Source: https://tc.vlex.es/vid/-501097202
Timestamp: 2019-03-19 21:41:28
Document Index: 390268617

Matched Legal Cases: ['artículo 12', 'artículo 85', 'artículo 90', 'artículo 12', 'artículo 85', 'artículo 90', 'artículo 12', 'artículo 85', 'artículo 85', 'artículo 90', 'artículo 85', 'artículo 85', 'artículo 90', 'artículo 90', 'artículo 90', 'artículo 12', 'artículo 12', 'artículo 85', 'artículo 90', 'artículo 12', 'artículo 85', 'artículo 85', 'Artículo 85', 'Artículo 90', 'artículo 12', 'artículo 85', 'artículo 90']

STC 33/2014, 27 de Febrero de 2014 - Jurisprudencia - VLEX 501097202
Número de Recurso: Recurso de inconstitucionalidad 1932-2004
Recurso de inconstitucionalidad 1932-2004. Interpuesto por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos de la Ley 61/2003, de presupuestos generales del Estado para el año 2004. Competencias sobre condiciones básicas de igualdad, ordenación general de la economía, asistencia social, régimen local, transportes y energía: inconstitucionalidad de los preceptos relativos al programa de servicios sociales generales del Instituto de Mayores y Servicios Sociales y al régimen de subvenciones en materia de transportes urbanos, y de la partida presupuestaria para ayudas a la incentivación, desarrollo y actuaciones de fomento de las energías renovables y eficiencia energética.
Sentencia citada en: 32 sentencias, un artículo doctrinal, una resolución administrativa
STC 033/2014
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Presidente, doña Adela Asua Batarrita, don Luis Ignacio Ortega Álvarez, doña Encarnación Roca Trias, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Juan José González Rivas, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González Trevijano y don Enrique López y López, Magistrados, ha pronunciadoEN NOMBRE DEL REY
En el recurso de inconstitucionalidad núm. 1932-2004, interpuesto por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña contra los siguientes preceptos de la Ley 61/2003, de 30 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para el año 2004: artículo 12.3, en relación con los programas 12, “Gestión de prestaciones sociales no contributivas” y 31, “Servicios sociales generales” del presupuesto del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales; artículo 85.1 C), letra b) y 2, primer párrafo, concretamente el inciso “en las mismas condiciones de reparto fijadas anteriormente”; artículo 90 b); disposición adicional decimotercera; y la partida núm. 745, de la sección 24, Ministerio de Economía, programa 731F, por la que se dota al Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía con 22.869,29 miles de euros, para ayudas a la incentivación, desarrollo y actuaciones del plan de fomento de las energías renovables y eficiencia energética. Ha sido Ponente el Presidente don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, quien expresa el parecer del Tribunal.I. ANTECEDENTES
Mediante escrito registrado en el Tribunal con fecha 25 de marzo de 2004, la Abogada de la Generalitat de Cataluña, obrando en nombre y representación de su Gobierno, interpuso recurso de inconstitucionalidad contra: el artículo 12.3, en relación con los programas 12 “Gestión de prestaciones sociales no contributivas” y 31 “Servicios sociales generales” del presupuesto del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales; el artículo 85.1 C), letra b) y 2, primer párrafo, concretamente el inciso “en las mismas condiciones de reparto fijadas anteriormente”; el artículo 90 b); así como contra la disposición adicional decimotercera y la partida núm. 745, de la sección 24, Ministerio de Economía, programa 731F, por la que se dota al Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía con 22.869,29 miles de euros, para ayudas a la incentivación, desarrollo y actuaciones del plan de fomento de las energías renovables y eficiencia energética, todos ellos de la Ley 61/2003, de 30 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para el año 2004.
Comienza, la representación procesal de la Generalitat de Cataluña examinando los cánones de enjuiciamiento de la constitucionalidad de las leyes de presupuestos generales del Estado. El escrito de recurso cita la STC 13/1992 y recuerda que la referida Sentencia reconoce que es factible la impugnación directa de partidas presupuestarias sin que deba esperarse a la normativa específica de desarrollo de cada crédito, ayuda o su subvención. Tal impugnación directa procede en aquellos casos en que en la consignación presupuestaria del crédito se contiene la norma relativa a su aplicación, así como en los supuestos en que de la propia partida resulte que en los fondos destinados a ayudas en materias de competencia exclusiva autonómica se han centralizado en organismos propios o dependientes del Estado.
