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Timestamp: 2017-03-24 10:10:56
Document Index: 389253311

Matched Legal Cases: ['artículo 778', 'artículo 11', 'artículo 1', 'artículo 13', 'artículo 24', 'artículo 13', 'artículo 11', 'artículo 11']

Separación, divorcio y nulidad. Atribución de la guarda y de la patria potestad. Demanda de restitución internacional de menores para su devolución a Francia. Requisitos. Convenio de la Haya de 25 de octubre de 1980 y Reglamento 2201/2003, Bruselas II, del Consejo de 27 de noviembre de 2003 relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental aplicable a los estados miembros. Licitud del traslado
María Pilar Manzana Laguarda
Voces sustantivas: Competencia, Patria potestad, Unión europea, Derecho de visita, Domicilio, Educación primaria, Protección del menor, Residencia habitual, Restitución, Divorcio, Medidas de protección, Ministerio de justicia, Nacionalidad, Régimen de visitas, Sustracción internacionalVoces procesales: Prueba, Acuerdo de las partes, Carga de la prueba, Juicio oral, Resoluciones judiciales
La sentencia dictada por el Juzgado de Familia estima la demanda interpuesta por el Abogado del Estado, en la representación del Ministerio de Justicia en su calidad de Autoridad Central para la defensa del Convenio Internacional de La Haya sobre Aspectos Civiles de la Sustracción Ilegal de Menores 25 octubre 1980, declarando ilícita la retención de los dos menores que indica con pasaporte de la República Francesa por parte de su progenitora también de nacionalidad francesa, acordándose su retorno al lugar de procedencia, y restitución a dirección de Montpellier en Francia para permitir al solicitante el ejercicio del régimen de patria potestad y estancia, comunicación o relación con los menores, teniendo en cuenta el interés superior de éstos de conformidad con el Convenio Internacional aludido y Reglamento 27 noviembre 2003, Bruselas II. Siendo apelada por la demandada en cuanto declara ilícito el traslado de sus hijos y acuerda el retorno a dirección de localidad de Francia.
Para resolver la apelación la Sala tiene en cuenta como normativa aplicable el Convenio de la Haya de 25 de octubre de 1980 y el Reglamento 2201/2003 del Consejo de 27 de noviembre de 2003 relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, que altera alguna de sus normas y que se aplica con primacía sobre aquél en las relaciones entre Estados miembros del Reglamento. El art. 11 del Reglamento establece la aplicación del Convenio de la Haya con determinadas correcciones que se recogen en los ocho ordinales de su art. 11, relativas a la audiencia de los menores, la urgencia en la tramitación , la no aplicación del art. 13 letra b en el caso de que se adoptaran medidas adecuadas para garantizar la protección del menor tras su restitución, la audiencia de la parte solicitante, y el que será la autoridad del lugar de residencia habitual del menor el que tenga la última palabra como competente que es. Según el art. 1 del Convenio la finalidad del mismo es garantizar la restitución inmediata de los menores de 16 años trasladados o retenidos de manera ilícita en cualquier estado de los contratantes y velar porque los derechos de custodia y visitas vigentes en uno de los estados se respeten en los demás. Se produce la sustracción internacional de menores cuando un menor es trasladado ilícitamente a un país distinto de donde reside habitualmente, violando el derecho de custodia atribuido a una persona o a una institución, o en aquellos casos en que el padre o la madre se haya trasladado con el menor para residir en otro país, e impida al otro progenitor que tenga atribuido el derecho de visita ejercitarlo. Es presupuesto ineludible para su aplicación el que el traslado del menor se considere ilícito, y a tal fin el art. 3 del Convenio presume ilicitud en todo traslado que se haya producido con infracción de un derecho de custodia atribuido con arreglo al derecho vigente en el estado en el que el menor tenía su residencia habitual inmediatamente antes del traslado y además que ese derecho de custodia se ejerciera de forma efectiva en el momento del traslado o se habría ejercido de no mediar aquél. Es necesario, pues, la concurrencia de un doble elemento, el jurídico, consistente en la previa existencia de un derecho de custodia atribuido por el Estado de residencia habitual del menor, y cuya concurrencia se fundamenta en la necesidad de apariencia de legalidad del título, y uno fáctico, consistente en el ejercicio efectivo del derecho de custodia antes del traslado, y que se fundamenta tanto en el derecho del menor a no ver alteradas sus condiciones afectivas sociales, como en la probabilidad de existir en este ámbito y en la práctica distintas resoluciones contradictorias sobre la materia.
