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Timestamp: 2017-08-19 11:19:35
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LA REVISIÓN DE LAS SENTENCIAS CONSTITUCIONALES
Maestría en la Universidad de Barcelona, España. Catedrático de Derecho Civil en la Universidad de Lima. Miembro del Consejo Consultivo de la Academia de la Magistratura.
I. Premisas. II. La estructura de la justicia constitucional peruana. III. La fuerza vinculante de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el Perú. IV. Evolución de la protección jurisdiccional de los derechos humanos. V. Valor normativo de las sentencias constitucionales. VI. Aspectos legales que deben ser subsanados. VII. Bibliografía. VIII. Anexo.
“Hace algún tiempo hubiera sido impensable para los cultores de las ciencias
jurídicas en general, y del derecho internacional en particular, imaginar que los
pronunciamientos y las directivas o informes emitidos por entes cuasi-judiciales
y judiciales -en el caso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, respectivamente- podrían
“meterse” en la corriente sanguínea de los distintos países con tal fuerza como
para lograr trastocar sensiblemente ciertas normas locales, incluyendo a las de
linaje constitucional.”
Osvaldo Gozaini.[1]
• Por sentencias constitucionales revisables en sede internacional debemos referirnos, exclusivamente, a aquellas decisiones sobre el fondo de la materia controvertida, que recaen en temas estrictamente constitucionales, expedidas al interior de procesos constitucionales, sea que se emitan por jueces ordinarios o jueces especializados (tribunales o cortes constitucionales), según la estructura jurisdiccional imperante en cada país.
• Aún cuando los temas que se ventilan en los procesos constitucionales son de distinta naturaleza, se entiende que las sentencias pasibles de ser revisadas en sede internacional son las referidas a derechos fundamentales.
• La revisión de las sentencias constitucionales en el sistema interamericano de derechos humanos sólo cabe que se haga a través de la Comisión de Derechos Humanos y luego, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sin perjuicio de lo que se establezca en nuevos tratados que se celebren.
• El acceso a dichos organismos sólo es posible cuando se haya agotado la jurisdicción interna. El artículo 205 de la Constitución Política del Perú así lo exige.
• El Art. 24 del Código Procesal Constitucional precisa que la jurisdicción nacional se agota cuando la sentencia del Tribunal Constitucional se pronuncia sobre el fondo de la cuestión. Esta disposición concuerda con el Art. 6 del mismo cuerpo legal, que establece que solo adquiere la calidad de cosa juzgada la decisión final que se pronuncie sobre el fondo. Por ende, una sentencia que, por ejemplo anula lo actuado y reenvía el proceso a instancias inferiores, o aquella que declara una improcedencia por falta de legitimidad para obrar, no podrían ser objeto de revisión
internacional según nuestra legislación interna.
II. LA ESTRUCTURA DE LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL PERUANA
En materia constitucional el Perú tiene un sistema dual, pues coexisten la denominada justicia concentrada a cargo del Tribunal Constitucional -que no forma parte de la estructura del Poder Judicial- junto con el sistema del control difuso a cargo del Poder Judicial, pues todos los jueces tienen la posibilidad de hacer control constitucional en el caso concreto e inaplicar una ley con efecto solo interpartes.
Los procesos constitucionales se inician ante jueces especializados de primera instancia y en apelación son vistos por las salas especializadas de la Corte Superior respectiva. Si en esta instancia se tutela el derecho del actor, termina el proceso; si por el contrario, la sentencia es negativa a su interés, puede interponer recurso extraordinario de agravio ante el Tribunal Constitucional. La Corte Suprema no tiene competencia en estos temas.
Por consiguiente, existe jurisprudencia constitucional tanto de la justicia ordinaria (cuando ha declarado fundada la demanda) como jurisprudencia del Tribunal Constitucional cuando resuelve los casos que acceden a ella vía recurso de agravio constitucional. Ciertamente, siendo el Tribunal el máximo intérprete de la Constitución, sus decisiones cumplen un papel ordenador en la defensa de los derechos humanos. Ese liderazgo es de particular importancia cuando se trata del cumplimiento de las sentencias internacionales.
III. LA FUERZA VINCULANTE DE LAS DECISIONES DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (CIDH) EN EL PERÚ
Es ampliamente conocida la situación política que se vivió en el Perú en los albores del presente siglo, cuando el régimen de Alberto Fujimori terminó sus funciones de manera atípica. El descubrimiento de una organización paramilitar a la que se imputaron graves violaciones de derechos humanos constituyó la base para que el estado peruano fuera demandado en varios procesos internacionales y condenado de manera reiterada. Esa situación puso a prueba a la democracia peruana, pues era necesario comprobar si nuestras autoridades acatarían esas decisiones, toda vez que mediante instrumento de aceptación de fecha 21 de enero de 1981, el Perú reconoció como obligatoria, de pleno derecho, la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En este escenario, el Tribunal Constitucional fijó la pauta a seguir. En la causa N° 2730- 2006-PA estableció lo siguiente:
“…por imperio de la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución y el artículo V del Título Preliminar del CPConst, en dicho ámbito la sentencia resulta vinculante para todo poder público nacional, incluso en aquellos casos en los que el Estado peruano no haya sido parte en el proceso. En efecto, la capacidad interpretativa y aplicativa de la Convención que tiene la CIDH, reconocida en el artículo 62.3 de dicho tratado, aunada al mandato de la CDFT de la Constitución, hace que la interpretación de las disposiciones de la Convención que se realiza en todo proceso, sea vinculante para todos los poderes públicos internos, incluyendo a este Tribunal…….. Lo expuesto, desde luego, no alude a una relación de jerarquización formalizada entre los tribunales internacionales de derechos humanos y los tribunales internos, sino a una relación de cooperación en la interpretación pro homine de los derechos fundamentales. No puede olvidarse que el artículo 29.b de la Convención proscribe a todo tribunal, incluyendo a la propia Corte, ‘limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados partes o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos Estados’. Ello significa, por ejemplo, que los derechos reconocidos en el ordenamiento interno y la interpretación optimizadora que de ellos realice la jurisprudencia de este Tribunal, también es observada por la Corte…… Los derechos reconocidos en los tratados sobre derechos humanos y su respectiva interpretación por los tribunales internacionales, son, por así decirlo, un punto de partida, un referente ‘mínimo indispensable’, en cuyo desarrollo se encuentra expedita la facultad de los Estados de ampliar su ámbito normativo, sea sumando derechos ‘nuevos’ inspirados en la dignidad humana, o acompañando a los ya previstos, de manifestaciones que impliquen una garantía adicional en su eficacia, esto es, en la proyección del derecho jurídicamente reconocido a la realidad concreta”.
Esta posición de respeto a los fallos internacionales ha sido reafirmada a lo largo del tiempo, lo que es claramente indicativo de que la revisión de sentencias por la jurisdicción internacional tiene plena eficacia en sede nacional. Pero, además, es particularmente importante el encuadre que hace nuestro Tribunal Constitucional respecto de la defensa irrestricta de los derechos humanos desde una perspectiva del Derecho de Gentes, pues desde esa perspectiva podemos estar seguros de que no habrá marcha atrás en el respeto a la jurisdicción internacional. En efecto, en la sentencia N° 2798-2004-HC estableció lo siguiente:
“Los hechos que son materia de los procesos penales seguidos contra el recurrente forman parte de un conjunto atribuido al autodenominado Grupo Colina, todos ellos cometidos bajo una modalidad delictiva que ha motivado el rechazo y la condena de la comunidad nacional e internacional. El Estado Peruano no debe tolerar la impunidad de estos y otros graves crímenes y violaciones a los derechos humanos, tanto por una obligación ética fundamental derivada del Estado de Derecho, como por el debido cumplimiento de compromisos expresos adquiridos por el Perú ante la comunidad internacional…… En efecto, la comunidad internacional reconoce la existencia de un núcleo inderogable de derechos, establecidos en normas imperativas del Derecho Internacional. Estas normas se derivan del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, del Derecho Internacional Humanitario y del Derecho Penal Internacional…. En este sentido, es un principio general del derecho internacional el que un Estado no puede invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación para el incumplimiento de un tratado o de normas imperativas de Derecho Internacional. Este principio ha quedado establecido en los artículos 27 y 53 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, ratificado por el Perú mediante el Decreto Supremo N° 029-2000-RE de fecha 14 de septiembre del 2000…….. La jurisprudencia internacional ha indicado que las normas mínimas del Derecho Internacional Humanitario no sólo se establecen con fines de mero reconocimiento, sino que su violación constituye una grave infracción humanitaria y, eventualmente, un crimen de guerra (Corte Internacional de Justicia, sentencia de fondo en el caso del estrecho de Corfú - 1949; de igual manera en la sentencia sobre actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua - 1986). Las normas imperativas que se derivan de este cuerpo jurídico obligan no sólo a los Estados sino que comprometen directamente la responsabilidad de los individuos. Debe tenerse presente, en este sentido, que las normas del Derecho Internacional Humanitario prohíben de manera absoluta los atentados contra la vida de personas civiles y desarmadas en cualquier tiempo y lugar….. Cabe precisar que la aplicación de las disposiciones del Derecho Internacional Humanitario no requiere validación formal alguna, siendo aplicables automáticamente en tanto se produzca un hecho contrario a las normas mínimas de humanidad. Así lo ha señalado, por ejemplo, el comentario autorizado del Comité Internacional de la Cruz Roja”.
La posición que adopta nuestro Tribunal Constitucional se sustenta en el artículo 5de la Carta Magna, que establece que los tratados celebrados por el Estado y en vigor, forman parte del derecho nacional. Ello nos permite ubicar a nuestra carta magna dentro del grupo monista, según el decir de Riccardo Guastini[2] quien señala que “Es ‘monista’ toda Constitución en la que las normas internacionales son directamente aplicables, a la par del derecho interno”.
