Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-sl12121-2017-78193-de-agosto-9-de-2017?documento=jurcol&contexto=jurcol_2c9b00c7ccec46a1af0d0481f2580bfa&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-10-14 19:18:03
Document Index: 86404878

Matched Legal Cases: ['artículo 458', 'artículo 458', 'Artículo 15', 'Artículo 15', 'Artículo 15', 'artículo 143', 'artículo 458', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 458', 'artículo 55', 'artículo 13', 'artículo 1', 'artículo 136', 'artículo 461', 'artículo 136', 'artículo 461', 'artículo 136', 'artículo 304', 'artículo 1', 'artículo 458']

﻿ SENTENCIA SL12121-2017/78193 DE AGOSTO 9 DE 2017
SENTENCIA SL12121-2017 DE 09 DE AGOSTO DE 2017
CONTENIDO:NATURALEZA DE LOS DERECHOS Y FACULTADES QUE NO PUEDEN AFECTAR LOS ÁRBITROS CON SUS FALLOS EN MATERIA LABORAL. EL ALTO TRIBUNAL HA ESTABLECIDO QUE LOS DERECHOS Y FACULTADES QUE NO PUEDEN AFECTAR LOS ÁRBITROS CON SUS FALLOS SON LOS SIGUIENTES: I. LOS DERECHOS RECONOCIDOS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, TALES COMO EL DE PROPIEDAD Y DEMÁS DERECHOS ADQUIRIDOS, EL DE ASOCIACIÓN, REUNIÓN, HUELGA Y TODOS AQUÉLLOS QUE ESTABLECEN DIRECTA O INDIRECTAMENTE UN RÉGIMEN DE PROTECCIÓN AL TRABAJO Y GARANTIZAN AL EMPRESARIO EL EJERCICIO DE SU ACTIVIDADII. LOS RECONOCIDOS POR LAS LEYES CUANDO DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL TRABAJADOR CONSTITUYEN UN MÍNIMO QUE NO PUEDE AFECTARSE Y LOS QUE POR SER DE ORDEN PÚBLICO SON IRRENUNCIABLESY RESPECTO DEL EMPLEADOR LOS QUE EMANAN DE SU CALIDAD DE SUBORDINANTE, DE PROPIETARIO Y DIRECTOR DE LA EMPRESA Y ESTABLECIMIENTO, Y III. LOS DERECHOS EN RELACIÓN CON LOS CONVENCIONALES, QUE SON AQUÉLLOS QUE POR HABER CONSOLIDADO SITUACIONES SUBJETIVAS CONCRETAS O QUE POR NO HABER SIDO PROPUESTA SU VARIACIÓN POR PARTE LEGALMENTE HABILITADA PARA HACERLO, DEBEN SER RESPETADOS EN EL LAUDO.
TEMAS ESPECÍFICOS:DERECHOS DEL TRABAJADOR, ARBITRAJE, ÁRBITRO, DERECHO LABORAL, DERECHO LABORAL INDIVIDUAL, NATURALEZA DEL ARBITRAJE
Sentencia SL12121-2017/78193 de agosto 9 de 2017
SL12121-2017
Rad.: 78193
Bogotá D.C, nueve de agosto de dos mil diecisiete.
La Corte decide el recurso de anulación interpuesto por el apoderado del Sindicato Nacional de Trabajadores De Industria de Gecolsa y Demás Empresas por Rama de Actividades Dedicadas a la Construcción, Minería y Servicios —Sintraindustria— contra el Laudo Arbitral del 18 de mayo de 2017, aclarado mediante providencia del 30 de mayo siguiente, proferido por el Tribunal de Arbitramento obligatorio convocado para dirimir el conflicto colectivo surgido entre la organización sindical recurrente y la sociedad Soluciones Empresariales 360º SAS —SOE 360º—.
El Ministerio del Trabajo, mediante resolución número 4169 del 12 de octubre de 2016, convocó e integró un Tribunal de Arbitramento obligatorio para que dirimiera el conflicto colectivo suscitado entre el Sindicato Nacional de Trabajadores de Industria de Gecolsa y Demás Empresas por Rama de Actividades Dedicadas a La Construcción, Minería y Servicios —Sintraindustria— y la sociedad Soluciones Empresariales 360º SAS —SOE 360º—.
II. El Laudo Arbitral.
El respectivo laudo arbitral fue emitido el 18 de mayo de 2017 y aclarado mediante providencia del 30 de mayo siguiente.
El Tribunal de Arbitramento sostuvo que decidió teniendo en consideración:
1) Todas las pruebas regular y oportunamente allegadas al expediente, esto es “las intervenciones de las partes y los documentos allegados por ellas con posterioridad a sus intervenciones por solicitud del Tribunal, así mismo la normatividad vigente, los criterios jurisprudenciales, y fundamentalmente principios de equidad, por tratarse de un conflicto colectivo de naturaleza económica o de intereses”.
2) Fundamentalmente “el principio de equidad, desde luego con las limitaciones que la misma ley impone, esto es, sin afectar derechos o facultades de las partes, reconocidos por la Constitución Política o la Ley tal y como lo dispone el artículo 458 del Código Sustantivo del Trabajo”.
3) Que uno de sus deberes es contribuir a la armonía y profundización de las relaciones laborales entre las partes, “en aras de mejorar en lo posible las condiciones de los trabajadores, sin que afecte por ello la supervivencia de la entidad en todo sentido, y en consecuencia resulta vertical para la resolución de este conflicto, analizar en primer término y con sumo cuidado la competencia del mismo y en segundo lugar la viabilidad o no del otorgamiento de las prerrogativas contenidas en el Pliego de peticiones, bajo la realidad económica, financiera y contractual de la empresa”.
4) Que de conformidad con el artículo 458 del Código Sustantivo del Trabajo, el ámbito competencial de la Corporación Arbitral está restringido por dos claros parámetros legales, a saber: “el primero referido a estudiar y resolver todos aquellos puntos contenidos en el Pliego de Peticiones y sobre los cuales no hubo acuerdo en la etapa de arreglo directo, de tal manera que el Tribunal debe identificar de la totalidad del pliego de peticiones cuáles puntos fueron objeto de acuerdo y cuáles no, para establecer aquellos sobre los cuales deberá centrar su atención con miras a proferir una decisión en equidad y teniendo claro que sobre los que hubo acuerdo no podrá de ninguna manera referirse a los mismos, por no tener la atribución para ello; y segundo que una vez identificado el anterior limite competencial y se reitera, sobre los puntos que no se logró acuerdo alguno contenidos en el Pliego de Peticiones, verificar que con la decisión o fallo arbitral no se vulneren o afecten derechos o facultades de las partes reconocidos por la Constitución Nacional, leyes o por normas vigentes”.
5) Que no puede “soslayar las claras limitaciones legales antes referidas y por ello, pero en particular en cuanto hace a la segunda de ellas, el Tribunal ha sido cuidadoso en verificar con la jurisprudencia de la Honorable Sala de Casación Laboral, en asuntos similares a los resueltos, si con una determinada decisión se terminan afectando derechos o facultades de las partes, que puedan hacer nulo el Laudo Arbitral precisamente por desconocer esos derechos y facultades”.
En lo que estrictamente interesa al recurso de anulación, las cláusulas impugnadas serán transcritas al estudiar los motivos de descontento planteados por el recurrente.
El recurso extraordinario no fue replicado por la sociedad Soluciones Empresariales 360 SAS- SOE 360, según informe secretarial de folio 7, del cuaderno de la Corte.
III. Recurso de Anulación del Sindicato Nacional de Trabajadores de Industria de Gecolsa y Demás Empresas por Rama de Actividades Dedicadas a la Construcción, Minería y Servicios —Sintraindustria—
La mencionada organización sindical pretende “la devolución del expediente contentivo del Laudo Arbitral al Tribunal de Arbitramento para que profiera decisión respecto a los siguientes puntos del pliego de peticiones que (…) quedaron sin resolver o quedaron resueltos de manera no solicitada”.
Para tal fin las diferentes inconformidades se pueden condensar en que el Tribunal de Arbitramento: a) resolvió sobre algunas cláusulas “de manera totalmente diferente a lo solicitado en el Pliego de Peticiones”; y b) no invocó ningún motivo o razón para no conceder determinados beneficios.
a. El Tribunal de Arbitramento resolvió sobre algunas cláusulas “de manera totalmente diferente a lo solicitado en el Pliego de Peticiones”
1. Pliego de peticiones.
“Clausula 19: Auxilio para Servicio Profesional y de Laboratorio de Prótesis Dental.
La Empresa suministrará a sus trabajadores el servicio profesional y de laboratorio de prótesis dental, mediante el pago de un auxilio durante la vigencia de la convención, para un mismo caso o tipo de prótesis, equivalente al 80% del valor total del servicio de prótesis dental requerido y prescrito por un profesional en el ramo.
1.1. Laudo arbitral.
(Cláusula 19 del pliego). Auxilio para servicio profesional y de laboratorio de prótesis dental, Mientras las EPS no asuman la prestación del servicio dental de prótesis, la empresa continuara colaborando en el suministro a sus empleados del servicio profesional y de laboratorio de prótesis dental cuando al momento del ingreso a la empresa, el empleado no hubiese renunciado a esta prestación, mediante el pago de un auxilio por una sola vez, para un mismo caso o tipo de prótesis dental equivalente al 80% del valor del servicio de prótesis dental sin que en ningún caso exceda de los que para cada uno de los trabajadores se relacionan a continuación:
Corona metal porcelana (por pieza)$524.728.
Nucleoalbacast anterior (por pieza)$136.154.
Nucleoalbacast posterior (por pieza)$167.385.
Prótesis Remomible
Puente removible$334.716.
Cada pieza reemplazar$58.132.
Superior o inferior$412.691.
Rebase en prótesis acrílicas$72.352.
Conducto unirradicular $136.154.
Conducto birradicular $204.228.
Conducto multirradicular $310.603.
Para efectos del pago de este auxilio el empleado presentará en el departamento de talento humano el recibo de pago debidamente cancelado para llevar a cabo el reembolso por nomina atendiendo lo establecido en este pliego.
Estos pagos no serán salario para ningún efecto de acuerdo a lo establecido en el Artículo 15 de la Ley 50 de 1990.
