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Timestamp: 2018-09-23 22:37:32
Document Index: 7335671

Matched Legal Cases: ['artículo 28', 'artículo 304', 'artículo 25', 'artículo 118', 'artículo 127', 'artículo 97', 'artículo 96', 'artículo 97']

﻿ Sentencia SL7660-2014 de junio 11 de 2014
SENTENCIA SL7660-2014 DE 11 DE JUNIO DE 2014
CONTENIDO:JUEZ LABORAL NO PUEDE LIMITARSE AL ANÁLISIS FORMAL DE LA REDACCIÓN DE UNA PRETENSIÓN. SE CASA FALLO EN EL QUE EL TRIBUNAL SE ABSTUVO DE ANALIZAR LOS HECHOS Y LAS PRUEBAS ENTREGADAS POR EL DEMANDANTE, QUE PRETENDÍA LA RELIQUIDACIÓN DE TODAS LAS PRESTACIONES LEGALES Y CONVENCIONALES, PORQUE, A SU JUICIO, LA DEMANDA SE ERIGÍA EN PRETENSIONES “GENÉRICAS”. A ESTO, SE ACLARA PARA MATERIALIZAR LOS POSTULADOS DE JUSTICIA A LOS JUECES LES CORRESPONDE INDAGAR EN EL QUERER DE LA PARTE CON EL FIN DE NO HACER NUGATORIOS SUS DERECHOS DE ALLÍ QUE TENGA LAS POTESTADES QUE OTORGAN LAS LEYES SOCIALES, Y AUNQUE NO SE PIERDE DE VISTA QUE LOS RECLAMANTES TIENEN OBLIGACIONES EN EL PROCESO, EL DERECHO DEL TRABAJO, AL SER DISCIPLINA ESPECIAL IMPONE UNA ACTUACIÓN MÁS ACTIVA DEL JUZGADOR, EN ARAS DE CONSEGUIR LA PAZ SOCIAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:PRIMA DE ANTIGUEDAD, VIÁTICOS, VACACIONES, CONVENCIÓN COLECTIVA, PRETENSIONES DE LA DEMANDA, RECURSO DE CASACIÓN, PAGO DE LAS VACACIONES, RECONOCIMIENTO DE VIÁTICOS
Sentencia SL7660-2014 de junio 11 de 2014
SL7660-2014
Rad. 41986
Interpuesto por el demandante, concedido por el tribunal y admitido por la Corte; formula dos cargos que replicó Ecopetrol.
Pretende el recurrente que la Corte case la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, revoque la de primer grado, y se condene a la demandada conforme a las pretensiones del escrito inicial.
Acusa la sentencia de violación directa por falta de aplicación de los artículos 127 y 130 del Código Sustantivo del Trabajo, en relación con los artículos 128, 129, 132 y 133 de la misma disposición, infracción que condujo a la violación de los artículos 60 y 61 del Código de Procedimiento Laboral y de la Seguridad Social y 37, 304 y 305 del Código de Procedimiento Civil (violación medio) y de los artículos 25 y 28 del Código de Procedimiento Laboral y de la Seguridad Social (también violación medio), y al desconocimiento de los artículos 1º, 3º, 5º, 8º a 11, 13, 14, 16, 18 a 21, 23, 27, 55, 56, 57-4, 59, 65, 134, 138 a 144, 149, 150, 158 a 161, 168 a 170, 172 a 174, 176 a 181, 183, 186, 249, 253 (subrogado por el D.L. 2351/1965, art. 17), 258 a 260, 353, 354, 373, 374 a 479 del Código Sustantivo del Trabajo, y así contó los artículos 12 y 15 de la Ley 712 de 2001.
