Source: https://www.scribd.com/doc/136726695/presentacion-legislatura-17
Timestamp: 2016-07-23 11:26:32
Document Index: 38519171

Matched Legal Cases: ['artículo 6', 'artículo 1', 'artículo 10', 'artículo 10', 'artículo 33', 'artículo 6']

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"La responsabilidad del funcionario es vital, esencial, para afianzar la natural credibilidad que debe tener el pueblo en sus gobernantes. Es necesario que la idoneidad y la aptitud del hombre en la función pública sirvan para impulsar el bien común y no el beneficio propio. Cuanto mayor es el grado de responsabilidad de un funcionario, mayor es la exigencia que pesa sobre él, en el sentido de representar el ejemplo y la guía que orientan a su pueblo. Asimismo, cuanto mayor es el poder que ostenta ese funcionario, mayor debe ser el control ejercido sobre el mismo.” "La conducta de quien accede a la función pública, el obrar conforme a las leyes y la decencia al servicio del interés público constituyen bases esenciales de todo gobierno..." Cfr. Cámara de Diputados de la Nación, Sesiones Ordinarias, 2004, Orden del día n°1755, p.5. "El juicio político parlamentario es un procedimiento administrativo que la Constitución ha encargado de modo definitivo y excluyente al Congreso de la Nación [...].” "Se trata de un procedimiento en el que se juzgan culpas políticas (causas de responsabilidad) a tenor del impacto que en la comunidad produce la inconducta del enjuiciado.” "No es un juicio penal; es un proceso que solo tiende a la remoción del imputado. Y si bien se han realizado analogías al proceso penal, creemos que tal analogía es solo parcial, porque si bien puede permitir comprender ciertos aspectos del proceso, implica una simplificación excesiva ya; que omite considerar la base política e institucional del juicio político que lo hace sustancialmente diferente del proceso penal".
Que a efecto de ordenar la exposición de los hechos que motivan esta presentación y de las causales de juicio político mencionadas, iremos individualizando los instrumentos generalmente públicos o publicaciones periodísticas que le dan sustento, que acompañamos en fotocopias, con la debida individualización de número, registro y protocolo, para que puedan los señores Diputados cotejarlos personalmente o requerirlos en copia auténtica mediante oficio. De esta forma aventamos cualquier interpretación que pueda ver en nuestra presentación una forma de saldar los agravios públicamente recibidos y conocidos por todos en razón a la difusión otorgada por medios de comunicación masivos locales y nacionales. III. Causales – Fundamentos En primer lugar expondremos la causal de mala conducta como causal autónoma del mal desempeño de los magistrados. En tal sentido, la más calificada doctrina afirma que la mala conducta de los jueces es una falta que autoriza su destitución. En tal sentido María Angélica Gelli, lo desarrolla en un trabajo publicado por La Ley 2001-B, 1380, y en su obra “Constitución de la Nación Argentina” La Ley, 2001, página 2312, al que nos remitimos brevitatis causa. La inamovilidad de los jueces está condicionada, por la Constitución Provincial y Nacional, a la continuidad de su buena conducta. Los autores nacionales han sostenido que la mala conducta, por oposición a la buena conducta requerida a los jueces, comprende los escándalos o iniquidades (Zarini, "Constitución Argentina, comentada y concordada", Astrea, Bs. As., 1996, p. 413); las acciones inmorales que hagan perder el respeto que los ciudadanos deben tener a los jueces (Quiroga Lavié,
"Constitución de la Nación Argentina Comentada", Zabalía, Bs. As., 1996, p. 267); las conductas que deshonren al país o a la o se traduzcan en judicatura (Joaquín V. González, "Obras Completas", Congreso de la Nación Argentina, Bs. As., 1937, p. 504); Bs. As., 1959, pág. 599). Asimismo, la doctrina norteamericana, por su parte, la ha definido como la inconducta grave impropia de un juez (Corwin, "La Constitución de los Estados Unidos y su significado actual" , Editorial Fraterna, Bs. As., 1987, pág. 35). Si bien la doctrina hace un aporte importante, lo trascendente es el texto de las constituciones Nacional y Provincial. La primera en el art. 110 establece que: “Los jueces de la Corte Suprema y de los Tribunales inferiores de la Nación conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta […]”. La nuestra lo dispone