Source: https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/S201504424498506.HTML
Timestamp: 2019-04-21 01:09:04
Document Index: 114884885

Matched Legal Cases: ['artículo 645', 'artículo 79', 'artículo 516', 'artículo 516', 'artículo 517', 'artículo 517', 'artículo 518', 'artículo 518', 'artículo 93', 'artículo 94', 'artículo 663', 'artículo 696', 'artículo 677', 'artículo 710', 'artículo 400', 'artículo 18', 'artículo 19', 'artículo 457', 'artículo 696', 'artículo 237', 'artículo 238', 'artículo 240', 'artículo 347', 'artículo 352', 'artículo 352', 'artículo 79', 'artículo 706', 'artículo 110', 'artículo 1732', 'artículo 110', 'artículo 292', 'in fine', 'artículo 520', 'artículo 195', 'artículo 368', 'artículo 368', 'artículo 520']

CAMARA DE SENADORES - Distribuido N° 442/2015
Dese cuenta de un asunto entrado.
–El Colectivo Mujeres de Negro Uruguay solicita la inclusión en el artículo 645, Inciso 21, «Subsidios y Subvenciones».
(Ingresa a sala la delegación de la Asociación Civil de Apoyo a la Rehabilitación e Integración Social, ARIS).
–La Subcomisión de Audiencias tiene mucho gusto en recibir a una delegación de la Asociación Civil de Apoyo a la Rehabilitación e Integración Social, ARIS, representada por el doctor Germán Vecino, el doctor Máximo Ruano, el contador Diego Cuenca y el contador Javier Moo.
Aclaramos que cuentan con un plazo de quince minutos para realizar su exposición y responder las preguntas que formulen los señores senadores.
SEÑOR VECINO.- Vamos a cumplir con el plazo indicado porque venimos a plantear un tema sencillo y simple.
ARIS es una Asociación Civil de Apoyo a la Rehabilitación e Integración Social, que se ha organizado y está en vías de desarrollarse. La asociación ha obtenido un beneficio fiscal en la reeducación, de 75% y, además, ha sido declarada de interés ministerial por el Ministerio del Interior.
Hemos presentado un proyecto ante el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Economía y Finanzas en el que proponemos se nos incluya en esta ley de beneficios para la construcción de un polideportivo en la cárcel de Punta de Rieles, que es nuestro primer paso. Incluso, hemos hecho una asociación con la Universidad Católica para la realización de otros proyectos de carácter cultural dentro de la propia cárcel.
Lo que hemos venido a pedir aquí no es la exoneración, sino el beneficio de retorno también del IVA, porque ese 75% que recibimos de beneficio en certificados se ve muy cercenado y erosionado al momento de adquirir insumos para la obra –materiales o mano de obra– a través del IVA.
Entonces, aprovechando el antecedente de que se otorga ese beneficio para la Teletón, queremos hacer la misma solicitud y, a esos efectos, hemos adjuntado exactamente el mismo texto que tiene la ley que autorizó a Teletón.
Pensamos que el objetivo es de primordial interés en todo lo que tenga que ver con la seguridad. La cárcel de Punta de Rieles está desarrollando un proyecto de gestión que consideramos excelente, donde los presos viven en libertad en la forma más cercana posible a lo que sería la vida fuera de la prisión, lo cual los habilita y prepara –dentro de las graves dificultades que existen en este tema– para una rápida y fácil reinserción social.
Este es el planteo que queríamos realizar.
SEÑOR AGAZZI.- Mucho gusto por conocerlos y la satisfacción por la tarea de reinserción que están desempeñando.
Me gustaría saber si la Asociación tiene algún antecedente de acciones realizadas o si esta es la primera acción que van a impulsar.
SEÑOR VECINO.- Ya hemos empezado, señor senador. La empresa Ciemsa se ha hecho cargo del proyecto y dirección de la obra y, en base a subcontratos, irá ejecutando y suministrando todo aquello que no se puede hacer dentro de la propia cárcel.
SEÑOR HEBER.- En función de que acabo de llegar –pido disculpas por ello– no escuché toda la intervención pero me parece que está claro que lo que están pidiendo es una exoneración tributaria dentro de los artículos y no un subsidio por parte del Estado.
SEÑOR VECINO.- Exactamente, señor senador.
SEÑOR HEBER.- Y, además, no están dentro de la lista.
SEÑOR PRESIDENTE.- Aclaro al señor senador Heber que lo que están solicitando es que se les otorgue un crédito por el IVA que pagan o pagarán por la inversión en materiales que van a realizar en el polideportivo. Ellos no están comprendidos dentro de la exoneración que prevé el Tocaf para las empresas que colaboran con la Asociación. Aquí la duda que me genera –y sobre lo que trabajará la comisión– es si el Parlamento puede actuar en materia de exoneraciones fiscales sin que exista iniciativa del Poder Ejecutivo.
SEÑOR MICHELINI.- Como no tenemos iniciativa del Poder Ejecutivo, entonces, no podemos hacer nada.
SEÑOR AMORÍN.- Es evidente que la iniciativa es bien positiva y creo que, de parte de todos los señores legisladores, existe la voluntad de apoyarla. Me parece que es bastante claro, pero tenemos que encontrar el camino. Es cierto que una exoneración tributaria necesita de la iniciativa del Poder Ejecutivo, pero no sé si estamos a tiempo en el Presupuesto. De no ser así, seguramente, sea una iniciativa para tratar en la Comisión de Hacienda, a fin de que esta le consulte al Poder Ejecutivo si está dispuesto a otorgar esa exoneración tributaria y, en todo caso, la votaríamos.
Agradeciéndoles desde ya el motivo de la visita, deberíamos buscar el mejor camino para que esto salga y, para ello, en la comisión tendremos que analizar si el mejor camino es la Ley de Presupuesto o a través de la Comisión de Hacienda con una ley aparte que contemple este artículo único que ustedes han presentado.
SEÑOR VECINO.- Hay que destacar que este beneficio se solicita dado que no hay capacidad de trasladar el impuesto al no tener compra de IVA. También queremos señalar que lo estamos encarando como un beneficio fiscal y no como una exoneración propiamente dicha porque el impuesto se paga y lo que se obtiene es una devolución en base a certificados para ser utilizados en el pago de otros impuestos.
De ser necesario contar con la iniciativa del Poder Ejecutivo, no sé si se hace directamente a través del Senado o si nosotros podemos movilizarnos y realizar un planteo ante el ministerio, el que descuento que será otorgado.
SEÑOR PRESIDENTE.- Creo que más allá de que la comisión manifestó interés, preocupación por el planteo y voluntad de ayudar, lo que pueda hacer la asociación con el Poder Ejecutivo irá en el camino de encontrar una pronta respuesta afirmativa al tema.
Les agradecemos por la visita. Sin duda, esta es una iniciativa que siempre sensibiliza al Parlamento nacional.
SEÑOR VECINO.- Les agradecemos por recibirnos.
(Se retiran de Sala representantes de la Asociación para la Rehabilitación e Integración Social).
(Ingresan a Sala representantes del Espacio Participativo de Usuarios de la Salud).
SEÑOR PRESIDENTE.- La Subcomisión de Audiencias tiene mucho gusto en recibir a los representantes del Espacio Participativo de Usuarios de Salud a quienes cedemos el uso de la palabra para realizar los planteos que estimen conveniente.
SEÑOR ESTÉVEZ.- Gracias por recibirnos.
Soy integrante del Espacio Participativo de Usuarios de la Salud. Creo que los objetivos que venimos a plantear nos insumirán menos de quince minutos. En el material que entregamos se detalla por qué estamos presentes en este ámbito y nuestras peticiones concretas.
Como asociación de usuarios hasta ahora no nos habíamos visto beneficiados de ningún tipo de subsidio por parte del Estado. La organización, durante todos estos años mantuvo todas sus actividades con los aportes solidarios de sus propios integrantes pero, por suerte, debido al devenir de todos los usuarios en el campo de la salud nos fue imponiendo nuevas obligaciones, lo que nos lleva a solicitar ayuda. Las organizaciones de usuarios nacieron hace muy poco tiempo, por lo tanto, no están bien consolidadas ni desarrolladas para enfrentar las obligaciones que hemos tenido que asumir. En este momento hemos tenido que participar de la dirección y ejecución de planes dentro del nuevo sistema. Esto nos lleva a tratar de ser cada vez más abarcativos e inclusivos y a tratar de que los usuarios tengan una mayor participación y para ello, los medios económicos son fundamentales.
Hemos comparecido ante la Cámara de Representantes y se nos ha otorgado una subvención de $ 150.000 para el año 2016, que se incrementará en $ 100.000 para el 2017 y siendo conscientes de las limitaciones y de las urgencias que existen en otros rubros, venimos a plantear una ampliación de esas partidas, en la medida –y no lo decimos con espíritu competitivo– en que otras organizaciones que desarrollan la misma tarea ya la tienen asignada. Como cumplimos las mismas tareas, necesitamos el mismo dinero. Básicamente ese era el planteo que veníamos a realizar en este ámbito.
En cuanto a la otra organización de usuarios, la consideramos como parte de un colectivo, aunque hoy, debido al desarrollo de las organizaciones sociales, corremos –si se quiere– por carriles separados, a pesar de que tenemos objetivos muy parecidos y un mismo fin. Teniendo en cuenta los objetivos estratégicos, pensamos que las organizaciones de usuarios se van a nuclear en una sola; sin duda va a ser así, porque la el devenir histórico de estas organizaciones en el Uruguay marca que ese ha sido el camino, el que ha llevado a su consolidación. Ejemplos sobran y ustedes los conocen tan bien como nosotros. Básicamente, este es el planteo; lo demás figura en el material que hemos traído.
SEÑOR HEBER.- En el proyecto de ley de presupuesto se les asigna por primera vez una partida incremental de $ 150.000 para el primer año y de $ 100.000 para el segundo. Ustedes plantean que son una organización y que tienen que estar en condiciones de igualdad frente a las demás, lo que nos parece sumamente lógico; solo queremos saber si tienen conocimiento de la cifra con la que el Estado asiste a las otras organizaciones para saber cuál es la magnitud de la injusticia, por decirlo de alguna manera.
SEÑOR BERTERRECHE.- Tengo entendido que esta es la segunda delegación de una comisión de usuarios de la salud que recibimos. Me gustaría saber por qué existe esa dispersión de algo que debería ser una unidad que abarcara a todos los usuarios de la salud. No creo que sea un problema de injusticia de la diversidad de organizaciones que pueda llegar a haber. Sería mucho más fácil si hubiera una única asociación de usuarios en la cual se pudieran focalizar los apoyos del Estado.
SEÑOR ESTÉVEZ.- Voy a contestar la pregunta que hizo el señor senador Heber, cuya respuesta responde en parte la inquietud que planteó el señor senador Berterreche.
Existen dos organizaciones de usuarios de carácter nacional que no involucran a todos los usuarios organizados del país –somos conscientes de ellos–, pero digamos que son las entidades más representativas. Ellas son el Movimiento Nacional de Usuarios de Salud Pública y Privada, y el Espacio Participativo de Usuarios de la Salud. Por distintas razones –podríamos abundar en ellas pero no creo que sea el momento apropiado–, el Movimiento Nacional de Usuarios de Salud Pública y Privada –la otra organización que mencionamos– tiene una subvención de $ 345.000, que se vio incrementada luego de aprobarse el proyecto de ley en la Cámara de Representantes en $ 35.000 para el año 2016.
Esa es la realidad que conocemos, según los datos que parten de este mismo poder.
En cuanto a la referencia que hace el señor senador Berterreche, debo decir que eso es tan así como él lo plantea. Es un objetivo estratégico de todas las agrupaciones de usuarios llegar a estar bajo una misma organización que se dará su forma, su denominación, pero como sucede con todo proceso, lleva su tiempo; ya se verá cómo se resuelve con el devenir del tiempo, con los acuerdos y desacuerdos. La tarea de llegar a esa única entidad de usuarios la tenemos todos como meta, pero no basta solo con la voluntad, sino que creemos que con el devenir de los hechos, tal como ha sucedido históricamente con las organizaciones sindicales –por ejemplo, en las organizaciones de vivienda por ayuda mutua–, terminaremos siendo una columna común.
SEÑOR PRESIDENTE.- Si no hay más preguntas, agradecemos a la delegación por su presencia. El planteo ha sido realizado y ahora la consideración queda en manos de los miembros de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda.
SEÑOR ESTEVEZ.- Agradecemos a los señores senadores por habernos recibido y queremos subrayar que no se trata de tener una confrontación con otras organizaciones, sino que lo utilizamos como referencia para que se tenga presente.
(Se retira de Sala la delegación del Espacio Participativo de Usuarios de la Salud).
(Ingresan a Sala los representantes de la Asociación Uruguaya de Padres de Personas con Autismo Infantil – Auppai).
SEÑOR PRESIDENTE.- Buenos días. Recibimos a la delegación del centro de educación especial Auppai, integrada por su presidente, el señor Jorge Gómez, y su secretaria, Mercedes Santía.
SEÑOR GÓMEZ.- Buenos días a todos.
Agradecemos a la subcomisión por recibirnos y por escuchar nuestras inquietudes.
En primera instancia, me gustaría ubicarlos en quiénes somos, qué somos, qué hacemos y por qué estamos. La asociación uruguaya de padres de personas con autismo infantil fue creada en el año 1989, a consecuencia de las inquietudes de un grupo de padres de niños con esta discapacidad. En ese momento se carecía de la respuesta adecuada de contención, no solamente en el aspecto sanitario, sino fundamentalmente –lo que aún nos preocupa– en el educativo, en procura de lograr una digna inclusión de personas que padecen esta discapacidad, para que no terminen siendo meros incrustados en la sociedad, en la que hoy por hoy se habla de inclusión. El centro Auppai cuenta con personería jurídica y, a su vez, tiene una autorización especial de ANEP para funcionar como centro de educación especial. La sede funciona en Avenida Italia esquina Alto Perú, merced al beneficio de un comodato extendido por ANEP, con vigencia hasta 2019, con posibilidades de una prórroga, que ojalá así se haga.
En principio, a grandes rasgos ese sería el objetivo que tenemos. El grupo que atendemos es muy heterogéneo; hoy por hoy son 15 las personas que están allí, de distintas edades, de los 4 años hasta más de 25, porque esta capacidad diferente no tiene cura. Lo que se pretende, a través de proyectos educativos que se desarrollan en el centro, es lograr obtener una digna inclusión en la actividad, no solamente familiar sino social. Reitero que se procura una digna inclusión, y que no sean meros incrustados en el ámbito social.
A continuación quisiera cederle la palabra a la señora Santías, que además de ser secretaria del centro, es madre de un chico con estas características.
SEÑORA SANTÍAS.- Buenos días a todos y gracias por recibirnos.
Yo expresaría al revés de lo que planteaba mi compañero: primero soy madre y después soy secretaria.
La tarea más difícil que me han asignado hoy ustedes es hablar poco, porque es mucho lo que hay que decir sobre este tema. Básicamente, ampliando un poco lo que dijo mi compañero, quiero decir que el centro al que nos referimos cuenta con la autorización de funcionamiento de ANEP y es importante destacar que hemos tenido muy buenos informes de la inspección de Enseñanza Primaria, que no es poca cosa. El grupo que se atiende es muy heterogéneo y básicamente se compone de chiquitos que, estando incluidos en Enseñanza Primaria, no les alcanza con esa inclusión y necesitan además un apoyo curricular y académico muy fuerte, que es imposible que se dé en primaria. Además, a algunos chicos que están en el centro es imposible que se los incluya en primaria; concretamente me refiero a los niños más grandes, ya que cuando eran chicos no se los incluía y hoy por hoy es imposible. Por ejemplo, pienso en mi hijo, que si estuviera en un liceo se escaparía porque deambula y no sé a dónde iría a parar. Entonces, el objetivo del centro es, también, atender aquellos casos que primaria no cubre, así como tampoco el centro específico público que es la Escuela n.º 231, por una cuestión de horarios, ya que funciona en un solo horario y atiende a los niños en un horario reducido, por un tema de funcionamiento interno en el que no me voy a inmiscuir, porque no lo conozco. Es decir, estamos cubriendo un espacio que a nivel estatal no está cubierto.
Tenemos un megaproyecto que es ideal –como todo proyecto que cualquiera de nosotros pueda pensar para la vida de uno–, pero cuando nos chocamos con la realidad esos grandes proyectos se tienen que achicar. Cualquier ayuda que pueda salir de este Presupuesto será bienvenida. Queremos tratar, como mínimo, que los alumnos que no pueden asistir por motivos económicos, todos los días de la semana al centro, puedan hacerlo, y que cuenten con la ayudan de un profesor de educación física.
Estamos hablando de una población –como dijo mi compañero, este trastorno no tiene cura– a la que le es muy difícil acceder a una vida independiente y autónoma. Nos referimos a autismo infantil a pesar de que la persona tenga 25, 30 o 40 años. Es decir que el apoyo debe ser constante porque no se trata de una rehabilitación finita en el tiempo, a través de la cual podamos decir: hasta aquí llegamos y ahora estás bien. No, no es así. El apoyo, tanto para la persona con el trastorno del espectro autista como para la familia, tiene que ser de por vida.
SEÑOR GÓMEZ.- Quiero agregar algo en cuanto al avance de la investigación que se ha desarrollado a nivel mundial.
Sabido es que el autismo fue descubierto y catalogado por el doctor Kanner en 1943, al que denominó: trastorno generalizado en el desarrollo. De esa manera, agrupaba a las personas con un determinado perfil de conducta, personas muy diferentes entre sí por los diferentes comportamientos que ello implica.
Decía que el avance de los estudios científicos que se ha logrado en la actualidad ha ampliado el concepto primario dado por el doctor Kanner para catalogar a las personas con autismo y se le ha denominado TEA: trastorno del espectro autismo. De esa forma, se engloba a muchas personas con conductas anormales –para nosotros, por decirlo de alguna manera– que no son específicamente autistas. En el centro hemos detectado ese tipo de casos que si bien hoy pueden parecer situaciones nimias, tal vez en un futuro podamos tenerlas en cuenta. Es así que con el transcurrir del tiempo aparecen los positivos falsos, ya sea porque el niño tiene problemas en su desarrollo primario, porque escucha con deficiencia, porque no se expresa adecuadamente o por no corresponder a los juegos propios de su edad. En esos casos, es inmediatamente diagnosticado como autista por los profesionales tratantes.
