Source: http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/89497
Timestamp: 2019-08-23 01:45:54
Document Index: 292333681

Matched Legal Cases: ['artículo 20', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 10', 'Artículo 10', 'Artículo 324', 'artículo 325', 'artículo 324', 'artículo 325', 'artículo 325', 'Artículo 325', 'artículo 324', 'artículo 324', 'artículo 102', 'artículo 127', 'artículo 8', 'artículo 325', 'artículo 325', 'artículo 324', 'artículo 325', 'artículo 325', 'Artículo 325', 'artículo 324', 'artículo 325', 'Artículo 325']

Gaceta: LXIV/1SPO-85/89497
INICIATIVA DE LA SEN. ANA LILIA RIVERA RIVERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 324 Y SE DEROGA EL ARTICULO 325 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES.
La que suscribe, SENADORA ANA LILIA RIVERA RIVERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL, en esta LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción 11, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I y 164, ambos del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Cámara la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 324 Y SE DEROGA EL ARTICULO 325 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EN MATERIA DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD PROCESAL EN MATERIA PENAL , al tenor de la siguiente:
El principio de igualdad procesal procura la equiparación de oportunidades para ambas partes en las normas procesales, y a su vez, se erige como un mandato de actuación del Juez, el cual, como director del proceso, debe mantener, en lo posible, esa igualdad al conducir las actuaciones, a fin de que la victoria de una de las partes no esté determinada por su situación ventajosa, sino por la justicia de sus pretensiones. Ahora bien, dicho principio no implica una igualdad aritmética o simétrica, por la cual sea exigible la exactitud numérica de derechos y cargas para cada una de las partes, sino que lo que este principio demanda es una razonable igualdad de posibilidades en el ejercicio de sus pretensiones, de modo que no se genere una posición sustancialmente desventajosa para una de ellas frente a la otra; de ahí que las pequeñas desigualdades que pueda haber, requeridas por necesidades técnicas del proceso, no quebrantan el principio referido.
En este orden de ideas, el principio de igualdad constituye una directriz fundamental reconocida a nivel constitucional y convencional.
Así, a nivel constitucional, el derecho a la igualdad procesal se encuentra en el apartado A, fracción V del artículo 20, que literalmente expresa:
“Art. 20.- El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.
A. De los principios generales: …
… V.- La carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora, conforme lo establezca el tipo penal. Las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa, respectivamente; …”
A su vez, en el ámbito internacional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone en su artículo 8.1 lo siguiente:
1. Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.”
Entendiendo pues que el derecho al debido proceso, consagrado en el artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ha sido entendido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como el necesario para que un justiciable pueda hacer valer sus derechos y defender sus intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal con otras partes del proceso.
Así mismo, en al ámbito de la legislación domestica secundaria, el Código Nacional de Procedimiento Penales fija explícitamente el principio de igualdad procesal en su artículo 10, que se cita a continuación:
“Artículo 10. Principio de igualdad ante la ley
Todas las personas que intervengan en el procedimiento penal recibirán el mismo trato y tendrán las mismas oportunidades para sostener la acusación o la defensa.”
Por otro lado, contrario a lo hasta ahora expuesto, los artículos 324 y 325 del Código Nacional de Procedimientos Penales, materia de la presente iniciativa, establecen lo siguiente:
“Artículo 324. Consecuencias de la conclusión del plazo de la investigación complementaria
325.-Cuando el ministerio público no cumpla con la obligación establecida en el artículo anterior, el Juez pondrá el hecho en conocimiento del procurador o servidor público en quien haya delegado esta facultad, para que se pronuncie en el plazo de quince días.
Transcurrido ese plazo sin que se haya pronunciado, el juez de control ordenara el sobreseimiento.”
