Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/civil/civil-III/2012/as201221126L.htm
Timestamp: 2019-03-25 04:19:14
Document Index: 76133549

Matched Legal Cases: ['artículo 354', 'artículo 371', 'artículo 370', 'artículo 297', 'artículo 90', 'artículo 42', 'artículo 8']

201207-Sala Civil Liquidadora-1-126
Sucre: 17 de julio de 2012
Expediente: B-26-07-S
Partes:Maria Cruz Aguilera Céspedes Vda. de Justiniano c/ Rubens Rivarola Muñoz.
VISTOS: El recurso de nulidad y casación de fojas 120 a 123, interpuesto por Rubens Rivarola Muñoz en representación legal de Gustavo Gastón Ramos Teran, contra el Auto de Vista Nº 140 de 23 de agosto de 2007, cursante de fojas 115 a 117, pronunciado por la Sala Civil de la entonces Corte Superior de Distrito Judicial del Beni, en el proceso ordinario sobre mejor derecho propietario, seguido por Maria Cruz Aguilera Céspedes Vda. de Justiniano contra el recurrente, la respuesta de fojas 125, el auto concesorio de fojas 126, los antecedentes del proceso, y:
CONSIDERANDO: Que, el Juez Primero de Partido en lo Civil y Comercial de la ciudad de Trinidad, pronunció la Sentencia Nº 145 de 26 de marzo de 2007, cursante de fojas 89 a 91, declarando probada la demanda de fojas 14 a 15 e improbada la reconvención de fojas 55 a 56, reconociendo a favor de Maria Cruz Aguilera Céspedes Vda. De Justiniano, el mejor derecho propietario sobre el inmueble ubicado en la Calle Hormando Ortiz y Avenida Comunidad Europea, Manzana Nº 65; lote Nº 17, de la Zona el Carmen de la Ciudad de Trinidad, con una superficie de 609,29 Mts2, inscrito en la oficinas de Derechos Reales bajo la partida computarizada Nº 8.01.1.01.0003548.
En grado de apelación, la Sala Civil de la entonces Corte Superior del distrito Judicial del Beni, emitió el Auto de Vista Nº 140 de 23 de agosto de 2007, cursante a fojas 115 a 117, confirma el auto interlocutorio de 28 de abril de 2006 y la sentencia apelada, sin costas por ser juicio doble.
Contra la resolución de alzada, Rubens Rivarola Muñoz en representación legal de Gustavo Gastón Ramos por memorial de fojas 120 a 123, recurre de nulidad y de casación con los fundamentos allí expuestos:
En el marco de esa facultad, y efectuando una revisión de los antecedentes del proceso se tiene:
Por memorial de fojas 14 a 15 y vuelta, Maria Cruz Aguilera Céspedes Vda. De Justiniano demanda reconocimiento de mejor derecho propietario, señalando: a).- Que a consecuencia de un proceso de usucapión adquirió el derecho de propiedad sobre el inmueble urbano ubicado en Calle Hormando Ortiz y Avenida Comunidad Europea, Manzano 65, lote Nº 17 de la Zona El Maca hoy conocida como El Carmen. b).- Que el señor Gustavo Gastón Ramos Terán sin haber ocupado jamás el inmueble alega tener derecho propietario, por lo que, apoyada en los artículos 1279, 1281 y 1449 del Código Civil, plantea la demanda, pidiendo se le reconozca su mejor derecho propietario. Por su parte el demandado a través de su apoderado legal, por memorial de fojas 55 a 56 contesta en forma negativa a la demanda y plantea demanda reconvencional sobre reconocimiento de legitimo derecho propietario y de nulidad de proceso ordinario de usucapión seguido con fraude procesal y nulidad de registros, alegando: a).- Ser propietario del inmueble sito en Calle Hormando Ortiz Chávez casi esquina Circunvalación, adquirido por compra de su anterior propietario Eddy Espinoza Marañon en fecha 23 de marzo de 1995 y registrado en Derechos Reales el 24 de marzo de 1995, bajo la partida Nº 146 del Libro de Registro de Propiedades de la Capital. b).- Que, la demandada valiéndose de un delincuencial fraude procesal, ilegalmente tramito un juicio ordinario de usucapión contra la Alcaldía Municipal de Trinidad para tratar de apropiarse de su bien inmueble sin haber dirigido la demanda contra su persona.
Que, así sintetizadas las pretensiones tanto de la demanda, la respuesta y la demanda reconvencional, así como la respuesta a la misma, donde se niegan y contradicen puntualmente los extremos argumentados por la actora y por el demandado reconventor, se evidencia que el juez a quo y el tribunal ad quem (éste último, al confirmar la sentencia apelada) han aplicado incorrectamente el parágrafo II del artículo 354 del Código de Procedimiento Civil, pues no han tomado en cuenta que la calificación del proceso como de puro derecho es viable cuando no existen hechos que probar, lo que no ocurre en el presente caso, en el que al existir respuestas negativas tanto a la demanda principal como a la reconvencional fojas 55 a 56 y fojas 63 a 64 respectivamente, el juez de primera instancia debió necesariamente someter la causa a prueba, como manda imperativamente el artículo 371 del Código de Procedimiento Civil.
