Source: https://corte-constitucional.vlex.com.co/vid/678690565
Timestamp: 2019-06-24 14:07:26
Document Index: 397014538

Matched Legal Cases: ['artículo 38', 'artículo 38', 'artículo 86', 'artículo 13', 'artículo 488', 'artículo 178', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 488', 'artículo 488']

Sentencia de Unificación nº 168/17 de Corte Constitucional, 16 de Marzo de 2017 - Jurisprudencia - VLEX 678690565
Sentencia citada en: 42 sentencias, 3 noticias
Acción de tutela presentada por J.E.M.C., contra la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, e Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P.
La Sala Plena de la Corte Constitucional, integrada por el Magistrado L.G.G.P., quien la preside, y los Magistrados María Victoria Calle Correa, A.L.C., A.J.L.O., G.S.O.D., I.E.M., A.A.G., A.R.R. y J.A.C.A., en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución Política, ha proferido la siguiente
En el trámite de revisión del fallo de segunda instancia, adoptado por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia –Sala de Conjueces-, el 15 de julio de 2016, que revocó la decisión de primera instancia y negó el amparo en el proceso de tutela promovido por J.E.M.C., contra la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá e Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P.
El 21 de septiembre de 2015, el señor J.E.M.C., obrando mediante apoderado, interpuso acción de tutela contra (i) la sentencia del 18 de enero de 2011, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, y (ii) los autos del 17 de agosto de 2011 y 24 de enero 2012, dictados por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Las decisiones controvertidas fueron proferidas dentro del proceso ordinario laboral promovido por el accionante contra Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P., con el fin de que se reconociera y pagara la indexación de su pensión sanción, reconocida el 26 de marzo de 2007.
A.	Hechos y pretensiones
Sostiene el apoderado que el señor J.E.M.C., de 69 años de edad, estuvo vinculado a Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. desde el 1º de noviembre de 1970, hasta el 29 de julio de 1984. Durante el último año de servicios devengaba un salario de $182.301,42, equivalente a 14.82 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
El 26 de marzo de 2007 la entidad mencionada reconoció al accionante una pensión sanción a partir del 26 de noviembre de 2006, en cuantía de $408.000, esto es, equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente.
En consecuencia, el accionante interpuso demanda ordinaria laboral contra Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P., con el fin de que le fuera reconocida la indexación de su primera mesada pensional.
En primera instancia, el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Bogotá, mediante sentencia del 23 de junio de 2008 , concedió las pretensiones del actor. En particular, el a quo ordenó a la demandada reconocer y pagar la indexación de la primera mesada pensional del accionante.
Mediante sentencia del 18 de enero de 2011, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá revocó la decisión del a quo y negó las pretensiones. La Sala indicó que el contrato de trabajo terminó el 29 de julio de 1984, motivo por el cual no era aplicable la indexación al salario base de liquidación de la pensión sanción, porque ésta se había causado con anterioridad a la expedición de la Constitución de 1991, fecha en que entró a regir el derecho a mantener el poder adquisitivo de las pensiones.
Contra la anterior decisión, el accionante interpuso recurso extraordinario de casación.
Mediante auto del 17 de agosto de 2011 , la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia decidió no seleccionar la demanda con fundamento en que la indexación de una pensión sanción causada antes de la vigencia de la Constitución de 1991, era improcedente y el asunto había sido “suficientemente definido” por esa Sala.
El actor recurrió la providencia mencionada, y mediante auto del 24 de enero de 2012 , la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia confirmó la decisión controvertida.
Por consiguiente, el señor M.C. interpuso acción de tutela, también contra los autos proferidos por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, mediante los cuales decidió no dar trámite al recurso extraordinario de casación . En primera instancia, en sentencia del 16 de julio de 2012 , la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca negó el amparo por considerar que las decisiones proferidas por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia eran razonables. La decisión mencionada fue confirmada por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura mediante sentencia del 8 de agosto de 2012 .
Señala el apoderado que presentó una segunda acción de tutela contra los autos proferidos por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia , con fundamento en la sentencia T-463 de 2013, la cual a su juicio constituye un hecho nuevo que justifica haber interpuesto nuevamente la acción. No obstante, mediante auto del 16 de septiembre de 2014 , la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia rechazó la tutela por considerarla temeraria.
Indica que interpuso una tercera tutela contra la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y la empresa Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P., la cual también fue rechazada de plano por la Sala de Casación Laboral, mediante auto del 15 de octubre de 2014 . El accionante apeló la decisión mencionada y en auto del 12 de noviembre del mismo año , la Sala Laboral negó el recurso.
Advierte el apoderado que mediante esta tutela el actor pide el amparo por cuarta vez, con fundamento en la expedición de la sentencia del 3 de septiembre de 2015 , mediante la cual la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia se pronunció sobre un caso similar al suyo, acogió la jurisprudencia de la Corte Constitucional y ordenó la indexación de una pensión causada antes de 1991.
