Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/civil/civil-III/2014/as201421679L.html
Timestamp: 2019-03-26 02:19:04
Document Index: 140029933

Matched Legal Cases: ['artículo 549', 'artículo 549', 'artículo 190', 'artículo 254', 'artículo 549', 'artículo 519', 'artículo 190', 'artículo 253', 'artículo 252', 'artículo 106', 'artículo 17', 'artículo 90', 'artículo 15', 'artículo 26', 'artículo 27', 'artículo 30', 'artículo 39', 'artículo 136', 'artículo 30', 'artículo 3', 'artículo 122', 'artículo 30', 'artículo 271', 'artículo 42']

as201421679
Auto Supremo: Nº 679
Expediente: LP-27-2010-S
VISTOS: El Recurso de Casación interpuesto por Remigio Tórrez Suñavi de fojas 244 a 247, contra el Auto de Vista N° S- 392/2009 de fecha 25 de noviembre, cursante a fojas 237 a 238, pronunciado por la Sala Civil Segunda de la que fuera Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro del proceso ordinario de NULIDAD DE ESCRITURA PUBLICA seguido por Pedro Tórrez Suñavi contra el recurrente, los antecedentes procesales, la contestación al recurso de fojas 249 a 250 vuelta, el auto de concesión del recurso de fojas 251; y,
ANTECEDENTES DEL PROCESO: Que, durante la tramitación del proceso, el Juez Noveno de Partido en lo Civil y Comercial, pronunció Sentencia N° 43/2008 en fecha 12 de febrero, declarando IMPROBADA la demanda de fojas 2-4 subsanada por memorial de fojas 12 a 19, interpuesta por Pedro Torrez Suñavi, de igual forma se declara improbada la excepción de prescripción de acción y derecho opuesta a fojas 23 a 24 por Remigio Torrez Suñavi.
Contra la Resolución de primera instancia, se interpuso recursos de apelación, radicado en la Sala Civil Segunda de la Corte Superior de Distrito de La Paz, emitiendo pronunciamiento por Auto de Vista N° S-392/2009 de 25 de noviembre, cursante a fojas 237 a 238, por el que se REVOCÓ en parte la Sentencia N° 43/2008 de fecha 12 de febrero y en aplicación del artículo 549-3) del Código Civil, se declaró PROBADA la demanda de nulidad de la Escritura Pública N° 738/92 de fecha 10 de agosto de 1992, cursante a fojas 60 a 62, consiguientemente se dispuso la cancelación del Folio Real N° 20110 10009480 y la rehabilitación de la Partida N° 919, fojas 970 de libro "40" de 12 de diciembre de 1968; y se CONFIRMÓ la determinación de declarar IMPROBADA la excepción de prescripción articulada por el demandado Remigio Torrez Suñavi, sin costas.
FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACION.- Contra la resolución de vista, el demandado Remigio Torrez Suñavi, recurre de "casación en el fondo y en la forma" argumentando que la demanda versa sobre la nulidad por causa y motivo ilícito en la elaboración de la Escritura Pública (artículo 549-3 C. C.) atacando sólo la escritura pública N° 738/92 y no cuestiona la suscripción de la minuta otorgada por Julián Torrez en su favor que generó la emisión de la referida Escritura Pública, existiendo un pronunciamiento ultra petita violando la limitación del artículo 190 del Código de Procedimiento Civil, viabilizando la interposición del recurso de casación señalado por el artículo 254-4) del ídem.
Señala haber omisión y errónea apreciación de la prueba, ya que en los considerandos I y VI del Auto de Vista recurrido, sólo se reparó en el testimonio de la escritura pública de fojas 60 a 63 y, en base a la deficiente redacción del Notario de fe Pública, se asumió la determinación errónea, sin cotejar otras pruebas como la fotocopia legalizada del protocolo de la Escritura Pública que cursa a fojas 7 y 8, que demuestra contundentemente que fue su persona la que concurrió a la Notaria a presentar la minuta con firma y rúbricas debidamente reconocidas y orden de protocolización, no siendo necesaria la presencia de su padre vendedor Julián Torrez.
