Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-c-251-de-marzo-16-de-2004?documento=jurcol&contexto=jurcol_75992041f0faf034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-02-16 18:13:16
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Matched Legal Cases: ['artículo 241', 'artículo 37', 'artículo 38', 'artículo 48', 'artículo 2', 'artículo 37', 'artículo 150', 'artículo 37', 'artículo 38', 'artículo 5', 'artículo 16', 'artículo 1']

﻿ SENTENCIA C-251 DE MARZO 16 DE 2004
SENTENCIA C-251 DE 16 DE MARZO DE 2004
CONTENIDO:REQUISITOS DE LA DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD.NECESIDAD DE CORRESPONDENCIA ENTRE LA ACUSACIÓN FORMULADA Y EL TEXTO DE LA NORMA DEMANDADA. LA CORTE SE INHIBE PARA PRONUNCIARSE SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTÍCULOS 37 Y 38 DEL DECRETO LEY 2070 DE 2003.
TEMAS ESPECÍFICOS:DEMANDA DE CONSTITUCIONALIDAD, RETIRO DE LOS MIEMBROS DE LAS FUERZAS MILITARES, RETIRO DE LOS MIEMBROS DE LA POLICÍA NACIONAL, PRINCIPIO DE CORRESPONDENCIA, RÉGIMEN PENSIONAL DE LAS FUERZAS MILITARES, RÉGIMEN PENSIONAL DE LA POLICÍA NACIONAL
Sentencia C-251 de marzo 16 de 2004
Sentencia C-251 de 2004
Ref.: Expediente D-4797
Actor: Marceliano Corrales Larrarte
Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 37 y 38 del Decreto-Ley 2070 de 2003 “Por medio del cual se reforma el régimen pensional propio de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional”.
Bogotá, D.C., marzo dieciséis de dos mil cuatro.
A continuación se transcribe el texto de las disposiciones objeto del proceso:
“DECRETO NÚMERO 2070 DE 2003(1)
38.1 Con una cuota mensual equivalente al cinco por ciento (5%) de la asignación de retiro o de la pensión respectivamente, de la cual el cuatro por ciento (4%) será con destino al pago de servicios médicos asistenciales y el uno por ciento (1%) restante, para sostenimiento de la caja de retiro de las Fuerzas Militares o caja de sueldos de retiro de la Policía Nacional según el caso.
38.2 El monto del aumento de sus asignaciones o pensiones, equivalente a los siguientes diez (10) días a la fecha en que se cause dicho aumento, para sostenimiento de la caja de retiro de las Fuerzas Militares o caja de sueldos de retiro de la Policía Nacional según el caso”.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 241 numeral 5º de la Constitución Política, la Corte es competente para conocer de la presente demanda por estar los preceptos demandados contenidos en un decreto con fuerza de ley.
La demanda de inconstitucionalidad instaurada contra los artículos 37 y 38 del Decreto-Ley 2070 de 2003, se refiere al presunto desconocimiento de los artículos 48, 53, 150-10, 158, 271 y 218 de la Constitución Política. A juicio del actor, el artículo 37 toma los aportes de la seguridad social de los oficiales y suboficiales activos y los destina al pago de sueldos de los retirados, dándoles a estos recursos una destinación diferente a la exigida por la norma constitucional, es decir, la conformación de patrimonios autónomos y/o fondos pensionales. Por esta razón sostiene que el Estado no puede incumplir su obligación de cancelar los salarios a los miembros de la fuerza pública que se encuentran en retiro.
En lo referente al artículo 38, el demandante sostiene que se ha creado un impuesto para el funcionamiento de la caja de retiro de las Fuerzas Militares, en tanto es de particulares. Y en cuanto a la caja de retiro de la Policía Nacional que actúa como caja promotora de seguridad social, sostenida por el Estado, los aportes que deben pagar los policías no pueden destinarse al pago de sueldos y al sostenimiento de dichas entidades.
Concluye que con la expedición de las normas acusadas el Presidente de la República se extralimitó en el ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas en la Ley 797 de 2003, puesto que no se modificó el régimen pensional de la fuerza pública, sino que se crearon normas de carácter laboral.
