Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/comunicados/No.%2002%20comunicado%2026%20de%20enero%20de%202011.php
Timestamp: 2018-05-22 13:48:34
Document Index: 372320346

Matched Legal Cases: ['artículo 8', 'artículo 70', 'artículo 71', 'artículo 67', 'artículo 69', 'ARTÍCULO 134', 'artículo 42', 'artículo 134', 'artículo 42', 'artículo 134', 'artículo 42', 'artículo 73', 'artículo 134', 'artículo 42', 'artículo 134', 'artículo 42', 'artículo 19', 'artículo 19']

No. 02 comunicado 26 de enero de 2011
La Corte Constitucional determinó que el Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica entre Guatemala y Colombia (2001) se ajusta formal y materialmente a la Constitución Política
I. EXPEDIENTE LAT-340 - SENTENCIA C-027/11
LEY 1254 DE 2008, aprobatoria del “Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de la República de Guatemala y el Gobierno de la República de Colombia”, hecho en la ciudad de Lima, el 23 de noviembre de 2001.
Primero.- Declarar EXEQUIBLE el “Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de la República de Guatemala y el Gobierno de la República de Colombia”, hecho en la ciudad de Lima, el 23 de noviembre de 2001.
Segundo.- Declarar EXEQUIBLE la Ley 1254 de 2008, por la cual se aprueba el “Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de la República de Guatemala y el Gobierno de la República de Colombia”, hecho en la ciudad de Lima, el 23 de noviembre de 2001.
Revisado el trámite surtido por la Ley 1254 de 2008, la Corte constató que finalmente, después de haber sido subsanado el vicio de procedimiento consistente en la falta de anuncio previo exigido por el artículo 8º del Acto Legislativo 1 de 2003, conforme a lo ordenado en Auto 267/09, se cumplió en debida forma con las etapas, requisitos y procedimiento establecido en la Constitución y el Reglamento del Congreso.
En relación con el contenido material del Convenio Básico de Cooperación Técnica Científica celebrado entre Guatemala y Colombia, la Corte consideró que desarrolla varios preceptos constitucionales, en especial, el previsto en el artículo 70 de la Carta, según el cual, “el Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y la enseñanza científica, artística y profesional”. Para la Corte, sin duda, los programas y proyectos que se compromete crear y ejecutar en asocio con Guatemala, contribuyen al fortalecimiento de la cultura nacional y al mismo tiempo, hacen efectivo ese deber. De esta forma, el Convenio también desarrolla los artículos 54 y 334 de la Constitución, que colocan en cabeza del Estado la obligación de promover la competitividad, la productividad y la formación tecnológica de los trabajadores.
De otro lado, el artículo 71 superior, en cuanto dispone que el Estado creará incentivos para las personas e instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología, también encuentra en el presente Convenio un mecanismo de realización efectiva, en cuanto éste impulsa la participación de dichas personas e instituciones en los proyectos de cooperación a los que se refiere. De igual modo, constituye un mecanismo de fomento y garantía del derecho a la educación consagrado en el artículo 67 de la Carta Política, así como una forma de cumplir con el deber establecido en el artículo 69 superior, de fortalecer la investigación científica en las universidades públicas y privadas.
Adicionalmente, la Corte señaló que el presente Convenio contribuye a la internacionalización de nuestras relaciones políticas, económicas, sociales y ecológicas, en los términos de los artículos 9, 226 y 227 de la Constitución, esto es, bajo parámetros de reciprocidad, equidad, convivencia y soberanía nacional. Al mismo tiempo reiteró que los acuerdos complementarios en áreas específicas de interés común que se comprometen los Estados de Guatemala y Colombia, sólo serán admisibles constitucionalmente, cuando: a) no contengan nuevas obligaciones distintas a las pactadas en el Convenio; b) se enmarquen dentro de los propósitos y objetivos del mismo y c) no se modifique el Convenio, ni se refieran a aspectos diferentes a la cooperación técnica y científica entre los dos Estados. De no ser así, el acuerdo deberá someterse a los procedimientos constitucionales establecidos en los artículos 150 numeral 16; 189, numeral 2 y 241.10 de la Constitución, de aprobación por parte del Congreso de la República y su posterior revisión de constitucionalidad.
