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Timestamp: 2019-10-18 23:59:03
Document Index: 34407059

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 17', 'ARTÍCULO 17', 'artículo 10', 'artículo 61', 'artículo 71', 'artículo 14', 'artículo 17', 'artículo 22', 'artículo 1', 'artículo 17', 'artículo 22', 'artículo 22', 'ARTÍCULO 135', 'artículo 14', 'ARTÍCULO 14', 'artículo 14', 'artículo 22', 'artículo 1', 'artículo 22', 'artículo 25', 'artículo 7', 'artículo 107', 'artículo 29', 'ARTÍCULO 17', 'artículo 17', 'artículo 12', 'artículo 61', 'artículo 1', 'artículo 17', 'artículo 22', 'artículo 1', 'artículo 17', 'artículo 22', 'artículo 22', 'ARTÍCULO 135', 'artículo 14', 'ARTÍCULO 14', 'artículo 14', 'artículo 22', 'artículo 1', 'artículo 22', 'artículo 17', 'artículo 25', 'artículo 7', 'artículo 12', 'artículo 1', 'artículo 25', 'artículo 2', 'ARTÍCULO 1', 'artículo 17', 'artículo 17', 'artículo 17', 'artículo 61', 'artículo 17', 'artículo 25', 'artículo 2', 'artículo 25', 'artículo 14', 'artículo 14']

Ejecutoria num. P./J. 41/2014 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Pleno - Jurisprudencia - VLEX 528532246
Número de Resolución: P./J. 41/2014 (10a.)
Localizacion: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I, página 62.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 366/2013. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO Y LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO Y PRIMERO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA DÉCIMO PRIMERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN COATZACOALCOS, VERACRUZ, EN APOYO DEL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO CIRCUITO. AMPARO DIRECTO CONTRA SENTENCIAS CONDENATORIAS QUE IMPONEN PENA DE PRISIÓN DICTADAS ANTES DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE. EL CÓMPUTO DEL PLAZO DE OCHO AÑOS PARA PROMOVERLO A PARTIR DE ESA FECHA NO VIOLA EL DERECHO HUMANO DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE).AMPARO DIRECTO CONTRA SENTENCIAS CONDENATORIAS QUE IMPONEN PENA DE PRISIÓN DICTADAS ANTES DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE. EL CÓMPUTO DEL PLAZO DE OCHO AÑOS PARA PROMOVERLO A PARTIR DE ESA FECHA NO VIOLA EL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE).AMPARO DIRECTO CONTRA SENTENCIAS CONDENATORIAS QUE IMPONEN PENA DE PRISIÓN DICTADAS ANTES DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE. EL PLAZO PARA PROMOVERLO A PARTIR DE ESA FECHA SE RIGE POR LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO Y SI LOS SUPUESTOS QUE DAN INICIO A SU CÓMPUTO EN TÉRMINOS DEL DIVERSO 18 DE ESE ORDENAMIENTO ACONTECIERON CON ANTERIORIDAD A SU ENTRADA EN VIGOR, EL REFERIDO PLAZO INICIA A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE.AMPARO DIRECTO CONTRA SENTENCIAS CONDENATORIAS QUE IMPONEN PENA DE PRISIÓN DICTADAS ANTES DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE. EL PLAZO PARA PROMOVERLO NO SE RIGE POR LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE).PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD. LA APLICACIÓN DEL PLAZO DE OCHO AÑOS PARA IMPUGNAR EN AMPARO DIRECTO SENTENCIAS CONDENATORIAS QUE IMPONEN PENA DE PRISIÓN, DICTADAS ANTES DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE NO VULNERA AQUÉL, TOMANDO EN CUENTA EL PRINCIPIO DE INTERDEPENDENCIA, ESPECÍFICAMENTE LA QUE SE DA ENTRE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS SENTENCIADOS Y DE LAS VÍCTIMAS U OFENDIDOS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE).
AMPARO DIRECTO CONTRA SENTENCIAS CONDENATORIAS QUE IMPONEN PENA DE PRISIÓN DICTADAS ANTES DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE. EL CÓMPUTO DEL PLAZO DE OCHO AÑOS PARA PROMOVERLO A PARTIR DE ESA FECHA NO VIOLA EL DERECHO HUMANO DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE).
AMPARO DIRECTO CONTRA SENTENCIAS CONDENATORIAS QUE IMPONEN PENA DE PRISIÓN DICTADAS ANTES DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE. EL CÓMPUTO DEL PLAZO DE OCHO AÑOS PARA PROMOVERLO A PARTIR DE ESA FECHA NO VIOLA EL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE).
AMPARO DIRECTO CONTRA SENTENCIAS CONDENATORIAS QUE IMPONEN PENA DE PRISIÓN DICTADAS ANTES DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE. EL PLAZO PARA PROMOVERLO A PARTIR DE ESA FECHA SE RIGE POR LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO Y SI LOS SUPUESTOS QUE DAN INICIO A SU CÓMPUTO EN TÉRMINOS DEL DIVERSO 18 DE ESE ORDENAMIENTO ACONTECIERON CON ANTERIORIDAD A SU ENTRADA EN VIGOR, EL REFERIDO PLAZO INICIA A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE.
AMPARO DIRECTO CONTRA SENTENCIAS CONDENATORIAS QUE IMPONEN PENA DE PRISIÓN DICTADAS ANTES DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE. EL PLAZO PARA PROMOVERLO NO SE RIGE POR LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 366/2013. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO Y LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO Y PRIMERO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA DÉCIMO PRIMERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN COATZACOALCOS, VERACRUZ, EN APOYO DEL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO CIRCUITO. 29 DE ABRIL DE 2014. PONENTE: O.S.C.D.G.V.. SECRETARIA: R.A.L..
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veintinueve de abril de dos mil catorce.
PRIMERO. Mediante oficio 53/ST/2013, de veintinueve de agosto de dos mil trece,(1) los Magistrados integrantes del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, hicieron del conocimiento de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la contradicción de criterios entre los sustentados por ese Tribunal Colegiado, al resolver el recurso de reclamación 17/2013 y el recurso de queja 32/2013 y el sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, al fallar el recurso de queja 45/2013.(2)
SEGUNDO. Recibidos los autos, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante proveído de nueve de septiembre de dos mil trece, admitió a trámite la denuncia de posible contradicción, formándose el expediente número 366/2013; solicitó a los presidentes de los tribunales de referencia copia certificada de las resoluciones emitidas, al resolver los asuntos citados, así como la información necesaria para la integración de la presente contradicción; y turnó el asunto a la M.O.S.C. de G.V. para la elaboración del proyecto respectivo.(3)
TERCERO. Una vez integrado el expediente, por acuerdo del presidente de la Primera Sala, de trece de septiembre de dos mil trece, dicho órgano se avocó al conocimiento del presente asunto y se ordenó enviar los autos para su estudio a la M.O.S.C. de G.V..(4)
CUARTO. Por oficio presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el primero de octubre de dos mil trece, la Ministra O.S.C. de G.V. amplió la denuncia de posible contradicción de tesis con los criterios emitidos, por una parte, por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 218/2013, del que derivó la tesis aislada de título y subtítulo: "AMPARO DIRECTO CONTRA SENTENCIA DEFINITIVA CONDENATORIA. ES EXTEMPORÁNEO CUANDO LA DEMANDA SE PROMUEVE DESPUÉS DE OCHO AÑOS DE SU NOTIFICACIÓN, NO OBSTANTE QUE ESTO HAYA OCURRIDO CON ANTERIORIDAD A QUE ENTRÓ EN VIGOR LA LEY DE AMPARO PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DOS DE ABRIL DE DOS MIL TRECE." y, por otra, el emitido por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décimo Primera Región, en apoyo del Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Circuito, al resolver el amparo directo 590/2013.(5)
Posteriormente, por acuerdo de siete de octubre de dos mil trece, el presidente de la Primera Sala admitió a trámite el escrito y solicitó a los Tribunales Colegiados contendientes relativos se pronunciaran sobre la vigencia de su criterio y enviaran copia certificada de sus resoluciones, así como el archivo electrónico de éstas.(6)
Una vez recibidas las copias certificadas de los criterios sustentados por los órganos jurisdiccionales contendientes, así como el pronunciamiento en el que manifestaron la vigencia de su criterio materia de esta contradicción de tesis, al estar debidamente integrado el expediente, mediante acuerdo de cinco de noviembre de dos mil trece se remitió a la ponencia de la señora M.O.S.C. de G.V..(7)
QUINTO. El veintiocho de noviembre de dos mil trece se presentó el proyecto respectivo en la Secretaría de Acuerdos de la Primera Sala de esta Suprema Corte y en la sesión del cuatro de diciembre del mismo año, a petición de la Ministra ponente, se acordó retirar aquél.
