Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-t-574-de-octubre-20-de-2016?documento=jurcol&contexto=jurcol_5cb04f85878945e7a142f8a93da0f79b&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-12-11 11:49:50
Document Index: 162411114

Matched Legal Cases: ['artículo 113', 'artículo 140', 'artículo 140', 'artículo 140', 'artículo 15', 'artículo 16', 'artículo 140', 'artículo 140', 'artículo 13', 'artículo 142', 'artículo 140', 'artículo 13', 'artículo 15', 'artículo 15', 'artículo 140', 'artículo 13', 'artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 11', 'artículo 47', 'artículo 12', 'artículo 334', 'artículo 334', 'artículo 334', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 228', 'artículo 86', 'artículo 152', 'artículo 228', 'artículo 1', 'artículo 228', 'artículo 113', 'artículo 115', 'artículo 1502', 'artículo 140', 'artículo 113', 'artículo 368', 'artículo 83', 'artículo 1502', 'artículo 1524', 'artículo 1518', 'artículo 4', 'artículo 1047', 'artículo 16', 'artículo 140', 'artículo 140', 'artículo 15', 'artículo 113', 'artículo 113', 'artículo 140', 'artículo 13', 'artículo 4', 'artículo 64', 'artículo 86', 'Artículo 116', 'Artículo 2']

﻿ SENTENCIA T-574 DE OCTUBRE 20 DE 2016
SENTENCIA T-574 DE 20 DE OCTUBRE DE 2016
CONTENIDO:LA DISCREPANCIA ENTRE LA VOLUNTAD REAL Y LA APARENTE EN EL CONTRATO DE MATRIMONIO CIVIL NO REFLEJA UN PROBLEMA DE CAUSA Y OBJETO ILÍCITOS. SE PRECISA QUE EN AQUELLOS EVENTOS EN LOS QUE LA VOLUNTAD DECLARADA, A DIFERENCIA DE LA REAL U OCULTA, PRETENDE APARENTAR LA CELEBRACIÓN DE UN CONTRATO DE MATRIMONIO, NO PUEDE AFIRMARSE QUE EXISTA OBJETO ALGUNO DE DICHO CONTRATO Y, EN ESA MEDIDA, RESULTA IMPROCEDENTE AFIRMAR SU ILICITUD. NO EXISTE EN ESTOS CASOS, VOLUNTAD DE CELEBRAR EL ACUERDO NUPCIAL. POR LO TANTO, ACEPTAR LA DECLARATORIA DE SIMULACIÓN DE UN MATRIMONIO, PLANTEA DIFICULTADES CONCEPTUALES IMPORTANTES. SIN EMBARGO, ES CLARO QUE EN ATENCIÓN A LA ESTRICTA REGULACIÓN QUE EL CÓDIGO CIVIL PREVÉ RESPECTO DE LOS FINES Y LOS MOTIVOS DEL MATRIMONIO, EN AQUELLOS CASOS EN LOS QUE LOS PRESUNTOS CONTRAYENTES MANIFIESTAN EXTERNAMENTE LA CELEBRACIÓN DE UN ACTO JURÍDICO QUE POR VIRTUD DE SU PROPIO ACUERDO NO PRETENDEN LLEVAR A EFECTOR REALMENTE, LA CATEGORÍA QUE MEJOR EXPLICA LA SITUACIÓN Y QUE HABRÁ DE FUNDAMENTAR LA INTERVENCIÓN JUDICIAL EN CASO DE QUE ASÍ SEA SOLICITADO POR QUIENES TENGAN INTERÉS DIRECTO EN ELLO, ES LA SIMULACIÓN. PODRÁ DECLARARSE, LA PREVALENCIA DEL ACTO REAL U OCULTO. FINALMENTE, SE CONCLUYE QUE EN PRINCIPIO, NO ES POSIBLE QUE UN CONTRATO NUPCIAL SEA CELEBRADO CON OBJETO Y CAUSA ILÍCITOS. TALES ELEMENTOS, PRIMA FACIE, SIEMPRE ESTARÁN ACORDES CON EL ORDENAMIENTO JURÍDICO AL SER INMODIFICABLES. ELLO SUPONE, QUE CUANDO DOS PERSONAS UTILIZAN LA FIGURA JURÍDICA DEL “CONTRATO CIVIL DE MATRIMONIO” Y, EN REALIDAD LO HACEN CON UN PROPÓSITO DIFERENTE QUE SE MANTIENE OCULTO, SE DEBE ENTENDER QUE SU CONSENTIMIENTO FUE OTORGADO PARA CELEBRAR OTRO TIPO DE NEGOCIO CONTRACTUAL, EN EL QUE POSIBLEMENTE PUDO EXISTIR OBJETO Y/O CAUSA ILÍCITA.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE TUTELA, CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO, MATRIMONIO CIVIL, CONSENTIMIENTO, SIMULACIÓN, OBJETO LÍCITO DEL CONTRATO
Sentencia T-574 de octubre 20 de 2016
Ref.: Expediente T-5.610.171
Acción de tutela interpuesta por Fanny Vanegas Cáceres contra la Sala Civil - Familia del Tribunal Superior de Manizales.
Bogotá, D.C., veinte de octubre de dos mil dieciséis.
1. La señora Fanny Vanegas Cáceres interpuso acción de tutela en la que solicitó que se protejan sus derechos fundamentales a la vida, vivienda y al debido proceso y, en consecuencia, que se le ordene a la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Manizales, que declare que no próspera la excepción de falta de legitimidad en la causa por activa y confirme el fallo de primera instancia.
2. La señora Fanny Vanegas Cáceres, de 77 años(1), informó que su hermano, el señor Germán Vanegas Cáceres, fue pensionado de la Fuerza Aérea Colombiana hasta el 14 de agosto de 2012, fecha en la que falleció. La accionante aseguró que vivió con el causante durante toda la vida, que dependía económicamente de él y, que era ella la encargada de los oficios de la casa y del cuidado de su hermano quien tenía diabetes crónica y había sido operado del corazón(2).
3. La accionante aseveró que cuando su hermano falleció, se enteró que esté y la señora Emilse Ortiz Quiceno, quien tiene 36 años(3), habían contraído matrimonio civil por medio de apoderado el 19 de marzo de 2011(4). La señora Fanny Vanegas Cáceres afirmó que según lo manifestado por la señora Ortiz Quiceno, el matrimonio se celebró con el compromiso que ésta le entregara la mesada pensional y, como contraprestación disfrutaría de los servicios médicos y de la totalidad de la pensión cuando se produjera el deceso de la actora(5).
4. La accionante afirmó que el Ministerio de Defensa le reconoció a la señora Emilse Ortiz Quiceno la sustitución pensional a partir de septiembre de 2012. Aseguró que dicho acto se hizo con fundamento en declaraciones extraprocesales con testimonios falsos, en las que se aseveró que los señores Germán Vanegas Cáceres y Emilse Ortiz hicieron vida marital desde el 7 de julio de 2009 y, que ella dependía totalmente del causante. Situación que aseguró no corresponde a la realidad puesto que la señora Emilse Ortiz Quiceno convive hace más de 13 años con el señor Rubiel Castañeda(6).
5. La señora Emilse Ortiz Quiceno cumplió lo pactado con el señor Germán Vanegas Cáceres hasta el mes de junio de 2013, último mes en el que le entregó la mesada pensional a la señora Fanny Vanegas Cáceres dejándola en total abandono y precaria situación económica(7).
6. La señora Emilse Ortiz Quiceno tramitó como única interesada el proceso de sucesión intestada del señor Germán Vanegas, ante el Juzgado Cuarto Promiscuo Municipal de la Dorada - Caldas(8), desconociendo a la señora Fanny Vanegas Cáceres, hermana del causante a quien también le asiste derecho legal para comparecer al proceso de sucesión. Dicho proceso culminó con la Sentencia 055 del 7 de julio de 2014(9), en favor de la señora Ortiz Quiceno, quien registró a su nombre la casa en la que habitaba la accionante ante la oficina de Registro de Instrumentos Públicos de la Dorada y la puso en venta(10).
7. El 24 de febrero de 2015, mediante apoderado judicial la accionante presentó demanda de petición de herencia, en contra de la señora Emilse Ortiz Quiceno, reclamando el derecho a heredar sobre los bienes que dejó su hermano, entre los que se encuentra la mencionada casa. El proceso le fue asignado al Juzgado Primero Promiscuo de Familia(11).
8. La accionante aseguró que en el proceso de petición de herencia se solicitó como medida cautelar detener la venta de la casa, medida a la que accedió el juez y se materializó ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos(12).
9. Mediante Sentencia 325 del 14 de octubre de 2015, el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de la Dorada Caladas, reconoció a la señora Fanny Vanegas Cáceres como heredera en tercer orden del señor Germán Vanegas adjudicándole el 50% del único bien objeto de sucesión(13).
10. De otra parte, el 30 de abril de 2015, la señora Fanny Vanegas Cáceres mediante apoderado judicial presentó demanda de nulidad de matrimonio civil por notaría celebrado entre los señores Germán Vanegas Cáceres y Emilse Ortiz Quiceno el día 19 de marzo de 2011, por causa ilícita en la celebración del contrato de matrimonio civil, debido a que los contrayentes no cumplieron con lo señalado en el artículo 113 del Código Civil(14).
11. Según la accionante, la señora Emilse Ortiz Quiceno contestó la demanda de nulidad de matrimonio civil, asegurando que convivió con el señor Germán Vanegas durante 20 años. Además, propuso excepción de mérito por falta de legitimación en la causa por parte de la demandante(15).
12. En el proceso de nulidad de matrimonio mediante audiencia oral, fue escuchada la demandada, la señora Emilse Ortiz Quiceno; el señor Rubiel Castañeda quien fue vinculado al proceso y quien además, según la accionante convive con la demandada desde hace 13 años y tienen un hijo; la señora Fanny Vanegas Cáceres en calidad de demandante y 8 testigos (vecinos, amigos y compañeros de trabajo del causante) que aseguraron que la señora Emilse Ortiz Quiceno nunca convivió con el señor Germán Vanegas Cáceres(16).
13. El 5 de noviembre de 2015, el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de la Dorada Caldas profirió sentencia en la que declaró la nulidad del matrimonio civil celebrado entre los señores Emilse Ortiz Quiceno y Germán Vanegas Cáceres, por encontrar que la accionante estaba legitimada en la causa al ser un tercero con interés legítimo y por cuanto encontró probada causa ilícita en la celebración del contrato solemne de matrimonio civil. Adicionalmente, ordenó comunicarle al Ministerio de Defensa y enviarle copia del expediente a la fiscalía. Dicho fallo fue apelado por la señora Emilse Ortiz Quiceno(17).