Lógicamente, el Estado adolece de la contención de centros que atiendan específicamente a esa clase de personas. Partamos de la base de que ya no existen maestros capacitados para detectar en primaria esa situación porque ya no son titulados en especialidades. Ojalá en 2018, cuando contemos con los nuevos programas de educación, tengamos alguna expectativa al respecto. Plantear esta situación genera una inquietud porque, además, el problema radica también en la educación. Vuelvo a insistir en que se necesita una buena educación para que no sean personas incrustadas en la sociedad ni en la familia, sino que tengan una interrelación con ellas.
SEÑOR CAMY.- En primer lugar, quiero dar la bienvenida a los señores representantes del centro de educación especial Auppai y felicitarlos por la tarea que llevan adelante. A su vez, quiero destacar el esfuerzo del Estado uruguayo y la comprensión de los gobiernos que han interpretado la ayuda que ha llegado hasta ahora y, por supuesto, expresar la voluntad de continuar en ello.
Quiero hacer una consulta muy puntual. Su organización se denomina Asociación Uruguaya de Padres de Personas con Autismo Infantil y quiero saber si tienen, más allá de la labor que llevan adelante –muy bien organizada, por lo que veo en el documento–, alguna relación con asociaciones del resto del país, del interior. Me refiero, fundamentalmente, a algunas que sabemos que existen y que, por ejemplo, no han logrado la personería jurídica o no tienen la organización formal terminada y eso, de alguna manera, les dificulta para tener mecanismos de financiamiento y para llevar adelante la tarea. Sabemos, específicamente, de algunos centros en ciudades no capitales del interior que, precisamente, están en esa situación. ¿Tienen nuestros invitados alguna vinculación, como organización formalizada y avanzada en muchos aspectos, con alguno de los centros de este tipo del resto del país? Esta era la consulta que quería realizar, gracias.
SEÑOR GÓMEZ.- En principio, sí. Hay una intercomunicación con centros del interior como, por ejemplo, de San José y Maldonado. Personalmente, tengo la gran satisfacción de poder decir que merced al contacto con familias del interior –en este caso, de Tacuarembó–, se ha formado un centro más. Esto comenzó con un matrimonio que vivió una situación muy específica: no podían engendrar y adoptaron a un niño que, al tiempo, es diagnosticado como autista. Comienzan a desesperarse y se contactan conmigo. No pueden venir a Montevideo por razones obvias, ya que esta discapacidad, además, es muy elitista por la gran exigencia económica que requiere su atención. A consecuencia de las charlas y consultas, les propuse que se organizaran y formaran una institución similar a la nuestra porque Apadista, que funciona en esa ciudad, no los podía contener, no estaban capacitados para ello. Lo mismo que vemos en algunos lugares de aquí, allá se acentuaba más.
Hace menos de un mes me comunicaron que ya habían formalizado una asociación con 21 familias y estaban procurando la personería jurídica.
Más allá de estar integrados a la Federación Autismo Uruguay, hay contactos e intercambios permanentemente; también hay contactos en la ciudad de Salto. La interacción con todo está incluida en nuestros estatutos porque la inquietud fundamental es nacionalizar esta situación. Sin perjuicio de reconocer, indudablemente, el apoyo que tenemos del Estado, como todo necesitado, nunca estamos satisfechos o las necesidades son tantas que los requerimientos son permanentes. No sé si está respondida la inquietud.
SEÑOR CAMY.- Sí, gracias.
SEÑOR PRESIDENTE.- Agradecemos la presencia de los representantes de la Asociación Uruguaya de Padres de Personas con Autismo Infantil. La comisión tendrá en cuenta lo expuesto y la ayuda que siempre se ha contemplado en el Presupuesto nacional.
SEÑOR GÓMEZ.- Muchas gracias por la atención.
(Se retira de sala la delegación de la Asociación Uruguaya de Padres de Personas con Autismo Infantil).
(Ingresan a sala los representantes de la Asociación Civil América, Fundación Cimientos).
SEÑOR PRESIDENTE.- La Subcomisión de Audiencias les da la bienvenida a los representantes de la Asociación Civil América, Fundación Cimientos. Como el régimen de trabajo en el día de hoy es recibir a varias delegaciones, les aclaramos que cuentan con un plazo de quince minutos para realizar su exposición fundamentando el material que han entregado y responder las preguntas que formulen los señores senadores.
SEÑORA PÍRIZ.- Soy la directora del proyecto Cimientos en Uruguay. Representamos a la Asociación Civil América, proyecto Cimientos. Dicho proyecto nació en Argentina en el año 1997. Se trata de una organización de la sociedad civil que llegó a Uruguay en el 2012, trabajando y articulando el apoyo a la educación pública con el Ministerio de Educación y cultura y el Consejo de Educación Secundaria. Se trabaja en el ciclo básico para lograr la permanencia y la culminación del liceo de jóvenes de contexto socio-vulnerable. Hoy en día estamos trabajando en dos liceos de Montevideo. Uno de ellos es el número 22, de La Teja y, el otro, el número 52, de Villa García. Allí aplicamos un programa que denominamos Futuros Egresados, que tiene como objetivo que los chicos terminen el ciclo básico. Para ello tenemos una estrategia de acompañamiento educativo en donde hay un tutor de Cimientos que trabaja dentro del liceo –nosotros trabajamos dentro de los liceos públicos– acompañando al chico a lo largo de los tres años de la trayectoria educativa, con entrevistas mensuales con él y un referente adulto, como ser el padre, la madre o un tutor. Muchas veces este referente es un hermano o una hermana mayor. En estas entrevistas se establecen propósitos en pos de mejorar la trayectoria educativa de estos jóvenes. Nosotros no hacemos apoyo escolar, sino que nos abocamos a que los chicos desarrollen habilidades socio-emocionales, para que estos jóvenes adquieran ciertas destrezas y tengan un futuro con más oportunidades. Son habilidades para la vida, que tienen que ver con la responsabilidad, el compromiso y la autoestima.
Este año, a partir de un convenio que tenemos con el Ministerio de Educación y Cultura, estamos acompañando becados que reciben la beca de esta cartera. Entonces, mientras el ministerio les da un apoyo económico, nosotros brindamos el acompañamiento. O sea que la estrategia de Cimientos en este programa de Futuros Egresados tiene tres pilares. Uno de ellos y el más importante tiene que ver con el acompañamiento educativo dentro del liceo por parte de un tutor de Cimientos. El siguiente pilar es el apoyo económico, es decir, una beca mensual que se les da a los jóvenes. Y, por último, están las instancias grupales de intercambio.
A lo largo de los tres primeros años de trabajo de Cimientos logramos un promedio de promoción de nuestros becados del 84%, bastante por encima de lo que es el promedio de Montevideo.
Finalizando mi intervención voy a leerles una parte de la carta que nos envió la directora del liceo 52 de Villa García, la profesora Shirley Hernández. Allí expresa: «En el transcurso del año compartido hemos podido apreciar la incidencia que han tenido sobre la situación de los alumnos, pero también sobres sus hogares. Valoramos inmensamente haber podido colocar en la cabeza de los padres la importancia de componer y estar presentes en el desarrollo curricular de sus hijos. En los alumnos, han logrado comprometerlos y sostenerlos en la asiduidad y en el rendimiento académico.
En resumen, esta dirección tiene absoluta satisfacción de contar con la fundación Sin Límites, con los soportes de nuestra tarea cotidiana.
Esperando poder seguir contando con ustedes por mucho tiempo más, los saludo muy atentamente».
Para nosotros es una gratificación trabajar en los liceos públicos y apoyar la educación pública. Como decía, los resultados que logramos en la primera generación de becados fue el 84% de promoción; o sea que hoy tenemos el 84% de nuestros chicos en bachilleratos, en UTU y en liceos. Hoy nos acompañan 70 jóvenes en los dos liceos que mencionaba anteriormente.
SEÑOR CAMY.- En primer lugar, saludo a la fundación Cimientos y a la Asociación Civil América por la tarea que llevan adelante y por los resultados logrados que han expresado a partir de su labor. Haré dos comentarios.
A efectos de que quede claro, creo que acá no estamos hablando de una actividad vinculada a lo que, por ejemplo, realizan los liceos Jubilar o Impulso, sino que se hace desde una fundación privada. Se trata de un acompañamiento total, en forma absoluta, en el marco de la actividad que rige la autoridad de la educación pública, es decir la ANEP. Me parece que eso es así, pero quiero consultarlo a efectos de que quede debidamente establecido.
En segundo lugar, quisiera preguntarles sobre la proyección del trabajo, si se refiere solamente a Montevideo, si comprende el área metropolitana, si abarca a todo el país, si precisamente la designación que supongo harán con las propias autoridades de primaria tiene una especificidad por la que van determinando qué zonas, lugares o liceos son a los que se refiere la ayuda.
Finalmente, haciendo una lectura rápida del material que nos han hecho llegar en la jornada de hoy, veo que cuando en la Cámara de Representantes se trató la situación que hoy se relata aquí se estableció por parte de algunos señores diputados el compromiso de analizarlo en el Senado a efectos de incorporarlo, porque en esa otra instancia no se pudo hacer por razones de tiempo. Si es así, como lo estoy leyendo en el material rápidamente, quiero conocer ese detalle.
SEÑOR HEBER.- En el mismo sentido que el señor senador Camy, quería hacer un comentario porque esto es parecido al caso de otra delegación que recibimos a primera hora. Siempre se señala lo mismo: que estas son exoneraciones y que, por tanto, necesariamente requieren el mensaje del Poder Ejecutivo. Pero en el memorando que nos trae la fundación Cimientos nos plantea algo que constituye un buen antecedente.
En la rendición de cuentas de 2006, el Parlamento votó una facultad al Poder Ejecutivo. O sea, nosotros no estamos violando la Constitución porque no estamos estableciendo una exoneración o quitando recursos al Poder Ejecutivo –eso está prohibido expresamente por la Constitución de la república por ser una exoneración–, pero hay un buen antecedente que se hizo con el proyecto Aprendizaje en Línea de Ceibal. En fin, existe un antecedente de una facultad. Si existe voluntad política y el Parlamento da una facultad al Poder Ejecutivo, no tendríamos que ir por el trámite de un proyecto de ley pidiéndole que nos envíe un mensaje.
Digo esto porque por algo se pone este artículo que acabo de ver y es el antecedente necesario para votar una facultad en esta instancia pues, de lo contrario, no podemos aprobar la exoneración. No estamos violando la Constitución porque le damos esa facultad al Poder Ejecutivo al haber buena voluntad política en un tema tan importante como este, que es para los estudiantes de menores recursos que precisan esa beca y que además les da una ayuda que es fundamental para poder igualar en la sociedad. ¡Ojalá, en nuestro país hubiera más instituciones así! Les agradecemos el esfuerzo y el trabajo de la fundación. Para nosotros es de una ayuda muy importante. Además quienes donan tienen la tranquilidad de que ese dinero está yendo directamente a los estudiantes y que no queda en el camino burocrático del Estado –como a veces sucede– donde la contundencia no llega con la notoria incidencia como llegaría de esta manera.
Sabemos que muchos de los recursos que votamos se van diluyendo y a veces, cuando llegan al destino, están muy diezmados. Por estas razones, entiendo que la fundación es importante en sí misma, el apoyo es necesario y no vienen a pedir plata. Si esta es una obra social de ayuda al Estado, por lo menos que no le cobre impuestos. Esto es básico.
Hago este comentario porque seguramente habrán hablado sobre la posibilidad de incluir esto y les habrán dicho lo que es de Perogrullo: no podemos votar exoneraciones, si no es con el mensaje del Poder Ejecutivo, pero sí podemos otorgar la facultad. Es decir que podríamos redactar un artículo facultando la exoneración, o sea que esta fundación se ampare en la disposición del artículo 79.
SEÑOR MICHELINI.- Sabemos el trabajo que están haciendo dentro de la propia educación pública, no como otros que construyen liceos o lo hacen en forma separada al de la enseñanza pública.
Es un tema muy complejo y muy difícil y nos comprometemos a estudiarlo. En todo caso, si en este momento existe una solución –difícilmente exista–, en mi opinión deberíamos ir por un camino diferente al planteado por el señor senador Heber –habría que ver qué mecanismo se puede utilizar– no porque el planteo que se hace no sea de recibo, sino porque deberíamos quitarle la presión Poder Ejecutivo. La situación es difícil. Seguramente no encontremos la solución, pero si se encontrara tendríamos que buscar un mecanismo que le quitara presión al Poder Ejecutivo por parte de diferentes organizaciones, cuando las cosas deberían ser más claras y más ordenadas en este campo.
SEÑOR BERTERRECHE.- Antes que nada quiero saludar a la delegación que nos acompaña. Como exalumno y como padre de exalumnos del liceo 22 me regocija que haya planteos para los gurises del barrio y del liceo. Más allá del que se está haciendo en cuanto a que se necesita la iniciativa del Poder Ejecutivo, puede haber alguna forma de analizar el compromiso del señor senador Michelini de seguir estudiando para buscar una solución, aun con la dificultad de hacerlo. Quería saber cuáles son los montos que hoy maneja la fundación y cómo se financian.
SEÑORA PÍRIZ.- Voy a contestar en orden. En primer lugar me voy a referir a las preguntas planteadas por el señor senador Camy. Efectivamente, trabajamos apoyando la educación pública dentro de los liceos públicos. El Consejo de Educación Secundaria selecciona los liceos donde trabajamos, de acuerdo con las necesidades que ellos detectan en los distintos barrios. En cuanto a la proyección del trabajo para el año próximo no somos el Liceo Jubilar ni el Centro Educativo Providencia; sino que trabajamos donde van todos y todas que es la educación pública y por eso estamos allí.
La proyección para el 2016 depende de la financiación que consigamos. Tenemos expertise y la mano de obra como para llegar a todo el país. Este es nuestro deseo, pero depende de la financiación que la fundación consiga.
Con respecto a la otra pregunta de cómo nos financiamos, quiero señalar que hoy día los fondos vienen en su mayoría de empresas privadas, representan el 63%, y tenemos un monto que proviene de particulares. Además, hacemos campañas de recaudación como, por ejemplo, eventos.
El presupuesto que tenemos este año es de USD 81.000. Con este monto cubrimos los sueldos de los tutores, la beca de $ 1.000 por mes que se les paga a los jóvenes y un 10% de presupuesto anual que se va en gastos de administración.
El costo anual que las empresas donan por cada joven, por cada becado que apoyan es de USD 1.000.
SEÑORA ECHEVARRÍA.- Agradecemos a los señores senadores por recibir a esta Asociación Civil América, en particular, al proyecto Cimientos. También quiero agradecer a aquellos señores senadores que quieren buscar la forma jurídica para esta asociación.
Me permito recordar que la norma que establece las exoneraciones a las empresas que donen directamente a este tipo de proyectos, existe antes que esta ley de presupuesto. Por lo tanto, la ley de fundamento sería esa. La ley tiene topes, de lo que se pude donar a cada donatario, como también el monto de impuesto que tienen que pagar. Todo esto ya está previsto en otra ley y no significaría aumentar los costos de exoneración que tendría este proyecto.
En segundo lugar, como dice el señor senador Heber, de todas maneras podríamos pensar en facultar al Poder Ejecutivo, y cuando esto se hace, no se lo presiona ni se le establece ninguna obligación, simplemente, se le da la facultad de contribuir, una vez más, con un tipo de proyecto que, como dijeron los senadores en sala, contribuye con la educación pública y con la equidad que tanto buscamos todos para estos niños y jóvenes que han nacido en lugares con menores posibilidades. Además, es importante destacar que si finalmente los señores senadores no consideraran que estos argumentos fueran suficientes como para incluirnos en la ley de presupuesto –nosotros sí lo creemos–, de todas maneras podríamos tener una ley especial.
Estas son las alternativas que nosotros vemos. Sí pedimos a los señores senadores que consideren que estamos trabajando con unos cuantos chicos de contextos difíciles y que estamos logrando un 80 % de permanencia dentro de los liceos, además, con un éxito absoluto en la promoción año a año. Agradecemos a los señores senadores que tomen esto en cuenta.
SEÑOR PRESIDENTE.- Agradecemos a la delegación y, seguramente, sus fundamentos serán elementos a considerar en la resolución.
(Se retiran de sala los representantes de la Asociación Civil América, Fundación Cimientos).
(Ingresan a sala los representantes de la Unión de Trabajadores del Mides).
–La Subcomisión de Audiencias de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda da la bienvenida a la delegación de la Unión de Trabajadores del Mides, integrada por los señores Carlos Moreira, Pablo Ancheta, Pablo Beltrame y las señoras Mariela Peré y Lucía Labuonora, a quienes les cede el uso de la palabra.
SEÑORA LABUONORA.- Buenos días. Muchas gracias por recibirnos.
Como representantes de la Unión de Trabajadores del Mides queremos plantear nuestra situación y hablar sobre lo aprobado en la Cámara de Representantes y las consecuencias que ello tiene para nuestro trabajo cotidiano.
Para dar un marco o un contexto al tema, nos parece bueno hablar sobre la historia institucional del Ministerio.
Como es bien sabido, el Ministerio de Desarrollo Social se creó en 2005; en 2007 el Parlamento aprobó una estructura, que es la que se aplica y, en 2013 se aprobó una ley de reestructura que, como no terminó de concretarse, en realidad genera muchos problemas. En 2015 asumieron nuevas autoridades, todas pertenecientes al mismo partido de Gobierno, y todas estas estructuras fueron totalmente descartadas. Ante ello, nos encontramos trabajando con una estructura y un organigrama parcial de cargos que, en realidad, están en el aire porque no están contemplados en ninguna ley. Esta situación afecta muchísimo a los trabajadores y al buen funcionamiento del Ministerio que, en definitiva, es lo que más nos importa como sindicato.