En el caso concreto se parte de la base de que las partes residentes en Numea ( Nueva Caledonia) mantuvieron una relación estable de pareja de la que nacieron los menores y que con ocasión de su ruptura llegan al acuerdo recogido en resolución de Juez de Familia en el que se establecía la residencia de los hijos en el domicilio materno, compartir la patria potestad y un derecho de visitas a favor del padre en vacaciones escolares menores y en vacaciones de larga duración por un periodo de 15 días. Con posterioridad y con ocasión de la intención de la progenitora de trasladar su residencia a la Francia metropolitana, el Juez de Familia dicta nueva resolución manteniendo la residencia de los menores en el domicilio materno, estableciendo un nuevo régimen de visitas para el progenitor. Tras lo que la progenitora se instala en localidad de España, manteniendo entonces los progenitores distintas conversaciones para articular el derecho de visitas que al progenitor correspondía en las siguientes vacaciones escolares de verano.
En consideración a ello se indica que cierto es que judicialmente se autorizó el traslado de la residencia de la madre con sus hijos a la Francia metropolitana, y que no se utilizó esa misma vía con el traslado a España, pero también, que, por un lado, no constaba que hubiera previa residencia en la Francia metropolitana y, por otro, como más esencial, que a la vista de lo constatado no cabría hablar en el caso estudiado de traslado ilícito porque el progenitor tuvo pleno conocimiento y se presume también que dio su consentimiento siquiera sea tácito al traslado a España, como tampoco el progenitor vio infringido su derecho de custodia y visitas en el periodo vacacional que le había otorgado la previa sentencia matrimonial.
Con la dificultad añadida que se instaba y se acordaba la restitución de los menores a una localidad que no era su residencia habitual pues el domicilio familiar se encontraba en Nueva Caledonia, como mínimo hasta que el Juez de Familia dicta nueva resolución manteniendo la residencia de los menores en el domicilio materno y estableciendo un nuevo régimen de visitas para el progenitor, sin conocerse si hubo una nueva residencia en Francia metropolitana y, en concreto, que el lugar donde ordena la sentencia restituir a los menores fuera el domicilio habitual. Entendido el concepto de residencia habitual a tenor del art. 8 apartado 1 del Reglamento 2201/2003 que corresponde con el lugar en el que el menor tenga cierta integración en un entorno social y familiar. A cuyos efectos, como dice la STJU de 2 de abril de 2009 en asunto C-523/07, debía a estos efectos tenerse en consideración en particular la duración, la regularidad, las condiciones y razones de la permanencia en el territorio de un Estado miembro y del traslado de la familia a dicho Estado, la nacionalidad del menor, el lugar y las condiciones de escolarización, los conocimientos lingüísticos, así como las relaciones familiares y sociales que el menor mantiene en el referido Estado. No resultando de los autos ligazón alguna de los menores con la ciudad de Montpellier.
Por lo que se concluye que no podía acordarse la restitución de los menores, tanto por existir indicios claros de que el progenitor había consentido su traslado a España, de acuerdo con el apartado a) del art. 13 del Convenio de La Haya, como por pretenderse la restitución a un lugar que no habría sido nunca su residencia habitual, atentando contra su interés superior, (protegido en el art. 24 de la Carta de los Derechos Fundamentales de las Unión Europea y 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño) lo que nos situaría también en el supuesto del apartado b) del mismo art 13, máxime, cuando no constaba que se hubieran adoptado las medidas de protección a las que se refiere el art. 11-4 del Reglamento 2201-2003. Revoca por ello la sentencia de instancia para en su lugar declarar que el traslado de los menores a que se contrae la presente no era ilícito y, en consecuencia, no procedía su restitución a Montpellier.
