Source: https://www.scribd.com/document/148806617/T-426-92-rtf
Timestamp: 2019-02-22 04:57:11
Document Index: 347986252

Matched Legal Cases: ['artículo 48', 'artículo 23', 'artículo 53', 'artículo 46', 'artículo 46', 'artículo 48', 'artículo 25', 'artículo 9', 'artículo 23', 'artículo 23', 'artículo 2', 'artículo 53', 'artículo 53', 'artículo 25', 'artículo 36']

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calendario garantias constitucionales
Agripino Sabino Chavez
T-426/92 DERECHO A LA SUBSISTENCIA Aunque la Constitución no consagra un derecho a la subsistencia éste puede deducirse de los derechos a la vida, a la salud, al trabajo y a la asistencia o a la seguridad social. La persona requiere de un mínimo de elementos materiales para subsistir. La consagración de derechos fundamentales en la Constitución busca garantizar las condiciones económicas y espirituales necesarias para la dignificación de la persona humana y el libre desarrollo de su personalidad. Al interpretar restrictivamente el alcance del derecho a la subsistencia el juez desconoció la importancia de la solicitud de tutela respecto de los derechos de seguridad social y de asistencia y protección de la tercera edad, en las especiales circunstancias del solicitante. ESTADO SOCIAL DE DERECHO El Estado social de derecho hace relación a la forma de organización política que tiene como uno de sus objetivos combatir las penurias económicas o sociales y las desventajas de diversos sectores, grupos o personas de la población, prestándoles asistencia y protección. Exige esforzarse en la construcción de las condiciones indispensables para asegurar a todos los habitantes del país una vida digna dentro de las posibilidades económicas que estén a su alcance. El fin de potenciar las capacidades de la persona requiere de las autoridades actuar efectivamente para mantener o mejorar el nivel de vida, el cual incluye la alimentación, la vivienda, la seguridad social y los escasos medios dinerarios para desenvolverse en sociedad. DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL/DERECHOS FUNDAMENTALES/DERECHOS DE PERSONA DE LA TERCERA EDAD El derecho a la seguridad social no está consagrado expresamente en la Constitución como un derecho fundamental. Sin embargo, este derecho establecido de forma genérica en el artículo 48 de la Constitución, y de manera específica respecto de las personas de la tercera edad, adquiere el carácter de fundamental cuando, según las circunstancias del caso, su no reconocimiento tiene la potencialidad de poner en peligro otros derechos y principios fundamentales como la vida, la dignidad humana, la integridad física y moral o el libre desarrollo de la personalidad de las personas de la tercera edad. DERECHO A LA SUSTITUCION PENSIONAL El derecho a la sustitución pensional es una especie del derecho a la seguridad social que, cuando se verifican los supuestos legales para que se cause, permite a una persona entrar a gozar de los beneficios de la prestación económica antes percibida por otra. El derecho a la sustitución pensional no
Se ha elevado así a nivel de derecho constitucional el goce efectivo de las pensiones legales que. para el presente caso. ACCION DE TUTELA/INDEMNIZACION DE PERJUICIOS El goce efectivo de sus derechos fundamentales vulnerados requiere necesariamente de una indemnización dineraria que. con el fin de . constituyen algunas de las más preciosas garantías en favor de las personas de la tercera edad. Aunque su objeto no incluye el derecho a obtener una resolución determinada. es un derecho público subjetivo de la persona para acudir ante las autoridades. DERECHO DE PETICION El derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Carta. DERECHOS FUNDAMENTALES-Núcleo esencial La interpretación y aplicación de la teoría del núcleo esencial de los derechos fundamentales está indisolublemente vinculada al orden de valores consagrado en la Constitución.supone el reconocimiento del derecho a una pensión. El núcleo esencial de un derecho fundamental es resguardado indirectamente por el principio constitucional de ponderación del fin legítimo a alcanzar frente a la limitación del derecho fundamental. Con la tardanza de la administración para resolver sobre la petición de sustitución pensional se vulneró igualmente el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales consagrado en el inciso 3 del artículo 53 de la Constitución Política. o las organizaciones privadas que establezca la ley. junto con el deber de promover la integración a la vida activa y comunitaria. se fija en el daño emergente ocasionado al peticionario durante los meses que excedieron el doble del plazo ordinario para resolver su solicitud. con miras a obtener pronta resolución a una solicitud o queja. A diferencia de los términos y procedimientos jurisdiccionales. sino la legitimación para reemplazar a la persona que venía gozando de este derecho. sí exige que exista un pronunciamiento oportuno. el derecho de petición es una vía expedita de acceso directo a las autoridades. La posibilidad de las autoridades de no contestar reclamaciones o solicitudes que conlleva la configuración del fenómeno del silencio administrativo no debe entenderse como vía expedita para el desconocimiento del núcleo esencial del derecho fundamental de petición. mediante la prohibición de limitaciones desproporcionadas a su libre ejercicio ADMINISTRACION PUBLICA-Deberes/PRINCIPIO DE EFICACIA/DERECHOS DE LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD/RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL El principio de eficacia de la administración pública juega un papel central para hacer realidad la efectividad de los derechos fundamentales. La ponderación de valores o intereses jurídicoconstitucionales no le resta sustancialidad al núcleo esencial de los derechos fundamentales.