En primer lugar, esto no permite una fiscalización eficiente de los recursos humanos. En su mayoría, todos somos tercerizados y generamos un costo extra al Estado que, en realidad, le otorga recursos a los privados para después no poder fiscalizar.
En segundo término, creemos que esta situación va en detrimento de la institucionalización de las políticas sociales. Nosotros no tenemos carrera funcional ni evaluaciones; el discrecionalismo reina mucho por la falta de estructura y de institucionalización del Ministerio.
Por otra parte, carecemos de un marco normativo que establezca cuáles son nuestros derechos y nuestras obligaciones. Estamos hablando en sentido amplio; esto es, desde qué es lo que yo como trabajadora tengo que hacer para realizar satisfactoriamente mi trabajo y qué es lo que en realidad no. Nos gustaría conocer nuestros derechos porque esto de ser, de a ratos, público y, de a ratos, privado –somos tercerizados pero trabajamos para el Mides– es realmente muy engorroso; nos deja en el aire y sin un marco normativo.
A la vez, todo esto vulnera derechos consagrados en la Ley n.º 19121 –aprobada en 2013, en contra del movimiento sindical–, en la que se establece de qué manera tienen que trabajar las personas que prestan servicios al Estado. En función de que ello no se aplica a nosotros, estamos solicitando que efectivamente se empiecen a cumplir todas esas cuestiones.
SEÑOR ANCHETA.- Buenos días.
Siguiendo la línea de lo planteado por nuestra compañera, quiero decir que en 2013 este sindicato se sentó en una mesa con la pasada Administración para llegar a un acuerdo que no pudo entrar en la instancia de rendición de cuentas. A partir de ese momento, el sindicato se declaró en conflicto. Siempre hemos planteado que, dado el compromiso de los trabajadores, nunca se afectó a la población ni a los usuarios a los que les corresponden los servicios. En diciembre de 2014 comenzaron las conversaciones con la nueva administración y ya se conocían las nuevas autoridades del Mides. Eso nos llevó a un proceso de negociación de 8 o 9 meses, donde como sindicatos tuvimos unas cuantas pérdidas que necesitábamos como trabajadores. Se llegó a un acuerdo que salió del ministerio para tener el aval del Ministerio de Economía y Finanzas, de la Contaduría General de la Nación pero, en ese tránsito, cuando llega al Parlamento se viola la negociación colectiva. Los trabajadores creemos que la regulación es necesaria para este ministerio para poder seguir adelante con nuestras políticas sociales.
SEÑOR MOREIRA.- Nos vamos a referir especialmente a los artículos acordados en la negociación colectiva y que fueron modificados en la Cámara de Diputados. Lo que venimos a buscar es que se generen los cargos que necesita el Mides para tener una institucionalidad y que se reconozca el derecho de los trabajadores que desde hace más tiempo se desempeñan en el Mides y que ingresaron por concurso. A pesar de ello, los vínculos contractuales que tenían eran precarios porque el Mides no tenía cargos para contratar a esas personas.
Con respecto al artículo 516 aprobado en la Cámara de Diputados, creemos que es mejorable para que se adapte más a la realidad del Mides y se solucionen los problemas que hay. Este es un artículo que regulariza a los trabajadores que están desde hace más tiempo, pero solo a los que ingresaron mediante un concurso de oposición y méritos. Nos parece que aquí se debe agregar a quienes ingresaron por concursos de méritos y antecedentes que son los que más utilizó el Mides para contratar a su personal, porque ambos métodos de selección están consagrados con igual jerarquía en el estatuto del funcionario público. Por tanto, los derechos de un trabajador que ingresó al Mides por un concurso de méritos y antecedentes deben ser reconocidos y creo que el artículo debería contemplarlo.
Además entendemos que el período del provisorato debería modificarse respecto de lo que establece el estatuto del funcionario público que son 15 meses, pasando a ser 6, como estaba originalmente, porque entendemos que ese es el plazo que el estado utiliza para evaluar a una persona cuando ingresa a una función. Acá estamos hablando de personas que, como bien dice el artículo 516, están hace por lo menos 18 meses con fecha 1º de marzo de 2015. Por tanto, al momento de que se los evalúe van a tener, por lo menos, 18 meses, más los 9 que pasaron de este año y los 6 meses del provisorato. Eso le genera a la institución la posibilidad de comenzar a los 6 meses de promulgada esta ley, con los concursos y pruebas para contar efectivamente con esos trabajadores.
El artículo 517 que refiere a personas que desempeñan tareas permanentes pero que no cumplen con los requisitos para ser regularizadas. Mediante este artículo se toma a esas personas por la modalidad de contratos de trabajo. En ese sentido no hacemos mayores reparos porque entendemos que si no cumplen con los criterios no se los debe regularizar, entonces, es bueno que se utilice la modalidad de contratos de trabajo porque son vínculos directos con el Mides y nos sacamos a las organizaciones de la sociedad civil con todo el costo económico y burocrático que generan. Sin embargo, nos parece que a este artículo le falta la pata que genera institucionalidad. El artículo habla de tareas permanentes y lo que se está haciendo es crear contratos temporales, pero no vacantes. Para nosotros es importantísimo que las tareas permanentes que se desarrollen en el Mides se realicen con cargos permanentes. Este artículo reconoce que existen tareas permanentes, pero solo crea contratos temporales. No estamos pidiendo que a esas personas se les asignen esos cargos permanentes, pero sí que se creen las vacantes que son necesarias porque, de no ser así, en las próximas rendiciones de cuentas estaremos pidiendo la creación de vacantes para tareas permanentes porque no fueron creadas en esta Ley de Presupuesto.
SEÑOR BELTRAME.- Me voy a referir a los artículos 517 y 518.
El artículo 517 plantea el tema de los contratos de trabajo. Creemos que para tareas permanentes hay que crear un cargo de provisorato y no un contrato de trabajo, porque estaríamos utilizando mal una figura que existe para tareas transitorias. Por ello, nos parece importante la creación de las vacantes.
En este sentido quiero señalar que muchos de estos temas le quitan eficiencia al ministerio, porque crea contratos de trabajo para tareas transitorias y, en realidad, son permanentes. En este articulado el ministerio intenta crear entre 500 y 700 vacantes pero los trabajadores consideramos que hay entre 800 y 1.200 tareas permanentes que son las vacantes que se necesitan. Esta es una discusión a futuro.
En relación al artículo 518, quiero señalar que hay programas que se plantean como transitorios y esto tiene que ver con la estructura. Cada administración plantea diferentes programas como transitorios o temporales y creemos que no debe suceder. Los que son transitorios, deben tener un inicio y un fin, pero hay programas que han comenzado hace varios años y continúan funcionando y se mantienen como transitorios. Para nosotros esas son tareas permanentes del ministerio y debe continuar con ellas, por eso creemos que deben llenarse las vacantes. Para desmitificar un poco el tema, quiero decir que muchas de las personas involucradas tanto en los contratos de trabajo como en las vacantes, han pasado por el proceso de selección. En el caso de los contratos de trabajo, las personas que han sido seleccionadas han pasado por el portal Uruguay Concursa, en la gran mayoría han concursado en 2013 o 2014 y nos parece importante rescatarlo. La gente que está desde 2006 al 2010, donde no existía el portal, también concursó y pasó por un proceso de selección que, en aquel entonces, era de méritos y antecedentes. Creemos que es importante que se considere a la hora de generar las vacantes, para reconocer el trabajo que estas personas han desarrollado en todo este tiempo. No ingresaron por la ventana, ni nada por el estilo, sino que han sido sometidos a un proceso de selección.
Es importante señalar que en el artículo 518 se establece la exoneración, del artículo 93 de la Ley n.º 19121. A nuestro juicio también es importante que se exonere de lo que establece el artículo 94 que tiene que ver con el proceso de selección. Planteamos esto porque dichas personas ya estuvieron sometidas a un proceso de selección previo, y nos parece bastante ridículo que alguien que concursó en 2013, ahora vuelva a hacerlo por un contrato de trabajo. Esto es lo que queremos señalar en lo que tiene que ver específicamente con el articulado.
Finalmente, queríamos plantear nuestros objetivos como sindicatos. En primer lugar, queremos generar mejores condiciones para realizar nuestras tareas y la primera de ellas tiene que ver con la estabilidad laboral. No solamente queremos que el Inciso sea eficaz en lo que hace, sino que también sea eficiente. Para eso necesitamos una estructura de cargos, una estructura organizativa acorde y un manual de organización y función. Son elementos que se están desarrollando que no se han llevado adelante y que son fundamentales para desarrollar la tarea.
En segundo término, aspiramos a que se reconozca a los trabajadores que ya realizaron estas tareas y las vienen desarrollando.
En tercer lugar, queremos la transparencia hacia la ciudadanía. En ese sentido, una de las cosas que hemos planteado es que cuando una persona que pierde la posibilidad de concursar, se va, el cargo que queda vacante se incluya en el portal Uruguay Concursa. Creemos que eso da más garantías, tanto a los trabajadores, como a la ciudadanía en general. Me parece que es importante remarcarlo porque hay un vínculo desvirtuado de los trabajadores con la administración.
Finalmente, creemos que la negociación colectiva es una herramienta histórica del movimiento sindical de este país y es una fortaleza y creemos que la tenemos que reivindicar y continuar fortaleciendo, incluso, invitando a los legisladores para que intervengan y trabajen en favor de ella para saldar todo lo que no se dé entre el Poder Ejecutivo y los trabajadores.
Por último quiero señalar que todo esto que planteamos no tiene costo, la plata ya se está gastando y, simplemente, va para otro lugar.
SEÑOR AGAZZI.- Voy a ser breve porque sé que tenemos poco tiempo. Lo que están planteando es un problema que se viene arrastrando desde hace bastante y por ello debemos invertir un minuto de tiempo.
Ayer, con motivo del décimo aniversario del Mides, se realizó una actividad en la que el ministerio rindió cuentas de las cosas que ha hecho. Tenemos que reconocer la creación de ese ministerio en momentos de dificultades nacionales y el logro de sus objetivos que fue posible por toda la gente que trabaja y trabajó en él, y eso lo debemos resaltar.
Además, quiero decir –y esto lo hago en forma personal– que cuando los trabajadores estuvieron ocupando el edificio del ministerio durante el último conflicto, fui como coordinador de nuestra bancada –junto con otros legisladores– y nos comprometimos a crear las instancias para poder racionalizar ciertas cosas que luego, con la vorágine del tratamiento del proyecto en la Cámara de Representantes, no se habían podido concretar. Entonces, me satisface que hoy los trabajadores estén aquí explicitando racionalmente sus planteos, y desde ya nos estamos comprometiendo a trabajar en el tema y a tener en cuenta el proyecto de ley que aprobó la Cámara de Representantes y que la unión de trabajadores hoy ratifica.
SEÑOR PRESIDENTE.- El planteamiento fue realizado y lo ha ratificado, por lo menos, una de las bancadas integrantes de la comisión, y seguramente el resto de los integrantes tendrán en cuenta lo que han expresado.
(Se retira de sala la delegación de la Unión de Trabajadores del Mides).
(Ingresan a sala los representantes de la Red Pro Sistema Nacional Integrado de Cuidados).
–Damos la bienvenida a la delegación de la Red Pro Sistema Nacional Integrado de Cuidados, integrada por las señoras Silvia Areosa, Alicia Martínez, Soledad Salvador y el señor Ariel Montesdeoca.
SEÑORA SALVADOR.- Como ya saben –porque hemos concurrido en otras instancias–, esta red está conformada por más de veinte organizaciones que tienen una preocupación común: que el sistema de cuidados se concrete, se desarrolle, tenga coherencia y consistencia en su funcionamiento, y que no se den estas idas y venidas. Me refiero a los anuncios que se hicieron en todo el país de que se va a desarrollar el sistema, que va a haber un programa de asistentes personales durante los próximos años y de pronto, se decide recortar el presupuesto, se dice que no, y las familias empiezan a temblar, las que ya están en el programa por temor a que les vayan a sacar el asistente que hoy tienen y las que están esperando tenerlo, así como quienes se formaron para este trabajo, que ahora se preguntan: «¿Qué hacemos? Nos formamos para ejercer esta tarea y ahora parece que los recursos no van a estar disponibles».
Hemos enviado una carta dirigida a cada senador con los argumentos que venimos planteando, pero nuestra intención en el día de hoy era poner en claro estas cuestiones, ya que este sistema fue uno de los objetivos de la campaña electoral por la cual se llegó al gobierno y el presidente se comprometió a que los recursos iban a estar blindados, por lo menos así se dijo cuando se empezó a tener ciertas dudas sobre las posibilidades de recesión y demás. Si efectivamente se decide desarrollar el sistema, queremos que sea lo más coherente y consistente posible. Creemos que tampoco se tiene que poner en competencia los recursos para el sistema de cuidados con aquellos que se destinan a la educación o a cualquier otro derecho humano que debe ser garantizado, pero también hay que considerar la prioridad que se le dio a este sistema. Reitero: no queremos que compita con recursos para la educación; en todo caso, habrá que buscar de dónde recuperar los que ya se le habían asignado y que ahora se han recortado.
Pretendemos un poco más de claridad porque, además, habría que mejorar el servicio que ya se empezó a desarrollar y la remuneración que están percibiendo los asistentes personales se considera muy baja para la tarea que tienen, que es cuidar a una persona con una severa dependencia. Estamos hablando de alguien que requiere, por lo menos, a una persona que le asista para realizar las actividades básicas de la vida diaria, es decir, para movilizarse, para ir al baño, para bañarse, para comer, para vestirse, etcétera. Se trata de una tarea con mucha exigencia, para la que se requiere un perfil particular; no puede ser cualquier persona, aunque se ha usado este argumento. Debe ser alguien que tenga la calidad humana como para poder desempeñar esa tarea, no es cualquiera que se forma y lo hace simplemente por haber hecho un curso. Además, se debe contemplar el respeto que hay que tener por la persona que está en determinada situación de vulnerabilidad en cuanto a sus derechos, por lo cual creemos que el asistente personal tiene que garantizar que los derechos de estas personas no se violen. Hasta ahora, nuestro interés desde la red ha sido que, justamente, quienes pueden estar recibiendo este beneficio vuelquen información útil para que el sistema mejore. Hace poco más de un mes se llevó a cabo una actividad, junto con la Intendencia de Montevideo, para recoger esas impresiones y nos encontramos con el relato de algunas personas que están haciendo uso de este programa y han tenido que cambiar de asistente personal porque no se adecuaban a lo que se espera de la tarea. Inclusive, ellos mismos demandan que hay que remunerarlos mejor.
Cabe destacar que en este sistema no hay recursos sobrantes. Precisamente, los argumentos que se daban en la Cámara de Representantes decían que se sacaban recursos porque se consideraba que no se iban a poder ejecutar, pero lo cierto es que no sobran. Por el contrario, necesitamos más recursos porque ya hay que pagarles mejor a los asistentes personales. Es más, existía la promesa de que se iban a generar 2.000 puestos de asistente personal en el año 2016 y otros más en 2017 que se debían mantener.
De acuerdo con la última versión que tenemos del Presupuesto, lo que se cambió del recorte inicial de 400 millones que se había anunciado para 2016 y otro monto igual para el año 2017, es que en el año 2016 se recortarán 200 millones en lugar de 400, pero para el siguiente año se mantiene el recorte de 400 millones. Quiere decir que hay una diferencia en los recursos y consideramos que ello no debería existir; se debería garantizar que esos 200 millones estén en ambos años. Las familias deben tener la garantía de que si tienen un asistente personal, lo van a mantener, porque lo que buscamos con este sistema es transformar la manera en que hoy se organizan los cuidados en la sociedad y que estas personas puedan contar con un asistente, más allá de su familia que siempre está. Las veinte horas semanales nunca sustituyen a la familia, a la madre, al padre, al hermano, al tío o a quien se esté haciendo cargo de este cuidado actualmente. Queremos garantizar que estas personas cuenten con este asistente personal para tener la autonomía de definir qué hacer, independientemente de lo que además hagan con su familia.
SEÑOR PRESIDENTE.- Si no hay preguntas, quiero decir que es un compromiso del Parlamento dotar de recursos a este programa y seguramente estos fundamentos serán tenidos en cuenta.
(Se retira de Sala la delegación de la Red Pro Sistema Nacional Integrado de Cuidados).
(Ingresa a sala una delegación de la Asociación de Magistrados del Uruguay)
–Damos la bienvenida a los representantes de la Asociación de Magistrados del Uruguay, doctores Ricardo Míguez, Marcos Seijas e Isaura Tórtora.
SEÑOR MÍGUEZ.- Buenos días.
Hemos traído una ayuda memoria para hacer nuestra exposición, ya que sabemos que el tiempo apremia.
Es un gusto para quien les habla y para nuestra asociación ser recibidos hoy aquí. Nuestro propósito es trasmitir la intención de diálogo de nuestra agremiación, a fin de tender puentes y poder acercar las posibilidades presupuestales del país con las necesidades de la Justicia.
Como representantes de la Asociación de Magistrados del Uruguay, estamos aquí para trasmitir nuestra posición. Es conocida la preocupación que ha expresado nuestra Asociación por el presupuesto del Poder Judicial y bregamos por un apoyo de los señores legisladores que permita lograr una solución, con una eventual redistribución, teniendo en cuenta lo proyectado por la Suprema Corte de Justicia. Es indispensable que un poder, cuya función es brindar las garantías necesarias en un Estado de derecho, pueda contar con los recursos para su desarrollo. Oportunamente hemos sido recibidos por la Comisión de Presupuestos de la Cámara de Representantes, el día 18 de setiembre de 2015, y también por esta misma comisión el día 6 de noviembre, aunque en aquel momento lo hicimos como integrantes de la intergremial y referíamos a las nuevas demandas que el sistema de justicia tiene desde la sociedad y los requerimientos necesarios para el desarrollo de este derecho fundamental que es el derecho a la Justicia.
