Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2002-00743-de-octubre-9-de-2014?documento=jurcol&contexto=jurcol_0722717a4ce70124e0530a0101510124&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-02-23 01:14:56
Document Index: 201322905

Matched Legal Cases: ['artículo 150', 'artículo 23', 'artículo 41', 'artículo 42', 'artículo 207', 'artículo 23', 'artículo 42', 'artículo 140', 'artículo 27', 'artículo 47', 'Artículo 23', 'artículo 47', 'artículo 42', 'artículo 42', 'artículo 42', 'artículo 42', 'artículo 23', 'artículo 1', 'artículo 42', 'artículo 42', 'artículo 23', 'Artículo 29', 'Artículo 87', 'Artículo 150', 'Artículo 47', 'artículo 42', 'artículo 212', 'artículo 207', 'artículo 338', 'Artículo 2', 'Artículo 66', 'Artículo 71']

﻿ SENTENCIA 2002-00743 DE OCTUBRE 9 DE 2014
SENTENCIA 2002-00743 DE 09 DE OCTUBRE DE 2014
CONTENIDO:CONVERSIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE CRÉDITO. CUANDO SE AUTORIZA LA CONVERSIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE CRÉDITO, LA CONVERSIÓN NO PRODUCE SOLUCIÓN DE CONTINUIDAD, PERO LAS ENTIDADES QUEDAN FACULTADAS EXCLUSIVAMENTE PARA ADELANTAR LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA CLASE DE INSTITUCIÓN FINANCIERA RESULTANTE DE LA OPERACIÓN, AL PUNTO QUE SE DEBE PROGRAMAR LA ADECUACIÓN DE LAS OPERACIONES AL RÉGIMEN PROPIO DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE, ADECUACIÓN QUE NO PUEDE DURAR MÁS DE DOS AÑOS.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, SUPERINTENDENCIA FINANCIERA, ESTABLECIMIENTO DE CRÉDITO, UPAC, CRÉDITO DE VIVIENDA EN UPAC, IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, LIQUIDACIÓN DE LA UPAC
Sentencia 2002-00743 de octubre 9 de 2014
Rad.: 05001-23-31-000-2002-00743-01(18913)
Actor: Banco Davivienda
Bogotá D.C., nueve de octubre de dos mil catorce.
Extractos «3. Consideraciones de la Sala.
2.6. Asunto Preliminar.
La señora Magistrada Martha Teresa Briceño de Valencia manifestó impedimento para conocer del presente asunto por el hecho de haber sido apoderada del Banco Davivienda y, en esa calidad, haber presentado la demanda(8).
La Sala considera fundado el impedimento de acuerdo con la causal prevista en el numeral primero del artículo 150 del Código de Procedimiento Civil.(9), y así lo declarará en la parte resolutiva de la sentencia.
3.2. Asunto de fondo.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la apoderada del Banco Davivienda contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia, del 6 de mayo de 2011, que declaró la nulidad parcial de los actos proferidos por el municipio de Medellín, que liquidaron oficialmente el impuesto de industria, comercio, avisos y tableros a cargo del Banco, correspondiente al año gravable 1999, pagado en el año 2000.
En los términos del recurso interpuesto, la Sala decidirá si los actos acusados violaron los artículos 42 de la Ley 14 de 1983 y 23 del Acuerdo Municipal 50 de 1997.
3.2.1. Hechos probados.
La Sala considera pertinente hacer las siguientes precisiones respecto de la actuación administrativa, del contenido de los actos demandados y de los hechos objeto de la litis, a efectos de justificar el problema jurídico que se propondrá más adelante:
—El día 25 de abril del 2000, la sociedad Banco Davivienda S.A. presentó la declaración del impuesto de industria y comercio del año base 1999-período gravable 2000, en la que liquidó un impuesto a pagar de $145.889.000(10), que resultan de la siguiente operación:
20. Descripción de Actividades industriales, comerciales, de servicios y Financieras 21. Ingresos totales gravables por cada actividad 22. Cod. Actividad 23. Tarifa 24. Impuesto Anual Industria y Comercio por cada Actividad
Ahorro y Crédito 23.417.485.021 402 5/1000 $117.087.000
25. Impuesto Anual de Industria y comercio … $117.087.000
26. Solo para sector financiero: Impuesto anual por oficinas $9.773.000
27. Mas impuesto anual de avisos y tableros $19.029.000
28. Total impuesto anual de Industria y comercio avisos y tableros $145.889.000
—El día 7 de febrero de 2001, la División de Rentas Municipales de la Secretaría de Hacienda Municipal de Medellín formuló el Requerimiento Especial 937, en el que propuso modificar la declaración privada del impuesto de industria y comercio que presentó la parte actora por el año 1999. Las modificaciones propuestas consistieron en adicionar ingresos gravables de $25.845.984.219, por corrección monetaria, y de $5.409.762.392 y $2.402.032.813, por intereses e ingresos generados por tarjetas de crédito, respectivamente(11).
