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Timestamp: 2018-10-18 16:44:03
Document Index: 161354908

Matched Legal Cases: ['Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 20', 'artículo 34', 'artículo 35', 'artículo 5', 'artículo 7', 'artículo 35', 'artículo 34', 'artículo 20', 'artículo 20', 'artículo 106']

Publicado en DOUEL núm. 57 de 03 de Marzo de 2017
CAPÍTULO II. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS
Artículo 3 Organización de los servicios portuarios
Artículo 4 Requisitos mínimos para la prestación de servicios portuarios
Artículo 5 Procedimiento para garantizar el cumplimiento de los requisitos mínimos
Artículo 6 Limitaciones del número de prestadores de servicios portuarios
Artículo 7 Obligaciones de servicio público
Artículo 8 Operador interno
Artículo 9 Mantenimiento de los derechos de los trabajadores
CAPÍTULO III. TRANSPARENCIA Y AUTONOMÍA FINANCIERAS
Artículo 11 Transparencia de las relaciones financieras
Artículo 12 Tarifas por servicios portuarios
Artículo 13 Tasas por infraestructuras portuarias
Artículo 14 Formación del personal
Artículo 15 Consulta a los usuarios del puerto y otras partes interesadas
Artículo 16 Tramitación de reclamaciones
Artículo 17 Autoridades correspondientes
Artículo 20 Informe
(3) En la Comunicación de 3 de octubre de 2012, titulada «Acta del Mercado Único II - Juntos por un nuevo crecimiento», la Comisión recordó que el atractivo del transporte marítimo depende de la disponibilidad, eficiencia y fiabilidad de los servicios portuarios, y la necesidad de abordar las cuestiones relativas a la transparencia de la financiación pública y las tasas y tarifas portuarias, así como las iniciativas de simplificación administrativa en los puertos, y de abordar la revisión de las restricciones impuestas a la prestación de servicios en los puertos.
(7) La inmensa mayoría del tráfico marítimo de la Unión pasa por los puertos marítimos de la red transeuropea de transporte establecida mediante el Reglamento (UE) n.º 1315/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (4) . Para lograr el objetivo del presente Reglamento de forma proporcionada y sin imponer cargas innecesarias a otros puertos, el presente Reglamento debe aplicarse únicamente a los puertos marítimos pertenecientes a la red transeuropea de transporte, cada uno de los cuales desempeña un papel importante para el sistema de transporte europeo, bien porque maneja más del 0,1 % de la mercancía total de la UE o del número total de pasajeros, bien porque mejora la accesibilidad regional de las zonas insulares o periféricas. No obstante, el presente Reglamento debe brindar a los Estados miembros la posibilidad de decidir si aplican o no el presente Reglamento a los puertos marítimos de la red global situados en las regiones ultraperiféricas. Los Estados miembros deben tener asimismo la posibilidad de introducir excepciones, con objeto de evitar cargas administrativas desproporcionadas para los puertos marítimos de la red global cuyo tráfico anual de mercancías no justifique la plena aplicación del presente Reglamento.
(18) Cuando deban cumplirse requisitos mínimos, el procedimiento para otorgar el derecho a prestar servicios portuarios debe ser transparente, objetivo, no discriminatorio y proporcionado, y debe permitir que los prestadores de servicios portuarios inicien la prestación de sus servicios en tiempo oportuno.
(19) Habida cuenta de que los puertos ocupan zonas geográficas limitadas, el número de prestadores de servicios portuarios podría estar sujeto, en determinados casos, a limitaciones relacionadas con la escasez de terreno o de zonas de ribera, o las características de las infraestructuras portuarias o la naturaleza del tráfico portuario, o la necesidad de garantizar unas operaciones portuarias seguras, de modo protegido o sostenibles desde una perspectiva medioambiental.
(20) Cualquier limitación del número de prestadores de servicios portuarios debe justificarse con motivos claros y objetivos y no crear barreras comerciales desproporcionadas.
(21) El organismo gestor del puerto, o la autoridad competente, debe publicar su intención de llevar a cabo un procedimiento de selección para la prestación de un servicio portuario, también a través de internet y, si procede, en el Diario Oficial de la Unión Europea. Esa publicación debe contener información sobre el procedimiento de selección, el plazo de presentación de las ofertas, los criterios de adjudicación aplicables e información sobre el modo en que se puede acceder a los documentos necesarios para preparar una solicitud.