El accionante considera que las decisiones adoptadas por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 18 de enero de 2011, y la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, el 17 de agosto de 2011 y el 24 de enero 2012 ; vulneran sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al mínimo vital, a la vida digna y la protección al adulto mayor.
Por lo tanto, solicita que (i) se dejen sin efectos: la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 18 de enero de 2011, y los autos del 17 de agosto de 2011 y 24 de enero 2012, dictados por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia; y (ii) se ordene a Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. cumplir la sentencia dictada por el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Bogotá, el 23 de junio de 2008.
B.	Actuación procesal en primera instancia.
Mediante auto del 13 de octubre de 2015 , la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia avocó el conocimiento de la acción de tutela y ordenó vincular, en calidad de autoridades demandadas, a la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, a la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia , y a Interconexión Eléctrica S.A. ESP para que ejercieran sus derechos de defensa y contradicción.
Mediante oficio radicado en la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia el 16 de octubre de 2015 , la apoderada judicial de Interconexión Eléctrica S.A. ESP solicitó negar la tutela. Manifestó que el actor interpuso la tutela como un medio alternativo para que le sean concedidas las pretensiones que le fueron negadas al acudir al mecanismo judicial ordinario, a través de providencias que hicieron tránsito a cosa juzgada. Además, indicó que la tutela es improcedente para controvertir providencias judiciales y adujo que en este caso no se vulneraron los derechos fundamentales del accionante.
La Sala de Casación Laboral manifestó que la tutela era improcedente , debido a que las decisiones controvertidas estaban debidamente sustentadas y no era posible reabrir un debate previamente definido por un órgano de cierre. De otra parte, señaló que el accionante había presentado tres acciones de tutela por la misma causa.
La Sala de Casación Penal indicó que el actuar del demandante era temerario , pues había presentado distintas acciones de tutela por los mismos hechos, de manera que era preciso rechazar la demanda de conformidad con el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991.
C.	Decisiones objeto de revisión
Mediante sentencia del 22 de octubre de 2015 , la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia concedió el amparo, y en consecuencia dejó sin efectos los autos del 17 de agosto de 2011 y del 24 de enero de 2012, proferidos por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, y las sentencias del 18 de enero de 2011 y del 23 de junio de 2008, dictadas por la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y por el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Bogotá, respectivamente, dentro del proceso laboral ordinario promovido por el señor J.E.M.C. contra Interconexión Eléctrica S.A. ESP.
Además, ordenó a Interconexión Eléctrica S.A. ESP, que en el término de 10 días, contados a partir de la notificación de esa providencia, reconociera la indexación de la primera mesada pensional del señor J.E.M.C.. Asimismo, aclaró que el pago del retroactivo de las diferencias entre los valores efectivamente recibidos y la mesada indexada, se reconocería a partir de la expedición de la Sentencia de Unificación 1073 del 12 de diciembre de 2012.
Interconexión Eléctrica S.A. ESP impugnó la decisión del a quo, con fundamento en los mismos argumentos expuestos en el escrito de contestación de la tutela.
Mediante sentencia del 15 de julio de 2016 , la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia –Sala de Conjueces- revocó la decisión del a quo y negó el amparo. El ad quem sostuvo que el criterio aplicado por las autoridades judiciales accionadas en las providencias controvertidas, estaba vigente cuando fueron proferidas, de manera que no vulneraron los derechos del accionante e hicieron tránsito a cosa juzgada.
En consecuencia, la Sala consideró “(…) pertinente apartarse de este precedente, pero solamente en el sentido de que dicha decisión no debe ser aplicable a los asuntos similares que fueron debidamente tramitados y definidos con anterioridad a su expedición bajo el criterio imperante, para ese momento, del órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral, como ocurre en este caso, ya que de darle aplicación se estarían contrariando valores y principios sobre los que se estructura el ordenamiento jurídico como son la seguridad jurídica, la cosa juzgada, y la independencia y autonomía de los jueces.” (N. en el texto original)
Con fundamento en las facultades conferidas por los artículos 86 y 241 -numeral 9°- de la Constitución y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, la Sala Plena la Corte Constitucional es competente para revisar los fallos de tutela proferidos en el proceso de la referencia.
El señor J.E.M.C., mediante apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra (i) la sentencia del 18 de enero de 2011, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, y (ii) los autos del 17 de agosto de 2011 y 24 de enero 2012, dictados por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Las decisiones controvertidas fueron proferidas dentro del proceso ordinario laboral promovido por el accionante contra Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P., con el fin de que se reconociera y pagara la indexación de su pensión sanción, reconocida el 26 de marzo de 2007.
Por lo tanto, solicita que se dejen sin efectos las providencias judiciales censuradas y se ordene a Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. cumplir la sentencia dictada por el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Bogotá, el 23 de junio de 2008.
Debido a que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia solicitó que se rechazara la acción, en razón a que el demandante había presentado con anterioridad 3 acciones de tutela respecto de los mismos hechos y derechos, corresponde a la Sala Plena determinar si en este caso la actuación del accionante es temeraria.
