Source: https://edwinfigueroag.wordpress.com/t-derecho-a-la-igualdad/
Timestamp: 2018-12-10 15:29:10
Document Index: 346078187

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 2', 'artículo 26', 'Artículo 26', 'artículo 23']

t. Derecho a la igualdad | Pensamientos de Derecho Constitucional
Introducción. Planteamiento del problema. 1. Dimensión material del derecho a la igualdad. 2. El derecho a la igualdad desde su perspectiva de derecho de segunda generación. 3. El derecho a la igualdad como derecho fundamental. 4. Discriminación positiva y discriminación negativa 5. El test de igualdad. 6. Igualdad, justicia y política. 7. Casos emblemáticos de la jurisprudencia constitucional respecto al derecho a la igualdad. 7.1. En nuestro ordenamiento constitucional. 7.1.1. Caso PROFA 7.1.2. Caso CAS 7.1.3. Caso Edwin Béjar Rojas. 7.1.4. Caso Mariana Abad Calderón. 7.2. Excursus: ¿pueden los profesores sentenciados por terrorismo ser excluidos de la enseñanza? 7.3. En el Derecho Comparado. 7.3.1. Caso Sortu (España). Conclusiones.
El enfoque del derecho a la igualdad representa uno de los análisis con relevancia constitucional más controversiales desde sus orígenes en la historia de la humanidad misma, en la medida que las sociedades han desarrollado posiciones de evolución, algunas veces de involución, respecto a este derecho de primer orden.
Ya desde los fundamentos materiales de las polis griegas, la diferencia taxativa entre seres humanos era una condición esencial para el desarrollo de las sociedades. Los esclavos y los metecos (extranjeros que vivían en Atenas) representaban, los primeros, una necesidad para el progreso de las polis o ciudades Estado griegas, dadas sus funciones manuales, y los segundos, no gozaban de ningún derecho ciudadano por su sola condición de no originarios. Desde esa perspectiva, la existencia de la esclavitud misma y de ciudadanos de segundo orden, en la propia cuna de la democracia como lo era Grecia, representaba pues una abierta contradicción al ideal de isopoliteia, el cual era entendido como un mecanismo de iure para que todos los ciudadanos tuvieran igualdad de derechos en las asambleas. Grecia representa, entonces, la ligazón material entre el nacimiento de una poderosa institución como la democracia, y al mismo tiempo, constituye evidencia manifiesta de plenas desigualdades a pesar de un ideal arquetípico de igualdad formal.
Y por cierto, tales contraposiciones pueden ser contextualizadas como premisas hoy enfáticamente contrarias al Estado constitucional, un ideal y aspiración en el cual los derechos fundamentales se realizan y más aún, donde un derecho de entidad material relevante como lo es el derecho a la igualdad, adquiere una notoriedad particular pues representa el fundamento base de racionalidad para el ejercicio de otros derechos interdependientes respecto del derecho a la igualdad.
Es necesario enfatizar que hoy, en plenos albores del siglo XXI, el derecho a la igualdad presenta importantes dimensiones en su evolución material además de formal. Diversas decisiones de los jueces del Poder Judicial así como del Tribunal Constitucional de Perú, han logrado una consolidación para la efectiva diferenciación de los ámbitos materiales del derecho a la igualdad, sin dejar de lado por cierto controversias que en el camino han resultado complejas, discutibles y hasta polémicas, en la medida que la complejidad de determinados conflictos, a juicio nuestro, han significado más retrocesos que avances.
En efecto, advirtamos que allí donde no hay estándares jurisprudenciales construidos respecto a la dilucidación del derecho a la igualdad, o donde propiamente una acción determinada califique como susceptible de aplicación del test de igualdad, corresponde, si no hay un estándar determinado, que la judicatura asuma una posición de construcción de esos estándares faltantes para que un nuevo consenso jurisprudencial defina la controversia propiamente dicha.
Los estándares, entonces, son construcciones del razonamiento de los jueces y de ahí que el análisis jurídico represente un permanente mecanismo de construcción de razones, unas veces resolviendo antinomias o conflictos, otras veces llenando vacíos, pues el Derecho no puede concebir lagunas definitivas sino solo temporales o transitorias, hasta que el intérprete llene ese espacio de ausencia en el Derecho que un estándar faltante representa.
De ahí que los fundamentos del Derecho Constitucional, muchas veces, representen, una modalidad in crescendo de una teoría de la integración, en cuanto las conductas o normas que provocan controversias jurídicas y que no han sido esclarecidas suficientemente por el ordenamiento jurídico, exigen la definición jurisprudencial de estándares determinados por parte de los jueces.
De tal modo, en idea similar a la de Rudolf Smend, al proponer el Derecho Constitucional como una teoría de la integración, podamos aseverar que la actuación de los jueces constitucionales asume mucho de esta dimensión integradora mas de cara a la dilucidación de las controversias propiamente dichas. Es decir, el juez habrá de determinar en qué medida los fundamentos materiales propios del derecho a la igualdad, han de llenar aquellos vacíos que la polémica entre los mismos derechos fundamentales tiende a mantener vigente, en tanto es lugar común que aludamos a colisiones entre derechos fundamentales o principios, entendidos ambos conceptos en el sentido de que aquellos son una forma de expresión de estos.
Hemos de abarcar en este ensayo, de la misma forma, un análisis dogmático- procedimental del derecho a la igualdad, con énfasis en sus dimensiones materiales más que formales, en tanto es en el ámbito material donde verificamos un importante aporte de la jurisprudencia constitucional, la cual ha desarrollado, en casos emblemáticos, cómo ha de ser entendido al derecho fundamental a la igualdad y cuándo efectivamente se produce un trato igual entre iguales y cuándo desigual entre los mismos iguales.
A este respecto, hemos seleccionado algunas ejecutorias representativas del Poder Judicial así como fallos del Tribunal Constitucional en materia del derecho fundamental a la igualdad, además de alguna experiencia importante del Derecho Comparado en esta materia, con el objeto de identificar hacia dónde se dirige el razonamiento de los jueces en una materia de tintes tan polémicos como este derecho, naturaleza respecto de la cual podremos esbozar algunos avances sustantivos, así como reseñar algunos criterios que, a juicio nuestro, representan sentidos inversos a la progresividad que demanda el principio- derecho a la igualdad.
Tal balance de avances y algunos pasos hacia atrás, respecto a los cuales creemos que existen muchos más de los primeros que de los últimos, nos inclinan a pensar que nos encontramos, respecto al derecho a la igualdad, en muchos tramos de nuestra jurisprudencia constitucional, entre aquellos formidables escollos que la mitología llamó Escila y Caribdis: ante Escila, que vive en los acantilados y representa para nuestro tema las decisiones jurisdiccionales ciertamente controversiales al tiempo que discutibles y polémicas, y sin embargo, son ya un estándar jurisprudencial; y frente a Caribdis, cuyos peligrosos remolinos se deben asociar a un activismo judicial desbordado y no restringido, sin mayor fundamento, en favor del derecho a la igualdad.
Bajo ese razonamiento, es necesario que nuestra jurisprudencia constitucional supere ambas vallas de relieve y busque mantener un adecuado camino de equilibrio, y si nos referimos en esta misma línea a las palabras del maestro Manuel Atienza, que aspiremos a un activismo judicial restringido, como una nueva forma de entender las dimensiones interpretativas del Derecho.
Proponemos activismo judicial, en cuanto los jueces del Poder Judicial son el primer bastión de defensa de los derechos fundamentales, y ello constituye un imperativo axiológico por la defensa de los primeros derechos de la Constitución por parte de los jueces, más aún si solo luego de una revisión de control constitucional por parte de los órganos jurisdiccionales, puede el Tribunal Constitucional conocer decisiones denegatorias de los jueces respecto a los derechos fundamentales.
Bajo esa pauta, hemos de apuntar a lograr la conclusión de este estudio en el sentido de que respecto al derecho fundamental a la igualdad, deben ser los jueces del Poder Judicial quienes se preocupen por una real, relevante y efectiva vigencia de los derechos fundamentales – una forma de buen activismo- y que los mismos constituyan la ratio essendi de su actuación.
A su turno, debe haber un contexto de restricción en esa actitud interpretativa, en la medida que esa preocupación por los derechos fundamentales sea moderada, en una línea de autocontrol, a efectos de evitar excesos y que los jueces se puedan autolimitar y no sean necesarios proyectos de ley, como ha sucedido con diversas iniciativas legislativas, para fijar límites a la justicia constitucional.
Pretendemos definir como principal problema, definir cuáles son los contenidos materiales del principio- derecho a la igualdad, a partir de la construcción de estándares jurisprudenciales por parte de los jueces constitucionales, en tanto normas y situaciones parecen definir muchas veces, con visos de suficiencia, que nos encontramos frente a un ejercicio óptimo del derecho a la igualdad y sin embargo, efectuada la necesaria contrastación con el test de igualdad, corroboramos que no es así.
En cuanto a los problemas específicos que nos planteamos, abordamos el problema del derecho a la igualdad y sus dimensiones materiales desde las perspectivas de análisis siguientes:
¿En qué medida deben implementarse estándares de comparación entre conductas, acciones o tratamientos normativos, a efectos de propiciar conductas positivas- ámbito material del derecho a la igualdad- a efectos de evitar la arbitrariedad y dispensar un trato igualitario?
¿Es el test de igualdad solo aplicable desde el enfoque de un tratamiento legislativo diferente, es decir, solo comparable a partir de una norma discriminatoria? ¿O debe asumirse una posición omnicomprensiva incluyendo conductas discriminatorias?
¿Cuáles son las exigencias del Estado constitucional para una correcta delimitación del derecho a la igualdad en la interpretación constitucional?
¿En qué medida ha sido desarrollada la jurisprudencia constitucional peruana para la definición de estándares idóneos de las dimensiones materiales del derecho a la igualdad?
¿Podemos hablar de avances o retrocesos en nuestra jurisprudencia constitucional respecto al derecho a la igualdad?
Y adicionalmente ¿Cómo han sido aplicados los métodos de interpretación constitucional como la ponderación de intereses y el principio de proporcionalidad frente a controversias constitucionales emblemáticas?
Sin duda se trata de cuestiones de honda polémica que han de exceder largamente las líneas de este estudio y sin embargo, creemos que aspiramos a sentar las bases, reflexiones y puntos de partida de estas inquietudes para, a partir de las mismas, coadyuvar a un mayor esclarecimiento de las soluciones frente a la problemática que se plantean en nuestro ordenamiento respecto a situaciones que se vinculan al derecho fundamental a la igualdad.
Creemos que constituye valiosa herramienta, de la misma forma, una visión esquemática, efectiva y procedimental del test de igualdad, en tanto dicho instrumento ha venido a constituirse en un baremo para la dilucidación de las controversias vinculadas al derecho a la igualdad, las cuales suelen ser complejas en el análisis constitucional, precisamente por cuanto son necesarios enfoques vinculados a intensidad de la intervención, contextos de menor gravosidad, contraposición entre los derechos fundamentales concernidos a propósito del derecho matriz a la igualdad, entre otros importantes criterios necesarios para una correcta diferenciación.
