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Timestamp: 2019-01-19 05:30:37
Document Index: 26515350

Matched Legal Cases: ['artículo 251', 'artículo 248', 'artículo 249', 'artículo 248', 'artículo 251', 'Artículo 2', 'Artículo 29', 'Artículo 30']

Cónyuges solidarios enfrentan las cargas matrimoniales - Ilustrados!
Resumen: El matrimonio es la unión voluntariamente concertada entre un hombre y una mujer a fin de hacer vida en común. El matrimonio que autoriza el Código de Familia cubano presupone la unión heterosexual y monogámica, pues no pueden coexistir en una misma persona dos matrimonios al mismo tiempo, así como tampoco la unión de personas de un mismo sexo; aún cuando el pilar fundamental del matrimonio es la voluntad de los contrayentes de convivir de forma duradera.
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Autor: Lic. Mayren Pérez Bonachea y Lic. Yuneidy Denis Lorenzo
El matrimonio es la unión voluntariamente concertada entre un hombre y una mujer a fin de hacer vida en común. El matrimonio que autoriza el Código de Familia cubano presupone la unión heterosexual y monogámica, pues no pueden coexistir en una misma persona dos matrimonios al mismo tiempo, así como tampoco la unión de personas de un mismo sexo; aún cuando el pilar fundamental del matrimonio es la voluntad de los contrayentes de convivir de forma duradera.
El matrimonio como institución genera un conjunto de relaciones susceptibles de contenido económico y por tanto de ordenación jurídica para la búsqueda de una organización económica de la sociedad conyugal, algunos autores definen la estructura de la misma asumiendo la fórmula de que es: El estatuto que regula los intereses pecuniarios de los esposos, ya sea en sus relaciones entre sí, o en las mantenidas con los terceros.
Otras legislaciones optan por el principio de la libertad de las convenciones matrimoniales , algunos cuerpos legales liberan a los cónyuges para organizar sus relaciones pecuniarias como mejor convenga a sus intereses, con la única limitación de no contrariar el orden público.
La norma sustantiva cubana actual establece y autoriza como único régimen económico para el matrimonio el denominado comunidad matrimonial de bienes , el cual existirá desde el momento en que se le reconozca efectos a la unión matrimonial; ya sea por la formalización ante notario público o ante el Encargado del Registro Civil o el reconocimiento judicial en los casos que corresponda.
El hecho que la norma anteriormente mencionada sólo reconozca un régimen económico para el matrimonio, no quiere decir que antes del mismo, durante éste y después de extinguido, todos los bienes sean obligatoriamente considerados comunes, pues existen bienes propios y bienes comunes, aunque en todos aquellos casos en que no esté claramente definida la condición de propio de un bien, se considerará común.
Entenderemos como comunes los taxativamente previstos en la ley y cuya administración corresponderá a ambos cónyuges y cualquiera de ellos podrá realizar actos de administración y adquirir bienes para el uso y consumo de la familia. Ahora bien, si se trata de vender, donar o de cualquier forma transmitir la propiedad de alguno de los bienes comunes es necesario el consentimiento de ambos, bien sea que estén los dos presentes al momento de la transmisión, bien que el que no esté, haya dado con anterioridad su consentimiento. Por el contrario, si de lo que se trata es de traer de vuelta a la comunidad algún bien que por cualquier causa estaba fuera, es suficiente la actuación de uno solo de los cónyuges.
Al decir de la Doctora Olga Mesa la comunidad matrimonial de bienes crea un especial estado de derecho cuya finalidad primordial es hacer frente a las necesidades del matrimonio y la familia. Mediante ese conjunto de bienes se asumirán deberes, entendiéndose pues que con la comunidad se atienden una serie de gastos y se ha de responder de las obligaciones que genera la vida en común.
La atribución de la responsabilidad de atender las obligaciones del matrimonio ha pasado por la figura de la dote: ad sustinenda onera matrimoni, hoy institución residual, tras la etapa romana en que el marido debía alimentos a la esposa.
Para DELGADO ECHEVERRIA el sostenimiento de las cargas del matrimonio es una realidad de la práctica tan antigua como el matrimonio mismo. Pero una elaboración técnica del deber de contribuir a estas cargas, su distribución entre marido y mujer y su posible relevancia para terceros no la ha conocido el derecho civil hasta tiempos recientes y aún entonces de forma no siempre deslindada de las obligaciones de alimentos entre cónyuges y de padres a hijos.
