Source: https://www.notariosyregistradores.com/PERSONAL/PROPIEDAD/ARTICULOS/sentencias-calificacion.htm
Timestamp: 2019-08-21 02:52:24
Document Index: 191504536

Matched Legal Cases: ['artículo 254', 'artículo 255', 'artículo 255', 'artículo 1', 'artículo 327', 'artículo 255', 'artículo 255', 'artículo 36', 'artículo 506', 'artículo 328', 'artículo 328', 'artículo 328', 'artículo 1']

SENTENCIAS QUE SOSTIENEN EL ÁMBITO, INDEPENDENCIA
Y RESPONSABILIDAD DE LA CALIFICACIÓN REGISTRAL
Extracto y selección de Joaquín Delgado Ramos
Recopilación de sentencias de Juan Carlos Casas
I.- AMBITO DE LA CALIFICACIÓN REGISTRAL
II.- MEDIOS PARA LA CALIFICACIÓN REGISTRAL
SUSPENSIÓN DE LA CALIFICACIÓN POR MOTIVOS FISCALES
III.- INDEPENDENCIA Y RESPONSABILIDAD
IV.- MEDIOS DE DEFENSA DE LA CALIFICACIÓN REGISTRAL:
.- NULIDAD DE LAS RESOLUCIONES EXTEMPORÁNEAS DE LA DGRN
.- LEGITIMACIÓN PASIVA PARA INTERVENIR ADHESIVAMENTE EN EL PROCESO COMO DEMANDADO, JUNTO A LA DGRN, para defender su nota de calificación confirmada por ésta y evitar su revocación
V.- Apéndice: nuevas sentencias de interés"
Así, (una vez superada por fin la anomalía inconstitucional de que los pronunciamientos meramente administrativos de la DGRN en el llamado recurso gubernativo no han estado sujetos de facto a revisión jurisdiccional hasta la ley 24/2001), resulta de especial interés para el desempeño de la función registral conocer la valoración que de la misma hacen los Tribunales de Justicia al interpretar y aplicar las normas relativas a la calificación registral.
(extracto por JDR. Contenido por JCC)
Respecto de su ámbito y evolución, la Sentencia firme de 20-4-2006 de la Audiencia Provincial de Málaga, destaca que la función calificadora del Registrador, en tanto que sujeta al principio de legalidad, debe contemplar la totalidad del ordenamiento jurídico
La calificación ha experimentado un desarrollo expansivo, al pasar dicha actividad, de la simple toma de razón, propia del sistema de la Ley Hipotecaria de 1861, al modelo actual regulado en el art. 18 LH y que obliga al Registrador a constatar la validez del acto jurídico de que se trate, de acuerdo con el principio de legalidad, y limitando su actuación al acto mismo, sin interferir en lo que sería propio de la actividad jurisdiccional
Destaca una sentencia que se ha dictado en materia de inmatriculación mediante los llamados títulos prefabricados, es decir, elaborados básicamente a los efectos de obtener la inmatriculación.
La Resolución DGRN 11-3-2006 (BOE 18-4-2006, BCNR 123, Pág. 890) había considerado que no cabe la creación de títulos instrumentales sucesivos para lograr la inmatriculacion (Señalaba que la simple sospecha de que el título por el que se acredita la previa adquisición del ahora transmitente ha sido elaborado exclusivamente a los efectos de obtener la pertinente inmatriculación, encubriendo una transmisión meramente instrumental, no puede ni debe bastar para suspender la inscripción, pero que cuando tal circunstancia resulta paladinamente de los propios documentos calificados el documento fehaciente que se usa como título previo lo constituye una escritura autorizada por el mismo Notario que autoriza el documento inmatriculador el mismo día en que éste se autorizó y por las mismas personas, sólo que cambiando la condición de transmitentes y adquirentes sí que debe el Registrador negar la inmatriculación de la finca).
En cambio la sentencia considera totalmente correcta la actuación de la Registradora, tanto en su consulta al Registro Mercantil (dado que su olfato jurídico le indicaba que puede haber problemas si el nombramiento no está inscrito, siendo la inscripción obligatoria), como en su calificación, en cuanto que todo ello afecta o puede afectar a la capacidad del otorgante y a la validez del acto dispositivo (art. 18 LH) así como a los futuros terceros que se fían de la legalidad y legitimidad de lo que publica el Registro mercantil, por lo que revoca la resolución.
