Source: http://futatrawun.blogspot.com/2014/07/
Timestamp: 2020-05-30 17:48:24
Document Index: 329821946

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WALLMAPU FUTA TRAWUN: julio 2014
E$tado $hileno condenado en la CIDH por perseguir a Mapuche/PPM/noticias
San José, Costa Rica, 29 de julio de 2014.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) notificó hoy su condena del Estado chileno por violaciones a los derechos humanos de integrantes del pueblo Mapuche en el caso Norin Catriman y otros vs la República de Chile. La FIDH saluda y reconoce esta valiosa decisión.
“Este fallo sienta un precedente en la región ya que constituye un importante reconocimiento por la Corte IDH del fenómeno de criminalización de la protesta social en regímenes democráticos en América Latina” señaló Jimena Reyes, Responsable de la Oficina para las Américas de la FIDH y abogada del caso. “ Se abre un camino a la condena de este tipo de prácticas lamentablemente extendidas en nuestro continente ” acotó.
La Corte IDH condena al Estado Chileno al considerar, entre otras, que las sentencias condenatorias expedidas en contra de las víctimas de este caso -determinando su responsabilidad penal por delitos de supuesto carácter terrorista- fueron emitidas fundándose en una ley antiterrorista violatoria del principio de legalidad y del derecho a la presunción de inocencia.
La Corte también encontró que en la fundamentación de las sentencias condenatorias se utilizaron razonamientos que denotan estereotipos y prejuicios, lo cual configuró una violación del principio de igualdad y no discriminación. Adicionalmente, la Corte encontró que se produjeron violaciones al derecho de la defensa y del derecho de recurrir de esos fallos penales condenatorios. Todo ello hace que esas condenas fuesen arbitrarias e incompatibles con la Convención Americana.
La FIDH junto con dos otros abogados representó ante la Corte a cinco de las ocho víctimas del caso: los dos Lonkos Ciriaco y Pichun, y los Mapuche y activistas José Huencunao, Jaime Marileo y Patrico Marileo, militantes por la recuperación de las tierras de sus comunidades condenados en el 2002 y 2003 a largas penas por los delitos de “amenaza terrorista” e “incendios terroristas”.
La FIDH acoge con satisfacción que la Corte haya confirmado en su sentencia que las condenas por terrorismo de nuestros representados constituyeron un acto de discriminación racial mediante el cual se criminalizó la protesta social de miembros del pueblo indígena mapuche, esto teniendo como posible efecto el amedrentamiento de la expresión de reivindicaciones mapuche de recuperación de las tierras ancestrales.
Al regreso de la democracia, y frente a las constantes negativas de los tribunales de reconocer los títulos de propiedad de los Mapuches y al impacto de los proyectos de inversión forestales, hidroeléctricos y camineros que los gobiernos realizaron sin proceso de consulta, los Mapuches respondieron mediante movilizaciones en defensa de sus derechos. A partir de 1992, los gobiernos empezaron a criminalizar la protesta Mapuche, y desde 2001 mediante la aplicación de la Ley Antiterrorista a sus autoridades, dirigentes y miembros, destinadas a debilitar las movilizaciones y protestas sociales emprendidas para recuperar sus territorios ancestrales.
“La FIDH celebra esta memorable decisión, no obstante, manifiesta su preocupación por las extensas violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales que siguen afectando particularmente a los grupos más vulnerables como las comunidades indígenas de América Latina” señaló Karim Lahidji, Presidente de la FIDH.
- http://www.fidh.org/es/americas/chile/15839-corte-interamericana-de-derechos-humanos-condena-a-chile-en-caso-mapuche
- VEA FALLO AKÍ:
http://www.cooperativa.cl/noticias/site/artic/20140729/asocfile/20140729210229/fallo.pdf
Abya Yala/$hile/Wallmapu- TEMUKO- 3er COMUNICADO PÚBLICO, HUELGA DE HAMBRE DE LOS PRESOS POLÍTICOS MAPUCHE EN TEMUKO - 26 DE JULIO 2014
Los Presos Politicos Mapuche han tomado la drástica desición de pasar a una HUEGA de HAMBRE INDEFINIDA "por nuestra LIBERTAD TOTAL, ya que el gobierno no tiene la voluntad de solucionar nuestro traslado" explicaron en un comunicado.
