Source: https://derechoecuador.com/registro-oficial/2000/08/registro-oficial-15-de-agosto-del-2000
Timestamp: 2020-01-21 23:32:08
Document Index: 359803927

Matched Legal Cases: ['artículo 6', 'artículo 171', 'artículo 48', 'artículo 57', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'artículo 21', 'artículo 38', 'artículo 21', 'artículo 40', 'artículo 40', 'artículo 11', 'artículo 4']

Registro Oficial. 15 de AGOSTO del 2000
Martes, 15 de agosto de 2000
Martes 15 de Agosto del 2000
\n 610 Modifícase el Decreto\n Ejecutivo No. 71 del 12 de febrero de 1980, publicado en el Registro\n Oficial No. 126 del mismo día
\n 653 Declárase el estado\n de emergencia vial en la provincia de Morona Santiago, para la\n rehabilitación y reconstrucción de la carretera\n Guaramales-Méndez-Puerto Morona
\n 654 Modifícase el Reglamento\n Especial de Casinos y Salas de Juego (Bingo Mecánicos)\n
\n 655 Elimínase la tarifa\n por cláusula de salvaguardia para varias subpartidas arancelarias\n
\n 0011\n Destínase los fondos para los programas de vivienda\n campesina y mejoramiento de viviendas urbano - marginales
\n 054 Deléganse atribuciones\n al señor Subsecretario de Obras Públicas y Comunicaciones\n de la Zona VII, Guayas
\n 055 Deléganse atribuciones\n al señor Subsecretario de Obras Públicas y Comunicaciones\n de la Zona V, Austro
\n 0573 Déjase sin efecto la\n Resolución No. 0254, publicada en el Registro Oficial\n No. 98 del 14 de junio del 2000
\n AGENCIA\n DE GARANTIA DE DEPOSITOS:
\n AGD-00-021 Expídese\n el procedimiento para la aplicación de la garantía\n de depósitos a los clientes que mantienen deudas vencidas\n o castigadas en el sistema financiero
\n 17-2000 INDA en contra de\n Ingeniería y Equipos Asociados Cía. Ltda. INIEQA\n
\n 97-2000 Cooperativa 23 de\n Agosto de Chilintomo en contra de Miguel Angel García\n Flores
\n 174-2000 Luis Cornelio Peñafiel\n Quiranza en contra del Ministerio de Bienestar Social
\n 201-2000 Ing. Vicente Garcìa\n Reyes en contra del Municipio de Pindal
\n 202-2000 Dr. Germán Torres Pacheco en contra\n de Débora Torres Pacheco y otro
\n 203-2000 Agustín Alvarez\n Acaro en contra del Consorcio Chaluspamine S.A.
\n 204-2000 Francisco Peña\n Loja en contra de Wilson Oswaldo Granda Dávila
\n 205-2000 Hugo Pruna Jácome\n en contra de Jenny Margoth Jácome Pérez
\n 206-2000 Anìbal Paute\n Uchuari y otros en contra del Municipio de Loja
\n 207-2000 Zoila Victoria Arellano\n Alvarez y otras en contra de Jorge Alvarado Alvarez y otros
\n 209-2000 I. Municipio de Ambato en contra de Patricio\n Herrera Córdova y otra
N0 610
Que mediante Decreto Ejecutivo N0 105 del 3 de octubre de\n 1979, publicado en el Registro Oficial 45 del 16 de octubre de\n 1979 se declaró de utilidad pública con fines de\n expropiación urgente y ocupación inmediata todos\n los inmuebles ubicados en la isla Santay, cuyo destino sería\n la instalación y funcionamiento de un complejo recreacional,\n cultural y turístico, cuya ejecución y funcionamiento\n le competían al Gobierno Nacional, a través del\n Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones;
Que mediante Decreto Ejecutivo N0 71 del 12 de febrero de\n 1980, publicado en el Registro Oficial N0 126 del mismo día,\n se reformé el citado decreto y se dispuso que la expropiación\n sea a favor del Banco Ecuatoriano de la Vivienda y se amplió\n el destino de los inmuebles a fines urbanísticos a más\n de las tres finalidades iniciales. Se dispuso que la ejecución\n y el funcionamiento de correspondían al Banco Ecuatoriano\n de la Vivienda y la Junta Nacional de la Vivienda y se autorizaba\n a que esas instituciones contraten el diseño, la programación,\n ejecución y funcionamiento;
Que la Junta Nacional de la Vivienda y el Banco Ecuatoriano\n de la Vivienda indemnizaron en su oportunidad a los propietarios\n de los inmuebles, pero por las características ambientales\n de la isla Santay no ha sido posible ejecutar programas comunes\n de vivienda, por lo que es necesario modificar el destino que\n debe darse a los inmuebles declarados de utilidad pública\n desde hace más de veinte años;
Que resulta imperativa la protección, defensa y conservación\n del medio natural y humano, de los recursos naturales renovables\n y no renovables, y dé los sistemas ecológicos de\n la isla Santay y destinarla a fines turísticos, recreacionales\n y de investigación, que consideren su destino como medio\n protector de la ecología de su ámbito de influencia;
Que los personeros de las municipalidades de Guayaquil, Durán\n y Samborondón y de organizaciones representativas, públicas\n y privadas de la provincia del Guayas, han coincidido en la urgente\n necesidad de realizar un plan de desarrollo de la isla Santay\n en el que se consideren los aspectos mencionados en el párrafo\n anterior;
Que el Directorio del Banco Ecuatoriano de la Vivienda en\n sesión de 17 de julio del 2000 resolvió solicitar\n al señor Presidente Constitucional de la República,\n la expedición del presente Decreto Ejecutivo; y,
En ejercicio de las atribuciones que de confiere la Constitución\n y la ley,
Art. 1.- Se modifica el artículo tercero del Decreto\n Ejecutivo N° 71 del 12 de febrero de 1980, publicado en el\n Registro Oficial N° 126 del mismo día, por el siguiente:
"Art. 3. - Los inmuebles de la Isla Santay que fueron\n declarados de utilidad pública y de interés social,\n mediante los Decretos Ejecutivos 105 del 3 de octubre de 1979\n y 126 del 12 de febrero de 1980, publicados en los Registros\n Oficiales 45 del 16 de octubre de 1979 y 126 del 12 de febrero\n de 1980, respectivamente, serán destinados al desarrollo\n de un vasto plan ecológico, recreacional y turístico.".
