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Timestamp: 2020-05-25 07:20:58
Document Index: 123814371

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 1', 'artículo 72', 'Artículo 1', 'artículo 4', 'artículo 202']

Registro Oficial. 30 de SEPTIEMBRE del 2003
Martes, 30 de Septiembre del 2003 - R. O. No. 180
2003-14\n Ley Reformatoria\n a la Ley Constitutiva de la Academia Nacional de Historia.
862 Refórmase el Decreto\n Ejecutivo N0 371 de 30 de abril de 2003 en el que se emitió\n la creación de la Unidad de Desarrollo Social Integral\n "UDESIN", publicado en el Registro Oficial N0 79 de\n 12 de mayo de 2003.
866 Refórmase el Reglamento\n para la regulación de los precios de los derivados de\n hidrocarburos.
867 Declárase al crédito\n educativo como política de Estado, garantizando de esta\n manera la permanencia y fortalecimiento de la institución,\n así como su autonomía y ámbito de acción.
169\n Apruébase\n para los servidores del Ministerio de Obras Públicas y\n Comunicaciones, sujetos a la Ley de Servicio Civil y Carrera\n Administrativa, que laboran en jornada completa, la escala de\n sueldos básicos, gastos de represen-tación y bonificación\n por responsabilidad
170 Apruébase para los servidores\n del Ministerio de Agricultura y Ganadería, sujetos a la\n Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, que laboran en\n jornada completa, la escala de sueldos básicos, gastos\n de representación y bonificación por responsabilidad.
171 Apruébase para los servidores\n del Ministerio de Desarrollo Humano, sujetos a la Ley de Servicio\n Civil y Carrera Administrativa, que laboran en jornada completa,\n la escala de sueldos básicos, gastos de representación\n y bonificación por responsabilidad..
-\n Díctase normas para el ejercicio del sistema de cooptación
SEGUNDA\n SALA DE LO PENAL:
249-03\n Manuel Jesús\n Angamarca Cazho y otro por el delito de lesiones
250-03\n Virginia María\n Fuentes Villegas y otros por lesiones a Jesús Amable Fuentes\n Villegas.
251-03\n Carla Elizabeth\n Carrera Martínez por e delito tipificado y reprimido por\n e articulo 64 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas.
252-03 Marco Antonio Castillo Fernández\n y otros por lesiones en perjuicio de Celia María Escobar
253-03 Tankamash Rainon Ampam Pujupat\n otro por homicidio de Washington Onil Bueno Fernández\n y otra.
254-03 Feliciano Aucancela Curicama\n y otros por el delito de robo.
25543\n Elanis Araceli\n Quiñónez Tenorio por giro de cheque sin provisión\n de fondos en perjuicio del doctor Ángel Echeverría\n Velasco
256-03 Lucía Jackeline Tates\n Paucar y otro por el delito de hurto en perjuicio de Mario Paredes.
Por\n recurso de revisión:
24243\n Héctor\n Erasmo Ortega por el delito tipificado y sancionado en el Art.\n 73 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas
Por\n recurso de apelación (colusorios):
229-03\n Propuesto por\n Alberto Cirineo Paredes Paredes en contra de Segundo Joaquín\n Sánchez López y otro..
23103\n Propuesto por\n José Daniel Cacuango Carlosama en contra de Luis Enrique\n Cacuango y otros.
23503 Propuesto por Jorge Endara\n Moncayo y otra en contra de Mery Teresa del Carmen Manosalvas\n Avilés y otro
736\n Precios de Referencia\n del Sistema Andino de Franjas de Precios para la segunda quincena\n de julio de 2003, correspondientes a la circular N0 200 del 1\n de julio de 2003
737\n Delegación\n de funciones.
739 Recuso de reconsideración\n interpuesto por la República del Perú contra la\n Resolución 681 de la Secretaria General, que calificó\n como restricción al comercio determinadas medidas aplicables\n a la importación y comercialización de explosivos
-\n Cantón Caluma: Que\n fija la estructura tarifaria y regula el cobro de la tasa por\n la prestación del servicio de agua potable
-\n Cantón Caluma: Que\n establece la estructura tarifaria y regula el cobro de la tasa\n por la prestación del servicio de alcantarillado.
-\n Cantón Esmeraldas: Para\n la determinación, administración, control, recaudación\n del impuesto a las patentes municipales.
-\n Cantón Esmeraldas: Que\n reglamenta los permisos de funcionamiento de locales industriales\n y comerciales. \n \n
Oficio N0 SGA 0000574
Quito, a 19 de septiembre de 2003
\n Jorge Morejón
De conformidad con lo que dispone la Constitución Política\n de la República y, por disposición del señor\n Secretario General de la Administración Pública,\n me permito remitir para su publicación en el Registro\n Oficial:
· LEY REFORMATORIA A LA LEY CONSTITUTIVA DE LA ACADEMIA\n NACIONAL DE HISTORIA.
f.) Lic. Yolanda Paredes Calero, Directora de Área\n de la Presidencia de la República.
