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Timestamp: 2020-08-15 19:58:33
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Matched Legal Cases: ['artículo 29', 'artículo 22', 'artículo 28', 'artículo 26', 'artículo 6', 'artículo 27', 'artículo 29', 'artículo 23', 'artículo 16', 'artículo 136', 'artículo 23', 'artículo 136', 'artículo 23', 'artículo 36']

Sentencia de Tutela nº 457/94 de Corte Constitucional, 20 de Octubre de 1994 - Jurisprudencia - VLEX 43558481
Sentencia de Tutela nº 457/94 de Corte Constitucional, 20 de Octubre de 1994
Fecha de Resolución: 20 de Octubre de 1994
Debido proceso. Accion de nulidad y restablecimiento del derecho. Tutela transitoria. Adulteracion de contador de luz. Concedida.
Sentencia citada en: 546 sentencias
Sentencia No. T-457/94
Aun en el campo de las investigaciones y sanciones por el mal uso del servicio público de energía eléctrica, los que puedan ser afectados por una actuación administrativa iniciada de oficio, tienen derecho a ser informados de su existencia y objeto. la actora sí contaba con otro medio eficaz distinto de la tutela para impugnar la resolución, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.
PRESUNCION DE INOCENCIA-Vulneración/PRESUNCION DE DOLO
La presunción de dolo obedece a la constatación de que la empresa, habiendo establecido sólo la ruptura de los sellos del medidor y la manipulación de su suspensión inferior, automáticamente, sin mención de pruebas -ni siquiera indiciarias-, presumió que la peticionaria fue quien ejecutó la conducta fraudulenta. Infortunadamente, este punto de partida de la demandada también desconoce el debido proceso, porque es obvio que hace caso omiso de la presunción de inocencia que, con arreglo al inciso 4o. del artículo 29 de la Constitución, ampara a toda persona.
ACCION DE TUTELA TRANSITORIA/DERECHO AL BUEN NOMBRE/DERECHO A LA HONRA
R.: expediente número T-39032
Actora: N.A. de G.
Procedencia: Juzgado Primero (1o.) Penal del Circuito de T. (Antioquia)
Magistrado ponente: J.A.M.
La Sala Primera (1a.) de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados J.A.M., A.B.C. y E.C.M., decide sobre la sentencia del Juzgado Primero (1o.) Penal del Circuito de T. (Antioquia), de fecha diecinueve (19) de abril de mil novecientos noventa y cuatro (1994).
La señora N.A. de G., interpuso acción de tutela con el fin de amparar sus derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso, consagrados en los artículos 13 y 29 de la Constitución Política.
El 25 de octubre de 1993, dos revisores de la Empresa Antioqueña de Energía S.A. se presentaron en la residencia de la actora, ubicada en la localidad de T. (Antioquia), a fin de examinar el contador de la instalación 837-021010.
Como resultado de la inspección, establecieron que los sellos de plomo de protección del medidor estaban rotos. Por esta razón, procedieron al retiro del aparato.
El 16 de diciembre de 1993, la señora A. de G. fue oficialmente notificada de la resolución 573, dictada por el J. de la División de Control de Pérdidas el primero (1o.) del mismo mes. Allí, se le impuso una sanción pecuniaria por valor de $425.590.oo pesos, por "fraude según consta en el Acta de Revisión número 171777", es decir, por la manipulación de la suspensión inferior, según informe de calibración de octubre 28 de 1993, y, además, se le advirtió que podía interponer el recurso de reposición.
Cabe anotar que el 17 de noviembre de 1993, el "señor administrador de la oficina de E.A.D.E. T." la había enterado de la inminencia de la sanción. Esto explica porqué en escrito del 27 de noviembre, dirigido al señor M.J.P.Q., J. de la División de Control Pérdidas, la actora, sin acudir a ningún recurso de la vía gubernativa, manifestó su desacuerdo con la sanción, aduciendo equivocaciones en la liquidación del consumo mensual estimado.
El 22 de diciembre de 1993, la señora A. de G. fue notificada de la resolución 580 del 15 del mismo mes, proferida por la División de Control de Pérdidas. Esta providencia, considerando que con la comunicación del 27 de noviembre la suscriptora interpuso un recurso de reposición contra la resolución 573, resolvió reducir el monto de la sanción a la suma de $291.386.oo pesos.