Esto es sustancialmente lo que hoy nos convoca nuevamente ante ustedes. Entendemos que existen en el proyecto de ley de Presupuesto algunas normas –sin intención de ingresar a su discusión específica– que nos afectan directamente, como el caso del artículo 663 –hoy artículo 696–, que refiere a la posibilidad de gravar algunas partidas, o el artículo 677 –hoy artículo 710–, que refiere a la modificación del artículo 400 del Código General del Proceso, recargando al Poder Judicial con sentencias de condena, con las consecuencias que esta situación generaría. De igual modo, existe una vieja fórmula integrada a una compleja redacción del artículo 18 –actual artículo 19 del proyecto– que parece promover el desligue de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de los ministros de Estado.
Entendemos que es necesaria, entonces, la reconsideración de esos artículos, en especial aquellos que no significan una erogación para el Estado y que su eventual eliminación sería vista con buenos ojos por nuestros agremiados y, sin duda, como elemento de distención en este ya prolongado conflicto. La eliminación del artículo que grava las partidas de vivienda y perfeccionamiento académico no implica erogación o redistribución de gastos en este Presupuesto y no será tampoco de gran aporte lo que el Estado pueda recaudar con el mismo, debido a que estamos hablando de tan solo 500 magistrados que se verán afectados por dicha disposición.
Cabe agregar que la Ley n.º 18.083, referida al IRPF, rige desde el año 2006. Por ende, parece al menos peregrina a esta altura que se grave las partidas de vivienda y perfeccionamiento académico a nuestros asociados; sinceramente, resulta de difícil comprensión. El artículo 457 de la Ley n.º 17.296 establece que la partida de perfeccionamiento académico no se encontrará sujeta a gravámenes de ningún tipo, en tanto la ley de la compensación de vivienda –la n.º 16002– preveía algo similar. Serán, en definitiva, las consideraciones de los señores senadores las que determinarán los caminos a seguir.
Gracias por habernos recibido. Sabemos de la necesidad de sus tiempos. No sé si mis colegas agregarán algo a lo expuesto. Por mi parte, es cuanto tenía para exponer.
SEÑOR SEIJAS.- Muy buenos días, señor presidente y señores senadores.
Es sabido que la situación que hoy enfrentan los jueces y el Poder Judicial en su totalidad, a esta altura ya se convirtió en una situación institucional que se generó hace un lustro con la sanción del Presupuesto anterior.
Lamentablemente, los jueces hemos tenido que iniciar acciones de inconstitucionalidad y la Suprema Corte de Justicia integrada así ha declarado inconstitucionales a esas leyes que no se nos han aplicado. Tampoco se han aplicado leyes cuya inconstitucionalidad no hemos promovido como la Ley n. º 19310 votada por este Parlamento, a través de la cual la anterior Administración propuso, a modo de solución, un 8% de incremento en el salario de los integrantes del Poder Judicial. Hemos intentado llegar a un ámbito de negociación y lo seguiremos haciendo porque creemos que es el camino correcto, pero aún no lo hemos logrado sin perjuicio de haber obtenido el compromiso de legisladores de la bancada del partido de Gobierno.
En la quincuagésima octava reunión de la Unión Internacional de Magistrados celebrada en el mes de octubre en Barcelona –a la que tuvimos oportunidad de concurrir– los jueces del mundo por unanimidad aprobaron una moción en la que exhortan –les va a llegar tanto al Poder Judicial como al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo– a volver a integrar un ámbito de negociación para solucionar este problema que genera rispideces y que es la primera vez en la historia que se da. La verdad es que frente a otros problemas que hay en el mundo, como es el caso de los jueces de Turquía o de Ucrania, la situación de Venezuela donde los jueces no se pueden asociar, a los colegas de Barcelona les llamaba la atención esta situación –me lo dijeron en una conversación– por la tradición democrática y republicana de nuestro país.
A los jueces no nos gusta esta situación como tampoco nos gusta el juicio en el que estamos embarcados contra la Suprema Corte de Justicia que citó en garantía o como tercero noticiado al Poder Ejecutivo que resolvió intervenir. Más que a nadie nos ha costado conseguir un juez imparcial que finalmente recayó en la jueza de Familia de 5º Turno que no integra la Asociación de Magistrados del Uruguay ni tampoco ha promovido ninguna acción en el litigio en que estemos participando ni en todos los que hemos participado, porque los jueces no somos jueces y parte como en algún lugar se ha dicho.
El presupuesto cero que enfrenta el Poder Judicial nos pone en una situación bastante incómoda porque tenemos frente a nosotros una reforma del Código del Proceso Penal que significará un gran avance, ya que somos el único país que sigue con un sistema mixto y vamos a pasar a ser un sistema acusatorio en el que la Fiscalía General de la Nación, que ahora es un organismo descentralizado, tendrá un gran protagonismo.
Tampoco se han previsto nuevos juzgados. La experiencia indica que cada vez que se crea un juzgado, los casos aumentan no es que disminuyan en otros juzgados para aumentar en el juzgado que se crea. Por ejemplo, si creamos un juzgado en San Carlos, no quiere decir que disminuya el trabajo que hay en Maldonado. ¿Por qué digo esto? Porque cada vez que se crea un nuevo juzgado letrado significa que la gente tiene más acceso a la justicia. Por eso suscribimos el proyecto de ley de Presupuesto que remitió la Suprema Corte de Justicia.
En los contactos que hemos mantenido individual y grupalmente con los señores senadores de las distintas bancadas se nos ha abierto, en general –por suerte y se lo agradecemos–, una ventana hacia una negociación para salir de una vez por todas de la situación en que nos encontramos; es de decir que por ese lado vemos una luz de esperanza. No obstante a ello y pese a la adversidad, tengan la seguridad los señores senadores –como lo hemos dicho en todas las bancadas– que los jueces de este país vamos a seguir fieles a nuestra más cara tradición de independencia y de cristalinidad que, en ese sentido, nos ha colocado, según los rankings realizados por las medidoras internacionales, como el mejor país de Iberoamérica y respecto a las tres Américas estamos solamente detrás de Canadá.
Agradezco mucho su atención y me gustaría que mi compañera, la colega Isaura Tórtora, hiciera uso de la palabra.
SEÑORA TÓRTORA.- Buenos días a todos y a todas.
Habida cuenta de que disponemos de poco tiempo, voy a ser muy breve; simplemente quiero decir algunas palabras para redondear lo que dijeron mis colegas, en representación de la Asociación de Magistrados del Uruguay, que integro.
Me permito destacar una frase de Martin Luther King, pronunciada en 1963, en Washington, que decía: «I have a dream», «Yo tengo un sueño». Era un sueño de igualdad, fraternidad para todos los americanos, indistintamente. Nosotros también tenemos un sueño, el de ver al Poder Judicial que integramos fuerte, unido, valorado y que podamos ocupar el lugar que merecemos en el escenario social y político de este país, a través de un diálogo fluido con los demás Poderes del Estado. Aspiramos muchísimo a esto, como también a que la judicatura de este país esté a la altura de los valiosos integrantes que tiene y que pueda contar con los recursos necesarios a los efectos de colaborar, efectivamente, en la defensa de los derechos humanos de los ciudadanos para, así, construir una sociedad más justa y más solidaria, como lo determina la Constitución de la república, que todos los magistrados juramos respetar y defender cuando asumimos nuestros respectivos cargos.
SEÑOR HEBER.- En primer lugar, quiero dar la bienvenida a esta delegación.
Ya hemos hablado de este tema en las reuniones que, formalmente, mantuvimos con los representantes del Poder Judicial en la comisión, en las que estuvieron varias de las personas que hoy nos visitan.
Simplemente queremos destacar la importancia que tiene que los representantes de la Asociación de Magistrados del Uruguay vengan al Parlamento y planteen sus reivindicaciones porque, para nosotros, son esenciales para el prestigio de la democracia uruguaya. Esto lo dije en forma mucho más detallada en la entrevista que mantuvimos con las autoridades el Poder Judicial. Consideramos muy grave el hecho de que el Poder Judicial tenga un presupuesto 0 y, aún más lo es el artículo 696, en el que se implementa una suerte de rebaja salarial producto de que se incluyen en los cálculos del Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas esas dos partidas que cobran los jueces. Seguramente podrá haber mañana una instancia en la que también se pretenda cobrar, por parte del Banco de Previsión Social, en función de que con la inclusión de esas partidas en el IRPF puede ser que también sea pasible la aplicación de otros descuentos. Esto se plantea en aras de una equidad que es el argumento por el que, de alguna manera, se establece este artículo, pero no es tal porque todos sabemos que la historia de la partida de ayuda a la vivienda comenzó hace mucho tiempo. Después se encontró este instrumento para generar un aumento salarial de modo tal de que el Estado, con pocos recursos, no golpeara en lo que son los famosos enganches que existen en el propio Poder Judicial y, por lo tanto, generara una erogación más cuando había voluntad política de aumentar los salarios a los jueces.
Esto vamos a hablarlo; tenemos una instancia de negociación y esperamos que haya entendimientos en el sistema político porque el mensaje al Poder Judicial no puede ser este, debe ser otro. Confío en que el Parlamento, en virtud del diálogo que existe aquí a pesar de las diferencias de carácter ideológico y de los enfrentamientos que tenemos, podamos llegar a un entendimiento para tratar de mejorar esta situación.
Esto lo que puedo decir ahora. Todavía no hemos tenido instancias de negociación, pero seguramente las habrá en los próximos días y, por lo menos, podremos tener la oportunidad de poner arriba de la mesa algo que nos preocupa mucho porque todo lo que ha dicho aquí el doctor Seijas, el presidente de la Asociación de Magistrados del Uruguay y la doctora Tórtora, son sueños que tienen que volverse realidad.
Por tanto, no hago preguntas pero no quiero que se vayan los representantes de la Asociación de Magistrados del Uruguay –que tiene tanto prestigio y es orgullo del Uruguay la calidad de los jueces que tenemos, como también la idoneidad y la honestidad en el desempeño de sus funciones– sin que reciban un comentario por parte de nosotros. No podemos adelantar más porque todavía no hemos establecido los diálogos políticos necesarios como para buscar mejores entendimientos del que surgió de la Cámara de Representantes.
SEÑOR CAMY.- Voy a hacer uso de la palabra en el mismo sentido que el señor senador Heber. En primer término, saludo a la delegación de la Asociación de Magistrados del Uruguay, de manera particular, al doctor Marcos Seijas, porque es del departamento de San José y fuimos compañeros de estudio en la Facultad de Derecho. Señalado esto, queremos dejar establecido un concepto. Naturalmente que son válidas en este ámbito las discrepancias o los señalamientos diferentes de prioridades, puntualizaciones y lógicas políticas legítimas que llevan a que no estemos de acuerdo. Pero en el caso que nos ocupa en la jornada no hablamos de un inciso o una dependencia cualquiera, aunque todas son importantes y son legítimas sus reivindicaciones, sino que estamos hablando de uno de los tres poderes del Estado. La independencia de cada uno de ellos es la garantía del Estado de derecho, del régimen republicano y del sistema democrático. Por tanto, nosotros tenemos una preocupación que queremos dejar establecida con claridad en todos los ámbitos: no recordamos, desde el advenimiento de la democracia, una desconsideración en términos de no tener en cuenta al Poder Judicial en una iniciativa presupuestal del Poder Ejecutivo. Coincidimos plenamente con lo que se ha señalado. También nos plegamos a la incomprensión de que no solamente los trabajadores del Poder Judicial no se consideran en el aspecto salarial, sino que algunos de ellos tienen recortes en sus ingresos a partir de la afectación de partidas que no están vinculadas al salario o a la constitución de él como tal.
En consecuencia, tenemos la expectativa y la disposición para analizar–con la objetividad que se requiere– en este ámbito la situación del Poder Judicial con la esperanza de que se pueda revertir.
Dicho esto, quiero hacer una pregunta. En este ámbito hemos recibido, como en otros de la Cámara de Senadores, de hace cuarenta días a esta parte, a la Suprema Corte Justicia y al Fiscalía General de la Nación, que han señalado lo que implica la aplicación del Código del Proceso Penal. En un caso, se nos advirtió que de no suceder, como está previsto, su aplicación a partir de febrero de 2017, el país está expuesto, incluso, a condenas internacionales, en virtud de una situación de más de diez mil ciudadanos privados de libertad, de los cuales más del 64% no tienen sentencia. Y, por otro lado, se nos hizo saber, con la misma contundencia, que no es posible aplicarlo en la situación presupuestal actual e, incluso, uno de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia señaló que a diciembre de 2016 –figura en la versión taquigráfica– el Poder Judicial no estaría en condiciones de funcionar si no se corrige la situación que hasta hoy está prevista. Como representantes de la Asociación de Magistrados del Uruguay, teniendo en cuenta el prestigio, la seriedad y la objetividad que la consagra desde siempre, les quiero preguntar lo siguiente. ¿Es de tal magnitud la gravedad en la que se podría incurrir de no modificarse este presupuesto en la dirección que se plantea?
SEÑOR MÍGUEZ.- Simplemente, en forma breve, voy a refrendar lo que dijeron los conspicuos expositores que vinieron antes que nosotros. Entendemos de la misma manera que ellos que este tema presupuestal lleva a esa situación planteada. Sé que tenemos poco tiempo, pero en definitiva ratificamos lo expresado por los expositores anteriores.
SEÑOR PRESIDENTE.- Agradecemos la presencia de la Asociación de Magistrados del Uruguay. Nos consta el esfuerzo que hacen para tener un sistema de justicia eficiente y estamos atentos a todos estos temas.
(Se retira de sala la delegación de la Asociación de Magistrados del Uruguay).
(Ingresa a sala la delegación representante de la Asociación de Agrimensores del Uruguay).
–La subcomisión de audiencias tiene mucho de recibir a la Asociación de Agrimensores del Uruguay, representada por el agrimensor José Hantzis y la ingeniera agrimensora Marta Siniacoff.
Antes de cederles la palabra, aclaramos que en el material que nos han entregado señalan una serie de proyectos que tienen que ver con el Presupuesto, a los que seguramente harán referencia en la exposición que les pedimos sea concreta y en el plazo estipulado para que, en todo caso, se pueda ampliar con preguntas de los señores senadores.
SEÑORA SINIACOFF.- Buenos días.
Antes que nada, en nombre de la Asociación de Agrimensores del Uruguay, agradecemos por recibirnos hoy en esta subcomisión.
La primera mención que quiero realizar es que el conjunto de observaciones que venimos a plantear con relación al Presupuesto para el período 2015-2019 no trata de reivindicaciones gremiales para nuestra profesión sino que, dado que ella tiene un componente legal –como materia de estudio– muy importante, encontramos algunos contenidos que queremos precisar. Estamos acá porque, obviamente, a nivel de la comisión directiva nos propusieron que pidiéramos esta entrevista. Por otra parte, las observaciones que les estamos presentando se elaboraron en forma colectiva con el conjunto de ingenieros agrimensores del país en reuniones sucesivas.
El planteo que vamos a hacer con relación a la Ley de Presupuesto en lo que atañe a nuestra profesión, tiene relación con la Dirección Nacional de Catastro –artículos referentes a esa unidad ejecutora–, con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y con el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, que es donde básicamente actuamos.
En el documento que les vamos a dejar presentamos el estudio artículo por artículo con las observaciones que entendemos serían objeto de un análisis profundo sobre todo aquello donde encontramos algún tipo de observación. Por ejemplo, vamos a hablar particularmente sobre la ley de expropiaciones. Por un lado, es muy grato que mediante una norma se traten modificaciones a esta ley, en el entendido de que, como todos sabemos, es una ley de 1912. Es una ley muy antigua. Es un ejemplo en el mundo como lo es el marco normativo de nuestro país, pero tenemos una ley de propiedad horizontal de 1946 que no podía estar contemplada en una ley de 1912. En ese sentido, nos parece bien que se incorporen artículos que tienen que ver con la expropiación de unidades de propiedad horizontal, pero entendemos que requerirían un estudio un poco más detallado.
Someramente empezamos a analizar los artículos donde podemos encontrar algún tipo de observación. Por ejemplo, el artículo 237 establece un plazo de tres días para la notificación de cambio de valores de inmuebles. La Dirección Nacional de Catastro realiza una actualización masiva de localidades que de rural pasan a urbanas y suburbanas, y entendemos que un plazo de tres días es insuficiente para que una persona se notifique de esta situación. Estos planteos fueron hechos en la Asociación de Agrimensores porque en alguna circunstancia se ha dado que una persona que vive en Montevideo y tiene propiedades en el interior, le resulta muy difícil en tres días ir a la oficina delegada correspondiente a notificarse. En tal sentido pretendemos que ese plazo por lo menos sea de diez días.
Con relación al artículo 238 que también atañe a la Dirección Nacional de Catastro refiere a una mutación predial. Es un fraccionamiento, un reparcelamiento de tierras, o una fusión, es decir, son terrenos que cambian de forma. Nos parece bien que para el título de propiedad correspondiente se otorgue un documento por parte de la Dirección Nacional de Catastro llamado cédula catastral informada que, en definitiva, hace la historia de cómo se segregan esas parcelas para incorporar en el título de propiedad, pero entendemos que tiene que ser gratuito y suministrado por este organismo.
Después con relación al artículo 240 que refiere a la prescripción adquisitiva, se establece la obligatoriedad de levantar un plano de mensura, un plano nuevo, a cargo de un ingeniero agrimensor, cada vez que se hace una prescripción. Pensando en la población entendemos que, si hay un plano vigente, no es necesario. Un plano de prescripción tiene un costo profesional, pero si hay un plano vigente y es una expropiación total no sería necesario para la prescripción hacer un plano nuevo.
En ese sentido, pensamos que sería una forma de evitar el gasto a la persona que está haciendo una prescripción.
Esto es en relación a la Dirección Nacional de Catastro.
Ahora proponemos el análisis de los artículos referentes al Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
SEÑOR PRESIDENTE.- Son 20 artículos sobre los que nos han hecho llegar opinión; seguramente, si analizamos artículo por artículo el tiempo que tienen previsto se va a agotar.
SEÑORA SINIACOFF.- Entonces, vamos a referirnos al tema de la propiedad horizontal de manera global y dejamos a los señores senadores el documento con el resto de los artículos.
