Source: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/Abril/600-27411-2011-10-1160.html
Timestamp: 2017-03-27 02:40:36
Document Index: 332306507

Matched Legal Cases: ['artículo 104', 'artículo 65', 'artículo 65', 'artículo 104', 'artículo 12', 'artículo 103', 'artículo 253', 'artículo 216', 'artículo 45', 'artículo 45', 'artículo 103', 'artículo 79', 'artículo 103', 'artículo 103', 'artículo 314', 'Artículo 103', 'Artículo 45', 'artículo 79', 'Artículo\n79', 'artículo 79', 'artículo 103', 'artículo 79', 'artículo 103', 'Artículo\n103', 'artículo 79', 'artículo 103', 'artículo 79', 'artículo 103', 'artículo 103', 'artículo 103', 'artículo 79', 'artículo 103', 'artículo 79', 'artículo 103', 'artículo\n79', 'artículo 103', 'artículo 103', 'artículo 79', 'artículo 103', 'artículo 253', 'artículo 104', 'artículo 104', 'artículo 253', 'artículo 104', 'artículo 45', 'artículo 104', 'artículo 25', 'artículo 18', 'artículo 6', 'artículo 4', 'Artículo 4', 'artículo\n103', 'artículo 4', 'artículo 65', 'artículo 103', 'artículo 79', 'artículo 103', 'artículo 79', 'artículo 79']

de octubre de 2010, el ciudadano GEOMAR JOSÉ MEDINA ÁLVAREZ, titular de
la cédula de identidad Nº V-15.888.884, asistido por las abogadas Genilis
Álvarez y Yanira Díaz de Baptista, inscritas en el Instituto de Previsión Social
del Abogado bajo los Nos. 21.724 y 68.673, respectivamente, ejerció acción
de amparo constitucional contra la decisión Nº 312-10, dictada por la Sala Nº 1 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, el 11 de agosto
de 2010, que declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto contra la
decisión Nº 648-10, dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones
anuló la decisión recurrida y ordenó al Juzgado A quo dar trámite de ley
al escrito de acusación fiscal presentado por la Fiscalía Trigésima Quinta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, de conformidad con lo previsto en el artículo 104
y siguientes de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia; por la presunta violación del principio de legalidad y del derecho
la presunta comisión del delito de actos
lo dispuesto en el artículo 65, parágrafo segundo, de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.
El 26 de octubre de 2010, se dio cuenta en Sala y se designó ponente al
Gladys María Gutiérrez Alvarado por la Asamblea Nacional en sesión de 7 de diciembre de 2010, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.569, del 8 del mismo mes y año,
el 9 de diciembre de 2010 se reconstituyó esta Sala Constitucional del Tribunal
El 1 de mayo de 2009, el ciudadano Geomar José Medina Álvarez fue presentado
Judicial Penal del Estado Zulia, por la Fiscalía Trigésima Quinta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, por la presunta comisión del delito de actos
omiten en virtud de lo dispuesto en el artículo 65, parágrafo segundo, de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, decretándosele medida
cautelar sustitutiva a la privación judicial preventiva de la libertad;
quedando registrado el asunto penal bajo el Nº VP02-S-2009-003962. El 25 de septiembre de 2009, fue consignada ante el Departamento de Alguacilazgo
solicitud de prórroga por parte de la Fiscalía Trigésima Quinta del Ministerio Público; la cual fue registrada en el asunto penal
Nº VP02-S-2009-003961.
El 16 de noviembre de 2009, la Fiscalía Trigésima Quinta del Ministerio Público presentó escrito acusatorio.
Zulia dicta decisión mediante la cual declara extemporánea la solicitud de
prórroga presentada por la representación fiscal, decreta el archivo de las
medida de privación judicial preventiva de libertad impuestas al accionante.
Zulia declaró inadmisible la acusación fiscal, por considerar que la misma
había sido presentada de manera extemporánea. Contra dicha decisión fue
ejercido recurso de apelación por la representación fiscal el 4 de diciembre de
2009; correspondiéndole el conocimiento del mismo a la Sala Nº 3 de la Corte de Apelaciones del mismo Circuito Judicial Penal quien, el 17 de
febrero de 2010, lo declaró con lugar y ordenó que otro Juez de la misma
Correspondió el conocimiento de la causa al Tribunal Primero de Primera
del Estado Zulia, quien continúa el curso de la causa y fija la oportunidad
para la celebración de la audiencia preliminar.
