Source: http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/pronunciamiento/pro_ficha.aspx?param1=PRD&param6=1&nDictamen=11146&strTipM=T
Timestamp: 2019-11-11 20:27:30
Document Index: 387822764

Matched Legal Cases: ['artículo 26', 'Artículo 29', 'artículo 173', 'artículo 26', 'artículo 8', 'artículo 8', 'Artículo 4', 'artículo 173']

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Dictamen : 113 del 09/05/2002
C-113-2002
Con la aprobación del Señor Procurador General Adjunto, doy respuesta a su nota de fecha 18 de febrero del año en curso, por medio de la cual nos traslada el expediente administrativo No. 25-2001-0 para que esta Procuraduría se pronuncie sobre: "a) la procedencia de la anulación del artículo 26 de la Sesión No. 3-98, celebrada por el Directorio Legislativo el 12 de mayo de 1998, donde se reasigna el puesto No. 028756, ocupado por el señor XXX, de técnico especializado en Recursos Humanos a Asesor Especializado B. / b) su eventual reubicación, de conformidad con los requisitos que ostenta, en la nueva clasificación establecida en el Manual Descriptivo de Clases de la Asamblea Legislativa para el puestos administrativos o en su defecto, la eventual declaratoria de cambio de régimen" (Artículo 29 de la Sesión No. 163-2001, celebrada por el Directorio Legislativo el 23 de octubre del 2001. Sobre el particular me permito manifestarle lo siguiente.
Revisado el expediente que contiene el trámite del procedimiento administrativo seguido para determinar la eventual nulidad absoluta, evidente y manifiesta que se acusa, encontramos un vicio en el procedimiento que atenta contra la garantía del debido proceso y el derecho de defensa del señor XXX.
En la imputación e intimación que se hace en el acto de apertura del procedimiento administrativo, declarada mediante resolución del Departamento Legal de la Asamblea Legislativa, de las diez horas con treinta minutos del doce de noviembre del dos mil uno, no se señala en detalle las razones que tiene la Administración para propiciar la declaratoria de una eventual nulidad del acto administrativo de reasignación del puesto No. 028756, ocupado por el señor XXX de Técnico Especializado en Recursos Humanos 1 a Asesor Especializado B. Tampoco se señala con exactitud cuál o cuáles son los requisitos que no cumple el acto administrativo indicado y que lo hacen acreedor a la nulidad que se pide.
En el acta de apertura del procedimiento (f. 34) se indica que éste pretende:
"a) determinar la procedencia de la nulidad en vía administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 173, siguientes y concordantes de la Ley General de la Administración Pública, del artículo 26 de la Sesión No.3-98, celebrada por el Directorio Legislativo el 12 de mayo de 1998, donde se reasigna el puesto No.028756, ocupado por el señor XXX, de Técnico Especializado en Recursos Humanos 1 a Asesor Especializado B; b) determinar su eventual reubicación, de conformidad con los requisitos que ostenta, en la nueva clasificación establecida en el Manual Descriptivo de Clases de la Asamblea Legislativa para puestos administrativos o, c) en su defecto, proceder con la eventual declaratoria de cambio de régimen de conformidad con lo dispuesto en el Dictamen vinculante de la Procuraduría General de la República C-190-2001 del 4 de julio de 2001 (del Régimen Estatutario al Régimen de Fracciones Políticas)".
Nótese que al omitir señalar, de manera clara, el por qué de la eventual nulidad absoluta, evidente y manifiesta del acto administrativo, no solo limita las posibilidades de defensa del afectado, sino que, además, genera una inconveniente gama de posibilidades de análisis en el pronunciamiento de fondo para este Órgano Asesor, lo que atentaría contra la necesaria identidad que debe existir en el procedimiento entre lo intimado y lo resuelto.
En el mismo sentido, en un dictamen de mas reciente data sobre este punto concreto, esta Procuraduría, relacionando: normativa, jurisprudencia y dictámenes, señaló lo siguiente:
Principios básicos en el procedimiento administrativo, de acuerdo con la jurisprudencia de la Sala supra transcrita son el de imputación y el de intimación, que consisten en la obligación de la Administración de establecer claramente cuáles son los hechos y
cargos por los cuales inicia el procedimiento, lo que debe unirse a los señalado por ese órgano jurisdiccional del deber de la Administración de notificar el carácter y los fines del procedimiento".