(22) Con el fin de garantizar la transparencia e igualdad de trato, las modificaciones de las cláusulas de un contrato durante su período de vigencia deben ser consideradas una nueva adjudicación de contrato cuando hagan que el carácter de un contrato sea sustancialmente diferente del contrato inicial y, en consecuencia, se demuestre la intención de las partes de renegociar condiciones esenciales de dicho contrato.
(23) El presente Reglamento se entiende sin perjuicio del derecho de los Estados miembros de imponer obligaciones de servicio público relacionadas con servicios portuarios.
(24) La Unión cuenta con una gran variedad de puertos marítimos con diferentes modelos de organización de los servicios portuarios. En consecuencia, no sería adecuada la imposición de un único modelo. El organismo gestor del puerto, o la autoridad competente, debe poder limitar el número de prestadores de un determinado servicio portuario, cuando algún motivo lo justifique.
(25) El artículo 34 de la Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (5) establece que los contratos destinados a hacer posibles determinados tipos de actividades no están sometidos a dicha Directiva si el Estado miembro o las entidades adjudicadoras pueden demostrar que, en el Estado miembro en que se efectúa la actividad, esta está expuesta directamente a la competencia en mercados cuyo acceso no está limitado. El procedimiento para determinar si se da esta circunstancia debe ser el establecido en el artículo 35 de la Directiva 2014/25/UE. Por consiguiente, cuando se haya demostrado mediante ese procedimiento que un sector o subsector portuario, junto con sus servicios portuarios, está expuesto directamente a la competencia, se considera adecuado que no esté sujeto a las normas que regulan las limitaciones de acceso al mercado con arreglo al presente Reglamento.
(26) Salvo cuando sea de aplicación una excepción al mercado competitivo, el organismo gestor del puerto o la autoridad competente deben publicar con antelación cualquier intención de limitar el número de prestadores de servicios portuarios y deben justificarla plenamente, para poder dar a las partes interesadas la oportunidad de presentar observaciones.
(27) En caso de que el organismo gestor de un puerto, o la autoridad competente, preste servicios portuarios por sí mismo o por medio de una entidad jurídicamente distinta que controle directa o indirectamente, deben tomarse medidas para evitar conflictos de interés y para garantizar un acceso al mercado de los servicios portuarios equitativo y transparente cuando se limite el número de prestadores de servicios portuarios. Esas medidas pueden consistir, entre otras, en que se encomiende a una autoridad nacional pertinente, independiente del organismo gestor del puerto o de la autoridad competente, la decisión de limitar el número de prestadores de servicios portuarios.
(28) La posibilidad de la que continúan disfrutando los Estados miembros consistente en imponer requisitos mínimos y limitar el número de prestadores de servicios portuarios no debe impedirles garantizar la libre prestación de servicios sin restricciones en sus puertos.
(29) El procedimiento para la selección de los prestadores de servicios portuarios y su resultado deben publicarse y ser no discriminatorios, transparentes y estar abiertos a todas las partes interesadas.
(30) Únicamente por razones de interés general se puede justificar el establecimiento de obligaciones de servicio público que conduzcan a una limitación del número de prestadores de servicios portuarios, a fin de garantizar que todos los usuarios tengan acceso al servicio portuario, que dicho servicio esté disponible durante todo el año y que los precios del servicio sean asequibles para determinadas categorías de usuarios, así como la seguridad, protección o sostenibilidad desde una perspectiva medioambiental de las operaciones portuarias y la cohesión territorial.
(31) Aunque las obligaciones de servicio público vienen determinadas e impuestas por las autoridades nacionales, no debe entenderse que la existencia de una obligación general, establecida por el Derecho de la Unión o por el nacional, de que un puerto acepte a todo buque materialmente adecuado para entrar y atracar, sin discriminación ni obstáculos, constituya una obligación de servicio público a efectos del presente Reglamento.
