Source: https://diariolaregion.com/web/juzgado-penal-902/
Timestamp: 2020-03-28 20:20:00
Document Index: 308939357

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enero 28, 2020 Region AVISOS JUDICIALES, EDICTOS, JUZGADO PENAL
Expediente N° 02361-2017-82-1903-JR-PE-01
Por medio de la presente, se cita y emplaza a DEL AGUILA GONZALES, MAURO, en calidad de IMPUTADO, a efectos que se apersone a la SALA DEL AUDIENCIA DEL 1ER. JUZGADO PENAL UNIPERSONAL TRANSITORIO DE MAYNAS, ubicado en AV. GRAU N° 720 – 3ER PISO, NUEVO LOCAL DEL MÓDULO PENAL, a efectos de llevarse a cabo la audiencia de JUICIO ORAL seguido en su contra programada para el 30 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTE A HORAS ONCE CON CUARENTA MINUTOS DE LA MAÑANA, bajo apercibimiento de ser conducido COMPULSIVAMENTE en caso de inconcurrencia; dispuesto así en el Expediente N° 02361-2017-82-1903-JR-PE-01, seguido en su contra por el delito de MICROCOMERCIALIZACIÓN O MICROPRODUCCIÓN, en agravio del ESTADO.
Exp N° 269-1996
Sec. Irza N. Rodríguez Rodríguez
Por disposición de la señora Juez del Juzgado Penal itinerante de Maynas, por intermedio del presente, se NOTIFICA al procesado JOSE ADRIANO CURITIMA MOZOMBITE, las siguientes resoluciones del proceso N° 269-1996, por delito de Homicidio Simple; cuyo tenor literal es como sigue.- RESOLUCIÓN NÚMERO CUARENTA Y CINCO .- DADO CUENTA, Avóquese la señora Juez que suscribe por disposición y estando a la devolución de la Sala Penal Liquidadora de Loreto; por lo que proveyendo lo que corresponda conforme a su estado; por devueltos: CUMPLASE con lo ordenado por el Superior Colegiado, por lo tanto, y para los fines de no vulnerar su derecho a la defensa y debido proceso consagrado en la Constitución Política del Perú, y en aplicación del artículo ciento cincuenticinco – E de la Ley N° 30229: NOTIFÍQUESE por cedula de Ley y vía edicto penal por intermedio del Diario Oficial “La Región y Pagina Web del Poder Judicial”, al procesado JOSE ADRIANO CURITIMA MOZOMBITE, en su domicilio real sito en calle Ramón Castilla S/N – Caballo cocha y (según ficha de RENIEC), en su domicilio real sito en Pasaje Yavarisiño S/N-Distrito Yavari-Provincia Mariscal Ramón Castilla, el contenido íntegro de la Resolución número treinta y siete, treinta y ocho y cuarenta; hágase saber; con citación.- Dándose intervención a la secretaria que autoriza. RESOLUCIÓN NÚMERO TREINTA Y SIETE.- Iquitos, doce de junio del dos mil dieciocho.- DADO CUENTA con la razón el cursor que obra a folios 276 vuelta: Téngase presente y estando al Dictamen Fiscal acusatorio que antecede, al principal, el mismo que formaliza acusación contra el referido procesado; Agréguese y téngase presente; por lo que estando a lo indicado y de conformidad con el artículo 5° del Decreto Legislativo N° 124, modificada por el Decreto Ley N° 1206 de fecha veintitrés de setiembre del dos mil quince, DECLARAR CONCLUIDA LA ETAPA DE LA INSTRUCCIÓN, y conforme a su estado, al principal: PÓNGASE A DISPOSICIÓN DE LAS PARTES POR EL TERMINO DE CINCO DIAS, plazo común para que los abogados defensores presenten los informes escritos que correspondan o soliciten informe oral. Vencido dicho plazo no es admisible el pedido de informe oral; y fecho: PÓNGASE todo lo actuado al Despacho para resolver. Al primer y segundo otrosí digo: Téngase presente. Notificándose.- RESOLUCIÓN NRO. TREINTA Y OCHO.- Iquitos, tres de agosto del dos mil dieciocho AUTOS Y VISTOS. Estando los autos puesto a despacho para sentenciar. Y CONSIDERANDO: 1.- La expedición de la sentencia es el acto procesal de carácter secreto por el cual el Juez proceden a la deliberación, votación y redacción de la resolución que pondrá fin al proceso, la misma que deberá contener los requisitos previstos en la ley.2.- Siendo esto así, la lectura de sentencia es el acto procesal de carácter público, por el cual el auxiliar jurisdiccional puede leer la resolución expedida por los Jueces Penales en forma unipersonal o colegiado, ante quienes concurran al acto; en tal sentido, la naturaleza del acto de lectura de sentencia condenatoria es formal (porque tiene como única finalidad comunicar la decisión judicial sin afectar las garantías que rigen el contradictorio al haber precluido la actuación probatoria), publico (porque se desarrolla ante la presencia del Juez, Fiscal, permitiéndose el libre acceso a las partes y al público) e inaplazable (porque se lleva a cabo con lo que concurran al acto público, la inconcurrencia de las partes no constituye una causal de suspensión, interrupción o frustración del acto. En consecuencia, estando a lo antes señalado y prosiguiendo conforme al estado del proceso, esta judicatura RESUELVE: UNO) CITESE a las partes procesales a la audiencia de LECTURA DE SENTENCIA, cuyo acto es PÚBLICO E INAPLAZABLE la misma que se llevará a cabo con los que concurran al mismo, la misma que se programa para el día VEINTIDOS DE AGOSTO DEL DOS MIL DIECIOCHO A HORAS NUEVE DE LA MAÑANA, diligencia que se realizará en el Despacho del señor Juez del Juzgado Penal Liquidador Transitorio Itinernate de Maynas, sito en Av. Grau N° 720-2do piso- Iquitos- Local Nuevo. DOS) HAGASE SABER y cítese al acusado JOSE ADRIANO CURITIMA MOZOMBITE, a fin de que concurra, a la fecha y hora antes señalada para la lectura de sentencia, la misma que se realizará a cabo con o sin su presencia física, con la sola concurrencia de