Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2009/C-576-09.htm
Timestamp: 2017-10-22 04:39:07
Document Index: 209232052

Matched Legal Cases: ['artículo 271', 'artículo 2', 'artículo 61', 'artículo 58', 'artículo 271', 'artículo 26', 'artículo 271', 'artículo 241', 'artículo 271', 'artículo 271', 'artículo 271', 'artículo 271', 'artículo 271']

C-576-09
SENTENCIA C-576 de 2009
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, consagrada en los artículos 241 y 242 de la Constitución Política, el ciudadano Jorge Alonso Garrido Abad, demandó parcialmente el artículo 271 de la Ley 599 de 2000, “por la cual se expide el Código Penal”, modificado por el artículo 2° de la Ley 1032 de 2006.
7. Recepcione, difunda o distribuya por cualquier medio las emisiones de la televisión por suscripción”..
- En relación con el numeral 2°, explica que el desconocimiento del principio de legalidad radica en el hecho de que, tal preceptiva, “describe ambiguamente como conducta delictiva la ejecución pública de una obra musical, sin precisar con exactitud quien es el sujeto pasivo (sic) de la misma. Y todo por cuanto de las definiciones legales y convencionales sobre lo que es una ejecución, señalan generalmente la realizada por el músico ejecutante y ocasionalmente, por la persona que comunica públicamente la ejecución de esa obra. Como se trata de dos sujetos completamente distintos, no queda claro entonces a quien está destinada la norma y eso implica una gravísima afectación del derecho de defensa de las personas, como que a todos nos asiste el derecho de saber hasta donde va la licitud de nuestros actos”.
- Respecto del numeral 5°, destaca que éste viola el principio de legalidad estricta, en razón a que, los apartes demandados “no dan una descripción detallada de las conductas. Como si fuera poco lo anterior, la norma acusada no especifica si a quien se penaliza es a la autoridad administrativa del lugar que autoriza un evento público sin la autorización del titular de los derechos patrimoniales correspondientes o a la persona que sin ser titular de derechos patrimoniales, dispone la comunicación o ejecución de una obra sin la autorización del titular de dichos derechos”.
Sostiene que la ambigüedad de los textos acusados, en cuanto puede comprometer al músico ejecutante, también sacrifica el derecho al trabajo, “pues gracias a su redacción se vería incurso en la comisión del delito descrito por la norma acusada, cuando realice la ejecución de una obra musical sin autorización del titular de los derechos sobre la misma, situación que en la actividad de los músicos ejecutantes hace parte de su diario vivir, sea que esa ejecución pública la hagan como músicos serenateros (en este caso nunca obtienen autorización previa y expresa del titular sobre las obras que ejecutan) o simplemente cuando son contratados para realizar una ejecución en concierto”.
En cuanto a la naturaleza jurídica del derecho de autor y los derechos conexos, señaló que estos hacen parte de esa gran disciplina jurídica denominada propiedad intelectual, la cual es reconocida y protegida por el artículo 61 de la Constitución, al establecer que “El Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley”. Como propiedad que es, “los titulares de derecho de autor y derechos conexos gozan de prerrogativas (guardadas las proporciones y su naturaleza jurídica) similares a las reconocidas a los titulares del derecho de dominio en general (artículo 58 de la Constitución Nacional)”.
Pare el interviniente, lo dicho destaca el carácter privado de las prerrogativas reconocidas por el régimen del derecho de autor y conexos, “lo cual, en su aspecto patrimonial, se traduce en una forma especial de derecho de dominio que el autor, o los demás titulares, ejercen sobre sus obras o prestaciones”. En consecuencia, manifestó que mal haría el Estado si no tipifica como conductas punibles aquellas, a partir de las cuales, se utilice dichas obras sin la previa y expresa autorización del titular de los derechos.
En ese sentido, sostiene que el artículo 271 del Código Penal es claro en señalar que la violación a los derechos patrimoniales de autor y derechos conexos sucede siempre que, salvo las excepciones de ley, sin autorización previa y expresa del titular de los derechos correspondientes, se realice cualquier de las conductas descritas en el tipo. Ello significa que “la norma citada se encarga de establecer las conductas que constituyen una violación a los derechos patrimoniales de autor y derechos conexos y de atribuir la sanción correspondiente. No importa para nada entonces la calidad de quien las cometa, pueden ser incluso ‘los músicos ejecutantes o intérpretes’ ”.
