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Timestamp: 2018-11-20 18:14:04
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Matched Legal Cases: ['artículo 12', 'artículo 13', 'artículo 127', 'artículo 4', 'artículo 87', 'artículo 129', 'artículo 127', 'Artículo 35', 'artículo 107', 'Artículo 3']

INFORME UCSP Nº: 2013/006 - PDF
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Alicia Alcaraz Roldán
1 MINISTERIO COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA INFORME UCSP Nº: 2013/006 FECHA 04/01/2013 ASUNTO Cuestiones sobre casas de compra venta de oro. ANTECEDENTES Escrito consulta de una Delegación de Gobierno, sobre la actividad comercial, medidas de seguridad y otras cuestiones en establecimientos dedicados a la compraventa de oro y metales preciosos, dimanante de la consulta efectuada por un particular, en representación de un Grupo Empresarial. CONSIDERACIONES Con carácter previo se participa que los informes o respuestas que emite esta Unidad tienen un carácter meramente informativo y orientativo -nunca vinculante- para quien los emite y para quien los solicita, sin que quepa atribuir a los mismos otros efectos o aplicaciones distintos del mero cumplimiento del deber de servicio a los ciudadanos. La Ley Orgánica 1/1992, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, en su Art. 13.1, determina que: el Ministerio del Interior podrá ordenar, conforme a lo que se disponga reglamentariamente, la adopción de las medidas de seguridad necesarias en establecimientos o instalaciones industriales, comerciales y de servicio, para prevenir la comisión de los actos delictivos que se puedan cometer contra ellos, cuando generen riesgos directos para terceros o sean especialmente vulnerables. En este sentido, la Ley de Seguridad Privada 23/92, de 30 de Julio, confiere facultades inspectoras al Cuerpo Nacional de Policía al señalar en su preámbulo que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han de estar permanentemente presentes en el desarrollo de las actividades privadas de seguridad, indicando en su Art. 2, que De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, corresponde al Cuerpo Nacional de Policía el control de las entidades, servicios o actuaciones y del personal y medios en materia de seguridad privada. Esta actividad inspectora es contemplada específicamente desde dos puntos de vista en el caso de los establecimientos de compraventa de oro: CORREO ELECTRÓNICO C/ Rey Francisco, MADRID TEL.: /16 FAX:
2 1º) Desde el ámbito de Policía Judicial, al señalar el artículo 12 de la L.O. 1/92, que las personas naturales o jurídicas que desarrollen actividades relevantes para la seguridad ciudadana, como las de hospedaje, el comercio o reparación de objetos usados, el alquiler o el desguace de vehículos de motor, o la compraventa de joyas y metales preciosos, deberán llevar a cabo las actuaciones de registro documental e información previstas en la normativa vigente. Este control se realiza mediante la comprobación e inspección de la observancia de los requisitos obligatorios de libros-registro de operaciones de compraventa, así como el tiempo de depósito de los objetos adquiridos, pues todas las operaciones de compraventa de oro, metales y objetos preciosos, realizadas en dichos establecimientos, habrán de anotarse necesariamente en ellos y mantener temporalmente su custodia, para su debido control policial. 2º) Desde el ámbito de la Seguridad Privada, la L.O. 1/92, establecía la posibilidad de exigir a ciertos establecimientos, en base a sus actividades y a su especial vulnerabilidad y riesgo, determinadas medidas de seguridad para prevenir la comisión de actos delictivos contra los mismos, condicionando su apertura a la comprobación por las autoridades competentes de su idoneidad y suficiencia, tal y como señala el artículo 13, correspondiendo dicha función a la Unidad Central de Seguridad Privada y sus Unidades Territoriales, significando que serán los titulares de los establecimientos e instalaciones, los responsables de la adopción o instalación de dichas medidas de seguridad obligatorias, así como de su efectivo funcionamiento y de la consecución de la finalidad protectora y preventiva propia de cada medida. Por otro lado, el RD 2364/1994, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Privada, en su artículo 127.1, recoge específicamente las medidas de seguridad aplicables a los establecimientos de joyería y platería, así como en aquellos otros en los que se fabriquen o exhiban objetos de tal industria, relacionando las consideradas como obligatorias para tales establecimientos. De entre las medidas obligatorias, cabe señalar que también la Disposición Adicional Primera, de la Orden INT/317/2011, sobre