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Timestamp: 2020-01-28 17:11:20
Document Index: 30907402

Matched Legal Cases: ['artículo 35', 'artículo 50', 'Artículo 5', 'artículo 1', 'artículo 1', 'Artículo 4', 'artículo 1', 'Artículo 22', 'Artículo 22', 'Artículo 21', 'artículo 1', 'Artículo 16', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 7', 'artículo 1', 'Artículo 5', 'artículo 1', 'artículo 35']

Ref.: Casos Nos. 12. 595, 12. 596 y 12. 621 Ana Teresa Yarce y Otras Colombia
Ref.: Casos Nos.12.595, 12.596 y 12.621
Ana Teresa Yarce y Otras
Tengo el agrado de dirigirme a usted en nombre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con el objeto de someter a la jurisdicción de la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos, los casos acumulados 12.595, 12.596 y 12.621 – Ana Teresa Yarce y otras respecto de la República de Colombia (en adelante “el Estado”, “el Estado colombiano” o “Colombia”). Este caso se encuentra relacionado con las Medidas Provisionales, Mery Naranjo y otros, que continúan vigentes ante la Corte.
El caso se relaciona con la responsabilidad internacional del Estado de Colombia por una serie de violaciones de derechos humanos en perjuicio de cinco defensoras de derechos humanos y sus familias a partir del año 2002, en el lugar conocido como Comuna 13, en la ciudad de Medellín. Esta secuencia de hechos tuvo lugar en el contexto de conflicto armado en la zona, conocido por el Estado colombiano y caracterizado por enfrentamientos entre los grupos armados ilegales y la fuerza pública durante varias décadas. Dicho contexto en la Comuna 13 se vio intensificado por los operativos militares ejecutados por el mismo Estado durante el 2002 y el recrudecimiento de la presencia paramilitar luego de estos operativos.
Así, las señoras Myriam Eugenia Rúa Figueroa y Luz Dary Ospina fueron amenazadas, hostigadas, sufrieron allanamientos y ocupación de sus viviendas y, consecuentemente, fueron obligadas a desplazarse. Por su parte, las señoras Mery Naranjo, María del Socorro Mosquera y Ana Teresa Yarce, fueron privadas arbitrariamente de su libertad, y tras una serie de denuncias del actuar de grupos paramilitares en connivencia con la Fuerza Pública en la zona, fue asesinada la señora Ana Teresa Yarce el 6 de octubre de 2004. De esta manera, las señoras Mery Naranjo y María del Socorro Mosquera también fueron obligadas a desplazarse.
La Comisión consideró que esta grave secuencia de hechos ha tenido un profundo impacto en los núcleos familiares de las cinco defensoras de derechos humanos, con una especial afectación en los niños y niñas. Todos estos hechos se encuentran en situación de impunidad.
Asimismo, la Comisión consideró que todos estos hechos ocurrieron por incumplimiento del deber acentuado de protección y respuesta que tenía el Estado, el cual estaba a su vez reforzado por la situación de riesgo particular de las mujeres defensoras de derechos humanos, en razón de la discriminación histórica que han sufrido y las particularidades de su trabajo, así como por el agravamiento de este riesgo en zonas controladas por los actores que hacen parte del conflicto armado.
El Estado colombiano ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos el 31 de julio de 1973 y aceptó la competencia contenciosa de la Corte el 21 de junio de 1985.
La Comisión ha designado al Comisionado José de Jesús Orozco Henríquez y al Secretario Ejecutivo Emilio Álvarez Icaza L. como sus delegados. Asimismo, Elizabeth Abi-Mershed, Secretaria Ejecutiva Adjunta, y Silvia Serrano Guzmán y Rosa Celorio, abogadas de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH, actuarán como asesoras legales.
De conformidad con el artículo 35 del Reglamento de la Corte Interamericana, la Comisión adjunta copia del informe 86/13 elaborado en observancia del artículo 50 de la Convención, así como copia de la totalidad del expediente ante la Comisión Interamericana (Apéndice I) y los anexos utilizados en la elaboración del informe 86/13 (Anexos). Dicho informe de fondo fue notificado al Estado de Colombia mediante comunicación de 3 de diciembre de 2013, otorgándole un plazo de dos meses para informar sobre el cumplimiento de las recomendaciones.