ROLLO Nº 001456/2016SECCIÓN 10ª SENTENCIA nº.796/16 SECCIÓN DÉCIMA: Ilustrísimos Sres.:Presidente: DÑA. MARIA PILAR MANZANA LAGUARDA Magistrados/as: D. CARLOS ESPARZA OLCINADÑA. ANA VEGA PONS-FUSTEREn Valencia, a veintisiete de octubre de dos mil dieciséis.
Vistos ante la Sección Décima de la Iltma. Audiencia Provincial de Valencia, en grado de apelación, los autos de nº 001268/2016, seguidos ante el JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 24 DE VALENCIA, entre partes, de una como demandante-apelado, el MINISTERIO DE JUSTICIA representado por el Abogado del Estado y de otra como demandado-apelante, PATRICIA , representado por el/la Procuradora BEGOÑA MOLLA SANCHIS y defendido por el/la Letrado/a VICENTE ESCRIBANO BARBERA. Y siendo parte el Ministerio Fiscal (16M241268) Es ponente la Ilma. Sra. Magistrada Dª. MARÍA DEL PILAR MANZANA LAGUARDA.
PRIMERO.- En dichos autos por el Iltmo. Sr. Juez del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 24 DE VALENCIA, en fecha 23.09.16, se dictó Sentencia cuya parte dispositiva es como sigue: "Que debo estimar y estimo la demanda interpuesta por el Abogado del Estado, en la representación que ostenta del Ministerio de Justicia, en su calidad de Autoridad Central para la defensa del Convenio Internacional de La Haya sobre Aspectos Civiles de la Sustracción Ilegal de Menores de 25.10.80, declarando que la retención de los menores ELISA y JAIME, con pasaporte de la República Francesa n.º 00XX00000 y nº 00XX00000 nacidos el 4 de mayo de 2006 y el 10.09.2008, por parte de su progenitora, Dª PATRICIA, con pasaporte de la República Francesa n.º 00XX00000 nacida el 3 de noviembre de 1973, es ilícita; acordándose su retorno al lugar de procedencia, y restitución a la dirección C/ XXX, 00, Montepellier (Francia) para permitir al solicitante el ejercicio del régimen de patria potestad y estancia, comunicación o relación con los menores, teniendo en cuenta el interés superior de éstos de conformidad con el Convenio Internacional de La Haya sobre Aspectos Civiles de la Sustracción Ilegal de Menores de 25.10.80 y Reglamento 27-11-2003,Bruselas II.
Dicho retorno se llevará a cabo por la progenitora en el plazo máximo de 5 días desde la firmeza de la presente resolución.
Debiéndose estar a lo dispuesto en el artículo 778.13 de la LEC por parte de la Autoridad Central.
Debiendo asumir íntegramente, Dª PATRICIA, los gastos de retorno, todo ello, con imposición de las costas procesales a dicha parte demandada." SEGUNDO.- Contra dicha Sentencia por la representación procesal de la parte DEMANDADA se interpuso recurso de apelación, y verificados los oportunos traslados a las demás partes para su oposición al recurso o impugnación a la sentencia se remitieron los autos a esta Secretaría donde se formó el oportuno rollo, señalándose el día 26/10/2016 para la deliberación, votación y fallo del recurso, sin celebración de vista, al no haberse considerado necesaria ésta ni practicado prueba.