Ésta posición garantista de nuestra Justicia Constitucional puede considerarse inserta en nuestro orden público interno, entendido éste como “El conjunto de principios jurídicos públicos, privados, políticos, morales y económicos que son absolutamente obligatorios para la conservación de un modelo de sociedad en un pueblo y épocas determinados”[3]. La experiencia social de los últimos 30 años en que el terrorismo asesinó y desapareció a miles de compatriotas, ha dejado huella. Hay conciencia ciudadana e institucional en que las cosas no deben volver a ocurrir y que la defensa de los derechos humanos constituyen nuestra mejor garantía.
Sin embargo, no siempre se cumple este compromiso de respeto a los fallos de la CIDH por parte de todas las instituciones a las que les corresponde intervenir. Ha existido oposición por ejemplo, al honramiento de aquellas sentencias que condenan al estado peruano al pago de indemnizaciones a favor de ciudadanos que habiendo intervenido en actos de terrorismo en el país, paradojalmente, recurrieron a la CIDH para pedir protección por violaciones a sus derechos al debido proceso al momento de ser juzgados por las cortes nacionales. Sin embargo, esa oposición también ha sido objeto de revisión, pues las autoridades son conscientes de que el tema es muy sensible y no hay forma de eludir esas condenas. A tal efecto, recientemente se ha modificado el artículo 1290 del Código Civil que prohibía la compensación, como modalidad de extinción de obligaciones, entre los particulares y el Estado, con la finalidad de permitir que, en aquellos casos en que se ha condenado al delincuente a una indemnización a favor del Estado y éste, a su vez, tiene a su favor una sentencia de la CIDH que le concede el derecho a ser indemnizado, se puedan compensar dichas obligaciones hasta donde corresponda. Esta reforma legal es claramente demostrativa de una voluntad de cumplimiento. Por consiguiente, podemos afirmar que lo resuelto por la justicia internacional es vinculante para nuestra organización política y judicial.
IV. EVOLUCIÓN DE LA PROTECCIÓN JURISDICCIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Desde que se proscribió la trata de esclavos en los tratados de Viena de 1815, pasando por la Declaración Universal de los Derechos del Hombre aprobada en 1948, hasta nuestros días, se ha ido consagrando un sistema más globalizado para la protección de los derechos humanos, al punto que podríamos decir que como ciudadanos del mundo, tenemos la tranquilidad de sabernos protegidos, aún en nuestros escenarios latinos, los que, históricamente han sido testigos de la acción incontrolada de gobiernos dictatoriales que hoy están rindiendo cuentas a la historia y a la justicia internacional.
Sin embargo, pese a su gran desarrollo, no se puede decir que dicho sistema de justicia interamericana es eficaz y que ha logrado su plena conformación. Es claro para todos que aún hay una gran tarea por delante y, a tal efecto, se debe reconocer que el papel de la jurisprudencia es importante e intenso, especialmente cuando llena de contenido las normas fundamentales desde una interpretación pro homine. Por eso debe merecer especial atención la forma en que se relaciona la jurisprudencia que deriva de la CIDH con las jurisprudencias locales de los países del sistema interamericano que hayan reconocido competencia a dicha corte.
Como bien señala Héctor Fix Zamudio[4]
“… debe hacerse notar que los instrumentos nacionales son los que deben considerarse esenciales para la tutela de los derechos humanos, en virtud de que la protección de los Estados es la que debe considerarse como primordial; la protección internacional debe considerarse subsidiaria y complementaria, ya que los organismos jurisdiccionales de carácter internacional no pueden considerarse como tribunales de apelación o de casación de los de carácter interno”.
Por ende, es la protección interna la que debe cumplir un papel relevante, ya que en ella recae la tutela primordial e inmediata tanto que cuando actúa en consonancia con esa responsabilidad, se hace innecesario que los afectados recurran a fueros internacionales. Cual vasos comunicantes, mientras más activa sea la justicia internacional es señal de que las cosas no andan bien en sede nacional.
En efecto, como quiera que no siempre la jurisdicción interna está a la altura de las circunstancias, se hace inevitable reforzar la justicia internacional. Es curioso que, en materia de integración comercial, los organismos jurisdiccionales creados por dichos mecanismos dicten resoluciones que se imponen obligatoriamente a los tribunales nacionales, tal como sucede con los tribunales de la Unión Europea, de la Unión Centroamericana y de la Comunidad Andina. Sin embargo, en materia de derechos humanos, la situación no es siempre así de efectiva, pues ello depende más de la actitud democrática de los gobiernos de turno que de la fuerza vinculante de la decisión.
Hay un deber moral, generacional si se quiere, que nos impone a todos la necesidad de seguir impulsando la protección y defensa de los derechos humanos, esencialmente en lo que atañe a respuestas prontas, menos burocratizadas y plenamente eficaces. A tal efecto, si queremos acentuar este marco protector, debemos revisar el sistema tanto en el frente internacional como en el nacional.
IV.1. Los derechos humanos nivel internacional
En el frente internacional, Sergio García Ramírez[5] propone un listado de temas pendientes para el mejoramiento de la protección de los derechos humanos, observaciones muy valiosas que sin duda son dignas de tener en cuenta pues la experiencia que ha tenido como juez de la Corte Interamericana merece la mayor consideración. Me permito citar algunas de sus sugerencias, las que son tanto de orden organizativo como jurisprudencial:
• Revisar la relación entre el orden jurídico interno y el internacional, concediéndole
carácter imperativo a las sentencias de la Corte, debiéndose establecer un procedimiento interno en cada país que permita esa eficacia.
• Atender a la legitimación procesal de la víctima, pues mientras que el Estado demandado es parte material y formal, la victima solo lo es en sentido material pero no formal, ya que no actúa como demandante, siendo la Comisión Interamericana quien cumple ese papel. La tendencia debiera ser a incorporar la defensa material vinculada a la debilidad de la víctima al proceso internacional. Cita para ello los alcances de la opinión consultiva OC-11 que se pronuncia sobre las excepciones al agotamiento de recursos internos para acceder al procedimiento internacional, reconociendo a la indigencia de la víctima como una de esas excepciones.
• Reorientar la integración y despacho de la Corte, pues mientras la Corte Europea cuenta con 41 Jueces y sesiona de manera permanente en Salas, contando además con el apoyo de 100 abogados, la Corte Interamericana está integrada solo por siete jueces, sesiona en pleno de manera discontinua y es asistida por cuatro abogados, lo que afecta la oportuna atención de los reclamos ciudadanos.
• Propender a una sistematización del régimen de reparaciones, para lo cual propone una “teoría general del agravio y de sus consecuencias naturales”, pues es evidente que la justicia internacional tiene una función esencialmente reparadora. Sobre este tema me permito llamar la atención sobre la necesidad de revisar la metodología para fijar los montos indemnizatorios así como los parámetros de su fijación, cuando menos en aquellos casos como los del Perú que habiendo sufrido la brutalidad del terrorismo, hoy tenga que pagar indemnizaciones a sus verdugos, quienes violaron derechos humanos y destrozaron el país. Hay necesidad de una mayor ponderación.
IV.2. Los derechos humanos nivel nacional
En el frente nacional, en lo que al Perú respecta, hay un tema de especial relevancia que debe ser impulsado. Para explicarlo adecuadamente es menester dejar precisado, en coincidencia con Carlos Ayala Corao[6], que en Latinoamérica
“… se ha consolidado constitucional y convencionalmente un estándar mínimo común en materia de protección efectiva de los derechos humanos, a través de la influencia integradora de la Convención Americana y la Jurisprudencia de los órganos del sistema interamericano con la jurisprudencia constitucional…. lo que ha llevado a la existencia de un nuevo ius commune para las Américas”.
El valor de la jurisprudencia es indiscutible, pues como dice Storme, citado por Gozaini[7]:
“… a través de la interpretación hecha por el Tribunal del Tratado de Roma –con sede en Estrasburgo-, en especial del artículo 6 -similar al artículo 8 del Pacto de San José de Costa Rica- más de 800 millones de habitantes pertenecientes al Consejo de Europa están bajo la influencia de ese tribunal internacional”.
Ello nos hace analizar comparativamente lo que sucede respecto al efecto vinculante de la jurisprudencia sobre derechos humanos generada por nuestros propios tribunales, en sede nacional. Interesa preguntarnos si es aconsejable que ese sistema de “coordinación subordinación” entre lo internacional y nacional pueda replicarse respecto a la jurisprudencia emanada del Tribunal Constitucional, como supremo interprete de la Constitución, respecto de los órganos judiciales nacionales de menor jerarquía.
Como dejé anotado en el acápite referido a la estructura de la justicia constitucional en el Perú, coexisten dos sistemas de control de constitucionalidad (el concentrado y el difuso), lo que origina que la competencia para conocer los procesos de la libertad corresponda tanto al Poder Judicial, como instancia originaria, como al Tribunal Constitucional vía recurso de agravio constitucional, como instancia final y definitiva con la que se agota la jurisdicción interna.
Como es de suponer, esta estructura genera diversidad de posiciones en la interpretación de las normas constitucionales sobre la libertad, diversidad que subsiste aún cuando todos los órganos de justicia están obligados por la Cuarta Disposición final y transitoria de la Constitución a interpretar esas normas de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificadas por el Perú, lo que podría hacer suponer de que hay una línea interpretativa ordenada.
