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Timestamp: 2016-10-28 16:39:17
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Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 3', 'artículo 27', 'Artículo 13', 'Artículo 15', 'Artículo 13', 'Artículo 13', 'Artículo 15']

LEY 14/2000, de 21 de diciembre, de Ordenación Territorial	LEY 14/2000, de 21 de diciembre, de Ordenación Territorial Mis Leyes
LEY 14/2000, de 21 de diciembre, de Ordenación Territorial Estado	:
Artículo 1. Objetivos de la ordenación territorial
Artículo 3. Los instrumentos de ordenación territorial
CAPÍTULO I. LAS DIRECTRICES DE ORDENACIÓN TERRITORIAL
CAPÍTULO II. LOS PLANES TERRITORIALES INSULARES
CAPÍTULO III. LOS PLANES DIRECTORES SECTORIALES
Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de las Illes Balears ha aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo que se establece en el artículo 27.2 del Estatuto de Autonomía, tengo a bien promulgar la siguiente Ley 14/2000, de 21 de diciembre, de Ordenación Territorial.
La preocupación para conseguir un desarrollo sostenible que procure el bienestar de la población y la preservación de los recursos naturales ya estaba presente el año 1987, cuando el Parlamento de las Illes Balears aprobó la Ley 8/1987, de 1 de abril, de Ordenación Territorial de las Islas Baleares, que preveía el establecimiento de una serie de instrumentos encaminados, como dice la exposición de motivos, a la realización de una política territorial realmente coordinada e integrada, para dar cumplimiento a los objetivos que establece la Carta europea de la ordenación del territorio y que aquella Ley ya recogía.
En las Illes Balears, la ordenación del territorio es una cuestión objeto de discusión y de preocupación de los poderes públicos y de los ciudadanos en general. La intensa actividad económica y social que se desarrolla sobre el frágil y limitado territorio de nuestras islas hace necesario que todas las administraciones públicas deban intervenir de una manera decisiva. Así pues, corresponde a la Administración intentar obtener el máximo bienestar de la población y compatibilizario con la preservación de los valores medioambientales que, en nuestro caso, son también un recurso económico fundamental.
Asimismo, se refuerzan los mecanismos de coordinación y cooperación entre las distintas administraciones competentes y se modifican, a este efecto, la composición y las funciones de la Comisión de Coordinación de Política Territorial, donde esten representados, con una composición paritaria, tanto el Gobierno como cada uno de los Consejos insulares.
Disponer una estructura espacial adecuada que permita conseguir un desarrollo socioeconómico compatible con la utilización racional de los recursos naturales.
Garantizar la protección y la mejora del medio ambiente.
Regular las dimensiones físicas de los asentamientos, incluidos los vinculados a los sectores productivos secundario y terciario.
Ordenar la distribución espacial de las instalaciones productivas propias de los sectores primario y secundario, mediante la utilización de procedimientos de fomento o de disuasión en relación con las instalaciones existentes o futuras.
Fijar los núcleos de población que, por sus características y posibilidades, deban ser impulsores del desarrollo socioeconómico de una zona.
Definir las áreas territoriales que, por su idoneidad actual o potencial para la explotación agrícola, forestal o ganadera, o por la riqueza paisajística o ecológica, deban ser objeto de especial protección.
Ordenar las infraestructuras, las instalaciones, los equipamientos y los servicios, y definir sus criterios de diseño, sus características funcionales y su localización, de manera que se consiga una configuración racional de estos elementos estructurantes en las diferentes islas.
Establecer un sistema de coordinación de las diferentes políticas sectoriales de los diversos órganos de la Administración, de manera que se asegure su integración en una visión de conjunto de los problemas territoriales.
Promover la participación de la sociedad en el proceso de ordenación territorial y formalizarla, a fin de conseguir que este proceso responda a las aspiraciones y necesidades de la población.
Participar en los procedimientos de elaboración de los instrumentos de ordenación territorial mediante la emisión de informes.
Emitir informe, con carácter preceptivo, en relación con los anteproyectos de disposiciones reglamentarias que deban dictarse en ejecución de esta Ley.
Formular recomendaciones y propuestas a los órganos competentes en la materia objeto de esta Ley.
Facilitar la colaboración entre las administraciones competentes y, especialmente, el intercambio de información técnica.
Promover la elaboración de estudios.
Cualquier otra determinada por la ley.
Seis miembros en representación del Gobierno de las Illes Balears.
Dos miembros en representación del Consejo insular de Mallorca.
