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Timestamp: 2017-08-17 08:12:04
Document Index: 401582304

Matched Legal Cases: ['artículo 40', 'artículo 25', 'artículo 713', 'artículo 40', 'artículo 4', 'artículo 139', 'artículo 122', 'artículo 50', 'artículo 122', 'artículo 171', 'artículo 176', 'artículo 17', 'artículo 17', 'artículo 8', 'artículo 27', 'artículo 43', 'artículo 27', 'artículo 8', 'artículo 27', 'artículo 15', 'artículo 26', 'artículo 41', 'artículo 3', 'artículo 79', 'artículo 78', 'artículo 3', 'artículo 73', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 1']

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Vicente Vera del Río
1 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA - CENTRO DE INVESTIGACIONES JUDICIALES 35 TEMA III CALCULO DE INTERESES Y LIQUIDACIONES JURISPRUDENCIA Expediente Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de fecha 17 de noviembre del 2006, en los seguidos por Pablo Cama Yacyayo con la O cina de Normalización Previsional sobre Nulidad de Resolución Administrativa Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de fecha 16 de enero del 2007, en los seguidos por Graciano Nicanor Franco Milachay contra la O cina de Normalización Previsional sobre Impugnación de Resolución Administrativa Segundo Juzgado Contencioso Administrativo de fecha 25 de agosto del 2006, y la resolución de fecha 10 de marzo del 2006, en los seguidos contra la O cina de Normalización Previsional Lima/Cusco. De fecha 07 de noviembre del 2003, en los seguidos por Crisologo Quispe Mime con el Instituto Nacional de Concesiones y Catastro Minero De fecha 25 de mayo del 2005, en los seguidos por Corporación Pesquera Inca SA con la Dirección Nacional de Supervisión y Vigilancia de la Producción sobre Medida Cautelar Fuera de Proceso De fecha 19 de noviembre del 2003, en los seguidos por Electrosur con Osinerg sobre Impugnación de Resolución Administrativa Sentencia del Tribunal Constitucional -Junín- De fecha 06 de Diciembre del 2005, en los seguidos por Jacinto Gabriel Angulo con la O cina de Normalización Previsional sobre acción de amparo Sentencia del Tribunal Constitucional -Lima- De fecha 22 de Agosto del 2006, en los seguidos por María Elena Tello Dávila Viuda de Cuenca contra el Ministerio del Interior y otro sobre acción de amparo. LEGISLACIÓN Ley Nª Ley que establece el plazo para el pago de devengados para pensionistas del Régimen del Decreto Ley Nº D.S. Nª EF Reglamento de la Ley que establece el Plazo para el pago de devengados para pensionistas del Régimen del Decreto Ley Nº Tabla para regular intereses de acuerdo a la ley Nº 23908
2 36 PLENO JURISDICCIONAL DISTRITAL EN MATERIA CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA PRIMERA SALA ESPECIALIZADA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EXPEDIENTE RESOLUCIÓN NRO: 03 Lima Diecisiete de Noviembre Del Dos mil Seis.- LAMA MORE QUISPE SALSAVILCA MARTINEZ ASURZA AUTOS Y VISTOS: Interviniendo como Vocal Ponente el Señor Lama More; y ATENDIENDO: PRIMERO: Que, viene en grado la resolución número diecinueve, de fecha veintisiete de diciembre del dos mil cinco, corriente a fojas cuatrocientos treinta y siete a cuatrocientos treinta y ocho, que declara improcedente la designación de peritos judiciales, sustentando en el hecho que la demandada ha incumplido con emitir nueva resolución administrativa acorde con el mandato de la Sala Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema; SEGUNDA: Que es sustento de la recurrida expresado en su escrito de apelación, que el Juzgado ha mal interpretado el mandato de la Corte Suprema de Justicia al considerar en el punto cuarto de la parte considerativa que al haber expedido la demandad nueva resolución administrativa se ha cumplido con el mandato del Supremo Tribunal al otorgarle una pensión de cesantía mensual nivelada conforme a dicho mandato de la Corte Suprema, que es independiente a los devengados; Que frente a ese error de la parte demandada, el actor solicitó se designe un Perito Judicial a efectos que sin perjuicio de la pensión otorgada, éste Perito veri que las Planillas de Remuneraciones de los Vocales en actualidad del Tribunal Fiscal del Régimen Remunerativo del Sector Público (F-7) del D. Leg. 276 y deduzca las remuneraciones pensionables y no pensionables, para establecer una correcta liquidación de pensión de cesantía nivelada y, Que la Resolución N EF/ expedida por el Ministerio de Economía y Finanzas que en ejecución de sentencia se ha dictado, contiene una liquidación diminuta y errónea de su pensión de cesantía y no se encuentra consentida, por cuanto oportunamente impugnó dicha resolución ante el Órgano jurisdiccional y por haber, tal Resolución Administrativa sido expedida por la demandada como consecuencia del mandato judicial y mal podría exigirse una impugnación en sede administrativa como pretende el Procurador del MEF, pues el proceso se encuent4ra en ejecución; debiendo ser de aplicación lo establecido en el artículo 40 de la Ley N 27584; TERCERO: Que se aprecia de autos que el presente profeso se encuentra en ejecución de sentencia; CUARTO: Que, del texto de la sentencia expedida por la corte suprema de Justicia de la República Sala de Derecho Constitucional y