En primer lugar, se impugna el artículo 12, en su apartado 3, en conexión con los programas 12 “Gestión de prestaciones sociales no contributivas” y 31 “Servicios sociales generales” del presupuesto del entonces Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (IMSERSO).
Se impugna, en segundo lugar, por el Gobierno de la Generalitat, la disposición adicional decimotercera de la Ley 61/2003 que se refiere a la asignación de cantidades a fines sociales. De acuerdo con tal disposición, “para el año 2004, el resultado de la aplicación de lo dispuesto en la disposición adicional duodécima de la Ley 52/2002, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2003, no podrá ser inferior a 118.805.669 euros. Cuando no se alcance esta cifra, el Estado aportará la diferencia”. A su vez la disposición adicional duodécima de la Ley 52/2002, a la que se remite la disposición impugnada, afirma que “durante los años 2003, 2004 y 2005 el Estado destinará a subvencionar actividades de interés social, en la forma que reglamentariamente se establezca, el 0,5239 por 100 de la cuota íntegra del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, determinada en la forma prevista en el apartado dos de la disposición adicional vigésima de la Ley 54/1999, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2000, correspondiente a los contribuyentes que manifiesten expresamente su voluntad en tal sentido. Los importes anuales así obtenidos no podrán superar la cantidad de 132.222.663 euros”.
A continuación, el recurso plantea la inconstitucionalidad de una serie de preceptos ubicados en el capítulo I sobre corporaciones locales. Concretamente se plantea la inconstitucionalidad del artículo 85.1 C), letra b y del inciso “en las mismas condiciones de reparto fijadas anteriormente” del apartado 2, primer párrafo del mismo artículo 85, igualmente se plantea la inconstitucionalidad del artículo 90 b).
En lo que se refiere en primer lugar a la impugnación de artículo 85.1 C), letra b), señala el escrito de la representante legal del Gobierno de la Generalitat que el Tribunal Constitucional ha entendido que las subvenciones del transporte colectivo urbano, de prestación obligatoria en el caso de los municipios de más de 50.000 habitantes según la Ley de bases del régimen local, deben encuadrarse en la materia de régimen local amparado en el art. 149.1.18 CE que atribuye al Estado la competencia sobre las” bases del régimen jurídico de las administraciones públicas”. Siendo así, se concluye que esas concretas subvenciones son subsumibles en el segundo de los supuestos de concurrencia competencial que el Tribunal Constitucional concretó en la STC 13/1992 que se daría “cuando el Estado ostenta un título competencial genérico de intervención que se superpone a la competencia de las Comunidades Autónomas sobre una materia, aún si ésta se califica de exclusiva (v.gr., la ordenación general de la economía), o bien tiene competencia sobre las bases o la coordinación general de un sector o materia, correspondiendo a las Comunidades Autónomas las competencias de desarrollo normativo y de ejecución” y que supondría que en tales supuestos el Estado puede consignar subvenciones de fomento en sus presupuestos generales, especificando su destino y regulando sus condiciones esenciales de otorgamiento hasta donde lo permita su competencia genérica, básica o de coordinación, pero siempre que deje un margen a las Comunidades Autónomas para concretar con mayor detalle la afectación o destino, o, al menos, para desarrollar y complementar la regulación de las condiciones de otorgamiento de las ayudas y su tramitación. Además, la gestión de estos fondos corresponde a las Comunidades Autónomas de manera que no pueden consignarse, por regla general, en favor de un órgano de la Administración del Estado u organismo intermediario de ésta. Se trata de partidas que deben territorializarse en los propios presupuestos generales del Estado si ello es posible o en un momento inmediatamente posterior, mediante normas que fijen criterios objetivos de reparto o mediante convenios de colaboración ajustados a los principios constitucionales y al orden de distribución de competencias. La posterior STC 233/1999, señala el escrito de recurso, concluirá que la regulación que efectúe el Estado de las condiciones esenciales de otorgamiento de las ayudas al servicio de transporte colectivo urbano deben dejar margen suficiente a las Comunidades Autónomas para que puedan complementar dichas condiciones y establecer criterios propios de distribución del crédito entre las entidades locales de su territorio.
