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Timestamp: 2019-01-21 12:06:21
Document Index: 24945114

Matched Legal Cases: ['artículo 45', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 6', 'artículo 45', 'in fine', 'artículo 17', 'artículo 2', 'artículo 45', 'artículo 45', 'artículo 47', 'artículo 16', 'artículo 1', 'artículo 47', 'artículo 1', 'artículo 6', 'artículo 2', 'artículo 45', 'artículo 2', 'artículo 6', 'artículo 45', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 157', 'artículo 157', 'artículo 45', 'artículo 2']

Proyecto de ley que incentiva la inclusión de personas en situación de discapacidad al mundo laboral
INCENTIVO A INCLUSIÓN LABORAL DE DISCAPACITADOS Y ESTABLECIMIENTO DE RESERVA LEGAL DE EMPLEOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Sesión 57ª, en martes 25 de octubre de 2016
(De 16:23 a 18:18)
PRESIDENCIA DE SEÑORES RICARDO LAGOS WEBER, PRESIDENTE, Y FRANCISCO CHAHUÁN CHAHUÁN, PRESIDENTE ACCIDENTAL
El señor LAGOS (Presidente).- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que incentiva la inclusión de discapacitados al mundo laboral y modifica la ley N° 20.422, para establecer la reserva legal de empleos para personas con discapacidad, con segundo informe de la Comisión de Trabajo y Previsión Social y urgencia calificada de "suma" (boletines Nos 7.025-31 y 7.85513, refundidos).
--Los antecedentes sobre el proyecto (7.025-31 y 7.855-13, refundidos) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 48ª, en 11 de septiembre de 2012.
Trabajo y Previsión Social: sesión 9ª, en 14 de abril de 2015.
Trabajo y Previsión Social (segundo): sesión 54ª, en 11 de octubre de 2016.
Sesiones 10ª, en 15 de abril de 2015 (se aprueba en general); 55ª, en 12 de octubre de 2016 (queda para segunda discusión en particular).
El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- Cabe recordar que esta iniciativa fue aprobada en general por el Senado en su sesión de 15 de abril de 2015.
La Comisión de Trabajo y Previsión Social deja constancia, para los efectos reglamentarios, de que no hay artículos que no hayan sido objeto de indicaciones ni de modificaciones.
Dicho órgano técnico efectuó diversas enmiendas al texto despachado en general, las cuales fueron aprobadas por unanimidad, con excepción de dos de ellas, que solo lo fueron por mayoría de votos, por lo que serán puestas en discusión y votación oportunamente.
Las enmiendas unánimes deben ser votadas sin debate, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador manifieste su intención de impugnar la proposición de la Comisión respecto de alguna de ellas o existan indicaciones renovadas. De las enmiendas unánimes, la recaída en el artículo 45 de la ley N° 20.422, que es reemplazado por la letra b) del artículo 1° del proyecto, requiere para su aprobación 21 votos favorables, por tener el carácter de norma orgánica constitucional, mientras que aquella consistente en agregar un párrafo sexto a la letra g) del artículo 2° de la ley N° 16.395, por el artículo 6° del proyecto, debe ser aprobada con 19 votos favorables, por tratarse de una norma de quorum calificado.
El señor LAGOS (Presidente).- La vez anterior se pidió segunda discusión y el proyecto está en su etapa de debate en particular.
Para empezar, podríamos votar las enmiendas unánimes con rango de ley común.
El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- El señor Presidente propone aprobar, sin debate, las enmiendas unánimes propias de ley común, dejando pendientes las enmiendas unánimes que requieren quorum especial, para a continuación pronunciarse sobre las modificaciones aprobadas por mayoría de votos.
El señor LAGOS (Presidente).- Entonces, si no hubiera objeción, se darían por aprobadas las enmiendas unánimes con rango de ley común.
--Quedan aprobadas.
El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- En seguida, corresponde que la Sala se pronuncie, también sin debate, sobre las enmiendas unánimes que requieren quorum especial y que constan en las páginas 10, 24 y 25 del texto comparado.
En la página 10 figura el artículo 45 de la ley N° 20.422, norma de ley orgánica constitucional que requiere para su aprobación 21 votos favorables.
El señor LAGOS (Presidente).- Me ha pedido la palabra la Senadora señora Adriana Muñoz.
La señora MUÑOZ.- Sí, señor Presidente, para dar un informe del trabajo de la Comisión, pero, como usted ya inició la votación particular, no tiene sentido que lo haga.
El señor LAGOS (Presidente).- Sin perjuicio de ello, de todas maneras podría entregar su informe.
Tiene razón, estamos en la discusión particular y deberíamos proceder derechamente a votar, pero este es un proyecto tremendamente importante y le agradecería que hiciera su exposición para poner en contexto la votación, no solo para nosotros, sino también para quienes están siguiendo la transmisión del canal del Senado.
Ahora bien, antes de eso, quiero pedir la autorización de la Sala para permitir el ingreso de la Subsecretaria de Evaluación Social, Heidi Berner.
El señor LAGOS (Presidente).- Muy bien.
Senadora Muñoz, la escuchamos.
La señora MUÑOZ.- Señor Presidente, nos parece pertinente informar porque el proyecto que hoy día tenemos sobre nuestros escritorios sustituyó el texto aprobado en general por la Sala por uno que, principalmente, modifica la ley N° 20.422, sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, y el Código del Trabajo.
En lo que respecta a la ley N° 20.422, se amplía la obligación para los procesos de selección de personal, de elegir preferentemente, en igualdad de condiciones de mérito, a personas con discapacidad, tanto al Tribunal Constitucional como al Servicio Electoral, a la Justicia Electoral y demás tribunales especiales creados por ley. En el texto vigente ya se aplica dicha obligación a la Administración del Estado, a las municipalidades, al Congreso Nacional, a los órganos de la administración de justicia y al Ministerio Público.
Además, y a propósito de las instituciones ya mencionadas, se dispone la obligación, para aquellas que tengan una dotación anual de 200 o más funcionarios o trabajadores, de que al menos un 1 por ciento de esa dotación sean personas con discapacidad o asignatarias de una pensión de invalidez en cualquier régimen previsional.
Si tales entidades no pudieran dar cumplimiento a la obligación del 1 por ciento, deberán remitir un informe fundado a la Dirección Nacional del Servicio Civil y al Servicio Nacional de la Discapacidad. Si se trata del Congreso Nacional, del Poder Judicial, del Ministerio Público, de la Contraloría General de la República, del Banco Central, del Tribunal Constitucional, de las Fuerzas Armadas y de Orden, del Servicio Electoral, de la Justicia Electoral o demás tribunales especiales, serán sus propios órganos los que deberán dictar las normas para dar cumplimiento a las obligaciones.
Por su parte, en el Código del Trabajo se consagra un nuevo artículo que obliga a las grandes empresas, esto es, a las que tuvieren contratados doscientos trabajadores o más, a mantener o a contratar al menos 1 por ciento de personas con discapacidad o que sean asignatarias de una pensión de invalidez de cualquier régimen previsional, con relación al total de sus trabajadores.
El empleador podrá excusarse, por un período de doce meses, de la antedicha obligación, para lo cual deberá remitir un informe fundado a la Dirección del Trabajo, con copia al Servicio Nacional de la Discapacidad, y ese organismo deberá pronunciarse acogiendo o rechazando la presentación.
Asimismo, se introduce otro artículo nuevo al Código del Trabajo, cuya finalidad es establecer un cumplimiento alternativo de la obligación del 1 por ciento por los dos primeros años desde que le sea exigible al empleador.
Para ello, el empleador podrá ejecutar una o dos medidas consistentes en, primero, celebrar contratos de adquisición de bienes o servicios con empresas que tengan contratadas personas con discapacidad o asignatarias de una pensión de invalidez y, segundo, celebrar convenios de transferencia con fundaciones o corporaciones sin fines de lucro, cuyo objeto social sean la capacitación y la inserción laboral de las personas que se busca beneficiar con la presente iniciativa.
Cabe resaltar que se sustituye el inciso tercero del artículo 17 del Estatuto Administrativo, el cual prohíbe actos de discriminación arbitraria en lo relativo a la igualdad de oportunidades o trato en el empleo. Este texto recoge el contenido del artículo 2º de la ley N° 20.609, conocida como "Ley Zamudio", ya que comprende de mejor manera las causales que configuran actos discriminatorios, especialmente en lo que atañe al objetivo principal del proyecto.
Tal como usted, señor Presidente, y el señor Secretario han explicado, las enmiendas contaron con la aprobación unánime de los integrantes presentes de la Comisión, salvo dos de ellas.
La primera se refiere al límite de edad para celebrar el contrato de aprendizaje con las personas que sufren discapacidad.
La segunda propone la derogación del artículo sobre el contrato de trabajo de las personas con discapacidad mental, mediante el cual se permite una diferenciación en su remuneración.
Ambas materias serán, por cierto, fundamentadas por los colegas que manifestaron su abstención.
El señor LAGOS (Presidente).- Muchas gracias por su informe, Su Señoría. Tiene la palabra el Senador señor Prokurica.
El señor PROKURICA.- Señor Presidente, entiendo que estamos analizando en particular el nuevo artículo 45 de la ley Nº 20.422, que figura en la página 10 del comparado.
Agradezco el informe que nos ha entregado la Presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, quien nos ha iluminado sobre el proyecto, pues me parece interesante discutirlo.
Yo voy a votar a favor de esta iniciativa, porque considero que representa un avance con relación a la deuda que como país tenemos con los discapacitados.
De hecho, como Diputado presenté un proyecto de ley en la misma línea para establecer tal obligación en la Administración Pública, que es el lugar donde mayor deuda tenemos en esta materia, porque en el sector privado -en restoranes, en hoteles, en las empresas telefónicas- hay muchos discapacitados trabajando.
Es en la Administración del Estado donde tenemos este problema.
Quiero dejar constancia de mi opinión respecto del inciso primero del artículo 45 antes mencionado, pues el criterio usado en este proyecto es que los órganos del Estado "seleccionarán preferentemente, en igualdad de condiciones de mérito, a personas con discapacidad".
