Source: http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/60/2007/oct/20071016-III.html
Timestamp: 2019-04-24 14:10:28
Document Index: 27832430

Matched Legal Cases: ['artículo 116', 'artículo 190', 'artículo 31', 'artículo 106', 'artículo 86', 'artículo 85', 'artículo 187', 'artículo 8', 'artículo 223', 'artículo 232', 'artículo 223', 'artículo 20', 'artículo 232', 'artículo 18', 'artículo 261', 'artículo 190', 'artículo 31', 'artículo 106', 'artículo 278', 'artículo 8', 'artículo 1', 'artículo 8', 'artículo 18', 'artículo 18', 'artículo 8', 'Artículo 18', 'artículo 8', 'artículo 20', 'artículo 20', 'artículo 223', 'artículo 9', 'artículo 223', 'artículo 223', 'artículo 223', 'artículo 232', 'artículo 232', 'artículo 232', 'artículo 261', 'artículo 8', 'artículo 16', 'Artículo 8', 'Artículo 16', 'artículo 8', 'artículo 16', 'artículo 8', 'Artículo 12', 'Artículo 18', 'artículo 8', 'Artículo 20', 'Artículo 24', 'Artículo 29', 'Artículo 29', 'Artículo 29', 'Artículo 29', 'Artículo 29', 'Artículo 29', 'Artículo 29', 'Artículo 31', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'Artículo 33', 'Artículo 40', 'Artículo 49', 'Artículo 56', 'Artículo 57', 'Artículo 58', 'Artículo 61', 'artículo 1', 'Artículo 61', 'artículo 1', 'Artículo 61', 'Artículo 78', 'Artículo 85', 'Artículo 162', 'Artículo 171', 'Artículo 186', 'Artículo 187', 'Artículo 192', 'Artículo 194', 'Artículo 194', 'Artículo 194', 'Artículo194', 'Artículo 194', 'Artículo 194', 'Artículo 195', 'Artículo 198', 'Artículo 198', 'Artículo 277', 'artículo 115', 'Artículo 278', 'Artículo 278', 'Artículo 278', 'artículo 278', 'Artículo 278', 'Artículo 279', 'artículo 278', 'artículo 278', 'Artículo 281', 'Artículo 282', 'in fine', 'Artículo 282', 'Artículo 284', 'Artículo 285', 'artículo 278', 'Artículo 288', 'Artículo 288', 'Artículo 288', 'Artículo 288', 'artículo 223', 'artículo 223', 'artículo 223', 'artículo 288', 'artículo 278', 'artículo 279']

Gaceta Parlamentaria, año X, número 2363-III, martes 16 de octubre de 2007
Gaceta Parlamentaria, Cámara de Diputados, número 2363-III, martes 16 de octubre de 2007.
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción I y 72, apartado H, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ejecutivo Federal presentó ante esta H. Cámara de Diputados la Iniciativa de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos.
Con fecha 8 de septiembre de 2007, el Ejecutivo Federal, presentó la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos.
DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA DEL EJECUTIVO
Señala la iniciativa del Ejecutivo Federal que el propósito de la propuesta de modificaciones a la Ley Federal de Derechos, sometida a consideración en 2007, fue dar continuidad a la política fiscal en materia de derechos que ha prevalecido durante los últimos años, que consiste en avanzar en la adecuación de la citada Ley a las condiciones económicas prevalecientes en el país, incrementar el efecto racionalizador en la prestación de los servicios públicos por los que se cobran derechos, así como impulsar la aplicación de medidas estrictamente sustentables para el uso o aprovechamiento de los bienes de dominio público de la Nación.
La Iniciativa que ahora se somete a consideración del Poder Legislativo, resulta congruente con los criterios señalados, mediante la propuesta de adición de nuevos derechos, así como la modificación de algunos vigentes, a efecto de eliminar los rezagos en los montos de los mismos en relación con los costos totales de los servicios que se proporcionan e inducir medidas que brinden mayor certeza a los contribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de derechos.
Un objetivo de las políticas públicas es el mejoramiento continuo de los servicios prestados en materia migratoria. Es por ello que se requiere tomar las medidas adecuadas para la recuperación oportuna de los costos erogados con motivo de su prestación. Para tal efecto, se plantea que el pago de los derechos por la expedición de la calidad migratoria de no inmigrante se efectúe a la entrada del extranjero al territorio nacional, lo cual garantizará que el Instituto Nacional de Migración cuente oportunamente con los ingresos para el desarrollo de las funciones que tiene encomendadas.
Asimismo, se propone que los recursos que se obtengan por la recaudación de los artículos 8, fracciones II, III, IV, V, VI, VII y VIII, 9, 10, 12, 13, 14 y 14-A de la Ley Federal de Derechos se destinen a programas de modernización, equipamiento e infraestructura para mejorar el control fronterizo en la línea divisoria internacional del sur del país y a mejorar las instalaciones, equipos, mobiliario, sistemas y la calidad integral de los servicios en materia migratoria que presta el Instituto Nacional de Migración.
La constante evolución y apertura a nivel internacional del sistema financiero, así como de los mercados bursátiles, genera la necesidad de revisar el régimen sobre la determinación y cobro de las cuotas correspondientes a los servicios prestados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, lo que deriva en su actualización, mediante la implementación de un sistema basado en la asignación de cuotas acorde con las mejores prácticas observadas en el ámbito internacional.
En este contexto, se han llevado a cabo esfuerzos importantes a fin de ajustar la determinación y cálculo de las cuotas aplicables a los servicios de inspección y vigilancia que realiza la citada Comisión a los participantes en los mercados financieros, cuya implementación se inició a partir del ejercicio fiscal de 2004.
Conforme a lo anterior, el Ejecutivo Federal considera necesario efectuar algunas precisiones derivadas de la experiencia observada durante 2007. Así, el Ejecutivo Federal propone la actualización y ajuste de los factores que se utilizan como referencia para la determinación de los derechos de mérito, así como la actualización de los importes mínimos y cuotas fijas correspondientes.
La iniciativa propone adicionar una cuota para las actividades de supervisión que realiza la Comisión al inicio de las operaciones de las casas de bolsa en virtud de que, con fundamento en el artículo 116 de la Ley del Mercado de Valores, previo al inicio de sus operaciones, las casas de bolsa deben acreditar ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores el cumplimiento de ciertos requisitos.
De igual forma, se propone una cuota aplicable a la inscripción de valores fiduciarios sobre bienes distintos de acciones, cuyo activo principal se encuentre respaldado por valores inscritos en el Registro Nacional de Valores, en virtud de que los intermediarios del mercado de valores han desarrollado nuevos vehículos para emitir certificados bursátiles que se encuentran respaldados por valores ya inscritos en el citado Registro. Estos nuevos esquemas resultan recurrentes en emisiones de certificados bursátiles respaldados por hipotecas.
Por lo expuesto, la iniciativa propone reducir el factor de cobro de derechos por concepto de inscripción para los valores fiduciarios cuyo activo se conforme principalmente por otros valores inscritos en el Registro Nacional de Valores, estableciendo un tope como cuota máxima por concepto de inspección y vigilancia de este tipo de valores.
Ahora bien, la nueva Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2007, en su artículo 190 señala que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores estará facultada para supervisar las operaciones y la contabilidad del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE), contando para ello con las mismas facultades respecto de las instituciones de banca de desarrollo, incluida la de establecer las reglas prudenciales a las que deberá sujetarse el citado Fondo.
Por lo tanto, se propone incluir al FOVISSSTE en el listado que establece la cuota que deben pagar los fondos y fideicomisos públicos sujetos a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en virtud de la supervisión y vigilancia que ésta llevará a cabo.
En virtud de que para el siguiente año se cambiará la vigencia de los pasaportes, de 1, 5 y 10 años a 1, 3, 6 y 10 años, el Ejecutivo Federal considera indispensable efectuar las modificaciones correspondientes a los derechos derivados de la expedición de los mismos.
Derivado de la nueva Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el Ejecutivo Federal estima necesario adecuar el artículo 31-B de la Ley Federal de Derechos, a fin de que éste contemple al PENSIONISSSTE dentro del cobro de derechos por concepto de la inspección y vigilancia que efectúa la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.
Para estos efectos, el artículo 106 de la citada Ley prevé que el PENSIONISSSTE estará sujeto para su operación, administración y funcionamiento, a la regulación y supervisión de la Comisión referida, debiendo cumplir con las disposiciones de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y con las reglas de carácter general que emita dicha Comisión aplicables a las administradoras de fondos para el retiro. En este sentido, al tener la misma regulación que las citadas administradoras, se considera procedente recuperar los costos que implicará la relevante supervisión por parte de la Comisión a la citada institución pública.
Con la finalidad de adecuar la Ley Federal de Derechos a la regulación en materia aduanera, se propone incorporar el concepto de prórroga dentro de los derechos que hoy se causan sólo por el otorgamiento de concesiones y autorizaciones que otorga la Administración General de Aduanas, lo anterior, a fin de recuperar los costos que implica la prestación de los servicios correspondientes.
Certificación Digital en Actos de Comercio
En el año de 2003 el Congreso de la Unión aprobó, dentro de la Ley Federal de Derechos, una Sección al Capítulo IV referente a los derechos de certificación de firma electrónica en actos de comercio, a fin de recuperar los costos que la autoridad eroga para acreditar como prestadores de servicios de certificación de firma electrónica a las personas que reúnan los requisitos legales conforme a la regulación en materia mercantil.
No obstante, de acuerdo con lo señalado por el Ejecutivo Federal, surge la necesidad de efectuar algunas precisiones a los derechos correspondientes a fin de regular la correcta terminología aplicable a la actividad que realizan los mencionados prestadores de servicios, toda vez que su labor se enfoca a establecer los mensajes de datos o registros necesarios que confirmen el vínculo entre un firmante y los datos de creación de la propia firma electrónica mediante la emisión de certificados digitales, es por ello que se propone modificar el término "prestador del servicio de certificación de firma electrónica" por "prestador del servicio de certificación para la emisión de certificados digitales".
Adicionalmente, se propone incorporar los derechos relacionados con la acreditación de un prestador de servicios de certificación, para el servicio de conservación de datos u otros servicios adicionales relativos a la firma electrónica.
Servicios proporcionados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación
En virtud de que en la actualidad el artículo 86-A de la Ley Federal de Derechos prevé el pago de un derecho por la expedición del certificado zoosanitario internacional para la importación de animales vivos, sus productos y subproductos, el cual incluye la previa verificación, inspección, control y vigilancia sanitaria, se considera que el actual artículo 85-A del mismo ordenamiento jurídico, no tiene una justificación, toda vez que este derecho sólo es procedente en los casos en que el interesado lo solicite, por lo que se propone su derogación.
Derivado del Acuerdo por el que se declara el cierre operativo y conclusión del Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (PROCEDE), se somete a consideración la modificación del artículo 187 de la Ley Federal de Derechos concerniente a la exención del pago de los derechos por diversos servicios que presta el Registro Agrario Nacional para dicho Programa.
Lo anterior, a fin de contemplar en sustitución del PROCEDE por el Fondo de Apoyo para los Núcleos Agrarios sin Regularizar, y en seguimiento de las acciones que aplicará la Secretaría de la Reforma Agraria para la correcta regularización en la tenencia de la tierra en beneficio de los núcleos agrarios.
Con motivo de la entrada en vigor del nuevo Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, el Ejecutivo Federal considera conveniente efectuar algunos ajustes a los derechos correspondientes a las actividades de prevención y control de la contaminación, así como a los relativos a la importación y exportación de los residuos.
En este sentido, plantea incluir dentro del derecho por la autorización para la instalación y operación de sistemas de reciclaje de residuos peligrosos, al coprocesamiento, el cual se define dentro de la Ley sectorial en materia de residuos, como el proceso de integración ambientalmente seguro de residuos generados por una industria o fuente conocida como insumo a otro proceso productivo.
De igual forma, la iniciativa propone establecer el derecho relativo a la autorización para la instalación y operación de sistemas para la disposición final de residuos peligrosos. Al respecto, se señala que actualmente el derecho correspondiente aplica únicamente por la autorización para el confinamiento de residuos, sin embargo, con la entrada en vigor del citado Reglamento, se establecieron diversas causales para la disposición final de los residuos dentro de su manejo integral, siendo una de sus posibilidades el propio confinamiento, por lo que resulta necesario reflejar dentro de la Ley Federal de Derechos la terminología adecuada.
