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Timestamp: 2018-02-20 06:13:48
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Matched Legal Cases: ['artículo 27', 'artículo 8', 'artículo 35', 'artículo 40', 'artículo 3', 'artículo 120']

UNIDAD DE JUSTICIA JUVENIL CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Situación de los centros de internamiento para jóvenes en conflicto con la ley penal - PDF
UNIDAD DE JUSTICIA JUVENIL CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Situación de los centros de internamiento para jóvenes en conflicto con la ley penal
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María Rosa Vega López
3 UNIDAD DE JUSTICIA JUVENIL CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Situación de los centros de internamiento para jóvenes en conflicto con la ley penal San Salvador, El Salvador, febrero de 2008
4 EQUIPO PARTICIPANTE EN LA ELABORACIÓN DE LA PRIMERA FASE DEL ESTUDIO Francisca Cano López Bertha Noemí Reyes Najarro Doris Luz Rivas Galindo Jaime Martínez Ventura Israel Elías Figueroa Jeanette Montalvo Jorge Alberto González Fernando Romero Lydia Elena Vega Óscar Sansivirini Luisa Rivera Xenia Díaz Carolina Velásquez S623 Situación de los centros de internamiento para jóvenes en conflicto con la ley penal / Francisca Cano López, Bertha Noemí Reyes Najarro, Doris Luz sv Rivas Galindo, Jaime Martínez Ventura a. ed. -- San Salvador, El Salv.: Corte Suprema de Justicia, p.; 28 cm. BINA/jmh ISBN Establecimientos Penitenciarios. 2. Centros de menores- Problemas sociales. I. Cano López, Francisca, coaut. II. Título. EQUIPO PARTICIPANTE EN LAS VISITAS Y RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN PARA SEGUNDA FASE DEL ESTUDIO Jaime Martínez Ventura Francisca Cano López Rafael Rivas Ordóñez Jorge Alberto González Jeanette Montalvo Fernando Romero FOTOGRAFÍAS Francisca Cano López REDACCIÓN FINAL DEL ESTUDIO Rafael Rivas Ordóñez SUPERVISIÓN Y REVISIÓN DEL ESTUDIO Dra. Victoria Marina Velásquez de Avilés Jaime Martínez Ventura Francisca Cano López EDICIÓN Karen Álvarez de Benítez Impreso en: Imprenta Criterio
5 ÍNDICE Presentación... 5 Introducción... 7 I. Marco Teórico Los fines de las medidas definitivas La medida de privación de libertad Investigaciones y/o documentos previos Inicios de la Jurisdicción Penal Juvenil (1996) Diagnóstico regional sobre las condiciones de detención (2004) Informes especiales de la PDDH (año 2003 y 2005) Informe elaborado por la OJJ (año 2005) II. Metodología del estudio Tipo de estudio Método de estudio Elementos para el análisis III. Áreas de atención en los Centros Reeducativos Las cifras de la población privada de libertad Presupuesto asignado al ISNA Estado actual de los Centros de Internamiento Centro Alternativo para Jóvenes Infractores (CAJI) Datos generales del centro y del recorrido Principales hallazgos Datos generales del centro y del recorrido Fecha de visita 26 de noviembre de Principales hallazgos. Año Opiniones de los jóvenes y de las autoridades Centro de Reeducación para Menores de Tonacatepeque Datos generales del centro y del recorrido Fecha de visita 5 de julio de Principales hallazgos. Año Principales hallazgos. Año Opiniones de los jóvenes y de las autoridades Centro Juvenil Sendero de Libertad Datos generales del centro y del recorrido Fecha de visita: 12 de julio de Principales hallazgos. Año Datos generales del centro y del recorrido Fecha de visita: 26 de noviembre de Principales hallazgos. Año Opiniones de los jóvenes y de las autoridades Centro Reeducativo El Espino... 72
6 3.4.1 Datos generales del centro y del recorrido Fecha de visita: 19 de julio de Principales hallazgos. Año Datos generales del centro y del recorrido Fecha de visita: 27 de noviembre de Principales hallazgos. Año Opiniones de los jóvenes y de las autoridades IV. Síntesis de hallazgos y conclusiones de los centros de internamiento en general La salud La educación Alimentación Formación vocacional La espiritualidad Identidad Recreación y deportes Visita externa Seguridad Disciplina Personal Infraestructura y recursos materiales V. Conclusiones y recomendaciones finales Conclusiones Recomendaciones