"Por lo tanto si hemos de arriesgar nuestras vidas debe ser por algo digno" señalaron Cristian Levinao Melinao y Luis Marileo Cariqueo, quienes el pasado 17 de julio iniciaron esta movilización que se mantendrá "hasta las últimas consecuencias".
Al respecto, el gobierno chileno de Bachelet aún no ha respondido y mantiene su indiferencia.
Alrededor de un kilo por día están bajado de peso los dos Presos Politicos Mapuche que retomaron una HUELGA DE HAMBRE al interior de la cárcel de Temuco luego del incumplimiento del Gobierno chileno de Bachelet de trasladarlos, pero AHORA EXIGEN SU LIBERTAD TOTAL.
Luego de 11 días Cristian Levinao Melinao y Luis Marileo Cariqueo han bajado 8 y 10 kilos respectivamente y retomaron el reclamo de la huelga de hambre anterior que se extendió por 39 días luego de NO ser trasladados al CET de Victoria, junto a Leonardo Quijón.
- 3° COMUNICADO PUBLICO HUELGA DE HAMBRE DE LOS PRESOS POLITICOS MAPUCHE EN TEMUCO - 26 DE JULIO 2014
Epu: Hemos tomado la decisión que no arriesgaremos nuestras vidas por un simple traslado al CET. Hoy día asumiremos esta huelga indefinida por nuestra libertad total, ya que el gobierno no tiene la voluntad de solucionar nuestro traslado. Por lo tanto si hemos de arriesgar nuestras vidas debe ser por algo digno de nuestra lucha, que es la lucha de todo un pueblo.
¡¡¡LIBERTAD A TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS MAPUCHES!!!
Penal de Temuko, 26 de julio de 2014
Corte Interamericana de DD.HH condena a Chile por aplicar ley antiterrorista a ocho mapuche
(Lonko Pascual Pichún | RBB)
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) responsabilizó al Estado chileno de violar los principios de legalidad y presunción de inocencia, entre otros, de ocho ciudadanos mapuche que fueron juzgados y condenados en base a la Ley Antiterrorista.
“La Corte concluyó que Chile violó el principio de legalidad y el derecho a la presunción de inocencia en perjuicio de las ocho víctimas de este caso por haber mantenido vigente y aplicado el artículo 1° de la Ley N° 18.314 que contenía una presunción legal del elemento subjetivo del tipo terrorista”, precisó un comunicado del tribunal, con sede en Costa Rica.
Los ocho involucrados en el caso fueron condenados a penas de entre 5 y 10 años por los delitos de incendio y tentativa de incendio, calificados de terroristas, en hechos ocurridos en los años 2001 y 2002 en las regiones chilenas de Bío Bío y La Araucanía.
Se trata de los lonko de Traiguén Aniceto Norín y Pascual Pichún, fallecido en marzo de 2013 (en la foto); el dirigente de Collipulli Víctor Ancalaf Llaupe; el lonko de Chequenco Juan Ciriaco Millacheo; los comuneros de Ercilla Jaime Marileo Saravia y Juan Patricio Marileo Saravia; el ex miembro de la Coordinadora Arauco Malleco y dirigente de Lleu Lleu, José Huenchunao; y la activista Patricia Troncoso Robles.
La Corte encontró además que en la fundamentación de las sentencias condenatorias se utilizaron “razonamientos que denotan estereotipos y prejuicios”, lo cual configura una violación del principio de igualdad y no discriminación, y el derecho a la igual protección de la ley.
Los magistrados de la Corte regional encontraron también en los diferentes procesos contra los mapuche violaciones a las garantías judiciales, como el derecho de la defensa a interrogar testigos y recurrir los fallos penales.
Violaciones a la libertad personal, a la libertad de pensamiento y de expresión y a los derechos políticos son otras de las garantías de la Convención Americana de Derechos Humanos que fueron vulneradas en perjuicio de varias de las víctimas, señaló el tribunal.
La sentencia ordena al Estado chileno, como medida de reparación, adoptar “todas las medidas judiciales, administrativas o de cualquier otra índole para dejar sin efecto, en todos sus extremos, las sentencias penales condenatorias emitidas en contra de las ocho víctimas”.
Asimismo ordena otorgar becas de estudio en instituciones públicas chilenas a los hijos de las víctimas que lo soliciten y pagar indemnizaciones por los daños materiales y inmateriales causados a los demandantes.
