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Timestamp: 2019-08-17 12:33:43
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Matched Legal Cases: ['artículo 118', 'artículo 19', 'artículo 118', 'artículo 38', 'artículo 287', 'artículo 287', 'artículo 285']

Derecho Societario de Julio Rougès: SOCIEDADES CONSTITUIDAS EN EL EXTRANJERO 2015
SOCIEDADES CONSTITUIDAS EN EL EXTRANJERO 2015
LAS SOCIEDADES CONSTITUIDAS EN EL EXTRANJERO
Creemos que la crítica es excesiva. Si las personas físicas pueden trasladarse hacia el país que ofrezca el mejor régimen normativo, no hay una razón a priori aceptable para reprochar a los particulares que constituyen sociedades –o a las sociedades que constituyen otras sociedades- que elijan el sistema legal que consideren más adecuado, aunque no tengan allí su “sede real”.
El problema en las sociedades de capital especialmente en una economía globalizada como la actual es que los accionistas pueden tener diversas nacionalidades, y si se trata de acciones al portador, es lisa y llanamente incognoscible la nacionalidad de los socios.
El domicilio comercial –asiento principal de los negocios- determina la ley aplicable respecto de "la calidad del documento que requiere el contrato de sociedad" (art. 6); "el contenido del contrato social; las relaciones jurídicas entre los socios; entre éstos y la sociedad, y entre la misma y terceros" (art. 7); mas "para el ejercicio habitual de los actos comprendidos en el objeto de su institución se sujetará a las prescripciones establecidas por las leyes del Estado en el cual intenten realizarlos” (precepto concordante con el artículo 118, tercer párrafo de la LSC).
Modernamente, se ha abandonado la discusión acerca de la "nacionalidad" de las sociedades, reemplazándolo por el criterio del efectivo control económico. La Ley 21.382 (art. 2) considera empresa local de capital extranjero a "toda empresa domiciliada en el territorio de la República, en la cual personas físicas o jurídicas domiciliadas fuera de él, sean propietarias directa o indirectamente de más del 49 % del capital o cuenten directa o indirectamente, con la cantidad de votos necesarios para prevalecer en las asambleas de accionistas o reuniones de socios".
Tanto el régimen imperativo de derecho de familia, como el régimen sucesorio, y las normas fiscales o las que apuntan a prevenir y sancionar el lavado de dinero, pueden ser transgredidos a través de sociedades constituidas en el país, o de personas físicas. De hecho, la mayor parte de las decisiones judiciales en que se declaró la inoponibilidad de la personalidad, fueron dictadas en procesos en que eran partes sociedades tan argentinas como el tango, la chacarera o el mate. El marido infiel puede burlar a su esposa, adquiriendo bienes a nombre de su concubina, o de una sociedad en que ésta sea controlante, o de un familiar de ésta, o de un tercero de confianza. La mayor parte de los casos de evasión impositiva provienen de sociedades o personas físicas residentes en el país. El lavado de dinero tiene un alcance universal, y en realidad es un problema derivado de otro subyacente, que es el dinero negro (para que se “lave” dinero, tiene previamente que estar sucio). Dentro de esa denominación genérica, caben fenómenos de muy distinto grado de afectación del interés público: no es lo mismo un narcotraficante, que un evasor impositivo, o alguien considerado evasor.
Quien haya litigado contra el fisco –lo hicimos a lo largo de nuestra carrera profesional, y muchas veces con éxito- sabe de la usual confiscatoriedad de sus normas; de la frecuente ilegitimidad de su origen –decretos o simples resoluciones que avanzan sustancialmente sobre la ley- de la voracidad, irracionalidad e injusticia de sus funcionarios; de la complejidad de la aplicación e interpretación de la intrincada madeja de resoluciones generales. Muchas veces un “evasor” para el fisco es la víctima de una persecución arbitraria, un simple moroso, o una persona que, por diversas razones, no puede justificar incrementos patrimoniales absolutamente legítimos (es decir, que provienen de la actividad comercial o empresaria, o de ganancias de capital –valorización de bienes de uso no afectados a la actividad comercial- convertidos en dinero)[3]. En otros casos, si bien existen omisiones, las sanciones previstas en la ley 11.683 son tan desproporcionadas con la gravedad de aquéllas, que su aplicación resulta confiscatoria. Por ese motivo, se ven ejecuciones fiscales por montos que exceden con creces el patrimonio de los demandados, muchas veces personas de medianos recursos.