Con fundamento en las anteriores glosas, el requerimiento propuso la modificación del denuncio privado en el siguiente sentido:
Año Base 1999
Período Gravable y de Pago 2000
Base Gravable Anual $25.845.984.219
Código de Actividad 401
Tarifa 3 Por Mil
Impuesto anual de Ind. y Cio. $77.537.953
Base Gravable Anual $31.229.280.226
Código de Actividad 402
Tarifa 5 Por Mil
Impuesto anual de Ind. y Cio. $156.146.401
Impuesto Anual por Oficinas $9.397.500
Avisos y Tablero Anual $36.462.278
Total Impuesto Anual $279.544.132
Sanción por Inexactitud $93.473.742
—Una vez respondido el requerimiento especial por parte de la sociedad demandante, la División de Rentas Municipales de la Secretaría de Hacienda del Municipio de Medellín formuló la Liquidación Oficial de Revisión 1836 del 9 de mayo de 2001. En esta liquidación, el municipio reconoció la deducción por concepto de ingresos por intereses en cuantía de $5.409.762.392 y confirmó las glosas referidas a la adición de ingresos por concepto de los intereses generados por tarjetas de crédito $2.402.032.813 y por corrección monetaria de $25.845.984.219. La liquidación quedó así(12):
Base Gravable Anual $23.417.485.021(13)
Impuesto anual de Ind. Y Cio. $117.087.425
Sanción por Inexactitud $31.015.181
—El 8 de junio de 2001, la parte actora corrigió la declaración del impuesto de industria y comercio del año 1999, en el siguiente sentido:
Ahorro y Crédito 23.697.183.415 402 5/1000 $118.486.000
25. Impuesto Anual de Industria y comercio … $118.486.000
27. Mas impuesto anual de avisos y tableros $19.239.000
28. Total impuesto anual de Industria y comercio avisos y tableros $147.498.000
29. Retenciones -
30. Total impuesto anual de industria y comercio avisos y tableros $147.498.000
31. Total saldo a favor -
32. Sanción por corrección 698.000
—Contra la liquidación de revisión la demandante interpuso recurso de reconsideración, que fue resuelto por medio de la Resolución SH17-162 del 11 de octubre de 2001(14). Dado que la parte actora admitió que percibió ingresos por operaciones con tarjetas crédito, gravables con el impuesto de industria y comercio en cuantía de $279.698.394 y adjuntó la declaración de corrección en la que hizo el ajuste y se liquidó la sanción por corrección, el municipio disminuyó la base gravable en ese monto. La liquidación quedó así:
Base Gravable Anual $29.106.954.807
Impuesto anual de Ind. y Cio. $145.534.729
Avisos y Tablero Anual $34.870.527
Total Impuesto Anual $267.340.709
Sanción por Inexactitud $331.015.181
—En la demanda, la parte actora propuso como causal de nulidad contra la Resolución SH 17-162 del 11 de octubre de 2001, la violación del artículo 23 del D.E. 2821 de 1974, por haber aumentado la suma determinada como base gravable pues en la liquidación oficial se había dispuesto que era de $23.417.485.021, y en la resolución que resolvió el recurso de reconsideración la fijó en $29.106.945.807. Que lo mismo ocurrió con la sanción por inexactitud pues primero se tasó en $31.015.181 y que luego se fijó en $331.015.181.
En efecto, en la Resolución SH17-162 de 2000, que resolvió el recurso de reconsideración contra la liquidación oficial de revisión, el Municipio de Medellín volvió a incluir en la base gravable la deducción de intereses de $5.409.762.392, que ya había aceptado a favor del demandante en la liquidación oficial. Adicionalmente, y lo que parece ser un error de transcripción, fijó una sanción por inexactitud de $331.015.181.