integrada por los magistrados Eduardo Cifuentes Muñoz. SENTENCIA DE JUNIO 24 DE 1992 REF. José Gregorio Hernández Galindo y Alejandro Martínez Caballero ha pronunciado EN NOMBRE DEL PUEBLO Y POR MANDATO DE LA CONSTITUCION la siguiente SENTENCIA En el proceso de tutela T-824 adelantado por el señor HERNANDO DE JESUS BLANCO ANGARITA contra el director de la Caja Nacional de Previsión Social. El señor HERNANDO DE JESUS BLANCO ANGARITA interpuso el 17 de diciembre de 1991 acción de tutela contra el director de la Caja Nacional de Previsión Social. 2. lo . ANTECE DENTES 1. aduciendo la violación de su "derecho fundamental de subsistencia". : Expediente T-824 Actor: HERNANDO DE JESUS BLANCO ANGARITA Magistrado Ponente: Dr. quien se autodefinió como "una persona anciana y sin recursos". los cuales no se hubieran producido si la injustificada tardanza de la administración no se hubiera presentado. 3. el día 17 de diciembre de 1990 solicitó la sustitución pensional. quien falleciera "en su condición de pensionada de la Caja Nacional de Previsión Social como maestra que fue al servicio de la Secretaría de Educación de Boyacá". "sin que a la fecha se hubiera atendido el otorgamiento de ese derecho laboral". EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional. Según el accionante.compensar los costos asumidos por la familia de la hija del petente. El petente afirmó en escrito sustentatorio de su acción ser cónyuge supérstite de la señora MARIA JOSEFINA DE JESUS OROZCO DE BLANCO.
sobre la negativa a responder. se encuentre convaleciente". el juez de tutela pudo constatar que el señor BLANCO ANGARITA hacía más de un año acudía infructuosamente a la entidad pública esperando una respuesta a su solicitud y que inclusive había intentado inquirir. 5. 4. la doctora Rodríguez contestó: "Con los trámites actuales se demora entre cuatro y cinco meses". entre ellas. donde fue atendido por la Jefe de la Sección de Pensiones del Magisterio. Con fundamento en las pruebas recogidas. Ante la pregunta de cuánto puede demorarse normalmente la resolución de una solicitud de sustitución pensional desde el momento que se formula la solicitud hasta cuando se adopta la decisión final. De las pruebas practicadas. así como el pago inmediato de las mesadas causadas desde el fallecimiento de su esposa y la indemnización correspondiente por la mora en resolver la solicitud de sustitución pensional. "sino que éste no se sometió a ella por la falta de dinero para cancelar deudas y para mantenimiento mientras. El Juzgado Primero Civil Municipal de Santafé de Bogotá negó la tutela solicitada mediante sentencia del 18 de febrero de 1992. radicada bajo el número 010558 del 17 de Diciembre de 1990". Entre sus pretensiones el señor BLANCO ANGARITA solicitó "obligar al Director de la Caja Nacional de Previsión Social o a quién haga sus veces a que resuelva de inmediato y en forma favorable mi solicitud de sustitución pensional. salvo en lo que respecta al derecho fundamental de petición. sin éxito. GLORIA RODRIGUEZ DE ROMERO. . no habiéndosele recibido su escrito por el funcionario de turno. Procedió posteriormente el fallador a realizar una audiencia pública en la misma Caja Nacional de Previsión Social. En dicha oportunidad. una intervención quirúrgica requerida por su precario estado de salud. el juez primero verificó la violación del derecho de petición consistente en la negativa de recibir un escrito exhortatorio a la administración para que se pronunciara sobre la solicitud inicial de sustitución pensional y en la inexistencia de una resolución oportuna a la petición elevada por el señor BLANCO ANGARITA.cual lo obligó a vivir bajo la protección de su hija con la carga adicional que para ella ésto conlleva y sin poder satisfacer algunas elementales necesidades por falta de recursos. Dra. y ordenó al Jefe de la Sección de Pensiones del Magisterio de la Sub-dirección de Prestaciones Económicas de la Caja Nacional de Previsión resolver definitivamente en el término de un mes y medio sobre la petición de sustitución pensional. así como el procedimiento de trámite ordinario de estos asuntos. se interpreta. El juez del conocimiento no encontró probada la vulneración del derecho a la subsistencia por considerar que al solicitante no se le negó la asistencia médica en la Caja Nacional de Previsión Social. se pudo establecer el tiempo promedio para la tramitación de las sustituciones pensionales. 6.
