Source: https://suprema-corte.vlex.com.mx/vid/806066025
Timestamp: 2020-08-06 19:49:06
Document Index: 133086047

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 124', 'ARTÍCULO 124', 'ARTÍCULO 124', 'artículo 18', 'artículo 124', 'artículo 124', 'artículo 115', 'artículo 124', 'artículo 41', 'artículo 19', 'artículo 21', 'artículo 124', 'artículo 41', 'artículo 19', 'artículo 20', 'artículo 21', 'artículo 124', 'Artículo 105', 'artículo 124', 'artículo 45', 'artículo 150', 'artículo 21', 'artículo 747', 'artículo 124', 'artículo 105', 'artículo 124', 'artículo 124', 'artículo 124', 'artículo 12', 'artículo 124', 'artículo 124', 'artículo 124', 'artículo 115', 'artículo 115', 'artículo 115', 'artículo 123', 'artículo 115', 'artículo 41', 'artículo 115', 'artículo 124', 'artículo 9', 'Artículo 124', 'Artículo 747', 'Artículo 19', 'artículo 21', 'Artículo 20', 'Artículo 105', 'Artículo 45', 'Artículo 10', 'Artículo 36', 'Artículo 32', 'Artículo 38', 'artículo 105', 'Artículo 70', 'Artículo 12', 'artículo 25', 'Artículo 105', 'Artículo 41']

Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala - Jurisprudencia - VLEX 806066025
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 89/2018. MUNICIPIO DE TEMOAC, ESTADO DE MORELOS.I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA UN SEGUNDO O ULTERIOR ACTO DE APLICACIÓN DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA (ARTÍCULO 124, FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL ACUERDO POR EL QUE SE DESTITUYE DE SU CARGO AL PRESIDENTE DE UN AYUNTAMIENTO ES UN ACTO QUE AFECTA LA INTEGRACIÓN DE ESE ÓRGANO, LO QUE JUSTIFICA SU INTERÉS LEGÍTIMO PARA PROMOVERLA. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBE DESESTIMARSE. IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES PROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN JUDICIAL QUE AFECTA LA INTEGRACIÓN DE UN AYUNTAMIENTO (ACUERDO POR EL QUE EL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS ORDENA DESTITUIR AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEMOAC DE ESA ENTIDAD). V. DESTITUCIÓN POR EL INCUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA DEL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. LA INTERPRETACIÓN CONFORME DE LA NORMATIVA QUE LA REGULA PERMITE CONSIDERAR QUE EL VOCABLO "INFRACTOR" NO INCLUYE A LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO (ARTÍCULO 124, FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS) VI. DESTITUCIÓN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR INCUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA DEL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. EL TRIBUNAL RESPECTIVO DEL ESTADO DE MORELOS CARECE DE ATRIBUCIONES PARA ORDENARLA, TODA VEZ QUE ELLO ES FACULTAD DEL CONGRESO LOCAL (INVALIDEZ DEL ACUERDO POR EL QUE SE DESTITUYE DE SU CARGO AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEMOAC DE ESA ENTIDAD). VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE ÚNICAMENTE TIENE EFECTOS RESPECTO DEL MUNICIPIO ACTOR (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 124, FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS Y DEL ACUERDO EMITIDO POR EL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS POR EL QUE SE ORDENÓ LA DESTITUCIÓN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEMOAC DE ESA ENTIDAD).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 89/2018. MUNICIPIO DE TEMOAC, ESTADO DE MORELOS. 10 DE OCTUBRE DE 2018. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS J.L.P., J.F.F.G.S., M.B. LUNA RAMOS Y E.M.M.I.E.M.J.F.F.G.S. EMITIÓ SU VOTO CON RESERVAS. AUSENTE Y PONENTE: A.P.D.; EN SU AUSENCIA HIZO SUYO EL ASUNTO M.B. LUNA RAMOS. SECRETARIO: O.V.M..
Ciudad de México. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día diez de octubre de dos mil dieciocho.
5. Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje.
a. La inconstitucionalidad de la resolución de fecha veinte de enero de dos mil dieciocho (sic) dictada dentro del expediente laboral **********, en el cual resuelven declarar procedente la aplicación decretada mediante acuerdo de fecha siete de junio de dos mil diecisiete (sic), decretando (sic) la destitución del cargo de presidenta municipal del Ayuntamiento de Temoac, M..
1. Con fecha uno de enero de dos mil dieciséis se integró el nuevo Ayuntamiento de Temoac, Estado de M.,(1) con una presidenta municipal y síndico, además de acuerdo al artículo 18, fracción V, de la ley orgánica municipal, siendo presidenta municipal la C. **********.
