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Timestamp: 2018-04-23 00:05:26
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México – Matrimonio – Corte Suprema de Justicia Acuerdo Plenario/2016 | observatoriointernacional.com
Décima Época Núm. de Registro: 26317
Libro 30, Mayo de 2016 , Tomo I, página 97.
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LINEAMIENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERAR QUE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO.
MATRIMONIO. LA NORMA QUE PREVÉ ESTA INSTITUCIÓN EXCLUSIVAMENTE PARA EL HOMBRE Y LA MUJER, VULNERA LA AUTODETERMINACIÓN DE LAS PERSONAS, EL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD Y EL PRINCIPIO DE IGUALDAD (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 260 DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE JALISCO, EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE INDICA: “EL HOMBRE Y LA MUJER”).
III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE NORMAS GENERALES EN VÍA DE CONSECUENCIA (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 258, EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE INDICA: “UN HOMBRE Y UNA MUJER” Y 267 BIS, EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE PREVÉ: “EL HOMBRE Y LA MUJER”, AMBOS DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE JALISCO).
Mediante la que se resuelve la presente acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra del artículo 260 del Código Civil del Estado de Jalisco,(1) en la porción normativa que establece: “el hombre y la mujer”, publicado en el Periódico Oficial de la entidad el cuatro de abril de dos mil quince.
Norma general cuya invalidez se reclama. En esta acción de inconstitucionalidad se impugna el artículo 260 del Código Civil del Estado de Jalisco, en la porción normativa que establece: “el hombre y la mujer”, publicado en el Periódico Oficial de la entidad el cuatro de abril de dos mil quince.
I. Inconstitucionalidad del artículo 260 del Código Civil del Estado de Jalisco, en la porción normativa que dice: “el hombre y la mujer”.
El artículo 260 del Código Civil del Estado de Jalisco, en la porción normativa que señala “el hombre y la mujer”, vulnera los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Federal, porque considera a la institución del matrimonio, como la restrictiva unión de un hombre y una mujer, excluyendo a las parejas del mismo sexo, lo que atenta contra el derecho a la dignidad humana, en su vertiente de libre desarrollo de la personalidad, así como los principios de igualdad y no discriminación, además de la protección a la organización y desarrollo de la familia.
El legislador estatal, al reformar el artículo impugnado y dejar incólume la porción normativa “el hombre y la mujer”, restringió el ejercicio de derechos humanos, los cuales consisten en excluir de la celebración del matrimonio a parejas del mismo sexo.
Además, si se toma en cuenta que el diverso artículo 258 del Código Civil del Estado de Jalisco reconoce y protege la “institución del matrimonio” como un derecho de la sociedad y el medio por el cual un hombre y una mujer deciden compartir un estado de vida para la búsqueda de su realización personal y la fundación de una familia, satisfaciéndose éste solamente, mediante la unión de un hombre con una mujer, el artículo 260 impugnado, al referir la expresión “el hombre y la mujer” debe entenderse en función del artículo 258 señalado, y ello genera una violación a la protección constitucional y convencional de los derechos humanos a la que se ha obligado el Estado Mexicano, puesto que reitera una definición discriminatoria de la institución del matrimonio.
La porción normativa del artículo impugnado, al excluir injustificadamente del acceso al matrimonio a las parejas del mismo sexo, que están situadas en condiciones similares a las parejas heterosexuales, se contrapone a la dignidad humana, en su vertiente de libre desarrollo de la personalidad y contraviene los artículos 1o. y 4o. constitucionales. Cita en apoyo a sus argumentaciones la tesis de rubro: “MATRIMONIO. LA LEY QUE, POR UN LADO, CONSIDERA QUE LA FINALIDAD DE AQUÉL ES LA PROCREACIÓN Y/O QUE LO DEFINE COMO EL QUE SE CELEBRA ENTRE UN HOMBRE Y UNA MUJER, ES INCONSTITUCIONAL.”
La Suprema Corte de Justicia, al analizar, en el amparo en revisión 615/2013, la constitucionalidad del artículo 147 de la Constitución del Estado de Colima, en relación con los artículos 102, párrafos cuarto y décimo tercero, del Código Civil de dicha entidad, determinó que existía una notoria exclusión de las parejas conformadas por personas del mismo sexo, ya que se generaba una distinción basada en el reconocimiento único del matrimonio para parejas heterosexuales y que, con ello, el legislador creaba un estigma a las modalidades no tradicionales del ejercicio de este derecho, basado en una apreciación que no tenía sustento constitucional y que se veía rebasada por el contexto social actual.
En el caso, la Legislatura del Estado de Jalisco no acoge los principios fundamentales que se esgrimen en la reforma constitucional de diez de junio de dos mil once, bajo los cuales, se insta a las autoridades en el ámbito de sus competencias a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, así como a no atender a la prohibición de discriminación motivada por el género, preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
La norma impugnada prevé una disposición que implica discriminación indirecta, ya que carece de contenido neutral y, por ende, afecta de manera desproporcionada y negativa a un grupo social. Cita en apoyo a su argumentación la tesis de rubro: “DISCRIMINACIÓN INDIRECTA O POR RESULTADOS. ELEMENTOS QUE LA CONFIGURAN.”
También resulta insostenible que se establezca que el Estado únicamente reconoce y protege la institución del matrimonio mediante la unión de “un hombre con una mujer”, porque no se encuentra justificación que motive la distinción realizada por el legislador, y que tiene el efecto de impedir el acceso a la institución matrimonial a las parejas del mismo sexo. Al respecto, cita la tesis de rubro: “MATRIMONIO. LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS NO ALUDE A DICHA INSTITUCIÓN CIVIL NI REFIERE UN TIPO ESPECÍFICO DE FAMILIA, CON BASE EN EL CUAL PUEDA AFIRMARSE QUE ÉSTA SE CONSTITUYE EXCLUSIVAMENTE POR EL MATRIMONIO ENTRE UN HOMBRE Y UNA MUJER.”
Solicita que también se declare la invalidez -indirecta- del artículo 258 del Código Civil del Estado, porque el artículo impugnado -260 del mismo código-, se encuentra en función de una interpretación sistemática, en la porción normativa que señala “un hombre y una mujer”. Cita en apoyo a su argumentación la tesis, de rubro: “CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES Y ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA INVALIDEZ INDIRECTA DE LAS NORMAS.”
