Source: https://boa.vlex.es/vid/ley-16-presidente-gobierno-aragon-15253378
Timestamp: 2019-10-16 05:28:53
Document Index: 148813263

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'artículo 32', 'Artículo 13', 'artículo 12', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'artículo 26', 'artículo 27', 'artículo 3', 'artículo 45', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'artículo 55', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'Artículo 35', 'Artículo 36', 'Artículo 37', 'Artículo 38', 'Artículo 39', 'Artículo 40', 'Artículo 41', 'Artículo 42', 'Artículo 43', 'Artículo 44', 'Artículo 45', 'artículo 16', 'Artículo 46', 'Artículo 47', 'Artículo 48', 'Artículo 49', 'Artículo 50', 'Artículo 51', 'Artículo 52', 'Artículo 53', 'Artículo 54', 'Artículo 55', 'Artículo 56', 'Artículo 57', 'Artículo 58', 'Artículo 59', 'Artículo 60', 'Artículo 61', 'Artículo 62', 'Artículo 63', 'Artículo 64', 'Artículo 65', 'Artículo 66', 'Artículo 67', 'Artículo 68']

LEY 1/1995, de 16 de febrero, del Presidente y del Gobierno de Aragón. - BOA. Boletín Oficial de Aragón - Legislación - VLEX 15253378
Norma citada en: 94 sentencias, 15 artículos doctrinales, 27 disposiciones normativas, una resolución administrativa, una noticia
En nombre del Rey y como Presidente en funciones de la Comunidad Autónoma de Aragón, promulgo la presente Ley, aprobada por las Cortes de Aragón, y ordeno se publique en el Boletín Oficial de Aragón y en el Boletín Oficial del Estado , todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del Estatuto de Autonomía.
PREAMBULO 1 La disposición adicional primera de la Ley 3/1993, de 15 de marzo, de modificación de la Ley 3/1984, de 22 de junio, del Presidente, de la Diputación General y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, encargó al Gobierno la presentación de dos Proyectos de Ley, uno regulador de la actividad del Presidente y del Gobierno de Aragón y otro relativo a la actividad de la Administración de la Comunidad Autónoma. El presente texto es el resultado final del cumplimiento de dicho encargo en lo referente a la regulación del Presidente y del Gobierno.
Una división temática como la propuesta por la Ley 3/1993, y que ahora acepta la presente, tiene un fundamento intelectual en la posibilidad de separación entre los conceptos de Gobierno y Administración. Con independencia de que el órgano supremo colegiado de gobierno es también la cabeza de la Administración y con independencia, igualmente, de que los Consejeros, miembros del Gobierno, son los órganos que encabezan las ramas sectoriales de la Administración, los Departamentos, es lo cierto que la posibilidad teórica y real de distinguir ambos conceptos se encuentra presente en la misma Constitución. Así, su Título IV distingue ambos conceptos hasta en su misma rotulación. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional, por otra parte, comienza a deducir las consecuencias necesarias de tal separación. Igualmente el Estatuto de Autonomía de Aragón lleva a cabo una regulación separada del Gobierno --Diputación General--, arts. 23 y ss., y de la Administración, arts. 43 y ss.
En lo que interesa y desde el prisma particular de la Comunidad Autónoma de Aragón, la separación legislativa de ambas realidades puede cooperar hasta pedagógicamente a la configuración de un ámbito normativo directamente dependiente de la voluntad política popular en su efectividad y, paralelamente, de un nivel administrativo encargado de ejecutar los fines generales que fije el ordenamiento jurídico y de aplicar las directivas que legítimamente y dentro de ese mismo ordenamiento se deriven de los distintos programas políticos. En otro orden de cosas, ello contribuirá, sin duda, al perfeccionamiento de los necesarios mecanismos de control judicial de la entera actividad administrativa que se deducen directamente de la Constitución (art. 106).
Este presupuesto normativo lleva a incluir en la Ley del Gobierno, y al margen de lo que claramente en principio debería formar parte de ella (el Presidente, el Gobierno, los Consejeros, todos ellos en lo relativo a su estatuto y competencias), también la regulación de determinadas facultades y competencias vinculadas directamente a la acción de gobierno. Ello sucede en cuanto al ejercicio de la potestad normativa por parte del Gobierno (proyectos de ley, decretos-legislativos, potestad reglamentaria), y, también, a la imaginación normativa de un órgano que debe configurarse en elemento central de la actuación del Gobierno en cuanto que en muchas ocasiones será necesaria su intervención a título consultivo, la Comisión Jurídica Asesora.
Esta última actuación, y en virtud de un mandato estatutario, obliga --y es una aclaración que debe realizarse desde el mismo Preámbulo-- a distinguir dentro de la Ley una serie de artículos que deben ser objeto de aprobación por mayoría absoluta (los relativos a la responsabilidad política), del resto, en los que la falta de mención estatutaria específica lleva, por lógica, a predicar la simple necesidad de la mayoría simple para su aprobación.
2 Es claro que un texto legal relativo al Presidente y al Gobierno de Aragón presenta una dependencia directa del Estatuto de Autonomía y tiene, por tanto, un campo delimitado de juego y de creación normativa. Son las decisiones básicas sobre las instituciones de autogobierno presentes en el Estatuto las que determinan contenidos y posibilidades y, por ello, la primera característica a notar en este texto es su extremado y respetuoso cumplimiento de la estructura institucional estatutaria.
