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Timestamp: 2019-09-20 07:55:20
Document Index: 206738697

Matched Legal Cases: ['artículo 4', 'artículo 139', 'artículo 431', 'artículo 438', 'artículo 431', 'artículo 139', 'artículo 431', 'artículo 431', 'artículo 36']

Registro Oficial. 10 de SEPTIEMBRE del 2003
Miércoles, 10 de Septiembre del 2003 - R. O. No. 166
24-159 Proyecto de Ley Orgánica\n de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificación\n y Homologación de las Remuneraciones del Sector Público.
0670 Créase el Programa "Protección\n Social ante la Emergencia" el que funcionará previa\n la declaratoria de emergencia por parte del Presidente de la\n República del Ecuador
0671 Encárgase al Programa\n de Desarrollo Integral - PRODEIN, la entrega de sistemas computarizados\n a los sectores de microempresarios, empresas comunitarias, asociaciones\n y organizaciones populares que lo soliciten a nivel nacional
0932 Transfiérese a la Ilustre\n Municipalidad del Cantón Samborondón, provincia\n del Guayas, las potestades, atribuciones y recursos del Cuerpo\n de Bomberos de Samborondón
Deléganse atribuciones\n que le correspon-den al Superintendente o a la Superinten-dencia\n de Compañías dentro de la jurisdicción territorial\n de las provincias de Pichincha, Cotopaxi, Imbabura, Carchi, Esmeraldas,\n Napo, Sucumbios y Francisco de Orellana a las siguientes dignidades:
ADM-03193 Directora Jurídica de\n Disolución y Liquidación de Compañías\n de la oficina matriz
ADM-03194\n Subdirector\n Jurídico del Departamento de Disolución y Liquidación\n de Compañías de la oficina matriz
ADM-03195\n A los funcionarios:\n Especialista Jurí-dico Supervisor, Especialista Jurídico\n 5 y Especialista Jurídico 4 del Departamento Jurídico\n de Disolución y Liquidación de Compañías\n de la oficina matriz
ADM-03248\n A los funcionarios:\n Especialista Jurí-dico Supervisor, Especialista Jurídico\n 5, Especialista Jurídico 4, Especialista Jurídico\n 3 y Especialista Jurídico 2 del Departamento Jurídico\n de Compañías de la oficina matriz
ADM-03265\n Director del\n Departamento Jurídico de Compañías de la\n oficina matriz.
103-2003\n Ingeniero agrónomo\n Gustavo Alfonso Riquetti Ochoa en contra de ASOPRHOCAR
107-2003\n Vicente Bolívar\n Oyola Jaramillo en contra del Municipio del Cantón Guayaquil
109-2003 Pedro Pablo Ponte Bermeo en\n contra de Mauro Octavio Santos Montesdeoca y otra.
112-2003 Maria Hortensia Behr Cevallos\n en contra del IESS.
113-2003\n Jorge Abrahám\n Pazmiño en contra de la Empresa Nacional de Ferrocarriles\n del Estado y otro.
114-2003 Ingeniero César Alfonso\n Oña Mendoza en contra de la Cooperativa de Ahorro y Crédito\n Cámara de Comercio Riobamba Cía. Ltda.
115-2003\n Manuel Ignacio\n Balseca Barriga en contra de la I. Municipalidad de Guayaquil
121-2003\n Edgar Zamora\n Argudo en contra de Franklin Francisco León Misnaza
123-2003 Joel Francisco Ávila\n Véliz en contra de FELVENSA S.A
124-2003\n Walter Herrera\n Coraysaca en contra de Karabu Turismo C.A
133-2003 Cristóbal Arturo Pacheco\n Vaca en contra de la Dirección General de Aviación\n Civil
134-2003\n Julio Vargas\n López en contra del Minis-terio de Agricultura y Ganadería
148-2003 Héctor Xavier Narváez\n Barre en contra de la Empresa ENSILALES S.A
153-2003 Esthela María Rivera\n Tamayo en contra de la Empresa Embotelladora Azuaya S.A
25-AI-2001\n Acción\n de incumplimiento ejercida por la Secretaría General de\n la Comunidad Andina contra la República de Colombia, a\n causa del presunto incumplimiento del artículo 4 del Tratado\n de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,\n de la Decisión 371 de la Comisión del Acuerdo de\n Cartagena y de las resoluciones 391 y 418 de la Secretaría\n General de la Comunidad
21-IP-2003 Interpretación prejudicial\n de los artícu-los 82 literal h), 83 literales a) y e),\n 84, 93 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del\n Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Primera Sala del Tribunal\n de lo Contencioso Administrativo, Distrito N0 1, Quito, República\n del Ecuador. Interpretación de oficio de los artículos\n 81 y 82 literal a) de la misma Decisión. Actor: BAYER\n AKTIENGESELLSCHAFT. Marca: "CIRCADIN". Proceso interno\n N0 6985-A
-\n Cantón Camilo Ponce Enríquez: Que regula la administración\n del impuesto de patentes municipales.