En la sesión de cinco de marzo de dos mil quince se aprobó el Decreto 25314/LX/15, mediante el que se reformó el artículo 260 y se derogaron los artículos 56, 261, 262, 263, 264, 265, 266 y 267 del Código Civil del Estado de Jalisco, decreto publicado en el Periódico Oficial de la entidad el cuatro de abril del mismo año.
Se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción VII del artículo 19, en relación con el artículo 60 de la ley reglamentaria de la materia, porque la demanda se promovió de manera extemporánea. Si bien es cierto que la acción se hace valer contra la reforma al artículo 260 del Código Civil del Estado, publicado el cuatro de abril de dos mil quince, el concepto que esgrime el promovente controvierte un acto legislativo que no fue objeto de la reforma a dicho numeral.
Lo anterior, porque la institución del matrimonio tiene su origen en un acto legislativo previo que data de la expedición del Código Civil del Estado, a través del Decreto 15776, publicado el veinticinco de febrero de mil novecientos noventa y cinco, mientras que la reforma impugnada no hace ningún cambio sustancial, pues su objeto es muy específico, en cuanto a elevar la edad de dieciséis a dieciocho años para contraer matrimonio y suprimir la dispensa de edad por causas graves y justificadas.
El hecho de que el artículo 260 del Código Civil del Estado cite un texto que data de la expedición del mismo código, no genera una nueva oportunidad para reclamar su contenido.
No resulta aplicable la tesis de rubro: “CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL DECRETO NÚMERO 525 PUBLICADO EL 5 DE DICIEMBRE DE 2007 EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, MEDIANTE EL CUAL SE REFORMÓ EL ARTÍCULO 32 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE ESA ENTIDAD, CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO PARA EFECTOS DE LA OPORTUNIDAD DE SU IMPUGNACIÓN.”, porque no es dable relacionar lo que se aprueba en la reforma al artículo 260 del Código Civil del Estado con la porción normativa reclamada por el demandante ya existente en dicho numeral, puesto que lo reformado versa sobre la edad para contraer matrimonio y no sobre el sexo de los contrayentes.
La porción normativa que señala “el hombre y la mujer” no fue emitida en la reforma impugnada, ni fue materia de la misma, pues sólo se elevó la edad para contraer matrimonio y se suprimió la dispensa de edad por causas graves y justificadas.
Son infundados los argumentos del promovente, porque si bien la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia ha sostenido diversos criterios relativos a que los conceptos de igualdad ante la ley y no discriminación están estrechamente vinculados, éstos no son idénticos, aunque sí complementarios, ya que la noción de igualdad deriva directamente de la unidad de naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad de la persona.
Aun cuando el artículo 260 del Código Civil del Estado refiera la locución de “hombre y mujer”, ello no debe analizarse de forma aislada, ya que la reforma tuvo como motivo elevar la edad de dieciséis a dieciocho años, indicándose como requisito que los contrayentes cuenten con cuando menos dieciocho años, a efecto de frenar matrimonios por personas menores de edad, ya sea hombre o mujer. Lo cual se advierte de los artículos que fueron derogados mediante el decreto número 25314/LX/15, puesto que el artículo 56 de este Código Civil establecía que el matrimonio de un menor de edad producía la emancipación y los restantes preceptos también derogados establecían todo lo relacionado al consentimiento necesario para que un menor de edad contrajera matrimonio.
La estipulación genérica en el sentido de que el hombre y la mujer necesitan contar con cuando menos dieciocho años de edad para contraer matrimonio, no vulnera el derecho humano a la igualdad, ni resulta discriminatorio, toda vez que el bien jurídico tutelado es el derecho de los menores (niños, niñas y adolescentes).
El requisito de la edad para el hombre y la mujer es una restricción que tiene por objeto evitar el matrimonio por personas menores de edad, pues el bien jurídico ponderado por los legisladores jaliscienses fueron los menores de edad, pues es predominante el interés superior de la niñez. Cita en apoyo las tesis de rubros: “PRINCIPIO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN EN LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO.” e “IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. FUNCIONES Y CONSECUENCIAS EN EL USO DEL PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD.”
El espíritu de la reforma combatida no es inhibir el libre desarrollo de la personalidad, por el contrario, está determinado que un individuo adquiere plenitud del desarrollo personal a los dieciocho años, en donde su emancipación le permite decidir con quién formar una vida común y/o tener hijos, si es que desean hacerlo en pareja.
Al elevar la edad para contraer matrimonio se garantiza que la persona, en amplios aspectos, pueda tener la autodeterminación adquirida por la mayoría de edad y, por ende, se refleje en su desarrollo personal, lo que no repercute en el libre desarrollo, ni contraviene los artículos 1o. y 4o. constitucionales.
Es inoperante lo argumentado respecto a la violación al principio pro persona, porque reclama cuestiones ajenas a lo que fue reformado, pues controvierte situaciones relativas al sexo de los contrayentes del matrimonio, perdiendo de vista que dicha reforma se enfocó solamente a la edad de los contrayentes.
Ad cautelam, deviene infundada la supuesta violación al principio pro persona, pues la institución del matrimonio en el Estado de Jalisco, por medio de la cual, un hombre y una mujer deciden compartir un estado de vida para la búsqueda de su realización personal y la fundación de una familia, es una figura creada desde la expedición del Código Civil efectuada mediante Decreto 15776, publicado el veinticinco de febrero de mil novecientos noventa y cinco. Por la misma razón, no se viola el principio de progresividad, porque la institución del matrimonio surgió desde la fecha citada, y no a partir de la reforma al artículo 260 impugnado. Por lo tanto, no es dable que se juzgue tomando en consideración un marco normativo posterior que no puede tomarse como referente para establecer que la reforma aludida genere un retroceso.
No se violan los principios pro persona y de progresividad, porque no existe disposición en la Ley Suprema ni en los tratados internacionales de los que México es Parte, que establezcan que deba darse libertad absoluta a los menores de edad y reconocerles los mismos derechos que a los adultos; de tal suerte que puedan existir fundamentos jurídicos que se antepongan a la determinación de esta autoridad legislativa de elevar la edad y suprimir la dispensa de edad, aprobadas en la reforma que es objeto de reclamo en la presente acción.
