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Timestamp: 2017-06-27 14:21:48
Document Index: 214323163

Matched Legal Cases: ['Artículo 2', 'artículo 39', 'artículo 19', 'Artículo 36', 'artículo 19', 'artículo 22', 'artículo 36', 'artículo 223', 'artículo 52']

Privatizacion carcelaria by Jaime Rojas - issuu
REJ – Revista de Estudios de la Justicia – Nº 17 – Año 2012ISSN 0718-0853PRIVATIZACIÓN CARCELARIA: EL CASO CHILENO
Prison privatization: the Chilean case
Isabel Arriagada Gajewski*Resumen: El contexto político, económico y social chileno de los años noventa dio
origen a un sistema de concesiones de infraestructura pública que ha sido puesto en
entredicho tanto a nivel académico como político. En particular, en lo que a este trabajo
concierne, en Chile fue implementado el “Primer Programa de Concesiones
Penitenciarias” caracterizado por la recepción del modelo francés de privatización mixta.
El marco regulatorio correlativo dio lugar a sobrecostos imprevistos, inadecuados
mecanismos de resolución de conflictos, deficiencias en las labores de fiscalización,
exorbitantes costos diarios por preso y sobrepoblación en cárceles concesionadas, entre
otras falencias. Tanto los intentos por perfeccionar el sistema como para reemplazarlo
retratan la continuidad del fortalecimiento del brazo penal estatal desplegado desde los
años noventa en adelante por los gobiernos de la Concertación de Partidos por la
Democracia, también avalado por la derecha chilena.
Palabras clave: prisiones privadas  gestión penitenciaria  penalidad neoliberal  cárceles
concesionadas.
Abstract: The chilean political, economic and social context of the 1990’s gave rise to a
public infrastructure concessions system which has since been questioned in the political
and academic spheres. In particular, with regards to the present article, Chile implemented
the “Primer Programa de Concesiones Penitenciaries” (First Penitentiary Concessions
Program) characterized by the french model of mixed privatization. The associated
regulatory framework prompted unforeseen budget overruns, inadequate conflict
resolution mechanisms, deficient oversight, exorbitant per prisoner costs and
overcrowding in privatized prisons, among other shortcomings. Both the attempts to
improve the system and the attempts to replace it demonstrate the strengthening of the
state penal system, undertaken by the governments of the Concertacion de Partidos por la
Democracia in Chile.
Keywords: private prisons  penitentiary management  neoliberal penalty  prison
concessions.1. La puesta en marcha
En 1996 debutó en Chile la Ley de Concesiones de Obras, marco normativo que,
junto a su respectivo Reglamento, amparó una nueva forma de relación contractual
con el sector privado, construida sobre la base de una asociación público-privada
*Abogada, Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile. Investigadora del
Centro de Estudios de la Justicia. Correo electrónico: iarriagada@derecho.uchile.cl.Este artículo fue recibido el 23 de noviembre del año 2012, siendo aprobada su publicación con
fecha 30 de noviembre de 2012.
147Arriagada – Privatización carcelaria: el caso chilenode largo plazo que transfiere al sector privado la inversión, construcción y
explotación de servicios públicos, según las condiciones legales y contractuales
previamente establecidas.1 En particular, el sistema chileno fue construido en base
a un modelo de tipo BOT (Built, Operate and Transfer), bajo el cual el sector privado,
contando con la supuesta capacidad técnica, humana y tecnológica para ello,
construye y opera una obra pública para luego transferirla al Estado.2
La aplicación de esta nueva normativa al ámbito carcelario requiere tener
en cuenta la estructura básica de la administración penitenciaria chilena. Ésta
confiere al Ministerio de Justicia la formulación de políticas y planes sectoriales
relativos al tratamiento penitenciario, el control de su cumplimiento, la evaluación
de sus resultados y creación de establecimientos penales y de tratamiento y
rehabilitación penitenciarios.3 En virtud de dichas atribuciones legales, el año 2000
el Ministerio de Justicia facultó al Ministerio de Obras Públicas (en adelante,
MOP) para iniciar el proceso de licitación de las obras comprendidas en el primer
“Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria”.4 El Programa
contempló que el diseño, construcción, equipamiento y operación de distintas
cárceles, clasificadas en grupos según etapas de desarrollo, se adjudicaran a una
sociedad concesionaria, permaneciendo la dirección y seguridad del
establecimiento a cargo de Gendarmería de Chile.5 De esta manera, el modelo
1Decreto Supremo MOP Nº 900, del 31 de octubre de 1996, que fijó el Texto Refundido,
Coordinado y Sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley MOP Nº 164 de 1991 y modificada el
año 2010 por la Ley Nº 20.410 del 20 de enero de 2010. Reglamento Nº 164 de 1991 modificado
por las Leyes Nº 19.252 de 1993 y Nº 19.460 de 1996; DS MOP Nº 956 de 2007 y DS MOP Nº
215 de 2010. Cabe señalar la existencia de distintos instrumentos complementarios al contrato de
concesión contemplados en la Ley y el Reglamento de Concesiones: Las pautas mínimas de diseño
y construcción, las Bases de licitación; la Oferta, el Decreto de Adjudicación y el Reglamento de
Servicio de Obra.
2 Figueroa, Juan Eduardo: “El arbitraje en los contratos de concesión de obras públicas en Chile.
Incorporación de los “Dispute Boards o Paneles Técnicos o de Expertos”. Gaceta Jurídica 350, 2009,
p. 2. Disponible en http://www.camsantiago.cl/articulos_online_3.htm [Visitado por última vez el
20 de noviembre de 2012].
3 Artículo 2 Ley Orgánica Constitucional del Ministerio de Justicia, DL 3346 de 22 de mayo de
1980 letras c), d) y l). Por su parte, la ejecución misma de la pena privativa de libertad se reglamenta
por el Decreto Supremo Nº 518 de 1998.
4 Decreto Exento Nº 572 de 30 de noviembre de 2000. El artículo 39 inciso segundo del Decreto
Supremo MOP 900 de 1996: “El Ministerio de Obras Públicas es competente para otorgar en
concesión toda obra pública, salvo el caso en que tales obras estén entregadas a la competencia de
otro Ministerio, servicio público, Municipio o empresa pública u otro organismo integrante de la
administración del Estado. En estos casos, dichos entes públicos podrán delegar mediante
convenio de mandato suscrito con el Ministerio de Obras Públicas, la entrega en concesión de tales
obras bajo su competencia, para que éste entregue su concesión, regida por esta ley. En estos casos
se entenderá incluido en dicho convenio la totalidad del estatuto jurídico de concesiones de obras
públicas, esto es, tanto el procedimiento de licitación, adjudicación y la ejecución, conservación y
explotación como las facultades, derechos y obligaciones que emanan de la ley”.
5 La competencia de dichos ámbitos se encuentra radicada en Gendarmería en virtud del artículo
tercero de su Ley Orgánica Constitucional, DL Nº 2859 de 15 de septiembre de 1979, el cual le
otorga la función de dirigir todos los establecimientos penales del país, aplicando las normas148REJ – Revista de Estudios de la Justicia – Nº 17 – Año 2012adoptado en Chile recoge el modelo mixto francés, que consiste en delegar algunas
actividades al sector privado, encargándose el Estado de cumplir las funciones de
seguridad y vigilancia de los reclusos al interior del establecimiento. Asimismo,
recoge también el modelo de leasing, ya que la empresa privada, habiendo diseñado,
construido e implementado el recinto penitenciario, debe traspasarlo al Estado
cuando éste haya pagado por los servicios prestados durante el plazo estipulado en
la convención. Dicho sea de paso, el sistema chileno difiere del modelo de
privatización estadounidense, el cual delega absolutamente la actividad
penitenciaria en el sector privado.6 De acuerdo con la estructura contractual
implementada en Chile, la empresa concesionaria adjudicataria (generalmente un
consorcio empresarial integrado por empresas de rubros como construcción,
alimentación y aseo) encarga la explotación de la concesión a una empresa
operadora, la cual ejecuta las actividades de mantenimiento de infraestructura y
equipamiento estándar, labores de seguridad y prestación de servicios de
alimentación, salud, lavandería, reinserción y economato.7 En cifras, el primer
“Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria” contempló la
construcción de diez nuevas cárceles con 372 mil metros cuadrados para alojar a
alrededor de 16.000 reclusos, alcanzando una inversión presupuestada cercana a
los 280 millones de dólares.8
Los fundamentos del modelo de concesiones chileno coinciden con los
fundamentos del sistema de privatización carcelaria a nivel comparado. La
implementación del sistema supuso la eficiencia y aptitud innovadora del sector
privado, dada su experiencia en áreas de logística y sus posibilidades de acceder a
previstas en el régimen penitenciario que señala la ley y velar por la seguridad interior de ellos, así
como custodiar y atender a las personas privadas de libertad.
6 Para un catálogo de los modelos que se han implementado de privatización carcelaria: Austin,
James y Coventry, Gary: “Emerging Issues on Privatized Prisons”, U.S Department of Justice,
2001. p. 69. Disponible en https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/bja/181249.pdf [Visitado por última
vez el 23 de noviembre de 2012]
7 Martínez, Fernando y Espinoza, Olga: “Cárceles concesionadas en Chile: ¿El camino a la
privatización?” Debates Penitenciarios 9, 2009. p. 5. Disponible en,
http://www.cesc.uchile.cl/publicaciones/debates_penitenciarios_09.pdf [Visitado por última vez el
23 de noviembre de 2012].
