Source: https://www.international-arbitration-attorney.com/hi/alejandra-delfin-el-recurso-de-nulidad-y-la-recepcion-de-la-jurisprudencia-en-la-decision-de-los-comites-ad-hoc/
Timestamp: 2020-04-06 05:38:28
Document Index: 235606098

Matched Legal Cases: ['Artículo 42', 'Artículo 52', 'Artículo 52', 'Artículo 25', 'Artículo 25', 'Artículo 52', 'Artículo 52']

एलेजांड्रा Delfin: लोप और तदर्थ समितियों के निर्णय में न्यायशास्त्र के स्वागत. ICSID में हाल ही में एक मामले के प्रकाश में अपनी अवधारणा
[प्रशासनिक कानून जर्नल (तैयार) #84, ईडी. Lexis नेक्सिस – Abeledo Perrot. ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना. पेज 1817/1829. दिसंबर 2012. ISSN 1851-0590]
1.- परिचय
(ए) Cada Parte cumplirá los compromisos que hubiera contraído con respecto a las inversiones (Artículo II(2)(सी) del TBI) (la denominada “cláusula paraguas”).
(ख) Se otorgará siempre un trato justo y equitativo a las inversiones, las que gozarán de entera protección y seguridad y en ningún caso se les concederá un trato menos favorable que el que exige el derecho internacional (Artículo II(2)(ए) del TBI) ( “cláusula de trato justo y equitativo”).
(सी) Cada Parte permitirá que todas las transferencias relativas a una inversión que se envíen a su territorio o que salgan de él se realicen libremente y sin demora (Artículo V del TBI) (“cláusula sobre transferencias”).
(घ) Las inversiones no se expropiarán o nacionalizarán directamente, ni indirectamente mediante la aplicación de medidas equivalentes a la expropiación o nacionalización, salvo que se haga, entre otras condiciones, mediante pago de una compensación pronta, adecuada y efectiva (Artículo IV del TBI) (“cláusula relativa a la expropiación”)[7].
मगर, y a pesar de entender que las medidas adoptadas por el Estado Nacional durante esos años se enmarcaban en dicho Artículo y, por tanto, no correspondía establecer compensación alguna a la reclamante, no ocurrió lo mismo con el Decreto 1735/04, sobre el cual el Tribunal concluyó que existió un incumplimiento de la cláusula de trato justo y equitativo en relación con la reestructuración de las LETE[10]. El Tribunal llegó a esta conclusión respecto del Decreto a la luz de lo tardío de su fecha dedictado, ya que en ese momento las condiciones financieras en la Argentina estaban en un proceso de normalización, el porcentaje reducido del valor original de la deuda que la Argentina unilateralmente ofrecía reconocer, y la condición de que se renunciase a todos los demás derechos, incluidos los derechos con arreglo al TBI.
पहले, en lo que corresponde a la extralimitación manifiesta en las facultades (लेख 52(1)(ख)), el Comité señala que “esta causa de anulación es válida en caso de que el tribunal carezca de competencia, como puede ocurrir si la diferencia no queda cubierta por el acuerdo de arbitraje. Esta causa de anulación también puede ser válida cuando el tribunal no tiene en cuenta el derecho aplicable o basa su laudo en normas de derecho distintas de las aplicables según lo dispuesto en el Artículo 42 del Convenio del CIADI”[18]. Cumplimenta dicho recaudo señalando además que el error del Tribunal debe ser “manifiesto” e indiscutible, razón por la cual, concluye, no es suficiente un malentendido (y menos aún un desacuerdo) respecto del contenido de una norma particular[19].
