Source: http://periciamedica.es/alejandrosuperby_responsabilidad_empresarial_por_accidentes_laborales.htm
Timestamp: 2019-08-24 20:17:10
Document Index: 270665237

Matched Legal Cases: ['artículo 1902', 'artículo 14', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 15', 'artículo 41', 'artículo 1903', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 5', 'artículo 14', 'artículo 316', 'artículo 1104', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 1902', 'artículo 14', 'artículo 2', 'artículo 127', 'artículo 127']

.:: Peritaje Dr. Alejandro Superby: Responsabilidad empresarial por accidentes laborales causados por cintas transportadoras - mala praxis - secreto - persona - sentencia - penal - informe - proceso - peritaje ::.
Comentario a la STS, 1ª, 6.11.2002
Jordi Carrasco Martín
Working Paper nº: 176
InDret 4/2003 Jordi Carrasco y Albert Azagra
La Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1ª, de 6 de noviembre de 2002 (Ar. 9636), ponente Ignacio Sierra Gil de la Cuesta, resuelve un caso de muerte de trabajador de una constructora al ser arrastrado por la máquina transportadora de lodos que manipulaba. La Sala 1ª del Tribunal Supremo enjuicia el incumplimiento de la obligación genérica de protección eficaz del trabajador. ¿Concurrió culpa exclusiva de la víctima? ¿Era el medio de trabajo completamente adecuado?
3. Los estándares de responsabilidad
4. Responsabilidad por culpa e imprudencia del trabajador
5. La concurrencia de culpas y la concausalidad: el comportamiento de la víctima y la seguridad e higiene en el trabajo
6. Concreción de la prevención empresarial
6.1. Mesurabilidad: obligaciones de máximo, no simplemente normativas
6.2. Obligación de medios si la responsabilidad lo es por culpa
7. El deber genérico de protección del trabajador
8. Problemas de jurisdicción
9. Tabla de sentencias y resoluciones
El 7 de junio de 1991, José Luis Q.R., de 31 años de edad, trabajador de “Dragados y Construcciones, SA”, introdujo la mano por una abertura de la carcasa de la cinta transportadora de lodos que manejaba con la intención de retirar algún objeto existente en la banda inferior de dicha cinta. Acto seguido, su brazo derecho y la parte derecha de su tórax quedaron atrapados entre la cinta y su tambor inferior, que le arrastró y le causó traumatismos que le provocaron la muerte.
José Luis Q.R. era el encargado de recoger y depositar en la cinta transportadora el barro de una obra pública, y de su limpieza y mantenimiento, aunque sus funciones no incluían la de entrar en contacto directo con la cinta en funcionamiento. La manipulaba mediante mandos a una distancia aproximada de 15 metros, sin que estuviese permitido bajar hasta la cinta sin dichos mandos móviles, para evitar que otra persona pudiese ponerla en funcionamiento.
La categoría profesional de José Luis Q.R. era la de peón ordinario, con una antigüedad en su puesto de trabajo de 2 meses (FJ 3º de la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Vigo de 19.6.1996). Normalmente, trabajaba junto con otro compañero, que el día del accidente estaba de permiso.
Begoña M.C., viuda de José Luis Q.R., interpuso demanda, en su nombre y en el de sus dos hijos de 8 y 6 años de edad, y solicitó indemnización de 90.151,82 euros (15.000.000 de pesetas), más intereses legales. La Sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Vigo de 19.6.1996 estimó parcialmente la demanda y condenó a “Dragados y Construcciones, SA” a indemnizarles con 72.121,45 euros (12.000.000 de pesetas), más intereses legales. El Juzgado consideró que Begoña M.C. ya había recibido 18.433,04 euros (3.067.000 pesetas) de la Seguridad Social y de la constructora.
El Juzgado entendió, en aplicación del artículo 1902 del Código Civil, que la muerte del trabajador podría haberse evitado si se hubiera actuado con la diligencia normal en tales casos, en concreto, como se verificó en acta de inspección de trabajo, deberían haberse cerrado totalmente con resguardos desmontables las zonas próximas a los tambores tensores y de arrastre de la cinta.
La Sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 4ª, de 7.1.1997 estimó el recurso de apelación de “Dragados y Construcciones, SA” porque entendió que el accidente tuvo como causa exclusiva la conducta de la víctima.