en el art. 165 que textualmente expresa: “Los Ministros del Superior Tribunal de Justicia, los demás magistrados judiciales, el Procurador General, el Defensor General, los fiscales y defensores son inamovibles en las condiciones prescriptas por esta Constitución y mientras dure su aptitud y buena conducta. Solo pueden ser removidos por mal desempeño, desconocimiento inexcusable del derecho, inhabilidad psíquica o física y comisión de delito dolosos […]”. Obsérvese que el constituyente provincial amplía el concepto incorporando a la aptitud como condición para la inamovilidad, cuestión ciertamente trascendente, ya que a lo largo de este escrito los señores representantes del Pueblo podrán comprobar como esta condición se encuentra palmariamente deteriorada en el Ministro cuyo Juicio Político promovemos. ineptitud moral (Bielsa, Rafael "Derecho Constitucional", Depalma,
1.1. La denuncia pública presentada por el Ministro Panizzi La denuncia pública efectuada a través de medios de comunicación masivos hacia los miembros de la Sala Civil del Superior Tribunal, que finalmente involucró a los cinco miembros, demuestra palmariamente la mala conducta y mal desempeño (arts. 165 de la C.P. e incisos a) y b) del art. 10 de la Ley V-Nº 79). En efecto, los funcionarios públicos debemos denunciar los ilícitos que lleguen a nuestro conocimiento. Si estamos convencido de ello, las denuncias deben hacerse ante los organismos competentes para intervenir, en este caso: en primer lugar ante el Administrador, el Contador y Sub Contador, que son el sistema de contralor interno e independiente del Tribunal, responsables a través de sus incumbencias profesionales y por disposiciones legales, ante el Tribunal de Cuentas a través de la Ley de Contabilidad. Si no se satisfacía su pretensión le cabía la posibilidad de acudir directamente al Tribunal de Cuenta o hacer la denuncia, como ahora, ante la Honorable Legislatura que es nuestro único Juez legitimado para juzgarnos y ordenar la remoción. La decisión de hacerlo en un medio masivo de prensa (Diario Jornada del 29 de noviembre de 2012), tuvo como único fin someternos a la opinión pública sin recurso ni defensa alguna y de tal forma tomarse revancha por el nombramiento de la relatora Carolina Arrigone al frente de la Oficina de la Mujer. Ésta situación tal como la planteamos parece increíble atribuyéndola a un miembro de un Superior Tribunal, pero fue así. La creación de la Oficina de la Mujer y la designación de su titular en persona distinta de la que el Dr. Panizzi, finalmente reconoció ante el pleno,
pensó que debía ocupar dicho cargo, hizo aflorar nuevamente su carácter violento. En efecto, Carolina Arrigone es abogada y era Relatora del Superior Tribunal de Justicia desde la creación de la Sala Penal, proveniente de la Fiscalía Anticorrupción en la que el Ministro Dr. Panizzi se desempeñaba como fiscal. Ingresó mediante concurso y fue designada por Resolución de Superintendencia Administrativa Nº 3363 del 31 de julio de 2006. En el año 2009 el Ministro Panizzi, por motivos personales, decidió que Arrigone, no fuera mas su relatora y por ello solicitó que se la trasladara a la Sala Civil, de tal forma decidimos incorporarla a la Secretaría de Recursos Ordinarios y Electoral mediante Resolución de Superintendencia Administrativa Nª 6052 del 26 de noviembre de 2009, y pese a ser Especialista en Derecho Penal y Profesora en la Escuela de Policía, tuvo un desempeño más que satisfactorio y colaboró en investigaciones y sentencias que nos han colocado en una línea de avanzada en el país. La designación al frente de la Oficina de la mujer se efectuó con el voto de cuatro miembros y la disidencia del Dr. Panizzi, que lo hizo de su puño y letra, sin fundamento y con una grafía que podrán apreciar y que demuestra su desmesura y estado de ánimo (Acuerdo Plenario 4074 del 27 de noviembre de 2012). Que con posterioridad al Acuerdo de marras, el Dr. Rebagliati Russell, adhirió y firmó la designación sin objeción. Los miembros firmantes acudimos, como es nuestro deber, a su juramento. Ausente el Dr. Panizzi (ver diario Jornada del 4 de diciembre de 2012 p. 3. También aparece en los demás medios, que no acompañamos por ser sobreabundante. De tal forma la funcionaria, cuya eficiencia nos consta, sufrió claramente violencia de género que sin dudas resulta seriamente reprochable y cuya extensión ampliaremos más adelante.