su abogado de elección, en defecto y/o ausencia de éste con el defensor Público, de conformidad a lo dispuesto en la Resolución Administrativa N° 297-2013-CE-PJ, de fecha 28 de noviembre de 2013, emitida por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que aprueba la Directiva N° 012-2013-CE-PJ denominada “Procedimiento del Acto de Lectura de Sentencia Condenatoria previsto en el Código de Procedimientos Penales de 1940 y en el Decreto Legislativo N° 124”. TRES) NOTIFIQUESE al Representante de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Maynas y con conocimiento de la parte agraviada para la cual se manda a notificar. CUATRO) OFICIESE a la Dirección de Defensa Pública del Ministerio de Justicia a fin de que designe un defensor Público que asumirá la defensa del procesado en caso que el referido no lo haya designado al de su libre elección, en cuyo casó intervendrá el Defensor Público. Avocándose al conocimiento de la presente causa el señor Juez que suscribe y secretario judicial que da cuenta. Notificándose. SENTENCIA CONDENATORIA .- RESOLUCIÓN NÚMERO CUARENTA.- Iquitos, veintidós de agosto del año dos mil dieciocho.-VISTOS: En el proceso seguido contra JOSÉ ADRIANO CURITIMA MOZOMBITE, por la presunta comisión del DELITO CONTRA LA VIDA, EL CUERPO Y LA SALUD – HOMICIDIO SIMPLE- ilícito penal previsto y sancionado en el artículo 106° del Código Penal, en agravio de Q.E.V.F. ROBINSON HUAYCAMA DOSANTOS.I.- IDENTIFICACIÓN DEL ACUSADO: JOSÉ ADRIANO CURITIMA MOZOMBITE con Documento Nacional de Identidad N° 05788508, con fecha de nacimiento: 01 de abril de 1971, divorciado, con grado de instrucción: Superior completa, con lugar de nacimiento en: MAZAN-MAYNAS-LORETO, siendo su padre ELIAS y madre LEOVINA, con última dirección real y señalada en la RENIEC en PSJ. YAVARISIÑO-YAVARI-MARISCAL RAMON CASTILLA-LORETO, sabiendo leer y escribir .II.-DE LA IMPUTACIÓN REALIZADA POR EL MINISTERIO PÚBLICO:2.1 Hechos imputados: De la evaluación a los actuados, se tiene que los hechos se remontan al 08 de junio de 1996, aproximadamente a las 00.20 horas, en circunstancias que el agraviado transitaba por la calle malecón Sánchez Cerro y la calle Iquitos, por el almacén de PRONAA-el Molino, en compañía de sus amigos William Cahuati Lozano, Sadrac Sánchez Sandoval, Manuel Avendaño Sánchez Sandoval y Julio Torres Dávila, con quienes momentos antes habían estado en el bar “Don Juanito”, de propiedad de Juan Pedro Babilonio Inami, el mismo que se encuentra ubicado en el asentamiento humano Sánchez Cerro, dirigiéndose al local de baile conocido como “Parahua”, es en ese momento que el acusado José Adriano Curitima Mozombite, quien les impide el paso, manifestando que estaba prohibido el tránsito por ese lugar, ya que se desempeñaba como vigilante particular de dicho almacén, quien a su vez portaba un arma de fuego retrocarga de propiedad de la empresa SEPROSA (SEGURIDAD PROTECCIÓN SA), marca WINCHESTER, modelo 1300 con número de serie L-2288161, siendo que los nombrados hacían caso omiso a dicha advertencia, comenzaron a avanzar, circunstancias en que el acusado quitó el seguro del arma y lo rastrilló, mientras que el agraviado occiso avanzó delante de sus compañeros, y fue impactado con el disparo realizado por el acusado, a la altura del pecho del occiso, provocándole la muerte. Por lo que, ante los hechos expuestos, personal policial juntamente que la representante del Ministerio Público, se constituyeron al lugar y verificaron la muerta provocada en el occiso como consecuencia del disparo con arma de fuego realizada por el acusado. 2.2.- Calificación Jurídica. Petición de la Pena, Reparación Civil: 2.2.1.- Ante la denuncia formalizada por el Ministerio Público de folios 49 a 51, se atribuyó al acusado JOSÉ ADRIANO CURITIMA MOZOMBITE la presunta comisión del delito contra la CONTRA LA VIDA, EL CUERPO Y LA SALUD –HOMICIDIO SIMPLE- previsto y penado por el artículo 106°del Código Penal, bajo ese contexto, con resolución uno de fecha 12 de junio del 1996 (folios 52 a 54) se aperturó instrucción penal contra el citado acusado. 2.2.2. Posteriormente, por resolución veintiséis de fecha 16 de enero de 2006, se declaró REO CONTUMAZ al acusado y se libró órdenes de captura a nivel nacional para su aprehensión y puesto a disposición del Juzgado. 2.2.3 En virtud a lo señalado en la Resolución Administrativa N° 297-2013-CE-PJ de fecha 28 de noviembre de 2013, por resolución número treinta se fojas 214 a 224, se emitió sentencia condenatoria, la misma que luego de haber sido materia de recurso impugnatorio de apelación, fue declarada nula, por resolución de vista de fecha 11 de diciembre de 2017 (fojas 265 a 271), ordenando que se emita nueva sentencia, además de haberse declarado insubsistente la acusación emitida por el Ministerio Público. 2.2.4. Luego, el Ministerio Público con Dictamen Fiscal N° 131-2018-1°FPPC-MAYNAS de fojas 279 a 290, formuló requerimiento acusatorio contra el acusado JOSÉ ADRIANO CURITIMA MOZOMBITE como presunto AUTOR del delito contra la CONTRA LA VIDA, EL CUERPO Y LA SALUD –HOMICIDIO SIMPLE- previsto y penado por el artículo 106° del Código Penal, en agravio de Q.E.V.F. ROBINSON HUAYCAMA DOSANTOS, solicitando se le imponga DIEZ AÑOS de pena privativa de libertad efectiva; y, por concepto de reparación civil, la suma de S/.25,000.00 (Veinticinco Mil y 00/100 soles) que debe pagar el acusado a favor de los herederos legales del agraviado occiso. 