Source: https://issuu.com/darperu/docs/agenda_ambiental_num_7
Timestamp: 2017-09-19 21:43:27
Document Index: 325924583

Matched Legal Cases: ['Artículo 36', 'Artículo 15', 'Artículo 6', 'Artículo 2', 'Artículo 2', 'Artículo 24', 'Artículo 7', 'Artículo 1', 'artículo 18', 'artículo 15', 'artículo 6', 'Artículo 2', 'artículo 15', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'artículo 8', 'artículo 15', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 18', 'artículo 6', 'artículo 7', 'Artículo 2', 'Artículo 28', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 6', 'Artículo 6', 'Artículo 28', 'Artículo 2', 'Artículo 27', 'Artículo 64']

Agenda Ambiental. Boletín Informativo de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales - Marzo, 2014 by DAR Perú - issuu
AGENDA AMBIENTAL ACERCÁNDONOS A LOS 10 AÑOS DE DAR AÑO: 3
Ausencias en la aprobación del EIA
para la ampliación del Programa de Exploración y Desarrollo del Lote 88 Transparencia en el sector energético: próximos retos Articulaciones de la vigilancia indígena: Con las competencias del Gobierno Regional y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental Revisión de salvaguardas en el Banco Mundial La Evaluación Ambiental Estratégica en el Plan de Desarrollo Regional Concertado de Loreto Perú asume el reto por un compromiso climático Entrevista a Manuel Pulgar-Vidal, ministro del Ambiente
Informe Especial: El derecho a la participación de los pueblos indígenas en los asuntos que les conciernen
Índice Editorial.
Ausencias en la aprobación del EIA para la ampliación del Programa de Exploración y Desarrollo del Lote 88.
Transparencia en el sector energético: próximos retos.
Articulaciones de la vigilancia indígena: Con las competencias del Gobierno Regional y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental.
La Consulta Previa en el sector hidrocarburos.
Los resultados de la COP19 de Varsovia y su poco aporte a la COP20 de Lima.
Entrevista: Perú asume el reto por un compromiso climático.
La Evaluación Ambiental Estratégica en el Plan de Desarrollo Regional Concertado de Loreto.
Revisión de salvaguardas en el Banco Mundial.
Colaboración especial: El SER o NO SER de la participación ciudadana en UNASUR.
Informe especial: El derecho a la participación de los pueblos indígenas en los asuntos que les conciernen.
Hecho el depósito legal en la Biblioteca Nacional del Perú N° 2014-04014
Reporte DAR: Situación del sector energético 2013 (Primera Parte).
Primera edición: Marzo 2014, consta de 2000 ejemplares.
Agenda Ambiental Boletín Informativo de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales - DAR Año 3 / Número 7 / Marzo 2014 Edición: César Gamboa Balbín Annie Morillo Cano Coordinación General: Annie Morillo Cano Colaboradores: Aída Gamboa Balbín Cecilia Tacusi-Oblitas Zevallos Cristina López Wong Hugo Che Piu Deza Iris Olivera Gómez Martha Torres Marcos-Ibáñez Pierina Egúsquiza Cerrón Sébastien Snoeck Vanessa Cueto La Rosa Fotos de portada: Asunta Santillán / DAR Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) Jr. Coronel Zegarra N° 260, Jesús María Teléfono: (511) 2662063 Correo electrónico: dar@dar.org.pe Página web: www.dar.org.pe Diseño y diagramación: Realidades S.A. Augusto Tamayo N° 190 - Of. 5, San Isidro Correo electrónico: informes@realidades.pe Página web: www.realidades.pe
Esta publicación es posible gracias al financiamiento de la Cooperación Flamenca para la Cooperación Norte-Sur (11.11.11), John D. and Catherine T. MacArthur Foundation, Open Society Foundations (OSF), Gordon and Betty Moore Foundation, National Endowment for Democracy (NED), Charles Stewart Mott Foundation, Rainforest Foundation Norway y Fundación AVINA. Esta publicación refleja la opinión de los autores y no necesariamente la opinión de la Cooperación Flamenca para la Cooperación Norte-Sur (11.11.11), John D. and Catherine T. MacArthur Foundation, Open Society Foundations (OSF), Gordon and Betty Moore Foundation, National Endowment for Democracy (NED), Charles Stewart Mott Foundation, Rainforest Foundation Norway, Fundación AVINA o de Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR). Impreso y hecho en el Perú.
Editorial Una sombra cubre el Ambiente: Salvaguardas Socio-Ambientales de las Inversiones…
Se han mencionado ciertas condiciones para reducir los requerimientos administrativos en la actividad de exploración, específicamente prospección de sísmica, señalando que no se requeriría un tipo de evaluación ambiental como el EIA-sd, sino uno de menor requisito, el DIA. Estos se aplicarían en áreas previamente focalizadas, ya sea en actividades de exploración, exclusión de tierras de comunidades o áreas protegidas, con alta tecnología, etc. Esto es, sin duda, un debate técnico que debe ampliarse, no solo darse promesas que finalmente no abarquen la norma, es cierto que deben simplificarse los trámites sumamente largos y complejos de la gestión ambiental, pero sin menoscabar las salvaguardas.
En este número encontraremos varios acercamientos a la necesidad de diseñar e implementar salvaguardas para una mejor compatibilidad de las inversiones con un modelo de desarrollo sostenible y de equidad. Desde DAR y la sociedad civil nos toca proponer medidas correctivas y mejoras para la gestión ambiental y social de las inversiones, no para detenerlas, sino para que su viabilidad no afecte a todos los peruanos y ecosistemas, especialmente a los futuros peruanos.
Durante los últimos años, las críticas a las inversiones se centran en la desconfianza de la evaluación y fiscalización ambiental. Se han hecho esfuerzos para que estos procesos se reviertan con la creación del SENACE y el fortalecimiento del OEFA. Pero el meollo del asunto, radica en dotar de mayor claridad (criterios ambientales y sociales) a la evaluación ambiental, es decir definir con suma rigurosidad cómo medir y darle un valor al riesgo e impacto ambiental de las inversiones públicas y privadas. Para ello, los sectores deberían adecuarse a la regulación, principios y criterios del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), sin embargo la mayoría de estos sectores aún no lo han hecho. Muy por el contrario, se debate desde lo político y no desde lo técnico.
Esta tensión que se vive en Perú, planteada por el Ministerio de Energía y Minas, no acaba en nuestro país, es más bien una tendencia por cambiar las reglas del juego a las inversiones, que a la larga antes de fortalecer, terminará por debilitarlas. Hace unos años que la Corporación Financiera Internacional cambio sus salvaguardas, trasladando al cliente la carga de realizar el seguimiento de su aplicación, “apoyándolo” para tal fin. Así se considera que la autoregulación es la salida para atraer más rápidas inversiones, las cuales ya se encuentran en diversos sectores como Infraestructura. Por ejemplo, la CAF está apoyando al Perú con un préstamo de $ 20, 000 millones de dólares para captar inversiones en infraestructura.
A nivel global, regional, nacional y local, las inversiones están cambiando las condiciones del desarrollo. Es evidente, que buscamos cambios para mejor, aunque lamentablemente eso no siempre sucede así. Es más, los cambios responden a intereses económicos que posiblemente podrían aumentar los riesgos ambientales y sociales.
Ausencias en la aprobación del EIA para la ampliación del Programa de Exploración y Desarrollo del Lote 88 Por Vanessa Cueto La Rosa Programa de Gestión Socio-Ambiental e Inversiones
El 27 de enero de 2014, a través de Resolución Directoral N° 035- 2014- MEM/AAE, se aprobó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del Proyecto Camisea, ampliación que se superpone a la Reserva Territorial Kugapakori, Nahua, Nanti y otros (RTKNN), de esta forma el Estado peruano permite se realicen actividades de Sísmica 2D y 3D, así como la instalación de 6 locaciones (18 pozos) y una Línea Sísmica sobre dicha reserva. En la RTKNN habitan poblaciones altamente vulnerables por lo que las actividades en el Lote 88 siempre han significado un riesgo. Así lo indica el Análisis de Salud de la población Nanti de 2003, al señalar que “las potenciales amenazas sobre los Nanti son desproporcionadas para el tamaño poblacional de este pueblo indígena. Estas [amenazas] provienen de las actividades de extracción del gas, el deterioro de la base de recursos alimenticios río abajo; la incrementada actividad económica en la
zona; y la movilidad de la población y personal de las empresas. Los impactos y riesgos ambientales en la zona de explotación tienen efectos indudables sobre el territorio Nanti y sus condiciones de salud”. En el año 2000, cuando se firmó el contrato Camisea, la sociedad civil nacional e internacional expresó su preocupación por los impactos del proyecto en la RTKNN y en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Manu. Frente a ello en el 2003, el Estado peruano se comprometió con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a través del Préstamo 1441, a fortalecer la gestión del Estado en temas sociales y ambientales asociados a este proyecto, además de asumir 21 compromisos socio-ambientales. Para los pueblos indígenas de la esta Reserva, el Estado debe generar mecanismos de protección como la elaboración de una línea de base social, el diseño y ejecución de un Plan de Protección, la implementación de los puestos de control, entre otros.
En ese sentido, ¿cuáles eran los mecanismos de protección o medidas que debieron darse de manera previa a la aprobación del EIA para la ampliación de actividades en el Lote 88 que no se dieron? a) Informe actualizado del Análisis de la Situación de Salud de los pueblos de la RTKNN. Se debió contar con un Análisis de la Situación de Salud (ASIS) actualizado pues el último realizado por el Ministerio de Salud (MINSA) data del año 2003. El informe del ASIS señala el alto grado de vulnerabilidad del pueblo Nanti frente al Proyecto Camisea mencionado los impactos a la salud y los que podría darse a futuro1. A la fecha el MINSA está actualizando este informe, por lo que se debió esperar su conclusión y analizar sus recomendaciones en la evaluación del EIA.
b) Plan de Protección de la RTKNN implementado y actualizado. Si bien desde el año 2003 el Estado peruano, a partir del Préstamo 1441 y los 21 compromisos, se debía generar e implementar dicho Plan, desde el año 2005 el documento no ha sido actualizado ni implementado. c) Comité de Gestión de Protección en funcionamiento. El reglamento de la Ley de PIACI señala que para garantizar la intangibilidad de la RTKNN, se debía conformar este Comité e integrar a instituciones públicas y representantes de los pueblos indígenas con el fin de darle una visión transectorial a la protección de los pueblos de las reservas. Esto a la fecha no se ha cumplido para la RTKNN, lo cual evidencia la falta de coordinación intersectorial.
1	Pueblos en Situación de extrema vulnerabilidad: El caso de los Nanti de la Reserva Territorial Kugapakori.
d) Recomendaciones del Relator para Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, James Anaya. Tras una semana de visita oficial en nuestro país, el Relator difundió el 13 de diciembre de 2013, sus recomendaciones sobre el citado EIA precisando la necesidad de que se realice un análisis exhaustivo de la situación en la RTKNN, teniendo en cuenta el grado de vulnerabilidad de las poblaciones que la habitan, asimismo se implemente la consulta para los pueblos dentro del Lote 88. Sin embargo, el Estado peruano no tomó en cuenta estas recomendaciones.
Ninguno de los citados mecanismos de protección, medidas ni recomendaciones se cumplieron antes de la aprobación del EIA, hecho que muestra el desinterés del Estado, en más de 10 años de operaciones del Proyecto
Camisea, de asumir y cumplir compromisos con los pueblos que habitan la RTKNN poniéndose en riesgo su salud y vida. En ese sentido, es necesario reflexionar ¿la explotación del Lote 88 redunda en beneficios para la población local y los pueblos que habitan la RTKNN? Es claro que el Perú recibirá réditos económicos significativos por el concepto de canon y regalías, pero mientras tales réditos no se reflejen en el respeto a la salud y vida de las poblaciones locales y de la RTKNN, una buena gobernanza y mejora de la calidad de vida local, el país estará agotando un recurso natural clave y seguirá generando más pobreza y exclusión en el Bajo Urubamba.
Transparencia en el sector energético: próximos retos Por Aída Gamboa Balbín Programa de Gestión Socio-Ambiental e Inversiones
La creciente presión por la explotación de los recursos naturales y el desarrollo de nuevos proyectos de inversión han exacerbado la conflictividad socio-ambiental y la desconfianza de la población hacia sus autoridades. Para revertir esta situación, es necesario que se tomen decisiones públicas que proyecten la adecuada promoción, control y uso de nuestros recursos naturales a través de la implementación de prácticas de buen gobierno o de gobernanza, que busquen el beneficio de todos sus ciudadanos. La transparencia es una de estas prácticas y eje transversal para el desarrollo de la gobernanza en el sector energético. Se entiende por transparencia a la capacidad de los organismos públicos en brindar públicamente información, datos, documentos, políticas y procesos de toma de decisiones, además, incluye la posibilidad de que el ciudadano verifique su exactitud. En esa medida, la transparencia se convierte en un medio para que la población ejerza sus derechos de acceso a la información pública, a la participación, a la rendición de cuentas y a la vigilancia ciudadana. Por ello, la información debe ser relevante y confiable (contener
todos los datos necesarios y verídicos), accesible (de fácil acceso), oportuna (en el momento adecuado), clara y comprensible (entendible por los ciudadanos). De esta manera, la transparencia incrementa la legitimidad democrática del Estado. Incorporar la transparencia y el acceso a la información no solo consiste en mantener una adecuada disponibilidad de documentación en los portales de transparencia de las entidades públicas y un servicio de calidad en la atención de las solicitudes de acceso a la información pública, sino también su contenido debe ser clave en procesos importantes del sector energía como políticas, planes y programas; otorgamiento de derechos en hidrocarburos e hidroeléctricas; procesos de evaluación de Estudios de Impacto Ambiental (EIA), y préstamos programáticos al sector. Un sector energético fortalecido y al servicio de los ciudadanos –que asegure estándares socio-ambientales, seguridad energética y proyectos de inversión sosteniblesdebe integrar en su gestión la transparencia y conectarla con los principios básicos de la gobernanza: planificación,
en cualquier parte del país. Además, se debe mejorar la coordinación intersectorial e intergubernamental, incluyéndose a los gobiernos regionales y locales en los procesos de transparencia y acceso a la información nacionales. En cuanto a la planificación energética, es necesaria la vinculación de políticas, planes y programas del sector energía con instrumentos de la planificación energética nacional como el Plan Bicentenario y el Acuerdo Nacional, igualmente con la normativa ambiental.
8 Foto: Mario Zúñiga / DAR
capacidad de gestión, coordinación, participación, rendición de cuentas e integridad pública. Es imperativo que el Estado tome medidas que aseguren la transparencia y el acceso a la información pública para todos los peruanos. Solo así se fortalecerá la gobernanza y con ello la confianza de la población hacia sus autoridades. Caso contrario, la vulneración del derecho de acceso a la información, el incumplimiento de nuestra normatividad, el secretismo en la administración pública y la corrupción continuarán. Por ello, quedan pendientes varios retos que deben afrontarse. El primero es la creación de una Autoridad Nacional en Transparencia y Acceso a la Información que asegure el cumplimiento de los plazos establecidos en la Ley, estandarice los mecanismos de transparencia en las instituciones públicas, seleccione funcionarios capacitados exclusivamente para estas funciones y aplique las respectivas sanciones e incentivos. Otro reto es la implementación de mecanismos de acceso a la información y participación que sean inclusivos y culturalmente adaptados, que consideren la diversidad de lenguas, las limitaciones de acceso a la tecnología y medios de comunicación disponibles a todo ciudadano
Una medida a tomar en los procesos de otorgamiento de derechos en hidrocarburos y en hidroeléctricas es la incorporación de la consulta previa en la planificación de estos procesos, así como la publicidad de la información generada y la sistematización de los procesos para el conocimiento de los ciudadanos, sobre todo para aquella población que puede ser afectada por la superposición de lotes de hidrocarburos e hidroeléctricas en sus territorios. Además, en los procesos de evaluación de los EIA, el desafío será mejorar la publicidad vía portal Web de los documentos repartidos e información generada en los talleres y audiencias públicas de participación ciudadana. El conocimiento de estos solo se obtiene mediante lecturas de expedientes físicos y solicitudes de acceso a la información, lo cual limita la transparencia y el ejercicio del derecho de acceso a la información pública. De igual modo, se debe publicar en los sitios Web oportunamente, por estos medios, los expedientes físicos de todas las etapas de la evaluación ambiental. Un reto para la transparencia en la ejecución de préstamos programáticos del sector es la implementación de una política específica de transparencia que permita conocer los créditos que tiene cada entidad, así como la información de la evaluación, resultados y logros obtenidos. Finalmente, urge una reforma estatal que incorpore en la estructura del Estado una participación ciudadana e indígena que influya en la toma de decisiones, mecanismos de coordinación y de rendición de cuentas eficientes, así como la creación de instrumentos que promuevan la ética y la lucha anticorrupción.
Articulaciones de la vigilancia indígena: Con las competencias del Gobierno Regional y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental Por Iris Olivera Gómez Programa de Ecosistemas y Derechos
La vigilancia indígena es una forma del control del territorio, la cual en la práctica ha tomado diversos nombres y se ha venido desarrollando con mucho esfuerzo por los pueblos indígenas conjuntamente con el incremento de las actividades extractivas en dichos espacios. En la Agenda Ambiental anterior, se señalaron los avances en el reconocimiento e institucionalización de la vigilancia indígena a nivel nacional y regional1. Ahora comentaremos los retos y oportunidades en la articulación de la vigilancia indígena con las competencias del Gobierno Regional y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). Importancia de la vigilancia indígena Se puede considerar que en el caso de los pueblos indígenas el desarrollo de la vigilancia indígena, en sus diversas formas, es parte de su autonomía, es decir, que nace de acuerdo a sus necesidades y voluntad de organizarse para estas acciones. Además de ello, se observa con hechos que la vigilancia indígena ha aportado información relevante en el 1
monitoreo y ha impulsado la generación de estándares y límites máximos permisibles. Así por ejemplo, en la zona del Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón, previos a la Declaratoria de Emergencia Ambiental, los registros e incidencia de los monitores articulados a sus organizaciones indígenas contribuyeron con la identificación de más puntos de contaminación. Entonces, la labor que se vienen desarrollando, a través de la vigilancia indígena, aportaría sustancialmente al trabajo de las instituciones con competencias de evaluación, fiscalización y sanción. Quién, sino la misma población, está más cerca de la zona donde se realizan las actividades extractivas, acaso no es la población la que conoce mejor su territorio. Esta cercanía y conocimiento previo le dan la preferencia para identificar, prevenir y denunciar las afectaciones a su territorio y población. En la actualidad, se habla de la necesidad de articular los resultados de esta vigilancia qu e ejercen sobre sus territorios, sin embargo, el salto cualitativo sería que además los resultados del Sistema de Vigilancia Indígena se vinculen e influyan en los espacios públicos
Agenda Ambiental. Boletín Informativo de Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR). Año 2, Número 6. Diciembre, 2013. “Vigilancia Comunitaria Indígena: Control del territorio, avances en la institucionalización”. pág. 9-10.
correspondientes a la vigilancia, monitoreo, supervisión y sanción. Esto último es posible comprenderlo desde la perspectiva del derecho a la participación de los pueblos indígenas, siendo necesario que el Estado promueva su participación en diferentes espacios, de tal manera que sea sostenible. Cabe indicar que aún no se han desarrollado mecanismos específicos para la participación de los pueblos indígenas. La vigilancia indígena toma diversos nombres y se realiza en la práctica sobre las diferentes acciones que se ejercen en sus territorios, entonces la mirada de la vigilancia abarca desde el monitoreo de actividades extractivas como forestal o hidrocarburos, hasta la vigilancia del cumplimiento de derechos y obligaciones. Sobre esta diversidad de tareas se aprecia que existen coincidencias entre los pueblos con relación a la articulación interna de la vigilancia. Esto es, los integrantes de las comunidades que ejercen la vigilancia son nombrados por la comunidad, además tienen una relación con sus organizaciones indígenas, las cuales proveen de capacidades y articulan las acciones de vigilancia.
