Source: http://www.asesoriayempresas.es/jurisprudencia/JURIDICO/44312/sentencia-tsj-extremadura-555-2009-de-23-de-noviembre-extincion-del-contrato-laboral-a-instanci
Timestamp: 2017-12-18 07:12:00
Document Index: 387939107

Matched Legal Cases: ['artículo 50', 'artículo 191', 'artículo 218', 'artículo 24', 'artículo 191', 'artículo 217', 'in dubio', 'artículo 218', 'artículo 97', 'artículo 50', 'in dubio', 'artículo 36', 'artículo 179', 'artículo 179', 'artículo 97', 'artículo 217', 'artículo 191', 'artículo 15', 'artículo 6']

Sentencia T.S.J. Extremadura 555/2009, de 23 de noviembre. Extinción del contrato laboral a instancia de la trabajadora. Desestimación - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
Inicio > Jurisprudencia > Resultados > Sentencia T.S.J. Extremadura 555/2009, de 23 de noviembre. Extinción del contrato laboral a instancia de la...
Sentencia T.S.J. Extremadura 555/2009, de 23 de noviembre
Extinción del contrato laboral a instancia de la trabajadora. Desestimación. Acoso sexual.
En el RECURSO SUPLICACIÓN 509/2009, formalizado por el Letrado D. GERARDO DE FELIPE ESTEBAN, en nombre y representación de D.ª Alejandra, contra la sentencia de fecha 4-6-09, dictada por el JUZGADO DE LO SOCIAL N. 3 de CÁCERES con sede en PLASENCIA, en sus autos número 161/2009, seguidos a instancia de la recurrente, frente a D. Leonardo y CENTRO UNESCO DE PLASENCIA Y LA ZONA NORTE DE EXTREMADURA, parte representada por la Sra. Letrada D.ª DOMICIANA MARCOS RAMOS, habiendo sido parte el MINISTERIO FISCAL, en reclamación por DERECHOS FUNDAMENTALES (resolución de contrato), siendo Magistrado-Ponente la Ilma. Sra. D.ª ALICIA CANO MURILLO, y deduciéndose de las actuaciones habidas los siguientes,
"Primero.-La demandante en este procedimiento D.ª Alejandra suscribió el día 14-X-2008 como trabajador contrato de trabajo de duración determinada (eventual por circunstancias de la producción, y a tiempo completo, con una jornada semanal de cuarenta horas) con la empresa D. Leonardo (está dedicada a la actividad económica de organización de eventos), ostentando la categoría profesional de administrativo; dicho contrato había de concluir el día 31-XII-2008, pero en esa fecha fue comunicada al INEM su prórroga hasta el día 1-IV-2009.
La oficina donde la actora presta sus servicios se halla en los aledaños de la Plaza Mayor de Plasencia.
Que la actora y el codemandado, con motivo de la actividad de la empresa, se han trasladado en diferentes fechas a otras poblaciones (así, Madrid y Granada), donde tuvieron que pernoctar.
Segundo.-La actora comenzó a trabajar para el Sr. Leonardo el día 1-X-2008. Este abonó en la cuenta bancaria de Sra. Alejandra el 29-X-2008 la suma de ochocientos euros (folio 88 de las actuaciones).
El salario mensual último de la actora (incluida la parte proporcional de las pagas extraordinarias) es de 1.091'91 euros.
Tercero.-El Sr. Leonardo es usuario de la línea de teléfono móvil NUM000; asimismo, éste proporcionó a la Sra. Alejandra un teléfono móvil con la línea NUM001.
Que en los f.152 y siguientes obra la relación hecha por la compañía suministradora del servicio de las llamadas realizadas y de mensajes escritos remitidos (con sus correspondientes horas) entre los días 28-XI-2008 a 15-II-2009, desde el teléfono móvil cedido a la Sra. Alejandra por el Sr. Leonardo al antes referido teléfono móvil de éste.