2.2.3.- Teniéndose en cuenta la motivación debida que debe amparar a toda decisión jurisdiccional, debe establecerse que si bien al Ministerio Público le corresponde entre otras atribuciones la Titularidad del ejercicio de la Acción Penal y es a quién le compete emitir Dictamen Acusando o no, según corresponda, es igualmente cierto que si bien la naturaleza de los hechos investigados requieren la imposición de la sanción correspondiente, ello implica que de existir una sentencia condenatoria sea proporcional a la comisión del ilícito perpetrado y al daño ocasionado, teniéndose en cuenta que a fin de graduar el quantum de la pena el A quo debe realizar un análisis lógico jurídico y valorativo de la prueba aportada en función de la gravedad del hecho cometido, la continuidad de estos actos, de los medios empleados para su comisión, el grado de autoría y participación del agente, así como también el comportamiento del procesado a efectos de contribuir al esclarecimiento de los hechos, debiéndose fijarse además el pago de una suma pecuniaria por concepto de Reparación Civil a favor de la parte agraviada, la misma que debe ser acorde al status socio – económico del acusado, de ser el caso. 2.3.- Argumentos de Defensa del Acusado: El acusado JOSÉ ADRIANO CURITIMA MOZOMBITE en su manifestación policial de fojas 14 a 19, señaló que el día de ocurrido los hechos se encontraba rondando por la vereda el Almacén del PRONAA, ubicado en la intersección de la Calle Iquitos con el Malecón Sánchez Cerro, circunstancias en las que se aparecen varias personas (quince aproximadamente), alumbrándoles con linterna, retrocediendo para llegar a la esquina de la calle Iquitos, indicándoles que no pasen por la vereda, ya que pasaban pateando la puerta y rompiendo los letreros, haciendo caso omiso a lo requerido; por el contrario, una persona se le acerca y pretende darle un cigarrillo, ante el cual, éste lo empujó con la mano izquierda, en la que tenía la vara de goma y la linterna, mencionando que minutos antes había rastrillado su arma de fuego con la mano derecha, ello con la finalidad de que las personas se dispersen o se retiren por otro lado, y como eran muchos, temía por su vida. Al acercarse a la persona que le trató darle el cigarrillo, al empujarlo dio unos pasos hacia atrás, instantes en que otra persona (occiso) que venía tras de quien le invitó el cigarrillo, se baja de la vereda hacia la calle pensando que continuaría su camino, sin embargo, con el rabillo del ojo derecho se da cuenta que esa persona (occiso) venía hacia él, por lo que al voltear y hacerle frente con la finalidad de apartarlo de él con la retrocarga, éste choca con ella y sale un disparo impactándole en el pecho, cayendo luego en la calle después de dar cuatro pasos atrás, yéndose en ese momento el fluido eléctrico. Ante el cual, dos personas se dirigieron al occiso, y los demás manifestaron que ya lo había “matado a su amigo”, amenazándolo con victimarlo, por lo que, retrocedió hacia la calle Iquitos, con dirección a la puerta del Almacén, manifestándole que no se acerquen, ya que podría salir otro disparo, donde las personas empezaron a dispersarse por diferentes lugares, momentos en que le salió otro disparo, cuando intentaba sacar de la recámara de la retrocarga, los dos cartuchos que aún quedaban; posteriormente, hace su aparición efectivos policial de la central de emergencia de la PNP. No habiéndose recabado su declaración instructiva, por ello, se declaró reo contumaz y ha estado con órdenes de captura hasta la emisión de la resolución de vista de fojas 265 a 271, donde se dispone dejar sin efecto las requisitorias emitidas. III.- ITINERARIO DEL PROCEDIMIENTO, ANALISIS Y VALORACIÓN DE LA PRUEBA Y LA NORMA: El proceso se inició con el auto apertorio de instrucción de folios 52 a 54, previa denuncia del Ministerio Público que corre de folios 49 a 51, concluyendo el mismo con el Dictamen Fiscal Acusatorio último de folios 279 a 290, a partir del cual, los autos quedaron expeditos para emitir sentencia; Y, CONSIDERANDO; Toda sentencia constituye una decisión definitiva, acto complejo mediante el cual, se establece la existencia o ausencia de un juicio de reproche contra las acusadas sobre la base de los hechos incriminados, para lo cual, se requiere la valoración conjunta de las pruebas, incorporadas y actuadas válidamente en el proceso con todas la garantías de ley, estableciendo los hechos probados y como consecuencia de ello la realidad del delito y la responsabilidad penal; para, de ser el caso, imponer una sanción penal y reparación civil o una absolución3.1.- Normatividad Aplicable de la Imputación: La conducta incriminada al acusado JOSÉ ADRIANO CURITIMA MOZOMBITE, es por la presunta comisión del DELITO CONTRA LA VIDA, EL CUERPO Y LA SALUD -HOMICIDIO SIMPLE-, ilícito penal previsto y sancionado en el artículo 106° del Código Penal, en agravio del Q.E.V.F. ROBINSON HUAYCAMA DOSANTOS. Según lo establecido en el artículo en mención a la letra dice: “Artículo 106° Homicidio Simple (…) El que mata a otro será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de veinte años”. 3.2- Información Probatoria: Es menester señalar que el objeto del proceso penal, es comprobar si efectivamente se ha producido los hechos incriminados por el Representante del Ministerio Público; esta finalidad solo puede ser conocido mediante las pruebas e indicios que hayan sido incorporados al proceso. Siendo que los medios de prueba ofrecidos y los incorporados en el proceso penal son los siguientes: 3.2.1.