Source: https://corte-constitucional.vlex.com.co/vid/678915809
Timestamp: 2020-05-27 08:15:05
Document Index: 384193523

Matched Legal Cases: ['artículo 1119', 'artículo 241', 'artículo 1119', 'artículo 13', 'artículo 22', 'artículo 6', 'artículo 13', 'artículo 1119', 'artículo 560', 'artículo 89', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 34', 'artículo 34', 'artículo 34', 'artículo 68', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 140', 'artículo 65', 'artículo 548', 'artículo 2349', 'artículo 46', 'Artículo 560', 'artículo 560', 'artículo 528', 'artículo 566', 'artículo 13', 'artículo 24', 'artículo 2072']

Sentencia de Constitucionalidad nº 190/17 de Corte Constitucional, 29 de Marzo de 2017 - Jurisprudencia - VLEX 678915809
DISPOSICION TESTAMENTARIA SIN VALIDEZ. A FAVOR DE SIRVIENTES ASALARIADOS. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 1119 de la Ley 57 de 1887, sobre adopción de códigos y unificación de la legislación nacional. Para las demandantes la expresión sirvientes asalariados contenida en la disposición acusada, resulta contraria a los principios de dignidad humana y a la prohibición de discriminación sobre los cuales se funda el Estado Social de Derecho. La Corte considera que la frase impugnada, la cual se utiliza con el fin de denominar una relación de subordinación laboral entre el notario y sus trabajadores, interfiere abiertamente con el principio de dignidad humana y prohibición de discriminación consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales ratificados por el Estado colombiano. Se concluye, que no es constitucionalmente admisible mantener la expresión sirvientes en una norma del Código Civil, para denominar a los trabajadores dentro de una relación laboral. INEXEQUIBLE.
Sentencia citada en: 9 sentencias, 2 artículos doctrinales, una disposición normativa, una noticia
Actores: D.L.I.F. y Y.N.A.U..
En ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo 241 de la Constitución, el 1° de diciembre de 2011, las ciudadanas D.L.I.F. y Y.N.A.U., presentaron acción de inconstitucionalidad contra el artículo 1119 de la Ley 57 de 1887, “Sobre adopción de códigos y unificación de la legislación nacional”. La demanda fue repartida y admitida para su conocimiento por la Sala Plena, mediante auto de veintitrés (23) de septiembre de dos mil dieciséis (2016).[1]
En opinión de las demandantes la palabra “sirviente” podría utilizarse para para designar una relación de subordinación, como lo es la de los empleados domésticos, con sus empleadores. De acuerdo con la definición del Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española la expresión “criado” designa a la persona que sirve por un salario, y especialmente a la que se emplea en el servicio doméstico, y “sirviente” a la persona adscrita al manejo de un arma, de una maquinaria o de otro artefacto y a la persona que sirve como criado.
Estas locuciones tienden a la “cosificación del ser humano y refieren a un vínculo jurídico que no resulta constitucionalmente admisible, pues éste era el denominado en el Código Civil como arrendamiento de criados y domésticos, el cual consistía en una modalidad de arrendamiento que en realidad hacía al criado sujeto, pero sobre todo objeto del contrato, como si se estuviera hablando de un bien más y no de una persona.”[2]
Algunos casos que han sido estudiados por la Corte Constitucional en los que se ha establecido limitaciones al uso del lenguaje legal cuando este ha expresado o admitido alguna interpretación contraria a los principios y valores reconocidos en la Constitución se ven en las sentencias C-037 de 1996, C-320 de 1997, C- 478 de 2003 en donde se establece que la constitucionalidad de los textos legales va más allá de un análisis netamente lingüístico, es necesario tener en cuenta también consideraciones históricas, sociológicas y de uso del idioma para verificar si determinadas expresiones lingüísticas contravienen el cuadro de valores, principios y derechos fundamentales que inspiran la Constitución.
De otra parte, la disposición acusada desconoce el derecho a la igualdad, consagrado en el artículo 13 de la Constitución Política. Se observa un matiz de discriminación por el sólo hecho de enunciar la expresión “sirvientes asalariados”. El legislador se encuentra obligado a instituir normas que no desarrollen ningún tipo de distinción que suponga “concesiones inmerecidas para unos y un trato desdeñoso para otros”. Las diferencias que se introduzcan deben tener como finalidad la realización de un propósito constitucional de la igualdad real, o el desarrollo de los postulados de justicia distributiva.
En la sentencia C-1235 de 2005 la Corte Constitucional declaró la inexequibilidad de las expresiones “criado”, “sirviente” y “amo”, utilizadas por el Código Civil para denominar la relación de los empleados domésticos con sus empleadores, por considerar que admiten interpretaciones discriminatorias y denigrantes de la condición humana, y establece que en adelante, éstas deben ser sustituidas por las expresiones “empleadores” y “trabajadores”, sin que el cambio de palabra implique afectar el contenido de la norma.