-\n Cantón Camilo Ponce Enríquez: Que reglamenta la determinación,\n recaudación, administración y control del impuesto\n a los espectáculos públicos.
-\n Cantón Camilo Ponce Enríquez: Que establece el cobro de tasas\n por servicios técnico y administrativos de la Municipalidad.
-\n Juicio de expropiación\n seguido por la M. l. Municipalidad de Guayaquil, en contra de\n los herederos desconocidos y presuntos del señor Tomás\n Arturo Collantes López\n \n
NOMBRE: "LEY ORGÁNICA DE\n SERVICIO CIVIL Y CARRERA ADMINISTRATIVA Y DE
\n UNIFICACIÓN Y HOMOLO-GACIÓN DE LAS REMUNE-RACIONES\n DEL SECTOR PUBLICO".
CÓDIGO: 24-159.
AUSPICIO: EJECUTIVO-URGENTE ES MATERIA\n ECONOMICA.
\n INGRESO: 29-08-2003.
\n A COMISIÓN: 02-09-2003.
Resulta imperioso promover una Ley de Servicio Civil y Carrera\n Administrativa que, enmarcada en los preceptos constitucionales\n regula la relación del Estado con sus servidores públicos,\n priorice el desarrollo de la carrera administrativa y garantice\n la dignidad, transparencia, eficacia y vocación de servicio\n del Estado y de sus instituciones en el ejercicio de la función\n pública.
Es fundamental la expedición de un cuerpo legal que\n promueva la eficiencia de la actividad administrativa pública\n en servicio de la colectividad, el desarrollo laboral a través\n de principios, normas y procesos que regulen los derechos y los\n deberes que corresponden a los servidores públicos que\n prestan sus servicios en la Administración Pública;\n así como la unificación y homologación salariales\n como parte de un proceso de cambio y adopción de estrategias\n que promuevan la modernización del país y una mayor\n competitividad.
Las actuales circunstancias del país y la permanente\n evolución de la sociedad ecuatoriana requieren promover\n reformas integrales a su legislación para armonizarla\n con sus demandas más sustanciales, especialmente en servicio\n civil y en materia laboral.
N0 0670
Que, la Constitución Política de la República\n del Ecuador, en su Art. 47 establece que en el ámbito\n público y privado recibirán atención prioritaria,\n preferente y especializada las personas en situación de\n riesgo y víctimas de desastres naturales o antropogénicos;
Que, el Decreto Ejecutivo No. 564 del 2 de julio de 2003,\n publicado en el Registro Oficial No. 122 del 10 de julio 2003,\n expedido por el Presidente Constitucional de fa República\n del Ecuador declara en estado de emergencia algunos cantones\n de la provincia de Tungurahua y Chimborazo;
Que, el Art. 82 de la Ley de Seguridad Nacional establece\n además que la defensa civil es una actividad de servicio\n permanente del Estado en favor de la comunidad, dirigida a limitar\n y reducir los daños que tales desastres pudieren causar\n a personas y bienes, así como a realizar acciones de emergencia\n en las zonas afectadas para permitir la continuidad del régimen\n administrativo y funcional en todos los órdenes de actividad;
Que, el Decreto Supremo No. 3815 del 7 de agosto de 1979 publicado,\n en el Registro Oficial No. 208 de junio 12 de 1980, establece\n que el Ministerio de Bienestar Social, es el organismo responsable\n de formular, dirigir y ejecutar la política estatal en\n materia de bienestar social;
Que, mediante Decreto Ejecutivo 486-A del 7 de junio de 2000,\n publicado en el Registro Oficial No. 99 de 15 de los mismos mes\n y año, se creó el Programa de Protección\n Social, como entidad desconcentrada adscrita al Ministerio de\n Bienestar Social de jurisdicción nacional, cuya función\n es la administración y operación de las transferencias\n de subsidios económicos dirigidas a los grupos más\n vulnerables de la sociedad;
Que, debido a los desastres naturales o catástrofes\n de origen natural o humano de gran magnitud, se han puesto en\n riesgo las posibilidades de supervivencia de la población\n afectada lo cual demanda de una política permanente de\n protección social básica que permita proteger a\n la población más vulnerable, para evitar el agravamiento\n de sus condiciones de vida; y,
En uso de las atribuciones conferidas en el Art. 179 numeral\n 6 de la Constitución Política de la República\n del Ecuador; y Art. 17 del Estatuto Jurídico y Administrativo\n de la Función Ejecutiva,
Art. 1.- Créase el Programa "Protección\n Social ante la Emergencia" el que funcionará, previa\n la declaratoria de emergencia por parte del Presidente de la\n República del Ecuador, para intervenir en situaciones\n de desastres naturales, catástrofes o circunstancias de\n conmoción nacional, el que operará a través\n de dos componentes: Bono de Emergencia y Reactivación\n Productiva, dirigida a las familias en situación de alta\n vulnerabilidad en las zonas afectadas.