3 No es cuestión de que un Preámbulo normativo atienda a la descripción minuciosa de todo el contenido del texto al que precede. Ello sería probablemente hasta perturbador en el puro plano de los principios jurídicos. El Preámbulo --como texto sin contenido directamente vinculante, jurídico en el pleno y simple sentido de la palabra, pero muy válido a la hora de la interpretación jurídica-- debe atender a razonar y explicar aquellas de las novedades jurídicas más sustantivas en las que el legislador pone un particular interés.
Escasos argumentos pueden bastar para fundamentar desde el punto de vista de la oportunidad la razón de la posibilidad teórica de disolución del Parlamento. Baste con recordar que un régimen de gobierno parlamentario, como es el que configura sin duda nuestro Estatuto de Autonomía, necesita de un adecuado sistema de respectivos frenos y contrapesos, poderes y potestades, para permitir que cada poder cumpla con el ámbito de responsabilidades y encargos que el mismo Estatuto contempla. Así, el Legislativo debe elaborar leyes y controlar e impulsar la labor de gobierno.
En su facultad de control puede llegar, incluso, a derribar el Gobierno mediante la adopción de una moción de censura.
El Gobierno, por su parte, debe gobernar, ejercer la función ejecutiva y la potestad reglamentaria con plena responsabilidad y dentro del ordenamiento jurídico. Para posibilitar el pleno ejercicio de esta función atribuida por el Estatuto falta, sin embargo, un freno adecuado a la teórica facultad controladora sin límite del Parlamento que, precisamente por ilimitada, pudiera afectar a la misma posibilidad de desarrollo de las facultades conferidas estatutariamente al Gobierno. En los sistemas de gobierno parlamentario ese freno, como recuerdan todos los teóricos y permite apreciar fácilmente la observación de cualquier sistema de gobierno parlamentario, es la potestad de disolución del Parlamento. Su misma potencialidad de aplicación, la simple amenaza de disolución sin que ella deba pasar a la práctica, como tantas veces se ha recordado y observado, es un seguro de equilibrio institucional, de consolidación de los grupos parlamentarios, evitando las tentaciones injustificadas de fluidez que tan perjudiciales pueden ser para una efectiva labor de gobierno que posibilite el sereno ejercicio por parte de los ciudadanos de sus pretensiones y derechos frente a una Administración pública que se muestre, también, estable en sus prestaciones y actuaciones.
Porque, además, y en última instancia, la perturbación de un sistema político decidido electoralmente por los ciudadanos sólo puede resolverse eficazmente --cuando esa perturbación es permanente y amenaza con eternizarse sin razón que lo justifique-- con la apelación al propio voto ciudadano, que es lo que la facultad de disolución significa en realidad.
Desde el punto de vista de la viabilidad jurídica de su intervención, baste con recordar sucintamente, en primer lugar, que no existe norma prohibitoria en el Estatuto de Autonomía de Aragón --al contrario que en otros textos estatutarios--; en segundo, que se ha introducido, sin siquiera intentar el juicio de constitucionalidad, en otras Comunidades Autónomas, y que, por fin, la potestad de autoorganización reconocida en la Constitución y en el Estatuto cubre sin género de dudas, cuando no se violenta expresamente otro principio jurídico, esta novedad normativa. En otro orden de cosas y como argumento analógico, podría recordarse la introducción en nuestra Comunidad Autónoma, mediante Ley de 1983, de la cuestión de confianza --que, como bien es sabido, puede desembocar en la sustitución de un Gobierno por otro-- sin que se halle norma autorizatoria expresa en el Estatuto de esta forma de responsabilidad política, existiendo, eso sí, regulación específica de la moción de censura, hecho que podría utilizarse como conclusivo de una voluntad estatuyente de agotar la mención de los modos de ejercicio de la responsabilidad política. Conviene indicar que la regulación de la cuestión de confianza, deducida de su innegable utilidad --y de la que ya se ha hecho uso efectivo en nuestra historia parlamentaria--, no vino acompañada de ningún reproche teórico o efectivo de inconstitucionalidad.
4 El Presidente resulta apoderado, entonces, de una facultad inherente al sistema de gobierno parlamentario, pero, aun siendo ésta la fundamental, no es la única novedad normativa que respecto al Presidente contiene el presente texto legal. Debe llamarse, así, la atención acerca del esfuerzo normativo en la mejora jurídica del estatuto del Presidente. En todo caso y en atención al contenido real de la configuración de las instituciones en el Estatuto de Autonomía, el texto trata de acentuar el aspecto de director del proceso político en la Comunidad que al Presidente corresponde en cuanto órgano que arranca su legitimidad de una elección en origen popular, aunque de configuración indirecta. Ello, sin duda, cooperará a la mayor eficacia en el ejercicio de la acción de gobierno.
5 La regulación del Gobierno parte de oficializar lo que viene siendo habitual en el lenguaje administrativo y que, desde luego, lo es también en el teórico. La Diputación General es el Gobierno de la Comunidad Autónoma y bajo ambas denominaciones podrá legítimamente denominarse al poder ejecutivo. Con ello se traerá el mundo de la forma jurídica al de la realidad y, además, se contribuirá hasta semánticamente a distinguir realidades organizativas muy diversas, a las que el excesivo respeto historicista del texto original del Estatuto contribuía a mixtificar.