Que los ff.142 y sucesivos recogen el acta notarial de 29-V-2009 en la que se transcribe el texto de alguno de los mensajes hechos entre los días 10-I- a 2-III de 2009 desde el teléfono móvil cedido a la Sra. Alejandra por el Sr. Leonardo al referido teléfono móvil de éste así como la realización de una llamada sobre las diez horas del día 5-II-2009 desde el teléfono móvil número NUM002, línea que según la "agenda" del móvil del Sr. Leonardo, corresponde a "Alejandra".
Que los ff.202 y sucesivos lo constituyen el testimonio librado por el Sr. Secretario judicial de determinados particulares del Procedimiento Abreviado n.º 336/2009 seguido en Juzgado de Instrucción número Cuatro de los de Plasencia, relativos a la transcripción por aquél hecha el día 13-IV-2009 del texto de los mensajes enviados entre los días 15-XII-2008 al 19-II-2009 desde el teléfono móvil del Sr. Leonardo al móvil por éste asignado a la Sra. Alejandra .
Cuarto.-El Sr. Leonardo es presidente de la Asociación "CLUB UNESCO DE PLASENCIA Y LA ZONA NORTE DE EXTREMADURA", cuya inscripción se ordena por resolución de la Consejería de Presidencia de la Junta de Extremadura de 8-III- 2004.
Quinto.-La Sra. Alejandra acude a los servicios médicos del Servicio Extremeño de Salud, y éstos le prescriben la baja médica el día 2-III-2009 con el "diagnóstico" de "proceso depresivo consecuencia de acoso laboral" (folio 8).
Sexto.-La demandante no ha ostentado, en el año anterior al despido, la condición de delegado de personal, miembro del comité de empresa o delegado sindical."
"Que desestimando íntegramente la demanda deducida por D.º Alejandra contra D. Leonardo y contra la Asociación "CLUB UNESCO DE PLASENCIA Y LA ZONA NORTE DE EXTREMADURA" siendo también parte en este procedimiento el MINISTERIO FISCAL, debo absolver y absuelvo al Sr. Leonardo . y a la referida Asociación de todas las pretensiones deducidas en el suplico de aquélla."
Quinto.-Elevados por el Juzgado de lo Social de referencia los autos principales, en unión de la pieza separada de recurso de suplicación, a esta Sala de lo Social, tuvieron los mismos entrada en fecha 30-9-09, dictándose las correspondientes y subsiguientes resoluciones para su tramitación en forma.
Primero.-Frente a la sentencia de instancia, que considerando no concurre justa causa para declarar extinguido el contrato de trabajo que vinculaba a la trabajadora con la persona física codemandada, resolución instada por la primera al amparo del artículo 50.1.a) y c) del Estatuto de los Trabajadores, por estimar no acreditado el alegado acoso sexual que afirma haber sufrido la accionante por parte del indicado empresario, se alza la vencida, interponiendo el presente recurso de suplicación. Y en un primer motivo de recurso, con amparo procesal en el apartado a) del artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral, se interesa la nulidad de la sentencia recurrida por vulneración de los artículos 97.2 de la mentada Ley de Ritos en relación con el artículo 218.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y artículo 24 de la Constitución Española, vulneraciones que a su entender se producen por considerar que la resolución recurrida no resuelve "la ampliación a la demanda instada frente al Centro Unesco Plasencia como empleadora" que dice lo era de la actora, citando en apoyo de sus pretensiones la sentencia del Tribunal Constitucional 80/2000, de 27 de marzo .