Una vez resuelto el problema sobre la temeridad de la acción, la situación fáctica exige a la Sala determinar si concurren los requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencias judiciales para controvertir la sentencia mediante la cual la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá revocó la decisión de primera instancia en el proceso ordinario y negó la indexación de la primera mesada pensional del actor, y los autos dictados por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia mediante los cuales decidió no seleccionar la demanda de la referencia, con fundamento en que la indexación de la pensión sanción causada antes de la vigencia de la Constitución de 1991 era improcedente y el asunto había sido “suficientemente definido” por esa Sala.
En este caso, el demandante en el proceso ordinario laboral demostró que al momento de su retiro devengaba 14.82 salarios mínimos legales mensuales vigentes y la entidad demandada le reconoció una pensión sanción equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente, debido a que ésta se calculó con base en una suma que correspondía a su salario a la fecha de su retiro -1984-, que no se trajo a valor presente para el año 2007.
Para resolver las cuestiones planteadas, es necesario abordar el análisis de los siguientes temas: primero, el análisis de temeridad en la acción de tutela que se estudia; segundo, la procedencia excepcional de la tutela contra providencias judiciales, específicamente el requisito de inmediatez; tercero, el examen de los requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencias judiciales en el caso concreto; cuarto, las reglas jurisprudenciales sobre el derecho a mantener el poder adquisitivo de las pensiones y de reclamar la indexación de la primera mesada y cuarto, con fundamento en lo anterior, se examinará el problema jurídico que plantea el caso objeto de estudio.
La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha establecido que la temeridad puede ser comprendida de dos formas distintas . La primera, se refiere a que dicha institución sólo puede configurarse si el accionante actúa de mala fe . La segunda, que corresponde a la interpretación literal del artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, el cual exige que el accionante presente varias veces una demanda de tutela por los mismos hechos, sin justificación alguna, para que se verifique la temeridad .
Ante tal ambivalencia, la Corte concluyó que para rechazar la acción de amparo por temeridad, la decisión se debe fundar en el actuar doloso del peticionario, toda vez que esa es la única restricción legítima al derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, el cual se ejerce a través de la acción de tutela.
En este sentido, la jurisprudencia constitucional ha distinguido la improcedencia de la temeridad. La temeridad se configura cuando concurren los siguientes elementos: (i) identidad de partes; (ii) identidad de hechos; (iii) identidad de pretensiones; y (iv) la ausencia de justificación en la presentación de la nueva demanda, vinculada a un actuar doloso y de mala fe por parte del libelista .
El último de los elementos mencionados se presenta cuando la actuación del actor resulta amañada, denota el propósito desleal de obtener la satisfacción del interés individual a toda costa, deja al descubierto el abuso del derecho porque deliberadamente y sin tener razón, de mala fe se instaura la acción, o pretende a través de personas inescrupulosas asaltar la buena fe de quien administra justicia.
A contrario sensu, la actuación no es temeraria cuando aún existiendo dicha multiplicidad de solicitudes de protección constitucional, la acción de tutela se funda en: (i) la ignorancia del accionante; (ii) el asesoramiento errado de profesionales del derecho; o (iii) el sometimiento del actor a un estado de indefensión, propio de aquellas situaciones en que los individuos obran por miedo insuperable o por la necesidad extrema de defender un derecho . En estos casos, si bien la tutela debe ser declarada improcedente, la actuación no se considera “temeraria” y, por ende, no conduce a la imposición de una sanción en contra del demandante.
Por otra parte, en la sentencia T-1034 de 2005 esta Corporación precisó que existen dos supuestos que permiten que una persona interponga nuevamente la acción de tutela, sin que con ello se configure una actuación temeraria ni proceda el rechazo. Particularmente, se descarta que una tutela es temeraria cuando: (i) surgen circunstancias fácticas o jurídicas adicionales, o (ii) no existió un pronunciamiento de fondo por parte de la jurisdicción constitucional sobre la pretensión incoada.
Del mismo modo, en sentencia T-073 de 2016 , la Corte estudió la tutela presentada por la Pastora General de la Iglesia Cristiana Cuadrangular Central de B., contra la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de B., con el fin de que se exonerara a la iglesia que representaba, del pago al impuesto a la sobretasa ambiental de los años 2013, 2014 y subsiguientes.
En aquella ocasión, la Corte Constitucional reiteró la jurisprudencia constitucional sobre la configuración de la temeridad, y en particular, la necesidad de que se presente identidad de partes, hechos y pretensiones. Además, citó la sentencia T-084 de 2012 , según la cual a pesar de que en apariencia se presente esa triple identidad, puede desvirtuarse la temeridad cuando: “i) existan nuevas circunstancias fácticas o jurídicas que varíen sustancialmente la situación inicial, (ii) la jurisdicción constitucional, al conocer de la primera acción de tutela, no se hubiese pronunciado realmente sobre una de las pretensiones del accionante o porque (iii) la Corte Constitucional profiera una sentencia de unificación, cuyos efectos sean explícitamente extensivos a un grupo de personas que se consideran en igualdad de condiciones.”