- Atestado Policial N°10-96-V-RPNP-JPMRC-DCC de folios 02 y siguientes, mediante el cual se precisa la forma y circunstancias en que los efectivos policiales, tomaron conocimiento de los hechos materia de investigación, así como el resumen de las diligencias realizadas. 3.2.2.- Manifestación del acusado José Adriano Curitima Mozombite de folios 14 a 19, cuyos argumentos se han precisado líneas arriba. 3.2.3.- Manifestación policial del testigo presencial de los hechos William Cahuati Lozano de folios 20 a 22, quien señala que el día de los hechos se encontraba con el occiso y otras personas libando bebidas alcohólicas, posterior a ello, en circunstancias en que estaban pasando por la vereda de la parte posterior de local conocido como el “MOLINO” el mismo que colinda con orilla de caño de Caballo Cocha, al querer continuar caminando por la vereda, para voltear a la calle Iquitos, el guachimán (acusado) les impidió el paso, manifestándoles que se bajaran hacia el lado de la calle, luego el acusado retrocedió y se cuadró, precisando que en ningún momento se chocó o se apoyó a la pared, amenazándolos con efectuar un disparo “les meto bala” si continuaba, ante ello, todos se quedaron parados, a excepción del occiso, quien anteponiéndose entre todos, enfrentó al acusado “”¡a ver baléame a mí!”, circunstancias en que pierde el equilibrio y sale a la mitad de la calle, escuchando en ese momento “un rastrillaje” que efectuó el acusado del arma de fuego que tenía en su poder, luego de unos segundos después se escuchó el sonido de un disparo y viendo que el occiso cayó al suelo, pronunciando su nombre, pensando en ese momento que estaba jugando o en broma, y creyendo que el disparo se había realizado al aire, por lo que al acercarse al occiso, verificó que el occiso no reaccionaba y emanaba sangre del pecho, momentos en que el acusado continuó amenazándoles “¡no se acerquen más, sino les meto bala a todos!”, que provocó que todos se retiraran del lugar, dirigiéndose luego a la Comisaría del sector, circunstancias en las que se fue la energía eléctrica. 3.2.4.- Manifestación policial del testigo Juan Pedro Babilonia Aymani de folios 23 a 24, quien señala haber visto al occiso y sus amigos en su local comercial “Bar” ubicado en el Pueblo Joven 24 de Junio, donde libaron bebidas alcohólicas, retirándose de ese lugar, con visible síntomas de ebriedad, a las 00:10 horas del 08 de junio de 1996, siendo que a esa hora, el fluido eléctrico era normal por esa zona. 3.2.5.- Manifestación policial del testigo presencial Manuel Abednedo Sánchez Sandoval de folios 25 a 27, quien también estuvo con el occiso y sus demás amigos libando bebidas alcohólicas el día de los hechos, para posteriormente con la finalidad de ir a bailar, en circunstancias en que se encontraban pasando por la vereda de la parte posterior de local conocido como el “MOLINO” el mismo que colinda con orilla de caño de Caballo Cocha, al querer continuar caminando por la vereda, para voltear a la calle Iquitos, el guachimán (acusado) hizo su aparición (uniformado y armado) y les impidió el paso, manifestándoles que se bajaran hacia el lado de la calle, circunstancias en que se acercó éste al acusado para ofrecerle cigarrillos dándole una palmada en el hombro en señal de amistad, ante el cual el acusado se resistió y lo empujó, continuando con el impedimento del paso con amenaza de utilizar el arma, momentos en que el occiso que estaba tras de él, le hace a un costado con su mano, colocándose delante suyo y enfrentándolo al acusado, quien baja su arma de fuego con las dos manos y escuchó un sonido como si “rastrillara dicho arma”, luego de unos segundos escuchó el sonido de un disparo, cuando el occiso bajaba por la calle Sánchez Cerro, cuyo disparo los sorprendió a todos, viendo al occiso segundos después dar pasos hacia atrás, cogiéndose del pecho, cayendo al piso, por lo que al acercarse al occiso, verificando que al ponerlo boca arriba observó que emanaba sangre de su pecho y que no reaccionaba. Luego del cual, las demás personas le recriminaban al acusado por su actuar, ante el cual, el acusado realizó otro disparo, que les obligó a todo a retirarse del lugar, dirigiéndose luego a su domicilio. 3.2.6.- Manifestación policial del testigo presencial Sadrac Sánchez Sandoval de folios 28 a 30, quien también estuvo con el occiso y sus demás amigos libando bebidas alcohólicas el día de los hechos, para posteriormente con la finalidad de ir a bailar, en circunstancias en que se encontraban pasando por la vereda de la parte posterior de local conocido como el “MOLINO” el mismo que colinda con orilla de caño de Caballo Cocha, al querer continuar caminando por la vereda, para voltear a la calle Iquitos, el guachimán (acusado) hizo su aparición y les impidió el paso, manifestándoles que estaba prohibido pasar por ese lugar, al cual éstos pensaron que era una broma, amenazándolos con utilizar el arma de fuego, circunstancias en que el occiso se le enfrentó y le dijo “¡entonces mátame!”, ante el cual el acusado rastrilló su arma de fuego y realizó un primer disparo en el occiso, quien después dar pasos hacia atrás, cogiéndose del pecho, cayó al piso, por lo que al acercarse al occiso, verificaron que emanaba sangre de su pecho y que no reaccionaba. Luego del cual, al acusado realizó otro disparo, amenazándolos que los podía matar si es que se acercaban a él, lo que les obligó a constituir a la Comisaría para interponer la denuncia. 