PRIMERO.- Por la dirección letrada de la parte recurrente que representa los intereses de PATRICIA se impugna la sentencia de instancia que ha declarado ilícito el traslado de sus hijos y ha acordado su retorno a una dirección de Montpellier (Francia) SEGUNDO.- Son circunstancias relevantes para la resolución del presente recurso el que las partes residentes en Numea ( Nueva Caledonia) mantuvieron una relación estable de pareja de la que nacieron ELISA y JAIME, el 4 de mayo de 2006 y el 10 de septiembre de 2008, respectivamente. Con ocasión de su ruptura llegaron al acuerdo recogido en la resolución del Juez de Familia de fecha 23 de enero de 2012 , en el que se establecía la residencia de los hijos en el domicilio materno, compartir la patria potestad y un derecho de visitas a favor del padre en vacaciones escolares menores, y en vacaciones de larga duración por un periodo de 15 días. Con posterioridad y con ocasión de la intención de la progenitora de trasladar su residencia a la Francia metropolitana , el Juez de Familia en fecha 12 de mayo de 2015 dicta nueva resolución manteniendo la residencia de los menores en el domicilio materno, estableciendo un nuevo régimen de visitas para el progenitor cuando se lleve a cabo el traslado que consistía en la totalidad de las vacaciones de verano y/o la totalidad de las vacaciones escolares de fin de año civil, compartiendo ambos progenitores los gastos del traslado de forma que los años pares los sufragaba el padre y los impares la madre.
Alrededor del 24 de febrero de 2016 la progenitora se ha instalado en Calicanto (Valencia) España. Los menores acuden al CEIPO Francisco Martínez Culla de Chiva (Valencia) cursando 5º de educación primaria ELISA, y segundo JAIME. (folios 200 y 2001) Los progenitores, tras el traslado, mantuvieron distintas conversaciones entre el 6 de abril y el 3 de julio de 2016 en las que trataron cómo artícular el derecho de visitas que al progenitor correspondía en las próximas vacaciones escolares de verano. Así en la conversación del 25 de abril, el progenitor le manifiesta a la recurrente que consultado el calendario escolar español que no coincide con el francés, las fechas de fin de curso -el 21 de junio- y de retorno al colegio -a mediados septiembre- le parece perfecto, que ya le dirá mas adelante cómo recoge a los niños. Le solicita de nuevo el número de teléfono para poder conectar via skype con sus hijos y la dirección exacta donde se encuentra para asegurarse que le llega el regalo de su hija. Petición esta que es inmediatamente atendida por la madre . Mas adelante, el 14 de mayo la progenitora le dice que mande las fotocopias de los billetes de ida y vuelta a no ser que los devuelvas tu personalmente. El 1 de junio PATRICIA le comunica que las vacaciones de sus hijos comienzan el 23 de junio y que sigue sin recibir los billetes. Y el 8 de junio JAIME le dice que pasará recoger a los niños en la mañana del día 6 de julio en el domicilio de tu pareja y los dejara en esa misma dirección el 2 de septiembre por la mañana, haciéndole saber que pasaran las vacaciones de verano en Francia en concreto en Montpelier. Ese mismo día habla con los niños y les hace saber su pronta llegada. El miércoles 15 de junio PATRICIA le manifiesta que ese día no estarán en casa, pero que nos vemos en el Decathlon de Paterna entre las 11 y las 12 de la mañana. Siguen otros correos en orden a confirmar la cita y carecer de noticias del progenitor, para finalmente el 30 de junio manifestarle "como te comunique el miércoles 8 de junio por skype, cojo el avión el dia 4 de julio de 2016 y llegaré a Francia el dia 5 de julio . He emprendido acciones legales contra ti así que te pido que me traigas a mis hijos a casa de D. ESTEBAN ...en Montpellier." El padre interpone a través de la Autoridad Central demanda de restitución internacional de menores, a la que se opone la recurrente alegando que el padre tuvo conocimiento absoluto del traslado a España y lo autorizó y, en segundo lugar, la devolución que se ordena en la sentencia de instancia no lo es a su residencia habitual (Nueva Caledonia) sino a Montpellier.
