Source: https://www.scribd.com/document/326968259/DOSSIER-legislacion-psiquiatri-a
Timestamp: 2018-10-21 11:17:48
Document Index: 133821397

Matched Legal Cases: ['artículo 32', 'artículo 211', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 8', 'in fine', 'artículo 211', 'artículo 211', 'artículo 203', 'artículo 211', 'artículo 211', 'artículo 211', 'artículo 211', 'artículo 211', 'artículo 211', 'artículo 203']

DOSSIER legislacion psiquiatría
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DOSSIER: LEGISLACION PSIQUIATRICA
Encuentros AEN-Profesionales y Asociaciones del campo jurídico
En los últimos años, ha ido en aumento la preocupación por el marco jurídico que reglamenta
los diversos aspectos de la práctica psiquiátrica y fundamentalmente el internamiento.
Cualquier reforma de las estructuras asistenciales tropiezan irremediablemente con el marco
legal. Situación que se comprueba en las transformaciones que están en curso en las
diferentes nacionalidades del Estado.
Por otro lado, la derogación del Decreto-Ley de 1931, aprobada por las dos Cámaras, pero
pendiente de aparecer en el «B.O.E.» —Decreto-Ley por otra parte anticonstitucional por
carecer en su articulado de las garantías necesarias para aquellas personas privadas de su
libertad y de sus derechos civiles—, crea una nueva situación que debe ser afrontada de
Conscientes de esta situación el actual Gobierno, ha formado un grupo de trabajo encargado
de ofrecer una propuesta legislativa que regule la situación creada por la derogación del
Recogida la opinión del mundo profesional —de la psiquiatría y del derecho— se perfilan
esquemáticamente estas dos posiciones:
A) La que se articula alrededor de la opinión de que existe un vacío legal que debe ser
cubierto por una Ley Orgánica de internamiento adaptada a las circunstancias actuales.
B) La corriente que sostiene que existe en el panorama legal suficiente cobertura para
regular los posibles internamientos y las consecuencias derivadas de los mismos y que se
oponen, por tanto, a una legislación específica del internamiento del enfermo mental.
Posición que se matiza al aceptar una regulación del internamiento que por ser general —es
decir, para toda la medicina— debe incluirse en la Ley de Bases de Salud.
Conscientes de la importancia de esta situación, se incluyen a continuación una serie de
documentos para que los técnicos de la Salud Mental, puedan hacerse su propia composición
de lugar, debatir el problema y aportar sugerencias a la Comisión Legislativa de la
Asociación, pues creemos que el problema está solamente abierto.
Psiquiatra. Miembro de la Comisión de Legislación de la A.E.N.
1. NOTAS SOBRE LA REGULACION ACTUAL DEL INTERNAMIENTO PSIQUIATRICO
La regulación legal del internamiento psiquiátrico involuntario ha venido constituida por el
Decreto de 1931, que concede poderes omnímodos al médico, y facultades plenas de
intervención y control al gobernador civil o al alcalde; la declaración de incapacidad del
enfermo mental, para administrar sus bienes y para gobernarse por sí mismo, se regula en el
Código Civil con criterios básicamente familiares (la tutela del loco corresponde
prioritariamente a los parientes más próximos), y de perspectivas patrimonialistas, lo que
evidencia, aunque implícitamente la convicción fatalista de irreversibilidad de la locura, y
justifica los planteamientos marginadores y defensistas.
El punto culminante de la estrategia legal defensista se encuentra en la legislación penal, en
la que junto con el reconocimiento de la inimputabilidad del loco, como circunstancia
eximente de su responsabilidad criminal, se incluye tradicionalmente la necesidad ineludible
de su internamiento indefinido.
I. La reforma en la legislación civil
Este cuadro legislativo se encuentra en plena revisión. El Código Civil ha sido objeto de un
proceso legislativo de reforma, culminado por el texto aprobado por el Senado el 30 de junio
de 1982, que si bien no concluye el trámite legislativo formal, es razonable considerar que no
sufrirá alteraciones.
Las reformas operadas se pueden resumir en los siguientes puntos:
1. Sustitución de la tutela de familia por la de autoridad, protagonizada por el juez, que
velará por el derecho a la libertad del ciudadano enfermo mental, y para impedir una
utilización fraudulenta del tratamiento psiquiátrico. El Ministerio Fiscal, tiene funciones y
facultades específicas de control en el mismo sentido.
2. Se presume la plena capacidad de la persona. Las restricciones de la capacidad deberán
ser precisas y delatadas en un procedimiento en el que el interesado o paciente, es parte,
estando además, siempre abierta la posibilidad de revisión de las resoluciones recaídas en tal
procedimiento, que acordarán la incapacitacion.
3. El internamiento tan sólo puede llevarse a cabo tras la autorización judicial, salvo casos
de urgencia, en que será necesario el permiso judicial en las siguientes veinticuatro horas. El
juez deberá examinar al que se pretende internar y oír a un facultativo. El internamiento será
revisado cada seis meses por el juez, o antes si lo cree conveniente; cuando ya exista previa
declaración de incapacidad y nombramiento de tutor, éste solicitará al juez el internamiento,
que tan sólo le será concedido con arreglo al procedimiento antes citado y del mismo modo
4. El ejercicio de la tutela podrá corresponder no sólo a personas físicas, sino también a
entidades sin ánimo de lucro, pero la retribución de la tutela será con cargo al patrimonio del
tutelado, y nunca con cargo al gasto público, al menos en cuanto a la regulación del Código
5. Se deroga el Decreto de 1931. Así se pone fin a la intervención gubernativa y a la
totalidad de la regulación del procedimiento sobre internamiento involuntario hasta hoy
vigente, única base legal de la privación de libertad de la inmensa mayoría de los
actualmente internados por razón psiquiátrica sin su voluntad.
II. La reforma de la legislación penal
La futura reforma del Código Penal, en cuanto a su contenido en otras y en esta materia, es
de problemática predicción. El único material disponible, de razonable viabilidad, es el
paquete de enmiendas producidas por el grupo parlamentario socialista al Proyecto de
Código Penal del anterior Gobierno.
La posición socialista en la pasada legislatura, fue la de no proponer enmiendas al proyecto
gubernamental, el cual exigía que inexcusablemente al exento de responsabilidad criminal
por enajenación mental se le impusiera un medida de seguridad consistente en
internamiento indefinido, hasta su curación, en establecimiento sanitario adecuado,
dependiendo el fin de tal internamiento del tribunal, oído el juez de vigilancia penitenciaria;
tal internamiento sería objeto de revisión anual. Esta medida de seguridad podría ser
sustituida, desde un principio, o durante el curso del tratamiento, por la de tratamiento
ambulatorio, o la de custodia familiar, pudiéndose aplicar conjuntamente varias de ellas. La
ausencia de topes máximos de posible internamiento, ajustados al principio de
proporcionalidad, y la existencia de cierta rigidez en la formulación, dieron lugar a enmiendas
de grupos parlamentarios, y entre ellos, al que será el grupo mayoritario de la oposición, por
lo que es necesario anotarlas.
Por otra parte, la aplicación del delito de detención ilegal para perseguir a los determinados
facultativos o familiares, en los supuestos de más escandalosa violación de los derechos de la
persona, parece muy problemática no ya por el principio de mínima intervención del derecho
penal, sino porque tales internamientos están respaldados formalmente, prácticamente
siempre, por las disposiciones legales vigentes.
