Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-sl1409-2015-59339-de-febrero-11-de-2015?documento=jurcol&contexto=jurcol_14737e694fc740238bf1113918a15d56&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-10-24 05:27:13
Document Index: 144199497

Matched Legal Cases: ['artículo 98', 'artículo 98', 'artículo 101', 'artículo 98', 'artículo 91', 'artículo 101', 'artículo 98', 'artículo 17', 'artículo 53', 'artículo 53', 'artículo 49', 'artículo 98', 'artículo 101', 'artículo 98', 'artículo 2', 'artículo 98', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 48', 'artículo 11', 'artículo 55', 'artículo 55', 'artículo 98']

﻿ Sentencia SL1409-2015 de febrero 11 de 2015
SENTENCIA SL1409-2015 DE 11 DE FEBRERO DE 2015
CONTENIDO:BENEFICIOS PENSIONALES EXTRALEGALES O CONVENCIONALES EN LA VIGENCIA DEL ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2005. EN LOS PACTOS, CONVENCIONES O LAUDOS SUSCRITOS ENTRE LA VIGENCIA DEL ACTO LEGISLATIVO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 NO PUEDEN ESTIPULARSE CONDICIONES MÁS FAVORABLES A LAS VIGENTES. LA VIGENCIA DE ESTAS CONVENCIONES COLECTIVAS SE PREDICA EN TRES SITUACIONES, A SABER: EL TÉRMINO INICIALMENTE ESTIPULADO, LA PRÓRROGA AUTOMÁTICA Y LA DENUNCIA DE LA CONVENCIÓN SIN QUE HAYA TERMINADO EL CONFLICTO COLECTIVO. ASÍ, LOS ACUERDOS CONVENCIONALES EN MATERIA DE PENSIÓN DE JUBILACIÓN QUE SE ENCONTRABAN RIGIENDO A LA FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA DEL ACTO MANTIENEN SU CURSO HASTA EL 31 DE JULIO DE 2010.
TEMAS ESPECÍFICOS:CONFLICTO COLECTIVO DE TRABAJO, SERVIDOR PÚBLICO DEL ISS, ISS, ACTO LEGISLATIVO, CONVENCIÓN COLECTIVA, PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL, RÉGIMEN DE TRANSICIÓN DEL ISS, PENSIÓN DE JUBILACIÓN EN EL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN, VIGENCIA DEL ACTO LEGISLATIVO, PENSIÓN EXTRALEGAL, PENSIÓN CONVENCIONAL, APLICACIÓN DE LA CONVENCIÓN COLECTIVA, DENUNCIA DE LA CONVENCIÓN COLECTIVA, PRÓRROGA DE LA CONVENCIÓN COLECTIVA, COMPETENCIA DEL ISS
Sentencia SL1409-2015 de febrero 11 de 2015
SL1409-2015
Radicación 59339
En la demanda con la que lo sustenta, pretende que se case la sentencia impugnada, y en sede de instancia, revoque las de primer y segundo grado, y en su lugar condene al “Instituto de Seguros Sociales en Liquidación, a la E.S.E. Rafael Uribe Uribe Liquidada y al Ministerio de la Protección Social, en forma solidaria, a pagar a la demandante el reajuste pensional (en un 25%), la bonificación al momento de la jubilación, la indexación y las costas en ambas instancias”.
Formula dos cargos, que fueron replicados y a continuación procede la Sala a su estudio en el orden propuesto.
Por la vía indirecta acusa la sentencia de ser violatoria de la ley sustancial, en el concepto de aplicación indebida de los artículos 16, 17 y 18 del Decreto 1750 de 2003, los artículos 467, 471 y 478 del Código Sustantivo del Trabajo, y los artículos 39 y 54 de la Constitución Política.
Afirma que el Tribunal incurrió en los siguientes errores evidentes de hecho:
1. No dar por demostrado, estándolo, que la actora reclama en la demanda el reajuste de la pensión de jubilación, con base en la convención colectiva de trabajo suscrita entre el ISS y SINTRASEGURIDADSOCIAL.
2. No dar por demostrado estándolo que la ESE RAFAEL URIBE URIBE le concedió al demandante la pensión de jubilación de conformidad con la convención colectiva de trabajo.
3. No dar por demostrado estándolo que la trabajadora debía demostrar su afiliación al Sindicato.
4. No dar por demostrado estándolo que el demandante laboró sin solución de continuidad en el ISS y la ESE RAFAEL URIBE URIBE del 4 de septiembre de 1985 hasta el 31 de agosto de 2007.