Art. 2. - Se ratifica la propiedad del Banco Ecuatoriano de\n la Vivienda sobre las dos mil doscientas hectáreas de\n la isla Santay, perteneciente al cantón Durán de\n la provincia del Guayas, por lo mismo se autoriza a que el mismo\n celebre los contratos o convenios necesarios para el cumplimiento\n de los fines mencionados en este decreto.
Art. 3. - De la ejecución del presente Decreto que\n entrará en vigencia sin perjuicio de su publicación\n en el Registro Oficial, encárguese al Ministro de Desarrollo\n Urbano y Vivienda.
Que el sistema de carreteras de la provincia de Morona Santiago\n ha sido destruido por la inclemencia del clima;
Que es obligación del Gobierno Nacional atender los\n justos requerimientos de la provincia de Morona Santiago y el\n clamor de las autoridades que demandan una acción emergente\n para la solución de los graves problemas ocasionados por\n el crudo invierno que azota a la región;
Que es impostergable rehabilitar la red vial afectada por\n la acción devastadora de la naturaleza y prevenir futuras\n catástrofes o daños; y,
En ejercicio de las atribuciones que de confieren los artículos\n 180 y 181 de la Constitución Política de la República,
Art. 1. - Se declara el estado de emergencia vial en la provincia\n de Morona Santiago, para la rehabilitación y reconstrucción\n de la carretera Guarumales - Méndez - Puerto Morona y\n la entrega de USD 200.000,oo para el mejoramiento de la Troncal\n Amazónica en lo que se refiere a sistemas de drenaje y\n estabilizaciones de vía en el tramo Gualaquiza - Río\n Pastaza.
Art. 2. - Dispónese que el Ministerio de Obras Públicas\n y Comunicaciones asuma inmediatamente, conforme a las normas\n de la Constitución Política y la ley, las tareas\n mencionadas en el artículo anterior, para lo cual adoptará\n las providencias y medidas necesarias, encaminadas a prevenir\n futuros deterioros.
Art. 3. - El Ministerio de Economía y Finanzas proveerá\n los recursos extrapresupuestarios suficientes al Ministerio de\n Obras Públicas y Comunicaciones, tendientes a superar\n la emergencia vial a que se refiere el presente decreto, así:\n a la firma del presente decreto, asignará la suma de USD\n 200.000,oo para el mejoramiento de los sistemas de drenaje de\n la red principal de carreteras de Morona Santiago; en el mes\n de noviembre del presente año, ese rubro se incrementará\n en USD 200.000,oo para el mismo objetivo; y, en el año\n 2001 el Ministerio de Economía y Finanzas, incluirá\n USD 200.000,oo para la reconstrucción vial en la provincia.
Art. 4. - De conformidad con el artículo 6, literal\n a) de la Ley de Contratación Pública, se exceptúa\n de los procedimientos precontractuales exigidos en dicha ley\n a la celebración del o los contratos necesarios para ejecutar\n la o las obras, así como adquirir los bienes y servicios\n que se requieran para el efecto; y, se autoriza al Ministro de\n Obras Públicas y Comunicaciones para que proceda a celebrarlos\n al amparo de la referida disposición.
Art. 5. - Con relación a los contratos celebrados que\n a la fecha de la presente declaratoria de emergencia se hallaren\n vigentes e incumplidos, el Ministerio de Obras Públicas\n los dará por terminados de conformidad con la ley, procederá\n inmediatamente a la rehabilitación de las vías,\n mediante contratación directa, sin necesidad de ningún\n procedimiento precontractual.
Respecto de aquellos contratos que se encuentren vigentes,\n cuyas obras no deban paralizarse por ningún motivo; y\n que sin embargo se hallaren suspendidas por causas justificadas,\n su ejecución no se verificare dentro de los quince días\n posteriores al requerimiento por parte del Ministerio de Obras\n Públicas al contratista, el Ministerio podrá ejecutar\n por su cuenta todas las obras necesarias. Una vez superada la\n emergencia previas las verificaciones e imputaciones del caso,\n procederá a liquidar los trabajos con el respectivo contratista.
Art. 6. - De la ejecución de este decreto que entrará\n en vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su\n publicación en el Registro Oficial, encárguense\n los ministros de Gobierno y Policía, de Defensa Nacional,\n de Economía y Finanzas y de Obras Públicas y Comunicaciones.
f) Antonio Andretta, Ministro de Gobierno y Policía.
f) Hugo Unda Aguirre, Ministro de Defensa Nacional.
f) José Macchiavello Almeida, Ministro de Obras Públicas\n y Comunicaciones.
Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 402, publicado en el Registro\n Oficial No. 087 de 30 de mayo del 2000, se expidió el\n Reglamento especial de casinos y salas de juego;
Que, se han detectado en su aplicación varios aspectos\n que deben ser reformados, para su cabal cumplimiento; y,
En uso de la facultad reglamentaria prevista en el numeral\n cinco del artículo 171 de la Constitución Política\n de la República,
Las siguientes modificaciones al Reglamento especial de casinos\n y salas de juego (Bingo mecánicos).