FUNDAMENTOS JURIDICOS Antes de proceder a revisar la presente sentencia de tutela. Tulio Cuevas.si se entendiera tutelable . la Mujer. y el grado de participación de todos en tal propósito no puede esperarse que tenga una determinación exacta. Papel del anciano en la sociedad moderna 1. el viejo pierde su lugar. Por no haber sido impugnada la decisión de tutela. Es inaceptable la condición de abandono y marginamiento social de miles de personas pertenecientes a la tercera edad. origina una condición de inseguridad para el anciano. Pero más tarde. Lo hizo gobernante. en fin un cúmulo de versiones que le hacen aparecer como una edad estéril y dolorosa. Largas filas de ancianos en espera del pago de las pensiones necesarias para sobrevivir. sino que a ello también deben concurrir la sociedad y la familia. lo ofrendó con privilegios y lo hizo merecedor de respeto y veneración. y tanto en la solicitud escrita como en la declaración tomada reiteradamente se reconoce que una hija del solicitante actualmente brinda a éste protección y asistencia. Esta situación. Tal situación obedece como bien lo explicó en su momento el constituyente. 8. la Tercera Edad y Minusválidos. Por aquel entonces los promedios de vida eran muy bajos y el hombre longevo era algo excepcional. que hace cada vez más difícil su convivencia con la familia. Guillermo Perry. la inutilidad. juez. (Iván Marulanda. el Niño. Ponencia-Informe Derechos de la Familia. y la sociedad se vuelve esquiva con él. Carencias del anciano 2. como en este caso. brindar esa asistencia y protección". el expediente respectivo fue remitido a esta Corporación para su eventual revisión y correspondió a esta Sala su conocimiento. Guillermo Guerrero. Sobre la posible vulneración del artículo 46 de la Constitución . por lo cual es un imperativo si se quiere moral de la familia que esté en posibilidades de ello. 85 p.el juzgado concluyó que "tampoco se ha violado en el presente caso ya que la protección y asistencia de las personas de la tercera edad no corresponde exclusivamente al Estado. con el surgimiento de la familia nuclear y la crisis de la familia extensa o patriarcal. el Joven. en la cual los hombres y mujeres de edad desempeñaban roles importantes. 8). porque sus hijos han dejado de ser un apoyo para él". Jaime Benítez. pontífice y consejero. Gaceta Constitucional No. alejada de cualquier clase de placer o satisfacción. la impotencia sexual y el aislamiento. pues se limitan las obligaciones de sus parientes. Es así como se crean alrededor de la vejez una serie y mitos y tabúes adversos que la asocian con la enfermedad. a que "en tiempos pasados la sociedad fue generosa con el anciano. ya que en este contexto histórico es en el cual se plantea la presente acción.7. la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional considera necesario referirse a la situación en que se encuentra el anciano en nuestra sociedad actual. la falta de un servicio social de atención a ancianos y disminuidos . Angelino Garzón. íntimamente vinculada a problemas de orden económico y socio-cultural.
La realidad social nutre el derecho constitucional. la responsabilidad de la administración también podría estar comprometida en la violación de los derechos de protección y asistencia de la tercera edad (CP art. la alimentación adecuada y la vivienda". El juez de tutela de primera instancia circunscribe el derecho a la subsistencia a la necesidad del solicitante de someterse a una urgente intervención quirúrgica. es perentorio asegurarle a la persona de la tercera edad el derecho a la seguridad y el disfrute del bienestar social que incluyen los de salud. La persona requiere de un mínimo de elementos materiales para subsistir. La consagración de derechos fundamentales en la Constitución busca garantizar las condiciones económicas y espirituales necesarias para la dignificación de la persona humana y el libre desarrollo de su personalidad. cuando ella genera inequidad. y otros. son factores objetivos que sitúan a este grupo social en circunstancias de marginalidad y debilidad manifiestas. 85 p. Gaceta Constitucional No. Dentro del anterior contexto socio-cultural y según el marco normativo descrito debe evaluarse la acción de tutela instaurada por el señor BLANCO ANGARITA en su condición de anciano. Entre los derechos fundamentales que el peticionario aduce como violados se encuentran el derecho de subsistencia y el derecho de petición (CP art. Es así como el inciso 2 del artículo 46 de la Constitución establece: "El Estado les garantizará (a los ancianos) los servicios de la seguridad social integral y el subsidio alimentario en caso de indigencia". a pesar de no haber sido expresamente invocados por la parte afectada. a la salud. así como en el desconocimiento del derecho a la seguridad social (CP art.que garantice la satisfacción de sus necesidades básicas. 9). en general. No obstante asistirle razón al . al trabajo y a la asistencia o a la seguridad social.48). injusticia y desigualdad. funda su negativa de tutelar el mencionado derecho en la circunstancia de no haberle negado la Caja de Previsión Social asistencia médica al señor BLANCO ANGARITA. A su vez. Por otra parte. Frente a esta injusticia ha querido reaccionar el constituyente colombiano al afirmar que "para que la vida del hombre sea digna de comienzo a fin. y. Derecho a la subsistencia 4.23). (Iván Marulanda.físicos o mentales como el existente en otras sociedades . Derechos fundamentales supuestamente vulnerados 3.al cual necesariamente deberá llegarse .46). Aunque la Constitución no consagra un derecho a la subsistencia éste puede deducirse de los derechos a la vida. la ausencia de un adecuado sistema de protección y asistencia. De ahí que la aplicación de la normas constitucionales a los casos concretos deba tener en cuenta que uno de los fines esenciales del Estado es la progresiva realización de las aspiraciones del constituyente dirigidas a transformar la realidad.