Frente a la doctrina DGRN (que se inició con la Res 17-12-1997) según la cual, la inscripción en el Registro Mercantil del cargo de Administrador no es necesaria para la inscripción del acto en el Registro de la Propiedad, entiende la sentencia que aunque el nombramiento de los administradores surte efecto desde su aceptación y las consecuencias de la no inscripción no pueden perjudicar a terceros de buena fe no por ello puede impedirse que el Registrador exija esa obligatoria inscripción, decisión que entiende importante y decisiva, pues se está amparando en las facultades de los registradores mercantiles en orden a la vigilancia de a legalidad en este punto.
La Sentencia de 5-4-2005 del Juzgado 1ª instancia nº 9 de Granada, anula dicha resolución en cuanto al particular contenido en el fundamento de derecho 2º de la resolución, que se refería a aquel extremo, ya que choca frontalmente con otras anteriores que establecen esta falta de vinculación y dado que son varios los artículos que consagran la independencia y responsabilidad de los registradores para calificar una escritura referente a inmuebles radicados en su circunscripción territorial (18, 19 bis, 258-5, 274, 275 bis LH desarrollado por el RD 1039/2003, de 1 de Agosto-, 296, 326, 327 LH, 1, 2, 3, 101, 127, 420 RH, 10-1 CC).
La Resolución DGRN Consulta vinculante- de 12-4-2002 consideró necesaria una relación o transcripción somera pero suficiente de las facultades representativas, (expresión poco afortunada según reconocen algunas sentencias). Sin embargo, las posteriores resoluciones singulares no han seguido el mismo criterio, lo cual generó un avivado debate al respecto. ¿Puede la DG prescindir del criterio señalado en una Resolución de mayor valor?
- La Sentencia de 30-6-2006 de la Audiencia Provincial de Málaga consideró que la DGRN puede disentir o apartarse del criterio precedente, dada la naturaleza interpretativa de la legalidad que otorga a las resoluciones el art. 260 LH, y dado que las resoluciones sobre consultas vinculantes carecen de naturaleza de disposición reglamentaria.
- En cambio, la Sentencia de 14-3-2007 del Juzgado de Primera Instancia nº 53 de Barcelona, -recurrida- que anula la resolución DGRN 5-5-2005 entre otras razones por contradicción de la misma con la Resolución vinculante de 12-4-2002, dictada con carácter general, conforme al art. 103 de la Ley 24/2001, de 27 de Diciembre.
Existen también sentencias que han considerado necesaria la transcripción (somera pero suficiente) de las facultades representativas, bien interpretando de esta manera el artículo y el art. 18 LH, bien en base a la citada Resolución consulta de 12-4-2002, todo ello con la finalidad de que el Registrador, en ejercicio de su función calificadora, pueda apreciar la adecuación de las facultades representativas al negocio otorgado cuya inscripción se pretende, es decir si el juicio emitido por el Notario resulta contradicho por lo que resulte del documento calificado o de los asientos del Registro. Además solo así el Notario fundamentaría su juicio o conclusión. Si el Registrador, como reconoce la DG, ha de hacer un juicio de congruencia entre el juicio de valor del Notario y el acto a efectuar, resultará no difícil sino imposible efectuarlo si el Notario no expresa las facultades en que se basa para emitir su juicio de valor, como no sea obviando su función de control. Por ello, expresiones limitadas a tiene a mi juicio capacidad para otorgar este acto, sin más, impiden cumplir la función encomendada al Registrador. Sentencia firme de 27-3-2003 del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Alicante, Sentencia 28-4-2004 AP Alicante.
Y es que, si bien la capacidad natural se presume y es cuestión de hecho apreciable y únicamente apreciable por el Notario, la capacidad legal derivada de la representación no se presume sino que debe ser acreditada (arts 1280-5 cc, en relación con los arts 1218 y 1259 cc) y además es una cuestión de derecho perfectamente enjuiciable por el Registrador una vez aportada, por lo que no puede sustraerse de la calificación registral el contenido del documento de apoderamiento.
El art. 98 de la ley 24/2001 de 27-12 es suficientemente claro y faculta al Notario para juzgar y evaluar las capacidades de representación que se le someten, pero permite al registrador, posteriormente, calificar el juicio notarial de suficiencia, y, por tanto, disentir de la previa opinión del notario y hacerla valer con sus funciones calificadoras.