Asegura que por esta vía, se llegó a la violación de todas las convenciones colectivas de trabajo vigentes desde 1999 entre la demandada y la “USO”, y del laudo arbitral que profirió el tribunal de arbitramento obligatorio el 9 de diciembre de 2003, aclarado y adicionado el 16 de diciembre del mismo año y el 23 de julio de 2004 para resolver el conflicto colectivo de trabajo vigente entre las partes, y el laudo arbitral de octubre de 2002, que definió, con fuerza de cosa juzgada, el pago de viáticos sindicales como parte del salario de los dirigentes sindicales, conforme con los parámetros fijados por los artículos 1º, 2º, 4º, 11, 13, 25, 29, 53, 228, 229 y 230 de la Constitución.
En la demostración indicó que el juez colegiado se rebeló contra los artículos 127 y 130 del Código Sustantivo del Trabajo, en relación con los preceptos 128, 129, 132 y 133 ibídem, y las convenciones colectivas de trabajo, junto con los dos laudos arbitrales que establecieron para todos los dirigentes de la USO, incluido el demandante, el reconocimiento y pago de los viáticos sindicales percibidos, en cuantía del 80%; que si hubiera aplicado las normas citadas en la proposición jurídica, se habrían reliquidado todas las prestaciones devengadas.
Luego de copiar los artículos 127 y 130 del Código Sustantivo del Trabajo y la parte resolutiva del laudo arbitral del 10 de octubre de 2002, de cuya lectura, aseguró, el tribunal debió reconocer el derecho pretendido, dijo que “por economía procesal, reiteró todos los argumentos de carácter legal contenido en el documento que acabo de citar, donde se explica prolijamente los fundamentos de carácter legal, constitucional, procedimental, convencional, de hecho y de derecho, antes de acudir a la vía judicial en procura de obtener sentencia favorable a las pretensiones del actor”.
Recabó en que la sentencia adolece de fundamentos legales y que so pretexto de una crítica a la demanda, que debió realizarse antes de la admisión de esta, como lo prevé el artículo 28 del Código de Procedimiento Laboral y de la Seguridad Social, el tribunal dejó de aplicar la ley.
Afirma el opositor que el cargo no puede prosperar ya que la demanda acusa normas de alcance restringido como lo son la Convención Colectiva y el laudo arbitral; además porque no analiza la sentencia del tribunal, ni realiza alguna tesis que le indique a la Corte la forma como fue quebrantado el sistema jurídico.
Dirigido por la vía indirecta, el cargo le imputa al tribunal la violación de la ley sustancial en la modalidad de “aplicación indebida” de las mismas normas que se relacionaron en el anterior.
Para demostrar la trasgresión, asegura que esta se produjo a causa de los evidentes errores manifestados de hecho, en unos casos por falta de apreciación y en otros, por la indebida apreciación “de las pruebas aportadas al proceso”.
Señaló como tales, los siguientes:
“A. No dar por demostrado estándolo, que el trabajador demandante tiene derecho a que se reliquiden todas las prestaciones sociales legales y extralegales devengadas desde el 19 de septiembre de 2002, fecha en la cual reclamó este reconocimiento y al cual hace referencia el laudo arbitral proferido por el tribunal de arbitramento voluntario USO - Ecopetrol, expedido el 10 de octubre de 2002 (fls. 383 y ss.).
B. No dar por demostrado estándolo, que la Empresa Ecopetrol S.A. solamente reliquidó con base en la decisión arbitral antes reseñada, la cesantía, los intereses sobre las mismas y las primas de servicios (fls. 375-378 y 492 del exp.).
C. Dar por demostrado sin estarlo, que la demanda adolecía de un requisito formal que hubiera podido ser presupuesto procesal de la admisión, pero jamás de la sentencia (fls. 5 y ss. y 500 especialmente).
D. Dar por demostrado sin estarlo, que Ecopetrol S.A. no le adeuda a mi representado diferencias prestacionales originadas en el incumplimiento del laudo arbitral proferido por el tribunal de arbitramento voluntario el 10 de octubre de 2002 (fls. 383 y ss. y 492)”.
