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Timestamp: 2019-04-19 05:16:24
Document Index: 226961943

Matched Legal Cases: ['Artículo 199', 'Artículo 200', 'Artículo 201', 'Artículo 202', 'Artículo 203', 'Artículo 204', 'Artículo 205', 'artículo 204', 'Artículo 206', 'artículo 206', 'artículo 19', 'Artículo 207', 'Artículo 208', 'Artículo 209', 'artículo 47', 'artículo 206', 'Artículo 209', 'artículo 19', 'Artículo 210', 'artículo 47', 'Artículo 211', 'Artículo 212', 'Artículo 213', 'Artículo 214', 'artículo 53', 'Artículo 215', 'Artículo 216', 'Artículo 216', 'artículo 19', 'Artículo 217', 'Artículo 218', 'Artículo 219', 'Artículo 220', 'Artículo 221', 'Artículo 222', 'Artículo 223', 'Artículo 224', 'Artículo 225', 'Artículo 226', 'Artículo 227', 'Artículo 228', 'Artículo 229', 'Artículo 230', 'Artículo 231', 'Artículo 232', 'Artículo 233', 'Artículo 234', 'Artículo 235', 'Artículo 236', 'Artículo 236', 'artículo 1', 'Artículo 236', 'artículo 1', 'Artículo 236', 'artículo 19', 'Artículo 236', 'Artículo 236', 'artículo 2', 'Artículo 237', 'Artículo 238', 'artículo 236', 'Artículo 238', 'artículo 3', 'Artículo 239', 'Artículo 240', 'Artículo 241', 'Artículo 242', 'Artículo 243', 'Artículo 244', 'artículo 243', 'Artículo 245', 'Artículo 246', 'Artículo 247', 'Artículo 248', 'Artículo 249', 'Artículo 249', 'artículo 19', 'Artículo 250', 'Artículo 251', 'Artículo 252', 'Artículo 253', 'Artículo 254', 'Artículo 255', 'Artículo 256', 'artículo 255', 'Artículo 257', 'Artículo 258', 'Artículo 258', 'Artículo 259', 'Artículo 259', 'Artículo 260', 'Artículo 260', 'Artículo 261', 'Artículo 261', 'Artículo 262', 'Artículo 262', 'Artículo 263', 'Artículo 263', 'Artículo 264', 'Artículo 264', 'Artículo 265', 'Artículo 265', 'Artículo 266', 'Artículo 266', 'Artículo 267', 'Artículo 267', 'Artículo 268', 'Artículo 268', 'Artículo 269', 'Artículo 270', 'Artículo 271', 'Artículo 272', 'Artículo 272', 'Artículo 273', 'Artículo 273', 'Artículo 274', 'artículo 53', 'artículo 52', 'Artículo 274', 'Artículo 275', 'artículo 278', 'Artículo 276', 'Artículo 276', 'Artículo 277', 'artículo 277', 'Artículo 277', 'Artículo 278', 'Artículo 278', 'Artículo 279', 'Artículo 279', 'Artículo 280', 'Artículo 280', 'Artículo 281', 'Artículo 281']

Decreto Legislativo 2/2003, de 28 de abril, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley municipal y de régimen local de Cataluña. TÍTULO XIX. Del patrimonio, las obras, las actividades, los servicios y la contratación
Del patrimonio, las obras, las actividades, los servicios y la contratación
Artículo 199 Bienes y derechos del patrimonio local
El patrimonio de los entes locales está constituido por todos los bienes y los derechos que les pertenecen por cualquier título.
Artículo 200 Clasificación de los bienes
Los bienes de los entes locales se clasifican en bienes de dominio público y bienes patrimoniales.
Artículo 201 Bienes de dominio público
201.1 Son bienes de dominio público los afectos al uso público o a los servicios públicos de los entes locales y los que la ley declare con este carácter. Tienen también esta consideración los bienes comunales.
201.2 Se entiende que son afectos al uso público aquellos bienes destinados a ser directamente utilizados por los particulares.
201.3 Se entiende que son afectos al servicio público aquellos bienes que, por su naturaleza o por las disposiciones particulares de organización, se adecuen esencialmente o exclusivamente al fin particular del servicio.
201.4 En todo caso, son bienes de dominio público los inmuebles propiedad del ente local donde tiene su sede la corporación y aquéllos en que se alojan sus órganos y servicios.
201.5 Igualmente están sujetos al régimen de dominio público los derechos reales que corresponden a las entidades locales sobre bienes que pertenecen a otras personas, cuando estos derechos se constituyen para utilidad de alguno de los bienes indicados por los apartados anteriores o para la consecución de fines de interés público equivalentes a los que sirven dichos bienes.
Artículo 202 Bienes comunales
Tienen la consideración de bienes comunales aquéllos cuyo aprovechamiento corresponde al común de los vecinos. Les es aplicable el régimen jurídico de los bienes de dominio público, sin perjuicio de las normas específicas que regulan su aprovechamiento.
Artículo 203 Bienes patrimoniales
Tienen la consideración de bienes patrimoniales los que son propiedad del ente local y no están destinados directamente al uso público o al ejercicio de ningún servicio público de competencia local, o al aprovechamiento por el común de los vecinos. Se rigen por lo que dispone su legislación específica y, si ésta faltara, por las normas de derecho privado.
Artículo 204 Alteración de la calificación jurídica
204.1 Para alterar expresamente la calificación jurídica de los bienes de los entes locales tiene que incoarse expediente en el cual se acredite la oportunidad y la legalidad.
204.2 No obstante, se entiende como efectuada automáticamente la afectación de los bienes al dominio público en los supuestos siguientes:
a) Por la aprobación definitiva de los planes de ordenación urbana y los proyectos de obras y servicios.
c) Cuando el ente local adquiere por usucapión el dominio de un bien que hubiera sido destinado a un uso o un servicio público o comunal.
d) Cuando los bienes se adquieren por expropiación forzosa, caso en el cual se entienden como afectados al uso o el servicio determinantes de la declaración de utilidad pública o de interés social.
e) Cuando los bienes se adquieren por cesión obligatoria con el fin de ser destinados al uso público o a la prestación de un servicio público.
204.3 Si lo que disponen las letras a) y b) afecta a bienes comunales, se entiende como modificada su naturaleza de bienes de dominio público en el sentido de la afectación que corresponda.
204.4 Si los bienes comunales no han sido objeto de aprovechamiento durante más de diez años, aunque en algunos haya actos aislados de aprovechamiento, puede alterarse su calificación jurídica y considerarlos como bienes patrimoniales, si así lo autoriza al Gobierno de la Generalidad.
204.5 La resolución de los expedientes de alteración de la calificación jurídica de los bienes de los entes locales corresponde al pleno. Si el acuerdo comporta la desafectación del bienes de dominio público o comunales, hace falta el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación.
Artículo 205 Desafectación
205.1 Puede procederse a la desafectación de bienes de dominio público y de los comunales si, durante el periodo de veinticinco años, no se han utilizado en el sentido de su afectación pública.
205.2 En este caso, hace falta que así se constate por acuerdo del pleno adoptado por mayoría simple, sin que tenga que tramitarse el expediente previo a que se refiere el artículo 204.1.
205.3 Lo que establece este artículo no es aplicable cuando la utilización de los bienes se ha hecho en un sentido inherente a otra modalidad del dominio público.
Artículo 206 Adquisición de los bienes
206.1 Los entes locales tienen capacidad jurídica plena para adquirir toda clase de bienes y derechos y para poseerlos, y también para ejercer las acciones y los recursos procedentes en defensa de su patrimonio.
206.2 La adquisición de bienes a título lucrativo no está sujeta a ninguna restricción. No obstante, si la adquisición comporta la asunción de una condición, una carga o un gravamen oneroso, sólo pueden aceptarse los bienes cuando su valor es superior al de aquéllos. La aceptación de herencias se entiende siempre que es a beneficio de inventario.