Así, expresa: "[...] estos argumentos exageran el efecto del Artículo 52(1)(ख) del Convenio del CIADI puesto que, de aceptarse, los procedimientos de anulación se reconvertirían en procedimientos de apelación […] El Comité considera que la aplicación errónea de principios relativos a la interpretación de los tratados es también en sí misma un error de derecho, y no una extralimitación manifiesta de facultades, por lo menos cuando el error tiene relación con la cuestión sustantiva sobre la que debe decidir el Tribunal, y no con una cuestión relativa a la competencia del Tribunal [...] Esa actuación no constituye una extralimitación de facultades. Siempre que el tribunal:
(ए) aplique el derecho aplicable (sea un tratado, o derecho internacional general, o el derecho de un Estado concreto), y
(ख) exprese los motivos de su decisión respecto de todas las cuestiones que se le presentaron para que decidiera sobre ellas, el tribunal no tiene que ocuparse expresamente de cada disposición del derecho aplicable que las partes invoquen en sus argumentos, y a fortiori, de las disposiciones que las partes no invoquen en sus argumentos ante el tribunal”[20]
En segundo lugar, y en lo que corresponde al quebrantamiento grave de una norma de procedimiento (लेख 52(1)(घ)), el Comité cita la Primera Decisión sobre Anulación de Vivendi, oportunidad en la que se señaló que "[...] Conforme al Artículo 52 (1) (घ), el énfasis está puesto en el término “norma de procedimiento”, es decir, en la manera en que el Tribunal procedió, no en el contenido de su decisión”[22].
El Comité coincide con la afirmación allí formulada e indica que “el hecho de que un tribunal no tome en cuenta una cuestión que considera irrelevante no puede configurar un quebrantamiento grave de una norma fundamental de procedimiento simplemente porque una de las partes considera que la cuestión omitida es relevante”. Como ya se ha observado, que un tribunal no tenga en cuenta una de las cuestiones presentadas a su decisión, como la defensa específica planteada por la demandante, puede, en determinadas circunstancias constituir un quebrantamiento grave de una norma de procedimiento fundamental. मगर, no hay ninguna norma de procedimiento que exija al tribunal considerar de forma expresa cada uno de los argumentos o cuestiones presentados por una parte en apoyo de su posición en relación con una cuestión en particular”[23]
अंत में, y respecto de la falta de expresión en el laudo de los motivos en que se funda (लेख 52(1)(ई)), el Comité coincide que “si bien los tribunales tienen el deber de tratar cada una de las pretensiones que se les presenten (लेख 48(3) del Convenio del CIADI), no están obligados a formular observaciones sobre todos los argumentos de las partes en relación con esas pretensiones. En la Decisión sobre Anulación de Enron se dijo que “no corresponde al comité de anulación examinar meticulosamente el razonamiento del tribunal en una cuestión determinada para comprobar que cada punto planteado por alguna de las partes haya recibido una respuesta clara” (traducción del Comité)"[24]
Así, concluye, कि es posible que el recurso apropiado no sea una solicitud de anulación, sino una solicitud de que el tribunal dicte una decisión suplementaria[25]. En consonancia con los precedentes en cita, expresa que las razones del tribunal “pueden estar implícitas en las consideraciones y conclusiones contenidas en el laudo, siempre que sea posible inferirlas razonablemente a partir de los términos empleados en la decisión”[26]. अंत में, y a razón de lo indicado, el Comité concluye que, “en casos en que solo se puede argumentar que es posible que haya una contradicción o incoherencia en el razonamiento del tribunal, no compete al comité de anulación resolver ese argumento. Tampoco corresponde a un comité de anulación expresar sus propias opiniones sobre si las razones expuestas por el tribunal son lógicas o racionales o correctas”.[27]
“El Tribunal concluyó que el Artículo XI se aplicaba a las medidas específicas que había adoptado la Argentina en este caso, debido a que lo había hecho “frente a la crisis económica y social”, y que “[ई]l diseño de las Medidas fue suficiente para abordar la crisis y se aplicaron de manera razonable y proporcional a fines de 2001-2002.
