Ejecución de Sanciones Penales, correspondiendo a éstos y al personal administrativo que los integre, velar por su debido cumplimiento; su objeto es regular la organización y funcionamiento de dichos órganos jurisdiccionales.
Artículo 2. Glosario. Para los efectos de este Reglamento, se entenderá por:
I. Audiencia oral: La que se prevé en la Ley de Ejecución como parte del procedimiento de ejecución y en la que deben observarse los principios de oralidad, publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación;
II. Autoridades penitenciarias: Aquellas de carácter administrativo que tienen competencia para ejercer las facultades que les confiere la Ley de Ejecución, con relación a la ejecución de las sanciones penales y medidas de seguridad;
III. Centros: Los Centros Preventivos y de Reinserción Social, los de Medidas de Seguridad y de Sanciones Alternativas del Estado, sus similares en otras entidades federativas, así como los de carácter federal;
IV. Consejo del Poder Judicial: El Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán;
V. Consejo de la Subsecretaría: Cuerpo colegiado con funciones de consultoría, orientación y decisión en materia de sistema penitenciario, de la Subsecretaría;
VI. Consejo Técnico: Cuerpo colegiado con funciones de consultoría, orientación y decisión de los Centros de Prevención y Reinserción Social o de Medidas de Seguridad y sus similares en otras entidades federativas y de los Centros de Seguimiento de Sanciones Alternativas;
VII. Constitución Federal: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
VIII. Constitución local: La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo;
IX. Ejecución de sanciones penales: La ejecución de las sanciones penales y medidas de seguridad;
X. Interno: toda persona recluida por un procedimiento penal del fuero común o sentenciado en un Centro.
XI. Juez de ejecución: Órgano jurisdiccional especializado en la aplicación de la Ley, de este reglamento y demás legislación sobre ejecución de sanciones penales;
XII. Juez de la causa: Órgano jurisdiccional que imponga una sanción penal o medida de seguridad. Se comprenden en esta denominación los jueces de primera instancia, especializados en materia penal o mixtos, del Estado de Michoacán;
XIII. Ley de Ejecución: La Ley de Ejecución de Sanciones Penales del Estado de Michoacán;
XIV. Ley Orgánica: La Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Michoacán;
XV. Ofendido: La persona que, individual o colectivamente, haya sufrido directamente un daño físico, psicológico, patrimonial o menoscabo sustancial de sus derechos humanos, como consecuencia de conductas consideradas como delitos en la legislación vigente;
XVI. Periódico Oficial: El Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo;
XVII. Procedimiento de ejecución: El procedimiento relacionado con la ejecución de sanciones penales y medidas de seguridad, cuya tipología, sustanciación y resolución se encuentran reguladas por la Ley de Ejecución;
XVIII. Procesado: Persona que cumple una medida cautelar derivada de la vinculación a procedimiento o, en su caso, de un auto de formal prisión;
XIX. Reglamento: El Reglamento de los Juzgados de Ejecución de Sanciones Penales;
XX. Sala de audiencia oral: El espacio físico donde se desarrollen las audiencias a que se refieren la Ley de Ejecución y el Reglamento;
XXI. Sentenciado: La persona a quien se le haya impuesto una sanción penal por órgano jurisdiccional competente, en sentencia que ha causado ejecutoria;
XXII. Servidores públicos: Los servidores públicos del Poder Judicial del Estado de Michoacán;
XXIII. Sistema Morelos: El Sistema Morelos de Informática Judicial;
XXIV. Subsecretaría: La Subsecretaría de Prevención y Reinserción Social, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado;
XXV. Tratados internacionales: Los tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, celebrados y ratificados por el Estado Mexicano; y,
XXVI. Víctima: La persona que, individual o colectivamente, haya sufrido indirectamente un daño físico, psicológico, patrimonial o menoscabo sustancial de sus derechos humanos a consecuencia de conductas consideradas como delitos en la legislación vigente.
Artículo 3. Aplicación e interpretación. Las normas relativas a la ejecución de sanciones se aplicarán e interpretarán de conformidad con la Constitución Federal y los tratados internacionales, observando los principios que se prevén en la Ley de Ejecución.
Asimismo, se atenderá al principio pro homine o pro persona.
Artículo 4. Principios rectores. En el procedimiento de ejecución se observarán los principios de oralidad, publicidad, igualdad, inmediación, contradicción, continuidad y concentración. También deberá atenderse a los establecidos en el artículo 3 de la Ley de Ejecución.
Artículo 5. Oralidad. Las audiencias a que se refiere la Ley y este Reglamento se desarrollarán oralmente. Las argumentaciones y promociones de las partes no podrán formularse en forma escrita, salvo que se autorice expresamente lo contrario.
El debate también será oral, tanto en lo relativo a los alegatos y argumentos de las partes, como en todas las declaraciones, la recepción de las pruebas y, en general, a toda intervención de quienes participen en él.
Las decisiones del juez de ejecución emitidas en audiencia, serán dictadas de manera oral.
En todo caso, la resolución final constará en forma de auto, en los términos previstos en este Reglamento.
Artículo 6. Publicidad. Las audiencias serán públicas, pero el juez de ejecución podrá resolver excepcionalmente, aun de oficio, que se desarrolle en forma privada, total o parcialmente, cuando:
I. Pueda afectar la integridad física del propio juez, de alguna de las partes, o de alguna persona citada para participar en él;
II. El orden público o la seguridad del Estado puedan verse gravemente afectados;
III. Peligre un secreto oficial, profesional, particular, comercial o industrial, cuya revelación indebida sea punible; o,
IV. A solicitud del sentenciado o interno, cuando su honor, decoro, honra y dignidad puedan ponerse en riesgo.
La resolución que al respecto asuma el juez de ejecución será fundada y motivada, constando en el registro de la audiencia.
Desaparecida la causa, se permitirá ingresar nuevamente al público y el juez de ejecución informará brevemente sobre el resultado esencial de los actos efectuados en forma privada, cuidando de no afectar el aspecto protegido por la reserva.
El juez de ejecución podrá imponer a las partes en el acto, el deber de reserva sobre aquellas circunstancias que han presenciado, decisión que constará en el registro de la audiencia; asimismo, señalará en cada caso las condiciones en que se ejercerá el derecho a informar y podrá restringir o prohibir, mediante resolución fundada, la grabación, fotografía, edición o reproducción de la audiencia, cuando puedan resultar afectados algunos de los intereses señalados en este artículo o cuando se limite el derecho del interno o de la víctima u ofendido a un juicio imparcial y justo.
Artículo 7. Igualdad. Se garantizará a las partes, el pleno e irrestricto ejercicio de sus derechos, en condiciones de igualdad.
El juez de ejecución no podrá mantener ningún tipo de comunicación con alguna de las partes, sobre los asuntos sometidos a su conocimiento, salvo con la presencia de todas ellas durante el desarrollo de la audiencia. La contravención a este precepto será sancionada por el Consejo del Poder Judicial.
Corresponde al juez de ejecución preservar el principio de igualdad procesal y resolver los obstáculos que impidan su observancia.
Artículo 8. Inmediación. El debate se realizará con la presencia ininterrumpida del juez de ejecución y de las demás partes constituidas en el procedimiento de ejecución, de sus defensores y de sus representantes.
Se proveerá lo necesario para que el interno esté presente en el lugar en que tenga verificativo la audiencia.
Si las condiciones particulares del caso hacen compleja o desaconsejan la presencia física del interno, se implementarán las medidas que resulten idóneas para que lo haga en forma remota.
Artículo 9. Contradicción. Las partes podrán debatir los hechos y argumentos de su contraria y controvertir cualquier medio de prueba, para lo cual podrán hacer comparecer, interrogar, o en su caso, contrainterrogar a los testigos y peritos.
Artículo 10. Continuidad. La audiencia se desarrollará en forma continua y podrá prolongarse en sesiones sucesivas, hasta su conclusión. Para estos efectos, constituirán sesiones sucesivas aquellas que tuvieren lugar en el día siguiente o subsiguiente de funcionamiento ordinario de los juzgados. Este Reglamento señalará los supuestos en que las audiencias pueden ser suspendidas o interrumpidas.
Artículo 11. Concentración. La presentación, recepción y desahogo de las pruebas, así como todos los actos del debate se desarrollarán ante el juez de ejecución y las partes, en una audiencia continua, sucesiva y secuencial, salvo los casos en que la Ley de Ejecución disponga lo contrario.
Artículo 12. Derecho de defensa. La defensa es un derecho inviolable en la etapa de ejecución de sanciones penales, correspondiendo al juez de ejecución garantizarla sin preferencias ni desigualdades, debiendo además velar porque el interno conozca inmediatamente los derechos que, en esa condición, prevén las Constituciones Federal y Local, los tratados internacionales y las leyes que de aquellas emanen.
En el procedimiento de ejecución, el interno tendrá derecho a una defensa adecuada por licenciado en derecho. Para tal efecto, podrá elegir a un defensor particular debidamente autorizado; de no hacerlo, se le asignará un defensor público.