Art. 1. - El primer inciso del artículo 48, se sustituirá\n por el siguiente:
"Art. 48. - Los casinos y salas de juego que se dediquen\n a la práctica de juegos de azar sin la debida autorización\n del Ministerio de Turismo deberán abstenerse de inmediato\n a seguir haciéndolo".
El segundo inciso continúa igual.
Art. 2. - En el artículo 57, a continuación\n de la palabra casino, agréguese "o Sala de Juego\n en lo concerniente a su actividad".
Art. 3. - La segunda disposición transitoria, se sustituirá\n por la siguiente:
"Segunda. - Los casinos y salas de juego cuyos proyectos\n han sido aprobados por el Ministerio de Turismo con anterioridad\n a la vigencia de este Reglamento, podrán operar de manera\n normal. Si se encuentran en ejercicio de sus actividades, continuarán\n haciéndolo, debiendo en el plazo de noventa días\n contados a partir de la publicación de este Reglamento,\n adecuar su capital y garantías a lo dispuesto en los artículos\n pertinentes. Los casinos deberán adecuar sus equipos de\n juego en el mismo plazo, según lo dispuesto en el artículo\n 6 del Reglamento.".
Art. 4. - De la ejecución de este decreto que entrará\n en vigencia a partir de su publicación en el Registro\n Oficial, encárguese a la Ministra de Turismo.
f) Rocío Vázquez Alcazar, Ministra de Turismo.\n Es fiel copia del original. - Lo certifico:
Que, mediante Resolución No. 062 del COMEXI de 6 de\n julio del 2000, se emitió dictamen favorable para la eliminación\n de la tarifa de cláusula de salvaguardia para varias instituciones;
En uso de las atribuciones que de confiere el artículo\n No. 15 de la Ley Orgánica de Aduanas,
Artículo No. 1. Se elimina la tarifa por cláusula\n de salvaguardia para las subpartidas arancelarias que se detallan\n a continuación:
(Anexo 15AGT1;5)
Artículo No. 3. - De la ejecución del presente\n decreto, que entrará en vigencia a partir de la publicación\n en el Registro Oficial, encárguese al señor Ministro\n de Economía y Finanzas y al señor Ministro de Comercio\n Exterior, Industrialización y Pesca.
Lo certifico: f) Marcelo Santos Vera, Secretario General de\n la Administración Pública
N° 00011
Que, el costo actual de los materiales de construcción\n obliga a revisar el monto de los bonos tanto para vivienda Rural\n como para Urbano - Marginal;
Que, en la política del Ministerio se ha incluido para\n el año 2000 y en adelante un tratamiento especial para\n las áreas tugurizadas de las ciudades, que se llamará\n "Rehabilitación de Viviendas en Areas Centrales Urbanas",\n con igual tratamiento que para las viviendas de los centros históricos;\n y,
Que, el Gobierno Nacional sensible ante los requerimientos\n del MIDUVI ha dispuesto que a través del Ministerio de\n Finanzas se entregue una partida extraordinaria de 6 millones\n de dólares,
Artículo 1°.-: Destinar los fondos descritos en\n el considerando anterior en forma porcentual para los siguientes\n programas:
Vivienda campesina: 60%
\n Mejoramiento de viviendas urbano - marginales: 40%
\n Artículo 2°: Establecer para el caso específico\n de estos fondos los siguientes montos de BONOS del MIDUVI:
Vivienda campesina: Hasta U.S.D 400.oo
\n Mejoramiento de viviendas
\n Urbano - marginales: Hasta U.S.D 500.oo
Estos bonos involucran en todos los casos ejecución\n de vivienda nueva, y en el caso de Mejoramiento en Vivienda Campesina\n el monto del bono será de USD 200.oo. y en Urbano - Marginal\n USD 250,oo.
Los bonos en ejecución hasta por USD 200 (S/. 5.000.000)\n se reajustarán a la nueva escala de USD 400 (S/. 10.000.000).
El presente acuerdo entra a vigencia en esta fecha, independientemente\n de su publicación en el Registro Oficial.
Dado en el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, en\n la ciudad de Quito, a 17 mayo del 2000.
\n Ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda, certifico que este\n documento es fiel copia del original.
f) Valeria Jhayya, Secretaria General.(E)
En Quito, de 20 de agosto del 2000.
Que, el Gobierno del Ecuador suscribió con el Banco\n Interamericano de Desarrollo, el contrato de crédito internacional\n 1057 OC - EC - BID, cuya Carta Acuerdo Colateral, suscrita el\n 5 de diciembre de 1997 destina parte del crédito a la\n Mitigación Social de la Carretera Cuenca - Molleturo -\n Naranjal;
Que, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones\n es el encargado de ejecutar el crédito y para ello mediante\n Acuerdo Ministerial No. 034 de 29 de marzo del 2000 expide el\n Reglamento de operaciones y funciones que norma la ejecución\n de políticas y prioridades de mitigación social\n a la población afectada por la construcción de\n la carretera Cuenca - Molleturo - Naranjal;
Que, mediante el Acuerdo Ministerial No. 034, se conforma\n la Comisión de Mitigación Social, el Comité\n de Contrataciones y la Gerencia General Operativa, determinando\n sus funciones y atribuciones; y,
Que, el Comité de Contrataciones de la Gerencia General\n Operativa, ha expedido un "Reglamento de Adquisición\n de Bienes Muebles, Contratación de Obras y Prestación\n de Servicios y Servicios de Consultoría para el Programa\n de Mitigación por la Construcción de la Carretera\n Cuenca - -Molleturo - Empalme",
Art. 1. - Delegar al señor Subsecretario de Obras Públicas\n y Comunicaciones de la Zona VII, Guayas, la suscripción\n de contratos, que de acuerdo al Reglamento de Contrataciones\n de la Gerencia General Operativa, no excedan de la suma de USD/.\n 50.000 y siempre que las obras a contratar se encuentren dentro\n del área de jurisdicción de dicha Subsecretaría.