Finalmente, en el artículo 22 del Código Sustantivo del Trabajo, el legislador estableció, que quien presta el servicio se denomina trabajador, cualquiera que sea su forma o salario. Por lo tanto, la norma acusada del Código Civil no puede contemplar denominaciones distintas a lo establecido en el Código Sustantivo del Trabajo, que es la norma especial para las situaciones relativas a las relaciones laborales. De manera que la subordinación jurídica que supone la relación creada por un contrato de trabajo, sólo debe admitir el uso de las expresiones “trabajador” y “empleador”, y no las que están en la norma acusada, que resultan anacrónicas y contrarias a la Constitución de 1991.
2.1. El abogado U.C.S., actuando como miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia participó dentro del proceso para apoyar la acción de inconstitucionalidad y solicitar la inexequibilidad de la expresión sirvientes, por las razones que se exponen a continuación:
El Procurador General de la Nación, participó en el proceso de la referencia para solicitar a la Corte Constitucional que declare la exequibilidad de la norma legal acusada. Su concepto hace referencia a dos puntos fundamentales: (i) advierte que en el caso objeto de estudio se está demandando una expresión lingüística que ya fue objeto de un pronunciamiento de fondo anterior y por lo tanto considera que esta Corporación deberá declarar la existencia de cosa juzgada constitucional material y, por ende, estarse a lo resuelto en la sentencia C-1235 de 2005 (MP. R.E.G., (ii) no obstante considera necesario sustituir el término sirviente por trabajador para garantizar la protección de los trabajadores domésticos. Al respecto hizo las siguientes consideraciones:
“La cosa juzgada constitucional tiene como efecto, de un lado, la prohibición de que las autoridades puedan reproducir o aplicar el contenido material del acto jurídico declarado inexequible por razones de fondo; y de otro lado, implica una restricción frente a la propia actividad de la Corte, ya que si este tribunal se ha pronunciado sobre la constitucionalidad de una disposición jurídica, pierde prima facie la competencia para pronunciarse nuevamente sobre el mismo tópico, en armonía con lo dispuesto en el artículo 6º del Decreto 2067 de 1991.// (...) [E]s evidente que en las dos demandas el aspecto fundamental es la acusación de la vulneración al principio de dignidad humana y al derecho a la igualdad, lo que significa que los cargos formulados en ambos son similares, ya que el motivo de la inconformidad en las dos ocasiones radica, en sostener que existe un trato discriminatorio y desigualitario frente a quienes se encuentran en una relación de subordinación y, además, se hace referencia al extremo débil de ese vínculo de manera denigrante y despectiva. Esto último, en tanto las dos demandas se estima que con la expresión objeto de análisis se alude a épocas anteriores en las cuales estaba vigente la esclavitud y en las que, por consiguiente, la persona que servía de amo, hoy en día empleador, no gozaba de ningún derecho. // Sin embargo, dado que ya en la anterior oportunidad la Corte Constitucional declaró la inexequibilidad de la expresión reprochada bajo la precisión que, si bien no se cuestionaba el contenido material de la norma, en todo caso sí resultaba necesario sustituir el término sirviente por trabajador para, así, no dejar sin sentido la regla que trae la disposición jurídica y se ajuste a los cometidos constitucionales; el ministerio público concluye que debe procederse en idéntica manera en el presente caso. // (...) [S]i bien es cierto que la Corte Constitucional podría volver a realizar un análisis de constitucionalidad de una norma sobre la cual ya se ha pronunciado, pero siempre que se formulen nuevas acusaciones, esta situación no se presenta en el caso sub examine ya que se constata que la expresión demandada y las razones de la violación que expone el actor en esta oportunidad, efectivamente son las mismas a las que llevaron a la Corte a declarar su inexequibilidad en la sentencia C- 1235 de 2005. Lo que demuestra que efectivamente se configura la cosa juzgada material y que no resulta procedente un pronunciamiento de fondo sobre esta demanda. // (...) [D]ada la posible vulneración al principio de dignidad humana y el desconocimiento de lo previsto en el artículo 13 CP, resulta imperativo que los trabajadores domésticos sean protegidos y respetados en la actividad laboral que desarrollan y no sean estigmatizados con el término acusado. Y, bajo este entendido, es claro que como se señaló en sentencia C-1235 de 2005 (MP. R.E.G.) (...).[6]
El examen de constitucionalidad de los usos del lenguaje legal por parte del legislador
El objetivo del artículo 1119 del Código Civil
4.6. En cuanto a la función de la expresión “sirvientes asalariados” al interior de la disposición normativa, es la de denominar a las personas que trabajan para el notario y que deben estar incluidos dentro de la prohibición establecida por el legislador que pretende asegurar la validez del testamento. En lo referente al contexto de la norma, es claro para la Corte que su creación se da a mediados del siglo XIX a manos de A.B.. Un sistema jurídico que si bien era moderno, mantenía parte del mundo colonial. Así por ejemplo, del derecho sucesorio castellano. En él, el espíritu de la esclavitud y la servidumbre se encontraban aún vigentes[31]. La expresión, por lo tanto, claramente hace parte de un contexto normativo que se ha superado. Se trata de una concepción del mundo que está absolutamente proscrita, pues atenta contra la dignidad y las libertades humanas más básicas. Esta palabra se da en un contexto en el que no existían condiciones de trabajo dignas, ni el derecho del trabajo, en especial, como se concibe en el orden constitucional vigente.
