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Timestamp: 2019-10-17 03:41:18
Document Index: 287169842

Matched Legal Cases: ['artículo 56', 'artículo 5', 'artículo 8', 'artículo 51', 'artículo 36', 'Artículo 5', 'artículo 56']

﻿ Sentencia T-526 de julio 9 de 2012
SENTENCIA T-526 DE 09 DE JULIO DE 2012
CONTENIDO:DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA. NATURALEZA, NOCIÓN, OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE HABITABILIDAD, OBLIGACIONES DE LAS AUTORIDADES LOCALES FRENTE AL DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA ANTE RIESGO DE DESASTRES.
TEMAS ESPECÍFICOS:AUTORIDAD LOCAL, PREVENCIÓN DE DESASTRES, DERECHO A VIVIENDA DIGNA
Sentencia T-526 de julio 9 de 2012
Sentencia T-526 de 2012
Ref.: Expediente T- 3.398.983
Acción de Tutela instaurada por Yenifer Yulieth Pajoy Osorio en contra de la alcaldía municipal, la Secretaria de Planeación e Infraestructura y la Coordinación de Vivienda Municipal de Palermo, Huila.
Derechos Tutelados: Vida y Vivienda Digna.
En el proceso de revisión de la sentencia dictada el siete (07) de febrero de dos mil doce (2012) por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Neiva, Huila, que confirmó la decisión de primera instancia proferida el seis (06) de diciembre de dos mil once (2011) por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Palermo, Huila, en el trámite de la acción de tutela incoada por Yenifer Yulieth Pajoy Osorio, contra la Alcaldía Municipal, la Secretaria de Planeación e Infraestructura y la Coordinación de Vivienda Municipal de Palermo, Huila.
Yenifer Yulieth Pajoy Osorio solicita al juez de tutela que ampare su derecho fundamental de petición, el cual considera que ha sido vulnerado por la Alcaldía Municipal, la Secretaria de Planeación e Infraestructura y la Coordinación de Vivienda Municipal de Palermo, Huila. En consecuencia, pide que se ordene a las entidades accionadas solucionar prontamente su situación, pues se encuentra en peligro su derecho fundamental a la vida y a tener una vivienda digna, según los hechos que a continuación son resumidos:
1.2.1. Señala que desde el día 20 de mayo de 2011, presentó derecho de petición ante la Alcaldía Municipal de Palermo, Huila, con la finalidad de informar acerca del estado actual de su vivienda ubicada en la vereda Vergel de la Inspección de Paraguay de ese municipio, la cual se encuentra en grave peligro de ser arrasada por estar muy cerca de una quebrada.
1.2.2. Indica que como respuesta a su solicitud, el día 2 de julio de 2011, recibió solo una nota firmada por el Secretario de Gobierno donde le informaba: “Se ha dado trámite a la Secretaría de Planeación e Infraestructura de Palermo Huila”.
1.2.3. Afirma que al no recibir ninguna respuesta por parte de la alcaldía municipal, ni de la oficina de planeación, presentó nuevamente otra petición, de la cual obtuvo respuesta por parte del secretario de gobierno el día 21 de octubre de 2011, donde le informaba: “Se ha dado trámite a la Secretaría de Planeación e Infraestructura de Palermo Huila”.
1.2.4. Ante esta situación, la accionante interpuso nuevamente derecho de petición el día 8 de noviembre de 2011, sin que hasta la fecha se haya dado respuesta alguna o solucionado su problema.
1.2.5. Añade que verbalmente le dijeron que si estaba en peligro, buscara otra casa, porque la administración no contaba con recursos para realizar las obras necesarias para contener la erosión del suelo donde se encuentra ubicada la vivienda.
1.2.6. Aduce que con la acción de las lluvias y el aumento del caudal se hundió el piso de la cocina, y las aguas amenazan arrasar la vivienda, poniendo en grave peligro la vida de quienes la habitan, puesto que no cuentan con los recursos económicos, ni disponen de terreno para construir otra vivienda.
1.2.7. Teniendo en cuenta lo anterior, solicita que se tutele su derecho fundamental de petición. En consecuencia, pide se ordene a las entidades accionadas solucionar prontamente su situación, pues se encuentran en peligro sus derechos fundamentales a la vida y a tener una vivienda digna.
1.3.1. El Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Palermo, Huila, avocó el conocimiento de la acción y, mediante oficio del veintitrés (23) de noviembre de dos mil once (2011), ofició al señor Alcalde Municipal Local, Helber Yesid Pinzón Saavedra, para que en un término de 48 horas, remitiera a su despacho, copia del acto administrativo que se expidió dando respuesta a las solicitudes de la accionante.
Así mismo, ofició al Secretario de Planeación e Infraestructura, José David Salinas Olaya, para que en el término de 48 horas enviara copia del acto administrativo que se expidió dando respuesta a las solicitudes de la accionante.
De la misma forma, ordenó oír en declaración juramentada al señor alcalde municipal y al secretario de planeación e infraestructura local para que declararan sobre los hechos relacionados en la acción de tutela.
Por último, concedió a las autoridades demandadas el término de tres días a partir de la notificación del auto, para que se pronunciaran sobre los hechos de la acción.
1.3.2. El alcalde municipal y el secretario de planeación e infraestructura de Palermo, Huila, mediante oficio del 28 de noviembre de 2011, se pronunciaron sobre el asunto. Al respecto manifestaron:
“En atención al oficio de la referencia, nos permitimos informarle lo siguiente:
1. El oficio de fecha 20 de mayo de 2011 radicado en folio 002732, fue atendido mediante oficio 1537/2011.
2. El oficio de fecha 14 de octubre de 2011 radicado en folio 005614, fue atendido mediante Oficio 3010 de 2011.
3. El oficio de fecha 08 de noviembre radicado en folio No. 006087, fue atendido mediante oficio 03245/2011.
Por las consideraciones anteriormente expuestas, podemos deducir que el municipio de Palermo no ha violado los derechos fundamentales de petición, pues las solicitudes realizadas por la señora Yenifer Yulieth Pajoy Osorio le fueron atendidas oportunamente, tal y como se puede evidenciar en los folios adjuntos...”.