6 La Ley de la que este Preámbulo es pórtico eleva a paradigma de comportamiento del Gobierno el principio de lealtad constitucional, de colaboración franca y leal con todos los poderes públicos. De ahí la necesidad de contener en la regulación misma del Gobierno los principios fundamentales que posibiliten la realización de ese paradigma. La Ley regula, entonces, el régimen jurídico de los convenios de colaboración con el Estado y el de los convenios de gestión y acuerdos de cooperación con otras Comunidades Autónomas con una finalidad de racionalización de un proceso creciente en importancia y al que, además, ha venido a dar nuevo impulso la reciente legislación básica estatal.
7 Una novedad de gran importancia en esta Ley es la creación de la Comisión Jurídica Asesora del Gobierno. Diferentes razones conducen a esta creación. Una de ellas puede ser, simplemente, el impulso natural de la potestad de autoorganización de una Comunidad Autónoma que viene a dotar a ésta de las instituciones que la observación de la realidad comparada ha mostrado como necesarias para conseguir una mejor y más fundada acción de gobierno. Ello puede ser especialmente destacable a la hora del ejercicio de la potestad reglamentaria o de la formulación de los decretos legislativos, por ejemplo.
Pero, al margen de esta razón, existe otra de mucho mayor peso, como es la sobrevaloración de la acción de nulidad --en función de la reducción y simplificación de los recursos administrativos-- producida tras la reciente Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento administrativo común. No es infundado pensar que en muchas ocasiones la alternativa a la formulación del recurso administrativo, y antes de pasar al recurso contencioso-administrativo, podrá ser la acción de nulidad mediante la cual se solicite de la Administración la nulidad o anulabilidad de los actos administrativos. En todos los casos los procedimientos administrativos que con tal motivo se abran necesitan del dictamen previo de un órgano consultivo, sea éste el Consejo de Estado o los correspondientes órganos consultivos de las Comunidades Autónomas en los casos en que existan.
TITULO I DEL PRESIDENTE CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES Artículo 1.--Principios generales.
Artículo 2.--De la elección y nombramiento del Presidente.
3. El real decreto de nombramiento se publicará en el Boletín Oficial de Aragón y en el Boletín Oficial del Estado.
4. El Presidente nombrado tomará posesión de su cargo en el plazo de diez días a partir de la publicación de su nombramiento en el Boletín Oficial de Aragón.
Artículo 3.--Del cese del Presidente.
1. El Presidente cesa: a) Después de la celebración de elecciones a Cortes de Aragón.
h) Por incompatibilidad no subsanada. 2. En los cuatro primeros supuestos del apartado primero, el Presidente deberá continuar en el ejercicio del cargo hasta que su sucesor haya tomado posesión. En el resto de supuestos y, en el caso de fallecimiento, ejercerá provisionalmente las funciones de Presidente el Consejero a quien corresponda según el orden de prelación de los Departamentos. En estos casos el Presidente de las Cortes abrirá inmediatamente consultas con las fuerzas parlamentarias para presentar un candidato a la Presidencia.
Artículo 4.--Del Presidente en funciones.
1. El Consejero que ejerza las funciones de Presidente según lo indicado en el apartado segundo del artículo anterior lo sustituirá también en los casos de ausencia, enfermedad u otro impedimento temporal. Se exceptuará la anterior regla cuando el Presidente haya designado expresamente a otro Consejero que deba sustituirle en esos supuestos. 2. El Presidente en funciones tendrá derecho a los mismos honores y tratamiento que la presente Ley reconoce al Presidente.
Igualmente ejercerá las funciones y competencias que esta Ley y el resto del ordenamiento jurídico aplicable otorga al Presidente, con excepción de lo indicado en el siguiente apartado.
Artículo 5.--De las incompatibilidades del Presidente.
Artículo 6.--Del fuero procesal del Presidente.
CAPITULO II DE LA RESPONSABILIDAD POLITICA Y DE LA DISOLUCION DE LAS CORTES Artículo 7.--De la responsabilidad política.
1. El Presidente y su Gobierno responden políticamente ante las Cortes de Aragón. 2. La responsabilidad política del Presidente y de su Gobierno son solidarias, sin perjuicio de la posibilidad de exigencia de responsabilidad individual de cada Consejero por su gestión en la forma que determine el Reglamento de las Cortes de Aragón.
Artículo 8.--De la moción de censura. Principios generales.
2. La moción de censura deberá ser propuesta al menos por un quince por ciento de los Diputados en escrito dirigido a la Mesa de las Cortes y deberá incluir en todo caso un candidato a la Presidencia. 3. Una vez presentada una moción de censura, podrán presentarse mociones alternativas en la forma y plazo que regule el Reglamento de las Cortes de Aragón.
Artículo 9.--Efectos de la aprobación de una moción de censura.
Artículo 10.--De la cuestión de confianza.
Artículo 11.--De la disolución de las Cortes de Aragón.
1. El Presidente, previa deliberación de su Gobierno y bajo su exclusiva responsabilidad, podrá acordar la disolución de las Cortes de Aragón con anticipación al término natural de la legislatura. 2. La disolución se acordará por decreto, en el que se convocarán a su vez elecciones, conteniéndose en el mismo cuantos requisitos exija la legislación electoral aplicable. 3. El Presidente no podrá acordar la disolución de las Cortes cuando reste menos de un año para la terminación de la legislatura o cuando se encuentre en tramitación una moción de censura. Tampoco podrá acordar la disolución antes de que transcurra el plazo de un año desde la última disolución por este procedimiento. En ningún supuesto podrá el Presidente disolver las Cortes cuando se encuentre convocado un proceso electoral estatal. 4. En todo caso la nueva cámara que resulte de la convocatoria electoral tendrá un mandato limitado por el término natural de la Legislatura originaria.
