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Timestamp: 2019-02-20 17:55:48
Document Index: 397960740

Matched Legal Cases: ['e contrario', 'artículo 5', 'artículo 40', 'artículo 101', 'artículo 105', 'artículo 22', 'artículo 2']

Defendiendo Vidas En Perú – Defendiendo Vidas
Defendiendo Vidas En Perú
DEFENDIENDO VIDAS EN PERÚ: Una visión integrada de legislación, jurisprudencia y tradición.
I. FORMA DE GOBIERNO Y COMPOSICIÓN DEL ESTADO PERUANO
II. REGULACIÓN DEL DERECHO A LA VIDA
A. Regulación Nacional
D. Código de Niñez y Adolescencia.
E. Otras Leyes
B. Regulación en el orden internacional
A. Pactos Internacionales de Derechos Humanos.
A.¿Fin a la Píldora del día Después? Acción de lucha anticorrupción Vs. Ministerio de Salud
A. Esterilización forzada seguida de muerte y 850 Soles de compensación.
Caso Mamérita Mestanza vs. Perú CIDH
B. Un dudoso caso de aborto terapéutico: Caso Karen Llantoy
IV. SITUACIÓN POLÍTICA ACTUAL
A. Doble discurso y la presión Internacional: Ideología del actual gobierno
B. Peligrando la soberanía: El principio Pro Homine para una real protección de los Derechos Humanos y la defensa de la Soberanía Nacional.
Art. – Artículo
AOE- Anticoncepción Oral de Emergencia
AQV – Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria
CC – Código Civil CNA – Código de Niñez y Adolescencia
CPP – Constitución Política de Perú
CIDH- Comisión Interamericana de Derechos Humanos
CADH – Convención Americana de Derechos Humanos Cr
IDH- Corte Interamericana de Derechos Humanos
GT – Guía Técnica
TC / El Tribunal: Tribunal Constitucional
SIDH – Sistema Interamericano de Derechos Humanos
El Estado Peruano como miembro de la Comunidad Internacional e integrante de América Latina tiene una larga trayectoria de protección del Derecho a la vida desde los primeros estadios de su existencia.
Este reporte tiene como objetivo hacer conocer el estado del Derecho a la Vida en el Perú desde una mirada integral, no sólo desde el punto de vista de la persona por nacer sino también de la mujer en las diversas situaciones en las que se puede encontrar; brindando asimismo propuestas legislativas con el fin de proteger esa dupla indispensable para el desarrollo de una sociedad sana e íntegra.
El tratamiento de estos temas desde la legislación y la jurisprudencia hará reflexionar al lector sobre cómo las presiones internacionales están condicionando a la sociedad peruana a vivir en contra de sus costumbres y tradiciones
La Constitución Política del Perú (CPP) promulgada en el año 1993, define al Estado como a una República democrática, social, independiente y soberana. El Estado es uno e indivisible. Su gobierno es unitario, representativo y descentralizado, y se organiza según el principio de la separación de poderes.[1]
El Título IV de la CPP está dedicado a tratar la estructura del Estado Peruano. En su Capítulo primero comienza por sentar las bases del Poder Legislativo, que se trata de un órgano soberano en sus funciones, el cual tiene autonomía normativa, económica, administrativa y política. El mismo consta de una Cámara Única integrada por ciento veinte congresistas, quienes representan a la Nación. La composición parlamentaria está establecida en el Reglamento del Congreso[2].
En el capítulo cuarto del mismo Título IV de la CPP, recibe tratamiento el Poder Ejecutivo. El Art. 110 otorga al Presidente de la República el título de Jefe de Estado. A este cargo Presidencial se ingresa por sufragio directo de la población, y resulta elegido el candidato que obtenga más de la mitad de los votos; el plazo de este cargo es de cinco años, siendo improcedente la reelección inmediata. Como delegación del Poder Ejecutivo se encuentra el Consejo de Ministros, quienes son nombrados por el Presidente de la República, una de las funciones de los Ministros es refrendar los actos emanados del Presidente, ya que si carece de esta aprobación, ningún acto del Presidente de la República será válido.
En Perú, se ha receptado en la CPP el principio de que la potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial[3]. En la misma disposición se establece también un principio fundamental al cual los juzgadores deben atenerse en cualquier actividad prudencial: la supremacía constitucional sobre cualquier otra norma legal. Luego de sentar este principio fundamental, se establece una larga lista de otros principios a los cuales los jueces deben atenerse. La composición del Poder Judicial, se encuentra detallada en su Reglamento.
El Consejo Nacional de la Magistratura recibe tratamiento en el Art. 150 y establece que dicho órgano se encarga de la selección y el nombramiento de los jueces y fiscales, salvo cuando éstos provengan de la elección popular. Le da también el carácter de órgano independiente regido por su propia Ley Orgánica.
El Ministerio Público se trata de un Órgano autónomo, unipersonal, es presidido por el Fiscal de la Nación, quien es elegido por la Junta de Fiscales Supremos. Este cargo tiene una duración máxima de tres años, prorrogable por elección por otros dos.
Sus funciones están establecidas en el Art. 159 de la CPP:
La Defensoría del Pueblo es de carácter autónomo, fue incluido recién en la Constitución de 1993[4] con la finalidad de defender los derechos fundamentales tanto de personas individuales como de la comunidad en general, supervisar la actuación y el cumplimiento de deberes de la administración estatal y una correcta prestación de los servicios públicos en el territorio nacional. En el Art. 161 de la CPP y con la finalidad de facilitar al Defensor el cumplimiento de sus funciones, le ha conferido a los demás órganos públicos la obligación de colaborar con el Defensor de Pueblo toda vez que éste lo requiera.
En el Título V de la CPP denominado “De las Garantías Constitucionales”, luego de enumerarse en el Art. 200 las garantías constitucionales receptadas, recibe tratamiento el Tribunal Constitucional. Se trata de un órgano autónomo e independiente, ya que no depende de ningún organismo sino sólo de la CPP y de su Ley Orgánica. Está compuesto por siete miembros que duran en su cargo un plazo máximo de cinco años.
El Tribunal Constitucional es el máximo intérprete de la Constitución y es el encargado de velar porque ningún acto estatal así como ninguna ley contravenga el principio de supremacía constitucional, es decir, que ningún acto emanado de algún organismo estatal vaya en contra de cualquier principio establecido en la Constitución. Así también, en caso de que se haya producido alguna violación de estos principios debe intervenir para restablecer el respeto a la Constitución en general y de los derechos constitucionales en particular.
El Art. 202 especifica claramente las funciones de este Tribunal:
2. Conocer, en última y definitiva instancia, las resoluciones denegatorias de hábeas corpus, amparo, hábeas data, y acción de cumplimiento.
En el último apartado de este título, el art. 205 establece un principio constitucional donde se prevé para las personas que consideran lesionados sus derechos, la posibilidad de acceder a Organismos o Tribunales Internacionales conforme a los Tratados o Convenios de los que Perú es parte, con la única condición de haber agotado las instancias internas.
En general todos los Estados de América Latina tienen una tradición de protección al derecho a la vida desde los primeros estadios de su existencia, y así lo han receptado en sus distintas legislaciones. Perú no ha sido la excepción a esta tradición proteccionista. Sin embargo, el reconocimiento expreso de este derecho desde la concepción se no hizo necesario sino hasta la Constitución de 1979.
i. Protección Constitucional del Derecho a la Vida
Hasta la CCP del año 1979 “el derecho a la vida [tuvo] un reconocimiento negativo en la prohibición de no matar”[5]. Hasta entonces, la protección constitucional de la persona humana circundaba en torno a la seguridad personal, o a la abolición de la tortura o tormentos. A partir de la CPP del año 1979, en su Art. 2 se consagra de manera expresa el derecho a la Vida.
Las anteriores CPP trataban al comienzo los aspectos políticos del País; su forma de gobierno, la composición del Estado, etc. Sin embargo esta constitución hace un cambio en la estructura orgánica de este texto Fundamental, ya que trata al comienzo los derechos fundamentales de la persona, y luego la organización política del país, haciendo notar de este modo la preeminencia de la persona sobre el Estado. Esta característica que se deja ver de modo indirecto en su estructura orgánica, queda expresamente establecido en su Art. 1:
Por su parte, el Art. 2 en su inc. 1, establece:
[El derecho] “A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece.”
Cabe destacar la importancia de que en este texto constitucional se haga reconocimiento expreso del derecho a la vida desde la concepción, ya que si la persona por nacer no es reconocida como sujeto de derecho, todos los derechos que se enumeran en los 23 incisos siguientes quedarían sin efecto si la persona no tuviera asegurado su nacimiento. En este sentido se ha expresado que “El primero y más elemental derecho es el de la vida. Es obvio que esta norma constitucional impide el aborto, por ser un acto inconstitucional, además de contrario en sí a la naturaleza y a la moral”[6].
ii. Jerarquía de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos
Antes de la reforma constitucional de 1993, el Art. 105[7] de la CPP establecía de manera expresa la jerarquía constitucional de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. Luego de dicha reforma este artículo fue suprimido, lo que hizo surgir en la doctrina diversas posturas algunas aprobando y otras repudiando dicho cambio[8].
Sin embargo, a pesar de la eliminación de dicho artículo se introdujo en un Capítulo aparte de Disposiciones Finales y Transitorias, en la cuarta disposición se establece que “Las normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por el Perú.”[9], [10].