3.2.7. Manifestación del testigo presencial Julio Torres Dávila de folios 31 a 32, quien también estuvo con el occiso y sus demás amigos libando bebidas alcohólicas el día de los hechos, para posteriormente con la finalidad de ir a bailar, en circunstancias en que se encontraban pasando por la vereda de la parte posterior de local conocido como el “MOLINO” el mismo que colinda con orilla de caño de Caballo Cocha, al querer continuar caminando por la vereda, para voltear a la calle Iquitos, el guachimán (acusado) hizo su aparición y les impidió el paso, manifestándoles que estaba prohibido pasar por ese lugar, al cual éstos pensaron que era una broma, amenazándolos con utilizar el arma de fuego, circunstancias en que el occiso se le enfrentó y le dijo “¡entonces mátame!”, ante el cual se escuchó el rastrillaje de un arma y luego un disparo, momentos en que el occiso retrocedió de donde se encontraba y cogiéndose del pecho cayó al piso, por lo que al acercarse al occiso, verificaron que emanaba sangre de su pecho y que no reaccionaba. Luego del cual, al acusado realizó otro disparo, amenazándolos que los podía matar si es que se acercaban a él, lo que les obligó a escaparse hacia su domicilio, pensando que también que el acusado les iba a disparar.3.2.8. Acta de levantamiento de cadáver de folios 33.3.2.9.- Acta de Incautación del arma de fuego, con el cual se victimó al occiso de folios 34. 3.2.10.- Acta de Registro Personal practicado al acusado, de folios 35, donde se le encontró en su poder el arma de fuego, utilizado para victimar al occiso, con las siguientes características: arma de retrocarga de propiedad de la empresa SEPROSA (SEGURIDAD PROTECCIÓN SA), marca WINCHESTER, modelo 1300 con número de serie L-2288161, calibre 12, con capacidad para seis tiros de retroceso y debidamente abastecido con sus cartuchos 3.2.11.- Informe de Necropsia N° 02-96 de fecha 8 de junio de 1996, de folios 36 a 37, el mismo que concluye: “MUERTE SÚBITA PRO PROYECTIL DE ARMA DE FUEGO. SHOCK HIPOVOLÉMICO, DEBIDO A: DESTRUCCIÓN DEL CORAZON DERECHO, RUPTURA DE AORTA DESCENDENTE. B. DESTRUCCIÓN DEL BRONQUIO TRONCO DERECHO Y LÓBULO MEDIO DEL PULMÓN DERECHO. OCCISO DE 6 U 8 HORAS DE FALLECIDO”. 3.2.12.- Acta de entrega y recepción de armamento escopeta, equipo y munición de folios 38. 3.2.13.- Croquis de ubicación del lugar de los hechos de folios 47. 3.3.- DE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. Conforme a los hechos expuestos, se tiene que éste se habría suscitado en fecha 08 de junio de 1996, desde cuya fecha se computa el plazo de prescripción de la acción penal, de conformidad a lo establecido en los artículos 78° inciso 1., 80° y 82° del Código Penal; siendo que el plazo de prescripción en el caso concreto operaría en virtud a lo establecido en el artículo 80° cuatro párrafo del Código Penal, que establece taxativamente “la prescripción no será mayor a veinte años”, atendiendo a que el delito de HOMICIDIO SIMPLE, conforme a lo previsto en el artículo 106° del Código Penal, se encuentra sancionado con una pena privativa de libertad NO MENOR DE SEIS NI MAYOR DE VEINTE AÑOS, como tal opera la prescripción en el período establecido en el cuarto párrafo del artículo 80° del Código Penal antes señalado. Sin embargo, de la revisión del proceso penal se observa que por resolución número veinticinco de fecha 26 de enero de 2006 de fojas 189, se resuelve declarar REO CONTUMAZ al acusado, con el cual y de conformidad a lo establecido en la Ley N° 26641 “Ley de Contumacia”, la declaración de contumacia suspende el plazo de prescripción; siendo así, desde la fecha en que ocurrieron los hechos (08 de junio de 1996) hasta el 26 de enero de 2006, en que se suspende el plazo de prescripción, habrían transcurrido NUEVE AÑOS, SIETE MESES Y DIECIOCHO DÍAS. Luego del cual, en virtud al pronunciamiento de la Corte Suprema de la República, en el R.N. N° 1835-2015-Lima de fecha 07 de diciembre de 2016, se ha establecido lo siguiente: “El plazo razonable para la suspensión del plazo de prescripción de la acción penal seguida contra un procesado contumaz, en los procesos complejos, en aplicación de la Ley 26641, debe ser de 6 años o 72 meses; que se computará a partir de la fecha en que se le declara reo contumaz; y una vez vencido el mismo, comenzará a correr nuevamente el plazo extraordinario de prescripción, conforme el art. 83 del Código Penal, (…)”; en esa medida, tomando en cuenta, la fecha en que se habría suspendido el plazo de prescripción (26 de enero de 2006), computando el plazo de seis años o setenta y dos meses de suspensión establecida por la Corte Suprema, ésta habría caducado el 25 de enero de 2012, a partir del cual, volviendo a correr el plazo extraordinario de prescripción, conforme a lo señalado en el artículo 80° cuatro párrafo (dado el período con el que se encuentra sancionado el delito investigado), prescribiría el 07 DE JUNIO DE 2022; como tal, en el presente caso, la acción penal aún se encuentra vigente. 3.4.