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Timestamp: 2018-05-24 08:13:08
Document Index: 193848085

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 53', 'artículo 56', 'artículo 56', 'artículo 53', 'artículo 39', 'artículo 40', 'artículo 45']

Comentario de la Sentencia 487 | E-Boletín Legislación & Jurisprudencia
Comentario de la Sentencia 487
El reconocimiento de una sentencia extranjera de condena patrimonial amerita un adelanto a nuestra edición del mes de agosto del E- Boletín de Legislación & Jurisprudencia. El pasado 6 de agosto la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, concede fuerza ejecutoria en Venezuela a la sentencia N° 10 del 21-04-1998, dictada por el Tribunal Marítimo de Panamá, que decidió la demanda por indemnización de daños materiales y morales derivados de un hecho ilícito (accidente de trabajo) intentada por ORLANDO JESÚS MENDOZA RUIZ contra la sociedad mercantil ATUNEROS DEL GOLFO DE VENEZUELA S.A. (AGOVENSA), y condenó a la parte demandada a pagar al demandante una suma de dinero.
Se trata de la decisión N° 487, adoptada con el voto salvado de los Magistrados Aurides Mercedes Mora y Luis Antonio Ortiz Hernández. En la decisión adoptada por la mayoría sentenciadora es oportuno destacar dos aspectos, que son objeto de debate en la doctrina y la jurisprudencia, y que consideramos muy bien logrados: (i) cuando se considera que el juez extranjero a través de su sentencia le arrebató la jurisdicción que le correspondía a Venezuela para conocer del litigio (num. 3, Art. 53 LDIP), y (ii) cuáles son los criterios atributivos de jurisdicción que deben emplearse para verificar la jurisdicción del Estado sentenciador (num. 4, Art. 53 LDIP). Ambos asuntos traen consigo otros íntimamente relacionados y que son apasionantes para los estudiosos y prácticos del Derecho internacional privado general y, en particular, del Derecho procesal civil internacional.
Se trata de un procedimiento de exequátur iniciado por el demandante en el juicio extranjero, de la sentencia dictada por el Tribunal Marítimo de Panamá, alegando que sufrió lesiones personales mientras se encontraba laborando como marino al servicio de la empresa demandada, a bordo de la motonave “CONQUISTA”, propiedad de la demandada, donde sufrió un accidente como consecuencia de una explosión causada por la negligencia de su empleador, que le ocasionó la disminución en su capacidad de respirar. En la Audiencia Preliminar llevada a cabo ante el Juez marítimo panameño se determinó, entre otros aspectos, que el Derecho aplicable a la controversia era el Derecho venezolano; y la firma AGOVENSA fue debidamente citada conforme a las leyes procesales de Panamá ya que contó con las oportunidades para contestar la demanda y presentar sus defensas.
La demandada, en la oportunidad de contestación, alega no estar de acuerdo con el pase de la sentencia panameña, por cuanto considera que el tribunal extranjero le arrebató la jurisdicción a los tribunales venezolanos, pues conforme con el artículo 2° del Código de Procedimiento Civil, la jurisdicción venezolana es inderogable a favor de jurisdicción extranjera cuando se trata de materias que interesen al orden público, particularmente tratándose de un accidente naval, su conocimiento inmediato correspondía a la Capitanía del Puerto de Las Piedras, estado Falcón y la determinación de las responsabilidades a las autoridades previstas para la entonces vigente Ley de Navegación; además alega que la relación entre el solicitante del exequátur y AGOVENSA, surgió por un contrato de cuentas, cuya cláusula 8° evidencia que las partes eligieron como único y excluyente fuero para dirimir las controversias derivadas del contrato, a la jurisdicción venezolana, razón por la cual también esto era motivo para desestimar la solicitud.
Por último, el Ministerio Público solicita sea desestimada la solicitud de exequátur pues considera que en el caso concreto, se arrebató la jurisdicción de los tribunales venezolanos para conocer del asunto; ya que los hechos que enmarcaron el juicio en Panamá ocurrieron en aguas territoriales del país; y, el contrato suscrito por las partes, que generó la relación laboral entre ambos, establece un fuero atrayente en caso de cualquier inconveniente que debiera ser resuelto por los órganos jurisdiccionales.