Posteriormente, en sentencia SU-637 de 2016 , la Sala Plena de esta Corporación estudió la acción de tutela presentada por un ciudadano contra la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín y el Juzgado 6º Laboral del Circuito de Medellín. El actor presentó la tutela contra las providencias judiciales proferidas en el proceso laboral ordinario interpuesto por él contra el Banco Popular, mediante las cuales le fue reconocida la pensión de vejez indexada, pero no se aplicó la fórmula para calcular la indexación establecida en la sentencia T-098 de 2005.
En el caso objeto de estudio la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia sostuvo que la actuación del demandante era temeraria en razón a que antes de interponer esta tutela, presentó 3 más con fundamento en los mismos hechos y pretensiones.
En efecto, se evidencia que el actor presentó 4 tutelas (incluida ésta) que en principio parecen ser idénticas: (i) las autoridades accionadas fueron la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia e Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P.; (ii) el accionante considera que las actuaciones que generaron la vulneración de sus derechos son las providencias judiciales mediante las cuales se negó el derecho a la indexación de su primera mesada pensional, con fundamento en que el derecho se causó antes de la vigencia de la Constitución de 1991; y (iii) se controvierten las providencias judiciales mencionadas, y se solicita a los jueces de tutela dejarlas sin efectos.
No obstante, el señor M.C. presentó razones para justificar el hecho de haber interpuesto la acción de tutela en distintas ocasiones.
El demandante interpuso la primera acción de tutela, que fue resuelta en primera instancia por la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca y confirmada por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del el Consejo Superior de la Judicatura, mediante sentencia del 8 de agosto de 2012.
De otra parte, de los hechos se observa que la segunda tutela no fue resuelta de fondo, pues mediante auto del 16 de septiembre de 2014, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia la rechazó por temeraria.
Por consiguiente, tal y como lo estableció el a quo, en el caso que se analiza no se configura la temeridad, pues (i) la segunda tutela se presentó con fundamento en una sentencia de unificación, mediante la cual la Corte Constitucional modificó su jurisprudencia, la cual era vinculante para la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia, y en esa medida cambiaba las circunstancias jurídicas del caso, y (ii) las 2 tutelas subsiguientes nunca fueron resueltas de fondo, debido a que los jueces las rechazaron por considerarlas temerarias, a pesar de que el actor demostró que existía un hecho nuevo que cambiaba las circunstancias fácticas del asunto.
Bajo el presupuesto mencionado, la Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales que quebranten los derechos fundamentales de las partes y se aparten de los mandatos constitucionales. No obstante, se ha precisado que la procedencia de la acción de tutela en estos casos debe ser excepcional, con el fin de preservar los principios de cosa juzgada, autonomía e independencia judicial, seguridad jurídica, y la naturaleza subsidiaria que caracteriza a la tutela.
La Sala Plena de la Corte, en Sentencia C-590 de 2005 , señaló que el desarrollo jurisprudencial ha conducido a diferenciar dos tipos de presupuestos para que proceda la acción de tutela contra providencias judiciales, a saber: los requisitos generales de procedencia y los requisitos específicos de procedibilidad.
Esta Corporación ha resaltado que de conformidad con el artículo 86 de la Constitución, la acción de tutela puede interponerse “en todo momento” porque no tiene término de caducidad . Sin embargo, la jurisprudencia ha exigido “una correlación temporal entre la solicitud de tutela y el hecho judicial vulnerador de los derechos fundamentales” .
Particularmente, tratándose de tutela contra providencias judiciales, el presupuesto de inmediatez se funda en el respeto por los principios de seguridad jurídica y cosa juzgada. Tal y como lo expuso esta Corte en la sentencia C-590 de 2005, la tutela debe interponerse en un lapso razonable, pues de lo contrario, existiría incertidumbre sobre los efectos de todas las decisiones judiciales.
En este sentido, si dicho requisito se abordara con laxitud, la firmeza de las decisiones judiciales estaría siempre a la espera de una controversia constitucional . Así pues, se anularía la seguridad jurídica, pues los efectos de una decisión podrían ser interrumpidos en cualquier momento a través de esta acción. Por consiguiente, la Corte ha establecido que el estudio de este presupuesto de procedencia de la tutela contra providencias judiciales debe ser más exigente, pues su firmeza no puede mantenerse en vilo indefinidamente.
De otra parte, la jurisprudencia de esta Corporación ha determinado que de acuerdo con los hechos del caso, corresponde al juez establecer si la tutela se interpuso dentro de un tiempo prudencial y adecuado, de tal modo que no se vulneren derechos de terceros. Así pues, no existe un término para interponer la acción, de modo que el juez está en la obligación de verificar cuándo ésta no se ha presentado de manera razonable, con el fin de que se preserve la seguridad jurídica, no se afecten los derechos fundamentales de terceros, ni se desnaturalice la acción.
“(i) [Ante] La existencia de razones válidas para la inactividad, como podría ser, por ejemplo , la ocurrencia de un suceso de fuerza mayor o caso fortuito, la incapacidad o imposibilidad del actor para interponer la tutela en un término razonable, la ocurrencia de un hecho completamente nuevo y sorpresivo que hubiere cambiado drásticamente las circunstancias previas, entre otras.
