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Timestamp: 2018-09-25 22:55:06
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 de 16 de noviembre de 2009 Medidas Provisionales respecto de Guatemala Caso Mack Chang y otros Visto
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de Derechos Humanos
Medidas Provisionales respecto de Guatemala
Caso Mack Chang y otros
1. La Resolución de la Presidencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte”, “la Corte Interamericana” o “el Tribunal”) de 14 de agosto de 2002 y las Resoluciones de la Corte de 26 de agosto de 2002, 21 de febrero y 6 de junio de 2003, y 26 de enero de 2009. En esta última Resolución resolvió, inter alia:
2. Requerir al Estado que mantenga las medidas que se han adoptado y que adopte todas las medidas que sean necesarias para proteger los derechos a la vida y a la integridad personal de Helen Mack Chang y sus familiares, Zoila Esperanza Chang Lau (madre), Marco Antonio Mack Chang (hermano), Freddy Mack Chang (hermano), Vivian Mack Chang (hermana), Ronald Chang Apuy (primo), Lucrecia Hernández Mack (hija) y sus hijos, de los integrantes de la Fundación Myrna Mack Chang, así como de Luis Roberto Romero Rivera, Jorge Guillermo Lemus Alvarado y de sus familiares, por un período adicional de al menos seis meses, contado a partir de la notificación de la […] Resolución, luego del cual el Tribunal evaluará la pertinencia de mantenerlas vigentes.
3. Requerir a los representantes que, en un plazo de cuatro semanas, remitan una evaluación sobre la situación de riesgo de cada uno de los beneficiarios protegidos por estas medidas, de conformidad con los Considerandos 17, 21, 23 y 27 de la […] Resolución, en la cual exponga los argumentos y elementos de prueba por los cuales consideran que las medidas ordenadas deban mantenerse vigentes en relación con Helen Mack Chang y cada uno de sus familiares, indicados en el punto resolutivo segundo de la presente Resolución de manera individualizada, así como de la protección que se brinda a los integrantes de la Fundación Myrna Mack. Concretamente que presenten información sobre los presuntos hechos ocurridos en contra del señor Ronald Chang Apuy, sobre su situación actual y las diligencias realizadas en torno a esos hechos, así como la información requerida respecto de Luis Roberto Romero Rivera y Jorge Guillermo Lemus Alvarado. Además, se requiere a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que presente sus observaciones de forma individualizada, respecto de cada uno de los beneficiarios, en un plazo de dos semanas, contado a partir de la recepción de la información de los representantes.
4. Requerir al Estado que en un plazo de un mes, contado a partir de la recepción de las observaciones presentadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, presente un informe detallado en el cual se refiera tanto a las observaciones de los representantes como a las observaciones de la Comisión Interamericana. Del mismo modo se requiere que el Estado remita información sobre los presuntos hechos ocurridos en contra del señor Ronald Chang Apuy, sobre su situación actual y las diligencias realizadas en torno a esos hechos.
5. Requerir al Estado que lleve a cabo la implementación de las medidas provisionales de común acuerdo con los beneficiarios de las mismas o sus representantes para la efectiva protección de sus derechos.
2. Los escritos de la República de Guatemala (en adelante “el Estado” o “Guatemala”) presentados el 12 de junio, 3 de julio, 28 de julio, 26 agosto, 1 de septiembre y 1 de octubre de 2009, mediante los cuales el Estado informó sobre la implementación de las medidas provisionales.
3. Las observaciones de los representantes de los beneficiarios (en adelante “los representantes”) de las medidas provisionales presentadas el 20 de abril, 24 de julio, 1 de septiembre de 2009 y 1 de octubre de 2009.
4. Las observaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”) presentadas el 26 de enero, 12 de mayo y 9 de septiembre de 2009.
5. Las comunicaciones de la Secretaría de la Corte (en adelante la “Secretaría”) de 23 de marzo y 13 de mayo 2009. En esta última comunicación, siguiendo instrucciones de la Presidenta, se solicitó al Estado remitir información sobre los presuntos hechos ocurridos en contra del señor Ronald Chang Apuy, sobre su situación actual y las diligencias realizadas al respecto.
