Source: https://opinionjurados.blogspot.com/2013/
Timestamp: 2019-11-22 16:47:35
Document Index: 292498234

Matched Legal Cases: ['artículo 24', 'artículo 24', 'artículo 24', 'artículo 8', 'artículo 75', 'Artículo 35', 'artículo 25', 'artículo 80']

Opinión anti Juicios por Jurado: 2013
El jurado hace más engorroso, lento y costoso los juicios
Profesor de derecho constitucional, Constituyente provincial (Córdoba, Arg.) y Diputado Nacional
Dentro del marco de la Constitución provincial vigente (de la provincia de Córdoba, Arg.) sería necesario para tener una mejor Justicia:
Deberán derogarse las leyes que admiten los juicios por jurados por: no haber sido establecidos por ley federal (Arts. 24 y 75 Inc. 12 de la C. N.); por no ser “populares” ya que no son elegidos por el pueblo, ni por sus representantes; por ignorar el derecho; por discriminar a los abogados y jueces que no pueden integrarlos; porque la experiencia indica que sus fallos no son mejores, y porque el jurado hace más engorroso, lento y costoso los juicios.
Es profesor Emérito de la Universidad Nacional de Córdoba y catedrático de la Universidad Católica de Córdoba y fue constituyente provincial y diputado de la Nación.
"Cómo reformar la justicia de Córdoba"
Publicación: parlamentario.com
Dr. Arturo Cadenas (España)
El jurado esconde en su seno la ignorancia, el prejuicio y la superstición
Dr. Arturo Cadenas - España
Entrevistador: ¿Si tuviera que sentarse en el banquillo de los acusados, ¿preferiría ante un juez o ante un jurado?
Cadenas: Tal y como está previsto el jurado, prefiero un juez, sin lugar a duda. Estuve muchos años trabajando el tema y sé lo que digo.
E: ¿Qué riesgo comporta un jurado en un proceso judicial?
C: Hay dos problemas. Por un lado, cuando el juez tiene que decidir tiene un apoyo fundamental, que es la tradición jurídica, su educación jurídica y la obligación de justificar en los fundamentos de derecho su decisión ante la comunidad. Sin embargo, al jurado le cuesta entender de base las categorías jurídicas. Por otra parte, cuando un jurado escoge en el pliego, igual está el Henry Fonda de 'Doce Hombres sin Piedad', pero igual no, igual nos encontramos con que es un vago o un desmotivado, que no tiene por qué justificar su decisión. En esa no justificación se esconde la ignorancia, el prejuicio, la superstición y otras debilidades del jurado.
E: ¿Se puede filtrar para un jurado a las personas con prejuicios o que traigan su veredicto de casa?
C: La ley del jurado habla de la imparcialidad. Con ese objetivo se quita a los prohibidos y a los incompatibles, y entonces queda el montante depurado que puede ser jurado. Aquí se optó por un sistema de adversarios, en que las partes deciden de forma contrapuesta y en virtud de sus intereses a las personas que quieren ver en el jurado. Un defecto muy español es el sectarismo, entonces, lo que se introdujo pensando en garantizar la imparcialidad, se puede convertir en lo contrario.
E: ¿Es apropiado el Tribunal del Jurado en casos mediáticos o en los que existen juicios paralelos?
C: Pensemos en el ambiente a donde van los jurados: un sitio nuevo para ellos, donde se les presiona, donde no entienden lo que se les explica, con la verborrea de los abogados, donde no preguntan por timidez. Entonces, por la presión ambiental, tienen una tentación, aunque puedan no verla, que es ir hacia la mayoría.
E: ¿Se puede abstraer, pero, a los jurados de la información y la opinión de los medios en estos casos?
C: Basta pensar en lo que haría cualquiera si le llaman para juzgar a Matas. Si uno es jurado, antes de ir a juzgar un caso, lo primero que hace es empaparse del tema, buscando en internet y escuchando a los medios. No sólo no se puede abstraer, es que es imposible. De todos modos, no me parecería relevante si se cuidara la imparcialidad, lo importante es que sean honrados. Esa es la cuestión, gente imparcial, no sectarios, ni gente que se vea atrapada y atemorizada por ese contexto.
E: Igual que se ve presionado el miembro de un jurado, ¿no puede verse presionado un juez?
C: La presión, a un juez, como ser humano, le llega. La diferencia es que la comunidad jurídica y periodística le mira. Además está la posibilidad de ser recurrido. Un juez también puede verse presionado, claro, pero debe justificar sus decisiones. A nadie le gusta quedar como un tonto o un sectario. Como le están mirando existe una mayor pulcritud. A Castro le mira todo el mundo, por eso cada auto que saca, cada cosa que hace, la justifica en 25 hojas, justificando hasta el extremo sus decisiones.
E: Algún beneficio tendrá el jurado para incluirse en la Constitución.
C: Había la idea de que el jurado estuviera al servicio de la democracia, que el ciudadano se sienta más miembro del sistema. Lamentablemente, eso fue una utopía del legislador, ya que mucho me temo que la gente no siente el jurado como un instrumento para ese objetivo.
E: ¿Cómo ve que a Jaume Matas le haya juzgado un jurado popular?
C: Introducir los delitos de corrupción entre los temas que puede juzgar un jurado, es un error. En ellos, los jurados son mucho más permeables al sectarismo. Los delitos de funcionarios y políticos no me gusta que los juzgue un jurado. España es un país muy de Barça o Madrid, PP o PSOE, nacioanlista o no nacionalistas, los tuyos y los míos. No me parece bien que un jurado juzgue a un político, debería ser un juez.
E: ¿Cómo debería reformarse la ley del jurado?
