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Timestamp: 2020-06-05 09:45:22
Document Index: 52832442

Matched Legal Cases: ['artículo 14', 'artículo 12', 'artículo 166', 'artículo 37', 'Artículo 18', 'artículo 155', 'artículo 124', 'artículo 133', 'artículo 41', 'artículo 782']

Resumen | Derecho Procesal Civil y Comercial (Ledesma - Peresutti - 2018) | Derecho | UBA
Resumen | Derecho Procesal Civil y Comercial (Cátedra: Ledesma - Peresutti - 2018) | Derecho | UBA
El derecho procesal es una rama del derecho público
Concepto: Conjunto de normas jurídicas que rigen la organización del poder judicial, su estructura y funciones, las instancias o etapas del juicio o proceso y las actuaciones de las partes y sus letrados en dicho procedimiento.
Fuentes: Pueden ser invocados por los jueces para esclarecer el sentido jurídico de las conductas que deben juzgar durante el desarrollo del proceso. (En escala decreciente de obligatoriedad)
La ley, la costumbre y la jurisprudencia obligatoria
La jurisprudencia no obligatoria
La ley y la costumbre son fuentes primarias, la jurisprudencia y la doctrina son secundarias.
El derecho procesal se caracteriza también por su unidad. No hay un derecho procesal por cada derecho sustantivo sino que hay un único derecho procesal.
Esta unidad no significa que sigan los mismos procedimientos, por ejemplo, en un divorcio que en otro que se condene al cumplimiento de un contrato.
En primer lugar se utiliza para delimitar los límites territoriales dentro de los cuales ejercen sus funciones específicas los órganos del estado.
Las leyes suelen emplear este vocablo a fin de señalar la aptitud o capacidad reconocida a un juez o tribunal para conocer en una determinada categoría de pretensiones o de peticiones, confundiendo la jurisdicción con la competencia, que es la medida en la que aquella de ejerce.
La función jurisdiccional se traduce en la creación de normas individuales, rasgo que también es común a la función administrativa. La función legislativa tiene por objeto crear normal abstractas y generales.
Acto jurisdiccional y acto administrativo:
Ambos representan la individualización y concreción de normas generales
Su autor es siempre un órgano del estado
Ambos tienen la aptitud para imponerse eventualmente a cualquier miembro de la comunidad cuya conducta o cuyas relaciones pueden encontrarse comprendidas en el ámbito de competencia asignado a algún órgano estatal.
Cognición y ejecución forzada. El ejercicio de la jurisdicción judicial comprende dos aspectos, la cognición y la ejecución forzada.
Cognición: supone el conocimiento del juez para declarar el derecho que ponga fin al conflicto suscitado para llegar a declarar el derecho aplicable, el juez desarrolla distintas actividades que se resumen de la siguiente forma:
Determina las cuestiones a resolver
Busca la o las normas jurídicas que contemplan cada una de esas cuestiones
EL juzgador separa los presupuestos del hecho de ellas
Verifica que los presupuestos hayan sido debidamente afirmados
Comprueba si los hechos afirmados fueron probados
Si algún hecho no fue probado, el juez establecerá quien tenía la carga de la prueba y por lo tanto a quien perjudica su falta
En la fase de la cognición predomina el razonamiento, la valoración y el juicio del juez para declarar el derecho.
Ejecución: Existen supuestos en que el conflicto originado se soluciona con la mera declaración del derecho y en otros casos la declaración deja subsistente el conflicto. El juez debe contar con los medios necesarios para obligar al perdedor a cumplir las sentencias firmes de la condena,
Es la medida o el alcance de la jurisdicción. Es el límite que la ley señala para el ejercicio. Es la aptitud otorgada a los jueces por la ley para conocer en causas determinadas según la materia, el grado, el valor o el territorio.
Para establecer en un caso concreto a que juez o tribunal corresponde el conocimiento del asunto se debe examinar si es competencia de la justicia federal o de la justicia ordinaria. Luego es preciso determinar la circunscripción territorial en la que ha de radicarse y, dentro de ella, la competencia por razón de la materia y del valor.
Competencia federal: Facultad reconocida a los órganos que integran el poder judicial de la nación para ejercer sus funciones en los casos, respecto de las personas, en los lugares especialmente determinados por la constitución Nacional. La constitución nacional, determina en sus artículos 116 y 117 los asuntos cuyo conocimiento incumbe a la justicia federal.
1º Es limitada, no puede ejercerse fuera de los casos expresamente enumerados en las disposiciones constitucionales antes transcriptas.
2º Es privativa y, por lo tanto, excluyente de la de los tribunales de provincia. De allí que, tratándose de causas constitucionalmente asignadas al conocimiento de los jueces federales, aquéllos deban declarar su incompetencia, incluso de oficio, en cualquier estado del pleito.
También es de excepción, restrictiva e inalterable.
3º Es improrrogable en el supuesto de ser procedente por razón de la materia. Pero "siempre que en pleito civil un extranjero demande a una provincia, o a un ciudadano, o bien el vecino de una provincia demande al vecino de otra ante un juez o tribunal de provincia, o cuando siendo demandados el extranjero o el vecino de otra provincia, contesten a la demanda, sin oponer la excepción de declinatoria, se entenderá que la jurisdicción (competencia) ha sido prorrogada, la causa se sustanciará y decidirá por los tribunales provinciales; y no podrá ser traída a la jurisdicción (competencia) nacional por recurso alguno, salvo en los casos especificados en el artículo 14". Es por lo tanto prorrogable la competencia federal por razón de las personas.
Sin perjuicio de lo dispuesto por los tratados internacionales y por el artículo 12, inciso 4, de la Ley 48, exceptuase la competencia territorial en asuntos exclusivamente patrimoniales, que podrá ser prorrogada de conformidad de partes. Si estos asuntos son de índole internacional, la prórroga podrá admitirse aún a favor de jueces extranjeros o de árbitros que actúen fuera de la República, salvo en los casos en que los tribunales argentinos tienen jurisdicción exclusiva o cuando la prórroga está prohibida por Ley.
PRORROGA EXPRESA O TACITA
Art. 3° - La competencia tampoco podrá ser delegada, pero está permitido encomendar a los jueces de otras localidades la realización de diligencias determinadas.
DECLARACION DE INCOMPETENCIA
Art. 4° - Toda demanda deberá interponerse ante juez competente, y siempre que de la exposición de los hechos resultare no ser de la competencia del juez ante quien se deduce, deberá dicho juez inhibirse de oficio.
Existe cuestión de competencia cuando se desconoce a un juez, sea por alguna de las partes, o por otro juez, la facultad de conocer en determinado proceso
b) Mediante la declinatoria el demandado se presenta ante el juez que lo citó y le pide un pronunciamiento negativo acerca de su competencia, en tanto que por la inhibitoria, en cambio, aquél se presenta ante el juez que cree competente, pidiéndole que así lo declare y remita un oficio o exhorto inhibitorio al juez que está conociendo en la causa a fin de que se abstenga de continuar conociendo de ella.
Art. 7° - Las cuestiones de competencia sólo podrán promoverse por vía de declinatoria, con excepción de las que se susciten entre jueces de distintas circunscripciones judiciales, en las que también procederá la inhibitoria.
Art. 8° - La declinatoria se sustanciará como las demás excepciones previas y, declarada procedente, se remitirá la causa al juez tenido por competente.
PLANTEAMIENTO Y DECISION DE LA INHIBITORIA
Art. 9° - Si entablada la inhibitoria el juez se declarase competente, librará oficio o exhorto acompañando testimonio del escrito en que se hubiere planteado la cuestión, de la resolución recaída y demás recaudos que estime necesarios para fundar su competencia.
TRAMITE DE LA INHIBITORIA ANTE EL JUEZ REQUERIDO
Art. 10. - Recibido el oficio o exhorto, el juez requerido se pronunciará aceptando o no la inhibición.
TRAMITE DE LA INHIBITORIA ANTE EL TRIBUNAL SUPERIOR
Art. 11. - Dentro de los cinco (5) días de recibidas las actuaciones de ambos jueces, el tribunal superior resolverá la contienda sin más sustanciación y las devolverá al que declare competente, informando al otro por oficio o exhorto.
Competencia en razón de la materia: Dentro de una misma circunscripción judicial existen jueces de distintos fueros; las leyes sobre organización de los tribunales indican en cada caso que juez deberá entender en razón de la materia del litigio
Competencia en razón del grado: En general, la organización judicial argentina prevé una doble instancia, es decir que el proceso tenga sentencia en una primera instancia y luego, por vía de apelación, pueda ser revisada por tribunales superiores.
