Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-sl303-2018-52130-de-febrero-21-de-2018?documento=jurcol&contexto=jurcol_132a1cf9361540809c529fe7534408aa&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-09-16 21:07:41
Document Index: 31422426

Matched Legal Cases: ['artículo 6', 'artículo 3', 'artículo 146', 'artículo 289', 'artículo 6', 'artículo 3', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 146', 'artículo 151', 'artículo 5', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 3', 'artículo 146', 'artículo 3', 'artículo 303', 'artículo 23', 'artículo 78', 'artículo 3', 'artículo 146', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 146', 'artículo 366']

﻿ SENTENCIA SL303-2018/52130 DE FEBRERO 21 DE 2018
SENTENCIA SL303-2018 DE 21 DE FEBRERO DE 2018
CONTENIDO:TERMINACIÓN DEL CONTRATO LABORAL CON TRABAJADOR OFICIAL POR MUTUO CONSENTIMIENTO. QUE SE DECLARE LA NULIDAD DE UN ACTO ADMINISTRATIVO POR MEDIO DE LA CUAL SE FACULTA A UNA ENTIDAD PARA OFRECER PLANES DE RETIRO VOLUNTARIO NO AFECTA POR SÍ MISMA LA VALIDEZ DE LOS ACUERDOS CONCILIATORIOS CELEBRADOS DURANTE SU VIGENCIA, PUES EN VIRTUD DEL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA, GOZAN DE LA PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD AL MOMENTO DE LA CELEBRACIÓN DEL ACTO.
TEMAS ESPECÍFICOS:CONTRATO DE TRABAJO DEL TRABAJADOR OFICIAL, TRABAJADOR OFICIAL, CONCILIACIÓN LABORAL, RENUNCIA LABORAL, NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO, TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO, TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO DEL TRABAJADOR OFICIAL, DESVINCULACIÓN DEL TRABAJADOR OFICIAL
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:556 DE ABRIL DE 2018, PÁG.670
Sentencia SL303-2018 /52130 de febrero 21 de 2018
SL303-2018
Rad.: 52130
La Corte decide el recurso de casación interpuesto por Arturo Aguirre Herrera, Álvaro Escobar Guerrero, Luis Hernando Alvarado, Luis Miguel Alfonso Vargas, Luis Antonio Achury Rincón, Carlos Alfonso Chávez Suárez, Héctor Gustavo Cárdenas Castellanos, Luis Ernesto Ahumada, Fabio Cabrera Arias, Carlos Julio Cubillos Rincón, Moisés Beltrán Ruíz, Francisco Antonio Alfonso López y Salatiel Durán Álvarez contra la sentencia proferida por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior de Bogotá, el 28 de enero de 2011, en el proceso ordinario laboral que instauraron los recurrentes contra el Departamento de Cundinamarca.
Se reconoce personería adjetiva para actuar al abogado Educardo Espinosa Palacios identificado con cédula de ciudadanía 86.006.957 de Granada Meta y Tarjeta Profesional nº 162.194 del Consejo Superior de la Judicatura, para actuar en este proceso como apoderado judicial de la Unidad Administrativa Especial de Pensiones del Departamento de Cundinamarca, en los términos y para los efectos del poder obrante a folios 107 a 114 de este cuaderno de la Corte.
Los mencionados demandantes presentaron demanda ordinaria laboral en contra del Departamento de Cundinamarca, a fin de obtener el reconocimiento y pago del derecho pensional establecido en el artículo 6º de la Ordenanza 21 de 1946, desde la fecha en que se produjo su desvinculación laboral, junto con la indexación y los intereses moratorios.
Como fundamento de sus pretensiones, manifestaron que estuvieron vinculados con el departamento demandado durante más de doce años, a través de contratos de trabajo a término indefinido. Explicaron que la Gobernación de Cundinamarca, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3º de la Ordenanza 1 de 1996, expidió el Decreto 0958 de 1996 que ofreció un plan de retiro voluntario al cual se acogieron, pero, con posterioridad, en la Sentencia CE, 4 abr. 2002, Rad. 2500-23-25-0000-40-386-01, se declaró la nulidad del artículo referido.