2. El dos de marzo de dos mil dieciocho se enteró la presidenta del Ayuntamiento de Temoac, M., de la determinación tomada por el Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de la entidad el veinte de febrero de dos mil dieciocho, dictada dentro del expediente laboral **********, de declarar procedente la imposición de la sanción de destitución del cargo de presidenta, fundándose en el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil de la entidad, en contravención al numeral 115 de la Constitución General de la República.
Por otro lado, el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de M., transgrede el numeral 115 de la Constitución General de la República, al establecer que las infracciones a la citada Ley del Servicio Civil que no tengan prevista otra sanción y la desobediencia a las resoluciones del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, se castigarán con destitución del infractor sin responsabilidad para el Gobierno del Estado o de los Municipios, sanción que será impuesta en su caso, por el mencionado tribunal, desconociendo que esa atribución corresponde a las Legislaturas de los Estados, únicas facultadas para determinar, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, la suspensión de Ayuntamientos, declarar que han desaparecido y suspender o revocar el mandato de alguno de sus miembros por alguna de las causas graves que prevenga la ley local, siempre que se dé a sus miembros la oportunidad suficiente para rendir pruebas y plantear los alegatos que a su interés convengan.
El acuerdo de destitución impugnado, transgrede lo señalado en la fracción I, del artículo 115, del Ordenamiento Supremo, pues se decretó la destitución de la presidenta municipal sin notificar al nuevo Ayuntamiento el inicio del procedimiento relativo para darle oportunidad de defensa, desconociéndose que el Poder Reformador de la Constitución salvaguardó la integración y la continuidad en el ejercicio de las funciones de los Municipios al facultar de manera exclusiva a los Congresos Locales para afectar dicha integración, lo que reconoció el Congreso del Estado de M., al establecer el procedimiento relativo en la ley orgánica municipal de la entidad.
Finalmente, insiste en que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de M., carece de competencia para decretar la destitución de presidente municipal, por lo que debe declararse la invalidez del acto, atento a lo resuelto por esta Segunda Sala al resolver la controversia constitucional 253/2016.
CUARTO.—Admisión a trámite de la controversia constitucional. Por auto de dieciocho de abril de dos mil dieciocho, el Ministro J.R.C.D. en funciones de presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, a la que correspondió el número 89/2018 y, por razón de turno por conexidad, se designó como instructor al Ministro A.P.D..
QUINTO.—Contestaciones de demanda. En la contestación de demanda formulada por el encargado de despacho de la Secretaría del Trabajo, se señaló en relación con los hechos que no se niegan ni se afirman por no ser hechos propios, pero se advierte de la demanda y de los documentos exhibidos con la misma, que el Municipio actor conoció la existencia del juicio laboral y de la resolución dictada en el procedimiento relativo, teniendo la oportunidad de hacer valer los medios legales correspondientes. En relación con el refrendo destacó que carece de atribuciones para refrendar los decretos promulgatorios del Ejecutivo del Estado, lo que corresponde en exclusiva al secretario de Gobierno. Señaló que con independencia de ello, en la especie la Ley del Servicio Civil del Estado de M. no contiene vicios por cuanto a su observancia y validez.
En representación del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de M., compareció su presidente y tercer árbitro, aduciendo que se configuran las siguientes causas de improcedencia: a) la determinación de destitución de la presidenta municipal de Temoac, Estado de M., que se combate, constituye una resolución de carácter jurisdiccional en términos de los artículos 41, 42 y 43 de la Ley Orgánica de la Administración Pública de la entidad, por lo que en su contra es improcedente la controversia constitucional de conformidad con la tesis número 2a. CVII/2009, intitulada: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA IMPUGNACIÓN DE RESOLUCIONES JURISDICCIONALES CONSTITUYE UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA QUE DA LUGAR AL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA RELATIVA."; b) la aplicación de la sanción que prevé el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de M., se hizo válida a partir de la entrada en vigor de la reforma realizada a la ley orgánica municipal, en específico la fracción XXXIX de su artículo 41, publicada en el Periódico Oficial de la entidad de veintitrés de enero de dos mil catorce, que establece la obligación de la presidenta y del síndico municipales de cumplir y hacer cumplir los laudos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, razón suficiente para considerar que se actualiza el supuesto explicado en la tesis jurisprudencial número P. XV/2009 que lleva por rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA PROMOVERLA CUANDO SE IMPUGNAN NORMAS GENERALES A PARTIR DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN REALIZADO EN UNA DIVERSA DISPOSICIÓN DE OBSERVANCIA GENERAL, ES DE TREINTA DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL SIGUIENTE AL DE LA PUBLICACIÓN DE ESTA ÚLTIMA."; y c) se actualiza el supuesto previsto en la fracción VII del artículo 19 de la ley reglamentaria de la materia, porque el Municipio actor promovió la controversia constitucional fuera del plazo establecido en el artículo 21, fracciones I y II, del mismo ordenamiento legal.