Esta disposición tiene por finalidad dejar en claro que cuando un Tratado Internacional versa sobre un derecho reconocido en la CPP, la norma de carácter internacional debe ser la guía interpretativa para la concreta aplicación de la CPP. Esta utilización del tratado como herramienta de interpretación constitucional sólo es posible porque se trata de una norma de igual rango, ya que una norma de inferior rango no puede utilizarse para interpretar otra de rango superior.
Asimismo en un fallo del año 2006 el Tribunal Constitucional reiteró que éstos “no sólo conforman nuestro ordenamiento sino que, además, detentan rango constitucional”[11], dando así fin a la discusión de la jerarquía de los mismos.
El Código Civil (CC) peruano vigente en la actualidad fue sancionado en el año 1984[12]. Este cuerpo normativo está precedido de un título preliminar[13] y luego se divide en 10 libros. Su primer Libro, que abarca del Art. 1 al 139 trata los Derechos de las Personas.
El Art. 1 del Primer Libro del CC establece una amplia protección a la persona por nacer, reconociéndola como sujeto de derecho desde la concepción:
La vida humana comienza con la concepción. El concebido es sujeto de derecho para todo cuanto le favorece. La atribución de derechos patrimoniales está condicionada a que nazca vivo.[14]
Este reconocimiento al concebido como sujeto de derecho supone un notable avance en la protección de las personas por nacer en el derecho peruano, ya que en el CC de 1936 se establecía que “El nacimiento determina la personalidad. Al que está por nacer se le reputa nacido para todo cuanto le favorece, a condición de que nazca vivo”[15]. Es decir, al desconocer la calidad de sujeto de derecho a la persona por nacer, supeditaba la existencia de sus derechos a la condición suspensiva del nacimiento con vida, careciendo en el vientre materno de cualquier derecho reconocido para las personas ya nacidas. Actualmente lo que está supeditado al nacimiento con vida no es la calidad de sujeto de derecho sino la adquisición irrevocable de los derechos patrimoniales.
i. Regulación Penal. Algunas precisiones.
El Código Penal (CP) vigente en el Perú[16] califica de delito al aborto en todos los casos y formas en las que pueda presentarse. Sin embargo desde 1924 deja sin pena a las personas que practiquen el aborto terapéutico.
En el Libro Segundo del Código, Parte Especial, donde se establecen los delitos en particular, en su Título primero, Capítulo Tercero se trata el delito de aborto. En primer lugar, tipifica el delito de Auto aborto. Respecto de ese delito, es importante destacar que el CP siempre trata lo que le hace daño a otro, ya sea en su persona, patrimonio, etc. Sin embargo en la figura de auto aborto no hace referencia de manera directa al otro en cuestión. Creo que esto no debe entenderse fuera del sistema de normas peruanas ni debe creerse que para el CP el concebido no es persona, si fuera así entonces no habría motivo para que esta figura forme parte del Código de penas.
A continuación, recibe tratamiento el aborto consentido y el aborto sin consentimiento, agravando ambas figuras por la muerte de la mujer. Luego, establece un agravante general del delito en razón de la calidad del sujeto, siendo el que lo provoca un médico, obstetra, farmacéutico o cualquier profesional sanitario. Para el aborto preterintencional, por su parte, se prevé una pena menor.
Como se dijo anteriormente, el delito de aborto terapéutico se encuentra exento de penas cuando sea el único medio para salvar la vida de la gestante o para evitar en su salud un mal grave y permanente. Cabe aclarar que este inciso de ninguna manera puede entenderse como legalización del aborto ya que el CP habla de lo que es ilegal y delito, no de lo que es legal; aunque en ciertos casos puede permitir dejar sin penas la comisión de algunos delitos.
Por último, se trata en un mismo Art. el aborto sentimental y eugenésico. El aborto sentimental recepta el aborto cuando se trate de un embarazo como consecuencia de violación sexual fuera de matrimonio o inseminación artificial no consentida y ocurrida fuera del matrimonio[17]. Y por aborto eugenésico, se entiende el practicado cuando es probable que el ser en formación conlleve al nacimiento graves taras físicas o psíquicas, siempre que exista diagnóstico médico.[18]
Un asunto que llama la atención respecto de esta última disposición es la diferencia de penas entre este delito de aborto y las demás figuras de aborto. El legislador ha querido brindar un tratamiento especial a estas circunstancias que ponen a la mujer en una mayor situación de vulnerabilidad, mediante la atenuación de la pena. A mi entender, es valorable que el codificador haya querido hacer notar esto, pero no creo que sea el derecho penal quien deba encargarse de dar tratamiento a tales circunstancias, sino más bien Organismos Públicos de Salud o de Desarrollo Social, limitando el actuar del derecho penal a la correcta tutela de los bienes jurídicamente protegibles. Atendiendo a que el bien jurídicamente protegido es el derecho a la vida, el derecho principal para gozar los demás derechos, no debería haber atenuación en la penalidad y además no se generaría la incertidumbre de creer que la vida de una persona es menos valiosa cuando ha sido producto de una violación o tiene malformaciones.
ii. La Guía Técnica de aborto terapéutico y su inconstitucionalidad.
El día 27 de Junio del 2014, el Ministerio de Salud, aprobó mediante una Resolución Ministerial[19] una Guía Técnica (GT) que regula el supuesto “aborto legal” en el caso que corra riesgo la vida o la salud de la madre.
Dicha GT es inconstitucional por dos motivos. En primer lugar, va en contra del At. 2 de la CPP que consagra el derecho a la vida desde la concepción y en segundo lugar altera el rango normativo establecido en la CPP.
Respecto del Art 2 de la CPP, recordamos que éste Art. establece que la persona concebida se considera sujeto de derecho para todo lo que le favorece. Este Art. fue interpretado por el Tribunal Constitucional (TC) en muchos casos y siempre realizó sus interpretaciones a favor de la protección de la persona por nacer, aplicando en sus decisiones no sólo el principio pro homine, sino también el principio pro debilis.[20]
En estos días el avance de la tecnología es tal, que pensar en la posibilidad del aborto terapéutico es inconcebible y hasta anacrónico. En este sentido, lo que puede perfectamente aplicarse teniendo siempre en cuenta la importancia de ambas vidas, es la aceptación del aborto indirecto. Se trata de una conducta de doble efecto. Cuando el médico con la intención de salvar ambas vidas, aplica procedimientos en los que se admite como consecuencia indirecta la muerte de la persona por nacer. En este mismo sentido, la Declaración de Dublín sobre Salud Materna firmada por más de 700 médicos, establece que “(…)la destrucción deliberada del no nacido no es médicamente necesaria para salvar la vida de una mujer. Sostenemos que existe una diferencia fundamental entre el aborto y los tratamientos necesarios que se llevan a cabo para salvar la vida de la madre, aún si aquellos tratamientos dan como resultado la pérdida de la vida del niño no nacido. Confirmamos que la prohibición del aborto no afecta, de ninguna manera, la disponibilidad de un cuidado óptimo de la mujer embarazada.”[21]
Respecto del segundo ítem, sobre la alteración jerárquica de normas que realiza la GT, he aquí una pirámide de la jerarquía de las normas donde se podrá apreciar el salto normativo que ha venido a dar esta Resolución Ministerial.
Como se ve en la pirámide, las Resoluciones Ministeriales -instrumento utilizado para la aprobación de la GT[22] – tienen una posición jerárquica inferior a las Leyes Ordinarias –género de Actos a los que pertenece el CP-. Siendo la GT un instrumento que regula el aborto terapéutico, acción calificada como delito, se crea así un conflicto en ambas disposiciones. Es el Art. 138 de la Norma Fundamental la que establece que ante un conflicto de normas, se dé preferencia a la norma de rango jerárquico superior, dejando sentado el principio de que una norma de rango inferior no puede contradecir a otra de rango superior.
Dentro de este apartado también podría mencionarse que el Protocolo realiza una suerte de usurpación de funciones al Poder Judicial. Cuando estamos frente a un caso de aborto terapéutico, debería ser un Juez Penal asesorado por un perito médico judicial quien establezca que se trata de la causal de eximición de pena establecido en el Art. 119. Tal como está planteado en el Protocolo, sería la Junta Médica quien establecería que se trata de un caso contemplado en el Código. Y por más que la Junta Médica se trate de un cuerpo habilitado para determinar si el aborto es realmente el “único medio idóneo” para salvar la salud de la madre, no es concebible que se permita que el dictamen que realice esta Junta reemplace a la función jurisdiccional en la correcta aplicación de las leyes, violando también el derecho al debido proceso que le ampara a la persona por nacer, cuando está en juego su propia vida.
iii. Críticas de fondo a la Guía Técnica.
Este acápite tiene por finalidad resaltar algunas imprecisiones y defectos del protocolo, como así también carencias que dejan de lado derechos de las personas intervinientes en el proceso contemplado.
1. Cuando se establece la Finalidad[23] de la GT se deja en claro que la comisión del aborto debe ser por indicación terapéutica siempre que se trate del único medio para salvar la vida de la gestante o para evitar en su salud un mal grave y permanente, en el marco de los derechos humanos, con enfoque de calidad, género e interculturalidad.[24]
Lo que resulta preocupante de esta finalidad, es el lenguaje amplio y equívoco que se utiliza, ya que no da una definición específica de salud, dejándolo librado al marco internacional de Derechos Humanos. Si bien los organismos internacionales de derechos humanos tienen una larga y legitimada trayectoria en la protección del derecho humano a la salud, no podemos negar que cuando se trata de derechos de las mujeres o de derechos sexuales y reproductivos tienen una marcada tendencia en recomendar a los países la aprobación del aborto[25].