El 19 de marzo de 2010, la defensa del accionante presentó escrito mediante
el cual indica que no se estaba dando cumplimiento a la sentencia dictada por la Sala Nº 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, del 17 de
del Ministerio Público, a los fines de que designara un nuevo fiscal para que
dicta auto mediante el cual ordena la notificación del Fiscal Superior, a los
fines de que se designara un Fiscal del Ministerio Público, para que en el
lapso de diez (10) días presentara el acto conclusivo; y deja sin efecto la
dicta decisión mediante la cual decreta el archivo judicial del asunto, ordena
el cese de las medidas cautelares sustitutivas a la privación de libertad del
imputado y ordena el cese de las medidas de protección para la víctima
acordadas; todo ello con fundamento en el vencimiento de la prórroga
extraordinaria sin que la representación fiscal presentara el acto conclusivo
La anterior decisión fue apelada, correspondiendo el conocimiento de la
causa a la Sala Nº 1 de la Corte
de agosto de 2010 declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto y anuló
la decisión recurrida, ordenando al Juzgado A quo darle
trámite de ley al escrito de acusación fiscal presentado por la Fiscalía Trigésima Quinta del Ministerio Público, de conformidad con lo previsto en el
artículo 104 y siguientes de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Contra esta última decisión se ejerció la presente acción de amparo
La acción de amparo constitucional fue fundamentada en los siguientes
Se denuncia “…la violación del Principio de Legalidad, toda vez que
en su artículo 12 de la Ley Especial, cuando ordena que el Juzgamiento de los
delitos de que trata esta Ley se seguirá por el procedimiento especial en esa
ley previsto, siendo que en el presente caso el Magistrado de la Sala 01 de la Corte de Apelaciones incumplió tal exigencia pues, decidió en total
inobservancia de lo establecido en el artículo 103 ejusdem, el procedimiento que
para que éste designara a otro fiscal a los fines de que este último presentara
el acto conclusivo…”.
Que “…El Principio de legalidad tiene un conjunto de consecuencias que
se manifiestan en normas o prohibiciones concretas que se desprenden de éste,
entre ellas la legalidad de los procedimientos en relación a este particular,
lo encontramos plasmado en el artículo 253 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, específicamente a la Tutela Judicial y (sic) efectiva…”.
Que “…En cuanto a la actuación esgrimida por la Representación fiscal en cuanto a atribuirse mediante Memorándum Nº 690-2010 que es un acto
modificar el contenido de la notificación Nº 499-2010 del Juzgado Segundo de
competencias definidas dentro del ordenamiento jurídico, y debe ejercer sus
intereses de los administrados cuenten con la garantía de defensa necesaria
constitucionales y las leyes…”. Que “…En cuanto a la Notificación Tácita, por parte de la Representación Fiscal, arguye la defensa que interpuesto el oficio Nº 11216-10 en fecha
04-06-10, es decir, posterior a la decisión 648-10 de fecha 03-06-10 y de la
cual surge apelación por parte de la representación debe tenérsele como
notificada desde aquella penúltima fecha (04-06-10), por cuanto, respecto de
ésta, operó el mecanismo procesal de la notificación tácita que, por aplicación
supletoria e interpretación extensiva del artículo 216 del Código de
Procedimiento Civil, ha admitido la Jurisprudencia respecto del procedimiento penal en sentencia nº. 624 de 3 de mayo de 2001, caso Jhon Alexander Jiménez
Medina, por lo que debe acordarse EXTEMPORANEA (sic) la Apelación interpuesta en fecha 14-06-10 siendo que la fiscalía se dio formalmente
como notificada en fecha 08-06-10 que es cuando firma como recibido…”.
Que “…Inexplicablemente la decisión con motivo del segundo Recurso de
Apelación ejercido por el Ministerio Público, ordena el trámite de la Acusación, pero éste fue resuelto en contravención a lo ordenado en la decisión dictada por
la sala (sic) tres (3) de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial
Penal del Estado Zulia, es decir, actuó la Sala Uno modificando sustancialmente la decisión de la Sala Tres (3) como si fuese Órgano Superior…”.
Finalmente solicitó “…una medida cautelar que suspenda los efectos
de la decisión No 312-10 de fecha once (11) de agosto de 2010
derecho resuelve se le de (sic) tramite (sic) a la acusación.
Dejando sin efecto el ARCHIVO QUE HA SIDO DECRETADO CONFORME A DERECHO…”.
La Sala Nº 1 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado
Zulia sustentó la decisión accionada en las siguientes consideraciones: “…De la
revisión de las actas que conforman la presente incidencia, observa la Sala que el aspecto medular del recurso de apelación se encuentra en impugnar la decisión
recurrida, al considerar, que con él (sic) decreto del Archivo Judicial en el
MEDINA ALVAREZ (sic), por la presunta comisión del delito de ACTOS
LASCIVOS, previsto y sancionado en el artículo 45 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en perjuicio de
las adolescentes (…), causó un gravamen irreparable, que conculcaba los derechos
que asisten al Ministerio Público, como titular de la acción penal, violentando
el debido proceso al decretar dicho archivo, obviando la interposición o pre
existencia de la acusación.