“Cierto es que el Tribunal no aborda expresamente la cuestión de si la Argentina podría tener algún tipo de responsabilidad en el marco del TBI con relación a las medidas adoptadas en 2001-02 una vez superada la crisis económica. मगर, el Comité está convencido de que la posición del Tribunal en esta cuestión puede inferirse claramente a partir de una lectura integral del Laudo. El Tribunal concluyó que, debido a la crisis reinante en ese momento, el TBI sencillamente no era aplicable a las medidas adoptadas en 2001-02 en virtud del Artículo XI. Por ello, afirma, “debe entenderse como implícita la idea de que, según el Tribunal, la Argentina no tenía obligación alguna de indemnizar a Continental por haber adoptado dichas medidas una vez superada la crisis. Si en efecto, como concluyó el Tribunal, el TBI no era aplicable a las medidas adoptadas en 2001-02 en virtud del Artículo XI debido a la crisis reinante en ese momento, cabe inferir que dichas medidas no constituyen una violación del TBI aunque sus consecuencias sigan percibiéndose después de la crisis. El Tribunal consideró que no era importante determinar si se trataba de medidas temporarias o permanentes y, en cada caso, si los efectos temporarios o permanentes siguieron percibiéndose una vez superada la crisis. Si, como determinó el Tribunal, dichas medidas se encuadraban en el Artículo XI, sería lógico concluir que el TBI no se aplicaba a las consecuencias que estas pudieran seguir generando, incluso una vez superada la crisis económica”[28].
En este sentido, detalla: “el Tribunal llegó a la conclusión fáctica específica de que el 9 de diciembre de 2004 la emergencia económica de la Argentina había sido superada, por lo cual, a partir de entonces, esta ya no podía invocar el estado de necesidad para justificar medidas que en otro contexto violarían las obligaciones derivadas del Tratado. Asimismo, el Tribunal sostuvo que el regreso de la Argentina a los mercados internacionales se produjo en septiembre de 2004, por lo que determinó que las medidas adoptadas por la Argentina respecto de las LETE no se condecían con sus obligaciones emanadas del Tratado. मगर, el Tribunal no abordó el restablecimiento de las condiciones económicas normales en relación con las demás inversiones de la cartera de Continental.
“La consecuencia sería que, en virtud del Artículo XI, dichas medidas no encuadrarían dentro del Tratado, de modo que la parte que las adoptara no incurriría en incumplimiento de la disposición pertinente del TBI. Un inversor privado de la otra parte no podría, por lo tanto, tener éxito con su reclamación de responsabilidad y daños y perjuicios en dicho caso, porque la parte demandada no habría actuado en violación de sus obligaciones en virtud del TBI, ya que ellas no resultarían aplicables, प्रदान की, स्वाभाविक रूप से, se cumpliera con las condiciones para la aplicación del Artículo XI. En otras palabras, la disposición del Artículo XI constituye una restricción o derogación de las obligaciones sustanciales asumidas por las partes en el TBI, siempre que se cumpla con las condiciones necesarias para su invocación. Es más, se ha definido al Artículo XI como una cláusula de salvaguardia; se ha dicho que en él se reconocen “derechos reservados”, o que en él se contemplan medidas “no impedidas” a las que puede recurrir un Estado parte contratante[29].
Así, adoptando el sentido opuesto al sostenido por Continental, el Tribunal entendió que el Artículo XI del TBI sí delimita el campo de aplicación del TBI. Con cita a la Decisión sobre Anulación recaída en el caso CMS, indica la semejanza a este Caso por cuanto en aquella oportunidad también se criticó el Laudo por “asumi[आर] simplemente que el Artículo XI y el Artículo 25 tienen un mismo fundamento”, y por no reconocer que “el Artículo XI es sustancialmente distinto del Artículo 25”.
Sean cuales fueren las razones por las que el Tribunal no abordó este argumento en forma más directa, el Comité afirmó que las razones esgrimidas por el Tribunal para rechazarlo se encontraban “implícitas en las consideraciones y conclusiones contenidas en el laudo”. En tal sentido, rechaza la afirmación de que el Tribunal no expresó motivos conforme a lo dispuesto en el Artículo 52(1)(ई) del Convenio del CIADI al no aceptar el argumento planteado en los párrafos 360 ए 364 del Memorial de Réplica de Continental[30].
Por último, y contrarrestando el argumento respecto de la discrepancia de la Resolución del Tribunal Arbitral con antecedentes similares al Caso, concluye que el argumento de que Laudo no sea congruente con el aquel dictado en el caso LG&ए, no puede conducir a entender que se trata de un error anulable. Si bien, como se señaló, el Comité destaca la importancia de la adopción de antecedentes al momento de resolver la controversia, concluye que el Tribunal en oportunidad de resolver el litigio, no estaba obligado a seguir decisiones anteriores emitidas por otros tribunales del CIADI. Incluso, resalta, कि aun en el supuesto de que otro laudo del CIADI fuera acertado respecto de una determinada cuestión de derecho y el Laudo estuviera desacertado, ello constituiría meramente un error de derecho, lo que no configura una causal de anulación y, por lo tanto, no le corresponde al Comité determinar si el Tribunal aplicó el derecho correctamente[32].
