Source: http://www.elsiglodeuropa.es/siglo/historico/2017/1225/Index%20Los%20Dossieres.html
Timestamp: 2017-12-15 17:37:17
Document Index: 378111298

Matched Legal Cases: ['Artículo 155', 'artículo 57', 'artículo 135', 'Artículo 57', 'artículo 135', 'artículo 168', 'artículo 13', 'artículo 135', 'Artículo 79', 'Artículo 24', 'Artículo 79', 'Artículo 71']

Los Dossieres 1225 Tiempos de hoy
La Carta Magna cumple 39 años sin apenas haber sido modificada
Tras casi cuatro décadas de vigencia, la Constitución española se mantiene prácticamente en su redacción original –exceptuando dos cambios impulsados desde la UE (1995 y 2011)–. El debate sobre la necesidad de su adaptación a las nuevas circunstancias crece en intensidad, especialmente después de la intervención de la autonomía catalana, pero la resistencia del Partido Popular hace muy difícil cualquier reforma en profundidad.
La reforma constitucional aparece periódicamente en el debate político, sin que hasta ahora se haya conseguido abordar con seriedad una puesta al día de nuestra ley de leyes.
El asunto de la reforma constitucional en nuestro país salta al debate público y entre los partidos políticos de un modo recurrente a lo largo de los últimos años. Muchos de los actuales votantes –la mayoría– no tuvieron ocasión de pronunciarse en su momento acerca de su aprobación.
Tras los recientes acontecimientos –en los que tras una declaración unilateral de independencia por parte del Parlament catalán se ha producido una durísima respuesta desde el Gobierno central, suprimiendo la autonomía de esta Comunidad, con una polémica aplicación del Artículo 155 de nuestra Carta Magna–, la cuestión vuelve con mucha fuerza al primer plano de la actualidad.
El Partido Socialista –en una arriesgada decisión– decidía dar su respaldo al Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy en su intervención de la autonomía catalana ‘a cambio’ de un compromiso de la principal formación de la derecha española de abordar de una vez la reforma constitucional, con la previa creación de una subcomisión en el Congreso para iniciar los primeros pasos en esa dirección.
Sin embargo, las declaraciones de varios de los dirigentes del PP en fechas recientes hacen pensar que, una vez recibido el apoyo del primer partido de la oposición, ya no se muestran tan inclinados a facilitar los cambios reclamados en la Carta Magna. Al menos, no del calado que pretende la fuerza dirigida por un Pedro Sánchez que podría quedar en una incómoda situación.
Y lo cierto es que nunca antes nos habíamos encontrado con una situación parlamentaria con tantas formaciones representadas que sostienen su intención de actualizar nuestra ley de leyes. La mayoría de las fuerzas con presencia en el Congreso de los Diputados han expresado su intención y disposición a emprender en esta legislatura un proceso de reforma constitucional. Sin embargo, y a pesar de lo excepcional de la situación que estamos viviendo, no parece que a corto plazo vaya a arrancar el procedimiento porque no hay acuerdo ni siquiera sobre cuándo ni cómo acometerlo, aunque el debate está más encendido que nunca.
El Senado se convertiría en una verdadera Cámara de representación territorial.
Dadas las circunstancias, la cuestión territorial emerge como uno de los asuntos preferentes susceptibles de ser revisados en la Constitución española. De todas las propuestas de modificación expresadas por los agentes políticos en los últimos años, ésta se presenta como la más difícil, la que más obstáculos va a encontrar para lograr el consenso.
Muchas son las voces, de diversas formaciones, que llevan tiempo proclamando que la Carta Magna debe ser reformada para establecer un Estado Federal, delimitar y clarificar las competencias entre Estado y Comunidades Autónomas, y reformar el Senado para convertirlo en una verdadera cámara de representación territorial, o inclusos, suprimirlo.
Otro punto sobre el que sí parece existir un amplio consenso inicial hace referencia a la necesidad de acabar con la discriminación por razón de sexo que establece la Constitución a la hora de acceder a la Jefatura del Estado, en su actual modelo monárquico, que en virtud del artículo 57.1 da prevalencia al varón sobre la mujer en la sucesión al trono.