El Estado de Colombia solicitó una primera prórroga, la cual fue otorgada por la Comisión por un plazo de tres meses, solicitándole al Estado que presentara un informe sobre los avances en el cumplimiento de las recomendaciones. Mediante comunicación de 20 de mayo de 2014, el Estado solicitó una nueva prórroga. Tras evaluar el informe presentado por el Estado, la Comisión consideró que el mismo no refleja avances sustanciales en el cumplimiento de las recomendaciones. En particular, las iniciativas en materia de investigación, aunque relevantes, no han tenido un impacto significativo en el cumplimiento de la obligación de investigar la totalidad de los hechos del caso. Asimismo, la información disponible indica que varias causas permanecen archivadas.
Además, el Estado no ha informado sobre una propuesta concreta en materia de reparaciones. En su informe, el Estado mencionó el marco a través del cual se canalizarían las eventuales reparaciones, pero sin precisar las reparaciones que se tiene previsto que obtengan las víctimas del caso, su programa de implementación ni la forma en que las mismas satisfacen los estándares de reparación integral.
En cuanto a las medidas relacionadas con la seguridad de las víctimas y la asistencia humanitaria a las personas desplazadas, el Estado presentó información relativa al cumplimiento de las medidas provisionales vigentes ante la Corte Interamericana y recapituló una serie de compromisos tras una reunión reciente. A la fecha, la Comisión no cuenta con información precisa sobre el cumplimiento de dichos compromisos. En todo caso, como se ha indicado a lo largo de la vigencia de las medidas provisionales, si bien el Estado ha manifestado la voluntad de proveer la protección a las personas beneficiarias, han existido múltiples deficiencias en la implementación de las mismas. Además, se han presentado hechos de la mayor gravedad que han motivado incluso la ampliación de las medidas.
En consecuencia, la Comisión decidió no otorgar la nueva prórroga solicitada por el Estado de Colombia y someter el presente caso a la jurisdicción de la Corte Interamericana por la necesidad de obtención de justicia para las víctimas. La Comisión Interamericana somete a la jurisdicción de la Corte la totalidad de los hechos y violaciones de derechos humanos descritos en el informe de fondo 86/13.
En ese sentido, la Comisión solicita a la Corte que concluya y declare la responsabilidad internacional del Estado de Colombia por la violación de:
- Artículo 5.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de las señoras Miryam Eugenia Rúa Figueroa y Luz Dary Ospina Bastidas.
- Artículos 7.1, 7.3, y 5.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de las señoras Maria del Socorro Mosquera, Mery Naranjo, y Ana Teresa Yarce.
- Artículo 4.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de la señora Ana Teresa Yarce.
- Artículo 22 de la Convención Americana, en relación con los artículos 5.1, 17.1 y 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de las señoras Miryam Eugenia Rúa Figueroa, María del Socorro Mosquera, Luz Dary Ospina Bastidas, y Mery Naranjo y sus familiares identificados en los párrafos 282, 293 y 304 (notas 384 y 430) del informe de fondo.
- Artículo 22 de la Convención Americana, en relación con los artículos 19 y 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de las niñas y niños para la fecha de los hechos Bárbara del Sol Palacios Rúa; Úrsula Manuela Palacios Rúa; Valentina Estefanía Tobón Rúa; Migdalia Andrea Hoyos Ospina; Lubín Alfonso Villa Mosquera; y Marlon Daniel Herrera Mosquera.
- Artículo 21 (incisos 1 y 2) de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de las señoras Miryam Eugenia Rua Figueroa, Luz Dary Ospina, y sus familiares identificados en el párrafo 321 del informe de fondo.
- Artículo 16 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de las señora Miryam Eugenia Rúa Figueroa, Luz Dary Ospina Bastidas, Maria del Socorro Mosquera, Mery Naranjo y Ana Teresa Yarce.
- Artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, y el artículo 7 de la Convención de Belém do Pará, en perjuicio de las señoras Luz Dary Ospina Bastidas, Miryam Eugenia Rúa Figueroa, Maria del Socorro Mosquera, Mery Naranjo y Ana Teresa Yarce.
- Artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de los familiares de las señoras Miryam Eugenia Rúa Figueroa, Luz Dary Ospina Bastidas, y Ana Teresa Yarce identificados en los párrafos 349, 354, y 357 del informe de fondo.
- Artículo 5.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de los familiares de las señoras Miryam Eugenia Rúa Figueroa, Luz Dary Ospina Bastidas, Ana Teresa Yarce, Maria del Socorro Mosquera y Mery Naranjo identificados en el párrafo 367 (notas 532-536) del informe de fondo.