Como consecuencia de dicha nulidad, el plan de retiro jamás existió, ya que, de acuerdo con la Sentencia CC SU-563 de 1999, los efectos de esa decisión son erga omnes y se retrotraen al momento de la expedición del acto viciado. Aducen que el derecho pretendido es un derecho adquirido y garantizado por el artículo 146 de la Ley 100 de 1993, en los términos de la Sentencia CC C-410 de 1997, y finalmente, que agotaron la reclamación administrativa (fls. 15 a 21).
El Departamento de Cundinamarca al contestar la demanda, se opuso a la totalidad de las pretensiones. Aceptó los hechos referentes a la vinculación mediante contrato de trabajo y los extremos temporales. Aclaró que los accionantes se acogieron al plan de retiro voluntario de forma libre y espontánea, en virtud de lo cual suscribieron un acta de conciliación con el reconocimiento y pago de una indemnización, la cual hace tránsito a cosa juzgada.
Advirtió que en la Sentencia CE, 22 ago. 2002, Rad. 43611-1997, se consideró que la gobernadora del departamento sí tenía la facultad para expedir el Decreto 0958 de 1996, en donde se ofreció el plan de retiro voluntario a los trabajadores de la Gobernación de Cundinamarca con fundamento en la Ordenanza 1 de 1996. Agregó que un reconocimiento pensional fundado en la Ordenanza 21 de 1946 no era procedente, toda vez que dicha disposición perdió vigencia de acuerdo a lo previsto en el artículo 289 de la Ley 100 de 1993.
Propuso como excepciones de mérito la falta de reclamación administrativa, falta de jurisdicción y competencia, inconstitucionalidad de la Ordenanza 21 de 1946, inaplicabilidad de la misma, cobro de lo no debido y prescripción (fls. 265 a 277).
El juzgado catorce laboral del Circuito de Bogotá, mediante sentencia del 29 de abril de 2008, aplicó la excepción de inconstitucionalidad en cuanto a los efectos de las actas de conciliación suscritas por los demandantes, en lo relativo a las pretensiones de la demanda. En consecuencia, condenó al demandado a reconocer y pagar a cada uno de los actores el derecho pensional consagrado en el artículo 6º de la Ordenanza 21 de 1946, junto con la indexación de la primera mesada pensional, los intereses moratorios y las costas del proceso. Declaró probada parcialmente la excepción de prescripción (fls. 324 a 357).
La Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, al resolver el recurso de apelación presentado por el departamento, mediante sentencia del 28 de enero de 2011, revocó la decisión de primer grado y, en su lugar, absolvió al demandado y se abstuvo de imponer costas en el recurso.
Explicó que la relación laboral que unió a los actores y la demandada se acreditó de la siguiente manera:
Trabajador Extremo inicial Extremo final Cargo
Arturo Aguirre Herrera 21 de marzo de 1983 25 de junio de 1996 Mecánico II de gasolina
Álvaro Escobar Guerrero 21 de julio de 1983 15 de julio de 1996 Kardixta primero
Luis Hernando Alvarado 6 de noviembre de 1979 27 de junio de 1996 Operador de motoniveladora
Luis Miguel Alfonso Vargas 5 de noviembre de 1976 26 de junio de 1996 Chófer
Luis Antonio Achury Rincón 14 de mayo de 1980 27 de junio de 1996 Obrero
Carlos Alfonso Chávez Suárez 5 de noviembre de 1982 2 de julio de 1996 Ayudante de máquina
Héctor Gustavo Cárdenas Castellanos 11 de julio de 1983 14 de junio de 1996 Chófer
Luis Ernesto Ahumada 12 de julio de 1978 25 de junio de 1996 Chófer
Fabio Cabrera Arias 29 de junio de 1984 10 de julio de 1996 Mecánico ajustador de gasolina
Carlos Julio Cubillos Rincón 28 de junio de 1983 13 de junio de 1996 Celador
Moisés Beltrán Ruíz 18 de marzo de 1983 14 de junio de 1996 Obrero
Francisco Antonio Alfonso López 11 de marzo de 1983 14 de junio de 1996 Celador
Salatiel Durán Álvarez 10 de agosto de 1977 12 de julio de 1996 Celador
En lo que interesa al recurso extraordinario, el tribunal advirtió que los acuerdos conciliatorios que se habían referido en la sentencia de primer grado no se incorporaron al proceso, aunque resaltó que en la demanda se afirmó que el departamento estableció un plan de retiro voluntario de conformidad con el artículo 3º de la Ordenanza 1 de 1996 y el Decreto 958 de mayo de 1996, que los demandantes se acogieron a dicho plan y que el artículo de la ordenanza en comento fue declarado nulo en la Sentencia CE, 4 abr. 2002.
