Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-59704-de-octubre-9-de-2013?documento=jurcol&contexto=jurcol_f4041d9dffb203fae0430a01015103fa&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-01-19 23:00:27
Document Index: 276132173

Matched Legal Cases: ['artículo 55', 'artículo 70', 'artículo 50', 'artículo 7', 'artículo 458', 'artículo 23', 'artículo 13', 'artículo 14', 'artículo 12']

﻿ Sentencia 59704 de octubre 9 de 2013
SENTENCIA 59704 DE 09 DE OCTUBRE DE 2013
CONTENIDO:ASESORÍA SINDICAL Y PACTOS COLECTIVOS. SOLICITAR Y ACEPTAR ASESORÍAS DE ALGUNAS ORGANIZACIONES SINDICALES, INVADE EL CAMPO ÍNTIMO DE LA PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE LA EMPRESA, ADEMÁS DE QUE DESBORDA POR COMPLETO LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO Y CONSTITUYE UNA FACULTAD AUTÓNOMA DE LA EMPRESA QUE NO PUEDE SERLE IMPUESTA A TRAVÉS DE UN LAUDO ARBITRAL. LA EXTENSIÓN DE UNA CONVENCIÓN COLECTIVA A TODOS LOS TRABAJADORES DE UNA EMPRESA CONSTITUYE UN TEMA REGULADO, QUE NO PUEDE SERLE IMPUESTO A LA EMPRESA, SALVO EN LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS LEGALMENTE, O PORQUE ASÍ LO CONSIENTA Y DECIDA LIBREMENTE. POR RAZONES DE EQUIDAD, LOS ÁRBITROS NO ESTÁN OBLIGADOS A EXTENDER DE MANERA INDISCRIMINADA TODOS LOS BENEFICIOS CONTEMPLADOS EN UN PACTO COLECTIVO, A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS.
TEMAS ESPECÍFICOS:CONVENCIÓN COLECTIVA, SINDICATO, EMPRESA, TRIBUNAL DE ARBITRAJE, ANULACIÓN DEL LAUDO ARBITRAL, PACTO COLECTIVO
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:508 DE ABRIL DE 2014, PÁG.671
Sentencia 59704 de octubre 9 de 2013
SL 719-2013
Rad. 59704
Decide la Corte el recurso de anulación interpuesto por el apoderado del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, seccional Bogotá, “Sintrafenalco”, contra el laudo arbitral proferido el 21 de enero de 2013, para resolver el conflicto colectivo suscitado entre el recurrente y la Federación Nacional de Comerciantes seccional Bogotá, Fenalco.
El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, seccional Bogotá, “Sintrafenalco” presentó un pliego de peticiones ante la Federación Nacional de Comerciantes seccional Bogotá, Fenalco, que dio origen a un conflicto colectivo. Una vez agotada la etapa de arreglo directo, sin que las partes hubieran arribado a algún acuerdo (fl. 23), el Ministerio de la Protección Social, a través de las resoluciones 3584 del 23 de agosto de 2011, 738 del 8 de mayo de 2012, 2273 del 15 de junio de 2012 y 1393 del 23 de julio de 2012, constituyó e integró un tribunal de arbitramento, con el fin de que estudiara y resolviera definitivamente la disputa.
Una vez instalado el tribunal de arbitramento y prorrogado el término para fallar, previa autorización de las partes, el 21 de enero de 2013 fue proferido el laudo arbitral (fls. 405-414).
Para los fines que interesan al recurso de anulación, el tribunal de arbitramento resolvió, entre otras cosas, lo siguiente:
“Décimo: Incremento salarial: a partir del primero (1º) de febrero de dos mil trece (2013), Fenalco incrementará el salario básico a sus trabajadores sindicalizados, así: para el primer año, el equivalente al IPC del año inmediatamente anterior, más dos (2) puntos y, para el segundo año, el equivalente al IPC del año inmediatamente anterior, más un (1) punto.
Décimo segundo: Vigencia: la vigencia del laudo será de dos (2) años contados a partir de su expedición.
Décimo tercero: Inhibirse de resolver sobre: la petición del capítulo preeliminar, salvo respecto de la indicación de las partes contratantes para efecto del campo de aplicación; garantía del derecho de asociación (art. 1º); campo de aplicación extendido a todos los trabajadores de la empresa (art. 3º); favorabilidad (art. 4º); modalidad de contratos (art. 9º); jornada laboral (art. 10); reintegros laborales (art. 12); retiro de sanciones (art. 13); mínimo de garantías (art. 14); extensión de vacaciones (art. 18); ascensos y promociones (art. 21).
