Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/civil/civil-III/2012/as201221192L.htm
Timestamp: 2019-03-20 05:47:40
Document Index: 162569519

Matched Legal Cases: ['artículo 88', 'artículo 134', 'artículo 138', 'artículo 87', 'artículo 89', 'artículo 131', 'artículo 42', 'artículo 8']

201209-Sala Civil liquidadora-1-192
Auto Supremo: Nº 192
Expediente:T-42-07-S
Partes:Antonia Pantoja C/Felipe Cruz Pantoja.
VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fojas 129 a 132, interpuesto por Antonia Pantoja contra el Auto de Vista Nº 103 de 13 de octubre de 2007, pronunciado por la Sala Civil Primera de la entonces Corte Superior de Justicia del Distrito de Tarija, en el proceso ordinario sobre usucapión seguido por la recurrente contra Felipe Cruz Pantoja, la respuesta de fojas 135, los antecedentes, y:
CONSIDERANDO: Que, el Juez de Partido Cuarto en lo Civil y Comercial de la ciudad de Tarija emitió la Sentencia Nº 234 de 14 de agosto de 2007, cursante de fojas 100 a 102 vuelta, declarando probada la demanda de fojas 9 a 10, consiguientemente operada la usucapión decenal o extraordinaria a favor de Antonia Pantoja sobre la fracción del inmueble ubicado en la zona "Villa Fátima", avenida "Los Membrillos" de esa ciudad, con una superficie de 34.17 m.2 y demás dimensiones y colindancias insertas en la parte dispositiva del fallo; como consecuencia ordenó el registro definitivo del derecho propietario ante la Oficina de Registro de Derechos Reales de esa ciudad previa presentación del respectivo plano aprobado por la Dirección de Desarrollo Urbano y el cumplimiento de otras formalidades.
Apelada la resolución por el demandado Felipe Cruz Pantoja, la Sala Civil Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Tarija, emitió el Auto de Vista Nº 103 de 13 de octubre de 2007, cursante de fojas 122 a 123 vuelta, revoca totalmente la sentencia y declara improbada la demanda de usucapión decenal, sin costas.
Contra la resolución de segunda instancia, la demandante Antonia Pantoja, interpone recurso de casación en el fondo, en base a los siguientes argumentos:
Que, el auto de vista recurrido revocó la sentencia en base a una interpretación personalísima, inadecuada y fuera de la realidad; señala que la aseveración efectuada por los vocales del tribunal de apelación, en sentido de que el demandado (su hermano) le autorizó el ingreso a su domicilio, quedó desvirtuada con la prueba producida, misma que demostró que ella ingresó al terreno en litigio conjuntamente su madre y todos sus hermanos a quienes su progenitora les repartió pequeñas fracciones para que realicen mejoras de acuerdo a sus necesidades y posibilidades, trabajos estos que los realizó precisamente con su fallecido esposo e hijos, resultando por ello arbitraria la interpretación de la prueba efectuada por el tribunal de alzada; indica que el demandado no ingresó en posesión del inmueble ni se le ministró posesión judicial del mismo, puesto que de la revisión de antecedentes se advierte que en el interdicto que éste planteó no indicó que ella era su colindante y ocupante de la fracción de terreno en litigio; manifiesta que la prueba cursante de fojas 82 a 83 demuestra que se encuentra en posesión del inmueble por más de treinta años, y que el acta de confesión judicial de fojas 87 evidencia que su posesión es por más de dieciseís años; denuncia que la documental adjuntada por el demandado, demuestra que éste adquirió el terreno de su madre recién el año 1991, es decir cuando su persona se encontraba dentro del terreno, aspecto que desvirtúa la posición del demandado en sentido de haber sido él quien le autorizó el ingreso al inmueble; señala que, la prueba fue valorada correcta y detalladamente por el Juez de la causa, aspecto que no sucedió con el tribunal de apelación quien ignoró el acta de inspección de fojas 81 que evidencia la división que existe entre ambos inmuebles, igualmente omitió considerar el acta de confesión judicial de fojas 87 que demuestra que el demandado reconoció que la actora vive en el domicilio aproximadamente diecisiete años, resultando en consecuencia imposible que él hubiese autorizado su ingreso cuando todavía no era propietario, aspecto que de igual manera quedó desvirtuado con la afirmación que hizo en sentido de que la construcción precaria la efectuó su anterior esposo hace unos veinte años atrás; sostiene que, el tribunal de apelación valoró erradamente la prueba y confundió su posesión con una simple detentación, al respecto señaló que sin consentir en esa afirmación, aún suponiendo su condición de detentadora, por definición doctrinal, igualmente le asistiría el derecho a usucapir el inmueble, sin embargo aclaró que su condición respecto al inmueble es de poseedora, aspecto que debió ser considerado por el Tribunal de apelación de conformidad al artículo 88 del Código de Procedimiento Civil.