TERCERO.- La normativa aplicable al caso de autos es el Convenio de la Haya de 25 de octubre de 1980 y el Reglamento 2201/2003 del Consejo de 27/11/03 relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, que altera alguna de sus normas y que se aplica con primacía sobre aquél en las relaciones entre Estados miembros del Reglamento. El artículo 11 del referido reglamento establece la aplicación del Convenio de la Haya con determinadas correcciones que se recogen en los ocho ordinarles de su art. 11, relativas a la audiencia de los menores, la urgencia en la tramitación , la no aplicación del art. 13 letra b en el caso de que se adoptaran medidas adecuadas para garantizar la protección del menor tras su restitución, la audiencia de la parte solicitante, y el que será la autoridad del lugar de residencia habitual del menor el que tenga la última palabra como competente que es.
Según el artículo 1 del Convenio la finalidad del mismo es garantizar la restitución inmediata de los menores de 16 años trasladados o retenidos de manera ilícita en cualquier estado de los contratantes y velar porque los derechos de custodia y visitas vigentes en uno de los estados se respeten en los demás. Se produce la sustracción internacional de menores cuando un menor es trasladado ilícitamente a un país distinto de donde reside habitualmente, violando el derecho de custodia atribuido a una persona o a una institución, o en aquellos casos en que el padre o la madre se haya trasladado con el menor para residir en otro país, e impida al otro progenitor que tenga atribuido el derecho de visita ejercitarlo. Es presupuesto ineludible para su aplicación el que el traslado del menor se considere ilícito, y a tal fin el art. 3 del Convenio presume ilicitud en todo traslado que se haya producido con infracción de un derecho de custodia atribuido con arreglo al derecho vigente en el estado en el que el menor tenía su residencia habitual inmediatamente antes del traslado y además que ese derecho de custodia se ejerciera de forma efectiva en el momento del traslado o se habría ejercido de no mediar aquél. Es necesario, pues, la concurrencia de un doble elemento, el jurídico, consistente en la previa existencia de un derecho de custodia atribuido por el Estado de residencia habitual del menor, y cuya concurrencia se fundamenta en la necesidad de apariencia de legalidad del título, y uno fáctico, consistente en el ejercicio efectivo del derecho de custodia antes del traslado, y que se fundamenta tanto en el derecho del menor a no ver alteradas sus condiciones afectivas sociales,...como en la probabilidad de existir en este ámbito y en la práctica distintas resoluciones contradictorias sobre la materia.
CUARTO.- Pues bien, cierto es que judicialmente se autorizó el traslado de la residencia de la madre con sus hijos a Francia metropolitana, y que no se utilizó esa misma vía con el traslado a España , pero cierto es también, que, por un lado no consta que hubiera previa residencia en la Francia metropolitana y, por otro , y esto es lo esencial, que a la vista de cuanto se ha relatado en el fundamento jurídico segundo de esta resolución, primero, no cabe en el presente caso hablar de traslado ilícito porque el progenitor ha tenido pleno conocimiento y se presume también que ha dado su consentimiento siquiera sea tácito al traslado a España , y segundo, que el progenitor no vio infringido su derecho de custodia y visitas en el periodo vacacional que le había otorgado la previa sentencia matrimonial. En efecto, conforme a la reglas de la carga de la prueba es a la parte recurrente a quien corresponde acreditar la existencia de ese consentimiento, no ya por cuanto la prueba de un hecho negativo se torna en diabólica sino porque es ella la que alega un hecho al que debe anudarse la consecuencia jurídica pretendida y además goza de mayor facilidad probatoria. Y aplicando lo dicho al caso de autos es claro que el progenitor conocía perfectamente dónde se encontraban sus hijos, y cuándo, cómo y dónde podía pasar a recogerlos para ejercer su derecho reconocido en la sentencia de familia anterior que autorizó el traslado a la Francia Metropoilltana de la residencia de la madre. A ese convencimiento se llega a través de la lectura de la transcripción, por interprete jurado, de las conversaciones cruzadas vía skype que se han aportado a autos, y cuya autenticidad nadie ha puesto en duda en el acto del juicio oral. En efecto, en ellas el progenitor se ofrece a venir a España a recoger a sus hijos al inicio de las vacaciones escolares para disfrutarlas con ellos y luego devolverlos. Hubo acuerdo de las partes en esos términos. No se entiende por qué no se llega a disfrutar de esas vacaciones, si no es por la propia decisión del progenitor. Con lo que la infracción material de su derecho que el Convenio pretende proteger se debió a su propio actuar.