(iii) Cuando la carga de la interposición de la acción de tutela en un plazo razonable resulta desproporcionada dada la situación de debilidad manifiesta en la que se encuentra el accionante, lo que constituye un trato preferente autorizado por el artículo 13 de la Constitución que ordena que ‘el Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan’.”
En síntesis, la jurisprudencia de este Tribunal ha precisado que el presupuesto de inmediatez: (i) tiene fundamento en la finalidad de la acción, la cual supone la protección urgente e inmediata de un derecho constitucional fundamental ; (ii) persigue la protección de la seguridad jurídica y los intereses de terceros; (iii) implica que la tutela se haya interpuesto dentro de un plazo razonable, el cual dependerá de las circunstancias particulares de cada caso; y (iv) debe analizarse de forma rigurosa cuando la acción se dirige contra providencias judiciales.
En primer lugar, el demandante identificó de manera razonable los hechos que generaron la vulneración de sus derechos, así como las irregularidades que -estima- hacen procedente la acción de tutela. Los hechos están detallados en la demanda y aunque el accionante no propuso alguna causal específica de procedencia de la tutela contra providencias judiciales, se puede inferir que considera que las decisiones desconocen el precedente de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia, sobre el carácter universal de la indexación de la primera mesada pensional.
En segundo lugar, la acción de tutela no se dirige contra un fallo de tutela. El demandante acusa: (i) la sentencia del 18 de enero de 2011, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante la cual se revocó la decisión de primera instancia y se negaron las pretensiones, y (ii) los autos del 17 de agosto de 2011 y 24 de enero 2012, dictados por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, mediante los cuales decidió no seleccionar la demanda ordinaria laboral.
En tercer lugar, prima facie la cuestión objeto de debate tiene relevancia constitucional. En el presente caso se encuentran involucrados los derechos fundamentales del señor J.E.M.C. a la seguridad social y a la igualdad.
En cuarto lugar, la tutela cumple con el requisito de subsidiariedad, ya que el actor agotó todos los mecanismos judiciales de defensa a su disposición. En efecto, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial era procedente el recurso extraordinario de casación, el cual fue presentado oportunamente por el actor.
En quinto lugar, en aplicación de los precedentes constitucionales adoptados recientemente por la Sala Plena, la acción de tutela fue interpuesta en un término razonable. En sentencias SU-637 de 2016 y SU-499 de 2016 , la Corte estableció que a pesar de haber transcurrido un tiempo considerable entre las providencias judiciales que vulneraron los derechos alegados y la interposición de la tutela, éste podía considerarse razonable, debido: (i) al carácter periódico de este tipo de prestaciones, que demostraba que la vulneración del derecho se había mantenido en el tiempo y en esa medida era actual, y (ii) a que la jurisprudencia había cambiado, de manera que existía una nueva posición sobre el asunto objeto de debate, la cual constituía un hecho nuevo para efectos de analizar la inmediatez.
En efecto, a pesar de que la última de las decisiones controvertidas fue proferida el 24 de enero 2012 y esta tutela se presentó el 21 de septiembre de 2015, esto es, 3 años y 8 meses después, el caso objeto de estudio presenta circunstancias particulares que justifican la aparente tardanza para interponer la acción.
De conformidad con los fundamentos jurídicos 21 a 24 de esta providencia, la jurisprudencia ha identificado tres eventos en los que, a pesar de que la tutela haya sido presentada después de un tiempo considerable desde la amenaza o vulneración del derecho fundamental, ésta resulta procedente debido a las particulares circunstancias del asunto.
En primer lugar, el demandante presentó la tutela tan pronto se profirió el auto controvertido, pues la sentencia de primera instancia fue decidida por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia mediante sentencia del 20 de marzo de 2012.
En tercer lugar, en este caso el accionante afirmó que el 8 de noviembre de 2012 sufrió un infarto agudo al miocardio , motivo por el cual se demoró en presentar la segunda acción de tutela, la cual además se fundamentó en la expedición de la sentencia T-463 de 2013, que a juicio del actor constituye un hecho jurídico nuevo que justifica la interposición de la acción por segunda vez.
En síntesis, y siguiendo el precedente que flexibilizó el requisito de inmediatez (sentencias SU-637 y SU-499 de 2016), en esta ocasión el actor presentó distintas circunstancias que permiten hacer una consideración especial al estudiar la razonabilidad del tiempo transcurrido entre el hecho que presuntamente vulneró sus derechos, esto es, la última de las providencias judiciales controvertidas, y la interposición de la tutela. Por consiguiente se satisface el presupuesto de inmediatez.
Así las cosas, como la Sala encuentra acreditados los requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencias judiciales, procede ahora a estudiar el asunto de fondo que plantea el caso sub iúdice.
