Source: http://elyoacusoargentino.blogspot.com/2012/
Timestamp: 2017-07-21 08:45:07
Document Index: 149785700

Matched Legal Cases: ['artículo 3', 'artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 20', 'artículo 21', 'artículo 4', 'artículo\n22', 'artículo 23', 'artículo 12', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 27', 'artículo 4', 'artículo\n3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3']

El Yo Acuso Argentino: 2012
Capítulo 578 - Enfrentamiento Armado y su regulación en el Protocolo Adicional II a los Convenios de Ginebra. (continuación)
enfrentamiento armado regulado por el Protocolo Adicional II debe, como el
supuesto general, desarrollarse en el territorio de un Estado parte —aunque
las fuerzas podrían haber partido de un territorio extranjero vecino— pero, a
diferencia de aquel, debe: (i) necesariamente
involucrar entre sus actores a sus fuerzas armadas que pueden enfrentarse bien
con fuerzas armadas disidentes, bien con grupos armados organizados; (ii)
este grupo adverso debe tener
un mando responsable; (iii) un
control territorial; (iv) realizar
operaciones militares sostenidas y concertadas;
y (v) tener capacidad de
aplicar el Protocolo Adicional II.
Las partes que se enfrentan.
Este Protocolo se va a aplicar en la medida en que participen en las
hostilidades las
fuerzas armadas contra fuerzas armadas disidentes o grupos armados organizados.
Este requisito representa una de
las mayores deficiencias del Protocolo Adicional II toda vez que restringe su ámbito de
aplicación, a diferencia
del artículo 3 común,
a un tipo limitado de conflictos. Así, por ejemplo, no será
de aplicación en aquellos casos en que, a pesar de la intensidad de las
hostilidades, las
partes enfrentadas sean grupos alzados en armas sin ninguna participación directa
de las fuerzas armadas del Estado. Estas situaciones no son
ajenas a la realidad, más aún gran parte de los conflictos de estos últimos
tiempos han respondido a esta característica, por ejemplo, aquellos donde
existe un gobierno que resulta demasiado débil para intervenir o cuando el
gobierno hubiese desaparecido (véase infra capítulo IV, apartado 2).18 Asimismo, la referencia a las fuerzas
armadas excluiría a otros grupos como la fuerza policial, la guardia nacional y
cualquier otro grupo similar.19 En resumen, la alusión directa a las fuerzas
armadas del Estado descarta del ámbito de aplicación material del Protocolo
Adicional II, de un lado, los
conflictos en los que solo participen las fuerzas policiales y,
de otro, los enfrentamientos
que se lleven a cabo únicamente entre grupos como los denominados conflictos
desestructurados que serán vistos en el último capítulo.
Mando responsable. En cuanto a la referencia a un mando responsable, esta apunta
a un nivel no poco importante de organización de las tropas y a la existencia
de disciplina al interior de las mismas. No obstante, no se trata aquí de imponer a todas
las partes enfrentadas los patrones jerárquicos de organización militar,
sino de la existencia de una organización suficiente que, como señala Junod,20
permita concebir y realizar, por una parte, operaciones militares sostenidas y
concertadas y, por otra, imponer una disciplina en nombre de una autoridad de
Control territorial. El control territorial no es uno preestablecido sino que dependerá de las circunstancias del
terreno y del conflicto mismo, debiendo éste permitir,
en todo caso, el desarrollo de operaciones militares sostenidas y concertadas y
la aplicación del Protocolo Adicional II (por ejemplo, el tratamiento exigido a la población civil que se
encuentra en el territorio controlado). En cualquier caso, se
debe tener en cuenta que en muchos conflictos armados se observa una gran
movilidad en el teatro de operaciones, pudiendo ocurrir que el control territorial cambie rápidamente de
manos, por lo que el dominio en sí es relativo. Sin embargo, lo que
sí resulta necesario es cierta estabilidad en el control de una porción del
territorio que, aunque sea modesta, permita aplicar efectivamente el Protocolo
Adicional II.21 No hay que olvidar que el objetivo último de todas estas disposiciones es
que las partes enfrentadas puedan brindar el máximo de protección a los que no participan directamente en las
hostilidades.22
Operaciones militares sostenidas y concertadas. El carácter sostenido y concertado de
las operaciones da a
entender, por un lado, que los actos aislados de violencia se encuentran fuera del ámbito de
aplicación del Protocolo Adicional II y, de otro lado, que no es suficiente un acto particular o individual sino que se requiere cierta
organización a fin de acordar las líneas de los ataques.
