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Timestamp: 2020-01-27 00:27:54
Document Index: 342034552

Matched Legal Cases: ['Artículo 2', 'Artículo 2', 'artículo 19', 'Artículo 69', 'Artículo 5', 'Artículo 69', 'Artículo 4', 'Artículo 5']

Informe final de estudio sobre la legislación de nicaragua y la cedr
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II.- CONSIDERACIONES PRELIMINARES.
III.-COMENTARIOS AL INFORME DE 1995
Pueblos indígenas existentes en las regiones del pacífico, entro y norte de Nicaragua.
Aproximación de la población indígena actual en Nicaragua Pueblo indígena Origen etnolingüística Población
III.-VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE LA CONVENCIÓN. Artículo 2.
No Exp. Nombre del Juicio. Partes en el Juicio Juzgado
El Informe de Desarrollo Humano del PNUD en el año 2005 en Nicaragua, expone las siguientes consideraciones .
CONSEJO REGIONAL DE PUEBLOS INDÍGENAS DE LA REGIÓN CENTRAL
COORDINADORA DIRIANGEN
INFORME ALTERNATIVO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓNN RACIAL, POR PARTE DEL ESTADO DE NICARAGUA.
El Estado de Nicaragua, es suscriptor de Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, la que fue ratificada por el Parlamento Nacional el 09 de Enero de 1978 y publicada en La Gaceta No. 26 del 02 de Febrero de 1978
Las obligaciones del Estado de Nicaragua en el cumplimiento de las disposiciones de la CIEDR, no han sido debidamente informadas al Comité sobre Eliminación de la Discriminación Racial, tanto en la forma como en el fondo, los informes han sido insuficientes.
Las organizaciones no gubernamentales que representan o inciden en los sectores sociales cobijados por la Convención, no han participado nunca en la elaboración ni en la presentación de informes al Comité, razón por la cual en esta oportunidad la Coordinadora Diriangén que aglutina a los Pueblos Indígenas de la Región Central de Nicaragua, ha elaborado un informe alternativo que aporte información adicional al Comité y contribuya a una revisión mas efectiva de la situación del cumplimiento de la CIEDR por parte del Estado nicaragüense.
En vista de que el Estado de Nicaragua, no presentó informe para este año, hemos estructurado el presente informe en dos partes. La primera parte se refiere a comentar y aclarar la información presentada por el Estado en 1995 y la segunda, se refiere a la situación actual del cumplimiento de la Convención.
Deseamos presentar como consideraciones previas al abordaje del tema, la diferenciación particular entre los pueblos indígenas de la Costa Atlántica y los del pacífico, centro y norte, como criterios que consideramos fundamentales a tener en cuenta para poder analizar objetivamente la situación de los pueblos indígenas de Nicaragua.
No se puede abordar la situación indígena en Nicaragua sin considerar las particularidades de las regiones del país, ya que existen dos realidades, la del Atlántico y la del Pacífico, estos últimos reclaman por sentirse discriminados entre los discriminados. Se diferencian por su historia, por su tradición, por su ubicación geográfica, por el desarrollo social y por su situación jurídica, lo cual obliga a remitirse a sus especificidades.1
Las razones de estas dos realidades, habría que buscarlas en la historia. Desde sus orígenes nuestros pueblos indígenas tienen sus diferencias, los del atlántico provienen del sur, descendientes del tronco Macro Chibcha los Miskitos , Sumo Mayagnas y Ramas, y del Norte los del pacífico , Nahuas, Chorotegas , Matagalpa-Cacaoperas y Maribios- Ocan Xiu. Con el proceso de conquista iniciado en mil quinientos veintidós, en Nicaragua comienza a gestarse esta doble realidad en lo político y jurídico con la llegada de los colonizadores españoles encabezados por Gil Gonzáles de Ávila y dos años después por Francisco Hernández de Córdoba que fundó las ciudades de León y Granada, mientras en el Atlántico los ingleses hicieron presencia en el año 1633 a través de los protestantes puritanos quienes organizaron con los indígenas del cabo Gracias a Dios en el extremo norte de la Costa el intercambio de manufacturas europeas por materias primas, luego se establecieron sobre las márgenes del río Coco , sembrando caña de azúcar , cacao , algodón y comenzaron a explotar la madera 2 , posteriormente Guillermo Pitt , natural de la Isla Bermuda perteneciente a Gran Bretaña 3 hizo presencia en nombre de la Corona Inglesa.
El proceso de colonización desarrollado por los ingleses fue muy diferente al de los españoles en el pacifico. Los españoles vinieron con un proceso integracionista dirigido a desconocer la costumbre, la realidad, la identidad cultural de pueblos indígenas y a imponerles la cultura española. En el Atlántico por otras realidades también históricas, se permitió que los pueblos indígenas de esas regiones mantuvieran su identidad y su cultura y así lograron conservar su idioma, sus costumbres, sus instituciones sociales y la posesión de sus territorios.
Del proceso de conquista desarrollado por ambas potencias, pesan los efectos aún en pleno siglo XXI, constituyendo una de las causa principales de las diferencias que aún no permiten un entendimiento efectivo en la Nicaragua de hoy. En el pacífico se observó un proceso de desconocimiento total a los derechos indígenas y en el Atlántico los ingleses promovieron (por intereses estratégicos) una especie de política de alianza para enfrentar el poder colonial español en el pacífico. En alguna medida eso fue una suerte para los indígenas del Atlántico que les permitió conservar , todos los elementos de su identidad y a la vez la posesión de sus territorios, lo que quedó oficializado en instrumentos jurídicos que la República tuvo que adoptar para poder extender su soberanía en el Atlántico.
Ente los instrumentos jurídicos , mencionados anteriormente destacan los siguientes: Tratado Zeledón Wyke conocido como Tratado de Managua, suscrito entre Nicaragua representada por el Doctor Pedro Zeledón e Inglaterra representada por Ministro Plenipotenciario Charles Lennox Wike el 28 de enero de 1860 4 por el que Inglaterra reconoció a Nicaragua , la Soberanía sobre la Mosquitia, el Decreto Legislativo del 28 de febrero de 1895 por el cual la Asamblea Nacional Legislativa aprobó el Decreto de la Convención Mosquita y el Tratado Harrison Altamirano firmado el 19 de abril de 1905 5, con el cual se ratificó la Soberanía de Nicaragua sobre la antigua Reserva de la Mosquitia y se reconocen derechos fundamentales y privilegios especiales para los pueblos indígenas y criollos .