derecho a la subsistencia como lo denomina el peticionario-. en favor de aquellas personas en capacidad de trabajar pero que por la estrechez del aparato económico del país se ven excluidos de los beneficios de una vinculación laboral que les garantice un mínimo de condiciones materiales para una existencia digna. Por otra parte. Del principio de Estado social de derecho se deducen diversos mandatos y obligaciones constitucionales: primariamente.1). o la de exigir asistencia y protección por parte de personas o grupos discriminados. dignidad humana y derecho al mínimo vital 5. con factores culturales y económicos de grave incidencia en el "déficit social". CP art. Este derecho constituye el fundamento constitucional del futuro desarrollo legislativo del llamado "subsidio de desempleo". . deben contribuir a garantizar a toda persona el mínimo vital para una existencia digna. en las especiales circunstancias del solicitante. El fin de potenciar las capacidades de la persona requiere de las autoridades actuar efectivamente para mantener o mejorar el nivel de vida. la seguridad social y los escasos medios dinerarios para desenvolverse en sociedad. marginados o en circunstancias de debilidad manifiesta (CP art. económico y social justo (Preámbulo. sino que. El derecho al mínimo vital no sólo incluye la facultad de neutralizar las situaciones violatorias de la dignidad humana. prestándoles asistencia y protección. El Estado social de derecho exige esforzarse en la construcción de las condiciones indispensables para asegurar a todos los habitantes del país una vida digna dentro de las posibilidades económicas que estén a su alcance. Toda persona tiene derecho a un mínimo de condiciones para su seguridad material. el Estado y la sociedad en su conjunto. de conformidad con los principios de la dignidad humana y de la solidaridad (CP art. Estado social de derecho. El Estado social de derecho hace relación a la forma de organización política que tiene como uno de sus objetivos combatir las penurias económicas o sociales y las desventajas de diversos sectores. el cual incluye la alimentación. la vivienda. sobre todo. el Congreso tiene la tarea de adoptar las medidas legislativas necesarias para construir un orden político. Igualdad de oportunidades y trato favorable a los débiles 6. es consecuencia directa de los principios de dignidad humana y de Estado Social de Derecho que definen la organización política. grupos o personas de la población. 2). El derecho a un mínimo vital . 13). busca garantizar la igualdad de oportunidades y la nivelación social en una sociedad históricamente injusta y desigual. al interpretar restrictivamente el alcance del aludido derecho a la subsistencia el juez desconoció la importancia de la solicitud de tutela respecto de los derechos de seguridad social y de asistencia y protección de la tercera edad. social y económica justa acogida como meta por el pueblo de Colombia en su Constitución.juzgador de instancia en el sentido de no existir una vulneración o amenaza del derecho a la salud.
de manera directa y sin atender a las especiales circunstancias del caso. 42 a 77). en ejercicio del derecho de petición. En estas circunstancias se concretiza la existencia de un derecho prestacional del sujeto para exigir del Estado el cumplimiento y la garantía efectiva de sus derechos sociales. los derechos sociales. 350. Aunque de los deberes sociales del Estado (CP art. sin empleo ni entradas económicas fijas. en el cual el señor BLANCO ANGARITA expresaba: "Hemos hecho muchas averiguaciones con esa institución. En efecto. Prueba de ello. mientras históricamente ello no sea posible. 366). Estado Social de Derecho y "Constitución Económica" 7. por lo tanto. ya de manera general o particular. una prestación económica del Estado. El carácter programático de las disposiciones económicas no es óbice para que el Estado desatienda sus deberes sociales cuando las necesidades básicas ya han sido cubiertas mediante el desarrollo de la infraestructura económica y social y. económicos y culturales (CP arts. es el memorial del 23 de agosto de 1991 dirigido al Jefe de Prestaciones Económicas del Magisterio de la Caja Nacional de Previsión.Título XII del Régimen Económico y de la Hacienda Pública . Carácter fundamental del derecho a la seguridad social para ancianos 9.con el principio fundamental del Estado social de derecho y la efectividad de los derechos constitucionales. el petente. este derecho . en especial. 2) se desprende la realización futura de esta garantía.El derecho a un mínimo vital. no otorga un derecho subjetivo a toda persona para exigir. pero la respuesta siempre es la misma: plazos y más plazos que sólo traen como consecuencia el aumento de la incertidumbre. Situación concreta del solicitante 8. 334. y que no fuera atendido por dicha entidad. La unidad normativa de la Constitución y su interpretación sistemática permiten vincular directamente las disposiciones que conforman la llamada "Constitución Económica" . se encuentre materialmente en capacidad de satisfacerlas. fundaba todas sus expectativas vitales en el reconocimiento de su derecho a la seguridad social. el Estado está obligado a promover la igualdad real y efectiva frente a la distribución inequitativa de recursos económicos y a la escasez de oportunidades. El derecho a la seguridad social no está consagrado expresamente en la Constitución como un derecho fundamental. Sin embargo. Existe una íntima relación entre el derecho a un mínimo vital y el compromiso institucional para garantizar el cubrimiento de las necesidades básicas insatisfechas (CP arts. 324. el sufrimiento y los deseos de no seguir viviendo". anciano de sesenta y nueve años. Es claro en este caso que el reconocimiento de su derecho a la seguridad social era concebido como derecho a la subsistencia o derecho al mínimo vital. económicos y culturales. 357. confiado a la protección de su hija y sin recursos para atender las más elementales necesidades.
