Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-t-483-de-septiembre-1-de-2016?documento=jurcol&contexto=jurcol_9bb0bec7114e42509baec59e15ac80fe&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-09-21 04:55:25
Document Index: 335447241

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 390', 'ARTÍCULO 368', 'artículo 86', 'artículo 15', 'artículo 15', 'artículo 187', 'artículo 300', 'artículo 25']

﻿ SENTENCIA T-483 DE SEPTIEMBRE 1 DE 2016
SENTENCIA T-483 DE 01 DE SEPTIEMBRE DE 2016
CONTENIDO:PROCEDIMIENTOS EXISTEN PARA ACCIONAR CONTRA UN VECINO QUE PERTURBA LA POSESIÓN. SE EMPIEZA, ADVIRTIENDO QUE LA ACCIÓN DE TUTELA NO ES EL MEDIO IDÓNEO PARA BUSCAR LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS PRESUNTAMENTE VULNERADOS, A MENOS QUE EXISTA SUBORDINACIÓN O SE DEMUESTRE LA INDEFENSIÓN DEL ACCIONANTE. SE PRECISAN LOS DOS CAMINOS EXISTENTES PARA UN INDIVIDUO AFECTADO POR LA CONDUCTA DE SUS VECINOS CUANDO NO LE ES POSIBLE ACUDIR, EN PRIMERA INSTANCIA, ANTE EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN O CUALQUIER OTRO ÓRGANO DE DIRECCIÓN O CONTROL DE LA PERSONA JURÍDICA POR SER INOPERANTE O BIEN ANTE LAS AUTORIDADES DE POLICÍA, POR DECISIÓN PROPIA O POR NO HALLAR SATISFECHAS SUS PETICIONES. PRECISAMENTE, SE ENLISTAN LAS DOS POSIBILIDADES DE LA SIGUIENTE FORMA: I) LA VÍA DEL PROCESO VERBAL SUMARIO, EN LOS TÉRMINOS PREVISTOS POR EL NUMERAL 1º DEL ARTÍCULO 390 DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO Y II) LA VÍA DEL PROCESO VERBAL, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 368 DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE TUTELA, PROPIEDAD HORIZONTAL, PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA, POSESIÓN, PROCESO VERBAL SUMARIO, PROCESO VERBAL, PERTURBACIÓN DE LA POSESIÓN, CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO
Sentencia T-483 de septiembre 1º de 2016
La parte accionada en la presente acción de tutela, mediante escrito radicado el 13 de junio de 2016 ante la Secretaría General de esta Corporación, manifestó que “solicitamos que en cumplimiento de las sentencias que reposan en el expediente y la adición de la sentencia de segunda instancia en contra de los aquí accionantes, que con éste escrito se adjunta, se protejan nuestras imágenes del público en general y de los aquí accionantes en particular, evitando que sean reproducidas por estos y aquellos”(1). Como fundamento de su solicitud señalan que los accionantes, en abierto incumplimiento de las órdenes dadas por jueces constitucionales, aportaron a este expediente imágenes personales que fueron tomadas sin su autorización y que adicionalmente fueron utilizadas de modo irregular, por haber sido allegadas a esta acción de tutela, lo que en su opinión constituye un acto de revictimización.
1. Hechos generales y de contexto.
1.2. De conformidad con lo dispuesto por la Escritura Pública 1156 del 31 de agosto de 1971, otorgada por la Notaría Tercera de Cartagena, el inmueble fue sometido al Régimen de Propiedad Horizontal en los términos de la Ley 182 de 1948 y del Decreto 1335 de 1959, de modo tal que fueron establecidos “dos apartamentos completamente independientes entre sí”, uno en la planta baja (actualmente habitado por la accionada Natalia Pérez Flórez), y otro en la planta alta de la edificación (actualmente habitado por los accionantes Luis Eduardo Morales López y María Paula Morales Villa).