Para resolver la solicitud de exequátur la Sala, con carácter previo, establece cuál es la normativa aplicable al caso concreto, tomando en consideración que toda solicitud de esta naturaleza debe fundamentarse para su decisión, en la jerarquía de las fuentes en materia de Derecho internacional privado, de conformidad con el artículo 1° de la Ley de Derecho Internacional Privado, en virtud de que el Código Bustamante sólo rige las relaciones entre los Estados contratantes, salvo las materias expresamente reservadas, entre las que se encuentran, en el caso de Venezuela, las relativas al exequátur de las sentencias extranjeras, por tal razón, “a pesar de que Venezuela y Panamá son Estados partes del Código Bustamante, éste no podrá ser aplicado al caso concreto, por la reserva que hizo el entonces Congreso de la República de las normas internas de ejecución de sentencias extranjeras”.
Es importante la consideración que realiza la Sala sobre los artículos 850 y el 851 del CPC derogados por la LDIP, en sintonía con el principio de aplicación inmediata de las normas procesales, consagrado en los artículos 24 CRBV y 9º CPC, las cuales ordenan que las normas procesales son de aplicación inmediata desde el mismo momento de la entrada en vigencia, aun en los procesos que se hallaren en curso. En consecuencia, no pueden aplicarse las normas del CPC para resolver el exequátur, pues al tener el exequátur carácter procesal, la LDIP, es la vigente para el momento en que se presenta la solicitud ante los tribunales venezolanos. Esta afirmación es medular en esta materia, ya que trae consigo otras consideraciones de interés como lo son el principio de no revisión de fondo en sede de reconocimiento. En ocasiones, nuestros jueces se ven tentados a indagar sobre las razones de hecho y de derecho que llevaron al juez extranjero a tomar la decisión objeto de reconocimiento, situación que se encuentra negada en nuestro sistema y en la mayoría de los ordenamientos en el Derecho comparado, ya que va en contra del fin último de la cooperación judicial en este ámbito: la libre circulación de las decisiones judiciales.
La Sala revisa si la sentencia extranjera cumple con los requisitos previstos en el artículo 53 de la LDIP, y evalúa cada uno de ellos; pero nos detendremos en los requisitos de los numerales 3 y 4:
El numeral 3° establece “Que la sentencia extranjera no verse sobre derechos reales respecto a bienes inmuebles situados en la República o que no se haya arrebatado a Venezuela la jurisdicción para conocer del negocio”. La parte demandada en el juicio extranjero al momento de contestar la solicitud de exequátur, cuestiona que la sentencia cuyo exequátur se solicita cumpla con el mencionado requisito, en concreto alega que se le arrebató a Venezuela la jurisdicción exclusiva que le correspondía para conocer del asunto. La Sala afirma que la sentencia extranjera no versa sobre derechos reales respecto a bienes inmuebles situados en Venezuela sino, que el fallo está dirigido a resolver la acción por indemnización de daños materiales y morales derivados de un hecho ilícito ocurrido con ocasión de un accidente de trabajo. En relación con arrebato de la jurisdicción exclusiva a nuestros tribunales, se destaca la estructura de los criterios atributivos de jurisdicción en función de los vínculos objetivos y subjetivos existentes entre el litigio con elementos de extranjería y el territorio de un Estado, siendo la concurrencia de jurisdicciones la regla general, mientras que toda consagración de un foro exclusivo aparece como excepcional, sujeta siempre a interpretación restrictiva y sólo justificable en la medida en que exista un interés superior que exija su consagración. Los criterios concurrentes garantizan los intereses de las partes, porque, en su mayoría, permiten que estas deroguen o prorroguen la jurisdicción estatal; mientras que los criterios atributivos de jurisdicción exclusiva tienen por finalidad proteger los intereses estatales a través de la aplicación de su derecho objetivo.
En este mismo sentido -se insiste- la jurisdicción exclusiva sólo es posible en los supuestos de expresa regulación legal. Por tanto, estos foros no pueden ser interpretados de manera extensiva; únicamente operan en los supuestos taxativamente señalados con este carácter y producen los efectos procesales derivados de su exclusividad, sin que puedan ser extendidos a otras materias por vía de interpretación analógica.