De la lectura de los preceptos en cita, se obtiene que el artículo 325 del Código Nacional de Procedimientos Penales viola el principio de igualdad procesal y por lo tanto es inconstitucional e inconvencional, pues obliga al juez del proceso a tornarse parcial, al permitir que una vez que haya fenecido el termino de quince días, para que el ministerio publico solicite el sobreseimiento parcial o total de la causa penal; solicite la suspensión del proceso o formule acusación en términos del artículo 324 del Código, y si no lo hubiere hecho, el juez de control le de vista al procurador o servidor público en quien haya delegado esta facultad, para que se pronuncie en otro plazo de quince días. Circunstancia que no acontece con el acusado en caso de que deje pasar algún termino en cualquiera de las actuaciones del proceso penal, por lo que se configura un trato diferenciado en el que hay una ventaja procesal para una de las partes, e incluso el juez del proceso, dejando de lado su imparcialidad, incide en la esfera de competencias del ministerio público, tornándose persecutor al informar al procurador o al funcionario designado, la omisión de su subordinado, para que este, a su vez, en otro termino de quince días se pronuncia respecto de dicha omisión y la subsane.
Al respecto, es importante advertir que la primera sala de la suprema corte de justicia de la nación, al resolver el amparo directo en revisión 119/2018 ha advertido la inconstitucionalidad del artículo 325 del Código Nacional de Procedimientos Penales en los párrafos 161 al 194 de dicha resolución los cuales se citan íntegramente a continuación para mayor claridad:
“…(viii) Análisis de constitucionalidad del artículo 325 del Código Nacional de Procedimientos Penales
161. En las relatadas condiciones, es claro que el sistema procesal penal de corte acusatorio y oral se caracteriza por la división de funciones de los actores esenciales del proceso; la acusación y el juzgamiento son actividades diferenciadas y ejercidas por entes diversos. Lo que implica que la actuación del juzgador debe tener como parámetros de referencia la imparcialidad y la objetividad frente al juicio que se somete a su conocimiento por quienes son parte en el proceso. De tal manera que no tiene un interés coadyuvante en la persecución del delito, sino de aplicación de la ley penal en el margen de respeto al principio de contradicción al que tienen derecho las partes involucradas.
162. Dicha imparcialidad y objetividad del actuar del juzgador está orientada a la verificación de: a) la protección de los derechos básicos del imputado; b) el respeto de los derechos de la víctima en el proceso penal; c) el control del órgano encargado de la acción persecutoria penal, a fin de incentivar el uso razonable de las facultades que la ley le concede; y, d) la resolución del conflicto entre las partes ?acusador, víctima, imputado y defensa?.
163. El modelo propuesto por el sistema procesal penal acusatorio no vacía de contenido el papel que ha de desempeñar el juzgador, por el contrario, lo dota de funciones específicas y que son propias de la actividad de juzgamiento, las cuales no son compatibles con las que pertenecen al órgano estatal facultado de investigación, persecución del delito y de ejercer la acción penal.
164. En efecto, las mencionadas directrices colocan al juzgador en una posición central frente a las partes, otorgándole el rol de vigilar el debido cumplimiento al derecho humano de debido proceso penal, reconocido con tal carácter por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos31 y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
165. Como se observa, en el sistema acusatorio el juez se constituye como un espectador de las actuaciones que acontecen en el desarrollo de las distintas etapas, es decir, no se erige como el impulsor del desahogo del procedimiento, no actúa mutuo propio ni guía el desarrollo del proceso sin que las partes se lo soliciten.
166. Ahora bien, contextualizando, la norma materia de análisis es del contenido siguiente:
“Artículo 325. Extinción de la acción penal por incumplimiento del plazo. Cuando el Ministerio Público no cumpla con la obligación establecida en el artículo anterior, el Juez de control pondrá el hecho en conocimiento del Procurador o del servidor público en quien haya delegado esta facultad, para que se pronuncie en el plazo de quince días. Transcurrido este plazo sin que se haya pronunciado, el Juez de control ordenará el sobreseimiento”.
167. Dicho precepto fue ubicado por el creador de la norma en el Libro Segundo “Del Procedimiento”, Título VI “Audiencia Inicial” del Código Nacional de Procedimientos Penales.
168. En principio, debe destacarse que del contenido de la norma impugnada queda patente que el legislador dejó explicitado que es una obligación procesal del ministerio público el que, una vez cerrada la investigación complementaria, tendrá quince días para que en términos del artículo 324 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicite el sobreseimiento total o parcial, la suspensión del proceso o bien, formule acusación.
