Source: https://es.scribd.com/document/262259874/La-facultad-resolutoria-y-los-incumplimientos-reciprocos
Timestamp: 2019-04-25 04:01:22
Document Index: 326647159

Matched Legal Cases: ['artículo 216', 'artículo 1083', 'artículo 1085', 'artículo 1086', 'artículo 1088', 'artículo 1078', 'Artículo 1204', 'artículo 1031', 'artículo 1031', 'artículo 1201', 'artículo 1201', 'artículo 1031', 'artículo 510', 'artículo 1078', 'artículo 353', 'artículo 572', 'artículo 1201', 'artículo 19', 'Artículo 18', 'artículo 10', 'artículo 14', 'artículo 57', 'artículo 8', 'artículo 15', 'artículo 109', 'artículo 75', 'artículo 46', 'artículo 39']

La facultad resolutoria y los incumplimientos recíprocos LALEYONLINE
Contrato Compra Venta Auto.- Carta Responsiva
Segundo Examen de Romano.
Resumen Comercial II
AVANCE GENERAL_ 111111111111111111111111111111111
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TRIPTICO compraventa
AÑO lxxIX N° 50
Tomo La Ley 2015-B
BUENOS AIRES, argentina - lunes 16 DE marzo DE 2015
La facultad resolutoria y los incumplimientos
SUMARIO: I. Sobre los requisitos para resolver por incumplimiento, en general. — II. Sobre los incumplimientos recíprocos.
En los contratos de resultado futuro, el incumplimiento sólo se produce
cuando vence el plazo en el cual debe
cumplirse la prestación; por lo tanto,
en principio, el cocontratante no podría
invocar, antes del vencimiento de ese
plazo, que el resultado no se alcanzará,
para así justificar el incumplimiento de
sus propias obligaciones, ya que esto
implicaría invocar la excepción de incumplimiento contractual sin incumplimiento de la contraparte. Sin embargo,
puede oponer la excepción —y justificar, así, su propio incumplimiento—,
si hay razones objetivas que permiten
suponer que el resultado futuro prometido por el cocontratante no se alcanzará en el término convenido.
I. Sobre los requisitos para resolver por incumplimiento, en general (1)
Tres son los requisitos generales para resolver un contrato por incumplimiento:
a) que una de las partes lo haya incumplido;
b) que la otra —es decir, quien pretende
resolver— no haya incurrido, a su vez, en un
incumplimiento contractual, y
c) que la parte no incumplidora opte por resolver el contrato, manifestando su voluntad
Estos tres requisitos son comunes a cualquier tipo de resolución: legal o convencional,
judicial o extrajudicial. El objeto de este artículo es el análisis de una situación conflictiva que
se relaciona con los dos primeros requisitos: el
caso de los incumplimientos recíprocos.
I.2. El incumplimiento
El punto de partida para resolver un contrato por incumplimiento es que exista tal incumplimiento. En cuanto al viejo régimen, así
lo requiere la norma rectora en la materia, el
artículo 216 del Código de Comercio. En su primer párrafo —referido a la facultad resolutoria implícita—, dispone que “[e]n los contratos
con prestaciones recíprocas se entiende implícita la facultad de resolver las obligaciones
emergentes de ellos en caso de que uno de los
contratantes no cumpliera su compromiso”.
Con respecto al pacto comisorio expreso, en
el tercer párrafo del mismo artículo se admite
que “[l]as partes podrán pactar expresamente que la resolución se produzca en caso de
que alguna obligación no sea cumplida con
las modalidades convenidas”. La regulación
del pacto comisorio expreso es —en este aspecto— superior a la de la facultad resolutoria legal, porque alude al incumplimiento de
obligaciones, a diferencia de esta última, que
—con menor precisión técnica— se refiere al
incumplimiento de compromisos. Al margen
de esta sutileza, queda claro que un contratante solo puede ejercer la facultad resolutoria si el otro contratante no ha cumplido sus
obligaciones. Esto presupone, naturalmente,
su exigibilidad.
Como no podía ser de otro modo, el tratamiento del tema en el nuevo Código Civil y Comercial es similar. Destaco los textos que son
más explícitos al respecto:
— En el artículo 1083 se establece que
“[u] na parte tiene la facultad de resolver total
o parcialmente el contrato si la otra parte lo
incumple”.
— El artículo 1085 regula la conversión de
la demanda por cumplimiento, en estos términos: “La sentencia que condena al cumplimiento lleva implícito el apercibimiento de que, ante
el incumplimiento, en el trámite de ejecución,
el acreedor tiene derecho a optar por la resolución del contrato...”.
— En el artículo 1086 —referido a la cláusula
resolutoria expresa— se admite que “[l]as partes pueden pactar expresamente que la resolución se produzca en caso de incumplimientos
genéricos o específicos debidamente identificados”.
— En el artículo 1088 se enumeran los presupuestos de la resolución por cláusula resolutoria implícita, y el primero de ellos es, precisamente, el incumplimiento.
I.3. No incumplimiento de quien pretende resolver
Abordemos el segundo de los requisitos
enunciados: la parte que pretende resolver no
debe haber incurrido, a su vez, en un incumplimiento contractual injustificado (2). Se trata,
como puede advertirse, de un requisito negativo: solo puede resolver el contratante que no
se encuentra en determinada situación —la de
incumplimiento—. El requisito —sobrentendido en el viejo régimen— está explicitado en el
nuevo artículo 1078, en el que se reconoce que
la parte que no ha resuelto el contrato “puede
oponerse a la extinción si, al tiempo de la declaración, el declarante no ha cumplido, o no
está en situación de cumplir, la prestación que
debía realizar para poder ejercer la facultad de
extinguir el contrato...”.
II. Sobre los incumplimientos recíprocos
Ante el hecho objetivo de que ambos contratantes no han cumplido sus obligaciones recíprocas y que uno de ellos pretende resolver, o
lo pretenden ambos, se plantea la cuestión de
quién tiene derecho a ejercer la facultad resolutoria. ¿Ambos contratantes? ¿Alguno de
ellos? ¿O, acaso, ninguno? Abordaré la cuestión distinguiendo los distintos supuestos que
pueden presentarse. Tendré en cuenta, entre
otros parámetros, la importancia de los incumplimientos, su cronología y su relación de causalidad (si es que la hay).
Comencemos por el primer parámetro: la
entidad de los incumplimientos. Aplicándolo,
se plantean tres escenarios:
doctrina. La facultad resolutoria y los incumplimientos recíprocos
Andrés Sánchez Herrero............................................................................................................... 1
NOTA A FALLO. El juez natural en la reparación de daños laborales
Ricardo J. Cornaglia.................................................................................................................... 6
a) que ambos incumplimientos sean insignificantes;
b) que solo uno de ellos lo sea;
c) que los dos tengan relevancia suficiente
como para justificar, en abstracto, la resolución.
Analicemos estas tres situaciones, en el orden planteado.
II.2. Incumplimientos recíprocos irrelevantes
En este caso, queda claro que ninguna de las
partes tiene derecho a resolver el contrato. Al
menos, ésta es la solución cuando se invoca la
facultad resolutoria de origen legal. En el caso
del pacto comisorio expreso, la atención debe
centrarse, más bien, en si los incumplimientos
en que incurrieron las partes habilitaban, según lo pactado, para resolver. Si la respuesta
fuese negativa, ninguno de los contratantes
tendría derecho a resolver el contrato. Queda
pendiente el análisis del incumplimiento que,
aunque según lo pactado habilita para resolver, no reviste mayor importancia, objetivamente. En este último caso, ¿no abusa de su
derecho el contratante que resuelve? Para no
desviar el eje de este artículo, no abordaré el
interrogante: me limito a dejarlo planteado (3).
II.3. Incumplimiento relevante versus incumplimiento irrelevante
Pasemos, ahora, a un segundo supuesto: aquel
en el cual, si bien ambas partes han incumplido
sus obligaciones, sus respectivos incumplimientos no guardan proporción alguna entre sí, porque uno de ellos —el incumplimiento “mayor”—
tiene suficiente entidad como para justificar el
ejercicio de la facultad resolutoria, mientras
que el otro —el “menor”— no. Es lo que ocurre,
por ejemplo, si una de las partes ha incumplido
totalmente su obligación y la otra ha incurrido
en un minúsculo incumplimiento parcial.
En este caso, solo la parte que ha incurrido
en el incumplimiento “menor” se encuentra
Competencia. Daños sufridos por un accidente de trabajo. Ley aplicable. Ley 26.773 no
vigente al momento del siniestro (CS)................................................................................5
Derecho a la salud. Cobertura del tratamiento de un cuadro de anorexia nerviosa.
Procedencia. Clínica que no figura en la cartilla de la empresa de medicina prepaga (CNFed.
Civ. y Com.)........................................................................................................................ 10
L a medicina prepaga y el derecho a la salud ante un trastorno alimentario
Oscar Ernesto Garay.................................................................................................................. 10
panorama QUINCENAL
Corte Suprema de Justicia de la Nación...................................................................................12
“Haberman. p. y otros s/ Ordinario”. — La clave de esta decisión no pasa por la gravedad de las culpas.. sala E. Jorge. en cambio.A. — Los dos abordajes teóricos referidos —que son compatibles entre sí. en LA LEY. Mazolini. y otra v. y otro s/ ordinario”. CNCom.ª Catamarca. c. “Emagny S. en El Derecho. c. no tendría sentido afirmar la culpa de esta última. en los cuales constaban las medidas defectuosas. Buenos Aires. Minas. Como puede advertirse.. 2. AR/JUR/3919/2008.. se probó que. y otro”. 19/8/1977. Guillermo A.”.. (1. 23. Andrés A. Buenos Aires. o situación in bonis” del contratante que resuelve). Buenos Aires. el caso en el cual los incumplimientos de ambas partes tienen entidad suficiente como para justificar. CNCiv.. “Misuraco. p. 379. y otro c. no. 8.”. 15/3/2012..A. 563-564. si ambos contratantes se encuentran en esta situación.. en Jurisprudencia Argentina.A. en Abeledo Pe- “Tratado de la resolución de los contratos por incumplimiento”. ps. 14/12/2007. n° 35021106. p. (Es cierto que además decidió que cada parte cargara con la mitad del perjuicio generado por la desinteligencia en cuanto a las medidas de los muebles. si la parte “no incumplidora” actuó con culpa. CSJ Tucumán. distingamos dos supuestos. AP/JUR/1103/2012. n° 70059812. Eduardo E. Con posterioridad.1. hizo lugar a la resolución. asimismo.4. CORNET. Luego.A. 1978-I.A. 249 (“el contratante debe ser inocente”). cumplió su obligación principal: pagó el precio. 16/4/1968. “Ineficacia y frustración del contrato”. tras varios meses. 1979-C. — La comitente encargó la fabricación a medida de muebles para su cocina. hubo un incumplimiento obligacional —la fabricación defectuosa de la obra— que resultó imputable. de acuerdo con el cronograma acordado. nota 2 supra. 456. c. la prohibición los afecta a los dos. 25. ambos incumplimientos son relevantes para el ejercicio de la facultad resolutoria.4.A. Emilio E. 13/9/1977. 2005. Buenos Aires. ps. nota 2 supra. p. también se acreditó que la comitente había aprobado los planos de la contratista. 185.L. Coca-Cola Femsa de Buenos Aires S. al menos. 12/4/2012. Por esta razón. p. 14/12/2006. p. 227. MEORO. entonces.A. sala B.. 76.723) (1) Este escrito se basa en el capítulo 4. NICOLAU. efectivamente. una de ellas está habilitada para resolverlo. que habría consistido en controlar con diligencia la ejecución de la obra. p. Renée y otra v. sala A. Alberto L. 9/2/2010. p. incumplimiento de las cargas laborales para con su personal y cesión prohibida de facturas. 1963. v. entonces. “La resolución. p. cit.. Derechos reservados (Ley 11. varios de los aparatos recibidos carecían de la tecnología prometida. 2015. Esta es. en LA LEY. en El Derecho. D’Amore. ps. por lo tanto. “Contratos” — Tomo 3 — Parte general. Hugo D.ª ed. destacando que el cliente adeudaba el pago de algunas facturas. en El Derecho. “Iglesias. Nelson H. sala A. Mario L. Por lo demás.A. quiebra”. Lexis Nexis — Abeledo-Perrot. estos incumplimientos tenían gravedad suficiente como para justificar el ejercicio de la facultad resolutoria por parte del cliente —quien. p. para reclamar el resarcimiento de los daños derivados de ese incumplimiento—. “Tecno West S. Tomo I. II. Adviértase que para aplicar esta regla no es necesario que el incumplimiento “menor” sea insignificante. Aventuro que la clave está en cuáles fueron las obligaciones incumplidas por cada una las partes. con independencia de que sí pueda tener trascendencia en otros aspectos — por ejemplo. lo que presupone que incumplió al menos alguna de sus obligaciones? Subrayo que no es posible justificar la sentencia sobre la base de que el incumplimiento de la parte no incumplidora fue insignificante.”. en Abeledo Perrot. la gravedad de esta falta provino de su incidencia sobre el incumplimiento de la obligación principal del contratista.L. 276.R. CNCom. Juan M. resultó que los muebles eran de una medida diferente a la que la comitente pretendía. y otra c. José M. CNCiv. Héctor. Buenos Aires. Lo decisivo es que se trate de un incumplimiento que no tenga relevancia suficiente como para justificar una medida tan drástica como lo es el ejercicio de la facultad resolutoria. 9/11/2010. sala E. condenó al cliente a pagar las facturas adeudadas—. Culpa que. en Abeledo Perrot. 641. Esta es. n° 70061355. BORDA. “Tratado de la resolución de los contratos por incumplimiento”. Jorge U. efectos y resarcimiento del daño”.. “La resolución de los contratos bilaterales por incumplimiento”..C. el tribunal hizo pesar la concurrencia de culpas al fallar sobre la restitución y el daño resarcible. sala C. p. Empresa Aceite de la Frontera S. 1997-D. . actualizado por Alejandro Borda. Acosta de Rosini. AR/JUR/88002/2010. sala A. “Viqueira. Pablo M.A. Mauricio y otra”. — El comitente demandó la resolución judicial del contrato. En cierto modo.A y otro”. se celebra una compraventa y se sujetan a plazo las obligaciones de ambas partes. Gasio. Hammurabi. “De Benedetti. en LA LEY. en Abeledo Perrot. Juana D. CACCTM1. CNCom. Felisa C. A este caso no le sería aplicable la regla que estamos considerando en este punto. CNCom. — Ahora bien: queda claro que no se puede hablar de culpa sin incumplimiento. 511. “Albornoz. (9) Véase CNCom. Buenos Aires.ª reimpresión. 16/6/2011. 2012. no obstante lo cual ambos tengan entidad suficiente para habilitar la resolución del contrato. 27/2/1973.. — Llegada la hora de la entrega. ESSO Petrolera Argentina S. § 7. 1335. en Revista del Notariado. en El Derecho. 1974). 1979-III. Lo decisivo no es la desigualdad de los incumplimientos. la resolución. sala B. “Cristalerías del Norte. CSJN. J’Eckell e Hijos S. de otra obra de mi autoría.A. el mismo tribunal destacó expresamente que este incumplimiento sí tuvo importancia. 2007. Egisto O. 672. Kohen. Anteo E. “La reforma de 1968 al Código Civil”. 23/2/1977.. (6) CNCom. al menos. Una empresa adquirió una gran cantidad de aparatos de telefonía celular que debían contar con determinada característica —tecnología WAP— que permitía la navegación por internet. Ugo. que evidencia que a veces la realidad se resiste a encuadres tan ordenados. Pinto. Se probó que el prestador del servicio había incurrido en varios incumplimientos: faltantes y destrucción de mercaderías. cit.L. CNCom. CARNEVALI. Mario L. p. 22/12/2009. p. que el contrato había sido correctamente resuelto —no obstante lo cual. Entregados los aparatos. siendo de diez días el de la obligación del vende- { NOTAS } Especial para La Ley. un caso relativo a un contrato de obra. Graf. pero no a reclamar el saldo restante. “Automotores Valsecchi S. por último. Astrea. mis comentarios.. 1985. y otro”. que pueden pecar de simplistas (7). de Paz y Tributaria de Mendoza.. Salvino c. Edgardo. Barcelona. sala A. p. Buenos Aires. Buenos Aires. 2015. 56. extinción de la obligación y modificación del contenido contractual)”. sala B.”. ¿Cuál es el fundamento técnico de esta regla que impide a ambas partes el ejercicio de la facultad resolutoria? Como hemos visto.A.. “Heregal S. Con criterio salomónico. 77.ª ed. — A modo de abordaje teórico alternativo. CACCTC Villa Dolores. 257-263.. 645. El comitente. Anteo E. p. por lo que no me referiré a la cuestión resarcitoria). “La ejecución del contrato (Pacto comisorio. (7) Véase CNCom.. Pontoriero. CNCom. p. sala A. Rafael. CNCiv.. nov. Álvarez.. 1977-D. Manuel.”. en El Derecho. Veamos un caso referido a un contrato compraventa de aparatos y prestación de servicios de telefonía móvil. 2007-II. 9/10/2012. Declaró. Y es a aquí donde surge el interrogante: ¿cómo pudo declararse la resolución. sala A. Radiodifusora del Plata S. se decidió que el contratista tenía derecho a retener la porción del precio que ya le habían pagado —que ascendía a la mitad del total—. “Silva. “Tommasi Automotores S.2. en LA LEY.C. ahora. YFP S. a pesar de que tuvo por probada la culpa del contratante que solicitó esta declaración.. 2009. S. Su negligencia consistió en no haber advertido que había un defecto grave en los planos del contratista y en haberlos aprobado.A. COSTANZA. Orlando E. quien ha incumplido un contrato no puede resolverlo. el tribunal consideró que el actor y comprador no estaba en condiciones de resolver el contrato por incumplimiento y rechazó la demanda. Bien puede ocurrir. “Emagny S.”. c. “Melchor. c/ Autolatina Argentina S. Córdoba. y otro”. Sin embargo. contra Kowzef S. porque. CNCiv. y otros”. 31/8/1995. HALPERIN. sala A. sala E. Lerner. APARICIO. 10/3/2010. 325.. 9/11/2010. 243 (“no debe mediar culpa de quien pretende la resolución”). Carlos J. Sin embargo. “Royal Logistic S. ÁLVAREZ VIGARAY. Tomo I. MORELLO. 2006. Tomo I. en Jurisprudencia Argentina. Di Giunta. 236-243. 1996-A. el comprador resolvió extrajudicialmente el contrato. causa n° 41. a pesar de que ambas partes han incumplido el contrato.. s/ cumplimiento de contrato”. y otros”. “Giuliani. 207. cit. “Pacto comisorio”. 7/4/1997. Primero referiré los hechos salientes. ps. en Abeledo Perrot. Noemí L. De lo contrario. Eladio M. CNCom.”....A. Mario J. la solución respecto de la facultad resolutoria legal. “Rodríguez. entonces. 1/6/2012.”. SCBA. Veamos. CNCiv.I.. la cuestión no es tan simple: veremos que.”. “Incumplimiento del contrato (la cláusula resolutoria en los derechos civil y comercial)”. 33. Veamos un caso en el cual se aplicó esta regla. C. 51. “Ram Olavarría S. 1996-A. véase SÁNCHEZ HERRERO. esta solución es una aplicación elemental de la regla que requiere que el incumplimiento.. La regla general aplicable es que. Jorge P. 16/3/2010. se acreditó. BENDERSKY. y otra c. Abeledo-Perrot.A. ninguna de las partes tiene derecho a resolver el contrato (8). Por esta razón. “Mercante Hermanos S. p. La regla fue correctamente aplicada. Buenos Aires. Depalma. (2) Véase CNCom. CNCiv. S. Incumplimientos recíprocos relevantes II. “La resolución por incumplimiento”. CNCom. las faltas de las partes tuvieron similar entidad. “Fernández. a pesar de la culpa concurrente. BORDA.. en LA LEY.118/2007. en función de la cronología de los incumplimientos. “Tratado de Derecho Civil. Bosch. Art. GASTALDI. Por lo tanto. “Empresa Almacor c. 641. su falta de pago no inhibía al cliente de ejercer la facultad resolutoria. “Código de Comercio comentado”. Puede que lo que sea. CNCom. en Jurisprudencia Argentina. 426-433.”