Source: http://www.revistarap.com.ar/Derecho/fiscal/tributos_procedimiento_tributario/compania_avicola_sa_tf_1_gdy.html
Timestamp: 2019-03-26 04:30:54
Document Index: 285858629

Matched Legal Cases: ['artículo 158', 'artículo 158', 'artículo 81', 'artículo 158', 'artículo 81', 'artículo 76', 'artículo 158', 'artículo 2', 'artículo 158', 'artículo 18', 'artículo 158', 'artículo 158', 'artículo 158']

Compañía Avícola S.A. (t.f. 17.249-1 c/D.G.I.
En Buenos Aires, a los 28 días del mes de Octubre de 2003, se reunieron en acuerdo plenario los señores jueces de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, con la presidencia del doctor Pablo O. Gallegos Fedriani y la presencia de los doctores Bernardo Licht, Pedro J. J. Coviello, Néstor Buján, Marta E. Herrera, Jorge H. Damarco, María Inés Garzón de Conte Grand, Jorge E. Argento, Roberto Mordeglia, María del C. Jeanneret de Pérez Cortés, Guillermo P. Galli, Alejandro J. Uslenghi y Luis C. Otero y del señor Fiscal General de la Cámara doctor José María Medrano, en la causa Nº 29.961/00 caratulada: "Compañía Avícola S.A. (t.f. 17.249-1 c/D.G.I.", a los fines de los artículos 297 y 298 del C.P.C.C., y de conformidad con lo dictaminado por el señor Fiscal General la cuestión planteada queda determinada del siguiente modo: "Si es aplicable el artículo 158 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación al procedimiento previsto ante el Tribunal Fiscal de la Nación"
Luego de un breve debate por unanimidad votaron por la afirmativa y la mayoría fundó su voto del siguiente modo:
1.- Que el procedimiento ante el Tribunal Fiscal de la Nación se encuentra previsto en el Título II de la Ley N° 11.683 (t.o. 1998) y sus normas reglamentarias (decreto 1379/79) y el Reglamento del Tribunal Fiscal de la Nación.
La mencionada ley en sus artículos 116 y 197 establece que en los casos no previstos será de aplicación supletoria el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
Como lo señalaba el señor Fiscal General en su dictamen, son claros los términos de las normas citadas. No se trata de una posible aplicación extensiva o analógica sino que se está ante una aplicación directa por expresa remisión de la ley.
Por ello, no encontrándose entre las normas que rigen el procedimiento ante el Tribunal Fiscal ninguna disposición que contemple las situaciones previstas en el artículo 158 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que tiende a garantizar el ejercicio del derecho de defensa, se impone su aplicación supletoria a los procedimientos previstos ante el Tribunal Fiscal de la Nación.
II.- Que no empece a lo dicho, la opción a que se hace referencia en el artículo 81 del Decreto Reglamentario de la Ley N° 11.683 y en los artículos 2° y 22 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal Fiscal de la Nación ya que precisamente por su carácter de optativo, no desplaza la posibilidad de aplicación del plazo para apelar contenido en el artículo 158 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
En este artículo solo se contempla el supuesto en que el contribuyente elija presentar su reclamo ante las sedes locales de la ANA o de la DGI, por lo que no podría extenderse lo allí previsto a un caso que no es el contemplado en esa disposición.
Nada autoriza a sostener que el artículo 81 ha querido acotar los plazos legales que viene a reglar. Al respecto corresponde afirmar que -de configurarse la situación al plazo de 15 días previstos en el artículo 76 de la Ley N° 11683 (t.o. 1998) corresponde aplicar la ampliación por distancia contemplada en el artículo 158 del C.P.C.C. ya sea que se trate de una presentación en aquéllas sedes locales, o cuando proceda ante el Tribunal Fiscal de la Nación según la opción que ejerza el interesado (confr. Sala I in re "Banco de la Provincia de Formosa (TF 17069-I) c/ DGI del 7/9/00, Sala III in re: "Automotores Oeste (TF 14478-I) c/ DGI", entre otros).
III.- Que, asimismo, la previsión del artículo 2° del Reglamento de Procedimientos del Tribunal Fiscal de la Nación, que autoriza la presentación de los recursos pertinentes en la delegación del distrito o agencia de al Dirección General Impositiva que corresponda al domicilio del contribuyente tampoco suprime, precisamente por su carácter de optativo, la vigencia de la ampliación del plazo consignado en el mentado artículo 158, a fin de no aniquilar el ejercicio pleno de los dispositivos impugnatorios establecidos en la normativa aplicable.