1.4.1. Sentencia de primera instancia, Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Palermo, Huila.
En sentencia proferida el seis (06) de diciembre de dos mil once (2011), el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Palermo, Huila, no concedió el amparo solicitado, pues consideró que la entidad accionada, aunque de forma extemporánea, sí dio respuesta a la solicitud de la accionante. Además, afirma que entre las soluciones dadas a la petición, se tiene que Yenifer Yulieth Pajoy ya fue incluida en la base de datos para reubicación de vivienda en zona rural de ese municipio. No obstante, requirió a las entidades accionadas para que en lo sucesivo den respuesta oportuna a las peticiones que le eleven los ciudadanos.
El accionante impugnó el fallo proferido por el juez constitucional de primera instancia. Al respecto, señaló:
“...el señor juez me está desconociendo el derecho a la vida y a la igualdad, consagrados en la Constitución Nacional, en donde está plenamente probado según concepto de la ingeniera Gisell Sánchez Pastrana, que practicó visita a la vivienda, el día 13 de agosto de 2011, en donde conceptúa la necesidad de construir gaviones para proteger la vivienda. Manifiesta el coordinador de vivienda Luía Alberto Díaz Vivas, que el informe será tenido en cuenta, para cuando existan los recursos. Será que tan poca importancia tienen una mujer y unos niños campesinos para el estado, que por el simple hecho de ser pobre y campesina se me está discriminando por parte de la administración municipal.
El señor juez se refiere a la jurisprudencia sobre el derecho de petición, sin tener en cuenta que en una creciente de la quebrada, puedo ser arrasada con mis hijos y que este derecho a la vida debe ser protegido como lo establece la constitución nacional.
Estamos atravesando un fenómeno invernal al cual le debe prestar atención el gobierno, en este caso el alcalde y el secretario de planeación municipal.
Los recursos del Estado se encuentran disponibles para atender estas emergencias ocasionadas por la ola invernal, pero existe negligencia del alcalde municipal y del secretario de planeación en atender y prevenir desastres, estamos esperando una tragedia para lamentar, la que se puede evitar a un bajo costo.
Soy una persona de escasos recursos, no tengo para donde irme, ni mucho menos pagar un arriendo, por tal motivo me siento obligada a permanecer en peligro...”.
1.4.3. Sentencia de segunda instancia - Juzgado Quinto Civil del Circuito de Neiva, Huila.
En sentencia proferida el siete (07) de febrero de dos mil doce (2012), el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Neiva, Huila, confirmó la decisión del a-quo. Señaló que las entidades accionadas no han vulnerado el derecho fundamental de petición de la accionante, toda vez que se dieron respuesta a las solicitudes. Además, indicó que no se vulnera el derecho de petición por el hecho de que la respuesta sea desfavorable a lo solicitado.
1.5.1. Copia del derecho de petición presentado por la señora Yenifer Yulieth Pajoy Osorio a la Alcaldía Municipal de Palermo, Huila, el día 20 de mayo de 2011 (Fl. 4, cdno. 2).
1.5.2. Copia de la respuesta emitida el día 6 de julio de 2011, por el señor Carlos Andrés Suárez Ortiz, Secretario General y de Participación Comunitaria de Palermo, Huila, al derecho de petición presentado por la señora Yenifer Yulieth Pajoy Osorio, el día 20 de mayo de 2011 (Fl. 5, cdno. 2).
1.5.3. Copia del derecho de petición presentado por la señora Yenifer Yulieth Pajoy Osorio a la Alcaldía Municipal de Palermo, Huila, el día 14 de octubre de 2011 (Fl. 6, cdno. 2).
1.5.4. Copia de la respuesta emitida el día 21 de octubre de 2011, por el señor Carlos Andrés Suárez Ortiz, Secretario General y de Participación Comunitaria, al derecho de petición presentado por la Sra. Yenifer Yulieth Pajoy Osorio el día 14 de octubre de 2011 (Fl. 7, cdno. 2).
1.5.5. Copia de la respuesta emitida el 29 de octubre de 2011, por el señor Luís Alberto Díaz Vivas, Coordinador de Vivienda, a la solicitud presentada por la señora Yenifer Yulieth Pajoy Osorio, mediante la cual le informan que se realizará una visita para evaluar su problemática y buscar una solución (Fl. 8, cdno. 2).
1.5.6. Copia del derecho de petición presentado por la señora Yenifer Yulieth Pajoy Osorio, el día 08 de noviembre de 2011, a la Secretaría de Planeación e Infraestructura de Palermo, Huila, escrito mediante el cual solicita se le atienda por el programa de atención a desastres y emergencias y, además, señala que no se le ha realizado la visita para evaluar su problemática (Fl. 9, cdno. 2).
1.5.7. Copia de la evaluación de mejoramiento de vivienda y barerias sanitarias [sic] zona urbana y rural del municipio de Palermo, Huila, realizado por la Secretaría de Planeación e Infraestructura a la vivienda de la señora Yenifer Yulieth Pajoy Osorio (Fl. 10, cdno. 2).
1.5.8. Copia del informe de la visita realizada por la ingeniera Gisell Sánchez Pastrana a la vivienda de la accionante, el día 13 de julio de 2011, mediante el cual se le advierte al comité local de emergencias la necesidad de construir 12 gaviones (Fls. 11-13, cdno. 2).
1.5.9. Copia del presupuesto presentado por la ingeniera Gisell Sánchez Pastrana al municipio de Palermo, Huila, con la finalidad de cotizar los 12 gaviones que requiere la vivienda de la accionante (Fls. 14-16, cdno. 2).
La Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, mediante auto del 23 de mayo de 2012, con el fin de contar con mayores elementos de juicio, a través de la secretaría general de esta corporación, decretó las siguientes pruebas:
2.1.1. Ofició a la alcaldía municipal y a la Secretaría de Planeación e Infraestructura de Palermo, Huila, para que en el término de cinco (5) días, informara a este despacho si había iniciado alguna medida para solucionar el problema de la vivienda de la accionante. También para que informara los programas de vivienda que el municipio tiene para la población ubicada en zona de riesgo y los requisitos para acceder a ese programa.