1.2. Argumentos de la impugnante.
Arguye que los árbitros al resolver esta cláusula “concedieron un auxilio que no está contemplado ni mucho menos solicitado en el Pliego de Peticiones (…) se solicitó un auxilio durante la vigencia de la convención colectiva equivalente al 80% del valor del servicio de prótesis dental requerido y prescrito por un profesional en el ramo. Por ningún lado se hace referencia (…) de Prótesis Fija, Prótesis removible, prótesis total, tratamientos y mucho menos de sus montos”.
2. Pliego de peticiones.
Clausula 30º: Servicio de Cafetería.
La Empresa mantendrá un servicio de cafetería en aquellas ciudades en donde tenga oficinas. El valor del almuerzo será de $200,00 pesos m/cte.
2.1. Laudo arbitral.
(Cláusula 30 del pliego). Servicio de cafetería o casino. La empresa continuara prestando el servicio de casino en la forma como ha venido haciéndolo para facilitar a los empleados la toma de alimentos en el tiempo contemplado en el reglamento interno de trabajo y por cuanto algunas de las instalaciones quedan fuera del perímetro urbano.
Por lo anterior el valor de venta del almuerzo será el que determine la compañía de acuerdo a los siguientes rangos salariales: Salarios básicos menores de 4 salarios mínimos. Salarios básicos entre 4 y 8 salarios mínimos. Salarios básicos superiores a 8 salarios mínimos. Salarios integrales y para vendedores se establecerá el valor a pagar teniendo en cuenta lo devengado en el mes de cobro correspondiente. El reajuste correspondiente será informado por la compañía en su oportunidad. La diferencia entre el valor pagado por el empleado y el valor real del almuerzo no constituye salario para ningún efecto de acuerdo a lo establecido en el Artículo 15 de la Ley 50 de 1990.
2.2. Argumentos de la impugnante.
Dice que “En el Pliego de Peticiones se señaló el valor del almuerzo en la suma de $200 pesos, mientras que al resolver dicha cláusula por parte del tribunal de arbitramento, introdujeron unos rangos salariales que no estaban en el Pliego de Peticiones”.
3. Pliego de peticiones.
Clausula 31: Auxilio para Estudios de Kinder (sic) Transición (sic) y Primarios y Auxilios para Estudios Secundarios y Universitarios o Carreras Intermedias para los Hijos de los Trabajadores.
La Empresa concederá auxilios para estudios de kider (sic) transición y primarios y auxilios para estudios secundarios y universitarios o carreras intermedias para los hijos de los trabajadores así:
1. Valor Auxilio Para Estudio de Kinder (sic) Transición y Primarios $367.000,oo
2. Valor Auxilio Para Estudios Secundarios $670.000,oo
3. Valor Auxilio Para Estudios universitarios o carreras intermedias $1.450.000,oo.
Estos auxilios se otorgarán de acuerdo con la siguiente reglamentación:
a. Condiciones para recibir el auxilio.
Para recibir el pago del auxilio el trabajador debe presentar el correspondiente Certificado de Matrícula cuando es por primera vez, y adicionalmente un informe en el cual se certifique que el alumno beneficiario del auxilio aprobó el curso inmediatamente anterior. Estos pagos se harán en un cien por ciento (100%) al iniciarse el período lectivo.
b. Continuidad del auxilio.
Cuando el trabajador, padre o madre de hijos beneficiados muera al servicio de la Empresa o se incapacite para trabajar al servicio de esta, sus hijos que tengan auxilio educativo continuarán disfrutándolo hasta la terminación de sus estudios, mientras aprueben todos los años escolares.
c. Exclusiones.
Si ambos padres son trabajadores de la Empresa el auxilio de que trata este artículo se pagará únicamente a uno de ellos.
d. Condicones (sic) para recibir el auxilio universitario o de carreras intermedias.
Adjudicado el auxilio, el trabajador favorecido recibirá el cien por ciento (100%) del beneficio en la siguiente forma: Cincuenta por ciento (50%) al presentar el recibo de matrícula del hijo en Universidad aprobada. Cincuenta por ciento (50%) al iniciarse el segundo semestre del respectivo año lectivo, presentando el certificado de Matrícula, o el recibo de pago u otra prueba supletoria.
Cuando el estudio universitario del hijo del trabajador sea anualizado y el pago de la matricula deba hacerse en su totalidad al inicio del respectivo período lectivo, la empresa pagará el ciento por ciento (100%) del auxilio aquí estipulado al presentar el trabajador el recibo de matrícula o pago del año lectivo.
Cuando se trate de estudios universitarios bajo la modalidad de créditos educativos, se tomará el valor de la beca y se multiplicará por el número de años establecidos para la carrera y luego este resultado se dividirá en el número total de créditos de la carrera, lo cuál (sic) nos dará el valor de cada crédito. Para calcular el valor de la beca a pagar se tomará el valor del crédito anteriormente obtenido y se multiplicará por el número de créditos matriculados en el periodo correspondiente.
Para efectos del cálculo anterior, el empleado deberá allegar a la Gerencia de Personal o quién haga sus veces, un certificado de la universidad en el que conste el número total de créditos y los años establecidos para la carrera y el número de créditos matriculados para cada período lectivo, que serán los que se tomarán en cuenta para determinar el valor de la beca a pagar para cada período.
Si el hijo del empleado cambia de carrera o de institución educativa, solo se le seguirá pagando el auxilio en la carrera en la que se ha matriculado nuevamente o en la nueva institución educativa en la que se matricule, una vez se haya nivelado al número de créditos por el cuál (sic) se vaya a seguir reconociendo el auxilio. Esta nivelación se entenderá llevada a cabo, una vez supere el número de créditos por el cuál (sic) se reconoció el auxilio en la anterior carrera, lo que determinará la reactivación del pago del auxilio correspondiente por los créditos faltantes de la carrera matriculada.
3.1. Laudo arbitral.
(Cláusula 31 del pliego). Auxilio para estudio de kínder transición y primarios y auxilios para estudios secundarios universitarios o carreras intermedias para los hijos de los trabajadores. La empresa concederá los siguientes auxilios para educación de los hijos de los empleados se excluye de este auxilio al presidente y vicepresidentes.
Las becas sean (sic) pagadas en la primera quincena del mes de Febrero a aquellos empleados se (sic) encuentren activos a la fecha de pago. Contra la presentación de los siguientes documentos:
Certificado de matrícula correspondiente.
Recibo de pago de un mes de pensión, debidamente cancelado u otro documento supletorio a satisfacción de la empresa que demuestre la aprobación por parte del hijo estudiante, del curso o semestre inmediatamente anterior y que se encuentra matriculado para el siguiente año lectivo. Si el estudiante no ha aprobado el curso o semestre, el auxilio se suspenderá hasta tanto presente certificado con calificaciones aprobadas y pruebe satisfactoriamente que pasa al curso o semestre siguiente.
Los hijos de los empleados con crédito en el ICETEX o cualquier otra entidad financiera, para efectos de recibir el auxilio de la compañía deberán aportar una certificación del establecimiento educativo en la que conste que se encuentra matriculado y que es beneficiario de un crédito.
Estas ayudas se restringen una beca por cada año de antigüedad del empleado. Excepto para los estudios universitarios en que la cantidad de auxilios no pueden ser mayores a dos (2) becas universitarias a la vez.
El plazo máximo para reclamar el auxilio será el siguiente: para calendario A hasta el mes de marzo y para calendario B hasta el mes de noviembre de cada año. Si pasada esta fecha no se ha reclamado se perderá este beneficio.
Estudios Preescolares$368.209 anuales por hijo (dos niveles de preescolar).
Estudios Primarios$368.209 anuales por hijo.
Estudios Secundarios$674.253 anuales por hijo.
Estudios Universitarios o Carreras Intermedias$1.454.966 anuales por hijo.
El auxilio universitario se pagara hasta la suma mencionada y solo cubrirá lo relacionado con el valor de la matrícula y pensión. Este auxilio solo se pagara para cubrir los gastos que tengan que ver con la parte lectiva de la carrera y no para cubrir sobrecostos por mora o retrasos generados por pagar después de la fecha prevista por la universidad para el semestre o año lectivo; ni tampoco para cubrir requisitos para grado tales como: Seminarios, tesis, preparatorios, etc...
La empresa solo reconocerá este auxilio para una carrera universitaria o intermedia para cada hijo del empleado.
Este auxilio no tendrá el carácter de salario para ningún efecto de acuerdo a lo establecido en el Artículo 15 de la Ley 50 de 1990.
Capacitación (sic): la empresa cubrirá un porcentaje del valor de los recursos relacionados con el trabajo y programados por ella, previo visto bueno del gerente de departamento respectivo y aprobación del gerente de talento humano y del presidente.
Condiciones para Recibir Ayudas: para recibir los auxilios educativos los empleados deben:
Tener más de doce (12) meses de antigüedad en la empresa. Utilizar su tiempo libre para la realización de estudios.
A través de su jefe inmediato solicitar por escrito la ayuda previamente a su matriculación para el auxilio establecido, la gerencia de talento humano o quien haga sus veces. Diligenciar el formato establecido por el departamento de talento humano para el efecto. El departamento de talento humano con el fin de garantizar el adecuado reconocimiento de estos auxilios, solicitara a cada uno de los empleados beneficiarios, certificación del establecimiento educativo en la que conste su nivel, año, periodo o semestre académico que cursa el empleado o sus hijos según sea el caso.
Demostrar la aprobación del periodo inmediatamente anterior, presentando las calificaciones semestrales o anuales o del nivel (para las clases de inglés) o la orden de matrícula que demuestre que ha pasado al curso siguiente. En caso de aprobarlo, la ayuda se suspenderá hasta tanto el empleado no demuestre haberlo superado. Parágrafo: para recibir los auxilios educativos, los empleados o sus beneficiarios deberán haber cursado y aprobado en su totalidad el semestre o nivel anterior del cual están solicitando reconocimiento del auxilio.
Las ayudas se pagaran anticipadamente por anualidades, semestres o meses, según la modalidad de la entidad educadora, presentando el recibo de pago debidamente cancelado.
Para recibir este beneficio el empleado deberá tener un año de antigüedad en la empresa a la fecha de inicio del periodo académico.
Para los cursos organizados o dictados por la empresa, las condiciones de participación serán fijados (sic) por esta.
Puntos del Pliego Negados Exclusivamente por Razones de Equidad.
Con base en la jurisprudencia citada, a continuación se relacionan todos y cada uno de los artículos del Pliego de Peticiones que serán negados por mayoría por el Tribunal: (…)
(Cláusula 25 del pliego). Auxilio por nacimiento o adopción y permiso remunerado.