1. Dimensión material del derecho a la igualdad
En forma de idea introductoria debemos plantear: ¿qué representaría el principio de igualdad? El principio de igualdad “representa uno de los pilares de toda sociedad bien organizada[2] y de todo Estado Constitucional. Este principio impone al Estado el deber de tratar a los individuos, de tal modo que las cargas y las ventajas sociales se distribuyan equitativamente entre ellos.”
El principio- derecho a la igualdad ha sido construido como concepto por el artículo 2 inciso 2[3] de nuestra Carta Fundamental sobre una noción amplia de proscripción de la discriminación en diversas facetas intrínsecas y extrínsecas: las primeras, en cuanto a cualidades inmateriales de la persona; y las segundas, en tanto pudiera mediar una restricción de entidad particularmente física.
Queda prohibida en sentido lato la discriminación pero conforme apreciaremos más adelante,[4] deberemos advertir que no todo tipo de discriminación es sinónimo de arbitrariedad, sino que será necesario advertir si nos encontramos frente a una discriminación positiva o negativa.
Las características materiales del derecho a la igualdad[5] parten de la noción de exigencias positivas al Estado, y se oponen a la dimensión formal, [6] la cual asume una lectura negativa respecto a las conductas, es decir, aquello que el Estado no debe regular o referir en términos de trato desigual entre iguales.
En ese norte de conceptos, el ámbito de interés de nuestro estudio va un tanto más allá, pues no solo pretendemos abarcar la dimensión formal del derecho fundamental a la igualdad, el cual al ser incorporado en términos de un no hacer, solo nos brinda un marco de entrada al contexto de este derecho. Pretendemos ir un tanto más allá al desarrollar los ámbitos materiales del derecho a la igualdad, en la medida de la riqueza del concepto que no solo impone deberes de abstención al Estado, sino exige al mismo las denominadas conductas positivas, las cuales se expresan, como reconoce nuestra jurisprudencia constitucional, en la insuficiencia de los mandatos prohibitivos de discriminación. ¿Qué hacer entonces? Pues evidentemente esas conductas positivas han de exigir al Estado una regulación acorde con los fundamentos constitucionales del derecho a la igualdad.
Y precisamente en ese segmento de análisis del problema, resulta relevante la tarea de los jueces constitucionales, cuyos aportes concretos resultan evidenciados en el control constitucional de las normas incompatibles con el derecho a la igualdad, y a partir de las cuales resulta necesario fijar estándares jurisprudenciales que incidan en un ámbito material amplio de consolidación del derecho a la igualdad.
Sobre dicha premisa, los jueces constitucionales se encontrarán en condiciones de señalar que un candidato invidente a una plaza en el Ministerio Público, sí está en condiciones de postular al cargo, en tanto el propio candidato no resulta en términos objetivos una persona discapacitada, sino un postulante con diversidad funcional, es decir, posee otro tipo de capacidades frente a las cuales el Estado debe asumir una actitud positiva, es decir, de regulación, a fin de tender a compatibilizar esa postulación con los estándares materiales del derecho a la igualdad.
De la misma forma, los jueces constitucionales, como expresión tangible del Estado en el ámbito de la resolución de controversias, deberán determinar que constituye una conducta vulneratoria del derecho a la igualdad, expulsar a una cadete de la Escuela de Policía por su sola condición de embarazada. En propiedad, el reglamento de la institución califica a las cadetes personas incursas en infracción a las normas de formación, situación a sancionar con la medida más grave: la expulsión.
Y en el mismo rango de análisis, habrá que advertir que no puede impedirse a un candidato a magistrado, rendir el examen de calificación solo por no haber cursado un curso de Formación de Aspirantes, exigido por el Reglamento del Consejo Nacional de la Magistratura.
Como podremos observar, las situaciones reales ponen a prueba el marco de normas administrativas y otras con rango de ley, las cuales deben ser sometidas a control constitucional desde el sentido no solo de disposición de derecho fundamental sino de norma de derecho fundamental,[7] en la medida que si aludimos al efecto prescriptivo de la ley o el reglamento, podríamos a priori considerar solo el criterio coercitivo y literal de la norma.
Y sin embargo, observemos que tal forma de interpretación ha sido ampliamente superada en el Derecho, en tanto la fuerza del razonamiento del sentido literal de la norma sigue siendo válido mas solo para las controversias fáciles, si seguimos la tipología del maestro de Alicante Manuel Atienza,[8] es decir, se trata de aquellos conflictos que solo exigen un razonamiento subsuntivo o silogístico que abarque una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión.
Los otros tipos de casos- los difíciles y trágicos- asumen una naturaleza distinta pues se caracterizan, los primeros, por un número mayor de premisas mayores y otras tantas premisas menores, haciendo complejo el conflicto, en tanto que los casos trágicos representan verdaderos dilemas morales y en mucho, son las colisiones de principios o derechos fundamentales cuya característica o escenario natural es someter dichos principios a la ponderación de intereses.
Las colisiones relativas al derecho fundamental a la igualdad asumen mucho de la naturaleza de los casos trágicos, en tanto resulta verdaderamente complejo, suele presentarse así, cuándo realmente no se cumplen los estándares materiales de este derecho, es decir, cuándo no hay una actitud positiva del Estado para frenar aquellos excesos de la norma o a su vez, las conductas discriminatorias contrarias al principio- derecho a la igualdad.
Y bien, un aspecto material, también de sumo interés, es el rubro referido al denominado término de comparación o tertium comparationis, es decir, si vamos a determinar, a partir de la norma o conducta presuntamente discriminatoria, cuándo se produce una afectación sustantiva al derecho a la igualdad, ha de ser necesario referir un término de comparación, común a ambas situaciones, que sirva de referente para que podamos afirmar, con suficiencia, que sí se configura o no una afectación al derecho a la igualdad.
La lógica es puntual: comparadas dos situaciones a partir de una norma o conducta, el término de comparación,[9] que en esencia implica compartir dos situaciones, ciertas propiedades en común, viene a constituirse en un referente válido a efectos de estimar que es el término de comparación, el índice común o el baremo adecuado, para contrastar condiciones fácticas que no respeten el derecho a la igualdad. Es decir, ambas conductas se parecen y por tanto, aparentan ser iguales y es allí donde el intérprete debe diferenciar si se respeta o no el derecho a la igualdad.
Por lo tanto, el término de comparación nos remite a una aplicación material del derecho a la igualdad, en tanto ha de inducir a que se pueden comparar dos situaciones que gozan de un aspecto común. Ergo, no existiendo un término de comparación, es decir, no ostentando ambas situaciones sometidas a examen, una apariencia de sujeción a los estándares del derecho a la igualdad, difícilmente podríamos realizar la operación de contrastación de ambos contenidos.
2. El derecho a la igualdad desde su perspectiva de derecho de segunda generación
Es necesario asumir que los derechos económicos, sociales y culturales, al constituir deberes positivos del Estado, apuntan naturalmente a una verdadera consolidación del derecho a la igualdad y de ahí la necesidad de ampliar sus contenidos en tanto es, por naturaleza, un derecho humano.
Los derechos de primera generación- los derechos civiles y políticos- en la clásica definición de Karel Vasek,[10] fueron entendidos desde la nomenclatura de derechos de abstención por parte del Estado, en la medida que el rigor de exigibilidad respecto de los mismos imponía al Estado mismo no interferir en las conductas y albedrío de los ciudadanos a propósito de libertades como las civiles y políticas. Y en efecto, la tendencia de los derechos de primera generación se contextualizó en impedir al Estado su intervención en derechos de orden esencial como el derecho a votar o interferir en actos electorales como las convocatorias a elecciones.
La naturaleza de estos derechos, desde sus primeros esbozos a partir de la misma Revolución Francesa, se definió como “deberes negativos” del Estado mismo y en esa lógica, quedó el Estado materialmente impedido de intervenir en las esferas de estos derechos, pues ellos permitían “la realización” del Estado desde el ámbito de las libertades ciudadanas.
Y si correspondía intervenir en la esfera de esos derechos, era razonable que esa intervención fuera mínima, solo para garantizar el correcto desenvolvimiento institucional de dichos derechos. En este orden de ideas, al Estado le correspondía solo una función de regulación menor, en consideración a la vertiente de “abstención” de dicho derecho.
Sin perjuicio de lo expresado, el derecho a la igualdad como derecho de segunda generación, asume una naturaleza distinta, en tanto los clásicos deberes de abstención de los derechos de primera generación, evolucionan a “deberes positivos” en la vertiente de exigibilidad de acciones reales, tangibles y de afirmación de deberes al Estado.
Y en efecto, ¿cómo no entender los derechos de segunda generación como “derechos de realización” a través de sus ámbitos económicos, sociales y culturales? Resulta una necesidad, entonces, que el Estado aspire, por ejemplo, a un derecho a la salud universal y que no existan restricciones de orden económico en el acceso a las prestaciones de salud, más aún cuando se producen diferencias entre las personas por su condición económica en el acceso a estos servicios.
De la misma forma, constituye deber del Estado promover fuentes de trabajo pues la condición de derecho económico del derecho al trabajo, representa en propiedad una forma de exigencia al Estado para la promoción de esta forma de realización de las personas. Bajo esta pauta, no solo debe acceder a una plaza de trabajo quien únicamente se encuentre mejor capacitado, sino que las modalidades de acceso deben representar una opción abierta, desde los niveles de mayor a menor exigencia.
En el mismo horizonte de análisis, es razonable que constituya una exigencia al Estado, una actuación positiva, que se produzca una mejor y apropiada difusión de la cultura y que ésta no sea solo patrimonio de las élites. Subyace en este razonamiento una condición primigenia del derecho a la igualdad y por tanto, todo ciudadano debe encontrarse en condiciones de acceder al conocimiento sin que se produzcan diferenciaciones irrazonables en ese cometido.
Es singular apreciar, entonces, que los derechos económicos, sociales y culturales, en su condición de derechos de segunda generación, asuman como premisa base un eje de entendimiento como una propuesta del derecho a la igualdad. Acometiendo el Estado estos deberes, ha de lograr un trato más igualitario entre sus ciudadanos, al tiempo que cumplirá una misión para la cual fue creado: lograr el bienestar y la paz social. Y sin embargo, advirtamos cuán compleja es esa tarea de logro de condiciones óptimas del derecho a la igualdad, en vista de que normas o situaciones suelen parecer, muchas veces, como estándares de observancia de este derecho y en realidad no lo son.
Sin duda, las carencias de recursos de los Estados han de contribuir a que no se fomente el carácter de realización de los derechos económicos, sociales y culturales. Si la Economía es la ciencia de la administración de los recursos escasos, su énfasis se expresará en mejor modo a partir de la distribución de recursos que efectivice el Estado para lograr condiciones más igualitarias entre sus ciudadanos, aspiración que muchas veces no está en condiciones de cumplir.
