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Timestamp: 2017-10-17 07:47:45
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Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'Artículo 39', 'artículo 39', 'artículo 33', 'artículo 53', 'artículo 52', 'artículo 51', 'artículo 17', 'artículo 51']

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Truman 22 marzo 2005 , 18:53 ComeDonChisciotte Commenti disabilitati su El crimen de la guerra: de Nuremberg a Faluya 29 Viste
Traducción de Flavio Américo dos Reis
En septiembre, el secretario-general de la ONU, Kofi Annan, dijo a la BBC que la invasión estadounidense-británica del Irak había sido ilegal según el derecho internacional [1]. En la semana siguiente, él dedicó todo su discurso anual ante la Asamblea General al tema del derecho internacional, aseverando, “Debemos partir del principio que nadie está arriba de la ley, y que su protección no puede ser negada a nadie.” Entonces, ¿cuáles son las implicaciones de ello para la política estadounidense de hoy en adelante, en Irak y por doquier?
El secretario-general presumió lo que el mundo generalmente acepta, que el derecho internacional es legalmente compromisario sobre todos los países. En los Estados Unidos, sin embargo, se habla del derecho internacional de manera diferente, como una herramienta de la cual nuestro gobierno se pueda servir selectivamente para imponer su voluntad sobre otras naciones, o entonces algo a ser evadido cuando entra en conflicto con intereses estadounidenses suficientemente importantes. Para el gobierno de los lectores en los Estados Unidos, me siento entonces obligado a proemiar un examen del crimen de la guerra en Irak con un vistazo sobre el verdadero estado del derecho internacional, tanto en términos internacionales como en términos de nuestro propio marco nacional de derecho constitucional.
Cuando el presidente de los Estados Unidos firma un tratado y éste es ratificado por el senado estadounidense, nuestro país está asumiendo un compromiso solemne. La seriedad de tales compromisos está ejemplificada por los Tribunales de Crímenes de Guerra de Nuremberg, y tribunales subsiguientes, en los que líderes nacionales individuales han sido juzgados criminalmente responsables por las violaciones de tratados y, cuando declarados culpados, fueron condenados a largos términos de encarcelamiento o hasta a la horca. Bajo nuestro propio sistema constitucional, artículo VI, cláusula 2 de la Constitución de los Estados Unidos, también llamada la “cláusula de la supremacía,” otorga tratados internacionales el mismo pie de igualdad “supremo” con el derecho federal y la propia Constitución. La cláusula dice:
“Esta Constitución, y las Leyes de los Estados Unidos que serán promulgadas en el cumplimiento de la misma, y todos los Tratados firmados bajo la Autoridad de los Estados Unidos, serán la Ley suprema del país; y los Jueces de todos los Estados serán regidos por ella, no obstante cualquier Cosa en contrario en la Constitución o en las Leyes de cualquier Estado.”
Usted podrá visitar el sitio en la red del Departamento de Estado y ver una lista completa de los tratados internacionales a los que nuestro país es signatario bajo la rúbrica “Tratados en Vigor.” [2] Estos tratados pueden hacerse respetar por sistemas nacionales jurídicos en cada país, pero sin un sistema jurídico internacional para asegurar su cumplimiento universal, las verdaderas consecuencias de la violación del derecho internacional son a menudo políticas, económicas o diplomáticas, en vez de jurídicas. Como estamos descubriendo en Irak, estas consecuencias pueden ser sin embargo substanciales.
Es importante entender que los crímenes de guerra se dividen en dos clases: 1) crímenes de guerra relativos a la conducta en el campo de batalla; y 2) el emprendimiento de una guerra de agresión. Para esclarecer lo que era en aquel entonces un enfoque inédito sobre la segunda clase de crímenes de guerra, el Juzgamiento de Nuremberg incluyó la siguiente declaración:
“Las acusaciones en el indiciamento que los reos planearon y llevaron a cabo guerras de agresión son acusaciones gravísimas. La guerra es esencialmente mala. Sus consecuencias no se limitan únicamente a los estados beligerantes, mas afectan el mundo entero. Dar comienzo a una guerra de agresión, entonces, no se trata sólo de un crimen internacional; se trata del crimen internacional supremo, diferenciándose de los otros crímenes de guerra en que contiene dentro de sí el mal acumulado del todo.”