3 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA - CENTRO DE INVESTIGACIONES JUDICIALES 37 Social con fecha veintiocho de octubre del dos mil dos obrante de fojas doscientos ochentidós a doscientos ochenticinco se veri ca que el Órgano Jurisdiccional, mediante decisión que tiene la calidad de cosa juzgada declaró el derecho del accionante a que se le nivele su pensión de cesantía Categoría Remunerativa F - siete, mas el reintegro de las remuneraciones dejadas de percibir e intereses de ley; conforme se precisa en el petitorio de la demanda; bajo cuyos términos lo ordenó a cumplir la Juez de la Causa mediante resolución número catorce de fecha veintiséis de junio del dos mil tres, corriente de fojas doscientos ochenta y siete; QUINTO: Que, la citada casación constituyen titulo de ejecución, conforme lo prevé el inciso primero del artículo setecientos trece del Código Procesal Civil, aplicable al caso de autos de manera supletoria, en consecuencia corresponde su ejecución al Juez de la demanda esto es, al Juez que tiene a cargo el presente proceso, y no a otro Juez o en otro proceso, conforme lo dispone además, el artículo cuarenta de la Ley N Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo-; SEXTO: Que por otro lado, dicha decisión, con calidad de cosa juzgada, debe ser cumplida en sus propios términos, conforme lo prevé el artículo cuarto del Texto Único Ordenado de la Ley Orgásmica del Poder Judicial: Que señala: Toda persona y autoridad está obligada a acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales o de índole administrativa, emanadas de autoridad judicial competente, en sus propios términos, sin poder cali car su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o interpretar sus alcances, bajo la responsabilidad civil, penal o administrativa que la ley señala. Ninguna autoridad, cualquiera sea su rango o denominación, fuera de la organización jerárquica del Poder Judicial, puede avocarse al conocimiento de causas pendiente ante el órgano jurisdiccional. No se puede dejar sin efecto resoluciones judiciales con autoridad de cosa juzgada, ni modi car su contenido, ni retardar su ejecución, ni cortar procedimientos en trámite, bajo la responsabilidad política, administrativa, civil y penal que la ley determine en cada caso. Esta disposición no afecta el derecho de gracia; SEXTO: Que de la revisión del presente proceso, se desprende que a fojas trescientos cincuentitrés y trescientos cincuenta y cuatro, obra la Resolución Directoral N EF/43.01 de fecha treinta de diciembre del dos mil tres, en cuyo artpiculo primero dela parte resolutiva, resuelve restituir el pago de la pensión de cesantía al actor con la categoría F-7, reconociéndole además, el pago de doscientos once mil novecientos cuarenta nuevos soles con ochenta céntimos de nuevo sol por concepto de pensiones dejadas de percibir, Que el actor impugna dicha resolución administrativa, por considerar que el monto en ella señalado, es inferior al que realmente corresponde; por lo que a efectos de dilucidar su acreencia, solicitó que se nombre a un perito judicial, a n de que se determine, cual es el monto correspondiente a percibir y recibir; SÉTIMO: Que, es garantía constitucional prevista en el inciso tercero del artículo ciento treinta y nueve de la Constitución Política del Estado, hacer realidad el derecho del actor reconocido en la sentencia rme asegurándole la verdade-
4 38 PLENO JURISDICCIONAL DISTRITAL EN MATERIA CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVA ra restitución de tal derecho; así lo tiene establecido el Tribunal Constitucional en su sentencia N AA/TC; al establecer el derecho a la ejecución de resoluciones judiciales como componente implícito del derecho a la ejecución de resoluciones judiciales como componente del articulo 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y artículo 25.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos; de tal modo, mani esta el Supremo Tribunal Constitucional, el derecho a la tutela jurisdiccional no solo implica el derecho de acceso a la justicia el debido proceso, sino también el derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales; Estableciendo enfáticamente en su numeral que De este modo, la actuación de la autoridad jurisdiccional en la etapa de ejecución de sentencias constituye un elemento fundamental e imprescindible en el logro de una efectiva tutela jurisdiccional, siendo de especial relevancia para el interés público, pues difícilmente se podría señalar la existencia de un Estado de derecho, cuando en su interior las personas no pueden lograr la justicia a través de los órganos establecidos para tal efecto. Para ello, la autoridad jurisdiccional deberá realizar todas aquellas acciones que tiendan a que los justiciables sean repuestos en sus derechos y compensados, si hubiera lugar a ello, por el daño sufrido. Conviene insistir en este componente del derecho a la tutela judicial efectiva, con objeto de que los propios órganos judiciales reaccionen frente a posteriores actuaciones o comportamientos que debiliten el contenido material de sus decisiones, pues sólo así podrán satisfacer los derechos de quienes han vencido en juicio, sin obligarles a asumir la carga de nuevos procesos; OCTAVO: Que por tanto, incurre en error la A quo al establecer en el cuarto considerando de la recurrida, que con la expedición de la Resolución Directoral N EF/43.01, se ha cumplido con el mandato ordenado po5r el Órgano Supremo; pues resulta evidente que con tal respuesta la A quo no proporciona tutela judicial idónea al accionante, pues no ha motivad, ni emitido pronunciamiento sobre los puntos de observación formulados por el actor o en su defecto, de ser necesario, puede recurrir al Órgano de auxilio judicial (peritos) para veri car si se ha dado o no cabal cumplimiento a lo ordenado en la sentencia; NOVENO: Que, siendo así, la recurrida, adolece de nulidad prevista en el artículo ciento veintidós del Código Procesal Civil, por infracción de su tercer y cuarto inciso: DECLARARON: NULA la resolución número diecinueve de fecha veintisiete de diciembre del dos mil cinco, corriente a fojas cuatrocientos treinta y siete a cuatrocientos treinta y ocho, que declara Improcedente el pedido de designación de peritos; ORDENARON a la A quo expedir pronunciamiento debido, respecto de las observaciones efectuadas por el actor en el extremo si se cumplió o no con los términos de la sentencia, teniendo en cuenta lo expuestos líneas arriba; Debiendo por Secretaria dar cumplimiento a lo dispuesto por la última parte del artículo trescientos ochentitrés del Código Procesal Civil; En los seguidos por Pablo Cama Yacyayo con la O cina de Normalización Provisional sobre Nulidad de Resolución Administrativa (EJECUCIÓN).
