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Timestamp: 2019-06-27 03:07:07
Document Index: 14603172

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 153', 'artículo 153', 'artículo 154', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 108', 'artículo 6', 'artículo 1', 'artículo 93', 'artículo 37', 'artículo 57', 'artículo 7', 'artículo 29', 'artículo 21', 'artículo 57', 'artículo 14', 'artículo 6']

Capítulo I. Fundamento
Capítulo II. Integración y plan de trabajo
Capítulo III. Cronología de reuniones de trabajo
Capítulo IV. Consideraciones sobre la información recabada
A. Sobre la actuación de elementos de las Fuerzas Armadas 1. Análisis de la información generada por la SEDENA
Informe final de actividades del Grupo de Trabajo plural de la Cámara de Diputados para coadyuvar con las autoridades competentes en la investigación de los hechos ocurridos en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio de 2014
El Grupo de Trabajo plural de la Cámara de Diputados para coadyuvar con las autoridades competentes en la investigación de los hechos ocurridos en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio de 2014 concluye sus actividades en el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Tercer Año de la LXII Legislatura, las cuales se detallan en el presente informe, adoptado por consenso de sus integrantes.
El Grupo de Trabajo advierte que, a fin de garantizar el respeto a los datos confidenciales, la seguridad, la integridad y la presunción de inocencia de las víctimas y personas sujetas a proceso penal, adopta las claves utilizadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, incluso en aquellos casos en que se ha difundido en medios de comunicación o por parte de autoridades la identidad de las mismas.
Nada de lo asentado en el presente informe deberá interpretarse en el sentido de afirmar o negar la responsabilidad penal, administrativa o de cualquier otra índole de las personas sujetas o no a proceso penal, víctimas directas o indirectas, servidores públicos o cualesquiera otras. Su contenido corresponde exclusivamente al cumplimiento de los objetivos del Grupo y al ejercicio de las atribuciones de sus integrantes en tanto integrantes de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos.
De conformidad con el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
De conformidad con lo dispuesto por el Reglamento de la Cámara de Diputados en su artículo 153, numeral 1, los grupos de trabajo tendrán como objetivo que:
“los integrantes de la comisión o comisiones se aboquen al estudio de un asunto en particular, no legislativo, o bien, a realizar estudios, investigaciones, opiniones o trabajo de campo que la comisión requiera realizar”.
El Reglamento de la Cámara de Diputados en su artículo 153, numeral 1, fracción II, dispone que los coordinadores de los grupos de trabajo serán designados por mayoría simple; y su artículo 154, que los grupos de trabajo podrán establecer sus propias reglas de funcionamiento.
El 30 de septiembre de 2014, el Pleno de la Cámara de Diputados, aprobó el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política con fecha 24 de septiembre de 2014, que en su resolutivo Primero establece:
“Se exhorta a las comisiones de Derechos Humanos y de Justicia de esta Soberanía, a crear un Grupo de Trabajo plural de diputadas y diputados que coadyuven con las autoridades competentes en la investigación de los hechos ocurridos en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio de este año”.
El mismo fue publicado en el Anexo VI la Gaceta Parlamentaria, Año XVII, Número 4122- VI 30.
El 14 de octubre de 2014, el Pleno de la Cámara de Diputados, determinó la integración del Grupo de Trabajo plural de la Cámara de Diputados para coadyuvar con las autoridades competentes en la investigación de los hechos ocurridos en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio de 2014, quedando de la siguiente manera:
1) Dip. Miriam Cárdenas Cantú del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
2) Dip. Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
3) Dip. Alberto Díaz Trujillo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
4) Dip. Margarita Elena Tapia Fonllem del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
5) Dip. Zuleyma Huidobro González del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
6) Dip. Loretta Ortiz Ahlf del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
7) Dip. René Ricardo Fujiwara Montelongo del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.
8) Dip. Ernesto Núñez Aguilar del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Asimismo, se acordó que la Diputada Margarita Elena Tapia Fonllem asumiera el cargo de coordinadora del Grupo de Trabajo y que el Grupo de Trabajo tuviera por objetivo general coadyuvar en el esclarecimiento de los hechos ocurridos el 30 de junio de 2014 en el paraje Cuadrilla Nueva, comunidad de San Pedro Limón, Municipio de Tlatlaya, Estado de México (en lo sucesivo, Caso Tlatlaya) y en la actuación de las autoridades al respecto, así como ejercer las facultades de control e información sobre éstas últimas, con una perspectiva independiente, profesional, incluyente, transparente, con apego a los más altos estándares de derechos humanos en términos del artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Las y los integrantes acordaron que los objetivos específicos del Grupo de Trabajo serían:
1) Coadyuvar en la investigación de las responsabilidades de las instituciones públicas involucradas en los hechos ocurridos el 30 de junio de 2014 en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, con la Procuraduría General de la República.
