Source: https://corte-constitucional.vlex.com.co/vid/-43615799
Timestamp: 2020-08-14 14:50:16
Document Index: 412204165

Matched Legal Cases: ['artículo 241', 'Artículo 283', 'Artículo 495', 'Artículo 267', 'Artículo 337', 'artículo 33', 'artículo 44', 'artículo 33', 'artículo 33', 'artículo 241', 'artículo 283', 'artículo 33', 'artículo 95', 'artículo 1', 'artículo 33', 'artículo 33', 'artículo 748', 'artículo 33', 'artículo 25', 'artículo 33', 'artículo 83', 'artículo 33', 'artículo 95', 'artículo 42', 'artículo 13', 'artículo 2', 'artículo 13', 'artículo 5', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 5', 'artículo 13', 'artículo 42', 'artículo 33', 'artículo 42', 'artículo 91', 'artículo 91', 'artículo 221', 'artículo 218', 'artículo 218', 'artículo 42', 'artículo 33', 'artículo 42', 'artículo 42', 'artículo 42', 'artículo 228', 'artículo 230']

Sentencia de Constitucionalidad nº 1287/01 de Corte Constitucional, 3 de Diciembre de 2001 - Jurisprudencia - VLEX 43615799
Ley 522 de 1999. Arts. 431 y 495. Decreto 2700 de 1991. Art. 283. Ley 600 de 2000. Arts 267 y 337 (p). Codigo de procedimiento penal. Codigo penal militar. Excepcion al deber de declarar. Reglas para la recepcion de la indagatoria. Competencia de la corte para pronunciarse sobre una disposicion que ha perdido vigencia. Alcance del principio de no incriminacion. Las antinomias constitucionales en la doctrina juridica. La igualdad en la constitucion en relacion con el origen familiar. Exequibles.
Sentencia citada en: 66 sentencias, 30 artículos doctrinales, 2 disposiciones normativas
Actores: R.M.S. y M.J.P.C.Z.
La S.P. de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados D.A.B.S. -quien la preside-, J.A.R., M.J.C.E., J.C.T., R.E.G., M.G.M.C., R.U.Y., A.T.G. y C.I.V.H., ha proferido la presente sentencia de acuerdo con los siguientes
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad consagrada en el artículo 241-1 de la Constitución Política, los ciudadanos R.M.S. y M.J.P.C.Z. demandaron la inexequibilidad de las expresiones "de consanguinidad" y "primero civil", contenidas ambas en los artículos 431 y 495 de la Ley 522 de 1999 "Código Penal Militar", 283 y 358 del Decreto 2700 de 1991 "Código de Procedimiento Penal" y 267 y 337 de la Ley 600 de 2000 "Nuevo Código de Procedimiento Penal".
En consecuencia del rechazo y en vista de que, contra el mismo, no se interpuso recurso alguno, las demanda de la referencia únicamente fue admitida en relación con la expresión "primero civil" contenida en los artículos 431 y 495 de la Ley 522 de 1999, 283 del Decreto 2700 de 1991 y 267 y 337 de la Ley 600 de 2000. En este sentido, a dichas normas se circunscribe el análisis de constitucionalidad que habrá de adelantarse en este fallo.
Cumplidos además los trámites procesales y legales propios del proceso de constitucionalidad, la Corte Constitucional, oído el concepto del señor P. General de la Nación, procede a decidir acerca de la demanda de referencia.
"Artículo 283. Excepción al deber de declarar. Nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañera o compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.
"Artículo 495. Advertencias previas al indagado. Previamente al interrogatorio previsto en los artículos siguientes, se le advertirá al indagado que se le va a recibir una declaración sin juramento; que es voluntaria y libre de todo apremio; que no tiene obligación de declarar contra sí mismo ni contra sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, primero civil o segundo de afinidad, ni contra su cónyuge, o compañero o compañera permanente; que tiene derecho a nombrar un defensor que lo asista procesalmente y que en caso de no hacerlo, se le designará de oficio.
"Artículo 267. Excepción al deber de declarar. Nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañera o compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.
"Artículo 337. R.s para la recepción de la indagatoria. La indagatoria no podrá recibirse bajo juramento. El funcionario se limitará a informar al sindicado el derecho que le asiste de guardar silencio y la prohibición de derivar de tal comportamiento indicios en su contra; que es voluntaria y libre de todo apremio; no tiene la obligación de declarar contra sí mismo, ni contra sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, ni contra su cónyuge, compañero o compañera permanente; le informará la prohibición de enajenar bienes sujetos a registro durante el año siguiente y el derecho que tiene a nombrar un defensor que lo asista, y en caso de no hacerlo, se le designará de oficio. Pero si el imputado declarare contra otro, se le volverá a interrogar sobre aquel punto bajo juramento, como si se tratara de un testigo.
Los demandantes sostienen que la expresión "primero civil" contenida en las normas acusadas, es violatoria de los artículos 13 y 42 de la Constitución Política, porque a pesar de reproducir lo establecido en el artículo 33 de la Carta Fundamental, quebranta la interpretación global que debe dársele al texto constitucional y que se deriva de armonizar entre sí la totalidad de los artículos que la componen.
El ciudadano J.C.G.S. intervino en representación del Ministerio de Justicia y del Derecho y solicitó declarar exequibles las normas acusadas.