- http://www.biobiochile.cl/2014/07/29/corte-interamericana-de-dd-hh-condena-a-chile-por-aplicar-ley-antiterrorista-a-imputados-mapuche.shtml
Los(as) familiares de los Presos Políticos Mapuche de la Coordinadora Arauco Malleco, ante la condena al Estado Chileno por parte de la CIDH, en el caso Norin Catriman y otros vs la República de Chile, por violaciones a los derechos humanos, señala lo siguiente:
1) Saludamos y valoramos esta resolución la que viene a remediar en parte las injusticias cometidas en contra de nuestras autoridades y hermanos y hermanas mapuche que fueron procesados y condenados a través de la Ley Antiterrorista.
2) Dicha resolución viene a ratificar lo que hemos denunciado en múltiples ocasiones respecto de la Ley Antiterrorista, promulgada durante la Dictadura Pinochetista, la que ha sido aplicada durante la “democracia” exclusivamente en contra de dirigentes y militantes de la causa del Pueblo Nación Mapuche, lo cual es un evidente acto de discriminación y de persecución en contra del “enemigo interno”. Como dice la resolución:
• Violándose garantías judiciales como el Derecho a la Defensa
• Violándose el Derecho a la libertad personal a través de largas prisiones preventivas entre otros.
3) Que la resolución establece claramente, en relación a la utilización de testigos con reserva de identidad, “que ese medio de prueba no sea utilizado en grado decisivo para fundar una condena”.
4) Junto con lo anterior se establece la violación, por parte del Estado Chileno, del Derecho a la Protección de la Familia, al recluir a los presos políticos mapuche en centros penitenciarios alejados de sus comunidades.
5) Por lo anterior denunciamos que el Estado Chileno, a través de sus diferentes instituciones, ha continuado violando todos estos derechos, independiente de los gobiernos de turno, y que en caso particular de los PPM-CAM (caso Elgueta y Jorquera) se suman otras violaciones a las garantías judiciales y derechos humanos, tales como:
• Prisión preventiva de un año y medio aproximadamente.
• Torturas y apremios ilegítimos
• Participación de 40 testigos secretos
• Condena basada ÚNICAMENTE, en el testimonio del testigo secreto Nº 26.
• DOBLE JUZGAMIENTO, a través de la Justicia Civil y Militar, con dos veredictos contradictorios, donde la Justicia Militar absuelve y la Justicia Civil Condena.
• Traslado ilegal desde la Cárcel de Angol a la Cárcel de Concepción, por parte de Gendarmería, en contra de la Resolución Judicial del Tribunal de Cañete.
Situación que en estos momento, esta siendo evaluada por en la Comisión Interamerica de Derechos Humanos.
6) Cabe mencionar que los PPM-CAM sufrieron, además, las más altas condenas, 25 a 20 años respectivamente, las que sólo fueron rebajadas tras una larga huelga de hambre.
6) Por todo lo anterior y en base al Informe del Relator Ben Emmerson y a la actual Condena en contra del Estado Chileno,exigimos, la revisión inmediata de la Condena en contra de los PPM-CAM y un nuevo Juicio sin Ley Antiterrorista y sin la utilización de testigos secretos.
Familiares Presos Políticos Mapuche-CAM
Colectivo de Apoyo Presos Políticos Mapuche-CAM
Wallmapu, Julio 30 de 2014
Gobierno asegura que acatará condena de la CIDH por aplicar Ley Antiterrorista a ocho mapuche
(Sebastián Rodríguez | Agencia UNO)
“El gobierno va a cumplir con la condena dictada por este tribunal internacional dependiente de la OEA”, así lo anunció el Ministro de Justicia, José Antonio Gómez, quien no quiso calificar si fue un error por parte de los gobiernos de la Concertación al haber invocado la Ley Antiterrorista en este proceso judicial, donde el Estado chileno fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Recordemos que fueron ocho comuneros mapuche los que fueron condenados por la Ley Antiterrorista. Se trata de los lonko de Traiguén Aniceto Norín y Pascual Pichún, fallecido en marzo de 2013; el dirigente de Collipulli Víctor Ancalaf Llaupe; el lonko de Chequenco Juan Ciriaco Millacheo; los comuneros de Ercilla Jaime Marileo Saravia y Juan Patricio Marileo Saravia; el ex miembro de la Coordinadora Arauco Malleco y dirigente de Lleu Lleu, José Huenchunao; y la activista Patricia Troncoso Robles.
Cabe destacar que Lorena Fries, directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, asistió a la actividad en el Ministerio de Justicia, donde reconoció que es grave que la Corte Interamericana haya sancionado a Chile, enfatizando el hecho que la resolución judicial discriminó por raza a los condenados.