C: En mi tesis planteé una reforma del jurado en la que haya que pedir cuentas. El jurado debe estar expuesto a la justificación. En el seno del propio jurado se deberían poder denunciar a un compañero por contradecirse o ser sectario. Un jurado ahora no tiene porqué justificar. En el juicio a Mikel Otegui, en 1997, acusado por disparar a dos ertzainas, hubo contestaciones de miembros del jurado en el pliego que dieron absoluta vergüenza ajena. Eso fue por miedo, intimidación, presión o incluso sectarismo. Todo eso provocó la absolución de Otegui después de disparar a dos ertzainas.
Dr. Arturo Cadenas
Doctor en Filosofía del Derecho, dedicó su tesis a cuestionar la figura del Tribunal del Jurado
"No me parece que un jurado juzgue a un político"
Por Alexander Cortes
Juicio por jurados: un absurdo que no tiene nombre
Dr. Héctor Luis Manchini - Ex juez neuquino
En la Provincia del Neuquén los titulares de los tres poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial han olvidado el interior neuquino y así proyectan y ejecutan como si todo el Estado tuviera los beneficios y pompa de Neuquén Capital olvidando que cruzando Arroyito sólo se yergue miseria, desempleo y ausencia.
Así la cabeza del Poder judicial provincial planea instaurar un juicio por jurados que por razones de precariedad de las ciudades del interior, la migración continua buscando fuentes de trabajo, la ínfima problemática judicial, la ausencia de casos de envergadura, y atendiendo que la gente lo único que requiere es que cierren los casinos, acaben con la droga que destruye niños y jóvenes en los colegios que aun tienen alumnos, los camiones que llevan material para la insólita Vaca Muerta dejen de romper las pocas rutas de acceso a las ciudades degradadas, constituye un absurdo que no tiene nombre.
El Juicio por Jurados es malo y caro no lo digo sólo yo coincido con la opinión de Zaffaroni que dice sobre el punto: "El juicio por jurados no funciona en ningún lado, si por jurado entendemos el modelo tradicional. No funciona porque tiene un inconveniente técnico: no se puede distinguir del todo la cuestión de hecho de la cuestión de derecho. Nadie puede decidir si hubo o no una legítima defensa, un estado de necesidad, un error invencible de algún tipo o una incapacidad psíquica, si no sabe lo que es. Y eso no se explica en cinco minutos por el juez. No hay juez capaz de explicarle a un lego todo el derecho penal que enseñamos en dos o tres años de universidad en cinco minutos. ¿La Constitución impone el jurado clásico o, en una interpretación progresiva, lo que manda es alguna forma de participación popular, de las que se han introducido en el mundo en los últimos 150 años? Me inclino por una interpretación progresiva en el último sentido, o sea, por los escabinos, una mayoría técnica y una minoría de ciudadanos legos ejerciendo control con su voto. En los Estados Unidos sólo un tres por ciento de los casos van al jurado, al resto los extorsionan con la “negociación”: si no acepta lo que el fiscal ofrece declarándose culpable, lo mandan al jurado, donde lo destruyen, salvo que lo defienda un abogado muy prestigioso, al que pocos pueden pagar. Nadie crea que el jurado hace más rápidos los juicios, por el contrario, es más complicado reunirlo y es más caro. Yo sé que hay una propaganda que va por el mundo, que quiere una justicia “express”, expeditiva, rápida, prêt-à-porter, sin papeles ni nada. Me parece una barbaridad, por mucho que la vendan en envase atractivo. En el fondo no es más que una suerte de linchamiento rápido de los pobres. Con signo diametralmente opuesto en lo político me suena al viejo ‘paredón, paredón’. No son chorizos lo que fabricamos, y sí así fuera, deben venir con buena carne y bien atados.” (Página 12 on line del 12/11/2006)
En suma es un proyecto pretensioso, excesivamente costoso para las agotadas arcas de la provincia, inadecuada para una geografía desértica y con escasos habitantes y nula problemática judicial, es un capricho que sufragarán los menguados bolsillos del contribuyente neuquino y que padecerá sin culpa.
ZAPALAya.com
El diario digital del centro de la Provincia de Neuquén (Rep. Argentina)
El juicio por jurados es inconstitucional
Dr. Eves Omar Tejeda - Abogado
La corriente procesalista penal que pretende implantar el juicio por jurados olvida, por no decir desconoce, los serios obstáculos jurídicos que imposibilitan la implantación del sistema en nuestro régimen legal vigente. Entre otros, la internalización de los derechos humanos, cuya innegable operatividad se manifiesta ante su inclusión en las constituciones internas de los países signatarios.
Los promotores de la implementación de este sistema se basan en las disposiciones del artículo 24 de la Constitución nacional que establece, a modo de simple aspiración, declaración o expresión de un ideal: "El Congreso promoverá (…) el establecimiento de juicios por jurados". Cabe recordar que esta disposición fue suprimida de la Constitución nacional por la reforma realizada en el año 1949 durante el gobierno del general Perón, al sustituir el artículo 24 por el 16 que estipulaba: "El Congreso promoverá la reforma de la actual legislación en todas sus ramas con el fin de adaptarla a esta Constitución". Posteriormente, en 1956, esta modificación fue dejada sin efecto al derogarse la reforma constitucional peronista de 1949.
Con relación a este tema, el maestro Dr. Vélez Mariconde sostuvo: "El artículo 24 de la Constitución nacional está lejos de ser un albergue seguro de los partidarios del jurado popular. Esta disposición consagra –como observa muy bien Soler– una norma jurídica imperfecta, es decir una simple aspiración… puesto que la hipótesis de que no se cumpla no se conecta con consecuencia jurídica alguna. Tratándose de una norma sin sanción, de una 'campana sin badajo' (binding), bien ha podido triunfar la opinión de que la institución del jurado popular depende, en realidad, de un criterio de oportunidad o de conveniencia práctica, basado en las condiciones culturales del pueblo, que corresponde al legislador nacional" ("Derecho Procesal Penal". Edit. Lerner, Córdoba, 1986, Tº I, p. 220).