N0 2003-14
Que la Sociedad Ecuatoriana de Estudios Históricos\n Americanos, fundada en Quito en 1909, bajo la dirección\n del eminente historiador Monseñor Federico González\n Suárez, fue reconocida como Academia Nacional de Historia\n a través de la expedición de su Ley constitutiva,\n publicada en el Registro Oficial N0 23 de 28 de septiembre de\n 1920;
Que la Academia Nacional de Historia debe contar con un marco\n legal actualizado que le permita cumplir con sus objetivos y\n políticas para lograr un funcionamiento eficaz y que vaya\n en armonía con los estatutos vigentes, los cuales establecen\n que la Academia Nacional de Historia tiene por misión\n cultivar, promover y realizar estudios e investigaciones históricas\n nacionales y universales;
Que es deber del Estado la promoción de las políticas\n permanentes para el fortalecimiento de la cultura, la restauración,\n protección y respeto del patrimonio cultural tangible\n e intangible, de la riqueza artística, histórica,\n lingüística y arqueológica de la nación,\n preceptos reconocidos en la Constitución Política\n de la República; y,
LEY REFORMATORIA A LA LEY CONSTITUTIVA DE LA ACADEMIA NACIONAL\n DE HISTORIA
Art. 1.- Sustituyese el artículo 2, por el siguiente:
"La Academia Nacional de Historia es una entidad oficial\n y autónoma, de carácter científico, sin\n ánimo de lucro y con capacidad y atribuciones para crear\n núcleos en otras provincias del país; su sede funcionará\n en la ciudad de Quito".
Art. 2.- Sustitúyese el artículo 3, por el siguiente:
"La Academia Nacional de Historia tiene como objetivos\n y políticas: cultivar, promover y realizar estudios e\n investigaciones científico-históricas con carácter\n nacional y universal, las mismas que serán efectuadas\n por sus miembros, así como también mediante convenios\n que suscriba de acuerdo con sus intereses".
Art. 3.- Sustitúyese el artículo 4, por el siguiente:
"La Academia Nacional de Historia incentivará\n la formación y fomento de bibliotecas, videotecas y museos\n de ciencias auxiliares de la Historia, así como apoyará\n la conservación y preservación del Archivo Nacional,\n los demás archivos públicos ecuatorianos y los\n monumentos históricos".
Art. 4.- Sustitúyese el artículo 5, por el siguiente:
"La Academia Nacional de Historia se financia con los\n siguientes recursos:
a) La asignación permanente en el Presupuesto General\n del Estado;
b) De las cuotas de sus miembros, cuyo monto se regulará\n en un reglamento especial;
c) De las donaciones o legados que se establezcan a su favor;\n y,
d) Del producto de actividades de autogestión que realice.".
Art. 5.- Agréguense los siguientes artículos\n innumerados:
"Art.-. El patrimonio de la Academia Nacional de Historia\n consta de:
a) Los derechos que tiene en el edificio de dos plantas ubicado\n en la calle Mejía 434 de la ciudad de Quito, que le fue\n entregado por el Gobierno Nacional en 1946, año desde\n el cual ha funcionado ininterrumpidamente su sede;
b) El archivo, las obras de arte, bienes muebles, inmuebles,\n enseres y artículos varios que hubiere adquirido o le\n hubieren sido donados; y,
c) Los derechos de propiedad intelectual que le correspondan".
"Art. Los estatutos de la Academia Nacional de Historia\n podrán ser reformados por decisión propia, y serán\n sometidos a la aprobación del Ministerio de Educación\n y Culturas".
Dada en el Distrito Metropolitano de San Francisco de Quito,\n en la sala de sesiones del Congreso Nacional del Ecuador, a los\n veintiún días del mes de agosto del año\n dos mil tres.
f.) John Argudo Pesántez, Prosecretario General.
Palacio Nacional, en Quito, a cuatro de septiembre de dos\n mil tres.
N0 862
Que mediante Decreto Ejecutivo N0 371 de 30 de abril de 2003,\n publicado en el Registro Oficial N0 79 de 12 de mayo del mismo\n año, se creó la Unidad de Desarrollo Social Integral\n "UDESIN";
Que la UDESIN es una unidad de la Presidencia de la República,\n que goza de personería jurídica, por constituir\n parte de la Administración Pública Central;
Que es necesario regular la representación legal de\n la UDESIN a fin de que esta Unidad de Desarrollo Social Integral\n pueda cumplir a cabalidad sus objetivos; y,
En ejercicio de las atribuciones que le confiere la Constitución\n Política de la República, y el literal O del artículo\n la del Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo\n de la Función Ejecutiva,
Reformas al Decreto de Creación de la Unidad de Desarrollo\n Social Integral "UDESIN".