Tal pretensión no puede prosperar, con sustento en los propios argumentos que expone la recurrente y atendiendo a lo invocado por las codemandadas en el escrito de impugnación, sin olvidar que examinado los restantes motivos de recurso ningún pedimento se contiene en razón al Club Unesco de Plasencia y la Zona Norte de Extremadura, denominación correcta de la según él disconforme olvidada. Desde luego cierta es la doctrina que invoca, pero, tal y como viene pronunciándose de forma reiterada el citado Intérprete Constitucional, "el derecho a la tutela judicial efectiva no se satisface exclusivamente accediendo a la jurisdicción y obteniendo una resolución judicial motivada y fundada en Derecho, sino que es necesario, además, que aquella resolución atienda sustancialmente al núcleo de las pretensiones formuladas por las partes, de suerte que ofrezca una respuesta judicial coherente con los términos del debate suscitado en el proceso (SSTC 20/1982, de 5 de mayo; 369/1993, de 13 de diciembre; 136/1998, de 29 de junio; y 96/1999, de 31 de mayo, entre otras muchas). Esta correspondencia o adecuación se quiebra en aquellos casos en que la Sentencia guarda absoluto silencio sobre elementos fundamentales de las pretensiones procesales ejercitadas, modalidad de incongruencia por omisión o ex silentio que puede ocasionar que la resolución judicial afectada por este vicio genere una no deseada denegación técnica de justicia causante de indefensión, en la medida en que no resuelve lo verdaderamente planteado en el proceso" (por todas, STC 34/2000, de 14 de febrero)", tal y como razona la sentencia del Tribunal Constitucional 250/2005, de 10 de octubre, añadiendo indicada resolución que existe incongruencia omisiva, que es la denunciada, cuando "el órgano judicial deja sin respuesta alguna de las cuestiones planteadas por las partes, siempre que no quepa interpretar razonablemente el silencio judicial como una desestimación tácita, cuya motivación pueda inducirse del conjunto de los razonamientos contenidos en la resolución, pues la satisfacción del derecho a la tutela judicial efectiva no exige una respuesta explícita y pormenorizada a todas y cada una de las alegaciones que se aducen como fundamento de la pretensión, pudiendo ser suficiente a los fines del derecho fundamental invocado, en atención a las circunstancias particulares del caso, una respuesta global o genérica a las alegaciones formuladas por las partes que fundamente la respuesta a la pretensión deducida, aun cuando se omita una respuesta singular a cada una de las alegaciones concretas no sustanciales" (SSTC 124/2000, de 16 de mayo, 186/2002, de 14 de octubre, y 6/2003, de 20 de enero)", debiendo estar al análisis del supuesto concreto para determinar su concurrencia, ponderando "las circunstancias realmente concurrentes en cada caso para determinar si el silencio de la resolución judicial representa una auténtica lesión del art. 24.1 CE o, por el contrario, puede interpretarse razonablemente como una desestimación tácita que satisface las exigencias del derecho a la tutela judicial efectiva" (SSTC 5/2001, de 15 de enero, FJ 4, 237/2001, de 18 de diciembre, FJ 6 y 193/2005, de 18 de julio, FJ 3)". Y en el supuesto examinado no existe tan siquiera una respuesta tácita, sino expresa, en tanto que en los hechos declarados probados, como bien sostiene la recurrida, en concreto en el hecho probado segundo de la sentencia, cuya modificación no se interesa, se hace constar que la actora comenzó a trabajar para el Sr. Leonardo el día 1 de octubre de 2008, y tal y como reconoce el mismo recurrente, en el fundamento de derecho quinto de la analizada resolución se razona que la Asociación que preside el codemandado no es empleadora de la actora, no confiriéndole tal condición de patrono el mero hecho de que de una cuenta bancaria a nombre de ésta se transfiera en una mensualidad el salario a la cuenta de la trabajadora. Desde luego se puede compartir o no el razonamiento que dedica a la cuestión el fundamento de derecho quinto de la sentencia recurrida, pero lo que no es predicable de la misma que incurra en la incongruencia denunciada, sin olvidar que dicho instituto no impone una determinada extensión o modo de razonar, tal y como nos enseña el Tribunal Constitucional en su sentencia número 38/2001, de 14 de enero .