En efecto, se trata de operaciones militares concebidas y preparadas por grupos
armados organizados.23 Conviene anotar que criterios como duración e intensidad
no fueron tenidos en cuenta como tales en la definición, por cuanto habrían
introducido un elemento subjetivo. De esta manera, se optó por el carácter
sostenido y concertado de las operaciones militares, dando por implícito el
elemento de duración e intensidad, que respondía a una comprobación objetiva de
la situación.24 Sin embargo, si bien resulta difícil señalar cuándo
determinados actos son duraderos o revisten la suficiente intensidad, no es
menos cierto, como bien anota Moir,25 que los términos «sostenido» y «concertado» se encuentran sujetos a
interpretación, y los estados son libres de determinar si las operaciones
realizadas por los grupos alzados en armas tienen esas características.
Capacidad de aplicar el Protocolo Adicional II. Una
vez cumplidos los requisitos antes descritos, se espera que las
fuerzas armadas disidentes y
los grupos alzados en armas se
encuentren en condición de aplicar el Protocolo Adicional II. De esta manera, la
aplicación de este cuerpo normativo responde a la aparición conjunta de los
elementos materiales que este señala. Ahora bien, si a pesar de la presencia de
todos los elementos materiales estos grupos alzados o disidentes optan por no aplicar las disposiciones
del Protocolo Adicional II, ésto
no faculta al Estado para incumplir las obligaciones asumidas en el marco de
dicho Protocolo,
toda vez que el DIH no se
funda en un principio de reciprocidad, como lo ha señalado el Tribunal Penal para la Ex Yugoslavia al
referirse a la naturaleza de estas disposiciones:
«El Derecho humanitario no se
basa en un sistema de relaciones bilaterales sino
que establece un conjunto de obligaciones
absolutas e incondicionales, por lo que el principio de
reciprocidad resulta irrelevante»26 (véase además supra capítulo I,
apartado 3). De otro lado, cabe siempre para el Estado la posibilidad de
aplicar el Protocolo Adicional II incluso si el grupo armado o las fuerzas
disidentes no cumplen con todos los requisitos aquí señalados. En efecto, tratándose
de una caracterización que contiene exigencias máximas, los Estados bien podrían decidir aplicar
el régimen del Protocolo Adicional II a pesar del incumplimiento de alguno de
los requisitos.27 Tal fue la actitud de Colombia en 1997, cuando señaló que
«el Gobierno de Colombia considera que las normas del PII de 1977 son
aplicables en el territorio nacional [...] Por lo tanto, es la voluntad
política del gobierno de Colombia que las normas del Protocolo II se apliquen,
con independencia de que se den o no en la realidad las condiciones de
aplicación establecidas en el artículo 1 del mismo Protocolo».28 En cualquier
caso, la racionalidad de estos elementos se centra en que el grupo que se
enfrenta controle, de manera efectiva y no esporádica o instantánea, una
porción definible del territorio que le permita el despliegue de operaciones
militares sostenidas y concertadas (para lanzar ataques y para detener a los
adversarios) y aplicar las normas humanitarias del Protocolo Adicional II
(como, por ejemplo, las condiciones de internamiento, entre otras). Implica,
por tanto, un movimiento de rebelión dotado de cierto aparato burocrático y
organización militar.29Ahora bien, no se puede dejar de mencionar que la
naturaleza misma de las disposiciones del Protocolo Adicional II hace que éste parta de la presencia de
un grupo organizado que está en condiciones de conservar una porción del territorio y a las personas que allí se encuentran bajo su
dominio. Publicado por
Regulación de los conflictos armados por el Protocolo Adicional II
Capítulo 577- Los principios humanitarios del artículo 3 Común (continuación)
Derecho Internacional Humanitario, excluye expresamente de su ámbito de regulación algunas formas de violencia interna como son las tensiones y disturbios, limitándose a
regular aquellas situaciones de violencia interna que alcanzan cierto
grado de intensidad para ser
consideradas como CANI. En efecto, conforme lo ha señalado la
jurisprudencia internacional más reciente, la intensidad del conflicto y la organización de las partes constituyen los criterios distintivos al momento
de analizar si una situación de violencia interna califica o no como un CANI. Las tensiones políticas y sociales no conllevan acciones
hostiles, es decir, armadas y con un carácter colectivo y organizado. Por
otra parte, si bien los disturbios conllevan actos de
violencia de cierta gravedad o duración, e incluso un cierto nivel de enfrentamiento, no
alcanzan, en sentido estricto, un nivel de organización suficiente, por lo que
ninguna de estas figuras ha sido incluida dentro de las normas que regulan el
CANI. Antes bien, estas situaciones se
encuentran comprendidas en las disposiciones pertinentes de los tratados de
derechos humanos y en la propia legislación nacional que normalmente preverá la
declaratoria de estados de excepción (véase infra
capítulo IV, apartado 3). Tal
como lo señaláramos existen dos cuerpos normativos que regulan el CANI; por un lado, el artículo 3
común, que es en sí un «miniconvenio» y, de otro, el Protocolo Adicional II. Estas normas guardan una relación que puede ser
calificada de asimétrica. De un lado, el Protocolo Adicional II
establece un conjunto de disposiciones que apuntan a una regulación más
completa del conflicto (estableciendo protección especial para las víctimas de los conflictos o el compromiso de
procurar la concesión de amnistía al final del
mismo) pero señala un umbral de
aplicación alto
y estricto, semejante al de una «guerra civil», que muy pocos
conflictos superan. Por su parte,
el artículo 3 común no establece condiciones precisas de aplicación sino que sus
disposiciones apuntan sólo a los
excesos mayores de la violencia interna estableciendo normas mínimas de respeto.