—Ahora bien, mediante memorial presentado el 11 de abril del año 2003, la parte actora desistió de la pretensión de corrección del acto demandado por cuanto precisó que el mismo municipio de Medellín corrigió los errores advertidos pues expidió la Resolución SH-17-011(15) para enmendarlos. Esa resolución, según da cuenta la parte actora, fue notificada el 26 de febrero del año 2002, esto es, antes de haberse admitido la demanda(16), razón por la que, mediante auto del 16 de mayo de 2003, el a quo decidió admitir la corrección de la demanda. En consecuencia, la Sala tendrá en cuenta este hecho al momento de decidir la demanda.
3.2.2. Problema Jurídico.
Con fundamento en lo precisado anteriormente, la Sala precisa que el problema jurídico se ciñe a decidir si están gravados con el impuesto de industria y comercio, a la tarifa diferencial dispuesta para los corporaciones de ahorro y vivienda, los ingresos que percibió el Banco demandante por concepto de corrección monetaria por los créditos que otorgó en UPAC cuando operó como corporación de ahorro y vivienda.
3.2.3. Análisis y decisión de la Sala.
La Sala considera que no están gravados tales ingresos por las siguientes razones:
El artículo 41 de la Ley 14 de 1983 dispone que los bancos y las corporaciones de ahorro y vivienda, entre otros, son sujetos pasivos del impuesto de industria y comercio.
El artículo 42 de la misma ley, reproducido en el artículo 207 del Decreto Ley 1333 de 1986, faculta a los concejos municipales para establecer la base gravable del impuesto para el sector financiero, de la siguiente manera:
a) Para los bancos, estará constituida por los ingresos operacionales representados en los siguientes conceptos:
• Cambios posición y certificado de cambio
• Comisiones de operación en moneda nacional de operaciones extranjeras
• Intereses de operaciones con entidades públicas, de operaciones en moneda nacional, de operaciones en moneda extranjera
• Rendimiento de inversiones de la sección de ahorros
• Ingresos en operaciones con tarjetas de crédito
b) Para las corporaciones de ahorro y vivienda, los ingresos operacionales anuales representados en los siguientes rubros:
• Corrección monetaria, menos la parte exenta
El municipio de Medellín, mediante el Acuerdo Municipal 50 de 1997 expidió el Estatuto que regula el Impuesto de Industria y Comercio y el de Avisos y Tableros.
El artículo 23 del Acuerdo 50 reprodujo en idénticos términos el artículo 42 de la Ley 14 de 1983. Por lo tanto, en ese municipio se acogió la base gravable diferencial prevista para los bancos y para las corporaciones de ahorro y vivienda.
Consecuente con lo anterior, el artículo 140 del Acuerdo 50 de 1997 estableció dos códigos y dos tarifas para diferenciar el tratamiento tributario, así:
401 Corporaciones de Ahorro y Vivienda 3,0 por mil
402 Demás actividades financieras reguladas por la Superintendencia Bancaria 5,0 por mil
El artículo 27 del Acuerdo 50 de 1997, además, reprodujo la obligación impuesta a la Superintendencia Bancaria en el artículo 47 de la Ley 14 de 1983(17), en los siguientes términos:
“ART. 27º.—Suministro de Información de Parte de la Superintendencia Bancaria.
La Superintendencia Bancaria suministrará al Municipio de Medellín, dentro de los cuatro (4) primeros meses de cada año, el monto de la base gravable descrita en el Artículo 23 del presente estatuto, para los efectos de su recaudo, según lo establecido en el artículo 47 de la Ley 14 de 1983.”
En el folio 2 del cuaderno principal del expediente reposa la información a que alude la norma citada y, concretamente, reporta para el Municipio de Medellín una base gravable de $23.417.485.020, que fue los que declaró la parte actora en su denuncio privado.
El municipio de Medellín no tuvo en cuenta la información que suministró la Superintendencia Bancaria pues, a su juicio, sólo el municipio está facultado para fijar la base gravable. La Superintendencia carece de competencia.
La parte actora considera que la certificación que expide la Superintendencia Bancaria es un documento público que sirve de medio de prueba y, como tal, goza de presunción de autenticidad en tanto no se tache de falsedad. Que ignorar este hecho implica vulnerar los artículos 177, 251, 252, 262 y 264 del Código de Procedimiento Civil.
La Sala precisa que la Ley 14 de 1983 exige a la entonces Superintendencia Bancaria, hoy, entiéndase Superintendencia Financiera, a que informe a los municipios el monto de la base a que alude el artículo 42 de la citada Ley. Facultad que, como se vio, fue reproducida por el mismo municipio.