La servidumbre y la esclavitud están proscritas en el orden constitucional colombiano
La Cosa Juzgada Constitucional material respecto de las expresiones lingüísticas utilizadas por el legislador
6.7. El primer caso es aquel en el que una demanda de inconstitucionalidad recae sobre una expresión contenida en un texto normativo que ya ha sido objeto de evaluación por parte del juez constitucional con anterioridad. Este es el escenario en el que se configura cosa juzgada formal. Como sucedió en la sentencia C-478 de 2003 con ponencia de la Magistrada C.I.V., [47] en la que la Sala Plena declara estarse a lo resuelto sobre la expresión “y tuviere suficiente inteligencia” contenida en el artículo 560 del Código Civil, con el argumento de que la misma había sido declarada inexequible en la sentencia C-983 de 2002.[48] Se trata de demandas que versan sobre las mismas expresiones, contenidas en las mismas normas y cuentan con identidad de cargos.[49]
El contenido material de los artículos 1119 y 2349 del Código Civil es distinto, sin embargo el uso que el legislador hace de la expresión “sirvientes” es similar. No configura cosa juzgada constitucional material
La expresión “sirvientes asalariados”, usada para designar las relaciones laborales en un Estado Social de Derecho es inconstitucional
8.5. En ese mismo sentido, el Instituto Caro y C. ha señalado que la expresión sirvientes es anacrónica. Ha dicho que el surgimiento del lenguaje de derechos humanos y las subjetividades que éste ha impulsado, son modeladoras de un lenguaje ajeno a las expresiones de ‘servidumbre’ y ‘esclavitud’ para definir una relación laboral.[58]
[1] Corte Constitucional. Auto del 23 de septiembre de 2016 (MP. A.A.G.).
[7] Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-1235 de 2005 (MP R.E.G.)
[8] Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-478 de 2003 (MP Clara I.V..
[9] Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-804 de 2009 (MP M.V.C.C.) (AV. M.V.C., J.C.H. y J.I.P.).
[10] Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-458 de 2015 (MP Gloria S.O.D.) (SPV. G.E.M.M..
[11] Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-042 de 2017. (MP A.A.G.)
[12] Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-320 de 1997. (MP. A.M.C.)
[13] Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-177 de 2016 (MP J.I.P.C. (SVJ.I.P., M.V.C., G.S.O.D.)
[14] Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C- 253 de 2013 (MP. M.G.C.) (SPV. L.G.G.P. y L.E.V.S.) (AV. M.V.C.C.).
[15] Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-910 de 2012. (MP: L.G.G.P.) (SV. M.V.C.C.)
[16] Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-1235 de 2005 (MP. R.E.G.)
[17] Corte Constitucional. Sentencia C-042 de 2017 (MP. A.A.G.)
[18] Ejemplos de esta postura, son: (i) en la sentencia C-320 de 1997 (MP A.M.C., se concluyó que a pesar de lo odiosa que pudiere resultar la expresión “transferencia de deportistas”, por sugerir que los clubes deportivos son dueños de estas personas, mientras que en estricto sentido “sólo se transfiere, se vende y se presta aquello de que se es propietarios”, el control constitucional debía recaer sobre el uso regulativo del enunciado, y que desde esta perspectiva, “si el contenido normativo de esas disposiciones es constitucionalmente admisible, no sería lógico que la Corte declarara la inexequibilidad de los artículos estudiados, puesto que, debido únicamente a los defectos del lenguaje utilizados por el legislador, se estaría retirando del ordenamiento una regulación que es materialmente legítima”. En este orden de ideas, la Corte se abstuvo de retirar la norma del ordenamiento, pese a lo “chocante” de la terminología legal. (ii) En la sentencia C-379 de 1998 (MP J.G.H.G.) la Corte se pronunció sobre la constitucionalidad del artículo 89 del Código Civil, que establecía que el domicilio de una persona es el mismo de sus criados y dependientes que residen en su misma casa. Aunque explícitamente se advirtió que la palabra “criado” tenía una connotación “despreciativa, en abierta oposición a la dignidad humana”, en la referida providencia se declaró la inexequibilidad del precepto legal, por considerar que afectaba la libertad de los empleados a establecer su domicilio y no de la expresión “criado”, pese a su carga peyorativa. (iii) En la sentencia C-1298 de 2001 (M.P.C.I.V.H.) este tribunal también se inhibió de pronunciarse con respecto a los vocablos “legítimo” y “legítimos” contenidos en el título y en el artículo 1º de la Ley 29 de 1982, en el artículo 1º de la Ley 54 de 1989, y en los artículos 24, 236, 246, 288, 397, 403, 457 y 586 del Código Civil. Aunque a juicio del demandante dichas palabras eran contrarias a la Constitución por atentar contra la dignidad y la igualdad humana, en tanto descalificaban a algunos tipos de hijos según su origen familiar, la Corte estimó que los preceptos demandados