3.2. Argumentos de la impugnante.
El Tribunal de Arbitramento “no tuvo en cuenta su contenido, es decir, entro (sic) a resolver la cláusula del pliego de manera totalmente diferente a lo solicitado”.
4. Pliego de peticiones.
Clausula 32: Auxilios para Estudio de los Trabajadores.
a. La Empresa auxiliará a los trabajadores que realicen estudios en centros debidamente aprobados por el Ministerio de Educación Nacional, así:
1. Para estudio de Bachillerato Clásico, Técnico o Comercial = $556.000.oo
2. Para estudios (sic) de inglés.=hasta $1.900.000.oo por año
3. Para estudios universitarios y carreras afines a las labores de la Empresa =$1.380.000.oo por semestre.
b. Para recibir los auxilios establecidos en el literal a. el trabajador deberá:
—Haber cumplido como mínimo un (1) año de antigüedad como empleado de la empresa.
—Presentar el recibo de matrícula debidamente cancelado, adjuntando certificación del nivel, semestre o año académico a cursar.
c. La Empresa concederá permisos remunerados a los trabajadores que estén recibiendo auxilios para estudios para: 1. Asistir a la matrículas; 2. Asistir a la presentación de los exámenes en las horas programadas por los establecimientos educativos; y 3. Asistir a cumplir otras actividades análogas a las anteriores. Estos permisos se concederán únicamente por el tiempo indispensable para realizar la respectiva diligencia.
El trabajador está obligado a presentar las pruebas que le sean requeridas para justificar el permiso.
d. A aquel trabajador, que recibiendo el auxilio de estudios aquí pactado, se matricula en un curso que no se cruce con el horario de trabajo que tiene establecido en el momento de la matrícula, la Empresa se compromete a no cambiarlo de turno durante el período académico para el cual ya está matriculado (mes, bimestre, semestre, según el caso).
e. Cuando un empleado alcance su respectiva titulación profesional universitaria y hubiese un cargo de aplicación para su nuevo perfil laboral, será tenido en cuenta en el proceso de selección que se adelante para cubrir un nuevo cargo.
4.1. Laudo arbitral.
(Cláusula 32 del pliego). Auxilio para estudios de los trabajadores. La empresa concederá la siguiente ayuda a los empleados que estén realizando estudios universitarios o carreras intermedias afines con las labores de la empresa, siempre y cuando sea en horario nocturno y en establecimiento aprobados por el gobierno. Este auxilio no será reconocido para los empleados que en el momento de ingreso a la compañía ya hayan cursado totalmente estudios universitarios o carreras intermedias. En caso de tener estudios tecnológicos o técnicos podrán solicitar el auxilio universitario.
Los empleados con créditos en el ICETEX o cualquier otra entidad financiera, para efectos de recibir el auxilio de la compañía deberán aportar una certificación del establecimiento educativo en la que conste que se encuentra matriculado y que es beneficiario de un crédito.
La empresa ayudara con ochenta y cinco por ciento (85%) de su costo, hasta la suma Un Millón Trescientos Ochenta y Cinco Mil Ochocientos Cincuenta y Tres Pesos ($1.385.853) mcte, por semestre. El auxilio para estudios universitarios, técnicos o tecnológicos se reconoce por una (1) sola vez, para una (1) sola carrera y para las siguientes especialidades: administración de empresas, contaduría, comercio internacional, derecho, economía, ingeniaría industria, ingeniería eléctrica, ingeniería electrónica, ingeniería de telecomunicaciones, ingeniería mecánica, ingeniería electro mecánica, ingeniería mecatrónica, ingeniería de procesos, ingeniería civil, ingeniería de minas y petróleos, ingeniería de producción, mercadotecnia, sistemas, finanzas, logística y distribución, sistemas de gestión, sistemas de información y documentación y psicología empresarial.
Este auxilio solo se pagara para cubrir los gastos que tengan que ver con la parte lectiva de la carrera y no para cubrir sobrecostos por mora o retrasos generados por pagar después de la fecha prevista por la universidad para el semestre o año lectivo; ni tampoco para cubrir requisitos para grado tales como: Seminarios, tesis, preparatorios, etc...
Tener más de doce 12 meses de antigüedad en la empresa. Utilizar su tiempo libre para la realización de estudios.
A través de su jefe inmediato solicitar por escrito la ayuda previamente a su matriculación para el auxilio establecido, a la gerencia de talento humano o quien haga sus veces. Diligenciar el formato establecido por el departamento de talento humano para el efecto. El departamento de talento humano con el fin de garantizar el adecuado reconocimiento de estos auxilios, solicitara a cada uno de los empleados beneficiarios, certificación del establecimiento educativo en la que conste su nivel, año, periodo o semestre académico que cursa el empleado o sus hijos según sea el caso.
Para recibir este beneficio el empleado deberá tener un año de antigüedad en la empresa a la fecha de inicio del periodo académico. Para los cursos organizados o dictados por la empresa, las condiciones de participación serán fijados (sic) por esta.
4.2. Argumentos de la impugnante.
El Tribunal de Arbitramento “no tuvo en cuenta su contenido, es decir, entro (sic) a resolver la cláusula del pliego de manera totalmente diferente a lo solicitado (…) por lo que se hace necesario que el tribunal de arbitramento resuelva la cláusula 32 del pliego de Peticiones atendiendo a su contenido y no por el contrario adicionando contenido que no está ni hace parte del texto”.
Clausula 33: Patrocinio Contrato De Aprendizaje y Pasantías.
En igualdad de condiciones la empresa preferirá a los hijos de sus trabajadores para proveer los cupos de aprendices que le asigne el SENA. Para efecto las vacantes para aprendices se publicarán en cartelera. La empresa procurará mantener a los aprendices en áreas que les sirvan de entrenamiento de acuerdo con los estudios que estén realizando. En igualdad de condiciones la empresa preferirá a los hijos de sus trabajadores para la realización de las pasantías que requiera la empresa de acuerdo a la política que tiene establecida para este efecto.
Puntos del Pliego Negados por Equidad y por estar Suficientemente Regulados en la Ley.
El tribunal decidió excluir aquellas peticiones de orden jurídico que por su naturaleza escapan a la competencia del tribunal, centrando las deliberaciones sobre los restantes puntos en las perspectivas de resolverlos en equidad, sin olvidar que se trata de un solo sindicalizado, pese a la naturaleza jurídica de Sintraindustria como sindicato de industria la capacidad económica de la empresa SOE 360º y de manera especialísima las políticas de beneficios extralegales 2017, con los empleados no sindicalizados (…)
(Cláusula 33 del pliego). Patrocinio der contrato de aprendizaje y pasantías. En relación a esta solicitud el tribunal se remite a lo establecido en la Ley 789 de 2012, articulo 30 literal d.
PAR. —Para los departamentos de Amazonas, Guainía, Vichada, Vaupés, Chocó y Guaviare, el Gobierno incluirá una partida adicional en el Presupuesto General de la Nació n que transferirá con destino al reconocimiento del pago de los contratos de aprendizaje.
PAR. TRANS.— Los contratos de aprendizaje que se estén ejecutando a la promulgación de esta Ley, continuarán rigiéndose por las normas vigentes a la celebración del contrato.
El Tribunal de Arbitramento resolvió “de una forma que no tiene nada ver que ver con el contenido del texto. La cláusula 33 del Pliego buscaba que la empresa tuviera en cuenta y prefiriera a los hijos de sus trabajadores para proveer los cupos de aprendices que le asigne el SENA”.
b. El Tribunal de Arbitramento no invocó ningún motivo o razón para no conceder determinados beneficios.
Clausula 12: Prima Extralegal de Antigüedad.
Como prima extralegal de antigüedad la Empresa pagará al trabajador al momento en que se cause el derecho, y al momento en que éste entre a disfrutar vacaciones, lo contemplado en la siguiente tabla:
Tiempo de Servicio Prima de Antigüedad
1º. Año 10 días salario base
2º. año 11 días salario base
3º. año 12 días salario base
4º. año 13 días salario base
5º. año 14 días salario base
6º. año 16 días salario base
7º. año 17 días salario base
8º. año 18 días salario base
9º. año 19 días salario base
10. año 21 días salario base
11. año 22 días salario base
12. año 23 días salario base
13. año 24 días salario base
14. año 25 días salario base
15. año 26 días salario base
16. año 30 días salario base
17. año 31 días salario base
18. año 32 días salario base
19. año 33 días salario base
20. año 34 días salario base
21. año 38 días salario base
De este año en adelante por cada año más de servicio la prima de antigüedad y por tanto, el total a recibir seguirá incrementándose de día en día de salario base.
Si no cumpliere el año completo la prima de antigüedad se pagará proporcional al tiempo de servicio.
1.2. Laudo arbitral.
Tercero: NEGAR exclusivamente por razones de equidad, conforme a lo expresado en la parte considerativa de esta decisión (…).
2. (Cláusula 12 del pliego). Prima extralegal de antigüedad.
1.3. Argumentos de la impugnante.
Aduce que esta cláusula “no fue concedida por el Tribunal de Arbitramento alegándose que la empresa Soluciones Empresariales 360º “fue constituida el primero de enero de 2015, lo que se traduce en que no existen trabajadores que cuenten con más de tres años de servicio”. Sobre el particular cabe manifestar que los árbitros no tuvieron en cuenta las pruebas aportadas en un CD y que hacen parte del expediente, en donde se señalar (sic) que la empresa Soluciones Empresariales 360º, es producto de un proceso de escisión de la empresa Gecolsa, y que dichos trabajadores vienen de un proceso de sustitución patronal, por lo que no es cierto que no existen trabajadores con más de tres años de servicios, toda vez que el señor Edwin Armando Romero Alvarez (sic) (Trabajador de la empresa SOE 360º, afiliado a Sintraindustria), tiene una antigüedad con la empresa desde el día 1 de septiembre de 2007, la cual corresponde a la fecha de ingreso a Gecolsa, compañía de la cual fue sustituida patronalmente a Solugones Empresariales 360º. En virtud de lo anterior, resulta claro que la justificación para no conceder el (sic) Prima Extralegal de antigüedad no tiene ningún soporte, por lo que se requiere que el Tribunal de Arbitramento revise dicha Cláusula teniendo en cuenta que el señor Edwin Armando Romero Alvarez (sic) - quien es hasta el momento el único beneficiario del Laudo Arbitral, tiene un antigüedad de diez (10) años y por lo tanto, los árbitros debieron analizar y estudiar la posibilidad de la concesión de dicha cláusula en vista a las razones arriba invocadas. (Adjunta Certificación de la empresa Soluciones Empresariales 360º)”.