5 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA - CENTRO DE INVESTIGACIONES JUDICIALES 39 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA PRIMERA SALA ESPECIALIZADA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Expediente Nº : Demandante : Graciano Nicanor Franco Milachay Demandante : O cina de Normalización Provisional Materia : Impugnación de Resolución Administrativa RESOLUCIÓN NRO. 04 Lima, Dieciséis de enero Del dos mil siete.- AUTOS Y VISTOS: Interviniendo como Vocal Ponente la doctora Isabel Torres Vega; y ATENDIENDO: PRIMERO: Que, es materia de grado la resolución número dieciocho, de fecha veinticinco de agosto del dos mil seis, corriente a fojas doscientos treinta y siete a doscientos treinta y ocho, que declara concluido el presente proceso y consentido que sea archívese; sustentando en el hecho que la demandada O cina de Normalización Provisional ha cumplido con emitir nueva resolución administrativa en cumplimiento a lo ordenado por este Superior Jerárquico; SEGUNDO: Que, constituye argumento del recurso de apelación formulado por el demandante, que el juzgado recorta sus derechos de bene cios sociales de la pensión de jubilación en aplicación a una ley que no le asiste; ya que de acuerdo a las aportaciones de 21 años y 03 meses, y a la edad que solicitó su pensión, contaba con más de 65 años de edad, por lo que su régimen pensionable es el Decreto Legislativo y no la Ley 25967; consecuentemente teniendo en cuenta lo resuelto en el auto apelado y sus efectos, resulta materia de análisis no sólo los agravios formulados por el apelante sino fundamentalmente el determinar si efectivamente la Administración ha cumplido o no con el mandato judicial pertinente; TERCERO: Que, al respecto es necesario precisar que por sentencia de vista de fecha catorce de noviembre del dos mil cinco, obrante de fojas 171 a 175, esta Sala, mediante decisión que tiene la calidad de cosa juzgada, con rmó la sentencia expedida mediante resolución número catorce de fecha veintiocho de octubre del dos mil cuatro que resolvió declarar fundada la demanda de folios treintidós a treintinueve y en consecuencia nula la Resolución número GO/ONP de fecha seis de marzo del dos mil dos, disponiéndose se expida nueva resolución determinando el nuevo monto de la pensión de jubilación, teniendo en cuenta la parte considerativa de la presente resolución; CUARTO: Que, la citada resolución constituye título de ejecución, confor-
6 40 PLENO JURISDICCIONAL DISTRITAL EN MATERIA CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVA me lo prevé el inciso 1) del artículo 713 del Código Procesal Civil, aplicable al caso de autos de manera supletoria en consecuencia, corresponde su ejecución al Juez de la demanda esto es, al Juez que tiene a cargo el presente proceso, y no a otro Juez o en otro proceso, conforme lo dispone el artículo 40 de la Ley N Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo; siendo que esa decisión, debe ser cumplida en sus propios términos, conforme lo prevé el artículo 4 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial; que señala: Toda persona y autoridad está obligada a acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales o de índole administrativa, emanadas de autoridad judicial competente, en sus propios términos, sin poder cali car su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o interpretar sus alcances, bajo la responsabilidad civil, penal o administrativa que la ley señala. Ninguna autoridad, cualquiera sea su rango o denominación, fuera de la organización jerárquica del Poder Judicial, puede avocarse al conocimiento de causas pendientes ante el órgano jurisdiccional. No se puede dejar sin efecto resoluciones judiciales con autoridad de cosa juzgada, ni modi car su contenido ni retardar su ejecución, ni cortar procedimientos en trámite, bajo responsabilidad política, administrativa, civil y penal que la ley determine en cada caso. Esta disposición no afecta el derecho de gracia; QUINTO: Que, dentro de éste contexto es menester precisar que es garantía constitucional y principio de la función jurisdiccional prevista en el artículo 139 inciso 5) de la Constitución Política del Perú, la motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto las de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan; así mismo, el artículo 122, inciso 3) y 4) del Código Procesal Civil, prescribe que toda resolución contendrá la relación correlativamente enumerada de los fundamentos de hecho y de derecho que sustentan su decisión, la que se sujeta al mérito de lo actuado y al derecho; así mismo, indica que las resoluciones contendrán la expresión clara y precisa de lo que se decide u ordena, respecto de todos los puntos controvertidos; además, el inciso sexto del artículo 50 del Código Adjetivo prescribe que es deber de los magistrados, en el proceso, el fundamentar los autos y las sentencias, bajo sanción de nulidad, respetando los principios de jerarquía de las normas y el de congruencia; Que, de acuerdo a Olsen A. Ghirardi la motivación de las sentencias, como vicio procesal, tiene dos manifestaciones, por un lado se ubica la falta de motivación y por el otro lado defectuosa motivación, la cuala su vez, se divide en tres agravios procesales: el de la motivación aparente, en el de la motivación insu ciente y el de la motivación defectuosa en sentido estricto (Razonamiento Judicial, Olsenb A. Ghilardi, Academia de la Magistratura, Lima Perú, 1997, p 29 y sgts.); SEXTO: Que, siendo esto así, en el caso concreto, es de advertir que en el auto apelado de fojas 237 a 238, de fecha 25 de agosto del 2006 en su quinto considerando señala: que la entidad demandada requerida para el cumplimiento de coordenado por el superior Jerárquico, con fecha siete de abril del año en curso conforme consta a fojas doscientos noventa y tres emite la nueva reso-
7 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA - CENTRO DE INVESTIGACIONES JUDICIALES 41 lución signada con el número ONP/DC/DL (); re riendo en su sexto considerando () al haber dicha entidad emitido la resolución número con fecha 07 de abril del año en curso a dado cumplimiento a coordenado por el Superior; sin embargo, atendiendo ala solicitud del recurrente de que se evalúe el cumplimiento de lo ejecutoriado, a estar de que en vía administrativa ha impugnado la nueva resolución efectuado por la ONP, corresponde como obligación del Juzgador veri car si con la actuación administrativa se ha cumplido materialmente la sentencia; SETIMO: Que, se advierte de la resolución materia de alzada que el juzgado ha omitido pronunciamiento expreso respecto si efectivamente la demandada al expedir la Resolución ONP/DC/DL 19990, ha incumplido taxativamente con lo ordenado por esta Superior Sala, ya que se omite efectuar análisis fáctico y jurídico sobre el sistema único de pagos (decreto Legislativo o Ley 25967) y por ende también efectuar pronunciamiento expreso respecto del tiempo considerado para realizar la liquidación de la pensión de jubilación, incurriendo en nulidad insalvable en tanto se ha contravenido el derecho al debido proceso al expedir un resolución diminuta e incongruente toda vez