Muchos ya han señalado que esta redacción confronta abiertamente con el contenido de otro artículo constitucional, el 14, en el que se establece que los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión u opinión.
El fin de la prevalencia del hombre sobre la mujer en la sucesión al Trono, sobre lo que hay acuerdo, atemoriza a quienes ven una puerta abierta a discutir el modelo de Estado. / EUROPA PRESS
Pese a que los hasta hace poco dos grandes partidos (PP y PSOE) estén de acuerdo en la necesidad de poner fin a esta discriminación machista, todo indica que no han emprendido el procedimiento para atajarla por el temor de que una modificación que atañe a la figura del Jefe del Estado acabase por abrir en gran debate en la sociedad sobre el propio modelo de Estado, es decir, entre monarquía y República.
Dentro de este mismo apartado constitucional, también llevan tiempo expresándose propuestas para poner fin a la prerrogativa real de gracia que la Constitución concede al monarca, por la que puede conceder indultos.
El gran apartado relativo a los derechos sociales es otro de los escenarios en el que, especialmente la izquierda hace hincapié en la necesidad de proceder a modificar el texto constitucional para conseguir su efectividad real y mayores garantías de su aplicación.
La Constitución, en su Capítulo Tercero, el de los principios rectores de la política social y económica, contempla como derechos la salud, el trabajo, las pensiones, la seguridad social, la vivienda y otros muchos. Pero en la práctica no constituyen verdaderos derechos garantizados legalmente para la ciudadanía, ya que no gozan de la protección jurídica que si poseen los denominados derechos fundamentales.
Para la práctica totalidad de los partidos de izquierda, estos derechos sociales deberían tener la misma protección y reconocimiento que los derechos civiles y políticos, que están en el Capítulo Primero y que, de hecho, son exigibles ante los tribunales.
La Ley electoral es otro de los caballos de batalla, en este caso, de los partidos que históricamente han sido más perjudicados por la falta de proporcionalidad que implica la circunscripción provincial y, en menor medida, el empleo del sistema D´Hont en los recuentos de las papeletas.
Abogan abiertamente por una reforma de la Carta Magna que garantice la mayor proporcionalidad y que, por ende, dé paso a una circunscripción regional o autonómica que corregiría en buena medida la actual situación en la que unas formaciones consiguen un escaño en el Congreso con 50.000 votos, mientras que otras necesitan diez veces más sufragios para sentarse en el Parlamento.
Igualmente, entre los más partidarios de la reforma está la intención de incluir en el Texto un articulado que facilite y promueva una mayor participación directa de la ciudadanía en los asuntos públicos. Plantean, entre otras medidas, reducir las actuales limitaciones para que pueda ponerse en marcha la Iniciativa Legislativa Popular (ILP). Actualmente la Constitución exige 500.000 firmas para poder presentarla, mientras que la Unión Europea pone como condición para algo similar la presentación de un millón en un territorio de 500 millones de habitantes. Con esta proporción, en nuestro país serían necesarias solo 83.000 firmas.
En este mismo ámbito, quienes reclaman la necesidad de modificaciones constitucionales abogan por incluir artículos que faciliten la convocatoria de consultas y referéndum. Cabe recordar que desde el retorno de la democracia, en España solo se han convocado dos veces esta clase consultas: con referencia a la entrada de nuestro país en la OTAN, y acerca de una Constitución europea –que, aunque aquí obtuvo un respaldo mayoritario, fue rechazada por franceses y holandeses-.
Entre los partidos con representación parlamentaria, nos encontramos con que PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos, aunque con notables diferencias entre sus planteamientos, son partidarios de llevar a cabo modificaciones profundas en la Constitución Española.
Por su parte, el PP –que se había comprometido con los socialistas a abordar la cuestión de un modo ambicioso- hasta ahora solo ha mostrado su disposición a hacer cambios siempre y cuando éstos sean muy concretos y específicos y, además, de alcance muy limitado. Eso sí, han dado su aprobación a la creación de una comisión parlamentaria de estudio para analizar posibles modificaciones de nuestra Constitución.