6. La comunicación de la Secretaría de 31 de julio de 2009, mediante la cual otorgó a los representantes y a la Comisión Interamericana un plazo hasta el 17 de agosto y 1 de septiembre de 2009, respectivamente, para que presenten sus observaciones al informe estatal de 28 de julio de 2009, independientemente de la información requerida al Estado.
7. La Resolución de la Presidenta de la Corte (en adelante “la Presidenta”) de 14 de agosto de 2009, mediante la cual convocó al Estado, a la Comisión Interamericana y a los representantes a una audiencia privada a celebrarse en la sede de la Corte Interamericana el día 1 de octubre de 2009.
8. La comunicación de la Secretaría de 21 de agosto de 2009, mediante la cual siguiendo instrucciones de la Presidenta, solicitó a los representantes que enviaran, a la brevedad posible, las observaciones al informe estatal de 12 de junio de 2009, de conformidad con la comunicación de esta Secretaría Ref: CDH-10.636/1022, teniendo en cuenta que el plazo venció el 17 de agosto de 2009.
9. La comunicación de 27 de agosto de 2009 mediante la cual, siguiendo instrucciones de la Presidenta, se otorgó a los representantes y a la Comisión un plazo hasta el 2 y 9 de septiembre de 2009, respectivamente, para el envío de sus observaciones a los informes estatales de 12 de junio y 26 de agosto de 2009.
10. La comunicación de la Secretaría de 3 de septiembre de 2009, mediante la cual siguiendo instrucciones de la Presidenta se informó a los representantes y a la Comisión que podrían exponer sus observaciones al informe bimestral presentado por el Estado el 1 de septiembre de 2009 en la audiencia privada a celebrarse el 1 de octubre de 2009.
11. La audiencia privada celebrada el 1 de octubre de 2009 en la sede de la Corte1. En el curso de dicha audiencia privada el Estado, la Comisión y los representantes se refirieron a la implementación de las medidas provisionales en el presente caso.
1. Que Guatemala es Estado Parte en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención Americana” o “la Convención”) desde el 25 de mayo de 1978 y reconoció la competencia contenciosa de la Corte el 9 de marzo de 1987.
2. Que la disposición establecida en el artículo 63.2 de la Convención confiere un carácter obligatorio a la adopción, por parte del Estado, de las medidas provisionales que le ordene este Tribunal, ya que según el principio básico del derecho de la responsabilidad del Estado, respaldado por la jurisprudencia internacional, los Estados deben cumplir sus obligaciones convencionales de buena fe (pacta sunt servanda)2.
3. Que el Tribunal ha señalado que las medidas provisionales tienen dos caracteres: uno cautelar y otro tutelar3. El carácter cautelar de las medidas provisionales está vinculado al marco de los contenciosos internacionales. En tal sentido, estas medidas tienen por objeto y fin preservar los derechos en posible riesgo hasta tanto no se resuelva la controversia. Su objeto y fin son los de asegurar la integridad y la efectividad de la decisión de fondo y de esta manera evitar que se lesionen los derechos en litigio, situación que podría hacer inocua o desvirtuar el efecto útil de la decisión final. Las medidas provisionales permiten así que el Estado en cuestión pueda cumplir la decisión final y, en su caso, proceder a las reparaciones ordenadas4. En cuanto al carácter tutelar de las medidas provisionales esta Corte ha señalado que éstas se transforman en una verdadera garantía jurisdiccional de carácter preventivo, por cuanto protegen derechos humanos, en la medida que buscan evitar daños irreparables a las personas5.
4. Que el artículo 63.2 de la Convención exige que para que la Corte pueda disponer de medidas provisionales deben concurrir tres condiciones: i) “extrema gravedad”; ii) “urgencia”, y iii) que se trate de “evitar daños irreparables a las personas”. Estas tres condiciones son coexistentes y deben estar presentes en toda situación en la que se solicite la intervención del Tribunal. Del mismo modo, las tres condiciones descritas deben persistir para que la Corte mantenga la protección ordenada. Si una de ellas ha dejado de tener vigencia, corresponderá al Tribunal valorar la pertinencia de continuar con la protección ordenada.