Lo real es que un sistema dual genera, inevitablemente, una dispersión de criterios jurisdiccionales, dispersión que hace daño al sistema de protección más aún cuando la labor de interpretación es más intensa por cuanto la porosidad del texto constitucional es parte de su esencia, a lo que se debe sumar el criterio de progresividad innato a la defensa de los derechos humanos que puede generar en el intérprete un afán “creativo” que no siempre es prudente.
Como lo ha señalado la CIDH, el principio pro homine hace que entre diversas opciones, se ha de escoger la que restringe con menos intensidad el derecho protegido; por ende, si a una misma situación le es aplicable el Pacto de San José y otro tratado o norma interna del país donde se analiza el asunto, debe prevalecer la norma más favorable a la persona humana. No obviemos que en materia de justicia comercial existe la misma lógica en lo que a Arbitraje internacional se refiere, pues en caso de discrepancia normativa se debe aplicar la ley más favorable a la ejecución del laudo.
Reitero. Si el derecho internacional en materia de derechos humanos opera como un derecho subsidiario, permitiendo que el derecho nacional opere plenamente en tanto amplía o mejora el derecho internacional (nunca cuando el derecho interno lo viola dado que éste constituye un parámetro mínimo que no admite su desconocimiento), preguntémonos si no es posible, aplicando la misma lógica, que las interpretaciones que haga el Tribunal Constitucional al resolver los procesos de la libertad puedan ser consideradas como ese estándar mínimo que ningún juez nacional puede desconocer, menos para decidir por debajo de ese mínimo.
Recordemos que el Pacto de San José, en el artículo 10, impone a los estados el deber de adoptar medidas legislativas o de otro carácter que sean necesarias para hacer efectivos los derechos que el consagra. Estimo que, en línea con ese deber, hay que enfrentar el caos jurisprudencial existente en esta materia.
V. VALOR NORMATIVO DE LAS SENTENCIAS CONSTITUCIONALES
El Perú es uno de los pocos países que ha promulgado un Código Procesal Constitucional, el que está vigente desde diciembre del año 2004. Este cuerpo normativo fue producto del trabajo multidisciplinario de un grupo de profesores de derecho bajo el impulso de Juan Monroy Gálvez y Domingo García Belaúnde, en el que se han introducido importantes aportes, alguno de los cuales se pueden considerar que son acordes con la finalidad prevista en el artículo 10 del Pacto de San José antes citado.
Entre estos aportes, el de mayor difusión, análisis y crítica es el contenido en el artículo VII de su Título Preliminar, que señala lo siguiente:
“Artículo VII.- Precedente.
La exposición de motivos no aporta muchas luces para perfilar la intención del legislador, pues apenas se indican algunas reflexiones sobre dicho dispositivo, afincados esencialmente en la importancia de la ratio decidendi. Se dice que:
“… uno de los elementos más complejos en la aplicación de la doctrina del stare decisis es la identificación de aquella parte de la sentencia que contiene el carácter vinculante. Contra lo que comúnmente se cree, no es el decisorio el que recibe la calidad de precedente, éste más bien recae en el fundamento o elaboración argumental que sostiene la decisión tomada. Este recibe el nombre de ratio decidendi”.
Domingo García Belaúnde[8] señala que:
“Este enunciado general está pensado especialmente para los procesos que defienden derechos fundamentales o están vinculados a ellos (Habeas Corpus, Amparo, Habeas Data, Cumplimiento) y no en los destinados al control constitucional abstracto (como es la inconstitucionalidad o la Acción Popular, ya que en éstos, el resultado final favorable al derogar la ley o reglamento, la elimina del mundo jurídico y, en consecuencia, no puede ser utilizado como un precedente…) pero aún en éstos casos, se pueden extraer principios de la ratio decidendi aplicables a casos futuros. Técnica que habrá que emplear con suma prudencia y pausadamente por lo que ello significa”.
Acorde con su importancia, esta disposición ha venido siendo objeto de una profusa utilización, en muchos casos, a partir de una interpretación extensiva de sus alcances por el propio Tribunal Constitucional, al extremo que García Belaúnde[9] criticando esta actuación, señala que “la falsa idea de ser ‘comisionado del poder constituyente’ ha hecho que hayan usado extensamente el concepto ‘precedente vinculante’, con lo cual han querido imponer prácticamente una dictadura virtual sobre el resto de los operadores jurídicos…. por lo que hay necesidad de reformularlo”. Esta situación se origina, en gran medida, no solo por
la actitud del Tribunal, sino por los evidentes vacíos de la norma legal la que, como más adelante señalo, debe ser revisada en varios aspectos. Reformularla pero no derogarla.
Al año 2010, el Tribunal Constitucional tiene publicados en su sitio electrónico www.tc.gob.pe, 39 precedentes vinculantes, a los que ha denominado “precedentes normativos”[10]. A través de su propia jurisprudencia, llenando de contenido el artículo VII del Código Procesal Constitucional, ha dejado establecidos los siguientes supuestos como requisitos para la emisión de un precedente:
• Cuando se aprecian contradicciones en la manera de concebirse o interpretarse los derechos, principios o normas constitucionales o de relevancia constitucional.
• Cuando se constata la presencia de interpretaciones erróneas de una disposición constitucional o integrante del bloque de constitucionalidad, lo que a su vez genera una indebida aplicación de la misma.
• Cuando se comprueba la existencia de un vacío normativo.
• Cuando se acredita que una norma jurídica admite varias posibilidades interpretativas.
• Cuando tras el conocimiento de un proceso de tutela de derechos se aprecia que la conducta reclamada se apoya en una norma jurídica que no solo afecta al reclamante sino que por sus efectos generales incide sobre una pluralidad de personas.
• Cuando se hace necesario el cambio del precedente vinculante.
Precisada la situación nacional en esta materia, me parece necesario analizar si esta opción del valor normativo de los precedentes es la correcta. La experiencia nacional, a seis años de vigencia del Código, nos permite presentar algunas consideraciones que pueden ser útiles para evaluar su conveniencia.
• Hay un intenso debate sobre si se debe mantener ésta línea de acción. Desde que el Tribunal Constitucional comenzó a perfilar sus precedentes no han sido poco los casos en que se han generado fricciones con el Poder Judicial y, ciertamente, con la doctrina nacional, que crítica severamente lo que califican como excesos peligrosos. Es verdad que el propio Tribunal Constitucional, con marchas y contramarchas, ha contribuido a esta sensación de desorden. Sin embargo, se debe reconocer que los jueces de las diferentes instancias han comenzado a “respetar” ese efecto normativo y a actuar en consonancia con él. Hay, se quiera o no, un efecto propedéutico en las sentencias del Tribunal. La argumentación es seguida con atención, quizás con más atención que la parte resolutiva.
• El efecto práctico es importante y la mejor manera de comprobarlo es apreciando su efecto en la vida nacional. Por ejemplo, en un tema muy sensible para el medio ambiente, en que se discutía el derecho a la libertad de empresa (de un sector que pretendía seguir importando vehículos usados sin ninguna limitación) y el derecho del Estado a emitir normas que prohibían la libre importación, se produjeron sentencias a lo largo del país en sentido abiertamente contradictorio. Cuando los interesados en la importación detectaban un sentido jurisprudencial que los favorecía, buscaban los argumentos para afincar competencia territorial ante ese distrito judicial y obtener así lo que en otros lugares les había sido denegado. Cuando el caso llegó a conocimiento del Tribunal Constitucional éste se pronunció en el sentido de la constitucionalidad de las leyes promulgadas por el Estado y que, en consecuencia, estaba prohibida dicha importación. Como consecuencia de ello, dicho sector empresarial se ha reordenado, pues todos tienen claras las reglas de juego. El ejemplo se ha replicado en varios temas como el de casinos y tragamonedas, lo cual demuestra que el sistema rinde réditos importantes. Creemos que estos resultados no se habrían obtenido si la jurisprudencia del máximo tribunal solo tuviera una eficacia persuasiva. El efecto normativo hace la diferencia, sin hesitación.
• Ahora bien, conceptualmente podríamos di scutir sobre la validez y conveniencia de conceder a un órgano que no tiene facultades legislativas, el que pueda crearlas a partir de sentencias con efecto erga omnes, cuyo verdadero alcance, sin eufemismos, es igual al de leyes de la nación, obligatorias para todos. Mientras la jurisprudencia de la Corte Suprema solo vincula a los jueces, la del Tribunal Constitucional vincula a todos sin distinción. Vinculación vertical y horizontal.
• También se puede discutir sobre si con este sistema se afecta la independencia de los jueces, pues al parecer, al imponerles que sigan los criterios prefijados por el máximo tribunal se convertirían en meros aplicadores de lo que otros han decidido. Para quienes así lo entienden, consideran que si los jueces están sometidos sólo a la ley, no encajaría con este marco de actuación el que se les someta a un “intermediario” de la ley, como es la jurisprudencia[11]
• Pese a dichas críticas, estimo que constituye un importante punto de partida para aceptar la legitimidad de ésta tendencia, lo sostenido por Cappelletti[12] cuando señala que “la interpretación que reconoce a los jueces una función creadora de la elaboración de las leyes y en la evolución de los valores parece a la vez inevitable y legítima, siendo el verdadero problema concreto un problema del grado de la fuerza creadora o de las autolimitaciones.