Que el protocolo de la Escritura Pública N° 738/92 de fojas 7 y 8, claramente establece la suscripción de la minuta por el vendedor (impresiones digitales) acta de reconocimiento de firmas y rúbricas y orden de protocolización, extremo que es ratificado por el certificado expedido por el notario Gabriel Saavedra de fojas 176 que cursa en archivos referente a la venta de terrenos por parte de Julián Torrez en su favor.
Manifiesta que, sobre la inexistencia de la minuta en los archivos notariales, es de entera responsabilidad del Notario de Fe Pública, no atribuible a las partes, consiguientemente no se encuentra dentro de las causales de nulidad señaladas por el artículo 549 del Código Civil.
Que, el contrato es válido y concurren en su formación los requisitos de formación los señalados por los artículos 452, 454 del Código Civil; que hubo consentimiento, libertad contractual, no concurrieron vicios y menos causa o motivo ilícito, no es contrario a las buenas costumbres ni es un medio para eludir alguna norma imperativa, constituyendo ley entre partes conforme al artículo 519 del Código Civil, no pudiendo desconocerse la voluntad de las partes y la libertad contractual como es la cesión gratuita, extremo que no se cuestionó en la demanda ni tampoco el precio ficticio, por lo que el Auto de vista viola el artículo 190 y 236 del Adjetivo Civil, otorgando más de lo pedido, concurriendo en las causales del artículo 253- 1) y 3), casación de fondo y 254 -4) casación de forma, ambos del Código adjetivo de la materia.
Finaliza su memorial, reiterando que interpone recurso de casación en el fondo y la forma, pidiendo la Corte Suprema de Justicia que en estricta aplicación de la ley proceder a determinar la NULIDAD Y CASACIÓN DEL AUTO DE VISTA N° S-392/2009 de fecha 25 de noviembre del 2009, cursante a fojas 237-238 de obrados conforme a los artículos 274 y 275 del Pdto. Civil y en definitiva reponer y otorgar la plena validez de la Sentencia N° 43/2008 de 12 de febrero del 2008.
Que, para la declaración de la nulidad es necesario circunscribirnos al ámbito de la tutela judicial y constitucional, a efectos de garantizar que el desarrollo de proceso se enmarque al resguardo de los derechos de las partes, por lo que, el fundamento para la declaración de oficio de las nulidades procesales radica en la lesión a la garantía del debido proceso, es así que Alsina sostiene que," las nulidades esenciales son las que se pueden declarar de oficio porque ellas se fundan en la violación de una garantía constitucional".
En este entendido, dentro del ordenamiento procesal civil la nulidad de oficio se encuentra establecida conforme la facultad del artículo 252 del Código de Procedimiento Civil y también del artículo 106 del Código Procesal Civil por mandato de la Disposición Transitoria Segunda numeral 4 Ídem, concordante con el artículo 17 parágrafo I de la Ley del Órgano Judicial por el que todo Juez o Tribunal puede en cualquier estado del proceso declarar de oficio la nulidad de obrados, cuando la ley lo califique expresamente, disposición legal que se relaciona con el artículo 90 del Adjetivo Civil, que otorga calidad de orden público a las normas procesales y por tanto el cumplimiento obligatorio de las partes, a través de la sucesión de actos procesales desarrollados dentro del proceso. De igual forma, el artículo 15 de la Ley de Organización Judicial (vigente al momento en que el Tribunal de Alzada pronunció la resolución recurrida), establecía que, los tribunales y jueces de alzada en relación con los de primera instancia y los de casación respecto de aquellos, están obligados a revisar los procesos de oficio, a tiempo de conocer una causa, (a fin de establecer) si los jueces y funcionarios observaron los plazos y leyes que norman la tramitación y conclusión de los procesos para aplicar en su caso las sanciones pertinentes.