En el pacífico después de una tenaz y sostenida resistencia, las comunidades indígenas lograron concertar, con las autoridades coloniales, el reconocimiento dentro del marco legal establecido, a sus territorios y su organización social. Después de pagar por el reconocimiento de sus tierras, los pueblos indígenas obtuvieron en el siglo diecisiete lo que los llaman, títulos reales, otorgador por el Rey de España, para reconocerles el dominio de sus territorios, estableciendo en dichos títulos el carácter imprescriptible del dominio sobre las tierras. Además de sus territorios, la Corona española reconoció a sus instituciones y su sistema jurídico para establecer su propio gobierno.
La Recopilación de Leyes de Indias de 1680 Ley 14 del libro IV Título XII establecía que: “ a los indios se les dejen con sobra todas las que les pertenecieren , así en particular como en Comunidades, y las aguas , y riegos ; y las tierras en que hubieren hecho acequias y otro cualquier beneficio que por industria personal suya se hayan fertilizado , se reserven en primer lugar y por ningún caso se les pueda vender ni enajenar “.
En la misma recopilación de 1680, se estableció:
“ Que en las reducciones haya Alcaldes y Regidores indios. Ordenamos que en cada pueblo y reducción, haya un Alcalde indio de la misma reducción; y si pasare de ochenta casas, dos Alcaldes y dos Regidores también de indios, y aunque el pueblo sea muy grande, no haya mas de dos Alcaldes y cuatro regidores, y si fuere de menos de ochenta casas y llegare a cuarenta, no mas de un Alcalde y dos Regidores, los cuales han de elegir por un año a otros, como se practica en los pueblos de españoles e indios en presencia de los curas.”
“ Se guarden las leyes que los indios tenían antiguamente para su govierno, y las que fe hizieren de nuevo. Ordenamos y mandamos, que las leyes y buenas costumbres, que antiguamente tenían los indios para su buen govierno y policía, y sus usos y costumbres observadas y guardadas después que fon cristianos…se guarden y ejecuten”6
No obstante lo anterior, con el establecimiento del Estado Republicano que los indígenas, crearon, se estableció un régimen jurídico, que durante todo el siglo XIX desconoció sus derechos fundamentales y cuando se promulgaron leyes fue para despojarles de sus tierras y desaparecer sus instituciones. 7 Fue en el siglo XX, con la ley del 3 de junio de 1914 que se reconoció y se protegió el derecho de propiedad comunal, lo que fue reafirmado por la ley del 20 de junio de 1935, sin embargo a la par de este reconocimiento al derecho de propiedad, se estableció un sistema de regulación de los pueblos indígenas, concebido para someter a sus instituciones y ser intervenidas por el Estado, de manera que no puedan actuar con plena libertad para el ejercicio de sus derechos.
Esta situación en términos jurídicos ha sido superada para los pueblos indígenas de la costa caribe a través de las leyes de Autonomía y su reglamento mas la ley 445 ley de demarcación territorial de la propiedad comunal, pero se mantiene vigente para los pueblos de las regiones del pacífico, centro y norte del país.
III.-COMENTARIOS AL INFORME DE 1995:
El Estado de Nicaragua informó que en las regiones del Pacífico, Centro y Norte, no existen pueblos indígenas por que estos se han asimilado. Aunque hay otros aspectos en los cuales no se está de acuerdo, los comentarios se van a limitar a este punto, puesto que en la segunda parte de este informe, expondremos la situación actual que incluye los comentarios que tendríamos que hacer al informe anterior.
La posición del Estado de Nicaragua, referente a la situación de estos pueblos indígenas, es congruente con una política de Estado que desde la independencia ( 1821 ) se ha venido estableciendo y promoviendo por parte de las clases políticas, basada en el desconocimiento de la existencia de los pueblos indígenas, como una estrategia efectiva para facilitar su sometimiento, frente a la resistencia tenaz que han ofrecido los indígenas al proyecto colonizador impulsado por los gobernantes criollos, como continuación de las políticas de la corona española. Para ocultar la existencia de los pueblos indígenas, las oligarquías criollas, establecieron el mito del mestizaje, como sustento ideológico para justificar su política de Racismo de Estado. Ocultar la existencia de los indígenas y desaparecerlos políticamente es mas fácil y efectivo que eliminarlos físicamente. A esto se le ha llamado “ El Mito de la Nicaragua Mestiza “.8
Los pueblos indígenas del pacífico, centro y norte de Nicaragua, han aportado al establecimiento del Estado Nacional, sin embargo el Estado les ha pagado con su desconocimiento.
Los pueblos indígenas del Pacífico, Centro y Norte desempeñaron un rol protagónico, tanto en las luchas independentistas que se desarrollaron dentro de la Provincia de Nicaragua, como en el movimiento independentista que se produjo en la Capitanía General de Centroamérica, llamado Conjuro de Belem y posterior a la independencia fueron los indígenas los que impulsaron la sustitución de las autoridades peninsulares por autoridades independientes.
En 1811-1812, se alzaron los indígenas de Xalteva en Granada, de Masaya, Rivas y de Sutiaba en León, con el objetivo de abolir la esclavitud y sustituir a las autoridades coloniales. En 1822-1824 se alzaron nuevamente para lograr la sustitución de las autoridades coloniales que continuaban en el poder, bajo la protección del Imperio de Iturbide de México.A este movimiento se le llamó la Gran Guerra y culminó con la deposición de las autoridades y el establecimiento del Estado Nacional, cuya primera constitución aprobada el 8 de abril de 1826, es firmada por el líder de Sutiaba Ramón Pacheco, quien ocupaba un escaño en la Asamblea Constituyente en representación de los indígenas.
Con la información que se presenta a continuación, se desvirtúa la aseveración de que no hay indígenas en el pacífico, centro y norte de Nicaragua, y con documentos que se anexan al presente informe, se acredita la existencia actual de estos pueblo.