Creo que bajo dicha fórmula es difícil que los discapacitados queden en esos puestos de trabajo, a diferencia de lo que ocurriría con la que planteamos en su oportunidad con el Senador Chahuán, mediante una iniciativa que presentamos aquí -ignoro si fue recogida-, con el objeto de...
La señora RINCÓN (Ministra del Trabajo y Previsión Social).- Sí lo fue, Su Señoría.
El señor PROKURICA.- Me dice la señora Ministra del Trabajo que se recogió en la historia de los proyectos presentados sobre esta materia.
A mí me parece que el criterio utilizado en esta iniciativa bajo la fórmula de que los órganos del Estado "seleccionarán preferentemente, en igualdad de condiciones de mérito, a personas con discapacidad" va a ser, quizás, poco eficiente.
Lo que nosotros hemos planteado es la existencia del cupo de 1 por ciento para que los discapacitados compitan y sean seleccionados aquellos que demuestren más méritos o mejores condiciones, pero no dentro de un concurso con personas que tengan plena capacidad.
¿Por qué? Porque al empleador o al funcionario público que tome la decisión en la práctica no le va a convenir esa opción o no la va a considerar.
En consecuencia, pienso que sería mucho más claro y más justo con los discapacitados utilizar el criterio que he descrito y no el que se está tomando.
El señor LAGOS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Letelier.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, estimados colegas, considero en lo personal que esta es una sesión histórica.
Creo que llegar a votar este proyecto en una discusión particular en el Senado marcará un antes y un después respecto a la inclusión efectiva de personas con capacidades distintas en nuestra sociedad.
No cabe duda de que la principal reivindicación de las personas con discapacidad y de sus familiares es que la sociedad los incorpore a un desarrollo integral.
El trabajo es una condición propia del ser humano, propia de nuestra especie, y el que una persona con capacidades distintas tenga la posibilidad de integrarse es lo que hace la diferencia entre la autonomía o no de esa persona; hace la diferencia en su salud mental; hace la diferencia dentro de la sociedad en que vivimos.
En segundo término, quiero explicar brevemente que el artículo en comento establece dos situaciones.
Una -y me refiero a la norma en particular- es que, ante la igualdad de condiciones de mérito, se debe elegir a la persona discapacitada o con capacidades distintas. Y, además, las reparticiones públicas deben asegurar un mínimo de 1 por ciento de ellas cuando el organismo pertinente tenga contratadas a más de 200 personas.
No es una u otra, como pudo haber entendido el Senador Prokurica, quien me antecedió en el uso de la palabra.
En consecuencia, aquí hay dos situaciones.
Siempre hay un cupo mínimo de 1 por ciento. Algunos queríamos que fuera más. El proyecto tal como indicó la Senadora Muñoz- contiene un artículo sobre la evaluación que se debe hacer para determinar si es factible aumentar ese porcentaje a futuro. Partimos con el 1 por ciento en los lugares donde hay más de 200 personas contratadas y ese es un porcentaje garantizado por ley.
Sin perjuicio de lo anterior, aunque se cumpla ese cupo en la Administración Pública y existan personas ya contratadas, si en un concurso existe igualdad de méritos deberá priorizarse a la persona con discapacidad.
Esta es la primera vez que se establece en el Estado la discriminación positiva en forma explícita.
Yo quiero saludar aquello, porque me parece un hecho histórico.
Por último, con relación a esta modificación, quiero puntualizar que el tema de la igualdad de condiciones de mérito lo discutimos mucho -¡mucho!- con el Ministerio de Desarrollo Social, sobre todo con la Subsecretaria, pues el concepto inicial era distinto: no se refería al mérito, sino a personas idóneas. Y ese, a mi juicio, era un criterio inadecuado.
Lo que sí sabemos, señor Presidente, es que en los lugares que incorporan a personas con capacidades distintas el clima laboral cambia, la productividad -todos los estudios así lo indican- aumenta y se genera una relación más humana al interior de ellos.
Con respecto a la productividad de las personas con capacidades distintas, cabe precisar que estas cuidan bastante más su trabajo; se entregan en forma incondicional y con mayor frecuencia que aquellas que gozan de plenas capacidades.
Por ende, se fija una norma destinada al sector público -aquí no hay excepciones mayores; solo se establece la exclusión de las Fuerzas Armadas y se propone que en ese ámbito los cupos únicamente sean para el personal civil-, mediante la cual se consagra -quiero dejar constancia de esto a los efectos de la historia de la ley- que en ciertas situaciones, si no es posible contratar a personas con discapacidad por sus limitaciones, dicho incumplimiento "sólo podrá fundarse en razones relativas a la naturaleza de las actividades que desarrolla, no contar con cupos disponibles en la dotación de personal y falta de postulantes que cumplan con los requisitos correspondientes.".
Yo quiero recordar, señor Presidente, para efectos de la historia de la ley, que no tener cupos disponibles en la dotación del personal afecta a los contratados a honorarios por los servicios y no se limita a quienes tienen contratos como titulares o se encuentran a contrata. Lo menciono, de forma tal que se entienda que el sector público siempre está obligado a incluir a lo menos el 1 por ciento cuando se trate de servicios con más de 200 funcionarios.
Vamos a votar a favor de este primer artículo.
La señora PÉREZ (doña Lily).- Señor Presidente, me encanta este proyecto, considero muy importante que lo aprobemos. Me gusta además que en su texto -como dijo quien me antecedió en la palabra- derechamente hablemos de la discriminación positiva de consagrar legalmente, a través de una norma, la obligación de que los empleadores incorporen a estas personas.
Y quiero cambiar el término que algunos han ocupado aquí: no son discapacitados, son personas con capacidades diferentes. Cuando se las trata como discapacitadas, con ese término en sí mismo estamos haciendo una tremenda discriminación.
Por lo tanto, creo que las personas con capacidades diferentes tienen aptitudes innatas para enfrentar una serie de oficios, trabajos y de responsabilidades cada día incluso más complejas.
Quiero decir además, señor Presidente, que a mí, en lo personal, esta iniciativa me llega de manera muy fuerte.
Cuando era concejal por La Florida presenté un proyecto al concejo de la municipalidad, que lo respaldó, con el objeto de generar una asociación público-privada de inclusión de mujeres con discapacidad para que trabajaran en el mall Plaza Vespucio en el sector de comidas. Esto dura hasta el día de hoy, y es uno de los mayores orgullos de mi trabajo en el servicio público.
Considero que, en la medida que logremos hacer obligatorio en el sector público emplear a personas con algún tipo de discapacidad y logremos asociarnos con el sector privado en una alianza público-privada para que también las incorpore, daremos un salto hacia delante para convertirnos en un país más respetuoso, más digno y más desarrollado.
Así que, obviamente, votaré a favor de este proyecto.
El señor HARBOE.- Señor Presidente, ¿podría abrir la votación?
El señor LAGOS (Presidente).- Sí, se podría.
El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, la verdad es que como aquí han dicho quienes han intervenido esta es una muy buena iniciativa, y sobre todo muy justa, porque lo que estamos tratando de hacer es incluir a gente que hoy día está marginada de la vida laboral, pues no hemos habilitado y posibilitado las condiciones para que se desenvuelvan en ella, a pesar de tener algún tipo de limitación relacionada con cuestiones de motricidad física o de otra naturaleza, y en algunos casos incluso mental, que no siempre los inhabilita para desempeñarse laboralmente en nuestra sociedad, la cual no está construida con ese propósito.
En esta iniciativa de origen parlamentario participaron varios Diputados y ex Diputados: Andrea Molina, Claudia Nogueira, Marisol Turres, Mónica Zalaquett, Gustavo Hasbún, Patricio Melero, Jorge Sabag, Felipe Ward, Miodrag Marinovic, Gonzalo Uriarte, por un lado; y luego, María Angélica Cristi, María Antonieta Saa, Fuad Chaín, Fidel Espinoza, Carlos Abel Jarpa, Víctor Torres, Enrique Accorsi, en fin.
Los nombro porque creo que ellos han recogido un sentimiento muy transversal, y nosotros en la Comisión de Trabajo, con la participación muy activa de los Ministerios del Trabajo y de Desarrollo Social, pudimos revisar largamente este texto.
La Presidenta de dicho órgano técnico explicó sus detalles, y considero que en esta materia definir cuál es el mejor mecanismo para asegurar esta inclusión siempre será motivo de debate.
Aquí existen otras experiencias, a las cuales accedimos a través de la presencia de un experto en su minuto, que nos hablan de los mecanismos de incentivo para lograr esta inclusión. Es posible que eso funcione bien o mejor; no lo sé. Esta es una alternativa también. Y me parece razonable que el 1 por ciento en la empresa pública, en distintos órganos del Estado, y en empresas de más de 200 personas se incorpore a esto.
Más que tomar un partido final, hemos tomado partido por este proyecto de ley.
En un minuto dado se pensó en una fórmula distinta y se conversó en la Comisión y con el Ejecutivo, y finalmente se optó por este camino. Pero con una consideración, que vale la pena mencionar y subrayar: la iniciativa incluye una disposición que obliga a evaluar el funcionamiento de esta definición cada cuatro años.
Pienso que eso va a ser muy determinante en general en esta iniciativa.
Cada cuatro años se evaluará si ha funcionado, cómo lo ha hecho, cuáles han sido sus logros y sus fracasos. ¿Por qué? Porque -como se dice- esto puede ayudar; pero, a lo mejor, no es lo suficientemente eficaz para lograr el objetivo.
Hoy día tenemos un porcentaje de personas con discapacidad inactivo que en algunos casos alcanza al 75 por ciento, cuando se trata de discapacidades severas; pero en las menos severas se llega a 31, y en las de leve a moderadas a 34 por ciento. Es decir, tenemos distintos niveles de éxito en la inclusión.
No obstante, mucha gente queda fuera de este mercado. Y debemos hacer un esfuerzo para incorporarlos.