Competencia en razón del valor: Esta dada por la cuantía del monto reclamado en la demanda. Se estima conveniente la creación de juzgados especiales para asuntos de menor cuantía, con un procedimiento simplificado
Competencia en razón del turno: Mera división del trabajo dentro de tribunales o juzgados que ejercen la misma competencia.
Nuestra Constitución creó un doble orden judicial. De acuerdo con ese régimen existen en el país, por un lado, una justicia nacional que ejerce sus atribuciones en todo el territorio de la República con respecto al conocimiento de los asuntos mencionados por el art. 116 de la Constitución (competencia federal) y sin esa limitación en los lugares sometidos a la potestad del Gobierno Nacional; y, por otro lado, una justicia ordinaria o común que ejerce sus funciones a través de los órganos judiciales que cada provincia debe crear y organizar con prescindencia del gobierno central (CN, arts. 5º, 121, 123 y 126) y cuya competencia abarca el conocimiento de todos los asuntos regidos por el derecho común y local, con las limitaciones establecidas por el art. 75, inc. 12 de la Constitución Nacional.
Asistir a la audiencia preliminar y realizar personalmente las demás diligencias que este Código u otras leyes ponen a su cargo, con excepción de aquellas en las que la delegación estuviere autorizada.
Decidir las causas, en lo posible, de acuerdo con el orden en que hayan quedado en estado, salvo las preferencias establecidas en el Reglamento para la Justicia Nacional.
Dictar las resoluciones con sujeción a los siguientes plazos:
Fundar toda sentencia definitiva o interlocutoria, bajo pena de nulidad, respetando la jerarquía de las normas vigentes y el principio de congruencia.
Art. 36. - Aún sin requerimiento de parte, los jueces y tribunales deberán:
6) Corregir, en la oportunidad establecida en el artículo 166, inciso 1) y 2), errores materiales, aclarar conceptos oscuros, o suplir cualquier omisión de la sentencia acerca de las pretensiones discutidas en el litigio, siempre que la enmienda, aclaración o agregado no altere lo sustancial de la decisión.
Dispone el art. 329 en su párrafo final, que "si correspondiere, por la naturaleza de la medida preparatoria y la conducta observada por el requerido, los jueces y tribunales podrán imponer sanciones conminatorias, en los términos del artículo 37".
Art. 37. - Los jueces y tribunales podrán imponer sanciones pecuniarias compulsivas y progresivas tendientes a que las partes cumplan sus mandatos, cuyo importe será a favor del litigante perjudicado por el incumplimiento.
3) Aplicar las correcciones disciplinarias autorizadas por este Código, la ley orgánica, el Reglamento para la Justicia Nacional, o las normas que dicte el Consejo de la Magistratura. El importe de las multas que no tuviesen destino especial establecido en este Código, se aplicará al que le fije la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Hasta tanto dicho tribunal determine quiénes serán los funcionarios que deberán promover la ejecución de multas, esa atribución corresponde a los representantes del Ministerio Público Fiscal ante las respectivas jurisdicciones. La falta de ejecución dentro de los treinta días de quedar firme la resolución que las impuso, el retardo en el trámite o el abandono injustificado de éste, será considerada falta grave.
Llámese recusación al remedio legal de que los litigantes pueden valerse para excluir al juez del conocimiento de la causa, en el supuesto de que las relaciones o actitudes de aquél con alguna de las partes o con la materia del proceso sean susceptibles de poner en duda la imparcialidad de sus decisiones. La excusación tiene lugar, en cambio, cuando concurriendo las mencionadas circunstancias, el juez se inhibe espontáneamente de conocer en el juicio.
El Código procesal civil y comercial admite, sin embargo, la facultad de recusar a los jueces sin expresarse causa alguna para ello, consagrando de tal manera un principio que si bien puede afectar en cierta medida la celeridad de los juicios, representa muchas veces una verdadera garantía para el litigante, particularmente cuando, pese a mediar una causa legal de recusación, la prueba de los hechos pertinentes resulta dificultosa o imposible. No obstante, el código excluye la posibilidad de plantear esta clase de recusación en el proceso sumarísimo y en las tercerías, en el juicio de desalojo y en los procesos de ejecución.
La facultad de recusar sin expresión de causa debe ejercerse, por el actor, al entablar la demanda o en su primera presentación; y por el demandado en su primera presentación antes o al tiempo de contestar la demanda, o de oponer excepciones en el juicio ejecutivo, o de comparecer a la audiencia señalada como primer acto procesal (art. 14).
Aunque la ley se refiere al actor y al demandado, también pueden recusar sin causa quienes lleguen a adquirir el carácter de partes en el proceso.
Las partes pierden la facultad de recusar sin causa cuando no hacen uso de ella al cumplir cualquier acto procesal anterior a la presentación de la demanda o de la contestación.
Art14 CPN, si el demandado pierde la oportunidad de contestar la demanda, de oponer excepciones en el juicio, o de comparecer a la audiencia preliminar del proceso (como es, por ejemplo, la prevista en el art. 630 CPN respecto del juicio de alimentos), no podrá ejercer en adelante la facultad de recusar sin causa.
Con excepción de los procesos sumarísimos y de las tercerías, esta clase de recusación es admisible en cualquier clase de procesos, sean contenciosos o voluntarios. En el juicio sucesorio, pueden recusar sin causa los herederos que han acreditado el vínculo.
De acuerdo con lo dispuesto en el art. 15 CPN la facultad de recusar sin causa puede usarse una vez en cada caso. La norma agrega, consagrando la solución establecida por numerosos precedentes judiciales anteriores a su vigencia, que cuando son varios los actores o los demandados (litisconsorcio), sólo uno de ellos puede ejercerla.
Deducida la recusación sin expresión de causa, el juez recusado debe inhibirse y pasar las actuaciones, dentro del primer día hábil siguiente, al juez que le sigue en el orden del turno, sin que por ello se suspenda el trámite, los plazos, ni el cumplimiento de las diligencias ya ordenadas (CPN, art. 16). La recusación sin causa, por lo tanto, determina el inmediato desprendimiento de los autos por parte del juez recusado y su envío al juez que sigue en orden del turno, sin que el primero pueda, bajo pena de nulidad, producir actuación alguna en el expediente, como no sea proveer sobre la recusación. .
Art. 14. - Los jueces de primera instancia podrán ser recusados sin expresión de causa.
No procede la recusación sin expresión de causa en el proceso sumarísimo ni en las tercerías, en el juicio de desalojo y en los procesos de ejecución.
Art. 15. - La facultad de recusar sin expresión de causa podrá usarse UNA (1) vez en cada caso. Cuando sean varios los actores o los demandados, sólo UNO (1) de ellos podrá ejercerla.
Art. 16. - Deducida la recusación sin expresión de causa, el juez recusado se inhibirá pasando las actuaciones, dentro del primer día hábil siguiente, al que le sigue en el orden del turno, sin que por ello se suspendan el trámite, los plazos, ni el cumplimiento de las diligencias ya ordenadas.
FORMA DE DEDUCIRLA
Art. 20. - La recusación se deducirá ante el juez recusado y ante la Corte Suprema o cámara de apelaciones, cuando lo fuese de UNO (1) de sus miembros.
Se vincula con el Artículo 18.- Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo; ni arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente. Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos. El domicilio es inviolable, como también la correspondencia epistolar y los papeles privados; y una ley determinará en qué casos y con qué justificativos podrá procederse a su allanamiento y ocupación. Quedan abolidos para siempre la pena de muerte por causas políticas, toda especie de tormento y los azotes. Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice.
Las doctrinas elaboradas en torno de la naturaleza jurídica de la acción se agrupan en dos grandes concepciones —la tradicional y la moderna— que responden a puntos de vista fundamentalmente distintos.
Dentro de la concepción tradicional (hasta mediados del siglo XIX) se advierten a su vez dos posiciones: la que considera a la acción como el mismo derecho subjetivo material alegado ante los tribunales de justicia, y la que la concibe como un elemento o una función del derecho material. Ninguna de ellas, como se puede observar, reconoce la autonomía de la acción.
Para la concepción moderna, en cambio, que surge a mediados del siglo pasado, la acción y el derecho subjetivo material constituyen dos entidades jurídicas independientes.
Un grupo de teorías considera a la acción como un derecho concreto dirigido a la obtención de una sentencia favorable, y que sólo corresponde, por lo tanto, a quienes son los efectivos titulares de un derecho subjetivo sustancial o de un interés jurídico tutelable. Esta línea conceptual se escinde, a su vez, en dos tendencias: la que define la acción como un derecho público subjetivo a la tutela jurídica, deducido frente al Estado en la persona de sus órganos jurisdiccionales, sobre los cuales pesa el deber de impartir la tutela jurídica reclamada por el titular del derecho (MUTHER, WACH), y la que le atribuye el carácter de un derecho potestativo que se ejerce frente al adversario, encaminado a que éste soporte "el efecto jurídico de la actuación de la ley" (CHIOVENDA).