(32) El presente Reglamento no debe impedir que las autoridades competentes concedan una compensación por las actividades efectuadas en cumplimiento de las obligaciones de servicio público, siempre que dicha compensación se ajuste a las normas aplicables a las ayudas estatales. En aquellos casos en que las obligaciones de servicio público se consideren servicios de interés económico general, es necesario garantizar el cumplimiento de la Decisión 2012/21/UE de la Comisión (6) y del Reglamento (UE) n.º 360/2012 de la Comisión (7) , así como la observancia de la Comunicación de la Comisión, de 11 de enero de 2012, titulada «Marco de la Unión Europea sobre ayudas estatales en forma de compensación por servicio público».
(33) Cuando haya varios prestadores de servicios portuarios, el organismo gestor del puerto, o la autoridad competente, no debe discriminar entre prestadores de servicios portuarios, y no debe hacerlo, en especial, a favor de una empresa u organismo en el que tenga algún tipo de interés.
(34) El organismo gestor de un puerto, o la autoridad competente, debe tener la posibilidad de decidir prestar servicios portuarios por sí mismo o confiar la prestación de dichos servicios a un operador interno. Cuando exista una limitación del número de prestadores de servicios portuarios, la prestación de servicios portuarios por parte de operadores internos debe limitarse únicamente al puerto o puertos para los cuales dichos operadores internos hayan sido designados, salvo en caso de que se aplique una excepción al mercado competitivo.
(35) Los Estados miembros deben conservar la facultad de garantizar un nivel adecuado de protección social para el personal de las empresas que prestan servicios portuarios. El presente Reglamento no debe afectar a la aplicación de las normas laborales y sociales de los Estados miembros. Conviene aclarar que, en los casos en que no sea de aplicación la Directiva 2001/23/CE del Consejo (8) , cuando la celebración de un contrato de servicios portuarios signifique un cambio de prestador del servicio portuario, el organismo gestor del puerto, o la autoridad competente, debe tener, no obstante, la posibilidad de exigir que los derechos y obligaciones del anterior prestador de servicios portuarios que resulten de un contrato de trabajo o de una relación laboral existente en el momento de ese cambio recaigan sobre el nuevo prestador de servicios portuarios que haya sido designado.
(36) Cuando las medidas del presente Reglamento conlleven el tratamiento de datos personales, dicho tratamiento debe efectuarse de conformidad con la legislación aplicable de la Unión, y en particular con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo (9) .
(37) En un sector complejo y competitivo como el de los servicios portuarios, la formación inicial y continua del personal es esencial para garantizar la calidad de los servicios prestados y proteger la salud y la seguridad de los trabajadores portuarios. Por lo tanto, los Estados miembros deben garantizar que los prestadores de servicios portuarios ofrezcan una formación adecuada a sus empleados.
(38) En muchos puertos, el acceso al mercado se concede a los prestadores de servicios de manipulación de carga y de servicios al pasaje mediante contratos públicos. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha confirmado que las autoridades competentes están vinculadas por los principios de transparencia y de no discriminación en la celebración de tales contratos. Por consiguiente, aunque el capítulo II del presente Reglamento no se debe aplicar a la prestación de servicios de manipulación de carga ni a la prestación de servicios al pasaje, los Estados miembros deben seguir teniendo libertad para decidir si aplican las normas de dicho capítulo a estos dos servicios o si mantienen la normativa nacional vigente en materia de acceso al mercado para los servicios de manipulación de carga y los servicios al pasaje, respetando siempre los principios esenciales establecidos en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.
(39) De acuerdo con la resolución A.960 de la Organización Marítima Internacional, cada zona de practicaje requiere una experiencia sumamente especializada y un gran conocimiento local por parte del práctico. Además, el practicaje es generalmente obligatorio y a menudo son los propios Estados miembros quienes se ocupan de su organización o prestación. Por otra parte, la Directiva 2009/16/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (10) dispone que los prácticos informen a las autoridades competentes de las anomalías aparentes que puedan resultar perjudiciales para la navegación segura del buque o constituir una amenaza o ser dañinas para el medio marino. Además, cuando las condiciones de seguridad lo permitan, es importante que todos los Estados miembros fomenten el uso de certificados de exención de practicaje, o mecanismos equivalentes, con objeto de mejorar la eficiencia en los puertos, en particular para estimular el transporte marítimo de corta distancia. A fin de evitar posibles conflictos de intereses entre esas funciones de interés público y las consideraciones comerciales, el capítulo II del presente Reglamento no se debe aplicar al practicaje. Sin embargo, los Estados miembros deben conservar la potestad de disponer que el capítulo II se aplique al practicaje. Si deciden que se aplique, deben informar de ello a la Comisión, con el fin de garantizar la distribución de información pertinente.