Art. 2.- El bono de emergencia consiste en una transferencia\n monetaria con carácter de temporal, para la población\n en las circunstancias arriba señaladas que haya perdido\n su fuente de ingresos.
Art. 3.- La reactivación productiva concebida como\n el apoyo estatal orientado a rehabilitar las fuentes de ingresos,\n según sea el caso.
Art. 4.- La institución responsable del Programa "Protección\n Social ante la Emergencia" será el Programa de Protección\n Social, entidad adscrita al Ministerio de Bienestar Social, el\n cual se ejecutará a través del Fideicomiso Programa\n de Protección Social.
Art. 5.- El programa estará constituido con recursos\n e ingresos provenientes de:
a.- Asignaciones del Presupuesto General del Estado; y,
b.- Aportes provenientes de convenios nacionales internacionales\n de cooperación.
Art. 6.- El programa utilizará, preferentemente para\n la focalización de beneficiarios los listados proporcionados\n por los comités de operaciones de emergencia provinciales\n -COE- y la base de datos de SELBEN de la Secretaría Técnica\n del Frente Social.
Art. 7.- Por esta ocasión y ante la emergencia que\n atraviesan los cantones de Quero, Cevallos, Mocha, Pelileo y\n Tisaleo y los sectores de Juive Grande y Pondoa de la provincia\n del Tungurahua; Penipe y Guano de la provincia de Chimborazo,\n el Programa de Protección Social podrá ejecutar\n el "Programa Protección Social ante la Emergencia",\n en forma directa a través de uno de los proveedores de\n pago de los subsidios que administra.
Art. 8.- El presente instrumento entrará en vigencia\n a partir de la fecha de su expedición, sin perjuicio de\n su publicación en el Registro Oficial.
Dado en Quito, a los 12 días del mes de agosto de 2003.
f.) Dra. Angélica Altamirano, Ministra de Bienestar\n Social (E).
Que, es necesario en la Política Social del Gobierno\n Constitucional del Ing. Lucio Gutiérrez, ampliar el campo\n de acción para el combate a la pobreza y el desempleo,\n capacitando a la población para la administración\n eficiente de los microempresarios, empresas comunitarias, asociaciones\n y más organizaciones populares, en apoyo al Programa de\n desarrollo social productivo del país;
Que, es necesario acudir a los sectores urbanos y rurales\n menos favorecidos, con apoyo de medios informáticos computarizados\n para su capacitación y que estén debidamente preparados\n frente a los retos de la competitividad y la producción;
Que, el Ministerio de Bienestar Social es el encargado de\n llevar adelante las acciones tendientes a mejorar las condiciones\n de vida de los sectores desprotegidos de la población\n ecuatoriana; y,
ARTICULO 1.- Encargar al Programa de Desarrollo Integral,\n PRODEIN de la ejecución del presente acuerdo ministerial,\n haciendo la entrega de sistemas computarizados a los sectores\n de microempresarios, empresas comunitarias, asociaciones y organizaciones\n populares que lo soliciten a nivel nacional.
ARTICULO 2.- Autorizar a la Dirección Financiera del\n Ministerio de Bienestar Social la transferencia de los recursos\n económicos necesarios del presupuesto del Ministerio a\n la cuenta del PRODEIN, para la adquisición de los sistemas\n computarizados que se van a entregar en ejecución del\n presente acuerdo.
Dado en Quito, Distrito Metropolitano a los once días\n del mes de agosto de dos mil tres.
No 0932
Que, la Ley de Descentralización y Modernización\n del Estado, así como la Ley Especial de Descentralización\n y el Reglamento a la Ley de Descentralización del Estado\n (articulo 4) señalan como autoridades competentes para\n suscribir convenios a las siguientes: el Presidente de la República,\n el Ministro que transfiere las funciones y competencias, el Ministro\n de Economía y Finanzas y los representantes legales del\n Gobierno Seccional Autónomo solicitante;
Que, el fin último de estas transferencias es mejorar\n el servicio público y satisfacer de manera eficiente las\n necesidades de la ciudadanía;
Que, el Ilustre Municipio del Cantón Samborondón,\n provincia del Guayas, ha solicitado la descentralización\n mediante oficio No. 1 32-ALC-IMS-03 de fecha 8 de mayo de 2003;
Que, la I. Municipalidad está en capacidad de asumir\n los servicios que presta el Cuerpo de Bomberos de Samborondón,\n fortaleciéndolo como una instancia que goce de la autonomía\n necesaria para que pueda desarrollar eficientemente su función\n de servicio comunitario; y,
ARTICULO 1.- Transferir a la Ilustre Municipalidad del Cantón\n Samborondón, provincia del Guayas, las potestades, atribuciones\n y recursos del Cuerpo de Bomberos de Samborondón, que\n en relación con la materia y conforme a la Ley de Defensa\n Contra Incendios, ha venido ejerciendo el Ministerio Bienestar\n Social.