16-11-2009, la Vindicta Pública, presentó escrito acusatorio, en contra del
acusado de autos, por la comisión del delito de Actos Lascivos, previsto y
sancionado en el artículo 45 (sic) Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia, en perjuicio de las Adolescentes (…), en fecha
24-11-2009, la Jueza A quo declaro Inadmisible por extemporáneo dicho acto
04-12-2009, la Representación fiscal 35° ejerció un Recurso de Apelación en
contra del auto que declaró Inadmisible el Escrito Acusatorio por Extemporáneo,
el cual en fecha 17-02-2010, Recurso que fue declarado Con Lugar, por la Sala 3° de la Corte de Apelaciones de este Circuito Judicial Penal, ordenando en la misma que
dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 103 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, dicha causa fue
de Violencia Contra las Mujeres, el cual en fecha 25-03-2010, emitió oficio a la Fiscalía Superior bajo el N° 499-10, en el cual le solicita que en el lapso de dos días
siguientes a la notificación comisionará un nuevo Fiscal y vencidos todos los
lapsos establecidos en el artículo 79 de la Ley especial, procediera a presentar el acto conclusivo correspondiente de conformidad con lo establecido en el
artículo 103 Ejusdem, el cual presenta fecha 05-04-2010, de recibido por ante la Fiscalía Superior. En fecha 06-04-2010, la Fiscalía 35° del Ministerio Público, remite
memorándum N° ZUL-F35-690-2010 a la Fiscalía Superior, haciendo de su conocimiento que esa Representación Fiscal había presentado
acto conclusivo en la causa in comento, Acusación, posteriormente le solicitó a
la superioridad informará al Tribunal de su decisión de mantener a dicha
fiscalía en conocimiento de la causa. En fecha 04-06-2010, la Fiscalía 35° del Ministerio Público, remitió oficio N° 1216-10 al Tribunal Primero en
Violencia Contra la Mujer de este Circuito Judicial Penal, informándoles que la Fiscalía Superior en atención a lo solicitado por ese Juzgado en fecha 25-03-2010, mediante
oficio N° 499-2010, resolvió mantener a dicha fiscalía en conocimiento de la
presente causa en razón de que ésta había presentado el acto conclusivo
Zulia, decretó el archivo judicial de la presente causa de conformidad a lo
previsto en el artículo 103 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el artículo 314 del Código Orgánico Procesal Penal.
En tal sentido, la decisión recurrida precisó: ‘...Vencido
como se encuentra la prórroga extraordinaria NOTIFICADA en fecha 05 de Marzo
del año 2010, con el oficio N° 499-10, de fecha 25 de Marzo del año 2010,
dirigido a la Fiscala Superior del Ministerio Público con el objetivo de que procediera de conformidad con lo establecido en el Artículo 103 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y a los fines de
dar cumplimiento a la Dispositiva de la Decisión Nro. 47-10 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial del estado Zulia , Sala
3, de fecha 17 de febrero del año 2010 , (sic) la cual reza “(Omissis)
previsto en el articulo 103 de la Ley Orgánica Sobre el (sic) De las Mujeres a una Vida Libre de Violencia a los fines de que designe Fiscal del Ministerio
Publico para que el lapso de diez días presente el correspondiente Acto
Conclusivo “, (sic) por cuanto, consta en actas que el mencionado oficio
fue recibido y transcurrido como ha sido el tiempo de vencimiento de la Prórroga extraordinaria, esta Juzgadora considera procedente DECRETAR el ARCHIVO JUDICIAL
de conformidad con lo previsto en el 103 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y 314 del Código
Orgánico Procesal Penal en la causa seguida al ciudadano GEOMAR JOSE (sic)
profesión u oficio estudiante, titular de la cédula de identidad No.