Con estas consideraciones, debemos indicar que la competencia, "es la facultad que tiene un tribunal o juez para ejercer la jurisdicción en un determinado asunto", tal como lo establece el artículo 26 de la Ley de Organización Judicial, la cual, se encuentra determinada por razón de territorio, materia, de la naturaleza, cuantía, y la calidad de personas que la litigan, según su artículo 27, siendo así, la competencia, se constituye en una verdadera garantía constitucional para las partes, y su inobservancia vulnera la garantía constitucional al debido proceso y por ende a la seguridad jurídica que gozan tanto el demandante como el demandado, en este ámbito, la competencia en razón de materia viene a constituirse en la aptitud del juez para ejercer su jurisdicción en un caso determinado" (Hugo Alzina), que se caracteriza también por ser improrrogable, por ello, cabe señalar que de acuerdo al artículo 30 de la Ley 1715 (Ley INRA) que se encontraba vigente al momento de presentar la demanda, abre la competencia de la Judicatura Agraria, cuando señala que "es el órgano de administración de justicia agraria; tiene jurisdicción y competencia para la resolución de los conflictos emergentes de la posesión, derecho de propiedad agrarios y actividad agraria y otros que señala la ley", asimismo, el artículo 39 señala que los jueces agrarios son competentes para conocer otras acciones reales sobre la propiedad agraria.
Que, respecto a la competencia de la judicatura agraria la Sentencia Constitucional 0378/2006 - R, de 18 de abril de 2006, ha modulado y establecido que "...si bien es cierto que la delimitación de la competencia por razón de materia en acciones reales sobre bienes inmuebles, de manera formal ha sido definida a partir de la ubicación del inmueble objeto del litigio, sea en el área urbana o en el área rural, aplicándose en el primer caso las normas de la Jurisdicción ordinaria (Código civil) y en el segundo las normas de la jurisdicción agraria (Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria); no es menos evidente que materialmente dicha definición es de suyo más compleja, puesto que dada la particularidad en la regulación del régimen del suelo y subsuelo previstos en el artículo 136 de la CPE y en especial lo previsto para la propiedad agraria en el Régimen correspondiente (Título Tercero de la Parte Tercera de los Regímenes Especiales de nuestra Constitución), exige que además se tomen en cuenta otros elementos que son imprescindibles a la hora de determinar la jurisdicción aplicable, partiendo de la premisa de que conforme con lo establecido por la Constitución, las tierras son del dominio originario de la Nación y que corresponde al Estado la distribución, reagrupamiento y redistribución de la propiedad agraria; que el trabajo es fuente fundamental para la adquisición y conservación de la propiedad agraria; y la función social que debe cumplir la propiedad agraria, por lo que el régimen legal de la tierra y en especial la jurisdicción a aplicarse, no puede quedar librada única y exclusivamente a lo que dispongan los Gobiernos Municipales en cuanto al uso del suelo y menos aún cambiar automáticamente por el solo hecho de ampliarse la mancha urbana según lo que dispongan los Gobiernos Municipales en sus respectivas Ordenanzas ..... a los efectos de determinar la jurisdicción aplicable debe partir del concepto de si la propiedad inmueble está destinada al uso de vivienda en centros poblados o urbanos, en cuyo caso se aplicarán las normas del Código Civil y la competencia será de los jueces ordinarios; o si por el contrario, se trata de la propiedad inmueb1e destinada a la producción agrícola y/o pecuaria sujeta al régimen de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria..."; que concuerda con la S.C. 001/2010 de fecha 17 de diciembre de 2010 y A.S. 448/2012, de 30 de noviembre de 2012).