Como lo ha indicado esta Corporación, la indexación fue uno de los instrumentos jurídico-constitucionales propuestos a partir de 1991 para combatir los efectos de la inflación y la consecuente pérdida de capacidad adquisitiva de la moneda que ésta genera. En materia de seguridad social, la pérdida del valor del adquisitivo del dinero afecta, especialmente, el derecho al mínimo vital de los trabajadores y pensionados que dependen de una prestación periódica para su subsistencia digna y congrua .
a.	El derecho a la indexación de la primera mesada pensional es fundamental. Este derecho hace parte del desarrollo de los principios constitucionales consagrados en los artículos 1º (Estado Social de Derecho), 13 (igualdad), 46 (protección a la tercera edad), 48 (seguridad social), y 53 (favorabilidad y poder adquisitivo de las pensiones) de la Carta Política. Y se deriva especialmente de la protección constitucional e internacional dada a la seguridad social y al derecho al mínimo vital del que son titulares todos los ciudadanos colombianos . Por lo tanto comparte su carácter de fundamental .
b.	Por regla general, la acción de tutela es procedente para la protección del derecho a indexar la primera mesada pensional. Lo anterior, debido a que su afectación genera una grave vulneración al derecho al mínimo vital de personas que, en principio, son sujetos de especial protección constitucional (tercera edad).
c.	La indexación de la primera mesada pensional se predica de todo tipo de pensión; es decir, tiene un carácter universal: (i) sin distinción del origen de la pensión, bien sea que tenga naturaleza legal, convencional o judicial ; y (ii) sin importar si la pensión fue reconocida antes o después de la vigencia de la Constitución de 1991 .
La anterior reivindicación fue hecha por esta Corte ya que el ejercicio del derecho fundamental en comento no puede restringirse solo para un determinado grupo de pensionados, pues un trato diferenciado en esta situación carecería de justificación constitucional y se tornaría en discriminatorio , en tanto el fenómeno de pérdida de poder adquisitivo de la moneda afecta por igual a todos los pensionados .
Esta aclaración se hizo necesaria en su momento, debido a que las empresas y las entidades encargadas de reconocer pensiones, empezaron a excusarse de efectuar la indexación de la primera mesada pensional para todos aquellos que no estaban expresamente señalados en la ley como beneficiarios de esta actualización. Esto es, aquellos que consolidaron un derecho pensional bajo regímenes anteriores a la Ley 100 de 1993 y aquellos cuya prestación se derivó de pactos convencionales , entre muchos otros. Teniendo presente esa situación, la Corte consolidó la tesis según la cual la indexación de la primera mesada pensional es un derecho de carácter universal , puesto que se predica de todo tipo de pensiones, independientemente su origen o de la fecha de su causación .
d.	Prescriben las mesadas indexadas, pero no el derecho, debido a que se trata de una prestación periódica en materia de seguridad social y derechos laborales. Para esta Corte es claro que prescriben los reajustes indexados de las mensualidades a los que eventualmente el reclamante tuvo derecho pero sobre las cuales no se ejerció la acción oportuna, mas nunca prescribe el derecho a indexar la primera mesada pensional como tal. En otras palabras, prescriben las mesadas indexadas, pero no el derecho .
La prescripción en materia laboral busca mayor prontitud en el ejercicio de la acción, dada la supremacía del derecho fundamental que se discute, el cual comporta la exigencia de acción y protección oportunas. “Así, pues, el legislador no hizo cosa distinta a hacer oportuna la acción; de ahí que lo que, en estricto sentido, prescribe es la viabilidad de una acción concreta derivada de la relación laboral, pero nunca el derecho” .
e.	Por regla general, la fórmula de contar la prescripción debe ser la universal, descrita en el artículo 488 Código Sustantivo del Trabajo. Debido a que la indexación de la primera mesada, es un componente del derecho pensional en sentido amplio, es claro que, en principio se deben aplicar los términos de prescripción de las mesadas tal y como se describe en los artículos 488 y 489 del Código Sustantivo del Trabajo –las acciones correspondientes a los derechos regulados en ese Código prescriben en tres (3) años, que se cuentan desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible –.
Respecto a las reglas de prescripción esta Corte indicó en sentencia T-954 de 2013 :
Ahora bien, esta regla general de prescripción de las mesadas pensiones indexadas, tiene una excepción prevista por esta Corte Constitucional en la sentencia SU-1073 de 2012 .
f.	La fórmula para contar la prescripción de la indexación de la primera mesada pensional de las prestaciones causadas antes de 1991, es especial y fue señalada en la sentencia SU-1073 de 2012 y desarrollada por las sentencias SU-131 de 2013 y SU-415 de 2015. La sentencia SU-1073 de 2012, abordó el tratamiento desigual dado a la indexación de la primera mesada pensional cuando el reconocimiento del derecho pensional se producía con anterioridad a la vigencia de la Constitución de 1991, tanto en la jurisdicción ordinaria como en la constitucional.
No obstante, mediante la sentencia SU-131 de 2013 la Sala Plena estudió la tutela presentada contra la providencia proferida por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, mediante la cual la autoridad judicial accionada resolvió, entre otros, negar el reconocimiento de la indexación de una pensión sanción, por haber sido causada antes de la vigencia de la Constitución de 1991.