Comunidad - Pueblo Indígena
Cusmapa - Chorotega
20-06-16529
San Lúcas - Chorotega
Telpaneca - Chorotega
18-04-162211
Totogalpa - Chorotega
Santa Bárbara- Chorotega
San Antonio - Chorotega
Mozonte - Chorotega
Matagalpa - Cacaopera
Jinotega - Chorotega
45,000 16
Sébaco - Chorotega
Muymuy - Chorotega
Sutiaba - Xiou
El Viejo - Chorotega
Monimbó - Chorotega
Nindirí - Chorotega
San Juan Oriente- Chorotega
Veracruz - Nahoa
Nagualapa - Nahoa
Nancimí - Nahoa
Ostional - Nahoa
San Jorge - Nahoa
14-04-190426
Urbaite Las Pilas - Nahoa
Boaco - Chorotega
01-02-1775 28
14,00029
Camoapa - Chorotega
16,00031
Fuentes: Estudio Base sobre las condiciones de vida de los pueblos indígenas del pacífico, centro y norte de Nicaragua.-Organización Internacional del Trabajo. Primera Edición San José Costa Rica 2006.Gabriela Olguin –Editora. Registros de la Propiedad Inmueble de los Departamentos de Madriz, Nueva Segovia, León, Matagalpa, Jinotega, Rivas y Boaco. Archivo General de Centroamérica Ciudad de Guatemala. Gaceta Diario Oficial. Gould, Jeffrey L, El Mito de la Nicaragua Mestiza, Instituto de Historia de Nicaragua, Editorial de la Universidad de Costa Rica. San José 1997.
Garífuna Afro descendiente 2,000
Chorotega Nahoa 221,000
Matagalpa Macrochibcha 98,000
Total ----------------------------------------------------------------------------597,850
Fuentes: Proyecto Tierras Nativas, URACCAN. 2003. Estudio base sobre las condiciones de vida de los pueblos indígenas del pacífico, centro y norte de Nicaragua. Organización Internacional del Trabajo-2005.
Sin duda esta información no es completa, pues hacen falta las Comunidades y pueblos indígenas, que no están organizados institucionalmente, como Catarina, Diriá, Diriomo, Niquinohomo, Masatepe y Xalteva en oriente, Limay, Santa María en el norte, Diriamba, Jinotepe y Nandaime en el Sur, Juigalpa, Lovago, en el centro, los pueblos miskitos y mayangnas de las riveras del río coco, mas las poblaciones indígenas de la frontera agrícola de Waslala, Rancho Grande, Paiwas y Río Blanco, que son lugares donde se han refugiado históricamente los indígenas desplazados de Matagalpa y Jinotega.
III.-VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE LA CONVENCIÓN.
Artículo 2.- 1. Los Estados partes condenan la discriminación racial y se comprometen a seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación racial en todas sus formas y a promover el entendimiento entre todas las razas y, con tal objeto:
En lo concerniente al inciso a) referido a evitar las prácticas discriminatorias y velar por que las instituciones públicas cumplan con esta obligación.
El Estado de Nicaragua, ha incumplido esta disposición a través de acciones y omisiones como las que a continuación se señalan:
1.-No se ha definido una política de reducción de la discriminación racial y las diferentes instituciones del Estado, actúan sin un mandato claro que les oriente funcionar en pro de la afirmación del derecho de los pueblos indígenas, tanto en la promoción de sus derechos como en la reducción de las prácticas discriminatorias.
2.-No se ha creado una entidad del Estado que atienda de manera especial, las situación de los pueblos indígenas, desde la cual se impulse la política contra la discriminación racial y especialmente que se impulsen acciones afirmativas para la realización de los derechos de los pueblos indígenas.
3.-La legislación nicaragüense se encuentra desfasada en relación a la CIEDR, si bien es cierto la discriminación ha sido prohibida en los textos constitucionales en la legislación ordinaria no ha sido reglamentada las garantías constitucionales y por lo que hace a los pueblos indígenas se siguen aplicando disposiciones legales con marcado contenido discriminatorio, por demás no se ha establecido sanciones contra la práctica discriminatoria y ello deja en abstracto la normativa constitucional.
Incumplimiento del Decenio de los Pueblos Indígenas. Se creó una Comisión que ignoró a los indígenas y no funcionó.
Ausencia de una instancia de atención a los pueblos indígenas. Por este vacío institucional se ha impedido a las Comunidades Indígenas hacer valer las Reformas de Estatutos, por que no existe una instancia del Estado ante la cual tramitar las reformas.
Negativa a atender a las autoridades indígenas para plantear propuestas sobre la atención a sus problemas. Tres solicitudes de reunión han sido ignoradas en la Presidencia de la República, con lo que se ha violado el derecho de petición ciudadana.
Negativa a la derogación de los Decretos Discriminatorios. 1918-1952-1968.
No ha cumplido con la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ordenó la demarcación de los territorios indígenas, ni siquiera a la Comunidad demandante de Awas Tingni que ganó la demanda ha sido demarcado su territorio y por el contrario se han otorgado concesiones de tierras por la vía de Reforma Agraria a campesinos mestizos.32 Así de 27 territorios a titular , sólo 5 han sido titulados en la Región Autónoma del Atlántico Norte.33
La concesión para los estudios exploratorios de la construcción del Canal Interoceánico, en la Región Autónoma del Atlántico Sur, que afecta a las Comunidades de Monkey Point y el territorio del Pueblo Rama.34
La ocupación del territorio de los Pueblos Indígena de Jinotega y Sébaco, para la Construcción de las Plantas Hidroeléctricas Centro América y Santa Bárbara respectivamente, las que han funcionado durante mas de 40 años y ocupan un área de mas de 8,000 hectáreas sin que se les haya indemnizado pese a los reclamos al respecto.
El otorgamiento de concesiones de explotación maderera por parte del Instituto Nacional Forestal ( INAFOR ), sin consultar a los pueblos y comunidades indígenas y sin indemnizarles por los daños y perjuicios.
