Source: https://derechoecuador.com/efectos-de-las-obligaciones
Timestamp: 2019-01-23 18:22:54
Document Index: 51009013

Matched Legal Cases: ['artículo 1561', 'artículo 1562', 'artículo 2367', 'artículo 413', 'artículo 1569', 'artículo 440', 'artículo 1572', 'artículo 1569', 'artículo 1571', 'artículo 1555', 'artículo 1571', 'artículo 1505', 'artículo 1505', 'artículo 1505', 'artículo 1572']

Derecho Ecuador - EFECTOS DE LAS OBLIGACIONES
De acuerdo a lo previsto en el Código Civil, Título XII del Libro IV, que titula Efectos de las obligaciones, nos concretaremos a analizar las mismas, pues el Código Civil también hace referencia a los principios de los contratos, que serán estudiados en la segunda parte de la presente obra. Ejemplo de lo dicho en el párrafo anterior, tenemos el artículo 1561 C.C., sobre la fuerza obligatoria de los contratos; el artículo 1562 C.C.: sobre el principio de buena fe; entre otros.
El presente acápite recogerá los efectos de las obligaciones de forma general, pues ya se han analizado varios efectos al estudiar de forma particularizada la clase de obligaciones recogida en nuestro Código.
El primer efecto general y obvio que se deduce de las obligaciones, es el de crear un vínculo entre acreedor y deudor, de tal forma que regula el derecho del acreedor de exigir el cumplimiento; y, al mismo tiempo regula la forma por la cual, el deudor podrá librarse de su obligación. Alessandri nos da una definición de efectos de las obligaciones, así: ?? derechos que la ley confiere al acreedor, para exigir del deudor su cumplimiento exacto, íntegro y oportuno de la obligación, cuando éste no la cumpla en todo o en parte, o esté en mora de cumplirla?[i].
Consideramos que a esta definición le falta lo referente a los derechos del deudor, pues éste también tiene derecho para que la obligación se extinga y se respete la forma en la cual o bien el convenio o la ley han concebido la obligación, sin que se abuse de su disposición a cumplir la misma.
Son tres los derechos principales que emanan de la obligación referente al acreedor, a saber: exigir el cumplimiento de la obligación (exigibilidad), resarcirse en caso de perjuicio por mora o incumplimiento del deudor (resarcimiento); y, tomar las medidas necesarias para conservar la cosa o el patrimonio del deudor para garantizar así el cumplimiento de la obligación (derechos auxiliares según los autores).
a) Derecho al cumplimiento obligatorio o ejecución forzosa (exigibilidad)
Las obligaciones son exigibles y se conciben para ser cumplidas, por eso la norma le otorga al acreedor acciones para exigir su cumplimiento, aún en contra de la voluntad del deudor.
El artículo 2367 C.C. consagra este derecho, cuando dice que toda obligación personal da al acreedor el derecho de hacerla efectiva en todos los bienes raíces o muebles del deudor, sean presentes o futuros, exceptuándose solamente los no embargables.
Recordemos que habíamos recogido dentro de la clasificación de las obligaciones, aquellas que eran de dar, hacer o no hacer, misma que reviste enorme importancia cuando se trata de forzar la ejecución de estas obligaciones cuando el deudor ha caído en incumplimiento.
En cuanto a las obligaciones de dar habíamos indicado que constituyen una acción positiva porque implican que el deudor o sujeto pasivo de la obligación, saque un bien de su patrimonio y lo dé o entregue al sujeto activo. Si es que por alguna razón, el deudor cae en incumplimiento de su obligación, la norma ha previsto un procedimiento para exigir el cumplimiento.
Para el efecto recurriremos a normas de carácter procesal, puntualmente al juicio ejecutivo, el mismo que exige para su inicio contar con una obligación ejecutiva, esto es, clara, pura, liquida, determinada y de plazo vencido (sería mejor que diga exigible, porque una obligación natural también es de plazo vencido pero no posee la característica de la exigibilidad). El proceso está contemplado a partir del artículo 413 del Código de Procedimiento Civil y prácticamente implica poner los bienes a disposición del juez para que se los remate en pública subasta y fruto de esa venta forzosa, se cancele la obligación al o a los acreedores.