Calificación registral capacidad otorgantes. No puede admitirse que el art. 98 de la ley 24/2001 artículo pueda haber atribuido de forma exclusiva y excluyente a los Notarios la facultad de valoración de la capacidad de los otorgantes, asumiendo una responsabilidad que perfectamente no sólo podría privar a los mismos de la confianza en ellos depositada, sino que obviaría las competencias de los Registradores y dejaría sin eficacia alguna su función calificadora (art. 18 LH: Los Registradores calificaran, bajo su responsabilidad... la capacidad de los otorgantes y la validez de los actos dispositivos contenido en las escrituras públicas...).
En caso de falta de pago de impuestos, la sentencia rechaza que se haya de realizar una calificación global como interpreta la DGRN, de manera que al tiempo de suspender la calificación se efectúe una calificación del fondo del documento. El juez considera económica y práctica la interpretación realizada por el Centro Directivo pero meramente voluntarista porque choca con la redacción tan clara de un precepto legal, ya que, si bien las normas se pueden interpretar, no se puede llegar a extremos que supongan su vaciado de contenido. ya que como es evidente dada la redacción clara del precepto suspender la calificación implica no entrar a calificar. Si no fuera así, el 255 no tendría razón de ser, pues el pago del impuesto ya se controla con el artículo 254:
Señala que los Registradores se encuentran más vinculados a la Ley que a la DGRN y en tanto que no haya un pronunciamiento jurisprudencial que interprete el artículo 255 LH, es correcto que el Registrador se cuestione esta calificación global en caso de falta de pago de impuestos, porque la LH en su artículo 255 ordena detener su función calificadora, criticando acerbamente la exigencia de acatar una interpretación superior bajo amenaza de sanción cuando es claro que la norma en cuestión es opinable, y que se pretenda mantener una línea incuestionable limitando así el acceso a los tribunales y la deseable aclaración jurisprudencial de las normas, convirtiendo a las resoluciones de la DGRN en jurisprudencia de hecho, cuando en realidad no tienen tal condición.
Texto legal: Art. 327-10 LH: Publicada en el Boletín Oficial del Estado la resolución expresa por la que se estime el recurso, tendrá carácter vinculante para todos los registradores mientras no se anule por los Tribunales. La anulación de aquélla, una vez firme, será publicada del mismo modo.
En tal sentido cabe recordar que la Sentencia de 14-3-2007 del Juzgado de Primera Instancia nº 53 de Barcelona cuya firmeza aun no nos consta-, sentencia que marca claramente la diferencia entre las resoluciones singulares y las del art. 103 de la ley 24/2001 (consultas vinculantes, que sí obligan a Notarios y Registradores), declaró la improcedencia de la doctrina DGRN sobre el alcance vinculante de las Resoluciones singulares que deciden recursos gubernativos que interpretan el art. 98 de la ley 24/2001, y que en la actualidad están pendientes de Sentencia Judicial, ya que interpretando la expresión vinculación para todos los Registros- las resoluciones singulares vinculan únicamente al Registrador calificante y a los demás Registradores que hayan de calificar el mismo documento por afectar a varios Registros.
Y la Sentencia más reciente de la Audiencia Provincial de Barcelona de 22-1-2008 recuerda que lo que a derechos civiles se refiere, no puede con arreglo a nuestra legislación política estar subordinado a la autoridad del orden administrativo, principio de salvaguardia judicial que acoge el artículo 1 LH, y por tanto la doctrina de la DG no puede ser de superior rango que la jurisprudencia dictada por la sala 1ª del TS.
A mayor abundamiento ha de recordarse que la Exposición de Motivos de la LH señala que los Registros deben estar bajo la dependencia exclusiva del Ministerio de Justicia y bajo la inspección de la autoridad judicial, siendo ésta únicamente la llamada a decidir las dudas y cuestiones que se susciten... Añade dicha sentencia que si el asunto de fondo debatido se encuentra pendiente de resolución firme por los Tribunales y sujeto al control jurisdiccional, hasta tanto no se pronuncien definitivamente los Tribunales su vinculación no resulta pertinente.