SEXTO. Por oficio SGA/MFEN/235/2014, de veintiuno de enero de dos mil catorce, el secretario general de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación informó que en sesión privada de veinte de enero de dos mil catorce, el Pleno de este Alto Tribunal resolvió por unanimidad de once votos ejercer su competencia originaria para conocer de las contradicciones de tesis 366/2013, 371/2013, 436/2013, 445/2013, 495/2013, 441/2013, 476/2013, 429/2013 y 397/2013, así como del amparo directo en revisión 2866/2013, asuntos en los que subsisten problemas jurídicos relacionados con la forma en que debe computarse el plazo para la presentación de demandas a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil trece, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 10, fracciones III y VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el punto segundo, fracciones III y VII, del Acuerdo General Plenario Número 5/2013.
En acatamiento a lo anterior, el presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por acuerdo de veintitrés de enero de dos mil catorce remitió el expediente de la presente contradicción de tesis a la Subsecretaría General de Acuerdos a fin de que se diera de baja de dicha Sala y causara alta en el Pleno de este Máximo Tribunal.
Por acuerdo de veintiocho de enero de dos mil catorce, se radicó en el Pleno el expediente de la presente contradicción de tesis.
PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II, 227, fracción II, de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece; 10, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como, en el punto segundo, fracción VII, del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, al haberse suscitado entre Tribunales Colegiados pertenecientes a diferentes circuitos. Lo anterior con apoyo en el criterio establecido por el Pleno de este Alto Tribunal, contenido en la tesis P. I/2012 (10a.).(8)
SEGUNDO. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legitimada, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción II, de la nueva Ley de Amparo, ya que fue formulada por los Magistrados integrantes del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y ampliada por la señora M.O.S.C. de G.V..
TERCERO. Criterios sustentados en las sentencias materia de la denuncia de contradicción. La denuncia que dio origen a esta contradicción de tesis, así como a su ampliación, se refiere a sentencias emitidas por los Tribunales Colegiados Noveno en Materia Penal del Primer Circuito, Primero en Materia Penal del Sexto Circuito, Segundo en Materia Penal del Primer Circuito y Primero del Centro Auxiliar de la Décimo Primera Región, en apoyo del Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Circuito, las cuales se transcriben, en lo que interesa, a continuación:
I. El Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito sostuvo el criterio respectivo en los dos precedentes siguientes:
I.I. Por una parte, al resolver el recurso de reclamación 17/2013, que fue promovido en contra de un auto de presidencia de dicho órgano colegiado en los autos del juicio de amparo directo 212/2013, se determinó lo siguiente:
QUINTO. Expuestas las consideraciones en esta resolución, tanto del auto de presidencia impugnado como las de disenso de la parte reclamante, es incuestionable la actualización de dos temas a dilucidar: a) Por un lado, respecto del desechamiento de la demanda de amparo directo contra una sentencia definitiva condenatoria, que el auto de presidencia estima resulta, en cuanto a su interposición, extemporánea, conforme a la Ley de Amparo vigente. b) El otro tema, se hace consistir en la determinación de incompetencia, que se contiene en el propio auto de presidencia, respecto a la resolución emitida en un toca penal que confirmó a su vez, la interlocutoria de veinte de marzo del año en curso, dictada por el Juez Décimo Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en esta ciudad, en la causa 14/2013, por estimarse que su procedencia, conforme a la Ley de Amparo vigente, es la vía indirecta. Luego, en orden metodológico, deben separarse los dos temas a dilucidar: a) Respecto del primer tema, consistente en el desechamiento de la demanda de amparo, se califica de esencialmente fundados los conceptos de agravio uno y dos, expuestos por el recurrente, por ende, en cuanto a este aspecto, debe declararse fundado el recurso de reclamación. En esencia, el auto recurrido de presidencia, a fin de desechar por notoria e indudable improcedencia la demanda de amparo promovida por ********** se sustenta en la causal prevista por el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos numerales 17, fracción II y 18, todos de la Ley de Amparo vigente, que le sirven de base para estimar que se actualiza el consentimiento tácito del acto reclamado, al no interponerse el juicio de garantías en el plazo de ocho años a que se refieren los preceptos legales en cita. Por lo que estimó, que si el quejoso tuvo conocimiento de la sentencia definitiva que reclama el doce de abril de dos mil cuatro, por notificación personal que se le hizo en el interior del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, el cómputo empezó a correr al día siguiente, conforme al artículo 71 del Código Federal de Procedimientos Penales, esto es, el trece de abril de dos mil cuatro y el plazo de ocho años, feneció el trece de abril de dos mil doce; con lo cual, si su demanda de amparo la presentó ante el Tribunal Unitario responsable hasta el ocho de mayo de dos mil trece, su presentación resultó extemporánea, pues transcurrió más de un año del vencimiento del plazo para su interposición. Al respecto, la parte recurrente, en sus conceptos de disenso que se han calificado de esencialmente fundados, estima que la determinación de presidencia implica, en cuanto al fundamento de la norma vigente de la Ley de Amparo, para constreñir el plazo de ocho años, para interponer la demanda de amparo directo en materia penal, respecto de un acto de autoridad, que le impuso pena privativa de libertad, la aplicación retroactiva de la normatividad que sirve de sustento al auto recurrido, lo cual está prohibido por el artículo 14 constitucional; sustancialmente, porque en la época en que se dictó el acto reclamado, la Ley de Amparo que regía el mismo, no establecía en la materia penal, para el caso concreto, plazo alguno, conforme a los artículos ‘20, 28, fracción II y 166 de la Ley de Amparo abrogada’. Es claro, conforme a lo expuesto en el auto de presidencia y los motivos de agravio en la reclamación, que el tema medular o problemática sustancial a dilucidar, consiste, en el análisis de la normatividad nacional e internacional, desentrañar, en interpretación judicial, cuál es la ley que debe aplicarse, la Ley de Amparo actualmente vigente o la que regía el acto de autoridad, que le fue notificado el doce de abril de dos mil cuatro, a fin de determinar si respecto de actos de autoridad, consistentes en sentencias definitivas en materia penal, que impongan pena privativa de libertad, debe prevalecer la ley vigente, en cuyo artículo 17, fracción II, establece el plazo de ocho años para la presentación de la demanda de amparo, o en su caso, debe privilegiarse el artículo 22, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo aplicable en abril de dos mil cuatro, que para tal efecto no señalaba plazo alguno, cuando el acto reclamado constituya ataques a la libertad personal. En primer lugar, conforme al artículo 1o. constitucional, y a las facultades de este Tribunal de Control Constitucional, en tutela judicial efectiva, bajo dos fuentes primigenias, tanto la Constitución como los tratados internacionales, normas supremas en derechos humanos, la elección de cuál de las normas en conflicto debe prevalecer, consistentes en el artículo 17, fracción II, que establece que cuando se reclame sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años (vigente a partir del tres de abril de dos mil trece), así como la norma contenida en el artículo 22, fracción II, párrafo segundo, en el que se precisaba que los actos que importen ataques a la libertad personal, la demanda podrá interponerse en cualquier tiempo (Ley de Amparo abrogada). Se considera, en primer término, que la elección de la norma que debe prevalecer, en materia de derechos humanos, se constriñe a atender al criterio de favorabilidad del individuo conocido como principio pro persona, que constituye un criterio hermenéutico de interpretación en favor de las personas, en la forma más amplia. Luego, conforme a lo anterior, se analiza que en la expedición de la ley, las reglas genéricas de vigencia, se contienen en sus artículos transitorios, en el caso concreto, la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de la presente anualidad, al respecto señala: (se transcribe). Es incuestionable que los artículos transitorios transcritos, no contienen expresamente la solución al conflicto, que como problemática