En cuanto al fondo, sostiene, esencialmente, que no tiene razón el Municipio actor al pretender que se declare la invalidez del artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de M. y su acto de aplicación, ya que el artículo 41, fracción XXXIX, de la ley orgánica municipal de la entidad, establece la obligación a cargo de los presidentes municipales de dar cumplimiento a los laudos emitidos por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, por lo que si en términos del numeral 123 de la Ley del Servicio Civil, las resoluciones dictadas por dicho tribunal son inapelables y se cumplirán por la autoridad correspondiente, no hay duda que procede aplicar la sanción prevista en la fracción II del diverso numeral 124 de la citada Ley del Servicio Civil, al funcionario que no cumpla lo ordenado en un laudo, como ocurrió en el caso, ya que la presidenta municipal de Temoac, M., desatendió el laudo dictado en el expediente **********.
En representación del Poder Legislativo del Estado de M., compareció la vicepresidenta de la mesa directiva, la que señaló que la presentación de la demanda que dio origen a la controversia constitucional que nos ocupa, fue presentada de forma extemporánea, atendiendo a lo notificado en diversos oficios deducidos del juicio laboral **********; además de que anteriormente el Municipio actor ya había tenido conocimiento de la disposición impugnada, tan es así, que el mismo promovió diversas controversias constitucionales; por lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción VII del artículo 19 de la ley de la materia y debe sobreseerse en términos del artículo 20, fracción II, del mismo ordenamiento legal. Asimismo, señaló la legalidad del proceso legislativo, relativo a la creación de la Ley del Servicio Civil, cuya invalidez se demanda, respetándose en todo momento el proceso legislativo y no haberse vulnerado los principios de seguridad jurídica y deliberación parlamentaria.
Por último, el secretario de Gobierno del Estado de M. y el consejero jurídico, éste en representación del Poder Ejecutivo de la entidad, en su contestación de demanda plantearon la improcedencia del juicio por lo siguiente: a) falta de legitimación del Municipio actor, en tanto el Ejecutivo de la entidad y el secretario de Gobierno no han realizado ningún acto que invada su esfera de competencia, y por la misma razón, se afirma que dicho Ejecutivo y secretario carecen de legitimación pasiva; y b) se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 21, fracción II, en relación con el 19, fracción VII, de la ley reglamentaria de la materia, ya que el acuerdo de destitución en el expediente laboral **********, no es el primer acto de aplicación del artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de M.; tan es así que se promovieron los diversos juicios de amparo indirecto ********** (del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de M.), ********** (del índice del Juzgado Sexto de Distrito) y ********** (del índice del Juzgado Octavo de Distrito de la misma entidad federativa), además de haber promovido las diversas controversias constitucionales 173/2016, 152/2017, 231/2017, 331/2017, 1/2018, 88/2018 y 89/2018, con motivo de otro acto de aplicación.
En cuanto al fondo, sostienen que el Municipio actor no da razones para sustentar su afirmación, en cuanto a la falta de cumplimiento de los requisitos para la creación de normas, advirtiéndose que la promulgación y el refrendo de la disposición impugnada se ajusta a las facultades constitucionales y legales que corresponden al Ejecutivo Local y al secretario de Gobierno, además de que la sanción de destitución de la presidenta del Municipio de Temoac, M., constituye sólo una medida de apremio para hacer efectivas las determinaciones del órgano jurisdiccional laboral, misma que cuenta con la debida fundamentación y motivación, además de que en el procedimiento relativo se dio intervención a la autoridad municipal.
PRIMERO.—Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, 10, fracción I, y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como los puntos segundo, fracción I, y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013 de trece de mayo de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintiuno de mayo siguiente, ya que se plantea un conflicto entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo, así como los secretarios de Gobierno y del trabajo y el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, todos del Estado de M., y uno de sus Municipios, el de Temoac, sin que sea necesaria la intervención del Tribunal Pleno debido a que el estudio de fondo versa únicamente sobre actos y no sobre alguna norma de carácter general.
El Municipio actor impugna el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de M., publicada en el Periódico Oficial de la entidad de seis de septiembre de dos mil, con motivo de su aplicación efectuada en la sesión celebrada por el Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje el veinte de febrero de dos mil dieciocho, en la que (por virtud del acto de ejecución de veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete) se declaró procedente la imposición de la sanción, consistente en la destitución de la presidenta del Ayuntamiento de Temoac, M., dentro del expediente del juicio laboral **********, así como su notificación y la comunicación contenida en el oficio **********.