El avance de la frontera agrícola a través de la invasión de tierras de campesinos mestizos del centro y norte del país, que penetran despalando las áreas de reserva forestal, para negociar con la madera y actividades agrícolas y ganaderas, en muchos casos con títulos de Reforma Agraria otorgados por la Oficina de titilación Rural ( OTR ) y en todos los casos sin que las autoridades hagan algo para impedir la penetración y la destrucción de los recursos naturales. La invasión de campesinos mestizos no solamente está destruyendo los recursos naturales sino que está afectando la estructura social y política de las Regiones Autónomas, ya que esta población está creciendo aceleradamente y ya son mayoría en la estructura demográfica, lo que de hecho implica que su representación en los órganos de poder autonómico es mayoritaria y con ello el poder político regional está pasando a ser controlado por los mestizos, con lo cual se está desarticulando y desnaturalizando el poder autonómico que fue concebido para los pueblos indígenas de la Costa Caribe. Por esta razón, ahora el mismo Consejo Regional aparece otorgando o avalando concesiones sobre recursos naturales sin consultar a las Comunidades Indígenas afectadas.35 A este respecto, se indica que en octubre del año pasado el Gobierno declaró Emergencia Económica al descubrirse una mega destrucción de bosques en las regiones autónomas donde 238,247 árboles de maderas preciosas como Caoba, Cedro y Pino, fueron tumbados y de las cuales mas de 6,000 se trasladaban por el río Kum kum, en la Región Autónoma del Atlántico Sur, la medida se tomó hasta que ya el daño estaba hecho, pero nunca se hizo algo para impedirlo, pese a las constantes denuncias de las Comunidades Indígenas de las Regiones Autónomas. 36
La confiscación del patrimonio arqueológico y cultural de los pueblos indígenas, basado en la Ley de Protección al Patrimonio Cultural de la Nación. Decreto 1,142, por medio de la cual todo descubrimiento arqueológico que se realiza es controlado por el Instituto Nicaragüense de Cultura a través de la Dirección de Patrimonio Cultural y ocupado los objetos arqueológicos sin tomar en cuenta a los pueblos indígenas.37 Por medio de ésta Ley el Estado de Nicaragua, declara como propiedad nacional el patrimonio arqueológico y cultural que pertenece a los pueblos indígenas, lo cual constituye un acto confiscatorio, con el que se ha impedido que los pueblos indígenas puedan tomar parte en el rescate, protección, recuperación y aprovechamiento de su patrimonio cultural.
El Poder Judicial ha trabajado desde el año 2001 en la elaboración de una propuesta de Modelo de Administración de Justicia para las Regiones Autónomas en función de armonizar la administración de justicia oficial con la administración de justicia comunitaria. En este contexto, se han realizado estudios y consultas para diseñar una propuesta de administración de justicia, se elaboró una propuesta de Reforma al Reglamento de Facilitadotes Judiciales, que incorpore las prácticas de administración comunitaria y especialmente a los Jueces Comunales que sean reconocidos por la Administración de Justicia oficial y sean tomados en cuenta como autoridad y se coordine con ellos la actividad judicial. Este esfuerzo en general se valora como positivo, sin embargo se cuestiona el hecho de que a los jueces comunales se les pretende instruir en el manejo de los Códigos oficiales para que los apliquen en sus comunidades y con lo cual se está interviniendo en modificar su sistema de administración de justicia tradicional, lo cual lesiona su identidad y cultura, adicionalmente se cuestiona el hecho de que los nombramiento de jueces en los Municipios de las Regiones Autónomas sigue recayendo en personas que no son propios de la región y que no dominan los idiomas ni la formas de convivencia social y particularidades de la cultura propia de los pueblos indígenas. 38
De igual forma se reclama el incumplimiento del derecho a que se les nombre intérprete a los reos para que puedan expresarse en su idioma, lo que no se hace en la mayoría de los casos porque los jueces consideran que los procesados entienden el Español, sin apreciar el hecho de que expresarse en su lengua materna es un derecho que el individuo tiene para darse a entender mejor y además para ejercer su derecho colectivo a conservar su idioma identidad y cultura, y cuando se reobliga a adoptar otro idioma en un momento tan importante para su vida como es un proceso judicial, esto constituye un acto de discriminación. Por demás en el caso de Nicaragua, esta práctica viola la Constitución que reconoce como oficial los idiomas de los pueblos indígenas en las Regiones Autónomas. Esta práctica viola la Recomendación General Número XXIII del Comité sobre Discriminación Racial en su Numeral 4 Inciso a).
En las regiones del Pacífico, Centro y Norte, la actuación del Poder Judicial, se cuestiona por que el otorgamiento de Títulos de Propiedad sobre los territorios indígenas lo que perjudica el derecho de propiedad y se realiza a través de mecanismos como trámites de Títulos Supletorios, Ventas Forzadas, Declaratorias de Dominio, en todos los cuales no se da parte a los pueblos indígenas para que hagan valer su derecho y en muchos casos se desvirtúa el valor de los títulos reales de los mismos, para favorecer a particulares. En este mismo orden se cuestiona a las Oficinas de Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil en los Departamentos de León, Madriz y Nueva Segovia, que se han negado a inscribir Contratos de Arriendo sobre el uso de las tierras indígenas, otorgados con las formalidades que la ley establece, lo que implica una negación del derecho de propiedad de los pueblos indígenas. Esta es una práctica discriminatoria por que a ninguna otra persona que tenga inscrito algún derecho en el Registro de la Propiedad se le niega la inscripción de las transacciones que realizan sobre sus derechos de propiedad.39
Se cuestiona como práctica contraria a las disposiciones de la Convención, el hecho de que personas que ejercen cargos de autoridad en los Pueblos Indígenas, como son los Presidentes de Juntas Directivas, sean procesados criminalmente por el otorgamiento de Contratos de Arriendo sobre la propiedad colectiva de sus instituciones, cuyas atribuciones les reconoce la ley y se les ha procesado como si actuaran en carácter individual. Casos concretos de este señalamiento son el encarcelamiento sin proceso previo del Presidente del Pueblo Indígena de Jinotega señor Andrés Granados ocurrido en el año dos mil seis, el encarcelamiento del Presidente del Pueblo Indígena de Telpaneca señor Genaro Martínez y el señor Zoilo González Quintero miembro del Consejo de Ancianos procesados por Usurpación del Dominio Privado, ocurrido en el año 2004, el procesamiento criminal del Presidente del Pueblo Indígena de Sébaco, ocurrido en el año 2006. 40
En la región central de Nicaragua, donde existen cuatro pueblos indígenas ( Matagalpa, Sebaco, Muymuy y Jinotega), que son dueños de varios territorios según sus Títulos Reales deslindados y amojonados, el Estado a través del Poder Ejecutivo y Judicial, ha violado el derecho de propiedad emitiendo títulos de Reforma Agraria y títulos supletorios y de otras modalidades emitidos por el Poder Judicial. Ante esta situación, los pueblos indígenas han acudido a las instancias judiciales para hacer valer sus derechos y se les ha tratado de manera discriminatoria, menospreciando sus títulos de propiedad y dando preeminencia a los títulos posteriores, que según la legislación nacional deben ser cancelados registralmente según la ley del 17 de agosto de 1945 que reforma el artículo 19 del Reglamento del Registro Público y dada la naturaleza de inalienable, inembargable e imprescriptible de la propiedad comunitaria de los pueblos indígenas ESTABLECIDO EN LAS LEYES DEL 3 DE JUNIO DE 1914 Y DEL 20 DE JUNIO DE 1935.