5. Que si un Estado solicita el levantamiento o la modificación de las medidas provisionales ordenadas, deberá presentar la suficiente prueba y argumentación que permita al Tribunal apreciar que el riesgo o la amenaza ya no reúne los requisitos de extrema gravedad y urgencia de evitar daños irreparables. A su vez los representantes de los beneficiarios que deseen que las medidas continúen, deberán presentar prueba de las razones para ello6.
6. Que al respecto, la Corte debe tomar en cuenta que, conforme al Preámbulo de la Convención Americana, la protección internacional de naturaleza convencional es “coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados americanos”. Por ello, de comprobarse que el Estado en cuestión ha desarrollado mecanismos o acciones de protección eficaces para los beneficiarios de las medidas provisionales, el Tribunal podría decidir levantar las medidas provisionales descargando la obligación de protección en su debido responsable, esto es, el Estado. Se reitera que esta es decisión de la Corte y no del Estado, puesto que sería inadmisible subordinar el mecanismo previsto en la Convención Americana a restricciones que hagan inoperante la función del Tribunal y por lo tanto, el sistema tutelar de los derechos humanos consagrado en la Convención7. De levantarse las medidas provisionales por parte de la Corte por este motivo, corresponderá al Estado, conforme a su deber de garantía de los derechos humanos, mantener las medidas de protección que haya adoptado y que el Tribunal consideró eficaces, por el tiempo que las circunstancias lo ameriten8.
7. Que al dictar las medidas de protección el Tribunal o quien lo presida no requiere en principio pruebas de los hechos que prima facie parecerían cumplir con los requisitos del artículo 63 de la Convención. Por el contrario, el mantenimiento de las medidas de protección exige una evaluación de la Corte en cuanto a la persistencia de la situación de extrema gravedad y urgencia de evitar daños irreparables que dio origen a las mismas9, sobre la base de información probatoria10.
8. Que la Corte, en su Resolución de 26 de enero de 2009, requirió al Estado que mantenga las medidas que se han adoptado y que adopte todas las medidas que sean necesarias para proteger los derechos a la vida y a la integridad personal de Helen Mack Chang y sus familiares, Zoila Esperanza Chang Lau (madre), Marco Antonio Mack Chang (hermano), Freddy Mack Chang (hermano), Vivian Mack Chang (hermana), Ronald Chang Apuy (primo), Lucrecia Hernández Mack (hija) y sus hijos, de los integrantes de la Fundación Myrna Mack Chang, así como de Luis Roberto Romero Rivera, Jorge Guillermo Lemus Alvarado y de sus familiares, por un período adicional de al menos seis meses, contado a partir de la notificación de dicha Resolución, luego de la cual el Tribunal evaluaría la pertinencia de mantenerlas vigentes. Además, en el punto resolutivo tercero, la Corte requirió a las partes información específica referente a la situación de riesgo de cada uno de los beneficiarios protegidos por estas medidas.
Respecto de Helen Mack Chang, sus familiares y demás integrantes de la Fundación Myrna Mack Chang.
9. Que en sus informes el Estado señaló que el Ministerio de Gobernación, a través de la División de Protección de Personas y Seguridad, realizó estudios de riesgo a los beneficiarios de medidas provisionales, respecto a la seguridad de la señora Helen Mack Chang, sus familiares y miembros de la Fundación Myrna Mack Chang. El estudio de riesgo concluyó que se “sugiere continuar con las medidas de protección de la señora Helen Mack y [sus] familiares[,] ya que [persiste el] riesgo, por no haberse realizado aún la captura del Coronel Juan Valencia Osorio” y “por el trabajo que desarrolla […] Helen Mack Chang, en lo que concierne a la reconversión [m]ilitar, su búsqueda de justicia y lucha contra la impunidad”. Asimismo, el Estado indicó que, de conformidad con la resolución de 26 de enero de 2009 y el acta firmada el 12 de marzo de 2009 por funcionarios de la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos (COPREDEH) y los representantes de los beneficiarios, “demuestra su voluntad en el cumplimiento de la implementación de medidas provisionales de común acuerdo con los beneficiarios”. Por último, el Estado indicó que brinda seguridad a la señora Helen Mack, sus familiares y la Fundación de Myrna Mack Chang, a través de seis agentes de la Policía Nacional Civil, y que a Helen Mack se le brinda seguridad personalizada.