CAPITULO III DE LAS FUNCIONES Y COMPETENCIAS DEL PRESIDENTE Artículo 12.--De las competencias del Presidente.
Al Presidente le corresponde: 1) Ostentar la representación de Aragón en sus relaciones con otras instituciones del Estado.
2) Dirigir y coordinar la acción del Gobierno, garantizando su eficacia.
3) Promulgar, en nombre del Rey, las leyes aprobadas por las Cortes de Aragón y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de Aragón y en el Boletín Oficial del Estado, en un plazo no superior a quince días desde su aprobación.
4) Convocar elecciones a Cortes de Aragón, señalando en la convocatoria el día de constitución de la cámara elegida.
5) Acordar, en los términos regulados por la presente Ley, la disolución de las Cortes de Aragón.
6) Plantear ante las Cortes de Aragón, previa deliberación del Gobierno de Aragón, la cuestión de confianza.
7) Facilitar a las Cortes de Aragón la información que soliciten del Gobierno de Aragón.
8) Proponer la celebración de debates generales en las Cortes de Aragón.
9) Firmar los convenios o acuerdos de cooperación con otras Comunidades Autónomas.
10) Suscribir los convenios de colaboración con las autoridades del Estado.
11) Determinar el número y funciones de los Departamentos del Gobierno de Aragón, así como la estructura orgánica de la Presidencia.
12) Nombrar y separar los Consejeros.
13) Designar, en su caso, a quien deba sustituirle en los supuestos de ausencia, enfermedad u otro impedimento de carácter temporal y dar cuenta de dicha designación a las Cortes de Aragón.
14) Convocar y presidir las reuniones del Gobierno de Aragón.
15) Ordenar la ejecución de las decisiones del Gobierno de Aragón y velar por su cumplimiento.
16) Resolver los conflictos de atribuciones entre los distintos Departamentos.
17) Convocar y presidir las reuniones de las Comisiones Delegadas del Gobierno de Aragón.
18) Coordinar el desarrollo del programa legislativo del Gobierno de Aragón y la elaboración de las disposiciones de carácter general.
19) Firmar los decretos del Gobierno de Aragón y ordenar su publicación. 20) Nombrar a los altos cargos de la Comunidad Autónoma que determine el ordenamiento jurídico.
21) Solicitar dictámenes del Consejo de Estado en los términos establecidos por la legislación vigente.
22) Solicitar dictámenes de la Comisión Jurídica Asesora del Gobierno de Aragón en los términos establecidos por esta Ley.
23) Someter el planteamiento de conflictos de competencia ante el Tribunal Constitucional al acuerdo del Gobierno.
24) Someter la interposición de recurso de inconstitucionalidad, en los supuestos determinados en el artículo 32.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, al acuerdo del Gobierno.
25) Ejercer cuantas otras funciones y competencias le atribuyan las disposiciones vigentes en atención a esta condición.
Artículo 13.--De la delegación de competencias del Presidente.
1. El Presidente podrá delegar en los Consejeros competentes por razón de la materia la competencia de suscribir convenios a que se refieren los apartados 9) y 10) del artículo anterior.
Igualmente podrá decidir que la competencia regulada en el artículo 12.7) sea encomendada al Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales, con independencia de las comparecencias ante las Cortes de Aragón que, conforme a lo previsto en su Reglamento, le correspondan.
TITULO II DEL GOBIERNO DE ARAGON Artículo 14.--Principios generales.
Artículo 15.--Los Departamentos.
1. Existen los siguientes Departamentos: --Presidencia y Relaciones Institucionales.
--Economía y Hacienda.
--Sanidad y Consumo.
--Bienestar Social y Trabajo.
Artículo 16.--Competencias del Gobierno de Aragón.
Corresponde al Gobierno de Aragón: 1) Establecer las directrices de la acción de gobierno.
2) Ejercer la iniciativa legislativa en los términos indicados por el artículo 26 de esta Ley. 3) Promover cuantas iniciativas requiera la defensa del Estatuto, sin perjuicio de las competencias de las Cortes de Aragón, y proponer a éstas la reforma de aquél mediante el oportuno proyecto de ley.
4) Aprobar el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón en los términos indicados por el artículo 27 de esta Ley y ejercer las potestades que en materia de tramitación del presupuesto reconoce el mismo artículo.
5) Ejercer la delegación legislativa mediante decretos legislativos en los términos previstos en el Estatuto de Autonomía y en la correspondiente ley reguladora.
6) Prestar o denegar la conformidad a la tramitación de las enmiendas o proposiciones de ley que supongan un aumento de los gastos o una disminución de los ingresos presupuestarios, razonando su disconformidad.
7) Ejercer la potestad reglamentaria en los términos indicados por los artículos 29 y siguientes de esta Ley. 8) Aprobar los reglamentos de ejecución de las leyes generales del Estado cuando esta competencia corresponda a la Comunidad Autónoma.
9) Deliberar sobre la cuestión de confianza que el Presidente se proponga presentar ante las Cortes de Aragón.