Anticipamos que ante este nombramiento absolutamente legítimo nos dijo que se tomaría revancha y así lo hizo en un reportaje periodístico y siempre relacionado con la designación de la titular de la “Oficina de la Mujer”, en un diario de la ciudad de Trelew (“Jornada” del 29 de noviembre de 2012, p. 6), nos calificó a los integrantes de la Sala Civil como “estúpidos” (palabra que en su primera acepción significa “Necio, falto de inteligencia”) y también en una clara falta de consideración a sus pares y sin mesura propia de un Juez, sostuvo que los Ministros de la Sala Civil le birlaron con malas artes el proyecto de la Oficina de la Mujer. En esta misma nota periodística insiste en su violencia de género contra la funcionaria mencionada de quien dijo “[…] Así vemos con frecuencia como suelen designarse en este tipo de cargo a personas frívolas o de bajo perfil, con el mismo propósito de que nada cambie. Este es un cargo ideal para María Rachid, no para Susanita de Mafalda”. (Ver el artículo 6 inciso f) de la ley 26.485). Adviértase, que se trata de una relatora altamente especializada, que él mismo seleccionó e intenta ofenderla duramente diciéndole frívola, que significa “ligero, veleidoso e insustancial”.. Contemporáneamente, en un Acuerdo Plenario, al que asistieron los Doctores Rebagliati Russell, Panizzi, Royer y Caneo y el Secretario actuante, Dr. Maidana, el hoy denunciado, en actitud displicente para con el cuerpo, se sentó dando la espalda al resto de los Ministros, arrojando los papelitos de los caramelos que consumía de manera provocativa hacia la mesa y el resto de los allí presentes. Asimismo luego se trasladó al living contiguo desentendiéndose de lo que se estaba tratando en el Acuerdo. Todos estos hechos demuestran que no ejerce en la forma debida la alta función que le ha sido encomendada como titular de
uno de los poderes del Estado Provincial, demostrando la perdida de la aptitud. 1.2. La utilización de la violencia como parte estructural de su personalidad Un apartado especial merece la utilización en forma permanente, por el Ministro en cuestión, de agresiones verbales y físicas contra las personas que circunstancialmente no comparten sus posiciones. Lo podemos documentar con el acuerdo Nº 3576 del 21 de setiembre de 2006, cuando agredió verbal y físicamente al Dr. Fernando Salvador Luis Royer. Este acontecimiento circuló en comentarios dentro del Superior Tribunal y de todo el Poder Judicial, llenándonos, ciertamente, de vergüenza. El acuerdo en cuestión fue firmado por los Dres. Juan Cortelezzi, Daniel Luis Caneo, José Luis Pasutti y Jorge Pfleger, y textualmente dice: “[…] atento a que durante el transcurso de la media mañana del día jueves 14 próximo pasado se produjo un incidente que los suscriptos no desconocemos y que ha producido una verdadera conmoción desplazando a la que debe dominar este espacio de trabajo y a que el suceso posee la suficiente gravedad, los presente por unanimidad resuelven: 1. Proponer al pleno en próximo acuerdo el otorgamiento de facultades al Superior Tribunal de Justicia, a fin de que constituyéndose en Tribunal de conducta de sus integrantes analice y decida acerca de toda actitud o comportamiento que vulnere los principios de convivencia institucional mínimo. El Tribunal constituido de tal modo debiera estar facultado para resolver las diferencias que se produzcan entre los señores Ministros que en más deberán ventilar en el seno del Tribunal sus discrepancias personales, las que aquél habrá de resolver […]”. En este Superior Tribunal se encuentran los
antecedentes que dan cuenta de la agresión, que el tiempo y quizás la inacción de los Ministros que buscamos la concordia lo dejó adormecido. Sin embargo dichos antecedentes se pueden consultar. Este rasgo de su personalidad, en las antípodas de la actuación de un Juez, afloró reiteradamente. Quedó documentado mediante un memorándum reservado del Dr. José Luis Pasutti en el cual da cuenta que: sufrió amenaza de agresiones físicas por parte del Dr. Panizzi y quedó asentado en el acuerdo Nº 4093 del 4 de marzo de 2013, que se adjunta. Sin embargo, no extraña a quienes lo conocemos y tenemos memoria ya que, siendo Juez Universal de Sarmiento agredió al entonces fiscal de la localidad, doctor Ricardo Sigfrido Belosindro Fores. (ver antecedentes en el sumario n° 10, F° 23, año 1999, Letra f). Esto dio origen a un Tribunal de Enjuiciamiento integrado por los Diputados Gustavo Menna y Juan Mario Pais y los abogados Juan Raga y Eduardo Iglesias, presidido por el Ministro Fernando Royer, finalmente el Procurador General Raúl Juan Bisio dictaminó que había que sancionarlo con una suspensión y el Superior Tribunal de Justicia, mediante resolución Administrativa N° 9363/00, le aplicó una sanción de 15 días de suspensión. (se adjunta copia). Asimismo, también lo hizo con el empleado de la fiscalía Juan Carlos Ronan, quien luego solicitó su traslado a Puerto Madryn donde actualmente presta servicio y puede requerírsele su testimonio. (se adjunta copia de una denuncia del mismo donde consta el insulto que le profirió delante de testigos).