no establecían una trato diferenciado entre tales sujetos, y que, al no existir ningún efecto jurídico susceptible de violentar el principio de igualdad, no era factible el escrutinio judicial propuesto por el actor. (iv) La sentencia C-507 de 2004 (MP M.J.C.E.; SV A.B.S.; SV J.A.R.; AV M.J.C.E., expedida con ocasión de la demanda en contra del artículo 34 del Código Civil, que definía al impúber como “el varón que no ha cumplido catorce años y la mujer que no ha cumplido doce”. En este fallo se sostuvo que no era posible pronunciarse sobre la constitucionalidad de enunciados que se limitan a fijar el uso dado por el legislador a una expresión lingüística, porque tales definiciones, consideradas en sí mismas, carecen de todo contenido regulativo, y por tanto, no tienen la potencialidad de vulnerar la Carta Política. (v) En la sentencia C-534 de 2005 (MP H.A.S.P.; SVP A.B.S.; SV Á.T.G.; SVP J.A.R., aunque originalmente el demandante cuestionó la definición de la expresión “impúber”, contenida en el artículo 34 del Código Civil, la Corte estimó que el examen propuesto carecía de sentido porque la sola definición no producía efectos jurídicos. Así reconfigurado el debate, se examinaron las disposiciones acusadas en su dimensión regulativa, vinculándola a los efectos en materia de capacidad, tutelas, curadurías, e inhabilidades testamentarias, y se declaró la inexequibilidad de las expresiones “varón” y “y de la mujer que no ha cumplido doce”, contenidas en el artículo 34 del Código Civil, para que fuesen considerados impúberes quienes no han cumplido 14 años, sean hombres o mujeres. (vi) Por su parte, en la sentencia C-804 de 2009 (MP M.V.C.C.; AV M.V.C.C., J.C.H.P. y J.I.P.P., la Corte tomó nota del posible carácter peyorativo de la expresión “idoneidad física” contenida en el artículo 68 del Código de la Infancia y la Adolescencia para referirse a los requisitos para la adopción de menores. No obstante, y aunque la Corte se refirió ampliamente a la relevancia constitucional del lenguaje legal y a su incidencia en el conjunto de valores, principios y derechos establecidos en la Carta Política, el escrutinio judicial no versó sobre el aspecto terminológico del enunciado legal, sino sobre sus efectos jurídicos, y se concluyó que la medida respondía a la necesidad de asegurar las mejores condiciones para el cuidado y atención de las necesidades de los niños que se integran a una nueva familia, pero que, en cualquier caso, esta idoneidad no debía ser entendida como una prohibición absoluta e incondicionada para la adopción de niños por parte de personas con discapacidad. (vii) En la sentencia C-066 de 2013 (MP L.E.V.S.; AV M.V.C.C.; AV y SVP L.E.V.S.) se advirtió sobre la posible impropiedad del legislador al utilizar la expresión “normalización” en el artículo 3 de la Ley 361 de 1997, para referirse a los deberes del Estado en relación con las personas que tienen algún tipo de limitación física, síquica o sensorial. Sin embargo, pese al cuestionable tono del vocablo, el análisis no estuvo orientado a controlar el vocabulario del derecho positivo, sino a valorar los efectos jurídicos establecidos en el enunciado legal, concluyendo que el deber de normalización previsto en la disposición no podía referirse a la obligación del Estado de formular e implementar políticas orientadas a tratar, curar o rehabilitar a los individuos con discapacidad, sino al deber de eliminar las barreras físicas y sociales que impiden a estas personas gozar plenamente de sus derechos. En este orden de ideas, la Corte declaró la exequibilidad de la expresión “la normalización social plena” contenida en el artículo 3º de la Ley 361 de 1997, “en el entendido de que se refiere únicamente y exclusivamente a la obligación del Estado y de la sociedad de eliminar las barreras de entorno físico y social”.
[19] Al respecto, ver las sentencias C-600A de 1995 (MP A.M.C.; SV J.G.H.G., C-070 de 1996 (MP E.C.M.; SVP J.G.H.G. y C.G.D., C-499 de 1998 (MP E.C.M., C-559 de 1999 (MP A.M.C.; SV V.N.M. y E.C.M.) y C-843 de 1999 (MP A.M.C.; SV V.N.M. y E.C.M.; SV R.E.G. y N.P.P.; AV M.G.M.C.); C-078 de 2007 (MP J.C.T., entre otras.
[20] Corte Constitucional, sentencia C-804 de 2006 (MP H.A.S.P.; AV Marco G.M.C.): “El lenguaje es a un mismo tiempo instrumento y símbolo. Es instrumento, puesto que constituye el medio con fundamento en el cual resulta factible el intercambio de pensamientos entre los seres humanos y la construcción de cultura. Es símbolo, por cuanto refleja las ideas, valores y concepciones existentes en un contexto social determinado. El lenguaje es un instrumento mediante el cual se configura la cultura jurídica. Pero el lenguaje no aparece desligado de los hombres y mujeres que lo hablan, escriben o gesticulan quienes contribuyen por medio de su hablar, escribir y gesticular a llenar de contenidos las normas jurídicas en una sociedad determinada”.