Por otro lado, el Ejecutivo plantea una reducción de los derechos de prevención de la contaminación para aquellos contribuyentes que utilicen microgeneradores de residuos que implementen de manera organizada sistemas de recolección y transporte de residuos que contengan agentes infecciosos que les confieran peligrosidad, ya que al actuar de manera conjunta presentarán solicitudes únicas para la autorización en el manejo de dichos residuos, logrando así un beneficio colectivo tanto en la implementación coordinada de los sistemas como en la reducción de su pago de derechos.
Asimismo, el Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos contempla la regulación para la importación de otros residuos previstos en el Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación y establece que quienes pretendan importar residuos que no tengan las características de peligrosidad previstas en los tratados internacionales deberán obtener autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, siguiendo el mismo procedimiento que se lleva a cabo para los residuos peligrosos. En ese sentido, la iniciativa estima necesario incluir en la Ley Federal de Derechos el pago de un derecho por el trámite para la recepción, estudio de la solicitud y, en su caso, expedición de la autorización correspondiente, en los mismos términos en los que se encuentra implementado actualmente el pago de derechos para la importación y exportación de residuos peligrosos.
Otro de los derechos que se proponen en la iniciativa, es el relativo a los servicios por la aprobación del programa de remediación de pasivos ambientales, es decir, aquellos sitios contaminados por la liberación de materiales o residuos peligrosos que no fueron remediados oportunamente para impedir la dispersión de contaminantes, pero que implican una obligación de llevar a cabo la remediación.
Lo anterior en virtud de que, para llevar a cabo dicha aprobación, se requiere que las autoridades ambientales tengan personal especializado en diversas áreas técnicas como: caracterización de sitios contaminados, tipos de perforación, análisis de muestreos, pruebas de campo, entre otros, lo cual implicará allegarse de los recursos necesarios a fin de brindar un servicio adecuado y contar con mayores elementos para evaluar si los citados programas se encuentran acordes con la normatividad vigente.
En materia ambiental, la iniciativa propone efectuar cambios menores en los derechos derivados del uso, goce o aprovechamiento de bienes en Áreas Naturales Protegidas, consistentes en utilizar los nombres correctos de las propias áreas, así como precisar las cuotas correctas aplicables para determinadas áreas; lo anterior a fin de facilitar las labores de la autoridad ambiental en la vigilancia del cobro y entero de las contribuciones.
Finalmente, se plantea establecer que cuando el contribuyente presente una solicitud única para la prestación de dos o más trámites relativos a los servicios que presta la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales establecidos de la Sección Quinta a la Novena del Título Primero de la Ley Federal de Derechos, sólo se cobre el derecho de mayor monto de los trámites solicitados, lo anterior de acuerdo a la política sectorial en materia ambiental que tiene como finalidad fomentar la simplificación administrativa y la reducción de costos en los trámites únicos.
Cuerpos Receptores de las Descargas de Aguas Residuales
Con la finalidad de promover el desarrollo, construcción y mantenimiento de los sistemas de tratamiento de las aguas residuales, la iniciativa propone modificar el derecho por el uso, goce o aprovechamiento de bienes de dominio público de la Nación como cuerpos receptores de las descargas de aguas residuales. En este sentido, plantea reducir el número de contaminantes de 16 a 2 dentro del esquema actual de límites máximos permisibles a que hace referencia el Capítulo concerniente de la Ley Federal de Derechos, siendo éstos la Demanda Química de Oxígeno y los Sólidos Suspendidos Totales, por ser los más representativos de las aguas residuales, disminuyendo con esta medida el costo de los análisis correspondientes.
De igual forma, se propone una simplificación en el cálculo del derecho, al limitarse a la determinación de la concentración de contaminantes que rebasen los límites máximos permisibles en kilogramos, en relación con el volumen trimestral descargado, aplicándose la cuota que corresponda según el tipo de cuerpo receptor establecido en la propia Ley.
Un punto medular de la propuesta, es el relacionado con la asignación de los pagos que se realicen por concepto del derecho por descarga de aguas residuales. Al respecto, se propone que la asignación de los pagos se realicen a los contribuyentes para que efectúen las acciones necesarias para el tratamiento de sus aguas residuales, para lo cual deberán presentar ante la Comisión Nacional del Agua un programa de acciones, el cual tendrá como finalidad mejorar la calidad de las aguas residuales, ya sea mediante cambios en los procesos productivos o para el control y tratamiento de las descargas, a fin de no rebasar los límites máximos permisibles establecidos en la Ley Federal de Derechos.
En otro orden de ideas, a fin de que las autoridades fiscales cuenten con mayores elementos en el ejercicio de sus facultades de comprobación, se propone mejorar y ampliar los supuestos de determinación presuntiva del derecho a cargo de los contribuyentes, lo cual coadyuvará a garantizar un apropiado uso y aprovechamiento de los cuerpos receptores derivado de las descargas de las aguas residuales.
De igual forma, la iniciativa propone un esquema de condonación de créditos fiscales sujeto a la construcción y aplicación de sistemas de tratamiento de aguas residuales, a fin de incentivar la realización y terminación de las obras de saneamiento que requiere el país y las cuales se muestran como un agregado de suma importancia dentro de la política ambiental, por lo que se propone que aquellos contribuyentes que quieran gozar de este beneficio tendrán que concluir las obras mencionadas a más tardar el 31 de diciembre de 2012.
Finalmente, menciona la iniciativa que el esquema de cobro que se presenta constituiría un mecanismo de apoyo a la política hidráulica del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, al permitir la construcción de infraestructura de saneamiento de las aguas residuales con los consecuentes beneficios en la salud pública, la mejora hacia los grupos sociales más desprotegidos, el fortalecimiento de los organismos operadores y el fomento del desarrollo sustentable del país.
Bienes Culturales de la Nación
El Ejecutivo Federal propone diversas modificaciones a los derechos relativos al uso, goce o aprovechamiento de los bienes de dominio público de la Nación de carácter cultural, con el propósito de contar con mayores elementos jurídicos y financieros que coadyuven a su mantenimiento y conservación.
En este sentido, plantea incorporar un nuevo concepto de cobro relativo al pago de los derechos por el acceso a los museos propiedad de la Nación que se encuentren administrados por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, tal y como sucede con los administrados tanto por el Instituto Nacional de Antropología e Historia como por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura.
De igual forma somete a consideración del Poder Legislativo, el establecimiento del derecho por el uso, goce o aprovechamiento de los bienes administrados por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Conviene señalar que este derecho se encuentra vigente para los inmuebles bajo la administración del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el cual ha sido de utilidad para la autoridad al dotarla de los recursos suficientes para el cuidado de los propios bienes.
Por otro lado, es conveniente subrayar que las modificaciones a la Ley Federal de Derechos que se incluyen en el presente dictamen son también el resultado del análisis de cada una de las iniciativas que sobre esta materia fueron turnadas a esta Comisión, mismas que fueron analizadas individualmente en el sentido que adelante se señala. Las iniciativas relacionadas con la materia objeto de dictamen se enuncian a continuación: 1. Iniciativa que reforma el artículo 8 de la Ley Federal de Derechos, del Diputado Amador Campos Aburto, del Partido de la Revolución Democrática, de fecha 12 de diciembre de 2006.
2. Iniciativa que reforma los artículos 254 y 258 de la Ley Federal de Derechos, del Diputado Raúl Cervantes Andrade del Partido Revolucionario Institucional, de fecha 8 de febrero de 2007.
3. Iniciativa que reforma el último párrafo del apartado A) del artículo 223 de la Ley Federal de Derechos, del Senador Silvano Aureoles Conejo del Partido de la Revolución Democrática, de fecha 1 de marzo de 2007.
4. Iniciativa que reforma el artículo 232-D de la Ley Federal de Derechos, del Diputado Nabor Ochoa López del Partido Acción Nacional, de fecha 27 de marzo de 2007.
5. Iniciativa que reforma el artículo 223 de la Ley Federal de Derechos, de la Diputada Marina Arvizu Rivas del entonces Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina, de fecha 24 de abril de 2007.
6. Iniciativa que reforma el artículo 20 de la Ley Federal de Derechos, del Diputado José Jacques y Medina del Partido de la Revolución Democrática, de fecha 25 de abril de 2007.
7. Iniciativa con Proyecto de Decreto que Reforma el artículo 232-C de la Ley Federal de Derechos, de los Diputados Amador Campos Aburto y Jesús Evodio Velázquez Aguirre del Partido de la Revolución Democrática, de fecha 6 de junio de 2007.
8. Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos y de la Ley de Coordinación Fiscal, del Senador Tomás Torres Mercado del Partido de la Revolución Democrática, de fecha 11 de septiembre de 2007.
9. Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 18-A de la Ley Federal de Derechos, del Diputado Manuel Cárdenas Fonseca del Partido Nueva Alianza, de fecha 18 de septiembre de 2007.
10. Iniciativa que reforma el artículo 261 de la Ley Federal de Derechos, de los Diputados Fernando Moctezuma Pereda y Arturo Martínez Rocha, del Grupo Parlamentario del PRI, de fecha 20 de septiembre de 2007. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN
1. Iniciativa del Ejecutivo Federal
En la Iniciativa del Ejecutivo Federal se plantean cambios y adiciones a la Ley Federal de Derechos con el propósito de fortalecer las medidas de carácter impositivo encaminadas a fomentar el correcto uso, goce y aprovechamiento de los bienes de dominio público de la Nación, de tal manera que dichos bienes se encuadren dentro de los parámetros de sustentabilidad y conservación que señalan las leyes sectoriales. Asimismo, contempla incrementar la racionalización en la prestación de los servicios públicos por los que se cobran derechos, en la medida de que el pago de estos represente una alta eficiencia en la prestación de los mismos. Cabe señalar que dentro de la propuesta del Ejecutivo Federal, también se presentan cambios menores, en el sentido de ajustar las cuotas de los derechos a la realidad económica del país, inducir medidas que otorguen certeza y seguridad jurídica tanto al contribuyente como a los prestadores de servicios públicos, así como adecuar los derechos a las leyes sectoriales en las cuales se encuentra el fundamento jurídico para su prestación.
Procurando la mejora continua de los servicios prestados en materia migratoria, al ser uno de los puntos estratégicos para la seguridad nacional y el desarrollo turístico, esta Dictaminadora considera oportuno que el pago de los derechos por la expedición de la calidad migratoria de no inmigrante se efectúe a la entrada del extranjero al territorio nacional, lo cual coadyuve a que el Instituto Nacional de Migración cuente con los ingresos para el desarrollo de sus funciones.
Asimismo, la que dictamina coincide en destinar los recursos que se obtengan por la recaudación de los artículos 8, fracciones II, III, IV, V, VI, VII y VIII, 9, 10, 12, 13, 14 y 14-A de la Ley Federal de Derechos a programas de modernización para mejorar el control fronterizo en el sur del país y a mejorar la calidad integral de los servicios que presta el mencionado Instituto.
Por otra parte, esta Comisión manifiesta su interés en continuar con el ajuste gradual de las cuotas de los derechos que se encuentran obligados a cubrir las entidades y sujetos del sistema financiero, derivados de la prestación de los servicios de inspección y vigilancia que proporciona la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
En este mismo tema, la dictaminadora consciente de la importancia de reflejar dentro del esquema de derechos las modificaciones efectuadas a la legislación secundaria, considera propicio adicionar una cuota para las actividades de supervisión que realiza la mencionada Comisión al inicio de las operaciones de las casas de bolsa.
Por otro lado, derivado de la nueva Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2007, la cual señala en su artículo 190 que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores estará facultada para supervisar las operaciones y la contabilidad del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE), esta Comisión coincide en la necesidad de incluir al mencionado Fondo al listado que establece la cuota que deben pagar los fondos y fideicomisos públicos sujetos a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en virtud de la estricta supervisión y vigilancia que ésta llevará a cabo.
Por otro lado, en virtud de que para el siguiente año se prevé cambiar los periodos de vigencia de los pasaportes, la que dictamina considera necesario efectuar las modificaciones correspondientes a los derechos derivados de su expedición, en el sentido de reflejar dentro del cuerpo de la Ley Federal de Derechos la vigencia señalada en el cuerpo normativo que regula la emisión de los citados instrumentos de identificación internacional.