En cuando a las obligaciones de hacer, se contemplará lo estipulado en el artículo 1569 C.C., por el cual, si el deudor se constituye en mora, podrá pedir el acreedor, junto con la indemnización de la mora, cualquiera de las dos cosas referidas en la disposición legal, a elección suya, éstas son:
Igualmente, las vías para forzar la ejecución de la obligación estarán contempladas en el Código de Procedimiento Civil, siendo la pertinente la del artículo 440 C.C., por el cual si el juicio hubiere versado sobre la entrega de una especie o cuerpo cierto, el ejecutado será compelido a la entrega, de ser necesario, con el auxilio de la Policía Nacional. Si la obligación fuere de hacer, y el hecho pudiere realizarse, el juez dispondrá que se realice por cuenta del deudor. Si la especie o cuerpo cierto no pudiere ser entregado al acreedor, o no se obtuviere la realización del hecho, el juez determinará la indemnización que deba pagarse por el incumplimiento y dispondrá el respectivo cobro, por el procedimiento de apremio real.
Si el hecho consistiere en el otorgamiento y suscripción de un instrumento, lo hará el juez en representación del que deba realizarlo. Se dejará constancia en acta, suscrita por el juez, el beneficiario y el secretario, en el respectivo juicio.
En cuanto a la ejecución forzosa de las obligaciones de no hacer, el artículo Art. 1571 C.C., aclara esta situación, pues el incumplimiento de esta obligación implica ejecutar el acto del que demandaba abstención por parte del deudor, como por ejemplo la obligación que tiene el arrendador de no perturbar la tenencia del inmueble en un contrato de arrendamiento.
Al caer en esta particularidad, toda obligación de no hacer, según el artículo indicado, se resuelve en la de indemnizar los perjuicios, que vendría a ser la regla general, salvo que el deudor no pudiera deshacer lo hecho, pues en este caso, siendo su destrucción necesaria para el objeto que se tuvo en mira al celebrar el contrato, estará el deudor obligado a ella, o autorizado el acreedor para que la se ejecute a expensas del deudor; o salvo que dicho cumplimiento pueda obtenerse cumplidamente por otros medios, en cuyo caso será oído el deudor.
De todas formas, el acreedor tendrá derecho a la indemnización por daños y perjuicios.
b) Derecho de resarcimiento
El incumplimiento tardío, el incumplimiento parcial y el incumplimiento total significarán, por regla general, un perjuicio para el acreedor, pues como la obligación requiere la satisfacción de una prestación y bajo el entendimiento que está obligación se cumplirá, calcula su situación jurídica a futuro.
Bajo esta consideración, al acreedor que no ve satisfecha su obligación en los términos estipulados, cualquiera que fuere la fuente obligacional, sufrirá un daño que deberá ser resarcido por quien ha actuado con culpa en dicha insatisfacción.
Alessandri define indemnización como ??el derecho que tiene el acreedor para exigir del deudor el pago de una cantidad de dinero equivalente a la ventaja o beneficio que le habría procurado el cumplimiento efectivo y oportuno de la obligación??, teniendo como fundamento de este derecho, por un lado el principio por el cual nadie puede ser lesionado en su patrimonio por un acto ajeno; y, por otro, el hecho de que el ordenamiento jurídico no puede permitir el desconocimiento de una obligación, sin poner una sanción a ese hecho.[ii]
El artículo 1572 C.C. establece que se deberán daños y perjuicios cuando no se haya cumplido la obligación, cuando se ha cumplido imperfectamente o cuando se haya cumplido fuera del tiempo previsto. Estas tres situaciones provocan un daño en el acreedor quien ve conculcado su derecho en el cumplimiento de la obligación, por lo tanto, el culpable de este incumplimiento debe pagar por los daños causados por culpa suya.