Transcribió el texto de los artículos 60 y 61 del Código de Procedimiento Laboral y de la Seguridad Social, 30, 37, 187 y 305 del Código de Procedimiento Civil y alegó que las pretensiones de la demanda no son genéricas y que tampoco, como se plantean, impiden el análisis de los hechos y de las pruebas practicadas para lograr un pronunciamiento expreso del juez sobre los mismos.
Señaló que el petitum es claro, preciso y concreto porque se demostró que el demandante es beneficiario de las convenciones colectivas de trabajo vigentes entre Ecopetrol y la USO; que la empresa cumplió parcialmente la obligación de pagar la liquidación correcta de las prestaciones sociales legales y convencionales teniendo en cuenta como factor de salario, los viáticos sindicales, según lo dispuso el laudo arbitral de 10 de octubre de 2012; que el actor tiene derecho a que sean considerados como factor prestacional; que el debate probatorio se ocupó de ese tema y demostró que solamente las primas de servicio, las cesantías y sus intereses habían sido reliquidadas por la accionada, lo cual fue aceptado al contestar.
Indicó que el papel del juez laboral no se limita al análisis formal de la redacción de una pretensión, sino que su sentencia debe ser el resultado de un examen crítico de las pruebas y la aplicación de razonamientos legales, y que sus facultades no pueden llegar hasta el desconocimiento de los medios probatorios; que tanto el juez como el tribunal ignoraron el artículo 304 del Código de Procedimiento Civil que obliga a motivar el fallo, e inexplicablemente dejaron de citar los textos legales fundamento de sus sentencias, en especial el ad quem, por lo que se produjo una decisión inconstitucional.
Que si las pretensiones no eran claras, precisas ni concretas, el juez ha debido inadmitir la demanda para que fuera corregida por esa supuesta falencia, pues era la oportunidad procesal para ello según las voces del artículo 25 del Código de Procedimiento Laboral y de la Seguridad Social, pero no en la sentencia; que al responder la demanda no se hizo ningún reparo sobre este tópico, lo que significa que la demandada entendió que se buscaba la reliquidación de las prestaciones distintas de las primas, la cesantía y sus intereses.
Precisa la opositora que cuando se formula el error de hecho, este debe estar definido y enunciado sin lugar a ningún equívoco, además deben señalarse las pruebas cuya falta de apreciación o valoración errada dieron lugar al mismo; que la censura no explica el desacierto en que incurrió el tribunal o la incidencia en las conclusiones del sentenciador, ya que debió ocuparse de cada una de las pruebas y no generalizarlas como lo hizo; que si bien se relacionan los medios probatorios, no se precisa cuáles fueron omitidos o mal apreciados; agrega que en la demanda de casación se plantean aspectos fácticos y argumentos nuevos en torno a los requisitos de la demanda y al presupuesto procesal de la admisión, que no son de recibo por cuanto se violaría el debido proceso; de otro lado, que no se desquician las reflexiones del tribunal relativas a que solo hasta cuando se propuso la apelación el apoderado de la parte actora especificó los derechos legales y extralegales que debían re liquidarse, y que por ello el cargo no debe prosperar.
Aun cuando los cargos están planteados por vías distintas, se estudiarán conjuntamente dado que tienen idéntico propósito y se denuncia similar compendio normativo.
La censura le reprocha al tribunal no entender la predicada claridad de la demanda, de las pruebas que relaciona en los 4 errores de hecho que le endilga y aduce que por la falta de apreciación o la valoración equivocada de estos, no dio por demostrado que el actor tenía derecho a que se le reliquidaran todas las prestaciones legales y convencionales devengadas desde el 19 de septiembre de 2002, ni dar por demostrado que la efectuada por la empresa se limitó a la cesantía, los intereses sobre esta y las primas de servicio y, dar por demostrado, sin estarlo, que la demandada no le adeuda las diferencias prestacionales reclamadas.
Sobre el particular es preciso acotar que para el sentenciador de segundo grado no estuvo en duda la consagración de los viáticos a favor de los directivos sindicales, ni su connotación salarial, pero echó de menos que no se pormenorizaran las restantes prestaciones sociales legales y convencionales que el demandante quería se revisaran.