Art. 1.- Incorporase en el artículo 1, luego de: "...personería\n jurídica," la frase: "como parte de la Administración\n Pública Central,".
Art. 2.- Incorpórese, a continuación del artículo\n 5 un artículo que diga:
"Art. - El Presidente del Directorio de la UDESIN, conjuntamente\n con el Director Ejecutivo, ejercerán la representación\n legal, judicial y extrajudicial de la Unidad de Desarrollo Social\n Integral.".
Artículo final.- El presente decreto entrará\n en vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su\n publicación en el Registro Oficial.
Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 22 de septiembre\n de 2003.
N0 866
Que mediante Decreto Ejecutivo No. 17 de 18 de enero de 2003,\n promulgado en el Registro Oficial No. 14 de 4 de febrero del\n mismo año, se dictó el Reglamento para la regulación\n de los precios de los derivados de hidrocarburos, reformado por\n el Decreto Ejecutivo 575, publicado en el Registro Oficial 130\n de 22 de julio de 2002;
Que es necesario promover y fortalecer la competitividad de\n los mercados de producción de electricidad, siendo éste\n uno de los objetivos fundamentales de la política nacional\n en materia de generación, enunciado en el literal b) del\n articulo 5 de la Ley de Régimen del Sector Eléctrico;\n y,
En ejercicio de las atribuciones que le confiere el numeral\n 5 del articulo 171 de la Constitución Política\n del Estado vigente y el artículo 72 de la Ley de Hidrocarburos,
Expedir la reforma al Reglamento para la regulación\n de los precios de los derivados de hidrocarburos.
Artículo 1.- Sustitúyase el tercer párrafo\n del artículo 4 del Reglamento para la regulación\n de los precios de los derivados de hidrocarburos, por el siguiente:
"El precio a nivel de terminal y depósitos de\n los combustibles que utilicen las generadoras térmicas\n que estén disponibles para ser despachadas por el Centro\n Nacional de Control de Energía CENACE; los autogeneradores\n de energía eléctrica que vendan excedentes al Sistema\n Nacional Interconectado, serán determinados por PETROECUADOR\n de conformidad con los precios FOB para los combustibles de exportación\n (fuel oil y nafta) y precios CIF para los combustibles de importación\n (diesel). Los generadores térmicos podrán adquirir\n directamente en el mercado local o importar los combustibles\n que requieren para el desarrollo de su actividad dentro del Mercado\n Eléctrico Mayorista".
Artículo Final.- De la ejecución del presente\n decreto, que entrará en vigencia a partir de la fecha\n de su publicación en el Registro Oficial, encárguense\n a los ministros de Economía y Finanzas y Energía\n y Minas.
N0 867
Que el Art. 66 de la Constitución Política de\n la República determina que la educación es derecho\n irrenunciable de las personas, deber inexcusable del Estado,\n la sociedad y la familia; área prioritaria de la inversión\n pública, requisito del desarrollo nacional y garantía\n de la equidad social; y que es responsabilidad del Estado definir\n y ejecutar políticas que permitan alcanzar estos propósitos;
Que el Art. 77 de la Carta Política establece la obligación\n del Estado de garantizar la igualdad de oportunidad de acceso\n a la educación y la prohibición de que las personas\n sean privadas de este derecho por razones económicas;
Que la educación es factor fundamental del desarrollo\n nacional, porque capacita a las personas para ser productivas\n y crear posibilidades de trabajo para otros ecuatorianos;
Que desde hace 30 años funciona el Instituto Ecuatoriano\n de Crédito Educativo y Becas, institución financiera\n pública, autónoma, con patrimonio propio, con la\n finalidad de apoyar a la profesionalización y capacitación\n de los ecuatorianos que, teniendo capacidad intelectual carecen\n de recursos para su formación académica;
Que durante todo este tiempo de vida institucional más\n de 172.000 ecuatorianos se han beneficiado de los servicios de\n crédito y becas que otorga el referido instituto, contribuyendo\n así al desarrollo nacional;
En ejercicio de las atribuciones que le confiere el Art. 171,\n numeral 3 de la Constitución Política de la República,
Art. 1.- Declárase al crédito educativo como\n política de Estado, garantizando de esta manera la permanencia\n y fortalecimiento de la institución, así como su\n autonomía y ámbito de acción.
Art. 2.- El Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo\n y Becas -IECE- llevará a cabo las acciones y previsiones\n legales y financieras necesarias para la definición de\n esta política, con la finalidad de que la población\n de insuficientes recursos económicos cuenten con financiamiento,\n en forma de crédito educativo, para cubrir los costos\n de educación, hasta lograr que los ecuatorianos tengan\n oportunidad de acceder a la formación académica.
Art. 3.- El Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo\n y Becas -IECE- cada año, elaborará un plan debidamente\n sustentado sobre la proyección de la demanda y el servicio\n de crédito educativo.