206.3 La adquisición de bienes a título oneroso necesita:
a) El cumplimiento de las normas sobre contratación de los entes locales. No obstante, con informe previo del Departamento de Gobernación y Relaciones Institucionales, puede procederse a la adquisición directa cuando lo requieran las peculiaridades de los bienes, las necesidades del servicio a satisfacer o las limitaciones del mercado inmobiliario. También puede procederse a la adquisición directa en supuestos de urgencia extrema.
b) La valoración pericial, en el caso de bienes inmuebles.
c) En el caso de valores mobiliarios, el informe previo del Departamento de Economía y Finanzas. El informe tiene que emitirse en el plazo máximo de treinta días.
Apartado 206.3 del artículo 206 redactado por el apartado 10 del artículo 19 de la Ley [CATALUÑA] 16/2015, 21 julio, de simplificación de la actividad administrativa de la Administración de la Generalidad y de los gobiernos locales de Cataluña y de impulso de la actividad económica («D.O.G.C.» 24 julio).
206.4 De acuerdo con lo que establecen las leyes, los entes locales pueden adquirir también bienes y derechos:
c) Por expropiación forzosa y por ocupación directa.
Artículo 207 Permanencia de las modalidades de afectación
207.1 Se entiende que las condiciones y las modalidades de afectación permanente bajo las cuales se han adquirido los bienes son completas y consumadas si, durante treinta años, se han destinado al fin previsto y dejan de serlo por circunstancias sobrevenidas de interés público.
207.2 Se entiende que las condiciones y las modalidades son completas también si los bienes se destinan a finalidades análogas a las fijadas en el acta de adquisición.
Artículo 208 Inalienabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad
208.1 Los bienes de dominio público y los comunales, mientras conservan su carácter, son inalienables, inembargables e imprescriptibles.
208.2 Son también inalienables e inembargables los montes catalogados que pertenecen a los entes locales, en los términos que establece la legislación específica sobre la materia.
Artículo 209 Enajenación y gravamen
209.1 Para enajenar o gravar bienes patrimoniales, tienen que tenerse en cuenta las reglas siguientes:
a) En el caso de bienes inmuebles, hace falta el informe previo del Departamento de Gobernación y Relaciones Institucionales si su valor excede el 25% de los recursos ordinarios del presupuesto consolidado de la corporación. El informe tiene que emitirse en el plazo máximo de treinta días. Si el informe no es favorable, el pleno tiene que adoptar el acuerdo de enajenación o de gravamen con los requisitos que establece el artículo 47.2 de la Ley 7/1985, de bases de régimen local.
b) En el caso de valores mobiliarios, hace falta el informe previo del Departamento de Economía y Finanzas, que tiene que emitirse en el plazo máximo de treinta días.
209.2 Para la enajenación, hace falta antes la valoración pericial que acredite el avalúo de los bienes.
209.3 La enajenación de bienes patrimoniales tiene que hacerse por subasta pública, a menos que se trate de una permuta.
Este trámite no es necesario en el caso de bienes muebles o en los casos excepcionales determinados por el artículo 206.3.a).
209.4 En ningún caso puede procederse a la enajenación de bienes patrimoniales para financiar gastos corrientes, a menos que se trate de parcelas sobreras de vías públicas no edificables o de bienes no utilizables en servicios locales.
Artículo 209 redactado por el apartado 11 del artículo 19 de la Ley [CATALUÑA] 16/2015, 21 julio, de simplificación de la actividad administrativa de la Administración de la Generalidad y de los gobiernos locales de Cataluña y de impulso de la actividad económica («D.O.G.C.» 24 julio).
Artículo 210 Permuta
210.1 La permuta de bienes patrimoniales requiere de un expediente en el cual tiene que acreditarse la necesidad o la conveniencia de efectuarla y la equivalencia de valores entre los bienes. No obstante, la permuta puede hacerse también si la diferencia de valores entre los bienes no excede el 100% del valor más bajo y si se establece la compensación económica pertinente cuando la diferencia es en perjuicio del bien del ente local.
210.2 Si la diferencia de valores es más elevada, puede procederse a la permuta, con informe previo del Departamento de Gobernación y Relaciones Institucionales. El informe tiene que emitirse en el plazo máximo de treinta días. Si el informe no es favorable, el pleno tiene que adoptar el acuerdo con los requisitos que establece el artículo 47.2 de la Ley 7/1985, de bases de régimen local. Transcurrido el plazo sin la emisión del informe, éste se entenderá favorable por silencio positivo.
210.3 En el caso de permuta de futura cosa pueden establecerse por reglamento otros requisitos y garantías adicionales.
Artículo 211 Cesión gratuita de bienes
211.1 Los entes locales pueden ceder gratuitamente los bienes patrimoniales mediante la instrucción previa de un expediente en el cual tiene que determinarse, como mínimo:
a) La finalidad de la cesión y que ésta se hace en beneficio de la población del ente local.
b) La justificación de que la finalidad de la cesión no puede alcanzarse manteniendo el ente local el dominio o el condominio de los bienes, ni constituyendo sobre éstos ningún derecho real.
211.2 Antes de que el pleno apruebe la cesión, el expediente tiene que someterse a información pública por un periodo mínimo de treinta días, durante el cual pueden formularse reclamaciones o alegaciones.
Artículo 212 Cesión gratuita de inmuebles
212.1 Los bienes patrimoniales inmuebles pueden cederse gratuitamente:
b) A entidades privadas sin ánimo de lucro que tengan que destinarlos a fines de utilidad pública o de interés social, siempre que complementen o contribuyan al cumplimiento de intereses de carácter local.
212.2 El acuerdo de cesión tiene que determinar la finalidad concreta a que las entidades o las instituciones beneficiarias tienen que destinar los bienes.
212.3 Si los bienes cedidos no se destinan al uso previsto en el plazo fijado o dejan de ser destinados, revierten automáticamente de pleno derecho al patrimonio del ente local cedente, el cual tiene derecho a recibir, en su caso, el valor de los daños y perjuicios causados y el del detrimento experimentado por los bienes.
Artículo 213 Adscripción y reversión de bienes
213.1 En el supuesto de delegación de competencias a otras administraciones públicas, el acuerdo tiene que determinar los bienes adscritos que tienen que ser objeto de cesión.
213.2 La reasunción del servicio o de la función supone la reversión de los bienes. La reversión se produce también en el supuesto de que los bienes cedidos no se encuentren efectivamente adscritos a la prestación del servicio.
Artículo 214 Acuerdos de enajenación, gravamen y cesión
214.1 La enajenación, el gravamen o la cesión de bienes tienen que ser acordados por el pleno de la corporación, a excepción de los supuestos de enajenación que, de acuerdo con el artículo 53 de esta Ley, corresponde aprobar al alcalde.
214.2 Los acuerdos de cesión tienen que ser adoptados por mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación.
214.3 Los actos de gravamen y los de enajenación pueden delegarse en la comisión de gobierno.
Artículo 215 Legislación sectorial
Artículo 216 Sucesión en la titularidad
216.1 Se produce sucesión en la titularidad de los bienes de los entes locales, según lo que dispone esta Ley:
a) Si se modifica el territorio del ente titular, de acuerdo con los procedimientos establecidos por las leyes.
216.2 En el caso del apartado 1.a), la sucesión comprende los bienes de dominio público y los patrimoniales afectados por la modificación, y, en el caso del apartado 1.b), los bienes afectos a las funciones o a los servicios transferidos como consecuencia de la alteración competencial.
Artículo 216 bis introducido por el apartado 12 del artículo 19 de la Ley [CATALUÑA] 16/2015, 21 julio, de simplificación de la actividad administrativa de la Administración de la Generalidad y de los gobiernos locales de Cataluña y de impulso de la actividad económica («D.O.G.C.» 24 julio).
Artículo 217 Normativa sobre el uso de los bienes
El uso de los bienes de servicio público se rige por lo que disponen las normas sobre servicios de los entes locales y, supletoriamente, por las que regulan el patrimonio.
Artículo 218 Utilización de los bienes
218.1 La utilización de los bienes de dominio público puede adoptar las modalidades siguientes:
a) Uso común, general o especial, si concurren circunstancias singulares de peligrosidad, de intensidad de uso u otros parecidos.
218.2 El uso común general se ejerce libremente de acuerdo con la naturaleza de los bienes, los actos de afectación y las disposiciones generales.
218.3 El uso común especial puede sujetarse a licencia, de acuerdo con la naturaleza de los bienes, los actos de afectación y de apertura al uso público y las disposiciones generales.