Entonces, la articulación de la vigilancia indígena hacia las autoridades como el Gobierno Regional u otros tendría que enlazar estas instancias (organizaciones indígenas y el soporte de la comunidad) para que sean legitimados la intervención y los aportes de la vigilancia. Articulación con el Gobierno Regional De los diferentes espacios de la intervención, comentaremos sobre la articulación de la Vigilancia Indígena en el espacio regional y nacional con referencia a los hidrocarburos, el cual es el tema más recurrente (aunque no el único) en las comunidades amazónicas. Si bien los gobiernos regionales no tienen transferida la función de fiscalización en temas energéticos, hay que precisar que de acuerdo a sus funciones y competencias estos pueden realizar monitoreos para evaluar el estado de los recursos naturales de su región, sin necesidad de estar ligados a un sector en particular. Además, los gobiernos regionales en su calidad de Entidades de Fiscalización Ambiental2, contribuyen con la
Las Entidades de Fiscalización Ambiental son aquellas entidades que tienen ejercicio de funciones con independencia funcional del OEFA, debiendo adecuar su actuación a las disposiciones que dicte dicho ente rector.
y procesamiento industrial pesquero) e industria (subsector industria manufacturera).
De otro lado, a pesar de que aún no se han desarrollado mecanismos específicos y completos de participación de los pueblos indígenas, por ahora bajo el marco de la participación ciudadana se podría articular las acciones de la vigilancia indígena con los monitoreos de los gobiernos regionales.
La vinculación de la vigilancia indígena con el OEFA podría desarrollarse a través de la vigilancia ciudadana ambiental mencionada anteriormente. Esta articulación sería una gran oportunidad teniendo en cuenta la importancia de la Vigilancia Indígena y su aporte con las acciones que desarrolla el OEFA. Al igual que en caso del gobierno regional, esta propuesta tendría que integrar las formas de articulación interna de la Vigilancia Indígena que involucra a sus comunidades y organizaciones.
El Decreto N° 002-2009-MINAM, en su Artículo 36°, menciona la Vigilancia Ciudadana Ambiental e indica que las autoridades competentes son las encargadas de promover la participación ciudadana responsable en la fiscalización ambiental mediante acciones de vigilancia, con el fin de contribuir al mejor desempeño en el ejercicio de sus funciones. Además agrega que las entidades (como el gobierno regional) deben implementar mecanismos de participación de la ciudadanía en la fiscalización ambiental. Esta vigilancia podrá verificarse a través de Comités de Vigilancia Ciudadana, agrupaciones formadas por personas naturales o jurídicas que tienen como objetivo contribuir en las tareas de fiscalización a cargo de la autoridad competente. Asimismo, pueden constituirse dichos Comités con fines de monitoreo y supervisión de obras que puedan causar impactos ambientales significativos. Los Comités de Vigilancia desarrollan sus actividades bajo los principios de responsabilidad y buena fe.
Ahora, el gran reto es avanzar con el desarrollo de mecanismos de participación de los pueblos indígenas, así como con el reconocimiento e institucionalización de la vigilancia indígena.
A la fecha, ya estaría en práctica esta figura de vigilancia, siendo oportuno, en este caso, poder vincular la vigilancia indígena (bajo sus formas de articulación interna) con el gobierno regional, incluso estos alcances se darían a nivel local.
En general, el reto para los gobiernos regionales es lograr la sostenibilidad de las acciones de evaluación y fiscalización que realizan, pues hasta el momento dependería de sus recursos propios, debiéndose identificar ingresos para estas funciones de índole gubernamental. Articulación con el OEFA Actualmente el OEFA es órgano competente para fiscalizar cuatros sectores: energía (donde se encuentran Hidrocarburos y Electricidad), minería (mediana y gran minería), pesquería (acuicultura de mayor escala
labor del OEFA, por lo que podrían realizar monitoreos en sector energético bajo ese enfoque.
La Consulta Previa en el sector hidrocarburos* Por Sébastien Snoeck Programa de Ecosistemas y Derechos
El carácter previo de la consulta a los pueblos indígenas u originarios constituye una de sus características esenciales y, hoy en día, las personas mínimamente informadas no suelen ponerlo en duda. Sin embargo, el momento preciso que genera la obligación de iniciar un proceso de Consulta Previa no está definido en las normas. En lo que atañe a las actividades extractivas, el asunto se vuelve aún más controversial: la consulta debe ocurrir antes de autorizarse el proyecto, pero ¿cuánto tiempo antes?
internacionales de derechos humanos, la aplicación de la consulta previa en el sector hidrocarburos debería acatar los siguientes principios: i)	No se necesita la adopción de una medida administrativa o la ‘afectación directa’ a pueblos, sino basta la planificación de actividades en las tierras que tradicionalmente ocupan (ver Artículo 15° del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, redactado en términos distintos del Artículo 6° del mismo Convenio)2.
En el Perú, la Ley del Derecho a la Consulta Previa (Ley N° 29785) ha optado por limitar la consulta a una única oportunidad: la medida administrativa que faculte el inicio de la actividad de exploración o explotación o autorice la suscripción de contratos. De acuerdo con las normas nacionales, corresponde a cada autoridad pública identificar dicha medida de manera precisa y señalar cuándo se debe iniciar el proceso de consulta. En el sector hidrocarburos, PERUPETRO está encargado de realizar la consulta del Decreto Supremo que aprobará la suscripción del contrato1.
ii)	La obligación de buena fe del Estado implica que el proceso de consulta sea iniciado cuanto antes, en la fase de planificación (Artículo 2° de la Ley N° 29785) y desde la fase de diseño del proyecto para otorgar a los pueblos indígenas una verdadera posibilidad de influir sobre el proceso3. Al respecto, se debería aplicar un criterio de “reversibilidad” pues si la medida propuesta ya no se puede modificar, entonces la consulta sería tardía o ejecutada de mala fe.
En nuestra opinión y según el derecho internacional vigente en el Perú, siguiendo las pautas de los organismos
iii)	De todas maneras, se debe consultar antes de otorgar derechos sobre territorios indígenas4.
Ese artículo se basa en los resultados de la investigación presentada en el informe La Consulta Previa en el Sector Hidrocarburos, Documento de Trabajo de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), de próxima aparición. Resolución Ministerial N° 350-2012-MEM-DM del 20 de julio de 2012. No publicada pero aplicada en los procesos de consulta de los lotes 169 y 195. Esa posición parece ser compartida por PERUPETRO. Véanse el Plan de Consulta para el Lote 169, pág. 5, párr. 4. STC 022-2009-PI/TC, fundamento 36. Corte IDH, Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador, Fondo y reparaciones, sentencia de 27 de junio de 2012, Serie C No. 245., párrs. 167 y 177. Por ejemplo, Informe CEACR (2013), Convenio 169, Observaciones Brasil. Informe CEACR (2009), Convenio 169, Observación general.
vi)	El Estado tiene la obligación de brindar toda la información sobre los impactos del proyecto, lo
Por lo tanto, la Consulta Previa debería desarrollarse en tres momentos antes de autorizar las actividades: (1) en la fase de planificación, como lo requiere la Ley de Consulta Previa (Artículo 2°); (2) antes del otorgamiento del derecho de aprovechamiento, al momento de definir los lotes y las condiciones contractuales (redacción de las “Bases”); y (3) sobre el proyecto de estudio ambiental después de presentado al Ministerio de Energía y Minas (DGAAE), pero antes de su aprobación8.
Gráfico N°1. Proceso de Convocatoria Consulta previa
13 Consulta previa
Elaboración Bases
Elaboración EIA
Aprobación EIA
Actualmente, no se garantiza el inicio del proceso de consulta desde las primeras etapas del proyecto y no se prevé consultar el Estudio de Impacto Ambiental. Además, el derecho nacional no regula el derecho a la participación de los pueblos indígenas durante la elaboración de los estudios ambientales9. En los primeros procesos de consulta en el sector (Lote 169 y 195), se consultó al proyecto de Decreto Supremo que aprobaría el contrato, antes de iniciar el proceso de licitación de los
lotes, lo que constituye una buena práctica. Sin embargo, las normas no garantizan que esa práctica perdure en el tiempo. Además, PERUPETRO tiene un gran margen de discrecionalidad sobre los puntos discutidos, sabiendo que el proyecto de Decreto Supremo en sí mismo no contiene ningún detalle acerca de las actividades. Por otro lado, todavía no se prevé una segunda etapa de consulta al momento de evaluar el Estudio de Impacto Ambiental, lo que debería corregirse.
5	Corte IDH, Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador, Fondo y reparaciones, sentencia de 27 de junio de 2012, Serie C No. 245., párrs. 167. OIT, Reclamación Guatemala. C169. (GB.294/17/1): (GB.299/6/1) (2007), párr. 54. Reclamación Ecuador. CEOSL. GB.282/14/2 (2001), párr. 30. Véase también Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-129/11, pág. 74. 6	Ver Plan de Consulta del Lote 195, enero 2014, pág. 8. 7	OIT, Reclamación en virtud del Artículo 24° de la Constitución de la OIT, Colombia, 2001, GB.282/14/3, párr. 78. 8	Además, el Estado debe consultar a los pueblos afectados por toda nueva actividad o extensión no autorizada, a lo largo del proyecto. 9	Ver. SNOECK, S. 2013. El derecho a la participación de los pueblos indígenas en los asuntos que les conciernen. DAR. Disponible en: http://www.dar.org.pe/ archivos/publicacion/125_Informe_participacion_PPII.pdf
v)	Los pueblos afectados deben participar en la redacción de los estudios de impacto socioambiental (Artículo 7° del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo)6.
que no se puede hacer antes de finalizar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA)7.
iv)	La consulta se aplica en todas las etapas del proceso y no solamente al momento de firmar el contrato5, lo que implica que se puede organizar varios procesos de consulta durante el mismo proyecto.
Los resultados de la COP19 de Varsovia y su poco aporte a la COP20 de Lima Por Cecilia Tacusi-Oblitas Zevallos Programa de Ecosistemas y Derechos
La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) establece un marco general para los esfuerzos internacionales que abordan la problemática del cambio climático. El objetivo de la Convención es estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera a un nivel que no perjudique el clima1. El órgano central de la CMNUCC es la Convención de las Partes (COP) y a los países miembros que la integran se les denomina Partes. La COP es un espacio donde sus miembros toman decisiones para enfrentar al calentamiento global. El Protocolo de Kyoto es un acuerdo alcanzado entre las partes de la Convención que compromete a los países industrializados a disminuir sus emisiones de GEI. En ese sentido, establece para 37 países industrializados metas vinculantes de reducción. El
primer período del Protocolo culminó en 2012, ese año en Doha (COP18) se adoptó una enmienda al Protocolo de Kyoto que estableció el segundo período de compromiso, así como trabajar para lograr un acuerdo vinculante al 2015 que involucre a todas las partes a partir del 2020. El objetivo de la COP19, realizada en Varsovia del 11 al 24 de noviembre de 2013, era proporcionar una estructura para un nuevo acuerdo global que debería ser firmado o ratificado en París, sede de la COP21 en el año 2015. Este acuerdo global debía incluir que el grado de calentamiento de la tierra no supere los 2 C° y que se incremente el financiamiento para frenar el cambio climático y sus efectos. Sin embargo nada de lo señalado se logró.
1	Unidos por el Clima. Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Disponible en http://unfccc.int/resource/docs/publications/ unitingonclimate_spa.pdf
Si bien los avances en Varsovia fueron pocos, queda todavía un año de trabajo para lograr la estructura de este acuerdo, para llegar a París con un mejor panorama de la negociación. Esto no significa que recién en diciembre de 2014 se trabajará sino que a lo largo de este año habrá reuniones de la CMNUCC para elaborar el borrador técnico con las posiciones de los países miembros. Por otro lado, se espera la activa participación de la sociedad civil y de los pueblos indígenas en las negociones de la CMNUCC. La COP 20, que se realizará en Lima en diciembre de este año, deberá lograr un texto de negociación que permita llegar a un acuerdo vinculante al año siguiente en París. Si bien Perú como país anfitrión y presidente de la Conferencia tendrá un papel crucial para que se llegue a un acuerdo climático vinculante, ello dependerá de las negociaciones que se realicen durante todo el 2014 y que los equipos negociadores acudan con voluntad política y compromisos reales. Varsovia no le dejó el camino fácil a Lima.
2	El mandato de la ADP es desarrollar un protocolo, otro instrumento legal o un resultado acordado con fuerza legal en virtud de la Convención aplicable a todas las Partes, que se completará a más tardar en el año 2015 con el fin de que sea aprobada en el vigésimo primer período de sesiones de la Conferencia de las Partes (COP) y para que entre en vigor y se aplicará a partir de 2020.
15 Derecho, Ambiente y Recursos Naturales - DAR
•	Cambio de la palabra compromiso a contribuciones, lo cual podría significar que para el 2015 tendríamos el acuerdo en París. •	Creación del Mecanismo Internacional de Varsovia para pérdidas y daños. Los países desarrollados deberán proveer asistencia técnica y financiera a los países en desarrollo para la compensación por daños y pérdidas asociadas al cambio climático. •	Noruega, Reino Unido y Estados Unidos se comprometieron a dar un aporte conjunto de 280 millones de dólares a la Iniciativa para los Paisajes Forestales Sostenibles (ISFL). •	Consenso de la Hoja de Ruta hasta 2015 para lograr un acuerdo de cambio climático post 2020. Las Partes comunican sus “contribuciones” (en la reducción de emisiones) para el primer trimestre de 2015, y durante la próxima reunión de la Plataforma de Durban para la Acción Mejorada (ADP)2, a realizarse en marzo de 2014, en Alemania, se iniciará la elaboración de un borrador de texto de negociación en avance al nuevo Acuerdo Climático 2015 (París). Para dicha comunicación, los países en vías de desarrollo solicitaron apoyo a los países desarrollados e instituciones para generar información que ayude a determinar sus contribuciones para la mitigación del cambio climático. •	El Paquete REDD de Varsovia. Incluye las Modalidades de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) de las acciones de REDD+, directrices y procedimientos para la evaluación técnica de los niveles de referencia de emisiones y/o niveles de referencia forestales, calendario y la frecuencia de presentación del informe resumen sobre cómo se están abordando y respetando todas las salvaguardas (sociales y ambientales) para REDD+; establecimiento de un punto focal de REDD+ así como arreglos institucionales; y las causas de la deforestación y la
degradación forestal, programa de trabajo sobre financiación basada en resultados para avanzar en REDD+.
Lo que sí se avanzó y comprometió fue lo siguiente:
Entrevista Perú asume el reto por un compromiso climático* Entrevistador Hugo Che Piu Deza Presidente de Derecho, Ambiente y Recursos (DAR)
Foto: Jimena Cucho / DAR
DAR, en el marco de sus diez años de vida institucional, y como miembro activo del Grupo Perú COP20, formado por la sociedad civil, en entrevista exclusiva con el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, nos revela la inminente aprobación de la Estrategia Nacional de Cambio Climático con miras hacia la COP20 y hace hincapié en una serie de iniciativas sobre estrategias de mitigación y conservación. Además dio mayores alcances acerca de los avances en la organización de la convención ambiental más esperada del año.
logrado la aprobación final; ahora fruto de un trabajo largo del Ministerio del Ambiente (MINAM) se logró concertar una propuesta legislativa que fue finalmente discutida y aprobada en la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología.
Efectivamente, desde 2010 han existido tres o cuatro proyectos sobre el tema de retribución de servicios ecosistémicos. Fueron presentados, luego retirados, y se iniciaron algunos debates pero nunca se había
Cuando se inicien las sesiones ordinarias de las legislaturas del Congreso estimamos que la presidencia tendrá la posibilidad de ponerlo en la lista de las propuestas de ley que deben ser discutidas por el pleno de manera pronta.
Entrevista publicada el viernes 28 de febrero en el suplemento Agenda Global del diario La Primera.
¿Y llegaremos a la COP 20 con una ley aprobada? Bueno, nosotros no podemos interferir en el proceso legislativo, lo que nosotros estamos haciendo es apoyar el proceso iniciado por este Grupo de Trabajo con miras a que hacia la COP20 podamos tener eventualmente una ley. Pero quizás aquí te debo decir que hay muchas cosas que la COP va dinamizar, la COP es una oportunidad para que el debate climático quede instalado en el ámbito de la políticas públicas, y que post COP sigamos desarrollando un conjunto de iniciativas que nos pueda poner en mejores condiciones para mitigar nuestra propias emisiones, canalizar recursos para la adaptación y reconocer con mayor precisión zonas de vulnerabilidad. Hay que recordar que uno de los mandatos de la COP19 en Varsovia es que al primer trimestre del año 2015 los países pongan sobre la mesa lo que van a ser sus contribuciones nacionales.
El proceso está casi concluido, hay que tener en cuenta que el Perú ya tiene una estrategia de cambio climático, pero cuyo nivel de cumplimiento o nivel de ejecución ha sido bajo. La estrategia que ahora el MINAM está probando es muy directa y concreta, identifica responsables, y está orientada a acciones muy específicas y realizables, en consecuencia creo que vamos a poder utilizarla como hoja de ruta para lo que es el desarrollo de nuestra propia agenda climática interna. Justo estaba revisando la versión casi terminada a febrero de 2014 y yo espero que en los próximos tres meses, como máximo, podamos tenerla ya aprobada. ¡Qué buena noticia! Todos los actores, tanto los del sector privado como de la sociedad civil, necesitamos este tipo de orientadores. En ese sentido, desde la lógica de políticas, además de la actualización de la Estrategia Nacional de Cambio Climático, hasta el momento, doce regiones del país cuentan con una estrategia regional, y se está mejorando y consolidando la Guía para la elaboración de la Estrategia Regional de Cambio Climático, esperando que las demás regiones del país se sumen a este esfuerzo. Desde el marco institucional, se han mejorado las condiciones para el funcionamiento de la Comisión Nacional de Cambio Climático, fundamental para lograr la participación pública en este tema. También tenemos la iniciativa PRONA-GECC [Programa Nacional de Gestión de Cambio Climático], que es una manera de estructurar el Estado para enfrentar el cambio climático, desde la mitigación, adaptación y financiamiento. A su vez, podemos mencionar iniciativas que trabajan el tema de montañas, tierras secas, adaptación en zonas marino costeras y estudios de vulnerabilidad. En nuestra relación internacional tenemos en elaboración
En materia climática, hay un conjunto de iniciativas, programas, proyectos, e ideas, que se desarrollan en distintos niveles, y creo que una ley podría ser un mecanismo para intentarle dar un orden, pero ésta no debe significar una camisa de fuerza para el desarrollo de acciones que se seguirán dando en el futuro. La ley debe ser una orientadora de acciones propositivas para evolucionar en ese sentido. Hay leyes que las considero bastante buenas como la aprobada por México en la COP2010 de Cancún, y además está la iniciativa Globe International, respaldada fuertemente por Gran Bretaña, que está orientada al desarrollo de propuestas en legislación ambiental y cambio climático, incluso el capítulo peruano de GLOBE que preside el congresista Daniel Abugattás ha formado un grupo de trabajo sobre Biodiversidad y Cambio Climático que ha sostenido un conjunto de reuniones para encaminarnos hacia una eventual Ley sobre Cambio Climático.
Además de la ley, algo que va ayudar a orientar las actividades anteriores es la Estrategia Nacional de Cambio Climático, que el Ministerio del Ambiente viene impulsando. ¿Cómo ve ese proceso? ¿Cree que está a punto de salir?
la tercera comunicación nacional sobre cambio climático y recientemente se han publicado las reglas para que funcione adecuadamente la Comisión Nacional de la Lucha contra la Desertificación y Sequía.
A su vez, tenemos todo lo que son los estudios en prospectiva en relación al cambio climático, alrededor del proyecto denominado PlanCC [Planificación ante el Cambio Climático], para crecer como país pero con emisiones bajas en carbono, elaborando estudios de líneas base para la construcción de nuestras NAMAs [Medidas de Mitigación Nacionalmente Apropiadas] en energía, transporte sostenible, ciudades, residuos sólidos y bosques. Respecto a esta última, creo que hay dos buenas noticias, una que ya está la R-PP [Plantilla de Propuesta para la Preparación] para el READINESS [Fase de Preparación para la Implementación de REDD+], pero a su vez que logramos la aprobación del Programa de Inversión Forestal, en el que DAR [Derecho, Ambiente y Recursos Naturales] también ha participado activamente, no fue fácil, pero hubo un proceso participativo con los pueblos indígenas que terminaron respaldando la propuesta que finalmente fue aprobada. ¿Cómo ve el Ministerio del Ambiente el rol del sector privado? Por ejemplo, en temas de mitigación en Amazonía, ¿cuál es su contribución nacional? En primer lugar debo decir que es impresionante el nivel de intervención y responsabilidad que empiezan a tener algunas grandes corporaciones a nivel internacional alrededor del tema climático como Unilever, Nestlé, Coca Cola. En el caso peruano también hay empresas que lo están haciendo, pero hay que reconocer que se da un fenómeno interesante: a nivel mundial, la principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero está vinculada a la energía y a la quema de combustibles fósiles, sin embargo, a nivel de Perú, la mayor emisión está vinculada a la deforestación, el cambio de uso de suelos y las actividades agropecuarias. Las causas reales de la deforestación no están asociadas a actividades económicas, las emisiones vienen fundamentalmente por agricultura migratoria y cambio de uso de suelo.