Art. 4.- El Gobierno Nacional a través de las carteras\n de Estado correspondientes, de ser el caso, otorgará los\n avales que sean necesarios para el acceso a líneas de\n crédito nacionales e internacionales para aplicarlas al\n crédito educativo y propiciará la celebración\n de convenios para incrementar y diversificar las fuentes de financiamiento\n para brindar este servicio a los ecuatorianos.
EL CONSEJO NACIONAL DE REMUNERACIONES\n DEL SECTOR PÚBLICO
Que, el Consejo Nacional de Modernización del Estado,\n a través del Proyecto MOSTA y la Oficina de Servicio Civil\n y Desarrollo Institucional OSCIDI, desarrollaron el Nuevo Sistema\n de Gestión Organizacional y de Recursos Humanos, que está\n implementándose en las entidades del sector público,\n en el marco del proceso de modernización administrativa\n del Estado;
Que, el Consejo Nacional de Remuneraciones del Sector Público\n CONAREM, en sesión del 1 de noviembre de 2000, estableció\n la Nueva Escala de Sueldos Básicos para las entidades\n del sector público que se reestructuren de conformidad\n con los nuevos sistemas antes señalados;
Que, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones,\n ha concluido con el proceso de reestructura bajo el Nuevo Sistema\n de Gestión Organizacional y de Recursos Humanos antes\n referido y aprobado por la Oficina de Servicio Civil y Desarrollo\n Institucional OSCIDI, mediante Resolución No. OSCIDI-2002-047\n de 27 de diciembre de 2002;
Que, el Art. 8 del Decreto Ejecutivo No. 44, publicado en\n el Registro Oficial No. 11 de 30 de enero de 2003 determina la\n prohibición de todo aumento de remuneraciones y sueldos\n en los presupuestos de las entidades del sector público\n para el ejercicio económico del año 2003, por lo\n que no se incrementará la masa salarial y, se dispone\n que el CONAREM en ejercicio de sus atribuciones, adopte las medidas\n necesarias para poner en vigencia las disposiciones de este artículo;
Que, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones,\n sobre la base del oficio circular No. CONAREM SP-2003-01279 de\n 23 de julio de 2003 certifica que la implementación de\n la Nueva Escala de Sueldos Básicos no afecta a la masa\n salarial para el año 2003;
Que, de acuerdo a lo prescrito en la Ley para la Reforma de\n las Finanzas Públicas, y, de Transformación Económica\n del Ecuador, es facultad privativa del CONAREM, determinar y\n fijar la política remunerativa de los servidores públicos\n de las instituciones del Estado; y,
Art. 1.- Aprobar para los servidores del Ministerio de Obras\n Públicas y Comunicaciones, sujetos a la Ley de Servicio\n Civil y Carrera Administrativa, que laboran en jornada completa,\n la Escala de Sueldos Básicos, Gastos de Representación\n y Bonificación por Responsabilidad, establecida por el\n Consejo Nacional de Remuneraciones del Sector Público\n CONAREM, para las entidades reestructuradas del sector público,\n mediante resoluciones Nos. 046 y 047, publicadas en el Suplemento\n del Registro Oficial No. 224; y Segundo Suplemento del Registro\n Oficial No. 234 de 14 y 29 de diciembre de 2000, respectivamente.
Art. 2.- La Oficina de Servicio Civil y Desarrollo Institucional\n OSCIDI, como Organismo Rector de los Recursos Humanos y Organizacionales\n del Sector Público aprobará mediante resolución,\n la lista de asignaciones del Ministerio de Obras Públicas\n y Comunicaciones, elaborada conforme a la Norma Técnica\n de Ubicación Inicial de los Servidores Públicos\n en el Desarrollo de la Carrera, sujeta a la escala de sueldos\n básicos determinada en el Art. 1 de la presente resolución\n y remitirá al Ministerio de Economía y Finanzas\n y a la institución, para su correspondiente implementación.
Art. 3.- La Subsecretaria de Presupuestos del Ministerio de\n Economía y Finanzas, sobre la base de la disponibilidad\n de recursos propios del Ministerio de Obras Públicas y\n Comunicaciones que no implique incremento a la masa salarial\n institucional para el año 2003, efectuará las regulaciones\n correspondientes en el distributivo de sueldos y presupuestos.
Publíquese.- Dado en la ciudad de Quito, a los diecinueve\n días del mes de septiembre de dos mil tres.
f.) lng. Vicente C. Páez, delegado del Ministro de\n Economía y Finanzas, Presidente del CONAREM.
f.) Ab. Martha Vallejo Luzuriaga, Ministra de Trabajo y Recursos\n Humanos, miembro del CONAREM.
f.) Ab. Jaime Barragán Vinueza, miembro representante\n de los trabajadores, empleados y maestros.
f.) Dr. Ángel Torres Moncayo, Director de Servicio\n Civil y Desarrollo Institucional (E), Secretario del CONAREM.