Fue tan infructuoso el paso de los primeros tres años de inicio de su carrera en el Poder Judicial de esta Provincia que el Consejo de la Magistratura en su evaluación de los tres (3) años lo declaró insatisfactorio. Así se expresa en el artículo 1 de la Acordada N° 392/00: “Declarar insatisfactorio el desempeño y aptitudes personales del Dr. Alejandro Javier Panizzi, juez letrado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral, Rural, de Minería en la ciudad de Sarmiento, según el resultado de la evaluación efectuada” (las negrillas forman parte de la versión original). Es evidente que su impulso de recurrir a la violencia para canalizar su enojo o confrontar con otros, es parte de su personalidad que resulta claramente incompatible con el cargo de Juez, que por su naturaleza debe ser el garante de la paz social. Las agresiones en general y a sus colegas en particular, son una muestra de su mala conducta y mal desempeño del alto cargo de Magistrado para el cual fue designado (art. 165 de la Constitución Provincial y del art. 10 de la Ley V-Nº 79). 1.3. Agravio a un mandatario y a los
representantes del pueblo Disentir con otros actores de la vida pública no es reprochable. Sí lo es en un magistrado, en los términos en que lo hace y fundamentalmente los calificativos que le atribuye a un representante de la sociedad que ha sido elegido por el voto soberano del Pueblo. Es el caso del intendente de Comodoro Rivadavia, Néstor Di Pierro a quien le dijo haber cometido una “Canallada lisa y llana” en el diario “El Patagónico” del 20 de febrero de 2012. Una canallada es, según el diccionario (Diccionario Enciclopédico Durvan, Tº II, Artes Gráficas Guiljelmo
S.A., Bilbao 1972, p. 396) “acción o dichos propio de un canalla”. Consecuentemente, el significado de “canalla” es: “[…] perrería, gente baja, ruin, hombre despreciable y de malos procederes, gentuza, chusma, populacho, plebe, sinvergüenza, bellaco, granuja […]”. El Intendente no lo dejó pasar y le contestó en forma muy dura y contundente, que no tiene sentido reproducir ya que se encuentra en los diarios que acompañamos. Ciertamente los demás miembros del Tribunal no compartimos esa opinión que es estrictamente personal. Otra afrenta de este tipo se desarrolló cuando dijo su mensaje como Presidente del Cuerpo ante los representantes del Pueblo en esa Honorable Cámara de Diputados. Cabe citar alguna de ellas, las que pueden ser cotejadas por ustedes Señores Diputados de la versión taquigráfica correspondiente del año 2010. Así fue que se expresó con estos términos: “…roto ya mi pecado pero intacta mi penitencia, me obligo a aclararles que no pretendo valerme de la inmunidad constitucional que ampara a las opiniones de los jueces, para aplicar correctivos a los diputados...” “…estos actos son emblemáticos de la posición que han asumido los legisladores de la Provincia con respecto al Poder Judicial y denotan una indiferencia y un desapego terrible a las reglas de juego republicano…”, “…no soy un rastreador de inequidades pero cometeré una facilidad: Señoras y Señores legisladores: Son ustedes los principales responsables de las funestas consecuencias de la ley de porcentualidad...” “… Cese la intrusión de esta Legislatura en el Poder Judicial...” 2. Los actos de mala conducta pueden constituir mal desempeño
Sin perjuicio de lo anteriormente mencionado a la causal autónoma que representa la mala conducta a los efectos del enjuiciamiento político de magistrados, puede aunque no siempre, constituir una causal de mal desempeño. Es así por que el Superior Tribunal de Justicia tiene funciones que superan lo simplemente jurisdiccional ya que es quien representa al poder judicial que es uno de los poderes del Estado y como tal es corresponsable de los actos de gobierno, siempre desde su competencia. Es claro, en este caso, que quien denuncia a sus colegas y los maltrata a través de medios de difusión pública, que trata de canalla al intendente de la ciudad de Comodoro Rivadavia, que de alguna manera desafía a