Durante el siglo XX a los derechos fundamentales del hombre, proclamados por la revolución norteamericana y la francesa, se les reconoció una nueva dimensión, la de derechos humanos, y así el individuo pasó a ser considerado como sujeto de derecho internacional. La historia muestra que fue potestad absoluta de los soberanos y de los Estados fijar los derechos que les reconocían a los súbditos y cuáles eran los mecanismos de protección. La violación de derechos y garantías fundamentales dentro de la jurisdicción interna por el propio Estado (consumados por el nazismo en Alemania, el fascismo en Italia, el falangismo en España, el comunismo en Rusia y en los países detrás de la llamada "cortina de hierro", el maoísmo en China, etc.) generó la necesidad de contrarrestarla. Así, al término de la Segunda Guerra Mundial los derechos humanos tomaron un carácter internacional a través de declaraciones, cartas, tratados, convenios y pactos. Estos instrumentos regionales y universales fueron mecanismos de protección. Este fenómeno jurídico internacional ha experimentado un desarrollo cuya vertiginosidad aún sorprende.
El gran desafío del derecho internacional ha sido su efectiva observancia y operatividad por la posibilidad real de ejercer la coerción ante la violación de dicho orden, a través de una progresiva evolución del derecho internacional de derechos humanos, consistente en la positivización y constante incorporación a los textos constitucionales actuales, inaugurando espacios de reclamo, cuya configuración es diversa, profusa y hasta el momento incompleta.
El proceso antes citado ha empalidecido la eventual disputa entre los tradicionales modelos "ius filosóficos naturalistas y positivistas", exhibiéndose cierto agotamiento de esas concepciones respeto del derecho. Al examinar los ordenamientos jurídicos modernos de los Estados nacionales –principalmente en Occidente–, es posible constatar que estos últimos ya no ostentan el poder de la "soberanía", entendida como aquella potestad ilimitada de autodeterminación de los pueblos. Ello, en virtud de la multiplicidad de obligaciones contraídas en el ámbito internacional, donde han sido los propios Estados suscriptores quienes han modificado el alcance de su soberanía cuidando entre sí y, consecuentemente, limitando de modo severo su capacidad de decisión interna.
El fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Simón" se inscribe como uno de los acatamientos al nuevo orden referido, junto con la incorporación, con jerarquía máxima, del plexo de Tratados Internacionales en la reforma constitucional de l994.
La pretensión de instaurar el sistema de juicio por jurados conspira abiertamente contra las nuevas ideas que apuntan a imponer la vigencia plena del derecho internacional humanitario obligatorio, ya que los jurados populares lejos están de garantizar a todos los condenados un fallo fundado, en razón de no existir sentencia sino simplemente un veredicto de culpabilidad o inocencia al que se llega según su "íntima convicción" y sin dar explicación alguna del porqué del mismo.
De tal manera el veredicto del jurado popular impide –por resultar una decisión soberana y carente de fundamentación– que pueda ser revisado por otro tribunal superior, tornando inaplicable la garantía de raigambre constitucional del artículo 8º, inciso 2, apartado h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al establecer: "Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías: (…) h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior (…)".
En este sentido la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho: "En virtud del derecho que consagra el art. 8º, inc. 2º, apartado h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los recursos ante la Cámara de Casación Penal constituyen la vía a que todo condenado puede recurrir" (fallo, 321:494), y para que se posibilite tal derecho necesariamente la sentencia deberá estar "motivada".
En este sentido, la Corte Interamericana ha señalado que la motivación "es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión". "El deber de motivar las sentencias es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el derecho suministra, y otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática" (CIDH, fallo 182 del 5/8/2008).
Conforme con lo expuesto, la implementación del juicio por jurados es absolutamente inconstitucional. Cabe destacar que nuestro país ha reconocido la Convención Americana sobre Derechos Humanos y ha aceptado la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (ley 23054, con más de 25 años de vigencia) luego de la inclusión de los instrumentos internacionales de protección y defensa del derecho humano, en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución nacional.
Columna del Dr. Eves Omar Tejeda
Leg. Roberto Vargas (Argentina)
El juicio por jurados es una "cortina de humo"
Leg. Roberto Vargas - Río Negro - República Argentina
Se ha confesado públicamente que el juicio por jurados tardará algunos años en implementarse, aunque se hayan realizado, como “cortina de humo”, algunos simulacros.
Legislador de Río Negro - Argentina
El juicio por jurados pertenece a una cultura totalmente distinta
Dr. Juan Carlos Bacileff Ivanoff
Vicegobernador en ejercicio del P.E. de la provincia de Chaco
Los juicios por jurado funcionan en los países que tienen legislación anglosajona porque ellos tienen un sistema en el cual se guían no por leyes ni por códigos, sino por jurisprudencia.
No sé si la cultura chaqueña y argentina lo podrá adaptar. Los países anglosajones tienen una cultura totalmente distinta a la latina, nosotros venimos con influencia de los españoles, de los italianos y los franceses.
Vicegobernador en ejercicio del Poder Ejecutivo en la Pcia. de Chaco
El juicio por jurados no es la panacea
Dr. Darío De Ciervo - Abogado
No es la panacea como se puede creer. Tiene sus riesgos. En otros países tampoco funciona como si fuera la panacea de los juicios ni son mejores.
La prensa va ocupar un lugar muy importante. Hoy el periodismo puede ejercer bien o mal, una influencia muy importante aún en jueces técnicos, imaginen ustedes en un jurado.