5. No dar por demostrado estándolo que la convención colectiva de trabajo celebrada por SINTRA SEGURIDAD SOCIAL actúa como un Sindicato MAYORITARIO.
6. No dar por demostrado estándolo, que la demandante adquirió el derecho a la pensión durante la vigencia de la cláusula convencional contenida en el artículo 98 de la misma.
Asevera que el Tribunal apreció erróneamente la convención colectiva de trabajo y la Resolución 1063 de 2007, ya que si bien es cierto se había pactado una vigencia hasta el 31 de octubre de 2004, también lo es que conforme al artículo 98 mantiene vigencia hasta el año 2017, en tanto en materia pensional las partes pactaron un compromiso a largo plazo, que incluía que las pensiones podían ser reconocidas hasta ese año (2017), por lo que queda claro que la demandante cumplió requisitos en vigencia de la convención y no como lo entendió el Tribunal que para la fecha en que la demandante cumplió la edad para pensionarse la convención no estaba vigente.
Que la demandante no debía demostrar su afiliación al Sindicato, ya que en dicha Resolución se registró que ella se encontraba afiliada a dicho ente, reiterando así que le fue reconocida su pensión de jubilación de conformidad con el artículo 101 de la convención colectiva de trabajo 2001-2004, y no en el artículo 98 el cual resulta más beneficioso porque dispone que el monto de la pensión es del 100% del promedio mensual de lo percibido en los tres (3) últimos años de servicio.
En lo atinente a la bonificación por jubilación prevista en la cláusula 103 de la convención colectiva de trabajo, sostiene que es un beneficio al que tiene derecho la actora, “pues de acuerdo con lo que se ha venido exponiendo, la convención se extiende a los trabajadores oficiales incorporados a las E.S.E.’s por la escisión del seguro social, más allá del término en que fue pactada, en virtud de las prórrogas automáticas que prevé la Ley (CST, art. 478), y viene al caso anotar que en la respuesta a la demanda la Empresa Social del Estado RAFAEL URIBE URIBE precisó que “no ha suscrito convención colectiva alguna aplicable a sus empleados””.
El apoderado judicial del ISS solicitó se desestime el cargo porque deja incólume los fundamentos del Tribunal para no condenar, toda vez que adolece de una mala técnica en el planteamiento, así como de un análisis que demuestre los errores fácticos del Tribunal, pues ninguno de ellos tiene la relevancia suficiente para que pueda pensarse en quebrar la sentencia del ad quem; más bien se expresa que lo que parece es un alegato de instancia, lo cual está totalmente prohibido por lo estipulado en el artículo 91 de Código Procesal Laboral.
Dijo además que las meras expectativas de ninguna manera quedaron involucradas en el traspaso de derechos, como bien quedó consignado en la Sentencia C-314 de 2004, proferida por la Corte Constitucional, por lo que resultan vanas las peticiones de la recurrente y se debe mantener el fallo acusado.
La ESE RAFAEL URIBE URIBE a través del MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, respecto de los dos cargos manifestó que no era clara la formulación, lo que evidencia una serie de faltas protuberantes que van contra los tecnicismos que exige este recurso de casación; agregó además que la parte recurrente no hace un estudio detallado de los errores en que incurrió el Tribunal al entrar a valorar las pruebas, más bien insiste a través de un alegato de instancia en relación con los elementos probatorios, que a su parecer no fueron objeto de disertación dentro del proceso.
Recalcó que la sentencia objeto del recurso, nunca desconoció las normas constitucionales y legales, atendiendo siempre los lineamientos necesarios para llegar al estudio de todas las pruebas aportadas al proceso y así lograr su plena convicción al momento de proferir la sentencia.
Quedó por fuera de discusión que la demandante le prestó servicios al Instituto de Seguros Sociales desde el 4 de septiembre de 1985 al 25 de junio de 2003; que en virtud de lo dispuesto en el Decreto 1750 del 26 de junio de 2003, se incorporó a la planta de personal de la Empresa Social del Estado Rafael Uribe Uribe en Liquidación, pasando del ISS a la ESE en el cargo de “ayudante 8 horas”, el día 26 de junio de 2003 y permaneció al servicio de ésta hasta el 31 de agosto de 2007, fecha en la que cumplió los 20 años de servicios, y además, que cumplió los 50 años de edad el 12 de diciembre de 2002, por haber nacido el mismo día y mes del año 1952.
