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Timestamp: 2018-11-18 04:05:55
Document Index: 129931333

Matched Legal Cases: ['Artículo 107', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 2', 'Artículo 1', 'Artículo 3', 'Artículo 424', 'Artículo 107', 'Artículo 44', 'Artículo 424', 'Artículo 44', 'Artículo 1', 'Artículo 107', 'Artículo 3', 'Artículo 424', 'Artículo 46', 'Artículo 31', 'Artículo 1', 'Artículo 193', 'Artículo 1']

Acuerdo y Sentencia 716/2007 Corte Suprema de Justicia
Acuerdo y Sentencia Nº 716/07
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: “FINANCIERA ITACUA SAECA CONTRA LEY Nº 1940/03, “QUE ESTABLECE LAS TASAS DE INTERÉS POR LA UTILIZACIÓN DE TARJETAS DE CRÉDITO” AÑO: 2003 – Nº 2640.
En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los dos días del mes de agosto del año dos mil siete, estando en la Sala de Acuerdo de la Corte Suprema de Justicia, los Excmos. Señores Ministros de la Sala Constitucional, Doctores, Víctor Núñez Rodríguez, Antonio Fretes, José V. Altamirano Aquino, Miembros, ante mí, el Secretario autorizante, se trajo al acuerdo el expediente caratulado: Acción de Inconstitucionalidad: “Financiera Itacua SAECA c/ Ley Nº 1940/03: “Que establece las tasas de interés por la utilización de tarjetas de créditos”, a fin de resolver la acción de inconstitucionalidad promovida por el Abogado Marcelo Codas Frontalilla, en representación de Financiera Itacua SAECA.
A la cuestión planteada el Doctor Núñez Rodríguez dijo:
1) Se presenta ante Corte el Abog. Marcelo Codas Frontalilla, en representación de la Financiera Itacua SAECA, a promover acción de inconstitucionalidad contra la Ley Nº 1940/03, “Que establece las tasas de interés por la utilización de tarjetas de crédito”, fundado en que la citada Ley viola los Artículos 107º (De la libre concurrencia) y 285º (De la naturaleza, de los deberes y atribuciones del BCP).
Es dable destacar que la presente Ley fue vetada por el Poder Ejecutivo, por Decreto Nº 17725, de fecha 3 de julio de 2002, pero dicho veto fue rechazado por ambas Cámaras, en virtud del procedimiento constitucional, y la Ley quedó promulgada en fecha 23 de junio de 2003.
2) El accionante, al argumentar su pretensión señala la doble función de la tarjeta de crédito; por un lado, la prestación de un servicio, como medio de pago y por otro, el otorgamiento de un crédito, en los casos que el usuario financie sus compras y pagos. En el primer caso, cuando es utilizada como medio de pago y el usuario cancela la totalidad de la deuda, no abona interés alguno, en razón que no existe crédito.
Tanto para una como para otra operación, se requiere la intervención de varios actos y la utilización de sofisticada plataforma tecnológica de computación, lo que hace incurrir en elevados gastos, porque el servicio está disponible 365 días al año, las 24 horas, para que el sumario pueda acceder al servicio, sin importar si está dentro del territorio nacional o en el extranjero.
Por ello, la vigencia de la Ley Nº 1940, iría contra toda lógica, al establecer: “No serán aplicables ningún otro costo ni gastos adicionales bajo ningún concepto”, es decir, “los servicios que se prestan a través de la tarjeta de crédito deben ser gratuitos”.
Afirmar, igualmente, que esta disposición legal representa un grave retroceso para la economía de mercado y la libre competencia, garantizado por el Artículo 107º de la Constitución. Además, el Poder Ejecutivo vetó la presente Ley porque el BCP hizo notar la inconstitucionalidad e inviabilidad de la Ley.
3) La Ley Nº 1940/2003, que: “Establece las tasas de interés por la utilización de las tarjetas de créditos”, en su Artículo 1º, determina que, “solo podrán ser aplicables a las Tarjetas de Crédito los intereses financieros normales compensatorios o normales, los moratorios y los punitorios. No podrán aplicarles ningún otro costo ni gasto adicionales bajo ningún concepto”.
