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Timestamp: 2018-10-20 23:22:07
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Matched Legal Cases: ['artículo 21', 'artículo 23', 'artículo 4', 'Artículo 24', 'artículo 8', 'Artículo 11', 'Artículo 2', 'artículo 128', 'artículo 21']

La Democracia – Formación Ciudadana
¿Qué entendemos por democracia? Cuando hablamos de este concepto lo definimos como un régimen político en el cual la titularidad del poder recae en la ciudadanía. Lo anterior, quiere decir que las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo mediante mecanismos de participación directa o indirecta que confieren legitimidad a sus representantes.
Se reconocen tres modelos o formas de gobierno en las democracias representativas: gobierno presidencialista o presidencial, gobierno parlamentario, y gobierno semipresidencial.
Etimológicamente, la palabra democracia deriva del latín “democratía”, y se compone de los términos “demos”, el cual puede traducirse como “pueblo”, y “kratos”, que significa “poder”.
La democracia es un régimen político en el cual la titularidad del poder recae en la ciudadanía. Lo anterior, quiere decir que las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo mediante mecanismos de participación directa o indirecta que confieren legitimidad a sus representantes.
Las Naciones Unidas, en la Declaración Universal de Derechos Humanos indica en el artículo 21 inciso tercero:
Por otra parte, nuestro país está adscrito a la Convención Americana sobre Derechos Humanos o también llamado Pacto de San José de Costa Rica, suscrito el 22 de noviembre de 1969 y cuya entrada en vigencia fue el 18 de julio de 1978.
En el artículo 23 de este pacto, se señala al hablar de derechos políticos que todos los ciudadanos deben gozar del siguiente derecho y oportunidad:
“De votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores”.
A nivel nacional, la Constitución Política de la República de Chile establece en su artículo 4 que Chile es una república democrática.
Características de las democracias
Si bien es cierto, no existen características específicas que debiesen tener las democracias, sí podría esperarse que respondieran a lo siguiente:
Estos valores, proclamados en la Revolución Francesa (junto con el de fraternidad), indican que todas las personas son iguales ante la ley y son libres de obrar a su modo, siempre y cuando no vayan en contra de lo legal.
La representación se garantiza a través del sufragio libre y secreto de los ciudadanos habilitados para votar. Son los votantes quienes otorgan a sus representantes -a través de su sufragio- la facultad de modificar las leyes que regulan al país y las decisiones cotidianas que permiten el funcionamiento de éste.
Las democracias se sustentan en el principio de constitucionalidad y se articulan a partir de un texto público que garantiza sus principios: la Constitución. Las constituciones de los países democráticos son la carta fundamental de cada República y dan garantía del respeto a los derechos de los ciudadanos.
Las democracias otorgan la oportunidad de organizarse y participar plenamente en la vida política, económica y cultural de un país, y garantiza la libertad de expresión y culto.
Todo sistema democrático se sustenta en la participación política y en la multiplicidad de ideas. En este contexto, la participación política permite conseguir objetivos comunes a una sociedad, considerando la diversidad de grupos con intereses distintos.
Se reconocen clásicamente tres modelos o formas de gobierno en las democracias representativas:
Gobierno presidencialista o presidencial:
Establece que la Constitución Política divide los poderes del Estado, en donde el Poder Ejecutivo es ejercido por un Presidente de la República. En esta figura se concentran las funciones de Jefe de Estado y Jefe de Gobierno.
Nuestro país utiliza este modelo como forma de democracia y esto se encuentra regulado en la Constitución Política de la República.
“El gobierno y la administración del Estado corresponden al Presidente de la República, quien es el Jefe de Estado.
El 1 de junio de cada año, el Presidente de la República dará cuenta al país del estado administrativo y político de la Nación ante el Congreso Pleno”. (Artículo 24).