. Augusto M. para habilitar la resolución. v. 15/08/2013. sea grave (5). “Tommasi Automotores S.4. p. porque no había pagado varias facturas emitidas por el vendedor y prestador del servicio de telefonía celular. 16/3/1978. efectivamente. relativo a un contrato de servicio integral de transporte y administración de stock (6). que dos incumplimientos sean desiguales e incluso que uno de ellos tenga mayor importancia que el otro.”. que el comprador también había incumplido obligaciones a su cargo.. CACC San Martín. a ambos contratantes. 66-67. sala A. 1964. (3) Al respecto. c/ Sony Argentina S. el comitente. Perrot. 7/5/1985. Depalma.. ni por su incidencia en la generación del daño. “Gobierno Nacional c. sala A. en el cual se aplicó este criterio (9). hubo culpa concurrente. y otro v. CNACCFederal. cuyos datos consigno: “Tratado de la resolución de los contratos por incumplimiento”. Incluso desde esta perspectiva. en ciertos casos. Para avanzar. Pero lo que ahora nos interesa analizar es el tema de la resolución. p. p. sala F. puede que no. pagó por anticipado la mitad del precio. Maria. causa n° 59.A. “Kosiuko Panamá S. Sin embargo.. 475. 476. por partes iguales. AP/JUR/956/2012.L. podemos concluir que no solo el contratista incumplió sus obligaciones. 117. Buenos Aires. demandó el resarcimiento de los daños.A.R. “Risoluzione per inadempimento”. en El Derecho. en abstracto. “El Nuevo Artículo 1204 Código Civil: Pacto Comisorio”.ª ed. sala B. CIADEA S. se hizo lugar al pedido resolutorio. Regla general Analicemos. en LA LEY Online. ps. Luis Manuel y otros c. ya que gravitó en la misma medida que el incumplimiento de la contratista en la producción del daño. La Ley. “Emagny S. Por ejemplo. 122. 334. Mario E. RAMELLA. Depalma. sala D. 185.557/03. Armando”. según el tribunal. s/ ordinario”. Mansilla. p.A. Se comprobó que esto se debió a un error que cometió la contratista al tomar las medidas de la puerta de la cocina en la cual se instalaría el nuevo mobiliario. Carpinetti. 86. 381.”. — Tenemos. ZAVALA RODRÍGUEZ.”. A juicio del tribunal.A. Comercial. p. Osvaldo F. Cámara 4. 1978-A. suc. 24/5/1974. Con todo. 1993. — A juicio del tribunal. Kalnay. “Blanco Olga Ester c/ Ruade S. 1455-1459.. Luca. El contratista incumplió su obligación principal: realizar la obra conforme a lo pactado. 29/12/1977. sala III. II. la regla general. Julio R. “Sánchez Strada.. Buenos Aires.I. Contratos”.”. Por el contrario. nota 2 supra. Liliana María J. sala B. Zanichelli... María H.. 1. CNCiv. AP/JUR/3531/2012 (“falta de culpa en quien pretende resolver”).R. en Abeledo Perrot. “Resolución de los contratos comerciales”. con muchos de ellos nunca se pudo navegar en la red porque no contaban con esta tecnología. tuvo tanta gravitación en la producción del daño como la del otro contratante. y otro v..A. 14. 2. La Editorial. v.R.. en Abeledo Perrot. y otros”. Isaac”. causa n° 011731/2007. sala II. Andrés. cit. v. 212. “Mercado. cit. Tomo I. CNCom.”. (4) Véase NANNI. sala A. sino las que abordaremos en los puntos siguientes. Tierras Argentinas”. Ciadea S. 11/6/2010. p. en Lexis. GOT S. 1968. 1975. dado el monto relativamente bajo de las facturas impagas. Mercedes”. Capi. Hammurabi. 24/7/1978. La Ley. sino también la comitente. De acuerdo con lo pactado. Nicolás J. “Efectos de la resolución de los contratos por incumplimiento”. luego la solución judicial y. nota 3. Andrés. n° 70061125 (“siendo además recaudo de operatividad o procedencia la falta de culpa. entre otras. “Silva. Bologna.. p. Isaac. sino el hecho de que uno de ellos —el “menor”— no tiene suficiente entidad como para permitir la resolución del contrato. sala B. más allá de su desigualdad. s/ Ordinario”. 2009. ejerció esta facultad—. en El Derecho. Incumplimientos sucesivos Comencemos por el supuesto más sencillo: el de los incumplimientos sucesivos. (8) Véase CÁMARA. v. el prestador del servicio cuestionó la resolución. AP/ JUR/920/2012.A. c. por cierto— coinciden en un dato central: el contratista incumplió su obligación principal. sala A. “Chavat. “La resolución de los contratos por incumplimiento: presupuestos. 1971. 1968. deficiente prestación del servicio comprometido. p. p. Granada.. véase SÁNCHEZ HERRERO. CCCLM Santa Rosa.. CNCom. ahora. 26/03/2008. 76. “Domín- guez Sánchez. Sin embargo. Guillermo A. Apelando a ambos criterios. 11/6/1979. rrot. v. en principio.. en LA LEY. 203.2 | lunes 16 DE marzo DE 2015 La facultad resolutoria y los incumplimientos recíprocos viene de tapa facultada para resolver el contrato (4). RAMELLA. c. CNCiv. Tomo I.A. (5) Al respecto. Pedro J. p. 23/3/1977. en LA LEY Online. La Cámara entendió que. n° 702. Montenegro. c.ª de Apelaciones en lo Civil. Tal vez sea esto lo que explique por qué. podría considerarse que el comitente incumplió culposamente un deber secundario.A.. Abel O. Durante la tramitación de la causa.— dic.A. Comares. v. una sentencia que declaró resuelto un contrato.
así. S. ps. 14. como regla general. ps. (18) Véase CNCom. en El Derecho. en LA LEY Online. lo habilita para resolver el contrato. para determinar si un contratante ha cumplido sus obligaciones —y.. Contratos. nota 4 supra. (26) Véase CNCom. Soto. unida al incumplimiento de la otra parte. 1977-C. C Com. nota 2 supra. nota 12 supra. o no está en situación continúa en página 4 { NOTAS } (10) Véase CNCiv. Si una de las partes no ha cumplido. puede verse expuesta a que el otro contratante resuelva el contrato. 98. sala I. Esto es así porque. el adquirente se negó a pagar el precio y resolvió el contrato. no puede invocarse su “incumplimiento” para im- b) en segundo lugar. solo el primero de los contratantes que incumplió materialmente el contrato incurre en un incumplimiento. ps. la parte que se mostró dispuesta a cumplir. en LA LEY Online. Antonio y otra”. el contratista resolvió el contrato. desde hacía ya veinte días. La solución es razonable. consideró que. “Contratos”. no tenía derecho a resolver el contrato. p. 15/9/1977. por razones imputables a los vendedores —en concreto. El enajenante invocó que sus incumplimientos no eran graves. es presupuesta en el nuevo Código Civil y Comercial y que se infiere de su artículo 1031—.. contados desde la fecha relevante.A. . La resolución de los contratos por incumplimiento. sala A. “Persechini.. Este orden puede resultar de lo pactado.. En consecuencia —concluyó el tribunal—.C. porque su obligación recién vencía veinte días después. distingamos dos supuestos. en Jurisprudencia Argentina. Por su parte. (15) Véase cit.. Norberto S. 27/3/2012.. AR/ JUR/16039/2008. el comprador no paga el precio. (20) Véase CNCiv. ni siquiera se había dado comienzo a los trabajos de carpintería. “Resolución por incumplimiento”. Carlos M. “Alcat de García Castelo. En consecuencia. De acuerdo con esta norma. en cambio. invocando el incumplimiento del dueño de la obra. 22/10/1974. (29) Véase CNCiv. 26/8/1980.. Además. a su vez. no siempre es tan simple determinar. el vendedor estaba en mora en su obligación de entregar la cosa vendida.4. no lo hace incurrir en mora. En la venta de un inmueble celebrada por boleto. además. Jorge H. “Dzierewianko. nunca hubiesen podido comenzar a ejecutarse antes de los cuarenta y cinco días. con su obligación de otorgar la escritura correspondiente. en el artículo 1031 del Código Civil y Comercial —análogo al viejo artículo 1201— se establece lo siguiente: “En los contratos bilaterales. de cuál de los contratantes fue el primero que incurrió en un incumplimiento. traigo a colación un caso referido a una compraventa inmobiliaria (28). resolverlo. A pesar de su evidente retardo. (16) Código Civil. que el aparente incumplimiento del vendedor lo inhabilitase para resolver el contrato (24).. (12) Véase IBÁÑEZ. Esta circunstancia —es decir. Carlos A. el tribunal estimó que tenían gravedad suficiente como para justificar la resolución del contrato. (23) Véase CACC La Matanza. No así la otra parte. Si. p. p. CNCiv. que el vendedor no había cumplido. Si. técnicamente. el contratante que no ha podido cumplir a causa del incumplimiento del otro tiene derecho a resolver el contrato (26). 2003... porque. Veamos algunos casos en los cuales se aplicó este criterio. vencido el segundo. Al fallar. cit. la otra no está obligada a cumplir. Luego. por ende. de que el vendedor colabore con el escribano. al tiempo de la declaración. ya no se puede echar mano del criterio cronológico. 77. de la ley o de los usos y costumbres. Carlos A. “Leyes proteccionistas en materia de negocios inmobiliarios”.. por su parte. acto en el cual el comprador pagaría el saldo del precio. por los trabajos previos requeridos. “Urquizo Encinas. al amparo de un contrato de alquiler. Olga. el hecho de no estar en falta—. “Recalde. “la otra parte puede oponerse a la extinción si. 196. Frente a esto. cit. — los trabajos de plomería sólo habían avanzado al 10%. el contratante que incumplió primero no tiene derecho de resolver (10). 1977-IV. 194. (22) Véase cit. siendo que a la fecha de vencimiento de la cuota impaga debería haberse ejecutado el 45%. Capital. Sí tiene derecho a hacerlo. sala A.3. que destacó que el vendedor solo estaba obligado a escriturar si el comprador pagaba el precio u ofrecía pagarlo. cit. en cambio. porque el vendedor había incumplido estos deberes—. el contratante que resuelve o resolvió no estaba en falta. La resolución.. a) en primer lugar. Mario E. la situación era la siguiente: — el enajenante había incumplido muchas de las obligaciones que le imponía la ley 11. “Paladino. Manago...”. cit.. el tribunal consideró que la resolución era infundada. “Resolución por incumplimiento”. el contratante cuyo incumplimiento se invocó injustificadamente para resolver el contrato (esto es. alegando el incumplimiento de la otra (29). Si bien la solución teórica de la cuestión es sencilla. “Persechini. p. ¿Cómo se resuelve la cuestión. ps. Manuel v. consideró que. 365.)”. 471.. APARICIO. que. p. 12 supra. el comprador se defendió invocando.”. Sin embargo. Manuel”. y — no se había puesto en condiciones reglamentarias la instalación del gas. b) en segundo lugar.. Giani o Ciani.. como hemos visto. este último se encontraba plenamente legitimado para resolver el contrato (19). por dos razones: a) en primer lugar. Supongamos. Las partes firmaron el boleto. en cambio. 22/8/1984. 15/6/1972.. Jorge. Sin embargo. pedirle la resolución del contrato (17). cit. 196-200. Carlos A. sala D.”. RAMELLA. Néstor R. Volvamos sobre el ejemplo de la compraventa. Sin embargo.”. el comprador no estaba obligado a pagar el saldo del precio mientras el vendedor no cumpliese su obligación de escriturar. 3. podrá resolver o habrá resuelto correctamente el contrato. Omar Alberto y otros”. que lo inhabilitaba para resolver el contrato. v. reconviniendo contra la demanda resolutoria (15) (en cuanto a los fundamentos de su derecho resolutorio. invocando su incumplimiento (27). inciso c. en Jurisprudencia Argentina. (17) Véase IBÁÑEZ. Es decir que hay al menos dos razones por las cuales. Para hacerlo. En consecuencia —y partiendo de la base de que el otorgamiento de la escritura se frustró.162. sala D.. nota 12 supra. cuando las partes deben cumplir simultáneamente. porque él ha incumplido sus obligaciones. Efectos de la resolución de los contratos. el tribunal entendió que la resolución efectuada por este último había sido ilegítima.. Dicar (S. si bien pesa sobre ambas partes. II. (24) Véase ídem. Dominga c. Guillermo A. — se ignoraba el estado de los certificados de libre deuda previsional. MOSSET ITURRASPE. tras lo cual se otorgaría la escritura traslativa del dominio. Astrea. el orden en el cual las obligaciones deben ser cumplidas puede ser decisivo para determinar el funcionamiento de la facultad resolutoria. tema que abordaremos a continuación (25). p.. p. artículo 1201. ambos se han configurado de modo independiente. 203-204. Ital Construcciones.867 (por ejemplo. el uno de los obligados no incurre en mora si el otro no cumple o no se allana a cumplir la obligación que le es respectiva” —regla que. en Abeledo Perrot. el comprador está habilitado para ejercer la facultad resolutoria: al tiempo en que se produjo el incumplimiento que él invoca para resolver el contrato —la falta de entrega de la cosa vendida— no estaba en falta. El mismo criterio es aplicable si. en función de si uno de esos incumplimientos ha sido la causa del otro o si. poner fin al contrato. Ante esto. entonces? Para responder este interrogante.A. (14) Véase IBÁÑEZ.”. en Jurisprudencia Argentina. p. 98. Olga c. incluso. en todo caso. porque —técnicamente— el otro contratante no ha incumplido las suyas. referido a la resolución de un contrato de locación de obra (20).. (19) Véase cit. que a esa altura debían estar realizados en un 50%. referido a la resolución de una compraventa (23). Respecto de esta última. En este caso. debe invocar el incumplimiento del comprador. que no pagó una cuota del precio que había vencido. pero suponiendo que quien resuelve es el vendedor. en su defecto. Carlos M. En concreto. Bordogna. entregándole todos los antecedentes y la información necesarios a tal efecto. 81. lógicamente. sala A. -Artear”. “Resolución por incumplimiento”. dado el retardo en la ejecución de la obra en que había incurrido el propio contratista (21). (25) Véase IBÁÑEZ. 560-561. 16 (serie contemporánea). 25. Carlos M. nota 2 supra. 199-200. 14/2/1978. en la fecha en que se tornó exigible la obligación de pagar el precio. resolviéndolo. 194. Al respecto. quien resuelve es el contratante que incurrió primero en mora o incumplió el contrato.. “LC Acción Producciones S. sala A. “Resolución por incumplimiento”. La defensa fue rechazada por el tribunal. no entregaron al escribano la documentación necesaria para hacerlo—. a la fecha fijada para la entrega.. (27) Véase CNCiv. del código nuevo. p. 511.. cit. 26/4/1977. “Surani.. p. por lo cual tachó de abusiva la resolución. 15/2/1980. Por ende. en Jurisprudencia Argentina. 588-593.. 1996-II. causa n° 21. Habrá que analizar. Más aún: en este supuesto. p. Sin embargo. p. cit. cit. y partiendo de la calificación del artículo 1031. Luego. “Resolución por incumplimiento”. cit. v. 1981-II. ni puede ser constituida en mora. las partes pactaron que el comprador haría un desembolso inicial y pagaría el saldo en cuotas. t. sin una causa que la justifique. nota 2 supra. el dueño de la obra decidió. AP/JUR/212/2012. en LA LEY. El problema es que. Queda claro que. cit. A tal efecto. p. El adquirente del fondo debía pagar el saldo del precio “al tomar posesión del negocio”. e invocando la falta de pago del precio por parte del comprador. el declarante no ha cumplido. pero no jurídico. siendo las obligaciones de cumplimiento simultáneo. Haciendo referencia a este supuesto. En el primer caso. sala A. no se habían publicado los edictos de ley). “Suárez y Acuña y otro c. cuál era la situación al tiempo en que se verificó el incumplimiento que se invoca o se invocó para resolver el contrato. p. Efectos de la resolución de los contratos. 347. “Dzierewianko. obligándose a otorgar la escritura en el plazo estipulado. el otro. (21) Véase cit. Como puede advertirse. v. Gomar y otro”. precisamente... (13) Véase cit. C1. Hugo A. 198-199. la parte incumplidora no tiene derecho a resolver el contrato. Con buen criterio. Mar del Plata. nota 2 supra.lunes 16 DE marzo DE 2015 | 3 dor y de treinta días el de la del comprador. Manuel. 195. Juan M.”. el tribunal consideró que la resolución había sido ilegítima. en una medida preponderante... 110. hasta que la otra cumpla u ofrezca cumplir”. los vendedores resolvieron el contrato. Manuel. sala F. BORDA. El comprador incumplió su obligación de pagar el precio (solo llegó a abonar el 44% de la suma debida). (28) Véase ídem. Tomo I. en el caso de los incumplimientos recíprocos sucesivos. una de las partes está dispuesta a cumplir y la otra no cumple ni está dispuesta a hacerlo. se tuvo por probado que: — sólo se había realizado el 30% del trabajo de mampostería. sala A. no (13). Osvaldo S. entonces.A. a su vez. la resolución es ilegítima (14). tiene derecho a invocar la excepción de incumplimiento contractual (16). sala 2. CORNET. 195. — a esa misma fecha. siendo que para entonces debían trepar hasta el 40%. Quien resolvió fue el contratista. (11) Véase CNCom... 227. se habilita al contratante “inocente” a no cumplir sus prestaciones. comenzando por un conflicto relativo a la resolución de un contrato de transferencia de un fondo de comercio (18). c. el comprador) podría. sí (11). en casos de este tipo. p. Pasemos a un segundo caso. la pericia estableció que. vencido el primer plazo. Norberto P. p. 1977-IV. p. Tratado de Derecho Civil... Para graficar el concepto. el tribunal entendió que el retraso del contratista y su voluntad manifiesta de no cumplir —expresada al resolver el contrato— justificaron la resolución posterior efectuada por el dueño de la obra (22). 486. Por todo esto. — no se había acreditado la conformidad del locador y propietario del local en el cual funcionaba el fondo de comercio. quien no solo no cuenta con este derecho sino que. Buenos Aires. una de ellas puede suspender el cumplimiento de la prestación. 560-561. “Achinelli.. consideró que los incumplimientos previos del enajenante habían dado pie al adquirente para que se negase a cumplir su obligación de pagar el saldo del precio. CNCiv. 595. Habrá incumplimiento material. aunque las obligaciones de las partes eran de cumplimiento simultáneo. nota 4 supra. Por lo demás. Ana María c. Anteo E. la posibilidad de escriturar depende. Arte Radiotelevisivo Argentino S. 195. ps. sala C.. me remito al análisis del escenario anterior). ante los casos concretos que se presentan. 69. AR/ JUR/1034/1984.. entre otros argumentos. ps. MEORO. conforme al cual. el primer incumplidor no tiene derecho a resolver el contrato: En este caso. el vendedor no entrega la cosa vendida y.. Carlos M. nota 12 supra. en el ejemplo referido párrafos atrás. “Álvarez Argüelles. cit. en Jurisprudencia Argentina. establece el artículo 510 del viejo Código Civil que “[e]n las obligaciones recíprocas. si una de las partes resuelve por incumplimiento. 1978. v. en su defecto. el vendedor ejerció la facultad resolutoria. el incumplimiento material del otro. en LA LEY. cit. Estévez. establecer si tiene derecho a resolver— debe tomarse como fecha relevante aquella en la cual se produjo el incumplimiento de su cocontratante (12). por el referido incumplimiento del vendedor. 1981-A. Si bien no se reconoce la facultad resolutoria. entonces. en el cual las obligaciones deben cumplirse al mismo tiempo. SCBA.”. Srabstein. la situación cambia por completo. hay que considerar que las obligaciones son de cumplimiento simultáneo. Veamos un tercer caso. v. llegada la fecha. este encuadre se desprende a contrario sensu del artículo 1078.A. p. ps. el comprador no había incurrido en incumplimiento alguno. Incumplimientos simultáneos En este caso. Se descartó.. en esa fecha. IBÁÑEZ. en cambio. qué rol cabe asignar a cada uno de los contratantes: ¿quién de ellos es el que causó el incumplimiento del otro? La cuestión solo puede dilucidarse teniendo en consideración las circunstancias del caso. no se pudo escriturar. y La clave depende. cit. en Jurisprudencia Argentina. Carlos M. y — si bien los trabajos de yesería debían comenzar a ejecutarse a partir de los cinco días del vencimiento de la cuota impaga. 69. Moya. CORNET. Sin amilanarse.ª. nota 11 supra. a cuyo efecto invocó que el dueño de la obra no había pagado una cuota del precio que ya estaba vencida.
