Source: https://sintesis.colombiacompra.gov.co/jurisprudencia/documento/11947
Timestamp: 2019-08-25 09:19:28
Document Index: 145521921

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 223', 'artículo 41', 'artículo 3', 'artículo 150', 'artículo 150', 'artículo 152']

Los contratos estatales se publicarán en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP-
DECRETO-LEY 019 DE 2012 "ARTÍCULO 223. ELIMINACIÓN DEL DIARIO UNICO DE CONTRATACIÓN. A partir del primero de junio de 2012, los contratos estatales sólo se publicaran en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP- que administra la Agencia Nacional de Contratación Pública- Colombia Compra Eficiente. En consecuencia, a partir de dicha fecha los contratos estatales no requerirán de publicación en el Diario Único de Contratación y quedarán derogados el parágrafo 3 del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, los artículos 59, 60, 61 y 62 de la Ley 190 de 1995 y el parágrafo 2 del artículo 3 de la Ley 1150 de 2007."
¿Podía el Presidente de la República, en desarrollo de sus facultades extraordinarias legislativas, eliminar el Diario Único de Contratación y ordenar que los contratos estatales se publiquen en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública –SECOP-, sin violar el alcance de las facultades extraordinarias que recibió?
El otorgamiento de facultades extraordinarias al Ejecutivo, consiste en una delegación de precisas competencias que le permite expedir decretos con fuerza de ley. «(...)5.2.2. Del texto constitucional se deduce que el otorgamiento de las facultades extraordinarias al Ejecutivo, se apoya en las siguientes consideraciones constitucionales: (i) consisten en la delegación de “precisas” competencias legislativas del Congreso, por su propio titular; (ii) tal habilitación legislativa faculta al Presidente de la Republica para expedir decretos con fuerza de ley; (iii) están condicionadas a que la necesidad lo exija o la conveniencia pública lo aconseje; (iv) deben ser solicitadas al Congreso de la Republica, por el Gobierno Nacional;( v) para su aprobación se requiere de la mayoría absoluta de los miembros de las dos cámaras; (vi) tienen una limitación temporal, pudiéndose otorgar hasta por un término de seis (6) meses; y (vii) no se pueden conferir para la expedición de códigos, leyes estatutarias, orgánicas, decretar impuestos, ni para la creación de los servicios administrativos y técnicos de las cámaras. (Art. 150, núm. 10 y 20). (...)» El ejecutivo no puede emplear la delegación para fines distintos a los previstos en la norma habilitante. «(...)Así, pues, mediante este expediente el Congreso delega en el Ejecutivo su competencia legislativa para que éste último expida normas con el mismo valor y jerarquía normativa que las emanadas del propio órgano legislativo.
(...)” Al regular la institución de la delegación legislativa, el artículo 150-10 de la Constitución Política establece una serie de cautelas que están orientadas a impedir que el legislador al autorizar extraordinariamente el Ejecutivo se desprenda definitivamente de su competencia legislativa mediante una habilitación en blanco, o lo que es lo mismo, una entrega de plenos poderes; y, obviamente, también esos parámetros están destinados a evitar que el Ejecutivo pueda emplear la delegación para fines distintos de los previstos en la norma habilitante. La norma superior en comento establece unos límites que deben ser observados por el Congreso en la ley habilitante, so pena de la inconstitucionalidad del otorgamiento de la delegación. La primera de estas exigencias consiste en que la delegación legislativa deba hacerse en forma expresa, y en concreto.
(...) La segunda exigencia se refiere a que la delegación legislativa esté sujeta a un tiempo de duración, es decir, que no puede ser perpetua, sino que debe estar sometida a un plazo o término.
(...) Pero además, es indispensable que la delegación legislativa que efectúa el Congreso en la respectiva ley de facultades se haga para una materia concreta, específica. Al efecto, en dicha ley no sólo se debe señalar la intensidad de las facultades que se otorgan sino que, además, se ha de fijar su extensión determinando con precisión cuál es el objeto sobre el cual el Presidente ejercerá la facultad legislativa extraordinaria que se le confiere, lo cual no significa que el legislador en la norma habilitante necesariamente deba entrar a regular en forma detallada la materia sobre la cual versan dichas facultades, pues como bien lo ha advertido la jurisprudencia tal habilitación.”[1](subrayas fuera del original) (...)» [1] Sentencia C-1028/02
«(...) La Corte ha señalado que las facultades extraordinarias deben ser expresas y precisas, nunca implícitas, y no admiten analogías, ni interpretaciones extensivas, de manera que se aparta de la Constitución Política toda interpretación que entienda que cierta facultad incorpora o incluye otras que no se encuentran expresamente contenidas en la norma de facultades[1]. 5.3.3.3. Finalmente, condiciona el objeto de las facultades extraordinarias a que se trate de regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios, esto es, no indispensables o que no hacen falta. 5.3.3.4. De las anteriores consideraciones podemos concluir que el legislador extraordinario estaba facultado para dictar las normas con fuerza de ley tendientes a eliminar o alternativamente modificar reglas, métodos de ejecución o diligencias no indispensables en la Administración Pública. (…) 7.2.1. La competencia asignada al Legislativo para expedición del estatuto general de la contratación -inciso final del artículo 150 constitucional-, no constituye una reserva de legislación ordinaria, estando facultado el Congreso de la República para otorgarle al Presidente de la República precisas facultades extraordinarias en tal materia. 7.2.2. Las normas legales que forman el Estatuto General de la Contratación estatal no corresponden al tipo de leyes previstas en el artículo 152 constitucional, no existiendo reserva estatutaria para la expedición de aquellas y estando habilitado el Ejecutivo para dictarlas como legislador extraordinario mediante decretos con fuerza de ley. (...)» [1] Sentencia C-498/95.
El Presidente de la República en virtud de las facultades extraordinarias legislativas, que recibió de la Ley 1474 de 2011 podía eliminar el Diario Único de Contratación y ordenar que los contratos estatales se publiquen en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública –SECOP-, sin violar el alcance de las facultades extraordinarias que recibió, porque:
El Congreso de la República confirió facultades extraordinarias al Presidente de la República para que emitiera decretos con fuerza de ley tendientes a eliminar o alternativamente modificar reglas, métodos de ejecución o diligencias no indispensables en la Administración Pública.
Las normas legales que forman el Estatuto General de la Contratación Estatal no tienen reserva estatutaria, estando habilitado el Ejecutivo para dictarlas como legislador extraordinario mediante decretos con fuerza de ley.
Sentencia C-498 de 1995
Sentencia C-1028 de 2002
Suprimir. «(...) 5.3.3.1. La expresión “suprimir”, en cuanto hacer cesar o desaparecer algo, se entiende jurídicamente como sinónimo de abrogar normas o abolir un aspecto sustancial o procedimental regulado en ellas. Y la voz “reformar”, entendida como volver a formar, rehacer, por lo general con la intención de mejorarlo, hace referencia a modificaciones introducidas en los supuestos fácticos o jurídicos contenidas en las reglas de derecho. (...)»
Documento: C-711-2012