En esos términos, considera el interviniente que, en cuanto el sustento de la demanda es el mismo, el “Tribunal Constitucional debe tomar una decisión similar a las ya reseñadas”.
En punto a la constitucionalidad de la norma, destaca que, “siendo el derecho de autor una expresión de la propiedad privada, más exactamente, de la propiedad intelectual, su ejercicio se ampara en la atribución de libre disposición y de autonomía de la voluntad. El ius prohibendi, inherente al derecho de propiedad privada, se manifiesta en el derecho de autor en la consagración de derechos exclusivos de realizar, autorizar o prohibir los distintos actos de explotación de los que una obra puede ser objeto, y que corresponden a los derechos patrimoniales de autor que la ley consagra”.
Desde el punto de vista del usuario de una obra, “la posibilidad de usar o servirse de una obra protegida, por regla general, está supeditada a la obtención de una autorización previa y expresa del titular del derecho correspondiente”.
El cuanto al segundo cargo, el actor hace alusión a una flagrante violación del derecho del trabajo, para luego, por supuesto, fundar su argumento en casos hipotéticos y subjetivos, como sería el de los llamados por aquél “músicos serenateros”.
Manifiesta, que no puede ser violatoria del derecho al trabajo de los músicos, ejecutantes e intérpretes musicales una disposición que no prohíbe su ejercicio en ninguna de las modalidades. Por el contrario, las disposiciones de la norma acusada armonizan con el contenido del artículo 26 Superior, en cuanto allí se dispone: “…Las ocupaciones, artes y oficios que no exijan formación académica son de libre ejercicio, salvo aquellas que impliquen riesgo social”.
Por dirigirse la demanda contra una disposición que hace parte de una ley de la República, el artículo 271 de la Ley 599 de 2000, “por la cual se expide el Código Penal”, esta Corporación es competente para decidir sobre su constitucionalidad, tal y como lo prescribe el artículo 241-4 de la Constitución Política.
2.1. La demanda que en esta oportunidad es objeto de estudio por la Corte, la dirige el actor contra algunas expresiones de los numerales 2° y 5° del artículo 271 del Código Penal, en el que se consagra el tipo de “violación a los derechos patrimoniales de autor y derechos conexos”. La citada norma, establece una pena de prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de veintiséis punto sesenta y seis (26.66) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, para quien, “salvo las excepciones previstas en la ley, sin autorización previa y expresa del titular de los derechos correspondientes”, incurra, entre otras, en las siguientes conductas:
“2. Represente, ejecute o exhiba públicamente obras teatrales, musicales, fonogramas, videogramas, obras cinematográficas, o cualquier otra obra de carácter literario o artístico”.
“5. Disponga, realice o utilice, por cualquier medio o procedimiento, la comunicación, fijación, ejecución, exhibición, comercialización, difusión o distribución y representación de una obra de las protegidas en este título”.
En apoyo a lo dicho, este Tribunal ha destacado que “resulta inadmisible el uso de la acción pública de inconstitucionalidad para controvertir la validez de normas, en búsqueda de su inexequibilidad, sin algún fundamento que lleve a la Corte al examen propio de su función”[10].
En relación con el último de los citados requisitos, la Corte se ha esforzado en precisar que el mismo no se satisface con la exposición de cualquier tipo de razones, destacando al respecto que para que éste se cumpla es necesario que las razones sean “claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes”[11]. En la Sentencia C-1052 de 2001, acogida y reiterada en pronunciamientos posteriores sobre la materia, la Corporación precisó el significado y alcance de las citadas razones, explicando que las mismas son (i) claras, cuando la acusación formulada por el actor es comprensible y de fácil entendimiento; son (ii) ciertas, si la acusación recae directamente sobre el contenido de la disposición demandada y no sobre una proposición jurídica inferida o deducida por el actor; son (iii) específicas, en cuanto se defina o se muestre en forma diáfana la manera como la norma vulnera la Carta Política; son (iv) pertinentes, cuando se utilizan argumentos de naturaleza estrictamente constitucional y no razones de orden legal, personal, doctrinal o de simple conveniencia; y son (v) suficientes, en la medida en que contengan todos los elementos fácticos y probatorios que son necesarios para adelantar el juicio de inconstitucionalidad, de forma tal que exista por lo menos una sospecha o duda mínima sobre la constitucionalidad del precepto impugnado.