Pues bien, la razón acompaña a la censura en la formulación de los yerros fácticos que le endilga al Tribunal, en especial los relacionados con la condición de beneficiaria de la convención colectiva de trabajo, y por ende, de su aplicación a la accionante, errores que sin duda alguna se cometieron por la equivocada estimación que el juez ad quem hizo de la Resolución 1063 de 2007, mediante la cual la ESE RAFAEL URIBE URIBE, reconoció a la señora Castaño de Zuluaga la pensión de jubilación (fls. 10 a 15).
En efecto, en este documento, apreciado por el Tribunal únicamente para establecer el cargo que desempeñaba la actora (fl. 259 vlto.), se observa además que para el reconocimiento de la prestación referida, la empleadora aplicó el artículo 101 de la convención colectiva de trabajo, en relación con la acumulación de los tiempos de servicio en otras entidades del Estado, y también para los beneficios que esta normativa extralegal ofrece frente al tiempo y edad. También acudió al artículo 98 del mismo texto convencional para establecer los factores que se tendrían en cuenta para la liquidación de la pensión.
Por virtud de la valoración errónea del acto administrativo mediante el cual la ESE demandada reconoció al actor la pensión de jubilación anterior, el juez de la apelación incurrió en los errores evidentes que le enrostra la censura.
Al respecto se destaca que no fue materia de controversia que la demandante durante su vinculación laboral en el Seguro Social, ostentó la calidad de trabajadora oficial, condición que conservó al quedar incorporada a la ESE demandada, pues ese tratamiento se le dio y así se colige de la Resolución 1063 del 25 de octubre de 2007, mediante la cual el Apoderado General Liquidador de la Liquidadora La Previsora S.A., con fundamento en los artículos 98 y 101 de la convención colectiva de trabajo, reconoció a la demandante su pensión de jubilación como su condición de trabajadora oficial (fls. 10 a 15).
Quiere decir lo anterior, que durante todo el tiempo de vinculación laboral en las dos entidades demandadas, la accionante mantuvo la calidad de trabajadora oficial.
Ahora bien, para determinar si es posible la sumatoria de estos períodos, es decir, el tiempo de vinculación al ISS y el de la ESE, debe tenerse en cuenta que no medió solución de continuidad entre la desvinculación del primero a causa de la escisión ordenada por el Decreto 1750 de 2003, y la incorporación a la última, en tanto en el ISS permaneció hasta el 25 de junio de 2003 y en la ESE inició labores el 26 de junio de 2003, como bien se desprende de la Resolución de marras.
No olvida la Corte que se trata de dos entidades autónomas e independientes, cada una con personería jurídica, razón por la cual, en principio se podría pensar que no es posible la sumatoria de aquellos tiempos. Sin embargo, es pertinente traer a los autos lo estatuido en el parágrafo del artículo 17 del referido Decreto 1750 de 2003, que dispuso:
De conformidad con la norma anterior, el paso automático de los servidores del ISS a las nuevas Empresas Sociales del Estado, debía hacerse, y en el caso de autos así se hizo, sin solución de continuidad en las relaciones laborales, y que el tiempo de servicio en el ISS se computará para todos los efectos legales con el servido en ellas, razón por la que se puede afirmar que la relación se entiende como una sola, sin que haya ruptura del vínculo de trabajo.
Esta norma también permite afirmar que en el caso particular de la demandante, los tiempos servidos en una y otra entidad pueden sumarse para efectos pensionales, pues también surge de forma incontrastable que en los términos del artículo 53 del Decreto 2127 de 1945, ha operado el fenómeno jurídico de la sustitución patronal entre las mencionadas entidades.
A esa misma conclusión ha llegado la Corte en otros casos similares al presente, en los que las demandadas eran las mismas, y así, por ejemplo, en la sentencia CSJ SL, 29 nov. 2011, rad. 39808, se dijo:
De otra parte, esta Sala de la Corte en Sentencia 35588 de 14 de septiembre de 2010, precisó que respecto de los trabajadores oficiales que venían prestando sus servicios al Instituto de Seguros Sociales, y en virtud de la escisión pasaron automáticamente a las Empresas Sociales del Estado conservando la condición de trabajadores oficiales, y en tanto su antiguo empleador fue reemplazado por uno nuevo que continuó cumpliendo las mismas funciones de seguridad social que desempeñaba el primero, se daban las condiciones precisadas por el artículo 53 del Decreto 2127 de 1945 para que operara la figura jurídica de la sustitución de empleadores. En esos eventos los trabajadores oficiales no pierden los beneficios convencionales, pues como se entiende que los contratos de trabajo no se extinguen por razón de la sustitución, los derechos incorporados a ellos como lo serían los derivados de la convención colectiva, se mantienen mientras ésta permanezca vigente de conformidad con lo previsto en el artículo 49 de la Ley 6ª de 1945.
