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Timestamp: 2020-05-29 17:32:34
Document Index: 9962741

Matched Legal Cases: ['artículo 4', 'ARTÍCULO 4', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 10', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 5']

DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 894, de 29/09/2015
cve: DSCD-10-CO-894
Año 2015 X LEGISLATURA Núm. 894
Sesión núm. 59
Comparecencia del señor secretario de Estado de Energía (Nadal Belda), para:
- Informar de la planificación de la red de transporte eléctrico 2015-2020, según establece el artículo 4 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. A propuesta del Gobierno. (Número de expediente 212/002525) ... (Página2)
- Informar sobre la situación de la actualización y revisión del Plan general de residuos radiactivos. Urgente. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 212/002314) ... (Página14)
- Explicar la forma en la que piensa el Ministerio de Industria, Energía y Turismo garantizar los 2.000 puestos de trabajo (directos e indirectos) que dependen de la Planta Innovyn-Solvay de Martorell, tras su exclusión de la subasta del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad de energía eléctrica para los años 2015 y 2016. Urgente. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 212/002514) ... (Página14)
Propuesta de nombramiento del señor consejero del Consejo de Seguridad Nuclear:
- Manifestación, previa comparecencia del candidato propuesto como consejero del Consejo de Seguridad Nuclear, don Javier Dies Llovera, de la aceptación o veto razonado de la propuesta de nombramiento de conformidad con lo establecido en los artículos 5.1 y 5.2 de la Ley 15/1980, de 22 de abril, de creación del Consejo de Seguridad Nuclear. (Número de expediente 276/000025) ... (Página25)
- Emisión, previa comparecencia del candidato propuesto como consejero del Consejo de Seguridad Nuclear, don Javier Dies Llovera, del dictamen sobre idoneidad y conflicto de intereses a efectos de lo dispuesto en la disposición adicional tercera de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado. (Número de expediente 276/000025) ... (Página33)
- INFORMAR DE LA PLANIFICACIÓN DE LA RED DE TRANSPORTE ELÉCTRICO 2015-2020, SEGÚN ESTABLECE EL ARTÍCULO 4 DE LA LEY 24/2013, DE 26 DE DICIEMBRE, DEL SECTOR ELÉCTRICO. A PROPUESTA DEL GOBIERNO. (Número de expediente 212/002525).
El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías, vamos a iniciar la sesión. Comenzamos una nueva sesión de la Comisión de Industria, Energía y Turismo, la número 59, y lo hacemos dando la bienvenida de nuevo a esta Comisión al secretario de Estado, don Alberto Nadal. Como saben ustedes, el orden del día consta de cinco puntos; los tres primeros son relativos a solicitudes de comparecencia del secretario de Estado de Energía, una de ellas a petición del Gobierno, del propio secretario de Estado, para informar de la planificación de la red de transporte eléctrico, según lo dispuesto en la Ley del Sector Eléctrico, y otras dos a petición del Grupo Parlamentario Socialista, para informar sobre la situación de la actualización y revisión del Plan general de residuos radiactivos, y en relación a la situación laboral en la Planta Innovyn-Solvay de Martorell, tras su exclusión de la subasta del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad de energía eléctrica. Los otros dos puntos del orden del día son los relativos a la propuesta de nombramiento como consejero del Consejo de Seguridad Nuclear de don Javier Dies Llovera.
Sin más, comenzamos la comparecencia, tiene la palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ENERGÍA (Nadal Belda): Buenos días, señor presidente, señorías, comparezco a petición propia en esta Comisión de Industria, Energía y Turismo para exponer el Plan de desarrollo de la red de transporte de energía eléctrica para el período 2015-2020, más conocido como la planificación energética, cumpliendo así lo establecido en la Ley 24/2013, de Sector Eléctrico. Como sus señorías recordarán, al aprobarse la norma se estableció un cambio en el procedimiento de aprobación de la planificación, ya que anteriormente pasaba primero por el Consejo de Ministros y posteriormente venía a esta Cámara. Desde la aprobación de la Ley del Sector Eléctrico se invirtieron los términos, lógicamente para que hubiera un debate parlamentario previo a la aprobación final por el Consejo de Ministros y así recibir de sus señorías cuantos comentarios o sugerencias consideraran pertinentes de cara a realizar el documento de planificación definitivo. Sus señorías tienen el documento, que se reenvió a la Cámara hace una semana aproximadamente. Probablemente este es el documento de planificación a largo plazo del sistema energético español más importante y, como ustedes saben, se realiza cada cierto período de tiempo, en este caso en concreto están previstas actuaciones desde este mismo año hasta el 2020, coincidiendo con el primer período regulatorio que establece la Ley del Sector Eléctrico.
La planificación energética contiene una previsión de las necesidades energéticas futuras y de las actuaciones que es necesario realizar. Como toda previsión, la parte indicativa -luego entraré en ello- no deja de ser un análisis con la mejor información disponible en este momento. Por eso en la planificación se han introducido elementos de flexibilidad para poder modificarla a lo largo de los distintos ejercicios, una vez se constate en la realidad en qué medida el crecimiento de la demanda o las distintas tecnologías que pretenden entrar en el mix de generación se cumplen finalmente respecto a lo inicialmente previsto. En el ámbito del transporte de electricidad, la prestación del servicio se caracteriza por su condición de monopolio natural y por la necesidad de infraestructuras muy costosas, que requieren un largo período de maduración hasta su puesta en funcionamiento. Es decir, la planificación hace referencia a las redes de alta tensión, a la red de transporte y, para que nos hagamos una idea, el período amortización tipo de estas instalaciones, sobre todo en lo que se refiere a las líneas, es de 40 años. La subprestación requiere un tiempo inferior, pero también estamos hablando de 20 o 25 años de amortización de las instalaciones. La planificación de las infraestructuras de transporte de electricidad tiene como objetivo primordial garantizar el suministro eléctrico en situaciones de máxima demanda, respetando además dos pilares
básicos: la sostenibilidad ambiental y la sostenibilidad económica. Es decir, el objetivo en primer lugar es garantizar el suministro, una planificación pensada sobre todo para cubrir las puntas de demanda que se suelen producir en los meses de verano y de invierno, cuando las temperaturas son más extremas. Debe haber una red suficiente para atender esas necesidades, pero al mismo tiempo tiene que ser compatible con los objetivos de sostenibilidad ambiental, tanto desde el punto de vista del mix de generación como del impacto que la propia red genera en el medio ambiente, y de sostenibilidad económica, es decir, todo hecho al menor coste posible. Para ello hay que estimar la demanda futura tanto desde un punto de vista geográfico como temporal, tomando como base las previsiones de crecimiento económico, demográficas, de incremento de eficiencia energética y muchas otras. Por este motivo la planificación que les presento tiene tanto una parte indicativa, que recoge la previsión de la evolución de la demanda energética española y de la cobertura de la misma con las diferentes tecnologías de generación, como una parte vinculante que recoge las necesidades de inversión en nuevas instalaciones de transporte. La parte indicativa, como les decía anteriormente, son las previsiones con la mejor información de que disponemos en estos momentos, tras un largo proceso que luego detallaré, mientras que la parte vinculante es el mandato que se da a la empresa transportista para realizar estas infraestructuras de 2015 a 2020.
El Plan de desarrollo de la red de transporte de energía eléctrica que hoy les presento, se integra en el nuevo modelo energético que hemos establecido mediante la reforma regulatoria del sector. Resaltemos tres aspectos clave para enmarcar el contexto en que se realiza la planificación: en primer lugar, con una deuda del sistema eléctrico que alcanzaba a principios de esta legislatura los 26.000 millones de euros y que alcanza un máximo de 28.000 millones de euros. El principio de sostenibilidad económica del sistema ha permitido revertir la acumulación anual del déficit, y en estos momentos el sistema se encuentra en equilibrio o con un ligero superávit gracias a la reforma del sector. Dicho principio de sostenibilidad económica ha estado muy presente en todo el proceso de planificación. Esto es especialmente importante desde el punto de vista de la limitación máxima que la ley y el real decreto establecen sobre la actividad del transporte, de manera que frente a planificaciones anteriores que no tenían ningún tipo de límite cuantitativo, esta es la primera vez que se establece un tope máximo a los volúmenes de inversión, de forma que se jerarquizan las operaciones para atender aquellas que son prioritarias, bien desde el punto de vista de la seguridad de suministro o bien desde el punto de vista de las necesidades del sistema, sin que la empresa transportista pueda elegir entre un volumen enorme de infraestructuras potenciales para realizar. En planificaciones anteriores solo ejecutaba el 60 o el 70 % y prácticamente elegía cuáles eran aquellas que debía realizar. Ahora se trata de una planificación mucho más concreta, mucho más estrecha y con límites cuantitativos que jerarquizan en función de los objetivos previstos. En segundo lugar, hemos logrado el mayor compromiso de la Unión Europea hasta la fecha para impulsar el mercado interior de la energía y, consecuentemente, para aumentar nuestro nivel de interconexión energética con Europa. Esto es clave para disminuir precios e integrar nueva generación renovable. Me referiré a esto con más detalle al tratar las interconexiones. Por último, se producen cambios ligados a los avances tecnológicos, a la mayor facilidad de los consumidores para gestionar su demanda y a la mayor competencia e información sobre precios. Estos avances conllevan una mayor electrificación de la economía y una mayor eficiencia que genera una menor intensidad energética. Un ejemplo de la menor intensidad energética de la economía española es que si en estos momentos en tasas intertrimestrales anualizadas, la economía española está creciendo entre el 3,5 % y el 4 % anual, el crecimiento de la demanda eléctrica aislada de efecto temperatura lo está haciendo por encima del uno y pico por ciento. Es decir, frente a crecimientos de la demanda eléctrica que crecían en paralelo al producto interior bruto en el pasado, ahora nos vemos con crecimientos de la demanda energética en general y de la demanda eléctrica en particular muy por debajo del crecimiento económico. Tenemos un crecimiento económico menos intensivo en energía de lo que era en el pasado. En el pasado el crecimiento de las infraestructuras de transporte de electricidad estuvo asociado al gran aumento previsto tanto de la capacidad de generación, en gran parte de origen renovable, como al crecimiento previsto de la demanda que, finalmente, resultó muy inferior al inicialmente previsto. Esta generación renovable se encuentra más distribuida geográficamente y, por tanto, es más demandante de nueva red de transporte. Las inversiones pasadas han hecho que España cuente ya en la actualidad con uno de los sistemas eléctricos más robustos del mundo en cuanto a seguridad de suministro, si bien no siempre se atendió al principio de eficiencia económica y de menor coste a la hora de la construcción de esta red.
En 2010 se iniciaron los trabajos para elaborar la planificación de infraestructuras eléctricas y de gas 2012-2020, mediante Orden del Ministerio de Industria 734/2010. Sin embargo, la situación económica,
la adopción de nuevos compromisos con la Unión Europea en materia de eficiencia energética y la reforma regulatoria del sector, motivaron el abandono del citado procedimiento y el inicio de uno nuevo mediante Orden del Ministerio de Industria 2598/2012. El nuevo procedimiento culminará con la aprobación por el Gobierno de la presente planificación para el período 2015-2020.
La evolución de la demanda energética se situó claramente por debajo de los escenarios recogidos tanto en la planificación 2008-2016 como en la propuesta presentada en 2011 por el operador del sistema. Por ejemplo, el incremento previsto de consumo eléctrico en la anterior planificación para los años 2006 a 2011 era del 14 %, mientras que la evolución real fue una reducción de la demanda del 1 %. En este contexto, el Gobierno aprobó el Real Decreto-ley 13/2012, de 30 de marzo, que suspendía la ejecución de la planificación de los sectores de electricidad y gas 2008-2016, y establecía la necesidad de aprobar una nueva planificación adaptada al escenario macroeconómico real que estaba teniendo la economía española en ese momento y al proceso de reforma del sector energético, respetando al mismo tiempo los compromisos y objetivos energéticos adquiridos con nuestros socios europeos. Por otra parte, a finales de 2013 se aprueba por las cámaras legislativas la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico, y el Real Decreto 1047/2013 que define la metodología para el cálculo de la retribución de la actividad de transporte. Como saben, una de las piezas fundamentales de la reforma energética fue realizar una retribución más adecuada de las redes y de las empresas que realizan la actividad de red tanto de distribución como de transporte. Se fijó una rentabilidad del 6,5 % sobre el valor del activo neto, se estableció una metodología de fijación del activo neto -hasta entonces la mayor parte de los activos se retribuían por activo bruto- y se homologaron los criterios de retribución del transporte y la distribución, que lógicamente deberían tener regulaciones paralelas puesto que se trata de partes de una misma red, aunque a tensiones diferentes. La nueva regulación estableció períodos regulatorios de seis años, incluyendo la planificación de infraestructuras, e introduce un límite anual a la cuantía de las inversiones recogidas en la planificación de las redes de transporte de electricidad, con el objeto de asegurar la sostenibilidad económica del sistema y evitar los excesos del pasado.
Por todos estos motivos se han introducido las siguientes modificaciones en el proceso de elaboración de la planificación, frente a las planificaciones anteriores: en primer lugar, la parte vinculante incluye únicamente el plan de desarrollo de la red de transporte de electricidad y no de gas, siguiendo el criterio establecido por la Audiencia Nacional en su sentencia de 31 de octubre de 2012. La planificación de gas requiere un proceso independiente, menos crítico que en electricidad al existir mayor sobrecapacidad de las infraestructuras gasistas. Por tanto, lo primero que tenemos que decir es que esta planificación es exclusivamente eléctrica, habrá una planificación de gas posterior que, como decía, es menos urgente. En segundo lugar y teniendo en cuenta el mandato de introducir criterios de eficiencia económica, el operador del sistema ha realizado un análisis coste-beneficio para cada nueva actuación estructural de la red de transporte, así como para aquellas actuaciones provenientes de la planificación de los sistemas de electricidad y gas 2008-2016, que el operador del sistema considera necesarias en el período 2015-2020 y que se vieron paralizadas por el Real Decreto-ley 13/2012. Para la realización del análisis coste-beneficio el operador del sistema ha seguido los principios generales de la metodología coste-beneficio elaborada por Entso-E, la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad. Es decir, por primera vez se ha hecho un análisis coste-beneficio equivalente al que hacen los principales países europeos. Este análisis ha permitido establecer una jerarquización, que anteriormente no existía, de proyectos a incluir en la planificación en función de criterios objetivos. Asimismo, además de los pilares antes citados, se ha tenido en cuenta en el análisis de infraestructuras a incluir en la planificación lo que en el documento se denomina como motivación de la actuación, es decir, cada una de las actuaciones, bien sean líneas, subprestaciones, condensadores o cualquiera de las ramas que tiene la actividad de transporte, debe justificar su existencia en función de alguno de los objetivos que se plantean en la planificación. El primero de ellos es la seguridad de suministro, el segundo es la solución de restricciones técnicas que es un apartado muy importante, puesto que en restricciones técnicas el sistema eléctrico gasta al año varios cientos de millones, entre 600 y 700 millones de euros al año. Eliminar las restricciones técnicas es fundamental para reducir el coste de la energía tanto para las empresas como para los consumidores domésticos. El tercer objetivo es la nueva demanda de red para suministro industrial, puesto que hay cuellos de botella en algunas zonas industriales en crecimiento y hay que resolverlos para evitar que la actividad industrial quede paralizada. Otro objetivo es la nueva demanda para la red de AVE. El avance paulatino de la infraestructura del tren de alta velocidad está llevando a la necesidad de un crecimiento paralelo de la red de alta tensión, ya que el AVE consume directamente de la red de transporte. El cuarto
objetivo es la evacuación de generación, fundamentalmente renovable. Aquí en la planificación se han tenido en cuenta los objetivos 2020, pero también se ha procurado utilizar la red existente, de manera que la nueva evacuación de energía renovable vierta primordialmente en las zonas donde ya existe reconstruida. Solamente y subsidiariamente en aquellas otras zonas donde el proyecto esté muy avanzado o tenga muchos visos de realizarse, se harían actuaciones nuevas en la red de transporte para introducir nueva actividad renovable. Y el último objetivo fundamental son las interconexiones tanto a nivel nacional como a nivel internacional.
Entre las interconexiones a nivel nacional destacan fundamentalmente las que se realizan en la Comunidad Autónoma de Canarias, donde el objetivo último es aumentar el tamaño de los subsistemas. Ahora mismo en la práctica tenemos seis subsistemas y el objetivo sería reducirlo a cuatro. Las islas del Hierro y La Palma no puede tener interconexión, están muy lejos de otras islas, pero sí se puede hacer que las islas centrales y las islas orientales estén interconectadas entre ellas y hacer el subsistema más grande. Esto permite, además de introducir más competencia en el mercado y un abaratamiento de precios, mejorar la sostenibilidad del sistema canario, ya que cuanto más grande sea el sistema, mayor es la posibilidad de que en caso de que falle una unidad de generación, pueda ser compensada por unidades de generación en otra isla interconectada con la isla en la que se ha producido el fallo. Hay que recordar que las islas Canarias son la única zona donde todavía tenemos de vez en cuando ceros absolutos, y es porque la vulnerabilidad del sistema por sus propias estructuras es mucho mayor que en el resto de España, de ahí que se haya hecho un esfuerzo inversor especialmente importante. El objetivo en la Comunidad Autónoma de Baleares es otro puesto que ya existe una interconexión con la península, el objetivo último de la planificación sería integrar plenamente el sistema balear en el sistema peninsular, y para ello necesitamos tanto reforzar las interconexiones entre islas, Menorca con Mallorca, Mallorca con Ibiza e Ibiza con Formentera, como reforzar el sistema peninsular. El objetivo último de la planificación cuando esta esté completada y terminen las interconexiones en las Baleares es que sean una zona igual que la península eléctricamente hablando. Es decir, la interconexión permitirá un tratamiento igual que en cualquier otra comunidad autónoma y solamente quedarían fuera del sistema peninsular Canarias y Melilla, ya que también está previsto la interconexión con Ceuta que también se integraría con el sistema peninsular.
Junto con las interconexiones con los territorios no peninsulares se prevé las interconexiones con el resto de Europa a través de Francia. Y aquí el objetivo último es dar cumplimiento, como mencionaré posteriormente, al impulso político que se ha dado en los últimos meses a las interconexiones con Francia. El objetivo de interconexión con Francia es fundamental. Las interconexiones no cuentan para el límite máximo de volúmenes de inversión que tiene la planificación, ya que es un objetivo estratégico que debe ser realizado con absoluta prioridad. Nuestra interconexión con Europa permitirá por una parte la convergencia de precios entre España y el resto de países europeos, convergencia que ahora mismo no existe. Ahora cuando tenemos gran recurso eólico o hidráulico en la península, nuestros precios están por debajo de los europeos, pero cuando ocurre lo contrario, nuestros precios están muy por encima. Un ejemplo es el año pasado en el que tuvimos un primer semestre con unos precios muy bajos comparados con el resto de Europa y, sin embargo, este año el primer semestre ha sido lo contrario porque el año ha sido hidráulicamente y en términos de viento mucho peor. Esto tiene como consecuencia una volatilidad del precio en el mercado ibérico, en España y en Portugal, muy superior al de nuestros socios europeos, con evidentes perjuicios para nuestro sector industrial y para nuestros consumidores. Por ello la interconexión debe ser un objetivo prioritario para la planificación energética y, de hecho, lo es para este Gobierno y estoy seguro que lo va a ser para los próximos Gobiernos. Por otra parte, la interconexión permite una mayor introducción de energía renovable, ya que no tenemos que depender exclusivamente del respaldo de nuestras propias unidades de generación para proveer del servicio y de seguridad de suministro en el caso de que no exista recurso. Hay que recordar que aunque la tecnología solar va ganando peso dentro de nuestro mix, la mayor parte de la energía renovable en España y en cualquier otro país se debe al viento y al agua, que son mucho más irregulares en cuanto a su permanencia en el sistema que otro tipo de tecnologías. Por ello, como tenemos 26.000 megavatios instalados de potencia eólica y un potencial hidráulico prácticamente desarrollado, en caso de no tener el recurso hidráulico o el eólico, necesitamos mantener un parque muy amplio de centrales térmicas tanto de carbón como de gas para cubrir el suministro si este recurso no estuviera presente. Nuestra interconexión con Europa permitiría reducir de manera importante el coste de este respaldo que debemos mantener de forma continua.