los diputados, es indudable que no está desempeñando la alta función que le asigna la Constitución y que le confió el Señor Gobernador al proponerlo y lo Diputados al otorgarle el acuerdo. El escándalo institucional y su difusión pública evidencian un mal desempeño del cargo encuadrable dentro de las previsiones del art. 165 de la Constitución Provincial y disposiciones legales concordantes (Ley V-N°79 artículo 10) En el caso del maltrato a sus colegas, la doctrina ha sostenido que “la mala conducta se configura con actos de indisciplina, tales como las faltas a las consideraciones y el respeto debido a otros magistrados; o el trato incorrecto a otros abogados, peritos, auxiliares de la justicia o litigantes; o los actos ofensivos al decoro de la función judicial o que comprometan la dignidad del cargo… (“Grandezas y miserias en la vida judicial. El mal desempeño como causal de remoción de los magistrados judiciales”. Alfonso Santiago (h) p. 67). Asimismo la jurisprudencia ha sostenido como mala conducta sancionable, la falta de respeto o de consideración a otro magistrado “…se aplicó la sanción…, por encontrarlo responsable de
la falta de consideración y respeto a otros magistrados…” (En autos Dres. Milloc y Spratt –jueces T.O.C. Tierra del Fuego- sobre actuación Dr. Tocagni. Visto en Alfonso Santiago (h) obra citada p. 67). 3. Otra causal de mal desempeño. Mora en la elaboración del voto en la causa “Fiscalía de feria s/actuaciones (Expediente N° 21.843-163-2009) La causa de referencia no es una más de las tantas que estamos llamados a resolver a diario sino que, desgraciadamente ha sido el paradigma de la vida institucional de esta provincia y que por su magnitud e importancia se la denomina popularmente como: “Megacausa”. No es de competencia de nuestra Sala, no obstante, como en muchas que nos son ajenas, ha tenido que participar uno de los integrantes de la Sala Civil como subrogante legal, en este caso el Dr. José Luis Pasutti. La audiencia correspondiente se realizó el día 27 de marzo de 2012, hace ya más de un año, y el sorteo se efectuó el 10 de mayo de 2012, resultado primer votante el Dr. Alejandro Javier Panizzi. Como en todas las causas trascendentes nos consta que se puso a su disposición los medios materiales y humanos para que se pueda llevar adelante de la mejor manera y en el menor tiempo posible. Los jueces de este Tribunal conocemos el esfuerzo que se debe realizar para llevar a cabo y en término razonable casos altamente complejos como son los juicios políticos que en treinta días se debe tramitar, producir prueba y dictar sentencia o los juicios de naturaleza electoral donde los plazos son más que acuciantes. En estos casos, quien es llamado a resolver debe
tenerlo como su deber más importante, no interesa que otras cosas, personales o funcionales deba atender. Esta causa se regula por el Código Procesal anterior por lo cual no existe un plazo perentorio. Sin embargo, el Juez está sujeto a un plazo razonable, que por otro lado se constituye en una garantía de quienes están sometidos al proceso y cuyo vencimiento hace que las causas caigan de por sí. Es una de las principales garantías que prevé el Sistema Interamericano. Observen Señores Diputados, que si cada uno de los votantes tomaran un tiempo similar al de Dr. Panizzi se dictaría sentencia en el 2015, que es una enormidad. Por la importancia de la actuación del Tribunal esta situación fue motivo de permanente preocupación entre los miembros de esta Sala. Por esta razón, con fecha 4 de abril de 2013 el Dr. José Luis Pasutti le requirió al Secretario por escrito le hiciera entrega de la copia del primer voto antes del fin de semana ya que, si bien su responsabilidad comienza a partir de la recepción de los votos anteriores y puede optar por no votar si son coincidentes, tenía intención durante el feriado ir adelantando su labor. La respuesta fue terminante, estaba sin emitir el primer voto y las actuaciones se encontraban en poder del mencionado Juez. Debe tenerse presente que el pedido se efectuó con anterioridad a que el Señor Gobernador hiciera conocer su preocupación por los medios de prensa. (se adjuntan copias) Lo que sí podemos afirmar es que tiempo no le faltó, habida cuenta que desde el sorteo hasta ahora el Ministro desarrolló las siguientes actividades paralelas comprobables, pero seguramente hay más:
a) Publicó un libro: “Las funciones malditas del Poder Judicial”, Editorial Platense , La Plata, Noviembre de 2012. b) Trabajó colaborando en la toma de concursos con el Poder Judicial de Santa Fe para cubrir los cargos en la Oficinas Judiciales, en todas las circunscripciones de la provincia, que abarca Santa Fe Capital, Rosario, Venado Tuerto, Vera y Rafaela, conforme consta en el acta Nº 46 del 23 de octubre de 2012 que obra en este Tribunal y que se acompaña en fotocopias con los demás antecedentes del viaje. Esto significa no sólo estar presente en las audiencias pertinentes, de entrevistas y oposición, sino también corregir exámenes y evaluar los legajos de todos los postulantes. Pese a la disidencia de tres de los cinco Ministros, estuvo ausente por este motivo, y con licencia especial al efecto durante los días 12, 13, 14 y 15 de marzo y 3, 4 y 5 de abril, que son los siguientes al fin de semana largo de la Semana Santa, como así también el 26 y 27 de febrero concurrió a la Corte Nacional no se sabe por qué razón. c) Acudió en Buenos Aires al programa en el Canal Metro de la conocida periodista Lorena Maciel y a la presentación de su libro por parte del Diputado y ex Fiscal Anticorrupción Manuel Garrido (ver informe de la Oficina de Prensa de este Tribunal, que se acompaña). Debemos aclarar que las actividades mencionadas no son de por sí reprochables o incompatibles con la función, siempre y cuando para hacerlo no deba abandonar o resentir su actividad como juez, que es la esencial y a la cual se debe prioritariamente y sin retaceos.
Señores Diputados: “El buen funcionamiento de la justicia depende de los hombres y no de la ley” (Calamandrei, citado por Alvarado Belloso en “El Juez sus deberes y facultades” p. 4). Estamos ante una causal de mal desempeño prevista en el art. 165 de la Constitución Provincial y 10 de la Ley V-N° 79. 4- Otros hechos reprochables. Haber violado el principio de fidelidad para con el Tribunal (artículo 10 del RIG), al haber adelantado el tratamiento de una cuestión que aún no había sido resuelta por el pleno al Señor Gobernador de la provincia, conforme surge de sus propios dichos en el acuerdo N° 3574 de fecha 13 de septiembre de 2006 y que fuera corroborado por el entonces Ministro de éste Superior Tribunal de Justicia Dr. Juan Pedro Cortelezzi. 5Algunos hechos que demuestran cierto
desconocimiento del Derecho. a) Sumario en autos Panizzi, Javier Alejandro
s/actuaciones: Con fecha 15 de Noviembre de 2006, el Dr Panizzi ordenó un sumario administrativo a efectos de investigar a los Ministros de la Sala Civil por la acumulación de licencias no gozadas, en un acto de total y absoluto desconocimiento del derecho constitucional y administrativo, dos materias en las que éste Superior Tribunal es único y último intérprete. Esta situación no solo generó un escándalo de proporciones sino que fue motivo de un pronunciamiento por un Superior Tribunal de Justicia adhoc. Así surge de leer el Acuerdo Extraordinario N° 02/07 firmado por el Doctor Jorge Pfleger y los conjueces Doctores Ricardo Lens, Carlos Alberto Torrejón, Edgardo Rubén Hughes, Luis Ángel Novoa