El tratado que proscribió el emprendimiento de guerras de agresión fue el Tratado General para la Renuncia de la Guerra, otrosí conocido como el Pacto Kellogg-Briand o el Pacto de París. Fue así llamado en homenaje a sus redactores, el secretario de estado estadounidense Frank B. Kellogg y el estadista francés Aristide Briand, y fue firmado por el presidente Coolidge en 1928 y debidamente ratificado por el senado de los Estados Unidos. Fue el resultado de una década de negociaciones y logros diplomáticos menores para impedir la guerra y que fueron motivados por el horror y la tragedia de la Primera Guerra Mundial. En 1932, el nuevo secretario de estado, Henry L. Stimson, hizo la siguiente declaración en cuanto a su significado:
“La guerra entre naciones fue renunciada por los signatarios del Tratado Kellogg-Briand. Ello quiere decir que se ha vuelto prácticamente por el mundo entero . . . cosa ilegal. De hora en adelante, cuando [naciones] estén trabando un conflicto armado, cualquiera de ellas o ambas deberán ser denominadas violadoras de esta ley-tratado general . . . Las denunciamos como infractoras de la ley.”
Las condenas de líderes alemanes en Nuremberg por el crimen del emprendimiento de guerras de agresión se basaron enteramente sobre el Pacto Kellog-Briand y en toda la historia de tratados menores que llevaron hasta su firma. Una vez más, cito el Juzgamiento de Nuremberg:
“La pregunta es, ¿cuál fue el efecto legal de este pacto? Las naciones que firmaron el pacto o se adhirieron a él, incondicionalmente condenaron el recurso a la guerra futura como un instrumento de política, y expresamente lo renunciaron. Después de la firma del pacto, cualquier nación valiéndose de la guerra como un instrumento de política nacional rompe el pacto. En la opinión del Tribunal, la renuncia solemne de la guerra como instrumento de política nacional necesariamente implica la propuesta de que tal guerra es ilegal según el derecho internacional; y que aquellos que planean y llevan a cabo tal guerra, con sus consecuencias inevitables y terribles, están cometiendo un delito al así hacer.”
En 1945, la Carta de las Naciones Unidas, artículo 2, cláusula 4, reiteró los principios del Pacto Kellogg-Briand, declarando simplemente, “Todos los miembros se abstendrán en sus relaciones internacionales de la amenaza o uso de la fuerza contra la integridad territorial o independencia política de cualquier estado.” Artículo 39 estableció la autoridad del Consejo de Seguridad para “determinar la existencia de cualquier amenaza a la paz, atentado contra el orden público, o acto de agresión” y para “decidir cuáles las medidas a ser tomadas.”
Se pidió a la Corte Suprema de los Estados Unidos que ésta decidiera en el caso Moira v. McNamara (1967) el caso de un objetante de conciencia que alegara que la guerra de los Estados Unidos contra el Vietnam era una guerra ilegal de agresión. En este caso, la corte citó solamente el Pacto Kellogg-Briand, artículo 39 de la Carta de las Naciones Unidas y el Tratado de Londres [que estableciera el Tribunal de Nuremberg contra los Crímenes de Guerra] como el cuerpo relevante del derecho internacional referente a los casos de guerra de agresión; sería entonces razonable examinar la legitimidad de la guerra en Irak basándose en aquellos mismos tratados.
George W. Bush ha evitado citar principios legales en defensa de la guerra, pero ha dado tres justificaciones casi-legales en momentos diferentes durante discursos políticos; entonces estos parecerían ser sus argumentos:
1. La autodefensa preventiva;
2. Cumplimiento de la resolución No 1.441 del Consejo de Seguridad, que amenazaba “consecuencias serias” al alegado rechazo del Irak a desarmarse;
3. Cumplimiento de resoluciones pasadas del Consejo de Seguridad, remontando a 1990.
Una combinación mutable de todos los tres ha funcionado bien para él ante la opinión pública estadounidense como una justificación política para la guerra, pero ¿será que cualquier de ellos justifica de hecho la guerra de acuerdo al derecho internacional?
En verdad existe un marco internacionalmente acepto en el ámbito del derecho internacional que justifica la acción militar “preventiva” o “preemptiva” [anticipadora], conocido como el Caso Caroline. En 1837, una insurgencia se desatara, no en Irak, pero en el Canadá. Un pequeño vapor de propiedad estadounidense llamado el Caroline estaba siendo usado para contrabandear insurgentes antibritánicos y cargamentos de armas a través del río Niágara. Cierta noche, fuerzas británicas atravesaron el río en pequeños buques y dieron ataque al Caroline mientras éste estaba atracado en la orilla estadounidense del río, matando a muchos de sus pasajeros y tripulantes, y prendiendo fuego al navío. Los ingleses entonces remolcaron el navío lejos de la playa y lo soltaron al garete hasta el navío despeñarse por las cataratas del Niágara abajo en un espectáculo de llamas.