El Artículo 2º, dispone: “El límite de los intereses compensatorios o financieros que el emisor aplique al titular no podrá exceder de 100% (cien por ciento) por encima del promedio pagado por entidades bancarias o financieras del plaza por cada Certificado de Depósito de Ahorros (CDA) a un año plazo.
A este efecto, el Banco Central del Paraguay deberá publicar mensualmente en dos diarios de gran circulación de la República el promedio pagado por dichas entidades respecto a los Certificados de Depósitos de Ahorro (CDA), tanto en guaraníes como en moneda extranjera” (Modificado por Ley Nº 2339/03).
Artículo 3º El interés a partir de la mora, denominado interés moratorio, será la misma tasa pactada originalmente. En ningún caso podrán capitalizarse interés. Los emisores podrán percibir igualmente un interés punitorio adicional, calculado sobre el capital, cuya tasa no podrá exceder del 30% (treinta por ciento) de la tasa a percibirse en concepto de interés moratorio (modificado por Ley Nº 2339/03).
NO procederá la aplicación de intereses moratorios ni punitoria si se hubieran efectuado los pagos mínimo indicados en el resumen, en la fecha correspondiente”.
Y el Artículo 4º dispone que: El “Banco Central del Paraguay sancionará a las entidades sujetas a control que no cumplan con la obligación de informar o, en su caso, no observe las disposiciones relativas al nivel de las tasas de acuerdo con lo establecido en su Carta Orgánica y la presente Ley”.
4) La acción debe ser rechazada: Antes de abocarnos al estudio del tema, es dable recordar que “la República del Paraguay se constituye en un “Estado social de Derecho” y eso implica básicamente…un Estado con capacidad de intervención en la vida económica y social de manera a ir realizando el ideal de igualdad y justicia pregonado en el mismo preámbulo” (Dr. Emilio Camacho, Lecciones de Derecho Constitucional, pág. 116). Igualdad a la que, los tres poderes del Estado están obligados a garantizar igualdad tanto legal como material, a través de leyes, actos administrativos, etc.
El Estado, a través del Derecho, no puede permanecer insensible a las nuevas necesidades sociales, a los nuevos requerimientos, y es su deber conciliar el sistema de libertades individuales con la justicia social.
El Estado social del Derecho se vincula con la doctrina del Estado del Bienestar, en la cual se exige al poder público una atención creciente a los servicios públicos de interés social, como educación, vivienda, atención médica, sistema impositivo para la mejor distribución de la riqueza y tutela de los derechos de la clase obrera, ya que el Estado debe intervenir para restituir el equilibrio y la injusticia y proteger a los más desprotegidos, y en el caso que nos ocupa la clase desprotegida son los usuarios de las tarjetas de crédito, que se ven en la obligación de acceder a las condiciones impuestas por las financieras y bancos, para la prestación del servicio.
“La doctrina constitucional reivindica y tutela a los grupos económicamente débiles o socialmente marginados. Ya no se proclama una igualdad formal frente a las desigualdades que crea el proceso económico, sino la necesidad de que el Estado proteja a una de las partes para encontrar un equilibrio jurídicamente regulado, según Herman Séller (Juan Manuel Benítez Florentín, “El Estado Social de Derecho”, Comentario de la Constitución, CSJ).
La doctrina señala que, no mediando una clara incompatibilidad entre la norma impugnada y la Ley Fundamental, toda duda debe resolverse a favor de la aplicación de la ley, la cual, como dijimos, se presume constitucional. Manifiesta Linares Quintana, haciendo colación a un fallo de la Corte Suprema de Argentina Linares Quintana, haciendo colación a un fallo de la Corte Suprema de Argentina, que:
“Para que una ley debidamente sancionada y promulgada sea declarada ineficaz por razón de inconstitucionalidad, se requiere que las disposiciones de una y otra ley sean absolutamente incompatibles… Lo contrario significaría desequilibrar el sistema institucional de los tres poderes, fundado, no en la posibilidad de que cada uno de ellos actúe obstruyendo la función de los otros, sino que lo haga con la armonía que exige el cumplimiento de los fines del Estado” (Linares Quintana, Tratado de interpretación Constitucional, pág. 588-589).