Expuso que la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha indicado en procesos similares, que el acuerdo celebrado entre las partes goza de autonomía y vida propia, separable de cualquier otra fuente, por lo que, con independencia de que la ordenanza que facultó a la Gobernación para implementar planes de retiro de sus trabajadores hubiera sido declarada nula por parte de la jurisdicción contenciosa administrativa, el acuerdo gozaba de plena eficacia jurídica.
Señaló que si bien en el juicio no se había acreditado la existencia de las conciliaciones, los actores confesaron haberse acogido al plan ofrecido por la accionada en virtud de la Ordenanza 1 de 1996, de lo que infirió que las partes decidieron terminar los contratos de trabajo de mutuo acuerdo.
Estimó, entonces, que tales acuerdos tuvieron plena validez y, por ende, surtieron efectos jurídicos, pues en el proceso no se demostró que hubieran sido afectados por un vicio del consentimiento, de lo que infirió que la pensión de jubilación regulada por el artículo 6º de la Ordenanza 21 de 1946 no tenía aplicación en el asunto, pues, al haberse probado que los demandantes se habían retirado del servicio por decisión voluntaria, ello excluía el reconocimiento de esa prestación, máxime cuando la norma referida fue declarada nula (fls. 443 a 456).
El recurso fue interpuesto por los demandantes, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, por lo que se procede a resolver.
Pretende que la Corte case en su totalidad la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, confirme en todas sus partes la sentencia del juzgado.
Con tal propósito formularon un cargo, que fue replicado en oportunidad y que la Sala procede a estudiar.
Acusan la sentencia de violar directamente, bajo la modalidad de infracción directa, los artículos 4º, 46, 58, 299 y 300 de la Constitución Política de Colombia y por la interpretación errónea de los artículos 146 y 151 de la Ley 100 de 1993.
En la demostración del cargo, reproducen textualmente los artículos legales y constitucionales denunciados en la proposición jurídica, luego de lo cual refieren el derecho pensional extralegal a su favor contenido en el artículo 6º de la Ordenanza 21 de 1946, según el cual quienes hubieran laborado entre 12 y menos de 16 años, recibirían una pensión equivalente al 40% de su último salario y quienes hubieran laborado entre 16 años y menos de 20, recibirían una pensión equivalente al 50% de su último salario, siempre que en los dos casos demostraran tener 50 años o más. El derecho estaba condicionado a que el servidor se hubiera desvinculado por causas diferentes a su separación voluntaria del cargo o mala conducta comprobada.
Aducen que con posterioridad, la Asamblea de Cundinamarca mediante el artículo 3º de la Ordenanza 1 de 1996, estableció un plan de retiro voluntario, que fue adoptado por la Gobernación a través del Decreto 958 del 2 de mayo de 1996, de lo cual, en principio, podría deducirse que, quienes se acogieran a él, quedaban excluidos del derecho pensional previsto en la Ordenanza 21 de 1946, por cuanto su retiro sería voluntario.
En esa vía, señalan que se acogieron al plan de retiro ofrecido y suscribieron las actas de conciliación que propuso la gobernación, en virtud de los cuales, la desvinculación del servicio se produjo entre los meses de junio y julio de 1996.