2) Coadyuvar en la investigación de actos posiblemente constitutivos de violaciones a Derechos Humanos en los hechos ocurridos el 30 de junio de 2014 en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, con la Comisión Nacional de Derechos Humanos
3) Coadyuvar en las acciones del Estado mexicano en pos del esclarecimiento de los hechos, la justicia y la reparación sobre los hechos ocurridos el 30 de junio de 2014 en el municipio de Tlatlaya, Estado de México
En reunión plenaria del 22 de octubre de 2014 en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el Grupo de Trabajo discutió y aprobó su Plan de trabajo, en el que seincluyeron las siguientes actividades:
1) Solicitar a la Procuraduría General de la República la información más amplia relativa al caso en los términos que permita la ley, así como toda información complementaria, incluyendo aquella información que permita la protección de las víctimas.
2) Solicitar a la Secretaría de la Defensa Nacional la información más amplia relativa al caso en los términos que permita la ley en cuanto a la pertinencia y los objetivos de la presencia militar en la zona de los hechos.
3) Solicitar a la Secretaría de Gobernación la información más amplia relativa al caso en los términos que permita la ley así como toda información complementaria.
4) Solicitar al Gobierno del Estado de México y a su Procuraduría General de Justicia la información relativa al caso.
5) Solicitar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos la información relativa a toda queja e/o investigación de oficio, relacionadas con el caso.
6) Solicitar a las instancias mencionadas en los anteriores párrafos que remitan las actualizaciones necesarias de la documentación en su caso. Convocar públicamente a los órganos internacionales y multinacionales y a las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a los temas de justicia y derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, a remitir informes y/o documentos de apoyo acerca de los acontecimientos del Caso Tlatlaya.
Debemos señalar que la integración del Grupo de Trabajo fue modificada de acuerdo a lo que a continuación se detalla:
1) El 12 de febrero de 2015, la Dip. Miriam Cárdenas Cantú del PRI solicitó licencia como diputada federal por tiempo indefinido. Hasta la fecha, la coordinación del Grupo Parlamentario del PRI no ha respondido la solicitud de información acerca de quien habría de sustituir a la Dip. Cárdenas en este Grupo de Trabajo.
2) El 6 de marzo de 2015, el pleno autorizó la solicitud de licencia al Dip. Ernesto Núñez Aguilar del PVEM, por tiempo indefinido. Hasta la fecha, la coordinación del Grupo Parlamentario del PVEM no ha respondido a la solicitud de información respecto a la sustitución de su representante ante el Grupo de Trabajo.
3) El 11 de marzo de 2015, la diputada Zuleyma Huidobro notificó a la coordinadora que se separaría del Grupo de Trabajo. Hasta la fecha, la coordinación del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano no ha respondido a la solicitud de información respecto a la sustitución de su representante ante el Grupo de Trabajo.
4) El 12 de marzo de 2015, el Dip. Víctor Sánchez Guerrero notificó a la coordinadora que asumiría la representación del Grupo Parlamentario del PAN en el Grupo de Trabajo, como diputado en funciones a partir de la licencia por tiempo indefinido del Dip. Alberto Díaz Trujillo, de quien era suplente.
1. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH)
El 5 de noviembre de 2014, con la asistencia de la Dip. Elena Tapia Fonllem, el Dip. Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, el Dip. Ernesto Núñez Aguilar y la Dip. Loretta Ortiz Ahlf,así como un representante del Dip. René Fujiwara, el Grupo de Trabajo se reunió en el Palacio Legislativo de San Lázaro con el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
El 12 de noviembre de 2014, con la presencia de la Dip. Elena Tapia Fonllem, el Dip. Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, el Dip. Alberto Díaz Trujillo y la Dip. Loretta Ortiz Ahlf, así como un representante del Dip. René Fujiwara,,el Grupo de Trabajo se reunió con mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) en las instalaciones de dicha dependencia en Lomas de Sotelo, Distrito Federal. Asistieron el Gral. Brig. de Justicia Militar Jesús Gabriel López Benítez, Procurador General Justicia Militar; el Gral. Brig. de Justicia Militar Alejandro Ramos, Jefe de Asesoría Jurídica del Estado Mayor, y el Gral. Brig. DEM José Luis Chiñas Silva, Coordinador de Relaciones Interinstitucionales del Estado Mayor, entre otros, por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional.