Artículo 13. Defensa adecuada. El derecho a la defensa adecuada es irrenunciable y su violación producirá la nulidad absoluta de las actuaciones que se realicen a partir de ese momento.
Integra el derecho a la defensa, el derecho del interno a comunicarse libre y privadamente con su defensor y a disponer del tiempo y de los medios razonables para preparar su defensa, de acuerdo a la naturaleza de las pruebas que se pretendan aportar. Las comunicaciones entre el interno y su defensor son inviolables, y no podrá alegarse, para restringir este derecho, la seguridad de los centros penitenciarios, el orden público o cualquier otro motivo.
Los derechos y facultades del interno podrán ser ejercidos directamente por el defensor, salvo aquellos de carácter personal, o cuando exista una limitación a la representación legal o prohibición en la ley.
Artículo 14. Objetividad y deber de decidir. Los jueces de ejecución deberán resolver con objetividad los asuntos sometidos a su conocimiento, y no podrán abstenerse de decidir, bajo cualquier pretexto, aun cuando sea el de silencio, contradicción, deficiencia, oscuridad o ambigüedad en los términos de las leyes, ni retardar indebidamente alguna decisión.
Artículo 15. Fundamentación y motivación de las decisiones. Los jueces de ejecución están obligados a fundar y motivar sus decisiones.
La simple relación de las pruebas, la mención de los requerimientos, argumentos o pretensiones de las partes o de afirmaciones dogmáticas o fórmulas genéricas o rituales, no reemplaza en caso alguno a la fundamentación ni a la motivación.
El incumplimiento de este deber es motivo de impugnación de la decisión infundada o inmotivada.
Bajo el principio de contradicción, en las audiencias se presume la actuación legal de las partes y del órgano jurisdiccional, por lo que no es necesario invocar los preceptos legales en que se fundamentan, salvo los casos en que durante las audiencias alguna de las partes solicite la fundamentación expresa de la parte contraria o de la autoridad judicial porque exista duda sobre ello.
El juez calificará si procede o no la aclaración sobre la fundamentación. En las resoluciones escritas que dicten las autoridades se deberán invocar los preceptos en que se fundamentan.
Artículo 16. Deberes de las partes. Las partes deberán litigar con lealtad y buena fe, evitando los planteamientos dilatorios, meramente formales y cualquier abuso de las facultades que la Ley de Ejecución y este Reglamento les conceda.
Los jueces de ejecución velarán por la regularidad del proceso, el ejercicio correcto de las facultades procesales y la buena fe.
Cuando se compruebe que las partes o sus asesores han actuado con evidente mala fe, han realizado gestiones o han asumido actitudes dilatorias, el juez de ejecución sancionará la falta, dependiendo de su gravedad, con apercibimiento, multa de uno a cien días de salario mínimo o arresto hasta por treinta y seis horas.
En la imposición de cualquier sanción disciplinaria en el procedimiento de ejecución se oirá al infractor en la misma audiencia, a fin de que en ella se resuelva lo conducente. Quien resulte sancionado será requerido para que haga efectiva la multa en el plazo de tres días.
En caso de incumplimiento de pago, la autoridad judicial solicitará a la Secretaría de Administración del Consejo del Poder Judicial que haga efectivo el cobro.
De tratarse de defensores públicos y representantes del Ministerio Público, se comunicará la falta a su superior jerárquico.
Artículo 17. Formalidades de las solicitudes. Las solicitudes que se formulen al juez de ejecución deberán ser claras y precisas.
Cualquier solicitud sobre concesión de beneficios de libertad anticipada o sustitutivos penales que se formule a petición de parte o por la Subsecretaría, deberá efectuarse en forma escrita y expresando con claridad y precisión el tipo de beneficio o sustitutivo que pretende obtenerse.
De no ser así, el juez de ejecución prevendrá al solicitante para que aclare, corrija o complete su petición, señalándole los defectos de que ésta adolezca, concediéndole el término de cinco días hábiles para tal objeto, contado a partir del día siguiente de su notificación.
En caso de no atenderse a lo anterior, se desechará la solicitud de plano, dejando a salvo los derechos del solicitante para que los ejercite en la vía y forma que establezca la ley.
Artículo 18. Derecho a recurrir. Las partes podrán impugnar cualquier resolución que les cause agravio, en los términos y condiciones que establece la Ley de Ejecución.
Artículo 19. Organización. Para la ejecución de sanciones penales, el territorio de la entidad se dividirá en las regiones judiciales siguientes:
I. Apatzingán, que se integrará con los actuales distritos judiciales de Apatzingán y Coalcomán;
II. Lázaro Cárdenas, que comprenderá los actuales distritos judiciales de Arteaga, Coahuayana y Lázaro Cárdenas;
III. Morelia, que comprenderá los actuales distritos judiciales de Morelia, Pátzcuaro y Zinapécuaro;
V. Uruapan, que comprenderá los actuales distritos judiciales de Ario, Tacámbaro y Uruapan;
V. Zamora, que comprenderá los actuales distritos judiciales de Jiquilpan, La Piedad, Los Reyes, Puruándiro, Sahuayo, Tanhuato, Zacapu y Zamora; y,
VI. Zitácuaro, que comprenderá los actuales distritos judiciales de Hidalgo, Huetamo, Maravatío y Zitácuaro.
En cada una de dichas regiones, existirá cuando menos un juez de ejecución; en todo caso, su número y denominación, serán determinados por el Consejo del Poder Judicial.
Los jueces de ejecución serán fedatarios de sus actos y resoluciones.
Artículo 20. Integración. El juez de ejecución será auxiliado en el desarrollo de sus funciones, por el personal administrativo que determine el Consejo del Poder Judicial, atendiendo a las necesidades del servicio y a la posibilidad presupuestal.
Artículo 21. Facultades y deberes. Son atribuciones y deberes de los jueces de ejecución:
I. Resolver, en audiencia en la que se observen los principios del proceso acusatorio y oral, los procedimientos ordinario e incidental, así como los recursos de queja y revisión a que se refiere la Ley de Ejecución;
II. Efectuar las visitas de verificación a los Centros, en los términos que señala la Ley de Ejecución;
III. Dictar las instrucciones necesarias sobre los sistemas que resulten necesarios para la debida integración de los expedientes de ejecución y verificar que ello se realice de conformidad con este Reglamento;
IV. Instruir a los servidores públicos que corresponda sobre los sistemas que resulten necesarios para el debido seguimiento de los sentenciados, y verificar que ello se realice conforme a las disposiciones de este Reglamento;
V. Verificar que se forme el expediente personal a cada sentenciado desde que reciba la sentencia ejecutoria por parte del Juez de la causa, para darle seguimiento hasta que se extinga la sanción impuesta;
VI. Firmar los decretos y exhortos que correspondan al trámite cotidiano, así como los autos que dicte; en caso de existir dos o más jueces de ejecución en una misma circunscripción territorial, tal actividad será desarrollada en forma alternada, en los términos que fije el Consejo del Poder Judicial;
VII. Las demás que les encomienden las disposiciones normativas aplicables.
Artículo 22. Personal. El personal administrativo será determinado, en cuanto a su número y funciones específicas, por el Consejo del Poder Judicial.
Artículo 23. Funciones. Las funciones y actividades del personal serán de carácter administrativo, pues la función jurisdiccional dentro del mismo corresponde exclusivamente al Juez de Ejecución.
El servidor público encargado de practicar las notificaciones a que se refiere este reglamento, será fedatario de sus actuaciones.
Artículo 24. Actividades generales. El Consejo del Poder Judicial determinará, en el manual correspondiente, las funciones y actividades que deba llevar a cabo el personal administrativo en la oficina judicial a la que se encuentre adscrito.
Artículo 25. Unidades. Para el desarrollo de las actividades administrativas dentro de la oficina judicial, se implementarán las siguientes unidades:
I. Unidad de atención al público, archivo y estadística;
II. Unidad de causa; y,
III. Unidad de sala.
Artículo 26. Áreas. El Consejo del Poder Judicial definirá las áreas que integrarán las unidades a que se refiere el artículo anterior, así como las actividades que deberán desarrollarse en cada una de ellas.
Artículo 27. Vigilancia, orden y seguridad en las audiencias. En las audiencias ante el juez de ejecución existirá personal especializado, que estará a cargo de:
I. Resguardar la seguridad y el orden que permitan el desarrollo de las audiencias;
II. Velar por la integridad física del juez de ejecución, de las partes e intervinientes;
III. Garantizar un ambiente de tranquilidad en las salas de audiencia;
IV. Cuidar que el público no altere el orden o interrumpa el desarrollo de las audiencias;
V. Desalojar a las partes o intervinientes de la sala de audiencias cuando lo ordene el juez de ejecución;
VI. Revisar que las personas que ingresen a la sala no porten armas u otros elementos aptos para alterar el orden, interrumpir desarrollo de la audiencia, o se encuentren en estado de ebriedad u otro que pudiera ocasionar un comportamiento que impida el desarrollo adecuado de la misma; y,
VII. Las que determine el juez de ejecución en ejercicio de sus atribuciones.
Expedientes de ejecución
Artículo 28. Expediente personal del sentenciado. Por cada sentenciado el juez de ejecución formará un expediente personal, con el propósito de llevar un correcto seguimiento de su situación particular.