Argumentan que como se declaró la nulidad del artículo 3º de la Ordenanza 1 de 1996, dispuesta por el Consejo de Estado en la Sentencia CE, 4 abr. 2002, Rad.2500-23-25-0000-40-386-01, el plan de retiro nunca existió, razón por la que la desvinculación debe recibir el mismo tratamiento que la de aquellos trabajadores que no se acogieron a dicho plan, pues la terminación de su vínculo obedeció, en consecuencia, a una supresión de cargos. Sostiene que, entonces, adquirieron el derecho y la facultad de solicitar y ser beneficiarios del derecho pensional creado en la Ordenanza 21 de 1946.
Arguyen que en razón del decaimiento del artículo 3º la Ordenanza 1 de 1996 y el Decreto 958 de ese año, no es viable darles efectos jurídicos a esas normas y debe entenderse como si nunca hubieran existido.
Luego de transcribir el artículo 146 de la Ley 100 de 1993, sostienen que esa norma estaba plenamente vigente al momento de su desvinculación por supresión del cargo (junio y julio de 1996), ya que la declaratoria de inexequibilidad se produjo el 28 de agosto de 1997, razón por la que quienes hubieren demostrado el cumplimiento de los requisitos previstos en la Ordenanza 21 de 1946, tienen el derecho a reclamar la pensión.
Indican que el artículo 151 de la Ley 100 de 1993, definió dos eventos en los que tal compendio normativo entraría en vigencia, a saber, el general, a partir del 1º de abril de 1994 y, por vía de excepción, definido por las autoridades departamentales, municipales y distritales, a más tardar el 30 de junio de 1995, por lo que resulta claro que la fecha de entrada en vigor de esa norma, para los servidores de esos entes territoriales, no es la fijada como regla general, sino la fecha definida por esas autoridades, que para el Departamento de Cundinamarca ocurrió el 1º de enero de 1995, de acuerdo con el artículo 5º del Decreto 00017 del 4 de enero de 1995.
De ese modo, estiman que según los artículos 146 y 151 de la Ley 100 de 1993 los trabajadores del demandado que hubiesen reunido hasta el 1º de enero de 1997 los requisitos para la pensión prevista en el artículo 6º de la Ordenanza 21 de 1946, tienen un derecho adquirido.
El Departamento de Cundinamarca manifiesta que en la demanda de casación se incurre en el error de incluir en un mismo cargo la inaplicación y a renglón seguido la interpretación errónea, cuando se trata de dos modalidades diferentes.
Manifiesta que la Ordenanza 21 de 1946 es inconstitucional desde el mismo momento de su expedición, por cuanto el único con facultad para legislar en materia de pensiones en la Constitución de 1886 y en la de 1991, es el Congreso de la República.
Dicha ordenanza en su artículo 6º, entre otros, en cuanto al derecho a la pensión se refiere, así como la Ordenanza 59 de 1937, fueron declaradas nulas por la Subsección C, de la Sección Segunda, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en sentencia del 14 de junio de 2002.
Por otro lado, indica que si bien es cierto que se declaró la nulidad del artículo 3º de la Ordenanza 1 de 1996, también lo es que por haber comprendido dicha decisión, el acto que disponía el plan de retiro voluntario, las actuaciones llevadas a cabo durante su vigencia surtieron plenos efectos y son eficaces por encontrarse amparados por la presunción de legalidad del acto administrativo vigente para cuando se ejecutaron, de acuerdo a la postura expuesta por la Sala de Casación Laboral de la Corte.
Manifiesta que no es posible admitir que el artículo 146 de la Ley 100 de 1993, revivió normas territoriales pensionales que con anterioridad habían desaparecido del mundo jurídico, menos cuando se extinguieron por su abierta inconstitucionalidad, pues lo que protege la norma son las situaciones particulares administrativas definidas o las de quienes —antes de la vigencia de ese artículo—, hubieran cumplido los requisitos pensionales cuando estuvo vigente.