Este episodio exaltó las pasiones bélicas de los dos lados de la frontera. Los estadounidenses lo encararon como un acto de agresión, mientras los ingleses mantuvieron que fuera un acto de autodefensa preventiva. El caso fue finalmente resuelto pacíficamente después de un intercambio de cartas entre el secretario de estado estadounidense Daniel Webster y el secretario del exterior británico, Lord Ashburton, durante el cual ambos países aceptaron el principio según el cual “El respeto por el carácter inviolable del territorio de naciones independientes es el más esencial cimiento de la civilización,” y que ello sólo puede ser legalmente suspenso por “una necesidad de autodefensa, instantánea, irresistible, y que no deje ninguna elección de medios y ningún momento para deliberación,” y que “el acto debe limitarse a esa necesidad, y mantenerse claramente dentro de ella.”
Este se volvió el marco internacionalmente reconocido para la acción militar “preventiva,” y fue citado como tal por los jueces en Nuremberg que se valieron de la fraseología precisa de Webster. Los reos alemanes en Nuremberg defendieron su invasión de la Noruega con motivos muy parecidos a aquellos citados por Bush hoy, alegando un razonable temor de que la Noruega se volviera una base para un ataque de los aliados contra la Alemania. Los jueces rechazaron este argumento, escribiendo que los planes para atacar la Noruega “no fueron hechos con el propósito de anticipar un desembarque aliado inminente, sino cuando mucho, para que pudieran prevenir una ocupación aliada en alguna fecha futura.” El Tribunal rehusó igualmente aseveraciones alemanas según las que “Sólo la Alemania podía decidir si la acción preventiva fuera una necesidad, y que al decidirse, su juzgamiento era conclusivo,” pronunciando que ello “debía estar sujeto en última instancia a investigación y enjuiciamiento, si es que el derecho internacional jamás fuera acatado.”
Fundamentándose en los principios establecidos por el caso Caroline y que fueron citados en Nuremberg, la autodefensa preventiva o preemptiva no fue una justificación legítima para invadir el Irak, que no representaba una amenaza inminente a los Estados Unidos. Los hechos que ningunas “armas de destrucción maciza” fueron encontradas, y que se desconfiara de su ausencia dentro del propio gobierno de los Estados Unidos, sólo sirven a demostrar el raciocinio válido a la raíz de estos principios.
La resolución No 1.441 fue aprobada por unanimidad por el Consejo de Seguridad de la ONU en noviembre de 2002 precisamente porque mantenía el Consejo de Seguridad firmemente encargado de la respuesta internacional a la crisis entre los Estados Unidos e Irak, y porque no autorizaba el uso de la fuerza. La resolución “recordaba” amonestaciones previas que Irak habría de enfrentar serias consecuencias caso continuara violando sus obligaciones, pero no amenazaba “todos los medios necesarios,” o cualquier otro término diplomático que implicara el uso de la fuerza militar.
Ello nos lleva a la historia integral de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU respecto al Irak. La resolución No 678 (1990) autorizara los “estados-miembros cooperando con el gobierno del Kuweit . . . a usar todos los medios necesarios para defender e implementar la resolución No 660 (1990) y todas las resoluciones subsiguientes, y a restaurar la paz y la seguridad internacionales en el área,” una autorización del uso de la fuerza militar virtualmente sin límites para restaurar la soberanía kuweitiana Esta autorización plenaria fue cancelada cuatro meses después, cuando la resolución del Consejo de Seguridad No 687 (1991) declarara un cese de fuego formal. A diferencia de Bush, el primer-ministro Blair se vio forzado a producir una justificación legal para la segunda guerra contra el Irak. Mientras su texto había sido mantenido bajo sigilo, se basaba aparentemente en el argumento frágil de que el alegado incumplimiento del Irak de otras provisiones de la resolución No 687 (1991) de Consejo de Seguridad podía ser visto como anulando el cese de fuego, de tal manera que todos los miembros aliados con el Kuweit 13 años antes pudieran ahora usar “todos los medios necesarios” contra el Irak de acuerdo con sus discreciones y con un propósito diferente.