[21] Ver entre otras Corte Constitucional, Sentencia C-105 de 1994 (J.A.M., Sentencia C-595 de 1996 (MP J.A.M.; SV E.C.M.; AV J.A.M.; AV C.G.D.; S.J.G.H.G. y A.B.C.); Sentencia C-320 de 1997 (MP A.M.C.); Sentencia C-082 de 1999 (C.G.D.); Sentencia C-800 de 2000 (MP J.G.H.G.); Sentencia C-007 de 2001 (MP E.M.L.) Sentencia C-478 de 2003 (MP Clara I.V.H.; AV J.A.R.); Sentencia C-1088 de 2004 (MP J.C.T.); Sentencia,C-1235 de 2005 (MP R.E.G.), Sentencia C-037 de 2006 (MP V.N.M.; SVP J.G.H.G.; SVP A.M.C.; AV E.C.M., J.G.H.G., H.H.V.); C-804 de 2009 (MP M.V.C.; SVP J.C.H., M.V.C., J.I.P.); C-404 de 2013 (MP L.E.V.S.); C-451 de 2016 (MP L.E.V.S.); C-258 de 2016 (MP M.V.C.C., SV G.E.M.M..
[22] W., L. (1958) Investigaciones Filosóficas. UNAM. México, 2007.
[23] Corte Constitucional. Sentencia C-042 de 2017 (MP. A.A.G., AV. L.G.G.P.)
[24] Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-042 de 2017 (MP A.A.G.)
[25] Corte Constitucional, sentencias C-105 de 1994 (MP J.A.M., C-595 de 1996 (MP J.A.M.; SV E.C.M.; AV J.A.M.; AV C.G.D.; S.J.G.H.G. y A.B.C., C-800 de 2000 (MP J.G.H.G., C-082 de 1999 (MP C.G.D.. Demanda contra la expresión contenida en el artículo 140 del Código Civil. C-983 de 2002 (MP J.C.T.. Frente a la demanda de inconstitucionalidad parcial contra los artículos 62, 432 y 1504 del Código Civil, la Corte Constitucional estudio una acción pública de inconstitucionalidad en contra de los artículos 64, 432 y 1504 del Código Civil, además declaro inexequible el artículo 65 del Código Civil aplicando el principio de unidad normativa ,ya que, dicho Estatuto contemplaba que solo las personas sordomudas se expresaban por escrito, por ende la Corporación sostuvo lo siguiente: “En segundo lugar, para la Sala resulta violatorio de la Constitución la frase “y tuviere suficiente inteligencia”, pues no sólo contiene la misma concepción discriminatoria de la cual ha venido dando cuenta la Corte en esta Sentencia, sino que resulta lesiva de la dignidad humana, uno de los derechos fundamentales más importantes de la persona, pues ello implicaría someter al individuo a una prueba para determinar el grado de inteligencia. Tal expresión choca con el principio constitucional sobre la no discriminación y con la exigencia superior de la igual dignidad de todos los seres humanos. Dicha frase, entonces, será también retirada del ordenamiento jurídico.” Luego en la sentencia C-478 de 2003 (MP Clara I.V.H.) la Corte resolvió la demanda de inconstitucionalidad parcial de los artículos 140 numeral 3, 545, 554, 560 del Código Civil. se demandó los artículos 140 numeral 3, 545, 554 y 560 del Código Civil , se observa que la Corte Constitucional toma una posición más clara sobre el tema objeto de examen, pues en las consideraciones de la sentencia citada la Corte se pronuncia de fondo sobre expresiones que considera como lenguaje discriminatorio, razón por la cual establece que el legislador si bien tiene un amplio margen de configuración legislativa, dicha configuración no es óbice para que se manifieste con expresiones que soslayan la dignidad humana. Sobre la materia estableció: “Sobre el particular, cabe señalar que para la Corte el lenguaje legal debe ser acorde con los principios y valores que inspiran a la Constitución de 1991, ya que " es deber de la Corte preservar el contenido axiológico humanístico que informa a nuestra norma fundamental, velando aún porque el lenguaje utilizado por el legislador no la contradiga. Posteriormente, esta Corporación consideró que "el uso de términos jurídicos que tiendan a cosificar a la persona no es admisible".” Después, en la sentencia C-1088 de 2004 (MP J.C.T., conoció una demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 548 del Código Civil. Se observa que la Corte reitera la posición adoptada en la sentencia C-478 de 2003, por consiguiente, empieza a fijar lineamientos para que el órgano legislativo al expedir una norma jurídica no vulnere derechos fundamentales por medio del lenguaje, pues el lenguaje si bien es un medio de expresión, la terminología que adopte el legislador debe estar acorde con los parámetros constitucionales, por ende estableció lo siguiente: “En este momento, los derechos humanos son el fundamento y límite de los poderes constituidos y la obligación del Estado y de la sociedad es respetarlos, protegerlos y promoverlos. De allí que al poder político ya no le esté permitido aludir a los seres humanos, sea cual sea su condición, con una terminología que los despoje de su dignidad, que los relegue al derecho de cosas. Mucho más cuando se trata de personas discapacitadas pues a ellas también les es inherente su dignidad de seres humanos y, dada su condición, deben ser objeto de discriminación positiva y de protección e integración social.” Posteriormente, con la sentencia C-1235 de 2005 (MP R.E.G.) la Corte conoció de una demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 2349 del Código Civil, pues, el ciudadano que interpuso la demanda consideró que las expresiones “amo” “sirviente” y “criado” resultaban discriminatorias y contrarias al ordenamiento jurídico. La Corte al realizar un análisis de fondo declaro la inexequibilidad de las expresiones, además de reiterar la posición que fijo en la Sentencia C- 478 de 2003. Sobre el punto estableció lo siguiente: “(…) se observa que las expresiones utilizadas por el Código Civil para denominar la relación de los empleados domésticos con sus empleadores, admiten interpretaciones discriminatorias y denigrantes de la condición humana y así se evidencia cuando se analizan con un enfoque más amplio. Al respecto, se tiene que dichas locuciones tienden a la cosificación del ser humano y refieren a un vínculo jurídico que no resulta constitucionalmente admisible, cuál era el denominado en el propio Código Civil como “arrendamiento de criados y domésticos”, el cual consistía en una modalidad de arrendamiento que en realidad hacía al “criado” sujeto pero sobre todo objeto del contrato, como si tratara de un bien más”.