Dicho expediente se iniciará con la copia certificada de la sentencia ejecutoriada una vez que ésta sea recibida por el juez de ejecución y a él se integrarán los documentos y datos que resulten pertinentes.
Cuando un sentenciado promueva una solicitud, cualquiera que fuese su naturaleza, de no haberse formado su expediente personal, se integrará éste.
Artículo 29. Expediente de ejecución. También se integrará el expediente de ejecución, que se conformará con las constancias del trámite respectivo.
Artículo 30. Formalidades de los expedientes. En la integración de los expedientes personales y de ejecución no se observarán mayores formalidades, por lo que no será necesario su folio o sellado. En todo caso, se tomarán las medidas que resulten indispensables para evitar la pérdida o dispersión de constancias.
Artículo 31. Control. De todos los trámites se llevará un registro detallado para los fines de control y estadística.
Artículo 32. Registro único. De existir dos o más jueces de ejecución en una misma circunscripción territorial, los mecanismos de identificación, integración, control y seguimiento serán únicos y estarán a cargo del servidor público que determine el Consejo.
Artículo 33. Sistema de control de expedientes. En el órgano jurisdiccional especializado en la ejecución de sanciones penales existirá una copia digitalizada de los expedientes de ejecución, cuya integración se llevará a cabo conforme al programa informático que proporcione el Sistema Morelos, previa autorización del Consejo del Poder Judicial.
El seguimiento de los asuntos se podrá efectuar a través del libro electrónico con que se cuente.
Artículo 34. Sistema de seguimiento de sentenciados. Además del expediente personalizado de los sentenciados, se dispondrá de un sistema de seguimiento de éstos, cuya operación se llevará a cabo conforme al programa informático que proporcione el Sistema Morelos, previa autorización del Consejo del Poder Judicial.
En dicho sistema se detallarán los datos personales del sentenciado, el proceso o procesos en el que se le hubiese impuesto una sanción penal, la naturaleza de ésta y, en su caso, su duración, el momento a partir del cual deberá empezar a computarse y la fecha de su extinción, de tratarse de pena privativa de la libertad, así como cualquier otro dato que resulte relevante.
El juez de ejecución podrá recurrir, en cualquier tiempo, a dicha información, pero para tenerla en cuenta en un procedimiento deberá ponerla a la vista de las partes e intervinientes para que ejerzan el derecho de contradicción.
De la identificación de expedientes
Artículo 35. Identificación del expediente personal del sentenciado. El expediente personal de los sentenciados, será identificado con un número arábigo progresivo, seguido del año en que se integre, separados por una diagonal.
Artículo 36. Identificación del expediente de ejecución. Los expedientes de ejecución que se integren se identificarán en función del trámite al que se refieran, con los siguientes numerales:
II. Incidente;
III. Recurso de queja;
IV. Recurso de revisión;
V. Actas de vistas de verificación a los Centros;
VI. Amparos; y,
VII. Exhortos.
Al numeral que corresponda según el tipo de procedimiento, seguirá un número arábigo progresivo y a continuación el año de su iniciación.
Artículo 37. Regla general. En los actos procesales se consignará la hora, la fecha y el lugar en que se verificaron. La omisión de estos datos no los tornarán ineficaces, salvo que no pueda determinarse, de acuerdo con los datos del registro u otros conexos, la fecha en que se realizó.
Artículo 38. Idioma. Los actos procesales se realizarán en español.
I. Cuando la persona no comprenda o no se exprese con facilidad en español, tendrá la ayuda necesaria para que el acto se pueda desarrollar en este idioma;
II. Las personas serán interrogadas en idioma español o mediante la asistencia de traductor o intérprete, cuando corresponda. La traducción o interpretación seguirá a cada pregunta o respuesta;
III. Deberá proveerse traductor o intérprete, según corresponda, a las personas que no comprendan el idioma español, a quienes se permitirá expresarse ensu propia lengua, así como a quienes tengan algún impedimento para darse a entender;
IV. Tratándose de personas con discapacidad vocal se formularán las preguntas oralmente y contestará por escrito; en el caso de personas con discapacidad auditiva o de sordomudos las preguntas y respuestas serán por escrito. Si alguna de las personas citadas no saben leer o escribir se nombrará interprete o, a falta de éste, a alguien que pueda comunicarse con el interrogado;
V. Cuando se trate de personas miembros de pueblos o comunidades indígenas, si lo solicitan, se les nombrará intérprete aun cuando hablen el español; y,
VI. Los documentos y las grabaciones en un idioma distinto del español deberán ser traducidos.
Artículo 39. Lugar. Las audiencias se desarrollarán en la sede de la región o distrito judicial que determine el Consejo del Poder Judicial. El recurso de apelación, en la Sala Penal que corresponda.
Cuando lo considere necesario o conveniente para el acto procesal, el juez de ejecución podrá constituirse en lugar distinto a la sede en que resida pero dentro del mismo distrito o región, excepto cuando ello pueda provocar alteración al orden público, no garantice una defensa adecuada o por cualquier otra circunstancia que obstaculice su realización.
Artículo 40. Tiempo. El acto procesal podrá practicarse, previa notificación y asistencia de los que deban intervenir, en cualquier día y hora salvo disposición legal en contrario.
Artículo 41. Plazos. Los actos procesales se cumplirán en los plazos previstos en la Ley de Ejecución y serán perentorios e improrrogables, salvo por causa de fuerza mayor.
Artículo 42. Plazos judiciales. Cuando la Ley de Ejecución no prevea plazo para el acto procesal, el Juez de Ejecución lo determinará conforme a su importancia, y su cómputo podrá ser:
I. Individual, comenzará al día siguiente hábil de la fecha de notificación, para cada una de las partes; o,
II. Común, iniciará desde el día siguiente hábil a la última notificación practicada.
Artículo 43. Reposición de plazos. Quien no pudo enterarse de algún plazo por acontecimiento insuperable, caso fortuito o defecto en la comunicación, podrá presentar elementos de prueba para solicitar su reposición total o parcial con el propósito de realizar el acto omitido o ejercer la facultad que la Ley de Ejecución le conceda.
Artículo 44. Protesta. El declarante protestará decir la verdad respecto al hecho, arte o ciencia que versará su información, apercibiéndolo de la sanción penal prevista para el falso testimonio.
Lo anterior es inaplicable para el sentenciado o procesado, así como para los menores de edad, a quienes solamente se exhortará para que se conduzcan con verdad.
Artículo 45. Firma. Las resoluciones serán firmadas exclusivamente por el juez o magistrado que las emitan, ante la imposibilidad física para ello estampará su huella.
Artículo 46. Registro del acto procesal. El acto procesal se registrará por escrito, video, audio o cualquier otro medio que garantice su reproducción auténtica y el acceso por quien tenga derecho a ello.
Si el registro del acto procesal es en audio o video, se preservará el original en condiciones que aseguren su inalterabilidad.
Las formalidades de los actos deberán constar en el mismo registro y, en caso de no ser posible, en un acta complementaria.
Artículo 47. Actas. Cuando el acto procesal deba constar en acta, se levantará ésta a petición de parte interesada o cuando ello fuera necesario, asentando la hora, fecha y lugar de su realización, debiéndose firmar por el juez de ejecución.
Artículo 48. Examen, copia e informes de los registros. Salvo las excepciones previstas en la Ley de Ejecución, sólo las partes tendrán acceso al contenido del registro del acto procesal.
La autoridad judicial podrá ordenar la expedición de copias, certificaciones e informes del acto procesal que soliciten las partes o sus intervinientes, una autoridad pública o los particulares que acrediten legítimo interés en obtenerlos.
Artículo 49. Regla general. No podrán utilizarse para fundar una decisión judicial, los actos que conculquen derechos humanos, ejecutados con inobservancia a las formas, salvo que el defecto sea saneado como establece este Reglamento.
Artículo 50. Nulidad de la prueba ilícita y sus excepciones. Cualquier órgano, medio o elemento de prueba obtenido contra los derechos humanos o disposición de la ley, será nulo, salvo que se pueda demostrar la existencia de una fuente independiente, el descubrimiento inevitable o la convalidación mediante una consideración hipotética, o la atenuación del vínculo.
Artículo 51. Otros vicios del acto. Tampoco podrán ser tenidos en cuenta los actos ejecutados con inobservancia de las formas procesales que obstaculicen el ejercicio del derecho a la tutela judicial del interno, de la víctima u ofendido; asimismo también quedarán comprendidos aquellos que impidan el ejercicio de los deberes del Ministerio Público, salvo lo dispuesto por este Reglamento en materia de saneamiento.