Las cargas del matrimonio son las que existen mientras la convivencia perdura, constituidas por la suma o el importe de los gastos necesarios para hacer frente a la proporción de vida de la familia, siendo posible no sólo comprender en ella la alimentación de la esposa o del esposo, el vestido de los cónyuges y de sus hijos, sino también todos aquellos gastos a los que el cónyuge esté moral o socialmente obligado, lo esencial es que sean congruentes con el ritmo de vida familiar.
La familia mientras convive atiende a una serie de gastos con determinados ingresos y en su caso, a cargo de un patrimonio, los cónyuges están obligados a contribuir al sostenimiento de los gastos familiares, entendámoslos como todos los provocados por el grupo familiar no atribuibles especialmente a ninguno de sus miembros así como los específicos de cada uno de ellos que entrarían en el concepto de alimentos.
La norma no impone límites a los “gastos” que en concepto de cargas son asumidas en la comunidad, pues dependerán las mismas del status social de cada familia. Desde el punto de vista jurídico esta realidad se formula como "las cargas del matrimonio" o "cargas familiares", instituto que tiene su origen en la configuración de la familia como unidad estable.
El Código de Familia dedica los artículos 33 y 34 a la regulación de las cargas y obligaciones de la comunidad matrimonial de bienes estableciendo según el principio de igualdad plena del hombre y la mujer, que serán abonados con cargo a la comunidad matrimonial de bienes los siguientes:
1.	El sostenimiento de la familia y los gastos en que se incurran en la educación y formación de los hijos comunes y de los que sean de uno de los dos cónyuges.
2.	Todas las deudas y obligaciones contraídas durante el matrimonio, por cualquiera de los cónyuges, excepto en los casos en que para contraerlas se necesitara del consentimiento de ambos.
3.	Las rentas o intereses devengados durante el matrimonio que hubiera que pagar, por las obligaciones a que tuvieran sujetos los bienes propios de cada cónyuge y los comunes.
4.	Las reparaciones menores o de mera conservación en los bienes propios, hechas durante el matrimonio.
Entendamos como cargas no solo la obligación de dar alimentos sino todas las que, con uno u otro nombre, proveen a las necesidades económicas de la familia en su quehacer diario, con una cierta vocación de constancia y que responden a las necesidades del día a día. Es importante reflexionar que la idea de cargas en el matrimonio es un concepto mas amplio y abarcador que el de dar alimentos . La carga puede ser entendida como un gasto pero también puede considerarse una deuda que implica una obligación o una obligación propiamente dicha.
Es importante destacar el carácter solidario que comparten los cónyuges ante las diversas relaciones obligatorias que asumen en lo relativo a las cargas de la comunidad; en este sentido se desarrollan relaciones jurídicas obligatorias que adoptan una forma organizativa considerada pluripersonal donde los cónyuges actúan como una pluralidad de sujetos en uno o ambos lados de la relación, pudiendo asumir la condición de deudores o creedores según corresponda.
En las obligaciones solidarias la doctrina acepta la existencia de una pluralidad de créditos y deudas, aún cuando sea la misma prestación. Sin embargo, la conexión que entre sí tienen los distintos créditos y las distintas deudas resulta evidente según los artículos 246 apartado 1; 247, 248 apartado 1 y 2 del Código Civil.
Por tanto, como señala LETE DEL RÍO, “si bien puede hablarse de pluralidad de obligaciones y de pluralidad de vínculos, la relación obligatoria en cuanto relación jurídica mantiene un evidente grado de unidad. Se trata de una relación obligatoria compuesta por un haz de obligaciones que gobiernan la situación de cada uno de los acreedores y de cada uno de los deudores, y en la cual al mismo tiempo existe una relación asociativa o de grupo de los coacreedores o de los codeudores entre sí”.