Segundo.-En el segundo motivo de recurso, la disconforme denuncia, con amparo procesal en el apartado c) del artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral, la infracción del artículo 217.6 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con quebrantamiento del principio in dubio pro operario, así como, de nuevo, del artículo 218 del mismo Texto Legal en relación con el artículo 97.2 de la Ley de Ritos Laboral, "con interdicción del art. 36 del Estatuto de los Trabajadores", al considerar que se observan indicios racionales de la vulneración de derechos fundamentales, e inaplicación del artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores . Ante ello, hemos de dejar sentado, en primer lugar, que tal y como pone de manifiesto, entre otras, la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 10 de enero de 1994, no podemos acudir al principio in dubio pro operario, por ser sólo válido en orden a la interpretación y aplicación del derecho, pero no para la fijación de los hechos, supuesto ante el que estaríamos al afectar lo denunciado a las normas sobre atribución de la carga probatoria, precisamente, para fijar los hechos sobre los que ha de sustentarse la decisión judicial.
En segundo lugar, sentado lo anterior, y sin ver atisbo de vulneración del artículo 36 del Estatuto de los Trabajadores, precepto destinado a regular el trabajo nocturno, trabajo a turnos y ritmo de trabajo, en lo que a la carga de la prueba se refiere, aunque consideramos que, en estricta legalidad, la parte recurrente debió denunciar la infracción del artículo 179.2 de la Ley de Procedimiento Laboral, en relación con los artículos 181 y 182 de la propia Ley de Ritos, hemos de hacer al respecto las siguientes consideraciones:
1.-En interpretación de los artículos mencionados se ha de señalar, una vez más, que la mera afirmación del componente discriminatorio o lesivo de derechos fundamentales no basta para justificar el desplazamiento de la carga probatoria a la empresa, obligada así a acreditar cumplidamente que su decisión se hallaba desconectada de aquellas ilegítimas motivaciones, sino que esa inversión del "onus probandi" requiere que se acredite -por parte de quien lo afirma- un ambiente favorable a la discriminación o atentado contra el derecho fundamental (sentencias del Tribunal Constitucional 34/1984, 21/1992 y 266/1993, y del Tribunal Supremo de 28 de marzo de 1985 ). Con la consecuencia de que ese indicio de trato discriminatorio o atentatorio contra derechos fundamentales desplaza al empresario la carga de probar causas suficientes, reales y serias para calificar de razonable la decisión adoptada (sentencia del Tribunal Constitucional 38/1981, 94/1984, 47/1985, 88/1985, 104/1987, 166/1988, 114/1989, 135/1990, 187/1990, 2/1992, 266/1993 y 101/2000 ), tanto por la primacía de los derechos fundamentales y libertades públicas, por cuanto la dificultad que el trabajador tiene para acreditar la existencia de una causa discriminatoria o lesiva de otros derechos fundamentales.
2.-Igualmente ha de destacarse el hecho de que los "indicios" a los que el precepto alude -artículo 179.2 de la Ley de Procedimiento Laboral - no son identificables con la mera "sospecha" que consiste en "imaginar o aprender algo por conjeturas fundadas en apariencias", sino que los indicios "son señales o acciones que manifiestan de forma inequívoca algo oculto" (sentencia del Tribunal Supremo de 25 de marzo de 1998, con cita de las de 9 de febrero de 1996, 15 de abril de 1996 y 23 de septiembre de 1996 ), por lo que la misma doctrina constitucional habla de "razonables indicios" (sentencia del Tribunal Constitucional 101/2000, de 10 de abril ), o de "mínimo de indicios suficientes, o un principio de prueba que genere razonablemente una apariencia o presunción sobre la realidad de la conducta empresarial que se denuncia" (sentencia del Tribunal Constitucional 41/1999, de 22 de marzo, citada por lo del Tribunal Supremo de 4 de mayo de 2000). Y la apreciación indiciaria supone para la jurisprudencia (sentencia del Tribunal Supremo de 1 de octubre de 1996) una valoración jurisdiccional provisional de carácter complejo, correspondiente en principio al Juez de instancia, que versa tanto sobre elementos de hecho ("indicios") como sobre calificaciones o elementos de derecho ("violación" del derecho fundamental), y cuya revisión en suplicación sólo tiene trascendencia o efecto práctico cuando el Tribunal Superior de Justicia entienda que el Juzgado de lo Social debió haber aplicado esta regla atenuada de inversión de la carga de la prueba.