El señor P. General de la Nación, E.M.V., presentó el concepto de su competencia y solicitó a la Corte declarar la exequibilidad condicionada de las normas acusadas, además de la inhibición respecto de dos disposiciones que dejaron de regir como consecuencia de la entrada en vigencia del nuevo régimen penal colombiano.
A continuación el concepto fiscal acomete el estudio de la naturaleza del parentesco, especialmente el civil, respecto del cual destaca cómo la adopción establece dicho vínculo entre el adoptivo, el adoptante, y todos los parientes consanguíneos o adoptivos de éste. Además, a juicio del P. el parentesco civil se extiende también al parentesco por afinidad. Refiriéndose a la historia del proceso de reconocimiento de iguales derechos a los hijos adoptivos frente a los legítimos, el concepto fiscal pone de presente cómo el derecho a ser un miembro más de la familia del adoptante, fue elevado a rango constitucional con la consagración del artículo 44 de la Carta, y cómo a partir de lo anterior resulta forzoso concluir que el constituyente "hizo ingentes esfuerzos por materializar el principio de igualdad, sin ninguna discriminación por razones de origen familiar, incluida obviamente la concerniente a la condición de hijo obtenida mediante la figura de la adopción"
En relación con la aparente incongruencia que se presenta entre el artículo 33 y los artículos 13 y 42 de la Constitución Política, el señor procurador estima que es necesario aplicar el principio de armonización constitucional. En este sentido indica que "ha de entenderse que de acuerdo con lo consagrado en los artículos 13, 42, y 43 de la Constitución, el Constituyente acabó con la discriminación por razones de origen familiar, incluida la que hace referencia a la condición de hijo, adquirida mediante la adopción, lo cual hace que el parentesco civil tenga los mismos alcances que el consanguíneo, abarcando incluso los relacionales con respecto al parentesco por afinidad." Sobre la diferenciación en cuanto al derecho fundamental a la no incriminación familiar consagrada en el artículo 33 constitucional, la vista fiscal estima que "podría tenerse como un error histórico en que incurrió el Constituyente de 1991".
Finalmente, el P. hace ver que los artículos 238 y 358 del Decreto 2700 de 1991 han desaparecido del mundo jurídico por la entrada en vigencia de la Ley 600 de 2000 acaecida el pasado 24 de julio de 2001, lo cual, afirma, hace inocuo el pronunciamiento de la Corte sobre dichas normas; salvo sí la Corte considera que para preservar el principio de favorabilidad penal frente a posibles efectos ultractivos de las disposiciones demandadas, debe hacerse respecto de ellas un pronunciamiento de fondo.
De conformidad con lo preceptuado por el artículo 241 de la Constitución, la Corte Constitucional es competente para resolver definitivamente sobre la exequibilidad de los apartes demandados, por estar insertos en un decreto que tienen fuerza de ley y en leyes de la República.
El Decreto 2700 de 1991 mediante el cual se adoptó el Código de Procedimiento Penal, perdió vigencia el pasado 24 de julio de 2001, fecha en la cual entró a regir en nuevo estatuto que regula la materia, contenido en la Ley 600 de 2000. Siendo ello así, la Corte debe definir si conserva competencia para efectuar un pronunciamiento de fondo en relación con el aparte acusado del artículo 283 del referido Decreto.
Adicionalmente, tratándose de normas que han perdido vigencia durante el trámite de la acción pública de inexequibilidad, como sucede en este caso La presente demanda fue presentada el 15 de mayo de 2001, antes de la pérdida de vigencia del decreto 2700 de 1991, cosa que ocurrió el 24 de julio siguiente. , la jurisprudencia ha estimado que la Corte, en aplicación del principio de la "perpetuatio jurisdictionis" acogido por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia cuando ejercía el control de constitucionalidad de las leyes Cfr. Corte Suprema de Justicia. S.P.. Sentencia No. 15 de marzo 3 de 1987 y sentencia No. 71 de mayo 31 de 1990, entre otras., y adoptado igualmente por esta Corporación Cf. Sentencia C-541 de 1993, M.P.H.H.V., no debe inhibirse para fallar de fondo.
Las normas acusadas repiten textualmente el artículo 33 de la Constitución. Este artículo consagra el llamado principio de no incriminación, que constituye una excepción al deber de declarar en juicio, deber que emana del de colaboración con la justicia a que hace alusión el numeral 7° del artículo 95 de la Constitución. Como tal, el principio de no incriminación es a su vez expresión concreta del valor superior de la dignidad humana y de los principios constitucionales de respeto a la autonomía de la voluntad, a la libertad de conciencia y de protección a la unidad e intimidad familiares.
En efecto, como lo ha reconocido la jurisprudencia constitucional, "al tenor de lo dispuesto en el artículo 1° de la Constitución Política, Colombia es un Estado social de derecho fundado en el respeto de la dignidad humana. La dignidad, como es sabido, equivale al merecimiento de un trato especial que tiene toda persona por el hecho de ser tal. Equivale, sin más, la facultad que tiene toda persona de exigir de los demás un trato acorde con su condición humana. De esta manera, la dignidad se erige como un derecho fundamental, de eficacia directa, cuyo reconocimiento general compromete el fundamento político del Estado colombiano." Sentencia SU-062 de 1999. M.P V.N.M.