De cara al sistema interamericano de derechos humanos, por otro lado, es necesario visualizar que las diferencias entre derechos de primera y segunda generación tienden, por otro lado, a relativizarse. En efecto, una primera impresión de análisis de ambos tipos de derechos fue que los primeros- civiles y políticos- eran justiciables,[11] en tanto que los segundos- económicos, sociales y culturales DESC- no eran en rigor “justiciables”[12] dada su condición, muchas veces, de derechos programáticos, prestacionales o de realización en el largo plazo.[13]
Pues bien, ese enfoque viene siendo superado en el ámbito del sistema supranacional de derechos humanos. Los DESC exigen realización, observancia y respeto por parte de los Estados conformantes del sistema interamericano y en ese matiz, demandan actuaciones positivas reales por parte de los poderes públicos, en tanto alegar condiciones programáticas en rigor constituye una objeción que no se condice con el carácter de realización exigible de los derechos humanos y por tanto, los Estados parte resultan instados para que el principio- derecho de igualdad, constituya un segmento tangible no solo dentro de las Cartas Fundamentales sino como real política pública por parte de los Estados.
De la misma forma, recalamos en que esas políticas de realización necesitan una conjunción de esfuerzos con la interpretación de los jueces respecto al derecho a la igualdad, es decir, no basta con que una actuación positiva como el derecho a la igualdad en la base de los derechos de segunda generación, se perfile como una política pública, sino que es importante que en concordancia con ese fin social asignado al derecho a la igualdad, mantenga una relación de correspondencia material con los principios inspiradores de la Carta Magna, la cual destaca como carácter contrario al principio de interdicción de la arbitrariedad, la manifestación de conductas jurídicas desiguales o contrarias en modo manifiesto al derecho a la igualdad.
Desde esta perspectiva, corresponde a los jueces una responsabilidad de primer orden para proceder a una delimitación de reprobación solo de aquellas conductas contrarias, en forma ostensible, al derecho a la igualdad, en la medida que no todo tratamiento desigual puede representar una afectación al derecho fundamental a la igualdad.
Es importante aquí, entonces, delimitar adecuadamente y de la forma más óptima, el alcance del derecho a la igualdad, en tanto los estándares jurisprudenciales que los jueces implementan en los casos concretos, representan la identificación más plausible de las exigencias de un Estado constitucional, como expresión ex post del Estado Democrático y Social de Derecho que se configura a partir de la Ley Fundamental de Bonn, las Cartas Constitucionales de Francia de 1958, de España de 1978, de Perú de 1979 y 1993, y Colombia de 1991.
3. El derecho a la igualdad como derecho fundamental
Secuencia de orden de nuestras ideas previas es cómo el derecho a la igualdad se perfila como derecho fundamental,[14] en tanto resulta exigible una aproximación a su contenido constitucionalmente protegido, o en su versión procedimental más reciente, a sus contenidos esencial, no esencial y adicional, si nos referimos a los campos de identificación delimitados por Medina Guerrero,[15] a partir de la necesidad de identificar la esencia de un derecho fundamental.
En ese norte de ideas, ha de representar el contenido constitucionalmente protegido del derecho a la igualdad aquel espacio en el cual no se manifiesten actitudes arbitrarias ostensiblemente vulneratorias de este derecho fundamental.[16] En efecto, si una norma o situación identifican un proceder arbitrario en el accionar estatal, a través de una norma con rango de ley o administrativa, o si bien se produce una conducta irrazonable dentro del supuesto de eficacia horizontal de los derechos fundamentales, pues se afecta la esencia del derecho materia de protección, se deslegitima el núcleo duro de ese derecho y se desprotege la esencia misma del derecho a la igualdad, circunstancia material que conduce a un escenario de necesaria protección urgente.
En esa construcción de conceptos, la afectación del contenido constitucionalmente protegido o del contenido esencial del derecho a la igualdad, exige evitar arbitrariedad en la plasmación de las acciones vinculadas a este derecho y demandará decisiones estimatorias por parte de los jueces para el cese de la norma o conducta arbitraria.
A su turno, la afectación de los contenidos no esencial o adicional del derecho fundamental a la igualdad, puede ser abordada desde el contexto de descarte del ámbito de protección por parte de los órganos jurisdiccionales. En efecto, si en lógica de la escala triádica de Robert Alexy,[17] solo la satisfacción elevada de un derecho fundamental implica la ponderación del derecho fundamental concernido, en prevalencia sobre el derecho contrario, el cual llega a niveles de afectación necesariamente menores, es necesario configurar que únicamente una afectación grave, ostensible y manifiesta del derecho a la igualdad, demande la necesaria tutela urgente por parte de los jueces constitucionales, en aplicación del principio de vigencia efectiva de los derechos fundamentales que consagra el artículo II[18] del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional.
Y no solo podrá producirse, notemos lo amplio de la idea, una mayor satisfacción del derecho a la igualdad en cuanto concierne a su condición de derecho susceptible de ser tutelado en un proceso constitucional de la libertad, sino que igualmente en aplicación del principio de supremacía normativa de la Constitución,[19] podrá producirse la mayor satisfacción de este derecho en cuanto concierna al examen de las normas con rango de ley que son sometidas a control constitucional por parte del órgano legitimado con facultades de control concentrado.
Sobre este aspecto particular conviene, en vía de delimitación, advertir que el derecho a la igualdad exige observancia de su contenido constitucionalmente protegido, tanto en aquellas acciones entre particulares que implican un ámbito de eficacia horizontal de los derechos fundamentales,[20] es decir, de relaciones entre particulares, así como respecto del arriba referido control constitucional relativo a normas que dispensen un tratamiento en contrario al principio de igualdad.
Por tanto, se trata de una naturaleza binaria de efectos de control, con la particularidad de que el examen de la norma goza, procedimentalmente, de un conjunto de pasos expresados en el test de igualdad, el cual aspira a localizar, con objetividad, en qué forma el razonamiento constitucional se lleva adelante.
A su vez, dicho test de igualdad deberá ser proporcionalmente adaptado para que en su momento exista igualmente ejercicio de las facultades de control constitucional respecto a conductas particulares que denotan ser vulneratorias, en grado manifiesto, del derecho a la igualdad.
Asumida una noción de entrada del derecho a la igualdad, es importante considerar 2 facetas de este derecho:[21] la igualdad ante la ley y la igualdad en la ley.
La primera noción apunta caracteres de uniformidad en cuanto las normas son aplicables a todos por igual, si se encuentran en la misma situación del supuesto normativo.
La igualdad en la ley, en cambio, va un poco más allá pues alude a la conducta del órgano decisor, el cual debe emitir una decisión, en el sentido de que no puede modificar su posición arbitrariamente y que es exigible el sustento del cambio de postura, si considera que las condiciones del caso han variado. En ese tipo de razonamiento, se materializa la proscripción de la arbitrariedad.
4. Discriminación positiva y discriminación negativa
El examen del derecho a la igualdad nos conduce, necesariamente, a delimitar escenarios frente a normas o situaciones para determinar si estamos frente a una discriminación positiva o negativa. La primera validará los efectos de la conducta normativa o fáctica sometida a control, en tanto que la segunda significará una desaprobación.
La discriminación propiamente dicha no resulta en propiedad un término peyorativo, en tanto podemos argüir efectivamente dos tipos de discriminación: una positiva y otra negativa.[22] Esta última sí representa, como acotamos supra, una vinculación estrecha al concepto de arbitrariedad, dado que en esencia la discriminación negativa significa diferenciar irrazonablemente entre iguales, a pesar de que reúnen las mismas características respecto a una condición jurídica que es determinantemente similar entre dos personas. Existe arbitrariedad en una distinción cuando de iguales se trata, sin aportar mayor fundamento al respecto.
Ahora bien, el tratamiento igual entre iguales se justifica plenamente pues la dispensa de trato representa condiciones sustantivamente congruentes entre iguales. De la misma forma, el tratamiento desigual entre desiguales,[23] parte de una noción diferenciadora sustantiva, en razón de que no existe un referente común entre dos extremos de una comparación y por lo tanto, debemos subordinar el análisis de la controversia desde una perspectiva diferenciadora que a su vez se construye desde una noción de ausencia de elementos comunes.
Alexy[24] refiere sobre esta materia: “si no hay ninguna razón suficiente para la permisión de un tratamiento desigual, entonces está ordenado un tratamiento igual (…) si hay una razón suficiente para un tratamiento desigual, entonces está ordenado un tratamiento desigual”.
Desde otro ámbito de enfoque, la discriminación positiva no es contraria a derecho, en razón de que aborda un enfoque de diferenciación en tanto existen condiciones que identifican diferencias entre las personas sujetas a un examen de igualdad, y por lo tanto, en esa labor de identificación respecto a si existen o no desigualdades, al juez le será exigible entender que existen condiciones justificadas que diferencian a las personas.
Sobre esa base de raciocinio, aplicar discriminación positiva o diferenciación, ya no implica un rango de arbitrariedad, sino una necesaria distinción en función, como señalamos, a condiciones diversas que identifican a las personas o condiciones sujetas a un examen de igualdad.
5. El test de igualdad
Abordado nuestro estudio hasta este punto, la interrogante que fluye en modo natural para la determinación de los ámbitos de discriminación positiva o negativa a partir de una norma, o entre dos condiciones o acciones, es ¿en qué modo determinamos, con suficiencia, cuándo estamos frente a circunstancias contrarias al derecho a la igualdad? O en otros términos, ¿cuándo existe trasgresión constitucional ostensible respecto al derecho a la igualdad?
Para dar respuesta a esta interrogante, la interpretación del Tribunal Constitucional ha construido el denominado test de igualdad.[25] Este test y los pasos que el mismo representa, identifican un análisis de orden procedimental que ha de permitir al juzgador afirmar si respecto de una norma sometida a control o una situación a la que se imputa irrazonable desigualdad, hay trato igualitario o su vez, trato desigual.
Este test implica, a pesar de sus características procedimentales, una connotación valorativa. En efecto, como señala Prieto Sanchís:[26] “los juicios de igualdad son siempre juicios valorativos, referidos conjuntamente a las igualdades y desigualdades fácticas y a las consecuencias normativas que se unen a las mismas.”
Más aún, cuando la norma per se goza de la presunción de legalidad, es decir, se presumen sus condiciones de vigencia[27] y validez[28] en el ordenamiento jurídico, existe una necesaria idea de compatibilidad con la Carta Fundamental. Por tanto, la norma debe gozar de una justificación congruente si procede a diferenciar con razonabilidad. Ausente esa congruencia, el tratamiento diferenciado no es compatible con la Constitución.
La intervención puede asumir 3 intensidades: grave, media o leve. La intensidad de la intervención constituye una variable[29] a ser utilizada en el sub examen de necesidad, mas su inclusión como paso previo reside en la necesidad de analizar si la discriminación se sustenta en algunos de los motivos proscritos por el artículo 2 inciso 2 de la Constitución, o bien si resulta fuera de ellos, y además, si se produce el impedimento del ejercicio o goce de un derecho fundamental, de un derecho meramente legal o de un interés legítimo. Es en base a la conjunción o separación de estos factores que ha de determinarse el grado de intervención y por supuesto, a mayor intensidad de la intervención, mayor necesidad de esclarecer si existe un fin legitimo de justificación. Ausente tal fin, hay afectación sustantiva de un derecho fundamental.
Adicionalmente, el fin del tratamiento diferenciado debe comprender un objetivo y un fin. Reseña el Tribunal que la finalidad justifica normativamente la legitimidad del objetivo del tratamiento diferenciado. [30]¿Qué quiere ello decir?