En ese contexto, ¿cuán cerca o cuán lejos estamos de un mercado interno de carbono? Cuando no tienes un marco a nivel internacional que te regule de manera adecuada un mecanismo como REDD+, se produce una situación de caída fruto del pesimismo, pero yo creo que con los resultados de Varsovia, y de las próximas convenciones en Lima, y París se dará un acuerdo climático vinculante. Esto debiera llevar a un mercado de carbono más sostenible. Un acuerdo climático que esperamos todos se logre en París, pero necesitamos tener señales más claras desde Lima. El objetivo central de la participación de Perú, planteado también en la hoja de ruta que hemos publicado, es mostrar el liderazgo y la capacidad para generar un borrador muy sólido para un acuerdo climático. Hay que tener en cuenta que cuando uno es anfitrión de una COP debe generar una atmósfera de confianza, sin prejuzgar, sin preestablecer conceptos; justamente para lograr que esas posiciones muy polarizadas vayan encontrando algún punto de encuentro, hemos iniciado algunos diálogos con ocasión de la reunión de Davos en Suiza; participaremos de la reunión del grupo ad hoc de la Plataforma de Durban, en Bonn [Alemania]; y la Cumbre climática convocada por Ban Ki-Moon, el secretario de las Naciones Unidas en septiembre de 2014. Estos acercamientos nos darán alcances de las complejidades de la negociación. Si la cumbre climática de septiembre es exitosa, se va facilitar mucho el trabajo para tener el borrador a diciembre. ¿Y qué rol puede jugar la sociedad civil peruana para contribuir a lograr ese borrador sólido? El Perú en una COP juega el rol de de país anfitrión, es un reto fundamentalmente organizativo y logístico recibir 12 mil personas durante doce días, con todo lo que ello representa. Nuestro segundo rol es presidir la facilitación de una negociación para que las posiciones polarizadas se encuentren, pero a su vez el Perú juega el rol como país, es decir cuál es su posición como un miembro más de
El rol central de la COP es la negociación, donde la sociedad civil participará como observadora a través de los media groups, dándole eventualmente la palabra. Pero a su vez podrán participar de los eventos que pueden desarrollarse con ocasión de la COP, en relación a los temas priorizados: energía; glaciares e inseguridad hídrica; bosques y ciudades sostenibles. También se contará con una villa climática, los i-event y los eventos pre-COP.
Sí, el Perú es un país que está creciendo y está muy insertado en el mundo global, es importante demostrar que este es un juego que el Perú puede jugar con mucha idoneidad. Organizar una COP es una tarea complejísima, que va traer muchos beneficios, pero también muchas críticas y reclamos. Si nos hemos atrevido a asumir la acción es porque somos optimistas, porque creemos que hay un equipo de calidad en el Perú y porque creemos que al organizar esta convención se está logrando un nivel de atención, que sin organizarla hubiera sido más complicado hacerlo. Yo me gratifico cuando cada mañana viniendo hacia el Ministerio, escucho la radio y dicen: este es el año de la promoción de la industria responsable y del compromiso climático, y yo digo qué bien, cada día hay alguien reiterando este reto, esa simple referencia diaria a que estamos avanzando en relación a un compromiso yo creo que ya es un éxito, y que demuestra que la decisión fue buena y que la repetiríamos.
Además nosotros tenemos dentro de nuestra hoja de ruta un esquema organizativo de un frente público que está trabajando con la sociedad civil, el sector privado, los jóvenes y los grupos indígenas. También tenemos un área de comunicación y gestión del conocimiento, que está guiando una campaña de concienciación ciudadana para lograr que los ciudadanos se comprometan con lo climático, e interioricen su riesgo en el día a día y para las futuras generaciones asumiendo alguna acción concreta. Finalmente usamos mucho las redes sociales: el Twitter, el Facebook, y la página Web www.minam.gob.pe/cop20
la convención con una altísima diversidad, que tiene los bosques que son un activo importante de negociación.
La Evaluación Ambiental Estratégica en el Plan de Desarrollo Regional Concertado de Loreto Por Cristina López Wong Oficina Descentralizada de Loreto
Loreto, el departamento más extenso del Perú, con la mayor cantidad de bosques, pantanos y agua; el más rico en recursos naturales, diversidad biológica y ecosistemas complejos; con la mayor población indígena del país y tres fronteras internacionales, ha construido básicamente su desarrollo a base de la explotación de sus recursos naturales y la construcción de infraestructura pública. Estas características naturales y la gran diversidad cultural, de conocimientos y saberes tradicionales representan oportunidades para impulsar el desarrollo sostenible en Loreto y al mismo tiempo, retos para su planificación regional. El Plan de Desarrollo Regional Concertado (PDRC) de Loreto, del 2008 al 2021, es el instrumento de planificación más importante a nivel regional, pues define la visión común de cómo se quiere estar al 2021, plantea
los objetivos estratégicos y los lineamientos de política para alcanzar dicha visión, y establece los programas y proyectos que deben ser motores del desarrollo socioeconómico del departamento. El PDRC de Loreto al 2021 está siendo actualizado por el Gobierno Regional de Loreto (GOREL) con la participación de la sociedad civil, el sector privado y todos los actores estratégicos. Debido a las características particulares de Loreto y en el marco del cumplimiento de la normatividad ambiental nacional, el GOREL tomó la innovadora decisión de aplicar la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) al Plan de Desarrollo Regional Concertado de Loreto al 2021. El objetivo de la EAE del PDRC de Loreto al 2021 es analizar con mayor profundidad la dimensión socioambiental en la toma de decisiones sobre la gestión del
Fue así que, tomando en cuenta las características sociales, biológicas, físicas y ambientales del departamento de Loreto, en diciembre pasado, se identificó de manera participativa los aspectos socio-ambientales relevantes para el presente y futuro loretano: recursos hídricos, bosques, diversidad biológica, recursos pesqueros e identidad cultural, los mismos que pueden afectarse con la implementación del PDRC. Asimismo, la evaluación de algunos atributos de estos aspectos ayudará a entender cuál es la tendencia del estado de los mismos en la actualidad y la importancia de sus interrelaciones en el mantenimiento de la funcionalidad de los ecosistemas, además de resaltar los puntos importantes que la gestión territorial debería tener en cuenta en la planificación del desarrollo sostenible regional.
Este proceso, iniciado en el departamento de Loreto, constituye la primera iniciativa regional de aplicación de una EAE a la planificación de la gestión territorial, y en cuyo proceso de construcción se encuentran articulados
de manera estratégica los diferentes niveles de gobierno (nacional, regional y local), liderados por el Gobierno Regional de Loreto y el Ministerio del Ambiente, la sociedad civil loretana y los representantes del sector privado.
territorio loretano para evitar los principales riesgos ambientales y sociales que amenazan el futuro de Loreto, causados en su mayoría por los procesos extractivos y el crecimiento poblacional no planificado de muchos años. De esta manera, la EAE busca que el desarrollo de las actividades productivas priorizadas a partir del PDRC de Loreto al 2021 como turismo, bionegocios, aprovechamiento forestal, agricultura, explotación de hidrocarburos, generación de infraestructura vial y energética, entre otros, no vayan en detrimento de la sostenibilidad socio-ambiental regional. Por ello, al ser la EAE una herramienta de carácter preventivo, esta se elaborará durante el proceso de actualización de dicho PDRC.
Cuadro N° 1. Aspectos socio-ambientales estratégicos para Loreto ASPECTOS AMBIENTALES PRIORITARIOS
Recursos hídricos •	Humedales •	Cabeceras de cuenca •	Cuencas hidrográficas •	Ríos Navegables •	Sitios de reproducción de especies
Disponibilidad Calidad Navegabilidad Fauna acuática
Bosques •	Ecosistemas forestales •	Recursos forestales (maderables y no maderables) •	Suelos •	Ecosistemas de bosques aluviales
Cobertura forestal Biomasa (C) Disponibilidad Rentabilidad Capacidad de uso mayor
Diversidad biológica •	Diversidad de Ecosistemas •	Diversidad de Flora y Fauna silvestre
Estado de conservación Diversidad Cantidad (riqueza) Conectividad Representatividad Endemismo Especies amenazadas
Identidad cultural •	Conocimientos ancestrales y tradicionales •	Comunidades nativas •	Comunidades campesinas y ribereñas •	Territorialidad indígena (medios de vida)
•	Continuidad (transferencia de generación a generación) •	Tenencia de tierra •	Reconocimiento de derechos
Recursos Pesqueros •	Peces de consumo •	Peces ornamentales
Disponibilidad Calidad Diversidad Rentabilidad Reproducción (zonas, períodos)
Fuente: Taller de Determinación del Alcance de la EAE del proceso de actualización del PDRC de Loreto al 2021, realizado el 10 y 11 de diciembre de 2013 en la ciudad de Iquitos.
La EAE del PDCR de Loreto al 2021 se enfocará al logro de la sostenibilidad socio-ambiental del departamento a partir de la conservación de los aspectos señalados, que además del mantenimiento de la funcionalidad de los ecosistemas loretanos, ayudará al crecimiento socioeconómico sostenible de Loreto. Se espera también que esta primera implementación de una EAE dentro de un proceso de planificación de la gestión del territorio regional sirva como experiencia para un aprendizaje colectivo que oriente la ejecución de nuevas iniciativas de EAE a nivel nacional.
Finalmente, de este proceso participativo se obtendrán recomendaciones para que los tomadores de decisión regional prevengan que la implementación del PDRC de Loreto al 2021 acelere las tendencias o promuevan impactos negativos (deforestación, fragmentación de hábitats, contaminación, conflictos socio-ambientales, etc.) que puedan afectar gravemente los aspectos socioambientales estratégicos identificados; recomendaciones que de ser incorporadas en el PDRC fortalecerán la gobernanza y el desarrollo sostenible en Loreto.
Revisión de salvaguardas en el Banco Mundial Por Martha Torres Marcos - Ibáñez Área Amazonía
Desde el año 2012, el Banco Mundial (BM) –en adelante Banco- se encuentra en proceso de revisión de ocho de sus diez políticas de salvaguardas1 adoptadas hasta la actualidad, la mayoría de ellas, socio-ambientales. La incorporación de estas políticas fue producto de la presión que ejerció la sociedad civil –durante la década de 1980-, al criticar la omisión de políticas de salvaguardas, lo que se manifestó en un manejo negligente de los daños sociales y ambientales causados por los proyectos que financiaba el Banco. Posteriormente, otras agencias de desarrollo como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo Asiático (BDA) siguieron el ejemplo del Banco2.
Las salvaguardas del BM están recogidas en las llamadas Políticas Operacionales (OP) siendo materia de revisión la OP 4.01, Evaluación Ambiental; la OP 4.04, Hábitats Naturales; la OP 4.09, Control de Plagas; la OP 4.10, Pueblos Indígenas; la OP 4.11, Recursos Culturales Físicos; la OP 4.12, Reasentamiento Involuntario; la OP 4.36, Bosques y la OP 4.37, Seguridad de las Presas, también se revisará la Política sobre el Uso Experimental de los
1	Las políticas de salvaguardas se encuentran disponibles (versión en español) en: http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/ EXTPOLICIES/EXTOPMANUAL/0,,LANG:Spanish~menuPK:51454694~pagePK:64724619~piPK:64724753~theSitePK:502184~title:Translatio ns%20for%20Spanish,00.html 2	Rede Brasil. “Ambientalização dos Bancos e Financeirização da Natureza. Um debate sobre a política ambiental do BNDES e a responsabilização das Instituições Financeiras”. Organizado por João Roberto Lopes Pinto. Brasilia, 1° edição 2012, pág. 33. 3	Propuesta de examen y actualización de las políticas de salvaguardia del Banco Mundial. Documento expositivo. Octubre, 2012, pág. 4.
La actual revisión y actualización de salvaguardas responde a un proceso de adaptación natural a los nuevos desafíos que se presentan a nivel de gestión de impactos negativos
socio-ambientales. Tal como establece el Banco, en el Documento Expositivo publicado en octubre de 2012, la finalidad de las salvaguardas socioambientales es ayudar a evitar o mitigar los perjuicios para las personas y el medio ambiente, al mismo tiempo que contribuyen a la sostenibilidad y eficacia de los proyectos financiados por el Banco3.
Sistemas Prestatarios para abordar las Cuestiones Relativas a las Salvaguardias Ambientales y Sociales en los proyectos financiados por el Banco (OP 4.00), denominada “Uso de los Sistemas Nacionales”4.
El objetivo principal de la revisión y actualización de las políticas del Banco es fortalecer la eficacia de las políticas de salvaguarda para mejorar sus resultados en materia de desarrollo de las operaciones5. El Banco es consciente de los progresos realizados en materia de prácticas regionales e internacionales para abordar cuestiones ambientales y sociales, y de los nuevos marcos de sostenibilidad que utiliza la comunidad internacional más amplia de financiamiento para el desarrollo, por ello considera propicio examinar y actualizar sus políticas de salvaguardas6. Como parte del proceso de revisión el Banco considerará la inserción de nuevas esferas relevantes que no habían sido incorporadas anteriormente en sus políticas. Estas nuevas esferas incluyen temas como: derechos humanos, trabajo, salud, seguridad en el trabajo, género, discapacidad, consentimiento libre, previo y fundamentado de los pueblos indígenas, tenencia de la tierra y los recursos naturales, y cambio climático7. La revisión de salvaguardas consta de tres fases. La primera fase se ejecutó entre julio de 2012 a abril de 2013, se centró en un examen mundial de buenas prácticas y estudios analíticos sobre las nuevas cuestiones a incluirse como política del Banco. Durante la segunda fase, de mayo a noviembre de 2013, se elaboró una primera versión de Marco Integrado. Actualmente el Banco se encuentra en la tercera y última fase, la que se estima finalizará en junio de este año de la cual se obtendrá la versión final del Marco Integrado Definitivo y recomendaciones normativas8. Un aspecto que debe reconocerse en todo este proceso, es el Manifiesto Interés del Banco, en el que un gran número de partes interesadas participa y realiza aportes durante todo el proceso de examen y actualización9.
La actual revisión de políticas de salvaguardas socioambientales se ha convertido en una gran oportunidad para que el Banco fortalezca y torne más eficaces las salvaguardas de proyectos con potenciales riesgos sociales y ambientales. Así como en su momento, la adopción del Banco Mundial de políticas de salvaguardas fue seguida por otras agencias de desarrollo, consideramos que este proceso debe ser tomado como referente para que otros Bancos Multilaterales de Desarrollo (BMD) e Instituciones Financieras Internacionales evalúen sus propias políticas y, de ser necesario, las adapten, para así encontrar un equilibrio entre una adecuada gestión de riesgos socioambientales y la promoción del desarrollo a través de la inversión.
4	Ídem. 5	Ibídem, pág. 11. 6	Ibídem, pág. 8. 7	Ibídem, pág. 15. 8	Examen y Actualización de las Políticas de Salvaguardia ambiental y social del Banco Mundial, Plan de Consultas. Disponible en: http://siteresources.worldbank.org/EXTSAFEPOL/Resources/584434-1306431390058/SafeguardsREVIEW_ConsultationPlan_spanish.pdf 9	Ibídem, pág. 17.
El SER o NO SER de la participación ciudadana en UNASUR Por Jorge Carpio* Colaborador especial
La creación de estos espacios representa el reconocimiento de la importancia y la gravitación que logró la movilización ciudadana para la reconquista de la democracia en los distintos países de la región, así como del papel que los movimientos sociales y las organizaciones de la sociedad civil desarrollaron en las luchas contra el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), modelo de globalización impulsado por las grandes corporaciones internacionales, especialmente norteamericanas, a partir de los encuentros del Foro Social Mundial a comienzos del siglo. La creación de esos espacios significó también superar el antiguo enfoque de la participación social que la limitaba a representantes de empresarios y trabajadores, tales fueron los casos de proyectos de integración antiguos como el Mercosur, o la Comunidad Andina, por mencionar algunos. Sin embargo, más allá de los avances para democratizar los procesos de integración con la creación institucional
La decisión de creación del Foro de Participación Ciudadana en UNASUR es un buen reflejo de esas dificultades que, además de otros aspectos, ponen en evidencia las diferencias y contradicciones que existen entre algunos gobiernos de la región, varios de los cuales llegaron al poder gracias al apoyo de las organizaciones y movimientos sociales, utilizando sus mismos enfoques y objetivos, especialmente con relación a las industrias extractivas, las políticas ambientales, los derechos de las comunidades afectadas y otros temas de no menor importancia. En el caso concreto del gobierno boliviano, responsable de organizar y convocar la Reunión de Organizaciones Sociales de la Región que formalizaría la creación del FORO, los conflictos que mantiene con algunas organizaciones (provocando incluso la expulsión de su territorio de una institución danesa con varios años de actuación en ese país) han influido, sin duda, en las demoras para cumplir con el encargo de convocar el encuentro ante el temor de que se genere un hecho político en contra. Informaciones extraoficiales recientes permiten suponer que dicho gobierno pretende conciliar la obligación de cumplir con el encargo de organizar la reunión, convocándola en una localidad relativamente alejada de los principales centros urbanos, con lo cual amortiguaría el impacto de las críticas producto de sus conflictos con las organizaciones sociales bolivianas. Quedamos a espera de los acontecimientos.
El autor es director ejecutivo del Foro Ciudadano de Participación por la Justicia y los Derechos Humanos (FOCO) de Argentina.
El más claro ejemplo de ello ha sido la creación del Foro de Participación Ciudadana en la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), decisión adoptada por los presidentes de los Estados miembros reunidos en Lima (Perú), en noviembre de 2012, y en la reciente Declaración de La Habana de los Jefes de Estado de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), donde reconocen y afirman la necesidad de garantizar la participación de los movimientos y organizaciones sociales.
de espacios para la participación ciudadana; las dificultades para pasar del discurso a los hechos demuestran que se trata de un camino difícil y lleno de obstáculos por ello, las organizaciones y movimientos sociales debemos estar preparados para superarlos trabajando en conjunto.
Posiblemente, uno de los avances más significativos para ampliar y fortalecer la construcción democrática de los procesos de integración que se desarrollan en la región fue la creación de espacios institucionales para la participación de la ciudadanía, de los movimientos sociales y de las organizaciones sociales que la expresan en la diversidad de su composición e intereses.
UNASUR/CJEG/DECISIÓN/Nº7 /2012
POR LA CUAL EL CONSEJO DE JEFAS Y JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO DE LA UNIÓN DE NACIONES SURAMERICANAS, DECIDE CREAR UN FORO DE PARTICIPACION CIUDADANA DE UNASUR. VISTO:
Artículo 1.- Crear un Foro de Participación Ciudadana de UNASUR e instruir al Consejo de Delegadas y Delegados que en el primer trimestre del 2013 presente las directrices para su funcionamiento, en el marco del artículo 18 del Tratado Constitutivo y del artículo 15 del Reglamento General de UNASUR sobre participación ciudadana.
Que, el artículo 6 inciso c) del Tratado Constitutivo de UNASUR, establece entre las atribuciones del Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, decidir sobre las propuestas presentadas por el Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores;
Sin perjuicio de otros mecanismos de diálogo de UNASUR con los actores sociales, dicho Foro se reunirá al menos una vez al año de manera presencial para formular recomendaciones que puedan ser presentadas en cada Reunión Ordinaria del Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de UNASUR.
Que, el Preámbulo del Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas que declara que la participación ciudadana y el pluralismo son principios rectores, tanto de la integración como de la unión suramericana,
Artículo 2.- Recomendar que dicho Foro de Participación Ciudadana de UNASUR realice su primera reunión presencial, preferentemente en el 2013, una vez aprobadas sus directrices.
Que, los artículos 2º, 3º inciso p) y 18 del Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas, así como el artículo 15º de su Reglamento prevén la participación ciudadana en la organización,
Que una integración sólida necesita de la participación ciudadana, y que, además existe una creciente voluntad de la ciudadanía de participar no sólo en sus respectivos ámbitos nacionales sino también en la escena regional e internacional.