8 Entre otros, Arellano, Jaime: “Reforma Penitenciaria: El caso del programa de concesiones en
infraestructura penitenciaria en Chile”. En: Seminario Justicia y Gobernabilidad Democrática del Centro
de Estudios de Justicia de las Américas y Ministerio de Justicia de Chile, 2003, Santiago de Chile. p. 11.
http://www.cejamericas.org/portal/index.php/es/biblioteca/bibliotecavirtual/doc_details/2097-reforma-penitenciaria-el-caso-del-programa-de-concesiones-en-infraestructurapenitenciaria-en-chile [Última visita realizada el 23 de noviembre de 2012]. Dammert, Lucía. “El sistema
penitenciario en Chile: Desafíos para un modelo público-privado”, En Meeting of the Latin American
http://www.gencat.cat/justicia/doc/doc_10570346_1.pdf [Visitado por última vez el 23 de noviembre
de 2012]. Centro de Derechos Humanos Universidad Diego Portales, Informe Anual sobre Derechos
Humanos en Chile 2006. Santiago, Ediciones Universidad Diego Portales, 2006. pp. 35-36. Todos los
informes se encuentran disponibles en http://www.derechoshumanos.udp.cl/archivo/informe-anual/
[Visitado por última vez el 23 de noviembre de 2012]149Arriagada – Privatización carcelaria: el caso chilenomenores costos de mercado. O también, el Estado decide acudir al sector privado
con la expectativa de contar con un aliado flexible y creativo, capaz de generar
rentabilidad con la gestión penitenciaria mediante una operación más eficiente, de
mayor calidad y a un menor costo que el de las agencias gubernamentales.9 En
particular, en Chile se declaró que la alianza con el sector privado entregaría
importantes beneficios económicos –el alivio del presupuesto estatal– y sociales
–dar solución a los problemas de hacinamiento de las cárceles estatales, aumentar
los estándares de seguridad penitenciaria, implementar programas efectivos de
reinserción y rehabilitación, terminar con las indignas condiciones carcelarias del
sistema público y, de acuerdo con una percepción generalizada, hacer frente al
creciente aumento de la delincuencia en el país–.10
Por lo demás, el contexto político y económico de la iniciativa de
concesiones chilena coincide también con el de la génesis de la intervención de
privados en materia penitenciaria como política pública. La agenda de privatización
carcelaria de los gobiernos de la Concertación es coincidente con un programa
político neoliberal –como el de los gobiernos de Ronald Reagan y George Bush en
Estados Unidos y el de Margaret Thatcher en Inglaterra– que impulsa la libertad
de mercado, reduce la protección social, favorece la privatización del Estado y
relega la legitimidad y competencia del Estado a la esfera penal. En efecto, el
renovado interés por la prisión, y la intervención de capitales privados en ella, es
una deriva que armoniza, por un lado, con el abandono de la responsabilidad
social del Estado y, por otro, con el advenimiento del despliegue del brazo penal
que ha acompañado a los gobiernos neoliberales, cuyas políticas han operado
como condición de posibilidad del desarrollo carcelario y del giro punitivo que
tuvo lugar desde la década de los noventa en Chile.11
En lo que a este trabajo concierne, el análisis normativo y empírico del
modelo de concesiones chileno entrega una luz de alerta sobre distintas
disposiciones que resultaron ser puntos de conflicto a la hora de llevar a cabo la
ejecución del Programa. Para entender los ripios del proceso, a continuación
presento algunas de las disposiciones más relevantes del sistema. En primer lugar,
la Ley de Concesiones contempló que, en caso de modificarse las características de
las obras y servicios estipulados inicialmente, el Ministerio de Obras Públicas debía9Schichor, David: “Private prisons in perspective: some conceptual issues”, The Howard Journal,
Vol. 37 Nº 1. 1998. Passim.
10 Por todos, Arellano, Jaime: “Reforma” (nota 8).
11 Sobre la indicación del surgimiento de la privatización penitenciaria en la década de los ochenta:
Dolovich, Sharon: “State punishment and private prisons”, Duke Law Journal Vol. 55 Nº 3. 2005, p.
437-546. Pratt T. y Maahs J.: “Are Private Prisons More Cost-Effective Than Public Prisons? A
Meta-Analysis of Evaluation Research”, Crime and delinquency, Vol. 45 Nº 3. 1999, pp. 358-372.
Sobre la expansión del brazo penal y el recorte del brazo social del Estado, Wacquant, Loïc: Castigar
a los pobres: El gobierno neoliberal de la inseguridad social, Barcelona, Gedisa, 2010. Bernard Harcourt: The
Illusion of Free Markets: Punishment and the Myth of Natural Order, Cambridge, Harvard University
Press, 2011.150REJ – Revista de Estudios de la Justicia – Nº 17 – Año 2012compensar al concesionario de los perjuicios producto de la alteración.12 En
segundo lugar, los conflictos suscitados entre el concesionario y el Ministerio de
Obras Públicas serían elevados a conocimiento de una Comisión Conciliadora. La
Comisión tenía como propósito lograr llegar a un acuerdo entre las partes. De no
conciliarse, se otorgó al concesionario el derecho a solicitar que la Comisión
Conciliadora se constituyera en Comisión Arbitral, la cual actuaría conforme a las
normas de árbitros arbitradores, debiendo aplicar su prudencia y equidad, y no
necesariamente los estatutos legales comprometidos.13 En tercer lugar, la Ley de
Concesiones incorporó la figura de la Inspección Fiscal de Explotación (a cargo
del MOP), entidad encargada de aprobar los proyectos y supervisar el desarrollo de
la concesión.14 En cuarto y último lugar, la Ley estableció un sistema de pagos por
subsidio fijo y subsidio variable por parte del Estado y un mecanismo de
compensación (a cargo del MOP) en caso de que el número de internos de una
instalación concesionada superase el límite máximo de 120% de su capacidad
(compensación por sobrepoblación).15
En lo que sigue, luego de esta descripción sumarísima, trataré de ilustrar la
manera en que la aplicación de este régimen jurídico cobra relevancia en el
posterior descalabro del sistema de concesiones penitenciarias.16 De manera
íntimamente vinculada, daré cuenta del inadmisible desempeño que habrían de
tener los agentes privados en Chile, tanto en el crecimiento de la infraestructura
penitenciaria como en las demás labores concesionadas. Por último, efectúo un
breve examen de los anuncios del actual gobierno sobre su política penitenciaria.
2. Cárceles concesionadas en retrospectiva
Como se describiera más arriba, el Programa dividió su ejecución en grupos de
cárceles. El Grupo 1 incluyó la construcción, ejecución, conservación y explotación
12El inciso primero del artículo 19 de la Ley de Concesiones en 1996 disponía: “El Ministerio de
Obras Públicas, desde que se perfeccione el contrato, podrá modificar, por razones de interés
público, las características de las obras y servicios contratados y, como consecuencia, deberá
compensar al concesionario con las indemnizaciones necesarias en caso de perjuicio, acordando
con aquél indemnizaciones que podrán expresarse en el plazo de la concesión, en las tarifas, en los
aportes o subsidios o en otros factores del régimen económico de la concesión pactados, pudiendo
utilizar uno o varios de esos factores a la vez”.
13 Artículo 36 de la Ley de Concesiones sin las modificaciones introducidas en el año 2010.
14 Sus atribuciones se encuentran enumeradas en los artículos 29 y 30 de la Ley de Concesiones sin
las modificaciones introducidas en el año 2010.
15 La multa, en el detalle, asciende a 100 UTM por cada interno diario por sobre el límite
16 La extrema complejidad del problema sobre la flagrante desprotección en que se encontraron las
pequeñas y medianas empresas subcontratistas de las concesionarias, requiere de una detención que
excede las competencias de este trabajo. Baste por ahora señalar que los problemas que se
suscitaron motivaron la introducción de distintas modificaciones a través de la ley 20.410 relativas
al régimen de subcontratación.151Arriagada – Privatización carcelaria: el caso chilenode establecimientos penitenciarios en Iquique (Alto Hospicio), La Serena
(Huachalalume) y Rancagua (sector La Gonzalina). El año 2002 se adjudicó el
contrato a las sociedades Besalco, Astaldi S.A. y Sodexho, asociadas bajo el
consorcio BAS S.A., cuya operadora fue la empresa SIGES. Para ello se otorgó un
presupuesto oficial aproximado de 2.800.000 UF y el término de la concesión se
programó para el año 2026.17 Luego de sucesivos conflictos referidos a los
sobrecostos de las obras no contempladas inicialmente y luego de haberse
condenado al MOP a efectuar pagos adicionales a la concesionaria, el Grupo 1
inició sus operaciones de manera definitiva el año 2006. El Grupo 2 contempló las
tareas de construcción, equipamiento y operación de dos instalaciones, los Centros
de Cumplimiento Penitenciario Bío Bío y Antofagasta. La concesión fue
adjudicada el año 2002 a las empresas Besalco S.A., Torno Internazionale S.p.A. y
Sodexho Chile S.A., constituida como sociedad concesionaria BAS DOS S.A. El
presupuesto inicial ascendió a la suma de 1.800.000 UF y el término de la
concesión fue programado para el año 2025.18 En cuanto a la cárcel de
Antofagasta, luego de sucesivas controversias por sobrecostos entre el MOP y la
concesionaria, el contrato de concesión fue extinguido de mutuo acuerdo por las
partes.19 Ya en el año 2010, luego de un tortuoso proceso de relicitación bajo la
modalidad OT (Operate and Transfer),20 se adjudicó la operación de las cárceles a la
empresa Sodexho Chile S.A.21 Aunque se anunció que la cárcel de Antofagasta
entraría en operación el año 2011, la Oficina de Informaciones, Reclamos y
Sugerencias del Ministerio de Justicia informó, para los efectos de este artículo,
que aquella se encuentra en su fase de habilitación para entrar en operación el
primer semestre de 2013, “de no mediar contratiempo alguno”.22 Finalmente, la
operación del Grupo 3, integrado por los complejos penitenciarios Santiago Uno,
Valdivia y Puerto Montt, fue adjudicada a la sociedad Vinci Construction Grand
17 Decreto Nº 618 del MOP de 28 de marzo de 2002. Cabe advertir que el monto del presupuesto
inicial aquí referido debe considerarse, al menos a efectos de este trabajo, como un dato meramente
ilustrativo. Para contar con mayor precisión en el cálculo de los montos desembolsados por el
Ministerio de Justicia, debiesen sumarse a dicho monto, y esto vale para todos los grupos
carcelarios, el pago del impuesto al valor agregado, el pago por subsidio fijo a la contratación, el
pago por subsidio fijo a la operación, el pago subsidio operación variable y pagos adicionales. Sin
embargo, basten estos datos para ilustrar el contraste, que aquí se pretende exponer, entre el
presupuesto inicial y los pagos por sobrecostos relatados en el cuerpo del documento. Cabe
destacar que el plazo inicial presupuestado en el grupo 1 fue de 40 meses, luego modificado por
D.S. MOP Nº 132 de 06 de marzo de 2009.