El apartado 2 del artículo 85 de la Ley 61/2003 establece el derecho a participar en las ayudas al servicio de transporte a los municipios de más de 20.000 habitantes que dispongan del mismo, siempre que el número de unidades urbanas censadas en el catastro supere las 36.000. Se reconoce el mismo derecho a las capitales de provincia que no alcancen tales cifras.
Se impugna igualmente la letra b) del artículo 90 por imponer la gestión centralizada de los fondos en materia de transportes urbanos. El artículo 90 b) detalla los documentos a presentar a requerimiento del Ministerio de Hacienda. El respeto a la competencia exclusiva autonómica impondría que corresponda a las Comunidades Autónomas recabar la información necesaria para la distribución de las ayudas a cuyo efecto ellas mismas deben determinar mediante qué documentos han de acreditarse los datos pertinentes. La gestión centralizada de los fondos contravendría la doctrina del Tribunal Constitucional y en consecuencia se solicita la declaración de inconstitucionalidad del artículo 90 b).
Se impugna finalmente la partida núm. 745, de la sección 24, Ministerio de Economía, programa 731F, por la que se dota al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) con 22.869,29 miles de euros, para ayudas a la incentivación, desarrollo y actuaciones del plan de fomento de las energías renovables y eficiencia energética.
Mediante providencia de 27 de abril de 204 el Pleno del Tribunal Constitucional, a propuesta de la Sección Cuarta, acordó admitir a trámite el presente recurso; dar traslado de la demanda y documentos presentados al Congreso de los Diputados, al Senado y al Gobierno al objeto de que puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimaren convenientes; y publicar la incoación del recurso en el “Boletín Oficial del Estado”.
Por escrito de 7 de mayo de 2004 el Abogado del Estado se personó en el proceso solicitando una prórroga del plazo concedido para formular alegaciones, prórroga que le fue concedida mediante providencia de la Sección Segunda de 11 de mayo de 2004.
Por escrito que tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal el 12 de mayo de 2004, la Presidenta del Senado comunicó el Acuerdo de la Mesa de la Cámara de personarse en el proceso ofreciendo su colaboración a los efectos del art. 88.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.
Por escrito que tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal el 14 de mayo de 2004, el Presidente del Congreso de los Diputados comunicó el acuerdo de la Mesa de la Cámara de no personarse en el proceso ni formular alegaciones poniéndose a disposición del Tribunal.
Con fecha 21 de mayo de 2004 se registra en este Tribunal el escrito de alegaciones del Abogado del Estado, que resumidamente se exponen.
Considera el Abogado del Estado que en el recurso planteado se impugna la mera consignación presupuestaria aun prescindiéndose de un examen concreto de las normas que regulan cada subvención, sin que en la Ley de presupuestos aparezcan datos suficientes que permitan exigir una determinada territorialización ya en este instrumento normativo. Tras reproducir la doctrina constitucional en materia de subvenciones, considera el escrito de la Abogacía del Estado que, en general, en todos los casos contemplados en la demanda no aparece nunca una competencia autonómica con tal grado de exclusividad que no permita la concurrencia posible de alguna competencia estatal. A continuación entra a rebatir cada una de las impugnaciones.
En lo que se refiere a la impugnación del artículo 12.3 en relación con los programas 12 “Gestión de prestaciones sociales no contributivas” y 31 “Servicios sociales generales” del presupuesto del IMSERSO, considera el representante legal del Estado que el art. 149.1.17 CE ampara la competencia del Estado para la financiación de los programas impugnados. El carácter básico de la regulación en materia de Seguridad Social lleva a un régimen unitario que se basa en prestaciones iguales para los beneficiarios lo que conecta el art. 149.1.17 CE con el título previsto en el art. 149.1.1 CE. La efectividad de esta competencia estatal, que exige la igualdad de condiciones de todos los españoles, ha de suponer que en todo el territorio del Estado las ayudas programadas sean iguales, sin que el trato sea mejor en unas Comunidades Autónomas que en otras.
En lo que se refiere a la impugnación de la disposición adicional decimotercera se cataloga la misma de preventiva en tanto se adelanta a un posible desarrollo reglamentario legalmente previsto en cuya virtud se pudiera llevar a cabo la territorialización a favor de las Comunidades Autónomas de los fondos correspondientes a la asignación tributaria del IRPF.