7 Situación de los centros de internamiento para jóvenes en conflicto con la ley penal PRESENTACIÓN La Unidad de Justicia Juvenil, bajo la supervisión de la Comisión del Menor de la Corte Suprema de Justicia, presenta el estudio denominado Situación de los centros de internamiento para jóvenes en conflicto con la ley penal, el cual ha sido realizado como parte del cumplimiento de su objetivo principal consistente en Contribuir al desarrollo de condiciones que permitan la adecuada aplicación y ejecución de la legislación penal juvenil, fomentar la especialización de sus operadores e implantar mecanismos que busquen la formación integral de los jóvenes, a través de la articulación de esfuerzos con los tribunales e instituciones públicas y privadas, relacionadas con la administración de la justicia penal juvenil ; y en el ejercicio de una de sus funciones institucionales como es la de realizar estudios e investigaciones. Este documento es resultado de un proceso de investigación realizado durante los años 2006 y 2007, que comprendió un estudio bibliográfico y documental sobre las investigaciones realizadas relativas a esta temática en nuestro país, así como una investigación de campo mediante visitas y observaciones in situ a todos los centros de internamiento para la recolección de datos, los cuales fueron obtenidos a partir de observaciones directas, grupos focales y entrevistas con las y los jóvenes internos y con los empleados/as y funcionarios/as a cargo de la dirección y administración de cada uno de los centros visitados. Desde la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño por parte del Estado salvadoreño en abril de 1990, uno de los grandes desafíos, para la sociedad y el Estado, ha sido la adecuación de los centros de internamiento para menores de edad, a los principios constitucionales y a los estándares internacionales en materia de derechos humanos de la infancia. En el campo normativo esa adecuación dio un paso muy importante con la entrada en vigencia de la Ley del Instituto Salvadoreño para la Protección del Menor, hoy Ley del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia, ISNA, en marzo de 1993; la Ley del Menor Infractor, hoy Ley Penal Juvenil, en marzo de 1995; la Ley de Vigilancia y Control de Ejecución de Medidas al Menor Infractor, hoy Ley de Vigilancia y Control de Ejecución de Medidas al Menor Sometido a la Ley Penal Juvenil, en julio del mismo año y el Reglamento General de los Centros de Internamiento para Menores Infractores en diciembre de Sin embargo, en muchos países del mundo como en el nuestro, la realidad de la ejecución de la pena privativa de libertad, especialmente las condiciones en que se realiza, es uno de los ámbitos más alejados de los principios, objetivos y disposiciones jurídicas que lo regulan, tanto en lo que concierne a las personas adultas como en lo que respecta a las personas menores de edad, a tal punto que la cárcel ha sido denominada como un espacio sin ley. La realidad carcelaria dentro de la cual se encuentra el internamiento de menores de edad demuestra contundentemente que las adecuaciones normativas e institucionales en este ámbito no son suficientes para lograr las transformaciones requeridas para el respeto de la dignidad de los seres humanos privados de libertad y para el cumplimiento de la finalidad preventiva especial de la pena. Se necesita, entre otras cosas, un claro compromiso político con el respeto, garantía y vigencia de los derechos humanos y asignaciones presupuestarias para dotar a los lugares de encierro de los recursos humanos, materiales, técnicos y 7
8 tecnológicos que contribuyan a lograr el ideal socializador o, por lo menos, que hagan menos denigrante la privación de libertad. Este estudio ha sido elaborado con la intención de presentar un amplio panorama sobre el desarrollo histórico y la situación actual de los centros de internamiento; no pretende ser exhaustivo, pero sí destacar algunas de las condiciones más relevantes relacionadas con el cumplimiento de la finalidad socio-educativa de la sanción penal juvenil, como el acceso a la educación, a la salud, la recreación, la orientación familiar y los programas de formación laboral de los y las jóvenes, como un aporte para el conocimiento, reflexión, análisis y búsqueda de solución de los problemas que se viven en los lugares destinados para el cumplimiento de la sanción privativa de libertad de las personas menores de edad de nuestro país. No puede concluirse esta presentación, sin agradecer a todas y todos los jóvenes