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Timestamp: 2017-04-25 04:05:31
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Matched Legal Cases: ['artículo 62', 'artículo 10', 'artículo 53', 'artículo 50', 'artículo 53', 'artículo 37', 'artículo 58', 'artículo 63', 'artículo 36', 'artículo 62', 'artículo 11', 'artículo 62', 'artículo 64', 'artículo 11', 'artículo 71', 'artículo 39']

Ley 11/2009, de 6 de julio, de regulación administrativa de los espectáculos públicos y las actividades recreativas. TÍTULO IV. Del régimen de inspecciones y sanciones (Vigente hasta el 31 de Diciembre de 2011).
TÍTULO IVDel régimen de inspecciones y sanciones
Inspecciones 1. Los titulares y los organizadores deben permitir y facilitar las inspecciones que acuerde la autoridad competente. El personal de inspección puede acceder a cualquier lugar, instalación o dependencia, de titularidad pública o privada, con el límite constitucional de la entrada en domicilio.
2. Pueden realizar inspecciones los miembros de cuerpos y fuerzas de seguridad u otros servicios de inspección, los cuales, en el ejercicio de sus funciones, tienen el carácter de agentes de la autoridad, en los términos y con las consecuencias que establece la legislación general de procedimiento administrativo. También pueden colaborar en la inspección personas o empresas con la especialización técnica requerida y la habilitación suficiente.
3. Como resultado de la inspección, los agentes actuantes deben extender un acta, en la cual los interesados pueden hacer constar su disconformidad y observaciones. El acta debe notificarse a los interesados y al órgano administrativo competente.
b) Acordar directamente la apertura del correspondiente expediente sancionador, con la adopción, en su caso, de las medidas provisionales establecidas por la presente ley, sin perjuicio de las medidas establecidas por el artículo 62.
Criterios y coordinación de las inspecciones 1. La Generalidad, a propuesta de la Comisión de Espectáculos Públicos y de Actividades Recreativas, debe aprobar los objetivos y prioridades de las inspecciones en materia de establecimientos públicos, espectáculos públicos y actividades recreativas que tienen que efectuar a sus servicios de inspección y a los servicios de inspección municipales en todo el territorio, y debe promover la existencia de planes y programas de inspección compartidos entre la Generalidad y los ayuntamientos, con el fin de coordinar las respectivas actuaciones y aplicar criterios y metodologías de inspección similares.
2. La elaboración de la programación a la que se refiere el apartado 1 tiene que atender al desarrollo y evolución del sector del ocio, a la dimensión social, la importancia, el tipo o la situación de las actividades y al efecto disuasivo que pretenda obtenerse con la actuación inspectora.
Infracciones y sanciones 1. Las infracciones en materia de establecimientos abiertos al público, espectáculos públicos y actividades recreativas se clasifican en faltas muy graves, faltas graves y faltas leves. Estas infracciones deben ser objeto de las sanciones establecidas por la presente ley.
2. En todo lo que no establece expresamente este capítulo, deben aplicarse las normas de procedimiento sancionador aplicables por la Administración de la Generalidad.
3. A las infracciones por contaminación acústica les es de aplicación la correspondiente normativa específica.
Faltas muy graves A los efectos de lo establecido por la presente ley, son faltas muy graves:
a) Abrir un establecimiento y llevar a cabo espectáculos públicos o actividades recreativas en el mismo, o realizar modificaciones, sin disponer de las licencias o autorizaciones oportunas, o incumplir sus condiciones, si supone un riesgo grave para las personas o los bienes.
b) Tolerar, los titulares u organizadores, actividades ilícitas o ilegales, entre las cuales el consumo de drogas o sustancias tóxicas y el tráfico de estupefacientes, o no poner la diligencia necesaria para impedirlas, sin perjuicio de las responsabilidades que se deriven de dichas actividades.
c) Exceder el aforo permitido, si supone un riesgo para la seguridad de las personas.
d) No atender a personas que necesitan asistencia médica inmediata, con relación a las prescripciones establecidas por reglamento sobre equipamiento sanitario, de acuerdo con el tipo de espectáculo público o de actividad recreativa.