En relación con la impugnación del art 85.1 C), letra b), y 2, primer párrafo, inciso “en las mismas condiciones de reparto fijadas anteriormente” y del art. 90 b), recuerda el Abogado del Estado que dichos preceptos encuentran su fundamento jurídico en la disposición adicional quinta del Real Decreto Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales (y que se encontraba en la disposición adicional decimoquinta de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las haciendas cocales) y que viene siendo objeto de desarrollo por la sucesivas Leyes de presupuestos.
Finalmente en lo que respecta a la impugnación del art. 90 de la Ley 61/2003 afirma el Abogado del Estado que dado que esta subvención por servicios de transporte colectivo urbano depende de parámetros municipales variables y que su propia definición es el reparto en función de estos parámetros no es, en modo alguno, susceptible de regionalización, resultando ser uno de los excepcionales supuestos en que tal función ejecutiva debe quedar en manos del Estado.
En lo que se refiere a la impugnación de la partida núm. 745, de la sección 24, Ministerio de Economía, programa 731F, por la que se dota al IDAE con 22.869,29 miles de euros, para ayudas a la incentivación, desarrollo y actuaciones del plan de fomento de las energías renovables y eficiencia energética, entiende el Abogado del Estado que el desarrollo del referido plan es parte de la planificación general de la actividad económica (art. 149.1.13 CE) y al ser el ámbito territorial superior al de una Comunidad Autónoma se justifica la función coordinadora de la Administración General del Estado. Para el Abogado del Estado la plena efectividad de la actividad planificadora de ámbito nacional viene a justificar la gestión de las ayudas por el IDAE y la consiguiente consignación centralizada realizada por la partida impugnada.
Se impugnan en el presente recurso de inconstitucionalidad los siguientes preceptos de la Ley 61/2003, de 30 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para el año 2004: artículo 12.3, en relación con los programas 12 “Gestión de prestaciones sociales no contributivas” y 31 “Servicios sociales generales” del presupuesto del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales; artículo 85.1 C), letra b) y 2, primer párrafo, concretamente el inciso “en las mismas condiciones de reparto fijadas anteriormente”; artículo 90 b); disposición adicional decimotercera; y la partida núm. 745, de la sección 24, Ministerio de Economía, programa 731F, por la que se dota al Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía con 22.869,29 miles de euros, para ayudas a la incentivación, desarrollo y actuaciones del plan de fomento de las energías renovables y eficiencia energética.
Antes de comenzar el examen de fondo debemos pronunciarnos sobre dos cuestiones previas.
Entrando ya en el fondo del asunto, para examinar el reproche de inconstitucionalidad debemos recordar que, tal como tenemos establecido (por todas, STC 138/2009, de 15 de junio, FJ 3), en la resolución de las controversias que se susciten respecto a la regulación y aplicación de ayudas o subvenciones que puedan establecerse en las distintas áreas o segmentos de la acción pública es necesario tener en cuenta la distribución de competencias existente en la materia constitucional en la que proceda encuadrar las subvenciones de que se trate, para lo cual se debe examinar el contenido concreto de las disposiciones objeto de conflicto.
Se impugna, en primer lugar, el artículo 12, en su apartado 3, en conexión con los programas 12 “Gestión de prestaciones sociales no contributivas” y 31 “Servicios sociales generales” del presupuesto del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (IMSERSO).
El programa 1201, sobre pensiones no contributivas, que se refiere más específicamente a las prestaciones económicas de jubilación o invalidez para aquellas personas que no tengan derecho a una pensión contributiva de la Seguridad Social, debe ser incardinado en la materia “Seguridad Social”, pues de acuerdo con nuestra doctrina, “el art. 41 CE, al poner en relación el sistema de Seguridad Social con las ‘situaciones o estados de necesidad’, persigue superar esta ‘perspectiva legal donde era prioritaria la noción de riesgo o contingencia’ (STC 103/1983, de 22 de noviembre, FJ 4). Con ello, se confirma la idea de que la Seguridad Social se configura como una ‘función de Estado’ para atender situaciones de necesidad que pueden ir más allá de la cobertura contributiva de la que el propio sistema partía” (STC 239/2002, de 11 de diciembre, FJ 3); lo que nos permitió afirmar que “el sistema de Seguridad Social, al configurarse como una función de Estado, permite incluir en su ámbito no sólo a las prestaciones de carácter contributivo, sino también a las no contributivas” (STC 239/2002, FJ 3).