es problemática la auténtica eficacia de la revisión periódica de los internamientos. vistos todos los informes. cuando procede poner fin al internamiento. es. y ello es esencial. sin intereses patrimoniales que muevan a su tutela. cabe afirmar que criterios de peligrosidad y consecuentemente defensistas. permanecerán entre nosotros largo tiempo. y del Ministerio Público. necesario. o suyas propias. como objetivo y punto final del internamiento. la misma recepción de desconfianza y cicatería en su empleo que se encuentra en los sustitutivos penales ingeniados para reemplazar a las penas cortas de prisión. puede nacer acompañada de razonables desconfianzas en relación con su capacidad para producir un cambio cualitativo. de obligada atención para el jurista. hasta ahora esgrimido. La nueva regulación plantea la necesidad de adecuación de tan inmensa cantidad de situaciones desajustadas a la legalidad constitucional. materia extrajurídica. El contenido del tratamiento médico-psiquiátrico. parecen encontrarse también respaldados por la Ley. El criterio de la curación ha de depender del dictamen de los facultativos. A ello hay que añadir la proverbial lentitud práctica de los trámites judiciales. Pero el criterio judicial estará generalmente provisto de cautela. que el acatamiento constitucional es de general vinculación. felizmente derogado. sin más adición que la importante de la posibilidad de aportar el propio interesado. Así las cosas. o del fraudulento empleo del internamiento por familiares respaldados por facultativos. y por otra parte. en la ancestral situación vigente. Tal revisión no ha sido ni siquiera planteada. Aunque ya no han de aparecer en nuestras leyes expresiones como las del Decreto de 1931. siendo el juez soberano a la hora de decidir. no gozan de un status legal específico. problemas burocráticos. o la cronificación. En efecto. es privación de derechos. Pero el propio tratamiento desencadena efectos secundarios que constituyen una realidad trascendente. sin que quepa ya el subterfugio. de la aplicación formal de la Ley. La conclusión del tratamiento plantea el problema de la determinación de los criterios a que debe atenerse el jurista para solicitar. que apareciendo como fatales consecuencias de un tratamiento practicado dentro de los cauces legales. si es el abogado del internado. y merece las garantías en igual medida que la aplicación de penas. Tanto en la reforma del Código Civil como en la del Código Penal se hace tan sólo una escueta referencia a la curación. en relación con la enfermedad mental y su curación. o decidir. Existen además. exige considerar la necesidad de extender al tema que nos ocupa el principio de la retroactividad de la norma limitadora de derechos más favorable para el afectado por ella. relativas al peligro del loco para las personas o los bienes de los demás. Así las cosas cabe augurar a las medidas alternativas ingeniadas para sustituir al internamiento indefinido. irreversibles. Es evidente la dificultad práctica de revisión de tales situaciones. evidentemente.III. porque todas ellas son consecuencia de la mala conciencia ante los grandes remedios para los pequeños males sociales. Si a ello se añade la lógica pervivencia de los criterios defensistas y fatalistas. un informe de contenido dispar. hemos de deducir de todo ello. que la reforma de la legislación civil. de modo que su situación jurídica es una situación de facto. tales como la drogadicción. la negligencia. en ocasiones. el criterio del Tribunal Supremo. ni familiares o sociales que tiendan a su «reinserción». aun por razón psiquiátrica. pero será necesario advertir que los internamientos pretéritos no pueden ser de trato distinto que los futuros. o quien obre en defensa de sus intereses. de la impericia. derivados de la insuficiencia de la infraestructura judicial. de que toda privación de libertad. si es el juez. y exentos de control y exigencias de responsabilidad. es decir. . la inmensa mayoría de los internados no tendrán quien vele por sus intereses. de prevención o desconfianza. cabe desencadenar efectos «secundarios». porque son seres marginados. Los problemas pendientes La inmensa mayoría de los internados por razón psiquiátrica sin su consentimiento.
es necesario recordar que las Cortes rechazaron la posibilidad de su retribución con cargo el gasto público. su libertad. con resultado adverso. siempre.Por todo ello se hace inaplazable abordar el esfuerzo de precisar los criterios en que debe basarse el control del tratamiento idóneo. testamentaria. El criterio tradicional del penalista atendía tan sólo a la responsabilidad criminal individual por el acto médico negligente. El nuevo criterio es que la decisión sobre el internamiento. se asegure la igualdad de tratamiento a todos los enfermos mentales tutelados. Por ello. que establecen las posibilidades y formas de internamiento por decisión gubernativa. con independencia de su situación económica. en relación con el tema de la retribución del ejercicio de la dedicación de la tutela. para los supuestos de realización de un hecho con caracteres de delito por el loco. según aquel Proyecto. La reforma trataba de introducir el criterio de que no existen personalidades limitadas. no adverso. o su . por entender que ello. en el tratamiento farmacológico del paciente psiquiátrico. para el penalista. y además. de modo que la atención de los tutores no esté condicionada por el patrimonio del tutelado. EN EL TRATAMIENTO LEGAL DE LA LOCURA I. cuyo internamiento es decidido por el juez penal. no es tema propio del Código Civil (no obstante. por el cauce que sea. serán facultades conservadas plenamente. mediante decisión gubernativa. además. Por una parte. extrayendo de aquel razonamiento tradicional el juicio valorativo abstracto capaz de ser aplicable a los supuestos de resultado. está pendiente de revisión legal. es necesario abordar sin tardanza el problema de la decisión compartida. Derogación. sino que debe existir la presunción de plenitud de capacidad. El tratamiento suscita. para ello. sólo puede ser adoptada por el juez. debe exigirse que. otorgándole la consideración de parte. en la intervención quirúrgica. contenía dos preceptos de singular importancia. El internamiento por razón extrapenal. se derogaba el segundo párrafo del artículo 32. Un Proyecto de reforma del Código Civil. en el caso de la locura. aparece como responsabilidad diluida. en las tramitaciones judiciales relativas a su futuro. y por tanto. lo cual regularon la retribución en los supuestos en que el tutelado tenga patrimonio). EXCEPCION Y SEGREGACION. a instancia familiar. es necesario ampliar la reflexión. Pero en la actualidad. por razón extrapenal. y en el tema que nos ocupa. patria potestad. sin relevo La regulación del internamiento del loco en España. que es el órgano constitucionalmente encargado de garantizar la libertad de las personas. Las que no resulten limitadas por resolución judicial. En lo relativo al internamiento del loco. pero sí secundario. El artículo 211 del Código Civil. merecía elogios porque introducía la consideración de ciudadano para el paciente psiquiátrico. y en el Código Penal. una negación global de la capacidad de la persona. que otorgaban la decisión del internamiento al gobernador civil o al alcalde. 2. no cabe. y que los supuestos de limitación deben ser establecidos por el juez tras un proceso en el que el interesado sea siempre parte. para evitar los efectos secundarios más escandalosos por su evitabilidad. producido no en la tradicional parcela quirúrgica. los poderes públicos han de habilitar el cauce presupuestario que garantice el mandato constitucional de igualdad y del derecho a la Salud. El juez deberá determinar cuáles son las esferas de la capacidad (contractual. elaborado por el anterior Gobierno centrista.) que están limitadas. o médica. el anterior Proyecto de reforma del Código Civil contenía una trascendental novedad consistente en la derogación de los Decretos de 1931. etc. desproporción y gravedad. que más bien. Consecuente con este criterio. en proceso en que el presunto incapaz será parte. matrimonial. sino en la general de la farmacológica. Por fin. en el que se establecía un catálogo de «restricciones de la personalidad». una reflexión actualizada del jurista en torno a la responsabilidad penal que conecta el efecto secundario con la decisión del tratamiento en que se produce. se contiene en los Decretos de 1931.
agudizadas por las extraordinarias características de indefensión en que generalmente se encuentra el ciudadano paciente psiquiátrico. de tal modo que la garantía judicial teórica se convierte en una convalidación burocrática de la decisión médica. incluso telefónica. Por fin. dados los márgenes de mayoría de que disfruta. derivada de la previsible ineficacia práctica de los aparatos burocráticos de la justicia. se abre la sospecha de que surjan prácticas desvirtuadoras del principio constitucional. ni puede ser llevado al juzgado. para desencadenar un proceso de terror entre los ciudadanos. Este sistema no es compatible con el texto del Proyecto comentado. no vio completada su tramitación parlamentaria. según el anterior Proyecto centrista. no es tan fácil como el examen del detenido policial llevado a presencia del juez. plantea una suspicacia más alarmante. todos los internados tendrán derecho a salir del internamiento. La realización práctica de examen judicial de la persona que haya sido internada urgentemente. y con especial énfasis los estimados como más peligrosos. incluyendo el mismo texto que resultaba del debate parlamentario ya realizado. El Gobierno socialista ha iniciado de nuevo el proceso parlamentario. Por otra parte. inmediatamente comunicada al juez. entre los Centros de internamiento de urgencia. . legalmente. Con ello los temores respecto de la supremacía del «poder médico». y de las generales dificultades para transformar en realidad los derechos de la persona reconocidos en la Constitución. superando el criterio del protagonismo familiar o gubernativo. Y porque la decisión sobre estos derechos fundamentales quedaba. O dicho de otro modo. ha de bastar con el criterio de un facultativo. El Proyecto de Ley del Gobierno centrista. voluntarios. salvo que exista una razón de urgencia. de forma expresa y según el nuevo procedimiento. todos los demás internamientos serán. cual será el status jurídico de los miles de internados psiquiátricos el día en que entre en vigor la derogación de los Decretos del 1931. en el momento de la crisis que requiere su internamiento. el encomiable sistema de revisión periódica de los supuestos de internamiento psiquiátrico involuntario. Pero existiendo el problema de la puesta en práctica de la Ley. Sólo una cosa es clara: que cuando entre en vigor la reforma legal. y las dependencias judiciales. porque la disolución anticipada de las Cámaras Legislativas se produjo cuando faltaban algunos pasos. esos dilatados plazos de revisión. en la práctica. y aceptada por éste. es necesario prever que un texto igual al que hemos comentado estará en vigor en breves meses en España. permanecen. sobre todo. Por ello. en la práctica algunos problemas previsibles desencadenaban críticas no desdeñables. en las grandes ciudades y en las localidades alejadas de centros de internamiento. de su tramitación. Sin embargo. ya simplemente complementarios. El paciente. * * * La previsible próxima derogación de nuestra legislación histórica relativa al internamiento extrapenal del presunto enajenado. de la que pudiera derivarse el que ni siquiera se llegaran a cumplir. en la práctica. ha planteado una duda práctica: la de la regulación posterior de las situaciones anteriormente reguladas por aquellas normas derogadas. Pero de esta última afirmación no cabe deducir lo que el sector más reaccionario de la psiquiatría pretende: que será inexcusable poner en la calle a todos los internados. en manos exclusivas del juez. ya que no se organiza ni siquiera la posibilidad de criterios contradictorios. y cuya privación de libertad sea objeto de debate. que permitirían al juez escapar de su condición de dependencia del criterio médico. formalmente. en la vía de la desestabilización de la convivencia. En algunos países se establecen sistemas «ágiles» de comunicación. ni puede ser objeto de observación judicial suficiente. Todas estas dudas y suspicacias son consecuencia de las insuficiencias globales del Poder Judicial. en el supuesto de internamiento de urgencia.capacidad. en cuanto no es del género represivo que ellos desean. que fue objeto de crítica por lo dilatado de los plazos en que se realizaría tal revisión.