En virtud de las anteriores conclusiones, la Comisión le recomendó al Estado:
Completar investigaciones con celeridad y de forma exhaustiva, imparcial, y efectiva de las violaciones descritas en el informe. Las mismas deben ser adelantadas en un plazo de tiempo razonable y sin dilación, por parte de las autoridades judiciales, con miras al esclarecimiento de la verdad, y a la sanción de los responsables. Estas medidas deben ser asimismo implementadas considerando la especificidad de la violencia que han sufrido las mujeres defensoras afectadas, la discriminación que las afecta en base a su doble condición como líderes y mujeres, y el contexto conocido de riesgo en el que trabajan. Estas investigaciones a su vez deben estar orientadas a identificar a todos los actores posiblemente implicados en las violaciones aquí establecidas, incluyendo integrantes de los grupos paramilitares, agentes estatales, y todos los autores materiales e intelectuales de estos hechos.
Adoptar medidas urgentes e inmediatas de protección a fin de garantizar la seguridad de las defensoras afectadas y sus familiares. Estas medidas deben comprender intervenciones con el fin de facilitar su retorno a la Comuna 13 de forma pronta y segura.
Garantizar a las víctimas y a sus familiares en situación de desplazamiento una atención humanitaria e integral, y las condiciones de seguridad necesarias.
Reparar de forma plena e integral a las víctimas por las violaciones de derechos humanos establecidas en el marco del presente informe. Las medidas deben ser concertadas con la participación y desde la perspectiva de las personas afectadas.
Implementar políticas, programas, e intervenciones encaminadas a fin de generar condiciones seguras para la actividad de las y los defensores de los derechos humanos en la Comuna 13, como una garantía fundamental de la no repetición de los hechos.
Ejecutar intervenciones en la Comuna 13 a fin de promover una cultura de los derechos humanos en la cual se reconozca públicamente el papel fundamental que ejercen las defensoras y los defensores de los derechos humanos. El compromiso estatal con esta política debe reflejarse en todas la esferas de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial.
Generar espacios de diálogo entre las organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos humanos en la Comuna 13 y autoridades de alto nivel, a fin de identificar políticas, programas e intervenciones que puedan ser adecuadas y efectivas en garantizar su seguridad.
Además de la necesidad de obtención de justicia por la falta de cumplimiento de las recomendaciones del informe de fondo, la Comisión considera que el caso presenta cuestiones de orden público interamericano. Específicamente, el presente caso ofrece a la Corte una nueva oportunidad para pronunciarse sobre un contexto de connivencia y colaboración entre la Fuerza Pública y los grupos paramilitares. En este caso, con la característica de tratarse de zonas urbanas en situación de pobreza, como la Comuna 13 en la ciudad de Medellín, en la cual los mecanismos de connivencia y colaboración revisten particularidades. Asimismo, el presente caso plantea la problemática del riesgo agravado en que se encuentran los defensores y defensoras de derechos humanos en el marco del conflicto armado colombiano, con un impacto especial en las defensoras de derechos humanos. En este contexto, la Honorable Corte podrá profundizar en los deberes especiales y reforzados de protección que tienen los Estados frente a defensoras de derechos humanos y su responsabilidad internacional por el incumplimiento de dichos deberes.
En virtud de que estas cuestiones afectan de manera relevante el orden público interamericano, de conformidad con el artículo 35.1 f) del Reglamento de la Corte Interamericana, la Comisión se permite ofrecer las siguientes declaraciones periciales.
Perito/a cuyo nombre será informado a la brevedad, quien declarará sobre la relevancia de analizar violaciones de derechos humanos como las que ocurrieron en el presente caso, a la luz de contextos específicos en el cual tuvieron lugar. El/la perito/a precisará el impacto específico de estos análisis de contexto tanto en la determinación del alcance completo de la responsabilidad de los Estados, como en la determinación de la verdad y la obtención de justicia. El/la perito/a ejemplificará su declaración mediante el contexto particular de la Comuna 13 en la ciudad de Medellín en los años 2002 y siguientes.
Perito/a cuyo nombre será informado a la brevedad, quien declarará sobre los riesgos agravados que enfrentan los defensores y defensoras de derechos humanos en el marco de un conflicto armado, con particular énfasis en la situación de las defensoras de derechos humanos. El/la perito/a analizará las obligaciones correlativas de los Estados para responder de manera oportuna y efectiva a estos riesgos agravados. Asimismo, el/la perito/a tomará en consideración el contexto del conflicto armado colombiano y la múltiples situaciones de riesgo que confluyen en las mujeres defensoras de derechos humanos. El/la perito/a hará referencia, a modo de ejemplificación, a los hechos del presente caso.
Los CV de los/las peritos/as propuestos/as serán incluidos en los anexos al informe de fondo 86/13.
La Comisión pone en conocimiento de la Corte que el Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos (GIDH) es la organización que ha actuado como peticionaria a lo largo del trámite. Sus datos de contacto son:
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