El segundo grupo de teorías, dentro de la concepción moderna, concibe a la acción como un derecho abstracto a la tutela jurídica.
BILATERALIDAD DE LA ACCION:
Excepción: una de las finalidades esenciales del estado es la de administrar justicia, dirimiendo los conflictos que pueden enfrentar a distintos sujetos, es llevada a cabo mediante los órganos de la jurisdicción que habrán de resolver tales controversias de un modo definitivo ofreciendo a los contendientes recorrer bajo su dirección un camino común: El proceso. Quien reclama ante la jurisdicción algo contra otra persona, tiene el mismo derecho al proceso que su contenedor.
La acción no puede confundirse con la pretensión, aquélla no es otra cosa que el derecho en cuya virtud la pretensión puede ser llevada a la consideración de un órgano judicial. Tampoco puede ser identificada con la demanda, en tanto ésta no sólo no constituye el objeto del proceso sino que es sólo un medio de promoverlo.
CARACTERES DE LA PRETENSIÓN
1º) No constituye un derecho, como la acción, sino un acto que puede caracterizarse como una declaración de voluntad petitoria. Se diferencia fundamentalmente de la pretensión sustancial en que, mientras la primera constituye un acto que tiene por destinatario a un órgano decisor, la segunda es la facultad o derecho de exigir el cumplimiento de una prestación y sólo puede actuarse contra el sujeto pasivo de la correspondiente relación jurídica material.
2º) Debe necesariamente deducirse frente a una persona distinta del autor de la reclamación, pues en su base se encuentra siempre un conflicto que enfrenta, por lo menos, a dos protagonistas.
3º) Finalmente, la configuración jurídica de la pretensión procesal sólo requiere que ésta contenga una afirmación de derecho o de consecuencia jurídica derivada de determinada situación de hecho, con prescindencia de que tal afirmación coincida o no con el ordenamiento normativo vigente. La pretensión, en otras palabras, puede ser fundada o infundada.
Es parte —dice CHIOVENDA— el que demanda en nombre propio (o en cuyo nombre se demanda) una actuación de ley, y aquel contra el cual esa actuación de ley es demandada. En un orden de ideas sustancialmente similar, GUASP expresa que parte es quien pretende y frente a quien se pretende, o, más ampliamente, quien reclama y frente a quien se reclama la satisfacción de una pretensión
Es persona todo ente susceptible de adquirir derechos o contraer obligaciones (Cód. Civ., art. 30) se infiere que toda persona, por el solo hecho de serlo, goza de capacidad para ser parte. La adquisición y pérdida de esta clase de capacidad, en consecuencia, ha de coincidir necesariamente con la adquisición y pérdida de la personalidad.
No todas las personas que tienen capacidad para ser partes se hallan dotadas de capacidad procesal, o sea de la aptitud necesaria para ejecutar personalmente actos procesales válidos.
La capacidad procesal supone, la aptitud legal de ejercer los derechos y de cumplir los deberes y cargas inherentes a la calidad de parte. De allí que coincida con la capacidad de hecho reglamentada en el Código Civil, cuyas normas sobre el tema resultan aplicables a ella.
De acuerdo con las reglas contenidas en dicho ordenamiento, son incapaces procesales absolutos:
1º) Las personas por nacer;
2º) Los menores impúberes, o sea "los que aún no tuviesen edad de catorce años cumplidos" (art. 127);
3º) Los dementes, siempre que la demencia sea previamente verificada y declarada por juez competente (art. 140);
4º) Los sordomudos que no saben darse a entender por escrito, siempre que también medie declaración judicial en ese sentido (art. 154).
DISTINTOS TIPOS DE REPRESENTACION:
REPRESENTACION LEGAL: las personas que no pueden actuar por sí mismas en el proceso, es decir, quienes carecen de capacidad procesal lo deben hacer por intermedio de su representante legal.
SON REPRESENTANTES DE LOS INCAPACES: de las personas por nacer sus padres y a falta o incapacidad de estos los curadores, de los menores no emancipados sus padres o tutores, de los dementes o sordomudos los curadores que se les nombre,
EL MINISTERIO PUBLICO de menores es representante promiscuo de los incapaces y será parte legítima y esencial en todo asunto judicial o extrajudicial.
REPRESENTACION CONVENCIONAL: las personas que gozan de capacidad procesal pueden intervenir personalmente en el proceso pero también lo pueden hacer por intermedio de un representante en este caso, esa representación es convencional, pues ella surge de un contrato de mandato y no de la ley.
Se hallan eximidos de de la inscripción en cambio; los que ejerzan una representación legal, las personas de familia dentro del 2do grado de consanguinidad; los mandatarios generales con facultades de administrar respecto de los actos de administración y quienes han de representar a las oficinas públicas de la Nación.
"la persona que se presente en juicio por un derecho que no sea propio, aunque le competa ejercerlo en virtud de una representación legal, deberá acompañar con su primer escrito los documentos que acrediten el carácter que inviste"
Una vez admitida su personería, el apoderado asume todas las responsabilidades que las leyes le imponen, y sus actos obligan al poderdante o mandante como si él personalmente los practicare. Los apoderados están obligados a seguir el juicio mientras no hayan cesado legalmente en el cargo. El mandatario deberá abogar a su poderdante las costas causadas por su exclusiva culpa o negligencia, cuando estas fueran declaradas judicialmente. El poder conferido para un pleito determinado comprende la facultad de interponer los recursos legales y seguir todas las instancias del pleito.
1º) Por revocación expresa del mandato en el expediente. No es aplicable, en materia procesal, la revocación tácita del mandato, razón por la cual aquélla sólo puede tenerse por configurada sea mediante la constitución de un nuevo apoderado para el mismo asunto, o mediante la presentación directa del mandante acompañado de la expresa manifestación de revocar el poder (CPN, art. 53, inc. 1º).
2º) Por renuncia. Esta debe notificarse al mandante por cédula, en su domicilio real, y el apoderado deberá continuar sus gestiones hasta que haya vencido el plazo señalado al apoderado para reemplazarlo o comparecer por sí, bajo pena de daños y perjuicios. Si al vencimiento del plazo señalado no compareciese el poderdante, por sí o por medio de otro apoderado, el juicio continuará en su rebeldía, previa notificación por cédula en el domicilio real del primero (id., art. 53, inc. 2º).
3º) Por haber cesado la personalidad con que litigaba el poderdante (id., art. 53, inc. 3º). Tal lo que ocurre, por ejemplo, cuando por haber llegado a la mayoría de edad el pupilo, cesa la personalidad del tutor y, por consiguiente, los poderes que en tal calidad hubiese conferido este último.
4º) Por haber concluido la causa para la cual se le otorgó el poder.
5º) Por muerte o incapacidad del poderdante. En estos casos el apoderado debe continuar ejerciendo su personería hasta que los herederos o el representante legal tomen la intervención que les corresponda en el proceso o venza el plazo que se les fije. Mientras tanto, comprobado el deceso o la incapacidad, el juez debe señalar un plazo para que los interesados concurran a estar a derecho, citándolos directamente si se conocieren sus domicilios, o por edictos, durante dos días consecutivos, si no fuesen conocidos, bajo apercibimiento de continuar el juicio en rebeldía en el primer caso y de nombrarles defensor en el segundo. Cuando el deceso o la incapacidad hubiesen llegado a conocimiento del mandatario, éste deberá hacerlo presente al juez o tribunal dentro del plazo de diez días, bajo pena de perder el derecho a cobrar los honorarios que se devengaren con posterioridad. En la misma sanción incurrirá el mandatario que omita denunciar el nombre y domicilio de los herederos, o del representante, si los conociere (CPN, art. 53, inc. 5º).
6º) Por muerte o inhabilidad del apoderado. Producido el caso, debe suspenderse la tramitación del juicio y el juez fijar al mandante un plazo para que comparezca por sí o por nuevo apoderado, citándolo en la forma ya descripta para el caso de fallecimiento del poderdante. Vencido el plazo sin que el mandante satisfaga el requerimiento, se continuará el juicio en rebeldía (CPN, art. 53, inc. 6º).
Existe litisconsorcio cuando, por mediar cotitularidad activa o pasiva con respecto a una pretensión única, o un vínculo de conexión entre distintas pretensiones, el proceso se desarrolla con la participación (efectiva o posible) de más de una persona en la misma posición de parte.
El litisconsorcio es facultativo cuando su formación obedece a la libre y espontánea voluntad de las partes, y es necesario cuando lo impone la ley o la misma naturaleza de la relación o situación jurídica que constituye la causa de la pretensión.