El cierre absoluto de la carcasa de la cinta transportadora, mediante resguardos desmontables, no hubiera impedido que un operario introdujese la mano, de forma intencionada, en una zona de riesgo. Y las zonas próximas a los tambores tensores y de arrastre de la cinta sí que estaban totalmente cubiertas con resguardos desmontables.
El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación interpuesto por Begoña M.C. y confirma la Sentencia de la Audiencia Provincial.
Para indemnizar a la víctima en caso de accidente de trabajo, el Tribunal Supremo diferencia los supuestos de actividades profesionales que implican un riesgo considerablemente anormal –es decir, medios de trabajo peligrosos- de aquellos otros que no implican tal riesgo: existe, pues, un control cuantitativo de las actividades peligrosas, y no de las no peligrosas. En los primeros, rige un estándar de responsabilidad cuasi-objetiva con inversión de la carga de la prueba [STS, 1ª, 29.5.1999 (Ar. 4382)]; en los segundos, aplica el estándar general de responsabilidad por culpa, como sucede en la sentencia objeto de comentario.
El Tribunal Supremo aplica la teoría del riesgo –en realidad, inversión de la carga de la prueba- a las actividades que “impliquen un riesgo considerablemente anormal en relación con los estándares medios” [STS, 1ª, 29.5.1999 (Ar. 4382)], cuya determinación se realiza de forma casuística dependiendo del caso concreto. Sin embargo, otras sentencias, ya de la Sala de lo Social, entienden que, puesto que en materia de accidentes de trabajo rige la responsabilidad objetiva de la Seguridad Social, debe desvincularse el concepto de riesgo de la actividad productiva y no aplicarse la inversión de la carga de la prueba [SSTS, 4ª, 13.7.1999 (Ar. 5046) y 30.9.1997 (Ar. 6853)].
La determinación de la peligrosidad en el medio de trabajo, de forma estadística, puede realizarse mediante la utilización de los índices de incidencia (número de siniestros por cada cien trabajadores), frecuencia (número de siniestros con baja en el centro de trabajo por millón de horas trabajadas) y gravedad (número de jornadas perdidas por cada mil horas trabajadas) a determinar según empresa, sector individual o con vinculación a sectores anexos (M. LUQUE PARRA, La responsabilidad civil del empresario en materia de seguridad y salud laboral, Consejo Económico y Social, Madrid, 2002). A nuestro entender, la aplicación de índices puede incentivar el cumplimiento de las obligaciones preventivas, puesto que permite una mayor adecuación a la realidad y una mayor flexibilidad ante el cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones de seguridad y salud laboral. Junto a ello, incentiva al sujeto dañado a litigar porque conoce si el empresario ha actuado o no diligentemente. De esta forma, la responsabilidad civil cumple tanto su finalidad resarcitoria como preventiva, finalidad esta última que incluso puede considerarse como prevalente (M. LUQUE PARRA, ob. cit., p. 193).
Hasta el momento, el legislador laboral no ha tipificado ningún supuesto de responsabilidad objetiva; sin embargo, no podemos desconocer dos “listados de actividades peligrosas” que se prevén en la normativa sobre seguridad y salud laboral y que, de alguna forma, pueden facilitar esa labor interpretativa de nuestros tribunales en torno a los estándares de responsabilidad.
El primero de ellos es el Anexo I del Reglamento de Servicios de Prevención de Riesgos Laborales (aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero). Un Anexo cuya finalidad principal es determinar cuándo es obligatoria la constitución de un servicio de prevención propio (empresas de más de 250 trabajadores y cuya actividad se liste en el citado Anexo) y cuándo es posible acudir a un sistema menos garantista como es el servicio de prevención ajeno (empresas de menos de 250 trabajadores, y ello aunque su actividad se incluya en el citado Anexo). De esta forma, el criterio de “peligrosidad” manejado por el Reglamento de Servicios de Prevención de
Riesgos Laborales no es sólo cualitativo (actividades listadas en el Anexo I), sino también cuantitativo, dado que el requisito de peligrosidad cualitativa no es suficiente para exigir el recurso a la modalidad de gestión de la prevención más garantista: el servicio de prevención propio.