Un tercer elemento novedoso, como he mencionado anteriormente, es que el horizonte de la planificación es de seis años, 2015-2020, frente a los diez años de los anteriores documentos, haciéndolo coincidir con el período regulatorio establecido para la retribución de las distintas actividades tanto de transporte y de distribución como de energías renovables. El documento de planificación incluye un anexo en el que con carácter no vinculante se recogen las infraestructuras de la red de transporte de electricidad que se estima necesario poner en servicio durante los años posteriores al horizonte de planificación, 2020. Es decir, no van a entrar en servicio en el horizonte actual, pero la inclusión de estas instalaciones permitirá el inicio de los trámites administrativos pertinentes. Como ustedes saben, cualquier actuación en la red de transporte lleva muchos años, análisis de impacto medioambiental, desarrollo de proyectos, etcétera, antes de la construcción propiamente dicha de la red, de tal manera que para evitar que se produzca un parón cuando se termina la planificación y no tenemos proyectos, porque estos proyectos ya han sido construidos, haya nuevos proyectos en cartera y al mismo tiempo se vayan gestionando algunos proyectos que tardan muchos años en llevarse a cabo, se establecen en un anexo proyectos potenciales para planificaciones posteriores. Y además, se introduce un mecanismo flexible mediante el cual proyectos actuales que se retrasen por algún motivo pasarían al anexo, y los proyectos del anexo que se vean prioritarios en el transcurrir de la planificación pueden traerse a la planificación vinculante si se estima necesario por parte del Gobierno. Las instalaciones que no se han considerado urgentes, a efectos fundamentalmente de la seguridad del suministro eléctrico tras el análisis coste-beneficio del operador del sistema, están por tanto recogidas en el anexo II. Que no sean consideradas urgentes no quiere decir que no sean necesarias para un futuro y por eso se recogen en el anexo. No obstante, como mencionaba, la planificación cuenta con mecanismos de flexibilidad suficientes como para modificar la fecha de entrada en servicio o el paso de un anexo a otro en caso de concurrir circunstancias objetivas.
Como mencionaba con anterioridad, el proceso de planificación comienza con una orden ministerial del año 2012, en la que se convocó a los sujetos del sistema eléctrico, comunidades autónomas y promotores de nuevos proyectos, a la realización de propuestas de desarrollo de la red de transporte de energía eléctrica. Una vez finalizado el plazo de tres meses para la presentación de propuestas, el operador del sistema eléctrico inició los análisis y cálculos para elaborar la propuesta inicial, que contenía las infraestructuras necesarias para una adecuada cobertura de la demanda prevista, propuesta que fue enviada a las comunidades autónomas para que realizaran sus respectivas alegaciones. Las alegaciones a la propuesta inicial fueron trasladadas al operador del sistema para su valoración conforme a los pilares básicos antes señalados. El operador del sistema, tras efectuar de nuevo los análisis pertinentes, remitió en febrero de este año su propuesta de desarrollo de planificación, la cual incorporaba aquellas alegaciones que a su juicio cumplían con los criterios citados y daba respuesta motivada a la no incorporación del resto. La propuesta de planificación fue entonces sometida a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que emitió informe con fecha 16 de abril de 2015. Creo importante destacar que la CNMC en su informe valora positivamente las actuaciones previstas en la propuesta de planificación para conseguir una reducción de los costes del sistema y, en particular, aquellas encaminadas a reducir los costes de restricciones técnicas que mencionaba anteriormente. La elaboración ha sido un proceso inclusivo, de gran complejidad, con participación de todos los agentes implicados, con multitud de reuniones y con toma en consideración de todas las alegaciones.
Paralelamente al proceso de planificación se ha tenido en cuenta también la regulación en materia de evaluación ambiental. Así, se establece la obligatoriedad de someter al procedimiento de evaluación ambiental estratégica aquellos planes que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente. De este modo, la planificación de la red de transporte de energía eléctrica 2015-2020 también ha sido sometida a este procedimiento. El procedimiento de evaluación ambiental estratégica comenzó con la preparación de un informe preliminar mediante el cual se informó al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente sobre el inicio de un proceso de planificación que debía ser sometido al procedimiento de evaluación de sus efectos ambientales. Dicho ministerio fijó los contenidos y criterios y alcance del informe de sostenibilidad ambiental, elaborado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo en el denominado documento de referencia. Sobre esta base y una vez consultadas las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla sobre el contenido de la planificación, dando cumplimiento a la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico, se realizó el citado informe de sostenibilidad ambiental. La propuesta de plan y el informe de sostenibilidad ambiental fueron sometidos a su vez a consulta pública durante 45 días tras el anuncio en el BOE el 11 de diciembre de 2014. A dicha consulta pública han alegado distintos organismos, asociaciones, empresas, plataformas ciudadanas, etcétera. Todas las alegaciones recibidas,
más de 250, han sido analizadas, contestadas y tenidas en cuenta en su caso en la elaboración del documento de planificación final y en una nueva versión del informe de sostenibilidad ambiental. Este proceso de evaluación ambiental ha incluido la definición de indicadores ambientales de seguimiento y un análisis de diferentes planificaciones a nivel nacional que pudieran interferir con la planificación eléctrica, a fin de asegurar su compatibilidad. Como pueden comprobar sus señorías, se ha tratado de un proceso de gran complejidad en el que el Ministerio de Medio Ambiente ha colaborado de forma muy estrecha con el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, lo que garantiza que las variables ambientales hayan sido incluidas en todas las etapas de decisión de la planificación.
Finalmente, tras elaborar conjuntamente con el Ministerio de Ambiente la memoria ambiental que debe acompañar al plan en cumplimiento de la Ley 9/2006, la planificación está siendo sometida al Congreso en los Diputados para su posterior aprobación por parte del Gobierno, tal y como establece la Ley del Sector Eléctrico.
Como ya he citado, además de los tres pilares, seguridad, sostenibilidad ambiental y mínimos costes, en la elaboración de la planificación se han tenido en cuenta las siguientes motivaciones: fiabilidad y seguridad, mediante la eliminación de restricciones técnicas; nueva demanda industrial, evacuación de generación, AVE; la necesidad de aumentar la capacidad de conexión internacional, dando así cabida a los proyectos de interconexión con Francia. En el caso de los sistemas insulares esto conlleva la necesidad de dotar a estos sistemas de mejores infraestructuras de transporte de electricidad e interconexión entre islas.
Para la realización de la planificación en la parte indicativa se ha considerado el escenario oficial previsto de crecimiento del PIB hasta 2020. Se incluyen, además, previsiones sobre el comportamiento futuro de la demanda, los recursos necesarios para satisfacerla, la evolución de las condiciones del mercado, la demografía y los criterios de protección ambiental. Así, las proyecciones del documento de planificación establecen que el consumo de energía final en España, es decir, la energía que llega finalmente al consumidor, y de cuyo consumo se tienen datos a través de los contadores o suministradores, crecerá a una tasa media anual del 0,9 % entre 2014 y 2020. El moderado crecimiento de la demanda de energía es consistente, con una reducción media anual del 1,6 % en la intensidad energética final en España -consumo de energía final/PIB- o, lo que es lo mismo, con un incremento de la eficiencia, cifra coherente con los objetivos de ahorro y eficiencia energética de la Directiva 27/2012/CE. Como les decía anteriormente, estas cifras ya se están viendo, y el crecimiento económico que estamos observando en la actualidad es mucho menos intensivo en energía del que se observaba en el pasado, lo cual es favorable teniendo en cuenta que España, en última instancia, es un país importador neto de energía. Sin embargo, en términos de demanda eléctrica el documento de planificación prevé que esta crezca a un ritmo algo superior, en el entorno del 2 %, debido fundamentalmente a que se observa un proceso continuo de electrificación de la economía. Tanto en el transporte como en otras actividades se está incrementado el uso de energía eléctrica frente a otro tipo de energías, lo cual nuevamente también es favorable, teniendo en cuenta que la energía eléctrica es la única que permite una penetración masiva de energías renovables frente a las tecnologías basadas en hidrocarburos, que fundamentalmente se trata de quemar gas o derivados del petróleo.
En relación con la estructura de abastecimiento, la planificación estima que en los próximos años se mantendrá la tendencia observada, que supone un aumento del peso de las energías renovables. Hay que recordar que en estos momentos las energías renovables representan en la economía española aproximadamente el 17 % del consumo final de energía, y en el caso de la electricidad esta supera el 40 %, y el año pasado fue el 43 % de la energía eléctrica la que se produjo con fuentes renovables. Por tanto, estamos ya muy cerca del objetivo del 20 % que teníamos para 2020 y nos situamos en una cifra muy superior a la de otros países como Francia, Holanda o Alemania, que rondan el 13 % en cuanto a la penetración de energías renovables sobre el consumo final de energía. El futuro real decreto, cuya tramitación está muy avanzada -se va a aprobar en las próximas semanas-, sobre objetivos vinculantes de biocarburantes, va a reforzar, incluso, el cumplimiento de estos objetivos a nivel europeo.
La instalación de energía eólica en los sistemas insulares, cuya orden ministerial se aprobó por la comisión delegada la semana pasada, va a permitir la penetración de hasta 450 megavatios de eólica adicionales en Canarias, lo cual va a ser un comienzo del cambio en el mix energético de las islas. Por otra parte, está también a punto de terminar su proceso de tramitación la orden ministerial que permitirá la introducción de 200 megavatios de biomasa y de 500 megavatios adicionales o de renovación en energía eólica, lo que, a su vez, reforzará el objetivo de consecución de penetración de renovables
del 20 % para el año 2020, especialmente en aquellas tecnologías en las que existe un amplio crecimiento potencial y que tienen una fuente fundamentalmente autóctona española, como son el viento o la biomasa, que, además, tienen efectos externos positivos sobre la gestión de la riqueza forestal.
En la parte vinculante me referiré, en primer lugar, a uno de los elementos más relevantes para conseguir el mercado interior de la energía, que son las interconexiones. El pasado mes de octubre de 2014, el Consejo Europeo aprobó el marco político energía-clima para 2030, en el que se incluye el compromiso de alcanzar el objetivo del 10 % de interconexión de electricidad para todos los Estados miembros en 2020, con especial mención al caso de España y Portugal. Esta es la primera vez que la Unión Europea vincula los objetivos medioambientales a los de interconexión, y no puede ser de otra manera porque es imposible que exista una fuerte penetración de energías renovables en el continente europeo si simultáneamente no nos apoyamos unos sistemas eléctricos a otros a través del sistema de interconexiones. Esta fue la principal posición de la delegación española en este Consejo Europeo y fue atendida y comprendida por nuestros socios, de manera que, en paralelo con el objetivo de 2020 y luego los objetivos de 2030, se establecen simultáneamente objetivos de interconexión que deben ir en paralelo, como les decía, con los objetivos de penetración de energías renovables y de construcción de un mix energético en el que la emisión de CO2 tenga cada vez un papel menos relevante.
En este contexto, el pasado 4 de marzo se firmó por parte de los jefes de Estado y de Gobierno de España, Portugal y Francia, junto con los presidentes de la Comisión Europea y del Banco Europeo de Inversiones, la Declaración de Madrid, cuyo objetivo es impulsar las interconexiones energéticas entre la península ibérica y Francia. La Declaración de Madrid es el resultado de la labor de este Gobierno para impulsar la ejecución de proyectos que conecten la península ibérica con Francia, a fin de garantizar que se alcance el citado objetivo del 10 % de interconexión. Básicamente se acuerda con nuestros socios europeos la construcción de tres proyectos: uno, a través de la bahía de Vizcaya, es decir, a través del mar, desde el País Vasco hacia Burdeos; otro, a través de los Pirineos, teniendo uno su origen en Navarra y el otro en Aragón. En estos momentos, los operadores del sistema de ambos países están definiendo exactamente el trazado de esos proyectos para empezar la tramitación de la declaración de impacto ambiental y de los permisos administrativos a principios del año que viene, con el objetivo de que antes de que concluya esta planificación de 2020 existan 8.000 megavatios adicionales de interconexión con Francia, lo que permitiría de facto la integración del sistema eléctrico español en el sistema eléctrico europeo y nuestra incorporación al mercado interior.
Con el fin de posibilitar estas inversiones, el Gobierno ha impulsado las modificaciones del Real Decreto 1047/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece la metodología para el cálculo de la retribución de la actividad de transporte de energía eléctrica, de manera que la inversión en este tipo de instalaciones no compute a los efectos de los límites de inversión para la planificación de redes de transporte previstos en el mismo.
Me detendré, a continuación, en la enumeración breve de los nuevos desarrollos de la red eléctrica de transporte previstos en la planificación 2015-2020 y la inversión estimada. En el total nacional, los proyectos contemplados en el horizonte de planificación suponen 1.517 kilómetros de nuevos circuitos de 400 kilovoltios y 1.747 kilómetros de circuitos de 220 kilovoltios; es decir, en total, más de 3.000 kilómetros de nuevas redes de alta tensión para el conjunto del territorio nacional que, como ustedes pueden ver en el mapa, se distribuye prácticamente por toda la geografía española y en toda ella hay actuaciones. La estimación del coste total de las inversiones asociadas a las infraestructuras eléctricas previstas en el horizonte 2020 es de 4.541 millones de euros, lo que supone un promedio de unos 756 millones de euros anuales, aunque de ellos habría que descontar 130 millones de euros que deberán venir de los Fondos Feder. Por tanto, la inversión final de coste para el consumidor estaría en unos 4.400 millones de euros, que respeta el límite anual previsto de inversiones. A este límite, como mencionaba anteriormente, hay que añadir el coste de las interconexiones con Francia, que suponen una inversión adicional que habrá que distribuir entre ambos países, y para la que también existirá aportación de fondos europeos.
En el sistema peninsular están previstas actuaciones por valor de 2.793 millones de euros, que se centran en el desarrollo de la red de 400 kilovoltios y 220 kilovoltios para incrementar la seguridad y garantía del suministro, el desarrollo de la red de 220 kilovoltios para incrementar el apoyo a las redes de distribución, las actuaciones de conexión para la alimentación de nuevos ejes ferroviarios del tren de alta velocidad en 400 y 220 kilovoltios y el desarrollo de las redes de 400 y 220 kilovoltios que faciliten la integración de generación y, en particular, de energías renovables.
Otra partida relevante es el desarrollo de las conexiones con los sistemas no peninsulares, a los que me he referido anteriormente, y las interconexiones con Francia. En concreto, para el sistema balear, las actuaciones se centran en el refuerzo de la red planificada para conectar las islas entre sí mediante enlaces submarinos adicionales, a los que corresponde una inversión de 383 millones de euros de los 628 millones de euros totales presupuestados para las Islas Baleares. Finalmente, en el sistema canario la inversión de 991 millones de euros prevista hasta 2020 incluye el refuerzo de la red planificada, así como la red para conectar las islas mediante la construcción de enlaces submarinos adicionales. Hay que añadir 129 millones de euros correspondientes a la interconexión de Ceuta con la península. Como decía, el resultado final sería el siguiente: Islas Baleares y Ceuta integradas en la península, las islas Canarias mucho más integradas entre sí, y la única zona que quedaría aislada sería Melilla, que es técnicamente imposible conectarla al sistema peninsular.
Destacaré, a continuación, brevemente, algunas de las actuaciones para cada comunidad autónoma recogidas en la propuesta de planificación 2015-2020, siendo estas las más importantes por volumen o por urgencia, habiendo muchas más en los más de 3.000 kilómetros de nuevas redes que incluye esta planificación. En Andalucía se mejora la calidad de suministro y la fiabilidad de la red de transporte en las zonas de Cádiz y Sevilla capital, donde aparecen nuevas necesidades de suministro, y también se refuerza la red de Andalucía oriental gracias a la duplicación del eje de 220 kilovoltios entre Granada y Almería. En Aragón, con las actuaciones que se plantea desarrollar, entre otras, en la zona de Mezquita y Valdeconejo, se consigue aumentar la integración de energías renovables en la Comunidad de Aragón, facilitando, además, los flujos de transporte entre Aragón y la Comunidad Valenciana. En Asturias se facilita la construcción del eje norte mediante la compactación de las líneas en Soto de Ribera. La alimentación de la demanda de la zona central, Avilés-Gijón, que es la más industrializada, se mejora con el nuevo anillo de 400 kilovoltios, cuya parte occidental se forma pasando de la línea existente Soto-Tabiella de 220 kilovoltios a funcionar a 400 kilovoltios, y la parte oriental mediante el nuevo eje de Gozón a Sama. En cuanto a Cantabria, la planificación permite mejorar la calidad de suministro del área de Santander, así como dar apoyo a la distribución en la zona oriental de Cantabria. En Castilla y León se asegura el suministro a los trenes de alta velocidad que unirán Castilla con Galicia, Asturias, País Vasco y Portugal mediante nuevas subestaciones de 400 kilovoltios. Se mejora la alimentación de la demanda de la zona del Moncayo y Valladolid sur mediante nuevas líneas de 220 kilovoltios. La evacuación de los bombeos del Bierzo queda establecida en Montearenas, 400 kilovoltios, mientras que la evacuación de la generación renovable tramitada permanece asignada a distintas subestaciones. En Castilla-La Mancha, por su parte, se incrementa la seguridad de suministro en áreas como la de Talavera de la Reina, se facilita la evacuación de generación de régimen renovable y se completa la alimentación del tren de alta velocidad hacia levante. En cuanto a Cataluña, con las actuaciones a desarrollar en el entorno del área metropolitana de Barcelona se mejora la calidad de suministro. Por otro lado, la subestación de Isona, en el norte, asociada a incrementos de capacidad de las líneas de 220 kilovoltios del Pirineo, permite asegurar la evacuación del almacenamiento, tanto actual como futuro, de la zona de Moralets. Finalmente, se continúa el desarrollo de la red de transporte en Gerona para el apoyo a la distribución de la zona. En la Comunidad Valenciana se mejora el suministro de la demanda local/zonal en Castalla, Valencia capital, la comarca de La Safor y el polígono de El Serrallo, y la capacidad de evacuación de la generación existente en la comunidad. En lo que a Extremadura se refiere, en la provincia de Cáceres se mejora la fiabilidad y calidad de suministro y la demanda en la zona y se aumenta la capacidad de evacuación de la generación hidráulica. Se incluyen en el anexo II las infraestructuras para AVE y evacuación renovable. En Galicia se mejora la alimentación a la demanda de La Coruña y Vigo mediante nuevas subestaciones. Se incrementa la capacidad de evacuación de generación renovable en la zona de Regoelle con nuevas líneas de 220 kilovoltios. A nivel regional se aumenta la capacidad de evacuación de nueva generación mediante los nuevos ejes en 400 kilovoltios con Asturias y Portugal. En La Rioja, por su parte, la planificación refuerza la red de transporte al aumentar la capacidad de las infraestructuras existentes, lo que permite que se mejore la calidad y seguridad de suministro. En Madrid se incrementa la seguridad de suministro en las zonas como el corredor del Henares -como ven, en todas las zonas industriales principales del país se ha hecho un esfuerzo de renovación y refuerzo en la línea de alta tensión-; se hace más segura la explotación del sistema y se completa la alimentación del tren de alta velocidad hacia levante. En la Región de Murcia, se mejora la alimentación de Murcia capital y se incluye la alimentación del tren de alta velocidad Monforte-Murcia y la conexión de futura generación fotovoltaica. En Navarra la planificación permite reforzar los ejes existentes entre Pamplona y Tudela, por un lado, y Pamplona y el País Vasco,
por otro, con el objeto de facilitar la evacuación de energía de la comunidad, principalmente de origen renovable, así como mejorar la alimentación del área de Pamplona. En cuanto al País Vasco, la planificación permite mejorar la calidad de suministro de algunas zonas deficitarias gracias a nuevos apoyos a la red de distribución y permite dar suministro al tren de alta velocidad y a grandes consumidores industriales. En las islas Canarias y en Islas Baleares, ya me he referido anteriormente a las interconexiones, al mismo tiempo que se refuerza la red interna para garantizar el suministro. Ceuta se integra en el sistema eléctrico peninsular. De esta forma, independientemente de la consideración territorial de cada actuación, hay que resaltar que el sistema eléctrico es único y equilibrado, y que todas las actuaciones y proyectos contribuyen a que los españoles podamos disfrutar de uno de los sistemas más fiables y seguros de la Unión Europea.
