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Timestamp: 2017-03-24 07:58:27
Document Index: 31921832

Matched Legal Cases: ['artículo 24', 'artículo 117', 'artículo 25', 'artículo 106', 'artículo 24', 'artículo 103', 'artículo 25']

Relacción con otras ramas del Derecho -
V. RELACiÓN DEL DERECHO PENAL CON OTRAS RAMAS DEL DERECHO PENAL DERECHO. EN ESPECIAL SU RELACiÓN CON EL DERECHO ADMINISTRATIVO
Derecho constitucional es la Constitución de cada Estado la que fija las bases, los límites a los que el Derecho penal deberá sujetarse, con principios como los establecidos en el artículo 24.2 de la Constitución Española cuando establece que todos tienen derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia.
Derecho civil y mercantil: muchas de las nociones que se utilizan en el Derecho penal provienen o son definidas en el Derecho civil. El derecho de propiedad, el concurso de acreedores, por ejemplo, son instituciones de las que parte como presupuesto el Derecho penal para definir determinados delitos y nada establece la ley penal sobre qué ha de entenderse por propiedad o por concurso pues parte de estos conceptos tal como los entiende y configura el Derecho civil y el mercantil.
Sin embargo las relaciones entre el Derecho Penal y el Derecho Administrativo son las más problemáticas puesto que el Derecho Penal protege determinados valores que afectan inmediatamente a la Administración Pública, pero a la vez esta ejerce unas potestades sancionadoras para la tutela de sus intereses o los intereses generales. Esta potestad sancionadora de la administración plantea dos problemas distintos, aunque relacionados.
1. Naturaleza de la potestad sancionadora de la Administración Siempre ha existido una tesis que ha defendido la pertinencia de atribuir a la Administración un poder sancionador autónomo como medio de doblegamiento independiente de la pena criminal. Considera esta tesis que la Administración realiza actos Iimitativos de los derechos de los particulares para realizar sus fines, constitucionalmente legítimos, y por tanto un poder punitivo frente a actos ilícitos gozaría de la misma naturaleza.
Esta postura, sin embargo, choca con el principio de separación de poderes, según el cual no es lo mismo las limitaciones de derechos impuestas en aras del interés general, actividad propia del Ejecutivo, que el castigo de la infracción, que es una función solamente judicial (artículo 117.3 de la Constitución Española). El poder sancionador de la Administración la convierte en juez y parte.
Ello no obstante, existe de forma generalizado en las Administraciones de los Estados un poder sancionador de estas, que en España se infiere del artículo 25 de la Constitución Española que prohíbe que la Administración imponga directa o indirectamente sanciones que impliquen privación de libertad, y que, a contrario sensu, admite la existencia de una potestad sancionadora, pero, eso sí, sometido al control de los Tribunales conforme exige el artículo 106 de la Constitución Española y también se deriva del artículo 24 de la Constitución Española.
2. Naturaleza de las infracciones y sanciones administrativas. La respuesta que demos a esta cuestión es crucial, pues si consideramos que la sanción administrativa y penal tienen distinta naturaleza, serían compatibles y por tanto podría darse una doble sanción en un mismo hecho. Dos teorías podemos poner sobre la mesa:
a) Teoría de la diferenciación cualitativa
Defiende que el ilícito penal lesiona auténticos bienes jurídicos, mientras que la infracción administrativa constituye tan sólo un ataque a intereses de la Administración. La diferencia está, pues, en la antijuricidad. Unos autores (Goldschmidt) lo llevan a la diferenciación entre Derecho y Administración. El primero protege al individuo asegurando su esfera de libertad, y la segunda promocionaría el bienestar público. El primero considera al hombre como individuo y la segunda como asociado. Otros autores (Bricola) consideran que el delito es necesariamente lesivo, el ilícito administrativo tiende a ser como un ilícito de peligro presunto.
Ninguna de estas tesis es admisible. La primera porque la diferenciación Administración y Derecho no es posible puesto que la primera está sometida al segundo. Por otro lado el interés de la administración es la suma de los intereses de los individuos y por tanto no es distinto del interés general. En nuestro Estado está claro cuando el artículo 103 de la Constitución Española establece que “la Administración Pública sirve con objetividarlos intereses generales y actúa con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho”. La segunda tesis tampoco es admisible puesto que la diferencia de un delito y una infracción administrativa no puede basarse en la abstracción o concreción del peligro. El depósito de armas de guerra es un peligro abstracto, pero es de tal entidad que sería inimaginable que no estuviese castigado penalmente.
b) Teorías eclécticas
Estas doctrinas niegan con carácter general la diferencia cualitativa, pero la admiten en determinados ilícitos. Por ejemplo García de Enterría distingue la heterotutela de la administración (tutela de los intereses generales) y la autotutela (tutela de sus propios intereses). Las sanciones en la primera clase serán de naturaleza penal y no las segundas. No puede cornpartirse esta tesis pues no hay un interés propio de la administración distinto al interés general. Otros autores como Parada, distinguen la infracción y sanción gubernativa y disciplinaria. En la primera no hay distinción de naturaleza con la penal, pero sí en la segunda. El poder correctivo interno es una compensación de la estabilidad del empleo y la relación de sumisión especial. Tampoco esta opinión se puede compartir, pues no hay diferencia de naturaleza o calidad, sino de cantidad. Pensemos que las violaciones más graves del deber de sumisión del funcionario a la administración (el cohecho, la prevaricación, la malversación de fondos públicos) no tendría sentido su castigo sólo administrativo y no penal. Es la gravedad la que pone la frontera sanción administrativa-sanción penal.
e) Teorías de la diferenciación cuantitativa
Esta tesis, al hilo de lo anteriormente reseñado, es la defendible, es decir, la tesis de la diferencia de gravedad de ambos derechos. y es la que puede fundamentarse en el artículo 25.3 de la Constitución Española pues en cuanto veta que la Administración pueda imponer sanciones privativas de libertad, es decir las más graves, fija en la entidad cuantitativa de la pena el límite entre el derecho penal y el sancionador administrativo.
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