El Dr. Guillermo Galli dijo:
El derecho a la tutela judicial efectiva, de amplísimo contenido, comprende el derecho a ser oído por los órganos jurisdiccionales establecidos por el Estado, es decir, no sólo el acceso sino también el derecho a que, cumplidos los requisitos establecidos en las leyes adjetivas, los órganos judiciales conozcan el fondo de las pretensiones de los particulares y, mediante una decisión dictada en derecho, determinen el contenido y extensión del derecho deducido (cfme. Sala IV, 5-11-02, "Romero Díaz, José Ignacio c/B.C.R.A. -resol. 252/00").
Sin embargo, el ejercicio de ese derecho reconocido en el artículo 18 de la Constitución Nacional debe compatibilizarse con el ejercicio de los derechos de los demás intervinientes en el proceso y con el interés que existen en la eficacia de la justicia (Fallos: 583/257).
En el régimen procesal tributario ha de cuidarse celosamente los derechos del contribuyente en cuanto no vean negado su derecho a acceder a los estrados de los órganos que imparten justicia para que conozcan de las cuestiones que en una primera instancia son resueltas por los órganos administrativos. Esa garantía ha de ser acordada respetando, además, el interés público que recomienda encontrar una solución pronta a las cuestiones que se suscitan en relación a la recaudación tributaria impidiendo que la ejecutoriedad de las decisiones dictadas por los servicios recaudatorios no se encuentre supeditada a la voluntad del particular en cuanto al ejercicio de su acción impugnatoria.
De allí que en la materia cobra mayor importancia el régimen de los plazos cuya perentoriedad resulta por cierto recomendable, ello sin olvidar que el Tribunal Fiscal constituye un organismo con jurisdicción en todo el país cuya extensión es por cierto notable.
La concentración de jurisdicción del tribunal administrativo lleva, con el fin de resguardar el derecho de defensa del contribuyente, a entender que la ampliación del plazo en razón de la distancia prevista en el artículo 158 del Código Procesal resulta indiscutiblemente aplicable.
Sin embargo, no debe perderse de vista que el decreto reglamentario de la ley 11.683 prevé un particular sistema de ingreso de causas ante el organismo jurisdiccional como un modo de facilitar el ejercicio del derecho recursivo por parte de los contribuyentes afectados por actos de la administración fiscal. Según él, los contribuyentes domiciliados en el interior de la República pueden imponer sus recursos ante la agencia de la Dirección General Impositiva o la Aduana de su domicilio, las que actuarán como mesa de entradas del organismo jurisdiccional, acercando de ese modo el Tribunal Fiscal a cada uno de ellos (art. 2°, acordada del 23 de octubre de 1978).
El sistema así instituido atempera los perjuicios que traen la perentoriedad de los plazos y la concentración de competencia en la Capital Federal que obligan al establecimiento de plazos extraordinarios en razón de la distancia con la sede del Tribunal Fiscal.
Así las cosas, considero que el artículo 158 del código procesal resulta aplicable en los recursos y demandas que tramitan ante el Tribunal Fiscal, con la aclaración de que con relación a la iniciación de dichos procesos tales distancias han de ser consideradas respecto de la sede del organismo o de la agencia fiscal o aduana del domicilio del actor, según sea una u otra más cercana. Dejar en manos del recurrente o demandante la elección del lugar de iniciación del proceso para computar el plazo extraordinario es crear una desigualdad de trato respecto del contribuyente domiciliado en la Capital Federal o en el Gran Buenos Aires que no tendría en su poder la posibilidad de modificar los plazos según sus intereses.
En virtud del resultado que instruye el acuerdo que antecede y de conformidad con lo dictaminado por el Señor Fiscal General se establece como doctrina legal la siguiente: "Es aplicable el artículo 158 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación al procedimiento previsto ante el Tribunal Fiscal de la Nación".
En atención a lo resuelto, vuelvan las actuaciones a la Sala de origen a fin de que se dicte la correspondiente sentencia con arreglo a la doctrina legal fijada.
María Jeanneret de Pérez Cortés - Pablo O. Gallegos Fedriani - Bernardo Licht - Pedro J. J. Coviello - Jorge E. Argento - María I. Garzón de Conte Grand - Alejandro J. Uslenghi - Jorge H. Damarco - Guillermo P. Galli - Marta E. Herrera - José M. Medrano