18 Decreto Nº 2191 del MOP de 06 de diciembre de 2002 (Derogado)
19 Decreto Supremo MOP Nº 868 de 29 de septiembre de 2006.
Frei, Jorge: “Seminario regional. Sistema penitenciario concesionado: desafíos y realidades
regionales”. Rancagua, Gobierno de Chile-Ministerio de Justicia, 2009. Disponible en,
http://www.concesiones.cl/publicacionesyestudios/seminariosytalleres/Documents/sistema%20p
enitenciario%20concesionado_jorge%20frei.pdf [Visitado por última vez el 20 de noviembre de
21 Decreto Nº 119 del MOP de 17 de abril de 2010.
22 Información disponible en,
http://oirs.minjusticia.gob.cl/respuestas/oirs-v788--120844__.doc.pdf [Visitado por última vez el
día 23 de noviembre de 2012].152REJ – Revista de Estudios de la Justicia – Nº 17 – Año 2012Projects, cuya operación estuvo a cargo de la empresa COMPASS. El presupuesto
oficial contempló un monto de 2.750.000 UF, posteriormente modificado
mediante el recurso a los denominados convenios complementarios. El inicio de la
concesión fue programado para el año 2004, pero la puesta en marcha definitiva de
las obras tuvo lugar el año 2007.23
El punto de partida en esta revisión de los aspectos más significativos
sobre la evolución de las cárceles concesionadas en Chile tiene como base el
Informe de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados del año 200824
(en adelante, el Informe de la Comisión Investigadora) y el Informe nº 291/09
elaborado por la División Auditoría Administrativa Área Administración General y
Defensa Nacional de la Contraloría de la República (en adelante, el Informe de
Contraloría),25 el que da cuenta de los estados técnico, financiero y contable de los
penales concesionados Grupos 1 y 3. Ambos informes pasan revista a los
principales hitos de la trayectoria del sistema de cárceles concesionadas, las
dificultades en las que se vio envuelta y las irregularidades que la han aquejado y
aquejan.23Decreto MOP Nº 90 de 02 de abril de 2004. Resumen disponible en,
http://www.piappem.org/file.php?id=228 [Última consulta realizada el día 23 de noviembre de
24 Con el objetivo de estudiar el proceso de concesiones carcelarias, el año 2008 fue constituida una
Comisión Especial Investigadora en la Cámara de Diputados (en adelante, Comisión
Investigadora). El día 19 de marzo de 2008, la Cámara de Diputados dispuso “[l]a creación de una
comisión especial investigadora con el objetivo de que, en un plazo no superior a 120 días, estudie
el proceso de concesiones carcelarias impulsado por la anterior Administración, determinando las
responsabilidades públicas involucradas, el perjuicio económico para las pequeñas y medianas
empresas que participaron en estas obras, además del impacto negativo generado en materia de
seguridad ciudadana a raíz del incumplimiento de los plazos y metas trazadas bajo el objetivo de
elaborar propuestas tendientes a mejorar el mencionado proceso y de informar a la ciudadanía
respecto de la realidad carcelaria de Chile”. Informe de la Comisión Especial Investigadora sobre el
proceso de concesiones carcelarias (2008). p. 1. En adelante, Informe de la Comisión Especial
Investigadora. Disponible en www.camara.cl/pdf.aspx?prmID=92&prmTIPO=INVESTIGAFIN
[Visitado por última vez el 23 de noviembre de 2012]. El informe fue presentado ante la Cámara de
Diputados en la 356ª Legislatura. Sesión 116ª Ordinaria de 16 de diciembre de 2008.
25 Informe Nº 291/09 elaborado por la División Auditoria Administrativa Área Administración
General y Defensa Nacional de la Contraloría de la República. Informe disponible en
http://www.contraloria.cl/basesdocumentales/bifaPortalCGR.nsf/31F6D80425A87A8D842576E
A00069BFE/$File/INFORME%20FINAL%2029109%20GENDARMERIA%20DE%20CHILE%20PROGRAMA%20DE%20CONCESIONES%
20DE%20INFRAESTRUCTURA%20PENITENCIARIA-MARZO%202010.pdf?OpenElement
[Visitado por última vez el 23 de noviembre de 2012]. Cabe señalar que el documento no
contempla el detalle de la operación del Grupo 2. Ello se debería a que, a la época de su
elaboración, se habría encontrado extinta dicha concesión.153Arriagada – Privatización carcelaria: el caso chilenoa) “Lo barato cuesta caro”: el problema de los sobrecostos
Ya adelantado someramente, al menos hasta el año 2010, el pago de costos no
previstos constituyó uno de los principales problemas para el Ministerio de Obras
Públicas, organismo sujeto a la obligación de consignar enormes montos a las
entidades concesionarias por concepto de obras adicionales. Esto, pese a las
prevenciones normativas que limitaban el monto de las inversiones sobrevinientes
en un máximo de 15% y que imputaban a la concesionaria a su costo y riesgo la
ejecución de las obras requeridas para obtener los niveles de servicio exigidos.26 En
general, la forma en que se han establecido dichos pagos ha sido vía
renegociaciones bilaterales, suscritas mediante convenios complementarios, o a
través de condenas dictadas en procesos arbitrales.
En el Grupo 1, por ejemplo, las controversias suscitadas entre el MOP y la
sociedad concesionaria, referidas a los sobrecostos de las obras no contempladas
inicialmente, fueron puestas en conocimiento de la Comisión Conciliadora. Luego,
dado no haberse llegado a acuerdo entre las partes, el conflicto fue sometido a
conocimiento de la Comisión Arbitral. El arbitraje falló a favor de la concesionaria,
ordenándole al MOP extender el plazo de la etapa de explotación y concesión y
pagar los costos adicionales en los que la concesionaria tuvo que incurrir. La
condena ascendió a más de 2.400.000 UF, correspondientes a aproximadamente
un 80% adicional a lo contemplado por la inversión inicial, concluyendo en un
valor final de 47 UF por metro cuadrado construido.27 En el caso del Grupo 2, las
controversias por sobrecostos entre el MOP y la concesionaria tomaron un rumbo
más grave. La Comisión Conciliadora, primera instancia compositiva, decretó
sucesivas órdenes de no innovar, paralizando las obras y forzando indirectamente
a las autoridades a negociar con la empresa concesionaria, BAS DOS. Finalmente,
una vez constituida como Comisión Arbitral, la instancia propuso una conciliación26El artículo 19 de la Ley de Concesiones en su inciso segundo establece: “Las bases de licitación
establecerán el monto máximo de la inversión que el concesionario puede estar obligado a realizar
(…), así como el plazo máximo dentro del cual el Ministerio podrá ordenar la modificación de las
obras en concesión. Si las bases nada dicen a este respecto, el monto máximo de estas nuevas
inversiones no podrá exceder el 15% del monto total de la inversión inicial efectuada por el
concesionario (…)”. Y el artículo 22 de la Ley de Concesiones, en su versión inicial, en el numeral
segundo disponía: “Las obras se efectuarán a entero riesgo del concesionario, incumbiéndole hacer
frente a cuantos desembolsos fueren precisos hasta su total terminación, ya procedan de caso
fortuito, fuerza mayor, o de cualquier otra causa. El Fisco no será responsable de las consecuencias
derivadas de los contratos que celebre el concesionario con los constructores o suministradores”.
27 Acta de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. 358ª Legislatura. Sesión 57ª
Ordinaria de 21 de diciembre de 2010. p. 19 y siguientes. La Comisión se constituyó en
investigadora para analizar y pronunciarse sobre las eventuales responsabilidades políticas y
administrativas en el incendio que afectó el Centro de Detención Preventiva San Miguel, así como
también acerca de la forma en que ha operado en las últimas dos décadas el proceso de
construcción y modernización de los recintos penitenciarios. Para tales efectos, se recibió al, en ese
entonces, Ministro de Justicia, Felipe Bulnes, y al Director Nacional de Gendarmería de Chile, Luis
Masferrer.154REJ – Revista de Estudios de la Justicia – Nº 17 – Año 2012y un convenio de extinción del contrato.28 Los términos de la conciliación
obligaron al MOP a pagar un monto de 1.658.000 UF, que representó un 92% del
presupuesto inicial de las obras, alcanzando un valor de 80 UF el metro cuadrado.