1.5. De esa primera acción conoció el Juzgado Doce Civil Municipal de Cartagena, el que mediante providencia de julio 10 de 2015, amparó los derechos fundamentales de los accionantes Natalia Pérez Flórez y Vincenzo Sannino y Daniel como mecanismo transitorio, ordenándole a los accionados Morales López y Morales Villa, que “retiren y desinstalen las cuatro (4) cámaras de video, incluyendo el cableado y tubería; que en el futuro se abstengan de instalar cámaras de audio o de video que apunten o capten imágenes de la planta baja y que entreguen todas las grabaciones almacenadas en la unidad principal de las cámaras junto con todas las copias que posean”(2).
1.7. El accionante Vincenzo Sannino solicitó dentro del término respectivo, la adición y la aclaración del fallo de segunda instancia, la que le fue concedida mediante providencia de septiembre 18 de 2015, que dispuso “MODIFICAR el numeral SEGUNDO de la sentencia impugnada, en el sentido de que la prohibición ordenada a los accionados de instalar cámaras de seguridad, comprende sólo aquellas con ángulo a las zonas comunes. PREVÉNGASE a los accionados para que en lo sucesivo no capturen, divulguen o reproduzcan imágenes de los accionantes sin su consentimiento”(3).
2. La solicitud de amparo de los accionantes Morales López y Morales Villa y la contestación de los accionados.
2.9. También dijeron que eran hostigados diariamente, “cada segundo”, por el acciónate, su hija, su yerno, su hijo, su cuñado, su empleada doméstica “y demás familiares”, “con la fumigada inmisericorde de toda la colección de vehículos familiares y de amigos y conocidos que inyectan dolosamente gas y exhostos científicamente establecidos como cancerígenos por la Organización Mundial de la Salud”(4).
3. Fallos de tutela sometidos a revisión.
Como argumentos de su decisión el Despacho señaló: Que la parte accionante había incumplido con la carga de la prueba, en el sentido que “en ninguna de ellas aparecen las cámaras de video de seguridad a que hace referencia dicho togado, en donde se demuestre que esas cámaras de seguridad enfocan áreas comunes de la primera y segunda planta del nombrado inmueble, y que por tanto pueda yo, como juez constitucional, considerar que sí se les están violando esos derechos invocados a los Accionantes”(5).
Adicionalmente dijo el Despacho, que las fotografías aportadas por los accionares eran tomadas por ellos mismos, con sus propias cámaras, desde la segunda planta (i), que sus propias filmaciones no podían fundamentar la solicitud de amparo a la intimidad, pues eran ellos mismos los que captaban las imágenes del accionado Daniel, afectando ahí sí, su derecho a la intimidad (ii); que ello es irregular, pues precisamente por la acción de tutela ya tramitada ante los juzgados Doce Civil Municipal y Quinto Civil del Circuito de Cartagena, se les había prohibido tomar imágenes de los hoy accionados, y mucho menos usarlas (iii); que se trata aquí de hechos distintos a los de la primera acción de tutela (iv); que las cámaras colocadas por los accionados son solo para las zonas privadas (v) y que de todo lo considerado “se concluye que los accionantes señores MORALES LÓPEZ y MORALES VILLA, no sólo siguen violando el Derecho a la Intimidad de los Accionados y de su menor hija mencionada, sino también perturbándoles su propiedad privada, el apartamento de éstos, parqueando esa camioneta blanca en la terraza del mentado apartamento (sic), ya que insisten los Accionados en que toda esa área no es zona común, si no de ellos, no de los accionantes”(6).
Así las cosas y comoquiera que la acción de tutela es un mecanismo de naturaleza subsidiaria para la protección de los derechos fundamentales que sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, podemos concluir que LUIS EDUARDO MORALES y MARÍA PAULA MORALES VILLA cuentan con las acciones ordinarias ante las autoridades de policía.”(7)
4. Medios de prueba aportados al expediente de tutela.
4.2. Copia informal de la Escritura Pública 821 de mayo 24 de 1965, otorgada ante la Notaría Primera del Círculo Notarial de Cartagena, por la que se realizó una compraventa del bien inmueble de dos plantas ya señalado.