Art. 2. - El presente acuerdo entrará en vigencia a\n partir de esta fecha, sin perjuicio de su publicación\n en el Registro Oficial, y de su ejecución encárguense\n la Comisión de Mitigación Social, el Comité\n de Contrataciones y la Gerencia General Operativa.
Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el 1 de\n agosto del 2000.
f) Ing. José Macchiavello Almeida, Ministro de. Obras\n Públicas y Comunicaciones.
Art. 1. - Delegar al señor Subsecretario de Obras Públicas\n y Comunicaciones de la Zona V, Austro, la suscripción\n de contratos, que de acuerdo al Reglamento de Contrataciones\n de la Gerencia General Operativa, no excedan de la suma de USD/.\n 50.000 y siempre que las obras a contratar se encuentren dentro\n del área de jurisdicción de dicha Subsecretaría.
Dado en la ciudad de Quito. Distrito Metropolitano, el 1 de\n agosto del 2000.
f) Ing. José Macchiavello Almeida, Ministro de Obras\n Públicas y Comunicaciones
Que el Tribunal Constitucional mediante Resolución\n No. 130 - 2000 - TP, publicada en el Registro Oficial No. 128\n del 26 de julio del 2000 .solicita a la Dirección General\n del Servicio de Remitas Internas, proceda a la revocatoria de\n la Resolución No. 0254; y,
Art. 1. Dejar sin efecto la Resolución No. 0254, publicada\n en el Registro Oficial No. 98 del 14 de junio del 2000.
Art. 2. Esta resolución entrará en vigencia\n a partir de su publicación en el Registro Oficial.
Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a 1 de agosto\n del 2000.
f) Economista Elsa de Mena, Directora General, Servicio de\n Rentas Internas.
f) Doctora Alba Molina, Secretaria General, Servicio de Rentas\n Internas.
No. AGD\n - 00 - 021
Que el inciso segundo del artículo 21 de la Ley de\n Reordenamiento en Materia Económica, en el Area Tributario\n - Financiera, dispone que se excluyen de la garantía los\n depósitos relacionados con la cartera declarada corno\n pérdida en cualquier institución del sistema financiero;
Que en cumplimiento de lo establecido en el referido artículo\n 21, la Agencia de Garantía de Depósitos no ha considerado\n dentro de su garantía a aquellos clientes de las instituciones\n sometidas a procedimiento de saneamiento, que se hallaren calificados\n como pérdida por cualquier institución del sistema\n financiero y reportados como tales en la Central de Riesgos que\n administra la Superintendencia de Bancos;
Que el artículo 38 de la Ley para la Transformación\n Económica del Ecuador, reforma el artículo 21 de\n la Ley de Reordenamiento en Materia Económica, en el Area\n Tributario - Financiera y en su antepenúltimo inciso dispone\n que se excluyen de la garantía los depósitos relacionados\n con la cartera declarada como pérdida en cualquier institución\n del sistema financiero, a la fecha de cobro por parte del depositante;
Que el penúltimo inciso del artículo 40 de la\n Ley para la Transformación Económica del Ecuador,\n dispone además que quienes se encuentren en la Central\n de Riesgos y justifiquen haber cancelado sus deudas, tendrán\n derecho a que la Agencia de Garantía de Depósitos\n les restituya los valores congelados, de conformidad con el cronograma\n que establezcan las autoridades pertinentes;
Que el último inciso del mismo artículo dispone\n que quienes mantengan créditos impagos y al mismo tiempo,\n depósitos que deban ser garantizados por la AGD, deberán\n compensar los valores correspondientes y en caso de existir valores\n a su favor, dichos valores serán cubiertos por la garantía\n de depósitos prevista en la ley, de conformidad con el\n cronograma que establezcan las autoridades pertinentes;
Que el Directorio de la Agencia de Garantía de Depósitos,\n en sesión celebrada el día 2 de junio del 2000,\n conoció el texto de la presente resolución y autorizó\n al señor Superintendente de Bancos, Presidente del Directorio,\n su expedición; y,
EXPEDIR EL PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACION DE LA GARANTIA\n DE DEPOSITOS A LOS CLIENTES QUE MANTIENEN DEUDAS VENCIDAS O CASTIGADAS\n EN EL SISTEMA FINANCIERO.
ARTICULO 1. - En virtud de las disposiciones contenidas en\n los dos últimos incisos del artículo 40 de la Ley\n para la Transformación Económica del Ecuador (Ley\n 2000 - 4, Suplemento del R.O 34 del 13 de marzo del 2000), la\n Agencia de Garantía de Depósitos cumplirá\n con su garantía a aquellos clientes de las instituciones\n del sistema financiero (IFIs), que se encontraren en la Central\n de Riesgos, siempre que se encuadren dentro de lo dispuesto en\n dichas normas legales, para lo que deberá seguirse el\n procedimiento establecido en la presente resolución, el\n cual es de obligatorio acatamiento para todas las IFIs que se\n encuentren sometidas a procedimientos de saneamiento.