Dos miembros en representación del Consejo insular de Menorca.
Dos miembros en representación del Consejo insular de Ibiza y Formentera.
La determinación de los límites y los techos máximos de crecimiento de los diversos usos del suelo y los límites de su materialización.
El establecimiento de prescripciones para el desarrollo económico que incida en el territorio.
La protección del medio ambiente y el uso sostenible de los recursos naturales.
La fijación de los criterios que se han de observar en la redacción de los planes directores sectoriales que se prevean.
La localización y la ejecución de infraestructuras y de equipamientos.
La Consejería competente en materia de ordenación del territorio debe iniciar el procedimiento mediante la redacción de una propuesta, que debe ser elaborada en colaboración con los Consejos insulares y que debe contener la documentación escrita y gráfica que justifique los criterios generales adoptados.
La propuesta debe someterse a información pública por un periodo no inferior a dos meses, mediante la publicación de los anuncios correspondientes en el Butlletí Oficial de les Illes Balears y, como mínimo, en uno de los periódicos de mayor circulación de cada una de las islas.
En un mismo plazo, la propuesta debe someterse a informe de la Administración General del Estado, de los Consejos insulares y de los Ayuntamientos de las Illes Balears, así como del resto de Consejerías de la Administración de la Comunidad Autónoma.
En vista de los resultados de los trámites a los que hacen referencia las letras b y c de este artículo, se procederá a la redacción definitiva de la propuesta de Directrices de Ordenación Territorial. Nuevamente se llevarán a cabo los trámites de información pública y de consulta a las administraciones afectadas con un plazo mínimo de un mes, cuando la nueva redacción altere sustancialmente el contenido del texto inicial.
Al acabar la tramitación anterior, la consejería competente debe elaborar una propuesta de anteproyecto de ley que deberá incorporar el resultado de los trámites precedentes y que deberá someterse a informe de la Comisión de Coordinación de Política Territorial por un plazo máximo de dos meses. Emitido el informe, el anteproyecto se remitirá al Consejo de Gobierno para su aprobación como proyecto de ley.
Corresponde al Parlamento debatir y, si procede, aprobar el proyecto de ley de Directrices de Ordenación Territorial.
Diagnóstico territorial del área, en especial en lo que se refiere a uso de los recursos naturales, población, planeamiento urbanístico vigente y situación socioeconómica.
Estudio de las posibilidades de desarrollo socioeconómico de las distintas áreas con características homogéneas, con determinación de objetivos.
Establecimiento de techos máximos de crecimiento para cada uso y distribución espacial.
Señalización de los espacios naturales o de las áreas de protección de construcciones o de lugares de interés histórico-artístico con indicación de las medidas protectoras que deban adoptarse.
Definición de los suelos de uso agrícola o forestal de especial interés.
Fijación de los criterios específicos para la redacción de los planes directores sectoriales que corresponda aprobar a los Consejos insulares.
Ubicación de los equipamientos de interés supramunicipal.
Ubicación y características de las grandes infraestructuras, con especial atención a las que deban crearse o modificarse para potenciar el desarrollo socioeconómico.
Indicación de los servicios que deban crearse o que se puedan crear para utilización común de los municipios.
Establecimiento de criterios para la ordenación de terrenos colindantes de diferentes municipios.
Medidas de apoyo encaminadas a incentivar actuaciones que favorezcan la consecución de los objetivos fijados en las directrices de ordenación territorial y en el propio plan.
Criterios básicos relativos al uso sostenible de los recursos naturales.
Debe iniciar el procedimiento el órgano que sea competente, de acuerdo con el reglamento orgánico de cada Consejo insular.
La aprobación inicial corresponde al Pleno del Consejo insular, el cual puede formular un avance previo a esta aprobación, que debe someterse a un periodo de consulta e información pública no inferior a un mes.
Acordada la aprobación inicial, el plan debe someterse a información pública por un periodo mínimo de dos meses, mediante la publicación de los anuncios correspondientes en el Butlletí Oficial de les Illes Balears y, como mínimo, en uno de los periódicos de mayor circulación de la isla.
En un plazo igual, debe solicitarse informe, con relación al ámbito de las competencias respectivas, al Gobierno de las Illes Balears, a todos los Ayuntamientos de la isla afectada y a la Delegación del Gobierno en la comunidad autónoma. También pueden ser consultados los organismos y las entidades de carácter supramunicipal cuyo parecer se considere relevante.