El caso PROFA, a detallar más adelante y que nos sirve para delimitar mejor estos conceptos, brinda una respuesta que nos ayuda a graficar[31] este supuesto abstracto: el objetivo específico del legislador era la existencia de una judicatura con buena formación y de ahí la exigibilidad del curso PROFA, en tanto que el fin era la idoneidad de los jueces. Carentes de razones constitucionales los fines de la norma bajo los supuestos de una pretendida diferenciación por condiciones, la demanda finalmente es declarada fundada, permitiéndose en adelante a los abogados postular sin el curso PROFA, requisito que antes era demandado para cualquier postulación a la judicatura y exigencia onerosa frente a la cual, los abogados optan por demandar en proceso de inconstitucionalidad.
Los sub exámenes de idoneidad[32] y necesidad[33] comprenden relaciones medio-fin y medio-medio, respectivamente, y se caracterizan por cuanto implican los pasos previos al escenario de comparación final entre dos derechos fundamentales, uno de los cuales involucra el derecho a la igualdad.
A su vez, el examen de necesidad representa un reto a la acreditación de una medida o situación menos gravosa que logre el mismo resultado que la norma sometida a control. Diríamos que implica una exigencia a la imaginación del intérprete en tanto si acreditamos un medio menos gravoso que llegue a satisfacer, de forma menos onerosa, la solución de la norma o conducta discriminatoria, pues la norma o situación sometida a control ha de caer en su formulación y por lo tanto, será declarada fundada la pretensión. En síntesis, el examen de necesidad demanda la exigencia de una solución no tan onerosa como la implementada por la norma o situación respectiva.
Diríamos que este último examen es el de mayor relevancia pues alude a un verdadero escenario de contrastación entre dos derechos fundamentales y bajo los supuestos de la escala triádica de Robert Alexy,[34] ha de involucrar un mayor nivel de satisfacción del derecho fundamental que prevalece y un menor nivel de afectación del derecho que a su vez es desplazado.
Ahora bien, el test de igualdad ha tenido una formulación procedimental, a partir del caso PROFA, en los seis pasos descritos. Podemos considerar, con suficiencia, que si el juez constitucional o quien haga interpretación del derecho a la igualdad se sujeta a estos estándares secuencialmente, pues cumple con la realización de un examen completo del test de igualdad.
Sin embargo, siendo flexible la interpretación constitucional, es decir, siendo viable la adecuación de la dogmática constitucional a los fines de los procesos constitucionales, sean ellos relativos a los procesos constitucionales de la libertad[35] o de control normativo,[36] es necesario considerar, en ese razonamiento, que el Tribunal Constitucional, también ha desarrollado la aplicación del test de igualdad como un test de razonabilidad.[37]
Esta premisa inclusive ha sido admitida en el Derecho Comparado bajo la misma forma de test. La Corte Constitucional de Colombia en su fallo C-673 de 2001 considera el test de razonabilidad en tres pasos: 1. El análisis del fin buscado por la medida; 2. El análisis del medio empleado y 3. El análisis de la relación entre el medio y el fin. [38]
El test de razonabilidad ha comprendido menos pasos – tres en total- mas la esencia es la misma: se trata de establecer un patrón de comparación entre normas o situaciones que a su vez sean sometidas a control constitucional bajo ciertos estándares que representan la concretización de la observancia del contenido constitucionalmente protegido del derecho fundamental a la igualdad.
Nuestra posición particular es la opción por la aplicación del examen integral de los seis pasos que comprenden el test de igualdad, a partir de la nomenclatura fijada por la STC 045-2004-AI/TC caso PROFA. Los lineamientos centrales de esta decisión en materia del derecho a la igualdad, se han constituido en punto de partida para la delimitación de esa acción positiva del Estado, de sus jueces constitucionales y de sus otros intérpretes, para calificar positivamente los ámbitos materiales del derecho a la igualdad y que ellos se traduzcan, de la misma forma, en el enriquecimiento de estándares relativos al respeto al núcleo duro del derecho fundamental a la igualdad,
6. Igualdad, justicia y política
Como idea previa, en referencia a Aristóteles[39] y en el propósito de delinear un concepto vinculado a la relación entre igualdad, justicia y política, debemos decir que “la justicia consiste en igualdad, y así es, pero no para todos sino para los iguales; y la desigualdad parece ser justa, y lo es en efecto, pero no para todos, sino para los desiguales”.
¿Es posible establecer una relación entre el derecho a la igualdad, las dimensiones de la justicia y la importancia de la política?
Creemos que sí en la medida que el principio- derecho a la igualdad representa un vehículo y un fin en sí mismo, en tanto que la justicia es ante todo un fin. La política, por otro lado, involucra un medio de realización para la consecución de fines como el respeto por el derecho a la igualdad y la justicia, en tanto es función de la política, como expresión del legislador que hace las veces de constituyente, sentar las bases constitucionales de los derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la igualdad, al tiempo que regula el contenido de los mandatos normativos. Más aún, es la Administración, como expresión indirecta del poder político, el ente facultado para determinar las vinculaciones reglamentarias entre los individuos en materia del derecho a la igualdad.
El derecho a la igualdad goza de una dimensión no solo constitucional sino constituye un estándar que ha sido consolidado en el sistema interamericano de derechos humanos. Sus facetas de materialización más evidentes son los fallos jurisdiccionales- nítida expresión de medios- a través de los cuales el derecho en vivo supone la dilucidación de la controversia. Y en esa materialización procedimental que expresan los fallos jurisdiccionales, se logra la consecución de la igualdad como fin constitucional en sí mismo. El derecho a la igualdad, entonces, supone un medio a través de las decisiones de los jueces y de la misma forma, representa un fin en tanto la aspiración legítima de los ciudadanos es ser tratados en forma igual si se trata de iguales, inclusive admitiendo un trato desigual si se trata de desiguales.
La justicia, por otro lado, representa el crisol de nuestras actuaciones. Es cierto que los mandatos racionales de la norma pueden, algunas veces, contraponerse al valor justicia, y sin embargo, ello no implica una minusvaloración de la justicia en tanto fin, pues el supuesto de la norma racional, aplicada en el caso concreto, aún demanda un examen de constitucionalidad que bien podría implicar que el valor axiológico justicia, si implica la realización de mayor satisfacción de un derecho fundamental, pueda tender a la prevalencia del valor justicia frente al valor menos favorecido.
Es necesario recurrir aquí a algunas reflexiones de Pattaro,[40] quien diferencia las fases de creación del derecho y aplicación del derecho, en tanto para este autor, el derecho puede considerarse fuerte en su creación y aplicación, como sucede con el razonamiento teológico, el cual exige adhesión a las ideas matrices: se cree o no, y no hay otra alternativa viable. Así sucede con los dogmas de fe, con las indulgencias de la Edad Media, y con las expresiones más representativas de la religión.
Diferentes son los valores relativos a la justicia pues en tanto principio, su creación es débil en la medida que se asocia a un ideal de realización, a una aspiración del ser humano y a una materialización de los derechos fundamentales. Y sin embargo, su falta de coercitividad, su ausencia de dimensiones específicas en cuanto a la extensión del derecho, o sus relativos márgenes de indeterminación, nos conducen a aseverar que su creación es débil.
Y sin embargo, advirtamos las notorias diferencias del caso cuando se trata de la aplicación del valor justicia, sobre todo si esa razón débil, así concebida en su creación, se vuelve una razón fuerte al adquirir la naturaleza de un mandato jurisdiccional que defiende el valor justicia. La evolución de razón débil en su creación a razón fuerte en su aplicación se explica en la obligatoriedad que emane del mandato judicial, en tanto las decisiones de los jueces sobre derechos fundamentales, pueden ser recurridas, pero una vez que devienen consentidas o ejecutoriadas, no pueden ser ignoradas sino por el contrario, demandan ser acatadas. Y si eventualmente se generare su incumplimiento, advertida la naturaleza vinculante del fallo para las partes, se generará una razón fuerte que no podrá ser desobedecida.
En esa lógica, la justicia es reconocida como un valor base de los derechos fundamentales pues su contenido axiológico, que bien puede catalogarse débilmente en su creación, ha de demandar el cumplimiento del valor como tal si la decisión reconoce la vigencia efectiva de un derecho fundamental cuya razón axiológica sea el valor justicia.
La política, a su turno, conforme expresamos líneas arriba, representa un medio de realización con particularidades sui generis, en cuanto, es el legislador quien sigue conservando las potestades, ya lo hemos reseñado, de configuración de los mandatos constitucionales, legales y administrativos, en suma normativos, del derecho a la igualdad.
Se trata de un rol que no puede ser soslayado y asumiremos una presunción de buena fe del deber de legislar mientras esos actos reguladores se encuentren conformes con la Carta Fundamental. Vale decir, habremos de estimar un ejercicio regular de esos deberes de configuración de las normas, y si en determinada circunstancia, son contrariados los fines del Estado constitucional en esa tarea legislativa, pues corresponderá aplicar los controles constitucionales necesarios para la enmienda de eventuales infracciones sustantivas a la Norma de Normas.
Desde otra perspectiva, ¿deben los jueces ser políticos al enfrentar controversias relativas al derecho a la igualdad? Como afirma el maestro Zagrebelsky,[41] los jueces son políticos pero no pueden hacer política. Esta aparente dicotomía se explica en la naturaleza de los órganos constitucionales, los cuales consolidarán líneas tuitivas, de corresponder, en sus fallos. Impartir justicia en un caso concreto, ya constituye una expresión de política, en tanto serán defendidos valores axiológicos como la igualdad o la justicia, a partir de una posición sobre la política. Esa política podrá seguir el valor libertad, o bien el valor democracia, o bien el valor Estado de Derecho. Y sin embargo, no podrán los jueces hacer política en el sentido de aplicar consignas o defender valores partidarios circunscritos a determinadas creencias de una organización política. El juez habrá de poner especial énfasis en que estas circunstancias no sucedan en el ámbito del ejercicio de sus funciones dado que si ello ocurriere, se deslegitima el fallo judicial y pierde esa decisión, la fuerza del derecho que la decisión judicial representa.
7. Casos emblemáticos de la jurisprudencia constitucional respecto al derecho a la igualdad
El derecho a la igualdad presenta importantes contenidos dogmáticos que han sido objeto de desarrollo jurisprudencial y en tal sentido, creemos que es una premisa de suyo exigible que las referencias abstractas que anteceden, merezcan una explicación procedimental vinculada a decisiones constitucionales vinculadas al derecho a la igualdad. Y en verdad, la dicotomía entre teoría y práctica es resuelta plenamente por el maestro Atienza[42] cuando señala: “Si se quiere, al lado del lema: “¡la enseñanza del Derecho ha de ser más práctica!” tendría que figurar este otro: “¡no hay nada más práctico que la buena teoría y el núcleo de la buena teoría- jurídica- es argumentación!”.
Pues bien, en esa misma premisa, no es suficiente que hayamos desarrollado una presentación de los contenidos del principio- derecho a la igualdad sino es necesario complementar ese examen, siempre de ideas iniciales dada la dimensión enorme de este derecho, con aquello que los jueces constitucionales han dicho que es el derecho a la igualdad.[43]
Y el reto es aún mayor; no solo basta que fijemos algunos conceptos sino que proyectemos nuestros supuestos abstractos a casos reales, en tanto es ahí donde encontramos resultados tangibles respecto a las líneas matrices construidas. Y en clave de mejora, si esos estándares están acompañados de buena argumentación, tenemos buena teoría aplicada.