Los intervinientes coinciden en indicar que la posición del actor es equivocada al confundir las categorías de “sueldo” y de “asignación de retiro” que reciben los miembros de la fuerza pública, lo cual le hace inferir al ciudadano que se ha creado un impuesto y que las facultades extraordinarias fueron desbordadas por el Presidente de la República. Por esta razón, solicitan declarar la exequibilidad de las normas demandadas.
Por su parte, en concepto del señor Procurador General de la Nación los cargos esgrimidos en la demanda son producto del erróneo entendimiento de los conceptos de salario y pensión, razón por la cual el actor hace una interpretación errada de las normas acusadas. En este sentido, explica que los aportes que realiza el personal retirado a las cajas de retiro de las Fuerzas Militares y de Policía Nacional no son un impuesto sino una contribución parafiscal y que en ese sentido al ser la asignación de retiro una pensión de vejez y no salario, no existe exceso alguno en el uso de las facultades extraordinarias por cuanto el Presidente de la República mediante la expedición de las normas acusadas efectuó la reforma al régimen pensional de los miembros de la fuerza pública para el cual fue autorizado.
En estas condiciones corresponde a la Corte Constitucional establecer si la interpretación equivocada que dio el demandante a las disposiciones acusadas y que fundan en su integridad las acusaciones de inconstitucionalidad activan el control de constitucional y permiten a la Corte hacer un pronunciamiento de fondo o si por el contrario en estos eventos la decisión debe ser inhibitoria.
De optarse por la primera de las soluciones, la Sala deberá a su vez analizar si las normas acusadas le dan una destinación diferente a los aportes de pensión de los miembros de la fuerza pública en servicio activo, desconociendo el artículo 48 superior. Así mismo, determinar si el Presidente de la República excedió las facultades extraordinarias que le fueron otorgadas por la Ley 797 de 2003.
4. Requisitos de la demanda de inconstitucionalidad. Necesidad de correspondencia entre la acusación formulada y el texto de la norma demandada.
La Corte Constitucional a través de múltiples pronunciamientos ha fijado una doctrina sobre los requisitos que debe cumplir toda demanda de inconstitucionalidad. El rastreo y síntesis de dichas decisiones fue realizado por esta corporación en la Sentencia C-1052 de 2001(2) a partir de cuyas consideraciones se resolverá la cuestión planteada.
En efecto, en dicha sentencia se explicó cómo “la presentación de una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte da inicio a un diálogo entre el ciudadano, las autoridades estatales comprometidas en la expedición o aplicación de las normas demandadas y el juez competente para juzgarlas a la luz del ordenamiento superior”. Se ha dicho, entonces, que esto supone como mínimo la exposición de razones conducentes para hacer posible el debate.
En lo referente a los requisitos que deben tener las razones plasmadas en el concepto de la violación se exige que estas sean “claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes”. Sobre la noción de cada uno de estos requisitos se dijo en la mencionada sentencia(3):
La claridad de la demanda es un requisito indispensable para establecer la conducencia del concepto de la violación, pues aunque “el carácter popular de la acción de inconstitucionalidad, [por regla general], releva al ciudadano que la ejerce de hacer una exposición erudita y técnica sobre las razones de oposición entre la norma que acusa y el estatuto fundamental”(4), no lo excusa del deber de seguir un hilo conductor en la argumentación que permita al lector comprender el contenido de su demanda y las justificaciones en las que se basa.
Adicionalmente, las razones que respaldan los cargos de inconstitucionalidad sean ciertas significa que la demanda recaiga sobre una proposición jurídica real y existente(5) “y no simplemente [sobre una] deducida por el actor, o implícita”(6) e incluso sobre otras normas vigentes que, en todo caso, no son el objeto concreto de la demanda(7). Así, el ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad supone la confrontación del texto constitucional con una norma legal que tiene un contenido verificable a partir de la interpretación de su propio texto; “esa técnica de control difiere, entonces, de aquella [otra] encaminada a establecer proposiciones inexistentes, que no han sido suministradas por el legislador, para pretender deducir la inconstitucionalidad de las mismas cuando del texto normativo no se desprenden”(8).