B) El Poder Ejecutivo, por su parte, manifestó, en síntesis, lo siguiente:
Es cierto que promulgó el Decreto Número 25314/LX/15, publicado en el Periódico Oficial del Estado el cuatro de abril de dos mil quince, por medio del cual se reformó el artículo 260 y se derogaron los artículos 56, 261, 262, 263, 264, 265, 266 y 267 del Código Civil del Estado de Jalisco.
En el caso, debe sobreseerse en la acción de inconstitucionalidad, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción VIII del artículo 19, en relación con el diverso artículo 60 de la ley reglamentaria de la materia, en virtud de que se promovió de manera extemporánea, esto es, fuera del plazo de treinta días naturales para su presentación, ya que el promovente pretende impugnar una porción normativa vigente desde el veinticinco de febrero de mil novecientos noventa y cinco, año en que fue publicado el texto original del Código Civil del Estado, pues la expresión “el hombre y la mujer” no sufrió modificación alguna por la reciente reforma al citado Código Civil.
Aunado a que la intención del órgano legislativo fue la de combatir el matrimonio infantil, al subir la edad de dieciséis a dieciocho años para contraer matrimonio, atendiendo al exhorto realizado por el Comité de los Derechos del Niño, perteneciente a la Organización de las Naciones Unidas para la toma de medidas urgentes para lograr la erradicación del matrimonio en la infancia.
En la exposición de motivos se tomó en cuenta un punto de acuerdo de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión hecha a cada Estado de la Federación a elevar la edad a dieciocho años para que ambos contrayentes puedan celebrar matrimonio. Por lo que la intención del legislador fue modificar y no reexpedir el artículo impugnado.
Los conceptos de invalidez son inoperantes, ya que la definición del matrimonio, al referirse a “el hombre y la mujer”, atiende de manera específica a un dispositivo legal diverso, siendo éste el artículo 258 del Código Civil del Estado de Jalisco, razón por la cual, resulta inoperante para determinar la invalidez del artículo 260 del citado Código Civil.
El artículo impugnado no excluye la celebración del matrimonio a parejas del mismo género. Además de que su validez descansa en que su modificación se motivó medularmente en la toma de medidas necesarias para la atención de una trascendente necesidad de la sociedad actual: la erradicación del matrimonio en la infancia.
No puede concluirse discriminación alguna por motivo de género, ni restricción del ejercicio de los derechos fundamentales a parejas del mismo sexo. Por lo que, contrariamente al promovente, el artículo impugnado no violenta el derecho a la no discriminación, a la dignidad humana en su vertiente de libre desarrollo de la personalidad, derecho a la igualdad ante la ley, el principio pro persona o derecho fundamental alguno consagrado en la Constitución Federal, así como en los instrumentos internacionales que estima violados, sino que, precisamente, de conformidad con tales derechos fundamentales, es que se realizó la reforma del ordenamiento legal.
La reforma combatida se hizo en atención a las condiciones actuales de vida, atacando principalmente violaciones a los derechos humanos, con independencia de si la persona afectada es un niño o una niña, y atendiendo necesidades y cifras importantes indicadas tanto por la Organización de las Naciones Unidas, como por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
De conformidad con la fracción IV del artículo 41 de la ley reglamentaria de la materia, los efectos de una norma declarada inválida, sólo pueden extenderse a aquellas normas cuya validez dependa de la propia norma invalidada. Sin embargo, en el caso, no se actualiza dicho supuesto, ya que el artículo 260 del Código Civil del Estado es dependiente del diverso artículo 258 del mismo ordenamiento civil, y no a la inversa.
Contrariamente a lo señalado por las autoridades mencionadas, la demanda se promovió de manera oportuna, pues como ya quedó acreditado, la misma se presentó dentro del plazo de treinta días naturales previsto para ello, ya que la norma impugnada en esta acción es el artículo 260 del Código Civil del Estado de Jalisco, en la porción normativa que señala: “el hombre y la mujer”, y la comisión accionante señala que, viola los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Federal, ya que al haber dejado incólume dicha porción normativa se restringió el ejercicio de derechos humanos, al excluir de la celebración del matrimonio a parejas del mismo sexo. Asimismo, indica que la porción señalada del artículo impugnado está relacionada con el diverso artículo 258, lo que reitera una definición discriminatoria de la institución del matrimonio, por lo que también solicita que, en vía de consecuencia, se declare la invalidez de este último precepto -de manera indirecta-, el cual, en efecto, no fue reformado.
Además, si bien es cierto que pudiera pensarse que la reforma al artículo 260 impugnado dejó intocada de la redacción anterior, la porción normativa que indica: “el hombre y la mujer”,(11) cabe señalar que, en el caso, estamos en presencia de un nuevo acto legislativo, ya que se llevó a cabo un procedimiento legislativo y la modificación normativa fue sustantiva.
“ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SUPUESTO EN EL QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA.-Los artículos 59 y 65, primer párrafo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen, respectivamente, que en las acciones de inconstitucionalidad se aplicarán, en lo conducente y en todo aquello que no se encuentre previsto en el título III de dicho ordenamiento que regula el procedimiento de esas acciones, las disposiciones relativas a las controversias constitucionales contenidas en el título II de la ley citada, y que en las mencionadas acciones se aplicarán las causales de improcedencia consignadas en el artículo 19 de la indicada ley reglamentaria, con excepción de la señalada en su fracción II. Por tanto, la causal de improcedencia establecida en la fracción V del mencionado artículo 19, en materia de acciones de inconstitucionalidad, se actualiza cuando simplemente dejen de producirse los efectos de la norma general que la motivaron, en tanto que ésta constituye el único objeto de análisis en ellas, además de que la declaración de invalidez de las sentencias que en dichos juicios se pronuncie no tiene efectos retroactivos, salvo en materia penal, según lo dispuesto por los artículos 105, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal y 45 de su ley reglamentaria.”