En conclusión, y para finalizar, quiero resumir los aspectos más relevantes de la planificación de la red de transporte de energía eléctrica 2015-2020. En primer lugar, quiero recordar a sus señorías que la planificación de la red de transporte de energía tiene como finalidad garantizar la seguridad y la calidad del suministro energético, preservando la competitividad global y la protección medioambiental. En segundo lugar, quiero señalar que el proceso ha sido largo, complejo, abierto, que en él han participado el ministerio de Industria, el Ministerio de Medio Ambiente, la comunidades autónomas, el operador del sistema eléctrico y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que se traslada de forma previa a sus señorías antes de ser aprobado en el Consejo de Ministros, y que ha habido decenas, centenares de aportaciones por parte de los operadores del mercado y de representantes de todos los ámbitos de la sociedad.
Como aspectos más reseñables, quiero indicar que este periodo de planificación de seis años se caracteriza por un descenso medio anual previsto de la intensidad energética de un 1,6 %, alcanzando al final del periodo niveles muy inferiores a los de hace más de una década debido al gran esfuerzo en ahorro y eficiencia energética y al avance de las energías renovables. En este escenario se prevé, asimismo, un crecimiento medio anual del consumo de energía eléctrica en torno al 2 % entre 2014 y 2020.
Para finalizar, quiero recordar que las inversiones de más de 3.000 kilómetros en todo el territorio nacional se elevan a un montante de 4.541 millones de euros para todo el periodo, considerando las nuevas infraestructuras y las que están en fase de ejecución, lo que permitirá conseguir nuestros objetivos de seguridad de suministro, apoyo a la industria e integración de energías renovables, y todo ello con el objetivo e mantener los costes controlados, evitando que se produzcan los crecimientos de costes de red que se habían dado en el pasado.
El señor PRESIDENTE: A continuación, pasamos al turno de fijación de posiciones de los grupos parlamentarios. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Segura.
El señor SEGURA CLAVELL: Señor secretario de Estado, créame que le hemos seguido, naturalmente, con mucho interés. Le felicito por su capacidad dialéctica de lectura rápida de un documento de 80 o 100 folios que le han elaborado en el ministerio. Tal como dice la Ley del Sector Eléctrico, no hay otro mecanismo. Lo deseable hubiese sido que hubiera habido algunas sesiones, extensas intelectualmente hablando, informales de la Comisión, con técnicos, con expertos de Red Eléctrica que nos hubiesen explicado durante varios días ese contenido. Que quede claro que usted hace lo que dice la Ley del Sector Eléctrico, no la está violentando, para cumplir un trámite que permita al Consejo de Ministros dar luz verde.
Desde hace meses venimos analizando la evolución de los documentos. Entenderá que eso da fiabilidad al comentario que le estoy haciendo, dentro de las limitaciones que tiene un grupo parlamentario. Los hemos examinado, porque somos respetuosos con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, a la que usted no ha mencionado en su intervención como organismo regulador -si la ha mencionado, puede ser que en una lectura tan rápida se me haya escapado-. No es relevante. Tengo en mis manos, señor Nadal, el informe elaborado el 16 de abril de 2015, publicado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, sobre la propuesta de planificación de la red de transportes de energía eléctrica para el quinquenio o el sexenio 2015-2020, además de toda la documentación que lo acompaña, que es de muy diferente índole, elaborada por la CNMC: informe de sostenibilidad ambiental, relación de la planificación del sector eléctrico con otros planes y programas conexos, cambio climático, calidad de aire, protección de la atmósfera, etcétera. Además, señor Nadal, este diputado que le habla ha tenido en esta legislatura, que ya está finalizando, el privilegio de haber sido designado ponente por la Mesa de la Comisión Mixta Congreso-Senado para la Unión Europea para la elaboración de 18 informes que han sido objeto de debate en dicha Comisión y aprobados por unanimidad. El último informe -no tenía previsto
mencionarlo, pero una parte de su intervención me induce a hacerlo- que este diputado, repito, por mandato de la Mesa de la Comisión Mixta para la Unión Europea, está elaborando y que se va a presentar el próximo día 8 de octubre, está vinculado al informe de subsidiariedad por el que se modifica la Directiva 2003/87, de la Comisión para intensificar las reducciones rentables de emisiones y facilitar las inversiones en tecnologías hipocarbónicas. Como ponente -disculpe que utilice la primera persona, que no tiene más que ese significado- en el informe, de muy diferente índole, voy a mantener ante la Comisión Mixta que el plan al que usted ha hecho referencia en su lectura no cumple con lo que establece esta directiva. Esto se puede fundamentar, y me agradaría que fuera de la Comisión pudiésemos mantener un debate al respecto, porque es un tema que merece la pena.
Señor Nadal, he leído el informe de la CNMC y todos, como he dicho aquí en muchas ocasiones de forma coloquial, trabajamos con un rotulador en la mano y vamos marcando comentarios que nos llaman la atención. Pues bien, de las ochenta y pico páginas del primer informe, de las más de cien del segundo -me refiero a informes de la CNMC, no de empresas privadas ni de comunidades autónomas ni de Red Eléctrica, sino del organismo que nos merece el mayor de los respetos- el Grupo Socialista discrepaba en la forma de aunar distintos órganos reguladores. Pero la ley es la ley y hay que cumplirla, y la CNMC funciona y emite una serie de informes, y es bastante crítica con este contenido. Por eso, este diputado, siguiendo instrucciones de sus compañeros de la Comisión de Industria, Energía y Turismo del Congreso de los Diputados, ha elaborado un pequeño informe que también leeré rápidamente.
Comienzo diciendo que, según se establece en el artículo 4 de la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico -al que nosotros introdujimos en su tramitación en la Comisión de Industria, con competencia legislativa plena, varias enmiendas discrepantes con el contenido previsto en lo que luego se consolidó por la mayoría como artículo 4-, la planificación eléctrica tiene por objeto prever las necesidades del sistema eléctrico para garantizar el suministro de energía a largo plazo, así como definir las necesidades de inversión en nuevas instalaciones de transporte de energía eléctrica. Todo ello -y lo digo en mayúsculas- bajo los principios de transparencia y de mínimo coste para el conjunto del sistema. En la identificación de estas necesidades, principio de transparencia y mínimo coste para el conjunto del sistema, la regulación otorga un papel muy importante a las comunidades autónomas, a los promotores de nuevos proyectos de generación eléctrica y a otros sujetos del sistema eléctrico, entre los que se encuentran las empresas de distribución encargadas de atender las nuevas demandas y el crecimiento del mercado en condiciones de calidad reglamentaria y, naturalmente, Red Eléctrica Española. Para ello, la reglamentación, según tenemos entendido, articula mecanismos para que puedan realizarse propuestas de desarrollo de las redes de transporte de energía eléctrica. ¿A quién? A Red Eléctrica Española, no solamente en su papel de operador del sistema, sino también de titular de la red de alta tensión. Igualmente, en este documento se señala que la planificación energética es un instrumento que utiliza la Administración como parte de la gestión del interés público, cuya finalidad es encauzar, racionalizar y facilitar la aplicación de la política energética, y cuyo objetivo es la seguridad del suministro energético en condiciones de competitividad y sostenibilidad. En este sentido, la regulación asigna a Red Eléctrica Española la responsabilidad de aplicar una serie de criterios técnicos y económicos en la valoración de las distintas alternativas de inversión, estableciendo un doble límite anual, y para el conjunto del periodo de seis años, a la cuantía de las inversiones recogidas en la planificación de las redes de transporte de electricidad. El papel que juega Red Eléctrica es fundamental, y se da la paradoja de que el presidente de Red Eléctrica no puede comparecer ante ninguna de las comisiones del Congreso ni del Senado. Esa es la realidad. Termina la legislatura y no ha comparecido. Con ello no hago una crítica a la persona, sino al funcionamiento. Desde luego, Red Eléctrica tendría que comparecer, porque es el operador clave que dictamina, que gestiona las propuestas procedentes de las comunidades autónomas.
Nosotros creemos que en este plan de infraestructuras, tal como dice, reitero, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia -se lo puedo ir señalando página a página-, las comunidades autónomas no han sido suficientemente oídas ni atendidas y tampoco se ha justificado adecuadamente por parte de Red Eléctrica el rechazo a muchas de las propuestas que estas han hecho. Tampoco han sido debidamente consideradas, según hemos conocido, las empresas de distribución, que han presentado peticiones necesarias. Señor Nadal, Red Eléctrica propuso en 2014 -es la secuencia temporal que nosotros hemos seguido, y en esta Comisión no negará al Grupo Parlamentario Socialista la aportación intelectual del análisis riguroso de la evolución de acontecimientos- un primer listado de actuaciones de desarrollo de infraestructuras para el periodo 2015-2020, que fue publicado por la Secretaría de Estado de Energía en el mes de julio de 2014. Este documento lo tenemos en nuestro conjunto operativo. Este
listado publicado por la secretaría de Estado, que no tenía en cuenta las propuestas de las comunidades autónomas ni las de muchos de los distribuidores ni de otros agentes, fue el que se incluyó en la primera propuesta de la planificación energética, a la que usted ha hecho referencia, para el horizonte 2015-2020, de noviembre de 2014. Este es el único borrador existente hasta la fecha, que es sobre el que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha emitido informe.
Tanto las comunidades autónomas como otros operadores hicieron llegar a Red Eléctrica sus observaciones y, en particular, las necesidades de desarrollo de la red de transporte que consideraban críticas para atender el mercado y la nueva generación. Así nos lo han comunicado comunidades autónomas de todos los colores a las que en los últimos meses nos hemos preocupado de pedir información. A pesar de todo, tal como ha comunicado Red Eléctrica a las comunidades autónomas y a los distintos operadores, las propuestas, según sabemos, fueron mayoritariamente rechazadas en mayo de 2015.
Creemos que ha habido falta de transparencia y por ello hemos hecho una síntesis de los planteamientos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que cuestiona claramente la validez de los parámetros económicos y la previsión de demanda de energía; hasta tal punto que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia -lo reitero, porque debe quedar muy claro- plantea la necesidad de una revisión completa de la propuesta y la inclusión de mecanismos de actualización al menos cada tres años. A continuación, señor Nadal, le vamos a sintetizar los puntos del análisis crítico de la CNMV que nos parecen esenciales. En primer lugar, durante la elaboración de la propuesta se han producido cambios importantes en el escenario económico previsto, así como en el escenario de precios energéticos analizados, y estos cambios no sido considerados por Red Eléctrica. En segundo lugar -no lo dice José Segura ni su grupo parlamentario, lo dice la CNMC-, las previsiones de crecimiento de la demanda de energía y de potencia punta prevista y su cobertura, realizadas por el operador del sistema son superiores a la demanda prevista por la CNMC. En tercer lugar, la propuesta de planificación prevé una tasa de crecimiento media para la economía española del 2,5 % para el periodo 2014-2020, esto es, un 1 % superior a la tasa de crecimiento estimada para el conjunto de los veintiocho miembros de la Unión. En cuarto lugar, el precio de los productos petrolíferos se mantiene en niveles históricamente muy elevados, por encima de los 100 dólares por barril, teniendo en cuenta que en el primer trimestre del año 2015 se alcanzaron los 45 dólares por barril. La CNMC propone actualizar dicha referencia. En quinto lugar, por lo que se refiere a los escenarios de generación, la CNMC también señala que mientras que la propuesta ha adoptado los proyectos establecidos por el Ten- year network development, para el plan 2012 propuesto por la Entso-E a nivel europeo, con una metodología concreta de análisis coste-beneficio, lo cierto es que ya existe un nuevo criterio con unos proyectos distintos y una metodología de análisis actualizado. Ante la falta de una memoria económica -falta enviar a la Comisión de Industria del Congreso de los Diputados la memoria económica en la que se fundamenta este plan. Creo que esto es racional, porque son las Cortes Generales españolas- que sustente los resultados reportados en el anexo IV -lo tenemos aquí- de la propuesta de planificación, la CNMC muestra serias dudas sobre la materialización efectiva de los beneficios asociados a estos proyectos frente a los costes reales incluidos. En sexto lugar, con todo, y debido a estas desactualizaciones detectadas, la CNMC propone que se revise la propuesta -lo digo por segunda vez, que se revise la propuesta- y se incluya un mecanismo de actualización al menos cada tres años con objeto de perseguir en el largo plazo el óptimo energético, es decir, garantía de suministro, económico y ambiental, para lo que se necesita partir de los datos más fiables. En séptimo lugar, la CNMC destaca que el nivel de inversiones previsto en la propuesta de planificación es muy elevado y que supondrían un derroche innecesario nuevas instalaciones de transporte que no se necesitan. Con esta valoración aparece el séptimo punto que extraemos del informe: el volumen de inversión no es acorde a la coyuntura económica y al entorno de contención de los costes del sistema que ha pretendido la reforma energética abordada. Octavo, el volumen de inversión total sobrepasará en todos los años del periodo, salvo en 2015, el volumen máximo de inversión fijado por el real decreto 1047/2013, procedente de este Gobierno. Noveno, la CNMC manifiesta su extrañeza -vuelvo a insistir, no el Grupo Socialista, sino la CNMC- ante el reparto en el volumen de inversión entre la red de transporte, un 80 %, y otras actuaciones asociadas a la demanda y a la generación. Teniendo en cuenta que la calidad de servicio en la red de transporte es buena. La CNMC pone en duda este reparto debido a que siendo la demanda y la generación que garantice su cobertura, los vectores fundamentales que deben justificar las actuaciones en la red de transporte, las inversiones asociadas a otras necesidades, como es el mallado de la red de transporte, sean cuatro veces superiores a esta. Décimo, la CNMC señala que, aún estando de acuerdo con el
operador del sistema -la CNMC valora determinados aspectos planteados por el operador del sistema, es decir, Red Eléctrica-, en cuanto a los problemas detectados relativos a la calidad del servicio y su análisis, en ocasiones las soluciones apuntadas por el operador del sistema se alejan de las del mínimo coste para el sistema, tal como se exige en la propia Ley del Sector Eléctrico. Por un lado, el excesivo mallado propuesto por el operador del sistema provoca tener que acometer otras inversiones que quizá podrían evitarse. De igual modo, la CNMC considera que la propuesta de desechar sin más las subestaciones construidas en su día en simple barra implica tener que realizar onerosas inversiones, tanto en la red de transporte como en la red de distribución asociada a las mismas. Undécimo, respecto a los criterios de desarrollo topológicos de la red, la CNMC señala que los estudios y propuestas del operador del sistema en ocasiones no contemplan adecuadamente las inversiones necesarias en red de distribución, por lo que algunas de las actuaciones recogidas en la propuesta de planificación pueden no cumplir -vuelvo a insistir, no lo dice quien está hablando, lo pone en una determinada página del informe de la CNMC- de nuevo el requisito de mínimo coste para el sistema que impone la Ley del Sector Eléctrico. Como ejemplo destaca el caso de las subestaciones cerradas para las que la CNMC entiende necesario realizar un estudio individualizado de las mismas antes de proceder a darle tal calificación, ya que sospecha -la CNMC- que en algunos casos dichas subestaciones podrían seguir siendo utilizadas evitando así otras inversiones sustancialmente más caras. Duodécimo -le produce sonrisa, le he escuchado con el respecto que siempre le he escuchado-, respecto a las necesidades adicionales de elementos de reactiva, la CNMC entiende oportuno resaltar que si bien los factores apuntados por el operador del sistema son importantes, parece olvidarse de dos aspectos fundamentales: la baja demanda actual -usted ha hecho referencia parcialmente a ello- y el excesivo mallado de buena parte de la red. La CNMC plantea -lo reitero- que el desmallado de la red de transporte podría ser una solución mucho más económica que la incorporación de nuevos reactivos al sistema. Como soy consciente e intento evitar no tensionar esta comparecencia, como en otras ocasiones, por uno de los dos planteamientos en los que Albert Einstein se fundamentó en su teoría de la relatividad, uno era la contracción longitudinal y el otro la dilatación de tiempos. No quiero dilatar el tiempo y le prometo, señor presidente, que termino en solo treinta segundos. Son otras muchas consideraciones las que me gustaría hacer. Quiero que vea, señor secretario de Estado, un planteamiento constructivo por el Grupo Parlamentario Socialista, porque al menos no nos negará que con la falta de medios de que normalmente se dispone, porque usted dispone de Red Eléctrica prácticamente a sus órdenes -es la realidad- y de toda una estructura administrativa. La vida parlamentaria nos ha llevado a que los grupos parlamentarios no dispongamos de esos medios técnicos para poder profundizar en el conocimiento de los datos. Reitero, esto hubiese sido deseable en varias ocasiones. Reuniones de tipo técnico en las cuales usted hubiese comparecido para dar información a los miembros de esta Comisión que tuviesen interés. Pero hay muchos diputados de esta Cámara, del Grupo Parlamentario Socialista, preocupados, como es lógico, por la problemática en su circunscripción. Le voy a hacer referencia a uno: el Principado de Asturias. Los diputados socialistas del Principado de Asturias han hecho llegar a esta Comisión su preocupación por la conexión con la meseta. Ellos plantean que de la misma manera que en ocasiones literariamente se ha dicho que la península ibérica es una isla con respecto al resto de Europa. El Principado de Asturias también puede llegar a considerarse una isla con respecto al resto de la península. Me hablan sobre la línea Lada-Velilla, por qué no está en la planificación, porque no se ha encontrado y estiman que sin ella Asturias puede llegar a tener problemas serios, tanto de garantía de suministro como de garantía de evacuación de la energía que produce. Por último, a este diputado socialista canario naturalmente que le satisface que vayamos dando pasos hacia delante en el sentido de interconectar las diferentes islas y llegar a configurar en un futuro un sistema -digámoslo entrecomilladamente- canario. No puede estar conectado al mercado ibérico de la electricidad, como va a estar Baleares y Ceuta, pero se dan avances y me felicito por los datos que hemos venido obteniendo en los últimos tiempos.