4.3. Copia informal de la Escritura Pública 1156 de agosto 31 de 1971, otorgada en la Notaría Tercera del Círculo de Cartagena, por la que se elevó a escritura el Reglamento de Propiedad Horizontal de las unidades privadas ya señaladas.
4.9. Copia simple de la Escritura Pública 4871 de diciembre 20 de 2006, otorgada ante la Notaría Tercera de Cartagena, que contiene la compra del inmueble de la primera planta.
4.10. Copia simple de la Escritura Pública 5800 de diciembre 31 de 2008, que contiene la compraventa de nuda propiedad en favor de María Paula Morales Villa y la constitución de un usufructo vitalicio en favor de María Inés Villa de Morales y Luis Eduardo Morales López.
3. La procedencia de la acción de tutela en contra de particulares. Reiteración de jurisprudencia.
3.2. El reconocimiento expreso de la procedencia de la acción de tutela en contra particulares hecho por la Constitución de 1991 es todo un avance, que además ahorró muchas discusiones que eventualmente habrían podido retardar la procedencia de esta clase de amparo, como acontece en otros países de América Latina. En efecto, en otros escenarios ha resultado necesario adelantar intensas discusiones alrededor de la eficacia horizontal de los derechos fundamentales frente a terceros, debiendo construir teorías que fundamenten la procedencia de ese amparo. Como bien se dijo en su momento, “En ese contexto, la Sala Sexta de Revisión señaló en sentencia T-658 de 2011, que el constituyente colombiano resolvió un problema sustancial mediante una norma procedimental. En concepto de la Sala el Constituyente fue más allá: el artículo 86 (inciso final) refleja la decisión inequívoca de vincular directamente a los particulares en la materialización de los derechos fundamentales y de orientar al legislador en la definición de los elementos mínimos para su exigibilidad judicial”(8).
“Por otra parte, la acción de tutela contra particulares procede en las situaciones en que el solicitante se encuentre en estado de indefensión o de subordinación. Al igual que en el caso del servicio público, esta facultad tiene su fundamento jurídico en el derecho de igualdad, toda vez que quien se encuentra en alguna de las situaciones referidas no cuenta con las mismas posibilidades de defensa que otro particular. Por ello, el Estado debe acudir a su protección -en caso de haberse violado un derecho constitucional fundamental-, la cual no es otra cosa que una compensación entre el perjuicio sufrido y el amparo inmediato del derecho. Con todo, también debe advertirse que las situaciones de indefensión o de subordinación deben apreciarse en cada caso en concreto.”(9) (resaltado fuera de texto)
La Corte Constitucional ha precisado que hay estado de indefensión, “Cuando la persona ofendida se encuentra inerme o desamparada, es decir, sin medios físicos o jurídicos de defensa o con medios y elementos insuficientes para resistir o repeler la vulneración del derecho fundamental”(10), tal y como como suele ocurrir con los desplazados, las víctimas del conflicto, los discapacitados, los enfermos, etc. De este modo la jurisprudencia constitucional registra la configuración del estado de indefensión respecto de personas sometidas al poder o la posición de los bancos, las empresas prestadoras de servicios, las multinacionales, los medios de comunicación, las iglesias cristianas, la iglesia católica, los administradores o propietarios de establecimientos de comercio o de sitios de diversión.
3.5. La Sentencia T-136 de 2013 se refirió en su momento al estado de indefensión, al amparar los derechos fundamentales de un ciudadano, ordenándole a una compañía de seguros que efectuara el trámite necesario para pagarle a un Banco el saldo insoluto de una obligación adquirida por un aquel, como tomador y beneficiario de la póliza de seguro de vida grupo deudores. Allí consideró la Corte que “El ciudadano, por su parte, en tanto cliente o usuario del sistema financiero se encuentra, por regla general, en una posición de indefensión ante las entidades del sector”(11), reiterando que la indefensión no se predica en abstracto, sino que implica una situación relacional, en la que una persona no tiene la posibilidad de defenderse adecuadamente de la agresión a sus derechos.