2.1.2. De igual manera, ofició a la Secretaría de Planeación e Infraestructura de Palermo, Huila, para que en el término de cinco (5) días, informara a este despacho si había realizado alguna propuesta de reubicación a la accionante y qué medidas había optado temporalmente hasta que pudiera hacerse la reubicación.
2.1.3. Por último, solicitó a la Señora Yenifer Yulieth Pajoy, que en el término de cinco (5) días, informara al despacho qué soluciones le habían brindado las entidades accionadas para su situación de desprotección y si había recibido alguna propuesta de reubicación por parte de la Secretaría de Planeación e Infraestructura de Palermo, Huila, o de parte de cualquier otra entidad municipal encargada de los planes de vivienda. Así mismo, para que indicara si ya se habían construido en la vivienda los 12 gaviones que el comité local de emergencias ordenó construir después de realizar la visita de inspección.
Mediante informe que remitió secretaría general al despacho del magistrado sustanciador, el 13 de junio de 2012, se comunicó que durante el término probatorio se recibieron las siguientes pruebas:
2.2.1. El seis (06) de junio de dos mil doce (2012), la doctora Amanda Cardozo de Pastrana, coordinadora de vivienda, y el doctor Ennerth Ferney Cedeño Andrade, secretario de planeación e infraestructura de Palermo, Huila, allegaron al despacho oficio mediante el cual señalan:
“La administración municipal, el 13 de julio de 2011, le realizó visita técnica a la vivienda ubicada en la Vereda el Vergel de este municipio, de la accionante Yenifer Yulieth Pajoy, identificada con cédula de ciudadanía 1.080.291.084 de Palermo, del cual se hizo un diagnóstico por Gisell Sánchez Pastrana.
Este informe fue remitido a CLOPAD según consta en el Acta 4 del 11 de abril de 2012, como el municipio no tiene los recursos para dar solución inmediata, lo remitió al CREPAD Gobernación del Huila.
La administración municipal está adelantando programa de reubicación, consistente en la adecuación de un lote de terreno de propiedad del municipio, se está adelantando el censo de la población ubicada en zona de riesgo.
Los requisitos para acceder al programa de reubicados es estar en zona de riesgo, y acreditar ser el propietario del predio afectado, junto con los documentos de identificación del grupo familiar. La acciónate se encuentra en la base de datos de reubicados zona de riesgo rural”.
2.2.2. La Alcaldía Municipal de Palermo Huila y la accionante Yenifer Yulieth Pajoy Osorio no se manifestaron al respecto.
2.2.3. El Doctor Einnerth Ferney Cedeño Andrade, Secretario de Planeación e Infraestructura de Palermo, Huila, el día 27 de junio de 2012, envió a este despacho oficio mediante el cual adjunta: (i) copia del acta Clopad 04 del 11 de abril de 2012, (ii) copia del oficio remitido al Crepad, (iii) copia de la visita técnica realizada a la vivienda de la accionante y, (iv) copia de la base de datos, en la cual se encuentra incluida la accionante.
En el presente caso, la señora Yenifer Yulieth Pajoy Osorio solicita al juez de tutela que ampare su derecho fundamental de petición, el cual considera que ha sido vulnerado por la alcaldía municipal, la secretaria de planeación e infraestructura y la coordinación de vivienda municipal de Palermo, Huila. En consecuencia, pide que se ordene a las entidades accionadas solucionar prontamente su situación, pues su vivienda se encuentra en peligro de ser arrasada por una quebrada, lo que la pone en situación de riesgo y a sus hijos menores de 18 años y, por consiguiente, afecta sus derechos fundamentales a la vida y a tener una vivienda digna.
Conforme a la situación fáctica reseñada, le corresponde a la Sala Séptima de Revisión de tutelas determinar si efectivamente el derecho de petición, el derecho a la vida y el derecho a tener una vivienda digna de la peticionaria, han sido vulnerados por parte de la alcaldía municipal, la secretaria de planeación e infraestructura y la coordinación de vivienda municipal de Palermo, Huila.
Para solucionar el problema jurídico planteado, esta Sala examinará: primero, el alcance y contenido general del derecho a la vivienda digna y; segundo, resolverá el caso concreto.
3.3.1. Naturaleza jurídica del derecho a la vivienda digna.
“1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento” (negrilla fuera de texto original).
En el ámbito interno, el derecho a la vivienda digna no fue desde un principio reconocido por la jurisprudencia constitucional como un derecho fundamental autónomo que pudiera ser exigido a través de la acción de tutela, debido a que este se encuentra dentro del rango de los denominados “Derechos económicos, sociales y culturales”, los cuales se caracterizan por su contenido principalmente prestacional. La Corte afirmaba que aunque la garantía de estos derechos está en cabeza del Estado, por su carácter principalmente prestacional, no podían ser garantizados de forma inmediata, sino que requerían de un desarrollo legal previo que garantizara su eficacia.
Esta postura fue adoptada por la Corte Constitucional en sus primeros pronunciamientos, como es el caso de las sentencias T- 495 de 1995, MP, doctor Vladimiro Naranjo Mesa y T- 258 de 1997, MP, Dr. Carlos Gaviria Díaz(4).
Sin embargo, la posición de la Corte ha ido cambiando paulatinamente; posteriormente se manifestó que pese al contenido principalmente prestacional que tiene el derecho a la vivienda digna, este podía excepcionalmente ser objeto de protección a través de la acción de tutela, por ejemplo en los casos en los que su desconocimiento directo o indirecto implica la vulneración o la amenaza de derechos, respecto de los cuales existe consenso de su naturaleza fundamental, como la vida, la dignidad, la integridad física, la igualdad, el debido proceso, entre otros(5).