Décimo cuarto: Los puntos no incluidos en la parte resolutiva de este laudo se entienden negados por este tribunal de arbitramento obligatorio, conforme las consideraciones respectivas”.
Lo interpuso Sintrafenalco, a través de apoderado judicial (fls. 427-440), y fue concedido por el tribunal por medio de la providencia del 28 de enero de 2013 (fl. 441).
Mediante auto del 20 de febrero de 2013, esta corporación avocó el conocimiento del asunto y, por auto del 24 de abril de 2013, ordenó correr traslado a las partes. El sustento de la impugnación se encuentra condensado en el recurso interpuesto ante el tribunal de arbitramento y en el escrito presentado ante la Corte. La Federación Nacional de Comerciantes seccional Bogotá, Fenalco, no presentó escrito dentro del término que le fue concedido para tales efectos.
El recurrente eleva dos peticiones diferentes a la Corte:
1. Que se devuelva el laudo arbitral al tribunal de arbitramento para que, una vez reconvocado, emita una decisión definitiva frente a aquellos puntos del pliego de peticiones que, a pesar de haber sido sometidos a su consideración y decisión y respecto de los cuales tenía plena competencia, quedaron sin resolver.
2. Que se anulen los artículos décimo y décimo segundo y que, en su lugar, “... se ordene que la vigencia del laudo arbitral tenga su inicio desde la misma fecha del inicio de la vigencia establecida en el pacto colectivo existente entre los trabajadores no sindicalizados y el empleador Horizonte Pensiones y Cesantías (sic)”.
Una vez agotado el respectivo trámite, la Corte procede a resolver los puntos planteados en el recurso de anulación, en el orden anunciado.
1. Devolución del laudo arbitral
En lo fundamental, el recurrente critica al tribunal por haberse abstenido de resolver algunos puntos que resultaban trascendentales dentro del conflicto colectivo, a pesar de tener competencia para ello.
Expone, en ese sentido, que una decisión inhibitoria como la del tribunal de arbitramento resulta contraria a los fines de la negociación colectiva, pues tal postura “... es una disposición de no decisión y por ende, de persistencia del conflicto para el cual había sido llamado a dar término”.
En concreto, estima que el tribunal debió pronunciarse frente a los siguientes puntos del pliego de peticiones: i) que los beneficios convencionales se extiendan a todos los trabajadores de la empresa, sindicalizados y no sindicalizados, que se relaciona con las cláusulas tercera, cuarta y novena; ii) que se permita la asesoría de organismos sindicales a los que se encuentra afiliado Sintrafenalco y la prohibición para Fenalco de celebrar pactos colectivos, contenidos en el capítulo preeliminar; iii) la exigencia de que se asegure el cumplimiento de la responsabilidad social que le asiste a la empresa, contenida en el artículo de “garantía de derecho de asociación”; iv) el capítulo concerniente a la jornada laboral; v) y la creación de un comité para imponer sanciones y dilucidar hechos constitutivos de despido.
Para tales efectos, alega que, ante la coexistencia en la empresa de un pacto colectivo y de una convención colectiva de trabajo, “... era dable que en equidad el tribunal de arbitramento se ocupara de aquellos trabajadores que eventualmente no resulten beneficiarios de una u otra forma de contratación, porque no sean afiliados al sindicato y tampoco sean beneficiarios del pacto colectivo, para que aquellos que puedan resultar excluidos de las formas de contratación colectiva, con lesión de su derecho a la igualdad, puedan gozar en su favor de los beneficios de la forma de contratación colectiva amparada por el orden legislativo interno, esto es, la propia de la convención colectiva, así sea esta resultante de la vía arbitral”.
De igual forma, indica que cuestiones tales como la asesoría sindical y la prohibición de celebrar pactos colectivos “... no fueron ni citadas ni despachadas en la conclusión que de ellas extrae el tribuna (sic), pues la decisión se concretó exclusivamente a la representación sindical de los trabajadores y a las partes vinculadas por la convención resultante”. Por último, afirma que frente a los temas citados no existió una motivación clara y expresa, que justificara la decisión inhibitoria, además de que sobre los mismos el tribunal tenía competencia, pues no están fijados en la ley, ni desconocen derechos o atribuciones de las partes en conflicto.