• Respecto a las autolimitaciones que propone el gran maestro italiano, creo que no debemos sólo confiar en el self restraint de los tribunales, más aún cuando se detecta que al interior del propio tribunal existen discrepancias sobre aspectos relevantes para la fijación de los precedentes. Por ejemplo, en discordia, se ha dicho en la sentencia N° 02837-2009-PA/TC que “la predictibilidad y la certeza jurídicas son inherentes a la naturaleza del precedente constitucional y su vocación de permanencia y generalidad son los rasgos que las generan”. En ese sentido, así como la Constitución proscribe el dictado de leyes especiales por diferencias de las personas (artículo 103 de la Constitución), tampoco cabrá el establecimiento de precedentes constitucionales ad hoc sobre determinados sujetos. Así, un precedente vinculante que beneficie a un número reducido de individuos “podría tener algún viso de discriminación” y, en consecuencia, ser contrario a la Constitución.
• Por ello estimo que deben darse regulaciones que impongan limitaciones, sean explícitas o implícitas. De naturaleza implícita ya existe por ejemplo, la de la justicia interamericana que hace ineficaces aquellos pronunciamientos que establezcan interpretaciones por debajo de los estándares internacionales. Es una frontera que coadyuva al control pero es manifiestamente insuficiente. Por ello se hace necesaria la adopción de medidas expresas que constriñan la capacidad del tribunal y ajusten su capacidad normativa a ciertos parámetros que impidan una dictadura jurisdiccional.
• Respecto al segundo aspecto, el del nivel de la fuerza creadora que Cappelletti señala, son varias las opciones que se pueden escoger. Por ejemplo, es interesante el distingo que César Landa[13] refiere sobre la eficacia de las sentencias del tribunal. Según dicho autor, quien ha sido un reconocido magistrado del Tribunal Constitucional peruano, existen tres grados de vinculación: como “tener que acatar” (para las sentencias de inconstitucionalidad de las leyes); como “deber de cumplir” (para los precedentes vinculantes) y como “poder/deber de seguir” (para la doctrina jurisprudencial). El grado de fuerza creadora constituye una opción del legislador, quien podría decidir por un efecto meramente persuasivo, a título de recomendación por ejemplo, o, como lo establece el artículo VII del Título Preliminar de nuestro Código Procesal Constitucional, un efecto normativo pleno, sin limitaciones. Nos inclinamos por este camino.
•¿Se viola la independencia judicial con esta opción? Creemos que no. Ante todo, el juez sigue siendo autónomo e independiente en el desarrollo del proceso y, sobre todo, en el análisis y valoración de la prueba, eje central de la decisión que adoptará. Como quiera que no se puede hablar de una “correcta interpretación” de la norma que va a aplicar, sino de la “interpretación adecuada” para la solución del caso concreto, puede asumir, con responsabilidad claro está, una interpretación distinta. Apartarse del precedente normativo no es un delito ni una falta siempre que se precise con claridad, ponderación y proporcionalidad las razones del apartamiento y se busque con ello la mejora de los estándares vigentes respecto del derecho a tutelar.
• Por lo demás, seamos conscientes de dos realidades: (a) que en la praxis judicial hay muchos casos rutinarios en los que ésta vinculación carece de importancia; (b) que la labor del Tribunal Constitucional es altamente especializada y que el valor de sus decisiones se encuentra sustancialmente en la argumentación, acorde con la alta sensibilidad social y política que generan sus fallos en favor de la protección de los derechos humanos.
• El juez inferior tiene libertad absoluta para no creer en esa argumentación o no coincidir con la interpretación que se hace de determinada norma, pero el ejercicio de esa libertad lo obliga a desarrollar la suya propia, ciertamente más completa y elaborada para justificar su posición. No lo puede hacer bajo el fácil camino de desconocer el precedente. Es muy grave, en materia de derechos humanos en especial, que un mismo precepto se aplique desigualmente en casos similares, más aún si ello obedece a una mera discreción individual. Reducirla persuade como uno de los beneficios de esta opción.
Lo dicho no supone, de mi parte, un apoyo incondicional al activismo judicial o al denominado neoconstitucionalismo. Las razones que defiendo tienen una base distinta. Ursula Indacochea[14] lo explica muy bien cuando sostiene que:
“… desde el punto de vista formal, los argumentos de autoridad y de la preservación de la seguridad jurídica, constituyen razones por las cuales los jueces deberían seguir las interpretaciones del Tribunal Constitucional… desde el punto de vista sustantivo, dicha obligación estaría sustentada a partir de la razonabilidad de las interpretaciones que tales precedentes contienen”.
Además, estimo que la subsunción en la interpretación constitucional sigue siendo tarea central, la que no puede ser del todo desplazada por la tesis de la ponderación que el neo constitucionalismo alienta.
• Una visión filosófica le da mucho sentido a estas ideas, por lo que estimo necesario hacer referencia a ella. Comanducci[15] expresa lo que es, a mi modo de ver, una brillante y congruente justificación de la legitimidad de esta opción. Dice, al desarrollar el tema del papel del juez en la interpretación del derecho, que:
“Desde un punto de vista teórico diría que es de sentido común constatar que la discrecionalidad judicial es, en alguna medida, inevitable y que eso depende, a la vez, de factores objetivos y subjetivos. Factores que están fuera del alcance del juez y factores que, en cambio, podrían ser modificados por los mismos jueces. Los factores objetivos son aquellos -bien conocidos- de tipo semántico, es decir, que dependen de la open texture, de la textura abierta del lenguaje natural, que no permite al legislador formular normas tan precisas que puedan siempre ser interpretadas de una única forma. Los factores subjetivos son igualmente conocidos: están constituidos por la interacción de ideologías e intereses en la decisión….. ¿Es compatible esta constatación, según la cual los jueces producen normas jurídicas -bastante compartida a nivel teórico- con el valor de la separación de poderes, al que todos parecen tener mucho aprecio? Yo diría que sí, si nos damos cuenta que aquel concepto de la separación de poderes según el cual el juez se limita a aplicar mientras que el legislador es el único productor de normas, es fruto de las ideologías jurídicas del inicio del siglo XIX, y poco tiene que ver con la ideología de la separación de los poderes de Montesquieu, que –ésta sí – se encuentra en la base de la idea liberal del Estado “limitado”. La separación de poderes de Montesquieu sólo significa que los poderes no deben estar todos en las manos de un único sujeto. Deben estar divididos. No significa, sin embargo, que un poder deba ser ejercido exclusiva y necesariamente por un solo órgano, y otro poder por otro órgano. La constatación que puede hacerse en el nivel teórico es que el poder normativo -es decir, el poder de producir normas que vinculan a la colectividad-, que es el poder más importante y ‘peligroso’, en los países modernos está dividido o fraccionado. No lo ejerce sólo el legislador, sino que lo ejercen también otros órganos: el tribunal constitucional (si existe), los jueces en alguna medida y, en parte también, el gobierno y la administración pública.…. Se trata entonces de encontrar formas para asegurar la coherencia en el tiempo de las decisiones interpretativas de los jueces, porque sólo así ellas serán de alguna forma previsibles y previsible también resultará, en alguna medida, la decisión final del caso”.
• Encontrar fórmulas para asegurar la coherencia, esa es la tarea pendiente. No se trata de faltar el respeto a la autonomía del juez ni de imponer criterios ajenos. No hay duda de que esos fueros deben ser escrupulosamente preservados, como tampoco debe haber duda en calificar de arbitraria una decisión judicial que se aparte de los precedentes sin siquiera tomarlos en cuenta, amparándose en esa autonomía. El debido proceso reconoce la importancia del juez natural como signo de imparcialidad, el juez especializado es la expresión de esa misma garantía y la doble instancia cierra el círculo. Por ende, ¿la autonomía por sí sola autoriza a un juez de menor grado a pronunciarse en contra de lo que un órgano colegiado de la máxima instancia de justicia constitucional ha decidido en casos similares?
• Si revisamos el listado de precedentes que al año 2010 tiene publicados el Tribunal Constitucional y que aparecen en el anexo adjunto, podemos apreciar que en todos ellos hay una manifiesta defensa de los derechos humanos, especialmente cuando de la libertad se trata. Esos precedentes tienen un contenido moral y legal, razonablemente convincentes. Por ende, ¿qué valor superior impide asumirlos como obligatorios?
• Por todo ello, considero que el artículo VII del Título Preliminar de nuestro Código Procesal Constitucional es un positivo avance en la protección de los derechos humanos. Sin embargo, su actual configuración legal tiene lagunas que la experiencia aconseja llenar. En las siguientes líneas expreso los temas que la legislación debe cuidar de subsanar o precisar para que se eviten excesos en la fijación de los precedentes.
VI. ASPECTOS LEGALES QUE DEBEN SER SUBSANADOS
VI.1. Efecto normativo
El efecto normativo se circunscribe a lo que comúnmente se conoce como la ratio decidendi, toda vez que el obiter dicta tiene una función esencialmente persuasiva. Dado que no es fácil diferenciar una de otra, la ley nacional establece que el propio Tribunal Constitucional deberá precisar en la sentencia el extremo normativo de su decisión. Creo que la ley debiera ser más precisa, pues en la praxis nacional se ha cumplido el encargo de maneras diversas. Alguna vez el Tribunal ha precisado el precedente en la parte resolutiva de la sentencia, pero en la mayoría de casos lo ha hecho vía referencia al considerando numerado que forma parte de la sustentación. Por ello estimamos que:
• Debe exigirse una puntual delimitación del precedente, sin importar necesariamente que se precise solo la ratio decidendi o que sea una mezcla de ésta con el obiter dicta, pues no siempre es fácil ni es aconsejable separarlas.
• Que sea precisamente definida, pues estamos ante una “norma”.
• Que necesariamente forme parte del fallo y no de los considerandos, pues una remisión tan abierta es contraproducente y escapa a un control de calidad y pertinencia. Se ha dado el caso en que algunos de esos considerandos contenían citas doctrinarias, siendo impensable que esa cita tenga el carácter de vinculante.
