Source: http://armandomayacastro.blogspot.com.es/2014/
Timestamp: 2017-05-24 23:21:27
Document Index: 97982650

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'artículo 40', 'artículo\n24', 'Artículo 1', 'artículo\n1', 'artículo 40', 'artículo 24']

Blog de Armando Maya Castro: 2014
Durante la vigencia de la Encomienda, y después de la abolición de esta inhumana institución, los indígenas de los países americanos conquistados por España fueron objeto de abusos, explotación y malos tratos Un día como hoy, pero de 1512,
fueron dictadas las Leyes de Burgos, conocidas también como Ordenanzas para el
tratamiento de los indios. En la redacción de estas leyes intervinieron los
teólogos dominicos Tomás Durán, Pedro de Covarrubias y Matías de Paz, así como los
licenciados Hernando de Vega, Luis Zapata y Santiago Zapata; todos ellos
reunidos en la ciudad de Burgos bajo la presidencia del Consejero Real Juan
López de Palacios Rubios. La Junta de Burgos dio como
resultado la redacción de las primeras leyes que la monarquía española dictó
para el Nuevo Mundo, con el propósito de proteger a los indios del maltrato
español. A fines de 1511, el fraile dominico Antonio de Montesinos había
condenado mediante enérgico sermón la crueldad de los españoles, preguntándoles:
"Decid: ¿con qué derecho y con qué justicia tenéis en tan cruel y horrible
servidumbre aquestos indios? ¿Con qué autoridad habéis hecho tan detestables
guerras a estas gentes que estaban en sus tierras mansas y pacíficas, donde tan
infinitas dellas, con muertes y estragos nunca oídos, habéis consumido? ¿Cómo
los tenéis tan opresos y fatigados, sin dalles de comer ni curallos en sus
enfermedades, que de los excesivos trabajos que les dais incurren y se os
mueren, o por mejor decir, los matáis, por sacar y adquirir oro cada día? ¿Y
qué cuidado tenéis de quien los doctrine, y conozcan a su Dios y criador, sean
baptizados, oigan misa, guarden las fiestas y domingos? ¿Estos, no son hombres?
¿No tienen ánimas racionales? ¿No sois obligados a amallos como a vosotros
mismos?" (Las Casas 1965b, t.° II: 441-442). Las Leyes de Burgos no remediaron
nada. Sólo concedieron a los indios una libertad teórica, pero sin abolir la Encomienda,
en cuya vigencia la mayoría de los encomenderos –salvo honrosas excepciones– abusaron
de los indios que les fueron confiados para instruirlos religiosamente.
El sistema de Encomiendas, establecido
por Cristóbal Colón en las Antillas, fue la primera institución jurídica en los
territorios conquistados por España; legalizó la inhumana explotación de los
indios y, en algunos lugares, llegó a diezmar a la población indígena,
generando la indignación de algunos españoles, entre ellos los dominicos.
Joseph Pérez, en su libro Isabel y Fernando: Los Reyes Católicos, apunta
que las Leyes de Burgos “consagraron en derecho una situación de hecho;
legalizaron la institución del trabajo forzado, cosa que sin duda no era el objetivo
buscado. Esas leyes se basan en la idea implícita de que los indios son seres
poco evolucionados, incapaces de gobernarse por sí mismos y a los que en
consecuencia, por su propio interés, se debe someter a los españoles". Cuando Hernán Cortés y sus tropas conquistaron
México, entre 1519 y 1521, el sistema de Encomiendas vigente en las Antillas se
aplicó también en nuestro país. Cortés distribuyó encomiendas entre los
conquistadores, explicando mediante carta al monarca español: “…fuéme casi
forzado depositar los señores y naturales de estas partes a los españoles”. Lo
hizo así porque, según él, se veía en la obligación de recompensar a sus
hombres y también atender al beneficio de la Real Hacienda (Cortés, Hernán
(1976). Manuel Alcalá, ed. Cartas de
relación. Porrúa. p. 171).
Entre los primeros encomenderos hubo
clérigos católicos. Esto fue así hasta la promulgación de las Leyes Nuevas, un
conjunto legislativo promulgado el 20 de noviembre de 1542, que confirmaba “la
definitiva abolición de cualquier forma de esclavitud o de trabajo forzado de
los indios, moderaban el importe de su tributo, declaraban suprimidas las
encomiendas cuyos titulares fuesen miembros del clero, funcionarios públicos o
personas sin título legítimo”, escribe Guillermo Céspedes en su libro Ensayos sobre los reinos castellanos de
Indias. En octubre de 1545, el rey Carlos V
suspendió el capítulo XXX de las Leyes Nuevas, que prohibía la herencia de las
encomiendas. Así, la corona española condescendió a las exigencias de los ex
titulares de las encomiendas, entre ellos algunos clérigos, interesados en recuperar
sus anteriores privilegios.