En ese orden, la Corte Constitucional procedió a declarar exequibles, tanto el Convenio examinado como la Ley 1254 de 2008, aprobatoria del mismo.
La ausencia de formulación de un verdadero problema de constitucionalidad, impide que la Corte Constitucional profiera una decisión de fondo
II. EXPEDIENTE D-8143 - SENTENCIA C-028/11
ARTÍCULO 134-B. COMPETENCIA DE LOS JUECES ADMINISTRATIVOS EN PRIMERA INSTANCIA. [adicionado por el artículo 42 de la Ley 446 de 1998]. Los jueces administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:
6. De los de reparación directa cuando la cuantía no exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales. […]
INHIBIRSE de emitir un pronunciamiento de fondo sobre la constitucionalidad del numeral 6 del artículo 134 B del Código Contencioso Administrativo, adicionado por el artículo 42 de la Ley 446 de 1998, por ineptitud sustancial de la demanda.
La Corte encontró que en la presente demanda, el actor no planteó en realidad una contradicción entre una norma de carácter legal y la Constitución, sino la aparente incongruencia entre una ley ordinaria y una disposición contenida en una ley estatutaria que fijan la competencia de los jueces administrativos, de los tribunales administrativos y del Consejo de Estado. Sin embargo, el demandante no cuestiona la constitucionalidad del numeral 6 del artículo 134-B del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 42 de la Ley 446 de 1998, por desconocer las reglas sobre trámite legislativo, al modificar una norma de carácter estatutario mediante una norma ordinaria.
La pretensión del actor se dirige a que la Corte profiera un fallo aditivo en el que se recoja la solución interpretativa dada por el Consejo de Estado al resolver la aparente contradicción entre el artículo 73 de la Ley 270 de 1996 y el numeral 6 del artículo 134-B del CCA, adicionado por el artículo 42 de la Ley 446 de 1998, que le ha dado prelación a la disposición estatutaria. En su argumentación, el demandante reconoce implícitamente, que está ante una antinomia legal y no ante una contradicción entre una norma legal y la Constitución, que permita un pronunciamiento de fondo.
Por consiguiente, la Corte procedió a inhibirse de emitir un fallo de fondo sobre la constitucionalidad del numeral 6 del artículo 134B del Código Contencioso Administrativo, adicionado por el artículo 42 de la ley 446 de 1998, en razón a la ineptitud sustancial de la demanda.
La Corte se inhibió emitir un fallo de fondo, por cuanto la demanda por omisión legislativa relativa, no cumple con los requisitos de certeza y suficiencia que se exigen del cargo de inconstituconalidad
III. EXPEDIENTE D-8176 - SENTENCIA C-029/11
La Corte Constitucional se declaró INHIBIDA para decidir de fondo en relación con los apartes acusados de los incisos primero, segundo, cinco y sexto del artículo 19 de la Ley 1105 de 2006, por ineptitud sustantiva de la demanda.
La Corte estableció que el actor no cumplió adecuadamente con las exigencias particulares que el ordenamiento exige para la estructuración de un cargo por omisión legislativa relativa. Específicamente, no está demostrado que, como lo aduce el demandante, la norma legal acusada haya dejado por fuera los pasivos que se generen con posterioridad al acto de liquidación de la entidad pública, como tampoco expone las razones por las cuales la presunta omisión constituye una vulneración del debido proceso.
De igual modo, advirtió que la norma demandada tampoco señala, como lo asume el actor, que con la suscripción del contrato de fiducia mercantil de constitución de patrimonio autónomo se excluyan ciertos pasivos, pues lo que indica es que lo procesos o contingencias pendientes se atenderán con cargo al patrimonio autónomo, sin que de ello se derive la exclusión de los pasivos como obligaciones a pagar.
De esta manera, la demanda de inconstitucionalidad parcial del artículo 19 de la Ley 1105 no permite activar el control de constitucionalidad, lo que conduce a que la Corte deba inhibirse de hacer un pronunciamiento de fondo.