Artículo 52. Saneamiento. El saneamiento operará en los siguientes supuestos:
I. Salvo los actos con defectos absolutos, todos los defectos formales deberán ser inmediatamente saneados, renovando el acto, rectificando el error o acatando el acto omitido, de oficio o a petición del interesado;
II. El juez de ejecución podrá corregir en cualquier etapa, instancia o durante la tramitación y resolución de un recurso, petición de parte, los errores puramente formales contenidos en sus actuaciones o resoluciones, respetando siempre los derechos y garantías de los intervinientes. Para ello, otorgará un plazo de tres días al interesado para corregirlo. Si el defecto formal no se corrige en el plazo conferido, resolverá lo correspondiente; y,
III. Se entenderá que el acto fue saneado cuando, no obstante la irregularidad, ha conseguido su fin respecto de todos los interesados.
Artículo 53. Convalidación. Los defectos formales que afecten al sentenciado o procesado, al defensor, al Ministerio Público o a la víctima u ofendido quedarán convalidados cuando:
I. No se solicite su saneamiento mientras se realiza el acto;
II. Dentro de las veinticuatro horas siguientes a la práctica el acto no se solicita su saneamiento, por quien no estuvo presente al realizarse aquél. Si por las circunstancias del acto ha sido imposible advertir oportunamente el defecto, el interesado deberá reclamarlo dentro de las veinticuatro horas después de advertirlo; o,
III. Hayan aceptado, expresa o tácitamente, los efectos del acto.
Artículo 54. Declaración de nulidad. Cuando no sea posible sanear el acto, el juez de ejecución, a petición de parte, deberá declarar su nulidad o señalarla expresamente en la resolución respectiva, fundando y motivando su determinación; además especificará a cuáles actos alcanza la nulidad por su relación con el acto anulado y, siendo posible, ordenará que se renueven, rectifiquen o ratifiquen.
Artículo 55. Nulidad de actas. Si por alguna circunstancia el acta deviene nula, el acto procesal que se pretendía probar con aquélla podrá demostrarse con otros elementos probatorios o de otros conexos.
El acta podrá reemplazarse total o parcialmente por otra forma de registro.
Artículo 56. Tipos. Las resoluciones serán:
I. Decretos, que son determinaciones de mero trámite; y,
II. Autos, que son las determinaciones que resuelven en cuanto al fondo el procedimiento, sea de manera definitiva o incidental, así como el recurso.
Artículo 57. Decretos. Los decretos contendrán una sucinta descripción de la petición o planteamiento de las partes y la resolución que recaiga a ellos, debidamente fundada y motivada.
Artículo 58. Autos. Los autos contendrán:
I. Un resultando único, que comprenderá una narración breve de lo ocurrido en el procedimiento; y,
II. Un considerando también único, integrado por una sucinta descripción de la materia del procedimiento o recurso, los puntos a resolver, las determinaciones asumidas por el juez de ejecución, con la expresión de su debida motivación y fundamentación fáctica, jurídica y probatoria.
Artículo 59. Resolución de peticiones o planteamientos de las partes. Las peticiones o planteamientos de las partes que, por su naturaleza o importancia, deban ser debatidas, requieran producción de prueba o cuando lo disponga la Ley de Ejecución, se resolverán en audiencia oral.
Las demás se resolverán por escrito en un plazo máximo de tres días.
Artículo 60. Trascripción de resoluciones. Las resoluciones emitidas en audiencia, incluidas las de actos de molestia, serán trasladados a la forma de auto a más tardar dentro de los tres días siguientes de concluida aquella. El término para apelar, comenzará a contar a partir del día siguiente a la notificación del auto.
Artículo 61. Precisión de las resoluciones. La autoridad judicial, de oficio o a petición de parte, deberá precisar los motivos o fundamentos que omitió expresar al dictar el auto o decreto, así como dilucidar los aspectos oscuros, ambiguos o contradictorios que las resoluciones puedan presentar.
En caso que al emitir una resolución el juez de ejecución no se pronuncie sobre algún punto, podrá adicionar su contenido, siempre que ello no implique una modificación del sentido de lo resuelto o vulnere derechos humanos.
Si la resolución fue emitida en audiencia, las precisiones que refiere el párrafo anterior deberán hacerse o solicitarse en la misma, inmediatamente después de dictada oralmente aquélla.
En caso contrario, deberá solicitarse la aclaración o precisión dentro de los tres días posteriores a la notificación de la misma. La solicitud interrumpirá el plazo para interponer el recurso de apelación.
Artículo 62. Resoluciones firmes. Las resoluciones judiciales quedarán firmes y serán ejecutables sin necesidad de declaración, en cuanto no sean oportunamente recurridas o las partes se conformen expresamente con ellas.
En su caso, se deberá remitir copia autorizada de la resolución firme a la autoridad penitenciaria para que conozca las determinaciones adoptadas.
Artículo 63. Reposición de actuaciones procesales. Cuando por cualquier causa se destruya, se pierda o sea sustraído el expediente de ejecución o algunos de sus actos procesales, la copia auténtica tendrá el valor de aquéllos.
Para tal fin, el juez de ejecución ordenará a quien tenga la copia, que se la entregue, sin perjuicio del derecho de obtener otra gratuitamente.
La reposición también podrá efectuarse utilizando los archivos informáticos o electrónicos del juzgado.
Si no existe copia de los documentos, se ordenará su reposición, para lo cual recibirán las pruebas que evidencien su preexistencia y su contenido. Cuando ello sea imposible, dispondrá la renovación, prescribiendo el modo de realizarla.
Artículo 64. Reglas generales. Cuando el acto procesal deba ejecutarse por medio de otra autoridad, el juez de ejecución podrá encomendar su cumplimiento a otra autoridad.
Esas encomiendas podrán realizarse con aplicación de cualquier medio que garantice su autenticidad.
La autoridad requerida tramitará sin demora los requerimientos que reciban de aquél.
Exhortos y comunicaciones
Artículo 65. Cartas rogatorias. Los requerimientos dirigidos a jueces o a autoridades extranjeras se efectuarán por carta rogatoria y se tramitarán en la forma establecida por los tratados vigentes en el país y las leyes federales.
En casos urgentes podrán dirigirse las comunicaciones a cualquier autoridad judicial o administrativa extranjera, anticipando la carta rogatoria o la contestación a un requerimiento, sin perjuicio que con posterioridad se formalice la gestión, según lo previsto en el párrafo anterior.
Artículo 66. Exhortos de otras jurisdicciones. Los exhortos de otras jurisdicciones serán diligenciados sin retardo, siempre que no perjudiquen la jurisdicción del tribunal y se encuentren ajustados a derecho.
Artículo 67. Utilización de medios tecnológicos.
I. Para comunicación oficial, las autoridades o funcionarios podrán utilizar archivos de documentos, mensajes, imágenes, bancos de datos y toda aplicación almacenada o transmitida por medios electrónicos, informáticos, magnéticos, ópticos, telemáticos o producidos por nuevas tecnologías; y,
II. Los intervinientes podrán utilizar los medios mencionados para presentar cualquier tipo de solicitud que deba formularse por escrito, siempre que previamente exista en el órgano jurisdiccional un sistema electrónico para tal efecto, en cuyo caso la presentación se tendrá como realizada en el momento de recibir la primera comunicación.
El Consejo del Poder Judicial dictará los acuerdos necesarios para normar el envío, recepción, trámite y almacenamiento de los citados medios para garantizar su seguridad y conservación.
Artículo 68. Notificaciones. Las resoluciones y los actos procesales que requieran intervención de las partes, defensores o representantes o terceros se notificarán mediante correo electrónico, fax, personalmente en el domicilio o en el tribunal y, excepcionalmente, por teléfono; se deben dirigir sólo a éstos y deberán:
I. Transmitir con claridad, precisión y en forma completa el contenido de la resolución o de la actividad requerida y las condiciones o plazos para su cumplimiento;
II. Contener los elementos necesarios para asegurar la defensa y el ejercicio de los derechos y facultades de las partes; y,
III. Advertir suficientemente al interno o a la víctima u ofendido, según el caso, cuando el ejercicio de un derecho esté sujeto a plazo o condición.
Artículo 69. Plazo. Las notificaciones se efectuarán dentro de las veinticuatro horas siguientes de la resolución, salvo que el juez de ejecución disponga un plazo menor.
Artículo 70. Notificación en audiencia. Se tendrán por notificadas las personas que estén presentes en la audiencia.
Artículo 71. Lugar.