14. El 28 de enero de 2016, la Sala Civil - Familia del Tribunal Superior de Manizales revocó el fallo de primera instancia declarando próspera la excepción de falta de legitimación en la causa por activa, propuesta por la demandada, al considerar que las únicas personas que se encuentran legitimadas para solicitar la nulidad del matrimonio civil son los contrayentes y excepcionalmente los curadores o guardadores cuando se trata de menores de edad, además las causales de nulidad son taxativas. La accionante aseguró que dicha providencia no hizo un análisis de fondo del material probatorio contenido en el expediente, sino que se limitó a leer y a escuchar el audio de la sentencia de primera instancia(18).
15. La señora Fanny Vanegas Cáceres aseveró que se encuentra legitimada para solicitar la nulidad del matrimonio, por cuanto el mismo es ilícito, fraudulento y se está utilizando para lesionar sus derechos fundamentales a la vida y a la vivienda digna, pues desde que la señora Emilse Ortiz Quiceno incumplió el pacto que había hecho con su hermano Germán Vanegas de entregarle el valor de la mesada pensional, ha vivido de la caridad de amigos y vecinos(19).
16. De otra parte, la actora afirmó que por sus condiciones de salud y avanzada edad no está en condiciones de trabajar y de procurarse su sustento. Adicionalmente aseguró que no resulta justo que deba entregarle a la señora Emilse Ortiz Quiceno el 50% de la casa, cuando ella no tiene derecho legal a la sucesión del señor Germán Vanegas Cáceres(20).
17. El 10 de marzo de 2016, la señora Fanny Vanegas Cáceres interpuso acción de tutela solicitando que se protejan sus derechos fundamentales a la vida, vivienda y debido proceso y, en consecuencia, que se le ordene a la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Manizales, que declare que no prospera la excepción de falta de legitimidad en la causa por activa y confirme el fallo de primera instancia(21).
18. Mediante auto del 14 de marzo de 2016, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, admitió la demanda de tutela, puso en conocimiento y vinculó: (i) al Juzgado Primero Promiscuo de Familia de la Dorada y a las autoridades judiciales, partes e intervinientes en el proceso de nulidad de matrimonio civil promovido por la accionante contra Emilse Ortiz Quiceno; (ii) a las autoridades judiciales, partes e intervinientes en el proceso de petición de herencia promovido por la accionante contra Emilse Ortiz Quiceno; (iii) al Juzgado Cuarto Promiscuo Municipal de la Dorada, a las autoridades judiciales, partes e intervinientes en el proceso de sucesión del señor Germán Vanegas Cáceres; (iv) a la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Manizales; (v) al Ministerio de Defensa; (vi) a la Notaria Única de la Dorada; y (vi) a los ciudadanos Orlando Vargas Moreno, Ernesto Espejo Palacios, Emilse Ortiz Quiceno, Nataly Acosta Ospino y Fanny Vanegas Cáceres.
19. La Notaria Única de la Dorada, Caldas, informó que buscó en la base de datos y no encontró la protocolización de la sucesión intestada 2013-00232-00, en la que figura como causante el señor Germán. Debido a lo anterior, se comunicó con el abogado de la señora Emilse Ortiz Quiceno, quien aseguró que ella tenía el expediente de la sucesión(22).
20. La magistrada Hilda González Neira de la Sala Civil - Familia, del Tribunal Superior de Manizales, informó que el 29 de enero de 2015, resolvió en audiencia la apelación presentada por la señora Emilse Ortiz Quiceno contra el fallo proferido el 5 de noviembre de 2015, por el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de la Dorada, Caldas, revocando la decisión de primera instancia y negando las pretensiones de la demandante. Una vez culminado el trámite correspondiente, esto es, el 23 de febrero de 2016, el expediente fue enviado al juzgado de origen.
En cuanto al proceso de petición de herencia, la Sala presidida por la magistrada no ha resuelto ningún recurso de apelación(23).
21. La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia negó el amparo solicitado al considerar que la sentencia reprochada contiene una interpretación legítima de la normatividad aplicable al caso concreto, pues en la misma se observa que para determinar la nulidad del referido acuerdo nupcial, la Sala Civil-Familia, del Tribunal de Manizales analizó la apelación interpuesta por la señora Emilse Ortiz Quiceno, la cual se fundamentó en el artículo 140 del Código Civil que contiene un listado taxativo de las causales de nulidad del matrimonio civil, sin que existan unas diferentes a las allí enlistadas, y que las únicas personas que pueden alegar la nulidad del contrato matrimonial son los contrayentes.
Al estudiar las generalidades de la figura de la legitimación en la causa, sostuvo que de acuerdo con la jurisprudencia se tiene que “uno de los requisitos para el éxito de las pretensiones de la demanda, consiste en que la acción la instaure quien puede reclamar el derecho frente a la persona que legalmente es titular de la obligación correlativa”(24).
En cuanto a la legitimación para solicitar la nulidad del matrimonio civil, aseguró que de acuerdo con las causales del artículo 140 del Código Civil, numerales 1º, 2º, 3º, 5º y 6º se encuentran legitimadas las personas establecidas en los artículos 142 a 145 de la misma disposición legal, es decir, el contrayente que haya padecido el error, el padre o curador del menor y la persona sobre quien se haya ejercido fuerza, causado miedo u obligado a consentir. Respecto de las causales insubsanables contempladas en los numerales 8º, 9º, 10, 11 y 12 del citado artículo 140, lo están los cónyuges y cualquier persona que demuestra interés, incluso puede declararse de oficio, conforme al artículo 15 de la Ley 57 de 1887.
Impugnación: presentada por la parte actora el 11 de abril de 2016(25)
Contrario a lo manifestado por el a quo, aseguró que el contrato del matrimonio es equiparable a los contratos civiles, mercantiles o comerciales, que se caracterizan por ser celebrados entre dos personas, con iguales responsabilidades.
23. Confirmó la decisión del a quo. A su vez, agregó que en respeto a los principios de la cosa juzgada y de la autonomía judicial, dicha Sala ha considerado que la acción de tutela no procede contra providencias judiciales salvo que con las actuaciones u omisiones de los jueces se demuestre la violación a derechos fundamentales.
A su vez, aseguró que después de escuchar el CD que contiene la providencia censurada, se observa que la Sala Civil-Familia del Tribunal de Manizales se refirió a las causales taxativas de nulidad del matrimonio civil de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 57 de 1887. Adicionalmente, se pronunció sobre lo dispuesto en el Código Civil y las disposiciones que son aplicables al caso concreto.
24.2. A la Registraduría Nacional del Estado Civil y a la Notaria Única de La Dorada, Caldas, para que enviara copia del registro civil de nacimiento del menor Mauricio Castañeda Ortiz, cuyos padres —según el expediente— podrían ser el señor Rubiel Castañeda y la señora Emilse Ortiz Quiceno identificada con cédula de ciudadanía 24.714.087.
24.3. A la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del municipio de La Dorada, Caldas, para que enviara copia del certificado de tradición de matrícula inmobiliaria 106-3574.
24.8. A la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, Cremil, para que enviara copia del expediente pensional del causante, el señor Germán Vanegas Cáceres, quien se identificó con la cédula de ciudadanía 1.297.663. Adicionalmente, deberá informar (a) cuál es el monto de la pensión de sobrevivientes, (d) desde cuando se causó el derecho, (c) cuáles eran los beneficiarios de los servicios de salud antes que falleciera el causante y (d) actualmente quién es el beneficiario de dicha pensión de sobrevivientes.
25. Posteriormente, mediante auto del 14 de septiembre de 2016, el magistrado sustanciador ordenó que por secretaría general, se vinculara al Ministerio de Defensa Nacional, nómina de pensionados, para que enviara copia del expediente pensional del causante, el señor Germán Vanegas Cáceres, quien se identificó con la cédula de ciudadanía 1.297.663. Adicionalmente, deberá informar (a) cuál es el monto de la pensión de sobrevivientes, (d) desde cuando se causó el derecho, (c) cuáles eran los beneficiarios de los servicios de salud antes que falleciera el causante y (d) actualmente quién es el beneficiario de dicha pensión de sobrevivientes.
26. El 27 de septiembre de 2016, la secretaria general informó que vencido el término probatorio, fueron recibidos los oficios del grupo de prestaciones sociales del Ministerio de Defensa, el Juzgado Cuarto Promiscuo Municipal de La Dorada, Caldas, de la Registraduría Nacional del Estado Civil, de la Notaría Única de La Dorada, Caldas, de la Registraduría Municipal de La Dorada, de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de La Dorada, de la señora Fanny Vanegas Cáceres, de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, del Instituto Colombiano de Derecho Procesal y de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, en los que dan respuesta al auto de pruebas de fecha 30 de agosto de 2016 y 14 de septiembre de 2016(26).
26.1. El Juzgado Cuarto Promiscuo Municipal de La Dorada, Caldas, informó que la solicitud fue remitida al Juzgado Primero Promiscuo de Familia, por cuanto es ese despacho judicial donde se tramitaron los procesos de petición de herencia y de nulidad de matrimonio civil, respecto de los cuales la Corte solicitó la copia. En caso que se necesite copia del proceso de sucesión del causante Germán Vanegas Cáceres dicho despacho lo enviará(27).
26.2. La Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de La Dorada, Caldas, envió copia del certificado de matrícula inmobiliaria 106-3547, perteneciente a Emilse Ortiz Quiceno(28).
26.3. La Notaria Única de La Dorada, Caldas, manifestó que después de buscar en los archivos de esa oficina, no se encontró inscrito el menor Mauricio Castañeda Ortiz(29).
26.4. La Caja de Retiro de las Fuerzas Militares Cremil, informó que el señor Germán Vanegas Cáceres no figura como titular de la asignación de retiro o beneficiario de sustitución pensional reconocida por esa entidad, por lo tanto, solicitó que la entidad sea desvinculada por cuanto carece de legitimación en la causa por pasiva(30).
26.5. La Registraduría Nacional del Estado Civil, verificó el sistema de información de registro civil (SIRC), encontrando el registro civil de nacimiento con indicativo serial 38801858 a nombre de Mauricio Castañeda Ortiz con NUIP 1.054.542.974, inscrito en la Registraduría de La Dorada, Caldas, el 20 de mayo de 2005. En este documento se evidencia que el menor nació el 16 de mayo de 2005 y que sus padres son Emilse Ortiz Quiceno y Rubiel Castañeda Arias(31).