Algunos se han preocupado por la posible “delawarización” del sistema societario argentino[4], si las autoridades de aplicación de las provincias no son tan progresistas o esclarecidas como la Inspección General de Justicia de la Nación, o los autores y doctrinarios que aplauden sus recientes reglamentaciones. En un congreso de derecho societario, un respetable jurista manifestó su inquietud por el hecho de que los propósitos de aquéllas pudieran verse desvirtuados, inscribiendo en las provincias sucursales o representaciones permanentes de sociedades constituidas en el extranjero. Palabras más, palabras menos, dijo que una cuestión que atañe al orden público como lo es el poder de policía de las sociedades constituidas en el extranjero no podía quedar en manos de funcionarios dependientes de caudillos locales, en una indisimulable descalificación de las condiciones intelectuales y morales de los funcionarios y jueces de comercio provinciales. No nos vamos a escandalizar de esa descalificación; jueces y funcionarios buenos y malos hay en todas partes. Lo que no puede admitirse, en un país –al menos formalmente- federal, es que el único enfoque válido desde el punto de vista jurídico y de policía registral societaria sea el que sostiene la Inspección General de Justicia de la Nación.
1) En primer lugar, la inscripción de una sociedad constituida en el extranjero no guarda relación directa, en sí misma, con el comercio ni interprovincial, internacional, y ni siquiera local. La inscripción, en sí misma, no prejuzga acerca de la actividad permanente que haya de realizar la sociedad constituida en el extranjero.
2) Pero aunque se suponga que una sociedad constituida en el extranjero realizará su actividad en distintas partes del país, eso no significa que al inscribirla, se esté reglando su comercio. La regulación concreta de su actividad empresaria será efectuada, si corresponde, y suponiendo que sea conveniente hacerlo, por las múltiples dependencias burocráticas nacionales y provinciales: organismos tributarios, direcciones provinciales y nacionales de comercio interior y transporte; administración federal de ingresos públicos (Dirección General Impositiva y Administración Nacional de Aduanas); Banco Central de la República Argentina; Secretaría de Comercio Exterior, etcétera.
3) Si fuera cierto el argumento, también se debería aplicar el razonamiento a las sociedades constituidas en el país y a los comerciantes individuales, que pueden comerciar, transportar, exportar e importar más allá de los límites de la Capital Federal o de la provincia en que se constituyen. Debería privarse de facultades que tienen desde el Código de Comercio de 1862, a los jueces locales de comercio, lo que hasta ahora no propugnó ningún constitucionalista, ni comercialista. No creemos que todos hayan estado equivocados hasta ahora.
La palabra ley, desde una sana exégesis constitucional, debe interpretarse en el mismo sentido que la propia Carta Magna asigna al concepto, es decir, ley formal.[5] Ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Opinión Consultiva OC6/86 del 9 de Mayo de 1986, acerca de la expresión "Leyes" en el Articulo 30 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, emitida a solicitud del gobierno de la República Oriental del Uruguay que “la expresión leyes...carecería de sentido si con ella no se aludiera a la idea de que la sola determinación del poder público no basta para restringir tales derechos. Lo contrario equivaldría a reconocer una virtualidad absoluta a los poderes de los gobernantes frente a los gobernados. En cambio, el vocablo leyes cobra todo su sentido lógico e histórico si se le considera como una exigencia de la necesaria limitación a la interferencia del poder público en la esfera de los derechos y libertades de la persona humana. La Corte concluye que la expresión leyes... no puede tener otro sentido que el de ley formal, es decir, norma jurídica adoptada por el órgano legislativo y promulgada por el Poder Ejecutivo, según el procedimiento requerido por el derecho interno de cada Estado”.