Dicho sea de paso, por no existir norma legal en contrario, la nueva licitación
adjudicó a Sodexho la construcción y operación de las obras, misma empresa rival
del MOP en el reciente conflicto.29 En cuanto al Grupo 3, nuevamente la presencia de
conflictos por sobrecostos obligó al MOP a modificar las condiciones iniciales del
proyecto, sumándose el recurso a los denominados convenios complementarios30 bajo
los cuales el MOP convino pagar 980.000 UF, representativos de más del 30% del
monto inicial proyectado y que dio lugar a que cada metro cuadrado alcanzara 32 UF
de valor.31
Se discute cuál sería la raíz del problema de los sobrecostos. Algunos han
sostenido que su origen se encuentra en las normas de licitación, ya que éstas
adjudicarían la concesión al oferente con la propuesta de menor costo. Así
entonces, una vez enfrentado a obras de baja calidad, el MOP se ve forzado a
alterar el diseño inicial de los proyectos y, por ende, a renegociar con la
concesionaria.32 Otros sostienen que el origen del problema radicaría en el carácter
improvisado y poco prolijo de los diseños iniciales elaborados por el MOP, lo que
habría derivado en que el MOP impusiera a las concesionarias el deber de realizar
modificaciones durante el transcurso de la ejecución de la obra.33
Por lo demás, el problema de los sobrecostos no solo ha afectado a las
concesiones penitenciarias, sino al sistema de concesiones en general. Un estudio
publicado por el Centro de Estudios Públicos el año 2009 afirma: “Si se considera
que el presupuesto original de las 47 obras concesionadas (…) era de 8.460
millones de dólares, se concluye que un 25% de los 11.270 millones de dólares
invertidos en infraestructura mediante el sistema de concesiones fue agregado
después de la adjudicación del proyecto, sin un proceso de licitación
competitiva”.34 El mismo estudio sostiene que, en presencia de un sistema de
28Aprobado por el Decreto Nº 868 del MOP de 23 de octubre de 2006.
Decreto 119 del MOP de 17 de abril de 2010. Esta adjudicación es aún más preocupante,
existiendo informes internacionales que delatan a Sodexho como un mediocre operador de cárceles
privadas. “Sodexo’s Global Prison Work: Stop the Cycle of Rewarding a Bad Player”. Service
Employees International Union. Septiembre 2010. [Retirado de la WEB]
30 Decreto Nº 720 MOP de 29 de diciembre de 2007.
31 Acta de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. (nota 27) p. 20.
32 En palabras de Ramiro Mendoza, contralor de la República, transcritas en el Informe de la
Comisión Investigadora: “El reglamento establece que se debe adjudicar al proyectista más barato.
En consecuencia, señaló, siempre se adjudican malos proyectos en materia de construcción de obra
pública. Ahora bien, como el proyecto es malo, necesito enderezar la carga en el camino, y para ello
se requieren mayores obras”. Informe de la Comisión Especial Investigadora. (nota 24) p. 81.
33 Javier Hurtado: “Ley de concesiones y sobreprecios”. Diario El Mercurio, Santiago, Viernes 7 de
enero de 2011, “Cartas al Director” Cuerpo A, p. 2.
34 Engel et al.: “Renegociación de concesiones en Chile”, Estudios Públicos 113, Centro de Estudios
Públicos, 2009, p. 153.
29155Arriagada – Privatización carcelaria: el caso chilenorepactaciones no competitivas, la capacidad de la concesionaria para renegociar
contratos y hacer lobby puede incluso ser más rentable que su eficiencia técnica al
momento de la adjudicación.35 Adicionalmente, la revisión continua de las
condiciones iniciales de contratación introduce incentivos perversos en el sistema
de concesiones. De ser contempladas con anticipo, las renegociaciones inducen la
presentación de posturas de licitación distorsionadas, inhiben la elaboración de
proyectos de diseño óptimo, desincentivan la minimización de costos de obras
extraordinarias, y pueden llegar a generar rentas inauditas. Aún más, dado que las
compensaciones fiscales generalmente son de cargo de la administración
gubernamental siguiente y ya que el sistema permite un endeudamiento fiscal al
margen de los mecanismos presupuestarios usuales, las modificaciones
sobrevinientes estimulan la irresponsabilidad de la administración de turno,
generando inconsistencias presupuestarias temporales y fomentando el uso del
aparato de concesiones con fines electorales. 36
La experiencia de las concesiones carcelarias fue fiel reflejo de los
resultados perversos del mecanismo de renegociaciones. La Comisión
Investigadora de la Cámara de Diputados y la misma Contraloría de la República
hicieron un llamado de atención sobre los excesivos y elevados desembolsos que
debió realizar el Fisco para afrontar las exigencias de las sociedades concesionarias.
Las palabras del Ministro de Obras Públicas de la época, Eduardo Bitrán, son
ilustrativas: “Se generó una cultura del litigio para exprimir al Fisco, exacerbado
por una ley y un marco que en nada apoyaba la posición del Estado”. 37
b) Una balanza inclinada
El mecanismo compositivo consagrado en la Ley de Concesiones forma parte de
las numerosas trabas del proceso que aquí se describe. En un principio, el sistema
de Comisiones (Conciliadora y Arbitral) fue concebido para que el Estado actuara
en plano de igualdad con las concesionarias con el objetivo de “evitar eventuales
modificaciones arbitrarias que el Estado pudiera adoptar en un acto de autoridad,
[fuera] durante el período de construcción o de explotación de la obra”.38 Sin
embargo, el sistema derivó en la captura del Estado y en una posición privilegiada
para las empresas concesionarias.39 Esto porque, entre otras facultades, la
Comisión Conciliadora tenía competencia para conocer y resolver de la suspensión
35Ibíd. p. 154. Nota al pie Nº 5.
Ibíd. p. 190.
37 Informe de la Comisión Especial Investigadora. (nota 24) p. 52.
38 Figueroa, Juan Eduardo: “El arbitraje”, (nota 2) p.3.
39 El artículo 36 Ley de Concesiones dispuso que las controversias sobre la interpretación y
aplicación de los contratos de concesión fueran resueltas por una Comisión Conciliadora
compuesta por tres miembros: un juez designado por el MOP, un juez designado por la
concesionaria y un juez designado de común acuerdo. En caso de no llegarse a conciliación entre
las partes, la misma instancia actuaría en calidad de Comisión Arbitral, con facultades de árbitro
arbitrador, permitiéndole fallar de acuerdo con su prudencia y equidad y no siendo su resolución
36156REJ – Revista de Estudios de la Justicia – Nº 17 – Año 2012de la concesión.40 Dada esta facultad, las concesionarias podían promover la
paralización de las obras, con lo que las autoridades políticas se vieron en la
disyuntiva entre incumplir con las promesas políticas de construcción o renegociar
con las concesionarias.41-42 Optando por la renegociación, el sistema desembocó
en el llamado al pozo sin fondo del presupuesto fiscal y en el pago de sumas
exorbitantes a los contratistas.
Así entonces, en su calidad de contraparte de una negociación forzada, el
MOP se vio sometido a un método de resolución de conflictos ajeno a los
equilibrios legales y reglamentarios previamente establecidos. Esta situación ha
sido descrita como Hold up risk, en la cual el Estado se ve secuestrado por las
agencias privadas, debido a la imposibilidad de poner terminación anticipada al
contrato de concesión.43 A esto se suma que los miembros de la Comisión
Arbitral, en su calidad de árbitros arbitradores, conociendo de la controversia,
omitieron en general la aplicación de la Ley de Concesiones y las Bases de
Licitación, concluyendo en cuantiosas condenas en contra de los intereses
fiscales.44 Con ello no solo el presupuesto fiscal mermaba, sino también la
posibilidad de generar una competencia equitativa entre los proponentes de la
licitación, quienes ven perjudicada su posición de igualdad ante la ley. No
existiendo fallos predecibles, la carrera por la concesión se compite con los ojos
c) Inspectores fiscales: problemas en infraestructura y servicios
El examen técnico de los complejos penitenciarios reveló la promesa incumplida
de una infraestructura en condiciones adecuadas. La descripción de las fallas es
extensa.45 El Informe de la Comisión Investigadora dio cuenta de que en Iquique,
la cárcel de Alto Hospicio presentaba desaplomes, desplazamientos en los muros
de los patios, afloramientos de humedad, filtraciones en distintos módulos, un
40Figueroa, Juan Eduardo: “El arbitraje” (nota 2), p.5.
Similar situación se presentó cuando la Comisión Arbitral, encargada de dar solución a las
controversias entre el MOP y BAS DOS, ordenó no innovar respecto de las obras en Antofagasta y
Concepción, dictaminando su paralización.
42 Particularmente ilustrativas resultan las declaraciones del ex ministro de Obras Públicas, Eduardo
Bitrán y el contralor de la República, Ramiro Mendoza. Ambas disponibles en Informe de la
Comisión Especial Investigadora. (nota 24) pp. 51 y ss.
43 Bitrán, Eduardo y Villena, Marcelo: “El nuevo desafío de las concesiones de obras públicas en
Chile: Hacia una mayor eficiencia y desarrollo institucional”. Estudios Públicos 117, 2010. pp. 198.
44 De acuerdo al artículo 223 del Código Orgánico de Tribunales son árbitros arbitradores aquellos
que en su procedimiento se atienen a las normas que establecen las partes y fallan conforme a su
prudencia y equidad.