de los cuales 592. invalidez. Es por ello que la Constitución garantiza a las personas de la tercera edad "los servicios de seguridad social integral y el subsidio alimentario en caso de indigencia" (CP art. 85 p. por dichas circunstancias. Personas ancianas. vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad". su no reconocimiento tiene la potencialidad de poner en peligro otros derechos y principios fundamentales como la vida (CP art. 11). derecho a los seguros en caso de desempleo.016. 12) o el libre desarrollo de la personalidad (CP art. la vivienda. Situación de los ancianos en Colombia 10. y otros. 46 inc. La cifra no alcanza siquiera al 1% en todo el territorio nacional" (Iván Marulanda. el vestido. en condiciones de abandono o que representan una carga económica desproporcionada para la familia de escasos recursos y que. la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. 46). El derecho internacional defiende la importancia central de los derechos de la seguridad social. la integridad física y moral (CP art. Necesidades básicas en la Constitución colombiana 12. Según el propio constituyente.1). 46).334 personas mayores de sesenta años. Por su parte.establecido de forma genérica en el artículo 48 de la Constitución. La Declaración Universal de los Derechos Humanos . 2). tiene. "en Colombia se calcula que en 1990 había 2. viudez. la Constitución colombiana no sólo acoge la noción de que la atención de las necesidades básicas satisface exigencias primarias de los seres humanos.402. la salud y el bienestar. así mismo. Diversos instrumentos otorgan status de derechos fundamentales a la satisfacción de las necesidades básicas de la persona. no cuentan con recursos necesarios para subsistir. 8-9). 16) de las personas de la tercera edad (CP art. se constituyen en un atentado a la integridad familiar.estatuye en su artículo 25: "Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure. según las circunstancias del caso. Derecho Internacional 11. y en especial.el más importante documento del derecho internacional humanitario . sino que convierte ese cometido en prioridad del Estado y del . La situación concreta de gran número de ancianos hace que el derecho a la asistencia y la seguridad social sea para ellos un derecho fundamental. y de manera específica respecto de las personas de la tercera edad (CP art. enfermedad. adquiere el carácter de fundamental cuando. Además. se sabe que la mayoría de los individuos pertenecientes a la tercera edad sufren de algún tipo de abandono social y muy pocos viejos tienen acceso a la seguridad social. Gaceta Constitucional No. gozan de un derecho fundamental a la seguridad social según los términos que establezca la ley. la alimentación. más de la cuarta parte de esta población. la dignidad humana (CP art. así como a su familia.
vigentes a partir de 1976 y ratificados por Colombia mediante ley 74 de 1968. Libre mercado e igualdad de oportunidades 14. Sociales y Culturales establece: "Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la seguridad social. incluso al seguro social". el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Económicos. el núcleo de la Carta Internacional de Derechos. gozan de un derecho constitucional a la asistencia o seguridad social. Aunque las tesis intervencionistas hayan sido aceptadas en el pasado para morigerar los efectos del sistema socio-económico capitalista y con el objeto de promover la justicia social. 368). La visión que subyace a esta tesis es que el bienestar humano está mejor garantizado por el "libre mercado". Mecanismos para el cumplimiento de los derechos 15. desarrollan y dan concreción a los derechos consignados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es así como los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos. Derecho constitucional a la seguridad social 13. y no por la asunción de obligaciones sociales a cargo del Estado. En especial. constituyéndose en una finalidad social del estado su satisfacción (CP art. que ofrece infinitas oportunidades económicas para alcanzar la prosperidad si las personas mismas saben utilizarlas adecuadamente. En el plano internacional ello ha dado lugar al establecimiento de mecanismos para el cumplimiento de los derechos humanos. En ciertos ámbitos políticos persiste la concepción de que el sector privado es el garante primero y último de la satisfacción de las necesidades básicas y no el sector público. lo que se controvierte hoy en día es si las personas y grupos gravemente necesitados. 350). El concepto de "necesidades básicas insatisfechas" condiciona la apropiación y distribución de partidas presupuestales (CP art. 366).ordenamiento. incluso mediante la concesión de subsidios para el pago de tarifas de servicios públicos domiciliarios (CP art. Sin embargo. Sociales y Culturales adoptados en 1966. 324) y del gasto público social (CP art. el mito de la igualdad económica de oportunidades ha sido desmentido por las realidades demográficas mundiales. El carácter restrictivo del ejercicio de los derechos individuales frente al Estado se opone al reconocimiento de derechos constitucionales dirigidos a la satisfacción inmediata de las necesidades básicas y a la consiguiente obligación del Estado de garantizarlos. .
Derecho a la sustitución pensional 17. 23). El derecho a la sustitución pensional no supone el reconocimiento del derecho a una pensión. cuando de la respuesta de la administración depende la efectividad de un derecho fundamental (CP art. 2). Núcleo esencial .Interpretación de conformidad con los tratados internacionales 16. El derecho a la sustitución pensional es una especie del derecho a la seguridad social que. con miras a obtener pronta resolución a una solicitud o queja. Por su parte. sino la legitimación para reemplazar a la persona que venía gozando de este derecho. es un derecho público subjetivo de la persona para acudir ante las autoridades. A diferencia de los términos y procedimientos jurisdiccionales. Derecho de petición y silencio administrativo 20. como es en este caso el derecho a la seguridad social del anciano. El derecho a obtener una resolución en torno a la sustitución pensional supone necesariamente el ejercicio del derecho fundamental de petición (CP art. 40 a 42 Código Contencioso Administrativo) no debe entenderse como vía expedita para el desconocimiento del núcleo esencial del derecho fundamental de petición. 46 y 13 inciso 3) y. cuando se verifican los supuestos legales para que se cause. permite a una persona entrar a gozar de los beneficios de la prestación económica antes percibida por otra. aún más. exige afirmar el carácter fundamental del derecho a la seguridad social para aquellas personas con necesidades básicas insatisfechas y que se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta por su condición económica. el derecho de petición es una vía expedita de acceso directo a las autoridades. Derecho a obtener una resolución en torno a la sustitución pensional 18. o las organizaciones privadas que establezca la ley. Aunque su objeto no incluye el derecho a obtener una resolución determinada. la exigencia constitucional de "pronta resolución" se hace más estricta tratándose del ejercicio del derecho de petición por parte de personas de la tercera edad (CP.Definición . 13 inc. sí exige que exista un pronunciamiento oportuno. El principio de interpretación de los derechos y deberes de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (CP art. La posibilidad de las autoridades de no contestar reclamaciones o solicitudes que conlleva la configuración del fenómeno del silencio administrativo (arts. Derecho de petición 19. 3). física o mental (CP art. El derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Carta. arts. 93).