La Constitución Nacional no reconoce competencia legisferante al Poder Ejecutivo, salvo casos de excepción, formalmente acotados por la reforma constitucional de 1994. No sólo el artículo 19 consagra el principio de legalidad, sino también los artículos 14 (los derechos constitucionales se ejercen de acuerdo con “las leyes que reglamenten su ejercicio”), 28 (“los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos, no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio”), 75 (en tanto la regulación de la materia comercial es de competencia del Congreso –inciso 12), 76 (que en principio veda la delegación legislativa, y cuando la autoriza, sólo permite hacerlo por tiempo determinado, y con sujeción a las bases establecidas en la norma delegante) y 99, inciso 3, que establece como principio que el Poder Ejecutivo no podrá, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, dictar disposiciones de carácter materialmente legislativo. Puede decirse que el principio de legalidad impregna todo el ordenamiento constitucional.
Fiscalizar (inspeccionar, investigar, controlar) es, por definición, una actividad posterior o concomitante con ciertos actos específicos, no una actuación consistente en el dictado de reglamentaciones generales, abstractas y destinadas a regir un universo a priori indeterminado de situaciones futuras. Esa misión compete al Poder Legislativo, no a la Inspección General de Justicia.
En ejercicio de sus funciones de fiscalización, la IGJ tiene facultades de requerir información y todo documento que estime necesario; realizar inspecciones e investigaciones; declarar irregulares e ineficaces a los efectos administrativos los actos sometidos a su fiscalización, cuando sean contrarios a la ley, el estatuto o los reglamentos (art. 6, incisos a, b y f) de la ley 22.315). Igualmente, le compete la fiscalización permanente del funcionamiento, disolución y liquidación de agencias y sucursales de sociedades constituidas en el extranjero y ejercer las facultades previstas en el art. 7°, incisos a, b, c, y f de la ley 22.315, es decir: controlar el contrato constitutivo y sus reformas; controlar las variaciones de capital, la disolución y liquidación de las sociedades; controlar y aprobar la emisión de debentures; conformar y registrar los reglamentos; y solicitar al juez las medidas previstas en el art. 303 de la ley 19.550 (arts. 7 y 8 de la ley 22.315). Ninguna de esas previsiones tiene nada que ver con las potestades normativas contra o praeter legem que ha atribuido el organismo.
El art. 124 de la LS, eje sobre el que giran en gran parte las resoluciones de la Inspección General de Justicia de la Nación, si bien debe ser aprehendido a nuestro juicio con la latitud necesaria para no tornarlo inoperante, no deja de ser un precepto de excepción, y que no autoriza al dictado por la autoridad de contralor de normas sustancialmente modificatorias de la propia ley de sociedades, sino a ejercer, con toda la energía que sea posible pero en casos concretos, las facultades que tiene.
La “existencia”, dependerá del instrumento constitutivo –lo que nos reenvía al mencionado art. 12 del Código Civil- y su capacidad será juzgada por las leyes de su domicilio (art. 7 del Código Civil).
El concepto de "acto aislado" no es, sin embargo, pacífico, pues se ha entendido que el ejercicio de un acto aislado puede implicar una actuación permanente. En tal sentido fue resuelto en un antiguo plenario de las Cámaras Civiles, el 18 de noviembre de 1920, en el cual se denegó la inscripción en el Registro de la Propiedad de una escritura hipotecaria, entendiendo que no era suficiente la sola transcripción del mandato, pues no cubría los requisitos exigidos por la ley 8867 para el funcionamiento de sociedades anónimas extranjeras, que remitía al art. 287 –no al art. 285- del Código de Comercio[6]. Se consideró que el carácter de acreedora hipotecaria de una sociedad extranjera le imponía la realización de una serie de actos –ya fueran conservatorios o ejecutorios de su crédito- que la colocaban fuera de los límites del acto aislado[7]
La decisión judicial es criticada por BALESTRA[8] -cuestionando el desplazamiento del problema al art. 287 del Código de Comercio, en vez de juzgar el pedido de inscripción como un acto aislado. Creemos que en el caso particular, lo resuelto es cuestionable, pero desde otra óptica: si puede constituirse hipoteca sobre bienes existentes en el territorio de la República, por instrumentos redactados en países extranjeros (art. 3129 del Código Civil), y los actos así otorgados, "tendrán la misma fuerza que los hechos en el territorio del Estado, siempre que constaren de instrumentos públicos y se presentaren legalizados" (art. 1211 del Código Civil), a fortiori se puede hacerlo en el país, sin mayores formalidades que la protocolización.