45 Las fallas que a continuación se relatan se encuentran descritas en los Informes de la Comisión
Especial Investigadora (nota 24), p. 39 y siguientes, y Contraloría (nota 25). Cabe advertir que
ambos informes incorporan también críticas a la labor realizada por Gendarmería, servicio con
precarios recursos y escasa dotación de personal, que se convirtió en uno de los principales “chivos
expiatorios” de las concesionarias.
41157Arriagada – Privatización carcelaria: el caso chilenodéficit generalizado en los niveles de terminación e irregularidad en superficies de
muros y pavimentos. En entrevista con dirigentes de la Asociación Nacional de
Funcionarios Penitenciarios (ANFUP), los investigadores del Centro de Derechos
Humanos de la Universidad Diego Portales fueron informados el año 2007 de la
mala calidad del suelo de la construcción y de la precariedad de las condiciones de
seguridad originada por el fenómeno de la camanchaca, que impide dar visibilidad
al recinto.46 En el establecimiento de Huachalalume se observaron desaplomes de
muro, filtraciones en baños y equipamiento con artefactos quirúrgicos discordes a
la normativa sanitaria. En Rancagua, pese a la periodicidad del mantenimiento, se
dio cuenta de la irregularidad en muros y pavimentos, desaplomes y filtraciones de
aguas lluvias en los módulos de mujeres y lactantes. En Santiago Uno, no obstante
existir mantenimiento constante de las instalaciones, se apreciaron similares
irregularidades. El Informe de la Comisión relata que, en Valdivia, el penal
presentaría grietas y fisuras, saturación de humedad, ineficiente evacuación de
aguas lluvias, filtraciones, desprendimientos de pavimento y anegación.
Finalmente, en Puerto Montt también se observaron fisuras y grietas,
desprendimientos y saturación de aguas lluvias. Además, los establecimientos de
Iquique, Valdivia y Puerto Montt fueron puestos en marcha de manera definitiva
sin atender a las observaciones efectuadas por los funcionarios expertos,
vulnerando así las normas de procedimiento contenidas en las Bases de Licitación.
A las precarias condiciones técnicas en la infraestructura se suma la
desafortunada calidad de los servicios entregados por las concesionarias. En
cuanto a la alimentación, pese a señalarse existir regularidad general en el
cumplimiento de la obligación de entrega de alimentos, se constataron distintas y
graves anomalías que merman su cabal observancia. Se observa que en Alto
Hospicio el hacinamiento impediría realizar adecuadamente la entrega de
alimentos. En Santiago Uno se constató la existencia de reclamos por atrasos en la
entrega de la alimentación a funcionarios e internos, entrega de alimentos en
estado de fermentación, descomposición o con insectos, incumplimiento en la
preparación y entrega de dietas, falta de manipuladores de la Concesionaria para la
entrega del servicio, porcionamiento inadecuado, aseo deficiente, alteraciones de
régimen de diabéticos o, incluso, ausencia de cumplimiento en el servicio en
distintos módulos.47 En el Grupo 3, el Informe advierte que, dado que Gendarmería
no lleva a cabo la labor de fiscalizar la entrega oportuna de alimentación, no
existen registros que permitan confirmar el cumplimiento de esta obligación por
parte de la concesionaria.48 Además, aunque no incluido en los Informes, la prensa
da cuenta de las denuncias que habrían realizado los funcionarios de Gendarmería
por la aparición de gusanos y otros elementos extraños en la comida en la cárcel de46Centro de Derechos Humanos Universidad Diego Portales, Informe Anual sobre Derechos
Humanos en Chile 2007. Hechos 2006. Santiago, Ediciones Universidad Diego Portales, 2007.
47 Informe de Contraloría (nota 25). Anexo 5.
48 Ibíd. p. 23.158REJ – Revista de Estudios de la Justicia – Nº 17 – Año 2012Puerto Montt.49 Sobre el aseo y control de plagas, algunos de los penales acumulan
basura y desperdicios en lugares no habilitados para ello, como accesos de visitas y
garitas de vigilancia, y presentan un deficiente nivel de limpieza general.50 Sobre la
atención médica, particular gravedad presentó el examen de la situación del equipo
médico de Santiago Uno. De acuerdo con el análisis de su situación laboral, los
cuatro profesionales habrían estado contratados tanto por la concesionaria como
por el Hospital Penitenciario de Gendarmería, ejerciendo labores simultáneas en
ambos recintos, durante imposibles jornadas de trabajo. Se suma a ello que las
concesionarias, a la fecha de elaboración del Informe de la Comisión, no habrían
implementado el sistema electrónico de la ficha clínica por preso y no existirían
registros certeros sobre la atención médica recibida por la población reclusa.51
Sobre los servicios de lavandería, en general, se informa de una subutilización de
los recursos y, con ello, de un perverso desincentivo al equipamiento en ropa de
cama. El testimonio del reverendo Luis Egaña, capellán de la cárcel de Rancagua,
es explicativo: “La concesionaria solo entrega dos frazadas porque es el peso que
puede lavar por cada interno”.52
Sobre la rehabilitación y la reinserción, los avances en este camino son
inciertos. El Informe de Contraloría señala no constar coordinación con
Gendarmería en la elaboración de fichas técnicas asociadas a cada preso ni existir
espacios suficientes para instalar a los profesionales para el desarrollo de sus
programas de reinserción.53-54 Tampoco, en ninguno de los penales concesionados,
existiría una medición de los recursos destinados a este aspecto.55 Sobre los
programas en particular, se observa un incumplimiento de las Bases de Licitación;
las infracciones van desde la omisión en la dictación de los talleres como en el
déficit de participación de la población reclusa.56 Tampoco se conocen
evaluaciones independientes que den cuenta de un aumento en las posibilidades de
reinserción de internos alojados en cárceles concesionadas.57 Por lo tanto y a la
fecha, no es posible determinar fehacientemente si la población penal recluida en
49Cárcel de Puerto Montt en la polémica tras aparición de gusanos y otros elementos extraños en la
comida. Información disponible en http://www.biobiochile.cl/2010/02/25/carcel-de-puertomontt-en-la-polemica-tras-aparicion-de-gusanos-y-otros-elementos-extranos-en-la-comida.shtml
[Visitado por última vez el 23 de noviembre de 2012].
50 Informe de Contraloría, (nota 25). pp. 30-31.
51 Ibíd., p. 33.
52 Informe de la Comisión Especial Investigadora, (nota 24) p. 94.
53 Informe de Contraloría, (nota 25). pp. 35-42.
54 La división de funciones aquí muestra su peor cara. La falta de coordinación entre las empresas
concesionarias y la administración penitenciaria ha derivado en dificultades de identificación de los
internos, ausencia de registro del número de reclusos y falta de control sobre ingresos y egresos en
la instalación. En el mismo sentido, Martínez, Fernando y Espinoza, Olga, (nota 7), p. 10.
55 Informe de Contraloría, (nota 25). p. 57.
56 Así por ejemplo, en Alto Hospicio, al curso “Aseo Industrial I” impartido el año 2008 solo
asistieron cuatro presos, siendo de diez presos el mínimo de asistencia requerido. Informe de
Contraloría, (nota 25) p. 39.
57 Informe de Contraloría, (nota 25). pp. 39 y ss.159Arriagada – Privatización carcelaria: el caso chilenolas instalaciones concesionadas logra, luego del cumplimiento de su condena, una
efectiva inserción en la sociedad.58 Se suma a estos problemas que, como observa
la Comisión Investigadora, el diseño de la infraestructura y la precariedad de las
condiciones de vida en los penales concesionados habrían dado origen a un modo
de vida ajeno a la sociabilidad carcelaria, circunstancia que habría dado motivo de
la ola de suicidios en la cárcel de Rancagua (19 intentos de suicidio, de los cuales 7
se concretaron), Alto Hospicio y Huachalalume. 59
Al constatarse las condiciones físicas y operacionales de los recintos
concesionados se cierne una sombra de duda sobre la efectividad de la labor de
supervisión de los Inspectores Fiscales. En palabras de la Comisión Investigadora:
“la reincidencia de algunas observaciones efectuadas en fiscalizaciones anteriores,
demuestran insuficiencia de los controles aplicados por las Inspecciones Fiscales y
sus Asesorías para detectar oportunamente defectos o inobservancias en los planes
de autocontrol de las concesionarias”.60 Acto seguido, constatadas las irregularidades
en la labor de supervisión, tanto Contraloría como la Comisión Investigadora
afirmaron poder configurarse responsabilidad por falta de probidad respecto de los
Inspectores Fiscales involucrados.61 Con esto se vuelve relevante el debate sobre el
rol que debe tener la fiscalización estatal respecto de las prestaciones públicas
proveídas por el sector privado. Según algunos, las falencias de la gestión privada
pueden ser subsanadas mediante una adecuada labor de control y supervisión por
parte de las agencias públicas.62 Sin embargo, a ello se ha respondido que la
viabilidad de una adecuada gestión fiscalizadora es altamente improbable; los
recursos generalmente se destinan a nuevas inversiones y obras, sin existir
incentivos para mantener una labor constante de monitoreo; la fiscalización es
difícil de implementar dada la diversidad de actividades que se llevan a cabo en un
recinto penal; expone al sistema a la corrupción o soborno de los funcionarios58 El listado de falencias suma y sigue. En particular y analizados de manera pormenorizada, el
informe dio cuenta de impresentables desórdenes financieros y administrativos de las
concesionarias, incumplimiento o retardo en los reintegros, ausencia de registros, inexistente
control sobre el equipamiento estándar, entre otras. Informe de Contraloría, (nota 25) pp. 41 y
59 Al respecto, Centro de Derechos Humanos Universidad Diego Portales. (nota 46) p. 44. Informe
de la Comisión Especial Investigadora. (nota 24) p. 102.