Esta obligación no puede entenderse en el sentido de que es la Superintendencia la que fija la base gravable del impuesto pues, efectivamente, esa facultad está reservada a la autoridad tributaria, en este caso, a la entidad territorial(18). Pero es evidente que la información que suministra la Superintendencia sí constituye una certificación que da fe, como documento público, de su otorgamiento y de las declaraciones que hace el funcionario que las reporta.
En el caso concreto, el municipio cuestionó el contenido de la certificación porque, conforme con la investigación adelantada, concluyó que la Superintendencia Bancaria no incluyó los siguientes ingresos percibidos por el banco. Que, a su juicio, eran gravables: (i) los ingresos por intereses, que finalmente el municipio aceptó no adicionarlos a la base gravable, (ii) los ingresos por operaciones con tarjeta crédito, que las partes aceptaron como gravables pero en una cuantía menor a la inicialmente glosada por el municipio demandado y (iii) los ingresos por corrección monetaria, que definitivamente se incluyeron en la base gravable.
De manera que, independientemente de que la Superintendencia tenga la obligación de reportar el monto de la base a que alude el artículo 42 de la Ley 14 de 1983, y que la certificación que emite deba ser tratada como un documento público cuya autenticidad se presume, la entidad territorial está facultada para verificar que la información suministrada se ajuste a la realidad, sin que sea indispensable que el municipio tache de falsa la certificación pues, precisamente, las pruebas que se recauden en la investigación que adelante el municipio son las que determinarán si se debe incrementar la base gravable del impuesto.
En consecuencia, el municipio demandado no vulneró los artículos 177, 251, 252, 262 y 264 del C.P.C. por falta de aplicación.
Ahora bien, la parte actora también sustentó la causal de nulidad por violación del artículo 42 de la Ley 14 de 1983 y 23 del Acuerdo 50 de 1997, por el hecho de que el municipio demandado le dio al banco demandante el tratamiento de corporación de ahorro y vivienda.
El municipio controvirtió el argumento, y dijo que, independientemente de que el Banco demandante hubiera cambiado la naturaleza jurídica de corporación de ahorro y vivienda a Banco, debía seguir tributando como corporación de ahorro y vivienda, a las tarifas previstas para estas instituciones, sobre los rubros enlistados en el artículo 42 de la Ley 14 de 1983, reproducido, se reitera, por el artículo 23 del Acuerdo 50 de 1997. Uno de esos rubros es la corrección monetaria derivada de los créditos en UPAC otorgados por esas corporaciones, pues, según dijo, conforme con el “Decreto 662 de 1993” sólo ese tipo de corporaciones podían otorgar esos créditos y percibir esos ingresos. Y, porque, además, la normativa tributaria territorial no tiene previsto ningún beneficio de exención de ese componente.
En la sentencia apelada se le dio la razón al municipio pero porque se consideró que la conversión de naturaleza jurídica de corporación de ahorro y vivienda a Banco no eximía al Banco de pagar el impuesto sobre la corrección monetaria puesto que de conformidad con el estatuto orgánico del sistema financiero, en virtud de la conversión de naturaleza jurídica el Banco asumió los créditos de la corporación de ahorro sin solución de continuidad.
La Sala precisa que la controversia no está referida a si la normativa tributaria contempló el beneficio de exención del impuesto de industria y comercio sobre cierta parte de los ingresos que percibió el Banco por concepto de corrección monetaria, razón por la cual, los argumentos que expuso el municipio en este sentido no serán objeto de análisis.
La controversia, se insiste, alude exclusivamente a si son gravables tales ingresos por el solo hecho de que fueron percibidos por el Banco en su condición de corporación de ahorro y vivienda, aun cuando para el año 1999 ya no tenía esa naturaleza jurídica. Por lo tanto, el análisis se orientará a ese aspecto.
Pues bien, la Sala indagó por el “Decreto 662 de 1993” y consultado el diario oficial, verificó que existen varios Decretos a los que se les asignó el número 662 pero ninguno corresponde al año 1993 ni aluden al tema objeto de análisis en este proceso.
Sin embargo, indagó sobre lo correspondiente a los créditos UPAC y constató que fue mediante el artículo 1º del Decreto 678 de 1972 que se autorizó la constitución de corporaciones de ahorro y vivienda para la promoción del ahorro privado y su canalización hacia la industria de la construcción. Entre las actividades autorizadas por el legislador a estas corporaciones, está la de otorgar préstamos a largo y corto plazo para la ejecución de proyectos de construcción o adquisición de edificaciones y de proyectos de renovación urbana, así como para la renovación o subdivisión de unidades de vivienda ya existentes, cuando el costo de la renovación o subdivisión de cada unidad no excediera de 500 Unidades de Poder Adquisitivo —UPAC—(19).