que se ha obviado el sustento de hecho y de derecho respecto al punto controvertido anteladamente explicitado que resulta de suma relevancia a los efectos de dar por concluido el presente proceso; OCTAVO: Que, en ese sentido resulta menester considerar que el derecho a la tutela jurisdiccional no sólo implica el derecho de acceso a la justicia y el derecho al debido proceso sino también el derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales; que busca garantizar que lo decidido por la autoridad jurisdiccional tenga un alcance práctico y se cumpla de manera que no se convierta en una simple declaración de intenciones; para ello la autoridad jurisdiccional deberá realizar todas aquellas acciones que tiendan a que los justiciables sean repuestos en sus derechos y compensados si hubiera lugar a ello por el daño sufrido; pues sólo así se podrán satisfacer los derechos de quienes han vencido en juicio, sin obligarles a asumir la carga de nuevos procesos; NOVENO: Que, atendiendo a lo expresado en el considerando precedente se colige que la venida en grado no ha dado cumplimiento a lo establecido en los incisos 3) y 4) del texto vigente del artículo 122 del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria, por lo que no reúne los requisitos indispensables para la obtención de su nalidad; DÉCIMO: Que, en consecuencia a efectos de garantizar la doble instancia, el debido proceso y la correcta administración de justicia resulta acorde a derecho anular la sentencia en aplicación del artículo 171 y tercer párrafo del artículo 176 del Código Procesal civil, aplicable supletoriamente al proceso contencioso administrativo, por estas consideraciones; DECLARARON: NULO el auto de fojas 237 a 238, de fecha 25 de agosto del 2006; DISPUSIERON, cumpla la A quo con emitir pronunciamiento con arreglo a ley, en los seguidos por GRACIANO NICANOR FRANCO MILACHAY contra OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL, sobre Impugnación de Resolución; Notifíquese y devuélvase.-
8 42 PLENO JURISDICCIONAL DISTRITAL EN MATERIA CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVA SEÑORITA MAGISTRADA: Dando cumplimiento a las funciones inherentes a mi cargo, dispuesto en el artículo doscientos sesenta y seis, inciso noveno de la Ley Orgánica del Poder Judicial, informó a Ud., que en los presentes autos, existen 3 escritos pendientes de dar cuenta, los mismos que me han sido proporcionadas por la encargada del área de archivos.- Lo que pongo en su conocimiento para los nes legales correspondiente.- Lima, 25 de agosto del Expediente N Resolución N DIECIOCHO.- Lima, veinticinco de agosto Del dos mil seis.- Estando a mérito del informe que antecede, y dando cuenta el escrito de fecha veinte de del año en curso: en lo principal, primer y segundo otrosí: ATEN- DIENDO: PRIMERO: Que, la Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, mediante resolución número siete de fecha catorce de noviembre del año dos mil cinco, el mismo que corre de fojas ciento setenta y uno a fojas ciento setenta y seis con rmó la sentencia expedida y consecuentemente ordena que la entidad demandad expida nueva resolución, determinando el nuevo monto de la pensión de jubilación.- SEGUNDO: Que el Superior Jerárquico establece en el cuarto considerando que el demandante ha cumplido un total de veintiún años y tres mees de aportaciones habiendo cumplido con uno de los requisitos para acceder a la jubilación peticionada, siendo el otro requisito el de la edad, es decir que se haya cumplido con los sesenta y cinco años de edad.- TERCERO: Que, devueltos los autos a primera instancia, mediante resolución número dieciséis de fecha diez de marzo del año en curso el mismo que corre a fojas ciento ochenta y cinco se requiere a la entidad demandada O cina de Normalización Provisional ONP a n de que cumpla con expedir una nueva resolución, tal y conforme lo ordena el Superior Jerárquico.- CUARTO: Que, dicho requerimiento fue noti cado a la entidad demandada conforme consta del cargo adherido a fojas ciento ochenta y nueve.- QUIN- TO: Que, la entidad demandada requerido para el cumplimiento de lo ordenado por el Superior Jerárquico, con fecha siete de abril del año en curso conforme consta a fojas doscientos noventa y tres emite la nueva resolución signada con el número treinta y siete mil trescientos sesenta y cinco dos mil seis ONP/DC/DL diecinueve mil novecientos noventa con reconocimiento expreso de veintiún años
9 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA - CENTRO DE INVESTIGACIONES JUDICIALES 43 de aportaciones el mismo que fue puesto en conocimiento del Juzgado mediante recurso de fecha dos de mayo del presente año corriente a fojas doscientos dos y doscientos seis.- SEXTO: Que, al haber la Sala Especializada en lo contencioso Administrativo, ordenado que la entidad demandada expida una nueva resolución, conforme se desprende de la resolución número siete de fecha catorce de noviembre del año dos mil cinco, el mismo que corre de fojas ciento setenta y uno hasta fojas ciento setenta y seis, y al haber dicha entidad, emitido la resolución número cero cero cero cero cero treinta y siete mil trescientos sesenta y cinco con fecha siete de abril del año en curso a dado cumplimiento a coordenado por el Superior.- Sétimo: por los fundamentos expuestos precedentemente, y habiendo la entidad demandada O cina de Normalización Provisional ONP, emitido nueva resolución se ha dado cumplimiento a lo ordenado por el Superior Jerárquico, en consecuencia se tiene por concluido el presente proceso, y consentido que sea la presente resolución, archívese los de la materia, debiéndose d4e remitir los actuados al archivo de los Juzgados Civiles, edi cio Alzamora Valdez para su custodia.- proveyendo con arreglo a ley el escrito de fecha veintiséis de julio del presente año: en lo principal: por cumplido el mandato con el arancel judicial que se acompaña: expídase la copia certi cada que se solicita.- al primer otrosí: estése a lo resuelto en la fecha.- Proveyendo con arreglo a ley el escrito de fecha veinticuatro de julio del presente año: en lo principal, primer y segundo otrosí: estése a lo resuelto en la fecha.-
