Source: https://www.slideshare.net/ximemedina/ley-30-2
Timestamp: 2018-02-18 11:06:12
Document Index: 224469126

Matched Legal Cases: ['artículo 86', 'artículo 87', 'artículo 107', 'artículo 118', 'artículo 162', 'artículo 119']

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1. EL PROYECTO DE REFORMA A LA LEY 30/92: La continuidad de la crisis de la Educación Superior Pública y las prerrogativas al capital privado. Nota del Autor: En este escrito trataré los temas de la financiación y la privatización. Pero hay más implicaciones en el proyecto: su impacto en la democracia, en la autonomía universitaria, en la formación académica y por último en la burocracia y clientelismo que profundizan. En próximos escritos estaré opinando sobre estos temas. Las opiniones aquí expresadas son de la exclusiva responsabilidad del autor.Con bombos y platillos la semana anterior, tanto el Presidente Juan ManuelSantos como la Ministra de Educación Nacional María Fernanda Campo,presentaron a los rectores el proyecto de reforma total a la Ley 30 de 1992.Entre sus razones expusieron que se trata de modernizar la educacióncolombiana para ponerla a tono con las tendencias mundiales y con eldesarrollo de las nuevas tecnologías. Lo que no dijeron es que la tendenciamundial es el neoliberalismo que predica la venta de cualquier servicio público,entre ellos la educación superior, y que para modernizar las universidadespúblicas en las nuevas tecnologías y tendencias educativas se requiere muchodinero para inversión y modernización. Sobre aumentos de presupuesto parainversión y funcionamiento no dijeron nada. Se acomodaron a la tendencia enboga para urgir al capital privado nacional e internacional a que se tome elnegocio de la educación a todo nivel dado que no se les restringe en ningunacosa. Promovieron el establecimiento de instituciones de educación superiorcon ánimo de lucro y la creación de entidades mixtas público-privadas parasacar al sistema educativo colombiano del notorio atraso en que se encuentra.Y es que evidentemente las universidades públicas se encuentran en una crisisprofunda que el Gobierno Nacional se niega a reconocer y por ende a resolver.Ya son dos las cartas que el Consejo Nacional de Rectores del Sistema deUniversidades Estatales, SUE, le han dirigido, una al anterior presidente y otraal actual, donde le demuestran la desfinanciación a la que están siendosometidos desde la expedición de la Ley 30/92 y el incumplimiento hasta hoyde la mayoría de los recursos aprobados en el 2009. Las universidadespúblicas tienen muchas nuevas obligaciones que han tenido que atender enestos 19 años, han triplicado la cobertura estudiantil, se han extendido por lasregiones con nuevas sedes regionales, han conformado centenares de gruposde investigación, se han modernizado hasta donde ha sido posible, hangenerado casi la mitad de sus gastos en recursos propios y se han endeudadograndemente con el sector financiero para cubrir sus obligaciones laborales ypensiónales. El mayor problema es la carencia de un presupuesto estataladecuado.¿Y como responde a esto la propuesta de Santos? Con cero incrementosreales en la base presupuestal y unos ridículos aportes adicionales entre el2012 y el 2019. Se mantiene la base presupuestal del 2011 (art. 103) con losincrementos anuales del IPC, el antiguo artículo 86. Seguirá congelado elpresupuesto de las universidades públicas, congelación que ya lleva 19 años.El Gobierno de Santos no aporta ni un peso nuevo en la base presupuestal.Igualmente se definen unos recursos adicionales irrisorios de dos formas. Laprimera forma se determina dependiendo del incremento del PIB: si es menor
2. del 5%, si está entre 5 y 7.5% o es mayor del 7.5%, se aportaránadicionalmente el 30, 40 o 50% de ese incremento sobre la base presupuestal(art. 105), antiguo artículo 87. Irrisorio a todas luces. En el 2010 el incrementodel PIB fue del 0.29%, el 30% es 0,087%. Con una base presupuestal de 2.2billones en 2010 obtenemos $1914 millones para 32 universidades. Pero esosí, explícito y claramente queda establecido que esos nuevos recursos noincrementan la base presupuestal (art. 104 y contradictoriamente el 106). Son$60 millones por universidad. El PIB de Colombia en las últimas dos décadasjamás ha crecido más del 6.8%. En el mejor de los casos, asumiendo uncrecimiento del PIB del 8%, los aportes adicionales serían el 4% de 2.2 billoneso sea $88.000 millones ($2750 millones por universidad).La segunda forma otorga un aporte adicional de 1% en el 2012, 2% en el 2013y 3% del 2014 al 2019 (art. 106). Corresponde a pesos de hoy a $ 22.000millones para el 2012 ($ 688 millones por universidad), $44.000 millones en2013 ($ 1375 millones/U), y 66.000 millones entre 2014 y 2019 ($2062 millones/U). En total son $462.000 millones en esos ocho años ($14.438 millones poruniversidad en ocho años). Aportes adicionales ridículos ante la grave situaciónde desfinanciamiento que las mismas universidades, Aspu