Por su parte Juan Pichún, hijo de Pascual Pichún, uno de los comuneros mapuche condenados y que murió de un ataque cardiaco, dijo que lo único que lamenta es que su padre haya fallecido condenado por amenaza terrorista y que espera que la Presidenta Michelle Bachelet cumpla con esta sanción.
En tanto, el Ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo también se refirió al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenó a Chile por aplicar la Ley Antiterrorista a ocho mapuche, violando principios de legalidad y presunción de inocencia.
En la ocasión el secretario de Estado dijo que “tenemos que respetar el fallo, ver cómo lo implementamos, pero aquí no hay que llamarse a engaño, aquí nosotros vamos a perseguir a todas las personas que están detrás de los hechos violentos, porque demanda histórica o no, no amerita, no justifica la violencia. Por supuesto respetaremos el fallo, lo leeremos con calma”.
- http://www.biobiochile.cl/2014/07/30/gobierno-asegura-que-acatara-condena-de-la-cidh-por-aplicar-ley-antiterrorista-a-ocho-mapuche.shtml
Consejo de Todas las Tierras destaca a CIDH por anular condenas a mapuche bajo Ley Antiterrorista
Luego que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenara a Chile por violar la presunción de inocencia y los principios de legalidad de un grupo de mapuches a quien se les aplicó la ley antiterrorista, el Consejo de Todas las Tierras, señaló que siempre tuvo la convicción que el Estado sería objeto de una contundente resolución.
El Consejo de Todas las Tierras, declaró que la resolución de un tribunal internacional y con carácter obligatorio, sienta un precedente y abre una gran oportunidad en lucha Mapuche por la restitución de tierras y el derecho a la autodeterminación al más breve plazo.
Esta resolución pone de manifiesto que los jueces Chilenos actúan discriminatoriamente con los Mapuche, pero brinda a fuerza al movimiento Mapuche, según el Consejo de Todas las Tierras.
El martes 29 de julio 2014, la Corte Interamericana consideró en la resolución que “la sola utilización de razonamientos que denotan estereotipos y prejuicios en la fundamentación de las sentencias configuraron una violación del principio de igualdad y no discriminación”.
Por ello ordenó “anular las sentencias y dejar sin efecto las penas privativas de libertad y penas accesorias y liberar a las víctimas que aún se encuentren sujetas a libertad condicional”
La Resolución además indicó que “el Estado debe adoptar todas las medidas judiciales, administrativas o de cualquier otra índole para dejar sin efecto, en todos sus extremos, las sentencias penales condenatorias emitidas”.
Asimismo, ésta agregó que el “Estado violó el derecho a la libertad personal, la libertad de expresión y pensamiento, a que la defensa interrogara testigos, el de recurrir el fallo ante un juez o tribunal superior y los derechos políticos de los mapuches”.
- http://www.biobiochile.cl/2014/07/30/consejo-de-todas-las-tierras-valora-resolucion-de-cidh-que-dejo-sin-efecto-condenas-por-terrorismo.shtml
Corte IDH ordenó a Chile anular condenas contra comuneros mapuche por terrorismo
Tribunal condenó a Chile por violar el principio de legalidad y el derecho a la presunción de inocencia, entre otras cosas.
"El Estado debe adoptar todas las medidas judiciales para dejar sin efecto las sentencias penales condenatorias emitidas", indica la resolución.
"El Estado debe adoptar todas las medidas judiciales, administrativas o de cualquier otra índole para dejar sin efecto, en todos sus extremos, las sentencias penales condenatorias emitidas", indicó el fallo publicado este martes por la Corte, con sede en Costa Rica.
La decisión de la Corte IDH
Las condenas contra los indígenas fueron por delitos como "amenaza de incendio terrorista", "incendio terrorista" y "conducta terrorista", y los castigos dictados oscilaron entre los 5 y los 10 años de prisión.
La CorteIDH, un órgano autónomo de la OEA, consideró que "la sola utilización de razonamientos que denotan estereotipos y prejuicios en la fundamentación de las sentencias configuraron una violación del principio de igualdad y no discriminación".