Los indicios, en este caso, nacen de hechos o actitudes del acusado que permiten suponer su tendencia sexual o libidinosa, aún cuando el recurrente no lo entienda así, y en el supuesto que nos ocupa, tal y como mantiene el impugnante, el Magistrado de instancia, valorando la prueba practicada, siendo a él a quién incumbe ex artículo 97.2 de la Ley de Procedimiento Laboral, a la que alude en el fundamento de derecho cuarto, "de tipo personal, como son los interrogatorios de los litigantes y testigos y de índole documental, como son el texto de los mensajes telefónicos escritos", ha llegado a la conclusión que no concurren tales indicios. Es más, de la lectura de la resolución de instancia, en la que analiza de forma individualizada las pruebas practicadas en relación a las alegaciones de la parte actora (fundamento de derecho primero), lo que se aprecia es que el Juez a quo considera que no concurren los elementos necesarios para apreciar que concurra una conducta de acoso sexual ambiental, en tanto que ni existe el dato apuntado, de que el empresario dirigiera a la trabajadora mensajes en los que se atisbe un texto, dice la resolución, "salaz o lascivo", como del propio modo tampoco se observa en los remitidos por la trabajadora al empresario oposición alguna a recibir mensajes o que denoten en modo alguno malestar por ello. Es por ello que se llega a la conclusión fáctica de que la relación entre ambos había de incluirse en lo que cabe englobar en el ámbito de las relaciones amistosas. En el caso de autos ningún dato fáctico hace constar la resolución impugnada del que se infiera actitud equívoca del codemandado, Sr. Leonardo, y el disconforme tampoco trata de introducir hecho alguno en el relato fáctico que tal sustente. En este mismo sentido en sentencia 136/2001, de 18 de junio, se ha pronunciado el Tribunal Constitucional, resolución que sintetiza la doctrina seguida en la materia que nos ocupa y que se expone en los fundamentos de derecho quinto y sexto de la citada resolución, que por su claridad, se transcriben "ad pedem litterae":
"Quinto.-Como señaló este Tribunal en la anteriormente citada STC 224/1999, de 13 de diciembre (FJ 3), "para que exista un acoso sexual ambiental constitucionalmente recusable ha de exteriorizarse, en primer lugar, una conducta de tal talante por medio de un comportamiento físico o verbal manifestado, en actos, gestos o palabras, comportamiento que además se perciba como indeseado e indeseable por su víctima o destinataria, y que, finalmente, sea grave, capaz de crear un clima radicalmente odioso e ingrato, gravedad que se erige en elemento importante del concepto". Son, pues, en primer término, la objetividad y la gravedad del comportamiento los presupuestos sobre los que asienta la doctrina constitucional la posible existencia de acoso sexual y, por tanto, los elementos que deberán ser valorados a la hora de suministrar los elementos iniciales de prueba que permitan al Juez presumir la posible existencia de los hechos discutidos.