Ahora bien, al resolver la acción de inconstitucionalidad 14/2001, en sesión pública de siete de agosto de dos mil uno,(13) el Tribunal Pleno determinó que, en términos del principio de autoridad formal de la ley o de congelación de rango, la reforma o adición a una disposición general constituye un acto legislativo en el que se observa el mismo procedimiento e idénticas formalidades a las que le dieron nacimiento a aquélla, por lo que un nuevo texto de la norma general, al ser un acto legislativo distinto al anterior -formal y materialmente-, puede ser impugnado a través de la acción de inconstitucionalidad, sin que sea obstáculo que reproduzca íntegramente lo dispuesto con anterioridad. De este modo, el criterio consiste en que cualquier reforma o adición a una norma general autoriza su impugnación a través de este medio de control constitucional, aun cuando se reproduzca íntegramente la disposición anterior, ya que se trata de un nuevo acto legislativo. Este criterio se aplicó en diversos precedentes, entre ellos, la acción de inconstitucionalidad 5/2004, resuelta en sesión pública de dieciséis de marzo de dos mil cuatro,(14) siendo esta última de la que derivó la tesis de jurisprudencia P./J. 27/2004, de rubro: “ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA REFORMA O ADICIÓN A UNA NORMA GENERAL AUTORIZA SU IMPUGNACIÓN A TRAVÉS DE ESTE MEDIO DE CONTROL CONSTITUCIONAL, AUN CUANDO SE REPRODUZCA ÍNTEGRAMENTE LA DISPOSICIÓN ANTERIOR, YA QUE SE TRATA DE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO.”(15)
Así, al fallar la acción de inconstitucionalidad 22/2004, en sesión pública de diez de julio de dos mil siete,(16) el Tribunal Pleno indicó que la tesis de jurisprudencia P./J. 27/2004 -antes referida-, no resultaba aplicable para la resolución de esta nueva acción y precisó que cuando la reforma o adición no fuera dirigida al contenido normativo del precepto impugnado, sino sólo a su identificación numérica -como mero efecto de la incorporación de otras disposiciones al texto legal al que pertenece-, al tratarse únicamente de un cambio en el elemento numérico asignado a su texto, no podía considerarse como un acto legislativo nuevo que pudiera ser impugnado a través de esta vía, ya que en esta hipótesis, no se acreditaba la voluntad del legislador para reformar, adicionar, modificar o, incluso, repetir el texto de la norma general. De este precedente surgió la tesis de jurisprudencia P./J. 96/2007, de rubro: “ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL CAMBIO DE LA IDENTIFICACIÓN NUMÉRICA DE UNA NORMA GENERAL NO CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO PARA EFECTOS DE SU IMPUGNACIÓN A TRAVÉS DE AQUEL MEDIO DE CONTROL CONSTITUCIONAL.”(17)
Posteriormente, al fallarse la acción de inconstitucionalidad 4/2004, en sesión pública de siete de febrero de dos mil ocho,(18) este Tribunal Pleno sostuvo que el sobreseimiento de una acción de inconstitucionalidad por cesación de efectos de la norma general impugnada, cuando ésta ha perdido su vigencia con motivo de un nuevo acto legislativo, sólo opera respecto de la parte que fue motivo de aquél, independientemente de que se haya emitido con el mismo texto de la norma anterior o se haya variado en algún o alguno de sus párrafos concretos, indicando el legislador su voluntad mediante la inserción del texto que quiso repetir o variar, intercalándolo con los paréntesis y puntos suspensivos representativos de los textos en los que permaneció la misma norma o alguna de sus partes, al no ser objeto del nuevo acto legislativo, por lo que la declaratoria de improcedencia no puede abarcar todo el texto del artículo relativo, sino únicamente la parte afectada por el nuevo acto legislativo, ya que los párrafos intocados subsisten formal y materialmente, al ser enunciados normativos contenidos en un artículo concreto motivo de un acto legislativo anterior que continúa vigente. De este precedente surgió la tesis de jurisprudencia P./J. 41/2008, de rubro: “ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA, CUANDO ÉSTA HA SIDO MOTIVO DE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO EN ALGUNO O ALGUNOS DE SUS PÁRRAFOS, LLEVA A SOBRESEER ÚNICAMENTE RESPETO DE LOS QUE PERDIERON SU VIGENCIA AL INICIARSE LA DEL NUEVO ACTO LEGISLATIVO Y SIEMPRE Y CUANDO NO PRODUZCAN EFECTOS PARA EL FUTURO.”(19)
Continuando con este desarrollo del criterio, al resolverse la acción de inconstitucionalidad 29/2008, en sesión pública de doce de mayo de dos mil ocho,(20) el Tribunal Pleno, retomando el criterio contenido en la tesis de jurisprudencia P./J. 96/2007, reiteró que si bien cuando la reforma o adición no va dirigida esencialmente al contenido normativo del precepto impugnado -sino sólo a su identificación numérica-, ello no podía considerarse como un acto legislativo nuevo que autorizara su impugnación a través de la acción de inconstitucionalidad, y agregó que cuando el legislador ordinario durante el proceso legislativo hubiere manifestado su voluntad de no reformar la norma, pero del texto aprobado se advirtiera que en realidad sí modificó su alcance jurídico o hubiere precisado un punto considerado ambiguo u oscuro, si debía considerarse que se estaba en presencia de un nuevo acto legislativo susceptible de impugnación. De este precedente surgió la tesis de jurisprudencia P./J. 17/2009, de rubro: “ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI EL LEGISLADOR ORDINARIO DURANTE EL PROCESO LEGISLATIVO MANIFESTÓ SU VOLUNTAD DE NO REFORMAR UNA NORMA, PERO DEL TEXTO APROBADO SE ADVIERTE QUE EN REALIDAD SE MODIFICÓ SU ALCANCE JURÍDICO O SE PRECISÓ UN PUNTO CONSIDERADO AMBIGUO U OSCURO, DEBE ESTIMARSE QUE SE ESTÁ ANTE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO SUSCEPTIBLE DE IMPUGNARSE EN AQUELLA VÍA.”(21)
De lo anterior se puede advertir que, si bien los criterios emitidos por el Tribunal Pleno sobre “nuevo acto legislativo” no han sido del todo consistentes, es momento de precisar los lineamientos mínimos requeridos para considerar cuándo estamos en presencia de un nuevo acto legislativo.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos impugna la porción normativa que indica “el hombre y la mujer”, prevista en el artículo 260 del Código Civil del Estado de Jalisco. Dicha norma impugnada señala:
“Artículo 260. Para contraer matrimonio, el hombre y la mujer necesitan contar con cuando menos dieciocho años de edad de conformidad a lo dispuesto por el artículo 45 de la Ley General de las Niñas, Niños y Adolescentes.”
El artículo 1o. de la Constitución Federal, en lo que al caso interesa, establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en aquélla y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, sino en los casos y condiciones que la misma establece, así como que: “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.”