y laFederación Nacional de Profesores Universitarios han denunciado y estimado,hoy, en más de seiscientos mil millones de pesos.Otra arbitrariedad que se impone: esos recursos adicionales serán distribuidospor el CESU (art. 105). Tendrán más juego los rectores que hagan parte de esainstitución. Se imponen los criterios de cobertura (quien más matricule másrecibe), productividad y formación de los docentes y la promoción de lainvestigación y la innovación. Los criterios de distribución ya han sido probadosen años anteriores y es mucho el descontento porque los rectores se quejan deque el parámetro que más aplica el MEN es la ampliación de cobertura. Perono cesa la arbitrariedad: el artículo 107 establece que para recibir esos escasosdineros deben firmar un “Convenio plurianual de desempeño” en cuestiones decalidad y acceso a la educación superior. Grave lesión a la autonomía. El MENimpondrá la formación que quiera y forzará a las universidades a recibir másestudiantes a costa de un mínimo aporte que no aumentará la basepresupuestal.Las otras medidas económicas del proyecto en lugar de favorecer a lasuniversidades públicas les resulta sumamente lesivo por las nuevasobligaciones impuestas: las universidades serán transformadas en entidadesprestatarias dado que el estudiante puede diferir el pago de la matrícula hastasu vinculación al mercado laboral y superado un nivel de ingreso aun nodefinido y que cada institución debe reglamentar (art. 99); establecerán unapolítica general de ayudas y créditos con el fin de facilitar el ingreso y lapermanencia a las personas de bajos recursos (art. 117); la acreditación de altacalidad, dada por una entidad privada y posiblemente extranjera deacreditación mediante “convenios de asociación”, deberá ser pagada por lasuniversidades (art. 77); en los Comités Departamentales de Educación Superior(sustituye los CRES) deberán luchar contra el “el uso compartido de losrecursos institucionales” (art. 129, literal c.); en los contratos y convenios conotras instituciones o empresas “se regirán por las normas del derecho privado y
3. sus efectos estarán sujetos a las normas civiles y comerciales” (art. 29), lo quedemuestra el abandono de la defensa de lo público; la concurrencia al pasivopensional, que es una obligación estatal, se extiende a todas las universidadese instituciones de educación superior (art. 110); se establece el cobro dederechos pecuniarios por supletorios y habilitaciones (art. 98, literal c.); lasescuelas normales superiores competirán por los recursos de las universidadesoficiales pues se las eleva al nivel de IES (arts. 40 y 41); se las orienta aintroducir la educación por ciclos (art. 68), de educación permanente, noextensión solidaria (art. 69); desarrollar procesos de internacionalización (art.155), de movilidad nacional e internacional de profesores y estudiantes, ypromover el emprendimiento y la innovación de los estudiantes (art. 11).Pero si a la Universidad se la trata como a algo indeseable y prescindible alsector privado se le extiende la alfombra roja para que se tome la educaciónsuperior en Colombia. Aquí está el segundo problema que la comunidaduniversitaria deberá enfrentar: A la manera como se actuó en el sector de lasalud, viene la privatización a fondo de la educación superior.“Las instituciones de educación superior serán públicas, privadas y mixtas”; lasprivadas conforme a las “personas jurídicas con o sin ánimo de lucro” (art. 13).“Podrán desarrollar programas académicos en cualquier nivel y campos deacción” (art. 8). “Organizadas como corporaciones o fundaciones o comosociedades anónimas” (art. 32). “A las instituciones de educación superiormixtas les será aplicable el régimen de una institución de naturaleza privada”(arts. 33 y 37). Para las de naturaleza privada o mixta, “Disponibilidad de por lomenos la mitad de los recursos requeridos para que la primera promociónculmine los estudios de cada programa propuesto” (art. 14, parágrafo 2, literalc.). “Constituida la sociedad podrá recibir nuevos inversionistas, repartirdividendos y vender acciones” (art. 32, parágrafo). “Los programas de gradopodrán ser técnicos profesionales, tecnológicos, o profesionales universitarios.Los de posgrado podrán ser de especialización, maestría y doctorado” (art. 56).La legislación que se propone es altamente favorable al sector privado nacionaly extranjero. Más aun cuando estamos ad portas de la aprobación en elSenado de los Estados Unidos del TLC con nuestro país. Se exige allí elsuministro transfronterizo (Educación virtual y a distancia), el consumo en elextranjero (Movilidad de profesores y estudiantes colombianos (art. 156), lapresencia comercial (universidades e instituciones norteamericanasfundamentalmente privadas) y la presencia física de personas (movilidadgringa), además del trato nacional para que no haya ninguna diferencia entrelas instituciones de educación superior extranjera y las colombianas,incluyendo obviamente, la