En esa medida, es cierto que los créditos referidos sólo podían ser otorgados por las corporaciones de ahorro y vivienda.
Pero también es cierto, de conformidad con los artículos 66 y 71 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero(20) que citó el a quo en la sentencia apelada que cuando la superintendencia autoriza la conversión de establecimientos de crédito, la conversión no produce solución de continuidad, pero las entidades quedan facultadas exclusivamente para adelantar las actividades propias de la clase de institución financiera resultante de la operación, al punto que se debe programar la adecuación de las operaciones al régimen propio de la institución correspondiente, adecuación que no puede durar más de dos años.
En el caso concreto es un hecho probado, de acuerdo con la certificación expedida por el Secretario General Ad Hoc de la Superintendencia Bancaria de Colombia (hoy Financiera), el día 2 de enero de 2002(21), que el demandante se constituyó como “Corporación Colombiana de Ahorro y Vivienda Coldeahorro” el día 16 de octubre de 1972(22). Luego, mediante escritura pública 167 del 20 de enero de 1973, cambió su razón social por “Corporación Colombiana de Ahorro y vivienda Davivienda. Y, mediante escritura pública 3890 del 25 de julio de 1997, se protocolizó su conversión a Banco, bajo la denominación de “Banco Davivienda S.A.
Es por lo anterior que es un hecho no controvertido que el demandante, en el año 1999, ya actuaba como banco, independientemente de que por ese año haya percibido ingresos por concepto de corrección monetaria, producto de los créditos que otorgó en el tiempo en que ostentó la naturaleza de corporación de ahorro y vivienda.
El artículo 42 de la Ley 14 de 1983 es claro en señalar los conceptos que deben ser tenidos en cuenta a la hora de liquidar la base gravable del impuesto, que, en el caso de los bancos, como la demandante, no incluyen los ingresos por “corrección monetaria”.
En ese orden, la decisión del Municipio de Medellín de incrementar los ingresos que recibió el Banco Davivienda en el año 1999 para calcular el impuesto de industria y comercio para el año 2000, violó lo dispuesto en el numeral primero del artículo 42 de la Ley 14 de 1983 y del artículo 23 del Acuerdo Municipal 50 de 1997.
Por lo anterior, la Sala considera que la sentencia apelada debe ser modificada.
En consecuencia, se declarará la nulidad parcial de la Liquidación Oficial de Revisión 1836 del 9 de mayo de 2001 y de la Resolución SH 17-162 del 11 de octubre de 2001, corregida posteriormente por la Resolución SH-17-011 de 2002, mediante las que el Municipio de Medellín modificó la declaración del impuesto de industria y comercio del Banco Davivienda, correspondiente al año base 1999, período gravable 2000.
A título de restablecimiento del derecho, la Sala propone la siguiente liquidación:
Liquidación Privada Liquidación Oficial 1836 de 2001 Resolución SH17-162 de 2002
Liquidación Consejo de Estado
Ahorro y Crédito $23.417.485.021 $23.417.485.021 $23.417.485.021 $23.417.485.021
- - $5.409.762.392 -
Ingresos por Operaciones con Tarjetas de Crédito - - $279.698.394 $279.698.394
Total $23.417.485.021 $29.106.945.807 $23.697.183.415
Tarifa código 402 5 por mil 5 por mil 5 por mil 5 por mil
Impuesto $117.087.425 $117.087.425 $145.534.729 $118.485.917
Ingresos por Corrección Monetaria - $25.845.984.219 $25.845.984.219 $-
Tarifa Código 401 - 3 por mil 3 por mil 3 por mil
Impuesto - $77.537.953 $77.537.953 $-
Impuesto anual por oficinas $9.773.000 $9.397.500 $9.397.500 $9.773.000
Avisos y Tablero anual (15%) $19.029.000 $36.462.278 $34.870.527 $19.239.000
Total Impuesto Anual de Industria y Comercio $145.889.425 $279.544.132 $267.340.709 $147.498.000
Sanción por Inexactitud 0 $31.015.181 $331.015.181 $643.430
Liquidación de la sanción:
Impuesto Anual de Industria y Comercio Declaración Privada (1) $145.889.425
Impuesto Anual de Industria y Comercio Liquidación Consejo de Estado (2) $147.498.000
Tarifa Sanción por Inexactitud Artículo 29 del Acuerdo 061 de 1999 Que Sustituyó el Artículo 87 del Acuerdo 050 de 1997 Diferencia (1) - (2): 1.608.575
Total Sanción $643.430
1. DECLÁRESE fundado el impedimento manifestado por la señora Magistrada Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia.