218.4 El uso privativo inherente a la afectación de los bienes y lo que supone la transformación o la modificación del dominio público queda sujeto a concesión administrativa. El uso privativo que no supone transformación ni modificación del dominio público queda sujeto a licencia.
Artículo 219 Administración de los bienes patrimoniales
219.1 Los bienes patrimoniales tienen que ser administrados de acuerdo con los criterios de máxima rentabilidad, en las condiciones usuales de la práctica civil y mercantil.
219.2 El arrendamiento y cualquier otra forma de cesión de uso de los bienes patrimoniales tiene que hacerse por medio de subasta pública o, excepcionalmente, por concurso.
Artículo 220 Aprovechamiento de bienes comunales
220.1 El aprovechamiento de los bienes comunales se hace ordinariamente en régimen de explotación común o colectiva.
Cuando este sistema no es posible, el aprovechamiento tiene que regirse por la costumbre o las ordenanzas locales y, en defecto de éstas, tiene que adjudicarse por lotes entre los vecinos.
220.2 Excepcionalmente, cuando no sea posible el aprovechamiento en la forma determinada por el apartado 1, los bienes comunales pueden arrendarse o cederse en uso. En este caso, la adjudicación tiene que hacerse por subasta pública, con informe previo del Departamento de Gobernación y Relaciones Institucionales, que tiene que emitirlo en el plazo máximo de treinta días.
Artículo 221 Concesiones de dominio público
221.1 Los acuerdos relativos a las concesiones sobre bienes de dominio público de más de cinco años y de cuantía superior al 10% de los recursos ordinarios del presupuesto, y también los referentes a las cesiones de aprovechamientos de bienes comunales, tienen que ser adoptados por mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación.
221.2 Las otras concesiones sobre bienes de dominio público, y la cesión por cualquier título del uso de bienes patrimoniales, tienen que ser también competencia del pleno. No obstante, éste puede delegarlas en la comisión de gobierno.
Artículo 222 Inventario de los bienes
222.1 Los entes locales tienen que llevar un inventario de sus bienes, el cual tiene que comprender los bienes de dominio público y los patrimoniales, los derechos y los valores mobiliarios.
222.2 El inventario tiene que ser objeto de actualización continuada, sin perjuicio de su rectificación y comprobación, que tiene que hacerse cada año, en el primer caso, y cada vez que se renueve la corporación, en el segundo.
222.3 Corresponde al pleno de la corporación la aprobación, la rectificación y la comprobación del inventario.
222.4 Los organismos autónomos locales tienen que hacer inventarios separados de sus bienes y derechos, cuya copia tiene que adjuntarse como anexo al inventario general del ente local.
Artículo 223 Registro de la propiedad
223.1 Los entes locales tienen que inscribir en el Registro de la propiedad sus bienes inmuebles y derechos reales.
223.2 Están exentos de inscripción los bienes de dominio público de uso general.
223.3 Para la inscripción de los bienes y los derechos en el Registro de la propiedad tiene que aplicarse lo que dispone la legislación hipotecaria.
Artículo 224 Organismos autónomos
224.1 Los bienes adquiridos por los organismos autónomos locales a cargo de sus presupuestos tienen que inscribirse en nombre de estos organismos.
224.2 Los bienes de los entes locales adscritos a sus organismos autónomos no pueden inscribirse en nombre de éstos, sin embargo se tiene que hacer constar la adscripción.
Artículo 225 Conservación y mejora
225.1 La titularidad de los bienes supone la obligación de conservarlos y mejorarlos.
225.2 Si, por su naturaleza, los bienes son objeto de regulación sectorial, los entes locales tienen que hacer los actos de administración, de conservación y de fomento que determina la legislación especial.
225.3 Los bienes inmuebles y los bienes muebles de carácter histórico, artístico o de considerable valor económico pueden asegurarse, una vez hechos la valoración y el estudio económico.
Artículo 226 Deslinde
226.1 Los entes locales tienen la facultad de promover y de ejecutar el deslinde entre los bienes que les pertenecen y los de los particulares, si los límites son imprecisos o se aprecian indicios de usucapión.
226.2 El procedimiento para el deslinde tiene que ajustarse a lo que dispone la legislación del patrimonio del Estado.
226.3 Corresponden al secretario o secretaria general y al interventor o interventora de la corporación las funciones relativas a la calificación de la validez y la eficacia de los títulos presentados por los interesados y a la determinación del presupuesto de gastos del deslinde.
226.4 Si el procedimiento es iniciado de oficio por la misma corporación, corresponde al pleno adoptar el acuerdo. La resolución del expediente corresponde también al pleno.
226.5 El deslinde de los montes públicos que pertenecen a los entes locales se rige por lo que establece la legislación específica sobre esta materia.
Artículo 227 Defensa de los bienes
227.1 Los entes locales tienen plena capacidad para ejercer todo tipo de acciones y de recursos en defensa de sus derechos y patrimonio.
227.2 Los entes locales pueden recuperar ellos mismos, en cualquier momento, la posesión de sus bienes de dominio público.
227.3 Igualmente, pueden recuperar los bienes patrimoniales dentro de un año a contar del día siguiente de la fecha en que se ha producido la ocupación. Pasado este periodo, sólo pueden hacerlo acudiendo ante la jurisdicción ordinaria.
227.4 En los supuestos a que se refieren los apartados 2 y 3, no pueden admitirse interdictos contra las actuaciones de los entes locales.
227.5 La recuperación de la posesión de los montes catalogados tiene que regirse por la legislación específica sobre esta materia.
Artículo 228 Extinción de derechos
La extinción de los derechos constituidos sobre los bienes de dominio público y comunales en virtud de autorización, concesión o cualquier otro título y de las situaciones posesorias a que han podido dar lugar, es efectuada por vía administrativa por los mismos entes locales, una vez instruido el expediente y escuchados los interesados, y puede dar lugar a indemnización si procede en derecho.
Artículo 229 Ejercicio de acciones
El ejercicio de las acciones administrativas a que se refieren los artículos 227 y 228 es competencia del pleno de la corporación, salvo las que son urgentes, que tienen que ser ejercidas por el presidente.
Artículo 230 Acuerdo del pleno
Los entes locales no pueden avenirse a las demandas judiciales, hacer transacciones sobre sus bienes o derechos, ni someter a arbitraje las contenciones que se susciten sobre éstos si no es mediante acuerdo del pleno adoptado por mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación.
Artículo 231 Protección ante actuaciones judiciales
231.1 Ningún tribunal, juez o autoridad administrativa puede dictar providencia de embargo ni tramitar mandato de ejecución contra los bienes y los derechos del patrimonio de los entes locales, ni contra sus rentas, frutos o productos, a menos que se trate de bienes patrimoniales no afectados a un uso o servicio público.
231.2 El cumplimiento de las resoluciones que determinan obligaciones a cargo de los entes locales se rige por lo que disponga la legislación reguladora de las finanzas locales, de la cual es supletoria la Ley general presupuestaria.
Artículo 232 No tributación
Los bienes comunales y los otros bienes de dominio público no están sujetos a ningún tributo.
Artículo 233 Obligaciones de los particulares
233.1 Las personas que tienen a su cargo la gestión de los bienes o de los derechos de los entes locales están obligadas a tener cuidado de su custodia, conservación y aprovechamiento, y responden ante la corporación respectiva de los daños y los perjuicios ocurridos por su pérdida o detrimento, o en caso de fraude o negligencia.
233.2 Los particulares que por fraude o negligencia causen daños en el dominio público de los entes locales o hagan actos de ocupación serán sancionados con multa, cuyo importe puede establecerse entre el valor y el doble del valor del perjuicio causado o de aquello usurpado, sin perjuicio de ser obligados a reparar los daños y los perjuicios y a restituir lo que hubieran sustraído.
233.3 Las responsabilidades a que se refieren los apartados 1 y 2 son sustanciadas y ejecutadas por vía administrativa.
Obras, actividades y servicios
Artículo 234 Obras locales
234.1 Tienen la consideración de obras locales las que ejecutan los entes locales para prestar los servicios de su competencia.