Artículo 3.- Encomendar a la Secretaría General la formulación de lineamientos comunes para que cada Consejo Sectorial establezca un portal electrónico vinculado al recientemente creado Centro de Información y Comunicaciones de UNASUR, con información amplia y oportuna de sus actividades (cronograma de reuniones, agendas de trabajo, planes de acción, eventos de difusión) así como la posibilidad de recibir demandas de información, sugerencias e iniciativas, lo que puede incluir el uso de Nuevas Tecnologías de la Información y redes sociales. La Secretaría General podrá prestar asistencia técnica para el desarrollo de iniciativas de participación ciudadana en el marco de los principios del Tratado Constitutivo de UNASUR y las normas de la Unión definidas para tal fin.
Que es necesario crear un espacio específico y propio para los actores sociales suramericanos y definir criterios generales para esa participación, dando así un mensaje claro de que UNASUR es partidaria y promueve acciones en promoción de la participación ciudadana.
Artículo 4.- Solicitar a la Secretaría General que recabe información de los diferentes Consejos Ministeriales Sectoriales, a fin de vislumbrar como ellos conciben la participación de los actores sociales en sus respectivos ámbitos, según su propia especificidad y fines.
Que, en su aún corta vida, UNASUR ha logrado avances sustantivos en su proceso de institucionalización, siendo tiempo de establecer puentes con los ciudadanos suramericanos para que la integración sea también un proceso democrático,
Artículo 5.- Instruir a los diferentes Consejos Ministeriales Sectoriales y otras instancias de UNASUR que incorporen en sus respectivos planes de acción la realización de eventos de difusión y diálogo con la ciudadanía y sus organizaciones, acompañados del presupuesto correspondiente.
26 Derecho, Ambiente y Recursos Naturales - DAR
La experiencia, avances sustantivos y acervo normativo desarrollados por otros procesos subregionales de integración que, en el marco de sus respectivos mandatos, cuentan con mecanismos que les aseguran el contacto con sus ciudadanos, con diversos niveles y modalidades de participación,
Artículo 6.- Encargar a la Secretaría General que elabore un plan consolidado de todas actividades previstas en los planes de acción de los diferentes Consejos Ministeriales Sectoriales, identificando sinergias y complementariedades, a partir de la información proporcionada por éstos.
La Resolución Nº 26 de fecha 29 de noviembre de 2012, mediante la cual el Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores de UNASUR propone al Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno el proyecto de Decisión para la creación del Foro de Participación Ciudadana de UNASUR;
EL CONSEJO DE JEFAS Y JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO DE LA UNIÓN DE NACIONES SURAMERICANAS,
 UNASUR/CMRE/RESOLUCIÓN/Nº 26/2012 POR LA CUAL SE ELEVA PARA APROBACIÓN DEL CONSEJO DE JEFAS Y JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO DE LA UNIÓN DE NACIONES SURAMERICANAS, LA CREACIÓN DEL FORO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE UNASUR. VISTO: Que el artículo 8 inciso b) del Tratado Constitutivo de UNASUR, establece entre las atribuciones del Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores, proponer proyectos de Decisiones al Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno; Que, el Preámbulo del Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas que declara que la participación ciudadana y el pluralismo son principios rectores, tanto de la integración como de la unión suramericana,
Que, los artículos 2º, 3º inciso p) y 18 del Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas, así como el artículo 15º de su Reglamento prevén la participación ciudadana en la organización, CONSIDERANDO: Que una integración sólida necesita de la participación ciudadana, y que, además existe una creciente voluntad de la ciudadanía de participar no sólo en sus respectivos ámbitos nacionales sino también en la escena regional e internacional, Que es necesario crear un espacio específico y propio para los actores sociales suramericanos y definir criterios generales para esa participación, dando así un mensaje claro de que UNASUR es partidaria y promueve acciones en promoción de la participación ciudadana, Que, en su aún corta vida, UNASUR ha logrado avances sustantivos en su proceso de institucionalización, siendo tiempo de establecer puentes con los ciudadanos suramericanos para que la integración sea también un proceso democrático, La experiencia, avances sustantivos y acervo normativo desarrollados por otros procesos subregionales de integración que, en el marco de sus respectivos mandatos, cuentan con mecanismos que les aseguran el contacto con sus ciudadanos, con diversos niveles y modalidades de participación, EL CONSEJO DE MINISTRAS Y MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES DE LA UNIÓN DE NACIONES SURAMERICANAS, RESUELVE: Artículo 1. Proponer al Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de UNASUR, el proyecto de Decisión para la creación del Foro de Participación Ciudadana de UNASUR como espacio específico y propio para la participación ciudadana. Lima, 29 de noviembre de 2012.
Informe Especial El derecho a la participación de los pueblos indígenas en los asuntos que les conciernen Por Sébastien Snoeck Programa Ecosistemas y Derechos
1.Introducción Como lo han resaltado de manera reiterativa los órganos de control de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los derechos a la consulta previa y a la participación de los pueblos indígenas constituyen “la piedra angular del Convenio 169”1. La consulta y la participación son conceptos entrelazados y constituyen mecanismos para asegurar que los pueblos indígenas puedan decidir sobre sus propias prioridades con relación al proceso y control de su propio desarrollo económico, social y cultural2. La Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR) de la OIT3 considera que la participación de los pueblos indígenas en las políticas que les afecten es fundamental para la buena aplicación de las disposiciones del Convenio N° 1694.
Si bien, desde muchos años se viene debatiendo en el Perú, y en el mundo, la aplicación del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas, el derecho de esos pueblos a participar en los asuntos que les conciernen es un derecho que ha atraído escasa atención y que tiene un contenido jurídico poco debatido. El objetivo del presente informe, de índole jurídico, es aclarar el contenido del derecho a la participación de los pueblos indígenas (PPII). 2. ¿Qué es el derecho a la participación de los pueblos indígenas5? Hoy en día, se considera que el derecho a la participación de los pueblos indígenas, tal como es reconocido a nivel
1	Por ejemplo, véanse el Informe de la Comisión de Expertos en Aplicación de los Convenios y Recomendaciones de la OIT (CEACR), Conferencia Internacional del Trabajo, 98ª reunión, 2009, Informe III (Parte 1A). Las referencias a los informes de la CEACR en el presente informe se entienden como referencias a las observaciones de la CEACR sobre el cumplimiento del Convenio N° 169 de la OIT contenidas en los Informes III (Parte I A) de sus informes anuales. 2	OIT (2013), Comprender el Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169), Manual para los mandantes tripartitos de la OIT, OIT, Ginebra. 3	La CEACR es un órgano de control de la Organización de Internacional de Trabajo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), encargado de monitorear la debida implementación de los convenios de la OIT, entre ellos el Convenio N° 169 sobre los Pueblos Indígenas y Tribales. 4	Informe CEACR (2006), Perú. 5	En ese informe se usará la expresión “pueblos indígenas” para referirse a los pueblos indígenas y tribales en el sentido del Artículo 1° del Convenio N° 169 de la OIT, cualquier que sea su auto-denominación (ej. pueblos indígenas, originarios, comunidades campesinas o nativas).
internacional, contiene varias dimensiones que van más allá del derecho a participar en los procesos electorales en la misma medida que los otros ciudadanos6.
En efecto, este derecho tiene dos dimensiones: una interna y otra externa. La dimensión interna del derecho de participación en la adopción de decisiones, alude al ejercicio de la autonomía y el autogobierno por parte de los pueblos indígenas, y al mantenimiento de sus propios sistemas jurídicos y de justicia (es decir, las decisiones internas). Por otro lado, la dimensión externa se refiere a la participación en la adopción de decisiones a cargo de actores externos a los pueblos, en general autoridades públicas. Esa dimensión externa tiene a su vez tres aspectos:
a la consulta, garantía del derecho a la participación en la elaboración de medidas que afecten a los pueblos indígenas (acto identificado); y por otro lado, con la institucionalización de la participación indígena9 que tiene como objetivo efectivizar esa dimensión del derecho a la participación de manera permanente y generalizada, acerca de los asuntos que les conciernen (proceso continuo)10, especialmente, durante la elaboración, ejecución y evaluación de las políticas públicas que les conciernen.
i.	La participación de los pueblos indígenas en la adopción de decisiones dentro del ámbito internacional (ej. foros internacionales, negociación de tratados, organizaciones internacionales, instituciones financieras internacionales)7; ii.	La participación de ltos pueblos indígenas en la vida pública general del Estado, mediante las elecciones y otros derechos políticos (ej. referéndum, revocatoria, etc.), por lo cual los Estados deben adoptar medidas especiales (ej. cuotas de representación en el Congreso de la República, Consejos regionales o locales); iii.	La participación de los pueblos indígenas en la adopción de decisiones de actores estatales acerca de medidas que afectan sus derech¡os o intereses8. Ese tercer aspecto del derecho a la participación se ejerce mediante dos formas: por un lado, a través del derecho
6	Mecanismo de Expertos sobre los derechos de los pueblos indígenas (2010), Doc. ONU A/HRC/EMRIP/2010/2, párr. 33. 7	Véanse el Informe anual 2012 del Relator Especial, Doc. ONU. A/67/301. 8	Informe provisional del Relator Especial, Doc. ONU A /65/264, 9 de agosto de 2010, párrs. 41-46. Mecanismo de Expertos (2010), págs. 12-24. Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas (2013), Informe consolidado sobre las industrias extractivas y sus efectos sobre los pueblos indígenas E /C.19/2013/16, párr. 25. 9	Para el caso de Perú, véanse Gamboa Balbín, A. (2013) Análisis, recomendaciones y propuestas técnicas para el fortalecimiento de la institucionalidad indígena en el Perú. Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), Lima. Disponible en: http://www.dar.org.pe/archivos/publicacion/92_informe_institucionalidad_indigena.pdf. 10	Comentarios del Relator Especial en relación con el documento titulado: “Propuesta de gobierno para nueva normativa de consulta y participación indígena de conformidad a los Artículos 6° y 7° del Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo”, Chile , Noviembre de 2012, párr. 29. Véanse también Informe CEACR (2013), Paraguay.
Cuadro N°1. Dimensiones del derecho a la participación de los pueblos indígenas DERECHO GENERAL
DERECHO ESPECÍFICOS
Autogobierno / Autonomía Justicia indígena Participación al nivel internacional
Participación acerca de medidas que afectan sus derechos o intereses
Derechos Electorales Participación Directa Consulta previa Participación en asuntos que les conciernen
Fuente: Elaboración propia en base a Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2010), A /HRC/EMRIP/2010/2 y Anaya, J. (2010), A /65/264.
Esas distinciones suscitan los comentarios siguientes. Primero, es importante resaltar que el derecho a la participación indígena en los asuntos que los conciernen constituye un derecho colectivo específico de los pueblos indígenas, que no se puede confundir con el derecho individual a participar en la vida pública del Estado (ver Cuadro N° 1)11. En efecto, este derecho sólo beneficia a los pueblos indígenas y tiene un fundamento jurídico propio12: los Artículos 6° y 7° del Convenio N° 169 de la OIT, interpretado a la luz del Artículo 18° de la Declaración de las Naciones Unidades sobre los derechos de los pueblos indígenas (DNUDPI). Además, tiene un vínculo con el derecho a la auto-determinación de los pueblos indígenas, reconocido por la DNUDPI. Por otro lado, la participación de los pueblos indígenas en la vida pública, como cualquier ciudadano, mediante los procesos electorales, la postulación a cargos públicos y otros mecanismos de participación ciudadana, se fundamenta en los tratados generales de derechos humanos13 y en el art. 5° de la DNUDPI14. Este derecho a la participación ciudadana
no es específico a los pueblos indígenas, sin embargo, los Estados tienen que adoptar medidas especiales, de ser necesario, para garantizar que los pueblos indígenas puedan ejercer sus derechos políticos de manera efectiva, por ejemplo reservando sitios para representantes indígenas en el Congreso o estableciendo distritos electorales particulares para los pueblos indígenas de una zona.
11	Esa distinción ha sido destacada por el Ministerio del Ambiente en la Propuesta para la Fase de Preparación para REDD+ (R-PP), Diciembre 2013, pág. 31-32. 12	Véanse Mecanismo de Expertos (2010), párr. 5; Clavero, B. (2005), The Indigenous Rights of Participation and International Development Policies, Arizona Journal of International & Comparative Law, Vol. 22, N° 1. 13	Art. 25° del Pacto Internacional sobre derechos civiles y políticos; art. 23° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 14	Véanse Informe Relator Especial (2010), párrs. 43-44 y Mecanismo de Expertos (2010), párr. 3. Véanse también Relator Especial (2012), op. cit., párr. 29.
Participación en la vida pública general
Cuadro N° 2. Distinción entre derechos generales de participación política y derechos de participación de los pueblos indígenas en el Perú BENEFICIARIOS POBLACIÓN EN GENERAL DERECHO
•	Voto •	Función pública •	Referéndum •	Propuestas normativas •	Mecanismos de control (ej. revocatoria)
•	Talleres •	Audiencias públicas •	Grupos de vigilancia •	Mecanismos informativos •	Etc.
•	Tratados internacionales de derechos humanos •	Constitución •	Leyes (Ej. Elecciones, Participación Ciudadana)
•	Convenio N°169 sobre •	Tratados internacionales pueblos indígenas de derechos humanos y tribales en países •	Principios de Buen independientes de la Gobierno OIT (C169), art. 6°, •	Leyes particulares 15°. (Ej. Ley general del •	DNUDPI, art. 19°, 32°. ambiente, evaluación ambiental de proyectos) •	Principio general de derecho internacional
Participación ciudanía directa
PUEBLOS INDÍGENAS Consulta Previa
•	Mecanismos informativos •	Diálogo •	Construcción de conceso •	Acuerdo/ Consentimiento
•	Presencia en organismos públicos •	Influencia en procesos de toma de decisiones
•	Convenio N°169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes de la OIT (C169), art. 6°, 7°, y otros. •	DNUDPI, art.18° y otros.
Por ello, los mecanismos de participación que beneficien a toda la población son generalmente insuficientes para garantizar el derecho específico que tienen los pueblos indígenas a participar en los asuntos que les conciernen.
Segundo, como se ha mencionado, los derechos a la consulta previa y a la participación en los asuntos que les conciernen son derechos interrelacionados, que sirven a un propósito general idéntico, pero son también distintos15. Las características de esos derechos se pueden resumir de la manera siguiente:
15	Sobre ese tema, véanse Corte Suprema de Justicia, Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente, Sentencia A.P. N°2232-2012, fundamentos 6.7-6.10.
Cuadro N° 3. Características de los derechos a la consulta previa y a la participación de los pueblos indígenas CONSULTA
Antes de adoptar: •	Medidas legislativas o administrativas. •	Proyectos y planes de inversión que afectan a los PPII. •	Y en el Perú, planes, programas y proyectos de desarrollo nacional o regional.
En la elaboración, aplicación y evaluación de: Políticas, programas y planes o medidas que conciernen a los PPII.
Llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento.
Permitir a los PPII influir en el resultado del proceso.
Información, evaluación, diálogo, acuerdo vinculante.
Presencia en organismos aportes, y co-decisión.
Al nivel internacional, tanto el Convenio N° 169 de la OIT como la Declaración de las Na ciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas (DNUDPI) han reconocido un derecho a la participación de pueblos indígenas en los asuntos que les afecten (ver extractos en al final del documento: Anexo). Al nivel nacional, en el Perú, si bien el Reglamento de la Ley de Consulta Previa16 (Ley N° 29785) reconoce el derecho de los pueblos indígenas a ‘participar’, no se ha identificado su contenido o regulado sus modalidades de ejercicio, como lo ha destacado recientemente la
Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT17, y reconocido por el entonces viceministro de Interculturalidad, Iván Lanegra18. El Reglamento sólo dispone que corresponda a las distintas entidades públicas desarrollar los mecanismos de participación dispuestos en la legislación vigente, los cuales serán adicionales o complementarios a los establecidos para el proceso de consulta19. Sin embargo, la legislación vigente no contempla de manera sistemática la participación de los pueblos indígenas en los asuntos que les conciernen20. Los pueblos indígenas pueden beneficiarse de los mecanismos de participación existentes, pero no se les reconoce un derecho específico a participar en los asuntos que les conciernen. Al respeto, hay que recordar que el Convenio N° 169 de la OIT tiene rango
16	Decreto Supremo N° 001-2012-MC. 17	En su Informe anual 2013, la CEACR nota, acerca de la aplicación del Convenio N° 169 de la OIT en el Perú, que “la legislación actualmente vigente ha dejado pendiente el desarrollo legislativo de los mecanismos de participación y de participación en los beneficios (quinta y décima disposición complementaria, transitoria y final del reglamento) que requiere el Convenio. (…) La Comisión espera que la próxima memoria contenga informaciones que permitan examinar la manera en que se han puesto en práctica las nuevas medidas adoptadas en el marco de la Ley del Derecho a la Consulta Previa y de su reglamento. Teniendo en cuenta que se ha dejado pendiente dar pleno efecto a las disposiciones relativas a la participación y cooperación de los pueblos indígenas que se encuentran en el artículo 6, 1), b) y c); en el artículo 7, y en la parte II, sobre tierras, del Convenio, la Comisión alienta al Gobierno a que, en consulta con los pueblos indígenas y las otras partes interesadas, se adopten las medidas legislativas correspondientes y se revisen en consecuencia las disposiciones de la legislación vigente.” 18	Declaró que “En el país no existe un estándar de cómo debe ser un mecanismo de participación, pues puede ir desde informar a involucrar a varios actores relacionados con el tema”. Sistematización del Taller “Participación, consulta y consentimiento de actores interesados en la fase de preparación de REDD+ en los países socios del Programa ONU-REDD”. Lima, 1 y 2 de febrero de 2013. 19	Quinta Disposición Complementaria, Transitoria y Final del Reglamento de la Ley de Consulta Previa. 20	Existen unas normas que prevén la participación de los pueblos indígenas en órganos determinados. Ver por ejemplo la nueva Ley Forestal N° 29763 que prevé la participación de representantes de organizaciones indígenas en la CONAFOR, en las Unidades de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre (UGFFS) y Comités de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre (CGFFS).
3. ¿Cómo está reconocido el derecho participación de los pueblos indígenas?
constitucional en el Perú21. Entonces, todas las autoridades públicas tienen que cumplir con su contenido y respectar los derechos que reconoce, entre ellos, el derecho a la participación de los pueblos indígenas. Mención aparte merece la Guía Metodológica del Viceministerio de Interculturalidad sobre el Derecho a la Consulta Previa (febrero de 2013)22 que sí menciona el derecho a la participación entre los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Donde dispone que:
“Este derecho busca asegurar la incorporación de las prioridades de los pueblos en los planes y programas del Estado. A través de la participación, se les reconoce a los pueblos indígenas la capacidad política y jurídica de actuar activamente en los diversos procesos de desarrollo en los que se vean involucrados pueblos indígenas desde su elaboración hasta su ejecución. Es decir, la construcción del proceso, será conjunta entre el Estado y los pueblos indígenas. Ejemplo Formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente, a través de mecanismos electorales (cupo indígena), espacios políticos, comités consultivos, mesas o grupos de trabajo instalados por el gobierno.” A pesar de que la Guía Metodológica identifica los planes y programas de desarrollo nacional y regional, oportunidades de participación, hay que recordar que esas medidas deben además ser sometidas a un proceso de consulta previa, como lo impone Ley de Consulta en su Artículo 2°.