que, pese a su encierro y al recelo natural que despierta cualquier estudio que corre el riesgo de convertirse en un documento más, abrieron las puertas de su vida a los investigadores y dejaron al descubierto sus problemáticas, expectativas y sus deseos de contar con oportunidades que les permitan convertirse en personas de provecho para sus familias y para la sociedad. Igualmente se agradece la colaboración de las autoridades superiores del ISNA, así como a los directores, directoras, funcionarios, funcionarias y empleados/as de cada uno de los centros de internamiento visitados, ya que sin su apoyo no hubiese sido posible realizar el presente estudio. Debe también reconocerse y agradecerse el trabajo realizado por cada uno de los y las integrantes de los dos equipos de la Unidad de Justicia Juvenil que participaron en cada una de las fases de esta investigación. Especialmente debe destacarse la iniciativa de las licenciadas Doris Luz Rivas Galindo, Magistrada Presidenta de la Cámara de Menores de la Primera Sección del Centro y Bertha Noemí Reyes Najarro, Jueza de Ejecución de Medidas de Santa Ana, quienes en el ejercicio de su función judicial, como garantes de los derechos de las personas menores de edad sancionadas mediante la legislación penal juvenil, sugirieron la realización de este estudio y acompañaron su proceso de investigación, elaboración y revisión. Asimismo, debe destacarse la participación de la Profesora Francisca Cano López, en las dos etapas de la investigación, así como en la revisión y edición de este estudio, a quien se le agradece en especial el aporte de su experiencia como investigadora científica de la Universidad de Barcelona. San Salvador, El Salvador, febrero de Dra. Victoria Marina Velásquez de Avilés Primera Magistrada Comisión del Menor Corte Suprema de Justicia 8
9 Situación de los centros de internamiento para jóvenes en conflicto con la ley penal INTRODUCCIÓN Una de las preocupaciones centrales de los jueces, juezas, magistrados y magistradas de la jurisdicción penal juvenil es el cumplimiento del fin socio-educativo de las sanciones penales que se imponen a las personas menores de edad en conflicto con la Ley Penal, particularmente en lo atinente a la privación de libertad. La Unidad de Justicia Juvenil de la Corte Suprema de Justicia (UJJ), con el apoyo de la profesora Francisca Cano López, de la Universidad de Barcelona, a solicitud de las licenciadas Bertha Noemí Reyes Najarro, Jueza de Ejecución de Medidas al Menor de Santa Ana y Doris Luz Rivas Galindo, Magistrada Presidenta de la Cámara de Menores de la Primera Sección del Centro y con la colaboración de las autoridades, funcionarios y funcionarias del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA), así como un grupo de jóvenes privados y privadas de libertad, llevó a cabo el presente estudio que tiene como propósito Conocer la situación de los Centros de Internamiento para el cumplimiento de la finalidad socio-educativa de la sanción penal privativa de libertad, con el objetivo de contribuir a realizar una mejor valoración de las posibilidades de inserción sociofamiliar de dichos jóvenes y presentar a las autoridades respectivas y a la sociedad en general, las conclusiones y recomendaciones necesarias para el mejor cumplimiento de esa finalidad socio-educativa. Para ello, se preparó una metodología de campo consistente en la observación in situ, bajo parámetros definidos de información a recopilar, la cual se complementó con entrevistas a informantes claves, enfocadas en las dos fuentes básicas que conviven en el centro: autoridades y funcionarios y las personas jóvenes privadas de libertad. Dicho esfuerzo dio como resultado el presente documento que no pretende ser exhaustivo en la descripción del estado actual de los centros de internamiento, sino más bien presentar un panorama de las condiciones en las que se realiza la privación de libertad de las y los jóvenes en conflicto con la Ley Penal. Como complemento necesario a esta observación a los centros de internamiento, se realizan algunas valoraciones doctrinarias, jurídicas, presupuestarias y estadísticas para una mejor interpretación de la información recogida. También se presenta una síntesis de investigaciones previas sobre los centros de internamiento que, aunque elaboradas con propósitos diferentes a los de este