establecido terminantemente el derecho del ciudadano a gozar de su libertad sin más limitaciones que la derivada de disposición judicial razonada. de la nueva marginación. Así como es pertinente la determinación. que producida a continuación y por las mismas instancias. rechazable por cuanto ya se ha indicado. interesando decisión judicial. de reunión o de asociación. tan sólo. en la práctica. o incluso particulares ordenanzas internas de las instituciones. y deben alojarse en el Código Civil. por la razón antes señalada. sino instrumentos para un deterioro irreversible del ser humano. tendría un sentido limitador de este derecho. aquellos que en especial corresponden al paciente psiquiátrico. se convierte en una simple prórroga de la marginación presente. «para que no se produzca un vacío normativo». mayoritarios. según amplios sectores de la propia ciencia médica. Esta interpretación de la situación creada por la reforma deberé ser. más que sobre las reglas que garantizaran su pleno ejercicio. era un debate sobre la integridad de esos derechos. Este criterio. que mientras unas normas han de tener el carácter de Ley. y de acuerdo con la Ley. Debe observarse. por señalar los más aireados. privado con frecuencia de entorno familiar. que hubiera de atender. surge una aparente contradicción de la que hemos de extraer consecuencias provechosas. de los psiquiatras. unas nuevas perspectivas jurídicas. de sustituir los Decretos relativos al internamiento gubernativo por otros adecuados a la nueva normativa. El debate sobre los derechos de huelga. . existe cierta tendencia a crear una normativa de sustitución al Decreto de 1931. pues en otro caso. la nueva situación es buena ocasión para abordar el desarrollo de diversas facetas del tema que nos ocupa. Por todo ello. Es necesario alertar a los observadores ajenos al mundo del derecho. Del mismo modo. «con unidad de criterio». como propone el Proyecto. Tales como los principios deontológicos de la Asistencia Psiquiátrica. o en la Ley de Enjuiciamiento Civil. desgraciadamente. entorno laboral. Ha sido frecuente. alojamiento. en la pasada legislatura. voluntario. Sin embargo. II. y a los juristas desatentos respecto de los derechos fundamentales. Otras normas derivan del mismo texto constitucional. es inexcusable rechazar el criterio según el cual debería relevarse al Decreto de 1931 con una normativa complementaria de la reforma. contiene el germen de la atención diferencial. sin necesaria controversia. en ciernes. además. deberá ser el marco legal del alojamiento de los internados. minoritarios. y otros. Normalización y excepcionalidad Entre ciertos sectores. otras serán simples desarrollos reglamentarios.Se observará que el desarrollo de cuanto indicamos ha de producirse en cuerpos legales y reglamentarios diversos. víctimas de una cronificación que les ha marginado. Sin embargo. ante el contenido profundo de la voluntad. para proscribir determinados tipos de «tratamientos» que no son. El vacío no se produce. y con toda probabilidad. no en función de tratamiento diferencial y marginador. de cuyo texto de desarrollo se deducían limitaciones a tales derechos. sino en función de las peculiaridades que rodean a su tratamiento. es propio de normativa exclusivamente sanitaria. del que reciben con frecuencia el primer rechazo. Es en este sentido en el que parece razonable mantener con firmeza el criterio de que no debe ser admitida ninguna regulación legal de relevo a la que ha de derogarse. la producción de textos legales de desarrollo de mandatos constitucionales relativos a derechos fundamentales. la mayor parte de ellos. Todas las situaciones tendrán un respaldo legal. tendrán una nueva situación. etc. las diversas facetas de la nueva situación atinentes al tratamiento jurídico de la locura extrapenal. pero los internados. no siempre posibilidades prácticas de llevar a cabo. el debate en torno a nuevas normas reguladoras del modo de practicar dicho internamiento. entre los derechos generales de los pacientes. aunque. como simple negocio de jurisdicción voluntaria. no sería más que una cínica transformación verbal de los textos legales. de los penalistas. un marco legal temporal.El internamiento psiquiátrico. Lo dicho inmediatamente antes. es decir.
de espaldas al causalismo clásico. por el internamiento. sea pena. por tanto. porque no se haya de repetir. Los penalistas dirían: «declarémosle loco. y el debate sobre la individualización de la reacción punitiva. Si existe acuerdo fácil respecto a que debe alcanzarse una real individualización de la pena. sea medida de seguridad. Ello no comporta marginación. la sordomudez. o en estado de necesidad. que normalmente no ha de ser internamiento.1. puesto que en todo caso. debe insistirse. como la vida o la muerte admiten que se esté «medio muerto». El problema. porque concurren permanentemente en la persona. es abrir la puerta a criterios de «no-individualización» precursores de toda clase de riesgos jurídicos. sin que quepa su absoluta indeterminación.º (internamiento indefinido del «loco penal» a disposición del tribunal). de la reforma del Código Penal que derogue el criterio del internamiento del loco que delinque. no reside en el artículo 8. y a que no debe producirse reacción punitiva en ningún supuesto o circunstancia de irresponsabilidad. a diferencia de la legítima defensa. Es evidente. Consecuentemente es una de las razones que exigen la exclusión de la reacción punitiva en varios casos de los previstos en el artículo 8 del Código Penal. en el sentido en que es entendida por los penalistas.Los penalistas. adecuado. .Mantener la inoperancia de determinadas características del comportamiento. son circunstancias repetibles. por más que un término medio. Los psiquiatras dirían: «metámosle en la cárcel. La ausencia de reacción punitiva no significa por sí misma diferencia marginadora. Por ello debe gozar de las garantías penal y procesal. La marginación. el que actúa por fuerza. como medida de seguridad postdelictual. y desde tiempo inmemorial. lo que requiere inexcusable perfeccionamiento de los deplorables aparatos judiciales. y producen exención de responsabilidad igual que las anteriores y que la enajenación mental. no es fácilmente rechazable. lo cual es opuesto al criterio de integración indispensable para la «curación». el estado de necesidad. o por miedo. han tenido un sentido instrumental de la locura. o quienes obran en legítima defensa o en estado de necesidad. el sordomudo. y pronta puesta en vigor. y de la previa determinación del tiempo de duración. es una reacción punitiva alternativa. Una toma de posición. en general.º (enajenación mental). Y tal exención no provoca marginación alguna con su tratamiento benevolente. argumenta que la benevolencia deriva de una estimación diferencial. para que no sea loco». Sólo razones de «economía procesal» permiten defender que sea el mismo tribunal penal el que ordene el tratamiento. conectado es simultáneamente medicina y castigo. No se trata de que sea el único supuesto de circunstancia eximente repetible. sustituyéndolo por el razonable de su tratamiento exclusivamente médico. Un sector de la psiquiatría. La imputabilidad es una dimensión diferencial de todo ser humano. El criterio de que la imputabilidad. como arma para alcanzar el tratamiento judicial benevolente. para que no entre en la cárcel». Antes al contrario. El debate naturalmente tiene infinitos matices. es un criterio generalmente aceptado. según establece la reforma del Código Civil. igual que al que delinquió por obediencia. El menor de edad penal. Esta es una de las razones que exigen la individualización de la reacción punitiva. y en práctica. El tema de la salud. no es una dimensión de la persona que se tiene o deja de tener. resultan alcanzados por igual benevolencia que exime o atenúa su responsabilidad penal. y conectada con la perspectiva social y teleológica del comportamiento humano. que son circunstancias extraordinarias cuya justificación no comporta riesgo social. de perfiles irrepetibles. Debe excusarse el injusto simplismo. incremento de la dimensión cívica de los funcionarios. ha de ser un tribunal el que adopte tal decisión si limita el derecho a la libertad que corresponde al enajenado que ha delinquido. La discrepancia es aparente. parece razonable proponer una agudización del esfuerzo hacia una real individualización del tratamiento judicial del comportamiento humano. que existirá acuerdo sobre un criterio de la culpabilidad alejado de los principios eticistas del libre albedrío. el problema reside en las razones del peculiar tratamiento del segundo párrafo del artículo 8. Tras los polos de la confrontación aparecen dos problemas en los cuales los aparentes discrepantes se van a encontrar en el mismo lado: el debate sobre la culpabilidad o imputabilidad. reside en el internamiento psiquiátrico alternativo. a diferencia de otros apartados del artículo 8.La razón de la diferencia de trato. provocado tan sólo para centrar los dos polos del debate. La reacción punitiva no tiene justificación o razón de ser.1. es de defensismo clásico. La menor edad. deberemos llegar al acuerdo de que tampoco será oportuna la reacción punitiva en caso de enajenación mental. Pero toda medida de seguridad postdelictual. en relación con la retribución punitiva que se otorga a ese comportamiento. pero no es real. o la obediencia debida. y no sólo en el caso de la locura. por obediencia. y en este sentido marginadora.