10 44 PLENO JURISDICCIONAL DISTRITAL EN MATERIA CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVA SEGUNDO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LOS PROCESOS CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EXP. N Señorita Magistrada: Doy cuenta a usted del presente auto, devuelto del Superior Jerárquico con fecha diez de Enero del Dos Mil Seis, y, el escrito de fecha dos de marzo del Dos Mil Seis, los mismos que, no han podido darse cuenta en su oportunidad, debido ala excesiva carga procesal existente en este juzgado; por lo que, se le pidió razón a la Encargada del Archivo, Paola Rosado Germán, manifestando que, el retraso se debió a que su área actualmente recibe una carga procesal de más de tres mil expediente, teniendo al mismo tiempo que brindar atención al público en la lectura de expedientes, así como en la compaginación, pegado de cargos, etc., lo cual hace imposible que pueda cumplir con su labor dentro de los plazos establecidos; asimismo, hago presente, que, el suscrito ha asumido el cargo de Especialista Legal a partir del primero de Marzo del Dos Mil Seis; lo cual, informo a Ud., para los nes pertinente.- Resolución N Dieciséis Lima, Diez de marzo Del dos mil seis.- Lima. Diez de marzo del dos mil seis.- Estando a mérito de la razón que se expone; y dado cuenta el presente auto en la fecha; téngase POR RECIBIDOS los autos de la Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo y, CUMPLASE CON LO EJECUTORIADO; en consecuencia: Requiérase a la entidad demandada a n de dar estricto cumplimiento a lo señalado en la Resolución de Sentencia Número Catorce, expedida por este Juzgado, de fecha veintiocho de Octubre del Dos Mil Cuatro, obrante en autos a fojas ciento veintisiete al ciento treintidós; así como coordenado por el Superior Jerárquico, obrante en autos de fojas ciento setenta y uno al ciento setentiséis; y proveyendo el escrito de fecha dos de Marzo del Dos Mil Seis, advirtiéndose que en autos a fojas ciento cuarentiséis, obra el cargo de la cédula de noti cación respecto a la parte demandante, debidamente noti cado; en consecuencia: Téngase por bien noti cado la parte demandante; Interviniendo el Especialista Legal por redistribución de la carga procesal; Noti cándose.-
11 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA - CENTRO DE INVESTIGACIONES JUDICIALES 45 TRES EJECUTORIAS SUPREMAS INH. Nº LIMA / CUSCO Lima, siete de noviembre del dos mil tres.- VISTOS; con el acompañado; y, CONSIDERANDO: PRIMERO: Que las normas procesales son de carácter imperativo y por ende de obligatorio cumplimiento, de conformidad con el principio de vinculación y de formalidad contenido en el artículo IX del Título Preliminar del Código Procesal Civil. SEGUNDO: Que, la institución procesal de la inhibitoria da lugar al con icto de competencia positivo, lo cual implica que el demandado puede acudir ante el Juez que considera competente para conocer de la demanda solicitando que promueva la inhibitoria del Juez que conoce del proceso, lo cual compromete,en el caso de autos la competencia relativa del Magistrado; por consiguiente, el incumplimiento de las exigencias que materializan al citado instituto procesal, constituye un vicio insubsanable. TERCE- RO: Que, el artículo 17 del Código Procesal Civil establece que cuando se demanda a una persona jurídica, es competente el juez del domicilio en donde tiene su sede principal salvó disposición legal diferente. En caso de contar con sucursales, agencias; establecimientos o representantes debidamente autorizados en otros lugares, puede ser demandada, a elección del demandante, ante el juez del domicilio de la sede principal o el de cualquiera de dichos domicilios en donde ocurrió el hecho que motiva la demanda o donde sería ejecutable la pretensión reclamada. CUARTO: Que según lo advertido en el presente proceso, el demandante ejerce la facultad conferida por el precitado artículo 17 del Código Adjetivo, interponiendo su demanda ante el Cuarto Juzgado Civil de la Corte Superior del Cusco, como también estaba facultado para hacerlo en aplicación del artículo 8 de la Ley (que regula el proceso contencioso-administrativo), invocada por la propia demandada al solicitar la presente inhibitoria; aplicándose en este caso, además, el segundo párrafo del artículo 27 del Código Formal citado, teniendo en cuenta que el con icto de intereses tiene su origen en una relación jurídica de derecho privado. Por estas consideraciones y de conformidad con la facultad conferida por el artículo 43 del Código Procesal Civil: DIRIMIERON el con icto positivo de competencia a favor del Cuarto Juzgado Civil del Cusco, que seguirá conociendo los presentes autos, con aviso al Juez del Primer Juzgado Especializado en lo Contencioso-Administrativo de Lima; en los seguidos por don Crisólogo Quispe Misme con el Instituto Nacional de Concesiones y Catastro Minero -(INACC), sobre proceso contencioso-administrativo; y los devolvieron.
12 46 PLENO JURISDICCIONAL DISTRITAL EN MATERIA CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVA INH. Nº LIMA / PIURA Lima, veinticinco de mayo del dos mil cinco.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, las normas procesales son de carácter imperativo y por ende de obligatorio cumplimiento, de conformidad con el principio de vinculación y de formalidad contenido en el artículo IX del Título Preliminar del Código Procesal Civil. SEGUNDO: Que, los con ictos -o cuestiones o contiendas de competencia tienen lugar cuando los órganos jurisdiccionales de igual grado pretenden conocer un mismo proceso o ambos se declaran incompetentes; por lo que existe incompetencia si dicho órgano jurisdiccional excede su competencia e invade la de otro Juez. TERCERO: Que, además, la institución procesal de la inhibitoria da lugar al con icto de competencia positivo, lo cual implica que el demandado puede acudir ante el Juez que considera competente para conocer de la demanda solicitando que promueva la inhibitoria del Juez que conoce del proceso, lo cual compromete en el caso de autos la competencia relativa del Magistrado; por ende el incumplimiento de las exigencias que materializan al citado instituto procesal, constituye un vicio insubsanable; CUARTO: Que, en el presente caso el Ministerio de la Producción solicita al Juzgado Especializado en lo Civil de Lima la inhibitoria de competencia con la nalidad que el Juez del Juzgado Mixto de Sechura se inhiba de seguir conociendo de la medida cautelar fuera del proceso en aplicación del artículo 27 del Código Adjetivo; argumentando que la sede de la citada entidad estatal se encuentra en la ciudad de Lima, QUINTO: Que, según lo advertido en autos la entidad que ha dado lugar al acto administrativo materia de litis es la Dirección Nacional de Seguimiento, Control y Vigilancia (DINSECOVI), que tiene reparticiones en la ciudad de Piura, la que a su vez es dependiente del Ministerio de la Producción; siendo de aplicación la norma procesal antes acotada. Por estas consideraciones y de conformidad con la facultad conferida por los artículos 41 y 43 del Código Procesal Civil: DIRIMIERON el con icto positivo de competencia a favor del Juez del Juzgado Mixto de Sechura, quien seguirá conociendo de los presentes autos, con aviso al Juez del Vigésimo Quinto Juzgado Civil de Lima; en los seguidos por Corporación Pesquera Inca Sociedad Anónima, con la Dirección Nacional de Supervisión y Vigilancia del Ministerio de la Producción (DISEN- COVI), sobre medida cautelar fuera del proceso; y los devolvieron.- SS. SANCHEZ-PALACIOS PAIVA PACHAS AVALOS EGUSQUIZA ROCA QUINTANILLA CHACON MANSILLA NOVELLA