7.1. En nuestro ordenamiento constitucional
Hemos pretendido abarcar en este segmento de ideas fáctico- jurisprudenciales, algunas referencias vinculadas a casos emblemáticos, inclusive polémicos, de nuestra jurisprudencia constitucional, tanto en lo referido a decisiones del Poder Judicial así como del Tribunal Constitucional, a partir de experiencias directas vinculadas al derecho fundamental a la igualdad. En ese propósito, nos interesa cómo los jueces constitucionales han delimitado, en determinados casos, un importante ámbito de protección respecto al derecho a la igualdad.
Incluimos aquí una reflexión aún a nivel del Poder Legislativo, o cuando menos en el rango de iniciativa, en relación a si los profesores sentenciados por terrorismo deben enseñar o no, o si bien dadas las condiciones planteadas, deben ser excluidos de la carrera docente, dada la agresión material al país a propósito de este grave delito.
A este campo de análisis pretendemos sumar, de la misma forma, en el plano internacional, el caso SORTU, el cual presenta algunas similitudes con el caso que acabamos de enunciar líneas arriba, pues efectivamente, en una decisión dividida del Tribunal Constitucional español y bajo el argumento central de desterrar una cultura de la “sospecha”, agregaríamos nosotros sine die, debemos atenernos q que se ha determinado la viabilidad de la inscripción electoral del movimiento político SORTU, al cual se increpa representar a BATASUNA, partido político de tendencia nacionalista del País Vasco, y brazo político armado del movimiento terrorista ETA.
7.1.1. Caso PROFA[44]
El caso PROFA representa uno de los criterios matrices en nuestra jurisprudencia constitucional para la aplicación del test de igualdad. De la misma forma, su tratamiento en sede constitucional implicó una referencia de parámetros y direcciones sustantivas para consolidar la jurisprudencia constitucional posterior precisamente a partir de este proceso de inconstitucionalidad.
Respecto a los hechos, sumariamente reseñamos que la demanda es presentada por el Colegio de Abogados del Cono Norte de Lima, contra el artículo 3 de la Ley 27466, modificatoria de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura.
El fundamento central al cual aludían los demandantes era que existía una bonificación de hasta el 10% del total del puntaje obtenido, para los magistrados titulares en proceso de postulación al cargo inmediato superior, en desmedro de quienes se presentaban como abogados y no gozaban de esa bonificación.
Por extensión, los abogados sin curso PROFA,[45] no estaban en condiciones de rendir el examen de conocimientos para el acceso a la magistratura. A su turno, los abogados con curso PROFA sí estaban en la capacidad de rendir la evaluación respectiva, circunstancia que determinaba una aparente discriminación a quienes no ostentaban el curso de preparación aludido.
El enfoque de la sentencia partió de la afectación sustantiva del derecho fundamental a la igualdad en su vertiente de acceso a la función pública en condiciones de igualdad. El razonamiento era puntual: ¿por qué se impedía a los abogados sin curso PROFA rendir el examen de acceso a la judicatura si la preparación PROFA no necesariamente garantizaba una judicatura idónea?
Un importante segmento de análisis de esta decisión residía en la discriminación negativa de que eran objeto los abogados sin derecho a bonificación y sin curso PROFA, pues esta exclusión residía en la premisa de su falta de preparación para el desempeño de una judicatura eficiente.
La línea divisoria entre las habilidades para el desarrollo de una judicatura eficiente, podemos ya visualizar luego de expuestas las herramientas del caso, reside en la intensidad de la intervención en la igualdad, en razón de que partir de la premisa de que el curso PROFA corrobora un conjunto de habilidades determinantes para ser juez o fiscal, en realidad no resulta definitivamente cierta.
Más aún, el alegato de objeción respecto a este caso, podía ser circunscrito al carácter incompatible de exclusión de un abogado sin curso PROFA en relación al rendimiento de una prueba, bajo el argumento de que las condiciones de acceso a la judicatura no resultaban ser satisfechas pues no se contaba con la certificación del curso PROFA pertinente.
Este argumento, visto objetivamente, acarrea un razonamiento contrario al de los derechos fundamentales e impone, conforme decide finalmente el Tribunal Constitucional, un razonamiento con otra lógica: no es constitucional impedir el rendimiento de un examen mas sí será exigible que, luego de rendida la evaluación, se satisfagan otras condiciones en relación al supuesto de capacidad, como la de realizar un curso habilitante o de inducción en un plazo relativamente corto pero intensivo.
Esta atingencia que impuso el supremo intérprete de la Constitución, ya había sido consolidada en el ordenamiento constitucional nuestro en tanto otra sentencia determinó, posteriormente, la incompatibilidad con la Constitución, la exclusión de alumnos que no se encontraban al día en el pago de sus pensiones universitarias y que por esa circunstancia, no podían rendir exámenes.[46] Resultaba así inconstitucional la diferenciación en clave desmejorativa entre quienes pagaban o no pagaban sus pensiones, cuando en propiedad eran aplicables medios menos gravosos que conseguían el mismo fin, es decir, culminar los semestres académicos debidamente evaluados.
Bajo esa lógica de planteamientos, correspondería optar por una medida menos gravosa frente a los abogados sin PROFA y en su caso, exigírseles, una vez obtenido el acceso a la judicatura y como referimos supra, el desarrollo de un curso de la misma naturaleza o similar, como en efecto hoy sucede con los cursos habilitantes de la Academia de la Magistratura, los cuales si bien no detentan el rigor de un curso de la Academia en el plazo promedio de unos 9 meses, bajo pautas semi presenciales, sí implican un curso de un mes de duración, aproximadamente, para después de la certificación respectiva, acceder a juramentar el cargo.
Similar previsión tiene lugar respecto a los alumnos que no se encuentran al día en el pago de sus pensiones, en razón de que deviene en exceso oneroso el impedimento de rendir la evaluación correspondiente por no encontrarse al día en el pago de la pensión universitaria. Y en efecto, es menos oneroso, por ejemplo, no extender, por parte de la Universidad, la certificación para el semestre académico posterior antes que materializar un impedimento contrario al derecho a la igualdad.
La sentencia en comento logra pues una importante consolidación del derecho fundamental a la igualdad y una estructuración del test de igualdad propiamente dicho, a efectos de perfilar su uso como herramienta de singular utilidad para la determinación, muchas veces compleja, de conductas realmente contrarias al contenido constitucionalmente protegido del derecho fundamental a la igualdad.
7.1.2. Caso CAS
Mientras que el caso PROFA representa un aporte relevante para el desarrollo constitucional del derecho a la igualdad, no estamos en condiciones de afirmar lo mismo respecto al caso CAS,[47] decisión polémica que considera que no es exigible el test de igualdad[48] para resolver las incongruencias de tratamiento entre los servidores del Decreto Legislativo 276 y los servidores CAS.
Una fisura relevante en esta sentencia es la decisión por parte del Tribunal Constitucional, de no aplicar el test de igualdad, partiendo de la premisa base de que coexistiendo regímenes distintos- D.L. 1057 y D.L. 276- no existe exigencia imperativa de aplicación de este test.
Notemos que el criterio vertido respecto a la no exigibilidad de comparación, parte de una premisa poco rigurosa: se trata de normas distintas y esa naturaleza no permite la aplicación del test de igualdad. Si somos objetivos en nuestra calificación de esta posición, podemos invocar que éste es un razonamiento muy a priori, desprovisto de la necesaria interpretación constitucional que usualmente transmite mejores y mayores contenidos.
Pero por otro lado, existe un argumento aunque más de contraste que vinculante: si bien la decisión del Tribunal Constitucional es expedida en noviembre de 2010, muchos órganos jurisdiccionales, entre ellos la Segunda Sala Laboral de Lima, ya se había pronunciado en octubre de 2010[49] por declarar inaplicable el Decreto Legislativo 1057, en razón de la afectación manifiesta al derecho a la igualdad.
El caso CAS revela, de otro lado, un ejercicio de contrastación en apariencia complejo, en razón de que llega a la conclusión de la viabilidad de condiciones diferentes entre los Decretos Legislativos 276 y 1057 y sin embargo, no aplica el test de igualdad, el cual sí es desarrollado por la Segunda Sala Laboral de Lima, obteniendo precisamente este órgano jurisdiccional una conclusión completamente contraria a la decisión del Tribunal Constitucional.
Creemos, a riesgo de ser obstinadamente objetivos, que era necesario que el Tribunal Constitucional hubiere llegado a la conclusión que pretendió demostrar- constitucionalidad del CAS- precisamente a través de la aplicación del test de igualdad, en la medida que no hubiere representado un déficit argumentativo de singular importancia, solo recalar en el argumento primigenio de que se trataba de regímenes distintos y que por lo tanto, era innecesaria su comparación vía el test de igualdad.
Y recalcamos que creemos que sí existe un déficit argumentativo relevante pues corresponde diferenciemos el argumento simple del complejo. El primero ha de orientarse a la definición de las controversias subsuntivas, en las cuales, en la siempre clásica definición de Manuel Atienza,[50] a los casos fáciles les corresponde un razonamiento silogístico puntual, expresado en la concurrencia de una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión.
Sin embargo, el razonamiento frente a cuestiones complejas exige estándares de argumentación más altos, en tanto el razonamiento silogístico es importante mas no suficiente. En efecto, la oposición de argumentos en el caso CAS nos conduce a la necesidad argumentativa de aportar razones con un rango mayor de consistencia, coherencia y prevalencia,[51] como condiciones mínimas para un razonamiento de mayor entidad.
Y en rigor, el razonamiento del Tribunal Constitucional en el caso CAS no cumple la primera condición de consistencia pues esta atribución primera de los argumentos, no es satisfecha en tanto sí hay una contradicción manifiesta: los regimenes de los Decretos Legislativos 276 y 1057 sí expresan condiciones distintas en contra del derecho fundamental a la igualdad, en tanto esta última norma dispensa un trato en sumo grado desmejorativo, introduciendo diferencias relevantes en donde existe el cumplimiento de una misma función.
A su vez, el razonamiento no es coherente, en tanto precisamente el valor igualdad como fundamento del Estado constitucional, no es una entidad axiológica debidamente destacada por el supremo intérprete de la Constitución. Simplemente es obviado un mejor ejercicio argumentativo y se llega a una conclusión- infundada la demanda- la cual no se corresponde con pronunciamientos anteriores de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial optando por la inaplicación del CAS.
Y finalmente, tampoco se cumple la condición de prevalencia pues una interpretación extensiva del derecho a la igualdad, nos conduce en forma óptima a la orilla contraria de la interpretación aplicada por el Tribunal Constitucional. Ciertamente que la prevalencia es un argumento de cierre en tanto presupone las demás condiciones antes citadas y sin embargo, su aplicación exige que precisamente la interpretación contraria no represente un argumento más fuerte de tal modo que haga inviable la postulación de contenidos.