Cuando se observen discrepancias substanciales entre el contenido del plan y las objeciones formuladas por las administraciones públicas, se abrirá un periodo de consulta entre estas administraciones para resolver las diferencias manifestadas.
Finalizada la consulta, se puede disponer de un nuevo periodo de información y de consulta de la misma duración que el anterior si, como consecuencia de las alegaciones y de los informes recibidos, o por acuerdo propio, se han introducido modificaciones substanciales respecto de la redacción inicial.
Una vez redactado el texto definitivo del plan, el Pleno del Consejo insular, previo informe de la Comisión de Coordinación de Política Territorial, debe aprobarlo. El informe deberá ser emitido en un plazo máximo de un mes.
Definición de los objetivos que se persiguen con el plan.
Análisis de los aspectos sectoriales a los cuales se refiere el plan y formulación de un diagnóstico de eficacia en relación con el sistema general de asentamientos humanos, con la actividad económica y con el medio ambiente y los recursos naturales.
Articulación con los planes territoriales insulares y con el planeamiento municipal existente, con determinación expresa de las vinculaciones que se creen.
Justificación y definición del esquema general de las infraestructuras, las obras, las instalaciones y los servicios que se prevean, teniendo en cuenta la incidencia ambiental.
Fijación de las características técnicas generales que deben aplicarse, debidamente clasificadas, en su caso, al llegar a la fase de proyecto de obra.
Relación y localización de las obras y actuaciones integradas en el plan.
Estudio económico-financiero que valore las obras y las actuaciones y establezca los recursos directos e indirectos con los que se pretenden financiar.
Fijación de los sistemas de ejecución, de las prioridades y de la programación de las actuaciones.
Medidas de apoyo encaminadas a promover las actuaciones que favorezcan la consecución de los objetivos señalados.
Medidas encaminadas a minimizar el impacto de las infraestructuras sobre el medio y a conseguir un uso sostenible de los recursos naturales.
El procedimiento debe iniciarse por el órgano competente de acuerdo con el reglamento orgánico de cada Consejo insular.
La aprobación inicial corresponde al Pleno del Consejo insular.
Acordada la aprobación inicial, el plan debe someterse a información pública y a consulta de las administraciones interesadas, en los mismos términos previstos para la tramitación de los planes territoriales insulares.
Una vez redactado el texto definitivo del plan, será aprobado por el Pleno del Consejo insular, previo informe de la Comisión de Coordinación de Política Territorial.
Acordada la aprobación inicial, el plan debe someterse a información pública y a consulta de las administraciones interesadas, en los mismos términos previstos para la tramitación de los planes territoriales insulares
El texto definitivo del plan debe ser elevado, por la Consejería competente, previo informe de la Comisión de Coordinación de Política Territorial, al Consejo de Gobierno para que lo apruebe por decreto.
Artículo 13 bis. Integración ambiental de los instrumentos de ordenación territorial. Los instrumentos de ordenación territorial regulados en esta Ley deberán integrar el componente medioambiental en su procedimiento de preparación, elaboración, tramitación, aprobación y seguimiento, en los términos que establece la normativa reguladora de la evaluación ambiental estratégica de planes y programas.
Artículo 15. Vinculación al planeamiento urbanístico. 1. Los instrumentos de ordenación territorial previstos en esta Ley son vinculantes para los instrumentos de planeamiento urbanístico en todos aquellos aspectos en que sean predominantes los intereses públicos de carácter supramunicipal.
La aprobación inicial corresponde al mismo órgano que sea competente para aprobar inicialmente el instrumento de ordenación correspondiente. No obstante, para la aprobación inicial de las normas territoriales cautelares previas a las Directrices de Ordenación Territorial el órgano competente es el Consejo de Gobierno.
Con la aprobación inicial se abrirá un plazo de información pública no inferior a veinte días para formular alegaciones, por lo cual deben publicarse los anuncios correspondientes en el Butlletí Oficial de les Illes Balears y en uno de los periódicos de mayor circulación de las islas afectadas. Al mismo tiempo se solicitará informe a los Ayuntamientos y a los Consejos insulares, en el caso en que las normas territoriales cautelares sean elaboradas por el Gobierno de las Illes Balears, y a éste, en el caso que la iniciativa sea de un Consejo insular. El informe será emitido en el plazo de un mes desde la recepción de la solicitud.
El Consejo insular de Ibiza y Formentera debe elaboran un plan territorial insular para la ordenación conjunta de ambas islas, pero ha de diferir en el planeamiento municipal de Formentera la regulación de aquellos elementos respecto de los cuales no se considere necesario un tratamiento común para los dos territorios insulares.
Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Transportes.
Artículos 10 (apdo. 1, letras b y f), 13 (apdo. 2, letras a y b) y 17 (apdos. 1 y 2.c):
Redacción según Ley 10/2003, de 22 de diciembre, de medidas tributarias y administrativas. Artículo 13 (apdo. 4):
Añadido por Ley 10/2003, de 22 de diciembre, de medidas tributarias y administrativas. Artículo 13 bis:
Disposición adicional tercera (apdo. 2 letra i):
Añadido por Ley 4/2010, de 16 de junio, de medidas urgentes para el impulso de la inversión en las Illes Balears. Artículo 15:
Derogada por Decreto-ley 2/2012, de 17 de febrero, de medidas urgentes para la ordenación urbanística sostenible
Redacción según Ley 7/2012, de 13 de junio, de medidas urgentes para la ordenación urbanística sostenible Disposición adicional tercera:
Acuerdo de aprobación definitiva, con prescripciones, relativo a la modificación puntual de las normas subsidiarias de planeamiento en relación a la implantación de un sector de suelo urbanizable industrial y de servicios en el municipio de MontuïriLEY 4/2008, de 14 de mayo, de medidas urgentes para un desarrollo territorial sostenible en las Illes BalearsAcuerdo del Pleno del Consell Insular dEivissa de día 9 de junio de 2008, de aprobación inicial de una Norma territorial cautelar por la cual se adoptan medidas provisionales para asegurar la viabilidad y efectividad de la modificación del Plan Territorial Insular dEivissa, y apertura del período de información públicaAcuerdo del Pleno del Consell Insular de Mallorca, mediante el cual se aprueba inicialmente una modificación puntual del Plan Territorial Insular de Mallorca y se somete a información públicaResolución de la Consejera de Interior por la cual se convocan pruebas selectivas para el acceso a la subescala de Secretaría-Intervención de la escala de funcionarios con habilitación de carácter estatalConvocatoria pública para cubrir una plaza de funcionario interino, categoría ingeniero industrialPublicación De Las Bases Específicas Para La Provisión Mediante Interinaje De Una Plaza De Arquitecto/A, Personal Funcionario, Delajuntament De Sant Antoni De PortmanyPublicación de las normas urbanísticas de la modificación puntual del PGOU des Castell para adaptación a las DOT. (Exp. 46 PGM 04901)Acuerdo del Pleno del Consell Insular dEivissa de día 28 de noviembre de 2008, de aprobación definitiva de una Norma territorial cautelar por la cual se adoptan medidas provisionales para asegurar la viabilidad y efectividad de la modificación del Plan Territorial Insular dEivissaBases de personal funcionario y personal laboral del Ayuntamiento de IncaDecreto Ley 1/2009, de 30 de enero, de medidas urgentes para el impulso de la inversión en las Illes BalearsAcuerdo de la Comissió Insular dOrdenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Historicoartístic de 23 de noviembre de 2009 de aprobación definitiva modificación puntual de las normas subsidiarias de planeamiento de Sant Josep de Sa Talaia, relativa a las normas urbanísticas (PL-02/2009)Publicación del Acuerdo del Pleno del Consell Insular de Formentera de día 10 de diciembre de 2009 de aprobación inicial de la revisión de las Normes Subsidiarias de Planeamiento del municipio de Formentera y apetura del periodo de información públicaAcuerdo del Pleno del Consell Insular de Mallorca, de aprobación definitiva de la Revisión del Plan Director Sectorial de Carreteras para la Isla de MallorcaRectificación de error material en la publicación del Acuerdo del Pleno del Consell Insular de Mallorca, de aprobación definitiva de la Revisión del Plan Director Sectorial de Carreteras para la isla de MallorcaLEY 8/2009, de 16 de diciembre, de reforma de la Ley 11/2001, de 15 de junio, de ordenación de la actividad comercial en las Illes Balears para la transposición de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interiorLEY 4/2010, de 16 de junio, de medidas urgentes para el impulso de la inversión en las Illes BalearsLEY 8/2010, de 27 de julio, de medidas para la revalorización integral de la Playa de PalmaLEY 10/2010, de 27 de julio, de medidas urgentes relativas a determinadas infraestructuras y equipamientos de interés general en materia de ordenación territorial, urbanismo y de impulso a la inversiónResolución del Consejero de Administraciones
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