Clausula 13: Beneficios de Retiro.
Quienes a partir de la vigencia de la presente Convención Colectiva de Trabajo se retiren de la Empresa cumpliendo las condiciones que en cada punto se establezcan, tendrán los siguientes beneficios:
Cuando un trabajador se retire de la Empresa con quince (15) o más años de servicio y con derecho a gozar de pensión legal de jubilación, recibirá como auxilio de recreación, a partir del momento en que comience el disfrute de la pensión, la suma de setecientos mil pesos ($700.000).
El trabajador que se retire o sea retirado del servicio de la Empresa con quince (15) o más años de servicio cumplidos recibirá con su liquidación de salarios y/o prestaciones legales y extralegales un bono especial de cuatro millones quinientos mil pesos ($4.500.000) m/cte.
Cuando el trabajador se retire de la empresa a disfrutar de su pensión, habiendo prestado los servicios a la empresa, podrá postular a sus hijos para ocupar cargos disponibles en SOE 360º, caso en el cual estos serán tenidos en cuenta siempre y cuando cumplan con los requisitos del cargo vacante.
2.1. Laudo arbitral:
El Tribunal de Arbitramento, en la providencia por medio de la cual aclaró el laudo, dispuso:
2. Aclarar el numeral quinto del Artículo primero del laudo (Beneficios de Retiro), en el sentido de precisar que dicho punto fue negado por mayoría como consta en el acta número tres de fecha 12 de Mayo (sic) de 2017
Con iguales fundamentos a los anteriores considera que el laudo se debe devolver.
Clausula 25: Auxilio por Nacimiento o Adopción y Permiso Remunerado.
a. La Empresa pagará al trabajador o trabajadora un auxilio por el nacimiento o adopción de cada hijo la suma de doscientos cuarenta y ocho mil pesos ($248.000.oo) m/cte.
b. Cuando se trate del nacimiento o adpción (sic) de un hijo de un trabajador o trabajadora, la Empresa concederá un permiso remunerado de ocho (8) días (sic) hábiles adicionales a lo establecido en la ley. En circunstancias especiales plenamente demostradas por el trabajador, la Empresa, a su juicio, aumentará este permiso.
c. En caso de que la madre y el padre del hijo sean ambos trabajadores permanentes de la Empresa, sólo la madre recibirá este auxilio de maternidad.
d. En caso de nacimiento múltiple, la Empresa reconocerá el auxilio por cada hijo que naciere vivo. Si el hijo muriese antes de nacer o en el momento del parto, la Empresa pagará únicamente el auxilio mortuorio respectivo, si el padre o la madre, como trabajador (a) están inscritos en el plan de Auxilios Mortuorios.
e. La prima de Maternidad de que trata este Artículo será pagada por la Empresa a la presentación de la partida de Bautizo, del Registro Civil de Nacimiento del hijo o del documento que lo sustituya.
Tercero: NEGAR exclusivamente por razones de equidad, conforme a lo expresado en la parte considerativa de esta decisión (…)
6 (cláusula 25 del pliego). Auxilio por nacimiento o adopción y permiso remunerado.
Clausula 29: Alimentacion (sic) y Transporte en Tiempo Extra.
La Empresa concederá a los trabajadores que laboren en tiempo extra en la jornada ordinaria, cuando el trabajo haya sido previamente autorizado, un auxilio para alimentación y transporte, así:
a. Por labor en tiempo extra hasta por dos (2) horas en días lunes a viernes trece mil ochocientos pesos ($13.800.oo) m/cte.
b. Por labor en tiempo extra superior a dos (2) horas en días lunes a viernes veinticinco mil setecientos pesos ($25.700.oo) pesos m/cte.
c. Por labor en días sábados o festivos veintiséis mil pesos ($26.000.oo) m/cte.
d. Después de las 8:00 p.m., quedará a juicio del supervisor respectivo, teniendo en cuenta la hora de salida y la distancia a recorrer.
PAR.— En los casos en que el trabajo adicional o extraordinario se haga desde la residencia del trabajador la empresa le reconocerá un auxilio equivalente al 10% del salario del trabajador.
9. (cláusula 29 del pliego). Alimentación v transporte en tiempo extra.
5. Pliego de peticiones de las cláusulas 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Fondo Préstamo para Vivienda.
Clausula 36: Fondo de Préstamos para Vivienda.
Durante la vigencia de ésta Convención, la Empresa destinará la suma de doscientos veinte millones de pesos ($220.000.000.oo) m/cte, a un Fe .ido(sic) Rotatorio para vivienda para todos los trabajadores beneficiarios de la Convención.
Clausula 37: Manejo del Fondo Rotatorio e Integración del Comité Paritario de Vivienda.
El Fondo Rotatorio de Préstamos de Vivienda serán manejado o y administrado por un Comité Paritario de Vivienda, integrado así:
a. Dos (2) funcionarios designados por la Empresa.
b. Dos (2) Directivos Sindicales perteneciente: a la Junta Directiva Nacional y que serán designados por la misma.
Clausula 38: Reuniones del Comité Paritario de Vivienda.
El Comité Paritario de Vivienda se reunirá ordinariamente dos veces al año en forma presencial. Cuando las circunstancias, a juicio del comité paritario de vivienda, lo exijan y sea necesario las reuniones podrán realizarse en forma extraordinaria a través de teleconferencia u otro medio similar. Si los directivos designados por el Sindicato son de una ciudad diferente al sitio de las reuniones presenciales, la empresa otorgará a los directivos designados por el sindicato para participar en este, permisos remunerados, viáticos y tiquetes aéreos.
Clausula 39: Funciones del Comité Paritario de Vivienda.
El Comité Paritario de Vivienda tendrá las siguientes funciones:
1. Ser responsable de la administración y manejo financiero del fondo de vivienda.
2. Revisar los Estados Financieros del Fondo de Vivienda (Valor de los créditos otorgados, valor de los recaudos, valor de los intereses, etc).
3. Estudiar y aprobar las solicitudes de crédito pendí lites y establecer las prioridades de las mismas, dentro de las reglamentaciones del Fondo y atendiendo a las sumas disponibles y a las cuantías individuales de los créditos. 4. Presentar a la Empresa todas las sugerencias e inquietudes tendientes a lograr la mejor operación del Fondo en relación con los objetivos del mismo.
Clausula 40: Valor de los Creditos (sic)
Para compra, cambio o renovación de vivienda o cancelación total hipoteca.$30.000.000.oo
Para construcción de vivienda en lote de terreno que el trabajador o su cónyuge posean libre de deuda$20.000.000.oo
Para compra de lote$12.000.000.oo
Para mejoras o reparaciones locativas$12.000.000.oo
Clausula 41: Plazos
El plazo máximo para la amortización de estos préstamos será el siguiente: Seis (6) años para créditos de mejoras y compra de lote. Diez (10) años para créditos de Construcción de vivienda. Quince (15) años para créditos de compra de vivienda.
Las cuotas de amortización de éstos préstamos no deben ser superiores al cuarenta por ciento (40%) del salario básico del trabajador.
Clausula 42: Garantías.
Los préstamos se concederán a través de un pagaré respaldado por dos codeudores empleados de la Empresa.
Clausula 43: Requisitos Minimos (sic)
Para tener derecho a optar por estos préstamos, se requieren las siguientes condiciones mínimas:
a) Tener más de dos (2) años de antigüedad en la Empresa.
b) Cabeza de “unidad familiar”.
d) No haber tenido anteriormente crédito de vivienda, a menos que el nuevo crédito sea para mejoras, cambio, renovación o para construcción en el caso de ser propietario del lote del terreno.
PAR.— Los préstamos para renovación o cambio de vivienda son aplicables a la vivienda propia o del cónyuge.
Aprobado el préstamo para cambio de vivienda, el trabajador deberá hacer llegar a la comisión de vivienda dentro de los treinta (30) días calendario siguientes al desembolso del préstamo, copia de los certificados de tradición y libertad en los que conste la compra del inmueble objeto del préstamo aprobado y la venta de la vivienda objeto del cambio. Aprobado el préstamo para renovación de vivienda, el trabajador deberá hacer llegar a la comisión de vivienda antes del desembolso, copia del permiso para construcción otorgado por el organismo competente, así como el contrato de obra respectivo. Durante el estudio y aprobación de los préstamos para compra, cambio o renovación se dará prioridad a los empleados que estén solicitando por primera vez préstamos para compra de vivienda y que ellos o sus cónyuges no posean vivienda propia.
Clausula 44: Gastos de Estudio de Titulos (sic) y Peritazgo.
Los gastos que demanden el estudio de títulos, peritazgo y gastos notariales, serán pagados en un setenta y cinco por ciento (75%) por la Empresa. Los trámites para constitución de la garantía hipotecaria se realizarán por la entidad especializada que determine la Empresa.
Clausula 45: Uso del Credito (sic)
Una vez aprobado un crédito, el trabajador beneficiario dispone de noventa días (90) para presentar los documentos reglamentarios que acrediten que se hará uso del mismo. En caso de que al trabajador que se le haya aprobado el crédito no cumpla con el plazo estipulado anteriormente, podrá solicitar prórroga al Comité Paritario de Vivienda exponiendo las causas o motivos del incumplimiento del tiempo para la presentación de los documentos; las cuáles, serán evaluadas por dicho Comité, quién determinará si otorga o no la prórroga por hasta noventa (90) días más. Pasado éste término el crédito volverá a esperar tumo de aprobación.
10 (cláusula 36 del pliego). Fondo de préstamo para vivienda.
11 (cláusula 37 del pliego). Manejo del fondo rotatorio e integración del comité paritario de vivienda.
12 (cláusula 38 del pliego). Reuniones del comité paritario de vivienda.
13 (cláusula 39 del pliego). Funciones del comité paritario de vivienda.
14 (cláusula 40 del pliego). Valores de los créditos.
15 (cláusula 41 del pliego).Plazos.
16 (cláusula 42 del pliego).Garantías.
17 (cláusula 43 del pliego). Requisitos mínimos.
18 (cláusula 44 del pliego). Gastos de estudio de título v portazgo.
19 (cláusula 45 del pliego).Uso del crédito.