7.1.3. Caso Edwin Béjar Rojas
El caso del juez Edwin Béjar Rojas,[52] hoy el primer juez invidente en el Perú, presenta igualmente dimensiones de relevancia respecto al derecho a la igualdad, en tanto si bien hoy representa el caso de un funcionario público en ejercicio en calidad de titular, la cuestión central respecto a su postulación, en un primer estadío al Ministerio Público, no estuvo exenta de argumentaciones contrarias al libre acceso a la función pública en condiciones de igualdad.
En efecto, inscrito Béjar en el año 2009 como candidato al Ministerio Público, fue impedido de rendir su evaluación escrita por su condición de invidente, aspecto que nos conduce a una interrogante contextualmente válida: ¿ puede un Fiscal desarrollar las funciones propias del cargo si es invidente? ¿O debería esta función ser asignada solamente a quienes están óptimamente en capacidad de ver?
Las respuestas de los órganos jurisdiccionales de primera[53] y segunda instancia[54] a cargo del caso Béjar en el Cusco, optaron por una interpretación a favor del derecho a la igualdad, en el sentido de excluir una interpretación sustantivamente discriminatoria y basada solo en los estándares de una norma reglamentaria, lo cual nos vuelve a llevar al debate entre la interpretación literal- “así lo establece el reglamento”- y la interpretación extensiva o correctora, propia de la sede constitucional y característica de los casos difíciles y trágicos, cuyas exigencias argumentativas son mucho más altas pues no solo involucran el escenario del contenido de la norma sino aluden a la necesidad de ponderar derechos fundamentales y a determinar la prevalencia de uno de ellos si así lo exigen la ponderación de intereses y el principio de proporcionalidad.
Examinada pues la controversia Béjar, no resultaba sostenible discriminar a un candidato a fiscal solo por su condición de invidente pues la referencia a la inviabilidad en el cumplimiento de sus responsabilidades – nos referimos a condiciones operativas de campo en el caso del Fiscal- no se insertaba en la consecuencia de exclusión dispuesta por el Consejo Nacional de la Magistratura, al permitir solo candidatos no invidentes para acceder a la magistratura.
Y en desarrollo de esta idea deberíamos sostener: ¿y bajo qué argumento realmente válido denegamos a un candidato invidente a fiscal no rendir su evaluación? ¿Simplemente porque no puede ver? ¿Es suficiente este argumento para rechazar una postulación?
Las sentencias de primera y segunda instancia advierten concluyentemente lo contrario, en tanto inciden en una interpretación in extenso del derecho fundamental a la igualdad en el sentido de que constituía argumento insuficiente denegar la postulación a Béjar por su sola condición de invidente (aunque preferimos el término “persona con diversidad funcional”), en la medida que el Estado igualmente se encuentra instado a promover los medios materiales del caso para que una persona, aún invidente, pueda ejercer funciones en el sector público.
7.1.4. Caso Mariana Abad Calderón
Una sentencia de anterior data como es el caso Mariana Abad,[55] a propósito de la exclusión de cadetes embarazadas de la Escuela de Suboficiales de la Policía Nacional, nos deriva nuevamente a la necesidad de evitar la arbitrariedad, en propiedad la discriminación, hacia las cadetes mujeres solo por su condición de embarazadas.
El razonamiento de la Policía Nacional, al expulsar a Mariana Abad por su solo embarazo, no nos cabe duda, se ciñó a un patrón reglamentario: la imposición de la sanción de expulsión tuvo lugar respecto a la cadete Mariana Abad, dada su condición de persona que infringió el Reglamento y de encontrarse incursa en la causal de sanción, con pena de expulsión, por ostentar la condición de cadete embarazada.
Y sin embargo, es propio indaguemos sobre la necesaria exigencia de validez de dichas normas reglamentarias de exclusión con el principio- derecho de igualdad, en tanto habría que partir de una premisa base: el embarazo es una condición humana y no un signo en contrario respecto a la capacidad de la persona. Por lo tanto, no puede adoptarse la máxima sanción frente a una condición que no es en rigor una infracción.
De otro lado, advirtamos otro aspecto medular del problema y es aquel de la proporcionalidad: ¿era la sanción de expulsión proporcional al acto cometido? Aquí hay matices que diferenciar pues para los órganos jurisdiccionales que resolvieron el caso, no podía aludirse a sanción y por el contrario, la condición propia del embarazo de la cadete Abad sí hacía exigible una atingencia: la necesidad de suspender los estudios de la afectada a efectos de que el embarazo de la misma pudiera concluir satisfactoriamente. Y luego, naturalmente, procedía su reincorporación plena.
De esta forma, se presentaba una característica de proporcionalidad adecuada respecto del hecho generador, más aún si se tomaba en consideración que el tratamiento hacia la cadete Abad podía calificar de discriminación negativa.
7.2. Excursus: ¿pueden los profesores sentenciados por terrorismo ser excluidos de la enseñanza?
La pregunta que formulamos pretende ser objetiva: ¿no bastaría que los profesores sentenciados por terrorismo hayan cumplido su condena y que, vía la enseñanza, se puedan reincorporar a la vida política del país? ¿O es que su influencia resulta en extremo negativa y es necesario que el Estado se provea de herramientas adecuadas para evitar una nueva agresión a la memoria política del país luego de las miles de muertes que produjo el terrorismo? Y más aún y en relación a nuestro tema central: ¿discrimina el Estado si determina que estos docentes sentenciados no pueden ejercer la carrera docente?
De inicio, aventuramos una respuesta respecto a que los controles exigen ser ex post y no ex ante, con lo cual queremos afirmar que el Estado tiene el derecho a salvaguardar la integridad ética y moral de su enseñanza y sin embargo, no puede asumir posiciones extremas como la de una prohibición absoluta de retiro de la carrera docente respecto a un docente condenado por terrorismo que ya hubiere cumplido su condena y que pretende reinsertarse en la sociedad.
Y a su turno, sí puede incidir el Estado en proveerse de las herramientas necesarias para desarrollar un control posterior de aquellas conductas que expresen afinidad a las ideologías contrarias al Estado Democrático y Social de Derecho, es decir, si el docente sentenciado por terrorismo, a pesar de haber sido admitido nuevamente para ejercer la docencia, vuelve a hacer proselitismo y defensa de sus ideales por cierto reprobados, entonces es necesario inferir que el Estado se encuentra autorizado a actuar y que puede sancionar a ese docente con una inhabilitación ex post.
Ciertamente es muy complejo llegar a esta conclusión en la medida que un razonamiento también convincente es que el Estado debe defenderse contra intentos de reorganización política de movimientos de personas que resultaron muy dañinos[56] para el país. Más aún, no debemos olvidar que la función docente es una función muy delicada en la medida que los profesores son conductores de ideas, doctrinas y enseñanzas y sin embargo, en la naturaleza ponderativa que implica el derecho a reintegrarse a la sociedad y la persecución sine die aún cuando la condena ya venció, no podemos prejuzgar sobre la base de una hipótesis de sospecha sino que es necesario, a su turno, implementar aún más los controles ex post.
Tales formas de control posterior se constituyen en el camino que exige una democracia de derechos fundamentales en la cual todos los ciudadanos sin excepción, incluidos los sentenciados por terrorismo, gozan del derecho a reencaminar su vida personal, social y profesional. Podemos sospechar, es cierto, mas la sospecha debe ser fundada y no hipotética. Eso es propio de un Estado constitucional.
7.3. En el Derecho Comparado
7.3.1. Caso Sortu (España)
El caso SORTU[57] representa la experiencia europea más reciente en materia de decisiones jurisdiccionales a propósito del derecho de asociación de los ciudadanos a formar una agrupación política y a ser inscrita en el Registro de Partidos Políticos del Ministerio del Interior de España.
El Tribunal Constitucional español dividió sus votos- seis contra cinco- a propósito del pedido del movimiento SORTU para conformarse como entidad política, pedido que había sido antes denegado por el Tribunal Supremo español.[58]
La mayoría asume fundamentalmente en su fallo[59] que la sospecha no puede ser argumento jurídico suficiente para condicionar el ejercicio del derecho de asociación. El problema de acceso residía en el cuestionamiento formulado en el sentido de que SORTU constituía un brazo político de BATASUNA, conocido movimiento terrorista español y brazo político de ETA.
Las posiciones determinadas por el Tribunal asumieron dos tendencias definidas: su viabilidad para la inscripción política, criterio que mayoritariamente se impuso, y la posición en minoría, que excluía al movimiento SORTU por incompatibilidades manifiestas con la Carta Fundamental española.
El problema central radicaba en si se producía algún tipo de discriminación al denegarse la inscripción de SORTU, sobre todo si se tenía en cuenta su vinculación ideológica a BATASUNA y por extensión, a ETA.
Desde un enfoque prima facie de mera incompatibilidad con el orden democrático, resultaría comprensible que el Estado apelara a mecanismos para proteger su estabilidad institucional y toda probable agresión, sea o no virtual, merecería la aplicación de mecanismos de impedimento de acceso a la política.
Ahora bien, hemos reseñado mera incompatibilidad pero es necesario contrastar una controversia como la planteada con un examen de suficiente compatibilidad, es decir, aquella forma de control que nos conduzca a verificar las condiciones reales de proposición de ejercicio de derechos fundamentales como los vinculados a conformar movimientos políticos, los cuales si bien para el caso que nos ocupa son de primera generación, debemos tener en cuenta que para efectos de nuestro tema, conciernen también a derechos de segunda generación, es decir, económicos, sociales y culturales.
Constituía criterio en el caso en comento que si se denegaba la inscripción de SORTU, no solo se impedía el ejercicio de un derecho político de primer rango, como formar una agrupación, sino que igualmente se lesionaba el derecho fundamental a la igualdad, en tanto bajo una cuestión de sospecha, se denegaba una inscripción a ciudadanos españoles.
Bajo la pauta descrita, entonces, el argumento de probable agresión ya no resiste el análisis de fondo que exige la contrastación de dilucidación de los derechos fundamentales que para este item implica la reprobación de la arbitrariedad.
¿Era posible, de alguna forma, aplicar una teoría de diferenciación o de discriminación positiva? Lo ajustado de los votos nos refiere la división de posiciones en el Tribunal Constitucional español. Una mayoría de seis sobre cinco votos, en suma, no implica un criterio concluyente pero sí prevalente pues el sistema de votación arroja un resultado determinado que es propiamente el que hace resolución. Por tanto, constituye criterio de referencia para nuestro ordenamiento constitucional esta importante posición del Tribunal español en materia de derechos políticos e igualdad.
En la misma línea de análisis sobre este rubro, consideramos que seguimos un rango de análisis similar a propósito del cuestionamiento intento del denominado Movimiento por la Amnistía y los Derechos Fundamentales MOVADEF por inscribirse en el Registro de Organizaciones Políticas del Perú.
Este caso peruano es muy parecido al de SORTU, aunque en la experiencia nacional no se produjo la inscripción del movimiento solicitante pues éste desistió de su pedido de reconocimiento como entidad política antes de que el Jurado Nacional de Elecciones se pronunciara, luego de incidentes de apelación y nulidad varios.
Al igual que la vinculación entre ETA y SORTU, la correlación que se pretendió establecer entre Sendero Luminoso y MOVADEF, generó una ola de rechazo ciudadano en nuestro país si se tiene en cuenta al alto número de pérdida de vidas humanas causado por Sendero Luminoso, arriba acotado.