El Protocolo establece como límite temporal para la práctica del procedimiento abortivo las 22 semanas de gestación, lo que equivale a unos 4 meses y medio. Sobre este punto cabe argumentar que los médicos del Sindicato Nacional Médico del Seguro Social del Perú (SINAMSSOP) y la Sociedad Peruana de Derecho Médico expresaron [26] que “en el mundo ya han logrado vivir fetos de 22 semanas, con mucha mejor calidad de vida mientras mayores sean las semanas de gestación”.[27]
Asimismo, los médicos expresaron que dicho protocolo sólo
“limita a los profesionales para intentar salvar ambas vidas, en busca de la viabilidad fetal como lo hacen en la actualidad”.
Con esto vemos cómo el protocolo permite la muerte de una vida perfectamente viable.
Cuando establece que el aborto debe ser el “único medio” para salvar la vida de la gestante o para evitar un mal permanente en su salud, tal como lo dispone el CP, prescinde como ya se dijo anteriormente del órgano encargado de aplicar el CP, es decir, del órgano Judicial, avasallando así su competencia. Cabe recordar también lo que se dijo anteriormente sobre la innecesaridad de la legislación del aborto terapéutico cuando se trate de una consecuencia no querida de los tratamientos realizados en la mujer con la finalidad de preservar su vida y su salud.
En el Punto III se fija el “Ámbito de aplicación”, autorizando a establecimientos hospitalarios de hasta el Nivel 2 según el sistema de salud nacional para atender el procedimiento regulado. Sin embargo cabe destacar, que establecimientos del Nivel 2 no están ni equipados ni preparados para atender las enfermedades que supuestamente deberían padecer las mujeres para acceder al aborto, lo que siempre pondría a la mujer en la situación de que el aborto sea el único medio para que se salve su vida. Asimismo, dichas instituciones, según la Norma Técnica tampoco podrán atender casos de aborto terapéutico[28].
El punto a desarrollar en este numeral, a mi consideración es uno de los más peligrosos. En su ítem 6.1 el Protocolo enumera aparentemente de manera taxativa los casos puntuales en los que procedería el aborto terapéutico, pero en su inciso 11 se establece:
Este inciso no permite pasar por alto la amplitud y vaguedad de su redacción, lo que en la práctica permitiría introducir dentro de esta causal innumerables casos de aborto que en principio no están ni siquiera exentos de pena en el ordenamiento peruano, librando a la arbitrariedad de los médicos los casos en los que se practique el aborto.
En el primer párrafo del punto 6.4 se habla de la persona concebida como “contenido uterino”. Este lenguaje utilizado en la GT al referirse al feto no es acorde a la dignidad de la persona humana, vulnerándose además el derecho de información de la mujer a la hora de prestar consentimiento, ya que ese lenguaje por su imprecisión desfigura la realidad. Respecto de los métodos previstos para realizar efectivamente el aborto[29], (además de la aspiración manual endouterina), se ha permitido el uso de Misoprostol tanto para las gestantes de hasta 12 semanas como para las que están en la semana 13 a la 22, agregando a estas últimas la práctica de un legrado uterino para sacar cualquier resto que pueda quedar.
El efecto que tiene el Misoprostol en mujeres gestantes, es generar contracciones en el útero[30]. Cuando el feto es de un tamaño pequeño, como se supone que lo es hasta la semana 12 o tercer mes, lo que estas contracciones provocan es el desprendimiento del feto de las paredes uterinas produciendo la muerte del mismo, eliminándose mediante el sangrado natural. Sin embargo, no se conocen los efectos del Misoprostol en fetos ya más desarrollados. Esto genera interrogantes tales como: que pasa si no se produce la muerte del feto? Qué ocurre si termina naciendo vivo? Y si naciendo vivo nace con malformaciones por haber sido víctima de un efecto “malogrado” del Misoprostol?[31] A pesar de que el Estado Peruano cuenta con una ley de objeción de conciencia[32], la GT no prevé la objeción de conciencia al médico, lo que les genera una gran inseguridad en su práctica profesional, ya que hasta podrían ser sancionados si se excusan de no querer practicar el aborto ya sea por motivos religiosos o de propia convicción.
La Ley General de Salud establece en su Décimo Segunda Disposición Complementaria Transitoria y Final que “Las razones de conciencia o de creencia no pueden ser invocadas para eximirse de las disposiciones de la Autoridad de Salud cuando de tal exención se deriven riesgos para la salud de terceros”. Si bien esta disposición no es aplicable en el caso del aborto terapéutico en primer lugar, porque la GT –y el artículo pertinente del Código Penal- son inconstitucionales, y en segundo lugar porque la referencia a “salud de terceros” también comprende al concebido como sujeto de derecho; podría, a raíz de la GT, ser empleada para impedir a los médicos ejercer su derecho a la objeción de conciencia frente a un aborto “terapéutico”. Es por esto que se refuerza aún más la necesidad de que se legisle sobre la objeción de conciencia en este ámbito específico.
La GT atenta directamente a la unión familiar, ya que con el afán de proteger a la mujer se deja de lado que muchas veces hay un padre detrás de la persona concebida y un marido detrás de esa mujer que padece una enfermedad; y en ningún momento se habla de que la información también debe ir dirigida a él.La Junta Médica, es un organismo que pareciera estar integrado por profesionales muy idóneos pero no se establece ningún mecanismo de elección transparente de los mismos, ni requisitos para acceder a dicho puesto. Tampoco hay un organismo superior a éste, imparcial y autónomo que pueda dar fe de la imparcialidad de la evaluación médica realizado por este organismo.
Rescatando la intención de las personas que promovieron la creación de esta GT, queda evidenciado que no se logró el resultado esperado, ya que pone en riesgo no sólo a la persona por nacer, sino también a la mujer y a los médicos.
Debido a los motivos expuestos supra, a mi consideración dicha GT debe ser derogada, tanto por tratarse de una norma inconstitucional como por carecer de fundamentos sólidos que brinden una real protección a la mujer y a la persona por nacer. Sin embargo, independientemente de que esto ocurra o no, a la sociedad peruana le urge contar con un sistema estatal que vele por la protección real, efectiva e integral sus derechos humanos.
iv. Propuestas para una real protección de la mujer y del concebido.
Atendiendo a la situación actual, pretendo enfocarme en la vulnerable situación en que se encuentran las mujeres y las personas por nacer, por lo que propongo la creación de un Defensor de la mujer embarazada y de la persona por nacer.[33]
Una figura similar se encuentra receptada en la Legislación Argentina. Se trata del Defensor de los Niños, Niñas y Adolescentes[34], creada con la finalidad de generar un sistema de protección integral a la minoridad. Hasta la fecha ha tenido varios logros mediante recomendaciones a las distintas reparticiones públicas, campañas, estudios, seguimientos y control. Si bien no hay registro de la creación de la figura de un Defensor de la mujer embarazada y de la persona por nacer[35], estimo que del mismo modo que el Defensor del Niño ha tenido logros en Argentina, el Defensor de la mujer y de la persona por nacer, puede tenerlo en los distintos países de América Latina.
Este Defensor se trata de un órgano unipersonal e independiente con autonomía funcional y autarquía financiera. Tiene como principal objetivo velar porque los derechos de las mujeres embarazadas sean ampliamente respetados e integralmente promovidos como así también que en el ejercicio de esos derechos no se vea atropellada la dignidad del concebido –sea dentro o fuera del vientre materno-, velando por asegurar su carácter de sujeto de derecho para todo cuanto le favorece.
La persona que ocupe este cargo podría ser elegida por el Pleno del Congreso, de entre personas que tengan una marcada trayectoria pública de protección de los derechos humanos y de la persona por nacer.
Entre sus facultades respecto de la mujer embarazada, pueden mencionarse las siguientes:
• Asegurar a las mujeres embarazadas el efectivo acceso a sistemas de salud para bridarle todos los tratamientos y estudios necesarios para controlar la evolución del embarazo.
• Brindar información clara, completa y detallada sobre planes sociales y programas disponibles en materia de seguridad social, salud pública, laboral y educativa.
• Proponer al Órgano Nacional competente, políticas públicas para generar información o tener acceso a ella, sobre las causas de mortalidad materna y prever políticas y líneas de acción con el fin de prevenirlas.
• Velar porque los beneficios sociales y el acceso a los sistema de salud sea igualitario y sin discriminación en todo el territorio.
• Promover especialmente la asistencia material, psicológica y médica a mujeres embarazadas por causa de un de delito de violencia sexual cometido contra ella, a fin de ayudarla a llevar a término ese embarazo. Brindarles asimismo mayores facilidades en el procedimiento de dar ese hijo en adopción.
• Proponer un protocolo sobre denuncia de delitos sexuales, que prevea mecanismos de denuncias que contemplen la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra la mujer.[36]
• Velar por la disponibilidad de patrocinio letrado a la mujer embarazada víctima de violencia familiar, a fin de que pueda promover las acciones penales que correspondan.