financiación estatal. Acojo aquí parte delcomunicado de la Organización Colombiana de Estudiantes, Oce, del 14 demarzo de 2011: “Esta propuesta (de entidad jurídica) que se presenta como novedosa tiene su origen en el tratado de libre comercio, firmado entre Estados Unidos, México y Canadá, el TLCAN o NAFTA, que implicó la entrada de las multinacionales de la educación superior y de las universidades corporativas: Apoyo Global Incorporated y la Laureate Education Inc, entre otras. Esta última que ha comprado universidades en más de 20 países y que ya se alza como una de las dueñas del “mercado” universitario en México, avanza a pasos avasallantes en Brasil, país que como lo señaló Santos, será el ejemplo a seguir y en donde solamente la Laureate Education Inc. se ha hecho al
4. control de 9 Instituciones de Educación Superior. Con esto se abre la compuerta para que juventud colombiana sea formada por las multinacionales ligadas a la producción como las de Motorola, Disney, Malboro, Coca Cola, General Motors, Lufthansa, Shell, American Express, Microsoft. Este tipo de instituciones ya tienen sus primeras semillas con la universidad de Sanitas y con la Chevrolet para taxistas”.Pero no termina la entrega aquí. El gobierno se obliga a transferir recursos alas instituciones de educación superior privadas sin ánimo de lucro y acualquiera que obtenga la acreditación de alta calidad (art. 108). Ya dijimosatrás que la acreditación podrá realizarse por instituciones privadas yextranjeras que inevitablemente vendrán, por medio de contratos de asociacióncon el MEN (art. 77). Indefectiblemente se acreditarán de alta calidad “previoinforme de evaluación externa dado por un órgano de evaluación” (art. 78) y elEstado les deberá transferir recursos. Y si se presentan como institutos ocentros de investigación, “podrán ofrecer, previo convenio con instituciones deeducación superior y conjuntamente con éstas, programas de posgrado” (art.9).Todavía hay más: se impone el subsidio a la demanda con el crédito estudiantilobligándose el Estado a transferir recursos al Icetex para financiar los créditosa los estudiantes, recursos que terminarán en manos de las instituciones deeducación superior privadas y extranjeras en su mayoría. Anualmente habrá unaporte estatal al Icetex para los “subsidios de matrícula” (art. 115). El Fondopara la Permanencia Estudiantil también recibirá “Aportes del PresupuestoGeneral de la Nación” (art. 116). Findeter “establecerá líneas de créditoespeciales para las Instituciones de Educación Superior, con destino ainversión en infraestructura física y tecnológica” (art. 114). “El Fondo Nacionalde Garantías, FNG, garantizará los créditos otorgados a instituciones deeducación superior públicas y privadas” (art. 112). El Icetex, “a través de unfondo creado con recursos del Presupuesto Nacional, podrá ser garante de lospréstamos otorgados por el sector financiero a los estudiantes de EducaciónSuperior de escasos recursos económicos” (art. 118). El mister y el criollotrabajando con plata colombiana.Más oprobioso aún es que la obligación de destinar el 2% del presupuesto totala bienestar universitario se elimina. (Aparece en un documento (art. 145) ydesaparece en otros dos). Corresponde al artículo 118 de la Ley 30 aunvigente. Ocurre lo mismo con la obligación establecida en el artículo 162(Similar al anterior; aparece y desaparece) que textualmente dice: “El Ministeriode Hacienda y Crédito Público, diseñará instrumentos dentro del estatutotributario que permitan que un porcentaje de la renta gravable de lasInstituciones de Educación Superior con ánimo de lucro se destine a fondos debecas y créditos administrados por el Icetex y dirigidos a población vulnerablesegún reglamentación que expida el Gobierno Nacional”. Sumémosle que laobligación del artículo 119 de la Ley 30 vigente que establece que “LasInstituciones de Educación Superior garantizarán campos y escenariosdeportivos, con el propósito de facilitar el desarrollo de estas actividades enforma permanente”, fue eliminada. Todas las garantías al sector privadonacional y extranjero y todos los obstáculos para las universidades públicas.Esto es privatización a fondo. (Aclaro. Hay tres documentos sobre el proyecto de reforma:1. En el Proyecto Ley 30 de 1992 de la
5. página http://aplicaciones.contactenoscolombiaaprende.info/ley30/node/1788 aparecen 164artículos; 2. En el documento Propuesta vs Ley 30 del mismo link ya son 160 artículos; y 3. Enel material entregado a los rectores e integrantes de los consejos directivos también son 160).Las anteriores son las primeras impresiones y análisis de un proyecto de ley quemuestra que el Gobierno de Santos va más allá que el de Uribe Vélez en lo que tratacon la educación superior y particularmente con la pública. Es continuista yprofundizador a ultranza del modelo neoliberal. Por: Jorge Aristizábal Ossa Docente Universidad de Antioquia.
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