aprovechando el encuentro para exponer las líneas maestras del desarrollo de la nueva organización de los Servicios de Salud Mental: atendiendo el mandato constitucional (art. en pequeñas unidades en los Hospitales Generales.. las alternativas. y estructura. Las consecuencias de este enfoque en la reforma del Hospital Psiquiátrico. organizadas por la Consejería de Sanidad del Principado. Esta imbricación del mundo judicial. implican una política que evita al hospital centrismo y saca los recursos humanos y económicos fuera del hospital. los tratamientos que se le van a suministrar.000 hab. y con estancia media de 25-30 días por paciente. Este modelo posibilita la redifinición de las necesidades del internamiento. los riesgos. Asociación de Fiscales. desarrollando un modelo alternativo al Hospital Psiquiátrico que se articula en torno a los Centros de Salud Mental implantados en la comunidad. y durante su duración el interno tiene derecho al pleno goce de sus derechos civiles y políticos. El tema más debatido en las jornadas fue el internamiento. Las futuras necesidades de hospitalización serán atendidas por un número de camas. en la que abogó por el no establecimiento de un estatuto jurídico distinto entre los derechos humanos de los locos y el resto de los colectivos. garantizados con la adopción de las medidas pertinentes. Colegio Oficial de Asistentes Sociales y Asociación Española de Neuropsiquiatría. Deberíamos informar a la persona que va a consentir su internamiento del tiempo previsible de duración. el tiempo y el espacio asistenciales de un modo que permite abordajes terapéuticos innovadores concordantes con la ideología de los derechos de la persona. se vertebran en torno a dos ejes: a) la restricción de las libertades en el tratamiento de la enfermedad mental. en la proporción de 1/10. El internamiento (voluntario e involuntario) es una medida excepcional para solucionar situaciones de crisis inabordables por otros procedimientos. motivado por las innovaciones introducidas en las últimas modificaciones de los Códigos Civil y Penal. Derecho y Sociedad. Es de reseñar la intervención inaugural del Secretario General Técnico del Ministerio de Justicia. Pero por el momento el objetivo más a corto plazo es la superación del hacinamiento con la reducción del número de internos a 650 a mediados de 1985. usuario. encargando la labor rehabilitadora de los pacientes crónicos a los Centros de Salud Mental.Grupo Trabajo Legislación de Barcelona JORNADAS ASTURIANAS SOBRE ENFERMEDAD MENTAL Y LEY Las Jornadas Asturianas sobre Enfermedad Mental y Ley celebradas en Oviedo los días 26 y 27 de octubre. Problemas complejos que han de abordarse desde disciplinas distintas con una metodología compleja que evite reduccionismos simplistas. La asistencia e intervenciones en el acto de clausura del Presidente del Gobierno autónomo y del Consejero de Sanidad del Principado. cuyo objetivo es crear un marco adecuado de colaboración entre la salud mental y la justicia. da cuenta de la importancia atribuida desde instancias políticas a estas Jornadas. cuyo fin último es su propio fin. Habría que analizar las situaciones de internamiento voluntario que están enmascaradas por la inducción del facultativo o por la presión familiar (el consentimiento prestado y viciado por . 49). Jueces para la Democracia. con el objetivo de posibilitar su reinserción social a través de la creación de lugares de vida y trabajo en la comunidad y dotándolos de recursos socio-económicos. político y sanitario en torno a la enfermedad mental se activa y desarrolla en el contexto de la Reforma psiquiátrica en Asturias. en colaboración con la Asociación Profesional de la Magistratura. introduciendo en definitiva una epistemología nueva en la conceptualización de la enfermedad mental y en la praxis asistencial. garantizando el tratamiento voluntario y restringido al máximo los involuntarios. las modificaciones durante el tratamiento y las normas internas del Centro. se acomete la organización de una asistencia psiquiátrica integrada en la red sanitaria general e integral en los tres niveles preventivos. modifica la relación equipo profesional de salud mental. tomando medidas jurídicas que eviten el abuso y b) la asistencia a la que tienen derecho los enfermos mentales.
el internamiento desde un principio o durante el tratamiento par la sumisión a tratamiento ambulatorio. Y en el supuesto de eximente incompleta de enajenación. aunque no haya curación. internamiento no implica necesariamente tratamiento. intimidación o dolo es nulo. Esta previsión legal choca con las normas constitucionales sobre el derecho a la libertad y a la integridad. — El tutor puede ser una persona física o jurídica sin fines lucrativos. Sin embargo. tendentes a la prevención del riesgo o peligro social y. Durante el mismo el interno tiene derecho a asistencia letrada. Las medidas previstas en este contexto legal para la enfermedad mental son medidas de seguridad. además de no suspenderse automáticamente el proceso. de hecho. En el supuesto do «demencia sobrevenida» durante el curso del proceso. Queda claro. siendo muchas de sus funciones asumidas por el juez. — La desaparición del protector y del consejo de familia. En cuanto a la actuación durante la instrucción del proceso. el criterio para determinar su duración será o la ausencia de peligrosidad. previos informes de los que asisten al enajenado. con lo que la voluntariedad deja de existir). . Si el internamiento o la sumisión a tratamiento ambulatorio es consecuencia de una sentencia absolutoria. por la exención de la responsabilidad penal. y cuando no van juntos nos encontramos ante un caso de privación de libertad. Limitarse a comunicar al juez el internamiento supone no acceder al espíritu de la ley. El Código Penal vigente afirma que cuando el tribunal decrete el internamiento psiquiátrico de un enfermo mental podrá sustituir. que el internamiento no significa necesariamente ni aislamiento ni reclusión. es equiparable a una sentencia absolutoria anticipada. es una tarea que no debe posponerse más. o sea manifestada después del delito. se da una clara diferenciación/discriminación legal comparado con el caso de aparición de enfermedad somática (que impide la presencia en el tribunal durante el proceso). por parte del juez. En efecto. la ley puede establecer la sumisión a observación psiquiátrica (cuando advierta el juez indicios de enajenación mental y con fines de evaluación y diagnóstico). o la curación misma. límites y régimen de tutela o guarda del incapacitado. fundamentadas en la peligrosidad delictual del enfermo mental. que da idea de la dinámica de estigmatización establecida en torno a la enfermedad mental en todos los niveles de la sociedad. Actualizar su situación jurídico-asistencial remitiendo a los jueces su situación clínica presente con especificación justificada de las alternativas posibles al internamiento. pero si la enfermedad es psíquica. el tope es el de la pena privativa de libertad a la que fuera condenado. Las novedades introducidas en la nueva redacción del Código Civil (Ley 24/10/83) en materia de incapacidad son: — La declaración de incapacidad tiene que ser por sentencia judicial que delimitará la extensión. este es el fundamento de que las medidas sean adoptadas por órganos judiciales. en todo caso. significan la imposición de un tratamiento médico. en cuyo caso es una medida restrictiva de la libertad tomada para indagar la calificación de culpabilidad del presunto culpable. Todo lo hasta ahora expuesto no cuenta al parecer para los antiguos internos judiciales del «Hospital Psiquiátrico». estando determinadas las condiciones del internamiento por las exigencias terapéuticas. quedando por responder la pregunta de si un tratamiento forzoso es realmente un tratamiento. El caso de sobreseimiento libre. evitando las coaliciones familia-terapeuta-juez que llevan a dar soluciones del ocultamiento a los conflictos. siendo conveniente una vigilancia periódica del internamiento con informes al centro médico. lo cual no implica necesariamente el internamiento. en caso de enfermedad somática se suspende el proceso hasta la restauración de la salud.error. violencia. pueden derivarse legalmente la adopción de medidas cautelares e incluso la coacción a tratamiento médico. aunque éste pueda darse. que siguen en el mismo régimen de internamiento desde hace años en virtud del ya derogado decreto del año 1931. autorizando la restricción del segundo en beneficio del primero. en la cual el poder judicial actúa de mediador en el enfrentamiento del derecho a la salud y del derecho a la libertad. — El nombramiento del tutor es hecho por el juez en interés del tutelado.