El día 27 de diciembre del año pasado, la actora, por escrito, se dirigió nuevamente al señor P.Q. en procura de la revisión de la resolución 580, todo ello, acudiendo a sus propias palabras, "mediante los recursos ordinarios". En su memorial, la señora de G. llamó la atención sobre lo inexplicable de la expedición de tal resolución, pues ésta, con fecha 15 de diciembre de 1993, resolvió un supuesto recurso de reposición interpuesto contra una resolución -la 753- que para esa fecha aún no había sido legalmente notificada, porque ello sólo ocurrió al día siguiente. Así mismo, la peticionaria sostuvo que el fraude que se le imputó no estaba debidamente probado, pues, entre otras cosas, sólo los "empleados de dicha empresa tienen o meten la mano en el contador".
El 25 de marzo del corriente año, el Juzgado Primero Penal Municipal de T. (Antioquia), tuteló el derecho al debido proceso de la señora N.A. de G.. En consecuencia, ordenó a la Empresa Antioqueña de Energía S.A., en primer lugar, "abstenerse de realizar el cobro ordenado en la resolución 580 del 15 de diciembre de 1993", y, en segundo lugar, "establecer si en realidad se cometió por parte de la señora N.A. de G., el fraude al cual se refieren las resoluciones 573 del 93 y 580 del 93".
Impugnado el fallo por la demandada -con base en las afirmaciones de que sí hubo fraude y de que sí se respetó el debido proceso en la expedición de la resolución 654 del 23 de febrero de 1994-, el Juzgado Primero Penal del Circuito de T. (Antioquia), el 19 de abril de este año revocó la providencia recurrida.
La sentencia que se revisa no encontró ninguna vulneración del derecho a la igualdad.
En cambio, sí percibió una transgresión de "las formas propias de toda investigación administrativa", porque la empresa impuso una sanción "sin cumplir las ritualidades, casi de plano, y cercenando el derecho de defensa".
Con todo, el ad quem no consideró procedente la acción de tutela, habida cuenta de la presencia de otro mecanismo de defensa judicial: la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, propia de la jurisdicción contencioso administrativa.
¿Administró justicia acertadamente el Juzgado Primero Penal del Circuito de T. (Antioquia)?
Respecto del derecho al debido proceso, coincidiendo con la opinión del ad quem, se considera que éste sí resultó quebrantado por la actuación de la parte demandada.
En efecto, salvo la recepción del memorial del 27 de noviembre de 1993 -escrito nacido de la sola iniciativa de la interesada-, en la etapa investigativa la actora no contó realmente con una oportunidad seria de ser oída. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que la empresa no tiene previsto un procedimiento para ello.
Dicho sea de paso, esta carencia normativa, y la consiguiente falta de familiaridad con el ejercicio del derecho de defensa por parte de los suscriptores, podría, quizás, contribuir a explicar el absurdo en que incurrió la demandada al confundir el citado memorial con un recurso contra una resolución que aún no había sido expedida, es decir, la resolución número 573 del primero (1o.) de diciembre del pasado año.
Ahora bien, con arreglo al artículo 22 del decreto 1303 de 1989, "por el cual se establece el régimen de suspensiones del servicio eléctrico y las sanciones pecuniarias por el uso no autorizado o fraudulento del mismo", en concordancia con el inciso primero del artículo 28 del Código Contencioso Administrativo (decreto 01 de 1984), la existencia y la finalidad de una actuación administrativa que podía afectar a un suscriptor y que, según se deduce del expediente, fue iniciada de oficio, fueron cuestiones que, por respeto al debido proceso, debieron haber sido comunicadas oportunamente a la señora de G..
Es claro, entonces, que aun en el campo de las investigaciones y sanciones por el mal uso del servicio público de energía eléctrica, los que puedan ser afectados por una actuación administrativa iniciada de oficio, tienen derecho a ser informados de su existencia y objeto.
