Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/auto-2006-02068-de-agosto-6-de-2009?documento=jurcol&contexto=jurcol_795cae87cad7c058e0430a010151c058&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-11-19 18:15:22
Document Index: 133968402

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 20', 'artículo 132', 'artículo 40', 'artículo 164', 'artículo 20', 'artículo 20', 'artículo 20', 'artículo 20', 'artículo 20', 'artículo 20', 'artículo 20', 'artículo 20', 'artículo 132', 'artículo 40', 'artículo 181', 'artículo 20']

﻿ Auto 2006-02068 de agosto 6 de 2009
AUTO 2006-02068 DE 06 DE AGOSTO DE 2009
CONTENIDO:PAGO DE PERJUICIOS EN LOS PROCESOS DE REPARACIÓN DIRECTA. PARA EFECTOS DE CALCULAR LA CUANTÍA DEL PROCESO, PUEDEN CONSIDERARSE MONTOS QUE SE PUEDAN LLEGAR A ESTIMAR POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE FUTURO.
TEMAS ESPECÍFICOS:PROCESO ADMINISTRATIVO, LUCRO CESANTE, DETERMINACIÓN DE LA CUANTÍA, INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS
Auto 2006-02068 de agosto 6 de 2009
Rad.: 250002326000200602068 01
Exp.: 36849
Actor: Jael Ramírez Prieto y otros
Referencia: Recurso de queja. Reparación directa
Bogotá, D.C., seis de agosto de 2009.
Resuelve la Sala el recurso de queja interpuesto por la parte demandante contra la providencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el día 12 de diciembre de 2008, por medio de la cual se negó, por improcedente, el recurso de apelación propuesto contra el auto dictado por ese mismo tribunal el 27 de agosto de 2008.
1.1. El día 12 de octubre de 2006, actuando a través de apoderada judicial, la señora Jael Ramírez Prieto en nombre propio y en el de su hija María Paula Viña; Alberto Viña Calderón, Leonor Álvarez de Viña, Olga Rocío Viña Álvarez, Clara Leonor Viña Álvarez y Jesús Alberto Viña Álvarez, interpusieron demanda de reparación directa en contra de la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional y la Empresa Social del Estado Hospital Occidente de Kennedy, con el fin de que se les declarara administrativamente responsables por los perjuicios sufridos como consecuencia de la falla en el servicio consistente en la indebida intervención de la Policía Nacional y la inoportuna prestación del servicio médico que le correspondía al Hospital Occidente de Kennedy, lo cual ocasionó la muerte del señor Martín Alirio Viña Álvarez, en hechos ocurridos el 12 de noviembre de 2005 (fls. 5 a 49, cdno. ppal.).
1.2. Previo a la admisión de la demanda, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante auto del 10 de noviembre de 2006, requirió a la parte actora con el fin de que estimara razonadamente la cuantía referente a los perjuicios materiales, dado que, en el acápite de las pretensiones de la demanda había solicitado, de manera genérica, la suma de $ 500.000.000 y en forma subsidiaria la suma de $ 40.800.000, sin que se hubiere discriminado cuál era el monto que le correspondía a cada uno de los demandantes y por qué concepto, razón por la cual el a quo estimó que los demandantes debían discriminar las sumas pedidas por concepto de lucro cesante consolidado y futuro para cada uno de ellos.
1.3. A través de escrito presentado el día 21 de noviembre de 2006, la parte actora procedió a subsanar las deficiencias de la demanda, en los siguientes términos (fls 50 a 52, cdno. ppal):
“En relación con la estimación razonada de la cuantía, es importante anotar, que al momento de tazar los perjuicios se tuvo en cuenta la privación económica que generó la muerte del señor Martín Alirio Viña Álvarez (qepd) en la compañera permanente Jael Ramírez Prieto y en su hija menor María Paula Viña Ramírez, resultante de la intempestiva interrupción de ayuda económica, en razón a que este percibía un salario equivalente a cinco millones de pesos m/cte ($ 5.000.000) (...).