No obstante, el factor “peligrosidad” a los efectos del deber de constituir un servicio de prevención propio también tiene una dimensión estrictamente cuantitativa, por cuanto toda empresa con más de 500 trabajadores, independientemente de que su actividad se encuentre listada o no en el citado Anexo, deberá constituir un servicio de prevención propio (artículo 14 LPRL) (M. LUQUE PARRA, La organización de la prevención en la empresa, Tirant lo Blanch, Valencia, 2001, pp. 47 y ss.).
La segunda tipificación de actividades peligrosas por parte del legislador laboral se ha realizado en el artículo 8 del Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud laboral en el ámbito de las empresas de trabajo temporal. Precepto en el que se listan una serie de trabajos y actividades que por su especial peligrosidad quedan al margen de la actividad de las Empresas de Trabajo Temporal.
Pues bien, tanto en el Anexo I del Reglamento de Servicios de Prevención de Riesgos Laborales, como en el artículo 8 del Real Decreto 216/1999, se cita entre las actividades y trabajos “peligrosos” las “actividades en obras de construcción, excavación, movimientos de tierra y túneles, con riesgo de caída de altura o sepultamiento”, que se realizan bajo condiciones de trabajo peligrosas. Junto a ello, el Tribunal Supremo, por ejemplo en la STS, 1ª, 21.3.2000 (Ar. 2023), ha definido como actividad de riesgo el trabajar con una cinta transportadora.
Sin embargo, en la sentencia objeto de comentario, la manipulación de una cinta transportadora de lodos no implica un riesgo considerablemente anormal en relación a los estándares medios en los deberes del empresario de vigilancia y protección de sus trabajadores, por cuyo motivo aplica el estándar de responsabilidad por culpa. A pesar de que la carcasa de la cinta dejaba libre una abertura, por la que el fallecido introdujo la mano para retirar algún objeto existente en la banda inferior de la misma, su comportamiento fue causa exclusiva del daño.
Para el Tribunal Supremo, parece ser que la calificación y, por tanto, cualificación profesional del fallecido, que entiende especialista, implican la delegación absoluta en él de la función del empresario de prever los riesgos laborales y con ello de asumir el riesgo que supone desarrollar una actividad profesional dependiente. Parece ser que la especialización en el trabajo de la víctima, peón ordinario con sólo dos meses de antigüedad en su puesto de trabajo, comporta que la empresa no sea responsable.
La existencia o inexistencia de imprudencia en la conducta del trabajador (es decir, diligencia en su actuación) depende de la previsibilidad del daño, presupuesto lógico y psicológico de la evitabilidad del resultado dañoso. ¿Previó el trabajador “especialista” la alta probabilidad –objetiva, corregida con probabilidades estadísticas y apreciaciones sociales- del resultado dañoso?
Como ha indicado la STS, 1ª, 2.3.2001 (Ar. 2589), “(e)l requisito de la previsibilidad es esencial para generar culpa extracontractual, porque la exigencia de prever hay que considerarla en la actividad normal del hombre medio con relación a las circunstancias del momento en que no puede afirmarse previsible lo que no se manifiesta con constancia de serlo [...] y sin que a ello obste la teoría de la inversión de la carga de la prueba por causa del riesgo”. Por tanto, el modelo de apreciación aplicable tanto a los artículos 1104 y siguientes como a los artículos 1902 y siguientes del Código Civil es el de una persona razonablemente cuidadosa y diligente en su actuar.
De acuerdo con la sentencia comentada, la víctima incurrió en negligencia grave y su comportamiento fue la única causa del daño. Si existe culpa exclusiva de la víctima –como efectivamente establece la sentencia comentada-, era previsible para un hombre medio y altamente previsible para un especialista que sucediese un accidente como el ocurrido. Sin embargo, como señala el Tribunal Supremo en la STS, 1ª, 12.12.2002 (Ar. 10931), el concepto de negligencia profesional corrige la culpa exclusiva de la víctima: no exonera de responsabilidad al empresario en cualquier caso cuando el trabajador haya desarrollado una conducta activa, origen del accidente, y sin que se encontrase simplemente sometido a la organización de la empresa.
En esta materia, la normativa laboral –artículo 15.4 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales- establece como obligación específica que el empresario prevea “las distracciones o imprudencias no temerarias –simples- que pudiera cometer el trabajador”.