ARTICULO 2. - Para efectos del cumplimiento de dichas normas\n y de la presente resolución, la IFI en saneamiento deberá\n obtener un reporte actualizado de la Central de Riesgos, para\n cada cliente que conste en sus registros como titular de depósitos\n garantizados o que deban garantizarse.
En tratándose de depósitos que originalmente\n estuvieron excluidos de la garantía por haber estado sus\n titulares calificados como pérdida en el reporte de la\n Central de Riesgos correspondiente al mes en que la IFI fue sometida\n al procedimiento de saneamiento, deberá obtenerse el reporte\n actualizado de la Central de Riesgos tanto del titular del depósito\n que originó la exclusión de la garantía,\n como de quien se encontrare registrado como último titular\n del mismo. Sí cualquiera de ellos constare reportado con\n deudas vencidas e impagas, sea cual fuere la calificación\n que se le haya asignado, deberá someterse al procedimiento\n contenido en esta resolución, en forma previa a que la\n AGD honre la garantía de depósitos sobre el depósito.
En tratándose de depósitos que gozan de la garantía\n de depósitos por no haber estado sus titulares calificados\n como pérdida en el reporte de la Central de Riesgos correspondiente\n al mes en que la IFI fue sometida al procedimiento de saneamiento,\n para los efectos de esta resolución, deberá verificarse\n en el reporte actualizado de la Central de Riesgos únicamente\n al último titular del depósito que conste registrado\n por la FI, el que deberá someterse a este procedimiento\n en caso de constar reportado con deudas vencidas o castigadas.
Si constan reportes de varias IFIs, deberá obtenerse\n el informe de todas las IFIs que hubieren reportado al cliente,\n independientemente de su calificación.
Si del reporte aparecen deudas vencidas o castigadas, deberá\n seguirse el procedimiento dispuesto en los artículos 3\n ó 4 de esta resolución, según corresponda.
Siempre deberá guardarse en custodia en la IFI en saneamiento,\n una copia del reporte de la Central de Riesgos que sirvió\n para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley para la Transformación\n Económica del Ecuador, con indicación de la fecha\n a la que corresponde. Este reporte podrá ser solicitado\n por la AGD en cualquier tiempo.
\n ARTICULO 3. - CLIENTES REPORTADOS A LA CENTRAL DE RIESGOS QUE\n JUSTIFIQUEN HABER PAGADO SUS DEUDAS.
Si un cliente consta registrado como titular de un depósito\n en una IFI en saneamiento y mantiene deudas vencidas en otra\n u otras instituciones del sistema financiero, con cualquier calificación\n (A, B, C, D, o E) y se encuentra reportado a la Central de Riesgos,\n tendrá derecho a que la AGD cumpla con la garantía\n de depósitos, para lo cual se observará lo siguiente:
3.1. El cliente debe presentar a la IFI en saneamiento que\n mantiene registrado el depósito, una certificación\n emitida por cada una de las IFIs que lo reportó, de la\n que conste que ha pagado la deuda reportada.
3.2 Una vez presentada dicha certificación, la IFI\n en saneamiento que mantiene registrado el depósito procederá\n a confirmar que tal depósito se encuentra garantizado;\n y, lo incluirá en el cronograma de pagos.
ARTICULO 4. - CLIENTES REPORTADOS A LA CENTRAL DE RIESGOS,\n QUE NO HAYAN PAGADO SUS DEUDAS.
Si un cliente titular de un depósito en una IFI en\n saneamiento mantiene deudas vencidas con otra u otras instituciones\n del sistema financiero, tendrá derecho a que la AGD honre\n la garantía de depósitos, una vez cumplido el procedimiento\n siguiente:
4.1. La IFI en saneamiento, en forma previa a enviar a la\n AGD el cronograma de la correspondiente etapa de pago, deberá\n obtener de la Central de Riesgos, para todos los titulares de\n los depósitos, el reporte referido en el artículo\n 2 de esta resolución. Si el cliente no consta en la central\n de riesgos con deudas vencidas o castigadas, se lo incluirá\n en el cronograma de pagos. Sí del reporte consta que mantiene\n deudas vencidas o castigadas en otra u otras instituciones del\n sistema financiero, deberá procederse conforme lo dispuesto\n en el numeral 4.2 siguiente.
4.2. El cliente debe presentar a la IFI en saneamiento que\n mantiene registrado el depósito, una liquidación\n de la que conste el monto total de la deuda vencida o castigada\n por la cual se lo reportó a la central de riesgos, incluyendo\n capital, intereses, comisiones y cualquier otro recargo legalmente\n estipulado.
Si la deuda reportada corresponde a una IFI no sometida a\n procedimiento de saneamiento, además de la liquidación\n referida en el inciso precedente, el cliente deberá presentar\n una declaración de la IFI acreedora, mediante la cual\n ésta acepte recibir en pago de las obligaciones a su favor,\n el depósito registrado en la IFI en saneamiento.
4.3. La IFI en saneamiento que mantiene registrado el depósito\n deberá descontar del valor del mismo lo que el cliente\n adeude a las IFIs , según el reporte de la central de\n riesgos, y emitir tantos certificados como acreedores existan.\n De haber saldo a favor del cliente, se emitirá un certificado\n a su orden por el valor correspondiente. En el evento de que\n los créditos a favor de las IFIs sean mayores que el depósito\n registrado, corresponderá al titular del mismo instruir\n a la IFI emisora, sobre los certificados a emitir a la orden\n de sus acreedores y los montos de los mismos.
4.4. Las IFI en saneamiento que mantiene registrado el depósito\n emitirá y entregará al cliente, el (los) certificado\n (s) emitido (s) a favor de la (s) IFI (s) con la (s) cual (es)\n éste mantiene la deuda, a fin de que lo (s) utilice para\n pagar tales deudas con las IFIs acreedoras.