De lo expuesto podemos deducir que los actos públicos se presumen constitucionales en tanto y en cuanto, mediante una interpretación razonable de la Constitucional puedan ser armonizados con ésta.
Y entendemos por razonable lo opuesto a lo arbitrario, y significa: conforme a la razón, justo, moderado, prudente, todo lo cual puede ser resumido: con arreglo a lo que dicte el sentido común. El principio de razonabilidad tiene como finalidad preservar el valor, justicia, y ello en un doble sentido: tanto en cuanto justicia material, como en cuanto ese valor justicia está incorporado formalmente a la Constitución.
Advierte Bidart Campos, que: “El control de constitucionalidad alcanza a la razonabilidad de normas y de actos, o sea, a la verificación de la proporción entre el fin querido y la medida adoptada para lograrlo”, entiéndase en nuestro caso, el fin querido por Ley Nº 1940/03 y la adoptada para lograr ese objetivo.
A su vez, Marienhoff anota al referirse a la razonabilidad que, “Ésta consiste en la adecuación de los medios utilizados por el legislador a la obtención de los fines que determina la medida, a efectos de que tales medios no aparezca arbitrarios, es decir, no proporcionados a las circunstancias que los motiva y a los fines que se procuran alcanzar con ello”.
Que en suma, no encuentro fundamentos suficientes que autoricen a suponer la inconstitucionalidad de la Ley impugnada, porque la misma no constituyen una violación de ninguna garantía ni principio de rango constitucional que amerite la procedencia de la presente acción, máxime cuando lo referente a la determinación de la tasa de intereses compensatorios o normales fue modificada por la Ley Nº 2339/2003, determinado que su fijación debe realizarse libremente conforme a la oferta y la demanda de dinero en el mercado.
Por ello, considero que en referencia a los Artículo 2º y 3º, primera parte, de la Ley Nº 1940/2003, no corresponde realizar estudio alguno, puesto que la Ley Nº 2339/2003 los ha derogado expresamente; por tanto, cualquier pronunciamiento al respecto sería en abstracto, situación vedada a la Corte Suprema de Justicia al realizarse el estudio de constitucionalidad requerido, por su naturaleza misma, y porque los pronunciamientos sólo pueden hacerse cuando existe agravio irreparable y con efecto para el caso concreto.
Respecto al Artículo 1º, última parte, que dispone: “No será aplicable ningún otro costo ni gasto adicionales bajo ningún concepto”, considero que el mismo no lesiona derecho constitucional alguno, puesto que las instituciones bancarias y crediticias, al fijar el porcentaje del interés compensatorio cobrado a sus clientes, lo determina luego de calcular todos y cada uno de sus gastos irrogados por el sistema de tarjetas ofrecido.
Es dable destacar que la infraestructura a que hace referencia el accionante, que posee y tiene su costo, forma parte del funcionamiento de las tarjetas, caso contrario sería iluso pretender su vigencia sin el soporte tecnológico e informático. Además, los servicios que ofrecen, incluidos en el servicio crediticio ofrecido en el sistema, y que son distintos al crédito en sí mismo, se fue ampliando debido a la competencia del mercado entre los prestadores del citado servicio, pero son independientes a su naturaleza.
Esta ley fue dictada para la protección del amplio sector de usuarios en busca del equilibrio del uso de los recursos, al prohibir la aplicación de cualquier otro costo o gasto adicional a los ya establecidos y calculados en el interés mismo.