Es del caso llamar la atención sobre el hecho de que el artículo 26 del decreto 1303 de 1989, para su propio desarrollo y aplicación, ordenó a las entidades que prestan los servicios proceder a su reglamentación, sin exceptuar lo relativo al procedimiento investigativo y sancionatorio.
"Hasta $500.000 J. Unidad de Control de Pérdidas
Cualquier cuantía Gerente
Cabe anotar que mediante la resolución 6207 de 1992, se modificó el artículo 6o. citado el cual quedó así:
urbanos vigentes J. de Unidad de Control de Pérdidas
"Cualquier cuantía S. General"
Por último, el artículo 27o. creó una garantía para los usuarios, a saber, la de que entre el momento de la detección de la anomalía y la fecha de la resolución no "podrán transcurrir más de treinta (30) días hábiles". Sobre este particular, debe llamarse la atención sobre el hecho de que la resolución 654 tiene fecha 23 de febrero de 1994, es decir, fue expedida habiendo transcurrido más de treinta días contados a partir del 28 de octubre de 1993, día en el que se produjo el informe de calibración que informó sobre una adulteración del medidor correspondiente a la usuaria N.A. de G..
Fuera de las anteriores observaciones, que suponen afrentas, por parte de la demandada, al debido proceso y al derecho de defensa de la demandante, la Sala cree que existe otra que debe destacarse. Se trata de la presunción de dolo o fraude de la que partió la Empresa Antioqueña de Energía S.A. para sancionar a la actora por la manipulación de la suspensión inferior del contador, es decir, una adulteración del aparato de medición. Esta presunción obedece a la constatación de que la empresa, habiendo establecido sólo la ruptura de los sellos del medidor y la manipulación de su suspensión inferior, automáticamente, sin mención de pruebas -ni siquiera indiciarias-, presumió que la señora A. de G. fue quien ejecutó la conducta fraudulenta. Infortunadamente, este punto de partida de la demandada también desconoce el debido proceso, porque es obvio que hace caso omiso de la presunción de inocencia que, con arreglo al inciso 4o. del artículo 29 de la Constitución, ampara a toda persona.
2o. ¿Las anotadas violaciones del debido proceso ameritan el otorgamiento de la tutela?
Se debe, entonces, examinar si la señora de G. disponía de otros medios eficaces de defensa judicial para exigir la protección de sus derechos.
Así, pues, como bien lo dijo la sentencia revisada, la tutela propuesta, habida cuenta de la presencia de la señalada acción, no es procedente. No debe olvidarse que la acción de tutela no está diseñada para ser utilizada al arbitrio de las personas, con el fin de concurrir con los procedimientos judiciales ordinarios, o prescindir de éstos.
Sin embargo, como a pesar de la existencia de otro medio de defensa judicial, la tutela puede otorgarse bajo la forma de mecanismo transitorio, siempre y cuando se trate de precaver un perjuicio irremediable, es necesario ver si es del caso concederla en esta modalidad.
La Sala cree que en lo tocante al debido proceso la respuesta también es negativa, pues como el perjuicio irrogado está en posibilidad de desaparecer si la jurisdicción contencioso administrativa favorece a la actora, resulta difícil tenerlo como irremediable. Por lo demás, tampoco se observa que dicho perjuicio, de conformidad con la sentencia T-225 del 15 de junio de 1993 (Magistrado ponente doctor V.N.M., sea grave o inminente.
En resumen, el Juzgado Primero (1o.) Penal del Circuito de T. (Antioquia) acertó al denegar la tutela impetrada en defensa del debido proceso.
¿Cabe conceder transitoriamente la tutela de otro derecho fundamental?
Como el artículo 23o. del decreto 1303 de 1989, dice que las entidades responsables de la prestación del servicio de energía eléctrica están "en la obligación de difundir públicamente, por el medio más efectivo, la dirección del inmueble y nombre o razón social del usuario que incurra en las causales de los literales e) y f) del artículo 16o.", y el literal e) es de interés para el caso puesto que se refiere a la adulteración de las conexiones o aparatos de medición o de control, la Sala, teniendo en cuenta los antecedentes de violación del derecho de defensa de la afectada, y convencida de la importancia de prevenir aquello de irremediable que tienen las afrentas al derecho al buen nombre y a la honra, cree que si la publicación aún no se ha efectuado, es perfectamente viable ordenar, como mecanismo transitorio hasta que la jurisdicción contencioso administrativa decida de fondo, que la misma no se haga, a condición, claro está, de que a la señora de G., conforme al artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, subrogado por el artículo 23 del decreto 2304 de 1989, no le haya caducado el tiempo para ejercitar la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.