Sexto.-En efecto, respecto de los indicios invocados por la recurrente de amparo la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid descarta como inocuos los dos primeros (esto es, los referidos a la acreditación de haber comido en una ocasión la actora con el presidente de la entidad, y el cambio de número telefónico), dado su carácter esencialmente difuso e inconcreto, que no permite deducir ninguna consecuencia respecto de la imputación que se hace por la recurrente. Por lo que se refiere a los dos letrados que como testigos de la parte demandante comparecieron en el juicio, debe tomarse en consideración, como lo hizo la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia, que los mismos habían asistido a la parte en la defensa de sus intereses dentro del proceso de separación que estaba llevando a efecto, sin olvidar que se trataba de testigos de referencia, sin conocimientos médicos para delimitar con suficiente precisión un estado de ansiedad y teniendo en cuenta, por otra parte, que el episodio de acoso sexual que describe la demandante de amparo es coincidente en el tiempo con su propio proceso de separación matrimonial, por lo que dicho estado de ansiedad podría ser, igualmente, atribuido a este último. Por lo que la insuficiencia apreciada por la Sala, en orden a tener las manifestaciones de los letrados como el principio de prueba constitucionalmente requerido para entender padecida la vulneración alegada por la recurrente no resulta contraria al derecho constitucional que se dice vulnerado. Finalmente, la descripción de un cuadro médico de ansiedad que, según refirió la demandante de amparo a la doctora que la atendió, venía propiciado por la situación conflictiva con su jefe, constituye el último de los indicios aportados. Respecto del mismo el Tribunal de suplicación hace una serie de consideraciones en torno a las dudas que surgen respecto de la necesaria conexión entre el hecho probado y la consecuencia que se pretende obtener de él, esto es, la veracidad del acoso sexual padecido. La distancia en el tiempo desde que, al parecer, comenzó a sufrir los actos de acoso sexual comentados a los letrados hasta que acudió a la consulta médica relatando el sentimiento subjetivo de sentirse acosada; las propias precauciones con que la facultativa emitió su informe y el hecho de que la crisis de ansiedad se detectase después de acaecido el despido y, por tanto, cuando el presunto acoso ya habría cesado por cambio en la situación fáctica, fueron los factores que abocaron al Tribunal a una duda razonable y razonada sobre la existencia de los indicios que se apreciaron como hechos probados en instancia y de los que, en opinión del Tribunal Superior, en modo alguno cabe afirmar las exigencias de objetividad y gravedad requeridas constitucionalmente para apreciar la existencia del acoso sexual invocado. Pues bien, dado que no podemos alterar la valoración de la prueba efectuada por el Tribunal Superior, ya que no es contraria a la Constitución, hemos de concluir que no se ha producido la vulneración denunciada. Sin descartar la realidad psicológica del acoso que la actora dice haber sufrido, los hechos psicológicos sólo pueden probarse a través de hechos físicos y de los aquí presentados no cabe extraer, razonablemente y habida cuenta de los límites de nuestra jurisdicción, la existencia de una situación discriminatoria o lesiva del derecho fundamental. Las anteriores consideraciones conducen directamente a la desestimación del amparo pedido, dado que, conforme a lo expuesto, de la constelación de hechos probados no es posible deducir la existencia del hecho a probar: en este caso la existencia del acoso sexual alegado por la recurrente en amparo. El resultado es, pues, que, no habiéndose aportado indicios suficientes de la vulneración constitucional, no se produce la inversión de la carga de la prueba, de modo que el demandado venga obligado a probar la inexistencia del propósito lesivo del derecho fundamental".