El Estado deberá tener un control muy estricto sobre la corrupción. En Estados Unidos hay verdaderas agencias que investigan aspectos psicológicos sobre los miembros de jurado: si tienen fobias, moralidad intachable, ausencia de procesos judiciales. Hay una serie de recaudos que deben funcionar para que alguien integre un jurado en la categoría de buen ciudadano. Si el Estado se relaja en esto volvemos a otro fracaso porque no podemos ocultar que tenemos focos de corrupción, y esto, en el ciudadano común puede llegar a ser una tentación o un modo de formar tendencias.
Hay que tener mucho cuidado con la cobertura previa del caso. Creo que la prensa va a estar más restringida para opinar “a priori” sobre ciertos ilícitos.
Dr. Darío De Ciervo
"La implementación del juicio por jurados genera incertidumbre"
Es más fácil que se equivoque el inexperto que el especialista
Ex Juez Camarista de la Pcia. de Río Negro
Para implementar en Río Negro los jurados populares, que deciden por íntima convicción, habría que reformar el art. 139 inc. 14 de la Constitución local, según el cual en materia criminal rige el sistema de la libre convicción, también denominado "sana crítica racional", que obliga al juez a motivar sus decisiones demostrando el nexo racional entre sus conclusiones y los elementos de prueba que analiza para arribar a ellas. Enorme garantía para evitar el serio riesgo de arbitrariedad e injusticia, que con jurados se cerniría nada menos que sobre los casos más graves.
Sin perjuicio de la inteligencia y de la perspicacia que algunos jurados pudieran aquilatar, si partimos de la premisa de que las actividades humanas requieren un aprendizaje y se perfeccionan con la experiencia, cabe concluir que la responsabilidad de juzgar no escaparía a tales parámetros. No ofrece mayor garantía de éxito reemplazar a profesionales con experiencia, designados por atinado concurso (acá habrá que poner un acento), para confiar la misma tarea a personas improvisadas que sólo serán jurados alguna vez en su vida y que son elegidas al azar, con filtros mucho más precarios que un concurso de antecedentes. Es más fácil que se equivoque el inexperto que el especialista, pero además los jueces técnicos tienen que exponer sus fundamentos, que son controlados por otros tribunales, y deben responder por sus actos (acá habrá que poner otro acento).
Como indica Augusto Belluscio (SJA, 26/6/11) recientes argumentos de la Corte Europea de Derechos Humanos revelan la conclusión inequívoca de que la sentencia que no contiene los fundamentos que conducen a la decisión viola el derecho al proceso equitativo consagrado por la Convención. Dice el autor que la falta de motivación choca con la razón más elemental y que sobre el art. 24 C. N., que promueve el juicio por jurados en la Argentina, no se conoce fundamento auténtico alguno y fue aprobado sin debate el último día de las sesiones de 1853.
En este siglo XXI pretendo seguir bregando para que los fallos no dependan de la íntima convicción, sin expresión de razones, de ciudadanos que carecen de formación jurídica y de experiencia forense, sino de la decisión motivada de jueces especializados en derecho penal, cuyos fundamentos puedan ser revisados.
Ex. Juez Camarista en Viedma, Pcia. de Río Negro
"La masadre del laboratorio y el juicio por jurados"
El juicio por jurados se acerca al derecho penal de autor
La vuelta de Lobroso: "Tiene cara de asesino" dice un miembro del jurado
Hay delitos sentenciados por el censo porque la justicia emana del pueblo (como si los jueces no fueran pueblo).
Metafóricamente el derecho penal es la venganza pública pero objetivamente persigue la justicia, no la venganza, pues esta última no tiene en cuenta la reinserción y paga con la misma moneda o intenta ser lo más dura posible.
Aun formado por pueblo llano, el jurado no parece haber sido meditado por las instituciones democráticas porque se acerca al derecho penal de autor.
Y no porque tienda a la condena de determinados grupos sino porque se siente más influenciado por el resultado del delito que por las circunstancias en que se cometió.
No analiza la acción con rigor doctrinal y jurisprudencial, algo lógico ante la falta de preparación específica; por eso no es encuadrable en un derecho penal de acto, único aceptable en división de poderes.
Los togados son menos pasionales porque no pueden obviar las reglas impuestas por la teoría general y especial y por eso los jurados son más vengativos con acciones delictivas de gran reproche social al verse sometidos a menos límites doctrinales y más presión ciudadana, además de gozar de sentimientos compartidos con las víctimas.
A pesar de la satisfacción popular que produce, no debemos obviar que si las garantías del acusado son el bastión del derecho penal democrático, el tribunal de jurado no parece muy adecuado al Estado de derecho sino a una dictadura populista.
Dr. Santiago Marcos
Diario Córdoba - España
Conciudadanos sometidos a cumplir una función por la que bien y caro pagamos todos los contribuyentes
Desde la Mirilla de Andrea Lopetegui en 8300.com.ar
Los ciudadanos somos pagadores de un sistema que carga cada vez más sobre nuestras espaldas y cada vez responde menos de sus actos y omisiones.
La representación que delegamos al “elegir” en elecciones populares está siendo violada en cuanto se puede… No tenemos participación en el establecimiento de prioridades ni en la decisión de distribución de los dineros de todos, no decidimos cuáles políticas públicas son prioritarias, no tenemos acceso real a la información de lo que es nuestro, etc, etc, etc.
Y tampoco podemos juzgar a los que en ejercicio del poder —que temporalmente delegamos— provocan daños al conjunto de la sociedad.
Pero, como vemos, la ley 2784 nos obliga a hundir más los pies en el barro: nos impone la suerte de estar obligados a conformar jurados que declararán la culpabilidad o no culpabilidad del eventual acusado de alguno de los delitos reseñados en el Artículo 35… ¡¡EN NOMBRE DEL PUEBLO!!
La sola idea me provoca violencia moral.
Porque el pueblo soy yo (tú, él, nosotros; todos: sin connotación monárquica) y no será en mi nombre que personas obligadas a cumplir una función carguen con semejante responsabilidad.