2. MODIFÍCANSE los numerales uno y dos de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia el día 6 de mayo de 2011, en el contencioso de nulidad y restablecimiento del derecho iniciado por el Banco Davivienda en contra del Municipio de Medellín, respecto del impuesto de industria y comercio del año gravable 1999 pagado en el año 2000.
DECLÁRASE la nulidad parcial de la Liquidación Oficial de Revisión 1836 del 9 de mayo de 2001, expedida por la División de Rentas Municipales de la Secretaría de Hacienda de Medellín y de la Resolución SH 17-162 del 11 de octubre de 2001, corregida por la Resolución SH-17-011 de 2002.
3. A título de restablecimiento del derecho TÉNGASE como liquidación del impuesto de industria y comercio por el año 1999 a cargo del Banco Davivienda la inserta en la parte motiva de esta providencia (pág. 20)
8. Escrito visible en el folio 230 del expediente.
9. Código de Procedimiento Civil. Artículo 150. Numeral 1. Tener el juez, su cónyuge o alguno de sus parientes dentro del cuarto de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil interés directo o indirecto en el proceso.
10. Folio 177.
11. Folios 161 a 164.
12. Folios 165 a 168.
13. A pesar de que en la liquidación oficial se reconoció a favor de la parte actora que no era procedente adicionar ingresos en cuantía de $5.409.762.392, la liquidación se formuló como si se hubiera aceptado que no es procedente incrementar la base gravable con los $2.402.032.813 por concepto de operaciones de crédito.
14. Folios 185 a 191.
15. En el expediente no obra copia de esta resolución.
16. La demanda se admitió el 20 de septiembre de 2002. Folio 74 c.p.
17. Artículo 47º.- La Superintendencia Bancaria informará a cada municipio y al Distrito Especial de Bogotá, dentro de los cuatro (4) primeros meses de cada año, el monto de la base descrita en el artículo 42 de esta Ley, para efectos de su recaudo.
18. En el mismo sentido se pronunció la Sala en la Sentencia del 23 de septiembre de 1993, proceso 4919, Consejero Ponente Dr. Jaime Abella Zárate. Se dijo en esa sentencia:
“Por lo demás, observa la Sala que la función de la Superintendencia Bancaria consagrada en el artículo 212 del Decreto 1333 de 1986 (norma con fuerza de ley, posterior a la Ley 14/83) se debe limitar a informar a cada municipio y al Distrito Especial de Bogotá ”...el monto de la base descrita en el artículo 207 de este decreto, para efectos de su recaudo", sin que ello implique la determinación de las bases gravables que es función que le correspondía a los Concejos Municipales en competencia hoy claramente señalada en el artículo 338 de la Constitución.”
Esta Sentencia fue reiterada en la Sentencia del junio siete (7) de dos mil seis (2006).Radicación número: 05001-23-31-000-1999-00518-01(15187). Actor: Corporación de Ahorro y Vivienda Ahorramas. Demandado: Municipio de Medellín.
19. “Artículo 2.
20. “EOSF. Artículo 66. Aspectos Generales de la Conversión.
1. Presupuestos para la procedencia de la conversión. Todo establecimiento de crédito podrá convertirse en cualquiera otra de las especies de establecimientos de crédito. Para autorizar la conversión el Superintendente Bancario deberá verificar que la institución cumpla los requisitos legales propios de la nueva clase de entidad, además de las otras condiciones que se prevén en el presente Estatuto.
La conversión deberá ser adoptada como reforma estatutaria y no producirá solución de continuidad en la existencia de la institución como persona jurídica, ni en sus contratos ni en su patrimonio. (…)”
“Artículo 71.—Aspectos generales. Texto original (…)
5. Condiciones de la autorización. En desarrollo de la adquisición, fusión, conversión y escisión, las entidades quedarán facultadas exclusivamente para adelantar las actividades propias de la clase de institución financiera resultante de la operación. En consecuencia, la aprobación, en caso de requerirse, deberá condicionarse a que dentro de un término máximo de tres (3) meses, contados desde la fecha de la misma, se acuerde con la Superintendencia Bancaria un programa de adecuación de las operaciones al régimen propio de la institución correspondiente, el cual tendrá una duración máxima de dos (2) años (…)”.
21. Folio 23.
22. Escritura pública 3892 de la Notaría 14 del Círculo de Bogotá.