a) el artículo 327 LH (tendrá carácter vinculante... mientras no se anule por los Tribunales) no incluye la firmeza ni la publicación en el BOE como presupuestos para la cesación de la vinculación;
A tal punto llega la vocación expansiva de esta vinculación según la DGRN que entre las sentencias más recientes la de 28-7-2008 del Juzgado de 1ª Instancia nº 3 de Lleida, cuya firmeza no nos consta (y que revoca la Resolución DGRN 16-2-2008 y declara conforme a derecho la suspensión de la calificación efectuada por el Registrador por falta de pago del impuesto o justificación de su exención o no sujeción, art. 255 LH, revocando por tanto una conocida doctrina DGRN que el mismo centro directivo ha considerado vinculante para todos los registradores, pese a ser un aspecto procedimental) se ha visto en la necesidad de recordar que los Registradores se encuentran más vinculados a la Ley que a la DGRN y en tanto que no haya un pronunciamiento jurisprudencial que interprete el artículo 255 LH, es correcto que el Registrador se cuestione esta calificación global en caso de falta de pago de impuestos, porque la LH en su artículo 255 ordena detener su función calificadora, criticando la exigencia de acatar una interpretación superior bajo amenaza de sanción cuando es claro que la norma en cuestión es opinable, y que se pretenda mantener una línea incuestionable limitando así el acceso a los tribunales y la deseable aclaración jurisprudencial de las normas, convirtiendo a las resoluciones de la DGRN en jurisprudencia de hecho, cuando en realidad no tienen tal condición.
- potencia los artículos 4 LH y 36 RH,
- admite la tradición instrumental de la escritura notarial extranjera;
- advierte que las presunciones establecidas en la legislación notarial española son las de veracidad e integridad (art. 17.bis de la Ley del Notariado), que se refieren a hechos, y en todo caso dentro del marco establecido en la LH y LEC, sin que puedan añadirse otras no previstas como las de legalidad o exactitud, que serían juicios u opiniones del Notario a diferencia de las presunciones de los asientos registrales;
- remarca la separación entre efectos inter partes de la forma notarial y los efectos erga omnes de oponibilidad respecto a terceros y presunciones de exactitud del asiento registral (arts 1218 y 1257 CC, 38, 34 y 1-3 LH), así como la distinta función de Notarios y Registradores;
- advierte que el Registrador de la Propiedad es el que tiene encomendada la función de controlar la legalidad a efectos de la práctica de la inscripción y se decanta por la postura de facilitar el acceso de las escrituras notariales extranjeras asumiendo el Registrador las funciones que deberá ejercer con mayor intensidad a la que normalmente requiere la escritura otorgada ante Notario español
En tal sentido, afirma que es un contrasentido que el TSJE dote, p.ej, con arreglo al Reglamento 44/2001 del Consejo de 22-12-2000 relativo a la competencia, el reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, a una escritura pública otorgada en el extranjero el valor de título jurídico europeo directamente ejecutable en España, sin procedimiento ni mecanismo de reconocimiento alguno (Rto 805/2004) y sin embargo la DGRN deniegue su inscripción en el Registro español.
Con cita de la sentencia de 22-11-2006 de la AP de Tenerife (que, recordemos, anuló la Resolución de 7-2-2005, si bien está recurrida ante el TS), señala que en el ámbito de la adquisición del dominio, el legislador en el CC hace una remisión a la LH española al atribuirle la competencia exclusiva en la regulación de los títulos inscribibles, pues la publicidad registral de los inmuebles sitos en España se rige por la ley española art. 10 CC-, mientras que la única remisión a la legislación notarial es la relativa a la prueba de las obligaciones: art. 1217 CC: Los documentos en los que intervenga un Notario público se regirán por la legislación notarial. Esta será la correspondiente a la ley que regule las formas y solemnidades del contrato art. 11 CC.
La expresión fuerza en España con arreglo a las leyes no puede entenderse como sinónima de los requisitos y formalidades exigidas a un documento público español, pues el art. 4 LH es diferente del 3 LH (y del 2 LH y 33 RH), que se refiere exclusivamente a los documentos otorgados en España, por lo que las leyes a las que se refiere son las normas de derecho internacional privado (art. 323 LEC), de modo que la ley que rige los requisitos de estos documentos en España son los arts 8-12 CC y el Convenio de Roma, sin que sean exigibles los requisitos establecidos en la legislación notarial española, no aplicables a los notarios extranjeros.
Y todo ello sin perjuicio que, tal como establece el artículo 36 RH, posteriormente el REGISTRADOR realice un CONTROL DE LEGALIDAD a través de la CALIFICACIÓN REGISTRAL.
Los argumentos de este grupo de sentencias, se centran en que el criterio DGRN prescinde absolutamente del procedimiento establecido, al eliminar de facto un trámite esencial de los previstos en la ley, y causa indefensión al Registrador, en cuanto funcionario calificador, lesionando un derecho fundamental susceptible de amparo constitucional, (art. 24 CE). Igualmente, se basan en el principio de seguridad jurídica, en el artículo 506 RH (informe en defensa de la nota), en la responsabilidad que asume el Registrador al calificar, y en la falta de competencia de la DGRN para restringir el contenido del informe
2) Se ha dictado la resolución prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido, ya que el no tener en cuenta el informe del registrador supone su eliminación de facto del procedimiento administrativo, y por tanto la omisión en la práctica de un trámite esencial previsto legalmente.