6. Pliego de peticiones
Clausula 46: Estabilidad e Indemnizaciones
Cuando la Empresa de por terminado unilateralmente un Contrato de Trabajo a término indefinido, sin existir justas causas, le pagará al trabajador, en adición a la indemnización legal, una suma adicional según la siguiente tabla:
Con un (1) año de servicio 20 días de sueldo
Con dos (2) años de servicio 40 días de sueldo
Con tres (3) años de servicio 60 días de sueldo
Con cuatro (4) años de servicio 80 días de sueldo
Con cinco (5) años de servicio 100 días de sueldo
Con seis (6) años de servicio 120 días de sueldo
Con siete (7) años de servicio 140 días de sueldo
Con ocho (8) años de servicio 160 días de sueldo
Con nueve (9) años de servicio 180 días de sueldo
Con diez (10) años de servicio 200 días de sueldo
Con once (11) años de servicio 215 días de sueldo
Con doce (12) años de servicio 230 días de sueldo
Con trece (13) años de servicio 245 días de sueldo
Con catorce (14) años de servicio 260 días de sueldo
Con quince (15) años de servicio 275 días de sueldo
Con dieciséis (16) años de servicio 290 días de sueldo
Con diecisiete (17) años de servicio 305 días de sueldo
Con dieciocho (18) años deservicio 320 días de sueldo
Con diecinueve (19) años de servicio 335 días de sueldo
Con veinte (20) años de servicio 350 días de sueldo
Más de veinte (20) años de servicio se va incrementa diez (10) días por cada año. Las fracciones de año se liquidarán proporcionalmente tomando como base la diferencia entre el año cumplido a que pertenece la fracción y el año cumplido inmediatamente siguiente. Tal fracción se adicionará al número de días correspondiente al año completo. Por ejemplo: con cinco y medio (5 1/2) años de servicio se recibirá el equivalente a setenta y cinco (75) días de sueldo, por cinco (5) años y siete y medio (7 1/2) días de sueldo por el medio año, con doce y medio (12 1/2) años recibirá el equivalente a ciento setenta (170) días de sueldo por doce (12) años y cinco (5) días de sueldo por el medio año adicional.
6.1. Laudo arbitral.
20. (cláusula 46 del pliego). Estabilidad e indemnizaciones.
Argumentos de la impugnante de los números 3, 4, 5 y 6.
En rigor coinciden en que el Tribunal, a pesar de tener competencia para resolver sobre dichos beneficios “no invoca ninguna razón o motivo” para no concederlos, pues “simplemente señala: “No se concede”, pero la causa que justifica dicha decisión brilla por su ausencia. Es por lo anterior, que se solicitará a la Honorable Corte Suprema de Justicia que envíe el expediente contentivo del Laudo Arbitral al Tribunal de Arbitramento con el objeto de que los Árbitros estudien”, las citadas cláusulas.
7. Pliego de peticiones.
Cláusula 57: Reuniones con la Gerencia General.
La Gerencia de Recursos Humanos o quien haga sus veces, visitará dos (2) veces por año a cada una de las ciudades en las que SOE 360º tenga operaciones, donde se reunirá con los representantes sindicales, con el propósito de intercambiar opiniones y poder dar soluciones sobre política laboral general dentro de la Empresa, sin perjuicio de las reuniones que se requieran para la buena marcha de las relaciones laborales entre Sindicato y Empresa. A éstas reuniones asistirá el Gerente de la ciudad visitada. Cuando las circunstancias lo permitan y el asunto a tratar lo amerite, la Dirección Nacional del Sindicato podrá solicitar por escrito a la Presiden da de la Empresa, se reúnan, indicando con una (1) semana de anticipación los puntos que se deseen tratar. La empresa reconocerá y pagará los tiquetes aéreos y viáticos para los directivos nacionales que lo requieran para asistir a dicha reunión.
a. Durante la vigencia de esta Convención la Empresa, concederá permisos remunerados a tres (3) miembros de Sintraindustria, que laboren con ella hasta por treinta (30) días a cada uno para asistir a las reuniones de congresos que hayan sido aprobadas por la Federación o Confederación a que esté legalmente afiliado el Sindicato. Estos permisos deberán solicitarse por escrito a la Empresa con tres (3) días hábiles de antelación.
b. La empresa concederá permisos remunerados a los miembros de la junta directiva nacional, subdirectivas o comités seccionales y comisión de reclamos de Sintraindustria, y para los integrantes en representación del sindicato en los diferentes comités establecidos en esta convención, hasta por cuatrocientas (400) horas mensuales y colectivamente, previo diligenciamiento del formato “permisos sindicales” con una antelación no inferior a veinticuatro (24) horas.
c. La empresa concederá permisos remunerados par la asistencia a cursos de capacitación sindical que organice la Federación o Confederación a que esté afiliado legalmente el Sindicato, hasta veinte (20) semanas en total y colectivamente.
La Junta Directiva Nacional del Sindicato informara a la empresa a medida que se vayan presentado los cursos en las sedes, para que concedan los permisos correspondientes. A estos cursos asistirán grupos hasta de tres (3) trabajadores de cada ciudad al mismo tiempo.
d. La Empresa concederá permisos remunerados a los miembros de la Asamblea General de Delegados de Sintraindustria y a cinco (5) miembros principales de la Directiva Nacional hasta por dos (2) veces al año y hasta por seis (6) días incluido el término de la distancia.
e. La Empresa concederá para los delegados que asistan a las reuniones estatutarias de Asambleas Nacionales de Delegados ordinarias, el valor de los viáticos que correspondan a su plan salarial hasta por seis (6) días incluido el término de la distancia y el ciento por ciento (100%) del valor de los pasajes de ida y regreso entre sus Distritos respectivos y el lugar de la Asamblea , siendo entendido que el lugar de la Asamblea será una de las Ciudades del territorio nacional en donde Sintraindustria tenga afiliados. La Junta Directiva de Sintraindustria informará oportunamente a la Empresa los nombres de los delegados a quienes se les otorgará este beneficio.
PAR.—Para los delegados que residan en la sede donde se desarrolla la Asamblea Nacional, la Empresa reconocerá el valor del almuerzo, refrigerio y taxis establecidos en la política de viáticos de la Compañía para el personal Sindicalizado.
7.1. Laudo arbitral.
VII. Puntos del Pliego de Peticiones que se Conceden por Equidad. Con base en lo anterior el Tribunal dispone por mayoría y en equidad lo siguiente: (…)
(Cláusula 57 del pliego). Reuniones con la gerencia general. La gerencia de gestión humana o quien haga sus veces visitara dos (2) veces por año a cada una de las ciudades en las que la empresa tenga operaciones donde se reunirá con los representantes sindicales, con el propósito de intercambiar opiniones y poder dar soluciones laborales dentro de la empresa, sin perjuicio de las reuniones que se requieran para la buena marcha de las relaciones laborales entre el sindicato y la empresa. A estas reuniones asistirá el gerente de la ciudad visitada. Cuando las circunstancias lo permitan y el asunto a tratar lo amerite, la dirección nacional del sindicato podrá solicitar por escrito a la presidencia de la empresa, se reúnan indicando con una (1) semana de anticipación los puntos que deseen tratar. (Cláusula 57 del pliego). Reuniones con la gerencia general. La gerencia de gestión humana o quien haga sus veces visitara dos (2) veces por año a cada una de las ciudades en las que la empresa tenga operaciones donde se reunirá con los representantes sindicales, con el propósito de intercambiar opiniones y poder dar soluciones laborales dentro de la empresa, sin perjuicio de las reuniones que se requieran para la buena marcha de las relaciones laborales entre el sindicato y la empresa. A estas reuniones asistirá el gerente de la ciudad visitada. Cuando las circunstancias lo permitan y el asunto a tratar lo amerite, la dirección nacional del sindicato podrá solicitar por escrito a la presidencia de la empresa, se reúnan indicando con una (1) semana de anticipación los puntos que deseen tratar.
7.2. Argumentos de la impugnante.
El Tribunal de Arbitramento “no concedió sin razón alguna los tiquetes aéreos y viáticos para los directivos nacionales que lo requieran para asistir a la reunión con la gerencia. La Gerencia de la empresa Soluciones Empresariales 360º está en la ciudad de Bogotá D.C., mientras que el domicilio de la organización sindical está en la ciudad de Barranquilla, por lo que es suficientemente claro que para efectos de cumplir con las reuniones con la gerencia de la empresa, es necesario el desplazamiento desde la ciudad de Barranquilla o cualquier otra ciudad en donde excitan directivos hacia la ciudad de Bogotá. Es por lo anterior que se hace necesario el reconocimiento y pago de los tiquetes aéreos y viáticos para asistir a la reunión a que hace alusión la cláusula 57 del Pliego de Peticiones. Respecto a la concesión de 27 horas mensuales en total a los miembros de la junta directiva nacional, subdirectivas o comités seccionales y comisión de reclamos de Sintraindustria y para lo integrantes en representación del sindicato en los diferentes comités, resulta sumamente insuficientes y restringida la actividad sindical, toda vez que el número de horas concedido al mes no permite poder desarrollar las actividades sindícales propia de la organización sindical y se vería limitada en sus gestiones, funciones y tareas sindicales”.
—Previas y comunes para los dos puntos de inconformidad.
Debe memorarse la doctrina de la Corte en torno a que las precisas facultades que le concede el artículo 143 del Código Procesal del Trabajo y Seguridad Social, dentro del denominado actualmente por la ley recurso de anulación, se limitan a verificar la regularidad del laudo y otorgarle fuerza de sentencia, si el Tribunal de Arbitramento no extralimitó el objeto para el que se le convocó, o anularlo en caso contrario. Ello respecto de los puntos que quedaron por fuera de los acuerdos logrados entre las partes en la etapa de arreglo directo y cobijen la totalidad de los que son materia del diferendo; a verificar que el pronunciamiento del Tribunal no afecte derechos o facultades de las partes reconocidos por la Constitución Política, las leyes o normas convencionales vigentes, de conformidad con lo señalado en el Código Sustantivo del Trabajo art. 458; y, de manera excepcional, a disponer la anulación de disposiciones del laudo que sean manifiestamente inequitativas. Todo lo anterior, dentro del marco de las potestades propias de los árbitros para decidir conflictos de intereses económicos.