De igual manera, la Corte Constitucional señaló que era procedente la acción de tutela para proteger el derecho a la vivienda digna cuando se evidenciaba una afectación directa del mínimo vital tanto en el demandante como en su familia, especialmente cuando se trataba de personas que se encuentran en una situación de debilidad manifiesta(6), pues el derecho a la vivienda adquiere importancia en la realización de la dignidad del ser humano(7). Lo anterior fue sostenido por esta corporación por ejemplo en la Sentencia T- 203 de 1999(8).
“...todos los derechos constitucionales fundamentales —con independencia de si son civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, de medio ambiente— poseen un matiz prestacional de modo que, si se adopta esta tesis, de ninguno de los derechos, ni siquiera del derecho a la vida, se podría predicar la fundamentalidad. Restarles el carácter de derechos fundamentales a los derechos prestacionales, no armoniza, por lo demás, con las exigencias derivadas de los pactos internacionales sobre derechos humanos mediante los cuales se ha logrado superar esta diferenciación artificial que hoy resulta obsoleta así sea explicable desde una perspectiva histórica”(9).
3.3.2. Contenido del derecho a la vivienda digna.
La noción de vivienda digna implica contar con un espacio propio o ajeno, que le permita a la persona desarrollar sus actividades personales y familiares en unas condiciones mínimas de dignidad, para así poder desarrollar su proyecto de vida(12). Este concepto fue reiterado por esta Corporación en la Sentencia T- 238A de 2011(13); al respecto, en esa ocasión esta Corte señaló:
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas(14), en la Observación General 4, manifiesta que para que una vivienda pueda considerarse adecuada en los términos del Pacto internacional de derechos económicos sociales y culturales (Pidesc), es necesario lo siguiente:
3.3.3. Obligaciones específicas del componente de habitabilidad del derecho a la vivienda digna.
“Una vivienda adecuada debe ser habitable, en sentido de poder ofrecer espacio adecuado a sus ocupantes y de protegerlos del frío, la humedad, el calor, la lluvia, el viento u otras amenazas para la salud, de riesgos estructurales y de vectores de enfermedad. Debe garantizar también la seguridad física de los ocupantes. El comité exhorta a los Estados Partes a que apliquen ampliamente los principios de higiene de la vivienda preparados por la OMS (...)(19)”.
En la Sentencia T-079 de 2008(22), esta Corporación abordó el caso de una madre cabeza de familia que se vio desprovista de su vivienda cuando esta fue demolida por la administración municipal por encontrarse en una zona de alto riesgo. En razón a esto, solicitó por medio de acción de tutela la protección de su derecho fundamental a la vivienda digna y la reubicación en una vivienda que no se encontrara en sectores susceptibles de inundaciones. En esta ocasión, la Corte determinó que la accionante se encontraba en una situación de especial protección por parte del Estado, ya que contaba con 62 años, era madre cabeza de familia, analfabeta y de escasos recursos. Igualmente, comprobó la titularidad de la vivienda en cabeza de la tutelante y la vulneración a su derecho fundamental por parte del municipio accionado, por lo cual, ordenó que en un término no mayor a 48 horas, la reubicara en una vivienda de interés social equivalente a la habitada por ella antes de la demolición.
Posteriormente, en la Sentencia T-585 de 2008(23), la Corte tuvo la oportunidad de estudiar un caso de una señora que debido al concepto técnico emitido por el Fondo de Atención y Prevención de Emergencias, el sector donde se encontraba ubicada su vivienda fue declarado de alto riesgo no mitigable por remoción de masa, con el agravante de que al momento de realizar el censo, quedó por fuera del mismo, puesto que el inmueble lo adquirió posteriormente por compraventa. En esa oportunidad, al estudiar el caso concreto, esta corporación encontró que “excluir al ciudadano de los beneficios pretendidos por el hecho de no habitar el predio en la fecha del censo constituye una conducta a todas luces inconstitucional en el caso concreto pues se deriva de la interpretación desarticulada de las normas en la materia que, como antes señaló, no prevén que el actor estuviera obligado a habitar el predio con antelación a la declaratoria de alto riesgo para acceder al programa de reasentamientos”. En consecuencia, concedió la protección del derecho a la vivienda digna de la accionante y ordenó que en un término no superior a 48 horas, fuera incluida dentro del censo creado para determinar quiénes son los beneficiarios del subsidio de vivienda familiar.
En la Sentencia T-036 de 2010(24), se estudió un caso semejante al hoy analizado; se trataba de una señora que junto con sus hijos habitaba una vivienda al lado de un puente sin canalizar, en el cual se formaban peligrosas avalanchas de lodo cuando llovía. La accionante solicitó la protección del derecho fundamental a la vivienda digna y, por tanto, la reubicación en otro sector que fuera apto para vivienda. La Corte Constitucional manifestó que debido a los escasos recursos económicos de la tutelante y su familia y a que efectivamente se encontraban en situación de riesgo, eran personas que se encontraban en situación de debilidad manifiesta, razón por la cual ordenó a la alcaldía municipal, como parte accionada, que en un término máximo de 48 horas, los ubicara en un albergue transitorio mientras se lograba reubicarlos en una vivienda digna en un término no mayor a 6 meses.
Así mismo, en la Sentencia T-191 de 2011(25), esta corporación abordó la acción de tutela interpuesta por varias señoras que desde hace más de 20 años vivían en un inmueble ubicado en el barrio Vista Hermosa en la ciudad de Cali, el cual con el transcurrir del tiempo fue sufriendo agrietamientos y hundimientos en las paredes y muros, lo que puso en situación de peligro la vida e integridad de las personas que lo habitaban. La situación que empeoró con ocasión de las fuertes lluvias, ya que el muro de contención que aseguraba el terreno donde se encontraba ubicada la casa, se destruyó y las gradas que permitían el acceso a la vivienda desaparecieron. Además, el patio y el jardín quedaron sepultados por un derrumbamiento de tierra, dejando la vivienda en el aire y más insegura. En esta ocasión, a pesar de ser un hecho superado, la Corte resolvió reiterar su doctrina frente a la procedencia de la acción de tutela para amparar el derecho a una vivienda digna cuando se presentan fallas en el inmueble que afectan gravemente las condiciones de habitabilidad del mismo y amenazan los derechos fundamentales a la vida e integridad física de sus ocupantes.