En este orden de ideas, queda claro que la accionante tenía la categoría de trabajadora oficial en el ISS y que continuó siéndolo cuando por disposición legal fue incorporada a la ESE demandada; que se beneficiaba de la convención colectiva de trabajo 2001-2004; que sumó más de 20 años de servicio a estas entidades, y que cumplió 50 años de edad el 12 de diciembre de 2002, pues nació en esa fecha de 1952 (fl. 11); por tanto, queda por verificar si en verdad tiene derecho a que su pensión sea liquidada conforme al artículo 98 de la convención en cita, pues como quedó anotado, la empleadora demandada por concluir que la promotora del juicio era beneficiaria del régimen de transición, lo aplicó respecto del tiempo de servicio (20 años) y la edad (50 para las mujeres), pero se abstuvo de aplicar el 100% como tasa de reemplazo prevista en este artículo, y en cambio, para la liquidación se remitió al artículo 101 ibídem, que establece dicha tasa en el 75% del promedio de lo percibido en el último año de servicios, por concepto de todos los factores de remuneración que constituyen salario.
Para mejor ilustración, la Sala reproduce a continuación la parte correspondiente de estos artículos convencionales:
El trabajador oficial que cumpla veinte (20) años de servicio continuo o discontinuo al Instituto y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) años si es hombre y cincuenta (50) años si es mujer, tendrá derecho a pensión de jubilación en cuantía equivalente al 100% del promedio de lo percibido en el período que se indica a continuación para cada grupo de trabajadores oficiales.
Para quienes se jubilen entre el primero de enero de 2002 y treinta y uno de diciembre de 2006, 100% del promedio mensual de lo percibido en los dos últimos años de servicio.
Para quienes se jubilen entre el primero de enero de 2007 y treinta y uno de diciembre de 2016, 100% del promedio mensual de lo percibido en los tres últimos Años de servicio.
Para quienes se jubilen a partir del primero de enero de 2017, 100% del promedio mensual de lo percibido en los cuatro últimos años de servicio… (fl. 69).
Acumulación de tiempos de servicios
Los servicios prestados sucesiva o alternativamente en las demás entidades de derecho público podrán acumularse para el cómputo del tiempo requerido para poder tener derecho a pensión de jubilación y el monto correspondiente se distribuirá en proporción al tiempo laborado en cada una de tales entidades.
En este caso, la cuantía de la pensión del 75% del promedio de lo percibido en el último año de servicios, por concepto de todos los factores de remuneración que constituyen salario (fl. 70).
Como puede apreciarse, la demandada escindió estas cláusulas porque del artículo 98 tomó el tiempo y la edad como requisitos de la pensión, y del 101 echó mano de la tasa de reemplazo, no obstante que se trataba de una sola relación laboral, ser beneficiaria la demandante de la convención colectiva de trabajo, y haber operado una sustitución patronal entre las demandadas, por lo que debió aplicar en su integridad el primero de los artículos, porque además de ser el que gobernaba su situación pensional, es indudable que le resultaba mucho más favorable a la accionante.
En punto a la vigencia de la convención colectiva de trabajo 2001-2004, la misma se hizo extensiva a los trabajadores oficiales que en esa misma condición pasaron a las E.S.E. y según su artículo 2º, su vigencia tendría “una vigencia de tres años contados a partir del primero (1º) de noviembre de dos mil uno (2001) hasta el 31 de octubre de dos mil cuatro (2004). Salvo los artículos que en la presente convención se les haya fijado una vigencia diferente”. Frente a ello, podría decirse que algunas cláusulas de esa convención lleva al convencimiento de que varias de sus prerrogativas y concretamente las relativas a la pensión de jubilación tienen una vigencia superior al 31 de octubre de 2004, en tanto de conformidad con el artículo 98 su vigencia se extiende hasta el año 2017. Asimismo, importa resaltar que no obra en el expediente una convención colectiva de trabajo celebrada con posterioridad a la mencionada anteriormente.