o delimitar la relación entre el trastorno mental y la conducta punible. los factores distorsionantes como son los modelos teóricos. el guardador de hecho. la práctica psiquiátrica. Tener en cuenta en los peritajes psiquiátricos. — La curatela sólo pueden pedirla el cónyuge. el tutor. es ante todo una persona—. Los informes periciales psiquiátricos han de dar información completa y eficaz sobre los actos que el incapaz puede realizar y a aquellos que no. La creación de servicios sociales comunitarios son el instrumento básico para conseguir sus objetivos de informar a los ciudadanos. para que la colaboración con los jueces sea eficaz. pese a estar enraizado en la práctica cotidiana y tener aspectos debatibles tales como la ambigüedad del término «gobernarse por sí mismo». o el rango científico y la ética profesional de los informes periciales. los factores interpersonales. por haberse considerado lesiva para los derechos del enfermo —que. y son trascendentales para la reintegración de la capacidad o atenuación de su incapacidad. Se evidencia cada vez más la necesidad.— Puede existir más de un tutor. Este dictamen pericial supone una ayuda básica para el juez. el uso que el poder hace de la justicia y ésta a su vez de la psiquiatría. cuya misión es la intervención y asistencia de aquellos actos del incapacitado que la precisan o están determinados en la sentencia. y la toma de conciencia de su importancia por parte de los profesionales de la salud mental ha de llevar a una mayor claridad en los informes. potenciar la cooperación social. detrás del cual planeaba la sombra del manicomio. es decir. el ministerio fiscal y el defensor judicial. y la propia epistemología psiquiátrica puede ayudar a prepararnos actitudinalmente para la confrontación. la capacidad de decidir sobre el internamiento forzoso —y la consiguiente privación de libertad— de los enfermos mentales estaba regulado por un decreto de 1931. no olvidemos. los descendientes o ascendientes que perciban alimentos del pródigo. — El tutor al finalizar su gestión debe rendir cuentas de su administración al juez. que se encontraba totalmente rebasado por las circunstancias actuales. redunde en beneficio del incapaz y colabore en el desarrollo de una atención adecuada a la comunidad en estos espacios donde confluyen la justicia y la psiquiatría. Ahora. los representantes legales y el ministerio fiscal. — El tutor necesita autorización judicial para internar al tutelado en un establecimiento de salud mental o educación especial. de la inclusión de matices claros y pragmáticos para facilitar la decisión judicial sobre los límites en que una persona está «impedida para gobernarse por sí misma». examina por sí mismo el presunto incapaz y oirá el dictamen de un facultativo. — La introducción del guardador de hecho que tiene bajo su custodia el presunto incapaz. prestar la ayuda a domicilio y promover la prevención de los procesos de inadaptación social. El juez. — Los órganos para la protección del incapaz son: los padres. previo el fallo. situacionales y sociales. el curador. — La figura del curador. para que el juez instituya curatela o tutela. flexible. Este aspecto temático de las Jornadas. tras la abolición de esta norma. algunos siquiatras y juristas de . Andrés CABERO ALVAREZ Psicólogo EL ENFERMO MENTAL TAMBIEN TIENE DERECHOS Hasta el año pasado. entrar en el «juego de la ley». no suscitó el mismo interés que el internamiento. igual en los informes para incapacitación que en aquellos que tengan implicaciones penales. Los informes han de incluir datos sobre la relación entre el trastorno y la conducta en un lenguaje standard para que la instancia judicial diferencia entre lo relevante y lo que no lo es. Finalizan las Jornadas con una ponencia donde se hace hincapié en los aportes de los servicios sociales a la mejora de la calidad de vida y del bienestar social.
Fue necesario que apareciese un texto legal. que no orden. receptores de todo y poco o nada asistenciales. en que habrá de comunicarse al juez en un plazo de 24 horas. por el contrario. 17. a personas con veinte o cuarenta años de hospitalización sin razón que lo justifique. del presunto necesitado de tal medida. a no ser que se trate de un caso urgente. hablan de que con las actuales garantías jurídicas marcadas por el Código Civil y la propia Constitución es suficiente. y no siempre justificadamente.tendencia conservadora se preguntan si la situación no habrá quedado marcada por un vacío legal que perjudicará a todos los estamentos implicados en el tema. Los aspectos legislativos que venían a regular las formas posibles de internamiento se hallaban contemplados en el Decreto de 1931. dado que resultaba a todas luces anticonstitucional en razón de los artículos 14. de 24 de octubre. en cuyo caso se sustituye la autorización previa por la comunicación posterior al juez en el plazo de 24 horas. Estas razones. desestimándose las consecuencias posibles así como la ausencia de garantías jurídicas que regulasen tamaña privación de libertad. Ello permitió. 53 y 49 de la propia Constitución. de haber procedido a efectuarlo. considerados progresistas. Internar. Este será básicamente el marco del debate que se espera tenga lugar en las Jornadas que han sido organizadas por la Asociación Española de Neurosiquiatría. Estimamos oportuno matizar que se trata de autorización judicial. de Reforma del Código Civil en materia de Tutela e Incapacitación. Otros. Esta derogación viene de la mano de la reciente Ley 13/1983. circunstancia que en absoluto estaba garantizada con anterioridad. Asociación Pro Derechos Humanos y Jueces para la Democracia y que comienzan hoy en Madrid bajo el título genérico de Garantías Jurídicas en la experiencia Psicoasistencial. a excepción de las consecuencias de la «institucionalización» que les hace no cuestionarse por qué llegaron a ese lugar. La necesidad de proceder o no al internamiento en una institución psiquiátrica no ha sido decisión. La situación actual Lejos de perdernos en palabras farragosas. en el tema que nos ocupa. unas veces por ignorancia y otras por insolidaridad. Para proceder al internamiento involuntario se requerirá la previa autorización judicial. una suspicacia introductora de confusión a la hora de aplicar las normas vigentes en distintas instituciones. ya que esto depende de la valoración clínica del caso . en tanto funcionaban con criterios benéfico-asilares. La intervención judicial es necesaria como garante de los derechos de personas que van a ser privadas de libertad sin su consentimiento. en gran número de casos. como la intolerancia a su «no saber» o «no poder» estar y las presiones del medio han determinado que se considerase necesaria su reclusión en un hospital psiquiátrico. ¿con que garantias? Para proceder a un internamiento involuntario. a no ser que se presente la necesidad del ingreso con carácter de urgencia. y ya existen demasiadas legislaciones especiales. hasta hace poco tiempo vigente. entre los llamados pacientes crónicos. constituyen algunas de las causas por las que encontramos ingresados. y en su artículo 211 se recogen las premisas fundamentales acerca de la regulación del internamiento involuntario de un presunto incapaz. dado que el enfermo mental —afirman— es también un ciudadano. nos gustaría aclarar la situación actual vigente a la luz de dicho artículo. La presencia de la figura del juez ha suscitado en distintos medios. Circunstancias tan ajenas a la situación conflictiva del que sufre psíquicamente. por el que se permitía el ingreso involuntario e incluso indefinido sin que nadie protestase si ello se producía. sumadas a la nefasta herencia que estas instituciones han arrastrado. que se derogase el Decreto de 1931. la Constitución de 1978. Alguno de sus intervinientes adelantan sus opiniones hoy en estas páginas especiales de Liberación. y que si bien para ingresar involuntariamente se precisa dicha autorización no todas las personas que la obtengan tienen asegurado el ingreso. para que inquietudes de reforma legislativa y social hallasen un marco regulador. es necesaria la previa autorización judicial.
que la voluntariedad fuese real. y que resulta poco razonable que con su limitación se procure su salud. Y. por desgracia. de decisión por razón de peligrosidad. La reforma civil procura garantizar el derecho a la libertad del paciente. Es necedad buscar recetas a viejos problemas. La pretensión más justa sería que todos o la mayoría de los ingresos fuesen voluntarios. Teresa Capilla Roncero (Subdirectora del Hospital Psiquiátrico de Miraflores. son internados por orden judicial y que. José María Mena Fiscal de la Audiencia de Barcelona . de manos de la Administración a manos de los jueces. No nos referimos aquí a aquellos presuntos incapaces que. siempre. y buscan una utilización estratégica de la «locura». Tan sólo el artificio de la inseguridad. como sucede a menudo. Ultimamente se han reformado las leyes que regulaban el internamiento de los enfermos mentales. ni garantías. frente a la insuficiencia de un artículo polémico. Esta sustancial modificación del marco legal que regula estos supuestos ha despertado inseguridad y miedo en ámbitos sociales. algunos psiquiatras. finalmente. y establecer controles judiciales para los casos en que sea imprescindible el internamiento. y si el paciente es delincuente. los Jueces. Se trata de que nunca sea de peor condición el paciente que el sano de mente. disfrazada de no serlo. políticos y sanitarios.y de la seguridad de que la única opción terapéutica sea la hospitalización. en. cuarenta. prefieren el manicomio que la cárcel. tras la comisión de una falta o delito. nadie está en condiciones de realizar su promesa. Esta es la situación. garantías. el encierro. única y exclusivamente como medio de realizar el tratamiento. sano o paciente. por más que se produzca en manicomio. como una patata caliente. llamaríamos judiciales-penales. Hay casos de recluidos por tal razón por treinta. por «pietismo» o por estrategia de defensa. nos parece peligrosa. cuyo caso sobraría la regulación legal de la privación de libertad. con escasas probabilidades de denunciar la falta de respeto a sus derechos constitucionales. que provoca exigencias de posponer sus derechos. y así queda marginado y acosado. y conviene que contemos con ella mientras resolvemos el problema de las diversaspatatas calientes que no somos capaces de tomar ni soltar: que el estado natural del ser humano. Pero una cosa sí es clara. prefieren cualquier otro tratamiento al manicomio. la marginación. Ni eficacia. claro está. es la libertad. La posibilidad de que el desarrollo del artículo 211 del Código Civil se convierta en una ley específica. de Sevilla) LAPATATA CALIENTE DEL INTERNAMIENTO DEL LOCO El internamiento del loco ha venido pasando. incluso antes la cárcel. y más años. La práctica. La reforma penal procura poner fin al internamiento indefinido del delincuente enfermo mental. nos vuelve a poner en las manos la patata caliente. a lo largo de la historia. el acoso. se orquesta una sensación de inseguridad. consciente y no inducida o condicionada. La Administración ofrece eficacia. en este punto. hablándose repetidamente del vacío legal que supone la derogación de un decreto que parecía tenerlo todo previsto. para distinguirlos de los anteriores. sin connotación defensista de ninguna clase. a decisión por razón de sanidad. algunos juristas. Los psiquiatras. en torno al paciente mental. Los juristas. Mientras tanto. porque supondría nuevamente una vuelta atrás en la consideración discriminatoria de personas que precisen internarse en instituciones psiquiátricas.