Esta Sala de la Corte ha explicado en repetidas oportunidades que, al desatar el recurso de anulación presentado contra un laudo arbitral proferido para resolver un conflicto colectivo, sus funciones están concretadas en verificar su regularidad y comprobar que el organismo arbitral no haya extralimitado el objeto para el cual fue convocado.
En tal contexto, la Corte ha dicho que, en principio, “... no es jurídicamente posible que el tribunal de arbitramento se inhiba de resolver sobre el fondo del asunto, pues tal proceder deja insoluble parcialmente el conflicto colectivo de trabajo, perdiendo su razón de ser ese mecanismo previsto por el legislador para dirimir los conflictos colectivos de trabajo, donde se somete la solución de las diferencias a la decisión de particulares investidos transitoriamente de jurisdicción” (Ver Sent. jun. 13/2007, Rad. 32093, reiterada en la de ene. 22/2008, Rad. 34861).
No obstante, la Corte también ha discernido que para que la decisión inhibitoria sea cuestionable y obligue a la devolución del laudo, con el ánimo de remediar la omisión y lograr un pronunciamiento completo, debe ser incuestionable que el tribunal tenía competencia frente a los puntos sobre los cuales se hubiera dejado de adoptar una resolución de fondo. Por lo mismo, se ha dicho, la decisión inhibitoria es admisible en torno a aquellos puntos que no entran dentro de los márgenes de competencia del tribunal de arbitramento.
En la sentencia del 22 de enero de 2008, Radicado 34861, la Corte explicó al respecto:
“Los razonamientos en precedencia mantienen su vigencia bajo los siguientes criterios: (i) Si el tribunal de arbitramento tiene competencia para definir los puntos del pliego de peticiones que no pudieron ser resueltos en la etapa de arreglo directo, no es jurídicamente viable que se inhiba. De suceder así debe la Corte devolver el laudo para que el tribunal efectúe pronunciamiento de fondo; y (ii) solo es procedente la inhibición cuando los árbitros efectivamente carecen de competencia. En similar sentido lo sostuvo esta corporación en sentencia de homologación de 19 de julio de 1982 al discurrir: “Si el sentenciador estima que no tiene competencia, su decisión tiene que ser inhibitoria. No puede concluir afirmativamente ni negativamente sobre lo pedido. Si procede en forma diferente, con el supuesto de su incompetencia, su decisión no solo contraría la normatividad de los presupuestos procesales sino que es ilógica en el campo del derecho” (G.J. 2410, pág. 655).
En el presente asunto, el laudo arbitral contiene una aclaración genérica y previa, por medio de la cual se deja constancia de que, por unanimidad de votos, se resolvió que “... en los puntos que el tribunal precise que no tiene competencia, se declarará inhibido para resolver de fondo respecto de los mismos...”. A su vez, en cada uno de los aspectos a los que se refiere el recurrente, el tribunal expone las razones por las cuales carece de competencia para emitir un pronunciamiento de fondo.
Así pues, el sustento fundamental de la decisión inhibitoria, radica en que el tribunal carecía de competencia para resolver los puntos sobre los cuales recayó la medida. En ese sentido, contrario a lo señalado por el recurrente, la razón de la decisión inhibitoria es explícita.
Ahora bien, en torno a las cuestiones concretamente señaladas por el recurrente, la Corte encuentra:
i) Extensión de la convención.
En este punto específico, el tribunal consideró que no tenía competencia “... para extender la aplicación a todos los trabajadores de la empresa pues la extensión la concede la ley bajo las condiciones que determina”.
En verdad la petición del sindicato, contenida en el pliego de peticiones, de que la convención colectiva resultante de la negociación se aplicara a todos los trabajadores al servicio de la empresa, desborda los márgenes de competencia del tribunal de arbitramento, por lo que la decisión inhibitoria, frente a este aspecto, resultaba acertada.
En efecto, en principio, los llamados a beneficiarse de una negociación colectiva son los que participan en ella a través de sus organizaciones sindicales, salvo que, se den las condiciones definidas legalmente para disponer su extensión a todos los trabajadores de la empresa o que el empleador consienta unilateral y voluntariamente en ello. Por lo mismo, el tribunal al fijar el “campo de aplicación” del laudo, estableció de manera adecuada que regularía las condiciones de trabajo entre Fenalco y sus trabajadores afiliados a Sintrafenalco.