La ley de leyes, sin embargo, no es muy conocida por los españoles. Solo un 15,8 por ciento de nuestros compatriotas reconocen haberla leído entera; un 35,1 por ciento dice haber leído algún artículo suelto, y casi la mitad, el 48,9 por ciento, admite que no la ha ojeado nunca, según datos del CIS. Este mismo estudio demuestra también que solo un
36,4 por ciento sabe que fue aprobada en 1978. Un 46,5 desconoce el año de su promulgación y un 9,7 por ciento cree que se aprobó entre 1975 y 1977.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, pide prudencia antes de abrir el melón de la reforma. / EP.
El Partido Popular defiende que la Constitución Española debe adaptarse a las “necesidades y nuevas demandas sociales”, pero se opone a aquellas medidas que supongan un cambio radical. El año pasado, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, pedía “prudencia” ante posibles renovaciones constitucionales: “Lo que hagamos, hagámoslo para mejorar más que para abrir debates que no sabemos cómo cerrar”.
El PSOE lleva un tiempo mostrándose partidario de promover una reforma parcial de la Constitución que consolide lo que denominan como una “democracia avanzada” y más participativa, para lo que han planteado algunas cuestiones concretas:
-Constituir una Subcomisión en el Congreso de los Diputados que fije el contenido inicial de la reforma.
-Incluir el reconocimiento de nuevos derechos y libertades, la incorporación del Derecho europeo, la garantía constitucional de los derechos sociales y la salvaguarda del Estado de Bienestar.
-Un pacto político sobre Cataluña que, respetando los principios de igualdad, reconozca su singularidad y mejore su autogobierno.
El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, arrancaba del Gobierno la creación de una Subcomisión que estudiase cambios en la Carta Magna
a cambio de su apoyo al 155. / EP
Por su parte, Unidos Podemos ha manifestado públicamente en numerosas ocasiones su deseo de modificar la Constitución en profundidad, para lo que, casi desde el momento de su constitución como fuerza política, ha avanzado el guión de sus intenciones:
-Reformar la Justicia para garantizar autonomía e independencia a los jueces y eliminar su dependencia con los partidos políticos.
-Cambiar la ley electoral por un sistema más representativo para todos los ciudadanos españoles.
-Garantía constitucional de los derechos sociales, de la educación y de la sanidad y su equiparación con los derechos civiles y políticos.
-Reconocimiento del derecho a decidir de los diferentes pueblos del Estado.
-Dar rango constitucional a la lucha contra la corrupción, incluyendo un articulado que impida la utilización de las instituciones para “mantener privilegios”. Incluiría la prohibición expresa de las denominadas ‘'puertas giratorias’.
-Derogación del artículo 135 de la Constitución para acabar con la reforma que en verano de 2011 pactaron PP y PSOE para recoger en la Carta Magna el principio de estabilidad presupuestaria en las administraciones públicas y garantizar así que el déficit estructural no superaría el 0,4 por ciento del PIB y que el pago de la deuda tendría “prioridad absoluta”.
Ciudadanos es otro de los partidos más activos en el impulso de una reforma de la Constitución española. También lleva tiempo haciendo público el contenido de sus propuestas en este sentido:
–Supresión del Senado y creación de un Consejo de Presidentes de las Comunidades Autónomas.
-Reforma del Artículo 57 para eliminar la preferencia del varón sobre la mujer en la sucesión al trono.
-Eliminar las Diputaciones provinciales y promover la fusión de municipios para que puedan prestar servicios de calidad.
-Supresión de los aforamientos y suplicatorios de diputados y senadores.
-Garantizar un órgano de gobierno del Poder judicial independiente al margen de la influencia de los partidos.
-Reforma de la ley electoral para que se cumpla de modo real el principio de ‘una persona, un voto’.
-Elaborar una nueva sección de Derechos Sociales en la Carta Magna.
-Incorporación de un listado de competencias exclusivas del Estado y de competencias compartidas con comunidades autónomas y ayuntamientos para clarificarlas.
-Suprimir la Disposición Adicional Primera que consagra los derechos históricos de los territorios forales, así como suprimir los regímenes fiscales excepcionales (Concierto Económico vasco y Convenio navarro), y también suprimir la Disposición Transitoria Cuarta que afecta a Navarra.
-Inclusión de un artículo que de modo inequívoco establezca que nuestro país es un Estado laico.