La actuación de los funcionarios judiciales en los Juzgados de Distrito de Matagalpa y Jinotega, está marcada por una visión y una conducta discriminatoria, que se demuestra en la tendencia parcializada de resolver los casos judiciales a favor de las contrapartes de los pueblos indígenas, pese alas garantías constitucionales y legales que en lo concerniente al derecho de propiedad contiene la legislación nicaragüense. A continuación se señalan una serie de casos a manera de ejemplos:
Nombre del Juicio.
Limpieza Registral.
En la vía especial
Comunidad Indígena de Matagalpa- Germán Pérez y otros.
Juzgado Primero Civil del Distrito Matagalpa
Este juicio persigue la cancelación de un título emitido por un Juez, sobre territorio indígena sin respetar la titularidad indígena. La ley del 17 de agosto 1945 establece que deben ser cancelados registralmente si no se desprenden del título antiguo y define un plazo total de un mes para resolver. Sin embargo habiéndose probado plenamente el derecho indígena, han transcurrido SEIS AÑOS y no se ha fallado.
D Desahucio.
Comunidad Indígena de Sébaco Vrs. Empresa Nacional de Alimentos Básicos.
Juzgado Segundo de Distrito Civil
En este la pretensión es la restitución de un inmueble arrendado a una Empresa estatal que se ha negado a pagar el canon de arriendo al Pueblo Indígena de Sébaco. Pese a que se probó la relación contractual y la falta de pago, la judicial dicto sentencia a favor de la empresa. Se apeló y ya se expresaron agravios ante el Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Norte de Nicaragua, pero desde hace un año no han dictado sentencia.
Caso Finca San José.
CIS- Vrs. Estado de Nicaragua.
Juzgado Segundo Civil de Distrito.
Este juicio se tramitó para cancelar la cuenta registral del Título de Reforma Agraria emitido a favor de los desmovilizados de la Resistencia en tierras indígenas, después de que la Ley 278 Ley de la Propiedad Reformada Urbana y Agraria ratificara el derecho de propiedad de los pueblos indígenas sobre los títulos de Reforma Agraria. Los beneficiarios del título agrario desalojaron a las familias indígenas que poseían la propiedad y despalaron el área negociando con la madera y afectando las pocas fuentes de agua existentes. Se obtuvo sentencia favorable y se ejecutó la sentencia, cancelando la cuenta registral, pero posteriormente la Juez Martha Loáisiga declaró nulo todo lo actuado, esto fue ratificado por el Tribunal, considerando que debe demandarse no al Estado sino a los beneficiarios del Título.
En este caso se revivió un juicio fenecido, lo que ha sido declarado imposible por la Corte Suprema de Justicia en reiterada jurisprudencia y se violentó el principio de cosa juzgada. Todo ello en detrimento del derecho de propiedad del Pueblo Indígena de Sébaco.
Nulidad de Contrato y Cancelación Registral
José Luis Pérez representación de Sociedad Agropecuaria El Jobo Sociedad Anónima.
Juzgado Civil de Distrito de Matagalpa.
Este juicio estaba dirigido contra la Junta Directiva de la Comunidad Indígena de Muymuy, con la pretensión de Anular los Contratos de Usufructo que dicha entidad había otorgado a dos grupos de Familias indígenas que estaban en posesión de unos terrenos que históricamente han sido indígenas pero que en 1907 el Estado les adjudicó con Título de Reforma Agraria a un extranjero llamado Emiliano Herrera despojando del derecho a 42 familias indígenas que se encontraban en posesión de las tierras, lo cual consta en las diligencias judiciales que realizaron en 1907. Posteriormente la propiedad fue transmitida a otras personas hasta llegar al señor Ignacio Aráuz, quien ahora pretendía desalojar a los grupos de indígenas descendientes de los antiguos habitantes despojados en 1907. la demanda fue dirigida contra la Junta Dire4cftiva de la Comunidad indígena y no contra los titulares del derecho que son dos grupos de familias indígenas que tenían inscrito su derecho en el Registro de la Propiedad. Pese a las anomalías cometidas en el juicio como es el hecho de que no les notificaron personalmente a los miembros de la Juntas Directiva la demanda y que además no fue dirigida contra los verdaderos titulares de los Contratos que se pretendía anular todo lo cual hace nulo el juicio por que han sido parte en el mismo y por la tanto no les puede afectar sus derechos el resultado del juicio. Sin embargo la judicial ordenó declaró la nulidad de los contratos y ordenó la cancelación registral del derecho de los indígenas. Una de las cuantas registrales canceladas es la Número: 1959, Asiento:707, Folios:75-77 del Tomo:529 del Registro de la Propiedad de Matagalpa.
Limpieza Registral
Comunidad Indígena de Jinotega –René Blandón Zelaya
Juzgado Civil del Distrito de Jinotega
En este juicio, el pueblo indígena de Jinotega, pretendía cancelar un título de propiedad existente a favor del señor René Blandón, sobre el territorio indígena, surgido después del título indígena y sin antecedentes de propiedad. El Juez, falló en contra del pueblo indígena argumentando que no se presentó el título de propiedad y no se especificó que la propiedad estuviese dentro del territorio indígena, cosa que no fue negada por el demandado.
Comunidad Indígena de Muymuy- Juan Gutiérrez Martínez.
Juzgado Segundo Civil del Distrito de Matagalpa
En este juicio, el pueblo indígena de Muymuy, pretende cancelar un título de propiedad emitido por un Juez a favor del señor Juan Gutiérrez Martínez, sobre el territorio indígena de Muymuy, sin existir ningún antecedente de propiedad, por lo que de conformidad con la Ley del 17 de agosto de 1045 debe ser cancelada su inscripción en el Registro de la Propiedad. Con el referido título el señor Gutiérrez ha pretendido desalojar a los indígenas que están en posesión del terreno amparados en documentos otorgados por el Pueblo Indígena. La Juez Marta Loáisiga, falló en contra del pueblo indígena argumentando que NO PUDO LEER EL TÍTULO DE PROPIEDAD INDÍGENA, cuando la misma parte demandada no contradijo el derecho de propiedad del Pueblo Indígena y no pudo acreditar mejor título. El caso fue apelado y se encuentra en el Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Norte identificado como caso Número 155-05 CV, desde hace más de un año en estado de sentencia y nunca se resolvió.
