Source: http://dominiociudadano.org/2017/12/ley-de-seguridad-faculta-a-presidente-para-utilizar-ejercito-sin-autorizacion-de-senado-sen-merino-video/
Timestamp: 2018-01-21 04:53:47
Document Index: 385870716

Matched Legal Cases: ['artículo 89', 'artículo 73', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 29', 'artículo 6', 'artículo 34']

Ley de Seguridad faculta a presidente para utilizar Ejercito sin autorización de Senado: Sen. Merino (video) – Dominio Ciudadano
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Versión estenográfica de la participación del senador Merino:
El pasado 4 de diciembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió un comunicado expresando su preocupación sobre el proyecto de ley que hoy nos ocupa, por contener preceptos contrarios a estándares en materia de derechos humanos, lo que significaría la normalización, regularización y permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
La experiencia demuestra que la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, perdón, en materia de seguridad pública viene acompañada de violencia y graves violaciones a los derechos humanos.
El concepto de Seguridad Interior nace en el propio texto de la Constitución de 1917, en el artículo 89, fracción VI, decía: “disponer de la Fuerza Armada permanente, del mar y tierra, para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación”.
Y es hasta abril de 2004 que se incluye el término de Seguridad Nacional, desde entonces la Constitución mexicana, existen las dos vertientes: Seguridad Interior y la Defensa Exterior.
En la misma reforma el Constituyente facultó al Congreso para expedir leyes en materia de seguridad nacional en el artículo 73, fracción XXIX-M, pero jamás se ha otorgado al Congreso la facultad de legislar en materia de seguridad interior.
Exponen los promoventes de esta ley que debe aprobarse para combatir los altos índices de violencia en aras de proteger y garantizar los derechos humanos de los gobernados.
En el artículo 2 de la iniciativa se definiría por primera vez en una ley el concepto de seguridad interior.
Es criticable el concepto de “uso legítimo de la fuerza”, señalado en el artículo 3 de la iniciativa, pues advierte que el ejercicio de las atribuciones de seguridad interior se observarán las obligaciones relativas al uso legítimo de la fuerza, ello permitiría a las Fuerzas Armadas ejercerla para repeler o neutralizar actos de resistencia no agresiva, hacer uso de su potencial y capacidad destructiva, pero además viola ese despliegue de fuerzas.
El contenido del diverso 129 constitucional, que expresa limitaciones a su actuación, “en tiempos de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”, y que se relaciona con el artículo 29 que regula la suspensión de los derechos fundamentales en el país para que el Ejecutivo, con la aprobación del Congreso, pueda hacer frente a situaciones o estados de emergencia.
En los artículos 11 y 12 se establece un procedimiento con el que el Presidente podrá ordenar por sí o a petición de las legislaturas de las entidades federativas y tras una declaratoria de protección de Seguridad Interior, y que dure hasta un año, y previa consideración del Consejo de Seguridad Nacional, la intervención de las Fuerzas Armadas cuando se identifiquen amenazas a la seguridad interior.
No obstante, el artículo 6 otorga de forma absoluta al Presidente, potestad de ordenar sin necesidad de declaratoria, la intervención de las Fuerzas Armadas y señala que será bajo la premisa de dar cumplimiento del Programa de Seguridad Nacional y Agenda Nacional de Riegos, contenida en la Ley de Seguridad Nacional.
La iniciativa ni fortalece a las policías, ni capacita a los militares como para intervenir en el servicio público de Seguridad Pública a cargo de los tres órdenes de gobierno, en términos de los artículos 21, 115 y 122.
Y contraviene esta propuesta, pues las instituciones de seguridad pública deben de ser de carácter civil y no militar.
Esta iniciativa es omisa para sancionar a los miembros de las Fuerzas Armadas, ya que no asume la generación de responsabilidades que pudieren derivarse al cometer una conducta que afecte a un civil, pues sólo menciona el artículo 34, “que todo incumplimiento será sancionado en términos de los sistemas de responsabilidad y anticorrupción”.
Se faculta al Ejecutivo Federal a abrir una vía hacia la militarización del país dando forma legal al hecho de que las autoridades federales, estatales y municipales continúen evadiendo sus responsabilidades constitucionales, en materia de seguridad pública, en vez de asumir su obligación de capacitar y poner a las fuerzas policíacas al nivel que corresponde.
Se pudiera pretender normalizar la labor de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública y agravar la situación, en materia de derechos humanos y violencia, en el marco de la participación del Ejército y la Marina en la lucha contra el crimen organizado, en contra de las recomendaciones internacionales, y a pesar de los graves indicios de violaciones de los derechos humanos cometidas por éstas en los últimos años.
Este parece un proceso legislativo bastante atropellado, que bajo el espíritu de resolver la carencia de un marco legal que regule y limite la participación de las Fuerzas Armadas, a efecto de evitar los excesos y abusos de fuerza, que ya es un hecho notorio, el Ejecutivo Federal expande sus facultades en temas de seguridad pública y sólo se encamina a emplear las Fuerzas Armadas discrecionalmente y sin autorización del Senado.
No se advierten pesos ni contrapesos, es decir, en un clima de necesidad se hace presente la oportunidad con que, parece, el Presidente pretende legitimar y reorientar el uso de la fuerza en los próximos procesos del 2018, y así no tener que acudir a la Corte Internacional tras una posible denuncia por violar y poner en peligro la vigencia de los derechos humanos en México.
Incluso al pretender sustituir las competencias de otras autoridades como en la persecución de los delitos.
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