estudio, muestran lo que ha sucedido a través del tiempo y con ello, los avances, estancamientos o retrocesos en la atención de las personas menores de edad privadas de libertad. De hecho, el presente es un estudio realizado en dos momentos. El primero entre junio y julio de 2006 y el segundo a finales de noviembre de 2007, que permite comparar en un lapso relativamente reciente los cambios más significativos registrados en uno y otro instante. Se espera que este instrumento pueda servir como punto de partida para la profundización en la discusión y reflexión constructiva sobre los elementos básicos de un plan o estrategia para el fortalecimiento de los programas de atención a la juventud en conflicto con la ley. 9
11 Situación de los centros de internamiento para jóvenes en conflicto con la ley penal I MARCO TEÓRICO 1. LOS FINES DE LAS MEDIDAS DEFINITIVAS El artículo 27, inciso 3º, de la Constitución de la República de El Salvador, dispone que (...) El Estado organizará los centros penitenciarios con el objeto de corregir a los delincuentes, educarlos y formarles hábitos de trabajo, procurando su readaptación y la prevención de los delitos. Esta disposición determina la función constitucional de la pena privativa de libertad: en primer lugar, debe buscar la readaptación del delincuente, a través de medidas que incluyan la educación y formación de hábitos de trabajo y, en segundo lugar, la prevención de los delitos. En la actualidad, la readaptación encuentra su contenido en las doctrinas de la llamada prevención especial, según la cual la finalidad de la pena es la de disuadir al infractor de la ley de cometer futuros actos delictivos; es decir, lo que se pretende evitar es la reincidencia a través de una sanción penal que tenga como finalidad la resocialización del sujeto infractor. La idea de readaptación de la persona delincuente, sea adulto o menor de edad, ha sido frecuentemente atacada por considerarse que parte de una visión individualista de la intervención, que identifica en el individuo la causa única de los hechos de delincuencia, incurriendo en el Derecho Penal de autor, y omite las valoraciones en torno a las circunstancias sociales en las que éstos y éstas crecen y se desarrollan. Otro de los ataques que han merecido las teorías de la prevención especial, alude a la influencia que, en las actuales revisiones legislativas para el endurecimiento de la pena de prisión, tiene la idea de la inocuización del infractor, ya que el descorazonamiento de los salvadoreños por la violencia es tal que no creen en la rehabilitación de los delincuentes 1. Desgraciadamente, dentro de la ideología de la defensa social, vigente desde hace varias décadas, emerge la concepción del delincuente habitual como incorregible, como el auténtico enemigo de la sociedad: una figura que aparece con profusión en los medios de comunicación, sobre todo asociada al crimen organizado, y que es utilizada por algunas autoridades políticas para, por ejemplo, cuestionar la labor de los jueces 2. Sin embargo, dicha concepción es superada en la Constitución de la República, al incorporarse los propósitos de la prevención de los delitos, que exige la intervención sobre elementos sociales asociados con el fenómeno de la violencia. Consecuencia de ello es que la pena, en nuestro marco constitucional, ejerce una función de carácter principalmente utilitario, pues busca en primer lugar la resocialización del delincuente. Como bien apuntan las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos 3, adoptadas en 1955 por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, el fin y la justificación de las penas y medidas privativas de libertad son, en definitiva, proteger a la sociedad contra el crimen. Sólo se alcanzará este fin si se aprovecha el período de privación de libertad para lograr, en lo posible, que el delincuente una vez liberado no solamente quiera respetar la ley y proveer sus necesidades, sino también que sea capaz de hacerlo. 1 Penas más severas. Quieren al ejército en las calles. El Diario de Hoy, 17 de octubre de Entrevista con Félix Garrid Safie, Fiscal General de la República: Los planes mano dura agravaron el problema. El Faro, 19/25 de junio de