artículo 3 común se refiere a la existencia de un conflicto armado que no sea de carácter internacional y que se desarrolle en
el territorio de una de las Altas
Partes Contratantes. En cuanto a lo primero, se trata, de manera general, del uso de la violencia armada, vale decir, de una acción hostil, que
presenta un carácter colectivo y un mínimo de organización. En cuanto al aspecto territorial, la única condición es
se desarrolle en el territorio de un Estado parte de los Convenios de Ginebra, pero no se
exige un control territorial determinado o duradero ni un número específico de
operaciones militares o de víctimas. La aplicación de esta norma «no depende de ninguna declaración o de un cumplimiento correlativo, porque se fundamenta en principios humanitarios y no en la existencia previa de otros
requisitos ni en la capacidad de los contendientes para observarlos: su
aplicación es incondicional, inmediata y no recíproca». Ahora bien, en cuanto a su contenido esencial el artículo 3 común contiene disposiciones
que constituyen reglas
básicas de convivencia que no
deben romperse ni siquiera en un contexto de conflicto armado sea este interno o internacional. Efectivamente, plasma principios humanitarios que
«constituyen el fundamento del respeto a la persona humana en caso de conflicto armado sin carácter
internacional» y
reviste además un
claro carácter consuetudinario por
cuanto refleja las
exigencias elementales de humanidad que deben ser respetadas en toda
circunstancia y
que han adquirido valor
de reglas imperativas o jus cogens en la comunidad internacional. En ese sentido, el referido artículo 3
común establece fundamentalmente dos obligaciones. Por una parte, impone la obligación de tratar con
humanidad a las personas que no
participan directamente en
las hostilidades o que ya no
y, de otro lado, dispone que los heridos y enfermos deban ser asistidos y
recogidos. Sin
contiene ninguna referencia explícita a conductas de las partes contendientes durante el combate, ya que este precepto
ofrece protección únicamente. La
aplicación de esta norma «no
depende de ninguna declaración o de un cumplimiento correlativo, porque se fundamenta en principios humanitarios y no en la existencia previa de otros
exigencias elementales de humanidad que deben ser respetadas en toda circunstancia y que han adquirido valor de reglas imperativas o jus
cogens en
la comunidad internacional. En ese
sentido, el referido artículo 3 común establece fundamentalmente dos
obligaciones. Por una parte, impone la obligación de tratar con humanidad a las personas que no participan directamente en las hostilidades o que ya no pueden participar en las mismas y, de otro lado, dispone que los
heridos y enfermos deban ser asistidos y recogidos. Sin embargo, no contiene ninguna referencia
explícita a conductas de las partes contendientes durante el combate, ya que este precepto
ofrece protección únicamente a
los que no participan de manera directa en las hostilidades, si bien se inspira en principios de humanidad. Teniendo ésto en cuenta, el CICR incluyó en su proyecto de
Protocolo II, en los artículos 20 a 23, los «medios y métodos de combate», no obstante en la fase final de la Conferencia Diplomática fueron eliminados. Ello no significa que cualquier
medio o método de combate esté permitido, toda vez que el DIH se
inspira en un conjunto de principios
humanitarios que tienen una importancia capital que, como afirma Pictet, «expresan la
sustancia del tema» y «sirven de líneas directrices en los casos no previstos »
(véase supra capítulo 1, apartado 4). Es así que, en el marco de un CANI, resulta necesario
recurrir no solo a la letra (literalidad) del artículo 3 común, sino también
aplicar los principios del DIH que lo sustentan (véase supra capítulo I, apartado 4.3).