Por otra parte, para el Tribunal Supremo, el riesgo derivado de la existencia de una abertura en la carcasa de la cinta transportadora de lodos está permitido (riesgo general). En el caso, el problema quizás reside en que la víctima era sólo un “peón ordinario” (lo que es lo mismo, trabajador sin cualificación) –FJ 3º SJPI-, con únicamente dos meses de antigüedad.
A nuestro entender, para valorar si el riesgo que se genera está o no permitido, tiene que considerarse su magnitud y probabilidad, es decir, los costes y beneficios derivados del incremento en la diligencia del empresario en sus obligaciones de seguridad e higiene y de prevención de riesgos laborales –valor precaución y valor daño- (P. SALVADOR CODERCH/J.A. RUIZ GARCIA, “Riesgo, responsabilidad objetiva y negligencia”, InDret, núm. 4/2002; y M. LUQUE PARRA, ob cit., p. 57).
La previsibilidad del daño se aplica a todos los sectores de actividad. La mayor o menor previsibilidad del daño, la mayor o menor probabilidad de la concreción del resultado y su magnitud comportan que los medios preventivos deban ser mayores o menores en atención a los costes razonablemente asociados a la prevención del daño.
Y junto a ello, el consentimiento de la víctima, es decir, que el trabajador consintiera en desarrollar su trabajo en las condiciones que se le presentaban, no es causa de justificación que evite la consideración de un acto como antijurídico para los daños personales, fuera de todo poder de disposición. De acuerdo con la STS, 1ª, 17.4.2002 (Ar. 3294) –sobre caída de andamio- “integra el riesgo [...] la contingencia, posibilidad y proximidad de un daño, al estar representado por un peligro potencial que no resulta desconocido y si bien la víctima podía alcanzarlo o, al menos, intuirlo, no se trata de una efectiva asunción plena y unilateral, sino más bien que quiso realizar su trabajo en las condiciones en que se le presentaba y ante esta situación no resultaba por completo ajena la empresa, [...] que [...] es la que crea el riesgo y por ello resulta titular del mismo, del que obtiene beneficio económico, con lo que resulta cooperadora del siniestro”.
Como regla general, el Tribunal Supremo aprecia responsabilidad por concurrencia de culpas del principal y de la víctima cuando “el accidente se produce por la conjunción de la falta de las debidas condiciones de seguridad y de la propia imprudencia del operario, que, teniendo a su disposición los medios para evitar el riesgo, realizaba su trabajo omitiendo los mismos y sin el debido cuidado” [STS, 1ª, 17.4.2002 (Ar. 3294)]. Por tanto, aprecia como variable a considerar los medios existentes en cuanto diligencia o negligencia del empresario en crear o mantener un riesgo no razonable (obligaciones de seguridad y salud laboral).
De acuerdo con el artículo 41 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y la Ley 22/1994, de 6 de julio, sobre responsabilidad civil por los daños causados por productos defectuosos (normas complementarias o, por lo menos, equivalentes), son también responsables civiles directos frente al trabajador dañado el fabricante, el suministrador y/o el importador de los medios de trabajo que no se consideren seguros, de acuerdo con el estado de la ciencia y los costes derivados de incrementar su seguridad, y causen daños; o cuando aquéllos no hallan facilitado la información suficiente para que tales medios no constituyan una fuente de peligro cuando sean instalados y utilizados (M. LUQUE PARRA, ob. cit., p. 177).
En la sentencia comentada, el Tribunal Supremo entiende que no existe un riesgo considerablemente anormal en la actividad laboral lógica del accidentado, que se centraba en el manejo de una cinta transportadora de lodos. Diferencia así los riesgos de los simples azares normales o actividades no preocupantes a la hora de apreciar responsabilidades: al “personal especializado y cualificado profesionalmente”, con suficientes conocimientos para un ejercicio normalmente correcto de la lex artis y para la realización de unas determinadas operaciones, no se le aprecia la negligencia profesional y, por tanto, no se le indemniza.
De acuerdo con ello, especialización funcional implica especialización en materia preventiva de riesgos laborales, sin diferenciar el doble nexo causal e imputacional (imputación objetiva –causalidad adecuada- y subjetiva –diligencia-) existente en los accidentes de trabajo: el que relaciona el accidente de trabajo con la prestación de servicios que se desarrolla y aquel otro que vincula dicha contingencia (evento dañoso) con una acción u omisión antijurídica del empresario en materia de seguridad y salud laboral (ya sea de su deber genérico de no dañar a nadie -artículos 14.2 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y 1902 y siguientes del Código Civil- o como obligaciones establecidas de forma específica) (M. LUQUE PARRA, ob. cit., p. 59).