Para respaldar estos conceptos, es preciso no olvidar que la fuente principal de nuestro Código de Procedimiento Civil es el Código Procesal Civil y Comercial Argentino y que según éste "si existen hechos controvertidos, se abre la causa a prueba". Al respecto, Jesús Cuadrao, coincidiendo con el Profesor Alsina, escribe: "La jurisprudencia, con buen criterio, ha declarado que la apertura a prueba es la regla como conducta procesal más acorde con la amplitud que hay que otorgar al principio de defensa en juicio, debe ordenársela ante la más mínima duda sobre la suficiencia de los elementos agregados a la causa para un pronunciamiento justo". Esa es también la posición de los autores nacionales, como el Dr. José Decker Morales, que escribe: "Por lo expuesto, la negativa categórica en la que se desconocen todos los hechos afirmados en la demanda, importa igualmente desconocimiento del derecho invocado por el actor. Claro está que el que niega nada debe probar; es el demandante a quien corresponde la prueba de los hechos que afirma". Similar criterio expone el Dr. Morales Guillén, que sostiene: "Si se alega por las partes, hechos sobre los cuales no existe conformidad entre ellas, esto es, hay más bien contradicción, así no lo pidan las partes (artículo 370 del Código de Procedimiento Civil, 360 del similar argentino) el juez abrirá la causa a prueba y se tramitará el proceso como uno de hecho".
Tanto el juez de primera instancia como el tribunal de apelación no han considerado que el proceso de puro derecho es excepcional, la regla es la apertura del término de prueba, que constituye una solución acorde con la amplitud que se debe otorgar al principio de la defensa, ya que si se dispone lo contrario, se vulnera este principio, pues se les priva del resguardo que la ley les brinda. En sentido contrario, sólo "cuando la cuestión litigiosa versa sobre la inteligencia que se ha de dar a una determinada conducta o una situación fáctica no controvertida frente a una norma positiva de fuente convencional o legal, se trata de un problema puramente interpretativo strictu sensu y, por ende, la cuestión debe ser resuelta como de puro derecho" (Serrantes Peña- Palma).
En el sub lite, no sólo se advierte la contraposición de aspectos fundamentales entre la demanda y la respuesta de los demandados, la demanda reconvencional y la respuesta a la misma por parte de los demandantes, sino que, la pretensión de fraude procesal establecida en el artículo 297 inciso3) del Código de Procedimiento Civil, debe necesariamente ser demostrado en proceso ordinario, en el que no se va a discutir los derechos en controversia ni las decisiones de las instancias jurisdiccionales, sino los hechos que dieron origen al fraude procesal que se acusa, lo que impide que se lo tramite como ordinario de puro derecho, sino que debe darse oportunidad a quien pretende se declare el fraude procesal la probanza de los hechos constitutivos del fraude procesal entendido - según el Diccionario de Edgar Oblitas Fernández - como toda maniobra de las partes, del Juez, de terceros o de auxiliares que tienda a obtener o dictar una sentencia- sin valor de cosa juzgada o la homologación de un acuerdo procesal u otra resolución judicial, con fines ilícitos o impedir su pronunciamiento o ejecución.
CONSIDERANDO: Que, las normas procesales son de orden público y de cumplimiento obligatorio tal cual lo establece el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, lo que quiere decir que su observancia, no depende de la voluntad de las partes que litigan en un determinado asunto, sino que es cuestión de cumplimiento de la ley. Bajo este contexto, y ante la evidencia de haber el juez de causa en el auto de relación procesal calificado el proceso como ordinario de puro derecho, pese a que existen puntos controvertidos y de hecho que deben ser probados por las partes, y la naturaleza de la pretensión de fraude procesal, ha violado normas de orden público relacionadas con los artículos 354 - I y II, 3 - 1) y 3) del Código de Procedimiento Civil y que conducen a determinar la nulidad de obrados en aplicación de los artículos 254 - 7) y 252 del mismo Código adjetivo civil.
Bajo este contexto, era obligación del tribunal ad quem corregir el procedimiento y reencausar la misma anulando obrados para que el juez de la causa califique el proceso como ordinario de hecho, tomando en cuenta que ese vicio procesal afecta derechos constitucionales referidos al derecho a la defensa en juicio y el de igualdad efectiva de las partes lo cual impide su convalidación. No haber procedido de esta forma el tribunal ad quem, obliga a este Tribunal Supremo a corregir procedimiento, aplicando lo dispuesto por los artículos 271-3) y 275 del Código de Procedimiento Civil.
POR TANTO: La Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por disposición transitoria octava, artículo 42 - I - 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial de 24 de junio del 2010, así como del parágrafo II del artículo 8 de la Ley 212 de Transición del Órgano Judicial, ANULA obrados hasta el estado de pronunciar nuevo auto de relación procesal, que atienda lo expuesto en el proceso por ambas partes, tramitando la causa como ordinario de hecho, de acuerdo a los artículos 354-1 y 370 del Código de Procedimiento Civil.
No siendo excusable el error en que han incurrido los jueces de instancia, se les impone responsabilidad en multa que se regula en Bs. 300, tanto al juez de primera instancia como a cada uno de los vocales signatarios del auto de vista, descontables de su haber mensual a favor del Tesoro Judicial.
ibro Tomas de Razón 126/2012