La Corte en Sentencia de anulación CSJ SL, del 5 ago. 2004, rad. 24443, adujo:
En relación con esa manifestación del recurrente, cumple repetir que los arbitradores tienen la expresa facultad para dictar su fallo en equidad, por lo que se ha admitido que sólo en casos excepcionalísimos al estudiar el recurso de anulación es posible enfrentar su criterio de equidad con el de la Corte y por tal razón ha sido aceptada la posibilidad de anular un laudo cuya inequidad resulte manifiesta. Mas, esa potestad debe manejarse con la mayor mesura, de tal suerte que sólo puede acudirse a ella cuando exista una prueba suficiente que permita concluir la “manifiesta inequidad”, porque a los jueces laborales, y desde luego a la Corte Suprema de Justicia, no se les faculta para fallar con fundamento en su íntima convicción, aunque se les libera de la tarifa legal de pruebas.
Tiene asentado también la Sala que merced al recurso de anulación, confirmará o anulará el laudo arbitral, total o parcialmente y, excepcionalmente, modulará la decisión, en los casos en que lo ha considerado necesario. Empero, en la segunda hipótesis, esto es, cuando anula la decisión de los árbitros, no puede dictar el pronunciamiento de reemplazo, por cuanto los conflictos económicos se resuelven en equidad, no en derecho. La competencia de la Corte se agota con la anulación, total o parcial del laudo, de suerte que no goza de la atribución de sustituir a los árbitros y, en tránsito por esa vía, la de tomar la decisión que reemplace a la anulada. Ello significa que las relaciones contractuales de trabajadores y empleador se regirán por la convención colectiva o el pacto colectivo o laudo arbitral vigente, o por las normas legales en vigor (Sentencia de anulación CSJ SL, de 27 de oct. 2009, rad. 41497).
Ahora, únicamente resulta procedente devolver el expediente a los árbitros cuando se hallare “que no se decidieron algunas de las cuestiones indicadas en el decreto de convocatoria”; pero si el Tribunal de Arbitramento resolvió negar u otorgar peticiones del pliego, en el supuesto de que su decisión deba ser anulada por haber extralimitado el objeto para el cual se le convocó o por afectar derechos o facultades de las partes reconocidos por la Constitución Política, por las leyes o por normas convencionales vigentes, no le es dado a la Corte devolver el expediente para que se pronuncie nuevamente.
Al punto, en reciente decisión de anulación CSJ. SL4879-2017, del 5 abr. 2017, rad. 75253, la Sala expuso:
La Corte encuentra que, en el caso que hoy es objeto de examen, le asiste razón a la organización sindical recurrente en los reproches que presenta en contra del laudo arbitral, pues claramente los árbitros resolvieron por fuera del marco de las facultades otorgadas por el legislador a fin de solucionar el conflicto colectivo del trabajo suscitado entre el Sindicato de Trabajadores de la Industria Energética —Sintrae— y la sociedad Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P., en los términos del artículo 458 del Código Sustantivo del Trabajo.
Al respecto, vale la pena recordar que la jurisprudencia del trabajo de vieja data ha resaltado que los tribunales de arbitramento obligatorio en materia laboral han sido establecidos por el legislador para la resolución de los conflictos de naturaleza económica, que son los que versan sobre la creación de beneficios a favor de los trabajadores y que esencialmente se derivan de la presentación de los denominados pliegos de peticiones por parte de las organizaciones sindicales con miras a la generación de nuevas garantías no contempladas previamente en la legislación laboral.
Claramente el objetivo del legislador fue dejar en cabeza de los tribunales de arbitramento la solución de este tipo de controversias que debían decidirse con base en criterios de equidad, razonabilidad y proporcionalidad, pues, justamente la mejora en las condiciones laborales, pretendida por los trabajadores, debe examinarse a la luz de las particularidades económicas y financieras de la empresa, con la finalidad de no poner en riesgo la actividad económica y la fuente de empleo.
Por el contrario, la definición de los conflictos jurídicos, relativos a la interpretación y aplicación de normas preexistentes dentro de la legislación laboral, se radicó esencialmente en los jueces laborales, quienes, de conformidad con el artículo 2º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. conocen de las controversias jurídicas derivadas directa o indirectamente del contrato de trabajo y, por esta vía, se excluyó que la jurisdicción ordinaria laboral tramitara los conflictos económicos suscitados entre patronos y trabajadores los cuales se seguirían tramitando por las leyes especiales que rigen la materia, tal como lo consagra el artículo 3º de la misma codificación.
En el caso objeto de examen, encuentra la Corte que los árbitros desconocieron estos parámetros mínimos fijados por el legislador y desarrollados por la jurisprudencia, por cuanto su competencia, según el artículo 458 del Código Sustantivo del Trabajo, se hallaba limitada a resolver la controversia de naturaleza económica suscitada entre Sintrae e ISA, con ocasión de la presentación del pliego de peticiones el día 27 de mayo de 2010, en todos los puntos respecto de los cuales las partes no hubiesen logrado un acuerdo en la etapa de arreglo directo y no concernía a resolver controversias o conflictos jurídicos, que hubiesen invocado las partes o que hubiese encontrado dentro del expediente, tal como equivocadamente lo hicieron, al establecer que los contratos de trabajo de los afiliados a Sintrae habían sido objeto de la sustitución patronal operada entre la empresa Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. y la sociedad Intercolombia S.A. E.S.P.
En efecto, el Tribunal se adentró al examen de los medios probatorios y determinó que éstos daban cuenta de que los trabajadores afiliados a Sintrae habían continuado laborando después del cambio patronal ocurrido el 1º de enero de 2014, razón por la cual, al operar la sustitución patronal, no había legitimidad de dicho sindicato por carecer de representación de los afiliados, que laboraban ahora para la empresa Intercolombia S.A. E.S.P. La conclusión del Tribunal luce abiertamente equivocada, por cuanto este tipo de aspectos debe ventilarse a través de los procedimientos y mecanismos particulares establecidos por la legislación procesal del trabajo, pues los árbitros no están legitimados para resolver conflictos sobre la interpretación y aplicación de normas preexistentes dentro de la normatividad laboral, como es el caso de las normas que regulan la sustitución patronal.
De igual forma, encuentra la Corte que no podían los árbitros, so pretexto de examinar una presunta sustitución patronal, desconocer la personería sustantiva del sindicato, pues esta Sala ha sostenido que mientras no se deje sin efectos jurídicos, a través de los mecanismos legales previstos para tal efecto, no es posible poner en tela de juicio sus actuaciones como tampoco su idoneidad y su capacidad para promover conflictos colectivos del trabajo, tal como se deriva de los mandatos de los Convenios 87, 98, 151 y 154 de la Organización Internacional del Trabajo O.I.T., aplicables dentro del ordenamiento jurídico colombiano.
Recientemente, en la Sentencia SL7801-2016, sobre este particular, la Sala asentó:
En Sentencia 41921 de 24 de mayo de 2010, en una controversia con temática más cercana a la que ahora concita la atención de la Sala, se dejó expuesto:
La cuestión referente a la ilegalidad de la afiliación de trabajadores de la empleadora al sindicato de industria Sinaltrainal es un aspecto que escapa al control de la Corte en sede de anulación, en cuanto involucra, en el fondo, la aptitud jurídica de esa organización sindical para adelantar sus funciones, lo que no puede ser elucidado al estudiarse el recurso de anulación, que, además, no es el medio legal para discutir las irregularidades que eventualmente se hayan podido presentar en las fases preliminares a la convocatoria del tribunal de arbitramento, pues tales aspectos deben ser discutidos en su oportunidad.
Con todo, importa anotar que esta Sala de la Corte, actuando en su función de juez constitucional de tutela ha considerado que mientras no se deje sin efectos la personería sustantiva de una organización sindical, no es posible poner en duda sus actuaciones jurídicas, como tampoco su idoneidad y capacidad para promover un conflicto colectivo de trabajo.
En la Sentencia del 15 de septiembre de 2009, radicación 24753 se dijo por la Sala, por mayoría, lo que a continuación se transcribe:
“En efecto, en el asunto bajo examen, el referido organismo gubernamental certificó la existencia y vigencia del Sindicato Sintraime y el cambio de su razón social acorde con la reforma estatutaria que fue debidamente depositada. Por tanto, si cualquiera persona interesada o afectada intenta desconocer lo que el Ministerio certifica dentro de sus atribuciones, la posibilidad que le queda es la de iniciar las correspondientes acciones, según el caso, en procura de su enervamiento, pero mientras tanto, tales actos jurídicos surten plenos efectos a la luz de la Constitución y la ley
En consecuencia, frente a la presentación de un pliego de peticiones por parte de una organización sindical inscrita y vigente, certificada como tal por la autoridad competente, como la del asunto de marras, la empresa Fenoco S.A. no podía resistirse a iniciar las negociaciones directas cuestionando la capacidad y la idoneidad del sindicato promotor del conflicto, con el simple argumento de no ser una asociación relacionada con la actividad ferroviaria que desarrolla, pues esa situación bien podía ventilarla judicialmente en otros escenarios, sin que se pueda sustraer a sentarse en la mesa de discusiones, con lo cual se viola sin razón el derecho fundamental a la negociación colectiva, y al debido proceso, que como ya se anotó, aquella hace parte del fundamental de asociación sindical conforme a los artículos 23, 25, 29, 39, 53, y 55 de la Carta Mayor, 27 del D.L. 2351 de 1965, y el convenio 98 de 1949, de la OIT, con vigencia a partir de julio de 1951.
De esta manera, resulta infundada la declaratoria de falta de legitimación activa y pasiva por parte de los árbitros, pues teniendo capacidad sustantiva la organización sindical, la cual no fue desvirtuada a través del procedimiento pertinente, podía legítimamente promover un conflicto ante el empleador de la época, por lo que su obligación era resolver de manera definitiva la controversia económica de los trabajadores y no concentrarse en la definición de un conflicto esencialmente jurídico, pues ese es el mandato derivado del derecho a la negociación colectiva, amparado por el artículo 55 de la Constitución Política de 1991 y los Convenios 87, 98 y 154 de la Organización Internacional del Trabajo.
Asimismo, cabe resaltar que el hecho sobreviniente relativo a que en una empresa dejen de existir trabajadores afiliados a la organización sindical que inició y promovió un conflicto colectivo del trabajo no puede conducir inexorablemente a la extinción inmediata de éste, pues ello desconoce que como asociación, cuya finalidad esencial es la promoción de mejores condiciones laborales, puede obtener afiliaciones de otros trabajadores que deseen vincularse en cualquier momento al mismo y, en consecuencia, ser acreedores de los beneficios obtenidos con el proceso de la negociación colectiva, a través de la convención o del laudo arbitral. En efecto, recientemente, en la Sentencia CSJ SL, 22 mar. 2017, Rad. 72729, se pronunció la Sala sobre el tema en particular.