En primer lugar, la Sala debe precisar que no le asiste razón al opositor en los reparos de técnica que formula, dado que, el recurrente en ningún momento acusó al tribunal de violar una misma norma por dos modalidades diferentes. Se afirma ello ya que en el cargo se aduce que violó la ley, a través de la modalidad de infracción directa, los artículos 4º, 46, 58, 299 y 300 de la Constitución Política de Colombia y, por la interpretación errónea, los artículos 146 y 151 de la Ley 100 de 1993, por lo que no incurre en ningún dislate de carácter técnico.
Establecido lo anterior y dada la vía escogida, no son materia de discusión en sede de casación los siguientes supuestos fácticos definidos por el tribunal y no discutidos entre las partes: (i) los actores estuvieron vinculados con el Departamento de Cundinamarca mediante contrato de trabajo, vínculos que terminaron en los meses de junio y julio de 1996; (ii) mediante la Ordenanza 1 de 1996 la Asamblea de Cundinamarca autorizó a la gobernadora para efectuar una restructuración administrativa y ofrecer un plan de retiro voluntario a los trabajadores; (iii) a través del Decreto 00958 de 1996 la Gobernación de Cundinamarca invitó a acogerse al plan de retiro voluntario; (iv) los actores y la demandada celebraron acuerdos conciliatorios a través de los cuales acordaron acogerse al aludido plan y terminar los vínculos laborales y, (v) el Consejo de Estado, mediante providencia del 4 de abril de 2002, declaró la nulidad del artículo 3º de la ordenanza atrás referida.
De acuerdo a la sustentación del cargo, le corresponde a la Sala determinar si la nulidad de la ordenanza que autorizó a la Gobernación de Cundinamarca la restructuración y ofrecer un plan de retiro voluntario, decretada por la jurisdicción contenciosa administrativa, afecta o le resta validez a los acuerdos conciliatorios que fueron suscritos en desarrollo de aquélla.
Al respecto, la Sala considera que la nulidad decretada judicialmente del acto que autorizó el ofrecimiento de un plan de retiro voluntario, no conduce a restarle efectos o validez a los acuerdos suscritos en desarrollo de éste, por dos razones fundamentales.
La primera de ellas, porque la conciliación, entendida como acuerdo libre de voluntades, que hace tránsito a cosa juzgada, es un negocio jurídico autónomo con fuerza vinculante.
Bajo la perspectiva del carácter independiente y autónomo del arreglo conciliatorio, las reglas jurídicas que implementan los planes de retiro de trabajadores en entidades oficiales, carecen de efecto automático sobre el acuerdo al que arriben empleador y trabajador para terminar por mutuo acuerdo el contrato de trabajo (CSJ SL, 31 mayo 2004, Rad. 22649, reiterada en CSJ SL, 24 feb. 2005, Rad. 23775, CSJ SL, 29 ago. 2005, Rad. 24797, y CSJ SL18958-2017).
En esas condiciones, si el acto que originó la conciliación es declarado nulo, como ocurrió en el presente caso, ésta no pierde sus efectos, ni menos aún se invalida, dado que, se insiste, la materialización del acuerdo de voluntades entre los actores y el Departamento de Cundinamarca no dependía de la vigencia de la Ordenanza 1 de 1996, sino de la decisión libre y voluntaria de las partes que intervinieron.
La jurisprudencia de esta Sala en casos de similares supuestos fácticos y en donde ha sido convocada la misma entidad territorial demandada, ha establecido que la nulidad del acto administrativo proferido por la Asamblea de Cundinamarca, no afecta los acuerdos celebrados con fundamento en él. Postura que ha sido expuesta desde la providencia CSJ SL, 1º jun. 2004, Rad. 22104, y se ha mantenido vigente, para lo cual se pueden revisar las sentencias CSJ SL, 31 mayo 2004, Rad. 22649, CSJ SL, 24 feb. 2005, Rad. 23775, y CSJ SL, 29 ago. 2005, Rad. 24797, y CSJ SL18958-2017.