Cuando los cónyuges asumen la posición de deudores se producen varios efectos importantes, pudiéramos comentar que en virtud del carácter solidario, el cónyuge que cumplió y extinguió la obligación puede reclamar al otro la parte que le corresponde, (artículo 251 apartado 3). Otro efecto relevante sería que cada codeudor está obligado al cumplimiento íntegro de la obligación. (artículo 248 apartado 1). Pudiéramos añadir también que el cónyuge codeudor puede oponer las excepciones procesales que se deriven de la naturaleza de la obligación y las personales de él o del otro en cuanto a la parte que le corresponda al ser demandado por el acreedor, cuestión que es igualmente válida para los cónyuges solidariamente deudores, de resultar imposible la prestación ambos son responsables ante el acreedor; si la deuda no ha sido satisfecha, y el acreedor ha reclamado oportunamente a uno de los cónyuges deudores, puede exigir al otro el cumplimiento de la misma (artículo 249.2 Código Civil)
Cuando los cónyuges asumen la posición de acreedores igual podemos hablar de un conjunto de efectos que revisten la relación jurídica, el esposo que en calidad de acreedor realice actos perjudiciales para el otro está obligado a indemnizarlo si como consecuencia de ello le ocasiona daños. (artículos 81, 82 y 83 del Código Civil); cada cónyuge está legitimado para reclamar el cumplimiento íntegro de la prestación. (artículo 248 apartado 2) una vez reclamado el cumplimiento por un cónyuge solidariamente acreedor no puede reclamarlo el otro, porque el deudor deberá cumplir al primero que reclamó. (artículo 251 apartado 1)
1.	El régimen económico del matrimonio asumido por la norma sustantiva cubana, es el de la comunidad matrimonial de bienes, el cual tiene como finalidad primera hacer frente a las necesidades del matrimonio y la familia.
2.	El propósito de la comunidad matrimonial es el de sufragar las deudas de la familia entendidas como cargas del matrimonio, que están constituidas por la suma o el importe de los gastos necesarios para hacer frente al ritmo de vida de la familia, las que forman el núcleo de la economía familiar, para lo cual se constituye una masa o patrimonio común a ambos cónyuges, compuesta estas por los bienes a los que la Ley otorga la naturaleza de comunes.
3.	En las distintas relaciones jurídicas que afrontan los cónyuges adoptan posiciones que van desde la de deudores a la de acreedores siempre solidarios, fundado en la forma organizativa considerada pluripersonal que asumen las relaciones obligatorias de esta naturaleza, y para la cual se producen una serie de efectos que acompañan los vínculos obligatorios que se desarrollan.
Lic. Mayren Pérez Bonachea
Lic. Yuneidy Denis Lorenzo
[1] Artículo 2 C F.: El matrimonio es la unión voluntaria concertada de un hombre y una mujer con aptitud legal para ello, a fin de hacer vida en común.
[2] El ordenamiento francés parte de la base de que la comunidad legal o comunidad limitada a los bienes gananciales ( communauté réduite aux acquêts ) no goza de personalidad jurídica propia e independiente respecto de los cónyuges, y con ello no puede ser considerada como sujeto deudor . Toda deuda de la comunidad es, en primer lugar, deuda personal de uno de los cónyuges, siendo preciso analizar cómo se arbitran en este Derecho las relaciones pasivas entre la comunidad y éstos. Encontramos por un lado, el aspecto interno de las relaciones obligacionales en el seno de la comunidad legal, denominado la contribution à la dette que se ocupa de saber qué patrimonio debe soportar la carga definitiva de la deuda, el patrimonio propio del cónyuge deudor o el patrimonio común, aspecto que interesa en las relaciones recíprocas de los cónyuges. Por otro lado, se ubica el ámbito externo de la responsabilidad comunitaria. En este caso, se trata de l`obligation à la dette , esfera que se ocupa de averiguar qué bienes, propios o el patrimonio común, puede el acreedor perseguir situándonos en el campo de las relaciones del cónyuge con los terceros. Ambas esferas se encuentran presentes durante la vigencia del régimen y tras la disolución de la comunidad, una vez liquidadas las recompensas y efectuada la partición del activo común, cuando las deudas comunes no hayan sido satisfechas constante el régimen económico matrimonial.
El pasivo definitivo común se ubica en el ordenamiento jurídico italiano, dentro de las normas que regulan la comunidad de bienes entre los cónyuges. El actual Codice civile, tras la reforma en materia de Derecho de familia que supuso la Ley de 19 de mayo de 1975, convierte este sistema matrimonial económico en régimen legal y lo denomina comunione legale , modificando así la anterior situación en el marco de los Códigos civiles de 1865 y de 1942 donde únicamente aparecía regulada como régimen convencional . La citada normativa ha recogido siempre 'dentro de los distintos tipos de comunidad' el modelo de la comunidad de ganancias, llegando incluso a prohibirse expresamente la posibilidad de pactar la comunidad universal de bienes. Si bien, en cada uno de estos textos legales, se ha contemplado el tratamiento de las deudas comunes con importantes variantes. Respecto al pasivo de la comunidad legal, se puede afirmar que, desde la aprobación del primer Código civil de la Italia unificada en 1865 hasta la actualidad, no se ha dedicado una regulación específica como tal que se refiera a la responsabilidad interna. Esta labor le ha correspondido a la doctrina que ha acuñado las expresiones de relaciones internas entre los cónyuges, para distinguirlas de las relaciones externas de los cónyuges frente a los terceros acreedores. La justificación de esta falta de atención específica en el marco de la comunidad de ganancias radica en que el contexto idóneo de las relaciones internas de los cónyuges en el Derecho italiano se sitúa en el aspecto contributivo.