artículo 20 contenía la «prohibición de causar
males superfluos» en su doble dimensión:
ausencia de un derecho ilimitado para la elección de los métodos y medios,
y (ii) la
prohibición del empleo de armas, métodos y medios que agraven inútilmente los
sufrimientos del adversario o hagan inevitable su muerte; el artículo 21
prohibía la perfidia (por ejemplo, prohibirse simular la calidad de no combatiente);
prohibía la orden de no dar cuartel —esta es la única regla sobre conducción de hostilidades que
se ha mantenido en el Protocolo Adicional II (artículo 4)—; artículo
22bis que confería la salvaguardia del adversario fuera de combate —esto era
reiterativo porque va más con trato humano—; y el artículo 23 que prohibía la
utilización del signo protector con finalidades distintas a las previstas (Cruz
Roja, Media Luna Roja y el signo de protección de los bienes culturales), así como un uso
indebido de la bandera de parlamento. Solo quedó una prohibición
genérica (artículo 12) que señala que al regular al personal sanitario y sus
unidades de transporte «no deberá ser utilizado indebidamente ». Mangas,
Araceli. Ob. cit., pp. 95-97.
dicha extensión dependerá de la voluntad de las partes enfrentadas y de las
circunstancias del conflicto, toda vez que no existe una obligación de aplicar,
total o parcialmente, los Convenios de Ginebra sino una exhortación a las
partes para hacerlo. Esta invitación a las partes a celebrar acuerdos
especiales para ampliar el margen de protección es
también aplicable en el marco de un CANI del Protocolo Adicional II, en la medida que el artículo 3 común resulta también de
aplicación en los CANI de alta intensidad. Así, entre las
disposiciones de los Convenios de Ginebra que podrían resultar de mayor interés
y utilidad a las partes enfrentadas estarían las disposiciones sobre
prisioneros de guerra y territorios ocupados, entre otras. Lo cierto es que ni
la adopción de estos acuerdos ni la aplicación del artículo 3 común significan
un reconocimiento de un estatuto jurídico a las partes enfrentadas, por cuanto
el propósito de este artículo es brindar, por razones humanitarias, protección
a las víctimas de los conflictos. Por lo demás, el
contenido del artículo 3 común coincide con
las disposiciones inderogables incluso en tiempo
de «guerra, peligro público de otra
emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado» (artículo 27 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos) o «situaciones excepcionales que
pongan en peligro la vida de la nación»
(artículo 4 del Pacto internacional de derechos civiles y políticos) —el denominado núcleo duro de los derechos humanos— de las principales convenciones internacionales sobre
derechos humanos. En efecto, éste incluye derechos como la vida o a la
integridad física, por señalar algunos sobre los que existe un innegable
consenso universal. De otro lado, teniendo en
cuenta que las normas contenidas en el artículo
3 común constituyen un estándar mínimo de
protección, al adoptarse esta disposición se confirió a las partes la
posibilidad de elevar dicho estándar a través de la adopción de acuerdos
especiales o humanitarios que permitan poner en vigor, total o parcialmente, el resto de disposiciones de los Convenios de Ginebra. Esta posibilidad de
acordar un régimen humanitario tan amplio como el que regula al CAI, de acuerdo
con Mangas, estaba pensada especialmente para aquel CANI que revistiera las características de un enfrentamiento generalizado e intenso. Publicado por
Los principios humanitarios del artículo 3 Común
Capítulo 576 - Respecto al Derecho Internacional Público un Conflicto Armado no Internacional no es ilegal. Otro logro del artículo 3 común a los Convenios de
Ginebra de 1949, además del catálogo de derechos que amparan a la persona
humana, es la previsión del mecanismo de la aplicación contractual del DIH, a
través de los denominados acuerdos
especiales , que en el
derecho usual moderno se conocen como acuerdos humanitarios; esta institución
ha constituido, en la práctica, un medio eficaz para que las Partes en
conflicto establezcan instrumentos humanitarios declarativos y operacionales
cuya finalidad es poner a salvo a las víctimas de los conflictos armados y limitar
el uso de la violencia. “Por su parte, el Protocolo II de 1977 adicional a los Convenios de Ginebra
de 1949 completó y desarrolló los logros obtenidos
con el artículo 3 de dichos Convenios y llenó un vacío importante relativo a
los derechos y facultades que tienen los Estados, en su condición jurídica de
Alta Parte Contratante, al advertir –en su artículo 3– que ninguna de sus
disposiciones puede invocarse «...con objeto de menoscabar la soberanía de
un Estado o la responsabilidad que incumbe al
gobierno de mantener o restablecer la ley y el orden en el Estado o de defender la unidad nacional y la integridad territorial del Estado por todos los medios
legítimos ».