ARTICULO 3.- Confórmase una comisión integrada\n por el Ministerio de Bienestar Social, el Alcalde del I. Municipio\n del Cantón Samborondón y el Primer Jefe del Cuerpo\n de Bomberos de Samborondón o sus respectivos delegados,\n a fin de que establezcan los procedimientos y realicen las gestiones\n necesarias para hacer efectiva la transferencia dispuesta en\n este acuerdo.
Dado en Quito, a 25 de agosto de 2003.
No. ADM-03193
Que la Comisión de Legislación y Codificación\n del H. Congreso Nacional en ejercicio de la facultad que le confiere\n el numeral 2 del artículo 139 de la Constitución\n Política de la República, con fecha 20 de octubre\n de 1999, resolvió expedir la Codificación de la\n Ley de Compañías, la misma que se publicó\n en el Registro Oficial No. 312 de 5 de noviembre de 1999;
Que con el fin de agilitar el despacho de los trámites\n societarios de inactividad, disolución, reactivación\n liquidación y cancelación de compañías,\n es decir, los mencionados en la Sección XII de la ley\n de la materia, en lo que respecta al ámbito de competencia\n del Departamento Jurídico de Disolución y Liquidación\n de Compañías de la oficina matriz, es necesario\n delegar atribuciones a la Directora de dicho departamento; y,
En ejercicio de la facultad que le confiere el artículo\n 124 de la Constitución Política de la República\n y en uso de la atribución que consta en el literal j)\n del articulo 438 de la Ley de Compañías,
ARTICULO PRIMERO.- Delegar a la Directora Jurídica\n de Disolución y Liquidación de Compañías\n de la oficina matriz para que, bajo su personal responsabilidad,\n respecto de las compañías indicadas en los literales\n a), b), c) y d) del articulo 431 de la Ley de Compañías,\n ejerza, dentro de la jurisdicción territorial de las provincias\n de Pichincha, Cotopaxi, Imbabura, Carchi, Esmeraldas, Napo, Sucumbios\n y Francisco de Orellana, las siguientes atribuciones que corresponden\n al Superintendente o a la Superintendencia de
a) Declarar la disolución y disponer la liquidación\n de las compañías nacionales, cuyas causales de\n disolución sean las previstas desde los numerales 8vo\n en lo que atañe a las compañías en comandita\n por acciones al 13ro del Art. 361 de la Ley de Compañías;
b) Aprobar o negar la reactivación de las compañías\n en proceso de liquidación, sin consideración a\n que la compañía esté sujeta al control total\n o parcial de esta Superintendencia;
c) Ordenar la cancelación de la inscripción\n de las compañías nacionales, cuyo trámite\n de liquidación hubiere concluido de conformidad con la\n ley; y,
d) Cancelar el permiso de operación concedido a las\n compañías extranjeras, cuyas causales sean las\n previstas en los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del Art. 406 de\n la ley de la materia; así como también nombrar\n liquidadores y cancelar los documentos referentes a la domiciliación\n de las mismas.
ARTICULO SEGUNDO.- No obstante las atribuciones conferidas\n en la presente resolución a la Directora Jurídica\n de Disolución y Liquidación de Compañías\n de la oficina matriz, el Superintendente de Compañías\n conservará todas las facultades inherentes a su cargo,\n incluyendo las delegadas.
ARTICULO TERCERO.- Se citará esta resolución\n en todas aquellas en las que, en ejercicio de las atribuciones\n que le corresponden, expida la Directora Jurídica de Disolución\n y Liquidación de Compañías de la oficina\n matriz.
ARTÍCULO CUARTO.- Esta resolución entrará\n en vigencia a partir de la presente fecha.
Comuníquese.- Dada y firmada en la Superintendencia\n de Compañías en Quito, Distrito Metropolitano,\n a 13 de junio de 2003.