e) Incumplir de forma grave y reiterada, como mínimo tres veces en un período de seis meses, los horarios de inicio o finalización de un espectáculo público o una actividad recreativa, así como incumplir reiteradamente el régimen de horarios de los establecimientos abiertos al público.
f) No permitir el acceso a los agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones, o al personal de las entidades colaboradoras de la Administración en el ejercicio de sus funciones de verificación y control del aforo, y también impedir dicho ejercicio.
g) Admitir a menores, de forma reiterada, en establecimientos abiertos al público, espectáculos públicos o actividades recreativas donde estos tengan prohibida la entrada.
h) Romper los precintos o incumplir las prohibiciones fijadas por una medida provisional, mientras dure su vigencia, o por las resoluciones sancionadoras.
i) Incumplir la prohibición de discriminación establecida por el artículo 10.
Faltas graves A los efectos de lo establecido por la presente ley, son faltas graves:
a) Abrir un establecimiento y llevar a cabo espectáculos públicos o actividades recreativas en el mismo, o realizar modificaciones, sin disponer de las licencias o autorizaciones oportunas, o incumplir sus condiciones, si no supone un riesgo grave para las personas o los bienes.
b) Incumplir los requerimientos y resoluciones de las autoridades competentes en materia de establecimientos abiertos al público, espectáculos públicos o actividades recreativas.
c) Llevar a cabo un espectáculo público o actividad recreativa distinto de los autorizados por la licencia o suspenderlo sin causa justificada.
d) Presentar documentos o datos que no se ajusten a la realidad en los procedimientos relativos a los espectáculos públicos y actividades recreativas.
e) No realizar los controles de funcionamiento establecidos por la presente ley y no colaborar en el ejercicio de las funciones de inspección.
f) Exceder el aforo permitido, si no supone un riesgo para la seguridad de las personas.
g) Tener los locales, instalaciones o servicios en mal estado, si ello produce una incomodidad grave a los usuarios o al personal al servicio de los establecimientos abiertos al público, espectáculos públicos o actividades recreativas, o no tenerlos en las condiciones de higiene apropiadas.
h) Modificar, sin causa justificada, programas a los que se ha dado publicidad o hacer publicidad engañosa que pueda generar alteraciones del orden con riesgo para las personas y los bienes.
i) Permitir el acceso a establecimientos abiertos al público, espectáculos públicos o actividades recreativas de personas que exhiban símbolos, indumentaria u objetos que inciten a la violencia, al racismo o a la xenofobia.
j) Incumplir los horarios de inicio o finalización de un espectáculo público o una actividad recreativa, o bien los horarios de apertura o cierre de los establecimientos abiertos al público.
k) Incumplir las normas específicas sobre servicios de vigilancia.
l) Incumplir la normativa sobre el personal y los sistemas de control de acceso y de control de aforos.
m) Admitir a menores en establecimientos abiertos al público, espectáculos públicos o actividades recreativas donde estos tengan prohibida la entrada.
n) Incumplir la normativa sobre los contratos de seguros de responsabilidad civil u otros exigibles, si no constituye una infracción penal.
o) Adoptar comportamientos, los espectadores o usuarios, que puedan crear situaciones de peligro o alteraciones del orden, ya sea hacia los demás espectadores o usuarios, hacia el personal al servicio de los establecimientos abiertos al público, espectáculos públicos o actividades recreativas, hacia los titulares u organizadores, o hacia las fuerzas y cuerpos de seguridad o los bomberos, sin perjuicio de su responsabilidad penal.
p) Asistir a espectáculos públicos o actividades recreativas con objetos que puedan ser utilizados como armas.
q) No disponer del correspondiente plan de autoprotección o no aplicarlo correctamente, en el caso de los establecimientos abiertos al público, espectáculos públicos o actividades recreativas que tengan que disponer de él de acuerdo con la normativa de protección civil.