Empero, como está de por medio el Acto Legislativo 1 de 2005, debe recordarse lo que dijo la Corte en la sentencia de anulación del 31 de enero de 2007, radicación 31000, en los siguientes términos:
2. El recurrente sustenta igualmente su planteamiento sobre el Acto Legislativo 1 de 2005, que a la letra y en lo que aquí interesa, reza:
PAR. TRANS. 3º—Las reglas de carácter pensional que rigen a la fecha de vigencia de este acto legislativo contenidas en pactos, convenciones colectivas de trabajo, laudos o acuerdos válidamente celebrados, se mantendrán por el término inicialmente estipulado. En los pactos, convenciones o laudos que se suscriban entre la vigencia de este acto legislativo y el 31 de julio de 2010, no podrán estipularse condiciones pensionales más favorables que las que se encuentren actualmente vigentes. En todo caso perderán vigencia el 31 de julio de 2010” (resaltado fuera del texto).
Para una mejor comprensión del tema, es necesario hacer las siguientes precisiones:
Desde la expedición de la Ley 100 de 1993, se vislumbró en el panorama legislativo una clara intención de unificar en un solo sistema todo lo relativo a las pensiones de jubilación. No olvidaba el legislador que la multiplicidad de sistemas convencionales en esa materia, la mayoría de los cuales surgieron de acuerdos colectivos, afectaba notoriamente la economía nacional en los sectores públicos y privados. Estaban de por medio las inequidades que surgían en las empresas públicas, en las que unos pocos trabajadores accedían a una pensión de jubilación excesivamente cuantiosa o muy superior a lo fijado en la ley y con escasos tiempos de servicios frente a otros que apenas recibían lo legal, sin perder de vista que en las empresas del sector privado existían también condiciones pensionales favorables a lo estipulado legalmente, que igualmente desmejoraban los patrimonios empresariales. La previsión contractual de coexistencia o compatibilidad de pensiones legales y extralegales, por ejemplo, fueron una de las causas de deterioro de tales sistemas.
Una respuesta fue la Ley 100 de 1993, que a través de su artículo 11 facultó a los empleadores para someter a decisión en un conflicto colectivo lo relativo a las pensiones de jubilación a través del mecanismo de la denuncia de la convención colectiva de trabajo. Así lo precisó la Corte desde entonces, como puede verse en las sentencias de homologación del 8 de julio de 1996, radicación 8989 y del 27 de mayo de 1997, radicación 8697, en las cuales se afirmó que de acuerdo con lo establecido en el mencionado artículo 11, el empleador podía hacer conflictivo el tema pensional, por lo que consecuencialmente los árbitros tenían competencia para ocuparse del mismo, con la finalidad de que los dos regímenes se armonizaran y se complementaran. Esa es la posición jurisprudencial actualmente vigente.
En la última de las mencionadas sentencias, dijo la Corte:
“No puede admitirse que la introducción del régimen de la Ley 100 de 1993 para los trabajadores que se contraten después de la vigencia del laudo rompa el principio de igualdad porque habrá en la empresa unos trabajadores con un régimen pensional convencional y otros con un régimen pensional legal. En efecto:
2. Los sistemas individuales de seguridad social han sido desmontados gradualmente en todos los países, pues crean privilegios transitorios en beneficio de un grupo de trabajadores; y, como en últimas menoscaban ostensiblemente el patrimonio de las empresas, afectan la seguridad social de los trabajadores que se vinculan posteriormente a la fuerza de trabajo. Son, entonces, los sistemas individuales, los que afectan con mayor acento el principio de la igualdad, porque no ofrecen una cobertura integral de las contingencias de trabajo y porque desconocen principios comunitarios que informan los actuales ordenamientos constitucionales”.
Ahora, tampoco puede dejarse de lado que la Constitución de 1991, creó un sistema de seguridad social que dejaba atrás el esquema tradicional en el que se desenvolvía, como era el contrato de trabajo, que de manera excepcional ampliaba su marco de protección a algunos segmentos de la población. La previsión superior del artículo 48, así lo demuestra, pues no solo garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la seguridad social, sino que definió a ese sistema como un servicio público obligatorio, dirigido, coordinado y controlado por el Estado y por nadie más, sujeto a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad en los términos que establezca la ley.
