Source: http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/87864
Timestamp: 2019-03-27 01:15:37
Document Index: 385605437

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2']

Gaceta: LXIV/1PPO-68/87864
Ma. Leonor Noyola Cervantes, Senadora de la República, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la Sexagésima Cuarta Legislatura, del Congreso de la Unión, con fundamento en lo previsto en los artículos 71, fracción II, 72, 135 y demás relativos y aplicables de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Cámara de Senadores, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2, apartado A, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente:
El 10 de diciembre de 1948, la Organización de Naciones Unidas aprobó la “Declaración Universal de los Derechos Humanos” ante la necesidad urgente de proteger y hacer respetar dichos derechos desde su carácter individual, convirtiéndose en el paradigma de principios que rige las normas nacionales y del derecho internacional.
Las comunidades indígenas de conformidad con el Convenio 169 sobre los pueblos Indígenas y Tribales en países independientes, así como con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tienen condiciones sociales, culturales y económicas que los distinguen de la colectividad nacional, se rigen por sus propias costumbres y tradiciones, porque conservaron a través de la historia sus instituciones sociales, económicas, culturales y políticas; incluso, para considerarse a un individuo como indígena, este debe tener conciencia e identidad de ello, tienen una libre determinación y autonomía en su organización política, económica y cultural, así como en la solución de conflictos, sistemas normativos y elección de representantes.
Así, los pueblos indígenas se deben reconocer por las legislaciones de cada estado, de modo tal que se preserve y enriquezca su cultura e identidad, deben conservar sus tierras y debe de garantizarse su acceso a la justicia, reconociendo y protegiendo valores y prácticas sociales y culturales conforme a sus costumbres.
El veintisiete de junio de mil novecientos ochenta y nueve, se adoptó en la ciudad de Ginebra, Suiza, durante la Reunión de la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.
Por su parte, el artículo 3 de la declaración de la Organización de las Naciones Unidas sobre derechos de los pueblos indígenas establece que los indígenas tienen derecho a la libre determinación, y en virtud de esto determinan libremente su condición política y persiguen por sí mismos su desarrollo económico, social y cultural.
El artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.
Asimismo, en el año dos mil uno se reformó la Constitución General de la República en materia de derechos de los Pueblos Indígenas, que si bien es cierto que recogió algunos aspectos de la llamada Ley COCOPA, también es verdad que uno de los temas más cuestionados es que no se les reconoció como sujetos de derecho público, sino como entidades de interés público; lo que ha propiciado opiniones en el sentido de que a los pueblos originarios se les ha dado un trato de “objetos”, como mercancía electoral, no se les ha reconocido como “sujetos con personalidad jurídica, titulares de derechos y obligaciones, sino como objetos de políticas públicas”.
Además, es muy importante para esta iniciativa señalar que, del informe emitido por la Relatoría Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas sobre sus visitas a México, en el tema que nos ocupa, se destaca lo siguiente:
“Los Pueblos Indígenas continúan reclamando que se les reconozca en la Constitución como sujetos de derecho público, y no como entidades de interés público”.
“Recomienda reabrir el debate constitucional sobre derechos fundamentales, como el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derecho público”.
En días recientes, este Senado de la República aprobó la creación de la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, que ya en sus disposiciones reconoce a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público, para cumplir los fines y objetivos de dicho Instituto, reconocidos en el artículo 2 Constitucional y en los instrumentos internacionales en la materia, y en la exposición de motivos de dicho ordenamiento legal se hace referencia a que la premisa central de esta nueva concepción es la consideración de nuestros pueblos indígenas como sujetos de su propia historia y como sujetos de su propio desarrollo.
Asimismo, quiero resaltar que el director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Adelfo Regino, señaló respecto de este tema lo siguiente:
“Se tiene que salir de la lógica asistencialista a una en donde se considere a los pueblos como sujetos de derechos; como titulares de un conjunto de derechos y obligaciones establecidos en la legislación internacional y nacional, y que a partir de esto se pueda hacer un planteamiento de desarrollo, de bienestar integral”.
Por ello, para el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática es necesario que se reconozca a nuestros pueblos indígenas como sujetos plenos, esto es, como sujetos titulares de un derecho fundamental establecido en la legislación internacional, como es el derecho de libre determinación.
En efecto, proponemos esta iniciativa con el fin de que se agregue en el texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que los Pueblos Indígenas sean tomados en consideración como sujetos de derecho público y no como de interés público.
Por los anteriores motivos, se propone se hagan las modificaciones correspondientes a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en lo previsto en los artículos 71, fracción II, 72, 135 y demás relativos y aplicables de ésta; 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración la siguiente:
Iniciativa con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo 2, apartado A, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo Único. Se reforma el artículo 2, apartado A, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Las constituciones y leyes de las entidades federativas establecerán las características de libre determinación y autonomía que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas en cada entidad, así como las normas para el reconocimiento de las comunidades indígenas como sujetos de derecho público. La ley establecerá los mecanismos que permitan garantizar este derecho.
Segundo. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.”.
Salón de sesiones del Senado de la República, a 11 de diciembre de 2018.