Aunque la nota de calificación ha de expresar la motivación jurídica esencial de la calificación, el informe en la tramitación del recurso gubernativo ha de ser la vía por la que el Registrador defienda su nota y por tanto, además de contener información de mero trámite, e incluso manifestaciones de carácter jurídico relativas a requisitos formales (personales o de tiempo) del propio recurso gubernativo formulado, el informe puede incluir una ampliación de los argumentos que el Registrador ya empleó en su nota de calificación, y cuando la DG dicte resolución ha de razonar la postura que adopte respecto a todos y cada uno de los contenidos del informe, no pudiendo ignorarlos de plano, si bien el informe no podrá contener, ni la Dirección General habría de tenerla en cuenta, motivación consistente en argumentos nuevos o sorpresivos cuya esencia no hubiera sido expresada en la nota de calificación.
Con cita de diversas sentencias, y partiendo de la competencia para conocer de este extremo, entiende la sentencia que el informe que ha de emitir el Registrador, por su propia naturaleza y definición debe versar sobre la explicación y justificación, por razones sustantivas, de la nota impugnada, en la cual habrán de haberse expuesto sucintamente los motivos de la denegación de la inscripción, con expresión de los preceptos legales (ello permite al interesado recurrir y no le causa indefensión) pero que podrán ser completados con toda suerte de amplitud de justificación en la redacción del informe, que no puede ser ninguneado por la DG (llega a hablar la sentencia de la nihilización del informe del Registrador) y debe ser valorado, ya que de lo contrario devendría en un trámite inútil y superfluo, en contra del art. 327 LH.
El artículo 328-4 LH señala que el registrador de la propiedad, mercantil y de bienes muebles cuya calificación negativa hubiera sido revocada mediante resolución expresa de la DGRN podrá recurrir la resolución de ésta cuando la misma afecte a un derecho o interés del que sean titular
- En la redacción originaria del artículo 328 LH (ley 24/2001) el Registrador carecía de legitimación para interponer la demanda;
- Dicha situación cambia radicalmente con la ley 53/2002, que le legitima para recurrir las resoluciones estimatorias de los recursos interpuestos contra su calificación negativa;
- Con la ley 24/2005 el Registrador tendrá legitimación para recurrir las resoluciones revocatorias de sus calificaciones cuando afecten a un derecho o interés del que sea titular (la aparente discordancia entre la exposición de motivos, que parece negarle legitimación- y el texto de la ley, que se la concede, debe resolverse a favor de ésta último). Por cierto, dicha discordancia se explica, como dice la Sentencia 29-2-2008 AP Badajoz- porque aquella correspondía con la inicial propuesta para el articulado, que posteriormente no vio la luz.
2) También es de gran relieve la Sentencia de 29-2-2008 de la Audiencia Provincial de Badajoz, que pone el acento en el derecho a la tutela judicial efectiva, que impone a los órganos jurisdiccionales una interpretación amplia y no arbitraria, irrazonable o excesivamente restrictiva de la legitimación activa para acceder a los procesos judiciales (interpretación restrictiva que es prohibida por el TC), y considera que el interés o derecho del Registrador a que se refiere el artículo no puede ser el particular, y puede consistir perfectamente en una ventaja o utilidad jurídica derivada de la anulación de la resolución, y que por aquel derecho o interés debe interpretarse la defensa cualificada de la legalidad registral y de la respectiva función registral, y, por extensión, la defensa de los terceros, concretamente de aquello que resultarían perjudicados si no se pudiese recurrir contra la resolución DG revocatoria de la calificación registral negativa, que lógicamente serían personas diferentes de las que hubieran promovido el recurso que a la postre estime la DG. Aparece así -dice la propia sentencia-, el Registrador como fiscal de los ausentes del procedimiento, en expresión feliz de D. Jerónimo González.