No. ADM-03\n 194
Que la Comisión de Legislación y Codificación\n del H. Congreso Nacional, en ejercicio de la facultad que le\n confiere el numeral 2 del articulo 139 de la Constitución\n Política de la República, con fecha 20 de octubre\n de 1999 resolvió expedir la Codificación de la\n Ley de Compañías, la misma que se publicó\n en el Registro Oficial No. 312 de 5 de noviembre de 1999;
Que con el fin de agilitar el despacho de los trámites\n societarios de inactividad, disolución, reactivación,\n liquidación y cancelación de compañías,\n es decir, los mencionados en la Sección XII de la ley,\n de la materia, en lo que respecta al ámbito de competencia\n del Departamento Jurídico de Disolución y Liquidación\n de Compañías de la oficina matriz, es necesario\n delegar atribuciones al Subdirector de dicho departamento; y,
ARTICULO PRIMERO.- Delegar al Subdirector Jurídico\n del Departamento de Disolución y Liquidación de\n Compañías de la oficina matriz para que, bajo su\n personal responsabilidad, respecto de las compañías\n indicadas en los literales a), c) y d) del artículo 431\n de la Ley de Compañías, ejerza, dentro de la jurisdicción\n territorial de las provincias de Pichincha, Cotopaxi, Imbabura,\n Carchi, Esmeraldas, Napo, Sucumbíos y Francisco de Orellana,\n las siguientes atribuciones que corresponden al Superintendente\n o a la Superintendencia de Compañías:
a) Declarar la inactividad, así como la disolución\n de las compañías nacionales, cuyas causales de\n disolución sean las previstas en el inciso 30 del Art.\n 360 y en los numerales 5º y 6º del Art. 361 de la Ley\n de Compañías;
b) Aprobar o negar la disolución voluntaria o anticipada\n de las compañías nacionales; y,
c) Ordenar: 1) La liquidación en los casos de disolución\n de pleno derecho y 2) La cancelación de la inscripción\n de las compañías nacionales, en los casos previstos\n en el Art. 405 de la Ley de Compañías.
ARTICULO SEGUNDO.- No obstante las atribuciones conferidas\n en la presente resolución al Subdirector Jurídico\n de Disolución y Liquidación de Compañías\n de la oficina matriz, el Superintendente de Compañías\n conservará todas las facultades inherentes a su cargo,\n incluyendo las delegadas.
ARTICULO TERCERO.- Se citará esta resolución\n en todas aquellas en las que, en ejercicio de las atribuciones\n que le corresponden, expida el Subdirector Jurídico de\n Disolución y Liquidación de Compañías\n de la oficina matriz.
No. ADM-03195
Que con el fin de agilitar el despacho de los trámites\n societarios de inactividad disolución reactivación,\n liquidación y cancelación de compañías,\n es decir, los mencionados en la Sección XII de la ley\n de la materia, en lo que respecta al ámbito de competencia\n del Departamento Jurídico de Disolución y Liquidación\n de Compañías de la oficina matriz, es necesario\n delegar atribuciones a los funcionarios: Especialista Jurídico\n Supervisor, Especialista Jurídico 5 y Especialista Jurídico\n 4 de dicho departamento; y,
En ejercicio de las facultades que le confiere el artículo\n 124 de la Constitución Política de la República\n y en uso de la atribución que consta en el literal j)\n del artículo 438 de la Ley de Compañías,
ARTICULO PRIMERO.- Delegar a los funcionarios: Especialista\n Jurídico Supervisor, Especialista Jurídico 5 y\n Especialista Jurídico 4 del Departamento Jurídico\n de Disolución y Liquidación de Compañías\n de la oficina matriz para que, bajo su personal responsabilidad,\n respecto de las compañías indicadas en los literales\n a), c) y d) del artículo 431 de la Ley de Compañías,\n ejerzan, dentro de la jurisdicción territorial de las\n provincias de Pichincha, Cotopaxi, Imbabura, Carchi, Esmeraldas,\n Napo, Sucumbíos y Francisco de Orellana, las siguientes\n atribuciones que corresponden al Superintendente o a la Superintendencia\n de Compañías:
a) Declarar la inactividad, así como la disolución\n de las compañías nacionales, cuyas causales de\n disolución sean las previstas en el inciso 3ro. del Art.\n 360 y en los numerales 50 y 60 del Art. 361 de la Ley de Compañías;
c) Ordenar: 1) La liquidación en los cabos de disolución\n de pleno derecho y 2) La cancelación de la inscripción\n de las compañías nacionales, en los casos previstos\n en el Art. 405 de la Ley de Compañías.
ARTICULO SEGUNDO.- No obstante las atribuciones conferidas\n en la presente resolución a los funcionarios: Especialista\n Jurídico Supervisor, Especialista Jurídico 5 y\n Especialista Jurídico 4 del Departamento Jurídico\n de Disolución y Liquidación de Compañías\n de la oficina matriz, el Superintendente de Compañías\n conservará todas las facultades inherentes a su cargo,\n incluyendo las delegadas.
ARTÍCULO TERCERO.- Se citará esta resolución\n en todas aquellas en las que, en ejercicio de las atribuciones\n que le corresponden, expidan los funcionarios: Especialista Jurídico\n Supervisor, Especialista Jurídico 5 y Especialista Jurídico\n 4 del Departamento Jurídico de Disolución y Liquidación\n de Compañías de la oficina matriz.
f.) Dra. Piedad Moncayo de Vásconez, Secretaria General\n encargada.