Al respecto, este Tribunal Pleno advirtió que en diversos países, vía legislación o jurisprudencia, se ha evolucionado paulatinamente en el reconocimiento de los derechos de las personas homosexuales y la protección jurídica de sus uniones, justificándose dichos referentes en la eliminación de la discriminación que históricamente han sufrido. Una de las formas que ha sido utilizada para lograr ese fin es a través de la aprobación de leyes que regulan las llamadas “sociedades de convivencia” o “pactos de solidaridad”, para reconocer las uniones de hecho de personas homosexuales, aunque también en algunas de esas legislaciones e, incluso, en la del Distrito Federal, no se limitaron a ese tipo de relaciones, comprendiendo ahora, además, las uniones de hecho entre personas heterosexuales, que no sean un matrimonio o un concubinato; sin embargo, tales legislaciones se equiparan, en lo general, al concubinato y no al matrimonio, por lo que no alcanzan a tener el mismo reconocimiento y protección jurídica de los derechos y obligaciones que surgen de las mismas.
Por tanto, aun cuando es cierto que existen diferencias entre unas y otras parejas, sobre todo, en cuanto a la limitante de procrear hijos biológicamente comunes en las del mismo sexo, ello no se traduce en una diferencia o desigualdad entre ambas relaciones que en forma relevante incida en la decisión del legislador de extender la institución del matrimonio civil, de forma tal que comprenda a ambas, puesto que la “potencialidad” de la reproducción no es una finalidad esencial de aquél, tratándose de las parejas heterosexuales que dentro de su derecho de autodeterminación, deciden tener hijos o no, o bien, se encuentran, en ocasiones, ante la imposibilidad de tenerlos, lo que en modo alguno les impide contraerlo, ni es una causa para anularlo, si no se ha cumplido con una función reproductiva.
Así, el Tribunal Pleno consideró, en el preciso tema de la procreación para la perpetuación de la especie, como una de las finalidades que originalmente se vinculaba al matrimonio, que una característica particular de la evolución de esa institución y su relación con la procreación, es el hecho de que si bien se prevé como impedimento para celebrarlo, entre otros, la impotencia incurable para la cópula (artículo 156, fracción VIII, del Código Civil para el Distrito Federal), se establece, a la par, una dispensa cuando dicha impotencia sea conocida y aceptada por el otro contrayente, o bien, aun cuando una causa de nulidad del matrimonio sea que el matrimonio se hubiere celebrado concurriendo alguno de los impedimentos enumerados en el artículo 156, entre ellos, el citado con antelación, se establece como salvedad que no hubiesen sido dispensados en los casos en que así proceda (artículo 235). Además, advirtió que un dato más acerca de dicha separación matrimonio-procreación, es la reforma realizada al Código Civil para el Distrito Federal en dos mil ocho, en materia de reasignación sexual (personas transexuales) que, entre otros, reformó el artículo 97, fracción VII, para señalar que las personas que deseen contraer matrimonio deberán presentar un escrito ante el Juez del Registro Civil que, entre otros elementos, contenga “la manifestación por escrito y bajo protesta de decir verdad, en el caso de que alguno de los contrayentes haya concluido el proceso para la concordancia sexo-genérica”. De lo que se advierte que si bien, en ese supuesto, podría existir diferencia de sexo entre quienes contraen matrimonio, derivado de una reasignación sexual, una vez practicada la operación quirúrgica, teniendo como consecuencia la imposibilidad física para la procreación, ello no les impide contraer matrimonio.
Si bien el artículo impugnado no define a la institución del matrimonio, pues esta definición se encuentra en el diverso artículo 258 del mismo ordenamiento legal -el cual no fue reformado, pero respecto del cual el promovente solicita su declaración de invalidez de manera indirecta y por extensión-, sí contempla que éste se contraiga entre “el hombre y la mujer”. Y si este precepto lo interpretamos de manera sistemática con el señalado artículo 258, el cual sí define a la institución del matrimonio como una institución de carácter público e interés social, por medio de la cual un hombre y una mujer deciden compartir un estado de vida para la búsqueda de su realización personal y la fundación de una familia, sin lugar a dudas se advierte que la concepción de esta institución en el Estado de Jalisco, está orientada a que se celebre entre un hombre y una mujer.(37)
Así entonces, resulta fundado el concepto de invalidez planteado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y lo procedente es declarar la invalidez de la porción normativa que indica “el hombre y la mujer” del artículo 260 del Código Civil del Estado de Jalisco.
Por las mismas razones y con fundamento en la fracción IV del artículo 41 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, procede extender esta declaratoria de invalidez al artículo 258 de la misma norma, en la porción normativa que indica “un hombre y una mujer”, así como al artículo 267 Bis del mismo ordenamiento legal, en la porción normativa que indica “El hombre y la mujer”, dado que estas normas también resultan inconstitucionales.(39)
Por todo lo anterior, se declara la invalidez de la porción normativa que indica “el hombre y la mujer” del artículo 260 del Código Civil del Estado de Jalisco y, por vía de consecuencia, se extiende dicha declaratoria de invalidez a los artículos 258, en la porción normativa que indica: “un hombre y una mujer”, y 267 Bis, en la porción normativa que señala: “El hombre y la mujer”, ambos del Código Civil del Estado de Jalisco.(40)
PRIMERO.-Es procedente y fundada la presente acción de inconstitucionalidad, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
SEGUNDO.-Se declara la invalidez de la porción normativa que indica “el hombre y la mujer” del artículo 260 del Código Civil del Estado de Jalisco y, por vía de consecuencia, se extiende dicha declaratoria de invalidez a los artículos 258, en la porción normativa que indica: “un hombre y una mujer” y 267 Bis, en la porción normativa que señala: “El hombre y la mujer”, también del Código Civil del Estado de Jalisco; declaraciones de invalidez que surtirán sus efectos a partir de la notificación de estos puntos resolutivos al Congreso del Estado de Jalisco.
TERCERO.-Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco y en el Semanario Judicial de la Federación y en su Gaceta.