Será a lo sumo, en nombre de un puñado de conciudadanos sometidos a cumplir una función por la que bien y caro pagamos todos los contribuyentes al Poder Judicial.
8300 Web - Neuquén - Argentina
¿Cumplimiento de una deuda constitucional o el desvío de atención pública?
Portada de un libro de la Dra. Graciela Garay de Ivaldi
Como ninguna otra institución el juicio por jurados ha generado una apasionada contienda entre quienes la combaten y quienes la propician. A mi criterio dicho instituto es desventajoso, siendo la garantía del debido proceso que consagra el art. 18 C.N. la piedra angular para estar en contra, siendo la imparcialidad de los juzgadores el derecho que tiene aquel que debe defenderse en juicio.
Si indagamos en la naturaleza del ser humano, vemos que el mismo es un “ser racional”, y del mismo modo la sentencia debe alcanzarse con “razón judicial”. No debe perderse de vista que la naturaleza esencial del hombre, “la razón”, es el único atributo cognoscitivo o al menos el más superior entre otros en procura del objetivo perseguido en un juicio: “la verdad”, la que será quizás mayor, a la que pueda brindarnos el veredicto de doce personas comunes.
En nuestros juicios decididos por jueces técnicos la razonabilidad del fallo es su prenda de imparcialidad. El juez imparcial será entonces aquel que se muestre enteramente racional, sin ningún tipo de predisposición o subjetividad.
El juicio por jurado no encaja en el ambiente jurídico argentino y, más concretamente ello es así porque no está de acuerdo con la idiosincrasia del pueblo argentino. No se trata de investigar si los argentinos somos mejores o peores que los ingleses. Ello es harina de otro costal. El transplante de instituciones que han nacido y crecido en otros ambientes y, con otros pueblos, para que sea fructífero deberán darse las circunstancias de un ambiente y un pueblo, al menos similar.
En un país donde es difícil convencer a los testigos para que declaren, a los ciudadanos para que sean autoridades de mesa, y últimamente para que sufraguen, tenemos que preguntarnos: ¿no rehusarán también al ejercicio del compromiso de ser jurados?
Entre el ciclo básico completo (que ni siquiera se exige) y el título de abogado hay un largo trecho de instrucción. Deberíamos preguntarnos si un tribunal con jurados sería capaz de sobrellevar un juicio oral como por ej.: Marita Verón, Cromañon que duraran varios meses. Uno se pregunta: ¿tendrían la capacidad de percibir la verdad real a través, de múltiples testigos, con una concentración que sólo tienen los que tienen experiencia y conocimientos en la materia, escuchados y valorados en sus dichos, valorar las pericias, etc., soportando el asedio de la prensa y opinión pública?
No creo que con ciudadanos no adiestrados alojados —no se sabe dónde— durante meses, para evitar el contacto el público (como se ve en las películas norteamericanas) y compensados en sus ingresos —no sabe con qué recursos—, resulte mejor.
La actual crisis ética y funcional que compromete seriamente la excelsa faena de “administración de justicia” no podría encontrar oxigenación a través de la instalación del juicio por jurado —cuyos beneficios o ventajas se encuentran seriamente cuestionados a nivel mundial—, sino mediante la selección de jueces entre aquellos postulantes que acrediten insospechada solvencia intelectual acorde con la responsabilidad del cargo y posean una estatura moral insospechada, distante de todo hilo terrenal con los detentadores del poder público y solventando sus decisiones únicamente en el dictado de la ley y de su propia conciencia.
En ese orden de ideas, sería acertado alertar sobre “oportunismos y avatares políticos” en lo que al juicio por jurados se refiere. A la vista del vasto escenario del quehacer nacional, marcadamente teñidos de actos de corrupción, es lícito albergar la sospecha de que la misma tintura pueda manchar a una institución, no obstante ser objeto de ella de discusión por parte de aquellos que le sustentan y le atribuyen el más alto cabal modo de participación y responsabilidad ciudadana en una cuestión tan delicada como es la administración de justicia de la cosa pública.
A las razonables críticas que la doctrina especializada ha dirigido al juicios por jurados, debe aunarse que esta forma de juzgamiento resulta muy costosa. A título de ejemplo, piénsese solamente en los enormes gastos de alojamiento de los jurados en hoteles y en muchos casos, por lapsos bastantes prolongados con las consiguientes ausencias laborales que tienen un elevado costo, a lo cual debe agregarse, todavía el riesgo de la influencia mediática y hasta de coerción moral y/o física, a que se puedan ver sometidos los jurados legos, en mucha mayor medida que los “buenos jueces profesionales y de carrera”, por intereses ilegítimos de grupos o corporaciones de gran poder ofensivo político y económico.
Dra. Graciela Garay de Ivaldi
Magister de la maestría en Magistratura y Gestión Judicial
Secretaria Relatora Cámara Federal de Tucumán
gracielagarayy@hotmail.com
Dr. Felipe Defelitto (Argentina)
El juicio por jurados no traerá beneficios a la administración de justicia
Dr. Felipe Defelitto
Juez de la Cámara Penal de Dolores, Pcia. de Buenos Aires, Argentina
Para mí no es viable. No sólo en el Departamento Judicial de Dolores, sino en otros Departamentos Judiciales que uno conoce. No creo que haya dependencias del Poder Judicial que, ediliciamente hablando, tengan capacidad para albergar todo lo que significa un juicio por jurados. Y aparte la cuestión económica. Hay que recordar que desde el año 2008, año tras año se viene prorrogando la Ley de Emergencia Económica del Poder Judicial, uno de cuyos aspectos es expresamente el tema edificios.