Ahora bien, a pesar de que la redacción el artículo 33 de la Carta pareciera dar a entender que la garantía que contiene resulta aplicable a cualquier tipo de declaraciones en juicio, la jurisprudencia de esta Corporación, con fundamento en la interpretación histórica de la norma, y en otros argumentos complementarios, ha precisado que su alcance se restringe a las declaraciones que deben producirse en asuntos penales, correccionales y de policía. En efecto, al estudiar la constitucionalidad de los artículos 202 y 203 del Decreto 1400 de 1970 (Código de Procedimiento Civil), referentes al interrogatorio y careo de las partes por decreto oficioso del juez y al interrogatorio a instancia de parte, respectivamente, dentro del proceso civil, la Corte, en la Sentencia C-426 de 1997 M.P J.A.M., descartó el cargo de inconstitucionalidad esgrimido en contra de dichas normas por desconocimiento del artículo 33 de la Constitución, considerando que esta disposición superior no resultaba aplicable a tal procedimiento. En sustento de esta conclusión formuló las siguientes consideraciones:
"1º) La tradición constitucional.-
"... y ninguno será admitido ni obligado en juramento, ni contra sí mismo, en causa criminal; ni tampoco lo serán recíprocamente entre sí los ascendientes y descendientes, y los parientes hasta el cuarto grado civil de consanguinidad y segundo de afinidad".
2Sobre la razón de ser de esta norma, escribió don J.M.S.:
"Naturalmente, para hacerla efectiva, en el caso de disposición testimonial (no de confesión o declaración en asunto propio), la ley ha de exigir la comprobación del parentesco, así como la clara determinación de la naturaleza criminal del asunto". (Derecho Público Interno de Colombia, Editorial Temis. Bogotá, 1982, pág. 329).
En la misma Sentencia antes transcrita, esta Corporación recordó como la h. Corte Suprema de Justicia, habiéndose presentado durante la vigencia de la Constitución anterior una demanda contra el artículo 748 del Decreto 624 de 1989, examinó esa norma a la luz del artículo 33 de la Constitución ya vigente al momento de dictarse la sentencia, y determinó que la garantía constitucional sólo regía en asuntos criminales, correccionales o de policía. Cf. Sentencia 129 de octubre 17 de 1991, Corte Suprema de Justicia, S.P.. En esta sentencia la Corte Suprema de Justicia hace un pormenorizado examen de las actas de la Asamblea Nacional Constituyente, que la llevan a afirmar lo siguiente: "Las publicaciones reseñadas no le permiten a la Corte concluir que hubiese en el Constituyente el ánimo de modificar el texto del antiguo artículo 25 y dejar abierta la posibilidad de aplicar la prohibición de declarar a asuntos distintos." (Se refiere a asuntos distintos de los penales, correccionales y de policía.) Además llevó a cabo consideraciones fundadas en principio de la buena fe (C.P art. 83) y en su aplicación dentro del procedimiento civil, que la llevaron igualmente a afirmar que la garantía de no incriminación a que se refiere el artículo 33 de la Carta, opera únicamente en materia penal, correccional y de policía. Sobre el particular la Sentencia en comento hizo , entre otras las siguientes consideraciones: "Pues bien: sería un contrasentido sostener que a pesar de que el artículo 83 de la Constitución impone a todos la obligación de actuar de buena fe, alguien se escudara en el artículo 33, para basar la estrategia de su defensa en el ocultamiento de la verdad. Quien actúa de buena fe en un proceso civil, ¿cómo podría negarse a responder preguntas relativas a la cuestión controvertida, preguntas que se suponen encaminadas a establecer la verdad?
Como antes se dijo, el texto de esta norma superior, constituye una excepción al deber de declarar, deber que emana de la obligación general de colaborar con la justicia a que se refiere el numeral séptimo del artículo 95 de la Constitución.
Quien omite declarar la comisión de un delito ajeno, estando obligado a ello, puede incurrir en uno de los delitos que contempla el Título XVI del Nuevo Código Penal -Ley 599 de 2000-, cuales son los de omisión de denuncia de particular, falso testimonio o encubrimiento. Como toda norma exceptiva, es de interpretación restringida, por lo cual debe entenderse que sólo se está eximido de declarar en los casos taxativamente enumerados por la disposición, es decir contra uno mismo o contra el "cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil."
Frente a esta realidad normativa, aparece de otro lado que la misma Carta en el cuarto inciso del artículo 42 expresamente prescribe que "(l)os hijos habidos en el matrimonio o fuera de él, adoptados o procreados naturalmente o con asistencia científica, tienen iguales derechos y deberes." Disposición esta que concreta el principio de igualdad consagrado en el artículo 13 superior, aplicándolo específicamente a la no discriminación por el origen familiar, y que claramente indica que no habrá diferencias jurídicas entre los hijos procreados naturalmente, con asistencia científica o adoptados.
El problema de las antinomias o contradicciones internas del ordenamiento jurídico, y específicamente el de las antinomias constitucionales, ha sido abordado usualmente por la doctrina a partir de la connotación de sistema que se predica del ordenamiento jurídico, y que exige la coherencia interna del mismo.