En la primera de las providencias señaladas, la Sala para fundamentar su criterio indicó:
En este orden de ideas y con independencia de si la Ordenanza que facultó a la gobernadora de Cundinamarca para implementar planes de retiro de sus trabajadores mediante el pago de una bonificación haya sido anulada por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, lo cierto es que la conciliación suscrita entre las partes tiene autonomía y vida propia, separable por completo de cualquier otra fuente, pues lo fundamental para su existencia es el acuerdo libre de voluntades con sometimiento al funcionario competente, quien le debe impartir su aprobación. En otras palabras, no era necesario que para la conciliación, la gobernadora de Cundinamarca tuviera autorización de la duma departamental, pues de conformidad con el artículo 303 de la Constitución Política, el gobernador, además de ser el jefe de la administración seccional, es el representante legal del departamento.
Lo anterior se corrobora con la Sentencia C-033 del 1º de febrero de 1996, mediante la cual la Corte Constitucional declaró la inexequibilidad del artículo 23 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social que perentoriamente prescribía que la conciliación no procedía cuando intervinieran personas de derecho público, lo que a contrario indica que tales personas sí tienen la capacidad para celebrar acuerdos conciliatorios con sus trabajadores.
Así las cosas, la discusión planteada por la censura es irrelevante, pues sin desconocer los efectos de la declaratoria de nulidad de la ordenanza que facultaba al representante del departamento para implementar planes de retiro voluntario de sus trabajadores mediante el pago de una bonificación, en el asunto bajo examen y como con acierto lo concluyó el tribunal, el contrato de trabajo que existió entre las partes, terminó por mutuo acuerdo, libre de cualquier vicio y expuesto ante el funcionario que con facultad legal le dio su aprobación. Y como tales actos tienen la autoridad de la cosa juzgada al tenor de lo preceptuado por el artículo 78 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, por no estar viciado de nulidad, no puede ser afectado por una decisión como la que aquí plantea la acusación extraordinaria, que entre otras cosas cuando reguló los citados planes de retiro voluntario, nada dijo acerca de la conciliación como forma de poner término a los contratos de trabajo, y por supuesto que nada podía decir a ese respecto, por no estar dentro de su órbita constitucional y legal.
Aunado lo anterior, tal y como de tiempo atrás lo ha señalado la Corte, la conciliación hace tránsito a cosa juzgada y surte plenos efectos, siempre y cuando no esté afectada por algún vicio en el consentimiento, su objeto y causa sean lícitos, no desconozca derechos mínimos, ciertos e indiscutibles y no produzca lesión a la Constitución y a la ley. Entonces, de no encontrarse probada alguna de las situaciones anteriores, no es viable restarle validez o efectos a un acuerdo conciliatorio.
La segunda razón por la cual la Sala considera que la nulidad decretada judicialmente de la ordenanza ya referida, no afecta los acuerdos celebrados, es la seguridad jurídica. En efecto, las partes suscribieron un arreglo amistoso y adquirieron certeza sobre la definición de la terminación definitiva de su relación laboral y los reconocimientos efectuados, ya que, para cuando se celebraron los acuerdos conciliatorios, la ordenanza que estableció el plan de retiro voluntario surtía plenos efectos y se encontraba cobijada bajo la presunción de legalidad.
A través de la Sentencia CSJ SL, 31 mayo 2004, Rad. 22649, la Sala se refirió concretamente al punto y avaló tal criterio, al considerar que los actos administrativos que sirvieron de apoyo al acuerdo de voluntades estaban en vigor y, dado que, en el momento en que éste se dio gozaban de presunción de legalidad, para lo cual se precisó que si bien la declaratoria judicial de nulidad del acto administrativo de carácter general tiene efectos ex tunc, es decir que se retrotraen a la fecha misma de su expedición, regla que ha sido mitigada por el Consejo de Estado, corporación que por excepción ha aceptado que queden en pie situaciones jurídicas particulares consolidadas durante el imperio del acto administrativo general, debido a que durante ese lapso estuvo amparado por la presunción de legalidad de que están revestidas esas decisiones.