4. ¿Qué contenido tiene el derecho a participación en los asuntos que les conciernen? Dado la gran diversidad de las situaciones nacionales y la necesidad de respetar los modelos indígenas de toma de decisiones, el derecho internacional no impone un modelo particular de participación de los pueblos indígenas en la vida pública de sus países23. Sin embargo, los Estados tienen que institucionalizar la participación indígena24 y acatar unas normas y pautas al respecto25. Cabe mencionar que las normas internacionales sobre la participación indígena son estándares mínimos que los Estados siempre pueden superar. Además, los miembros de los pueblos indígenas tienen el derecho, como los otros ciudadanos, de participar en los mecanismos generales de participación directa en los asuntos públicos. Así que las normas presentadas a continuación se suman a las normas generales. Las normas y pautas aplicables a la participación indígena se pueden resumir de la manera siguiente:
21	Por ejemplo, Tribunal Constitucional, Sentencia N° 0022-2009-PI/TC. 22	Artículo 28°, inciso 8, y Decima Primera Disposición Complementaria, Transitoria y Final del Reglamento de la Ley de Consulta Previa. Disponible en http:// consultaprevia.cultura.gob.pe/guia-ley-consulta-previa-1-5.pdf. 23	Informe CEACR (2011), C169, Observación general. Informe CEACR (2009), C169, Observación general. Véanse también, Anaya, J. (2004), International Human Rights and Indigenous Peoples: The Move Toward the Multicultural State, Arizona Journal of International & Comparative Law Vol. 21, No. I, pág. 60. 24	Informe CEACR (2012), Paraguay. Informe CEACR (2009), C169, Observación general, pág. 731. Informe CEACR (2008), México. Véanse también, Informe del Relator Especial (2009), Doc. ONU A/HRC/12/34/Add.6. Mecanismo de Expertos (2010), párr. 17. Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas (2013), Informe consolidado sobre las industrias extractivas y sus efectos sobre los pueblos indígenas E /C.19/2013/16, párr. 27. CCPR, Observación final Australia, Doc. ONU CCPR/C/AUS/CO/5, 7 de mayo de 2009. 25	Véanse Gamboa Balbín, A. (2013), Análisis, recomendaciones y propuestas técnicas para el fortalecimiento de la institucionalidad indígena en el Perú. Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), Lima. Disponible en http://www.dar.org.pe/archivos/publicacion/92_informe_institucionalidad_indigena.pdf.
CUADRO N° 4. CONTENIDO DEL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN LOS ASUNTOS QUE LES CONCIERNEN
A todos los niveles en la adopción de decisiones (art. 6° del C169).
En las autoridades nacionales y regionales26. Según un modelo apropiado a las circunstancias, dado que el Convenio N° 169 de la OIT no impone un modelo específico de participación27.
La implementación de ese derecho debe ser con flexibilidad, teniendo en cuenta las condiciones propias de cada país (art. 34° del C169).
Garantizar el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo (art. 7.1 del C169) y demás derechos. Manera de realizar el derecho a la autodeterminación (art. 3° de la DNUDPI).
La participación debe ampliarse horizontalmente, en los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, y verticalmente, a los niveles local, estatal y federal28. Debe permitir involucrar a los diferentes ministerios y órganos del Estado relacionados con cuestiones indígenas tales como ministerios de Agricultura, Energía, Minas y Recursos Naturales, Educación y Salud29. La institucionalidad indígena debería gozar de autonomía institucional y autoridad funcional sobre los demás ministerios30.
Conferir a los PPII el máximo control posible sobre su propio desarrollo económico, social y cultural31. Influencia real en los procesos de adopción de decisiones32. La participación es fundamental para la buena aplicación de las disposiciones del Convenio N° 169 de la OIT33.
Permite y mejora la participación de los pueblos indígenas en la adopción de decisiones. Permite que los pueblos indígenas influyan en el resultado de las decisiones que los afectan34. Garantizar que sus acciones garanticen la plena protección y promoción de los derechos de las comunidades indígenas, incluyendo el derecho a la consulta previa e informada35.
26	Informe CEACR (2013), Perú. 27	Informe CEACR (2009), C169, Observación general. Informe CEACR (2011), C169, Observación general. Anaya J. (2004), International Human Rights and Indigenous Peoples: The Move toward the Multicultural State, Arizona Journal of International & Comparative Law Vol. 21, N° I, pág. 60. 28	Informe CEACR (2013), Perú; Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD), Observaciones finales Venezuela, 2013, Doc. ONU CERD/C/VEN/CO/19-21, párr. 19. CERD, Observación final Chile, 7 de septiembre de 2009, Doc. ONU CERD/C/CHL/CO/15-18, párr. 20; CERD, Observaciones Finales Ecuador, 22 de septiembre de 2008, Doc. ONU CERD/C/ECU/CO/19, párr. 15. Informe Relator Especial (2013), La situación de los pueblos indígenas en Namibia, Doc. ONU A /HRC/24/41/Add.1, párr. 89. Informe Relator Especial (2013), Consultation on the situation of indigenous peoples in Asia, Doc. ONU A /HRC/24/41/Add.3, párr. 60. Sobre el nivel local, véanse Relator Especial (2013), La situación de los pueblos indígenas en El Salvador, Doc. ONU A/HRC/24/41/Add.2, párrs.75-76. Ver también Doc. ONU E/CN4/2006/78/Add.3 y A/HRC/12/34/Add.2 y Add.3, citados por el ACNUDH en sus observaciones sobre el estudio del Mecanismo de Expertos sobre los pueblos indígenas y el derecho de participar en la adopción de decisiones. 29	Relator Especial (2006), Doc. ONU E/CN.4/2006/78, párrs. 86 y 94. 30	CERD, Observaciones finales Paraguay, Doc ONU CERD/C/PRY/CO/1-3, 12 de setiembre de 2011, párr. 14. CERD, Observaciones finales Argentina, 29 de marzo de 2010, Doc. ONU CERD/C/ARG/CO/19-20, párr. 22. 31	Informe CEACR (2011), C169, Observación general. Véase también, Informe CEACR (2013), Paraguay. 32	Informe CEACR (2009), Perú. 33	Informe CEACR (2006), Perú. 34	Mecanismo de Expertos (2011), Estudio definitivo sobre los pueblos indígenas y el derecho a participar en la adopción de decisiones, 17 de agosto de 2011, Doc. ONU A /HRC/18/42, párr. 13 y Opinión N°2, párr. 19. 35	CCPR, Observaciones finales Paraguay, Doc. ONU CCPR/C/PRY/3, 2013.
La participación debe garantizarse en los organismos administrativos o de otras índoles responsables de políticas y programas que conciernan a los PPII (art. 6.1 del C169).
OIT - CEACR (Pautas oficiales)
OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU) (Pautas)
CONVENIO N° 169 DE LA OIT Y DNUDPI (Normas)
CONVENIO N° 169 DE LA OIT Y DNUDPI (Normas) Los PPII participan por conducto de representantes elegidos por ellos de conformidad con sus propios procedimientos (art. 18° de la DNUDPI).
Por conducto de representantes Mediante representantes libremente elegidos por ellos de conformidad elegidos40. con sus propios procedimientos36 Debe gozar de representatividad41. y sin injerencia alguna37. Con todas las comunidades e instituciones realmente representativas de los pueblos indígenas38. No es suficiente que se establezcan órganos gubernamentales de enlace con los pueblos indígenas sino que es necesario asegurar la participación de los pueblos indígenas en estos órganos (elaboración, aplicación y seguimiento de sus actividades)39.
Políticas, planes y programas que conciernan a los PPII (art. 6° y 7° del C169), por ejemplo (C169):
Se requiere la participación de los pueblos indígenas y tribales en relación con lo siguiente:
•	El desarrollo de una acción coordinada y sistemática con •	Mejoramiento de las miras a proteger los derechos condiciones de vida y de trabajo y del nivel de salud y de sus pueblos y a garantizar el respeto de su integridad educación (art; 7.2). (C169, art.2°, 1). •	Estudio de evaluación de impactos socio-ambientales, •	La adopción de medidas encaminadas a allanar las espirituales y culturales (art. 7.3) •	Medidas para proteger y dificultades que experimenten al afrontar nuevas condiciones de preservar el medio ambiente de los territorios que habitan vida y trabajo (C169, art.5°, c). (art. 7.4). •	Programas de formación profesional y programas y medios especiales de formación (art. 22).
Todos los pueblos indígenas42. Con un debida representación de las mujeres indígenas43, incrementando sus posibilidades de vencer las dificultades que se oponen a su participación en la toma de decisiones44.
Participación sobre toda medida de alcance general o particular que afecte a PPII45. El derecho de participación de los pueblos indígenas no se limita a los mecanismos establecidos en relación con los planes de desarrollo46. Ej: debates relacionados con la conservación de la naturaleza, la caza comercial, el turismo y demás usos de la tierra47 o REDD+48. Los pueblos indígenas deberían participar en los procesos de planificación estratégica mediante arreglos de representación adecuados49.
36	Informe CEACR (2010), Convenio N° 169 de la OIT, Perú y Panamá (sobre el Convenio 107). 37	Informe CEACR (2010), Convenio N° 169 de la OIT, Argentina. CERD, Observaciones finales Argentina, 29 de marzo de 2010, Doc. ONU CERD/C/ ARG/CO/19-20, párr. 22. CERD, Acción urgente Nepal, 28 de setiembre de 2009. 38	Informe CEACR (2010), Convenio N° 169 de la OIT, Argentina. Véanse también CERD, Observación final Chile, 7 de septiembre de 2009, Doc. ONU CERD/C/CHL/CO/15-18, párr. 20; CERD, Observaciones Finales Ecuador, 22 de septiembre de 2008, Doc. ONU CERD/C/ECU/CO/19, párr. 15. 39	Informe CEACR (2013), Chile y Paraguay. Informe CEACR (2009), Honduras. Informe CEACR (2006), Perú. 40	Relator Especial (2012), párr. 31. Carta del CERD al Nepal, 13.03.2009, www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/docs/early_warning/Nepal130309.pdf 41	CERD, Observaciones finales Paraguay, Doc ONU CERD/C/PRY/CO/1-3, 12 de setiembre de 2011, párr. 14.
•	Fortalecimiento de las actividades tradicionales (art. 23). •	Organización de los servicios de salud (art. 25). •	Programas de educación (Art. 27)
42	CERD, Observaciones finales Venezuela, 2013, Doc. ONU CERD/C/VEN/CO/19-21, párr. 19. 43	Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW): Doc ONU CEDAW/C/MEX/CO/6; Doc. ONU CEDAW/C/GUA/CO/6; Doc ONU CEDAW/C/AUL/CO/5, párr. CERD, Observaciones finales Venezuela, 2013, Doc. ONU CERD/C/VEN/CO/19-21, párr. 19. 16. CERD, Observación final Chile, 7 de septiembre de 2009, Doc. ONU CERD/C/CHL/CO/15-18, párr. 20. 44	Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas (2013), Informe consolidado sobre las industrias extractivas y sus efectos sobre los pueblos indígenas E /C.19/2013/16, párr. 85. Véase Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas (2013), Estudio sobre la participación política de las mujeres indígenas a los niveles internacional, nacional y local, E /C.19/2013/10. 45	Informe del Relator Especial (2006), párr. 95; Comité de Derecho Humanos, Doc. ONU CCPR/C/21/Rev.1/Add.5, Observación General No. 23, CDP, Observaciones finales Surinam, 4 de mayo de 2004, Doc. ONU CDCP/CO/80/SUR, párr. 21; CDESC, Observaciones finales Ecuador, 7 de junio de 204, Doc. ONU E/C.12/1/Add.100, párr. 35. 46	Comentarios del Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas en relación con el documento titulado: “Propuesta de gobierno para nueva normativa de consulta y participación indígena de conformidad a los Artículos 6° y 7° del Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo”, Chile, 29 de noviembre de 2012, párr. 30. 47	CDESC, Observaciones Tanzania, Doc. ONU E/C.12/TZA/CO/1-3, 30 de noviembre de 2012. 48	Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas (2013), Doc. E /C.19/2013/7. 49	Informe del Relator Especial (2013), Las industrias extractivas y los pueblos indígenas, Doc. ONU A/HRC/24/41, párr.51. 50	Por ejemplo, en la formulación, aplicación y evaluación de planes y programas relativos a las actividades madereras (Informe CEACR, 2013, Brasil). 51	Informe CEACR (2011), Convenio N° 169 de la OIT, Observación general. 52	Informe CEACR (2009), Convenio N° 169 de la OIT, p. 731.
•	La adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernen (C169, art.6°, 1), b). •	La formulación y evaluación de los planes y programas de Adopción de decisiones en desarrollo nacional y regional las cuestiones que afecten susceptibles de afectarles a sus derechos (art. 18° de directamente (C169, art.7°, 1)50. la DNUDPI), por ejemplo •	El mejoramiento de las (DNUDPI): condiciones de vida y de trabajo y de nivel de salud y •	Medidas para combatir educación (C169, art.7°, 2). los prejuicios y eliminar la •	La utilización, administración y discriminación (art. 15°). conservación de los recursos •	Medidas específicas para naturales existentes en sus proteger a los niños indígenas tierras (C169, art.15°, 1). (art. 17°). •	El fortalecimiento y la promoción •	Elaboración y determinación de las actividades tradicionales de los programas de salud, (C169, art.23°, 1)51. vivienda y demás programas Participación en los procesos de económicos y sociales que les identificación de las modalidades conciernan (art. 23°). de logar el desarrollo52. •	Proceso para reconocer y adjudicar los derechos de los pueblos indígenas en relación con sus tierras (art. 27°).
•	Proyectos que afecten sus tierras y territorios y otros recursos (art. 32.2). •	Medidas para mantener y desarrollar los contactos en miembro de un pueblo separado por una frontera (art. 36°). •	Medidas necesarias para alcanzar los fines de la DNUDPI (art. 38°). Modalidades de participación Participación libre (art. 6°del C169). Libertad
Debería funcionar en una atmosfera de confianza53. De manera efectiva, y brindando a los pueblos indígenas la oportunidad de hacerse escuchar y de influir en las decisiones adoptadas54.
Se asegurar una incidencia directa de los pueblos indígenas en el inicio y ejecución de los procesos de participación57.
Brindando la capacidad técnica y Debe poder incidir en decisiones financiera necesaria58. de los sectores55. Teniendo en cuenta los procesos Debe ser eficaz56. comunitarios de toma de decisiones59. Apoyando el fortalecimiento de las estructuras de organización de los pueblos indígenas60.
53	CERD, Observaciones finales Paraguay, Doc. ONU CERD/C/PRY/CO/1-3, 12 de setiembre de 2011, párr. 14. 54	Informe CEACR (2011), Observación general. Informe CEACR (2010), C169, Perú. Informe CEACR (2009), C169, Observación general y Argentina. Informe CEARC (2008), México. Mecanismo de Expertos (2011), Doc. ONU A /HRC/18/42, párr. 13. CCPR, Comunicación Nº 1023/2001: Finlandia, 15 de abril de 2005, Doc. ONU CCPR/C/83/D/1023/ 2001, párr. 8.5. 55	Contribución de la OIT sobre el estudio del Mecanismo de Expertos sobre los pueblos indígenas y el derecho de participar en la adopción de decisiones (2010). 56	Informe CEACR (2013), Chile y Paraguay. 57	Comentarios del Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas en relación con el documento titulado: “Propuesta de gobierno para nueva normativa de consulta y participación indígena de conformidad a los Artículos 6° y 7° del Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo”, Chile, 29 de noviembre de 2012, párr. 31. 58	Mecanismo de Expertos (2011), Opinión N°2, párr. 32. Cabe subrayar que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU estima que las buenas prácticas identificadas por el Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en su estudio deben ser consideradas como una guía práctica para lograr los objetivos de la Declaración (Doc. ONU A/HRC/18/L.23, párr. 7). 59	Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2009), Directrices sobre las cuestiones relativas a los pueblos indígenas. Naciones Unidas. Nueva York. 60	Relator Especial (2013), La situación de los pueblos indígenas en El Salvador, Doc. ONU A/HRC/24/41/Add.2, párrs.75-76.
Disponiendo de los medios necesarios para el cabal desempeño de sus funciones61.
Debe gozar de los medios necesarios para cumplir con sus funciones62.
Debería gozar de los recursos financieros y humanos suficientes63.
Desde la concepción hasta la evaluación de las políticas públicas o medidas64.
De manera más amplia que la mera consulta68. Durante la concepción o diseño de políticas, programas o proyectos hasta su aplicación y evaluación69.
La planificación, coordinación, ejecución y evaluación debe hacerse en cooperación con los pueblos indígenas interesados65. En todas las etapas del proceso de desarrollo, especialmente cuando se debaten y deciden los modelos y prioridades de desarrollo66. De manera sistemática y transparente67.
Fuente: Elaboración propia en base a normas y pronunciamientos.
Hay que resaltar que, de manera general, los procesos participativos pueden tener varios objetivos. Considerando el grado de participación y el compartimiento del poder, se pueden presentar de la manera siguiente70: (i) Informar: los participantes son receptores pasivos de la información difundida; (ii) Consultar: se intercambia la información y se pueden integrar los aportes, (iii) Colaborar: se comparte las responsabilidades, pero la autoridad toma la decisión final; (iv) Tomar decisiones de manera conjunta: los participantes comparten el control sobre el proceso y el poder sobre la decisión final; (v) Transferir el poder:
los participantes toman decisiones propias sobre un tema determinado. En lo que respecta a los pueblos indígenas, el objetivo es lograr una influencia real en los procesos de adopción de decisiones. Entonces, los procesos que tendrían sólo por objetivo informar o solicitar opiniones de esos pueblos serán insuficientes. Además, las normas internacionales fomentan la participación directa de los pueblos indígenas en la administración de los programas que les conciernen:
61	Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia (ILCCR), 98ª reunión CIT (2009), Convenio 169, Perú. 62	CEACR (2013) Perú. 63	CERD, Observaciones finales Paraguay, Doc. ONU CERD/C/PRY/CO/1-3, 12 de setiembre de 2011, párr. 14. CERD, Observaciones finales Perú, 3 de setiembre de 2009, Doc. ONU CERD/C/PER/CO/14-17, párr. 22. CCPR, Observación final Australia, Doc. ONU CCPR/C/AUS/CO/5, 7 de mayo de 2009. Véanse también, Informe CEACR (2013), Chile. 64	Informe CEACR (2013) Brasil. Informe CEARC (2008), México. Contribución de la OIT sobre estudio del Mecanismo de Expertos sobre los pueblos indígenas y el derecho de participar en la adopción de decisiones. 65	CEACR (2013) Perú. 66	Informe CEACR (2009), C169, Observación general. 67	Informe CEACR (2009), Perú. 68	Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2009). 69	OIT (2003), Convenio 169, Un manual. Relator Especial (2009), Doc. ONU A /HRC/12/34/Add.6, párr. 9. 70	Brinkerhoff, D. (2002), Managing Policy Reform: Concepts and Tools for Decision-Makers in Developing and Transitioning Countries. Bloomfield: Kumarian Press.
Con medios necesarios
•	Programas económicos y sociales: los pueblos indígenas tienen derecho a participar activamente en los programas económicos y sociales que les conciernan y, en lo posible, a administrarlos mediante sus propias instituciones71. •	Recursos naturales: los pueblos tienen el derecho a participar en la administración y conservación de sus recursos72.
•	Salud: el Estado tiene que proporcionar a los pueblos indígenas los medios que les permitan organizar y prestar tales servicios bajo su propia responsabilidad y control; deberán planearse y administrarse en cooperación con los pueblos interesados73.
a transferir progresivamente a dichos pueblos la responsabilidad de la realización de esos programas, así como el derecho a crear sus propias instituciones y medios de educación74. •	Formación profesional: cuando sea posible, esos pueblos deberán asumir progresivamente la responsabilidad de la organización y el funcionamiento de tales programas especiales de formación, si así lo deciden75. Esas normas y pautas deben guiar la elaboración de una institucionalidad indígena en el Perú, al igual que todos los mecanismos y procesos participativos llevados a cabo con los pueblos indígenas.
•	Educación: participación en la formulación y ejecución de programas de educación, con miras
71	Art. 23° de la DNUDPI. 72	Art. 15° del Convenio N° 169 de la OIT. Ver Informe Relator Especial (2013), La situación de los pueblos indígenas en Namibia, Doc. ONU A / HRC/24/41/Add.1, párr. 83. Informe Relator Especial (2013), Consultation on the situation of indigenous peoples in Asia, Doc. ONU A /HRC/24/41/ Add.3, párr. 49. 73	Art. 25° del Convenio N° 169 de la OIT. 74	Art. 27.2 del Convenio N° 169 de la OIT. Art. 14° de la DNUDPI. 75	Art. 22.3 del Convenio N° 169 de la OIT.
ANEXO. Normas (extractos)
a) Consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. (Ver también art. 15° sobre proyectos)
[Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán] 6. b) Establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan. c) Establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para este fin. Participación
7. 1. Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente. (…)
19. Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado. (Ver también art. 32° sobre proyectos)
Ley 29785 2. Derecho a la consulta: Es el derecho de los pueblos indígenas u originarios a ser consultados de forma previa sobre las medidas legislativas o administrativas que afecten directamente sus derechos colectivos, sobre su existencia física, identidad cultural, calidad de vida o desarrollo. También corresponde efectuar la consulta respecto a los planes, programas y proyectos de desarrollo nacional y regional que afecten directamente estos derechos.
5. Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado. 18. Los pueblos indígenas tienen derecho a participar en la adopción de decisiones en las cuestiones que afecten a sus derechos, por conducto de representantes elegidos por ellos de conformidad con sus propios procedimientos, así como a mantener y desarrollar sus propias instituciones de adopción de decisiones.
Reglamento de la Ley 29785: 3.f) Derechos Colectivos.Derechos que tienen por sujeto a los pueblos indígenas, reconocidos en la Constitución, en el Convenio N° 169 de la OIT, así como por los tratados internacionales ratificados por el Perú y la legislación nacional. Incluye, entre otros, los derechos (…) a la participación de los pueblos indígenas.
Disposición Complementaria Transitoria y Final Quinta. Derecho a la participación Conforme a lo señalado en el Convenio N°169 de la OIT, corresponde a las distintas entidades públicas, según corresponda, desarrollar los mecanismos de participación dispuestos en la 23. Los pueblos indígenas tienen legislación vigente, los cuales serán derecho a determinar y a elaborar adicionales o complementarios a prioridades y estrategias para el los establecidos para el proceso de ejercicio de su derecho al desarrollo. consulta. En particular, los pueblos indígenas tienen derecho a participar activamente en la elaboración y determinación de los programas de salud, vivienda y demás programas económicos y sociales que les conciernan y, en lo posible, a administrar esos programas mediante sus propias instituciones.
El Convenio N° 169 de la OIT agrega que: “2.1. Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad.”
respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus instituciones; c) que ayuden a los miembros de los pueblos interesados a eliminar las diferencias socioeconómicas que puedan existir entre los miembros indígenas y los demás miembros de la comunidad nacional, de una manera compatible con sus aspiraciones y formas de vida.”
“2.2. Esta acción deberá incluir medidas: a) que aseguren a los miembros de dichos pueblos gozar, en pie de igualdad, de los derechos y oportunidades que la legislación nacional otorga a los demás miembros de la población; b) que promuevan la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de esos pueblos,
“33 1. La autoridad gubernamental responsable de las cuestiones que abarca el presente Convenio deberá asegurarse de que existen instituciones u otros mecanismos apropiados para administrar los programas que afecten a los pueblos interesados, y de que tales instituciones o mecanismos disponen de los medios necesarios para el cabal desempeño de sus funciones.”
Reporte DAR Situación del sector energético 2013
Por Pierina Egúsquiza Cerrón Programa de Gestión Socio-Ambiental e Inversiones
1. Antecedentes La Estrategia País del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 2012 – 2016, tiene como objetivo estratégico apoyar el desarrollo de una Matriz Energética Sostenible mediante la mejora de la penetración de las energías renovables en la matriz energética, y el fortalecimiento de la capacidad del MINEM para efectuar un planeamiento energético de mediano y largo plazo, todo ello para contribuir a una gestión eficiente y sostenible de los recursos energéticos del Perú al detectarse la carencia de una visión estratégica sectorial integrada de largo plazo que permita enfrentar las elevadas tasas de incremento de la demanda de energía considerando aspectos técnicos, económicos, ambientales y sociales, que se articulen con los objetivos de desarrollo del Perú. Desde el año 2009, el BID ha prestado apoyo financiero a la estrategia energética del Perú mediante la ejecución de cuatro (04) préstamos en el marco del “Programa para el desarrollo de una Nueva Matriz Energética Sostenible (NUMES)”. En ese sentido, se realizaron varias reformas de política energética como la aprobación de una Política Energética Nacional, la formulación de una matriz energética objetivo que fue identificado en el estudio “Elaboración de la Nueva Matriz Energética Sostenible y Evaluación Ambiental Estratégica, como Instrumento de Planificación”
La elaboración del estudio de la NUMES fue un ejercicio de planificación relevante como referencia para discusión de la problemática sectorial, tal es así que su contribución no queda solo ahí sino que el MINEM lo ha tomado como documento base para la formulación del Plan Energético Nacional 2013 – 2022 (PEN) y su EAE con un horizonte de mediano y largo plazo; dicho Plan irá acompañado también de Planes Indicativos Subsectoriales correspondientes a: •	Energías Renovables y Eficiencia Energética •	Electricidad •	Biocombustibles •	Hidrocarburos 2. Plan Energético Nacional 2013 – 2022 y su Evaluación Ambiental Estratégica El Plan Energético Nacional 2013 – 2022 (PEN)1 es un documento que como instrumento de planificación debería contribuir en la creación de una coherente política energética para construir un adecuado Sistema Energético desde la situación actual hacia un futuro deseado. En reuniones sostenidas con la Dirección General de Eficiencia Energética (DGEE) se informó que el documento trabajado desde mayo de 2012, se cerró en diciembre del mismo con la entrega de las consultorías. Asimismo, se indicó que el referido plan incluiría algunas recomendaciones para realizar una generación planificada, ya que existe una incertidumbre en la expansión de la generación que va de manera dispareja a la planificación de la transmisión. La fecha tentativa de presentación del PEN y su EAE era marzo de 20132, sin embargo, a la fecha de corte de este reporte, el documento se encontraba en etapa de
*	El presente es la primera parte de una recopilación de reportes relacionados al sector energía actualizados a julio de 2013. 1	En un inicio el Plan Energético Nacional se realizó para el período 2012-2021 sin embargo dado que la consultoría de la NUMES culminó a finales del 2012 la revisión del mismo se dio en el año 2013 por lo cual se le cambió la denominación. 2	Cabe resaltar que a febrero de 2014, aún no tenemos publicación alguna.
El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) viene elaborando el “Plan Energético Nacional 2013 – 2022”, plan de suma importancia para la toma de decisiones estratégicas en temas energéticos de largo plazo, el mismo que debe garantizar la seguridad y soberanía energética del país y cuya publicación se esperaba a fines de abril del año 2013. Este es un ejercicio de planificación a mediano y largo plazo que se actualizará cada dos años, asimismo es el primero de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) en planes.
publicado por el MINEM, en abril de 2012 y la utilización de la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) como herramienta de formulación de políticas y planes para analizar impactos y oportunidades del sector energético.
A. REPORTE PLAN ENERGÉTICO NACIONAL 20132022 Y SU EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATEGICA
revisión por la Dirección General de Eficiencia Energética, asimismo se tiene pensado su actualización periódica cada dos años. Además, al consultarles sobre el proceso de aprobación de los Términos de Referencia (TdR) para la elaboración de la consultoría de la EAE del PEN 2013 – 2022, se informó que pese a que Ministerio del Ambiente (MINAM) es el competente en la aprobación de las EAE en políticas, planes y programas3; la DGEE envió al MINAM la propuesta de TdR y estos últimos han incorporado sus aportes aunque propiamente no los han aprobado, asimismo se informó que una vez listo el EAE, el MINAM lo revisará en su versión final y aprobará.
Sobre el tema de exportación de energía, el funcionario de la DGEE afirmó que para el período que estima el PEN (hasta el 2022) no se contempla la interconexión regional ni la exportación con Ecuador, Chile o Brasil, lo cual no quiere decir que no se vaya a realizar solo que por ahora no cuentan con suficiente información técnica para hacer un perfil de proyecto. Al respecto cabe indicar que el Plan de Transmisión 2013-2022 incluye la expansión de la transmisión considerando la interconexión con Ecuador, Brasil y Chile en el largo plazo. Para la elaboración del PEN se convocó a instituciones relacionadas al sector energético: el Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional (COES), el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN), el Ministerio del Ambiente (MINAM), la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), el Ministerio de la Producción (PRODUCE), PETROPERU, PERUPETRO y el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) requiriéndoseles información sobre los proyectos que vienen impulsando desde sus sectores para poder establecer la demanda de energía al 2022, la cual ascendería a 84,000 GW/h. La metodología del PEN contó con la participación del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el
Estado (SERNANP) para evitar superposiciones con el Plan Sectorial de Hidrocarburos. En el caso de la Dirección de Conservación y Planeamiento de Recursos Hídricos (DCPH) de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), se informó que el MINEM y la ANA tuvieron reuniones de coordinación para ver en conjunto el PEN 2013 – 2022 y el Plan Nacional de Recursos hídricos ya que este último plan contemplará, entre otras cosas, el abastecimiento de la demanda del recurso hídrico a futuro, además se está trabajando en una herramienta de gestión ambiental “Evaluación de Recursos hídricos” que coadyuvará a la selección de los mejores sitios para realizar proyectos de inversión sin causar impactos negativos en el uso y abastecimiento del recurso hídrico4. 3. Evaluación Ambiental Estratégica del Plan Energético Nacional 2013-2022 La Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) tiene como finalidad internalizar la variable ambiental en las propuestas de políticas, planes y programas de desarrollo que formulen las instituciones del Estado y está orientada a la prevención de implicancias ambientales negativas significativas, por esa razón el Plan Energético Nacional 2013 – 2022 (PEN) no estaba exento de contar con su respectivo EAE. 3.1. TALLERES DEL EAE DEL PEN En el 2012, se realizaron dos talleres convocados y organizados por el MINEM y el BID para socializar la metodología y avances de la consultoría “Evaluación Ambiental Estratégica para el Plan Nacional de Energía 2013 -2022”. Estos talleres se desarrollaron el 23 de agosto y el 14 de noviembre de 2012. El primer taller tuvo como objetivo presentar la metodología de evaluación a aplicarse durante el desarrollo de la consultoría; mientras que en el segundo, los resultados alcanzados.
El Decreto Legislativo N° 1078, en su Artículo 16°, establece que el MINAM es el encargado de dirigir y administrar el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental; asimismo, el Artículo 17° establece, entre otras funciones del MINAM, la de aprobar las evaluaciones ambientales. Para la elaboración de este reporte se utilizó la información recopilada de cartas de pedido de acceso a la información pública, reuniones de coordinación y noticias en la Web.
Encargada de la Elaboración del EAE: Florencia Ferrero (responsable de la NUMES). El producto final estuvo listo en octubre de 2012. Para la elaboración de esta EAE se tomó en cuenta el Plan Nacional de Acción Ambiental (PLANAA) 2010 – 2021 y los ejes estratégicos del CEPLAN. En base a estos ejes se definieron los indicadores. La Metodología planteada fue la siguiente:
El segundo taller se desarrolló de la siguiente manera: •	Se integró las opiniones surgidas en el Primer Taller para la formulación del Estudio. •	Se expuso además sobre las oportunidades y limitaciones ambientales evidenciadas en el proceso de formulación de la EAE. •	Se mostró los resultados de la Valoración de Indicadores Ambientales y Sociales a tomarse en la EAE.
•	Definición de objetivos y alcances. •	Levantamiento de Información de base, actualización de los antecedentes de la EAE del estudio de la NUMES. •	Análisis de los principales grupos e instituciones, agencias ambientales, ONG y otros. •	Revisión de la EAE y Talleres de la NUMES. •	Elaboración de un mapa de Sensibilidad Ambiental del Perú. •	Indicadores de la Primera Etapa de análisis: porcentaje Recursos Energéticos Renovables (RER), Áreas Inundadas y Emisiones Gases de Efecto Invernadero (GEI).
•	Identificación de Planes Alternativos en base de la metodología Análisis Multicriterio. •	Definición de indicadores ambientales para la segunda etapa de análisis. •	Análisis de resultados. •	Identificación de riesgos socio ambientales y mitigación de impactos. •	Recomendaciones para prevenir, reducir o contrarrestar los efectos ambientales negativos y optimizar los efectos positivos. •	Preparación de un plan de monitoreo ambiental durante la etapa de implementación del Plan Nacional de Energía 2013 – 2022.
•	Se resaltó que toda obra derivada del PEN tiene un impacto directo sobre el ordenamiento territorial. •	Se recomendó que los aportes de la EAE se mantengan actualizados para que se constituya como un mecanismo de utilidad para prevenir conflictos. •	En lo referido a proyectos hidráulicos, se sostuvo que se deberían incluir los proyectos hidráulicos a las estrategias de Zonificación Ecológica y Económica (ZEE) y Ordenamiento Territorial (OT) y que se debe priorizar el uso y conservación de recursos hídricos.
3.2. INDICADORES AMBIENTALES Y SOCIALES DE LA EAE DEL PEN El análisis de sensibilidad ambiental de la EAE del PEN considera dos variables: •	Ambiental: No se incluyen algunas variables como los límites máximos permisibles y otros porque no se tenía suficiente información oficial. •	Social: No se tomó en cuenta a los PIAVCI.
Cuadro N° 1. Resultados de la Ponderación de Indicadores
%RER + Hidroelectricidad
Población susceptible de ser afectada negativamente
Amenazas Áreas Naturales Protegidas
Afectación a Sistemas Silvestres
Afectación de Áreas con Endemismos
Vulnerabilidad a los Riesgos Naturales (Energía Eléctrica)
Servicios indirectos asociados a infraestructura de generación de energía eléctrica
Sensibilidad socio ambiental a proyectos energéticos
Grado de aceptación de la Población
Inversión en tecnologías limpias en el sector eléctrico
Vulnerabilidad a los Riesgos Naturales (Ductos)
Amenazas a sitios arqueológicos
Vulnerabilidad al Fenómeno de El Niño/Niña
Fuente: Segundo Taller de Presentación Evaluación Ambiental Estratégica del Plan Energético Nacional 2012-2021, 14/11/2012
Asimismo el ingeniero Carlos Cáceres de la DGEE indicó que buscaron contactarse, sin éxito, con la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) y otras organizaciones indígenas; de manera que ninguna comunidad nativa o indígena estuvo representada en los “Talleres participativos de la EAE del Plan Energético Nacional”. Tampoco hubo representantes de la academia ni de colegios profesionales, y de la sociedad civil se invitó a la ONG Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) y a la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA). En ese sentido, se observaron dos cosas, la primera de ellas, que solo se permitieron realizar aportes a los resultados del componente de la EAE del Plan Energético Nacional en los talleres de participación, más no los resultados del Plan Energético Nacional. Lo segundo. Si bien la “Consultoría Nueva Matriz Energética Sostenible y Evaluación Ambiental Estratégica como instrumento de Planificación” sirvió como estudio base para la elaboración del Plan Energético Nacional y su EAE, esta no contó con un espacio abierto de coordinación a sociedad civil, organizaciones indígenas y demás entidades para recepción de aportes y socialización de información. 5. Reflexiones en torno al proceso de elaboración del PEN 2013-2022 y su EAE 1.	No obstante la importancia de este documento de planificación, se sabe por declaraciones de la DGEE, el PEN no será un documento vinculante políticamente ya que una de sus falencias es la falta de un ente coordinador para su implementación en cada institución del Estado, además no existe un organismo
2.	No hay una Directiva con el procedimiento de elaboración de planes, proyectos o programas que establezca los requisitos mínimos para su elaboración. En ese sentido, se ha dejado a discrecionalidad de cada entidad la elaboración de sus planes sectoriales pese a que estos tienen injerencia en el desarrollo nacional sobre todo el desarrollo de la política y planeamiento energético, temas transectoriales que competen a todas las entidades del Estado. A modo de propuesta, el CEPLAN podría encargarse de elaborar los lineamientos para la realización de planes, toda vez que es la organización a cargo de promover la articulación en la formulación de planes y políticas de desarrollo multisectorial, sectorial y territorial como el Plan Bicentenario, asimismo es el responsable de coordinar con los órganos responsables la unificación de criterios y metodologías para la elaboración de líneas de base e indicadores que sirvan de insumo para la toma de decisiones en la definición de planes y políticas5. También podría colaborar en la evaluación y seguimiento del PEN, tomando en cuenta que sus funciones contemplan el seguimiento y evaluación de la gestión estratégica del Estado, que comprende planes y políticas6. 3.	En lo referido a la participación ciudadana, se desarrollaron talleres para socializar información referente a la elaboración y formulación de la EAE del Plan Energético Nacional 2013 – 2022, sin embargo no han habido mecanismos de participación ciudadana para socializar el documento del Plan Energético Nacional. Por lo tanto, en estos talleres faltó convocar a organizaciones indígenas regionales y gremios representativos; por ello, no puede ser considerado un proceso de participación ciudadana abierto a la ciudadanía con convocatoria pública. Cabe acotar que no existe información accesible al público en general sobre los aportes o presentaciones realizadas en estos talleres.
5	Reglamento de Organización y Funciones del CEPLAN, Artículo 6°, numeral 13 y 16. 6	Reglamento de Organización y Funciones del CEPLAN, Artículo 6°, numeral 17.
Más allá de talleres organizados por el MINEM y el BID, los cuales fueron convocados bajo lista cerrada, no hubo mayor participación en la elaboración del documento incluso, en dichas reuniones, no se invitó a los Gobiernos Regionales (GORES) directamente sino a la Asociación Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) pero no confirmaron su participación.
que pueda fiscalizar y monitorear el cumplimiento del Plan en su conjunto.
Asimismo, existe la obligación legal de realizar mecanismos de participación ciudadana en planes, políticas y programas, en la medida que pueden generar implicancias ambientales significativas7. De esta manera es obligación del MINAM, supervisar en el ámbito de su competencia, el cumplimiento por parte de las entidades públicas de la promoción de mecanismos de participación ciudadana en el diseño de políticas, planes y programas8.
4.	De otro lado, al no conocer las proyecciones sobre las cuales se estaría planificando nuestra Nueva Matriz Energética podrían estar afectándose los derechos de pueblos indígenas con los proyectos a realizarse en el marco del referido Plan, de tal manera que debería hacérseles partícipes de esta importante herramienta para la mejor toma de decisiones y realizarse la respectiva consulta previa, toda vez que se encuentra contemplado dentro del ámbito de aplicación del derecho a la consulta previa dentro de las medidas legislativas o administrativas de alcance general que incluyen planes y programas que impliquen una modificación directa de los derechos colectivos de los pueblos indígenas9. 5.	Y por último, en relación al proceso de elaboración de la EAE del Plan Energético Nacional 2013 – 2022, no está clara la participación del MINAM en la elaboración de los TdR ni en la metodología, sin embargo dadas sus competencias en la revisión, evaluación y aprobación de la EAE10 se requiere un mayor involucramiento de parte del MINAM en el proceso de elaboración y aprobación de la EAE del PEN, y en la elaboración del mismo PEN ya que podrían generarse implicancias ambientales significativas en su implementación. B. REPORTE SOBRE CONVENIO CAF – MINEM “ACTUALIZACIÓN DEL POTENCIAL HIDROELÉCTRICO DEL PERÚ”
Reembolsable entre la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el Ministerio de Energía y Minas (MINEM)” con el objeto de que la CAF otorgue al MINEM una asistencia técnica hasta por USD$ 330,000.00 destinados a la “Actualización del Potencial Hidroeléctrico del Perú”. Este aporte se suma a otros previstos por el Banco de Desarrollo Alemán (KfW) hasta USD$ 250,000.00 y del MINEM hasta USD$ 900,000.00 para tal propósito. El Proyecto “Actualización del Potencial Hidroeléctrico del Perú” consta de dos fases. La primera, comprende la evaluación del potencial hidroeléctrico del Perú; la segunda fase tiene por finalidad obtener una cartera de posibles proyectos de centrales hidroeléctricas, a partir de la optimización del uso de cuencas hidrográficas del Perú que se desarrollará con el apoyo de una consultoría especializada. Los recursos de la CAF y KfW están disponibles por un plazo de veinticuatro (24) meses contados a partir de la suscripción del convenio, es decir hasta el 15 de junio de 2014. 1. Antecedentes 1.1.	El 17 de setiembre de 2007, el Instituto Geológico de los Estados Unidos (USGS) y la Corporación Andina de Fomento (CAF) celebraron un Acuerdo de Cooperación con el objetivo de generar nuevos datos e informaciones geográficas de la región suramericana para facilitar las solicitudes de apoyo de estudios hidrológicos y de energía, y facilitar el acceso a dicha información o modelos de datos espaciales existentes para la región de América del Sur. 1.2.	El 27 de marzo de 2011, el KfW y la CAF celebraron un Convenio de Cooperación Financiera con el objeto de brindar apoyo a los estudios relacionados con centrales hidroeléctricas y la integración de la economía regional a través de la interconexión eléctrica.
El 15 de junio de 2012, el Ministerio de Energía y Minas del Perú suscribió el “Convenio de Cooperación Técnica No 7
Decreto Supremo N° 002-2009-MINAM, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la Información Pública Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales, establece en su Artículo 28° literal “b”: “La participación ciudadana se verificará al menos en los siguientes procesos: b) Diseño y aplicación de políticas, normas e instrumentos de la gestión ambiental así como planes, programas y agendas ambientales.” 8	Decreto Legislativo N° 1055 que modifica la Ley N° 28611 - Ley General del Ambiente, Artículo 2°. 9	Reglamento de la Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios, Artículo 27°, aprobado por Decreto Supremo N° 001-2012MC. 10	Reglamento de la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación Ambiental, Artículo 64°.