I. Al comparecer ante la autoridad judicial, las partes o los intervinientes señalarán domicilio en el lugar donde resida el juez de ejecución y, preferentemente, indicarán el correo electrónico, fax o teléfono para efectuar la notificación; a falta de estos medios, la notificación se efectuará excepcionalmente en el domicilio que señalen para tal finalidad;
II. Los agentes del Ministerio Público y defensores públicos concurrirán diariamente a los tribunales para recibir las notificaciones que deban hacérseles; en caso de acto urgente que deba desarrollarse en horario extraordinario, serán notificados mediante cualquier medio electrónico o telemático;
III. El resto de los servidores públicos serán notificados en sus respectivas oficinas, siempre que se encuentren en el lugar del juicio o sin perjuicio que designen otro medio de comunicación que prevé este Reglamento;
IV. La persona privada de libertad será notificada en el tribunal o lugar de reclusión, según se resuelva; y,
V. Las personas que no señalaren domicilio convencional, o no informaren de su cambio, serán notificadas por estrados.
Artículo 72. Formas de notificación personal. Cuando la notificación deba practicarse en forma personal, se leerá el contenido de la resolución y si el interesado solicita copia, se le entregará.
El servidor público encargado de practicarla dejará constancia del acto, señalará el lugar, el día y la hora de la diligencia y firmará juntamente con quien reciba la copia o indicará que se negó a hacerlo o que no pudo firmar.
Cuando la diligencia no se practique por lectura y el notificado se niegue a recibir la copia, ésta será fijada en la puerta del lugar donde se practique el acto, asentando la constancia correspondiente.
Artículo 73. Notificación a persona ausente. Cuando la persona a quien se pretende notificar no se encuentre en su domicilio, se dejará citatorio para que espere al servidor público encargado de efectuar la notificación al día siguiente y a una hora específica; de no encontrarlo, se entenderá con la persona mayor de edad que esté en el lugar; al no encontrar a nadie, la notificación será fijada en la puerta, sin perjuicio de publicarse en los estrados; en cualquiera de los casos, se dejará constancia del acto.
Artículo 74. Notificaciones especiales. Podrá notificarse a los interesados por cualquier medio electrónico o telemático que prevé este Reglamento, siempre que lo haya consentido expresamente. En este caso, el plazo correrá a la fecha en que recibió la comunicación según lo acredite el servidor público que la hizo.
Se incorporará constancia de la notificación hecha por estos medios, al expediente de ejecución.
También podrá notificarse por correo certificado, el plazo iniciará desde la fecha en que éste se recibió.
Artículo 75. Notificación por teléfono. Cuando alguno de los interesados lo acepte expresamente, así como en los casos de urgencia, podrá notificarse por teléfono, de lo cual se dejará constancia sucinta de la conversación, asentando la identidad de la persona que la realizó y quien recibió el mensaje.
Artículo 76. Notificación por edictos. Cuando se ignore dónde se encuentra la persona que deba notificarse, se comunicará el acto procesal o resolución por edicto que se publicará en un diario de circulación estatal, sin perjuicio de emplear otros medios de comunicación en la región o adoptar otras medidas convenientes para localizarlo.
Artículo 77. Nulidad de notificaciones. La notificación será nula cuando:
I. Exista error sobre la identidad de la persona notificada;
II. La resolución fue notificada en forma incompleta;
III. En la diligencia no conste la fecha o cuando no corresponda la fecha de entrega de la copia;
IV. Falten firmas del servidor público que la practicó;
V. Exista disconformidad entre el original y la copia recibida por el interesado; y,
VI. En cualquier otro supuesto que genere indefensión.
Artículo 78. Citación. Cuando para desarrollar algún acto procesal sea necesaria la presencia de una persona, la autoridad judicial deberá ordenar su citación por cualquier medio de comunicación que garantice la autenticidad y recepción del mensaje, para lo cual se atenderá a las reglas previstas en esta sección.
En tal caso, deberá hacerse saber el objeto de la citación y el expediente de ejecución en el que ésta se dispuso; además, se deberá advertir que si la orden no se obedece sin causa justificada, la persona podrá ser conducida por la fuerza pública o emplearse otro medio coercitivo.
Sentenciado, procesado y víctima u ofendido
Artículo 79. Derechos del sentenciado y procesado. Los sentenciados y los procesados podrán ejercer los derechos que reconoce la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales y las leyes secundarias; así como ejercitar personalmente o por medio de su defensor tales derechos, ante la autoridad judicial.
Tendrá derecho a intervenir personalmente en las actuaciones judiciales, formular las peticiones y observaciones que considere oportunas, pero sin perjudicar el curso normal del proceso, en cuyo caso, el juez de ejecución empleará los medios de apremio pertinentes.
Las autoridades penitenciarias comunicarán al juez de ejecución, en forma inmediata, las peticiones que formulen internos y permitirán la comunicación con su defensor.
Artículo 80. Derechos de la víctima u ofendido y su representante. Durante la ejecución de la sanción, la víctima u ofendido podrán ejercer los derechos que reconoce la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales y las leyes secundarias; así como ejercitar personalmente o por medio de su representante tales derechos, entre ellos, que se cumpla la sanción de la reparación del daño.
La víctima u ofendido será notificada del inicio de la etapa de ejecución y los demás actos que se desarrollen durante la misma para su intervención como coadyuvante del Ministerio Público y, en tal caso, se le tendrá como parte para todos los efectos legales.
Si se tratase de varías víctimas u ofendidos, deberán nombrar un representante común, y si no alcanzan un acuerdo, el juez de ejecución lo designará.
La inasistencia de la víctima u ofendido o alguno de ellos a las audiencias no será motivo para no desarrollarlas.
Artículo 81. Ministerio Público. El agente del Ministerio Público intervendrá en los actos procesales en forma objetiva y con absoluta lealtad para con el sentenciado o procesado y su defensor, para la víctima u ofendido y para los demás intervinientes.
La lealtad comprende el deber de información veraz, no ocultar a los intervinientes elemento alguno que pudiera resultar favorable para la posición que ellos asumen.
La objetividad alude al deber de tener en cuenta, al intervenir en el procedimiento de ejecución, tanto los datos que resulten desfavorables como aquellos que beneficien al sentenciado o procesado; cuando en audiencia surjan elementos que conduzcan a conclusión favorable para éste, podrá asumir tal posición.
Artículo 82. Excusa y recusación. En la medida en que les sean aplicables, los agentes del Ministerio Público se deberán excusar y podrán ser recusados por los mismos motivos que los jueces, salvo lo relativo a que hayan intervenido como tales en otro procedimiento seguido en contra del sentenciado o procesado.
La excusa o la recusación serán resueltas en los términos que señale la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Artículo 83. Intervención. Los defensores designados serán admitidos de inmediato en cualquier acto procesal que se desarrolle en la etapa de la ejecución y sin ningún trámite, salvo los datos necesarios para su notificación y el medio que admita para tal efecto.
Artículo 84. Nombramiento posterior. Durante la etapa de ejecución, los sentenciados o procesados, estos últimos cuando se encuentren en prisión, podrán designar nuevo defensor; pero, el anterior no podrá separarse de la defensa hasta que el nombrado comparezca.
Artículo 85. Inhabilitación. No podrán ser defensores:
I. Los testigos;
II. Los intérpretes o traductores que intervengan o hayan intervenido en los actos procesales; y,
III. Las personas privadas de libertad por sentencia o medida cautelar.
Artículo 86. Renuncia y abandono. El defensor podrá renunciar a su cargo; en este caso, el juez de ejecución determinará un plazo para que se nombre a otro, si no lo hace le designará un defensor público.
El renunciante no podrá abandonar la defensa mientras su reemplazante no comparezca.
No se podrá renunciar durante las audiencias ni una vez notificado de la verificación de ellas.
Si el defensor, sin causa justificada, abandona la defensa o deja al sentenciado o procesado sin asistencia, se le nombrará uno público.
Cuando el abandono ocurra antes de iniciar algún procedimiento o incidente, podrá aplazarse razonablemente su comienzo para la adecuada preparación de la defensa, considerando la complejidad del caso, las circunstancias del abandono, las posibilidades de aplazamiento y la solicitud fundada del nuevo defensor.
Artículo 87. Número de defensores. El sentenciado o procesado podrá designar varios defensores, pero éstos no intervendrán simultáneamente en la audiencia o en un mismo acto, sino que lo hará mediante un representante común que nombrará el sentenciado o procesado.
También la notificación practicada a uno de ellos tendrá validez respecto de todos y la sustitución de uno por otro no alterará trámites ni plazos.
Artículo 88. Defensor común. Será admisible la defensa de varios sentenciados o procesados por un defensor común, siempre que no exista incompatibilidad o conflicto de intereses; si esto se advierte, será corregida de oficio y se proveerá lo necesario para reemplazar al defensor.
Artículo 89. Garantías para el ejercicio de la defensa. Será inadmisible el aseguramiento o decomiso de cosas relacionadas con la defensa, tampoco la intercepción de las comunicaciones con el sentenciado o procesados con sus defensores, consultores técnicos y sus auxiliares, ni las efectuadas entre éstos y las personas que les brindan asistencia.