La norma merece los siguientes comentarios:
1) Se reitera la ya conocida regla de la "lex loci celebrationis": la existencia de la sociedad se rige por las leyes del país en que fue constituida (arts. 7 y 12 del Código Civil)[9].
Entendemos –para el supuesto bajo análisis- la ley ha asignado al concepto de domicilio la significación de "sede social", pues es la interpretación acorde con la finalidad de protección de terceros propia de la exigencia[10].
Se ha dicho que la no inscripción de acuerdo a lo establecido por el artículo 118 de la LSC torna irregulares a las sociedades constituidas en el extranjero respecto de los actos que celebran en la República[11]. Aun si así fuera, la sociedad constituida en el extranjero que infrinja las normas de la ley, y actúe en forma permanente en el país sin adecuarse a los requisitos establecidos por el art. 118, podrá, no obstante invocar contra los terceros los derechos y obligaciones emergentes de los contratos celebrados por aquélla, pues no puede tener un trato más desfavorable que el de una sociedad de hecho (art. 23, segundo párrafo, LSC).
Estrictamente, toda sociedad constituida en el extranjero es de un "tipo desconocido", pues la LSC sólo define como sociedad comercial –argentina- a la que se constituye conforme a uno de los tipos regulados por aquélla (art. 1); y las sociedades extranjeras –aun las de tipos similares a los descriptos por nuestra ley- nunca serán típicas, en el sentido de nuestra ley.
¿Es aplicable dicha disposición a la participación en sociedades locales, posterior a la constitución?
Transcribimos la sentencia:
Vistos los autos "Recurso de hecho deducido por tercerista en la causa Corporación El Hatillo (Cor Hati) C.A. en autos `Potosí S.A.´ c. Cóccaro, Abel F.", para decidir sobre su procedencia.
Y considerando: Que, concordantemente con lo dictaminado por el señor procurador general, el tribunal estima que existe en los autos principales cuestión federal bastante para ser examinada en la instancia de excepción.
Que, además, la resolución recurrida debe equipararse a sentencia definitiva por tratarse de la ocasión pertinente para la tutela del derecho que se estima vulnerado.
Por ello, y habiendo dictaminado el señor procurador general, se declara procedente el recurso extraordinario denegado a foja 167 de los autos principales.
Y considerando sobre el fondo del asunto por no ser necesaria más sustanciación:
Que la sociedad recurrente, que tiene su domicilio real en la ciudad de Caracas, República de Venezuela, confirió oportunamente mandato al señor Abel Francisco Cóccaro a fin de que éste, entre otras facultades concordantes que se mencionan en el instrumento de fojas 2/5, "represente al mandante en todos los actos y contratos relacionados con la constitución en la República Argentina de la Sociedad Anónima Gulf Stream Investment Argentina; para que suscriba en nombre y representación del mandante acciones de dicha compañía, las cuales pagará en dinero efectivo o mediante el aporte de bienes del mandante, quedando facultado para traspasar los bienes que aporte en propiedad a la expresada sociedad anónima; y para que firme en nombre y representación del mandante las actas, documentos constitutivos y estatutos de la expresada sociedad anónima; todos de acuerdo con las instrucciones que al efecto se le comuniquen…".
Que, en ejercicio de tales atribuciones, el señor Cóccaro concurrió al acto de constitución de la mencionada sociedad anónima, suscribiendo acciones, en nombre de su mandante, por la suma de m$n. 59.450.000, e integrando la cantidad de m$n. 17.450.000 mediante el aporte de las cinco máquinas individualizadas en el instrumento de fojas 6/22, de propiedad de la sociedad recurrente.
Que, posteriormente, el señor Cóccaro constituyó una prenda sobre dichas máquinas a favor de Potosí S.A., impidiendo que se concretara su efectiva transferencia a la sociedad anónima a constituirse. Luego, con motivo de la ejecución promovida por el acreedor prendario, la sociedad recurrente se presentó en las respectivas actuaciones deduciendo tercería de dominio sobre los bienes prendados, y solicitando, a tenor de lo dispuesto por el artículo 38 de la ley de prenda con registro, la suspensión del procedimiento ejecutivo, medida a la que el juez de primera instancia hizo lugar (f. 127).