10) Acordar la interposición del recurso de inconstitucionalidad y cuantas otras actuaciones ante el Tribunal Constitucional correspondan al Gobierno de Aragón. 11) Proponer a las Cortes de Aragón la incapacitación del Presidente en los términos establecidos por el artículo 3 de esta Ley.
12) Solicitar que las Cortes de Aragón se reúnan en sesión extraordinaria.
13) Proveer para el cumplimiento de las resoluciones de las Cortes de Aragón.
14) Aprobar la estructura orgánica de los Departamentos del Gobierno de Aragón.
15) Nombrar y separar los cargos de la Administración de la Comunidad Autónoma que el ordenamiento jurídico determine. 16) Atribuir a un Consejero el carácter de Secretario del Gobierno.
17) Adoptar las medidas necesarias para la ejecución dentro del propio territorio de los tratados y convenios internacionales y de los actos normativos de las organizaciones internacionales, en cuanto afecten a materias que correspondan a competencias de la Comunidad Autónoma, tal como prevenga el Estatuto de Autonomía.
18) Autorizar la suscripción de convenios de colaboración con el Estado en los términos indicados por el artículo 45 de esta Ley.
19) Aprobar los proyectos de convenio y acuerdos de cooperación con otras Comunidades Autónomas con carácter previo a su conocimiento por las Cortes de Aragón.
20) Autorizar los gastos de su competencia.
21) Administrar y defender el patrimonio de la Comunidad Autónoma de conformidad con lo establecido en su Ley reguladora y aceptar las atribuciones patrimoniales a título gratuito que se hagan en favor de aquélla, excepto las que se produzcan en ejecución de convenios.
22) Transigir sobre los bienes y derechos de la Comunidad Autónoma conforme a la legislación vigente.
23) Supervisar la gestión de servicios públicos y de los entes y empresas públicas dependientes de la Comunidad Autónoma.
24) Aprobar los pliegos de cláusulas administrativas generales para la contratación general de obras y suministros.
25) Autorizar la celebración de contratos cuando su cuantía exceda de la fijada como atribución de los Consejeros, cuando sea indeterminada o cuando tengan un plazo de ejecución superior a un año y se comprometan recursos con cargo a ejercicios futuros.
26) Conceder honores y distinciones de acuerdo con el procedimiento que regule su concesión.
27) Establecer directrices de coordinación con las Diputaciones Provinciales en materias de interés general para Aragón.
28) Establecer directrices acerca de la dirección y control del funcionamiento de los servicios y medios transferidos o delegados a Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos por la Comunidad Autónoma, con los requisitos exigidos por el Estatuto de Autonomía y restantes disposiciones reguladoras.
29) Ejercitar acciones judiciales y desistir de ellas cuando sea expresamente exigido por ley el acuerdo del Gobierno, exceptuados los casos de acreditada urgencia, y autorizar el allanamiento a las pretensiones deducidas en contra de la Administración de la Comunidad Autónoma.
30) Imponer las sanciones de separación del servicio al personal funcionario de la Administración de la Comunidad Autónoma y las de despido disciplinario al personal laboral.
31) Ejercer cuantas otras facultades le atribuyan las disposiciones vigentes.
Artículo 17.--De las Comisiones Delegadas del Gobierno de Aragón.
Artículo 18.--De los Delegados del Gobierno de Aragón en Huesca y en Teruel.
TITULO III DE LOS CONSEJEROS CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES Artículo 19.--Definiciones. 1. Los Consejeros son los titulares de los distintos Departamentos.
Artículo 20.--Nombramiento y cese.
2. El cese del Presidente implica, en todo caso, el de los Consejeros. Estos deberán, no obstante, continuar en sus puestos hasta la toma de posesión de los que les sucedan. 3. Los Consejeros cesarán también cuando el Presidente acepte su dimisión o cuando incurran en causa de incompatibilidad y no la subsanen en el plazo de quince días.
Artículo 21.--Sustitución.
Artículo 22.--Estatuto personal.
Artículo 23.--Del fuero procesal de los Consejeros.
Artículo 24.--Responsabilidad.
CAPITULO II ATRIBUCIONES DE LOS CONSEJEROS Artículo 25.--Enumeración de atribuciones.
Corresponde a los Consejeros: 1) Desarrollar en el ámbito de su Departamento la política establecida por el Gobierno.
2) Representar a su Departamento.
3) Ejercer la dirección e inspección del Departamento del que son titulares, y velar por la ejecución de su presupuesto.
4) Proponer al Gobierno la aprobación de las normas que establezcan la estructura orgánica de su Departamento.
5) Proponer al Gobierno la aprobación de los anteproyectos de ley y los proyectos de reglamento en las materias propias de su Departamento.
6) Dictar disposiciones normativas para desarrollar las leyes o los reglamentos del Gobierno que le habiliten expresamente para ello.
8) Resolver los conflictos de atribuciones que surjan entre órganos de su Departamento y suscitar los que tengan lugar con otros Departamentos.
9) Resolver, en última instancia administrativa, los recursos interpuestos contra las resoluciones y acuerdos de los organismos y autoridades del Departamento.
10) Proponer al Gobierno el nombramiento y cese de aquellos cargos de su Departamento o de los entes con personalidad jurídica a él adscritos que exijan decreto para ello.