Artículo 90. Deber de precisión y claridad. Cualquier solicitud, planteamiento o petición que formulen las partes o intervinientes en el procedimiento de ejecución deberán estar formuladas en forma clara, precisa y motivada. En este caso, operará el principio de contradicción e igualdad de partes.
Artículo 91. Competencia. Los jueces de ejecución serán competentes para conocer de los procedimientos y solicitudes que establezca la Ley de Ejecución.
Artículo 92. Competencia territorial. Los jueces de ejecución serán competentes en la circunscripción territorial que determine el Consejo del Poder Judicial.
Recusaciones, excusas y conflictos de competencia
Artículo 93. Inadmisibilidad de la recusación sin expresión de causa. En los procedimientos de ejecución es inadmisible la recusación sin expresión de causa.
Artículo 94. Trámite de la recusación con expresión de causa. Las recusaciones con expresión de causa serán tramitadas en la vía incidental previstas por la Ley de Ejecución. En caso de que las mismas se hagan valer en audiencia, se abrirá el procedimiento incidental dentro del trámite que corresponda.
Artículo 95. Causas de excusa. Serán causa de excusa, las previstas en el Código de Procedimientos Penales y en la Ley Orgánica.
Artículo 96. Trámite de la excusa. La excusa será tramitada en la forma prevista en el Código de Procedimientos Penales.
Artículo 97. Conflictos de competencia. Los conflictos de competencia que llegaran a suscitarse entre los jueces de ejecución se tramitarán en la forma prevista en el Código de Procedimientos Penales.
Artículo 98. Materia. Se sustanciarán en el procedimiento ordinario de ejecución, las cuestiones que se encuentren expresamente previstas en el artículo 17 de la Ley de Ejecución.
Artículo 99. Sustanciación. En el trámite del procedimiento ordinario, se observarán las reglas siguientes:
I. Recibida la solicitud, el juez de ejecución analizará si la misma reúne los requisitos de precisión y claridad requeridos para su admisión y si ha sido formulada por parte legitimada;
II. En caso de no reunir los requisitos de precisión y claridad, procederá en los términos señalados en el artículo 17 de este Reglamento; de ser formulada por quien carezca de legitimación, se desechará de plano;
III. De reunir las condiciones señaladas en la fracción I, se procederá a su admisión en trámite, mandando notificar personalmente al sentenciado o procesado y al Ministerio Público; de contar con defensor designado, se notificará también a éste, en caso contrario, se le designará al defensor público; de ser necesaria la audiencia de la víctima, también se le notificará el auto admisorio;
IV. En caso de que la solicitud verse sobre la concesión de beneficios de libertad anticipada o sustitutivos penales, el juez de ejecución requerirá a la Subsecretaría un informe detallado sobre los antecedentes penales del sentenciado; de igual manera, obtendrá del Director del Centro:
a) Los estudios de personalidad correspondientes, que deberán rendirse dentro del término de quince días hábiles; y,
b) Un informe sobre la situación jurídica del sentenciado, que se proporcionará dentro de los cinco días hábiles siguientes.
V. Rendidos los informes a que se refiere la fracción IV, o en caso de tratarse de asunto que no requiera de mayores datos, el juez de ejecución concederá a las partes un término de tres días hábiles para el ofrecimiento de pruebas, debiendo pronunciarse sobre su admisión o desechamiento y reservar el desahogo de las que así lo ameriten para la audiencia oral;
VI. Transcurrido el plazo al que se refiere la fracción V, se fijarán día y hora para que tenga lugar la audiencia, dentro de los cinco días hábiles siguientes;
VII. Para el caso de que la naturaleza o importancia del asunto no amerite debate o producción de prueba, el juez de ejecución resolverá de plano la solicitud, tan luego lo admita.
Artículo 100. Sustanciación. En el trámite del procedimiento incidental, se observarán las reglas siguientes:
III. De reunir las condiciones señaladas en la fracción I, se procederá a su admisión en trámite, mandando notificar personalmente al sentenciado o procesado y al Ministerio Público; de contar con defensor designado, se notificará también a éste, en caso contrario, se le designará al
defensor público; de ser necesaria la audiencia de la víctima, también se le notificará el auto admisorio;
IV. Si el juez de ejecución lo considera necesario o alguna de las partes lo solicita, se concederá a las partes un término para ofrecer pruebas de tres días hábiles;
V. Transcurrido dicho plazo, se citará a las partes a la audiencia que tendrá lugar dentro de los tres días hábiles siguientes.
Audiencia oral en el procedimiento de ejecución
Artículo 101. Aplicabilidad de las reglas. Las disposiciones de este capítulo son aplicables a todos los procedimientos de ejecución en los que sea necesaria la celebración de audiencia oral.
Artículo 102. Prohibición de lectura. Durante las audiencias orales queda prohibida la lectura de documentos o de material de apoyo, salvo cuando se trate de incorporación de prueba.
Artículo 103. Facultades de dirección. El juez de ejecución ordenará la práctica de pruebas, dirigirá el debate y exigirá el cumplimiento de las formalidades que correspondan y moderará la discusión, podrá impedir que las alegaciones se desvíen hacia aspectos no pertinentes o inadmisibles, también podrá limitar el tiempo y número de veces del uso de la palabra a las partes que debieren intervenir, interrumpiendo a quienes hicieren uso abusivo de su derecho.
De igual manera, hará las advertencias que correspondan, tomará las protestas legales y efectuará los exhortos para conducirse con verdad, cuando así proceda.
Artículo 104. Facultades disciplinarias. El juez de ejecución contará con las más amplias facultades para mantener el orden durante el debate y durante las audiencias, para lo cual podrá ejercer el poder de mando del personal de seguridad e imponer indistintamente las medidas de apremio a que se refiere el artículo siguiente.
Artículo 105. Medios de apremio. El juez de ejecución ejercerá el poder de disciplina en la audiencia, y cuidará que se mantenga el buen orden y de exigir que se le guarde, tanto a él, como a los asistentes, el respeto y consideraciones debidas, corrigiendo en el acto las faltas que se cometieren, para lo cual podrá aplicar cualquiera de los siguientes medios de apremio:
II. Multa de uno a veinticinco salarios mínimos;
IV. Arresto hasta por treinta y seis horas; o,
Si el infractor fuere el Ministerio Público, el interno, su defensor, la víctima u ofendido o representante, y fuere necesario expulsarlos de la sala de audiencia, se aplicarán las reglas conducentes para el caso de su ausencia.
En caso de que, a pesar de las medidas adoptadas, no pueda restablecerse el orden, quien preside la audiencia la suspenderá hasta en tanto se encuentren reunidas las condiciones que permitan continuar con su curso normal.
Artículo 106. Control de las etapas de la audiencia. El juez de ejecución determinará el inicio y conclusión de cada una de las etapas de la audiencia, precluyendo los derechos procesales que debieron ejercitarse en cada una de ellas.
Las partes e intervinientes tienen el deber de asistir puntualmente a la audiencia; cuando acudan tardíamente a la misma, se incorporarán al procedimiento en la etapa en que aquella se encuentre.
Artículo 107. Comparecencia del Ministerio Público y del defensor. Constituye un requisito de validez de la audiencia la presencia ininterrumpida del juez de ejecución, del Ministerio Público y del defensor.
La falta de comparecencia del Ministerio Público o del defensor público, en su caso, será comunicada por el juez de ejecución, de inmediato y por cualquier medio, a sus superiores para que los sustituya cuanto antes.
Si la incomparecencia es de un defensor particular, el juez designará un defensor público al interno y dispondrá la suspensión de la audiencia por un plazo razonable, conforme a las circunstancias del caso.
Artículo 108. Presencia del interno. El interno asistirá a la audiencia libre en su persona, pero el juez de ejecución podrá disponer la vigilancia necesaria para impedir que se sustraiga a la acción de la justicia o resguardar la seguridad y el orden.
Si el sentenciado estuviere en libertad, el juez de ejecución podrá disponer para asegurar la realización del debate o de un acto particular que lo integre, su conducción por la fuerza pública e, incluso, su detención, con determinación del lugar en el que ésta se cumplirá, cuando resulte imprescindible.
Estas medidas sólo procederán por solicitud fundada del Ministerio Público.
Artículo 109. Medios de información. Podrá permitirse a los representantes de los medios de información el presenciar la audiencia, salvo que se considere improcedente por las razones señaladas en el artículo que antecede. En todo caso, los representantes de los medios de información deberán acatar las determinaciones del juez de ejecución sobre la reserva de información, datos personales o situaciones particulares que se revelen durante ella.
Artículo 110. Restricciones para el acceso. Los asistentes a la audiencia deberán guardar orden y permanecer en silencio mientras no estén autorizados para exponer o responder a las preguntas que se les formulen. No podrán portar armas u otros elementos aptos para interrumpir el desarrollo de la audiencia, ni manifestar de cualquier modo opiniones.