toral, ha quedado asentado en el caso concreto; lo anterior, porque el párrafo segundo del artículo quinto, no podría estimarse, que fuera aplicable al caso concreto, porque al señalar que los actos que se hubieren dictado o emitido con anterioridad a la ley y que a su entrada en vigor no hubiere vencido el plazo para la presentación de la demanda de amparo, conforme a la ley que se abroga en virtud del decreto, le serían aplicables los plazos de la nueva ley, hace evidente que no se surte la hipótesis en comento, en razón de que como quedó expuesto, el artículo 22, fracción II, párrafo segundo, no establecía plazo alguno para la interposición de la demanda de amparo en materia penal cuando constituya ataques a la libertad personal. Más aún, el artículo tercero transitorio, si bien establece que los juicios de amparo iniciados con anterioridad a su entrada en vigor continuarían tramitándose conforme a la Ley de Amparo abrogada, esto es, el legislador estableció que sólo regirá para hechos ocurridos de manera posterior a su entrada en vigor; también lo es, que el artículo transitorio tiene como función dentro del sistema jurídico objetivo penal, determinar el momento de entrada en vigor de una norma, esto es, permite el paso ordenado de una ley a otra, al precisar cuál es el tratamiento que se debe dar a las situaciones acontecidas durante la vigencia de la ley anterior y que puedan tener efectos durante la vigencia de la nueva regulación, con la finalidad de dar cumplimiento al principio de seguridad jurídica; empero, la regulación que al respecto realice una norma de tránsito, al armonizarse con las disposiciones constitucionales, debe observar el principio de retroactividad en beneficio del inculpado; tal como se destacó por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que resolvió el amparo en revisión 471/98 y que dio origen a la tesis intitulada: ‘DERECHOS DE AUTOR. EL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO, DEL DECRETO POR EL QUE SE ADICIONÓ EL TÍTULO VIGÉSIMO SEXTO AL LIBRO SEGUNDO DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DEL FUERO COMÚN Y PARA TODA LA REPÚBLICA EN MATERIA FEDERAL, EN TANTO QUE PRETENDE SANCIONAR PENALMENTE LA CONDUCTA CONSIDERADA DELICTIVA, SÓLO HASTA ANTES DE LA ENTRADA EN VIGOR DEL PROPIO DECRETO, EN EL ARTÍCULO 135, FRACCIÓN II, DE LA LEY RELATIVA ABROGADA, VIOLA LOS PRINCIPIOS DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY EN MATERIA PENAL Y RETROACTIVIDAD DE LA LEY EN BENEFICIO DEL INCULPADO, PROCESADO O SENTENCIADO.’. Consecuentemente, dicha norma no puede interpretarse de manera aislada, sino como parte integral de un orden jurídico, en donde la garantía de retroactividad de la ley penal en beneficio del inculpado, protege al gobernado tanto de la propia ley, desde el inicio de su vigencia, como de su aplicación, pues la intención del Constituyente en cuanto al párrafo primero del artículo 14 constitucional, fue prever que a ninguna ley se le diera efecto retroactivo en perjuicio de éste, pero interpretado a contrario sensu como excepción a la regla, debe aplicarse retroactivamente cuando le reporta un beneficio o le es más favorable o cuando tutela un derecho sustantivo más preciado de la persona como lo es la libertad personal. Respecto al tema se invoca la jurisprudencia 1a./J. 10/2011, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 333, T.X., abril de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: ‘LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN. ES UN DERECHO SUSTANTIVO RESPECTO DEL CUAL RIGE LA EXCEPCIÓN CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL, CONSISTENTE EN LA APLICACIÓN RETROACTIVA DE LA LEY EN BENEFICIO DEL REO.’ (se transcribe). En esa tesitura, al ser incuestionable que el fenómeno de la retroactividad por regla general se presenta como un conflicto de leyes expedidas sucesivamente y que tienden a normar al mismo acto, el mismo hecho o la misma situación, en algunos supuestos la retroactividad en perjuicio, se actualiza, cuando la ley rija determinada cuestión por primera vez, pues si bien es cierto el Poder Legislativo estáfacultado para regular normativamente la conducta de los gobernados, ello no debe significar que haya perdido su derecho a la libertad, con la vigencia de la ley, esto es, cuando ejerció ese derecho o libertad, sin restricción alguna, en ausencia de una ley reguladora, que le permitiera expresa o tácitamente la potestad facultativa de obrar discrecionalmente. Esfera jurídica que constituye un derecho concreto, objetivo y que debe respetar las autoridades, incluso el propio legislador hasta en tanto, respecto de ese obrar discrecional, surja una norma que regule tal aspecto. Se explica, si antes de la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, en vigor al día siguiente, el derecho a accesar al juicio constitucional, en tratándose de sentencias definitivas privativas de libertad (como acto restrictivo), permitía su acceso sin plazo alguno. Y actualmente, la ley vigente constriñe a un plazo de ocho años s
interposición; es inconcuso que ante la ausencia de plazo, es decir, norma específica de temporalidad para la interposición de la demanda de amparo directo, constituía para el quejoso sentenciado el derecho de obrar libremente, al interponer el amparo en cualquier momento mientras dure la ejecución de la pena privativa de libertad impuesta, incluso una vez compurgada; en razón de que ese derecho, al no plazo, también era tutelado por el orden jurídico, porque todo lo no prohibido por la norma legal ni sujeto a determinadas modalidades o plazos le está por ello, permitido. En consecuencia, el surgimiento de una ley que regule una situación hasta entonces imprevista legislativamente, como lo es establecer un plazo perentorio para la interposición de la demanda de amparo directo, sólo puede obrar hacia el futuro, ya que de lo contrario estaría vulnerando el artículo 14 constitucional, que estatuye que a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Orienta el criterio, por identidad y contenido la tesis aislada emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ,al resolver el amparo en revisión 6008/63, el tres de febrero de 1964 ya se había pronunciado respecto de dicha tutela, consultable en la página 39, Volumen LXXX, Tercera Parte, Sexta Época, del Semanario Judicial de la Federación de rubro y texto: ‘RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES.’ (se transcribe). Por lo cual, la sentencia definitiva que impone pena privativa de libertad, constituye un acto que afecta o restringe la libertad personal, para lo cual, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que la libertad personal no sólo se afecta a través de actos de autoridad que tengan como consecuencia material privar al gobernado de esa libertad que en ese momento disfrute, sino que tal afectación también surge a la vida jurídica con actos que determinen, de igual manera, la permanencia del gobernado en su situación actual de privación de la libertad personal o modifiquen las condiciones en que tal privación deba ejecutarse; por ende, si la materia de la litis que deberá resolverse en amparo directo contra dicha sentencia, necesariamente abordará los temas del delito y la plena responsabilidad penal atribuida al quejoso, así como las penas impuestas, debe entenderse que subsiste un agravio personal y directo respecto a una sentencia condenatoria que es un acto cuya naturaleza es restrictivo de la libertad personal, con lo que basta que en la sentencia se fije una condena de prisión para que la resolución condenatoria reclamada constituya un ataque a la libertad personal, que actualiza la hipótesis del artículo 22, fracción II, de la Ley de Amparo vigente a la emisión de la resolución reclamada. Tal como se advierte de la jurisprudencia 1a./J. 3/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 477, Libro XVIII, Tomo 1, marzo de 2013, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de datos siguientes: ‘AMPARO DIRECTO EN MATERIA PENAL. PUEDE PROMOVERSE EN CUALQUIER TIEMPO CONTRA LA SENTENCIA CONDENATORIA POR LA QUE SE IMPONE UNA PENA DE PRISIÓN, NO OBSTANTE QUE ÉSTA HUBIERA SIDO COMPURGADA.’ (se transcribe). Más aún, bajo el principio de progresividad, conforme al artículo 1o., párrafo tercero, constitucional, respecto de su promoción, respeto, protección y garantía, corresponde a todas las autoridades como en la especie a este Tribunal de Control Constitucional poseer el ámbito de su competencia la obligación de su tutela, de conformidad con el mismo conjuntamente con los principios de universalidad, interdependencia e indivisibilidad, para lo cual en consecuencia esta potestad judicial parte del Estado Mexicano, no tan sólo debe prevenir, investigar y sancionar, sino destacadamente reparar violaciones a los derechos humanos; con la diversa fuente primigenia, constante en los tratados internacionales, que constituyen en cuanto a que su progresión le corresponde a los Estados; con lo cual, una vez logrado el avance en el disfrute de los derechos, el Estado no podrá, disminuir el nivel alcanzado; el progreso patentiza que el disfrute de los derechos siempre debe mejorar y no acotarse en una situación de retroceso, al implementar el diseño de marcos normativos que permitir el mejoramiento de las condiciones de su ejercicio; en tanto que la prohibición de regresividad indica que una vez logrado el avance del disfrute en el derecho, el Estado no puede disminuir el nivel alcanzado, principio que debe observarse en leyes y en general en toda conducta estatal que afecte derechos; como acontece con la Ley de Amparo abrogada, la cual no establecía plazo para que el justiciable recurriera una sentencia definitiva en la vía de amparo directo, cuando el acto de autoridad (sentencia definitiva que imponga pena privativa de libertad) lo que constituye a todas luces un mayor y mejor ejercicio del derecho humano de acceso a la justicia; en tanto que aplicar la ley vigente implicaría una disminución en lo ya logrado en cuanto a su alcance y contenido; esto es, no puede quitar al justiciable lo que el derecho fundamental le había otorgado en su beneficio. Bajo lo cual, a fin de no trastocar derechos humanos, como es la libertad personal, en razón de que el acto reclamado lo es una sentencia definitiva de segunda instancia que impuso al quejoso pena privativa de libertad. La interpretación más favorable es que la norma que debe seguir regulando el acto de autoridad, sea la ley más benéfica, esto es, conforme al criterio de interpretación pro persona, la que se encontraba vigente en el dictado del acto reclamado, en la especie el artículo 22, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo abrogada, que no establecía plazo alguno para la interposición de la demanda de amparo directo. Por lo que al actualizarse la vulneración a un derecho sustantivo como lo es la libertad personal, hace innecesario analizar el carácter procesal de la Ley de Amparo, pues su naturaleza, objeto y fin es la protección de los derechos humanos, por lo que al afectarse el derecho sustantivo supremo en cuestión, debe privilegiarse la ley más benéfica. Así, al ponderarse, que la Ley de Amparo, vigente o derogada, tienen como naturaleza el recurso efectivo de salvaguarda de la Constitución y de los derechos humanos en favor de toda persona, por lo que, su objeto es tutelar un proceso justo y acceso a la justicia, a través de un juicio eficiente y efectivo, como medio idóneo para respetar o restituir los derechos humanos al quejoso por acto o actos de autoridad que violenten los mismos, a fin de constituir un instrumento de defensa constitucional en favor de todo gobernado, a fin de respetar o restituir el derecho humano violado. Por lo que los artículos 8, punto 2, inciso h) y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al interpretarlo ha sustentado que preservan el derecho humano de toda persona a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los Jueces o tribunales competentes que la ampare contra actos que violan sus derechos fundamentales, lo que constituye uno de los pilares básicos del Estado de derecho, en una sociedad democrática; aunado a que no basta que el recurso esté previsto en la Constitución o ley o con que sea formalmente admisible, sino que se requiere que sea realmente idóneo para establecer si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarlo, el recurso debe dar resultado o respuesta a las violaciones de derechos humanos para ser considerado efectivo, deben brindar a la persona la posibilidad real de interponer un recurso que produzca el resultado para el cual fue concebido, como acontece con el juicio de amparo estatuido como un medio extraordinario de control constitucional; con lo cual, la admisión de la demanda de amparo interpuesta por el quejoso al aplicar la norma más benéfica, implica el acceso a que este órgano de control constitucional analice la constitucional de la resolución reclamada en el caso concreto. De esta forma, no basta con que los recursos existan formalmente, sino que los mismos, deben brindar a las personas la oportunidad real de interponer un medio de impugnación, de lo contrario se traduciría en una denegación de justicia; de ahí que la CIDH haya establecido que institución procesal del amparo y del habeas corpus reúnen las características necesarias para la tutela efectiva de los derechos fundamentales; así la Corte respecto del artículo 25.1 de la Convención Americana ha destacado que es una disposición de carácter general que recoge la institución procesal del amparo, como procedimiento sencillo, accesible, adecuado, breve y efectivo (el habeas corpus bajo suspensión de garantías), los procedimientos de amparo son de aquellas garantías judiciales indispensables para la protección de todos los derechos y en específico, el de la libertad personal, previsto en el artículo 7.6 de la Convención y cuya suspensión no está autorizada al tratarse de garantías judiciales indispensables. En conclusión, al resultar esencialmente fundados los conceptos de agravio uno y dos expuestos por el reclamante, debe dejarse sin efectos el acuerdo de presidencia recurrido y al no advertirse la causa de improcedencia invocada en el auto recurrido de manera indudable y notoria, debe admitirse a trámite la demanda de amparo presentada por el quejoso ***********, exclusivamente en relación al acto reclamado consistente en la sentencia de seis de abril de dos mil cuatro, dictada por el entonces Magistrado del Tercer Tribunal Unitario del Primer Circuito, en el toca 28/2004, que confirmó la de primera instancia. b) Por otra parte, en cuanto al segundo tema, contrario a lo que esgrime en recurrente en los conceptos de agravio tres y cuatro, en tanto que el diverso acto que asimismo reclamó en su escrito de demanda que dio origen al auto recurrido, consistente en: ‘... La resolución de notificación al suscrito el 3 de mayo 2013 que dictó su H. Magistrada del 3er. Unitario Penal D.F. en toca 66/2013 en apelación incidental de 20 marzo 2013 del mismo Juez 14vo. de Distrito de Procesos Penales Federales causa 14/2013 confirmando la que declaró parcialmente fundada la incidencia manifestada, por diversas razones.’. Del que la presidencia dijo apreciar no se actualizan las hipótesis previstas en los numerales 45 y 170 de la ley de la materia vigente, ya que no se trataba de una sentencia definitiva o una resolución que ponga fin al juicio, al estarse impugnando la resolución dictada el treinta de abril de este año dentro del toca 66/2013 relativo al recurso de apelación interpuesto por el defensor público federal del sentenciado, contra la resolución incidental de veinte de marzo del presente año, dictada por el Juez Décimo Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en esta ciudad en la causa 14/2013, fue apegado a la legalidad que la presidenta de este Tribunal Colegiado en el propio auto materia de la reclamación haya determinado que al no encontrarse en ninguno de los supuestos establecidos para la procedencia del juicio de amparo directo a que se refiere el artículo 107, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los diversos citados de la Ley de Amparo, el juicio de Amparo procedente no lo es en la vía directa sino la indirecta. Circunstancia que como adecuadamente fue señalado, trae como consecuencia, que, con fundamento en el numeral 45 de la ley de la materia vigente, se declare que este Tribunal de Control Constitucional es incompetente para conocer de dicho acto y, que en consecuencia, previa obtención de copias certificadas, se remitiera copia autorizada del original del libelo de cuenta a la autoridad de amparo que deba conocer a fin de que provea lo conducente con el correspondiente acuse de recibo. Determinación que apoyó en el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las jurisprudencias P./J. 40/97 y P./J. 16/2003, publicadas en los Tomos V y XVIII, de junio de 1997 y julio de 2003, Novena Época, páginas 6 y 10, respectivamente, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en su Novena Época, de rubros: ‘DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA ANTE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO. ÉSTE, EN NINGÚN CASO, DEBE DESECHARLA, SINO DECLARAR SU INCOMPETENCIA Y REMITIRLA AL JUZGADO DE DISTRITO CORRESPONDIENTE.’ y ‘AMPARO DIRECTO. SI EL ACTO QUE SE RECLAMA NO ES UNA SENTENCIA DEFINITIVA, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBERÁ DECLARARSE INCOMPETENTE Y REMITIR LA DEMANDA AL JUEZ DE DISTRITO QUE CORRESPONDA.’