Para el efecto se solicita el cincuenta por ciento (50%) de la suma mensual que devengaba el señor Martín Alirio Viña Álvarez, o lo que determine el juez al momento de dictar la sentencia, desde el día de los hechos, es decir, a partir del 12 de noviembre de 2005 hasta la vida probable de la compañera Jael Ramírez Prieto, atendiendo a lo dispuesto en las tablas de mortalidad y actualizando tal suma con los intereses y los incrementos del índice del costo de vida que certifique el Dane, con aplicación de las matemáticas financieras y dividida en dos períodos: la debida hasta la fecha de la sentencia y la futura hasta el fin de la vida probable de la beneficiaria.
“Así mismo, el veinticinco por ciento (25%) de la suma total que devengaba el señor Martín Alirio Viña Álvarez a favor de la menor María Paula Viña Ramírez, desde la fecha de los hechos hasta cuando cumpla los 25 años, o en su defecto la mayoría de edad, suma que se actualizará con los intereses y los incrementos del índice del costo de vida que certifique el Dane, con aplicación de las matemáticas financieras y dividida en dos períodos: la debida hasta la fecha de la sentencia y la futura hasta cuando cumpla dicha edad.
“(...) [E]stos tienen el derecho a recibir una indemnización equivalente al valor de sus ingresos, por un valor del 50% para la compañera y el 25% restante para la hija menor de edad, que arroja un valor aproximado de 500.000.000 millones de pesos como se solicitó en la demanda, sin perjuicio de que el juzgador reconozca una indemnización mayor.
“Por otro lado, se solicitó de forma subsidiaria la suma de cuarenta millones ochocientos mil pesos ($ 40.800.000), pero solo a falta de bases suficientes para la liquidación matemático-actuarial de los perjuicios que se le deben a los reclamantes, para lo cual se solicita que sea el tribunal quien fije atendiendo los parámetros de equidad que ordena para los afectados la reparación integral”.
1.4. No obstante lo anterior, mediante auto del 13 de diciembre de 2006, el a quo volvió a requerir a la parte demandante para que realizara las operaciones pertinentes a efectos de calcular el valor reclamado a título de lucro cesante futuro y consolidado respecto de cada uno de los demandantes, toda vez, que la cuantía del proceso debía estar determinada por el valor de la pretensión mayor y no por la sumatoria de las pretensiones de todos los demandantes (fl. 59 cdno. ppal.).
1.5. Por medio de escrito allegado el día 18 de diciembre de 2006, la parte actora atendió el requerimiento del tribunal en los siguientes términos (fls. 60 a 63, cdno. ppal.):
“(...) [M]e permito de conformidad con la doctrina y jurisprudencia aplicable para la realización de las fórmulas y operaciones tendientes a determinar el lucro cesante futuro y consolidado, los valores son los siguientes:
Salario devengado: $ 5.000.000
Se adicionará a esta suma el:
(25%) $ 1.300.828,25 = $ 6.054.191,24
El resultado se reducirá a sí mismo (sic) en un:
(25%) $ 1.626.047,81 = $ 6.504.191,94
PERJUICIOS CONSOLIDADOS
R= 4.878.143,43
N= 168 Meses
I= 0.004867
Total = $ 60.130.390
$ 940.834.575
= $ 1.000.964.964
El 50% del anterior valor que corresponde a $ 500.482.482 se tendrá en cuenta como base para el cálculo de la indemnización correspondiente a la compañera permanente del señor Martín Alirio Viña (qepd) la señora Jael Ramírez Prieto, y el 50% restante, para la menor hija de la víctima María Paula Ramírez ($ 500.482.482).
“6. Lo señalado como subsidiariamente, hace referencia a que, si en el transcurso del proceso, a falta de bases suficientes para la liquidación (...), se tendrá en cuenta para la liquidación para cada una de las afectadas con la muerte del compañero permanente y padre respectivamente, el valor del salario mínimo legal vigente, para la fecha de la presentación de la demanda, es decir la suma de $ 408.000, que multiplicados por los cien salarios mínimos legales vigentes, arroja un valor de $ 40.800.000, para cada una, sin que sea un tope o limitación para la reparación integral de las afectadas”.
1.6. Mediante auto del 9 de febrero de 2007, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, admitió la mencionada demanda (fl. 53 cdno. ppal.).