De otra parte, las razones son específicas si definen con claridad la manera como la disposición acusada desconoce o vulnera la Carta Política a través “de la formulación de por lo menos un cargo constitucional concreto contra la norma demandada”(9). El juicio de constitucionalidad se fundamenta en la necesidad de establecer si realmente existe una oposición objetiva y verificable entre el contenido de la ley y el texto de la Constitución Política, resultando inadmisible que se deba resolver sobre su inexequibilidad a partir de argumentos “vagos, indeterminados, indirectos, abstractos y globales”(10) que no se relacionan concreta y directamente con las disposiciones que se acusan. Sin duda, esta omisión de concretar la acusación impide que se desarrolle la discusión propia del juicio de constitucionalidad(11).
La pertinencia también es un elemento esencial de las razones que se exponen en la demanda de inconstitucionalidad. Esto quiere decir que el reproche formulado por el peticionario debe ser de naturaleza constitucional, es decir, fundado en la apreciación del contenido de una norma superior que se expone y se enfrenta al precepto demandado. En este orden de ideas, son inaceptables los argumentos que se formulan a partir de consideraciones puramente legales(12) y doctrinarias(13), o aquellos otros que se limitan a expresar puntos de vista subjetivos en los que “el demandante en realidad no está acusando el contenido de la norma sino que está utilizando la acción pública para resolver un problema particular, como podría ser la indebida aplicación de la disposición en un caso específico”(14); tampoco prosperarán las acusaciones que fundan el reparo contra la norma demandada en un análisis de conveniencia(15), calificándola “de inocua, innecesaria, o reiterativa”(16) a partir de una valoración parcial de sus efectos.
Finalmente, la suficiencia que se predica de las razones de la demanda de inconstitucionalidad guarda relación, en primer lugar, con la exposición de todos los elementos de juicio (argumentativos y probatorios) necesarios para iniciar el estudio de constitucionalidad respecto del precepto objeto de reproche; así, por ejemplo, cuando se estime que el trámite impuesto por la Constitución para la expedición del acto demandado ha sido quebrantado, se tendrá que referir de qué procedimiento se trata y en qué consistió su vulneración (D. 2067/91, art. 2º, num. 4º), circunstancia que supone una referencia mínima a los hechos que ilustre a la Corte sobre la fundamentación de tales asertos, así no se aporten todas las pruebas y estas sean tan solo pedidas por el demandante. Por otra parte, la suficiencia del razonamiento apela directamente al alcance persuasivo de la demanda, esto es, a la presentación de argumentos que, aunque no logren prima facie convencer al magistrado de que la norma es contraria a la Constitución, si despiertan una duda mínima sobre la constitucionalidad de la norma impugnada, de tal manera que inicia realmente un proceso dirigido a desvirtuar la presunción de constitucionalidad que ampara a toda norma legal y hace necesario un pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional.
No obstante, con base en la jurisprudencia constitucional se ha considerado que “la apreciación del cumplimiento de tales requerimientos ha de hacerse en aplicación del principio pro actione de tal manera que se garantice la eficacia de este procedimiento vital dentro del contexto de una democracia participativa como la que anima la Constitución del 91. Esto quiere decir que el rigor en el juicio que aplica la Corte al examinar la demanda no puede convertirse en un método de apreciación tan estricto que haga nugatorio el derecho reconocido al actor y que la duda habrá de interpretarse a favor del demandante, es decir, admitiendo la demanda y fallando de fondo”(17).
Este principio fue precisamente el que se aplicó en el estudio de la demanda, para efectos de decidir sobre su admisión(18), análisis en el que se estimó que la misma reunía los requisitos exigidos en el artículo 2º del Decreto 2067 de 1991. Empero, con ocasión de la adopción de la decisión constitucional, encuentra la Sala que las acusaciones planteadas contra los artículos 37 y 38 del Decreto-Ley 2070 de 2003, presentan una formulación apenas aparente de los cargos de inconstitucionalidad.
En efecto, según lo sostiene el demandante, con lo dispuesto en el artículo 37 acusado el Estado está incumpliendo su obligación constitucional de cancelar salarios a sus trabajadores, los oficiales y suboficiales con asignación de sueldo de retiro de la fuerza pública, de pagar a través del tesoro nacional los salarios, pues los miembros activos no pueden solidariamente sufragar unos salarios que constitucionalmente le corresponde al Estado colombiano.