3. Reunión preliminar Procuraduría General de la República (PGR)
El 13 de noviembre de 2014, se sostuvo una reunión preliminar con la funcionaria de la Procuraduría General de la República, Eliana García Laguna, encargada del despacho de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, a la que asistieron la Dip. Elena Tapia Fonllem, la Dip. Loretta Ortiz Ahlf y el Dip. Alberto Díaz Trujillo,así como un representante del Dip. Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez y un representante del Dip. René Fujiwara,.
El 26 de noviembre de 2014, tuvo lugar la reunión con el entonces titular de la Procuraduría General de la República, Lic. Jesús Murillo Karam, en instalaciones de dicha dependencia. Asistieron la Dip. Elena Tapia Fonllem, Dip. Miriam Cárdenas Cantú, Dip. Loretta Ortiz Ahlf y Dip. Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, así como un representante del Dip. René Fujiwara.
5. Secretaría de Gobernación (SEGOB)
El 1º de diciembre de 2014, el Grupo se reunió con la Subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Lía Limón García. Por parte del grupo legislativo participaron la Dip. Elena Tapia Fonllem, la Dip. Miriam Cárdenas Cantú, el Dip. Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, el Dip. Alberto Díaz Trujillo y la Dip. Loretta Ortiz Ahlf,así como un representante del Dip. René Fujiwara,.
6. Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)
El día 16 de diciembre de 2014, el Grupo visitó en sus oficinas al Dr. Luis Raúl González Pérez, Presidente de la Comisión, quien contó con el equipo de visitadores y asesores responsables del asunto en la reunión de trabajo, con la asistencia de la Dip. Elena Tapia Fonllem, la Dip. Miriam Cárdenas Cantú y la Dip. Loretta Ortiz Ahlf, ,así como un representante del Dip. Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez y un representante del Dip. René Fujiwara,.
7. Gobierno del Estado de México
El viernes 13 de febrero, el Grupo acudió a la ciudad de Toluca para reunirse con las autoridades del Gobierno del Estado de México. Por parte del Grupo de Trabajo, asistieron su coordinadora Elena Tapia Fonllem, la diputada Loretta Ortiz Ahlf y el diputado Ricardo Fidel Pacheco, así como un representante del Dip. René Fujiwara. Asimismo, las autoridades del Estado que estuvieron presentes fueron el Secretario General de Gobierno, José Manzur Quiroga; el Procurador General de Justicia, Alejandro Jaime Gómez Sánchez, y el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, Baruch Delgado Carbajal.
8. Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV)
El 12 de marzo de 2015, integrantes del Grupo se reunieron con el Mtro. Jaime Rochín del Rincón, Presidente, y Mtro. Adrián Franco Zevada, Comisionado responsable de coordinar las acciones en el Caso Tlatlaya, ambos por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. De parte de los diputados, asistieron la coordinadora Elena Tapia Fonllem, la diputada Loretta Ortiz Ahlf y el diputado Ricardo Fidel Pacheco, así como un representante del Dip. René Fujiwara.
9. Audiencia pública con organizaciones de la sociedad civil
Se convocó a una veintena de activistas y especialistas. Acudieron a la audiencia a presentar sus respectivas ponencias: Édgar Cortez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHyD); Perseo Quiroz Rendón, de Amnistía Internacional México; Ernesto López Portillo, del Instituto para la Seguridad y la Democracia (INSyDE); Dr. Carlos Silva Forne, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y José Antonio Guevara, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH). Por parte del Grupo, acudieron la diputada Elena Tapia, la diputada Loretta Ortiz y el diputado Víctor Sánchez Guerrero, así como un representante del Dip. Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez y un representante del Dip. René Fujiwara; además, asistieron por cuenta propia la diputada Julisa Mejía Guardado, el diputado Miguel Alonso Raya y la diputada María Esther Garza.