Aunque las encomiendas fueron
abolidas entre 1718 y 1720, de entonces a la fecha los pueblos indígenas de
varios países de América, incluidos los de México, han sido objeto de
explotación, discriminación y malos tratos. Esto ocurre a pesar del trabajo
informativo de los medios de comunicación y de que contamos con leyes que han
sido creadas para eliminar todo tipo de discriminación, incluida la étnica. Twitter: @armayacastro
Por Armando Maya Castro La forma en que algunas religiones celebran la navidad, el día 25 de diciembre, no es otra cosa que la continuación de la Saturnalia, una fiesta pagana de la antigua religión romana, que en su vigencia se celebró del 17 al 23 de diciembre
El 25 de diciembre como fecha exacta del nacimiento de Cristo se estableció en el seno del catolicismo, específicamente durante el pontificado de Silvestre I (314-337), justo en los días en que el emperador Constantino realizaba importantes esfuerzos para desplazar la antigua religión pagana y establecer en su lugar el catolicismo. El sincretismo religioso, entendido como la acción de conciliar doctrinas o religiones diferentes, fue determinante para cristalizar el sueño de Constantino: unir el culto solar con el culto católico en honor de Jesucristo. De ese modo, sin cambiar ni siquiera su nombre (Natalis = Natividad o Navidad) el 25 de diciembre se transformó en una fiesta católica, que no cristiana.
Algunas iglesias orientales fijaron el natalicio en el día 8 de enero. El autor español antes mencionado afirma que “Eutiquio, patriarca de Alejandría, en el siglo X aun defendía esta fecha como la única verdadera”. El 6 u 8 de enero fue la primera fecha que la catolicidad celebró, hasta que “entre los años 354 y 360, durante el pontificado de Liberio (352-366), se tomó por fecha inmutable la de la noche del 24 al 25 de diciembre, día en que los romanos celebraban el Natalis Solis Invicti, el nacimiento del Sol Invicto”. Fue así como el sincretismo religioso incorporó al catolicismo una fecha de celebración pagana que entre los primeros cristianos era inexistente. La navidad, como la practicó tiempo después la Iglesia romana, se asocia más bien a fiestas paganas como la Saturnalia romana, una festividad de la antigua religión romana, conocida también como "fiesta de los esclavos", en la que los siervos “recibían raciones extras de comida, tiempo libre y otras prebendas”, afirma Antonio Pérez Omister en su libro El Enigma de Jesús de Nazaret. Este autor señala que las saturnales eran fiestas decembrinas, pues “se celebraban del 17 al 23 de diciembre en honor a Saturno, Dios de la Agricultura, a la luz de velas y antorchas, se celebraba el fin del periodo más oscuro del año y el nacimiento del nuevo periodo de luz, o Nacimiento del Sol Invictus, coincidiendo con la entrada del Sol en el signo de Capricornio”. ¿Cualquier parecido con la fecha navideña actual es simple coincidencia? Usted tiene la última palabra.
http://www.el-mexicano.com.mx/informacion/editoriales/3/16/editorial/2014/12/23/811977/en-plan-reflexivo Publicado por
MÉXICO NECESITA LA LEY GENERAL DE LAICIDAD Por Armando Maya Castro
México necesita la Ley General de Laicidad para acabar con la impunidad en materia de violaciones al Estado laico El pasado miércoles 3 de diciembre,
el semanario Proceso publicó en su portal (proceso.com.mx) una nota titulada
"Edil de Veracruz obliga a empleados a asistir a peregrinación guadalupana".
Esta información aparece firmada por el periodista Noé Zavaleta, quien reseña
un nuevo atropello al carácter laico de la República Mexicana, esta vez
perpetrado por Tomás Ríos Bernal, alcalde panista de Córdoba, Veracruz.
Resulta que este edil, sin respeto
alguno a las disposiciones constitucionales en materia de laicidad y separación
del Estado y las Iglesias, "giró una circular dirigida a directores,
coordinadores y empleados municipales a asistir por 'obligatoriedad' a la
'tradicional peregrinación municipal' en honor a la Virgen de Guadalupe en el
santuario ubicado en el barrio La Estación", refiere la nota periodística
en cuestión. En nuestro país, por la ausencia de
sanciones a los servidores públicos que atentan contra el Estado laico, este
tipo de violaciones a la ley por parte de quienes juraron cumplir y hacer
cumplir nuestra Carta Magna, son cada vez más frecuentes y preocupantes. De ahí
la necesidad de que, privilegiando el interés de una nación religiosamente
plural como la nuestra, se analice y discuta con celeridad y altura de miras la
iniciativa Ley General de Laicidad, presentada el pasado 23 de octubre en la
Cámara de Diputados por el perredista Víctor Raymundo Nájera Medina.