10. Que respecto a Ronald Chang Apuy el Estado, en la referida acta de 12 de marzo de 2009, también determinó el riesgo respecto de su seguridad y sugirió continuar con las medidas provisionales para él. Además, informó que a raíz del proceso penal iniciado para investigar los hechos que sufrió el 29 de julio de 2008, fue condenado Aníbal Aquino Hernández, uno de los responsables, por los delitos de homicidio en grado de tentativa y robo agravado cometidos en contra de Ronald Chang Apuy. Actualmente, otro sindicado se encuentra pendiente de aprehensión y la Fiscalía está realizando diligencias que permitan su pronta detención.
11. Que en la audiencia privada el Estado reiteró lo manifestado anteriormente respecto a la necesidad de mantener las medidas provisionales a favor de Helen Mack y sus familiares, así como de los demás integrantes de la Fundación Myrna Mack por un plazo adicional de seis meses. También se refirió a la forma en que ha implementado las mismas.
12. Que en sus observaciones los representantes señalaron, en relación con la adopción de medidas a favor de Helen Mack y sus familiares, entre quienes se encuentra Ronald Chang Apuy, así como de los demás integrantes de la Fundación Myrna Mack, que el 12 de marzo de 2009 se reunieron con funcionarios de la COPREDEH y el Ministerio de Gobernación, a fin de evaluar el riesgo existente en torno a los beneficiarios de las medidas provisionales. Al respecto, reiteraron lo indicado por el Estado respecto a la situación de riesgo del trabajo desarrollado por la señora Helen Mack. En consecuencia, solicitaron a la Corte que se mantengan las medidas provisionales a favor de la señora Helen Mack, sus familiares y el personal de la Fundación Myrna Mack, de la forma convenida con el Estado.
13. Que la Comisión Interamericana, mediante escritos de 12 de mayo y 9 de septiembre de 2009, señaló que “la información proporcionada por los beneficiarios y la ausencia de avances en materia de […] sanción de los responsables de estos hechos, motivan el mantenimiento de estas medidas provisionales.”
14. Que el Tribunal considera oportuno reiterar que las medidas provisionales tienen un carácter excepcional, son dictadas en función de las necesidades de protección y, una vez ordenadas, deben mantenerse siempre y cuando la Corte considere que subsisten los requisitos básicos de la extrema gravedad y urgencia y de la prevención de daños irreparables a los derechos de las personas protegidas por ellas11.
15. Que con respecto a la señora Helen Mack, sus familiares y los miembros de la Fundación Myrna Mack, la Corte observa, de la información suministrada por las partes, que las medidas se han venido cumpliendo en el modo y forma acordadas en el acta suscrita el 12 de marzo de 2009 (supra Considerando 9). Además, el Tribunal toma nota de que el Estado, en coordinación con los representantes, realizó estudios de riesgo a los beneficiarios de medidas provisionales y que mediante estos se determinó el riesgo respecto a la seguridad de dichas personas y los miembros de la Fundación.
16. Que con motivo de la información y observaciones presentadas por las partes respecto del estado actual de la situación de extrema gravedad y urgencia, el Tribunal considera pertinente mantener la vigencia de las medidas provisionales a favor de Helen Mack Chang, así como de cada uno de los familiares de la señora Mack Chang, a saber: Zolia Esperanza Chang Lau, Marco Antonio Mack Chang, Freddy Mack Chang, Vivian Mack Chang, Ronald Chang Apuy, Lucrecia Hernández Mack y sus hijos, y de los demás integrantes de la Fundación.
