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Timestamp: 2018-04-26 01:55:11
Document Index: 221690904

Matched Legal Cases: ['artículo 28', 'artículo 1', 'artículo 29', 'artículo 6', 'artículo 7', 'artículo 8', 'artículo 20', 'artículo 16', 'artículo 83']

Imprescriptibilidad de Crímenes de Lesa Humanidad: ¿Ordenamiento Interno vs Estándares Internacionales?
El Tema de la imprescriptibilidad de crímenes en Colombia suele ser un tema complejo desde la propia concepción del concepto al interior del ordenamiento interno colombiano frente a los estándares internacionales en materia de Derechos Humanos. A tal punto que la misma Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia fueron las llamadas en principio a hacer claridad sobre el modus operandi de la imprescriptibilidad de crímenes de Lesa Humanidad en Colombia.
En primer lugar, es pertinente recordar que la Carta Política nos dice, en su artículo 28, tercer inciso que: En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas y medidas de seguridad imprescriptibles.
Al respecto, la Corte Constitucional amplió el contenido de dicho precepto manifestando que no solamente las penas y las medidas de seguridad son objeto de prescriptibilidad, sino también lo es la acción penal[1]. Ahora bien, respecto a la imprescriptibilidad de la acción penal de graves crímenes internacionales, la Corte ha manifestado que resulta ésta aplicable teniendo en cuenta el valor constitucional de los bienes jurídicos protegidos, la necesidad de erradicar su impunidad, basada en la dificultad en la recopilación de pruebas y por tanto en el juzgamiento efectivo de los responsables[2], lo cual amerita un trato diferenciado de la prescriptibilidad. Y continua la Corte: Y en lo que se refiere a la ponderación entre “principios e intereses en tensión en la imprescriptibilidad de la acción frente al delito de desaparición forzada”, determina que “ampliar la prohibición de imprescriptibilidad de las penas a las acciones penales” es efectivamente “una garantía del debido proceso frente a la posibilidad de que el Estado ejerza de forma intemporal el ius puniendi”.[3]
Esta interpretación jurisprudencial es coherente con el contenido de instrumentos internacionales de protección de derechos humanos, tales como la Convención Internacional Sobre Imprescriptibilidad de Crímenes de Lesa Humanidad y Crímenes de Guerra de 1968, la Convención Interamericana Sobre Desapariciones Forzadas de 1994, la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra la Desaparición Forzada de 2006 y el Estatuto de Roma de 1998.
Dichos instrumentos desarrollan el tema de la imprescriptibilidad de graves crímenes internacionales de la siguiente forma: la Convención Internacional Sobre Imprescriptibilidad de Crímenes de Lesa Humanidad y Crímenes de Guerra de 1968 la desarrolla en su artículo 1, la Convención Interamericana Sobre Desapariciones Forzadas y la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra la Desaparición Forzada en sus artículos 7 y 5 respectivamente y el Estatuto de Roma en su artículo 29; y sus disposiciones son claras en afirmar que los crímenes de lesa humanidad no estarán sujetos a prescripción de la acción penal. Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos de las Altas Cortes por darle aplicabilidad nacional a la imprescriptibilidad de la acción penal de graves crímenes internacionales, este precepto aún no ha podido ser integrado al Bloque de Constitucionalidad.
Continuando con los pronunciamientos en dicho sentido realizados por la Corte Constitucional, analicemos lo realizado por ésta en ejercicio del examen previo de constitucionalidad de las Convenciones Interamericana e Internacional sobre Desapariciones Forzadas y del Estatuto de Roma, en donde se ha referido al tema de la imprescriptibilidad precisando los momentos procesales en los cuales opera. En su sentencia C-580 de 2002, respecto al examen de constitucionalidad de la Convención Interamericana sobre Desapariciones Forzadas, la Corte manifiesta:
Por lo anterior, la imprescriptibilidad de la acción penal resulta conforme a la Carta Política, siempre y cuando no se haya vinculado a la persona al proceso a través de indagatoria. Cuando el acusado ya ha sido vinculado, empezarán a correr los términos de prescripción de la acción penal, si el delito está consumado.[4]
Ahora bien, respecto al examen de constitucionalidad del Estatuto de Roma, mediante la Sentencia C-578 de 2002, la Corte Constitucional evita hacer referencia expresa al articulo 29 sobre imprescriptibilidad de los crímenes, a saber:
Por lo tanto, resulta procedente advertir que, como el ámbito del Estatuto de Roma se limita exclusivamente al ejercicio de la competencia complementaria atribuida a la Corte Penal Internacional y a la cooperación de las autoridades nacionales con ésta, el tratado no modifica el derecho interno aplicado por las autoridades judiciales colombianas en ejercicio de las competencias nacionales que les son propias dentro del territorio de la República de Colombia.[5]
Con lo anterior, la Corte Constitucional manifiesta que dicho artículo se aplicará tan solo cuando la competencia complementaria de la Corte Penal Internacional se active frente a un caso colombiano, de otra forma dicha normatividad internacional no seria aplicable en el ámbito interno.