Martinian.2) Contratos en los que varias prestaciones deben cumplirse en forma intermitente. 171-180. (43) Véase ídem. lo hacen ambas. 1978. dado el aparente acuerdo de partes. Existen dos modalidades de contratos de ejecución continuada o periódica: a) Aquellos en los que la ejecución de la prestación debe prolongarse en el tiempo.. Lo que sí tienen es el derecho de exigir el cumplimiento del contrato —cumpliendo u ofreciendo cumplir la prestación a su cargo. Pelayo c. Esta segunda modalidad admite. Suttin. 1998). solo que cada uno sobre la base del incumplimiento del otro. En nuestro caso.. “Tratado de Derecho Civil. dado que hizo lugar a la resolución del contrato (aunque. p. ninguno de los dos se encuentra en esta condición. 3.. nota 2 supra.ª ed. — De acuerdo con el compromiso asumido por la entidad futbolística. la ejecución de la prestación puede ser instantánea —como ocurre con la locación de obra. Contratos”. los contratos de resultado futuro son una categoría híbrida. por ende. en LA LEY. Pasemos. p. referida a un terreno en el cual el comprador planeaba construir un hipermercado.. entonces. En este último. t. 110-113. recha- zó el reclamo de pago de la multa y repartió las costas por su orden (36).. puede parecer descabellado “imponer” la subsistencia del contrato si las partes no quieren seguir atadas. Por esta razón. 101-106. (31) Véase cit. De acuerdo con el tribunal. 2005-A. no admitió el reclamo de pago de la multa pactada). referidas a la clasificación de los contratos. 103. me inclino por la segunda: ninguna de las partes tiene derecho a resolver el contrato. debía considerarse resuelto por culpa de ambas (38).4. — Con posterioridad. La razón es que. varios meses antes del vencimiento del plazo en el cual debía inaugurarse el estadio prometido—. el comprador compareció. (34) Véase CACC San Martín. en el segundo. pareciera que la demandada tenía cierta razón: el plazo de su obligación —la de construir el estadio— aún no había vencido cuando el suscriptor dejó de abonar las cuotas. por la reciprocidad de las culpas. Es más: luego se supo que aun antes de la fecha de vencimiento se había aprobado un proyecto que afectaba a un uso alternativo la superficie que debía destinarse a la construcción del estadio. cit. nota 4 supra. (37) Véase CNCiv. Veamos un caso en el cual se planteó este supuesto (35). . (47) Véase cit. 227. sala B.”. en este caso ninguna de las partes puede ejercer la facultad resolutoria (34). considera que si ambos contratante pretenden llegar a la resolución. El tema es complejo y su análisis desborda el objeto de este artículo. 3. p. que no hace a la esencia del caso que estamos analizando: es perfectamente posible que en un contrato de resultado futuro el deudor de ese resultado no esté avanzando con la preparación de su prestación sin que esto implique que sea imposible su cumplimiento en término. Formalmente. el tribunal aplicó la primera de las tesis referidas. ya hemos visto que. Para abordar el tema. nota 32 supra.. mientras no se alcance el resultado que le permitirá al acreedor acceder a la prestación (47). me limito. “González. Capital. en el cual se aplicó el mismo criterio. (39) Al respecto.A. José y otro v. (35) Véase C. Ana”. Con esta salvedad.. Sin embargo.. Los contratos de resultado futuro La facultad resolutoria tiene un funcionamiento especial respecto de esta categoría de contratos. su presupuesto (como en el contrato de suscripción de plateas referido). como es el caso de la locación de obra o el contrato de suscripción al que se refiere el caso citado. RAMELLA. — Así las cosas. t. por ejemplo. Buenos Aires. 7/7/1972.4. los contratos de ejecución continuada o periódica —también conocidos como “de duración” o “de tracto sucesivo”— contienen una o varias prestaciones cuya ejecución no es susceptible de realizarse en un solo momento (41). Es lo que ocurre. Judicializado el conflicto. en cambio. “Resolución por incumplimiento”. sala E. la misma pretensión. (32) Véase CNCiv. v. “Faucoppi S. habida cuenta de que había incumplido previamente sus obligaciones. La pregunta. Tomo I. cuando quien resuelve ha cumplido u ofrece cumplir—. sala D. 514. que tiene lugar cuando los incumplimientos se han producido en forma independiente —en el sentido de que uno no ha sido la causa del otro—. ni siquiera parcialmente. Es el caso. ahora. la prestación se ejecuta en un solo acto. el suscriptor abonó puntualmente las cuotas mensuales que estaban a su cargo. no solo por cuestiones de forma. está planteada: ¿cómo se encuadra el problema de los incumplimientos recíprocos en esta categoría de contratos? En el caso referido. Com. para la otra. Juan M. la prestación se ejecutará en forma instantánea o continuada. Los primeros son aquellos cuyas obligaciones pueden cumplirse en un solo momento. 641.de consumo. ps. era necesario obtener una habilitación municipal que modificase la zonificación. p. invocando que el comprador no había cumplido su obligación de pagar el saldo del precio. Reconozco que el tema es complejo y que. que no es encuadrable ni en la de los contratos de duración ni en la de los de ejecución instantánea. hay una diferencia importante entre los dos casos judiciales citados: en el primero. p. “Tratado de la resolución de los contratos por incumplimiento”. Este enfoque se funda en que el derecho resolutorio solo lo tiene el contratante que ha sido fiel a su palabra y ha honrado compromiso —más precisamente. solo el contratante no incumplidor tiene derecho a ejercer la facultad resolutoria.. solo una de las partes resuelve o solicita que se declare la resolución. c. Abordemos un segundo caso.A. En otros términos: si el contratante sí tiene derecho a oponerse a la resolución en este supuesto —es decir. cit. II. 512. de la cesión de un contrato de locación. En consecuencia. cit. nota 12 supra. ps. (36) Evidentemente. un caso referido a una compraventa inmobiliaria (30). el comodato y los contratos de licencia. 41. nota 4 supra. cabe inferir que no tiene derecho a hacerlo en la situación opuesta —esto es. Es el caso de la locación de cosas. cualquiera de las partes puede resolver el contrato. se hace referencia a la resolución por incumplimiento.086. Teoría general”. “Haberman.. causa n° 21. 103. p. Ergo. en la cual la obra se entrega en un acto— o continuada o periódica —como tendría que haber ocurrido con el contrato de suscripción de nuestro caso—. 16 (serie contemporánea). (44) Véase ídem. reimpresión (1. Como puede advertirse. aunque explicitándolo (37). véase SÁNCHEZ HERRERO. Se trataba de un contrato sobre cuya naturaleza las partes no se pusieron de acuerdo. Conforme a una primera postura. el adquirente-cesionario demandó en sede judicial la resolución del contrato y el pago de una multa. (41) Véase APARICIO. “en el momento de suscribirse la respectiva escritura traslativa de dominio”. en Lexis n° 70029711. 194. el que no lo ha incumplido—. Como puede advertirse. los dos contratantes tienen.. CNCiv. repasemos algunas definiciones. “Contratos”. en Jurisprudencia Argentina. Para ponerla en evidencia. Andrés.comerciales . a pedido de una de las partes (45). 157. demandó la resolución judicial del contrato. pero. el suscriptor dejó de abonar sus cuotas en el mes de enero de 1975 —es decir... Sala F. sino que es condición para que el contrato produzca los efectos queridos por las partes (42). el comprador no había incurrido en incumplimiento alguno y. b) Los contratos de resultado futuro podrían emparentarse con los de ejecución instantánea en cuanto a que. En definitiva —y aunque sin teorizar la cuestión—. 124 (quien. 250-251. de que se debe declarar o considerar resuelto el contrato. Daría la impresión. — La entidad demandada se defendió argumentando que el suscriptor no podía ejercer la facultad resolutoria. Este caso nos muestra un típico conflicto que puede plantearse en los contratos de resultado futuro. el estadio debía inaugurarse en el mes de mayo de 1975. De hecho. en apariencia. 3. Con buen criterio. cit. Durante varios años. Mario. 340. se entrecruzaron reclamos restitutorios y resarcitorios. sala II. cit. hay quienes hacen una salvedad y consideran que. t. pero el vendedor no lo hizo. con el contrato de renta vitalicia. el segundo. entre otros. “Contratos”. nota 3 supra. dispuesto a pagar el saldo. ¿se puede resolver el contrato? De ser así. 156. Destacó que la obligación de pagar el saldo del precio estaba subordinada a que se otorgase la escritura correspondiente en el mismo acto. el tiempo no es una simple modalidad de su ejecución.. — El contrato comenzó desarrollándose con normalidad. Tomo I.. p. por ejemplo. ps. ps. 3/12/1981. Para una de ellas. a medida que fue pasando el tiempo quedó en evidencia que Boca Juniors no tenía intención de construir el estadio. cada acto de ejecución satisface parcialmente el interés del acreedor. dada la coincidencia de voluntades y que se trata de una materia que no afecta el orden público). dada la reciprocidad de culpas. “Nieto. Pero no se podrá ejecutar sin alcanzar ese resultado. Es el caso de la cuenta corriente. Edith N. nota 4 supra. Sin embargo. como hemos visto. cit. Anteo E. en cambio. Juan M. se asemejan a los contratos de duración en cuanto a que se requiere el transcurso del tiempo para poder alcanzar el resultado futuro que es objeto de la prestación (como ocurre en la locación de obra) o. Atilio A. una subclasificación: b.4 | lunes 16 DE marzo DE 2015 viene de PÁGINA 3 de cumplir. al menos. p. es muy evidente que en este análisis hay una falla. cuando el otro resuelve sin haber cumplido ni ofrecido el cumplimiento—. BORDA. Alcanzado esto último. a primera vista. nota 4 supra.. 110. en este caso especial de coincidencia de voluntades. esta debe ser admitida. Por la misma razón —los incumplimientos culposos de las dos partes—.. b) Aquellos en los que varias prestaciones deben repetirse en el tiempo.. Coto Centro Integral de Comercialización S. Juan M. 1999. a dejarlo planteado (39). en este sentido. incluso entre los autores que adhieren a la tesis negativa.1) Contratos en los que varias prestaciones deben repetirse en el tiempo en épocas determinadas o en intervalos regulares (44). al segundo supuesto. partiremos de un caso (40): — Las partes celebraron dos contratos: el primero. Conforme a un criterio tradicional. De acuerdo con una segunda postura. sin embargo. en definitiva. no faltan argumentos para sostener esta última tesis. 512. 25/10/2004. se entiende—. Sin embargo. y “no teniendo ninguna de las partes interés en concretar el contrato” —afirmó el tribunal—. “Contratos”. 14/12/1971. ps. por ende. se rechazaron los reclamos resarcitorios. APARICIO. Tiempo después de su perfeccionamiento. sino también de fondo —que son las que ahora nos interesan—. IBÁÑEZ. el vendedor no tenía derecho a resolver el contrato (31).”. Detalles al margen. Sin embargo. el contrato se debe resolver o declarar resuelto. “Faucoppi S. Guillermo A. a su vez. Poco después. p. Como por entonces el terreno estaba habilitado para construir un cementerio. Por esta razón. (33) Véase ALTERINI. una vez alcanzado el resultado. p. El tribunal entendió que ambas partes tenían el deber de realizar la gestión y que ninguna lo había cumplido. “La resolución. Carlos M. 155. mientras que en el contrato de resultado futuro el interés del acreedor no se satisface. Se trata de una consecuencia contingente. (46) Véase cit. En esta segunda categoría de contratos. cit. nota 2 supra. En estos contratos debe transcurrir cierto tiempo entre su celebración y su ejecución: el que requiere el desarrollo de la actividad necesaria producir el resultado (46). b.. ¿Cuál de estas dos tesis es la correcta? Entiendo que ambas son razonables. En este caso. ninguna de ellas tiene derecho a ser resarcida por el incumplimiento de la otra (32). p. (42) Véase cit. el suscriptor habría sido el primero en incumplir sus obligaciones. sin solución de continuidad (43).”. cit. cit. Una observación final. se pagó una parte del precio y se acordó que el saldo sería pagado veinte días después. Se trataba de lo que las partes llamaron una “opción de venta”. los contratos pueden ser de ejecución instantánea o de ejecución continuada. Contra la firma del boleto. (38) Véase cit. Por el contrario. A partir allí. p... (40) Véase CNCiv. En consecuencia —concluyó el tribunal—.”. declaró “rescindido el contrato por culpa de ambas partes”.A. en función de lo que se haya pactado. “Contratos civiles . la operación se frustró. y el panorama no cambia por el hecho de que el otro contratante tampoco lo esté. este último resolvió el contrato. lo que no había sucedido. en El Derecho. sala F. 156-157. Club Atlético Boca Juniors y otro”. de suscripción de dos derechos de preferencia por plateas en un estadio de fútbol que una de las partes —el club Boca Juniors— iba a construir. Para enfocar el análisis. “Greco de Rosales. en la fecha señalada. de adquisición de un título propatrimonial. voy a prescindir de un instituto que tal vez podría haber sido el más apropiado para resolverlo: la imposibilidad de pago imputable al deudor. Veamos: a) En cierto modo.. APARICIO. (45) Véase ídem. ¿quién tiene derecho a hacerlo? No hay acuerdo sobre el punto.. ninguna de las partes tiene a resolver el contrato (33). entonces. ninguna de las partes había cumplido sus obligaciones con exactitud y ambas estaban en mora. Abeledo-Perrot. hay una diferencia importante: en los contratos de duración. Ninguna de estas categorías debe confundirse con la de los contratos que tienen por objeto la prestación de un resultado futuro. la prestación que debía realizar para poder ejercer la facultad de extinguir el contrato”.. Traigo a colación. se trataba de la adquisición de un fondo de comercio. p. Atilio y otro”. de la { NOTAS } (30) Véase cit. Ninguna de las partes realizó gestión alguna en este sentido. el tribunal consideró que la resolución había sido ilegítima.