El presidente Rodríguez Zapatero sacó adelante en 2011, con apoyo del PP, la reforma del artículo 135 que obliga a la estabilidad presupuestaria, presionado por la UE. /EP
Las vías legales para la reforma
En el Título X de la Constitución Española (CE) se mencionan dos posibles vías para realizar una reforma de la Carta Magna: la del ‘procedimiento agravado de la norma’ y la del ‘procedimiento ordinario’, recogidas en el artículo 168 y 167 respectivamente de la C.E.
La primera de ellas, la del ‘procedimiento agravado’, está reservada para aquellas reformas que supongan una revisión total del texto constitucional, una modificación del Título Preliminar (la definición de España), o que influya en el capítulo segundo del Título I (Derechos Fundamentales de los ciudadanos) o en el Título II (la Corona).
La segunda vía, la del ‘procedimiento ordinario’, está destinada a reformas constitucionales que excluyan la revisión completa del texto de la Constitución, una modificación del Título Preliminar, del capítulo segundo del Título I y del Título II.
Este modelo se diferencia del de las naciones de nuestro entorno. Si, por ejemplo, tomamos como ejemplo los procedimientos en Francia, Alemania o Italia, vemos que en estos países las reformas de sus constituciones se llevan a cabo a través de la tramitación de una ley específica de reforma constitucional.
En cuanto a los límites de una hipotética reforma de la Constitución española, prácticamente no existen. El texto completo puede ser revisado; de hecho, el único límite que se prevé es la prohibición de la tramitación de reformas de la Constitución durante tiempos de guerra o durante alguno de los estados excepcionales (Art. 169).
Solo dos modificaciones, en 39 años
Desde su publicación en 1978, la Constitución Española solo ha sido reformada en dos ocasiones: en 1992 y en 2011.
La primera de las reformas consistió en incorporar al artículo 13.2 la expresión ‘y pasivo’, en referencia al derecho al sufragio de los extranjeros en elecciones municipales. Este cambio se realizó para adaptar la Carta Magna al Tratado de la Unión Europea acordado en Maastricht, en el que se pedía que los ciudadanos de la Unión Europea residentes en España también pudieran ser elegidos en las elecciones municipales.
La segunda reforma supuso una modificación del artículo 135 de la Constitución, en el que se regula y garantiza el principio de estabilidad presupuestaria en las Administraciones Públicas. El cambio de este artículo fue impulsado por el ex presidente del Gobierno José Luís Rodríguez Zapatero, entre agosto y septiembre de 2011, contando con el apoyo del líder del PP y jefe de la oposición en aquel momento, Mariano Rajoy. La reforma vino motivada, según recoge el BOE, por el objetivo de cumplir con los compromisos asumidos por España al integrarse en la Unión Europea.
Este nuevo artículo incorpora el concepto de “estabilidad presupuestaria” y da prioridad absoluta del pago de la deuda pública por encima de cualquier otro gasto del Estado.
Fuera de España no hay miedo a los cambios
La falta de renovación de nuestra ley de leyes contrasta fuertemente con los cambios que sí han experimentado el resto de constituciones de los grandes países de Europa y América. El texto constitucional más antiguo lo encontramos en Estados Unidos, que fue adoptado en su forma original el 17 de septiembre de 1787 por la Convención Constitucional de Filadelfia, en Pensilvania, y que ha sido reformado, a través de enmiendas, en 27 ocasiones.
Pero existen multitud de ejemplos de reformas –a veces, casi constantes- en otras cartas magnas del resto del planeta. Así, la Constitución mexicana, promulgada originalmente en 1917, ha sufrido más de 400 cambios a lo largo de su historia.
El resto de constituciones europeas también han variado su texto en diferentes ocasiones, siendo la española una de las que menos ha cambiado. La de Austria, que data de 1929, ha experimentado 80 reformas. Alemania (en 60 ocasiones), Irlanda (27), Francia (24), Bélgica (13) o Portugal (12), constituyen algunos ejemplos de esta actividad legislativa sobre sus textos constitucionales.
La Constitución alemana deja en manos del Parlamento la reforma de su ley fundamental, sin que prevea en ningún momento la consulta popular.