Asimismo, debemos evaluar si funciona o no este sistema. No tenemos por qué pensar que continuará en el futuro. A lo mejor, podemos desarrollar de aquí a ese entonces sistemas de incentivos y otros que, aprovechando la experiencia externa, nos ayuden a ir mejorando.
El punto es que el país adopta el compromiso formal de incorporar a personas en esta situación de discapacidad a fin de que realmente puedan ser parte del mundo laboral.
Creo que esta es una muy buena iniciativa en tal sentido. Repito: no tengo la capacidad para decir que es la mejor, que es la única buena, la única posible. Pero sí nos resguardamos de que una disposición de evaluación transitoria quedara en forma permanente, porque así iremos avanzando en la evaluación de nuestro proceso.
Esta no es una mala idea. Yo recuerdo que el Vaticano siempre nombra a las autoridades y establece los reglamentos por períodos de tres o de cinco años, ya que así se va revisando.
Por eso, aprobaremos esta disposición con mucho entusiasmo.
El señor LAGOS (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Bianchi.
El señor BIANCHI.- Señor Presidente, por supuesto que vamos a votar favorablemente este proyecto de ley, pero haciendo ver algunas aprensiones.
¿Por qué se llega al 1 por ciento? ¿Cómo se llega a ese 1 por ciento? Claro, hay experiencias de otros países que efectivamente tienen este porcentaje; no obstante, existen otros que llegan hasta el 5 por ciento.
Entonces, yo quiero entender que estamos partiendo, estamos comenzando, y desde esa óptica el Ministerio, el Gobierno, concluyeron que, por de pronto, para el sector público correspondía ese 1 por ciento.
Sin embargo, es insuficiente, señor Presidente.
Hoy día -querámoslo o no- las personas con capacidades distintas, mujeres y hombres profesionales, son muchísimos; y en ellos reconocemos el esfuerzo, las capacidades y fundamentalmente los deseos de desarrollarse en el aspecto humano, en el aspecto profesional, en el aspecto laboral.
Yo escucho algunas intervenciones y digo: "Mire, qué buena oportunidad se le está dando al mundo de las personas con capacidades distintas".
Quiero corregir eso, y que se señale:¡Qué bueno para quienes trabajan en el sector público! ¡Qué bien les va a hacer que ingresen personas que están donde están luego de un enorme esfuerzo, ya sea en el período durante el cual les tocó estudiar, ya sea en el período en que se desarrollaron profesionalmente!
Y, sobre la base de las experiencias que conozco en la Región de Magallanes y en muchos otros lugares del país, puedo decir que ellas hacen una enorme contribución, un tremendo aporte y no solo en el ámbito laboral, donde el contar con personas con extraordinarias otras capacidades contribuye al clima de trabajo y a la formación de nuevos liderazgos.
Así que, tratándose de esta dimensión, señor Presidente, considero que lo propuesto va a oxigenar muchísimo el sector público. Alguien dijo: "es bueno que estos ejemplos vayan al sector privado". Es al revés. En el sector privado hace rato -¡hace rato!- que se vienen abriendo espacios, porque hay muchas experiencias de organizaciones que han logrado colocar a las personas con capacidades distintas en las empresas. Y recién lo ha entendido el ámbito público, que ahora les da una oportunidad al establecer la obligación de que ingrese un uno por ciento de ciudadanos con esas capacidades.
Siento que esto representa una enorme oxigenación. Creo que va a ser una gran contribución, y me alegro, porque uno veía con indignación cómo personas que habían superado todas las barreras (podría colocar ejemplos con nombre y apellido) de la educación, que luego se perfeccionaron, se hicieron profesionales, no eran consideradas. Y se trata de gente para la cual el hecho de desplazarse significaba una dificultad que ninguno de nosotros podría superar. ¡De eso estamos hablando!
Y, sinceramente, pienso que estas personas serán una enorme contribución a la actividad del sector público.
Por eso, deseo -y acá están la Ministra del Trabajo y el Ministro de Desarrollo Social- que no nos quedemos con el uno por ciento. Esta cifra no da cuenta de todos los profesionales (jóvenes, mujeres y hombres) que tienen el deseo de entrar al mundo de lo público, al mundo de lo privado.
¡Están las capacidades, las ganas, los deseos; no está la oportunidad!
Ahora hay una pequeña oportunidad.
Una última reflexión, señor Presidente: las pensiones, los salarios. Porque con esta gente, además, existe el abuso de que muchas veces se les paga menos por una misma función. Es como si se les estuviera dando una oportunidad: ¡qué espantosa mirada, qué pobre mirada, qué penosa mirada!
La igualdad de condiciones, sin lugar a dudas, es algo deseable.
Anuncio que votaré favorablemente el proyecto de ley y dejo en claro que se requiere avanzar como país en pensiones mucho más justas para personas con discapacidad o con capacidades distintas.
El señor LAGOS (Presidente).- Lo que pasa, señor Senador, es que puedo abrir la votación y darles la palabra a los cinco Senadores que falta que intervengan. Pero después hay otra votación, y otra, y otra...
Además, no existe unanimidad para tal efecto.
La señora GOIC.- Señor Presidente, a mí me gustaría partir también por hacer un comentario general acerca de este proyecto, que ha sido objeto de una larga tramitación.
En primer término, cabe recordar que aquí se están refundiendo mociones que venían de la Cámara de Diputados. Las presentamos hace varios años junto a un grupo de colegas y obedecen a una discusión que intencionamos y que ha costado sacar adelante.
Tenemos que coincidir en lo importante que es hoy día la indicación sustitutiva del Ejecutivo. Destaco el respaldo del Gobierno para hacer de este un tema prioritario.
Valoro, asimismo, que se pueda trabajar con mucha generosidad en todas las mociones presentadas, tomando aquellos aspectos que se complementaban y que permiten ahora presentar un buen proyecto, que no solo contempla el uno por ciento como cuota de incorporación en empresas de más de 200 trabajadores, en el ámbito público y privado, sino también medidas de cumplimiento alternativo en aquellas empresas donde, por un tiempo, se establece que se deben realizar adecuaciones para poder incorporar a trabajadores con capacidades diferentes o implementar una fórmula que incentive la contratación de personas que, tal como se ha señalado acá, habitualmente no han sido miradas dentro del mercado laboral de una forma en que puedan aportar desde sus potencialidades, desde su expertise.
Se eliminan, además, discriminaciones que no tienen justificación en la actualidad. Algunas de las mociones también apuntaban a ese aspecto, a discriminaciones arbitrarias que no se condicen con el avance que ha habido en la mirada de los derechos de las personas con capacidades distintas. El que ya no se les pueda entregar una remuneración inferior al ingreso mínimo, tal como lo establecimos en su momento con las trabajadoras de casa particular, parece de toda justicia.
De alguna manera, nosotros buscábamos -es parte del debate que sostuvimos en la Comisión de Trabajo- ir un poquito más allá respecto del porcentaje. Uno dice "este es un primer paso", un primer paso que tiene la importancia de consolidarse como la primera piedra para ir cambiando las lógicas con las cuales se incorpora a personas con capacidades distintas en el mercado del trabajo: desde la valoración hasta entender que aportan no solo en el puesto de trabajo, sino también al equipo. Y eso es algo que se ha rescatado en la literatura, en los estudios, pero sobre todo en las experiencias concretas. Es destacable el rendimiento que exhiben, el compromiso con el puesto de trabajo, con las tareas específicas, pero también es digno de ver cómo se genera algo muy beneficioso y muy positivo en los propios equipos y que, al final, igualmente aporta a la productividad, así como a mejores ambientes laborales.
En suma, esperamos que el proyecto de alguna manera sea parte de los elementos que permitan ir transformando nuestra cultura en una cultura de inclusión.
Deberemos hacer una evaluación, tal como se planteó en la discusión y queda contemplado en el texto, que nos permita ir avanzando en mejores medidas de readecuación de los espacios de trabajo o de intermediación laboral, que faciliten el encuentro entre las necesidades de la empresa, del puesto de trabajo específico y la persona. Ello forma parte del desafío que perseguimos y que va, por supuesto, mucho más allá de la ley en proyecto.
De todas maneras, considero que este es un avance significativo, histórico, importante. Lo reafirmábamos así hace algunas semanas en Punta Arenas en un encuentro con los consejos comunales y regionales de discapacidad, que se generó a nivel nacional, donde además se ha trabajado mucho con el ámbito privado.
En seguida, ampliar el objetivo a aquellas personas que perciben una pensión de invalidez es un paso relevante respecto de la readaptación profesional. Quienes enfrentan un accidente, una enfermedad y quedan con una discapacidad pueden seguir aportando, no son desechados. Eso tiene que ver con dignidad.
El proyecto va a aportar a la incorporación de esas personas al mundo laboral. Y lo hará insisto- desde una perspectiva de derechos, de integración, de valoración, de acción positiva respecto de ciudadanos que hasta el día de hoy estaban invisibilizados, postergados y muchas veces discriminados.
El señor LAGOS (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Quinteros.
El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, sin duda que el presente proyecto está llamado a provocar un efecto profundo en la sociedad chilena, porque obligará tanto al sector público como a buena parte del sector privado a revisar la forma como integra laboralmente a las personas con discapacidad.
En la actualidad, prima la exclusión y la invisibilidad de los discapacitados en el mundo del trabajo.
En las familias, en cambio, la discapacidad de alguno de sus integrantes marca muy profundamente la vida del resto. Esta experiencia llega a determinar los valores, las costumbres y hasta la forma de vida del grupo familiar.
Pero esta experiencia personal que repercute tan fuertemente en el ámbito familiar, pasa inadvertida en la vida laboral, pues en la mayoría de las empresas no hay ningún tipo de inclusión hacia los discapacitados.
Lo anterior cambiará con la aprobación de este proyecto de ley, porque en adelante la discapacidad dejará de ser solo un tema que se discuta puertas adentro de la casa. Se incorporará también a la vida cotidiana de las empresas y de los servicios públicos que pasen a integrar discapacitados dentro de sus dotaciones.