Bajo esta artículo hay dos tipos de indemnizaciones a decir de los autores: la compensatoria, esto es, cuando la obligación de indemnizar remplaza la obligación de cumplir, cuando ésta ya no puede ser satisfecha; y, la moratoria, cuando a más de cumplir, el deudor que se ha demorado en el cumplimiento de la obligación, debe resarcir los daños causados por dicho retraso.
En las obligaciones de hacer, el acreedor, una vez que constituya en mora al deudor puede pedir, la ejecución forzosa o la indemnización por daños y perjuicios, de forma indistinta, no necesita agotar sus esfuerzos en pedir la ejecución forzosa de la obligación, así lo permite el artículo 1569 C.C.
En las obligaciones de no hacer, se seguirá la aplicación del artículo 1571 C.C., esto es que toda obligación de no hacer una cosa se resuelve en la de indemnizar los perjuicios, si el deudor contraviene y no puede deshacerse lo hecho; sin embargo, en este artículo a primera vista no parece que haya una independencia de la acción de ejecución forzada de la de resarcimiento, aunque la mayoría de doctrina chilena, que interpreta exactamente el mismo artículo en su Código Civil, concluye que en la obligación de no hacer, también se encuentra al arbitrio del acreedor, o bien pedir la ejecución forzosa u optar por el resarcimiento de la obligación.
Veamos lo que dice la doctrina en este sentido:
? No obstante, una primera lectura del artículo 1555 del Código Civil (artículo 1571 del Código Civil ecuatoriano) pareciera sugerir que el acreedor sólo puede demandar la indemnización de perjuicios en el evento que no pueda deshacerse lo hecho en contravención, pues, si ello es posible, deberá conformarse con la ejecución en naturaleza. ? Sin embargo, dicho artículo condiciona la ejecución en naturaleza a que efectivamente pueda destruirse lo hecho en contravención y que tal destrucción sea necesaria para el objeto que se tuvo a la vista a la época de celebración del contrato. La apreciación y ponderación de estos requisitos corresponde al juez de la causa. Así las cosas, si el juez estima que la destrucción de lo ejecutado indebidamente no es necesaria para el objeto del contrato, el deudor estará obligado a indemnizar los perjuicios resultantes de la contravención. De allí que Carlos Pizarro sostenga que no existe a propósito de las obligaciones de no hacer un principio a favor de la ejecución en naturaleza, dado que el criterio del juez determinará, en definitiva, el remedio por incumplimiento. Ello supone reconocer el derecho de opción al acreedor de una obligación de no hacer y le impone la carga de acreditar ante el juez los hechos que más convengan al remedio que estima satisfacen de mejor forma su interés. Es más, si es posible y necesaria la destrucción de lo ejecutado, el acreedor no está obligado a inclinarse por ella, advirtiéndose con mayor fuerza tal derecho de opción[iii]. (Subrayado y negrilla fuera de texto)
En cuanto a las obligaciones de dar, al igual que en Chile no hay disposición que faculte de forma expresa al acreedor entre accionar la ejecución forzosa o pedir directamente la indemnización de daños y perjuicios, y aquí los autores se dividen en dos corrientes.
Precisamente, a propósito del derecho de opción del acreedor, Álvaro Vidal ha propugnado la autonomía de la indemnización de perjuicios frente a la pretensión de cumplimiento específico, sin distinguir la naturaleza de la obligación incumplida. Al efecto señala que, atendida la falta de norma expresa que establezca una prelación entre ambas, el hecho de que la objetiva posibilidad de la prestación no garantiza al acreedor la satisfacción en naturaleza de su interés, la circunstancia que la opción de cumplir in natura pertenece al deudor incumplidor y la responsabilidad de éste comprende un abanico de remedios entre los que el acreedor puede optar, no queda otra posibilidad que reconocer la opción del acreedor entre la indemnización de perjuicios y la pretensión de cumplimiento.