(40) Sin perjuicio de las normas de competencia de la Unión, el presente Reglamento no debe interferir en el derecho de los Estados miembros, cuando proceda, a regular las tasas y tarifas con el fin de que las exigidas por los servicios portuarios no sean excesivas, en aquellos casos en que la situación del mercado de servicios portuarios sea tal que no permita alcanzar una competencia efectiva.
(41) Las relaciones financieras entre los puertos marítimos que reciben fondos públicos y los prestadores de servicios portuarios, por una parte, y las autoridades públicas, por otra, deben ser transparentes, a fin de garantizar condiciones de competencia equitativas y evitar las distorsiones en el mercado. En este sentido, el presente Reglamento hace extensivos a otras categorías de destinatarios los principios de transparencia de las relaciones financieras enunciados en la Directiva 2006/111/CE de la Comisión (11) , sin perjuicio del ámbito de aplicación de dicha Directiva.
(42) Es necesario establecer en el presente Reglamento normas sobre la transparencia de las relaciones financieras, a fin de evitar la competencia desleal entre los puertos de la Unión, en particular porque los puertos de la red transeuropea de transporte pueden solicitar financiación de la Unión a través del Mecanismo «Conectar Europa» establecido por el Reglamento (UE) n.º 1316/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (12) .
(43) Con objeto de garantizar la igualdad de condiciones y la transparencia en la asignación y el uso de fondos públicos, y de evitar que se produzcan distorsiones en el mercado, es necesario imponer al organismo gestor del puerto que recibe fondos públicos y que actúa también como prestador de servicios, la obligación de mantener una contabilidad independiente para las actividades financiadas con fondos públicos que realiza en su calidad de organismo gestor del puerto, frente a la contabilidad de las actividades que lleva a cabo de forma competitiva. En cualquier caso, debe garantizarse el cumplimiento de la normativa sobre ayudas estatales.
(44) A fin de garantizar la transparencia, si un puerto u otra entidad efectúa obras de dragado en el interior de una zona portuaria, la contabilidad del dragado debe mantenerse separada de la de las demás actividades.
(45) Sin perjuicio del Derecho de la Unión y de las prerrogativas de la Comisión, es importante que esta última determine, oportunamente y en consulta con todos los interesados, qué inversiones públicas en infraestructuras portuarias están incluidas en el ámbito de aplicación del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión (13) (Reglamento de exención por categorías), y qué infraestructuras no se incluyen en el ámbito de aplicación de las ayudas estatales, tomando en consideración la naturaleza no económica de determinadas infraestructuras, incluidas las de acceso y defensa, siempre que sean accesibles para todos los usuarios potenciales en condiciones de igualdad y no discriminación.
(46) Las tarifas por servicios portuarios que aplican los prestadores de servicios portuarios sujetos a obligaciones de servicio público y las tarifas por los servicios de practicaje que no están expuestos a una competencia efectiva podrían conllevar un riesgo más elevado de que se practiquen precios abusivos en aquellos casos en que existe un poder monopolístico. Deben establecerse para estos servicios disposiciones que garanticen que las tarifas se fijen de manera transparente, objetiva y no discriminatoria y sean proporcionales al coste del servicio prestado.
(47) En aras de la eficiencia, las tasas por las infraestructuras portuarias de cada puerto deben fijarse de manera transparente con arreglo a la estrategia comercial y los planes de inversión propios del puerto, y, cuando corresponda, a los requisitos generales establecidos en el marco de la política general portuaria del Estado miembro de que se trate.
(48) El presente Reglamento no debe afectar a los posibles derechos de los puertos y de sus clientes a pactar descuentos comercialmente confidenciales. El presente Reglamento no tiene como finalidad exigir que se revelen al público o a terceros descuentos de este tipo. No obstante, el organismo gestor del puerto, o la autoridad competente, debe hacer públicas, al menos, las tasas y tarifas estándar antes de realizar ningún tipo de diferenciación de precios.