Medidas de Seguridad, establece que Los establecimientos obligados a disponer de una unidad de almacenamiento de seguridad, de las reguladas por la Norma UNE-EN , deberán conectar su sistema de alarmas a una empresa de seguridad autorizada para la actividad de central de alarmas, o en su caso, a una central de uso propio. Tales instalaciones contarán, entre sus elementos con un sistema de registro de imágenes, con las características recogidas en el artículo 4 de la presente Orden, permitiendo con ello, a la central de alarmas, la verificación de las señales que pudiesen producirse, equipos que son utilizados por los grupos de Policía Judicial específicamente como medio de investigación de ilícitos cometidos en los establecimientos y frecuentemente como MINISTERIO
3 apoyo de otras investigaciones penales, no relacionadas directamente con el propio establecimiento. Por otro lado, el Reglamento de Objetos Fabricados con Metales Preciosos, establece en su artículo 87, que: Las casas de compraventa, las casa de empeño o préstamo en general, quienes se dediquen al comercio de objetos usados de oro, plata o platino, con o sin piedras preciosas o perlas finas deberán comunicar a los Delegados del Gobierno el comienzo y cese de sus actividades, cumplir cuantos requisitos exija la legislación vigente para el ejercicio de dichas actividades y figurar dados de alta en el epígrafe o epígrafes correspondientes de la Licencia Fiscal del Impuesto Industrial. En este mismo sentido, el Capítulo II, del Reglamento de Comercio y Reciclaje de objetos Usados que Contengan en su Composición Metales Preciosos, en los artículos 87 al 89, enumera una serie de obligaciones a cumplir por este tipo de establecimientos. No obstante lo anteriormente expuesto, habrá de tenerse en cuenta que el artículo 129.1, del citado Reglamento de Seguridad Privada, determina que teniendo en cuenta el reducido volumen de negocio u otras circunstancias que habrán de ser debidamente acreditadas, los Delegados de Gobierno podrán dispensar de todas o algunas de las medidas de seguridad previstas en el artículo 127 del Reglamento a los establecimientos cuyos titulares lo soliciten. CONCLUSIONES De todo lo anterior cabe concluir los siguientes extremos relacionados con las cuestiones planteadas: 1. En atención a la normativa citada las joyerías, platerías, así como en aquellos otros establecimientos en los que se fabriquen o exhiban objetos de tal industria, a los que alude el Reglamento de Seguridad Privada, y que define el Reglamento de Objetos Fabricados con Metales Preciosos, en los que en base a su especial riesgo para la seguridad ciudadana, de forma habitual se producen operaciones comerciales de compra, venta, o ambas, de objetos de joyería o platería, deben quedar enmarcados en la literalidad del Art del citado Reglamento y normativa complementaria, con idénticas condiciones de autorización de entrada en funcionamiento y medidas de seguridad obligatorias que las joyerías convencionales, todo ello sin perjuicio de que sus titulares puedan acogerse a su derecho, así previsto, a solicitar la dispensa de las medidas MINISTERIO
4 de seguridad que, en cada caso, estimen convenientes, correspondiendo a los Delegados, Subdelegados de Gobierno o autoridades autonómicas competentes del territorio en que se encuentren físicamente ubicados los establecimientos obligados, previa valoración de los informes y actas de inspección que se emitan por parte de los funcionarios de Seguridad Privada del cuerpo policial competente, del análisis de la criminalidad territorial, así como de las solicitudes de dispensa de medidas de seguridad que eventualmente puedan solicitar los interesados, pudiendo instar además, la elaboración de informes adicionales y realizar las consultas legalmente previstas que estimen pertinentes para la resolución del procedimiento de autorización. 2. El disponer de un recinto blindado o bunker no está previsto, en principio, en la normativa de seguridad privada, como medida de seguridad obligatoria para este tipo de establecimientos, por lo que su existencia en un establecimiento de compraventa de oro, no lo exime de cumplir las medidas obligatorias previstas en la normativa vigente, entre las que se encuentran el disponer, de acuerdo con el Art. 17 de la Orden INT/317/2011, de una puerta blindada en todos los accesos al establecimiento, con clase de resistencia 5, según norma UNE EN 1627, para la parte opaca y con resistencia P6B, al ataque manual, según norma UNE EN 356, para la parte acristalada, además de cierres metálicos en el exterior. Si bien, por causa debidamente motivada, que sería objeto de valoración, podría solicitar la dispensa prevista en el Art. 129 del RSP, pudiendo ser tenido en consideración, para la estimación de la misma, la existencia de un recinto blindado instalado con carácter voluntario, dado los elevados niveles de seguridad que aportan en la operativa de este tipo de establecimiento. 