Así. es preferible todavía a la realidad global de la «Obra de menores» (actualmente en proceso de transferencias) y su dispositivo judicial. exige un esfuerzo de conocimiento y denuncia. donde la «institución total» es aún norma. ha sido objeto de alguna atención crítica— como un campo profundamente escindido entre la «bondad» de sus fines declarados y la tremenda negatividad de sus prácticas. miembro del Consejo General del Poder Judicial) SOBRE DERECHOS HUMANOS EN LA ASISTENCIA PSIQUIATRICA . carecen en general de asistencia técnica. como clara supervivencia entre nosotros de una época en la que la asistencia caritativa era una de las formas características de ejercicio del control social sobre amplias capas de población. Ni más sobremarginadora. el conocimiento de los asuntos relacionados con los menores de edad penal está asignado a profesionales de diversas ramas del Derecho. salvo —como se dice— algunos supuestos aislados. no obstante lo específico de la función y su falta de profesionalidad. pero sobre todo de clarificación y búsqueda de alternativas válidamente practicables. constituye un medio confuso. que lo ejercen como complemento marginal de sus habituales ocupaciones. ¿Asistencia o caridad? La ejecución de las medidas a que dan lugar las correspondientes resoluciones se encuentra ampliamente delegada aún por el Estado a organizaciones religiosas. Algo que de hecho se ha llevado a hacerle objeto de otro de peor naturaleza. en el que —sin perjuicio de algunas nuevas experiencias incipientes de escasa significación porcentual— lo (más o menos) educacional y lo puramente sancionador se entrelazan y confunden. por cuanto refuerza y consolida las situaciones de marginación inicial Todo esto. Que sirva para extraer definitivamente del ámbito jurídicopenal tantas cuestiones relativas a los preadolescentes y adolescentes como abusivamente se han remitido a él. Y es el argumento que justifica su extracción del ámbito punitivo reservado a los adultos y un teórico trato de privilegio. Y. por la falta de madurez que presumiblemente les caracterizaría.POR UNA NUEVA JUSTICIA DE MENORES El complejo de disposiciones legales y aparatos institucionales que integran el área habitualmente conocido por justicia o protección de menores se ha revelado —sobre todo desde que. dejen de constituir formas encubiertas de represión y de control. Perfecto Andrés Ibáñez (Magistrado. El marco —llamémosle así— asistencial. la resultante final no puede ser más negativa desde el punto de vista de la formación de la identidad y el desarrollo de la personalidad de los jóvenes internados. para tratar con dignidad y garantías las que deban conservar ese carácter y para que las funciones de educación y asistencia. puesto que el pretendido sentido no-represivo de las medidas previstas sirve para eliminar todo tipo de garantías procesales en su imposición. tanto desde el punto de vista jurídico como pedagógico. preferentemente desinstitucionalizadas y en el medio. a partir de un momento reciente. Desde el punto de vista orgánico. que. La legislación penal aplicable a quienes no han cumplido 16 años tiene como criterio inspirador e! de la inimputabilidad de los mismos.
masiva y sistemática conculcación de derechos y libertades. lo que ha sido su relación hasta el presente. Serafín García Zarandieta. fiscal. Los nuevos dispositivos comunitarios se dirigen básicamente a nuevos problemas. que en alguna medida institucionalice las relaciones que. Significa. que no puede asistir por motivos profesionales). reiterada. dedicándose la reunión a considerar los puntos del orden del día abordados el 7-2-87: . «no poder hablar»). Esta nueva forma de relación pasa inexcusablemente por un cambio radical de los procedimientos. y el derecho a la preservación de la intimidad y lo privado. por fin. con dos psiquiatras miembros de la Asociación Andaluza. psiquiatra. invirtiendo. Una tarea interminable He aquí. Y. tiene más que ver con el orden público y con los intereses que lo parasitan que con el tratamiento o la asistencia de los trastornos mentales. incluso las transformaciones más progresivas lo más que consiguen es aligerarlo. básicamente. subdividida en dos (Andalucía Occidental y Oriental. Aún sigue siendo el sistema psiquiátrico dominante. su nombre y su dependencia administrativa (centro y dependencias de los servicios sociales o de instituciones privadas). se tomó el acuerdo de constituir una Comisión de Enlace entre las tres Sociedades. alimentación. Onésimo González Alvarez. de hecho. donde la confluencia de psiquiatría y ley debe negar. hábitat). del individuo a las instituciones y a las resoluciones administrativas. y Fernando Delgado Rodríguez. malos tratos físicos y psicológicos y. respectivamente). pero manteniendo sus condiciones de funcionamiento y su función. fiscal. También exige cambiar los objetos de intervención. a nuevas capas de población y. Manuel Conde. que todavía permanece negado en nuestro país. psiquiatra (suple a Francisco Yanes Sosa). Se designaron los miembros de la Comisión. Antonio Gil Merino. asimismo. se vienen produciendo entre las mismas hace años. A la vez. dada la persistente. entre otros. o modifican su tamaño. pues. segregación sexual. sin duda de enorme dificultad y complejidad: el establecimiento de los límites de intervención comunitaria. con una notable tendencia a persistir. una tarea interminable. Se propone. ilegal y políticamente inadmisible negativa del INSALUD y del Gobierno en pleno a asumir los costes de la asistencia psiquiátrica de los beneficiarios de la Seguridad Social. juez de instrucción de San Roque. un fiscal y un juez en cada una de ellas. ya que hablamos de derechos en la asistencia al enfermo mental. se abren nuevas tareas. un listado de temas a considerar en la primera reunión. Esta primera reunión de la Comisión de Enlace. a la que fue invitada la Comisión de Legislación de la Asociación Española de Neuropsiquiatría. precisando mas las condiciones de internamiento. ilegal y políticamente inadmisible negativa del Gobierno a asumir los costes de la asistencia psiquiátrica» El manicomio significa limitación de libertades (encierro. al burocratismo y a la ausencia de los interesados en el proceso. cuya expresión paradigmática son las unidades o secciones de Judiciales. asistiendo a la misma. que. pues. Onésimo González Psiquiatra del Hospital Psiquiátrico de Huelva REUNION DE LA ASOCIACION JUECES PARA LA DEMOCRACIA Y UNION PROGRESISTA DE FISCALES Y LA COMISION DE LEGISLACION DE LA AEN Los días 6 y 7 de febrero de 1987 se celebró en Sevilla una reunión de las Asociaciones Jueces para la Democracia y Unión Progresista de Fiscales. magistrado (suple a Ramón Sáez. graves carencias materiales (ropa. conviene referirse al anterior derecho a la asistencia. donde la oralidad y la presencia sustituyan a los oficios. los límites de activismo asistencial. la dialéctica entre necesidad de seguimiento (de control) hasta el interior del propio domicilio. habitualmente. en todo caso. En dicha reunión. la mañana del sábado día 4 de abril. tiene lugar en el Palacio de Justicia de Sevilla.«Persiste en nuestro país la reiterada. manicomio de manicomios o encierro dentro del encierro. en lo que se refiere a Andalucía Occidental.