el juzgador dispone de técnicas jurídicas complementarias. su núcleo esencial. la jurisprudencia de intereses ha diseñado una fórmula según la cual el núcleo esencial del derecho fundamental es aquella parte de su contenido que es absolutamente necesaria para que los intereses jurídicamente protegibles. resulten real. concreta y efectivamente protegidos. desnaturalizándose.21. Combinación de métodos 23. Visto desde la perspectiva de los derechos subjetivos. Núcleo esencial y reserva legal 24. La teoría del núcleo esencial limita el alcance de la reserva legal. cuando el legislador haga uso de sus facultades expresas para restringir o limitar ciertos derechos fundamentales debe respetar el valor de la decisión constituyente en torno a la fundamentalidad de un derecho. De este modo. son caminos de indagación que deben converger para establecer el ámbito medular de un derecho fundamental cuyo respeto debe así quedar plenamente asegurado y protegido en el Estado social y democrático de derecho. el contenido esencial de un derecho fundamental consiste en aquellas facultades o posibilidades de actuación necesarias para que el derecho sea reconocible como pertinente al tipo descrito y sin las cuales dejaría de adscribirse a ese tipo. ésto es. El núcleo esencial de un derecho fundamental puede definirse como el ámbito intangible del derecho cuyo respeto se impone a las autoridades y a los particulares. se rebasa o se desconoce el contenido esencial cuando el derecho queda sometido a limitaciones que lo hacen impracticable. Esta no puede ser concebida como una facultad unilateral para restringir la eficacia de los derechos fundamentales. Por otra parte. como la determinación de los intereses jurídicamente protegidos. que dan vida al derecho. La doctrina y la jurisprudencia extranjera han diseñado la teoría del núcleo o contenido esencial de los derechos fundamentales como una garantía constitucional contra su vulneración. La teoría del núcleo esencial tiene una estrecha conexión con la reserva de ley para regular los derechos. La garantía del núcleo esencial o intangible de los derechos fundamentales impide que el legislador en uso de la reserva legal (autorización constitucional para limitar los derechos) se convierta en amo y señor de los mismos. se opera una inversión de los . lo dificultan más allá de lo razonable o lo despojan de la necesaria protección. Tanto la caracterización de las facultades inherentes a un derecho particular. No obstante. En el proceso de determinación de lo que constituye el núcleo esencial de un derecho fundamental. lo cual llevaría a su vaciamiento. Métodos para la determinación del núcleo esencial 22. Esta última persigue que sólo puede ser el legislador el órgano llamado a limitar ciertos derechos fundamentales como garantía de su integridad. Por el contrario.
El derecho a obtener una pronta resolución hace parte del núcleo esencial del derecho fundamental de petición. En el caso sub-examine la omisión del Estado en resolver prontamente la solicitud del petente. El contenido de los derechos fundamentales lleva a limitar la libertad preformativa del legislador. El ejercicio efectivo del derecho de petición supone el derecho a obtener una pronta resolución. Las dilaciones indebidas en la tramitación y respuesta de una solicitud constituyen una vulneración de este derecho fundamental. mediante la prohibición de limitaciones desproporcionadas a su libre ejercicio. volumen de expedientes. en la cual los efectos restrictivos sobre los mismos deben igualmente quedar limitados. La Constitución contiene una escala de valores que impide. La interpretación y aplicación de la teoría del núcleo esencial de los derechos fundamentales está indisolublemente vinculada al orden de valores consagrado en la Constitución. La ponderación de valores o intereses jurídicoconstitucionales no le resta sustancialidad al núcleo esencial de los derechos fundamentales. a pesar de sus repetidos y frustrados intentos de obtener una respuesta. consistente en su derecho fundamental a la seguridad social. en este caso. en ejercicio de su atribución de regular los derechos fundamentales (CP art. conceder prioridad a un bien jurídico por encima de un derecho fundamental. Las razones expuestas por la entidad oficial como las deficiencias de personal. es necesario garantizar una especial "fuerza de resistencia" a los derechos fundamentales. sin la posibilidad de exigir una respuesta rápida y oportuna carecería de efectividad este derecho. representada en la teoría del núcleo esencial. En la ponderación de valores constitucionales requerida en cada caso.vulneración del núcleo esencial 27. Examen del caso concreto . fue de tal magnitud que puso fuera de las posibilidades del interesado el ejercicio de su derecho. en el sentido de que las leyes generales que limitan el ejercicio de los derechos fundamentales deben a su vez ser interpretadas teniendo en cuenta el significado de los derechos fundamentales en una sociedad libre y democrática. frente a otros valores jurídicos consagrados en la Constitución. Por otra parte. 152).efectos de la reserva legal y el núcleo esencial. Interpretación y aplicación del núcleo esencial 25. El núcleo esencial de un derecho fundamental es resguardado indirectamente por el principio constitucional de ponderación del fin legítimo a alcanzar frente a la limitación del derecho fundamental. afectando con ello también el interés jurídicamente protegido que perseguía le fuera reconocido. Núcleo esencial y ponderación de valores 26. salvo casos de extrema necesidad. La restricción a las limitaciones de los derechos fundamentales propugna por su fortalecimiento. . el legislador no podrá afectar el núcleo esencial del derecho consagrado en el artículo 23 de la Carta. la exigencia de una pronta resolución.