60 Informe de la Comisión Especial Investigadora. (nota 24) p. 46.
61 Ibíd., La responsabilidad podría configurarse a partir de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, N° 18.575, cuyo
texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el DFL 1/19.653, de 2000, del
Ministerio Secretaría General de la Presidencia.
62 Así, por ejemplo, en un persuasivo análisis, Martha Minow propone una fuerte labor de
fiscalización en caso de privatizar la provisión de servicios educacionales, penitenciarios y sociales,
con el propósito de contrarrestar los peligros de la intervención privada. Minow, Martha. “Public
and Private Partnerships: Accounting for the New Religion”. Harvard Law Review Vol. 116 Nº 1229,
2003. p. 1242.160REJ – Revista de Estudios de la Justicia – Nº 17 – Año 2012públicos; y se enfrenta con la posibilidad de que las concesionarias se muestren
reacias a entregar información transparente y fidedigna.63
d) Costos por preso y sobrepoblación en las cárceles concesionadas
Los contratos de concesión contemplaron que el Estado efectuase el pago de
subsidios de tipo fijo y variable por determinado período, al cabo del cual puede
retomar la administración del penal. Los subsidios fijos tienen el propósito de
financiar los costos de construcción y operación, mientras que el subsidio
indicador de pago variable contempla pagos de acuerdo con el número de internos
que pernoctan en la instalación. De las reglas del mecanismo de pagos se siguen
conclusiones elementales. Sea cual fuere el número de internos, el Estado siempre
deberá entregar a la concesionaria un monto fijo, razón por la cual, a los ojos de
los intereses fiscales, siempre será conveniente mantener el número máximo de
internos permitido por instalación. Lo contrario significa una subutilización de la
inversión estatal. A los ojos de la concesionaria, mientras mayor sea el número de
internos, mayor será el pago por subsidio variable, razón que incentiva la retención
de internos por penal y, como correlato, desincentiva su liberación.64 El fenómeno,
apunta Eric Schlosser, sería equivalente a la lógica de la industria hotelera: tal
como un hotel, la cárcel tiene fuertes incentivos para tener reservadas todas sus
habitaciones y para alentar a cada huésped a permanecer tanto como sea posible.65
El aliciente es aún más intenso si se considera que, de acuerdo con las Bases de
Licitación, el Estado chileno debe pagar una multa de 100 UTM diarias cuando la
63Al respecto, White, Ahmed: “Rule of law and the limits of sovereignty: the private prison in
jurisprudential perspective”, The American Criminal Law Review. Vol. 38 Nº 1. 2001, p. 136 y p. 140.
Aman Jr., Alfred C.: “Privatization, prisons, democracy, and human rights: The need to extend the
province of administrative law”, Indiana Law 33, 2005, p. 528. Legal Studies Research Paper Series.
p. 533 y ss. Sobre la situación en Chile, se ha sostenido que el acceso a información pública no es
un deber que se restrinja a órganos públicos, sino que incluiría a todo órgano cuya función
estuviera asociada al interés público: “La función pública no debe confundirse con la función
estatal, ya que en Chile son múltiples los casos en que, mediante concesiones, empresas privadas
ejecutan fines propios del Estado, por lo que también ejercen una función pública. Tal es el caso,
por ejemplo, de las cárceles concesionadas”. Centro de Derechos Humanos Universidad Diego
Portales, Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile 2010. Santiago, Ediciones Universidad
Diego Portales, 2010. p. 148. Aún así, el hermetismo en el funcionamiento de las prisiones es
considerado un problema estructural a todo sistema carcelario. Al respecto, Centro de Derechos
Humanos Universidad Diego Portales. (nota 46) p. 52.
64 Del testimonio del capellán Luis Egaña se desprende que los internos encuentran restringida su
posibilidad de solicitar salida dominical, toda vez que, según relata, la concesionaria pierde dinero
por cada interno diario que se ausenta de la unidad. Informe de la Comisión Especial
Investigadora. (nota 24) p. 94.
65 Schlosser, Eric: The Prison-Industrial Complex, [En línea] Atlantic Monthly, 1998. Disponible en
http://www.theatlantic.com/magazine/archive/1998/12/the-prison-industrial-complex/4669
[Visitado por última vez el 12 de noviembre de 2012]. Por lo demás, la concreción de estos
intereses, según algunos, traería consigo una amplia variedad de estrategias y maniobras políticas
orientadas a influir en el gobierno y/o en el Congreso con el fin de generar decisiones favorables a
los intereses privados.161Arriagada – Privatización carcelaria: el caso chilenopoblación penal excede en un 120% la capacidad de la instalación. En los hechos,
el exceso de reclusos en el año 2008 derivó en el pago, por parte del Ministerio de
Justicia, de una compensación por multas ascendente a $ 346.511.900.66 Al año
2008, época en que se presentó el Informe de Contraloría, el siguiente habría sido
el detalle respecto de los costos totales, mensuales y diarios por preso en cada una
de las instalaciones de los Grupos 1 y 3.
TABLA 1: COSTOS TOTALES, MENSUALES Y DIARIOS POR PRESO.
AÑO 200867
ConcesiónEstablecimiento
penitenciarioCosto neto por
penal en pesosNº
año 2008Costo
pesos68Costo
pesosGrupo 1Alto Hospicio9.176.264.8231.724443.55514.583La Serena8.572.093.9411.521469.65215.441Rancagua8.476.829.1161.870377.75512.419Totales G126.225.187.8805.115427.25914.046Santiago Uno9.423.887.9323.017260.3008.558Valdivia6.776.650.750988571.58018.792Puerto Montt6.576.561.270862635.78520.903Totales G322.777.099.9524.867389.99212.821Totales generales49.002.287.8329.982409.08813.449Grupo 366Informe de Contraloría, (nota 25) p. 3. El cuerpo del informe sostiene: “Lo anterior deja en
evidencia que Gendarmería no adoptó las medidas pertinentes para evitar dicha población, en
resguardo del interés fiscal”. La situación de Gendarmería en este caso cierne la duda sobre la
necesaria coordinación de competencias entre el personal de Gendarmería y los Juzgados de
Garantía (encargados de la ejecución penal) y sobre las razones por las cuales Gendarmería omite
su deber de traslado (las respuestas pueden ir desde la mera negligencia, pasando por las
dificultades operativas de traslado hasta la sospecha de soborno por parte de las concesionarias). El
detalle se encuentra en el Anexo 1 del Informe de Contraloría (nota 25).
67 Ibíd., p. 57.
68 Baste hacer notar que en Chile, al año 2008, el salario mínimo ascendía a $ 159.000 para los
trabajadores mayores de 18 años y hasta los 65. Esto es, en algunos penales la inversión por preso
resultó ser tres veces superior al ingreso mínimo de un trabajador en el medio libre. Disponible en
http://www.bcn.cl/de-que-se-habla/uno_de_julio_%20rige_salario_minimo [Última visita realizada
el día 23 de noviembre de 2012].162REJ – Revista de Estudios de la Justicia – Nº 17 – Año 20123. Entre afinar el sistema y reemplazarlo
Los exámenes de la Contraloría y la Comisión Investigadora concluyeron en un
juicio implacable: los fines políticos del programa de concesiones desconocieron
las necesidades técnicas de su implementación y una visión global del problema
carcelario. Es por ello que una de las soluciones que se propuso a esta
improvisación generalizada fue la de reformar el sistema de concesiones en el
sentido de mejorar el diseño de los proyectos, fortalecer las facultades
fiscalizadoras y precisar los estándares técnicos de la concesión.69 Las
recomendaciones fueron recibidas conforme. El año 2010 fue promulgada la Ley
20.410, que vino a implementar distintas modificaciones en este sentido. En
general, la reforma dio lugar a la restricción del ámbito de las renegociaciones y su
revisión por terceros independientes; la modificación de las reglas de
procedimiento de las comisiones arbitrales, imponiendo la tramitación y fallo de
acuerdo con las reglas de los árbitros de derecho; y la creación de un Consejo de
Concesiones y un Panel Técnico encargado de la revisión técnica y económica del
desarrollo de la concesión.70 La amplia recepción de las críticas a las concesiones y
la pronta reforma legal de la que fueron objeto revelan que los reajustes buscaron
perpetuar la lógica del sistema en pos del mismo objetivo inicial: lograr una mayor
expansión de la infraestructura carcelaria a un menor costo, contando con la
participación de empresas particulares. Así, pese a haber tenido un desempeño
cuestionable, se le brindó al sector privado una nueva oportunidad para demostrar
su capacidad de coadyuvar a los propósitos punitivos estatales. La maquinaria del
Estado penal chileno reacomodaba los engranajes de su socio privado mediante la
normativización de la actividad.
En cuanto a los planes del actual gobierno, a inicios de 2010 el Ministerio
de Justicia y el MOP suscribieron un Segundo Programa de Concesiones de
Infraestructura Penitenciaria, el cual incluía la construcción de cinco nuevos
penales bajo la modalidad de concesión, ubicados en las ciudades de Calama,
Copiapó, Valparaíso, Chillán y Temuco. A la cuenta del 21 de mayo del año 2010,
69Informe de la Comisión Especial Investigadora. (nota 24) p. 103.
Además, y como una medida particularmente apreciada en el ámbito académico, el año 2009 el
Ministerio de Justicia convocó un consejo intersectorial denominado “Consejo para la Reforma
Penitenciaria”, instancia que propuso modificaciones orgánicas y funcionales al sistema penal.