En ese mismo sentido se manifiesta más adelante, en su sentencia C-290 de 2012, examinando la posibilidad de que el articulado del Estatuto de Roma haga parte integrante del bloque de constitucionalidad:
La Corte Constitucional ha estimado que no todo el texto del Estatuto de Roma hace parte del bloque de constitucionalidad, lo cual no obsta para que algunos de sus artículos sí lo conformen. En tal sentido, de manera puntual, han sido tomados como parámetros para ejercer el control de constitucionalidad las siguientes disposiciones: el Preámbulo (C-928 de 2005); el artículo 6, referido al crimen de genocidio (C- 488 de 2009); artículo 7, relacionado con los crímenes de lesa humanidad (C- 1076 de 2002); artículo 8, mediante el cual se tipifican los crímenes de guerra (C- 291 de 2007, C-172 de 2004 y C- 240 de 2009); el artículo 20, referido a la relativización del principio de la cosa juzgada (C- 004 de 2003 y C- 871 de 2003), al igual que los artículos 19.3, 65.4, 68, 75 y 82.4, concernientes a los derechos de las víctimas (C- 936 de 2010). En consecuencia, la Corte ha preferido determinar, caso por caso, qué artículos del Estatuto de Roma, y para qué efectos, hacen parte del bloque de constitucionalidad.[6]
Lamentablemente, con el anterior pronunciamiento la Corte Constitucional deja por fuera disposiciones importantes contenidas en el Estatuto de Roma que favorecerían la judicialización de crímenes internacionales al interior del ordenamiento jurídico colombiano.
Por su parte, la Corte Suprema de Justicia, siguiendo la línea trazada por la Corte Constitucional en torno al tema de imprescriptibilidad de crímenes internacionales, contribuye con sus aportes a través de la Sentencia de segunda instancia en el marco del proceso 32022, en donde manifiesta que:
Es perfectamente factible que algunos delitos, particularmente los de lesa humanidad, gocen de la posibilidad de que su investigación sea imprescriptible.[7]
En igual sentido, resolviendo la segunda instancia en un proceso de justicia y paz, la Corte Suprema manifiesta:
Es factible, entonces, que un delito de lesa humanidad reporte como tal la condición de imprescriptibilidad en su investigación, pero acerca de personas determinadas -individualizadas y formalmente vinculadas- exija el cumplimiento de los términos de investigación y juzgamiento.[8]
De esta forma, fueron las Altas Cortes las llamadas a brindar una explicación respecto al fenómeno de la imprescriptibilidad de crímenes internacionales en ausencia de regulación expresa. Tan solo a partir del año 2014, el legislador colombiano consideró que era necesario pronunciarse al respecto recogiendo la tesis desarrollada por los jueces constitucionales, a través de la expedición de la ley 1719 de 2014, mediante la cual se intenta hacer claridad frente al tema en el marco de dar un óptimo tratamiento a los delitos relacionados con violencia sexual.
El artículo 16 de la mencionada ley contempla una modificación al inciso segundo del artículo 83 de la ley 599 de 2000, expresando que:
El término de prescripción para las conductas punibles de desaparición forzada, tortura, homicidio de miembro de una organización sindical, homicidio de defensor de Derechos Humanos, homicidio de periodista y desplazamiento forzado será de treinta (30) años. En las conductas punibles de ejecución permanente el término de prescripción comenzará a correr desde la perpetración del último acto. La acción penal para los delitos de genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra será imprescriptible[9].
Así pues, con la claridad realizada a través de esta ley se resuelve el vacío normativo relacionado con la imprescriptibilidad y cumplimos con nuestras obligaciones internacionales adquiridas adecuando nuestro ordenamiento jurídico interno a la normatividad internacional relativa a la protección de derechos humanos.