El principal impedimento para las labores de este Grupo de Trabajo se encuentra en la escasa información documental proporcionada por las instituciones a las que se ha solicitado formalmente. Solamente la CNDH aportó la documentación relativa a la Recomendación 51/2014; la CEAV presentó un “Informe ejecutivo sobre las acciones realizadas por la CEAV para la atención de las personas víctimas de los hechos ocurridos el 30 de junio de 2014 en el Municipio de Tlatlaya, Estado de México”, y la SEDENA remitió un oficio de 8 cuartillas el pasado 2 de abril de 2015 por parte del Subjefe Operativo del E.M.D.N., Gral. Bgda. DEM. Luis Cresencio Sandoval González.
En ausencia de documentación suficiente para reconstruir, analizar e interpretar los hechos como correspondería a una instancia de coadyuvancia en la investigación, este Grupo de Trabajo se basa en los documentos citados en el párrafo anterior además de: 1) los elementos ofrecidos verbalmente por las distintas autoridades, 2) los reportajes periodísticos, 3) el marco jurídico nacional e internacional, 4) las aportaciones del Representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 5) los elementos aportados por las organizaciones de la sociedad civil que asistieron a la Audiencia pública.
De acuerdo a lo anterior las consideraciones que a continuación se despliegan. Las claves para identificar a las víctimas y agentes responsables son las mismas que utiliza la Recomendación 51/2014 de la CNDH.
A. Sobre la actuación de elementos de las Fuerzas Armadas
1. Análisis de la información generada por la SEDENA
Este grupo de trabajo solicitó a la Secretaría de la Defensa Nacional, el 12 de noviembre de 2014, diversos documentos, de los que se obtuvieron las siguientes respuestas mediante oficio 31677 del Estado Mayor, Sección Primera (R.H.), Mesa Quejas, con fecha 2 de abril de 2015, suscrito por el mencionado Gral. Sandoval González:
1) Sobre un informe sintético de las actividades de la 22/a. Zona Militar de 2006 a la fecha, se detallaron las operaciones, el servicio militar nacional, el Registro Federal de Armas de Fuego, el Plan DN-III-E, labor social, eventos cívicos, apoyo al Estado Mayor Presidencial y viveros forestales. Al respecto, este Grupo considera loable el esfuerzo para ejercer estas atribuciones y deberes constitucionales, legales y reglamentarios; sin embargo, expresa su extrañeza acerca de la respuesta sobre las “operaciones de alto impacto para reducir la violencia” donde se expresa que sólo hubo 1 operación por cada año de 2012 a 2015, sin reportar las acciones específicas y medidas de control y objetivos de dichas operaciones, rubro en el que, se presume, debió circunscribirse el patrullaje en la carretera federal número 2, en el tramo carretero San Antonio del Rosario-San Pedro Limón.
2) Respecto a la información sobre el operativo del día 30 de junio de 2014 en la comunidad de San Pedro Limón, Tlatlaya, y el orden general de operaciones, la SEDENA respondió que la información se encuentra radicada ante órganos judiciales militar y federal, además de que está imposibilitada pues la ley la obliga a respetar el debido proceso y la presunción de inocencia de los elementos procesados. Por otro lado, manifiesta que “desde el punto de vista eminentemente militar, dichos acontecimientos no devienen de un Operativo Militar, sino de una cuestión de carácter circunstancial, cuando el personal militar realizaba actividades de vigilancia y seguridad en la comunidad (sic) de Tlatlaya, Estado de México”.
Lo anterior es divergente de lo asentado por la CNDH, ya que la versión obtenida de SEDENA sobre el motivo de la presencia de los militares era que: “AR1, AR2, AR3, AR4, AR5, AR6, AR7 y AR8, pertenecientes al 102/o. Batallón de Infantería, efectuaban un reconocimiento de ruta a bordo de un vehículo oficial, en el tramo carretero San Antonio del Rosario-San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, México, sobre la carretera Federal Número 2”, de acuerdo al oficio DH-III-10983, suscrito por el director general de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional, en el que anexa correo electrónico de imágenes S-1/M-1/23011 de 23 de septiembre de 2014, por parte de la Comandancia de la 22/A. Zona Militar.
En el expediente de la CNDH, la SEDENA respondió que “carece de evidencia documental respecto a la organización y las actividades que realizaba el personal que integró la base de operaciones ‘San Antonio del Rosario’, el pasado 30 de junio, así como la forma en que el resto del personal de la base apoyó a los elementos agredidos inicialmente” y el operativo “estuvo a cargo de un oficial comandante cuya misión fue, dice textualmente, ‘reducir los niveles de violencia en el país’”, según reporta la Unidad de Investigaciones Especiales del portal Aristegui Noticias en el artículo “Generales del Ejército, involucrados en el caso Tlatlaya”, con fecha 26 de enero de 2015. Queda pendiente conocer exactamente los objetivos y las actividades del mencionado agrupamiento militar.