Así lo contemplan, por otra parte, los artículos 470 y siguientes del Código Sustantivo del Trabajo, que disponen a qué tipo de trabajadores resulta aplicable una convención colectiva y las condiciones para que se extienda a todos los servidores de la empresa, sean o no sindicalizados.
Por lo mismo, como lo dijo el tribunal, la extensión de una convención colectiva a todos los trabajadores de una empresa constituye un tema regulado, que no puede serle impuesto a la empresa, salvo en las precisas condiciones establecidas legalmente, o porque así lo consienta y decida libremente.
Así las cosas, se repite, la decisión inhibitoria en este tema resultaba fundada.
ii) Asesoría sindical y pactos colectivos.
Sin duda, solicitar y aceptar asesoría, además de definir de qué tipo de personas u organismos proviene, constituye una facultad autónoma de la empresa que no puede serle impuesta a través de un laudo arbitral. Por ello, la petición de que Fenalco acepte la asesoría de algunas organizaciones sindicales, invade el campo íntimo de su planeación y desarrollo, además de que desborda por completo la competencia del tribunal de arbitramento.
Igual situación puede predicarse respecto de la suscripción de pactos colectivos, pues, con algunas limitaciones encaminadas a velar por la promoción y garantía del derecho de asociación sindical, el empleador está legalmente autorizado para suscribir pactos colectivos con trabajadores no sindicalizados. Ello con la salvedad de que exista algún sindicato que agrupe más de la tercera parte de los trabajadores de la empresa o que, en general, dichos acuerdos se instrumentalicen como medidas discriminatorias tendientes a menoscabar la libertad sindical, de acuerdo con lo que establecen los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo.
Con todo, lo cierto es que dicha facultad no puede ser suprimida absolutamente por un tribunal de arbitramento. En la sentencia del 4 de julio de 2003, Radicado 21741, la Sala señaló al respecto:
“Bastante se ha dicho por esta Sala de la Corte que, en aplicación del derecho de negociación colectiva consagrado en el artículo 55 de la Constitución Política, en una misma entidad pueden coexistir los dos sistemas, el de la convención colectiva y el del pacto colectivo, de tal manera que los arbitradores no podrían imponer la prohibición a una empresa de que celebre pactos colectivos con trabajadores no sindicalizados.
En el fallo del 14 de junio de 2001, Radicación 16737, respecto del tema se dijo:
“No prohíbe la ley que en una misma empresa coexistan la convención colectiva y el pacto colectivo, salvo para la empresa la de suscribir pactos colectivos o prorrogar los que tenga vigentes, cuando el sindicato o sindicatos agrupen más de la tercera parte de los trabajadores, conforme lo consagra el artículo 70 de la Ley 50 de 1990”.
La tesis precedente es aplicable a este asunto, puesto que aquí no se alega que el sindicato agrupe a más de la tercera parte de los trabajadores. En ese orden no se anulará el punto”.
Por otra parte, una restricción absoluta para suscribir pactos colectivos, como la planteada en el pliego de peticiones, además de afectar la autonomía de la empresa, anula el derecho de los trabajadores de abstenerse de pertenecer al sindicato y de promover otras formas de negociación colectiva, como la que se logra a través del impulso y la firma de pactos colectivos.
Esta Sala de la Corte ha resaltado al respecto que “... el sistema constitucional colombiano garantiza el derecho de negociación colectiva para regular las relaciones laborales y el derecho de huelga con fines económicos y profesionales (C.P., arts. 55 y 56 y CST, art. 429); como a su turno el derecho de asociación no es imperativo, por cuanto el trabajador puede decidir voluntariamente su afiliación a un sindicato o permanecer al margen de él, está previsto, en principio, que el régimen convencional coexista con otro, consecuencia de la negociación individual o de la que realice un grupo de trabajadores no sindicalizados con la empresa a través de pactos colectivos. Solo existe una limitación a esa coexistencia de la convención colectiva con el pacto, establecida por el artículo 50 de la Ley 50 de 1990, conforme al cual, cuando el sindicato agrupe más de la tercera parte de los trabajadores de una empresa, esta no podrá suscribir pactos colectivos o prorrogar los que tenga vigentes” (Sent. jul. 8/2003, Rad. 21913).