A juicio del actor, este precepto legal toma unos aportes de la seguridad social para destinarlos al pago de sueldos de los miembros de la fuerza pública en retiro, lo cual le hace sostener que con las normas acusadas se creó un impuesto para ese fin.
Para la Sala, dichas afirmaciones no se predican de las normas demandadas, las cuales regulan lo concerniente a la destinación de los aportes y administración de los recursos (art. 37) y a las contribuciones que debe efectuar el personal retirado en goce de asignación de retiro o sus beneficiarios en goce de pensión a las cajas de retiro de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional (art. 38).
En este sentido, es claro que la demanda del ciudadano Corrales Larrarte está fundamentada en un supuesto equivocado cual es el de sostener que asignación de retiro es igual a salario y por ende afirmar que al personal retirado de las Fuerzas Militares se les cancela un sueldo o salario cuando en realidad lo que percibe es una pensión de vejez que en el régimen especial de la fuerza pública se denomina asignación de retiro(19).
De esta manera, la Corte advierte que la demanda parte de un supuesto interpretativo que no se deriva del texto de los artículos 37 y 38 del Decreto-Ley 2070 de 2003, por cuanto de él no puede colegirse aquello que sostiene el actor. Ello implica, que en el presente caso, no existe concordancia entre el texto de las normas demandadas y las acusaciones contra ellas formuladas, de lo cual se deriva su ineptitud sustancial.
Al respecto cabe anotar, que la Corte Constitucional no puede hacer el análisis de constitucionalidad de las expresiones acusadas cuando lo que se ataca es una regla diferente de la señalada en la demanda como inconstitucional, mediante deducciones o inferencias creadas por el accionante y no imputables a la norma puesta en tela de juicio(20).
Por esta razón la Corte ha sostenido(21) que los cargos de la demanda deben tener la característica de ser predicables de las normas demandadas, es decir, deben guardar conexión lógica con ellas, además de lo cual deben plantear una verdadera contradicción entre el contenido normativo de la disposición que se acusa con el texto de la Constitución Política(22); los cargos de inconstitucionalidad no pueden estar fundamentados en la aplicación práctica que de ellos haga una autoridad pública(23), ni tampoco tener como fundamento hipótesis extra-normativas, es decir, no pueden estar dirigidos a cuestionar la validez constitucional de supuestos que no han sido regulados por la disposición que se ataca. De otro lado, los cargos deben ser suficientes, lo cual quiere decir que deben sustentar de forma completa la inconstitucionalidad de la ley impugnada y del modo más claro posible(24).
Así mismo, es preciso recordar que siendo de carácter rogado la competencia de la Corte en acciones de inconstitucionalidad, esta corporación no puede hacer caso omiso a esta situación, y, mucho menos establecer, por sí y ante sí, cuál es la supuesta disposición constitucional infringida y cuál es el concepto de violación que de allí se deriva(25). En otras palabras, quien activa el control de constitucionalidad es el ciudadano con la presentación, en debida forma, de la demanda de inconstitucionalidad y no la Corte Constitucional, la cual no tiene dentro de sus funciones (C.P., art. 241) efectuar el control de constitucional oficioso de los decretos dictados por el gobierno con fundamento en el artículo 150-10 de la Constitución.
Adicionalmente, las acusaciones presentadas por el actor no se predican del decreto acusado en la medida en que si bien aquel contrasta las disposiciones del decreto con la norma de facultades (L. 797/2003), dicho cotejo lo realiza a partir del equivocado entendimiento que da a las disposiciones demandadas. El actor tampoco presentó una mínima argumentación respecto de la presunta violación de las normas acusadas a los artículos 158, 217 y 218, lo que obliga también a la Corte en esta materia a dictar sentencia inhibitoria.