En este mismo fallo la Corte recogió un grupo de criterios simplemente enumerativos, que ejemplifican situaciones de indefensión, que habían sido expuestos en la Sentencia T-277 de 1999, entre los que se cuentan: la falta, ausencia o ineficacia de medios de defensa de carácter legal, material o físico, que le permitan al particular que instaura la acción, contrarrestar los ataques o agravios que, contra sus derechos constitucionales fundamentales, sean inferidos por el particular contra el cual se impetra la acción (i); la imposibilidad del particular de satisfacer una necesidad básica o vital, por la forma irracional, irrazonable y desproporcionada como otro particular activa o pasivamente ejerce una posición o un derecho del que es titular (ii); la existencia de un vínculo afectivo, moral, social o contractual, que facilite la ejecución de acciones u omisiones que resulten lesivas de derechos fundamentales de una de las partes, como acontece en la relación entre padres e hijos, entre cónyuges, entre copropietarios, entre socios, etc. (iii); y el uso de medios o recursos que buscan, a través de la presión social que puede causar su utilización, el que un particular haga o deje de hacer algo en favor de otro, como la publicación de la condición de deudor de una persona por parte de su acreedor en un diario de amplia circulación, o la utilización de personas con determinadas características -chepitos-, para efectuar el cobro de acreencias, etc. (iv)(12).
3.6. En la situación de subordinación el escenario dominante ya no es fáctico, sino jurídico, implicando el sometimiento jurídico de alguien respecto de otro sujeto o de una entidad. La subordinación, ha dicho la Corte(13), implica una relación jurídica de dependencia, que coloca a una parte en desventaja frente a la otra, como acontece con el ciudadano frente a la Administración Pública, con el trabajador respecto de su patrono; con el cliente frente a la entidad financiera; o con el usuario frente a la empresa prestadora de servicios, sea pública o privada.
Dentro de esta comprensión la Corte ha reiterado, que “La subordinación ha sido definida por la doctrina constitucional como la condición de una persona que la hace sujetarse a otra o la hace dependiente de ella y, en esa medida, hace alusión principalmente a una situación derivada de una relación jurídica en virtud de un contrato de trabajo o de las relaciones entre estudiantes y directivas del plantel educativo o de las de los padres e hijos derivada de la patria potestad.”(14)
4. Procedencia de la acción de tutela. El carácter subsidiario de la acción por la existencia de otro medio de defensa.
“La jurisprudencia constitucional ha sido reiterativa en señalar que, en virtud del principio de subsidiariedad de la tutela, los conflictos jurídicos relacionados con los derechos fundamentales deben ser en principio resueltos por las vías ordinarias -jurisdiccionales y administrativas- y sólo ante la ausencia de dichas vías o cuando las mismas no resultan idóneas para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, resulta admisible acudir a la acción de amparo constitucional.”(15)
2. Mecanismos alternos de solución de conflictos. Las partes podrán acudir, para la solución de conflictos, a los mecanismos alternos, de acuerdo con lo establecido en las normas legales que regulan la materia”.
