Source: http://pedrodemiguelasensio.blogspot.com/2017/08/el-reglamento-sobre-la-portabilidad_28.html
Timestamp: 2018-07-16 14:40:08
Document Index: 253085495

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Pedro de Miguel Asensio: El Reglamento sobre la portabilidad transfronteriza de contenidos en línea y la evolución de los derechos de autor en la UE
Ciertamente, el objetivo del nuevo Reglamento es eliminar las barreras a la portabilidad dentro de la UE de los servicios de contenidos en línea prestados lícitamente, de modo que los consumidores puedan acceder a los mismos cuando se encuentren temporalmente en un Estado miembro distinto al de su residencia. La limitación territorial del acceso por el consumidor a los contenidos en línea resulta en principio una exigencia derivada de que en los contratos de licencia habitualmente los prestadores de servicios de contenidos en línea se comprometen con los titulares de derechos a impedir que sus abonados accedan a los servicios y los utilicen fuera del territorio al que se extiende la licencia otorgada al prestador. De este modo, resulta habitual que con ese propósito el prestador impida el acceso a sus servicios desde direcciones IP situadas fuera del territorio al que va referida la licencia, típicamente el del Estado miembro de residencia habitual del abonado. El nuevo Reglamento no pretende terminar con la compartimentación territorial de los mercados, como consecuencia del limitado alcance de las licencias, sino tan sólo establecer un régimen especial cuando se trata de abonados que se desplazan temporalmente a un Estado miembro distinto al de su residencia habitual. En concreto, su artículo 3.1 impone a los prestadores de este tipo de servicios la obligación de hacer posible “que un abonado que se encuentre temporalmente en un Estado miembro acceda al servicio de contenidos en línea y lo utilice del mismo modo que en su Estado miembro de residencia”.
Para lograr ese fin el legislador de la Unión utiliza básicamente en relación con los derechos de autor el mecanismo consistente en la localización ficticia de los actos de acceso y utilización de los contenidos realizados durante esos desplazamientos temporales. Como establece su artículo 4: “Se considerará que la prestación de un servicio de contenidos en línea en virtud del presente Reglamento a un abonado que se encuentre temporalmente en un Estado miembro, así como el acceso al servicio y su uso por parte de dicho abonado, se produce únicamente en su Estado miembro de residencia.” En la medida en que esa actividad aunque se lleve a cabo en otro Estado miembro se considera localizada en el Estado miembro de residencia del abonado, el acceso a los contenidos puede proporcionarse por el prestador de servicios sin adquirir los correspondientes derechos en el Estado miembro en el que el abonado se encuentra temporalmente. En los términos del considerando 24 del Reglamento: “…los correspondientes actos de reproducción, comunicación al público y puesta a disposición de las obras y otras prestaciones protegidas, así como los actos de extracción o reutilización en relación con bases de datos protegidas por derechos sui generis, que se producen cuando se presta el servicio a un abonado que se encuentra temporalmente en un Estado miembro que no sea aquel en que reside, deben entenderse producidos en el Estado miembro de residencia del abonado”, de modo que se consideran realizados “al amparo de las respectivas licencias de los titulares de derechos afectados aplicables en el Estado miembro de residencia del abonado”.
La localización se contempla únicamente a esos efectos, por lo que el tratamiento específico tiene un alcance muy limitado. Además, como aclara el considerando 16, los servicios en línea que no sean servicios de comunicación audiovisual en el sentido de la Directiva 2010/13/UE y que utilicen obras de manera puramente auxiliar, como es habitual en sitios web, no son objeto de este Reglamento. Tampoco es aplicable el Reglamento al acceso por los consumidores a servicios de contenidos en línea prestados en un Estado miembro que no sea su Estado miembro de residencia. No resulta de aplicación obligatoria a los prestadores de servicios de contenidos en línea prestados sin que medie un pago en dinero. Por otra parte, los abonados que se benefician de este régimen han de ser en todo caso consumidores residentes en un Estado Miembro.
Para asegurar el logro del objetivo de que los abonados que se encuentren temporalmente en un Estado miembro que no sea el de su residencia puedan continuar utilizando los servicios, el artículo 7 del nuevo Reglamento incluye una disposición declarando inaplicable toda disposición contractual que prohíba o limite dicha portabilidad. Se trata de una previsión de especial interés en relación con las posibles restricciones territoriales incluidas en los contratos entre los prestadores de servicios de contenidos en línea y los titulares de derechos, así como entre dichos prestadores y sus abonados. Además, el artículo 7.2 incorpora una disposición aclaratoria no prevista en la Propuesta inicial de la Comisión, según la cual el Reglamento se aplicará con independencia de la normativa aplicable a los contratos mencionados. En consecuencia, aunque la ley aplicable, por ejemplo, a un contrato entre el titular de derechos y el prestador de servicios de contenido en línea sea, de acuerdo con lo previsto en el artículo 3 del Reglamento Roma I, la de California, ello no impedirá que sobre el contenido del Derecho californiano prevalezca lo dispuesto en este Reglamento, en particular que resulte inaplicable toda restricción territorial contenida en el contrato con el titular de derechos y que resulte incompatible con la obligación impuesta al prestador de servicios por el artículo 3 del Reglamento (UE) 2017/1128. La introducción de una previsión expresa como la del artículo 7.2 parece avalar el criterio de que el nuevo Reglamento constituye una norma internacionalmente imperativa a los efectos del artículo 9.2 del Reglamento Roma I, aunque también podría alcanzarse un resultado similar sobre la base de que se trata una norma aplicable en virtud del criterio lex loci protectionis (art. 10.4 Cc y art. 8 RR II) en la medida en que se trate de contratos relativos a la transmisión de derechos de Estados miembros de la UE, al integrarse el Reglamento en sus respectivos ordenamientos. Con independencia del enfoque elegido, la norma sólo resultará de imperativa aplicación en la medida en que el contrato se proyecte sobre abonados residentes en un Estado miembro y respecto de la utilización en la medida en que se encuentren temporalmente en otro Estado miembro, de modo, que por ejemplo, la norma no debe resultar de aplicación en la medida en que el contrato entre el titular de derechos y el prestador de servicios abarque también la explotación de derechos en terceros Estados.