Para que se configurara un cargo de inconstitucionalidad a partir de las razones esgrimidas por el demandante, habría sido necesario un mínimo esfuerzo argumentativo de su parte, orientado a mostrar de qué forma las previsiones del artículo 37 del Decreto 2070 de 2003 referentes i) a la destinación exclusiva de los aportes consagrados en dicho decreto para el pago de asignaciones de retiro, ii) al manejo, inversión y control de dichos recursos sometido a las disposiciones que rigen para las entidades administradoras del régimen de prima media con prestación definida, y a la inspección y vigilancia del Estado, y iii) a la obligación del personal regulado por el decreto de efectuar los aportes de solidaridad señalados en las disposiciones vigentes, resultaban contrarias a la Constitución Política.
De igual manera era necesario que el actor argumentara y explicara la razón por la cual la obligación de los oficiales, suboficiales y soldados profesionales de las Fuerzas Militares, y los oficiales, suboficiales, nivel ejecutivo y agentes de la Policía Nacional, en goce de asignación de retiro o sus beneficiarios en goce de pensión, de contribuir a la caja de retiro de las Fuerzas Militares o de la Policía Nacional según el caso en los porcentajes y modalidades establecidas en el artículo 38 del Decreto 2070 de 2003 para el pago de servicios médicos asistenciales y para el sostenimiento de las cajas de retiro antes mencionadas violaba la Constitución.
Las afirmaciones contenidas en la demanda y su corrección son la mera expresión de una opinión, pero a partir de ellas no es posible identificar las normas sobre las que recae la acusación.
Lo anterior permite colegir que el fundamento de los aparentes cargos de inconstitucionalidad no es claro, cierto, específico, pertinente ni suficiente en la medida en que la demanda recae sobre una proposición jurídica que no es real, sino deducida por el actor a partir de la falta de diferenciación entre sueldo y asignación de retiro.
En consecuencia, al no existir correspondencia entre la acusación formulada y el texto de la disposición parcialmente demandada, la Corte se declarará inhibida para pronunciarse de fondo en el asunto de la referencia.
Declararse INHIBIDA para pronunciarse sobre la constitucionalidad de los artículos 37 y 38 del Decreto-Ley 2070 de 2003.
(1) Diario Oficial Nº 45.262. 28 del 28 de julio de 2003.
(3) Las notas al pie de página que siguen hasta el número 19, corresponden a las citas originales de la Sentencia C-1052 de 2001.
(4) Cfr. Corte Constitucional Sentencia C-143 de 1993, M.P. José Gregorio Hernández. Estudió la Corte en aquella ocasión la demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 16 y 20 de la Ley 3ª de 1986, 246, 249 y 250 del Decreto 1222 de 1986. En el mismo sentido puede consultarse la Sentencia C-428 de 1996, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
(5) Así, por ejemplo en la Sentencia C-362 de 2001, M.P. Álvaro Tafur Galvis, la Corte también se inhibió de conocer la demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 5º del Decreto 2700 de 1991, pues “del estudio más detallado de los argumentos esgrimidos por el demandante, como corresponde a la presente etapa procesal, puede deducirse que los cargos que se plantean aparentemente contra la norma atacada no lo son realmente contra ella”.
(6) Sentencia C-504 de 1995, M.P. José Gregorio Hernández Galindo. La Corte se declaró inhibida para conocer de la demanda presentada contra el artículo 16, parcial, del Decreto 624 de 1989 “por el cual se expide el estatuto tributario de los impuestos administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales”, pues la acusación carece de objeto, ya que alude a una disposición no consagrada por el legislador.
(7) Cfr. Corte Constitucional Sentencia C-1544 de 2000, M.P. José Gregorio Hernández Galindo. La Corte se inhibe en esta oportunidad de proferir fallo de mérito respecto de los artículos 48 y 49 de la Ley 546 de 1999, por presentarse ineptitud sustancial de la demanda, debido a que el actor presentó cargos que se puedan predicar de normas jurídicas distintas a las demandadas. En el mismo sentido C-113 de 2000, M.P. José Gregorio Hernández Galindo, C-1516 de 2000, M.P. Cristina Pardo Schlesinger, y C-1552 de 2000, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
(8) En este mismo sentido pueden consultarse, además de las ya citadas, las sentencias C-509 de 1996 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa), C-1048 de 2000 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo), C-011 de 2001 (M.P. Álvaro Tafur Galvis), entre otras.