Y sin embargo, al igual que en el movimiento SORTU, creemos que en relación al criterio de la mayoría del Tribunal Constitucional español, el examen del pedido de conformación de un movimiento político no puede sufrir controles ex ante sino ex post, dado que resulta incompatible con la Norma de Normas una denominada propuesta de sospecha del ejercicio de los derechos políticos en la escena nacional.
Ahora bien, formulemos una atingencia: ¿resulta que el Estado estaría impedido de ejercer los medios de defensa que crea necesarios para defenderse de los movimientos vinculados a ideologías violentistas?
No lo creemos así y no es ésa nuestra propuesta en tanto creemos que el Estado sí está en la potestad de apelar a los medios de defensa que considere viables en el Estado constitucional, y tal como hemos referido líneas arriba, el Estado puede implementar todos los controles posteriores necesarios para cuidar un sector ciertamente vulnerable: el de su población en formación, en tanto se trata de alumnos cuya integridad de pensamiento merece no ser mancillada con ideas de violencia y destrucción del Estado de Derecho.
Y sin embargo, esa conformación de medios plantea necesariamente una debida proporcionalidad en el uso de tales herramientas, en tanto el Estado no puede exceder el orden constitucional que imponen los contenidos centrales de los derechos fundamentales. Más aún, la cultura de la sospecha no puede constituir una política de Estado pues si así sucediere, son los jueces constitucionales como guardianes de la Constitución, quienes resultan ser los defensores de los derechos fundamentales en forma irrestricta.
Consideramos que varias de nuestras premisas iniciales se han materializado en las líneas que anteceden y podemos enumerar como conclusiones principales las siguientes:
1. El desarrollo jurisprudencial del derecho a la igualdad ha logrado la consolidación de importantes estándares de comparación entre conductas, acciones o tratamientos normativos, los cuales se han traducido en conductas positivas del Estado y de los particulares, vinculadas al ámbito material del derecho a la igualdad.
2. El test de igualdad es aplicable, en principio, desde un enfoque normativo. He ahí donde ha logrado su consolidación sustantiva y sin embargo, ese ámbito es solo una parte del enfoque del derecho a la igualdad. Lo progresivo de este derecho ha trascendido a que las situaciones, conductas y circunstancias fácticas sean también objeto de un control constitucional respecto al derecho a la igualdad.
3. La interpretación constitucional, como exigencia del Estado constitucional, ha logrado consolidar a través de jurisprudencia relevante, una mejor delimitación del derecho a la igualdad. Decisiones jurisprudenciales relevantes como los casos PROFA, Edwin Béjar Rojas y Mariana Abada Calderón, han permitido la implementación de mejores estándares respecto al derecho a la igualdad.
4. De otro lado, decisiones como la del caso PROFA, presentan un importante déficit argumentativo, como por ejemplo, no aplicar el test de igualdad por no considerarlo necesario, sin mayor justificación al respecto.
5. Podemos hablar mucho más de avances que de retrocesos en nuestra jurisprudencia constitucional respecto al derecho a la igualdad. La labor del Tribunal Constitucional así como del Poder Judicial respecto a esta materia, ha sido, salvo situaciones excepcionales ya antes advertidas, un trabajo de construcción progresiva que apunta a una mejor definición del ámbito material del derecho a la igualdad.
6. Métodos de interpretación constitucional como la ponderación de intereses y el principio de proporcionalidad han resultado útiles para definir controversias constitucionales emblemáticas, en tanto representan el escenario relevante donde se oponen los derechos fundamentales, unos frente a otros.
7. El test de igualdad representa, igualmente, una herramienta de suyo valiosa para el esclarecimiento de las controversias constitucionales relativas al derecho a la igualdad. Sus seis pasos representan un adecuado razonamiento del juzgador para delimitar los ámbitos materiales de este derecho.
8. En la misma línea de la idea anterior, en otros casos el Tribunal Constitucional ha optado por aplicar el test de razonabilidad- conformado por tres pasos- a efectos de delimitar controversias vinculadas al derecho a la igualdad. Las diferencias con el test de igualdad y sus seis pasos, no son sustantivas sino solo referenciales. En ambos casos, el examen de los estándares de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto siguen siendo relevantes.
9. Los jueces constitucionales tienen el compromiso ineludible de seguir construyendo con fortaleza argumentativa resoluciones que consoliden la vigencia efectiva de un derecho fundamental ancla del Estado constitucional como lo es el derecho a la igualdad. Creemos que en esa línea no puede presentar el Estado debilidades ostensibles pues ellas resultan contrarias a los fines de impartición de justicia constitucional.
10. Como propuesta de valor agregado, creemos que, a su turno, tanto la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema así como el Tribunal Constitucional, tienen el compromiso de forjar precedentes, construir doctrina y fijar estándares jurisprudenciales idóneos en materia del derecho a la igualdad. Su condición de órganos rectores les impone esa prestación de consolidar la predictibilidad como pauta de estándar óptimo en la interpretación de los derechos fundamentales que atañan al derecho a la igualdad.
Publicado en GACETA CONSTITUCIONAL No. 59. Noviembre 2012. pp. 281-305
[2] RAWLS, John. Teoría de la Justicia (Traducción de MD. Gonzáles). Fondo de Cultura Económica. Madrid, 1995. p. 80 y sgtes. En BERNAL PULIDO, Carlos. El juicio de igualdad en la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana. p. 1. Disponible en http://190.41.250.173/rij/bases/nodiscriminacion/BERNAL.PDF. Fuente visitada con fecha 17 de agosto de 2012.
[4] Vid infra p. 19
[5] STC 0606-2004-AA/TC. Caso Víctor Otoya Petit.
[6] STC 0606-2004-AA/TC. Caso Víctor Otoya Petit
[7] BERNAL PULIDO, Carlos. El principio de proporcionalidad y los derechos fundamentales. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2003, p. 76
[8] ATIENZA RODRIGUEZ, Manuel. Los límites de la interpretación constitucional. De nuevo sobre los casos trágicos. ISONOMIA No. 6. Abril 1997. pp. 8-16.
[9] STC 0014-2007-PI/TC. Caso proceso de inconstitucionalidad contra la Ley N.º 28991, Ley de Libre Desafiliación
12. (…) es presupuesto inexorable para ingresar a evaluar una eventual afectación del principio-derecho de igualdad, previsto en el artículo 2° 2 de la Constitución, que se proponga un término de comparación (tertium comparationis) válido. Ello significa que es preciso que las dos situaciones de hecho que han merecido un trato desigual por parte del legislador deben ser válidas constitucionalmente y compartir una esencial identidad en sus propiedades relevantes. Sólo entonces cabe ingresar a valorar las razones que podrían justificar o no la diferencia de trato, en el correcto entendido de que la ausencia de objetividad y proporcionalidad en tales razones harán del tratamiento disímil, un trato, a su vez, discriminatorio, y por ende, inconstitucional.
[10] Cfr. VASEK, KAREL. 1977. A 30-Year Struggle: The Sustained Efforts to Give Force of Law to the Universal Declaration of Human Rights. UNESCO Courier, pp. 29–32. En RHONDA L. CALLAWAY JULIE HARRELSON-STEPHENS. Exploring. International Human Rights: Essential Readings. Lynne Rienner Publishers. EE.UU., 2007. p. 6-14.
[11] Así puede advertirse de los artículos 3 a 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, contenidos en el Capitulo II de la Convención, en especial referencia a los derechos civiles y políticos.
[12] Cfr. MUJICA, Javier. Los derechos económicos, sociales y culturales en el sistema interamericano de los derechos humanos. Materiales Segundo Curso Internacional de Especialización. Jurisdicción, Democracia y Derechos Humanos. Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima. 2012.
[13] Podemos advertir que solo el artículo 26 de la Convención hace referencia a los derechos de segunda generación. Su contenido es el siguiente:
DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES. Artículo 26. Desarrollo progresivo
[14] STC 2835-2010-PA/TC. Caso Empresa Pesquera San Fermín S.A.
40. (…) la igualdad, además de ser un derecho fundamental, es también un principio rector de la organización del Estado Social y Democrático de Derecho y de la actuación de los poderes públicos. Como tal, comporta que no toda desigualdad constituye necesariamente una discriminación, pues no se proscribe todo tipo de diferencia de trato en el ejercicio de los derechos fundamentales; la igualdad solamente será vulnerada cuando el trato desigual carezca de una justificación objetiva y razonable (Álvarez Conde, Enrique. Curso de derecho constitucional. Vol I. Madrid, Tecnos, 4.° edición, 2003. pp. 324-325). La aplicación, pues, del principio de igualdad no excluye el tratamiento desigual; por ello, no se vulnera dicho principio cuando se establece una diferencia de trato, siempre que se realice sobre bases objetivas y razonables.
[15] MEDINA GUERRERO, Manuel. La vinculación negativa del legislador a los derechos fundamentales. Madrid: McGraw-Hill, 1996, p. 41
[16] STC 0611-2009-PA/TC. Caso Jorge Linares Bustamante (Biblias y crucifijos)
22. Igualdad (…) no significa uniformidad. Por ello, a efectos de determinar si en un caso concreto se está frente a una quiebra del derecho-principio de no discriminación o de igualdad religiosa, habrá que, en primer término, determinar si se está frente a un trato desigual con base en justificaciones objetivas y razonables; o si se trata de un trato desigual arbitrario, caprichoso e injustificado y, por tanto, discriminatorio.
[17] ALEXY, Robert. Epílogo a la Teoría de los derechos fundamentales. Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España, Madrid, 2004, p. 60.
[18] Código Procesal Constitucional. Artículo II.- Fines de los Procesos Constitucionales
[19] Vigente desde el paradigmático caso Marbury vs Madison (1803). Caso 5 US 137. Fallo del Juez John Marshall del 24 de febrero de 1803.
[20] Lo que la doctrina alemana ha venido en denominar Drittwirkung O Drittwirkung der Grundrechte. Una definición aproximada sería Eficacia ante terceros de los derechos fundamentales”
39. Constitucionalmente, el derecho a la igualdad tiene dos facetas: igualdad ante la ley e igualdad en la ley. La primera de ellas quiere decir que la norma debe ser aplicable, por igual, a todos los que se encuentren en la situación descrita en el supuesto de la norma; mientras que la segunda implica que un mismo órgano no puede modificar arbitrariamente el sentido de sus decisiones en casos sustancialmente iguales, y que cuando el órgano en cuestión considere que debe apartarse de sus precedentes, tiene que ofrecer para ello una fundamentación suficiente y razonable[Hernández Martínez, María. «El principio de igualdad en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional español (como valor y como principio en la aplicación jurisdiccional de la ley)». En Boletín Mexicano de Derecho Comparado, N.° 81, Año XXVII, Nueva Serie, setiembre-diciembre, 1994. pp. 700-701].
[22] STC 2835-2010-PA/TC. Caso Empresa Pesquera San Fermín S.A.