अंत में, y a razón de los fundamentos expuestos, el Comité considera que la decisión del Tribunal y su razonamiento fueron sumamente claros, y que su decisión se basó en la opinión que éste tenía sobre la correcta interpretación del Artículo V del TBI, que constituyó la norma jurídica aplicable a la controversia. Por tanto, y bajo los mismos argumentos utilizados para entender la solicitud argentina, el Comité concluye que tampoco existió error anulable en la decisión del Tribunal que amerite hacer lugar a la reclamación de Continental.
En efecto, el TBI Argentina-Estados Unidos establece, en su art. VII.6, कि “todo laudo arbitral emitido de acuerdo con este Artículo será definitivo y obligatorio para las partes de la controversia. Cada Parte se compromete a llevar a cabo sin demora las disposiciones de cualquiera de tales laudos y a encargarse de su observancia”. Esta disposición se complementa con el texto del Tratado de Washington, que establece el carácter obligatorio del laudo dictado por el Centro.[35] A mayor abundamiento, el instrumento dispone que la decisión del Tribunal es definitiva y autónoma y que, como tal, su incumplimiento acarrea responsabilidad internacional.
Ello, a pesar de que al momento de reglamentar el funcionamiento del CIADI lo que se tuvo en cuenta es precisamente como evitar que la inmunidad de ejecución impida el cumplimiento del laudo arbitral con la consecuente frustración de la finalidad que se tuvo en miras al momento de la creación de la institución, tratando de superar este punto débil de la Convención sobre el Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Arbitrales Extrajeras (न्यू यॉर्क में कन्वेंशन)[36].
Escapa de nuestro análisis el estudio en profundidad de esta problemática, pero en el caso puntual de Argentina, la inmunidad de ejecución que se alega para evitar la efectiva ejecución del Laudo arbitral condenatorio de nuestro país ha dado que hablar en varias oportunidades, no sólo frente a los laudos dictados por el CIADI, sino también por otros tribunales arbitrales como los que funcionan bajo las reglas de la UNCITRAL, सीसीआई, e incluso por sentencias judiciales dictadas por tribunales extranjeros.
– एलेजांड्रा Delfin
[1]A fines de 1999, comenzó la crisis económica, social, y política a mostrar sus primeros síntomas, acentuándose con el tiempo hasta el dictado en 2002 de la Ley de Emergencia 25561. Esta norma vino a eliminar el derecho de calcular las tarifas en dólares de los Estados Unidos convirtiendo las tarifas a pesos argentinos, aplicó a las operaciones el tipo de cambio libre, y prohibió los ajustes según el IPP, medidas éstas que sirvieron de sustento a la mayoría de los reclamos llevados al ámbito del CIADI. Esta temática es abordada por numerosos autores, entre los que pueden citarse a: Graciarena, María Carolina, “La inmunidad de ejecución del Estado frente a los Laudos del CIADI”, Lexis नेक्सिस, ब्यूनस आयर्स (1997), Tawil, Guido S., Zuleta, Eduardo (Dir.), “El Arbitraje Comercial Internacional. Estudio de la Convención de Nueva York con motivo de su 50° aniversario”, Abeledo Perrot, ब्यूनस आयर्स (2008), Beltrán, Gambier y Fabré, María Carolina, “La Argentina y los inversores frente al CIADI”, en LLey 2006-E, 1296; Acosta, Juan F., Bostiancic, María Carla, “La situación de la República Argentina ante el CIADI”, en LLey, Suplemento Actualidad, del 30/11/2006; entre otros.