Respecto de Jorge Guillermo Lemus Alvarado y de sus familiares
17. Que en cuanto al señor Jorge Guillermo Lemus Alvarado (en adelante “señor Lemus Alvarado”), en su escrito de 26 de agosto de 2009 el Estado informó que, a través de la División de Protección de Personas y Seguridad, sostuvieron una reunión con el beneficiario el 17 de julio de 2009, en la cual manifestó que por sus actividades laborales12 ha venido siendo víctima de amenazas e intimidaciones. Con base al estudio de riesgo realizado, la División de Protección de Personas y Seguridad concluyó que “existe un riesgo latente de peligro […] del señor José Guillermo Lemus Alvarado y sus familiares por la actividad laboral que realiza”. Además, el Estado informó que el beneficiario presentó ante el Ministerio Público, en forma personal y por correo electrónico, denuncias de fechas 25 de octubre de 2008, 21 de enero, 24 de febrero y 14 de junio 2009, mismas que se relacionan con su actividad laboral, pero no con los hechos que originaron las medidas provisionales dentro del Caso Mack Chang.
18. Finalmente, el Estado concluyó que ha implementado mecanismos de seguridad para el señor Lemus Alvarado, las cuales se adoptaron atendiendo el carácter preventivo y de protección a los derechos fundamentales, en la medida en que busca evitar daños irreparables a las personas. Asimismo, el Estado solicitó a la Corte que de acuerdo al estudio de riesgo realizado y atendiendo la inexistencia de información respecto de la extrema gravedad y urgencia de evitar daños irreparables para la vida e integridad personal del beneficiario, levante las medidas provisionales a favor del señor Lemus Alvarado. En la audiencia privada el Estado reiteró que el señor Lemus Alvarado es beneficiario de las medidas de protección desde el 19 de mayo de 2003 y se le brindó protección perimetral en su residencia. Asimismo, el Estado reiteró que las situaciones de riesgo en las que se encuentra el beneficiario están relacionadas a su actividad laboral, no a los hechos que originaron las medidas provisionales en el presente caso.
19. Que la Corte reitera que, en relación al señor Lemus Alvarado, los representantes coincidieron en que no se ha podido establecer si los hechos denunciados por dicho señor guardan relación con su participación como testigo del caso Mack Chang. En la audiencia privada, los representantes indicaron que mantenían la misma posición respecto al escrito de observaciones de 20 de abril de 2009 y agregaron que las amenazas son derivadas de su actividad personal y él lo había admitido.
20. Que en relación con la situación del señor Lemus Alvarado y sus familiares, la Comisión se refirió a lo señalado por el Estado y por los representantes, pero no se pronunció sobre el mantenimiento o levantamiento de las medidas a su favor.
21. Que para determinar si la situación de extrema gravedad y urgencia de evitar daños irreparables existe o persiste, la Corte puede valorar el conjunto de factores o circunstancias políticas, históricas, culturales o de cualquier otra índole que afectan al beneficiario o lo colocan en una situación de vulnerabilidad en un determinado momento y lo expone a recibir lesiones a sus derechos. Esta situación puede crecer o decrecer en el tiempo dependiendo de un sinnúmero de variables, pero como fue señalado, únicamente las situaciones extremas y urgentes merecerán protección mediante medidas provisionales.
22. Que la Corte reitera el carácter excepcional de las medidas provisionales, así como la necesidad de evaluar el mantenimiento de éstas en cuanto a la persistencia de la extrema gravedad y urgencia y de la prevención de daños irreparables (supra Considerando 14).
23. Que en relación con el señor Lemus Alvarado y sus familiares, el Tribunal se remite a lo señalado en los considerandos 24 a 27 de su Resolución de 26 de enero de 2009, en el sentido de que las presuntas amenazas de las que ha sido víctima el beneficiario están relacionadas con la negativa de otorgarle un crédito, la cancelación de una orden de semillas que habría solicitado, entre otras, y que a partir de entonces presentó dos denuncias a las cuáles no hicieron referencia la Comisión ni los representantes en sus comunicaciones. Asimismo, de la información aportada por el Estado y los representantes en sus escritos, así como en la audiencia privada, esta Corte hace notar que el Estado manifestó que si bien la actividad en la que el beneficiario labora implica cierto riesgo hacia él y sus familiares, tal situación no guarda relación con los hechos que motivaron el otorgamiento de las medidas provisionales, lo cual no fue controvertido por los representantes. El Tribunal observa que no se probó el vínculo de las alegadas agresiones con la participación del señor Lemus Alvarado en el Caso Mack Chang.