Con respecto al tema de la propiedad horizontal nosotros observamos que hay un problema legal. Se habla de dos expedientes de expropiación de propiedad horizontal según sea propiedad individual, una casa, un apartamento, o un bien común. Este es un tema jurídico, porque si se expropia una propiedad individual también se están expropiando espacios comunes, terreno, techos y muros, que también son bienes comunes, es decir que hay un problema de redacción. En tal sentido, no serían dos expedientes, por lo que estamos planteando que se revise la redacción de esa parte de la norma.
En el artículo 347, que tiene que ver con la expropiación de la propiedad horizontal, solamente se habla de expropiación por ensanche al expresar que se desafecta del régimen de propiedad horizontal, pero hay que tener en cuenta que a veces se expropia pero no caduca el régimen de propiedad horizontal, por ejemplo, para un museo, para cualquier bien con un destino que no necesariamente va a implicar el ensanche de la calle. La Sala Zitarrosa, que fue una expropiación de la Intendencia Municipal de Montevideo, sigue en régimen de propiedad horizontal y no requiere la desafectación del inmueble a dicho régimen.
Otra contradicción que encontramos en el cuerpo normativo con relación a la propiedad horizontal es la notificación del valor cuando hay una expropiación. En un artículo se dice que debe aceptarse el valor por la asamblea de copropietarios que, como sabemos, el régimen de propiedad horizontal está regulado por una mayoría de dos tercios que implica tres cuartos del valor de la asamblea de copropietarios. Por otro lado, después, en el artículo 352 se dice que alcanza la voluntad del administrador, lo que genera una contradicción. Este artículo 352, que establece que queda al solo arbitrio del administrador, se contradice con el 348, que habla de la asamblea de copropietarios. Entendemos que hay un problema de redacción porque, jurídicamente, tal como se regula la propiedad horizontal, es la asamblea de copropietarios.
SEÑOR HANTZIS.- Todas las observaciones que está haciendo la Asociación refieren a temas de redacción de artículos que legalmente pueden traer problemas futuros de litigio, de interpretaciones y de confusión en la aplicación de normas. Nosotros creemos que este tipo de normas que vienen adosadas al problema principal, que es el presupuesto, son de alto riesgo y traen más confusión que lo que se pretende aclarar. Normalmente, las unidades ejecutoras, a través de sus problemas operativos o funcionales, proponen normas que muchas veces no se avienen con otras más generales del Código Civil o, incluso, de carácter administrativo.
La Asociación de Agrimensores del Uruguay está preocupada porque esta inclusión de modificaciones normativas, no muy prolija, trae más problemas que los que pretende resolver. Quizá resuelva problemas funcionales a alguna unidad ejecutora, pero ocasiona enormes inconvenientes a los usuarios o ciudadanos comunes que, después, tienen que reclamar u oponerse por vía legal o judicial a las determinaciones que se tomaron.
Queremos señalar también que por algunas normas se les exige a los ciudadanos cumplir con ciertas necesidades de la sociedad y, en otras, se exime al Estado del cumplimiento de la misma obligación. Nos parece que éticamente no es correcto. Si una norma es necesaria para el funcionamiento de la sociedad, el primero que debe cumplirla es el Estado y obviamente que también los ciudadanos. El Estado no puede eximirse de cumplir las normas que él mismo impone, ya sea porque a una oficina no le queda cómodo o no tiene los recursos suficientes para hacerlo. Entonces, creemos que la norma está o no está.
SEÑOR PRESIDENTE.- El planteo realizado ha sido muy claro.
SEÑOR CAMY.- Damos la bienvenida a los representantes de la Asociación de Agrimensores del Uruguay. Ha sido un gusto escucharlos.
Me gustaría saber si se tuvo alguna instancia previa al Parlamento con algunas dependencias del Poder Ejecutivo, específicamente involucradas con la profesión, sea del Ministerio de Transporte y Obras Públicas o del Ministerio de Economía y Finanzas.
SEÑOR MICHELINI.- Quiero saber si la delegación trajo la información por escrito y si la envió también vía electrónica. De no haberlo hecho, pediría que lo haga para que la mesa pueda elaborar un comparativo de las redacciones de los artículos, habida cuenta de que es un tema bastante complejo y para formarnos opinión nos gustaría contar con algún asesoramiento adicional.
SEÑOR AGAZZI.- Aprovecho la visita de los representantes de la Asociación de Agrimensores del Uruguay –una profesión muy particular porque tiene que ver con estos asuntos complejos vinculados al derecho de propiedad– para formular una pregunta que no tiene absolutamente nada que ver con lo que aquí se ha planteado. Aclaro que nuestros visitantes no sabían que les preguntaría sobre este punto y quien habla tampoco sabía que los iba a consultar al respecto. Sucede que, leyendo el proyecto de ley de Presupuesto, encontré que hay un programa de Gobierno llamado Sistema de Información Territorial. Supongo que la profesión de quienes hoy nos visitan es la que puede tener más contacto con esto. Ahora bien, ese Sistema de Información Territorial está dentro del proyecto de Infraestructura de Datos Espaciales.
Me gustaría que, brevemente, nos informen acerca de quién administra ese programa y ese proyecto, porque hay disposiciones en otro lugar de la iniciativa y creo que este es un asunto estratégico para el país.
SEÑORA SINIACOFF.- Respondiendo a la consulta realizada por el señor senador, quiero decir que esta es la primera instancia en la que realizamos estos planteos. No obstante, me gustaría ilustrar algo muy particular que se da en nuestra Asociación y es que, a nivel de comisión directiva, hay funcionarios del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y de la Dirección Nacional de Catastro que también nos han ilustrado con relación a estos temas.
Reitero que es la primera vez que realizamos estos planteos.
SEÑOR HANTZIS.- En realidad, nos enteramos de las modificaciones que se proponían de las unidades ejecutoras cuando el Poder Ejecutivo elevó el proyecto de ley de Presupuesto y, por tanto, ya no podíamos actuar. Como dijo la ingeniera Siniacoff, a pesar de que había funcionarios de las unidades ejecutoras en la comisión directiva, esta no tuvo noticia de las propuestas hasta que estas ya se habían efectivizado.
SEÑORA SINIACOFF.- La infraestructura de datos espaciales nace en 1991 y la Intendencia Municipal de Montevideo fue la primera institución en contar con un plano digital parcelario. Esto quiere decir que a través de una computadora se puede visualizar territorialmente la distribución de determinados elementos del territorio. Más adelante, en 2010 o 2011 Agesic –y estoy contestando quién es el que administra el tema de la infraestructura de datos espaciales– decide crear una comisión con distintos organismos del Estado, a fin tener un depósito común de mapas del país, en el que participaran el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, las intendencias, la Dirección Nacional de Catastro y el Servicio Geográfico Militar, entre otros organismos. El objetivo era que esos planos «conversaran» entre sí. ¿Cuál es el problema que tenemos con los planos digitales? Los sistemas de proyección, porque puede que uno no calce arriba del otro, entonces, nos podemos encontrar con que una ruta nacional se ve a 300 metros de la verdadera posición. Por eso, entendemos que a nivel de país se hace necesario contar con un sistema de información territorial que converse perfectamente y donde cada organismo ponga la información que corresponda a su rol. Como es información pública, el ciudadano podrá contar con ella.
SEÑOR PRESIDENTE.- Le agradecemos la presencia a la delegación, que ha sido clara en sus comentarios.
Queremos puntualizar que, en realidad, no se les va a entregar a los senadores un comparativo porque lo que acercó la asociación fueron comentarios y sugerencias sobre el articulado. Por tanto, se les va a entregar el artículo votado en la Cámara de Diputados con los comentarios que realiza la asociación.
(Se retiran de Sala representantes de la Asociación de Agrimensores del Uruguay).
(Ingresan a Sala representantes de la Fundación Clarita Berenbau).
–La Subcomisión de Audiencias tiene el gusto de recibir a una delegación de la Fundación Clarita Berenbau, integrada por Cristina Giuria de Berenbau, Joaquín Berenbau e Ignacio Berenbau.
SEÑORA GIURIA.- Agradecemos a los señores senadores por recibirnos.
Representamos a la Fundación Clarita Berenbau. Nace después del fallecimiento de Clarita. Para quien no la conoció, era una periodista que a los 27 años le diagnostican cáncer y que decide poner su cáncer al servicio de los demás, a pesar de haber sido aconsejada de que no hablara tanto de su enfermedad porque quién la iba a contratar por equis tiempo sabiendo que tenía cáncer. Ella priorizó compartir lo que significa vivir con cáncer, que es lo que pregona, justamente, la fundación. Muchas veces se suele escuchar «se está muriendo de cáncer» o «está enferma de cáncer»; no, hay mucha gente que vive con esta enfermedad y a eso es a lo que apuntamos.
Siguiendo el ejemplo que nos dejó –ella tenía un micrófono, nosotros no–, pensamos en el teléfono y, hoy, tenemos el teléfono solidario que escucha, acompaña y contiene a doscientas personas. Comenzamos en agosto del año pasado. Esas doscientas personas llamaron por primera vez, pero las cincuenta voluntarias, que nos acompañan solo para atender el teléfono, hacen llamadas de seguimiento continuamente. Los señores senadores no saben lo que significa para la persona que no solamente tiene cáncer, sino que está sola –porque aunque esté acompañada, el cáncer lo tiene él o ella– que alguien le pregunte cómo pasó la primera quimioterapia, cómo pasó la segunda, si necesita compañía, si necesita una palabra. Como no nos conocen, esas personas pueden volcar la rabia, el dolor, la angustia que están sintiendo. Están hablando con alguien que solo lo está escuchando por amor, porque todos somos voluntarios en la fundación. Esas llamadas de seguimiento son realmente impresionantes y son las que nos hacen saber qué importante fue lo que Clarita generó a través de su micrófono.
Además, escuchamos a los familiares. Es muy importante saber acompañar a quien está pasando por esta enfermedad. El voluntariado fue algo explosivo. A raíz de las puertas abiertas de las relaciones que había hecho Clarita, todo el tiempo se ofrecen personas para ayudarnos. Cada una de estas personas son entrevistadas por dos psicólogas y de aproximadamente treinta personas que se presentan quedan quince. Luego de esta selección hacemos un curso de preparación para que estas personas aprendan a escuchar sin juzgar. A veces, se escuchan cosas muy duras, pero hay que interpretar qué se quiso decir. Recuerdo el caso de una persona que me llamó a mí porque quedó muy afectada cuando una madre le dijo: «Yo querría matar a mi hijo». Esta señora, dije, está para ir al psiquiatra pero, sin embargo, la llamé para entender qué quería decir con eso. En realidad, era una mujer muy sencilla que lo que expresó era que no quería ver sufrir más a su hijo. Es nuestra misión volver a llamar a la persona, ver como está, darle otra perspectiva de lo que está pasando.
Queremos seguir creciendo y no estar solamente en forma telefónica. De hecho, ya no es tan así porque hay muchas voluntarias que nos acompañan. Es realmente muy impresionante el miedo que le genera a la persona la palabra quimioterapia, comenzar el tratamiento. Entonces, es muy importante poder juntarse con alguien que las está pasando o que ya las pasó y le pueda contar qué cositas la pueden ayudar para que pase un poco mejor.
Igualmente creemos que ese vacío que llenó Clarita con su micrófono, hoy lo estamos ocupando nosotros siguiendo adelante con su fundación.
Agradezco a mis hijos –soy la mamá de Clarita– y a mi esposo, que hoy no está, pero que apoyaron todo este proyecto.
SEÑOR BERENBAU (Ignacio).- Quiero destacar que nos hemos organizado de la forma más profesional posible. Si bien este es un tema en el que hay mucho amor a trasmitir –como dice mi madre–, los cincuenta voluntarios pasan por un entrenamiento, porque hay que estar en contacto con aspectos muy delicados.
Luego de mucho análisis llegamos a la conclusión de que la lucha contra el cáncer se pelea en varios terrenos. Nosotros nos hemos concentrado específicamente en la contención; somos conscientes de que hay que dejar que los doctores hagan su trabajo magníficamente, hay que respetarlo, dejar que los investigadores continúen investigando, y nosotros, contener, hoy mediante líneas telefónicas, pero queremos seguir creciendo. Lamentablemente, la demanda es muy grande, y lo que les pedimos es ser incluidos en el artículo 79, justamente para poder continuar creciendo con esta demanda, que ojalá no existiese.
SEÑOR CAMY.- Es un gusto conocer y recibir en la comisión a los impulsores de la Fundación Clarita Berenbau. El recuerdo de Clarita lo tenemos con vuestra presencia.
Quienes vivimos situaciones similares que sumergieron en ese proceso a los seres más queridos y más cercanos en nuestra vida, sabemos lo que significa ese tránsito, de enorme complejidad para quien lo protagoniza pero también para el ámbito familiar más cercano y de los afectos de la persona. Sabemos también cuando toca a edades tan tempranas, como en el caso de Clarita. Por tanto, queremos darles nuestro apoyo y felicitarlos por la iniciativa. No recuerdo que haya otra fundación o institución de cualquier tipo vinculada con esta enfermedad, tan dura y tan presente en nuestro país en términos estadísticos, que ataque la problemática con la lógica que la está atacando esta. Sí sabemos que hay fundaciones o actividades vinculadas con el tratamiento médico, incluso para poder proveer de ayuda material para el traslado de gente del interior del país que tiene que realizarse tratamientos médicos para poder recuperarse o paliar la enfermedad, pero no esta atención, que quizás sea la más importante, y que es –como señalaba la señora Giuria– la de escuchar, la de brindar compañía y apoyo a quienes están solos y muchas veces sin esperanzas. A quienes tenemos fe y creemos en el acto de amor como el estribo más importante para encarar la vida, realmente nos complace saber con detalle lo que están haciendo.
Conocimos a Clarita y fuimos sus seguidores porque nos pasó una situación similar vinculada con mi padre y también con gente muy cercana a la familia. Tomé como referencia lo de «vivir con él», con el cáncer, pero no sabía que la fundación se dedicaba específicamente a esta tarea, la que realmente sentimos muy noble y muy necesaria.
Vamos a respaldar y a apoyar todo lo que hagan, y no dudo de que todos los integrantes de la comisión vayan a estar de acuerdo en poder ayudar. Ojalá que podamos hacerlo desde otro marco, porque estas cosas no son políticas ni ideológicas, no son de otro tipo más que del de poder dar una mano si se está en condiciones de hacerlo.
Simplemente queremos felicitarlos y decirles que cuentan con nuestro apoyo.
SEÑOR PRESIDENTE.- Agradecemos a la delegación de la fundación; ha sido muy clara su exposición.
SEÑORA GIURIA.- Muchísimas gracias por su tiempo.
Hemos traído cuatro libros que queremos dejarles –uno para cada partido político– para que entiendan qué dejó Clarita y por qué seguimos con todo esto.
(Se retira de Sala la delegación de la Fundación Clarita Berenbau).
(Ingresan a Sala los representantes del Colegio de Síndicos e Interventores Concursales).
SEÑOR PRESIDENTE.- Buenos días.
Recibimos al Colegio de Síndicos e Interventores Concursales, cuya delegación está integrada por su presidente, el contador Mario Soca; su secretario, el doctor Daniel Gutiérrez, y el presidente del Tribunal de Honor, doctor Camilo Martínez Blanco, y nos han hecho llegar un material donde hay apreciaciones sobre el artículo 706 del proyecto de ley de Presupuesto.
SEÑOR SOCA.- Buenos días.
Tengo el honor de ser el presidente del Colegio de Síndicos e Interventores Concursales y he venido acompañado por el doctor Daniel Gutiérrez, secretario de nuestra institución, y por el doctor Camilo Martínez Blanco, presidente del Tribunal de Honor de nuestro Colegio. Nuestra institución se funda en el año 2012, como consecuencia de la oficialización de la primera lista de síndicos e interventores concursales que dispone la Declaración Judicial del Concurso y Reorganización Empresarial, Ley n.º 18387. Su promulgación se dio luego de dos o tres años en los que el proyecto de ley fuera analizado en distintos ámbitos, ya sea por la academia como por los sectores involucrados. Era una época en la que el país tenía estabilidad económica y contaba con índices de crecimiento; por eso vemos una gran virtud en la Ley n.º 18387, de concurso y reorganización empresarial, ya que fue elaborada en un momento en que la insolvencia y la crisis no eran los temas del día.
Hemos tomado conocimiento del artículo ahora denominado 706 del proyecto de ley de Presupuesto, que modifica el numeral 1), del artículo 110, de la ley concursal, donde aparece una modificación que vuelve a otorgar privilegios que habían sido acotados. Justamente, aquella época de estabilidad era el momento en el que se podía profundizar en un equilibrio e instaurar lo que la propia ley llama una poda de privilegios.
A continuación, quisiera cederle el uso de la palabra al doctor Martínez Blanco, a fin de que se refiera al tema.
SEÑOR MARTÍNEZ BLANCO.- El planteo se presenta en el siguiente escenario. Estamos en la materia de concursos, que es sinónimo de escasez, es decir que tenemos que repartir la escasez. ¿Qué hace el concurso? En principio, el concurso –no sólo en nuestro país, sino en general– implica dar un tratamiento igualitario a todos los acreedores, que deben concurrir al concurso y se los evalúa no en función de la rapidez con que promueven sus acciones, sino en función de sus créditos. Esa es la regla general. Sin embargo, no todos los créditos son iguales, pues existen excepciones. En nuestro Derecho, las excepciones están basadas fundamentalmente en privilegios, es decir preferencias de cobro para determinado tipo de acreedores. Entonces, tenemos un rasero que es el de los acreedores comunes o quirografarios que son aquellos que financian la operativa a través de la concesión de créditos, por venta de mercadería o prestación de servicios. Por encima de ellos está el privilegio especial, que es el de las prendas e hipotecas, considerados como un refuerzo del crédito. Nuestra ley uruguaya denomina a esto privilegios especiales. Por debajo de estos últimos, están los privilegios generales. Como dijo el contador Soca, una de las grandes cosas que hizo la ley fue podar todos los privilegios que existían. El régimen anterior –el del viejo Código de Comercio, en su artículo 1732– traía una lista de 12 o 14 privilegios. Incluso, estaba el privilegio de que todo dependía del poder de lobby que tuviera cada uno de los integrantes de un colectivo para obtener una preferencia de cobro, estando un paso más arriba que el resto de los acreedores. Una de las cosas que llamaba la atención, por ejemplo, era el privilegio de los vitivinicultores en la quiebra de las bodegas. Digo esto para poner un ejemplo de lo específico a lo que llegaban. Cuando se hizo la reforma en 2008, eso se podó, quedando nada más que dos –en realidad son tres, porque hay unos incentivos que están marcados como privilegios– generales, el de los trabajadores, que es el primero, y por debajo, el del fisco.