26.6. El Instituto Colombiano de Derecho Procesal emitió concepto respecto de la legitimación en la causa para demandar la nulidad del matrimonio civil, aseverando que la legitimación en la causa supone la aptitud para demandar o ser demandado en el proceso(32).
“Fuera de las causas de nulidad de matrimonios civiles enumeradas en el artículo 140 del código y en el 13 de esta ley, no hay otras que invaliden el contrato matrimonial. Las demás faltas que en su celebración se cometan, someterán a los culpables a las penas que el Código Penal establezca”.
Las causales de nulidad del matrimonio civil se dividen en subsanables o insubsanables. Las primeras se encuentra descritas en los numerales 1º, 2º, 3º, 5º y 6º del artículo 140 del Código Civil y en el numeral 1º del artículo 13 de la Ley 57 de 1887, y podrán ser alegadas por los contrayentes o sus representantes (padres, guardador o curador), según lo establecido en el artículo 142 y 145 del Código Civil. Las segundas, son las previstas en los numerales 8º, 9º, 10, 11 y 12 del artículo 140 del Código Civil y en el numeral 2º del artículo 13 de la Ley 57 de 1887 y, se encuentran legitimados los contratantes y el juez quien podrá decretar la nulidad de oficio, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 45 de 1887.
Por lo anterior, consideró que la señora Fanny Vanegas Cáceres al ser hermana y heredera del causante, tiene legitimación para demandar la nulidad del matrimonio civil, pero no existe causal para disolver dicho vínculo. A esta conclusión, llegó recientemente la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en la Sentencia STC38890-216, en la cual negó la protección constitucional solicitada.
26.7. La señora Fanny Vanegas manifestó que no ha sido calificada su pérdida de la capacidad laboral. Sin embargo, averiguó con la EPS ASMETSALUD el trámite correspondiente el cual es dispendioso y oneroso, puesto que le tocaría pedir cita con el médico general para que le autorice el servicio, una vez se cumpla lo anterior le toca trasladarse a Manizales para que sea valorada por el médico laboral, debido a que en La Dorada la EPS no tiene convenio con algún prestador que realice dicho procedimiento, a su vez, le indicaron que dicho trámite pude tardar aproximadamente entre 2 y 3 meses y, adicionalmente, debe asumir los gastos de trasporte(33).
Otra posibilidad es que acuda de manera particular a la Junta Regional de Manizales, y esperar aproximadamente 45 días hábiles, lapso que se tarda el resultado de la calificación y asumir el costo de dicho trámite que es de $ 689.454, más el de trasporte, situación que se le dificulta, debido a que: (i) no cuenta con recursos económicos, (ii) no tiene trabajo y (iii) no tiene una fuente de ingresos que le permita sufragar dichos gastos. Además, manifestó que vive de la caridad de vecinos y amigos y que pertenece al Sisben 3.
26.8. La Academia Colombiana de Jurisprudencia, remitió dos conceptos, uno suscrito por el señor Carlos Fradique - Méndez y el segundo por Rafael Forero Contreras.
El primer concepto al referirse a la naturaleza del acto jurídico del matrimonio manifestó que este es un contrato celebrado por un hombre y una mujer que se unen con el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente, y para que genere efectos jurídicos desde el inicio debe cumplir con las solemnidades establecidas en la Ley 54 de 1990 y las propias del acto jurídico, sin importar, si el mismo es consensual o civil. Agregó que también es necesario tener en cuenta las uniones de personas del mismo sexo(34).
El artículo 15 de la Ley 57 de 1887 prescribe que los casos de nulidad establecidos en los números 7º, 8º, 9º, 11 y 12 del artículo 140 del Código y el número 2º del artículo 13 de esta Ley, no son subsanables, y podrán ser declarados de oficio. A su vez, el artículo 16 de la Ley 57 de 1887, establece que no habrán otras causales de nulidad aparte de las contempladas en el artículo anterior y “las demás faltas que en su celebración se cometan, someterán a los culpables a las penas que el Código Penal establezca”.
Aseguró, que “no hay lugar para que en el matrimonio civil no sea causal de nulidad el pacto tácito o escrito para no vivir juntos, no procrear, no auxiliarse mutuamente y acordar la apariencia de un acto de matrimonio para presentarla con el único fin de causar un grave daño al Estado al lograr el reconocimiento de un derecho pensional que solo le corresponde a quien fue verdadero cónyuge. La mayor parte de las estafas se realizan a través de simulación de contratos o de condiciones de privilegio de las personas. Engañar es un arte y lo saben hacer los estafadores. Lograr un derecho de sustitución pensional por medios fraudulentos es un delito y si bien el artículo 16 de la Ley 57 de 1887 ordena que sea el juez penal quien castigue el delito y por supuesto que sancionara a los culpables del fraude, en este caso por el acceso fraudulento a la pensión, al dictar sentencia deberá declarar nula la sustitución y nula la fuente de la sustitución que es el documento que da fe de un acto fraudulento que es el supuesto matrimonio, sin que viole el artículo 16 citado porque se dejará constancia de que el matrimonio es inválido, es nulo por evidente objeto ilícito, por haber sido medio para cometer un fraude(35)“.
En cuanto a la legitimidad en la causa para demandar la nulidad del matrimonio, explicó que los artículos 140 a 145 del Código Civil indican las personas que pueden demandar la nulidad, fija los plazos y los presupuestos para solicitar las nulidades subsanables del contrato nupcial. A su vez, establece que las nulidades insubsanables pueden ser declaradas de oficio, solicitadas por el Ministerio Público o a petición de quien tenga un interés en ello. Conforme a lo anterior, la nulidad por objeto ilícito del contrato matrimonial puede ser declarada por el juez de oficio o a petición de quien tenga interés.
26.9. El segundo concepto, al referirse a la seguridad social y a la sustitución pensional, afirmó que el artículo 11 del Decreto 4433 de 2014 y el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, establecen como beneficiarios de la pensión de sobrevivientes de forma vitalicia al cónyuge, siempre y cuando tenga más de 30 años de edad y haya convivido no menos de 5 años consecutivos con el causante. A su vez, el artículo 12 del mencionado Decreto, dispone que se perderá la condición de beneficiario de dicha pensión, entre otras circunstancias, cuando el matrimonio sea declarado nulo(36).
Finalmente, se refirió al proceso de sucesión intestada promovido únicamente por la señora Emilse Ortiz Quiceno, aseverando que en caso que el bien (la casa de habitación del fallecido) haya sido adquirido antes de generarse la posible sociedad conyugal entre ella y el señor Germán Vanegas Cáceres se evidencia una vulneración a la ley en este proceso, pues en el “improbable caso, la señora Ortiz Quiceno sólo podría reclamar, no como heredero sino como socio, el mayor valor ganado por el inmueble en el exiguo periodo de la presunta sociedad conyugal o eventuales mejoras —cuya existencia se desconoce—”(37).
26.10. La Registraduría Municipal del Estado Civil de La Dorada, Caldas, envió copia del registro civil de nacimiento del menor Mauricio Castañeda Ortiz(38).
26.11. El grupo de prestaciones sociales del Ministerio de Defensa, informó que a través de la Resolución 7921 de octubre 31 de 2012, reconoció a favor de la señora Emilse Ortiz Quiceno, la sustitución pensional causada por el deceso del señor Germán Vanegas Cáceres, en un valor de $ 878.581. Adicionalmente, aseguró que el reconocimiento se hizo con base en el registro civil de matrimonio de fecha 16 de agosto de 2016, expedido por la Notaría Única de La Dorada, Caldas, en el que consta que los señores Germán Vanegas Cáceres y Emilse Ortiz Quiceno contrajeron matrimonio el 19 de marzo de 2011(39).
26.12. La señora Fanny Vanegas Cáceres mediante comunicación del 23 de septiembre de 2016, consideró que el concepto emitido por el Instituto Colombiano de Derecho Procesal es injusto y repite lo manifestado en la sentencia reprochada. Por el contrario, el concepto emitido por la Academia Colombiana de Jurisprudencia es emitido en derecho y corresponde a la realidad, por lo que solicita sea tenido en cuenta(40).
26.13. El Juzgado Primero Promiscuo de Familia, remitió la copia auténtica de los procesos de petición de herencia y de nulidad de matrimonio civil adelantados por la señora Fanny Vanegas Cáceres en contra de la ciudadana Emilse Ortiz Quiceno(41).
27. La Corte Constitucional es competente para revisar la decisión judicial mencionada, con base en la Constitución Política —artículos 86 y 241.9— y lo desarrollado en el Decreto 2591 de 1991 —artículos 31 a 36—, así como en virtud del auto del 14 de julio de 2016, expedido por la Sala de Selección de Tutela Número Siete de esta Corte, que decidió someter a revisión las decisiones adoptadas por los jueces de instancia.
33. Subsidiariedad: Sobre la base de lo dispuesto en los numerales 28 y 29 de esta providencia, la subsidiariedad se deriva del carácter excepcional, preferente y sumario que tiene la acción de tutela, el cual le impone al ciudadano la obligación de acudir a los mecanismos judiciales antes de invocar la protección de los derechos fundamentales a través de la tutela, salvo que de no invocarse se presente la ocurrencia de un perjuicio irremediable, el cual para ser tal exige que sea inminente, grave, que requiera medidas urgentes de protección y que la acción de tutela sea impostergable(42).
Frente a esta exigencia, es necesario establecer si el recurso de casación procede en los procesos de nulidad del matrimonio civil. Al respecto, el artículo 334 del Código General del Proceso (en adelante CGP) establece:
PAR.—Tratándose de asuntos relativos al estado civil sólo serán susceptibles de casación las sentencias sobre impugnación o reclamación de estado y la declaración de uniones maritales de hecho”.
De dicha norma se desprende que el recurso de casación procede contra las providencias de segunda instancia que hayan sido dictadas en procesos declarativos, salvo las relativas al estado civil que sólo “serán susceptibles de casación las sentencias sobre impugnación o reclamación de estado y la declaración de uniones maritales de hecho”, es decir, que los demás fallos que hayan sido dictados en procesos declarativos de familia y respecto del estado civil diferentes a las excepciones contemplados en el parágrafo del artículo 334 del Código General del Proceso, carecen de recurso de casación, de ahí que en procesos tales como los de nulidad del matrimonio civil o los de divorcio no procede dicho recurso.