La regla antes mencionada fue reiterada en la sentencia SU-415 de 2015 , en la cual la Sala Plena estudió la tutela presentada contra los autos proferidos por la Sala Laboral de la Corte Suprema, en los que decidió no seleccionar la demanda de casación presentada contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Medellín, mediante la cual se había negado el derecho a la indexación del accionante, bajo el argumento de que la pensión que le había sido reconocida se causó antes de la vigencia de la Carta Política de 1991. En esa oportunidad, la Sala Plena determinó que las providencias controvertidas incurrieron en un defecto por violación directa de la Constitución, porque la protección al poder adquisitivo de las mesadas pensionales se desprendía directamente de un mandato superior.
g.	La fórmula para indexar las mesadas pensionales es la señalada en la sentencia T-098 de 2005. En efecto, desde 2005 la jurisprudencia constitucional, contencioso administrativa y ordinaria, ha sido pacífica en establecer que para realizar el ajuste a las mesadas pensionales “se empleará la fórmula utilizada por el Consejo de Estado en desarrollo del artículo 178 del Código Contencioso Administrativo” . En la referida sentencia se indicó que:
Donde el valor presente de la condena (R) se determina multiplicando el valor histórico (Rh), que es lo dejado de pagar al pensionado, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al consumidor vigente a la fecha de notificación de esta sentencia, entre el índice inicial, que es el vigente al causarse cada mesada pensional. || Por tratarse de una obligación de tracto sucesivo, la entidad demandada aplicará la fórmula separadamente, mes por mes, empezando por la primera mesada pensional que devengó el actor sin actualizar, y para los demás emolumentos (primas), teniendo en cuenta que el índice aplicable es el vigente al causarse cada una de las prestaciones” .
Como conclusión puede establecerse que el derecho a la indexación de la primera mesada pensional: (i) es fundamental; (ii) se predica de todo tipo de pensiones, es decir, tiene carácter universal y (iii) por regla general, la acción de tutela es procedente para buscar su protección. Así mismo es preciso señalar que, (iv) la prescripción se predica de las mesadas pensionales indexadas y nunca del derecho; (v) el régimen prescriptivo, por regla general, es el establecido en el Código Sustantivo del Trabajo y (vi) por vía excepcional, se aplica un régimen prescriptivo diferenciado a la indexación que se reconozca sobre pensiones causadas antes de la entrada en vigencia de la Constitución de 1991, que es el establecido en las sentencias SU-1073 de 2012, SU-131 de 2013 y SU-415 de 2015. Por último, (vii) la fórmula matemática que unificadamente se usa para hacer el cálculo de la indexación es la establecida por la sentencia T-098 de 2005.
Con fundamento en el artículo 4º Superior, esta Corporación ha establecido que la Constitución Política de 1991, tiene carácter vinculante y fuerza normativa. Estos lineamientos guían nuestro actual modelo de ordenamiento jurídico e implican que los preceptos y mandatos constitucionales son de aplicación directa.
Así, el defecto por violación directa de la Constitución “(…) es una causal de tutela contra providencia judicial que se origina en la obligación que les asiste a todas las autoridades judiciales de velar por el cumplimiento del mandato consagrado en el artículo 4° de la Carta Política, según el cual ‘la Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales’” .
En particular, esta causal se configura cuando un juez toma una decisión que va en contra de la Constitución porque deja de aplicar una disposición ius fundamental a un caso concreto; o aplica la ley al margen de los dictados de la Constitución .
Asimismo, la Corte ha precisado que procede la tutela contra providencias judiciales por violación directa de la Constitución, cuando: (i) en la solución del caso se deja de interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad con el precedente constitucional ; (ii) se trata de la violación evidente a un derecho fundamental de aplicación inmediata; (iii) los jueces, con sus fallos, vulneran derechos fundamentales porque no tienen en cuenta el principio de interpretación conforme con la Constitución ; y (iv) el juez encuentra una norma incompatible con la Constitución, y no aplica las disposiciones constitucionales con preferencia a las legales (excepción de inconstitucionalidad) .
En el caso objeto de análisis, aunque el accionante no propuso alguna causal específica de procedencia de la tutela contra providencias judiciales, se puede inferir que considera que las decisiones desconocen el precedente de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia, sobre el carácter universal de la indexación de la primera mesada pensional.
Así pues, en este caso la Sala debe estudiar si (i) la sentencia del 18 de enero de 2011, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante la cual se revocó la decisión de primera instancia y se negó el reconocimiento del derecho a la indexación, y (ii) los autos del 17 de agosto de 2011 y 24 de enero 2012, dictados por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, mediante los cuales decidió no seleccionar la demanda ordinaria laboral ante la claridad de que el derecho a la indexación de la primera mesada pensional tenía origen constitucional y por tanto no era aplicable a las pensiones causadas antes de la vigencia de la Carta Política, violaron la Constitución.