Tal criterio fue reiterado recientemente en la Sentencia CSJ SL18958-2017, en donde se indicó: “[…] la nulidad del acto administrativo proferido por la Asamblea de Cundinamarca, no quebranta la firmeza de aquellas actuaciones particulares que se produjeron con base en él, pues, bajo el principio de la seguridad jurídica, la ordenanza que sirvió de apoyo a las conciliaciones gozaba de presunción de legalidad por estar en vigor al momento de celebrar el acuerdo de voluntades”.
De acuerdo a lo expuesto en precedencia, se concluye que la nulidad decretada judicialmente del artículo 3º de la Ordenanza 1 de 1996, no invalida los acuerdos conciliatorios suscritos en desarrollo del plan de retiro voluntario.
Por último, no le asiste razón a la censura al aducir que el tribunal interpretó erróneamente los artículos 146 y 151 de la Ley 100 de 1993, ya que en el fallo recurrido nada se dijo respecto a la vigencia de las disposiciones pensionales territoriales con ocasión de la referida ley, menos aún sobre la entrada en vigencia del sistema de seguridad social. Entonces, si el fallador no se refirió respecto a los artículos indicados, no pudo haberlos interpretado erróneamente.
Con todo, sobre el tema en cuestación, la jurisprudencia de la Sala ha sido pacífica y reiterada al estimar que conforme a las previsiones de los artículos 146 y 151 de la Ley 100 de 1993, las reglas pensionales emitidas territorialmente para los servidores públicos municipales y departamentales, tuvieron vigencia hasta el 23 de diciembre de 1993 para quienes ya habían cumplido los requisitos y hasta el 23 de diciembre de 1995, para quienes hubieran satisfecho las exigencias de acuerdo con el inciso 2 del citado artículo 146 (precepto declarado inexequible a través de Sentencia C-410/97). El anterior criterio ha sido expuesto en providencia CSJ SL, 5 oct. 2006, Rad. 28469, reiterada en CSJ SL14880-2016.
De acuerdo con las anteriores orientaciones, no le asiste razón a la parte recurrente al aducir que la regla pensional prevista en el artículo 6º de la Ordenanza 1 de 1946 estuvo vigente hasta el 1º de enero de 1997.
Recuérdese que, en el cargo, a partir de éste planteamiento se derivaba que para la fecha que estima se causó la pensión a favor de cada uno de los actores (data de la terminación de los contratos de trabajo) estaba en pleno vigor la referida ordenanza y, por ende, que procedía el reconocimiento de la prestación. Sin embargo, como los nexos contractuales de los actores terminaron en junio y julio de 1996, y para dicha calenda, en realidad, la pensión prevista en el artículo 6º de la Ordenanza 21 de 1946 ya había dejado de tener vigencia en razón del mandato contenido en el artículo 146 de la Ley 100 de 1993, de cualquier manera, la pensión reclamada no estaba llamada a la prosperidad.
De acuerdo con todo lo expuesto en precedencia, como no se demostraron los yerros jurídicos endilgados, el cargo no se encuentra llamado a la prosperidad.
Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo la parte actora, toda vez que su demanda de casación no salió avante y tuvo réplica. Se fijan como agencias en derecho la suma de $ 3.750.000 m/cte, que se incluirá en la liquidación que practicará conforme al artículo 366 del Código General del Proceso.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior de Bogotá, el 28 de enero de 2011, en el proceso ordinario laboral que instauraron Arturo Aguirre Herrera, Álvaro Escobar Guerrero, Luis Hernando Alvarado, Luis Miguel Alfonso Vargas, Luis Antonio Achury Rincón, Carlos Alfonso Chávez Suárez, Héctor Gustavo Cárdenas Castellanos, Luis Ernesto Ahumada, Fabio Cabrera Arias, Carlos Julio Cubillos Rincón, Moisés Beltrán Ruíz, Francisco Antonio Alfonso López y Salatiel Durán Álvarez contra el Departamento de Cundinamarca.