Source: https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/documento/55700
Timestamp: 2019-12-09 22:28:53
Document Index: 153508023

Matched Legal Cases: ['artículo 71', 'artículo 55', 'artículo 4', 'artículo 65', 'artículo 65', 'Artículo 38']

Gaceta: LXII/3SPR-10/55700
La iniciativa propone que sea responsabilidad de las autoridades educativas canalizar con la autoridad correspondiente a los padres de familia o tutores que hayan realizado la inscripción de sus hijos o pupilos sin acta de nacimiento o documento legal equivalente, a fin de que éstos obtengan su registro y cumplan las disposiciones de la Ley General de Población que les correspondan.
De la misma manera, pretende que la educación básica, en sus tres niveles, tenga las adaptaciones requeridas para responder a las características lingüísticas y culturales de cada uno de los grupos indígenas del país, así como de la población rural dispersa, grupos migratorios y población en situación de pobreza y marginación.
Pretende que al tratarse de menores de edad sin acta de nacimiento o documento legal equivalente, las adaptaciones necesarias para su ingreso en la educación básica se llevarán a cabo de manera coordinada con las autoridades correspondientes.
La que suscribe, MÓNICA T. ARRIOLA GORDILLO, Senadora de la República de la LXII legislatura, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía, la siguiente INCIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 22, 38 Y 65 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN.
La identidad no es sólo uno más de los elementos que conforman la esencia del ser humano como tal, sino aquel que representa la individualidad de cada uno y la potencialidad de desarrollarnos como personas y como parte de un grupo social, de aprovechar todas las capacidades y aptitudes naturales y adquiridas, así como gozar y ejercer las libertades y los derechos que el orden jurídico nos reconoce u otorga.
El Estado, como organización política y jurídica de una sociedad, tiene como fines supremos realizar el bien común, y para ello, debe asegurar a su componente humano los medios necesarios para contar con una identidad particular y su constatación con carácter oficial, así como proveer los mecanismos institucionales y normativos que operen el servicio público de registro y certificación de la existencia de una persona, y las variaciones a su estado civil.
La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, al igual que otros pactos y tratados internacionales de derechos humanos, resalta el derecho a la identidad, al nombre y a la nacionalidad como el umbral para garantizar la realización de todos los demás derechos. El registro de nacimiento constituye un portal de derechos cuando es universal, gratuito y oportuno entendiéndose por ello:
Universal: El registro universal da cobertura y visibilidad a todos los niños y niñas en el territorio de un país, independientemente de su origen étnico, condición económica o ubicación geográfica.
Gratuito: La gratuidad del registro de nacimiento es un mecanismo para conseguir la universalidad y oportunidad. Consiste en que el Estado no cobre tarifas “oficiales” ni “extra oficiales” por servicios de inscripción de nacimiento de tal manera que no agregue otra limitante más para las personas viviendo en la pobreza o extrema pobreza. Esta gratuidad puede, en algunos casos, limitarse a los sectores excluidos para que el Estado pueda continuar recibiendo el aporte de las personas que tienen la capacidad económica de contribuir.
Oportuno: El registro oportuno es inmediato al nacimiento. El acto de inscribir el nacimiento deberá efectuarse inmediatamente después del alumbramiento ya que esto no sólo asegura el derecho del niño a su identidad, nombre y nacionalidad, sino también contribuye a garantizar la actualización y exactitud de las estadísticas nacionales.
La reforma constitucional al artículo 4 de nuestra Carta Magna,a través de la cual se incorpora el mandato de que todo recién nacido tenga reconocida su personalidad y sea registrado de forma inmediata, nos pone sobre aviso de una realidad con frecuencia ignorada por los gobiernos de las distintas entidades federativas, pero que nos debería preocupar mucho: en México una cantidad importante de niños no son registrados a los pocos días de nacer y muchos de ellos no son registrados nunca.
Se trata de una niñez inexistente (desde un punto de vista jurídico, como es obvio), que a raíz de una omisión de los padres va a enfrentar graves problemas más adelante en su vida, cuando le pidan para casi cualquier tipo de trámite su acta de nacimiento y no la pueda presentar.
En 168 municipios del país menos del 50% de los niños son registrados. El promedio de registros al nacer en Chiapas es del 61% y en Oaxaca del 70%, según datos de UNICEF. Incluso hay 31 municipios en los que menos del 25% de los niños son registrados. A nivel nacional se estima que un 6.6% de los niños no son registrados.
Se podría pensar que se trata de un fenómeno que está limitado a los estados más pobres del país, pero lo cierto es que se presentan tasas inusuales de no registro de infantes en municipios de estados como Campeche, Chihuahua, Jalisco, Morelos y Yucatán, por señalar algunos.