3) la Sentencia de 12-11-2008 de la Audiencia Provincial de Guadalajara que reconoce la legitimación activa del Registrador "como titular de un interés en velar por la legalidad y la tutela registral". Añade que el reconocimiento de la legitimación del Registrador en el art. 328 LH ha obtenido favorable crítica en la doctrina, por el interés del registrador en defender su criterio, debiendo permitírsele el ejercicio del derecho correspondiente, sin posible suplantación por el criterio divergente que hubiera sostenido la DGRN, porque no existe causa bastante de subordinación para ello, ya que la resolución o la sentencia adversa a la calificación denegatoria pudieran dar origen a una pretensión de responsabilidad civil.
a.- la defensa cualificada de la legalidad registral y de la respectiva función registral, y, por extensión, la defensa de los terceros, el principio de responsabilidad que asume el Registrador al calificar art. 18 LH-, o la tutela judicial efectiva -art. 24 CE
Igualmente la Sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra de 22-12-2004, considera que el Registrador tiene interés legítimo en el resultado del pleito, y que, ya sea por aplicación del artículo 328 LH o, más adecuadamente, por aplicación del art. 13-1 LEC, se encuentra en situación de ser parte interviniente. Aunque el art. 328 LH no contemple esta presencia del Registrador para defender la resolución que confirma su calificación, y por tanto para que la misma sea mantenida y confirmada por el órgano jurisdiccional, esa legitimación del art. 328 LH resulta ser relevante y esclarecedora en relación con el art. 13-1 LEC, según el cual podrá ser admitido como demandante o demandado quien acredite tener interés directo y legítimo en el resultado del pleito, y es evidente, dice, que el Registrador ostenta dicho interés.
IV.- Apéndice: nuevas sentencias de interés"
Además de la cuestión de fondo (el poder para comprar todo tipo de inmuebles no autoriza para comprar participaciones indivisas, aún existiendo juicio notarial de suficiencia, siendo ajustada a derecho la calificación registral que suspendió la inscripción por tal motivo), se vuelve a reconocer legitimación activa al Registrador, se vuelve a considerar nulas las resoluciones dictadas fuera de plazo, y se vuelve a reiterar, como ya hiciera la Sentencia de 22-1-2008 de la Audiencia Provincial de Barcelona que A mayor abundamiento cabe añadir que la Exposición de Motivos de la LH señala que los Registros deben estar bajo la inspección de la autoridad judicial y bajo la dependencia exclusiva del Ministerio de Justicia, es decir, es la Administración de Justicia la llamada a decidir, en exclusiva las dudas y cuestiones que se susciten, por lo que, obviamente, todo lo relativo a derechos civiles, no puede estar subordinado a la autoridad del orden administrativo, principio de salvaguardia judicial que acoge el artículo 1 LH, y por tanto la doctrina de la DG no puede ser de superior rango que la jurisprudencia dictada por la sala 1ª del TS en lo que a derechos civiles se refiere, por lo cual, si el asunto de fondo debatido se encuentra pendiente de resolución firme por los Tribunales y sujeta al control jurisdiccional hasta tanto no se pronuncien definitivamente los Tribunales su vinculación no resulta pertinente.
INTERPRETACION INTEGRADORA DEL ART 18 DE LA LEY HIPOTECARIA Y EL ART 98 DE LA LEY 24/2001.: Dicho juicio de suficiencia notarial, útil para obviar la transcripción de facultades, no lo es para acreditar la validez del nombramiento ni para marginar o excluir la calificación de su legalidad
Esa resolución ha sido anulada por extemporánea por la sentencia de 17-7-2007 del Juzgado de Primera Instancia número 8 de Murcia, que considera además que ésta es ya la doctrina mayoritaria, y en apelación por la Sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia de 3-11-2008, que incide en el principio de seguridad jurídica y en el carácter especial y triangular del procedimiento registral. La incidencia de los terceros sobre la institución registral, que nació precisamente para fortalecer los efectos erga omnes de las transacciones inmobiliarias, hace necesario que en todo momento prevalezca la certidumbre de los asientos del Registro y que no pueda ser prorrogada la incertidumbre de lo que publican
Nulidad por extemporánea. Como ya hiciera la sentencia de instancia, la de la Audiencia confirma la nulidad de la resolución DGRN por extemporánea. Y lo hace con cita de otras muchas anteriores e incidiendo en el principio de seguridad jurídica y en el carácter especial y triangular del procedimiento registral. La incidencia de los terceros sobre la institución registral, que nació precisamente para fortalecer los efectos erga omnes de las transacciones inmobiliarias, hace necesario que en todo momento prevalezca la certidumbre de los asientos del Registro y que no pueda ser prorrogada la incertidumbre de lo que publican (JCC)
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