Puede también ser el litisconsorcio originario o sucesivo, según que la pluralidad de litigantes aparezca desde el comienzo del proceso (acumulación subjetiva de pretensiones) o se verifique durante su desarrollo posterior (integración de la litis, intervención adhesiva litisconsorcial, etc.).
El litisconsorcio es necesario cuando la sentencia sólo puede dictarse útilmente frente a todos los partícipes de la relación jurídica sustancial controvertida en el proceso, de modo tal que la eficacia de éste se halla subordinada a la citación de esas personas.
Como principio, ante el silencio de la ley sobre la cuestión, puede decirse que el litisconsorcio necesario procede cuando por discutirse una relación o estado jurídico que es común e indivisible con respecto a varias personas, su modificación, constitución o extinción sólo puede obtenerse a través de un pronunciamiento judicial único.
A diferencia de lo que ocurre en el caso de litisconsorcio facultativo, en el litisconsorcio necesario existe siempre una pretensión única, cuya característica esencial reside en la circunstancia de que sólo puede ser interpuesta por o contra varios legitimados, y no por o contra alguno de ellos solamente, por cuanto la legitimación, activa o pasiva, corresponde en forma conjunta a un grupo de personas y no independientemente a cada una de ellas.
1º) Los actos de disposición realizados por uno de los litisconsortes (desistimiento, allanamiento, transacción), no producen sus efectos normales hasta tanto los restantes litisconsortes adopten igual actitud, pues en razón de la indivisibilidad que caracteriza a la relación jurídica controvertida, tales actos sólo producen la consecuencia de liberar a su autor de las cargas inherentes al ulterior desarrollo del proceso, pero no lo excluyen de los efectos de la sentencia, cuyo contenido debe ser el mismo para todos los litisconsortes;
2º) Las defensas opuestas por uno o alguno de los litisconsortes, sea que se funden en hechos comunes o individuales, favorecen a los demás;
3º) Las alegaciones y las pruebas aportadas por los litisconsortes deben valorarse en su conjunto, aunque resulten contradictorias, pero la confesión o admisión de hechos formuladas por uno o por alguno de los litisconsortes no pueden invocarse contra los restantes sin perjuicio de que tales actos valgan, eventualmente, como prueba indiciaria;
4º) Los recursos deducidos por uno de ellos aprovechan o perjudican a todos;
5º) La existencia de litisconsorcio necesario comporta una derogación de las reglas de competencia. Corresponde tener en cuenta, por último, que en virtud del principio general contenido en el art.
312 CPN cualquiera que sea el tipo de litisconsorcio de que se trate, el impulso del procedimiento por uno de los litisconsortes beneficia a los restantes.
Depende, de la libre y espontánea voluntad de las partes, y su formación puede obedecer:
1º) A la existencia de un vínculo de conexión entre distintas pretensiones;
2º) A la adhesión que un tercero puede formular respecto de una pretensión ya deducida, o de la oposición a ella, en el supuesto de que, según las normas de derecho sustancial, hubiese estado legitimado para demandar o ser demandado en el juicio en el que la pretensión se hizo valer.
Ya sea que existan varias pretensiones conexas, o una sola pretensión a la que posteriormente adhiera un tercero, la característica de este tipo de litisconsorcio reside en la circunstancia de que cada uno de los litisconsortes goza de legitimación procesal independiente, razón por la cual tanto el resultado del proceso como el contenido de la sentencia pueden ser distintos con respecto a cada uno de ellos.
1º) El proceso puede concluir para uno o algunos de los litisconsortes y continuar en relación con los restantes.
2º) En relación con la prueba es menester distinguir entre los hechos comunes y los hechos individuales a cada litisconsorte.
3º) Los recursos interpuestos por un litisconsorte no benefician a los restantes, salvo que la aplicación de esa regla conduzca al pronunciamiento de sentencias contradictorias respecto de un hecho común a todos los litisconsortes;
4º) En ciertas hipótesis, el litisconsorcio facultativo trae aparejada una derogación de las reglas de competencia (supra, nº 58).
La intervención de terceros tiene lugar cuando, durante el desarrollo del proceso, y sea en forma espontánea o provocada, se incorporan a él personas distintas a las partes originarias a fin de hacer valer derechos o intereses propios, pero vinculados con la causa o el objeto de la pretensión.
Según que la intervención responda a la libre y espontánea determinación del tercero, o a una citación judicial dispuesta de oficio o a petición de alguna de las partes originarias, se la denomina voluntaria o coactiva.
La doctrina, así como la legislación que reglamenta el tema, contemplan generalmente tres categorías de este tipo de intervención: 1º) principal o excluyente; 2º) adhesiva autónoma o litisconsorcial; 3º) adhesiva simple.
1) En la intervención principal el tercero hace valer un derecho propio y una pretensión incompatible con la interpuesta por el actor. En la intervención excluyente, en cambio, el tercero asume la calidad de parte.
c) En Intervención adhesiva autónoma o litisconsorcial, la participación del tercero en el proceso tiene por objeto hacer valer un derecho propio frente a alguna de las partes originarias, adhiriendo a la calidad asumida por el otro litigante. La característica primordial de esta forma de intervención está dada por la circunstancia de que el tercero habría gozado de legitimación propia para demandar o ser demandado en el proceso, a título individual o juntamente con el litigante a quien adhiere.
d) La intervención adhesiva simple, llamada también coadyuvante, tiene lugar cuando el tercero, en razón de ser titular de un derecho conexo o dependiente respecto de las pretensiones articuladas en el proceso, participa en éste a fin de colaborar en la gestión procesal de alguna de las partes.
El art. 92 CPN dispone que "el pedido de intervención se formulará por escrito, con los requisitos de la demanda, en lo pertinente. Con aquél se presentarán los documentos y se ofrecerán las demás pruebas de los hechos en que se fundare la solicitud. Se conferirá traslado a las partes y, si hubiese oposición, se la sustanciará en una sola audiencia. La resolución se dictará dentro de los diez días".
El interviniente voluntario debe aceptar la causa en el estado en que se encuentre en oportunidad de ingresar a ella. "En ningún caso —dice el art. 93 CPN— la intervención del tercero retrogradará el juicio ni suspenderá su curso".
Mientras la resolución que admite la intervención es inapelable, la que la deniega es apelable en efecto devolutivo (CPN, art. 96, párr. 1º).
La sentencia dictada después de la intervención, finalmente, afecta al tercero de la misma manera que a las partes principales (art. 96, párr. 2º).
INTERVENCIÓN OBLIGADA O COACTIVA
Tiene lugar este tipo de intervención cuando el juez, de oficio o a petición de alguna de las partes, dispone que se cite a un tercero para participar en el proceso a fin de que la sentencia que en él se dicte pueda serle eventualmente opuesta.
El llamado del tercero pretendiente tiene lugar en el caso de que, denunciada por alguna de las partes la existencia de un tercero que pretende un derecho sobre la cosa que es objeto del proceso, se lo cita a éste a fin de que haga valer su pretensión.
Al comparecer al proceso al cual ha sido citado, el tercero asume calidad departe. Pero a diferencia de lo que ocurre con el interviniente voluntario, no puede ser obligado a aceptar el proceso in statu et terminis, pues ello podría configurar un injusto menoscabo de su derecho de defensa, susceptible de haberse ejercido con toda amplitud en un proceso independiente. Por ello el art. 95 CPN dispone que la citación del tercero (que debe hacerse en la misma forma que al demandado), "suspenderá el procedimiento hasta su comparecencia o hasta el vencimiento del plazo que se le hubiese señalado para comparecer".
En lo que respecta al alcance de la sentencia, y a la apelabilidad de la resolución, son aplicables las normas enunciadas al examinar a la intervención voluntaria.
COMO ACTUA UN ABOGADO EN EL PROCESO
Las actitudes que deben asumir los contradictores en un proceso son de un tecnicismo tal que, si no lo hicieran con el asesoramiento de un experto, sus eventuales derechos se verían, desde un principio, frustrados.
Es por eso que para salvaguardar el debido proceso y la garantía de defensa en juicio el CPCCN impone el patrocinio obligatorio en los ARTS 56 Y 57 estableciendo que no se atenderá ninguna demanda, excepción, contestación o cualquier otro escrito en el que se sustente o controvierta un derecho si no está firmado por un abogado.
La actividad de dicho profesional no se reduce a firmar juntamente con la parte lo que esta haya escrito o asentir lo que por su cuenta exprese durante el transcurso de una audiencia. Al abogado le incumbe, en 1er lugar, y previa selección de los hechos que su patrocinado o representado le refiere presentarlos en forma lógica y estructurada ya sea por escrito u oralmente.
Hará luego la fundamentación jurídica y expresará que es lo que concretamente se pretende dentro de las diversas opciones que puede brindar el derecho.