Para finalizar, en la Sentencia T- 702 de 2011(26), esta Corte, abordó el caso de un señor que junto con su esposa y sus tres hijos menores de 18 años, habitaba una vivienda ubicada en un corregimiento del municipio de Taminango, Nariño, la cual estaba a punto de sufrir un daño severo debido a las fuertes lluvias, que afectaban la región. La petición iba encaminada específicamente a lograr por vía de tutela, un pronunciamiento por parte de la autoridad municipal respecto a las mejoras que debían realizar en la vivienda, puesto que esta se había visto afectada con el deslizamiento de tierra, lo cual ponía en peligro la vida del peticionario y la de su familia. En esa oportunidad, esta corporación indicó que los municipios no solo tienen la obligación de velar por que las viviendas no se ubiquen en zonas de alto riesgo, sino también por que estas sean habitables. Por lo anterior, amparó los derechos fundamentales del peticionario y, en consecuencia, ordenó al alcalde municipal que en el término de cuarenta y ocho (48) horas, iniciara las gestiones necesarias para contratar a cargo de la entidad territorial un peritaje en la vivienda del actor, con la finalidad de determinar si la zona era considerada o no de alto riesgo. Además, dictaminó que independientemente del grado de riesgo que arrojara el dictamen, debía incluir al actor en el programa de reasentamientos que adelantara el municipio, esto con la finalidad de garantizar el derecho a la vida de sus ocupantes.
3.3.4. Las obligaciones de las autoridades locales frente al derecho a la vivienda digna ante riesgos de desastres.
El artículo 56 de la Ley 9ª de 1989(27), modificado por el artículo 5º de la Ley 3ª de 1991(28), atribuyó a los alcaldes municipales la obligación de realizar un censo sobre las zonas de alto riego de deslizamiento, y una vez obtenida esta información, les ordena proceder a la reubicación de las personas que se encuentren “en sitios anegadizos, o sujetos a derrumbes y deslizamientos, o que de otra forma presenten condiciones insalubres para la vivienda”. La norma en mención igualmente faculta a los alcaldes a realizar desalojos cuando las condiciones de seguridad física así lo requieran. De tal suerte, los alcaldes tienen la obligación de: (i) tener una información actual y completa de las zonas de alto riesgo de deslizamientos o derrumbes que se encuentran en su municipio, y (ii) adoptar las medidas necesarias de reubicación en los casos en que personas se encuentren ubicadas en las zonas donde se ponga en riesgo sus derechos por la condiciones del terreno(29). Adicionalmente, cuando la vivienda se encuentra en situación que ponga en peligro la vida de las personas, es necesario que “se proceda a la evacuación de las personas para proteger su vida y además será obligación del Estado efectuar los actos administrativos indispensables para que los afectados encuentren otro lugar donde vivir en condiciones parecidas a las que antes disfrutaban”(30).
Luego en 1997, se promulgó la Ley 388 “Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989 y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones”. Esta ley fue expedida con el objeto de asegurar que los recursos en dinero o en especie que destine el Gobierno Nacional para la vivienda de interés social, se dirijan prioritariamente a atender la población más pobre del país(31), así como garantizar, entre otros, el derecho fundamental a la vivienda digna y velar por la prevención de desastres. La ley en mención le reiteró a la administración municipal la obligación de tener una información actual y completa acerca de las zonas de riesgo de su municipio. En efecto, el artículo 8º de la norma en estudio establece:
[...] 5. Determinar las zonas no urbanizables que presenten riesgos para la localización de asentamientos humanos, por amenazas naturales, o que de otra forma presenten condiciones insalubres para la vivienda.
PAR.—Las acciones urbanísticas aquí previstas deberán estar contenidas o autorizadas en los planes de ordenamiento territorial o en los instrumentos que los desarrollen o complementen, en los términos previstos en la presente ley [...]”.
Podrán establecer programas de apoyo integral a grupos de población vulnerable, como la población infantil, ancianos, desplazados o madres cabeza de hogar. (Negrilla y subrayado fuera del texto)”.
La señora Yenifer Yulieth Pajoy Osorio solicita al juez de tutela que ampare sus derechos fundamentales a tener una vivienda digna y de petición, los cuales considera que han sido vulnerados por la alcaldía municipal, la secretaria de planeación e infraestructura y la coordinación de vivienda municipal de palermo, Huila. En consecuencia, pide que se ordene a las entidades accionadas solucionar prontamente su situación, pues se encuentra en peligro de ser arrasada su vivienda por estar muy cerca de una quebrada, y por ende se encuentra amenazado su derecho fundamental a la vida y el de sus hijos menores de 18 años.
La señora Pajoy Osorio considera que las entidades accionadas deben realizar las obras necesarias para evitar la erosión del suelo donde se encuentra ubicada su vivienda. De igual manera, afirma que deben seguir las recomendaciones formuladas por el comité local de emergencias en el informe de la visita realizada a la vivienda el día 13 de julio de 2011 (Fl. 11, cdno. 2), en el cual se recomienda construir 12 gaviones.
La secretaría de planeación e infraestructura y la coordinación de vivienda municipal de Palermo, Huila, el seis (06) de junio de dos mil doce (2012), allegaron al despacho oficio mediante el cual señalaron que la administración municipal le realizó visita técnica a la vivienda de la accionante el 13 de julio de 2011 y el informe fue remitido a Crepad, Gobernación del Huila, porque el municipio no tiene los recursos suficientes para otorgar una solución inmediata a su problemática. Además, indicó que la administración está adelantando un programa de reubicación, el cual consiste en la adecuación de un lote de terreno de propiedad del municipio. Indica que se está realizando el censo de la población ubicada en zona de riesgo y la accionante se encuentra dentro de la base de datos de ubicados en zona de riesgo rural (Fl. 17, cdno. 1).