Cuando los autores hacen referencia al Protocolo
Adicional II, aparentemente pasan por alto o no distinguen en forma suficiente,
lo que se desprende de lo afirmado precedentemente. En efecto, no se señala que
al llenar un vacío importante, como anteriormente se indica, debe destacarse
de las disposiciones contenidas en este Protocolo Adicional, puede invocarse a
los efectos de “menoscabar la soberanía de un Estado”. La palabra menoscabar, según la RAE es “disminuir algo, quitándole una parte, acortarlo o reducirlo”. Y sin embargo hemos visto que se
invocan dichos Protocolos Adicionales, al sostener mediante que forma debe el
Estado considerar vigente la ley penal, o de que manera debe resolver
determinada causa, si es indultable o no, etc. “Esta norma tiene un doble significado: por una parte,
si bien los Estados pueden aplicar libremente su régimen de derecho interno
para lograr los objetivos allí previstos, esa
facultad no disminuye en modo alguno sus obligaciones derivadas de otras normas
humanitarias que los conminan a
perseguir judicialmente a los responsables de las infracciones y violaciones
graves al DIH, a colaborar con otros Estados a fin de lograr la penalización de
los infractores –inclusive mediante la extradición de los responsables–, a
implementar y a difundir el DIH. (…). Recordemos, al pasar, la noción que nos proporciona
en la citada publicación institucional el CICR, sobre el derecho internacional humanitario.
Reseña dicha institución que el núcleo del DIH
son los Convenios de Ginebra y sus Protocolos
adicionales, que establecen “obligaciones jurídicas claras y consagran los principios
humanitarios fundamentales. Los soldados que se rinden o que están fuera de combate tienen derecho a que se respete su vida y
su integridad moral y física. Está prohibido darles muerte o herirlos.(…) Los combatientes capturados tienen
derecho a que se respeten su vida, su dignidad, sus derechos personales y sus convicciones.
Serán protegidas contra todo acto de violencia y de represalia. Tendrán derecho
a intercambiar noticias con sus familiares y a recibir socorros. Los civiles que se encuentren bajo
la autoridad de una parte en el conflicto o de una potencia ocupante de la cual
no sean nacionales tienen derecho a que se respeten su vida, su dignidad,
sus derechos personales y sus convicciones. Cualquier persona se beneficiará de las garantías judiciales
fundamentales. Nadie será condenado salvo en virtud de una sentencia previa
pronunciada por un tribunal legítimamente constituido. No se considerará a nadie responsable de
un acto que no haya cometido, ni se someterá a nadie a
tortura física o mental ni a castigos corporales o a tratos crueles o
degradantes. Las partes en conflicto y los miembros de las respectivas
fuerzas armadas no
tienen derecho ilimitado por lo que respecta a la
elección de los métodos y de los medios de guerra. Se prohíbe emplear armas o métodos de guerra que puedan causar pérdidas inútiles o sufrimientos excesivos. Las partes en conflicto harán distinción, en todo tiempo, entre población civil y combatientes, protegiendo a la población y los bienes civiles.
En tal sentido, antes de lanzar un ataque se tomarán las precauciones
adecuadas. El Comité Internacional de la Cruz Roja es
considerado el "guardián" de los Convenios de Ginebra y de los otros
tratados que conforman el derecho internacional
humanitario. Sin embargo, no puede actuar como
policía ni como juez. Esas funciones incumben a los gobiernos, es decir, a las partes en los tratados internacionales que tienen la obligación de prevenir y poner fin a las
infracciones del DIH. También se les exige castigar a las personas
responsables de lo que se conoce como "infracciones graves" del DIH o
Entre los numerosos y brillantes estudios sobre los
CANI tenemos el estudio titulado “El Conflicto Armado no Internacional”, (Extraído de Introducción al Derecho Internacional Humanitario -Elizabeth Salmón) (http://www.corteidh.or.cr/tablas/r25212.pdf ). Reseña su autora, en forma brillante lo siguiente: “ Desde 1949 el Derecho Internacional
Humanitario regula los conflictos armados que no sean de carácter internacional (CANI) a
través de una única norma contenida en
el artículo 3 común de
los cuatro Convenios de Ginebra. Veintiocho años después,
con la adopción en 1977 del Protocolo Adicional II, este tipo de conflictos adquiere una regulación más extensa en un cuerpo normativo cuyo propósito fundamental es la protección de las víctimas de estos conflictos. El
presente capítulo tiene precisamente como objetivo analizar el régimen jurídico aplicable al CANI,
para lo cual diferenciaremos
primero este tipo particular
de conflicto respecto del CAI y
otras formas de violencia interna como son los disturbios y tensiones. Luego se estudiarán los tipos de CANI existentes según el
grado de intensidad y, posteriormente, el
ámbito de aplicación material, personal, espacial y temporal de las normas de
DIH sobre esta materia. Finalmente se profundizará sobre el Derecho aplicable, para
luego abordar la
relación de estas normas de DIH con el ordenamiento interno de los Estados. A diferencia del CAI donde se enfrentan Estados y, eventualmente,
pueblos que luchan contra la dominación colonial, racista u ocupación
extranjera (véase supra capítulo II), en el caso del CANI se enfrentan grupos de un mismo Estado.