Por su parte, el programa 31, sobre servicios sociales incluye los programas 3132, sobre atención a personas mayores, que incluye diferentes actuaciones como el programa de teleasistencia, el programa de gente mayor en acción, la organización del “Salón del Mayor”, inversiones en centros para gente mayor o convenios de colaboración con Comunidades Autónomas para la construcción de centros para gente mayor; 3133, sobre atención a inmigrantes y refugiados que incluye ayudas para estos colectivos e inversiones y 3138, sobre prestaciones técnicas y otras acciones comunes que incluye ayudas técnicas para personas discapacitadas y un plan de accesibilidad (supresión de barreras arquitectónicas).
Una vez abordado el encuadre competencial de los diversos fondos nos corresponde determinar la compatibilidad de los diferentes programas impugnados con la distribución de competencias en aquellos casos en los que haya sido posible realizar tal encuadre.
En lo que se refiere al programa 1201, sobre pensiones no contributivas, que ha quedado encuadrado en la materia de “Seguridad Social”, y no pudiendo considerar que los fondos destinados a tal propósito sean propiamente subvenciones a las que les sea aplicable la jurisprudencia fijada en la STC 13/1992, debemos recordar, no obstante, la doctrina de este Tribunal que establece que “las pensiones no contributivas de invalidez y jubilación de la Seguridad Social forman parte del patrimonio de la Seguridad Social y se integran en la llamada ‘caja única’ del sistema (arts. 80 y 81 de la Ley general de la Seguridad Social), pues “como cabe deducir de los antecedentes y de los debates parlamentarios que culminaron en la aprobación del texto del citado precepto constitucional [art. 149.1.17 CE], la mención separada del ‘régimen económico’ como función exclusiva del Estado trataba de garantizar la unidad del sistema de la Seguridad Social y no sólo la unidad de su regulación jurídica, impidiendo diversas políticas territoriales de Seguridad Social en cada una de las Comunidades Autónomas” (STC 124/1989, de 7 de julio, FJ 3). A continuación señalábamos que “el principio de unidad presupuestaria de la Seguridad Social significa la unidad de titularidad y por lo mismo la titularidad estatal de todos los fondos de la Seguridad Social, puesto que si faltara un único titular de los recursos financieros del sistema público de aseguramiento social, tanto para operaciones presupuestarias como extrapresupuestarias, no podría preservarse la vigencia efectiva de los principios de caja única y de solidaridad financiera, ni consecuentemente la unidad del sistema” (STC 239/2002, de 11 de diciembre, FJ 8).
[L]as consideraciones anteriores obligan a rechazar la tesis de que, dentro del territorio de Cataluña, la Generalitat pueda administrar y disponer de los fondos generados por la Seguridad Social, aplicándolos a sus propias obligaciones o cargas, como si se tratara de fondos autonómicos y no, como con toda evidencia son, de fondos estatales cuya disponibilidad por los órganos de la Comunidad Autónoma es siempre de carácter mediato que presupone la provisión o habilitación previa a cargo de la caja única de la Seguridad Social que la Tesorería gestiona sobre todo el territorio nacional.
(STC 124/1989, de 7 de julio, FJ 3)
En lo que se refiere a los programas 3132 y 3138, hemos constatado la imposibilidad de apreciar la conexión directa de los fondos allí previstos con la promoción de la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos constitucionales (art. 149.1.1 CE), no obstante lo cual hemos afirmado que, de acuerdo con nuestra doctrina, el Estado puede dedicar sus fondos a las finalidades expresadas en los programas referidos. Admitido lo anterior, este Tribunal ha establecido límites en relación con la manera de realizar la consignación de los fondos en la Ley de presupuestos generales del Estado. En efecto, el Estado, de acuerdo con la doctrina establecida en el fundamento jurídico 9 de la STC 13/1992, de 6 de febrero, debe, en el caso de aquellos fondos destinados a subvenciones que deban, en principio, gestionar las Comunidades Autónomas:
En el caso del programa 3133, sobre atención a inmigrantes y refugiados, sin embargo, al ser encuadrable en la materia “asistencia social”, y no poder concurrir título competencial estatal alguno, el mismo es reconducible al primer supuesto —a)— de la STC 13/1992, FJ 8, el cual determina lo siguiente:
Un primer supuesto se produce cuando la Comunidad Autónoma ostenta una competencia exclusiva sobre una determinada materia y el Estado no invoca título competencial alguno, genérico o específico, sobre la misma. El Estado puede, desde luego, decidir asignar parte de sus fondos presupuestarios a esas materias o sectores. Pero, de una parte, la determinación del destino de las partidas presupuestarias correspondientes no puede hacerse sino de manera genérica o global, por sectores o subsectores enteros de actividad. Por otra parte, esos fondos han de integrarse como un recurso que nutre la Hacienda autonómica, consignándose en los presupuestos generales del Estado como transferencias corrientes o de capital a las Comunidades Autónomas, de manera que la asignación de los fondos quede territorializada, a ser posible, en los mismos presupuestos generales del Estado.