Hay que pensar que el juicio por jurados, está compuesto por doce jurados titulares y seis suplentes. Hay un juez que dirige debate, mínimamente un secretario, el fiscal, el defensor, el imputado, como se trata de delitos graves seguramente éste estará detenido y agentes del Servicio Penitenciario deberán acompañarlo en custodia. Hay que considerar que también albergará a la prensa, público. Hay momentos en que el jurado se tiene que retirar porque no puede escuchar lo que va resolver el juez y así no influir en el ánimo de ellos. En consecuencia no se necesita solamente una salita, sino que se necesitan varias. Un lugar donde se desarrolla el debate oral, el lugar donde el jurado pueda deliberar, por lo menos en nuestro Departamento Judicial no hay un ámbito así.
Seguramente traerá inconvenientes, ya que actualmente ni siquiera vienen los testigos. Pareciera que se desconoce una realidad, que hoy un juicio oral planificado para terminar en un día tarda 2, 3, 4 o 5 jornadas, porque no viene un testigo, no viene un funcionario policial, no vienen las víctimas, hay que pedir que los traigan con el auxilio de la fuerza pública. Es de imaginar todo eso en un juicio por jurados, cuando uno de los integrantes del jurado piense que es por dos días, y pase una semana dentro del juicio. Son cuestiones que me parecen no han sido tenidas en cuenta.
Dar alojamiento a los jurados que lo requieren significa una erogación económica. Si bien la ley habla de que se va crear una partida especial, con la situación económica actual de la provincia por lo menos se abre un interrogante. No sé como se podrá afrontar ese tipo de problema, que después seguramente recaerá en el juez o en alguna de las partes. El fiscal, el defensor o el juez no le van a poder dar una respuesta al jurado cuando éste pregunte "¿dónde me alojo?", o "¿quién me paga el alojamiento?". Seguramente el jurado no lo afrontará de su bolsillo, pensando que algún día la administración del poder judicial se lo devolverá. Si no se tienen todos los items bien aceitados, el sistema puede fracasar.
Cuando cualquier medio de comunicación radial, televisivo o diarios cubre los hechos graves, resulta muy difícil que un jurado no se contamine con esa información y vaya formando una preopinión, y más cuando a veces la prensa no transmite lo que realmente ha ocurrido o hace sus propias interpretaciones. Si existiera el juicio por jurado en la Capital Federal, hoy por ejemplo con la difusión que ha tenido el caso Angeles (Rawson), ¿qué ciudadano no estaría contaminado con su muerte?, ¿quién no leyó, vio, escuchó algo sobre el caso? Seguramente resultaría muy difícil encontrar 18 personas que demuestren que al leer, al informarse del caso, no se ha formado un preconcepto, una opinión sobre la persona que está detenida.
Es muy difícil revertir la condena social y de los medios de comunicación. Si el que actúa es un juez, lo que se llaman jueces profesionales, por más que haya leído, como conoce el derecho, cuando lee una noticia de esas características lo hace desde otra perspectiva, porque conoce la ley. Por más que se diga puede estar influenciado, ese juez conoce la ley y cuando tenga que dictar una sentencia se va a basar en la prueba.
El juez tiene que escribir cómo y por qué llega a una conclusión. Cuando dice "lo absuelvo" o "lo condeno", uno puede leer por qué llegó a esa conclusión, lo que no ocurrirá con el jurado. Nunca se va a conocer, porque el veredicto es inmotivado. Lo único que van a decir es si el hecho se acreditó y si el imputado es culpable o inocente, nada más, no hay un fundamento mínimo que diga cómo el jurado llegó a esa conclusión. Y tanto afectará cuando diga "inocente" como cuando diga "culpable".
En Estados Unidos hoy según las estadísticas que publican, sólo entre un 2 y un 5% de los casos llegan a juicio por jurado, todos los demás se resuelve antes, por las atribuciones que tienen los fiscales. Por eso no se puede comparar el juicio por jurado en ese país con el nuestro, con el que se pretende instrumentar en la provincia. Y no porque el pueblo argentino sea ignorante, no significa eso, es otra nuestra cultura, es otra la situación económica, es otra la realidad, no se deberán hacer comparaciones con Inglaterra ni con Estados Unidos.
En Córdoba por ejemplo, donde hay juicios por jurado, no todo es tan magnífico como algunos lo quieren hacer creer. Aparte no es el tipo de jurado que vamos a tener nosotros en la provincia, es el sistema que se conoce como escandinavo, hay jueces profesionales aparte de los ciudadanos. Acá son solamente doce ciudadanos que no pueden ser abogados ni escribanos, aunque presuntamente se estaría por discutir una modificación en este aspecto.
Los juicios por jurados van a tardar más, muchísimo más. El juicio comienza mínimamente con 24 personas, si falta uno el juicio no puede comenzar. Se enfermó un jurado, debe esperarse a que se recupere. Hay estudios que demuestran que es mucho más complicado el juicio por jurado, que es más lento. Si alguien piensa que el juicio por jurados dará mayor celeridad a la resolución de los casos, está equivocado.
Dicen que el juicio por jurados dará más participación ciudadana, más transparencia, más publicidad. Yo no lo veo, ojalá me equivoque, no lo veo tan claro como se lo quiere trasmitir. La publicidad hoy está garantizada en cualquier caso, cualquiera puede concurrir un juicio. Yo no sé hasta que punto va a ver más transparencia, porque repito, el jurado no funda. Se retiran a deliberar y al regresar dicen culpable o inocente, pero sin decir por qué. En otra audiencia el juez dirá qué pena impone, el jurado lo único que dirá es si se probó el hecho y si el imputado es culpable o inocente. El jurado basará la inocencia o culpabilidad solamente en apreciaciones.
Hay algo que para mí es inconstitucional. Este sistema no le deja la posibilidad al fiscal ni a la víctima, de una instancia superior donde recurrir ante una absolución. Lo único que es recurrible es la sentencia condenatoria. Si el jurado sale y dice inocente, ni el fiscal ni el particular damnificado pueda apelar. Reitero, para mí es inconstitucional por el artículo 25º de la Convención Americana de Derechos Humanos. Seguramente será uno de los tantos temas que surgirán de la implementación de este nuevo sistema de juicios.