• Velar por la creación de un Registro donde se deje constancia la aceptación y el consentimiento informado que cada intervención quirúrgica destinada a la esterilización de mujeres.
• Para mujeres con embarazos conflictivos velar por que se le brinde información detallada sobre:
– La existencia de alternativas médicas que protejan la maternidad, el acceso a apoyo social, y la disponibilidad de servicios de adopción;
– Las consecuencias y riesgos asociados al aborto, incluyendo los riesgos de infección, hemorragia, perforación cervical o ruptura uterina, riesgos para embarazos futuros, aumento del riesgo de cáncer de mama, y posibles efectos psicológicos;
– La ilegalidad del aborto forzado. Es decir, expresamente deberá manifestarse que es ilegal que un tercero fuerce a la mujer a ser sometida a un aborto, conforme la legislación de cada país.[37]
Entre las facultades respecto de la persona por nacer pueden mencionarse las siguientes:
• Disponer todo lo necesario para la efectiva defensa de la vida, persona y derechos de los niños por nacer.
• Promover medidas judiciales y extrajudiciales –de oficio o a requerimiento de parte – en todo proceso donde un niño por nacer tenga intereses jurídicamente tutelados, bajo pena de nulidad del procedimiento.
• Ejercer la defensa y representación en juicio, como actores o demandados, de aquellos niños por nacer, cuando los intereses del mismo se contrapongan con los intereses de sus progenitores, sean estos mayores o menores de edad, o para el ejercicio de sus derechos.
• Investigar todo tipo de denuncias que afecten la salud, vida y desarrollo del niño por nacer, como así también sobre la existencia de actividades ilícitas tendientes a provocar abortos clandestinos.
• Incoar acciones con miras a la aplicación de las sanciones por infracciones cometidas contra las normas de protección de los niños por nacer.
• Formular –con motivo de sus investigaciones– a todos los entes públicos: advertencias, recomendaciones, recordatorios de sus deberes legales y funcionales, y propuestas para la adopción de nuevas medidas.
• Comunicar a la autoridad competente cualquier demora proveniente de los jueces o funcionarios de los tribunales, en grave perjuicio de los legítimos intereses de sus representados.
• Supervisar las entidades públicas y privadas que se dediquen a la atención de las mujeres embarazadas, especialmente aquellas encargadas de la prestación de servicios de salud, debiendo denunciar ante las autoridades competentes cualquier irregularidad que amenace o vulnere los derechos del niño por nacer. [38]
Con la creación de este cargo, el Perú estará más cerca de brindar a la madre y a la persona por nacer, un marco de protección de sus Derechos Humanos, real, integral y efectivo; cumpliendo así con los parámetros internacionales de Derechos Humanos, y respetando su tradición y legislación interna.
d. Código de los Niños y Adolescentes.
En concordancia con los principios constitucionales y con la ratificación de Tratados Internacionales de Derechos Humanos, el Perú sancionó en el año 2000 el Código de los Niños y Adolescentes [39] (CNA).
Es de gran importancia el Título preliminar de este CNA, especialmente sus dos primeros Arts., ya que reflejan de modo expreso los principios constitucionales que la legislación peruana hace a favor de la persona por nacer.
El Art. I del título preliminar, define que se considera niño a todo ser humano desde la concepción hasta los 12 años de edad[40], asimismo, repite el principio constitucional dando al Estado la obligación de proteger al concebido para todo lo que le favorece. Por su parte el Art. II del mismo título, precisa que el niño y el adolescente son sujetos de derechos, libertades y de protección específica.
Ya en el articulado del Libro Primero, en su Capítulo I, el Art. 1 establece el Derecho a la Vida y a la Integridad. Vuelve a establecer este derecho precisando que “El niño y el adolescente tienen derecho a la vida desde el momento de la concepción. El presente Código garantiza la vida del concebido, protegiéndolo de experimentos o manipulaciones genéticas contrarias a su integridad y a su desarrollo físico o mental.”
En el Art. 2 de dicho Capítulo, se establece el derecho a ser atendido por el Estado desde su concepción. Establece que “es responsabilidad del Estado promover el establecimiento de condiciones adecuadas para la atención de la madre durante las etapas del embarazo, el parto y la fase postnatal. (…)”. Este Art. es de gran riqueza proteccionista ya que ampara no sólo a la madre gestante sino que también favorece el correcto desarrollo de la persona por nacer.
Por último, en relación a los derechos que afectan especialmente al estado gestacional del niño, en el Art. 92 incluye dentro de la definición de alimentos “los gastos del embarazo de la madre desde la concepción hasta la etapa de postparto.”
i. Inconstitucionalidad del Art 7 de la Ley General de Salud.
El 20 de Julio de 1997 fue publicada la Ley General de Salud. El Art 7 de esta disposición prevé, “Toda persona tiene derecho a recurrir al tratamiento de su infertilidad, así como a procrear mediante el uso de técnicas de reproducción asistida, siempre que la condición de la madre genética y de la madre gestante recaigan sobre la misma persona. Para la aplicación de técnicas de reproducción asistida, se requiere el consentimiento previo y por escrito de los padres biológicos. Está prohibida la fecundación de óvulos humanos con fines distintos a la procreación, así como la clonación de seres humanos.”[41]
Haciendo el camino jerárquico inverso de las normas, vemos que esta ley, antes que nada contraría el CNA que acabamos de mencionar, por cuanto éste dispone en su Art. 1 que se garantiza la vida del concebido, protegiéndolo de manipulaciones genéticas contrarias a su integridad y a su desarrollo físico o mental. No puede negarse que es contrario al desarrollo físico de los embriones el forzarlos a ser sometidos a procesos de conservación que incluye la utilización de químicos y procesos tanto de congelamiento y descongelamiento, para luego ser implantados en el vientre de la madre aceptando de manera directa la posibilidad de que varios de éstos embriones mueran, ante la supervivencia de sólo algunos, y asimismo generando una situación de incertidumbre en la viabilidad de la vida de estas personas.
Por último, es evidente que va en contra del Art. 2 de la CPP, la cual recordamos que establece que “toda persona tiene derecho a la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece”. No podemos dejar de lado que esta es la norma fundamental y que por más legítimo que sea el derecho que quiera contraponerse a éste, el derecho a la vida se trata de un derecho fundamental que merece especial protección por cuanto se trata del primer derecho, condición sine qua non para gozar de los demás derechos establecidos tanto en la CPP como en las demás leyes.
Se recuerda que el TC en la Sentencia Nº 2005-2009 señala “la concepción de un nuevo ser humano se produce con la fusión de las células materna y paterna con lo cual se da origen a una nueva célula que, de acuerdo al estado actual de la ciencia, constituye el inicio de la vida de un nuevo ser. Un ser único e irrepetible, con su configuración e individualidad genética completa y que podrá, de no interrumpirse su proceso vital, seguir su curso hacia su vida independiente”.[42]
ii. Resolución Ministerial N° 729-2009-SA/DM
Esta Resolución[43] fue dictada por el Ministerio de Salud en junio del 2003[44], tiene por finalidad aprobar el documento denominado “La Salud Integral; Compromiso de Todos – Modelo de Atención Integral de Salud”. Este documento tiene por finalidad la creación de Programas de atención integral, para cada etapa de la vida de la persona. En el Programa de Atención Integral de la Salud del niño, subdivide las edades, estableciendo como primera etapa, la del “Niño por nacer: desde la concepción hasta antes del nacimiento”[45]Dentro de las atenciones individuales especificas del niño, se prevé “Atención periódica durante la gestación, a fin de estimular el desarrollo psicoafectivo del niño. Conjunto de procesos y acciones que potencian y promueven el desarrollo físico, mental, sensorial y social del sr humano desde la fecundación hasta su nacimiento (…)”.[46]
Con esta disposición cerramos el bloque de la legislación interna más relevante del Perú, pasando así al marco que brinda el derecho Internacional receptado.
Como miembro de la Comunidad Internacional, la República del Perú ha firmado y ratificado numerosos Pactos Internacionales de Derechos Humanos con el fin de brindar a su población una amplia protección de estos Derechos.
En el sistema universal, el Perú es parte de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, cuyo Art. 1 establece que “Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.”; también ha ratificado la Declaración Universal de Derechos Humanos que en su Art. 3 establece en los mismos términos que la Declaración ya citada que “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.” Por su parte el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, también ratificado por el Perú, en su Art. 6 dice que “El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará́ protegido por la ley. Nadie podrá́ ser privado de la vida arbitrariamente”; es parte también de la Convención de los Derechos del niño, cuyo párrafo 3 del Preámbulo establece que “Considerando que el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento.”
Respecto de estos Tratados Internacionales, el Perú no sólo firmó y ratificó estos tratados, sino también sus Protocolos Facultativos, lo que hace reconocer competencia a los respectivos Comités de aplicación de estos Tratados y generando para el Perú la obligación de remitir a éstos Comités un informe anual sobre las medidas internas que se toman para asegurar la aplicación de los mismos.
Dentro del sistema local, tenemos al Perú como miembro de la Organización de los Estados Americanos (OEA). La OEA, prevé un sistema de protección de los Derechos Humanos, donde se reciben denuncias de violaciones de derechos humanos por parte de organismos Estatales hacia los ciudadanos. Para formar parte de este Sistema, Perú no sólo firmó y ratificó el respectivos instrumento Internacional que es la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), sino también que reconoció la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos(CrIDH). Formando parte así del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH).