[26] Corte Constitucional, Sentencia C-1088 de 2004 (MP J.C.T..
[28] D.J. ramón G.. Revista de Derechos y Ciencias Sociales. Año XV marzo a diciembre de 1918. Números 1 al 10. Imprenta Nacional. S. de Chile. P.inas 209 y 210
[29] D.J. ramón G.. Revista de Derechos y Ciencias Sociales. Año XV marzo a diciembre de 1918. Números 1 al 10. Imprenta Nacional. S. de Chile. P.inas 209 y 2010.
[31] En las primeras décadas del siglo XX la esclavitud (...) seguía siendo aceptada en los ordenamientos jurídicos de algunos países del mundo, así como al combate de la práctica de la trata de esclavos que, aunque ya había sido declarada como ilegal por la mayoría de los países, seguía siendo una realidad en muchas de las colonias controladas por los países de occidente y a un factor importante de la economía colonial (De la Torre, 123, 277). Así por ejemplo en Colombia, a finales del siglo XIX la trata de esclavos indígenas fue uno de los sistemas tradicionalmente empleados para la captación de mano de obra. Hacia finales del siglo XIX, la explotación cauchera se realizaba, acorde con lo descrito, en las selvas del piedemonte amazónico colombiano y para la extracción del látex los empresarios se valían de personal contratado o “enganchado” en el Huila, T., el Gran Cauca y el actual departamento de Nariño. Informe del Centro Nacional de Memoria Histórica. Putumayo: La vorágine de las caucherías. Memoria y Testimonio. Bogotá. 2014. P.. 97
[32] Según el Relator Especial sobre las Formas Contemporáneas de Esclavitud del 4 de julio de 2016, la servidumbre por deudas es la principal forma de esclavitud contemporánea en todo el mundo: “La práctica de la servidumbre por deudas es prevalente en numerosos sectores de la economía en todo el mundo, y afecta en particular a las personas pertenecientes a los grupos minoritarios, con inclusión de las mujeres, los niños, los pueblos indígenas, las castas “inferiores” y los trabajadores migratorios. La pobreza, la falta de alternativas económicas, el analfabetismo y la discriminación que sufren las personas pertenecientes a grupos minoritarios no les dejan otra opción que aceptar préstamos o anticipos de los empleadores o agentes de contratación para satisfacer las necesidades básicas, a cambio de su trabajo o el de sus familiares. Las personas que se encuentran en situación de servidumbre por deudas terminan trabajando gratis o con salarios inferiores al mínimo para poder reembolsar las deudas contraídas o los anticipos recibidos, incluso si el valor del trabajo que realizan sobrepasa el de sus deudas. Además, los trabajadores en régimen de servidumbre suelen verse sometidos a distintas formas de abuso, como largas jornadas de trabajo, maltrato físico y psicológico, y violencia. La servidumbre por deudas prevalece en muchos países debido a que numerosos gobiernos no aplican leyes efectivas en esa esfera, con las consiguientes deficiencias en la identificación, liberación y rehabilitación de las víctimas y el enjuiciamiento de los infractores, y por la falta de datos sobre la prevalencia del fenómeno, la debilidad del estado de derecho, la exclusión social y la discriminación.” ONU. Informe de la Relatora Especial sobre las formas contemporáneas de la esclavitud, incluidas sus causas y consecuencias. A/HRC/33/46. P.. 20.
[33] “Esclavo: Nombre que sustituyó al antiguo de siervo o persona que estaba bajo el dominio y voluntad de otra. – Los esclavos se obtenían, en la antigüedad, principalmente entre los prisioneros de guerra y así lo reconocía el derecho de gentes de la época. Al organizarse el tráfico en América, los esclavos se conseguían por compra, suponiendo erróneamente que en Á. eran ‘rescatados’ de la esclavitud en que se encontraban, a causa de las guerras tribales, pero ello no fue sino la excepción. Existía una verdadera organización y acuerdo, entre europeos y jefes tribales, para secuestrar a los negros en forma permanente e injusta. En América el esclavo fue, de preferencia, el negro traído del Á.. Algunos de sus derechos humanos fueron reconocidos, al menos legalmente, por la tradición jurídica española. Sin embargo, en la práctica fue considerado como un semoviente o, las más de las veces, como cosa. || […] || El nombre de los esclavos [eslavos] (pueblo de la cepa indoeuropea al este de Europa), se ha generalizado con la más lastimosa significación: esclavo, pg. escravo, fr. escalve, it. schiavo, ingl. slave, holand. slaaf, alt.al. sklave, etc. En diversas guerras fueron hechos prisioneros en gran número, de modo que al latín el nombre saclavus entró ya como sinónimo de cautivo. (R., 1974, 110).”