de lIega (sic) Teatro París Maracaibo, Estado Zulia, por la presunta
comisión (sic) delito de ACTOS LASCIVOS, previsto y sancionado en el
Artículo 45° de la Ley Organica (sic) Sobre el Derecho de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia...’ Ahora bien,
seguidas se expone; las ideas y conceptos en relación a la duración de la fase
preparatoria previsto para el procedimiento especial establecido en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; en tal sentido se
como una de las consecuencias del principio de afirmación de libertad, así como
del derecho constitucional a la seguridad jurídica, la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, al igual de cómo
ocurre en el Código Orgánico Procesal Penal; prevé un periodo de duración de la
fase preparatoria dentro del cual, una vez hecha la individualización e
imputación de la persona investigada, el Ministerio Público como titular de la
acción penal, estará obligado a poner un finiquito a la investigación dirigida
contra ésta, mediante la presentación de un acto conclusivo, como puede ser la
acusación, el archivo, o el sobreseimiento. En tal
sentido, la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia, en su artículo 79 prevé inicialmente una disposición en la que se
fija un plazo de duración de la fase preparatoria, que dependiendo del tipo de
medida de coerción personal que recaiga sobre el imputado, puede variar de
treinta días -si existe medida de privación judicial preventiva de libertad- a
cuatro meses cuando la medida de coerción personal sea distinta a la privación
de libertad-. Asimismo, se prevé la posibilidad de solicitar una prórroga
de quince días, ni mayor de noventa días. En tal sentido el citado artículo
para la investigación Artículo
79. El Ministerio Público dará término a la investigación en un
plazo que no excederá de cuatro meses. Si la complejidad del caso lo amerita,
el Ministerio Público podrá solicitar fundadamente ante el Tribunal de
competente, con al menos diez días de antelación al vencimiento de dicho lapso,
una prórroga que no podrá ser menor de quince ni mayor de noventa días. El
Tribunal decidirá, mediante auto razonado, dentro de los tres días hábiles
decisión que acuerde o niegue la prórroga podrá ser apelada en un solo efecto. Parágrafo Único: En el supuesto de que el Tribunal de Control, Audiencia
y Medidas haya decretado la privación de libertad en contra del imputado e
imputada, el Ministerio Público presentará el acto conclusivo correspondiente
dentro de los treinta días siguientes a la decisión judicial. Este lapso podrá
ser prorrogado por un máximo de quince días, previa solicitud fiscal
debidamente fundada y presentada con al menos cinco días de anticipación a su
vencimiento. El juez o la jueza decidirán lo procedente dentro de los tres días
Tribunal acordará la libertad del imputado o imputada e impondrá una medida
cautelar sustitutiva o alguna de las medidas de protección y seguridad a que se
refiere la presente Ley. La razón de dichos
sobre la cual recaiga una individualización e imputación durante la fase
preparatoria; quede sujeta a una investigación penal indefinida, cuya
conclusión quede supeditada a la voluntad del ente titular de la acción penal.
Por ello, y precisamente en atención a establecer un equilibrio entre el
carácter acusatorio que rige nuestro proceso penal, así como el derecho del
imputado a estar sometido a una investigación de manera indefinida, que el
legislador ha previsto en el artículo 79 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, una serie de
delitos cometidos en razón de la violencia de género. Sin embargo,
de manera excepcional el artículo 103 de la Ley especial, pone en cabeza del Juez en Funciones de Control, Audiencias y Medidas con competencia en los
dicha carga procesal que corresponde al Ministerio Público, por lo que frente a
aquellos supuestos de omisión o inactividad fiscal en la presentación del
acto conclusivo, luego de agotados los plazos y prórrogas que dispone
el artículo 79 ejusdem; éste deberá notificar al Fiscal Superior de la Circunscripción respectiva, acerca de dicha omisión por parte del Fiscal
inicialmente encargado de la investigación, a los fines de que el primero de
los señalados, es decir, el Fiscal Superior, proceda a comisionar a un nuevo
fiscal de proceso, para que concluya la investigación en un plazo que no deberá
exceder de diez días continuos, contados a partir de la notificación que
se haga de su comisión, so pena de que se decrete el archivo judicial
de la investigación. En tal
sentido, el artículo 103 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, dispone: Prórroga
extraordinaria por omisión fiscal Artículo
103. Si vencidos todos los plazos, el o la Fiscal del Ministerio Público no dictare el acto conclusivo correspondiente, el juez o la
jueza de Control, Audiencia y Medidas notificará dicha omisión a el o la Fiscal Superior, quien dentro de los dos días siguientes deberá comisionar un nuevo o una
nueva Fiscal para que presente las conclusiones de la investigación en un lapso
que no excederá de diez días continuos contados a partir de la notificación de
la comisión, sin perjuicio de las sanciones civiles, penales y administrativas
la prórroga extraordinaria a que se refiere el presente artículo, sin actuación
por parte del Ministerio Público, el Tribunal de Control, Audiencia y Medidas
seguir, para la conclusión de la investigación en los delitos contemplados en la Ley especial; observa esta Sala que a diferencia de lo que dispone el procedimiento legal
prórrogas del artículo 79 de la ley especial ut supra citada, procedió
en fecha 25.03.2010, a notificar a la Fiscalía Superior de la omisión de la fiscalía (sic) Trigésima Quinta del Ministerio Público
en concluir la investigación seguida en contra del ciudadano GEOMAR JOSE (sic)
MEDIANA (sic) ALVAREZ (sic), por la presunta comisión de (sic) del delito de