Finalmente, si bien la Corte ha señalado que su competencia como juez del recurso de anulación solo llega a anular el laudo en tanto los árbitros hayan excedido el marco de su competencia cuando hay un pronunciamiento expreso de éstos, lo cierto es que, en el presente asunto, a pesar de que los falladores adujeron negar íntegramente los puntos del pliego de peticiones de Sintrae, en realidad lo que hicieron fue dejar de pronunciarse de fondo a la luz de la equidad, la razonabilidad y la proporcionalidad, bajo el argumento de la carencia de legitimación por activa y por pasiva, siendo que debían hacerlo, por las razones atrás expuestas.
En consecuencia de lo anterior, la Sala anulará en su integridad el laudo emitido el 27 de mayo de 2016, para, en su lugar, devolver el expediente a los árbitros a fin de que resuelvan, de conformidad con sus facultades legales, la controversia suscitada entre el Sindicato de Trabajadores de la Industria Energética y la sociedad Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. con ocasión del pliego de peticiones presentado el día 27 de mayo de 2010 (resaltado fuera de texto).
Igualmente, ha enseñado esta Corte con profusión, que los derechos y facultades que no pueden afectar los árbitros con sus fallos son: (i) los reconocidos en la Constitución Política, tales como el de propiedad y demás derechos adquiridos, el de asociación, reunión, huelga y todos aquéllos que establecen directa o indirectamente un régimen de protección al trabajo y garantizan al empresario el ejercicio de su actividad; (ii) los reconocidos por las leyes cuando desde el punto de vista del trabajador constituyen un mínimo que no puede afectarse y los que por ser de orden público son irrenunciables; y respecto del empleador los que emanan de su calidad de subordinante, de propietario y director de la empresa y establecimiento, y (iii) en relación con los convencionales son aquéllos que por haber consolidado situaciones subjetivas concretas o que por no haber sido propuesta su variación por parte legalmente habilitada para hacerlo, deben ser respetados en el laudo.
Pues bien, puesta la mirada en las anteriores precisiones, procede la Sala a resolver los dos puntos de inconformidad, así:
Como puede notarse, y según lo explica la jurisprudencia referida, no es viable la devolución de la resolución arbitral como lo pretende la organización sindical por cuanto el cuerpo colegiado efectivamente concedió los beneficios atacados y explicó las razones de su determinación, es decir, que su decisión es de fondo y no inhibitoria.
En este orden de ideas los arbitradores no omitieron pronunciarse al respecto y por ello, se itera, no es procedente el reenvío de la sentencia arbitral.
La Corte, en Sentencia de anulación de CSJ SL12303-2016, del 31 de ago. 2016, rad. 73755, razonó:
Ahora bien, el Tribunal negó abiertamente la concesión de ese punto del pliego de peticiones, por razones de equidad (fls. 36 y 37), de manera que no se inhibió para resolverlo, por falta de competencia, como sí aconteció con otros aspectos. En ese sentido, tampoco hay lugar a la devolución del expediente al Tribunal, para que “…definan concediéndolo en los términos del pliego de peticiones…”, pues, aparte de que esa devolución solo ha sido admitida por esta Sala para aquellos casos en los que la decisión inhibitoria resulta cuestionable, debido a que los árbitros sí contaban con la competencia para decidir sobre alguna aspiración específica (CSJ SL719-2013), lo que, cabe repetir, no fue lo que sucedió en este caso, la Corte no le podría imponer su propia medida de justicia a los árbitros y, en ese orden, obligarlos a resolver favorablemente una determinada materia.
Llegados a este punto del sendero, y con la óptica esbozada, se impone recordar que es válido que la justicia arbitral, al analizar la naturaleza de las aspiraciones de las partes en disputa, acoja total, parcial o bajo determinadas modulaciones, las peticiones de la organización sindical. En esta dirección, una respuesta favorable a una petición del pliego, no necesariamente significa que deba plasmarse en los mismos términos en que fue pedida, ni mucho menos que la cláusula arbitral deba ser un calco de lo solicitado, pues los árbitros en aras de proporcionar soluciones balanceadas, están habilitados para condicionar, ajustar, modular o atemperar las peticiones a los dictados de la justa razón y la equidad (Sentencia de anulación CSJ SL14879-2016, del 5 de oct. De 2016, rad. 74883).
Ahora bien, de entenderse que el Tribunal extralimitó su competencia o excedió los linderos del diferendo que debía dirimir, por ejemplo, al proferir el laudo por fuera o más allá de lo pedido —extra o ultra petita—, acontece que la resolución de la Corte no sería otra que anularla, pero no podría reemplazarla como tampoco devolverla para que los árbitros adopten otra determinación. Y siendo lo anterior así, ello, a no dudarlo, redundaría en perjuicio del único recurrente, ya que al anularse se quedaría sin dichas prerrogativas e iría en contra de sus intereses, pues aunque la decisión puede no colmar sus expectativas de alguna manera le es favorable.
Esta Corporación, en Sentencia de anulación CSJ SL12507-2016, del 3 de ago. 2016, rad. 70386, explicó:
Para dar respuesta a los argumentos del sindicato baste recordar lo asentado por esta Sala en Sentencia de anulación SL9317-2016 del 29 de jun. 2016, rad.69336, en cuanto a que si la Corte en el presente asunto, anulara las cláusulas atacadas, que sin duda son benéficas de alguna manera para la organización sindical, lesionaría de manera frontal el principio prohibitivo de la reforma en peor, porque, se insiste, de anularlas no habría posibilidad jurídica de reemplazarlas, luego los trabajadores “perderían” lo que el Tribunal de arbitramento les concedió.
Allí también se insistió en que el laudo arbitral en conflictos de naturaleza económica, como el que ocupa la atención de la Sala, al resolver y fallar en equidad los puntos del pliego de peticiones que no fueron acordados por las partes en la etapa de arreglo directo, se constituye en un acto creador o generador de derechos que anteriormente no existían, o modificador de los ya existentes, o simplemente que impide o niega la creación o modificación pedida. De suerte que, al ser conferidas a los trabajadores ciertas prerrogativas por parte de los árbitros, como aquí aconteció, la anulación ahora pretendida por el sindicato a través del recurso de anulación, iría en contravía de sus propios intereses.
De suerte que los derroteros trazados también recomiendan que no existen razones para ordenar la devolución del expediente con la finalidad pretendida por el ente sindical impugnante.
Por lo demás, juzga conveniente la Corte advertir que en relación a similares cláusulas del pliego de peticiones concernientes al “patrocinio contrato de aprendizaje y pasantías”, la Sala tiene adoctrinado que:
Regulación para aprendices del SENA
Ciertamente, la Ley 789 de 2002 reguló el contrato de aprendizaje como una forma de vinculación especial, diferente a la de naturaleza laboral, cuya finalidad primordial es permitir la formación teórico - práctica de una persona natural en una entidad autorizada, a cambio de que una empresa patrocinadora proporcione los medios para adquirir formación profesional metódica y completa en el oficio, actividad u ocupación, en este sentido, el objetivo de este tipo de contrato es la de facilitar la formación de ocupaciones dentro del manejo administrativo, operativo, comercial o financiero de la empresa, por lo que la mencionada ley no hace preferencias o distinciones a la hora de la vinculación.
Bajo este panorama, le asiste razón a la recurrente cuando afirma que la cláusula décima contraviene el sentido y finalidad del contrato de aprendizaje, pues dispone indebidamente que la empresa dará prelación a los hijos de los trabajadores. Sobre esta temática particular, ya la Corte se pronunció en la Sentencia SL9150-2015, en la que asentó:
Por demás, establecer, en la empresa, como criterio de selección a los aprendices el grado de parentesco con los trabajadores de la empresa, como lo prevé el Parágrafo 2º del artículo al que se contrae el presente análisis, restringe, sin una justificación válida, la igualdad de oportunidades que reconoce el Convenio 111 de la OIT, en armonía con el artículo 13 de la Constitución, a todas las personas de acceder al empleo y a la capacitación, puesto que establecer un grado consanguinidad como criterio de selección de aprendices no es una condición necesaria para el ejercicio del cargo, por tanto no se adecúa a lo previsto en el nl.2 del artículo 1º del Convenio 111 mencionado que dice “Las distinciones, exclusiones o preferencias basadas en las calificaciones exigidas para un empleo determinado no serán consideradas como discriminación”. A contrario sensu, las que no sean necesarias para el ejercicio del cargo, sí lo son. (Sentencia de anulación CSJ SL3153-2017, del 8 de mar. 2017, rad. 74307).
Itérese que se muestra así improcedente la solicitud de devolución del laudo arbitral.
Esta Sala en Sentencia de anulación CSJ SL15705-2015, 7 de oct. 2015, rad. 71314, reiterada en fallos CSJ SL, del 3 de ago. y 7 de sep. 2016, rads. 70386 y 74793, respectivamente rememoró que si los árbitros no plasman en su providencia razonamientos, por ejemplo, matemáticos, de inflación u otros, no significa que el laudo esté desprovisto de motivación, dado que al tratarse precisamente de una decisión en equidad, su fundamentación es distinta a la que se requiere para las sentencias que resuelven conflictos jurídicos. En efecto, mientras que en estas se exige una argumentación estrictamente jurídica, fáctica y probatoria, el laudo en equidad se estructura a partir del sentido común, las reglas de la persuasión racional, la apreciación objetiva de los hechos probados, las posiciones de las partes y la naturaleza del conflicto.