En virtud a lo señalado, en el caso de autos, se tiene que mediante memorial de demanda de fojas 2 a 4, subsanada a fojas 12 y vuelta, la parte demandante interpuso demanda de nulidad de escritura pública, cancelación de partida en DDRR y acción reivindicatoria, sobre unas tierras ubicadas en el ex fundo denominado UNI, con una superficie de 5.4100 Has., sito en el cantón Palea de la Provincia Murillo del departamento de La Paz, dotadas inicialmente a su padre Julián Torrez mediante un proceso social agrario por la Presidencia de la república, expidiendo el Servicio Nacional de Reforma Agraria el correspondiente Título Ejecutorial, inscrito en Derechos Reales, apareciendo posteriormente documentos de transferencia a favor de uno de sus hermanos cuando el padre vendedor ya había fallecido 6 años atrás, asimismo, por la declaración testifical de fojas 78, respondiendo al contrainterrogatorio a la pregunta 2.- el testigo propuesto Antonio Cuentas Torrez declara "Trabajan. todos, no solo Remigio, trabaja también Lino, Ascencio, Pedro, es decir todos trabajan con la siembra de verduras al igual que nosotros y cada uno tiene un pedazo de tierra. ", igualmente de las declaraciones testificales de descargo de fojas 92, 94 y 96 de obrados y la confesión provocada de fojas 100, se evidencia y concluye que los terrenos en disputa están siendo trabajados en la siembra hortalizas, arvejas, papas, cebadas y otros. (las negrillas y cursiva nos pertenecen), por último por la Certificación expedida del Instituto Nacional de Reforma Agraria de fojas 166, ratifica que los terrenos pertenecen a la propiedad agraria, que incluso a la fecha de la expedición de dicha certificación, se encuentra en proceso de saneamiento; hechos que vienen a ratificar que los terrenos objeto de litis, se encuentran en área rural, no urbanizada y que son destinados a la función social agraria, por lo que, considerando lo establecido por el artículo 30 y 39 numeral 8) de la Ley 1715, como la S.C.0378/2006-R, al tratarse la demanda sobre disputa del derecho propietario de una propiedad agraria, corresponde su conocimiento a la Judicatura Agraria y no así a la vía ordinaria, omisión que no fue observada por el Juez de Primera Instancia, ni por el Tribunal de Alzada, a pesar de que ambas instancias en el marco de la celeridad y economía procesal, de acuerdo al artículo 3 numeral 1) del Código de Procedimiento Civil, tenían plena facultad de realizar el saneamiento procesal del presente caso y remitir al Juez Agrario competente para su tramitación, ocasionando graves perjuicios a las partes, vulnerando la garantía constitucional del debido proceso, actuación que como lo señala Víctor de Santo en su texto de Nulidades Procesales "la competencia del Juez es un presupuesto procesal, un requisito de la Sentencia de fondo, la cual no podría ser dictada válidamente por el Juez que careciera de ella"; por lo tanto no podía culminar con una Sentencia válida y legal.
Finalmente, el artículo 122 de la Constitución Política del Estado establece que "Son nulos los actos de las personas que usurpen funciones que no les competen, así como los actos de las que ejercen jurisdicción o potestad que no emane de la ley"; norma que establece y complementa que el juez a qua no contaba con competencia para sustanciar y resolver el presente proceso en estricta relación a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria.
Por lo que corresponde fallar de acuerdo a lo previsto por el artículo 271 numeral 3) del Código de Procedimiento Civil,
POR TANTO: La Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el parágrafo I numeral 1) del artículo 42 concordante con la disposición Transitoria Octava de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación a lo dispuesto en los artículos 271 numeral 3) del Adjetivo Civil, ANULA hasta la admisión de la demanda de fojas 19 vuelta, disponiendo que el Juez de Primera Instancia se pronuncie respecto a lo señalado en el presente Auto Supremo y decline competencia ante la autoridad llamada por ley.
Se impone la multa de Bs. 200 al Juez de Primera Instancia ya cada uno de los Vocales que intervienen en el indicado Auto de Vista, por inobservancia de la ley, que les serán descontados por planilla.