Se aprobó por unanimidad de once votos de los Ministros Gutiérrez Ortiz Mena apartándose de los párrafos treinta y dos, treinta y tres y treinta y seis, Cossío Díaz, Luna Ramos apartándose de algunas consideraciones, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Medina Mora I. con precisiones y apartándose de algunas consideraciones, Laynez Potisek, Pérez Dayán y presidente Aguilar Morales, respecto del apartado VI, relativo a las consideraciones y fundamentos, consistente en declarar la invalidez del artículo 260 del Código Civil del Estado de Jalisco, en la porción normativa “el hombre y la mujer”. Los Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Luna Ramos, Zaldívar Lelo de Larrea, Piña Hernández y Medina Mora I. anunciaron sendos votos concurrentes. Los Ministros Pardo Rebolledo y presidente Aguilar Morales reservaron sendos votos concurrentes.
Se aprobó por unanimidad de once votos de los Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y presidente Aguilar Morales, respecto del apartado VII, relativo a los efectos, consistente en declarar la invalidez, en vía de consecuencia, de los artículos 258, en la porción normativa “un hombre y una mujer” y 267 Bis, en la porción normativa “El hombre y la mujer”, del Código Civil del Estado de Jalisco.
Nota: La presente ejecutoria también aparece publicada en el Diario Oficial de la Federación de 21 de abril de 2016.
“De los requisitos para contraer matrimonio
“II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución.-Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por:
“g) La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos consagrados en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea Parte. Asimismo, los organismos de protección de los derechos humanos equivalentes en los Estados de la República, en contra de leyes expedidas por las Legislaturas Locales y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en contra de leyes emitidas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.”
“Artículo 10. La Suprema Corte de Justicia conocerá funcionando en Pleno: I. De las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.”
“Artículo 60. El plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnado sean publicados en el correspondiente medio oficial. Si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.
“En materia electoral, para el cómputo de los plazos, todos los días son hábiles.”
“Artículo 260. Para contraer matrimonio, el hombre y la mujer necesitan haber cumplido dieciséis años. Los Jueces de la residencia de los interesados pueden conceder dispensa de edad por causas graves y justificadas.”
“ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA REFORMA O ADICIÓN A UNA NORMA GENERAL AUTORIZA SU IMPUGNACIÓN A TRAVÉS DE ESTE MEDIO DE CONTROL CONSTITUCIONAL, AUN CUANDO SE REPRODUZCA ÍNTEGRAMENTE LA DISPOSICIÓN ANTERIOR, YA QUE SE TRATA DE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO.-El artículo 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que la acción de inconstitucionalidad es el medio de control a través del cual podrá plantearse la no conformidad de una ley o tratado internacional con la Constitución Federal. Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de que en términos del principio de autoridad formal de la ley o de congelación de rango, la reforma o adición a una disposición general constituye un acto legislativo en el que se observa el mismo procedimiento e idénticas formalidades a las que le dieron nacimiento a aquélla. En consecuencia, el nuevo texto de la norma general, al ser un acto legislativo distinto al anterior, formal y materialmente, puede ser impugnado a través de la acción de inconstitucionalidad, sin que sea obstáculo que reproduzca íntegramente lo dispuesto con anterioridad.”. Novena Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, mayo de 2004, tesis P./J. 27/2004, página 1155.
“ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL CAMBIO DE LA IDENTIFICACIÓN NUMÉRICA DE UNA NORMA GENERAL NO CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO PARA EFECTOS DE SU IMPUGNACIÓN A TRAVÉS DE AQUEL MEDIO DE CONTROL CONSTITUCIONAL.-Si bien es cierto que el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 27/2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, mayo de 2004, página 1155, con el rubro: ‘ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA REFORMA O ADICIÓN A UNA NORMA GENERAL AUTORIZA SU IMPUGNACIÓN A TRAVÉS DE ESTE MEDIO DE CONTROL CONSTITUCIONAL, AUN CUANDO SE REPRODUZCA ÍNTEGRAMENTE LA DISPOSICIÓN ANTERIOR, YA QUE SE TRATA DE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO.’, sostuvo que el nuevo texto de la norma general, al ser un acto legislativo distinto al anterior, formal y materialmente, puede impugnarse a través de la acción de inconstitucionalidad, sin que sea obstáculo que reproduzca íntegramente la disposición anterior, también lo es que este criterio no resulta aplicable cuando en los casos en que la reforma o adición no va dirigida al contenido normativo del precepto impugnado, sino sólo a su identificación numérica como mero efecto de la incorporación de otras disposiciones al texto legal al que pertenece, ya que se trata únicamente de un cambio en el elemento numérico asignado a su texto, esto es, al no existir en el legislador la voluntad de reformar, adicionar, modificar o, incluso, repetir el texto de una norma general, ésta no puede considerarse un acto legislativo nuevo que autorice su impugnación a través del referido medio de control constitucional.”. Novena Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, diciembre de 2007, tesis P./J. 96/2007, página 742.
“ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA, CUANDO ÉSTA HA SIDO MOTIVO DE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO EN ALGUNO O ALGUNOS DE SUS PÁRRAFOS, LLEVA A SOBRESEER ÚNICAMENTE RESPECTO DE LOS QUE PERDIERON SU VIGENCIA AL INICIARSE LA DEL NUEVO ACTO LEGISLATIVO Y SIEMPRE Y CUANDO NO PRODUZCAN EFECTOS PARA EL FUTURO.-Si bien es cierto que la acción de inconstitucionalidad resulta improcedente y, por ende, debe sobreseerse en ella cuando se actualiza la causal prevista en el artículo 19, fracción V, en relación con el numeral 65, ambos de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por cesación de efectos de la norma general impugnada, cuando ésta haya perdido su vigencia con motivo de un nuevo acto legislativo, también lo es que ello sólo operará respecto de la parte que fue motivo de aquél, independientemente de que se haya emitido con el mismo texto de la norma anterior o se haya variado en algún o algunos de sus párrafos concretos, indicando el legislador su voluntad mediante la inserción del texto que quiso repetir o variar, intercalándolo con los paréntesis y puntos suspensivos representativos de los textos en los que permaneció la misma norma o alguna de sus partes, al no ser objeto del nuevo acto legislativo. Esto es, la declaratoria de improcedencia no puede abarcar todo el texto del artículo relativo, sino únicamente la parte afectada por el nuevo acto legislativo, pues los párrafos intocados subsisten formal y materialmente, al ser enunciados normativos contenidos en un artículo concreto motivo de un acto legislativo anterior que continúa vigente. Además, no podrá sobreseerse en la acción de inconstitucionalidad por la causal indicada cuando, a pesar de perder su vigencia con motivo de los nuevos actos legislativos, dichas normas puedan producir efectos en el futuro.”. Novena Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, junio de 2008, tesis P./J. 41/2008, página 674.
“ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI EL LEGISLADOR ORDINARIO DURANTE EL PROCESO LEGISLATIVO MANIFESTÓ SU VOLUNTAD DE NO REFORMAR UNA NORMA, PERO DEL TEXTO APROBADO SE ADVIERTE QUE EN REALIDAD SE MODIFICÓ SU ALCANCE JURÍDICO O SE PRECISÓ UN PUNTO CONSIDERADO AMBIGUO U OSCURO, DEBE ESTIMARSE QUE SE ESTÁ ANTE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO SUSCEPTIBLE DE IMPUGNARSE EN AQUELLA VÍA.-El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 96/2007, de rubro: ‘ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL CAMBIO DE LA IDENTIFICACIÓN NUMÉRICA DE UNA NORMA GENERAL NO CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO PARA EFECTOS DE SU IMPUGNACIÓN A TRAVÉS DE AQUEL MEDIO DE CONTROL CONSTITUCIONAL.’, sostuvo que cuando la reforma o adición no va dirigida esencialmente al contenido normativo del precepto impugnado, sino sólo a su identificación numérica que se ajusta para darle congruencia al ordenamiento, ley o codificación, no puede considerarse como un acto legislativo nuevo que autorice su impugnación a través de la acción de inconstitucionalidad; sin embargo, si el legislador ordinario durante el proceso legislativo manifestó su voluntad de no reformar la norma, pero del texto aprobado se advierte que en realidad se modificó su alcance jurídico o se precisó un punto considerado ambiguo u oscuro, debe estimarse que se está ante un nuevo acto legislativo susceptible de impugnación.”. Novena Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, abril de 2009, tesis P./J. 17/2009, página 1105.
“Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por: …”
“En materia electoral, para el cómputo de los plazos, todos los días son hábiles. …”
“Artículo 15. El presidente de la Comisión Nacional tendrá las siguientes facultades y obligaciones:
“XI. Promover las acciones de inconstitucionalidad, en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea Parte.”
Esto lo determinó al resolver el amparo directo civil 6/2008, resuelto en sesión pública de 6 de enero de 2009, por unanimidad de once votos. De este asunto derivaron, entre otros, los siguientes criterios: “DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. ASPECTOS QUE COMPRENDE.”, Novena Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, diciembre de 2009, tesis P. LXVI/2009, página 7; “DERECHOS A LA INTIMIDAD, PROPIA IMAGEN, IDENTIDAD PERSONAL Y SEXUAL. CONSTITUYEN DERECHOS DE DEFENSA Y GARANTÍA ESENCIAL PARA LA CONDICIÓN HUMANA.”, Novena Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, diciembre de 2009, tesis P. LXVII/2009, página 7; y, “DIGNIDAD HUMANA. EL ORDEN JURÍDICO MEXICANO LA RECONOCE COMO CONDICIÓN Y BASE DE LOS DEMÁS DERECHOS FUNDAMENTALES.”, Novena Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, diciembre de 2009, tesis P. LXV/2009, página 8. De igual manera, esto se sostuvo al resolver la acción de inconstitucionalidad 2/2010, resuelta en sesión pública del 16 de agosto de 2010.
Esto, mediante la reforma publicada el treinta y uno de diciembre de mil novecientos setenta y cuatro en el Diario Oficial de la Federación, en cuya exposición de motivos constan, entre otras consideraciones, las siguientes: “Reconocida la aptitud política de la mujer, la Constitución Federal conservó no obstante, diversas normas proteccionistas, ciertamente justificadas en una época en que resultaba excepcional, casi insólito, que las mujeres asumieran tareas de responsabilidad social pública. Hoy día, la situación general se ha modificado profundamente y por ello resulta indispensable proceder a una completa revisión de los ordenamientos que, en uno u otro ámbito, contemplan la participación de la mujer en los procesos educativos, cultural, económico y social. De ahí que en mi último informe a la nación hubiese expresado ante el H. Congreso de la Unión que la mujer debe disfrutar de absoluta igualdad con el varón en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus responsabilidades, propósito para el cual anuncié ante la más alta representación nacional una completa revisión de las leyes federales correspondientes. … Para superar estos contrastes, es necesario que en el elevado plano constitucional quede asentada claramente, al lado de otros grandes principios rectores de la vida social, la igualdad entre hombres y mujeres. Tal es el objetivo de esta iniciativa de reformas, inscritas en el contexto de propósitos y programas en los que el Gobierno de la República trabaja con entusiasmo y convicción recogiendo planteamientos populares. De esta manera se ratifica la capacidad del sistema constitucional mexicano para acelerar el ritmo del progreso y promover grandes transformaciones sociales.”
Tesis de jurisprudencia 1a./J. 43/2015 (10a.), de título, subtítulo y texto: “MATRIMONIO. LA LEY DE CUALQUIER ENTIDAD FEDERATIVA QUE, POR UN LADO, CONSIDERE QUE LA FINALIDAD DE AQUÉL ES LA PROCREACIÓN Y/O QUE LO DEFINA COMO EL QUE SE CELEBRA ENTRE UN HOMBRE Y UNA MUJER, ES INCONSTITUCIONAL. Considerar que la finalidad del matrimonio es la procreación constituye una medida no idónea para cumplir con la única finalidad constitucional a la que puede obedecer la medida: la protección de la familia como realidad social. Pretender vincular los requisitos del matrimonio a las preferencias sexuales de quienes pueden acceder a la institución matrimonial con la procreación es discriminatorio, pues excluye injustificadamente del acceso al matrimonio a las parejas homosexuales que están situadas en condiciones similares a las parejas heterosexuales. La distinción es discriminatoria porque las preferencias sexuales no constituyen un aspecto relevante para hacer la distinción en relación con el fin constitucionalmente imperioso. Como la finalidad del matrimonio no es la procreación, no tiene razón justificada que la unión matrimonial sea heterosexual, ni que se enuncie como ‘entre un solo hombre y una sola mujer’. Dicha enunciación resulta discriminatoria en su mera expresión. Al respecto cabe recordar que está prohibida cualquier norma discriminatoria basada en la orientación sexual de la persona. En consecuencia, ninguna norma, decisión o práctica de derecho interno, tanto por parte de autoridades estatales como de particulares, pueden disminuir o restringir los derechos de una persona a partir de su orientación sexual. Así pues, bajo ninguna circunstancia se puede negar o restringir a nadie un derecho con base en su orientación sexual. Por tanto, no es factible hacer compatible o conforme un enunciado que es claramente excluyente.”. Décima Época, Primera Sala, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 19, Tomo I, junio de 2015, página 536 «y Semanario Judicial de la Federación del viernes 19 de junio de 2015 a las 9:30 horas».