Por el mismo camino, esta Corporación, en providencia de anulación CSJ SL8693-2014, del 26 de feb. 2014, rad. 59713, enseñó:
1.2. También intenta la nulidad del laudo con el argumento de que éste no fue lo suficientemente motivado.
En la Sentencia de homologación del 13 de julio de 1994 radicación 6928, y que reitera la Sala, esto se dijo:
Por otro lado, es lo cierto que ninguno de los artículos del Código Sustantivo de Trabajo que regulan la institución del arbitramento establece como obligación del tribunal de arbitramento la de motivar su decisión, la cual se sabe se produce basándose no en criterios jurídicos o legales sino de equidad. Esto significa que desde el punto de vista estrictamente legal no existe norma que obligue a los arbitradores a fundamentar su laudo, y, por lo mismo, si bien lo más razonable es que así lo hagan y esa es la costumbre seguida por los tribunales que al efecto se constituyen, no podría la Corte anular una decisión arbitral con el argumento de que al dictarse no se expresó en la motivación una razón suficiente en orden a explicar a las partes en conflicto la determinación adoptada. Es necesario distinguir entre el laudo que soluciona un conflicto jurídico, y que por asimilarse a una sentencia judicial debe dictarse con observancia de lo dispuesto en el artículo 136 del Código Procesal del Trabajo, y el laudo que pone fin al conflicto colectivo económico que por mandato del artículo 461 del Código Sustantivo de Trabajo “tiene el carácter de convención colectiva en cuanto a las condiciones de trabajo”.
Ese criterio, pacífico por demás, ha sido expuesto entre otras, en la Sentencia de anulación del 4 de noviembre de 2004, radicación 24604, en la que se textualmente se dijo:
Ciertamente el Laudo Arbitral no contiene una parte motiva, sino tan solo las decisiones que finalmente adoptaron los árbitros. Pero la verdad es que no existe disposición alguna para que las providencias arbitrales en materia económica tengan las mismas características formales de una sentencia proferida por la jurisdicción ordinaria del trabajo, máxime cuando el fundamento de dichas decisiones es la equidad y no el derecho con el que los jueces ordinarios deciden las controversias sometidas a su consideración. De todas maneras, no puede olvidarse que la función de los árbitros que deben solucionar un conflicto económico es no descuidar la regularidad del laudo y procurar que sus decisiones no afecten los derechos reconocidos a las partes en la Constitución, la ley o la convención colectiva, aspectos que también son de incumbencia de la Corte en tanto actúa como juez de anulación con sujeción al nuevo marco legal que regula dicho recurso, cuyos alcances ya han sido precisados por la Corporación en anteriores oportunidades.
Al respecto, en Sentencia de casación del 27 de enero de 1961, dijo la Corte:
“Si el laudo no sigue escrupulosamente la forma de la sentencia, la omisión no alcanza a configurar un defecto que justifique su devolución al Tribunal de Arbitramento para el solo fin de que repita el fallo con observancia de la formalidad pretermitida. Si es verdad que el extinguido Tribunal Supremo del Trabajo estimó imperativo el uso de la ritualidad en referencia, la Sala rectifica ese concepto, a su juicio sin asidero legal suficiente. La forma procesal, en cuanto sea de la esencia del acto, debe ser atendida por el juez, como lo debe ser por el árbitro, so pena de nulidad. No es de esta clase la que se examina, sino simplemente autorizada, cuya omisión, por lo mismo, es irrelevante”.
Pero a pesar de lo anterior, es necesario precisar que lo atrás dicho responde a las orientaciones actuales de la Sala, para lo cual basta remitirse a la Sentencia del 21 de agosto de 2003, radicación 22214, en la que expresó:
No son pocas las ocasiones en las que la Corte se ha pronunciado sobre la motivación de los laudos para concluir que si bien las decisiones de los tribunales de arbitramento deben ser lo más explícitas y claras que sea posible para brindar a las partes un punto de apoyo para controvertirlas, el que así no suceda, no conlleva a que la Corte pueda anularlas, ya que su función, se insiste, es la de velar por la regularidad del fallo, en las condiciones ya vistas.
En tal sentido se ha dicho:
Considera la Corte que cuando un tribunal de arbitramento aduce razones de equidad para conceder o negar una petición contenida en el pliego presentado por un sindicato o por los trabajadores, lo ideal es que exprese con claridad los motivos que lo llevan a tomar la decisión; pero que ello deba ser así no tiene como necesaria consecuencia que la Corte quede habilitada para anular un laudo por el hecho de que los arbitradores se hayan limitado a aludir a los principios de equidad o porque simplemente no los haya invocado, como en el sub examine.
Indiscutiblemente si los árbitros hubiesen sido más explícitos en la motivación del fallo, con seguridad la decisión se habría mostrado mejor fundada y más convincente; empero, se insiste, que los motivos invocados como sustento de la decisión se hayan expresado brevemente o como en el sub lite, o no se hayan expresado, no es razón suficiente para que la Corte —en ejercicio de su facultad legal de verificar la regularidad del laudo y cuidar de que no se afecten derechos y facultades de las partes reconocidas en la Constitución Política, las leyes y las normas convencionales vigentes— concluya que el tribunal de arbitramento obligatorio extralimitó el objeto para el cual se le convocó, o que efectivamente afectó derechos y facultades de los trabajadores afiliados al sindicato, porque es inherente a la misma decisión que ésta se tome acudiendo a tales principios, esto es, en equidad...
…Así las cosas, se torna indispensable distinguir entre el laudo que soluciona un conflicto jurídico, el que por asimilarse a una sentencia judicial debe dictarse con observancia de lo dispuesto en el artículo 136 citado, y el que pone fin al conflicto colectivo económico que por mandato del artículo 461 del CST, tiene el carácter de convención colectiva, en cuanto a las condiciones de trabajo, sobre el que no es previsible someterlo a las exigencias del referido artículo 136, entre otras, a las motivaciones jurídicas exigidas por el artículo 304 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el artículo 1º, numeral 134 del D.E. 2282 de 1989, para las decisiones judiciales.
No obstante, y a pesar de que esta clase de laudos debería ser lo suficientemente motivado, lo cierto es que ningún artículo del Código Sustantivo del Trabajo prevé la obligación de motivarlos y por ende, no podría la Corte con este argumento anular una decisión de esta naturaleza.
...En consecuencia, no es de recibo para la Corte, que un laudo arbitral proferido para la solución de un conflicto económico, deba ser sustentado en los términos establecidos para las sentencias judiciales, so pena de nulidad”. (Rad. 16545).
En el entorno descrito, la Sala no encuentra razones legales ni de hecho para devolver el laudo arbitral en los términos solicitados por el sindicato impugnante, toda vez que la determinación no fue adoptada de manera caprichosa y sin soporte alguno.
Repárese en que resulta significativo que el organismo arbitral fue enfático en advertir, entre otras cosas, que la decisión se basó: (i) en todas las pruebas regular y oportunamente allegadas al expediente, esto es “las intervenciones de las partes y los documentos allegados por ellas con posterioridad a sus intervenciones por solicitud del Tribunal, así mismo la normatividad vigente, los criterios jurisprudenciales, y fundamentalmente principios de equidad, por tratarse de un conflicto colectivo de naturaleza económica o de intereses”; (ii) esencialmente en “el principio de equidad, desde luego con las limitaciones que la misma ley impone, esto es, sin afectar derechos o facultades de las partes, reconocidos por la Constitución Política o la Ley tal y como lo dispone el artículo 458 del Código Sustantivo del Trabajo”; (iii) en que uno de sus deberes es contribuir a la armonía y profundización de las relaciones laborales entre las partes, “en aras de mejorar en lo posible las condiciones de los trabajadores, sin que afecte por ello la supervivencia de la entidad en todo sentido, y en consecuencia resulta vertical para la resolución de este conflicto, analizar en primer término y con sumo cuidado la competencia del mismo y en segundo lugar la viabilidad o no del otorgamiento de las prerrogativas contenidas en el Pliego de peticiones, bajo la realidad económica, financiera y contractual de la empresa”; y (iv) en que no se puede “soslayar las claras limitaciones legales antes referidas y por ello, pero en particular en cuanto hace a la segunda de ellas, el Tribunal ha sido cuidadoso en verificar con la jurisprudencia de la Honorable Sala de Casación Laboral, en asuntos similares a los resueltos, si con una determinada decisión se terminan afectando derechos o facultades de las partes, que puedan hacer nulo el Laudo Arbitral precisamente por desconocer esos derechos y facultades”.
Entonces, salta a la vista que el cuerpo arbitral efectivamente sí explicó palmariamente en el laudo las razones concretas que dieron origen a sus decisiones, e hizo explícita su intención de informar su criterio a partir de la equidad y la jurisprudencia.
En reciente pronunciamiento de esta Sala, Sentencia CSJ SL9317-2016, del 29 de jun. 2016, rad. 69336, se recordó que la noción de equidad, acogida en providencia de anulación CSJ SL del 28 de mar. 1986, estriba en “la adaptación de la idea de justicia a los hechos, en consideración a las circunstancias individuales, teniendo en cuenta las ideas generales o bien moldeándolas de conformidad con los elementos concretos… Este segundo concepto es el que se ha calificado por algunos doctrinantes como la justicia del caso concreto, porque permite adaptar los principios abstractos contenidos en las normas, a las peculiaridades del supuesto de hecho, para de este modo ‘acomodar la ley especial a los diversos negocios que se presenten’. Como simple sentimiento o conciencia de lo justo, la equidad escapa de las formulaciones de los jueces de derecho, estando reservada la solución de los conflictos que con ella toquen a los jueces llamados de equidad (porque fallan en conciencia), como son los tribunales de arbitramento”.
En ese horizonte, se reitera, si los arbitradores tuvieron como báculo dicha línea de pensamiento pues, como se rememoró, resolvieron el conflicto colectivo a la luz de la equidad y la jurisprudencia en procura de armonizar los intereses sociales y económicos, ello patentiza que no existe razón alguna para que proceda la devolución del laudo, como lo procura el recurrente.
—Conclusión.
Viene como corolario de todo lo expuesto que se exhibe improcedente la devolución de la decisión arbitral.
DECLARAR improcedente la solicitud de devolución del Laudo Arbitral del 18 de mayo de 2017, aclarado mediante providencia del 30 de mayo siguiente, proferido por el Tribunal de Arbitramento obligatorio convocado para dirimir el conflicto colectivo surgido el Sindicato Nacional de Trabajadores de Industria de Gecolsa y Demás Empresas por Rama de Actividades Dedicadas a la Construcción, Minería y Servicios —Sintraindustria— Y La Sociedad Soluciones Empresariales 360º SAS —SOE 360º—.
Cópiese, Notifíquese, Publíquese y envíese al Ministerio de Trabajo, para lo de su cargo.
Magistrados: Gerardo Botero Zuluaga, Presidente de Sala —Jorge Mauricio Burgos Ruiz— Fernando Castillo Cadena—Clara Cecilia Dueñas Quevedo —Rigoberto Echeverri Bueno—Luis Gabriel Miranda Buelvas—Jorge Luis Quiroz Alemán.