"IVo.- El principio de intimación lo que pretende garantizar es que los hechos que sirven de base para iniciar el trámite de una causa penal o disciplinaria, no se modifiquen por otros que el indiciado no conozca, pues de ser así se le colocaría en un evidente estado de indefensión al no tener certeza de las causas que originan la investigación judicial o administrativa. En la especie, no observa que se haya configurado una violación a ese principio en perjuicio del recurrente, toda vez que del expediente administrativo que se ha tenido a la vista se desprende que el Tribunal de la Inspección Judicial, ha informado de manera clara al amparado sobre los hechos que dan base para iniciar en su contra un proceso disciplinario, a saber: a) las declaraciones que se publicaron en la página cinco A del Periódico " La Nación" el veintidós de setiembre del año anterior; b) el retardo en el trámite de la primera de las recusaciones presentadas por el defensor de los imputados, en razón de la publicación de las declaraciones mencionadas; c) el no expedir la certificación solicitada por la defensa, con la celeridad del caso (ver en ese sentido resolución de las ocho horas del veintiocho de setiembre del año pasado, que corre agregada a folio 4 del expediente), y d) sobre los términos de la entrevista publicada en la Revista "Rumbo" (ver resolución de las catorce horas del treinta y uno de octubre del año pasado), razón por la cual, el amparado no puede alegar que desconoce los motivos que originan la investigación que se interesa, pues como ha quedado demostrado la autoridad recurrida le ha informado detalladamente sobre los mismos, ni tampoco que la resolución dictada por la Inspección Judicial –al tiempo de resolver la queja planteada en su contra– se refiera a hechos distintos, toda vez que mediante el pronunciamiento impugnado lo que se pretende determinar es si las declaraciones rendidas por el recurrente a la revista "Rumbo", son contrarias al deber que el inciso 3º del artículo 8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial impone a los funcionarios que administran justicia, por ello, el hecho de que el recurrido tenga por probada la admisión del incidente de recusación planteado –contra el petente y por la misma causa–, ante el Tribunal Superior Cuarto Penal (la entrevista a la Revista "Rumbo"), no tiene el efecto de variar el cuadro fáctico que se le puso en conocimiento al petente, ya que hace referencia a los mismos motivos (el incumplimiento del deber que prevé el inciso 3º del artículo 8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, al rendir declaraciones a la Revista "Rumbo" sobre la causa sometida a instrucción en su Despacho)." (Resolución 310-95 de 13 de enero de 1995)
En virtud de lo anterior, la resolución que inicia el procedimiento, en la que se señala, en lo que al tema interesa "Se instaura Procedimiento Administrativo Ordinario contra el señor Jorge Eduardo López Arroyo, de conformidad con los acuerdos de Junta Directiva del Consejo Nacional de Producción las Sesiones Nº 2210 (Ext) y 2214 (Ext), Artículo 4 y 3, celebradas el 23-8-2000 y 20-09-2000, Acuerdos Nº 33926, mediante el cual solicita la apertura de un Procedimiento Administrativo a fin de proceder a la eventual declaratoria de nulidad del acto administrativo (acuerdo de Junta Directiva de la Institución), que dispuso en su momento, el pago de comisiones sobre ventas al Administrador y Sub Administrador de FANAL", no cumple con las exigencias antes descritas. Nótese, por ejemplo, que no indica cuál o cuáles resoluciones son las que se pretenden declarar nulas; consecuentemente, es omiso en cuanto a las fechas del o los actos; además no se realiza una relación de hechos, ni se indican, expresamente, las razones por las que se considera que el o los actos contienen un vicio de nulidad absoluta, evidente y manifiesta.
Por lo expuesto, este Órgano Asesor encuentra motivo suficiente para devolver el expediente administrativo correspondiente, sin emitir la opinión que exige el artículo 173, por vicio de procedimiento.
Adjunto: Expediente administrativo No. 25-2001