¡Qué duda cabe que esto provocará un cambio cultural importante!
Por eso, apruebo con entusiasmo este proyecto, sobre todo con las indicaciones presentadas por el Ejecutivo en la discusión en particular, que agregaron nuevas disposiciones en diferentes ámbitos.
Así, por ejemplo, se aumentaron las hipótesis de discriminación que prohíbe expresamente el Estatuto Administrativo, lo que me parece muy necesario.
Sin embargo, debo hacer una prevención: la disposición solo afecta al estatuto que rige a la Administración Pública central, en circunstancias de que existen varios cuerpos legales vigentes, como el estatuto administrativo municipal, que no se han visto modificados por esta norma.
Por otra parte, en esta misma materia, debe tenerse presente que los diferentes estatutos contemplan como requisito para ser funcionario público contar con salud compatible con el cargo. Esta declaratoria hoy depende de una certificación médica y podría excluir injustificadamente la incorporación de personas con discapacidad en diferentes servicios públicos.
Por de pronto, creo que la permanencia de este requisito de salud compatible para el cargo no puede ser interpretada o aplicada de manera de hacer ineficaz las disposiciones de este proyecto.
Con todo, me parece necesario discutir en otra iniciativa de ley la mantención de este requisito, que pudo tener sentido en otra época pero que hoy no se justifica de ninguna manera.
Por último, quiero llamar la atención sobre una situación que me planteó la Agrupación Esperanza de Inclusión de la comuna de Purranque, y que se refiere a la pérdida de la pensión básica solidaria de invalidez para los beneficiarios que ingresan al mundo laboral.
Hoy día esta pensión la reciben los mayores de 18 años que han sido declarados inválidos y que integran un grupo familiar perteneciente al porcentaje más pobre del país y asciende a 93 mil pesos mensuales, aproximadamente.
Sería un verdadero desincentivo que aquellas personas beneficiarias de esta pensión dejaran de percibirla producto de su esfuerzo por incorporarse al trabajo y tener otro ingreso para poder satisfacer sus necesidades y las de su grupo familiar.
Además, sería injusto, porque normalmente estos empleos son transitorios.
Creo necesario, entonces, que se revise la normativa aplicada a estos casos, para que no se produzca la situación indeseada descrita con este beneficio u otros a los que pudieran tener derecho las personas con discapacidad.
Voto a favor del proyecto y destaco especialmente la voluntad de la Presidenta de la República, pues ha incorporado indicaciones que permitirán que esta normativa tenga un efecto práctico muchísimo mayor en beneficio de la población con capacidades diferentes que está en condiciones de trabajar e incorporarse al sector activo, pero que ha sido históricamente postergada y excluida de la vida laboral.
El señor LAGOS (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Muñoz.
La señora MUÑOZ.- Señor Presidente, todos los integrantes de la Comisión de Trabajo hicimos la reflexión sobre la enorme responsabilidad que tenemos al definir normas y establecer un marco regulatorio desde este Parlamento para personas que viven con discapacidad o que poseen capacidades diferentes. El debate se centró en cómo respaldamos y provocamos desde la legislación un cambio cultural profundo con relación a estas personas.
Por cierto, existe tensión entre establecer la norma y gatillar de verdad desde ella un proceso profundo de cambio respecto de aquellos que están en alguna situación de discapacidad.
En ese sentido, tenemos una enorme responsabilidad. Y yo siento que, como lo han señalado algunos colegas, ha habido tensión.
Por ejemplo, nosotros queríamos gatillar una inclusión mucho más amplia que el uno por ciento en el mercado del trabajo. Habíamos propuesto entre el 2 y 3 por ciento, gradualmente. No fue acogido. Ciertamente, hay temas de recursos.
Queremos que el universo al cual se va a aplicar esta disposición no sea solo el servicio público ni las empresas con más de doscientos trabajadores. La inclusión es un tema de toda la sociedad.
Entonces, a las instituciones del sector público con más de doscientos funcionarios y a las empresas con más de doscientos trabajadores las vamos a obligar a la inclusión del uno por ciento, pero ¿qué ocurre con las empresas medianas y pequeñas?
Para ellas se podría haber hecho una propuesta diferenciada, pues también es responsabilidad de esos empresarios incluir a personas con discapacidad, con distintos requerimientos y planteamientos, de acuerdo al tamaño de la actividad económica.
Sin embargo, yo creo que el universo -fue una opinión bastante amplia en la Comisión- es restringido.
Como se ha señalado, estamos dando un paso. Eso es indudable. Pero, desgraciadamente, los procesos culturales de cambio requieren, en mi opinión, medidas mucho más profundas.
Por otro lado, también está el planteamiento que hicimos de la excusa. Hay empleadores que van a poder excusarse para no incorporar el uno por ciento en el inicio de la aplicación de la ley.
También establecimos medidas alternativas que son muy importantes -las recogimos de una experiencia española- para que aquellos empleadores que no van a incorporar el uno por ciento que dispone la norma puedan tener la posibilidad de contratar a través de la dos modalidades que expuse en mi informe inicial.
Puntualmente, quisiera referirme a los dos artículos sobre los cuales hoy día tenemos que pronunciarnos, pues hubo abstenciones.
El artículo 47 actual, dice: "Las personas con discapacidad podrán celebrar el contrato de aprendizaje contemplado en el Código del Trabajo, sin limitación de edad.".
El proyecto pone un límite de edad: hasta los 26 años.
Al respecto, hubo un voto de mayoría en la Comisión, porque consideramos que no tener límites de edad puede llevar a un subterfugio o a que, a través de un contrato de aprendizaje para personas con discapacidad, se extienda hasta el infinito esa condición contractual precaria.
El otro punto que generó diferencias en la Comisión se refiere a la derogación del artículo 16 (página 19 del boletín comparado), que en la normativa vigente establece: "En el contrato de trabajo que celebre la persona con discapacidad mental, podrá estipularse una remuneración libremente convenida entre las partes".
Lo que propone la señora Presidenta es eliminar esa diferencia, esa discriminación en virtud de la cual las personas con discapacidad mental hoy día no tienen derecho a acceder al ingreso mínimo. Esto también se plantea en forma gradual, al igual que en los preceptos posteriores.
Por tanto, yo invito a los colegas a votar favorablemente todos estos artículos, ya que significan un paso importante para la inclusión, pero también para la erradicación del maltrato y del abuso de las personas con discapacidad en el mercado del trabajo.
Hoy día se les incluye, pero con minusvalía: podemos pagarles menos; podemos no respetar los derechos generales ni las normas del Código, que deberían regir para todos los trabajadores.
Entonces, en ese sentido, creo que la propuesta de la Presidenta es una inclusión y una inclusión en condiciones de igualdad.
El señor LAGOS (Presidente).- En todo caso, les recuerdo que tendremos una serie de votaciones separadas que abordarán los temas que ha planteado la señora Senadora. Senador señor Larraín, ¿quiere intervenir por un punto de Reglamento?
El señor LARRAÍN.- No, señor Presidente. El Senador Allamand hará una proposición.
El señor ALLAMAND.- Cuando sea el turno, señor Presidente.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, quiero hacer una rectificación para que quede en la historia de la ley.
En el artículo que vamos a votar se hace referencia a la ley Nº 18.575.
Un colega que me antecedió en el uso de la palabra manifestó dudas respecto de si los municipios y los servicios públicos descentralizados estaban incluidos en la obligación de que se trata.
Al respecto, debo aclarar que el inciso segundo del artículo 1º de la citada ley establece lo siguiente: "La Administración del Estado estará constituida por los Ministerios, las Intendencias, las Gobernaciones y los órganos y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa, incluidos la Contraloría General de la República, el Banco Central, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad pública, los Gobiernos Regionales, las Municipalidades y las empresas públicas creadas por ley.".
Dejo esta constancia antes de votar, para que no se piense que los municipios o los servicios públicos descentralizados no están contemplados en la obligación de contratar personas con capacidades diferentes.
El señor LAGOS (Presidente).- Me ha pedido la palabra la señora Ministra.
¿Es para clarificar este punto?
La señora RINCÓN (Ministra del Trabajo y Previsión Social).- Sí, señor Presidente.
Aprovecho la aclaración que hizo el Senador Letelier para señalar que ello es efectivo. De hecho, así se informó expresamente durante la tramitación del proyecto. El único requisito que se les exige a las instituciones de la Administración del Estado en esta materia es que tengan una dotación de 200 o más trabajadores.
Además, se pensaba que las personas con discapacidad que recibían una pensión por ello, al ser contratadas, iban a perder el beneficio. No es así. Dejan de percibirlo, de acuerdo a la normativa vigente, después de cuatro años y solo si superan los dos ingresos mínimos (más de 500 mil pesos). En todo caso, cuando se termina el contrato de trabajo, recuperan dicha pensión. Es importante aclarar esto también.
El señor LAGOS (Presidente).- Muchas gracias, señora Ministra.
Tiene la palabra la Senadora señora Von Baer y, luego, el Honorable señor Allamand, quien hará una propuesta.
La señora VON BAER- Señor Presidente, quiero consignar que en Chile hay alrededor de 2 millones 119 mil personas que presentan algún grado de discapacidad. Y su calidad de vida es muy precaria: el 56 por ciento es indigente; el 81 por ciento vive con la pensión básica solidaria de invalidez, y el 42 por ciento ni siquiera ha culminado la educación básica.
El proyecto de ley en debate es tremendamente relevante para cambiar esa realidad. Servirá, por una parte, para poner el tema sobre la mesa y, por otra, para abordar esa situación de manera distinta, no desde la perspectiva de entregar solidaridad o ayuda de parte del Estado, sino de proporcionar a esas personas las herramientas necesarias para mejorar su calidad de vida, en función de las capacidades que poseen para ganarse el sustento propio y el de sus familias.
Quienes tienen algún grado de discapacidad también merecen ser objeto de políticas públicas que promuevan el valor del trabajo. Resulta fundamental ir integrándolos al mundo laboral.