Al respecto, importa tener presente que el numeral 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de M.,(2) establece que la desobediencia a las resoluciones del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, se castigarán con la destitución del infractor sin responsabilidad para el Gobierno del Estado o de los Municipios, así como que tal sanción será impuesta en su caso, por el mencionado Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje.
Ahora bien, de la sesión celebrada por el Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de M. el veinte de febrero de dos mil dieciocho,(3) en relación con la determinación de imponer la sanción de destitución a la presidenta del Ayuntamiento de Temoac, M., por hacer caso omiso al último requerimiento que se le hizo en auto de veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, con el fin de dar cumplimiento al convenio celebrado entre las partes el día uno de septiembre de dos mil dieciséis, dentro del expediente laboral **********, se lee:
"Cuernavaca, M.; a veinte de febrero del año dos mil dieciocho. Y estando debidamente integrado el Pleno de este Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de M., se procede a resolver sobre la imposición de la medida de apremio decretada mediante acuerdo de fecha veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, dictado dentro del expediente **********, promovido por el actor (a) C. **********, consistente en la destitución del presidente del H. Ayuntamiento de Temoac, M., en virtud de no haber dado cumplimiento al CONVENIO de fecha uno de septiembre de dos mil dieciséis, ...
"ÚNICO.—En atención a los considerandos primero, segundo, tercero y cuarto, por unanimidad de votos, se declara procedente la aplicación de la sanción decretada mediante acuerdo de fecha veintiséis de septiembre del año dos mil diecisiete, dictada en los autos del expediente al rubro citado, ante la contumacia en que ha incurrido la parte demandada, esto es:
"Lo anterior, al haberse aplicado la destitución en caso de incumplimiento a los requerimientos realizados por este H. Tribunal al C. Presidente municipal del H. Ayuntamiento de Temoac, M.; en consecuencia y teniendo en cuenta que resulta una obligación del H. Ayuntamiento de Temoac, M., el acatar los convenios que celebren ante este H. Tribunal, tal y como lo establece el artículo 45 de la Ley del Servicio Civil vigente en el Estado de M., ...
"De lo que se advierte que resulta una obligación del Ayuntamiento de Temoac, M., el dar total y cabal cumplimiento a cada una de las prestaciones a que fue condenado mediante convenio de fecha uno de septiembre de dos mil dieciséis, emitido por esta autoridad, de igual forma este tribunal de acuerdo a lo establecido en el artículo 150 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado de aplicación supletoria al presente procedimiento, tiene la obligación de proveer la eficaz e inmediata ejecución de los laudos/convenios, dictando todas las medidas a su alcance a fin de lograr el cumplimiento del convenio por parte del Ayuntamiento demandado. Asimismo, los artículos 123 y 124 de la Ley del Servicio Civil del Estado de M., establecen las medidas legales con las que cuenta este tribunal para efecto de hacer cumplir sus resoluciones, artículos que a la letra indican: ...
"N. personalmente y cúmplase.—Así lo resolvieron y firmaron al margen para constancia legal y al margen los CC. Integrantes de este H. Tribunal Estatal..."
Se sigue de lo anterior, que si en la sesión celebrada por el Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de M. el veinte de febrero de dos mil dieciocho, se hizo efectivo el apercibimiento hecho en el acuerdo de veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, declarándose procedente la imposición de la sanción consistente en la destitución de la presidenta municipal del Ayuntamiento de Temoac, M., por no acatar el convenio celebrado entre las partes el uno de septiembre de dos mil dieciséis, dentro del expediente del juicio laboral **********, mismo en que el presidente ejecutor del mencionado tribunal dictó los oficios por los que hizo del conocimiento de los integrantes de dicho Ayuntamiento la determinación de destitución aludida, se concluye que se trata de actos de aplicación de la disposición impugnada en perjuicio del Municipio actor.
Establecido lo anterior, debe tenerse presente que el artículo 21, fracciones I y II, de la ley reglamentaria de la materia,(4) establece que el plazo para la presentación de la demanda, en tratándose de actos será de treinta días contados a partir de aquel en que surta efectos su notificación conforme a la ley del propio acto, al en que se haya tenido conocimiento del mismo o al en que el actor se ostente sabedor de él, así como que en tratándose de normas generales, dicho plazo será de treinta días contados a partir del día siguiente a la fecha de su publicación, o del día siguiente al en que se produzca el primer acto de su aplicación.