El artículo 110 de la Ley n.º 18387 marca, en el primer escalón, a los trabajadores, aunque no a todos, porque el personal de alta dirección está separado y no tiene ese privilegio. O sea que el síndico, en esos casos, considera al personal de alta dirección, como crédito quirografario.
Por otro lado, no se considera a los trabajadores por todo el crédito que pudieran tener, porque uno puede tener USD 500.000 acopiados de rubros laborales, pero existe un tope, un techo, que es aproximadamente de USD 26.000. Todos los que están en ese numeral, concurren a prorrata. Por ejemplo, si hay $ 100, hay que repartirlos porque eso es lo que da la prioridad de pago. Quiere decir que en el primer escalón están los trabajadores y junto con ellos está el BPS por los aportes personales porque, de lo contrario, se estarían poniendo en riesgo las futuras jubilaciones, entre otras cosas.
Luego, en el segundo escalón está el fisco que dice: tributos nacionales y municipales. Pero no todo, porque la ley le da dos años. El fisco sí, pero dos años. Eso no quiere decir que lo que supere ese lapso, no lo vaya a cobrar, pero lo hará conjuntamente con los que estuvieron financiando la operativa y también junto con los trabajadores por los créditos que superan los dos años. Los trabajadores también tienen el límite de los dos años. A pesar de que la prescripción sea de cinco años en materia laboral, en el privilegio le dice sí; pero hasta los dos años y dentro del monto. Lo que supere el monto y esa cantidad de años, va hacia atrás, como quirografarios.
Eso es lo que hoy establece el proyecto de ley. El fisco no es por dos años, sino por todo el crédito. Eso tiene dos componentes, porque no es solamente todo el crédito sino que, además, está la temática de los intereses y recargos que, generalmente, son la estrella en ese tipo de créditos. Es decir que el monto que efectivamente se debe por tributos no es tan importante como los que se van devengando.
Quise decir esto para ubicarnos en el tema porque, de lo contrario, se puede llegar a pensar que estamos planteando retacear el poder de cobro del Estado. No es así. Estamos en un reino de escasez y esa es la cooperación que se le pide a cada uno, que de alguna forma coopere con ese fondo común y de acuerdo con el orden de prelación.
Después de esos privilegios, vienen los acreedores quirografarios, aquellos que le dieron la ración a la gallina para que pusiera huevos y que no van a cobrar. Está claro que no van a cobrar porque si uno de estos privilegiados va a intentar cobrar todo, los otros no van a poder hacerlo. Y, por último están –aquí vemos la sabiduría de esta ley por haber incorporado como créditos subordinados, o sea desplazados y hacia atrás, ya que cobran si se cobran todos– los créditos de las personas directamente relacionadas con el deudor. Esos son créditos subordinados. Aquí encontramos una lista muy grande de personas, como la novia y el pariente del deudor, que cobrarán después. Pero también son créditos subordinados –y aquí la inteligencia de la ley–, los créditos por intereses, porque se supone que el capital no es lo mismo que los intereses. ¿Qué sucede, entonces? Se le da prelación al capital y no a los intereses. Eso sucede ahora en este tipo de situación.
Fíjense, señores senadores, que la modificación no habla del crédito, sino de obligaciones. ¿Qué se pretende con eso? A través de esta modificación, vía interpretativa, se quiere dar prioridad de cobro a créditos que, de otra forma, no se iban a cobrar. Seamos francos, ante el hecho de decir que deben USD 100.000 o USD 5.000, quizás no se cobren ni uno ni otro.
Ese era el sentido de por qué fundamentamos este tema, porque nosotros lo vivimos, como síndicos, cuando tenemos que liquidar empresas y tenemos que ir a pagar decimos: ¡no; ajuste la cuenta por cómo tiene que ser! Y usted, Estado, tiene hasta dos años para cobrar con su privilegio, fuera de ese período usted está en otra situación.
SEÑOR PRESIDENTE.- Gracias a la delegación, creo que el planteo es muy claro en torno a este texto que ha sido modificado en la ley y seguramente sus argumentos los pondremos en consideración para el debate que la comisión tendrá que hacer en momentos de estar definiendo el articulado. Creo que ha quedado claramente establecido.
SEÑOR MARTÍNEZ.- Agradezco pero tenga en cuenta que no va a significar nunca que sean recursos del Estado, porque no lo son. Esos son créditos nominales pero no necesariamente son recursos para el Estado.
SEÑOR PRESIDENTE.- Agradecemos la presencia de los representantes del Colegio de Síndicos e Interventores Concursales.
(Se retira de sala la delegación del Colegio de Síndicos e Interventores Concursales).
(Ingresan a sala los representantes de Espacio de Coordinación y Atención Nacional en Discapacidad).
–La Subcomisión de Audiencias de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda da la bienvenida, en representación del Espacio Candi, a la licenciada Blanca Rodríguez y al técnico Nicolás Falcón.
SEÑORA RODRÍGUEZ.- Buenos días. En primera instancia, muchísimas gracias por permitirnos estar aquí; sabemos que esto no es fácil y que tienen muchos pedidos.
Queremos plantear un asunto que realmente nos viene preocupando. Hace 28 años que estamos tratando el tema de la discapacidad. Empezamos con la Ley n.º 16095, que se aprobó en 1989 pero nunca se reglamentó.
Entonces, cuando nació Nicolás, en 1986, empezamos un derrotero que ha sido muy complejo. Hoy tenemos la posibilidad de que Nico sea visible. Esa lucha se dio dentro de la escuela y el liceo. El hecho de llegar al tercer nivel de educación, recibirse, de haber sido invitado por instituciones del exterior, por la Asociación Internacional de Prensa Deportiva –AIPS– y de haber sido reconocido después en el Parlamento y en la Intendencia, ha permitido la visibilidad de su esfuerzo y de su trabajo –que ha sido muchísimo–, y la posibilidad de que se generaran otras políticas.
Nicolás es el primer caso de inclusión en la educación común del Uruguay. Si bien no puede leer ni escribir, pudo demostrar que es posible adquirir el conocimiento se puede con otras herramientas. Además, Nico ha sido expuesto a evaluaciones muy duras. A partir de eso, ha sido promotor de la lucha para que se promulguen de las leyes. En el año 2005 se intentó reglamentar la Ley n.º 16095, pero como eso no se logró, se sacó la Ley n.º 18651, que tiene una cosa a favor y otra en contra. Tiene a favor, que fue votada por todos los partidos y, en contra, que se hizo a tapas cerradas. Por lo tanto, nunca se realizó un debate sobre el tema, por lo que se sigue considerando invisible.
En el período anterior intentamos reglamentar la ley y lo primero que buscamos fue que el asistente personal sea la figura que puede hacer libres a las personas y en 2014 se logró. A partir de ese día –que fue mi contrato con Nicolás–, pude trabajar de forma remunerada, porque lo hice todos estos años sin remuneración. Y, de esa forma, Nicolás fue libre. Eso nos ha permitido ver que la sociedad tiene un debe con respecto a la discapacidad.
Un día Nicolás me dijo que cuando llegara a viejo no iba a tener problemas, porque más discapacidad de la que tenía no iba a tener; a lo sumo usaría pañales, y si tenía Alzheimer no se iba a dar cuenta. Cuando le pregunté qué era lo que me estaba queriendo decir, me dijo que no se iba a esconder. Entonces, ahí aprendimos que cuando se dice que las personas con discapacidad pertenecen a un colectivo vulnerable, habría que decir que han sido vulnerados sus derechos. Indudablemente, ante la adversidad de tener que ir cuesta arriba en una sociedad que no está armada para las personas con discapacidad, Nico generó muchas fortalezas. Y eso me hizo pensar que, por haber vivido esta experiencia, tenía la responsabilidad de trabajar para la tercera edad, como para poder adelantar…
SEÑOR FALCÓN.- Para ella.
SEÑORA RODRÍGUEZ.- Para poder adelantar algo que no se había hecho.
Luego de este preámbulo, queremos expresar que el sistema de cuidados puso en debate la discapacidad porque tanto desde la Cámara de Representantes como del Poder Ejecutivo se dijo que se quedarían sin partidas para las personas con discapacidad. Cuando llamamos al Parlamento nos dijeron que se había hecho un recorte, pero que allí no se definió. Y eso nos hizo ver que es parte de un prejuicio, que sobre ese colectivo nunca se trabajó y se puede prescindir constantemente. Por tanto, venimos acá a decir que a partir de la experiencia que hemos tenido con Nicolás, todo nuestro entorno tuvo que crecer y aprender mucho.
Es así que el Ministerio del Interior ha buscado las posibilidades de ampliar y hacer cumplir la Ley n.º. 18651, o sea, nos convoca a participar para generar que se cumpla la disposición. Como sabemos, la discapacidad es el núcleo más duro de la pobreza y ahí está toda la violencia, los abusos y los maltratos, pero como no se ve y nadie protesta, ese drama queda encerrado y a puertas para adentro. A partir de ahora, desde el Ministerio del Interior, estamos haciendo una cosa muy puntual en relación al tema.
Si no hay inconvenientes, voy a leer esto que escribimos. «Cabe comenzar aclarando que, desde 2010, nuestro país cuenta con la Ley 18151 que refiere a la protección integral de personas con discapacidad, en donde establece en su primer artículo como una de las responsabilidades del Estado generar un sistema de protección integral a las personas con discapacidad».
SEÑOR PRESIDENTE.- Disculpe, señora Rodríguez, pero esto es lo que nos han entregado, por lo que tal vez sería conveniente rescatar algunos de los planteos.
SEÑORA RODRÍGUEZ.- Hice el preámbulo para situarnos en por qué estamos en esto hace muchos años. También están la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Ley n.º 18651, el protocolo que a nivel del Parlamento se ha trabajado mucho; hay muchas leyes. Ahora la dificultad está en implementarla. En una instancia como esta, donde el presupuesto y los dineros que se destinen son fundamentales a la hora de decidir sobre la política de discapacidad, es que queríamos leer ese documento.
SEÑOR PRESIDENTE.- El planteo de ustedes es reafirmar la asignación que hace el presupuesto para el Sistema Nacional de Cuidados y, a su vez, ampliar el debate y la consideración sobre el tema de la discapacidad.
SEÑORA RODRÍGUEZ.- Sí, planteamos la necesidad de considerar el tema de la discapacidad como una política pública que está en el debe.
SEÑOR FALCÓN.- Quiero plantear lo siguiente.
Para mí, una asistente, como para una persona que tiene dificultad para respirar, es tener oxígeno. Si me sacan eso, me quitan el cincuenta por ciento de mis ganas de vivir. Mi madre, que es ella, se tiene que morir y yo tengo que seguir viviendo con la misma capacidad que una persona que no tiene dificultades. O sea que para mí la asistente es vital. No es la asistente en el rango de pareja, sino que es la asistente; la pareja me la busco yo.
SEÑORA RODRÍGUEZ.- Creo que lo que vaya a decir es poco en relación con lo que Nicolás acaba de expresar, en cuyas palabras pone sobre la mesa otro tema: la muerte. Esta realidad nos ha permitido trabajar la muerte, la sexualidad, la libertad.
A diferencia de lo que se pueda creer en el sentido de que la discapacidad o la dependencia no son productivas, Nico hoy es periodista y está luchando por una ley en la carpa del PIT-CNT. Las personas con discapacidad quieren estar activas, quieren trabajar, ser parte de la sociedad y quieren luchar. La realidad nos ha dicho que en los lugares donde Nico estuvo en clase, todos los chiquilines salieron adelante; desertaron muy pocos y había muy poca violencia. Sabemos que si se trabaja bien ese tema, se ahorran recursos. Hoy sería una inversión y no un gasto.
Muchas gracias. Han sido muy amables por habernos atendido.
SEÑOR PRESIDENTE.- Gracias a ustedes por concurrir y sensibilizarnos siempre sobre estos temas.
(Se retiran de sala los representantes del espacio de Coordinación y Atención Nacional en Discapacidad).
(Ingresa a sala la delegación de las Agencias Marítimas de Buques Pesqueros de Bandera Extranjera)
–Tenemos el gusto de recibir a la delegación de la Agencia Marítima de Buques Pesqueros de Bandera Extranjera, integrada por Marcos Henares, Guillermo Bartesaghi y Aldo Braida.
SEÑOR HENARES.- Buenas tardes.
Señores senadores estamos agradecidos por habernos recibido en esta comisión, para expresarnos sobre un tema que entendemos lesiona la actividad que desarrollamos como prestadores de servicios a buques pesqueros y cargueros refrigerados de bandera extranjera y que operan en aguas internacionales, debidamente autorizados y monitoreados por los países de sus banderas.
Las inquietudes surgen ante el contenido del artículo 292 del proyecto de ley de presupuesto –que cuenta con media sanción– y que establece una tasa de hasta 10.000 unidades indexadas para todo barco pequero extranjero que ingrese a descargar en el puerto de Montevideo.
En el caso de ser un buque de transporte refrigerado, adicionalmente se haría extensivo a los buques que hubiesen trasbordado sus capturas al mencionado buque de transporte. Destacamos que tanto las operaciones de pesca como las de trasbordo se hacen en aguas internacionales, es decir que se trata de empresas extranjeras que operan en el extranjero.
Creemos que en el caso del transporte frigorífico se evidencia más claramente lo que queremos expresar, por lo que vamos a utilizar ese ejemplo: a la cotización actual –$ 3.24 la UI–, 10.000 unidades indexadas son $ 32.400, es decir, USD 1.100. Cada buque de transporte ingresa al puerto de Montevideo con un promedio de carga de 21 buques pesqueros, es decir que por concepto de tasa, para ingresar al puerto de Montevideo, debería abonar por 21 buques, y si por cada uno se paga USD 1.100, se estaría abonando a la Dinara, un total de USD 23.100 por barco. Si consideramos que por todos los gastos y servicios provistos por la Administración Nacional de Puertos y los proveedores privados para el ingreso, salida y estadía, así como el egreso del buque se debe pagar USD 18.000 por entrada, podemos concluir que el impuesto a la tasa que la Dinara propone cobrar es más cara que los gastos del buque en el puerto.
En el caso de los buques pesqueros esta misma situación se repite proporcionalmente a su tamaño, dado que transportan cantidades menores de carga.
Vemos cómo fácilmente los propietarios de las embarcaciones al comparar los costos de utilización de una importante infraestructura como la del puerto de Montevideo, contra una tasa por la que no tienen contraprestación, pueden sencillamente considerarla un impuesto o un peaje para descargar en Montevideo y optar por utilizar puertos alternativos.
Obra en poder de los señores senadores una presentación detallada de la actividad a la que nos estamos refiriendo, por lo cual si bien no nos vamos a extender demasiado, queremos hacer mención a los ítems y montos más relevantes de esta actividad. En el presente año, 2015, en el puerto de Montevideo se rellenaron unos 11.900 contenedores refrigerados equivalentes a unas 350.000 toneladas de calamar, pescado, krill y atunes, provenientes todos de buques de bandera extranjera y cargueros. De ese total, aproximadamente 10.000 contenedores corresponden a la especie calamar y el resto a las demás. A su vez, aproximadamente 8.000 contendedores corresponden a mercadería ingresada en buques cargueros frigoríficos, que fue el ejemplo que quisimos usar, porque es el más demostrativo. Las cifras que surgen como más relevantes de esta operativa son las siguientes. En la parte logística, 175.000 jornales de estibadores –si hacemos la cuenta solamente en mano de obra directa equivale a una industria que da 583 puestos de trabajo al año completo, es decir, la misma cantidad de puestos de trabajo de Fripur, en un año–; 25.000 a 35.000 fletes de camión; 25.000 a 35.000 movimientos de contenedores con maquinaria pesada; 35.000 horas de uso de autoelevadores; USD 1:000.000 por provento portuario, que es una tasa que cobra el puerto; servicios de despachantes de aduana; gestores de puerto; servicios prestados por terminales de contenedores y líneas marítimas instaladas en plaza por un monto total de unos USD 44:625.000.
Nos gustaría destacar que el Estado es socio de una de las mayores terminales de contenedores.
Adicionalmente tenemos los servicios de infraestructura portuaria de la Administración Nacional de Puertos y de los operadores privados por USD 3:000.000; adquisiciones de combustibles de Ancap, estimadas en USD 55:000.000, que es difícil de precisar, porque Ancap tiene problemas de stock de combustible y podría ser una cifra mucho mayor; reparaciones navales prestadas por astilleros, sean de la Armada Nacional o de particulares; puestos de trabajo indirectos que nos resulta difícil estimar, pero sin duda son muchos por el movimiento generado; los impuestos percibidos por el Estado por concepto de impuesto a la ganancia de las empresas prestadoras de servicio vinculadas, así como el Banco de Previsión Social, por todos los puestos de trabajo que antes se mencionaron.
Quiero hacer unas consideraciones finales, después, el señor Braida realizará algún comentario más.