es necesario que la prórroga extraordinaria que prevé el artículo 103 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, haya vencido, es
decir, que habiendo transcurrido los cuatro primeros meses que prevé el
artículo 79 de la citada ley para la duración de la investigación, se hubiese
sólo una vez constatado el transcurso de diez días continuos, contados a
partir de la notificación de la comisión asignada al nuevo fiscal;
se podrá proceder al archivo judicial de las actuaciones. Circunstancia ésta
que no ocurrió en el caso bajo examen, pues no consta en actas, ni explica la
instancia cuál fue la fecha, en que fue notificado el nuevo fiscal de la
comisión otorgada, para así proceder a computar el lapso de diez días continuos
que señala la ley, que le permitiese a su vez decretar el archivo judicial en
los términos que se hizo en la recurrida. No obstante,
videndi, es que para la fecha de esa notificación, ya la Fiscalía Trigésima Quinta del Ministerio Público, había concluido la investigación y
presentado escrito Acusatorio, el día 16-11-2009, decretado Inadmisible por
Extemporáneo por la Juez del Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones
Violencia Contra las Mujeres, decisión que fue recurrida y anulada por la Sala 3° de la Corte de Apelaciones de este Circuito Judicial Penal, en fecha 17-02-2010;
ordenando la aplicación del procedimiento establecido en el artículo 103 de Ley
causa redistribuida por instrucciones de esa Alzada, procedió de manera
desacertada conforme a lo establecido en el artículo 103 e (sic) la Ley Especial, al no advertir la existencia de un escrito acusatorio presentado en fecha
contados a partir de la notificación del Fiscal comisionado, para la
presentación de un acto conclusivo, tal como se explico ut supra. Es así como,
existió un desatino de parte de la instancia al decretar el Archivo Judicial,
conforme a lo establecido en el último aparte del artículo 103 de la ley
especial, por cuanto los supuestos allí establecidos no se cumplieron en el
caso concreto, porque dicha disposición esta (sic) referida a la omisión por
parte del Ministerio Público en la presentación del acto conclusivo, lo cual no
ocurre en el presente caso; todo lo cual constituye una violación al principio
de legalidad procesal. En tal sentido esta Sala, en decisión No. 122 de fecha 07.05.2010, precisó:
‘...el legislador ha previsto en el artículo 79 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, una serie de
delitos cometidos en razón de la violencia de género. Sin embargo, de manera
excepcional el artículo 103 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pone en cabeza del Juez en Funciones de Control,
corresponde al Ministerio Público, por lo que frente a aquellos supuestos de
omisión o inactividad fiscal en la presentación del acto conclusivo,
luego de agotados los plazos y prórrogas que dispone el artículo 79 ejusdem;
éste deberá notificar al Fiscal Superior de la Circunscripción respectiva, respecto de dicha omisión por parte del Fiscal
exceder de diez días continuos, contados a partir de la notificación que se
haga de su comisión, so pena de que se decrete el archivo judicial de la
investigación. En tal
sentido, el artículo 103 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, dispone: (...) en el caso sub-examine, el mismo no fue debidamente aplicado por la Jueza de Instancia, pues la misma una vez vencido todos los lapsos y prórrogas del artículo
79 de la ley especial ut supra citada, no procedió ante la omisión fiscal
a librar, -como lo ordena la ley-, la correspondiente notificación al Fiscal
se activara el supuesto especial previsto en el artículo 103 arriba transcrito.
sentido se observa, que frente a la inactividad inicial del Ministerio Público,
materializada con la falta de presentación del acto conclusivo; se aparejó una
inactividad de mayor gravedad que en este caso es atribuible al órgano
jurisdiccional, pues siendo éste a quien corresponde controlar la dirección de
la investigación que toca al fiscal, y en consecuencia hacer uso de los medios
y herramientas que otorga la ley, frente a supuestos de omisión fiscal, como
los que pauta el artículo 103 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; esperó a que el acto conclusivo inicialmente omitido
en los plazos y términos que dispone el artículo 79 ejusdem, fuera
presentado tardíamente, para proceder en una franca violación del principio de legalidad
procesal proceder a declarar la inadmisibilidad por extemporánea de la
acusación fiscal y a ordenar la aplicación del supuesto contenido en el citado
artículo 103 de la ley especial el cual va referido a supuestos de omisión y no
de presentación tardía del acto conclusivo...’. Siendo ello
así, estima esta Alzada, que en el presente caso, efectivamente con la
declaratoria del archivo judicial, la jueza de instancia, conculcó el derecho
al debido proceso, por violación del principio de legalidad procesal consagrado
en el artículo 253 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como asertivamente lo indica la recurrente, pues la misma
debió haber fijado la Audiencia Preliminar, de conformidad con lo establecido
en el artículo 104 de la Ley especial, en virtud de la existencia del escrito
acusatorio presentado por el Ministerio Público en fecha 16-11-2009. En tal sentido, el artículo 104 de la mencionada, ley especial
refiere: ‘...Presentada
la Acusación ante el Tribunal de Violencia contra la Mujer en Funciones de Control, Audiencias y Medidas, este Fijará la audiencia para oír a las
partes, dentro de los díez días hábiles siguientes... (omissis)’ En este orden
de ideas, debe precisarse, que dentro del conjunto de garantías que conforman
la noción del debido proceso, entendido éste en su sentido formal, se encuentra
de legalidad procesal que rige en ordenamientos jurídicos como el venezolano.