Buenos Aires. pues las leyes de orden público. con fundamento en la ley 26. ahora. ¿está facultado. cuando advierte que “el tema no avanza”. en principio (de lo contrario. sin que pueda argumentarse un derecho adquirido a ser juzgado por un determinado sistema adjetivo (del dic- tamen del Procurador Fiscal Subrogante que la Corte hace suyo). Comentado. 176. sin el cual no podría cumplir su prestación. es necesario ponderar las circunstancias del caso. o si no ha constituido las garantías prometidas. por aplicación de las reglas referidas a la imposibilidad de pago. salvo si afianzase de pagar en el plazo convenido”. la obligación de entregarla se puede ejecutar en un solo acto. 101. la solución del conflicto sería relativamente sencilla. nos hemos planteado si el no desarrollo de la actividad necesaria para alcanzar el resultado por parte de un contratante sirve como justificación para que el otro deje de cumplir. En este caso. la regla se desprende del artículo 353 —titulado “Caducidad del plazo”—.ar o en Proview] . a raíz de la demora. En suma: — en los contratos de resultado futuro. pero por imposibilidad de pago. Tomo IV. De acuerdo con el artículo 572 del viejo Código Civil. LA LEY. El club Boca Juniors. Como puede advertirse. p. 2003. en principio. considero que el acreedor tiene derecho a resolver el contrato si. Pasemos. Por esta razón. 11/12/2014. no parece razonable dejar atado al acreedor a un contrato que tiene tan malas perspectivas de cumplimiento. reimpresión. Mario. Hasta aquí. p. antes del vencimiento de ese plazo. en virtud de la cual en los contratos bilaterales cualquiera de las partes tiene derecho a no cumplir su prestación —a suspender su cumplimiento. puede ser mentarias.1) Si la imposibilidad no es imputable al deudor. incluso antes del vencimiento de la obligación —esto es. “Entidad del incumplimiento que autoriza la resolución del contrato”. en Belluscio. anotado y concordado”. 197. puede que esto no sea suficiente para él. Jorge E. Sin embargo. ante la demanda in- terpuesta por un trabajador contra la ART en reclamo de la reparación integral de los daños sufridos a raíz de un accidente laboral. ya que esto implicaría invocar la excepción de incumplimiento contractual sin incumplimiento de la contraparte. pero que el deudor. puede suspender el pago del precio. l Cita on line: AR/DOC/728/2015 MÁS INFORMACIÓN Arico. Con mayor razón. Tomo IV. que modificó la jurisdicción y competencia. “Pacto comisorio implícito . Sin embargo. el eventual incumplimiento del acreedor podría estar justificado. Obligaciones y Contratos Doctrinas Esenciales. así. a menos que el vendedor le afiance su restitución”. Lo peculiar del caso que estamos examinando es que. de una aplicación de la regla que permite. . { NOTAS } (48) Véase GASTALDI. no incurriría en incumplimiento alguno). a una segunda cuestión. el incumplimiento del suscriptor habría sido injustificado. en parte. sería peligroso admitir el ejercicio de la facultad resolutoria ante un panorama tan incierto —recuérdese que el deudor está a tiempo de cumplir y no ha manifestado su voluntad en contrario—. en principio. la competencia será determinada por la ley 26.com. por descarte. se hace evidente que no será cumplida. ese deudor no está desarrollando la actividad necesaria para lograr el resultado futuro que es el objeto o el presupuesto de cumplimiento de su obligación. 1205. esto último presupone que la obligación de la otra parte es exigible. Abeledo-Perrot. Augusto C. antes del incumplimiento—. Ley 26. — por lo tanto. la obligación se convierte en la de pagar su equivalente económico. se hace evidente que será imposible alcanzar el resultado. Venido a conocimiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por el otro. Volvamos sobre el caso planteado. 900. el máximo tribunal determinó la competencia de la justicia nacional en lo civil. Ante este cuadro. ausente en otro tipo de contratos. Contra su aplicación al caso planteado podría objetarse que para oponer la exceptio no basta. sino que debe configurarse un efectivo incumplimiento. para resolver el contrato? En el caso planteado. jurisprudencia Competencia Daños sufridos por un accidente de trabajo. el acreedor está facultado para resolver el contrato. Jorge J. El juez laboral. (director). Stiglitz. queda claro que el suscriptor no incurrió en un incumplimiento injustificado al suspender el pago de sus cuotas en enero de 1975 —es decir. aun cuando todavía no hubiese vencido el plazo previsto para que el deudor pusiese su disposición el resultado futuro prometido. ¿Está facultado para hacerlo? Vamos a distinguir varios escenarios: a) Si. ALTERINI.. b) Si el deudor manifiesta su voluntad de no cumplir. porque ya hemos visto que es perfectamente posible que la prestación que debe ejecutarse tras alcanzar el resultado sea de ejecución continuada o periódica. José María. puede oponer la excepción —y justificar. cuando hubiese concedido un término para el pago.2) Si. 2009 (abril). ya hemos visto que esta manifestación. Rubén S. al menos por dos razones: 1) En primer lugar. LAVALLE COBO. el mero temor de que la otra parte no vaya a cumplir. Gastaldi. Santos (director). para resolver el contrato? El interrogante no admite una respuesta en abstracto.Carrer. Ahora bien. cuando se defendió invocando que quien incumple un contrato no puede resolverlo. ¿Cuál era la situación en enero de 1975? Vencía una nueva cuota mensual del suscriptor.Naturaleza. RCyS . en este caso. muy vinculada con la anterior. 73. pero no desarrolla la actividad necesaria para alcanzar el resultado futuro y aún es posible cumplir la obligación. Es cierto que sus intereses ya están protegidos. en ciertos casos. Rodolfo . Con los recaudos referidos. el contrato se resuelve. cinco meses antes del vencimiento de la obligación de su cocontratante—. sus obligaciones. ¿habilita. la cuestión habría sido abstracta porque el suscriptor recién demandó la resolución judicial cuando ya había vencido el plazo en el cual Boca Juniors debió haber finalizado la construcción del estadio. resolver sin incumplimiento. Dada la subsistencia del contrato.lunes 16 DE marzo DE 2015 | 5 locación de obra.. al menos.laleyonline. “Código Civil anotado”. pero que no se confunde con ella: la no ejecución de la actividad necesaria para alcanzar el resultado. aun antes del vencimiento de la obligación. Notas a Fallo Hechos: Se suscitó un conflicto negativo de competencia entre la Justicia Nacional del Trabajo en lo Civil. o por cualquier acción real. como ocurre en el caso citado. como puede advertirse. Obligaciones y Contratos Doctrinas Esenciales. entre otros supuestos relevantes”. Luego. La Ley. porque tiene derecho a no cumplir sus obligaciones. A su vez. p. Sin embargo. esta circunstancia no podía oponérsele para negarle legitimación para resolver el contrato. que aun hubiese sido posible alcanzar el resultado. aun en caso de silencio. prevista en el viejo artículo 1201 y en el nuevo 1031. en cambio. en todo caso. La justicia civil resistió la radicación con base en que el accidente aconteció con anterioridad a la entrada en vigencia de la norma referida. Tomo II. tácita. 1984. Tomo 5.393 — CS. si la obligación del deudor estuviese sujeta a plazo —como ocurría con la asumida por Boca Juniors—. . LLAMBÍAS. función y requisitos. para así justificar el incumplimiento de sus propias obligaciones. Es cierto que Boca Juniors recién debía finalizar el estadio varios meses más tarde.773 no vigente al momento del siniestro Véase en página 6. son aplicables las reglas de la imposibilidad de pago: a.accidente de trabajo. La omisión de desplegar la actividad apuntada puede formar parte de los elementos a partir de los cuales se infiera esa manifestación de voluntad. dada la inminencia del vencimiento del plazo y el grado de avance de la obra. Tal lo que sucede cuando caducan los plazos. “Código Civil y leyes comple- (50) “Si el comprador tuviese motivos fundados de ser molestado por reivindicación de la cosa. Sin embargo. pero habida cuenta del incumplimiento del deudor. Luego. 1998. aún no debía tener finalizado el estadio de fútbol. 1999-D. 118. al tercer escenario: el deudor no manifiesta su voluntad de no cumplir. o que. Cita on line: AR/JUR/66956/2014 [El fallo in extenso puede consultarse en Atención al Cliente. a esa altura. además. Con todo.773. (coordinador). El suscriptor no pagó. CIFUENTES. 1171. La reforma de 1998”. Supongamos. Es cierto que la obligación de hacer la obra requiere el transcurso del tiempo necesario o pactado a tal efecto. Abeledo Perrot. Buenos Aires. en virtud de la excepción de incumplimiento contractual. “[e]l deudor constituido en insolvencia y los que lo representen no pueden reclamar el plazo para el cumplimiento de la obligación”. la imposibilidad es imputable al deudor. Por lo tanto. a. En cuanto al nuevo Código Civil y Comercial. aun cuando no estaba vigente al momento del accidente laboral. De hecho. si disminuye por acto propio las seguridades otorgadas al acreedor para el cumplimiento de la obligación. LA LEY. la omisión del deudor de desplegar la actividad necesaria para alcanzar el resultado prometido cumple un rol fundamental para inferir que lo más probable es que la obligación no será cumplida. el cocontratante no podría invocar. no habría estado facultado para resolver luego el contrato: hacia mayo de 1975. dice el texto nuevo— si la otra no cumple la suya.. (49) “Tampoco está obligado a entregar la cosa.Urquiza. además.. se declaró incompetente. Provincia ART S. en cambio. “Responsabilidad civil derivada del incumplimiento contractual”. y él —el suscriptor— habría sido el primero que no cumplió su obligación. Por lo tanto. 1031. 1995. 2) En segundo lugar. entonces. que el resultado no se alcanzará. Por lo demás. si bien debe ser inequívoca. Encontramos captaciones específicas de esta excepción en los artículos 1419 (49) y 1425 (50) del Código Civil. debiendo hacerlo. se aplican de inmediato a las causas pendientes. Ley aplicable. Esteban. “Código Civil comentado y anotado”. Tomo III A. considero que el acreedor estaría facultado para no cumplir sus prestaciones. es claro que hay una falla en esta defensa. si. tratándose de un contrato de resultado futuro. Pareciera que Boca Juniors tenía razón. ya podía considerarse que había imposibilidad de pago imputable al deudor. en cambio. Eduardo A. Esta segunda observación se relaciona directamente con el funcionamiento de la facultad resolutoria. — sin embargo.CENTANARO. el incumplimiento recién se produce cuando vence el plazo en el cual debe cumplirse la prestación. era evidente que no estaba desarrollando la actividad necesaria para alcanzar el resultado futuro. cit. s/ daños y perjuicios .. Buenos Aires. aun cuando sea fundado. la exceptio puede oponerse aun cuando la obligación del deudor no sea exigible. conforme al cual “[e]l obligado a cumplir no puede invocar la pendencia del plazo si se ha declarado su quiebra. no se le podría oponer esta defensa. “Excepción de incumplimiento contractual”. no desarrollaba la actividad necesaria para alcanzarlo o lo hacía de un modo insuficiente. si después de la venta el comprador se halla en estado de insolvencia. la respuesta es afirmativa. Buenos Aires. Juan Carlos c. Tratándose del reclamo contra una ART del resarcimiento de los daños sufridos en un accidente de trabajo. Atilio A. si existen razones objetivas que permiten suponer que no podrá cumplir o no cumplirá adecuadamente su prestación (48). Pero supongamos que el acreedor estuviese interesado en resolver antes del vencimiento del plazo. este es el escenario más probable. el acreedor puede optar entre exigir el cumplimiento del contrato o resolverlo. Sin embargo. como era el caso. por excepción. Aplicando estas reglas al caso Boca Juniors. a su vez. p. su propio incumplimiento— si hay razones objetivas que permiten suponer que el resultado futuro prometido por el cocontratante no se alcanzará en el término convenido. entonces. Es probable que necesite acceder en término a esa prestación que no tiene visos de ser cumplida. habría incumplimientos recíprocos. tanto en primera como en segunda instancia se consideró que el suscriptor había estado habilitado para resolver el contrato.A. además. 1989-C. Por lo tanto. Prescindamos de que. www. una vez realizada. ni ofrece cumplirla. acudo a la excepción de incumplimiento contractual.773. Se trata. porque —aun al margen de lo anterior— en los contratos de resultado futuro el tiempo tiene una incidencia especial. Por un lado. Zannoni.Número especial en homenaje a su Director Atilio A. esta asimilación no es correcta. c) Llegamos. Astrea. 952. José M. incumplió su obligación. Ya hemos visto que. Alterini.
ya que en esos casos las normas a invocar para acceder a la reparación integral no son de derecho civil. Con referencia a los empleadores causantes de daños con su actividad. cobra sentido con relación al derecho de fondo aplicable al caso y la invocación que del mismo se practica en la demanda.o. desde que se ingresó en el tema en 1912. por operar irrazonablemente y en favor del dañante. Éste es el tema nodal. La reforma del año 2012 de la ley 24. trabajadores dañados. pergeñadas por legisladores. más que el de las víctimas. La opción prevista (inexistente en el texto original de la ley 24. concretamente. 4º). Armonizar los intereses en juego de estos protagonistas.T. la ventaja consiste en poder transmitir. en una acción de daños por daños y perjuicios propios de un infortunio sucedido con anterioridad a la sanción de la norma. II. El texto legal se mantiene. inciso 2º). Raúl Zaffaroni. t.773 entendió que los regímenes de responsabilidad se instrumentan mediante distintas categorías de acciones. que la cuestión atinente a la competencia.773.773.557 prevé y “las que pudieran corresponder con fundamentos en otros sistemas de responsabilidad”. explicitando “que no alcanza. la posibilidad de reclamar sin acumular regímenes. propio de la seguridad social para la cobertura de riesgos laborales. se aplicará la legislación de fondo. art. en el que ese artículo cobra su sentido final. en condición de responsables. Esta distinción surge del texto de la ley en relación con el derecho positivo vigente. esto deriva en una contradicción insalvable: los regímenes de responsabilidad ajenos al propio de la ley de externalización de costos empresarios. 4º. Para ello se recomendó se aplicaran las preceptivas procesales de la reforma legal que establecen: “en los supuestos de acciones judiciales iniciadas con fundamento en el derecho civil. en el desatinado sistema pergeñado por la ley 24.6 | lunes 16 DE marzo DE 2015 nota a fallo El juez natural en la reparación de daños laborales SUMARIO: I. Advertimos. en el que priva el concepto de la socialización de esos costos en función del interés de los dañantes. último párrafo. daños y perjuicios (accidente de trabajo)”. 17 de la norma se prescribe: “A los efectos de las acciones judiciales previstas en el art. Las normas procesales aplicables en función de los regímenes de responsabilidad optables. en cuyas incumbencias ocurren infortunios de trabajo y de ellos se desprenden normativas que los alcanzan). Considerada la categoría conforme a la totalidad del derecho positivo vigente. el derecho marítimo. A esos condicionamientos se le debe adicionar que la norma prescribe que: “En los supuestos de acciones judiciales iniciadas por la vía del derecho civil se aplicará la legislación de fondo. instrumentado sistemáticamente en función del riesgo de los empleadores. por el causado. tanto en la Capital Federal como en la Provincia de Buenos Aires. resolvió una contienda de competencia.557 y su reforma por la ley 26. Aunque la ley es engañosa al respecto. c) Los distintos regímenes y sus acciones confluyen en función del resultado procurado por el sistema. excluyente de las prestaciones propias de la seguridad social. invocándose como aplicables los arts. La competencia en disputa.— II. relacionada con la falta de planteos de inconstitucionalidad que no le comprenden. apartado 2º).744. de forma y los principios correspondientes al derecho civil. queda una razonable duda en torno a cuál habría sido el resultado del fallo si la Corte hubiera ingresado en el caso. en una nebulosa y sin mayores distinciones. que no reconoció incapacidad sobreviniente al mismo. a las que deriva procesalmente a la competencia del fuero nacional en lo civil invitando a la provincias a seguir ese criterio (conf. tachando de inconstitucional a la opción legal impuesta (por ejemplo: casos que encuentren cobertura en los arts. distinguiendo entre: a) Las específicas de la ley 24. El rol del juez natural y especializado. El acceso a la justicia y las disposiciones de la ley 26. referidas a la desafectación del fuero del trabajo. a las distintas acciones que formarían parte de ese ítem. como gestoras de un régimen primario e inmaduro de la seguridad social. repugnan con sus opciones excluyentes a la obligación de tener que responder los empleadores y sus aseguradoras. por riesgo de actividad. tecnoburocracia que lo gestiona.557.773. el de la seguridad e higiene. en relación con una demanda en la que se hubiera planteado en forma explícita la inconstitucionalidad de esas normas procesales y no en forma genérica una inconstitucionalidad referida al régimen de la ley 24. responde a un régimen de responsabilidad contractual. decreto 390/1976).R. se tuvo previsto que la competencia de ese tipo de acciones le era adjudicada.557 con su sistema tarifado de reparación de daños por infortunios.— V.773 (BO del 26 de octubre de 2012). queda fuera de ese marco referencial el propio régimen de responsabilidad objetiva contractual por riesgo. que son estructurados como formas operativas del art. alcanza a las reclamaciones que se fundan en el derecho social (del trabajo y la previsión) y las demás ramas del derecho (entre otras.557. Así sucede cuando se omite considerar que el daño en la salud y vida de los trabajadores está alcanzado por un derecho humano fundamental y se pasa a retacear u obstaculizar el acceso a su reparación en beneficio de los otros dos protagonistas del conflicto inmanente.557 por la ley 26.— IV. Es el tema signado por la responsabilidad objetiva por riesgo en el marco de la actividad laboral en cuanto riesgosa y legitimante del poder apropiativo del trabajo ajeno. corresponde a un régimen de externalización de costos empresarios. La última categoría refiere a juicios de reparación plena (no tarifada). cuya instrumentalización determina la existencia de las aseguradoras de riesgos del trabajo. Entre todas las ramas del derecho. doctor Marcelo Adrián Sachetta. en el caso argentino esto se desvirtúa. por ejemplo. 4º. llamada “de Riesgos del Trabajo”. empleadores causantes de daños en ocasión o con motivo de las actividades que los benefician y aseguradoras de éstos. en cuanto éste pueda funcionar como una dispensa de responsabilidad del empleador. El dictamen de la Procuración así lo propuso conforme a las previsiones de la ley 26. Juan Carlos c/ Provincia A. párrafos 1º. tiene ventajas manifiestas por cuanto permite acceder a prestaciones de salud y reparadoras de daños.773 y todos los antecedentes legislativos por leyes que tuvieron vigencia regulando infortunios de trabajo. 4º y 6º. penal. en cuanto desactiva el fuero laboral en relación con el tipo de conflictos que dieron origen al derecho social como rama jurídica.557) tiene la característica de ser excluyente y también se prevé que los regímenes no son acumulables. sea un autoasegurado o un insolvente. magistrados y publicistas. Imponer esta opción demuestra que el régimen de la ley 24.773.557 reformada por la ley 26. en cada infortunio obrero. los costos de la reparación de daños a toda la sociedad. Los problemas procesales de competencia que la reforma de la ley 26. Cornaglia (*) I. por poner el carro delante del caballo. y art. en plural y sin precisarlos. Cuando así sucede. Seguimos en la enunciación de esas categorías la confusa y ambigua terminología adoptada por el legislador. Al decir derecho de fondo no nos estamos refiriendo a un artículo de una ley. agazapado y determinante de la cuestión central con relación al deber de no dañar con actividades riesgosas que pueden alcanzar incluso a los actos lícitos que benefician. su análisis sistemático y crítico deja en claro que el sujeto considerado responsable. en el precio de mercaderías y servicios. La Corte resolvió que el fuero Laboral debe inhibirse de actuar. Sin embargo. que consagra el principio de indemnidad. en la causa “Urquiza. b) El encuadramiento de una conducta en este régimen básico no impide el juzgamiento de la conducta del dañante pluridimensionada por distintos regímenes y acciones. que tiene por razón de ser la protección de las víctimas. sino al orden jurídico en conjunto. Las piruetas procesales. respondiendo a distintos factores de atribución de responsabilidad. 4º de la ley 26. ciones del Código Civil. una reparación plena a partir de normas del derecho común laboral.773 plantea giran en torno a esta cuestión básica. no es el causante del daño. es necesario y posible. La competencia en disputa La Corte Suprema de Justicia de la Nación. de la presente ley. 17. sin otros aportes que hacer suyos los argumentos vertidos por el procurador fiscal ante la Corte.773 abandonó ese criterio. Y como corolario que en el art. que ignoren que la responsabilidad es un fenómeno unitario en el que confluyen distintos regímenes normativos en relación con la víctima de daños como sujeto protegido. La cuestión se presta a todo tipo de confusiones que derivan en inseguridad jurídica y la razón de ser de ese estado de cosas está en que la pluridimensión de regímenes de responsabilidades es admitida ambiguamente y sólo en función de una opción de acciones. tratado como tal en su complejo texto. b) Otros regímenes de responsabilidad por daños que pudieran corresponder (conf. mediante un verdadero impuesto social. Se admite que los regímenes en que es posible reclamar integralmente los daños son varios. la reforma sólo tiene previsiones específicas para las acciones que por daños se funden en disposi- Si se acepta esta premisa. en principio.— III. en el planteo de la cuestión van implícitas las siguientes respuestas: a) La existencia de otros regímenes de responsabilidad no puede dejar sin efecto aquel básico operador de un derecho constitucional que consagra el deber de no dañar. suscripto por los ministros doctores Elena Highton de Nolasco. El infortunio había sido rechazado por la aseguradora de riesgos del trabajo. objetiva. Ricardo J. 19 de .557. Es más. 75 y 76 de la Ley de Contrato de Trabajo 20. el 11 de diciembre de 2014. Desde la creación del fuero del trabajo en la década de 1940. en consecuencia. A partir de esa salvedad. La socialización implícita con referencia a las víctimas de daños laborales. El empleador como dañante es una figura que sólo aparece excepcionalmente y en la medida en que la ART deje de operar representando al sistema de la seguridad social. El tema que coloca a los empleadores. el de las cooperativas de trabajo y el aeronáutico. s. advertimos que la doctrina de Corte dista de ser clara y precisa en la consideración de un tema que tiene trascendencia institucional. de forma y los principios correspondientes al derecho civil”. será competente en la Capital Federal la Justicia Nacional en lo Civil”. su reforma por la ley 26. Las normas procesales aplicables en función de los regímenes de responsabilidad optables El legislador en la reforma plasmada en la ley 26. Se apoya en sostener que el actor no atacó por inconstitucional las disposiciones de la ley 26. y será competente en la Capital Federal la Justicia Nacional en lo Civil”. declarándose también éste incompetente para intervenir en el caso. el civil. sin tener que poner a su empleador en la picota. a partir de una demanda que el actor radicara en la Justicia Nacional del Trabajo de la Capital Federal y que este fuero derivara al civil. 17. En qué medida se asimila que la responsabilidad que resulta de la LRT 24. d) Toda reparación que no alcanza a ser integral deja de ser suficiente. a las disposiciones aludidas en cuanto se refiere a la organización de la competencia”. y en términos de una cobertura insuficiente de los daños. El procurador sostuvo que no obstaba a ello el planteo de inconstitucionalidad que la actora llevó a cabo. La doctrina jurisprudencial que se desprende de la causa “Urquiza” está acotada a una circunstancia condicionante. Juan Carlos Maqueda y E. La cuestión está acotada al texto del art. Queda fuera del marco referencial de esa jurisprudencia. tal como ocurre en el caso. Acotado el tema decidido. en fallo unánime.773. Se torna irrazonable en la medida de lo que deja de reparar. de la ley 24. La desafectación del fuero del trabajo. sino su aseguradora de riesgos del trabajo. con obligaciones de seguridad y resultado. siendo operativo del artículo 19 de la Constitución Nacional. art. en relación con esa salvedad. que llegara a sus instancias. que admite que los damnificados podrán optar entre las acciones que ley 24.