reestructuración de los sistemas de trabajo. la promoción de la prosperidad general.orden de las solicitudes. . los servidores públicos tienen un ineludible compromiso de servir al Estado y a la comunidad (CP art. Razonabilidad del plazo para resolver 1 1 Corte Constitucional sentencia T-12 del 25 de mayo de 1992 Sala Tercera de Revisión. En el diseño de la función pública el constituyente colombiano tuvo como especial propósito fijar los parámetros que deben guiar a la administración para el cumplimiento de los fines sociales del Estado. perticularmente el servicio de la comunidad. Ni las máximas "prius in tempus prius in ius" o "error comunis facit ius" pueden justificar el condicionamiento para resolver una solicitud a la resolución de peticiones presentadas por otras personas con anterioridad e igualmente todavía no resueltas. Por otra parte. ejerciendo sus funciones con la diligencia y eficacia de un buen administrador. cuenta con un término de tiempo razonable para contestar oportunamente las 1 peticiones elevadas por las personas. Constitución Política)". así como para asegurar que las autoridades cumplan las funciones para las cuales han sido instituídas (artículo 2o. la garantía de los principios. derechos y deberes consagrados en la Constitución y la participación de todos en las decisiones que los afectan. La administración en el cumplimiento de su deber de diligencia y agilidad. Deberes de la administración 28. Magistrado Ponente doctor JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO. economía y eficiencia que deben caracterizar el funcionamiento de las entidades públicas creadas para el servicio de los ciudadanos. no representan un interés público general que pudiera esgrimirse para justificar la desatención del deber de respuesta oportuna. 123 y ss. Lo contrario sería bendecir los vicios burocráticos de una administración contraria a los principios de celeridad. 209) juega un papel central para hacer realidad la efectividad de los derechos fundamentales. entre otros. con fundamento en los principios de eficacia. El principio de eficacia y el compromiso de los servidores públicos 29. Como ya lo advirtió esta Corte 1 . economía y celeridad. El principio de eficacia de la administración pública (CP art. En consecuencia. debe concluirse que el núcleo esencial del derecho de petición ha sido afectado inconstitucionalmente por parte de la administración al no haber resuelto en forma oportuna la solicitud de sustitución pensional presentada por el accionante.). el derecho de petición es "uno de los derechos fundamentales cuya efectividad resulta indispensable para el logro de los fines esenciales del Estado.
Retrasos no justificados 31. lo cual está a cargo de la Caja Nacional de Previsión por disposición legal". ni "unificado el expediente principal de la pensión del causante o pensionada fallecida. conjuntamente con otros criterios de orden externo propios del medio y de las condiciones materiales del respectivo despacho. En el caso presente. Las dificultades de quien ha laborado durante el tiempo exigido por la ley.) Civil Municipal de Santafé de Bogotá . Retardo injustificado en el caso concreto 32. y tampoco se había "efectuado la publicación del aviso. o de la persona que entre a reemplazarlo en el disfrute de su derecho.30. de suyo ya reprobable y sancionable en los términos de la ley. Vulneración del artículo 53-3 de la Constitución 33. o cuando el responsable para resolver se aparta del rendimiento medio de los funcionarios que desempeñan un trabajo similar. con el expediente de la sustitución". Con la tardanza de la administración para resolver sobre la petición de sustitución pensional se vulneró igualmente el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales consagrado en el inciso 3 del artículo 53 de la Constitución Política. La razonabilidad del plazo para arribar a una pronta resolución se determina sopesando los factores inherentes a la entidad que reciba la solicitud. Aún. como el tiempo exigido para el procesamiento de las peticiones. entre otros casos de flagrante y exorbitante conducta morosa no competible con un Estado social de derecho eficiente y célere. al momento de practicarse diligencia de audiencia pública catorce meses después de entregada la documentación. para . En efecto. un año después de haber radicado la documentación exigida para obtener el reconocimiento de la sustitución pensional. un retraso no justificado en la tramitación de una solicitud se hace patente.según lo reconoce la misma jefe de la Sección de Pensiones del Magisterio en diligencia de audiencia pública llevada a cabo por el Juzgado Primero (1o. Fuera del incumplimiento del plazo legal establecido para resolver una petición ante la entidad respectiva. el afectado no había recibido información alguna sobre la misma. cuando la duración promedio para resolver se excede en el doble del tiempo requerido para evacuar dicho trabajo en la entidad. más grave. el juez de tutela pudo establecer que el expediente del solicitante ni siquiera había sido sometido a estudio.fue ampliamente superado en más del doble. es palmario que el plazo promedio de cuatro a cinco meses para resolver sobre una petición de sustitución pensional en la Caja Nacional de Previsión Social . constituyéndose así un retardo injustificado con la consecuente vulneración del derecho a obtener una pronta resolución el cual se integra en el núcleo esencial del derecho de petición.