Finaliza el recurso, invocando a los Ministros de la Corte Suprema, resuelvan casando el auto de vista recurrido, con expresa condenación de costas.
CONSIDERANDO: Que, así interpuesto el recurso de casación en el fondo y pese a su deficiencia argumentativa, se ingresa a su consideración y análisis, tomando en cuenta que la impugnación de la recurrente se centra en la valoración de la prueba realizada por el tribunal de apelación que, en criterio suyo, resulta incorrecta, toda vez que la prueba a que hace referencia evidenciaría la posesión que tiene del inmueble que pretende usucapir por el término aproximado de 30 años, y que la misma se inició no por aprobación del demandado sino por consentimiento de su madre, aspectos que correctamente valorados darían mérito a su pretensión de adquirir por usucapión la propiedad del inmueble objeto de litigio.
El Código Civil Boliviano regula dos tipos de usucapión sobre bienes inmuebles: la ordinaria o quinquenal y la extraordinaria o decenal; así quien en virtud de un título idóneo para transferir la propiedad adquiere de buena fe un inmueble de alguien que no es su dueño, cumple la usucapión a su favor poseyéndolo durante cinco años contados desde la fecha en que el título fue inscrito, hablamos en este caso de la usucapión ordinaria prevista por el artículo 134 del Código Civil. También puede adquirirse la propiedad por la simple posesión continuada (ininterrumpida) de diez años, lo que significa que en este caso no será necesaria la existencia del título idóneo que se exige para la posesión quinquenal, nos referimos a la usucapión decenal o extraordinaria prevista por el artículo 138 del Código Civil.
Como es lógico en ambos casos la condición imprescindible para la usucapión es la posesión continuada, pública y pacífica, dado que sin posesión que reúna esas condiciones no existe posibilidad de que opere la usucapión; en la usucapión extraordinaria, debe sumarse otro requisito esencial que resulta también imprescindible cual es el transcurso del tiempo fijado por ley para la usucapión que es de diez años.
En ese marco diremos que: "la posesión significa acto de poseer o tener una cosa corporal con ánimo de conservarla para sí o para otro, por tal razón, poseer es tener una cosa en su poder, para usarla, gozarla y aprovecharla". (Gonzalo Castellanos Trigo en su obra Posesión, Usucapión y Reivindicación). Al respecto, el artículo 87 del Código Civil establece la siguiente noción de posesión: I. La posesión es el poder de hecho ejercido sobre una cosa mediante actos que denotan la intención de tener sobre ella el derecho de propiedad u otro derecho real. II. Una persona posee por sí misma o por medio de otra que tiene la detentación de la cosa.
Siguiendo esa noción, en reiteradas oportunidades se ha sostenido que la posesión tiene dos elementos que dan vida a esa institución: El corpus, que es el elemento material de la posesión; es decir el tener la cosa, en otras palabras el ejercer sobre la cosa el poder de hecho; y el animus que es el ánimo de dueño, es decir la intención de tener sobre la cosa el derecho de propiedad u otro derecho real. Para usucapir un bien ambos elementos deben coexistir al mismo tiempo, no basta tener el mero poder de hecho sobre la cosa si éste no está acompañado del animus es decir de la intención de actuar como titular del bien.
En ese marco de ideas, corresponde analizar el caso concreto remontándonos al memorial de fojas 9 a 10, complementado a fojas 17 y luego a fojas 19, a través de los cuales, Antonia Pantoja demanda a Felipe Cruz Pantoja la usucapión de un inmueble (terreno con construcción precaria) de 35 m.2 ubicado en la zona de Fátima del Cercado del Departamento de Tarija, argumentando que desde el año 1976, en forma pacífica, pública, continuada e ininterrumpida, posee el referido inmueble al cual ingresó con el consentimiento de su señora madre quien en ese tiempo trabajaba como "arrendera" de los terrenos que pertenecían a la familia Navajas, como consecuencia de ello construyó dos pequeños cuartos de acuerdo a sus posibilidades y una galería, ejecutando por tanto actos de verdadero propietario, cumpliendo así los requisitos del corpus y del ánimus, sin que terceras personas hubiesen perturbado su posesión.