. Sin que se soslaye, que el auto de presidencia al estimar que este órgano colegiado es incompetente para conocer de dichos actos y advertirse procedente el amparo indirecto, determinó enviar el original del libelo de cuenta a la oficina de ‘Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de A. en Materia Penal en el Distrito Federal’, para que proceda a su turno; no obstante en atención a que la resolución que impugnó el quejoso, lo constituye una resolución dictada por un Tribunal Unitario de Circuito, cuyo amparo indirecto corresponde conocer a otro tribunal de la misma jerarquía y no a un J. de Distrito, con fundamento en el artículo 29 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, debe enviarse a la oficina de ‘Correspondencia Común de los Tribunales Unitarios en Materia Penal del Primer Circuito’. Se estima aplicable la tesis jurisprudencial en materia común VIII.1o. J/5, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, T.I., enero de mil novecientos noventa y nueve, página seiscientos veinticuatro, que textualmente establece: ‘COMPETENCIA PARA CONOCER EN AMPARO INDIRECTO DE RESOLUCIONES DICTADAS POR UN TRIBUNAL UNITARIO DE CIRCUITO. CORRESPONDE A OTRO TRIBUNAL DE LA MISMA JERARQUÍA Y NO A UN JUEZ DE DISTRITO.’ (se transcribe). En términos de ello es que resultan infundados los argumentos que esgrime en los apartados de disenso en cita, relativos esencialmente a que la presidenta inobservó que el acto reclamado como último acto de aplicación de la sentencia impugnada ya fue materia de amparo indirecto JA. 3/09 del ‘Quinto Tribunal Unitario Penal del Distrito Federal’ (sic); y que fue incumplido por la responsable y por el Tercer Unitario, quienes no integraron la causa 6/02 del Juzgado Cincuenta y Cinco Penal para verificar la simultaneidad de causas conexas, de los procesos de portación de arma y de secuestro y no integró el Tercer Unitario en apelación, ni el toca de amparo directo que sustancia y ello es violación de garantías por la sentencia de apelación de seis de abril de dos mil cuatro. Asimismo, que no previó la conexidad en su perjuicio, ni lo previsto en los artículos 19 y 21 de la Constitución Federal y la suplencia de la queja no le autoriza cambiar de vía por aplicar retroactivamente en perjuicio la Ley de A. y sin vista al Ministerio Público. Invoca criterios de encabezados. Ello en virtud de que, por una parte se encuentran encaminados a cuestiones de fondo que no fueron materia de análisis en el auto impugnado y por la otra no resulta jurídicamente cierto que en aplicación de la suplencia de la queja le haya aplicado lo previsto en la Ley de Amparo que actualmente rige para efectos de considerar la improcedencia de la vía directa; por tanto devienen inaplicables en apoyo a sus disertaciones los criterios que invoca de encabezados: ‘RECURSOS EN AMPARO. INTERPRETACIÓN DEL ESCRITO MEDIANTE EL CUAL SE INTERPONEN.’ y ‘AMPARO DIRECTO. ES PROCEDENTE CONTRA LOS ACTOS DE EJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA DEFINITIVA O CUANDO SE IMPUGNAN EN VÍA DE CONSECUENCIA Y NO POR VICIOS PROPIOS.’. Consecuentemente, ante a) lo esencialmente fundado por una parte de los agravios propuestos por el quejoso aquí recurrente, e b) infundados por la otra. Así, respecto de lo fundado, lo procedente es, conforme a lo previsto en el diverso 106 ibídem, dejar sin efectos el acuerdo recurrido a fin de que la presidenta de este órgano colegiado admita la demanda de amparo directo respecto del acto reclamado por el quejoso **********, consistente en la sentencia de seis de abril de dos mil cuatro, dictada dentro del toca 28/2004 por el entonces Magistrado del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito. Asimismo, se deja intocado por otro lado, la determinación respecto del acto reclamado consistente en la resolución dictada el treinta de abril de dos mil trece, por el citado Tribunal Unitario, dentro del toca 66/2013, relativo al recurso de apelación contra la resolución incidental de veinte de marzo del presente año, dictada por el Juez Décimo Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en esta ciudad en la causa 14/2013, con la aclaración que la remisión de la copia autorizada se debe realizar a la Oficialía Común de los Tribunales Unitarios en Materia Penal del Primer Circuito y no a la correspondiente a los Juzgados de Distrito de A. en Materia Penal en el Distrito Federal.
Del anterior criterio derivó la tesis I.9o.P.35 P (10a.), de título, subtítulo, texto y datos de publicación siguientes:
"AMPARO DIRECTO CONTRA LA SENTENCIA CONDENATORIA QUE IMPONE PENA DE PRISIÓN. SI FUE DICTADA DURANTE LA VIGENCIA DE LA LEY DE AMPARO ABROGADA, AUN CUANDO EL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN II, DE LA LEY PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 2 DE ABRIL DE 2013, ESTABLEZCA UN PLAZO MÁXIMO DE OCHO AÑOS PARA PROMOVERLO, EN APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE IRRETROACTIVIDAD, PROGRESIVIDAD, PRO PERSONA Y TUTELA JUDICIAL EFECTIVA, Y EN ATENCIÓN AL MAYOR Y MEJOR EJERCICIO DEL DERECHO HUMANO DE ACCESO A LA JUSTICIA, LA DEMANDA RESPECTIVA PUEDE PRESENTARSE EN CUALQUIER TIEMPO. De los artículos 1o., 14, párrafo primero y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 2, inciso h) y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, interpretados sistemáticamente a la luz de los principios de irretroactividad, progresividad, pro persona y tutela judicial efectiva, se advierte el criterio hermenéutico de los derechos humanos, en atención al cual debe acudirse a la norma más amplia y favorable o a la interpretación más extensiva, cuando se trata de reconocer derechos sustantivos protegidos, entre ellos el de la libertad personal. Así, al ponderar que la Ley de Amparo abrogada no establecía un plazo para promover el juicio contra una sentencia condenatoria que impusiera pena privativa de libertad, en contraposición a lo que señala la publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, vigente al día siguiente, en su artículo 17, fracción II, que establece un plazo máximo de ocho años para realizarlo, aun cuando el sentenciado inste la acción constitucional directa bajo la vigencia de esta última, enaplicación de los principios mencionados, se concluye que la ley abrogada en este caso particular, otorga un mayor y mejor ejercicio del derecho humano de acceso a la justicia, en tanto que la aplicación de la ley actual implicaría una disminución en lo ya logrado en cuanto a su alcance y contenido; pues no obstante que ambas leyes, en su naturaleza, constituyen el recurso efectivo de salvaguarda de la Constitución y de los derechos humanos en favor de toda persona, y su objeto es tutelar un proceso justo y el acceso a la justicia a través de un juicio eficiente y efectivo, como medio idóneo para respetar o restituir los derechos fundamentales del quejoso que fueren violentados por actos de autoridad, no basta que el recurso esté previsto en la Constitución o en la ley, o que sea formalmente admisible, sino que debe ser idóneo para establecer si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarlo, sin necesidad de analizar el carácter procesal de las normas en conflicto; de ahí que cuando el juicio de amparo se promueve contra la sentencia que impone pena de prisión, dictada durante la vigencia de la Ley de Amparo abrogada, la demanda respectiva puede presentarse en cualquier tiempo." (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIII, Tomo 3, agosto de 2013, página 1546)
I.II. Por otra parte, al resolver el recurso de queja 32/2013, en el que se impugnó el auto de desechamiento de la demanda relativa al juicio de amparo indirecto 486/2013-I del índice del Juzgado Noveno de Distrito de Amparo Penal en el Distrito Federal, se sostuvo:
QUINTO. Son esencialmente fundados los agravios expresados por **********, a través de su autorizado **********, en términos el artículo 12 de la Ley de Amparo; por ende, suplidos en la deficiencia de la queja, suficientes para declarar fundado el presente recurso de queja, en atención a las siguientes consideraciones. En efecto, como lo expresa la parte recurrente, no es correcta la afirmación de la Juez del Amparo, al sostener que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con el numeral 17, primer párrafo, ambos de la Ley de Amparo vigente, dado que la quejosa no instó el juicio de amparo indirecto dentro de los quince días siguientes a la emisión del acto reclamado, consistente en un auto de formal prisión; por lo que estimó que consintió el acto reclamado. Al respecto, en sus conceptos de disenso que se han calificado de esencialmente fundados, el recurrente estima que la determinación de la a quo recurrida, en cuanto a aplicar el fundamento de la norma vigente de la Ley de Amparo, para constreñir al plazo de quince días la interposición de la demanda de amparo indirecto, a fin de combatir un auto de formal prisión, es errónea, a la luz de la reforma constitucional del artículo 1o. y los principios de retroactividad de la norma en beneficio, pro persona, pro actione, tutela judicial efectiva y de interpretación conforme, ya que se debió ponderar que el acto reclamado, ataca el derecho humano de la libertad personal y, por ende, debe estar por encima de cualquier formulismo, al resultar de mayor valía. En esa