No. ADM-03248
Que la Comisión de Legislación y Codificación\n del H. Congreso Nacional, en ejercicio de la facultad que le\n confiere el numeral 2 del artículo 139 de la Constitución\n Política de la República, con fecha 20 de octubre\n de 1999. resolvió expedir la Codificación de la\n Ley de Compañías, la misma que se publicó\n en el Registro Oficial No. 312 de 5 de noviembre de 1999;
Que con el fin de agilitar el despacho de los trámites\n societarios de constitución de compañías,\n en lo que respecta al ámbito de competencia del Departamento\n Jurídico de Compañías de la oficina matriz,\n es necesario delegar atribuciones a los funcionarios: Especialista\n Jurídico Supervisor, Especialista Jurídico 5, Especialista\n Jurídico 4, Especialista Jurídico 3 y Especialista\n Jurídico 2 de dicho departamento; y,
ARTICULO PRIMERO.- Delegar a los funcionarios: Especialista\n Jurídico Supervisor, Especialista Jurídico 5, Especialista\n Jurídico 4, Especialista Jurídico 3 y Especialista\n Jurídico 2 del Departamento Jurídico de Compañías\n de la oficina matriz para que, bajo su personal responsabilidad,\n respecto de las compañías indicadas en los literales\n a) y c) del artículo 431 de la Ley de Compañías,\n ejerzan, dentro de la jurisdicción territorial de las\n provincias de Pichincha, Cotopaxi, Imbabura, Carchi, Esmeraldas,\n Napo, Sucumbíos y Francisco de Orellana, las siguientes\n atribuciones que corresponden al Superintendente o a la Superintendencia\n de Compañías:
a) Aprobar o negar la constitución de compañías\n nacionales anónimas, en comandita dividida por acciones\n y de responsabilidad limitada, cuyos capitales sociales no excedan\n de cinco mil y veinticinco mil dólares de los Estados\n Unidos de América con excepción de aquellos especialistas\n jurídicos que determine el Intendente Jurídico,\n y siempre que en el caso de las compañías anónimas,\n no se trate de trámites especiales que, según el\n Reglamento Orgánico Funcional de la institución,\n corresponda conocerlos y evacuarlos a la Intendencia de Compañías\n de Quito en coordinación con la Dirección Jurídica\n de Concurso Preventivo y Trámites Especiales; y,
b) Aprobar o negar el desbloqueo de fondos de las compañías\n indicadas en los literales a) y e) del artículo 431 de\n la Ley de Compañías cuando éstas hayan presentado\n la correspondiente escritura pública de constitución\n y la escritura pública de rescisión del contrato\n en mención.
ARTICULO SEGUNDO.- No obstante las atribuciones conferidas\n en la presente resolución a los funcionarios: Especialista\n Jurídico Supervisor, Especialista Jurídico 5, Especialista\n Jurídico 4, Especialista Jurídico 3 y Especialista\n Jurídico 2 del Departamento Jurídico de Compañías\n de la oficina matriz, el Superintendente de Compañías\n conservará todas las facultades inherentes a su cargo,\n incluyendo las delegadas.
ARTÍCULO TERCERO.- Se citará esta resolución\n en todas aquellas en las que, en ejercicio de las atribuciones\n que le corresponden, expidan los funcionarios: Especialista Jurídico\n Supervisor, Especialista Jurídico 5, Especialista Jurídico\n 4, Especialista Jurídico 3 y Especialista Jurídico\n 2 del Departamento Jurídico de Compañías\n de la oficina matriz.
ARTICULO CUARTO.- Derógase las resoluciones Nos. ADM.03171\n de 12 de mayo de 2003 y ADM.03164 de 2 de mayo de 2003.
ARTÍCULO QUINTO.- Esta resolución entrará\n en vigencia a partir de la presente fecha.
Comuníquese.- Dada y firmada en la Superintendencia\n de Compañías, en Quito, Distrito Metropolitano,\n 4 de agosto de 2003.
Es fiel copia del original.- Lo certifico, DM. de Quito, 25\n de agosto de 2003.- f.) Dra. Piedad Moncayo de Vásconez,\n Secretaria General, encargada.