En el presente caso, se observa que la acción de tutela fue interpuesta contra la decisión de segunda instancia proferida dentro de un proceso declarativo de nulidad del matrimonio civil. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 334 del Código General del Proceso, contra este tipo de sentencias no se puede interponer el recurso de casación, razón por la cual la Sala considera que se cumple con el requisito de subsidiariedad.
39. Legitimación por pasiva: La acción de tutela se dirige contra la Sala Civil, Familia del Tribunal Superior de Manizales, Caldas, autoridad pública que pertenece a la Rama Judicial del poder público(43).
41. Acorde con los fundamentos fácticos expuestos, le corresponde a la Sala Tercera de Revisión determinar si vulneró la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Manizales, Caldas, (sent. proferida ene. 28/2016), el derecho fundamental al debido proceso y el acceso a la administración de justicia de la señora Fanny Vanegas Cáceres al declarar que no cuenta con legitimidad en la causa para cuestionar la validez o existencia del matrimonio civil celebrado entre su hermano fallecido Germán Vanegas Cáceres y la señora Emilse Ortiz Quiceno.
43. La causal específica por violación directa de la Constitución se deriva del deber que le asiste a todas las autoridades de velar por el cumplimiento del mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta, según el cual “la Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales”.
44. Al respecto, la Sentencia T-094 de 2013 al referirse al defecto por violación directa de la Constitución manifestó que: “la supremacía de la Constitución dentro del sistema de fuentes determina que los operadores jurídicos, cuando quiera que se enfrenten a una norma legal o reglamentaria incompatible con una norma constitucional, deban siempre preferir la aplicación de esta última. Cuando las autoridades hacen prevalecer la Constitución como lo ordena el artículo 4º de la misma, evitan que sus mandatos sean modificados por normas de inferior jerarquía expedidos por funcionarios que no tienen competencias para ello. Los diversos mecanismos de control constitucional establecidos en nuestro ordenamiento, aun cuando con efectos distintos, están signados por el principio general de supremacía constitucional”(44).
46. Es así, que el defecto por violación directa de la Constitución se produce, entre otros, cuando “(a) en la solución del caso se dejó de interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad con el precedente constitucional, (b) se trata de un derecho fundamental de aplicación inmediata, y (c) el juez en sus resoluciones vulneró derechos fundamentales y no tuvo en cuenta el principio de interpretación conforme con la Constitución. En el segundo caso, el juez debe tener en cuenta en sus fallos, que con base en el artículo 4º de la Constitución Política, la Constitución es norma de normas y que en todo caso en que encuentre, deduzca o se le interpele sobre una norma que es incompatible con la Constitución, debe aplicar las disposiciones constitucionales con preferencia a las legales mediante el ejercicio de la excepción de inconstitucionalidad”(45).
47. El Preámbulo de la Carta Política fijó uno de los marcos mediante el cual dispuso que las autoridades estatales deben orientar sus actuaciones para lograr la observancia del valor de la justicia que debe ser asegurada a los colombianos. Dicho marco es el jurídico del cual se desprende la vital función que tienen a cargo las entidades y personas que en Colombia administran justicia(46) para garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes constitucionales(47).
49. La Constitución Política en el título VIII, que versa sobre la rama judicial, establece en el artículo 228 que “La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo”.
50. En concordancia con la disposición anterior, los artículos 229 de la Carta(48) y 2º de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia(49) consagran el derecho fundamental de toda persona a acceder a la justicia, cuyo contenido a continuación se analizará.
51. La administración de justicia es una función pública mediante la cual se pretende garantizar los fines esenciales del Estado, entre otros, velar por el respeto a la legalidad y la dignidad humana, asegurar la protección de los asociados en su vida, creencias, bienes y honra, promover la convivencia pacífica, garantizar el orden social, económico y político justo y demás derechos y libertades públicas. Al respecto, la Sentencia T-030 de 2005 manifestó:
“Conforme lo ha precisado esta corporación “el acceso a la administración de justicia implica, entonces, la posibilidad de que cualquier persona solicite a los jueces competentes la protección o el restablecimiento de los derechos que consagran la Constitución y la ley. Sin embargo, la función en comento no se entiende concluida con la simple solicitud o el planteamiento de las pretensiones procesales ante las respectivas instancias judiciales; por el contrario, el acceso a la administración de justicia debe ser efectivo, lo cual se logra cuando, dentro de determinadas circunstancias y con arreglo a la ley, el juez garantiza una igualdad a las partes, analiza las pruebas, llega a un libre convencimiento, aplica la Constitución y la ley y, si es el caso, proclama la vigencia y la realización de los derechos amenazados o vulnerados(50). Es dentro de este marco que la Corte Constitucional no ha vacilado en calificar al derecho a que hace alusión la norma que se revisa —que está contenido en los artículos 29 y 229 de la Carta Política— como uno de los derechos fundamentales(51), susceptible de protección jurídica inmediata a través de mecanismos como la acción de tutela prevista en el artículo 86 superior”(52).
53. Esto le impone a las autoridades públicas, quienes tienen el deber de garante de los derechos de los ciudadanos y además ejercen el poder coercitivo del Estado, garantizar la prerrogativa de la que gozan las personas, naturales o jurídicas, de exigir justicia. Las obligaciones de los Estados respecto de los ciudadanos, se pueden clasificar en: (i) realizar los derechos humanos; (ii) proteger y (iii) respetar, con base en dichas obligaciones se determinará el contenido del derecho fundamental a la administración de justicia(53).
54. Es así que “[f]acilitar el derecho a la administración de justicia conlleva la adopción de normas y medidas que garanticen que todas las personas, sin distinción, tengan la posibilidad de ser parte en un proceso y de utilizar los instrumentos que la normativa proporciona para formular sus pretensiones”(54).
55. En cumplimiento del deber establecido en el literal a del artículo 152 y de lo dispuesto en el artículo 228 de la Constitución, el legislador expidió la Ley 270 de 1996, Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, en la que en el artículo 1º dispuso que “la administración de justicia es la parte de la función pública que cumple el Estado encargada por la Constitución Política y la ley de hacer efectivos los derechos, obligaciones, garantías y libertades consagrados en ellas, con el fin de realizar la convivencia social y lograr y mantener la concordia nacional”.
56. Así mismo, esta ley en el título I, que versa sobre los principios de la administración de justicia, consagró el acceso a la justicia (art. 2º), la celeridad (art. 4º), la eficiencia (art. 7º) y el respeto de los derechos (art. 9º), entre otros, los cuales se constituyen en mandatos que deben ser observados por quienes administran justicia en cada caso particular.
57. De igual manera, la administración de justicia debe adoptar normas que garanticen (i) procedimientos, idóneos, adecuados y efectivos para la resolución de las pretensiones y excepciones debatidas; (ii) que las providencias judiciales protejan los derechos constitucionales conforme a lo dispuesto en la Carta y demás disposiciones legales aplicables; y (iii) que los procesos se desarrollen en un lapso razonable, sin dilaciones injustificadas y con observancia de las garantías propias del debido proceso(55).
58. Asimismo, el deber de tomar medidas implica la obligación de remover los obstáculos económicos para acceder a la justicia, crear la infraestructura necesaria para administrarla y asegurar la asequibilidad de los servicios del sistema de justicia a aquellos grupos de población en condiciones de vulnerabilidad(56). Aunado a lo anterior, la Sentencia C-037 de 1996, al analizar la constitucionalidad de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, manifestó:
Las consideraciones precedentes implican, en últimas, una tarea que requiere, como consecuencia de haber sido nuestro país consagrado en la Carta Política como un Estado social de derecho, un mayor dinamismo judicial, pues sin lugar a dudas es el juez el primer llamado a hacer valer el imperio de la Constitución y de la ley en beneficio de quienes, con razones justificadas, reclaman su protección. Así, entonces, la justicia ha pasado de ser un servicio público más, a convertirse en una verdadera función pública, como bien la define el artículo 228 del Estatuto Fundamental. Significa lo anterior que tanto en cabeza de los más altos tribunales como en la de cada uno de los juzgados de la República, en todas las instancias, radica una responsabilidad similar, cual es la de hacer realidad los propósitos que inspiran la Constitución en materia de justicia, y que se resumen en que el Estado debe asegurar su pronta y cumplida administración a todos los asociados; en otras palabras, que ésta no sea simple letra muerta sino una realidad viviente para todos”(57).
59. De otra parte, para lograr efectividad en el derecho a la administración de justicia se debe garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva, que comprende: “(i) la posibilidad de los ciudadanos de acudir y plantear un problema ante las autoridades judiciales, (ii) que éste sea resuelto y, (iii) que se cumpla de manera efectiva lo ordenado por el operador jurídico y se restablezcan los derechos lesionados”(58).
61. El matrimonio es definido en el artículo 113 del Código Civil(59) y tiene como objeto la unión solemne de un hombre y una mujer para fundar una nueva familia, vivir juntos, procrear, ayudarse y prestarse auxilio mutuo, cuyos efectos están establecidos en la ley y no pueden ser objeto de negociación para incluir o excluir obligaciones.
62. Acorde con lo establecido en el artículo 115 del Código Civil(60) son características esenciales del matrimonio el acto jurídico, por cuanto se trata de un acuerdo de voluntades encaminado a producir los efectos y obligaciones establecidos en la ley; la unión personal, debido a que crea un vínculo personal que modifica el estado civil de las personas; la singularidad, puesto que excluye la posibilidad que alguna de las partes sea plural y resulta incompatible con otro tipo de uniones para cualquiera de los contrayentes; y la forma solemne, por cuanto se trata de un contrato formal y solemne, que debe cumplir con las formalidades establecidas en la ley, que se contrae ante juez o notario mediante sentencia o escritura pública, y que refleja la manifestación expresa y recíproca de voluntades de quienes lo contraen.
63. El contrato de matrimonio deberá reunir los requisitos generales comunes a todo acto jurídico. Por lo cual y teniendo en cuenta lo preceptuado en el artículo 1502 del Código Civil, es necesario que los contrayentes del matrimonio civil (i) sean legalmente capaces, (ii) consientan en dicho acto o declaración y que su voluntad no adolezca de vicios, (iii) que recaiga sobre un objeto lícito y (iv) que tenga una causa lícita(61).
66. El matrimonio civil se perfecciona por “el libre y mutuo consentimiento de los cónyuges, expresado ante el funcionario competente” (C.C., art. 115), el cual deberá ser expresado de forma libre y personal por los contrayentes. Dicha disposición dispone que el “contrato de matrimonio se constituye y perfecciona por el libre y mutuo consentimiento de los contrayentes, expresado ante el funcionario competente, en la forma y con solemnidades y requisitos establecidos en este código, y no producirá efectos civiles y políticos, si en su celebración se contraviniere a tales formas, solemnidades y requisitos”(62).