CERTIFICO: Que es fiel copia del original.
f.) Dr. Ángel Forres Moncayo, Director de Servicio\n Civil y Desarrollo Institucional (E), Secretario del CONAREM.
Quito, a 23 de septiembre de 2003.
Que, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, ha concluido\n con el proceso de reestructura bajo el Nuevo Sistema de Gestión\n Organizacional de Recursos Humanos antes referido y aprobado\n por la Oficina de Servicio Civil y Desarrollo Institucional OSCIDI,\n mediante Resolución No. OSCIDI-2003-013 de 29 de abril\n de 2003;
Que, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, sobre\n la base del oficio circular No. CONAREM SP-2003-01279 de 23 de\n julio de 2003 certifica que la implementación de la Nueva\n Escala de Sueldos Básicos no afecta a la masa salarial\n para el año 2003;
Art. 1.- Aprobar para los servidores del Ministerio de Agricultura\n y Ganadería, sujetos a la Ley de Servicio Civil y Carrera\n Administrativa, que laboran en jornada completa, la Escala de\n Sueldos Básicos, Gastos de Representación y Bonificación\n por Responsabilidad, establecida por el Consejo Nacional de Remuneraciones\n del Sector Público CONAREM, para las entidades reestructuradas\n del sector público, mediante resoluciones Nos. 046 y 047,\n publicadas en el Suplemento del Registro Oficial No. 224; y,\n Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 234 de 14 y 29 de\n diciembre de 2000, respectivamente.
Art. 2.- La Oficina de Servicio Civil y Desarrollo Institucional\n OSCIDI, como Organismo Rector de los Recursos Humanos y Organizacionales\n del Sector Público, aprobará mediante resolución,\n la lista de asignaciones del Ministerio de Agricultura y Ganadería,\n elaborada conforme a la Norma Técnica de Ubicación\n Inicial de los Servidores Públicos en el Desarrollo de\n la Carrera, sujeta a la escala de sueldos básicos determinada\n en el Art. 1 de la presente resolución y remitirá\n al Ministerio de Economía y Finanzas y a la institución,\n para su correspondiente implementación.
Art. 3.- La Subsecretaria de Presupuestos del Ministerio de\n Economía y Finanzas, sobre la base de la disponibilidad\n de recursos propios del Ministerio de Agricultura y Ganadería\n que no implique incremento a la masa salarial institucional para\n el año 2003, efectuará las regulaciones correspondientes\n en el distributivo de sueldos y presupuestos.
f.) Ing. Vicente C. Páez, delegado del Ministro de\n Economía y Finanzas, Presidente del CONAREM.
f.) Dr. Ángel Torres Moncayo, Director de Servicie\n Civil y Desarrollo Institucional (E), Secretario del CONAREM.
Que, el Consejo Nacional de Modernización del Estado,\n a través del Proyecto MOSTA y la Oficina de Servicio Civil\n y Desarrollo Institucional OSCIDI, desarrollaron el Nuevo Sistema\n de Gestión Organizacional y de Recursos Humanos, que está\n implementándose en las entidades del sector público,\n en el mareo del proceso de modernización administrativa\n del Estado;
Que, el Ministerio de Desarrollo Humano, ha concluido con\n el proceso de reestructura bajo el Nuevo Sistema de Gestión\n Organizacional y de Recursos Humanos antes referido y aprobado\n por la Oficina de Servicio Civil y Desarrollo Institucional OSCIDI,\n mediante Resolución No. OSCIDI--2002-03 8 de 15 de noviembre\n de 2002, en la cual no está incluida el Programa Operación\n Rescate Infantil ORI, personal que viene laborando bajo la Ley\n de Servicios Personales por Contrato;
Que, el Art. 8 del Decreto Ejecutivo No. 44, publicado en\n el Registro Oficial No. 11 de 30 de enero de 2003 determina la\n prohibición de todo aumento de remuneraciones y sueldos\n en los presupuestos de las entidades del sector público\n para el ejercicio económico del año 2003, por lo\n que no se incrementará la masa salarial y, se dispone\n que el CONAREM en ejercicio de sus atribuciones, adopte as medidas\n necesarias para poner en vigencia las disposiciones de este articulo;
Que, el Ministerio de Desarrollo Humano, sobre la base del\n oficio circular No. CONAREM SP-2003-01279 de 23 de julio del\n 2003 certifica que la implementación de la Nueva Escala\n de Sueldos Básicos no afecta a la masa salarial para el\n año 2003;
Art. 1.- Aprobar para los servidores del Ministerio de Desarrollo\n Humano, sujetos a la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa,\n que laboran en jornada completa, la Escala de Sueldos Básicos,\n Gastos de Representación y Bonificación por Responsabilidad,\n establecida por el Consejo Nacional de Remuneraciones del. Sector\n Público CONAREM, para las entidades reestructuradas del\n sector público, mediante resoluciones Nos. 046 y 047,\n publicadas en el Suplemento del Registro Oficial No. 224; y,\n Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 234 de 14 y 29 de\n diciembre de 2000, respectivamente, en la que no se incluye el\n Programa Operación Rescate Infantil ORI.