Que la Cámara a quo revocó la resolución de primera instancia con fundamento en que la tercerista, en tanto no cumplió los requisitos exigidos por el artículo 287 del Código de Comercio y disposiciones de la ley 8867, carece de personería para actuar en juicio (fs. 156/157).
Que, aun con prescindencia del régimen de derecho común en que corresponda encuadrar a la sociedad tercerista, resulta manifiesto que lo decidido por la resolución apelada no se compadece con el modo y las especiales circunstancias en que aquélla se ha visto obligada a tomar intervención en los procedimientos judiciales de que se trata.
Que, en efecto, la exigencia del previo cumplimiento de los recaudos atinentes al registro y publicación de los actos sociales, y el mandato del representante, no guarda relación con la celeridad de trámites que es propia de la ejecución prendaria, y con la consiguiente premura con que la recurrente ha debido hacer valer en ella su derecho de dominio sobre los bienes respectivos, tanto más cuanto que no media en el caso circunstancia alguna que autorice a suponer que la conducta del mandatario, y la posterior ejecución, hubiesen sido contingencias previsibles con suficiente antelación como para cumplir las formalidades a que se refiere la resolución en recurso.
Que, en tales condiciones, y en tanto lo resuelto comporta un efectivo impedimento a la tutela jurisdiccional que la sociedad apelante requiere, cabe declarar configurado, en el caso, el invocado agravio a la garantía constitucional de la defensa en juicio -doctrina de Fallos, 241-371; 250-776-.
Que, por lo demás, y en razón del interés institucional que revisten, a juicio de esta Corte, las cuestiones planteadas en la causa -Fallos, 248-189-, corresponde decidir, incluso, que la declarada aplicabilidad del artículo 287 del Código de Comercio y disposiciones de la ley 8867 no resulta tampoco conciliable con la índole específica de los actos de comercio cuya realización en la República fue encomendada al mandatario. La sentencia apelada, en efecto, carece de fundamentos que justifiquen la prescindencia, para la resolución del caso, de la norma contenida en el artículo 285 del Código de Comercio.
Que se impone, en tales circunstancias, la revocación del pronunciamiento recurrido.
Por ello, se revoca la resolución de fojas 156/157 en lo que ha sido materia de recurso extraordinario.- B. Villegas Basavilbaso. A. D. Aráoz de Lamadrid. R. Colombres. E. Imaz. J. F. Bidau.
[3] Un problema que sería hipócrita no mencionar, son las enajenaciones de inmuebles. En muchos casos, todos los candidatos a comprar un bien puesto en venta, exigen que en la escritura figure un precio menor, aunque el vendedor quiera que sus bienes legítimamente adquiridos sigan siendo dinero absolutamente “blanco” (porque blanco es el bien al que subroga). Pero los compradores, salvo que adquieran el bien con crédito hipotecario, exigen que figure un precio menor. Cuando esa exigencia es generalizada, las únicas opciones que quedan al pretenso enajenante –que si vende es porque necesita o al menos prefiere el dinero al bien inmueble- son aceptar la exigencia del futuro comprador –que es quien, al disponer del dinero, impone las condiciones- o no vender.
[4] Carlos Molina Sandoval, “Régimen Societario Argentino”, Parte General, Tomo II, Ed. Lexis Nexis, 2004, págs. 1216-1217
[6] BALESTRA, obra citada, pág. 49.
[7] NISSEN, "Ley de Sociedades Comerciales", T.II, pág. 319.
[8] Obra citada, pág. 49.
[9] El decreto N° 1493/82 , que reglamenta la ley 22.315, establece que la forma de acreditar tal existencia es mediante "comprobante extendido por la autoridad competente de que se hallan debidamente autorizadas o inscriptas según las leyes de su país de origen" (art. 25, inc. b).
[10] Así lo ha inteligido también el Decreto 1493/82, al exigir que se acompañe "resolución del órgano competente que dispuso solicitar la inscripción (con indicación de las facultades del representante en su caso) y por la que se fije ”sede social en la República"
[11] Rovira, A., Sociedades Extranjeras, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1985, pág. 64.
Publicado por Julio Rougès en 11:20