siguiendo las enseñanzas de Juan Bialet Massé y Ernesto Quesada. que el control efectivo de la constitucionalidad de la ley 24. proyectándose expansivamente hacia todas las relaciones sociales. p. Ahorraremos al lector la recapitulación de 90 años donde se eludió el debate sobre la llamada “cuarta acción” y la naturaleza del deber de indemnidad en el contrato de trabajo como una obligación de resultado a ejercer en juicios de valor. T. para los cuales es doctrina de la Corte “que las leyes previsionales deben interpretarse sin rigorismos lógicos.lunes 16 DE marzo DE 2015 | 7 la Constitución Nacional y tiene a las víctimas como sujeto protegido. nro. “El Artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (Bogotá. “El artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948): ya que viola el derecho de toda persona a ser oída públicamente en condiciones de igualdad por un tribunal independiente para la determinación de sus derechos y obligaciones. 2023. p.723) (*) Puede consultarse. 12. no cabe atenerse a la ley que pueda resultar en definitiva aplicable. agosto de 2004. año VIII. anulando la operatividad de las disposiciones de la ley 11. t. queda disimulada la cuestión de fondo Desde entonces. en la última década. dejó sin efecto una sentencia.557. (1) CSJN. 2002. en “Monreal de Lara de Hurtado” (3). p. nro. septiembre de 1997. 2. p. Normas de responsabilidad objetiva contractual. sala 5ª. febrero de 1997. en el Tomo de Ponencias del 1º Encuentro de Institutos de Derecho del Trabajo de los Colegios de Abogados de la Provincia de Buenos Aires. (1) En ese contexto. 260. La Ley. publicado en DT 2013 (agosto). hizo lugar a una reparación por daños en una muerte por accidente ocurrido en 1912. año VII. 1953. a casi dos décadas de entonces. 1948): porque impide a los trabajadores accidentados ocurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos mediante un procedimiento sencillo y breve. p. por otra parte. “El decreto de necesidad y urgencia 1278/2000 y las acciones por infortunios del trabajo en la Estado la base de la doctrina de ese tribunal y para el derecho procesal constitucional reviste la importancia de reconocer el “iura curia novit” como principio general para la interpretación y aplicación del derecho. 145. y 1010. 1969) y artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: al negar a los trabajadores accidentados su derecho a ser oídos con las debidas garantías por un juez o Tribunal competente. 194. Humberto c/ Mapfre ART S. p. en su tesis doctoral que versó sobre accidentes del trabajo. X. nro. “El control de constitucionalidad de la Ley sobre Riesgos del Trabajo 24. antes de que entrara en vigencia la ley 9688. en revista Doctrina Laboral. La reparación integral de los daños laborales en infortunios ha merecido diversos tratamientos en la historia del derecho argentino. 4º. inc. consagratoria de la responsabilidad por riesgo profesional en su país. y “Obregón c/ Liberty ART” (17/4/2012). de por sí. en relación con las opciones el art 17 de la ley 9688.. con referencia a circunstancias regresivas que. Errepar. Si la ley 24. “Reflexiones sobre el caso ‘Quintans’ que declara la inconstitucionalidad de la Ley de Riesgos del Trabajo”. como si los principios generales que rigen al derecho de daños. y 121 de la Constitución Nacional: por cuanto la LRT impide a la provincia la aplicación del derecho común en el ámbito de su jurisdicción. A propósito del caso ‘Jaimes’”. en la primera década del siglo XX. 1133. “El artículo 57 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires: por contrariar derechos reconocidos por la Constitución provincial a los ciudadanos de Buenos Aires. que la condiciona. determinando la competencia de la Justicia Federal en cuestiones que. por parte de los legisladores. “El control de constitucionalidad difuso de la Ley de Riegos del Trabajo en la Provincia de Buenos Aires”.. 4. (5) El autor. en el caso “Jaimes. en su versión original regulador de los infortunios de los dependientes de los comerciantes.es claro que la demanda debe tramitar ante los Tribunales del Trabajo. y dio motivo a todo tipo controversias judiciales.557 sobre Riesgos del Trabajo”. desde que en 1915 se sancionó la ley 9688. en el año 1916. la Corte Suprema. 1197. “La inconstitucionalidad del modelo adoptado en materia de Seguridad Social y la ley 24. para pasar en 1995. sienta además para el derecho administrativo de la responsabilidad del cuando antes de que entrara en vigencia se expidió el Instituto de Derecho del Trabajo del Colegio de Abogados de Quilmes. Ley de Contrato de Trabajo”. comentando el fallo dictado por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. El decisorio que desactiva la competencia del fuero del trabajo se formula cuando es doctrina vigente para el Alto Tribunal el respeto al principio general de derecho iura novit curia y el deber de ejercer el control de constitucionalidad de oficio de las leyes. dictada en función del mandato constituyente provincial en materia de competencia. que pusieron al día el escenario jurídico argentino. en revista Doctrina Laboral. en un dictamen que tuvo singular trascendencia práctica y sirvió de base para las demandas que debieron entablarse. que se fue transformando en la doctrina del riesgo de empresa. Errepar. c/ Caja de Previsión Social de la Provincia de Salta”.557 sobre Riesgos del Trabajo”. con raigambre constitucional. La propia Corte. referible a los trabajadores del mar) y en el Código Civil (arts. p.A. dada la expresa manifestación del actor en su escrito de demanda y en su negativa en el memorial de apelación respecto de la fundamentación de normas del derecho común”. 228. padeciendo mientras tanto el agravio los trabajadores víctimas de infortunio. también. Lideró esa posición Rafael Bielsa. La Ley. 4º y 17 de la ley 26. suscribió el dictamen mencionado y siguiendo esa argumentación. un sector de la doctrina se muestra reaccionario ante la responsabilidad objetiva (contractual y también extracontrac- Y apuntaremos. mereció tantas tachas de sus disposiciones.557” (Editorial Joaquín Fernández. el riesgo de autoridad y finalmente en la del riesgo creado. Orsini. 3. (3) CSJN. imponiendo a los jueces el deber de aplicación de la Constitución provincial y los artículos 1º y 39 de la misma Constitución que deben ser integrados armónicamente en su interpretación y aplicación”. 690. año LVII. 19. construyendo el artilugio procesal. Buenos Aires. p. 9. 1954.E. la reforma se imponía para acoger las posiciones ya adoptadas por la jurisprudencia en relación con un cuerpo normativo (la ley 24. La opción de acciones vuelve a la palestra. octubre de 2000. A tenor de esas posiciones. los días 20 y 21 de noviembre de 1998.. 3 de noviembre de 1992. Análisis crítico. comienza en el ejercicio de la defensa a cargo de la abogacía. había sido severamente criticada por la Corte. 277. un año antes de que se dic- tara el fallo “Urquiza”. pese a que la actora había fundado su demanda en la responsabilidad extracontractual y el Tribunal no consideró probada la culpa del Estado empleador. Pero nuestra norma rompió con el modelo francés. acción contractual art. resulta procedente. en tanto V. y 1870. Estas normas fueron aplicadas por la jurisprudencia nacional. que el orden constitucional resultado agraviado en: “Los artículos 5º. tomo XVIII. ese Instituto sostuvo. 17 una opción que permitía procurar en acciones comunes de reparación el daño en forma plena. año LXVII. conforme a los fundamentos de su proyecto de ley (y lo sostenido por los legisladores durante el debate parlamentario). social. publicó su libro “Control de constitucionalidad de la Ley de Riesgos del Trabajo 24. Yolanda L. Y fue en ese fallo liminar en el que el Tribunal sentó su adhesión al principio “iura novit curia” y reconoció la responsabilidad contractual como obligación de resultado (responsabilidad objetiva contractual). 237. una posibilidad de una variante de fondo en el control de constitucionalidad sostenido por ese alto tribunal antes de la reforma.653. por sobre la tarifa legal. Como antecedente del fallo e invocado por éste. año XII. de singular significación para el derecho de daños. y no cabe duda de que en la especie tales normas son de carácter laboral.146 que plasmaba un intento de poner fin a esos retaceos procesales inconstitucionales). Aunque eludida evasivamente en el decisorio comentado. Buenos Aires. Por consiguiente. habían sido en la situación anterior a la reforma condenadas enfáticamente en fallos que han tenido gran trascendencia institucional. como pocos en la historia del derecho argentino. las disposiciones procesales referentes a las acciones refieren al reconocimiento de los derechos de fondo que instrumentan. “Altobelli. puesto que ella se expandió en relación con daños también no acaecidos en ocasión de las prestaciones del contrato de trabajo). a fin de no desnaturalizar los fines que las inspiran”. en revista Doctrina Laboral. nro. Errepar. que enunciaba en latín en los fallos en los que confrontaba sus criterios con los de Alfredo Colmo y Gastón Tobal. (4) Implica el decisorio un precario e indirecto asomarse al abordaje del control de constitucionalidad de la ley 26. año XIII. (2) El tratamiento que se le pueda terminar dando por la jurisprudencia a la reforma practicada en el año 2012 implica. que recomendó: “. en revista Derecho del Trabajo. en LLBuenos Aires. “El acceso a la Justicia Laboral en los infortunios del trabajo”. publicado en Doctrina Laboral. en LLBuenos Aires. febrero de 1998.557”. t.557. en lo atinente a este trabajo. y no revertida por arbitraria. confirmatorio (a criterio del tribunal) de la legitimidad constitucional de la reforma impuesta por la ley 26. sin posibilitar un control judicial suficiente. adoptando las posiciones que la Corte tardó siete años en receptar. en sus previsiones referidas a la competencia y el ejercicio de acciones de reparación plena. que permitían acceder a la reparación de los daños por infortunios. que si la Corte se mantenía en su reiterada y fundada posición. sino a lo que se invoca como fundamento de la acción entablada (Fallos 303:1231 y muchos otros). 75. en 1997. exorbitando al contrato de trabajo. se desprendían desde sus sanciones del Código de Comercio (arts. de acceder a la reparación plena de los mismos. (4) Ver del autor: “La garantía de seguridad en el contrato de trabajo y su acción autónoma laboral de reparación de daños.557. in re “Pérez. se tuvo en cuenta en esa ocasión el dictamen del procurador general de la Nación. 16). ahora la ley 26. “El artículo 8º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica. y culminan con la puntada final de la reforma de la ley 26. fueran una moda pasatista. tiene reiteradamente dicho que para determinar cuál es el juez competente.773. que declinó en la doctrina del riesgo profesional. Siguiendo esa orientación. Que alcanzaron incluso al veto de una ley en el año 1984 (la ley 23. que reconoció la responsabilidad objetiva contractual propia en los términos de la doctrina del riesgo profesional. año XIII. nro. 75. con la ley 24.Buenos Aires).557. Saleilles y Josserand tuvieron en nuestras tierras sus émulos. se ideó todo tipo de retaceos posibles al acceso a la reparación plena de los daños. que no responden a la idea de que la única responsabilidad se origina en la culpa del dañante. Contra toda lógica secuencial.557. agosto de 1996. XI. tras la cuestión procesal resuelta. este decisorio implica de por sí un grave indicio. Aportes para una teoría general del Derecho del Trabajo en la crisis”. esto llevaba naturalmente a que se tuviera que declarar la inconstitucionalidad de los arts. “Marchetti c/ La Caja” (4/12/2007). p. Y los motivos enunciados para la reforma.028 (en su art. en una clara aceptación de que existen responsabilidades de los empleadores. 885. “El artículo 15 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires: al restringir el acceso a la justicia a los trabajadores siniestrados. Errepar. al servicio de la ciudadanía. Derechos reservados (Ley 11. Fallos 124:324 a 393. “La competencia asumida por la Justicia del Trabajo y la declaración de inconstitucionalidad de la ley 24. por la misma Corte. Ver de ese autor: “Inconstitucionalidad de las reglas sobre competencia y de los topes indemnizatorios previstos en la Ley de Riesgos del Trabajo”. en LA LEY del miércoles 8 de octubre de 2003. en relación con el derecho de los trabajadores como víctimas de infortunios de trabajo. tual. y la correcta línea doctrinaria defendida por Orsini. Este fallo. nro. conforme lo planteara el actor. Variante que debería tener por antecedente que. 156. año XX. en forma pretoriana. (2) Un pormenorizado análisis de esa jurisprudencia fue llevado a cabo por Juan I. Sólo resaltaremos que cuando ya estaba vigente la ley 24. “La jurisprudencia laboral con posterioridad al fallo ‘Gorosito’”. afirmando derechos fundamentales humanos y sociales. una promesa vana. el 5 de noviembre de 1996.557) que. con referencia al ámbito de la Provincia que alberga aproximadamente al cuarenta por ciento de los trabajadores argentinos. quien optimistamente sostuvo en forma razonada. por contraria a los principio de indemnidad y progresividad. En septiembre de 1996. 132. Además se debe tener en cuenta el carácter de la cuestión en la que se ponen en juego derechos de la seguridad. . “Crisis y Perspectivas del Derecho del Trabajo”. “Monreal de Lara de Hurtado c/ Estado Nacional”. al consagrar el art. que no es concordante con las posiciones adoptadas. El control democrático y difuso de la Constitución. Cuando en 1915 se sancionó la ley 9688.773. p. en doctrina vigente.773 no puede ser dispensada en esos mismos defectos. nro. 150. “Reforma laboral. ni por la materia ni por la calidad de los sujetos involucrados. abril de 2001. por la sanción la ley 24. del principio de que elegida una vía no se podía regresar a otra. ésta tuvo por principal fuente a la Ley de Accidentes francesa de 1898. inc. celebrado en Necochea. y otro s/ accidente ley especial”. tuvo una puntada inicial Provincia de Buenos Aires”. Buenos Aires. Madrid . en su carácter de director de ese instituto. plasmada en el año 2012. la jurisprudencia a partir de la cuarta década del siglo XX se apoyó mayoritariamente en Raymundo Salvat. Juan Toribio c/ Alpargatas s. del autor. nro. la Corte cambió lo que había sostenido en sus fallos ya citados y en “Venialgo c/ Mapfre” (13/3/2007). al criticar la doctrina de Corte sentada en “Monreal de Lara de Hurtado” sosteniendo el principio de que no existe responsabilidad sin culpa. CXXIC. entre otros. y que se agudizaron en el año 1991. al no expedirse aquélla sobre el deber de seguridad como forma de responsabilidad contractual.773 a la Ley de Riesgos del trabajo 24. “El artículo 109 de la Constitución Nacional: toda vez que abre la vía para otorgar facultades jurisdiccionales a un organismo administrativo. reguladores de la responsabilidad contractual en las locaciones de servicios). el derecho de daños laborales y su procontinúa en página 8 { NOTAS } Especial para La Ley. 724 y ss.773. (5) Ahora bien. incorporando la escuela del contractualismo francés y belga.