- JUICIO DE SUBSUNCIÓN: 3.4.1. Establecidos los hechos así como la normatividad jurídico penal pertinente, corresponde realizar el juicio de subsunción. En ese sentido, el Juzgador debe cerciorarse que el hecho denunciado sea típico, y lo será cuando la conducta que lo conforme aparezca descrita en una norma penal, por lo que resulta indispensable mostrar la adecuación típica de la conducta, este de tipo de adecuación de la conducta al tipo, puede realizarse de dos maneras: o el concreto comportamiento humano encuadra directamente en uno de los tipos de la partes especial del Código, entonces hará una adecuación directa o tal encuadramiento se produce a través de uno de los dispositivos legales amplificadores del tipo (tentativa, complicidad) en cuyo caso la adecuación es indirecta de lo que se deduce que este proceso de adecuación directa se presenta siempre que el Juez logra realizar el proceso de subsunción de la conducta sobre el tipo de la parte especial en forma directa e inmediata, es decir, cuando el comportamiento humano cabe plenamente en el tipo determinado porque cubre sus elementos estructurales descriptivos, normativos y subjetivos determinada la tipicidad del hecho, entramos a verificar primero el juicio de tipicidad para posterior la antijuricidad, y culpabilidad.3.4.2. Juicio de Tipicidad, Antijuricidad y Culpabilidad: En el caso concreto, en el tipo penal descrito en la Acusación, se atribuye al acusado JOSÉ ADRIANO CURITIMA MOZOMBITE, que en fecha 08 de junio de1996, habría efectuado un disparo en el occiso, a la altura del pecho, provocando su muerte, además que para la realización del tipo penal en cuestión [homicidio simple], se debe verificar la relación del riesgo que se verifica objetivamente y el tipo objetivo que supone que el acusado estaba en la posibilidad de conocer los elementos descriptivos del tipo penal que hacen típica su conducta. Además, que de acuerdo a su manifestación policial, éste alega una causal de justificación, en el sentido que el agraviado iba a agredirlo, asimismo, creyendo que estaba autorizado a disparar contra todo que oponga resistencia. El homicidio simple se concreta cuando una persona con dolo e intención, pone fin a la vida de otra persona, pero no existen circunstancias alrededor de ese crimen que la ley considere para ya sea atenuar o agravar la figura penal, es decir, este tipo de delito se caracteriza por que hay una intención de matar a otro. Para PEÑA CABRERA FREYRE: la modalidad simple del homicidio, cuya realización típica viene determinada por la acción de matar que ejecuta el autor, eliminando al sujeto pasivo del delito, cuando cesan irreversiblemente sus funciones cerebrales, esto desde un aspecto objetivo, y desde un aspecto subjetivo, el dolo directo y/o dolo eventual, quiere decir, que el –autor- debe dirigir sus conducta, conociendo de (gana-virtual el riesgo que concreto que ésta entrena para la vida de la víctima, y que finalmente se concretiza en el resultado lesivo, no es necesario la concurrencia de un elemento subjetivo del injusto ajeno al dolo, el denominado “animus necandi”, que parte de una consideración subjetivista del Injusto, ajeno al principio de legalidad material”. En el presente caso, analizando los medios probatorios actuados en el proceso penal, se aprecia que se tiene plenamente acreditado que: i) El procesado José Adriano Curitima Mozombite dio muerte a Robinson Huaycama Dosantos, el día 08 de junio de 1996, para la cual utilizó el arma de fuego que la empresa de Seguridad donde laboraba le dio, para la vigilancia del Almacén del PRONAA, conforme es de apreciar de su manifestación que obra a folios 14 a 19 y de su instructiva a folios 55 a 60, corroborado con el Protocolo de Necropsia Nro. 02-96 de folios 36, así como la declaración de los testigos presenciales del hecho William Cahuati Lozano a folios 20 a 22., Manuel Sánchez Sandoval a folios 25 a 27, Sadrac Sánchez Sandoval a folios 28 a 30 y Julio Torres Dávila a folios 31 y 32, quienes de manera uniforme y coherente han señalado la forma y circunstancias en que el acusado efectuó el disparo a la altura del pecho del occiso, quien luego de dar unos pasos atrás, cogiéndose el pecho cayó al piso, emanando bastante sangre y que al acercarse a él, observaron que ya no reaccionaba. Además, que se encuentra corroborado con la propia declaración del acusado, tanto a nivel preliminar (fojas 14 a 19) e instructiva de fojas 55 a 60), quien reconoce haber disparado al agraviado en el pecho al occiso, de cuya acción se provocó la muerte. Lo que corresponde es analizar ahora, si –conforme a lo señalado por el acusado- existe una causal de justificación, cual es la legítima defensa que alega, para establecer la no punibilidad de su conducta, para ello, debemos entender que la LEGITIMA DEFENSA, puede definirse como la defensa necesaria ante una agresión ilegitima no provocada suficientemente, la misma que se encuentra prevista en el inciso 3) del artículo 20° del Código Penal, cuyos requisitos para su validez requiere: (i) agresión ilegitima, entendida como la conducta actual e ilegítima que amenaza lesionar o poner en peligro bienes jurídicos protegidos por el ordenamiento jurídico, se agrega que esta agresión debe ser real, no es suficiente que el que se defienda se imagine la agresión Necesidad de la defensa, es aquella conducta dirigida a rechazar la agresión, se exige que la defensa sea necesaria y por ende racional, es decir adecuada para impedir o repeler la agresión; esta debe ser idónea y representar un medio menos perjudicial para