• Debe exigirse que el precedente esté vinculado necesaria e inexcusablemente al tema de fondo que se resuelve. Hemos tenido la experiencia de un caso de habeas corpus que termina generando precedentes sobre el arbitraje, tema éste de naturaleza mercantil que no tiene relación con la libertad como es fácil de suponer.
VI.2. Creación de precedentes vinculantes
Nuestro Tribunal Constitucional está integrado por siete magistrados que sesionan en dos salas de tres miembros cada una para distribuirse la carga procesal con más eficiencia. Solo sesionan en sala plena cuando la ley, atendiendo a la naturaleza de la materia (por ejemplo, procesos de inconstitucionalidad), así lo exige. A partir de ese sistema, los Magistrados integrantes de cada sala se han considerado legitimados para crear precedentes por la sola decisión del colegiado, cuando lo correcto es que solo las sesiones plenarias tengan esa competencia excepcional. Es por ello que debieran establecerse las siguientes precisiones:
• Que los precedentes vinculantes solo pueden ser creados por decisión adoptada en sesión de Sala Plena.
• Que tanto para crear un precedente como para modificarlo, debe haber una mayoría calificada que así lo decida, la que estimo debiera ser de cinco miembros, tal como así lo exige el artículo 5 de su Ley Orgánica para el caso de la acción de inconstitucionalidad, que a la letra dice:
El quórum del Tribunal Constitucional es de cinco de sus miembros. El Tribunal, en Sala Plena, resuelve y adopta acuerdos por mayoría simple de votos emitidos, salvo para resolver la inadmisibilidad de la demanda de inconstitucionalidad o para dictar sentencia que declare la inconstitucionalidad de una norma con rango de ley, casos, en los que se exigen cinco votos conformes.
La analogía es evidente y por tanto, debe exigirse similar número de votos para generar un precedente o modificarlo.
VI.3. Emisión de votos en discordia y votos singulares para definir una controversia
Un problema aparte y muy delicado lo constituye la emisión de votos en discordia y votos singulares al momento de definir una controversia. Si bien es inevitable que ello ocurra, especialmente cuando la causa tiene connotaciones políticas, debiera establecerse como regla que un precedente no puede ser creado respecto de temas en que dichas discordias se presentan de manera continua, pues será inevitable la debilidad y vulnerabilidad del efecto normativo. Serenar las posturas debiera ser una condición previa.
VI.4. Los jueces pueden apartarse del precedente
Debiera precisarse que el efecto normativo no impide que los jueces de menor jerarquía decidan una causa apartándose del precedente, siempre que:
• Precisen las razones que justifican el tratamiento diferenciado que se propone.
• Que la decisión a adoptar tenga por objeto ampliar la tutela que el precedente tiene establecido.
• Que la sentencia sea elevada en consulta al Tribunal Constitucional para que se pronuncie sobre su respeto a la Convención.
VI.5. Retroactividad del precedente vinculante
Debiera precisarse que los efectos del precedente vinculante no pueden ser retroactivos, pues la Constitución no lo permite respeto de las leyes. A su vez, cuando un precedente es dejado sin efecto o variado en sus alcances, debiera precisarse que el nuevo precedente no puede aplicarse a los procesos que se hayan iniciado en base del precedente que se deja sin efecto o se varía. La seguridad jurídica así lo aconseja.
VII.1. Libros
AYALA CORAO, Carlos. (2006). “Recepción de la Jurisprudencia Internacional sobre Derechos Humanos por la Jurisprudencia Constitucional”. (2006). Derecho
Procesal Constitucional. Tomo II. México, Edit. Porrúa, pp. 1471 y ss.
CAPPELLETTI, Mauro. (1984). Necesidad y Legitimidad de la justicia constitucional. Madrid, CEC, p. 629.
COMANDUCCI, Paolo. (2010). Democracia, Derechos e Interpretación Jurídica. Lima, ARA Editores EIRL., pp. 149 y ss.
DIEZ PICAZO. “Reflexiones sobre el concepto y el valor de la jurisprudencia en el derecho español”. Citado por IGARTÚA SALAVERRIA, (2010). La fuerza vinculante del precedente judicial. Lima, Edit. Grijley, p. 35.
FIX ZAMUDIO, Héctor. (2009). Los Derechos Humanos y su protección internacional. Lima, Editorial Jurídica Grijley EIRL.
GARCÍA BELAÚNDE, Domingo. (2009). El Derecho Procesal Constitucional en Perspectiva. Lima, Edit. Idemsa, p. 242.
GARCÍA RAMÍREZ, Sergio. (2006). “El Futuro del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos”. (2006). Derecho Procesal Constitucional. Tomo II. México, Edit. Porrúa, pp. 1587 y ss.
GOZAINI, Osvaldo. (2009). Proceso y Constitución. Buenos Aires, EDIAR.
GUASTINI, Ricardo. (2010). Interpretación, Estado y Constitución. Lima, ARA Editores EIRL, p. 237.
INDACOECHEA PREVOST, Úrsula. (2010). ¿Por qué es obligatorio el precedente judicial? Lima, Edit. Grijley, p. 166.
LANDA ARROYO, César. (2010). Los precedentes constitucionales. Lima, Edit. Grijley, p. 79.
VII.2. Documentos Legales
Sentencia del Tribunal Constitucional de España, del 23 de febrero de 1989.
LOS PRECEDENTES VINCULANTES DEL TRIBUNAL
1.1. STC. N° 3771-2004-HC, Caso Miguel Cornelio Sánchez Calderón (Plazo
Razonable de la prisión preventiva). Referencia:
Contenido del Precedente
1. Aplicación en el tiempo del Código Procesal Constitucional y de nuevas normas procesales (fundamentos 2, 3 y 4).
2. Reconocimiento del derecho al plazo razonable de detención judicial preventiva (fundamentos 8, 9, 10 y 11).
3. Reglas sobre la detención judicial preventiva (fundamentos 6 y 7).
4. Plazos máximos legales de detención judicial preventiva (fundamentos 15 y 17).
5. Criterios para evaluar un plazo razonable de detención judicial preventiva (fundamentos 18 y 19).
6. Omisión de decretar la libertad de un procesado por vencimiento del plazo legal de detención como afectación del derecho a un proceso sin dilaciones
indebidas (fundamento 26).
1.2. STC. N° 2496-2005-HC, Caso Eva Valencia Gutiérrez (Libertad Personal.
Detención Preventiva. Principio tempos regit actum). Referencia:
1. Improcedencia del hábeas corpus para proteger únicamente el debido proceso (fundamento 3).
2. Procedencia del hábeas corpus contra resoluciones de detención judicial preventiva (fundamento 3).
3. Límites a la libertad individual (fundamento 5).
4. Carácter excepcional de la detención judicial preventiva (fundamentos 7 y 8).
5. Aplicación en el tiempo de las normas procesales penales de acuerdo al principio tempus regit actum (fundamentos 12 y 13).
1.3. STC. N° 1966-2005-HC, Caso César Augusto Lozano Ormeño (Responsabilidad del ente administrador). Referencia:
1. Obligaciones del RENIEC respecto a documentos bajo responsabilidad de oficinas registrales o municipalidades que presentan enmendaduras (fundamentos 14, 15 y 16).
1.4. STC N° 3482-2005-HC, Caso Augusto Brain Delgado (Libertad de tránsito.
Bien Jurídico seguridad ciudadana). Referencia:
1. Límites a la libertad de tránsito (fundamentos 5 al 12).
2. La seguridad ciudadana como justificación de límites a la libertad de tránsito en las vías públicas por parte de particulares (fundamentos 13 a 15).
3. El establecimiento de rejas como límite a la libertad de tránsito en las vías públicas (fundamentos 16 a 20).
1.5. STC. N° 1257-2005-HC, Caso Enrique José Benavides Morales (Plazo del proceso y de detención en relación a la conducta obstruccionista del
procesado). Referencia:
1. Obligar al Estado a un proceso de extradición constituye una conducta obstruccionista que debe ser considerada para evaluar el plazo razonable del proceso y de la detención judicial (fundamento 1).
2.1. STC. N° 3760-2004-AA, Caso Gastón Ortiz Acha (Inhabilitación Política).
1. Plenos efectos de la Resolución Legislativa Nº 18-2000-CR, sobre inhabilitación al ex presidente Alberto Fujimori (fundamento 8).
2. Alcances de la prohibición al ex Presidente de la República, Alberto Fujimori Fujimori, para ocupar algún cargo público (fundamento 22).
3. La inhabilitación temporal hasta diez años para ocupar un puesto público no afecta el contenido constitucionalmente protegido de los derechos políticos (fundamento 21).
2.2. STC. N° 1150-2004-AA, Caso Banco de la Nación (Procesos Constitucionales entre entidades de derecho público. Derecho de defensa).
1. Procedencia del amparo presentado por una entidad estatal contra otra, de acuerdo a la legislación anterior al Código Procesal Constitucional (fundamento 1).
2. Necesidad de emplazar a una entidad en un proceso judicial y de que exista
sentencia firme para obligarla al pago de intereses (fundamento 5).
3. Alcances del derecho de defensa (fundamento 6).
2.3. STC. Nº 2791-2005-AA, Caso Julio Soberón Márquez (Inhabilitación Política. Acceso a los medios de comunicación del Estado. Partidos Políticos).
1. La inhabilitación política no puede extenderse más allá de lo dispuesto por la Constitución (fundamento 4)
2. Acceso gratuito a los medios de comunicación social de propiedad de Estado en forma proporcional al último resultado electoral general (fundamento 5)
3. Fines y objetivos de los partidos políticos (fundamento 6)
4. La inhabilitación política no impide que se pueda ejercer el derecho constitucional a la libertad de expresión (fundamento 7)
2.4. STC. N° 2302-2003-AA, Caso Inversiones Dreams SA. (Agotamiento de
la vía previa en materia tributaria). Referencia:
1. Exigibilidad del agotamiento de la vía previa en los procesos de amparo contra la aplicación de normas reglamentarias (fundamentos 5 y 6).