Art. 2.- La Oficina de Servicio Civil y Desarrollo Institucional\n OSCIDI, como Organismo Rector de los Recursos Humanos y Organizacionales\n del Sector Público, aprobará mediante resolución,\n la lista de asignaciones del Ministerio de Desarrollo Humano,\n elaborada conforme a la Norma Técnica de Ubicación\n Inicial de los Servidores Públicos en el Desarrollo de\n la Carrera, sujeta a la escala de sueldos básicos determinada\n en el Art. 1 de la presente resolución y remitirá\n al Ministerio de Economía y Finanzas y a la institución,\n para su correspondiente implementación.
Art. 3.- La Subsecretaría de Presupuestos del Ministerio\n de Economía y Finanzas, sobre la base de la disponibilidad\n de recursos propios de carácter permanente del Ministerio\n de Desarrollo Humano que no implique incremento a la masa salarial\n institucional, efectuará las regulaciones correspondientes\n en el distributivo de sueldos y presupuestos.
Que la Constitución Política de la República\n del Ecuador, en su artículo 202, incisos segundo y tercero,\n dispone que "producida una vacante, el Pleno de la Corte\n Suprema de Justicia designará al nuevo magistrado, con\n el voto favorable de las dos terceras partes de sus integrantes,\n observando los criterios de profesionalidad y de carrera judicial,\n de conformidad con la ley", y que "en la designación\n se escogerá, alternadamente, a profesionales que hayan\n ejercido la judicatura, la docencia universitaria o permanecido\n en el libre ejercicio profesional, en este orden", sistema\n que es conocido como cooptación;
Que es conveniente dictar normas para el ejercicio del sistema\n de cooptación, a fin de asegurar la efectiva participación\n de las organizaciones de la sociedad civil, en miras a lograr\n una auténtica democratización y la excelencia en\n la integración de la Corte Suprema de Justicia; y,
En ejercicio de las facultades que le confieren el artículo\n 15 y el primer articulo final de la Ley Orgánica de la\n Función Judicial,
Para el ejercicio de la cooptación, la Corte Suprema\n de Justicia procederá de la siguiente manera:
PRIMERO: Dentro de los ocho días de producida una vacante\n de Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, el Presidente\n de este organismo o quien se halle reemplazándolo invitará,\n mediante publicaciones en sección y tamaño destacados,\n al menos en dos diarios de diferentes ciudades y que tengan circulación\n nacional, para que las personas y entidades nominadoras de la\n sociedad civil que se señalan más adelante, presenten\n las candidaturas para magistrados, con determinación de\n la procedencia: la Judicatura, la docencia universitaria o el\n libre ejercicio profesional, según sea el caso.
\n SEGUNDO: Podrán nominar candidatos:
1. Los ex presidentes constitucionales de la República.
2. La Conferencia Episcopal Ecuatoriana.
3. Los ex presidentes de la Corte Suprema de Justicia.
4. La Federación Nacional de Abogados del Ecuador y\n los colegios provinciales de abogados legalmente establecidos.
5. Las asociaciones de derechos humanos que gocen de personalidad\n jurídica y tengan alcance y representación nacional.
6. Los decanos de las facultades de Jurisprudencia, Derecho\n y Ciencias Jurídicas de las universidades que sean, miembros\n del Consejo Nacional de Educación Superior (CONESUP).
7. La Asociación Nacional de Directores de Periódicos,\n la Asociación Ecuatoriana de Canales de Televisión\n y la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión.
8. La Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces,\n la Asociación Nacional de Mujeres Jueces del Ecuador,\n la Federación Nacional de Empleados y Funcionarios Judiciales\n FENAJE, y el Frente de Mujeres Judiciales del Ecuador FREMUJE.
9. Las centrales sindicales, las organizaciones campesinas\n y los maestros y educadores organizados en la UNE y FENAPUPE.
10. Las organizaciones de los pueblos indios y afroecuatorianos\n del Ecuador.
11. El Consorcio de Consejos Provinciales del Ecuador y la\n Asociación de Municipalidades del Ecuador.
12. Las cámaras de la producción y artesanías.
Podrán, además, presentar su candidatura a nombre\n personal quienes consideren reunir los requisitos establecidos\n en la Constitución Política de la República\n para ocupar la vacante convocada.
La abstención en la presentación de candidatos\n por una o más de las personas y entidades antes mencionadas\n no será óbice para el desarrollo del proceso.
TERCERO: Los invitados a presentar las candidaturas podrán\n enviar en comunicación dirigida al Presidente de la Corte\n Suprema de Justicia, dentro de los ocho días siguientes\n a la fecha en que se haya publicado la invitación, los\n nombres de hasta tres candidatos a magistrados para cada vacante\n a llenar. A estas listas se sumarán las candidaturas personales\n que presenten quienes aspiren a la designación. A todas\n las nominaciones se acompañarán los documentos\n que acrediten la idoneidad del candidato, en originales o copias\n certificadas y se precisará el domicilio o el casillero\n judicial en la ciudad de Quito, en el cual los postulados recibirán\n notificaciones.