Se trata de una propuesta de ley interesante,
que “tiene por objeto reglamentar las disposiciones contenidas en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de
laicidad" (Artículo 1°), y que intenta poner fin a "los casos de
violaciones del Estado laico por diversas autoridades en diversos lugares del
país y la ausencia total de sanciones, a pesar de la promulgación de la reforma
al artículo 40”, que define al Estado mexicano como una República
representativa, democrática, laica y federal. De aprobarse la iniciativa en los
términos en que fue presentada, se crearía el Consejo Nacional para la Laicidad
“como órgano rector en la materia y responsable de la tramitación de las quejas
por violación al Estado laico por servidores públicos”. Esta entidad se
encargaría de vigilar “que la actuación de los servidores públicos se dé con
respeto a los principios constitucionales de la laicidad de la República,
referidos a la separación del Estado y las Iglesias, neutralidad del Estado en
la materia y propugnará por el fomento al respeto a la diversidad y pluralidad
religiosa, ética e ideológica” (http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2014/sep/20140904-IV.html#Iniciativa12). El Consejo Nacional para la
Laicidad, de acuerdo a sus competencias legales, investigaría y sancionaría a los
servidores públicos de los tres niveles de gobierno que violenten el carácter
laico del Estado y de la educación, impidiendo que queden sin castigo casos similares
al del alcalde Ríos Bernal. Urge esta ley no sólo para meter en
cintura a los depredadores de la laicidad estatal, sino también para terminar con
los privilegios clericales que entran en contradicción con la naturaleza laica
de la República mexicana. Me refiero a esas prerrogativas que la jerarquía
católica ha ido recuperando en las últimas décadas mediante algunas modificaciones
constitucionales en materia religiosa: la reforma de los artículos 5°, 24, 27 y
130 durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari; y la reforma del artículo
24 constitucional en la administración de Felipe Calderón Hinojosa, una
modificación cuyo dictamen contemplaba el desmantelamiento del Estado laico y
la educación laica en detrimento de las libertades de las minorías. El primer paso ya lo dieron el diputado
federal Nájera Medina y Foro Cívico México Laico, una organización comprometida
con la defensa del Estado laico, y quien colaboró activa y responsablemente en
la elaboración de la iniciativa en comento. El resto lo tendrán que hacer las y
los legisladores de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, quienes
están obligados a discutir y analizar seriamente la propuesta de ley que busca
acotar las gestiones de los políticos con evidente inclinación católica, esos que
aspiran y suspiran por el retorno del Estado confesional, con ese cúmulo de privilegios
políticos, sociales y financieros en beneficio de los jerarcas del catolicismo.
Twitter: @armayacastro Publicado en El Occidental
Leñero nació en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el 9 de junio de 1933; se graduó en 1959 como ingeniero civil en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y como periodista en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, en 1956. Su obra en el ámbito periodístico ha sido considerada por muchos como "un aporte de trascendencia al mundo de la comunicación". Su primera novela la publicó Editorial Jus bajo el título "La polvareda", después de la cual "vendría ‘La voz adolorida’ (1961), el monólogo de un enfermo mental en torno a la vida, con el que muestra el realismo psicológico de sus primeros escritos", lo anterior de acuerdo con una nota periodística de la agencia de noticias Notimex, publicada el pasado 8 de junio.
Sobre la embestida al “periódico de la vida nacional”, Leñero escribió un texto que tituló "La conversión de Jacobo Zabludovsky"; fue dedicado a este periodista y publicado en la Revista de la Universidad de México. A continuación dos de sus párrafos: "Auxiliándose en Veinticuatro Horas se enderezó la campaña contra el Excélsior de Julio Scherer desde la presidencia de un Echeverría enfurecido e implacable. Entre muchas otras tretas, Jacobo dio voz a su amigo Roberto Blanco Moheno que manoteaba y escupía desde la pantalla contra ese “periódico comunistoide”, y envió a su reportero estrella Ricardo Rocha a dizque investigar la prefabricada invasión de fingidos ejidatarios a un fraccionamiento de la cooperativa Excélsior. “Pobrecitas víctimas”, se dolía el compasivo Rocha.
Respecto a este tema, Armida de la Vara sostiene en su libro “De lo cotidiano” que "el anónimo se usa para difamar, zaherir o destrozar la reputación de alguien. Como la humedad, callada y sin dar la cara, se tira el chisme al aire y éste se encarga de propalarlo". La escritora de origen sonorense señala en la obra antes mencionada que el anónimo es “arma de cobardes y débiles”, y agrega: “Quien tiene fuerza no esconde el rostro para decir su verdad, y si lo hace por medio de la letra, estampa su firma sin vacilaciones. Quien tiene limpio el rostro no necesita de máscaras". Tras explicar que son los “tontos del corazón” los que se valen de este recurso, Armida de la Vara subraya que "quien es capaz de usar esa arma despreciable no alzará jamás el vuelo, al contrario, se condena a reptar como serpiente, siempre pegado al suelo. De todas maneras, ¡qué tristeza comprobar que tanta gente está acostumbrada a tirar la piedra y esconder la mano". El escrito anónimo, tan usual en los actuales medios de comunicación por internet, es signo evidente de un comportamiento cobarde, y más aún cuando quienes utilizan ese recurso argumentan que recurren a él con el supuesto propósito de sanear y de contribuir a “enderezar el sendero”. Es evidente que cuando las personas o grupos son impulsadas por propósitos nobles y sinceros no necesitan actuar desde el anonimato o la clandestinidad. Esto lo hacen quienes pretenden exhibir y perjudicar la imagen de las personas e instituciones dedicadas a trabajar con ahínco y decencia. Los anónimos, provocados la mayoría de las veces por la envidia y/o el odio irracional, buscan denigrar el honor y el buen nombre de las personas. Estos escritos buscan, por encima de todo, perturbar y entorpecer el crecimiento de las instituciones que tienen una trayectoria de éxito que goza del reconocimiento de propios y extraños. Quien posee la verdad no necesita oponerse, criticar e insultar desde las sombras del anonimato. El que sabe que una institución requiere de reformas da la cara, como lo hizo Martín Lutero cuando fijó sus 95 tesis en la puerta de la Iglesia de Wittenberg, el 31 de octubre de 1517. Evidentemente, esto lo hace quien sabe que se requieren reformas y es movido, además, por propósitos nobles, orientados a sanear una institución. No así quienes desde el anonimato señalan faltas y la necesidad de reformas en un entorno donde todo, absolutamente todo, marcha bien.