El señor PRESIDENTE: Por el mismo grupo parlamentario tiene la palabra, don Román Ruiz.
El señor RUIZ LLAMAS: Señor secretario de Estado, no ha hecho mención o al menos no le he escuchado respecto a la comparecencia que había pedido el Grupo Parlamentario Socialista, para explicar cómo piensa garantizar el Ministerio de Industria, Energía y Turismo los 2.000 puestos de trabajo directos e indirectos que dependen de la planta Innovyn-Solvay de Martorell tras su exclusión de la subasta del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad eléctrica para 2015 y 2016. Si le parece yo le
formulo y usted me contesta o usted me contesta a la pregunta y yo intervengo después. Es que no se lo he escuchado en la primera intervención.
El señor PRESIDENTE: Señor Ruiz, el secretario de Estado tenía las intervenciones divididas en los tres puntos, pero si no hay inconveniente que lo hagamos así.
El señor RUIZ LLAMAS: Dejo formulada la pregunta y lo más correcto es que me contestara y después intervengo sobre ese tema.
El señor PRESIDENTE: Exactamente, sí.
El señor SEGURA CLAVELL: Señor presidente, un instante por favor. Tampoco me he referido al segundo punto porque el señor secretario no hizo referencia alguna a los contenidos que deben integrar un futuro séptimo plan de residuos radiactivos. Si luego me da un par de minutos, lo sintetizaré.
- INFORMAR SOBRE LA SITUACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN Y REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DE RESIDUOS RADIACTIVOS. URGENTE. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 212/002314).
- EXPLICAR LA FORMA EN LA QUE PIENSA EL MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO GARANTIZAR LOS 2.000 PUESTOS DE TRABAJO (DIRECTOS E INDIRECTOS) QUE DEPENDEN DE LA PLANTA INNOVYN-SOLVAY DE MARTORELL, TRAS SU EXCLUSIÓN DE LA SUBASTA DEL SERVICIO DE GESTIÓN DE LA DEMANDA DE INTERRUMPIBILIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LOS AÑOS 2015 Y 2016. URGENTE. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 212/002514).
El señor PRESIDENTE: Se puede hacer dos cosas: una, darle el turno al secretario de Estado para que termine estos dos puntos e intervienen el señor Ruiz, el portavoz de Convergència i Unió y el resto de los grupos para hablar de la posición sobre el informe de planificación; o, segunda, hacen las preguntas que quieran y contesta el secretario de Estado. A continuación el señor secretario de Estado informará sobre las dos comparecencias siguientes y luego terminan el resto de los grupos parlamentarios.
El señor ERREKONDO SALTSAMENDI: De los tres puntos que hay faltan dos.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ENERGÍA (Nadal Belda): Ha sido debido a un problema de procedimiento. Desconocía si el presidente de la Comisión pretendía que tratáramos cada punto del orden del día por separado o todos en conjunto. Después de la primera intervención sobre planificación, me referiré a los otros dos puntos para los que han pedido mi comparecencia y posteriormente podrán sus señorías formular las preguntas que estimen oportuno.
Paso a la petición de comparecencia respecto al Plan general de residuos radiactivos presentada por el Grupo Socialista. El Plan general de residuos radiactivos es el documento en el que el Gobierno establece su política en materia de gestión de residuos radiactivos, incluido el combustible nuclear gastado y el desmantelamiento y clausura de las instalaciones nucleares. De acuerdo con lo establecido en el artículo treinta y ocho bis 2 de la Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre energía nuclear, lo aprueba el Gobierno a propuesta del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, previo informe del Consejo de Seguridad Nuclear y oídas las comunidades autónomas en materia de ordenación del territorio y de medio ambiente, sobre la base de una revisión que Enresa, la empresa nacional de residuos, ha de presentar a dicho ministerio cada cuatro años o, en su caso, cuando le sea requerido por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Del plan aprobado el Gobierno ha de dar cuenta a las Cortes Generales. La necesidad de llevar a cabo revisiones periódicas de este plan se fundamenta en la exigencia de actualizar los escenarios de referencia, centrales nucleares en operación y su vida útil prevista, instalaciones para la gestión de residuos disponibles, previsión de desmantelamiento de instalaciones, etcétera, así como las estrategias técnicas y las previsiones económico-financieras en el que se contemplan teniendo en cuenta la evolución del contexto en el que se enmarca dicho plan. El Ministerio de Industria, Energía y Turismo junto con Enresa han venido trabajando durante estos dos últimos años en la revisión del vigente séptimo Plan general de residuos radiactivos y ya se dispone de una propuesta de texto inicial, así como del
documento inicial estratégico requerido por la legislación medioambiental para poder iniciar su tramitación. Sin embargo, las recientes actuaciones del Gobierno de Castilla-La Mancha en relación con el ATC, el almacén temporal centralizado, han supuesto un freno al plan como detallaré más adelante. La cronología de las actuaciones realizadas hasta el momento es la siguiente. En octubre de 2013 se creó un grupo de trabajo Ministerio de Industria, Energía y Turismo-Enresa encargado de elaborar el borrador del nuevo Plan general de residuos radiactivos, así como la elaboración del documento inicial estratégico que debe presentarse junto con el borrador del plan ante el Ministerio de Medio Ambiente con el objeto de iniciar la tramitación de su evaluación ambiental estratégica, requerida por la legislación medioambiental, Ley 9/2007, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, posteriormente sustituida por la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. Como resultado de los trabajos de dicho grupo, con fecha 22 de abril de 2014, Enresa remitió al Ministerio de Industria, Energía y Turismo un borrador del séptimo plan, así como el referido documento inicial estratégico. A petición del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, con fecha 4 de marzo de 2015, Enresa remitió una nueva propuesta en la que se contemplan dos escenarios en relación con la vida útil de las centrales nucleares, cuarenta y cincuenta años, con el objeto de quedar pendiente su concreción para una fase posterior de tramitación. Hay que tener en cuenta que una hipótesis básica para la elaboración del Plan general de residuos radiactivos es la consideración de la vida útil de las centrales nucleares, ya que de ello dependen las estimaciones del volumen de residuo que se van a generar y las necesidades de financiación. Cabe indicar como antecedentes que en los primeros planes generales de residuos radiactivos la vida útil estimada para las centrales nucleares era de treinta años. En el cuarto plan de 1994, si bien el escenario de referencia siguió siendo treinta años, se incluyó un estudio comparativo entre treinta y cuarenta años, lo que hemos hecho de forma parecida en este proyecto de plan. Posteriormente, en el quinto Plan general de residuos radiactivos se adoptó el escenario de cuarenta años, que es el que se contempla en el vigente sexto Plan general de residuos radiactivos. Dado que el almacén temporal centralizado es un elemento esencial para definir la estrategia futura para la gestión del combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos de alta actividad, resulta necesario a los efectos de la planificación del Plan general de residuos radiactivos conocer con un alto grado de certidumbre el horizonte temporal en que Enresa podrá disponer de dicha instalación. Por ello ha parecido prudente para iniciar la tramitación del nuevo Plan general de residuos radiactivos esperar a disponer del informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear, ya emitido el pasado mes de julio, y de la declaración de impacto ambiental necesarios para la concesión de la autorización previa o de emplazamiento. La iniciativa llevada a cabo por el Gobierno de Castilla-La Mancha en relación con el emplazamiento de esta instalación de declarar una zona de especial protección medio ambiental y su impacto en la emisión de la declaración de impacto medio ambiental, introduce un elemento de incertidumbre que hasta que no se ha despejado no se puede establecer con una planificación cierta los efectos de las actuaciones del Gobierno de Castilla-La Mancha. Por ello, se debe evaluar cuál es el impacto sobre la puesta en funcionamiento del ATC antes de iniciar la tramitación de un nuevo Plan general de residuos nucleares. Lo que espera el Gobierno es que la actuación se despeje cuanto antes, que cualquier tipo de modificación en la declaración de impacto ambiental se realice con la mayor brevedad posible, de manera que no se produzcan retrasos en la puesta en marcha del almacén temporal centralizado. Si la decisión de suspender toda autorización administrativa llevada a cabo por el Gobierno desde la Junta de Castilla-La Mancha no se modifica, bien por el propio Gobierno o bien por los tribunales, habrá que evaluar el impacto que tiene esa decisión sobre el momento de entrada en funcionamiento del proyecto. El proyecto se va a llevar a cabo sin ninguna duda. El ATC va a ser una realidad, pero las decisiones de un Gobierno autónomo con competencias medioambientales sobre la zona pueden tener algún impacto sobre el procedimiento y el momento de aprobación de las autorizaciones de dicho proyecto.
En respuesta a la petición de comparecencia del Grupo Parlamentario Socialista sobre las subastas de interrumpibilidad y cómo han afectado en concreto a Innovyn-Solvay en la zona de Martorell, Barcelona. Como ustedes saben, señorías, el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad está concebido como una contribución a la garantía de suministro del sistema eléctrico y constituye una herramienta fundamental del sistema para dar respuesta ante una situación de emergencia, permitiendo mantener el equilibrio entre generación y demanda, de manera que a los consumidores se les garantice el suministro. Por decirlo de alguna manera, la interrumpibilidad es la última barrera, la última defensa del sistema eléctrico ante un crecimiento de demanda que no puede ser cubierta por la oferta de generación. Es una medida extrema que se toma en rara ocasión, pero está en el sistema como garantía última de que el
suministro se va a garantizar a un gran número de consumidores. En el caso de la instalación que nos ocupa, por poner un ejemplo que podamos entender todos, la instalación está muy cerca del área metropolitana de Barcelona. Si por motivos que sean de caída de red, de falta de generación, de parón en alguna central de generación importante en la zona se viera que el área metropolitana de Barcelona no puede ser satisfecha en su demanda por parte del sistema eléctrico, entonces a algunas industrias situadas en esa zona, gran demandantes de electricidad, se les daría una orden de interrupción de la demanda para garantizar el suministro de cientos de miles de hogares y de pequeños demandantes que deben ser suministrados prioritariamente frente a una industria en un momento determinado.
El servicio de interrumpibilidad es un servicio que otorga estas industrias al sistema, por el cual cobran, pero para cobrar necesitan cumplir con los requisitos de interrumpibilidad, que son enormemente estrictos como pueden imaginar, porque no puede fallar. La interrumpibilidad es algo que al ser la última línea de defensa, la última actuación en caso de emergencia para evitar el corte de suministro masivo a grupos de población importantes, debe estar en perfecto funcionamiento continuamente. El encargado de asegurar que ese funcionamiento es correcto es el operador del sistema, que periódicamente da órdenes de interrumpibilidad a las empresas que se han adherido a este sistema para garantizar que el servicio de interrumpibilidad funciona conforme a los parámetros que se han aprobado y que establece la normativa. Esto lo estoy explicando porque hoy estamos aquí ante una pregunta legítima por parte de su señoría por el impacto que puede tener la aplicación de la normativa sobre una empresa. ¿Qué hubiera pasado si en el área de Barcelona hubiera ocurrido la necesidad de usar el servicio y este no hubiese estado disponible porque la empresa que tenía que otorgarlo no hubiera sido inspeccionada de manera recurrente, por el operador del sistema, y comprobado que funcionaba correctamente el servicio de interrumpibilidad? Podríamos haber tenido el caso de decenas de miles de consumidores sin suministro eléctrico y, al mismo tiempo, una empresa que hubiera estado cobrando del sistema por un servicio que no puede dar. Por este servicio los grandes consumidores perciben a cambio de una retribución económica, que es soportada por todos los consumidores, debiendo asegurarse en todo momento una prestación eficiente del mismo. La reducción de potencia podrá realizarse tanto por motivos técnicos, por una emergencia, como por motivos económicos, como es en el caso de que interrumpir el suministro sea menor que el que resulta de aplicar los servicios de ajuste del sistema, que se da en muy raras ocasiones. La normativa de aplicación viene definida por la orden del Ministerio de Industria 2013/2013, de 31 de octubre, y su normativa de desarrollo, procedimiento de operación 15.2, que regulan las condiciones de servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad ofrecido por los proveedores del servicio gestionado, por el operador del sistema. De manera específica los artículos 9 y 11 de la mencionada orden recogen respectivamente los requisitos para la efectiva prestación del servicio y las consecuencias del incumplimiento de las condiciones. Los grandes consumidores que como Innovyn España son prestadores de este servicio han sido previamente habilitados por el operador del sistema para participar y se han adherido al marco normativo que regula las condiciones del servicio de interrumpibilidad. Como le decía anteriormente, es una prestación voluntaria, la empresa se adhiere al servicio, pero a cambio se compromete a cumplir las condiciones, que son verificadas periódicamente por el operador del sistema con órdenes de interrumpibilidad para garantizar que este servicio para situación de emergencia está plenamente disponible para el sistema eléctrico. Durante los meses de febrero y marzo de 2015 ha quedado acreditado que Innovyn ha incumplido tres órdenes de interrupción de potencia al no haber mantenido su programa de generación en su instalación asociada. De forma específica Innovyn ha incumplido el requisito establecido en el artículo 10.3 c) de la orden 2013/2013, de 31 de octubre, y el apartado 7.2 del procedimiento de operación 15.2, servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad, por ser las medidas de generación registradas durante la aplicación de las opciones de ejecución de reducción de potencia inferiores a los programas de oferta de generación tasados por el operador del mercado. Debido a ese incumplimiento y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 11.2 b) de la orden citada se ha excluido del sistema de gestión de la demanda de interrumpibilidad al proveedor en su fábrica de Martorell, Barcelona, durante la temporada eléctrica 2015. La exclusión del servicio conlleva la pérdida total de la retribución para el periodo de entrega desde inicio del mismo, procediendo a la liquidación y devolución de las cantidades que se hubieran percibido. Esta obligación y sus consecuencias eran conocidas por la empresa al solicitar su participación en el servicio de interrumpibilidad, ya que, de acuerdo con el modelo de adhesión, Innovyn manifestó que conoce que la adhesión al marco formal establecido para las subastas comportará la unión a las condiciones del servicio y la obligación de prestar el mismo en caso de resultar adjudicatario de las
mismas. Asimismo, Innovyn manifestó que conoce que el marco legal del mecanismo competitivo de asignación del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad comprende toda la normativa del sector eléctrico en vigor que resulte de aplicación y en particular la orden 2013/2013, del Ministerio de Industria, antes mencionada y la resolución de la Secretaría de Estado de Energía por la que se regula el procedimiento de operación 15.2 del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad. La normativa es clara en este sentido y no contempla la posibilidad de establecer excepciones atendiendo a particularidades de cada tecnología o instalación ni admite asimismo un determinado margen de incumplimiento del requisito establecido. En los incumplimientos de órdenes de reducción de potencia en los que ha incurrido el proveedor no se apareció que concurriesen circunstancias de excepcionalidad que permitan su participación en el proceso de subastas para la temporada 2016, ya que las circunstancias que han propiciado dichos incumplimientos son de la entera responsabilidad del proveedor del servicio.
En conclusión, ha quedado acreditado el incumplimiento por parte de la empresa y se ha aplicado la normativa en vigor. Al ser interrumpible un servicio de emergencia del sistema eléctrico, la normativa es clara y debe poder garantizar la prestación efectiva del mismo en cualquier momento. La normativa era perfectamente conocida por la empresa, puesto que venía prestando el servicio de interrumpibilidad anteriormente y además había efectuado una declaración responsable sobre el conocimiento de las reglas para ser habilitada. En el periodo 2009 a 2014 la empresa recibió un total de 13 órdenes y cumplió con todas ellas. Sin embargo, en 2015, en la que la empresa decidió voluntariamente participar en el producto de 90 megavatios uniéndose a otra planta que incluía una cogeneración ha incumplido. La calibración del riesgo de la decisión tomada en 2015 para poder obtener una mayor retribución con el producto de 90 megavatios corresponde exclusivamente a los responsables de la empresa. Las empresas interrumpibles han tenido desde mediados de 2014 para adaptarse a los procedimientos de operación. Es decir, han tenido tiempo más que de sobra para adaptar su operativa si fuera necesario, como prueba el que la mayoría de las empresas sí que han sido cumplidoras con este requisito y no se ha producido anomalía alguna. De hecho, la propia Innovyn, tras el incumplimiento, tardó apenas unos días en adaptarse al cumplimiento para posteriores órdenes de interrupción.
Por otra parte, no resultaría equilibrado para el resto de empresas que han tenido que adaptar sus sistemas y procedimientos para el cumplimiento de las órdenes de interrupción en la misma zona de Martorell. En la misma zona industrial de Barcelona hay múltiples empresas que han cumplido perfectamente con los procedimientos de operación, han cumplido con las órdenes de interrumpibilidad y han tenido un suministro del servicio regular. Muchas de ellas, cuando yo mismo he visitado algunas de ellas, han hecho esfuerzos importantes para cumplir con el servicio y han hecho cambios importantes en su estructura para adaptarse a la reglamentación establecida por los procedimientos de operación. Sería enormemente injusto que se diera un mismo tratamiento a aquellas empresas que han cumplido estrictamente con los procedimientos de aquellas que no lo han cumplido, siendo estas segundas una minoría sobre el conjunto de empresas interrumpibles.
Las consecuencias de la aplicación de la norma es temporal, pudiéndose presentar la empresa de nuevo en el año 2017 y seguramente con una situación técnica que hará que no tendrá en el futuro problemas parecidos a los que ha tenido a la hora de cumplir las órdenes de interrumpiblidad. Además de estos requisitos hay que recordar que también incumplía algunos de los requisitos de consumo medio por parte de la empresa y que también estaban exigidos en el procedimiento de operación y en la orden ministerial.
Al Ministerio de Industria no le queda otra solución que, una vez vistos los informes del operador del sistema en el que se pone de manifiesto el incumplimiento, aplicar la norma, como no puede ser de otra manera, y en los estrictos términos en los que la norma debe de ser aplicada. Eso no implica que el ministerio está totalmente abierto con la empresa, y así se lo ha hecho saber, para que en cualquier otro de los programas de eficiencia energética o de gestión eficiente de la energía por parte de la empresa en la que existen fondos disponibles por el IDAE o existe posibilidad de cooperación con la Administración regional catalana y con la empresa, como con el resto de empresas industriales, a buscar proyectos que sean favorables para que esta continúe su actividad inversora y velar por el empleo. Por otra parte, desde algunos ámbitos se está pidiendo al Gobierno sencilla y llanamente que no aplique las normas y si algo tiene que hacer el Gobierno de la nación es garantizar el estricto cumplimiento de las normas y especialmente en un caso como este en el que de lo que estamos hablando es un servicio que se aplica en situaciones de emergencia.
El señor PRESIDENTE: Señor Segura, tiene dos minutos para completar su intervención.