11) Nombrar y cesar a los cargos de su Departamento o de los entes con personalidad jurídica a él adscritos cuando esos actos no estén reservados a otros órganos.
12) Autorizar los gastos propios de su Departamento no reservados al Gobierno de acuerdo con los créditos disponibles.
13) Firmar los contratos relativos a asuntos propios de su Departamento, salvo lo dispuesto en leyes especiales.
14) Ejercer la potestad disciplinaria respecto del personal adscrito a su Departamento, salvo en los casos reservados a otros órganos de la Diputación General.
15) Ejercer cuantas otras facultades les atribuyan las disposiciones vigentes.
TITULO IV DE LA POTESTAD NORMATIVA CAPITULO I DE LAS NORMAS CON RANGO DE LEY Artículo 26.--De la iniciativa legislativa.
3. El Gobierno en Consejo aprobará los proyectos de ley y los enviará para su tramitación a las Cortes de Aragón acompañados de una exposición de motivos en la que, al menos, se justificará la necesidad de promulgación, su forma de inserción en el ordenamiento jurídico y una valoración de los efectos que puedan seguirse de su aplicación. En su caso y cuando la ejecución de la ley conlleve efectos económicos, el proyecto deberá ir acompañado de la memoria económica correspondiente. 4. En los supuestos en los que así lo indique el ordenamiento jurídico, los anteproyectos de ley deberán ser sometidos a informe del correspondiente órgano consultivo. Dicho informe se enviará a las Cortes junto con el proyecto de ley.
5. El Gobierno podrá retirar un proyecto de ley en cualquier momento de su tramitación, siempre que no hubiera recaído acuerdo final de las Cortes. 6. La tramitación parlamentaria de los proyectos de ley se regulará por el Reglamento de las Cortes de Aragón.
Artículo 27.--De la elaboración del proyecto de ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón.
1. Conforme a lo indicado por el artículo 55 del Estatuto de Autonomía, corresponde al Gobierno, con exclusividad, la elaboración anual del proyecto de ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón, que deberá ser presentado en las Cortes de Aragón antes del inicio del último trimestre del ejercicio anterior. 2. El Gobierno facilitará a las Cortes la información necesaria para la más correcta tramitación de dicho proyecto de ley.
Artículo 28.--De los decretos legislativos.
5. Las leyes de bases delimitarán con precisión el objeto y alcance de la delegación legislativa y los principios y criterios que han de seguirse en su ejercicio. En ningún caso podrán: a) Autorizar la modificación de la propia ley de bases.
CAPITULO II DE LA POTESTAD REGLAMENTARIA Sección 1.ª Régimen jurídico general Artículo 29.--Principios generales.
Artículo 30.--Del principio de jerarquía.
Artículo 31.--Publicación y control.
1. Las disposiciones de carácter general habrán de publicarse en el Boletín Oficial de Aragón para que produzcan efectos jurídicos. Entrarán en vigor a los veinte días de su completa publicación, salvo que en ellas se establezca otro plazo distinto.
Sección 2.ª Del procedimiento de elaboración de las disposiciones de carácter general Artículo 32.--De la elaboración.
Artículo 33.--Información y audiencia públicas.
TITULO V DE LOS PRINCIPIOS GENERALES SOBRE LA ACTUACION DEL GOBIERNO DE ARAGON Y DE LOS CONSEJEROS CAPITULO I DE LAS INCOMPATIBILIDADES DE LOS ALTOS CARGOS Y DE LOS MIEMBROS DEL GOBIERNO ARAGONES Artículo 34.--Concepto de alto cargo.
Artículo 35.--Enumeración de incompatibilidades.
Artículo 36.--Incompatibilidades con otros puestos de la Administración y con el régimen de jubilación y derechos pasivos.
Conforme a lo indicado en el artículo anterior, los altos cargos enunciados son incompatibles: a) Con el desempeño de cualquier otro puesto que figure al servicio o en los presupuestos de las Administraciones, organismos o empresas, sean éstos dependientes del Estado, de la Comunidad Autónoma o de otras entidades públicas, o con cualquier actividad por cuenta directa o indirecta de los mismos, así como con aquellas otras retribuidas mediante arancel o cualquier otra forma. b) Con la percepción de pensiones de derechos pasivos o de cualquier régimen de Seguridad Social público y obligatorio.
Conforme a lo indicado en la legislación aplicable, la percepción de estas pensiones, en su caso, quedará en suspenso por el tiempo que desempeñen su función, y se recuperará automáticamente al cesar en la misma.
Artículo 37.--Actividades públicas compatibles.
1. Los altos cargos a los que se refiere este Capítulo podrán ejercer las actividades siguientes: a) Desempeñar aquellos cargos que les correspondan con carácter institucional o para los que sean designados por su propia condición.
Artículo 38.--Régimen de incompatibilidades con actividades privadas.
1. El ejercicio de un alto cargo es incompatible con las siguientes actividades privadas: a) El desempeño por sí o por persona interpuesta de cargos de todo orden en empresas o sociedades concesionarias, contratistas de obras, servicios o suministros, arrendatarias o administradoras de empresas en que participe el sector público aragonés, cualquiera que sea la configuración jurídica de aquéllas. b) La titularidad individual o compartida de conciertos de prestación continuada o esporádica de servicios, cualquiera que sea la naturaleza de éstos, en favor de las Administraciones públicas.
Artículo 39.--Administración del patrimonio personal o familiar.
