Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/autos/2010/A294-10.htm
Timestamp: 2017-11-24 21:51:39
Document Index: 383134463

Matched Legal Cases: ['artículo 23', 'artículo 86', 'artículo 86', 'artículo 37', 'artículo 86', 'artículo 150', 'artículo 286']

A294-10
Auto 294/10
CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA ENTRE JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO Y TRIBUNAL SUPERIOR-Reiteración Auto 124/09
ACCION DE TUTELA CONTRA ALCALDIA, EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS EMSIRVA Y CORPORACION AUTONOMA REGIONAL-Competencia de Corte Suprema de Justicia para que continúe trámite de segunda instancia
ACCION DE TUTELA CONTRA ALCALDIA, EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS EMSIRVA Y CORPORACION AUTONOMA REGIONAL-Remitir copia del auto A051/10 a la Corte Suprema de Justicia para su conocimiento
Referencia: expediente ICC-1480.
Acción de tutela presentada por Daisveni Vidal Bonilla contra la Alcaldía de Santiago de Cali, Emsirva y la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – C.V.C.
Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil diez (2010)
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2591 de 1991, profiere el siguiente:
1. La señora Daisveni Vidal Bonilla instauró acción de tutela contra la Alcaldía de Santiago de Cali, Emsirva y la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – C.V.C., por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la vida digna y a la igualdad.
2. La demanda correspondió por reparto al Juzgado Veintiuno Penal del Circuito de Cali, el cual, mediante providencia de fecha 15 de diciembre de 2009, declaró su incompetencia para decidir de fondo la tutela de la referencia, con fundamento en el artículo 23 de la Ley 99 de 1993 y en los autos 341 de 2006 y 023 de 2009 de la Corte Constitucional, en los cuales se ha manifestado que las corporaciones autónomas regionales son entidades del orden nacional. Por tal razón, dispuso el reparto de los expedientes a la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali.
3. Una vez realizado el reparto, la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali mediante auto de fecha 14 de enero de 2010, consideró que la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca es una entidad pública del orden departamental y de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1382 de 2000 y según el criterio de la Sala Penal de la H. Corte Suprema de Justicia “el competente para conocer las acciones de tutela contra la aludida entidad es el juez penal con categoría de circuito (…)”. En consecuencia, ordenó la devolución del expediente al Juzgado Veintiuno Penal del Circuito de Cali.
4. Recibido el expediente, el Juez Veintiuno Penal del Circuito de Cali reiteró su posición frente a la naturaleza de las entidades autónomas regionales y ordenó la remisión del proceso a la Corte Constitucional para que dirimiera el conflicto.
5. Mediante auto 051 del 3 de marzo de 2010, esta Corporación se pronunció sobre el asunto sometido a su consideración, disponiendo que el conocimiento en primera instancia de las acciones de tutela relacionadas correspondía a la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali. La Sala Plena de la Corte Constitucional manifestó lo siguiente:
En esta oportunidad, la Sala observa que el Tribunal Superior de Cali, Sala Penal, consideró que la Corporación Autónoma accionada hace parte del orden departamental y por tanto, en aplicación del Decreto 1382, el conocimiento de la demanda de tutela corresponde a los jueces del circuito. De otro lado, el Juez Veintiuno Penal del Circuito de Cali, atendiendo pronunciamientos constitucionales, consideró que una de las accionadas, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC –, era una entidad del orden nacional y de acuerdo con lo señalado en el citado decreto, el reparto de la misma le correspondía a los Tribunales Superiores.
Descendiendo al caso sometido a consideración de la Sala, no se observa la existencia de un conflicto de competencia entre los funcionarios judiciales ya relacionados. Por el contrario, se trata de una controversia sobre la aplicación del Decreto 1382 de 2000 como consecuencia de la interpretación de la naturaleza jurídica de una de las entidades accionadas.
Al respecto, debe resaltar la Sala que esta Corte en el auto 089A de 2009 unificó su criterio en torno a la naturaleza de las Corporaciones Autónomas Regionales, estableciendo que estas entidades administrativas son del orden nacional. Por esta razón, el reparto de las demandas de tutela iniciadas en su contra corresponde a los Tribunales Superiores, Administrativos o Consejos Seccionales de la Judicatura.
Ahora bien, en consonancia con la anterior postura, la demanda presentada por la señora Daisveni Vidal Bonilla ha debido asignarse al Tribunal Superior de Cali y no al Juzgado Veintiuno Penal del Circuito de Cali, como efectivamente lo hizo la oficina de apoyo judicial de dicha circunscripción.