La reforma mencionada y la situación de millones de niños y niñas sin identidad jurídica, nos recuerda la importancia de registrar oportunamente a los niños, pues sólo de esa forma podremos asegurarles no solamente una identidad jurídica propia (al asignarles el nombre que los acompañará por el resto de su vida), sino también para poder proteger mejor sus derechos.
A partir de que cada persona nacida en México cuente con un acta de nacimiento podrá hacer muchas cosas más que le resultarán importantes más adelante, como por ejemplo inscribirse en una escuela, obtener la credencial para votar expedida ahora por el nuevo INE, tramitar su pasaporte, inscribirse en el IMSS, etcétera.
En el Distrito Federal incluso ya se permite que, al momento de registrar a un recién nacido, los padres decidan el orden en el que irán sus apellidos. De esa forma se termina con la prelación a favor del apellido paterno. Se trata de una medida que tiende a generar mayor igualdad entre hombres y mujeres y que, sensatamente, les da libertad a los padres para tomar una decisión que solamente a ellos les corresponde, no al Estado. No se trata de algo que sea inusual entre los países más desarrollados del mundo. Ojalá pronto se pueda aplicar también en otras entidades federativas del país.
Pero más importante que el orden de los apellidos es que los niños, todos nuestros niños, sean oportunamente registrados. Es lo que se espera lograr, a partir del nuevo mandato constitucional que ya forma parte de nuestro sistema jurídico. Sin embargo, el problema inmediato y vigente es, qué hacer con los millones de niños y niñas ya en edad escolar que no tienen acceso a un acta de nacimiento al no haber sido registradas.
De acuerdo con un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en México 10.8 por ciento de la población carece de acta de nacimiento y por ese motivo no puede ejercer derechos básicos, como acceder a programas sociales, tener cuentas bancarias o tramitar la credencial de elector; están en una especie de limbo jurídico.
Esa población invisible está integrada sobre todo por niños, niñas y adultos mayores de zonas indígenas y rurales –aunque también existe en grandes ciudades–, y son blanco fácil de la delincuencia organizada por su virtual inexistencia legal.
Como ya se mencionó, a pesar de que la UNAM calcula en 10.8 por ciento la cantidad de personas sin registro en México –con base en datos del Censo de Población y Vivienda 2010–; organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo, estiman que la cifra podría ser de hasta 14.2 por ciento.
Los estados con menor nivel de cobertura, según la organización “Be Foundation”, son Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Morelos y Michoacán. Y las que tienen registros más completos, Aguascalientes, Yucatán y Querétaro.
Aunque no hay datos totalmente confiables, se calcula que de 2.5 millones de nacimientos anuales en el país, unos 600 mil nunca son registrados, y como ya se mencionó las consecuencias de carecer de acta de nacimiento, son que los individuos no tienen personalidad jurídica, no pueden registrarse en ningún programa social, ir a la escuela, vacunarse, casarse legalmente, poseer tierra, abrir una cuenta bancaria o ejercer su derecho al voto, entre otras.
De acuerdo con Be Foundation, las principales causas de la falta de registro son económicas, culturales y geográficas, pero también tramitológicas, pues si una familia no registra a un niño en seis meses, debe pagar multas que van de 600 a 800 pesos y trasladarse a la cabecera municipal para obtener constancias de inexistencia de registro. Ese burocratismo implica costos invisibles que terminan por disuadir a los padres de obtener el acta de nacimiento de los hijos.
Ante este escenario, es oportuno abrir alternativas al registro y opciones para quienes carecen de un acta de nacimiento, y como una de las vías para erradicar este fenómeno, está la cobertura y alcance del sistema educativo.
Al inicio del ciclo escolar 2013-2014, 1 201 517 docentes enseñaban en 228 205 escuelas de educación básica atendiendo a 25 939 193 alumnos, mientras que 273 939 profesores laboraban en14 375 planteles de educación media superior.
Ante esta infraestructura, se presentan año con año miles de niñas y niños, que carecen de un acta de nacimiento y son rechazados hasta cumplir con el requisito, éste fenómeno además de negarles el derecho a la educación, no les brinda una oportunidad para cumplimentarlo, y ese es el objetivo de la presente iniciativa, que capitalice la capacidad y alcance del sistema educativo para orientar y apoyar a los padres de familia en el registro de sus hijos y en no rechazar a quienes carecen de este documento, por el contrario que se constituya en un factor para que no haya niños y niñas sin acta de nacimiento.
Dotar de acta de nacimiento a quienes no cuentan con ella es una tarea tan complicada como identificar quiénes y cuántos son. Tarea aún mayor resulta que sin ella puedan ejercer sus derechos fundamentales, o acceder a programas de apoyo a la situación de pobreza y marginación en que se encuentran.