y Mercedes Peña de Roca que, entre otras cosas dice: “...la adopción de medidas que involucren a cualquiera de sus miembros es competencia del órgano en su totalidad y no de un representante en exclusividad, máxime que no existe delegación alguna al respecto por parte del mismo en la persona de sus representante, ni por vía constitucional, ni legal, incluyendo la reglamentaria …” “...que en consecuencia y de acuerdo con lo que dispone el artículo 33 del Decreto Ley 920, tal resolución dictada por quien carece de competencia para ello deviene –según la terminología que allí emplea- nula de pleno derecho… Y que en su parte pertinente resolvió “Declarar nula la resolución de superintendencia N° 3747/06 SL”. Este desconocimiento del derecho es más grave tratándose, como en este caso, de un Ministro del Superior Tribunal de Justicia. b) Falta de fundamentación de las disidencias La ausencia de motivación suficiente e individual se considera falta grave a los efectos pertinentes, ello así dado que innumerables resoluciones de la Superintendencia debieron ser firmadas por el Pleno del STJ, atento que sorpresivamente y en forma infundada, firmaba en disidencia. Por caso, la designación de la Directora de la Oficina de la Mujer, María Carolina Arrigone o del agente Fabián Gutiérrez, a quien luego le pidió disculpas por ese hecho. Existen también un sinnúmero de resoluciones que sin fundamentar rubricó en disidencia (ver Resoluciones N° 8288/12; 8290/12; 8291/12; 8292/12; 8293/12; 8294/12; 8295/12; 8296/12; Acuerdo Plenario 4072/12 y 4074/12). Muchas de las Resoluciones Administrativas eran autorizando a los Señores Ministros a realizar tareas propias y absolutamente necesarias de la función o del trabajo específico de los mismos, como por ejemplo tomar contacto con todos los Camaristas Civiles de la Provincia con el fin de interiorizarse sobre el funcionamiento de
los juzgados bajo su órbita. Eso es obstaculizar el funcionamiento del Tribunal. Cabe aquí una aclaración, la superintendencia administrativa del Superior Tribunal de Justicia, la ejercen con rotación anual, los presidentes de cada una de las salas. En el año 2012, fungía como presidente el Dr. Royer y como vicepresidente el Dr. Panizzi y al disentir este último, durante todo el tiempo que mantuvo la conducta de desacuerdo, debió intervenir el pleno (los restantes ministros del cuerpo) para que las resoluciones tuvieran la mayoría necesaria para su validez administrativa.- (Se acompañan las copias pertinentes a su comprobación). “La expresión mal desempeño del cargo tiene una latitud considerable que permite un juicio discrecional amplio, pues se trata de la falta de idoneidad no solo profesional o técnica sino moral, como la ineptitud, la insolvencia moral, todo lo cual determina un daño a la función pública o sea a la gestión de los intereses generales de la nación. La función pública, su eficacia, su decoro, su autoridad integral es lo esencial, ante ello cede todo consideración personal”. (Bielsa, Rafael, “Derecho Constitucional” año 1954, p. 483) 5. Ratificación. Ampliación Conforme a lo previsto en el artículo 6 y concordantes de la Ley V-N°79, nos ponemos a disposición de esa Honorable Cámara para ratificar nuestra denuncia, ampliar los hechos y aportar la prueba que nos requieran los Señores Diputados, además de las que mencionaremos y acompañamos en este acto. 6. PRUEBAS
a) Documental: la mencionada a lo largo del escrito, que en fotocopias se acompaña y se encuentra debidamente individualizada. b) Testimonial: se cite a prestar declaración testimonial a las siguientes personas: Pfleger, Jorge; Rebagliati Russell, Daniel Alejandro; Arrigone, María Carolina; Maidana, José; Ferreyra, José; Rossi, Alicia; Aquino, Soledad; Ronan, Juan Carlos; Campos, Cristina; Herens, Marisa E.; Gutiérrez, Fabián, todos ellos dependientes del Poder Judicial y Fores, Ricardo S. B, (cuyo domicilio se aportará oportunamente). c) Informativa: se libre oficio al Administrador General del Poder Judicial a efectos que remita copia certificada de la documentación acompañada y los expedientes que generaron las mismas si los hubiere. d) Reserva: dejamos expresamente establecida nuestra reserva para ampliar la prueba ofrecida si así fuere necesario. VI. Petitorio Por todo lo expuesto a V.H. solicitamos: Se nos tenga por presentados como promotores del juicio político al Doctor Alejandro Javier Panizzi. Se derive la misma a la Sala de Acusar. Oportunamente se proceda a efectuar el enjuiciamiento que se requiere.
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