Ahora bien, la determinación del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de M. de veinte de febrero de dos mil dieciocho, de destituir a la presidenta municipal del Ayuntamiento de Temoac, M., fue notificada el uno de marzo de dos mil dieciocho, según consta en las actas relativas.(5)
Dicha notificación surtió efectos el día en que se practicó de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 747, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo,(6) de aplicación supletoria según lo previsto en el numeral 11 de la Ley del Servicio Civil del Estado de M.,(7) por lo que el plazo para presentar la demanda transcurrió del viernes dos de marzo al diecinueve de abril de dos mil dieciocho, descontándose del cómputo respectivo los días tres, cuatro, diez, once, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veintiuno, veinticuatro, veinticinco, veintiocho, veintinueve, treinta y treinta y uno de marzo, el uno, siete, ocho, catorce y quince de abril, todos del dos mil dieciocho, por ser inhábiles, de conformidad con los artículos 2o.(8) y 3o.(9) de la ley reglamentaria de la materia, en relación con el 163(10) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Punto Primero,(11) incisos a), b), c), d), y e), del Acuerdo General Plenario Número 18/2013, de diecinueve de noviembre de dos mil trece, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los días hábiles e inhábiles respecto de los asuntos de su competencia y de descanso para su personal.
De esta forma, al haberse recibido la demanda de controversia constitucional en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el martes diecisiete de abril de dos mil dieciocho, según sello fechador que obra en la misma, debe concluirse que fue promovida oportunamente por lo que se refiere a la determinación tomada por el Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de M. en la sesión celebrada el veinte de febrero de dos mil dieciocho, en el sentido de hacer efectivo el apercibimiento hecho en el acuerdo de veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, declarándose procedente la imposición de la sanción consistente en la destitución de la presidenta municipal del Ayuntamiento de Temoac, M., por no dar cabal cumplimiento al convenio celebrado entre las partes el uno de septiembre de dos mil dieciséis, dentro del expediente del juicio laboral **********.
Por lo que se refiere a la impugnación del artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de M., se advierte que la misma no se realiza en virtud de la publicación de la norma en tanto ello ocurrió en el Periódico Oficial de la entidad de seis de septiembre de dos mil, sino con motivo de su aplicación. Sin embargo, el cómputo relativo para determinar la oportunidad de su impugnación no puede hacerse a partir de los actos de aplicación controvertidos en esta controversia constitucional, a que se hizo referencia en el párrafo precedente, ya que con anterioridad al veinte de febrero de dos mil dieciocho en que se produjo el primero de ellos, el Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de M., ya había aplicado el citado numeral 124, fracción II, al Municipio de Temoac, M..(12)
En consecuencia, si en la presente controversia no se reclama el primer acto de aplicación, sino uno ulterior, lo que procede es decretar el sobreseimiento por lo que hace a la impugnación de la disposición general reclamada, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 19, fracción VII,(14) y 20, fracción II,(15) de la ley reglamentaria de la materia.
Ahora bien, el Municipio actor es uno de los órganos enunciados por el artículo 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Federal,(17) legitimado para promover controversia constitucional contra el Estado, al que pertenece, respecto de la constitucionalidad de sus disposiciones generales y actos, como lo son el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de M. y su aplicación.
A los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de M. y al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, se reconoce legitimación pasiva en la causa, por ser los órganos que expidieron, promulgaron y aplicaron, respectivamente, el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de M. que se impugna, ello en atención a lo previsto en los numerales 105, fracción I, inciso i), de la Constitución y 10, fracción II, de la ley reglamentaria de la materia.(21)
En relación con los secretarios de Gobierno y del Trabajo del Estado de M., cabe precisar que es criterio definido de este Alto Tribunal,(22) que en tratándose del reconocimiento de la legitimación pasiva en las controversias constitucionales, no se requiere, necesariamente, ser un órgano originario del Estado, así como que en el caso específico del acto de refrendo de los decretos y reglamentos del Ejecutivo, a cargo de los secretarios de Estado, reviste autonomía, por constituir un medio de control del ejercicio del Poder Ejecutivo, por lo que los referidos secretarios cuentan con legitimación pasiva en la controversia constitucional, cuando como ocurre en el caso, se les imputa haber omitido el refrendo del decreto promulgatorio de la Ley del Servicio Civil del Estado de M., en que se ubica el artículo 124, fracción II, cuya invalidez solicita el Municipio actor.
Secretarios de Gobierno y del Trabajo. Comparece ostentando el cargo de secretario de Gobierno del Estado de M., **********, lo que acredita con el nombramiento expedido por el gobernador constitucional del Estado de M. de veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, con efectos a partir del uno de enero de dos mil dieciocho, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", Número 5566 de tres de enero de dos mil dieciocho,(30) por lo que se le reconoce legitimación.