jurídica que rige en las relaciones jurídicas existentes entre los particulares
y entre éstos y el Estado específicamente, en cuanto a la determinación previa
de las vías judiciales que deberán seguirse en aquellos casos en los que surjan
definitiva por los órganos jurisdiccionales competentes. En este sentido,
seguir para dirimir el conflicto son de eminente orden público, de
manera que no pueden, bajo ningún concepto ser inobservadas o modificadas por
las partes ni por el juez de la causa. Ello se afirma así, por
cuanto es la propia Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la que establece en su artículo 253, que corresponde a
los órganos del Poder Judicial conocer de las causas y asuntos sometidos a su
principio de legalidad procesal, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en decisión No. 1933 de fecha
‘...El
limitación al poder punitivo del Estado, en cuanto comprende el conjunto de
garantías sustanciales y procesales especialmente diseñadas para asegurar la legalidad,
regularidad y eficacia de la actividad jurisdiccional en la investigación y
juzgamiento de los hechos punibles, con miras a la protección de la libertad de
garantías configuran los siguientes principios medulares que, desde la
perspectiva constitucional integran su núcleo esencial: 1.- Legalidad,
2.- Juez natural, 3.- Presunción de inocencia, 4.- Favorabilidad, 5.- Derecho a
público. - Derecho a presentar y controvertir pruebas’ (Bernal Cuellar, Jaime y
Montealegre Lynett, Eduardo. El proceso penal. Cuarta edición, Bogotá,
bien, con relación específicamente al principio de legalidad procesal en
el ámbito del debido proceso, puede sostenerse que aun cuando no es tarea
sencilla exponer el contenido preciso de esta última institución, en virtud de
la cantidad de derechos y garantías que acoge en su interior, sin embargo, tradicionalmente
iuditio legale, el cual expresa la dimensión procesal del principio de
legalidad, es decir, la noción de sujeción del Estado y la sociedad a la Ley y, por ende, el obligatorio acatamiento por todos de las normas preexistentes, y de un
juicio legal para poder determinar la comisión de un hecho punible y la
responsabilidad penal de una persona. Así, según
Borrego, ‘el debido proceso nace y encuentra su mejor ambiente en el principio
verdadero, auténtico y eficaz contradictorio y que a la persona condenada se le
haya brindado la oportunidad de ejercer apropiadamente la defensa…’
(Borrego, Carmelo. La Constitución y el proceso penal. Caracas, Livrosca, 2002,
pp. 332)...’ (Negritas y subrayado de la Sala). Debe
señalarse, que el debido proceso en el ordenamiento jurídico venezolano,
constituye un derecho fundamental que comprende un conjunto de garantías
sustanciales y procesales, especialmente diseñadas para asegurar la regularidad
armonía con lo anterior, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en decisión No. 1654 de fecha 25 de julio de 2005, señaló con ocasión a
esta garantía constitucional, que: ‘...la
garantía del debido proceso debe ser entendida en el sentido de que en todo
proceso, sea judicial o administrativo, deben cumplirse las garantías
judicial efectiva...’ (Negrita y subrayado de la Sala). En virtud de
con lugar el presente recurso de apelación, conforme a las razones de hecho y
Decreto del ,Archivo (sic) Judicial en fecha 03-06-2010 y ordenándose la Celebración de la Audiencia Preliminar, conforme a lo establecido en el artículo 104 de la Ley Especial que rige la Materia. Y ASÍ SE DECIDE, En merito (sic)
el recurso de apelación interpuesto por la profesional del derecho Abogada Aura
Delia González, en su condición de Fiscal Trigésima Quinta del Ministerio
Público; ejercido en contra de la decisión No. 648-10 de fecha 03.06.2010,
presunta comisión de del delito de ACTOS LACIVOS (sic), previsto y sancionado
en (sic) artículo 45 de la Ley Orgánica sobre los (sic) Derechos (sic) de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en perjuicio de las adolescentes (…);
en consecuencia SE ANULA la decisión recurrida y se ordena al Juzgado A
quo, proceda a darle trámite de ley al escrito de acusación fiscal presentado
por la Fiscalía Trigésima Quinta del Ministerio Público de conformidad con lo
previsto en el artículo 104 y siguientes de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Y ASÍ SE DECIDE…”
(Mayúsculas, negritas, cursivas y subrayado del fallo impugnado). IV
Conforme a lo dispuesto en los artículos 266.1 y 336.11 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y en el artículo 25.20 de la nueva Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, le
demandas de amparo constitucional autónomo contra las decisiones que dicten, en
última instancia, los juzgados superiores de la República, salvo de las que se incoen contra los Juzgados Superiores en lo Contencioso
Ahora bien, en esta oportunidad se interpuso acción de amparo
constitucional contra una decisión dictada por la Sala Nº 1 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, el 11 de agosto
conocer y resolver la mencionada acción de amparo. Así se decide.