El señor SEGURA CLAVELL: Señor secretario de Estado, cuando el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha explicitó en Consejo de Gobierno su planteamiento con respecto al ATC, el Grupo Parlamentario Socialista, a finales del mes de julio, elaboró una iniciativa parlamentaria que entró en el registro el 31 de julio de este año, se publicó el 11 de septiembre y le agradecería que lo consultase y que dé instrucciones a su gabinete para que se la lea en su conjunto. No voy a hacer referencia a ello, porque está publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. Al mismo tiempo, solicitamos su comparecencia ante la Comisión. ¿Por qué? Porque queríamos oírle y le hemos oído. Al escucharle nos han sorprendido varios planteamientos. En primer lugar, si no me he confundido, ha hablado de vida de las centrales entre cuarenta o cincuenta años, lo cual es contradictorio con la petición que Nuclenor viene haciendo y el Gobierno dándole cobertura de ampliar hasta sesenta años la vida de Santa María de Garoña. En segundo lugar, el otro día un periodista me preguntaba: ¿Diputado, por qué cree que el Gobierno no ha declarado obra de interés general el ATC? No lo sé, no soy capaz de contestar a eso. Quizás usted sí sería capaz.
¿Por qué hemos solicitado su comparecencia? Porque el sexto plan data del año 2006, pero además de lo que indica el Real Decreto 102/2014 y de lo que expresa la Directiva 2011/70 de Euratom, traspuesta a nuestro ordenamiento jurídico, hay unos condicionantes que justifican la necesidad de un nuevo séptimo plan. ¿Cuáles son esos condicionantes? Primero, que la solución propuesta en el sexto plan se basa en la disponibilidad de un ATC en 2010, estrategia que se derivaba de la situación en la que se encontraban las piscinas de las centrales nucleares españolas en el momento de redacción de dicho plan. Huelga comentar este punto por cuanto varias centrales nucleares han tenido que recurrir ya a soluciones específicas o sea a los célebres ATI, contemplados en el actual sexto plan, como una opción ante el retraso del ATC. Desde nuestro punto de vista, es necesario revisar el Plan general de residuos radiactivos para reconocer, en primer lugar, el retraso real de la construcción del ATC; en segundo lugar, la necesidad real de los ATI como complemento a la operación de un ATC, que no va a poder estar disponible en la fecha que estaba recogida en el sexto plan; en tercer lugar, cabe señalar que el diseño del ATC propuesto en el sexto plan viene de la década de los noventa del siglo pasado -usted ha hecho referencia a ello-, por lo que se considera necesario revisar otras opciones tecnológicas derivadas de la evolución desarrollada en este campo; en cuarto lugar, se considera necesario que esta revisión del diseño se aproveche para analizar y optimizar desde el punto de vista operativo y económico el conjunto de espacio disponible de almacenamiento de combustible gastado compuesto por las piscinas de las propias centrales, los ATI construidos o por construir en los emplazamientos de las centrales nucleares y el propio ATC. Le pido diez segundos. Finalmente, cabe señalar que en 2015, donde nos encontramos, la gran mayoría de las centrales han superado -algunas ampliamente- el ecuador de la vida operativa de cuarenta años contemplado en el sexto plan y a lo largo de estos últimos años las centrales nucleares han mantenido un intenso plan de inversiones que garantizan un buen estado de seguridad relativamente y de funcionamiento según dictamina el Consejo de Seguridad Nuclear. Estas son las razones por las cuales nosotros hemos solicitado su comparecencia, a efecto de escucharle y de producir el pertinente debate que se está produciendo en estos momentos.
El señor PRESIDENTE: Señor Ruiz.
El seño RUIZ LLAMAS: Yo vengo a discutir sobre los informes de Red Eléctrica y el tema de la interrumpibilidad. He tenido la oportunidad, juntamente con algún otro parlamentario de mi grupo, de tener una reunión y se nos ha explicado exactamente lo que pasó. Usted sabe que Solvay es una empresa con cuarenta años de antigüedad y que entre 2007 y 2014 cumplió trece órdenes de interrumpibilidad; es decir, cumplió las trece cuando estaba en los 60 megavatios y amplió a 90 megavatios. La planta en estas dos pruebas cumplió y, en todo caso, fue la planta de cogeneración de 20 megavatios la que lo incumplió o no cumplió en su totalidad la orden que le fue transmitida.
Vayamos al fondo del tema. No es solo un problema, como usted ha dicho. Es verdad que garantiza la interrumpibilidad del sistema y para eso está hecho, para que en momentos determinados de sobrecarga de la red se pueda interrumpir. Todos sabemos eso, pero también sabemos que todas las empresas que tienen consumos intensivos de electricidad tienen muchos problemas. Usted conoce los casos de Alcoa, no le voy a referenciar todos los demás. En 2014 Alcoa tuvo una situación bastante similar y después entró en una segunda subasta, esta es la información que tengo. Además sé que las subastas no se han
cubierto por la totalidad del importe, en el cual estaban referenciadas. En ese sentido, mi pregunta concreta es si podían haber aplicado el artículo 11.9 de la orden. Ustedes tenían ahí posibilidad de margen, todas las leyes son interpretativas y además creo que son flexibles. Fíjese lo que dice, se lo leo textualmente: "No obstante, la Dirección General de Política Energética y Minas podrá autorizar la participación en el proceso de habilitación de las subastas para continuar prestando el servicio en el periodo de entrega siguiente a aquel en que se haya producido el incumplimiento, cuando el mismo se hubiera producido por motivos excepcionales debidamente justificados por el interesado". Usted sabe que la empresa sí que recurrió e hizo una serie de informes y demás. Usted sabe que estamos hablando de quinientos trabajadores, estamos hablando de dos mil puestos de trabajo indirectos y estamos hablando de una zona muy importante.
Si hay voluntad de arreglar las cosas, ustedes como Ministerio de Industria y Energía que son -nosotros lo hemos propuesto y esa es nuestra pregunta- deben establecer una mesa de negociación entre la dirección de la empresa, el comité, las centrales sindicales, el Gobierno de la Generalitat, etcétera, para encontrar una salida. Lo que no nos podemos permitir, señor secretario de Estado, es que en unos momentos donde las cifras macroeconómicas de la economía funcionan y decimos que se va creando empleo, más de dos mil quinientos puestos de trabajo se pierdan en la zona y, además, de una empresa que lleva más de cuarenta años trabajando. Yo creo que cabría la posibilidad de repescarla, por ejemplo, en una nueva subasta en bloques de cinco porque ya sabemos que los bloques de noventa no se puedan sacar; es decir, se podría buscar una solución con la empresa. Al final las consecuencias van a ser peores para todos, van a ser peores para el país, van a ser peores para los trabajadores, van a ser peores para el paro y posiblemente la solución final que ustedes han adoptado vaya a ser peor para el importe del conjunto del Estado de las arcas públicas.
Yo siempre digo que las leyes hay que cumplirlas, pero las leyes tienen que tener la flexibilidad -y usted lo sabe- suficiente para poder hacerlo. Estamos hartos en este país de que todas las administraciones hagan leyes que después no se pueden cumplir y que se ponga a todo el mundo en situaciones difíciles. Sé también que la verificación de la ejecución de una instalación de generación se asocia a todo el conjunto de la potencia. También lo sé, conocemos un poco el tema. Lo que yo le estaba planteando es en qué términos de negociación, en qué términos el ministerio juntamente con la Administración catalana, con la empresa, con los agentes sociales y económicos, intenta montar una mesa de negociación que dé salida a este tema.
Desde luego, señor secretario de Estado, no podemos esperar a 2017. Yo también he tenido relación con el mundo de la agricultura y a veces he escuchado decir en esas comisiones que había unos que querían acostumbrar al burro a no comer y que cuando lo consiguieron, el burro se había muerto. Pues en 2017 posiblemente esta empresa, si no buscamos entre todos una solución, ya no exista. Nos interesan estas empresas porque además pertenece a un sector, el químico, que como usted sabe, es uno de los sectores que ha aguantado muy bien esta crisis y ha creado empleo. En definitiva, no solo hay que reindustrializar el conjunto del país sino que tenemos que hacer un esfuerzo -todas las administraciones públicas- para ayudar a las empresas que ya tenemos, aquellas que ya tienen puestos de trabajo, aquellas que ya crean riqueza, aquellas que parece que van a salir de la crisis para que de esta forma no se destruya empleo, sobre todo, en el sector industrial. Esto es lo que yo le pediría, que me dijera cuál era la voluntad del ministerio, si está en esa posición de crear esa mesa de negociación para encontrar una salida factible, sobre todo, para dos cuestiones: primera, para garantizar la viabilidad de la planta, y segunda, para garantizar los puestos de trabajo existentes.
El señor PRESIDENTE: A continuación por el Grupo Parlamentario de Convergència i d'Unió, tiene la palabra la señora Gomis de Barbarà.
La señora GOMIS DE BARBARÀ: Señor secretario de Estado de Energía, ante todo quiero decir que desde el Grupo Parlamentario de Convergencia Democrática de Cataluña nos alegramos -y mucho- de la solicitud de comparecencia a petición del Grupo Socialista. Digo que nos alegramos porque más allá de considerarla oportuna, compartimos preocupación por la cuestión. (El señor vicepresidente, Flores Lanuza, ocupa la Presidencia).
En este sentido quiero aprovechar esta ocasión para recordar que el Grupo Parlamentario de Convergencia Democrática de Cataluña presentó una serie de preguntas escritas al Gobierno -lo hizo mi compañera, la diputada señora Riera- que todavía no han sido respondidas, que iban en la línea de poner de manifiesto dos cuestiones esenciales, algunas de ellas coincidentes con el Grupo Socialista. En
primer lugar, la falta de prioridad de este Gobierno por el mantenimiento de la industria y los puestos de trabajo que la misma genera y que, en el caso de la planta de Solvay de Martorell -como decía mi compañero, el diputado señor Ruiz-, son incontestables. Por ello, la pregunta que hacemos hoy al secretario de Estado de Energía es la siguiente: ¿está el Gobierno dispuesto a demostrar que prioriza el tejido industrial y los puestos de trabajo que se derivan del mismo? De momento la respuesta es negativa. Hay que decir que nos sorprende sobremanera que el Gobierno esté obligando a resolver por la vía judicial una cuestión de carácter administrativo, que podría o debería encontrar una solución mediante el diálogo. El diputado del Grupo Socialista se refería ahora mismo a crear una mesa de consenso y buscar una solución, ordenar las prioridades en dicha mesa y ser flexibles. De hecho hay precedentes de esta actitud más abierta al diálogo y a la empatía por parte de este Gobierno, si bien es cierto que por ahora esta actitud diferenciada se ha dado con el tejido industrial que tiene base no en Cataluña, sino en otras comunidades autónomas.
Señor secretario de Estado de Energía, no queremos recurrir al juego de las siete diferencias para ver qué hizo el Gobierno en el caso de la amenaza del cierre de Alcoa, pero en ese caso priorizó los puestos de trabajo y la industria que emanaba de la misma. En cambio, ¿qué está haciendo el Gobierno que ahora no lo hace? Hay diferencias así, y no lo negamos. Pero también es cierto que a nuestro juicio no hay diferencias que justifiquen, en ningún caso, que el Gobierno no esté buscando una salida que permita a la planta de Martorell seguir viva y que los trabajadores que dependen de la misma conserven sus empleos. Es cuestión de prioridades y de voluntad, nada más. Si existe la palabra flexibilidad es para usarla cuando hay que adaptarse a realidades nuevas y para minimizar los efectos perversos que una decisión puede acarrear sobre el tejido productivo y, sobre todo, en estos momentos sobre el tejido social. Le pedimos muy seriamente al Gobierno que piense en estos parámetros y modifique su lectura intransigente de la diferencia acaecida en la planta de Martorell. Nos interesa encontrar una solución. Nosotros le proponemos sentarnos en una mesa para buscar una solución.
En segundo lugar, y también en esta misma línea, creemos que es oportuno que aquí en esta comparecencia clarifique alguna cuestión técnica sobre la última subasta de interrumpibilidad, que coincide precisamente con la primera subasta en la que la planta Solvay de Martorell ha quedado fuera. A tal efecto nos gustaría, señor secretario, si es tan amable, que respondiera directamente a las siguientes preguntas: ¿qué plantas, de las ciento treinta y una participantes en la última subasta, compitieron por los bloques de 90 megavatios?; segunda pregunta: ¿qué plantas fueron adjudicatarias de los ocho bloques de 90 megavatios?; tercera pregunta: ¿cuáles han sido las que han obtenido los cuatro bloques de 90 megavatios en competencia y cuáles han sido las que han obtenido los otros cuatro mediante asignación directa?
El señor VICEPRESIDENTE (Flores Lanuza): Por parte del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra don Guillermo Mariscal.
El señor MARISCAL ANAYA: Quiero agradecer al señor secretario de Estado esta comparecencia para hablarnos sobre la planificación energética que era el motivo principal, aparte de los otros dos, que hoy nos convocaba.
Aunque no sea conveniente ni bueno estar continuamente hablando del pasado, sí que es verdad que lo que se ha hecho con relación al pasado avala lo que se hace hacia el futuro. Por eso me gustaría hacer una pequeña reflexión sobre la situación anterior a esta planificación que presenta hoy el secretario de Estado en esta Comisión. La anterior planificación -la que abarcaba desde 2008 a 2016- fue suspendida en el año 2012, y lo fue porque contemplaba unas previsiones de crecimiento de la demanda que, como bien ha dicho antes el secretario de Estado, en nada se correspondían con la realidad. Es decir, hablábamos de un crecimiento de la demanda del 14 %, frente a un decremento de la demanda del 1 %. Por tanto, se hizo una mala planificación, teniendo en cuenta que fue a partir del año 2008 y la crisis ya estaba sobre nuestra mesa, y con escaso rigor.
Por tanto, esta planificación 2015-2020 de mayor rigor es uno de los pilares que fundamenta esta planificación que hoy presenta el Ministerio de Industria a través de su secretario de Estado. Un rigor que se ve reflejado en esta idea de acompasar ingresos y costes del sistema, cuestión que antes no se producía donde dominaba desgraciadamente lo que vulgarmente se produce como la petición del oyente. Se planificaba en función de necesidades políticas y no de las necesidades económicas de nuestro país, que es lo que al final debería regir en esta materia. Por tanto me parece que, además de planificar correctamente a nuestro juicio para 2015-2020, el hecho de que se añada un anexo que contempla futuras inversiones habla bien a las claras de un proyecto a largo plazo y ambicioso. El hecho de que se limiten
las inversiones al 0,06 % del producto interior bruto manifiesta ese interés por el control en el gasto porque una de las cuestiones, que no ha planteado ninguno de los anteriores intervinientes de los otros grupos parlamentarios, es que estos 4.400 millones de euros que anteriormente manifestaba el secretario de Estado van en vena a la tarifa eléctrica. Por tanto, un rigor y control sobre este coste trae consigo poder disminuir el coste de la tarifa eléctrica, es decir, hacer disminuir el coste para las familias, las pequeñas y medianas empresas y hacer más competitiva a la industria, fundamentalmente la que tiene un carácter electrointensivo. Ese control en el gasto y esa actitud de rigor se ha visto recientemente con la rebaja en más de 500 millones de euros en los peajes, que traerá consigo lo que anteriormente he dicho: una rebaja de la tarifa eléctrica para familias, pymes e industrias. Esto se produce porque existe -vuelvo a emplear la palabra- rigor, y no lo que nos encontramos en la planificación 2008-2016.
¿Qué pilares son los que yo creo que claramente sostienen esta planificación? Por una parte, la garantía y seguridad en el suministro que se ve acrecentada, a nuestro juicio, por la participación y el interés que existe en que se desarrollen las interconexiones que quedan fuera de este rigor presupuestario, en la medida en que consideramos fundamental el alcanzar por fin ese mercado interior de la energía, que traerá consigo la convergencia de precios, una mayor garantía de suministro y obviamente una mayor incorporación de las energías renovables. Me gustaría decir que todos deberíamos conocer en esta Comisión que somos el único país de la Unión Europea que en el año 2020 no tendrá ni siquiera un 10 % de interconexiones, a pesar de los enormes esfuerzos que por primera vez hace este Gobierno, ya que la obligatoriedad de un 10 % de interconexión entre los países se estableció en la Cumbre de Barcelona, como todos bien saben, en el año 2002. Sin embargo, hasta la llegada de este Gobierno no se finalizó, por ejemplo, esta nueva interconexión que existe entre España y Francia y que se inicia en Girona, en Santa Llogaia -con esto hago una pequeña mención a la diputada de Convergencia Democrática de Cataluña que hace alusión a que no existe por parte de este Gobierno preocupación hacia Cataluña-. La interconexión que duplica la actual se hace a través de Gerona, de Santa Llogaia. Aun así, aunque se haya hecho este esfuerzo, aunque se contemple la planificación y los nuevos esfuerzos fundamentalmente a través del Golfo de Vizcaya seremos el único país, por no hacer las cosas en su momento y a tiempo, que en el año 2020 esté por debajo del 10 % de interconexiones.
El segundo pilar se refiere a la sostenibilidad económica. Ya he dicho anteriormente que habrá un límite en el coste de las infraestructuras. Se ha hecho alusión por parte del secretario de Estado a la reducción de la intensidad energética, el balance que existe entre la unidad de energía necesaria por unidad de producto. Esto se produce fundamentalmente por la apuesta que este Gobierno ha hecho por la eficiencia energética, que sin duda alguna será pilar básico de la próxima legislatura en materia energética; por todo el proceso que se ha realizado con respecto a la electrificación de la economía, fundamentalmente de transporte, y por todos los programas y proyectos que desde el ministerio y a través del IDAE se han realizado con relación a la iluminación y rehabilitación de viviendas.
Creo que es muy significativo señalar esa necesidad de acompasar esa planificación con el desarrollo de la línea de alta velocidad. Esto trae consigo también mejoras productivas para nuestros sectores económicos más dependientes del transporte por ferrocarril, así como también esa referencia que se hace a la necesidad de incrementar las líneas de distribución y transporte relacionadas con la industria electrointensiva, donde se han producido cuellos de botella que traen consigo la necesidad de que entren restricciones y, por tanto, de que se encarezca la generación eléctrica en nuestro país.
En tercer lugar, está todo lo relacionados con la sostenibilidad ambiental. Este proceso de planificación energética ha sido negociado y tratado juntamente con el Ministerio de Medio Ambiente, en todo lo que significa el proceso de evaluación ambiental estratégica. Me parece además significativa la apuesta que esta planificación hace para la evacuación de energías renovables. Está muy bien -así lo hacemos también nosotros- apostar por la necesidad de incrementar la generación renovable en nuestro país -el año pasado lo cerramos con una media de un 43 % dentro del mix energético-, pero obviamente sin las necesarias líneas de distribución y transporte ese crecimiento se hace prácticamente imposible. Además, estamos bajo unos objetivos de la Unión Europea muy ambiciosos para 2030. Hablan de un 27 % de energías renovables dentro de la energía primaria y nosotros nos encontramos alrededor del 17 % -estamos muy avanzados, por tanto, con respecto a nuestros socios-; un 40 % de disminución de CO2, y en torno a un 30 % de eficiencia energética. Estos objetivos vienen también reflejados en esta planificación, que los tiene claramente en cuenta.
Al ser diputado por Las Palmas me alegra conocer el enorme esfuerzo que se va a realizar en los próximos años a través de esta planificación en la Comunidad Autónoma de Canarias, donde se va a
mejorar la garantía y se van a reducir las dificultades que existan al reducirse en nuestra comunidad a cuatro subsistemas eléctricos y al incrementar la presencia eólica, a través de la orden que se aprobó recientemente, donde se retribuirá de manera muy superior a la península la generación eólica en Canarias, ya que la generación convencional es extremadamente cara debido al coste del transporte que tiene nuestra comunidad autónoma.