La CADH dispone en su Art. 4 inc. 1 que “Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará́ protegido por la ley, y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente”. En su artículo 5°, inciso 1), agrega: “Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral”.
En el caso de Perú, se ha sancionado la ley Nº27.775[47], que regula el proceso de aplicación de sentencias o recomendaciones de organismos supra nacionales en los que Perú sea parte.
a. ¿Fin a la Píldora del día Después? Acción de lucha anticorrupción Vs. Ministerio de Salud
El día 29 de octubre del año 2004, la ONG “Acción de Lucha Anticorrupción”, interpuso una demanda de amparo contra el Ministerio de Salud del Perú con el objetivo de que se abstenga de:
1. a) de iniciar el programa de distribución de la denominada “Píldora del Día siguiente” en todas las entidades públicas, asistenciales, policlínicos y demás centros hospitalarios en los cuales se pretenda su entrega gratuita.
2. b) de distribuir bajo etiquetas promocionales proyectos que el Poder Ejecutivo pretenda aprobar y ejecutar respecto del Método de Anticoncepción Oral de Emergencia, sin previa consulta del Congreso de la República.
A juicio de la demandante, se trata de evitar que se vulnere en forma flagrante el derecho a la vida del concebido.[48]
El Caso llegó al TC, debiendo éste expedirse sobre varios temas que incluían este proceso, pero nos focalizaremos en los fundamentos que dicho Tribunal dio a favor del derecho a la vida.
Los fundamentos esgrimidos por el TC, comienzan por recordar la protección del derecho a la vida desde la concepción tanto en la legislación interna como en la internacional, lo cual ya ha sido tratado en este reporte. Luego, para dejar en claro el concepto de concepción, trae a colación la postura de diferentes doctrinarios juristas que lo expresan de la siguiente manera: “unión de los materiales suministrados por ambos sexos en el acto procreativo, para la formación de un nuevo ser”, “El acto de la fecundación y comienzo del proceso vital”, “Biológicamente es el momento de fecundación del óvulo, que determina en el orden jurídico, el comienzo de la existencia de las personas…”[49]
Luego, el TC hace un desarrollo conceptual del principio pro homine, establece que se trata de un principio de interpretación de las normas y el mismo “ordena que debe optarse, ante una ante una pluralidad de normas aplicables, siempre por aquella norma ius fundamental que garantice de la manera más efectiva y extensa posible los derechos fundamentales reconocidos. (…) Esta directriz de preferencia de normas o de interpretación alcanza a ser aplicable incluso en los casos de duda sobre si se presenta una situación en que se encuentran en juego derechos fundamentales u otros derechos.”[50] Con esta cita vemos claramente cómo cuando se trata del efectivo goce de derechos fundamentales el Tribunal no duda en aplicar la norma que establezca la mayor protección.
A continuación, el TC va mucho más allá en lo que respecta a la protección del derecho a la vida, apuntalando el principio pro homine con otro principio que es su corolario, el llamado principio pro debilis. El Tribunal califica a estos dos principios como la centralidad del ser humano. “Este principio manda que ante situaciones de derechos fundamentales en conflicto, debe tenerse especial consideración con aquella parte más débil, en una situación de inferioridad y de no igualdad con la otra.”
Dentro de los fundamentos esgrimidos, no dejan de recibir tratamiento los efectos que tiene el uso de la denominada Píldora del día siguiente. Luego de transcribir el prospecto de cada uno de los cinco productos que están autorizados a ingresar al país como Anticonceptivos Orales de Emergencia (AOE), hace notar que “en todos los casos se hace referencia al denominado “tercer efecto”, esto es (…)que además de inhibir la ovulación o espesar el moco cervical, previenen, interfieren o impiden la implantación”[51].A este respecto, el Tribunal señala la contradicción que genera la actitud del Ministerio de Salud, que negando cualquier efecto de los AOE sobre el endometrio y la implantación, es el mismo Ministerio de Salud quien previa evaluación aprueba y recibe los registros sanitarios de estos productos donde se expresa todo lo contario.
Como el Tribunal entiende que el efecto anti implantatorio no es el único efecto que produce, esto genera una incertidumbre científica sobre qué es lo que va a pasar en el vientre de la mujer en cada caso concreto; opta por hacer aplicación del llamado principio precautorio. Deja en claro que si bien este principio fue “inicialmente creado para la protección del hábitat de animales y después en general para la protección de la ecología y el medio ambiente, ha pasado ya también a ser pauta o recurso para el análisis”[52]. A este respecto, esclareció cómo los tres elementos del principio precautorio se hacen aplicables a esta situación. A saber:
1. La existencia de una amenaza, un peligro o riesgo de un daño.
2. La existencia de una incertidumbre científica, por desconocimiento (…) o incluso por una controversia en el mundo científico acerca de esos efectos en cuestión.
3. La necesidad de adoptar acciones positivas para que el peligro o daño sea prevenido o para la protección del bien jurídico como la salud (…).[53]
Usando estos parámetros, el Tribunal termina dilucidando esta controversia diciendo que “teniendo en cuenta, por un lado, que la concepción se produce durante el proceso de fecundación, cuando un nuevo ser se crea a partir de la fusión de los pronúcleos de los gametos materno y paterno, proceso que se desarrolla antes de la implantación; y, por otro, que existen dudas razonables respecto de la forma y entidad en que la denominada “Píldora del Día Siguiente” afecta el endometrio y por ende el proceso de implantación, se debe aclarar que el derecho a la vida del concebido se ve afectado por acción del citado producto”.[54]
Por todo lo expuesto el TC declaró procedente la acción y resolvió que dicho Ministerio debía abstenerse de desarrollar como política pública la distribución gratuita de la denominada píldora, como así también resolvió ordenar que los laboratorios que producen, comercializan y distribuyen dicha píldora, incluyan en su prospecto el posible efecto de inhibir la implantación del óvulo fecundado.
Caso Mamérita Mestanza vs. Perú
En Junio del año 1999, se presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una denuncia contra el Estado Peruano de un caso de entre tantos, donde la Sra. María Mamérita Mestanza fue víctima de una política de Salud Publica llamada Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria[55](AQV), que consistía en la esterilización como método de planificación familiar. Tanto la Sra. Mestanza como su marido Jacinto Salazar, campesinos y padres de 7 hijos fueron objeto de acoso, hostigamiento y amenazas[56] desde 1996 por parte del Centro de Salud para que la Sra. se esterilizara. Finalmente en 1998 la Sra. Mestanza accedió bajo coacción al sometimiento de dicha intervención quirúrgica, de la cual fue dada de alta al día siguiente. El malestar propio de una intervención de ese tipo iba en aumento con las horas y al dirigirse nuevamente al centro de Salud para ser revisada en su creciente malestar, ningún cuidado le fue brindado y el personal le dijo que ese malestar se debía al efecto post operatorio de la anestesia. Días después la Sra. Mestanza falleció en su casa. En su certificado de defunción se diagnosticó que la muerte había sido causada por una “sepsis” como causa directa y un bloque tubárico bilateral como antecedente. Luego de esto, los médicos que intervinieron en la operación y en los diagnósticos ofrecieron al Sr. Jacinto la suma de 850 Soles para los gastos del sepelio, con el fin de dar por terminado el problema.
El caso fue llevado ante la CIDH y se llegó a una solución amistosa[57] con el Estado de Perú. El Sr. Jacinto recibió una indemnización pecuniaria lo más justa posible. Además, el Estado Peruano se comprometió a realizar las modificaciones legislativas y de políticas públicas sobre los temas de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, eliminando de su contenido cualquier enfoque discriminatorio y respetando la autonomía de las mujeres.[58]
Este caso no es sobre el derecho a la vida del concebido, sino sobre el derecho a la vida de la mujer, como madre de familia, como madre potencial y como esposa. Trayendo a colación este caso, se quiere resaltar la importancia de generar políticas de Salud Pública que atiendan tanto al niño por nacer como a la mujer, que será madre de esa persona por nacer. Es un llamado de atención para demostrar cómo cuando las políticas de Salud Pública no son pensadas con la visión proteccionista de Derechos Humanos, muchas personas pueden resultar víctimas de las mismas, hasta perder la propia vida.
b. Un dudoso caso de aborto terapéutico: Caso Karen Llantoy[59]
La Srta. Karen Llantoy de 17 años de edad quedó embarazada en marzo de 2001; en junio se le practicó una ecografía, de la cual se le diagnosticó que se trataba de un feto anencefálico. En el hospital Nacional Arzobispo Loayza de Lima, el Dr. Ygor Pérez Solf, le hizo saber la anomalía que padecía el feto y los supuestos riesgos en su vida si continuaba con ese embarazo, por lo que le si bien le dijo que podía continuar con la gestación, le sugirió interrumpir del embarazo, a lo que ella accedió. Sin embargo, para practicar el aborto se debía obtener la autorización del Director del Hospital, el Dr. Cárdenaz Díaz. El Director no accedió a dar autorización estableciendo que el código penal sólo exime de pena al médico cuando practica el aborto en caso de peligro de la vida o salud de la madre, siendo el aborto el único medio posible para salvar la vida de la madre. En el caso de la Srta. Llantoy ni su vida ni su salud corrían riesgo. Debido a esta respuesta del Dr. Cárdenaz, la Asistente Social del Colegio de Asistentes Sociales de Perú realizó una evaluación del caso concluyendo que debía practicarse el aborto, ya que su prosecución sólo contribuiría a aumentar la inestabilidad psíquica y emocional de Karen y su familia. Sin lograr el éxito a tales pedidos, en enero del 2001, Karen dio a luz a una niña que vivió durante 4 días.
