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Timestamp: 2020-02-22 00:26:51
Document Index: 140904617

Matched Legal Cases: ['Artículo 52', 'Artículo 53', 'Artículo 54', 'Artículo 55', 'Artículo 56', 'Artículo 57', 'Artículo 58', 'Artículo 59', 'Artículo 60', 'Artículo 61', 'Artículo 62', 'Artículo 63', 'Artículo 64', 'Artículo 65', 'Artículo 63', 'Artículo 66', 'Artículo 67', 'Artículo 68', 'Artículo 69', 'Artículo 70', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 1', 'Artículo 45', 'Artículo 2']

1898 Punto de Encuentro - Constitución autonómica de 1897 Puerto Rico "2º Parte" - ÁREA DEL CARIBE
Constitución autonómica de 1897 Puerto Rico "2º Parte"
1898 Punto de Encuentro · BELIGERANTES · ÁREA DEL CARIBE
jofapa
#1 · 23/May/2006, 16:22 · Editado por jofapa
Constitución autonómica de 1897
Título VIII. Del régimen municipal y provincial
Artículo 52.- La organización municipal es obligatoria en todo grupo de población superior a 1.000 habitantes.
Los que no lleguen a esa cifra podrán organizar los servicios de carácter común por convenios especiales.
Todo Municipio legalmente constituido estará facultado para estatuir sobre la instrucción pública, las vías terrestres, fluviales o marítimas, la sanidad local, los presupuestos municipales, y para nombrar y separar libremente sus empleados.
Artículo 53.- A1 frente de cada provincia habrá una Diputación, elegida en la forma que determinen los Estatutos, coloniales y compuesta de un número de individuos proporcional a su población.
Artículo 54.- La Diputación provincial es autónoma en todo lo referente a la creación y dotación de establecimientos de instrucción pública, servicios, de beneficencia, vías provinciales terrestres, fluviales o marítimas, formación de sus presupuestos y nombramiento y separación de sus empleados.
Artículo 55.- Tanto los Municipios como las Provincias podrán establecer libremente los ingresos necesarios para cubrir sus presupuestos, sin otra limitación que la de hacerlos compatibles con el sistema tributario general de la isla.
Los recursos del presupuesto provincial serán independientes de los del municipal.
Artículo 56.- Serán Alcaldes y Tenientes de Alcalde los Concejales elegidos por los Ayuntamientos.
Artículo 57.- Los Alcaldes ejercerán sin limitación alguna las funciones activas de la Administración municipal, como ejecutores de los acuerdos de los Ayuntamientos y representantes suyos.
Artículo 58.- Tanto los Concejales como los Diputados, provinciales serán responsables civilmente de los daños y perjuicios causados por sus actos.
Esta responsabilidad será exigible ante los Tribunales ordinarios.
Artículo 59.- La Diputación provincial nombrará libremente su presidente.
Artículo 60.- Las elecciones de Concejales y Diputados provinciales se harán de manera que las minorías tengan en ella su legítima representación.
Artículo 61.- Las leyes Provincial y Municipal vigentes en Puerto Rico seguirán rigiendo en cuanto no se opongan a las disposiciones del presente decreto y a las modificaciones introducidas por la ley Electoral, mientras el Parlamento colonial no estatuya sobra estas materias.
Artículo 62.- Ningún Estatuto colonial podrá privar a los Municipios ni a la Diputación de las facultades reconocidas en los Artículos anteriores.
Título IX. De las garantías para el cumplimiento de la Constitución colonial
Artículo 63.- Todo ciudadano podrá acudir a los Tribunales cuando entienda que sus derechos han sido violados o sus intereses perjudicados por los acuerdos de un Municipio o de la Diputación Provincial.
El Ministerio fiscal, si a ello fuere requerido por los agentes del Poder ejecutivo colonial, perseguirá igualmente ante los Tribunales las infracciones de ley o las extralimitaciones de facultades cometidas por los Ayuntamientos y Diputación.
Artículo 64.- En los casos a que se refiere el Artículo anterior serán Tribunales competentes: para las reclamaciones contra los Municipios, la Sala de lo Civil de la Audiencia Territorial; y para las reclamaciones contra la Diputación Provincial, la Audiencia Territorial de Puerto Rico en pleno.