1.3.	El 18 de enero de 2012, la CAF aprobó una Cooperación Técnica No Reembolsable a favor del MINEM para brindar apoyo a la actualización del potencial hidroeléctrico aprovechable proveniente de centrales pequeñas, medianas y grandes con énfasis en centrales mayores a 100 MW11.
hidroeléctricas usando información geoespacial. Para la realización de la Primera Fase del Estudio, se contratará la consultoría especializada del USGS12 que hará el mapeo de las localidades propicias para la implantación de Centrales Hidroeléctricas en el Perú, posteriormente se informará los avances al MINEM.
•	El Estudio “Actualización del Potencial Hidroeléctrico del Perú” se desarrolla en dos fases:
Segunda Fase: tiene la finalidad de identificar y obtener una cartera de posibles proyectos de centrales hidroeléctricas y el perfil e ingeniería básica para 10 grandes proyectos13-que deben promoverse prioritariamente a partir de la optimización del uso de cuencas hidrográficas del Perú- esta fase se desarrollará a partir de la contratación de una consultoría especializada para individualizar las principales características de los emprendimientos identificados (ubicación, potencia, caída, estimación de inversión, etc.).
Primera Fase: comprende la evaluación del potencial hidroeléctrico teórico en el Perú a cargo de USGS a nivel de pequeñas, medianas y grandes centrales
•	La implementación del Convenio de lado del MINEM estará a cargo de la Dirección de Promoción Eléctrica perteneciente a la Dirección General de Electricidad.
2. Convenio CAF – MINEM •	El 15 de junio de 2012, el MINEM suscribió el Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable con el objeto de que la CAF otorgue al MINEM, asistencia técnica destinada a la “Actualización del Potencial Hidroeléctrico del Perú”.
11	La Cooperación fue aprobada mediante Resolución de la Presidencia Ejecutiva P.E. N° 7792/2012. 12	Ello en el marco del Convenio celebrado entre CAF y USGS. 13	Evalúan Potencial Hidroeléctrico de las Principales Cuencas del Perú. NP. 404 -12. Ver: http://www.minem.gob.pe/descripcion.php?idSector=6&idTitular=5015
Foto: Mario Zuñiga / DAR
•	Para financiar esta Cooperación, la CAF aportará hasta USD$ 330,000.00 (trescientos treinta mil dólares americanos), el KfW contribuirá a solicitud de la CAF hasta con USD$ 250 000,00 (doscientos cincuenta mil dólares americanos)14 y el MINEM, hasta USD $ 900 000,00 (novecientos mil dólares americanos), siendo los aportes de KfW y del MINEM aplicables para la segunda fase el proyecto. •	Los aportes del KfW se realizarán en la segunda fase a solicitud de la CAF después de requerimiento del MINEM. •	La contratación de consultorías para la ejecución del Convenio de Cooperación Técnica en su primera fase estará a cargo de la CAF y la contratación de los consultores para la segunda fase, del MINEM. •	Los recursos de la CAF y del KfW están disponibles por un plazo de veinticuatro (24) meses contados a
partir de la suscripción del convenio, es decir hasta el 15 de junio de 2014. 3. Metodología para la determinación del potencial hidroeléctrico El 7 de setiembre de 2012, funcionarios del MINEM y expertos USGS participaron en la presentación del “Estudio del Potencial Hidroeléctrico del Perú”, en su primera fase, denominado “Metodología para la determinación del potencial hidroeléctrico y avances en las potencialidades hidroeléctricas identificadas en las principales cuencas del país”. Los especialistas precisaron, a los funcionarios del MINEM, la metodología para la determinación del potencial hidroeléctrico, así como los resultados preliminares derivados del análisis de las cuencas, especialmente del Marañón y el Huallaga.
14	En virtud del Convenio de Cooperación Financiera citado en el punto 1.2. del acápite B: Reporte sobre Convenio CAF –MINEM “Actualización del Potencial Hidroeléctrico del Perú”.
•	Estimación del potencial hidroeléctrico en el Perú y determinar ubicaciones aptas para la generación eléctrica mediante la construcción de centrales de pequeñas, medianas y grandes.
•	Determinar los sitios más adecuados (óptimos) para desarrollar proyectos tomándose en consideración aspectos como legislación nacional y municipal, así como los factores culturales o locales que podrían bloquear un potencial proyecto. •	Elaboración de fichas técnicas por proyecto que incluya: ubicación, megavatio a generar, factores de eficiencia estimada, tipo de central requerida, red de interconexión cercana y estimación de inversión solicitada, entre otros. •	Informe final con los resultados del estudio. Identificación de localidades con mayor potencial real de generación hidroeléctrica, señalándose también el potencial total de generación agregado por sub-cuenca, cuenca y región.
Objetivos Específicos: •	Optimizar el uso de las cuencas y del aprovechamiento energético. •	Identificación de una cartera de proyectos hidroeléctricos a nivel de grandes, medianas y pequeñas centrales. •	Incentivar el desarrollo del potencial hidroeléctrico aún no explotado en el Perú. FASE 1:
4. Resultados esperados •	Utilización de mapas de hidrografía virtual (virtual rivers). •	Identificación del potencial de todos los segmentos de la red hídrica. Los segmentos se clasifican de acuerdo a su potencial de generación hidroeléctrica a fin de determinar los sitios con potencial para desarrollar centrales hidroeléctricas de pequeña, mediana y gran envergadura. •	Base de datos georeferenciada en el Sistema de Información Geográfica (SIG). •	Desarrollo de un servidor de mapas para implementar un servicio donde los usuarios puedan consultar los proyectos mediante visualización simple a través de Internet sin contar con software especializado. Acorde al cronograma presentado por la CAF en septiembre de 201215, la culminación de la FASE 1 estaba prevista para noviembre 2012, sin embargo hubo demoras en encontrar el consultor en esta primera fase, hasta el cierre de este reporte16.
•	Determinación del potencial hidroeléctrico a nivel de pequeñas, medianas y grandes centrales hidroeléctricas. •	Visualización de los proyectos a través de Internet. •	Elaboración de fichas por proyecto factibles a ser desarrollados. •	Publicación del potencial hidroeléctrico. •	Talleres y seminarios de difusión. 5. Avances Según información de la Dirección de Promoción Eléctrica, se esperaba que en marzo de 2013 el USGS remita la primera versión del informe a su cargo. Para julio de 2013, el MINEM tuvo casi listos los TDR de la segunda fase del estudio y se encontraban buscando el apoyo de un ingeniero que maneje temas de centrales hidroeléctricas con el uso del sistema ArcGIS para que coopere con la DGEE en la segunda fase.
15	Presentación de Powerpoint realizada por Mauricio Garron, especialista senior de Energía de la CAF. En presentación del “Estudio del Potencial Hidroeléctrico del Perú”, realizada el 07 de setiembre de 2012 en la sede del Ministerio de Energía y Minas. 16	Cierre del reporte: julio de 2013.
C. AVANCES DEL ACUERDO ENERGÉTICO PERÚ – BRASIL Si bien el suscrito tratado bilateral “Acuerdo entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República Federativa de Brasil para el Suministro de Electricidad al Perú y Exportación de Excedentes al Brasil” no ha sido revisado aún por el Congreso de la República del Perú ni ratificado para su entrada en vigencia, el debate sobre su pertinencia sigue vigente ante una posible crisis energética al 2016, por la falta de entrada de proyectos hidroeléctricos.
La discusión de este acuerdo se ha centrado en la necesidad de realizar grandes proyectos hidroeléctricos en el frágil ecosistema de la Amazonía, para asegurar la seguridad energética del país, debido a la alta dependencia que actualmente tenemos al uso del gas natural. En ese marco, esta parte del reporte busca recoger el estado actual del Acuerdo Energético Perú-Brasil y de los proyectos promovidos, recogidos y propuestos en diferentes documentos de planificación del Estado. 1. Antecedentes El 16 de junio de 2010, los ministerios de Energía y Minas del Estado peruano y el brasilero firmaron el “Acuerdo entre el gobierno de la República del Perú y el gobierno de la República Federativa del Brasil para el suministro de electricidad al Perú y la Exportación de Excedentes al Brasil” con el objetivo de interconectar ambos sistemas energéticos, a través de la construcción de centrales hidroeléctricas y líneas de transmisión. En marzo de 2011, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú envió este acuerdo al Congreso de la República como Proyecto de Ley N° 4750/2010-PE, el cual derivó a la Comisión de Relaciones Exteriores, sin embargo durante los últimos meses del gobierno anterior no se emitió opinión al respecto.
2. Estado actual del Acuerdo Energético Perú - Brasil Actualmente, el Acuerdo Energético entre Perú y Brasil se encuentra en la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República como Proyecto de Ley N° 00391/2011-PE17 en espera a ser aprobado por el pleno del Legislativo. No obstante la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología (CPAAAAE) dada las implicancias ambientales y sociales relacionadas con poblaciones indígenas ha solicitado desde octubre de 201218 que el mencionado proyecto de ley sea derivado a la CPAAAAE con el fin de poder dictaminar sobre este Acuerdo en conjunto con la Comisión de Relaciones Exteriores. 3. El Proyecto de Ley N° 00391/2011-PE del Acuerdo Energético Perú – Brasil debe ser visto por la CPAAAE En la medida que es función de la CPAAAAE la revisión, evaluación y dictámenes de los proyectos de ley así como del seguimiento y evaluación de las normas relacionadas con los derechos de los pueblos indígenas, andinos y amazónicos y la preservación del ambiente y los recursos naturales, el proyecto de ley sobre el Acuerdo Energético Perú – Brasil debe ser derivado a dicha comisión para su estudio y dictamen como segunda comisión, adicionalmente a la Comisión de Relaciones Exteriores, toda vez que de la construcción de las centrales hidroeléctricas que propone dicho Acuerdo, muchas de ellas en la Amazonía, se podrían generar impactos ambientales irreversibles como deforestación, afectación de cuencas, desplazamientos involuntarios y conflictos sociales. En este sentido, es indispensable que el proyecto de ley cuente con la opinión de la comisión especializada en dichos temas antes de que sea debatido en el pleno del Congreso de la República.
17	Ver: http://www2.congreso.gob.pe/sicr/tradocestproc/Expvirt_2011.nsf/visbusqptramdoc/00391?opendocument 18	Revisar Oficio N° 1624-2011-2012-CPAAAAE-CR de fecha 05 de junio 2012, Oficio que solicita derivación del Proyecto de Ley N° 00391/2011-PE que propone someter a consideración del Congreso de la República el “Acuerdo Energético Perú-Brasil sobre suministro de electricidad y exportación por excedentes al Brasil” Ver: http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/Contdoc01_2011.nsf/0/23541b4ae9f2492a05257a1a005958c5/$FILE/Oficio%20 1624-2011-2012-CPAAAAE-CR.pdf
2.	Lo medular del Acuerdo es la construcción de grandes represas cuyos embalses (con más de 15 metros de alto), líneas de transmisión e infraestructura relacionada afectarían extensas áreas de bosque amazónico y desplazarían comunidades nativas cuyos medios de vida dependen del bosque, por lo que sería necesario una lectura detenida por parte de la CPAAAAE, en cumplimiento de sus funciones, y enmarcar el referido Acuerdo dentro de los principios de conservación de la biodiversidad y los derechos de las poblaciones locales y pueblos indígenas. 3.	El Informe de la Nueva Matriz Energética Sostenible (NUMES)21 del Ministerio de Energía y Minas presentado el 16 de abril de 2012, destaca que
4.	Los proyectos de centrales hidroeléctricas con potencial de exportación al Brasil como Pakitzapango, Tambo 40 y Tambo 60 se promueven sobre territorio de comunidades nativas Asháninka por lo que el Estado peruano debe respetar los derechos de los pueblos indígenas como el derecho a la consulta previa, libre e informada, el derecho al territorio e identidad, entre otros, y tomar en cuenta la visión indígena en sus políticas de acuerdo al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), siendo necesario el consentimiento de la población indígena que sería afectada por la construcción de hidroeléctricas. Todo ello ante un escenario de falta de planificación energética y de ordenamiento territorial en el espacio amazónico hace que el Acuerdo represente un grave riesgo desde el punto de vista de la conservación de la Amazonía peruana y del respeto a los derechos de los pueblos indígenas, en tanto que los proyectos hidroeléctricos de gran envergadura promovidos por este Acuerdo representan una nueva amenaza para el desarrollo sostenible. Por ello, mientras no se tengan claros los compromisos del Perú en materia energética y se asegure el cumplimiento de estándares socio-ambientales en el planeamiento,
19	1) Memorándum de Entendimiento para crear la Comisión Mixta Permanente para establecer un programa de cooperación en materia energética, geológica y minera entre los Ministerio de Energía y Minas de Perú y Brasil de fecha 09/11/2006. 2) Convenio de Integración Energética entre Perú y Brasil, se enumeran los objetivos del potencial del mencionado convenio y se evalúan los proyectos de exportación de energía de Perú a Brasil, de fecha 17/05/2008. 3) Memorando de Entendimiento para el Apoyo a los Estudios de Interconexión, contiene el objeto que es el desarrollo de Estudios de Viabilidad para la Interconexión Eléctrica entre el Perú y Brasil, de fecha 28/04/2009. Disponible en: http://www.minem.gob.pe/descripcion.php?idSector=6&idTitular=3052 20	Ver: http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/Electricidad/promocion%20electrica/Centrales%20hidroel%C3%83%C2%A9ctricas%20con%20 potencial%20para%20la%20exportacion%20a%20brasil.pdf 21	Estudio financiado por el BID en el marco del Programa para el Desarrollo de una Nueva Matriz Energética Sostenible (NUMES). http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/DGEE/eficiencia%20energetica/publicaciones/guias/Informe_completo_Estudio_NUMES.pdf
1. Aunque el texto del Acuerdo no menciona la ubicación de las centrales hidroeléctricas de la revisión de los documentos de negociación19 entre los sectores energéticos de Perú y Brasil y de los estudios realizados por el Ministerio de Energía y Minas del año 2007, “Elaboración de resúmenes ejecutivos y fichas de estudios de las centrales hidroeléctricas con potencial para la exportación a Brasil”20, se entiende que el Acuerdo promueve el desarrollo de centrales de generación hidroeléctrica en la cuenca amazónica peruana para la exportación de energía eléctrica al Brasil, en particular, los proyectos priorizados para la exportación serían Inambari (a ubicarse en los departamentos de Madre de Dios, Cusco y Puno); Pakitzapango, Tambo 40, Tambo 60 (región Junín) y Mainique I (región Cusco), a los que podrían sumarse proyectos de centrales hidroeléctricas en la cuenca del río Marañón declarados de interés nacional, mediante Decreto Supremo N° 020-2011-MEM, los cuales se encontrarían en zonas con alta biodiversidad y afectarían territorio Asháninka, Awajún, Wampis, entre otros.
la construcción de Centrales Hidroeléctricas en la Amazonía conlleva una serie de impactos, entre ellos, el referido a la pérdida de tierras en uso aptas para el desarrollo agropecuario debido a la deforestación de grandes áreas de bosque (Inambari con 45,000 ha; Tambo 40 con 22,000 ha y Pakitzapango, con 10,000 ha aprox.), pérdida de biodiversidad, emisiones de dióxido de carbono y metano, inundación de Áreas Naturales Protegidas (ANP) (en el caso Inambari se afecta la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Bahuaja Sonene) y de territorios con población indígena que se verían forzados a ser desplazados de sus territorios ancestrales.
construcción y operación de las represas, es oportuno realizar una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) que contemple los impactos acumulativos de las Centrales Hidroeléctricas a construirse antes de la suscripción del Acuerdo. 4. Documentos de planificación relevantes sobre la interconexión con Brasil. En el Informe COES/DP-01-2012 “Propuesta Definitiva de Actualización del Plan de Transmisión 2013 – 2022”23 y en el Informe Resumen del Plan de Transmisión 2013 – 202224 aprobado por el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) se mencionan las interconexiones internacionales, considerándose como las de más alto potencial de desarrollo las interconexiones con Ecuador y Brasil. 22
De la interconexión con Brasil, destaca que a la fecha existe un Convenio Binacional de Integración Energética Perú – Brasil suscrito en mayo de 2008 y el Acuerdo
Energético Perú – Brasil que tiene por objeto desarrollar estudios sobre el potencial energético de ambos países y proyectos de exportación de energía al Brasil, estos documentos posibilitan el estudio y posterior desarrollo de grandes centrales hidroeléctricas en la cuenca amazónica sur y centro del Perú en el mediano a largo plazo del orden de 6,800 MW. Esta posible interconexión considera la exportación de electricidad hacia Brasil de los excedentes de la energía producida por las grandes centrales del oriente peruano que se desarrollarían como parte del Acuerdo Energético Perú – Brasil: Tambo 60, Tambo 40, Pakitzapango, Mainique e Inambari25. En el Informe del COES26 se señala que no se cuenta aún con estudio de factibilidad del proyecto de transmisión de interconexión, y por otro lado la Central Hidroeléctrica (CH) Inambari de 2,200 MW es la que se presenta con mayor grado de maduración entre los proyectos relacionados a esta interconexión.
22	Acorde al art. 21° de la Ley N° 28832 “Ley para Asegurar el Desarrollo Eficiente de la Generación Eléctrica” el Ministerio de Energía y Minas, aprueba el Plan de Transmisión con la opinión previa del OSINERGMIN, así mismo el COES presenta la propuesta de actualización del Plan de Transmisión con los cálculos e informes correspondientes. Se establece que el Plan de Transmisión tiene carácter vinculante para las decisiones de inversión que se adopten durante su vigencia. 23	Ver: http://contenido.coes.org.pe/alfrescostruts/download.do?nodeId=85b37cac-cb11-4a28-af3e-035c00bc6df6 24	Aprobado mediante Informe N° 038-2012-MEM/DGE. Ver: http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/Informe%20N%C3%82%C2%B0%20038-2012.pdf 25	A través del Informe N° 038-2012-MEM/DGE se presenta el Informe Resumen del Plan de Transmisión 2013-2022 de fecha Diciembre 2012 en el que
MAPA N° 1. Configuración de Enlaces de Interconexión Perú - Brasil
RIO MADEIRA UCAYALI HUANUCO ANCASH PASCO
TAMBO 60 LIMA
TAMBO 40 PAKITZAPANGO CUSCO
MAINIQUE HUANCAVELICA
COLECTORA CENTRO
BOLIVIA MARCONA AREQUIPA
OCEANO PÁCIFICO
53 Derecho, Ambiente y Recursos Naturales - DAR
Fuente: COES, Informe DP-01-2012. Propuesta Definitiva de Actualización del Plan de Transmisión Período 2013-2022. Setiembre 2012, p. 154.
se presentan las posibles interconexiones con países vecinos como Brasil, Chile, Bolivia y Ecuador. pp. 16 – 18. Ver: http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/Informe%20N%C3%82%C2%B0%20038-2012.pdf Asimismo en el Informe “Propuesta Definitiva de Actualización del Plan de Transmisión 2013-2022” del COES también se presentan los cambios en la situación de las interconexiones internacionales. pp. 142 – 158. Ver: http://contenido.coes.org.pe/alfrescostruts/download.do?nodeId=85b37cac-cb11-4a28-af3e-035c00bc6df6 26	Ver Informe “Propuesta Definitiva de Actualización del Plan de Transmisión 2013-2022” del COES. p. 153. http://contenido.coes.org.pe/alfrescostruts/download.do?nodeId=85b37cac-cb11-4a28-af3e-035c00bc6df6
Asimismo, el Informe Resumen del Plan de Transmisión del MINEM, señala como potenciales puntos de interconexión Inambari, por el lado peruano, y las centrales que forman parte del complejo hidroeléctrico del río Madeira, en el Estado de Rondonioa, Brasil. En el lado peruano, el desarrollo de esta interconexión estaría asociado a la implementación de un sistema de transmisión de 500 kV que se enlazaría a las centrales hidroeléctricas construidas como parte del Acuerdo Perú – Brasil con subestaciones en Lima y Marcona.