Estas circunstancias son las que convierten al abogado, no solo en el auxiliar de la parte, sino también del tribunal y el cód. ART 58 lo hace merecedor durante el desempeño de su profesión, del respeto y consideración que corresponde a los magistrados.
MODOS DE ACTUACION: el abogado puede actuar en el proceso como:
Patrocinante: la función que cumple recibe el nombre de patrocinio letrado. Para poder actuar como letrado patrocinante es menester no solo tener el título de abogado sino también encontrarse inscripto en la matricula que, a tal fin, llevan los colegios públicos de abogados de los distintos ámbitos judiciales. El vinculo que une al letrado patrocinante con la parte a la que asiste es de carácter contractual y de el emergen derechos y obligaciones. Al derecho a percibir una compensación monetaria denominada honorario que salvo convención en contrario es establecida por el juez ante el cual tramita el juicio, le corresponde la responsabilidad por los daños y perjuicios que haya causado por el incumplimiento del compromiso asumido.
MINISTERIO PÚBLICO, FISCALIA NACIONAL DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS:
Este organismo está compuesto por un fiscal gral quien reviste la misma categoría jerárquica del procurador gral de la nación y su designación depende del poder ejecutivo. Con el trabajan 5 fiscales adjuntos, 2 secretarios grales, 5 secretarios letrados y 2 contadores auditores.
Corresponde al fiscal general:
promover la investigación de la conducta administrativa de los agentes integrantes de la Adm. Nacional, empresas del estado, municipalidad de la ciudad de bs as y sus organismos y dependencias.
Investigar toda institución o asociación cuya principal fuente de recursos provenga del aporte estatal para determinar la correcta inversión de dichos recursos.
Denunciar ante la justicia competente los hechos que como consecuencia de las investigaciones practicadas sean considerados como delitos.
Si bien la acción publica queda en manos de los fiscales de 1ra instancia.
Auxiliares de los jueces: podemos dividirlos en 2 grupos: a) quienes actúan dentro del ámbito del juzgado:
Secretario: se lo puede considerar el principal colaborador del juez. Su designación depende de la cámara de apelaciones del fuero correspondiente y se efectúa por medio de un concurso. Deberá ser ciudadano argentino, abogado y no tener vinculo de parentesco dentro del 4to grado de consanguinidad o 2do de afinidad con el juez.
ART 38 DEBERES FUNDAMENTALES: sus funciones se relacionan con la organización de expedientes y su mantenimiento, redacción de actas comunicar a las partes y 3ros las decisiones judiciales mediante oficios, cedulas, mandamientos o edictos firmados por el, extender certificados, testimonios, copias de actas.
Los secretarios de cámara deben concurrir a los acuerdos de los jueces de la sala y dejar constancia de ellos en los libros respectivos, formular los proyectos de sentencia que se tratan en los acuerdos, dar cuenta sin demora de los escritos, peticiones, oficios, y demás despachos al presidente de la sala, autorizar las actuaciones, providencias y sentencias que ante ellos pasen, custodiar expedientes y documentos q estuvieran a su cargo, siendo directamente responsables de su pérdida o deterioro, llevar en buen orden los libros.
Secretario administrativo: entre sus funciones podemos destacar las siguientes: firmar las providencias simples relativas al agregado de documentación y las que dispongan la remisión de las actuaciones al ministerio público, representantes del fisco, etc. y devolver escritos presentados sin copias.
Oficiales y auxiliares: colaboran con el juez y con el secretario. Cumplen funciones eminentemente administrativas. Los que actúan fuera de la sede del tribunal:
1) oficina de mandamientos: está integrada por funcionarios denominados oficiales de justicia. Dependen de la CSJN y tienen como principal función la de diligenciar los mandamientos expedidos por los tribunales.
2) oficina de notificaciones: la componen los oficiales notificadores. Dependen de la CSJN.
3) asesores técnicos (perito y consultor técnico)
a) El vocablo proceso (processus, de procedere) significa avanzar, marchar hasta un fin determinado, no de una sola vez, sino a través de sucesivos momentos.
Proceso como el conjunto de actos recíprocamente coordinados entre sí de acuerdo con reglas preestablecidas, que conducen a la creación de una norma individual destinada a regir un determinado aspecto de la conducta del sujeto o sujetos, ajenos al órgano, que han requerido la intervención de éste en un caso concreto, así como la conducta del sujeto o sujetos, también extraños al órgano, frente a quienes se ha requerido esa intervención.
EL PROCES ES UNA ACTIVIDAD COMPLEJA porque en el intervienen diferentes personas que realizan tareas diferentes y tienen intereses distintos. PROGRESIVA porque el conocimiento se obtiene gradualmente. METODICA porque para instruir debidamente al juez el proceso se lleva a cabo siguiendo un método prescripto por el ordenamiento jurídico procesal.
PRESUPUESTOS PROCESALES: Presupuestos procesales: son aquellos que permiten al juez dictar una sentencia de merito, esto es, una sentencia que se pronuncie sobre el fondo del asunto, es decir, sobre el derecho sustancial invocado por las partes.
a) juez competente
b) capacidad de las partes
c) demanda valida
d) inexistencia de un proceso igual en trámite.
En casos de aspectos negativos de estos presupuestos el juez no se pronuncia sobre el fondo de la cuestión y por ello, su decisión no hace cosa juzgada material y a la pretensión puede deducirse nuevamente, sea subsanando el impedimento en el mismo expediente o mediante el ejercicio de la acción en un proceso valido.
a) Cuando el juez es incompetenteel expediente se remite al juez competente para su tramitación.
B) capacidad de las partesse refiere a la de los sujetos para estar en juicio. El concepto de demanda valida como supuesto procesal esta tomado en sentido amplio, comprendiendo todo acto que indique el ejercicio de la acción.
Los principios procesales:
Según algunos autores de puede clasificar en:
Principios meta jurídicos (ley natural) o principios normativos (ley, costumbre)
Principios procesales (contradicción e igualdad y principios del procedimiento (oral u escrito)
Principios naturales y juridico tecnicos
Según la realidad sociopolítica
Según la forma, el modo y la disciplina de la legalidad de formas.
El CPCCN enuncia en la parte especial distintos tipos de procesos.
a) proceso de conocimiento:en ellos se agota el examen de la cuestión sometida a la decisión del juez, culminando con una sentencia que pasa en autoridad de cosa juzgada material, esto es, que no puede ser revisada en el mismo proceso cuando se utilizaron todos los recursos. (Ordinarios – sumarios – sumarísimos)
b) los procesos de ejecuciónson aquellos en los que el acto pide el cumplimiento de una sentencia de condena o el pago de una deuda de dinero liquida y exigible, instrumentada en un documento que según la enunciación que hace la ley trae aparejada ejecución.
c) Procesos especiales:tramitan por procedimientos propios →→ interdictos y acciones posesorias, denuncia de daño temido que tienden a proteger, mediante un trámite rápido la posesión y la tenencia sobre las cosas.
ESTRUCTURA DE LOS PROCESOS DE CONOCIMIENTO: los procesos de este tipo constan fundamentalmente de cuatro etapas:
1) Postulación: comienza con la interposición de la demanda, aunque debemos aclarar que el proceso puede prepararse mediante el pedido de ciertas diligencias preliminares. Si se declara la cuestión de puro derecho porque actor y demandado están de acuerdo con los hechos y solo disienten en la aplicación del derecho, queda conclusa la causa para la definitiva: se prescinde de la etapa probatoria.
2) Probatoria: comienza con la apertura de la causa a prueba. En el proceso ordinario, el plazo de prueba será fijado por el juez y no excederá los 40 días, la prueba documental que estuviese en poder de las partes se debe acompañar con la demanda y su contestación en los procesos sumarios y sumarísimos la totalidad de la prueba debe ser ofrecida con estos escritos. El juez declara que pruebas son admisibles y señala las audiencias para la recepción de la confesional y la testifical. Presentados los alegatos o vencido el plazo el juez llama a autos para sentencia.
3) Decisoria: comienza con el llamamiento de autos para sentencia. En esta etapa no hay discusión, no se presentan escritos ni se produce prueba. Consentido el llamamiento de autos para sentencia, el juez tiene 40 días para dictarla en el juicio ordinario, 30 en el sumario, 15 en los procesos sumarísimos de menor cuantía, 10 en los demás supuestos. ART 321 INC 1 CPCCN
4) Impugnativa: contra la sentencia definitiva procede la declaratoria ante el propio juez y los recursos de apelación y nulidad ante la cámara de apelaciones. Si la sentencia se apela se pasa a una segunda instancia de conocimiento. El procedimiento en ella constará de una etapa introductoria que comienza con la presentación de la expresión de agravios y su contestación. Finaliza el procedimiento con la sentencia de cámara. Las sentencias definitivas de las salas de la cámara son susceptibles de aclaratoria y de apelación ordinaria o de recurso extraordinario.