El caso fue presentado al Comité de Derechos Humanos de la ONU denunciando a Perú de haberse abstenido de practicar un caso de aborto no punible cuando la salud psíquica de la madre estaba supuestamente en riesgo.
Sin embargo, sin negar las secuelas psicológicas que esta situación pueden generar en la madre, incluidos cuadros depresivos como es el caso[60]; no se trata de un caso de aborto terapéutico sino de un caso de aborto eugenésico, ya que es la eliminación de una persona debido a sus malformaciones congénitas que influyen en la viabilidad de su vida. No debe olvidarse que la tarea principal de los auxiliares de la salud es velar siempre por la mayor protección posible de ambas vidas, y eso fue lo que el Estado Peruano protegió en este caso, ya que la Srta. Llantoy pudo vivir perfectamente luego del nacimiento de su hija.
No puede dejar de expresarse que si bien su afectación psicológica fue muy profunda, esto fue producido por la expectativa que todo su entorno le generó de poder eliminar a esa persona concebida para evitarle a ella cualquier episodio amargo. La dignidad de la persona humana no es algo que dependa ni de las capacidades, ni de los efectos que la existencia misma de esa persona puede generar en los que le rodearán, ni de la viabilidad de la vida, sino de su misma esencia. Esto debe ser protegido ante todo, sin desatender a la madre y a la familia que pasa por estas circunstancias. El Estado, debe asegurar a las madres que atraviesan por embarazos complicados el debido apoyo material y psicológico, antes que plantearle la posibilidad de abortar.
Esta situación puede volver a repetirse y el Estado debe estar preparado para afrontarla, brindando el apoyo necesario e integral que las mujeres y familias que pasan por esta situación requieren.
En la candidatura presidencial del período 2011 – 2016, el actual Presidente de la República del Perú Ollanta Humala publicó su plan de Gobierno[61] que como su nombre lo indica prevé una Gran Transformación para la legislación y tradición peruana.
En su Capítulo 7, se dedica a abordar Políticas Sociales, Derechos Humanos, Vida Segura y Paz Social. En un subtítulo de este capítulo, se brinda tratamiento a las políticas destinadas a la Equidad de Género. Comienza realizando un diagnóstico de la situación de la mujer en Perú, destacando como principales causas de la exclusión de la mujer (sobre todo campesinas) las siguientes: condiciones de Pobreza, nivel de educación, acceso a la Salud, atención en el parto[62] , la alta tasa de desempleo, falta de ejercicio de la ciudadanía por parte de las mujeres, violencia de género, violencia sexual, contaminación por la presencia de plomo, etc.
Luego, a la hora de presentar las propuestas de política, aborda de manera muy concreta cada una de estas causales, sin embargo entre ellas incluye el acceso a las píldoras de Anticoncepción Oral de Emergencia y la despenalización del aborto[63], medida que fue prohibida por el Tribunal Constitucional hace ya varios años. A continuación de las propuestas, establece como medidas inmediatas el dar pase inmediato para generar el protocolo de atención de aborto terapéutico como lo exige Naciones Unidas.[64]
Pareciera muy claro que desde su candidatura el actual Presidente tenía como objetivo la inclusión de este tipo de políticas, sin embargo, en su entrevista con el Cardenal y Obispo de Lima Monseñor Cipriani, fue contradictorio en la exposición de los puntos de su plan de gobierno respecto al derecho a la vida ya que declaró que “en el tema aborto nosotros le hemos expuesto que creemos en la defensa a la vida y que está también materializado en la constitución”. Esta declaración hace ver la dualidad del discurso del, en aquel momento, candidato presidencial.
Es importante hacer notar que este tipo de Políticas, más que ser reclamada por el pueblo peruano, aunque sin ignorar que hay minorías que lo reclaman, son fuertemente promovidas por Organismos Internacionales a través de recomendaciones, observaciones y decisiones en casos que atañen a los países en particular. En lo que respecta al reciente Protocolo de Aborto terapéutico, Naciones Unidas siguió muy de cerca su evolución evaluando el proceso del mismo y felicitando a Perú el día que lo aprobó.
Este tipo de recomendaciones y decisiones, tanto del Sistema de Naciones Unidas, particularmente del Comité CEDAW, como desde el SIDH, en lo que respecta a decisiones de la Comisión y de la Corte; se viene ejerciendo sobre el Estado Peruano una fuerte presión para que se avance sobre la despenalización del aborto y su reconocimiento dentro de las políticas de Salud.
Lo que se espera del representante del Estado, es que defienda en todo momento la Legislación, la Jurisprudencia, los Principios Constitucionales y la Tradición de su país; generando políticas de salud que atiendan de una manera real e integral a la especial situación de vulnerabilidad en la que se encuentra muchas veces la mujer embarazada; antes que pensar en políticas públicas como lo exige Naciones Unidas, que pueden ser muchas veces muy buenas y aptas, pero no siempre.
El Código Procesal Constitucional, en el Art. V de su Título preliminar establece que “El contenido y alcances de los derechos constitucionales protegidos por los procesos regulados en el presente Código deben interpretarse de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos, los tratados sobre derechos humanos, así como de las decisiones adoptadas por los tribunales internacionales sobre derechos humanos constituidos según tratados de los que el Perú es parte.”
Asimismo, conforme a la IV Disposición Final y Transitoria de la CPP, el TC ha establecido que “conforme con los tratados sobre derechos humanos, contiene, implícitamente, una adhesión a la interpretación que, de los mismos, hayan realizado los órganos supranacionales de protección de los atributos inherentes al ser humano”[65]. En el mismo sentido, en dos procesos tramitados ante el TC[66], se estableció la obligatoriedad de los Dictámenes que emiten los Comités de cumplimiento de los Tratados a raíz de procesos individuales, lo expresa de la siguiente manera: “la Decisión del Comité de Derechos Humanos … tiene en sí misma, los alcances de una sentencia internacional definitiva, que al Estado que suscribe un Convenio Internacional en materia de Derechos Humanos, necesariamente corresponde cumplir y ejecutar, conforme a lo dispuesto por el artículo 40° de la Ley N° 23506, en concordancia con el artículo 101° de la Constitución Política del Estado de 1979, vigente al momento de plantearse la presente controversia”[67]
Si bien estas disposiciones se han establecido con la finalidad de dar una efectiva vigencia a los tratados internacionales suscriptos por el Perú, no se puede negar que adherir plenamente a las disposiciones de los órganos Internacionales implicaría en muchos casos desconocer la normativa interna y los principios constitucionales proteccionistas del derecho a la vida reconocido en la República; recluyendo así el ejercicio de la soberanía interna del país a un simple ejercicio de mirar qué es lo que establecen estos Organismos Internacionales y adecuarse a ellos con el fin de evitarse sanciones internacionales.
Sale así a la luz la numerosa jurisprudencia del mismo TC, que ha establecido la protección del derecho a la Vida desde la concepción, como así también la legislación; generando una tradición que protege mucho más allá de lo que establecen estos organismos internacionales.
Surge entonces la duda: ¿hasta qué punto los organismos internacionales pueden intervenir en los estados para la defensa de los derechos humanos? La práctica internacional entiende que los derechos humanos, principalmente las violaciones graves, sistemáticas, crímenes de lesa humanidad y genocidios son de interés común, y la apelación a la soberanía para evitar la intervención humanitaria o el escrutinio internacional está fuera de sitio[68], pero ¿qué ocurre cuando la legislación, jurisprudencia y tradición peruana protegen mucho más de lo que estos organismos establecen?
Vemos que por más de que la intervención de estos organismos ha generado en muchos casos un fuerte compromiso internacional para la protección de los Derechos Humanos, hay otros casos en los que los países en ejercicio de sus soberanías han forjado una protección aún más amplia que la que estos organismos proponen. Es entonces, cuando a la luz del principio pro homine, que establece que debe aplicarse siempre la interpretación o la norma que determina una protección mayor o más amplia, saca a la luz la falta de fuerza vinculante de las decisiones de los organismos internacionales que establecen una protección más estrecha que la legislada y practicada por el país en particular.
Como hemos visto a lo largo del reporte, la sociedad peruana siempre ha reflejado sus valores, tradiciones y principios en su legislación y en sus prácticas. Sin embargo, actualmente hay una fuerte presión Internacional para que esta sociedad cambie sus principios y valores con el fin de brindar a la mujer una supuesta protección, y con el fin de ampliar o absolutizar el derecho a la intimidad y a la libertad de la mujer se deja de lado el derecho más básico y fundamental.
El antagonismo de las posiciones e ideologías nos han hecho creer que la protección de ambos intereses son incompatibles. Sin embargo si se lograra trabajar con los puntos en común, los esfuerzos realizados contarían con resultados reales de protección.
Cada sector de la sociedad juega en esto un rol decisivo. El sector público, tiene las herramientas necesarias para defender la tradición, la legislación y sobre todo la soberanía nacional con el fin de generar una real protección de las mujeres en situación de vulnerabilidad y de la persona por nacer. Por otro lado, la sociedad civil, tiene que seguir realizando una pública defensa de sus valores, principios y tradiciones, haciendo saber al sector público que cuentan con su apoyo.