A juicio de B., "un ordenamiento jurídico constituye un sistema porque en él no pueden coexistir normas incompatibles. Aquí, "sistema" equivale a validez del principio que excluye la incompatibilidad de las normas. Si en un ordenamiento existieren dos normas incompatibles, una de las dos, o ambas, deben ser eliminadas. Si esto es verdad, quiere decir que las normas de un ordenamiento tienen cierta relación entre sí, y que esta relación es un relación de compatibilidad, que implica la exclusión de la incompatibilidad."....en este sentido, no todas las normas producidas por las fuentes autorizadas serían normas válidas, sino sólo aquellas que fuesen compatibles con las demás" B., N.. TEORÍA GENERAL DEL DERECHO. Ed. Temis, Santa Fe de Bogotá, 1994, pág. 183.
En virtud del anterior postulado, B. afirma que "el derecho no admite antinomias", entendiendo por antinomia, propiamente hablando, aquella situación en la que se dan dos normas incompatibles entre sí, que pertenecen a un mismo ordenamiento y tienen un mismo ámbito de validez Se refiere a ámbitos de validez temporal, espacial, personal y material, es decir a que las normas se apliquen en el mismo tiempo, en el mismo lugar, a las mismas personas y regulen la misma materia. . Para resolver las antinomias acude entonces a ciertos criterios tradicionales, entre los cuales menciona el cronológico La norma posterior prevalece sobre la anterior., el jerárquico La norma superior prevalece sobre la inferior y el de especialidad La norma especial prevalece sobre la general. Sostiene enseguida, que tratándose de normas del mismo nivel, es decir del mismo rango en la escala normativa y contemporáneas, es decir que ninguna es posterior a la otra, con igual grado de generalidad, debe admitirse que ambas tienen igual validez, en el sentido de que ambas están validamente incorporadas al sistema; Empero, las dos no pueden ser contemporáneamente eficaces, es decir, no pueden ser aplicadas simultáneamente. En este caso, y sólo en este, la coherencia no sería condición de validez, mas si de eficacia Entendiendo la eficacia jurídica como la posibilidad de que la disposición produzca efectos jurídicos. B. llama a este tipo de antinomias, antinomias insolubles En este tipo de antinomias, B. sugiere que el interprete tiene la posibilidad de eliminar una de las normas, eliminar las dos, o conservar las dos, acudiendo principalmente al principio de favorabilidad. .
Por fuera de la perspectiva de esta analítica jurídica de corte positivista, otros sectores de la doctrina jurídica contemporánea hacen un análisis descriptivo del ordenamiento distinguiendo en él la presencia de distintos tipos de normas. Así por ejemplo, D., dentro del clásico debate que sostuvo con H., expuso que el ordenamiento jurídico no se agota en estándares que funcionan como reglas, sino que en él es posible encontrar otros que operan como "principios, directrices políticas y otros tipos de pautas" D., R.. LOS DERECHOS EN SERIO. Ed. A., S.A. Barcelona 1995, pág. 72, a los cuales llamó genéricamente "principios." Estos tipos de estándares jurídicos, o bien proponen objetivos que han de ser alcanzados, o bien contienen exigencias de justicia, equidad o alguna otra dimensión de la moralidad. Cf. Ibídem
La diferencia entre principios y reglas es para D. un diferencia lógica. Las reglas son aplicables "a la manera de disyuntivas. Si los hechos que estipula una regla están dados, entonces o bien la norma es válida, en cuyo caso la respuesta que da debe ser aceptada, o bien no lo es, y entonces no aporta nada a la decisión." D., R.. LOS DERECHOS EN SERIO. Ed. A., S.A. Barcelona 1995, pág. 75
En cambio los principios no "establecen consecuencias jurídicas que se sigan automáticamente cuando se satisfacen las condiciones previstas" Ibídem, puesto que ellos sólo enuncian razones pero no exigen decisiones particulares.
En lo que concierne a la noción de valores constitucionales, es posible apreciar un acuerdo en cuanto al contenido esencial de dicha noción en los autores que abordan el tema. En primer lugar la doctrina coincide en considerar que las normas que reconocen valores son de naturaleza abstracta e inconcreta; para algunos son normas que orientan la producción e interpretación de las demás normas, y que en tal condición fijan criterios de contenido para otras normas; para otros, las normas que reconocen valores al igual que las que consagran principios, determinan el contenido de otras normas, y aquéllas sólo se diferencian de éstas por su menor eficacia directa, aplicándose estrictamente en el momento de la interpretación. Lo cierto es que en todas las anteriores formulaciones subyace la idea de que las normas que reconocen valores condicionan las demás normas, y tienen un contenido abstracto y abierto, es decir, están formuladas como cláusulas generales que determinan criterios interpretativos del resto del ordenamiento. Cf. P.A., L.. CONSTITUCIÓN Y VALORES DEL ORDENAMIENTO. Artículo incluido en ESTUDIOS SOBRE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA. HOMENAJE AL PROFESOR EDUARDO GARCÍA DE ENTRERRÍA. Tomo I págs 122 y siguientes. Ed. Civitas, Madrid 1991. En este artículo, el autor analiza las posiciones doctrinales de E.G. de Entrerría, G.P.B., A.P.L., M.A., L.P.S., y R.D..