Ahora bien, con motivo de la expedición de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la Comisión dictaminadora juzga necesario adecuar el artículo 31-B de la Ley Federal de Derechos, a fin de que éste contemple al PENSIONISSSTE dentro del cobro de derechos por concepto de la inspección y vigilancia que efectúa la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. Lo anterior, ya que la Ley de mérito señala en su artículo 106 que el PENSIONISSSTE estará sujeto para su operación, administración y funcionamiento a la regulación y supervisión de la Comisión referida, debiendo cumplir con las disposiciones de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y con las reglas de carácter general que emita dicha Comisión aplicables a las administradoras de fondos para el retiro. En este sentido, al tener la misma regulación que las citadas administradoras, la que dictamina considera procedente que la Comisión citada recupere los costos erogados por la supervisión.
En materia de certificación de firma electrónica, el Ejecutivo Federal propone en su Iniciativa efectuar algunas precisiones a los derechos que en esta materia se pagan, en el sentido de utilizar la correcta terminología aplicable a la actividad que realizan los prestadores de los servicios correspondientes, es por ello que propone modificar el término "prestador del servicio de certificación de firma electrónica" por "prestador del servicio de certificación para la emisión de certificados digitales". Conforme lo anterior, esta Comisión no tiene inconveniente en realizar los ajustes necesarios a los derechos de certificación de firma electrónica en actos de comercio.
En otro aspecto y en virtud de la publicación del Acuerdo por el que se declara el cierre operativo y conclusión del Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (PROCEDE), esta Dictaminadora considera necesario efectuar las modificaciones pertinentes a las disposiciones en materia de derechos que reflejan la exención del pago de los derechos por diversos servicios que presta el Registro Agrario Nacional para dicho Programa, a fin de contemplar en las mismas al Fondo de Apoyo para los Núcleos Agrarios sin Regularizar, en sustitución del programa antes citado.
En materia ambiental, esta Comisión considera procedentes los ajustes correspondientes a los derechos por las actividades de prevención y control de la contaminación, así como a los relativos a la importación y exportación de los residuos, lo anterior, derivado de la entrada en vigor del nuevo Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. En este sentido, se coincide con la necesidad de integrar una reducción de los derechos de prevención de la contaminación para aquellos contribuyentes que utilicen microgeneradores de residuos y que implementen de manera organizada sistemas de recolección y transporte de residuos que contengan agentes infecciosos que les confieran peligrosidad, ya que al actuar de manera conjunta presentarán solicitudes únicas para la autorización en el manejo de dichos residuos, logrando así un beneficio colectivo tanto en la implementación coordinada de los sistemas como en la reducción de su pago de derechos.
Otro tema en materia ambiental, derivado de la entrada en vigor del Reglamento señalado, es el concerniente a contemplar dentro del esquema de cobro de derechos relativos a residuos, a aquellos previstos en los tratados internacionales como es el caso del Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación, que aunque no reúnan características de peligrosidad debe ser controlada su importación. Por lo que la que dictamina considera procedente su incorporación a la Iniciativa presentada.
Esta Comisión de Hacienda y Crédito Público, estima de suma importancia la incorporación del derecho relativo a los servicios por la aprobación del programa de remediación de pasivos ambientales, el cual es coincidente con la política ambiental diseñada por el Gobierno Mexicano, toda vez que los servicios mencionados requieren de una alta especialización en diversas áreas técnicas para llevar a cabo un estricto análisis que refleje a la efectiva aplicación del programa correspondiente.
En la misma tesitura, las Áreas Naturales Protegidas, han sido concebidas como uno de los elementos claves para la preservación del ecosistema mexicano y, en los últimos años, se han colocado como un destino privilegiado para realizar actividades turísticas de diversa índole, es por ello, que cualquier modificación que impacte benéficamente en la conservación de las mismas, como lo son las propuestas en la Iniciativa sujeta a dictamen, resultan procedentes para la que dictamina.
Con relación a las modificaciones planteadas respecto del derecho por el uso, goce o aprovechamiento de bienes de dominio público de la Nación como cuerpos receptores de las descargas de aguas residuales, esta Dictaminadora juzga oportuna la propuesta de reducir el número de contaminantes de 16 a 2 dentro del esquema actual de límites máximos permisibles a que hace referencia el Capítulo concerniente de la Ley Federal de Derechos, por ser los más representativos de las aguas residuales, facilitando el cálculo del derecho y disminuyendo con esta medida el costo de los análisis correspondientes.
Sin que lo anterior signifique que se afectará la calidad del agua, puesto que en el segundo párrafo del artículo 278 de la Ley Federal de Derechos, que se propone reformar, se establece que el pago que se efectúe del derecho correspondiente no exime a los responsables de las descargas de aguas residuales de cumplir con los límites máximos permisibles establecidos en las Normas Oficiales Mexicanas y con las condiciones particulares de sus descargas, de conformidad con la Ley de Aguas Nacionales, de tal suerte que la reforma propuesta impacte exclusivamente en el ámbito fiscal, permaneciendo sin cambio el control administrativo respecto de la contaminación de aguas residuales.
Asimismo, la Comisión destaca la propuesta de asignación de pagos para los contribuyentes del citado derecho que cumplan con los programas que se acuerden con la Comisión Nacional del Agua, debido a que fomenta las acciones necesarias para el tratamiento de sus aguas residuales, ya sea mediante cambios en los procesos productivos o para el control y tratamiento de las descargas, a fin de no rebasar los límites máximos permisibles establecidos en la Ley Federal de Derechos.
En lo relativo a las facultades de comprobación de las autoridades fiscales, en el sentido de ampliar los supuestos de determinación presuntiva, esta Comisión considera adecuada dicha propuesta, ya que coadyuvará a la consecución de los fines de los derechos al garantizar un apropiado uso y aprovechamiento de los cuerpos receptores derivado de las descargas de las aguas residuales.
El esquema de condonación de créditos fiscales que para efectos del derecho por el uso, goce o aprovechamiento de bienes de dominio público de la Nación como cuerpos receptores de las descargas de aguas residuales plantea el Ejecutivo Federal, el cual tiene como objetivo incentivar la realización y terminación de las obras de saneamiento que requiere el país y las cuales se muestran como un agregado de suma importancia dentro de la política ambiental, resulta relevante para esta Comisión, ya que persigue la construcción y aplicación de sistemas de tratamiento de aguas residuales y sujeta a quienes opten por adherirse a los beneficios de éste, a concluir las obras mencionadas a más tardar el 31 de diciembre de 2012.
No obstante lo anterior, esta Comisión considera necesario precisar que los usuarios municipales que se hayan acogido a los beneficios descritos en el párrafo anterior serán elegibles para el programa federal que la Comisión Nacional del Agua establezca en materia de realización de obras y acciones de saneamiento y tratamiento de aguas residuales. Para estos efectos, se adiciona un último párrafo al Artículo Quinto de las disposiciones transitorias.
Asimismo, se estima conveniente reducir a 90 días el plazo que tendrá la Comisión Nacional del Agua para emitir las disposiciones de carácter general que sean necesarias para la correcta y debida aplicación del programa de condonación a que se refiere el transitorio quinto, así como las reglas de operación para efectos de la asignación de los recursos por concepto de los derechos por el uso o aprovechamiento de bienes del dominio público de la Nación como cuerpos receptores de las descargas de aguas residuales.
De acuerdo con lo anterior, se proponen los siguientes ajustes al quinto transitorio: "Artículo Quinto. ...
Los usuarios municipales que se hayan acogido a los beneficios de la fracción IV de este artículo, serán elegibles para el programa federal que la Comisión Nacional del Agua establezca en materia de la realización de obras y acciones de saneamiento y tratamiento de aguas residuales." Finalmente, la que dictamina estima viable instrumentar un nuevo concepto de pago de derechos por el acceso a los museos propiedad de la Nación que se encuentren administrados por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, situación que ha sido considerada oportuna en años anteriores, para el caso de los museos y zonas arqueológicas administrados tanto por el Instituto Nacional de Antropología e Historia como por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Es de señalar que las exenciones en el pago de los derechos también son coincidentes con los esquemas adoptados para los Institutos mencionados, las cuales compatibilizan con las políticas educativas dedicadas al fomento de la cultura.
2. Iniciativas de Legisladores
Por su parte, la iniciativa que reforma el artículo 8o. de la Ley Federal de Derechos, presentada por el Diputado Amador Campos Aburto, propone que el derecho de no inmigrante lo paguen todos los turistas que ingresen al país, cubriendo cuotas distintas dependiendo de la vía de ingreso ya sea marítima, aérea o terrestre, así como incluir la obligación de pagar el derecho al ingreso al territorio nacional.
Del análisis efectuado a la Iniciativa antes citada, esta Comisión considera que de conformidad con el segundo párrafo del artículo 1o. del ordenamiento jurídico en cuestión, los derechos por la prestación de servicios que se establecen en el mismo, deberán estar relacionados con el costo total del servicio, incluso el financiero, lo cual no ocurre en la especie, en virtud de que para la expedición de la autorización en la que se otorga la calidad migratoria de no inmigrante a extranjeros, en la característica migratoria de turista, el derecho por el servicio migratorio no debe de estar diferenciado basándose en la vía de ingreso al país (aérea, marítima o terrestre), sino por el costo por la expedición de la autorización, razón por la cual resulta no procedente dicha propuesta.
Asimismo, respecto a la propuesta de modificación del último párrafo del artículo 8o. de la Ley Federal de Derechos, en la cual se pretende que el pago del derecho previsto en las fracciones I, III y VIII de dicho numeral se efectúe cuando el extranjero ingrese al territorio nacional, es menester señalar que la misma se estima procedente y que resulta coincidente con la Iniciativa del Ejecutivo Federal.
Por otro lado, el 18 de septiembre pasado, el Diputado Manuel Cárdenas Fonseca, presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 18-A de la Ley Federal de Derechos, mediante la cual propone destinarle al Consejo de Promoción Turística de México, la totalidad de los ingresos generados por la aplicación del derecho de no inmigrante derivado de la calidad migratoria de turista.
Sobre el particular, la que dictamina considera conveniente modificar el primer párrafo del artículo 18-A de la Ley Federal de Derechos, a fin de destinar un 20% del derecho de no inmigrante a que se refiere la fracción I del artículo 8o. de la propia Ley al Instituto Nacional de Migración, en un 80% al Consejo de Promoción Turística de México para la promoción turística del país, el cual transferirá el 10% de la recaudación total del derecho al Fondo Nacional de Fomento al Turismo para los estudios, proyectos y la inversión en infraestructura que éste determine, con el objeto de mejorar los destinos turísticos del país, para quedar de la siguiente manera: "Artículo 18-A. Los ingresos que se obtengan por la recaudación del derecho establecido en la fracción I del artículo 8o. de la presente Ley, se destinarán en un 20% al Instituto Nacional de Migración para mejorar los servicios que en materia migratoria proporciona y en un 80% al Consejo de Promoción Turística de México para la promoción turística del país, el cual transferirá el 10% de la recaudación total del derecho al Fondo Nacional de Fomento al Turismo para los estudios, proyectos y la inversión en infraestructura que éste determine, con el objeto de mejorar los destinos turísticos del país.
..." En adición, esta Comisión recibió para su dictamen la propuesta de reforma del artículo 20 de la Ley Federal de Derechos, presentada por el Diputado José Jacques Medina, la cual tiene como objeto otorgar facilidades a las personas que requieran viajar al extranjero para atenderse de alguna enfermedad y que sean patrocinadas por alguna asociación, fundación, organismo o país, mediante la exención del pago del derecho por la expedición de pasaportes ordinarios y documentos de identidad o viaje con validez hasta por un año, el cual se encuentra establecido en la actual fracción II del artículo 20 de la Ley Federal de Derechos.
La que dictamina se abocó al estudio de la citada Iniciativa, observando que en la actual Ley Federal de Derechos existen diversas exenciones para el pago de los derechos por la expedición de pasaportes entre los cuales destaca la reducción del 50% en la cuota del derecho a los trabajadores agrícolas, a las personas mayores de sesenta años, así como a las que padezcan cualquier tipo de discapacidad comprobada, por lo que se considera que de seguirse incrementando las exenciones en la materia, se podría generar la distorsión del esquema de pago de derechos en detrimento de la prestación del servicio.