Asimismo, debe haber políticas públicas que incentiven la diversidad en todos los ámbitos de nuestra sociedad y la dignidad, que debe recaer sobre todos los chilenos, sin importar su condición física o el hecho de tener una discapacidad.
Señor Presidente, los beneficios de incentivar la inclusión de personas discapacitadas al mercado laboral abarcan múltiples aspectos y muy profundos, y sus impactos serán muy positivos para toda la sociedad.
Insisto en que acá se busca dar un paso diferente, al impulsar una política pública distinta. Estamos poniendo sobre la mesa el valor del trabajo y, por tanto, entregamos dignidad a las personas que tienen discapacidad: dignidad de poder estar en un lugar de trabajo, dignidad de no depender de la ayuda del Estado, dignidad de poder llevar el sustento a sus familias.
Esa política pública distinta va por el camino correcto.
Sin embargo, ella no solo beneficia a quienes tienen algún grado de discapacidad, mediante su integración al mundo del trabajo y la valoración de la labor que realizan. También se verán favorecidas las empresas que contraten a esa personas porque aumentará el grado de diversidad entre sus trabajadores. Y que eso ocurra es un valor para quienes se desempeñan en esos lugares.
Por otra parte, políticas públicas como la que se propone hacen emerger, cada vez con mayor fuerza, una sociedad empática y solidaria. Esto es tremendamente relevante.
¡Qué falta nos hace construir una sociedad más empática con el otro!
La empatía es ponerse en el lugar del otro; es preocuparse por el otro; es ver al otro.
Cuando haya empresas más abiertas a esa diversidad, contaremos con personas más empáticas, pues van a trabajar permanentemente con gente con algún grado de discapacidad. De ese modo ya no estará invisibilizada en sus casas, pese a recibir, quizá, ayuda estatal.
Por eso, señor Presidente, considero que esta es una muy buena iniciativa.
Creo que con ella mostramos una cara distinta. Se plantea una política pública que va en beneficio de personas con algún grado de discapacidad, con lo cual posibilitamos aumentar su grado de autonomía. Al mismo tiempo, damos un paso para demostrar que nuestro país es consciente de que su desarrollo debe llegar a todos y de que todos pueden hacer esfuerzos y aportar para su crecimiento.
¡Nadie está de más en Chile!
El señor HARBOE.- ¿Puede abrir la votación, señor Presidente?
El señor LAGOS (Presidente).- Vamos a ver si es posible.
El señor ALLAMAND.- Señor Presidente, deseo insistir en lo señalado por diversas señoras Senadoras y señores Senadores, en orden a destacar todas las ventajas del proyecto, particularmente en lo manifestado por la Presidenta de la Comisión, quien informó sobre algunos puntos de su contenido, y por la señora Ministra del Trabajo, quien aclaró algunos aspectos que surgieron en el debate en esta Sala.
No hay duda de que se trata de una iniciativa importante y necesaria.
En verdad, siempre hay razones para no avanzar en estas materias, pero el impulso que le dio la Comisión -como señaló el Senador Larraín- permitió dar un importante paso hacia delante y establecer cuáles son los mecanismos para revisar, en el evento de requerirlo, las normas que son tan necesarias para el mundo de la discapacidad o de las personas con capacidades diferentes.
Solo me queda hacer presente -y lo conversé con el Senador Larraín, ambos integrantes de la Comisión de Trabajo- que aprobaremos por unanimidad las normas del proyecto. Las abstenciones que manifestamos en un par de artículos tenían que ver con ciertas cautelas, las que fueron despejadas adecuadamente en este debate.
Me parece una buena señal que una iniciativa de esta naturaleza se apruebe por unanimidad en esta Sala.
El señor LAGOS (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor García-Huidobro.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente, felicito a las autoras y a los autores de este proyecto porque su objetivo va en el camino correcto: dar dignidad a personas que tienen los mismos derechos que todos, a quienes debemos acoger y proteger.
Primero, deseo valorar la decisión que se está tomando, en orden a que las personas que reciban pensiones por invalidez no las pierdan en caso de ser contratadas. ¡Pero ello sí ocurre hoy día! Quienes se han puesto a trabajar han dejado de percibir el referido beneficio.
A mi juicio, dicha propuesta representa un tremendo aporte y un acto de justicia para quienes les ha costado mucho prepararse y encontrar trabajo.
En segundo lugar, respecto de los jóvenes con capacidades mentales diferentes, quiero insistir en algo que se ha planteado durante muchos años en todos los Gobiernos con relación al límite de 24 años para formarse en colegios especiales. Después de eso, tienen que estar en talleres.
En el caso de la discapacidad mental, es superpeligroso seguir dividiendo bajo un criterio etario. Muchos seres humanos tienen la misma edad mental toda la vida; por tanto, no hay que discriminarlos por su edad biológica. Eso es algo que debemos remediar.
Muchos jóvenes se ven obligados a dejar los colegios especiales a los 24 años. ¡Y no corresponde porque perfectamente podrían continuar!
Es un drama para ellos mismos y para sus familias que los saquen del hábitat normal de toda una vida.
Me habría encantado que la Ministra del Trabajo no saliera de la Sala, pero nos está escuchando el Ministro de Desarrollo Social.
Este es uno de los temas pendientes: ¡en las capacidades mentales diferentes no existe edad! Pido que trabajemos en ese camino.
En segundo lugar, yo tengo diferencias respecto de la explicación planteada por la Senadora Muñoz, en cuanto a la propuesta de cambiar hasta los 26 años la edad para celebrar el contrato de aprendizaje contemplado en el Código del Trabajo, que ahora no fija limitación de edad.
Es una discusión abierta: ¿por qué darles esa opción a los menores de 26 años y no a un adulto con capacidades diferentes? En el fondo, solo será un incentivo para contratar a los jóvenes que tengan menos de 26 años.
La explicación que se ha dado la encuentro poco razonable.
Un adulto mayor con discapacidad que quiera trabajar y mejorar sus condiciones de vida debiera poder celebrar un contrato de aprendizaje porque lo necesita.
Yo pediría -escuché al Senador Allamand plantear que aprobemos todo por unanimidad- que nos dieran una explicación mayor, pues dicha propuesta va a limitar -es lo más probable- las posibilidades de personas que tienen 26 años o menos para acceder a fuentes de trabajo por esta futura ley.
El señor COLOMA.- ¡O más!
El señor LARRAÍN.- ¡26 o más!
El señor LAGOS (Presidente).- No interrumpan, por favor.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- El artículo vigente establece que no hay limitación de edad. Y la Comisión propone reemplazar "sin limitación de edad" por "hasta los 26 años de edad".
El señor LARRAÍN.- Entonces, la limitación es para los de más de 26.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- ¡Claro! Estoy planteando que se está restringiendo a quienes tienen más de 26 años.
El señor COLOMA.- Es que dijo "menos".
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Entonces, me equivoqué.
Quiero saber por qué se limita el contrato de aprendizaje a las personas con más de 26 años. De alguna manera, esa propuesta va a reducir la contratación y va a complicar la situación.
Habría sido mejor mantener el artículo 47 tal como está: con la expresión "sin limitación de edad".
El señor LAGOS (Presidente).- Me ha pedido la palabra el señor Ministro para aclarar un punto.
Después se podría abrir la votación.
El señor BARRAZA (Ministro de Desarrollo Social).- Señor Presidente, deseo precisar que hoy por hoy el contrato de aprendizaje funciona hasta los 24 años en el caso de todas las personas. Sin embargo, respecto de quienes están en situación de discapacidad, no existe límite de edad.
El contrato de aprendizaje es una figura que posibilita una formación y un acompañamiento con un salario menor. Pero, cuando la persona ya supera esa etapa, en el entendido de que está cumpliendo una función equivalente o similar a la de otro trabajador, sería injusto mantener ese sueldo inferior.
Por eso la norma del proyecto establece hasta los 26 años el contrato de aprendizaje en las personas en situación de discapacidad. De acuerdo al decreto respectivo del Ministerio de Educación, en esa edad quienes están en situación de discapacidad egresan de la educación especial. De ahí en adelante percibirían un salario equivalente al de otra persona que realiza la misma función.
A propósito de las consideraciones sobre el lenguaje usado en la iniciativa, hago presente que se habla de "personas con discapacidad" básicamente porque se inspira en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas.
La ley N° 20.422 utiliza la misma expresión: "personas con discapacidad".
Es la OMS (Organización Mundial de la Salud) la que emplea: "en situación de discapacidad".
Por lo tanto, estamos utilizando el lenguaje propio de las Naciones Unidas, que corresponde a los protocolos que Chile ha ratificado y que son consistentes con la ley Nº 20.422, sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de Personas con Discapacidad.
El señor LAGOS (Presidente).- Se entiende la aclaración, que es doble.
El contrato de aprendizaje dura hasta los 26 años por decreto y, a continuación, se supone que esas personas ya están capacitadas. Por tanto, mal podrían seguir en ello eternamente. Y, a partir de ese momento, se les debe dejar de entregar remuneraciones inferiores para darles lo que corresponde.
Como se retiraron las abstenciones que hubo en la Comisión de Trabajo, se plantea hacer una sola votación.
Hay dos enmiendas que requieren quorums especiales de aprobación: la que nos ocupa, que precisa 21 votos para ser acogida, y otra, que requiere 19.
Y están las modificaciones cuyas abstenciones fueron retiradas.
¿Correcto, señor Secretario?
El señor LETELIER.- Señor Presidente.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, primero, hago presente que la Senadora Allende había pedido la palabra.
La señora ALLENDE.- Así es; estoy inscrita.
El señor LETELIER.- Lo segundo es para señalar que, sobre el artículo que afecta al sector privado, quiero fijar una posición. En esa materia deseo dejar consignada mi opinión antes de votar.
El señor LAGOS (Presidente).- El asunto es muy sencillo: si hay unanimidad, podemos votar ese artículo en particular o todas las enmiendas en conjunto.