Estará de acuerdo conmigo, estimado lector, que sugerir desde el anonimato reformas que no se necesitan, es una tentativa vana de mancillar la imagen de las personas e instituciones. Es, asimismo, un intento siniestro de desestabilizar lo que es estable, utilizando con destreza las armas favoritas de los cobardes y envidiosos: los anónimos. Twitter: @armayacastro
Por Armando Maya Castro Al ser capturado, José Luis Abarca dijo estar cansado de esconderse. El pueblo de México también está cansado, no de esconderse, sino de soportar políticos corruptos y asesinos como el ex edil de Iguala, Guerrero
“Estoy cansado de esconderme. Ya no aguantaba la presión”. Estas fueron las palabras que José Luis Abarca Velázquez expresó al momento de ser capturado por elementos de la Policía Federal la madrugada de este 4 de noviembre en la Ciudad de México, específicamente en la calle Cerrada de Cedro número 50, colonia Tenorio, delegación Iztapalapa. El pasado 22 de octubre, la Procuraduría General de la República (PGR) había señalado al tristemente célebre ex alcalde de Iguala, Guerrero, y a su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, como los presuntos autores intelectuales del ataque que policías de Iguala y sicarios al servicio de un cartel del narcotráfico perpetraron la noche del 26 de septiembre en contra de decenas de normalistas de Ayotzinapa. Si Abarca estaba cansado de esconderse y de soportar la presión que dijo ya no aguantar, ¿se imagina usted el nivel de cansancio y dolor de los familiares de los estudiantes desaparecidos? Ellos también están cansados de tocar puertas para ser escuchados, de ir y venir en busca de respuestas y de sus amados hijos, de escuchar promesas de justicia que hasta ahora han sido incumplidas, de exigir que se los devuelvan como se los llevaron, es decir vivos. Los estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, que se han caracterizado por defender la educación pública y el normalismo rural, han declarado que también ellos están cansados de que se sigan ignorando sus protestas y demandas, “y que sólo sepamos por televisión que andan buscando muertos y no a nuestros compañeros vivos”, señalaron en un mensaje emitido el pasado 18 de octubre en la radio oficial del municipio de Chilpancingo, Guerrero. A pesar de su evidente cansancio moral, todos ellos han señalado que nada los cansará para seguir alzando la voz hasta que aparezcan, porque “vivos se los llevaron, vivos los queremos”, manifestaron durante la jornada denominada “Una luz por Ayotzinapa”, evento que se realizó el 23 de octubre, y en el que numerosos planteles educativos marcharon con veladoras y antorchas del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino. Si bien es cierto que con la detención de Abarca el caso Iguala entra en su etapa final, esto no significa que se vaya a terminar el cansancio y hartazgo de los familiares de los tres normalistas asesinados y de los 43 desaparecidos. Tampoco significa el fin de las reacciones de inconformidad e indignación de miles de estudiantes de diversas universidades que han hecho suya la desgracia de los desaparecidos, exigiendo al gobierno mexicano acciones categóricas para dar con el paradero de todos ellos. Yo no estoy tan seguro de que la captura de Abarca y de su esposa vayan a contribuir decisivamente al esclarecimiento de la investigación que realiza la PGR, como lo señaló el presidente Enrique Peña Nieto, pero hago votos para que durante los interrogatorios se llegue al fondo de la verdad. Y lo digo porque México está cansado de especulaciones y de escuchar verdades a medias, esas que fomentan la impunidad y que terminan por incrementar el justificado malestar de la población.
Por Armando Maya Castro Ante organismos como Foro Cívico
México Laico, Cátedra Extraordinaria Benito Juárez del Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Foro Intereclesiástico Mexicano y
República Laica, el diputado federal Víctor Raymundo Nájera Medina, integrante
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó el
pasado 23 de octubre la iniciativa Ley General de Laicidad, que “tiene por
objeto reglamentar las disposiciones contenidas en la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos en materia de laicidad" (Artículo 1o.).