Cierto es que las empresas buscan lucro o ganancias sobre el capital invertido, como justificador de su actividad; pero de ninguna manera esta ganancia debe ser desmedida ni contraria al interés social, aprovechando y explotando la necesidad del usuario que recurre al uso de la tarjeta para hacer frente a sus obligaciones de una manera, supuestamente, más desahogada, y generalmente se ven sorprendidos por el cobro de comisiones o gasto no esperados, o de intereses que disfrazan la usura y las tornan impagables, que sin embargo, deben ser pagados obligatoriamente so pena de la cancelación de la tarjeta, del envío de los datos del titular a las bases de datos sobre deudores y remisión del caso a la Asesoría Jurídica del Banco o financiera, para su cobro compulsivo.
La última parte del Artículo 3º de la ley impugnada, señala: “No procederá la aplicación de intereses moratorios ni punitorias si se hubieran efectuado los pagos mínimos indicados en el resumen, en la fecha correspondiente”, lo cual es una lógica derivación del Artículo 424º del CC y de la figura misma de la mora. Por lo mismo, la expresión citada no puede ser considerada inconstitucional, porque sería imprudente y echaría por tierra la naturaleza misma de crédito, en cualquiera de sus formas, si a pesar de pagar la deuda fijada como mínima dentro del plazo, se llegara al absurdo de cobrar interés moratorio y punitorio, sin que el cliente haya caído en mora alguna, porque canceló su deuda mínima dentro del vencimiento fijado por el banco o financiera.
En síntesis, el Poder Legislativo obró dentro de las facultades constitucionales y en salvaguardar del “Estado social de Derecho”, defendido y propugnado por nuestra Constitución. Concordamos con el espíritu de la Ley en el sentido que no deben adicionarse otros gastos, en razón de que los mismos ya fueron calculados para la fijación de la tasa de interés compensatorio, que lleva implícita la carga administrativa, y el costo directo de la intermediación financiera, con un criterio lógico de justicia social.
En conclusión, voto por el rechazo de la presente acción de inconstitucionalidad, en base a las razones apuntadas. Es mi voto.
A su turno, el Doctor Altamirano Aquino dijo:
1) El Abog. Marcelo Codas Frontalilla (Mat, Nº 4.418), en representación de Financiera Itacua SAECA, promovió acción de inconstitucionalidad contra la Ley Nº 1940/03 “Que establece las tasas de interés por la utilización de tarjetas de crédito”, por resultar violatoria de lo dispuesto en el Artículo 107 (libre concurrencia en el mercado) y 285º de la Constitución Nacional. Cabe destacar que en el trámite legislativo, la norma atacada por esta vía fue objetada en su totalidad por el Poder Ejecutivo, por Decreto Nº 17725 de fecha 3 de julio de 2002.
2) La normativa impugnada, que tiene suspendido sus efectos por resolución de esta Corte, regula los intereses exigibles dentro del sistema de tarjetas de créditos, apartándose de lo establecido en el Artículo 44º de la Ley Nº 489/95 “Orgánica del Banco Central del Paraguay”.
Con respecto a este punto, es conveniente señalar que el Art. 44 de la citada ley, ha sido modificado expresamente por las tasas de interés a ser pactadas entre las partes intervinientes en el mutuo bancario. La citada ley hace alusión al interés compensatorio, disponiendo que las tasas del mismo serán determinadas libremente conforme a la oferta y la demanda de dinero, pero siempre dentro de los límites establecidos en la propia ley.
Con relación al interés moratorio establece: “El interés compensatorio, se convierte, a partir de la mora, en interés moratorio y se deberá cobrar a una tasa no superior a la pactada originalmente. Será calculado sobre el saldo de la deuda vencida, y en ningún caso podrán capitalizarse intereses sobre los intereses moratorios ni punitorios”.
Debe entenderse por mora el simple retardo en el cumplimiento de una obligación, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 424º del Código Civil, en las obligaciones a plazo, la mora se produce por el sólo vencimiento de aquel. Asimismo, la citada ley prohíbe la capitalización de intereses sobre los intereses moratorios y punitorios. La capitalización de intereses es denominada anatocismo, que no es otra cosa que sumar los intereses al capital, y convertirlos de esa forma en capital, el cual será utilizado como base para el devengamiento de nuevos intereses.