Pueblo Indígena de Jinotega-Gobierno Municipal de Jinotega.
Corte Suprema de Justicia. Sala Constitucional.
En este juicio la pretensión del Pueblo Indígena de Jinotega es hacer valer sus derechos políticos a la libertad de organización, violentado por el Gobierno Municipal que realizó elecciones de Junta Directiva para administrar el patrimonio indígena en contra de la decisión de las autoridades indígenas, aplicando el Decreto Ejecutivo 491 del 11 de marzo de 1952 que le confiere facultades al Alcalde Municipal para organizar las elecciones.
Se invocaron las garantías constitucionales a favor de los pueblos indígenas a tener su propia forma de organización social, a no ser discriminados y a la irrestricta libertad de organización, así como también se invocaron las disposiciones de la CIEDR. Se pidió la declaratoria de INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS DISPOSICIONES DISCRIMINATORIAS aplicadas por el Gobierno Municipal como son el Decreto 491 y el Artículo 69 de la Ley de Municipios Ley 261.Sin embargo, la Corte Suprema dictó sentencia no suspendió el acto, pese a haberse solicitado y con ello se causó graves perjuicios al pueblo indígena y fue hasta SEIS AÑOS DESPUES, que dictó sentencia denegando la demanda, bajo el argumento de que el Pueblo Indígena se sometió al Gobierno Municipal por que al año siguiente realizó elecciones en coordinación con las autoridades municipales a lo cual se vio obligado por la negligencia del poder judicial en suspender el acto recurrido y sus efectos, así como para resolver el fondo del asunto, ante lo cual para evitar mas daño se tuvo que coordinar para convocar a nuevas elecciones. La Corte Suprema en este caso, NO APLICÓ LA DOCTRINA DE LOS IRENUNCIABILIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS, NI LAS DISPOSCIONES DE LA CIERD.
Pueblo Indígena de Sébaco-Gobierno Municipal de Sébaco.
Este caso es similar al 110-2000, siendo las mismas pretensiones, con la diferencia que ahora se suspendió el acto reclamado y se dictó sentencia favorable en parte, dando lugar a la Amparo y declarando inaplicable el Decreto 491 por ser contrario al Artículo 5 párrafo tercero de la Constitución. No obstante el máximo Tribunal se abstuvo de declarar la inconstitucionalidad de las normas jurídicas cuestionadas, las que siguen vigentes, especialmente el Artículo 69 de la Ley de Municipios y pese a que se invocaron las disposiciones de la CIEDR, específicamente Artículos 1, 2 Numeral 1 literal a), b), c) y d), Numeral 2, Artículo 4 c), Artículo 5 literal a), b),c) y d) ordinal IX, de la Convención. La Corte no las consideró para fundamentar su sentencia ni las tomó en cuenta para declarar la contradicción de las disposiciones legales de contenido discriminatorio.
0343-0414-07Cv.
Demanda de Cancelación de Asiento registral.
La Comunidad Indígena de Muymuy contra el Estado de Nicaragua.
Juzgado Primero Civil del Distrito de Matagalpa.
Este juicio tiene como pretensión la cancelación del título de propiedad del Estado sobre la Propiedad conocida como Hacienda El Jobo en la Comarca de Uluse en territorio del Pueblo Indígena de Muymuy, donde hay varios grupos de indígenas a los que el Estado ha desconocido sus derechos y le ha otorgado título agrario a otros grupos de desmovilizados de la Resistencia Nicaragüense. La propiedad se encuentra inscrito a nombre del Estado de Nicaragua con el Número: 4322 Asiento: Séptimo, Folios:298 y 299 del Tomo: 199 en el Registro de la Propiedad del Departamento de Matagalpa y tiene como antecedente el Título Agrario que el Estado otorgó en 1907 al General de origen colombiano Emiliano Jesús Herrera, para lo cual despojaron a 42 familias indígenas. Conforme la Ley del 17 de julio de 1947 éste título debe ser cancelado en el registro de la propiedad por que es un título posterior al del Pueblo Indígena de Muymuy que data de 1726 y no tiene antecedentes mas que el título agrario fabricado por el Estado.
Este juicio la judicial no le dio trámite.
La Policía Nacional como institución, no tiene definido como abordar la situación particular de los pueblos indígenas y quizá por ello comete muchos excesos al tratar las situaciones que afectan los territorios o las poblaciones indígenas.
En la Costa Caribe, se cuestiona la actuación policial mediante uso excesivo de fuerza y actos represivos contra la población. Algunos ejemplos son las denuncias de la población de Little Corn Island en la RAAS, una pequeña isla de cuatro kilómetros cuadrados, la que se convierte en rehén de las fuerzas policiales cuando llegan a atender una denuncia de hallazgo de drogas que los narcotraficantes procedentes de Colombia dejan abandonada en el mar. La policía en esos casos reúne a toda la población y los mantiene retenidos si no denuncian a quienes se supone son los responsables. Otro caso similar se ha producido en otras zonas de la Costa Caribe como en las comunidades de Sandy Bay.