QUINTO.- Pero es que además también procede revocar la sentencia recurrida en tanto está acordando una restitución de los menores a una localidad que no es su residencia habitual. En efecto, el domicilio familiar se encontraba en Nueva Caledonia, como mínimo hasta que el Juez de Familia en fecha 12 de mayo de 2015 dicta nueva resolución manteniendo la residencia de los menores en el domicilio materno,y estableciendo un nuevo régimen de visitas para el progenitor cuando se llevara a término el traslado que consistía en la totalidad de las vacaciones de verano y/o la totalidad de las vacaciones escolares de fin de año civil, compartiendo ambos progenitores los gastos del traslado de forma que los años pares los sufragaba el padre y los impares la madre. No se sabe si hubo una nueva residencia en Francia metropolitana a la que alude el Abogado del Estado en su demanda que apenas duró mes y medio, de lo que sí se tiene conocimiento es que se estableció en España en fecha 24 de febrero de 2016. Pero en todo caso, se sabe que el lugar donde ordena la sentencia restituir a los menores no es su domicilio habitual, sino que se encuentra en Montpellier, que es , al parecer, residencia de un hijo del progenitor. El concepto de residencia habitual a tenor del art. 8 apartado 1 del Reglamento 2201/2003, debe interpretarse en el sentido de que dicha residencia se corresponde con el lugar en el que el menor tenga cierta integración en un entorno social y familiar. A estos efectos, como dice la STJU de 2 de abril de 2009 en asunto C-523/07 Debe a estos efectos considerarse teniendo en consideración y en particular, la duración, la regularidad, las condiciones y razones de la permanencia en el territorio de un Estado miembro y del traslado de la familia a dicho Estado, la nacionalidad del menor, el lugar y las condiciones de escolarización, los conocimientos lingüísticos , así como las relaciones familiares y sociales que el menor mantiene en el referido Estado.
Y tal y como resulta de los autos es evidente que nada liga a los menores, por lo menos que se conozca, en Montpellier.
SEXTO.- Por todo lo dicho, el Tribunal entiende que no puede acordarse la restitución de los menores pues hay indicios claros de que el progenitor había consentido su traslado a España, de acuerdo con el apartado a) del artículo 13 del Convenio de La Haya, como se desprende de las conversaciones entre ambos progenitores que constan en las actuaciones, y por otro lado, hay base para entender que su restitución a un lugar- Montpellier- que no ha sido nunca su residencia habitual atenta contra su interés superior, (protegido en el artículo 24 de la Carta de los Derechos Fundamentales de las Unión Europea y 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño ) lo que nos sitúa también en el supuesto del apartado b) del mismo artículo 13, máxime, cuando no consta que se hayan adoptado las medidas de protección a las que se refiere el artículo 11-4 del Reglamento 2201-2003.
SEPTIMO.- La estimación del presente recurso conlleva, conforme dispone el art. 394 de la LEC al que remite el 398 de la misma , la no imposición de las costas de esta alzada, y en la medida en que supone la revocación de la de la instancia, tampoco deben imponerse las costas de la instancia.
En atención a todo lo expuesto, la Sección Décima de la Audiencia Provincial de Valencia, en nombre de Su Majestad del Rey Ha decidido: Primero.- Estimar el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de PATRICIA.
Segundo.- Revocar la sentencia de instancia para , en su lugar, declarar que el traslado de los menores a que se contrae la presente, no es ilícito y, en consecuencia, no procede su restitución a Montpellier.
Tercero.- No hacer imposición de las costas de esta alzada ni de las de la instancia.
Cuarto.- La notificación de esta sentencia al Abogado del Estado servirá de comunicación a las autoridades del Estado francés a los efectos del artículo 11-6 del Reglamento 2201-2003.