De igual forma, se estima que la exención propuesta no contempla mecanismos para determinar que una persona se encuentra dentro del propio supuesto de exención, lo cual genera incertidumbre jurídica primordialmente para la autoridad, por lo que no se considera procedente la Iniciativa en comento.
Continuando con el análisis de las Iniciativas enumeradas, la que reforma el último párrafo del apartado A) del artículo 223 de la Ley Federal de Derechos, del Senador Silvano Aureoles Conejo, propone incrementar el financiamiento de la investigación básica y aplicada que requiere el sector hídrico, aprovechando parte de la recaudación de los derechos de agua a fin de que dichos ingresos se inviertan en la investigación, el desarrollo tecnológico y la formación de recursos humanos calificados.
Al respecto, se destaca que una de las atribuciones de la Comisión Nacional del Agua, de conformidad con el artículo 9, fracción XXX de la Ley de Aguas Nacionales, es la de promover y, en su caso, realizar la investigación científica y el desarrollo tecnológico en materia de agua, así como la formación y la capacitación de recursos humanos. En este sentido, se estima que dicha finalidad debe cubrirse mediante el presupuesto correspondiente que le es asignado a dicho órgano desconcentrado, el cual debe prever el financiamiento para el desarrollo de cada una de las atribuciones que conforme a la Ley de Aguas Nacionales tiene encomendadas. En tal virtud, esta Comisión considera no procedente la Iniciativa en estudio.
En este mismo tema, la Diputada Marina Arvizu Rivas presentó la Iniciativa que reforma el artículo 223 de la Ley Federal de Derechos, con la finalidad de establecer el pago de derechos por la prestación de servicios ambientales mediante contribuciones compensatorias a cargo de los usuarios en las poblaciones y áreas de riego que reciban los recursos hidrológicos de que han venido disfrutando y capitalizando, a fin de constituir fondos financieros por servicios ambientales para la protección de las fuentes de agua y el equilibrio de los ecosistemas regionales.
Esta Dictaminadora considera que la Iniciativa presentada por la Diputada Arvizu Rivas, no especifica si la aplicación de la contribución compensatoria se refiere a un servicio público otorgado por el Estado o bien al uso o aprovechamiento de un bien del dominio público, ya que el artículo 223 apartado A que se pretende reformar, se encuentra en la sección relativa a los derechos por el uso o aprovechamiento de bienes del dominio público.
Asimismo, no determina con claridad cuál es el concepto de cobro, el objeto, la base y la metodología para establecer el derecho que se propone, siendo que una de las bases para el cobro de los derechos es establecer la base de la contribución a fin de que el Estado determine cuánto le cuesta proporcionar el servicio al particular o, en su caso, el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público y, en el caso que nos ocupa, no existen elementos técnicos ni económicos que sustenten dicha propuesta.
Adicionalmente, esta Comisión considera que la Ley Federal de Derechos no es el instrumento idóneo para establecer una contribución adicional al derecho señalado en el artículo 223 apartado A de la mencionada Ley, como es la contribución compensatoria por concepto de servicios ambientales.
Por otra parte, el Diputado Amador Campos Aburto, presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto que Reforma el artículo 232-C de la Ley Federal de Derechos, con la que se pretende crear para efectos del pago del derecho por el uso, goce o aprovechamiento de la zona federal marítimo terrestre, dos tipos de subzonas a fin de determinar si el uso de la misma se efectúa dentro de playas urbanas o rústicas.
Al respecto, es de destacar que actualmente las zonas y usos ya se encuentran determinados atendiendo el tipo de aprovechamiento que en la zona federal marítimo terrestre se efectúe, así como el grado de explotación del bien de dominio público. En este sentido, actualmente la Ley Federal de Derechos contempla 3 distintos usos, con cuotas diferentes entre ellos, con diferencias con base en la zona en que se efectúa el aprovechamiento, por lo que se estima que introducir un elemento más para efectos del cálculo del derecho, distorsionaría y desvirtuaría el esquema, en detrimento de su propia recaudación. En ese sentido, esta Comisión no considera procedente la propuesta de Iniciativa de referencia.
Por su parte, la Iniciativa que reforma el artículo 232-D de la Ley Federal de Derechos, presentada por el Diputado Nabor Ochoa López, tiene por objeto modificar el artículo 232-D de la Ley Federal de Derechos, a fin de reclasificar al Municipio de Manzanillo, Colima, en una zona tarifaría menor para efectos del pago del derecho por el uso, goce o aprovechamiento de la zona federal marítimo terrestre y terrenos ganados al mar, pasando de la actual zona VIII a la zona VII.
Sobre el particular, cabe mencionar que la clasificación de zonas exige un sustento técnico y económico efectuado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la cual considera elementos tales como el valor económico de la zona, el impacto ambiental, el nivel de suelos, el desarrollo turístico, los usos de la zonas, entre otros, a fin de considerar en cada una de ellas a los municipios que comprenden las mismas. Es por ello que, a juicio de esta Dictaminadora las rezonificaciones deben basarse única y exclusivamente en los criterios que la autoridad administradora del bien ha considerado para efectos de la integración del derecho, y no así en elementos ajenos a los mismos, toda vez que los derechos deben guardar relación con el uso, goce o aprovechamiento de que se trate y, en el caso que nos ocupa, no existen elementos técnicos ni económicos de las autoridades competentes que acrediten el cambio de zona. En tal virtud, esta Comisión no considera procedente la Iniciativa presentada.
En relación a la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos y de la Ley de Coordinación Fiscal, presentada por el Senador Tomás Torres Mercado, se propone adicionar un derecho a cargo de las empresas o sociedades mineras aplicando la tasa de 1 por ciento sobre su producción bruta. Lo anterior, a efecto de que se atienda el entorno ecológico y la problemática de los municipios donde se encuentren los depósitos minerales. Conforme a lo anterior, la que dictamina no considera procedente dicha propuesta ya que en la actualidad las personas que desarrollan trabajos relacionados con la exploración o explotación de sustancias o minerales que regula la Ley Minera ya cubren los derechos respectivos.
Respecto a la Iniciativa que reforma los artículos 254 y 258 de la Ley Federal de Derechos, relativa a la materia de hidrocarburos, que presentó el Diputado Raúl Cervantes Andrade, esta Comisión considera que en virtud de que el pasado 14 de septiembre se aprobaron por el H. Congreso de la Unión, modificaciones al Régimen Fiscal de Petróleos Mexicanos, en las que se contemplaron diversas iniciativas y propuestas que sobre el tema en su momento los legisladores de los distintos grupos parlamentarios vertieron, la Iniciativa que nos ocupa no es procedente.
La iniciativa que reforma el artículo 261 de la Ley Federal, presentada por los diputados Fernando Moctezuma Pereda y Arturo Martínez Rocha, propone adicionar a los municipios en cuyo territorio existan instalaciones de refinación, centros de proceso, y terminales marítimas y los municipios en que, por incidentes en la infraestructura de dicha empresa, hayan sufrido algún daño ambiental, dentro de los supuestos previstos por la ley, para efectos de su rehabilitación.
Al respecto, esta Comisión de Hacienda y Crédito Público no considera procedente la iniciativa en cuestión, en virtud de que se distorsiona la finalidad del beneficio a los municipios colindantes con fronteras o litorales por los que salen materialmente del país los hidrocarburos, dado que son los que se ven mayormente afectados en distintos aspectos por dicha actividad de exportación, pudiendo ocasionar de considerarse la propuesta una afectación en las finanzas públicas de estos municipios por la disminución tangible de la participación por este concepto.
México cuenta con grandes atractivos en sus costas; sin embargo, los mismos no se han explotado suficientemente a través del fomento del turismo de cruceros, por lo que es necesario fortalecer la infraestructura turística de los municipios costeros a los que arriban dichos cruceros a efecto de mejorar la calidad de los servicios y que, en consecuencia, se atraiga mayor turismo de este tipo, por ello, la Comisión dictaminadora considera conveniente adicionar una fracción IX y un último párrafo al artículo 8o., y reformar el artículo 16, ambos de la Ley Federal de Derechos, y adicionar un segundo párrafo a la fracción IV del Artículo Segundo transitorio de la iniciativa que se dictamina, a fin de establecer el derecho por los servicios que presta el Instituto Nacional de Migración por la expedición de la autorización de la característica migratoria de visitante local que se otorga hasta por 3 días, independientemente del número de puertos que se visiten en cada viaje, exentando al propio tiempo a quienes ingresen al país bajo esta misma característica migratoria por vía terrestre.
Asimismo, se propone destinar los ingresos que se generen por este concepto en un 95% a los municipios en proporción al número de visitantes que reciban, a fin de ser aplicado en obras de infraestructura y programas de conservación, mantenimiento, limpieza y vigilancia de las zonas costeras, con base en los convenios que al efecto se celebren con las Entidades Federativas y los municipios respectivos, y en un 5% al Instituto Nacional de Migración para la prestación del servicio a que se refiere la citada fracción.
En consecuencia, dichas modificaciones quedarían de la siguiente forma: "Artículo 8o. ...
Artículo 16. Los asilados políticos, refugiados y visitantes distinguidos, no pagarán los derechos por internación al país ni por reposición de documentos, establecidos en los artículos precedentes de esta Sección. Transitorios Primero. El presente Decreto entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2008, con excepción de la adición de la fracción IX y del último párrafo al artículo 8o., así como la reforma al artículo 16, ambos de la Ley Federal de Derechos mismos que entrarán en vigor a partir del 1 de julio de 2008.