2. Excepción a la exigibilidad del agotamiento de la vía previa en los procesos de amparo contra la aplicación de normas reglamentarias (fundamento 7).
3. Carácter autoaplicativo del Decreto Supremo Nº 158-99-EF (fundamentos 8 y 9).
4. Excepción del agotamiento de la vía previa en los procesos de amparo relacionados con el Decreto Supremo Nº 158-99-EF (fundamento 9).
2.5. STC. N° 3361-2004-AA, Caso Jaime Amado Álvarez Guillén (Ratificación de magistrados. Tutela procesal efectiva). Referencia:
1. Aplicación del cambio de jurisprudencia sobre evaluación y ratificación de magistrados a los casos futuros -prospective overruling- (fundamentos 7 y 8).
2. Nuevos parámetros para la evaluación y ratificación de magistrados (fundamentos 17 a 20).
3. Derechos-reglas a ser observados en los procesos de ratificación de magistrados (fundamentos 26 a 43).
2.6. STC. N° 3741-2004-AA, Caso Ramón Salazar Yarlenque (Control difuso administrativo. Precedente vinculante y doctrina jurisprudencial). Referencia:
1. Supuestos para la emisión de un precedente vinculante por parte del Tribunal Constitucional (fundamento 41).
2. Criterios para la aplicación del control difuso por parte de los tribunales u órganos colegiados de la administración pública (fundamento 50).
3. Inconstitucionalidad de la exigencia del pago de una tasa como requisito para la impugnación de decisiones administrativas (fundamento 50).
2.7. STC. Nº 6612-2005-AA, Caso Onofre Vilcarima Palomino (Pensión Vitalicia. Pensión de invalidez. Enfermedad profesional). Referencia:
1. Prescripción de la pensión vitalicia (fundamento 19).
2. Ámbito de protección del Decreto Ley Nº 18846 y del Decreto Supremo Nº 002-72-TR (fundamento 20).
3. Entidad competente para la acreditación de la enfermedad profesional (fundamento 21).
4. Percepción simultánea de pensión vitalicia o pensión de invalidez y remuneración: supuestos de compatibilidad e incompatibilidad (fundamento 22).
5. El nexo o relación de causalidad para acreditar una enfermedad profesional (fundamento 23).
6. La pensión mínima del Decreto Legislativo Nº817 y su relación con la pensión vitalicia por enfermedad profesional (fundamento 24).
7. El arbitraje en el Seguro Complementario en el Trabajo de Riesgos (SCTR) y la excepción de convenio arbitral (fundamento 25).
8. Responsabilidad del Estado en el SCTR (fundamento 26).
9. La inversión de la carga de la prueba (fundamento 27).
10. Reglas procesales aplicables a todos los procesos de amparo (fundamento 28).
2.8. STC. Nº 10087-2005-AA, Caso Alipio Landa Herrera (Pensión vitalicia.
Pensión de invalidez. Enfermedad profesional. Decreto Ley N° 18846. Ley
N° 26790). Referencia:
1. Imprescriptibilidad de la pensión vitalicia conforme al Decreto Ley N° 18846 (fundamento 20).
2. Ámbito de protección del Decreto Ley N° 18846 y del Decreto Supremo N° 2-72-TR (fundamento 21).
3. Entidad competente para la acreditación de la enfermedad profesional (fundamento 22).
4. Percepción simultánea de pensión vitalicia y remuneración: supuestos de compatibilidad e incompatibilidad (fundamento 23).
5. Percepción simultánea de pensión de invalidez y remuneración: supuestos de compatibilidad e incompatibilidad (fundamento 23).
6. Incompatibilidad entre pensiones (fundamento 23).
7. Nexo o relación de causalidad para acreditar una enfermedad profesional (fundamento 24).
8. Pensión mínima del Decreto Legislativo N° 817 y su relación con la pensión vitalicia por enfermedad profesional (fundamento 25).
9. Arbitraje en el SCTR y la excepción de convenio arbitral (fundamento 26).
10. Cobertura supletoria de la ONP en los casos de riesgos por invalidez temporal e invalidez parcial permanente - Responsabilidad del Estado en el SCTR (fundamento 27).
11. Inversión de la carga de la prueba en los procesos de amparo cuya pretensión sea el otorgamiento de una pensión de invalidez conforme a la Ley N° 26790 (fundamento 28).
12. Reglas procesales aplicables a todos los procesos de amparo cuya pretensión sea el otorgamiento de una pensión vitalicia conforme al Decreto Ley N° 18846, o de una pensión de invalidez conforme a la Ley N° 26790.
2.9. STC. Nº 4762-2007-AA, Caso Alejandro Tarazona Valverde (Acreditación
de Aportaciones). Referencia:
1. Reglas para acreditar periodo de aportaciones en el proceso de amparo (fundamento 26):
a) El demandante puede adjuntar a su demanda en original, copia legalizada o fedateada, mas no en copia simple, los siguientes documentos: certificado de trabajo, las boletas de pago de remuneraciones, los libros de planillas de remuneraciones, la liquidación de tiempo de servicios o de beneficios sociales, las constancias de aportaciones de Orcinea, del IPSS o de EsSalud, entre otros documentos.
b) El juez, de oficio o a pedido del demandante, podrá solicitar el expediente administrativo a la ONP o copia fedateada de él, bajo responsabilidad.
c) La ONP, cuando conteste la demanda de amparo, tiene la carga procesal de adjuntar como medio probatorio el expediente administrativo de otorgamiento de pensión o copia fedateada de éste. La carga procesal de adjuntar el expediente administrativo de otorgamiento de pensión o copia fedateada de éste, es aplicable a los procesos de amparo en trámite cuando los jueces lo estimen necesario e indispensable para resolver la controversia planteada.
d) En los procesos de amparo que se inicien con posterioridad a la publicación de esta sentencia, la ONP, cuando conteste la demanda, tiene el deber de cumplir con presentar el expediente administrativo de otorgamiento de pensión o copia fedateada de éste. En caso de que no cumpla con su carga procesal de adjuntar como medio probatorio el expediente administrativo, el juez aplicará el principio de prevalencia de la parte quejosa, siempre y cuando los medios probatorios presentados por el demandante resulten suficientes, pertinentes e idóneos para acreditar años de aportaciones, o aplicará supletoriamente el artículo 282 del Código Procesal Civil.
e) Los jueces no solicitarán el expediente administrativo de otorgamiento de pensión o copia fedateada de este, cuando se está ante una demanda manifiestamente fundada, como por ejemplo, cuando la ONP no reconoce periodos de aportaciones bajo el argumento de que han perdido validez, o de que el demandante ha tenido la doble condición de asegurado y empleador, entre otros.
2.10. STC. Nº 05961-2009-AA, Caso Transportes Vicente, Eusebio, Andrea
SAC. (Amparo contra amparo). Referencia:
1. Que el contenido normativo del Decreto Legislativo Nº 843, de los Decretos Supremos N° 045-2000-MTC, N° 053-2000-MTC, N° 017-2005-MTC y N° 042-2006- MTC y de los Decretos de Urgencia N° 079-2000, N° 086-2000, N° 050-2008 y N° 052-2008 es conforme con la Constitución, por cuanto no vulnera en forma directa ni indirecta el contenido constitucional de los derechos al trabajo y a las libertades de trabajo, de empresa, de contratación y de iniciativa privada, por lo que los decretos mencionados no pueden ser inaplicados en ninguna clase de proceso por los jueces del Poder Judicial.
En tal sentido, todos los jueces del Poder Judicial que conozcan de cualquier clase de proceso en el que se cuestione la constitucionalidad del Decreto Legislativo N° 843, o de los Decretos Supremos N° 045-2000-MTC, N° 053-2000-MTC, N° 017-2005-MTC y N° 042-2006-MTC o de los Decretos de Urgencia N° 079-2000, N° 086-2000, N° 050-2008 y N° 052-2008, por imperio del tercer párrafo del artículo VI del Título Preliminar del CPConst. y de la Primera Disposición General de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, tienen el deber de confirmar la constitucionalidad de su contenido normativo.
2. Las resoluciones judiciales que hayan inaplicado el Decreto Legislativo N° 843, o los Decretos Supremos N° 045-2000-MTC, N° 053-2000-MTC, N° 017-2005-MTC y N° 042-2006-MTC o los Decretos de Urgencia N° 079-2000, N° 086-2000, N° 050-2008 y N° 052-2008, son eficaces y ejecutables hasta el 05 de noviembre del 2008. A partir del 06 de noviembre del 2008, todas las resoluciones judiciales que hayan inaplicado el Decreto Legislativo N° 843, o los Decretos Supremos N° 045-2000-MTC, N° 053-2000-MTC, N° 017-2005-MTC y N° 042-2006-MTC o los Decretos de Urgencia N° 079-2000, N° 086-2000, N° 050-2008 y N° 052-2008, son consideradas contrarias a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, al tercer párrafo del artículo VI del Título Preliminar del CPConst. y a la Primera Disposición General de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, por lo que carecen de eficacia.