En relación con el requisito del consentimiento, y de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 3º del artículo 140 del Código Civil, el matrimonio es nulo y sin efecto “cuando para celebrarlo haya faltado el consentimiento de alguno de los contrayentes o de ambos. La ley presume falta de consentimiento en quienes se haya impuesto interdicción judicial para el manejo de sus bienes. Pero los sordomudos, si pueden expresar con claridad su consentimiento por signos manifiestos, contraerán válidamente matrimonio”.
67. El objeto y la causa en el contrato nupcial debe ser entendido como la obligación recíproca de los contrayentes de conformar una familia. Acorde con lo establecido en el artículo 113 del Código Civil los contrayentes se unen con el fin de compartir techo, procrear(63) y prestarse auxilio mutuo.
Conforme a lo anterior, en materia de consentimiento matrimonial debe entenderse que el acuerdo de voluntades entre los contrayentes se encuentra dirigido al contenido del negocio matrimonial, el cual recae sobre los derechos y obligaciones propios de este contrato(64). Incluso algunos autores sostienen que el objeto y la causa en el contrato de matrimonio se confunden, puesto que ambos están orientados al cumplimiento de los fines matrimoniales(65).
El fenómeno de la simulación es una anomalía en el negocio jurídico, en el que las partes reflejan exteriormente la celebración de un contrato que no coincide con su voluntad real. Lo que ocurre en realidad, es que las partes celebran un trato con dos caras distintas, es decir, que hay dualidad de declaraciones pero no de contratos. Las declaraciones son “[l]a pública y la privada, una contraposición, no entre lo que se quiere y lo que se dice, sino entre dos expresiones igualmente queridas: una enmascarada u oculta, destinada a permanecer secreta, otra, que es el disfraz que se muestra al público, las dos, piezas integrantes de un solo mecanismo, ambas, de una misma entidad”(66).
“[l]a acción de simulación versa sobre un acto no verdadero sino fingido, que sólo sirve de cortina para ocultar una realidad jurídica distinta de la que él aparenta. Entonces, la finalidad de esta acción es la de hacer declarar la inexistencia o deformación del acto ostensible y la prevalencia del oculto o verdadero para que éste quede sometido a recibir el tratamiento y producir las consecuencias que legalmente le competen. La acción puede ser ejercida por las partes que intervinieron en el acto simulado, por sus herederos y por los acreedores del simulante que en apariencia ha sacado de su patrimonio un bien que realmente no ha salido de éste y que, por lo mismo, continúa haciendo parte de la prenda general en cuya conservación o consistencia tienen aquellos interés (C.C., art. 2488)”.
70. El matrimonio simulado o fraudulento también ha sido denominado como matrimonio de conveniencia, blanco, de complacencia, mariage blanc o sham marriage. Es aquel en el que los contrayentes aparentan contraer matrimonio y expresa o tácitamente lo acuerdan, con la intención fraudulenta de engañar a los demás, de no cumplir con los derechos y las obligaciones que del mismo se derivan y de no aceptar el cumplimiento de los fines. Dicho de otra manera, este tipo de matrimonios son negocios jurídicos simulados o aparentes, que suponen la celebración de un matrimonio ficticio, puesto que si bien, cumplen con las formalidades requeridas, los contrayentes no tienen la real intención de contraer el contrato nupcial(67).
71. La doctrina ha sostenido que este tipo de contratos se celebra, frecuentemente con el objeto principal de obtener beneficios, económicos, sociales o jurídicos, sin que entre los contrayentes exista un vínculo sentimental o se llegue a su consumación carnal(68). Este tipo de uniones, generalmente están precedidas por un valor acordado entre las partes y tienen como propósito algo muy diferente a los fines del contrato nupcial, es decir, supone que no existe voluntad de casarse y únicamente se pretende hacer aparecer ante terceros un matrimonio, a pesar de que la voluntad real no es proceder así. Este tipo de contratos, ha advertido un sector de la doctrina, es frecuente en países con una gran inmigración(69).
72. La doctrina española ha considerado que son indicios fuertes sobre la celebración del matrimonio fraudulento cuando: (a) los cónyuges son imprecisos al declarar sobre los datos académicos, profesionales, las circunstancias en las que se conocieron, número de hijos, y otros datos de carácter personal, familiar y sentimental; (b) hay ausencia de contribución adecuada a las responsabilidades que sobrevienen del matrimonio; (c) no hay vida común entre los contrayentes y se evidencia una superficialidad en la relación de pareja; (d) no tienen un idioma común a través del cual comunicarse; (e) los cónyuges no se conocían con anterioridad a la celebración del matrimonio; (f) alguno de los contrayentes tiene antecedentes en la celebración de matrimonios fraudulentos; (g) alguna de las partes ha pagado de manera previa una suma de dinero con el propósito que se celebre el matrimonio, excepto cuando el dote sea una práctica normal en alguno de los países de los contrayentes; (h) la diferencia notable de edad entre la pareja.(70)
Se ha señalado, refiriéndose a esta materia, que las autoridades competentes, deberán valorar las condiciones y motivaciones de cada una de las partes al momento de la celebración del contrato matrimonial y en los casos en los cuales corroboren que su celebración fue motivada únicamente por razones distintas a los fines del matrimonio establecidos en la ley, necesariamente procede declarar la inexistencia del vínculo nupcial. Las partes nunca tuvieron la voluntad ni otorgaron su consentimiento para asumir las obligaciones matrimoniales y cumplir con los derechos, y deberes propios de este contrato. Lo anterior, se traduce en la simulación del contrato matrimonial(71).
75. En ese sentido, cuando lo pretendido consista en declarar la simulación de un contrato matrimonial, estarán legitimados en la causa por activa los terceros con interés directo para pedirle al juez que mediante un proceso declarativo establezca la simulación del contrato matrimonial, y si se afirma que el acto es simulado —habrá de procederse en esa dirección. Para el efecto, podrá acudirse al trámite previsto en el artículo 368 del Código General del Proceso reza: “[s]e sujetará al trámite establecido en este capítulo todo asunto contencioso que no esté sometido a un trámite especial”.
79. El artículo 83 establece que “las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas”, esto supone, el deber y el asumir, que tanto las autoridades como los particulares actúan conforme al principio de buena fe. La Corte Constitucional, al indicar el alcance de este principio, ha anotado su función reguladora de las relaciones entre los particulares y el Estado y su función integradora en el ordenamiento(72). Al respecto, ha puesto de presente que el principio de buena fe “exige a los particulares y a las autoridades públicas ajustar sus comportamientos a una conducta honesta, leal y conforme con las actuaciones que podrían esperarse de una “persona correcta (vir bonus)(73), de tal suerte que se refiere a la “confianza, seguridad y credibilidad que otorga la palabra dada”(74). La presunción de buena fe es una presunción de hecho, no de derecho. Por lo tanto, admite prueba en contrario(75).
80. De otra parte, la Sentencia T-531 de 2010, al hablar de la prevalencia del derecho sustancial sobre las formalidades, aseveró que: “la observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio no puede servir al propósito de hacer que las ritualidades procesales se conviertan en un fin en sí mismas, pues la prevalencia del derecho sustancial impone que los procedimientos sirvan como medio para lograr la efectividad de los derechos subjetivos de las partes y demás intervinientes en los procesos”.
84. El artículo 1502 del Código Civil(76) dispone que “[p]ara que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de voluntad, es necesario: (…) 4º. que tenga una causa lícita”. A su vez, el artículo 1524 de la misma disposición legal(77) establece que “no puede haber obligación sin una causa real y lícita” prescribiendo, a su vez, que “[s]e entiende por causa el motivo que induce al acto o contrato; y por causa ilícita la prohibida por la ley, o contraria a las buenas costumbres o al orden público”. Para explicar la carencia de causa, señala como ejemplo, “la promesa de dar algo en pago de una deuda que no existe”, y de causa ilícita “la promesa de dar algo en recompensa de un crimen o de un hecho inmoral”. De lo anterior, se desprende que para la validez, existencia y eficacia de cualquier negocio jurídico exige que tenga una causa real y lícita. La causa, a juicio de la Corte, es entonces la función económico-social del acto o negocio jurídico de que se trate.
85. La causa, ha dicho la doctrina, busca atender a dos situaciones, (i) a la coercibilidad de la promesa, en la que se verifica “si hay una contraprestación, o un espíritu de beneficencia (revestido de solemnidad), o una entrega precedente que la justifique, lo que corresponde a un juicio descriptivo o de realidad, para un control judicial de legalidad”(78) y (ii) a la licitud de la promesa, que se refiere a un juicio de valor y de moralidad judicial.
En algunos casos, la causa se confunde con la definición del negocio jurídico, más aun, cuando tal definición contiene elementos que se refieren específicamente a la función económico-social del mismo(79). Respecto a la causa existen varias teorías que intentan resolver diferentes problemas prácticos. Dichas teorías son: ausencia de causa, causa ilícita, causa falsa, causa errada y causa putativa. Vale la pena detenerse en una breve referencia a las dos primeras(80).
“Acá ha de procurarse despejar la esencia del problema, mostrando cómo lo que allá falta no es `la causa´, entendida como algo distinto del acto mismo o un elemento suyo, sino el negocio en sí. Toda atribución patrimonial exige una justificación; la gente se obliga por algo, y ese motivo debe tener validez reconocida para que el derecho se ocupe de él, lo atienda y dote de efectos al acto que lo desarrolla. Donde esa justificación falla, no hay negocio. No es la causa, no es la voluntad, no es, en fin, el aspecto subjetivo en sus varias significaciones lo que falta, es la disposición misma concreta de intereses la que no aparece, porque no existe”(81).
87. El objeto de los actos jurídicos está regulado en los artículos 1502, numeral 3º(82) y 1517(83) y sucesivos del Código Civil. El objeto del contrato hace referencia a los derechos y obligaciones que crea y, a su vez, las obligaciones tienen un objeto que consiste en un hecho que el deudor se obliga hacer algo (ejecución) o abstenerse, es decir, que el objeto del contrato se encuentra conformado por los derechos y obligaciones que este crea, modifica o extingue. De lo anterior se desprende que el código designa “como objeto del contrato lo que en realidad es objeto de la obligación. Es precisamente a este criterio (su objeto) que las obligaciones se clasifican en de dar, hacer o no hacer”(84).