1.1.2. Frente a las disposiciones que reconocen valores, las que consagran los principios también serían normas que condicionan las demás normas, pero con mayor grado de concreción y por lo tanto de eficacia, alcanzando por sí mismos proyección normativa. Así, finalmente la distinción entre principios y valores, sería una diferencia de grado de abstracción y de apertura normativa. Las normas que reconocen valores serían normas más abstractas y abiertas que las que consagran principios. Éstas, por ser más precisas, tendrían proyección normativa, es decir aplicabilidad concreta o eficacia. Cf. Ibídem
1.1.4. En lo que concierne a las reglas, tales serían las disposiciones jurídicas en las que se "define, en forma general y abstracta, un supuesto de hecho y se determina la consecuencia o consecuencias jurídicas que se derivan de la realización del mismo; una disposición, pues, derechamente construida para regular u ordenar de forma directa la vida humana, la realidad social" P.A., L.. CONSTITUCIÓN Y VALORES DEL ORDENAMIENTO. Artículo incluido en ESTUDIOS SOBRE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA. HOMENAJE AL PROFESOR EDUARDO GARCÍA DE ENTRERRÍA. Tomo I págs 123 Es decir, virtud de esta estructura lógica, las reglas operan como silogismos.
Sobre la distinción entre reglas y principios, A. señala que "las reglas son normas que, cuando se cumple el tipo de hecho, ordenan una consecuencia jurídica definitiva, es decir, cuando se cumplen determinadas condiciones, ordenan, prohíben o permiten algo definitivamente o autorizan definitivamente hacer algo. Por lo tanto pueden ser llamadas "mandatos definitivos". Su forma de aplicación característica es la subsunción. En cambio, los principios son mandatos de optimización. En tanto tales, son normas que ordenan que algo se realice en la mayor medida posible según las posibilidades fácticas y jurídicas. Esto significa que pueden ser realizados en diferente grado y que la medida de su realización depende no solo de las posibilidades fácticas sino también jurídicas. Las posibilidades jurídicas de la realización de un principio están determinadas esencialmente, a más de por las reglas, por los principios opuestos. Esto significa que los principios dependen de y requieren ponderación. La ponderación es la forma característica de la aplicación de principios". A., R.. EL CONCEPTO Y LA VALIDEZ DEL DERECHO. Editorial Gedisa, S.A. Barcelona 1994. pág 75 (Destaca la Corte)
Por su parte, para este mismo autor, la diferencia entre valores y principios viene dada porque los primeros tienen un carácter axiológico al paso que los segundos lo tienen deontológico. En tal medida, los principios entendidos como conceptos deontológicos, expresan un deber ser y se manifiestan bajo la forma de mandatos, prohibiciones, permisiones o derechos. Los valores, como conceptos axiológicos expresan en sí mismos algo bueno. Por ello afirma que "lo que en el modelo de los valores es prima facie lo mejor es, en el modelo de los principios, prima facie lo debido; y lo que en el modelo de los valores es definitivamente lo mejor es, en el modelo de los principios, definitivamente lo debido". A., R.. TEORÍA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. Centro de Estudios Constitucionales. Madrid,1997.
Los valores y los principios en la Constitución Política
Es clara pues la existencia de normas que reconocen valores y de normas de principios dentro de nuestra Constitución, cuya ubicación inicial dentro de su texto y la forma abierta de su redacción, no dejan duda a cerca de su papel como referente hermenéutico, que determina el sentido en que deben ser interpretadas todas las demás normas del texto superior y del ordenamiento jurídico en general, en cuanto señalan, con diverso grado de concreción, los fines esenciales por los que propende el Estado. Esta realidad ha sido admitida sin ambages por la jurisprudencia Sobre la naturaleza jurídica de los valores y principios constitucionales, pueden consultarse, entre otras, las sentencias T-406 de 1992, C-546 de 1992, T- 079 de 1995, C- 445 de 1999, C-690 de 1996 y C-126 de 1998, que en lo que concierne a la fuerza normativa de las disposiciones superiores que consagran valores o principios, ha dicho lo siguiente:
"Los valores representan el catálogo axiológico a partir del cual se deriva el sentido y la finalidad de las demás normas del ordenamiento jurídico R.D., Q. di principio; I.S., Milano 1985, p. 5 y ss pueden tener consagración explícita o no; lo importante es que sobre ellos se construya el fundamento y la finalidad de la organización política.
"De este tipo son los valores de convivencia, trabajo, justicia, igualdad, conocimiento, libertad y paz plasmados en el preámbulo de la Constitución. También son valores los consagrados en el inciso primero del artículo 2 de la Constitución en referencia a los fines del Estado: el servicio a la comunidad, la prosperidad general, la efectividad de los principios, derechos y deberes, la participación, etc. Todos ellos establecen fines a los cuales se quiere llegar. La relación entre dichos fines y los medios adecuados para conseguirlos, depende, por lo general, de una elección política que le corresponde preferencialmente al legislador. No obstante el carácter programático de los valores constitucionales, su enunciación no debe ser entendida como un agregado simbólico, o como la manifestación de un deseo o de un querer sin incidencia normativa, sino como un conjunto de propósitos a través de los cuales se deben mirar las relaciones entre los gobernantes y los gobernados, para que, dentro de las limitaciones propias de una sociedad en proceso de consolidación, irradien todo el tramado institucional.