Los certificados a entregarse a las IFIs acreedoras deberán\n ser nominativos y con indicación del cliente por el cual\n se emiten.
4.5. Una vez cumplido lo indicado en el numeral precedente,\n la IFI en saneamiento incluirá al cliente en el cronograma\n de pagos.
ARTICULO 5. - En todos los casos deberá constatarse\n que el depósito cumple con todos los demás requisitos\n para estar garantizado, de conformidad con las disposiciones\n legales y reglamentarias aplicables.
ARTICULO 6. - Los casos de duda deberán ser resueltos\n por el Directorio de la AGD.
ARTICULO 7. - La presente resolución entrará\n en vigencia a partir de su publicación en el Registro\n Oficial.
Comuníquese y publíquese en el Registro Oficial.\n - Dada en la ciudad de Guayaquil, a dos de junio del 2000.
f) Dr. Juan Falconí Puig, Superintendente de Bancos,\n Presidente del Directorio.
Proveyó y firmó la resolución que antecede\n el doctor Juan Falconí Puig, Superintendente de Bancos,\n Presidente del Directorio de la Agencia de Garantía de\n Depósitos, en la ciudad de Guayaquil, a dos de junio del\n 2000.
f) Lic. Pablo Cobo Luna, Secretario del Directorio.
f) Lic. Pablo Cobo Luna, Secretario General Agencia de Garantía\n de Depósitos.
2 de agosto del 2000.
No. 17\n - 2000
ACTOR: INDA.
\n DEMANDADO: Cías. INIEQA, EPICA y otros.
Quito, 31 de enero del 2000; las 15h00.
VISTOS: Ha venido a conocimiento de la Segunda Sala de lo\n Civil y Mercantil previo sorteo de ley de 18 de octubre de 1999,\n el recurso de casación interpuesto por Gilberto Banda\n Hidalgo en su calidad de Gerente y representante legal de Ingeniería\n y Equipos Asociados Cía. Ltda., dentro del juicio ordinario\n que por nulidad de sentencia, sigue en su contra el Instituto\n Nacional de Desarrollo Agrario (INDA), impugnado el auto de 31\n de octubre de 1997, por el cual la Quinta Sala de la Corte Superior\n de Justicia de Guayaquil, declara desierto el recurso de apelación\n interpuesto por el recurrente Ing. Gilberto Banda por los derechos\n que representa de Ingeniería y Equipos Asociados Cía.\n Ltda., INIEQA. Al efecto, de conformidad con la disposición\n del Art. 7 de la Ley Reformatoria a la Ley de Casación,\n publicada en el R.O. No. 39 de 8 de abril de 1997, corresponde\n declarar en la primera providencia, si se admite o rechaza el\n recurso de casación; y, si lo admite, proceder conforme\n lo expuesto en el artículo 11, reformado por el Art. 9\n de la citada ley. En la especie, el recurrente impugna el auto\n dictado por la Quinta Sala de la Corte Superior de Justicia de\n Guayaquil (fs. 90 a 91 vta. del cuaderno de segundo nivel), de\n octubre 31 de 1997, que resuelve declarar desierto el recurso\n por cuanto el 3 de septiembre de 1997, la Sala ha puesto en conocimiento\n de las partes la recepción del proceso a fin de que el\n apelante dé cumplimiento con lo determinado en el Art.\n 417 del Código de Procedimiento Civil, mandato que el\n recurrente Gilberto Banda Hidalgo no lo ha cumplido, solicitando\n en su lugar "1. - El archivo del proceso, por concluida\n la litis por transacción, 2. - Dejar insubsistentes la\n providencia de calificación de la demanda de nulidad,\n con que se inició este proceso, que fue dictada por el\n Juez Segundo de lo Civil, Ab. Pedro Iriarte... 3. - Disponer\n el registro de anotación del auto a dictarse en los protocolos\n de los notarios Primero y Vigésimo del cantón Guayaquil,\n y en el Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil.".\n De lo cual se desprende, que en ningún momento ha determinado\n explícitamente los puntos en los que se contrae su recurso,\n dentro del término de diez días de conformidad\n con el Art. 417 del Código de Procedimiento Civil y se\n declara desierta la apelación, situación procesal\n que se considera como un recurso no interpuesto. Por estas consideraciones,\n de conformidad con lo dispuesto en el Art. 4 de la Ley de Casación,\n se rechaza el recurso de casación, por improcedente y\n por falta de legitimación del impugnante, puesto que no\n podrá interponer recurso quien no apeló de la sentencia,\n conforme lo determina la segunda parte del artículo antes\n citado. Se dispone la inmediata devolución del proceso\n para los fines de ley. - Notifíquese.
Fdo.) Dres. Bolívar Vergara Acosta, Olmedo Bermeo Idrovo\n y Bolívar Guerrero Armijos. (Ministros Jueces) y Dr. Carlos\n Rodríguez García, Secretario Relator que certifica.
Quito, 18 de mayo del 2000; las 10h10.