Faltas leves 1. A los efectos de lo dispuesto por la presente ley, son faltas leves:
a) No colocar los rótulos establecidos por la normativa vigente.
c) Incumplir la normativa reglamentaria sobre venta de entradas o abonos, o practicar su reventa.
d) Ejercer el derecho de admisión sin haberlo comunicado a la autoridad competente.
2. Es una falta leve cualquier acción u omisión que conlleve el incumplimiento de las obligaciones o el impedimento del ejercicio efectivo de los derechos de los espectadores y usuarios, de los organizadores y titulares o de las personas interesadas, de acuerdo con los artículos 5, 6 y 8, siempre que la acción o la omisión no esté tipificada como falta o delito, o como infracción administrativa muy grave o grave por la presente ley u otra norma legal, o que no pueda ser calificada de grave por el grado de afectación que haya tenido en la seguridad de las personas o los bienes, la calidad de los establecimientos o la convivencia entre los ciudadanos.
3. Es una falta leve cualquier incumplimiento de las condiciones y los requisitos establecidos por la presente ley, siempre que no esté tipificado como falta muy grave o grave.
Sanciones por la comisión de faltas muy graves Las faltas muy graves pueden ser sancionadas, acumulativa o alternativamente, con:
a) Una multa de 15.001 a 150.000 euros y, en caso de reincidencia en la comisión de faltas muy graves, de hasta 300.000 euros.
b) La prohibición de utilizar el establecimiento abierto al público afectado, mediante el cierre y precinto del establecimiento, para ninguna actividad relacionada con los espectáculos públicos o las actividades recreativas, por un período entre seis y dieciocho meses.
c) La suspensión de la autorización o licencia por un período entre seis y doce meses.
d) La revocación de la autorización o la licencia.
e) La inhabilitación para ser titulares u organizadores por un período entre seis y doce meses.
f) El decomiso durante un período entre seis y doce meses o la destrucción, si procede, de los bienes relacionados con la actividad. En caso de espectáculos públicos o actividades recreativas llevados a cabo sin licencia o autorización en que no sea posible aplicar las sanciones establecidas por las letras b, c, d y h, el decomiso puede tener carácter indefinido, especialmente si no se identifican los organizadores o si estos no se hacen cargo de la sanción pecuniaria establecida.
g) La publicidad de la conducta constitutiva de infracción, en los términos establecidos por el artículo 53.
h) El adelanto de la hora de cierre por un período entre seis y doce meses.
Sanciones por la comisión de faltas graves Las faltas graves pueden ser sancionadas, acumulativa o alternativamente, con:
a) Una multa de 1.501 a 15.000 euros y, en caso de reincidencia en la comisión de faltas graves, de hasta 30.000 euros.
b) La prohibición de utilizar el establecimiento abierto al público afectado, mediante el cierre y precinto, para ninguna actividad relacionada con los espectáculos públicos o actividades recreativas por un período máximo de seis meses.
c) La suspensión de la autorización o licencia por un período máximo de seis meses.
d) La inhabilitación para ser titulares u organizadores por un período máximo de seis meses.
e) El decomiso durante un período máximo de seis meses. El decomiso puede tener carácter indefinido si se dan las mismas circunstancias que las establecidas por el artículo 50.f.
f) La publicidad de la conducta constitutiva de infracción, en los términos establecidos por el artículo 53.
g) El adelanto de la hora de cierre de los establecimientos durante un período máximo de seis meses.
h) La suspensión de hasta seis meses o la revocación de la habilitación del personal de control de acceso.
i) La suspensión de hasta seis meses o la revocación de la habilitación de los centros de formación del personal de control de acceso.
j) Si los infractores son espectadores o usuarios, una multa de 151 a 1.000 euros y, en caso de reincidencia en la comisión de infracciones graves, de hasta 2.000 euros.
Sanciones por la comisión de faltas leves Las faltas leves pueden ser sancionadas con:
a) Una multa de 300 a 1.500 euros y, en caso de reincidencia en la comisión de faltas leves, de hasta 3.000 euros.
b) Si los infractores son espectadores o usuarios, una multa de 50 a 150 euros y, en caso de reincidencia en la comisión de faltas leves, de hasta 300 euros.