234.2 Las obras ejecutadas por los entes locales pueden ser ordinarias o de urbanización. Éstas últimas se rigen por lo que dispone la legislación urbanística.
Artículo 235 Proyecto de obras
235.1 El proyecto de obras tiene que contener, como mínimo:
a) La memoria y el presupuesto de realización.
b) Las prescripciones técnicas y facultativas.
c) Los planos.
d) La relación detallada y la valoración de los bienes que tienen que ocuparse y, en su caso, de expropiar.
e) El resto de documentos que, con carácter básico, se determina en la normativa de contratos de las administraciones públicas.
235.2 La aprobación de los proyectos de obras tiene que ajustarse al procedimiento siguiente:
a) Redacción del proyecto a cargo del personal técnico de la misma corporación o bien otros facultativos.
b) Acuerdo de aprobación inicial del proyecto.
c) Información pública del proyecto por un periodo de treinta días como mínimo, durante el cual pueden formularse reclamaciones y alegaciones.
d) Aprobación definitiva del proyecto por el órgano correspondiente del ente local.
235.3 La aprobación de los proyectos de obras lleva implícita la declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación de los terrenos y los edificios que están comprendidos en ella, a efectos de expropiación forzosa.
Artículo 236 Modalidades de intervención
236.1 Los entes locales pueden intervenir la actividad de la ciudadanía por los medios siguientes:
b) Sumisión a comunicación previa o a declaración responsable, de conformidad con la normativa reguladora del procedimiento administrativo.
c) Sumisión a licencia y a otros actos de control preventivo. Cuando se trate del acceso y el ejercicio de actividades, el régimen de intervención se tiene que establecer de conformidad con la normativa reguladora del libre acceso a las actividades de servicios y a su ejercicio.
d) Sumisión a control posterior al inicio de la actividad, con el objeto de verificar el cumplimiento de la normativa que la regula.
e) Órdenes individuales de mandamiento o de prohibición.
Artículo 236.1 redactado por el artículo 1 del D Leg. [CATALUÑA] 3/2010, 5 octubre, para la adecuación de normas con rango de ley a la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior («D.O.G.C.» 6 octubre).Vigencia: 7 octubre 2010
236.2 La actividad de intervención se tiene que ajustar, en todo caso, a los principios de legalidad, de no discriminación, de necesidad y proporcionalidad con el objetivo que se persigue, y de respeto a la libertad individual.
Artículo 236.2 redactado por el artículo 1 del D Leg. [CATALUÑA] 3/2010, 5 octubre, para la adecuación de normas con rango de ley a la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior («D.O.G.C.» 6 octubre).Vigencia: 7 octubre 2010
236.3 Las licencias o autorizaciones otorgadas por otras administraciones públicas no eximen a sus titulares de obtener las licencias correspondientes de los entes locales de acuerdo, en todo caso, con lo que dispone la normativa sectorial de aplicación en cada supuesto.
Artículo 236 redactado por el apartado 13 del artículo 19 de la Ley [CATALUÑA] 16/2015, 21 julio, de simplificación de la actividad administrativa de la Administración de la Generalidad y de los gobiernos locales de Cataluña y de impulso de la actividad económica («D.O.G.C.» 24 julio).
Artículo 236.bis Ventanilla única
1. Los prestadores de servicios pueden realizar mediante ventanilla única, por vía electrónica y a distancia, procedimientos y trámites para el acceso y ejercicio de una actividad de servicios.
2. Las entidades locales tienen que promover que los prestadores de servicios puedan, mediante la ventanilla única, obtener toda la información y los formularios relevantes para el acceso a la actividad y para su ejercicio, presentar la documentación y conocer las resoluciones y el resto de comunicaciones de las autoridades competentes en relación con sus solicitudes.
Asimismo, tienen que facilitar el derecho de los destinatarios a obtener mediante la ventanilla única la información referida al acceso a las actividades de servicios y a su ejercicio.
Artículo 236.bis introducido por el artículo 2 del D Leg. [CATALUÑA] 3/2010, 5 octubre, para la adecuación de normas con rango de ley a la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior («D.O.G.C.» 6 octubre).Vigencia: 7 octubre 2010
Artículo 237 Ordenanzas y bandos
237.1 Las ordenanzas y los bandos no pueden contener preceptos contrarios a las leyes y a otras disposiciones generales.
237.2 Las ordenanzas pueden tipificar infracciones y establecer sanciones de acuerdo con lo que determinan las leyes sectoriales.
237.3 Si las leyes no establecen un régimen sancionador específico, pueden imponerse multas por infracción de las ordenanzas locales, las cuales no pueden exceder de 1.803,04 euros en municipios de más de 250.000 habitantes, de 901,52 euros en los de 50.001 a 250.000 habitantes, de 450,76 euros en los de 20.001 a 50.000 habitantes, de 300,51 euros en los de 5.001 a 20.000 habitantes, y de 150,25 euros en el resto de municipios.
237.4 Lo que establece el apartado 3 es también aplicable a las infracciones de bandos dictados por razón de urgencia.
237.5 Corresponde al presidente de la corporación ejercer la potestad sancionadora, a menos que la ley la atribuya a otro órgano de la corporación.
Artículo 238 Ordenación sectorial e intervención administrativa
1. El ejercicio por los particulares de actividades de interés general está sujeto a la ordenación del sector, de acuerdo con la legislación correspondiente, y queda sometido a las medidas de control, de policía y de intervención que correspondan.
2. La intervención del ejercicio de estas actividades se lleva a cabo por alguno de los medios que establece el artículo 236.1.
Artículo 238 redactado por el artículo 3 del D Leg. [CATALUÑA] 3/2010, 5 octubre, para la adecuación de normas con rango de ley a la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior («D.O.G.C.» 6 octubre). Vigencia: 7 octubre 2010
Artículo 239 Actividad de fomento
La actividad de fomento se ejerce de acuerdo con los principios de publicidad, de objetividad, de libre concurrencia y de igualdad, y con adecuación a la legalidad presupuestaria.
Artículo 240 Subvenciones
240.1 Los entes locales pueden otorgar subvenciones y ayudas de contenido económico o de otra naturaleza a favor de entidades públicas o privadas y de particulares que hacen actividades que complementan o suplen las competencias locales.
240.2 Los entes locales tienen que comprobar la aplicación efectiva de las medidas de fomento a la finalidad prevista.
Artículo 241 Concesión de subvenciones
241.1 En el otorgamiento de las subvenciones tienen que tenerse en cuenta, en su caso, los criterios, las directrices y las prioridades que establecen los planes sectoriales de coordinación, sin perjuicio de la autonomía local para el ejercicio de sus competencias.
241.2 El procedimiento de concesión de las subvenciones tiene que resolverse en el plazo de tres meses y la falta de resolución dentro de este plazo produce efectos desestimatorios.
Artículo 242 Acción concertada
242.1 El fomento y la promoción de las actividades sociales o económicas de interés público pueden ejercerse por medio de la acción concertada.
242.2 La acción concertada tiene que ajustarse al procedimiento siguiente:
a) Elaboración y aprobación por el pleno de las bases del concierto.
b) Las bases tienen que determinar las obligaciones que asumen las empresas o los particulares, las ayudas y otros estímulos que se otorguen, y también las otras condiciones que el ente local considere conveniente establecer.
c) Determinación del contenido y de los requisitos de las solicitudes.
d) Determinación de los criterios de selección.
242.3 El incumplimiento por los particulares de los compromisos asumidos determina la suspensión de la aplicación de los beneficios establecidos y el reintegro, si procede, de las ayudas económicas recibidas.
Artículo 243 Actividades económicas
243.1 El ejercicio por los entes locales de actividades económicas requiere un expediente previo, en el que tiene que acreditarse la conveniencia y la oportunidad de la iniciativa pública.
243.2 Para adoptar la iniciativa hace falta:
a) El acuerdo inicial del pleno, en que tiene que designarse también una comisión de estudio integrada por miembros del ente local y personal técnico.
b) Una memoria redactada por la comisión, que tiene que servir de base para la resolución del expediente y que tiene que tener en cuenta los aspectos sociales, financieros, técnicos y jurídicos de la actividad, la forma de ejercicio, los beneficios potenciales y los supuestos de cese de la actividad.
c) La toma en consideración de la memoria por el pleno y la exposición al público por un periodo de treinta días como mínimo, durante el cual pueden presentarse reclamaciones y alegaciones.
d) La aprobación final por el pleno del ente local.