Un claro ejemplo lo constituye la STS, 1ª, 8.5.1999 (Ar. 3101), sobre lesiones producidas a un trabajador de “Aridos Torralba, SA” que se encontraba indebidamente encima de una cinta transportadora cuando un tercer trabajador la puso en funcionamiento por error. El TS aplica el artículo 1903 CC, en compensación de culpas con el propio trabajador lesionado, y condena a “Aridos Torralba, SA”, que cumplía todas las medidas de seguridad normativamente exigidas, por incumplimiento de los deberes de vigilancia de terceros trabajadores.
El artículo 14 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales hace responsable al empresario por los incumplimientos del deber de protección eficaz de los trabajadores, sin que pueda exonerarse por el hecho de recurrir a terceros para el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad y salud laboral, sin perjuicio de posteriores acciones de regreso hacia los causantes de la deficiencia en seguridad (artículo 14.4). Todas las empresas deben evaluar, como una obligación de máximos, los riesgos a los que están sometidos los trabajadores y planificar y gestionar su actividad preventiva [STS, 1ª, 12.12.2002 (Ar. 10931)]. De este modo, existe un adecuado nivel de diligencia en la prevención cuando, utilizándose todos los medios razonablemente posibles, el daño no es previsible [STS, 1ª, 4.10.2002 (Ar. 9253)]. Pero, ¿es ése el concepto laboral de negligencia según la legislación aplicable?
“La normativa sobre prevención de riesgos laborales está constituida por la presente Ley, sus disposiciones de desarrollo o complementarias y cuantas otras normas, legales o convencionales, contengan prescripciones relativas a la adopción de medidas preventivas en el ámbito laboral o susceptibles de producirlas en dicho ámbito” (artículo 1 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales).
“La presente Ley tiene por objeto promover la seguridad y la salud de los trabajadores mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo [...]” (artículo 2.1 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales).
“Las disposiciones de carácter laboral contenidas en esta Ley y en sus normas reglamentarias tendrán en todo caso el carácter de Derecho necesario mínimo indisponible, pudiendo ser mejoradas y desarrolladas en los convenios colectivos” (artículo 2.2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales).
“La política en materia de prevención tendrá por objeto la promoción de la mejora de las condiciones de trabajo dirigida a elevar el nivel de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo.
Dicha política se llevará a cabo por medio de las normas reglamentarias y de las actuaciones administrativas que correspondan [...]” (artículo 5.1 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales).
“En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. A estos efectos, en el marco de sus responsabilidades, el empresario realizará la prevención de los riesgos laborales mediante la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, con las especialidades que se recogen en los artículos siguientes en materia de evaluación de riesgos, información, consulta y participación y formación de los trabajadores, actuación en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente, vigilancia de la salud, y mediante la constitución de una organización y de los medios necesarios en los términos establecidos en el capítulo IV de la presente Ley.
El empresario desarrollará una acción permanente con el fin de perfeccionar los niveles de protección existentes y dispondrá lo necesario para la adaptación de las medidas de prevención señaladas en el párrafo anterior a las modificaciones que puedan experimentar las circunstancias que incidan en la realización del trabajo” (artículo 14.2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales).
El Tribunal Supremo entiende que las obligaciones de seguridad e higiene en el trabajo son obligaciones de máximo: el empresario debe tomar todas aquellas precauciones que puedan evitar un resultado dañoso previsible, y no sólo las establecidas en la normativa, siempre y cuando el coste de una unidad más de precaución no sea superior a la probabilidad de una unidad más de daño. Esto es, el empresario debe tomar todas aquellas medidas de seguridad que sean indispensables y necesarias en cada caso concreto.
La STS, 1ª, 21.3.2000 (Ar. 2023) condena a “Extractos Vegetales, SA” por la muerte de un trabajador que quedó atrapado por una cinta transportadora en inadecuado estado de reparación cuando la levantó indebidamente. El Tribunal Supremo entiende que el estado incorrecto de la cinta transportadora, la falta de seguridad de sus elementos, la omisión de la vigilancia y la despreocupación de la recurrente para hacerla más segura fueron causa del daño.