Gracias a la Gaceta Parlamentaria
de la Cámara de Diputados pude conocer los pormenores de dicha iniciativa, que
“encuentra como principal finalidad establecer las disposiciones normativas
referentes a fortalecer la naturaleza laica del Estado mexicano y sus
instituciones, por medio de la creación
de un organismo descentralizado, sectorizado a la Secretaría de Gobernación, con
personalidad jurídica y patrimonio propio denominado Consejo Nacional para la
Laicidad, el cual, para el desarrollo de sus competencias, gozará de autonomía
técnica y de gestión para dictaminar las resoluciones que se desprendan del
ejercicio de sus funciones”, se explica en la exposición de motivos (http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2014/sep/20140904-IV.html#Iniciativa12).
El México de hoy, que se
caracteriza por su diversidad religiosa, necesita está ley para acabar con "los
casos de violaciones del Estado laico por diversas autoridades en diversos
lugares del país y la ausencia total de sanciones" por parte de la Secretaría
de Gobernación. La necesita “para dotar de contenido lo referente al Estado
laico, desde una perspectiva de derechos humanos en congruencia con el artículo
1o. constitucional, donde el Estado tiene obligaciones y deberes en materia de
derechos humanos en su respeto y tutela, por lo que desde la perspectiva laica,
esto es una base sustancial de los principios de igualdad y no discriminación”
De aprobarse la iniciativa en
comento, los mexicanos comenzaremos a presenciar el fin de la impunidad de los políticos
y servidores públicos que se llenan la boca hablando de las bondades de la
laicidad, para después participar con carácter oficial en ceremonias donde
entregan a Jesucristo las llaves de alguna ciudad, o en las que consagran una
entidad federativa al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado de María,
vulnerando así el artículo 40 constitucional que establece el carácter laico de
la República Mexicana en los siguientes términos: “Es voluntad del pueblo
mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica,
régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los
principios de esta ley fundamental”. Hasta el día de hoy no se han
aplicado sanciones a los funcionarios que, en el ejercicio de sus funciones públicas,
han procedido como si México fuese un Estado confesional, en cuya vivencia se suprimió,
por más de tres siglos, la diversidad religiosa al establecer a la religión católica
como la única, sin tolerancia de ninguna otra; tampoco se ha sancionado a los
clérigos que violan flagrantemente las leyes que prohíben la participación de
los ministros de culto en actividades de índole política. De ahí la necesidad
de robustecer el Estado laico, que “está anclado en el principio de soberanía
popular, sostenido en valores de la ética pública, de los derechos humanos, en
el cual las autoridades y servidores públicos de todas las entidades, poderes u
órganos, tienen la responsabilidad de asumir en su ejercicio el régimen de
laicidad” (Ídem).
Me parece justo reconocer, por
último, el trabajo y aporte de Foro Cívico México Laico en la elaboración de
esta importante iniciativa de ley. Hablamos de un movimiento ciudadano sin
filiación política, preocupado porque en México se respete el Estado laico, el
cual surgió luego del albazo constitucional que se diera el 15 de diciembre de
2011 en la Cámara de Diputados, donde, con una prisa sospechosa, se aprobó la
reforma del artículo 24 constitucional, cuyo dictamen contemplaba el
desmantelamiento del Estado laico y la educación laica en perjuicio de las
libertades de las minorías. De entonces a la fecha, Foro Cívico México Laico no
ha cesado de realizar e impulsar acciones orientadas al fortalecimiento y
consolidación de la laicidad del Estado. Los mexicanos confiamos que la
actual Legislatura tendrá altura de miras y se colocará más allá de los
intereses de grupos a la hora de analizar y discutir la iniciativa Ley General
de Laicidad, tan necesaria en un país como el nuestro, donde el Estado laico es
fundamental para lograr la erradicación de la discriminación religiosa y la
convivencia armónica de los mexicanos plurales y diversos, así como para
impedir el retorno del clero a su antigua posición de privilegio económico y
social que tuvo en el virreinato y en las primeras décadas del México
LOS OTROS RESPONSABLES DE LA INTOLERANCIA RELIGIOSA
Desde hace algún tiempo, los nuevos grupos religiosos suelen ser conceptuados como sectas por quienes son reconocidos como estudiosos y expertos del fenómeno religioso, sin que éstos tomen en cuenta que la Iglesia que Jesucristo fundó fue, en el siglo primero de nuestra era, una religión nueva, con un mensaje nuevo, que el fundador del cristianismo llamó Evangelio, palabra que proviene del griego “evangelion”, que quiere decir “buena nueva” o “buena noticia”.
Los religiosos intolerantes de aquella centuria nunca vieron con buenos ojos al cristianismo; persiguieron con saña desmedida a su fundador y a quienes lo profesaban, al grado de complicarles la vida a los miembros y autoridades de la Iglesia primitiva, algunas de las cuales experimentaron el martirio, como lo padeció también Jesucristo, el Hijo de Dios. Hoy en día, bajo el argumento de que las llamadas sectas religiosas son altamente peligrosas, y de que la sociedad necesita estar protegida contra las “actividades nocivas” de éstas, la historia de discriminación y violación a los derechos humanos de los integrantes de las minorías religiosas se repite, sin que a los investigadores y a sus fuentes les interese el daño que provocan a los miembros de las comunidades religiosas que califican como sectas. Esto ocurre en nuestro país a pesar de las leyes y de una serie de tratados internacionales de derechos humanos y otros instrumentos adoptados desde de 1945, mismos que han conferido una base jurídica a los derechos humanos inherentes.