Se denuncia la inactividad de la Policía Nacional, para actuar en la protección de los recursos naturales y detener la penetración ilegítima de colonos que desde el centro y norte del país, penetran a las regiones autónomas a tomarse las tierras, despalar y negociar con la madera. Las denuncias interpuestas no son escuchadas y por esta razón hay ocasiones en que los comuneros han tenido que tomar la justicia por sus propias manos, como sucedió en la Comunidad de Layasiksa en la Región Autónoma del Atlántico Norte.41
En las regiones del pacífico, centro y norte, se reclama la falta de atención policial cuando se requiere proteger a los ciudadanos indígenas. Como ejemplos de esta situación se señala los siguientes casos: 1.-Caso de grupo de indígenas denominado Raza Rebelde en el Pueblo Indígena de Sutiaba, que desde 1999 fueron invadidos en su posesión por un grupo de desmovilizados de la Resistencia Nicaragüense, quienes penetraron armados para reprimir a los indígenas y la Policía Nacional no hizo nada para desarmarlos ni para detener los actos violentos contra los indígenas. 2.-Caso del Grupo Indígena denominado Luís Alfonso Velásquez Flores y Cooperativa Rigoberto López Pérez, en el Pueblo Indígena de Muymuy, específicamente la Comarca de Uluse en el lugar donde fue la Hacienda El Jobo, desde el año 2001, un grupo de desmovilizados de la Resistencia Nicaragüense, penetraron armados a sus parcelas, ocupando violentamente la propiedad, profanando el Cementerio Comunal que utilizaron para sembrar cultivos agrícolas, quemaron los ranchos y se establecieron por la fuerza, donde permanecen armados y la Policía Nacional no los ha desarmado y cuando hace presencia es para apoyar a los invasores y amedrentar a los indígenas. 3.-Caso del Pueblo Indígena de Telpaneca en el año 2002, un grupo de desmovilizados de la Resistencia Nicaragüense ocuparon violentamente una propiedad perteneciente al Pueblo Indígena, y cuando las autoridades indígenas reclamaron fueron denunciados y apresados y luego que los indígenas ocuparon su propiedad fueron desalojados por la fuerza de la Policía Nacional. 42
La Policía Nacional ha reprimido la libertad política de los indígenas en el Pueblo Indígena de Jinotega, impidiéndoles el derecho de manifestarse públicamente en la ciudad de Jinotega, negándoles el permiso y asediando sus actos de reunión pública, lo que se interpreta como un acto de coacción para evitar que se manifiesten públicamente y expresen sus demandas. Este acto ocurrió el 30 de junio del año 2005. En el mismo orden se denuncia la actuación represiva de la Policía Nacional de Jinotega que detuvo al Presidente del Pueblo Indígena de Jinotega, a quien sacaron de su oficina y condujeron a la delegación policial, sin existir ninguna orden judicial ni ningún procedimiento previo, el 17 de agosto del mismo año.
En el Pueblo Indígena de Muymuy, se denuncia la actuación represiva de la Policía Nacional que en el año 1999, desalojó sin existir orden judicial expresa a 45 familias indígenas, que estaban en posesión de una propiedad que reclama un terrateniente llamado Reynaldo Valenzuela, quien ocupa un área de 5000 manzanas ( 3,500 hectáreas aproximadamente ) dentro del territorio indígena, y la policía hizo caso omiso de los títulos otorgados por las autoridades indígenas a las familias y ejecutó el desalojo violento.43 De igual forma se denuncia la actuación de la Policía Nacional en Muymuy dirigida por el Teniente Rafael Olivas, que en noviembre 2005 apoyó a la Alcaldía de dicho municipio en la toma violenta de la Casa comunal y el desalojo de las autoridades indígenas miembros de la Junta Directiva y del Consejo de Ancianos que fueron sacados de sus oficinas y encarcelados. Posteriormente el 25 de septiembre del año 2007 oficiales de la Policía de Muymuy dirigida por el mismo Teniente Rafael Olivas violó el domicilio del señor Eugenio Rivera Garmendia Presidente del Directorio Electoral Indígena de Muymuy a quien violentamente sacaron de su casa y lo encarcelaron sin haber cometido ningún delito, además extrajeron todos los documentos del directorio Electoral como el Censo de los indígenas inscritos para votar en las elecciones que se realizarían en diciembre del mismo año, los libros de Actas del Directorio Electoral, los sellos y demás documentos, los que los policías entregaron a otras personas que ocupan la Casa Comunal puestos por el Alcalde de Muymuy señor Orlando Antonio Blandón Peralta. De estos hechos se denunciaron ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos que tiene oficina en la ciudad de Matagalpa y no se ha hecho nada, pues no ha emitido ninguna resolución y el oficial sigue en el desempeño de su cargo como si no hubiese pasado nada.
1.1.-Hacia los pueblos indígenas del pacífico, centro y norte de Nicaragua en especial, aparte de que no se ha definido una política que organice la acción del Estado en la afirmación de sus derechos, si ha existido una acción sistemática de discriminación basada en el desconocimiento de la existencia de los pueblos indígenas de estas regiones, de ascendencia Nahoa, Chorotega, Maribia y Matagalpa, ubicados en las regiones del pacífico, centro y norte, como en la exclusión de casi todos los servicios sociales a los pueblos Mismito, Sumo-Mayangna, Rama, y afro descendientes de las Regiones del Atlántico.
Este desconocimiento ha los pueblos del pacífico, centro y norte, ha sustentado una política de Racismo de Estado, que se expresa entre otras acciones en lo siguiente:
a.-Despojo de las tierras indígenas y la falta de reconocimiento de sus derechos territoriales.
b.-Limitación de los derechos políticos de los pueblos indígenas, en particular la libertad de organización.
c.-La exclusión y desconocimiento, en los programas de salud, educación, de atención social, en los que no se incorpora un enfoque pluricultural, si bien es cierto que en la Costa Atlántica se ha iniciado, en el resto del país, no hay ningún esfuerzo del Estado al respecto.
d.-Desprotección de los recursos naturales ubicados en los territorios indígenas y disposición de los mismos sin consulta a sus autoridades.
A los pueblos indígenas no se les respeta sus facultadas para ejercer control sobre los recursos naturales ubicados en su territorio. Así, el Estado dispone de los recursos forestales, minerales, acuíferos etc. sin consultar a los pueblos indígenas afectados.44 El Estado se asume como dueño de los recursos naturales y desconoce los derechos patrimoniales de los pueblos indígenas sobre los mismos, pese a existir algunas disposiciones legales que establecen el derecho a la consulta.
1.2.-A los pueblos indígenas de las regiones autónomas que gozan del reconocimiento legal de su Régimen Autonómico, no se les ha respetado la autonomía y se obstaculiza el desarrollo de la misma.
El Estado otorga concesiones sobre los recursos naturales de la Costa Caribe sin consultar a los pueblos y comunidades indígenas.
El Poder Ejecutivo tienen estructuras de gobierno representadas en delegados de los Ministerios que funcionan de manera paralela a las estructuras autonómicas y designadas en personas ajenas a la región y a los pueblos indígenas en su mayoría.45
El Poder judicial pese a que ha iniciado la tarea de armonizar la administración de justicia oficial con la justicia indígena, está interfiriendo en el desarrollo de una justicia propia, a la que no promueve y mas bien está penetrando realizando labor de incidencia para introducir la justicia oficial en las instancias de justicia comunal. A esto se le agrega que los jueces en su gran mayoría son de procedencia exógena a los pueblos indígenas.46
Se han producido avances fundamentales, el reglamento del Estatuto de Autonomía, la Ley 445 y la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de la comunidad sumu-mayangna de Awas Tingni. Sin embargo ni las leyes ni la sentencia de la Corte Interamericana se han cumplido.
a)- Sobre la migración y sus efectos.