Una opinión similar expone Enrique Barros a propósito de la relación existente entre la ejecución en naturaleza y la indemnización de perjuicios, pues sostiene que desde el punto de vista de la justicia correctiva no hay razón para exigir, salvo imposibilidad, que el cumplimiento específico esté siempre disponible, porque en algunos casos es defendible que la solución más justa sea la reparación indemnizatoria.
Siguiendo el mismo planteamiento, Carlos Pizarro ha sugerido dotar a la acción indemnizatoria por incumplimiento contractual de una autonomía irrestricta, cualquiera sea la naturaleza de la obligación incumplida.
En tal sentido, indica que tratándose de las obligaciones de dar envueltas en contratos bilaterales, la doctrina y jurisprudencia mayoritaria postulan el ejercicio accesorio de la acción indemnizatoria, en circunstancias que debe quedar a elección del acreedor la decisión de impetrar la acción de indemnización en forma autónoma[iv].
Compartimos las posturas descritas, pues no puede imponerse al acreedor la carga de exigirle agotar la vía del incumplimiento forzado para pedir los perjuicios causados por ese incumplimiento, pues suficiente perjuicios ha sufrido con el incumplimiento del deudor. Sin embargo, hay que distinguir que una cosa es el cumplimiento forzoso y otra diferente es pedir la resolución más la indemnización de daños y perjuicios que asiste al deudor, pues en este último caso, si corresponde pedir tanto la resolución o el cumplimiento, con la indemnización por daños y perjuicios, de conformidad a lo que establece el artículo 1505 C.C.
A pesar de lo dicho, la Corte en un fallo de 2007, recoge una postura con la que no compartimos, pero que resulta interesante conocer para efectos de discusión:
A este respecto la Sala considera que, conforme la disposición del artículo 1505 del Código Civil en todo contrato bilateral está incluida la condición resolutoria tácita, por la cual, en caso de que una de las partes contratantes no cumpliere lo pactado, el otro podrá pedir, a su elección, la resolución o el cumplimiento del contrato, en ambos casos con la indemnización de daños y perjuicios. La primera de esta alternativas no es sino, que el contratante perjudicado por el incumplimiento, solicite se declare extinguido o terminado el contrato, es decir el vínculo jurídico que le unía a la parte que ha incumplido, así como se la sancione con la reparación de los daños que el incumplimiento le ha ocasionado con la indemnización de daños y perjuicios; la segunda opción, consiste en que la parte contractual afectada por el incumplimiento demande que el contratante cumpla sus obligaciones, además con la sanción adicional de que le pague por los daños y perjuicios que se le hayan ocasionado. Cuando se trata de un contrato de ejecución de obra material, como en el presente caso, la obligación del contratista es de hacer y del contratante la de pagar el precio pactado, por lo que el contratante de la obra, en caso de incumplimiento tenía el derecho a pedir que se resuelva el contrato o que el contratista cumpla fielmente la obligación, con el derecho a exigir en los dos casos, se le paguen los daños y perjuicios. El actor en esta causa, en su demanda eligió pedir la indemnización por el incumplimiento porque consideró que al haberse extinguido el contrato por el vencimiento del plazo, no existió razón alguna para pedir su resolución. Como se dejó señalado, la resolución de un contrato es: el ?Acto jurídico que deja sin efectos un contrato válidamente concretado. Para Sagués: la reducción a la nada de un contrato válido? (Diccionario de Derecho Usual, Guillermo Cabanellas, Edición 1976, pág. 572). Por lo que esta
Sala estima que la hipótesis contenida en el artículo 1505, cuando dice que se podrá demandar ?o la resolución del contrato o las indemnizaciones?, se refiere al caso en que estando vigente el contrato se ha producido el incumplimiento; así sería en las obligaciones de dar, cuando se ha pactado la entrega periódica de bienes hasta completar un total y se ha incurrido en un incumplimiento parcial o los contratos de mutuo, cuando el deudor debe pagar su deuda en cuotas y deja de pagar una de ellas; en el caso de las obligaciones de hacer, cuando la obra debe realizarse por etapas y con plazos para cada una de ellas y el contratista u obligado, no ha cumplido su compromiso en el avance parcial de la obra, pero tal situación no es aplicable al caso de un contrato cuyo vencimiento se ha producido precisamente por la terminación del plazo determinado por las partes, donde al estar extinguido el contrato, no se requería el demandar su resolución o extinción. Gaceta Judicial. Año CVIII. Serie XVIII, No. 4. Página 1421, (Quito, 7 de febrero de 2007). (Subrayado y negrilla fuera de texto)
No estamos de acuerdo con este criterio recogido por la Corte, pues, contradice el mismo sentido de la condición resolutoria tácita, en el sentido de que, como habíamos dicho en el acápite correspondiente, ésta requiere una sentencia judicial que la declare (no así con la condición resolutoria ordinaria), criterio que fue recogido por la Corte de aquél entonces.