La Constitución Política consagra la igualdad como un derecho fundamental; en efecto, el artículo 13, que expresamente hace esta consagración, se ubica en el capítulo relativo a esta clase de derechos. Por este aspecto, la Constitución de 1991 es innovadora, pues la precedente de 1886, incluyendo sus reformas, no tuvo nunca una norma destinada a hacer el reconocimiento expreso de este derecho.
Pero la igualdad no solamente se erige en la Constitución como un derecho fundamental, y por lo tanto como un principio, sino que es también un valor superior. Desde el mismo preámbulo, la Carta enuncia que ella se promulga con el fin, entre otros, "de fortalecer la igualdad"; y más adelante, el artículo 5° refuerza el carácter de principio que tiene la igualdad, cuando establece como tal el de la no discriminación en la primacía de los derechos inalienables de la persona. Sobre el sentido de la prohibición de discriminación, la Corte ha hecho ver que dicho principio "es identificado con el perfil negativo de la igualdad, puesto que, ante todo, se destaca su carácter eminentemente prohibitivo de tratos injustificados;" Sentencia C-410 de 1994, M.P C.G.D..
Dicha disposición, ubicada en el Título de los "Principios Fundamentales", a continuación del "Preámbulo", literalmente expresa lo siguiente:
El Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona...
La igualdad es entonces, simultáneamente, un valor, un principio y un derecho fundamental. La Asamblea Nacional Constituyente expresamente consideró que la igualdad era al mismo tiempo un derecho y un principio, no obstante lo cual, en aras de su efectividad y de la posibilidad de su protección a través de la acción de tutela, decidió hacer énfasis en su connotación de derecho, por lo cual adoptó el texto del actual artículo 13. Lo anterior se refleja en las siguientes expresiones de la asambleísta M.I.C.:
"en los principios se aprobó un derecho a la igualdad que fue considerado, según tengo entendido, en la Comisión Codificadora, y no se tuvo en cuenta el que había elaborado la Comisión Primera como derecho. Entonces, en ese sentido, el doctor C.L. de la Fuente pide que este artículo que presentamos en este momento no sea tenido en cuenta porque ya figura en los principios. La Comisión Accidental estudió este planteamiento, del delegatario L., y llegó a la conclusión de que es un derecho sumamente importante y es la manera como va a recibir la protección del recurso de tutela. O sea que se decidirá si queda en principio y en derechos, pero la comisión solicita que quede en derechos..." M.M.C.C., Plenaria Primer Debate, 14 de junio de 1991. Tomado de C.E.M.J.. LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN LA CONSTITUCIÓN DE 1991. Ed. Temis, Bogotá 1997.
La misma estructura del artículo 13, que como se dijo consagra la igualdad primordialmente como derecho, en su contenido expresa también las referidas condiciones de valor y de principio reconocidas a la igualdad. En efecto, si la igualdad formal radica en la posibilidad que tienen las personas de exigir un mismo trato jurídico, es decir un mismo trato frente a la ley, de manera que ésta se aplique en todos los casos que caen bajo sus supuestos de hecho, es evidente que el contenido del artículo 13 rebasa esta expectativa y presenta a la igualdad como la posibilidad reconocida a todos de tener las mismas oportunidades vitales, posibilidad por la cual el Estado debe propender. No a otra cosa puede referirse dicho artículo, cuando expresa que "(e)l Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva". Sin duda pretende que, por lo menos en lo que se refiere a la primacía de los derechos fundamentales (artículo 5°), la igualdad no se limite al reconocimiento formal por parte del ordenamiento jurídico, sino a la efectiva realización de la misma en el terreno fáctico, es decir a la igualdad sustancial. Se pasa entonces al terreno del telos o finalidad que persigue el Estado, asunto que rebasa la noción de igualdad formal como derecho, entendida como facultad radicada en cabeza de las personas de exigir un trato igual por parte de las autoridades.
Aceptada como principio y como valor, la igualdad no sólo exige que las leyes sean aplicadas a todos los casos que caen bajo sus supuestos de hecho, (igualdad ante la ley en sentido estricto), sino que implica también que la igualdad debe estar presente en la formulación del derecho Cf. A., R.. . TEORÍA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. Centro de Estudios Constitucionales. Madrid,1997.
. Esto hace que, dirigida al legislador, la igualdad le imponga no establecer diferenciaciones arbitrarias. Estas son aquellas en las cuales no existe una razón de rango constitucional para establecer la diferencia de trato. El mismo artículo 13 superior enuncia algunos de los criterios de diferenciación que pueden considerarse arbitrarios, cuando dice que todas las personas "gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica," enumeración de motivos discriminatorios fundados en cualidades humanas inmutables como el sexo o la raza, o en otras razones históricas de discriminación, como la religión o la particular postura política o religiosa .
Ahora bien, dentro de las distinciones arbitrarias, el origen familiar como criterio para establecer un trato desigual, está expresamente prohibido por la Constitución. Ya se dijo como el artículo 42 superior concreta en una regla el principio de igualdad en este punto, cuando afirma:
Los hijos habidos en el matrimonio o fuera de él, adoptados o procreados naturalmente o con asistencia científica, tienen iguales derechos y deberes
"Siendo ello así, es apenas obvio determinar la protección del Estado y la sociedad para esa familia y fijar la inviolabilidad para su honra, dignidad e intimidad, así como sentar las bases de su absoluta igualdad de derechos y deberes." Informe-Ponencia para Primer Debate en Plenaria. Gaceta Constitucional No. 85. Pág. 5.