Quería hacer una breve referencia al asunto que preguntaba el señor Ruiz, relacionado con la interrumpibilidad y Solvay, aunque creo que lo ha explicado muy bien el secretario de Estado. A pesar de hacer todos los esfuerzos que se puedan a través de la planificación energética y tratar de reducir las restricciones, y por tanto, hacer el sistema más mallado y aumentar esa garantía de suministro, mantenemos la interrumpibilidad y por tanto la capacidad que existe de que ciertas industrias puedan reducir su consumo o de apagarse y con ello garantizamos que grandes núcleos poblacionales no se vean desabastecidos. Para ello es fundamental que esas industrias garanticen que en cualquier momento y en cualquier ocasión pueden ser interrumpidas. Si el organismo competente en esta materia, que no es otro que Red Eléctrica, en diversas y continuadas investigaciones o pruebas llega a la conclusión de que esta industria no puede interrumpirse, obviamente no puede participar en la subasta. Eso no obsta para que se pueda hacer 2017, ni obsta para que por parte del secretario de Estado se inicien las negociaciones necesarias para que en la medida de lo posible se intente solventar un problema. Insisto, es un ingreso extraordinario de la compañía, aunque esta compañía no tiene como principal ingreso la interrumpibilidad sino un negocio industrial y empresarial.
Me gustaría que entendieran también el Grupo Socialista que responsabilizar al Gobierno del incumplimiento de una empresa es un poco de aurora boreal. La responsabilidad es de la compañía, que no cumple lo que tiene que cumplir para poder recibir los ingresos de interrumpibilidad. Por cierto, esto sucede en una de las subastas más transparentes que se están produciendo en los últimos años, ya que son las más transparentes de la historia. En fin, la culpa la tiene quien hace mal las cosas y no hay que trasladar la responsabilidad a otros, a pesar de que estemos en procesos electorales. Yo lo puedo comprender, pero seamos un poco más rigurosos y sensatos cuando hablemos de estas materias, y no digo nada más. (El señor presidente ocupa la Presidencia).
Me gustaría que entendiésemos y viéramos los mapas. Es decir, cuando se plantea y se nos muestra el nuevo mallado que se pretende para los próximos años, con eso lo que se está garantizando es que llegará un momento en que afortunadamente, si nuestro sistema eléctrico así lo permite, la interrumpibilidad no tenga necesidad, no sea necesaria, que sea el objetivo último, entiendo. Yo creo que esto deberíamos tenerlo todos muy claro.
Con respecto al plan de residuos ya lo dije en la última intervención que tuve en Comisión. Me parece que desde el Grupo Socialista la preocupación que tendría que haber con el Plan de residuos es allanar los obstáculos que compañeros su formación política -en este caso el presidente de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y su Gobierno- hacen para que España no tenga almacén temporal centralizado de combustible gastado. Aquí en esta Cámara de manera unánime por todos los grupos parlamentarios convenimos la necesidad de que hubiera un almacén temporal centralizado de combustible nuclear gastado. De repente, cuando están todos los trámites avanzados, cuando existe la capacidad financiera para acometer dicha obra, cuando todos los parabienes científicos y técnicos están sobre la mesa y cuando hay una autorización previa del Consejo de Seguridad Nuclear, aparece el presidente de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, compañero socialista de su partido, y se niega y trata de bloquear esa instalación que garantiza la seguridad nuclear en nuestro país y la seguridad radiológica como ustedes bien saben.
El dispersar a través de almacenes temporales individualizados los residuos nucleares gastado es una apuesta, amén de arriesgada, que va contra el sino de los tiempos. Es decir, cuanto más centralizados tengamos ese combustible nuclear gastado, más eficiente económica y medioambientalmente será su gestión. Más que aventurar nuevos planes de residuos, lo lógico sería que desde el Partido Socialista ayudaran al Gobierno a poner en marcha una instalación que es necesaria para garantizar la seguridad nuclear y radiológica de nuestro país.
Por último, como creo que será la última Comisión de Industria, Energía y Turismo que vamos a tener y muy probablemente en materia de energía, y como soy conocedor de que el diputado Segura Clavell no concurrirá en las próximas elecciones, me gustaría desde mi grupo parlamentario agradecer, dentro de la discrepancia y de la distancia ideológica que nos separan, que haya sido un compañero de trabajo riguroso y una persona con la que hemos podido construir discursos y participar en esta Comisión con una lealtad
digna de que sea repetida por las personas que sustituyan a José Segura, en todo lo relacionado con la defensa de las políticas energéticas de su formación política. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: A continuación tiene la palabra para responder a las cuestiones que le han sido planteadas, el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ENERGÍA (Nadal Belda): Señorías, voy a empezar por referirme en primer lugar a la planificación, que ha sido objeto de la mayor parte del tiempo de mi intervención. Quería agradecer a sus señorías el tono constructivo, con independencia de que podamos estar de acuerdo en todas y en cada una de las cuestiones.
Al señor Segura le agradezco el esfuerzo -él mismo lo ha puesto de manifiesto- por tratar de entender el documento de planificación porque es un documento complejo, pero no solo esta planificación sino todas las planificaciones realizadas han sido documentos complejos. Sabemos también que los recursos que tienen los parlamentarios españoles son los que son, al igual que los que tiene la Secretaría de Estado de Energía. Ha hecho un análisis pormenorizado del informe del CNMC, aunque ha omitido la página 7 donde se hace una valoración conjunta y favorable del documento o aquellas partes donde se dice que la planificación intenta resolver alguno de los problemas fundamentales que tiene el sistema. Yo lo entiendo, el principal partido de la oposición tiene que ver aquellos lugares donde lógicamente el regulador siempre le dice algo al Gobierno, si no, no sería el regulador. Para su tranquilidad si compara el documento que entra en la CNMC con el que se remite a la Cámara hace una semana, buena parte de las cuestiones que usted ha planteado han sido incorporadas al documento. Por ejemplo, el análisis coste-beneficio está en el anexo III con todas y cada una de las actuaciones y la valoración que de las mismas hace el operador del sistema. No hay actividades de mallado, solo hay actividades concretas para las prioridades que hemos fijado anteriormente. Se hace una modificación (es verdad que cuando entró el documento en la CNMC no se tenían los escenarios macroeconómicos actuales, pero se han actualizado aunque el incremento de medio punto que había de diferencia de crecimiento del producto interior bruto en las necesidades de generación a futuro impacta muy poquito, prácticamente no tiene ninguna incidencia sobre la generación) y se ha hecho una revisión de los escenarios macros conforme a las últimas cifras disponibles, que es exactamente lo que nos pedía la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Además, hay memoria económica de las actuaciones e incluso se establece claramente aquellos puntos en los que existe una discrepancia técnica entre el operador del sistema y la CNMC, como usted ha puesto de manifiesto. En última instancia el Gobierno en su documento final tiene que tomar la decisión más adecuada para garantizar el suministro, en caso de que existieran discrepancias entre la opinión de la CNMC y la opinión del operador del sistema, que son los dos informes fundamentales que recibe la Secretaría de Estado a la hora de realizar el documento definitivo.
He de decirle que en el caso de algunas actuaciones concretas nos hemos visto tanto el operador del sistema -el máximo responsable del organismo está ahora mismo aquí entre el público- como el ministerio decenas de veces con las comunidades autónomas y hemos estado discutiendo hasta el último minuto cuáles son las prioridades. Usted me dice que no se han introducido todas las peticiones de los distribuidores, o todas las peticiones de las comunidades autónomas. Efectivamente, no se han introducido todas porque precisamente por primera vez estamos haciendo un esfuerzo de jerarquía, pero créame que antes de hacer el documento definitivo hemos hablado con todas y cada una de las comunidades autónomas para juntamente con ellas establecer cuáles son las prioritarias.
En el caso concreto de Asturias, que usted me ha planteado, no es una isla energética. En esta legislatura se ha resuelto la línea Soto-Penagos que establece la conexión con Cantabria, se ha reforzado la conexión con Galicia y la semana pasada mismo estuve con el consejero de Asturias, del nuevo Gobierno recién formado, viendo los últimos retoques y siendo conscientes de que la gran reivindicación de Asturias que es la interconexión con la meseta no va a entrar antes de 2020. El operador del sistema no nos dice que se vaya a saturar el sistema antes de 2020, pero queda reflejado en el anexo para empezar a ir trabajando sobre ello.
En el caso de Cataluña, que también se ha hecho mención, se va a hacer una inversión importante en torno a los 500 millones de euros, se resuelve buena parte de los cuellos de botella en la zona industrial de Barcelona que existían históricamente y se ha prestado especial atención a aquellas zonas que necesitan un importante refuerzo de la red para la creación de empleo, debido al crecimiento económico y de actividad que estamos teniendo y que esperamos seguir teniendo en los próximos años.
En cuanto a la interrumpibilidad, contestando a la señora Gomis, había once oferentes para ocho bloques: cuatro en competencia -dos fueron a Asturiana de Zinc, uno a Ferroatlántica, y otro a Celsa, que como sabe tiene su actividad principal en la comunidad catalana-; de los cuatro que fueron por asignación directa -tres fueron a Alcoa y uno a ArcelorMittal-, y quedaron fuera tres bloques de Alcoa. Digo esto por la referencia que ha hecho anteriormente sobre comunidades autónomas. Desde la Secretaría de Estado de Energía no tenemos preferencia regionales por nadie, lo que tenemos es preferencia por el conjunto de la energía española y el conjunto de las industrias españolas. Se establecen unas reglas que son conocidas y objetivas para todo el mundo y se aplican. No nos pueden decir, como se ha dicho, que ante un incumplimiento de una empresa la responsabilidad la tenga el Gobierno. Si una empresa incumple con la Agencia Tributaria o una empresa incumple con la Seguridad Social y esto da lugar a una sanción administrativa, sanción que desequilibra financieramente a la empresa, ¿quién es el responsable, la Agencia Tributaria y el ministro de Hacienda, o la empresa?
Esto es lo que ha ocurrido, se ha producido un incumplimiento. Créame que he analizado con la Abogacía del Estado, con los servicios técnicos y con la Generalitat, he hablado unas quince veces con el consejero de la Generalitat responsable, con el señor Puig, hemos buscado flexibilidad por todos los sitios, pero cuando no la hemos encontrado, no la hemos encontrado, lo cual es ciertamente lógico porque es una norma que establece las consecuencias de un incumplimiento y estas normas rara vez dejan márgenes de actuación. Eso no quiere decir que no estemos totalmente abiertos a la empresa, y la empresa bien lo sabe, porque en aquello que esté en nuestra mano, y en cooperación con la Generalitat catalana, sobre actuaciones que podamos hacer a favor de la empresa, por supuesto, tiene nuestra puerta abierta. Se lo hemos dicho al IDAE -como presidente del IDAE, le he dado instrucciones al respecto- y se lo hemos dicho a la empresa. Pero en este caso se produce un incumplimiento, y del incumplimiento se derivan unas consecuencias, y no se puede dar marcha atrás. Sobre si podemos modificar la norma para que de cara a un futuro busquemos ciertos rasgos de flexibilidad y situaciones como esta no se repitan, contando con que el operador del sistema nos diga que la seguridad de suministro está garantizada, podemos buscar modificaciones hacia delante. Pero el incumplimiento se ha producido sobre una norma conocida, y la empresa misma reconoce que, si se hubiera analizado bien la norma, la hubiera podido cumplir. A nosotros qué más nos hubiera gustado que hubiera cumplido la norma y hubiera funcionado correctamente, como todas las demás empresas. El sistema eléctrico no gana nada. Simplemente, genera un perjuicio a unos trabajadores y a un tejido industrial y nosotros somos los últimos que queremos que se genere. Pero, por otro lado, necesitamos un estricto cumplimiento de las normas, porque vuelvo a insistir en que es un servicio de emergencia. Justifica su alto coste en que es un servicio de emergencia, y, como tal, debe cumplir estrictamente con las condiciones. Si hubiera ocurrido lo contrario y hubiera habido un problema de suministro en la zona de Barcelona y hubiera fallado la empresa porque no se hubiese inspeccionado correctamente y no se hubiesen dado las órdenes de interrumpibilidad correctamente, ahora estaríamos hablando de otra cosa totalmente diferente, de por qué el ministerio no vigiló adecuadamente el servicio de interrumpibilidad.
Entonces, tenemos que aplicar la norma. La empresa asumió riesgos yendo al nuevo producto de 90 megavatios -eso lo sabemos todos- y hubo alguna recomendación de que se esperaran un año, estaba en un proceso societario complicado y asumió esos riesgos. Y esta es la realidad del fondo del asunto. Si nosotros hubiésemos tenido la más mínima posibilidad de dulcificar las consecuencias de alguna manera, lo hubiéramos hecho. Y créame que hemos mirado la norma de veinte formas. Lo hemos analizado con expertos jurídicos de dentro y de fuera de la Administración y lo hemos hablado con la Generalitat, pero no lo hemos encontrado, como no puede ser de otra manera. Ya le digo que las normas que establecen consecuencias de incumplimiento suelen ser normas inflexibles, como es lógico. Pero eso no quiere decir que hacia delante, tanto directamente con la empresa en los medios que tengamos a nuestra disposición, como con todo el sector en las modificaciones que seguramente tengamos que hacer el año que viene en las normas de interrumpibilidad, atendamos la posibilidad de evitar que se produzcan casos como estos. Pero el caso se ha producido, efectivamente, por no aplicar adecuadamente a tiempo los procedimientos de operación, como sí hicieron el resto de las empresas interrumpibles. Este es un hecho objetivo.
Respecto al Plan Nacional de Residuos Nucleares, no existe tal cosa como definición de la vida útil de una central nuclear. Existen autorizaciones por periodos de diez años que da el Consejo de Seguridad Nuclear. El único motivo por el que se habla de una posible vida útil es por calcular cuál es la tasa que tienen que pagar las centrales nucleares a Enresa. Y, puesto que ahora hay centrales nucleares que pueden superar los cuarenta años, en el borrador que estábamos elaborando hemos establecido
escenarios a cuarenta y a cincuenta años, como en su momento Gobiernos socialistas establecieron borradores a treinta y cuarenta años, para ver qué iba pasando. Pero no existe tal cosa como una definición legal, como usted bien sabe, señoría, sobre qué es la vida útil de una central nuclear. Solamente tenemos que ir previendo escenarios de cosas que puedan ir ocurriendo. Ahora mismo el principal obstáculos que tenemos para sacar el plan, porque ya está todo cerrado, es la fecha concreta en la que el ATC puede entrar en vigor. Nosotros queremos seguir trabajando en que va a entrar a tiempo, porque, si no, las consecuencias económicas para el país pueden ser muy negativas. Pero hay que reconocer que hay una administración que, en el uso de sus competencias medioambientales, ha establecido obstáculos a las autorizaciones administrativas pertinentes para que el ATC se apruebe. Nosotros, a través del diálogo y de los medios legales que tengamos, haremos lo posible para que eso no ocurra. Y no me deja de sorprender -porque el ATC es un proyecto socialista, aprobado por esta Cámara prácticamente por unanimidad, que en su mayor parte fue gestionado por un Gobierno socialista, y lo único que hizo este Gobierno al principio de esta legislatura fue poner el broche final a un proyecto que era bueno y que había sido apoyado por el Partido Popular- que ahora sea una administración socialista la que le pone obstáculos. Esto no deja de sorprender. A largo plazo, va a haber ATC, lo va a haber en el tiempo que se necesita, pero a la hora de establecer cuáles son las fechas concretas y las situaciones concretas del Plan de Residuos, necesitamos un poco más de incertidumbre, como en su momento necesitábamos el informe del Consejo de Seguridad Nuclear. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Interrumpimos brevemente la sesión para despedir al señor secretario de Estado y pasar a los dos últimos puntos del orden del día. (Pausa).
- MANIFESTACIÓN, PREVIA COMPARECENCIA DEL CANDIDATO PROPUESTO COMO CONSEJERO DEL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR, DON JAVIER DIES LLOVERA, DE LA ACEPTACIÓN O VETO RAZONADO DE LA PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 5.1 Y 5.2 DE LA LEY 15/1980, DE 22 DE ABRIL, DE CREACIÓN DEL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR. (Número de expediente 276/000025).
El señor PRESIDENTE: Reanudamos la sesión de esta Comisión, en la que se van a tramitar conjuntamente los dos últimos puntos del orden del día, ambos en referencia a la propuesta de nombramiento como consejero del Consejo de Seguridad Nuclear de don Javier Dies Llovera hecha por el Gobierno. El primer punto hace referencia a la aceptación o el veto razonado de la propuesta de nombramiento y el segundo hace referencia al preceptivo dictamen sobre la idoneidad y el conflicto de intereses relativo al candidato. El procedimiento va a ser el que conocen sus señorías, porque no es la primera vez que tramitamos una propuesta de nombramiento similar. Habrá una intervención del candidato, del señor Dies Llovera, a quien damos la bienvenida a esta Comisión, y luego intervendrán los portavoces de los grupos parlamentarios para plantear las cuestiones que estimen convenientes, a quienes contestará el señor Dies Llovera. Para presentar la propuesta de su candidatura, tiene la palabra el señor Dies Llovera.
El señor DIES LLOVERA: Señorías, es para mí un honor poder comparecer ante todos ustedes y voy a intentar presentar mi currículum. He de decir que este mes de septiembre cumplo treinta años como profesor de Ingeniería Nuclear en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Barcelona, de la Universidad Politécnica de Cataluña, y, de estos treinta años, los últimos trece como catedrático de universidad de Ingeniería Nuclear. Mi titulación es ingeniero industrial en la especialidad de Técnicas Energéticas, que es la especialidad que en el año 1964 se daba a las materias nucleares. Y ya mi proyecto final de carrera fue centrado en el diseño de un simulador analógico de reactor nuclear para fines docentes de Ingeniería Nuclear. Y he de decir que fue galardonado por el Colegio de Ingenieros Industriales de Cataluña con el primer premio al mejor proyecto final de carrera de toda Cataluña, y hay escuelas en Barcelona y Tarrasa y no sé si alguna más. Después hice el doctorado, también en la Universidad Politécnica de Cataluña, y lo terminé en el año 1989, y me dieron el Premio Extraordinario de Doctorado.
Mi tesis doctoral se centra en un tema que interesa al Consejo de Seguridad Nuclear y que interesa a sus señorías. Cuando hacía la tesis doctoral me leí todos los informes que el Consejo de Seguridad Nuclear manda a sus señorías, porque mi tesis doctoral se centraba en la medida de la radiactividad, y
eso es lo que les llega a ustedes. Les voy a decir el título de mi tesis, que aún recuerdo; era algo así como Optimación de la dosimetría por termoluminiscencia aplicada a los programas de vigilancia radiológica ambiental en torno a las centrales nucleares. Como ustedes saben, en torno a la central nuclear se marca un radio de 30 kilómetros, y en ese radio se colocan unos dosímetros para medir la radiactividad que hasta allí llega. Bueno, pues esa era mi tesis doctoral: poner dosímetros, medir y tratar de mejorar la técnica para dar los resultados que a ustedes les llegan en el informe del Consejo de Seguridad Nuclear.