Tesis de jurisprudencia 1a./J. 46/2015 (10a.), de título, subtítulo y texto: “MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO. NO EXISTE RAZÓN DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL PARA NO RECONOCERLO. Las relaciones que entablan las parejas del mismo sexo pueden adecuarse perfectamente a los fundamentos actuales de la institución matrimonial y más ampliamente a los de la familia. Para todos los efectos relevantes, las parejas homosexuales se encuentran en una situación equivalente a las parejas heterosexuales, de tal manera que es totalmente injustificada su exclusión del matrimonio. La razón por la cual las parejas del mismo sexo no han gozado de la misma protección que las parejas heterosexuales no es por descuido del órgano legislativo, sino por el legado de severos prejuicios que han existido tradicionalmente en su contra y por la discriminación histórica. El derecho a casarse no sólo comporta el derecho a tener acceso a los beneficios expresivos asociados al matrimonio, sino también el derecho a los beneficios materiales que las leyes adscriben a la institución. En el orden jurídico mexicano existen una gran cantidad de beneficios económicos y no económicos asociados al matrimonio. Entre éstos destacan los siguientes: (1) beneficios fiscales; (2) beneficios de solidaridad; (3) beneficios por causa de muerte de uno de los cónyuges; (4) beneficios de propiedad; (5) beneficios en la toma subrogada de decisiones médicas; y (6) beneficios migratorios para los cónyuges extranjeros. En este sentido, negar a las parejas homosexuales los beneficios tangibles e intangibles que son accesibles a las personas heterosexuales a través del matrimonio implica tratar a los homosexuales como si fueran ‘ciudadanos de segunda clase’, lo cual esta Primera Sala no comparte. No existe ninguna justificación racional para reconocer a los homosexuales todos los derechos fundamentales que les corresponden como individuos y, al mismo tiempo, reconocerles un conjunto incompleto de derechos cuando se conducen siguiendo su orientación sexual y se vinculan en relaciones estables de pareja. Los modelos para el reconocimiento de las parejas del mismo sexo, sin importar que su única diferencia con el matrimonio sea la denominación que se da a ambos tipos de instituciones, son inherentemente discriminatorios porque constituyen un régimen de ‘separados pero iguales’. La exclusión de las parejas del mismo sexo de la institución matrimonial perpetúa la noción de que las parejas del mismo sexo son menos merecedoras de reconocimiento que las heterosexuales, ofendiendo con ello su dignidad como personas y su integridad.”. Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 22, Tomo I, septiembre de 2015, página 253 «y Semanario Judicial de la Federación del viernes 11 de septiembre de 2015 a las 11:00 horas».
“Artículo 258. El matrimonio es una institución de carácter público e interés social, por medio de la cual un hombre y una mujer deciden compartir un estado de vida para la búsqueda de su realización personal y la fundación de una familia.”
“Artículo 267 Bis. El hombre y la mujer, acreditarán ante el Oficial del Registro Civil haber recibido el curso prematrimonial que no será menor de dos horas, cuyo contenido versará sobre los derechos y obligaciones que se contraen con el vínculo del matrimonio de acuerdo a los capítulos correspondientes de este código, el cual deberá contener un apartado sobre la igualdad y la equidad de género, así como de prevención, detección, atención, sanción y erradicación de violencia intrafamiliar. Dicho curso será diseñado e impartido por el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.”
Sirve de apoyo la tesis número P./J. 53/2010, de rubro y texto: “CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES Y ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA INVALIDEZ INDIRECTA DE LAS NORMAS.-Para declarar la invalidez de una norma jurídica puede acudirse al modelo de ‘invalidación directa’, en el cual el órgano constitucional decreta, mediante una resolución, que cierta norma o normas resultan inválidas por transgredir frontalmente el contenido de una norma constitucional o legal. Sin embargo, no es el único modelo, pues existe el de ‘invalidación indirecta’, en el cual la invalidez de una norma o de un grupo de ellas se origina a partir de la extensión de los efectos de la invalidez de otra. Este modelo está previsto en el artículo 41, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La condición necesaria para que se extiendan los efectos de invalidez de una norma declarada invalida es la relación de dependencia de validez entre esta norma y otra u otras del sistema, acorde con los siguientes criterios: a) jerárquico o vertical, según el cual la validez de una norma de rango inferior depende de la validez de otra de rango superior; b) material u horizontal, en el que una norma invalidada afecta a otra de su misma jerarquía debido a que ésta regula alguna cuestión prevista en aquélla, de suerte que la segunda ya no tiene razón de ser; c) sistemático en sentido estricto o de la ‘remisión expresa’, el cual consiste en que el texto de la norma invalidada remite a otras normas, ya sea del mismo ordenamiento o de otro distinto; cuando remite expresamente, su aplicador debe obtener su contenido a partir de la integración de los diversos enunciados normativos que resulten implicados en la relación sistemática; de este modo, la invalidez de la norma se expande sistemáticamente por vía de la integración del enunciado normativo; d) temporal, en el que una norma declarada inválida en su actual vigencia afecta la validez de otra norma creada con anterioridad, pero con efectos hacia el futuro; y, e) de generalidad, en el que una norma general declarada inválida afecta la validez de la norma o normas especiales que de ella se deriven.”. Novena Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, abril de 2010, página 1564.
“Artículo 73. Las sentencias se regirán por lo dispuesto en los artículos 41, 43, 44 y 45 de esta ley.”
“Artículo 41. Las sentencias deberán contener: … IV. Los alcances y efectos de la sentencia, fijando con precisión, en su caso, los órganos obligados a cumplirla, las normas generales o actos respecto de los cuales opere y todos aquellos elementos necesarios para su plena eficacia en el ámbito que corresponda. Cuando la sentencia declare la invalidez de una norma general, sus efectos deberán extenderse a todas aquellas normas cuya validez dependa de la propia norma invalidada; …”
Acción de inconstitucionalidad, Inconstitucionalidad, Matrimonio, México