Se impugna, en segundo lugar, por el Gobierno de la Generalitat, la disposición adicional decimotercera de la Ley 61/2003 que se refiere a la cuantía mínima de los fondos a destinar en el año 2004 a subvencionar actividades de interés social, fondos que en su mayoría provendrían del 0,5239 por 100 de la cuota íntegra del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) correspondiente a los contribuyentes que manifiesten expresamente su voluntad en tal sentido. De acuerdo con la disposición impugnada:
Se impugnan, en tercer lugar, el artículo 85.1 C), letra b, así como el inciso “en las mismas condiciones de reparto fijadas anteriormente” del apartado 2, primer párrafo de mismo artículo 85 de la Ley 61/2003, ambos por regular con tal grado de detalle y precisión las condiciones de otorgamiento de las subvenciones al transporte colectivo urbano de determinados municipios que hace imposible cualquier regulación autonómica de desarrollo.
Artículo 85. Subvenciones a las Entidades locales por servicios de transporte colectivo urbano
Los municipios que, aun no reuniendo alguna de las condiciones anteriores, sean capitales de provincia y dispongan de un servicio de transporte colectivo urbano interior, cualquiera que sea su régimen de explotación.
Artículo 90. Información a suministrar por las Corporaciones locales
Procede, en primer lugar, realizar el encuadramiento competencial de las ayudas referidas.
Una vez realizado el encuadre competencial, corresponde la aplicación al caso concreto de la consolidada doctrina de este Tribunal en materia de subvenciones y ayudas públicas, en particular la contenida en la STC 13/1992, a la que ambas partes hacen referencia en sus alegaciones.
Se impugna finalmente la partida núm. 745, de la sección 24, Ministerio de Economía, programa 731F, por la que se dota al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) con un determinada cantidad para ayudas a la incentivación, desarrollo y actuaciones del plan de fomento de las energías renovables y eficiencia energética.
Una vez llegados a este punto, sólo resta pronunciarnos sobre el alcance de la vulneración de competencias que hemos apreciado, en consideración a que, como hemos declarado en otros casos (SSTC 75/1989, de 24 de abril; 13/1992, de 6 de febrero; 79/1992, de 28 de mayo; 186/1999, de 14 de octubre; 190/2000, de 13 de julio, 126/2002, de 23 de mayo; 77/2004, de 29 de abril, y 138/2009, de 15 de junio, entre otras), los preceptos impugnados ya han agotado sus efectos, habiendo sido destinados los fondos al fin para el que fueron presupuestados y sin que proceda afectar a situaciones jurídicas consolidadas. Por ello, la pretensión del Gobierno de la Generalitat de Cataluña puede estimarse satisfecha mediante la declaración de titularidad de la competencia controvertida, sin necesidad de anular los preceptos y partidas correspondientes.
Declarar inconstitucionales, con los efectos que se indican en el fundamento jurídico 9, por vulnerar las competencias que corresponden a la Generalitat de Cataluña, los siguientes preceptos:
El artículo 12.3, en relación con el programa 31 “Servicios sociales generales” del presupuesto del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales;
El artículo 85, apartado 1 C), letra b) y apartado 2, primer párrafo, concretamente el inciso “en las mismas condiciones de reparto fijadas anteriormente”;
El artículo 90 b);
y la partida núm. 745, de la sección 24, Ministerio de Economía, programa 731F, por la que se dota al Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía con 22.869,29 miles de euros, para ayudas a la incentivación, desarrollo y actuaciones del plan de fomento de las energías renovables y eficiencia energética.
STC 23/2013, 31 de Enero de 2013
ATC 373/1989, 3 de Julio de 1989
STSJ Andalucía 131/2004, 13 de Enero de 2004
ATS 151/2014, 30 de Enero de 2014