Por lo anterior, se considera que la SEDENA reconoce explícitamente que hubo un incumplimiento del Reglamento General de Mandos Territoriales, Guarniciones Militares y Servicio Militar, pues a la 22/a Zona corresponde “diversas acciones de mando y administración militar”, es “responsable del cumplimiento de las órdenes emanadas del Comandante de la Región y de la disciplina militar”, así como de “mantener y supervisar el despliegue operativo acorde a la situación que prevalece en la jurisdicción”.
Complementariamente, podría no haberse atendido el artículo 2 de los “Principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias”, aprobados por el Consejo Económico y Social de la ONU en su resolución 1989/65, de mayo de 1989:
“Con el fin de evitar las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias, los gobiernos garantizarán un control estricto, con una jerarquía de mando claramente determinada, de todos los funcionarios responsables de la captura, detención, arresto, custodia y encarcelamiento, así como de todos los funcionarios autorizados por la ley para usar la fuerza y las armas de fuego”.
3) Sobre la información detallada de las funciones y la cadena de mando del 102 Batallón de Infantería de la 22/a Zona Militar, la SEDENA respondió que “el escalón de mando estuvo compuesto conforme a la jerarquía del personal participante en los hechos investigados: un oficial (teniente), un sargento (tropa), un cabo (tropa) y cinco soldados.
Además, alega que sobre las funciones, la SEDENA se encuentra imposibilitada para proporcionar la información por el principio de presunción de inocencia y defensa adecuada y que
“la verdad histórica de la misma, está siendo investigada en los tribunales competentes, para que una vez agotado el Procedimiento Penal, así como todas y cada una de las instancias contempladas por la Ley, los Órganos Jurisdiccionales esté en condiciones de emitir una sentencia”.
Es motivo de alarma que la SEDENA niegue información sobre las funciones de aquellas personas que satisfacen la definición de servidores públicos del artículo 108 de la Constitución Política. Además, las funciones de los elementos militares no guardan relación con los supuestos del artículo 6º de la Constitución para la información confidencial y reservada, pues les son asignadas por la ley y ellos las aceptan en tanto servidores públicos, junto con las obligaciones que ello implica. Entre tantas, de éstas, es preeminente la obligación de “prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos” de acuerdo al artículo 1º constitucional entraña el conocimiento y esclarecimiento de la estructura orgánica y de la toma de decisiones del pelotón que incurrió en violaciones a derechos humanos.
Por ello, este Grupo declara no contar con información completa sobre la cadena de mando entre el comandante de la 22/a Zona Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional y el oficial responsable directo del operativo. Se reitera que queda pendiente a las autoridades competentes deslindar la responsabilidad de, en su caso, otros mandos militares más allá de los que han sido consignados.
4) Acerca de los reportes a los superiores respecto a los acontecimientos del Caso Tlatlaya, la SEDENA arguye que ya “aportó a las investigaciones de las autoridades competentes la documentación que fue requerida y se tuvo disponible, por lo que se estima que la información requerida debe obrar en los expedientes correlativos a las causas penales”. En este caso, se reitera el mismo criterio de negar la información so pretexto de ya haberla entregado a las autoridades competentes.
Es convicción de este Grupo de Trabajo que el objetivo es la coadyuvancia en la investigación, no la investigación penal en sí, que es competencia de otras autoridades. Sin embargo, la solicitud de información deriva del párrafo cuarto del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece:
“Las Cámaras podrán requerir información o documentación a los titulares de las dependencias y entidades del gobierno federal, mediante pregunta por escrito, la cual deberá ser respondida en un término no mayor a 15 días naturales a partir de su recepción”.
5) Acerca de la documentación sobre todas las comunicaciones con PGJEM y PGR relacionadas al caso, la SEDENA manifiesta que
“no localizó comunicaciones con las citadas dependencias; en el concepto, que se considera que de existir las mismas, debe obrar en las causas penales que se instruyen en el Juzgado Sexto Militar y el Juzgado Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, conforme a su competencia”.