La STS, 1ª, 11.6.1997 (Ar. 4764) declara la responsabilidad concurrente, con la propia conducta del trabajador lesionado, de “Obras y Revestimientos Asfálticos, SL” por la falta de protección de la cinta que aquél manipulaba: omitió la seguridad que impone la normativa de seguridad y protección en el trabajo, es decir, el Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo, y la Orden Ministerial de 9 de marzo de 1971.
Y la STS, 2ª, 29.7.2002 (Ar. 8826) condena al gerente de “Maderas Iglesias, SA” como autor de un delito contra los derechos de los trabajadores (artículo 316 del Código Penal de 1995) por no haber dotado a otra cinta de los mecanismos de seguridad previstos por la normativa de prevención de riesgos laborales (la ya mencionada Orden Ministerial de 9 de marzo de 1971) y poner en grave riesgo la vida, salud o integridad física del trabajador. En el caso, la cinta transportadora no contaba con mecanismo alguno de parada automática o topes de seguridad, por cuyo motivo un fardo de madera fue transportado sin límite alguno hasta el extremo de la cinta y cayó sobre la víctima.
6.2. Obligación de medios si la responsabilidad es por culpa
El deber de vigilancia y prevención de daños en el trabajo, ¿es una obligación de medios o de resultado? Si lo es de resultado, comporta la evitación de todo daño, es decir, es necesaria una seguridad eficaz en todo caso. Este tipo de obligación se asocia a los supuestos de responsabilidad objetiva. En cambio, si la obligación es de medios, se exige una actividad diligente en la adopción de las medidas de prevención racional y costosamente posibles, y no la no producción del accidente de trabajo; implica, por tanto, imputación subjetiva y estándares de diligencia. Como obligación de medios, se aplica a los supuestos de responsabilidad por culpa y responsabilidad cuasi-objetiva (inversión de la carga de la prueba).
La sentencia objeto de comentario, en aplicación del estándar general de responsabilidad por culpa, no condena a indemnizar al empresario. Así pues, desde dicho sistema de responsabilidad, deben valorarse el medio de trabajo, es decir, la cinta transportadora, y los deberes de vigilancia y prevención del empresario. Las SSTS, 1ª, 18.3.2003 (Ar. 2754) y 21.2.2002 (Ar. 2894) constituyen dos ejemplos de que no es costosamente imposible mejorar el medio de trabajo.
a) La STS, 1ª, 18.3.2003 (Ar. 2754) enjuicia un supuesto de muerte de un trabajador que manipulaba una cinta transportadora en una empresa extractora de áridos que, de acuerdo con el Anexo I del Reglamento de Servicios de Prevención de Riesgos Laborales (aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 enero), podría definirse como actividad de riesgo. El TS condena a la empresa porque la planta donde se produjo el accidente carecía de la correspondiente autorización administrativa. Junto a ello, establece que no es imposible, en términos de costes, instalar un mecanismo de detención de la cinta transportadora, que hubiese podido evitar el daño.
b) La STS, 1ª, 21.2.2002 (Ar. 2894) resuelve un caso de muerte de un trabajador al quedar enganchado su brazo en el rodillo motriz, sin protección alguna, que movía una cinta transportadora en la empresa “Vinialcoholera de Badajoz, SA” –actividad no definida laboralmente como de riesgo-, cuando intentaba hacer funcionar de nuevo la cinta transportadora, previamente atascada; el trabajador no había desconectado el interruptor de corriente, alejado del lugar, como era habitual. El TS define como máximo el deber de vigilancia (la situación en que se desarrollaba el trabajo era proclive a que los trabajadores no cortasen la corriente) y entiende como costosamente posible una mejora del medio: se omitió un deber objetivo de cuidado, proteger la cinta y el sistema en el lugar donde se ocasionaban con frecuencia los atascos e instalar un interruptor que se pudiera accionar para parar la máquina en caso de que atrapase a un trabajador.
En conclusión, radica en los órganos judiciales –¿de la jurisdicción civil o de la jurisdicción social?- y, en su caso, el legislador, la difícil función de “identificar los criterios que nos permitan discernir cuántos –y cuáles- accidentes de trabajo son, en cada sector y/o empresa, evitables y cuántos –y cuáles- no” (M. LUQUE PARRA, ob. cit., p. 22).