(49) Debe permitirse el establecimiento de diferentes tasas por infraestructuras portuarias para fomentar el transporte marítimo de corta distancia y atraer buques que tengan un comportamiento medioambiental mejor que el promedio o cuyas operaciones de transporte presenten una eficiencia energética o una eficiencia en términos de emisiones de carbono superior al promedio, en particular las operaciones de transporte marítimo costeras o de alta mar. De este modo se pretende contribuir a la consecución de los objetivos de las políticas de protección del medio ambiente y de lucha contra el cambio climático y al desarrollo sostenible del puerto y de sus inmediaciones, ayudando en particular a reducir la huella medioambiental de los buques que hacen escala y fondean en el puerto.
(50) Dependiendo de la estrategia económica del puerto, de la política de ordenación del territorio del puerto o de las prácticas comerciales del puerto y, cuando corresponda, de la política general portuaria del Estado miembro de que se trate, el establecimiento de diferentes tasas por infraestructuras portuarias puede dar lugar a que a determinadas categorías de usuarios se les aplique una tasa cero. Dichas categorías de usuarios pueden incluir, en particular, los buques-hospital, los buques en misiones científicas, culturales o humanitarias, los remolcadores y las estructuras flotantes de servicio del puerto.
(51) La Comisión, en cooperación con los Estados miembros, debe elaborar directrices sobre los criterios comunes de clasificación de los buques a efectos de la fijación de tasas medioambientales de carácter voluntario, teniendo en cuenta las normas acordadas internacionalmente.
(52) Es necesario garantizar que se consulte a los usuarios del puerto y otras partes interesadas sobre cuestiones clave relacionadas con el desarrollo razonable del puerto, su política de tasas y tarifas, su funcionamiento y su capacidad de atraer y generar actividades económicas. Tales cuestiones clave incluyen la coordinación de los servicios portuarios dentro de la zona portuaria, la eficiencia de las conexiones con el interior y la eficiencia de los procedimientos administrativos en los puertos, así como cuestiones medioambientales. Tales consultas deben entenderse sin perjuicio de cualesquiera otras competencias específicas relacionadas con esas cuestiones y de la posibilidad de que los Estados miembros organicen tales consultas a escala nacional. El organismo gestor del puerto debe consultar, en particular, a los usuarios del puerto y otras partes interesadas sobre los planes de desarrollo portuario.
(53) Con el fin de garantizar una aplicación efectiva y correcta del presente Reglamento, los Estados miembros deben garantizar la implantación de un procedimiento eficaz para tramitar las reclamaciones.
(54) Las autoridades de los Estados miembros deben cooperar a la hora de tramitar las reclamaciones en las controversias entre partes establecidas en distintos Estados miembros e intercambiar información de carácter general sobre la tramitación de las reclamaciones, a fin de facilitar una aplicación uniforme del presente Reglamento.
(55) Dado que los objetivos del presente Reglamento, a saber, garantizar la creación de un marco para la prestación de servicios portuarios y un marco adecuado para atraer la inversión necesaria a todos los puertos marítimos de la red transeuropea de transportes, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, debido a la dimensión europea o a la naturaleza internacional y transfronteriza de la actividad comercial portuaria y las actividades marítimas conexas, sino que, debido a la necesidad de garantizar la existencia de condiciones de competencia equitativas a nivel europeo, dichos objetivos pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.