5.1.7. En el presente caso, la Corte aprecia una colisión entre dos reglas constitucionales. De un lado está la contenida en el artículo 33 superior, el cual, aunque está ubicado dentro del capítulo de los Derechos Fundamentales, se estructura como una típica regla de derecho, y no como un valor o principio. Su tenor literal indica que "(n)adie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil." Como puede verse, la disposición contempla: i) un supuesto de hecho -ser pariente en los grados de consanguinidad, afinidad o parentesco civil que se mencionan, y haber sido requerido por la autoridad judicial para declarar en contra de tales parientes-, y ii) una consecuencia jurídica que es la imposibilidad en que están las autoridades de obligar a declarar en tales circunstancias. En tal virtud responde exactamente a la definición doctrinaria de regla, que tiene por tal a aquella disposición que "define, en forma general y abstracta, un supuesto de hecho y se determina la consecuencia o consecuencias jurídicas que se derivan de la realización del mismo; una disposición, pues, derechamente construida para regular u ordenar de forma directa la vida humana, la realidad social" P.A., L.. CONSTITUCIÓN Y VALORES DEL ORDENAMIENTO. Artículo incluido en ESTUDIOS SOBRE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA. HOMENAJE AL PROFESOR EDUARDO GARCÍA DE ENTRERRÍA. Tomo I págs 123
Frente a esta regla está la del inciso 4° del artículo 42 de la Carta, según el cual, "los hijos habidos en el matrimonio o fuera de él, adoptados o procreados naturalmente o con asistencia científica, tienen iguales derechos y deberes". R. esta que también contempla un supuesto de hecho - la presencia de hijos de cualquier categoría de las enunciadas - y una consecuencia jurídica cual es la titularidad de los mismos derechos en cabeza de ellos.
Visto lo anterior, estima la Corte que es necesario llevar a cabo una labor de interpretación, aplicando el criterio de armonización, que ponderando los distintos principios constitucionales implicados en el presente asunto, maximice su efectividad a la hora de aplicar las normas acusadas. P., a voces del Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua significa, entre otras cosas, "contrapesar o equilibrar". Y justamente eso es lo que el intérprete autorizado de la Constitución debe hacer en el presente caso: fijar cuál es la interpretación de las normas acusadas, que permita que al ser aplicadas se equilibre y armonice la aplicación de todos los principios constitucionales implicados en ellas.
No es la primera vez que la Corte armoniza distintos principios constitucionales implicados en la aplicación de las normas jurídicas. Así lo hizo, por ejemplo, en la Sentencia C-225 de 1995 M.P.A.M.C. cuando ponderó el principio de obediencia debida de los militares a que se refiere el inciso segundo del artículo 91 "ARTICULO 91. En caso de infracción manifiesta de un precepto constitucional en detrimento de alguna persona, el mandato superior no exime de responsabilidad al agente que lo ejecuta.
de la Constitución, con los principios también superiores de dignidad e integridad de la persona humana. En esa ocasión se expresó de la siguiente manera:
"Estas consideraciones muestran que no se puede interpretar el artículo sobre la obediencia militar debida (CP art. 91) en forma aislada, sino que es necesario determinar su sentido de manera sistemática. Es pues necesario poner en relación este principio con los otros principios, derechos y deberes consagrados por la Carta, y en particular se requiere armonizar su alcance con las obligaciones mínimas impuestas a las partes en conflicto por el derecho internacional humanitario con el fin de proteger, en todo momento, la dignidad y la integridad de la persona humana, puesto que la obediencia militar no puede ser ciega frente a órdenes claramente contrarias a estos valores. Ya esta Corporación había señalado que la fuerza irradiadora de los derechos fundamentales, "por el lugar prioritario que ocupan en el orden político, económico y social justo, limita entre otros, el alcance del artículo 91 de la Constitución"Sentencia T-439/92. M.E.C.M...
"Ante casos como éste la Corte debe dar aplicación al denominado "principio de armonización"Cf. K.S., Derecho del Estado de la República Federal Alemana. Centro de Estudios Constitucionales. Madrid. 1987. p. 291-192: "Una norma constitucional no debe ser interpretada de forma aislada; la constitución constituye una unidad...Las normas constitucionales están en una relación de tensión recíproca, tienen que ser `armonizadas', ser puestas en concordancia la una con la otra...De la unidad de la constitución se deduce la tarea de optimización o armonización de las normas constitucionales...", para lograr mediante una interpretación sistemática hacer congruentes los distintos preceptos constitucionales que regulan el asunto materia de debate, teniendo en cuenta que, aún ante la incongruencia anotada, la Corporación no puede desconocer el contenido del artículo 221 Superior, disposición que no resulta irreconciliable con la contenida en el artículo 218 ibidem que consagra el carácter civil de la Policía Nacional.