3.3. Así, la posibilidad de promover y llevar hasta su fin un juicio de inconstitucionalidad, logrando que se adopte una decisión de fondo, “depende en todos los casos de que el actor dé estricto cumplimiento a los requisitos señalados, en especial, el que le impone expresar en la demanda, en forma clara, cierta, específica, pertinente y suficiente, la manera como la norma acusada vulnera o afecta las disposiciones superiores que se hayan citado”[12]. Si esto no sucede, es decir, si quien promueve la acusación contra una ley no atiende al cumplimiento de las condiciones mínimas de procedibilidad, concretamente la relacionada con la exposición de las razones de inconstitucionalidad, la demanda formulada “será sustancialmente inepta, forzando la consecuente decisión inhibitoria”[13].
2.3. Se advierte pues, que la razón presentada por el demandante no es específica, por cuanto no define ‘con claridad la manera como la disposición acusada desconoce o vulnera la Carta Política a través ‘de la formulación de por lo menos un cargo constitucional concreto contra la norma demandada’ (…)’.[15] En efecto, si bien el accionante afirma que la norma penal desconoce el principio de legalidad estricto porque ‘describe equivocadamente’ la conducta delictiva, en razón a que la redacción del texto es ‘incongruente, ambigua, inexacta y de carácter equívoco’, no muestra ni argumenta en qué sentido esto es así. Lo que realmente afirma, es que considera equivocado que el Congreso de la República tipifique la ‘ausencia de autorización previa y expresa del titular del derecho correspondiente’ como hecho generador de sanción. Esto es, la demanda no sustenta el cargo que alega, en virtud del cual, la norma tipifica una conducta ‘incon­gruente, ambigua, inexacta y de carácter equívoco’, sino que se dedica a demostrar por qué, a su juicio, la conducta tipificada no debe estar penalizada. Es diferente sostener que una conducta no debe ser tipificada, a sostener que se encuentra mal tipificada y que, por tal razón, se desconoce el derecho al debido proceso. Este último, que es el cargo alegado, como se indicó, nunca fue sustentado. Además, el énfasis de la demanda recae sobre apartes de la norma que no fueron demandados y a los cuales el demandante les asigna un alcance que no se deriva del texto de la disposición, razón por la cual el argumento carece de certeza, como lo advierte el Procurador General de la Nación.
“Dice que las normas vulneran el principio de estricta legalidad porque contienen disposiciones absolutamente indeterminadas, pues no están exactamente definidas. Dice que el legislador omitió verificar la existencia de normas que definieran y determinaran los aspectos de los que adolecían esos preceptos en blanco, cuyos contenidos le sirvieran al intérprete para precisar la conducta tipificada.
d. En lo que toca con los apartes del numeral 5º del artículo 271 del Código Penal, sostiene que el legislador no dispone lo que se entiende por disponer, realizar, o utilizar la comunicación, ejecución o comercialización de una obra y menos quién puede ser el sujeto de esa conducta. Sobre el particular, nuevamente advierte que el término “representar” no es propio de las obras musicales, para las que se utiliza el de ‘ejecutar’ ”.
Por último, el demandante acusa de inconstitucional el numeral 5º del artículo 271 del Código Penal porque en “ningún aparte legislativo se define lo que es disponer, realizar o utilizar la comunicación, ejecución, comercialización una obra y mucho menos que pueda predicarse con exactitud quién puede ser el sujeto activo de esa conducta”. El cargo se limita a hacer esta precisión, pero no profundiza en ella. A juicio de la Corte, la mera afirmación según la cual la legislación no define los conceptos cuya oscuridad denuncia el demandante no constituye un verdadero reproche de inconstitucionalidad. Sobre el punto, valga recordar que el Procurador General de la Nación adujo que las expresiones usadas por el tipo penal acusado ‘constituyen verbos rectores e inflexiones verbales que comportan un preciso significado en el lenguaje general para cuyo entendimiento es suficiente consultar el diccionario de la Real Academia de la Lengua’.
Esta Sala considera que el cargo contra el numeral 5º del artículo demandado es insuficiente, pues no logra sembrar una duda mínima sobre la inconstitucionalidad de la disposición acusada.”
En este sentido, la Corte se inhibirá de pronunciarse sobre la nueva demanda formulada contra los numerales 2° y 5° del artículo 271 del Código Penal, en razón a que se trata de acusaciones que ya han sido consideradas por la Corporación, y respecto de las cuales se ha encontrado que no cumplen con los requisitos de procedibilidad de las demandas de inconstitucionalidad, concretamente, con el que exige estructurar un verdadero cargo de inconstitucionalidad, a partir de razones “claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes”[16].