Juez miembro de la Cámara Penal de Dolores, Pcia. de Buenos Aires, Argentina
Compromiso Diario, de la ciudad de Dolores
El jurado llega a la sala del juicio con el voto decidido
Dr. Joaquín de la Vega - Abogado Penalista
Preferiría que solo juzgaran los jueces, que son los que saben. Un jurado compuesto por ciudadanos es totalmente imprevisible.
En un juicio reciente, una integrante de un jurado votó en contra de la autoría de un asesinato de un acusado que ya había declarado que había sido él quien mató a la víctima. «Le dio pena el chico y, por ella, saldría libre».
Es preferible que, por su preparación y su conocimiento, sean los profesionales, los jueces, quienes se ocupen de la justicia. «Un jurado popular no interioriza la ley ni su aplicación».
Esta sociedad no es la mejor para tomar la decisión sobre condenar o absolver a un reo. No somos los más idóneos para sentarnos en un tribunal.
La gente de a pie, en esos casos tan mediáticos, llega a la sala del juicio con el voto totalmente decidido.
Dr. Joaquín de la Vega
Abogado penalista coruñés que participó en varios juicios por jurados
"Jurado popular sí, pero no"
Por Alberto Mahía
Reportaje a los Dres. Joaquín de la Vega y Manuel Ferreiro
Vicente Alejandro Guillamón (España)
Caso Asunta: Jurado popular, condena segura
La perversidad del caso no debe ser juzgado por un jurado popular, un jurado de indocumentados jurídicos, como lo fue el caso de los dos niños de Córdoba, cuya sentencia final podía darse por sabida, como ocurrirá ahora, antes, incluso, de que empezara el juicio.
¿Cómo puede pedirse a un pequeño grupo de personas que se sustraigan a la emotividad general que han provocado los hechos para que juzguen con absoluta objetividad? Yo, desde luego, puesto en la tesitura de un jurado, sería incapaz de liberarme del impacto emocional que me producen estos casos, máxime cuando me considero iletrado en materias penales y renuente a juzgar conductas supuestamente criminales.
Me atengo a la máxima evangélica: “no juzgues y no serás juzgado” (Lucas, 6-37), si bien comprendo que tenga que haber profesionales de la Justicia. Pero profesionales, no juzgadores improvisados y cazados tal vez por sorteo.
Dr. Ventura Pérez Mariño (España)
Dr. Ventura Pérez Mariño
Cuando en 1993 , a instancias del Ministerio de Justicia, se llevó a cabo una encuesta en la que se preguntaba por las leyes más deseadas, la Ley del Jurado salió en primer lugar. Había un déficit democrático en la organización judicial, que había vivido acomodada en el franquismo, y el jurado, icono de la sabiduría popular, aparecía como contrapunto necesario en la creencia de que la justicia desde el pueblo era mejor que la que llevaban a cabo unos profesionales, los jueces.
Pero esa confianza pronto se quebró. En primer término porque el formar parte de un jurado era obligatorio, lo que enemistó y enemista a muchos ciudadanos que no desean participar. Sin más. Son ciudadanos que pagan sus impuestos para que, entre otras cosas, unos especialistas juzguen y no para hacerlo ellos.
Y en segundo lugar, pronto se vio que el tribunal del jurado conllevaba una mayor capacidad de ser influenciado que los tribunales profesionales. De ello tuvieron mucho que ver dos casos notorios: la sentencia absolutoria del etarra Mikel Otegi, asesino de dos ertzainas, que con posterioridad fue revocada y acabó condenando un tribunal profesional; y la condenatoria de Dolores Vázquez por el asesinato de Rocío Wanninkhof, que más tarde fue revocada y absolvió un tribunal ordinario. En ambos casos, entraron a juicio con una sentencia ya dictada por la opinión pública.
Con estos antecedentes la institución del jurado ha ido entrando en crisis. Un ciudadano medio quiere ser juzgado con seguridad y creo que la sociedad se siente más amparada con unas personas profesionalmente dedicadas a juzgar.
La capacidad de influencia que tienen las noticias y rumores que sin control alguno se esparcen sobre un asunto judicial no cabe duda que es más relevante entre los miembros de un jurado que en los de un tribunal.
Es inevitable, en un asunto tan mediático como el de Asunta Basterra, que los que vayan a ser miembros del jurado, aún sin designar, no hayan ya reflexionado y tomado partido sobre la autoría. Bien es cierto que a los jueces, en cuanto ciudadanos, les ocurre lo mismo; pero por su oficio tienen más capacidad y experiencia para prescindir de sus creencias subjetivas y de afirmaciones no contrastadas.
El jurado nació con buena intención, pero hoy, creo, ha perdido su sentido. La legitimación de la Justicia no la determinan decisiones del pueblo; y por más que los jueces no gozan de gran estima social, siempre será mejor estar en manos de profesionales que en unas aficionadas. Pero no les es dable elegir a los imputados por el asesinato de la niña Asunta Basterra. Los juzgará un jurado sí o sí.
Juez de la Audiencia Nacional - España
Los juicios por jurados son difíciles de implementar y no solucionan los problemas de la justicia
Juez del Tribunal Oral Criminal N°2 de Azul
Uno de los integrantes del Tribunal Oral Criminal 2, Carlos Pagliere quien, además, es uno de los magistrados más jóvenes que tiene nuestro Departamento Judicial con 35 años de edad, dialogó con LU 32 y explicó su postura contraria a la norma ya sancionada y promulgada.
Indicó que el Juicio por Jurado no trae ninguna solución y además, va a perjudicar lo que ya existe.