Artículo 40.--Obligación de abstención.
Artículo 41.--No autorización de pago de nóminas o libramientos.
CAPITULO II DEL FUNCIONAMIENTO DEL GOBIERNO DE ARAGON Artículo 42.--Reglas generales de funcionamiento.
En tanto en cuanto no exista otra normativa específica, se observarán las siguientes reglas de funcionamiento: a) El Gobierno se reunirá mediante convocatoria del Presidente, a la que acompañará el orden del día.
f) Los acuerdos del Gobierno constarán en las actas de las sesiones, que levantará el miembro que haga de Secretario. Sólo el Secretario podrá expedir certificaciones sobre el contenido de las actas relativas a las sesiones del Gobierno. g) A las reuniones del Gobierno podrán ser convocados por el Presidente altos cargos, funcionarios de la Administración y expertos. Su participación se limitará a la presencia en el asunto del orden del día sobre el que deban informar. h) Los acuerdos del Gobierno constituyen la expresión unitaria de la voluntad del mismo, quedando obligados a su cumplimiento todos sus miembros.
Artículo 43.--De la forma de expresión de los acuerdos del Gobierno de Aragón y de los Consejeros.
CAPITULO III DEL PRINCIPIO DE LA COOPERACION Artículo 44.--Principios generales.
1. El Gobierno aragonés colaborará con lealtad con el resto de las instituciones del Estado y de las Administraciones públicas.
En especial, y en aquellas de sus competencias que resulten ser compartidas según el orden constitucional y estatutario de distribución, procurará alcanzar acuerdos y convenios de colaboración o cooperación con el Estado y con otras Administraciones e instituciones para propiciar un mejor servicio a los ciudadanos y una utilización racional de los recursos.
Artículo 45.--Convenios de colaboración con la Administración General del Estado.
1. Conforme a lo indicado en el artículo 16.18) de esta Ley, es competencia del Gobierno autorizar la suscripción de los convenios de colaboración con el Estado. 2. El Presidente o el Consejero en quien recaiga la delegación específica que realice el Gobierno aragonés suscribirá en nombre de Aragón los convenios de colaboración que se celebren con el Estado.
3. Cuando se trate de convenios-marco de los que puedan derivarse en su aplicación otros convenios, con carácter previo a la firma definitiva del convenio-marco el Gobierno deberá en todo caso adoptar el acuerdo de autorización. 4. Todos los convenios de colaboración que se suscriban con el Estado deberán ser inscritos en el libro-registro específico que existirá en el Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales.
7. En todo caso los convenios de colaboración deberán ser objeto de publicación en el Boletín Oficial de Aragón una vez que hayan sido válidamente suscritos.
Artículo 46.--Contenido de los convenios de colaboración con la Administración General del Estado.
1. Los convenios deberán especificar, cuando así proceda: a) Los órganos que celebran el convenio y la capacidad jurídica de las partes.
Artículo 47.--De los convenios de gestión y acuerdos de cooperación con otras Administraciones autónomas.
2. Dichos documentos serán suscritos por el Presidente o por el Consejero que designe el Gobierno aragonés. 3. Cuando se trate de convenios-marco de los que puedan derivarse en su aplicación otros convenios, con carácter previo a la firma definitiva del convenio-marco el Gobierno deberá en todo caso adoptar el acuerdo de aprobación. 4. Todos los convenios de gestión y acuerdos de cooperación que con otras Comunidades Autónomas se suscriban deberán ser inscritos en el libro-registro específico que existirá en el Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales.
7. En todo caso los convenios de gestión y acuerdos de cooperación deberán ser objeto de publicación en el Boletín Oficial de Aragón una vez que hayan sido realizados todos los trámites previstos en el ordenamiento jurídico aplicable para su plena validez.
Artículo 48.--Participación en las Conferencias Secto- riales.
TITULO VI DE LA COMISION JURIDICA ASESORA DEL GOBIERNO DE ARAGON CAPITULO I PRINCIPIOS GENERALES Artículo 49.--Definición.
Artículo 50.--Composición y condiciones generales para el acceso al cargo.
1. La Comisión Jurídica Asesora estará formada por ocho Consejeros y su Presidente. El Presidente y los Consejeros deberán poseer en todo momento del ejercicio de su cargo la condición política de aragoneses. 2. Los Consejeros deberán ser juristas con al menos diez años de ejercicio profesional y con reconocido prestigio en el ejercicio de su profesión.
Artículo 51.--Nombramiento.
Artículo 52.--Cese.
1. El cese en el cargo tendrá lugar: a) Por renuncia.
b) Por transcurso del plazo de nombramiento. Será posible en todo caso que, una vez expirado el término, se proceda a la renovación del cargo.
2. El Presidente y los Consejeros deberán permanecer en sus puestos hasta que tomen posesión de su cargo quienes deban sustituirles. 3. El Gobierno podrá suspender del ejercicio de sus cargos a cualquier miembro de la Comisión en caso de procesamiento o hasta que se resuelva sobre la concurrencia de alguna de las causas de cese y siempre a propuesta de la mayoría de sus miembros y previa audiencia del interesado.
Artículo 53.--Incompatibilidades.