Diversas instituciones, desarrollan iniciativas y acciones para calcular el nivel de subregistro de niños en términos de actas de nacimiento, y atender o establecer una estrategia seria para que todos los mexicanos y mexicanas tengan un acta de nacimiento, sin embargo, la tarea puede llevar años y los primeros resultados pueden no abarcar a toda la población en esa situación.
En la actualidad, existe una oficina de registro civil a nivel nacional por cada 22 mil habitantes. Si bien en la última década el aumento de oficialías es notorio y su distribución a lo largo y ancho del territorio nacional cubre actualmente a todos los municipios del ámbito rural, derivado de la concentración poblacional, aún existen diferencias importantes entre áreas urbanas y rurales.
Por ejemplo, una oficina del registro civil en un área urbana en promedio atiende a 43 mil habitantes, mientras que en el ámbito mixto y rural, se atienden en promedio 10 mil personas. Al desglosar los datos por entidad federativa, el Distrito Federal y Baja California atienden en su totalidad una población urbana; las oficinas del registro civil de estas entidades registraron en 2010 un promedio de 2,320 y 2,182 nacimientos, respectivamente. Este acceso refleja una cobertura oportuna de 97.7% en la inscripción de los nacimientos en el ámbito urbano.
Por desgracia y pese a este enorme esfuerzo, cuyos avances se vislumbran positivos, se suma en sentido negativo una variable más: el caso de los hijos de migrantes mexicanos que retornan al país.
Este grupo poblacional cuenta en la mayoría de los casos con la nacionalidad del país al que migraron sus padres. Sin embargo, por circunstancias económicas o legales, retornan al país familias enteras con niños y jóvenes que por carecer de acta de nacimiento se ven impedidos para ejercer su derecho a la educación.
La Ley General de Educación señala a los padres de familia o tutores como los únicos agentes que permiten hacer válido el derecho a la educación que tienen los niños y jóvenes mexicanos:
Ello evidencia que ejercer este derecho podría ser una posibilidad en tanto exista la figura de padre o tutor. Adicionalmente, entre los requisitos de ingreso en la educación básica, que son emitidos por cada uno de los gobierno de los estados, el común denominador, además del cumplimiento de la edad establecida para cada nivel, se encuentra la entrega de:
• Acta de nacimiento en original y fotocopia; y
• Solicitud de preinscripción (formato acorde con el nivel por cursar).
Ni la ley ni la mayoría de los gobiernos estatales considera a quienes no cuentan con el acta de nacimiento, con lo que se pone una barrera a la entrada de millones de niños y de jóvenes del país para ejercer su derecho a la educación.
Con base en lo expuesto, pongo a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa a través de la cual se le otorga al sistema educativo la posibilidad de incidir a erradicar el fenómeno de las personas sin acta de nacimiento, además de impedir que la carencia de acta de nacimiento se constituya como un obstáculo para acceder al derecho a la educación.
Al adquirir un nombre y una nacionalidad, cada niña y cada niño se incorpora como sujeto de derecho en el marco jurídico del Estado mexicano, lo cual a su vez allana la posibilidad para su acceso al conjunto de derechos humanos reconocidos en nuestra Carta Magna y en los instrumentos internacionales ratificados por nuestro país.
La premisa, debe ser que nadie se quede sin identidad en México, por lo anterior y con base en las consideraciones expuestas, pongo a consideración de esta soberanía la siguiente:
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican los artículos 22 y 38, y se adiciona un párrafo a la fracción I del artículo 65 de la Ley General de Educación.
Artículo Único. Se modifican los artículos 22 y 38, y se adiciona un párrafo a la fracción I del artículo 65 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:
Será responsabilidad de las autoridades educativas canalizar con la autoridad correspondiente a los padres de familia o tutores que hayan realizado la inscripción de sus hijos o pupilos sin acta de nacimiento o documento legal equivalente, a fin de que éstos obtengan su registro y cumplan las disposiciones de la Ley General de Población que les correspondan.
Artículo 38. La educación básica, en sus tres niveles, tendrá las adaptaciones requeridas para responder a las características lingüísticas y culturales de cada uno de los grupos indígenas del país, así como de la población rural dispersa, grupos migratorios, y población en situación de pobreza y marginación.
Tratándose de menores de edad sin acta de nacimiento o documento legal equivalente, las adaptaciones necesarias para su ingreso en la educación básica se llevarán a cabo de manera coordinada con las autoridades correspondientes.
A fin de garantizar el derecho a la educación conferido a los individuos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, podrán exigir a las escuelas la inscripción de sus hijos o pupilos menores de edad sin el acta de nacimiento o el documento legal equivalente, comprometiéndose a realizar el trámite con las autoridades correspondientes en un periodo no mayor de un ciclo escolar.
Dado en la sede de la Comisión Permanente, el 24 de junio de 2015