Siendo esos los hechos en que se basó la pretensión demandada corresponde destacar que según refiere la actora se encontraría en posesión del inmueble desde el año 1976, aspecto que no resulta posible en virtud al principio de exclusividad de la posesión que analizamos anteriormente. En efecto, de fojas 23 a 26 vuelta, cursa ejecutorial librada por el Juzgado de Instrucción en lo Civil de la Capital de Tarija que evidencia que Concepción Pantoja Alarcón, madre de la demandante y del demandado, el 21 de febrero de 1991, demandó la usucapión decenal del inmueble de 273,30 m.2 ubicado en el barrio "Fátima" de la ciudad de Tarija, argumentando tener posesión por un tiempo mayor a veinte años, demanda que fue acogida favorablemente por sentencia dictada el 15 de junio de 1991, que le otorgó el derecho de propiedad sobre el referido inmueble en virtud a la posesión que ésta tenía sobre el mismo, sentencia que fue inscrita en Derechos Reales bajo la Partida Nº 642 del Libro de Propiedades de esa Capital de fecha 17 de julio de 1991. De lo señalado, se evidencia sin lugar a duda que quien ejerció posesión del inmueble en cuestión hasta el año 1991 era Concepción Pantoja Alarcón y no así la ahora actora Antonia Pantoja; lo afirmado precedentemente encuentra sustento en el siguiente razonamiento, si Concepción Pantoja Alarcón obtuvo por usucapión la propiedad del inmueble mediante sentencia dictada el año 1991, es lógico suponer que ella y no otra persona era quien poseía el inmueble usucapido, consiguientemente la posesión que alega Antonia Pantoja resulta inverosímil teniendo en cuenta que la posesión de su madre continuó hasta el año 1991, en consecuencia se concluye que hasta esa fecha Antonia Pantoja no poseía para sí el indicado inmueble sino que lo hacía en nombre de su madre Concepción Pantoja Alarcón, teniendo consecuentemente sólo la condición de detentadora y no así de poseedora como erradamente entiende la recurrente.
Adquirido el derecho propietario, Concepción Pantoja Alarcón, transfirió a título de compraventa el inmueble a favor de Felipe Cruz Pantoja, como se evidencia del Testimonio cursante de fojas 29 a 31 vuelta, quien registró su derecho de propietario en Derechos Reales en fecha 12 de noviembre de 1991, bajo la Partida Nº 1078, del Libro de Propiedades de la Capital, inscrito en el folio Nº 42, conforme demuestra la Certificación de fojas 13 - "A" y posteriormente obtuvo posesión judicial en fecha 29 de febrero de 1992, conforme así se acredita del testimonio de piezas esenciales del proceso de interdicto de adquirir la posesión cursante de fojas 32 a 34 vuelta, aclarando que la posesión se le ministró respecto a todo el inmueble que adquirió a título de compraventa y, para tal efecto no era necesaria la notificación de ésta, toda vez que ese acto lo ejerció válidamente en su condición de propietario, sin que hubiese merecido oposición alguna, lo que supone además que el propietario no reconocía en la ahora demandante calidad de poseedora del inmueble.
Habiendo adquirido el demandado la posesión del inmueble corresponde analizar si éste la conservó o por el contrario la perdió. Al respecto diremos que la posesión como se señaló anteriormente requiere la concurrencia del corpus y del ánimus domini, empero dicha concurrencia (como anotan los autores Ricardo Papaño, Claudio Koper y otros en la obra conjunta de Derechos Reales), "no es indispensable cuando se trata de conservar la posesión ya adquirida, dado que, en principio, se la puede conservar sólo ánimo", como sucede en el caso de autos en el que si bien el demandado no tiene el elemento material de la posesión, es decir la tenencia física de la cosa, empero no desapareció su voluntad o ánimo de mantener sobre ella su derecho de propiedad, aspecto que se evidencia de la literales de fojas 37 a 49 que demuestran el pago periódico y oportuno del impuesto anual sobre el inmueble desde el momento en que adquirió la titularidad hasta el año 2005; aspecto que fue considerado y analizado correctamente por el Tribunal de alzada.
Retomando el análisis de la situación de la demandante respecto al inmueble en litigio, diremos que ella hasta el año 1991 tenía la condición de detentadora del inmueble, toda vez que la poseedora resultaba ser su madre y no ella; ahora bien, al respecto es oportuno aclarar que con la tenencia se ejerce un derecho o poder de hecho sobre una cosa, ya sea con permiso o por cuenta del legítimo propietario, por lo tanto, con ese derecho no se puede adquirir un derecho real por usucapión mientras no cambie el título; en otras palabras quien comenzó siendo detentador de la cosa no puede adquirir la posesión mientras no cambie o modifique su título. Establecido aquello cabe precisar que conforme dispone el artículo 89 del Código Civil: "quien comenzó siendo detentador no puede adquirir la posesión mientras su título no se cambie, sea por causa proveniente de un tercero o por su propia oposición frente al poseedor por cuenta de quien detentaba la cosa alegando un derecho real. Esto se aplica también a los sucesores a título universal".