De igual manera **********, se encuentra legitimado, en su carácter de encargado de despacho de la Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado de M., ya que lo acredita con la copia fotostática de su nombramiento.(31)
d) Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de M.. Suscribe la contestación de demanda **********,(32) presidente y tercer árbitro del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, por lo que procede reconocerle legitimación en tanto la representación legal de dicho órgano jurisdiccional corresponde a su presidente en términos de lo dispuesto por el artículo 12, fracción XIII, del Reglamento Interior del propio Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje.(33)
QUINTO.—Causales de improcedencia. Dado que ya se determinó sobreseer en la controversia constitucional por lo que se refiere al artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de M., procede esta Segunda Sala a examinar las causales de improcedencia hechas valer en cuanto afectan la procedencia de la controversia constitucional en torno a los actos de su aplicación, a saber, la sesión celebrada por el Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje el veinte de febrero de dos mil dieciocho, en la que declaró procedente la imposición de la sanción consistente en la destitución de la presidenta municipal del Ayuntamiento de Temoac, M., así como la constancia de notificación.
Es cierto que este Alto Tribunal ha establecido que es causa notoria y manifiesta de improcedencia de la controversia constitucional el que se impugnen resoluciones jurisdiccionales cuando se pretende que a través del medio de control constitucional, se revise la legalidad de tales resoluciones o las consideraciones que la sustentan, ya que la controversia constitucional no es un recurso a través del cual, pueda someterse a revisión la misma cuestión litigiosa que en un procedimiento natural. Así se advierte de la tesis 2a. CVII/2009,(36) de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA IMPUGNACIÓN DE RESOLUCIONES JURISDICCIONALES CONSTITUYE UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA QUE DA LUGAR AL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA RELATIVA.", que invocó el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje demandado, así como de la jurisprudencia P./J. 7/2012 (10a.),(37) intitulada: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA IMPUGNACIÓN DE LAS CONSIDERACIONES DE FONDO DE LAS RESOLUCIONES DE LOS TRIBUNALES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, POR SU PROPIO CONTENIDO, EN RAZÓN DE SUS EFECTOS Y ALCANCES, CONSTITUYE UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA QUE CONLLEVA AL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA."
No obstante lo anterior, el Tribunal Pleno ha precisado que el referido motivo manifiesto e indudable de improcedencia no se actualiza, aunque se impugne una resolución de carácter jurisdiccional, cuando la cuestión que se plantea atañe a la presunta invasión de la esfera competencial de un órgano originario del Estado, a fin de preservar su ámbito de facultades. Así se determina en la siguiente jurisprudencia P./J. 16/2008,(38) que establece:
En el caso, el Municipio actor no pretende que este Alto Tribunal revise la legalidad de las actuaciones y razonamientos que llevaron al dictado del laudo en el juicio laboral ********** ni las consideraciones de fondo de la determinación a través de la cual el Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de M., en la sesión plenaria de veinte de febrero de dos mil dieciocho, apoyándose en el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil de la entidad, determinó aplicar como medida de apremio para hacer cumplir sus determinaciones, la sanción consistente en la destitución de la presidenta municipal del Ayuntamiento de Temoac, M., sino que plantea, por un lado, vicios en el procedimiento legislativo que originó el citado artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de M. y, por otro lado, que dicha disposición transgrede el artículo 115 de la Constitución, que otorga de manera única y exclusiva la facultad y competencia a las Legislaturas Locales, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, para suspender Ayuntamientos, declarar que han desaparecido y suspender o revocar el mando a alguno de sus miembros, por alguna de las causas graves que prevenga la ley local, siempre y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacer los alegatos a que a su juicio convengan, de suerte que la sanción impuesta a la presidenta con fundamento en la disposición impugnada, también transgrede la Norma Suprema mencionada.
"En caso de declararse desaparecido un Ayuntamiento o por renuncia o falta absoluta de la mayoría de sus miembros, si conforme a la ley no procede que entren en funciones los suplentes ni que se celebren nuevas elecciones, las Legislaturas de los Estados designarán de entre los vecinos a los Concejos Municipales que concluirán los periodos respectivos; estos concejos estarán integrados por el número de miembros que determine la ley, quienes deberán cumplir los requisitos de elegibilidad establecidos para los regidores..."