(56) El Comité de diálogo social sectorial de la UE para el sector portuario ofrece a los interlocutores sociales un marco para desarrollar un planteamiento común frente a los desafíos sociales relacionados con las relaciones laborales en los puertos, incluidas las condiciones de trabajo, las cuestiones de salud y seguridad, los requisitos de formación y las cualificaciones profesionales. Dicho marco debe desarrollarse, en particular, a la luz de la evolución tecnológica y del mercado, y debe hacer que el sector resulte más atractivo para los trabajadores jóvenes y las mujeres trabajadoras, teniendo en cuenta asimismo la importancia de salvaguardar la competitividad de los puertos marítimos europeos y de promover buenas condiciones de trabajo. Respetando plenamente la autonomía de los interlocutores sociales y teniendo en cuenta el progreso tecnológico y los avances de la logística del transporte, se invita al Comité de diálogo social sectorial de la UE para el sector portuario a que elabore directrices sobre el establecimiento de requisitos de formación que permitan prevenir accidentes en el lugar de trabajo y garantizar el nivel más elevado de seguridad y salud de los trabajadores portuarios. Los interlocutores sociales también deben explorar diferentes modelos de organización del trabajo en los puertos marítimos que garanticen puestos de trabajo de calidad y condiciones laborales seguras, y permitan hacer frente a las fluctuaciones de la demanda de mano de obra en los puertos. Es importante que la Comisión apoye y facilite el trabajo del Comité de diálogo social sectorial de la UE para el sector portuario.
(57) El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales y observa los principios reflejados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
a) un marco para la prestación de servicios portuarios;
b) normas comunes sobre transparencia financiera y sobre las tarifas por servicios portuarios y las tasas por infraestructuras portuarias.
a) suministro de combustible;
b) manipulación de carga;
c) amarre;
d) servicios al pasaje;
e) recepción de desechos generados por buques y residuos de carga;
f) practicaje, y
g) remolque.
4. El presente Reglamento se aplica a todos los puertos marítimos de la red transeuropea de transporte que se enumeran en el anexo II del Reglamento (UE) n.º 1315/2013.
10) «recepción de desechos generados por buques y residuos de carga»: la recepción de desechos generados por buques y residuos de carga en cualquier instalación fija, flotante o móvil capaz de recibir esos desechos o residuos, según se define en la Directiva 2000/59/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (16) ;
a) requisitos mínimos para la prestación de servicios portuarios;
b) limitaciones del número de prestadores;
a) las cualificaciones profesionales del prestador de servicios portuarios, de su personal o de las personas físicas que gestionan realmente y de manera continua las actividades del prestador de servicios portuarios;
b) la capacidad financiera del prestador de servicios portuarios;
c) los equipos necesarios para prestar el servicio portuario correspondiente en condiciones normales y seguras, y la capacidad para mantener esos equipos al nivel que se requiera;
d) la disponibilidad del correspondiente servicio portuario para todos los usuarios, en todos los puestos de atraque y sin interrupción, tanto de día como de noche, durante todo el año;
e) el cumplimiento de los requisitos en materia de seguridad marítima o de seguridad y protección del puerto o del acceso a este, de sus instalaciones, equipos y trabajadores y otras personas;
f) el cumplimiento de los requisitos en materia medioambiental locales, nacionales, internacionales y de la Unión;
g) el cumplimiento de las obligaciones en el ámbito de la normativa social y laboral que se aplican en el Estado miembro del puerto de que se trate, con inclusión de las disposiciones de los convenios colectivos aplicables, los requisitos relativos a la tripulación y los requisitos relativos a los períodos de trabajo y de descanso de la gente de mar, y el cumplimiento de las normas aplicables en materia de inspección de trabajo;
h) la honorabilidad del prestador de servicios portuarios, según se determine de conformidad con cualquier legislación nacional aplicable en materia de honorabilidad, tomando en consideración cualquier motivo significativo para poner en duda la fiabilidad del prestador de servicios portuarios.
a) transparentes, objetivos, no discriminatorios, proporcionados y pertinentes con respecto a la categoría y a la naturaleza del servicio portuario de que se trate;
b) de obligatorio cumplimiento hasta que se extinga el derecho a prestar el servicio portuario.