Ello no impide que Sus Señorías hagan uso de la palabra. Antes de terminar la votación o despachar el proyecto, van a intervenir las Senadoras y los Senadores que están inscritos.
Varios me han pedido abrir la votación. He propuesto que se voten todas las modificaciones en un solo acto.
Ahora, si algún señor Senador no da la unanimidad, no hay problema.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, sugiero que se voten primero los artículos 1º y 2º.
En el 3º y el 4º quiero dar una opinión antes de la votación.
El señor LAGOS (Presidente).- Habría que realizar, entonces, dos votaciones.
Primero, las dos enmiendas que requieren quorums especiales: la que modifica el 45 de la ley, contenida en el artículo 1º del proyecto y...
La señora ALLENDE.- Los artículos 1º y 2º.
El señor LETELIER.- Exacto.
El señor LAGOS (Presidente).- No. El otro es el artículo 6º.
Señor Secretario, haga la relación pertinente para dilucidar la confusión sobre qué artículos votar.
De lo contrario, queda sin efecto la propuesta y procedemos a votar artículo por artículo.
El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- El artículo 2º, nuevo, que es materia de ley común, fue aprobado por unanimidad en la Comisión. Se aprobó al comienzo de la sesión, así como todos los artículos unánimes de ley común.
Corresponde, en primer lugar, pronunciarse sobre las enmiendas unánimes de quorum especial: una es la que reemplaza el artículo 45 de la ley Nº 20.422 (página 10 del comparado), que precisa 21 votos favorables para ser aprobada, porque es una norma orgánica constitucional; y la otra, la que agrega un nuevo párrafo sexto a la letra g) del artículo 2º de la ley Nº 16.395 (páginas 24 y 25), modificación contenida en el artículo 6º, nuevo, que requiere 19 votos afirmativos para ser acogida, dado que se trata de una norma de quorum calificado.
En seguida habría que por votar las enmiendas aprobadas por mayoría de tres votos a favor y una abstención en cada caso, que están en las páginas 13 y 19 del comparado, acerca de las cuales, respectivamente, los Senadores señores Allamand y Larraín, quienes las formularon, retiraron sus abstenciones y se sumaron a la mayoría.
El señor LAGOS (Presidente).- Por favor, señor Secretario, precise lo que votaremos primero.
El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- El señor Presidente sugiere poner en votación conjuntamente las dos normas de quorum especial: la que remplaza el artículo 45 de la ley N° 20.422 (páginas 10 y siguientes del boletín comparado) y la que agrega un párrafo sexto a la letra g) del artículo 2° de la ley N° 16.395 (páginas 24 y 25), para cuya aprobación se requieren 21 y 19 votos afirmativos, por ser orgánica constitucional y de quorum calificado, respectivamente.
El señor LAGOS (Presidente).- ¿Le parece a la Sala?
Por supuesto, se mantienen los cinco minutos para fundar el voto.
En votación las dos disposiciones de quorum especial que individualizó el señor Secretario. --(Durante la votación).
La señora ALLENDE.- Sé, señor Presidente, que nos hallamos en la discusión particular. Sin embargo, no puedo dejar de referirme a este proyecto en términos generales, pues no me fue factible hacerlo oportunamente.
Comienzo diciendo que esta mañana tuve la enorme satisfacción de acompañar a la Presidenta de la República en La Moneda para la promulgación de una ley que generamos a partir de una moción -y debo agradecer a los Senadores señoras Muñoz y Goic y señores Harboe y Espina, quienes me acompañaron en ella- con la que hemos provocado un tremendo avance al eliminar del Código Orgánico de Tribunales la discriminación que impedía a personas con capacidades especiales -sobre todo ciegas, sordas y mudas- ser nombradas en los cargos de juez y notario. ¡Se trata de un tremendo paso!
Además, quiero expresar mi agradecimiento por la tramitación de la iniciativa pertinente, que fue bastante rápida en el Senado y un poco más lenta en la Cámara de Diputados.
La ley fue promulgada en La Moneda, con asistencia de numerosas personas ciegas que se hicieron presentes.
Señor Presidente, una vez más, quiero recordar al joven que me inspiró a formular la referida moción: Darío Alfaro, quien egresó de la carrera de Derecho de la Universidad de Chile y actualmente está preparando su examen de grado.
Mientras leía la prensa, me llamaron la atención las declaraciones de Darío en cuanto a que se sentía frustrado tras enterarse, cuando ya estaba estudiando Derecho, de que nunca podría cumplir su sueño de ser juez, dado que el Código Orgánico de Tribunales se lo impedía.
Yo quiero, señor Presidente, manifestar mi gratitud por el hecho de que hayamos tramitado el proyecto respectivo, pues hoy día tenemos el orgullo de decir ¡Es ley!
Estaban en el acto de promulgación el joven Darío Alfaro y su familia, quienes se sentían inmensamente orgullosos.
Espero que Darío tenga éxito en su examen de grado y pueda cristalizar su sueño de ser juez. ¡Es positivo para nuestro país cuando logramos romper una barrera!
Señor Presidente, creo que, de alguna manera, con el proyecto que nos ocupa esta tarde estamos haciendo lo mismo: lograr la inclusión laboral de personas con discapacidad. Ello significa permitirles ser autovalentes, ganarse la vida y ejercer sus derechos con dignidad.
En mi concepto, este tema debiera ser prioritario.
Por lo tanto, me alegra que podamos aprobar la iniciativa que estamos votando en este momento.
De otro lado, debo señalar que desde hace algunos años hemos estado aplicando en Chile un programa auspiciado por la Fundación ONCE (Organización Nacional de Ciegos Españoles), que consiste en capacitar a las personas con discapacidad visual o ciegas para posibilitar su ingreso al mundo del trabajo.
Dicho programa, que se ha ido extendiendo a diversos países de la región, ha sido tremendamente positivo: desde que empezó a aplicarse, más de 1.200 personas se desempeñan laboralmente con contratos regulares y, por consiguiente, con todos los beneficios previstos por la ley.
¿Cómo se consigue aquello? Con capacitación previa. También, con la disposición de los mundos público y privado -es importantísimo destacar la del mundo privado- para contratar a personas con discapacidad que han podido aprender y poner en práctica los conocimientos adquiridos.
Señor Presidente, es sobremanera relevante que avancemos como país y vayamos cumpliendo las normas a que nos hemos obligado en virtud de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de las Naciones Unidas.
Aprovecho que están en la Sala el Ministro de Desarrollo Social y la Ministra del Trabajo para decirles cuán importante es que hayamos aprobado el Tratado de Marrakech. Pero eso significa que deberemos ponernos al día en el otorgamiento de facilidades a las personas con problemas para acceder a las obras publicadas.
De otra parte, no puedo dejar de hacer presente que el Movimiento Autismo Chile, que agrupa a padres, madres y demás personas vinculadas a ese trastorno, nos pide que aprobemos el proyecto que declara el 2 de abril de cada año como el día en que se puede hacer visible la situación de los autistas, quienes se hallan en la más absoluta indefensión: no tienen ningún programa especial, ningún acompañamiento, ninguna política de Estado que los acompañe.
Pienso, pues, que nos haría bien que despacháramos la iniciativa que establece el Día Nacional de la Concienciación del Autismo.
Por las razones que di, apruebo gustosa el proyecto que estamos votando. Creo que es positivo avanzar en democracia, en integración, en inclusión.
Señor Presidente, permítame un minuto adicional para decir que lamento que todavía uno encuentre situaciones de discriminación. Hay lugares donde a algunos no les agrada recibir a personas que andan con perros guía, pues la presencia de estos animales les molesta.
Hemos discutido el punto en otras oportunidades.
Por último, ya que se encuentran en la Sala la Ministra del Trabajo y el Ministro de Desarrollo Social, debo expresar que estamos muy lejos de cumplir con el acceso universal.
Por ejemplo, hay fallas en muchas oficinas provistas de escaleras y que, por carecer de la infraestructura necesaria, impiden que accedan a ellas personas discapacitadas o con dificultades motoras.
Como país, ¡eso es lamentable!
Sería bueno ir avanzando hacia el pleno acceso, tal como nos obligan el Tratado de Marrakech y otros instrumentos internacionales.
Considero sobremanera relevante que vayamos avanzando. Y este proyecto hace más conciencia al generar en los mundos público y privado, ante igualdad de condiciones, un porcentaje de empleabilidad para quienes tienen alguna discapacidad.
En Chile existen más de 1 millón 663 mil personas en situación de discapacidad; de ellas, 533 mil tienen discapacidad severa, y las otras, leve a moderada.
Por la dignidad y el respeto a los derechos de quienes cuentan con capacidades especiales, nos parece muy importante votar afirmativamente este proyecto y poder decir de una vez por todas que, como país, vamos avanzando hacia lo que nos dicen la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el Tratado de Marrakech.
El señor LAGOS (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Tuma.
El señor TUMA.- Señor Presidente, adhiero a las felicitaciones a los autores de la moción.
Creo que este es uno de los proyectos más sensibles. Mediante él se avanza en equidad.
Hay en nuestro país un alto porcentaje de personas con capacidades diferentes.
En La Araucanía, del orden de 17 por ciento de la población tiene un elevado grado de discapacidad.
Por ello, me parece muy muy relevante esta iniciativa de ley, que de alguna manera incita a las empresas más grandes.
Ojalá podamos vislumbrar incentivos en el resto de las empresas.
Este es un tema cultural. Debemos avanzar en él. Tenemos que progresar en darles oportunidades a las personas con capacidades distintas.
Por tanto, mi primera reacción es felicitar a los autores de la moción. Luego, aprobar este proyecto. Y, en seguida, felicitar asimismo a quienes, sin mediar ley, sin tener ningún incentivo, ya han contratado a personas con capacidades diferentes.
Mis felicitaciones también a todas las organizaciones que están trabajando ostensiblemente por mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad y han acompañado permanentemente el sueño y la aspiración de que esta iniciativa se materialice en ley.
