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Timestamp: 2018-04-26 15:09:02
Document Index: 92682957

Matched Legal Cases: ['artículo 3', 'artículo 133', 'artículo 28', 'artículo 3', 'artículo 326', 'artículo 108', 'artículo 3', 'artículo 230', 'artículo 7', 'artículo 10', 'artículo 11']

BOE.es - Documento BOE-A-2017-1613
Documento BOE-A-2017-1613
«BOE» núm. 40, de 16 de febrero de 2017, páginas 10649 a 10653 (5 págs.)
BOE-A-2017-1613
En el recurso interpuesto por don D. B. C., procurador de los tribunales, en nombre y representación de «Casur, Sociedad Cooperativa Andaluza», contra la nota de calificación extendida por la registradora de la Propiedad de Almería número 3, doña Isabel María Maldonado Vilela, por la que no se practica la prórroga de una anotación preventiva de embargo.
En el Juzgado de Primera Instancia número 8 de Almería se siguen autos de ejecución de títulos judiciales número 1892/2012 en los que recayó diligencia de ordenación, de fecha 6 de octubre de 2016, por la que se acordaba la práctica de prórroga de anotación preventiva de embargo sobre determinados bienes inmuebles dando lugar al mandamiento, de la misma fecha, del letrado de la Administración de Justicia don R. J. M.
Presentada la referida documentación en el Registro de la Propiedad de Almería número 3, fue objeto de la siguiente nota de calificación: «Registro de la Propiedad de Almería número tres Acuerdo recaído en este Registro de la Propiedad número tres de Almería, sobre la calificación del documento autorizado por el Juzgado de Primera Instancia número 8 de Almería, el día seis de octubre de dos mil dieciséis, con firma electrónica de once de octubre de dos mil dieciséis, presentado en este Registro el día diecinueve de octubre del año dos mil dieciséis, con el asiento 1102 del Diario 61. Procedimiento: ejecución de títulos judiciales 1892/2012. Hechos I El día diecinueve de octubre del año dos mil dieciséis, con el asiento 1102 del diario 61, fue presentado por duplicado el documento referido en el encabezamiento. II Con esta fecha y en relación al contenido del citado documento que resulta afectado por la calificación en los términos que se reflejan en los fundamentos de Derecho siguientes y que en este lugar se dan por reproducidas en evitación de repeticiones, recae el siguiente acuerdo: El documento que se califica está firmado electrónicamente y no tiene ningún signo externo que permita asegurar que es auténtico y no una mera fotocopia. Es decir, se duda si la reproducción del documento electrónico es auténtica (artículo 3 Ley Hipotecaria y Resoluciones de la DGRyN de fechas 19 de abril de 1972 y 11 de julio de 2011 y 16 de julio de 2012). Conforme a lo dispuesto en el artículo 133 del Reglamento Hipotecario, queda archivado en el legajo de esta oficina un ejemplar del mandamiento. Fundamentos de Derecho Los anteriormente expresados. Acuerdo No se practica la anotación de prórroga ordenada en virtud de los fundamentos de Derecho antes expresados. Contra la anterior calificación (…) Almería, siete de noviembre del año dos mil dieciséis. La Registradora (firma ilegible). Fdo. Isabel María Maldonado Vilela».
Contra la anterior nota de calificación, don D. B. C., procurador de los tribunales, en nombre y representación de «Casur, Sociedad Cooperativa Andaluza», interpuso recurso el día 29 de noviembre de 2016 en virtud de escrito en el que alega, resumidamente, lo siguiente: Que la registradora alega como única causa de denegación la falta de signos externos que permitan deducir que el documento es original y no copia; Que parece que se refiere al sello de caucho, llamado a desaparecer por la irrupción del documento electrónico que goza de una naturaleza distinta al tradicional documento en papel. En el documento digital, con firma electrónica, el original resulta ser el archivo informático que confecciona el Juzgado y que es firmado electrónicamente por el funcionario legalmente autorizado, cuya copia se remite al interesado que lo imprime en papel y lo presenta para su diligenciamiento; Que el Juzgado podría, al confeccionar el documento, incluir un sello como hace con el escudo de España, pero al imprimirlo en papel también sería indistinguible; Que, por ello el artículo 28 de la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia, dispone que las copias en papel dotadas de código seguro de verificación tendrán la consideración de auténticas, como ha confirmado la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 16 de julio de 2012, con cita igualmente de las de 6 de marzo del mismo año y 13 de enero de 2016; Que, finalmente, si no existe signo externo que permita asegurar que el documento es auténtico, tampoco existe signo externo que diga que no lo es, y Que se acompaña documentación adicional.
La registradora, tras la oportuna instrucción del expediente, emitió informe el día 14 de diciembre de 2016, ratificándose en su calificación, y elevó el expediente a este Centro Directivo. Del mismo resulta que, notificado el Juzgado de Primera Instancia número 8 de Almería de la interposición del recurso, no ha realizado alegaciones.
1. Generado electrónicamente un mandamiento de prórroga de embargo sobre bienes inmuebles y remitido del mismo modo al procurador de la parte actora, éste procede a su traslado a soporte papel y a su presentación en el Registro de la Propiedad. El documento presentado presenta pie en su única hoja del que resulta su código seguro de verificación (CSV), la advertencia de que permite la verificación de la integridad de la copia del documento electrónico en determinada dirección, la afirmación de que el documento incorpora firma electrónica reconocida de conformidad con la Ley 59/2013, de 19 de diciembre, de firma electrónica, así como la identidad del firmante, fecha y hora. Finalmente, el documento incorpora en el pie código de barras correspondiente al código seguro de verificación.