desde la doctrina. La Procuración. entendida arbitrariamente ésta. fundando su acción en los arts. Norma esta última que recepta nuestra versión de la segunda regla de Ulpiano. de fecha 23 de abril de 2003.557. que hace de los derechos humanos y sociales el eje nodal de su justicia equitativa. (12) Sup. El paso siguiente fue dado. mientras que en “Romero” la actora reclamó la reparación integral de los daños sufridos. número 6. atreviéndose a enfocar en conjunto el control de constitucionalidad de la ley 24. Tarde o temprano. 46 de la ley 24. inc. llevado al paroxismo por la Corte en su decisorio “Gorosito”. s/ accidente de trabajo. nro. y/o Boston Compañía Argentina de Seguros S. “Quiroga. vaticinamos que el mismo desencadenaría el comienzo de un cambio trascendente en la doctrina de Corte. la doctrina sentada en “Urquiza”. nro. La distancia que dista entre “Castillo” y “Urquiza” es abismal. III. por no transitarlo. Juan R.557. lo que en poco tiempo comenzó a hacerse evidente. Los nuevos vientos apoyan la existencia de un orden sistemático. La contradicción entre esas doctrinas judiciales resulta ineludible para la crítica. 17 de la ley 9688. referida a copiosas reglamentaciones legales de la seguridad e higiene que se prolongan en previsiones de más de dos mil convenios colectivos de trabajo. año XVIII. p. es de temer que el criterio que cuestiono subsista por otro largo período.557”. en el año 2004. y del cual se desprende. con la doctrina sentada en “Quiroga”.A. y otros s/ reparación por daños y perjuicios”. Encontró fundamento para el ejercicio de la declaración de inconstitucionalidad de la ley 24. Pero lo más lamentable de la cuestión.A. Corte Bs. la Constitución Nacional y los tratados internacionales. y profundizó sus criterios en “Castro c/ DYCASA” (12). 1/2/2002. 46 de la ley 24. “Romero. año XLVIII.481. en el caso “Castillo” y en la causa “Vizzoti. 14 bis de la Constitución Nacional. publicado en Doctrina Laboral. En ese fallo se desautorizó la vía intentada por algunos tribunales del trabajo de. causa L. publicada en LA LEY del 20 de octubre de 2004.’”.”. 1109 y 1113 del Código Civil. etc. 39.1º y 2º de la ley 24. llevada a cabo por un Tribunal del Trabajo de Azul. subsidien con su vida o salud.A. 228. Isacio c/ Cargo Servicios Industriales S. anuló una declaración de inconstitucionalidad del art. Roncoroni y Kogan. 19 de dicha Constitución. en el derecho del trabajo. sino como un límite de costos empresarios y de sus aseguradoras. en la causa ‘Castillo. en ese caso. El acceso a la justicia y las disposiciones de la ley 26. y otros”.. dejando de mantenerse en la línea argumental que la separara de ellos. 1º y 2º. en acciones de daños plenos. hasta entonces. de la Constitución Nacional.557. sosteniendo el derecho a la jurisdicción e interpretando que debe entenderse como equivalente a la posibilidad de acceso a un tribunal que otorgue tutela judicial eficaz. doctor Felipe Daniel Obarrio.557 toda vez que cuestiona precisamente el avasallamiento de sus derechos a través del procedimiento contemplado en la misma que resultó en el caso manifiestamente ineficaz aun respecto de los propios y declarados principales objetivos propuestos. año 8. ni indemnización especial tarifada alguna. despido. por la cual se terminaba en el absurdo de legitimar una renuncia de derechos que se suponían irrenunciables.557 en la Provincia de Buenos Aires”. según se reconozcan como válidos. Un debate postergado y no agotado que hace a la jurisdicción en los infortunios laborales y la constitucionalidad de la ley 24. a). dictado por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.557)”.557 sobre riesgos del trabajo. 39. Si para ejercer el control de constitucionalidad del texto original de la ley 24. que respondían en la sistemática de la Constitución a dos garantías distintas y lo hicimos para contribuir a superar una artificiosa confusión estéril. Con esa doctrina judicial. y que cobran particular importancia en relación con el art. Entre esa normativa se encuentran los tratados internacionales de derechos humanos y sociales que la reforma del año 1994 consagrara en el artículo 75. Todas las idas y vueltas del derecho positivo instrumentado.. La Suprema Corte de Buenos Aires trató de poner un poco de orden. en cuanto a sus normas de fondo y forma. Esa confusión apenas comenzó a despejarse cuando la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires se atrevió a desafiar los criterios imperantes en la Corte y dictó sentencia en “Quiroga” (10) y “Romero” (11). José Antonio c/ Conarco Alambres y Soldaduras S.. reconociéndole rango supra legal. Corte Bs. la Corte se mantenía sin procurar defender la Constitución de sus arbitrariedades. y 1º. la Corte deberá dictar resoluciones que superen por la positiva.557. se convalida la renuncia de la opción en forma velada y se ordena el procesamiento del caso. en la sentencia en los autos “Castro. Constitución Nacional). que sólo puede llevar a que las víctimas por impedimentos y obstaculización al ejercicio de acciones de reparación plena. 76. 187. Subtitulado La declaración de inconstitucionalidad del art..653. con los daños mayores a las mismas alcanzados por el principio “alterum non laedere”. 15. con arreglo al régimen de la ley 24. 3º. La vinculación derechos humanos-derechos sociales fue especialmente resaltada por esta Corte. Héctor Jesús c/ Dycasa S.773 Las implicancias y consecuencias que se desprenderán del divorcio entre los criterios que inspiran al fallo “Castillo” y los que sigue el decisorio “Urquiza” tienen singular importancia práctica. (13) El sistema en función de la aplicación literal de las previsiones de la ley 26. esos decisorios fueron los que pusieron orden al desorden creado por la ley 24. aptos para operar en el derecho social. aun cuando el actor hubiere —como aconteció en el caso— percibido determinadas prestaciones de parte de la aseguradora de riesgos del trabajo. invocó la afectación de normas de la Constitución provincial. en la clasificación del proceso a seguir y ordenando la reconducción del proceso. c/ Riva S. la Suprema Corte de Buenos Aires. 8. mandó proseguir el trámite del expediente. resultan arbitrarias. Concluyó: “Y ello es así. procurados sin someterse al ejercicio de la acción y los procedimientos que prescribe ese cuerpo normativo. dictada en los autos “Recurso de hecho deducido por la Segunda Aseguradora de Riesgos del Trabajo S. As.A. deben tramitar ante los tribunales del trabajo de conformidad a la competencia establecida por los arts. 75. La culpa laboral. 14 y 18 de la Constitución Nacional. En la ocasión. { NOTAS } (6) En oportunidad de la publicación de ese trascendental fallo. en su voto en esa causa. por haberse atrevido el trabajador a litigar sin los techos castradores de la tarifa. 724. del 20 de febrero de 2002. As. (13) Ver el trabajo del autor “El control constitucional difuso de la Ley de Riesgos del Trabajo 24.8 | lunes 16 DE marzo DE 2015 viene de PÁGINA 7 ceso especial siguen siendo objeto de tratamientos peyorativos por parte de la legislación. empujadas a litigar contra los dañantes y sus aseguradoras. que al juez civil le resulta extraño. El ataque a la especialidad del magistrado laboral implica un vicio que afecta al acceso irrestricto a la justicia ante el juez natural. p.1º y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. que las complementan. cimiento. sentencia en autos “Gorosito. pretorianamente. sabiamente fundados. del 22 de octubre de 2003. (7) Así fue entendido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. en relación con el modelo propio del Estado sociales de derecho. cuando hizo lugar a la declaración de inconstitucionalidad del artículo 46 de la Ley sobre Riesgos del Trabajo 24. y la Suprema Corte de Buenos Aires avanzó en su desafío a lo que para entonces sostenía la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 14 bis y con el art. en un tema que por su trascendencia institucional merecería otro tratamiento más considerado.A.557. ante jueces naturales y especializados.A. agosto de 2004. en DJ. En una acción entablada contra una ART que no reconoció incapacidad. por contradecir el principio de razonabilidad de la ley (art. tomo XVIII. en “Aquino. Juan Eduardo c/ Ciccone Calcográfica S. El 22 de octubre de 2003. (11) Sup. que por mecanismos procesales de este tipo. Errepar. y la nota del autor de este trabajo. Héctor Jesús c/ Dycasa S.557. Y sostenemos esto. Ver “El acceso a la jurisdicción en las acciones por infortunios laborales ante el juez natural. hacer renacer una opción de acciones como la que se interpretara existía en el art. As. (8) Ver Corte Sup. está referida a un orden imperativo social. En términos de análisis histórico de la tendencia de la jurisprudencia argentina.708. y la Corte ahora acata sus criterios. terminan en la marginalidad social. poniendo énfasis en la importancia que tiene dar tratamiento de previo y especial pronunciamiento a lo que hace a lo instrumental como acceso a la justicia de derechos de fondo que. s/ despido”. 24 de septiembre de 2003. y otros s/ reparación por daños y perjuicios”. causa L. nro. 766.557.A. En los juicios por infortunios de trabajo la protección a la vida y la salud se aplica normativa que debe ser interpretada a partir de ese vínculo. al comentar las tendencias que venía asumiendo la jurisprudencia y lo que implicaban los casos “Gorosito” (8) y “Cardelli” (9). A propósito del fallo ‘Cardelli’”. para ello. en una cuestión de previo y especial pronunciamiento. en los arts. titulada “Correc- . resoluciones éstas que sirvieron para articular las acciones especiales tarifadas del sistema de seguridad social. Corte Bs. costos empresarios y negocios de las aseguradoras. Cuando a más de un lustro de la sanción de la ley 24. año XX. Especialmente cuando el mismo tribunal entra en contradicción con fallos anteriores. 8.”. La Ley nos encomendó su comentario.A. También en TySS 2004-774. publicado en el Suplemento Especial de LA LEY del 27 de septiembre de 2004. advertimos que el artículo 39 de la LRT presentaba dos ángulos diversos de impugnación. causa “Castro. 3 y ss. 28 de la Constitución Nacional). inciso 22.557. s/ enfermedad”. La vinculación guardada entre las normas procesales y de fondo en la materia es intensa y lo venimos destacando desde el año 1996 en sucesivos artículos que giran sobre el control de constitucionalidad de ese cuerpo normativo.A. la actora reclamó las prestaciones tarifadas de la LRT 24. habilitando la vía judicial ordinaria para la reparación de infortunios laborales. rectificó su posición anterior. pese a lo resuelto en el fallo “Urquiza”.773 veda el acceso irrestricto a la tutela judicial en las acciones por daños en juicios de pleno cono- Concluyó que en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires las controversias individuales del trabajo que tengan lugar entre empleadores y trabajadores vinculadas con un contrato de tal linaje. máxime cuando se denuncia la conculcación de derechos de raigambre constitucional (art. durante su vigencia. ese tribunal dio un primer paso con la declaración de inconstitucionalidad del art. como su recalificación y recolocación (Mensaje de Elevación de la ley 24. en una zaga de fallos que merecieron el respeto de todos los que anotan al orden jurídico argentino.557. (9) Ver del autor de este trabajo: “Las tendencias actuales de la jurisprudencia y la inconstitucionalidad de la Ley sobre Riesgos del Trabajo 24. en ese entonces. En el primer caso (“Quiroga”). inc. ciones por inconstitucionalidades del tarifarismo y el principio de progresividad”. el fallo “Urquiza” decidió ir contra esa corriente e implica indirectamente la convalidación de normas procesales que dan por sentado que el ejercicio de acciones por la reparación integral de daños por infortunios obreros sólo es practicable con la renuncia de los derechos propios de la seguridad social y el acceso a la reparación del sistema sustentado a partir de verdaderos impuestos sociales y que. “alterum non laedere”. con nota del autor de este trabajo titulada “El corral de los asalariados. en LLBuenos Aires.. ps. avanzando con un compromiso ejemplar y poco frecuente de los jueces. en términos de responsabilidades contractuales objetivas y de extracontractualidad por ilicitud. Carlos A. sólo se podrán reconocer en sentencias que deberán reherir al debido proceso y derecho de defensa garantizado. El doctor Negri. 10. de la ley 11. a las víctimas les está vedado acceder al juez natural. la Corte tardó entre 1995 (fecha de sanción de la ley) y septiembre de 2004 (en que se dictaran “Castillo” y “Aquino”). y 57 de la Constitución provincial. 46 de la ley 24. publicado en LA LEY del 28 de septiembre de 2014.557 sobre Riesgos del Trabajo. el 21 de septiembre de 2004.557 por la Corte Suprema en el caso ‘Castillo c/ Cerámicas Alberdi’”. con la adhesión de los doctores Salas. por ejemplo. en su sentencia del 7 de septiembre de 2004. no como un piso de protección obrera. y en lugar de rechazar la demanda. (10) Sup. julio de 2001. el 14 de septiembre de 2004. el principio de indemnidad del trabajador como fundacional y sistematizador de esa rama jurídica que se estructura desde la ajenidad del trabajador al riesgo de la empresa. (6) Al decisorio “Castillo” se arribó con voto unánime de siete de los entonces jueces (de los nueve que integraban al tribunal un cargo estaba vacante y el otro con licencia) y contra lo dictaminado por el señor procurador general. como lo atinente a la reparación de los infortunios del trabajo incluyendo la rehabilitación del trabajador accidentado. 31. (7) Diez años más tarde. c/ AMSA S. dictada una semana más tarde. De Lázzari. deberán asumir las víctimas de infortunios obreros. revocando una declaración de incompetencia llevada a cabo por un tribunal de trabajo provincial y declarando la inconstitucionalidad del art. Comentándolo. insiste en su limitados enfoques del tema. ante el fue- ro que tiene prohibido aplicar los principios generales del derecho que inspira el art.A. a partir de las teorías generales de la responsabilidad y de la acción (el fondo y el proceso articulados como deber ser instrumentado). Ángel Santos c/ Cerámica Alberdi S. está la situación que.
las leyes procesales asumieron que era de su competencia el tratamiento de las acciones fundadas en el derecho común. (18) Cuando se creó el Tribunal de Seguros. para acceder a jueces especializados en la rama jurídica que operativiza los derechos humanos y sociales. una garantía hace al ejercicio de las acciones. con el título “El derecho de daños laborales y la reforma de riesgos laborales en relación con su control de constitucionalidad y la posición adoptada por el IDEL. www. por El Instituto de Estudios Legislativos (IDEL) de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA). Inmediatamente después de plasmada la reforma de la ley 26. puedan ser obviadas o alteradas por la sola voluntad del legislador”. formuló una declaración que la Junta de Gobierno de esa federación hizo suya. Esas leyes de organización del Poder Judicial de los Estados. el impulso oficioso en todas sus etapas y la gratuidad. se llevó a cabo convocada por la Federación de Colegios de Abogados (FACA) en Posadas. en su calidad de Presidente en ejercicio del IDEL-FACA. en los casos en que no se aplica la excepción de la adjudicación de competencia por “rationae personae” con habilitación de la federal. t. una reforma regresiva en materia propia de derechos fundamentales en juego: la desactivación del fuero del trabajo. (18) 4. 2º y 3º de ese artículo.VI.773 mantiene esos prejuicios. de la Corte Suprema. Ver “Berga.773 del art. dejando sin habilitación a los jueces naturales y locales. continúa en página 10 { NOTAS } (14) Ver el artículo del autor publicado en Doctrina Laboral.faca. A tal fin se impone la existencia de un proceso donde rijan realmente la oralidad. en La Ley. a partir de lo instrumental (procesal). Conclusiones de esa Conferencia. Corte Sup. imposibles de ejercer prácticamente en extrañas jurisdicciones. En función de todo ello. ya que la misma habilita a la Justicia Federal en la materia. que regula la Justicia Nacional del Trabajo. 19 de la CN) y al derecho de propiedad de los créditos de las víctimas (arts.627. informáticos y similares”. 804. de Seguros”. Capitalización y Ahorros. “El juez natural es la persona en condiciones de interpretar y aplicar la compleja normativa de la seguridad e higiene y el que tiene el deber de impulsar la instrucción penal. con la inhabilitación del fuero del trabajo. “La obligación de otorgar tutela judicial efectiva se exacerba en el marco de los derechos sociales. contra los dañantes. IV. cuando la ley 24. y otra”. a semejanza de lo que ocurre en el orden nacional. en materia de competencia. Y en los infortunios de trabajo. que sucedan en función de las actividades lucrativas de sus empleadores.773 afecta el ejercicio de la abogacía agraviando la remuneración de los profesionales como modo de desalentar el acceso a la justicia”. con una medida violatoria del principio de progresividad. 6.653 de la Provincia de Buenos Aires y en muchas otras legislaciones locales. la Corte Suprema sostuvo: “. como forma idónea de profundizar la vigencia de tales principios. 14 y 17 de la CN). La ley 26. al reglamentar materias que son ‘en principio propias del derecho común’. la inmediación. Formaro. referidas a la no alteración de las jurisdicciones locales y a la aplicación de esas leyes por los tribunales de provincia.. 104 de la Constitución. 46. Hace a la habilitación de la acción. 5. y de señalar las leyes procesales que dentro de las distintas jurisdicciones han de gobernar la actuación de los funcionarios. tales designaciones se hacen por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado. (17) Esto tiene relación con el inicio de las acciones y la culminación de su juzgamiento. 11. 16. (19) El legislador de la ley 24.557. para la desactivación del fuero del trabajo (a la luz de la ley 26. su rango. aun fundados en el derecho común. (16) V.557. que. a criterio de la Corte. La cuestión es que la derogación parcial en el año 2012 por la ley 26. solapa IDEL. Errepar. (14) Sostuvo en ese documento la FACA: “. Se exhorta a la creación de los juzgados necesarios para atender a la demanda de tales conflictos y la efectiva designación de los jueces que cubran los cargos vacantes”.. La segunda garantía que mencionábamos hace a la plasmación de un derecho de daños (art. debe estar facultado ampliamente tanto para revisar el proceder administrativo como para brindar el acceso irrestricto al reclamo judicial. c/ La Rural Cía. que operan sistemáticamente en función de normas adjetivas. nro. por cuanto violentó a las normas superiores a las que refería. En ambos aspectos el art. la concentración y carga dinámica de la prueba. La privatización implícita del juicio de reparación de infortunios se revela con su derivación a organismos médicos. El auto de esta nota fue designado presidente académico de la Conferencia. La ley 26. llamada del principio de la reserva de la jurisdicción local.no es constitucionalmente aceptable que la Nación pueda. entidad que tuvo a su cargo la organización del mismo. S. que reconocía la ley 9688 de Accidentes de Trabajo. La desafectación del fuero del trabajo Sosteníamos. 994 y ss. la garantía del debido proceso y el acceso irrestricto ante el Sancionada la ley 26. en garantía del debido proceso judicial de los derechos humanos y sociales que se someten a su control..lunes 16 DE marzo DE 2015 | 9 Fueron esos decisorios los que empujaron a un cambio de rumbos. Para los ciudadanos de las provincias. Resulta en consecuencia insostenible el trato peyorativo a la Justicia del Trabajo. agosto 12 de 1968. Mónica R. con asiento en Capital Federal. Y también que “. Y esta Corte. Lo con- trario implicaría tanto como reconocer que las pautas limitativas que ésta fija cuando se trata de legislar sobre derecho común. es un derecho alcanzado y que permite operativizar el mandato constitucional de protección especial. que esa confusión provoca que se afecten garantías y derechos constitucionales: Con relación al principio de indemnidad de los trabajadores. en tener que controlar nuevamente el derecho de fondo constitucional afectado. cuando consagran operativamente derechos que la Constitución reconoce. siendo de derecho público. si las cosas o personas cayeren baja sus ‘respectivas jurisdicciones’. de la Constitución.. En esta materia. 21 y 22 (vigentes) de la ley 24. y lo es en especial en lo que atañe a los abogados laboralistas. en el mes de agosto de 2014. El proceso en las cuestiones sociales debe ser breve y expeditivo”. involucrados en la protección de la salud y vida de los trabajadores asalariados. “La intervención de la Justicia especializada del Trabajo para dirimir todos los conflictos laborales. . del 22/4/1987. “Todos los conflictos relativos a los derechos sociales requieren la intervención de una justicia especializada. colocando a los trabajadores al margen de una conquista social que se venía manteniendo desde la década de 1940. tiene su correlato en la ley 11. 2 de la misma.773 con mayor fundamento lo podemos reiterar).. Presidió la Comisión nro. por tiempo determinado o mientras dure la buena conducta del funcionario”. “La normativa sancionada se constituye en una afrenta gratuita para esos abogados (por los términos en que fue fundado el proyecto de la norma) y un valladar. 39 de la LRT en su versión original resultó inconstitucional.557 actuó imbuido de un claro prejuicio en contra del rol de la justicia en su función natural dentro del Estado de derecho. disimulando su operativa con un aumento modesto de la tarifa y reconociendo derechos de ajustes de actualización e créditos. por su parte. capaz de racionalizar los conflictos sociales propios de un Estado de Derecho moderno. porque además del agravio que implica el impedimento de ser juzgado por la administración judicial competente.FACA”.773. Fue una prejuiciosa y perseguidora del proceso laboral y su fuero. y 4º y 17 de la ley de reforma 26. en función de recoger las posiciones corporativas de los derechos de los empresarios dañantes y sus aseguradoras. Independientemente de las razones procesales. “El juez natural y competente. Las cuestiones de competencia que ella provoca desembocan irremediablemente.773 implicó una regresión manifiesta. 3. esto se ha instrumentado por la doctrina jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Otra garantía hace al control de la razonabilidad de las leyes. La reforma por la ley 26. que recomendó al plenario esas conclusiones aprobadas en el evento.345. como auxiliares de esa justicia y voceros de los trabajadores que sufren infortunios. (19) “Las provincias. el 2 de noviembre de 2012. la justa reparación de sus daños. para que los trabajadores no puedan ejercer ante el mismo. este debate de las acciones comunes termina en principio en los máximos tribunales locales. 131. deben resolver cuestiones de derecho. Menos aún cumplen esa función los órganos administrativos con que se les pretende reemplazar. la celeridad. 18 de la CN). fuera de sus incumbencias profesionales. que arribó en esta materia que estamos abordando a estas conclusiones: derechos subjetivos. y en la obligación de someterlos a prácticas administrativas coactivamente impuestas. ps. pues. implica un valladar efectivo y real para la defensa de (17) Desde la creación de los fueros del trabajo (nacional y de las provincias). La primera. Y como si esto resultara poco. reparación plena y acceso al juez natural. la competencia queda determinada como la propia de las acciones de derecho común. t.028 en 1991 incursionó en los artilugios en su art. (15) Ver página web de FACA. cuando la víctima encuentre mayor garantía en la justicia para resolución de cuestiones. se hicieron oír autorizadas críticas por lo arbitrario de las normas que procuraban la desactivación del fuero laboral y también en defensa de las medidas que persiguen el ejercicio de la defensa por la abogacía especializada. cuando de ellas resulten lesiones u homicidios culposos”. resultan irrenunciables. Es. alcanza al debido proceso y la garantía de la defensa (art. carpeta Dictámenes. ejercer una ‘potestad distinta’ de la que específicamente le confiere el art. diciembre de 2012. la XVII Conferencia Nacional de Abogados. cuando éste avanza en la materia sobre sus facultades constitucionales y agravia la garantía del debido proceso judicial. Por lo tanto en el fallo “Castillo” la doctrina tradicional de la Corte Suprema reiteró lo receptado en numerosas causas a través de muchos años.XX.773 y dejadas de tener en cuenta estas recomendaciones desprendi- La privación del derecho al juez natural y especializado constituye un doble despojo. dictando sobre el particular las leyes que correspondan. Entre esas facultades reservadas se destacan las de poder designar sus magistrados y las de ejercer el poder de policía. con el que se corrige los abusos del legislador. por supuesto. “Las normas procesales deben adecuarse a la realidad y sus adelantos tecnológicos. En general. inc. Ese vínculo esencial entre el derecho procesal y el de fondo hermana a las teorías generales de la responsabilidad y de la acción. Tras un trajinar de diecisiete años. además de reglamentar la competencia. a partir de un dictamen elaborado por su Sección de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. y regula en lo que es órbita específica del control a ejercer por la autoridad de aplicación provincial. En nuestro país. ha reconocido desde antiguo la amplitud en el ejercicio de esas facultades reservadas”. refieren al derecho de defensa.org. el legislador terminó derogando los incisos 1º. 328. ofrece garantías de objetividad e idoneidad. Sancionada invocando la necesidad de acatar los controles de constitucionalidad llevados a cabo por la jurisprudencia en torno a la ley 24. el derecho a la jurisdicción el que garantiza el ejercicio de los derechos subjetivos en forma real. en sus pliegues. Elvezio D. en las que la burocracia sirve para obstaculizar o desvirtuar esos derechos. que. Y esto es común a los artículos 39 (en su texto anterior a la reforma). ambas invadidas y violadas en las disposiciones de la LRT. (16) Ver página web de FACA. opción con renuncia de derechos. el doctor Juan J. el sistema judicial moderno se afirma en el principio de especialidad y éste responde al fin de viabilizar el acceso a la justicia y garantizar un proceso eficiente. es el campo propicio para la implementación de la tecnología y la informatización del proceso. La sentencia comentada en este trabajo legitima. que honró a quienes la asumieron tratando de superarla y era de esperar que esos criterios tuvieran efectos más duraderos. Ya que el máximo órgano de aplicación e interpretación del derecho común no resulta ser la Corte.773. con las leyes procedimentales que la regulan. “Sueldo de Posleman. 310. solapa IDEL. que contó con más de seiscientos participantes. 67. p. El rol del juez natural y especializado El acceso a la justicia comienza por la habilitación legal de la competencia del juez natural. (15) das de la doctrina.. establecen la forma en que tales jueces han de ser nombrados de conformidad con los principios adoptados en sus propias constituciones.. lo que implica el derecho a la jurisdicción. “Sólo una justicia especializada. Prácticas que irremediablemente deben culminar en acuerdos transaccionales a partir de rebaja de derechos irrenunciables. 20 de la ley 18. 39 de la LRT vino acompañada de la imposición arbitraria de la habilitación de acciones de reparación plena a partir de la renuncia de derechos humanos fundamentales que. que no brindan los jueces que no están preparados para ello. en cuanto resulten víctimas de daños. El art. previendo la posibilidad de producir la prueba obtenida a través de soportes electrónicos. Refiere a la naturaleza y efectividad del derecho sustantivo. cercenó los derechos constitucionales de las víctimas.ar/. Se impone la implementación del proceso monitorio.el juzgamiento en materia de derecho común por los jueces y tribunales de provincias se incorpora al conjunto de facultades ‘reservadas’ a que alude el art. Su impulso desregulador pasó por distintos mecanismos que siempre pueden medirse en la desconfianza que se tiene del juez como afirmador del orden jurídico. tienen facultades para organizar la jurisdicción y competencia de sus propios tribunales.