A la cabeza de Europa, junto a Austria, aparece la Constitución alemana. En Alemania se concoce a su carta magna como Grundgesetz (Ley Fundamental) y no como Verfassung (Constitución), ya que en el momento de su promulgación, Alemania era un país ocupado –por las tropas aliadas, tras la II Guerra Mundial- y no tenía derecho a definir un cuerpo constitucional de manera autónoma.
Su elaboración fue fruto del Consejo Parlamentario (Parlamentarische Rat), que inició su trabajo en Bonn el 1 de septiembre de 1948, recibiendo como base de su trabajo el ‘Documento de Frankfurt’ preparado por los aliados occidentales. El texto definitivo lleva la firma del presidente y vicepresidentes del Consejo Parlamentario: Konrad Adenauer, Adolf Schönfelder y Hermann Schäfer, respectivamente.
La Ley Fundamental fue presentada como una ‘'Ley Fundamental Provisoria’, que además de establecer las bases constitucionales de la nueva República, apelaba decididamente por la reunificación alemana. Entró en vigor el 23 de mayo de 1949 y junto con ella nació la República Federal de Alemania.
La Ley Fundamental de Bonn, de 1949, regula la reforma constitucional en su Artículo 79. La norma constitucional alemana solo puede ser reformada por una ley que expresamente modifique o complemente su texto. Llamativo es que en ninguna de sus fases se prevea la participación popular..
De forma expresa, el Artículo 24 otorga la facultad de atribuir poderes de soberanía a organizaciones supranacionales. En el marco de la integración en las Comunidades Europeas, este artículo viene a sentar la base de la integración de la norma constitucional alemana en el ordenamiento jurídico europeo, con la previsión de su modificación para adaptarse a la evolución de ls normas de las que se vaya dotando la Unión Europea.
En cuanto a los límites materiales a la reforma, en el caso alemán, bajo el nombre de ‘Ewigkeitsklausel’, se recogen las llamadas “cláusulas de intangibilidad” en el apartado tercero del Artículo 79, al regular la reforma. “No está permitida ninguna modificación de la presente Ley Fundamental que afecte la organización de la Federación en Länder, o el principio de la participación de los Länder en la legislación, o los principios enunciados en los artículos 1 y 20”. Por tanto, ni el modelo territorial, ni la dignidad de la persona (Art. 1) ni la fórmula jurídica de la República como un Estado federal, democrático y social (art. 20) pueden ser objeto de reforma.
Las 60 modificaciones que ha tenido en sus 64 años de vigencia no han respondido a ninguna crisis constitucional sino a otra serie de problemas como las migraciones internas de la postguerra, los duros golpes que el terrorismo de la RAF (Fracción del Ejército Rojo) o la formación de la Unión Europea. Pero, su mayor éxito fue la modificación tras la reunificación alemana en 1990.
Nicolas Sarkozy protagonizó en Francia la última reforma de su Constitución, a la que se había comprometido en campaña, en 2008. / EP
La Constitución francesa de 1958, por su parte, recoge el procedimiento de reforma en su XV –Révision constitutionnelle; compuesto por un único artículo (art. 89); sin perjuicio de otros preceptos -como el Art. 85, de la reforma para los territorios de ultramar- o el Art. 11, que prevé la potestad de referéndum sobre leyes por el Presidente de la República -utilizado en ocasiones como vía de modificación constitucional-.
La iniciativa de la reforma de la Constitución corresponde conjuntamente al Presidente de la República, a propuesta del Primer Ministro, y a los miembros del Parlamento. El Presidente de la República carece de iniciativa propia para este asunto.
El proyecto de reforma ha de ser objeto de votación por ambas Cámaras y sometido a referéndum, como norma general. Como excepción, no será sometido a referéndum cuando el Presidente de la República decida someterlo al Parlamento convocado en Congreso. En este caso, el proyecto de reforma solo quedará aprobado si obtuviese mayoría de tres quintos de los votos emitidos. En cuanto a sus límites, el párrafo quinto del Art. 89 prevé que la forma republicana de gobierno no podrá ser objeto de reforma, en ningún caso.
La última reforma de la Constitución francesa tuvo lugar en 2008. El ex presidente francés Nicolas Sarkozy propuso un proyecto de reforma constitucional ideado para impulsar la “democracia ejemplar” que prometió en su campaña.