Interesa destacar en primer lugar que, con ocasión de la promulgación del Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) se vino a establecer un régimen económico matrimonial unitario para todo el territorio alemán, dando con ello por finalizada la diver- sidad reinante anteriormente en las distintas regiones. Esta regulación unificadora se mantuvo, en lo esencial, sin grandes cambios hasta la reforma acontecida el 18 de junio de 1957. En el seno de esta ordenación inicial, se preveía como uno de los regímenes contractuales la comunidad de ganancias o comunidad de gananciales ( Errungenschaftsgemeinschaft ), A los fines de adecuación a la Constitución de Weimar en 1949 que estableció el principio de igualdad de derechos del hombre y de la mujer (arts. 3, II y 117, I), el BGB fue objeto de una importante reforma en materia de régimen económico matrimonial. En concreto, fue aprobada la Ley de equiparación jurídica del hombre y la mujer en el ámbito del Derecho civil de 18 de junio de 1957 (Gesetz über die Gleichberechtigung von Mann und Frau auf dem Gebiete des bürgerlichen Rechts, GleichberG). En particular, conviene constatar la desaparición de la comunidad de ganancias, manteniéndose aunque actualizada conforme con el principio constitucional de igualdad de derechos entre el hombre y la mujer el régimen de la comunidad de bienes ( Gütergemeinschaft ).
[3] Artículo 29 CF.: El régimen económico del matrimonio será el de la comunidad de bienes que regula este código.
[4] La comunidad de bienes fue pensada como el régimen ideal para conseguir la igualdad entre los cónyuges, pues ambos esposos, en calidad de copropietarios durante la vida común, deberían tener los mismos derechos en las ganancias, y del mismo modo, soportar las pérdidas.
[5] Artículo 30 Código de Familia: A los efectos del régimen que se establece en el artículo anterior, se considerarán bienes comunes:
a) Los salarios o sueldos, jubilaciones, pensiones u otra clase de ingreso que ambos cónyuges o uno de ellos obtenga durante el matrimonio, como producto del trabajo o procedente de la seguridad social;No es relevante que el ingreso sea en moneda nacional o libremente convertible, o que se haya recibido en el país o en el extranjero. Tampoco es necesario que provenga del empleo con una entidad estatal, incluso el ingreso de los trabajadores por cuenta propia y los pequeños agricultores se considera común. Para ser coherentes con los deberes y derechos, mencionados con anterioridad, si solo uno de los cónyuges recibe remuneración por su salario, ese dinero es común.
b) Los bienes y derechos adquiridos por título oneroso durante el matrimonio a costa del caudal común, bien se haga la adquisición para la comunidad o para uno de los cónyuges; Todo lo que uno de los cónyuges adquiera con dinero de su salario es un bien común, salvo que sea un artículo de uso personal exclusivo.c) Los frutos, rentas o intereses percibidos o devengados durante el matrimonio, procedentes de los bienes comunes o de los propios de cada uno de los cónyuges.
Por ejemplo, si existe una vivienda, sea propiedad de uno de los cónyuges o de ambos y se arrienda a terceras personas, cumpliendo los trámites legales establecidos, los ingresos recibidos como pago por el arrendamiento son comunes.
[6] Mesa Castillo Olga, Derecho de Familia Módulos 2 Régimen Económico del matrimonio, Editorial Félix Varela, 2004
[7] Entendamos la familia en sentido estricto como los cónyuges y los hijos no independizados.
[8] El código español acoge la figura de la sociedades gananciales, concepto mas estrecho, entendiendo que por las mismas se hacen comunes para el marido y la mujer las ganancias o beneficios obtenidos por cualquiera de ellos (que serán bienes gananciales), y que les serán repartidos por la mitad al disolverse aquélla. Son privativos de cada uno de los cónyuges los bienes que no tienen el carácter de gananciales.
[9] Lete del Río, José Ma. , Derecho de Obligaciones, Volumen I, 2ª. Edición, Editorial Tecnos S. A., 1991, p. 35.
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