1.7. Posteriormente, durante la etapa probatoria, el a quo, a través de auto del 27 de agosto de 2008, declaró la nulidad de todo lo actuado a partir del auto admisorio de la demanda, por falta de competencia funcional, al considerar que la cuantía del proceso era insuficiente para que el tribunal conociera del asunto en primera instancia, razón por la cual, ordenó la remisión del expediente a los juzgados administrativos (fls. 54 a 55, cdno. ppal.).
1.8. Inconforme con la anterior decisión, la parte demandante interpuso, mediante escrito presentado el 31 de octubre de 2008, recurso de apelación, impugnación que fue negada por el tribunal a quo en providencia del 12 de diciembre de 2008, al indicar que comoquiera que la cuantía era inferior a los 500 smlmv, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 1º de la Ley 954 de 2005, resultaba improcedente tramitar el proceso en segunda instancia ante el Consejo de Estado (fls. 60 a 61, cdno. ppal.).
Para el efecto, el tribunal consideró que para la determinación de la cuantía del proceso no podían tenerse en cuenta los perjuicios solicitados por lucro cesante futuro, puesto que son perjuicios accesorios que en los términos del artículo 20 del Código de Procedimiento Civil, no pueden ser valorados para el cálculo de la pretensión mayor.
1.9. El 13 de enero de 2009, la parte demandante interpuso recurso de reposición y, subsidiariamente, solicitó la expedición de copias para acudir en queja ante esta corporación (fls. 62 a 65, cdno ppal.).
1.10. Mediante auto del 17 de abril de 2009, el tribunal a quo confirmó el auto de fecha 12 de diciembre de 2008 a través del cual se negó el recurso de apelación contra el auto del 27 de agosto de 2008 y, en consecuencia, dispuso la expedición de las copias para surtir el recurso de queja ante esta corporación, las cuales fueron retiradas en tiempo por la parte actora, el 5 de mayo de 2009 (fls. 60 a 67, cdno. ppal.).
El 5 de mayo de 2009, el apoderado de la parte demandante presentó recurso de queja contra el auto proferido el 12 de diciembre de 2008, mediante el cual se denegó, por improcedente, el recurso de apelación interpuesto contra el auto del 27 de agosto de 2008 (fls. 1 a 4, cdno. ppal.).
La recurrente adujo que para la fecha de presentación de la demanda -12 de octubre de 2006- la pretensión mayor por concepto de perjuicios materiales, sin tener en cuenta los intereses, se estimó en la suma equivalente a $ 500.000.000, suma que calculó teniendo como base de liquidación el salario que devengaba el señor Martín Alirio Viña Álvarez como locutor deportivo del canal RCN, remuneración que se encontraba sujeta a los cupos dentro de los espacios del medio de comunicación radial y que para la fecha tenían un valor aproximado de $ 3.000.000, sumado a los demás servicios profesionales que prestaba a diferentes empresas por pautas publicitarias, para un total de $ 5.000.000 aproximadamente, multiplicado por cien veces el mismo salario.
Por otro lado, expresó que, comoquiera que el salario mínimo legal vigente para el año 2006 —año de presentación de la demanda—, correspondía a la cifra de $ 408.000, la mayor de las pretensiones estaba estimada en la en 1225 smlmv, suficientes para que el tribunal administrativo conociera en primera instancia del presente asunto, de conformidad con el artículo 132 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 40 de la Ley 446 de 1998.
De otra parte, adujo que en el caso hipotético de que la cuantía no superare los 500 smlmv, de conformidad con el artículo 164 de la Ley 446 de 1998, lo procedente era que se hubiere remitido el proceso a la instancia correspondiente sin que resultara necesario declarar la nulidad de todo lo actuado.
La Sala estimará mal denegado el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra el auto proferido el 12 de diciembre de 2008, mediante el cual se denegó el recurso de apelación interpuesto contra el auto del 27 de agosto de 2008 y, en consecuencia, concederá la impugnación.
Para el tribunal el presente asunto no tenía vocación de doble instancia, comoquiera que la cuantía del mismo no superaba los 500 smlmv necesarios, según lo dispone la Ley 446 de 1998.