De esta manera, podría tratarse de luchas entre las propias fuerzas armadas,
por rebelión en su seno, o de estas contra grupos armados o de grupos de
población que se enfrentan entre sí. Por ello, coincidimos con Mangas cuando
verdadero criterio diferenciador entre el conflicto internacional y el interno
es la calidad de los sujetos que se enfrentan.
Esto va a determinar que el propio conflicto, más que afectar o encontrarse
prohibido por el orden internacional, sea contrario
al ordenamiento jurídico del Estado por alterar su orden interno. En
ius ad bellum prohíbe el uso de la fuerza entre Estados pero no el uso de la fuerza al interior de
un Estado. De esta manera, el CANI no resulta ser ilegal respecto al Derecho
pero sí lo será respecto
del Derecho interno del Estado donde
se verifique esta situación. Será por tanto el ordenamiento interno del
Estado el que condene duramente la rebelión toda vez que no puede permitir una acción
autodestructiva siendo,
por el contrario, su prohibición garantía del mantenimiento de la paz y del
cualquier caso, lo que sí se encuentra
prohibido por el DIH de manera general, sea en el marco de un conflicto internacional o interno, es la comisión de violaciones a sus
disposiciones fundamentales, supuesto en el que se aplica la faceta
sancionadora del mismo. No son, por tanto, ni la extensión
territorial (por cuanto el conflicto internacional también podría tener como
escenario el territorio de un solo Estado) ni la intensidad del conflicto (como
bien demuestra la práctica de los últimos años) factores que puedan marcar la
diferencia con el CAI. Sin
embargo, la intensidad del enfrentamiento sí va a incidir decididamente en el
régimen jurídico aplicable a las hostilidades internas. Efectivamente, si en el marco de un CAI resulta
irrelevante jurídicamente la intensidad de las operaciones porque siempre será aplicable el
conjunto del DIH; en el marco de un CANI, por el contrario, la intensidad
determinará el régimen jurídico aplicable a tal punto que los cambios en el
devenir del mismo pueden
generar el «tránsito de regímenes jurídicos». De esta manera habrá
conflictos internos (la
mayoría) que
serán regulados exclusivamente
por el artículo 3 común; y
otros (la
minoría), en
los que existe
un elemento de control territorial y nivel de enfrentamientos armados abiertos
y continuados, a
los que se les aplicará el artículo 3 común y el Protocolo Adicional II. Publicado por
Según el derecho internacional público un conflicto armado no internacional no es ilegal.
esta altura no podemos menos que señalar nuestras dudas sobre la posibilidad,
aun remota, de que nuestros jueces se hayan tomado la molestia de actualizarse sobre este conjunto de normas derivadas de una
práctica general “que se acepta como parte del derecho”.¿ Estarán al tanto
nuestros ilustres magistrados de que no
es necesario que los Estados acepten formalmente una norma de la costumbre,
para que ésta adquiera un carácter vinculante para ellos, puesto que “la práctica general
de los Estados sobre la que se basa la norma es
generalizada, representativa y prácticamente
uniforme.? En los conflictos armados no
relativamente pocas disposiciones en el derecho convencional, el derecho consuetudinario cobra particular importancia.
Recordemos nuevamente que “La base
de datos en línea del CICR se basa en el estudio
de derecho internacional humanitario consuetudinario publicado por la
Institución en 2005. En ese estudio, se definieron 161 normas que todas las partes
en conflictos armados deben respetar. Utilizan este estudio numerosas
instituciones y entidades que abordan temas como la
implementación del derecho internacional humanitario o
presuntas violaciones de este derecho, como tribunales y cortes
penales internacionales y mixtos, tribunales nacionales, organizaciones
no gubernamentales, los organismos de vigilancia de los tratados
de las Naciones Unidas, así como comisiones de encuesta y
relatores especiales. El desarrollo de la base de datos y las actualizaciones
regulares de la práctica que subyace a las normas identificadas en 2005 se
realizan mediante una asociación entre el CICR y la Cruz Roja Británica. Los materiales
fuente utilizados para las actualizaciones son reunidos por una red de
delegaciones en todo el mundo y varias Sociedades Nacionales de la Cruz Roja.