ambulatoria. 2. c-3) Los que no requieran medidas límite de control. hogares asistidos. un funcionario de prisiones y un abogado del mismo. en una perspectiva técnico-jurídica. señor Presidente de la Audiencia Territorial de Sevilla de inminente nombramiento. A pesar del acuerdo existente con la finalidad y el espíritu de tales normas. servicios intermedios). vivienda. 4. se ratifica el criterio contrario a tales instituciones.. entendemos: c-1) Que debe lucharse contra el encierro como exclusiva o única medida de control. al final. siguen gravitando sobre el dispositivo psiquiátrico multitud de problemas estrictamente sociales (paro. reiteradamente expresado por las tres Sociedades. y el segundo.º 3. Se acordó asumir el análisis crítico efectuado por la Comisión de Legislación de la AEN de las NORMAS PARA LA ADMISION DE ENFERMOS PSIQUIATRICOS EN HOSPITALES PUBLICOS. la forma de las mismas y la burocratización que impone. dictadas por el IASAM. Ante la información oficiosa de la existencia de un proyecto de construir un centro psiquiátrico penitenciario en Marchena. centrada en el desmantelamiento del manicomio. ésta debe ser prestada en la propia enfermería de la prisión por personal sanitario de los servicios de la comunidad (preferentemente por el mismo equipo responsable de la zona donde la prisión está ubicada). la creación de unidades de agudos en hospitales generales y consultas de psiquiatría en la comunidad. consigue un resultado contrario al propuesto. etc. c-2) Que es dudosa la legalidad de los psiquiátricos-penitenciarios.. y que se acompaña como anexo n.º 3. que no encierro) para los casos que está técnicamente indicado. nos remitimos a las consideraciones contenidas en el anexo n. En segundo lugar. en la medida que alguien absuelto no puede ser penado y que la propia materialidad y organización de tales instituciones niegan su capacidad terapéutica.d) Respecto a este punto advertimos la . 5. etc. se analizó la grave carencia tanto de recursos y servicios sociales como de dispositivos psiquiátricos intermedios que se expresa en las múltiples y crecientes situaciones de penuria material.. Se acordó invitar a incorporarse a la Comisión al colectivo Derecho y Democracia. y concretamente. con numerosos aspectos claramente generalizables a todas las demás. y fue este el punto más largamente debatido. que exigiría servicios del tipo de los talleres y otras formas de trabajo protegido. siendo preciso arbitrar otras medidas técnicamente fundadas e individualizadas. reservándose las medidas extremas de control (en todo caso compañía de personal sanitario. La reforma psiquiátrica. crítica de la aplicación práctica del 211 y los problemas que plantea.º 4). pensiones. «internamientos de presos preventivos y sometidos a medidas de seguridad». Se entiende que es suficiente con una correcta aplicación del 211. b) En cuanto a esta recomendación. el primero reflexión-denuncia colectiva sobre la forma en que se desarrolla la reforma psiquiátrica en una provincia andaluza. no encuentran otra respuesta que la punitiva y marginadora. y se acuerda recabar información más precisa sobre el proyecto. sufrimiento psicológico y violencia social que. 3. asistencia en el domicilio. Se acordó solicitar una entrevista con el Excmo.) en número ciertamente creciente. c) En lo que se refiere a este punto de las recomendaciones. 6. centros y hospitales de día. etc. c-4) Para aquellos preventivos o penados que coyunturalmente requieran asistencia psiquiátrica. A la vez.1. Los anexos 1 y 2 son parte de documentos que se consideraron en el análisis de este apartado. en el marco de una red completa de servicios. es incapaz de dar respuesta a la cronicidad psicopatológica. A continuación se pasó a analizar las recomendaciones de la Comisión de Estudio de la situación jurídica en que se encuentra la población ingresada en establecimientos psiquiátricos andaluces (documento que se acompaña como anexo n. a) No se ve necesario mayor desarrollo de la normativa sobre internamiento involuntario. deben ser asistidos en régimen abierto (c.
Para algunos. dedicada a debatir los temas hasta aquí considerados. siguen acudiendo a los Servicios Psiquiátricos en demanda de consulta y.) en que transcurre la vida de amplios colectivos de población.. Provincia. 7. Se acordó. proponer a la Asociación Derecho y Democracia la organización de una jornada o reunión a celebrar en Sevilla. otro tipo de residencias.. Sevilla. f-2) La inadecuación de algunas de las alternativas desarrolladas (remisión a asilos. en algunos casos. A la vez. retrasados mentales. Los procesos de incapacitación masivas e indiscriminados pueden ser contraproducentes. Serafín GARCIA ZARANDIETA. a la Administración por una parte.. f-3) En lo que se refiere a los procesos de incapacitación. verdadero proceso de transinstitucionalización. e) En este apartado. derivados de la difícil situación (miseria material. sobre todo.. en los que se reproduce la lógica manicomial. 4 de abril de 1987. en algunos de los cuales se dan situaciones de detención de hecho y otros muestran unas carencias materiales y de organización superiores a las denuncias en los manicomios. muchas personas con problemas estrictamente sociales. subrayamos la lentitud con que. . prensa) para propiciar análisis y debates sobre estas cuestiones.. Fiscal Onésimo GONZALEZ ALVAREZ (Médico-psiquiatra) Coordinadores de la Comisión de Enlace de Andalucía Occidental ANEXO N. por último. en aras a la mayor difusión y sensibilización tanto de los profesionales de los diversos ámbitos implicados como de la población general. de la Junta o de quien sea. Aquí hacemos una doble apelación. subsidiarios de atención en servicios no .potencialidad terapéutica de la satisfacción de los derechos fundamentales referidos. para que se arbitren fórmulas de inspección e intervención sobre los diversos asilos. algunos pisos). ancianos. g) En cuanto a este apartado nos pronunciamos por espacios de trabajo protegido externos a las instituciones y advertimos de las lagunas e insuficiencias de la normativa legal referida a la enfermedad mental como causa de incapacidad para el trabajo..º 1 . a veces con mayor intensidad y violencia. de hospitalización. u otros relacionados. la frustración es mayor. entre los internados de larga estancia quedan retrasados mentales profundos y ancianos con enfermedades físicas crónicas. residencias y otras instituciones de acogida de ex residentes en manicomios. Se vio también la conveniencia de utilizar los medios de comunicación social (radio. f) En este punto debemos indicar: f-1) Las carencias y limitaciones de recursos y servicios sociales en la comunidad que impiden la salida de muchos internos de los manicomios no necesitados de tratamiento y/o de internamiento. debe valorarse la existencia de razones sociales y/o terapéuticas que lo aconsejen. la Unidad de Hospitalización es el lugar de respuesta a estas situaciones por parte de los Servicios Sociales del Municipio.. y a la Fiscalía por otra... Cada día que pasa. paro. etc. aparte de considerarse el artículo 203 del Código Civil. el nacimiento del Instituto Andaluz de Salud Mental (IASAM) había despertado grandes esperanzas en la posibilidad de transformar los Servicios Psiquiátricos públicos en Andalucía. avanzan las reformas.
la inyección mensual. etcétera) hay únicamente la breve estancia en la Unidad de Agudos. y a veces violenta. y otras. programas específicos de rehabilitación de pacientes a medio y a largo plazo. a pesar de un coste insoportable.. a los que se han venido arbitrando fórmulas de rehabilitación y reinserción social.psiquiátricos. sin avisar.º En lo que se refiere al trabajo ambulatorio y de hospitalización de agudos. en clínicas y residencias privadas. pisos.. Cuando un paciente ingresa o se va de alta. y al lado de ese cuestionable esfuerzo.º 2 Aplicación del artículo 211 y problemas que plantea . Por una parte. etc. a veces sin cobertura económica suficiente. los que tienen dinero. en el fondo. vecinos u otras instituciones carentes de recursos. y dificultades familiares (penuria económica.).. pagando. Aquí sí empiezan a aparecer respuestas. se ignoran los enfermos mentales crónicos que no han tenido estancias manicomiales prolongadas. Pero en los últimos meses hemos asistido a una verdadera presión externalizadora.. más duro y difícil de desmontar que el presente. A la vez. traslados colectivos de pacientes de un pabellón a otro.. Se trataba de echar personas a la calle independientemente de su estado clínico.. debido a un esfuerzo del personal absolutamente elogiable.. de curso prolongado.... A veces. usando los diferentes recursos (dispensario.. Algunas de las personas con problemas como los referidos ya están en el Psiquiátrico Penitenciario y otros. nos desvela una praxis que está muy lejos de una normal aplicación de la ley y de la función atribuida al juez como garante del derecho a la libertad y a la seguridad de los ingresados en establecimientos psiquiátricos. desmedida. desplazando los problemas a las familias. con equipos diferentes y prácticamente incomunicados para trabajo ambulatorio y hospitalario.). ha provocado verdaderas movilizaciones del personal para impedir decisiones descabelladas (por ejemplo.. 2. encerrados. enfermos de larga estancia manicomial. etcétera) como elementos diferenciados de un mismo equipo. cambia de equipo y de médico. ANEXO N. la visita periódica al domicilio.. vagabundeo sin rumbo. por parte del sector privado. en algún caso. lo que en el fondo interesa que ocurra). nada de eso existe. a corto plazo. hospital.º Nos parece grave la situación de los enfermos crónicos: 2. los crónicos ambulatorios. a modo de somero inventario. para cuyas necesidades específicas seguro que hay planes y proyectos..(posiblemente. en algunos casos con indudable éxito..). va de uno a otro y de otro a uno.1. 3. que recurre a uno u otro según la situación clínica de los enfermos. Empleo u ocupación protegida. ausencia o avanzada edad de los padres. pasamos a señalar: . autonomía vital. Un supuesto desmantelamiento del manicomio va creando numerosos minimanicomios (asilos. con una verdadera degradación de las condiciones de vida de los sujetos (comida. sin preparación. 2. dinero. pero nada en la realidad. Los conflictos cotidianos que esta situación plantea. el malestar de los pacientes y la tensión entre muchos profesionales marcan la vida diaria de los servicios y acaban produciendo la consecuencia que. que. muchos desean: la única posibilidad de encontrar continuidad en la atención es acudiendo a los servicios privados. sin personal. El resto es encierro en el domicilio.. aseo personal. se ha impuesto un modelo escindido. va a ser el origen de una nueva institucionalización. de un nuevo encierro.. violencia que han sufrido tanto internos como miembros del personal y que nos ha parecido inadmisible y que. Este problema. Cuando se unen enfermedad mental deteriorante grave. y sin asegurar las condiciones de vida en el exterior. apoyo psicosocial mantenido. también inexistentes en el sector público.2.. los jóvenes y nuevos crónicos. la realidad cotidiana de la Administración de Justicia y de la Asistencia Psiquiátrica. roto. en vez de desarrollar una organización territorializada (sectorizada) y basada en la continuidad de cuidados.