La registradora no practica la anotación ordenada porque, a su juicio, no resulta la autenticidad de la copia presentada a los efectos del artículo 3 de la Ley Hipotecaria. El recurrente afirma que incorporando el documento código seguro de verificación y la dirección donde puede ser verificada su integridad procede el despacho del documento.
2. De conformidad con la previsión del artículo 326 de la Ley Hipotecaria la presente Resolución debe dictarse sin tener en cuenta los documentos que el recurrente acompaña a su escrito de recurso. Es continua doctrina de esta Dirección General (por todas, Resolución de 13 de octubre de 2014, basada en el contenido del artículo y en la doctrina de nuestro Tribunal Supremo, Sentencia de 22 de mayo de 2000), que el objeto del expediente de recurso contra calificaciones de registradores de la Propiedad es exclusivamente la determinación de si la calificación es o no ajustada a Derecho.
Enlazando con lo anterior, también ha afirmado reiteradamente en base al mismo fundamento legal (por todas, Resolución de 23 de diciembre de 2010), que en la tramitación del expediente de recurso no pueden ser tomados en consideración documentos no calificados por el registrador (y aportados al interponer el recurso). En consecuencia, que no procede llevar a cabo un pronunciamiento en relación a documentos que no se pusieron a disposición del registrador de la Propiedad al tiempo de llevar a cabo su calificación sin perjuicio de que llevándose a cabo una nueva presentación se adopte un nuevo acuerdo de calificación en el que se haga referencia a dichos documentos (vid. artículo 108 del Reglamento Hipotecario).
3. Establecido lo anterior y, en primer lugar, en cuanto al valor jurídico del documento firmado electrónicamente, ya ha señalado este Centro Directivo en la Resolución de 1 de octubre de 2015 que «en nuestro Ordenamiento no existe duda sobre la equivalencia de valor jurídico de la firma electrónica y la firma manuscrita. En este sentido es clara la disposición del artículo 3.4 de la Ley 59/2003 de Firma Electrónica cuando dispone que la firma electrónica reconocida tendrá respecto de los datos consignados en forma electrónica el mismo valor que la firma manuscrita en relación con los consignados en papel. Se sigue así la Directiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de diciembre de 1999 por la que se establece un marco comunitario para la firma electrónica. Pero es que además, desde un punto de vista técnico, la utilización de la firma electrónica reconocida tiene ventajas respecto a la manuscrita ya que permite identificar al firmante y asegura la integridad del documento que se firma, ya que detecta cualquier cambio ulterior de los datos firmados y está vinculada al firmante de manera única y a los datos a que se refiere y ha sido creada por medios que el firmante puede utilizar, con un alto nivel de confianza, bajo su exclusivo control basada en un certificado reconocido y generada mediante un dispositivo seguro de creación de firma (artículos 3.3 y 3.4 de la Ley 59/2003 de Firma Electrónica)».
4. La cuestión planteada en este expediente resulta sustancialmente idéntica a la que dio lugar a la Resolución de este Centro Directivo de fecha 6 de marzo de 2012 por lo que la doctrina entonces formulada, con las debidas adaptaciones al origen judicial del documento ahora presentado, debe ser ahora reiterada.
5. El registrador, en el ámbito de su competencia, está obligado a llevar a cabo la verificación de la autenticidad del documento presentado mediante el acceso a la sede electrónica correspondiente mediante el código seguro de verificación incorporado al propio documento. Esta obligación es plenamente coherente con la general que impone al registrador calificar la autenticidad y vigencia de la firma electrónica de un documento presentado mediante la oportuna consulta al correspondiente prestador de servicios de certificación o, la calificación de autenticidad de una carta de pago electrónica, o de cualquier otro documento remitido de forma telemática al Registro.
6. Las consideraciones anteriores son de plena aplicación al supuesto de los documentos judiciales generados electrónicamente y dotados de código seguro de verificación. Dispone el artículo 230 de la Ley Orgánica del Poder Judicial: «1. Los Juzgados y Tribunales y las Fiscalías están obligados a utilizar cualesquiera medios técnicos, electrónicos, informáticos y telemáticos, puestos a su disposición para el desarrollo de su actividad y ejercicio de sus funciones (…) 2. Los documentos emitidos por los medios anteriores, cualquiera que sea su soporte, gozarán de la validez y eficacia de un documento original siempre que quede garantizada su autenticidad, integridad y el cumplimiento de los requisitos exigidos por las leyes procesales». Por su parte la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia, reitera dicha obligación en sus artículos 1.2, 6.3 y 8, garantizando el derecho tanto de los particulares como de los profesionales que se relacionan con la Administración de Justicia (artículos 4.2 y 6.2 de la propia ley), a obtener copias electrónicas de los documentos electrónicos que formen parte del expediente y a su conservación igualmente electrónica. La utilización del sistema informático, se lleva a cabo por medio de la sede electrónica correspondiente (artículo 7), a través de la que deben llevarse a cabo todas las actuaciones que requieran de autenticación (artículo 10), incluida la «comprobación de la autenticidad e integridad de los documentos emitidos por los órganos u organismos públicos que abarca la sede que hayan sido autenticados mediante código seguro de verificación» (artículo 11.2.h).
7. A la vista de las consideraciones anteriores el recurso debe prosperar pues presentado copia en soporte papel de documento judicial electrónico firmado con firma electrónica reconocida y que incorpora código seguro de verificación, no existe problema alguno de autenticidad una vez que el registrador, en cumplimiento de su competencia, lleve a cabo la verificación oportuna en la sede judicial electrónica señalada al efecto (cuyos certificados de autenticidad pueden y deben ser igualmente verificados por el registrador si alberga dudas al respecto).