De otro lado, en el Informe del Ministerio de Energía y Minas elaborado por la Dirección General de Electricidad en el 2007: “Elaboración de Resúmenes Ejecutivos y Fichas de Estudios de las Centrales Hidroeléctricas con Potencial para la Exportación a Brasil”27, se identificaron 15 proyectos de generación hidroeléctrica de los cuales 3 se encuentran en ejecución, la CH Chaglla (406 MW) que tiene a la fecha concesión definitiva y está en proceso de construcción, la CH Chadín 2 (600 MW) que se encuentra en proceso de aprobación de EIA y CH Cumba 4 ( 825 MW) en proceso de elaboración de EIA. 5. Situación de los proyectos de Central Hidroeléctrica Inambari y Pakitzapango En algunos documentos de planificación relevantes del MINEM y del COES se puede observar el interés por el proyecto de CH Pakitzapango: Consultoría “Elaboración de la Nueva Matriz Energética Sostenible y Evaluación Ambiental Estratégica, como Instrumentos de Planificación (NUMES)”28 •	Desde el 2009, el BID ha venido prestando apoyo financiero a la estrategia energética del Perú mediante la ejecución de cuatro (04) préstamos en el marco del “Programa para el desarrollo de una Nueva Matriz Energética Sostenible (NUMES)”. •	Mediante el Préstamo NUMES se realizaron varias reformas de política energética como la aprobación de una Política Energética Nacional y la formulación de una matriz energética objetivo que fue identificada en
el estudio “Elaboración de la Nueva Matriz Energética Sostenible y Evaluación Ambiental Estratégica, como Instrumento de Planificación” publicado en abril de 2012 por el MINEM. •	La elaboración del estudio de la NUMES fue un ejercicio de planificación relevante como referente a largo plazo hasta el 2040. El estudio de la NUMES escoge un plan, de entre varios planes, que menciona cómo debe apuntar la matriz energética al año 2014. •	El Plan escogido es el plan 19 y señala que el 40% de la energía provendría de Hidroeléctricas; 40%, del Gas Natural; y 20%, de Recursos Energéticos Renovables. Hay que reconocer que el Plan 19 no es la palabra final sino un indicador que debe ser actualizado con otros informes edificados sobre el cimiento de este estudio y, en particular, al evolucionar el contexto socio-económico del país. •	Este estudio ha dado una lista de proyectos sobre los cuales se realiza el ejercicio de planificación para el sector eléctrico desde la generación, transmisión y distribución. •	En el listado de Centrales Hidroeléctricas considerado por la NUMES aparece la CH Pakitzapango con 2,000 MW, la misma que se estima empezará operaciones en el período 2020 – 2040 junto con la CH Inambari. •	La justificación que se da para la entrada de la CH Pakitzapango es que ha sido considerada dentro del Plan de expansión del Sistema de Transmisión del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional, dado que existe una concentración del recurso hidroeléctrico en el área centro es imprescindible la existencia de un sistema de transmisión que permita el suministro de energía al área norte y sur, sobre todo si consideramos la entrada de proyectos mineros que van a demandar energía en Cajamarca y Lambayeque, sería ella la razón por la que se planea aprovechar el potencial hidroeléctrico de la Amazonía y de la cuenca del río Marañón. •	Al respecto, existen proyectos confirmados hasta el 2016 de tal manera que si no llegan a obtener la licencia social y ambiental, la pregunta que quedaría suelta es qué otros proyectos cubrirían la demanda proyectada de la NUMES.
27	Ver: http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/Electricidad/promocion%20electrica/Centrales%20hidroel%C3%83%C2%A9ctricas%20con%20 potencial%20para%20la%20exportacion%20a%20brasil.pdf 28	http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/DGEE/eficiencia%20energetica/publicaciones/guias/Informe_completo_Estudio_NUMES.pdf
Plan Energético Nacional 2013 – 2022
•	Dentro del estudio de la NUMES se destaca que los potenciales importadores de los excedentes de energía del mercado peruano serían Chile y Brasil. •	Asimismo la EAE de la NUMES hace mención a que las hidroeléctricas son las principales responsables de la afectación de ambientes silvestres, en términos de hectáreas inundadas. Los principales proyectos son Inambari (45,000 ha), Tambo 40 (22,000 ha) y Pakitzapango (aproximadamente 10,000 ha). •	El Plan 19 calculó que preliminarmente podría afectar poco más de 91,000 ha de sistemas silvestres principalmente por hidroeléctricas de la selva.
Plan de Transmisión 2013 – 2022 •	El Plan de Transmisión 2013 – 2022 se aprobó el 28 de diciembre de 2012 por Resolución Ministerial N° 583-2012-MEM/DM y publicado el 8 de enero de 2013. •	Este documento fue aprobado por el Ministerio de Energía y Minas con la opinión previa de OSINERGMIN30. •	El Plan de Transmisión es un estudio periódico que identifica, los proyectos necesarios para construir nuevas líneas de transmisión. Este documento recomienda un plan de obras e indica qué proyectos de líneas de transmisión son necesarios para la expansión de la generación, es decir, para hacer llegar la electricidad que generarán las nuevas centrales hidroeléctricas y térmicas que se construirán.
29	Cabe resaltar que a febrero de 2014, aún no tenemos publicación alguna. 30	Informe Resumen del Plan de Transmisión 2013 – 2022, Informe N° 038-2012-MEM/DGE http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/Informe%20N%C3%82%C2%B0%20038-2012.pdf
•	A diferencia de la consultoría de la NUMES, el Plan Energético Nacional tiene un horizonte a mediano plazo. •	La fecha tentativa de presentación del PEN y su EAE era marzo de 201329, sin embargo, a la fecha de corte de este reporte, el documento se encontraba en etapa de revisión por la Dirección General de Eficiencia Energética, asimismo se tiene pensado su actualización periódica cada dos años. •	Este documento que es clave para la planificación por tener un horizonte de mediano plazo no estaría considerando la entrada de las megarepresas, sin embargo como sería actualizado eventualmente contendría referencias al Proyecto de la Central Hidroeléctrica Pakitzapango y otras represas ligadas al Acuerdo Energético Perú – Brasil. •	Sobre el tema de la exportación de energía, de las entrevistas sostenidas con la DGEE se ha sostenido que para el período que estima el PEN, hasta el 2022, no se contempla la interconexión regional ni la exportación con Ecuador, Chile o Brasil, lo cual no significa que no se vaya a realizar, solo que por ahora no cuentan con suficiente información técnica para hacer un perfil del proyecto.
•	En ese sentido, en su análisis, el Plan de Transmisión contempla la expansión de las líneas de transmisión con miras a que a largo plazo existan interconexiones con países vecinos como Ecuador, Brasil y Chile. •	En el caso de la interconexión con Brasil contempla proyectos de generación hidroeléctrica que se desarrollarían como parte del Acuerdo Perú – Brasil (Tambo 60, Tambo 40, Pakitzapango, Mainique e Inambari). •	Cabe indicar que del Plan de Transmisión lo único vinculante son los proyectos referidos a la construcción de líneas de transmisión, sin embargo, los estudios y análisis que se realizan promocionan las inversiones en determinados proyectos que el Estado quiere impulsar para un adecuado cubrimiento de la demanda, oferta interna y también de exportación de energía. Informe de diagnóstico de las condiciones operativas del SEIN 2015 –202431 •	Informe realizado por el COES, el cual parte de que el futuro no está definido sino que es incierto al igual que la demanda y oferta de generación, por ello se deben plantear posibles escenarios para realizar el ejercicio de planificación energética a largo plazo y siendo que se ha informado en diversos medios que sólo están asegurados proyectos hasta el año 2016, fuera de ese lapso es incierto que nuevos proyectos de generación se plantearán. •	Este informe espera que los proyectos de generación que se desarrollen a partir de 2016 sean de gran envergadura, proyectos con tiempos de maduración que puedan alcanzar siete años o más, como es el caso de los proyectos hidroeléctricos mayores, actualmente en etapa de estudio (Cumba/Veracruz, Santa María, Chadín, etc). •	Este estudio formula una lista de proyectos con mayor posibilidad de ser implementados en el período del 2017 - 2024, de esta manera se consideró la entrada de la CH Pakitzapango, Tambo 40, Tambo 60, Mainique 1 e Inambari al año 2024 y la categorizan de la siguiente manera:
Capacidad financiera del concesionario: Inversionista Nivel de Estudio Propietario: En proceso Posición Socio-ambiental: Fuerte oposición
•	El Informe refiere también que la implementación de los proyectos de centrales hidroeléctricas del oriente, proyectos asociados a un posible convenio con Brasil, se deben más a una decisión política que técnica. 6. Conclusiones •	Existen diversos documentos de planificación realizados por el MINEM y el COES donde se evidencia la intención de ejecutar los proyectos que se plantean en el Acuerdo Energético Perú – Brasil. •	Pese a que el Acuerdo Energético Perú – Brasil aún no ha sido aprobado por el Congreso, la persistencia por ejecutarlos ha continuado, ello se observa de las referencias a conexiones internacionales que han realizado el COES y el MINEM en sus documentos referidos al Plan de Transmisión 2013 - 2022, y en estudios del MINEM de perfiles de proyectos hidroeléctricos donde se señala el potencial hidroeléctrico para realizar proyectos en la cuenca del Atlántico y en la cuenca de Inambari. •	Siendo que estamos avanzando en la elaboración de instrumentos de planificación como el Plan Energético Nacional 2013 – 2022 no deberían considerarse proyectos hidroeléctricos que han sufrido rechazo por parte de la población local, dado que no cuentan con la licencia social ni ambiental. •	Es necesario que el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio del Ambiente coordinen en la planificación y evaluación de proyectos hidroeléctricos de gran envergadura como los que se han considerado para el Acuerdo Energético Perú – Brasil, dado que generarán grandes impactos irreversibles en la Amazonía peruana. Estudios como la Nueva Matriz Energética Sostenible (NUMES) ya hablan de los impactos socioambientales de realizar proyectos hidroeléctricos de gran embalse.
31	Ver: http://contenido.coes.org.pe/alfrescostruts/download.do?nodeId=61785620-a5b0-477d-91d0-266248566e7e
Los días 17 y 18 de diciembre de 2013 y 29 de enero de este año, en las ciudades de Lima, Iquitos y Cusco, respectivamente, se realizaron los eventos públicos de presentación de los resultados y recomendaciones del “Diagnóstico 2013: Transparencia en el sector energético peruano”, estudio que expone el estado de la transparencia en dicho sector tanto en el cumplimiento de la normatividad como en su aplicación en pro de la gobernanza.
El pasado 5 de diciembre, se presentaron ante la Plataforma Regional de Manejo Forestal Comunitario, en la ciudad de Pucallpa, tres propuestas para mejorar los procedimientos de acceso con fines comerciales a los bosques comunales.
Estos eventos fueron espacios de reflexión sobre los retos a afrontar para mejorar la transparencia en la disposición y atención de información; y sobre cómo fortalecer la gobernanza en el sector energía en los procesos de planificación, evaluación ambiental, otorgamiento de derechos y préstamos programáticos. Las presentaciones contaron con la valiosa disertación de un panel de expertos invitados. En Lima, participaron Fernando Castañeda, Adjunto para Asuntos Constitucionales de la Defensoría del Pueblo; Epifanio Baca, representante del Grupo Propuesta Ciudadana y Pedro Gamio de la Plataforma Latinoamericana de Energía Sostenible y Equidad (PLESE). En Iquitos, Oscar Cortez, Director Regional de Energía y Minas; Roger Grandez por el Grupo Propuesta Ciudadana y Aldo Castillo, Gerente de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Loreto. Mientras que en Cusco, participaron Iván Prado, Director Regional de Energía y Minas; Valerio Paucarmayta, Director del Centro Bartolomé de las Casas y José Altamirano, Presidente de la Cámara de Comercio, Industrias, Servicios, Turismo y de la Construcción del Cusco. También asistieron representantes del empresariado, sociedad civil y público en general, además, autoridades con competencias en la gestión, promoción, uso y evaluación de los recursos energéticos.
Nos referimos a los Términos de Referencia para la formulación de planes de manejo que integran los recursos maderables y no maderables, Términos de Referencia para proyectos en el marco de programas regionales o nacionales de REDD+ y la Propuesta para agilizar la aprobación de permisos forestales. Estas se construyeron participativamente, involucrando principalmente a organizaciones indígenas de Ucayali y funcionarios forestales; de cuya experiencia se obtuvieron recomendaciones para el Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre. La presentación formó parte del proyecto “Mejorando los procesos de Planes Generales de Manejo Forestal y Planes Operativos Anuales e incorporando REDD y no maderables incrementamos la rentabilidad forestal”, desarrollado por Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) y financiado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlandia, a través del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), y contó con apoyo del Proyecto Amazonía Viva “Conservación y Valorización Participativa del Bosque y sus servicios ambientales”, ejecutado en el Perú por DAR, WWF, TRAFFIC y SNV, con fondos de la Unión Europea y WWF Alemania.
57 Derecho, Ambiente y Recursos Naturales - DAR
Presentación de Propuestas para la mejora del Manejo Forestal Comunitario
Presentación del Diagnóstico 2013: Transparencia en el sector energético peruano
Lineamientos para la discusión.
Casos paradigmáticos de inversión del Banco de Desarrollo Económico y Social de Brasil (BNDES) en Sur América
Trabajo conjunto de diversas organizaciones regionales de la sociedad civil interesadas en promover la transparencia y el acceso a la información en el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil (BNDES).
En la primera parte del documento, se explica la necesidad de que el BNDES adopte una política de Acceso a la Información con altos estándares de transparencia y acceso a la información, se detallan los beneficios que aporta la adopción de este tipo de política, así como las limitaciones existentes para obtener información del Banco. Si bien en la actualidad Brasil cuenta con una Ley de Acceso a la Información (Ley N° 12.527/2011), se fundamentan las razones para que el BNDES adopte políticas en dicha materia. Asimismo, para esta primera parte, se toma como referencia la Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información de la Organización de Estados Americanos (OEA), el Índice del Derecho de Acceso a la Información en México (IDAIM) y las buenas prácticas tanto internacionales como nacionales relacionadas a ese tema. La segunda parte, presenta una propuesta base de Política de Acceso a la Información para el BNDES, teniendo como referencia los más altos estándares de transparencia adoptados por otros Bancos de Desarrollo y recogiendo, asimismo, los principios y mecanismos de la Ley Nº 12.527/2011. Finalmente, se anexa la información que debería ser continuamente publicada por el Banco.
Puede descargarla en: http://www.dar.org.pe/archivos/publicacion/134_ Lineamientos_de_Politica.pdf http://www.dar.org.pe/archivos/publicacion/135_ Lineamientos_de_Politica_ingles.pdf http://www.dar.org.pe/archivos/publicacion/136_ Lineamientos_de_Politica_portugues.pdf
Necesidad y oportunidad para mejorar políticas internas
Describe los impactos a los derechos humanos y al ambiente de diez proyectos claves en Sur América con financiamiento del BNDES. También, se incluyen dos casos que a pesar de no confirmarse dicho financiamiento, hay indicios suficientes para concluir que el Banco está o va a participar en su implementación. El objetivo de esta investigación es demostrar la necesidad de impulsar la formulación, revisión y adecuada implementación de políticas socio-ambientales, incluyendo las de participación e información, cuyo cumplimiento sea requisito esencial para que BNDES apruebe e implemente estos y futuros proyectos. Adicionalmente, se presentan conclusiones y recomendaciones destinadas a buscar la prevención de los impactos negativos y la efectiva promoción del desarrollo sostenible que el BNDES ha priorizado. Este libro es resultado del esfuerzo colectivo de la Asociación Ambiente y Sociedad (AAS), la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES), el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), el Foro Ciudadano de Participación por la Justicia y los Derechos Humanos (FOCO), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), International Rivers (IR) y el Instituto Socio Ambiental (ISA).
Puede descargarla en: http://www.dar.org.pe/archivos/publicacion/137_Casos_ Paradigmaticos.pdf
Esta publicación es el resultado de un trabajo conjunto entre Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) y el Centro para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR), con el objetivo de describir el contexto político de la implementación de REDD+ en el Perú. Este trabajo fue realizado entre los años 2011 y 2013, y forma parte del Estudio Comparativo Global que lidera CIFOR a nivel mundial. El Perú rico en bosques, pero la deforestación es la principal causa del aumento de GEI, por ello se propone reducir a cero la tasa de deforestación de bosques primarios para el 2021. Sin embargo, los escenarios business as usual estiman 7,3 millones de hectáreas adicionales de deforestación para el 2050. Es así que el país tiene que realizar un esfuerzo significativo para lograr dicha meta. Tanto el gobierno como los actores privados han impulsado un conjunto de iniciativas REDD+ (proyectos, programas, estudios, etc.) que ha llevado a que el Perú participe de casi todos los procesos internacionales de REDD+. Pero a la vez, este proceso ha permitido reabrir debates sobre el respeto de los derechos de los pueblos indígenas y las capacidades del Estado para implementar sus políticas planes y estrategias, dándole un renovado interés a los bosques.
Puede descargarla en: http://www.dar.org.pe/archivos/publicacion/114_cifor.pdf
Partiendo del análisis de casos emblemáticos sobre actividades de hidrocarburos, esta publicación expone la necesidad de asegurar que los proyectos de inversión en la Amazonía no afecten los derechos humanos y el ambiente. También manifiesta la importancia de contar con políticas públicas y una institucionalidad estatal que asegure la inclusión de los pueblos indígenas en la estructura del Estado para que no se vulneren sus derechos y se eviten conflictos socioambientales por superposición de lotes de hidrocarburos en territorios indígenas. La publicación está dividida en dos partes. La primera aborda la vulnerabilidad de la “Reserva Territorial del Estado a favor de los grupos étnicos en aislamiento voluntario y contacto inicial Kugapakori, Nahua, Nanti y otros” y los pueblos indígenas que la habitan, ante la ampliación de operaciones de exploración y explotación del Proyecto Camisea (Lote 88) según información recogida hasta agosto de 2013. La segunda parte analiza los procesos de construcción de la acción colectiva indígena en escenarios de conflictos socioambientales durante los años 2008 – 2010 (caso de la Reserva Comunal Amarakaeri en Madre de Dios y la cuenca del río Curaray en Loreto), compuestos por las características del contexto político nacional e internacional, las estructuras de movilización de los pueblos indígenas y los procesos discursivos creados por estos actores. Puede descargarla en: http://www.dar.org.pe/archivos/publicacion/128_PP_ conflictos.pdf
Fe de erratas: Los artículos Transparencia y el Acceso a la Información Pública en el sector Energético y Nuevas promesas, nuevas oportunidades: Desarrollo de una estrategia integral para el Bajo Urubamba, publicados en la Agenda Ambiental N° 6 (diciembre de 2013) se realizaron gracias al apoyo de Open Society Foundations (OSF); y Blue Moon Fund y John D. and Catherine T. MacArthur Foundation, respectivamente
59 Derecho, Ambiente y Recursos Naturales - DAR
Motores, actores e instituciones
Contexto de REDD+ en Perú
Pueblo indígenas y conflictos socioambientales: los casos de Camisea, Amarakaeri y Curaray
Publicaciones Diagnóstico 2013: Transparencia en el sector energético peruano Este Diagnóstico es la primera investigación efectuada al sector energético sobre el cumplimiento de la transparencia y el ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información pública, a la luz de la Ley y principios de gobernanza. El Diagnóstico, que expone los resultados y recomendaciones arribados tras evaluar a 16 instituciones públicas, analiza tanto la disponibilidad de información en los portales de transparencia y el proceso de atención de las solicitudes de acceso a la información pública como la aplicación de la transparencia para la gobernanza en: políticas, planes y programas; otorgamiento de derechos en hidrocarburos e hidroeléctricas; procesos de evaluación ambiental, y préstamos programáticos. Este último análisis se realizó considerando los principios de gobernanza: planificación, capacidad de gestión, coordinación, participación, rendición de cuentas e integridad pública. El estudio evidencia hallazgos que requieren una rápida atención del Estado para mejorar la transparencia e integrar los principios de gobernanza. Asimismo, plantea recomendaciones para superar las dificultades existentes en transparencia, mejorar la eficiencia de la gestión pública, incrementar la participación ciudadana y fortalecer la gobernanza, la que redundará en una mayor confianza de la población hacia sus autoridades, la reducción de conflictos y la prevención de la corrupción.
http://www.dar.org.pe/archivos/publicacion/133_IT_re_esp.pdf http://www.dar.org.pe/archivos/publicacion/139_libro_transparencia_2013.pdf
Agenda Ambiental. Boletín Informativo de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales - Marzo, 2014
A nivel global, regional, nacional y local, las inversiones están cambiando las condiciones del desarrollo. Es evidente, que buscamos cambio...