Entre las propuestas que consagra el informe están “fortalecer la institucionalidad del sistema
penitenciario, mejorar el sistema alternativo a la prisión de libertad, favorecer la reinserción social
en los recintos penitenciarios y en la fase pospenitenciaria, racionalizar el uso de la privación de
libertad, fomentar la existencia de controles externos en la ejecución penal y, finalmente, otorgar
continuidad a las intervenciones con jóvenes que pasan del sistema penal adolescente al adulto”.
CONSEJO PARA LA REFORMA PENITENCIARIA. “Recomendaciones para una nueva
política penitenciaria”. Santiago. Marzo de 2010. p. 5. Pese a que algunos lo consideran un referente
en la materia, es difícil determinar la influencia que este informe haya tenido en las recientes
decisiones gubernamentales. El informe del Consejo para la Reforma Penitenciaria se encuentra
disponible en http://cesc.uchile.cl/Informe_CRPenitenciaria.pdf [Visitado por última vez el 23 de
noviembre de 2012].
70163Arriagada – Privatización carcelaria: el caso chilenoSebastián Piñera afirmaba: “Respecto del Programa de Concesiones de
Infraestructura Penitenciaria, se contará con diez establecimientos penitenciarios
en operación, de los cuales cuatro se ejecutarán en este período, correspondiendo a
una inversión total de aproximadamente 135 mil millones de pesos, en más de 165
mil metros cuadrados de construcción y otorgando más de seis mil 700 nuevas
plazas. En total, las diez cárceles fueron proyectadas para alcanzar más de 16 mil
500 nuevas plazas al actual sistema penitenciario, cubriendo un 34 por ciento del
total de población condenada e imputada”.71 Ya a fines del año 2010, los proyectos
del Grupo 4, que incluiría los complejos penitenciarios Talca y Santiago Dos, se
encontraban en etapas de diseño y licitación.72
No obstante esta breve reconciliación de la alianza público-privada, a
inicios del año 2011 el gobierno de Sebastián Piñera anunció un desvío en la
trayectoria de este modelo, congelando los proyectos contemplados en el plan de
concesiones 2010-2014. El nuevo programa de Reforma al Sistema Penitenciario,
aún no publicado oficialmente, contempla que la labor de construcción de
infraestructura penitenciaria sea recuperada por las agencias estatales y deje de
estar en manos del sector privado. El intento por explicar esta retractación del
convenio público-privado de construcción de concesiones carcelarias constituye
una tarea compleja en la que cabe detenerse.
En agosto del año 2010, el Ministro de Justicia de en ese entonces, Felipe
Bulnes, viajó de manera reservada a Nueva York a “buscar nuevas ideas que
ayudaran a resolver la crisis carcelaria”, visitar recintos penitenciarios y
entrevistarse con la consultora norteamericana Altegrity Risk International.73
Dicho sea de paso, la peregrinación a la Meca de la industria carcelaria no es una
novedad; políticos provenientes de todas partes del mundo asisten para iniciarse en
las políticas penales estadounidenses.74 Ya en noviembre del año 2010, el gobierno
chileno anunció la suscripción de un contrato con Altegrity para cumplir las
labores de diagnosticar la situación de la población penal en Chile y la
infraestructura penitenciaria, revisar los planes de operación y explotación de cada
unidad penal y elaborar planes para “la construcción de nuevos edificios, más
71Mensaje Presidencial. Año 2010. p. 268 y siguientes. El mensaje se encuentra disponible en
http://www.gobiernodechile.cl/media/2010/05/JUSTICIA.pdf [Última visita realizada el 23 de
72 Unido a estas medidas sobre el sistema de concesiones, el gobierno el día 15 de octubre del año
2010 anunció un paquete de 11 medidas para mejorar las condiciones de encarcelamiento. Entre
ellas, entregar colchones y frazadas a los internos, mejorar la alimentación y la infraestructura
sanitaria, aumentar las horas de desencierro, mejorar la reacción médica y el control de los internos,
perfeccionar el sistema de visitas, fortalecer la asesoría espiritual de los internos, mejorar las
condiciones de liberación, potenciar los Centros de Educación y Trabajo (CET) y mejorar la
seguridad al interior de los penales. En Frühling, Hugo: “Breve resumen del año 2010”. Debates
Penitenciarios 15, 2011. p. 8.
73 “El reservado viaje a Nueva York de Bulnes que inspiró el Plan Cárceles” Diario El Mercurio,
Santiago, Domingo 24 de abril de 2011, Cuerpo D, “Reportajes”, p. 2.
74 Wacquant. Loïc: Castigar. (nota 11) p. 352.164REJ – Revista de Estudios de la Justicia – Nº 17 – Año 2012flexibles, inteligentes e integrados”.75 El convenio con la consultora se celebró
mediante el sistema de contratación directa, esto es, prescindiendo del
correspondiente proceso de licitación, y habría tenido un costo de US$ 3.600.000.76
En particular, sostengo que esta contratación armoniza con la fascinación de las
autoridades chilenas por las políticas de ley y orden norteamericanas y contribuye
el proceso de consolidación del nuevo negocio de los así llamados expertos de
seguridad. No está de más apuntar que el presidente de Altegrity inc., William
Bratton, fue jefe del departamento de policía de Nueva York durante la alcaldía de
Rudolf Giulani, encargado de aplicar la mundialmente conocida política de
“tolerancia cero”.77
Siguiendo con la cronología, el día 8 de diciembre de 2010, la cárcel de San
Miguel, ubicada en la ciudad de Santiago, fue azotada por un incendio que terminó
con la vida de 81 internos. La catástrofe fue considerada un “nuevo y crudo
llamado de atención respecto de las pésimas condiciones de habitabilidad,
convivencia y seguridad en las que se encuentran las personas privadas de libertad
en Chile”,78 generando una inmediata reacción de las autoridades en la línea de
anunciar la construcción de nuevas unidades penales y la implementación de
cárceles modulares.79 Tras el incendio, la Comisión de Constitución, Legislación y
Justicia sesionó para investigar los hechos que le dieron origen, presentándose ante
ella el Ministro Felipe Bulnes. El Ministro declaró ante la Comisión haber evaluado
75La
http://www.minjusticia.gob.cl/es/noticias-ministro/350.html [Última visita realizada el 23 de
76 Decreto Nº 868 de 12 de noviembre de 2010 y Decreto Nº 270 de 21 de abril de 2011.
77 La información se encuentra disponible en,
http://articles.latimes.com/2010/jan/28/business/la-fi-bratton28-2010jan28 [Visitado por última
vez el 23 de noviembre de 2012]. Como señala Wacquant: “Tras haber sido despedido por Rudolph
Giulani (que consideraba excesiva la popularidad de su jefe de policía en relación a la suya), Bratton
se convirtió en <asesor internacional en seguridad urbana> para vender mejor su experiencia y sus
conocimientos en todo el planeta, y fue convocado por políticos de todas partes ansiosos por
demostrar públicamente su determinación de luchar contra el crimen”. Wacquant, Loïc, Castigar.
(nota 11) p. 367.
78 Se suma a esto los efectos del devastador terremoto del día 27 de febrero del año 2010 que
produjo daños severos en la infraestructura carcelaria y “agravó las precarias condiciones de
habitabilidad en las cárceles nacionales”. Sobre ambas catástrofes: Frühling, Hugo. “Breve
resumen” (nota 72).
79 La información se encuentra disponible en,
http://www.edicionesespeciales.elmercurio.com/destacadas/detalle/index.asp?idnoticia=20101216
589552&idcuerpo=574 [Visitado por última vez el 23 de noviembre de 2012]. Nótese aquí una
previsible coincidencia. Cuando Ricardo Lagos, en su mensaje presidencial del año 2001, realizó la
promesa de construir de diez nuevas unidades penales, el día anterior la cárcel de Iquique había
sido objeto de un incendio de proporciones. En la tragedia murieron 26 internos y 140 quedaron
heridos. Información de la prensa disponible en “Nuevo incendio en cárcel de Iquique” Diario El
Mercurio, Santiago, 22 de mayo de 2001. Disponible en,
http://www.emol.com/noticias/nacional/2001/05/22/55505/nuevo-incendio-en-carcel-deiquique.html [Visitado por última vez el 23 de noviembre de 2012].165Arriagada – Privatización carcelaria: el caso chilenoel sistema de concesiones y haber descubierto en él la imposibilidad de dar
solución efectiva a la necesidad de contar con la infraestructura y las plazas
suficientes para hacer frente a la sobrepoblación.80 De este modo, el gobierno da
cuenta ante el parlamento de su alerta por el sistema de concesiones. En sus
palabras: “Esto hay que detenerlo. Es mejor que el Estado se haga cargo de
construir lo que debe construir, por lo menos, en esta área”.81
Meses después, en abril del año 2011, en concordancia con las señales del
Ministro, el gobierno anunció que sus proyectos en torno a la matriz carcelaria
adoptarían una nueva modalidad. El denominado “Plan Cárceles” incluiría la
creación de 11 mil nuevas plazas para internos, aumentando en 30% la capacidad
de las cárceles y disminuyendo en un 15% los índices de sobrepoblación. En
cuanto a los fondos de inversión, las sumas que se anunciaron son estratosféricas.