El interés punitorio, según la Ley Nº 2339/03, queda configurado de la siguiente manera: “Adicionalmente, los acreedores podrán percibir un interés punitorio, cuya tasa no podrá exceder el treinta por ciento de la tasa a percibirse en concepto de interés moratorio.
El interés punitorio, de percibirse, solamente será calculado sobre el saldo de la deuda vencida”. El interés moratorio expresamente pactado por las partes, no es otra cosa que el mismo interés compensatorio a partir de la mora, que inclusive debe aplicarse con la misma tasa pactada originalmente para el interés compensatorio.
El interés punitorio no puede superar en ningún caso el treinta por ciento (30%) de la tasa del interés moratorio (la cual no puede ser mayor a la pactada originalmente como compensatorio), y la base de su cálculo será el saldo de la deuda vencida. Es decir, el interés punitorio configura una verdadera cláusula penal para el deudor moroso, pues este tipo de interés, fija de modo definitivo el perjuicio sufrido por el acreedor a causa del retardo en la devolución, es decir, que por medio de él, se establece el daño que la demora en el pago pueden ocasionar al acreedor, de manera tal que no el deudor podrá impugnarlo por excesivo, ni el acreedor por insuficiente.
Por otro lado, la misma ley dispone que: “Se considerarán tasas de interés usurarias las tasas compensatorias y punitorias, cuyas tasas efectivas excedan en un treinta por ciento (30%) el promedio de las TASS efectivas anuales percibidas por los bancos y financieras sobre los créditos de consumo, de acuerdo a los plazos y monedas en que son concedidos dichos créditos.
2.1) Luego de este breve análisis, se puede arribar a la conclusión de que la Ley Nº 2339/03 rige con respecto a los intereses a ser aplicados en la utilización de las tarjetas de crédito, pues como ya señaláramos, la misma modifica el Artículo 44º de la Ley Nº 489/95. En consecuencia, con respecto a esta cuestión, la presente acción deviene improcedente.
3) Lo que guarda relación al Artículo 1º de la ley impugnada por esta vía, que en su última parte establece…”No serán aplicables ningún otro costo ni gasto adicional bajo ningún concepto” considero que es una disposición violatoria de la Constitución Nacional, en razón de que transgreden el régimen económico consagrado en la Ley Suprema de la Nación (Artículo 107), distorsionando la libre concurrencia en el mercado, así como el derecho a dedicarse a actividades económicas lícita.
3.1) De conformidad con esta disposición, las entidades bancarias y financieras deberán absorber los costos y gastos adicionales al funcionamiento de las tarjetas de crédito en el mercado. En este punto la Ley Nº 1940/03 establece la exhibición de todo gasto y costo que se vincule con el servicio, lo cual hace que resulte gratuito el mismo, ya que sus prestadores no pueden percibir monto alguno en concepto de costos y gastos.
El servicio de tarjetas de crédito tiene un elevado costo en todo el mundo por tecnología sofisticada, administración de recursos, procesamiento de datos, impresión, distribución de formularios, accesibilidad y sobre todo rapidez. Uno de los puntos a considerar es la inmensa red informática de las tarjetas de crédito que abarca todo el planeta, lo cual supone un alto costo económico de sostenimiento, en procura de evitar los frecuentes fraudes que se cometen en este campo.
Supongamos que un compatriota utilice su tarjeta de crédito en el exterior, atento a la normativa en cuestión, conllevaría a considerar que al mismo no se le cargue, bajo ningún concepto, sumas de dinero por la utilización de la tarjeta, en caso de que abone al contado.
3.2) Con respecto al Artículo 3º de la Ley Nº 1940/03, que en su última parte dispone…“No procederá la aplicación de intereses moratorios ni punitorios si se hubieran efectuado los pagos mínimos indicados en el resumen, en la fecha correspondiente”, considero que es una disposición que no atenta contra principios o normas de rango constitucional, encontrándose en concordancia con el Artículo 424º del Código Civil.
