Source: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14741
Timestamp: 2018-05-22 13:46:54
Document Index: 364748965

Matched Legal Cases: ['artículo 13', 'artículo 243', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'Artículo 2']

Sentencia C-656 de 2003 Corte Constitucional
Bogotá D.C., cinco (05) de agosto de dos mil tres (2003).
Al mismo tiempo, resolvió comunicar la iniciación del proceso al Presidente de la República, al Presidente del Congreso Nacional, al Ministerio de Justicia y del Derecho1 y al Departamento Administrativo de la Función Pública. De igual forma, de conformidad con el artículo 13 del Decreto 2067 de 1991, envió comunicación al Consejo Superior de la Judicatura Sala Jurisdiccional Disciplinaria y a los Departamentos de Derecho Público de las Universidad Nacional, Externado de Colombia, Rosario y Javeriana, a fin de que emitieran su concepto en relación con la demanda objeto de estudio.
4.2. Ministerio de Justicia y del Derecho2
Así entendida, la cosa juzgada constitucional, además de salvaguardar la supremacía normativa de la Carta, está llamada a garantizar la efectiva aplicación de los principios de igualdad, seguridad jurídica y confianza legítima de los administrados, pues, por su intermedio, se obliga al organismo de control constitucional a ser consistente con las decisiones que adopta previamente, impidiendo que casos iguales o semejantes sean estudiados y resueltos por el mismo juez en oportunidad diferente y de manera distinta."3
Así mismo ocurre, en principio, en los casos en los cuales la decisión adoptada en el fallo es de exequibilidad y la Corte no ha limitado el alcance de su decisión, por cuanto debe suponerse que en el estudio realizado se efectuó una confrontación de la norma demandada con todo el texto constitucional, salvo que con posterioridad la Corte manifieste lo contrario.4 En relación con la cosa juzgada absoluta en los casos de declaratoria de exequibilidad, la Corte precisó:
"(...)También puede ocurrir que cuando la Corte pese ha haber analizado en el texto de la providencia los cargos propuestos en una demanda no ha señalado expresamente el alcance limitado de sus efectos a esos determinados aspectos, debe entenderse que la adopción de la decisión ha estado precedida por un análisis de la norma impugnada frente a la totalidad de las normas superiores, dando lugar a que la providencia también esté amparada por la cosa juzgada absoluta, configurándose en tal hipótesis una suerte de "presunción de control integral". 5
"(...)Puede suceder igualmente que la Corte haya declarado la exequibilidad de una disposición legal solamente desde el punto de vista formal, caso en el cual la cosa juzgada operará en relación con este aspecto quedando abierta la posibilidad para presentar y considerar nuevas demandas de inconstitucionalidad por su contenido material; o bien puede acaecer que la Corte al declarar la exequibilidad de una norma haya limitado su decisión a un aspecto constitucional en particular o a su confrontación con determinados preceptos de la Carta Política, situación en la cual la cosa juzgada opera solamente en relación con lo analizado y decidido en la respectiva sentencia."6
Igualmente, en relación con la cosa juzgada constitucional la Corte ha precisado que, no obstante haberse aceptado que ésta pueda operar de manera relativa, la regla general es que la cosa juzgada sea absoluta y que por ello cuando opte por la primera deberá dejar expresa constancia de ello o encontrarse así implícitamente consagrado en la parte motiva de la sentencia. En este sentido la Corte ha advertido que es necesario aclarar en la sentencia que limita el alcance de la decisión, ya sea en la parte resolutiva o motiva de su providencia. En efecto, la jurisprudencia constitucional ha determinado que si el juez constitucional restringió los efectos de su declaratoria de exequibilidad en la parte resolutiva de la sentencia, se constituye una cosa juzgada relativa explícita, pero, si lo hace en los considerandos o la parte motiva, se presenta una cosa juzgada relativa implícita.7
En relación con la constitucionalidad condicionada, la Corte ha señalado que "esta medida de preservación jurídica, auspiciada por el principio de conservación del derecho y desplegada en torno a la interpretación armónica de la ley, evita la supresión graciosa de normas jurídicas, el consiguiente empobrecimiento de la normatividad así como propende al fortalecimiento del espíritu democrático mediante el respeto por la voluntad del legislador".8