a) la escasez de terreno o de zonas de ribera o su uso reservado, siempre que la limitación se ajuste a las decisiones o planes acordados por el organismo gestor del puerto y, en su caso, por cualquier otra autoridad pública competente de conformidad con el Derecho nacional;
b) que la falta de limitación de ese tipo obstaculice el cumplimiento de las obligaciones de servicio público previstas en el artículo 7, en particular cuando esta falta genere costes demasiado elevados en relación con el cumplimiento de dichas obligaciones para el organismo gestor del puerto, la autoridad competente o los usuarios del puerto;
c) que la falta de limitación de ese tipo impida atender a la necesidad de garantizar unas operaciones portuarias seguras, protegidas o sostenibles desde el punto de vista medioambiental;
d) que las características de las infraestructuras portuarias o la naturaleza del tráfico portuario no posibiliten que trabajen en el puerto múltiples prestadores de servicios portuarios;
e) que se haya establecido, conforme al artículo 35 de la Directiva 2014/25/UE, que un sector o subsector portuario, junto con sus servicios portuarios, desarrolla en un Estado miembro una actividad directamente expuesta a la competencia, de conformidad con el artículo 34 de dicha Directiva. En tales casos no se aplicarán los apartados 2 y 3 del presente artículo.
7. Los Estados miembros podrán decidir que aquellos de sus puertos pertenecientes a la red global que no reúnan los criterios establecidos en el artículo 20, apartado 2, letra b), del Reglamento (UE) n.º 1315/2013 puedan limitar el número de prestadores de servicios con respecto a un servicio portuario en concreto. Los Estados miembros informarán de cualquier decisión de ese tipo a la Comisión.
a) la disponibilidad del servicio portuario para todos los usuarios del puerto, en todos los puestos de atraque, sin interrupción, tanto de día como de noche, durante todo el año;
b) la disponibilidad del servicio para todos los usuarios en condiciones de igualdad;
c) un precio asequible del servicio para determinadas categorías de usuarios;
d) la protección, la seguridad o la sostenibilidad medioambiental de las operaciones portuarias;
e) la prestación al público de servicios de transporte adecuados, y
f) la cohesión territorial.
a) los fondos públicos puestos a disposición directamente por los poderes públicos a los organismos gestores del puerto de que se trate;
b) los fondos públicos puestos a disposición por los poderes públicos por mediación de empresas públicas o instituciones financieras públicas, y
c) la finalidad para la que se hayan otorgado esos fondos públicos.
a) se asignen o imputen correctamente todos los costes e ingresos sobre la base de principios de contabilidad de costes aplicados de forma coherente y objetivamente justificables, y
b) se establezcan claramente los principios de contabilidad de costes con arreglo a los cuales deban llevarse las cuentas separadas.
8. Los Estados miembros podrán decidir que el apartado 2 del presente artículo no se aplique a aquellos de sus puertos de la red global que no cumplan los criterios establecidos en el artículo 20, apartado 2, letra b), del Reglamento (UE) n.º 1315/2013, cuando su aplicación provoque cargas administrativas desproporcionadas, siempre que los fondos públicos recibidos, y su utilización para la prestación de servicios portuarios, sigan siendo completamente transparentes en el sistema contable. Los Estados miembros informarán previamente de cualquier decisión de este tipo a la Comisión.
a) la coordinación de los servicios portuarios en la zona portuaria;
b) medidas para mejorar las conexiones con el interior, en particular medidas para desarrollar y mejorar la eficiencia del transporte ferroviario y el transporte por vías navegables interiores;
c) la eficiencia de los procedimientos administrativos en el puerto y las medidas para simplificarlos;
d) cuestiones medioambientales;
e) la ordenación del territorio, y
f) medidas para garantizar la seguridad en el área portuaria, incluidas, en su caso, la salud y la seguridad de los trabajadores portuarios.
Posición del Parlamento Europeo de 14 de diciembre de 2016 (no publicado aún en el Diario Oficial) y Decisión del Consejo de 23 de enero de 2017.
Decisión 2012/21/UE de la Comisión, de 20 de diciembre de 2011, relativa a la aplicación de las disposiciones del artículo 106, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas estatales en forma de compensación por servicio público concedidas a algunas empresas encargadas de la gestión de servicios de interés económico general (DO L 7 de 11.1.2012, p. 3).
Reglamento (UE) n.º 360/2012 de la Comisión, de 25 de abril de 2012, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis concedidas a empresas que prestan servicios de interés económico general (DO L 114 de 26.4.2012, p. 8).
Directiva 2006/111/CE de la Comisión, de 16 de noviembre de 2006, relativa a la transparencia de las relaciones financieras entre los Estados miembros y las empresas públicas, así como a la transparencia financiera de determinadas empresas (DO L 318 de 17.11.2006, p. 17).