Sin embargo, y a pesar de dicho desarrollo subsisten vacíos en el ordenamiento jurídico interno respecto a la judicialización de crímenes de lesa humanidad, los cuales vis-à-vis el código penal nacional, carecen de una tipificación especifica y expresa, tal como sucede con las infracciones contra el Derecho Internacional Humanitario proscritas en el titulo II.
Si bien, a través de diferentes pronunciamientos nacionales se ha consignado que un crimen de lesa humanidad es aquél acto que se comete como parte de un ataque sistemático o generalizado contra la población civil, la ausencia de un catalogo de actos constitutivos de crímenes de lesa humanidad al interior de la norma sustantiva penal permite que en ocasiones delitos como el concierto para delinquir, sea considerado como crimen de derecho común, cuando en realidad dicho acto es constitutivo de un crimen de lesa humanidad. Así lo afirmó la Corte Suprema de Justicia, en Sentencia contra Salvador Arana Sus, en la cual manifiesta que:
Cuando una empresa criminal se organiza con el propósito de ejecutar delitos como desaparición forzada, desplazamiento forzado, torturas, homicidios por razones políticas, etc., punibles que se entienden comprendidos dentro de la calificación de delitos de lesa humanidad, dicha valoración se debe extender al denominado concierto para delinquir agravado en tanto el acuerdo criminal se perfeccionó con tales propósitos. [10]
Lo mismo sucede frente a la calificación de crímenes internacionales cometidos habitualmente en el país, los cuales son catalogados por los operadores judiciales en tanto crímenes de derecho común cuando en realidad estos hacen parte de esquemas macrocriminales que deben ser juzgados como tales en aras de no contribuir a la impunidad que ha acompañado desde antaño la investigación, judicialización y sanción de los responsables de dichos crímenes. Estas deficiencias no solo se deben a la ausencia de conocimiento frente a disposiciones de derecho internacional por parte de los operadores judiciales sino que al igual es responsabilidad directa del legislador colombiano quien ha sido deficiente en adecuar la normatividad penal nacional a las textos de derecho penal internacional suscritos por el Estado Colombiano.
Esta necesidad nunca antes había sido tan imperante como en el momento actual, cuando se ésta ad portas de un proceso de negociación del conflicto armado colombiano con uno de sus principales actores, la guerrilla de las FARC; y donde el hecho de tener claridad frente a la amplitud de disposiciones desarrollando la comisión de crímenes de lesa humanidad resulta indispensable para brindar sanciones adecuadas a sus autores sin sacrificar intereses elementales de las víctimas.
[1] Corte Constitucional, Sentencia C-620/11. MP: Juan Carlos Henao Peréz, 18 de agosto de 2011, página 34. Al igual en : Corte Constitucional, Sentencia C-580/02, MP: Rodrigo Escobar Gil, 31 de julio 2002, página 20.
[2] Corte Constitucional, Sentencia C-620/11. MP: Juan Carlos Henao Peréz, 18 de agosto de 2011, página 63.
[3] Corte Constitucional, Sentencia C-620/11. MP: Juan Carlos Henao Peréz, 18 de agosto de 2011, página 64.
[4] Corte Constitucional, Sentencia C-580 de 2002, MP: Rodrigo Escobar Gil, 31 de Julio de 2002, página 45. Esta posicion se replica igualmente en: Corte Constitucional, Sentencia C-620/11. MP: Juan Carlos Henao Peréz, 18 de agosto de 2011, página 34.
[5] Corte Constitucional, Sentencia C-578 de 2002, MP: Manuel José Cepeda Espinoza, 30 de Julio de 2002, página 210.
[6] Corte Constitucional, Sentencia C-290 de 2012, MP: Humberto Sierra Porto, 18 de Abril de 2012, páginas 35-36.
[7] Corte Suprema de Justicia- Sala de Casación Penal, Sentencia de Segunda Instancia de Justicia y Paz, Proceso 36563 contra Édgar Ignacio Fierro Florez, MP: José Luis Barceló Camacho, 3 de Agosto de 2011. Página 55.
[8] Corte Suprema de Justicia- Sala de Casación Penal, Sentencia de Segunda Instancia de Justicia y Paz, Proceso 32022 contra Gian Carlo Gutiérrez Suárez, MP: Sigifredo Espinoza Pérez, 21 de Septiembre de 2009. Página 216
[9] Subrayado fuera del texto original.
[10] Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación Penal, Sentencia de Única Instancia, Proceso 32672 contra Salvador Arana Sus, 3 de Diciembre de 2009.