ESTRUCTURA DE LOS PROCESOS DE EJECUCION: en este tipo de procesos, el conocimiento de los hechos esta suplido por el título.
a) demanda, intimación de pago, embargo y citación para oponer excepciones. Actúa solo el acreedor.
b) Oposición de excepciones. Contestación de ellas y prueba. Sentencia de trance y remate. Recursos contra la sentencia. Se da intervención al deudor para que haga valer sus derechos.
c) Ejecución de la sentencia de remate. En esta etapa se inicia la verdadera ejecución, procediéndose a la subasta de los bienes embargados, en su caso, o al pago directo al acreedor del capital, intereses y costas si lo embargado fuese dinero.
2) ejecución de sentencia: es el procedimiento tendiente al cumplimiento de una sentencia de condena.
El juicio ejecutivo admite un eventual juicio de conocimiento posterior. En el juicio de conocimiento posterior al ejecutivo no pueden discutirse los temas que pudieron ser tratados en este. El juicio de conocimiento está limitado a resolver las cuestiones que se encuentran vedadas en el ejecutivo.
Mediante esta institución legislada en los ARTS 188 A 194 CPCCN dos o más procesos que han sido iniciados separadamente pasan a formar parte de un solo expediente que se tramita ante el mismo juez o tribunal a fin de que se dicte una sentencia única.
Requisitos de admisibilidad: que los procesos se encuentren en la misma instancia - que el juez a quien corresponda entender sea competente en razón de la materia – que los procesos puedan sustanciarse por los mismos tramites – que el estado de las causas permita su sustanciación conjunta.
La acumulación debe ser hecha sobre el expediente en el que primero se hubiese notificado la demanda. La acumulación configura un caso de excepción, por lo tanto debe apreciarse con criterio restrictivo.
Los procesos acumulados se sustanciaran y fallaran conjuntamente pero si el trámite resultase dificultoso por la naturaleza de las cuestiones planteadas, el juez podrá disponer, sin recurso, que cada proceso sustancie por separado, dictando una sola sentencia.
Reglas básicas sin las cuales no existe un debido proceso y por sistemas procesales a las directivas grales en las que se inspira un ordenamiento procesal. El legislador podrá optar por uno u otro sistema pero no podrá ignorar los principios procesales: estos no admiten elección alguna, si no se representan no hay debido proceso.
> sirven de al legislador para la regulación de los procedimientos, sea que se traduzcan explícitamente en el texto de los códigos, sea que se desprendan más que de la expresión normativa, de la precisa forma en que aquellos son aplicados en la práctica por los tribunales.
> Operan como elementos de interpretación de las normas procesales en situaciones dudosas o conflictivas, de tal suerte que si en un caso concreto la ley no prevé el traslado a la parte contraria de una petición, el juez, igualmente, lo otorgará antes de resolver por aplicación del principio de contradicción que está ínsito en todo proceso judicial.
> Permiten encarar el estudio histórico y comparativo de distintas legislaciones procesales de esta forma pueden entenderse leyes procesales del pasado en función de los principios y sistemas que les eran comunes y su evolución hasta nuestros días.
Principios procesales: la aplicación de los principios procesales resulta indispensable para que exista un debido proceso de acuerdo con la orientación liberal de nuestra CN a cuyo fin son exigibles los sigs. requisitos: que el juez que resuelva el conflicto sea imparcial e independiente – que el juez resuelva el conflicto sea imparcial e independiente – que se asegure ampliamente el derecho de defensa de las partes.
Las leyes procesales prevén instituciones tales como la recusación o excusación de los magistrados con la misma finalidad.
* Principio de igualdad: la igualdad ante la ley que constituye una garantía constitucional (ART 16 C) consiste en no establecer excepciones que excluyan a unos de lo que se concede a otros en paridad de circunstancias y condiciones.
* Principio de congruencia: la sentencia debe contener la decisión expresa, positiva y precisa de conformidad con las pretensiones deducidas en el juicio. Este principio impide que se omita resolver cuestiones debidamente propuestas o que se resuelva sobre temas n sometidos a la decisión jurisdiccional. La congruencia es la necesaria conformidad que debe existir entre la sentencia y las pretensiones deducidas en juicio.
La incongruencia constituye una falta de adecuación lógica entre las pretensiones y defensas de los litigantes y la parte positiva de la sentencia.
* Principio de contradicción: exige que las partes sean oídas antes de que el juez dicte alguna resolución. Este principio responde a una exigencia constitucional dirigida a asegurar la inviolabilidad de la defensa de las personas y de sus derechos (ART 18 CN).
Este principio determina que la demanda deba ser notificada al demandado y que a este se le acuerde un plazo razonable para contestarla pero en manera alguna que deba contestarla dado que el proceso podrá continuar sin su presencia.
SISTEMA DISPOSITIVO: Deriva del carácter disponible de los derechos sustanciales cuya tutela se pretende a través del proceso. Así un derecho sustancial será disponible cuando su titular puede decidir libremente sobre él. Por el contrario se habla de derechos indisponibles cuando su titular carece de tal poder de decisión. El sistema procesal dispositivo como aquel en virtud del cual se confía a las partes la iniciación y desarrollo del proceso, la delimitación del contenido de la tutela y la aportación de los hechos y de las pruebas que constituirán el fundamento de las sentencias.
Sistema inquisitivo: deriva del carácter indisponible de los derechos que constituyen el objeto del proceso y es una consecuencia casi absoluta de predominio del interés público, por oposición al privado, propio del dispositivo. En este sistema el juez cuenta con amplísimos poderes que le permiten iniciar de oficio un proceso, superar el marco de lo pedido por las partes, considerar para su decisión hechos no afirmados por aquellas, ordenar pruebas no ofrecidas por los litigantes sin limitación de ningún genero, decretar las medidas necesarias para continuar el trámite de la causa, sea que las partes permanezcan inactivas o no. El sistema inquisitivo es la cara opuesta del dispositivo que en cuanto es aplicado dentro de los procedimientos civiles que en cuanto es aplicado dentro de los procedimientos civiles, los penaliza, unifica procesos civiles y penales.
a) demanda privada: significa que el juez no puede promover de oficio un proceso. Es necesario que quien pretenda la tutela de un derecho provoque la intervención del órgano mediante la demanda, acto procesal de iniciación del proceso, pues el poder judicial nunca procede de oficio y solo ejerce jurisdicción en los casos contenciosos en que es requerida a instancia de parte.
b) Aportación de los hechos por las partes:incumbe a las partes la carga de suministrar los hechos en que funden sus pretensiones y defensas y el juez el deber de considerar para su decisión aquellos expresamente admitidos por ellas, así como la prohibición de tomar en cuenta derechos no afirmados oportunamente en el proceso. El hecho no afirmado no existe para el proceso y no existe para el juez.
c) Aportación de las pruebas por las partes: la vigencia de esta manifestación supone que el juez podría fallar sobre la base de la prueba ofrecía y producida por las partes en apoyo de sus respectivas posturas, esto es, que aquel no podría ordenar pruebas no ofrecidas por ellas o perdidas por su negligencia.
d)Impulso de parte: no tiene carácter absoluto dentro del cód. Procesal. Si bien las partes siguen sujetas a cara de impulsar los procedimientos, el juez puede ordenar de oficia las medidas necesarias tendientes a evitar la paralización del proceso para lo cual vencido un plazo, se haya ejercido o no la facultad que corresponda, se pasará a la etapa siguiente en el desarrollo procesal.
e) Disposición privada del proceso: así como el proceso se inicia como consecuencia de la promoción de la demanda, puede concluir por propia decisión de las partes antes del dictado de la sentencia definitiva que la admita o la rechace.
PRECLUSION · determina que los diversos actos del proceso para poder ser validos o eficaces, deben cumplirse dentro de los plazos que señala la ley. En un proceso de tipo preclusión los hechos deberán ser aportados por las partes en sus escritos de demanda y contestación. La preclusión opera en 3 casos:
a) por no haberse observado los plazos que la ley indica para el ejercicio de la facultad, si el demandado no contesta la demanda dentro del plazo recluye su derecho a contestarla ulteriormente.
c) Por haberse ya ejercido la facultad procesión en cuestión, aun antes del vencimiento del plazo respectivo, en los casos en que el proceso ya haya avanzado a otra etapa ya que no puede retrogradar.
ADQUISICION PROCESAL: · Sistema de adquisición procesal: implica este sistema que los efectos de los actos procesal y los resultados de dicha actividad no son divisibles sino que benefician a una u otra parte.
LA INMEDIACION: · Sistema de adquisición procesal: implica este sistema que los efectos de los actos procesal y los resultados de dicha actividad no son divisibles sino que benefician a una u otra parte.