12 Lo anterior permite a su vez justificar la pena en función de su necesidad para el cumplimiento de los propósitos constitucionales y legales establecidos; en ese sentido, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de en su artículo 8 indica: La ley no debe establecer otras penas que las estricta y evidentemente necesarias, por lo que la pena solamente es justificable por el cumplimiento de los elementos mínimos que se desglosan a continuación: a. La idoneidad de los medios empleados, cuyo contenido debe precisarse a través de la determinación de las penas a emplearse, la duración y condiciones necesarias para su correcto cumplimiento. b. Justificar la necesidad de tales medios, adecuados a finalidades concretas. c. La ponderación de intereses individuales y sociales. Así, se deben identificar los medios que en su duración e intensidad sean idóneos para la finalidad que se pretende alcanzar, teniendo en cuenta entre las opciones, con prioridad, aquellos que resulten menos gravosos para los derechos humanos de los sujetos, ponderando la pena a imponer a través de una relación proporcional con la importancia del bien jurídico que se persigue proteger. En lo relativo a las penas aplicadas a las personas menores de edad, las cuales son llamadas medidas por la Ley Penal Juvenil, la Constitución de la República en su artículo 35 inciso segundo determina que ( ) La conducta antisocial de los menores que constituya delito o falta estará sujeta a un régimen jurídico especial ( ), es decir, que las mismas deben ajustarse al cumplimiento del propósito constitucional, pero teniendo en cuenta en su determinación, aplicación y ejecución las situaciones particulares de desarrollo y formación de la personalidad de las y los jóvenes. En ese sentido, la Convención sobre los Derechos del Niño 5 en su artículo 40 numeral 1 establece los propósitos que, según el consenso de la comunidad internacional expresado en dicha Convención, debieran ser los de la justicia penal juvenil y de las penas a aplicar. Tales propósitos son: a. Fortalecer el respeto del niño y de la niña por los derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros. b. Tener en cuenta la edad del niño y de la niña. c. Promover la reintegración de las personas menores de edad y que éstas asuman una función constructiva en la sociedad. La Ley Penal Juvenil, en su artículo 3, prescribe que los principios orientadores de la justicia juvenil son la protección integral del menor, su interés superior y el respeto a sus derechos humanos, los cuales cumplen funciones de orientación y límite acerca del tipo de justicia que debe serles impartida, con características especiales como la aplicación de salidas alternas al proceso penal o desjudicialización y, en los casos en los que no es posible, orientan también las condiciones que deben asegurarse en el cumplimiento de las llamadas medidas ; los últimos dos principios, que son la formación integral y la reinserción en su familia y en la sociedad, son los propósitos finales de la justicia juvenil que se ajustan cabalmente a los parámetros de la Convención y son conocidos en conjunto como el fin socio educativo
13 Situación de los centros de internamiento para jóvenes en conflicto con la ley penal Lo anterior permite concluir que la readaptación establecida en la Constitución, en lo que atañe a la justicia penal juvenil adquiere el nombre de finalidad socio educativa y expresa su contenido a través de la educación en responsabilidad y en la reinserción sociofamiliar del joven, ambos conceptos son complementarios e integran una única respuesta: no puede haber responsabilidad penal 6 sin inserción social. De acuerdo con Mapelli 7, la reeducación y la reinserción social se han planteado históricamente como vinculantes, como dos caras de una misma moneda, lo cual no impide que cada una de ellas cuente con un contenido autónomo y complementario. Así, se hace justicia a la idea de reeducación cuando se dice que ella obliga a que en la ejecución penal existan instrumentos (como la educación, el trabajo, el tratamiento psicológico, la ayuda a la persona una vez que sale de prisión) dirigidos a posibilitar que la persona condenada a vivir el internamiento tenga oportunidades de afrontar las causas que lo llevaron a delinquir. Es indudable que esta pretensión de transformar los factores que explican la delincuencia a través de actividades realizadas en el internamiento está sometida a grandes dificultades pues, como destacan múltiples estudios criminológicos, el encarcelamiento disminuye las posibilidades de llevar una vida normal. 