243.3 El ejercicio de la actividad tiene que realizarse en régimen de libre concurrencia. Puede adoptarse la forma de organismo autónomo de carácter industrial, comercial o financiero, o la de sociedad mercantil de capital público o mixto, o la de sociedad cooperativa.
243.4 No es aplicable el procedimiento establecido en este artículo si se trata de la simple administración o explotación por el ente local de su patrimonio.
Artículo 244 Actividad económica y servicio esencial
Cuando la actividad económica tiene por objeto prestar un servicio público esencial reservado por ley a los entes locales, la adopción de la iniciativa se rige por el procedimiento establecido por el artículo 243.2, con las particularidades siguientes:
a) Tienen que formar parte de la comisión de estudio representantes de los usuarios.
b) Tiene que determinarse la forma de gestión del servicio, dentro de las establecidas por la ley.
c) La memoria tiene que incluir un proyecto de tarifas del servicio.
Artículo 245 Régimen de prestación de los servicios
245.1 Los servicios esenciales que han sido reservados por ley a los entes locales pueden prestarse en régimen de libre concurrencia o en régimen de monopolio.
245.2 Si la prestación del servicio tiene que ser en régimen de libre concurrencia, la aprobación definitiva corresponde al pleno. La prestación en régimen de monopolio requiere, además, la aprobación del Gobierno de la Generalidad.
245.3 Para el ejercicio de los servicios esenciales reservados puede utilizarse cualquiera de las formas de gestión establecidas por la ley.
245.4 El ejercicio en régimen de monopolio supone, si es necesaria la expropiación, la declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación de los bienes afectos al servicio.
Artículo 246 Creación, organización y supresión de servicios
246.1 Los entes locales tienen plena potestad para constituir, organizar, modificar y suprimir los servicios de su competencia, de acuerdo con lo que establece la legislación de régimen local y otras disposiciones aplicables.
246.2 En el supuesto de competencias delegadas o asignadas, son aplicables las normas específicas que regulan esta materia.
Artículo 247 Reglamentación del servicio
247.1 Los entes locales tienen que acordar de manera expresa la creación del servicio público local y proceder, en su caso, a regularlo por reglamento antes de empezar a prestarlo. Asimismo, tienen que determinar las modalidades de prestación y el régimen estatutario de los usuarios.
247.2 Los entes locales pueden declarar obligatoria la recepción de los servicios por los usuarios, si concurren circunstancias de orden público que lo requieren.
Artículo 248 Igualdad en el acceso y participación de los usuarios
248.1 En el acceso a los servicios públicos y en la utilización de éstos tiene que respetarse el principio de igualdad en relación con todas aquellas personas que cumplen los requisitos establecidos por la reglamentación del servicio.
248.2 Si las características o la naturaleza del servicio lo permiten, los entes locales tienen que establecer las técnicas de participación de los usuarios en el desarrollo de los servicios públicos, con el fin de garantizar su funcionamiento adecuado y su mejora.
Artículo 249 Gestión del servicio público
249.1 La facultad de establecer el sistema de gestión de los servicios públicos corresponde a la potestad organizadora de los entes locales. Los servicios públicos locales pueden gestionarse directa o indirectamente.
249.2 La gestión directa puede adoptar las formas siguientes:
a) Gestión por el propio ente local.
b) Organismo autónomo.
c) Sociedad mercantil con capital social íntegramente público.
249.3 La gestión indirecta puede adoptar las formas siguientes:
e) Sociedad mercantil o cooperativa con capital social mixto.
Artículo 249 redactado por el apartado 14 del artículo 19 de la Ley [CATALUÑA] 16/2015, 21 julio, de simplificación de la actividad administrativa de la Administración de la Generalidad y de los gobiernos locales de Cataluña y de impulso de la actividad económica («D.O.G.C.» 24 julio).
Artículo 250 Establecimiento y garantía del servicio
Para establecer y garantizar la continuidad de los servicios públicos, tienen que determinarse necesariamente:
a) Las características del servicio.
b) Las obras y las instalaciones necesarias para la explotación del servicio, con indicación, si procede, de las que tiene que hacer el contratista.
c) Las tarifas a percibir de los usuarios.
d) El canon, la participación y la subvención que tiene que satisfacer el ente local, en su caso.
Artículo 251 Dirección y control del servicio
Corresponde a los entes locales la potestad de dirección y de control del servicio público, que comporta el ejercicio de la potestad de modificación y la inclusión implícita de la cláusula de actualización del servicio de acuerdo con los estándares económicos y sociales.
Artículo 252 Gestión directa
252.1 En la gestión directa por el propio ente local, éste asume y centraliza el servicio, y ejerce de manera exclusiva las potestades de dirección y de gestión.
252.2 Los medios personales y materiales del servicio se adscriben y se integran en el presupuesto del ente local, de acuerdo con el principio de unidad presupuestaria.
Artículo 253 Organización especial
La gestión directa por el ente local puede hacerse también por medio de una organización especial, con un consejo de administración y una gerencia. En este caso, tiene que abrirse una sección propia con el presupuesto del ente local y tiene que llevarse también una contabilidad especial. Los actos del consejo son impugnables ante el órgano correspondiente del ente local, mediante recurso de alzada.
Artículo 254 Organismo autónomo
254.1 Para la gestión directa de los servicios pueden constituirse organismos autónomos que tienen personalidad jurídica pública. La constitución requiere la dotación de un patrimonio independiente y comporta la imputación al organismo autónomo de derechos y obligaciones propias.
254.2 El organismo autónomo puede tener carácter administrativo o carácter industrial, comercial, financiero o análogo.
254.3 Corresponde al organismo autónomo, en régimen de descentralización, la organización y la administración del servicio público, sin perjuicio de las facultades locales de tutela.
254.4 Los actos de los organismos autónomos pueden impugnarse ante el órgano correspondiente del ente local, mediante recurso de alzada.
Artículo 255 Sociedad mercantil
255.1 Los servicios locales de carácter económico pueden gestionarse directamente por medio de una sociedad mercantil. En este caso el servicio se ejerce en régimen de empresa privada y el capital social tiene que pertenecer íntegramente al ente local.
255.2 El capital social tiene que ser desembolsado totalmente desde el momento de la constitución de la sociedad.
255.3 La sociedad tiene que adoptar una de las formas de responsabilidad limitada y actuar con sujeción a las normas del derecho mercantil, sin perjuicio de las materias exceptuadas por el acuerdo de creación y de la aplicación de las normas especiales sobre las empresas públicas.
Artículo 256 Transformación de sociedades
La forma de gestión a que se refiere el artículo 255 puede realizarse también mediante la transformación de una sociedad anónima o de responsabilidad limitada, inicialmente privada, en sociedad de capital íntegramente público. En este caso, no puede modificarse el objeto social.
Artículo 257 Dirección y administración de la sociedad
257.1 La dirección y la administración de la sociedad tienen que regirse por los órganos siguientes:
a) La junta general, asumida por el pleno del ente local.
257.2 El personal de la sociedad no adquiere en ningún caso la condición de funcionario.
257.3 En materia de contratación, las sociedades se sujetan al derecho privado, salvo los casos establecidos en el acuerdo de creación. En cualquier caso, la adquisición de bienes y la ejecución de obras tienen que someterse a procedimientos que se adapten a los principios de publicidad y concurrencia propios de la contratación administrativa. El incumplimiento de estos principios no es causa de nulidad del contrato, sin perjuicio de las responsabilidades que pueda haber y de la posibilidad de resolución del contrato en caso de mala fe del contratista.
Artículo 258 Concesión
La concesión de servicios locales comporta que el concesionario asuma la gestión y la explotación del servicio y que aporte los medios materiales, personales y técnicos necesarios. La concesión puede comprender también la realización de las obras necesarias para establecer el servicio.
Artículo 258 derogado por el apartado 3 de la disposición derogatoria de la Ley [CATALUÑA] 16/2015, 21 julio, de simplificación de la actividad administrativa de la Administración de la Generalidad y de los gobiernos locales de Cataluña y de impulso de la actividad económica («D.O.G.C.» 24 julio).