Adicionalmente, conviene aclarar por qué para la Sala los perjuicios ocasionados al derecho a la honra y el buen nombre no son plenamente remediables.
Luego de la divulgación de informaciones falsas o erróneas que afectan la honra de las personas, la rectificaciones, hechas aun en condiciones similares a las de la emisión, ciertamente dan satisfacción a los ofendidos, pero, por su propia naturaleza, no están en capacidad de hacer que las cosas vuelvan a ser como eran antes del momento de la dispersión de las noticias. En efecto, dado el enorme alcance de los modernos medios de comunicación social, puede afirmarse que hoy en día resulta imposible asegurar que todos los destinatarios iniciales de los infundios, sean así mismo receptores de las rectificaciones. De esta suerte, así se haya llevado a cabo la respectiva rectificación, no faltará quien, por falta de información, siga influenciado por los dichos mentirosos. Pero, inclusive si se acepta que una rectificación puede llegar a todos aquellos a quienes debe alcanzar, es necesario reconocer que muchos de ellos, basados en la imperfección de la justicia humana y en sentimientos de desconfianza, podrían continuar abrigando sombras de duda. En consecuencia, si las rectificaciones no son ciento por ciento aptas para hacer que el buen nombre de los ofendidos quede completamente rehabilitado, habrá de aceptarse que el perjuicio al derecho a la honra es, por lo menos, parcialmente irremediable y, por tanto, merecedor de tutela como mecanismo transitorio.
"El acto mediante el cual un juez nombrado en propiedad e inscrito en la carrera judicial es retirado de las listas de candidatos reelegibles con fundamento exclusivo en una calificación de reserva moral, vulnera los derechos al buen nombre y a la honra, si la decisión carece de motivación. El perjuicio irremediable que enfrenta el solicitante a quien se le impuso sin motivación una calificación de reserva moral, la cual lo ha marginado de su cargo de juez, se concreta en la pérdida total o parcial de estima, reconocimiento social y confianza, por el simple hecho de ser excluido del servicio público con base en razones ocultas respecto a su conducta pasada, pública o privada "no compatible con la dignidad del cargo". El daño ocasionado con esta decisión a una persona que ejerce una profesión y desempeñaba un cargo público basados en el prestigio y la confianza, no es reparable mediante actos futuros que pretendan devolverle la credibilidad y el respeto perdidos." (Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-047 de 1993. Magistrado Ponente Dr. E.C.M..) (negrillas por fuera de texto)
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del Juzgado Primero (1o.) Penal del Circuito de T. (Antioquia), de fecha diecinueve (19) de abril de mil novecientos noventa y cuatro (1994), providencia que revocó el fallo de primer grado dictado por el Juzgado Primero (1o.) Penal Municipal de la misma ciudad, el día veinticinco (25) de marzo del corriente año, y MODIFICARLA tan sólo en el sentido de CONCEDER, como MECANISMO TRANSITORIO, la tutela del derecho constitucional al buen nombre y la honra de la señora N.A. de G., siempre y cuando que a ésta, conforme al artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, subrogado por el artículo 23 del decreto 2304 de 1989, no le haya caducado el tiempo para ejercitar la acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra la resolución de la Empresa Antioqueña de Energía S.A. número 654 del 23 de febrero del corriente año.
TERCERO. COMUNICAR inmediatamente esta sentencia al Juzgado Primero (1o.) Penal Municipal de T. (Antioquia), para los efectos del artículo 36 del decreto 2591 de 1991.
N., cópiese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta Constitucional.
derecho de libertad de empresa
derecho de libertad de prensa
Sentencia nº 11001-03-25-000-1999-0193-01(S-193) de Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa Administrativa - Sección Primera, de 12 de Agosto de 2002