Gobierno parlamentario:
Según este tipo de democracia la elección del Poder Ejecutivo (Gobierno) proviene del Poder Legislativo (Congreso). Esta forma de gobierno se califica como un régimen democrático, representativo, de separación flexible o colaboración de poderes, ya que tanto el Congreso como el Consejo de Ministros (órgano colegiado encabezado por un Primer Ministro), colaboran en la gestión de gobierno.
En estos sistemas existe un Jefe de Gobierno (Primer Ministro o Canciller) y un Jefe de Estado (Rey o Presidente de la República). En estos sistemas, el Jefe de Estado carece de facultades decisorias en el proceso político, aunque representa internacionalmente al Estado, además de cumplir un rol simbólico en la integración nacional.
Según quien sea el Jefe de Estado se distinguen regímenes parlamentarios monárquicos (Reino Unido) y republicanos (Italia).
Gobierno semipresidencial: Esta modalidad corresponde a una especie de presidencialismo, sin embargo esto se encuentra atenuado. Este método surge en Europa continental en el siglo XX.
Aquí, el Poder Ejecutivo reside tanto en el Presidente de la República, elegido por sufragio universal; y a la vez en el Primer Ministro, elegido por el Congreso. Ambos poseen igual autoridad dentro de las decisiones de Gobierno, por lo que se le denomina Ejecutivo Dual.
El artículo 8 de la Constitución Política de la República establece que “el ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones”.
De acuerdo a lo indicado en el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, el concepto “probidad” se relaciona con el de “honradez”, que a su vez se define como “rectitud de ánimo, integridad en el obrar”.
Para la legislación chilena, el principio de probidad se encuentra regulado en la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado y consiste en “observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular”.
Los funcionarios de la Administración del Estado deberán observar el principio de probidad administrativa y, en particular, las normas legales generales y especiales que lo regulan.
“La función pública se ejercerá con transparencia, de manera que permita y promueva el conocimiento de los procedimientos, contenidos y fundamentos de las decisiones que se adopten en ejercicio de ella”. (Artículo 11 bis, Ley 18.575).
Por otra parte, el gran marco regulatorio de la probidad administrativa en Chile se encuentra regulado en la Ley 20.880, sobre Probidad en la Función Pública y Prevención en los Conflictos de Intereses, publicada en enero de 2016.
Esta normativa regula el principio de probidad en el ejercicio de la función pública y la prevención y sanción de conflictos de intereses. De acuerdo a esta norma, el principio de probidad en la función pública consiste en observar una conducta funcionaria intachable, un desempeño honesto y leal de la función o cargo con preeminencia del interés general sobre el particular.
Por otra parte, indica que existe conflicto de intereses en el ejercicio de la función pública cuando concurren a la vez el interés general propio del ejercicio de las funciones con un interés particular, sea o no de carácter económico, de quien ejerce dichas funciones o de los terceros vinculados a él determinados por la ley, o también cuando suceden circunstancias que le restan imparcialidad en el ejercicio de sus competencias.
“Todo aquel que desempeñe funciones públicas, cualquiera sea la calidad jurídica en que lo haga, deberá ejercerlas en conformidad con lo dispuesto en la Constitución y las leyes, con estricto apego al principio de probidad.
La inobservancia del principio de probidad acarreará las responsabilidades y sanciones que determine la Constitución o las leyes, según corresponda”. (Artículo 2, Ley 20.880).
Los mecanismos de democracia directa son una institución públicamente reconocida en la que ciudadanos deciden o emiten su opinión acerca de distintos asuntos directamente a través del sufragio universal y secreto (Altman 2011:3).
Estos tipos de mecanismos se han clasificado en referendos, plebiscitos, revocatorios de mandato e iniciativas populares o ciudadanas. Algunas veces estos conceptos se utilizan como sinónimos, otras veces como términos diferenciados.
Estos tipos de mecanismos surgen y van en aumento debido a la demanda de los ciudadanos para acceder al proceso de toma de decisiones y la exigencia de mayor transparencia, en un contexto en el cual la actividad política se encuentra altamente cuestionada.