No. ADM-03265
Que con fecha 19 de marzo de 2003, el economista Fabián\n Albuja Chaves fue elegido por el H. Congreso Nacional como Superintendente\n de Compañías y Presidente del Consejo Nacional\n de Valores; y, que el 20 de los mismos mes y año, se posesionó\n de dicho cargo ante el señor Presidente de la indicada\n función del Estado;
Que con el fin de agilitar el despacho de los trámites\n societarios de constitución de compañías\n en lo que respecta al ámbito de competencia del Departamento\n Jurídico de Compañías de la oficina matriz,\n es necesario delegar atribuciones al Director de dicho departamento;\n y,
En ejercicio de la facultad que le confiere el artículo\n 124 de la Constitución Política de la República\n y de la atribución que consta en el literal j) del artículo\n 438 de la Ley de Compañías,
ARTICULO PRIMERO.- Delegar al Director del Departamento Jurídico\n de Compañías de la oficina matriz para que, bajo\n su personal responsabilidad, respecto de las compañías\n indicadas en los literales a) y e) del articulo 431 de la Ley\n de Compañías, ejerza, dentro de la jurisdicción\n territorial de las provincias de Pichincha, Cotopaxi, Imbabura,\n Carchi, Esmeraldas, Napo, Sucumbios y Francisco de Orellana,\n las siguientes atribuciones que corresponden al Superintendente\n o a la Superintendencia de Compañías:
a) Aprobar o negar la constitución de compañías\n nacionales anónimas, en comandita dividida por acciones\n y de responsabilidad limitada, cuyos capitales sociales estén\n comprendidos entre más de cinco mil y veinticinco mil\n dólares de los Estados Unidos de América y siempre\n que, en el caso de las compañías anónimas,\n no se trate de trámites especiales que, según el\n Reglamento Orgánico Funcional de la institución,\n corresponda conocerlos y evacuarlos a la Intendencia de Compañías\n de Quito en coordinación con la Dirección Jurídica\n de Concurso Preventivo y Trámites Especiales; y,
b) Aprobar o negar los actos mencionados en el artículo\n 33 de la misma ley, cuando los activos totales de la compañía\n no excedan de cuarenta mil dólares de los Estados Unidos\n de América, según la última declaración\n constante en los estados financieros que tuviere presentados\n en la institución, sin consideración a que esté\n sujeta a control total o parcial. Se exceptúan los actos\n posteriores cuya tramitación, de acuerdo con el Reglamento\n Orgánico Funcional de la entidad, corresponda a la Dirección\n Jurídica de Concurso Preventivo y Trámites Especiales\n o a la Dirección Jurídica de Disolución\n y Liquidación de Compañías y, en último\n término, a la Intendencia de Compañías de\n Quito o a la Intendencia Jurídica de la oficina matriz;
ARTICULO SEGUNDO.- No obstante las atribuciones conferidas\n en la presente resolución al Director Jurídico\n del Departamento dé Compañías de la oficina\n matriz, el Superintendente de Compañías conservará\n todas las facultades inherentes a su cargo, incluyendo las delegadas.
ARTICULO TERCERO.- Se citará esta resolución\n en todas aquellas en las que, en ejercicio de las atribuciones\n que le corresponden, expida el Director del Departamento Jurídico\n de Compañías de la oficina matriz.
ARTICULO CUARTO.- Derogase la Resolución No. ADM.03\n 163 de 2 de mayo de 2003.
ARTÍCULO QUINTO.- La presente resolución entrará\n en vigencia a partir de la presente fecha.
Comuníquese.- Dada y firmada en la Superintendencia\n de Compañías, en Quito, Distrito Metropolitano,\n 26 de agosto de 2003.
Es fiel copia del original.- Lo certifico, D.M. de Quito,\n 28 de agosto de 2003.
No. 103-2003
ACTOR: Ing. Agr. Gustavo Alfonso Riquetti\n Ochoa.
DEMANDADA: ASOPRHOCAR.
Quito, 23 de junio de 2003; las 09h30.