13 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA - CENTRO DE INVESTIGACIONES JUDICIALES 47 INHIB. Nº: TACNA/LIMA Lima, diecinueve de noviembre del dos mil tres.- VISTOS Y ATENDIENDO: PRIMERO: Que el presente incidente se deriva del proceso contencioso administrativo por el cual se persigue la declaración de invalidez o ine cacia de la Resolución Administrativa OS/CD, de fecha diecisiete de octubre del dos mil expedida por el Organismo Supervisor de la Inversión de la Energía OSINERG, referente a la solicitud de devolución de la contribución reembolsable por obras del subsistema de distribución secundaria e instalaciones de alumbrado público que hiciera la Asociación de Vivienda José Carlos Mariategui a Electrosur; SEGUNDO: Que para resolver este con icto resulta aplicable la ley especial de la materia, Ley Número que regula el proceso contencioso administrativo vigente al momento de la interposición de la demanda- que en su artículo 8 dispone: Es competente para conocer el proceso contencioso administrativo en primera instancia a elección del demandante, el Juez del lugar del domicilio del demandado o del lugar donde se produjo el acto impugnable, ello en concordancia con el articulo del Código Procesal Civil, que establece que es competente el Juez del lugar del domicilio de cualquiera de los demandados, razón por la cual y parte la manifestación del actor Electrosur, la inhibitoria carece de sustento. TERCERO: Que, a mayor abundamiento el segundo párrafo del artículo 27 del Código adjetivo Competencia del Estado- dispone que cuando el con icto de intereses tuviera su origen en una relación jurídica de derecho privado como es el caso sub-materia- se aplican las reglas generales de la competencia, es decir el artículo 15 del Código Procesal Civil referido en el artículo 26 del mismo cuerpo de leyes se habría producido la prórroga tácita de la competencia por parte de la co-demandada Asociación de Vivienda José Carlos Mariátegui toda vez que esta se apersonó a la instancia como se aprecia a fojas ochenticuatro, motivos por los cuales, al amparo del artículo 41 del Código Procesal Civil; DIRIMIERON la competencia a favor de la Sala civil de la Corte Superior de Justicia de Tacna y Moquegua; ORDENARON la remisión de los presente autos a la citada Sala Civil con conocimiento de la Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima; o ciándose, en los seguidos por Electrosur con Osinerg sobren impugnación de resolución administrativa; y los devolvieron.
14 48 PLENO JURISDICCIONAL DISTRITAL EN MATERIA CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVA EXP. N PA/TC JUNÍN JACINTO GABRIEL ANGULO SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL En Lima, a los 6 días del mes de diciembre de 2005, reunido el Tribunal Constitucional en sesión de pleno jurisdiccional, con la asistencia de los magistrados Alva Orlandini, Presidente; Bardelli Lartirigoyen, Gonzales Ojeda, García Toma, Vergara Gotelli y Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia. ASUNTO Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Jacinto Gabriel Angulo contra la sentencia de la Primera Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Junín, de fojas 86, su fecha 26 de mayo de 2005, que declaró improcedente la demanda de amparo de autos. ANTECEDENTES Con fecha 14 de setiembre de 2004, el recurrente interpone demanda de amparo contra la O cina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se declare inaplicable la Resolución N.º 802-DDPOP-GDJ-IPSS-90, de fecha 23 de diciembre de 1990 y, en consecuencia, se actualice y se nivele su pensión de jubilación con arreglo a la Ley N.º 23908, debiendo ordenarse el pago de las pensiones devengadas que correspondan. Considera tener derecho al bene cio establecido en la referida Ley, por haber adquirido su derecho pensionario antes del 23 de abril de La emplazada solicita que la demanda se declare improcedente, señalando que ésta no es la vía idónea para solicitar el incremento de la pensión, toda ves que no se puede modi car los derechos otorgados en un proceso que carece de estación probatoria. Agrega que la pensión mínima establecida por la Ley N.º es un bene cio establecido para aquellos pensionistas que acrediten 30 años de aportaciones, y que, por expreso mandato de su artículo 3º, no es aplicable a quienes perciben pensiones reducidas de invalidez o jubilación. El Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de Huancayo, con fecha 27 de octubre de 2004, declaró infundada la demanda, por considerar que el demandante no cumple con los requistos para la adquirir el derecho a una pensión de jubilación. La recurrida declaró improcedente la apelada por el mismo fundamento. FUNDAMENTOS 1. De acuerdo con los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 37
15 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA - CENTRO DE INVESTIGACIONES JUDICIALES 49 de la STC PA, que constituyen precedente vinculante, y en concordancia con lo dispuesto en el artículo VII del Título Preliminar y los artículos 5º, inciso 1), y 38º del Código Procesal Constitucional, se determina que en el presente caso, aun cuando la pretensión tiene por objeto cuestionar la suma especí ca de la pensión que percibe la parte demandante, resulta procedente que este Colegiado efectúe su veri cación, toda vez que se encuentra comprometido el derecho al mínimo vital. 2. El demandante pretende que se incremente el monto de su pensión de jubilación en aplicación de la Ley N.º y se le abonen las pensiones dejadas de percibir por la inaplicación de la dicha norma. 3. En la STC N.º AC, el Tribunal Constitucional interpretó que: a) La determinación de la pensión inicial o mínima, con arreglo al criterio de la Ley N , desaparece a partir de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N. 817, del 23 de abril de 1996, y que, tienen derecho al reajuste correspondiente aquellos reclamantes que hubiesen alcanzado el punto de contingencia antes de la entrada en vigencia del dispositivo sustitutorio. Al efecto, señaló que se tomará en cuenta el sueldo mínimo vital mencionado en la Ley N (o, en su caso, el de los mínimos vitales sustitutorios) vigente al momento de producirse la contingencia. b) Tienen derecho a la indexación automática los que hubiesen alcanzado el punto de contingencia antes de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N. 757, del 13 de noviembre de 1991, el cual puso n, de nitivamente, al régimen de indexación reclamado en estos casos. 4. Posteriormente, en la STC N.º AC, el Tribunal determinó que: a) La Ley N.º 23908, vigente desde el 8 de setiembre de 1984, fue tácitamente derogada por el Decreto Ley N.º 25967, publicado el 18 de diciembre de 1992, por lo que el bene cio de la pensión mínima establecido por la Ley N.º resulta aplicable a quienes hubieran alcanzado la contingencia antes de dicha fecha. b) Respecto del reajuste de las pensiones, señaló que se encuentra condicionado a factores económicos externos y al equilibrio nanciero del Sistema Nacional de Pensiones, y que no se efectúa en forma indexada o automática. Todo ello, conforme a lo dispuesto en el artículo 79º del Decreto Ley N , que establece que los reajustes de las pensiones otorgadas serán