Por lo anterior, frente a estos tópicos, la decisión inhibitoria también resultaba acertada.
iii) Responsabilidad social de la empresa.
La responsabilidad social de las empresas constituye un concepto amplio que puede abarcar iniciativas de diversa índole y que, dentro del pliego de peticiones, no se especifica en sus alcances. El sindicato se limita en este punto a requerir el “... cumplimiento de la responsabilidad social que le asiste a la empresa”, pero no precisa qué tipo de disposiciones sustanciales, predicables frente a los contratos de trabajo, podrían derivarse de dicha noción.
Por otra parte, los programas que podrían inscribirse dentro de esa idea de responsabilidad social, provienen de la autorregulación de la empresa y, por naturaleza, son voluntarias, de libre iniciativa y, por sobre todo, de autónoma confección, pues representan una imagen de la personalidad ética que se forja el empleador ante el mundo. En ese sentido, deben provenir de la libre composición de las partes y, por ello mismo, no pueden ser impuestos por un tribunal de arbitramento, a riesgo de comprometer la esfera íntima de gestión y gobierno.
Así las cosas, en este punto, también resultaba ajustada la decisión inhibitoria.
iv) Jornada laboral.
En este punto, el pliego de peticiones reprodujo la jornada laboral máxima contemplada en la ley y, por lo mismo, el tribunal sostuvo válidamente que no le correspondía “... reiterar lo que ella dice”. De igual forma, consideró que “... la entidad, de acuerdo con sus políticas y necesidades puede reducir los horarios de trabajo e, incluso, incrementarlos pagando las horas extras. No corresponde al tribunal intervenir en tales determinaciones que están sujetas al imperio de la ley”.
Efectivamente, la fijación de la jornada laboral de los trabajadores, el diseño de turnos de trabajo y la programación de esquemas de producción atañe a la gestión y planeación autónoma de la empresa, que no puede ser intervenida por un tribunal de arbitramento. Por lo mismo, el empleador puede atender cambios en sus esquemas de trabajo y hacer uso de trabajo suplementario, con los límites y consecuencias que le señala la ley, pero tal situación está dentro del margen de su autonomía y desborda la competencia del tribunal de arbitramento.
En la sentencia del 28 de febrero de 2012, Radicado 49867, la Corte señaló al respecto:
“Aun cuando los turnos de trabajo y de descanso que dispuso el tribunal de arbitramento como parte de la jornada laboral de los trabajadores beneficiados con el laudo arbitral atacado, contenidos en el artículo 7º de su resolutiva, hicieron parte del pliego de peticiones de la agremiación sindical, sin que hubieran sido solucionados en la etapa de arreglo directo, lo cual, en principio, daría lugar a pensar que debieron ser parte del estudio y decisión por parte del tribunal de arbitramento al tenor de lo dispuesto por el artículo 458 del Código Sustantivo del Trabajo, lo cierto es que, por la materia de que tratan, escapan a su competencia, pues desconocen el poder subordinante del empleador, en virtud del cual es a este a quien compete el direccionamiento y administración de su empresa y, como tal, la fijación de la jornada laboral de sus servidores y el uso del ius variandi, con los límites que respecto de estos aspectos del contrato de trabajo marcan la ley y la jurisprudencia y, obviamente, las estipulaciones que se pacten en el contrato de trabajo, la convención colectiva de trabajo o cualquiera otro acto jurídico de tal naturaleza, que permita superar los derechos mínimos de los trabajadores.
En términos similares a los anotados, esta Sala de casación, en sentencia de 22 de julio de 2009 (Rad. 36926), expresó:
“No pueden imponérsele al empleador a través de fallo arbitral, cargas que impliquen coartar su libertad de dirección y organización de la empresa, pues la implementación del sistema de turnos o de jornadas ordinarias de los trabajadores, es un aspecto de su resorte exclusivo, siempre y cuando no desconozca lo regulado por la ley, con relación a la jornada máxima establecida para cada caso.
“También, la restricción en el cambio del sistema de turnos a jornada ordinaria, limita la posibilidad jurídica que tiene el empleador de imponer reglamentos, determinar el modo, tiempo y cantidad de trabajo, derivada del elemento de la continuada subordinación y dependencia del trabajador, cuya limitante solo está prevista cuando se afecte el honor, la dignidad y los derechos mínimos del trabajador, conforme lo establece el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo.