Publicidad de la conducta infractora 1. El órgano sancionador puede acordar, por razones de ejemplaridad, publicitar la conducta infractora, especialmente en los casos de reincidencia en la comisión de faltas muy graves o graves, en el supuesto de resoluciones sancionadoras firmes o, si procede, cuando las sentencias sean firmes.
2. La publicidad de la conducta infractora debe efectuarse mediante la publicación, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o en el boletín oficial de la provincia correspondiente y en los medios de comunicación que se consideren apropiados, de un texto que debe indicar la clase de infracción cometida, la sanción acordada y el nombre de la persona o personas responsables.
3. Los gastos de la publicación corren a cargo de los autores de la correspondiente infracción.
Medidas sin carácter sancionador 1. No tienen carácter sancionador:
a) El cierre de un establecimiento abierto al público o la prohibición o suspensión de una actividad recreativa o de un espectáculo público carentes de la correspondiente licencia o autorización, hasta que no se restablezca la legalidad. Dichas medidas pueden ser adoptadas por la administración competente en materia de inspecciones y sanciones, después de haber dado audiencia a las personas interesadas.
b) La revocación y la declaración de caducidad de las licencias o autorizaciones, de acuerdo con el artículo 37.
2. En los casos de infracciones leves, pueden llevarse a cabo actuaciones de advertencia, sin necesidad de abrir un procedimiento sancionador. La autoridad competente debe motivar la medida de la advertencia.
3. En el caso de que las conductas sancionadas hayan causado daños o perjuicios a bienes públicos o a la Administración, la resolución sancionadora puede establecer que la situación alterada por la infracción sea retornada a su estado originario y fijar la correspondiente indemnización, en los términos establecidos por la legislación de procedimiento administrativo.
4. En los casos de que el espectáculo público o la actividad recreativa se suspenda o se modifique de forma injustificada, los espectadores o usuarios y, si procede, la Administración pueden exigir a los titulares u organizadores la devolución del importe de las entradas o los abonos.
Graduación de las sanciones 1. Por reglamento deben precisarse las conductas que constituyen cada tipo de falta y fijar la medida sancionadora que hay que aplicar en cada caso.
2. La sanción impuesta tiene que ser siempre proporcionada a la gravedad de los hechos y a las circunstancias concretas de cada caso. Con esta finalidad, el órgano sancionador debe graduar la aplicación de las sanciones establecidas por la presente ley, motivándolo expresamente de acuerdo con uno o más de los siguientes criterios:
3. Los criterios establecidos por el apartado 2 no pueden utilizarse para graduar la sanción impuesta si se integran en la descripción de la conducta tipificada como infracción.
4. Con la finalidad de evitar el enriquecimiento de los infractores como consecuencia de los hechos sancionados, el órgano sancionador puede incrementarles la sanción pecuniaria con la cuantía que hayan obtenido con la comisión de la infracción. Esta medida debe adoptarse en los casos, establecidos por reglamento, en que no sea oportuno imponer como sanción el cierre del establecimiento abierto al público.
5. Deben establecerse por reglamento los casos de faltas muy graves y de faltas graves en que, en atención a los daños ocasionados y a los beneficios obtenidos, puede imponerse una sanción de las establecidas para las faltas de la gravedad inmediatamente inferior, siempre que no exista reincidencia ni se haya afectado la seguridad de las personas. En los casos de faltas muy graves, la sanción nunca puede ser inferior a 1.501 euros.
Personas responsables 1. Son responsables de las infracciones establecidas por la presente ley las personas físicas o jurídicas que incurren en las faltas que esta tipifica, ya sean los organizadores de los espectáculos o las actividades recreativas, o los titulares de la correspondiente licencia o autorización.
3. Los responsables, aunque no tengan la titularidad patrimonial de los inmuebles donde se encuentran los establecimientos abiertos al público a los que se impone el cierre, tienen que responder, de acuerdo con la legislación civil, de los daños y perjuicios que puedan sufrir los propietarios y los titulares de los derechos sobre los inmuebles afectados como consecuencia del cierre.
