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Timestamp: 2019-12-06 17:42:08
Document Index: 205272494

Matched Legal Cases: ['artículo 97', 'artículo 90', 'artículo 10', 'artículo 12', 'artículo 42', 'artículo 42', 'artículo 53']

BOCG. Congreso de los Diputados, serie A, núm. 21-10, de 19/10/2001
Serie A: 19 de octubre de 2001 Núm. 21-10 PROYECTOS DE LEY
121/000021 Mediante mensaje motivado al Proyecto de Ley Orgánica reguladora del Derecho de Petición.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, de las Enmiendas del Senado al Proyecto de ley Orgánica reguladora del Derecho de Petición, acompañadas de mensaje motivado (núm. expte. 121/000021).
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de octubre de 2001.-P. D.
El Senado, de conformidad con el artículo 90.2 de la Constitución, ha introducido diversas enmiendas al Proyecto de Ley Orgánica reguladora del Derecho de Petición, en los términos que se indican a continuación:
En la exposición de motivos, párrafo undécimo, penúltima línea, se ha cambiado, por razones gamaticales, la preposición «en», de la frase: «... se opta por un tratamiento amplio... así como en la posibilidad de elegir lugares...», por la preposición «por»; de modo que la oración dice: «... se opta por un tratamiento amplio... así como por la posibilidad de elegir lugares...».
En el artículo 10, apartado 1, se ha incorporado la enmienda n.º 6 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, que sustituye, como mejora técnica, la frase «..., comunicándose así al peticionario...», por «... y lo comunicará así al peticionario...».
En la Disposición Adicional Primera, apartado 1: Por enmienda presentada por los siete grupos parlamentarios del Senado, se ha introducido una modificación consistente en cambiar la frase «en el artículo 12 de esta Ley Orgánica» por «en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional»; toda vez que era manifiestamente necesario acomodar el régimen parlamentario de garantías al sistema de recurso directo de amparo ante el Tribunal Constitucional, previsto en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.
En la Disposición Adicional Primera, apartado 2: Se ha incorporado la enmienda n.º 8 del Grupo Parlamentario en el Senado de Convergència i Unió consistente en sustituir «... iniciativa legislativa popular haya resultado inválida...» por «... iniciativa legislativa popular haya resultado inadmitida...».
PROYECTO DE LEY ORGÁNICA REGULADORA DEL DERECHO DE PETICIÓN
Desde luego, históricamente no lo ha sido. Y en el momento actual entronca de manera adecuada con las tendencias mayoritarias que proclaman una mayor participación de los ciudadanos, y de los grupos en que se integran, en la cosa pública, una mayor implicación en las estructuras institucionales sobre las que se asienta nuestro Estado social y democrático de derecho.
La delimitación del ámbito subjetivo de titulares del derecho de petición se realiza extensivamente, entendiendo que abarca a cualquier persona natural o jurídica prescindiendo de su nacionalidad, como cauce de expresión en defensa de los intereses legítimos y como participación ciudadana en las tareas públicas, pudiendo ejercerse tanto individual como colectivamente. Tan sólo se establece la limitación que para los miembros de las Fuerzas o Institutos armados, o de los Cuerpos sometidos a disciplina militar, se deriva directamente de la Constitución, y determina que aquéllos sólo pueden
ejercer el derecho individualmente y con arreglo a lo dispuesto en su legislación específica.
La regulación del ejercicio del derecho de petición debe caracterizarse por su sencillez y antiformalismo. Aunque se trata de un derecho que se ejercita siempre por escrito, se permite la utilización de cualquier medio -con especial atención al impulso de los de carácter electrónico-, siempre que resulte acreditada la declaración de voluntad. En cualquier caso, el principio antiformalista obliga a establecer los requisitos mínimos imprescindibles para su ejercicio; además en la línea iniciada por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se opta por un tratamiento amplio en el uso de las lenguas cooficiales en aquellas Comunidades Autónomas donde están estatutariamente reconocidas, así como en la posibilidad de elegir lugares para su ejercicio o presentación.
En todo caso, existe una vocación definida hacia la efectiva satisfacción del derecho que se manifiesta tanto en la regulación de los problemas de competencia de la institución o autoridad que deben resolverla,
como en el régimen de protección jurisdiccional del derecho que, como no puede ser de otra forma, tratándose de un derecho fundamental, goza del tratamiento que se deriva del artículo 53.2 de la Constitución.
1. Las peticiones se formularán por escrito, pudiendo utilizarse cualquier medio, incluso de carácter electrónico, que permita acreditar su autenticidad, e incluirán necesariamente la identidad del solicitante, la nacionalidad si la tuviere, el lugar o el medio elegido
para la práctica de notificaciones, el objeto y el destinatario de la petición.
1. Recibido el escrito de petición, la Autoridad u órgano al que se dirija procederá a comprobar su adecuación a los requisitos previstos por la presente Ley, previas las diligencias, comprobaciones y asesoramientos que estime pertinentes. Como resultado de tal apreciación
deberá declararse su inadmisión o tramitarse la petición correspondiente.