Lo que se entiende por “objeto del contrato” no es un asunto pacífico en la doctrina. Para algunos, consiste “en los derechos y obligaciones que este crea”, al paso que para otros, por ejemplo los hermanos Mazeaud, se trata de “la operación jurídica que las partes persiguen realizar” siendo las obligaciones del contrato el efecto que este produce(85). Con independencia de ello, esta fuera de toda duda que el objeto es un presupuesto de existencia del negocio jurídico.
El artículo 1518 incisos 1º y 2º del Código Civil(86) distingue los requisitos del objeto cuando recaen sobre una cosa material y cuando se trata de un hecho o abstención. El objeto en la primera hipótesis requiere que la cosa (i) sea comerciable, (ii) exista o vaya a existir, y (iii) sea determinada o determinable. Y cuando se trata de un hecho o abstención debe ser físicamente y moralmente posible.
89. Aceptar la declaratoria de simulación de un matrimonio, plantea dificultades conceptuales importantes. Sin embargo —con independencia de las soluciones jurídicas que el derecho comparado plantea—, para la Corte es claro que en atención a la estricta regulación que el Código Civil prevé respecto de los fines y los motivos del matrimonio, en aquellos casos en los que los presuntos contrayentes manifiestan externamente la celebración de un acto jurídico que por virtud de su propio acuerdo no pretenden llevar a efector realmente, la categoría que mejor explica la situación y que habrá de fundamentar la intervención judicial en caso de que así sea solicitado por quienes tengan interés directo en ello, es la simulación. Podrá declararse, afirma este tribunal, la prevalencia del acto real u oculto.
91. De acuerdo con lo expuesto en los antecedentes de esta providencia y con la evidencia probatoria que obra en el expediente, es posible concluir que: (i) al señor Germán Vanegas Cáceres mediante Resolución 3550 del 30 de septiembre de 1983, le fue reconocida la pensión de jubilación y se ordenó su pago a partir del 1º de septiembre de 1989(87); (ii) los señores Germán Vanegas Cáceres y Emilse Ortiz Quiceno se casaron el 19 de marzo de 2011; (iii) el señor Germán Vanegas Cáceres falleció el 14 de agosto de 2012, fecha en la que su hermana, la señora Fanny Vanegas Cáceres afirmó que se enteró del contrato nupcial, el cual se habría celebrado —según la accionante— con el propósito de que la contrayente le entregara la mesada pensional a la señora Fanny Vanegas y como contraprestación disfrutaría de los servicios médicos y de la totalidad de la pensión cuando se produjera el deceso de la actora; (iv) mediante Resolución 7921 del 31 de octubre de 2012, la dirección administrativa del Ministerio de Defensa, le reconoció a la señora Emilse Ortiz Quiceno, en calidad de esposa del causante la sustitución pensional, a partir del 14 de agosto de 2012(88); (v) la señora Emilse Ortiz Quiceno tramitó como única interesada el proceso de sucesión intestada del señor Germán Vanegas, el cual culminó con la sen(sic) Capriles Biermann, Bruno. El objeto de los actos jurídicos. Los contratos en el Derecho Privado. Ed. Legis y Universidad del Rosario. Pág. 140tencia(sic) 055 del 7 de julio de 2014, en favor de la señora Ortiz Quiceno, quien registró a su nombre la casa en la que habita la accionante ante la oficina de Registro de Instrumentos Públicos de la Dorada y la puso en venta; (vi) el 24 de febrero de 2015, la señora Fanny Vanegas Cáceres presentó demanda de petición de herencia, en contra de la señora Emilse Ortiz Quiceno y, mediante Sentencia 325 del 14 de octubre de 2015, la señora Fanny Vanegas Cáceres fue reconocida como heredera en tercer orden del señor Germán Vanegas adjudicándole el 50% del único bien objeto de sucesión.
En adición a ello (vii) el 30 de abril de 2015, la señora Fanny Vanegas Cáceres presentó demanda que denominó de nulidad de matrimonio civil en contra del contrato nupcial celebrado entre los señores Germán Vanegas Cáceres y Emilse Ortiz Quiceno el día 19 de marzo de 2011, por presunta causa ilícita en la celebración del contrato de matrimonio civil; (viii) en decisión de primera instancia se declaró la nulidad del matrimonio civil, y en segunda instancia, el 28 de enero de 2016, Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Manizales, revocó el fallo del a quo declarando próspera la excepción de falta de legitimación en la causa por activa, propuesta por la demandada; y (viii) el 10 de marzo de 2016, la señora Fanny Vanegas Cáceres interpuso acción de tutela en contra de la decisión proferida por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Manizales, en relación con el proceso de nulidad del matrimonio civil.
92. Como se evidenció en los numerales 43 a 46 de la Sección D de ésta providencia, ante el enfrentamiento entre la aplicación de norma legal o reglamentaria y la Constitución, siempre se le debe dar aplicación a esta última; esto por disposición expresa del artículo 4º Superior que establece que “la Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales”.
94. Los artículos 229 de la Carta y 2º de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, consagran el derecho fundamental de toda persona a acceder a la justicia, derecho que no sólo ampara la posibilidad de relatar los hechos y plantear las pretensiones ante las respectivas instancias judiciales, sino también la garantía de que la justicia impartida sea efectiva y material, “lo cual se logra cuando, dentro de determinadas circunstancias y con arreglo a la ley, el juez garantiza una igualdad a las partes, analiza las pruebas, llega a un libre convencimiento, aplica la Constitución y la ley”(89).
Al respecto, mediante apoderado la señora Fanny Vanegas Cáceres en la mencionada demanda aseveró que “[e]n el caso que nos ocupa, la causa y finalidad del matrimonio contraída entre la demandada Emilse Ortiz Quiceno y Germán Vanegas Cáceres, tuvo como causa y finalidad únicamente el aspecto económico producto de un fraude a la entidad que otorgó la pensión de vejez a Germán Cáceres, si bien por parte de éste era un acto altruista, pues la finalidad era propender por dejar asegurada la ayuda económica para la subsistencia de su hermana desvalida por problemas de salud y edad, en la mente de Emilse Ortiz Quiceno, sólo la guió el afán de obtener así fuera de forma fraudulenta un provecho económico, jamás tuvieron los supuestos contrayentes, en mente como causa y finalidad la conformación de una comunidad doméstica, la convivencia, la fidelidad, la ayuda mutua, mucho menos la cohabitación sexual y la procreación, como última ratio final la constitución de una familia, no solo entendida legalmente sino moralmente”.
Es cierto que las palabras de la demanda revisten enorme trascendencia en la delimitación del proceso. Sin embargo, no puede desconocerse que la Corte Suprema de Justicia en un sentido plenamente consistente con la Carta ha señalado que “cuando el lenguaje de la demanda, sin ser indescifrable por completo, no se ajusta a la claridad y precisión indispensables en tan delicada materia” (CLXXXVIII, 139), para “no sacrificar el derecho material en aras de un culto vano al formalismo procesal” (CCXXXIV, 234), “el juzgador está obligado a interpretarla en busca de su sentido genuino sin alterarlo ni sustituirlo, consultando la prevalencia del derecho sustancial, el acceso a la administración de justicia y la solución real de los conflictos”, realizando “un análisis serio, fundado y razonable de todos sus segmento”, “mediante su interpretación racional, lógica, sistemática e integral” (cas. civ. sent. ago. 27/2008, [SC-084-2008], exp. 11001-3103-022-1997-14171-01, énfasis de la Sala), “siempre en conjunto, porque la intención del actor está muchas veces contenida no sólo en la parte petitoria, sino también en los fundamentos de hecho y de derecho”, bastando “que ella aparezca claramente en el libelo, ya de una manera directa o expresa, ya por una interpretación lógica basada en todo el conjunto de la demanda” (XLIV, pág. 527; XIV, 488 y 833; LXI, 460; CXXXII, 241; CLXXVI, 182 y CCXXV, 2ª parte, 185)(90).
99.1. Es así, que la Sala al estudiar el contenido de la sentencia de primera instancia, proferida el 5 de noviembre de 2015, en audiencia pública por el Juzgado Primero Promiscuo de Familia se evidencia que al referirse a la legitimación en la causa, aseguró que, la demandante probó ser hermana del causante Germán Vanegas Cáceres, y fue reconocida como heredera en tercer orden del causante acorde con lo establecido en el artículo 1047 del Código Civil, por el Juzgado en sentencia general 325 del 14 de octubre de 2015, dentro del proceso de petición de herencia instaurado por la señora Fanny Vanegas Cáceres en contra de la señora Emilse Ortiz Quiceno, por lo tanto, encontró legitimada a la accionante para instaurar la demanda de nulidad de matrimonio civil. Por dicha razón, halló no probada la excepción propuesta por la demandada de falta de legitimación en la causa.
(b) Con respecto a la acción de nulidad de matrimonio civil, atendida la clasificación de subsanables y no subsanables de las causales que la origina, causales de procedencia taxativas conforme al artículo 16 de la Ley 57 de 1887, están legitimados en la causa por activa para invocar las primeras, es decir, las que tienen su fuente en los vicios del consentimiento, en la incapacidad de los contrayentes, en la incompetencia del funcionario que autoriza el matrimonio, conforme a los numerales 1º, 2º, 3º, 5º y 6º del artículo 140 del Código Civil, tienen legitimación las personas expresamente establecidas en los artículos 142 a 145 del Código Civil, tales, el contrayente que haya padecido el error, el padre, guardador o tutor del menor o este con asistencia de un curador, la persona que se hubiere inferido la fuerza causada, el miedo u obligado a consentir, y cuando se trata de las causales subsanables consagradas en los numerales 8º, 9º, 10, 11 y 12 del artículo 140 citado, lo están los cónyuges y cualquier persona que demuestre interés e incluso pueden declararse de oficio conforme al artículo 15 de la Ley 57 de 1887.
(c) En correspondencia con lo expuesto, la Sala anuncia que no tuvo razón el a quo en acceder a las pretensiones de la demandante, pues bien como lo refiere el recurrente, esta no tenía legitimación en la causa para alegar la nulidad matrimonial deprecada, habida cuenta que invoco para ese efecto “causa ilícita en la celebración de contrato solemne de matrimonio civil” y el fundamento en la que sustento “que los contrayentes no tenían en mente cumplir con los preceptos señalados en el artículo 113 del Código Civil”, esta no está consagrada para lograr la declaratoria de esa institución, pues taxativamente no se erige como causal subsanable ni insubsanable.