- http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/pueblos-originarios/mapuche/corte-idh-ordeno-a-chile-anular-condenas-contra-comuneros-mapuche-por-terrorismo/2014-07-29/210229.html
Corte-IDH condena a Chile por “errada política de criminalización del pueblo mapuche”
Paula Correa | Miércoles 30 de julio 2014 14:49 hrs.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado chileno por violaciones a los derechos fundamentales de integrantes del pueblo Mapuche en diversos juicios cuestionados donde se aplicó la polémica Ley Antiterrorista. Mientras las autoridades afirmaron que se respetará el fallo, se pronunciaron las víctimas y abogados del caso que, para diversos juristas es un precedente de total importancia tanto para Chile como para América Latina.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó a Chile dejar sin efecto las condenas por terrorismo que se realizaron desde el 2003 en el Biobío y La Araucanía contra siete dirigentes mapuche y una chilena. Se trata del lonko Aniceto Norín y el fallecido lonko Pascual Pichún, los dirigentes Víctor Ancalaf, Jaime y Juan Marileo, José Huenchunao, Juan Millacheo y la activista Patricia Troncoso.
En el fallo la Corte IDH detalla que las sentencias condenatorias expedidas en contra de los acusados fueron emitidas fundándose en una Ley Antiterrorista violatoria del principio de legalidad y del derecho a la presunción de inocencia y que las sentencias condenatorias incurrían en “razonamientos que denotan estereotipos y prejuicios”.
En concreto, el tribunal internacional condenó a Chile por violar el principio de legalidad y el derecho a la presunción de inocencia, de igualdad y no discriminación, y el derecho a la igual protección de la ley de las víctimas. Además, violó el derecho a la libertad personal, la libertad de expresión y pensamiento, a que la defensa interrogara testigos, el de recurrir ante un juez o tribunal superior y los derechos políticos de los dirigentes mapuche.
La mañana de este miércoles el ministro el Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, sostuvo que lo que corresponde ahora es, en primer lugar, analizar el fallo de manera detenida y por supuesto cumplirlo. “Siempre Chile ha cumplido con los fallos internacionales que nos obligan y somos parte de la Corte Interamericana”, sostuvo.
La noticia fue recibida con alegría por parte de los querellantes. Pascual, hijo del lonko Pascual Pichún, afirmó que este fallo, después de tanto tiempo y de que su padre falleciera esperando Justicia, viene a ratificar la inocencia de los condenados por lo que, hoy pueden decir que su padre “descansa en paz”.
“Este fallo es la ratificación de una situación que se ha venido denunciando por muchos años por parte del pueblo mapuche, de tantas personas que han sufrido y que siguen sufriendo esta errada política de criminalización de nuestro pueblo”, afirmó y añadió que, obviamente esos tiempos, esas pérdidas, el maltrato psicológico y físico nadie lo va a devolver, pero es una aliciente saber que se ha podido llegar al cierre de un proceso.
El fallo establece, como medida de reparación, indemnizaciones de 50 mil dólares por familia, acceso a la Salud Mental y entrega de becas. Sin embargo, los dirigentes y sus abogados han sostenido que “nunca va a ser suficiente porque las circunstancias que les tocó vivir jamás van a ser reparadas”.
Jimena Reyes, responsable de la Oficina para las Américas de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y abogada del rotulado como “Caso Norin Catriman y otros v/s la República de Chile” acogió con satisfacción la sentencia que la Corte confirmara que las condenas de sus representados son “un acto de discriminación racial” mediante el cual se criminalizó la protesta de dirigentes mapuche. Esto “teniendo como posible efecto el amedrentamiento de la expresión de reivindicaciones de recuperación de las tierras ancestrales”, afirmó.
Y es que en todos los casos hay de fundamento una reivindicación territorial, como señala la parte histórica de la demanda, elaborada por el historiador Martín Correa.
“Al regreso de la democracia, y frente a las constantes negativas de los tribunales de reconocer los títulos de propiedad de los mapuche y al impacto de los proyectos de inversión forestales, hidroeléctricos y camineros que los gobiernos realizaron sin proceso de consulta, respondieron con movilizaciones en defensa de sus derechos”, recordó la abogada y añadió que a partir de 1992, los gobiernos empezaron a criminalizar la protesta social y desde 2001 lo hicieron también mediante la aplicación de la Ley Antiterrorista destinada a debilitar las movilizaciones y protestas emprendidas para recuperar sus territorios ancestrales.