con la obligación de protección y asistencia de las personas de la tercera edad. en que razonablemente debió haber sido resuelta la solicitud y hasta el mes de abril de 1992. 46). constituyen algunas de las más preciosas garantías en favor de las personas de la tercera edad.obtener el reconocimiento y posterior pago y reajuste del "salario diferido" que representa la pensión. sin que sea posible para alguno de ellos abstenerse de este deber jurídico pretextando que otros deben hacerlo. no es atendible el argumento dado por el juez de instancia en el sentido de que el Estado no estaría obligado a prestar protección y asistencia al petente por ser ello una obligación adicional de la familia. los cuales no se hubieran producido si la injustificada tardanza de la administración no se hubiera presentado. en conexión con el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales. Cuando la carga que implica la protección o asistencia de los ancianos sea para la familia de tal magnitud. para el presente caso. que atente contra ella como institución básica de la sociedad (CP art. El perjuicio sufrido por el peticionario durante diez (10) meses . En el presente caso se ha irrogado un perjuicio al señor HERNANDO BLANCO ANGARITA como consecuencia de la violación de sus derechos fundamentales de petición y a la seguridad social. así como. Por lo anterior. que corresponde al Estado en concurrencia con la familia y la sociedad. Se ha elevado así a nivel de derecho constitucional el goce efectivo de las pensiones legales que. Finalmente. 5). Condena en abstracto a la indemnización 35. con el fin de compensar los costos asumidos por la familia de la hija del petente. La omisión o conducta morosa en resolver sobre la sustitución pensional terminó en el presente caso por vulnerar igualmente la obligación concurrente del Estado de proteger y asistir al anciano. es importante advertir que la protección y asistencia de las personas de la tercera edad no es una función potestativa del Estado. fecha en la que finalmente se reconoció el derecho a la sustitución pensional -. se fija en el daño emergente ocasionado al peticionario durante los meses que excedieron el doble del plazo ordinario para resolver su solicitud. la sociedad o la familia. junto con el deber de promover la integración a la vida activa y comunitaria (CP art. Violación de la protección y asistencia de personas de la tercera edad 34. Deber estatal de repetir contra sus agentes . dadas sus condiciones económicas. llevaron al constituyente a garantizar este derecho. fue consecuencia directa de la grave omisión culposa de la entidad pública encargada de resolver este tipo de solicitudes. El goce efectivo de sus derechos fundamentales vulnerados requiere necesariamente de una indemnización dineraria que. el Estado o la sociedad deben concurrir para garantizar el cumplimiento de esta obligación. Los tres deben concurrir para el cumplimiento de esta función social (CP art. 46).contados a partir del mes de junio de 1991.
(establecimiento público del orden nacional adscrito al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social). Por tal motivo. el Estado se convertiría en fortín de los inescrupulosos. al pago de la indemnización correspondiente en favor del señor HERNANDO DE JESUS BLANCO ANGARITA. De otra forma. La responsabilidad patrimonial declarada judicialmente contra el Estado por la acción u omisión de las autoridades públicas no es un camino de una sola vía.. DECISION En mérito de lo expuesto. Los funcionarios del Estado deben ser conscientes de los fines sociales que lo inspiran y de su calidad de servidores públicos. SEGUNDO.ADICIONAR el fallo de tutela revisado en el sentido de CONDENAR en abstracto a la Nación.Sección Pensiones del Magisterio para que no vuelvan a incurrir en la violación de los derechos fundamentales aquí protegidos.CONFIRMAR la sentencia de tutela del 18 de febrero de 1992 proferida por el JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL de Santafé de Bogotá.MODIFICAR la mencionada providencia en el sentido de CONCEDER la tutela por la violación del derecho fundamental a la seguridad social. 90 inc. comprometiéndose seriamente el buen servicio y la responsabilidad.. la cual deberá liquidarse de conformidad con lo establecido en el artículo 25 del Decreto 2591 de 1991 y según lo dispuesto en los numerales 35 y 36 de los fundamentos jurídicos. pilares insustituibles de la función pública en el Estado social de derecho. CUARTO. TERCERO. Caja Nacional de Previsión Social.. el mismo Estado por intermedio de la entidad respectiva está en la indeclinable obligación de repetir contra el agente responsable (CP art. la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional..2). el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de la pensión legal reconocida al señor HERNANDO DE JESUS BLANCO ANGARITA. deshonestos y negligentes. . cuando se condene al Estado como consecuencia de la conducta de uno de sus agentes a reparar patrimonialmente los daños antijurídicos causados a una persona. R E S U E LVE PRIMERO.ADICIONAR el fallo de tutela revisado en el sentido de ADVERTIR a los servidores públicos de la Caja Nacional de Previsión Social .36.Subdirección de Prestaciones Económicas . la cual les exige un especial cuidado en el desempeño de sus funciones. en particular.
a los veinticuatro (24) días del mes de junio de mil novecientos noventa y dos (1992)..QUINTO. Cópiese.. en la ciudad de Santafé de Bogotá.NOTIFICAR al Director General de la Caja Nacional de Previsión Social la presente decisión. . así como al Juzgado Primero Civil Municipal de Santafé de Bogotá para los efectos del artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. D. comuníquese. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Magistrado Ponente JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Magistrado ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Magistrado (Sentencia aprobada por la Sala Segunda de Revisión. e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.C. cúmplase.
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