Se negará el acceso a cualquier persona que se presente en forma incompatible con la seriedad y los propósitos de la audiencia. Se prohibirá el ingreso a miembros de las fuerzas armadas o de seguridad uniformados, salvo que cumplan funciones de vigilancia o custodia. Del mismo modo, les está vedado el ingreso a la sala de audiencia a personas que porten distintivos gremiales o partidarios.
El juez de ejecución que presida la audiencia podrá limitar el ingreso del público a una cantidad determinada de personas, según la capacidad de la sala de audiencia.
Artículo 111. Suspensión de la audiencia. Excepcionalmente, la audiencia podrá suspenderse por un plazo máximo de diez días hábiles cuando:
I. Se deba resolver una cuestión incidental que no pueda, por su naturaleza, resolverse inmediatamente;
III. No comparezcan testigos, peritos o intérpretes, y se demuestre que no fueron citados oportunamente o con las formalidades previstas en este Reglamento, resultando necesario practicar una nueva citación, y que sea imposible o inconveniente continuar el debate hasta que ellos comparezcan, incluso coactivamente, por medio de la fuerza pública;
IV. Sobrevenga enfermedad o padecimiento en el interno, que por su naturaleza y gravedad le hagan imposible continuar interviniendo en el debate;
V. El defensor o el Ministerio Público, no puedan ser reemplazados inmediatamente en el supuesto de la fracción anterior, o en caso de muerte o incapacidad permanente; o,
El juez de ejecución verificará la autenticidad de la causa de suspensión invocada, pudiendo para el efecto allegarse de los medios de prueba correspondientes.
El juez decidirá la suspensión y anunciará el día y la hora en que continuará la audiencia; ello valdrá como citación para todas las partes. Antes de comenzar la nueva audiencia, resumirá brevemente los actos cumplidos con anterioridad.
El juez de ejecución ordenará los aplazamientos que se requieran, indicando la hora en que continuará el debate. Será considerado un aplazamiento el descanso de fin de semana o el día feriado o de asueto, siempre que el debate continúe al día hábil siguiente.
Artículo 112. Interrupción. Si la audiencia no se reanuda después de los quince días hábiles después de la suspensión, se considerará interrumpida y deberá ser reiniciada, previa declaración de nulidad de lo actuado en ella.
Artículo 113. Declaración del interno. El interno podrá prestar su declaración en cualquier momento durante la audiencia. En tal caso, el juez de ejecución le permitirá que lo haga libremente o a preguntas de su defensor.
El juez de ejecución podrá formularle preguntas destinadas a aclarar sus dichos, absteniéndose de contestar si es su deseo.
El interno declarará siempre con libertad de movimiento, sin el uso de instrumentos de seguridad, salvo cuando sea absolutamente indispensable para evitar su fuga o daños a otras personas. Esta circunstancia se hará constar en el acta.
Artículo 114. Apertura de la audiencia. El día y hora fijados, el juez de ejecución se constituirá en la sala de audiencias con la asistencia del Ministerio Público, del interno, de su defensor y de los demás intervinientes.
Así mismo, verificará la disponibilidad de los testigos, peritos, intérpretes y demás personas que hubieren sido citadas a la audiencia, la declarará iniciada y dispondrá que los peritos y los testigos abandonen la sala.
El juez de ejecución señalará la materia a la que se referirá la audiencia y advertirá al interno que deberá estar atento a lo que escuche.
Seguidamente, concederá la palabra a la parte a cuya solicitud se hubiese iniciado el procedimiento ordinario o incidental respectivo para que exponga oralmente los argumentos que le den sustento, y, posteriormente, se ofrecerá la palabra a la contraria, para que manifieste lo que a su interés corresponda.
Artículo 115. Resumen de las presentaciones de las partes. Al inicio de la audiencia, cada parte hará una exposición breve y sintética de su presentación.
Artículo 116. Libertad de prueba. Todos los hechos y circunstancias pertinentes para la adecuada solución del caso sometido a enjuiciamiento, podrán ser probados por cualquier medio producido e incorporado de conformidad con la ley.
Artículo 117. Admisión de pruebas. En los procedimientos ordinario e incidental de ejecución previstos por la Ley, de considerarlo necesario o alguna de las partes lo solicita, el juez de ejecución abrirá un término para ofrecer pruebas por tres días hábiles y enseguida se pronunciará sobre la admisión o desechamiento de las que ofrezcan las partes, las que deberán desahogarse en la audiencia respectiva.
Artículo 118. Legalidad de la prueba. Los elementos de prueba sólo tendrán valor si han sido obtenidos y producidos por medios lícitos e incorporados al procedimiento de ejecución del modo que autoriza este Reglamento.
No tendrá valor la prueba obtenida mediante torturas, amenazas, o violación de los derechos humanos.
Artículo 119. Valoración de la prueba. Las pruebas serán valoradas conforme a las reglas de la lógica, la experiencia y el prudente arbitrio del juez de ejecución, quien deberá hacerse cargo en su motivación de todas las pruebas producidas en la audiencia oral.
La valoración de la prueba en la resolución requerirá el señalamiento del o de los medios de prueba mediante los cuales se tuvieren por acreditados cada uno de los hechos. Esta motivación deberá permitir la reproducción del razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones a que llegare en el auto.
Artículo 120. Oportunidad para la recepción de la prueba. La prueba que hubiere de servir de base a la sentencia deberá rendirse durante la audiencia respectiva. Se exceptúan de esta disposición los estudios de personalidad y los documentos a los que se refiere el artículo 171 de la
Ley, los que una vez allegados al expediente de ejecución se considerarán rendidos por ese hecho, sin perjuicio del derecho de las partes de contradecirlos y objetarlos.
En todo caso, quien contradiga u objete un medio de prueba, deberá demostrar su objeción.
Artículo 121. Forma de la testimonial. Antes de comenzar la diligencia, el testigo será instruido acerca de sus obligaciones y de las responsabilidades por su incumplimiento; se le tomará protesta de decir verdad, se le apercibirá sobre las penas en que incurre quien declara falsamente ante la autoridad judicial y será interrogado sobre su nombre, apellido, estado civil, profesión, domicilio y vínculos de parentesco.
A los menores de dieciocho años sólo se les exhortará para que se conduzcan con la verdad.
Si el testigo teme por su integridad física o la de alguien con quien habite, podrá autorizársele para no indicar públicamente su domicilio y se tomará nota reservada de éste, quedando prohibida su divulgación.
Artículo 122. Testimonios especiales. Cuando deba recibirse testimonio de menores de edad, víctimas del delito, o de otros intervinientes que se encuentren en riesgo, el juez de ejecución podrá ordenar su recepción de acuerdo a los mecanismos del resguardo que estime pertinentes.
Artículo 123. Prueba pericial. Podrá ofrecerse la prueba pericial cuando, para el examen de personas, hechos, objetos o circunstancias relevantes para la causa, fuere necesario o conveniente poseer conocimientos especiales en alguna ciencia, arte, técnica u oficio.
Los peritos deberán poseer título oficial en la materia relativa al punto sobre el cual dictaminarán y no tener impedimentos para el ejercicio profesional, siempre que la ciencia, el arte, la técnica o el oficio sobre la que verse la pericia en cuestión esté reglamentada. En caso contrario, deberá designarse a una persona de idoneidad manifiesta y que preferentemente pertenezca a un gremio o agrupación relativa a la actividad sobre la que verse la pericia.
En el procedimiento de ejecución se considerarán como pericial, los estudios de personalidad a que se refiere la Ley.
Artículo 124. Improcedencia de inhabilitación de los peritos. Los peritos no podrán ser recusados. No obstante, durante la audiencia del juicio oral, podrán formulárseles preguntas orientadas a determinar su imparcialidad e idoneidad, así como el rigor técnico o científico de sus conclusiones.
Artículo 125. Concepto de documento. Se considerará documento a todo soporte material que contenga información sobre algún hecho, aunque carezca de suscripción.
No podrá negarse esa condición a las publicaciones de prensa y a toda pieza que sea aceptada generalmente como medio de convicción por la comunidad.
Artículo 126. Otros elementos de prueba. Además de los previstos en este Reglamento, podrán utilizarse otros medios probatorios distintos, siempre que no supriman las garantías y facultades de las partes. La forma de su incorporación al proceso se adecuará al medio de prueba, procurándose la que resulte más pertinente para su debida apreciación.
Artículo 127. Exhibición de prueba material. Previa su incorporación al proceso, los objetos y otros elementos de convicción podrán ser exhibidos al interno, a los testigos y a los peritos, para que los reconozcan o informen sobre ellos.
Artículo 128. Orden de recepción de las pruebas en la audiencia oral. Cada parte determinará el orden en que rendirá su prueba, correspondiendo recibir primero la ofrecida por la parte a cuya solicitud se hubiese iniciado el procedimiento, y luego la ofrecida por la contraria.