169. En este aspecto, al tratarse de una carga procesal para el representante social, significa que éste no se encuentra facultado para decidir su aplicabilidad, por el contrario, el legislador formuló esa disposición con el objeto de que sea observada y respetada por el destinatario de la misma, ello en atención a que es el fiscal el que en ese estadio procesal tiene el interés de determinar si habrá de continuar el procedimiento penal, si solicita algún mecanismo de terminación anticipada o bien si peticionará el sobreseimiento de la causa penal, ello, con base en el resultado de la investigación complementaria. Además, el no ejecutar la obligación procesal, sí conlleva necesariamente una sanción, pues ello forma parte de su naturaleza intrínseca.
170. Es decir, la omisión del representante social de atender la carga procesal impuesta por el legislador, no por la autoridad judicial, no solo implica que se haga efectiva la sanción que corresponda conforme al texto legal, sino que, en atención a la nueva dinámica procesal del sistema acusatorio, el juez no debe intervenir ante la omisión en que se incurrió so pretexto de salvaguardar el impulso procesal.
171. En efecto, la norma procesal declarada inconstitucional por la Juez de Distrito permite que el Juez de Control desarrolle una doble función, como juzgador y auxiliar del órgano ministerial. Circunstancia que se actualiza al momento en que establece una regla de actuación para la autoridad judicial consistente en que comunique al Procurador o al servidor público en quien se haya delegado esa facultad, la omisión en que incurrió el Ministerio Público de no pronunciarse en torno a las consecuencias de la conclusión del plazo de la investigación complementaria, de conformidad con el artículo 324 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
172. Así, la inconstitucionalidad determinada por la Juez de Distrito no radica en la omisión de pronunciarse en torno a la formulación de la acusación, pues ello simplemente es un supuesto de los que establece el último de los artículos en comento.
173. La irregularidad constitucional se hace consistir en la facultad otorgada a la autoridad judicial para invadir la esfera competencial de una institución perteneciente a un poder diverso al judicial, con el objeto de que ésta cumpla una carga procesal omitida, lo que de suyo también implica la inobservancia a una obligación constitucional. Lo que evidentemente es contrario a los parámetros establecidos en los artículos 14, 16, 17, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
174. En efecto, no obstante que el propio artículo cuya regularidad constitucional se cuestionó, expresamente indica que es obligación del representante social pronunciarse en torno a la consecuencia legal de la conclusión del plazo de la investigación complementaria, debe destacarse que dentro de la mencionada codificación existen diversas referencias sobre el papel que debe desempeñar dentro del proceso y en especial su obligación de cumplir con sus obligaciones procesales, porque en el sistema acusatorio su intervención se da bajo un deber de lealtad.
175. Además, respecto de las obligaciones que el representante social, dentro de su esfera competencial, tiene para con el procedimiento penal, se destaca el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece la voluntad del legislador constituyente de determinar el órgano a quien le corresponde la función persecutora de los delitos, en el cual se dispuso que es el Ministerio Público quien tiene las facultades concernientes a la persecución de los delitos, la solicitud de las medidas cautelares contra los imputados, la búsqueda y presentación de pruebas que acrediten las participación de éstos en los hechos que las leyes señalen como delitos, procurará que los juicios en materia penal se sigan con toda regularidad para que la impartición de justicia sea pronta y expedita, y pedirá la aplicación de las penas relativas al caso concreto.
176. Dicha división de funciones competenciales establecida a nivel constitucional fue advertida por el creador de la norma en la codificación procesal que se analiza puesto que el artículo 127 del Código Nacional de Procedimientos Penales indica que al representante social le
177. Razón por la cual, si el ordinal 324 de la codificación procesal en cita puntualmente establece que le corresponde a esa potestad, una vez cerrada la investigación, indicar a la autoridad judicial cuál de las hipótesis que establece es la que se debe tener por actualizada, pronunciamiento legal que no puede ser delegado.
178. En estas condiciones, la idea original de la división de funciones del Ministerio Público y de los juzgadores, fue plasmada a nivel constitucional a fin de excluir la conjunción de poderes en un mismo órgano del Estado. Así, se tiene que las facultades para investigar los delitos y para imponer las sanciones penales no son compatibles en un mismo órgano de Estado, porque atentan contra el derecho humano de debido proceso penal, la obligación procesal de imparcialidad judicial y el principio acusatorio.