Prescripción y caducidad 1. Las faltas muy graves prescriben al cabo de tres años; las faltas graves, al cabo de dos años, y las faltas leves, al cabo de seis meses.
2. El plazo de prescripción de las faltas empieza a contarse desde que se cometen o desde que la Administración tiene conocimiento de ellas. En el caso de infracciones derivadas de una actividad continuada, la fecha inicial del cómputo es la de la finalización de la actividad o el último acto con el que la infracción se consuma.
3. Las sanciones por la comisión de faltas muy graves prescriben al cabo de tres años; por la comisión de faltas graves, al cabo de dos años, y por la comisión de faltas leves, al cabo de un año.
4. Cualquier actuación de la Administración, conocida por los interesados, con la finalidad de iniciar o impulsar el procedimiento sancionador o de ejecutar las sanciones interrumpe el plazo de prescripción y debe iniciarse nuevamente su cómputo. El plazo de prescripción vuelve a transcurrir si el procedimiento sancionador o de ejecución permanece parado durante más de un mes por causa inimputable a los presuntos responsables o infractores.
5. El procedimiento sancionador debe ser resuelto y notificada su resolución en el plazo máximo de nueve meses desde su apertura, salvo que se dé alguna de las circunstancias establecidas por la legislación de régimen jurídico de las administraciones públicas y de procedimiento administrativo común que conlleve la interrupción del cómputo. Una vez vencido este plazo, se produce la caducidad de las actuaciones, de acuerdo con lo establecido por dicha legislación.
Registro de infracciones y sanciones 1. La Generalidad debe crear un registro administrativo de sanciones e infracciones en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas, donde deben inscribirse todas las infracciones y sanciones impuestas por resolución firme. La organización de dicho registro y las condiciones de inscripción deben establecerse por reglamento, sin perjuicio del respeto a la legislación sobre protección de datos de carácter personal.
2. La finalidad del registro al que se refiere el apartado 1 es poder apreciar los casos de reincidencia y garantizar el cumplimiento efectivo de las sanciones que pueden imponerse al amparo de la presente ley, sin perjuicio del respeto a la legislación sobre protección de datos de carácter personal. Pueden acceder a dicho registro los órganos y las autoridades que instruyen los procedimientos sancionadores y los entes municipales interesados.
3. Las sanciones inscritas en el registro deben ser canceladas, de oficio o a instancia de los interesados, en el caso de que concurran las siguientes circunstancias:
a) No haber impuesto a la misma persona otra sanción por una infracción tipificada por la presente ley, durante el plazo de tres años para las faltas muy graves, de dos años para las faltas graves y de un año para las faltas leves, a contar desde el momento en que la resolución sancionadora deviene firme en vía administrativa.
b) Haber cumplido totalmente las sanciones impuestas.
c) Haberse producido la anulación administrativa o judicial de la sanción impuesta.
Capítulo IIIDisposiciones específicas de procedimiento sancionador
Órganos sancionadores 1. Los órganos de la Administración de la Generalidad competentes para ejercer las potestades sancionadoras que le atribuye la presente ley son los órganos centrales y los servicios territoriales del departamento competente en materia de espectáculos públicos y de actividades recreativas.
2. El órgano municipal competente para ejercer las potestades sancionadoras que la presente ley atribuye a los ayuntamientos es el alcalde o alcaldesa, que puede delegar la competencia de acuerdo con el régimen establecido por la legislación de régimen local.
3. Los ayuntamientos y la Administración de la Generalidad deben informarse recíprocamente de la apertura y la resolución de los expedientes sancionadores para evitar su duplicidad y para incorporar los datos al registro al que se refiere el artículo 58.
Apertura del procedimiento sancionador 1. El órgano competente para sancionar puede acordar la apertura del procedimiento sancionador si de las actas extendidas por la policía o por los servicios de inspección puede derivarse razonablemente la existencia de una conducta infractora y a quién es imputable.