A efecto del análisis, valga reiterar la distinción varias veces dispuesta en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, entre el poder de policía, la función de policía y la actividad de policía, inicialmente presentada por la Corte Suprema de Justicia(16) y recogida en la Sentencia C-024 de 1994, a propósito de problemas relacionados con el derecho a la libertad personal. Allí se dijo que la policía administrativa está vinculada a la limitación y regulación de los derechos y libertades de las personas, con el fin de preservar el orden público, asumiendo diversas formas, como son(17):
4.8. La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha venido precisando los contenidos de cada una de estas modalidades de la policía administrativa. Entre varios pronunciamientos vale resaltar el contenido en la Sentencia C-117 de 2006, en el que la Corporación volvió sobre esas mismas instituciones, desde la noción de orden público. En este sentido puntualizó lo siguiente(18):
4.9. El ejercicio y despliegue de las acciones de policía tales como el amparo a la posesión, corresponden al ejercicio de la función de policía. Así lo puntualizó la Corte en la Sentencia T-302 de 2011 al señalar que “en los procesos de amparo policivo a la posesión o a la mera tenencia de bienes, las autoridades de policía, en cumplimiento de las competencias determinadas por la ley, ejercen función de policía con la finalidad de preservar y mantener el orden público policivo frente a manifestaciones que puedan perturbar el orden y la tranquilidad ciudadana. Orden público que hace referencia a las condiciones necesarias para el desenvolvimiento armónico y pacífico de las relaciones entre los miembros de la sociedad y por ende para la realización de los derechos y el cumplimiento de los deberes”(19).
4.10. Estos dos puntos fueron trabajados específicamente por la Corte Constitucional en la Sentencia C-241 de 2010, a propósito de la demanda que propusiera un ciudadano en contra del artículo 15 de la Ley 57 de 1905, que contiene la figura del lanzamiento por ocupación de hecho, que condujo finalmente a una declaratoria de inhibición bajo el argumento según el cual “si bien el Código Nacional de Policía no derogó expresamente el artículo 15 de la Ley 57 de 1905, si operó una subrogación y modificación de los alcances de la norma, dado que el Decreto ley 1355 de 1970, reguló integralmente la materia a que se refería la disposición acusada, ampliando su objeto a todo tipo de perturbación sobre la posesión y la tenencia y autorizando la defensa del ocupante no sólo a partir de la demostración de la tenencia sino también de la constatación de cualquier otro título que justifique válidamente la ocupación”(20).
“2.4.2.9. Sin embargo, al no existir en el Código Nacional de Policía un procedimiento especial para la acción policiva de perturbación, en el sentido genérico de cobijar tanto las hipótesis del artículo demandado como las del Código Nacional de Policía que, como ya se vio, subsume al primero, es posible aplicar en subsidio el procedimiento establecido para el efecto en los Códigos Departamentales de Policía proferidos en desarrollo de la atribución otorgada bien por el artículo 187 de la Constitución Nacional de 1886, bien a partir de la facultad prevista por la Constitución Política de 1991, mediante el artículo 300 numeral 8, según la cual: “Corresponde a las asambleas departamentales, por medio de ordenanzas…8. Dictar normas de policía en todo aquello que no sea materia de disposición legal” o mediante los reglamentos especiales previstos en los Códigos Distritales de Policía, de manera que la acción policiva nacional por perturbación se desarrolle conforme a tales procedimientos de manera concurrente, competencia que en todo caso no excluye la facultad reglamentaria en cabeza del Presidente de la República.”(21)
5. El uso inadecuado de la acción de tutela en este caso concreto.
Significa lo anterior que cuando la tutela es rechazada o denegada, solamente puede hablarse de costas cuando se incurrió en temeridad; lo que se castiga es la temeridad como expresión del abuso del derecho porque deliberadamente y sin tener razón, de mala fé se instaura la acción. Y quien tasa las "costas" es el Juez de tutela porque el inciso final del artículo 25 del decreto 2591/95 se refiere a él (algo muy distinto ocurre en la situación consagrada en el primer inciso del mismo artículo en el cual lo principal son los perjuicios).”(22)
Más recientemente y por medio de La Sentencia T-255 de 2015, la Corte procedió a condenar en costas a dos Empresas Promotoras de Salud (Caprecom EPS y Coomeva EPS), con ocasión de sendos casos relacionados con la resistencia explícita de aquellas a la prestación del servicio de salud a que se encontraban obligadas, el incumplimiento de las órdenes de tutela y la afectación intensa de los derechos de los pacientes, lo que condujo a la Corte a decidir que “en virtud de la temeridad con que actuaron en el proceso las EPS accionadas, serán condenadas en costas (Art. 25 Decreto 2591/91). Estas serán tasadas por los jueces de primera instancia dentro del mes siguiente al recibo del expediente.”(23)
— Fueron tomadas sin el consentimiento del Natalia Pérez Flórez y Vincenzo Sannino
— Fueron usadas sin el consentimiento de los mismos
— Fueron usadas en una fecha posterior a las órdenes dadas por los jueces constitucionales de Cartagena, que prohibían el uso de esas imágenes y ordenaban entregar las mismas a los afectados, todo ello en abierta desatención de las mismas.
Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el dieciséis (16) de octubre de 2015 por el Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Cartagena, y la sentencia proferida el dieciocho (18) de enero de 2016 por el Juzgado Primero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Cartagena, que declararon la improcedencia de la acción de tutela instaurada por Luis Eduardo Morales López y María Paula Morales Villa, de conformidad con las razones expuestas en esta sentencia.
Segundo. ORDENAR la expedición de copias de este expediente y la REMISIÓN de las mismas con destino a la SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA DEL CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE BOLÍVAR, a efectos de que se evalúe la eventual configuración de falta disciplinaria por parte del abogado Alberto Elías Fernández Severiche, quien actuó como apoderado de la parte accionante dentro de la presente acción de tutela.
Tercero. PREVENIR a los accionantes Luis Eduardo Morales López y María Paula Morales Villa, así como a su apoderado, el abogado Alberto Elías Fernández Severiche, para que hagan uso adecuado de la acción de tutela y muy especialmente de la prueba que pretendan hacer valer dentro del trámite de la acción.
1 Cuaderno de Revisión, Folio 18
2 Folio 83 del Expediente Radicado T-5521707
3 Expediente Radicado T-5521707, Folio 155
4 Cuaderno Original, folio 101, numeral 7º del informe presentado por los accionados
5 Cuaderno Original folio 161
6 Cuaderno Original folio 166
7 Cuaderno Original, folio 192
8 Sentencia T-720 de 2014 M.P. María Victoria Calle Correa, consideración jurídica No. 61
9 Sentencia C-134 de 1994 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, consideración jurídica No. 2.2.
10 Sentencia T-265 de 1997, M.P. Carlos Gaviria Díaz. En idéntico sentido pueden ser también consultadas las sentencias SU-062 de 1999, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, consideración jurídica No. 1 y T-263 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, consideración jurídica No.4
11 Sentencia T-136 de 2013 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, consideración jurídica No. 3.2.
12 Sentencia T-277 de 1999 M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
13 Ver entre otras las sentencias T-1083 de 2002, M.P. Eduardo Montealegre Lynett o T-323 de 2003, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
14 Sentencia T-314 de 2011 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, consideración jurídica No. 3.1., citando la Sentencia T-122 de 2005 M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
15 Sentencia SU-458 de 2010 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
16 Corte Suprema de Justicia. Sentencia de abril 21 de 1982. M.P. Manuel Gaona Cruz, citada en la Sentencia C-024 de 1994 M.P. Alejandro Martínez Caballero.
17 Sentencia C-024 de 1994 M.P. Alejandro Martínez Caballero, consideración jurídica No. 4.3.
18 Sentencia C-117 de 2006 M.P. Jaime Córdoba Triviño, consideraciones jurídicas 3 a 10.
19 Sentencia T-302 de 2011 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, consideración jurídica No. 8.1.6, recogiendo el precedente dispuesto en la Sentencia C-802 de 2002.
20 Sentencia C-241 de 2010 M.P. Juan Carlos Henao Pérez, consideración jurídica No. 2.4.2.12.
21 Sentencia C-241 de 2010 M.P. Juan Carlos Henao Pérez, consideración jurídica No. 2.4.2.9.
22 Sentencia T-443 de 1995 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, consideración jurídica No. 5.4
23 Sentencia T-255 de 2015 M.P. Luis Ernesto Vargas.