ECONOMIA PROCESAL: · Sistema de economía procesal: por intermedio de este sistema se simplifica, abrevia y abarata los procedimientos, de modo que la sentencia justa venga también a ser oportuna y en lo posible sin dispendios innecesarios.
Art. 164. - La sentencia definitiva de segunda o ulterior instancia deberá contener, en lo pertinente, las enunciaciones y requisitos establecidos en el artículo anterior y se ajustará a lo dispuesto en los artículos 272 y 281, según el caso.
Las sentencias de cualquier instancia podrán ser dadas a publicidad salvo que, por la naturaleza del juicio, razones de decoro aconsejaren su reserva, en cuyo caso así se declarará. Si afectare la intimidad de las partes o de terceros, los nombres de éstos serán eliminados de las copias para la publicidad
La mediación, comienza con la intervención de un tercero, ajeno al órgano judicial, que a través de la aplicación de técnicas especiales de comunicación procura que se produzca el entendimiento entre las partes, y concluye, eventualmente, con la celebración, por éstas, de un acuerdo que compone el conflicto y reviste eficacia equivalente a la de una sentencia firme.
El proceso de mediación no será de aplicación en los siguientes supuestos: causas penales, acciones de separación persona y de divorcio, amparo, habeas corpus, etc. Las actuaciones referidas a la mediación son confidenciales, debiendo ocurrir las partes personalmente con asistencia letrada obligatoria.
Son actos procesales los hechos voluntarios que tienen por efecto directo e inmediato la constitución, el desenvolvimiento o la extinción del proceso, sea que procedan de las partes (o peticionarios) o de sus auxiliares, del órgano judicial (o arbitral) o de sus auxiliares, o de terceros vinculados a aquél con motivo de una designación, citación o requerimiento destinados al cumplimiento de una función determinada.
Como todos los actos jurídicos, los actos procesales constituyen manifestaciones voluntarias de quienes los cumplen. En tal circunstancia reside su diferencia respecto de los hechos procesales, que se encuentran, frente a aquéllos, en relación de género a especie, y a los que cabe definir como todos los sucesos o acontecimientos susceptibles de producir sobre el PROCESO los efectos antes mencionados (fallecimiento o incapacidad de alguna de las partes; transcurso del tiempo; pérdida o destrucción de documentos; etc.).
No encuadran en el concepto de acto procesal, por lo pronto, aquellas actividades cumplidas fuera del ámbito del proceso, aunque eventualmente puedan producir efectos en él.
Art. 115. - En todos los actos del proceso se utilizará el idioma nacional. Cuando éste no fuere conocido por la persona que deba prestar declaración, el juez o tribunal designará por sorteo UN (1) traductor público. Se nombrará intérprete cuando deba interrogarse a sordos, mudos o sordomudos que sólo puedan darse a entender por lenguaje especializado.
Art. 116. - Cuando para dictar resolución se requiriese informe o certificado previo del secretario, el juez los ordenará verbalmente.
ANOTACION DE PETICIONES
Art. 117. - Podrá solicitarse la reiteración de oficios o exhortos, desglose de poderes o documentos, agregación de pruebas, entrega de edictos, y, en general, que se dicten providencias de mero trámite, mediante simple anotación en el expediente, firmada por el solicitante.
La forma es la disposición mediante la cual el acto procesal se exterioriza, saliendo del dominio puramente intelectual de quien lo cumple para penetrar en el ámbito de la realidad objetiva. Al respecto es menester distinguir entre el modo de expresión y el modo de recepción de la actividad procesal.
A) Modo de expresión. Impone, a su vez, el análisis del lenguaje y del idioma de los actos procesales.
a) En lo que atañe al lenguaje que ha de utilizarse en el cumplimiento de los actos procesales, el ordenamiento procesal vigente adhiere, a la forma escrita. Sólo constituye excepción a esa regla el informe in voce que autoriza el art. 264 CPN., y, naturalmente, la emisión de declaraciones verbales que deben recibirse en audiencias, aunque en ese último caso no cabe hablar de oralidad en sentido estricto, sino de oralidad actuada.
b) En la realización de los actos procesales debe utilizarse el idioma nacional. Cuando éste no fuere conocido por la persona que deba prestar declaración, el juez o tribunal designará por sorteo un traductor público; correspondiendo la designación de intérprete cuando deba interrogarse a sordos, mudos o sordomudos que sólo puedan darse a entender por lenguaje especializado (CPN, art. 115).
Tratándose de documentos en idioma extranjero, debe acompañarse su traducción realizada por traductor público nacional (CPN, art. 123).
c) Con respecto a la redacción de los escritos, en todos ellos debe emplearse exclusivamente tinta negra, encabezándose con la expresión de su objeto (suma), el nombre de quien lo presenta, su domicilio constituido y la enunciación precisa de la carátula del expediente. Las personas que actúen por terceros deberán expresar, además, en cada escrito, el nombre completo de todos sus representados y del letrado patrocinante si lo hubiere. Los abogados y procuradores deben indicar el tomo y folio o el número de la matrícula de su inscripción.
Cuando un escrito o diligencia fuere firmado a ruego del interesado, el secretario o el prosecretario administrativo deberán certificar que el firmante, cuyo nombre expresarán, ha sido autorizado para ello en su presencia o que la autorización ha sido ratificada ante él.
Art. 120. - De todo escrito de que deba darse traslado y de sus contestaciones, de los que tengan por objeto ofrecer prueba, promover incidentes o constituir nuevo domicilio y de los documentos con ellos agregados, deberán acompañarse tantas copias firmadas como partes intervengan, salvo que hayan unificado la representación.
COPIAS DE DOCUMENTOS DE REPRODUCCION DIFICULTOSA
Art. 121. - No será obligatorio acompañar la copia de documentos cuya reproducción fuese dificultosa por su número, extensión, o cualquier otra razón atendible, siempre que así lo resolviere el juez, a pedido formulado en el mismo escrito. En tal caso el juez arbitrará las medidas necesarias para obviar a la otra u otras partes los inconvenientes derivados de la falta de copias.
QUE ES EL CARGO: es el sello que se le pone al escrito que es llevado al juzgado el cual deja impresa la fecha, hora, y lugar en que se presento
SU CONTENIDO: fecha, lugar, tinta negra (118) firma (119 no puede haber escrito sin firma)
CLASIFICACION DE LOS PLAZOS PROCESALES
> Convencionales: establecidos en común acuerdo por las partes.
INDIVIDUAL: corre para la parte que debe cumplir
COMUN: corre para todos los que intervienen en el proceso y computa desde el momento en que fue la última notificación.
SUSPENSION Y ABREVIACION CONVENCIONAL. DECLARACION DE INTERRUPCION Y SUSPENSION
Art. 157. - Los apoderados no podrán acordar una suspensión mayor de VEINTE (20) días sin acreditar ante el juez o tribunal la conformidad de sus mandantes.
Art. 158. - Para toda diligencia que deba practicarse dentro de la República y fuera del lugar del asiento del juzgado o tribunal, quedarán ampliados los plazos fijados por este Código a razón de UN (1) día por cada DOSCIENTOS (200) kilómetros o fracción que no baje de CIEN (100).
PLAZO DE GRACIA: el plazo de gracia es admitido en los escritos judiciales o administrativos, y significa que es válido un escrito presentado en las dos horas siguientes del día hábil posterior al vencimiento del plazo de presentación. Si bien el artículo 155 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación establece que los plazos procesales son perentorios, salvo que hubiera acuerdo de partes para actos procesales específicos, la ley 17.454 (1981) en su artículo 124, estableció este plazo de gracia. La jurisprudencia decidió que por ningún motivo ese plazo de dos horas puede extenderse más, aún en el caso de que en esas dos horas de gracia hubiera existido una fuerza mayor que impidiera la presentación.
EN LA PROVINCIA DE BS.AS fue extendido a cuatro horas del día hábil siguiente a su vencimiento por la ley 13.708 del año 2007.
LUGAR DONDE SE REALIZAN LOS ACTOS PROCESALES: El lugar del acto resulta implícitamente de la ley. En principio todos los actos procesales deben realizarse en la sede del tribunal de la causa.
Art. 40. - Toda persona que litigue por su propio derecho o en representación de tercero deberá constituir domicilio legal dentro del perímetro de la ciudad que sea asiento del respectivo juzgado o tribunal.
FALTA DE CONSTITUCION Y DE DENUNCIA DE DOMICILIO
Art. 41. - Si no se cumpliere con lo establecido en la primera parte del artículo anterior, las sucesivas resoluciones se tendrán por notificadas en la forma y oportunidad fijadas por el artículo 133, salvo la notificación de la audiencia para absolver posiciones y la sentencia.