24. Que en consecuencia, la Corte considera razonable presumir que no subsiste la situación de extrema gravedad y urgencia y riesgo inminente que motivó la adopción de las medidas provisionales para proteger la vida e integridad del señor Jorge Guillermo Lemus Alvarado y sus familiares, en relación con el Caso Mack Chang, ya que de lo manifestado por los representantes y el Estado no se desprende que la supuesta situación alegada respecto del señor Lemus Alvarado y su familia guarde relación con los hechos que motivaron la adopción de las medidas provisionales a su favor. Por lo tanto, la Corte estima que la situación respecto del beneficiario y sus familiares ya no se enmarca dentro de los presupuestos señalados en el artículo 63.2 de la Convención y considera pertinente levantar las mencionadas medidas provisionales.
Respecto de Luis Roberto Romero Rivera
25. Que en cuanto al señor Luis Roberto Romero Rivera (en adelante “señor Romero Rivera”), el Estado informó que desde el 4 de septiembre de 2002 se le brinda protección personal a través de dos agentes de policía de forma ininterrumpida. Sin embargo, señaló que nunca ha recibido información sobre denuncias de amenazas en su contra y que el señor Romero Rivera actualmente trabaja como asesor jurídico del Procurador de Derechos Humanos. Además, el Estado informó que ha implementado mecanismos de seguridad para el señor Romero Rivera, los cuales se adoptaron atendiendo el carácter preventivo y de protección a los derechos fundamentales, en la medida en que buscan evitar daños irreparables a las personas. Asimismo, el Estado solicitó a la Corte que, de acuerdo al estudio de riesgo realizado y atendiendo la inexistencia de información sobre extrema gravedad y urgencia de evitar daños irreparables para la vida e integridad personal del beneficiario, levante las medidas provisionales a favor del señor Romero Rivera. Lo anterior fue reiterado en la audiencia privada.
26. Que los representantes manifestaron, respecto del señor Romero Rivera, que en su momento fue abogado en el Caso Mack Chang, pero que debido a su situación actual de funcionario de la Procuraduría de Derechos Humanos puede hacer uso de otros mecanismos institucionales de protección. Durante la audiencia privada los representantes reiteraron lo anterior.
27. En relación con la situación del señor Romero Rivera, la Comisión se refirió a lo señalado por el Estado y por los representantes, pero no se pronunció sobre el mantenimiento o levantamiento de las medidas a su favor.
28. Que el Tribunal hace notar que en los considerandos 22 y 23 de la Resolución de 26 de enero de 2009 la Corte solicitó a las partes que brindaran información precisa que acreditara la extrema gravedad y urgencia que presentara un inminente riesgo relacionado directamente con los hechos que motivaron el otorgamiento de las medidas a favor de Luis Roberto Romero Rivera, para evaluar el mantenimiento de las mismas. El Tribunal observa que en la información aportada por el Estado y los representantes en sus escritos, así como en la audiencia privada, existe coincidencia entre ellos en que en los últimos siete años no se han presentado situaciones que hagan presumir la existencia de un riesgo para el beneficiario. A esto se suma que actualmente se desempeña como asesor jurídico del Procurador de Derechos Humanos, por lo que según lo señalado por los representantes y el Estado el señor Romero Rivera tendría acceso a otras medidas de protección.
29. Que de lo anteriormente expuesto se desprende que desde la vigencia de las presentes medidas provisionales no se han acreditado incidentes de amenazas en contra del señor Luis Roberto Romero Rivera. Por lo anterior, la Corte considera razonable considerar que no subsiste la situación de extrema gravedad, urgencia y riesgo inminente que motivó la adopción de las medidas provisionales para proteger la vida e integridad del beneficiario, por lo que su situación ya no se enmarca dentro de los presupuestos señalados en el artículo 63.2 de la Convención. En consecuencia, la Corte estima pertinente levantar las mencionadas medidas provisionales a su favor.