3. Para que se declare la nulidad de las resoluciones judiciales firmes emitidas a partir del 06 de noviembre del 2008, que hayan inaplicado el Decreto Legislativo N° 843, o los Decretos Supremos N° 045-2000-MTC, N° 053-2000-MTC, N° 017-2005-MTC y N° 042-2006-MTC o los Decretos de Urgencia N° 079-2000, N° 086-2000, N° 050-2008 y N° 052-2008, excepcionalmente, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de su Procurador Público, tiene habilitado el plazo de prescripción previsto en el segundo párrafo del artículo 44 del C. P. Const. Para interponer la respectiva demanda de amparo contra resolución judicial firme.
2.11. STC. Nº 04650-2007-AA, Caso Cooperativa de Ahorro y Crédito de Sub-
Oficiales de la Policía Nacional del Perú “Santa Rosa de Lima LTDA.” (autos
usados). Referencia:
1. En este sentido y conforme a los apremios previstos en el Código Procesal Constitucional, el juez que recibe el segundo amparo deberá verificar, antes de admitir a trámite la demanda, si el empleador ha dado cumplimiento a la sentencia que ordena la reposición, de modo que el segundo proceso no pueda significar en ningún caso una prolongación de la afectación de los derechos del trabajador. Si el juez constatara que al momento de presentarse la demanda en un segundo proceso de amparo, el empleador no ha cumplido con lo ordenado en el primer amparo, la demanda será declarada liminarmente improcedente, dictándose de inmediato los apremios de los artículos 22 y 59 del Código Procesal Constitucional.
2.12. STC. N° 1417-2005-PA, Caso Manuel Anicama Hernández (Amparo Provisional. Contenido esencial del derecho a la pensión). Referencia:
1. Procedencia del amparo en materia pensionaria. Contenido constitucionalmente protegido del derecho a la pensión (fundamentos 37.a, 37.b, 37.c, 37.d y 37.e).
2. Improcedencia del amparo en materia pensionaria. Contenido no constitucionalmente protegido del derecho a la pensión (fundamentos 37.c, 37.f y 37.g).
3. Reglas procesales aplicables a los procesos de amparo en trámite relacionados
con pensiones y que no cumplen con los requisitos de procedibilidad (fundamentos 54 a 58).
2.13 STC. Nº 349-2004-PA, Caso María Contrina Aguilar (Libertad de Tránsito.
1. Alcances genéricos de la libertad de tránsito o derecho de locomoción (fundamento 5).
2. Límites o restricciones de la libertad de tránsito o derecho de locomoción (fundamentos 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12).
3. El bien jurídico, seguridad ciudadana y sus alcances (fundamentos 13, 14 y 15).
4. Las vías de tránsito público y el establecimiento de rejas como medida de seguridad vecinal (fundamentos 16, 17, 18, 19 y 20).
2.14. STC. N° 5854-2005-PA, Caso Pedro Lizana Puelles (Amparo Electoral).
1. Interpretación del artículo 142 y 181 de la Constitución, sobre revisión judicial de las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones (fundamento 35).
2. Procedencia de la demanda de amparo contra el Jurado Nacional de Elecciones por afectación de derechos fundamentales (fundamento 35).
2.15. STC. N° 2802-2005-PA, Caso Julia Benavides García (Libertad de
empresa. Amparo en materia municipal). Referencia:
1. Improcedencia de las demandas de amparo respecto a locales comerciales que no cuentan con autorización municipal (fundamentos 4, 5, 8 y 9).
2. Improcedencia de las demandas de amparo respecto a la obtención y denegatoria de autorizaciones municipales para el funcionamiento de locales comerciales (fundamentos 6 y 17).
3. Procedencia de la demanda de amparo para proteger la libertad de empresa y del trabajo en casos relacionados con la autorización para el funcionamiento de establecimientos comerciales (fundamento 6).
4. Reglas procesales aplicables a los procesos de amparo en trámite relacionados con licencias de funcionamiento y que no cumplen con los requisitos de procedibilidad (fundamentos 17 y 18, que se remiten a los fundamentos 53 a 58 de la sentencia N° 1417-2005-PA –caso Anicama-).
2.16. STC. N° 0206-2005-PA, Caso César Baylón Flores (Procedencia de
amparo electoral). Referencia:
1. Procedencia del amparo en controversias relacionadas con trabajadores del régimen laboral privado (fundamentos 7 a 16).
2. Improcedencia del amparo en controversias relacionadas con trabajadores del régimen laboral privado (fundamentos 17 a 20).
3. Improcedencia del amparo en controversias relacionadas con trabajadores del régimen laboral público (fundamentos 21 a 25).
4. Procedencia del amparo en controversias relacionadas con trabajadores del régimen laboral público (fundamentos 24).
5. Reglas procesales aplicables a los procesos de amparo en trámite en materia laboral que no cumplen con los requisitos de procedibilidad (fundamentos 35 a 38).
2.17. STC. N° 4677-2004-PA, Caso Confederación General de Trabajadores del Perú – CGTP (Derecho de reunión). Referencia:
1. Eficacia inmediata del derecho de reunión (fundamento 15 literal e).
2. Reglas para prohibir o restringir el derecho de reunión (fundamento 18).
2.18. STC. N° 4227-2005-PA, Caso Royal Gaming SAC. (Impuesto casinos y
tragamonedas). Referencia:
1. Se confirma la constitucionalidad de normas y resoluciones relacionadas con el impuesto a los casinos y máquinas tragamonedas (artículo 17 y Tercera y Décima Disposiciones Transitorias de la Ley Nº 27796; Tercera Disposición Complementaria y Final del Decreto Supremo Nº 009-2002/MINCETUR; Primera, Segunda y Tercera Disposiciones Finales de la Resolución de Superintendencia Nº 014-2003/SUNAT, y Resolución de Superintendencia Nº 052-2003/SUNAT).
2.19. STC. N° 4635-2004-PA, Caso Sindicato de Trabajadores de Toquepala
(Jornada trabajadores mineros. Jornadas atípicas). Referencia:
1. Jornada de trabajo de los trabajadores mineros (fundamentos 28 y 29).
2. Inconstitucionalidad del sistema de turnos de trabajo implementado por la empresa minera demandada (fundamento 35).
3. Los convenios colectivos y los contratos individuales de trabajo no pueden desconocer los estándares mínimos en materia de derechos laborales (fundamento 39).
4. Disposiciones contrarias al parámetro constitucional de la duración de la jornada de trabajo (fundamento 41).
2.20. STC. N° 2877-2005-PA, Caso Luis Lagomarcino Ramírez (Recurso de Agravio Constitucional) (Ley N° 23098. Pensión mínima o inicial). Referencia:
1. Procedencia del recurso de agravio constitucional (RAC) frente a situaciones en las que se ha producido sustracción de la materia o resulte imposible la protección de derechos fundamentales ante el acto lesivo alegado (fundamento 15.a).
2. Procedencia del RAC frente a sentencia estimatoria de segundo grado que presenta una incongruencia entre lo resuelto y lo ordenado a favor del derecho afectado (fundamento 15.b).
3. Procedencia del RAC para evaluar excepciones presentadas en las demandas de amparo, hábeas data y cumplimiento (fundamento 15.c).
4. Improcedencia del RAC para solicitar la protección constitucional de intereses y reintegros relacionados con una pensión (fundamento 15.d).
5. Improcedencia del RAC presentado por un abogado sin representación para actuar a nombre de los demandantes (fundamento 15.e).
6. Requisitos adicionales a evaluar para la procedencia del RAC (fundamentos 28 y 31).
7. Estructura interna del Tribunal Constitucional para la evaluación de los RAC (fundamento 25).
8. Autonomía procesal del Tribunal Constitucional (fundamento 22).
9. Experiencias comparadas respecto a recursos de control constitucional
(fundamento 24).
2.21. STC. N° 5189-2005-PA, Caso Jacinto Gabriel Angulo (Ley N° 23098.
Pensión mínima o inicial). Referencia:
1. Interpretación del Tribunal Constitucional sobre la aplicación de la Ley Nº 23908 (fundamento 5).
2. Pensión mínima según la Ley Nº 23908 (fundamentos 8 al 19).
3. Prohibición de reajuste trimestral automático de acuerdo con la Ley Nº 23908
(fundamentos 20 y 21).
2.22. STC. N° 3075-2006-PA, Caso Escuela Internacional de Gerencia High
School of Management – Eiger (Medidas preventivas o cautelares en sede
administrativa). Referencia:
1. Criterios a observar en materia de medidas cautelares en procedimientos administrativos sobre derechos de autor (fundamento 5, inciso a).
2. Prohibición de diligencia de variación de inspección (fundamento 5, inciso b).
3. Necesidad de sustentar adecuadamente la denegatoria de un pedido de informe oral (fundamento 5, incisos g y h).
2.23. STC. N° 3362-2004-PA, Caso Prudencio Estrada Salvador (Derecho de
rectificación). Referencia:
1. Tipos de medio respecto a los cuales se puede solicitar la rectificación (fundamento 10).
2. Presupuestos en los que cabe ejercer el derecho de rectificación (fundamento 14).
3. Gratuidad, inmediatez y proporcionalidad de la rectificación (fundamento 20).
4. Titularidad del derecho y sujeto obligado a rectificar (fundamento 20).
5. Trámite de la rectificación (fundamento 20).
6. Forma en que debe ser efectuada la rectificación (fundamentos 24 y 27).
2.24. STC. N° 1333-2006-PA, Caso Jacobo Romero Quispe (Ratificación de
magistrados – reingreso a la carrera judicial). Referencia:
Un juez o fiscal que no ha sido ratificado por el Consejo Nacional de la Magistratura no puede ser impedido de postular nuevamente al Poder Judicial o al Ministerio Público.