Precisamente la Ley 100 de 1993 es un desarrollo del aludido mandato constitucional y uno de sus principios, el de la universalidad, señala como sus destinatarios a los habitantes del territorio nacional, en cuanto la garantía de la protección se extiende a todas las personas, sin discriminación y para todas las etapas de la vida. Todos los demás principios, sobre los cuales dicha ley está estructurada, eficiencia, solidaridad, integralidad, unidad y participación, apuntan igualmente hacía ese objetivo.
Así pues, nadie puede poner en duda que el Sistema de la Seguridad Social Integral que implementó la Ley 100 de 1993, es un derecho autónomo e independiente, bajo la dirección del Estado.
Pero no siempre las previsiones del artículo 11 de la Ley 100 de 1993, en cuanto procuraba la armonización y complementación de los sistemas legales y extralegales de pensiones, trajeron los frutos esperados, pues todavía seguían subsistiendo y en cantidades preocupantes los segundos, además de que las partes, a través del mecanismo de la autocomposición, igualmente seguían implementando sistemas pensionales que desbordaban las expectativas creadas por la nueva legislación.
Se llega, entonces, al Acto Legislativo 1 de 2005 para procurar remediar esa situación. Sin embargo, el porqué se acudió al mecanismo de una reforma constitucional y no al de una reforma legal con fundamento en el artículo 55 de la Constitución, es un interrogante que aparece resuelto, explicado y justificado en la exposición de motivos del entonces proyecto de Acto Legislativo 34 de 2004 —Cámara de Representantes—, presentada por el Gobierno Nacional, en los siguientes términos:
<5.3.1. El derecho a la negociación colectiva y sus limitaciones.
El artículo 55 de la Constitución Política prevé que “se garantiza el derecho de negociación colectiva para regular las relaciones laborales, con las excepciones que señale la ley”.
Desde este punto de vista podría sostenerse que una ley podría determinar el alcance del derecho de negociación colectiva y excluir del ámbito del mismo el régimen pensional. Sin embargo, el examen de la jurisprudencia de la honorable Corte Constitucional no arroja conclusiones claras sobre el particular (.....)
Dado lo anterior, deben precisarse las normas constitucionales estableciendo que no podrán celebrarse pactos o convenciones colectivas en materia pensional (resaltado fuera del texto).
Lo anterior se funda, como ya se dijo, en el hecho de que la Constitución Política consagró el derecho a la seguridad SOCIAL como un derecho irrenunciable el cual se sujeta a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. Dicho derecho fue desarrollado por la Ley 100 de 1993, estableciendo un sistema que está destinado a cubrir a todos los habitantes, y en esta medida los principios de la negociación colectiva, que se fundan en una negociación particular de las condiciones de trabajo en una empresa, deben subordinarse a los principios de organización de un sistema universal y solidario que cobija a todos los habitantes” (Gaceta del Congreso 385. Viernes jul. 23/2004, pág. 15).
Y volviendo al contenido del Acto Legislativo 1 de 2005, atrás reproducido en lo pertinente, se desprende:
Una regla general, cual es la de que a partir de la vigencia del citado acto legislativo, no se puede acordar en pactos, convenciones colectivas, laudos o acto jurídico alguno, regímenes pensionales diferentes a los establecidos en las leyes que regulan el sistema general de pensiones. Es decir, que desde entonces, no es lícito que los convenios colectivos de trabajo o actos jurídicos de cualquier clase establezcan sistemas pensionales distintos al implementado por la ley, aun cuando sean más favorables a los trabajadores.
Sin embargo, hay un régimen de naturaleza transitoria, según el cual las condiciones pensionales que regían a la fecha de vigencia del acto legislativo contenidas en convenios colectivos de trabajo, laudos o acuerdos válidamente celebrados, mantienen su vigencia por el término inicialmente estipulado sin que en los convenios o laudos que se suscriban entre la vigencia del acto legislativo y el 31 de julio de 2010, puedan pactarse condiciones pensionales más favorables a las que se encontraren vigentes, perdiendo vigencia en cualquier caso, en la última fecha anotada.
En esta última hipótesis, cabe distinguir tres situaciones:
Es decir, que en lo relacionado con esa materia, la intención legislativa y la del constituyente delegado es la de que sea regulada única y exclusivamente por la ley de seguridad social, la cual tiende a evitar la proliferación de pensiones a favor de un mismo beneficiario y a acabar los dispersos regímenes en ese aspecto, procurando con ello cumplir con los fines y principios que le fueron asignados y que aparecen consignados en el Título Preliminar, Capítulos I y II de la Ley 100 de 1993.