Y aunque el recurrente, como lo destaca la oposición, no singularizó con claridad qué medios probatorios se apreciaron equivocadamente y cuáles se dejaron de lado, se estima suficiente la relación de las documentales referidas al enunciar los errores de hecho, especialmente la demanda, para estudiar el cargo.
En efecto, al revisar el escrito inicial encuentra la Sala que ni en las pretensiones ni el acápite de los hechos se especifica cuáles de las prestaciones convencionales y legales, distintas de la cesantías, los intereses a estas y primas de servicio, se deben reajustar tomando para tal efecto el valor recibido por viáticos, pues en las primeras se busca textualmente “5. Reliquidar, con efectos de futuro, todas las prestaciones sociales legales y convencionales correspondientes al suscrito.” (fl. 2) y en los segundos se esgrime “6.23. Además de las prestaciones sociales descritas, mi representado ha devengado otras legales y convencionales, que también deben ser reliquidadas...” (fl. 12).
Sin embargo, en el capítulo que se tituló “fundamentos y razones de derecho”, se consignó el siguiente texto: “Durante el tiempo en que mi representado ha devengado viáticos sindicales convencionales por ser miembro de la junta directiva de la USO, ha percibido las siguiente prestaciones sociales, sobre las cuales Ecopetrol S.A. no aplicó la incidencia prestacional como lo ordenó el tribunal de arbitramento voluntario y lo confirmó el Tribunal Superior del Distrito Judicial: primas de antigüedad, de vacaciones, convencional, vacaciones y plan quinquenal. Razón por la cual las pretensiones de la demanda deben prosperar” (fl.18) destacado de la Sala.
Lo anterior da cuenta de que, contrario a lo estimado por el juez de segundo grado, si existían elementos de juicio para emitir una decisión de fondo y lo que se calificó como vago, impreciso e impuntual no fue tal.
Debe recordarse que para materializar los postulados de justicia a los jueces les corresponde indagar en el querer de la parte con el fin de no hacer nugatorios sus derechos de allí que tenga las potestades que otorgan las leyes sociales, y aunque no se pierde de vista que los reclamantes tienen obligaciones en el proceso, el derecho del trabajo, al ser disciplina especial impone una actuación más activa del juzgador, como se anotó, en aras de conseguir la paz social.
Es que la demanda, es un cuerpo íntegro, y sí se singularizaron las prestaciones extra legales que según el demandante debían re liquidarse, por lo que el cargo es próspero, pues es evidente el error en que incurrió el tribunal al predicar una falta de claridad.
Además de lo advertido en instancia, cabe agregar que el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Descongestión de Bogotá desestimó el pago de la incidencia salarial de los viáticos sindicales.
Es necesario recabar en que según el laudo arbitral del 10 de octubre de 2010 (fl. 385 y ss.), homologado por el Tribunal Superior de Bogotá, en el artículo 118 de la Convención Colectiva de Trabajo 2001-2002 se pactó que los viáticos sindicales, constituyen factor de salario, “y tienen incidencia para la liquidación de prestaciones sociales legales y convencionales” y que de acuerdo al tribunal de arbitramento voluntario, tal incidencia corresponde al 80% del valor pactado como ese rubro en el artículo 127 de la misma convención (fl. 430).
Ahora no emerge duda, conforme los documentos de folios 256 a 287 y 290 a 366, correspondientes a la legalización de viajes de Juan Ramón Ríos Monsalve de comisión de tipo “sindical” en las que desde el 1º de enero de 2001 y hasta el 17 de diciembre de 2003, efectuó sus tareas tanto en procesos de negociación, en reuniones de junta nacional, de la USO, con el presidente de la empresa y el Ministro de Trabajo, de nómina, en comisiones paralelas, en revisiones de acuerdos, lo que da cuenta de una actividad ligada a la empresa, con habitualidad y permanencia que en los términos de la citada cláusula convencional tenía incidencia salarial.