Luego, los materiales son analizados y procesados por un equipo de
investigación asentado en el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional de la
Universidad de Cambridge, bajo la supervisión del jefe de proyecto del CICR.
(…) “La próxima actualización, que en principio se publicará en el primer
semestre de 2012, elevará a 90 el número de países cuya práctica hasta finales
de 2007 se habrá incluido en la base de datos. A lo largo de 2012 y de 2013, se
publicarán otras actualizaciones sobre práctica nacional e internacional
correspondiente el período 2008-2010. Luego, el objetivo será actualizar la
base de datos una vez por año.”. Del “Prólogo
a la Primera Edición en Español del Comentario al Art. 3
Común a los Convenios de Ginebra, y del comentario al protocolo II de 1977,
Adicional a Dichos Convenios” pudimos
extraer ciertas conclusiones a las que arribó ese organismo, de
suma utilidad en la tarea de desbrozar los fines de los
Convenios y de sus Protocolos.
Permítasenos una acotación marginal, explicatoria de la insistencia en acudir
al CICR y al resultado de sus actividades tendiente a defender los derechos humanos de todo el mundo y
no de una facción de pandilleros. Acostumbrado a manejar el derecho
escrito, siendo escrituralistas desde la cuna, permítasenos esta metáfora, es
dificultoso valorar con la exactitud digna del caso, los fines perseguidos y
los efectos obtenidos. Se nos ha enseñado en la Facultad, por medio de ilustres
maestros del derecho penal y procesal penal, que la única ley penal es la sancionada por el Congreso Nacional,
conforme los preceptos constitucionales. Se nos ha dicho que no puede
sancionarse a un imputado sin una norma
penal previa, que tipifique la actividad que se
pretende reprimir y sancionar penalmente, etc. Pasado un lapso
considerable, comienzan
a sugerirnos que el Norte, no está en el lugar donde estaba antes, conforme las
enseñanzas que hemos recibido en los años juveniles. Van variando paulatinamente
los Puntos Cardinales del Derecho. Tal conducta puede ser aceptada.
Es más dificultoso, aceptar que desde el exterior se nos impongan, de hecho,
reformas constitucionales, birlando lo preceptuado en nuestra Carta Magna a
tales fines. Nos vamos enterando que desde
la década del 40 regía en el mundo un derecho penal
iusnaturalista. A la época en que cursábamos
nuestros estudios, se nos decía que la doctrina citada estaba estigmatizada por
el brillante y enjundioso profesor Hans Kelsen. Sugerir en ciertas
cátedras, que uno simpatizaba con el jus naturalismo, era sancionable como si
los profesores, se encontraran frente a
una herejía. Su teoría deslumbraba. Vienen los Tribunales Militares de Nuremberg y vemos con espanto que no sólo Kelsen sino otros insignes
maestros del derecho, protestan contra lo que consideran una farsa judicial, destinada a
viabilizar la condena penal, de los vencidos en la Segunda Guerra Mundial. Nos fuimos
enterando que los delitos internacionales no
sólo lo cometieron los vencidos y sus aliados sino que, las potencias
vencedoras, no trepidaron en cometerlos, pero gozando de la más absoluta y amplia impunidad.