Artículo 259 Régimen de la concesión
259.1 La concesión de servicio público se otorga mediante licitación. En la licitación tienen que determinarse los criterios de adjudicación, entre los cuales tienen que figurar necesariamente las mejores ventajas que se desprenden para los usuarios del servicio.
259.2 El ente local no puede renunciar a la fiscalización del servicio, a sus modificaciones, al rescate, al secuestro o a la declaración de caducidad.
259.3 En todos los casos, el ente local tiene que garantizar el equilibrio económico de la concesión.
259.4 Las cláusulas de la concesión tienen que contener las prescripciones determinadas por reglamento y tienen que establecer la reversión de los bienes locales, y también de los bienes adquiridos por los concesionarios, que estén amortizados al final de la concesión.
259.5 Los actos del concesionario son impugnables ante el órgano correspondiente del ente local mediante recurso de alzada.
Artículo 259 derogado por el apartado 3 de la disposición derogatoria de la Ley [CATALUÑA] 16/2015, 21 julio, de simplificación de la actividad administrativa de la Administración de la Generalidad y de los gobiernos locales de Cataluña y de impulso de la actividad económica («D.O.G.C.» 24 julio).
Artículo 260 Gestión interesada
260.1 En la gestión interesada, el servicio público se presta por medio de una empresa gestora, a cambio de una participación en el resultado de la explotación.
260.2 La participación de la empresa gestora puede ser sustituida por una remuneración consistente en asignaciones fijas, en asignaciones proporcionales al gasto o en otras primas de naturaleza varia.
260.3 En ningún caso el gestor puede asumir la condición de funcionario, y la relación no puede ser considerada como societaria o de capital compartido.
Artículo 260 derogado por el apartado 3 de la disposición derogatoria de la Ley [CATALUÑA] 16/2015, 21 julio, de simplificación de la actividad administrativa de la Administración de la Generalidad y de los gobiernos locales de Cataluña y de impulso de la actividad económica («D.O.G.C.» 24 julio).
Artículo 261 Concierto
261.1 Los entes locales pueden prestar los servicios públicos mediante un concierto con otras entidades públicas o privadas o con particulares, utilizando sus servicios o instalaciones.
261.2 El concierto puede establecerse con personas o entidades radicadas fuera del territorio del ente.
261.3 El pago del concierto puede consistir en un precio global predeterminado e inalterable por la totalidad del servicio o por unidades o actos.
Artículo 261 derogado por el apartado 3 de la disposición derogatoria de la Ley [CATALUÑA] 16/2015, 21 julio, de simplificación de la actividad administrativa de la Administración de la Generalidad y de los gobiernos locales de Cataluña y de impulso de la actividad económica («D.O.G.C.» 24 julio).
Artículo 262 Arrendamiento de instalaciones
262.1 Los entes locales pueden prestar los servicios públicos mediante el arrendamiento de las instalaciones que les pertenecen.
262.2 Están excluidos de esta forma de gestión los servicios de asistencia social y los servicios que comportan el ejercicio de potestades de coacción administrativa.
262.3 Las cláusulas del contrato tienen que determinar el objeto, las obras y las instalaciones arrendadas, el precio o el canon, los efectos del contrato, los derechos y las obligaciones de las partes, las tarifas y las causas de extinción.
262.4 Se entiende que son aplicables a este sistema de gestión las disposiciones correspondientes a la concesión, si no son incompatibles con la naturaleza del sistema.
Artículo 262 derogado por el apartado 3 de la disposición derogatoria de la Ley [CATALUÑA] 16/2015, 21 julio, de simplificación de la actividad administrativa de la Administración de la Generalidad y de los gobiernos locales de Cataluña y de impulso de la actividad económica («D.O.G.C.» 24 julio).
Artículo 263 Arrendamiento de personal y medios
Los entes locales pueden arrendar conjuntamente el personal y los medios necesarios para prestar los servicios públicos locales. En este caso, el arrendatario está obligado a realizar las aportaciones consignadas y a prestar el servicio. La retribución del arrendamiento tiene que serle abonada directamente por el ente local.
Artículo 263 derogado por el apartado 3 de la disposición derogatoria de la Ley [CATALUÑA] 16/2015, 21 julio, de simplificación de la actividad administrativa de la Administración de la Generalidad y de los gobiernos locales de Cataluña y de impulso de la actividad económica («D.O.G.C.» 24 julio).
Artículo 264 Sociedades mercantiles de economía mixta
264.1 Los entes locales pueden gestionar los servicios de naturaleza económica mediante la constitución de sociedades mercantiles de economía mixta, sociedades anónimas o de responsabilidad limitada, o la participación en las ya constituidas. La participación en la sociedad puede ser directa del ente local o por medio de un organismo autónomo o una sociedad de capital público.
264.2 En el proceso de fundación de estas sociedades tiene que asegurarse la libre concurrencia y la igualdad de oportunidades del capital privado, ya sea por medio de suscripción pública o por concurso de iniciativas. En el caso de una sociedad ya constituida, el pliego de condiciones tiene que establecer, en su caso, la necesidad de modificar los estatutos de la sociedad para adaptarlos a las exigencias del pliego.
264.3 Esta forma de gestión puede adoptarse también por medio de un convenio con una empresa única ya existente. En este caso, el convenio tiene que establecer las modificaciones estatutarias que sean necesarias o, en su caso, los requisitos y las condiciones para la constitución de la sociedad mercantil de economía mixta.
Artículo 264 derogado por el apartado 3 de la disposición derogatoria de la Ley [CATALUÑA] 16/2015, 21 julio, de simplificación de la actividad administrativa de la Administración de la Generalidad y de los gobiernos locales de Cataluña y de impulso de la actividad económica («D.O.G.C.» 24 julio).
Artículo 265 Participación en el capital social
265.1 El ente local puede ser mayoritario o minoritario en la sociedad. La representación del ente local responde a su cuota participativa. En cualquier caso, es necesaria la autorización del ente local para las modificaciones estatutarias que alteren la posición participativa en el capital social.
265.2 Tiene que fijarse en la escritura de constitución o de ampliación de capital el valor de la aportación del ente local. El capital social tiene que ser desembolsado completamente en el momento de la constitución o de la ampliación de capital.
265.3 Los entes locales pueden aportar exclusivamente la concesión del servicio, debidamente valorada.
265.4 El capital privado tiene que amortizarse dentro del periodo de la gestión del servicio. Acabado este periodo, el activo y el pasivo de la sociedad revierten en el ente local.
Artículo 265 derogado por el apartado 3 de la disposición derogatoria de la Ley [CATALUÑA] 16/2015, 21 julio, de simplificación de la actividad administrativa de la Administración de la Generalidad y de los gobiernos locales de Cataluña y de impulso de la actividad económica («D.O.G.C.» 24 julio).
Artículo 266 Cooperativas
266.1 Los entes locales, para prestar los servicios públicos de su competencia, pueden promover la creación de cooperativas, de acuerdo con lo que establecen esta Ley y las que regulan estas entidades.
266.2 Los entes locales pueden participar también en las cooperativas ya constituidas que realizan actividades de interés público, con la finalidad señalada por el apartado 1.
266.3 En todos los casos, la aportación del ente local en relación con el capital social sólo puede ser parcial.
266.4 Son aplicables a esta forma de gestión las disposiciones correspondientes a las sociedades mercantiles, salvo las excepciones fijadas por reglamento de acuerdo con la especial naturaleza jurídica de la entidad.
Artículo 266 derogado por el apartado 3 de la disposición derogatoria de la Ley [CATALUÑA] 16/2015, 21 julio, de simplificación de la actividad administrativa de la Administración de la Generalidad y de los gobiernos locales de Cataluña y de impulso de la actividad económica («D.O.G.C.» 24 julio).
Artículo 267 Régimen de la gestión indirecta
En los supuestos de gestión indirecta de los servicios públicos tienen que cumplirse las reglas siguientes:
a) Tiene que establecerse el plazo del contrato, que en ningún caso puede exceder de lo que establece la legislación de contratos de las administraciones públicas para los contratos de gestión de servicios públicos.
b) Tienen que determinarse las tarifas por la prestación del servicio y los plazos y las condiciones para revisarlas.
c) Tienen que establecerse las garantías necesarias para la reversión, en condiciones normales de utilización, de las instalaciones, los bienes y los materiales del servicio, una vez agotado el plazo del contrato.