Asimismo, no pagarán el derecho a que se refiere la fracción IX del artículo 8o. de la Ley Federal de Derechos, los visitantes locales que ingresen al país por vía terrestre." Finalmente, con el objeto de precisar el destino de los recursos derivados de la reforma al régimen fiscal de Pemex, la que dictamina considera necesario reformar el artículo Quinto Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, en materia de hidrocarburos y se derogan y reforman diversas disposiciones del Decreto que reforma diversas disposiciones del Título Segundo, Capítulo XII, de la Ley Federal de Derechos, publicado el 21 de diciembre de 2005; publicado en el Diario Oficial de la Federación el 01 de octubre de 2007, en la siguiente forma: "Artículo Quinto. La disminución en el pago por concepto del derecho ordinario sobre hidrocarburos que obtenga PEMEX Exploración y Producción, derivada de la aplicación del régimen fiscal contenido en el presente Decreto, en comparación con los montos que hubiera cubierto con el régimen vigente hasta el 2007, se destinará a inversión en infraestructura de Petróleos Mexicanos en la industria petrolera, de conformidad con lo que establezca el Presupuesto de Egresos de la Federación." Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Hacienda y Crédito Público somete a la consideración del Pleno el siguiente:
QUE POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS
ARTÍCULO PRIMERO. Se REFORMAN los artículos 8o., último párrafo; 12; 16; 18-A; 20, fracciones II y III, y el actual último párrafo; 24, fracción III; 29, fracción VII; 29-B, fracciones I, incisos a), numeral 1, segundo párrafo, b), numerales 1, segundo párrafo, 2, segundo párrafo y 3, segundo párrafo, c), segundo párrafo, d), segundo párrafo, e), segundo párrafo, f), segundo párrafo, g), segundo párrafo, h), segundo párrafo, i), numerales 1, segundo párrafo y 2, segundo párrafo, j), numeral 1, segundo párrafo y k), primer párrafo, y IV, primer párrafo; 29-D, fracciones I, incisos a) y b), II, incisos a), b) y c), III, incisos a) y b) y último párrafo, IV, incisos a) y b) y último párrafo, V, incisos a), b) y c) y último párrafo, VI, incisos a) y b) y último párrafo, VII, incisos a), b) y c), VIII, segundo párrafo, X, incisos, a), b) y c), XI, inciso a), y tercer párrafo, XII, incisos, a), b) y c) y último párrafo, XIII, incisos, a), b) y c) y último párrafo, XIV, inciso b), XV, inciso b) y último párrafo, XVI, inciso b), XVII, inciso b), XVIII, incisos, a), b) y c) y tercer párrafo, y XIX, segundo párrafo; 29-E, fracciones II, segundo párrafo, III, segundo párrafo, IV, segundo párrafo, V, segundo párrafo, VI, segundo párrafo, XI, segundo párrafo, XII, segundo párrafo, XIV, segundo párrafo, XVIII, segundo párrafo, XX, segundo párrafo, XXI, incisos a) y b), XXII, incisos a) y b) y XXIII, segundo párrafo; 29-F, fracciones I, incisos a), numeral 1, segundo párrafo, c), segundo párrafo y e), segundo párrafo y III; 31, fracción I, primer párrafo; 31-B; 32; 33; 40, inciso l) y segundo párrafo; 49, fracción III, primer párrafo; 78; 162, apartados A y B; 167, primer párrafo; 171-A, primer párrafo y fracción II; 187, apartados A, fracciones I y VII, B, fracción I, E, fracción I, primer párrafo y F, fracción IV; 194-K, segundo párrafo; 194-L, segundo párrafo; 194-T, fracciones II, III, IV, VII y VIII; 194-T-1, primer párrafo, fracción I y último párrafo; 195-A, fracciones I, incisos a) y b), II y III, incisos a), b) y c); 198, fracción I, en el apartado correspondiente al Área de Protección de Flora y Fauna Islas del Golfo de California; 198-A, fracción I y la denominación del Parque Nacional Yaxchilán; 263, penúltimo párrafo; 276; 277; 278, segundo párrafo; 278-B, fracciones I, incisos a) y b), II, III, primer párrafo, incisos b), primer párrafo, d) y e), IV, incisos b), Tabla C "Efluentes no Municipales" y segundo párrafo y c), cuarto y sexto párrafos, y V; 278-C; 281-A, segundo y tercer párrafos; 282, fracciones V y VII; 282-C, Tabla IV y último párrafo; 283; 284, primer párrafo, fracciones I, II y VI, y último párrafo; 285; 288-E, primer párrafo, y 288-G; se ADICIONAN los artículos 8o. fracción IX y último párrafo; 20, fracción I y último párrafo, pasando el actual último párrafo a ser penúltimo párrafo; 29, fracciones XXI y XXII; 29-B, fracción I, inciso a), numeral 3 e inciso l); 29-E, fracciones XVI, incisos a) y b) y XXI, último párrafo; 29-F, fracción I, incisos a), numeral 3 y g); 29-K, fracción V, penúltimo párrafo; 40, penúltimo párrafo; 61-A; 61-B; 61-C; 105, último párrafo; 192-C, fracción V; 194-T, último párrafo; 194-T-5; 194-T-6; 194-X; 195-A, fracción I, inciso c); 278-A, rubro denominado "CUERPOS RECEPTORES TIPO A" comprendiendo primero y segundo párrafos y un último párrafo al rubro denominado "CUERPOS RECEPTORES TIPO B"; 278-B, fracciones IV, inciso d), VI, VII y VIII; 279; 288-A-2; 288-A-3, y 288-D-1, y se DEROGAN los artículos 4o., décimo primero, décimo segundo, décimo tercero y décimo cuarto párrafos; 29-E, fracción XVI, segundo párrafo; 29-M; 31, último párrafo; 56, fracción III, inciso b); 57, fracción IV, inciso b); 58, fracción III, inciso b); 85-A; 186, fracción IX; 191-D; 278-A, último párrafo; 278-B, fracción IV, inciso b), último párrafo; 282-A, y 282-D, de la Ley Federal de Derechos para quedar como sigue:
Artículo 12. Por la prestación de los servicios migratorios en aeropuertos a pasajeros de vuelos internacionales que abandonen el territorio nacional, se cobrará la cuota de $47.50
El derecho de servicios migratorios a que se refiere el presente artículo se pagará a la salida de pasajeros de vuelos internacionales.
Artículo 18-A. Los ingresos que se obtengan por la recaudación del derecho establecido en la fracción I del artículo 8o. de la presente Ley, se destinarán en un 20% al Instituto Nacional de Migración para mejorar los servicios que en materia migratoria proporciona, y en un 80% al Consejo de Promoción Turística de México para la promoción turística del país, el cual trasferirá el 10% de la recaudación total del derecho al Fondo Nacional de Fomento al Turismo para los estudios, proyectos y la inversión en infraestructura que éste determine con el objeto de mejorar los destinos turísticos del país.
Artículo 20. ... I. Pasaportes ordinarios y documentos de identidad y viaje con validez hasta por un año $385.00
II. Pasaportes ordinarios y documentos de identidad y viaje con validez mayor a un año y hasta por tres años $800.00
III. Pasaportes ordinarios y documentos de identidad y viaje con validez mayor a tres años y hasta por seis años $1,100.00 ...
Artículo 24. ... III. Los que soliciten los pensionados para justificar su situación legal en el país en que residan o para comprobar su existencia física ante las autoridades mexicanas que así lo requieran. ...
Artículo 29. ... VII. Por el estudio y trámite de la solicitud de autorización para la constitución y funcionamiento de sociedades de inversión de renta variable, en instrumentos de deuda, de capitales y de objeto limitado: $16,067.86
XXI. Por la autorización para la constitución y funcionamiento de sociedades de inversión de renta variable, en instrumentos de deuda, de capitales y de objeto limitado: $32,136.00
XXII. Por la autorización para el inicio de operaciones de casas de bolsa: . $800,000.00 Artículo 29-B. ... I. ...
a). ... 1. ...
1.4191 al millar por los primeros $520’376,695.00 del capital contable de la emisora, y 0.7096 al millar por el excedente sin que los derechos a pagar por este concepto excedan de: . $6’122,079.00
3. Emitidas por sociedades controladoras de grupos financieros, instituciones de crédito, casas de bolsa, casas de cambio, almacenes generales de depósito, arrendadoras financieras, empresas de factoraje financiero, sociedades financieras de objeto limitado, sociedades financieras de objeto múltiple y demás entidades financieras autorizadas:
1.4191 al millar por los primeros $520’376,695.00 del capital contable de la emisora, y 0.7096 al millar por el excedente sin que los derechos a pagar por este concepto excedan de: $6’122,079.00. b). ... 1. ...
1.0643 al millar por los primeros $440’746,051.00 sobre el monto emitido, y 0.5322 al millar por el excedente sin que los derechos a pagar por este concepto excedan de: $5’185,248.00
0.5322 al millar por los primeros $440’939,500.00 del monto emitido, y 0.2661 al millar por el excedente sin que los derechos a pagar en el primer año contado a partir de la obtención de la autorización por programa excedan del resultado de multiplicar 0.5322 al millar por los primeros $440’939,500.00 del monto autorizado, y 0.2661 al millar por el excedente.
0.2661 al millar del monto emitido por tipo de valor y en proporción a su plazo sin que los derechos a pagar por este concepto en un ejercicio excedan de: $603,163.00 c). ... 1.5768 al millar respecto del monto total del capital social mínimo fijo. d). ...
0.5322 al millar respecto al monto total de las primas de emisión.
e). ...
0.5322 al millar por los primeros $390’282,521.00 del monto emitido, y 0.2661 al millar por el excedente sin que los derechos a pagar por este concepto excedan de: $534,103.00
0.4435 al millar por los primeros $406’245,077.00 del monto emitido, y 0.2218 al millar por el excedente.
0.2661 al millar del monto emitido por tipo de valor y en proporción a su plazo sin que los derechos a pagar por este concepto en un ejercicio excedan de: $603,163.00
h). ...
i). ... 1. ...
0.54 al millar por los primeros $495’602,793.00 sobre el monto emitido y 0.27 al millar por el excedente sin que los derechos a pagar por este concepto excedan de $5’830,622.00
0.27 al millar del monto emitido sin que los derechos a pagar por año excedan de: $677,996.00 j). ... 1. ...
0.27 al millar del monto emitido sin que los derechos a pagar por año excedan de: $600,368.00 k). Tratándose de la inscripción o ampliación de títulos de crédito que representen acciones inscritas en el Registro Nacional de Valores, se pagará una cuota de 0.32 al millar sobre el monto emitido sin que los derechos a pagar por este concepto excedan de: $6’122,079.00
l). Tratándose de la inscripción o ampliación de valores fiduciarios sobre bienes distintos de acciones, cuyo activo principal se encuentre respaldado por valores inscritos en el Registro Nacional de Valores, se pagará una cuota de 0.24 al millar sobre el monto emitido sin que los derechos a pagar por este concepto excedan de: $600,368.00
IV. Inscripción preventiva de acciones en el Registro Nacional de Valores: $11,122.00
... Artículo 29-D. ... I. ...
a). El resultado de multiplicar 0.135636 al millar por el valor de los certificados de depósito de bienes, emitidos por la entidad de que se trate.
b). El resultado de multiplicar 1.350500 al millar por el valor de sus otras cuentas por cobrar menos las estimaciones por irrecuperabilidad o difícil cobro de esas otras cuentas por cobrar.
a). El resultado de multiplicar 0.519993 al millar por el valor del total de su pasivo.
b). El resultado de multiplicar 7.034000 al millar, por el valor de su cartera de arrendamiento vencida.
c). El resultado de multiplicar 0.090500 al millar por el valor del total de su cartera de arrendamiento menos las estimaciones preventivas para riesgos crediticios.
a). El resultado de multiplicar 0.275887 al millar, por el valor del total de los pasivos de la entidad de que se trate.
b). El resultado de multiplicar 0.021500 al millar, por el valor de sus activos sujetos a riesgo totales.
La cuota que resulte de conformidad con lo previsto en esta fracción en ningún caso podrá ser inferior a: $5’000,000.00
a). El resultado de multiplicar 0.128561 al millar, por el valor del total de pasivos de la entidad de que se trate.
b). El resultado de multiplicar 0.007110 al millar, por el valor de sus activos sujetos a riesgo totales.
La cuota que resulte de conformidad con lo previsto en esta fracción en ningún caso podrá ser inferior a: $3’000,000.00
a). El resultado de multiplicar 5.687900 al millar, por el valor de su capital global.
b). El resultado de multiplicar 4.945800 al millar, por el producto de su índice de capitalización (equivalente al requerimiento de capital entre el capital global) multiplicado por el requerimiento de capital.
c). El resultado de multiplicar 0.587300 al millar, por el producto del recíproco del indicador de liquidez (equivalente a dividir 1 entre la cantidad que resulte de dividir activo circulante entre pasivo circulante) multiplicado por el pasivo total.
La cuota que resulte de conformidad con lo previsto en esta fracción en ningún caso podrá ser inferior a la cantidad que resulte de multiplicar 0.083 por el capital mínimo requerido para funcionar como casa de bolsa, conforme a las disposiciones aplicables.
a). El resultado de multiplicar 4.000000 al millar, por el valor de su capital contable.
b). El resultado de multiplicar 18.750000 al millar, por el importe que resulte de capital contable menos las disponibilidades netas, las cuales serán equivalentes a la suma de caja, billetes y monedas, saldos deudores de bancos, documentos de cobro inmediato, remesas en camino e inversiones en valores, menos los saldos acreedores de bancos. En este caso, cuando las disponibilidades netas sean negativas, la aplicación de la fórmula a que se refiere este inciso será equivalente a sumar el valor absoluto de dichas disponibilidades netas al capital contable.
La cuota que resulte de conformidad con lo previsto en esta fracción en ningún caso podrá ser inferior a: $400,000.00
a). El resultado de multiplicar 0.925400 al millar, por el valor del total de su pasivo.
b). El resultado de multiplicar 8.363500 al millar, por el valor de su cartera de factoraje vencida.
c). El resultado de multiplicar 0.138800 al millar, por el valor de su cartera de factoraje menos las estimaciones preventivas para riesgos crediticios.
Cada entidad que pertenezca al sector de Inmobiliarias, entendiéndose por ello aquellas sociedades inmobiliarias que sean propietarias o administradoras de bienes destinados a las oficinas de instituciones de crédito o de casas de bolsa, en términos de la Ley de Instituciones de Crédito o de la Ley del Mercado de Valores, según corresponda, pagará una cuota equivalente al resultado de multiplicar 0.432864 al millar, por el valor de su capital contable.
a). El resultado de multiplicar 0.245430 al millar, por el valor del total de sus pasivos.
b). El resultado de multiplicar 0.171500 al millar, por el valor de su cartera de crédito vencida.
c). El resultado de multiplicar 0.008060 al millar, por el valor del total de su cartera de crédito menos las estimaciones preventivas para riesgos crediticios.
a). El resultado de multiplicar 0.300000 al millar, por el valor de los primeros $2’000,000,000.00 y 0.150000 al millar por el valor restante del total de las acciones representativas de su capital social en circulación, valuadas a precio corriente en el mercado y, a falta de éste, a su valor contable o precio actualizado de valuación, determinado por la sociedad valuadora o el comité de valuación que corresponda.