En efecto, según la citada corporación, aún cuando en varias oportunidades se requirió al demandante con el fin de que estimara razonablemente la cuantía del proceso, lo cierto es que en atención a lo dispuesto en el artículo 20 del Código de Procedimiento Civil, únicamente podía tenerse en cuenta para efectos del cálculo de la pretensión mayor, en aquellos eventos en que se soliciten perjuicios por lucro cesante, la cantidad equivalente al período consolidado, puesto que lo que se llegare a pedir por el período futuro, debía ser considerado como un perjuicio accesorio, el cual, en los términos de la norma citada, no podía ser tenido en cuenta para efectos de la determinación de la cuantía.
Por lo anterior, dado que los demandantes solicitaron por lucro consolidado el monto de $ 60.130.390,19, para la fecha de presentación de la demanda, lo cual equivalía aproximadamente a 147 smlmv, concluyó el tribunal que el proceso no podía acceder a la segunda instancia ante esta corporación, dado que la cuantía del proceso no superaba 500 smlmv, los cuales, según la Ley 446 de 1998, son necesarios para surtir la impugnación.
Al respecto, esta Sección del Consejo de Estado, de forma reiterada, ha considerado que el señalamiento de la cuantía tiene por objeto determinar la competencia del juez y el procedimiento a seguir, aspectos que han de quedar definidos desde el comienzo de la controversia y que no pueden variarse por apreciaciones posteriores del juez o de las partes.
En este sentido, el artículo 20 del Código de Procedimiento Civil dispone:
2. Por el valor de la pretensión mayor, cuando en la demanda se acumulen varias pretensiones”. (Se resalta).
De allí que, con la finalidad de establecer la cuantía del proceso y, por ende, decidir sobre la procedibilidad del recurso de apelación, el juez debe tener en cuenta las pretensiones contenidas en la demanda —teniendo en cuenta sus correcciones—, así como la estimación razonada de su cuantía(1).
De conformidad con lo anterior, en aplicación del artículo 20 del Código de Procedimiento Civil, la cuantía se fija por el monto de la pretensión mayor al momento de presentación de la demanda, cuando allí se acumulen varias pretensiones. Por ello, en las acciones de esta naturaleza no resulta procedente la sumatoria de diferentes clases de perjuicios con el fin de determinar la cuantía del proceso, dado que las pretensiones encaminadas a obtener la indemnización, por ejemplo, de perjuicios de orden material (daño emergente y lucro cesante) e inmaterial (moral o grave alteración a las condiciones de existencia), entre otras, constituyen pretensiones autónomas frente a cada demandante, las cuales devienen de una fuente distinta y, por lo tanto, su sumatoria, con el fin de establecer la cuantía, resulta inadecuada.
La cuestión a definir en el presente asunto consiste en determinar si para efectos de calcular la cuantía del proceso pueden considerarse los montos que se llegaren a estimar por concepto de lucro cesante futuro, toda vez que si la respuesta es afirmativa, este proceso podría acceder a la segunda instancia —de conformidad con lo expuesto en la demanda y en sus correcciones—, de lo contrario, le asistiría razón al tribunal y, en consecuencia, no sería posible tramitar el recurso de apelación ante esta corporación.
Según el artículo 20 del Código de Procedimiento Civil, antes citado, para efectos de determinar la cuantía del proceso, sólo es posible tener en cuenta los perjuicios que se solicitan como principales y no aquellos que se pidan como accesorios, tales como los intereses o los frutos que se causen con posterioridad a la presentación de la demanda.
Respecto de la interpretación de esta forma, resultan ilustrativas las consideraciones expuestas por la Sala en providencia del 2 de febrero de 2001(2), los cuales, por su pertinencia, se transcribirán in extenso:
“Aplicando estas precisiones al asunto que nos ocupa, tenemos que, la pretensión de condena al pago de perjuicios puede ser principal o accesoria.
Por perjuicio consolidado se entiende aquel que existe, es el perjuicio cierto, que “ya se exteriorizó”, es “una realidad ya vivida”(3). En tratándose del daño emergente, consiste en los desembolsos, egresos, o gastos efectuados; si se trata del lucro cesante, consiste en que “se haya concluido la falta del ingreso”(4).