Por lo expuesto, señor Presidente voy a apoyar en forma muy decidida este justo proyecto. El señor LAGOS (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Coloma.
El señor COLOMA.- Dos comentarios, señor Presidente.
Creo que esta iniciativa tiene un gran mérito. Como ante toda innovación, la Comisión ha sido bastante reflexiva en torno a ella; de ahí que su texto sea mejor que el que entró. Y el hecho de que logre unanimidad tiene valor en sí mismo.
Así entiendo los valores, señora Ministra, al menos en este escenario.
Este es el tipo de cosas que no se ganan por unos votos más: esta materia debe ser objeto de una política pública de largo plazo sobre cómo asumimos una realidad.
Creo que la forma de hacerlo, si bien puede generar algún ruido al imponerle al mundo privado obligaciones que en términos normales uno no aceptaría -objetivamente, allí hay una innovación-, tiene el mérito de dar un acceso muy justificado a mayor justicia.
Lo que a mí no me gusta son las discriminaciones arbitrarias. Cuando hay una discriminación con sentido, yo no la reparo.
Además, considero que está bien planteada la fórmula con que se busca conseguir el objetivo perseguido.
Yo solo quiero agregar un elemento: la Región del Maule es la que exhibe los niveles más elevados de discapacidad, situación que a uno le genera mayor sensibilidad.
Ahora, algunos de los antecedentes que nos entregó el Ministerio del Trabajo me hacen especial fuerza. Y, al respecto, quiero por lo menos dejar una constancia en esta Sala.
De partida, el atinente a la diferencia que existe entre la capacidad de ocupación del ciudadano que no tiene discapacidad con respecto al que la tiene. Eso genera un porcentaje de casi el doble de opción de trabajar; una diferencia de participación laboral de casi un tercio, y, en último término, una lógica remuneracional muy significativa.
Cuando se dice que el sueldo promedio de una persona sin discapacidad es de 434 mil pesos versus 303 mil de una con discapacidad leve o moderada y 295 mil de una con discapacidad severa, ello genera una luz de alerta, plantea un desafío a enfrentar tal realidad de modo diferente.
Nos hallamos, señor Presidente, ante un paso. Está bien formulado. Sin embargo, como todo paso, deberá ser evaluado. Porque existe una realidad: la persona que tiene una discapacidad, leve o severa, ha de convivir con ella (por cierto -seamos justos-, hay que considerar las oportunidades que pueden darse) y, además, debe enfrentar una desigualdad en cuanto a opciones de vida que nada tienen que ver con el problema -entre comillas- en sí mismo, sino con las oportunidades.
Este proyecto apunta en una buena línea a corregir aquello. Y yo al menos lo valoro.
En segundo lugar, señor Presidente, me parece bueno para la historia de la ley dejar consignado que la discapacidad tiene una institucionalidad. De ahí la necesidad de hacer referencia a los organismos que la califican.
Es relevante la constancia, para poder responder cuando a uno le pregunten sobre el efecto práctico de la ley en proyecto.
La importancia está determinada por la obligación de entrar al sistema para que se declare la discapacidad. O sea, no se trata de que alguien sienta que tiene un problema y, por tanto, tome la opción de ingresar a determinado tipo de empresa. No. Esto tiene que ver con un esquema donde hay chequeo, revisión, evaluación, conforme a una valoración -según me explicaron- de carácter internacional. Es como un piloto automático.
A ello quiero hacer referencia: no se trata de un sentimiento interno, sino, objetivamente, de una evaluación para que sea la opción que se abre respecto de más de dos millones de chilenos, muchos de los cuales viven en la Región del Maule.
Señor Presidente, esta iniciativa refleja que cuando hay voluntad para llegar a acuerdo en las Comisiones -puede existir alguna demora- sale un articulado con fuerza, con nervio, y no un texto que alguien va a querer cambiar en un gobierno posterior.
Yo opino que cualquier gobierno deseará mantener la ley en proyecto y evaluarla, para ver por dónde puede generarse una sociedad más justa.
En consecuencia, siendo originalmente un tema que pudo haber provocado ruido, al final el ruido se transforma más en aplauso que en pifia.
El señor LAGOS (Presidente).- ¡Muy bien! ¡Nunca estuvo mejor dicho, señor Senador! Tiene la palabra el Honorable señor Chahuán.
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, con el Senador Baldo Prokurica presentamos en 2012 un proyecto de ley muy similar al sometido hoy a la consideración de esta Sala.
Básicamente, revisamos la legislación comparada -la japonesa y otras- donde se establecía la posibilidad de fijar, en términos del tamaño de la empresa, cupos para personas con capacidades diferentes.
Ahora, la exigencia que se les hace a las empresas también debiera imponerse respecto del Estado.
Sobre la materia, quiero contar algunas experiencias.
He conocido casos dramáticos. Por ejemplo, el de uno de los mejores alumnos de mi promoción y de su generación, quien, pese a su título de abogado, no ha podido conseguir trabajo en el sector público simplemente por su condición de no vidente.
Eso nos debe motivar a la reflexión.
Algunos prefieren llamarse "discapacitados", pese a que, desde el punto de vista cognitivo, tienen una capacidad igual o mayor que la del promedio. Y, finalmente, esa condición es lo que les impide hallar empleo.
Lo intentaron en el Parlamento: ¡les fue mal!
Lo intentaron en el Poder Judicial: ¡les fue mal!
Lo intentaron en el SENADIS, primero, y en el FONADIS, posteriormente: ¡y les fue mal...!
Entonces, uno pregunta si la estructura del Estado tiene capacidad para incorporar a personas con capacidades diferentes.
Eso nos inspiró, al Senador Prokurica y a mí, a presentar en 2012 la iniciativa de que hice mención. Lamentablemente, no tuvo la tramitación correspondiente (a veces, tener o no urgencia legislativa es cosa de suerte).
El Senador Letelier ha sido uno de sus promotores. Conversamos al respecto en una oportunidad en que estuvimos juntos en Japón, cuando nos reunimos con organizaciones de discapacitados y vimos la legislación de dicho país en esta materia.
Por lo mismo, señor Presidente, considero que hay que aprobar el proyecto que nos ocupa esta tarde, que va en la dirección correcta de establecer una sociedad inclusiva.
Claramente, el problema no se resuelve con tener ayudas técnicas para las personas con discapacidad física; se ha avanzado algo en tal ámbito, pero no se cumple el objetivo perseguido. La cuestión de fondo radica en cómo lograr que cuenten con la posibilidad de generar un ingreso digno para ellas y sus familias.
Esta iniciativa -reitero- va en la dirección correcta.
Yo he sostenido que, además, en esta materia se encuentra en deuda el Estado de Chile.
Hace unos tres meses hubo en Santiago un seminario de todas las organizaciones de discapacitados, y durante él se hablaba precisamente de la inclusión laboral.
La inclusión laboral es fundamental. Si no aseguramos un ingreso digno para las personas con discapacidad y sus familias, las condenaremos a la pobreza y la marginación.
¡Ese es el tema de fondo!
Por tanto, me parece que la idea de darles a esas personas herramientas para que puedan trabajar va en la dirección correcta.
De otro lado, señor Presidente, me sumo a la petición que formuló la Senadora Allende, pues considero necesario reconocer el autismo como una condición especial.
En tal sentido, debe existir un día nacional que permita dirigir la mirada hacia aquellos que se encuentran en tal condición.
Decenas de instituciones están trabajando acá en el ámbito del autismo; yo he estado muy cercano a muchas de ellas.
El llamado básico que hacemos es a que exista una mirada de país hacia los menores que se hallan en la referida condición especial, al objeto de reforzarlos por la vía de que al menos un día al año haya una reflexión en torno a cuánto se ha avanzado en la materia.
Por tanto, expreso todo mi apoyo para que en abril de cada año exista un día nacional del autismo.
El señor LAGOS (Presidente).- Debo aclararle, señor Senador, que el proyecto que establece el día nacional de la concienciación del autismo está ubicado en el cuarto lugar de la tabla de esta sesión. Ello, sin perjuicio de lo planteado por la Senadora señora Allende. Y ojalá podamos votarlo y aprobarlo.
Por otra parte, debo informar que hemos estado en contacto con la Diputada señora Maya Fernández, quien ha trabajado intensamente en la materia del proyecto que estamos votando en este momento. De modo que respecto de esta iniciativa no va a haber dificultad.
El problema de fondo dice relación con los espacios a generar para los autistas. Tiene la palabra el Senador señor Letelier.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, solo quiero hacer un comentario sobre la otra norma eje de este proyecto: el artículo 3°, que es el que hace la modificación en el Código del Trabajo.
El señor LAGOS (Presidente).- ¿Página?
El señor LETELIER.- Parte en la página 15.
Mediante el artículo 3° se intercalan el Capítulo II De la Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad y el artículo 157 bis, que establece al respecto la obligación de las empresas grandes.
Aquí se ha hecho una afirmación que, por desgracia, no es cierta. Algunos en el sector privado, contados con los dedos, han incorporado al mundo de la discapacidad. No es lo corriente. Y, por ello, esa última disposición es tan determinante. Tanto en el ámbito público como en el privado hay una tremenda deuda, y no querer asumirla significa pensar que el Estado es el mal empleador. No es así. Donde existen más avances es en los municipios, por regla general; pero los otros órganos estatales y el sector privado se encuentran al debe.
Se contempla un procedimiento relativo a solo un porcentaje para las grandes empresas, por desgracia -algunos queríamos que también se incluyera a las medianas-, que son las que contratan más de doscientos trabajadores. Se determina que únicamente por razones fundadas, tales como la naturaleza de las funciones, podrán excusarse de la obligación -no en forma permanente, sino durante un período de doce meses-, para lo cual será preciso que presenten un informe sobre el cual se pronunciará la Dirección del Trabajo, organismo que deberá acogerlo o rechazarlo.
Uno de los requisitos será que quienes piden empleo estén inscritos en el Fondo Nacional de Discapacidad (FONADIS); que cuenten con una certificación. Es muy importante la formalización y que se disponga de un buen registro de las personas con capacidad distinta o discapacidad, muchas de las cuales prefieren que su situación se les reconozca.