acción propuesta.
estima la Sala que el escrito contentivo de la pretensión de tutela
constitucional cumple con lo preceptuado en el artículo 18 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, aunado a que no se
configuran las causales de inadmisibilidad a que alude el artículo 6 eiusdem.
violaciones constitucionales denunciadas, tienen su origen en la decisión
dictada, el 11 de agosto de 2010, por la Sala Nº 1 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, la cual conociendo del recurso
de apelación interpuesto, declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto
por la representación del Ministerio Público y, en consecuencia, anuló el fallo
Circuito Judicial Penal, que ordenó el archivo judicial del expediente, la
acción de amparo interpuesta debe analizarse según el contenido del artículo 4
de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, que
establece: “Artículo 4.
Igualmente procede la acción de amparo cuando un Tribunal de la República, actuando fuera de su competencia, dicte una resolución o sentencia u ordene un
acción de amparo debe interponerse por ante un Tribunal Superior al que emitió
el pronunciamiento, que decidirá en forma breve, sumaria y efectiva”.
Así las cosas, en jurisprudencia reiterada de
procedencia de la acción de amparo contra sentencias judiciales que:
a) El juez que originó el acto presuntamente
lesivo haya incurrido en una grave usurpación de funciones o abuso de poder.
b) Que tal proceder ocasione la violación de un
procesales existentes, o que los mismos resulten inidóneos para restituir o
acción de amparo, en virtud del acatamiento de los principios de economía y
celeridad procesal, se pretende, en primer lugar, evitar la interposición de
solicitudes de amparo incoadas con el propósito de que se reabra un asunto que
ha sido resuelto judicialmente dentro del ámbito de competencia del Juez
respectivo, sin mediar ninguna violación a derecho o garantía constitucional
alguna, pues lo contrario iría en perjuicio de la inmutabilidad de la decisión
definitivamente firme, y, en segundo lugar, que la vía del amparo no se
convierta en sucedánea de los demás mecanismos procesales -ordinarios y
extraordinarios- existentes (Vid. sentencia N° 1399 del 17 de julio de 2006, caso:
Aníbal José García y otros).
efectuado de la solicitud en cuestión, observa la Sala que en el caso de autos no existe violación alguna del debido proceso o la defensa por
juicio primigenio tuvieron a su disposición los recursos ordinarios que a su
favor consagra la Ley, que conllevaron a una decisión por parte de la Sala Nº 1 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, la cual si
bien fue contraria a las pretensiones del accionante, no vulneró las garantías
y se fundamentó en argumentos jurídicos acertados, para proferir un fallo
habían producido en el caso sub-judice.
sentido, se observa que en la causa no se procedió de conformidad con lo
establecido en el articulado de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, especialmente en
lo relativo a la concesión de la prórroga extraordinaria –consagrada en el artículo
103- para que la representación fiscal presente el acto conclusivo, después del
situación se evidencia cuando se ordena el archivo judicial de las actuaciones,
sin que se hubiere concedido la prórroga extraordinaria contenida en el citado
se considera una reposición inútil la efectuada por el segundo tribunal que
conoció de la causa en primera instancia, pues el fin perseguido por el
legislador con la concesión de la prórroga extraordinaria es subsanar la
omisión fiscal en la presentación del acto conclusivo; en consecuencia, al
haber sido consignada la acusación, se había logrado el objetivo de la norma. En
el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías
Constitucionales, para la procedencia de la acción de amparo, al no incurrir la Sala Nº 1 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia en
usurpación de funciones o abuso de poder, ni ocasionar con su decisión
violación de derecho constitucional alguno, la presente acción de amparo
resulta improcedente in limine litis. Así se decide. Finalmente, esta Sala pudo observar de la copia
que en la misma la Sala Nº 1 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial
Penal del Estado Zulia divulgó el nombre las adolescentes señaladas como
lascivos, razón por la que se le sugiere a la mencionada Sala que tenga en
consideración lo previsto en el artículo 65, parágrafo segundo, de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Vid. sentencia Nº 1096 del 3
de noviembre de 2010, caso: Aquiles Yhen Márquez Camico).
Constitucional, administrando justicia en nombre de la República, por autoridad de la ley, declara IMPROCEDENTE IN LIMINE LITIS el amparo constitucional interpuesto por el
ciudadano GEOMAR JOSÉ MEDINA ÁLVAREZ, asistido por las abogadas Genilis Álvarez
y Yanira Díaz de Baptista,
contra la decisión dictada por
Publíquese y regístrese. Archívese el expediente. Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 27 días del mes de ABRIL
dos mil once. Años: 200º de la Independencia y 152º de la Federación.