primero de modo implícito (art. l Cita on line: AR/DOC/528/2015 { NOTAS } (20) Ver Germán BIDART CAMPOS. 1109 del mismo Código. habiendo sido reformada por la 26ª. únicamente en beneficio de los aseguradoras de riesgos del trabajo. (21) Los artículos 8º y 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 refieren al derecho a la jurisdicción. El derecho a la salud está reconocido por la Constitución Nacional. validando la competencia del fuero del Trabajo. dejarán de reparar los daños. Así: a) El derecho a la vida está regulado en: i) la Declaración Americana de los Derechos . El derecho a la salud. dictamen del procurador general de la Nación. con el régimen básico de la responsabilidad laboral por riesgo. 424. inc. Corresponde a la inevitable pluridimensión de los regímenes de responsabilidad. En ocasión o con motivo de las prestaciones del contrato de trabajo. 1984. termina siendo una aberración jurídica. en la Clínica del Dr. Formaro señala que cuando en una misma demanda se reclame las prestaciones especiales y tarifadas de la ley 24.A. además de proteger a las víctimas. como la posibilidad efectiva de ocurrir ante un organismo competente. decreto 390/1976). Procedencia. ordenando a la empresa de medicina prepaga Swiss Medical S. Derechos reservados (Ley 11. integral de la prestación requerida por los médicos tratantes de la menor que la requiere. Mientras esto siga sucediendo. www. c. — III. que tornan irrazonable (contraria al art. sala 3ª. Aplicación de la ley 26. no se pueden encontrar casos de responsabilidad que pueda ser fundada en normas de derecho civil. a partir del Código Civil y en especial en su art. como una llave que les permita acceder a la superación irrazonable insuficiencia de la tarifa legal. y a esto reducen los encuadramientos que dan a sus petitorios.587 de seguridad de higiene. Cita on line: AR/JUR/66955/2014 [El fallo in extenso puede consultarse en Atención al Cliente. c/ Desarrollos Forestales S. “¿Y el ‘iura curia novit’?”. — VI. al especializado en el derecho social. gral del tratamiento prescripto a una afiliada para tratar su cuadro de anorexia nerviosa de tipo restrictivo. sala III. que tramitó por ante la Cámara Civil y Comercial Federal. 22. 2014. 33). sobre la base de impuestos sociales. — II.V. también lo es que la demandada no puso a disposición algún centro especializado.laleyonline. siempre que refieren. . consagrados en el régimen de la ley 24. Derecho a la salud Cobertura del tratamiento de un cuadro de anorexia nerviosa. En todas esas ramas del derecho coexisten normas tarifarias que deben ser controladas en relación con el derecho a la reparación plena de daños generados por actividades que benefician a los dañantes. Preliminar. Cormillot. que cobrando primas para sus seguros.A.557) que. la justa reparación de los daños. En materia de estos derechos fundamentales operativizados por esas normas laborales. ante el fuero y juez natural. el pro actione y el favor debilis. B. por ignorar la invocación de la responsabilidad contractual que surge de la propia Ley de Contrato de Trabajo o advertir que el ejercicio de esas acciones mereció un tratamiento contrario a ellas por parte de la jurisprudencia. convergiendo en el mismo resultado tuitivo de una clase social (categoría que motiva la existencia de los Estados de Derecho Social como tales). 28 de la CN) la desactivación ordenada por el legislador en la ley 26.396 de Trastornos Alimentarios. Inconstitucionalidad e inaplicabilidad de la opción excluyente”. Y lo harán premiando a las aseguradoras de riesgos del trabajo. se falló con fecha 23 de diciembre de 2014 (1). norma de facto 19. Swiss Medical S. como condición necesaria para su conceptualización. la 29ª.723) (1) Ver el fallo en cuestión. t. “V. como garantía efectiva.10 | lunes 16 DE marzo DE 2015 viene de PÁGINA 9 fuero del trabajo y los jueces naturales. del 9 de marzo de 1999 (Fallos 322:323). 118. (20) Esos valores consagrados por el derecho de gentes y nuestro derecho nacional. que no estén contemplados por los beneficios de la seguridad social y que no tengan el correlato de normas de responsabilidad contractual laboral (deberes de seguridad. que declina en reglas generales del derecho. hermanado con el pro homine. que permita ejercer el derecho de defensa de la persona. Esa razón de fondo hace a la esencia del derecho de daños. en cuanto ésta impide el ejercicio de acciones acudiendo al juez natural. Ese régimen básico es el que se construyó a partir del riesgo profesional con un sistema tuitivo de la seguridad social. Surge de las citas: i) el concepto de salud y ii) que el acceso a la atención de la salud es un derecho humano fundamental. La Cámara admitió el recurso y modificó la resolución apelada.394 — CNFed. Civ. 274. donde todo indica que debería ser circunstancial y superada rápidamente.557 y la reparación plena a partir de acciones comunes laborales puras. y otros”. Otros se apoyan también en el art. mental y social. El párrafo siguiente destaca que “El goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza.ar o en Proview] nota a fallo La medicina prepaga y el derecho a la salud ante un trastorno alimentario SUMARIO: I. A. a fin de dar debida atención a la patología que padece (anorexia nerviosa restrictiva). 75. 19 de la Constitución Nacional. decidido en ese sentido a favor de la competencia y en relación con las distintas acciones ejercidas conjuntamente. (22) Ver “Riesgos del Trabajo. socializa los costos empresarios. de la Constitución Nacional —reformada en 1994— incorpora a ésta y dota de jerarquía constitucional los documentos normativos que integran el bloque internacional de los derechos humanos (3).o.557.773.A. La salud La Constitución (2) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece en su primer párrafo que “La salud es un estado de completo bienestar físico. B. Esto era reconocido incluso por la Corte del último gobierno de facto. Hammurabi. actualizada. con fundamento en los derechos civil.773 y llevada por el fallo “Urquiza” a una legitimación superficial. a fin de que pudiera juzgarse sobre su idoneidad y experiencia para tratar la patología de la paciente. Lo que el Estado debe garantizar es el acceso a la atención de la salud de modo igualitario a todas las personas que habiten el territorio nacional.744. en todo infortunio que entre en la categoría de los laborales. El derecho a la salud No existe el derecho a estar sano. Martínez Vivot y Gnecco. Entendido como tal. y Com.557 y 26. para los accidentes y enfermedades laborales. es decir a res- II. — V. Nota a Fallo Hechos: Una empresa de medicina prepaga fue condenada a dar cobertura inte- Una empresa de medicina prepaga debe otorgar cobertura integral del 23/12/2014. los cuales reconocen de manera explícita los derechos humanos a la vida y a la salud. cuando la acción es fundada en normas del Código Civil. p. Buenos Aires. Comprendiendo acabadamente la cuestión a la que lleva la aplicación literal del texto de la ley 26. Crear una estructura que anule esos derechos de víctimas y dañantes. respectivamente). hay razones de otro tipo. al cual acompaña el presen- te comentario. Formaro cita el fallo de Corte “Sosa. Cuestiones de hecho y de derecho que surgen de la sentencia de Cámara. a obligaciones prestacionales del contrato de trabajo que se fundan en la doctrina del riesgo profesional como desarro- llo del contractualismo. Luis S.773. el fuero del trabajo se impone y el proceso no queda alcanzado por las previsiones procesales que lo derivan al fuero civil. como las de progresividad y de la norma más favorable. en LA LEY. s/ amparo de salud. desactivan a partir de los controles de constitucionalidad y convencionalidad (21) las normas de rango inferior como la ley 26. Adelantando nuestro acuerdo con el decisorio de Cámara. 75 y 76 de la LCT 20. Se agravió la actora. en función de que se reconozca que los daños también pueden ser reclamados. de la ley 26. comercial. Acción especial y acción común.773. civil. a partir de régimen de externalización de costos empresarios (característica esencial de la ley 24. en función de colocar a los trabajadores en un sistema de salud. El art. 22). aeronáutico y marítimo. y luego de manera explícita (art. a dar la cobertura intentar glosar cuestiones relacionadas con aspectos que surgen de él. a continuación vamos a { NOTAS } Especial para La Ley. y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. La anorexia restrictiva. ideología política o condición económica o social”. Lo que se denominan acciones comunes para la reparación integral de daños.A. (3) Los tratados internacionales sobre derechos humanos obligan a los Estados parte a cumplirlos dentro de sus respectivas jurisdicciones internas. Clínica que no figura en la cartilla de la empresa de medicina prepaga Véase en esta página. y en los arts. operativas del art. A. 1113. 2004-C. La salud. Juan J. por que el legislador decidió obstaculizar el reclamo obrero. Preliminar En la causa nro. 1994 y 2005. Ver fallos “Cabrera. inc. III. (2) La Constitución de la OMS entró en vigor el 7 de abril de 1948. pues si bien es cierto que ésta no figura en la cartilla de prestadores. s/ amparo de salud”. la 39ª y la 51ª Asambleas Mundiales de la Salud (1977. resaltó Germán Bidart Campos el papel que cumple el “iura novit curia” como principio general del derecho. c/ Swiss Medical S. fallos como el que comentamos.. al que adhirieron los ministros Rossi. tratamiento prescripto a una afiliada para tratar su cuadro de anorexia nerviosa. José Luis Depalma. porque el juez no estableció que la prestación se realizara en una clínica especializada en trastornos alimentarios que le recomendó su médico.773. religión. en las normas de seguridad e higiene. de derecho de fondo que obligan a que los juicios por infortunios de trabajo (accidentes y enfermedades ocasionadas o con motivo del y trabajo). reduciendo la cuestión al texto por ahora no declarado inconstitucional por la Corte. López. que deberá llevarse a cabo en una clínica que fue recomendada por el médico de la actora.com. pese a serlo. Leyes 24. Washington Julio Efraín c/ Comisión Técnica Mixta de Salto Grande”. Oscar Ernesto Garay I. 75. aeronáutico o laboral. (22) Pero lo cierto es que los abogados siguen fundando las acciones de reparación plena. — IV. 5198/2014. comercial. seguirán obstaculizando a las víctimas. tercera edición.
Programa Médico Obligatorio.” y Swiss Medical S. Entre la mediatización de la figura y la figura saludable”. Medline Plus (7) sostiene que la anorexia nerviosa “es un trastorno alimentario que lleva a que las personas pierdan más peso de lo que se considera saludable para su edad y estatura. incluyendo los nutricionales. B. Los trastornos alimentarios. 2º de la ley 26. Buenos Aires: La Ley. como son la bulimia y la anorexia. 2º de la ley se establece que se entiende “por trastornos alimentarios (. B. “Obesidad y nexo de causalidad.. por parte de las personas jurídicas obligadas: obras sociales y entidades de medicina prepaga (art. el legislador prescribió que “Quedan incorporadas en el Programa Médico Obligatorio. volumen 8. por lo general en mujeres adolescentes. 24. Las personas con este trastorno pueden tener un miedo intenso a aumentar de peso. volumen 2008-F.396 Surge de los arts. el trabajo. Asociación Mutual del Personal Jerárquico de Bancos Oficiales”.UU. Cobertura del tratamiento integral. V. 14 sobre el derecho a la salud. publicado en ADLA 2008-E-4745. art. esto es. 16 de la ley 26. VI. es imperativa. ps. anteúltimo párrafo. 1999. el cual fuera prescripto por los médicos que la asisten. “Tratado práctico de la legislación sanitaria”. WEINGARTEN.. Graciela c. jurídicamente está obligada a que su objeto prestacional “consista en brindar prestaciones de prevención. El facultativo que atiende médicamente a la menor prescribió la necesidad de su atención en un centro especializado.A. con nota de Paola Alejandra URBINA. la Asociación de Lucha contra Bulimia y Anorexia sostiene que quienes padecen de anorexia pueden morir a causa de la enfermedad. Peligra su salud. cuando en realidad se trata de un vínculo asociativo. V. dispuesta por ley (por ejemplo. resulta aplicable al asunto controversial debatido en autos lo establecido en el art. LA LEY del 1/2/2009. en su carácter de “empresa de medicina prepaga” en los términos del art. No conseguirán independencia ni autosuficiencia. psicológicos. toda la información que permita juzgar sobre la idoneidad y experiencia de los profesionales e instituciones de su cartilla en condiciones de atender la patología de la actora. V”. Diagnóstico y tratamiento de las enfermedades relacionadas con inadecuadas formas de ingesta alimenticia. 10/6/2010. A..html.A. inc. V” Finalmente. y a las demás enfermedades que la reglamentación determine.682 (PLN). 2º de la ley 26. Tendrán problemas en el colegio.nih. V. (6) Diccionario de la Real Academia Española. “La obesidad y el derecho a la salud”. En mayo de 2000. Manuel Gonzalo. B.. 1º). AR/JUR/31287/2009. ésta tiene el deber de suministrarle al paciente primero y al tribunal después. incluirá los tratamientos médicos necesarios. LLNOA 2009 (diciembre). M. 2º de la ley 26. circunstancia que no se ha verificado en el presente” (12).. art. el art. La anorexia restrictiva En el caso bajo comentario se acreditó que “V. Buenos Aires: La Ley. Mariela A. Celia. i). V. Daniel E. IV. y 7º. a la bulimia y a la anorexia nerviosa. forman parte de un contrato de medicina prepaga (aplicación de la ley 26.682 del Marco Regulatorio de la Medicina Prepaga. i) Aplicación de la ley 26. V” la rehabilitación integral de su salud (aplicación del art.396”. el Congreso de la Nación sancionó la ley 26. también. Es posible que hagan dietas o ejercicio en forma excesiva o que utilicen otros métodos para bajar de peso”. inc.396 de Trastornos Alimentarios En el año 2008. A propósito de la responsabilidad de los supermercados por el ‘defectuoso’ estado de sus changuitos”. Boletín Oficial del 3/9/2008). “Catan.lunes 16 DE marzo DE 2015 | 11 y Deberes del Hombre (art. 15 y 16 de la ley 26..gov/medlineplus/spanish/medlineplus. en el decisorio de Cámara se tiene en cuenta la prescripción del médico tratante. (7) Biblioteca Nacional de Medicina de EE.. protección. Obesidad. 2012. fuera atendida en la “Clínica de Nutrición del Dr. 4º. promulgación: 2/9/2008. 2006. con la familia y sociedad. ni saludables.CASAS. bulimia y anorexia nerviosa. arts. protección.” padece lo que se conoce como “anorexia restrictiva”. SARDEGNA. Inclusión en el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE). 1º de la ley 26. esto es que la prestación se realizara en una institución especializada en la materia. ésta no desplegó para con la asociada-amparista (ni ante el tribunal) un accionar demostrativo de que la categoría. Instituto Provincial de Salud de Salta”. Con el tiempo. BLEJER. esto es que lo indicado por dicho facultativo es lo que mejor se corresponde con la naturaleza del derecho cuya protección la continúa en página 12 { NOTAS } petar en esas jurisdicciones los derechos que los mismos tratados reconocen directamente a los hombres que forman la población de tales Estados. Creación del Programa Nacional de Prevención y Control de los Trastornos Alimentarios. “P. volumen 2008-E. penales y procesales”. Buenos Aires: Nova Tesis. concretamente se pidió que A. se tiene muy baja calidad de vida pudiendo aparecer ideas o actos de suicidio. Leguizamón al presentar el Proyecto de Ley 26. Ricardo D. p. RABINOVICHBERKMAN. la citada ley determinó que “La cobertura que deberán brindar las obras sociales y las empresas o entidades que presten servicios de medicina prepaga. iii) en la Declaración Universal de Derechos Humanos (art.754. 3º).A. ley 26. Cuestiones de hecho y de derecho que surgen de la sentencia de Cámara (8) (9) (10) f) Necesidad de atención en un servicio médico especializado Hay distintas aristas —dignas de mencionar— que emanan del fallo de Cámara. p. tratamiento y rehabilitación de la salud humana a los usuarios” (art. E. con asistencia intensiva. el Programa Médico Obligatorio vigente según resolución del Ministerio de Salud de la Nación y el Sistema de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad prevista en la ley 24. B.682). primer párrafo. farmacológicos y todas las prácticas médicas necesarias para una atención multidisciplinaria e integral de las enfermedades” (conf.prologuista: STIGLITZ. A. art. b) El derecho a la preservación de la salud está reglamentado en: i) la Declaración Universal de Derechos Humanos (art. Marco Regulatorio de Medicina Prepaga. R. Obra Social de Petroleros (OSPE)”. Buenos Aires: La Ley.682).682 establece que la relación contractual entre la persona física y la empresa de medicina prepaga se formaliza “a través de una modalidad de asociación voluntaria”. Sociales y Culturales (art. (5) Fundamentos de la senadora María L. Cormillot”. I. Anorexia. el art. en cuanto a que las empresas de medicina prepaga están obligadas a brindar a sus asociados las prestaciones de salud necesarias para la “prevención. incluso cuando están con peso insuficiente. quirúrgicos. Se trata de personas hiperactivas y muy autoexigentes consigo mismas. El fallo de Cámara determina que “Si bien es cierto que la “Clínica Cormillot” requerida por la amparista no resulta ser un prestador de la demandada. Relacionando la frase “trastornos alimentarios” (primera parte del art. tratamiento que debía “realizarse en una institución adecuada a las necesidades que presenta su patología” (el juez de grado no ordenó específicamente que la menor fuera atendida en la “Clínica Cormillot”). . La Asociación de Lucha contra la Bulimia y la Anorexia (ALUBA) ha dicho que “La anorexia es una de las patologías de la conducta del comer. 2º de la ley 26. 3 a 15. 1º).396. y que puede ser muy grave” (6). B. lo establecido por la ley 23. 7º de la ley 26. MOEREMANS. 5. B. AR/JUR/1348/2010.. adoptó la observación general nro. En concordancia con el concepto “salud” y con el de “derecho humano a la salud” vistos supra. 