CUARTO: El Pleno de la Corte Suprema de Justicia designará,\n por sorteo, una comisión inexcusable de tres magistrados\n principales y tres alternos para cada una de las vacantes a llenar,\n a fin de que, dentro de los ocho días hábiles realice\n el estudio de la documentación de los candidatos postulados\n y presente un informe sobre su idoneidad.
QUINTO: En los mismos diarios en los cuales se efectuó\n la invitación, se publicará la nómina de\n los candidatos calificados idóneos para que se pueda presentar\n objeciones a las candidaturas, dentro de ocho días hábiles.\n Se guardará reserva de la identidad del impugnante.
SEXTOS Las objeciones formuladas se pondrán en conocimiento\n del impugnado, para que las conteste en el plazo de ocho días\n hábiles.
SÉPTIMO: En los ocho días hábiles siguientes\n a la conclusión de la etapa de impugnación, la\n Comisión de Magistrados que realizó el estudio\n de la documentación de los candidatos, presentará\n al Pleno de la Corte Suprema a través de su Presidente,\n el respectivo informe con la nómina de los candidatos\n elegibles.
OCTAVO: El Pleno de la Corte Suprema será convocado\n obligatoriamente por el Presidente o quien se halle reemplazándolo,\n dentro de los cinco días hábiles de recibido el\n informe de la comisión, para realizar, en sesión\n pública y mediante votación nominal, el nombramiento\n del nuevo Magistrado.
Si no se consigue la mayoría de las dos terceras partes\n de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia después\n de tres votaciones, el Presidente dispondrá un receso,\n concluido el cual se volverá a realizar la votación.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA.- El proceso de cooptación\n para designar las vacantes que actualmente existen en la Corte\n Suprema de Justicia se iniciará tan pronto se publique\n esta resolución en el Registro Oficial, y en atención\n a que la última designación correspondió\n a los servidores judiciales, las nuevas designaciones se realizarán\n en el siguiente orden:
Para la Segunda Sala de lo Penal: docente universitario.
Para la Sala de lo Contencioso-Administrativo: profesional\n en libre ejercicio.
Para la Segunda Sala de lo Civil y Mercantil: judicial.
Disposición final: Esta resolución tendrá\n carácter de obligatoria hasta que la ley disponga lo contrario\n y regirá a partir de su publicación en el Registro\n Oficial.- Publíquese también en la Gaceta Judicial.
Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano,\n en el salón de sesiones de la Corte Suprema de Justicia,\n a los veintidós días del mes de septiembre del\n año dos mil tres.
f.) Dr. Armando Bermeo Castillo, Presidente.
f.) Dr. Santiago Andrade Ubidia, Magistrado.
f.) Dr. José Julio Benítez Astudillo, Magistrado.
f.) Dr. Nicolás Castro Patiño, Magistrado.
f.) Dr. Galo Galarza Paz, Magistrado.
f.) Dr. Bolívar Guerrero Armijos, Magistrado.
f.) Dr. Luis Heredia Moreno, Magistrado.
f) Dr. Estuardo Hurtado Larrea, Magistrado.
f.) Dr. Julio Jaramillo Arízaga, Magistrado.
f.) Dr. Ángel Lescano Fiallo, Magistrado.
f.) Dr. Camilo Mena Mena, Magistrado.
f.) Dr. Galo Pico Mantilla, Magistrado.
f.) Dr. Hugo Quintana Coello, Magistrado.
f.) Dr. Jorge Ramírez Álvarez, Magistrado.
f.) Dr. Rodrigo Varea Avilés, Magistrado.
f.) Dr. Jaime Velasco Dávila, Magistrado.
f.) Dr. Bolívar Vergara Acosta, Magistrado.
f.) Dr. Miguel Villacís Gómez, Magistrado. F
f.) Dr. Milton Moreno Aguirre, Magistrado.
f.) Dr. Arturo Donoso Castellón, Magistrado.
f.) Dr. Ernesto Albán Gómez, Magistrado.
f.) Dr. Hernán Quevedo Terán, Magistrado.
f.) Dr. Jorge Andrade Lara, Conjuez Permanente.
f.) Dr. Clotario Salinas Montaño, Conjuez Permanente.
f.) Dr. Armando Serrano Puig, Conjuez Permanente.
f.) Dr. Fernando Ortiz Bonilla, Secretario General.
El suscrito certifica: Que las seis fojas que anteceden son\n copias iguales a sus originales, tomadas del libro de acuerdos\n y resoluciones del Tribunal de la Corte Suprema de Justicia del\n año 2003.- San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano,\n septiembre 24 de 2003.