TULIO DUGARTE PADRÓN CARMEN ZULETA DE MERCHÁN
Exp. N° 10-1160
Tulio Dugarte Padrón, salva su voto por disentir del fallo que antecede en
el cual se declaró improcedente in limine litis la acción de amparo
constitucional que interpuso el ciudadano GEOMAR JOSÉ MEDINA ÁLVAREZ,
debidamente asistido por las abogadas Genilis Álvarez y Yanira Díaz de
Baptista, contra la decisión que dictó, el 11 de agosto de 2010, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, con fundamento en las
razones que se señalan a continuación:
mayoría sentenciadora sostuvo que “…Del análisis efectuado de la solicitud en cuestión, observa la Sala que en el caso de autos no existe violación alguna del debido proceso o la defensa por
del juicio primigenio tuvieron a su disposición los recursos ordinarios que a
su favor consagra la Ley, que conllevaron a una decisión por parte de la Sala N° 1 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, la cual si
sentencia accionada en amparo estuvo ajustada a derecho y se fundamentó en
argumentos jurídicos acertados, para proferir un fallo mediante el cual se
busca subsanar las subversiones al debido proceso que se habían producido en el
caso sub-judice. En tal sentido, se observa que en la causa no se procedió de
conformidad con lo establecido en el articulado de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, especialmente en
lo relativo a la concesión de la prórroga extraordinaria –consagrada en el
artículo 103- para que la representación fiscal presente el acto conclusivo,
después del agotamiento de los lapsos legales sin que ello se hubiera
producido. Tal situación se evidencia cuando se ordena el archivo judicial de
las actuaciones, sin que se hubiere concedido la prórroga extraordinaria
contenida en el citado artículo. Aunado a ello, se considera una reposición
inútil la efectuada por el segundo tribunal que conoció de la causa en primera
instancia, pues el fin perseguido por el legislador con la concesión de la
prórroga extraordinaria es subsanar la omisión fiscal en la presentación del
acto conclusivo; en consecuencia, al haber sido consignada la acusación, se
había logrado el objetivo de la norma…”.
Ahora bien, el artículo 79 de
“… El Ministerio Público dará término a la investigación en un
siguientes a la solicitud fiscal. La decisión que acuerde o niegue la prórroga
podrá ser apelada en un solo efecto. Parágrafo Único: En el supuesto de que el
Tribunal de Control, Audiencia y Medidas haya decretado la privación de
libertad en contra del imputado e imputada, el Ministerio Público presentará el
acto conclusivo correspondiente dentro de los treinta días siguientes a la
decisión judicial. Este lapso podrá ser prorrogado por un máximo de quince
días, previa solicitud fiscal debidamente fundada y presentada con al menos
cinco días de anticipación a su vencimiento. El juez o la jueza decidirán lo
procedente dentro de los tres días siguientes. Vencido el lapso sin que el o la
fiscal presente el correspondiente acto conclusivo, el Tribunal acordará la
libertad del imputado o imputada e impondrá una medida cautelar sustitutiva o
alguna de las medidas de protección y seguridad a que se refiere la presente
Ley…”.
Por su parte, el artículo 103 de la mencionada ley establece una prórroga
extraordinaria por omisión fiscal, en tal sentido señala:
“…Si vencidos todos los plazos, el o la Fiscal del Ministerio Público no dictare el acto conclusivo correspondiente, el juez o la
prórroga extraordinaria a que se refiere el presente artículo, sin actuación
Procesal Penal…”.
Ello así, en criterio de
quien aquí disiente, dicha prórroga extraordinaria concedida al Ministerio
Público sólo procede una vez vencidos todos los lapsos establecidos en el
artículo 79 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre
en dicha oportunidad se le concedió al quejoso una medida cautelar sustitutiva
a la privación judicial preventiva de libertad. Por su parte, el Ministerio
Público interpuso el 25 de septiembre de 2009, la solicitud de prórroga para
concluir con la investigación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79
de la Ley Orgánica que rige la materia; de allí que, se aprecia con absoluta
claridad que la mencionada solicitud fue interpuesta por el Ministerio Público
Así las cosas, es evidente
que en el caso de autos existió una subversión del debido proceso en perjuicio
del accionante, al concedérsele al Ministerio Público la extensión de un lapso
que había fenecido para concluir la investigación penal, y al convalidar una
acusación que fue presentada de forma manifiestamente extemporánea, tal como lo
De allí que, en criterio de
quien discrepa, al constatarse la violación delatada, la Sala debió admitir la presente demanda de amparo constitucional.
Queda así expresado el criterio del
Exp. Nº 10-1160