Si consideramos que los más perjudicados por esta intolerancia son los menores de edad, hijos e hijas de quienes profesan una fe distinta al catolicismo, nos daremos cuenta que no se trata de un daño menor o insignificante, sino de un daño mayúsculo, que podemos y debemos evitar, si es que en verdad nos interesa que reine la paz social y la convivencia armónica en las escuelas y demás sitios públicos donde concurre la diversidad.
Y cuando hablo de daño me refiero a las diversas expresiones y acciones de intolerancia y discriminación religiosa que padece la población evangélica a lo largo y ancho de México, con actos de crueldad que forman un amplio catálogo: expulsiones masivas, cortes de suministro de agua y energía eléctrica, violaciones, amenazas, lesiones, asesinatos y otros crímenes que, por la inacción de la Secretaría de Gobernación, han quedado, en su inmensa mayoría, sin solución y sin castigo. Me parece oportuno señalar que es justamente este tipo de impunidad la que anima a varias personas y grupos a mantener su inflexible postura de intolerancia religiosa en contra de las personas y familias que, en pleno ejercicio de la libertad religiosa, deciden incorporarse a determinado credo religioso.
En Chiapas, el estado mexicano con más conflictos basados en motivaciones de índole religiosa, la intolerancia de los llamados católicos tradicionalistas es un fenómeno en franco ascenso. Esto a pesar de que los números demuestran que se trata de la entidad federativa con la diversidad religiosa más amplia del país, con una población no católica que, según el Censo de Población 2010, alcanza ya el 42 por ciento, incluido el 12.1 por ciento que se declaró sin religión (El Universal, 18 de abril de 2014).
Desde los años sesenta hasta la fecha, los católicos tradicionalistas de Los Altos de Chiapas han expulsado de sus comunidades a más de 40 mil evangélicos por sus creencias religiosas. Estos casos de violencia religiosa, que en la administración de Juan Sabines Guerrero tuvieron un alarmante repunte, han obligado a miles de evangélicos a emigrar a otros estados de la República mexicana y, a muchos de ellos, a la Unión Americana.
Lo realmente sorprendente es que cuando ocurren estos lamentables eventos, los sociólogos que indilgan a los evangélicos el epíteto de secta, son los primeros en salir a descalificar en medios este tipo de acciones, sin admitir que, en cierta medida, ellos también son responsables de dicha intolerancia, por calificar como sectas a varias minorías religiosas, exhibiéndolas ante la sociedad como grupos dedicados a actividades turbias, que “distorsionan valores e ideas tradicionales: la convivencia, la dependencia familiar, el trabajo, la propiedad individual o las ideas propias”. Una manera de contribuir a la disminución de estos actos de intolerancia religiosa sería legislar para que en México se sancione y prohíba terminantemente el uso del término secta cuando con éste se haga referencia a las asociaciones religiosas que son respetuosas de las leyes del país y que cuentan con su correspondiente registro constitutivo ante la Secretaría de Gobernación.
Por Armando Maya Castro El pasado lunes 13 de octubre viajé a la Ciudad de México
por motivos de trabajo. A mi regreso a Guadalajara pude confirmar que la
revisión en materia de migración es más estricta que en materia de tráfico de
estupefacientes, esto a pesar de que está debidamente documentado que algunos
grupos dedicados al narcotráfico han llegado a utilizar autobuses de pasajeros
para el traslado ilícito de drogas.
Y lo digo porque personal del Instituto Nacional de
Migración (INM), que tiene la misión de
fortalecer la protección de los derechos y la seguridad de los migrantes
nacionales y extranjeros, realizó dos revisiones –por cierto muy amables– al
autobús en que retorné a esta ciudad, pidiendo a los que viajábamos a bordo de
la unidad probar con cualquier credencial nuestra identidad mexicana. Estas acciones de revisión son necesarias, lo mismo que los
operativos que se realizan en varios estados de la República con el propósito
de reducir el éxodo de migrantes a la Unión Americana, logrando con este tipo
de actividades el rescate de miles de personas que no pueden acreditar su
estancia ilegal en México. Estará de acuerdo conmigo, estimado lector, que con
estos operativos se brinda protección a los migrantes centroamericanos, además
de impedir que sean objeto de extorsiones, secuestros y violaciones por parte
de policías corruptos y miembros del crimen organizado.
Siempre he estado convencido de que ningún problema hay en
la ejecución de este tipo de operativos. El problema sería que en el desarrollo
de los mismos se cometieran atropellos a los derechos humanos de los migrantes,
como ha ocurrido en operativos que se han realizado en el estado de Tabasco y
en la zona limítrofe de Oaxaca y Chiapas; esto según información periodística y
denuncias de diversas organizaciones defensoras de derechos humanos, quienes se
han dado a la tarea de documentar y denunciar tales abusos.
