Source: http://www1.umn.edu/humanrts/hrcommittee/spanish/567-1993.html
Timestamp: 2014-10-23 11:05:41
Document Index: 353751081

Matched Legal Cases: ['artículo 28', 'artículo 42', 'artículo 2', 'artículo 42', 'artículo 3', 'artículo 25', 'artículo 26', 'artículo 14', 'artículo 87', 'artículo 3', 'artículo 25', 'artículo 26', 'artículo 1', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 3', 'artículo 84']

Ponsamy Poongavanam v. Mauritius, Comunicación No. 567/1993, U.N. Doc. CCPR/C/51/D/567/1993 (1994).
Comunicación Nº 567/1993 : Mauritius. 09/08/94. CCPR/C/51/D/567/1993. (Jurisprudence) Convention Abbreviation: CCPR
ANEXO Decisión del Comité de Derechos Humanos emitida a tenor
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos* -51º período de sesiones- Comunicación Nº 567/1993
Presentada por: Ponsamy Poongavanam Presunta víctima: El autor Estado Parte: Mauricio Fecha de la comunicación: 1º de septiembre de 1993 (comunicación inicial) El Comité de Derechos Humanos, creado en virtud del artículo 28 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Reunido el 26 de julio de 1994, Adopta la siguiente: Decisión sobre admisibilidad
1. El autor de la comunicación es Ponsamy Roongavanam, ciudadano mauriciano actualmente detenido en la prisión de Beau Bassin, Mauricio. Afirma que ha sido víctima de violaciones por Mauricio de los artículos 2, 3, 14, apartado c) del 25 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Los hechos presentados por el autor 2.1. El 28 de marzo de 1987 el autor fue declarado culpable de asesinato y condenado a muerte en el Tribunal de lo penal de Mauricio. Fue juzgado ante un juez y un jurado de nueve hombres, cuyo veredicto fue unánime. Presentó una apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Mauricio alegando que el juez había instruido mal al jurado y había cometido otros errores de procedimiento durante el juicio. 2.2. El autor solicitó autorización para apelar ante el Comité Judicial del Consejo Privado; fue otorgada la autorización, pero por un motivo que no se había invocado en las jurisdicciones inferiores, a saber, que se habría debido anular la declaración de culpabilidad porque el juicio era anticonstitucional, habida cuenta de la composición del jurado que estuvo integrado únicamente por varones. El 6 de abril de 1992, el Comité Judicial desestimó la petición por su fondo. 2.3. El autor pidió después al Presidente de Mauricio que ejerciera su prerrogativa de gracia. El 29 de abril de 1992 la pena de muerte fue conmutada por 20 años de prisión sin la posibilidad de libertad bajo palabra. Se le autorizó a recurrir por inconstitucionalidad ante el Tribunal Supremo de Mauricio. El 16 de marzo de 1993 fue desestimada la moción constitucional. Con ello, sostiene el autor, se han agotado todos los recursos disponibles de la jurisdicción interna. La denuncia 3.1. El autor estima que el párrafo 2 del artículo 42 de la Ley de tribunales y el artículo 2 de la Ley del jurado (tal como se aplicaban antes de 1990) son incompatibles con el Pacto. Cuando se le declaró culpable (marzo de 1987), la Ley del jurado disponía que: "Todo varón ciudadano de Mauricio que haya residido en Mauricio en cualquier momento por lo menos un año completo y tenga entre 21 y 65 y años de edad estará calificado y podrá desempeñar las funciones de miembro de un jurado..."