16 50 PLENO JURISDICCIONAL DISTRITAL EN MATERIA CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVA jados, previo estudio actuarial, considerando las variaciones en el costo de vida, y que en ningún caso podrá sobrepasarse el límite señalado en el artículo 78º, por efecto de uno o más reajustes, salvo que dicho límite sea, a su vez, reajustado. 5. Al establecer el nuevo criterio de aplicación de la Ley N.º 23908, así como la vigencia, aplicación e interpretación de sus disposiciones, este Tribunal señaló lo siguiente: a) La Ley N.º modi có el Decreto Ley N.º 19990, que en su diseño estableció la pensión inicial como la resultante de la aplicación del sistema de cálculo previsto para las distintas modalidades de jubilación, creando el concepto de pensión mínima, la que, independientemente de la modalidad y del resultado de la aplicación de los métodos de cálculo, se convirtió en el monto mínimo que correspondía a todo pensionista del Sistema Nacional de Pensiones, salvo las excepciones previstas en la propia norma. b) La pensión mínima se estableció originalmente en un monto equivalente a tres sueldos mínimos vitales; pero, posteriormente, las modi caciones legales que regularon los sueldos o salarios mínimos de los trabajadores la transformaron en el Ingreso Mínimo Legal, el mismo que, sólo a estos efectos, debe entenderse vigente hasta el 18 de diciembre de c) La pensión mínima del Sistema Nacional de Pensiones nunca fue igual a tres veces la remuneración de un trabajador en actividad; más bien, se determinó utilizando como referente de cálculo el sueldo mínimo legal, que era uno de los tres componentes de la remuneración mínima de los trabajadores. d) El Decreto Ley N.º 25967, vigente desde el 19 de diciembre de 1992, modi- có los requisitos del Decreto Ley N.º para el goce de las pensiones, entendiéndose que, desde la fecha de su vigencia, se sustituía el bene cio de la pensión mínima por el nuevo sistema de cálculo, resultando, a partir de su vigencia 19 de diciembre de 1992, inaplicable la Ley N.º e) Por tanto, la pensión mínima regulada por la Ley N.º debe aplicarse a aquellos asegurados que hubiesen alcanzado el punto de contingencia hasta el 18 de diciembre de 1992 (día anterior a la entrada en vigencia del Decreto Ley N.º 25967), con las limitaciones que estableció su artículo 3º, y sólo hasta la fecha de su derogación tácita por el Decreto Ley N.º f) Debe entenderse que todo pensionista que hubiese alcanzado el punto de contingencia hasta antes de la derogatoria de la Ley N.º 23908, tiene derecho al reajuste de su pensión en un monto mínimo equivalente a tres sueldos
17 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA - CENTRO DE INVESTIGACIONES JUDICIALES 51 mínimos vitales o su sustitutorio, el Ingreso Mínimo Legal, en cada oportunidad en que estos se hubieran incrementado, no pudiendo percibir un monto inferior a tres veces el referente, en cada oportunidad de pago de la pensión, durante el referido periodo. g) A partir del 19 de diciembre de 1992 resulta de aplicación el Decreto Ley N.º 25967, que establece el nuevo sistema de cálculo para obtener el monto de la pensión inicial de jubilación del Sistema Nacional de Pensiones, hasta que el Decreto Legislativo N.º 817 (vigente a partir del 24 de abril de 1996), establece nuevamente un sistema de montos mínimos determinados de las pensiones, atendiendo al número de años de aportaciones acreditadas por el pensionista. 6. No obstante todo lo precisado, este Colegiado ha tomado conocimiento durante el proceso de evaluación jurisdiccional de los expedientes que ha revisado, que el cambio jurisprudencial ha generado una confusión y despropósito en los justiciables y los operadores judiciales: a) En los demandantes, pues a partir de una inadecuada interpretación de la Ley N.º 23908, pretenden percibir por concepto de pensión mínima una suma superior a la pensión máxima vigente. Ello, porque consideran, erróneamente, que la pensión mínima establecida por la Ley N.º es el resultado de multiplicar por tres la remuneración mínima de un trabajador; b) En la O cina de Normalización Previsional (ONP), entidad que escudándose en el cumplimiento de las sentencias o con la clara intención de obtener la conclusión de los procesos de los mismos, ha encontrado la manera de reducir el monto de algunas pensiones por aplicación de la Ley N.º 23908, expidiendo resoluciones que perjudican económicamente a los pensionistas cuando la norma sólo se aplica en su bene cio y de ninguna forma en su perjuicio; y, c) En los operadores judiciales, porque en atención a la incorrecta pretensión de los demandantes, amparan las mismas ordenando que se reajuste la pensión en el monto mínimo vigente a la fecha de la contingencia, aun cuando ello importe la reducción del monto de la pensión inicial del pensionista. 7. Por ello, este Tribunal, en sesión de pleno jurisdiccional, por las consideraciones de hecho y de derecho antes expuestas, atendiendo a su función ordenadora y paci cadora, y en mérito de lo dispuesto en el artículo VII del Titulo Preliminar del Código Procesal Constitucional, acuerda precisar los criterios adoptados en la STC AC para la aplicación de la Ley N.º 23908, durante su periodo de vigencia, y dispone su observancia obligatoria, en los siguientes términos:
18 52 PLENO JURISDICCIONAL DISTRITAL EN MATERIA CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVA 8. Al crearse el Sistema Nacional de Pensiones regulado por el Decreto Ley N.º 19990, se estableció que el monto de la pensión de jubilación se determinaría efectuando el cálculo establecido en el artículo 73º. El monto resultante se denominó pensión inicial. 9. El artículo 1º de la Ley N.º estableció un bene cio con la nalidad de mejorar el monto de inicio pensión inicial de aquellas pensiones que resultasen inferiores a la pensión mínima legal. Es decir, si efectuado el cálculo establecido en el Decreto Ley N.º se obtenía un monto inferior a la pensión mínima legal, se debía abonar ésta última. 10. En los casos en que se debió aplicar, conforme a ley, el bene cio de la pensión mínima legal, ésta equivalía y sustituía a la pensión inicial. 11. La pensión mínima legal es la base inicial mínima a partir de la cual comienza la percepción de las pensiones de jubilación e invalidez bene ciadas con la aplicación de la Ley. Es decir, esta base inicial es aplicable sólo a aquellos pensionistas que, por los ingresos percibidos durante su actividad laboral, no alcancen, por lo menos, el monto de la pensión mínima legal. 12. La disposición contenida en el artículo 1º de la Ley N.º 23908, supuso el incremento de todas aquellas pensiones que al 8 de setiembre de 1984, eran inferiores al mínimo legal (equivalente a tres sueldos mínimos vitales). Consiguientemente, en dicha fecha la pensión mínima quedó establecida en S/. 216, soles oro (monto resultante de multiplicar tres veces el sueldo mínimo vital, de S/. 72, soles oro, establecido por el Decreto Supremo N.º TR, del 1 de setiembre de 1984). 13. Como el monto de la pensión mínima regulada por la Ley N.º se determinaba en base a uno de los tres componentes de la remuneración mínima de los trabajadores (denominado Sueldo Mínimo Vital), durante su vigencia, su aumento o el aumento de su sustitutorio (el Ingreso Mínimo Legal), suponía el aumento de la pensión mínima legal y, por tanto, el aumento de todas aquellas pensiones que, por efecto de dicho incremento, resultaran inferiores al nuevo monto mínimo de la pensión. 14. El bene cio de la pensión mínima legal establecido en la Ley N.º no resulta aplicable a los pensionistas que hubieren percibido montos superiores al mínimo legalmente establecido en cada oportunidad de pago.