Los efectos de estos tipos de mecanismos, se encuentran directamente relacionados a la forma en cómo interactúan con las instituciones existentes en un determinado país.
De acuerdo a la literatura existente (Altman, 2011 y Lissidini,2011) se dice que estos mecanismos tienden por una parte a:
Incentivar la participación y promover una cultura de involucramiento en asuntos públicos
Legitimar decisiones políticas
Generar un mayor cumplimiento por parte de la ciudadanía de las decisiones políticas
Fortalecer la relación entre la ciudadanía y los políticos
Pero por otra, estos mecanismos pueden debilitar la democracia, podrían:
Contar con una participación reducida, lo que puede conllevar a que las decisiones que se adopten tengan poca legitimidad
Promover decisiones blanco/negro y no políticas debatidas adecuadamente (si/no)
Ser utilizados demagógicamente por las autoridades
Incrementar el verticalismo al ser utilizados para incrementar el poder de las autoridades en ejercicio
Perjudicar a las minorías
Por lo tanto, al incorporar estos mecanismos en las constituciones de los países hay que considerar el contexto institucional del país y, así, decidir qué combinación de mecanismos (y con qué regulaciones) serán más beneficiosos para fortalecer la democracia.
Mecanismos de Democracia Directa en América Latina
A partir de los años ’90, la mayoría de las constituciones latinoamericanas incorporaron; 1) referendos, plebiscitos, revocatorias de mandato y/o 2) iniciativas ciudadanas. En esos años, casi todos los países de América del Sur tuvieron, a lo menos, una experiencia de este tipo (Lissidini,2011).
1. Los primeros, son mecanismos que han sido impulsados tanto por el poder ejecutivo y/o el poder legislativo, así como también por ciudadanos. Tienen la capacidad de ser positivos para legitimar decisiones, especialmente en torno a temáticas que generan polémica, tal como sucede en Colombia respecto del acuerdo para la paz. Pero a su vez, pueden ser utilizados políticamente por las autoridades, siendo empleados demagógicamente, para reafirmar su autoridad o para perpetuarse en el poder. Ejemplos de esto último son reformas constitucionales para modificar las reglas respecto de la reelección presidencial.
Los países de las Américas en los que tanto los presidentes como los parlamentos pueden convocar este tipo de mecanismos son: Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Nicaragua y Paraguay.
Los países que sólo permiten que los presidentes convoquen referéndums y/o plebiscitos son: Antigua y Barbuda, Canadá, Chile (en casos muy restrictivos) y Uruguay.
2. Los países que sólo permiten que los presidentes convoquen referéndums y/o plebiscitos son: Antigua y Barbuda, Canadá, Chile (en casos muy restrictivos) y Uruguay.
Actualmente, los países de las Américas en los que se pueden presentar iniciativas populares son: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
Asimismo, los países en los que existen los revocatorios de mandato son: Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela.
Democracia Directa en Chile
Respecto a la región, Chile es de los países con menos experiencia en cuanto a la implementación de éstos mecanismos, así como también su Constitución es restringida en el ámbito de la democracia directa.
En el artículo 128 de nuestra Constitución Política se estipula que el Presidente podrá convocar un plebiscito para dirimir un conflicto con el poder legislativo respecto de reformas constitucionales, en casos muy específicos. Asimismo, existe una norma que permite la realización de consultas comunales.
Si bien en Chile el poder ejecutivo ha convocado plebiscitos y consultas (en los años 1978, 1980, 1988 y 1989), el mayor uso de este tipo de mecanismos ha sido a nivel comunal, el que ha aumentado progresivamente en la última década. Algunos de estos plebiscitos comunales han sido impulsados por las autoridades, mientras que otros han sido solicitados por la ciudadanía.
Respecto al futuro, la tendencia mundial indica que el uso de mecanismos de democracia directa está en ascenso. Frente a esa realidad, es importante que el debate en el marco del actual proceso constituyente contemple la posibilidad de incluir en nuestro ordenamiento constitucional alguno(s) de estos mecanismos.
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Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 21 inciso tercero.
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