En el expediente se encuentra además acreditado que en la vivienda habitan la accionante como jefe de hogar y sus dos hijos menores de 18 años (Fl. 11, cdno. 2). De igual manera, asegura no tener ingresos ni disponer de otro terreno para realizar una nueva construcción, afirmación que no fue desvirtuada y, por tanto, debe ser tomada como cierta.
4.2. Examen de procedencia.
Como se mencionó en la parte considerativa de esta sentencia, lo primero que debe determinarse es la procedencia de la acción de tutela en aquellos casos en los cuales se solicita la protección del derecho a la vivienda digna.
Esta corporación ha reconocido que en ciertas ocasiones, aunque existen mecanismos judiciales diferentes a la acción de tutela que serían procedentes para solucionar la controversia planteada, estos no son eficientes ante una situación de riesgo o peligro inminente, en la que el derecho fundamental amenazado podría resultar afectado de manera grave y definitiva. Es en estos casos, la acción de tutela se convierte en el mecanismo idóneo y eficaz para amparar el derecho amenazado en el menor tiempo posible(33).
La Sala estima que para el caso objeto de estudio, la acción de tutela es el mecanismo apropiado para evitar la configuración de un perjuicio irremediable(34) y proteger los derechos fundamentales a la vivienda digna y a la vida de la señora Yenifer Yulieth Pajoy Osorio y sus dos hijos menores de 18 años, ya que (i) se trata de personas que se encuentran en un estado de debilidad manifiesta, puesto que es una madre cabeza de familia que habita con sus dos hijos menores de edad, (ii) no cuentan con los recursos económicos suficientes para construir o proveerse una nueva vivienda y, (iii) se encuentran ante una situación de urgencia manifiesta, puesto que debido a la época invernal, el caudal de la quebrada ha incrementado y en cualquier momento la vivienda puede ser arrasada por esta, viéndose afectado con esto su vida.
En cuanto al requisito de inmediatez, encontramos que se encuentra acreditado, toda vez que el perjuicio es actual e inminente; la tutelante aún se encuentra a la espera de una solución a su problemática por parte de las entidades accionadas, debido a que no se han construido los 12 gaviones recomendados por el comité local de emergencias y tampoco ha sido reubicada temporalmente en otro inmueble. Por lo anterior es evidente que los habitantes del inmueble se encuentran aún en situación de riesgo, puesto que están habitando el inmueble y en cualquier momento el caudal de la quebrada puede incrementar con la lluvia y arrasar con la vivienda y la vida de sus ocupantes.
4.3. Análisis de la presunta vulneración de los derechos fundamentales.
4.3.1. En el caso objeto de estudio, esta Sala considera que no existe vulneración alguna por parte de las entidades accionadas al derecho fundamental de petición de la tutelante, por cuanto estas han dado respuesta oportuna y congruente a sus peticiones, los días 6 de julio de 2011 (Fl. 5, cdno. 2), 21 de octubre de 2011 (Fl. 7, cdno. 2) y, 29 de octubre de 2011 (Fl. 8, cdno 2).
Por lo anterior es necesario traer a colación que esta corporación en diferentes pronunciamientos ha definido los rasgos distintivos del derecho de petición. Al respecto en la Sentencia T-691 de 2010(35), señaló, entre otros que “el núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión planteada por el peticionario.” Situación que se evidencia en el caso en concreto, puesto que la administración local sí dio respuesta a la petición y explicó que la administración daría pronta viabilidad a su necesidad realizando en primer lugar una visita técnica para evaluar su problemática y buscar una solución, de igual manera señaló que la solicitud de la peticionaria, sería anexada en la base de datos del municipio para reubicación de vivienda en zona rural.
4.3.2. Por otro lado, la Sala estima que sí existe una amenaza del derecho a la vida y una vulneración del derecho a la vivienda digna de la tutelante y sus hijos, atribuible a las autoridades municipales, por las siguientes razones:
Conforme a lo establecido en la parte considerativa de esta providencia, el artículo 51 de la Constitución Política señala que la vivienda digna es un derecho de todas las personas y asigna en cabeza del Estado la obligación de promover su realización y, dicha obligación del Estado, en el caso objeto de estudio, se ve materializada en cabeza de la administración local, puesto que las diferentes normas mencionadas en las consideraciones de esta providencia, le atribuyeron a los alcaldes municipales la obligación de promover y apoyar programas o proyectos de vivienda de interés social, otorgando subsidios para dicho objeto, conforme a los criterios de focalización nacionales y locales, si existe disponibilidad de recursos para ello. Además, les asiste la obligación de reubicar aquellas personas que se encuentran en zonas declaradas de riesgo y no cuentan con los recursos necesarios para adquirir o sufragar una nueva vivienda(36).
En este caso, la situación del aumento de las lluvias y del caudal de la quebrada, ya ocasionó el hundimiento del piso de la cocina de la vivienda de la tutelante, además, actualmente las aguas amenazan con arrasar la vivienda poniendo en grave peligro la vida e integridad de quienes la habitan. De otro lado, no cuentan con los recursos económicos, ni disponen de otro terreno para construir una nueva vivienda. Es en este momento donde adquieren importancia las obligaciones establecidas por nuestro legislador en las leyes mencionadas en la parte considerativa de esta sentencia (L. 9ª/89, L. 388/97 y L. 715/2001), las cuales le asignan a la administración municipal, el deber de buscar la pronta reubicación de la accionante y de sus hijos menores de 18 años en un inmueble donde no se ponga en grave peligro sus vidas, y proceder a construir los 12 gaviones necesarios para evitar que el agua de la quebrada arrase con su vivienda o adoptar otra solución definitiva. Para la Sala no basta con que la accionante sea registrada en la base de datos de personas ubicadas en zonas de riesgo o realizar una visita a su vivienda, es necesaria su reubicación temporal para proteger de forma inmediata sus derechos fundamentales y los de sus hijos menores de 18 años.