Tratándose del tipo de “violación a los derechos patrimoniales de autor y derechos conexos”, éste fue adoptado por el legislador en el ejercicio de sus funciones y, en principio, persigue un propósito constitucionalmente legítimo, en cuanto se dirige a tutelar un bien jurídico que la propia Carta Política dispone proteger, como es “la propiedad intelectual” (C.P. art. 61). Ello significa que, para plantear su posible inconstitucionalidad, no basta con cuestionar la decisión de penalizar la conducta, sino que es necesario demostrar la manera como ésta vulnera la Constitución, a través de argumentos de naturaleza estrictamente constitucional, que permitan generar por lo menos, una sospecha o duda mínima sobre la ilegitimidad de la medida. Esta situación es precisamente la que se echa de menos en las demandas que el actor ha formulado contra los numerales 2° y 5° del artículo 271 del Código Penal, pues en ellas no se exponen verdaderas razones de inconstitucionalidad contra las normas acusadas. Insiste la Corte en que, la decisión de tipificar un comportamiento socialmente reprochable, cualquiera que éste sea, responde, en principio, al ejercicio de una facultad constitucional, y, por tanto, por esa sola causa, no es posible plantear un juicio de inconstitucionalidad.
Con respecto al argumento de que las normas no definen de manera concreta los sujetos activos del delito, es claro que la apreciación parte también de un supuesto equivocado, cual es el de pensar que solo pueden incurrir en la conducta delictiva cierta categoría de personas. Ignora el actor que el delito de “violación a los derechos patrimoniales de autor y derechos conexos”, tal como ocurre con gran parte de las conductas previstas en el Código Penal, es un tipo de sujeto activo indeterminado, no calificado, que, por lo tanto, puede ser cometido por cualquier persona, que para el efecto no requiere de una condición o cualidad especial. Así, es sujeto activo del delito de “violación a los derechos patrimoniales de autor y derechos conexos”, todo aquel que decida difundir, comunicar, ejecutar y/o representar públicamente obras musicales y artísticas, sin la autorización previa del titular del derecho de autor. En este sentido, la acusación parte de un desconocimiento del actor, acerca de la categoría del tipo penal que demanda, sin explicar por qué, por ese sólo hecho, las normas acusadas son inconstitucionales.
[1] El espíritu del legislador respecto de la expedición de esta norma se encuentra resumido en la Gaceta del Congreso de la República del No. 687 del 20 de septiembre de 2005,ponencia para primer debate Cámara al proyecto de la Ley 401 de 2005, Cámara 26 de 2004 Senado, acumulado 30 de 2004 Senado. Por la cual se modifican los artículos 257, 271, 272 y 306 del Código Penal. En el aparte B, sobre justificación para la modificación de los artículos 271 y 272 del Código Penal, el ponente preciso textualmente: “Tal como ya se dijo en las dos ponencias presentadas a raíz de sendos debates adelantados en el honorable Senado de la República, la reforma propuesta tiene como objeto incrementar las penas para los delitos contra los derechos de autor y derechos conexos, especialmente en lo tocante a los artículos 271 y 272 del Estatuto Penal (Ley 599 de 2000). Así mismo, se busca crear conciencia ciudadana acorde con un innegable tarea pedagógica de la Ley Penal y desestimular esta práctica ilegal que tanto afecta a los industrias culturales.
La gravedad de las conductas defraudatorias realizada en este ámbito obliga al legislador penal, en desarrollo de la Constitución, a responder de forma adecuada siempre dentro de los marcos propios del principio de proporcionalidad o de prohibición de exceso ante estos atentados fraudulentos, que no sólo desquician los derechos de autor en caso de ser investigados penalmente por ese tipo penal acusado, no podrían alegar en su defensa que sus actos no son de ejecución pública, cuando legal y convencional, si lo son” .
“El señalamiento de la norma acusada, como inconstitucionales, su transcripción literal por cualquier medio o un ejemplar de la publicación oficial de las mismas.
[6] El Convenio de Estocolmo de 1967, en virtud del cual se estableció la Organización Mundial de la propiedad Intelectual (OMPI), emplea en su artículo segundo la denominación “Propiedad Intelectual” para agrupar de manera omnicomprensiva los derechos relacionados con diversos bienes intangibles, conglobando bajo ese término el derecho de autor, los derechos conexos, las nuevas creaciones, los diseños industriales, los signos distintivos, el régimen de competencia desleal, la reciente protección otorgada a las nuevas tecnologías y a la biotecnología.