Lo importante es que se va a fiscalizar.
Se incluye un artículo 157 ter, en virtud del cual es posible cumplir la obligación, alternativamente y solo durante los primeros dos años desde que sea exigible, por la vía de celebrar contratos de adquisición de bienes o servicios con empresas proveedoras que tengan contratadas personas con discapacidad o de traspasar recursos a fundaciones que ayuden a la inclusión laboral de estas últimas. Ello se encuentra establecido en parámetros.
¿Qué quiero decir, señor Presidente? Que quizás la que más tendremos que evaluar es la inserción en el mundo del trabajo privado, porque es el sector que da más empleo. Es ahí donde se halla el desafío cultural profundo.
Mi Honorable colega Chahuán mencionó a un tremendo abogado. Pero hizo referencia al sector público no más, porque el sector privado discrimina, por desgracia.
El señor CHAHUÁN.- También está comprendido.
El señor LETELIER.- Entiendo que queremos una mirada de conjunto. No es cuestión de que uno es mejor y otro peor. Es un cambio cultural de todos nosotros comprender que se trata de algo necesario.
Al terminar, quiero agradecerles mucho a la Ministra señora Rincón; al Ministro señor Barraza, con quien nos agarramos en algún momento con motivo del proyecto, y al Ministro de Hacienda, con quien conversamos para asegurar la presentación de indicaciones.
Hemos sido muy insistentes. Presenté iniciativas desde que fui Diputado. En esta ocasión juntamos las de la Cámara y las del Senado. No se mencionan todos los autores. Son muchos los parlamentarios -más de treinta- que las han planteado de una u otra forma. Y el que estemos estableciendo este hito realmente es histórico. Es la primera norma concreta de inclusión laboral que permitirá una medición en cierto tiempo.
Y se considera un artículo en cuanto a la evaluación. Espero que el uno por ciento que hemos fijado sea suficiente. Entiendo que si no lo es tendremos la voluntad de crear otros incentivos para asegurar una lógica de pleno empleo.
Las personas con discapacidad, con síndrome de Down, que obtengan empleo van a poder casarse, constituir familia y vivir solos.
Lo único que quieren los sordomudos -hay una asociación en la Región que represento- es trabajar, para que quienes constituyan una pareja puedan independizarse, casarse y tener una familia propia, hijos y un hogar.
El impacto social que la ley en proyecto provocará es tremendo. Es una de las más humanitarias que aprobaremos en este tiempo. Y, por ello, deseo agradecerlo mucho.
La discusión partió cuando el Senador que habla era Presidente de la Comisión de Trabajo. La parte final fue encabezada por la Honorable señora Muñoz. Y con nuestros colegas Larraín, Goic y Allamand desarrollamos una labor intensa sobre el particular.
Reitero nuestro agradecimiento al Gobierno de la Presidenta Bachelet. Participé en la discusión con el mundo de la discapacidad cuando estábamos formulando el Programa de Gobierno. Esto es historia.
El señor LAGOS (Presidente).- Soy el último inscrito, y quisiera saber si alguien puede reemplazarme en la testera durante algunos minutos.
Estaría encantado de que lo hiciera el Senador señor Chahuán.
--Pasa a presidir la sesión el Honorable señor Chahuán, en calidad de Presidente accidental.
El señor CHAHUÁN (Presidente accidental).- Puede intervenir el Senador señor Lagos.
El señor LAGOS.- Señor Presidente, además de concurrir con mi pronunciamiento a favor -el proyecto de ley será aprobado en forma bastante contundente-, no quería excluirme del debate simplemente para recordar una cuestión que se ha discutido muchísimo, que es la de las cuotas o discriminaciones positivas versus los incentivos.
La experiencia en muchas sociedades que han caminado tal vez más rápidamente que nosotros en los aspectos de la inclusión indica que a veces se hace necesario establecer una exigencia mínima en distintas áreas. Hacemos referencia a la participación de la mujer; a las discapacidades, en el caso que nos ocupa; a la gente de color, en algunas sociedades, y a la discriminación positiva, en ciertos casos, respecto a las medianas o pequeñas empresas. O sea, se hace necesaria la fijación de otros criterios o estándares.
Lo que quería hacer presente -y mi Honorable colega Letelier se adelantó acertadamente en plantearlo- es que me parece muy injusto exponer que el Estado es el que exhibe el principal déficit en la materia como empleador. A este podemos fiscalizarlo de mejor forma. Tal vez podemos exigirle más, lo que es distinto. Pero el que genera empleo de manera abundante es el sector privado. Y la discusión a que nos encontramos abocados es a qué segmento se le pedirá, como sociedad, que contrate personas con capacidades diferentes.
Entonces, se determinó la opción del uno por ciento en las empresas grandes, con doscientos trabajadores o más. ¿Por qué razón? Porque, en el fondo, el argumento económico detrás es que tal vez una de ellas podrá "absorber" a un trabajador de capacidad desigual, quien tal vez registrará un rendimiento de productividad que no es el de uno con aptitudes de otra naturaleza.
Se asume, por lo tanto -y tal vez correctamente, desde el punto de vista económico-, que no hay un incentivo para contratar personas con capacidades diferentes, no solo por lo que pueden rendir, sino también porque tienen que ser incorporadas al proceso de trabajo. Como se decía aquí, a veces es más difícil convencer al resto de una empresa de cómo relacionarse con una persona distinta que a esta de incorporarse a una entidad grande.
Quedó pendiente lo de cuánto vamos a avanzar en relación con las empresas medianas, no solo las grandes. Porque, al final del día, ¿cuántas son estas últimas?
Y tendremos que enfrentarnos al dilema de la rentabilidad o a la cuestión económica.
Raya para la suma: me alegro de que aprobemos la iniciativa, porque, como sociedad, estamos diciendo que incorporaremos al porcentaje mínimo de chilenos con capacidades distintas, en la medida en que nos parece que es lo correcto, más allá del aspecto económico.
Y tratamos de hacer exigible ese esfuerzo a todos. Partimos por el Estado e incluimos a las empresas grandes, pero nos queda una deuda o un déficit. Me parece que podremos tomar una decisión al respecto cuando se aplique algo que el proyecto contempla y que no es frecuente en lo que hacemos: la revisión cada cuatro años de la implementación de la ley. Porque podría ocurrir que determináramos que no es adecuado lo que estamos haciendo y que tal vez ha habido un error.
En consecuencia, creo que ese trámite es importante. Y ojalá lo incorporáramos más frecuentemente en otras iniciativas, tanto o más estructurales que la que nos ocupa, en las que podemos determinar que a los cuatro años se emitirá un informe.
¡Ojo! Ello no significa que el cuerpo legal cesará al finalizar el período: se mantendrá. Lo que pasa es que se dispondrá de una conclusión en cuanto a si lo aprobado logró parte de los objetivos que se plantearon.
Estos son los dos puntos que quería exponer, sobre todo el último, que sería deseable hacer carne en otros proyectos. Como digo, no se le pondría fin a la ley misma, pero tal vez se daría luz verde para seguir avanzando con más rapidez.
Vuelvo a la testera.
--Se aprueban las proposiciones de la Comisión de Trabajo y Previsión Social para reemplazar el artículo 45 de la ley N° 20.422 y respecto del párrafo sexto que se agrega a la letra g) del artículo 2° de la ley N° 16.395, dejándose constancia, para los efectos del quorum constitucional exigido, de que se registran 29 votos a favor.
Votaron las señoras Allende, Goic, Muñoz, Lily Pérez y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Bianchi, Chahuán, Coloma, De Urresti, García, García-Huidobro, Guillier, Harboe, Horvath, Lagos, Hernán Larraín, Letelier, Matta, Montes, Moreira, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quinteros, Tuma y Patricio Walker.
El señor LAGOS (Presidente).- Como se han retirado las abstenciones correspondientes a las enmiendas acordadas en la Comisión por mayoría, le propongo a la Sala aprobar estas con la misma votación anterior.
El señor LAGOS (Presidente).- ¿Desea agregar algo, señora Ministra?
La señora RINCÓN (Ministra del Trabajo y Previsión Social).- Señor Presidente, solo quisiera agradecer, en nombre del Ejecutivo, el apoyo y el trabajo previo a la presente sesión de los miembros de la Comisión de Trabajo del Senado. Creo que todos hicimos un esfuerzo por consensuar las normas.
Sin lugar a dudas, lo que Su Señoría expresó al final es relevante, en cuanto a autoexigirse a través de una disposición legal. La evaluación de una ley es un desafío importante, que permite una mejora continua.
Solo deseo señalar que el 55 por ciento de los trabajadores está en las grandes empresas. Por lo tanto, el impacto de la norma no será menor si a eso le sumamos la obligación para el sector público.
Deseo reconocer el trabajo y el compromiso de las señoras Senadoras y los señores Senadores, así como el respaldo recibido hoy día.
El señor LAGOS (Presidente).- Muchas gracias a usted, señora Ministra.
Puede intervenir el señor Ministro.
El señor BARRAZA (Ministro de Desarrollo Social).- Señor Presidente, el proyecto de ley se origina en once mociones, presentadas por Senadores, Senadoras, Diputados y Diputadas.
Constituye una iniciativa altamente sensible para la expectativa de personas en situación de discapacidad. Existió un diálogo prelegislativo intenso con organizaciones del sector, como también con empleadores.
Mas quisiera destacar un elemento muy relevante. La Comisión Asesora Presidencial en materia de discapacidad pone a la cabeza, entre cincuenta propuestas, la de contar con políticas de inclusión laboral que generen oportunidades. Es decir, los subsidios y las transferencias monetarias son importantes, pero la dignidad del trabajo se pone de relieve por quienes se hallan en esta situación.
Creo que el proyecto apunta a dignificar a las personas.
El señor LAGOS (Presidente).- Muchas gracias a usted, señor Ministro, y a la señora Subsecretaria.