19 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA - CENTRO DE INVESTIGACIONES JUDICIALES Conforme al artículo 3º de la Ley N.º 23908, el bene cio de la pensión mínima legal no fue aplicable para: a) Las pensiones que tuvieran una antigüedad menor de un año, computado a partir de la fecha en que se adquirió el derecho a la misma, pensiones que se reajustarán al vencimiento del término indicado; y, b) Las pensiones reducidas de invalidez y jubilación a que se re eren los artículos 28º y 42º del Decreto Ley Nº 19990, así como las pensiones de sobrevivientes que pudieran haber originado sus bene ciarios, las que se reajustarán en proporción a los montos mínimos establecidos y al número de años de aportación acreditados por el pensionista causante. 16. El monto de la pensión mínima legal establecida por la Ley N.º se incrementó posteriormente, cuando los Decretos Supremos N. os 023 y TR, del 1 de agosto de 1985, aumentaron el sueldo mínimo vital a S/. 135,000 soles oro, quedando establecida una pensión mínima legal de S/. 405,000 soles oro, y así sucesivamente hasta que el sueldo mínimo vital fue incorporado y sustituido por el Ingreso Mínimo Legal. 17. Se deberá tener en cuenta que, cuando la Ley N.º quedó tácitamente derogada por el Decreto Ley N.º 25967, la pensión mínima legal vigente era de S/ (treinta y seis nuevos soles), importe equivalente a la suma de tres veces el Ingreso Mínimo Legal (sustitutorio del sueldo mínimo vital) establecido por el Decreto Supremo N.º TR. 18. Entre el 19 de diciembre de 1992 fecha de vigencia del Decreto Ley N.º y el 23 de abril de 1996 fecha de publicación del Decreto Legislativo N.º 817, la pensión inicial retornó a ser el resultado del cálculo establecido por las disposiciones legales pertinentes según la fecha de contingencia de la prestación, hasta que, a partir del 24 de abril de 1996, el Decreto Legislativo N.º 817 establece nuevamente montos mínimos, determinados atendiendo al número de años de aportaciones acreditadas en bene cio de los pensionistas del Sistema Nacional de Pensiones. 19. Ejempli cación de la aplicación de artículo 1º de la Ley N.º Con el objeto de aclarar cualquier duda respecto a la interpretación y aplicación señalada por este Tribunal, resulta necesario resolver algunos casos hipotéticos que, de hecho y de manera notoria, se presentaron al entrar en vigencia el bene cio de la pensión mínima legal, así como, durante su vigencia, hasta el 18 de diciembre de 1992, siendo pertinente reiterar que con posterioridad a dicha fecha la norma en cuestión no es aplicable.
20 54 PLENO JURISDICCIONAL DISTRITAL EN MATERIA CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVA CASO 1: Al entrar en vigencia la Ley Incremento del monto de la pensión percibida al monto mínimo Pensión comprendida en la Ley N.º con un monto de S/. 200, soles oro al 1 de setiembre de 1984 Por efecto de la Ley N.º 23908, la pensión mínina que debía percibir todo asegurado comprendido en el bene cio era de S/. 216, soles oro, por lo que la pensión de el pensionista debía incrementarse hasta el monto mínimo a partir de dicha fecha y, de ser el caso, de la misma manera, luego de los siguientes incrementos del referente de la pensión mínima legal, salvo que, por efecto de otras disposiciones legales o administrativas, el monto de la pensión ya hubiera superado la mínima vigente en cada oportunidad de pago. CASO 2 : Al entrar en vigencia la Ley Inaplicación de la pensión mínima Pensionista del Sistema Nacional de Pensiones que percibía S/. 300, soles oro al 1 de setiembre de 1984 Como el monto de la pensión supera el mínimo, el bene cio dispuesto en la Ley N.º resulta inaplicable al caso concreto, pues su aplicación importaría la reducción del monto de la pensión. CASO 3 : Durante la vigencia de la Ley Incremento del monto de la pensión percibida Pensionista que a la fecha de vigencia de la Ley percibía un monto superior al mínimo, por ejemplo de S/. 350, soles oro Como se ha señalado, al caso concreto no era aplicable la pensión mínima porque no bene ciaba al pensionista; sin embargo, cuando la pensión mínima aumentó a partir del 2 de agosto de 1985 a S/. 405, soles oro por efecto del incremento del sueldo mínimo vital (Decretos Supremos N. os 023 y TR), correspondía aumentar el monto de la pensión, pues a partir de dicho momento resultaba inferior a la pensión mínima legal, salvo que, por efecto de otras disposiciones legales o administrativas, el monto de la pensión ya hubiera superado la mínima vigente en cada oportunidad de pago. 20. Al respecto, este Tribunal rea rma lo establecido en los fundamentos 13, 14 y 15 de la STC N.º AC, en el sentido de que se encuentra condicionado
Jurisprudencia relevante en torno al Sistema Nacional de Pensiones. César González Hunt
Jurisprudencia relevante en torno al Sistema Nacional de Pensiones César González Hunt Importancia de la Jurisprudencia en materia pensionaria La jurisprudencia que se ha consolidado alrededor del Sistema