“Adicionalmente, la habitualidad o no en el sistema de turnos y la implementación de una jornada laboral, es un aspecto jurídico que emerge de la facultad que le asiste al empleador de modificar unilateralmente y por razones objetivas las condiciones de trabajo, conforme a lo que se ha denominado por la doctrina y la jurisprudencia como el “ius variandi”. De igual forma, el tema relacionado con el cambio de jornada laboral por prescripción médica es un aspecto se encuentran regulado en el sistema de seguridad social integral, no sujeto a la regulación de los árbitros”.
De otra parte, conviene anotar que no aparece dentro del expediente que por convención colectiva de trabajo anterior o por otro instrumento de su misma fuerza y naturaleza, se hubieran establecidos turnos y descansos, de manera que bien puede suponerse que dichos aspectos estaban siendo regulados por la empresa y que la pretensión del sindicato es elevarlos a norma convencional. Y al respecto, las orientaciones jurisprudenciales que se han traído a colación, ponen de manifiesto, se reitera, que no pueden los árbitros imponer cargas en ese sentido, de donde se sigue que se anulará la disposición acusada, conjuntamente con su aclaración y corrección”.
En igual sentido pueden verse las sentencias del 14 de febrero de 2012, Radicado 53095 y 22 de enero de 2013, Radicado 53107, entre otras.
En ese sentido, frente a este tema, la decisión inhibitoria también resulta ajustada.
v) Comité de relaciones laborales.
En este punto el tribunal no se inhibió, como lo reclama el recurrente. Contrario a ello, dispuso la conformación de un comité, “... pero con dos (2) representantes de los trabajadores sindicalizados y dos (2) de Fenalco Bogotá, quienes se reunirán una vez al mes, previa solicitud y convocatoria para cumplir, por lo menos, con las siguientes funciones: 1. Escuchar la organización sindical sobre todas las reclamaciones que como consecuencia del desarrollo del contrato presenten los trabajadores sindicalizados por su conducto. 2. Dialogar sobre soluciones tendientes a resolver problemas que surjan en desarrollo de las relaciones obrero-patronales de los trabajadores sindicalizados. De lo tratado se suscribirán actas por los que en las reuniones respectivas intervengan. En lo demás se niega”.
Al no existir decisión inhibitoria, el reproche del recurrente y su solicitud de devolución del laudo son infundados.
2. Anulación de los artículos décimo y décimo segundo. Vigencia del laudo.
El recurrente pide la anulación de los artículos décimo y duodécimo del laudo arbitral y que, en su lugar, “... se ordene que la vigencia del laudo arbitral tenga su inicio desde la misma fecha del inicio de la vigencia establecida en el pacto colectivo existente entre los trabajadores no sindicalizados y el empleador Horizonte Pensiones y Cesantías (sic)”.
Con tal fin, sostiene que debe existir una “igualdad material y jurídica” de todos los trabajadores al servicio de la empresa, que solo se logra si los beneficios del pacto colectivo son extendidos en las mismas condiciones a los trabajadores sindicalizados. Concretamente, estima que el aumento salarial decretado por los árbitros a partir del 1º de febrero de 2013 contrasta con el hecho de que los beneficiarios del pacto colectivo han gozado de incrementos desde el 1º de marzo de 2011 y, aduce, que esa situación resulta totalmente contraria al principio de igualdad establecido en el artículo 13 de la Constitución Política.
Agrega que esa extensión de la vigencia de los aumentos salariales no resulta inequitativa, pues el empleador los había concebido previamente, con la posibilidad de que cobijaran a todos los trabajadores, además de que el propósito fundamental de su petición no es reemplazar la facultad arbitral, sino dar continuidad a la intención del tribunal de tener como referente el pacto colectivo suscrito por la empresa, en momentos en los que se adelantaba el conflicto colectivo.