Así las cosas, reiterando el criterio expuesto por la Corporación el expediente de la referencia será remitido al Tribunal Superior de Cali, Sala Penal. Por consiguiente, esta Sala dejará sin efectos el auto de fecha 14 de enero de 2010, mediante el cual la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali se declaró incompetente para conocer de la acción de tutela presentada contra la Alcaldía Municipal de Cali, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – C.V.C. – y EMSIRVA y se remitirá el expediente a dicho despacho judicial, para que de forma inmediata, continúe el trámite de la primera instancia y profiera decisión de fondo respecto del amparo solicitado, conforme a las previsiones del artículo 86 de la Constitución Política y del Decreto 2591 de 1991. (Negrilla fuera del texto original).
7. En cumplimiento de lo ordenado en el citado auto, el Tribunal Superior de Cali tramitó, entre otras, la acción de tutela presentada por la señora Daisveni Vidal Bonilla, dictando sentencia el 24 de mayo de 2010. La providencia anterior fue impugnada dentro del término legal por la empresa de servicio público de aseo de Cali “Emsirva”.
8. Al conocer de la segunda instancia, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en lugar de resolver la impugnación, en auto de fecha 6 de julio de 2010 decretó la nulidad de lo actuado por considerar que “la entidad accionada de mayor jerarquía es la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, catalogada como un ente corporativo de carácter público creado por la Ley 99 de 1993, integrado por las entidades territoriales que por sus características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotados de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica” y, de acuerdo con el Decreto 1382 de 2000, el conocimiento le correspondía a los jueces del circuito.
En consecuencia, ordenó la remisión del expediente a los jueces penales del circuito de Cali.
9. El Juzgado Octavo Penal del Circuito de Cali, al recibir el expediente manifestó que de esa acción de tutela había conocido anteriormente el Juzgado Veintiuno Penal del Circuito, razón por la cual, ordenó su reparto a dicho despacho judicial.
10. Recibido el proceso, el Juzgado Veintiuno Penal del Circuito de Cali mediante auto de fecha 27 de julio de 2010 propuso conflicto de competencia y dispuso la remisión del expediente a la Corte Constitucional. Manifestó además, que “la Sala Plena de la H. Corte Constitucional en Auto N° 051 proferido el día 3 de marzo retropróximo ya había asignado la competencia para conocer en primera instancia de esta acción tuitiva, en el H Tribunal Superior de este Distrito Judicial y no en este Juzgado”.
3.- Ahora bien, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, las normas que determinan la competencia en materia de tutela son el artículo 86 de la Constitución, que señala que ésta se puede interponer ante cualquier juez, y el artículo 37 de Decreto 2591 de 1991, que establece la competencia territorial y la de las acciones de tutela que se dirijan contra los medios de comunicación, la cual asigna a los jueces del circuito. Por su parte, el Decreto 1382 de 2000 establece las reglas para el reparto de la acción de tutela y no las que definen la competencia de los despachos judiciales[4], pues por su inferioridad jerárquica frente a las anteriores disposiciones, no puede modificarlas. Precisamente, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado desestimó, mediante sentencia del 18 de julio de 2002, la mayoría de los cargos de nulidad contra el mencionado acto administrativo, pues consideró que no era contrario al artículo 86 de la Constitución porque establecía normas de reparto y no de competencia.
“(…) en algunas oportunidades, [la Corte Constitucional] ha señalado que las CAR tienen una naturaleza jurídica especial o sui generis pues (i) no pertenecen al sector central de la administración ya que, por mandato de la Constitución, son organismos autónomos (artículo 150 numeral 7)[6], (ii) no son entidades del sector descentralizado por servicios porque no están adscritas ni vinculadas a ningún ente del sector central[7] y (iii) no son entidades territoriales debido a que no están incluidas en el artículo 286 de la Constitución que las menciona de forma taxativa y, además, pueden abarcar una zona geográfica mayor a la de una entidad territorial[8]. De este modo, ha determinado que son entidades administrativas del orden nacional (…)
En otras ocasiones, ha indicado que las CAR son entidades descentralizadas por servicios[9], así no estén adscritas o vinculadas a entidad alguna. Concretamente señaló: La existencia de corporaciones autónomas regionales dentro de nuestro régimen constitucional, obedece, lo mismo que la de las entidades territoriales, al concepto de descentralización. Es sabido que la Constitución consagra varias formas de descentralización, entre ellas la que se fundamenta en la división territorial del Estado, y la que ha sido llamada descentralización por servicios, que implica la existencia de personas jurídicas dotadas de autonomía jurídica, patrimonial y financiera, articuladas jurídica y funcionalmente con el Estado, a las cuales se les asigna por la ley unos poderes jurídicos específicos o facultades para la gestión de ciertas competencias. Dentro de esta última modalidad de descentralización se comprenden, según el art. 150-7, diferentes organismos, como los establecimientos públicos, las corporaciones autónomas regionales, las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta, que se instituyen como una respuesta a la necesidad de cumplir distintas formas de gestión de la actividad estatal y de específicos cometidos, algunos tradicionales, otros novedosos, pero necesarios para el logro de las finalidades propias del Estado Social de Derecho”[10] (subrayado fuera del texto original).