En 1990, la Ley del jurado fue modificada para que las mujeres pudieran formar parte de un jurado. La Ley de tribunales no se ha modificado en consecuencia. 3.2. El autor afirma que el artículo 42 de la Ley de tribunales, que prevé un "jurado compuesto de nueve hombres que reúnan las condiciones estipuladas en la Ley del jurado", viola el artículo 3 del Pacto, al ser abiertamente discriminatorio respecto de las mujeres, ya que, en la práctica, siguen excluidas de los jurados. 3.3. Sostiene además que se violó el inciso c) del artículo 25 del Pacto, ya que las mujeres mauricianas no tenían y, en la práctica, siguen sin tener, acceso en condiciones generales de igualdad, a la función pública ya que, a su juicio, el formar parte de un jurado constituye una función pública. 3.4. El autor afirma que el Estado Parte violó el artículo 26 del Pacto, puesto que la exclusión de las mujeres de las funciones de jurado de hecho significa que no se les garantiza la igualdad ante la ley. 3.5. Por último, pretende que no se celebró un juicio justo. Afirma que la lista de miembros del jurado no se preparó de conformidad con la ley. En segundo lugar, observa que la lista de posibles jurados, entre los que se eligió a los nueve que lo compusieron, sólo incluía 4.000 nombres, cuando en 1987 había 176.298 ciudadanos mauricianos de sexo masculino que reunían las condiciones para desempeñar esa función. A juicio del autor, esto significa que la lista de miembros del jurado estaba incompleta y que no era representativa de la sociedad mauriciana. El autor señala que así se hace desde hace muchos años y sostiene que, debido a la falta de representatividad de los jurados en el Tribunal de lo penal, éste no se puede considerar independiente e imparcial en el sentido del párrafo 1 del artículo 14 del Pacto. 3.6. Conviene señalar que el Tribunal Supremo de Mauricio, en su fallo del 16 de marzo de 1993, trató este último punto en detalle, a la luz de las disposiciones de la Constitución de Mauricio relativas a un juicio justo (secc. 10), pero estimó que no tenía fundamento. En cuanto a la representatividad del jurado, el Comité Judicial procedió a un análisis minucioso del common law aplicable y de la jurisprudencia norteamericana sobre el tema, llegó a la conclusión de que no había "... motivo para concluir que, antes de la promulgación de la modificación en 1990 de la Ley del jurado (que parece más bien la causa que la consecuencia de un cambio en la opinión pública sobre el asunto), la exclusión de las mujeres de los jurados en Mauricio había dejado de tener una justificación objetiva". 3.7. En otra comunicación, el autor sostiene que su juicio no fue justo porque no había ningún taquígrafo, porque fue el propio juez quien tomó las notas y el único resumen del juez para el jurado se presentó en forma de transcripción. Sostiene que en un caso de pena capital, la ley mauriciana exige la presencia de un taquígrafo durante todo el juicio. Añade que la falta de una transcripción oficial que documente la totalidad de las actuaciones le impidió probar las incongruencias e inexactitudes en la requisitoria del fiscal, cuya versión de los hechos mostraría que la víctima no fue muerta con premeditación, lo que significaría que el ministerio público no habría podido pedir la pena de muerte. Deliberaciones del Comité 4.1. Antes de considerar cualquier reclamación contenida en una comunicación, el Comité de Derechos Humanos debe determinar, de conformidad con el artículo 87 de su reglamento, si la comunicación es o no admisible con arreglo al Protocolo Facultativo del Pacto. 4.2. El Comité ha tomado nota de la alegación del autor de que es víctima de violaciones por Mauricio del artículo 3, el inciso c) del artículo 25 y el artículo 26, porque las mujeres estaban excluidas del servicio de jurados cuando él fue juzgado. Sin embargo, no ha podido explicar por qué la ausencia de mujeres en el jurado le perjudicó de hecho en el disfrute de los derechos que se le reconocen en el Pacto. Por lo tanto, no puede pretender ser "víctima" en el sentido del artículo 1 del Protocolo Facultativo. 4.3. En cuanto al argumento del autor de que las listas de jurados preparadas por las autoridades del Estado Parte no son representativas de la sociedad mauriciana, y que por lo tanto el Tribunal de lo penal no es un tribunal independiente e imparcial en el sentido del artículo 14, el Comité observa que nada indica que las listas de jurados a que se refiere el autor se prepararan de manera arbitraria. En tales circunstancias, concluye que, a los efectos de la admisibilidad, el autor no ha demostrado su pretensión de que se ha violado el párrafo 1 del artículo 14 a este respecto. 4.4. En cuanto a las demás alegaciones del autor respecto de lo injusto del juicio, el Comité observa que se refieren básicamente a la evaluación de las pruebas por el juez de instrucción y por el Tribunal de lo penal. El Comité recuerda que incumbe básicamente a los tribunales de apelación de los Estados Partes en el Pacto y no al Comité evaluar los hechos y las pruebas presentados en los tribunales nacionales; del mismo modo, incumbe a los tribunales de apelación y no al Comité revisar las instrucciones del juez al jurado, a menos que sea evidente que tales instrucciones fueron claramente arbitrarias o implicaron una denegación de justicia, o que el juez faltó de otra manera a su obligación de imparcialidad. El material de que dispone el Comité no revela que tanto el juicio como la apelación del autor adoleciesen de tales defectos; lo mismo se aplica a la ausencia de taquígrafos en el juicio, cuya influencia desfavorable sobre el resultado del juicio es una de las maneras antes indicadas no ha sido demostrada por el autor. Por consiguiente, esta parte de la comunicación es inadmisible por cuanto es incompatible con las disposiciones del Pacto, con arreglo al artículo 3 del Protocolo Facultativo. 5. Por consiguiente, el Comité de Derechos Humanos decide: a) Que la comunicación es inadmisible con arreglo a los artículos 1, 2 y 3 del Protocolo Facultativo; b) Que se comunique la presente decisión al autor y, para su información, al Estado Parte. ____________ * De conformidad con el artículo 84 del reglamento del Comité, el Sr. Rajsoomer Lallah, miembro del Comité, no participó en el examen de la comunicación. [Adoptada en español, francés e inglés, siendo la inglesa la versión original. Posteriormente se publicará también en árabe, chino y ruso como parte del informe anual del Comité a la Asamblea General.] Inicio || Tratados || Busca || Enlaces