El problema que se plantea cuando se pretende analizar la responsabilidad del empresario por su supuesto incumplimiento de las medidas de protección del trabajador es determinar si se trata de una responsabilidad contractual o, más bien, de responsabilidad extracontractual, diferenciación con trascendencia para la determinación del orden jurisdiccional competente.
En el supuesto de la sentencia que aquí se comenta, la argumentación de la recurrente en sede casacional abarca la responsabilidad contractual y la extracontractual, en tanto que sostiene que la sentencia recurrida infringe el artículo 1104 del Código Civil, de un lado, y los artículos 1902 y 1903 del Código Civil, de otro.
Parte de la doctrina y de la jurisprudencia entiende que es más adecuado considerar que la naturaleza de la infracción del deber genérico de protección es contractual. En esta línea se expresa M. LUQUE PARRA (ob. cit, pp. 86 y ss.), quien considera el deber genérico de protección eficaz del trabajador como una condición de trabajo y no un mero deber extracontractual de protección. Aunque ésta no es la posición de la jurisprudencia mayoritaria, quienes la defienden afirman que debe considerarse que el artículo 14 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, configura el deber del empresario de adoptar “cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores” (artículo 14.2 LPRL) como un deber contractual de origen legal, y no meramente extracontractual, pues solo así se conseguiría el máximo nivel de protección del trabajador que debe perseguir toda normativa en materia de seguridad y salud laboral.
En cambio, según esta línea doctrinal, si la responsabilidad fuera extracontractual ese nivel de protección quedaría fuertemente debilitado ya que lo que el artículo 1902 CC impone es un “deber de no dañar a nadie”, mientras que el artículo 14 LPRL exige la adopción de cuantas medidas sean necesarias para proteger la seguridad y salud de los trabajadores. Pero, ¿ese “deber de no dañar a nadie”, no debe adecuarse a las circunstancias del caso [STS, 1ª, 26.6.1987 (Ar. 9966)]?
Por supuesto, esto no excluiría los casos de responsabilidad extracontractual de forma absoluta, pero si los limitaría, según M. LUQUE PARRA (ob. cit, pp. 89 y ss.), a dos supuestos: a) Los daños a terceros con los que el empresario no mantiene vínculo contractual derivados de una acción u omisión de éste último vulnerando normas de prevención de riesgos laborales; b) Los daños causados a un trabajador cuando no pueda colegirse relación alguna con su puesto de trabajo.
No es cuestión pacífica la determinación del orden jurisdiccional competente en los casos en que se enjuicia la responsabilidad del empresario por los daños causados en accidentes de trabajo por supuesto incumplimiento de su obligación general de prevención de riesgos. Dos son las tendencias jurisprudenciales más destacables en la materia:
1. La primera, la mayoritaria en la Jurisprudencia Civil del Tribunal Supremo, considera, por un lado, que cuando se analiza la responsabilidad del empresario por posible vulneración de las medidas de seguridad establecidas en las normas laborales o por infracción de obligaciones contractuales, el orden jurisdiccional competente es el Social, en virtud del artículo 2 de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobada por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril. Por otro lado, cuando el objeto de análisis no es la vulneración de la normativa laboral o del contrato de trabajo sino la culpa extracontractual del empresario, el orden jurisdiccional competente debe ser el Civil, en virtud del artículo 127.3 de la Ley General de la Seguridad Social, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio. Dicha responsabilidad extracontractual se deriva de no haber adoptado la prevención adecuada para evitar el accidente, pese a haberse respetado la normativa laboral y las obligaciones contractuales.
Esta tendencia se refleja, entre otras, en las SSTS, 1ª, 2.7.2001 (Ar. 2002/1700), 10.4.1999 (Ar. 2607), 18.12.1998 (Ar. 9642) y 18.11.1998 (Ar. 9692)
2. La segunda considera competente a la Jurisdicción Social en cualquier caso, incluso en lo que a responsabilidad extracontractual se refiere, pues, como indica la STS, 4ª, 30.9.1997 (Ar. 6853), el artículo 127.3 de la Ley General de la Seguridad Social sólo atribuye a la Jurisdicción Civil competencia para “aquellas conductas o acciones del empresario que sean plenamente asimilables a conductas y acciones de terceros ajenos a la empresa, y que produzcan daños en el trabajador, por lo que el Orden Jurisdiccional Social carece de competencia en tales supuestos”(FJ 2º). De la misma manera resuelve la Sala de Conflictos de Competencia del Tribunal Supremo, en base a la naturaleza contractual de la obligación de prevención de daños laborales [Autos de 23.12.1993 (Ar. 10131), 4.4.1994 (Ar. 3196) y 10.6.1996 (Ar. 9676)].