8 La reinserción social y familiar bajo una visión humanitaria incluye dos exigencias básicas: por una parte, obliga a que las penas no sean de una duración tan larga que cualquier perspectiva de reintegración de la persona en su mundo social sea ilusoria; y, por otra, requiere que, durante la ejecución, se mantenga por diversas vías la relación de la persona con el mundo exterior. A este segundo aspecto de la idea de reinserción responden, como ha dicho el Tribunal Constitucional Español, instituciones como los permisos penitenciarios, el régimen de semilibertad o la libertad condicional (Véase STC 112/1996, 24 de junio, Vives Antón, FJ 4) y en el caso de la justicia penal juvenil la idea de atender, conservar y fomentar los vínculos familiares del joven (véase el artículo 120 inciso final de la Ley Penal Juvenil). Una de las críticas formuladas a la llamada ideología re, de re-educación y re-socialización, consiste en que en ambos casos el y la joven en conflicto con la ley se encuentran en una etapa de su desarrollo bio-psico-social en la que no ha culminado su proceso de maduración, razón por la cual debiera preferirse hablar de socialización y educación y no de re-socialización. En este documento no se toma una posición tajante sobre esta precisión conceptual y por lo tanto las categorías de inserción y reinserción serán utilizadas indiferentemente. En la práctica, en lo relativo a la aplicación de ambos propósitos, no están exentos de dificultades. La reinserción entra en crisis cuando 9 : a. Los objetivos de la reinserción se alcanzan antes del tiempo de duración de la medida y con ello la continuación de la medida no se justifica. 6 Es decir, la posibilidad de que el joven afronte las causas individuales y sociales que lo llevaron a delinquir y la necesaria transformación de actitudes y aptitudes que fortalezcan su interacción social. 7 Mapelli Caffarena, Borja. Las consecuencias jurídicas del delito, Civitas, Madrid, 1996, pág Cfr. Cid Moliné, José. Derecho a la reinserción social. Consideraciones a propósito de la reciente jurisprudencia constitucional en materia de permisos, en Jueces para la Democracia, 1998, Nº 32, pág Aquino, José Antonio. Juez Segundo de Ejecución de Medidas al Menor de San Salvador. La Reinserción Social, sin datos editoriales, pág
14 b. En los casos en que no existe necesidad de reeducar o resocializar al individuo. c. En las situaciones en las que el sistema de internamiento se encuentra en crisis y por ende incapacitado para contribuir al cumplimiento de dichos propósitos. En el mismo sentido, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en la Resolución contra la Ley Transitoria Contra la Delincuencia y el Crimen Organizado, pronunciada el 14 de febrero de 1997, se manifestó estableciendo que: ( ) la prohibición de cierto tipo de penas que no son coherentes al grado de desarrollo del derecho penal, tiene un sentido en la Constitución, y es el de racionalizar la sanción de las infracciones penales, autorizando su utilización respecto de actos antijurídicos que efectivamente lesionen bienes jurídicos esenciales, y limitando sus efectos al logro de la mencionada resocialización, lo cual no puede ser alcanzado cuando el ejercicio del poder penalizador del Estado se desborda en abuso y vulneración de derechos fundamentales y principios esenciales de la estructura constitucional ( ) De tal consideración se advierte que el agravamiento de las penas no se adecua a la finalidad prescrita por el art. 27 Cn., pues se desnaturaliza su función resocializadora y se le convierte en un mecanismo intrínsecamente represivo ( ). Lo anterior permite precisar algunas características que deben cumplir las sanciones penales juveniles para favorecer los propósitos para los cuales fueron creadas. Éstas son: La flexibilidad de la medida definitiva impuesta en función del avance del joven en su proceso de educación en responsabilidad. La revisión permanente, a fin de supervisar que en cada momento la medida se ajuste a los fines últimos establecidos por la Constitución y las leyes. La temporalidad, es decir, el establecimiento de un término máximo para conseguir los propósitos de la medida. La factibilidad, o sea, la posibilidad real de que la medida pueda ser practicada. 