30. Que de los considerandos anteriormente expuestos (supra Considerandos 17 a 29) se desprende que desde la vigencia de las presentes medidas provisionales no se han acreditado incidentes directamente relacionados con el objeto de las presentes medidas en relación con Jorge Guillermo Lemus Alvarado y de sus familiares y Luis Roberto Romero Rivera. Por lo anterior, la Corte consideró razonable considerar que la situación respecto de dichos beneficiarios ya no se enmarca dentro de los presupuestos señalados en el artículo 63.2 de la Convención.
31. Que independientemente de la existencia de las medidas provisionales ordenadas por el Tribunal en el presente caso, el Estado tiene el deber constante y permanente de cumplir con las obligaciones generales que le corresponden bajo el artículo 1.1 de la Convención de respetar los derechos y libertades en ella reconocidos y de garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona sujeta a su jurisdicción.13
en el ejercicio de sus atribuciones que le confieren el artículo 63.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y los artículos 26 y 30 de su Reglamento,
1. Levantar las medidas provisionales a favor de los beneficiarios Jorge Guillermo Lemus Alvarado y sus familiares, así como de Luis Roberto Romero Rivera, de conformidad con lo establecido en los Considerandos 21 a 24 y 28 a 29, y 30 y 31 de la presente Resolución.
2. Requerir al Estado que mantenga las medidas que se han adoptado y que adopte todas las medidas que sean necesarias para proteger los derechos a la vida y a la integridad personal de Helen Mack Chang y sus familiares, Zoila Esperanza Chang Lau (madre), Marco Antonio Mack Chang (hermano), Freddy Mack Chang (hermano), Vivian Mack Chang (hermana), Ronald Chang Apuy (primo), Lucrecia Hernández Mack (hija) y sus hijos, y de los integrantes de la Fundación Myrna Mack Chang.
3. Requerir al Estado que lleve a cabo la implementación de las medidas provisionales de común acuerdo con los beneficiarios de las mismas o sus representantes para la efectiva protección de sus derechos.
4. Reiterar al Estado que continúe informando a la Corte Interamericana de Derechos Humanos cada dos meses sobre las medidas provisionales adoptadas, y requerir a los beneficiarios de estas medidas o a su representante que presenten sus observaciones dentro de un plazo de cuatro semanas contadas a partir de la notificación de los informes del Estado, y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que presente sus observaciones a dichos informes del Estado dentro de un plazo de seis semanas contadas a partir de su recepción.
5. Requerir a la Secretaría de la Corte que notifique la presente Resolución al Estado, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a los representantes de los beneficiarios.
Por razones de fuerza mayor la Presidenta de la Corte, Jueza Cecilia Medina Quiroga, y el Juez Leonardo A. Franco no participaron en la deliberación y firma de la presente Resolución. El Vicepresidente, Juez Diego García-Sayán, asumió la Presidencia, conforme al artículo 5.1 de Reglamento de la Corte.
1De conformidad con el Artículo 6.2 del Reglamento vigente, la Corte celebró la audiencia con una comisión de Jueces integrada por: Sergio García Ramírez, Rhadys Abreu Blondet y Leonardo A. Franco. A dicha audiencia comparecieron, por la Comisión Interamericana: Lilly Ching, por los representantes de las víctimas y de los beneficiarios de las medidas provisionales: Helen Beatriz Mack Chang, y por el Estado: Delia Marina Dávila Salazar y María Elena de Jesús Rodríguez López.
2Cfr. Asunto James y otros. Medidas Provisionales respecto de Trinidad y Tobago. Resolución de la Corte de 14 de junio de 1998, considerando sexto; Asunto Pueblo Indígena Kankuamo. Medidas Provisionales respecto de Colombia. Resolución de 3 de abril de 2009, considerando quinto, y Asunto Fernández Ortega y otros. Medidas Provisionales respecto de los Estados Unidos Mexicanos. Resolución de la Corte de 30 de abril de 2009, considerando sexto.