179. Además, el sistema de prerrogativas judiciales consagradas en los artículos 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22 y 23 constitucionales, ha garantizado la protección del derecho humano al debido proceso penal y, al mismo tiempo, es compatible con el contenido que le es otorgado por el artículo 8 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos.
180. Ello, aunado a que del contenido de la reforma constitucional de dieciocho de junio de dos mil ocho, es dable afirmar que, en el sistema jurídico penal desde la perspectiva de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al establecer la división de las facultades del Ministerio Público y de la autoridad judicial, indefectiblemente pugna por la salvaguarda de la obligación de imparcialidad judicial.
181. Es por ello que en virtud de que el Ministerio Público es el órgano técnico del Estado en quien recae la facultad constitucional de investigar los hechos delictivos y al ser un órgano independiente, no debe admitir intromisiones por otro órgano del Estado. Y toda determinación penal que implique afectación a la esfera jurídica del imputado debe ser precedida de la acusación ministerial.
182. Más aún, de la revisión de las iniciativas que culminaron con la promulgación del Código Nacional de Procedimientos Penales, queda en evidencia la importancia de que en este nuevo sistema penal de procesamiento se definan muy bien las partes procesales y las facultades, obligaciones y derechos que cada una de ellas tienen dentro del mismo34.
183. Evidencia de ello quedó plasmada en la iniciativa presentada por las senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Hadamira Gastélum Bajo e Hilda Esthela Flores Escalera, quienes en torno a la actuación del representante social indicaron:
(…) Ahora bien, el apego a los derechos humanos exige que no sólo el proceso penal, propiamente dicho, sino también la investigación de los delitos se sometan plenamente al principio de legalidad, de tal modo que las actuaciones del Ministerio Público y de sus auxiliares (policías y peritos) se ajusten a las normas aplicables. Por lo que, sin menoscabo del margen necesario de discrecionalidad que requieren para lograr resultados efectivos, las investigaciones no deben ser motivo de arbitrariedades o atropellos, que muchas veces resultan tan lesivos o más que los delitos que se persiguen. Para lograr esta sujeción al principio de legalidad, es preciso, además, que el Ministerio Público asuma real y responsablemente su rol de ser el titular de la investigación y que someta a sus instrucciones y controles reales la actuación de la Policía Ministerial o de Investigación, para que ésta se vea igualmente sometida al principio de legalidad y observe ampliamente los derechos que corresponden al indiciado.
184. Luego, de la exposición de motivos de la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide el Código Procesal Penal para la República Mexicana, en relación con la parte procesal en comento, se dijo:
(…) El Ministerio Público como sujeto procesal cuya función es la conducción de la investigación y la decisión sobre el ejercicio de la acción penal y una eventual acusación, debe guiar sus actuaciones por ciertos principios adicionales a los que rigen a todos los intervinientes, como son el deber de lealtad y objetividad.
185. Las anteriores iniciativas fueron materia de estudio por las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, lo que derivó en un dictamen en el que sobre la jerarquía Ministerio Público/Policía y los actos de investigación expresamente reconocen que el Código es una regulación explícita de lo que deberá entenderse por debido proceso, las consecuencias de no atender alguna de sus disposiciones resultan, ni más ni menos, que en la nulidad de los actos procesales.
186. Es por ello que esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluye que la autoridad judicial debe mantener una posición imparcial frente a las partes del proceso penal; lo que implica la prohibición de interferir de tal manera que asuma la representación o defensa de alguna de ellas. Connotación que de ninguna manera debe confundirse con el deber del juzgador de custodiar, en el marco del debido proceso penal, el respeto de los derechos constitucionales del imputado y de la víctima. La intervención de tutela que realiza el juez en estos términos no solamente constituye una intervención en la que detenta o ejerce facultades que le corresponden, sino de ocupar el rol de vigilar el debido cumplimiento al derecho humano de debido proceso penal.
187. Por tanto, el artículo 325 del Código Nacional de Procedimientos Penales al establecer una regla de actuación para el Juez de Control, consistente en hacer del conocimiento del Procurador, la omisión en que incurrió la representación social de pronunciarse, una vez concluido el plazo de investigación, en términos del diverso arábigo 324 de esa codificación, no se encuentra apegado a los parámetros constitucionales.