4) Las tarjetas de crédito deben estar reguladas normativamente, en cuanto a su utilización, con la intervención del Estado, en especial en lo que respecta a la tutela de los derechos de los consumidores, como por ejemplo estableciendo límites razonables a las tasas de intereses, de tal forma a no incurrir en la fijación de intereses usuarios, en desmedro de los usuarios.
En forma este sentido, nuestra Carta Magna consagra en el Artículo 46º (Igualdad de las Personas), en su parte respectiva…El Estado removerá los obstáculos se impedirá los efectos que la mantengan o las propicien. Las protecciones que se establezcan sobre desigualdades injustas no serán consideradas como factores discriminatorios sino igualitarios…
Los Artículos 40º y 73º de la Ley Nº 861/96 “General de Bancos, Financieras y Otras Entidades de Crédito”, establecen como operaciones de los Bancos y Financiación la emisión de tarjetas de crédito y debito, con sujeción a las reglamentaciones vigentes o las que pudiera emitir el Banco Central del Paraguay. Asimismo, el Artículo 31 de la Ley Nº 489/95 “Orgánica del Banco Central del Paraguay”, establecen que su sujetan a la fiscalización de la Superintendencia de Bancos: “Las entidades que sin ser bancos y financieras o entidades financieras de crédito realicen una o varias actividades propias de éstas”.
4.1) La tarjeta de crédito debe regularse con flexibilidad para permitir su normal desenvolvimiento, pero siempre dentro de un sistema que permita evitar cargas onerosas a los usuarios. Asimismo, debe considerarse que este instrumento ha crecido en forma considerable y progresiva en los últimos años, llegando a constituir un medio casi indispensable para la vida comercial en nuestro país.
De ahí que deviene casi una falacia afirmar que nadie está obligado a tomar tarjetas, y que el que considera altos los intereses, le basta simplemente con no hacer uso de ellas. Encontrar la tasa razonable para el mercado es fundamental, por ello el Estado fija topes máximos, pero éstos en la práctica se vuelven en mínimos, a igual que los salarios mínimos en topes máximos.
Entonces, cuando las normas disponen un tope máximo en la fijación de intereses, dicha medida no significa que necesariamente deban establecerse dichos porcentajes, sino que queda al libre juego de la oferta y la demanda, pudieron ser fijadas otras entre las partes contratantes.
4.2) La tarjeta de crédito constituyen en la actualidad un instrumento eficaz y moderno de financiación, sin el cual prácticamente no se pueden atender los innumerables requerimientos contractuales, como satisfacer finalidad de desarrollo comercial, de crédito, de garantía y de sustitución del dinero como instrumento de pago.
La tarjeta, a mas de instrumento de crédito, es un servicio y su utilización irroga y costos que necesariamente deben compensarse; el servicio está destinado a proveer facilidad, ventajas y comodidades a favor del portador, por lo que naturalmente la entidad prestadora de este servicio debe resarcirse de ellos.
Es por tanto, un tema sensible que merece un marco flexible de regulación, razonabilidad, y al mismo tiempo no permisiva de abusos, protegiendo al consumidor.
5) Por las consideraciones que anteceden, opino que la presente acción de inconstitucionalidad deviene parcialmente procedente, con relación al Artículo 1º, última parte de la Ley Nº 1940/03. Las costas deben ser impuestas en el orden causado, atento a lo dispuesto en el Artículo 193º del CPC, por tratarse del presente caso de una materia compleja y por haber requerido de una profusa labor jurisprudencial. Es mi voto.
A su turno, el Doctor Fretes manifestó que se adhiere al voto del Doctor Altamirano Aquino, por los mismos fundamentos.
SENTENCIA Nº 716
Asunción, 2 de agosto de 2007
1.- HACER LUGAR PARCIALMENTE a la presente acción de inconstitucionalidad y, en consecuencia, declarar la inaplicabilidad del Artículo 1º, última parte, de la Ley Nº 1940/03, en relación con el accionante.
2.- IMPONER LAS COSTAS en el orden causado.
José V. Altamirano Aquino