N0 249-03
Juicio penal N0 294-02, seguido en contra\n de Manuel Jesús Angamarca Cazho y Manuel Avelino Guamán\n Morocho por el delito de lesiones.
\n SEGUNDA SALA DE LO PENAL
Quito, mayo 21 de 2003; las 16h00.
VISTOS: Respecto de la sentencia por la que el Segundo Tribunal\n Penal del Cañar impone a Manuel Jesús Angamarca\n Cazho y a Manuel Avelino Guamán Morocho la pena de ocho\n meses de prisión correccional a cada uno de ellos en aplicación\n del inciso primero del Art. 465 del Código Penal, interponen\n recurso de casación los sentenciados y, encontrándose\n el trámite en estado de resolver, y siendo esta Segunda\n Sala de lo Penal competente para hacerlo, se considera: PRIMERO.-\n El recurso de casación no puede ser confundido con una\n apelación, puesto que su naturaleza extraordinaria se\n contrae a determinar si existe en la sentencia violación\n a la ley, sea por contravenir expresamente a su texto, o por\n haberse hecho una falsa aplicación o una errónea\n interpretación de la norma; en consecuencia, es ajena\n a la casación penal la pretensión de que la Sala\n vuelva a examinar la prueba, tarea que correspondió legalmente\n hacer al Tribunal Penal. SEGUNDO.- De fs. 6 a 8 del cuadernillo\n del recurso, en su escrito de fundamentación los recurrentes\n se reducen a presentar un alegato, remitiéndose en todo\n momento básicamente a las pruebas testimoniales, con el\n claro y equivocado objetivo de que la Sala reexamine la carga\n probatoria y, concluyen diciendo que por esa carga probatoria\n cuyo re examen pretenden, se ha violado los Arts. 64, 65, 66\n y 333 numerales 4, 5, 6 y 9 inciso final, así como el\n Art. 326, 157 y el inciso tercero del 326 todas normas del Código\n de Procedimiento Penal de 1983 aplicable al caso y el Art. 4\n del Código Penal, añadiendo que la valoración\n de la prueba al no ser hecha conforme a derecho viola las garantías\n del debido proceso previstas en el inciso final del numeral primero\n del Art. 24 de la Constitución Política de la República.\n TERCERO.- De fs. 12 a 14, el Ministro Fiscal General subrogante,\n al contestar el traslado que se le ha hecho con el escrito de\n fundamentación de los recurrentes, manifiesta, luego del\n análisis de las alegaciones de los sentenciados, que el\n Tribunal Penal juzgador ha apreciado tanto la existencia material\n de la infracción, sobre todo de acuerdo al informe del\n reconocimiento médico legal, y por los testimonios constantes\n del proceso, todo lo cual llevó al Tribunal juzgador a\n determinar la responsabilidad de los procesados, sin que exista\n violación legal alguna en la sentencia y que, es errada\n la apreciación de los recurrentes de que se ha violado\n el numeral primero del Art. 24 de la Constitución Política\n de la República, que tiene que ver con el principio de\n legalidad que no ha sido irrespetado en el proceso de la especie,\n por lo que concluye estimando como improcedente la casación\n planteada. CUARTO.- La Sala encuentra que en la sentencia, el\n Tribunal Penal ha realizado un amplio análisis de la carga\n probatoria, con la detallada precisión de cada uno de\n los elementos de juicio por los que en aplicación de la\n sana crítica llegó a imponer la pena a los recurrentes,\n probada como está tanto la existencia de la infracción\n como la culpabilidad de los sentenciados, además de que\n las alegaciones de los recurrentes, a parte de equivocadamente\n pretender que se vuelva a examinar la prueba, mencionan alguna\n situación que no es materia de la casación penal\n sino de un recurso de nulidad que no procede en este recurso\n de casación, como también lo hace notar en el acápite\n cuarto el dictamen fiscal en referencia al numeral nueve del\n Art. 360 del Código de Procedimiento Penal aplicable,\n sin que la Sala encuentre violación legal alguna en el\n fallo recurrido por lo que la casación planteada se torna\n improcedente. Por todas estas consideraciones la Segunda Sala\n de lo Penal, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA\n Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, declara improcedente el recurso de\n casación planteado y ordena devolver el proceso.- Notifíquese.
f.) Dr. Milton Moreno Aguirre, Magistrado - Presidente.
f.) Dr. Arturo J. Donoso Castellón, Magistrado.
f.) Dr. Jorge Andrade Lara, Conjuez Permanente. Certifico.
Certifico que la copia que antecede es fiel a su original.-\n Quito, a 2 de septiembre de 2003.
N0 250-03
Juicio penal N0 146-02, seguido en contra\n de Virginia María Fuentes Villegas, Maria Esther Fuentes\n Villegas, José Nicolás Fuentes Villegas y otros\n por lesiones a Jesús Amable Fuentes Villegas.