el agresor, (iii) falta de provocación suficiente, el sujeto que se defiende no debe haber provocado la represión, la provocación es una acción u omisión anterior a la agresión. En el caso de autos, se advierte de la narración de los testigos (testigos presenciales del hecho William Cahuati Lozano a folios 20 a 22., Manuel Sánchez Sandoval a folios 25 a 27, Sadrac Sánchez Sandoval a folios 28 a 30 y Julio Torres Dávila a folios 31 y 32), indican que, se dirigían por la calle Malecón Sánchez Cerro y al querer voltear por la calle Iquitos(intersección entre la calle Iquitos y Malecón Sánchez Cerro), el acusado, quien laboraba como vigilante del almacén del PRONAA- el Molino, les impidió el paso por la vereda y les indicó que debían bajar a la calle, en esos momentos, haciendo caso omiso a dicho requerimiento y atendiendo a que se encontraban en estado de ebriedad continuaron su camino por la vereda, ante el cual, el acusado los amenazó con disparar si es que daban un paso más, utilizando la siguiente expresión “¡no den un paso más sino les meto bala!”, por lo que todos se quedaron parados, momentos en que el agraviado se antepuso por entre todos, “¡haber baleáme a mí!”, que dio mérito a que el acusado rastrille el arma y efectúe el disparó; entonces, resulta necesario establecer si esa acción del occiso de enfrentarse al acusado, resultaba idónea para que el acusado justifique su acción de disparo. Al respecto, para este despacho, no es justificable la acción del acusado al realizar el disparo que provocó la muerte del occiso, ya que la necesidad de autoprotección que alega para su vida o su integridad física que alega, por la cantidad de personas con las que se encontraba acompañado el occiso, no es racionalmente aceptable frente a la vida de una persona (occiso) que se encontraba además en estado de ebriedad y el enfrentamiento que le hizo, no era permisible para que el acusado utilice el arma, rastrille y dispare, sin haber previamente conminado al occiso y demás personas a que den cumplimiento a su mandato de no pasar por ese lugar, por ejemplo, efectuar –en todo caso- un disparo al aire, no siendo así jurídicamente aceptable ni racionalmente permisible, el efectuar disparo en la primera oportunidad con consecuencia falta (muerte) del occiso. Además, se debe tener en cuenta que, el uso de la fuerza o utilización de arma de fuego por personal autorizado para portar y usar arma de fuego, se sustenta, desde todo ámbito, en el respeto de los derechos fundamentales de toda persona, en donde se encuentra LA VIDA como derecho fundamental y por excelencia, sobre el cual rigen los demás derechos, para el cual, el uso del arma de fuego, aun así esté autorizado para ello, debe cumplir con los principios de legalidad (el uso del arma de fuego, debe orientarse al logro de un objetivo legal. Los medios y métodos utilizados en cumplimiento del deber deben estar amparados en el marco del Derecho internacional de los Derechos Humanos, la Constitución Política del Perú, y demás normas nacionales sobre la materia), Necesidad (El uso del arma de fuego, en el cumplimiento del deber es necesario, cuando otros medios resulten ineficaces o no garanticen de ninguna manera el logro del objetivo legal buscado. Para determinar el nivel de fuerza a usar, se debe considerar, razonablemente, entre otras circunstancias, el nivel de cooperación, resistencia o agresión de la persona intervenida y las condiciones del entorno); y, Proporcionalidad (El uso del arma de fuego, proporcional cuando el nivel de fuerza empleado para alcanzar el objetivo legal buscado corresponde a la resistencia ofrecida y al peligro representado por la persona a intervenir o la situación a controlar), que no se dan en el presente caso, siendo así, la acción ejercida por el acusado (uso de arma de fuego), que provocó la muerte del occiso, es reprochable penalmente, no siendo justificable los argumentos de defensa del acusado, para vencer la culpabilidad en su actuación; más aún, si no se ha llegado a identificar que el agraviado o sus acompañantes lo hayan amenazado siguiera con su integridad física o que lo hayan querido agredir físicamente, tampoco quitarle la vida, corroborándose que no ha dado ningún tipo de agresión ilegitima real y actual, que diera ocasión al acusado tenga la necesidad de defenderse disparando al pecho del agraviado, peor si se tiene en cuenta que el occiso y sus acompañantes se encontraban desprovistos de armas, ratificándose en la reacción irracional del acusado; peor aún, si efectuó un segundo disparo al aire, con la finalidad de amedrentar a los demás acompañantes del occiso, quienes sólo atinaron a correr y escapar, en la creencia que podían ser disparados también y no haberse verificado la peligrosidad mínima en la reacción de los mismos ni del agraviado, que pueda justificar el disparo que hizo el acusado en el pecho del agraviado, por tales motivos, no es posible establecer la concurrencia de alguna causal de antijuridícidad del delito cometido, por el contrario, en la conducta del acusado concurren los elementos configurativos del delito para establecer su responsabilidad penal y su sanción penal por dicha acción ilícita.3.5.