3 Cfr. Caso del Periódico “La Nación”. Medidas Provisionales respecto de Costa Rica. Resolución de la Corte de 7 de septiembre de 2001, considerando cuarto; Asunto Fernández Ortega y otros, supra nota 2, considerando quinto, y Caso Carpio Nicolle y otros. Medidas Provisionales respecto de Guatemala. Resolución de la Corte de 6 de julio de 2009, considerando décimo sexto.
4 Cfr. Asunto del Internado Judicial Capital El Rodeo I y El Rodeo II. Medidas Provisionales respecto de Venezuela. Resolución de la Corte de 8 de febrero de 2008, considerando séptimo; Asunto Diarios "El Nacional" y "Así es la Noticia". Medidas Provisionales respecto de Venezuela. Resolución de la Corte de 25 de noviembre de 2008, considerando vigésimo tercero, y Asunto Luis Uzcátegui. Medidas Provisionales respecto de Venezuela. Resolución de la Corte de 27 de enero de 2009, considerando diecinueve.
5 Cfr. Caso del Periódico “La Nación”, supra nota 3, considerando cuarto; Caso Bámaca Velásquez, Medidas Provisionales respecto Guatemala. Resolución de la Corte de 27 de enero de 2009, considerando cuadragésimo quinto, y Asunto Fernández Ortega y otros, supra nota 2, considerando quinto.
6 Cfr. Caso Carpio Nicolle y otros, supra nota 3, considerando décimo octavo, y Caso Integrantes del Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP). Medidas Provisionales respecto de Guatemala. Resolución de la Corte de 8 de julio de 2009, considerando quinto.
7Cfr. Asunto Luis Uzcátegui. Medidas Provisionales respecto de Venezuela. Resolución de la Corte de 20 de febrero de 2003, considerando decimotercero; Caso Raxcacó Reyes y Otros. Medidas Provisionales. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2 de febrero de 2007, considerando duodécimo, y Caso Integrantes del Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP), supra nota 6, considerando sexto.
8 Cfr. Caso Carpio Nicolle y otros, supra nota 3, considerando vigésimo primero, y Caso Integrantes del Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicsocial (ECAP), supra nota 6, considerando sexto.
9Cfr. Asunto del Pueblo Indígena Kankuamo, supra nota 2, considerando séptimo; Caso Mack Chang y otros. Medidas Provisionales respecto de Guatemala. Resolución de la Corte de 26 de enero de 2009, considerando trigésimo segundo, y Caso Carpio Nicolle y otros, supra nota 3, considerando décimo quinto.
10 Cfr. Caso Carpio Nicolle y otros, supra nota 3, considerando décimo quinto; Asunto Liliana Ortega y otras. Medidas Provisionales respecto de Venezuela. Resolución de la Corte de 9 de julio de 2009, considerando trigésimo tercero, y Asunto A. J. Y otros. Medidas Provisionales respecto de Haití. Resolución de la Corte de 21 de septiembre de 2009, considerando décimo octavo.
11Cfr. Caso Tribunal Constitucional. Medidas Provisionales respecto del Perú. Resolución de la Corte de 14 de marzo de 2001, considerando tercero; Asunto Carlos Nieto Palma y otros. Medidas Provisionales respecto de Venezuela. Resolución de la Corte de 26 de enero de 2009, considerando vigésimo, y Asunto del Pueblo Indígena Kankuamo, supra nota 2, considerando cuarto.
12 De los anexos a la comunicación de fecha 26 de agosto de 2009 presentada por el Estado se desprende que el beneficiario se desempeña actualmente como editor del Comics “LABERINTO” y de la revista “Y QUE”.
13 Cfr. Caso Velásquez Rodríguez. Medidas Provisionales respecto de Honduras. Resolución de la Corte de 15 de enero de 1988, considerando tercero; Asunto de los diarios “El Nacional” y “Así es la Noticia”, supra nota 4, considerando treinta y nueve, y Asunto Leonel Rivero y otros, supra nota 4, considerando cuarto.