VISTOS: Romel Atahualpa Pavón Monroy y Paco Aníbal\n Paredes Flores, por sus propios derechos y como representantes\n de ASOPRHOCAR, interponen recurso de casación de la sentencia\n dictada por la Corte Superior de Justicia de Tulcán, en\n el juicio laboral propuesto por el Ing. Agr. Gustavo Alfonso\n Riquetti Ochoa. Manifiestan que en el fallo que impugnan se han\n infringido las normas de los artículos 36 y 314 del Código\n del Trabajo "en relación con la cláusula quinta\n del contrato denominado contrato de trabajo, en relación\n con el Art. 2047 del Código Civil. Fundamentan su recurso\n en lo previsto en las causales primera, segunda, tercera y quinta\n del Art. 3 de la Ley de Casación. Siendo el estado del\n recurso el de resolver, para hacerlo se considera: PRIMERO: La\n competencia de esta Sala se halla radicada en virtud de lo previsto\n en el Art. 200 de la Constitución Política y por\n razón de sorteo que obra de fojas 1 de este cuaderno.\n SEGUNDO: El análisis de lo que sostienen los demandados\n en su escrito que contiene el recurso de casación permite\n a este Tribunal observar que el punto central al cual tiene que\n limitarse a conocer esta Sala es el relacionado a la falta de\n competencia de los jueces laborales en razón de que la\n actividad del demandante fue la de Gerente Administrativo y que,\n en consecuencia está sometido "al derecho común",\n según las reglas del Art. 2047 del Código Civil.\n Citan además el artículo 36 del Código del\n Trabajo que trata sobre los representantes de los empleadores\n y, menciona el precepto del Art. 314 del mismo código\n que se refiere a los mandatarios, con poder para representar\n a la empresa. TERCERO: En verdad, el contrato de trabajo celebrado\n entre el actor y demandados tiene algunas características\n muy especiales, que pueden inducir a estimar que se trata de\n un convenio mediante el cual ASOPRHOCAR otorga al demandante\n algunas facultades que exceden a una relación laboral,\n aún cuando no hay un poder para representar a la asociación.\n Debiendo eso sí destacarse que en la cláusula sexta\n del mismo, se ha estipulado en forma concreta que las partes\n "... aceptan someterse a las disposiciones legales vigentes\n y constantes en el Código del Trabajo..." (fs. 101\n a 104). Sin embargo, este Tribunal puede observar que los demandados\n en la contestación a la demanda, al proponer excepciones,\n no alegaron la incompetencia del Juez, en razón de la\n materia, como tampoco lo hicieron al contestar la solicitud de\n visto bueno pedido por el señor Riquetti. El recurso de\n casación es formal, limitativo, extraordinario y supremo,\n tiene por objeto verificar si el Tribunal que emitió el\n fallo ha incurrido en errores de derecho que, de haberlos, tienen\n que ser corregidos. En la presente litis, la Sala de alzada no\n podía pronunciarse por algo que no fue materia de excepción\n al momento de contestar la demanda. No existe pues, violación\n de norma alguna en el fallo de la Corte Superior de Justicia\n de Tulcán. Por las consideraciones anotadas, esta Sala,\n ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD\n DE LA LEY, rechaza el recurso de casación. Sin costas.\n Notifíquese.
Fdo.) Dres. Julio Jaramillo Arízaga, Teodoro Coello\n Vázquez, Magistrados y Olmedo Lupera Almeida, Conjuez\n Permanente.
Certifica.- Dr. Julio Arrieta Escobar, Secretario Relator.
RAZÓN: En esta fecha se notifica con la vista en relación\n y sentencia que anteceden al actor Gustavo Riquetti Ochoa en\n el casillero N0 1963 del Dr. Carlos Hurtado L., a la demandada\n ASOPRHOCAR, en el casillero N0 622 del Dr. Guillermo Néjer\n 1.- Quito, 24 de junio de 2003.
Certifico.- f.) Dr. Julio Arrieta Escobar, Secretario Relator.
Es fiel copia del original.- Quito, junio 30 de 2003.- f.)\n Dr. Julio Arieta Escobar, Secretario Relator.
No. 107-2003
ACTOR: Vicente Oyola Jaramillo.
DEMANDADO: Municipio de Guayaquil.
Quito, 7 de mayo de 2003; las 15h40.
VISTOS: Abg. Jaime Nebot Saadi y el Dr. Miguel Hernández\n Terán, Alcalde y Procurador Síndico Municipal del\n cantón Guayaquil, interponen recurso de casación\n de la sentencia dictada por la Cuarta Sala de la Corte Superior\n de Justicia de Guayaquil, en el juicio laboral que sigue Vicente\n Bolívar Oyola Jaramillo. Sostiene que en el fallo que\n ataca se han infringido las normas de los artículos 35,\n numeral 4 de la Constitución; y, 632 del Código\n del Trabajo. Fundamentan su recurso en lo que prescribe la causal\n tercera del Art. 3 de la Ley de Casación. Siendo el estado\n de la causa el de resolver, para hacerlo se considera: PRIMERO:\n La competencia de esta Sala se halla radicada en virtud de lo\n dispuesto en el Art. 200 de la Constitución Política\n y por la razón de sorteo que obra de fojas 1 de este cuaderno.\n SEGUNDO: El análisis del contenido del recurso, permite\n a este Tribunal observar que el único punto que objetan\n los demandados se refiere a la negativa a reconocer el pago de\n la bonificación complementaria a la pensión jubilar\n patronal, esta última, derecho imprescriptible sobre el\n cual están conformes los accionados. No así con\n la bonificación complementaria consagrada en el contrato\n colectivo. Citan al efecto, las normas de la Constitución\n Política y del Código del Trabajo para sustentar\n su oposición, aseverando que el derecho reconocido por\n la Sala de alzada sobre la bonificación complementaria,\n se encuentra prescrito. TERCERO: En verdad, la Corte Suprema\n de Justicia, mediante resolución que se encuentra publicada\n en el Registro Oficial No. 2335 de 14