Las limitaciones de infraestructura y suba de costos de insumos y mano de obra para nuestros servicios se incrementan año a año y perjudican nuestra competitividad. Quiere decir que cualquier agregado a eso –es innegable y totalmente comprobable–, va en perjuicio de la competitividad del puerto. Existe un preconcepto erróneo de que estas flotas pesqueras deben entrar a Montevideo por no disponer de otro puerto para entrar en el Atlántico Sur. Debemos observar lo que ha sucedido con la mayor parte de la flota pesquera española, la que actualmente no ingresa a Montevideo y que en algún momento fue muy numerosa, está operando en puertos alternativos. Quiere decir que existen opciones. También las empresas orientales tienen buques con base operativa en puertos africanos. Con referencia a la flota pesquera china, que es la más numerosa, es cada vez más autosuficiente, con un incremento anual de 100% de disponibilidad de buques de carga, así como de buques para provisión de combustible. Dicho extremo hace que seamos nosotros, los prestadores de servicio portuario y logístico, incluidas las empresas del Estado, quienes debamos esforzarnos por mantenernos dentro de los límites admisibles de costos, así como elevar permanentemente nuestros estándares de calidad de servicio.
En definitiva, estas flotas cada vez más tienen el potencial de prescindir de Montevideo como puerto de operaciones y de nosotros depende seguir siéndoles de utilidad.
Más allá de las tareas que efectúa la Dinara y que están descritas en nuestra presentación, queda claro que el cobro de esta tasa seguramente será interpretado por las empresas extranjeras como un impuesto al ingreso a puerto, poniendo en riesgo las fuentes de trabajo y servicios de empresas estatales y privadas involucradas. Por lo tanto, estamos convencidos de que tenemos más para perder que para ganar.
Destacamos que, si bien podría llegar a considerarse que la pretendida recaudación de la Dinara no sería tan grande con relación al movimiento de dinero generado, ese razonamiento no es válido, pues solo sería cierto si los barcos entraran a Montevideo aun pagando esa tasa. Es decir que si optan por no operar en nuestro puerto, todo movimiento, así como la pretendida recaudación, dejarían de existir.
SEÑOR BRAIDA.- Ante todo, muchas gracias por recibirnos.
Voy ser breve porque nos queda poco tiempo.
Quiero aclarar ciertos puntos porque hemos leído la versión taquigráfica de la sesión de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda a la que asistieron los representantes del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y advertimos algunos baches, por ejemplo, en lo que es controles, el Estado rector, etcétera.
Todo buque de bandera extranjera que entra al puerto de Montevideo –aquí no discriminamos a pesqueros– tiene la intervención de varios organismos estatales y ministerios por los cuales ya pagan una serie de tasas. Rápidamente, estos son, el Ministerio de Salud Pública, a través de la Unidad de Sanidad de Fronteras; el Ministerio del Interior, a través de la Dirección Nacional de Migraciones y el Servicio de Inteligencia de la Policía Nacional; el Ministerio de Defensa Nacional, a través de la Prefectura Nacional Naval que –es bueno aclararlo– inspecciona absolutamente toda la documentación del buque –en el caso de un buque pesquero, inspecciona adicionalmente sus licencias y permisos de pesca–, el buque y las condiciones del mismo; y el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección Nacional de Aduanas.
Previo a todos estos pasos, el buque debió haber demostrado, vía documentos, que tiene todos los seguros al día; de lo contrario, no se le concede la autorización para ingresar al puerto. Luego se realizan todas las inspecciones que describí por las cuales, a cada uno de esos organismos, se le pagan las tasas correspondientes.
SEÑOR MICHELINI.- ¿Cuál es el valor de la tasa que se paga por entrada?
SEÑOR BRAIDA.- Eso depende mucho del buque, de su tamaño, del tonelaje y de la especie del buque.
Con respecto a estas inspecciones, surge del descargo del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca que, por ejemplo, en 2013, se inspeccionó un buque que pretendía entrar al puerto y que la Armada Nacional encontró que ser un pesquero de atún, pero no tenía las artes de pesca y tenía el instrumental en mal estado. Es decir que era un buque de pesca ilegal. Ello no fue determinado por la Dinara sino por la Prefectura Nacional Naval en la inspección que habitualmente se hace. Aclaro que esto no lo decimos nosotros sino la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos.
Cabe mencionar que ese fue un caso en el año 2013; nosotros estamos hablando de un promedio o un mínimo de 220 buques pesqueros que entran y operan con puerto base Montevideo. No son buques desconocidos para ninguna autoridad; se trata de buques que ingresan permanentemente, que usan nuestro puerto y todos sus servicios en forma habitual desde hace muchísimos años. Es decir que no estamos frente a un caso del atunero de 2013 que, casualmente, pasó por Montevideo y se dio cuenta que iba a ser inspeccionado como lo son, reitero, todos los buques sin importar su naturaleza.
Con esta tasa de la Dinara estamos discriminando al buque pesquero o al que le da servicios a la pesca.
Quiero decir también que la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, en varias oportunidades mencionó al ICAR y al CCAMLR. Para no extenderme demasiado al respecto, esto habla –de hecho el ministerio lo menciona– de la merluza negra, del atún y del krill. Prácticamente no llegan al 10% los buques que operan con esta carga en el puerto de Montevideo. Hoy en día, la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos ya cobra una tasa cuando estos buques piden autorización para descargar su mercadería.
Es decir que se le está adicionando una segunda tasa por el simple hecho de entrar al puerto de Montevideo.
También quiero mencionar que estos buques son prácticamente los únicos –los pesqueros y los de asistencia a la pesca– que utilizan todos los servicios del puerto de Montevideo. Es decir, tienen como base Montevideo: aquí se reparan, se aprovisionan y compran combustible aunque, a veces, no compran todo el necesario porque Ancap no lo puede brindar, en cuyo caso se ven obligados a comprarle en altamar a buques que le trasvasan.
Como decía el señor Henares, no solo se trata de las fuentes de trabajo directas, sino también de incontables fuentes de trabajo indirectas, más todos los servicios que se le pagan a la Administración Nacional de Puertos durante los días que se está operando en el puerto de Montevideo.
SEÑOR CAMY.- Damos la bienvenida a las agencias marítimas de buques pesqueros de bandera extranjera, es un gusto recibirlas. Han sido muy claros en el planteo.
En momentos en que compareciera el señor ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca y sus asesores, el senador Heber manifestó, en nombre del Partido Nacional, la preocupación por este artículo. En la respuesta que se dio se estableció un motivo de seguridad o de contralor, e incluso se lo vinculó a la pesca ilegal. Los invitados han señalado claramente en su exposición los controles y han dicho que, incluso, se ha logrado detectar esas situaciones a través de esos controles que son rigurosos y que realizan más de un organismo del estado. La delegación del ministerio negó que hubiera un afán meramente recaudador. No comprendemos cuál es la contraprestación que debe existir, teniendo en cuenta la definición de una tasa. Ese detalle no surgió de las manifestaciones de las autoridades del ministerio, las que constan en la versión taquigráfica, ni del documento que nos acaban de entregar y que rápidamente leímos. Supongo que con la Dinara tendrán periódicamente –no por este motivo– la relación que es de orden. Por eso, les pregunto si ha surgido alguna argumentación que explique los motivos por los que se establece esta tasa. Esa es la pregunta concreta.
SEÑOR BRAIDA.- Lejos está de nuestras capacidades responder cuál es la intención de la Dinara al incluir esta tasa. No la comprendemos y, por ello, solicitamos esta audiencia. Sí podemos decir que los controles a estos buques en forma internacional se realizan en tiempo real amparados por sus banderas. Un barco emite una señal satelital en forma constante, indicando la posición en la que está. Por ejemplo, los buques de bandera española trabajan con diario electrónico. Entonces, ahora no solo se llena a mano el diario tradicional de antaño, sino que se emite en tiempo real la información a sus países. Esa misma información tiene que coincidir con la que le brindamos nosotros a la Dirección Nacional de Aduanas, a la Administración Nacional de Puertos y demás organismos que mencioné. Es decir que no damos la documentación separada, sino que la misma información la recibe cada una de las autoridades. Por tanto, al momento en que esas mercaderías llegan a destino, toda la información aduanera y para las demás autoridades debe coincidir. También es verdad que hay especies que requieren alguna certificación especial por la cual la Dinara cobra sus respectivas tasas.
En cuanto al control documental puedo decir que vía correo electrónico se le hace llegar a la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos toda la documentación del buque, incluido el manifiesto de carga y cuando un buque trae, por ejemplo, merluza negra, desde ese momento comienzan a correr los costos de la Dinara. ¿Por qué? Porque es la especie sobre la que, junto con el krill y el atún del atlántico, al CCAMLR e ICAR exige el control. Las demás especies están controladas por sus propias banderas. Reiteramos lo que dijo el señor Henares. Cuando se hace un trasbordo en altamar, pretendemos cobrarle una tasa a una empresa extranjera en el extranjero. El barco de bandera extranjera es una fábrica que está en aguas internacionales, en territorio que no es el nuestro, y se pretende cobrar esa tasa. Por lo tanto, vuelvo al inicio. No encontramos la explicación de esto y no la podemos dar nosotros. Nos parece sí que es sumamente injusta, que afecta y discrimina a un sector que da muchísimas fuentes de trabajo. Evidentemente, la Dinara pretende solamente cobrárselo solo a los buques pesqueros y realmente no encontramos una explicación al respecto. Los controles están; los controles se hacen; y no solo nosotros los hacemos al entrar. Acá se ha mencionado a barcos de bandera coreana. Si el gobierno ve en el satélite que el barco está pescando en una zona que no está autorizada, directamente se informa y no puede descargar ni entrar a puerto. La misma autoridad, controla y, además, están los Ministerios de Defensa Nacional, de Salud Pública, del Interior, de Economía y Finanzas velando por todos esos intereses que hacen al Estado rector.
No sé si contesté a su pregunta, señor senador.
SEÑOR PRESIDENTE.- Agradecemos a la delegación por la información brindada que se utilizará en el debate de esta instancia presupuestal.
SEÑOR BRAIDA.- Sabemos que están complicados con los tiempos pero es un honor poder ser recibidos por esta comisión.
(Se retiran de sala los representantes de Agencias Marítimas de Buques Pesqueros de Bandera Extranjera).
(Ingresan a sala representantes de la Asociación de Funcionarios de Aduana).
SEÑOR PRESIDENTE.- La subcomisión de audiencias tiene mucho gusto en recibir a los representantes de la Asociación de Funcionarios Aduaneros. Les pedimos disculpas por la espera porque venimos con cierto retraso, razón por la cual, también nos entenderán que debemos adecuarnos a los tiempos previstos en cada instancia. Sin más dilación les cedemos el uso de la palabra para realizar sus planteos.
SEÑOR PINTOS.- Agradecemos al honorable Cuerpo de senadores por recibirnos en esta oportunidad.
Vamos a hacer una breve exposición de cuatro puntos que es lo que venimos a solicitar a la Comisión.
Es de pública notoriedad que existe una gran problemática en cuanto al tema de los medicamentos y no hay manera de costear los tratamientos costosos que algunos ciudadanos tienen que hacerse en el extranjero. Los señores senadores se preguntarán qué tiene que ver esto con la Asociación de Funcionarios Aduaneros. No somos funcionarios de la salud, pero venimos a hablar sobre la creación de una tasa sobre la mercadería en tránsito del 1‰. ¿Qué es esto? Sabido es –si algún señor senador no lo sabe, se lo informamos ahora– que durante el año 2014 circuló en tránsito mercadería por un valor de USD 8.000:000.000; repito: ocho mil millones de dólares. Creando esa tasa del 1 ‰ obtendríamos USD 8:000.000. Hoy día la mercadería en tránsito no paga absolutamente nada, ningún producto está costeado ni paga tasa. Con la mitad de ese dinero levantaríamos el salario del aduanero, que desde 1986 no recibe ninguna mejora, y la otra mitad la podríamos a disposición de una administración para costear los medicamentos caros que Salud Pública no da porque no puede pagar y los tratamientos de alto costo en el extranjero. A modo de ejemplo, el otro día nos enteramos de que un niño necesita un tratamiento con células madre en China y para cubrirlo precisaría USD 40.000; entonces la familia tiene que hacer colectas, abrir cuentas en Abitab y andar pidiendo por todos lados. Sin embargo, acá tendríamos la plata. Quiere decir que lo recaudado por esa tasa del 1 ‰ tendría ese destino.
SEÑORA ESQUERRÉ.- Como segundo punto, queremos plantear la inclusión de un artículo que establezca el destope salarial de los funcionarios de aduanas. Quienes están destopeados son, en su mayoría, los que tienen grados altos, lo que desincentiva la carrera administrativa. Además, estamos trabajando con un grupo de funcionarios en comisión –los llamados FUPA, funcionarios para-aduaneros– quienes tienen un tope salarial superior al de los funcionarios aduaneros; trabajamos en forma conjunta con ellos, ejercemos las mismas funciones pero ellos tienen un tope bastante superior al nuestro.
Entendemos que esta situación es injusta y, por lo tanto, solicitamos que se incluya un artículo que establezca el destope para los funcionarios aduaneros.
En tercer lugar, como es sabido, últimamente se aprobó por lay una compensación por nocturnidad. En ese sentido solicitamos la inclusión de un artículo mediante el cual se creen los créditos necesarios para el pago correspondiente al horario nocturno a los funcionarios aduaneros. El dinero necesario estaría, pues nosotros cobramos un cierto monto anual por servicios extraordinarios y en ese fondo hay sobrantes. Quiere decir que los recursos para hacer el pago estarían pero los créditos no están concedidos. Se sabe que los funcionarios aduaneros trabajan los 365 días del año y un grupo importante de ellos lo hace en horario nocturno, pero no están percibiendo ninguna retribución por dicho concepto.
Por último, con relación a los FUPA, estamos solicitando que se revea el artículo donde se autorizan esos pases en comisión debido a que en los últimos años en la Dirección Nacional de Aduanas han entrado muchos funcionarios en forma provisoria y luego fueron presupuestados, por tanto, hay cantidad suficiente de funcionarios nuevos como para cubrir los cargos de esos funcionarios en comisión. Además, entendemos que la forma de designación de estos funcionarios es bastante arbitraria. No sabemos qué idoneidad tienen ya que se dice que son nombrados porque se necesitan, porque tienen capacidad para cumplir con determinadas funciones pero hacen las mismas tareas que cualquier otro funcionario aduanero, o sea que no necesitan ninguna formación especial. Pensamos que es un acomodo, que es por amiguismo, que es una forma de elección para que estos funcionarios cobren esos salarios que, como dijimos, tienen un tope superior al de los funcionarios aduaneros.
SEÑOR PINTOS.- Con respecto al tema de los FUPA, a juicio de este sindicato, se trata de traer gente –nada más y nada menos– del Ministerio del Interior con un criterio muy subjetivo por parte de las direcciones. Consideramos que hace falta policías en la calle y no en la Aduana, porque allí estamos nosotros que somos la gente idónea en cuanto a la represión del contrabando.
SEÑOR CAMY.- Saludo a la Asociación de Funcionarios de Aduanas y les agradezco el material que nos hicieron llegar, porque nos será de mucha utilidad para trabajar.
Por lo expresado, lógicamente surge como uno de los planteamientos más importantes el que tiene que ver con la creación de una tasa de control de mercaderías en tránsito, tal como se ha sugerido. Debo aclarar que, por disposiciones legales, la generación de una tasa es iniciativa privativa del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, consulto si antes de hacer esta solicitud en el Parlamento han tenido alguna instancia ante el Poder Ejecutivo para plantear esto como una aspiración.
En todo caso, esto debería trasladarse al Poder Ejecutivo para que se tome la iniciativa; el Poder Legislativo, por sí, aunque lo entendiera oportuno, no puede hacerlo.
SEÑOR AGAZZI.- Me parece importante la presencia de la Asociación de Funcionarios de Aduanas y, por lo que se conoce públicamente, sabemos que han tenido discusiones, diálogos, conflictos con las autoridades de Aduana. Sin embargo, hay cosas que no podemos resolver acá, así que les pediría que hicieran aunque sea una breve mención –esta es la oportunidad de encontrarnos con ustedes– para saber si está funcionando algún mecanismo de diálogo entre los funcionarios de la Aduana y las autoridades. Por ejemplo, cabe destacar que existe una ley que rige los pases en comisión que ustedes plantean; acá, en el Palacio Legislativo, está lleno de funcionarios con pases en comisión y también del Ministerio del Interior, como tienen ustedes en la Aduana. Me parece que se trata de típicos asuntos para dialogar en el lugar de trabajo, donde discuten las condiciones, los pagos por nocturnidad, etcétera.
En definitiva, ¿hay mecanismos para esto? Me parece esencial que existan esos mecanismos, si es que queremos una administración mejor.
SEÑOR BERTERRECHE.- ¿Cuál es el tope actual de los funcionarios de Aduana?
SEÑOR PINTOS.- El tope es de $ 64.000, señor senador.
Me gustaría aclarar que venimos a plantear el tema en este ámbito porque, lamentablemente, lo primero que me dijo el Director Nacional de Aduanas fue que no quería ponerle trabas al comercio exterior. Tal vez alguien pueda recoger nuestra propuesta.
Quiero decir que me inclino, no tanto por una mejora salarial sino por una mejora social con respecto al tema de las tasas, porque esto también tiene un sentido social.
Con respecto a lo que preguntaba el señor senador Agazzi, debo agregar que la negociación con Canon es muy mala y se hace a través de la Dinatra. Además, por un capricho de él, está luchando para sacarnos la nocturnidad; él entiende que no nos corresponde, mientras el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social nos dice que sí se nos debe pagar. Ese es el clima que reina dentro de la Aduana, con la dirección del contador Enrique Canon. ¡Lamentablemente es así! Desgraciadamente, se nos dijo que no se pueden poner más tasas al comercio exterior, a pesar de que no existe ninguna tasa que regule los tránsitos. Si bien los tránsitos implican USD 8.000:000.000, el Estado no pone para ellos un solo peso. Es más, el tema del precinto electrónico se le dio a una empresa privada, que recauda USD 1:000.000 al mes.
SEÑORA ESQUERRÉ.- Con respecto al artículo que pedimos para el crédito necesario para el horario nocturno, quiero decir que en las reuniones que mantuvimos en Dinatra el argumento esgrimido por el Ministerio de Economía y Finanzas fue que se podría rever el tema de la nocturnidad pero que, como no había mensaje complementario, no había créditos. Nosotros planteamos que se hiciera una distribución de créditos, pero se nos planteó que eso era inviable. Por eso estamos solicitando los créditos, como dije anteriormente. El dinero para financiar esto está, pero se nos dijo que no había créditos.