2.25. STC. N° 9381-2006-PA, Caso Félix Vasi Zevallos (ONP – Bono de
reconocimiento). Referencia:
2.26. STC. N° 7281-2006-PA, Caso Santiago Terrones Cubas (Desafiliación de
las AFPs). Referencia:
1. Falta o insuficiencia de información como causal de desafiliación de una AFP (fundamento 27).
2. Procedimiento a seguir para la desafiliación en el supuesto de falta o insuficiencia de información (fundamento 37).
2.27. STC. N° 4853-2004-PA, Caso Dirección General de Pesquería de La
Libertad (Amparo contra amparo. Recurso de Agravio Constitucional).
1. Procedencia del amparo contra amparo (fundamento 39).
2. Improcedencia del amparo contra amparo (fundamento 39).
3. Pretensión del amparo contra amparo (fundamento 39).
4. Sujetos legitimados para presentar una demanda de amparo contra una resolución estimatoria ilegítima de segundo grado (fundamento 39).
5. Sujetos legitimados para presentar una demanda de amparo contra una resolución denegatoria de segundo grado (fundamento 39).
6. Número de veces que procede un amparo contra amparo (fundamento 39).
7. Órgano jurisdiccional competente para conocer un amparo contra amparo (fundamento 39).
8. Procedencia del recurso de agravio constitucional a favor del precedente (fundamento 40).
2.28. STC. N° 0061-2008-PA, Caso Rímac Internacional (Arbitraje voluntario
y obligatorio del Decreto Supremo N° 003-98-SA. Seguro Complementario
de Trabajo de Riesgo). Referencia:
1. Improcedencia de la excepción de arbitraje o convenio arbitral en un proceso sobre la pensión de invalidez prevista en la Ley N° 26790 y el Decreto Supremo N° 3-98-SA –SCTR – (fundamento 12).
2. Requisitos para que el arbitraje voluntario previsto en el artículo 25 del Decreto Supremo Nº 3-98-SA sea constitucional (fundamento 15).
3. Fecha de inicio de la contingencia en el caso de la pensión vitalicia prevista en el Decreto Ley N° 18846 o la pensión de invalidez prevista en la Ley N° 26790 (fundamento 18).
2.29. STC. Nº 5430-2006-PA, Caso Alfredo de la Cruz Curasma (Pago de
devengados e intereses). Referencia:
1. Procedencia de la Demanda de Amparo Respecto a pensiones devengadas, reintegros e intereses.
2. Reglas de procedencia para demandar el pago de pensiones devengadas, reintegros e intereses.
3. Reconocimiento de la pensión de jubilación o cesantía.
4. Reconocimiento de la pensión de sobrevivientes.
5. Afectación al mínimo legal o necesidad de tutela urgente.
6. Afectación del derecho de igualdad.
7. Procedencia del recurso de agravio constitucional para el reconocimiento de devengados e intereses.
8. Improcedencia del recurso de agravio constitucional para el reconocimiento de devengados e intereses.
9. Reglas procesales aplicables a todos los procesos de amparo.
2.30. STC. Nº 2513-2007-PA, Caso Ernesto Casimiro Hernández Hernández.
1. Unifica las reglas contenidas en los precedentes vinculantes establecidos en las sentencias emitidas en los Expedientes N° 10063-2006-PA, N° 6612-2005-PA, N° 10087-2005-PA y N° 00061-2008-PA.
2. No se exigirá condición previa al otorgamiento de la pensión de invalidez del SCTR la percepción del subsidio de incapacidad temporal otorgado por EsSalud (fundamento 21).
3. Procedencia del reajuste del monto de la pensión vitalicia del Decreto Ley Nº 18846 y procedencia del reajuste del monto de la pensión de invalidez de la Ley Nº 26790 (fundamento 2). Finalmente, debe establecerse como última regla procesal en qué casos resulta válido imponer sanciones a las partes. En este sentido, la cuarta regla procesal que ha de establecerse como nuevo precedente vinculante es que a la ONP y a las compañías de seguros que no apliquen los precedentes vinculantes se les impondrá las medidas coercitivas previstas en el artículo 22 del C. P. Const. Asimismo, a los demandantes que interpongan demandas de amparo manifiestamente infundadas por ser contrarias a los precedentes vinculantes referidos, se les impondrá el pago de los costos y costas del proceso por su actuación temeraria. Por otro lado, a los abogados se les impondrá el pago de una multa, cuando en autos quede demostrado que tenían conocimiento de que patrocinan procesos cuyas pretensiones son contrarias a los precedentes vinculantes (fundamento 9).
4. Improcedencia del amparo cuando el demandante no presenta dentro del plazo de 60 días hábiles de solicitado el dictamen o certificado médico emitido por una Comisión Médica Evaluadora o Calificadora de Incapacidades (fundamento 46).
5. Los jueces que califican demandas de amparo interpuestas a partir del 19 de enero del 2008 y cuya pretensión sea el otorgamiento de una pensión vitalicia conforme al Decreto Ley Nº 18846 o de una pensión de invalidez conforme a la Ley Nº 26790 y al Decreto Supremo Nº 003-98-SA, las declararán improcedentes si advierten que el demandante no ha adjuntado a su demanda el dictamen o certificado médico emitido por las Comisiones Médicas Evaluadoras o Calificadoras de Incapacidades de EsSalud, o del Ministerio de Salud o de las EPS (fundamento 48).
6. Imposición de las medidas coercitivas contenidas en el artículo 22 del C. P. Const. para la ONP y compañías de seguros que no apliquen los precedentes vinculantes. Asimismo, se impondrá pago de costas y costos a los demandantes que interpongan demandas de amparo manifiestamente infundadas por ser contrarias a los precedentes vinculantes referidos en la sentencia. Y a los abogados se les impondrá el pago de una multa, cuando en autos quede demostrado que tenían conocimiento de que patrocinan procesos cuyas pretensiones son contrarias a los precedentes vinculantes (fundamento 49).
3. Acción de Cumplimiento
3.1. STC. N° 0168-2005-PC, Caso Maximiliano Villanueva Valverde
(Procedencia del proceso de cumplimiento). Referencia:
1. Requisitos que debe reunir un mandato contenido en una norma legal o en un acto administrativo para que proceda una demanda de cumplimiento (fundamentos 14 y 16).
2. Reglas procesales aplicables a los procesos de cumplimiento en trámite que no cumplen con los requisitos de procedibilidad (fundamentos 26 a 28).
3. El fundamento 15 es principalmente una sustentación adicional del 14.
3.2 STC N° 2616-2004-AC Caso Amado Santillán Tuesta (Decreto Supremo
Nº 019-94-PCM y Decreto de Urgencia Nº 037-94). Referencia:
1. Funcionarios a los que corresponde la bonificación especial del Decreto de Urgencia Nº 37-94 (fundamento 10).
2. Funcionarios a los que no corresponde la bonificación especial del Decreto de Urgencia Nº 37-94 (fundamento 11).
4. Acción de Inconstitucionalidad
4.1. STC. Nº 0030-2005-AI, Caso ley de la Barrera Electoral (límites a las
sentencias manipulativas). Referencia:
1. Límites de las sentencias interpretativas (fundamento 60 y 61):
a) No vulnerar el principio de separación de poderes.
b) Que no exista más de una manera de cubrir el vacío normativo.
c) Cuando sean imprescindibles a fin de evitar la inconstitucionalidad.
d) Razones y fundamentos normativos debidamente argumentados.
e) Mayoría calificada de los miembros del Tribunal Constitucional.
[1] GOZAINI, Osvaldo. (2009). Proceso y Constitución. Buenos Aires, EDIAR.
[2] GUASTINI, Ricardo. (2010). Interpretación, Estado y Constitución. Lima, ARA Editores EIRL, p. 237.
[3] Sentencia del Tribunal Constitucional de España del 23 de febrero de 1989.
[4] FIX ZAMUDIO, Héctor. (2009). Los Derechos Humanos y su protección internacional. Lima, Editorial
Jurídica Grijley EIRL., p. 318.
[5] GARCÍA RAMÍREZ, Sergio. (2006). “El Futuro del Sistema Interamericano de Protección de los
Derechos Humanos”. (2006). Derecho Procesal Constitucional. Tomo II. México, Edit. Porrua, pp. 1587 y ss.
[6] AYALA CORAO, Carlos. (2006). “Recepción de la Jurisprudencia Internacional sobre Derechos
Humanos por la Jurisprudencia Constitucional”. (2006). Derecho Procesal Constitucional. Tomo II. México,
Edit. Porrúa, pp. 1471 y ss.
[7] GOZAINI, Osvaldo. (2009). Op.Cit., p. 674.
[8] GARCÍA BELAÚNDE, Domingo. (2009). El Derecho Procesal Constitucional en Perspectiva. Lima, Edit.
Idemsa, p. 242.
[9] Íbidem, p. 311.
[10] Se anexa a la presente ponencia una relación resumida de dichos precedentes.
[11] DIEZ PICAZO. “Reflexiones sobre el concepto y el valor de la jurisprudencia en el derecho español”. Citado por IGARTÚA SALAVERRIA, (2010). La fuerza vinculante del precedente judicial. Lima,
Edit. Grijley, p. 35.
[12] CAPPELLETTI, Mauro. (1984). Necesidad y Legitimidad de la justicia constitucional. Madrid, CEC, p. 629.
[13] LANDA ARROYO, César. (2010). Los precedentes constitucionales. Lima, Edit. Grijley, p. 79.
[14] INDACOECHEA PREVOST, Úrsula. (2010). ¿Por qué es obligatorio el precedente judicial? Lima, Edit.
Grijley, p. 166.
[15] COMANDUCCI, Paolo. (2010). Democracia, Derechos e Interpretación Jurídica. Lima, ARA Editores EIRL.,
pp. 149 y ss.