El desafío está planteado, sin embargo, ¿encontrarán las personas en situación de vulnerabilidad agentes comprometidos con la defensa integral y real de sus vidas?
[1] Constitución Política de Perú (CPC). Art. 43.
Ver texto completo: http://www4.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Constitu/Cons1993.pdf
[2] Reglamento del Congreso de la República. Art. 3.
http://www.congreso.gob.pe/accesible/reglamento/cap-preliminar.htm#2
[3] CPC. Art. 138.
[4] ENRIQUE BERNALES BALLESTEROS, La Constitución de 1993: Análisis Comparado. Pág. 615. Editorial Constitución y Sociedad ICS. Lima 1996. 2° Ed.
“(…) a diferencia de la Carta de 1979, que le dedicaba a esta institución un tibio inciso en virtud del cual la Defensoría del Pueblo era ubicada en el interior del Ministerio Público, el nuevo texto constitucional le da un tratamiento diferenciado que lo convierte en un organismo independiente.”
[5] Ob. Cit. Pág. 88.
[6] Ob. Cit. Pág. 92
[7] Constitución Política del Perú -1979- Art. 105: Los preceptos contenidos en los tratados relativos a derechos humanos, tienen jerarquía constitucional. No pueden ser modificados sino por el procedimiento que rige para la reforma de la Constitución. -DEROGADO-
[8] Ver distintas opiniones doctrinales:
NOVAK TALAVERA, Fabián. Los Tratados y la Constitución Peruana de 1993.- En: Agenda Internacional.- Año 1, n. 2.- Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú́ – Instituto de Estudios Internacionales-IOEI, julio-diciembre 1994.- p. 91:
«La eliminación del artículo 105 en nuestro nuevo texto constitucional no tiene ninguna justificación, constituyendo su derogación no sólo un retroceso a nivel jurídico sino también una verdadera torpeza política, si se considera la actual coyuntura, en la que nuestro país enfrenta una serie de cuestionamientos, fundados o no, en materia de respeto a los Derechos humanos»
CIURLIZZA, Javier La Constitución de 1993. Análisis y comentarios n.- Lima, Comisión Andina de Juristas, 1995.- p. 68:
Modificaciones que implican retrocesos:
(…) c) Eliminación del rango constitucional otorgado a los preceptos contenidos en tratados en la constitución de 1993: retrocesos y conflictos.-
BERNALES BALLESTEROS, Enrique. La Constitución de 1993 -análisis comparado-. Lima, ICS editores, 1977. 3ra Ed. pág. 341:
«Otro aspecto que la constitución de 1979 incluyó y que ha sido omitido por la actual, es la disposición que otorgaba jerarquía constitucional a los preceptos contenidos en los tratados relativos a derechos humanos, razón por la cual no podían ser modificados sino por el procedimiento que regía para la reforma de la Constitución(art. 105). Este artículo identificaba a la constitución anterior con la defensa de los derechos humanos y fue uno de los ejes conceptuales para otorgar valor superior y trascendencia histórica a esa Carta. El silencio de la nueva Constitución en este tema indica que las preocupaciones de quienes la elaboraron han discurrido por asuntos más prácticos. Pero el perjudicado es objetivamente el ciudadano, que ve disminuido el nivel de protección constitucional de sus derechos fundamentales».
[9] Constitución Política del Perú. Disposiciones Finales y Transitorias. Cuarta.
[10] Sumado a esto, el Tribunal Constitucional del Perú ha señalado que “(…)en materia de derechos fundamentales, las normas que los reconocen, regulan o limitan deben interpretarse de conformidad con los tratados sobre derechos humanos. Aquel criterio de interpretación de los derechos no solo es una exigencia que se deriva directamente de la IV Disposición Final y Transitoria de la Constitución, sino también del hecho de que los tratados, una vez ratificados por el Estado peruano, forman parte del derecho nacional.” (Sentencia recaída en el expediente N° 1230-2002-HC/TC, del 20 de junio de 2002, f.j.8°). Y más adelante, ha precisado que “(…)toda la actividad pública debe considerar la aplicación directa de normas consagradas en tratados internacionales de derechos humanos (…) es un principio general del derecho internacional el que un Estado no puede invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación para el incumplimiento de un tratado o de normas imperativas de Derecho Internacional. Este principio ha quedado establecido en los artículos 27° y 53° de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, ratificado por el Perú mediante el Decreto Supremo N.°029-2000-RE de fecha 14 de septiembre de 2000” (Sentencia recaída en el expediente N°2798-2004-HC/TC, de 9 de diciembre de 2004, f.j.6°).
[11] Tribunal Constitucional peruano. Sentencia del 25 de abril de 2006 en el Proceso de Inconstitucionalidad presentado por el Colegio de Abogados de Arequipa y Colegio de Abogados del Cono Norte de Lima contra el artículo 22, inciso c), de la Ley No 26397, Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura. (Exp. 0025-2005-PI/TC y 0026-2005-PI/TC). Fundamento B. Numeral 1. Sub numeral. 1.1.
[12] Código Civil Peruano Promulgado el 24/07/1984 Decreto Legislativo N° 295 – Vigencia desde el 14/11/1984
[13] Este título preliminar tiene disposiciones sobre la ley en sí misma. Disposiciones tales como la abrogación de la ley, el ejercicio abusivo del derecho, la aplicación de la ley en el tiempo, etc.
Ver: ANÍBAL TORES VÁZQUES. Código Civil. Tomo I. Comentarios y Jurisprudencia. Concordancias. Antecedentes. Sumillas. Legislación Complementaria. Pág. 118. Editorial IDEMSA Lima-Perú 2011. 7° Ed.
[15] Código Civil de 1936 – Actualmente Derogado . Aprobado por Ley N° 8305.
[16] Código Penal Peruano. Aprobado por Decreto Legislativo N° 635.
[17] Ibíd. Art. 120.
[19] RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 486-2014/MINSA, aprueba la Guía Técnica nacional para la estandarización del procedimiento de la atención integral de la gestante en la interrupción voluntaria por indicación terapéutica del embarazo menor de 22 semanas con consentimiento informado en el marco de lo dispuesto en el articulo 119 del código penal
[20] Ver Fundamentos Jurídicos, casos Karen Llantoy y Anticoncepción Oral de Emergencia. Casos citados en este Reporte. Páginas 27 en adelante.
[21] Declaración de Dublín 2012: Cuidado de Salud Materna.
Disponible en: http://www.dublindeclaration.com
[22] Las normas del Perú se dividen en 3 géneros:
2. Actos Legislativos
Las Resoluciones ministeriales forman parte de los actos administrativos
[23] RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 486-2014/MINSA. Guía Técnica: Punto I. Página 2.
[24] No hay resaltado en el texto original.
[25]Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer: Perú. Recomendación N. 24: “El Comité expresa su preocupación por la interpretación restringida que hace el Estado Parte del aborto terapéutico, que es legal, puede inducir a las mujeres a hacer que se practiquen abortos ilegales en condiciones de riesgo”
Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer: Perú. Recomendación N. 25: “El Comité insta al Estado Parte a que (…) considere la posibilidad de revisar la legislación relacionada con los abortos en casos de embarazo indeseado con miras a suprimir las sanciones que se imponen a las mujeres que se someten a un aborto, de conformidad con la recomendación general 24 del Comité, sobre las mujeres y la salud, y la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing”
http://acnudh.org/wp-content/uploads/2010/12/N0724413.pdf
Declaración y plataforma de acción de Beijín. Punto 106. K) “(…)considerar la posibilidad de revisar las leyes que prevén medidas punitivas contra las mujeres que han tenido abortos ilegales.”
[26] Ver declaraciones en nota periodística:
http://www.aciprensa.com/noticias/medicos-del-peru-dan-un-no-rotundo-al-protocolo-del-aborto-terapeutico-91966/#.U76o9V5stoy
[27] Un ejemplo de esto es el caso de Maddalena Douse, una niña del Reino Unido que nació con sólo 23 semanas de gestación y que al momento de pesarla, por el peso de unas tijeras que sin querer se dejaron en la balanza, se creyó que tenía los 500 gramos requeridos para seguir brindándole atención, pero en realidad pesaba sólo 328 gramos. Sobrevivió perfectamente.
Ver noticia periodística: http://www.dailymail.co.uk/health/article-2249383/The-tiny-premature-baby-lived-doctors-recorded-weight-incorrectly-battled-alive.html
[28] Ver Norma Técnica sobre Categorías de Establecimientos de Sector Salud, Página 45:
http://www.minsa.gob.pe/dgiem/infraestructura/WEB_DI/NORMAS/NT0021DOCUMENTO%20OFICIAL%20CATEGORIZACION.pdf
[29] RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 486-2014/MINSA. Guía Técnica: Punto 6.7: Procedimientos para evacuar el contenido uterino. Página 4.
[30] Término científico: Hiperactividad uterina.
[31] Ver Estudio: Misoprostol y teratogenicidad: Revisión de la evidencia
http://gynuity.org/resources/read/misoprostol-and-teratogenicity-reviewing-the-evidence-sp/
[32] Ley N° 29635. Ley de Libertad Religiosa. Sancionada el 20 de diciembre de 2010.