En la práctica los avances alcanzados en el orden jurídico, son debilitados por el descuido crónico que experimentan las regiones autónomas de parte del gobierno central, así como por falta de transparencia, la corrupción y la carencia de mecanismos de participación política popular en el interior de las regiones autónomas.
En su lugar han proliferado medidas informales y cuasilegales para negociar con la tierra y sus recursos. Los efectos de esta situación varían fuertemente según las áreas específicas en cuestión. A lo largo de la frontera agrícola, los mecanismos informales para transferir derechos de posesión y utilizar los recursos han contribuido significativamente al avance destructivo de la frontera agrícola dentro de áreas históricamente utilizadas por las comunidades miskitas, sumu-mayangnas, creoles, garífunas y rama.
Este proceso ha sido particularmente intenso alrededor de Siuna, Rosita, y Bonanza, así como en la carretera que une las minas con Puerto Cabezas, la cuenca de Laguna de Perlas y Bluefields. En otras áreas se han utilizado mecanismos similares para el reasentamiento de excombatientes mestizos y miskitos en tierras utilizadas por otras comunidades indígenas.
La Costa Atlántica, sufre de una constante migración de personas del centro y norte del país, que producto del abandono y el impulso de invasión de tierras para agricultura y ganadería, está modificando la estructura demográfica y cultural de las regiones autónomas, aumentando la presencia mestiza que incide directamente en el debilitamiento del régimen autonómico.
Más de medio millón de habitantes de las regiones autónomas son mestizos. Se verifica así la reducción proporcional creciente de la población indígena, afrodescendiente y las comunidades étnicas que se identifican como "costeños" por el desplazamiento masivo de inmigrantes mestizos en los últimos quince años.
Mientras esta migración rompe la hegemonía étnica de los pueblos indígenas y afro descendientes en la Costa Atlántica, paralelamente se ha descuidado la protección a las culturas originarias frente a la política integracionista que se impulsa desde el Gobierno Central. Un caso que provoca honda preocupación, es la situación del pueblo Rama, uno de los tres que habitaban la región antes de la presencia europea, junto a los Miskitos y Sumu-Mayangnas. El pueblo rama, con una población aproximada de un mil trescientos cincuenta habitantes, continúa en una situación demográfica precaria que refleja una historia de exclusión económica, social, cultural y política practicada tanto en el contexto urbano de Bluefields como en el territorio rama tradicional en tierra firme, encontrándose a punto de perder su idioma, lo que urge una acción afirmativa que el Estado no ha querido asumir.
Este es un proceso de gran envergadura de expansión acelerada y de la frontera agrícola y ganadera pionera, desde el occidente y norte de los departamentos limítrofes hacia las regiones autónomas, que coloca en situación crítica de implosión o extinción la flora, fauna, suelos y calidad de vida de los pueblos indígenas, afrocaribeños y comunidades étnicas de la Costa Caribe.
Ese cambio de la composición étnica de la población regional ha dejado a los pueblos indígenas y afrocaribeños como grupos minoritarios en ambas regiones autónomas y ha convertido a nueve de los diecinueve municipios en unidades administrativas monoétnicas y, en su perfil demográfico, comparables a los municipios colindantes de los departamentos vecinos.
Con esta tendencia se evidencia la erosión de los principios fundamentales del Estatuto de Autonomía, cuyo objetivo ha sido garantizar la representatividad y convivencia multiétnica a través del ejercicio democrático de derechos históricos de pueblos indígenas y comunidades étnicas en el marco de la unidad nacional.
Una política que trate de viabilizar las regiones autónomas necesitará transformarse cada vez más en una política de acciones afirmativas para la "defensa de los derechos permanentes de los pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades étnicas minoritarias", especialmente en el contexto de la tenencia y uso de las tierras y recursos naturales comunales y representación política en la institucionalidad autonómica y Asamblea Nacional.
El avance de la frontera agrícola y ganadera mestiza ha tenido, además, un efecto devastador en la existencia y uso de los recursos naturales y amenaza la viabilidad económica, social, multicultural y política de las regiones autónomas.
Esta es una tensión interna que la institucionalidad autonómica, los gobiernos regionales y el gobierno central deben enfrentar de forma urgente, constructiva e integral a fin de analizar, identificar y actuar sobre los factores históricos, socioeconómicos, ambientales y culturales que subyacen a la expulsión de familias desde las zonas del Pacífico y centro del país hacia las regiones autónomas.
El problema no es el campesino de frontera. Es un complejo proceso de expulsión de población mayoritariamente campesina en extrema pobreza originaria del centro y norte del país hacia las regiones autónomas, debido a la dramática reducción de la presencia y servicios del Estado, la crisis del modelo agroexportador, la ausencia de mercados, la especulación de tierras, el desempleo y la falta de ingresos en el sector rural.
El Índice de Desarrollo Humano, IDH, para la RAAN es 0,466 y para la RAAS 0,454. Ambas regiones presentan condiciones de desarrollo humano bajo. En la RAAN, los municipios que presentan los índices más bajos son Prinzapolka, Waspam y Siuna. Mientras que en la RAAS son: Paiwas, Nueva Guinea, El Tortuguero, Muelle de los Bueyes y La Cruz de Río Grande.47
b).-El Sistema Educativo Autonómico Regional, SEAR
El Programa de Educación Bilingüe Intercultural, PEBI, es parte del SEAR y ha logrado desarrollarse a través de proyectos experimentales locales, que posteriormente han sido asumidos formalmente por el MECD. El SEAR ha sido discutido y consensuado con el MECD y fue incorporado en el 2001 en el Plan Nacional de Educación.
La mayoría de las escuelas que desarrollan el PEBI están ubicadas en las tres zonas etnolingüísticas: sumu/mayangna, miskita y creole. En la RAAN están situadas en los municipios de Waspam, Puerto Cabezas, Siuna, Rosita, Bonanza y Prinzapolka. En la RAAS existe el PEBI en los municipios de Corn Island, Bluefields, Laguna de Perlas y La Desembocadura. A pesar de que el apoyo oficial al PEBI es reciente, la educación intercultural bilingüe ha sido fundamental para rescatar y fortalecer idiomas y culturas indígenas que constituyen un patrimonio de la humanidad.