2. LA MEDIDA DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD Conforme a los estándares internacionales sobre los derechos de la niñez en conflicto con la ley penal 10, se entiende por privación de libertad Toda forma de detención o encarcelamiento, así como el internamiento en un establecimiento público o privado del que no se permita salir al menor por su propia voluntad, por orden de 10 Dichos estándares internacionales, conocidos tradicionalmente como doctrina de la protección integral, están conformados, entre otros, por la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), las Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad de 1990 (Reglas de Tokio), las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores de 1985 (Reglas de Beijing), las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad de 1990, las Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil de 1990 (Directrices de Riad). 14
15 Situación de los centros de internamiento para jóvenes en conflicto con la ley penal cualquier autoridad judicial, administrativa u otra autoridad pública 11, la cual debe reunir las características siguientes: Excepcionalidad: debe ser de carácter excepcional, nunca la regla general. Subsidiariedad: debe aplicarse como último recurso luego de valorar otras opciones. Temporalidad: debe adoptarse por tiempo determinado. Brevedad: debe aplicarse por el menor tiempo posible. Celeridad: las decisiones sobre su aplicación o inaplicación deben ser adoptadas con rapidez y con respeto a las garantías del debido proceso. Al igual que durante la fase previa al juicio, las Reglas de Beijing y la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), ordenan que la sentencia que imponga la privación de libertad se utilice como medida de último recurso y durante el período más breve posible. La necesidad de aplicar sanciones alternativas a los infractores, siempre que sea posible y cualquiera sea su edad, es reforzada ulteriormente por las Reglas de Tokio. El principio de último recurso significa que la privación de libertad no debe imponerse a menos que el juez considere que los objetivos que se persiguen con dicha medida (principalmente la rehabilitación en los casos de los infractores juveniles) no puedan alcanzarse en un contexto sin internación. Asimismo, el principio del tiempo más breve que proceda debería interpretarse como el período que afecte lo menos posible la personalidad, integridad y dignidad de la persona privada de libertad; el lapso que afecte menos el sentido de responsabilidad y de convivencia para su reinserción social. En todo caso, debe señalarse que una persona detenida, sin distinción de edad, tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad y el Estado debe de garantizarle el derecho a la vida, a la integridad personal y al respeto de su dignidad humana. 12 Por ende, debe hacerse todo lo posible para evitar la afectación del joven en conflicto con la ley. En este sentido, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en la Resolución contra la Ley Transitoria Contra la Delincuencia y el Crimen Organizado, pronunciada el 14 de febrero de 1997, se manifestaba estableciendo que: ( ) Ya de por sí la doctrina señala los negativos efectos de la prisión es la llamada crisis de la pena privativa de libertad, sobre la cual las recientes investigaciones a decir de Bustos Ramírez han demostrado que la pena en exceso privativa de libertad no puede ser resocializadora, ya que destruye la personalidad del sujeto y también los llamados efectos de prisionalización y de despersonalización que tiene la cárcel, por el hecho de ser una institución total, en la cual el sujeto pierde su identidad y pasa sólo a ser un número dentro de la institución, lo cual además conduce a la llamada subcultura carcelaria, que aumenta la conciencia violenta o delictiva del sujeto. Consecuentemente, someter al condenado a un extrañamiento tan prolongado que sea irrazonable, mucho más si el mismo es de por vida, desnaturaliza el fin de la pena de prisión prescrito por la 11 Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores de Privados de Libertad, Regla No. 11, letra b. 12 Cf. Corte IDH. Caso Instituto de Reeducación del Menor, sentencia del 2 de septiembre de 2004, serie C No. 112, párrafo
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