Si bien esta ley se titula como de Libertad Religiosa, prevé la objeción de conciencia tanto por motivos religiosos como morales. Asimismo en el año 2001, el Tribunal Constitucional declaró que “si bien la Constitución carece de un reconocimiento explícito del derecho de objeción de conciencia, este derecho se encuentra incluido dentro del derecho a la libertad de conciencia, reconocido en el artículo 2.3” (sentencia recaída en el EXP. N° 0895-2001-AA/TC, del 19 de agosto de 2002, f.j.6°).
[33] Adaptación a la situación peruana de la propuesta de la asociación norteamericana Americans United for Life, en su proyecto “Defendiendo el Derecho Humano a la Vida en Latinoamérica”. 2012. 1° Ed. Pág. 24. Texto completo disponible en: http://www.aul.org/wp-content/uploads/2013/05/Section-3.pdf
[34] Ley Nacional 26.061. Capítulo III. Sancionada 28 de septiembre de 2005.
[35] En Argentina se presentó un Proyecto de Ley S-1483/14 de creación de la Defensoría de la Persona por Nacer. Hasta la fecha, sin resolución.
[37] Defendiendo el Derecho Humano a la Vida, Lineamientos Legislativos. Información para las mujeres con embarazos conflictivos. 2012. 1° Ed. Pág. 28.
http://www.aul.org/wp-content/uploads/2013/05/Section-3.pdf
[38] Ob. Cit.. Pág. 29.
[39] Ver Código de Niñez y Adolescencia. Ley 27337, sancionada el 7 de Agosto del 2000. http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/27337.pdf
[40] Ibíd. Título Preliminar. Art. I.
[41] Ley Nº 26842. Art. 7. Ver Texto Completo:
http://www.minsa.gob.pe/ogpp/app/Normatividad/Ley%20general%20de%20salud%2026842.pdf
[42]Sentencia Nº 2005-2009 Fundamento Jurídico N. 38. Ver Texto Completo:
[43] Ver texto completo del Programa La Salud Integral; Compromiso de Todos – Modelo de Atención Integral de Salud : www.minsa.gob.pe/dgsp/documentos/dgsp/Mais.doc
[44] Fue sancionada en el año 2003, por lo cual su numeración era 729-2003, pero fue modificada en el año 2009, por lo que su actual numeración es 729-2009.
Ver texto de la modificación:
http://www.inen.sld.pe/portal/documentos/pdf/normas_legales/resoluciones_ministeriales/21092009_1400_RM538-2009EP.pdf
[45] La Salud Integral; Compromiso de Todos – Modelo de Atención Integral de Salud, Pág. 12. Ver: www.minsa.gob.pe/dgsp/documentos/dgsp/Mais.doc
[46] Ibíd. Pág. 41.
[47] Ver texto legal: http://www.congreso.gob.pe/comisiones/2001/justicia/ley27775.htm
[48] Ver ANTECEDENTES en Sentencia del Tribunal Constitucional. Pág. 1. EXP. N.° 02095-2009-PA/TC. Ver texto completo:
http://www.sincomponenda.org/files/fallo_tribunal.pdf
[49]Sentencia TC Nº 2005-2009 Fundamento Jurídico N. 22. Página 8. Ver Texto Completo:
[50] Ob. cit. Fundamento Jurídico N. 33. Página 11
[51] Ob. Cit. Fundamento Jurídico N. 41. Página 13.
[52] Ob. Cit. Fundamento Jurídico N. 48. Página 15.
[54] Ob. Cit. Fundamento Jurídico N. 53. Página 16.
[55] En septiembre de 1995 se promulgó la Ley N° 26530 que estableció el Programa Nacional de Planificación Familiar e implantó la esterilización como método de planificación familiar. Con base en esta ley, el Ministerio de Salud comenzó una campaña intensa de sensibilización por medio de festivales de salud, para inducir el uso de métodos anticonceptivos irreversibles y tratar de controlar de tal manera la tasa de natalidad, sobre todo entre las mujeres campesinas. (…)Sin embargo, en Perú, según información recibida por parte de varias fuentes, acciones de las AQV han conducido a casos de esterilizaciones forzadas. Durante la visita in loco a Perú, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo manifestó a la CIDH haber recibido 168 denuncias de esterilizaciones forzadas.(…) La Comisión considera que cuando un programa de planificación familiar pierde su carácter “voluntario” y convierte a la mujer simplemente en un objeto de control para ajustar el crecimiento demográfico, el programa pierde su razón de ser y se transforma en un peligro de violencia y discriminación directa contra la mujer.
Ver SEGUNDO INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LOSDERECHOS HUMANOS EN EL PERÚ. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Año 2010. Capítulo 7 “Los Derechos de la Mujer”.
http://www.cidh.org/countryrep/Peru2000sp/capitulo7.htm
[56] Testimonio de Jacinto Salazar Suárez, esposo de María Mamérita Mestanza Chávez, en diversas oportunidades del proceso de su esposa:
“(…) el Gobierno había dado una ley que la persona que tenía más de cinco hijos tenía que pagar una multa y serían internados en la cárcel”.
“(…) lo llevo a la doctora y el doctor y la examinan, lo levantan y dicen, estás bien, solamente es cuestión de anestesia [que] se te ha puesto le dijo para que te pase de 8 días o de 15 días te pasa esta anestesia. Yo me sentía pobre, pero sí me sentía que yo quería salvar la vida a mi esposa, por qué, por qué le hicieron pues después de que estaba sana y buena hacer esa maldad. Entonces de ahí́, llévala a tu casa me dijeron no te pasa nada (…)”.
“(…) Ellos estaban ahí́ de acuerdo y me dieron de 850 soles para hacer el gasto de funerario. Que me calle yo no dé a saber a ninguna de las justicias, no dé a saber ni a puesto ni a juez ni a rondas, eso me dijeron los mismos doctores de Cajamarca de acuerdo con los doctores de la Encañada. Yo recibí́ los 850 para hacer el sepelio, entonces me hicieron firmar los papeles y me dijeron mañana nuevamente regresas para ver nosotros para darte más dinero”.
CLADEM. Caso Mamérita Mestanza vs. Perú.
http://www.demus.org.pe/publicacion/7b2_caso_mamerita.pdf
[57] INFORME N° 71/03. PETICIÓN 12.191. SOLUCIÓN AMISTOSA: María Mamérita Mestanza Chávez vs. Perú. 10 de octubre de 2003
Texto completo disponible en: https://www.cidh.oas.org/women/Peru.12191sp.htm
[59] Ver: DICTAMEN Comunicación No. 1153/2003. COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS 85° Período de Sesiones. 17 de octubre a 3 de noviembre de 2005.
http://www.catedradh.unesco.unam.mx/SeminarioCETis/Documentos/Doc_basicos/1_instrumentos_universales/6%20Resoluciones%20de%20casos%20de%20los%20comites%20del%20sistema%20universal/47.pdf
[60] LEGARRE, Santiago “La Huella Indeleble del Aborto”, Revista Sed Contra, www.sedcontra.com.ar , acceso el 10-V- 07:
“En su nuevo libro Adiós, depresión, el psiquiatra español Enrique Rojas recoge datos espeluznantes de una investigación llevada a cabo en Nueva Zelanda sobre las depresiones post-aborto: el 42% de las mujeres que abortaron antes de los 25 años experimentaron una depresión en los cuatro años siguientes. El jefe del equipo investigador, David Fergusson, se manifiesta ateo y partidario del aborto, pero reconoce que, para su sorpresa, el estudio demuestra una patente relación entre someterse a un aborto y padecer una depresión o algún otro tipo de alteración psicológica.”
[61] Plan de Gobierno 2011-2016. La Gran Transformación. Diciembre 2010.
Ver texto completo: http://www.presidencia.gob.pe/plan-de-gobierno-gana-peru-2011-2016
[62] (…)Cada 8 horas muere una mujer por complicaciones en el embarazo debido principalmente a la falta de centros asistenciales en las zonas más alejadas de nuestro territorio, lo que no permite que las mujeres tengan servicios de calidad y eficiencia cercanos a las zonas especialmente de mujeres pobres, campesinas e indígenas.
Ob. Cit. Capítulo 7. Políticas Sociales, Derechos Humanos, Vida Segura y Paz Social. 7.3.2 Políticas para la Equidad de Género. a) Diagnóstico. Página 180.
[63] Ibíd. Página. 182
[64] Ibíd. Original no resaltado.
[65] Tribunal Constitucional peruano. Sentencia del 17 de abril de 2002 en el proceso de hábeas corpus iniciado por Alfredo Crespo contra el fuero militar (Exp. 217-02-HC/ TC). Fundamento No 2.
[66] Tribunal Constitucional peruano. Sentencias en los expedientes Exp. No 105-2001- AC/TC y Exp. N° 012-95-AA/TC.
[67] 13 Tribunal Constitucional peruano. Sentencia del 17 de abril de 1998 en el Proceso de Amparo interpuesto por Rubén Toribio Muñoz Hermoza contra el Director General de la Policía Nacional. (Exp. N° 012-95-AA/TC). Fundamento N° 2.
[68] Colección de Textos Jurídicos Universitarios. DERECHOS HUMANOS. Oxford University Press. – Hugo Saúl Ramírez García y Pedro de Jesús Pallares Yabur – Página 11.