Art. 42. - Los domicilios a que se refieren los artículos anteriores subsistirán para los efectos legales hasta la terminación del juicio o su archivo, mientras no se constituyan o denuncien otros.
Art. 137. - La cédula y los demás medios previstos en el artículo precedente contendrán:
Art. 138. - Las cédulas se enviarán directamente a la oficina de notificaciones, dentro de las veinticuatro horas, debiendo ser diligenciadas y devueltas en la forma y en los plazos que disponga la reglamentación de superintendencia.
Art. 145. - Además de los casos determinados por este Código, procederá la notificación por edictos cuando se tratare de personas inciertas o cuyo domicilio se ignore. En este último caso, la parte deberá manifestar bajo juramento que ha realizado sin éxito las gestiones tendientes a conocer el domicilio de la persona a quien se deba notificar.
Art. 149. - Será nula la notificación que se hiciere en contravención a lo dispuesto en los artículos anteriores siempre que la irregularidad fuere grave e impidiere al interesado cumplir oportunamente los actos procesales vinculados a la resolución que se notifica. Cuando del expediente resultare que la parte ha tenido conocimiento de la resolución, la notificación surtirá sus efectos desde entonces.
Caracterización: los vicios de los actos del proceso pueden ser extrínsecos o intrínsecos; los 1ros derivan de las formalidades establecidas por las leyes procesales.; los segundos son consecuencia de la falta de los requisitos determinados por las leyes sustanciales para todos los actos jurídicos. La finalidad de las nulidades es evitar el incumplimiento de las formas establecidas con el objeto de preservar el derecho de defensa de las partes y el principio de bilateralidad.
> Como recurso se interpone contra una sentencia que adolece de defectos formales.
> Como excepción: procede en el juicio ejecutivo cundo no se hubieran cumplido las normas establecidas para la preparación de la vía ejecutiva.
MEDIDAS PREPARATORIAS: persiguen la individualización de los sujetos del proceso, su capacidad y legitimación, así como la determinación de datos sobre el objeto o sobre el tipo de proceso a iniciar.
Caracteres: las medidas preparatorias pueden solicitarse en cualquier tipo de proceso. ART 323 En él la enumeración no es taxativa y puede ser requerida cualquier otra medida no enumerada. A pesar de que en gral quien pide la medida es el que pretende demandar, se autoriza también a que lo haga quien con fundamente prevea que será demandado.
Art. 323. - El proceso de conocimiento podrá prepararse pidiendo el que pretenda demandar, o quien, con fundamento prevea que será demandado:
1) Que la persona contra quien se proponga dirigir la demanda preste declaración jurada, por escrito y dentro del plazo que fije el juez, sobre algún hecho relativo a su personalidad, sin cuya comprobación no pueda entrarse en juicio.
2) Que se exhiba la cosa mueble que haya de pedirse por acción real, sin perjuicio de su depósito o de la medida precautoria que corresponda.
3) Que se exhiba un testamento cuando el solicitante se crea heredero, coheredero o legatario, si no puede obtenerlo sin recurrir a la justicia.
4) Que en caso de evicción, el enajenante o adquirente exhiba los títulos u otros instrumentos referentes a la cosa vendida.
5) Que el socio o comunero o quien tenga en su poder los documentos de la sociedad o comunidad, los presente o exhiba.
6) Que la persona que haya de ser demandada por reivindicación u otra acción que exija conocer el carácter en cuya virtud ocupa la cosa objeto del juicio a promover, exprese a qué título la tiene.
7) Que se nombre tutor o curador para el juicio de que se trate.
8) Que si el eventual demandado tuviere que ausentarse del país, constituya domicilio dentro de los CINCO (5) días de notificado, bajo apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 41.
9) Que se practique una mensura judicial.
11) Que se practique reconocimiento de mercaderías, en los términos del artículo 782.
Al caracterizar oportunamente a la demanda como un mero acto de iniciación procesal quedó esbozada la idea de que aquélla, a diferencia de la pretensión, no implica necesariamente el planteamiento de un conflicto entre partes y el consiguiente reclamo de una sentencia de fondo que lo dirima, sino que se configura, simplemente, con motivo de la petición formulada ante un órgano judicial, por una persona distinta de éste, en el sentido de que se disponga la iniciación y el ulterior trámite de un determinado proceso.
Al contenido de la demanda se refiere el art. 330 CPN en los siguientes términos:
"La demanda será deducida por escrito y contendrá:
La indicación del nombre del actor o demandante constituye un re- quisito que hace a la esencia misma de la demanda, pues su omisión impediría determinar quién es la persona que deduce la pretensión e imposibilitaría la defensa del demandado.
Si el actor es una persona física debe expresar su nombre y apellido. Tratándose de una persona de existencia ideal, debe indicar con precisión el nombre o razón social con que actúa.
En el caso de que el actor actúe por medio de representante legal o convencional, éste deberá expresar su nombre y acompañar los documentos que acrediten su personalidad
2º) El nombre y domicilio del demandado. El domicilio a que alude la norma transcripta es el domicilio real del actor, que no debe confundirse con el domicilio "procesal" o ad litem. A este último se refiere el art. 40, en tanto dispone que "toda persona que litigue por su propio derecho o en representación de tercero, deberá constituir domicilio legal (procesal) dentro del perímetro de la ciudad que sea asiento del respectivo tribunal". En él deben practicarse las notificaciones por cédula, y su constitución no excusa la denuncia del domicilio real. Cuando el actor se presente por medio de apoderado, éste deberá, además de constituir domicilio procesal, denunciar el domicilio real de su mandante (CPN, art. 40, párr. 2º), donde deben notificarse diversas resoluciones de carácter personalísimo como la que ordena la absolución de posiciones (art. 409), o la que dispone la citación de la persona a quien se le atribuya la letra para que forme un cuerpo de escritura al dictado y a requerimiento de los peritos, bajo apercibimiento de tener por reconocido el documento
La "cosa demandada" a que se refiere el inc. 3º del art. 330 constituye el objeto mediato de la pretensión deducida en la demanda.
El inciso examinado requiere que la designación de la "cosa demandada" sea exacta: si, por ejemplo, se reclama el pago de una indemnización, debe indicarse con precisión la suma de dinero en que se estiman los daños; si la demanda versa sobre un bien inmueble, el actor debe indicar concretamente su superficie, ubicación, linderos; etcétera.
La exposición de los hechos (inc. 4º) tiene por finalidad la determinación de la causa, o sea la razón o fundamento en cuya virtud la pretensión se deduce.
5º) El derecho expuesto sucintamente, evitando repeticiones innecesarias.
En la sentencia, el juez sólo debe atenerse a las alegaciones de hecho y a las peticiones formuladas por las partes y no a las normas jurídicas que éstas hayan invocado en apoyo de sus pretensiones o defensas.
6º) La petición en términos claros y positivos".
El actor concreta el objeto inmediato de la pretensión contenida en la demanda. Ella debe plantearse "en términos claros y positivos" a fin de que pueda establecerse, con precisión, cuál es la clase de pronunciamiento judicial que se persigue. En la práctica, la petición se formula al comienzo del respectivo escrito y se reitera en la parte final, a modo de síntesis de las manifestaciones expuestas en la demanda.
Modificación de la demanda: efectos.
El art. 331 dice: el actor podrá modificar la demanda antes de que esta sea notificada. Podrá ampliar la cuantía de lo reclamado si antes de la sentencia vencieren nuevos plazos o cuotas de la misma obligación.
La transformación de la demanda es un acto procesal unitario que sobre la base de conservar, inmutables alguno o algunos de los elementos esenciales de la anterior o modifica otro u otros.
La demanda se modifica cuando se alteran los fundamentos sin cambiar la causa ni el objeto del litigio. La demanda modificada conserva todos los efectos materiales y procesales producidos por su interposición.
Cambio de demanda: habrá cambio de demanda cuando se sustituyan los sujetos la causa o el objeto del litigio.
Sujetos: la incorporación de nuevos sujetos a la relación procesal o la modificación de la situación jurídica de los que actúen como partes originan un cambio de demanda.
Causa: la afirmación de hechos nuevos o distintos que se agregan a los anteriores o los modifican constituye una transformación de la demanda. Salvo cuando la nueva fundamentación importe sustituir la causa.
Art. 337. - Los jueces podrán rechazar de oficio las demandas que no se ajusten a las reglas establecidas, expresando el defecto que contengan.
Art. 338. - Presentada la demanda en la forma prescripta, el juez dará traslado de ella al demandado para que comparezca y la conteste dentro de QUINCE (15) días.
Cuando la parte demandada fuere la Nación, UNA (1) provincia o UNA (1) municipalidad, el plazo para comparecer y contestar la demanda será de SESENTA (60) días.