[34] Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-1078 de 2012. (MP. J.I.P.C.) esta sentencia señaló además: Varios instrumentos internacionales, que proscriben la servidumbre, la trata de seres humanos y el trabajo forzado, disponen la obligación de los estados de (i) impedir que se imponga trabajo forzoso u obligatorio en provecho de particulares, de compañías o de personas jurídicas de carácter privado; (ii) adoptar medidas legislativas o de otro carácter necesarias para hacer efectivos tales prohibiciones, como la prevención, investigación y penalización de delitos tales como la trata de personas, campañas educativas, campañas sociales y otros mecanismos de difusión; (iii) vigilar sus fronteras para impedir y detectar la trata de seres humanos; (iv) proteger y garantizar los derechos de las víctimas, por ejemplo, estableciendo mecanismos para su recuperación física, sicológica y social, brindando asesoramiento e información sobre sus derechos, ofreciendo protección frente a los victimarios, y en el caso de fenómenos trasfronterizos, contribuyendo a la repatriación de la víctima; y (v) prevenir la revictimización.
[35] Corte Interamericana de Derechos Humanos. Casos M. de rio negro Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, fondo, reparaciones y costas. Sentencia del 4 de septiembre de 2012 Serie C. No. 250. Párrafo 225.
[40] Corte Constitucional, sentencia C-310 de 2002 (MP R.E.G., reiterada entre otras en las sentencias C-600 de 2010 (MP L.E.V.S., C-393 de 2011 (MP M.V.C.C.), C-241 de 2012 (MP L.E.V.S.. AV N.P.P., J.C.H.P., C-257 de 2013 (C.P.J.C.T.; SV A.B.S., C-332 de 2013 (MP M.G.C., C-090 de 2015 (MP J.I.P.C., C-259 de 2015 (MP Gloria S.O.D., C-007 de 2016 (MP A.L.C.; SV J.I.P.P., G.S.O.D., M.V.C.C.. AV L.E.V.S., en las que la Corte resalta el efecto de cosa juzgada de aquellas sentencias de la Corte Constitucional dictadas como ejercicio de la función de guarda de la integridad de la Constitución Política.
[41] Corte Constitucional, sentencia C-820 de 2006 (MP M.G.M.C.; SV H.A.S.P.. SPV N.P.P., citada en la sentencia C-489 de 2009 (MP J.I.P.C.) entre otras.
[42] La Corte ha establecido que puede declararse la existencia de cosa juzgada formal, en aquellos casos donde existe un pronunciamiento previo del juez constitucional en relación con el precepto que es sometido a un nuevo y posterior escrutinio constitucional. Al respecto se ha pronunciado esta Corte entre otras en las sentencias C-427 de 1996 (MP A.M.C.; SV J.G.H.G.. AV J.G.H.G., E.C.M., A.M.C., C-489 de 2000 (MP C.G.D., C-1046 de 2001 (MP E.M.L.; AV M.J.C.E., J.C.T., E.M.L., Á.T.G., C-774 de 2001 (MP R.E.G.; AV M.J.C.E., C-1216 de 2001 (MP J.A.R.; AV R.U.Y., C-1038 de 2002 (MP E.M.L.; AV J.A.R.. SPV E.M.L., C-030 de 2003 (MP Á.T.G., C-210 de 2003 (MP Clara I.V.H., C-627 de 2003 (MP Clara I.V.H.; AV J.A.R., A.B.S., C-1148 de 2003 (MP J.C.T., C-394 de 2004 (MP Á.T.G., C-457 de 2004 (MP M.G.M.C.; SPV R.E.G., A.B.S., J.C.T., C.I.V.H., J.A.R., C-805 de 2008 (MP J.C.T.) y C-178 de 2014 (MP M.V.C.C.), entre otras.
[43] Sobre el particular la sentencia C-148 de 2015 (MP Gloria S.O.D. explicó que la cosa juzgada material se produce “cuando existen dos disposiciones distintas que, sin embargo, tienen el mismo contenido normativo, de manera tal que frente a una de ellas existe ya un juicio de constitucionalidad por parte de este Tribunal.”.
[44] La sentencia C-037 de 1996 (MP V.N.M.; SV H.H.V., J.G.H.G.. AV V.N.M., E.C.M., H.H.V.. SPV A.M.C., J.G.H.G., V.N.M., que al interpretar el artículo 46 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia puntualizó que, "mientras la Corte Constitucional no señale que los efectos de una determinada providencia son de cosa juzgada relativa, se entenderá que las sentencias que profiera, hacen tránsito a cosa juzgada absoluta".