Ahora, frente a aquellas personas que se encontraban cercanas al cumplimiento de los requisitos para acceder a una pensión de jubilación y con el fin de que sus expectativas no resultaran frustradas por disposiciones posteriores, el Gobierno Nacional, para garantizar ese objetivo, invocó el mecanismo tantas veces utilizado por el legislador, cual es el de la transición normativa, propósito que quedó claramente consignado en la referenciada exposición de motivos, en la que sobre el particular, inicialmente, así se expresó:
“En todo caso, siguiendo los principios que se han venido estableciendo en materia constitucional, al hacer la reforma debe procurarse conciliar el interés general que impone hacer la reforma con la situación de las personas que se encuentran en una situación próxima a la pensión.
Si bien no existe un derecho adquirido mientras no se hayan cumplido los supuestos previstos en la norma que otorga el derecho, y por ello no se puede hablar de un derecho adquirido a un régimen pensional, también es cierto que cuando se realizan reformas debe tomarse en cuenta la situación de las personas que están próximas a adquirir el derecho, y en la medida de lo posible establecer un tránsito normativo de tal manera que sus legítimas expectativas se tomen en cuenta.
Es por ello que el proyecto de Acto Legislativo mantiene los regímenes legales vigentes especiales hasta el año 2007. Igualmente se mantienen las convenciones y pactos colectivos celebrados hasta la fecha prevista para su extinción, y máximo hasta el año 2007” (Gaceta citada, pág. 16).
En ese orden, como quiera que la demandante causó su derecho a la pensión convencional el 31 de agosto de 2007, fecha en la que cumplió 20 años de servicio, es indudable que cualquiera que sea la fecha en que se tome como vigencia de la convención, si la que pactaron las partes, o la del 31 de julio de 2010, señalada por el Acto Legislativo 1 de 2005, lo cierto es que la actora está dentro del rango de cualquiera de las dos, de manera que su pretendida pensión es legítima.
Ahora bien, como la demandante solicitó le fuera reconocida su pensión de jubilación convencional a partir del año 2007, tal y como lo admite en el cuerpo de su demanda (fl. 4), pues a esa fecha tenía más de 50 años de edad, acumulando los tiempos servidos al Instituto de Seguros Sociales y a la E.S.E. Rafael Uribe Uribe, y por cuanto debe tenerse como una sola relación laboral por las razones expuestas, la cláusula 98 de la convención 2001-2004 se insiste, es la que rige la prestación, y por haberse causado ésta con posterioridad al 1º de enero de 2007 y antes, en todo caso, del 31 de julio de 2010, le asiste el derecho a que el monto de la pensión sea calculado en el “100% del promedio mensual de lo percibido en los tres últimos años de servicio”, conforme al inciso tercero del artículo 98 ibídem (fl. 69).
Se ratifica, en consecuencia la prosperidad del cargo. Previamente a proferir la decisión de instancia que en derecho corresponda, para mejor proveer, se dispondrá que por Secretaría de la Sala se oficie a la parte demandada, para que dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria de la presente sentencia, allegue al expediente certificación en donde conste el extremo final de la relación laboral y lo percibido por la accionante durante los tres (3) años anteriores al finiquito laboral, por los siguientes conceptos: Asignación básica mensual; prima de servicios y de vacaciones; auxilio de alimentación y de transporte; valor del trabajo nocturno, suplementario y en horas extras, y el valor del trabajo en días dominicales y feriados.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida el 20 de abril de 2012 por la Sala Segunda Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el proceso promovido por MARIELA CASTAÑO DE ZULUAGA contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y la E.S.E. RAFAEL URIBE URIBE, EN LIQUIDACIÓN.
En sede de instancia y para mejor proveer, por Secretaría se ordena a la parte demandada, para que dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria de la presente sentencia, allegue al expediente certificación en donde conste el extremo final de la relación laboral y lo percibido por la accionante durante los tres (3) años anteriores al finiquito laboral, por los siguientes conceptos: Asignación básica mensual; prima de servicios y de vacaciones; auxilio de alimentación y de transporte; valor del trabajo nocturno, suplementario y en horas extras, y el valor del trabajo en días dominicales y feriados