De allí que, no existe discusión en cuanto a que el daño emergente y el lucro cesante futuros no pueden considerarse como peticiones accesorias, de acuerdo con al alcance que tiene esta acepción, ya que en sí mismos constituyen el daño material, elemento integrante de la pretensión de condena al pago de perjuicios.
En relación con el artículo 20 del Código de Procedimiento Civil, el profesor Hernando Morales Molina, sostiene(5):
“... el justiprecio se hace sumando el principal y los intereses, frutos, multas o perjuicios anteriores a la demanda, que se soliciten en esta como accesorios, a fin de adicionarlos al capital y reconocer la cuantía del proceso. En cambio, no se computan los intereses no vencidos, ni los frutos y multas no causados, ni los perjuicios posteriores a la demanda, aunque más tarde puedan llegar a ser objeto de la litis ..., porque carecen aún de actualidad (...)” (se resalta).
Por su parte, el profesor Hernán Fabio López sostiene que los intereses frutos, multas y perjuicios a que se refiere la segunda parte del numeral 1º, artículo 20 del Código de Procedimiento Civil, deben sumarse a la pretensión principal, puesto que se trata de pretensiones subordinadas a esta y, no se tienen en cuenta los que se causen con posterioridad a la fecha de presentación de la demanda(6).
Por consiguiente, cuando en el numeral 1º del artículo 20 del Código de Procedimiento Civil señala que no pueden tenerse en cuenta los perjuicios reclamados como accesorios, que se causen con posterioridad a la presentación de la demanda, debe entenderse que se está refiriendo a aquellos valores que aún no se han causado, y que el actor pretende le sean reconocidos como consecuencia necesaria y directa del no pago oportuno de las sumas reclamadas como principales, tal es el caso, por ejemplo, de la corrección monetaria; lo que se justifica en virtud del principio de la reparación integral del daño” (subrayas y negrillas fuera del texto).
De conformidad con lo anterior, para la Sala resulta claro que los perjuicios que se soliciten al momento de presentación de la demanda por concepto de lucro cesante futuro, no son considerados como accesorios en los términos del artículo 20 del Código de Procedimiento Civil, razón por la cual deben ser tenidos en cuenta por el Juez para efectos de la determinación de la cuantía del proceso. Se agrega, además, que la Sala también ha aceptado la sumatoria de los perjuicios consolidado y futuro, dado que hacen parte del lucro cesante(7).
En el presente caso se encuentra que la parte actora desde la fecha de presentación de la demanda y con ocasión las correcciones de la misma —debido a los requerimientos hechos por el tribunal— había solicitado el reconocimiento del lucro cesante, entre otras pretensiones, a favor de la señora Jael Ramírez Prieto y María Paula Viña Ramírez, para lo cual solicitó que se calculara el monto de dichos perjuicios de conformidad con los parámetros y fórmulas matemáticas que usualmente utiliza el Consejo de Estado para estos efectos. Incluso, a petición del tribunal, los demandantes procedieron, de manera específica, a efectuar los cálculos correspondientes, respecto de los cuales estimaron habían ascendido tales perjuicios como consecuencia de los hechos que dieron lugar a la presentación de la demanda.
De conformidad con las operaciones realizadas, los demandantes estimaron que el monto del lucro cesante ascendía a $ 60.130.390 por el período consolidado y $ 940.834.575, por el futuro.
Se reitera, como así lo ha expuesto la Sala en otras oportunidades(8), que es a la parte demandante a la que le corresponde hacer la estimación económica de lo que considera es el valor de su derecho o, en otras palabras, le corresponde manifestar en la demanda el monto al cual asciende su pretensión, razón por la cual no le es dable al juez disminuir, aumentar o, en general, modificar la cantidad que por este concepto se introduce en el libelo demandatorio.