No es admisible entrar a analizar lo que pretende la recurrente, en lo que atañe a que dado que la relación entre trabajadora y el codemandado trascendían de lo estrictamente laboral, que las conversaciones personales entre los mismos le resulta imposible aportarlas, y considerar que el parte de baja laboral y los de confirmación junto con las declaraciones testificales y la propia demanda constituyen un acervo probatorio que integra el concepto de indicio, ha de aplicarse la inversión del onus probandi, considerando que se le está atribuyendo a la actora la prueba diabólica para dicha parte de acreditar dichas conversaciones personales, teniendo en cuenta del propio modo que resulta imposible demostrar algo que ha ocurrido en tan corto periodo de tiempo, sirviendo como ejemplo que el propio Ministerio Público concluyó afirmando la existencia de la vulneración denunciada, entrando en segundo lugar a analizar la prueba practicada, y ofrecer su opinión subjetiva respecto de cual tiene superior valor probatorio. Ello es así por cuanto que, ni el Juez de instancia está vinculado por lo pedido por el Ministerio Fiscal, ni incumbe al recurrente la valoración de la prueba, terreno en el que consideramos que se ha inmiscuido. Es más, si acreditada dicha relación de amistad, se le exige probar al empresario que no existen tales conversaciones personales de la índole que pretende la demandante, por mor del invocado por el recurrente artículo 217.6 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que consagra positivamente la construcción jurisprudencial de atribución de la carga de la prueba a quién se le reconozca mejor disponibilidad y facilidad probatoria, colocaríamos al codemandado ante una prueba diabólica, pues es evidente que concurre la misma dificultad para acreditar dichos hechos. En este caso lo acreditado es la relación de amistad más allá de la laboral entre las partes en litigio, y ello no podemos afirmar que constituya indicio suficiente para invertir el onus probandi. No obstante lo anterior, como ya hemos visto, en la sentencia de instancia se va más allá, pues, en consonancia con lo mantenido por el Magistrado de instancia el acoso sexual ambiental, se ha definido como la conducta de perseguir o fatigar a una persona ocasionándole molestias y trabajos mediante propuestas de naturaleza sexual que resulten ofensivas para la víctima. Los requisitos de esta figura -que es la que al parecer sustenta la parte recurrente- se concretan en la concurrencia de dos elementos esenciales para afirmar la existencia de acoso sexual: a) Una manifestación de claro contenido sexual o libidinoso, ya sea de forma física o de palabra, directa o a través de insinuaciones que claramente persigan aquella finalidad; y, b) Una negativa clara y terminante por parte de la persona afectada al mantenimiento de dicha situación, a través de actos que pongan de relieve el rechazo total y absoluto a la actitud del sujeto activo (según matización de la sentencia del Tribunal Constitucional 224/1.999, de 13 de diciembre, y la en parte transcrita). Y de las pruebas practicadas en el plenario no se acreditan tales requisitos, conforme a la valoración de la prueba atribuida al Juez de instancia, y menos aún, tal y como reconoce el propio recurrente, en tan corto periodo de tiempo, resultando inocuo que finalmente el contrato de trabajo de la actora, que no se olvide data de octubre de 2008, y la baja laboral acaece el 2 de marzo de 2009, no haya sido prorrogado o renovado, teniendo en cuenta que la solicitud de conciliación se deduce el 6 de marzo de 2009 y la demanda el día 10 de marzo de 2009, antes de celebrarse el acto de conciliación, que acaece el día 12 de marzo, siendo que el contrato expiraba el 1 de abril de 2009. Es decir, la demanda se presenta cuando el contrato de trabajo no había expirado, sin que el hecho de no prorrogarlo, teniendo en cuenta que lo era de naturaleza temporal, eventual por circunstancias de la producción, ofrezca dato alguno más que acredite lo que mantiene la recurrente.
Es pues, conforme a lo expuesto, que el motivo ha de fracasar.
Tercero.-En el último motivo de recurso, la disconforme, sorpresivamente, en esta fase de recurso de suplicación, con amparo en el apartado c) del artículo 191 de la Ley Adjetiva Laboral, denuncia la infracción del artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores, en cuanto a la regulación de los contratos de naturaleza temporal en la modalidad de eventual, y del artículo 6.4 del Código Civil, por considerar que al no haberse respetado todos y cada uno de los requisitos exigidos por la Ley el contrato deviene en indefinido, por lo que según su entender procedería "la readmisión de la trabajadora en su puesto de trabajo o, bien, entregando la indemnización legalmente procedente, además de los salarios dejados de percibir", es decir, en esta sede pretende impugnar la extinción del contrato de trabajo, ejercitando acción de despido.