2. En el caso de que el procedimiento haya sido iniciado mediante denuncia previa, debe comunicarse a los denunciantes si se ha decidido abrir el procedimiento sancionador o no. El planteamiento de una denuncia no otorga a los denunciantes, por sí solo, la condición de interesados, a efectos de poder pronunciarse sobre la admisión o no de eventuales recursos contra la comunicación del archivo de las actuaciones.
Medidas provisionales 1. Una vez abierto un expediente sancionador por la presunta comisión de faltas muy graves, graves o leves, el órgano competente puede acordar, mediante resolución motivada, las medidas provisionales pertinentes en cada caso para evitar el mantenimiento de los efectos de la infracción y la comisión de nuevas infracciones, y también para asegurar que el procedimiento se desarrolle correctamente y que la resolución final sea eficaz.
2. Las medidas provisionales pueden consistir en adoptar o, si procede, confirmar cualquiera de las medidas provisionales previas a la apertura del expediente establecidas por el artículo 63.
3. En el caso de expedientes sancionadores por la presunta comisión de faltas muy graves o graves que puedan conllevar la imposición de sanciones no pecuniarias, con el fin de garantizar la eficacia de la resolución final, el órgano sancionador tiene que adoptar la medida provisional de prohibir la transmisión de la licencia, en los términos establecidos por el artículo 36.
4. Las medidas provisionales pueden ser revocadas o modificadas, de oficio o a instancia de parte, durante el procedimiento sancionador, y se extinguen en el momento en que se adopta su resolución final, salvo que sean impuestas en calidad de sanción. En tal caso, la duración de la medida provisional computa, si procede, a los efectos del cumplimiento de la sanción.
Capítulo IVMedidas provisionales previas
Medidas provisionales previas a la apertura del expediente Los órganos competentes para sancionar las infracciones tipificadas por la presente ley, en ejercicio de sus competencias, antes de abrir el procedimiento sancionador que corresponda pueden adoptar las medidas provisionales previas pertinentes para impedir o suspender los espectáculos públicos o actividades recreativas en alguno de los siguientes supuestos:
a) Si existen indicios claros de que pueden ser constitutivos de delito. En tal caso, el órgano que acuerda la medida provisional debe comunicarlo a la autoridad judicial dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes.
b) Si en el transcurso de los espectáculos o de las actividades se producen alteraciones del orden público, con peligro para personas y bienes, o se puede prever de forma fundada que se producirán.
c) Si se incumplen gravemente las condiciones sanitarias, de salubridad y de higiene o existe un riesgo grave o un peligro inminente para la seguridad de las personas o los bienes.
d) Si los titulares u organizadores toleran, por negligencia, el consumo de estupefacientes. Se entiende que tienen dicha actitud negligente si no hacen advertencias a los consumidores o, en el caso de que las hagan y de que los consumidores no las atiendan, si no comunican el consumo de estupefacientes a las autoridades competentes o no colaboran para evitar que dicho consumo vuelva a producirse.
e) Si no se poseen las licencias o autorizaciones establecidas por la presente ley o si se alteran sustancialmente sus requisitos.
f) Si se incumplen de forma reiterada los horarios establecidos.
g) Si se incumple de forma reiterada la prohibición de admitir a menores en establecimientos abiertos al público, espectáculos públicos o actividades recreativas donde estos tengan prohibida la entrada.
Tipos de medidas provisionales previas Si se da alguno de los supuestos establecidos por el artículo 62, puede adoptarse una de las siguientes medidas o, si procede, más de una:
d) El decomiso o el precinto de los bienes utilizados para llevar a cabo el espectáculo público o la actividad recreativa.
e) El decomiso de las entradas y del dinero de la reventa o de la venta en la calle o en lugares no autorizados.
f) La prestación de fianzas.
g) Otras medidas que se consideren necesarias, apropiadas y proporcionadas para cada situación para la seguridad de las personas y de los establecimientos o los espacios abiertos al público.