[3] Tal es el caso de “Sempra Energy c. República Argentina” (Sempra Energy International (Demandante) सी. República Argentina (Demandada/Solicitante) (Caso CIADI No. एआरबी / 16/02). Decisión de Anulación. Sugiero ampliar en Guaia, Carlos I. “El error de derecho como exceso de jurisdicción”. En La Ley, Año XXVI, Número 35, del 1° de setiembre de 2010); “Enron & Ponderossa Assets c. República Argentina” (Caso CIADI Nº ARB/01/03, del 22 de mayo de 2007); entre otros.
[11] Párrafos 71 y 73, con remisión a los párrafos 220 ए 222, y 246 ए 270 del Laudo, de fecha 5 de septiembre de 2008.
[12]लेख 52 (1) del Convenio del CIADI reza: ”Cualquiera de las partes podrá solicitar la anulación del laudo mediante escrito dirigido al Secretario General fundado en una o más de las siguientes causas: (ए) que el Tribunal se hubiere constituido incorrectamente; (ख) que el Tribunal se hubiere extralimitado manifiestamente en sus facultades; (सी) que hubiere habido corrupción de algún miembro del Tribunal; (घ) que hubiere quebrantamiento grave de una norma de procedimiento; (ई) que no se hubieren expresado en el laudo los motivos en que se funde”
[13] En particular, el Art. 50.1.सी, señala que debe indicarse "en una solicitud de anulación, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 52(1) del Convenio, las causales en que se funda. Estas causales estarán limitadas a las siguientes: – que el Tribunal no estuvo debidamente constituido; – que el Tribunal ha excedido manifiestamente sus atribuciones; – que hubo corrupción de parte de un miembro del Tribunal; – que hubo una violación seria de una regla fundamental de procedimiento; – que el laudo no ha dejado constancia de las razones en que se funda”.
[19] Con cita a MTD, Decisión sobre Anulación, párrafos 47 y 48; también MCI, Decisión sobre Anulación párrafos 49, 51, 55; Azurix, Decisión sobre la Solicitud de Anulación párrafos 64 ए 69; Rumeli, Decisión sobre Anulación párrafo 78; Enron, Decisión sobre Anulación párrafo 69; Duke, Decisión sobre Anulación párrafos 98, 99, 160 y 182
[20] Párrafos 90 ए 92, con cita a Christoph Schreuer, ICSID कन्वेंशन: एक टीका (2.a edn. 2009) (“Comentario de Schreuer”), pág. 964 . Asimismo, cita el párrafo 226 de la Decisión al señalar que "[…] el hecho de no tener en cuenta de forma involuntaria un detalle en el derecho es uno de los errores jurídicos más comunes. Un argumento pars pro toto en el sentido de que no tener en cuenta una disposición equivale a no aplicar la ley no parece que pueda sostenerse. No es posible distinguir entre una omisión parcial en la aplicación y una aplicación errónea"(traducción del Comité).
[22] कंपनी अग्वास डेल Aconquija S.A. y Vivendi Universal S.A. सी. La República Argentina, Caso CIADI n.o ARB/97/3, Decisión sobre la Anulación, 3 de julio de 2002
[29] Laudo, párrafo 168. El Comité continúa detallando el razonamiento del Tribunal señalando que en la nota al pie 241 del Laudo, éste citó uno de los informes de los relatores especiales elaborado durante el trabajo realizado por la CDI sobre los Artículos de la CDI en los siguientes términos: "[सी]uando un Estado invoca el estado de necesidad, tiene pleno conocimiento del hecho de que opta intencionalmente por un procedimiento que no se ajusta a una obligación internacional”. A continuación agregó: “Éste es un argumento que no resultaría aplicable a la invocación del Artículo XI” (párrafo 121)
[36] Este tema ha sido estudiado en numerosos trabajos, entre los que pueden citarse: Rivera, Julio César, “Las normas de procedimiento locales y la Convención. Remisión al procedimiento vigente y sus posibles contradicciones con la Convención”, en Tawil, G., Zuleta, ए. (Dir.), “El Arbitraje Comercial Internacional. Estudio de la Convención de Nueva York con motivo de su 50° aniversario”, ईडी. Abeledo Perrot, ब्यूनस आयर्स, 2008. पी. 323 y sgts.
[37] Abascal, José María, “Anulación de Laudos y sus efectos”, en Tawil, G., y Zuleta, E., “El arbitraje…”, ob. cit., पी. 535.