(9) Cfr. Corte Constitucional Sentencia C-568 de 1995, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. La Corte se declara inhibida para resolver la demanda en contra de los artículos 125, 129, 130 y 131 de la Ley 106 de 1993, puesto que la demandante no estructuró el concepto de la violación de los preceptos constitucionales invocados.
(10) Estos son los defectos a los cuales se ha referido la jurisprudencia de la Corte cuando ha señalado la ineptitud de una demanda de inconstitucionalidad, por inadecuada presentación del concepto de la violación. Cfr. los autos 097 de 2001 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra) y 244 de 2001 (M.P. Jaime Córdoba Triviño) y las sentencias C-281 de 1994 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo), C-519 de 1998 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa), C-013 de 2000 (M.P. Álvaro Tafur Galvis), C-380 de 2000 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa), C-177 de 2001 (M.P. Fabio Morón Díaz), entre varios pronunciamientos.
(12) Cfr. la Sentencia C-447 de 1997, ya citada.
(13) Cfr. Corte Constitucional Sentencia C-504 de 1993, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz y Carlos Gaviria Díaz. La Corte declaró exequible en esta oportunidad que el Decreto 100 de 1980 (C. Penal). Se dijo, entonces: “Constituye un error conceptual dirigir el cargo de inconstitucionalidad contra un metalenguaje sin valor normativo y, por tanto, carente de obligatoriedad por no ser parte del ordenamiento jurídico. La doctrina penal es autónoma en la creación de los diferentes modelos penales. No existe precepto constitucional alguno que justifique la limitación de la creatividad del pensamiento doctrinal —ámbito ideológico y valorativo por excelencia—, debiendo el demandante concretar la posible antinomia jurídica en el texto de una disposición que permita estructurar un juicio de constitucionalidad sobre extremos comparables”. Así, la Corte desestimaba algunos de los argumentos presentados por el actor que se apoyaban en teorías del derecho penal que reñían con la visión contenida en las normas demandadas y con la idea que, en opinión del actor, animaba el texto de la Constitución.
(14) Cfr. Ibíd. Sentencia C-447 de 1997.
(15) Cfr. Corte Constitucional Sentencia C-269 de 1995, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. Este fallo que se encargó de estudiar la demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 61 de 1993 artículo 1º literales b) y f), es un ejemplo de aquellos casos en los cuales la Corte desestima algunos de los cargos presentados por el actor, puesto que se limitan a presentar argumentos de conveniencia.
(16) Son estos los términos descriptivos utilizados por la Corte cuando ha desestimado demandas que presentan argumentos impertinentes a consideración de la Corte. Este asunto también ha sido abordado, además de las ya citadas, en la C-090 de 1996 (M.P. Antonio Barrera Carbonell), C-357 de 1997 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo), C-374 de 1997 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo) se desestiman de este modo algunos argumentos presentados por el actor contra la Ley 333 de 1996 sobre extinción de dominio, C-012 de 2000 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra), C-040 de 2000 (M.P. Fabio Morón Díaz), C-645 de 2000 (M.P. Alejandro Martínez Caballero), C-876 de 2000 (M.P. Alejandro Martínez Caballero), C-955 de 2000 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo), C-1044 de 2000 (M.P. Fabio Morón Díaz), C-052 de 2001 (M.P. Álvaro Tafur Galvis), C-201 de 2001 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo).
(17) Corte Constitucional. Sentencia C-1052 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
(18) Folios 29 y 30 del expediente.
(19) Incluso antes de la expedición del Decreto-Ley 2070 de 2003, las normas que regulaban el tema pensional de la fuerza pública (Ds.Ls. 1211, 1212 y 1213/90) denominaban a la pensión de vejez asignación de retiro.
(20) Sobre este mismo particular pueden estudiarse, entre otras, las sentencias C-1544 de 2000, M.P. José Gregorio Hernández Galindo y C-007 de 2003, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
(21) Corte Constitucional. Sentencia C-455 de 2002, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
(22) Corte Constitucional. Sentencia C-1294 de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
(23) Corte Constitucional. Sentencia C-447 de 1997, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
(24) Corte Constitucional. Sentencia C-955 de 2000, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
(25) Corte Constitucional. Sentencia C-128 de 2004, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.