Artículo 267 derogado por el apartado 3 de la disposición derogatoria de la Ley [CATALUÑA] 16/2015, 21 julio, de simplificación de la actividad administrativa de la Administración de la Generalidad y de los gobiernos locales de Cataluña y de impulso de la actividad económica («D.O.G.C.» 24 julio).
Artículo 268 Tarifas de los servicios
268.1 Las tarifas de los servicios públicos tienen la consideración de tasas, salvo las de los servicios gestionados por medio de un organismo autónomo de carácter industrial, comercial o financiero, de una sociedad mercantil o cooperativa, en cuyos casos tienen la consideración de precio, sometido a las prescripciones civiles y mercantiles. Sin embargo, tienen la consideración de tasas si el servicio es gestionado en régimen de monopolio o si es de recepción obligatoria por los administrados.
268.2 Las tarifas de los servicios sometidos a régimen de utilización de precios tienen que ser aprobadas por la Administración de la Generalidad, después de un estudio económico. Si en el plazo de tres meses no ha resuelto el expediente, se entiende que las tarifas son aprobadas por silencio administrativo.
268.3 Las tarifas tienen que ser suficientes para la autofinanciación del servicio. No obstante, si concurren circunstancias que aconsejan establecer una cuantía inferior, el ente local debe establecer simultáneamente las compensaciones económicas necesarias.
Artículo 268 derogado por el apartado 3 de la disposición derogatoria de la Ley [CATALUÑA] 16/2015, 21 julio, de simplificación de la actividad administrativa de la Administración de la Generalidad y de los gobiernos locales de Cataluña y de impulso de la actividad económica («D.O.G.C.» 24 julio).
Artículo 269 Consorcio
269.1 El consorcio es una entidad pública de carácter asociativo que puede ser constituida por los entes locales con otras administraciones públicas para finalidades de interés común o con entidades privadas sin ánimo de lucro que tienen finalidades de interés público concurrentes con las de los entes locales.
269.2 El consorcio es de naturaleza voluntaria y tiene personalidad jurídica propia para crear y gestionar servicios y actividades de interés local o común. Se constituye por acuerdo de las diferentes entidades que lo integran o por adhesión posterior, según las normas internas que lo rigen.
Artículo 270 Régimen y formas de gestión
270.1 A los consorcios que tienen por objeto la cooperación entre las administraciones públicas, les son aplicables, en todos los casos, las normas que regulan las relaciones interadministrativas.
270.2 El consorcio puede utilizar cualquiera de las formas de gestión del servicio establecidas por la legislación de régimen local.
270.3 Los consorcios en los que la participación pública sea mayoritaria, adjudicarán sus contratos de acuerdo con lo que establece la legislación de contratos de las administraciones públicas.
Artículo 271 Estatutos del consorcio
Los estatutos del consorcio tienen que determinar las especificidades del régimen orgánico, funcional y financiero en relación con el general de los entes locales o, si procede, con el de las otras administraciones que intervienen en el consorcio.
Artículo 272 Limitaciones para participar en el consorcio
272.1 Los municipios no pueden participar en los consorcios en que intervienen comarcas diferentes a la que pertenecen si el objeto del consorcio es coincidente con una actividad o con un servicio declarados de interés comarcal en el programa de actuación de su comarca.
272.2 No obstante, si se demuestra objetivamente la necesidad o la conveniencia de la participación, el consejero o consejera de Gobernación y Relaciones Institucionales, a solicitud de los municipios interesados, escuchadas las comarcas y las otras administraciones afectadas y previo informe de la Comisión Jurídica Asesora, puede autorizar la participación del municipio en el consorcio.
Artículo 272 derogado por el apartado 3 de la disposición derogatoria de la Ley [CATALUÑA] 16/2015, 21 julio, de simplificación de la actividad administrativa de la Administración de la Generalidad y de los gobiernos locales de Cataluña y de impulso de la actividad económica («D.O.G.C.» 24 julio).
Artículo 273 Contratos locales y normativa reguladora
273.1 Los entes locales pueden concertar los contratos, los pactos o las condiciones que consideren adecuados, siempre que no sean contrarios al interés público, al ordenamiento jurídico o a los principios de buena administración, y tienen que cumplirlos de acuerdo con su contenido, sin perjuicio de las prerrogativas establecidas, en su caso, a favor de dichos entes.
273.2 Los contratos suscritos por los entes locales se rigen por las normas siguientes:
a) Esta Ley, y los reglamentos que la despliegan en todo aquello que no sea contradictorio con la normativa básica del Estado.
b) Supletoriamente, la normativa de la Generalidad de Cataluña dictada en desarrollo de la legislación básica del Estado de contratos de las administraciones públicas.
c) Las ordenanzas de cada ente local.
Artículo 273 derogado por el apartado 3 de la disposición derogatoria de la Ley [CATALUÑA] 16/2015, 21 julio, de simplificación de la actividad administrativa de la Administración de la Generalidad y de los gobiernos locales de Cataluña y de impulso de la actividad económica («D.O.G.C.» 24 julio).
Artículo 274 Competencia contractual de los órganos locales
274.1 Las competencias de los órganos de las corporaciones locales en materia de contratación se rigen por las normas siguientes:
a) Son competencia del alcalde o presidente las contrataciones de cualquier clase cuando su importe no exceda el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto ni, en cualquier caso, los 6.010.121,04 euros, incluidas las de carácter plurianual según lo que prevé el artículo 53.1.o).
b) Son competencia del pleno las contrataciones de cualquier clase cuando su importe supere el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto y, en cualquier caso, los 6.010.121,04 euros, así como los contratos plurianuales cuando su duración sea superior a cuatro años y los plurianuales de menor duración, según lo que prevé el artículo 52.2.n).
274.2 La competencia para suscribir el contrato comporta la facultad de aprobar el proyecto, el pliego de cláusulas administrativas, el pliego de prescripciones técnicas, el expediente de contratación y el gasto, la facultad de adjudicar el contrato y formalizarlo y todas las otras facultades que la legislación atribuye al órgano de contratación.
274.3 El pleno puede delegar las facultades de contratación en la comisión de gobierno, con las condiciones siguientes:
a) El acuerdo de delegación tiene que determinar si se refiere a todas las facultades de contratación o no.
b) Para la contratación por procedimiento negociado, tiene que fijarse previamente, por acto general o por reglamento, la cuantía máxima de la delegación.
c) No pueden ser objeto de delegación las facultades de contratación cuando la Ley exige una mayoría cualificada para el establecimiento del contrato.
274.4 El pleno y el presidente de la corporación local pueden ejercer las facultades excepcionales en materia de contratación, propias de la tramitación de emergencia, en la forma y supuestos establecidos por la legislación de contratos de las administraciones públicas. Si es el presidente el que ejerce la facultad, tiene que informar al pleno de la corporación en la primera sesión que celebre.
Artículo 274 derogado por el apartado 3 de la disposición derogatoria de la Ley [CATALUÑA] 16/2015, 21 julio, de simplificación de la actividad administrativa de la Administración de la Generalidad y de los gobiernos locales de Cataluña y de impulso de la actividad económica («D.O.G.C.» 24 julio).
Artículo 275 Informes y dictámenes
275.1 El secretario o secretaria de la corporación y el interventor o interventora tendrán que emitir informe previo y preceptivo:
a) En relación con los acuerdos dictados por el órgano de contratación sobre la interpretación, modificación y resolución de los contratos.
b) De los pliegos de cláusulas administrativas generales, de acuerdo con lo que establece el artículo 278.
c) De los pliegos de cláusulas administrativas particulares de los contratos.
d) En las subastas y los concursos, cuando se dé una situación de baja desproporcionada o temeraria.
275.2 El secretario o secretaria de la corporación también tendrá que emitir informe preceptivo en las subastas, cuando la mesa de contratación haya acordado una propuesta que pueda infringir el ordenamiento jurídico.