Cuando se trate de extralimitación de facultades de las referidas Corporaciones, resolverá en Tribunal plena la Audiencia Territorial. De las resoluciones de la Audiencia Territorial podrá apelarse al Tribunal Supremo del Reino.
Artículo 65.- Las facultades concedidas en el Artículo 63 a todo ciudadano se podrán también ejercer colectivamente por medio de la acción pública, nombrando al efecto apoderado o representante.
Artículo 66.- Sin perjuicio de las facultades que le están otorgadas en el Título V al Gobernador general, cuando lo estime conveniente podrá acudir, en su calidad de Jefe del Poder ejecutivo colonial, ante la Audiencia Territorial de Puerto Rico para que ésta dirima los conflictos de jurisdicción entre el Poder ejecutivo colonial y sus Cámaras legislativas.
Artículo 67.- Si surgiera alguna cuestión de jurisdicción entre el Parlamento insular y el Gobernador general en su calidad de representante del Poder central, que, a petición del primero, no fuera sometida al Consejo de Ministros del Reino, cada una de las dos partes podrá someterla a la resolución del Tribunal Supremo del Reino, que resolverá en pleno y en una sola instancia.
Artículo 68.- Las resoluciones que recaigan en los casos previstos en los Artículos anteriores, se publicarán en la Colección de Estatutos coloniales y formarán parte de la legislación insular.
Artículo 69.- Todo acuerdo municipal que tenga por objeto la contratación de empréstitos o deudas municipales carecerá de fuerza ejecutiva, si no fuera aprobado por la mayoría de los vecinos, cuando así lo hubiere pedido la tercera parte de los Concejales.
Un Estatuto especial determinará la cuantía del empréstito o de la deuda que, según el número de vecinos que compongan el Ayuntamiento, será necesaria para que tenga lugar el referéndum.
Artículo 70.- Todas las disposiciones de carácter legal que emanen del Parlamento colonial o de los Tribunales, se compilarán con el nombre de Estatutos coloniales en una colección legislativa, cuya formación y publicación estará confiada al Gobernador general como Jefe del Poder ejecutivo colonial.
Artículo 1.- Mientras no se hayan publicado en debida forma Estatutos coloniales, se entenderán aplicables las leyes del Reino a todos los asuntos reservados a la competencia del Gobierna insular.
Artículo 2.- Una vez aprobada por las Cortes del Reino la presente Constitución para las Islas de Cuba y Puerto Rico, no podrá modificarse sino en virtud de una ley y a petición del Parlamento insular.
Artículo 3.- Los contratos referentes a servicios públicos comunes a las Antillas y a la Península que estén en curso de ejecución continuarán en la forma actual hasta su terminación, y se regirán en un todo por las condiciones del contrato.
Sobre los que aun no hubieran empezado a ejecutarse, pero estuvieran ya convenidos, el Gobernador general consultará al Gobierno central o a las Cámaras coloniales, en su caso, resolviéndose de común acuerdo entre los dos Gobiernos la forma definitiva en que hubieren de celebrarse.
Artículo 1.- A fin de llevar a cabo con la mayor rapidez posible y con la menor interrupción de los servicios la transición del sistema actual al que se crea por este Decreto, el Gobernador general, cuando crea llegado el momento oportuno, previa consulta al Gobierno central, nombrará los Secretarios del Despacho a que se refiere el Artículo 45, y con ellos conducirá el Gobierno interior de la Isla de Puerta Rico hasta la constitución de las Cámaras insulares. Los Secretarios nombrados cesarán en sus cargos al prestar el Gobernador general juramento ante las Cámaras insulares, procediendo el Gobernador acto continuo a sustituirlos con los que, a su juicio, representen de la manera más completa las mayorías de la Cámara de Representantes y del Consejo de Administración.
Artículo 2.- En el caso de que el Gobierno insular deseara destinar a otra clase de obras públicas los 250.000 pesos que para subvenciones a ff. cc. de vía estrecha se destinaron en la ley de 24 de agosto de 1896, propondría al Gobierno central lo que estimase oportuno.
Dado en Palacio a veinticinco de noviembre de mil ochocientos noventa y siete.
El Presidente del Consejo de Ministros
Constitución autonómica de 1897 Puerto Rico "1º Parte"
23/May/2006, 16:20
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