1ª, 26.6.1987
Cecilio Serena Velloso
Baltasar M.H. y María Luisa H.H. c. Estanislao S.M., Cándida R.M. y Antonio Ernesto I.G.
1ª, 11.6.1997
Eliseo A.H. c. “Obras y Revestimientos Asfálticos, SL”, Alfonso L.B. y otros
4ª, 30.9.1997
Leonardo Bris Montes
José Javier Francisco U.G. c. “Montero, Fibras y Elastómeros, SA”
1ª, 26.9.1998
Urbano M.B. c. “Cárnicas Mallorquinas, SA”
1ª, 18.11.1998
Jesús Marina Martínez-Pardo
Juan Antonio Q.G. c. “Lino Landete, SA”
1ª, 30.11.1998
Isidora del R.C. c. “Pikolín, SA”
1ª, 18.12.1998
José Manuel A.C. c. “Talleres González, SL”
1ª, 10.4.1999
Alfonso Barcalá Trillo-Figueroa
José Antonio S.F. c. “Hulleras del Norte, SA”
1ª, 8.5.1999
Francisco B.B. c. “Aridos Torralba, SA”
1ª, 29.5.1999
Daniel L.C. c. Ayuntamiento de Erandio, “Aurora Polar, SA” y César P.T.
4ª, 13.7.1999
María del Carmen B.G., Ildefonso B.B. y Pelayo B.B. c. “Empresa Nacional Hulleras del Norte, SA”
1ª, 21.3.2000
Rosario G.S. c. “Extractos Vegetales, SA”
1ª, 2.3.2001
Tomás E.A. y Milagros V.G. c. José María C.I.y la entidad “Don José María Ciganda”
1ª, 2.7.2001
Eugenio F.G. c. “Tecnymo, SA”, “Unión Iberoamericana de Seguros”, “Montajes Cabral, SL”, “Astano,SA”, “Musini, SA, Compañía de Seguros” y Marino A.S.
1ª, 21.2.2002
María L.C. y Víctor María G.L. c. “Vinialcoholera de Badajoz, SA”, José M.G. y Adolfo P.R.
1ª, 17.4.2002
Josefa S.E., Juan Carlos B.S., Oscar B.S. y Mónica B.S. c. José Luis M.L. y “J.
Constantino Núñez, SL”
2ª, 29.7.2002
José Antonio I.A., Mario R.C. y Casimiro F.B.
1ª, 24.9.2002
Roque D.P. c. “José María Mañez Verdú, SL”
1ª, 4.10.2002
Bienvenida P.M., Juan José R.P. y María Isabel R.P. c. “Flebasa Lines, SA”, “Transportes y Mercancías Benicalap, SL” y “Compañía Aseguradora Astra, SA”
1ª, 6.11.2002
Begoña M.C. c. Emilio G.R., Ramiro L.M., Juan Miguel P.R. y “Dragados y Construcciones, SA"
1ª, 12.12.2002
José de Asís Garrote
María Isabel R.C. c. “Proeinsa, SA”, “Catalana de Occidente, SA”, Comunidad
de Propietarios e “Hidroeléctrica Española, SA”
1ª, 18.3.2003
Joaquín L.M. y Rosaura M.S. c. Bienvenido R.R., Juan José B.M. y “Bienvenido Rodríguez e Hijos, SL”
Ar. Magistrado
Ponente Partes
José Antonio Y.R. c. “Tableros Gil, SA”
Juan Antonio Linares Lorente
Toribio G.E. c. «Promociones y Construcciones Las Encartaciones, SA», «Construcciones Francisco Gómez, SA» y «Seguros Minerva»
Juan Antonio O.G. c. INSS y otros
Francisco Javier CALVO GALLEGO, “Responsabilidad civil y orden jurisdiccional competente: ¿el final de una prolongada discusión? [Comentario a las SSTS de 11 de febrero, 6 y 26 de mayo de 2000]”, Aranzadi Social 13/2000.
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