El texto amplió los poderes del Parlamento, delimitó los del presidente de la República, que, a cambio, puede expresarse en persona ante los legisladores y dio más derechos a los ciudadanos. También eliminó la obligación de someter a referéndum las futuras ampliaciones de las Unión Europea –tras la negativa de los ciudadanos galos a refrendar la ‘Constitución’ europea-.
La revisión limitó a dos los mandatos consecutivos del jefe de Estado y fijó un número máximo de ministros. En la reforma aprobada por el Consejo de Ministros, se limitaban los poderes del jefe del Estado, que dejaba de presidir el Consejo Superior de Magistratura, y quedaba limitado el ejercicio por él de plenos poderes (previsto por la Constitución para casos excepcionales). Por otra parte, se creó la figura del defensor de los derechos de los ciudadanos.
La Constitución italiana, de 1947, también limita su regulación a un único artículo, el 138, que establece que estas leyes serán adoptadas por cada una de las Cámaras en dos votaciones sucesivas con intervalo no menor de tres meses, y serán aprobadas por mayoría absoluta de los componentes de cada Cámara en la segunda votación.
La tramitación de la ley de reforma no difiere en su procedimiento a la tramitación de cualquier otra norma legislativa. Ello implica que la iniciativa corresponde, según el Artículo 71, tanto al Gobierno como al Parlamento.
Será necesario un referéndum para dar luz verde a las reformas si lo solicita una quinta parte de los miembros de una Cámara, 500.000 electores o cinco Consejos Regionales –las administraciones territoriales italianas-, salvo que la ley de reforma se apruebe con una mayoría cualificada de dos tercios.
La Constitución italiana fue promulgada el 27 de diciembre de 1947, y a lo largo de su historia ha sido modificada en 12 ocasiones, la última en 2007. El año pasado, el Gobierno tuvo la intención de promover una nueva modificación. Nombró un comité de 35 académicos para que propusiera cambios y medidas como reducir el número de legisladores, hacer más pequeño el aparato político del país y cambiar las normas electorales. También se incluía aumentar el poder del primer ministro y elegir directamente al jefe del Estado, facultad que corresponde al Parlamento. La propuesta fue derrotada en referéndum.
La Constitución portuguesa es más reciente. Nació tras la ‘Revolución de los Claveles’ que acabó con la dictadura de Salazar. Promulgada el 2 de abril de 1976, la Carta Magna portuguesa ha sido modificada en siete ocasiones, la última en 2005.
La Constitución puede ser reformada, pero no revocada o íntegramente sustituida por otra. De ese modo, los cambios son posibles dentro del mismo orden constitucional, por lo que tienen siempre que ser parciales.
Las reformas portuguesas (1982, 1989, 1992, 2001 y 2005) pueden dividirse en dos bloques. Las dos primeras (82 y 89) tenían como objeto eliminar artículos de la obra constituyente de 1976 surgida tras las Revolución, de clara influencia izquierdista. Las dos reformas fueron muy amplias, afectando a casi la totalidad del texto constituyente. Los cambios hacían referencia a aspectos ideológicos, de organización institucional y a regulación en materia económica y social.
Las tres reformas restantes (1992, 2001 y 2005) tuvieron como objeto la inserción de Portugal en el marco internacional y en el proceso de integración europea.
La Constitución de Reino Unido es totalmente diferente a la mayoría de las constituciones de Europa. El país tiene una serie de leyes y principios que rigen la forma en que debe ser gobernado y no una constitución al uso. No existe un único documento constitucional que contenga las normas fundamentales que regirán al Estado. Se habla, en este caso, de una constitución no escrita pero sí de facto.
Lo que encontramos negro sobre blanco son los actos del Parlamento (leyes), jurisprudencia y tratados. No obstante, hay otra serie de fuentes que no tienen carácter escrito, como las convenciones constitucionales del Parlamento y las prerrogativas reales.
Los tres cambios básicos consistieron en la separación de la función judicial del manejo político del país; la reforma de las funciones del Lord Chancelor; el establecimiento de una Corte Suprema como órgano separado e independiente; y la creación de una Comisión de Nombramientos Judiciales (Judicial Appointments Commission).