La cuota que resulte de conformidad con lo previsto en esta fracción en ningún caso podrá ser inferior a $30,000.00 sin que pueda ser superior a: $900,000.00
a). El resultado de multiplicar 0.152310 al millar, por el valor del total de sus pasivos.
b). El resultado de multiplicar 0.149700 al millar, por el valor de su cartera de crédito vencida.
c). El resultado de multiplicar 0.003890 al millar, por el valor del total de su cartera de crédito menos las estimaciones preventivas para riesgos crediticios.
La cuota que resulte de conformidad con lo previsto en esta fracción en ningún caso podrá ser inferior a: $500,000.00
a). El resultado de multiplicar 0.393000 al millar, por el valor del total de sus pasivos.
b). El resultado de multiplicar 0.243000 al millar, por el valor de su cartera de crédito vencida.
c). El resultado de multiplicar 0.011650 al millar, por el valor del total de su cartera de crédito menos las estimaciones preventivas para riesgos crediticios.
La cuota que resulte de conformidad con lo previsto en esta fracción en ningún caso podrá ser inferior a: $160,000.00
b). El resultado de multiplicar 0.240474 al millar, por el total de sus activos.
b). El resultado de multiplicar 0.020883 al millar, por el total de sus activos.
Para los efectos de lo previsto en esta fracción, forman parte del sector Fondos y Fideicomisos Públicos, el Fideicomiso de Fomento Minero; el Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural; el Fondo Nacional de Fomento al Turismo; el Fondo de la Vivienda para los Militares en Activo; el Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios; el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares; el Fondo de Garantía para la Agricultura, Ganadería y Avicultura; el Fondo de Garantía y Fomento para las Actividades Pesqueras; el Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda; el Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía para Créditos Agropecuarios; el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y los demás fondos y fideicomisos públicos constituidos por el Gobierno Federal para el fomento económico que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores supervise.
b). El resultado de multiplicar 0.695726 al millar, por el total de sus activos.
b). El resultado de multiplicar 0.022057 al millar, por el total de sus activos.
a). El resultado de multiplicar 0.589202 al millar, por el valor del total de sus pasivos.
b). El resultado de multiplicar 0.257000 al millar, por el valor de su cartera vencida.
c). El resultado de multiplicar 0.014910 al millar, por el valor de su cartera menos las estimaciones preventivas para riesgos crediticios.
Cada entidad que pertenezca al sector de sociedades controladoras de grupos financieros, entendiéndose por ello a las sociedades controladoras previstas en la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, pagará la cantidad que resulte de multiplicar 0.008129 al millar por el total del activo del balance general consolidado con subsidiarias.
Artículo 29-E. ...
Cada entidad que pertenezca al sector de Bolsas de Futuros y Opciones, entendiéndose para estos efectos a las entidades que cuenten con autorización para constituirse y operar como tales en términos de las disposiciones aplicables, pagará el 1.74 por ciento respecto de su capital contable, excluyendo el resultado no realizado por valuación de cartera de valores y actualización patrimonial sin que los derechos a pagar por este concepto sean inferiores a: $943,756.00
Cada entidad que pertenezca al sector de Bolsas de Valores, entendiéndose para estos efectos a las entidades que cuenten con la concesión para constituirse y operar como tales en términos de la legislación aplicable, pagará el 0.82 por ciento respecto de su capital contable, excluyendo el resultado no realizado por valuación de cartera de valores y actualización patrimonial sin que los derechos a pagar por este concepto sean inferiores a: $1’047,048.00
Cada entidad que pertenezca al sector de Cámaras de Compensación, entendiéndose por ello a las sociedades que cuenten con la autorización correspondiente en términos de la legislación aplicable, deberá pagar anualmente una cantidad igual al 1.13 por ciento respecto de su capital contable, excluyendo el resultado no realizado por valuación de cartera de valores y actualización patrimonial sin que los derechos a pagar por este concepto sean inferiores a: $1’174,188.00
Cada entidad que pertenezca al sector de Contrapartes Centrales, entendiéndose por ello a las sociedades que cuenten con la concesión correspondiente en términos de la legislación aplicable, pagará el 1.56 por ciento respecto de su capital contable, excluyendo el resultado no realizado por valuación de cartera de valores y actualización patrimonial sin que los derechos a pagar por este concepto sean inferiores a: $849,000.00
Cada entidad que pertenezca al sector de Empresas de Servicios Complementarios, entendiéndose por ello a las sociedades que presten servicios complementarios o auxiliares en la administración a entidades financieras en términos de las disposiciones aplicables, o en la realización de su objeto, pagará la cantidad de: $89,817.00
Cada entidad que pertenezca al sector de Instituciones Calificadoras de Valores, entendiéndose por ello a aquellas sociedades que con tal carácter se constituyan y sean autorizadas en términos de la Ley del Mercado de Valores, deberá pagar: $415,743.00
Cada entidad que pertenezca al sector de Instituciones para el Depósito de Valores, entendiéndose por ello a aquellas sociedades que cuenten con la concesión correspondiente en términos de la legislación aplicable, pagará el 1.06 por ciento respecto de su capital contable, excluyendo el resultado no realizado por valuación de cartera de valores y actualización patrimonial sin que los derechos a pagar por este concepto sean inferiores a: $658,771.04
Cada entidad que pertenezca al sector de Oficinas de Representación de Entidades Financieras del Exterior, pagará la cantidad de: $55,333.00
a). Cada asociación gremial de intermediarios del mercado de valores y de prestadores de servicios vinculados al mercado de valores que haya obtenido el reconocimiento para actuar como organismo autorregulatorio del mercado de valores, pagará la cantidad de: $358,000.00
b). Los organismos autorregulatorios que hayan obtenido el reconocimiento a que se refiere el inciso a) anterior, que al mismo tiempo cuenten con la autorización para certificar la capacidad técnica de las personas físicas que pretendan actuar como operadores de bolsa o apoderados de intermediarios del mercado de valores para la celebración de operaciones con el público, pagarán la cantidad de: $1’000,000.00
Cada entidad que pertenezca al sector de proveedores de precios, autorizados en términos de la Ley del Mercado de Valores pagará: $511,492.00
Cada entidad que pertenezca al sector de Sociedades de Información Crediticia, entendiéndose por ello a las sociedades autorizadas conforme a la Ley para Regular a las Sociedades de Información Crediticia, pagará la cantidad de: $950,000.00
a). Que actúen como referenciadoras: $35,000.00
b). Que actúen como integrales: . $70,000.00
Para efectos de lo previsto en esta fracción, se entenderá que pertenecen al sector de Sociedades Distribuidoras de Acciones de Sociedades de Inversión las instituciones de crédito, casas de bolsa, instituciones de seguros, organizaciones auxiliares del crédito, casas de cambio, sociedades financieras de objeto limitado y sociedades operadoras de sociedades de inversión, que proporcionen de manera directa a las sociedades de inversión servicios de distribución de acciones.
a). De renta variable y de inversión en instrumentos de deuda: $70,340.00
b). De capitales o de objeto limitado: $59,790.00
Cada entidad que pertenezca al sector de Sociedades Valuadoras de Acciones de Sociedades de Inversión, entendiéndose por ello a las sociedades a que con tal carácter se refiere la Ley de Sociedades de Inversión, pagará la cantidad de $684.00 por cada Fondo valuado.
... Artículo 29-F. ... I. ...
0.7676 al millar respecto al capital social más reservas de capital sin que los derechos a pagar por este concepto excedan de: $382,314.00
... c). ... Por acciones, la cuota señalada en la fracción I, inciso a), numerales 1 a 3, de este artículo, según corresponda y 0.6396 al millar respecto al monto en circulación de cada emisión de títulos de crédito o valores inscritos que otorguen a sus titulares derechos de crédito, de propiedad o de participación, sobre bienes o derechos muebles o inmuebles sin que los derechos a pagar por este concepto excedan de: $119,472.61 ...
0.5116 al millar, respecto al monto en circulación de cada emisión sin que los derechos a pagar por este concepto excedan de $80,952.00
g). Títulos fiduciarios cuyo activo principal se encuentre respaldado por valores inscritos en el Registro Nacional de Valores:
0.5116 al millar respecto al monto en circulación de cada emisión sin que los derechos a pagar por este concepto excedan de: $80,952.00
III. Las personas morales que mantengan sus acciones inscritas con carácter preventivo bajo la modalidad de listado previo pagarán $10,825.00 por inscripción preventiva.
... Artículo 29-K. ... V. ...
... Artículo 29-M. (Se deroga).
Artículo 31. ... I. Las instituciones de fianzas pagarán el equivalente al 3.5% de las primas que perciban. ...
Artículo 31-B. Las Administradoras de Fondos para el Retiro, las instituciones públicas que realicen funciones similares a éstas, las Empresas Operadoras de la Base de Datos Nacional SAR y las Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos para el Retiro pagarán el derecho de inspección y vigilancia que se efectúa en éstas, conforme a las siguientes cuotas: I. Las Administradoras de Fondos para el Retiro y las instituciones públicas que realicen funciones similares, por el capital suscrito y pagado por los trabajadores en las Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos para el Retiro que inviertan las cuotas y aportaciones de los seguros de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez establecidos en la Ley del Seguro Social y en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, $55,011.17 por concepto de cuota anual y adicionalmente $0.1258 anuales por cada $1,000.00 del saldo total de dicho capital.
II. Las Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos para el Retiro $52,181.37 cuota anual.
III. Las Empresas Operadoras de la Base de Datos Nacional SAR $1’606,800.00 por cada Administradora de Fondos para el Retiro y por cada institución pública que realice funciones similares.
El pago de derechos a que se refiere la presente fracción deberá enterarse a más tardar el día 20 del mes de enero del ejercicio fiscal que transcurra. En caso que se incorpore una nueva Administradora de Fondos para el Retiro o institución pública que realice funciones similares durante el año calendario, el pago por la nueva entidad deberá cubrirse a más tardar el último día hábil del mes inmediato posterior al mes en que se autorice ésta y será proporcional al número de meses que resten al año calendario de que se trate. Artículo 32. Por el estudio de la solicitud y, en su caso, el registro o la revalidación del registro de agentes promotores en el Registro de Agentes Promotores de las Administradoras de Fondos para el Retiro o de instituciones públicas que realicen funciones similares, que proporciona la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, se pagarán derechos conforme a la cuota de: $176.75
Artículo 33. Por la presentación del examen de postulación a agente promotor o de revalidación del registro de agente promotor, con el cual se evaluarán los conocimientos requeridos para ejercer la actividad de agente promotor en las Administradoras de Fondos para el Retiro o en instituciones públicas que realicen funciones similares, se pagarán derechos conforme a la cuota de: $267.80
Artículo 40. ... I). Por la habilitación de un inmueble en forma exclusiva para la introducción de mercancías bajo el régimen de recinto fiscalizado estratégico y la autorización o prórroga para su administración: $46,968.68
... Los derechos a que se refieren los incisos b), c), d), e), h), k), l), m) y n) de este artículo se pagarán anualmente. Los derechos a que se refieren los incisos a), f), g), i) y j) de este artículo se pagarán por única vez.
Por la prórroga de las autorizaciones a que se refieren los incisos b), c), h), i), k) y n) de este artículo, así como por la renovación de las autorizaciones a que se refieren los incisos a) y m) de este artículo, se pagarán las mismas cuotas que se establecen para cada inciso.
Artículo 49. ... III. Tratándose de importaciones temporales de bienes distintos de los señalados en la fracción anterior siempre que sea para elaboración, transformación o reparación en las empresas con programas autorizados por la Secretaría de Economía (Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación IMMEX): $201.90 ...
Artículo 56. ... III. ...
... Artículo 57. ... IV. ...