Tal y como se estableció en los fundamentos jurídicos 38 a 39 de esta providencia, el derecho a la indexación es de carácter universal, lo que significa que se trata de una prerrogativa de la cual son titulares todas las personas , sin importar si sus pensiones fueron causadas con anterioridad a la entrada en vigencia de la Constitución de 1991.
En efecto, la postura sostenida por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia durante muchos años, según la cual el derecho a la indexación sólo es procedente cuando las pensiones han sido causadas en vigencia de la Constitución Política de 1991, contradice el principio de igualdad, pues desconoce que se trata de un derecho predicable de todas las personas pensionadas, por cuanto éstas, sin importar cuándo se haya causado el derecho, sufren las consecuencias de la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, es decir, todos se encuentran en la misma situación y por tanto, deben recibir igual tratamiento.
De conformidad con los hechos del caso, la Sala debe reiterar que cuando se calcula el monto de la mesada pensional con base en un ingreso significativamente menor al que el extrabajador percibió años antes de que le fuera reconocida la pensión, se contraría el mandato constitucional del derecho a percibir una pensión mínima vital, calculada en consideración a los fenómenos inflacionarios y la consecuente pérdida de poder adquisitivo del dinero, y se desconocen también el derecho a la igualdad del pensionado.
-	En aplicación del precedente constitucional, en este caso la actuación del demandante no fue temeraria, pues la segunda tutela se presentó como consecuencia de un hecho nuevo y las subsiguientes se interpusieron porque los jueces constitucionales rechazaron las solicitudes de amparo, y en este orden no resolvieron el problema jurídico bajo su conocimiento.
-	En esta oportunidad se cumplen los requisitos generales de la tutela contra providencias judiciales, en particular se acreditó el presupuesto de inmediatez, pues tras la interposición de la primera tutela (i) el demandante sufrió un infarto y (ii) la Corte Constitucional profirió una sentencia de tutela que constituyó un hecho nuevo; situaciones que justificaron que el actor presentara la segunda tutela 2 años después de la primera. Con posterioridad a esta actuación, la tutela fue rechazada y de manera rápida el accionante interpuso dos tutelas más.
-	Una sentencia proferida en un proceso ordinario laboral antes de la expedición de la sentencia SU-1073 de 2012, viola la Constitución cuando niega el reconocimiento a la indexación de la primera mesada pensional debido a que ésta fue causada antes de la vigencia de la Constitución de 1991, pues esa posición desconoce el principio de igualdad y los derechos laborales de los pensionados.
-	La decisión del a quo, es correcta, pues decide: (i) amparar los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al mínimo vital, a la vida digna, a la indexación de la primera mesada pensional y a mantener el poder adquisitivo de las mesadas pensionales del accionante; (ii) dejar sin efectos las providencias proferidas el 17 de agosto de 2011 y el 24 de enero de 2012 por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, y las sentencias de 18 de enero de 2011, dictada por la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, y del 23 de junio de 2008 proferida por el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Bogotá dentro del proceso laboral ordinario promovido por el señor J.E.M.C. contra Interconexión Eléctrica S.A. ESP; (iii) ordenar a Interconexión Eléctrica S.A. ESP, que en el término de diez (10) días, contados a partir de la notificación de la providencia, proceda a indexar la primera mesada pensional del señor J.E.M.C.; y (iv) ordenar el pago retroactivo de las diferencias entre los valores efectivamente recibidos y el valor de la mesada indexada, a partir de la expedición de la sentencia SU-1073 de 2012 (12 de diciembre de 2012).
Por las anteriores razones, la Sala concederá la tutela solicitada el señor J.E.M.C., y revocará la sentencia de segunda instancia, proferida por la Sala de Casación Laboral -Sala de Conjueces- de la Corte Suprema de Justicia, confirmará parcialmente la sentencia del 22 de octubre de 2015, dictada por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia y modificará el numeral tercero de la providencia de segunda instancia, en el sentido de aclarar que el pago retroactivo de las diferencias entre los valores efectivamente recibidos y el valor de la mesada indexada se debe pagar contando 3 años anteriores a la fecha de la presente providencia, en aplicación del término previsto en el artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo.
PRIMERO. REVOCAR la decisión adoptada 15 de julio de 2016, por la Sala Laboral –Sala de Conjueces- de la Corte Suprema de Justicia, mediante la cual negó el amparo. En su lugar, CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia del 22 de octubre de 2015, dictada por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia.
SEGUNDO. MODIFICAR el numeral tercero de la la sentencia del 22 de octubre de 2015, dictada por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, en el sentido de aclarar que el pago retroactivo de las diferencias entre los valores efectivamente recibidos y el valor de la mesada indexada se debe pagar contando 3 años anteriores a la fecha de la presente providencia de unificación, en aplicación del término previsto en el artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo.
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA	ALEJANDRO LINARES CANTILLO
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO	GLORIA S.O. DELGADO
IVÁN ESCRUCERÍA MAYOLO	AQUILES ARRIETA GÓMEZ
A.R.R.	JOSÉA.C. AMARÍS
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral nº T 70445 de 18 de Enero de 2017