VISTOS: El demandado Gilberto Banda Hidalgo, en calidad de\n Gerente y representante legal de Ingeniería y Equipos\n Asociados Cía. Ltda. INIEQA, a fs. 15, 16 y 17 de este\n cuaderno solícita revocatoria del auto dictado por esta\n Sala, con fecha 31 de enero del 2000, el cual rechaza el recurso\n de casación interpuesto por el compareciente, por falta\n de legitimación de la parte recurrente, conforme lo determina\n la segunda parte del artículo 4 de la Ley de Casación.\n Al respecto, se considera: PRIMERO. - El Art. 293 del Código\n de Procedimiento Civil, establece: "Los autos y decretos\n pueden aclararse, ampliarse, reformarse o revocarse, por el mismo\n Juez que los pronunció si lo solícita alguna de\n las partes dentro del término fijado en el artículo\n 285". SEGUNDO. - La exposición realizada por el demandado\n Gilberto Banda Hidalgo, en su calidad de Gerente y representante\n legal de la Cía. Ltda. INIEQA, no se ajusta a la realidad\n procesal; pues, consta a fs. 53 del cuaderno de segundo nivel,\n el auto de 3 de diciembre de 1996, las 16h00, que declara la\n nulidad de lo actuado a partir de la providencia de 3 de octubre\n de ese mismo año, ordenando devolver el proceso al inferior\n para que se pronuncie sobre el recurso interpuesto por Gilberto\n Banda Hidalgo, por los derechos que representa. Cumplido lo ordenado,\n la Quinta Sala de la H. Corte Superior de Justicia a fs. 56 de\n los autos recibe el proceso, con fecha 21 de agosto de 1997 y\n pone en conocimiento de las partes dicha recepción, mediante\n providencia de 1 de septiembre de 1997, y por expreso mandato\n del Art. 417 del Código de Procedimiento Civil, correspondía\n al apelante determinar los puntos a los que se contrae el recurso\n interpuesto. Tal mandato no ha sido cumplido por el recurrente\n en el término establecido por la ley, habiéndolo\n hecho recién el 2 de octubre de 1997, fs. 69 a 73 de los\n autos de segundo nivel, cuando de por medio consta la petición\n de deserción del recurso hecho por el Ing. José\n Abad Verduga, por los derechos que representa de la Cía.\n IRPINO SA., con fecha 18 de septiembre de 1997, y a fs. 65 de\n los autos la Quinta Sala ordena que previo a resolver sobre el\n pedido de deserción del recurso de apelación interpuesto,\n la Actuaría de la Sala siente razón si el recurrente\n Gilberto Banda Hidalgo, por los derechos que representa de la\n Cía Ltda. INIEQA, ha determinado los puntos a los que\n se contrae su recurso dentro de los diez días contados\n desde la fecha que se de hizo saber la recepción del proceso.\n Dicha razón consta a fs. 65 vta, de los autos, en que\n la Actuaría manifiesta que hasta la presente fecha (30\n de septiembre de 1997) el recurrente no ha dado cumplimiento\n al mandato constante en providencia de 1 de septiembre de 1997.\n En consecuencia de estos antecedentes el Tribunal inferior en\n auto de 31 de octubre de 1997 declara desierto el recurso interpuesto\n por el nombrado recurrente. Deserción del recurso que\n se entiende como un recurso no interpuesto, en aplicación\n de la resolución de la Excma. Corte Suprema de Justicia\n de 28 de junio de 1989, publicada en el RO. No. 230 de 11 de\n julio de 1989. Por lo expuesto y por que no han variado los fundamentos\n que tuvo la Sala al momento de resolver el recurso de casación\n interpuesto e indebidamente concedido por el Tribunal ad - quem,\n por no tener éste, fundamento de orden legal, por lo que\n se observa al Tribunal inferior por este hecho, se rechaza la\n solicitud de revocatoria pedida por la parte demandada, por improcedente.\n - Téngase en cuenta el nuevo domicilio judicial designado\n por el compareciente para posteriores notificaciones en esta\n causa. Hágase saber al Dr. Fernando Cabezas Barrezueta\n que ha sido sustituido en la defensa de la empresa demandada,\n INIEQA conforme consta del escrito presentado a fs. 56 de estas\n actuaciones. - Notifíquese.
Quito, a 19 de junio del 2000; las 16h10.
VISTOS: Niégase por improcedente la petición\n de revocatoria del auto de 18 de mayo del 2000, formulada por\n el Capitán de Navío (r) Arnoldo Naranjo Aguirre,\n Gerente y representante legal de empresa de Parques Industriales\n CA., EPICA; en aplicación del Art. 295 del Código\n de Procedimiento Civil. Se previene al compareciente del claro\n contenido del Art. 297 ibídem. Notifíquese.
RAZON: Las cuatro fotocopias que anteceden son iguales y fueron\n tomadas del juicio original No. 252 - 99 que sigue el INDA, contra\n CIAS. INIEQA, EPICA y otros. Resolución No. 17 - 2000.\n Quito, a 26 de julio del 2000.
No. 97\n - 20
ACTORA: Coop. 23 de Agosto.
\n DEMANDADO: Miguel García.
Quito, 27 de marzo del 2000; las 16h00.