El procurador-general de la Gran Bretaña Lord Goldsmith había inicialmente pronunciado que de acuerdo con el derecho internacional sería necesario una nueva resolución del Consejo de Seguridad que explícitamente autorizara la invasión del Irak. Cuando se volvió claro que no habría una, el Almirante Sir Michael Boyce, jefe del estado-mayor británico, dijo al primer-ministro que no podía mandar que sus tropas invadieran el Irak sin un documento escrito que declarara que ello fuera permitido según el derecho internacional. Sus fuerzas entonces tuvieron que esperar en limbo en la frontera entre el Irak y el Kuweit por cinco días hasta recibir un único párrafo de Lord Goldsmith, dándoles la luz verde, y el resto quedó para la historia. [4]
Ahora está claro que aquellos fueron cinco días muy raros para el gobierno británico, ya que nadie dentro del gobierno, ya sea en el gabinete del procurador-general o en el Ministerio del Exterior, estuviera presto a revertir el pronunciamiento previo. Finalmente se contornó el acorralamiento cuando Blair se dirigiera a un docente de derecho de la London School of Economics [Escuela de Economía de Londres], conocido por su favorecimiento de una guerra, para que redactara una nueva opinión que contradecía todos los peritos en derecho dentro del gobierno. Elizabeth Wilmshurst, la consejera diputada legal en el Ministerio del Exterior, se dimitió junto a dos de sus colegas, y desde entonces ha dado declaraciones públicas que la guerra es ilegal. [5]
Un sinnúmero de casos en la justicia han procurado desvendar la justificación secreta de Blair por la guerra. En uno de ellos, Katharine Gun, una delatora en el Cuartel General de Comunicaciones del Gobierno [GCHQ, la sigla en inglés] de la Gran Bretaña, filtró a la prensa un memorándum del gobierno que desencubrió el montaje de escuchas en los teléfonos de diplomáticos del Consejo de Seguridad por la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. La encarcelaron y la enjuiciaron bajo el Acta de Secretos Oficiales de la Gran Bretaña. Sin embargo, tan pronto como sus abogados anunciaron su intención de desafiar la legalidad de la guerra en su defensa y llamar Lord Goldsmith como testigo, el gobierno retiró su demanda contra ella. [6]
Un resumen del caso del gobienro fue revelado en una respuesta específica a una pregunta en el parlamento, y parece de hecho fundamentarse en la noción de una violación de la resolución del cese de fuego de 1991. Crucialmente, la “violación” en cuestión es la alegación específica que el Irak no había cumplido “su obligación de desarmarse.” Como el antiguo secretario del exterior Robin Cook escribiera en el periódico Guardian del 15 de octubre, “Hay una lógica e ineludible conclusión a esta cadena de raciocinio. Si el Irak había en realidad cumplido su obligación de desarmarse, no había ninguna autoridad legal para la invasión.”
Está claro que el peso del derecho internacional respecto a la agresión deja poca duda que nuestro país es culpable de un serio crimen internacional. Como estadounidenses, estamos pagando por este crimen con un aislamiento creciente de la comunidad internacional, y una creciente oposición a nuestros intereses estratégicos y económicos por el mundo afuera.
En el decurso del emprendimiento de esta guerra ilegal, los Estados Unidos han también violado provisiones específicas de otros tratados, en particular la Convención de Ginebra relativa a la protección de Personas Civiles en Tiempo de Guerra, también llamada la Cuarta Convención de Ginebra. Este tratado fue redactado en 1949, con el beneficio de la memoria reciente de las ocupaciones alemanas y japonesas de la Europa y del sudeste asiático, y muy específicamente repertoría y proscribe muchas de las tácticas que pueden ser usadas para doblegar una población civil a la voluntad de una fuerza militar de ocupación.
Por ejemplo, contiene reglas detalladas para impedir el abuso de detenidos y prisioneros; prohíbe represalias, intimidaciones y punición colectivas [artículo 33]; la destrucción de la propiedad [artículo 53]; la creación del desempleo [artículo 52]; y el reclutamiento de fuerzas locales armadas y auxiliares. [artículo 51] Sin embargo, los Estados Unidos han empleado todos estos métodos en el Irak, y Bush hasta citó el alistamiento y entrenamiento de fuerzas armadas para luchar al lado de las fuerzas estadounidenses o colocarlas como una pieza clave de su estrategia. La ilegalidad de tanto que los Estados Unidos están haciendo en Irak es una consecuencia directa de la ilegalidad de la propia ocupación, y una restauración de legitimidad sigue siendo el primer paso para resolver la crisis.