Procedimiento y resolución Debe regularse, por reglamento, el procedimiento, de carácter sumario, que hay que seguir para adoptar las medidas provisionales previas establecidas por la presente ley, de acuerdo con las siguientes prescripciones:
a) La resolución que adopte las medidas provisionales previas tiene que aplicar criterios de congruencia y proporcionalidad, y acreditarlo en la correspondiente motivación, que también debe ponderar la concurrencia de urgencia, especial gravedad del riesgo para la seguridad y para la convivencia entre los ciudadanos y el carácter eventualmente reiterado del incumplimiento.
b) Las medidas provisionales deben acordarse con resolución motivada, que tiene que expresar la adecuación entre la situación planteada y la medida o medidas adoptadas. En la resolución ha de advertirse a los interesados que pueden consultar el expediente y formular las alegaciones y presentar los documentos que consideren pertinentes en el marco del correspondiente expediente sancionador, que debe abrirse antes de que transcurra el plazo de quince días.
c) Las medidas provisionales previas tienen que ser confirmadas, modificadas o revocadas en el acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador correspondiente, que debe efectuarse en el plazo máximo de quince días desde la adopción de las medidas provisionales. Dicho acuerdo de iniciación puede ser objeto del recurso que sea procedente. Las medidas provisionales previas quedan sin efecto si no se abre el expediente sancionador dentro de dicho plazo, o si el acuerdo de iniciación no contiene ningún pronunciamiento expreso respecto a las mencionadas medidas.
d) Las medidas provisionales previas pueden ser efectivas mientras subsistan las razones que motivaron su adopción.
e) En el caso de que un ayuntamiento haya asumido la competencia atribuida por el artículo 11.1.e, el órgano de la Generalidad titular originario de la competencia puede adoptar una medida provisional previa si, dándose alguna de las circunstancias establecidas por el artículo 62, el ayuntamiento que ejerce la competencia no da garantías inmediatas de la adopción de la correspondiente medida provisional. En tales casos, el órgano de la Generalidad titular originario de la competencia debe tramitar el subsiguiente procedimiento sancionador.
Medidas provisionales inmediatas 1. Los agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad pueden adoptar las medidas provisionales inmediatas establecidas por el presente artículo, en casos de urgencia absoluta, ante espectáculos públicos y actividades recreativas que conlleven un riesgo inmediato de afectar gravemente a la seguridad de las personas y los bienes o la convivencia entre los ciudadanos. Para valorar la gravedad y la urgencia de las circunstancias que permiten adoptar dichas medidas, los agentes pueden disponer de apoyo técnico especializado inmediato.
2. Si adoptan medidas provisionales inmediatas, los agentes de policía deben comunicarlo, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, al órgano competente para adoptar las medidas provisionales previas pertinentes, el cual debe confirmarlas, modificarlas o revocarlas en el plazo de cinco días, a contar desde el primer día hábil siguiente al de la comunicación. El incumplimiento de dichos plazos conlleva automáticamente el levantamiento de las medidas provisionales inmediatas adoptadas.
3. Si se dan las circunstancias establecidas por el apartado 1, los agentes de policía pueden adoptar las siguientes medidas provisionales inmediatas:
b) El desalojo de los establecimientos y los espacios abiertos al público en el caso de que, por el número de asistentes o por otras circunstancias, se ponga en grave peligro, y de forma concreta y manifiesta, la seguridad de las personas, o en el caso de que se afecte gravemente la convivencia entre los ciudadanos. Esta medida, si afecta a establecimientos abiertos al público, o a espectáculos públicos o actividades recreativas en espacios abiertos autorizados, conlleva la prohibición de que el público entre en los mismos hasta la hora de apertura del siguiente día o sesión.
4. Si el órgano competente para sancionar ratifica las medidas provisionales inmediatas establecidas por el presente artículo, el régimen de confirmación, modificación o revocación posterior se rige por lo que dispone el artículo 64.c, salvo que el acuerdo de ratificación se dicte en el acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador correspondiente.
5. Los agentes de la autoridad pueden adoptar la medida de decomisar o precintar los bienes relacionados con la actividad o las entradas de la reventa o en venta ambulante, con el fin de garantizar la efectividad de las prohibiciones y las suspensiones, de evitar la continuidad de actividades ilegales y la instrucción apropiada de eventuales procedimientos sancionadores. En tales casos también se aplica lo que establece el apartado 2, en cuanto al mantenimiento o no de la medida.