De tal suerte que los viáticos recibidos por el actor, mientras ostentó la calidad de directivo sindical, deben involucrarse a la hora de liquidar todas las prestaciones legales y convencionales a que haya lugar, sin exclusión alguna, tales como vacaciones, la prima de antigüedad, de vacaciones y el plan quinquenal, relacionados en la demanda.
Para el juzgado en el plenario estaba demostrado el pago de la pluricitada incidencia salarial de los viáticos sindicales, en un 80% conforme al laudo arbitral y ello lo deslindó de los folios 525, 529, 531 y 533 a 547 del expediente, no obstante en tales documentales aparece genéricamente el texto “80% incidencia” pero al detallarse a folio 520 esta solo las canceló a “intereses/cesantías” y “primas de servicio” de manera que asiste razón al demandante que aquello debía reflejarse en la prima convencional y de vacaciones y en el plan quinquenal.
Ahora bien, con fundamento en: a) la certificación de salario base para las anualidades 2001, 2002 y 2003 que reposan a folios 224, 221 y 218 respectivamente; b) el valor de los viáticos sindicales reportados en los folios 524, 525 y 526 para esos mismos periodos; y c) los pagos realizados en cada quincena de esos años, que obran a folios 679 a 715 se establece que al liquidar vacaciones, prima de vacaciones, prima convencional y prima de antigüedad, Ecopetrol no tuvo en cuenta un 80% de los viáticos sindicales percibidos por el accionante.
Se debe precisar que aun cuando aparece que el demandante fue elegido secretario general de la USO en el año 2000 (fl. 190), no se procede a reliquidar ninguna prestación de ese año, porque no se cuenta con la demostración de pago por viáticos correspondiente en dicho lapso; así mismo que aunque en el plenario se cuenta con el pago por concepto de viáticos sindicales en el 2004 a favor del actor, ello solo operó en los meses de enero y febrero (fl. 529), periodo en el que no se reportaron cancelaciones a su favor por conceptos extralegales que tuvieran que ser reliquidados (fls. 715-717).
A efectos de verificar las diferencias a favor del demandante se siguió el siguiente procedimiento:
Año 2001. Según documento de folio 524 al actor se le canceló por viáticos, en un 80% $ 8.064.000 lo que significa un promedio anual de $ 672.000, que han debido sumarse al salario base reportado a folio 224 en cuantía de $ 1.138.680, para un gran promedio mensual de $ 1.810.680 y un diario de $ 60.3356 (sic) ; en marzo 15 de 2001 se le pagó al demandante por concepto de vacaciones en tiempo, $ 973.548 (fl. 681) que corresponde a 25 días, y ha debido reconocérsele $ 1.508.900, lo que implica una diferencia de $ 535.352; por prima de vacaciones que de acuerdo al artículo 97 de la Convención Colectiva corresponde a 29 días de salario, recibió $ 972.776 y ha debido recibir $ 1.750.324, así que hay una diferencia de $ 777.548.
De las documentales de folio 684 y 689 en junio y diciembre de 2001 al actor se le reconoció, según el artículo 96 de la Convención Colectiva de Trabajo, 24 días de salario, por prima convencional, suma que ascendió a $ 910.944 en cada período, cuando ha debido ser $ 1.448.544, lo que significa una diferencia de $ 537.600 en junio y otra cifra igual en noviembre.
En junio de 2001, de acuerdo a la documental de folio 684 se le reconoció al accionante 3.37 días por concepto de vacaciones en tiempo, y se le canceló $ 90.053 cuando ha debido ser $ 203.399,72, lo que implica una diferencia de $ 113.346,72; por prima de vacaciones se cancelaron $ 127.937 y ha debido ser $ 199.174,80 es decir hay una diferencia de $ 71.237,80.
Año 2002. El 80% de los viáticos recibidos según documento de folio 525 corresponde a un promedio anual de $ 1.455.854, que han debido sumarse al salario base reportado a folio 221 en cuantía de $ 1.234.320, para un gran promedio mensual de $ 2.690.174 y un diario de $ 89.672.