(ii) El juez de primer grado accedió a las pretensiones de la demanda, fincado solamente en que la unión matrimonial entre Germán y Emilse, no se cumplió con la finalidad prevista en el artículo 113 del Código Civil, cohabitación, procreación, socorro, cuando tal circunstancia no es configurativa de ninguna de las causales de nulidad de matrimonio. Eventualmente, del incumplimiento de los deberes conyugales cuya controversia, por demás, no era del resorte de este proceso. Aspecto que le impedía a la proponente incoar la institución deprecada, pues ello implicaría que terceros ajenos al contrato matrimonial pudieran demandar su validez, por razones que, incluso sólo pueden ser ventiladas por los contrayentes en tramites como el divorcio o la separación de cuerpos.
(iii) A lo anterior cabe añadir, que si en algún momento tratara de identificarse los supuestos esgrimidos por la demandante con alguna de las causales de nulidad insubsanables previstas en el artículo 140 del Código Civil que sería la única circunstancia, en que incluso, puestas en conocimiento del juez este pudiera declararla de oficio, lo cierto es, que los supuestos facticos planteados en la demanda no apuntan a ninguna de las consagradas en los numerales 8º, 9º, 10 y 11 ya citados. Pues una vez, examinados los argumentos expuestos, lo último que puede colegirse es que aquellas se presenten en este caso, pues no se encuentra la existencia de un vínculo matrimonial anterior vigente en uno de los consortes, parentescos entre los mismos en la línea y grado determinado en la referida normativa, ni la perpetración de un conyugicidio. Por lo demás, de las subsanables, tampoco se encuentra su configuración y de allá las acreditadas, la hermana del contrayente fallecido no estaría legitimada para alegarlas.
(iv) Que la mayoría de los testigos, los señores Mercedes Guarnizo de Wilchez, Beatriz López, José Escobar, Mariano Delia Penagos, María del Socorro Sánchez, Adriana Montealegre y Gloria Eniz Bojacá, hubieran afirmado que nunca conocieron que el causante Germán Vargas Cáceres se hubiera casado, que no tuvieron ni idea de la existencia de una esposa o compañera, y que la razón del matrimonio civil con la demandada solo se limitó a un presunto acuerdo económico por la sustitución pensional que recibiría después de su muerte, que entre otras, debía destinarse para la manutención de la demandante, como lo refirió específicamente el señor Rubén Darío Correa Marulanda, quien refirió ser amigo desde cuyos e incluso lo represento en el matrimonio del que es objeto el proceso, no son supuestos de los que se pueda colegir alguna de las causales de nulidad del matrimonio civil. Las razones que pudieron derivar la realización de las nupcias y el incumplimiento de los deberes conyugales, se reitera, no son causas que se encuentren establecidas para invalidarlo.
(v) Desconoció el a quo el principio según el cual “no hay nulidad sin texto legal” y que por ende habiendo la demandante invocado una nulidad que expresamente no estaba consagrada para lograr la invalidez de un matrimonio civil, reiteramos, “causa ilícita en la celebración de contrato solemne de matrimonio civil” no tenía legitimación en la causa para interponer la acción que aquí se revisa. Erró en ultimas el juzgador en acceder a las pretensiones de la demanda, pues hizo extensivas las causales de nulidad del matrimonio que son de aplicación restrictiva a un supuesto que no estaba establecido para ese efecto en la normativa vigente como tal.
Conclusión: conforme con lo expuesto, ante la ausencia de legitimación en la causa de la demandante para solicitar la declaratoria de la nulidad impetrada y la inexistencia en la causal alegada, presupuestos indispensables para la prosperidad de la pretensión y que obliga, no podía tener éxito la deprecada en la demanda, razón por la cual, la sentencia de primer grado debe ser revocada con la consiguiente condena en costas en ambas instancias a favor de la demandada y a cargo de la demandante advertida la prosperidad del recurso”.
106. Finalmente, la Sala encuentra que de acuerdo con lo dispuesto en el literal d) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes “a falta de cónyuge, compañero o compañera permanente, padres e hijos con derecho, serán beneficiarios los hermanos inválidos del causante si dependían económicamente de éste” (resaltado fuera de texto). En la hipótesis de que se llegare a declarar judicialmente la inexistencia por simulación del matrimonio civil celebrado el 19 de marzo de 2011 entre los señores Germán Vanegas Cáceres y Emilse Ortiz Quiceno, el juez de conocimiento deberá remitir de inmediato la providencia correspondiente al Grupo de Prestaciones Sociales del Ministerio de Defensa o quien haga sus veces, a efectos de establecer el derecho que le corresponda. En ese hipotético evento, la señora Fanny Vanegas Cáceres deberá obtener la correspondiente calificación de invalidez y podrá solicitar el derecho pensional que le correspondería.
107. El 30 de abril de 2015, la señora Fanny Vanegas Cáceres interpuso demanda que denominó de “nulidad de matrimonio civil” en contra del contrato nupcial celebrado entre los señores Germán Vanegas Cáceres (su hermano) y Emilse Ortiz Quiceno el día 19 de marzo de 2011, al considerar que la celebración del mismo correspondió a una presunta causa ilícita que la afectaba de manera directa a ella. En decisión de primera instancia del mencionado proceso se declaró la nulidad del matrimonio civil, y en segunda instancia, el 28 de enero de 2016, Sala Civil - Familia del Tribunal Superior de Manizales, revocó el fallo del a-quo declarando prospera la excepción de falta de legitimación en la causa por activa, propuesta por la demandada.
(a) La jurisprudencia constitucional ha identificado que se vulnera el derecho fundamental al debido proceso por violación directa de la Constitución cuando ante el enfrentamiento entre la aplicación de norma legal o reglamentaria y la Constitución, se omite darle aplicación a esta última. Por el contrario, el operador judicial debe tener en cuenta el mandato expreso del artículo 4º Superior que establece que “la Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales”.
1. REVOCAR el fallo del 11 de mayo de 2016, proferido por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que a su vez, confirmó la providencia del 31 de marzo de 2016, de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, que negó el amparo solicitado y, en su lugar TUTELAR el derecho fundamental al debido proceso de la señora Fanny Vanegas Cáceres.
2. DECLARAR la nulidad de todas las actuaciones surtidas en el proceso de nulidad de matrimonio civil, incluido el auto admisorio de la demanda, proferido el 20 de mayo de 2015 por el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de La Dorada, Caldas.
3. Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR al Juzgado Primero Promiscuo de Familia de La Dorada, Caldas, que rehaga la actuación a partir de la providencia referida y, en particular, disponga que la cuestión planteada en la demanda se refiere a la eventual simulación del contrato de matrimonio.
4. Con el fin de proteger los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de los sujetos procesales, ORDENAR al Juzgado Primero Promiscuo de Familia de La Dorada, Caldas, que se mantengan las pruebas recaudadas tanto en el expediente de nulidad de matrimonio civil como en la presente acción de tutela, para que obren en el proceso correspondiente.
5. ORDENAR al Juzgado Primero Promiscuo de Familia de La Dorada, Caldas, darle un trámite preferente al proceso de simulación de matrimonio.
Magistrados: Alejandro Linares Cantillo—Gabriel Eduardo Mendoza Martelo—Gloria Stella Ortiz Delgado, con salvamento de voto.
1 Cédula de ciudadanía de la señora Fanny Vanegas Cáceres, con fecha de nacimiento del 24 de diciembre de 1938. Folio 16, cuaderno 1.
2 Registro civil de defunción. Folio 33, cuaderno 1.
3 Cédula de ciudadanía de la señora Emilse Ortiz Quiceno, con fecha de nacimiento del 23 de octubre de 1979. Folio 16, cuaderno 1.
4 Contrato de matrimonio civil del 19 de marzo de 2011. Folio 40, cuaderno 1.
Poder otorgado al señor Darío Correa Marulanda para celebrar contrato de matrimonio civil. Folio 47, cuaderno 1.
5 Registro civil de matrimonio. Folio 32, cuaderno 1.
6 Manifestación realizada en la demanda de tutela. Folio 3, cuaderno 1.
7 Manifestación realizada en la demanda de tutela. Folio 3, cuaderno 1.
8 Demanda de proceso de sucesión intestada, interpuesto por la señora Emilse Ortiz Quiceno. Folio 111, cuaderno 1.
9 Sentencia 055 del 7 de julio de 2014. Folio 143, cuaderno 1.
10 Registro de Instrumentos Públicos de la Dorada. Folio 38 y 169, cuaderno 1.
11 Demanda de petición de herencia. Folio 175 al 178, cuaderno 1.
12 Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de la Dorada. Certificado de tradición de matrícula inmobiliaria. Folio 39, cuaderno 1.
— Auto interlocutorio civil: 0427 del 20 de mayo de 2015, en el que se ordena la medida cautelar. Folio 63, cuaderno 1.
13 Sentencia 325 del 14 de octubre de 2015. Folio 203 al 212, cuaderno 1.
14 Demanda de nulidad de matrimonio civil. Folio 52 al 61, cuaderno 1.
15 Diligencia de audiencia del 5 de noviembre de 2015, mediante la cual no se declaró probada la excepción propuesta por la demandada, denominada falta de legitimación en la causa. Folio 216 y 217, cuaderno 1.
16 Manifestación realizada en la demanda de tutela. Folio 5 y 6, cuaderno 1.
17 Manifestación realizada en la demanda de tutela. Folio 6, cuaderno 1. Además anexo un CD en el que consta la sentencia del 5 de noviembre de 2015.
18 Acta de audiencia pública oral, de la Sala Civil - Familia del Tribunal Superior de Manizales. Folio 25 a 27, cuaderno 1.
19 Manifestación realizada en la demanda de tutela. Folio 7, cuaderno 1.
20 Manifestación realizada en la demanda de tutela. Folio 8, cuaderno 1.
21 Manifestación realizada en la demanda de tutela. Folio 9, cuaderno 1.
22 Respuesta dela Notaria Única de la Dorada, Caldas (cdno. 1, fl. 241).
23 Respuesta de la Sala Civil - Familia, del Tribunal Superior de Manizales (cdno. 1, fl. 243). Adicionalmente, envío un CD con la decisión, sin embargo, éste no está en el expediente.
24 Cuaderno 1, folio 252.
25 Impugnación (cdno. 1, fl. 271).
26 Oficio del 27 de julio de 2016 de la Secretaría General de la Corte Constitucional (cdno. ppal., fl. 428 y 249).
27 El 5 de septiembre de 2016, fue recibida la respuesta del Juzgado Cuarto Promiscuo Municipal de La Dorada, Caldas (cdno. ppal., fl. 91).