Siguiendo con el currículum -para que no sea muy aburrido, lo he dividido en tres partes: una, relativa a management y experiencia internacional en Ingeniería Nuclear, otro apartado será relativo a docencia, pues soy profesor, y otro, finalmente, a investigación, porque en la universidad también nos hacen hacer investigación-, hablando de management, he de decir que actualmente soy el vicepresidente de la European Nuclear Education Network, una red que consta de 64 universidades e instituciones de Europa dedicadas a la formación nuclear, desde el año 2013, y les puedo decir, como anécdota, que en la última asamblea general, que tuvo lugar en Helsinki, cuando me iban a renovar como vicepresidente me pusieron una condición, y es que tenía que comprometerme, para marzo de 2016, a ser el próximo presidente. Si ustedes me dan la confianza, tendré que decirles que renuncio a ese cargo. También he sido director de la sección de Ingeniería Nuclear de la ETSEIB desde 1999 a 2006. Soy deputy en el European Master in Nuclear Energy, un máster europeo financiado por el European Institute of Technology, que disfruto mucho haciendo; dura dos años, todas las clases las hacemos en inglés, el primer año se hace en Barcelona o Estocolmo y el segundo en París o Grenoble, y tenemos estudiantes de China, India, Reino Unido, Estados Unidos, Polonia, etcétera. He participado en 12 misiones de la Agencia Internacional de Energía Atómica, en Argentina, Austria, China, Ghana, Malasia, Tailandia, Sudáfrica, Estados Unidos y Vietnam. Por ejemplo, siguiendo el esquema de la European Nuclear Education Network, he ayudado a crear la Asian Nuclear Education Network, la Africa Nuclear Education Network, la Latin American Nuclear Education Network y recientemente la START Nuclear Education Network, que, promovida por Rusia, es una red de los países de la antigua Unión Soviética. También he sido secretario de la Cátedra Argos en Seguridad Nuclear, que auspicia el Consejo de Seguridad Nuclear; hay varias cátedras y los distintos consejeros hacen un cierto seguimiento. Y he participado en actividades de comunicación y difusión en torno a la Energía Nuclear.
Centrándome ahora en el apartado de docencia, ya he dicho que llevo treinta años de profesor y en los últimos he dado las asignaturas de Física de Reactores Nucleares, que es la materia donde se entiende el funcionamiento del reactor nuclear, y de Fusión Nuclear. En el pasado me ha tocado dar Seguridad Nuclear, Protección Radiológica, Tecnología Nuclear y Física Nuclear. Y una de las cosas de las que más orgulloso me siento es de ser el autor de un libro de 800 páginas sobre reactores nucleares, que, en formato multimedia, me lo vieron mis compañeros y me lo han hecho traducir -estaba escrito en español- al inglés, al francés y al ruso; espero que en quince días salga la versión en chino y a ver si en tres meses conseguimos que la versión en árabe esté a punto. La Agencia Internacional de Energía Atómica lo ha distribuido a 81 países, y, porque me hacía ilusión, cada vez que salía en un país nuevo, lo he ido marcando en este mapa del mundo y ya casi tengo el mapa del mundo en rojo; me queda un poquito en blanco en la parte de África, pero a ver si llegamos también a esos países; yo digo que es mi quinto hijo. Y también he participado en actividades de training de los ingenieros que trabajan en centrales nucleares, así como en Ghana, y la semana que viene me va a tocar con los nuevos técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear.
Hablando de investigación, he participado en numerosos proyectos de la Unión Europea, del plan nacional en contratos con el Ciemat, Enresa, Tecnatom, el Consejo de Seguridad Nuclear, con las centrales nucleares próximas a Barcelona, Ascó y Vandellós, con el ITER, con Fusion for Energy y con Eurofusion. Y en los últimos años he intentado centrar mi actividad investigadora sobre la seguridad nuclear, y, en particular, sobre el análisis probabilístico de seguridad. Y les puedo decir, señorías, que hace unos meses estuve en Estados Unidos, Idaho, en Sun Valley, en el congreso internacional sobre análisis probabilístico de seguridad, donde, junto a uno de mis doctorandos, presenté dos ponencias sobre seguridad nuclear y análisis probabilístico de seguridad. He publicado del orden 240 artículos sobre ingeniería nuclear en las revistas Nuclear Science and Technology, Journal of Nuclear Materials, Seguridad Nuclear, Fusion Engineering and Design, Review of Scientific Instruments, Nuclear Fusion, Radiation Protection, Health Physics, Journal of Plasma and Fusion Research y he sido referee de varias revistas internacionales en el área de Ingeniería Nuclear. Y otra cosa interesante es que me ha tocado ser evaluador de proyectos de investigación, tanto a nivel español, como a nivel europeo. Me ha tocado ir una semana a Bruselas y
evaluar 20 proyectos de investigación. Y este mes de enero pasado también me tocó evaluar 30 proyectos europeos de investigación. Finalmente, diré que he dirigido 11 tesis doctorales y 4 más están en curso, las de los doctorandos que ahora están nerviosos por lo que pueda pasar hoy. Por último, soy de Lérida, de un pueblecito del Pirineo. Y con esto termino, porque no les quiero cansar más.
El señor PRESIDENTE: Para fijar posiciones o hacer las preguntas que estimen convenientes, pasamos al turno de portavoces de los grupos parlamentarios. Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Segura.
El señor SEGURA CLAVELL: Al señor compareciente, el señor Dies Llovera, le damos la bienvenida, naturalmente, por elemental norma de cortesía y educación parlamentaria, a esta Comisión de Industria, Energía y Turismo, en la que ha tenido usted la oportunidad durante las dos últimas horas de escuchar el debate parlamentario que se ha producido entre el secretario de Estado, que comparecía para explicar temas vinculados al mundo energético, y los diferentes portavoces de los grupos parlamentarios. Nosotros queremos poner de manifiesto que el Consejo de Seguridad Nuclear es un organismo regulador, una importante institución que no depende del Gobierno, que está sometida al control parlamentario, que es el Parlamento el que ejerce influencia y dirección sobre el Consejo de Seguridad Nuclear -así figura en la ley por la que se regula, la Ley de Seguridad Nuclear- y, desde luego, nosotros, los miembros de esta Comisión, en modo alguno podemos poner en tela de juicio su capacidad académica, un currículum que marca una línea directriz a lo largo de toda una vida, afortunadamente una vida joven, con futuro por delante. Lo hemos leído y hemos visto que más de 200 publicaciones científicas no todos los profesionales de la docencia universitaria pueden aportarlas en su vida académica. Ha dirigido 11 tesis doctorales y otras que tiene en marcha y forma parte de las organizaciones internacionales a las que ha hecho referencia. Luego, como este no es un ejercicio académico de la antigua trinca académica, de los viejos tiempos, este portavoz, en representación de su grupo, en modo alguno puede poner en tela de juicio su capacidad y cualificación.
Sentada esta idea, sí me gustaría que tuviese presente que, tal como establece la ley, es obligación de las Cortes Generales, ante la propuesta de nombramiento procedente del Consejo de Ministros, a iniciativa del ministro del ramo, que hablamos de la política vinculada a este sector. No se le escapa que en España, como en cualquier otro lugar, hay un gran debate sobre la energía nuclear de la que, no desde la perspectiva académica, sino desde la perspectiva ciudadana, unos son partidarios y otros no. Hay Gobiernos, como el alemán presidido por la señora Merkel, que, a raíz del accidente de Fukushima, adoptaron decisiones que puede ser que las reconduzcan en un futuro pero digamos que siguen una especie de paralalización del desarrollo, del crecimiento de la generación de energía eléctrica de origen nuclear. Por eso, le vamos a formular algunas preguntas de las que queremos conocer su parecer.
En primer lugar, quisiéramos preguntarle qué concepto tiene usted del Consejo de Seguridad Nuclear, qué papel tiene que jugar este organismo.
En segundo lugar, en el supuesto de que usted entrase a formar parte del órgano de dirección del Consejo de Seguridad Nuclear, ¿qué recomendaciones haría a efectos de que mejore el funcionamiento -porque todo es mejorable-, así como la conexión con las Cortes Generales y el futuro de la energía nuclear en España?
En tercer lugar, usted, profesional de la docencia académica y en investigación, acaba de hacer referencia a su tesis doctoral, de título muy largo: Optimización de la termometría... -ya no me acuerdo el de la mía, que leí en el año 1974-, trataba de buscar sistemas de optimización en las mediciones de la intensidad radiactiva en determinados puntos de ese radio al que hacía referencia. ¿Ha recibido usted algún tipo de ayuda o subvención del CSN para llevar a cabo actividades de investigación?
También tenemos entendido que usted dirige un máster, que, lógicamente, no puede ser financiado más que por instituciones vinculadas al sector de la generación energética. ¿Es cierto que usted dirige un máster financiado por una gran empresa eléctrica nacional? Si eso es así, que en modo alguno considero anatema, ¿cree que ello podría influir en su tomas de decisiones futuras en el órgano en el que puede entrar?
Me gustaría ponerle de manifiesto que, bien o mal -todo es discutible en la vida-, los dos grandes partidos que han vertebrado la democracia española han visto el Consejo de Seguridad Nuclear con el rigor y la seriedad que es exigible al organismo. Este, a lo largo de decenas de años, desde su creación, y es heredero de la antigua Junta de Energía Nuclear, ha desarrollado una labor rigurosa y seria. Ha habido un entendimiento entre los dos grandes partidos, junto a los que también otro importante,
Convergència, en Cataluña, cooperó en la configuración de los órganos de dirección, y en los sucesivos sexenios se han propuesto personas de alta cualificación, de acuerdo con lo que exige el reglamento por el que se regula. Puedo recordar que el presidente y consejeros del Consejo de Seguridad Nuclear, según dice el artículo 5, puntos 1 y 2, de la Ley 15/1980, de 22 de abril, de creación del Consejo de Seguridad Nuclear -una que ley viene de la época en la que gobernaba la Unión de Centro Democrática en España y presidía el Gobierno el tristemente fallecido don Adolfo Suárez-, serán designados entre personas de conocida solvencia en las materias encomendadas al Consejo, como las especialidades de seguridad nuclear, tecnología, protección radiológica y del medio ambiente, medicina, legislación o cualquier otra conexa con las anteriores, así como en energía, en general, o seguridad industrial. Echando la vista atrás, mirando por el retrovisor hacia la personalidad de quienes han ostentado la el cargo de consejeros y presidentes, nosotros tenemos la convicción de que todos han sido especialistas en algunas de las materias a las que hace referencia el artículo 5 -usted también, sin duda alguna-, pero se ha roto un diálogo que venían manteniendo las fuerzas políticas. Ha desempeñado una excelente labor una persona que creo que fue profesor suyo, don Antoni Gurguí, que después de seis años ha cesado. Me gustaría dejar una referencia, en nombre de este grupo parlamentario, como expresión del respeto por la labor rigurosa y seria que como técnico altamente cualificado ha desempeñado en ese Consejo. Al cesar, el Gobierno, unilateralmente, sin consultar a los diferentes grupos de la oposición, le propone a usted. El Gobierno no está incumpliendo ningún precepto legal, pero sí está incumpliendo algo muy deseable, este órgano debe estar fuera de batallas impropias. Y desde esa perspectiva, me gustaría que le quedase claro que ni el Grupo Parlamentario Socialista ni la dirección a nivel federal del Partido Socialista fueron consultados antes de que el Consejo de Ministros adoptase el acuerdo de proponerle como candidato ante las Cortes Generales. Por tanto, queremos conocer su parecer sobre lo que está ocurriendo en Garoña, sobre el ATC en Cuenca, sobre la mina de uranio de Berkeley en Salamanca, sobre la situación de Palomares en Andalucía, porque son temas en los que el Consejo de Seguridad Nuclear tendrá que adoptar decisiones en los próximos meses. Le formularía más preguntas pero soy consciente de que he consumido el tiempo. Usted tiene ahora tiempo por delante para explicar su parecer ante estas preguntas.
El señor PRESIDENTE: A continuación, por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió tiene la palabra la señora Gomis.
La señora GOMIS DE BARBARÀ: Bienvenido, señor Javier Dies, es una satisfacción que usted esté aquí en este momento con nosotros. Benvingut també, puesto que nos ha dicho que es de Lérida. Nos ha presentado su currículum y no hemos dudado en ningún momento, nosotros en este sentido no tenemos ningún problema. Como decía mi compañero, aquí todas las personas que han pasado han tenido unos currículums por los que merecían ostentar el nombramiento de consejero del Consejo de Seguridad Nuclear, pero sí me sumaría a las palabras de mi compañero en cuanto a las formas. Me gustaría decirle, señor presidente, que había un acuerdo, había consenso en el nombramiento de la persona que ostentaba este cargo. Precisamente Convergencia, en aquel momento Convergència i Unió, estuvo en la mesa del consenso para nombrar al señor Gurguí -como se ha dicho, profesor del señor Javier Dies-, un gran experto, todas las personas que han tenido relación con el mostraron su satisfacción por su elección. Sin embargo, no entendemos las formas por las que se llega a su designación en este momento, porque para poder nombrar a alguien, también hay que destituir a alguien. Esta destitución no sé si es pactada, que no lo creo, o es más bien una decisión unilateral. En todo caso, si se ha producido alguna decisión en esta línea, le agradecería que nos lo dijese porque nuestro grupo parlamentario no tiene constancia de ello. En definitiva, doy la bienvenida al señor Dies, pienso que su currículum es extraordinario, pero tengo que lamentar aquí el hecho de que las formas no hayan sido las correctas. Estamos sorprendidos de que el partido, que en este caso sustenta al Gobierno, no haya tenido en cuenta el consenso y el acuerdo al que se había llegado. Me pregunto qué le ha motivado en este momento para no buscar un acuerdo, y si ha sido para destituir a un señor y poner a otro, por qué, cómo y cuándo.
El señor PRESIDENTE: Yo no voy a entrar en debate pero consta a todos los diputados que el señor Gurguí concluyó su mandato, no ha habido ninguna destitución en ningún caso, de lo que, además, tendría que tener conocimiento esta Cámara y, por supuesto, no lo ha tenido.
A continuación, por el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Pérez Moya.
El señor PÉREZ MOYA: Benvingut, don Javier Dies. Bienvenido, le he dado la bienvenida en catalán porque yo también soy representante de Iniciativa per Catalunya, formo parte del Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural y soy representante por la demarcación de Barcelona.
El currículum que usted nos ha presentado no requiere ningún tipo de matización ni deja dudas respecto a su capacidad y a la posibilidad de que usted pueda ser un magnífico representante o miembro del Consejo de Seguridad Nuclear. Es evidente -se ha dicho en la intervención anterior de José Segura- que de acuerdo con la normativa y el estatuto que regula el Consejo de Seguridad Nuclear, este es un ente independiente de la Administración General del Estado y, por lo tanto, a partir de esa independencia en su actuación, se presupone que lo que prevalece en los miembros del Consejo de Seguridad Nuclear es su valía, su capacidad, sus conocimientos, sus aportaciones en las funciones que tiene que desarrollar. Por lo tanto, nada que cuestionar al currículum y a sus capacidades, faltaría más, por parte de este diputado no se va a cuestionar la solvencia técnica de la propuesta. Nosotros entendemos que la independencia del Consejo de Seguridad Nuclear, como organismo regulador, es fundamental para garantizar tanto la seguridad de las instalaciones nucleares como la protección de las personas y del medio ambiente. En ese sentido, nuestra preocupación por la propuesta no es tanto por la capacidad técnica como por la derivada política que pueda tener. Es evidente que cualquier nombramiento pasa por el Parlamento y los propios grupos parlamentarios pueden hacer sus propuestas, pero vemos que hay cierta derivada de manera indirecta hacia un control político del consejo. De hecho, con su nombramiento el partido actual del Gobierno podría tener una cierta mayoría, un cierto control en el consejo. Estoy incurriendo en una afirmación que corrijo al convertirla en interrogación. Usted nos ha hablado de su currículum personal desde un punto de vista técnico, de sus conocimientos, pero no ha hecho ninguna mención a su currículum político. Mi pregunta es si usted ha participado en la actividad política, si ha sido representante o ha participado en alguna candidatura, si ha estado vinculado políticamente en algún cargo relacionado con la Administración a partir de su relación con algún partido político, legítima como para cualquier ciudadano español. (El señor González Vázquez: Pregúntale a quién ha votado). Esa es nuestra preocupación, insisto mucho en que no es un cuestionamiento desde el punto de vista de la capacidad, incluso de la idoneidad a partir de los conocimientos, sino por el peligro de politización y de control político del Consejo de Seguridad Nuclear que, como organismo independiente, debería estar al margen de.
Yo le quería hacer una serie de preguntas, aunque algunas ya se las han formulado. El compañero, José Segura, le preguntaba qué recomendaciones haría usted al Consejo de Seguridad Nuclear de cara al futuro teniendo en cuenta la realidad de la energía nuclear, su implementación o no, su desarrollo o no, y sus riesgos para el conjunto de la sociedad. Una de mis preguntas sería esa y otra es cómo valora usted la suficiencia o no del número de reactores nucleares que hay hoy en nuestro país para la producción energética necesaria en España. Antes hemos hecho algún debate vinculado a este tema, y usted no desconoce que el grupo parlamentario al que represento es contrario al desarrollo de la energía nuclear y a su implementación. Es más, estamos por todo lo contrario, por un proceso razonado, lógico, riguroso, de paralización y desmantelamiento para potenciar un modelo energético diferente. Pero este no es el momento para debatir el modelo, sino para saber cuál es su opinión respecto a la suficiencia del número de reactores. Otra pregunta es cuál es su opinión respecto al almacén de residuos nucleares en Cuenca, sobre su idoneidad y la conveniencia de su persistencia o no a partir de lo que usted conoce.
Por otra parte, la intervención que me ha precedido me ha abierto un interrogante preocupante porque refuerza el razonamiento que he hecho al principio respecto a la politización o al control político del Consejo de Seguridad Nuclear. Yo tenía entendido que el señor Gurguí había cumplido su mandato por un período de seis años, pero la portavoz de Convergència ha abierto el melón y el interrogante sobre si ha sido forzado a renunciar o a dimitir. Si eso fuera así, creo que sería conveniente que se nos aclare porque el Parlamento es al final el que acaba avalando a los miembros del Consejo de Seguridad Nuclear y debería conocerlo. En síntesis, ningún cuestionamiento sobre sus capacidades, faltaría más, extraordinario currículum, pero me gustaría saber más sobre su currículum político que es la pregunta que le he hecho, sobre sus recomendaciones al consejo, su opinión sobre el ATC y sobre la suficiencia del número de reactores.
Por último, si me lo permite, señor presidente, es un paréntesis que no tiene nada que ver con el tema, pero como estoy en el uso de la palabra quería decir que en el punto anterior me he tenido que ir por una indisposición y no he podido volver hasta más tarde. Al menos quería excusar mi ausencia en el anterior debate que ha imposibilitado mi intervención. Lo he metido con calzador, pero quería justificarme.
El señor PRESIDENTE: Vuelvo a ratificar que el nuevo nombramiento es producto de la conclusión del mandato del anterior consejero, sin que se haya producido ningún cese ni nada que se le parezca.
A continuación, por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra don Carlos Martínez Gorriarán.