188. Se considera correcta esa conclusión dado que la directriz que impera en las garantías judiciales consagradas en los artículos 14, párrafo segundo; 17, párrafo segundo, y 21, párrafos primero y segundo, constitucionales son enfáticas en destacar la inexcusable separación de las funciones que desempeñan el Ministerio Público y el juzgador, como órganos del Estado, en el proceso penal.
189. El debido proceso constituye un derecho humano cuya observancia y efectividad exige el respeto de una serie de garantías judiciales; entre ellas, la intervención de un juez imparcial y objetivo, así como respeto al derecho de igualdad de partes en el proceso y al principio acusatorio, los cuales forman parte de la observancia de las formalidades esenciales del procedimiento. Éstas son las garantías que se encuentran tuteladas en las normas constitucionales citadas, mismas que, efectivamente, son vulneradas por la parte relativa del artículo 325 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
190. En otras palabras, es inadmisible afirmar la imparcialidad del juzgador en el procedimiento y el respeto al derecho de igualdad de partes, cuando la norma procesal en cuestión faculta al juez de control para comunicar al Procurador o al servidor público en quien se haya delegado esa facultad, la omisión en que incurrió el representante social y más aún, dar una segunda oportunidad para remediar la obligación procesal que ha precluido, y que de origen tiene el órgano acusador tal y como expresamente lo reconoce la disposición normativa controvertida.
191. Así, el seguimiento de un proceso penal debe tener claramente identificadas y delimitadas las facultades de quienes intervienen en el mismo. El juzgador, como órgano del Estado que depende del Poder Judicial, no comparte facultades con otro poder del Estado; desempeña la actividad de juzgamiento dentro de las distintas etapas del nuevo sistema penal, con pleno respeto y vigilancia de la observancia de las directrices que conforman el derecho de debido proceso penal35.
192. De ahí que, en una posición independiente del juzgador, se ubican los intereses del Ministerio Público y contrario a ellos, los de la defensa. El órgano encargado de materializar el interés del Estado por perseguir las acciones delictivas está representado por el último de los mencionados, dependiente del Poder Ejecutivo, quien detenta esta facultad constitucional y quien entre otras obligaciones tiene las de iniciar una investigación, ejercer la conducción y el mando de la investigación de los delitos y al concluir ésta, deberá establecer cuál será el destino de la misma, para ello el código procesal en su artículo 324 le brinda distintas posibilidades para que, de conformidad con sus atribuciones constitucionales y legales, indique a la autoridad judicial su determinación y ésta se pronuncie respecto a la consecuencia.
193. La persecución delictiva tiene el alcance de investigar el hecho que la ley señale como delito; actividad a la que está adherida la facultad para buscar los medios de prueba que afirmen el efectivo acontecimiento del hecho investigado, las cuales podrá presentar al juicio respectivo.
194. En este tenor, a juicio de esta Primera Sala, el artículo 325 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es inconstitucional por las razones sustentadas en la presente ejecutoria y no por las consideraciones vertidas por la Juez Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí.” …”
En este tenor, esta Senadora de la República coincide con el criterio del más alto tribunal de país, en cuanto a la inconstitucionalidad e inconvencionalidad del artículo 325 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Asimismo, la suscrita es consciente de la importancia que tiene la retroalimentación entre los distintos poderes de la Unión para la generación de una democracia dialógica, por lo que, al compartir el criterio del reciente trabajo de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de depurar la legislación vigente en materia de derecho de igualdad procesal penal, se formula la presente iniciativa en la que se proponen los cambios que se ilustran en el siguiente cuadro comparativo:
Transcurrido dicho plazo sin que se haya pronunciado, el Juez de control ordenará el sobreseimiento.
Artículo 325. Derogado.
Por todo lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de esta soberanía la presente iniciativa que contiene:
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 324 Y SE DEROGA EL ARTICULO 325 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES.
ARTÍCULO PRIMERO. – Se reforma el artículo 324 y se deroga el artículo 325 del Código Nacional de Procedimientos Penales para quedar como sigue:
Artículo 325. Derogado
ÚNICO.- El presente decreto entra vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Salón de Sesiones del Senado de la República, a 19 de febrero de 2019. SENADORA ANA LILIA RIVERA RIVERA.