... Artículo 58. ... III. ...
b). (Se deroga). Artículo 61-A. Por el análisis de la solicitud y, en su caso, por el otorgamiento de los permisos de construcción y operación de las instalaciones a que se refiere el artículo 1 del Reglamento de Trabajos Petroleros, en materia de refinación del petróleo, elaboración y procesamiento del gas y de petroquímicos básicos, y demás actividades relacionadas, se pagará el derecho conforme a la cuota de: $4,977.20
Artículo 61-B. Por el análisis de la solicitud y, en su caso, por el otorgamiento de los permisos de desmantelamiento de las instalaciones a que se refiere el artículo 1 del Reglamento de Trabajos Petroleros, en materia de refinación del petróleo, elaboración y procesamiento del gas y de petroquímicos básicos, y demás actividades relacionadas, se pagará el derecho conforme a la cuota de: $2,404.70
Artículo 61-C. Por la revisión y verificación en la realización de pruebas hidrostáticas derivadas de la construcción o mantenimiento de ductos, y pruebas hidrostáticas o de hermeticidad para circuitos en instalaciones de transformación industrial en materia de refinación del petróleo, elaboración y procesamiento del gas y de petroquímicos básicos, y demás actividades relacionadas, se pagará el derecho conforme a la cuota de: $1,434.79
Artículo 78. Por los servicios en materia de acreditación de prestador de servicio de certificación para la emisión de certificados digitales, se pagarán derechos conforme a las siguientes cuotas: I. Por el trámite y estudio de la solicitud para acreditación como prestador del servicio de certificación para la emisión de certificados digitales $32,828.75
II. Por la acreditación como prestador del servicio de certificación para la emisión de certificados digitales $157,311.49
III. Por el cese voluntario como prestador del servicio de certificación para la emisión de certificados digitales $115,312.82
IV. Por el examen para encargado de identificación como prestador del servicio de certificación para la emisión de certificados digitales $3,286.26
V. Por el trámite y estudio de la solicitud para la acreditación de un prestador de servicios de certificación para la emisión de certificados digitales, para el servicio de conservación de mensajes de datos u otros servicios adicionales relativos a la firma electrónica $17,150.00
VI. Por la acreditación de un prestador de servicios de certificación para la emisión de certificados digitales, para el servicio de conservación de mensajes de datos u otros servicios adicionales relativos a la firma electrónica $105,300.00 Artículo 85-A. (Se deroga).
Artículo 162. ... A. Tratándose de Buques, por el estudio y trámite de la solicitud y, en su caso, inscripción de:
I. Los certificados de las matrículas de las embarcaciones y artefactos navales mexicanos $565.00
II. Los contratos de adquisición, enajenación o cesión, así como los actos constitutivos de derechos reales, traslativos o extintivos de propiedad, sus modalidades, hipotecas, gravámenes y privilegios marítimos sobre las embarcaciones y artefactos navales mexicanos $317.00
III. Los contratos de arrendamiento o fletamento a casco desnudo de embarcaciones mexicanas $342.00
IV. Los contratos de construcción, de embarcaciones en México o de aquellas que se construyan en el extranjero y se pretendan abanderar como mexicanas $342.00
V. De la cancelación de cualquiera de los actos especificados en este apartado . $555.00
B. Por el estudio y trámite de la solicitud y, en su caso, la inscripción de los navieros y agentes mexicanos, así como de los operadores, se pagará por concepto de derecho de Registro Marítimo Nacional la cuota de . $1,054.83 ...
Artículo 171-A. Por la autorización para ejercer como Agente Naviero Consignatario de Buques, Agente Naviero General o Agente Naviero Protector, se pagará el derecho de agente naviero, conforme a las siguientes cuotas:
... II. Por la expedición de la autorización para actuar como Agente Naviero General o Agente Naviero Protector $11,887.09 Artículo 186. ... IX. (Se deroga). ...
Artículo 187. ... A. ...
I. Documentos públicos o privados por virtud de los cuales se reconozcan, creen, modifiquen, transmitan o extingan derechos sobre tierras ejidales o comunales, siempre que no provengan del Fondo de Apoyo para los Núcleos Agrarios sin Regularizar $187.53
VII. Planos generales e internos, así como los de las grandes áreas de ejidos y comunidades que no provengan del Fondo de Apoyo para los Núcleos Agrarios sin Regularizar $42.70
I. Certificados y títulos de propiedad por actos jurídicos que no provengan del Fondo de Apoyo para los Núcleos Agrarios sin Regularizar $85.49
I. Trabajos de campo, topográficos o fotogramétricos que no correspondan al Fondo del Apoyo para los Núcleos Agrarios sin Regularizar o del Programa de Regularización de Colonias.
IV. Por la expedición de copias certificadas de cada plano tamaño carta u oficio $12.40 ...
Artículo 192-C. ... V. Por la emisión de mapas con información registral, a cargo de la Comisión Nacional del Agua, por cada uno $204.00 Artículo 194-K. ...
Artículo 194-L. ...
Artículo 194-T. ... II. Instalación y operación de centros de acopio y almacenamiento de residuos peligrosos $2,683.31
III. Instalación y operación de sistemas de reciclaje o coprocesamiento de residuos peligrosos $1,693.95
IV. Instalación y operación de sistemas de reutilización de residuos peligrosos $1,693.95
VII. Instalación y operación de sistemas para el confinamiento o disposición final de residuos peligrosos $58,699.56
VIII. Prestación de servicios de manejo y condiciones particulares de manejo de residuos peligrosos $4,194.82 ...
Los contribuyentes que utilicen microgeneradores organizados y que presenten las solicitudes a que se refiere la fracción I del presente artículo pagarán el 50% de la cuota establecida en este artículo.
Artículo194-T-1. Por la recepción, estudio de la solicitud y, en su caso, autorización por primera vez para importar y exportar residuos peligrosos y otros residuos que se encuentren previstos en tratados internacionales de los que México sea parte, que no tengan características de peligrosidad, se pagarán derechos, conforme a las siguientes cuotas: I. Para importar residuos peligrosos o residuos que no tienen características de peligrosidad $1,361.79 ...
Artículo 194-T-5. Por la recepción, análisis y, en su caso, registro de cada plan de manejo de residuos peligrosos, se pagará la cuota de $1,000.00
Por la solicitud de modificación o integración al registro, se pagará el 50% de la cuota establecida en el presente artículo.
Artículo 194-T-6. Por la recepción, análisis y, en su caso, aprobación del programa de remediación de pasivos ambientales, se pagará la cuota de: I. Pasivo ambiental $35,000.00
II. Emergencia ambiental $1,000.00 Tratándose de la solicitud de autorización para la transferencia de sitios contaminados se pagará la cuota de $3,000.00
Artículo 195-A. ... I. ...
a). Medicamento nuevo $74,000.00
b). Medicamento genérico $44,000.00
c). Medicamento molécula nueva $80,000.00
II. Por la solicitud y, en su caso, el registro de medicamentos homeopáticos, herbolarios y vitamínicos, se pagará por cada uno el derecho conforme a la cuota de $12,000.00
a). Clase I $7,500.00
b). Clase II $11,000.00
c). Clase III $14,000.00 ...
Artículo 198. ... I. ...
• Área de Protección de Flora y Fauna Islas del Golfo de California, excepto las islas Venados, Lobos y Pájaros, frente al Puerto de Mazatlán, Sinaloa, mismas que cubrirán la cuota establecida en la fracción II de este artículo. ...
Artículo 198-A. ... I. ...
• Monumento Natural Yaxchilán ...
En el caso de sustitución de concesiones o asignaciones por las causas previstas en la Ley Minera, la vigencia para efectos del pago del derecho sobre minería se computará para las concesiones a partir de la fecha de inscripción en el Registro Público de Minería de la concesión original que se sustituye y para las asignaciones, a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo 277. Para los efectos del presente Capítulo se consideran: I. Acuífero: Cualquier formación geológica o conjunto de formaciones geológicas hidráulicamente conectados entre si, por las que circulan o se almacenan aguas del subsuelo que puedan ser extraídas para su explotación, uso o aprovechamiento y cuyos límites laterales y verticales se definen convencionalmente para fines de evaluación, manejo y administración de las aguas nacionales del subsuelo.
II. Aguas residuales: Las aguas de composición variada provenientes de las descargas municipales y no municipales, tales como las industriales, comerciales, de servicios, agrícolas, pecuarias, domésticas, incluyendo fraccionamientos y, en general, de cualquier otro uso, así como la mezcla de ellas.
Cuando el contribuyente no separe en la descarga de agua residual el agua que no tiene este carácter, toda la descarga se considerará de agua residual para los efectos de esta Ley.
VII. Descarga: La acción de verter, infiltrar, depositar o inyectar aguas residuales a un cuerpo receptor en forma continua, intermitente o fortuita.
XVIII. Uso Doméstico: La aplicación de agua nacional para el uso particular de las personas y del hogar, riego de sus jardines y de árboles de ornato, incluyendo el abrevadero de animales domésticos que no constituya una actividad lucrativa, cuyo servicio se preste en términos del inciso a), de la fracción III, del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 278. ...
Artículo 278-A. ...
Artículo 278-B. ... I. ...
a). Cuando el caudal de la descarga se efectúe en forma continua o intermitente, y sea igual o mayor a 9,000 metros cúbicos en un trimestre, el contribuyente deberá instalar medidores totalizadores o de registro continuo en cada una de las descargas de agua residual. El volumen de cada descarga corresponderá a la diferencia entre la lectura tomada el último día del trimestre de que se trate y la lectura efectuada el último día del trimestre anterior.
II. Las concentraciones de contaminantes descargados al cuerpo receptor se determinarán, conforme a lo que se indica en los párrafos siguientes.
III. En el Procedimiento Obligatorio del Muestreo de las Descargas, se entenderá por:
Los parámetros a ser considerados en el muestreo y análisis, así como en el reporte de datos son los que se indican en el presente Capítulo y en la Tabla D de este artículo.
El reporte del trimestre, para la frecuencia mensual de muestreo y análisis, será el promedio aritmético de los valores que resulten del análisis de cada mes.
El cumplimiento de lo anterior, es sin menoscabo de la observancia a las disposiciones legales y normativas aplicables en materia de descargas de aguas residuales a cuerpos de aguas nacionales y bienes públicos inherentes.
d). Método de Prueba: Para la toma de muestras y la determinación de los valores y concentraciones de los parámetros establecidos en este procedimiento, se deberá aplicar el método de prueba indicado en esta fracción y en las normas oficiales mexicanas y normas mexicanas, correspondientes.
V. Para cada descarga el contribuyente determinará, conforme al promedio de las muestras tomadas, la concentración promedio de contaminantes en miligramos por litro, conforme al procedimiento obligatorio de muestreo de descargas establecido en este artículo.
VI. En caso de que el agua de abastecimiento registre alguna concentración promedio mensual de los parámetros referidos en la tabla D del presente artículo, se podrá restar de la concentración de la descarga, siempre y cuando lo acredite ante la Comisión Nacional del Agua, a través de un análisis de calidad del agua efectuado por un laboratorio acreditado ante la entidad autorizada por la Secretaría de Economía y aprobado por la Comisión Nacional del Agua.
VII. Una vez determinadas las concentraciones de los contaminantes expresados en miligramos por litro se compararán con los valores correspondientes a los límites máximos permisibles por cada contaminante, previstos en la siguiente tabla:
En caso de que las concentraciones de contaminantes sean superiores a dichos límites se pagará el derecho conforme a lo dispuesto en el artículo 278-C de esta Ley.
VIII. Los laboratorios acreditados ante la entidad autorizada por la Secretaría de Economía y aprobados por la Comisión Nacional del Agua, deberán de informar semestralmente a dicha Comisión de los resultados de los análisis efectuados en ese periodo a los contribuyentes a que se refiere el presente Capítulo.
En caso de que la Comisión Nacional del Agua determine que los laboratorios no cumplieron con la obligación establecida en esta fracción notificará el incumplimiento al laboratorio y lo apercibirá de que en caso de reincidencia quedará sin efectos la aprobación que le otorgó. Artículo 278-C. Para calcular el monto del derecho a pagar por el uso o aprovechamiento de bienes del dominio público de la Nación como cuerpos receptores de las descargas de aguas residuales se considerará, trimestralmente, el volumen de las aguas residuales descargadas, las concentraciones de contaminantes que rebasen los límites máximos permisibles establecidos, así como el tipo de cuerpo receptor donde se efectúen, de la siguiente forma: I. La concentración de contaminantes que rebasen los límites máximos permisibles expresados en miligramos por litro se multiplicará por el factor de 0.001, para convertirla a kilogramos por metro cúbico.