Teniendo como fundamento la normatividad y jurisprudencia existente, esta Sala concederá el amparo solicitado por la señora Yenifer Yulieth Pajoy Osorio y revocará las sentencias proferidas en el proceso de la referencia. En su lugar, ordenará a la Alcaldía Municipal de Palermo Huila, entidad encargada de reubicar a la población que habita en zona de alto riesgo, que en el plazo improrrogable de cinco (5) días, reubique temporalmente a la accionante y a su grupo familiar en un inmueble donde no se ponga en grave peligro sus vidas, mientras se toman las medidas necesarias para garantizar el acceso de estas personas a los programas de viviendas de interés social que tiene el Estado o mientras se construyen los 12 gaviones que el comité local de emergencias recomendó en el informe de la visita realizada a la vivienda de la señora Yenifer Yulieth Pajoy Osorio, el 13 de julio de 2011.
Por lo expuesto y teniendo en cuenta que el derecho a la vida de la accionante y de sus hijos menores de 18 años se encuentran en grave peligro, puesto que su vivienda puede ser arrasada por una quebrada, esta Sala de Revisión protegerá sus derechos fundamentales a la vida y a la vivienda digna.
En consecuencia, la Sala revocará el fallo que negó el amparo pedido por la señora Yenifer Yulieth Pajoy Osorio contra la Alcaldía Municipal, la Secretaria de Planeación e Infraestructura y la Coordinación de Vivienda Municipal de Palermo, Huila, proferido el siete (7) de febrero de dos mil doce (2012), por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Neiva, Huila, que en su momento confirmó la decisión de primera instancia proferida el seis (06) de diciembre de dos mil once (2011), por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Palermo, Huila.
En su lugar, ordenará a la alcaldía municipal de Palermo Huila, que en el plazo improrrogable de cinco (5) días contados a partir de la notificación de esta providencia, reubique temporalmente a la accionante y a su grupo familiar en un inmueble donde no se ponga en grave peligro sus vidas, mientras se toman las medidas necesarias para garantizar el acceso de estas personas a los programas de viviendas de interés social que tiene el Estado o mientras se construyen los 12 gaviones que el comité local de emergencias recomendó en el informe de la visita realizada a la vivienda de la señora Yenifer Yulieth Pajoy Osorio, el 13 de julio de 2011.
Adicionalmente, la Sala Advertirá que la tutelante deberá cumplir con los requisitos que le indique la administración municipal para ingresar a los programas de subsidios de vivienda otorgados por el municipio, en caso de que opte por esta opción.
1. REVOCAR la sentencia proferida el siete (7) de febrero de dos mil doce (2012), por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Neiva, Huila, que en su momento confirmó la decisión de primera instancia proferida el seis (06) de diciembre de dos mil once (2011), por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Palermo, Huila, en el proceso adelantado por Yenifer Yulieth Pajoy Osorio contra la Alcaldía Municipal, la Secretaria de Planeación e Infraestructura y la Coordinación de Vivienda Municipal de Palermo, Huila. En su lugar, CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales a la vivienda digna y a la vida en condiciones dignas de la accionante y de su grupo familiar, conforme a las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
2. En consecuencia, ORDENAR a la Alcaldía Municipal de Palermo, Huila, que en el plazo improrrogable de cinco (5) días contados a partir de la notificación de esta providencia, reubique temporalmente a la accionante y a su grupo familiar en un inmueble donde no se ponga en grave peligro sus vidas e integridad personal, (i) mientras se toman las medidas necesarias para garantizar el acceso de estas personas a los programas de vivienda de interés social que tiene el Estado y efectivamente cuenten con un lugar digno donde vivir o (ii) mientras se construyen los 12 gaviones que el comité local de emergencias recomendó en el informe de la visita realizada a la vivienda de la señora Yenifer Yulieth Pajoy Osorio el 13 de julio de 2011 y se asegure que la vivienda es adecuada para garantizar los derechos a la vivienda digna, integridad y vida de la tutelante e hijos.
3. ADVERTIR a la accionante que deberá cumplir con los requisitos que le indique la administración municipal para ingresar a los programas de subsidios de vivienda otorgados por el municipio, en caso de que opte por esta opción.
4. REQUERIR a la Alcaldía Municipal, a la Secretaria de Planeación e Infraestructura y a la coordinación de vivienda municipal de Palermo, Huila, para que cumplan de forma eficiente y sin dilataciones con su deber de reubicar a todas aquellas personas que se encuentren ubicadas en zonas de alto riesgo.
5. Para los efectos del artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, el juzgado de origen hará las notificaciones y tomará las medidas conducentes para el cumplimiento de esta sentencia
(1) Sentencia T-865 de 2011, M.P., Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
(4) En sentencias como la T-495 de 1995 y T-258 de 1997 la Corte Señaló: “[...] El derecho a la vivienda digna es un derecho de carácter asistencial que requiere un desarrollo legal previo y que debe ser prestado directamente por la administración o por las entidades asociativas que sean creadas para tal fin, sin olvidar que su aplicación exige cargas recíprocas para el Estado y para los asociados que pretendan beneficiarse de los programas y subsidios. Así, las autoridades deben facilitar la adquisición de vivienda, especialmente en los sectores inferiores y medios de la sociedad, donde aparece detectado un déficit del servicio; para tal efecto los particulares deben cumplir con los requisitos establecidos por la ley. Este derecho de contenido social no le otorga a la persona un derecho subjetivo para exigir en forma inmediata y directa del Estado su plena satisfacción, pues se requiere del cumplimiento de condiciones jurídico-materiales que lo hagan posible.
[Por otra parte] la Constitución señaló el derecho que tiene toda persona para acceder a la vivienda en condiciones dignas. Dicho derecho, que se cataloga como de segunda generación y que se sitúa junto con otros derechos de carácter económico, no tiene la protección inmediata que le puede brindar la acción de tutela, pues en su condición de derecho asistencial, le corresponde al Estado la obligación de desarrollar planes de vivienda, ya sea directamente o por medio de contratos con particulares, todo de acuerdo con la ley. Por tal motivo, las condiciones jurídicas, económicas y materiales son las que determinarán la efectiva materialización de tal derecho [...]”.