US$ 320 millones para cuatro nuevas cárceles, US$ 40 millones para la
remodelación y ampliación de penales existentes y US$ 50 millones para la
terminación de la cárcel de Antofagasta.82 Y, como fuera advertido más arriba, una
diferencia radical: la implementación de un nuevo modelo mixto bajo el cual la
etapa de construcción operará en el carácter de obra pública, siendo financiada vía
inversión directa por el Estado mientras su ejecución es licitada entre diversas
empresas constructoras.83 En duras cuentas, el anuncio delata la necesidad de una
eficacia que las concesionarias no pudieron cumplir. La escasa rentabilidad de las
inversiones, el rezago en las construcciones y el progresivo aumento de las tasas de
encarcelamiento han motivado al gobierno a desandar el camino de la asociación
Las actitudes frente a esta decisión fueron diversas. El director de
Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública A.G. (Copsa)
de la época, Clemente Pérez, acusó el golpe y afirmó: “Sería un gran retroceso
construir como obra pública fiscal los recintos que se había pensado80Acta de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. (nota 27) p. 7 y siguientes.
Acta de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. (nota 27) p. 31.
82 Información disponible en,
http://www.google.cl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CD8QFjAC&url
=http%3A%2F%2Fwww.latercera.com%2Fnoticia%2Fnacional%2F2011%2F04%2F680-3583789-los-principales-cambios-que-contempla-el-plan-de-carceles-del-gobierno.shtml&ei=rluUM6KHafXigLklYGQBg&usg=AFQjCNG74LugKI9tSqr2I5iJDOluozYiXw [Visitado por última
vez el 23 de noviembre de 2012]. Llamativamente, la página del gobierno no contiene ningún
documento oficial al respecto y entrega menos información que la prensa,
http://www.gob.cl/noticias/2011/04/14/cuatro-nuevos-recintos-penitenciarios-contempla-plande-carceles-presentado-por-el-presidente-pinera.htm [Visitado por última vez el 23 de noviembre
de 2012].
En esto, un matiz: la labor de provisión de servicios continuaría operando bajo la modalidad de
81166REJ – Revista de Estudios de la Justicia – Nº 17 – Año 2012concesionar”.84 La reacción de la entidad va de la mano con las expectativas de
haber seguido operando bajo la modalidad de concesión.85 Otros, por su parte, ven
en este programa un paso hacia una “nueva línea de defensa de los intereses
colectivos por sobre los particulares”, ya que con esta redirección de la agenda de
la infraestructura pública, el gobierno, atreviéndose por fin a enfrentar los intereses
de los empresarios concesionarios, toma las riendas de sus inversiones y renueva
su capacidad de promover el bien común. 86
4. Notas finales: la racionalidad punitiva del sistema
El modelo de libre mercado, instaurado en Chile durante la dictadura, heredado y
perpetuado por los gobiernos de la Concertación, impulsó la participación del
sector privado y redujo la presencia del Estado en servicios tradicionalmente
proveídos por el sector público, relegando –en principio– al Estado a un rol de
agente regulador. El Primer Programa de Concesiones Penitenciarias aquí
analizado ha sido una de sus manifestaciones.
Ahora bien, al año 2012, un gobierno de derecha, bloque vinculado al
favorecimiento de la participación privada, desaloja al sector privado y promueve
el retorno del Estado.87 Ante este panorama, surge la duda ¿cómo es que un
gobierno de derecha, inspirado en ideales neoliberales, revive la expansión del
Estado? ¿Es este un quiebre en las políticas de ejecución penitenciaria? Al
respecto, valgan la pena tres prevenciones.
En primer lugar, las preguntas parten con un pie forzado. En la esfera
penal ya no son distinguibles los proyectos políticos de derecha e izquierda. Tanto
en Chile como en el mundo, ambos bloques han avalado proyectos de expansión
del brazo penal del Estado dirigidos por un norte punitivo que se articula como
84 La declaración (retirada de la página web de la asociación) se encuentra ahora disponible en
http://www.plataformaurbana.cl/archive/2011/04/13/gobierno-alista-anuncio-de-plan-paraconstruir-cinco-nuevas-carceles/ [Visitado por última vez el 23 de noviembre de 2012].
85 Herman Chadwick, al año 2009 en el editorial del diario El Mercurio afirmaba "...no es sólo una
necesidad, sino un deber del Estado continuar con el impulso a la concesión de cárceles para solucionar el drama
que hoy se vive en las penitenciarías...". “Cárceles concesionadas: un deber del Estado”, Diario El
Mercurio. 15 de junio de 2009. Cuerpo A “Editorial”.
86 Alberto Texido: “La evolución silenciosa de las concesiones: nuevas directrices en la
colaboración público-privada”. Plataforma Urbana. Abril. 2011. Disponible en,
http://www.plataformaurbana.cl/archive/2011/04/19/la-evolucion-silenciosa-de-las-concesionesnuevas-directrices-en-la-colaboracion-publico-privada/#more-25254 [Visitado por última vez el 23
de noviembre de 2012].
87 Vale la pena prevenir que el nuevo modelo anunciado por el gobierno excluye al sector privado
solo en las etapas de diseño y construcción de los recintos penitenciarios, mientras que una amplia
provisión de servicios permanecerá en manos privadas. El problema en esta ambivalencia (de
excluir a los privados de la construcción, pero conservarlos como aliados en la operación) es que
pareciera importar poco que el sector privado haya sido ineficiente en la provisión de servicios a la
población reclusa; lo que confirma nuestra tesis sobre los reales intereses del gobierno.167Arriagada – Privatización carcelaria: el caso chilenouna fuerza desvinculada de posiciones políticas. En palabras de David Garland,
“[l]ejos de haber una diferenciación de posturas en materia de política criminal, lo
que realmente ha sucedido en las décadas de 1980 y 1990 es el empobrecimiento
del debate y una llamativa convergencia de propuestas políticas entre los
principales partidos políticos”.88 En segundo lugar, podría suponerse que el
precario desempeño del sector privado en el desarrollo del Primer Programa de
Concesiones Penitenciarias es el mejor argumento del gobierno para detener la
política de concesiones. Dicho de otra manera, si el sector privado ha demostrado
ser ineficaz, entonces es natural que el Estado decida volver a hacerse cargo. Si
este fuera el argumento, entonces la política de desmantelamiento del Estado
chileno debiese revertirse a muchos otros niveles. En este sentido, el sector
privado ha sido ineficaz en políticas chilenas de educación y vivienda y no hay
señales de que el Estado proponga volver a recuperar estos terrenos. Por lo tanto,
el retorno del Estado a la labor de construcción de los penales es no solo un
síntoma de la ineficacia de los privados, sino de la mayor preocupación del Estado
en fortalecer su brazo penal.89 En tercer lugar, un análisis más suspicaz del rol del
Estado neoliberal debiese llevarnos a afirmar que, en la esfera penal, el Estado
nunca queda relegado al rol de mero agente regulador, ni aun mediando la
intervención del sector privado. En efecto, delegar la operatividad de la ejecución
de la pena en privados no significa debilitar al poder punitivo estatal que la delega
(como en el caso de la exitosa experiencia de privatización carcelaria en Estados
Unidos) como tampoco sustraer a los privados de la actividad carcelaria significa
que el gobierno cese sus pretensiones de expansión punitiva (como en el caso del
fracaso del sistema de concesiones carcelarias en Chile). Según Ahmed White, el
fenómeno correspondería a una simultánea expansión de la soberanía estatal,
acompañada de una fusión o interpenetración completa de las esferas privada y
pública, dada por una extravagante e insidiosa acumulación de poder estatal en un
contexto en que dicho poder se ha desplegado de una manera extensa e
irracional.90
En definitiva, la decisión se explica atendiendo a la racionalidad punitiva
que la dirige. Los gobiernos chilenos, desde los años noventa en adelante, han
promovido la expansión de la maquinaria carcelaria y este gobierno no es la
excepción. La diferencia es que ahora se ha optado por un modelo en sincronía
con el fortalecimiento del poder de castigar, prescindiendo de la participación de
un sector privado que no estuvo a la altura de las necesidades punitivas. Las
palabras de Bernard Harcourt resultan ilustrativas: “[El] desarrollo carcelario ha
sido facilitado –no causado, aunque sí hecho posible– por la racionalidad de la
penalidad neoliberal; debido a que, por una parte, se asume la legitimidad y
88Garland, David: La cultura del control. Crimen y orden social en la sociedad contemporánea, Barcelona,
Gedisa, 2005. p. 50. El fenómeno también se encuentra descrito en Jesús María Silva Sánchez. “La
expansión del Derecho Penal: Aspectos de la política criminal en las sociedades postindustriales”. Segunda
edición, Madrid, Editorial Civitas, 2001.
89 Vid Supra, p. 2.
90 WHITE, Ahmed: “Rule of Law” (nota 63). p. 112-113.168REJ – Revista de Estudios de la Justicia – Nº 17 – Año 2012competencia del gobierno en la arena penal y, por otra parte, se presume que el
gobierno no debiera interpretar ningún otro papel”.91 En definitiva, la expansión
de la infraestructura penitenciaria vuelve a manos del Estado, el cual, con
inversiones colosales, busca llevarla a cabo de manera eficaz. Con esto Chile, de
manera paulatina, impulsa la hipertrofia del Estado penal, instándolo a reforzar su
intervención en el terreno carcelario. De seguirse por el mismo recorrido, este
trabajo solo puede confiar en estar promoviendo un debate que se encuentra aún
lejos de agotarse.91Traducción personal. Texto original en inglés: “These carceral developments have been facilitated by- not
caused by, but made possible by- the rationality of neoliberal penality: by, on the one hand, the assumption of
government legitimacy and competence in the penal arena, and, on the other hand, the presumption that the
government should not play a role elsewhere”. Harcourt, Bernard: The Ilussion, (nota 11) pp. 202-203.169Arriagada – Privatización carcelaria: el caso chilenoBIBLIOGRAFÍA
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