En cuanto al tema del destope, nosotros lo planteamos porque estamos topeados los funcionarios de grado 16, es decir los más altos, en $ 69.000, pero los FUPA pueden cobrar, por todo concepto, hasta $ 88.000. Evidentemente, al estar trabajando juntos funcionarios que unos cobran determinada cantidad y otros cobran $ 88.000, la diferencia se hace importante. Por eso pedimos el destope en este tema.
SEÑOR CAMY.- Previamente a esta delegación, recibimos a otras personas que solicitaron que no se generara una tasa que el gobierno propone en este proyecto desde la Dinara en la actividad pesquera. Entonces, lo que se argumenta que dijo el señor Director Nacional de Aduanas, ¿lo expresa como un parecer personal del director, o como que el gobierno está en contra? Pregunto esto porque el concepto de gravar el comercio exterior hay que aplicarlo a todas las actividades.
SEÑOR PINTOS.- Para mí es muy personal del director nacional de aduanas, ya que me dijo: «Hoy llevalo, si alguien te lo lleva problema tuyo; yo personalmente no te lo llevo».
SEÑOR PRESIDENTE.- Agradecemos entonces a los representantes de la Asociación de Funcionarios Aduaneros. Lo expuesto hoy aquí ha quedado registrado en la versión taquigráfica y, a su vez, contamos con el material que nos han dejado para estudiar estos temas en el marco del Presupuesto.
(Se retiran de sala los representantes de la Asociación de Funcionarios Aduaneros)
(Ingresa a sala una delegación de la Unión Nacional de Protección a la Infancia)
–Damos la bienvenida a la delegación de la Unión Nacional de Protección a la Infancia –UNPI– integrada por las señoras Gabriela Vepo de Gallinal, Elena Cuenca de Baccino y Elizabeth Acosta Miceli.
SEÑORA VEPO.- Muy buenas tardes.
Mi nombre es Gabriela Vepo y presido la Unión Nacional de Protección a la Infancia. Nuestra institución es una asociación civil sin fines de lucro que trabaja en nuestro país para la niñez desde el año 1947. Estamos próximos a cumplir setenta años de existencia.
Por el presupuesto anterior nos correspondió una partida anual que en el año 2015 asciende a $ 165.000. Solicitamos audiencia en la Cámara de Representantes, comparecimos en la Subcomisión de Audiencia de Presupuesto de esa cámara y se nos otorgó un incremento a la partida. Pretendemos que los integrantes de esta subcomisión del Senado consideren favorablemente el incremento votado en la Cámara de Representantes.
¿Qué podemos destacar de nuestra institución? Se trata de una comisión integrada, en su mayoría, por mujeres que trabajan en forma honoraria; ninguna cobra absolutamente nada. Todo lo que recibimos, ya sea a través de la partida presupuestal, de los beneficios que hacemos durante el año o de las donaciones que recibimos, es volcado en la institución y no para el pago de ningún tipo de salario.
Nuestra institución cuenta con un terreno en el Cerro de dimensiones considerables donde tenemos construido un jardín de infantes de tiempo completo y una escuela que funciona en dos turnos: en la mañana y en la tarde. Gracias a un convenio firmado con INDA administramos la alimentación para esos niños. En total, entre el jardín de infantes y la escuela, atendemos a alrededor de 900 niños.
Nuestro proyecto, por supuesto, no se agota ahí. Tenemos la posibilidad –porque el terreno así lo permite– de construir una escuela taller para que los niños que allí se educan completen su formación. Ese es el sueño de nuestra institución. Si bien el proyecto está en pañales, no bajamos los brazos. De más está decir que toda la ayuda que podamos obtener en nuestra prédica será usada para esos fines.
Estamos a su disposición para contestar cualquier pregunta.
SEÑOR CAMY.- Saludamos la presencia de la delegación de la Unión Nacional de Protección a la Infancia y expresamos nuestro beneplácito en recibirlos.
De nuestra parte no tenemos interrogantes para plantear ya que tenemos clara la labor que lleva adelante esta organización. La felicitamos por el trabajo que realizan y expresamos nuestro apoyo a la iniciativa solicitada.
SEÑOR PRESIDENTE.- Creo que el material entregado y lo que han expuesto muestra claramente el rol que vienen cumpliendo. El Parlamento también tiene constancia de lo que han venido informando de esta actividad año tras año, presupuesto tras presupuesto, por lo que les agradecemos. Seguramente el planteo será considerado por la comisión.
(Se retira de sala la delegación de la Unión Nacional de Protección a la Infancia).
(Ingresan a sala los representantes de la Asociación de Técnicos Registrales del Uruguay).
–La Subcomisión de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda da la bienvenida a la delegación de la Asociación de Técnicos Registrales del Uruguay, integrada por su presidenta, la escribana Stella Maiorano, su secretaria general, la doctora Cristina Sica, la escribana Alicia Montaña, de Asesoría Técnica y la escribana Pilar Pacheco, del Registro de la Propiedad de Ciudad de la Costa. De la Asociación de Funcionarios Registrales del Uruguay, nos visita su presidente, Luis Borges, de la regional de Paysandú, y el vicepresidente, Gustavo Sartorio, de la regional de Cerro Largo.
Sin más, cedemos el uso de la palabra a la delegación.
SEÑORA MAIORANO.- Voy a dirigirme a los señores senadores, ya que nos han presentado. Soy la presidenta de la Asociación de Técnicos Registrales del Uruguay y estamos presentes los representantes de los gremios de funcionarios que desempeñan tareas en la unidad ejecutora 018, Dirección General de Registros, dependiente del Inciso 11, Ministerio de Educación y Cultura.
Tenemos como jerarca directo a un director general –que es un cargo político– que depende del ministro de educación y cultura, a través de la Secretaría de Asuntos Constitucionales, Legales y Registrales.
La Dirección General de Registros posee sedes en todos los departamentos del país –cuatro en Montevideo y tres en Canelones–, en las que se desempeñan, aproximadamente, 430 funcionarios.
Nuestra misión es garantizar la seguridad del tráfico jurídico mediante la publicidad de actos y negocios que la ley determina a través de la registración e información a los interesados. Nuestra visión es constituir un organismo flexible capaz de adaptarse a los cambios del entorno para satisfacer integralmente las necesidades de los usuarios.
Nuestras agrupaciones ya fueron presentadas; hemos concurrido con los representantes de la Asociación de Funcionarios Registrales del Uruguay, presidida por Luis Borges.
Venimos a plantear alguna problemática que atraviesa la Dirección General de Registros en estos momentos y que podemos nuclear en tres categorías: problemas de recursos humanos, de infraestructura informática y de infraestructura edilicia.
En cuanto a los recursos humanos, nuestra organización cuenta, como dije, con aproximadamente 430 funcionarios, con una edad promedio de 58 años. La insuficiencia de personal es un problema que se viene arrastrando desde hace muchos años en virtud de que no ha habido una necesaria renovación en los funcionarios y, a su vez, como contrapartida, el trabajo en los registros públicos se ha triplicado y, en algunos años, hasta cuadruplicado. La cantidad de funcionarios es manifiestamente insuficiente para el cumplimiento de nuestras tareas.
El panorama para los próximos años no es nada alentador. En este momento, nos encontramos con la situación de que alrededor de 100 funcionarios, al finalizar este año, completarán la edad para configurar causal jubilatoria y esto, en el quinquenio, alcanzaría al 80%. De hacer uso todos de la causal jubilatoria, nuestra organización colapsaría, lo que sería impensable ya que además de ser un organismo público, apoya a organizaciones tan importantes como el Poder Judicial, la Dirección General Impositiva, la Junta Anticorrupción y Lavado, Narcotráfico, Interpol y otras.
Proponemos cuatro soluciones a estos problemas de la DGR. Por un lado, la restructura de cargos, que consistiría en la creación y formación de cargos que han ido desapareciendo por diversos motivos en estos años, adecuando a la DGR a la realidad actual. Por otra parte, planteamos la contratación de personal. Aparte de las contrataciones que están previstas en la ley, sugerimos que se pueda crear un régimen de practicantado a través de un convenio con la universidad. De esa forma los estudiantes de derecho registral de la carrera de notariado podrían hacer práctica en los registros públicos.
A su vez, proponemos la declaración de exclusividad, tal como se ha hecho en la Dirección General Impositiva, para todos los funcionarios registrales, tanto administrativos como técnicos, lo que permitiría la dedicación full time, evitando así las incompatibilidades que se puedan presentar entre el trabajo particular y la función pública. En esta instancia la sugerencia es que se establezca un sistema mixto, donde los funcionarios tengan la posibilidad de optar por el full time o mantener la situación actual.
También presentamos como solución para el tema de los recursos humanos el establecimiento de la feria registral, que sería similar a la del Poder Judicial, pero solo en la época estival. Esto tiene como fundamento combatir la ausencia laboral que se produce entre los meses de diciembre y enero, logrando que el resto del año las licencias sean reducidas al máximo y se pueda trabajar con la totalidad de los funcionarios. No planteamos que los registros cierren sus puertas, sino que se reduzca el horario de atención al público limitando el ingreso y la entrega de documentación. De esa forma no se produciría una paralización en la negociación ya que se continuaría funcionando con el servicio on line.
Otra solución que planteamos –ya entrando en el tema salarial– tiene que ver con que en este momento la única partida que reciben los funcionarios de la Dirección General de Registros es un 3,6% del total de la recaudación de la tasa registral. Esto es así porque en el correr de los años hemos tenido diversas partidas y en el año 2013 se salarizaron mediante un decreto. Por tanto, lo único que tenemos es ese 3,6%, que corresponde al pago de incentivos vinculados al cumplimiento de metas que se materializan en el compromiso de gestión que, como ustedes saben, se trata del cumplimiento de determinadas metas fijadas a priori. En el caso de los funcionarios de la DGR, la meta fijada es principalmente la digitalización de los asientos registrales, es decir, de la base de datos.
Lo que estamos solicitando concretamente es un aumento en el porcentaje que se utiliza para el pago del compromiso de gestión. Estamos proponiendo llevarlo del 3,6% al 8% de la recaudación. De esa forma se mejoraría el incentivo económico por el cumplimiento de tareas. Además, no se trataría de un aumento en forma genérica para todos los funcionarios, sino para aquellos que realmente cumplen efectivamente con las tareas. Para que no sea tan gravoso para el Estado, lo que planteamos es que sea en forma progresiva: en el 2016 y 2017 un 6% y para el 2018 y siguientes un 8%.
Tenemos un proyecto de artículo que modificaría la legislación actual, es decir el artículo 520 de la Ley n.º 18719, de 27 de diciembre de 2010, en su redacción dada por el artículo 195 de la Ley n.º 18996, de 22 de noviembre de 2012, que quedaría redactado de la siguiente manera: Facúltese al Poder Ejecutivo a categorizar como compensación al cargo las sumas destinadas a los funcionarios previstas en el literal B) del artículo 368 de la Ley n.º 16736, de 5 de enero de 1996, y a categorizar el 85% –en lugar del 65% que era el original– del porcentaje previsto en el literal C) del artículo 368, de la Ley n.º 16736, de 5 de enero de 1996, que se conformará 50% como compensación al cargo y 35% como incentivo. Este último está vinculado al cumplimiento de metas y compromisos de gestión, el cual será financiado por los porcentajes mencionados anteriormente.
Esto significa que de lo que está vigente hoy, que es el artículo 520 de la Ley n.º 18719, de tres de sus literales parte de la recaudación va a Rentas Generales, mientras que del literal C) una parte va a Rentas Generales y la otra queda en la Dirección General de Registros. En este momento sería un total del 12 % de la recaudación de la tasa, del cual el 8,4 % es para gastos de financiación de la DGR y el 3,6 % para los incentivos antes mencionados.
Después está el problema de infraestructura informática. Tenemos un sistema operativo apoyado en el sistema Oracle, que se encuentra vetusto e impide que se puedan producir mejoras que redunden en beneficio de los usuarios. La mejora de nuestro software para lograr las metas fijadas, sobre todo en el plan de gobierno electrónico que está en marcha, tiene un costo aproximado de USD 450.000, monto muy superior al que hoy tiene asignado la DGR como crédito autorizado. Esto se suma a que actualmente nos encontramos con problemas de hardware ya que nuestro equipamiento no ha sido renovado de acuerdo con los requerimientos informáticos actuales que, como ustedes saben, son bastante rápidos. Carecemos de equipos modernos y más adecuados a la función.
En cuanto a la infraestructura edilicia, debemos decir que hay problemas en todas las sedes registrales del país. Algunas son propiedad de la DGR, por ejemplo la que se encuentra en el edificio del Notariado, en el que se poseen siete pisos, que carece de salidas de emergencia inadecuadas, no tiene habilitación municipal ni de la Dirección Nacional de Bomberos, los funcionarios están amontonados en poco espacio, sin iluminación, con poco aire y ha habido caídas de cielo raso. En el resto del país también hay problemas de humedades, techos que se llueven, baños que no funcionan, caída de revoques, etcétera. Todo ello, además del perjuicio económico que significa para la DGR, pone en grave riesgo la salud y la integridad física de los compañeros y de los usuarios también.
Estos problemas –tanto el de infraestructura edilicia como el informático– se solucionarían con un aumento en la suma asignada a la DGR para gastos de funcionamiento, que citábamos hoy, del 8,4 %. En realidad, en el año 2014 ese porcentaje significó la suma de $ 87:000.000, pero el crédito fue topeado por parte del Ministerio de Economía y Finanzas en $ 54:000.000. Entonces, pedimos que por lo menos nos dejen utilizar la cantidad del 8,4 %.
La propuesta para financiar estos aumentos es introducir mejoras en el funcionamiento del organismo con la creación de nuevos productos registrales que van a traer como consecuencia el incremento de la recaudación de la tasa registral. Esto se lograría creando, por ejemplo, un sistema de tasas diferenciales, que pueden ser porcentuales al valor del negocio o una tasa alícuota. La tasa registral es lo que recaudamos; es fija en UR y se va actualizando en pesos en forma cuatrimestral. No es proporcional al negocio, porque todos los montos menores y mayores de los negocios pagan lo mismo.
Otra solución sería el estudio de una multiplicidad de normas que dispongan exoneraciones al pago de la tasa registral. Entendemos que algunas exoneraciones no tienen mucho sentido en realidad porque no cumplen fines sociales –sería lo más correcto– aparte de las establecidas en la Constitución.
Por último, está la posibilidad de crear nuevos productos mediante sistemas on line. Por ejemplo, los certificados de información on line en el día son un producto que posibilita que la información se encuentre disponible en el computador del profesional en el día con un valor oficial y con firma digital, debiendo abonarse por ese servicio una tasa de 3 unidades reajustables.
Después está el servicio de información en redes sociales, que se trataría de ofrecer a empresas que hoy son recaudadoras de la tasa. Es un servicio en el que la información sería reducida y, por lo tanto, también abonaría un precio menor. Este servicio sería en calidad de convenio, es constante y se entrega al usuario en el momento, pero no tendría el valor de certificado, sino simplemente de información, ya que no iría con firma digital.
El servicio de información continuada brindaría a los usuarios información sobre cualquier cambio que ocurriese en el patrimonio de un sujeto. El servicio se contrataría por un período prolongado de tiempo y la Dirección General de Registros estaría informando al interesado en forma permanente. Esto también tendría un costo que sería fijado por la DGR y sería de mucha utilidad para la actividad bancaria.
Nosotros ofrecemos servicios on line y estamos tratando de que en este quinquenio llegue al 100%.
SEÑOR CAMY.- Antes que nada quiero saludar a la delegación de la Asociación de Técnicos Registrales del Uruguay y agradecer el material que nos ha proporcionado, que respalda la ponencia que es de utilidad para trabajar en la comisión.
Voy a hacer dos consultas concretas y simples. En primer lugar, quisiera saber si la propuesta de una feria registral supone una similitud a la feria judicial, es decir, concentrar en un plazo de tiempo –en este caso, enero– precisamente, a través de la determinación de esa condición de feria, la totalidad de las licencias de los funcionarios pero, a la vez, que no se paralice la actividad porque siguen trabajando on line con una suerte de guardia. ¿Así se debe interpretar?
En segundo lugar, quisiera saber si tienen los datos –o lo pueden enviar– sobre cuántas sedes registrales del interior del país son alquiladas y cuáles son propiedad. Me quedó claro cuál es la situación de la sede registral de Montevideo porque está en el documento.
SEÑOR PRESIDENTE.- Quiero dejar constancia que nos acompaña la asociación de funcionarios y la asociación de técnicos registrales del Uruguay.
SEÑORA MAIORANO.- La feria registral supone que todas las licencias se concentren en el mes de enero y el resto del año se trabaje con la capacidad máxima de recursos humanos que tenemos. La información está toda en la base de datos; hay un sistema informático que respalda el servicio. Entonces, como proponemos productos que puedan llegar directamente al computador del usuario, en ese caso estaríamos reduciendo bastante la atención al público; pretendemos que sea un 80%. Esto permitiría que la información la obtuviera el profesional directamente en su computador sin necesidad de concurrir a los registros. Por esa razón, proponemos un horario menor al de en épocas normales.
Respecto a la otra pregunta formulada por el señor senador Camy, no tengo el dato, pero por ejemplo el edificio Notariado es propiedad de la Dirección Nacional de Registros. Tendría que averiguar cuántas sedes del interior son alquiladas y cuántas no; en este momento no tengo los números, pero sé que unas cuantas son propiedad.
SEÑOR PRESIDENTE.- Creo que los señores senadores han visto esclarecidas sus dudas con la exposición que nos ha realizado. Los elementos que volcaron serán considerados en el debate presupuestal que la comisión tiene que hacer.
SEÑORA MAIORANO.- Lo último que quería decir es que si bien en la recaudación no estamos pidiendo más para gastos de funcionamiento, por lo menos queremos que nos permitan trabajar con lo que está fijado en la ley, que es el 8.4% de la recaudación.
(Son las 13:39).