Posiblemente pensando que hecha la ley hecha la trampa. Se nos fue imponiendo paulatinamente el
Derecho Penal del Enemigo. Desde hace unos años a esta parte, vemos
que sagrados principios son derribados y remplazados por otros “ídolos
consuetudinarios” que se van imponiendo sobre los principios de publicidad de
los actos de gobierno y sobre el sistema republicano de gobierno. Llegando a
aplicarse el derecho penal, en forma retroactiva. Con el pretexto de que la norma ya estaba. Que
ya regía, por lo que si la justicia
argentina la receptaba y la aplicaba, no aplicaba la ley penal
retroactivamente, aunque de esta irregular forma agravara la situación del imputado. Estábamos
ante el peligro de su aplicación contra
cualquier ciudadano, pero para nosotros era
“invisible”, no perceptible, en suma estaba
cual un Dios ateo y sólo los elegidos ostentaban
capacidad visual de ella; estaba en todas partes y no la divisábamos. Si
afinábamos la puntería, podíamos observar que lo
que fallaba no era tanto el derecho de fondo sino
la implementación del mismo. En efecto, no
habría problema si las normas, ésas que
estaban aun en estado “volátil” eran
aprehendidas en el derecho interno y, en
consecuencia regían para lo futuro, como
correspondía conforme la historia penal y
procesal de más de un siglo. Para
recobrar la normalidad y la lucidez, debimos acudir a estudiar puntillosamente
las actividades del CICR. Afirma el Comité Internacional de la Cruz Roja: “En
el período posterior a la Segunda Guerra Mundial, fueron cada vez más frecuentes los conflictos armados de carácter no internacional, superando, con mucho, el número de conflictos
internacionales tradicionales, propios de épocas anteriores. La
aprobación por parte de la comunidad internacional del Protocolo adicional II
respondía a la necesidad de desarrollar y complementar la reglamentación mínima
existente en relación a este tipo de conflictos, a saber el artículo 3 común a los cuatro
Convenios de Ginebra. (…) Para hallar el verdadero alcance y la
claridad de cada uno de los textos jurídicos aquí comentados, los autores
realizaron un examen completo y minucioso de los documentos primarios que dan
cuenta de los contenidos de los debates jurídicos que se dieron tanto en las
Conferencias Diplomáticas encargadas de redactar los tratados en cuestión como
en las reuniones preparatorias a dichas Conferencias. Para los estudiosos de
las ciencias jurídicas, lo fascinante en el ejercicio de la interpretación del
derecho es, precisamente, encontrar en los sistemas
de interpretación sociológica, histórica y auténtica de las normas de derecho positivo las claves que nos permitan encontrar soluciones a los problemas que se plantean en el terreno empírico.” En la lectura de los comentarios se hace evidente la
riqueza de los debates que se dieron en las Conferencias Diplomáticas, al
término de la Segunda Guerra Mundial –en particular los relativos al artículo 3 común a los cuatro
Convenios de Ginebra de 1949–, y en las de la década de los años
setenta, cuando la comunidad internacional completó y desarrolló los Convenios
a través de la adopción, en 1977, del Protocolo adicional I –para los conflictos
armados internacionales– y del Protocolo adicional II –para los conflictos
armados no internacionales. En esta lectura se ponen de manifiesto
las razones que llevaron a los juristas, militares, académicos y diplomáticos
allí congregados a adoptar esa serie de disposiciones. En efecto, la tarea de
estas personas no se reducía a la simple redacción de un texto formal de
derecho positivo; se trataba, también, de elaborar unos mecanismos jurídicos.
Es esta una evidencia que en el comentario de cada norma, en cada régimen de
protección, en cada estatuto, en cada sistema, puede ser constatada por el
lector, el operador humanitario, las Partes en conflicto y, en general, los
No se trataba, pues, como críticamente lo diría M. Foucault de clasificar y ordenar para amontonar, en
una línea ascendente-descendente
los elementos de ese universo jurídico denominado derecho de los conflictos
¡No! El reto era darle coherencia y organicidad al DIH que hasta entonces
estaba bastante disperso en normas de derecho consuetudinario –en usos y
costumbres de la guerra– y hasta en el propio derecho internacional
público. (…) Como
lo afirmamos en nuestro comentario al
artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 1949, lo revolucionario de esa norma de derecho internacional
público, no es solo su carácter sintético –que explica su denominación de verdadero
«minitratado»– sino, además, la
introducción de un cambio fundamental en el ámbito de los sujetos de derecho
internacional público. En efecto, mediante esta norma, todas las
Partes en conflicto se convierten en
destinatarios de obligaciones humanitarias
internacionales. Radical cambio respecto de la situación precedente
en que sólo se consideraba como sujetos de derecho internacional público a las
Altas Partes Contratantes, valga decir, a los Estados reconocidos por la
comunidad internacional; sólo ellos estaban obligados a cumplir con las exigencias de la conciencia
pública internacional. Asimismo, cuando la comunidad
internacional pensó en desarrollar el artículo 3 común a los cuatro Convenios
de Ginebra de 1949, a través del Protocolo II de 1977 adicional a los Convenios
de Ginebra de 1949, no ahorró esfuerzo alguno por mejorar de manera
considerable las obligaciones y derechos de todas las Partes en el conflicto,
así como los derechos y la protección de las víctimas de los conflictos armados
no internacionales. Publicado por
Introducción de un cambio fundamental en el ámbito de los sujetos de derecho internacional público.