[45] Para consultar los alcances y diferencias entre cosa juzgada relativa y cosa juzgada absoluta se pueden consultar los siguientes fallos: C-045 de 2002 (MP R.E.G., C-567 de 2003 (MP Á.T.G., C-1004 de 2003 (MP Marco G.M.C., C-914 de 2004 (C.I.V.H., C-710 de 2005 (MP M.G.M.C.; SPV J.A.R., C-850 de 2005 (MP J.A.R.; SPV R.E.G., C-366 de 2006 (MP R.E.G.) y C-148 de 2015 (MP Gloria S.O.D., entre otras.
[46] La sentencia C-287 de 2014 (MP L.E.V.S.; AV M.V.C.C., J.I.P.P., sostiene al respecto: “(…) el juez constitucional limita en forma expresa los efectos de la decisión, dejando abierta la posibilidad para que en un futuro “se formulen nuevos cargos de inconstitucionalidad contra la norma que ha sido objeto de examen, distintos a los que la Corte ya ha analizado”. Sobre el concepto de la cosa juzgada relativa y su alcance limitado al análisis de los cargos, ver, entre otras, las sentencias C-774 de 2001(MP R.E.G.; AV M.J.C.E., C-310 de 2002 (MP R.E.G., C-004 de 2003 (MP E.M.L., C-039 de 2003 (MP M.J.C.E., C-1122 de 2004 (MP Á.T.G., C-469 de 2008 (MP Clara I.V.H.; SV J.A.R.. AV J.C.T., C-621 de 2015 (MP J.I.P.C..
[47] Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-478 de 2003 (MP. Clara I.V.)
[49] La norma demandada en esta oportunidad es la siguiente: Código Civil Colombiano Artículo 560. Cesará la curaduría cuando el sordomudo se haya hecho capaz de entender y de ser entendido por escrito, si él mismo lo solicitare, y tuviere suficiente inteligencia para la administración de sus bienes; sobre lo cual tomará el juez o prefecto los informes componentes. En la sentencia C-983 de 2002 (MP. J.C.T. resolvió declarar inexequible la expresión “y tuviere suficiente inteligencia” al considerar que resultaba violatorio de la Constitución, pues no sólo contiene la misma concepción discriminatoria, y resultaba lesiva de la dignidad humana, uno de los derechos fundamentales más importantes de la persona, pues ello implicaría someter al individuo a una prueba para determinar el grado de inteligencia. Señaló que la expresión chocaba con el principio constitucional sobre la no discriminación y con la exigencia superior de la igual dignidad de todos los seres humanos. Dicha frase fue retirada del ordenamiento jurídico. Más adelante, en la sentencia C-478 de 2003 (MP. Clara I.V.) se estudió una demanda contra la misma expresión contenida en el mismo artículo 560 del Código Civil. En aquella oportunidad la Corte luego de examinar si el cargo se enmarcaba en el fenómeno de cosa juzgada absoluta resolvió la declaratoria de estarse a lo resuelto frente a la expresión acusada por considerar que esta ya había sido retirada del ordenamiento jurídico en la sentencia C-983 de 2002.
[50] Ejemplos de oportunidades en las que se configura cosa juzgada material y la Corte decide declarar la exequibilidad del artículo demandado es la sentencia C-216 de 2001 (MP. J.A.R.) allí se demandó la constitucionalidad del artículo 528 de la Ley 600 del 2000, cuyo contenido normativo había sido estudiado en las sentencias C- 700 de 2000 y C- 1106 de 2000 en las que se había estudiado la constitucionalidad del artículo 566 del Decreto 2700 de 1991. El otro caso es la sentencia C-310 de 2002 (MP. R.E.G.) en esta sentencia la Corte declaro estarse a lo resuelto y la exequibilidad de la norma demandada. Estudió el artículo 13 transitorio del Código de Procedimiento Penal, cuyo contenido había sido estudiado en la sentencia C-392 de 2000 que estudió la exequibilidad del artículo 24 de la Ley 504 de 1999.
[51] Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-451 de 2016. (MP. L.E.V.)
[53] G.V., “Tratado de la Responsabilidad Civil” Tomo 2, Editorial Astrea, 1996 página 329.
[54] Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-1235 de 2005. (MP R.E.G.)
[55] Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-379 de 1998. (MP. J.G.H.G.)
[56] Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-379 de 1998 (MP. J.G.H.G.)
[58] El Instituto Caro y C. participa en la demanda de inconstitucionalidad que actualmente se resuelve con el número de radicado D- 11883 en donde se estudia la constitucionalidad del artículo 2072 del Código Civil. En esta intervención también describió: (...) las razones por las cuales los criterios hermenéuticos para el análisis de una expresión como sirviente, desbordan la etimología y entran en el terreno de lo que contemporáneamente se denomina glotopolìtica, definida en el trabajo de D.L. así: A. (2000 y 2008) la (...) define como el estudio que aborda, mediante el análisis discursivo de materiales de archivo, las posiciones y las intervenciones en el espacio público del lenguaje llevados a cabo desde el Estado o desde la sociedad civil, atendiendo a la relación que estas entablan con transformaciones y requerimientos históricos más amplios (...).
[59] Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-1235 de 2005 (MP. R.E.G.).