Ahora bien, el condicionamiento de un fallo en el cual la Corte ha declarado la exequibilidad de una norma no incide en el carácter absoluto o relativo de la cosa juzgada, pues a menos que la providencia haga la respectiva salvedad, los efectos de la sentencia de constitucionalidad condicionada siguen sometidos a la regla general contemplada en el artículo 243 de la Constitución.9 En efecto, la Corte, en virtud a las posibles confusiones entre la cosa juzgada relativa y la constitucionalidad condicionada, ha aclarado que son instituciones distintas. Así, en la sentencia C-492 de 2000 hizo alusión a esta última en los siguientes términos:
"Primero, la interpretación según la cual el acto que ordena una prórroga es discrecional del funcionario representa un riesgo de arbitrariedad y discriminación constitucionalmente intolerable y comporta para el suspendido el deber de soportar una carga excesiva ¿ la suspensión sin derecho a remuneración hasta por nueve meses a voluntad del funcionario disciplinario competente ¿ de la cual no podría defenderse. Ello representaría una afectación desproporcionada de su derecho de defensa así como del derecho al mínimo vital. El suspendido tiene constitucionalmente el derecho a que cada prórroga de la medida cautelar reúna los requisitos que debe llenar el auto que decreta la suspensión provisional porque, de lo contrario, las cargas que recaen sobre el suspendido deberían ser soportadas irremediablemente por éste a voluntad del funcionario competente, lo cual es contrario al Estado Social de Derecho y al principio de proporcionalidad consustancial a éste.
Cabe recordar que las demandas de inconstitucionalidad deben cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 2º del Decreto 2067 de 1991. La Corte Constitucional al referirse al cumplimiento de los requisitos del artículo 2º del Decreto 2067 de 199110, ha precisado que al ciudadano le corresponde señalar detalladamente cuál es el objeto demandado, el concepto de la violación y la razón por la cual la Corte es competente para conocer del asunto. Y, en lo que respecta al concepto de la violación ha indicado que éste hace referencia al señalamiento de las razones por las cuales el accionante considera que el texto constitucional resulta vulnerado, requisito contenido en el numeral 3º del artículo 2º del Decreto 2067 de 1991.11
El cumplimiento de este último requisito supone que las razones expuestas por el demandante sean claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes. De lo contrario, la Corte terminará inhibiéndose, circunstancia que frustra "la expectativa legítima de los demandantes de recibir un pronunciamiento de fondo por parte de la Corte Constitucional"12.
"Los cargos que se formulen por un ciudadano contra una norma integrante del orden jurídico, para pedir a esta Corte que la declare inconstitucional, no pueden fundarse, entonces, en sus desarrollos específicos, ni referirse a su ejecución práctica o a los abusos que puedan cometerse por los operadores jurídicos en casos concretos. Puesto que el juicio de constitucionalidad implica la confrontación en abstracto entre el contenido de la disposición acusada y la preceptiva fundamental, las demandas que busquen su inexequibilidad deben aludir a ella en los mismos términos. La Corte, entonces, se declarará inhibida para resolver de fondo sobre las pretensiones de la demanda".13
1 Actualmente Ministerior del Interior y de Justicia
2 Actualmente, Ministerio de Justicia y del Interior.
3 Sentencia C-310 de 2002,. M.P. Rodrigo Escobar Gil
4 Pueden presentarse situaciones en las cuales a pesar de que la Corte no limitó el alcance de su declaratoria de exequibilidad, con posterioridad se prueba que el estudio de constitucionalidad no se efectuó mediante la confrontación de la norma acusada con la totalidad de la Constitución. Esto es lo que jurisprudencialmente se ha conocido como "cosa juzgada aparente".
5 Sentencia C-153 de 2002 M.P. Clara Inés Vargas Hernandez
6 " " " " " " " "
7 Ver, entre otras, las sentencias C-478 de 1998, C-153 y C-774 de 2001y C-310 de 2002.
8 Ver Auto 014 de 1999
9 Sobre la distinción entre cosa juzgada condicionada y relativa, pueden consultarse los Autos 283, 289ª y 290 de 2001.
10 Decreto 2067 de 1991: Artículo 2º. Las demandas en las acciones públicas de inconstitucionalidad se presentarán por escrito, en duplicado, y contendrán:
11 Ver entre otras, las sentencias C-142, C-898 y 1052 de 2001 y C-788 de 2002
12 Ver Sentencia C-1052 de 2001 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
13 Sentencia C-357 de 1997 M.P. José Gregorio Hernández Galindo