Artículo 129. Peritos y testigos en la audiencia oral. Durante la audiencia, los peritos y testigos deberán ser interrogados personalmente. Su declaración personal no podrá ser sustituida por la lectura de los registros en que constaren anteriores declaraciones o de otros documentos que las contuvieren; salvo el caso de los estudios de personalidad rendidos de conformidad con lo dispuesto en la Ley.
El juez de ejecución identificará al perito o testigo, le tomará protesta de conducirse con verdad y le advertirá de las penas que se imponen si se incurre en falsedad de declaraciones.
La declaración de los testigos y peritos se sujetará al interrogatorio de las partes. Los interrogatorios serán realizados, en primer lugar, por la parte que hubiere ofrecido la respectiva prueba y luego por las restantes.
Finalmente, el juez de ejecución podrá formular preguntas al testigo o perito con el fin de aclarar sus dichos.
Antes de declarar, los peritos y los testigos no podrán comunicarse entre sí, ni ver, oír o ser informados de lo que ocurriere en la audiencia.
Artículo 130. Métodos de interrogación. En sus interrogatorios, las partes que hubieren presentado a un testigo o perito no podrán formular sus preguntas de tal manera que ellas sugirieren la respuesta.
Durante el contrainterrogatorio, las partes podrán confrontar al perito o testigo con sus propios dichos u otras versiones de los hechos presentados en el juicio.
En ningún caso se admitirán preguntas engañosas, ambiguas o aquellas que incluyan más de un solo hecho, así como aquéllas destinadas a coaccionar ilegítimamente al testigo o perito, ni las que fueren formuladas en términos poco claros para ellos.
Estas normas se aplicarán al interno cuando se allanare a prestar declaración.
Las decisiones del juez a este respecto, no admitirán recurso alguno.
Artículo 131. Lectura para apoyo de memoria y superación de contradicciones en la audiencia oral. Durante el interrogatorio al interno, testigo o perito, se les podrá leer parte de sus declaraciones anteriores o documentos por ellos elaborados, cuando fuere necesario para ayudar a la memoria o para demostrar o superar contradicciones, o con el fin de solicitar las aclaraciones pertinentes.
Artículo 132. Lectura o exhibición de documentos, objetos y otros medios. Los documentos serán leídos y exhibidos en el debate, con indicación de su origen. Los objetos que constituyeren evidencia deberán ser exhibidos y podrán ser examinados por las partes. Las grabaciones, los elementos de prueba audiovisuales, computacionales o cualquier otro de carácter electrónico, apto para producir fe, se reproducirán en la audiencia por cualquier medio idóneo para su percepción por los asistentes.
El juez de ejecución podrá autorizar, con acuerdo de las partes, la lectura o reproducción parcial o resumida de los medios de prueba mencionados, cuando ello pareciere conveniente y se asegurare el conocimiento de su contenido.
Artículo 133. Prueba superveniente. El juez de ejecución podrá ordenar la recepción de pruebas sobre hechos supervenientes o de las que no fueron ofrecidas oportunamente por alguna de las partes, cuando justificare no haber sabido de su existencia.
Si con ocasión de la rendición de una prueba surgiere una controversia relacionada exclusivamente con su veracidad, autenticidad o integridad, el juez de ejecución podrá autorizar la presentación de nuevas pruebas destinadas a esclarecer esos puntos, aunque ellas no hubieren sido ofrecidas oportunamente y siempre que no hubiere sido posible prever su necesidad.
En ambos casos, el medio de prueba debe ser ofrecido antes de que se cierre la audiencia oral y el juez de ejecución deberá salvaguardar la oportunidad de la contraparte del oferente de la prueba superveniente, para preparar los contrainterrogatorios de testigos o peritos, según sea el caso, y para ofrecer la práctica de diversas pruebas encaminadas a controvertir la superveniente.
Alegatos de clausura y cierre del debate
Artículo 134. Alegatos de clausura y cierre del debate. Cuando no se rinda prueba o concluida la recepción de éstas, el juez de ejecución otorgará la palabra a la parte a cuya solicitud se hubiese iniciado el procedimiento ordinario o incidental para que exponga sus alegatos; enseguida la concederá a la contraria y, finalmente, al interno, para el mismo propósito.
El juez de ejecución tomará en consideración la extensión del procedimiento para determinar el tiempo que concederá al efecto.
Si la víctima u ofendido está presente en la audiencia, podrá tomar la palabra después de los alegatos de clausura.
A continuación, declarará cerrado el debate.
Decisión, fallo y resolución
Artículo 135. Decisión y fallo. Inmediatamente después de clausurado el debate, el juez de ejecución podrá retirarse de la sala con la finalidad de reflexionar, de forma continua y aislada, sobre la decisión correspondiente.
Una vez hecho lo anterior, se constituirá nuevamente en la sala, después de ser convocadas verbalmente todas las partes, y procederá a emitir el fallo, que se referirá a la procedencia o improcedencia de la solicitud formulada, señalando en forma sucinta, los fundamentos de hecho y de derecho que la motivaron.
Artículo 136. Resolución. Emitido el fallo, el juez de ejecución dispondrá de tres días para trasladarlo a la forma de auto, en los términos fijados en este Reglamento.
Artículo 137. Forma. El juez de ejecución llevará a cabo visitas de verificación a los Centros que se encuentren dentro de la circunscripción territorial en que ejerzan jurisdicción, con el objeto y periodicidad determinados en el artículo 10 de la Ley de Ejecución.
Artículo 138. Levantamiento de acta circunstanciada. Durante la visitas de verificación, el juez de ejecución levantará acta circunstanciada de su desarrollo, con audiencia del Director del Centro, quien podrá firmar la misma. De igual modo, podrá conceder audiencia a los internos que así lo soliciten.
Artículo 139. Conservación de las actas. Las actas de visita de verificación se coleccionarán en los términos señalados en este Reglamento.
Recursos de queja y de revisión
Artículo 140. Trámite del recurso de queja. El recurso de queja se sustanciará conforme lo dispone el artículo 22 de la Ley de Ejecución. La resolución del recurso será emitida en audiencia oral, en la que se desahogarán las pruebas que llegaran a ofrecerse y que se celebrará dentro de los siguientes cinco días hábiles.
Artículo 141. Trámite del recurso de revisión. El recurso de revisión se sustanciará conforme lo dispone el artículo 24 de la Ley de Ejecución.
Artículo 142. Suspensión provisional de actos. En caso de que la gravedad o urgencia de los hechos materia del recurso lo ameriten, el juez de ejecución podrá dictar, a manera de medida cautelar, la suspensión de los actos que pudieran resultar constitutivos de violaciones a los derechos de los internos o visitantes, la que se mantendrá hasta que el recurso sea resuelto definitivamente.
Artículo Tercero. En tanto inician sus funciones los jueces de ejecución en los términos que fije el Consejo del Poder Judicial en el acuerdo correspondiente, el presente Reglamento será aplicado por los jueces de la causa en los procedimientos de ejecución de los que conozcan.
Artículo Cuarto. Los jueces de la causa conocerán de los trámites relacionados con el acceso a los beneficios de la conmutación de la sanción y de la suspensión condicional de la ejecución de la sanción, y llevarán a cabo la práctica de las diligencias de amonestación, en tratándose de sentenciados que no se encuentren en el lugar donde resida el juez de ejecución.
Artículo Quinto. El Consejo del Poder Judicial emitirá los acuerdos y manuales de organización y operación que sean necesarios para la aplicación de este Reglamento y para la determinación de las categorías, unidades, áreas y funciones del personal administrativo de los Juzgados de Ejecución, los que en su caso se publicarán en los mismos medios informativos.
Artículo Sexto. El Sistema Morelos de Informática Judicial implementará técnicamente los sistemas de seguimiento de expedientes y de sentenciados a que se refiere este Reglamento.
Artículo Séptimo. Este Reglamento dejará de surtir efectos en la manera en que cobre vigencia el Código de Procedimientos Penales del Estado de Michoacán, publicado en el Periódico Oficial del Estado del 13 de enero de 2012; por lo que, de conformidad con el artículo noveno transitorio del mismo, el 22 de octubre de 2015, quedarán derogadas aquellas disposiciones de carácter procesal que en él se contengan.
Los procedimientos de ejecución que se encuentren en sustanciación a la entrada en vigor de la ley adjetiva penal antes referida, seguirán tramitándose conforme a las reglas previstas en este Reglamento.
Los que se inicien en las fechas y regiones señaladas en los artículos tercero al octavo del referido decreto, se sustanciarán conforme a las reglas contenidas en éste.
Morelia, Michoacán, a 3 tres de mayo de 2012 dos mil doce.
Alejandro González Gómez Consejero Presidente (Firmado)
Jorge Reséndiz García Consejero (Firmado)
J. Jesús Sierra Arias Consejero (Firmado)
Jacinto Nava Mendoza Consejero (Firmado)
Citlalli Fernández González Consejera (Firmado)
Francisco Javier Bedolla Espino Secretario Ejecutivo (Firmado)