De otro lado, cabe aclarar al demandante que la teoría alemana de las "antinomias constitucionales"La teoría es defendida en la actualidad especialmente por P.H.. Una exposición sucinta de su contenido se encuentra en K.S., op. cit. p. 293., que considera la posibilidad de que existan normas constitucionales inconstitucionales, no tiene cabida en este proceso, pues ella se funda en la jerarquía entre disposiciones constitucionales (v.g. supremacía de normas dogmáticas sobre normas orgánicas), y está destinada a aplicarse sólo en aquellos casos extremos en los que la contradicción normativa impide al intérprete aplicar el principio general de armonización." Sentencia C-444 de 1995. M.P C.G.D.. En esta Sentencia la Corte examinó unas disposiciones de los Decretos 041 de 1994 y 2550 de 1988 que extendían el fuero penal militar a los miembros de la Policía Nacional, normas que habían sido acusadas de contrariar la naturaleza civil que la Constitución le reconocía a esa institución en el artículo 218.
Que la H. Magistrada Doctora Clara I.V.H., no firma la presente sentencia por cuanto se encontraba en comisión oficial en el exterior, debidamente autorizada por la S.P..
Actor: R.M.S. y M.J.P.C.Z.
No es necesario tomar la determinación de la cual me aparto, toda vez que el encargado de aplicar la ley es quien debe armonizarla con todas las normas de la Constitución (no sólo con el artículo 42) y las demás normas legales.
El artículo 33 de la Constitución Política consagra el principio de no incriminación, según el cual "Nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil." Cada una de las normas demandadas, como se advierte en la sentencia, reproduce de manera literal el canon constitucional citado.
Al afirmar que en la aplicación de las normas legales demandadas "se deberá hacer una integración de las mismas con lo previsto en el inciso 4° del artículo 42 de la Constitución Política", la Corte confundió el problema de la constitucionalidad de las normas con el de su aplicabilidad.
Si bien la Corte puede afirmar, en gracia de discusión, que las disposiciones son antinómicas, no es ella, como máximo intérprete constitucional, la encargada de resolver tal antinomia, pues esa labor compete exclusivamente al aplicador de las normas frente a un caso concreto. Aun cuando la norma constitucional sea interpretada de cierta manera, el precepto de rango legal que la reproduce textualmente debe aplicarse de esa forma, pero en ningún momento la hace constitucional o inconstitucional. En este sentido, la corporación no debió atar la constitucionalidad de las normas impugnadas a la "integración de las mismas con lo previsto en el inciso 4° del artículo 42 de la Constitución Política".
En el derecho, las normas no son falsas y otras verdaderas; de éstas sólo puede predicarse su validez y su vigencia. Dentro de un sistema jurídico es posible que dos normas, igualmente válidas y vigentes, se opongan entre sí y por lo mismo sean contradictorias. Por ejemplo, la norma A puede decir: "El que vaya al bosque no puede cortar flores" y la norma B, igualmente válida y vigente, de la misma jerarquía y expedida en el mismo tiempo, puede decir lo contrario: "El que vaya al bosque puede cortar flores".
Aquí no se trata de que una norma sea verdadera y la otra falsa, pues no se aplican las reglas de la lógica formal. Como lo afirma K., "un conflicto entre normas no es una contradicción lógica ni ninguna otra cosa que pueda compararse con ésta." Citando a A.D., agrega que "el principio de no contradicción expresa una relación entre dos juicios. (...) De dos juicios de los cuales uno afirma aquello que el otro niega, uno de los dos debe ser falso." Y concluye que "el principio de no contradicción sólo es aplicable a la relación entre juicios, no a la relación entre normas". KELSEN, H.. Teoría General de las Normas. Editorial T., México, 1994. Pg. 131.
En conclusión, con la decisión de la Corte en el artículo segundo de la parte resolutiva se deja abierta la posibilidad de que un precepto de la Constitución, en este caso el 33, pueda ser parcialmente inconstitucional, en virtud de que puede tener al menos una interpretación que vulnera el Estatuto Fundamental.
En la Sentencia con la cual culmina este proceso, se declara la exequibilidad de la expresión "primero civil", que aparece contenida en los artículos 283 del Decreto-Ley 2700 de 1991, 431 y 495 de la Ley 522 de 1999, 267 y 337 de la Ley 600 de 2000, decisión esta que comparto.
Con todo, en la parte resolutiva del fallo al cual se refiere este salvamento de voto se agrega que en la aplicación de dichas normas ha de realizarse por los encargados de la misma una integración con lo dispuesto por el artículo 42 de la Constitución en cuanto hace referencia a la protección de la integridad familiar.
En cuanto a la decisión acabada de mencionar en el numeral que precede, salvo el voto pues, resulta claro que si la Constitución atribuye a la Corte en el ejercicio de la función de control de la constitucionalidad de las leyes hacer una confrontación sobre la validez de las mismas con respecto a la Carta Política, ese control es de carácter abstracto y, en consecuencia, resulta por completo improcedente la inclusión en la parte resolutiva de la sentencia de una declaración que indica cómo ha de aplicarse la ley, pues a mi juicio ello corresponde a la autonomía del juzgador sin que pueda de antemano y con antelación indicársele cómo proceder en cada caso concreto desde la Corte Constitucional, pues el artículo 228 de la Carta con absoluta claridad establece que las decisiones de los jueces "son independientes" y el artículo 230 de la misma tan sólo lo somete "al imperio de la ley".
Auto de Corte Suprema de Justicia - nº 1100102030002003-00239-01 de 21 de Enero de 2005