Alcance de los daños y perjuicios
El artículo 1572 C.C., establece que la indemnización de perjuicios comprende el daño emergente y el lucro cesante, en cualquiera de las situaciones descritas antes, esto es, sean de forma compensatoria o moratoria.
La definición de Alessandri, nos ayudará a explicar mejor este punto.
El daño emergente es la perdida efectiva experimentada por el acreedor a consecuencia del incumplimiento de la obligación, o del cumplimiento imperfecto y tardío de ellas; es el empobrecimiento efectivo, la disminución real del patrimonio que el acreedor sufre a consecuencia del incumplimiento de la obligación. Por eso se llama daño emergente, porque es algo que sale o emerge del patrimonio.
El lucro cesante es la utilidad que el acreedor habría obtenido con el cumplimiento efectivo, oportuno e íntegro de la obligación; es el beneficio que al acreedor le habría reportado el cumplimiento oportuno, íntegro y efectivo de la obligación; viene a ser, en buenas cuentas, la privación de la ganancia que el acreedor habría obtenido si la obligación se hubiera cumplido.64
En una definición más concreta, Abeliuk nos dice que ?el daño emergente es el empobrecimiento real y efectivo que sufre el patrimonio de una persona, y el lucro cesante, la utilidad que deja de percibirse?.65
Por ahora nos limitaremos a citar estas definiciones, toda vez que el Derecho de Daños ha sido una materia que ha ido evolucionando a través del tiempo, ganando su espacio por la especificidad y tecnicismo que demanda el tema.
[i] Alessandri, Arturo, Teoría?, Ob. Cit., página 63.
[ii] Alessandri, Teoría?, Ob. Cit., página 74.
[iii] Vidal Olivares, Álvaro, La pretensión de cumplimiento específico y su inserción en el sistema de remedios por incumplimiento en el Código Civil, en Hernán Corral, María Sara Rodríguez (eds.), Estudios de Derecho Civil II, Santiago, Lexis Nexis, 2006, citado por López, Patricia, La indemnización compensatoria por incumplimiento de los contratos bilaterales como remedio autónomo en el Derecho Civil Chileno, Revista Chilena de Derecho Privado, versión On-line ISSN 0718-8072, N° 15, páginas 65-113, 2010, http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-80722010000200003&script=-sci_arttext, consultado el 3 de marzo del 2014.
[iv] Vidal Olivares, Álvaro, La pretensión de cumplimiento específico y su inserción en el sistema de remedios por incumplimiento en el Código Civil, en Hernán Corral, María Sara Rodríguez (eds.), Estudios de Derecho Civil II, Santiago, Lexis Nexis, 2006., citado por López, Patricia, La indemnización compensatoria por incumplimiento de los contratos bilaterales como remedio autónomo en el Derecho Civil Chileno, Revista Chilena de Derecho Privado, versión On-line ISSN 0718-8072, N° 15, páginas 65-113, 2010, http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-80722010000200003&script=sci_arttext, consultado el 3 de marzo del 2014.