En cuanto a tal pretensión, desde luego, y sin necesidad de mayores razonamientos, hemos de decir que no cabe pronunciamiento de clase alguna. Ello es así dado que lo expuesto ha de calificarse como cuestión nueva y no puede prosperar porque no se hizo en la instancia y, por tanto, no pudo ser contestada por la parte contraria, que no tuvo ocasión de defenderse ni de aportar los medios de prueba que tuviera por conveniente para combatirla, así como tampoco pudo ser tratada por el Magistrado "a quo" en su resolución. La prohibición de aducir en esta fase procesal cuestiones fácticas y/o jurídicas nuevas es contemplada por el Tribunal Supremo en Sentencias de 18 de abril de 1988, 10 de febrero y 11 de julio de 1989, 5 y 31 de julio, 5 y 17 de noviembre de 1993, 18 de enero y 16 de mayo de 1994, 6 de octubre de 1995, 7 de mayo y 19 de noviembre de 1996, 15 de enero, 4 de febrero y 23 de septiembre de 1997, 6 y 17 de febrero y 14 de mayo de 1998, 11 y 12 de abril de 2.000, 15 de noviembre de 2.000, 26 de noviembre de 2003, 22 de abril de 2004 y 22 de junio de 2004, entre otras muchas.
En consecuencia con todo lo hasta aquí expuesto, procede desestimar el recurso interpuesto y confirmar la sentencia de instancia.
Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de suplicación interpuesto D.ª Alejandra, contra la sentencia de fecha 4-6-09, dictada por el JUZGADO DE LO SOCIAL N. 3 de CÁCERES, con sede en PLASENCIA, en sus autos número 161/2009, seguidos a instancia de la recurrente, frente a D. Leonardo y el CENTRO UNESCO DE PLASENCIA Y LA ZONA NORTE DE EXTREMADURA, en reclamación por DERECHOS FUNDAMENTALES (resolución de contrato), y en consecuencia, confirmamos la resolución de instancia.
Hágaseles saber a los antedichos, sirviendo para ello esta misma orden, que contra la presente sentencia pueden, si a su derecho conviene, interponer recurso de casación para la unificación de la doctrina, previsto en los artículos 216 y siguientes de la Ley de Procedimiento Laboral, que ha de prepararse mediante escrito presentado ante esta Sala de lo Social dentro del improrrogable plazo de los diez días hábiles inmediatos siguientes a la fecha de notificación de esta sentencia de acuerdo con los establecido, más en concreto, en los artículos 219, 227 y 228 de la citada Ley . Asimismo se hace expresa advertencia a todo posible recurrente en casación para unificación de esta sentencia que no goce de la condición de trabajador o de causahabiente suyo o de beneficiario del Régimen Público de la Seguridad Social o del beneficio reconocido de justicia gratuita, y por lo que respecta a los dos últimos preceptos dichos (227 y 228), que el depósito de los 300 euros deberá ser efectuado ante la Sala Cuarta o de lo Social del Tribunal Supremo al tiempo de personarse ante ella y en su cuenta número 2410, abierta en el Banco Español de Crédito S.A. Oficina 1006, sucursal de la calle Barquillo n.º 49, 28.004 Madrid, mientras que la consignación en metálico del importe de la condena eventualmente impuesta deberá acreditarse, cuando así proceda, por el recurrente que no goce del señalado beneficio de justicia gratuita ante esta Sala de lo Social al tiempo de preparar el recurso de casación para unificación citado, para lo cual deberá presentar en el tiempo dicho resguardo acreditativo de hacer efectuado la indicada consignación en la cuenta corriente "Código de cuenta del Juzgado 1131-TRIB. SUP. JUST. SALA SOCIAL CACERES, Código Entidad: 0030, Código Oficina: 5036, Banco: BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO S.A., Nombre: CACERES O.P., Dirección: AV. ESPAÑA, 27, C.P. 10001 CACERES", bajo la clave 66 y CUENTA EXPEDIENTE del Rollo de referencia, pudiéndose, en su caso, sustituir dicha consignación en metálico por el aseguramiento de dicha condena mediante el correspondiente aval bancario en el que, expresa y necesariamente, habrá de hacerse constar la responsabilidad solidaria de la entidad bancaria avalista, documento escrito de aval que deberá ser ratificado por persona con poder bastante para ello de la entidad bancaria avalista.