- Determinación Judicial de la Pena. 3.5.1. La determinación judicial de la pena tiene por función, identificar y decidir la calidad e intensidad de las consecuencias jurídicas que corresponden aplicar al autor o partícipe de un delito. Se trata, por tanto, de un procedimiento técnico y valorativo de individualización de sanciones penales, conforme se tiene establecido así en los artículos 45° y 46° del Código Penal, concordante con lo previsto en la Ejecutoria Suprema número 5002-96-B/Cusco, del veinticuatro de diciembre de mil novecientos noventa y seis; y los párrafos 750° y 751° de la sentencia emitida en el EXP. Nº A.V. 19 – 2001, exigiendo se estructure y desarrolle en base a tercios. 3.5.2. En la Acusación, el Ministerio Público solicita se le imponga al acusado la pena privativa de libertad de DIEZ AÑOS, ante el cual corresponde analizar si dicha pena se encuentra dentro del margen de proporcionalidad y razonabilidad, así como de acuerdo a los daños y perjuicios ocasionados en la víctima. 3.5.3. Para la determinación judicial de la pena en el caso concreto, en la primera etapa debemos previamente establecer el espacio punitivo del mínimo y máximo legal establecido para el delito imputado, en el caso concreto, el delito de Homicidio Simple se encuentra sancionado con una PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD NO MENOR DE SEIS AÑOS NI MAYOR DE VEINTE AÑOS. 3.5.4. En la Segunda etapa, establecer la concurrencia de circunstancias genéricas atenuantes o agravantes, para establecer la pena concreta en el tercio inferior, tercio intermedio o tercio superior; o, de ser el caso la concurrencia de circunstancias agravantes cualificadas que dispone la pena concreta por encima del máximo legal o atenuantes privilegiadas que dispone la pena concreta por debajo del mínimo legal. Siendo que el Ministerio Público, solicita la pena que se encuentra en el tercio inferior. 3.5.5. Se observa en el presente caso, para el Juzgado, que efectivamente concurren circunstancias atenuantes genéricas, el acusado carece de antecedentes penales y no se ha advertido otra circunstancia que agrave su conducta para imponer la pena en el tercio intermedio o tercio superior, por lo que, se concluye que la pena concreta a imponerse al acusado se encuentra en el TERCIO INFERIOR, esto es, entre los SEIS AÑOS A DIEZ AÑOS y OCHO MESES de pena privativa de libertad. Por tanto, la pena debe ser impuesta en el período solicitado por el señor Fiscal, es decir de DIEZ AÑOS de pena privativa de libertad con carácter de efectiva 3.6 De la reparación civil. 3.6.1. La reparación civil conforme lo prescribe el artículo 93° y 95° del Código Penal tiene como fin la reparación o resarcimiento de daños y perjuicios ocasionados, por lo que ella debe fijarse partiendo del Principio de Responsabilidad y Proporcionalidad, por el cual se asume que quién causa un daño debe responder por sus actos, lo que debe materializarse en el presente caso, disponiéndose el pago de un monto económico que permita reparar adecuadamente al sujeto pasivo del evento dañoso. 3.6.2. En la Acusación formulada por el Ministerio Público, se solicita se le imponga S/.25,000.00 (Veinticinco mil con 00/100 SOLES) por concepto de reparación civil a favor de los herederos legales del agraviado, que el acusado debe pagar, monto éste que este Despacho considera que es proporcional y razonable dada la naturaleza del delito que se ha cometido, el bien jurídico protegido en este caso, cual es la vida humana, que viene a constituir el valor supremo dentro de toda la comunidad de bienes jurídicos, además que sobre su base se generan los demás derechos fundamentales, como tal exige que deba ser objeto de protección de ese tipo de comportamientos, en tanto signifiquen su vulneración efectiva, que se ha dado en el presente caso.IV.- DECISIÓN Por las consideraciones precedentes y estando a lo dispuesto por los artículos segundo, quinto y octavo del Título Preliminar, artículos uno, once, doce, veintitrés, veintinueve, cuarenta y cinco, cuarenta y seis, noventa y dos, noventa y tres, el artículo 106° del Código Penal respectivamente, en aplicación supletoria del artículo doscientos veinte del Código de Procedimientos Penales y del artículo doscientos ochenta y cinco del mismo Código Adjetivo y en el inciso cinco del artículo ciento treinta y nueve de la Constitución Política del Estado, concordante con el inciso dos del artículo ciento ochenta y cuatro del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial; con criterio de conciencia, con la facultad conferida por el artículo sexto del Decreto Legislativo número ciento veinticuatro y Administrando Justicia en Nombre de la Nación, el señor Juez del Juzgado Penal Liquidador de Maynas – Itinerante. FALLA: UNO) CONDENANDO al acusado JOSÉ ADRIANO CURITIMA MOZOMBITE, como AUTOR del DELITO CONTRA LA VIDA, EL CUERPO Y LA SALUD –HOMICIDIO SIMPLE-, ilícito previsto y penado en el artículo 106° del Código Penal, en agravio de Q.E.V.F. ROBINSON HUAYCAMA DOSANTOS; y, por tal se le IMPONE A DIEZ AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD EFECTIVA, la misma que se cumplirá en el establecimiento penal que designe el Instituto Nacional Penitenciario y se computara desde el día de su internamiento, debiendo el sentenciado ser sometido a un tratamiento terapéutico a fin de facilitar su readaptación social previo examen médico o psicológico que determine su aplicación. DOS) FIJO POR CONCEPTO DE REPARACION CIVIL: VEINTICINCO MIL SOLES (S/. 25,000.00), que deberá abonar el sentenciado a favor de Los herederos legales del occiso. Notificándose.