2. En los supuestos en los que el Presidente o algún Consejero pueda tener interés directo o indirecto, o se produzcan casos de parentesco, amistad o enemistad manifiesta con alguna de las personas o titulares de órganos que puedan tener interés en la resolución del asunto, el Presidente o el Consejero deberá abstenerse de participar en la emisión del dictamen y en su votación. De forma general se aplicarán a estos supuestos las reglas que sobre abstención y recusación de órganos se contienen en el ordenamiento jurídico aplicable. 3. La misma obligación de abstención deberá observarse cuando la Comisión Jurídica Asesora deba emitir dictamen en relación con asuntos o materias en las que algún miembro de la Comisión Jurídica Asesora haya intervenido como asesor o representante de parte interesada en su resolución.
Artículo 54.--Retribuciones.
CAPITULO II COMPETENCIAS Artículo 55.--Ambito de intervención.
Artículo 56.--Competencia para la emisión de dictámenes preceptivos.
1. En el ámbito normativo, la Comisión Jurídica Asesora emitirá dictamen preceptivo sobre: a) Los proyectos de decretos legislativos que se elaboren por el Gobierno en uso de una delegación legislativa.
2. Cuando el ordenamiento jurídico así lo disponga, la Comisión Jurídica Asesora emitirá dictamen preceptivo sobre los siguientes asuntos en los que sea competente la Comunidad Autónoma para adoptar la resolución final: a) Las reclamaciones de indemnización por daños y perjuicios.
Artículo 57.--Competencia para la emisión de dictámenes facultativos.
1. El Presidente y los Consejeros del Gobierno aragonés podrán solicitar a la Comisión Jurídica Asesora la emisión de dictámenes sobre: a) Anteproyectos de ley.
d) Convenios de colaboración con el Estado y convenios de gestión y acuerdos de cooperación con otras Comunidades Autónomas.
Artículo 58.--Contenido de los dictámenes.
La Comisión Jurídica Asesora emitirá los dictámenes según consideraciones exclusivamente jurídicas, sin que quepan en ellos referencias a motivaciones de interés político, de oportunidad o de eficiencia económica.
Artículo 59.--Del respeto al contenido de los dictámenes.
2. Cuando ello no sea así, en las disposiciones normativas o resoluciones finales de los procedimientos administrativos en donde haya existido dictamen de la Comisión Jurídica Asesora deberá hacerse mención a si se regula o se resuelve de acuerdo con o, simplemente, visto el dictamen de este órgano.
Artículo 60.--De los plazos para la emisión de dictámenes.
CAPITULO III FUNCIONAMIENTO Artículo 61.--Del Pleno y de la Comisión Permanente.
Artículo 62.--De las competencias del Presidente.
El Presidente de la Comisión Jurídica Asesora: a) La representa en sus relaciones con los órganos de la Comunidad Autónoma o de otras Administraciones públicas.
c) Dirime con su voto los empates que, en su caso, se produzcan en el proceso de adopción de acuerdos.
Artículo 63.--De las competencias del Pleno.
1. Corresponde al Pleno la emisión de: a) Dictámenes que se refieran a textos de naturaleza normativa.
2. Igualmente el Pleno aprobará con carácter anual el anteproyecto de su presupuesto y una memoria con sus actividades, que elevará al Gobierno.
Artículo 64.--De las competencias de la Comisión Permanente.
Artículo 65.--De la Secretaría de la Comisión Jurídica Asesora.
Artículo 66.--De los acuerdos.
Artículo 67.--De los medios de funcionamiento de la Comisión Jurídica Asesora. 1. El Gobierno dotará a la Comisión Jurídica Asesora de los medios personales y materiales necesarios para el cumplimiento de sus funciones.
Artículo 68.--Del Reglamento de organización y funcionamiento de la Comisión Jurídica Asesora.
El Gobierno aragonés, a propuesta de la Comisión Jurídica Asesora, aprobará el Reglamento de organización y funcionamiento de la misma, establecido de acuerdo con los principios de la presente Ley, y lo publicará para general conocimiento en el Boletín Oficial de Aragón.
DISPOSICION ADICIONAL El Presidente tendrá derecho a ocupar, en su caso, la residencia que oficialmente pueda establecerse, con las correspondientes dotaciones de medios personales y materiales.
DISPOSICION TRANSITORIA Quienes estén ejerciendo altos cargos de la Diputación General a la entrada en vigor de esta Ley ajustarán a la misma la declaración de actividades que hubieren presentado a efectos de cumplir el régimen de incompatibilidades en las condiciones y plazos que establezca un decreto del Gobierno.
DISPOSICION DEROGATORIA 1. Quedan derogados expresamente: a) Los artículos 1 al 28 de la Ley 3/1984, de 22 de junio, del Presidente, de la Diputación General y de la Administración de la Comunidad Autónoma, y los artículos 49, 50, 51, 57 y 58 de la misma Ley en la redacción dada por la Ley 3/1993, de 15 de marzo, de modificación de la Ley 3/1984, de 22 de junio, del Presidente, de la Diputación General y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
DISPOSICION FINAL Queda autorizado el Gobierno de Aragón para dictar las disposiciones reglamentarias exigidas para el desarrollo de esta Ley.
Zaragoza, a 16 de febrero de mil novecientos noventa y cinco.
El Presidente en funciones de la Diputación General de Aragón, RAMON TEJEDOR SANZ
Real Decreto 2940/1983, de 25 de agosto, sobre valoración definitiva y ampliación de medios adscritos a los servicios traspasados a la Comunidad Autónoma de Asturias en materias de ferias interiores y comercio interior.