tesitura, el tema medular o problemática sustancial a dilucidar, consiste, en el análisis de la normatividad nacional e internacional, desentrañar, en interpretación judicial, cual es la ley que debe aplicarse, la Ley de Amparo actualmente vigente o la que regía el acto de autoridad, que le fue notificado el quince de enero de dos mil trece, a fin de determinar si respecto de actos de autoridad, consistentes en autos de formal prisión, debe prevalecer la ley vigente, en cuyo artículo 17, párrafo primero, establece el plazo de quince días para la presentación de la demanda de amparo, o en su caso, debe privilegiarse el artículo 22, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo aplicable en enero de dos mil trece, que para tal efecto no señalaba plazo alguno, cuando el acto reclamado constituya ataques a la libertad personal; con lo cual, sería procedente la aplicación retroactiva de la ley en beneficio de la quejosa. En primer lugar, conforme al artículo 1o. constitucional, y a las facultades de este Tribunal de Control Constitucional, en tutela judicial efectiva, así como acceso a la justicia, bajo dos fuentes primigenias, la Constitución y los tratados internacionales, normas supremas en derechos humanos, la elección de cuál de las normas en conflicto debe prevalecer, consistentes en el artículo 17, párrafo primero, que establece un plazo de quince días para la presentación de la demanda de amparo indirecto, al actualizar la hipótesis de un auto de formal prisión, acto que conforme a dicha ley (vigente a partir del tres de abril de dos mil trece) no tiene previsto un plazo distinto, así como la norma contenida en el artículo 22, fracción II, párrafo segundo, en el que se precisaba que los actos que importen ataques a la libertad personal, la demanda podrá interponerse en cualquier tiempo (Ley de Amparo abrogada). Se considera, en primer término, que la elección de la norma que debe prevalecer, en materia de derechos humanos, se constriñe a atender al criterio de favorabilidad del individuo conocido como principio pro persona, que constituye un criterio hermenéutico de interpretación en favor de las personas, en la forma más amplia, de conformidad con los artículos 1o. y 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen el deber de ejercer, ex officio, el control de convencionalidad en sede interna. Luego, conforme a lo anterior, se analiza que en la expedición de la ley, las reglas genéricas de vigencia, se contienen en sus artículos transitorios, en el caso concreto, la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de la presente anualidad, al respecto señala: (se transcriben). Es incuestionable que los artículos transitorios plasmados, no contienen expresamente la solución al conflicto, que como problemática toral, ha quedado asentado en el caso concreto; lo anterior, porque el párrafo segundo del artículo quinto, no podría estimarse, que fuera aplicable al caso concreto, al señalar que los actos que se hubieren dictado o emitido con anterioridad a la ley y que a su entrada en vigor no hubiere vencido el plazo para la presentación de la demanda de amparo, conforme a la ley que se abroga en virtud del decreto, le serían aplicables los plazos de la nueva ley, hace evidente que no se surte la hipótesis en comento, en razón de que como quedó expuesto, el artículo 22, fracción II, párrafo segundo, no establecía plazo alguno para la interposición de la demanda de amparo en materia penal cuando constituya ataques a la libertad personal. Más aún, el artículo tercero transitorio, si bien establece que los juicios de amparo iniciados con anterioridad a su entrada en vigor continuarían tramitándose conforme a la Ley de Amparo abrogada, esto es, el legislador estableció que sólo regirá para hechos ocurridos de manera posterior a su entrada en vigor; también lo es, que el artículo transitorio tiene como función dentro del sistema jurídico objetivo penal, determinar el momento de entrada en vigor de una norma, esto es, permite el paso ordenado de una ley a otra, al precisar cuál es el tratamiento que se debe dar a las situaciones acontecidas durante la vigencia de la ley anterior y que puedan tener efectos durante la vigencia de la nueva regulación, con la finalidad de dar cumplimiento al principio de seguridad jurídica; empero, la regulación que al respecto realice una norma de tránsito, al armonizarse con las disposiciones constitucionales, debe observar el principio de retroactividad en beneficio del inculpado; tal como se destacó por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que resolvió el amparo en revisión 471/98 y que dio origen a la tesis intitulada: ‘DERECHOS DE AUTOR. EL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO, DEL DECRETO POR EL QUE SE ADICIONÓ EL TÍTULO VIGÉSIMO SEXTO AL LIBRO SEGUNDO DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DEL FUERO COMÚN Y PARA TODA LA REPÚBLICA EN MATERIA FEDERAL, EN TANTO QUE PRETENDE SANCIONAR PENALMENTE LA CONDUCTA CONSIDERADA DELICTIVA, SÓLO HASTA ANTES DE LA ENTRADA EN VIGOR DEL PROPIO DECRETO, EN EL ARTÍCULO 135, FRACCIÓN II, DE LA LEY RELATIVA ABROGADA, VIOLA LOS PRINCIPIOS DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY EN MATERIA PENAL Y RETROACTIVIDAD DE LA LEY EN BENEFICIO DEL INCULPADO, PROCESADO O SENTENCIADO.’. Consecuentemente, dicha norma no puede interpretarse de manera aislada, sino como parte integral de un orden jurídico, en donde la garantía de retroactividad de la ley penal en beneficio del inculpado, protege al gobernado tanto de la propia ley, desde el inicio de su vigencia, como de su aplicación, pues la intención del Constituyente en cuanto al párrafo primero del artículo 14 constitucional, fue prever que a ninguna ley se le diera efecto retroactivo en perjuicio de éste, pero interpretado a contrario sensu como excepción a la regla, debe aplicarse retroactivamente cuando le reporta un beneficio o le es más favorable o cuando tutela un derecho sustantivo más preciado de la persona como lo es la libertad personal. Respecto al tema se invoca la jurisprudencia 1a./J. 10/20011, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 333, T.X., abril de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: ‘LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN. ES UN DERECHO SUSTANTIVO RESPECTO DEL CUAL RIGE LA EXCEPCIÓN CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL, CONSISTENTE EN LA APLICACIÓN RETROACTIVA DE LA LEY EN BENEFICIO DEL REO.’ (se transcribe). En esa tesitura, al ser incuestionable que el fenómeno de la retroactividad por regla general se presenta como un conflicto de leyes expedidas sucesivamente y que tienden a normar al mismo acto, el mismo hecho o la misma situación, en algunos supuestos la retroactividad en perjuicio, se actualiza, cuando la ley rija determinada cuestión por primera vez, pues si bien es cierto el Poder Legislativo está facultado para regular normativamente la conducta de los gobernados, ello no debe significar que haya perdido su derecho a la libertad, con la vigencia de la ley, esto es, cuando ejerció ese derecho o libertad, sin restricción alguna, en ausencia de una ley reguladora, que le permitiera expresa o tácitamente la potestad facultativa de obrar discrecionalmente. Esfera jurídica que constituye un derecho concreto, objetivo y que debe respetar las autoridades, incluso el propio legislador hasta en tanto, respecto de ese obrar discrecional, surja una norma que regule tal aspecto. Se explica, si antes de la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, en vigor al día siguiente, el derecho a instar al juicio constitucional, en tratándose de resoluciones de autos de formal prisión, permitía su acceso sin plazo alguno. Y actualmente, la ley vigente constriñe a un plazo de quince días su interposición; es inconcuso que ante la ausencia de plazo, es decir, norma específica de temporalidad para la interposición de la demanda de amparo indirecto, constituía para la quejosa imputada el derecho de obrar libremente, al interponer el amparo en cualquier momento mientras no se dictara sentencia de primera instancia; en razón de que ese derecho, al no plazo, también era tutelado por el orden jurídico, porque todo lo no prohibido por la norma legal ni sujeto a determinadas modalidades o plazos le está por ello, permitido. En consecuencia, el surgimiento de una ley que regule una situación hasta entonces imprevista legislativamente, como lo es establecer un plazo perentorio para la interposición de la demanda de amparo indirecto, sólo puede obrar hacia el futuro, ya que de lo contrario estaría vulnerando el artículo 14 constitucional, que estatuye que a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Aspectos de tutela de derechos fundamentales, que el Máximo Tribunal Constitucional del País había establecido mucho tiempo atrás, como se aprecia del contenido de la tesis aislada emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6008/63, el tres de febrero de 1964, consultable en la página 39, Volumen LXXX, Tercera Parte, Sexta Época, del Semanario Judicial de la Federación de rubro y texto: ‘RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES.’ (se transcribe). Por lo cual, es inconcuso que el auto de formal prisión, constituye un acto que afecta o restringe la libertad personal, al afectar de manera directa un derecho sustantivo y que dicha afectación es de imposible reparación; para lo cual, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que la libertad personal no sólo se afecta a través de actos de autoridad que tengan como consecuencia material privar al gobernado de esa libertad que en ese momento disfrute, sino que tal afectación también surge a la vida jurídica con actos que determinen, de igual manera, la permanencia del gobernado en su situación actual de privación de la libertad personal o modifiquen las condiciones en que tal privación deba ejecutarse; por ende, como destaca el recurrente, si la materia de la litis que deberá resolverse en amparo indirecto contra un auto de plazo constitucional por el cual permanece privada de la libertad la quejosa, necesariamente abordará los temas del cuerpo del delito y la probable responsabilidad penal atribuida a ella, debe entenderse que subsiste un agravio personal y directo respecto de un acto cuya naturaleza es restrictivo de la libertad personal, con lo que basta que, por dicho motivo permanezca vinculada a proceso y privada de su libertad para que la resolución de plazo constitucional reclamada constituya un ataque a la libertad personal, que actualiza la hipótesis del artículo 22, fracción II, de la Ley de Amparo vigente a la emisión del acto reclamado. Más aún, bajo el principio de progresividad, conforme al artículo 1o., párrafo tercero, constitucional, respecto de su promoción, respeto, protección y garantía, corresponde a todas las autoridades como en la especie a este Tribunal de Control Constitucional poseer el ámbito de su competencia la obligación de su tutela, de conformidad con el mismo conjuntamente con los principios de universalidad, interdependencia e indivisibilidad, para lo cual en consecuencia esta potestad judicial parte del Estado Mexicano, no tan sólo debe prevenir, investigar y sancionar, sino destacadamente reparar violaciones a los derechos humanos; con la diversa fuente primigenia, constante en los tratados internacionales, que constituyen en cuanto a que su progresión le corresponde a los Estados; con lo cual, una vez logrado el avance en el disfrute de los derechos, el Estado no podrá, disminuir el nivel alcanzado; el progreso patentiza que el disfrute de los derechos siempre debe mejorar y no acotarse en una situación de retroceso, al implementar el diseño de marcos normativos que permitan el mejoramiento de las condiciones de su ejercicio; en tanto que la prohibición de regresividad indica que una vez logrado el avance del disfrute en el derecho, el Estado no puede disminuir el nivel alcanzado, principio que debe observarse en leyes y en general en toda conducta estatal que afecte derechos; como acontece con la Ley de Amparo abrogada, la cual no establecía plazo para que el justiciable recurriera un auto de formal prisión en la vía de amparo indirecto, lo que constituye a todas luces un mayor y mejor ejercicio del derecho humano de acceso a la justicia; en tanto que aplicar la ley vigente implicaría una disminución en lo ya logrado en cuanto a su alcance y contenido; esto es, no puede quitar al justiciable lo que el derecho fundamental le había otorgado en su beneficio. Bajo lo cual, a fin de no trastocar derechos humanos, como es la libertad personal, en razón de que el acto reclamado lo es un auto de formal prisión. La interpretación más favorable es que la norma que debe seguir regulando el acto de autoridad, sea la ley más benéfica, esto es, conforme al criterio de interpretación pro persona, la que se encontraba vigente en el dictado del acto reclamado, en la especie el artículo 22, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo abrogada, que no establecía plazo alguno para la interposición de la demanda de amparo indirecto. Por lo que al actualizarse la vulneración a un derecho sustantivo como lo es la libertad personal, hace innecesario analizar el carácter procesal de la Ley de Amparo, pues su naturaleza, objeto y fin es la protección de los derechos humanos, por lo que al afectarse el derecho sustantivo supremo en cuestión, debe privilegiarse la ley más benéfica. Sin que esté en discusión la naturaleza procesal que pueda tener la acción de amparo, como lo acotó la Juez de Distrito, pues como correctamente destacó el recurrente, la naturaleza de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 (sic), no es otra que la tutela de los derechos fundamentales. Así, al ponderarse, que la Ley de Amparo, vigente o derogada, tienen como naturaleza el recurso efectivo de salvaguarda de la Constitución y de los derechos humanos en favor de toda persona, por lo que, su objeto es tutelar un proceso justo y acceso a la justicia, a través de un juicio eficiente y efectivo, como medio idóneo para respetar o restituir los derechos humanos al quejoso por acto o actos de autoridad que violenten los mismos, a fin de constituir un instrumento de defensa constitucional en favor de todo gobernado, a fin de respetar o restituir el derecho humano violado. Por lo que sí, el derecho de acceso a la justicia, como subgarantía de la tutela judicial efectiva, es considerado como un derecho fundamental, ya que cuando otros derechos son violados, constituye la vía idónea para reclamar su cumplimiento ante los tribunales y garantizar la igualdad ante la ley, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido en su jurisprudencia contenciosa, que las garantías que se desprenden del artículo (sic) 8.1 y 25.1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, son disposiciones que desprenden el derecho de acceso a la justicia que se complementan con el artículo 17 de la Constitución Federal, los cuales en específico preservan el derecho humano de toda persona a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los Jueces o tribunales competentes que la ampare contra actos que violan sus derechos fundamentales, lo que constituye uno de los pilares básicos del Estado de derecho, en una sociedad democrática; aunado a que no basta que el recurso esté previsto en la Constitución o ley o con que sea formalmente admisible, sino que se requiere que sea realmente idóneo para establecer si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarlo, el recurso debe dar resultado o respuesta a las violaciones de derechos humanos para ser considerado efectivo, deben brindar a la persona la posibilidad real de interponer un recurso que produzca el resultado para el cual fue concebido, como acontece con el juicio de amparo estatuido como un medio extraordinario de control constitucional; con lo cual, la admisión de la demanda de amparo interpuesta por la quejosa al aplicar la norma más benéfica, implica el acceso a que un órgano de amparo analice la constitucionalidad de la resolución reclamada en el caso concreto. De esta forma, no basta con que los recursos existan formalmente, sino que los mismos, deben brindar a las personas la oportunidad real de interponer un medio de impugnación, de lo contrario se traduciría en una denegación de justicia; de ahí que la CIDH haya establecido que institución procesal del amparo y del habeas corpus reúnen las características necesarias para latutela efectiva de los derechos fundamentales; así la Corte respecto del artículo 25.1 de la Convención Americana ha destacado que es una disposición de carácter general que recoge la institución procesal del amparo, como procedimiento sencillo, accesible, adecuado, breve y efectivo (el habeas corpus bajo suspensión de garantías), los procedimientos de amparo son de aquellas garantías judiciales indispensables para la protección de todos los derechos y en específico, el de la libertad personal, previsto en el artículo 7.6 de la convención y cuya suspensión no está autorizada al tratarse de garantías judiciales primordiales. Con lo cual, la determinación de la a quo de amparo de desechar la demanda, como sostiene el recurrente hace nugatorio el derecho de la quejosa a que se analice la constitucionalidad del resolución reclamada, a través de un recurso efectivo como lo es el juicio de garantías. Criterio que este Tribunal Colegiado ha sostenido por mayoría, al resolver el recurso de reclamación 17/2013 en sesión de veinte de junio de dos mil trece. Por las consideraciones expuestas, al resultar esencialmente fundados los conceptos de agravio planteados por el recurrente, suplidos en la deficiencia de la queja, lo procedente es declarar fundado el recurso de queja planteado por la quejosa ********** por conducto de su autorizado **********, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo.
II. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, al resolver el recurso de queja 45/2013, promovido en contra del proveído dictado por el Segundo Tribunal Unitario del Sexto Circuito en el juicio de amparo indirecto 38/2013-V, sostuvo:
"Ahora bien, primeramente debe precisarse que si bien a partir de la reforma constitucional de diez de junio de dos mil once, al artículo 1o. de la Constitución Federal, las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a respetar, promover, proteger y garantizar, no sólo los derechos humanos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino también aquellos que se encuentren en los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano, favoreciendo siempre la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que constituye el principio pro persona, ello, en congruencia con el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como el artículo 2o., punto 3, inciso c), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establecen: (se transcriben). Los preceptos citados establecen el derecho humano que asiste a toda persona de acceder a un recurso ante Jueces o tribunales competentes, para ser amparado contra actos que vulneren en su perjuicio derechos humanos, ya sea que éstos estén reconocidos por la Constitución o en los tratados internacionales en los que México forma parte. Sin embargo, la aplicación del principio pro persona no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo, pues el mismo se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio; pero en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo. Es decir, ello esencialmente significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional antes de resolver el fondo del asunto, debe verificar los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que el principio pro persona, así como los tratados internacionales, no pueden ser invocadas jurídicamente para declarar procedente lo improcedente. Apoya lo expuesto la tesis aislada LXXXII, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1587, Libro XIV, Tomo 2, correspondiente al mes de noviembre de 2012, materia constitucional, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro y texto siguientes: ‘PRINCIPIO PRO PERSONA O PRO HOMINE. FORMA EN QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES DEBEN DESEMPEÑAR SUS ATRIBUCIONES Y FACULTADES A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011.’ (se transcribe). Asimismo, la tesis aislada número LXXXIV/13, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 890, Libro XVIII, Tomo 1, marzo de 2013, materia constitucional, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que dice: ‘PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA.’ (se transcribe). Así como, la tesis aislada CCLXXVI, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 530, Libro XV, Tomo 1, diciembre de 2012, materias constitucional y común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que dice: ‘PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO.’ (se transcribe). Por otra parte, al margen de lo expuesto por el Magistrado del Segundo Tribunal Unitario en el auto recurrido, actualmente la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, en su artículo 17, establece que el plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo las excepciones señaladas en dicho numeral y dentro de las cuales no se encuentra el auto reclamado. A su vez, la Ley de Amparo vigente en su artículo quinto transitorio, que encauzó la determinación del Juez de amparo para desechar la demanda de garantías, establece lo siguiente: (se transcribe). Del dispositivo legal invocado se desprende que los actos que se hubieren dictado o emitido con anterioridad a la Ley de A. en vigor (dos de abril de dos mil trece), y que a su entrada no hubiere vencido el plazo para la presentación de la demanda de amparo conforme a la ley abrogada, les serán aplicables los plazos de la nueva ley. Es decir, conforme con el artículo quinto transitorio de la Ley de Amparo vigente, en relación con el 17 de la propia ley, el término para la interposición de la demanda de amparo, tratándose de actos acontecidos antes de su entrada en vigor, será de quince días, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación del acto o resolución que se reclame o aquel que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del mismo o de su ejecución. Lo anterior debe entenderse en el sentido de que en todos aquellos actos acontecidos antes de entrar en vigor la nueva Ley de Amparo, respecto de las cuales no hubiere vencido el plazo para la presentación de la demanda de amparo, a partir del tres de abril de dos mil trece, comenzarán a computarse los quince días que señala el artículo 17 de la propia ley, para la interposición de la demanda de garantías. Luego, entonces, si la parte quejosa reclamó una resolución que se emitió el ocho de marzo de dos mil trece, misma que a decir de la quejosa, en su demanda de amparo, se le notificó el once de marzo del referido año, y que a partir de la vigencia de la nueva Ley de Amparo (tres de abril de dos mil trece) no se encontraba vencido el plazo para la presentación de la demanda conforme a la ley abrogada, es evidente que se encontraba sujeta a los plazos de la nueva ley. Y, si en el caso, la demanda de amparo se presentó el catorce de junio de dos mil trece, es evidente que transcurrió en exceso el término de quince días hábiles a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo publicada en dos de abril del mismo año; de lo que se considera, tal y como se determinó en el auto recurrido, que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo vigente (actos consentidos tácitamente), para solicitar el amparo, y la resolución combatida no se encontraba en ninguna de la excepciones del artículo 17 de la nueva Ley de Amparo; lo que indudablemente no resulta contrario a lo dispuesto por los artículos 1o. y 14 constitucionales y a los diversos instrumentos internacionales de derechos humanos, tales como el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como el artículo 2o., punto 3, inciso c), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Lo anterior es así, porque como ya se dijo en párrafos precedentes, si bien conforme al principio pro persona (previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos conocida como Pacto de San José de Costa Rica), que significa, en brindar la protección más amplia al gobernado y el derecho humano de acceso a la justicia; ello no significa ignorar los plazos que la nueva Ley de Amparo establecen para promover el juicio de amparo, puesto que para que pueda ser iniciado es necesario cumplir con los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia, lo cual, a su vez, brinda certeza jurídica. De ahí que si el gobernado no cumple con uno de los requisitos formales de admisibilidad establecidos en la propia Ley de Amparo, y la demanda no se presenta dentro del plazo establecido, ello no se traduce en violación a su derecho de acceso a la justicia ni al principio pro persona, pues éste debe cumplir con el requisito de procedencia atinente a la temporalidad, por lo que resulta necesario que se haga dentro de los términos previstos para ello, ya que de no ser así, los actos de autoridad que se impugnen y respecto de los cuales no existió reclamo oportuno, se entienden consentidos con todos sus efectos jurídicos. Apoya lo expuesto la tesis aislada número 3, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, que se comparte, visible a página 1494, Libro XII, Tomo 3, septiembre de 2012, materia constitucional, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que dice: ‘ACCESO A LA JUSTICIA. ES UN DERECHO LIMITADO, POR LO QUE PARA SU EJERCICIO ES NECESARIO CUMPLIR CON LOS PRESUPUESTOS FORMALES Y MATERIALES DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA, ASÍ COMO DE OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO.’ (se transcribe). Por otra parte, contrariamente a lo expuesto por la parte recurrente en sus agravios, aun cuando el acto reclamado fue dictado con anterioridad a la vigencia de la ley actual, la parte quejosa no conservó el derecho de promover el juicio de garantías sin restricción de temporalidad, esto debido a que no se está ante un derecho sustantivo, sino ante normas procesales (artículo quinto transitorio de la Ley de Amparo vigente, en relación con el 17 de la propia ley), que rigen a partir de que entran en vigor, sin que su aplicación pueda considerarse retroactiva, en virtud que la posibilidad de promover el amparo en cualquier momento es una simple expectativa y no un derecho adquirido por el gobernado. Ahora bien, en relación con las tesis invocadas por la parte recurrente de rubros: ‘AMPARO INDIRECTO. PUEDE PROMOVERSE EN CUALQUIER TIEMPO CUANDO SE RECLAMA LA NEGATIVA A TRAMITAR O A OTORGAR LOS BENEFICIOS PARA SUSPENDER LA EJECUCIÓN DE LA PENA IMPUESTA POR AUTORIDAD JUDICIAL, COMPURGACIÓN DE LA PENA IMPUESTA EN SENTENCIA. CONTRA LA DETERMINACIÓN QUE RECAE A LA PETICIÓN DEL REO, PUEDE PROMOVERSE EL AMPARO INDIRECTO EN CUALQUIER TIEMPO, POR TRATARSE DE UN ACTO QUE AFECTA LA LIBERTAD PERSONAL.’ y ‘AMPARO DIRECTO EN MATERIA PENAL. PUEDE PROMOVERSE EN CUALQUIER TIEMPO CONTRA LA SENTENCIA CONDENATORIA POR LA QUE SE IMPONE UNA PENA DE PRISIÓN, NO OBSTANTE QUE ÉSTA HUBIERA SIDO COMPURGADA.’, resultan inaplicables en términos del artículo sexto transitorio, por oponerse a la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. Además, debe precisarse que el primer párrafo del artículo 14 de la Constitución Federal, prevé: A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Donde la retroactividad implica la calidad de retroactivo; a su vez es retroactivo aquello que obra o tiene fuerza sobre el pasado; así, la aplicación retroactiva de la ley consiste en aplicar la ley vigente a hechos ocurridos con antelación a su entrada en vigor. En cambio, el principio de irretroactividad de la ley implica, en acatamiento a lo previsto en el artículo 14 constitucional, que la ley vigente no debe aplicarse a situaciones anteriores a su entrada en vigor, en perjuicio de persona alguna. Al lado de la figura de la irretroactividad, existe otra institución denominada ultra actividad de la ley que consiste en que una norma, a pesar de haber sido derogada, se sigue aplicando a hechos o actos producidos con posterioridad a la nueva ley entrada en vigor, pero respecto de los cuales el legislador estima que deben ser regidos por lo anterior, lo que implica que para ellos todavía es vigente. La parte recurrente alega que el Magistrado de amparo aplicó retroactivamente la Ley de Amparo vigente, pasando por alto que el acto reclamado se emitió con anterioridad a su entrada en vigor. Ahora bien, para establecer si existió aplicación retroactiva de la ley, primero debe establecerse el derecho que se pretende actualizar; en la especie el de demandar el amparo y protección de la Justicia Federal, que se considera una expectativa de derecho, en tanto la facultad legal no ejercitada es una simple expectativa que se convierte en derecho adquirido en virtud de su ejercicio; por lo que si en la especie no se advierte algún antecedente de este ejercicio que hubiera iniciado durante la vigencia de la ley anterior, toda vez que no existe ningún elemento que permita establecer que la parte recurrente se acogió a esa hipótesis durante la vigencia de la ley anterior y, en consecuencia, tuviera que actualizarse durante la ley posterior, no era factible que ésta se le aplicara cuando inició la vigencia de la ley actual, en la medida que no tenía ningún derecho adquirido; ese derecho lo ejercitó durante la vigencia de la nueva ley y, por ende, ésta le es aplicable. Es de insistirse, mientras no se ejercite un derecho sólo se tiene una expectativa respecto del mismo, por lo que si en el caso no se ejerce ese derecho, al promulgarse la Ley de Amparo y entrar en vigor, ese derecho empezó a ser regido por la nueva ley y por tanto no existe una aplicación retroactiva de la norma por no haberse aplicado sobre un derecho adquirido pues no se ejerció durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo. Orienta el criterio la tesis aislada sin número, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 2387, Tomo LXIV, materia común, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época que dice: ‘RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES DE PROCEDIMIENTO.’
Sentencia nº SDF-JDC-0254-2009 DE Sala Regional Distrito Federal, 25 de Junio de 2009