En esta oportunidad, se observa que el presente asunto ya fue objeto de pronunciamiento por parte de esta Corporación en auto 051 del 3 de marzo de 2010, mediante el cual se radicó la competencia para tramitar en primera instancia las acciones de tutela instauradas contra la Alcaldía de Santiago de Cali, Emsirva y la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – C.V.C., en el Tribunal Superior de Cali.
En cumplimiento de la anterior decisión, la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali tramitó el amparo de la referencia y dictó sentencia el 24 de mayo de 2010, providencia que fue impugnada por una de las entidades accionadas. Sin embargo, se advierte que la Corte Suprema de Justicia en lugar de decidir la impugnación, decretó la nulidad de lo actuado atendiendo un concepto propio sobre la naturaleza de las corporaciones autónomas regionales. Al respecto, es necesario señalar que en el expediente remitido no se observa copia alguna del citado auto 051 de 2010, aspecto que hace presumir que la Corte Suprema de Justicia no tenía conocimiento alguno de la decisión allí tomada.
Sin perjuicio de lo anterior, se plantea la cuestión de determinar si en los casos como el que nos ocupa – en los que se ha surtido la primera instancia – es procedente, por parte del superior funcional, declarar la nulidad de lo actuado por considerar que la demandada ha debido ser tramitada por otro funcionario judicial, en vez de tramitar la impugnación como corresponde.
Sobre el particular, esta Corporación en numerosos pronunciamientos ha sostenido, en aras de garantizar el acceso a la justicia, la protección efectiva de los derechos fundamentales, la celeridad de la acción de tutela y la integridad del proceso judicial, que una vez fallado el proceso en primera instancia, el superior funcional debe asumir sus funciones y decidir la impugnación presentada.
Lo anterior, teniendo en cuenta que lo ideal para el ciudadano que acude al juez constitucional, con la finalidad de obtener una pronta respuesta a su petición de abrigo de derechos fundamentales, es que resuelvan su solicitud de fondo en los términos establecidos por las normas que reglamentan esta acción.
En ese orden de ideas, se devolverá el expediente a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia para que proceda a resolver la segunda instancia dentro de la acción de tutela presentada por la señora Daisveni Vidal Bonilla.
Así las cosas, teniendo en cuenta el precedente jurisprudencial y en ejercicio de su función de guardián de la integridad y supremacía de la Constitución, esta Corte dejará sin efectos el auto proferido por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, de fecha 6 de julio de 2010, mediante el cual declaró la nulidad de lo actuado por el juez de primera instancia.
PRIMERO: DEJAR SIN EFECTOS el auto proferido por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, de fecha 6 de julio de 2010 mediante el cual declaró la nulidad de lo actuado.
SEGUNDO. REMITIR el expediente de la referencia a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia para que continúe el trámite de la segunda instancia y profiera decisión de fondo respecto del amparo solicitado.
TERCERO: REMITIR copia del auto 051 del 3 de marzo de 2010 a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
CUARTO: Por Secretaría General, COMUNICAR al Juzgado Veintiuno Penal del Circuito de Cali la decisión adoptada en esta providencia, con el fin de que tenga conocimiento sobre lo aquí resuelto.
[6] Sentencia C-578-99.
[7] Sentencias C-593-95, C-275-98 y C-578-99.
[8] Sentencias C-593-95 y C-578-99.
[9] Sentencia C-596 de 1998. Reiterada por las sentencias C-554 de 2007 y C-462 de 2008 y acogida por el Auto 281 de 2006.
[10] Sentencia C-596 de 1998.