¿Son estos atropellos hechos aislados, como han sido
calificados por quienes aplauden y defienden el trabajo del Instituto Nacional
de Migración? Para organizaciones no gubernamentales como el Instituto para la
Seguridad y la Democracia (Insyde), las violaciones a los derechos humanos
perpetrados por agentes del INM no son hechos aislados, sino “prácticas
institucionalizadas”. Así lo señala el Insyde en su “Informe sobre estaciones
Migratorias del Instituto Nacional de Migración, en el que, a través del
Observatorio Ciudadano de los Derechos Humanos del Migrante, recaba 171
testimonios de indocumentados para conocer los abusos a los que han sido
sometidos. Hace algún tiempo, el Centro de Derechos Humanos del
Usumacinta, A.C., señaló a los agentes del INM y a las autoridades policiacas
como los principales protagonistas de las prácticas xenofóbicas y de la
criminalización hacia los migrantes centroamericanos. En esa ocasión la
Asociación Civil antes mencionada dijo que los abusos en contra de los
centroamericanos en suelo mexicano “son parte de una política migratoria
xenofóbica”, ejemplificándolo con el caso Tultitlán, Estado de México; Matías
Romero, Oaxaca; Chiapas, etcétera.
Lo cierto es que cada vez que se cometen abusos de esta
naturaleza aparece la reacción expedita de personas y organizaciones que exigen
el cese de la discriminación en contra de los migrantes. Son estas personas y
grupos los que han propuesto mecanismos de control externo y la capacitación de
los agentes del Instituto Nacional de Migración, exigiendo que se difundan los
derechos de los migrantes y se dé acceso a periodistas y defensores a las
estaciones migratorias, además de demandar la agilización de los mecanismos de
denuncia ante instancias oficiales que permitan la sanción de agentes que
abusan de sus funciones.
En anteriores colaboraciones lo he dicho y hoy lo repito: la
lucha de las organizaciones defensoras de los derechos humanos debe seguir
hasta lograr la plena erradicación del trato cruel y arbitrario que se inflige
a los migrantes procedentes de Centroamérica. Las autoridades mexicanas, en vez
de molestarse o pensar en tomar represalias contra los defensores de los
derechos humanos, deberían de comenzar a reconocer que los migrantes son, ante
todo, seres humanos con derechos que merecen ser respetados.
Publicado el sábado 18 de octubre en los diarios La Prensa Jalisco y El Mexicano de Tijuana
http://www.el-mexicano.com.mx/informacion/editoriales/3/16/editorial/2014/10/18/796591/en-plan-reflexivo
Barranco, sociólogo de las religiones y articulista del diario La Jornada, se
refiere en su más reciente artículo al "ambiente enrarecido" que
existe en el Vaticano, donde –asegura– “las tensiones se han vuelto a crispar”,
como lo demuestra la “insurrección de sectores tradicionalistas que ya no
toleran los contenidos ni las insinuaciones del papa Francisco, así como su
forma de gobernar, respaldada en una enorme popularidad”.
qué y a quiénes se refiere el experto en religiones cuando escribe sobre lo
anterior y asegura que la insubordinación conservadora ha iniciado una campaña
contra Francisco, a través de medios de comunicación, sitios web, redes
sociales, edición de libros y declaraciones periodísticas que reprueban la
actitud reformista del Papa argentino? (La
Jornada, miércoles 8 de octubre de 2014).
refiere, sin lugar a dudas, a los cinco cardenales que escribieron el libro
“Permanecer en la verdad de Cristo: Matrimonio y comunión en la Iglesia
Católica”, en el que hacen un llamado a no flexibilizar las reglas por las que
se excluye del sacramento de la comunión a los divorciados que se vuelven a
casar. Entre los autores de la citada obra –a la venta desde el 1 de octubre en
Italia y Estados Unidos– destaca Gerhard Müller, prefecto de la Congregación
para la Doctrina de la Fe, un dicasterio que estuvo a cargo del conservador
Joseph Ratzinger de 1993 al día que fue elegido como pontífice romano, el 19 de
se refiere también al intelectual y periodista católico Antonio Socci, autor
del libro titulado Non è Francesco: la Chiesa nella grande tempesta (No es
Francisco: la Iglesia en la gran tempestad), en el que cuestiona la legitimidad
de la elección al papado de Jorge Mario Bergoglio, acaecida el 13 de marzo de
2013, así como la histórica renuncia de Benedicto XVI, el 11 de febrero de ese año. Socci, quien pertenece al movimiento laico Comunione
e Liberazione, argumenta que “en el cónclave no se respetaron las reglas de la
constitución apostólica Universi Dominici Gregis”, además de poner en duda “la
legitimidad jurídica del pontificado de Francisco, concluyendo que Benedicto
XVI declara renunciar al ministerium, no al papado. Por tanto, Benedicto XVI
sigue siendo el legítimo romano pontífice, aunque sin el ejercicio activo del
ministerio petrino” (Ibíd).