30/7/2009. Rosario: Juris. Realizan mucha gimnasia a pesar de tener bajo peso. el derecho a la preservación de la salud de “V. A pesar de que va bajando de peso cada vez se ve más gorda. Walter Leonardo c. dentro de un cuadro depresivo.660 en relación con la afiliación a las obras sociales sindicales). en cambio. en Doctrina Judicial del 11/5/2007. B. ps. a) Las partes del contrato de medicina prepaga g) Conducta no colaborativa de la empresa de medicina prepaga “A. 2º) con la locución “inadecuadas formas de ingesta alimenticia” (parte final del art. Corte de Justicia de la Provincia de Salta.: http://www. 5º. 2º de la ley 26.682 (13) La empresa de medicina prepaga debió ajustar su accionar a lo establecido legalmente. LA LEY del 19/2/2009. Buenos Aires.901 y sus modificatorias”. relacionadas con inadecuadas formas de ingesta alimenticia”.682 estatuye que las empresas de medicina prepaga “deben cubrir. La “afiliación”.396 de Prevención y Control de los Trastornos Alimentarios (4). 42.” tiene anclaje constitucional. María Candelaria. (12) Aplicación art. La Ley. t. en Representación de Su Hija P. en revista Nova Tesis del 12/7/2007.A. Obesidad. d) La apelación de la actora La parte actora se agravió porque sostiene que la cobertura ordenada por el juez de primera instancia no fue en los términos en que fue requerida en el escrito de inicio.240 de Defensa del Consumidor. La Ley Online. (9) Ver con sumo provecho la siguiente doctrina especializada: L. Ley 26. Existe un pánico a engordar y una total distorsión de su figura real. tratamiento y rehabilitación de la salud humana” (ver infra). ps. Ergo. habiéndose peticionado en tiempo y forma que el tratamiento lo brinde la “Clínica de Nutrición del Dr. e) La acreditación de la enfermedad que padece la menor Los camaristas destacan que se encuentra acreditada en el sub lite la enfermedad que padece la menor: “anorexia nerviosa de tipo restrictivo”.) a la obesidad.682). G. el Comité de Derechos Económicos. Está caracterizada por pérdida de peso muy importante y un rechazo contundente de la persona a tener un peso normal. b) La petición en el escrito de inicio La amparista peticionó que la prestación médica a cargo de la empresa de medicina prepaga se realizara en un centro médico especializado en tratar trastornos alimentarios. LA LEY del 29/6/2010. Como se adelantó en la letra g) antecedente. c. 15). 4º. 1046 a 1055. Esto es. 25). 6.1º). surge que los trastornos alimentarios se generan por conductas alimentarías que no son adecuadas. en el derecho judicial existen antecedentes en la materia. 397 a 405. AR/JUR/23596/2010.nlm. Aplicación de la ley 26. ley 24. Sanción: 4/5/2011. en un contrato de medicina prepaga. Boletín Oficial del 17/5/2011. clínicos.682) (14). “Responsabilidad del médico: aspectos civiles. iv) en la Convención sobre los Derechos del Niño (art. Ed. en su carácter de “asociada” (11) “a través de una modalidad de asociación voluntaria” (conf. h) Aplicación de la ley 26. A. 9/2/2010.396 de Prevención y Control de los Trastornos Alimentarios. ps. Buenos Aires: Astrea. Por otra parte. 12). encargado de supervisar la aplicación del Pacto. Posiblemente no consigan la inserción social necesaria. Carlos . B. ii) en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica.396). como los que se citan a continuación: Cámara Federal de Apelaciones de Salta.. y ii) el Pacto Internacional de Derechos Económicos. ROIBÓN.682. (13) Ley 26. (8) Ver nuestro trabajo: “Prevención y control de los trastornos alimentarios. 1. Constitución Nacional. Ley 26.682. Bulimia. V.396. ps. quedó acreditado en autos que la entidad prepaga no desplegó una actitud colaborativa en orden a cumplimentar eficazmente la “rehabilitación de la salud humana” de “A. si bien la “Clínica Cormillot” no forma parte del elenco de prestadores de Swiss Medical S. son enfermedades que se manifiestan a través de conductas alimentarías inapropiadas (inconvenientes). Registro estadístico de pacientes (sanción: 13/8/2008. En el art. que diera cobertura integral a la menor A. A. 702 a 728. (14) Además. Swiss Medical S. Los tratados entran a formar parte del derecho interno cuando el Estado los ratifica internacionalmente o cuando adhiere a ellos. en definitiva. Perderán la autoestima y se deteriorará su personalidad.. j) La prescripción del médico tratante y la protección de la salud de “A. . “La obesidad en el sistema argentino”. experiencia e idoneidad de los profesionales e instituciones de su cartilla eran de calidad igual o superior al de la clínica solicitada en el escrito de inicio. 2. (4) Ley 26. volumen 20063. Sociales y Culturales. las que vamos a citar en orden a explicar nuestra posición al respecto. Promulgación: 16/5/2011. Juan M. La “anorexia” es la “falta anormal de ganas de comer. como mínimo en sus planes de cobertura médico asistencial. art.” (art.. (11) El fallo erróneamente utiliza el vocablo “afiliada”. B. 710 a 712. Oscar Ernesto. “Gigena de Ferreyra. lo cual significa una negación al cansancio” (5). c) La resolución de primera instancia La resolución del juez de grado ordenó a Swiss Medical S. del tratamiento para la enfermedad que padece (anorexia restrictiva). B. Cabe acotar que aunque en la resolución no se la menciona. “Los nuevos temas en salud: obesidad y desafíos jurídicos”. PREVOT. 16). “Lesiones de procedimientos estéticos: Criterios médicos y jurisprudenciales”. en GARAY. “Ley de Obesidad.396 la obligación de prestar una cobertura “integral” e “interdisciplinaria” para las personas que sufren trastornos alimenticios. la cobertura del tratamiento integral de los trastornos alimentarios. con lo cual emana de ello que la prepaga incumplía con su deber contractual: disponer los medios necesarios para garantizar a “A. Cámara Federal de Apelaciones de Salta. Cormillot”. 1067. 2º). (10) Además de la jurisprudencia que se cita en el fallo bajo comentario. conforme a lo establecido en la ley nro.
Loma Negra Cía.A. LA LEY: I.ar edictos CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION La prestadora de servicios de salud y el profesional que prestaba servicios en forma autónoma —en el caso.10/02/2015 Tribunal de origen: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal (Sala I) Firmantes: Elena I. ii) las normas del derecho internacional de derechos humanos que garantizan el derecho a la salud. porque el derecho humano a la salud está protegido por la Constitución Nacional (arts. tratamiento y rehabilitación de la salud humana” (art. 26 de febrero de 2015 M. cita y emplaza a herederos y acreedores de SAREDO EDGARDO ENRIQUE a que en el plazo de treinta días comparezcan en autos a hacer valer sus derechos.Administración. piso 4º. LA LEY: I. Buenos Aires. l Sumarios de sentencias relevantes publicadas durante la última quincena CS .Elena I. . 17/03/15 OTTAVIANI. Publíquese por tres días en “LA LEY”. Juan Manuel Converset (h). Civ. Expte. a efectos de hacer valer sus derechos. c. 1050 AAC) Teléfono: 54-11-4378-4765 . Secretaría única. 16/03/15 El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 91. Rivadavia 130. LA LEY: I. debi- Cita on line: AR/JUR/133/2015 Intereses individuales homogéneos. inc. Rey Daray. Cita on line: AR/JUR/142/2015 Competencia del fuero en lo contenciosoadministrativo federal. 12/03/15 V. . Maqueda. El presente deberá publicarse por tres días en el diario “LA LEY”. Secretaría Única. Rep.19/02/2015 Firmantes: Ricardo L. Carlos S. . Publíquese por tres días en el diario “La Ley”. cita y emplaza por el término de 30 días a herederos y acreedores de OSVALDO HUGO RAFFAELE. Gral. jóvenes y adultos con discapacidad. Buenos Aires. Lorenzetti (Ver sus fundamentos). PRIMO s/SUCESIÓN AB-INTESTATO. Fed. 10 de febrero de 2015 Mariano Martín Cortesi. sec. sec. 17/03/15 El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 3 de San Martín. Highton de Nolasco. El presente edicto deberá publicarse por dos días en el diario Boletín Oficial y en “LA LEY” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. LA LEY: I. Arg. Highton de Nolasco. y iv) la afirmación de que. 16/03/15 El Juz. Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires . en el marco de un único proceso. DNI 6. y Com. 68100/2011. P. en beneficio propio o de su grupo familiar o social. Buenos Aires. Fed. As. 12/03/15 V. Federal Nº 1. Secretaría Única a cargo de la Dra. Fayt. sec. LA LEY: I. ERNESTO HERMAN S/SUCESIÓN AB-INTESTATO Juzgado Nacional en lo Civil Nº 31. Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados s/ amparo . LA LEY: I. Buenos Aires. LA LEY: I. Expediente: CIV 106007/2013. 341 y cdts. int. tiene beneficio de litigar sin gastos en trámite. LA LEY: I. sec. previa presentación de la correspondiente prescripción médica y hasta tanto se dicte sentencia definitiva en la causa. en estos casos.682). el universo de situaciones y supuestos resulta excesivamente vasto y heterogéneo y. Buenos Aires.Juan C. “se debe proceder con amplitud Concordamos con la resolución del tribunal. sec. cita y emplaza por el término de 30 días a los herederos y acreedores de “RODRIGUEZ. Secretaría Única de Capital Federal. a fin de hacer valer sus derechos. Necesaria individualización de la clase que se pretende proteger Si la asociación pretende proteger en su demanda a todas las personas físicas y jurídicas que hayan adquirido directa o indirectamente cemento portland de cualquier calidad y en cualquier modalidad de comercialización. sito en Av.. cita y emplaza por el plazo de 30 días a herederos y/o acreedores de MARÍA CONCEPCIÓN CACHON. CS . Civ. cita y emplaza por 10 días a los herederos de OFELIA ANGELA GUARNIERI o quien se crea con derecho a hacer valer los mismos. 16/03/15 El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 110. teniendo en cuenta su finalidad y para evitar la eventual frustración del derecho”. Publíquense edictos por 3 días en el diario “LA LEY”. Secretaría única.A. iii) jurisprudencia que cita. 23 de febrero de 2015 María Constanza Caeiro.Elena I. y otros . 13/03/15 Propiedad de La Ley S. . V” (conforme al concepto amplio que utiliza la OMS para definir la “salud”). .M. titulares de pensiones no contributivas. CABA. A través del fallo se intenta evitar el agravamiento de las condiciones de vida de la paciente. Buenos Aires. 3 de febrero de 2015 María Eugenia Gelli. Publíquese por tres días en el diario “La Ley”. 25 de febrero de 2015 Alejandra Salles. Mirta Griselda y otros c. Se deja constancia que deberán publicarse por dos veces dentro de un lapso de 15 (quince) días en el Diario LA LEY. sec. 13/03/15 El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 97. k) La resolución del tribunal En la parte dispositiva del fallo y atento a los fundamentos expuestos en sus considerandos. LA LEY: I. Lorenzetti.918 de nacionalidad colombiana. 1860/2015). Silvia Rosa Rey Daray. El Juzgado Nacional en lo Civil Nº 71 cita y emplaza por el plazo de treinta días a herederos y acreedores de PRIMO OTTAVIANI presentarse en autos a fin de hacer valer sus derechos. Se deja constancia que deberá publicarse por dos días en “La Ley”. Buenos Aires. e I .Juan C. Buenos Aires. Publíquese por tres días en LA LEY. 16/03/15 Juz. sec. . en forma gratuita u onerosa. . cita y emplaza por el término de treinta días a herederos y acreedores de BUCCI CELMIRA. Buenos Aires. Nº 1. además. un anestesiólogo— no se encuentran vinculados por una relación de dependencia. FRANCISCO s/SUCESIÓN AB-INTESTATO. 25 de febrero de 2015 Olga María Schelotto. ha solicitado la concesión de la Carta de Ciudadanía Argentina. 13/03/15 V. Hace saber que ADRIANA MARÍA LEAL ESCOBAR. 17/03/15 2502/2015 DELL’AQUILA. cita y emplaza por treinta días a herederos y acreedores de ELENA BEATRIZ MONTI a fin de hacer valer sus derechos. Comercialización y Redacción: Tucumán 1471 (C.408. 12/03/15 V. sec.Carlos S.Asociación Protección Consumidores del Mercado Común del Sur c. cita y emplaza por treinta días a herederos y acreedores de ERNESTO HERMAN DAVISON. a cargo del Dr. con el objeto de que se reconociera el derecho a la cobertura integral de prestaciones en favor de las personas con discapacidad beneficiarias de pensiones no contributivas es procedente. y Com. Pilar Rebaudi Basavilbaso. a hacer valer sus derechos. 20 de febrero de 2015 Irene Carolina Espeche. sec.919. Maqueda. la cobertura integral de la prestación requerida por los médicos tratantes de la menor en la Clínica del Dr. sec. @TRLaLey Cita on line: AR/DOC/527/2015 panorama QUINCENAL Contratos de colaboración en servicios de salud Tribunal de origen: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial (Sala F) /thomsonreuterslaley do a la cantidad de años de marginación y discriminación en la incorporación al mercado laboral sufridos por su identidad y expresión de género. sec. Buenos Aires. 13/03/15 V. 11/03/15 V. y porque el objeto esencial o central de la empresas de medicina prepaga es el de brindar a los asociados-usuarios “prestaciones de prevención. sec. El tribunal fundamenta su decisión (ver numeral 5º del fallo) en: i) la prescripción del médico tratante. protección. lo que al no haber sido dispuesto por la propia prepaga. Maqueda. . 13/03/15 V.12 | lunes 16 DE marzo DE 2015 Síganos en de criterio para admitir peticiones como la sub examen. CS .laleyonline. Maqueda. 13/03/15 El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 18. Nº 1 de la Cap. pues la demandada era ajena al pago y fijación de honorarios de aquél (del dictamen de la Procuradora Fiscal que la Corte hace suyo). Fayt. GCBA s/ amparo . Defensor Oficial que por sorteo corresponda a fin de que lo represente en juicio. CLAUDIO FERNANDO s/ sucesión ab intestato” (Expediente Nro. disponiendo el tratamiento de la enfermedad que padece en la “Clínica Cormillot”. porque Swiss Medical omitió poner a disposición de la asociada-amparista la más amplia información tendiente a demostrar que sus prestadores eran de una envergadura similar o superior a la clínica por aquella solicitada. Highton de Nolasco. Juez Horacio Maderna Etchegaray. Sec. Publíquese por tres días en el diario “LA LEY”. 12/03/15 V. de los Inmigrantes 1950. Buenos Aires. 19 de febrero de 2015 Laura B. presenta singularidades que impedirán resolver la cuestión planteada. 13/03/15 V. 16/03/15 V. Highton de Nolasco. a mi cargo. (Art. tuvo que ser ordenado por el tribunal.Cairone.Registro Nacional de la Propiedad Intelectual Nº 5074180 Impreso en La Ley. . int. 5 de febrero de 2015 German Augusto Degano. 18/03/15 El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 96. Frontera. 22). DNI 95.187. porque la medicina prepaga (con sus característica de servicio médico prepago) asume el compromiso que el Estado le delega de garantizar el derecho a la salud de los habitantes del territorio nacional.19/02/2015 Tribunal de origen: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (Sala I) Firmantes: Ricardo L.Elena I. 13/03/15 V. Cormillot a fin de dar debida atención a la patología que padece (anorexia nerviosa restrictiva). a presentarse en autos: RODRIGUEZ.Bs. del CPCC). 12/03/15 V. LA LEY: I. Publíquese por tres días en La Ley.Juan C. útilmente y con efecto expansivo. sec.com. 6 de febrero de 2015 Ana Laura Bruno. Avellaneda. . Publíquese por tres días. OSVALDO HUGO s/SUCESIÓN AB-INTESTATO. Nº 2 de la Cap. Buenos Aires. 17/03/15 El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 47. Publíquense edictos por tres días en LA LEY. cita y emplaza por treinta días a herederos y acreedores de CLAUDIA VIRGINIA DASSO DNI Nº 6186872 a los efectos de hacer valer sus derechos. 3 de febrero de 2015 Angela Victoria Williams. 16/03/15 89157/2014 DAVISON. LA LEY: I. B. Fed. 16/03/15 V. Buenos Aires.E. atento a la intervención del Estado Nacional. LA LEY: I. Sec.Juan C. 18/03/15 El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 37. San Martín. GERARDO ALFREDO S/SUCESIÓN AB-INTESTATO”. como destinatarios finales. cita y emplaza a herederos y acreedores de FRANCISCO VICENTE PEREDA. 2 de diciembre de 2014 Manuel J.Hospital Italiano s/ despido . hace saber que MAIBELYS DAVILA DOMINGUEZ de nacionalidad cubana. M. 2º de la ley 26. sec. LA LEY: I. a cargo del Sr.768. Publíquese por tres días en LA LEY.. Lorenzetti. Se deja constancia que el presente expte. Secretaría Única de la Capital Federal. El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 55. LA LEY: I. por lo que corresponde desestimar la demanda. para que en dicho término comparezca a tomar intervención en autos “DUARTE MARTA SUSANA c/GUARNIERI OFELIA ANGELA y OTROS s/PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA VICENAL/USUCAPIÓN”.657 ha solicitado la concesión de la Ciudadanía Argentina.10/02/2015 2259/2015 RAFFAELE. a fin que se presenten a estar a derecho dentro del plazo de treinta días.A. pues la acción se refiere a intereses individuales homogéneos afectados por el obrar de la demandada. Y. por cuanto estaba en juego la salud de la menor “A. Pereira. Industrial Argentina S. el tribunal resuelve: modificar la resolución apelada y ordenar a Swiss Medical S. cita y emplaza por el plazo de treinta días a herederos y acreedores de CLAUDIO FERNANDO GONZÁLEZ CANDA a fin que comparezcan a hacer valer sus derechos en los autos caratulados “GONZÁLEZ CANDA. que obstaculizaría el acceso igualitario a prestaciones integrales de salud de una pluralidad indeterminada de niños. Provincia de Buenos Aires. DNI 94. Solicitud de subsidio Con el fin de evitar la profusión de trámites e impedir que se susciten cuestiones de competencia que podrían comprometer la protección de los derechos fundamentales en la acción de amparo interpuesta por una persona que padece VIH contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para que se le asigne un subsidio. por razones de supervivencia. sec. 16/03/15 El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 98. 9 de febrero de 2015 Damián Esteban Ventura. corresponde determinar que la causa corresponde al fuero en lo contencioso administrativo federal. CS . 12/03/15 V. Firmantes: Ricardo L. Secretaría Única a mi cargo. 27 de febrero de 2015 Silvia R. viene de PÁGINA 11 cautelar pretende. Procedencia de la acción colectiva El amparo promovido por dos asociaciones civiles contra el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. 13/03/15 V. Publíquese por 3 días en La Ley. Secretaría Única. 33 y 75. GERARDO ALFREDO. bajo apercibimiento de designarse al Sr. LA LEY: I. Cita on line: AR/JUR/141/2015 Procesos colectivos. 27 de febrero de 2015 Mercedes Maquieira.Asociación Civil para la Defensa en el Ámbito Federal e Internacional de Derechos c. El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 46. cita y emplaza por treinta días a herederos y acreedores de DELL’AQUILA FRANCISCO a efecto de que comparezcan a hacer valer sus derechos. Buenos Aires. Cita on line: AR/JUR/113/2015 Cita on line: AR/DOC/760/2015 TEXTO completo de estos fallos www.
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