La citada disposición expresa en su primera parte el principio general de que nadie puede cambiar por sí mismo la causa de la posesión (nemo ipse sibi causam possessionis mutare potest). Sin embargo, la norma citada no tiene un carácter absoluto, por el contrario ella misma prevé los supuestos en que opera el cambio de detentador a poseedor, identificando estos: 1) por causa proveniente de un tercero; 2) por propia oposición frente al poseedor por cuenta de quien detentaba la cosa. Al respecto Ripert señala que: "... Esta transformación no resulta un simple cambio de voluntad de parte del detentador, por lo que debe abandonar su título primitivo con hechos; por lo que debe operar un reemplazo de la posesión precaria por una posesión verdadera. Esa intervención tiene lugar de dos maneras: 1º. Por una causa que proviene de un tercero y 2º. Por una contradicción a los derechos del propietario". O como señala el autor Néstor Jorge Musto, en su obra Derechos Reales: "Para que exista interversión del título, no bastan las simples manifestaciones de voluntad, (...), sino que la actitud debe consistir en hechos exteriores que impliquen una verdadera contradicción a los derechos del propietario, un verdadero alzamiento contra su derecho, que puede revestir la forma judicial, aunque no es necesario que se plantee un litigio, o actos de fuerza que impidan al propietario el ejercicio de su derecho. Estos actos, por lo tanto, deben revestir un carácter ostensible e inequívoco para tener la consecuencia que la interversión apareja, cual es la de convertir la tenencia en posesión".
Lo manifestado demuestra que la interversión, que hace referencia a la inversión o cambio de la tenencia en posesión, debe manifestarse por actos contundentes que revistan carácter ostensible e inequívoco, situación que en el caso de autos no se demostró por parte de la actora, quien hasta el año 1991 estuvo en "posesión corporal" de la fracción del inmueble, detentando esa fracción no a nombre propio sino de su madre, posteriormente, continuó en esa misma situación, con la anuencia o tolerancia de su hermano - el demandado - quien en consideración a la relación de parentesco y familiaridad no realizó ningún acto para privarle de dicha ocupación, y por el contrario permitió que la demandante permaneciera con su familia ocupando el inmueble, con el advertido que aún habiendo sido demandado de usucapión no reconvino por la reivindicación, aspecto que sin embargo no debe ser entendido como renuncia o pérdida de la posesión sino como un mero acto de consideración o anuencia de su parte, pues, como se señaló precedentemente éste conserva el ánimo de mantener sobre el inmueble su derecho de propiedad, pagando los impuestos respectivos en forma periódica.
Por los fundamentos expuestos se concluye que el tribunal de apelación al revocar la sentencia de primera instancia obró correctamente y valoró con sujeción a la ley los antecedentes y la prueba cursantes en obrados, resultando por ello infundado el recurso de casación en el fondo de fojas 129 a 132, interpuesto por Antonia Pantoja.
Finalmente, corresponde señalar que por determinación del artículo 131 de la Ley de Municipalidades Ley Nº 2028 de 28 de octubre de 1999, en toda demanda de usucapión debe citarse al Gobierno Municipal de la Jurisdicción respectiva, para que en función de los intereses municipales pueda constituirse en parte interesada, bajo sanción de nulidad; diligencia que en el caso de autos no fue cumplida, situación que en principio supondría la nulidad de obrados, empero, atendiendo al principio de trascendencia y de protección que rigen las nulidades procesales, esa sanción resultaría innecesaria e injustificada teniendo en cuenta que a fojas 14 y 15, el entonces Gobierno Municipal de la ciudad de Tarija a través de su Dirección de Desarrollo Urbano certificó que el inmueble que se pretende usucapir no se encuentra en área verde, ni de equipamiento, ni constituye propiedad municipal, consiguientemente dicha entidad no tendría interés que pudiera verse afectado en el litigio. Sin embargo corresponde llamar la atención de los Tribunales de instancia a fin de que observen y cumplan las normas de orden público.
POR TANTO: La Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por la disposición transitoria octava, artículo 42 - I - 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial de 24 de junio del 2010, así como del parágrafo II del artículo 8 de la Ley 212 de Transición del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación de fojas 129 a 132, interpuesto por Antonia Pantoja. Con costas.
ibro Tomas de Razón 192/2012