(6) Sentencia T- 036 de 2010, T-079 de 2008, T-1075 de 2007, T- 363 de 2004 y T-756 de 2003, entre otras.
(8) “[...]aunque se ha dicho que el derecho a la vivienda digna no es exigible directamente por vía de tutela, lo cierto es que esta restricción desaparece cuando su quebrantamiento vulnera o pone en peligro derechos fundamentales.
Los derechos fundamentales por conexidad son aquellos que no siendo denominados como tales en el texto constitucional, sin embargo, les es comunicada esta calificación en virtud de la íntima e inescindible relación con otros derechos fundamentales, de forma que si no fueran protegidos en forma inmediata los primeros, se ocasionaría la vulneración o amenaza de los segundos [...]”.
(9) Ver sentencias T-016 del 22 de enero de 2007, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, T-075 de 2012, M.P., Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
(10) Al respecto, la Corte explicó lo siguiente en la Sentencia C-372 de 2011 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub: “La Corte Constitucional ha entendido que todos los derechos fundamentales, tanto los derechos civiles y políticos como los derechos económicos, sociales y culturales, implican obligaciones de carácter negativo y positivo. A diferencia de lo que solía afirmar parte de la doctrina, para la Corte no es cierto que solamente los derechos económicos, sociales y culturales tengan contenidos prestacionales; los derechos civiles y políticos también requieren de la adopción de medidas, la destinación de recursos y la creación de instituciones para hacerlos efectivos”. Esta afirmación es reiterada por la Corte en las sentencias T- 133 de 2006, T-016 de 2007, T-760 de 2008, T-245 de 2012, T-314 de 2012 y t-075 de 2012.
(11) Sentencia T-760 de 2008 M.P. Manuel José Cepeda.
(12) Ver sentencias T-079 de 2008 M.P. Rodrigo Escobar Gil, T-894 de 2005 M.P. Jaime Araújo Renteria, T-791 de 23 de 2004 M.P. Jaime Araújo Rentería y T-958 de 2001 M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
(13) MP, Mauricio González Cuervo.
(15) Observación General Nº 4: El derecho a una vivienda adecuada (párrafo 1 del art. 11 del Pacto). ONU, Comité del pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales. Disponible en: http://www.escr-net.org/resources_more/resources_more_show.htm?doc_id=428687&parent_id=425976#_edn3
(24) M.P., Jorge Iván Palacio Palacio.
(25) M.P., Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
(26) M.P., Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
(28) “Por el cual se modifica la Ley 9ª de 1989”. Artículo 5º: “Los alcaldes y el Intendente de San Andrés y Providencia procederán a levantar, en el término máximo de seis (6) meses contados a partir de la vigencia de la presente ley, presenten altos riesgos para sus habitantes, en razón a su ubicación en sitios anegadizos, o sujetos a derrumbes y deslizamientos, o que de otra forma presenten condiciones insalubres para la vivienda, y reubicarán a estos habitantes en zonas apropiadas, con la participación del Instituto de Crédito Territorial. Además, tomarán todas las medidas y precauciones necesarias para que el inmueble desocupado no vuelva a ser usado para vivienda humana.
(29) Sentencia T-1094 de 2002, M.P., Manuel José Cepeda Espinosa y Sentencia 238A de 2011, M.P., Mauricio González Cuervo.
(30) La Sentencia T-1094 de 2002, MP, Manuel José Cepeda Espinosa señaló: “La Corte ha interpretado el artículo 56 precitado a la luz del “deber de protección y de garantía de efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, en el sentido de hacer imperativa la evacuación de los inquilinos en situación de alto riesgo, así como la adquisición del respectivo inmueble, sea por negociación voluntaria o expropiación, de forma que el antiguo propietario pueda suplir el que tenía como solución al riesgo que corre la sociedad y en especial el particular que lo habitaba”.
(31) Sentencia T- 894 de 2005. M.P., Jaime Araujo Rentería.
(32) Sentencia T- 238A de 2011, MP, Mauricio González Cuervo.
(33) Sentencia T- 865 de 2011, MP, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
(34) En la Sentencia T-577 A de 2011, MP, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo esta Corte reiteró los presupuestos para que se pueda configurar un perjuicio irremediable, al respecto señaló: “La jurisprudencia constitucional ha señalado que el perjuicio irremediable consiste en un riesgo inminente que se produce de manera cierta y evidente sobre un derecho fundamental, que de ocurrir, no otorga forma alguna de reparar el daño. La Corte ha establecido una serie de criterios conforme a los cuales debe evaluarse sí, efectivamente, en un caso concreto, se está ante la presencia u ocurrencia de un perjuicio irremediable que haga viable la procedencia de la acción de tutela como mecanismo transitorio de protección. Tales presupuestos aluden a que el perjuicio es aquel (i) que se produce de manera cierta y evidente sobre un derecho fundamental; (ii) que el daño es inminente; (iii) que de ocurrir no existiría forma de reparar el daño producido; (iv) que resulta urgente la medida de protección para que el sujeto supere la condición de amenaza en la que se encuentra; y (v) que la gravedad de los hechos es de tal magnitud que hace evidente la impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales”.
(35) M.P., Humberto Antonio Sierra Porto.
(36) No obstante pese al carácter de derecho fundamental autónomo que tiene el derecho a la vivienda, es necesario aclarar la obligación que este le impone al Estado. Para ello es importante traer a colación lo manifestado por esta corporación en la Sentencia T- 495 de 1995, M.P., Vladimiro Naranjo Mesa, en dicha ocasión se señaló: “ es necesario aclarar que el derecho a la vivienda digna no le impone al Estado la obligación de brindarle vivienda a toda la población, sino de promover planes de vivienda dentro de las capacidades que su estructura protectora le permita, teniendo en cuenta la situación socioeconómica del país y las apropiaciones presupuestales que se destinen para tal fin”.