275.3 Es necesario el dictamen preceptivo de la Comisión Jurídica Asesora en los casos siguientes:
a) Interpretación, resolución y nulidad de los contratos.
b) Modificaciones de los contratos, cuando la cuantía de éstas, aislada o conjuntamente, exceda el 20% del precio primitivo del contrato y éste sea igual o superior a 6.010.121,04 euros.
Artículo 276 Órganos colegiados
276.1 Mesa de contratación
Las mesas de contratación de los entes locales están integradas:
a) Por el presidente o presidenta de la corporación, o el miembro de ésta en que delegue.
b) Por el secretario o secretaria y el interventor o la interventora de la corporación, como vocales, y por aquéllos otros que sean designados por el órgano de contratación entre funcionarios, personal laboral o concejales. El número de vocales no puede ser inferior a tres.
Actúa como secretario o secretaria un funcionario o funcionaria de la corporación.
276.2 Junta de contratación
En las entidades locales es potestativa la constitución de una junta de contratación. Ésta tiene que actuar como órgano de contratación en los supuestos siguientes:
a) En los contratos de obras que tengan por objeto trabajos de reparación simple, de conservación y de mantenimiento.
b) En los contratos de suministro sobre bienes consumibles o de deterioro fácil por el uso.
c) En los contratos de consultoría y asistencia y en los de servicios cuando su importe no supere el 10% de los recursos ordinarios de la entidad, o cuando, superando esta cifra, las acciones sean previstas en el presupuesto del ejercicio a que corresponda y se realicen de acuerdo con lo que disponen las bases de ejecución de éste.
Corresponde al pleno adoptar el acuerdo de constitución de la junta de contratación y la determinación de su composición y es necesario que el secretario o secretaria y el interventor o interventora de la corporación formen parte de ésta.
Corresponde al pleno de la corporación determinar los límites cuantitativos, los cuales pueden ser inferiores a los señalados en el apartado 1, o referentes a las características de los contratos en los que tiene que intervenir la junta de contratación. Esta determinación la hará el pleno a propuesta del presidente o presidenta de la corporación cuando sea éste el órgano competente sobre los órganos mencionados.
En los casos de actuación de la junta de contratación no es procedente la intervención de la mesa de contratación.
Artículo 276 derogado por el apartado 3 de la disposición derogatoria de la Ley [CATALUÑA] 16/2015, 21 julio, de simplificación de la actividad administrativa de la Administración de la Generalidad y de los gobiernos locales de Cataluña y de impulso de la actividad económica («D.O.G.C.» 24 julio).
Artículo 277 Publicidad
277.1 Los pliegos de cláusulas administrativas, una vez aprobados, tienen que exponerse al público durante un plazo mínimo de veinte días, y tiene que anunciarse en el BOP y en el DOGC, para que puedan presentarse reclamaciones, las cuales tienen que ser resueltas por el mismo órgano de contratación. Este requisito no tiene que cumplirse si se han aprobado previamente cláusulas administrativas generales.
Número 277.1 del artículo 277 derogado por el tercer guión del número 1 de la disposición derogatoria de la Ley [CATALUÑA] 2/2014, 27 enero, de medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público («D.O.G.C.» 30 enero).
277.2 Todos los procedimientos de licitación para la adjudicación de los contratos, a excepción de los procedimientos negociados, tienen que anunciarse en el DOGC o en el BOP.
Los procedimientos de contratación también tienen que anunciarse en el BOE cuando, de acuerdo con lo que establece la normativa básica del Estado, tengan que publicarse en el DOCE.
Los plazos y contenido de la publicación son los establecidos por el Texto refundido de la Ley de contratos de las administraciones públicas y su Reglamento.
En la secretaría de la corporación tiene que haber a disposición de los interesados el proyecto, el pliego de cláusulas administrativas particulares y generales y los otros documentos que conviene conocer para participar en la licitación.
277.3 La adjudicación del contrato tiene que publicarse en los términos y los supuestos que prevé la legislación de contratos de las administraciones públicas. Asimismo, tendrá que notificarse a todos los participantes en la licitación, sea cual sea el procedimiento seguido y la forma de adjudicación utilizada.
Artículo 277 derogado por el apartado 3 de la disposición derogatoria de la Ley [CATALUÑA] 16/2015, 21 julio, de simplificación de la actividad administrativa de la Administración de la Generalidad y de los gobiernos locales de Cataluña y de impulso de la actividad económica («D.O.G.C.» 24 julio).
Artículo 278 Pliegos de cláusulas administrativas generales
278.1 Los entes locales pueden aprobar pliegos de cláusulas administrativas generales, previo informe de la Comisión Jurídica Asesora. Estos pliegos tienen que contener las determinaciones jurídicas, económicas y administrativas típicas que tienen que aplicarse a todos los contratos de objeto análogo y las determinaciones exigidas por la legislación aplicable a la contratación laboral.
278.2 Los pliegos de cláusulas administrativas generales han de referirse necesariamente a los aspectos siguientes:
a) La ejecución del contrato y las incidencias de éste.
b) Los derechos y las obligaciones de las partes y el régimen económico.
c) Las modificaciones del contrato, con indicación de los supuestos y de los límites
e) La conclusión del contrato, las recepciones, el plazo de garantía y la liquidación.
278.3 La aprobación de los pliegos de cláusulas administrativas generales corresponde al pleno, de acuerdo con el procedimiento establecido por las ordenanzas locales. Antes de la aprobación inicial y de la definitiva, es necesario el informe del secretario o secretaria y el interventor o interventora de la corporación.
278.4 Los pliegos de cláusulas administrativas particulares sólo pueden modificar los pliegos generales de acuerdo con el procedimiento establecido por el apartado 3. No obstante, no se entiende como modificación la inclusión de nuevas cláusulas para desplegar el pliego de las cláusulas administrativas generales.
Artículo 278 derogado por el apartado 3 de la disposición derogatoria de la Ley [CATALUÑA] 16/2015, 21 julio, de simplificación de la actividad administrativa de la Administración de la Generalidad y de los gobiernos locales de Cataluña y de impulso de la actividad económica («D.O.G.C.» 24 julio).
Artículo 279 Importe máximo en el procedimiento negociado
En razón de la cuantía las entidades locales pueden utilizar el procedimiento negociado en los contratos cuando su importe no exceda el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto. En ningún caso pueden superarse los límites establecidos para el procedimiento negociado por la normativa básica aplicable a todas las administraciones públicas.
En el caso de que la duración del contrato exceda la anualidad presupuestaria, tiene que determinarse, en lo que concierne al límite, por el cómputo total del tiempo de la duración.
Artículo 279 derogado por el apartado 3 de la disposición derogatoria de la Ley [CATALUÑA] 16/2015, 21 julio, de simplificación de la actividad administrativa de la Administración de la Generalidad y de los gobiernos locales de Cataluña y de impulso de la actividad económica («D.O.G.C.» 24 julio).
Artículo 280 Garantías
Las garantías, sean provisionales o definitivas, tienen que constituirse en metálico o en valores públicos o privados, mediante aval o por contrato de seguro de caución. El metálico, los valores o los certificados correspondientes tienen que depositarse en la caja de la corporación contratante. La garantía definitiva en los contratos de consultoría y asistencia y en los de servicios puede llevarse a cabo mediante la retención del precio.
Artículo 280 derogado por el apartado 3 de la disposición derogatoria de la Ley [CATALUÑA] 16/2015, 21 julio, de simplificación de la actividad administrativa de la Administración de la Generalidad y de los gobiernos locales de Cataluña y de impulso de la actividad económica («D.O.G.C.» 24 julio).
Artículo 281 Ejecución directa de obras por los entes locales
Los entes locales pueden ejecutar directamente por administración las obras en que concurre alguna de las circunstancias establecidas por la legislación de contratos del Estado y de la Generalidad, sin perjuicio de las limitaciones fijadas por reglamento, atendiendo a las características del ente y de las obras a ejecutar.
Artículo 281 derogado por el apartado 3 de la disposición derogatoria de la Ley [CATALUÑA] 16/2015, 21 julio, de simplificación de la actividad administrativa de la Administración de la Generalidad y de los gobiernos locales de Cataluña y de impulso de la actividad económica («D.O.G.C.» 24 julio).