Source: http://avancejuridico.com/actualidad/ultimoscomunicados/aj_Comunicado12.html
Timestamp: 2017-07-25 12:53:07
Document Index: 191817732

Matched Legal Cases: ['artículo 250', 'artículo 6', 'artículo 29', 'artículo 269', 'artículo 18', 'artículo 150', 'artículo 250', 'artículo 2', 'artículo 150']

2014 36 Comunicado de Prensa de 3 de septiembre de 2014
CC SC 635 de 2014
¿La sanción a la ofensa que solo el afectado ha conocido resulta contraria a la dignidad humana o implica imponer a la Fiscalía la obligación de investigar acciones que no resultan lesivas de bienes jurídicos? El actor se apoyaba en el supuesto según el cual las ofensas consumadas solamente en presencia del ofendido no causan daño, lo que no resulta exacto, pues por el contrario, es posible que la integridad moral del agraviado se vea afectada, aún en esas circunstancias, lo que justifica la sanción penal del autor de la agresión. ¿La falta de sanción en caso de retractación o rectificación es contraria al principio contenido en el artículo 250 superior, que establece como obligación del Estado la de perseguir las conductas que constituyan delito, o a la regla sobre responsabilidad de los particulares por sus actos contrarios a la ley, prevista en el artículo 6° superior? No, dado que la acción penal no es el único mecanismo que el ordenamiento jurídico ha previsto en su favor, pues existe por ejemplo la acción civil de reparación, que no resulta extinguida por la retractación de los autores de la injuria o la calumnia. Ley 599 de 2000, "por la cual se expide el Código Penal"Arts. 223 inciso 2° y 225
CC SC 634 de 2014
¿La atribución de la facultad disciplinaria sobre funcionarios de la DIAN, la UGPP y COLJUEGOS a la agencia ITRC es contraria al artículo 29 superior? Para la Corte no resulta contraria ni resulta lesiva del debido proceso, por cuanto tal atribución deja a salvo el poder disciplinario preferente del Procurador General de la Nación y se enmarca dentro de una de las posibilidades previstas en el artículo 269 de la Carta, en lo relativo a la organización del control interno, que según lo prevé esa norma, bien puede ser encomendado a una entidad externa. Con la expedición de los artículos demandados, tampoco se excedió el marco de las facultades que le fueron otorgadas por el artículo 18 de la Ley 1444 de 2011. Decreto 4173 de 2011, "por el cual se crea la Unidad Administrativa Especial Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales ITRC, se fija su estructura y se señalan sus funciones" Arts. 1, 2 y 4 : exequibles
CC SC 633 de 2014
Resulta conforme a la Constitución que el legislador regule los deberes exigibles, así como las sanciones eventualmente aplicables, a quienes asumen la conducción de vehículos automotores, que como es sabido, es una actividad que aunque lícita, es peligrosa, por su eventual impacto en bienes jurídicamente protegidos, entre ellos la vida e integridad de las personas, tanto de terceros como incluso del conductor mismo. También encuentra fundamento en el artículo 150 numeral 25, conforme al cual le corresponde al Congreso unificar las normas sobre policía de tránsito en todo el territorio nacional. \En cuanto a la situación relativa a la reticencia del conductor que hubiere sido requerido para practicarse las pruebas físicas o clínicas a que se refiere la ley parcialmente demandada, la Corte lo encontró ajustado a la Constitución, tanto si ello ocurre dentro de un procedimiento de rutina de carácter preventivo, como si tiene lugar como consecuencia de un accidente que haya producido afectación a terceras personas. La conducta que en este caso se espera del ciudadano requerido encuentra respaldo en los deberes que para él establecen los artículos 6º y 95 del texto superior, en lo relativo al cumplimiento de la Constitución y la ley. De otra parte, la Corte observó que la diligencia regulada por esta norma no requiere previa autorización por parte del juez de control de garantías en los términos del artículo 250 constitucional, pues la averiguación que con ella se busca no está destinada a cumplir una función probatoria dentro de un proceso penal. Ley 1696 de 2013, "por medio de la cual se dictan disposiciones penales y administrativas para sancionar la conducción bajo el influjo del alcohol u otras sustancias psicoactivas"; Art. 5 Par. 2 y 3 (Mod. Art. 152 de la Ley 769 de 2002) e inciso 13 del Art. 149 de la Ley 769 de 2002 : Exequibles. Art. 8 : inepta demanda
CC SC 632 de 2014
La Corte se inhibe de fallar, falta de competencia para decidir, sobre la demanda de inconstitucionalidad presentada contra los artículos 1º y 2º del Decreto 1858 de 2012 "por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro del personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional"
CC SC 631 de 2014
¿La alusión a las situaciones de confinamiento y destierro que se hacen en la norma acusada, a propósito de eventuales variaciones en el domicilio civil, son contrarias a la Constitución Política? La Corte se inhibe por ineptitud sustancial de la demanda en relación con la expresión "confinado por decreto judicial a un paraje determinado"; y se inhibe en relación con la expresión "o desterrado de la misma manera fuera del territorio nacional", en virtud de su derogatoria por la Constitución de 1991. Código Civil; Art. 81 Inc. 2o.
CC SC 630 de 2014
Inexequible el artículo 2 de la Ley 1642 de 2013 -mediante la cual se reviste al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias en aplicación del numeral 10 del artículo 150 de la Constitución Política-, que creaba una comisión de seguimiento al uso de las facultades conferidas en esta Ley, integrada por dos (2) Representantes y dos Senadores de las Comisiones Primeras Constitucionales del Congreso de la República, designados por las Mesas Directivas de las mismas. Para la Corte la norma demandada adolecía de un alto grado de indeterminación, por cuanto, además de no contener ninguna referencia al alcance de las facultades de la comisión que por ella se crea, el término seguimiento puede dar lugar a gran cantidad de diversos entendimientos, varios de los cuales ciertamente tendrían connotaciones de interferencia a la función del órgano o autoridad que es objeto de aquel. Esta circunstancia haría claramente posible que en este caso, so pretexto de adelantar tareas de seguimiento, el Congreso de la República pudiera extralimitarse en sus funciones, o inmiscuirse en aquellas propias del Presidente de la República, o de la Defensoría del Pueblo, órgano que por mandato constitucional es autónomo e independiente, que es la entidad para cuya reestructuración se concedieron estas facultades extraordinarias