3. Y más concretamente las Policías Locales la de: «Cooperar en la resolución de los conflictos privados cuando sean requeridos para ello» (art. c) Muchas veces los problemas materiales. 4.1. olvidando el carácter perentorio de los plazos procesales. es necesario afirmar: 1. y se solicita por los familiares la intervención de la autoridad y de sus agentes para resolver esta situación de crisis. éstas tienen atribuida. — En otras ocasiones el citado artículo se incumple parcialmente. De ordinario los familiares. entre otras.º Que conforme a la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (Ley Orgánica 2/1986. ante estas situaciones de crisis. que la competencia para resolver sobre su internamiento no corresponde al juez penal (juez de guardia). con el fin de proceder a su internamiento inmediato. por encontrarse en situación de crisis. solicitan el auxilio de los Servicios Sanitarios Psiquiátricos o de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. como ya hemos señalado. altera la paz social o familiar. conforme al artículo 211.b). El internamiento deberá resolverse por el juez civil. so pretexto del exceso de trabajo y la imposibilidad de desplazamiento al centro psiquiátrico. en el que el ingreso inicialmente se acuerda por los facultativos dando cuenta de ello al juez. 54. la función de: «Auxiliar y proteger a las personas y asegurar la conservación y custodia de los bienes que se encuentren en situación de peligro de cualquier clase» (art. al que. El caso más frecuente es aquel en el que un enfermo mental. En este supuesto es necesario afirmar inicialmente. llegando incluso a impedir la aplicación del artículo 211. que terminan con la inhibición de ambos y el planteamiento del problema al juez penal. suele plantearse conflictos de competencia negativa entre la Administración sanitaria y los Cuerpos de Seguridad. por la inhibición de las distintas Administraciones públicas. En la mayoría de los casos y siempre que no han existido contactos previos para resolver esta cuestión. que estiman debe mantenerse hasta tanto no se revoque por el propio juez. 11. en las que se encuentran atribuidos a distintos órganos judiciales los órdenes civil y penal. al concederse la autorización sin el preceptivo examen judicial o el informe de un facultativo distinto al de quien acordó el ingreso. alcanzan especial relieve. que no hemos afirmado carece de competencia para resolver sobre el internamiento. no obstante.º La existencia de servicios permanentes de Medicina General o Servicio Especial de Urgencia. existen jueces que no distinguen entre autorización y orden judicial. no suele llegar a producirse: — Porque los juzgados civiles no dan cumplimiento al artículo 211. accesorios y circunstanciales. b) En ocasiones.1.º Que la asistencia a los enfermos psiquiátricos está atribuida a las Instituciones y Centros Públicos Psiquiátricos. Nos queremos referir a los problemas planteados diariamente respecto a la aprehensión y traslado de los enfermos a los centros psiquiátricos. de 13 de marzo).i). la posterior autorización judicial o aprobación de un internamiento involuntario urgente. .a) En las grandes ciudades. se suele acudir. Para obviar de alguna forma estas situaciones y una vez sentado que nos encontramos ante un supuesto de internamiento involuntario urgente. como hemos apuntado atribuyendo al artículo 211 un contenido que no tiene y convirtiendo en la práctica la autorización en orden de ingreso. — Porque el alta del internado se produce antes de la puesta en marcha de los mecanismos judiciales.º La inexistencia de servicios específicos de asistencia social y sanitaria para situaciones de crisis. 2.
2. que en la práctica parecen dirigidas a salvaguardar a la Administración sanitaria. Si en algún lugar no existen o no funcionan debidamente tales equipos. que deben basarse en la oralidad y la presencia y no en una montaña de oficios. fiscales. 3. El desacuerdo con la normativa en sí. sellos y registros que gravitan como una losa sobre unos y otros. b) En tanto no se produzca el desarrollo normativo del artículo 211 del Código Civil.4 de esta Memoria. cumpliendo requisitos formales que dificultan o impiden la valoración o expresión de lo que realmente creemos que tiene trascendencia: la peculiaridad de cada caso y de cada situación. justamente. que por el hecho de existir como norma específica para enfermos mentales significa una forma de segregación respecto a otra clase de enfermos. en lo contrario. técnicos sanitarios y sujetos implicados. ANEXO N. 4. Recordamos que el rechazo a normativas específicas. ha sido reiterada y exhaustivamente expuesto a las autoridades desde diversos ámbitos de la Asociación.. Recomendaciones a) Sería conveniente apoyar toda iniciativa legislativa que tienda a la unificación y clarificación de la normativa sobre internamiento psiquiátrico involuntario.. funciones de los equipos sanitarios de las Unidades de Hospitalización. 13 del año 85 de la Revista de la AEN) 6. El rechazo a la gran burocratización que implica la ejecución de las referidas normas. ANEXO N. así como las relaciones entre jueces. necesariamente marginadoras. cada uno con funciones y medios propios.º 4 Memoria que presenta la Comisión de Estudio de la situación jurídica en que se encuentra la población ingresada en establecimientos psiquiátricos andaluces (Publicada en el núm. analizar detenidamente las actitudes de los familiares dados los riesgos de malversación y dilapidación de los bienes. en los términos expuestos en el apartado 2. resuélvase esa carencia o esa disfunción. En algunos casos. entre otros asuntos ha examinado las denominadas NORMAS PARA LA ADMISION DE ENFERMOS PSIQUIATRICOS EN HOSPITALES PUBLICOS dictadas por el INSTITUTO ANDALUZ DE SALUD (IASAM). Las funciones de las Comisiones de Admisión a que se refieren dichas Normas. creadas por Resolución de la Presidencia del IASAM. Consideramos necesario individualizar las propuestas y.Sólo la coordinación y cooperación de estos servicios. se propone la interpretación y aplicación del mismo en el ámbito administrativo de los establecimientos psiquiátricos andaluces. pueden resolver situaciones como las que estamos analizando. son en realidad. de 5 de febrero de 1986. en todos los casos. la presunta garantía judicial puede convertirse. la necesidad de fundamentar y motivar individualmente las decisiones que se adopten. de quien depende el IASAM. y les transmita las siguientes consideraciones: 1. pero sin recurrir al subterfugio de una supuesta necesidad jurídica. . No estamos de acuerdo con la propuesta de incapacitación masiva de todos los internos de larga estancia como al parecer se ha decidido en alguna provincia. acordándose proponer a la Junta de Gobierno de la Asociación que se dirija a las autoridades sanitarias de la Junta de Andalucía.º 3 La Comisión de Legislación de la AEN en sus reuniones de diciembre de 1986 en Madrid y febrero de 1987 en Sevilla. así como alguna de las consecuencias que está teniendo su aplicación.
de orden asistencial. d) Promover las condiciones necesarias para que los derechos fundamentales de los internos referentes a la información y comunicación se desarrollen adecuadamente. en atención a sus funciones protectoras. y de defensa de los derechos humanos. j) La intervención urgente de la Administración para solucionar el problema que plantea. k) Potenciar aquellas medidas asistenciales que eviten la institucionalización de los pacientes . para los ingresados no necesitados de tratamiento o internamiento psiquiátricos y dar cumplimiento al artículo 203 del Código Civil. respecto a los restantes. convendría potenciar las relaciones de los establecimientos psiquiátricos con los órganos jurisdiccionales en el sentido recogido en el comentario sobre Código Penal y Ley de Enjuiciamiento Criminal (apartado 2. h) Reglamentar con normas de régimen interno precisas las actividades laborales de los internos en el Centro. en cuanto a instalaciones el Hospital Provincial Psiquiátrico de Málaga. la administración de los recursos económicos de los internos no incapacitados.5). f) Promover las medidas oportunas para encontrar soluciones alternativas adecuadas. mediante la normativa correspondiente. i) La necesidad de reglamentar.c) En cuanto al internamiento de los presos preventivos y sometidos a medidas de seguridad. e) Corregir las deficiencias detectadas en orden a la protección del derecho a la dignidad humana e intimidad de los internos. g) Dar traslado del presente informe al Ministerio Fiscal y al Defensor del Pueblo Andaluz.
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