41. Estas precisiones deben complementarse con el adecuado discernimiento entre dos categorías jurídico-constitucionales, a saber, diferenciación y discriminación. En principio, debe precisarse que la diferenciación está constitucionalmente admitida, atendiendo a que no todo trato desigual es discriminatorio; es decir, se estará frente a una diferenciación cuando el trato desigual se funde en causas objetivas y razonables. Por el contrario, cuando esa desigualdad de trato no sea ni razonable ni proporcional, estaremos frente a una discriminación y, por tanto, frente a una desigualdad de trato constitucionalmente intolerable.
[23] STC 0606-2004-AA/TC. Caso Víctor Otoya Petit.
11. (…) Tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, pues, no se traduce en el derecho a ser objeto del mismo trato, con independencia del contexto o las circunstancias en las que un sujeto se encuentre, sino a que se realice un tratamiento diferenciado si es que dos sujetos no se encuentran en una situación igual. Por tanto, el problema es determinar qué tratos diferenciados son constitucionalmente admisibles, lo que deberá de analizarse en cada caso concreto conforme al test de razonabilidad y proporcionalidad.
[24] ALEXY, Robert. Teoría de los derechos fundamentales. P. 395 y sgtes. Trad de E. Garzón. CEC Madrid. 1993. p. 435 y ss. En PRIETO SANCHIS, Luis. Los derechos sociales y el principio de igualdad sustancial. Publicado en Revista del Centro de Estudios Constitucionales. / 22 (setiembre- diciembre 1995) /p. 26.
[25] STC 045-2004-AI/TC. Caso PROFA. F.J. 33-41
[26] PRIETO SANCHIS, Luis. Los derechos sociales y el principio de igualdad sustancial. Publicado en Revista del Centro de Estudios Constitucionales. / 22 (setiembre- diciembre 1995) /p. 24.
[27] La vigencia alude un control de legalidad, es un control estático que se circunscribe a que la norma haya cumplido un proceso regular es su formulación, votación, publicación y entrada en rigor.
[28] La validez exige per se una compatibilidad con la Constitución. Aquí aludimos a un control dinámico o de legitimidad en tanto no basta la vigencia de la norma sino su validez respecto de la Carta Fundamental.
[29] STC 045-2004-AI/TC. Caso PROFA. F.J. 6
[30] STC 045-2004-AI/TC. Caso PROFA.
7. (…) El fin del tratamiento diferenciado comprende dos aspectos que deben ser distinguidos: objetivo y fin. El objetivo es el estado de cosas o situación jurídica que el legislador pretende conformar a través del tratamiento diferenciado. La finalidad o fin viene a ser el derecho, principio o bien jurídico cuya realización u optimización se logra con la conformación del objetivo.
[31] STC 045-2004-AI/TC. Caso PROFA.
[32] STC 045-2004-AI/TC. Caso PROFA.
8. (…) La idoneidad consiste en la relación de causalidad, de medio a fin, entre el medio adoptado, a través de la intervención legislativa, y el fin propuesto por el legislador. (…)Tratándose del análisis de una intervención en la prohibición de discriminación, el análisis consistirá en examinar si el tratamiento diferenciado adoptado por el legislador conduce a la consecución de un fin constitucional. En caso de que el tratamiento diferenciado no sea idóneo, será inconstitucional.
[33] STC 045-2004-AI/TC. Caso PROFA.
[34] ALEXY, Robert. Op cit.
[35] Habeas corpus, amparo, habeas data y cumplimiento.
[36] Inconstitucionalidad y competencial.
[37] STC 2835-2010-PA/TC. Caso Empresa Pesquera San Fermín S.A.
[38] BERNAL PULIDO, Carlos. El juicio de igualdad en la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana. p. 12. Disponible en http://190.41.250.173/rij/bases/nodiscriminacion/BERNAL.PDF. Fuente visitada con fecha 17 de agosto de 2012.
[39] ARISTÓTELES. Política. Ed. de J. Marías y M. Araujo. CEC. Madrid, 1983. p. 83. En PRIETO SANCHIS, Luis. Los derechos sociales y el principio de igualdad sustancial. Publicado en Revista del Centro de Estudios Constitucionales. / 22 (setiembre- diciembre 1995) /p. 23.
[40] GARCIA FIGUEROA, Alfonso. La argumentación en el Derecho. Algunas cuestiones fundamentales. Palestra Editores- Lima, 2003. p. 68.
[41] ZAGREBELSKY, Gustavo. Principios y votos. El Tribunal Constitucional y la política. Editorial Trotta. Madrid, 2008. pp. 33-41.
[42] ATIENZA RODRIGUEZ, Manuel. Las Razones del Derecho. Palestra Editores. Lima 2004. p. 18.
[43] En expresión similar, Evan Hughes decía “Nos regimos por una Constitución, pero la Constitución es lo que los jueces dicen que es”. PUSEY, Merlo En Charles Evans Hughes, Volume One. The Macmillan Company, New York, 1952. p. 204-205.
[44] STC 045-2004-AI/TC. Caso PROFA. F.J. 33-41
[45] El curso PROFA o del Programa de Formación de Aspirantes consiste en una preparación semi presencial con una duración aproximada de 9 meses. Las disciplinas más importantes del Derecho, vinculadas a la función en la magistratura, son objeto de objeto de un intenso programa de preparación en el objetivo de formar a los aspirantes en el ejercicio de las funciones judiciales y fiscales.
[46] STC 0607-2009-PA/TC. Caso John Lojas.
14. (…) no es de recibo el argumento según el cual la medida adoptada por la Universidad puede llegar a proteger de modo intenso la libertad empresarial, en tanto la continuidad del estudiante sin la contraprestación debida fomenta una cultura del “no pago” y deja en indefensión a la Universidad respecto al cobro de la deuda; y ello porque lo único que se está solicitando y que este Tribunal está evaluando es si el estudiante puede continuar estudiando y rindiendo sus exámenes de cara a superar el ciclo de estudios en curso. En dicha línea, la admisión de la permanencia del estudiante moroso durante el ciclo no supone el incumplimiento indefinido de su obligación contractual, sino sólo lo circunscribe a lo que dure el ciclo de estudios con el objeto de proteger la continuidad del servicio educativo.
[47] STC 002-2010-PI/TC. Caso CAS, más de 5,000 ciudadanos contra el Decreto Legislativo N. º 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios.
[48] STC 002-2010-PI/TC. Caso CAS.
33. (…) se propuso realizar un análisis bajo los presupuestos del principio-derecho de igualdad; sin embargo, considera el Tribunal Constitucional que ello no es posible, dado que no nos encontramos frente a regímenes o sistemas laborales que tengan la misma naturaleza o características, pues el acceso a ellos, es de diferente naturaleza –como se ha sido advertido precedentemente–, lo que justifica un trato diferenciado, no siendo por ello necesario, para criterio de este Colegiado, que se aplique el test de igualdad.
No escapa a este Colegiado, además, que de aceptarse dicha propuesta, se permitiría que quienes no forman parte de la carrera pública ingresen a ella, sin que se verifique la existencia de una plaza presupuestada vacante, sino que además, lo harían en un régimen laboral que incluso probablemente no sea el aplicable en la entidad en que se labora, pues como ocurre en muchas de ellas, el régimen laboral aplicable es el previsto en el Decreto Legislativo N. º 276.
[49] Sentencia PJ 0719-2010. Segunda Sala Laboral de Lima. Caso Nelly Crispín. Aplicación control difuso Contratos Administrativos de Servicios CAS.
La parte relevante de dicho fallo señala:
26. En consecuencia, no habiendo superado el quinto paso del Test de Igualdad, el Decreto Legislativo N° 1057 vulnera el principio derecho de igualdad. En efecto, la disposición cuestionada viola el derecho a la igualdad de oportunidades en la relación laboral de aquellos prestadores de servicio bajo el régimen del Contrato Administrativo de Servicios (CAS) en relación a los demás trabajadores lo cual además afecta el principio Protector contemplado en el artículo 23 de la Constitución Política que establece, en su tercer párrafo, que: “Ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador.”(sic.).
[50] ATIENZA RODRIGUEZ, Manuel. Los límites de la interpretación constitucional. De nuevo sobre los casos trágicos. ISONOMIA No. 6. Abril 1997. pp. 8-16.
[51] En la construcción que proponemos, la consistencia implica ausencia de contradicción; la coherencia, la adhesión a determinados valores; y la prevalencia exige triunfar sobre el argumento contrario.
[52] Sentencia PJ 01890-2009-0-1001. Tercer Juzgado Civil del Cusco. Caso Edwin Béjar.
[53] Sentencia PJ 01890-2009-0-1001. Tercer Juzgado Civil del Cusco. Caso Edwin Béjar. Fallo de fecha 06 de noviembre de 2009.
[54] Sentencia PJ 2009-01890. Primera Sala Civil del Cusco. Caso Béjar. Proceso de amparo. Fallo de fecha 05 de febrero de 2010.
La parte resolutiva del fallo señalaba:
CONFIRMARON la Resolución No. 26 (fojas 692), que contiene la SENTENCIA de fecha 06 de noviembre del 2009 que declara FUNDADA la demanda; en consecuencia, NULO el acuerdo adoptado en la Sesión Plenaria Ordinaria del CNM del 15 de julio del 2009(…)DISPUSIERON que el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), habilite fecha y hora para que el demandante Edwin Romel BEJAR ROJAS, en calidad de postulante del Concurso Público de selección y nombramiento de Jueces y Fiscales, materia de la Convocatoria descentralizada No. 002-2009-CNM, rinda su examen escrito; y de aprobar el mismo, continúe con las demás etapas del concurso, con las consecuencias respectivas de dicha convocatoria.
[55] Sentencia PJ 007-01656-0-2001. Primera Sala Civil de Piura. Caso Mariana Abad Calderón. Sentencia de fecha 22 de febrero de 2008.
CONFIRMARON la sentencia (…) que resuelve declarar fundada la demanda interpuesta por Manuel Eugenio Abad Santur (…) en representación de su menor hija Mariana del Pilar Abad Calderón sobre amparo de sus derechos constitucionales a la igualdad, a no ser discriminada por razones de sexo ni por su condición de madre gestante, al respeto de su dignidad como persona humana, a formar una familia, al desarrollo personal, a la educación y al trabajo, contra el Ministerio del Interior y el Director de la Escuela de Suboficiales de la Policía Nacional- La Unión; en consecuencia, se ordena a los demandados cumplan con reincorporar a la demandante (…) en su condición de estudiante de la Escuela Superior Técnica PNP La Unión en el nivel de formación académica (en) que se encontraba al momento de producirse el hecho violatorio(…)
[56] Según la Comisión de la Verdad, en el Perú se produjeron 69280 muertes a raíz del terrorismo entre los años 1980 y 2000. Información disponible en http://www.cverdad.org.pe/ifinal/pdf/Tomo%20-%20ANEXOS/ANEXO%202.pdf. Fuente visitada con fecha 15 de agosto de 2012.
[57] Sentencia de fecha 20 de junio de 2012. Tribunal Constitucional español.
[58] Bajo el argumento de que SORTU representaba un movimiento legalizador de la prohibida BATASUNA. 9 magistrados del Supremo Tribunal se habían expresado en ese sentido.
[59] FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DELA NACIÓN ESPAÑOLA.
la Igualdad no merece alternativas de justificación.
por Carlos Freundt de la Puente 23 marzo, 2013 at 12:13