Desde la perspectiva más amplia de la evolución del Derecho de autor en la UE en el marco de la Estrategia para el Mercado Único Digital, cabe apuntar que el mecanismo de considerar localizadas ciertas actividades en un Estado miembro a los efectos de superar la fragmentación nacional de los derechos de autor en el seno de la Unión es una técnica a la que recurre también la “Propuesta de Reglamento por el que se establecen las normas sobre el ejercicio de los derechos de autor y determinados derechos afines a los derechos de autor aplicables a determinadas transmisiones en línea de los organismos de radiodifusión y a las retransmisiones de programas de radio y televisión” (COM(2016)594 final). En concreto, el artículo 2.1 de la Propuesta de Reglamento está inspirado en el artículo 1.2.b) de la Directiva 93/83/CEE en el ámbito de la radiodifusión vía satélite y de la distribución por cable, si bien la Directiva para localizar el Estado de origen hace referencia al Estado miembro en que se introduzcan las señales portadoras de programa, mientras que en la Propuesta de Reglamento el país de origen se hace coincidir con el Estado miembro en el que el organismo de radiodifusión tiene su establecimiento principal. Otra norma interesante desde este punto de vista es el artículo 4.3 de la Propuesta de Directiva sobre los derechos de autor en el mercado único digital, COM(2016) 593 final, que en relación con la utilización de obras y otras prestaciones en actividades pedagógicas digitales y transfronterizas, establece que: “Se considerará que el uso de obras y otras prestaciones únicamente con fines ilustrativos de enseñanza a través de redes electrónicas seguras hecho en cumplimiento de las disposiciones de Derecho nacional adoptadas en virtud del presente artículo únicamente tiene lugar en el Estado miembro en que está establecido el centro de enseñanza.”
En particular estas normas reflejan una tendencia, limitada a aspectos muy puntuales, a superar la fragmentación nacional de los derechos de autor en el seno de la UE mediante la localización en un Estado miembro de ciertas actividades aunque vayan (potencialmente) dirigidas a varios (todos los) Estados miembros. Las dos últimas normas reseñadas lo hacen introduciendo una suerte de aplicación del principio de origen propio del mercado interior, presente ya en la Directiva 93/83/CEE, limitada a la radiodifusión vía satélite y de la distribución por cable. Es bien conocido que, básicamente por su carácter territorial, los derechos de autor se hallan excluidos del criterio de origen de la Directiva 2000/31. En todo caso, los derechos de autor, a diferencia de los derechos de propiedad industrial, como ha reconocido el propio Tribunal de Justicia, son objeto de protección automática en todos los Estados miembros en virtud de las Directivas existentes, si bien esa protección se hace a través de derechos de alcance nacional, entre los que todavía existentes divergencias, en ocasiones significativas con respecto a la utilización de contenidos protegidos en Internet, como resulta en particular de las carencias de la armonización de las excepciones y limitaciones en el artículo 5 de la Directiva 2001/29.
Existe un creciente interés en superar los obstáculos que la fragmentación nacional de los sistemas de derechos de autor en la UE impone a la tutela y utilización de contenidos en el entorno digital. Esa fragmentación dificulta respecto de las actividades en Internet una tutela efectiva de los derechos –por ejemplo, al hacer imposible la adopción por el tribunal competente (con base, en particular, en el art. 4 o el 7.2 del Reglamento Bruselas I bis) de medidas relativas al conjunto de la UE basadas en una única legislación- y es fuente de incertidumbre para quienes utilizan contenidos, por ejemplo, en sitios de Internet, que pueden tener que considerar las legislaciones de todos los Estados miembros para verificar que lo hacen de manera legal. En el marco de la Estrategia para el Mercado Único Digital, la Comisión ha insistido en que su objetivo a largo plazo es la creación de un título único y por lo tanto de un derecho de autor unitario para el conjunto de la Unión, para poner fin a la fragmentación actual.
Aunque no es este el lugar para desarrollarlo, cabe apuntar que en la medida en que ese objetivo se manifieste como inviable por lo menos en un plazo razonable, una alternativa para superar las principales carencias derivadas de la actual fragmentación con respecto a las actividades desarrolladas por Internet, que, aunque no exenta de dificultades, podría merecer más atención, es combinar el desarrollo de la armonización con la introducción de un criterio basado en la aplicación de la ley del Estado miembro de origen con respecto a la determinación del contenido / infracción de los derechos de autor en todos los Estados miembros en lo relativo a las transmisiones por Internet. Cómo determinar el Estado miembro de origen de esas transmisiones, si sería aconsejable un criterio de localización secundario respecto de prestadores establecidos en terceros Estados, la delimitación del ámbito de aplicación del criterio de origen, las implicaciones en lo relativo al régimen de adquisición de derechos y las licencias para actividades en línea, la compatibilidad de ese criterio de origen específico del mercado interior con la permanencia de la regla lex loci protectinis –art. 8 del Reglamento Roma II- como regla general en materia de ley aplicable a la infracción de derechos de autor, el interés también en ese contexto de una norma como el artículo 4 del Reglamento (UE) 2017/1128 (en la medida en que la aplicación del criterio de origen no excluye que las licencias puedan ser territoriales)… son cuestiones que merecen ser abordadas en otro lugar.