Así, si Bush aprovechara la oportunidad proporcionada por su dicha elección para buscar una nueva más racional y legítima política, ¿cuáles serían los pasos que el derecho internacional de hecho exigiría que él tomara? ¿Cómo prestaría él legitimidad a esta situación?
El gobierno de los Estados Unidos efectivamente ya pasó por una especie de parodia de lo que sería requerido en la forma de la resolución No 1.546 (2004) del Consejo de Seguridad de la ONU. Pero aunque esta resolución represente un esfuerzo de buena fe por parte de la comunidad internacional para celar por el bienestar del pueblo iraquí, y por su futuro político, frente a la determinación estadounidense a “perseverar en el rumbo,” ella sólo logró prolongar la guerra al haber fallado enfrentar la fundamental ilegitimidad de la posición estadounidense y británica.
El “Gobierno Interino del Irak” respaldado en la resolución no goza de credibilidad o apoyo popular dentro del Irak, y está encabezado por un declarado agente de la C.I.A, que fuera enviado con las fuerzas de invasión. La “fuerza multinacional” confiada con “la promoción de la seguridad y estabilidad” es la misma fuerza que desencadenó esta guerra en Irak en primer lugar y que continua a llevarla a cabo hoy. La condena del terrorismo en el artículo 17 no priva, y no puede legalmente privar la resistencia iraquí del derecho fundamental de resistir a la invasión y ocupación de su país que está garantizada por el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. Al rehusarse a entregar cualquier poder real a los representantes legítimos del pueblo iraquí o a la ONU, la administración Bush desperdició la legitimidad que buscó ganar con esta resolución así como tiempo precioso y muchas vidas más. La realidad en Irak es que los Estados Unidos han estado involucrados en una guerra inexitosa por 21 meses para ganar control del país, y que las operaciones militares de los Estados Unidos están matando a dos o tres veces más civiles iraquíes que la resistencia y los grupos “terroristas” foráneos juntos. [7] En todo caso, como agresores en este conflicto, los Estados Unidos y el Reino Unido son en última instancia responsables “por el mal acumulado del todo.”
La legitimidad no es algo que se pueda conjurar a partir de la ilegalidad o al hallarse la justa estrategia política o militar. El derecho internacional efectivamente nos obliga poner fin a nuestras operaciones militares ofensivas, y entregar la crisis que creamos al Consejo de Seguridad de la ONU sin prejuicio, no para lograr la aprobación de un nuevo plan estadounidense para el Irak, mas para que podamos retirar nuestras tropas, el Irak pueda recobrar su soberanía, y la ONU pueda brindar su asistencia en la necesidad o como sea pedida por los iraquíes. El papel contemporáneo legítimo de los Estados Unidos en este proceso sería el pago de reparaciones para habilitar el pueblo iraquí a recobrarse de la guerra y reconstruir su país.
La principal lección para la política estadounidense futura es que muchos diplomáticos y juristas que trabajaron tan arduamente para crear el cuadro actual del derecho internacional merecen nuestra más profunda deferencia y nuestro más profundo respeto. Nuestros antepasados nos legaron un código internacional jurídico que incorpora una gran sabiduría, forjada a partir de la experiencia amarga de tiempos por lo menos tan difíciles y peligrosos cuanto el nuestro. Podemos empezar a desenrollar esta espiral de incontrolable violencia reanudando nuestro propio compromiso con el derecho internacional, apoyando esfuerzos en pro del fortalecimiento del cumplimiento jurídico de sus provisiones en las cortes nacionales e internacionales, e insistiendo que abogados militares e internacionales sean consultados en la formulación de la política de defensa estadounidense.
1. “Iraq war illegal, says Annan,” BBC News, September 16, 2004
4. “War chief reveals legal crisis,” The Observer, March 7, 2004
5. “This week’s casualty: the legal case for war in Iraq,” The Guardian, October 15, 2004
6. “GCHQ case to be dropped,” The Guardian, February 25, 2004
7. “U.S. attacks, not insurgents, blamed for most Iraqi deaths,” Miami Herald, September 25, 2004
Recomiendo altamente el sitio web del Global Policy Forum at the United Nations para lectura suplemental sobre los crímenes de guerra en Irak.
http://www.onlinejournal.com/Special_Reports…
De : Flavio Americo dos Reis
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