"2) La facultad de revocación o suspensión del mandato por haberse incurrido en alguna causa grave legalmente prevista, por acuerdo de las dos terceras partes de los integrantes de las Legislaturas Locales, se refiere a los miembros de los Ayuntamientos, como expresamente se señala en el artículo 115, fracción I, tercer párrafo, de la Carta Magna, miembros que especifica el primer párrafo de la referida fracción del precepto constitucional señalado, al señalar que ‘Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento ... integrado por un presidente municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine’, es decir que tal facultad de revocación o suspensión se refiere al presidente municipal, y a los regidores y síndicos exclusivamente, y no así a los demás trabajadores, empleados o servidores públicos municipales, cuyas relaciones de trabajo, en términos de la fracción VIII, segundo párrafo, del artículo 115 de la Constitución Federal se regirán por las leyes que expidan las Legislaturas de los Estados con base en lo dispuesto en el artículo 123 de la propia Carta Magna y sus disposiciones reglamentarias ..."
La jurisprudencia P./J. 19/1999(41) que se cita en el precedente señala:
Lo anterior también lo destacó el Pleno de este Alto Tribunal en su jurisprudencia P./J. 7/2004,(42) en los términos siguientes:
La disposición transcrita, interpretada conforme a la Constitución Federal, en concreto, al artículo 115, fracción I, así como el artículo 41 de la Constitución del Estado de M. y 178, 181 y 182 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de M., permite considerar que la palabra "infractor" no incluye a los miembros de los Ayuntamientos, pues de lo contrario se estaría transgrediendo la Norma Fundamental, al estimarse facultado al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje para revocar de facto el mandato a uno de sus miembros, olvidando que el citado artículo 115 señala con toda claridad que, únicamente las Legislaturas Locales, "por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, podrán suspender Ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros, por alguna de las causas graves que la ley local prevenga, siempre y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacerlos (sic) alegatos que a su juicio convengan."
Esto es, si el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de M. no se interpreta conforme a la Constitución Federal, se incurre en un acto contrario a ésta, tal como ocurrió en la especie, pues el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje consideró que estaba en aptitud de destituir a integrantes del Ayuntamiento, revocando de facto el mandato otorgado a éstos, no obstante que la Ley Fundamental, así como los preceptos de la Constitución del Estado de M. y la Ley Orgánica Municipal del Estado de M. citados con antelación, sólo permiten que sea el Congreso del Estado quien determine tal destitución, cumpliendo con los requisitos que la propia disposición suprema exige para afectar la integración de un Municipio, impidiendo así que sea dicho Congreso el que califique, mediante el procedimiento correspondiente y cumpliendo con las exigencias constitucionales y legales, si la falta cometida constituye una causa grave que amerite la destitución de alguno de los integrantes del Ayuntamiento.
En consecuencia, dado que el Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de M. no interpretó la norma conforme a la Constitución Federal, toda vez que destituyó directamente a uno de los integrantes del Municipio actor, en concreto, a la presidenta municipal, se impone declarar la invalidez de la determinación que tomó el veinte de febrero de dos mil dieciocho, así como los oficios dictados por el presidente ejecutor a fin de hacer efectiva la determinación plenaria.
Igual criterio sostuvo esta, Segunda Sala al fallar las controversias constitucionales 253/2016, 217/2016, 110/2017, 210/2017, 215/2017, 231/2017 y 1/2018; la primera el quince de noviembre de dos mil diecisiete, las cuatro siguientes el veinticuatro de enero, la penúltima el catorce de marzo y la última el trece de junio de dos mil dieciocho.
TERCERO.—Se declara la invalidez de la determinación efectuada en la sesión celebrada por el Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje el veinte de febrero de dos mil dieciocho, en el sentido de estimar procedente la imposición de la sanción consistente en la destitución de la presidenta municipal del Ayuntamiento de Temoac, M., así como los oficios de la misma fecha, dictados por el presidente ejecutor de dicho tribunal.
Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cuatro votos de los Ministros J.L.P., J.F.F.G.S., M.B.L.R. y presidente E.M.M.I.E.M.J.F.F.G.S., emitió su voto con reservas. Ausente el M.A.P.D. (ponente). La Ministra M.B.L.R. hizo suyo el asunto.
"En términos de lo dispuesto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su sesión del veinticuatro de abril de dos mil siete, y conforme a lo previsto en los artículos 3, fracción II, 13, 14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como el segundo párrafo del artículo 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos."
Nota: Las tesis aisladas 2a. CVII/2009 y P. XV/2009 citadas en esta ejecutoria, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomos XXX, septiembre de 2009, página 2777; y XXIX, abril de 2009, página 1292, respectivamente.
2. "Artículo 124. Las infracciones a la presente ley que no tengan establecida otra sanción y la desobediencia a las resoluciones del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, se castigarán:... II. Con destitución del infractor sin responsabilidad para el Gobierno del Estado o de los Municipios. Estas sanciones serán impuestas en su caso, por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje."