Por prima de vacaciones correspondiente a 29 días de salario según el artículo 97 de la Convención Colectiva, y de acuerdo a folio 691 se canceló $ 1.193.176 cuando ha debido pagarse $ 2.600.501, es decir hay una diferencia de $ 1.407.325,50; por prima convencional, que corresponde a 24 días de salario (art. 96 de la Convención Colectiva), se le pagaron $ 987.456 y se ha debido reconocer $ 2.152.139, lo que arroja una diferencia de $ 1.164.683 y otra cifra igual en noviembre de ese mismo año; por prima de vacaciones (29 días de salario según el art. 97 de la Convención Colectiva) se pagó $ 1.193.176 (fl. 698) y se ha debido reconocer $ 2.600.501, lo que arroja una diferencia de $ 1.407.325,50; por prima de antigüedad correspondiente a un día hábil por cada año de servicio, que para el efecto fueron 27 días de salario, se pagaron $ 1.111.460 y ha debido ser $ 2.421.156,40, para una diferencia de $ 1.309.696,30.
Año 2003. El salario base según folio 218 fue de $ 1.234.320 y el 80% de los viáticos sindicales recibidos en ese periodo fue de $ 1.774.788 (fl. 523), para un total de $ 3.009.075 y un salario diario de $ 100.302,50.
Por prima convencional correspondiente a 24 días, se le pago al demandante, según folio 723, $ 987.456 y se le ha debido pagar $ 2.407.260, lo que significa que hubo una diferencia de $ 1.419.804 en junio y otra cifra igual en noviembre. No se reportan pago de vacaciones, prima de vacaciones ni antigüedad.
La diferencia que se adeuda es de $ 13.176.274,20 según la siguiente discriminación; $ 535.352 por vacaciones en marzo de 2001; $ 777.548 por prima de vacaciones marzo de 2001; $ 537.600 por prima convencional de junio de 2001; $ 537.600 por prima convencional de noviembre de 2001; $ 113.346,72 por vacaciones en junio de 2001; $ 71.237,80 por prima de vacaciones en junio de 2001; $ 1.407.325,50 por prima de vacaciones enero de 2002; $ 1.309.696,30 por vacaciones en 2002; $ 1.164.683 por prima convencional junio de 2002; $ 1.407.325,50 por prima de vacaciones agosto de 2002; $ 1.310.268,40 por prima de antigüedad agosto de 2002; $ 1.164.683 por prima convencional noviembre de 2002; $ 1.419.804 por prima convencional junio de 2003; $ 1.419.804 por prima convencional noviembre de 2003.
En consecuencia se condenará al reconocimiento de los valores ya relacionados, los cuales deben indexarse al momento de verificar el correspondiente pago, dado el tiempo transcurrido desde la causación, y se absolverá de los intereses moratorios pues aquellos son incompatibles con la referida actualización.
En cuanto a las excepciones propuestas, se declararan no probadas incluida la de prescripción, en razón a que de la documental de folio 120 se establece que la reclamación de los derechos aquí pretendidos se dio el 19 de enero de 2004 y la demanda se presentó el 22 de noviembre de 2005.
No se impondrán costas en el recurso extraordinario dada su prosperidad, las de las instancias estarán a cargo de la demandada.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia dictada el 30 de abril de 2009 por la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario laboral seguido por Juan Ramón Ríos Monsalve contra la Empresa Colombiana de Petróleos - Ecopetrol S.A.
En sede de instancia se REVOCA la sentencia del Juzgado 7º Laboral de descongestión del Circuito de Bogotá y en su lugar se CONDENA a la demandada al pago de $ 13.176.274,20 por concepto de diferencia en la liquidación de primas convencional, de antigüedad y de vacaciones, según se indicó en la parte motiva del fallo de instancia, valor que se ha de indexar; se ABSUELVE de las restantes pretensiones y se declaran NO PROBADAS las excepciones propuestas.