Y es que la obligación de estimar, de manera razonada, la cuantía de un proceso no le corresponde al juez, toda vez que dicha carga le fue impuesta por el legislador a la parte actora, de tal manera que el examen del operador jurídico, al momento de establecer si el demandante cumplió, o no, con dicho requisito, se circunscribe a observar si el cálculo efectuado en dicho acápite de la demanda se encuentra acorde con lo solicitado dentro de las pretensiones de la misma, como quiera que, en primer lugar, es la parte demandante quien edifica y estructura las pretensiones de la demanda y, por tanto, estima los perjuicios cuya indemnización reclama; en segundo término, el análisis de los perjuicios alegados por la parte actora sólo será objeto de decisión al momento de dictar sentencia o de decidir sobre la aprobación o improbación de algún acuerdo conciliatorio que pueda producirse a lo largo del proceso, decisiones estas que deberán adoptarse de acuerdo con el conjunto probatorio obrante dentro del expediente.
Por lo anterior, habida cuenta que le corresponde al demandante estimar la cuantía del proceso, claro está, con fundamento en los presupuestos que indica la ley y, como se dejó visto, los perjuicios solicitados por lucro cesante futuro tienen la naturaleza de principales, el tribunal debió tenerlos en cuenta para efectos de la determinación de la cuantía del presente asunto.
Así pues, dado que en relación con la suma estimada por lucro cesante —$ 1.000.964.964—, el demandante manifestó que el 50% de esa cantidad la solicitaba a favor de la señora Jael Ramírez Prieto —$ 500’482.482—, la Sala encuentra que tal suma supera el equivalente a los 500 smlmv, a la fecha de presentación de la demanda —oct. 12/2006(9)—, monto mínimo necesario para que el presente asunto acceda a la segunda instancia ante el Consejo de Estado, según los dictados del artículo 132 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 40 de la Ley 446 de 1998.
Asimismo, se encuentra que el auto objeto del recurso apelación —providencia del 27 de agosto de 2008— es susceptible de este medio de impugnación en los términos del numeral 6 º del artículo 181 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que mediante el mismo se decretó una nulidad procesal.
En consecuencia, se estimará mal denegado el recurso de apelación, dado que la cuantía del proceso supera el monto exigido en la ley para que el presente asunto acceda a la segunda instancia y el auto objeto del recurso es apelable (CCA, art. 129).
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera.
1. ESTÍMASE mal denegado el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra el auto proferido el 12 de diciembre de 2008, mediante el cual se denegó el recurso de apelación interpuesto contra el auto del 27 de agosto de 2008.
2. CONCÉDESE el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra el auto del 27 de agosto de 2008, proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B.
3. INFÓRMESE lo decidido al tribunal a quo y SOLICÍTESE el envío del expediente para continuar su trámite.
Magistrados: Ramiro Saavedra Becerra, Presidente de la Sala—Ruth Stella Correa Palacio—Mauricio Fajardo Gómez—Enrique Gil Botero, aclaración de voto—Myriam Guerrero de Escobar.
(2) Exp. 18904. M.P. Alier Hernández Enríquez.
(3) Henao, Juan Carlos. El Daño. Análisis comparativo de la responsabilidad extracontractual del Estado en derecho colombiano y francés. Primera edición. Universidad Externado de Colombia. Bogotá. 1998. pág. 132.
(4) Íbid. pág. 135.
(5) Morales Molina, Hernando. Op. cit. pág. 325.
(6) En este asunto, el mencionado autor comenta que: "Para comprender el espíritu del numeral 1º del artículo 20 debe tenerse presente que prevé el caso de acumulación de varias pretensiones, pero solo una de ellas es la principal y las demás dependen de esta. Así, ... la pretensión principal es el capital, y los intereses son pretensión subordinada a esa principal.
En un contrato en que consta la obligación de pagar un capital, más intereses y la cláusula penal son subordinadas, sumándose lo causado hasta el momento en que se presenta la demanda para determinar la competencia“. López Blanco, Hernán Fabio, Instituciones de derecho procesal civil colombiano. Séptima edición. Editorial ABC. Bogotá, 1997. pág. 173.
(7) Consejo de Estado. Auto del 30 de enero de 2008. Exp. 250002326000200300952 01 (34033).
(8) Consejo de Estado. Auto del 4 de septiembre de 2008. Exp. 250002326000199902842 01.
(9) Para esa fecha 500 smlmv equivalían a $ 204.000.000, dado que el salario mínimo para esa época equivalía a $ 408.000.