3. Fojas 251 a 255 del cuaderno principal de la controversia constitucional 89/2018.
5. Foja 260 del mismo cuaderno principal.
6."Artículo 747. Las notificaciones surtirán sus efectos de la manera siguiente: I. Las personales: el día y hora en que se practiquen, contándose de momento a momento, cualquiera que sea la hora en que se haya hecho la notificación, salvo disposición en contrario en la ley."
13. Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Pleno, Tomo XXIV, noviembre de 2006, página 878, registro digital: 173937.
14. "Artículo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes:... VII. Cuando la demanda se presentare fuera de los plazos previstos en el artículo 21."
15. "Artículo 20. El sobreseimiento procederá en los casos siguientes:... II. Cuando durante el juicio apareciere o sobreviniere alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo anterior."
17. "Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes: I. De las controversias constitucionales que, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre:... i) Un Estado y uno de sus Municipios, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales."
19. "Artículo 45. Los síndicos son miembros del Ayuntamiento, que además de sus funciones como integrantes del C., tendrán a su cargo la procuración y defensa de los derechos e intereses del Municipio, así como la supervisión personal del patrimonio del Ayuntamiento; tendiendo además, las siguientes atribuciones:... II. Con el apoyo de la dependencia correspondiente del Ayuntamiento, procurar, defender y promover los derechos e intereses municipales; representar jurídicamente a los Ayuntamientos en las controversias administrativas y jurisdiccionales en que éste sea parte, pudiendo otorgar poderes, sustituirlos y aún revocarlos."
21. "Artículo 10. Tendrán el carácter de parte en las controversias constitucionales:... II. Como demandado, la entidad, poder u órgano que hubiere emitido y promulgado la norma general o pronunciado el acto que sea objeto de la controversia."
23. Fojas 299 a 315 de autos.
24. "Artículo 36. Son atribuciones del presidente de la mesa directiva:... XVI. Representar legalmente al Congreso del Estado en cualquier asunto en que éste sea parte, con las facultades de un apoderado general en términos de la legislación civil vigente, pudiendo delegarla mediante oficio en la persona o personas que resulten necesarias, dando cuenta del ejercicio de esta facultad al pleno del Congreso del Estado.""Artículo 32. ...
25. Fojas 513 a 568 de autos.
26. "Artículo 38. A la Consejería Jurídica le corresponden las siguientes atribuciones:... II. Representar al titular del Poder Ejecutivo, cuando éste así lo acuerde, en las acciones y controversias a que se refiere el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
28. "Artículo 70. Son facultades del gobernador del Estado:...VI. Designar o nombrar a los secretarios de despacho y al consejero jurídico, en una proporción que no exceda el 60 por ciento para un mismo género."
29. Foja 570 a 630 de autos.
30. Fojas 481 a 490 de autos.
31. Fojas 137 a 139 de autos.
32. Fojas 153 a 155 de autos.
33. "Artículo 12. El presidente tendrá las facultades y obligaciones siguientes:... XIII. Tener la representación legal del tribunal ante todo tipo de autoridades y en eventos oficiales, así como para su funcionamiento administrativo y financiero."
37. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Pleno, Libro IX, Tomo 1, junio de 2012, página 18, registro digital: 2000966, cuyo texto señala: "El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia P./J. 16/2008, de rubro: "‘CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DE MANERA EXCEPCIONAL AUN CUANDO EL ACTO IMPUGNADO SEA UNA RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL EN ESTRICTO SENTIDO, SI LA CUESTIÓN A EXAMINAR ATAÑE A LA PRESUNTA INVASIÓN DE LA ESFERA COMPETENCIAL DE UN ÓRGANO ORIGINARIO DEL ESTADO.’"; en la inteligencia de que la excepción a que se refiere dicho criterio no se actualiza cuando de la demanda de controversia constitucional se advierta, sin duda alguna, que no se está ante un conflicto competencial entre órganos, poderes o entes, sino que lo efectivamente impugnado son las consideraciones de fondo de la resolución de un Tribunal de lo Contencioso Administrativo, toda vez que la controversia constitucional no es un recurso por medio del cual pueda someterse a revisión la misma cuestión litigiosa debatida en un procedimiento natural; por ende, en este caso se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que conlleva al desechamiento de plano de la demanda, en términos del artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
44. "Artículo 41. Las sentencias deberán contener:... IV. Los alcances y efectos de la sentencia, fijando con precisión, en su caso, los órganos obligados a cumplirla, las normas generales o actos respecto de los cuales opere y todos aquellos elementos necesarios para su plena eficacia en el ámbito que corresponda. Cuando la sentencia declare la invalidez de una norma general, sus efectos deberán extenderse a todas aquellas normas cuya validez dependa de la propia norma invalidada."