El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Yo también me uno, por supuesto, a la bienvenida al señor Dies. He escuchado la exposición de su currículum académico y desde luego me parece admirable. No tengo nada que alegar sobre su idoneidad técnica, como se ha dicho, pero efectivamente el Consejo de Seguridad Nuclear es una institución pública que, además, tiene una trayectoria realmente digna en la ejecución de su trabajo durante todos estos años, pero que últimamente ha empezado a experimentar determinadas tensiones internas que, sin duda alguna, pueden repercutir en una pérdida de la calidad del trabajo de supervisión que tradicionalmente ha venido realizando. Y eso nos preocupa mucho en Unión Progreso y Democracia porque nosotros somos un grupo que pensamos que los supervisores no solamente deben parecer independientes, sino que además tienen que serlo. Sin embargo, la práctica tradicional durante todos estos años en España ha sido la del reparto por cuotas entre los partidos. Nos preocupa si estamos asistiendo a otro nuevo reparto de cuotas. En ese sentido enseguida le diré qué tipo de preguntas me gustaría que contestara o los comentarios que podría hacer. Creo que es importante porque durante su exposición no ha habido ninguna alusión a su posición política, a sus vinculaciones con el Partido Popular, con la industria, etcétera. Y claro, este no es un acto académico al que, efectivamente, se hubiera ajustado perfectamente su exposición, ha faltado toda una parte que es la política. Justamente porque este es un organismo político es la razón por la que está bajo el control del Parlamento. Tengo entendido que usted ha ido en listas electorales del Partido Popular, lo cual he de decir que me parece excelente y no es en absoluto motivo de crítica, faltaría más, pero creo que es algo que nosotros, los llamados a votar su idoneidad para este cargo, tenemos derecho y obligación de saber. Entonces, me gustaría que explicara algo al respecto, que nos dijera cuál es su actividad política y también sus relaciones con la industria del sector, lo cual tiene una enorme importancia en España porque usted también sabrá que hay una crítica, creo que muy fundada, a las relaciones entre partidos y empresas del sector energético, particularmente eléctrico, por ser abusivas, excesivas y dominadas por el fenómeno de la llamada puerta giratoria. Por eso mismo cada vez que aquí se examine algo que tenga que ver con la supervisión y el papel de los supervisores en el sector energético, esta será una cuestión capital: la relación que los supervisores o los llamados a serlo puedan tener, han tenido o vayan a tener con las empresas del sector.
Por tanto, como puede ver, le he preguntado tres cosas: su vinculación política al Partido Popular, no porque me parezca sospechosa ni reprobable, faltaría más, sino simplemente porque creo que debe ser pública. En segundo lugar, sus relaciones con la industria del sector energético y concretamente del sector nuclear. Y por último, tiene particular importancia saber qué piensa usted o qué actitud cree que debería tener el Consejo de Seguridad Nuclear con las tensiones internas, novedosas y he de decir que negativas, que está habiendo con los técnicos del propio Consejo de Seguridad Nuclear, que han dado lugar incluso a movilizaciones sin precedentes en las que los técnicos del consejo están protestando por lo que consideran -y desde luego mi grupo está bastante de acuerdo con ellos- injerencias políticas en decisiones que deberían ser técnicas. Concretamente tiene que ver, por ejemplo, con el ATC de Villar de Cañas, sobre el que hay opiniones geológicas dignas de ser tomadas en consideración en cuanto a que su emplazamiento no es el adecuado. Parece que el actual Consejo de Seguridad Nuclear lo ha querido resolver mediante ceses, cosa que de ser cierta nos llevaría a hablar de una falta de transparencia completamente inaceptable. Por tanto, me gustaría que nos comentara y fuese preciso en estas tres cuestiones.
El señor PRESIDENTE: A continuación, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Errekondo.
El señor ERREKONDO SALTSAMENDI: Bienvenido, señor Dies LLovera. Quería aprovechar este turno, porque he tenido que acudir a la Junta de Portavoces y el cambio del orden del día en el punto anterior no me ha permitido tomar la palabra, para comentar muy brevemente respecto a la planificación del transporte de la red eléctrica, que queremos dejar sobre la mesa la denuncia y exponer el hecho de que las autopistas eléctricas que se pretenden imponer, al menos en tierras vascas han obtenido un rechazo social e institucional abrumador. Quería dejar constancia de ello ya que no he podido decírselo al señor Nadal.
Con respecto a su intervención, señor Diez, nada que objetar y menos desde un conocimiento que dista mucho del suyo en cuanto a lo que es la energía nuclear. Por tanto, en ese aspecto nada que objetar, como hemos repetido todos los intervinientes. Sin embargo, sí me gustaría reseñar que dado que la neutralidad y la independencia de su cargo de alguna manera son quizás el elemento más importante dentro de las funciones que usted va a tener que poner en práctica, me ha resultado cuando menos llamativo que usted no haya mencionado en absoluto sus antecedentes políticos cuando son de sobra conocidos. No es que se tenga que justificar, pero al menos hacer una mención para decir que eso no le va a influir sería lo mínimo que cualquiera hubiera podido esperar. Ha sido realmente llamativo, por decirlo de alguna manera, y por lo tanto, me obliga a hacerle la siguiente pregunta: ¿qué es lo que usted nos plantea hoy aquí para que nos vayamos tranquilos y garantizar la neutralidad y la independencia de su futuro cargo? Nosotros tenemos muy claro que una de las cosas que se pretende con su nombramiento es imponer el control absoluto por parte del Partido Popular en el CSN, con un objetivo muy claro que es el de blindar la energía nuclear o la gestión de los residuos radioactivos para satisfacer a algunas grandes empresas cuyo único y exclusivo objetivo es el especulativo, y eso es para preocuparnos. Por tanto, aunque estemos debatiendo su nombramiento como consejero del CSN, entendemos que hoy no es en absoluto importante el nombre del sustituto, no es trascendente, lo realmente trascendente es el nombre del Partido Popular con respecto al CSN, lo era antes y ahora muchísimo más. Y no lo decimos solo nosotros, la denuncia de la politización de un ente que debiera ser exclusivamente técnico la hace también la ASTECSN, la Asociación profesional de técnicos en seguridad nuclear y protección radiológica. Lo que nos preocupa es el nombre del Partido Popular porque entendemos que así va a ser en el futuro. Le preguntamos, por tanto, si el hecho de que usted sea miembro del CSN romperá -de hecho lo ha roto- el método del consenso utilizado hasta ahora en los nombramientos, por el que de alguna manera se hablaba, se discutía y se consensuaba con diferentes partidos del arco parlamentario, principalmente con el PSOE y con CiU.
Por otro lado, también tenemos que poner sobre la mesa las denuncias que durante estos cuatro años hemos realizado desde Amaiur en cuanto a la falta de transparencia, en cuanto al ocultismo cuando se han pedido datos certeros, por ejemplo, de las medidas que se adoptaron por el accidente de Fukushima que, en teoría, se han impuesto a los diferentes reactores. Quisiéramos saber también qué opina sobre que, por ejemplo, en aras a la transparencia y a obtener información en base al derecho parlamentario que nos asiste, se haya pedido por parte de Amaiur reiteradamente en la Comisión de Industria, con el apoyo implícito de los diferentes grupos parlamentarios, hacer una visita oficial a la central nuclear de Garoña teniendo en cuenta la situación que se está viviendo. Quisiéramos que se pronunciara también sobre el hecho de que haya salido a la luz pública que Nuclenor, Iberdrola y Endesa no están cumpliendo en cuanto a fechas con las adaptaciones técnicas con respecto a la inspección de la vasija que exige el propio CSN. Entendemos que esto debiera tener unas consecuencias y quisiéramos saber su opinión al respecto porque, una vez más, se está actuando en connivencia con empresas como Iberdrola y Endesa y esto es preocupante. Ya que en teoría está en suspenso y está en manos de la valoración técnica del CSN el futuro de la central nuclear de Garoña, y dado que Nuclenor, como acabamos de decir, no está cumpliendo esas condiciones y las instalaciones superan los 44 años, ¿usted negaría el permiso de explotación o establecería el cierre definitivo de esta central? Parece ser que no hay ningún tipo de condición para ello. Me gustaría que se pronunciara en ese aspecto.
Y para terminar, a nivel más general, me gustaría saber qué piensa usted de la actual situación de los ocho reactores nucleares teniendo en cuenta la situación en especial de cada uno, teniendo en cuenta que prorrogar a 60 años la explotación de Garoña supone conceder 20 años más de negocio lucrativo a las mismas empresas, multiplicado por siete porque hay otros siete reactores, con lo cual la cuestión tiene su importancia, y teniendo en cuenta que además usted ya ha declarado públicamente que está a favor de ampliar el mapa de las centrales nucleares, incluso hasta doce reactores, cosa que desde nuestra óptica entendemos totalmente contraria a la línea y a las directivas a seguir de impulso de la energía renovable y de ir cerrando las centrales nucleares en un futuro próximo. Y por último, qué piensa de la demanda social. Usted será un técnico, pero sus decisiones van a tener una repercusión social y medioambiental. Garoña ha recibido un rechazo social absoluto, expresado de diferentes maneras, con manifestaciones en todos los municipios de Álava, de diferentes colores políticos, y expresado principalmente por las instituciones alavesas, tanto municipales como de la Comunidad Autónoma Vasca, que se han opuesto a la prórroga de su licencia. Nos gustaría oír su opinión sobre la voluntad de la sociedad respecto a las políticas energéticas relacionadas con la energía nuclear. Quisiera saber si tiene
algún plan para tranquilizarnos, dado que la alarma social es evidente y nadie lo oculta; y si va a recibir a las instituciones vascas o a las propias asociaciones que se están pronunciando en este aspecto porque es importante antes de tomar las decisiones que tiene que tomar.
Acabo con una cuestión que no hemos comentado, teniendo en cuenta que Garoña es una hermana tecnológica de la central de Fukushima y que incluso el propio CSN ya ha mostrado su preocupación en cuanto a los efectos sísmicos que pudieran tener los proyectos de explotación de fracking que hay alrededor, como el proyecto urraca, ¿va usted a garantizar al cien por cien la seguridad de que en Garoña no se puedan producir las consecuencias que todos sabemos que provoca un problema de este estilo en una central nuclear?
El señor PRESIDENTE: Para concluir con el turno de fijación de los grupos parlamentarios, en nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Jiménez.
La señora JIMÉNEZ MÍNGUEZ: Señorías, en primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, quiero agradecer la presencia de don Javier Dies Llovera. Desde luego a la vista de su intervención aquí y del examen que todos hemos tenido la oportunidad de hacer de su currículum, quiero destacar lo acertado de la propuesta de su nombramiento como consejero del Consejo de Seguridad Nuclear por parte del Consejo de Ministros del pasado día 11 de septiembre, una persona absolutamente adecuada para desempeñar esta responsabilidad. Antes, en su intervención el señor Segura nos leía el contenido del artículo 5 de la ley que regula el Consejo de Seguridad Nuclear y, desde luego, está claro que usted, doctor Dies, cumple escrupulosamente con los objetivos que marca dicho artículo. Es una persona de conocida solvencia, está dentro de esa serie de especialidades a que hace referencia la ley y se valora especialmente esa solvencia, esa independencia, y no tenemos ninguna duda de que va a actuar con absoluta objetividad y con criterio. Lo hemos visto, lo hemos podido percibir cuando usted nos explicaba cómo trabajaba esa tesis doctoral que tantos éxitos le ha traído, éxitos que sin duda van a repercutir también en todos nosotros.
Sí me gustaría decir al representante de La Izquierda Plural, señor Pérez Moya, con todo el respeto que me merece, que estamos aquí valorando la idoneidad de un candidato y no juzgando la ideología de las personas, pero en este caso y en el de otros consejeros que han tenido la oportunidad de estar aquí y de formar parte del Consejo de Seguridad Nuclear. Al señor Martínez Gorriarán me gustaría decirle, con todo el respeto, que con este currículum que nos presenta el candidato hablar de cuotas es algo que está de más. Está claro que al doctor Dies le avala su extensa formación, su dilatada experiencia profesional, docente, investigadora, y no solo en España, ya que también hemos visto su participación destacada en organismos internacionales como el Organismo Internacional de Energía Atómica. En cuanto a su currículum, qué vamos a decir de una persona que ha ejercido como catedrático durante más de 13 años, con 30 años de experiencia docente en ingeniería nuclear, primer premio proyecto final de carrera, premio extraordinario de doctorado, que coordina infinidad de proyectos de investigación y desarrollo y, además, es autor de más de 240 publicaciones. La publicación de sus obras se extiende a más de ochenta países y están traducidas a seis idiomas. Desde luego, su trayectoria hace que sea una persona de gran prestigio. Desde que salió publicada su propuesta hemos visto que es usted muy respetado y que goza de un amplio reconocimiento en el ámbito de la energía nuclear. Esa trayectoria, su perfil, su autoridad en la materia le hacen merecedor de la confianza del Grupo Popular.
Tengo que decir, y creo que no está de más recordarlo, que el Consejo de Seguridad Nuclear es un organismo serio, solvente y que cuenta con un gran prestigio internacional. Me gustaría decir al señor Dies que su presencia en el Consejo de Seguridad Nuclear viene a reforzar esa solvencia, ese prestigio y que nos aporta a todos la garantía, la tranquilidad de que la misión del consejo de velar por la seguridad nuclear y la protección radiológica recae sobre la persona idónea. Quiero mencionar que soy diputada por la provincia de Guadalajara, que desde siempre ha sido -si me permite la expresión- una provincia muy solidaria nuclearmente con todo el país, y por eso le repito que usted, con la nueva misión que se le va a encomendar, nos da garantías y nos transmite tranquilidad.
Muchas gracias y enhorabuena. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: A continuación, para responder a las cuestiones que han sido planteadas, tiene la palabra el señor Dies.
El señor DIES LLOVERA: Señorías, muchas gracias por todas las preguntas que me han hecho. Lo que sucede, es que si tengo que contestarlas todas no van a llegar a tiempo a cenar. Creo que algunas no me las tienen que hacer a mí, porque me parece que son para el ministro. Voy a intentar encontrar un equilibrio entre extenderme y contestar.
Lo primero que tengo que hacer es dar las gracias al consejero Gurguí porque fue mi profesor, me dio la asignatura de Calor y Frío Industrial, hará de esto por lo menos treinta y tres años; también me dio siete horas de clase -me acuerdo perfectamente- de Fusión Nuclear, porque en aquella época solo se daban siete horas de esa asignatura. Si ustedes me dan su confianza, va a resultar que el señor Gurguí me transfiere su puesto dos veces en la vida: la primera, porque las clases de Fusión Nuclear las dejó de dar él y me las pasó a mí -las he estado dando durante muchos años y sigo dándolas-, y la segunda, si esto sigue así, puede ser ahora.
Solo tengo palabras de agradecimiento. Hace dos semanas, en virtud de que soy profesor de ingeniería nuclear, estaba en Viena, en la Agencia Internacional de Energía Atómica, y allí me encontré al consejero Gurguí, así como a la consejera Velasco y al consejero Castelló. La verdad es que me acogieron muy bien y en un rato libre hasta me dio un primer cursillo de las cosas que tendría que hacer y de las que no. Por tanto, repito, solo tengo palabras de agradecimiento. Cada seis años se renueva o no. Por tanto, si ustedes me dan su confianza, sé que dentro de seis años podrán volver a renovarme o no. Es una renovación o no.
El Consejo de Seguridad Nuclear es una institución que tiene más de treinta años y que, desde mi punto de vista, está basada en el rigor científico y técnico. Hasta la fecha, el Consejo de Seguridad Nuclear ha tenido 6 presidentes y unos 20 consejeros, que son los que han tenido el orgullo y la satisfacción de pertenecer a tal institución. Para los muchos o para los pocos que mantenemos contacto con el mundo de la tecnología nuclear, el Consejo es el referente de la seguridad nuclear. Es la institución en sí y sus procedimientos -que son el fruto del quehacer de varias décadas, de lo que se ha ido elaborando durante muchas décadas, y no de ninguno de sus miembros- la que garantiza la seguridad nuclear. Rigor, seriedad, trabajo y respeto por la institución y sus integrantes es lo que puedo prometer. Para mí una referencia sería el profesor Apostolakis, que fue profesor mío en el Massachusetts Institute of Technology, donde hice un curso de seguridad nuclear y de análisis probabilístico de seguridad, que ha sido nombrado consejero por la National Nuclear Regulatory Commission de Estados Unidos. Ese puede ser un modelo a seguir.
Independencia, prudencia y discreción. Quiero dejar constancia de que en un organismo de eminente carácter técnico no procede formular argumentaciones que no estén soportadas y basadas en este tipo de criterios. Esto es lo que hoy me comprometo públicamente a hacer si ustedes me dan la confianza durante los próximos seis años.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Dies.
A continuación, vamos a suspender brevemente la sesión para despedir al señor Dies y luego proceder a las votaciones. (Pausa)
- EMISIÓN, PREVIA COMPARECENCIA DEL CANDIDATO PROPUESTO COMO VONSEJERO DEL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR, DON JAVIER DIES LLOVERA, DEL DICTAMEN SOBRE IDONEIDAD Y CONFLICTO DE INTERESES A EFECTOS DE LO DISPUESTO EN LA DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA DE LA LEY 3/2015, DE 30 DE MARZO, REGULADORA DEL EJERCICIO DEL ALTO CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO. (Número de expediente 276/000025).
El señor PRESIDENTE: Señorías, en relación con la propuesta de nombramiento del consejero del Consejo de Seguridad Nuclear, señor Dies Llovera, vamos a hacer dos votaciones. La primera, referente a la aceptación o veto razonado, o votación en contra, de la propuesta de nombramiento. La segunda, para valorar la idoneidad y conflicto de intereses, sobre lo que se les ha pasado a ustedes la documentación correspondiente.
Votamos la aceptación del señor Dies Llovera como consejero del Consejo de Seguridad Nuclear.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en contra, 4; abstenciones, 12.
El señor PRESIDENTE: No se alcanza el acuerdo necesario para manifestar expresamente la aceptación o veto razonado en relación con la propuesta del Gobierno.
Pasamos a la siguiente votación, en relación con el dictamen sobre idoneidad y conflicto de intereses.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; abstenciones, 16.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen sobre idoneidad y conflicto de intereses.
Antes de terminar la sesión, quisiera plantearles dos cuestiones más. La primera, es que estoy seguro de que todos hemos percibido hoy la ausencia de Inmaculada Riera, que fue portavoz de Convergència i Unió, quien ha presentado recientemente la renuncia a su escaño. Creo expresar el sentir de toda la Comisión si destaco, para que conste en el "Diario de Sesiones", la dedicación, el trabajo, la solvencia, la permanente actitud favorable al diálogo que ha tenido Inma Riera en esta Comisión. Además, desde el punto de vista personal, quiero manifestar mi enorme respeto y afecto.
La segunda cuestión es que es probable que esta sea la última sesión de la Comisión, aunque es posible que haya una más, pero depende de los trabajos de la ponencia sobre la memoria del Consejo de Seguridad Nuclear y también de la fecha en la que se disuelvan las Cortes. Por si acaso, quería transmitir mi felicitación a todos por el brillante trabajo realizado y mi agradecimiento al letrado de la Comisión, a José Luis Ruiz-Navarro, que ha sido un magnífico colaborador y asesor, a los taquígrafos y estenotipistas, a los servicios de grabación audiovisual de la Cámara, a los ujieres y, por supuesto, a todos los portavoces y vocales. Creo que se ha hecho un magnífico trabajo y hemos escuchado intervenciones muy brillantes. Como presidente, quiero decirles que me lo han puesto fácil. No ha habido ningún incidente. Si ha habido alguno, no lo recuerdo, y si no lo recuerdo es que no lo ha habido. (Risas).
Solo les puedo decir que muchísimas gracias y, como decía una canción, que ojalá volvamos a vernos. (Aplausos).