Agregó que él ha manifestado su visión acerca de la problemática judicial y que, a título personal, ya que no participa en agrupamientos ni partidos políticos, se la ha acercado a legisladores.
Señaló que el problema de la Justicia Penal bonaerense es legislativo, pero hay modas, que llegan por ejemplo desde España, como sucedió con el sistema educativo que se implementó en la Provincia cuando ya había fracasado en la Madre Patria.
Ahí también ubicó al juicio por jurados, aunque también piensen que pueden solucionar los problemas.
Sostuvo que las agendas legislativas están más vinculadas a modas o impactos electorales, que a soluciones reales.
De todos modos, resignado, Pagliere adelantó que no va a realizar ninguna presentación porque la norma fue sancionada por los representantes del pueblo, aunque dijo que será muy difícil su implementación.
En realidad, una vez implementado, afirmó Pagliere, va a traer juicios más largos porque el sistema retrasa a la Justicia.
Indicó que son 18 personas que tienen que estar en lugar, y que para seleccionar a estas 18 hay que citar a 48 que vayan a un lugar.
Agregó que para que 48 personas se presenten en un sitio, en realidad hay que notificar a 100.
Añadió que los jurados deben estar en todas las audiencias, que pueden durar pocos días o semanas y que deben también permanecer en las 8 horas de audiencia, incluyendo sábados, domingos y feriados.
Estimó que todos los jueces van a tener que estar tras la organización de estos juicios y que, si ya les cuesta muchas veces que concurran las partes y los testigos actuales a un proceso, será mucho más difícil, cuando se convoque a los jurados.
Por último, reconoció que el problema de la Provincia en torno a la Justicia es gravísimo y que configura un cuadro terrorífico.
Señaló que los tiempos procesales son largos ya que hay muchas etapas recursivas, casi al infinito, exageró.
Reveló que el 80% de la población carcelaria provincial se encuentra procesada y no condenada y entonces es constitucionalmente inocente.
Consideró que el juicio por jurado será un problema más al cuadro terrorífico que la provincia ya tiene.
Juez del Tribunal Oral Criminal N°2 de Azul (Pcia. de Buenos Aires - Argentina)
LU 32 AM 1160 - FM 98.7 (Cristal) - Olavarría - Pcia. de Buenos Aires - Argentina
Néstor Espósito (Argentina)
¿Qué hubiera hecho un jurado popular con Opatowski o Monzón?
Periodista Néstor Espósito
Un ciudadano no puede, de pleno derecho, elegir a los integrantes del organismo que juzga la conducta de los jueces, evalúa a los candidatos a ocupar cargos vacantes y maneja un gigantesco presupuesto que se conforma, entre otros, con sus aportes tributarios. Sin embargo ese mismo ciudadano podrá resolver si un acusado por un homicidio pasará el resto de su vida en la cárcel.
La curiosa dualidad, casi contrasentido que se insinúa como escenario de los tiempos judiciales que se avecinan, obligan a repensar lo que está sucediendo.
La corporación judicial resolvió convertir en letra muerta todas las iniciativas de “democratización de la Justicia” que había propuesto el Poder Ejecutivo. Guste o no, la Justicia hizo lo que está en condiciones de hacer. La Constitución Nacional le otorga a la Corte Suprema, como cabeza de uno de los tres poderes de la República, el control de constitucionalidad de las leyes.
¿Pero por qué el ciudadano que no es hábil para ungir mediante el más horizontal de los recursos, esto es el voto universal, a los actores indirectos del sistema judicial, tendría facultades para decidir sobre la vida, la libertad, la honra y los bienes de sus pares?
El juicio por jurados también está previsto en el texto constitucional. Pero tal y como se ofrece (y se propone) desde sectores crecientes de la sociedad, implica un riesgo tremendo.
¿Podría, por caso, un tribunal popular intervenir en juicios por delitos de lesa humanidad? Una docena de ciudadanos de distintas edades, experiencias de vida, pasados y presentes, ideologías y prejuicios heredados podría considerar inocente a un torturador. Sería grave, pero no el sinsentido no termina allí.
Otros 12 ciudadanos podrían considerar a ese mismo torturador culpable por hechos similares pero con otras víctimas y en otro centro clandestino de detención de presos políticos durante la última dictadura. ¿Dónde quedará el derecho de defensa del imputado que ni siquiera es igual a sí mismo frente a la ley?
Un jurado popular habría condenado a Sergio Opatowski, el padrastro de Angeles Rawson. Y podría haber declarado “inocente” a Carlos Monzón por el homicidio de su esposa, Alicia Muñiz. ¿Y si tuviera que juzgar a Diego Maradona? El prejuicio —a menudo incentivado desde los medios de comunicación— podría derivar en la declaración de inocencia de un violador porque “ella lo provocó”. Parece paradójico en un país que acaba de incorporar el “femicidio” como un agravante nuevo al artículo 80 del Código Penal.
Los jueces, a quienes la sociedad les paga (bastante bien, por cierto) para que hagan su trabajo, se ven todo el tiempo contaminados en sus decisiones por lo que de ellos dirán los medios de comunicación, a los que confunden malamente con “la gente”. ¿Cómo hará un lego para llegar “descontaminado” a un juicio?, ¿de qué manera su íntima convicción será sólo suya, y no la resultante de la tapa del diario que lee habitualmente o el comentario del periodista de moda?
¿Por qué un juez debe condenar a 15 años de cárcel a un ciudadano al que considera inocente? Un médico puede, por razones de conciencia, negarse a practicar un aborto no punible. ¿Podrá un magistrado o un tribunal hacer lo propio ante una condena que considere injusta?
Las decisiones espasmódicas tomadas al calor de una temperatura social medida con termómetros de dudosa fiabilidad conllevan el riesgo de causar espasmos, antes que soluciones. La vida de las personas es demasiado importante.
Periodista especializado en temas judiciales