Delegaciones de competencias vigentes Las delegaciones de las competencias sancionadoras de la Generalidad a los ayuntamientos amparadas por la legislación aplicable hasta la entrada en vigor de la presente ley siguen vigentes hasta que el ayuntamiento adopte el correspondiente acuerdo, al que se refiere el artículo 11.1.e, que debe adoptarse en el plazo máximo de seis meses a partir de la entrada en vigor de la Ley. Si, una vez vencido dicho plazo, no se ha tomado el mencionado acuerdo, las delegaciones efectuadas al amparo de la legislación aplicable hasta la entrada en vigor de la presente ley quedan automáticamente sin efecto.
Régimen especial del municipio de Barcelona 1. Corresponde al Ayuntamiento de Barcelona la competencia para autorizar los espectáculos públicos y actividades recreativas en el municipio de Barcelona, de acuerdo con el artículo 71 de la Ley 22/1998, de 30 de diciembre, de la Carta municipal de Barcelona, que atribuye al Ayuntamiento la competencia para autorizar la instalación o la apertura de todo tipo de establecimientos abiertos al público y de actividades en dicha ciudad.
2. Sin perjuicio de las disposiciones establecidas por la presente ley, siguen en vigor, de forma íntegra, la Ley 22/1998 y la Ley del Estado 1/2006, de 13 de marzo, por la que se regula el régimen especial del municipio de Barcelona.
Establecimientos de régimen especial No pueden solicitarse ni otorgarse las licencias ni las autorizaciones establecidas por el artículo 39 para establecimientos abiertos al público de régimen especial hasta que no hayan entrado en vigor las disposiciones reglamentarias o de planificación que establece el mismo artículo.
Régimen transitorio de los expedientes sancionadores Los expedientes sancionadores abiertos antes de la entrada en vigor de la presente ley se rigen por la normativa vigente en el momento de su apertura, salvo en los supuestos en que los preceptos de esta ley sean más favorables para los expedientados.
Régimen transitorio de las normas reglamentarias Hasta que la presente ley se desarrolle mediante los correspondientes reglamentos, son de aplicación las normas vigentes en el momento de la aprobación de la Ley, siempre que no contravengan a la misma.
Estructuras desmontables Mientras no se regulen las estructuras desmontables, de acuerdo con lo establecido por la presente ley, para ponerlas en funcionamiento es necesario presentar, ante el ayuntamiento que corresponda, las certificaciones técnicas específicas correspondientes a los montajes y a las instalaciones, que los técnicos de los propietarios deben efectuar en el lugar de emplazamiento. En las mencionadas certificaciones debe hacerse constar el correcto funcionamiento del conjunto de las instalaciones y los técnicos municipales tienen que verificar su seguridad exterior y global.
Régimen transitorio de las licencias y autorizaciones Todas las solicitudes de licencias y de autorizaciones presentadas antes de la entrada en vigor de la presente ley se rigen por la normativa de aplicación en el momento en que se solicitaron, sin perjuicio del cumplimiento de las condiciones técnicas que puedan afectar a la seguridad de las personas y de los bienes o la convivencia entre los ciudadanos.
Queda derogada la Ley 10/1990, de 15 de junio, sobre policía del espectáculo, las actividades recreativas y los establecimientos públicos.
Desarrollo reglamentario Se autoriza al Gobierno y al consejero o consejera del departamento competente en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas para dictar los reglamentos que sean necesarios para desarrollar y aplicar la presente ley.
Actualización de sanciones Las cuantías de las multas fijadas por la presente ley pueden ser revisadas y actualizadas por disposición del Gobierno.
Desarrollo reglamentario Debe aprobarse, por decreto, un reglamento de desarrollo de la presente ley en el plazo de un año a contar desde el día en que esta se apruebe.
Véase el D [CATALUÑA] 112/2010, 31 agosto, por el que se aprueba el Reglamento de espectáculos públicos y actividades recreativas («D.O.G.C.» 7 septiembre).