II. El resultado obtenido se multiplicará por el volumen trimestral de aguas residuales descargadas en metros cúbicos, obteniéndose así la carga de contaminantes, expresada en kilogramos por trimestre, descargada al cuerpo receptor.
III. Para obtener el monto correspondiente por cada contaminante que rebase los límites máximos permisibles, conforme al tipo de cuerpo receptor de que se trate, se multiplicarán los kilogramos de contaminante por trimestre, por la cuota en pesos por kilogramo que corresponda, de acuerdo con la siguiente Tabla:
Artículo 279. Los ingresos que se obtengan por concepto del derecho por el uso o aprovechamiento de bienes del dominio público de la Nación como cuerpos receptores de las descargas de aguas residuales, correspondientes al artículo 278-C de esta Ley, se destinarán a la Comisión Nacional del Agua para la realización de los programas que al efecto establezca dicha Comisión, en una cantidad equivalente hasta por el monto cubierto, en el ejercicio de que se trate, para la realización de obras y acciones de saneamiento y dotación de infraestructura para el tratamiento de aguas residuales, conforme a lo siguiente:
Los contribuyentes del derecho por el uso o aprovechamiento de bienes del dominio público de la Nación como cuerpos receptores de las descargas de aguas residuales podrán solicitar a la Comisión Nacional del Agua autorización para realizar un programa de acciones en materia de saneamiento y tratamiento de aguas residuales y, en su caso, dicha Comisión les asignará recursos para su realización, siempre que no exceda el monto cubierto por el contribuyente de conformidad con el artículo 278-C de esta Ley.
Artículo 281-A. ...
Artículo 282. ... V. Las poblaciones rurales de hasta 2,500 habitantes, de conformidad con el último Censo General de Población y Vivienda y los organismos operadores de agua potable y alcantarillado, públicos o privados, por las descargas provenientes de aquéllas.
VII. Las entidades públicas o privadas, que sin fines de lucro presten servicios de asistencia médica, servicio social o de impartición de educación escolar gratuita en beneficio de poblaciones rurales de hasta 2,500 habitantes, de acuerdo con el último Censo General de Población y Vivienda. ...
Artículo 282-C. ...
Este porcentaje de descuento se aplicará al monto del derecho a que se refiere el Capítulo VIII del Título II de esta Ley sin incluir el que corresponda al uso consuntivo del agua. En este caso, a la declaración del pago del derecho por uso o aprovechamiento de aguas nacionales, se deberán acompañar los resultados de la calidad del agua, emitidos por un laboratorio acreditado ante la entidad de acreditamiento autorizada por la Secretaría de Economía y aprobado por la Comisión Nacional del Agua.
Artículo 284. La Comisión Nacional del Agua o el Servicio de Administración Tributaria procederán a la determinación presuntiva del derecho federal a que se refiere el presente Capítulo, en los siguientes casos: I. No se tenga instalado aparato de medición o el mismo no funcione.
VI. Cuando el usuario no presente sus reportes de análisis de la calidad de las descargas de aguas residuales, emitidos por un laboratorio acreditado ante la entidad autorizada por la Secretaría de Economía y aprobado por la Comisión Nacional del Agua.
La determinación presuntiva a que se refiere este artículo procederá independientemente de las sanciones a que haya lugar, previstas en las disposiciones aplicables. Artículo 285. Para los efectos de la determinación presuntiva a que se refiere el artículo anterior, la autoridad fiscal estará a lo siguiente: I. Para la determinación del volumen de agua residual vertida, se considerará lo siguiente:
II. Para la concentración de los contaminantes, trimestralmente se considerarán presuntivamente las siguientes concentraciones:
a). Para descargas municipales:
b). Para descargas no municipales:
En caso de que la autoridad fiscal cuente con información proporcionada por las autoridades administrativas competentes en la cual se determine la concentración de contaminantes, deberá considerarse ésta para la determinación correspondiente y no la señalada en las tablas anteriores.
III. Una vez determinado el volumen presuntivo de la descarga de aguas residuales, así como la concentración presuntiva de los contaminantes en los términos antes señalados, para calcular el monto del derecho a pagar por el uso o aprovechamiento de bienes del dominio público de la Nación como cuerpos receptores de las descargas de aguas residuales, la autoridad fiscal aplicará el procedimiento establecido en el artículo 278-C de esta Ley. Artículo 288-A-2. Están obligadas al pago del derecho por el acceso a los museos propiedad de la Federación y administrados por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, las personas que tengan acceso a los mismos, conforme a las siguientes cuotas: I. Museo Nacional de Culturas Populares $10.00
II. Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos $10.00 El pago del derecho a que se refiere este precepto deberá hacerse previo al ingreso a los recintos correspondientes.
Artículo 288-A-3. Están obligadas a pagar el derecho por el uso o aprovechamiento de inmuebles, las personas físicas y morales que usen o aprovechen bienes sujetos al régimen del dominio público de la Federación en los museos, bibliotecas, recintos culturales y artísticos y demás inmuebles administrados por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, conforme a lo que a continuación se señala: I. $32.14 mensuales por cada metro cuadrado o fracción, cuando el uso o goce consista en la realización de actividades comerciales y el espacio no exceda de 30 metros cuadrados.
II. $32.00 por cada metro cuadrado o fracción que se use, goce o aproveche para actividades de promoción, difusión y comercialización cultural y educativa por parte de entidades de la administración pública paraestatal, previa celebración de un convenio.
III. $19.28 por cada metro cuadrado o fracción que se use o aproveche para actividades o eventos de hasta cuatro horas de duración, incluido el tiempo de montaje y desmontaje de instalaciones realizado en espacios exteriores de cualquier tipo.
IV. $5,356.00 por evento de hasta cuatro horas de duración, incluido el tiempo de montaje y desmontaje de equipos y accesorios, realizado en espacios cerrados, tales como auditorios, vestíbulos, salas y aulas.
V. $25,000.00 por evento de hasta cuatro horas de duración, incluido el tiempo de montaje y desmontaje de equipos y accesorios, realizado en espacios cerrados en bibliotecas y teatros. El pago de los derechos a que se refieren las fracciones III, IV y V de este artículo se efectuará previamente a la realización del evento.
Artículo 288-D-1. Por el uso, goce o aprovechamiento, con fines comerciales para filmación, videograbación y tomas fotográficas de museos, bibliotecas, recintos culturales y artísticos y demás inmuebles administrados por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes se pagará el derecho de filmación y tomas fotográficas conforme a las siguientes cuotas: A. Filmaciones o videograbaciones:
I. Por día $6,961.66
II. Por día, cuando se trata de locaciones $45,000.00
El cobro de este derecho es independiente a los que se causen por el uso o aprovechamiento de los inmuebles.
B. Tratándose de tomas fotográficas $3,480.79 por día. No pagarán los derechos establecidos en este artículo las instituciones públicas que realicen conjuntamente con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, eventos culturales, educativos, cívicos o de asistencia social, así como las que realicen actividades de promoción, difusión y comercialización culturales, educativas, cívicas o de asistencia social, previa celebración de un convenio.
Artículo 288-G. Los ingresos que se obtengan por la recaudación de los derechos a que se refiere el presente Capítulo se destinarán al Instituto Nacional de Antropología e Historia, al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, según corresponda, para la investigación, restauración, conservación, mantenimiento, administración y vigilancia de las unidades generadoras de los mismos.
ARTÍCULO SEGUNDO. Se REFORMA el artículo Quinto Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, en materia de hidrocarburos y se derogan y reforman diversas disposiciones del "Decreto que reforma diversas disposiciones del Título Segundo, Capítulo XII, de la Ley Federal de Derechos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2005", el cual a su vez fue publicado en ese órgano de difusión el 1 de octubre de 2007, en la siguiente forma:
Segundo. Durante el año de 2008, se aplicarán en materia de derechos las siguientes disposiciones: I. Por la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales superficiales que se extraigan y utilicen en los Municipios de Coatzacoalcos y Minatitlán del Estado de Veracruz, se cobrará la cuota que corresponda a la zona de disponibilidad 7 a que se refiere el artículo 223 de la Ley Federal de Derechos.
VII. No se pagará el derecho por la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales a que se refiere el artículo 223, apartado B de la Ley Federal de Derechos, cuando el concesionario entregue agua para uso público urbano a municipios o a organismos operadores municipales de agua potable, alcantarillado y saneamiento. En este caso, el concesionario podrá descontar del pago del derecho que le corresponda por la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales a que se refiere el artículo 223, apartado A de la referida Ley, el costo comprobado de instalación y operación de la infraestructura utilizada para la entrega de agua de uso público urbano, sin que en ningún caso exceda del monto del derecho a pagar. Lo anterior, previa aprobación de la Comisión Nacional del Agua. Tercero. No estarán obligados al pago del derecho a que se refiere el artículo 288-A-3 de la Ley, los concesionarios o permisionarios cuyos títulos se encuentren vigentes a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, durante su periodo de vigencia.
Quinto. Para los efectos de lo dispuesto en el Capítulo XIV del Título II de la Ley, se estará a lo siguiente: I. Durante el ejercicio fiscal de 2008, las personas físicas y las morales que usen o aprovechen bienes del dominio público de la Nación como cuerpos receptores de las descargas de aguas residuales, pagarán el 50% del derecho establecido en el artículo 278-C de la Ley.
III. Aquellos prestadores de servicio a poblaciones de 2,501 a 20,000 habitantes, que se hayan acogido a los beneficios del "Decreto por el que se condonan y eximen contribuciones y accesorios en materia de derechos por uso o aprovechamiento de bienes del dominio público de la Nación como cuerpos receptores de las descargas de aguas residuales a los contribuyentes que se indican", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de noviembre de 2004, seguirán gozando de los beneficios que en el mismo se establecen, para lo cual deberán cumplir con las obligaciones señaladas en dicho ordenamiento.
V. Para los efectos de la asignación de los recursos por concepto de los derechos por el uso o aprovechamiento de bienes del dominio público de la Nación como cuerpos receptores de las descargas de aguas residuales, a que se refiere el segundo párrafo del artículo 279 de la Ley Federal de Derechos, la Comisión Nacional del Agua dentro de los siguientes 90 días a la entrada en vigor del presente Decreto, deberá emitir la Reglas de Operación correspondientes. Los usuarios municipales que se hayan acogido a los beneficios de la fracción IV de este artículo, serán elegibles para el programa federal que la Comisión Nacional del Agua establezca en materia de la realización de obras y acciones de saneamiento y tratamiento de aguas residuales.
Sala de Comisiones de la H. Cámara de Diputados a 15 de octubre de 2007.
Diputados: Charbel Jorge Estefan Chidiac (rúbrica), presidente; David Figueroa Ortega (rúbrica), secretario; Emilio Ramón Ramiro Flores Domínguez, secretario; Ricardo Rodríguez Jiménez (rúbrica), secretario; Camerino Eleazar Márquez Madrid (rúbrica), secretario; José Antonio Saavedra Coronel (rúbrica), secretario; Antonio Soto Sánchez (rúbrica), secretario; Horacio E. Garza Garza (rúbrica), secretario; Ismael Ordaz Jiménez (rúbrica), secretario; Carlos Alberto Puente Salas (rúbrica), secretario; Juan Ignacio Samperio Montaño (rúbrica), secretario; Joaquín H. Vela González, secretario; Manuel Cárdenas Fonseca (rúbrica, con la reserva de los artículos 18 y 18-A de la Ley Federal de Derechos), secretario; Aída Marina Arvizu Rivas (rúbrica), secretaria; José Alejandro Aguilar López (rúbrica), Samuel Aguilar Solís, José Rosas Aispuro Torres, Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (rúbrica), Francisco Javier Calzada Vázquez (rúbrica), Ramón Ceja Romero (rúbrica), Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), Juan Nicasio Guerra Ochoa (rúbrica), Javier Guerrero García, José Martín López Cisneros (rúbrica), Lorenzo Daniel Ludlow Kuri (rúbrica), Luis Xavier Maawad Robert (rúbrica), María de Jesús Martínez Díaz (rúbrica), José Manuel Minjares Jiménez (rúbrica), José Murat, Miguel Ángel Navarro Quintero, Raúl Alejandro Padilla Orozco (rúbrica), Dolores María del Carmen Parra Jiménez (rúbrica), Jorge Alejandro Salum del Palacio, Faustino Soto Ramos (rúbrica), Pablo Trejo Pérez (rúbrica).