En la materia objeto del juicio extranjero, la Sala cita el artículo 56 de la Ley Orgánica de Espacios Acuáticos e Insulares, en el cual se establece la jurisdicción exclusiva sobre las islas e instalaciones artificiales en el espacio acuático: En efecto, establece la norma que “En la zona económica exclusiva, la República tiene el derecho exclusivo de construir, así como de autorizar y reglamentar la construcción, explotación y utilización de islas artificiales; instalaciones y estructuras para los fines previstos en este Título y para otras finalidades económicas; así como para impedir la construcción, explotación y utilización de instalaciones y estructuras que puedan obstaculizar el ejercicio de los derechos de la República, conforme al régimen siguiente: 1. La República tiene la jurisdicción exclusiva sobre dichas islas artificiales, instalaciones y estructuras, incluso la jurisdicción en materia de disposiciones aduaneras, fiscales, sanitarias, de seguridad y de inmigración, entre otras…”. Finalmente, la Sala concluye que el accidente que condenó a indemnizar los daños y perjuicios sufridos como consecuencia del accidente laboral al solicitante del exequátur no ocurrió en islas artificiales, instalaciones ni estructuras acuáticas a las que hace referencia el artículo 56, sino en el Parque de Pesca de la nave “CONQUISTA”, mientras se encontraba atracada en el muelle terminal AVENCASA, en el Puerto de Carirubana del estado Falcón. Esto es, la sentencia extranjera no está referida a un problema de jurisdicción exclusiva, pues no existe disposición legal expresa que establezca que esa materia debe ser decidida exclusivamente por el juez venezolano, en su jurisdicción y conforme al ordenamiento jurídico venezolano.
En cuanto al requisito previsto en el numeral 4 del artículo 53 de la LDIP, según el cual “Que los tribunales del Estado sentenciador tengan jurisdicción para conocer la causa de acuerdo con los principios generales de jurisdicción consagrados en el Capítulo IX de esta Ley”, es de interés destacar que estos no son otros que los previstos en los artículo 39 y siguientes de la propia LDIP. Este numeral consagra el requisito de la jurisdicción indirecta, es decir, la revisión de la jurisdicción del Estado sentenciador, la cual es verificada por el Estado receptor en sede de reconocimiento de conformidad con los criterios atributivos de jurisdicción directa previstos en la LDIP. Además, la jurisdicción indirecta es de evidente carácter procesal y, por esta razón, es de aplicación inmediata no obstante el asunto haya ocurrido antes de la vigencia de esta Ley. En consecuencia, la Sala concluye que para el asunto planteado en el Tribunal de Panamá la jurisdicción indirecta para conocer de la causa, de conformidad con el artículo 40 numeral 4 de la LDIP, viene determinada por la sumisión tácita de las partes a dicha jurisdicción extranjera, toda vez que se dieron los extremos previsto en el artículo 45 de la Ley al demandante interponer la demanda en Panamá y el demandado, se presentó al juicio por medio de sus apoderados judiciales a contradecir la demanda, no evidenciándose que hubiera propuesto la declinatoria de jurisdicción o se hubiera opuesto a una medida preventiva.
La Sala destaca como a pesar de que las partes convinieron en el contrato que la jurisdicción para resolver cualquier asunto relacionado con el contrato, era la de los tribunales venezolanos, al haber acudido el demandante a una jurisdicción distinta y el demandado someterse a ella, sin haber realizado ningún tipo de oposición, ambos modificaron, por vía de hecho, la jurisdicción para resolver sus diferencias contractuales, como fue establecido, con base en esa voluntad, expresada y modificada posteriormente a la suscripción del contrato.
No queda más que invitarlos a consultar esta decisión en extenso, en la cual se desarrollan importantes temas para los interesados en el Derecho internacional privado y su desarrollo a la luz del marco general de referencia gestado a partir de la entrada en vigor de la Ley especial en la materia. http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scc/agosto/EXE.000487-6813-2013-12-178.html
Publicado por E-Boletín de Legislación y Jurisprudencia DIP-UCV en agosto 12, 2013 en Novedades