Esta Sala de la Corte ha definido con insistencia que, por regla general, los laudos arbitrales tienen efectos hacia el futuro y que solo eventualmente, con el ánimo de corregir algún desequilibrio económico, los árbitros pueden otorgarle un efecto retrospectivo a algunas de sus disposiciones, como las que se refieren a los aumentos salariales. No obstante, esa es una facultad de los árbitros que se amolda a su función primordial de encontrar la fórmula que resulta más equitativa en la resolución del conflicto, mas no una disposición que deban observar inflexiblemente. En la sentencia del 26 de julio de 2011, Radicado 50469, esta Sala sostuvo al respecto:
“Amparado en criterios de equidad, el tribunal de arbitramento consideró viable la aplicación de la cláusula de vigencia y de los incrementos salariales a partir del 1º de mayo de 2010, posición de la que disiente el recurrente.
No obstante, esta Sala ha sido pacífica en torno al punto traído a discusión y ha señalado que aun cuando en principio el laudo arbitral tiene efectos hacia el futuro, a partir de su expedición, se ha aceptado su retrospectividad, cuando quiera que el conflicto colectivo de trabajo no se termine mediante arreglo directo y sea necesaria la definición a través de un tribunal de arbitramento, como aconteció en el sub lite, a fin de corregir el desequilibrio económico que pueda surgir en ese lapso.
Justamente, esa facultad ha sido conferida a los árbitros para que, en cada caso particular ponderen si es viable la aplicación retrospectiva de las cláusulas referidas a los aumentos salariales, y se ha considerado que aquellos no se encuentran atados a una decisión en torno a este específico aspecto, de manera que les está permitida su definición, en el marco de los criterios de equidad a los que se hizo referencia anteriormente.
En efecto, tal posición quedó consignada en la Sentencia 18380 de 6 de mayo de 2002, reiterada en la 38153, de 10 de marzo de 2009:
“En cuanto a la vigencia del laudo arbitral, otro de los puntos controvertidos por el sindicato, se tiene que por regla general este produce efectos hacia el futuro, a partir de la fecha de su expedición, habida consideración que la convención colectiva denunciada rige hasta cuando se firme una nueva o se expida un laudo que haga sus veces, conforme a lo dispuesto en el numeral 2º del artículo 14 del Decreto 616 de 1954 que subrogó el 479 del Código Sustantivo del Trabajo. No obstante lo anterior es criterio jurisprudencial definido, desde sentencia de Sala Plena de Casación Laboral de julio 19 de 1982, es decir cuando estaba compuesta por dos secciones, que la vigencia de los aumentos salariales pueden tener efecto retrospectivo; exégesis orientada a corregir el desequilibrio económico que eventualmente puedan sufrir los trabajadores con la prolongación imprevista de la solución del conflicto colectivo, cuando las partes no lleguen a un arreglo directo y queden abocadas a su definición por un tribunal de arbitramento, mediando incluso en algunos casos la huelga. Tesis que halla pleno respaldo en la nueva Constitución Política puesto que esta determina la naturaleza vital y por consiguiente móvil de la remuneración salarial.
“No significa lo anterior que los árbitros estén en todos los casos obligados a imponer efectos retrospectivos a los incrementos salariales que determinen, pues la jurisprudencia entiende que es solo una potestad de la que pueden hacer uso en el supuesto que encuentren propicias las condiciones económicas de la empresa para adoptar tal medida. Consiguientemente si los árbitros, atendiendo las circunstancias particulares de cada caso tienen la posibilidad de negar la retrospectividad de los aumentos salariales, con mayor razón les asiste facultad para establecer sucedáneos del incremento retrospectivo, como la bonificación prevista en el artículo 12, que se homologará”.
En ese sentido, el tribunal no desbordó su competencia, ni afectó derechos o facultades de las partes reconocidos por la Constitución Política, las leyes o normas convencionales vigentes, al disponer la vigencia del incremento salarial a partir del mes siguiente a la fecha de emisión del laudo arbitral.
Ahora bien, finalmente, la Corte también ha precisado que, por razones de equidad, los árbitros no están obligados a extender de manera indiscriminada todos los beneficios contemplados en un pacto colectivo, a los trabajadores sindicalizados.
Como conclusión, el recurso de anulación no puede prosperar.
Negar las solicitudes de devolución y anulación del laudo arbitral proferido dentro del conflicto colectivo suscitado entre el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, seccional Bogotá, “Sintrafenalco” y la Federación Nacional de Comerciantes seccional Bogotá, Fenalco.
Cópiese, notifíquese, insértese en la gaceta judicial y envíese el expediente al ministerio de la protección social para lo de su competencia.