Además de las razones sostenidas en el precedente inciso 2, se considera de suma gravedad la declarada inexistencia de comunicaciones, toda vez que los reportes ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de México para que intervinieran en el levantamiento de los cadáveres, las pruebas y los peritajes deberían dejar constancia; lo mismo respecto a la PGR, a fin de detallar información sobre los elementos militares bajo arresto en el ámbito disciplinario y posterior detención y formal prisión, todo ello en atención al párrafo segundo del artículo 37 del Código de Justicia Militar:
“Cuando de las diligencias practicadas en la investigación de un delito se desprenda que éste no atenta contra la disciplina militar, en términos del artículo 57 de este Código, inmediatamente y bajo su más estricta responsabilidad del Ministerio Público Militar deberá remitir la indagatoria a la autoridad civil que corresponda, absteniéndose de ordenar ulteriores actuaciones, sin perjuicio de seguir actuando en la investigación de aquellos delitos del orden militar que resulten de los mismos hechos”.
6) Sobre la carpeta de las averiguaciones previas de los acontecimientos, la SEDENA argumenta que “carece del expediente de averiguación previa” y quien cuenta con el expediente es el Juzgado Sexto Militar; se argumenta la independencia de la autoridad judicial para fundamentar la ausencia. Sin embargo, el artículo 7o. del Código de Justicia Militar establece que es la Secretaría de la Defensa Nacional quien nombra al presidente y magistrados del Supremo Tribunal Militar, por acuerdo del Presidente de la República, y a los secretarios y personal subalterno del mismo, son nombrados por la propia Secretaría. Asimismo, la fracción X del artículo 29 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece que corresponde a la SEDENA “administrar la Justicia Militar”. Por lo cual no se verifica dicha independencia, y el funcionario designado por el Secretario de la Defensa Nacional para este tema podía haber indagado en dicha instancia para coadyuvar con este Grupo de Trabajo.
7) Sobre la solicitud de entregar versiones públicas de la información clasificada o reservada sobre los procesos por delitos contra la disciplina militar, la SEDENA reitera el principio de independencia de las autoridades jurisdiccionales del artículo 21 y 116 de la Constitución, lo cual, como se ha dicho anteriormente, no se verifica para los Tribunales Militares, dependientes orgánicamente de la SEDENA. Y de nuevo, insiste en que no es conveniente para la presunción de inocencia y el debido proceso el “generar información que pueda prejuzgar sobre los sucesos y en su caso atentar contra las garantías de seguridad jurídica que contempla la Ley Suprema”.
Al respecto, cabe recordar que el artículo 57 del Código de Justicia Militar considera delitos contra la disciplina militar aquellos que fueren cometidos por militares en los momentos de estar en servicio o con motivo de actos del mismo con excepción de aquello en que el sujeto pasivo sea civil. Por ello, los actos que no estén relacionados con la investigación penal que conduce la PGR son de suma importancia para reconstruir los actos irregulares e ilegales desde el punto de vista de la disciplina militar, y de esta forma esclarecer la secuencia de los hechos por parte de elementos militares que condujo a tan lamentables acontecimientos.
Adicionalmente, debemos señalar que el artículo 14 último párrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, señala explícitamente que: “No podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad”, lo cual contrasta con los argumentos de la SEDENA para negar la información a este Grupo de Trabajo, debido a la propia naturaleza de los hechos investigados, la cual deriva de la aceptación de la Institución militar para sustanciar el cumplimiento de la Recomendación de la CNDH relativa a violaciones graves a los derechos humanos, lo que comprende la aceptación explícita de la SEDENA de la naturaleza de los hechos investigados.
En tal virtud, el procedimiento para el esclarecimiento de estas violaciones necesariamente rebasa el ámbito de investigación meramente penal, pues no se circunscribe a la satisfacción por parte de la institución castrense de lo señalado por el órgano protector de los derechos humanos. Las atribuciones de la CNDH tales como ejecutar programas preventivos, supervisar el respeto a los derechos humanos en el sistema de reinserción social o la observancia de los derechos humanos en el país, por ejemplo, presentes en el artículo 6o de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, indican que este organismo no se circunscribe a simplemente desahogar los trámites que van desde la queja hasta la emisión de una Recomendación.
Este Grupo de Trabajo resalta que las organizaciones de la sociedad civil coincidieron en manifestar que la reciente reforma a la jurisdicción militar, derivada de diversas resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tenía por objeto dar más transparencia y control a los procesos al remitirlos inequívocamente al ámbito civil cuando la víctima fuera civil, y de ninguna manera se puede considerar aceptable que se utilice la separación de jurisdicciones como un obstáculo para el esclarecimiento público de los hechos.
C. sobre la actuación de la procuraduría general de la república