VISTOS: Ha venido a conocimiento de esta Sala el juicio ordinario\n seguido por la Coop. 23 de Agosto de Chilintomo, representada\n por Pedro Celso Paredes y Eladio Antonio Castillo, que pretenden\n la declaratoria de "la resolución total del contrato\n de promesa de venta" de un lote de terreno y su restitución,\n en contra de Miguel Angel García Flores. El Juez de primera\n instancia acepta la demanda y dispone la resolución del\n contrato de compraventa, ordenando la restitución y el\n pago de daños y perjuicios por el usufructo que el promitente\n comprador ha tenido. El demandado apela de esta sentencia, sustanciado\n el juicio en la primera Sala, ésta confirma en todas sus\n partes el fallo del Juez aquo (fs. 25 vta, del segundo grado)\n con fecha 4 de mayo de 1998. Al resolver la solicitud de aclaración,\n ampliación y nulidad procesal solicitado por el demandado,\n la nueva Sala integrada, dicta otra sentencia dejando sin lugar\n la demanda. Posteriormente, la Primera Sala mediante auto de\n 7 de diciembre declara la nulidad de todo lo actuado a partir\n de la resolución de 4 de diciembre de 1998, por violación\n del Art. 285 del Código de Procedimiento Civil, disponiendo\n más tarde mediante auto la negativa a la solicitud de\n aclaración, ampliación, reforma y nulidad de la\n sentencia. El demandado García Flores interpone recurso\n de casación sosteniendo: la falta de aplicación\n de los Arts. 71, No. 4 del Código de Procedimiento Civil\n y del Art. 1594 del Código Civil, la errónea interpretación\n de los Arts. 355 No. 4, 15, 101,404 y 409 del Código de\n Procedimiento Civil, que han ocasionado nulidad; la errónea\n interpretación de las normas referentes a la valoración\n de la prueba, la no aplicación de los Arts. 1480 del Código\n Civil y de los Arts. 168, 169, 170, 171, 172, 174, 117 y 118\n del Código de Procedimiento Civil; fundamentándose\n en las causales 1ra., 2da. y 3ra; además en la causal\n 4ta. del Art. 3 de la Ley de Casación por cuanto se han\n resuelto puntos que no son materia de la litis. Encontrándose\n la causa en estado de resolver para hacerlo se hacen las siguientes\n consideraciones: PRIMERO. - Esta Sala es competente para conocer\n y resolver la presente causa en virtud del mandato constitucional\n constante en el Art. 200 en relación con el Art. 1 de\n la Ley de Casación. SEGUNDO. - La casación se traba,\n por considerar los perdedores que se ha producido indefensión,\n por cuanto existen errores inprocedendo e in indicando, es preciso\n en la especie analizar las dos solicitudes y esta Sala no encuentra\n mérito en las alegaciones realizadas por García\n Flores respecto de la violación de los Arts. 15, 101,\n 355 No. 4, 404 al 416, 70, 71, 72 y 1067 del Código de\n Procedimiento Civil, es decir que no existen errores in procedendo;\n por cuanto no existe violación en el trámite, ya\n que la vía correcta es la vía ordinaria; respecto\n a la nulidad por falta de citación tampoco procede ya\n que el demandado ha comparecido al juicio con fecha 17 de abril\n de 1997 conforme consta a fs. 57 y 58 del cuaderno de primer\n nivel; y como lo dispone el Art. 88 del Código de Procedimiento\n Civil "Si una parte manifiesta que conoce determinada petición\n o providencia, o se refiere a ella en escrito o en acto del cual\n quede constancia en el proceso, se considerará citada\n o notificada en la fecha de presentación del escrito o\n en la del acto que hubiere concurrido"; por tanto no se\n ha causado indefensión; y el demandado ha tenido oportunidad\n de legítima defensa. TERCERO. - El recurrente manifiesta\n que el contrato de compra venta cuya resolución se demanda\n no está plenamente identificado pues en una parte se dice\n 186 cuadras de terreno y otra 200 Has. Mas, como se pretende\n la errónea aplicación de normas referentes a la\n valoración de la prueba es menester examinar cuáles\n de las disposiciones referentes a dicha valoración han\n sido transgredidas, con respecto a las normas que hablan de la\n validez como prueba de los instrumentos públicos a los\n que hace referencia el demandado. Hay necesidad de aclarar que\n mediante oficio remitido por el Notario a cuyo cargo se pretendían\n dichas escrituras, éste certifica la existencia de tres\n escrituras públicas otorgadas por la Cooperativa 23 de\n Agosto indicando la fecha de otorgamiento. De las tres escrituras\n la una, de fecha 1 de agosto de 1993 es a favor de Miguel García\n Flores y otra de fecha 2 de octubre de 1992 a favor de Miguel\n García Flores o cualquier compañía de su\n propiedad, mas no informa ni certifica de sus contenidos. La\n escritura aparejada en el proceso como de venta definitiva a\n la Cía. INCORIOSA consta como otorgada el 23 de marzo\n de 1995; sin corresponder a la fecha de otorgamiento certificada\n por el Notario a fs. 169 de la primera instancia, por tanto se\n infiere tal instrumento forjado y de ninguna validez; en tanto\n que de la escritura existente entre la Coop. 23 de agosto a favor\n de INCORIOSA en agosto de 1993 al no haber sido aparejada al\n proceso no se sabe si se trata del mismo predio materia de la\n litis, de otra desmembración o de otro tipo de negociación.\n CUARTO. - El motivo de fondo de esta controversia es la resolución\n del contrato por incumplimiento. El presente contrato de promesa\n de compra venta reúne los requisitos establecidos en el\n Art. 1597 del Código Civil, por tanto produce obligaciones.\n Este contrato es de los llamados bilaterales o sinalagmáticos\n que son aquellos por los que las partes se obligan recíprocamente\n la una a la otra de manera que se constituyen a la vez en acreedores\n y deudores. Esa dualidad ha de estar encadenada por un negocio\n jurídico como el de promesa de compra - venta; al decir\n de Alessandri (De la Compra Venta, pp. 1190) "Hay promesa\n bilateral de venta cuando el vendedor promete vender y el comprador\n promete comprar, es decir, cuando de ella nacen obligaciones\n recíprocas para ambas partes". QUINTO. - El Art.\n 18 del Código Civil, Núm. 2, dispone que las palabras\n de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio,\n según el uso general de las mismas palabras; pero cuando\n el Legislador las haya definido expresamente para ciertas materias,\n se les dará en estas su significado legal, y, el Núm.\n 4, el contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido\n