refiere, en definitiva, a los sectores conservadores que le han mostrado los
dientes al papa argentino, llamándole de izquierda y presionándole para que el
Vaticano no haga cambios en su tradicional postura sobre temas espinosos. El
papa ha respondido a este tipo de presiones llamando a los disidentes a “no ser
indiferentes a la suerte de muchos de nuestros hermanos, sino abiertos y
solidarios hacia ellos”, y a “rechazar siempre las posiciones parciales,
unilaterales, que nos encierran en nosotros mismos”.
este clima de alta tensión por las divisiones entre tradicionalistas y
conservadores de un lado, y aperturistas y progresistas del otro, se desarrolla
en la sede papal la III Asamblea General Extraordinaria del Sínodo de obispos
sobre la Familia, en la que participan 253 personas, entre obispos, presidentes
de Conferencias Episcopales del mundo entero, jefes de iglesias católicas
orientales o miembros de la Curia Romana. Al
referirse a las divisiones existentes en la Iglesia católica, el cardenal
canadiense Marc Ouellet señaló que obispos “divididos según partidos no es algo
propio de la Iglesia y por eso debe ser evitado durante el próximo sínodo”.
Este purpurado manifestó su preocupación de que “los ecos mediáticos de estas
últimas semanas de preparación al Sínodo podrían dejar creer que los obispos y
cardenales están también ellos divididos en partidos y que el Papa se
identifica con uno de ellos, pero esta lógica de debate, propia del campo
político, es extraña al modo de pensar de Cristo y de la Iglesia y como
consecuencia debe ser evitada si se quiere responder adecuadamente a los
objetivos de la asamblea sinodal” (Vatican
Insider – La Stampa, 2 de octubre de 2014). Por
lo pronto, y de acuerdo con las posturas externadas hasta el momento en el
sínodo, “no se ve ninguna posibilidad de que sean aprobadas las familias
formadas entre personas del mismo sexo”, refiere una nota publicada ayer en
proceso.com.mx. En este sentido, se señala en la citada publicación, la Iglesia
católica mantiene su postura tradicional.
Las manifestaciones de los mexicanos piden justicia en el caso Ayotzinapa, y que se ponga el fin a la ola de violencia que azota al país
acciones del gobierno han intentado pero no han podido acabar con la violencia
que lastima a nuestro querido México de norte a sur; tampoco han podido reducir
los altos índices de delincuencia, ni siquiera con la participación activa del
Ejército, una institución que sigue gozando de la confianza del pueblo de
México, independientemente de que algunos de sus integrantes estén señalados de
haber participado en las ejecuciones extrajudiciales que tuvieron lugar en
Tlatlaya, Estado de México.
el sexenio de Vicente Fox Quesada, nuestro país tiene presencia constante en
las portadas de los principales diarios del mundo por el número de asesinatos,
secuestros y ejecuciones, algunas de éstas perpetradas por los miembros de las
instituciones encargadas de mantener el orden y brindar protección a los
mexicanos. Debo dejar en claro que el propósito de mi columna no es
responsabilizar exclusivamente al gobierno en turno de la preocupante situación
que se vive en México, pues de todos es sabido que la falta de una estrategia
de combate al crimen organizado en administraciones anteriores favoreció el
incremento de la corrupción y creó un ambiente propicio para su proliferación.
decirlo, pero por el momento no se vislumbra una solución inmediata que nos permita
pensar en la disminución de los estragos que este flagelo social está
ocasionando a lo largo y ancho de México. En estados como Tamaulipas, Michoacán
y, recientemente, Guerrero la violencia ha rebasado todos los límites y todas
las alarmas, sembrando el miedo y la indignación por doquier, incluso entre la
clase estudiantil. El mejor ejemplo de lo antes señalado son los 43 estudiantes
desaparecidos desde el pasado 26 de septiembre en la ciudad de Iguala,
Guerrero, un hecho que ha sido enérgicamente condenado por la sociedad y por
diversos organismos nacionales e internacionales, entre ellos la Organización
solución inmediata al problema nadie la tiene. Lo que sí tenemos es
conocimiento de algunos de los factores generadores de la actual situación de
violencia que enferma a nuestra actual sociedad: la creciente corrupción
política, la crisis de valores en la familia, los modelos agresivos que
propugnan algunos medios de comunicación, el desempleo y la pobreza que de éste
se deriva, entre muchas otras causas.
podemos esperar la desaparición de este fenómeno mientras persistan factores
como los antes mencionados. En el caso concreto de la pérdida de valores, miles
de padres de familia están en deuda con sus propios hijos, a quienes han
descuidado por sus legítimos anhelos de progreso, por sus afanes y por sus
preocupaciones cotidianas. Estará de acuerdo conmigo, estimado lector, que en
muchas familias mexicanas la formación de valores como la honestidad y el
respeto es urgente y no admite más demora.
que las cosas fuesen diferentes, pero es obligado reconocer que esta importante
labor no se realiza en muchos hogares mexicanos; de ahí que muchos jóvenes y
niños hayan crecido sin la instrucción y ejemplo que les permita transitar por
el sendero de la legalidad y del bien hacer.