3. La modalidad de negocio consistente en la compra de oro a domicilio o ambulante, se considera inviable al no poder ajustarse debidamente a las exigencias legales sobre medidas de seguridad obligatorias que rigen para los establecimientos de compraventa de oro, dado que la inexistencia de oficina física implicaría la imposibilidad de ubicar la unidad de almacenamiento, donde alojar transitoriamente, por el plazo establecido en la ley, la mercancía adquirida, hecho que a su vez impide la realización de la labor inspectora, tanto de Seguridad Privada como de Policía Judicial, debiendo tenerse en cuenta que, la inexistencia de un establecimiento físico, hace inviable la utilización de equipos o sistemas de captación de imágenes, exigidos por la normativa, produciendo una merma de la Seguridad Pública, por cuanto se impide la disposición a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de las imágenes que hagan posible la grabación y MINISTERIO
5 posterior identificación de los autores de los delitos contra las personas y la propiedad, o las relacionadas con la venta de objetos preciosos cuya procedencia pudiera ser objeto de investigación policial, circunstancias que del mismo modo, son exigidas por las normas legales. Por lo tanto no procede la autorización para realizar operaciones de compraventa de oro y metales preciosos, en la modalidad de compra a domicilio, así como tampoco procede la concesión de la exención de medidas al carecer de un local en su concepto tradicional de establecimiento, recogido en la normativa de seguridad privada, pudiéndose entender por tal a los locales o inmuebles donde se ejerce una profesión, y cuyas características constructivas conllevan un determinado grado de seguridad física, pudiendo provocar dicha actividad una situación de indefensión ante cualquier ataque a las personas que la realicen, incrementada tanto por el valor de las joyas adquiridas o transportadas, así como por los fondos que se deben portar para el abono de las transacciones, hecho que de forma innegable, tiene una repercusión en la seguridad pública. 4. Respecto las medidas de seguridad, serán exigibles en cualquier establecimiento que se dedique a la actividad normativamente regulada y ahora objeto de consulta, independientemente del periodo de tiempo que los artículos adquiridos o tasados, permanezcan en posesión del establecimiento obligado, no regulando la normativa ninguna excepción relativa al mayor o menor tiempo de almacenaje de los mismos, para eximir de dichas medidas de seguridad, debiendo contar igualmente con los Libros Registro obligatorios. 5. Respecto al parámetro introducido por la normativa denominado cuantía mínima de negocio, en relación a la dispensa de la adopción de medidas de seguridad obligatorias, la normativa no establece ninguna cantidad determinada, debiendo valorarse principalmente, como ya se ha referido anteriormente, las circunstancias concretas del riesgo incidente en cada territorialidad para proceder a su concesión. 6. Respecto a la cuestión relativa a la compra de objetos usados, como ya se ha señalado previamente, la normativa aplicable no diferencia en su regulación, que dichos objetos tengan la consideración de nuevos o usados, exigiéndose en ambos casos las medidas de seguridad prevenidas. En relación con las consultas efectuadas por el representante del Grupo Empresarial, se significa que casi con idéntico literal o trasfondo de las cuestiones, ya han sido efectuadas ante esta misma Unidad Central de Seguridad Privada con MINISTERIO
6 anterioridad, por el mismo administrado o personal de su Grupo. Siéndoles remitidos los correspondientes informes de fechas 25/09/12; 15/10/12 y 13/12/12, así como aclaradas cuantas consultas por vía telefónica y que de forma personal en dependencias policiales, fueron planteadas por aquellos y resueltas en el mismo sentido en que se expresa el presente informe. Este informe se emite en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 35 g) de la Ley 30/92, sobre derecho de información al ciudadano, y fija la posición y el criterio decisor de las Unidades Policiales de Seguridad Privada, en relación con el objeto de la consulta sometido a consideración. No pone fin a la vía administrativa ni constituye un acto de los descritos en el artículo 107 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por lo que contra el mismo no cabe recurso alguno. UNIDAD CENTRAL DE SEGURIDAD PRIVADA MINISTERIO
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