28 El 5 de septiembre de 2016, fue recibida la respuesta de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de La Dorada, Caldas (cdno. ppal., fl. 104).
29 El 6 de septiembre de 2016, fue recibida la respuesta de la Notaria Única de La Dorada, Caldas (cdno. ppal., fl. 99).
30 El 6 de septiembre de 2016, fue recibida la respuesta de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares CREMIL (cdno. ppal., fl. 194).
31 El 8 de septiembre de 2016, fue recibida la respuesta de la Registraduría Nacional del Estado Civil en la que se adjuntó el registro civil de nacimiento del menor Mauricio Castañeda Ortiz (cdno. ppal., fl. 93).
32 El 9 de septiembre de 2016, fue recibido el concepto del Instituto Colombiano de Derecho Procesal (cdno. ppal., fl. 210).
33 El 9 de septiembre de 2016, fue recibida la respuesta de la señora Fanny Vanegas Cáceres (cdno. ppal., fl. 111).
34 El 21 de septiembre de 2016, fue recibido el concepto de la Academia Colombiana de Jurisprudencia suscrito por el señor Carlos Fradique - Méndez (cdno. ppal., fl. 219).
35 Afirmación realizada por la Academia Colombiana de Jurisprudencia (cdno. ppal., fl. 223).
36 El 22 de septiembre de 2016, fue recibido el concepto de la Academia Colombiana de Jurisprudencia suscrito por el señor Rafael Forero Contreras (cdno. ppal., fl. 235).
37 Afirmación realizada por la Academia Colombiana de Jurisprudencia (cdno. ppal., fl. 239).
38 El 19 de septiembre de 2016, fue recibida la respuesta de la Registraduría Municipal del Estado Civil de La Dorada (cdno. ppal., fl. 101).
39 El 21 de septiembre de 2016, fue presentada la respuesta del Grupo de Prestaciones Sociales del Ministerio de Defensa (cdno. ppal., fl. 26).
40 El 23 de septiembre de 2016, la señora Fanny Vanegas Cáceres envío comunicación en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 64 del Acuerdo 02 de 2015 (cdno. ppal., fl. 69 y 70).
41 El 10 de octubre de 2016, fue recibido la copia autentica de los procesos de petición de herencia y de nulidad de matrimonio civil, adelantados por la señora Fanny Vanegas Cáceres en contra de la ciudadana Emilse Ortiz Quiceno (cdno. de pbas.).
42 Ver, entre otras, Sentencia T-547 de 2011.
43 Constitución Política de Colombia, artículo 86 y el Decreto 2591 de 1991.
44 Sentencia C-069 de 1995.
45 Sentencias T-209 de 2015 y T-071 de 2012.
46 Artículo 116 de la Constitución Política.
47 Artículo 2º de la Constitución Política.
48 “ART. 229.—Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de abogado”.
49 Ley 270 de 1996. “ART. 2º—Acceso a la justicia. El Estado garantiza el acceso de todos los asociados a la administración de justicia. Será de su cargo el amparo de pobreza y el servicio de defensoría pública. En cada municipio habrá como mínimo un defensor público”.
50 Cfr. Corte Constitucional. Sala de Revisión Nº 5. Sentencia T-173 del 4 de mayo de 1993, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
51 Cfr. Corte Constitucional. Sentencias T-006 de 1992, T-597 de 1992, T-348 de 1993, T-236 de 1993, T-275 de 1993 y T-004 de 1995, entre otras.
52 Corte Constitucional. C-037 de 1996.
53 Sentencia T-283 de 2013.
55 Sentencia T-283 de 2013.
56 La Sentencia T-283 de 2013 manifestó: “Esto se logra, por ejemplo, con el acercamiento de los servicios del sistema de justicia a las personas que se encuentran en lugares geográficamente lejanos o con especiales dificultades de comunicación. Otro ejemplo es la ubicación de los tribunales en edificios que permitan el ingreso de las personas en condición de discapacidad”.
57 Esto ha sido reiterado, entre otras sentencias, en la SU-768 de 2014, T-1165 de 2003 y C-242 de 1997.
58 Sentencia T-283 de 2013, también se pueden consultar las sentencias T-553 de 1995, T-406 de 2002, y T-1051 de 2002.
59 ART. 113.—El matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, de procrear y de auxiliarse mutuamente.
60 “ART. 115.—Constitución y perfección del matrimonio. El contrato de matrimonio se constituye y perfecciona por el libre y mutuo consentimiento de los contrayentes, expresado ante el funcionario competente, en la forma y con solemnidades y requisitos establecidos en este Código, y no producirá efectos civiles y políticos, si en su celebración se contraviniere a tales formas, solemnidades y requisitos.
61 “ART. 1502.—Requisitos para obligarse. Para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de voluntad, es necesario:
62 Ver los autores de derecho de familia Medina Pabón, Juan Enrique, Derecho Civil. Derecho de familia. Tercera Edición, Edit. Universidad del Rosario; Monroy Cabra, Marco Gerardo. Derecho de familia y de menores. Edit. Librería Ediciones del Profesional Ltda.; Valencia Zea, Arturo y Ortiz Monsalve, Álvaro. Derecho civil, parte general y personas, Edit. Temis. Y Parra Benítez, Jorge. Derecho de Familia. Edit. Temis, pág. 117.
63 En cuanto a la procreación inicialmente se tenía como una consecuencia natural, sin embargo, con los mecanismos para decidir de manera responsable el número de hijos, se promueve como una decisión consciente de la pareja en la que es posible no tener hijos. Al respecto puede consultar el texto de. Medina Pabón, Juan Enrique, Derecho Civil. Derecho de Familia. Tercera Edición, Edit. Universidad del Rosario, pág. 65.
64 La Sentencia C-577 de 2011, aseveró que de la celebración del contrato de matrimonio surgen las obligaciones de (i) “guardarse fe, socorrerse y ayudarse mutuamente”; (ii) surge también la dirección conjunta del hogar, la cual deberá ser ejercida por uno de los contrayentes a falta o por imposibilidad del otro, y sus desacuerdos podrán ser dirimidos ante juez; (iii) surge la obligación de vivir juntos, a no ser que exista justificación para lo contrario, y el deber de recibirse mutuamente en sus casas; (iv) surge el deber de fijar un lugar de residencia, que en caso de desacuerdo será fijado por el juez y finalmente (v) surge el deber de sufragar las necesidades ordinarias domésticas de acuerdo a la capacidades.
65 Parra Benítez, Jorge. Derecho de Familia. Edit. Temis, pág. 117.
66 Hinestrosa Fernando. Tratado de las Obligaciones II. De las fuentes de las obligaciones: El negocio jurídico. Vol. II. Ed. U. Externado. 2015, pág. 564.
67 Pérez Vallejo, A. M. (2006) Visite: www.dialnet.unirioja.es “Notas sobre la ineficacia que deriva de la nulidad de los matrimonios de complacencia. Recuperado en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2151881
Ortega Giménez, A. (2014) Visite: www.scielo.org.bo “España: El problema de los denominados “matrimonios de conveniencia”. Recuperado de: http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttextπd=S2070-81572014000100005
68 La celebración de dichos contratos matrimoniales, generalmente corresponde a la adquisición rápida de beneficios tales como, la nacionalidad o el permiso de residencia en un país, beneficios de seguridad social (afiliación al sistema de salud y pensiones), permiso para trabajar, entre otros.
69 Ortega Giménez, A. (2014) Visite: www.scielo.org.bo “España: El problema de los denominados “matrimonios de conveniencia”. Recuperado de: http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttextπd=S2070-81572014000100005
70 Ortega Giménez, A. (2014) Visite: www.scielo.org.bo “España: El problema de los denominados “matrimonios de conveniencia”. Recuperado de: http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttextπd=S2070-81572014000100005
71 Pérez Vallejo, A. M. (2006) Visite: www.dialnet.unirioja.es “Notas sobre la ineficacia que deriva de la nulidad de los matrimonios de complacencia. Recuperado en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2151881
72 Sentencias C-071 de 2004 y C-1194 de 2008.
73 Sentencia T-475 de 1992.
74 Sentencia T-475 de 1992.
75 Sentencias C-071 de 2004, C-1194 de 2008 y C-551 de 2015.
76 ART. 1502.—Requisitos para obligarse. Para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de voluntad, es necesario:
77 ART. 1524.—Causa de las obligaciones. No puede haber obligación sin una causa real y lícita; pero no es necesario expresarla. La pura liberalidad o beneficencia es causa suficiente.
78 Hinestrosa Fernando. Tratado de las Obligaciones II. De las fuentes de las obligaciones: El negocio jurídico. Vol. II. Ed. U. Externado. 2015, pág. 37.
79 Hinestrosa Fernando. Tratado de las Obligaciones II. De las fuentes de las obligaciones: El negocio jurídico. Vol. II. Ed. U. Externado. 2015, pág. 76.
80 Hinestrosa Fernando. Tratado de las Obligaciones II. De las fuentes de las obligaciones: El negocio jurídico. Vol. II. Ed. U. Externado. 2015, pág. 76.
81 Hinestrosa, Fernando. Tratado de las Obligaciones II. De las fuentes de las obligaciones: El negocio jurídico. Vol. II. Ed. U. Externado. 2015, pág. 79.
82 ART. 1502.—Requisitos para obligarse. Para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de voluntad, es necesario:
83 ART. 1517.—Objeto de la declaración de voluntad. Toda declaración de voluntad debe tener por objeto una o más cosas, que se trata de dar, hacer o no hacer. El mero uso de la cosa o su tenencia puede ser objeto de la declaración.
84 Capriles Biermann, Bruno. El objeto de los actos jurídicos. Los contratos en el Derecho Privado. Ed. Legis y Universidad del Rosario, pág. 140.
85 Capriles Biermann, Bruno. El objeto de los actos jurídicos. Los contratos en el Derecho Privado. Ed. Legis y Universidad del Rosario, pág. 140 a 143.
86 ART. 1518.—Requisitos de los objetos de las obligaciones. No sólo las cosas que existen pueden ser objeto de una declaración de voluntad, sino las que se espera que existan; pero es menester que las unas y las otras sean comerciales y que estén determinadas, a lo menos, en cuanto a su género.
87 Resolución 7921 del 31 de octubre de 2012 (cdno. ppal., fl. 55).
88 Resolución 7921 del 31 de octubre de 2012 (cdno. ppal., fl. 55).
89 Sentencia T-173 de 1993.
90 Corte Suprema de Justicia, del seis (6) de mayo de dos mil nueve (2009), expediente 11001-3103-032-2002-00083-01.