Hernando Silva, Coordinador del Área Jurídica del Observatorio Ciudadano, organización nacional asociada a la FIDH, remarcó la que principal crítica del organismo internacional al sistema judicial chileno pasa por la utilización de los testigos sin rostro, con lo que coincidieron desde la Defensoría Penal Pública. El Defensor Nacional, Georgy Schubert, valoró la sentencia y afirmó que el uso de la polémica ley no fue restrictivo y fundado, como exigen los estándares internacionales.
Por su parte, Salvador Millaleo, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y Director del Programa de Derechos Indígenas de la Fundación Chile 21, quien dio una mirada sobre cómo se está evaluando este fallo desde el exterior, afirmando que no se deben minimizar los efectos de esta decisión.
“Yo estoy en Alemania en un instituto europeo, el Max Plank de Derecho Penal Internacional donde investigan todos estos problemas de la lucha contra el terrorismo, en relación a los Derechos Humanos y la verdad es que para los investigadores internacionales esto es un precedente muy importante que marca un antes y un después en el sistema interamericano de cómo equilibrar las medidas de seguridad, la aplicación de leyes penales y los derechos fundamentales”, sostuvo.
Así, los juristas coinciden en que la decisión sienta un precedente en la región y que constituye un importante reconocimiento del fenómeno de criminalización en regímenes democráticos en América Latina, cuando en argentina evaluaban una ley similar a la chilena en sus ambigüedades y en Brasil también se discute el tema. Así, se abre con este fallo un camino a la condena de estas prácticas cada vez más extendidas en nuestro continente.
- http://radio.uchile.cl/2014/07/30/el-fallo-ratifica-la-errada-politica-de-criminalizacion-del-pueblo-mapuche
Detención arbitraria de 6 jóvenes mapuche cerca del nuevo aeropuerto de Temuco
por Alianza Territorial Mapuche
El nuevo aeropuerto se resguarda con detenciones ilegales señalan dirigentes.
Un arresto, calificado como ilegal por dirigentes de la comunidad de Trapilhue, afectó a seis jóvenes mapuche de este sector al mediodía de hoy. Estos se desplazaban por el camino público desde tareas agrícolas hacia su comunidad, en el sector vecino al aeropuerto que inició hoy sus vuelos cuando fueron detenidos por la Policía de Investigaciones chilena.
Según relataron fueron mantenidos esposados en un camino de ripio y barro durante al menos una hora y luego llevados al cuartel central en Temuco. Al lugar acudieron dirigentes de la comunidad y la abogada Manuela Royo Letelier a quienes los policías explicaron de que se trataba de un “control de identidad debido a que cuatro de los detenidos no portaban su cédula de identidad”.
Los detenidos fueron liberados recién a las 18 horas, manteniéndose toda la tarde mojados y sin alimento, dificultándose incluso el acceso al baño del cuartel, señalaron. El werken de Trapilhue calificó el hecho como “una detención ilegal con el que el gobierno pretende resguardar al nuevo aeropuerto de Temuco, lo que se suma a una nueva serie de acosos policiales a comuneros mapuche, tanto en el campo como en las ciudades, consistente en patrullajes a toda hora al interior de las comunidades y encerronas e interrogatorios a nuestros hermanos.”
Tanto los dirigentes de Trapilhue como de otros territorios señalaron que “esto es una muestra más del estado de sitio similar a los tiempos de la dictadura de Pinochet que vive la Nación Mapuche”. En el mismo día se dió a conocer las solicitudes de cárcel que realiza la iglesia católica de la zona contra mapuche de la zona costera del Budi por supuesto robo de leña en un terreno ancestral mapuche hoy inscrito como propiedad nombre de esa iglesia y que los mapuche utilizaban luego de una acuerdo que reconocía la propiedad ancestral originaria. Al respecto los dirigentes expresaron su solidaridad con el Logko lafkenche Calfuqueo y los demás acusados, enfatizando que estos hechos no son casualidad, “pues hoy nuestros peñi de Trapilhue fueron encerrados en el mismo lugar que durante la dictadura. Como casa del obispo católico, acogió a muchos perseguidos y hoy es arrendado por el nuevo obispo católico a la policía civil”.
Informe revela que niños indígena son los más pobres de Chile
Sandra Trafilaf | Miércoles 30 de julio 2014 12:37 hrs.
El segundo “Informe Cuenta en Chile 2014”, realizado por el Observatorio Niñez y Adolescencia, develó una cifra alarmante, el 22,89 por ciento de la población infantil de la zona austral vive por debajo de la línea de pobreza, en especial niños y niñas de comunidades indígenas y campesinas.
Según la cifra total nacional el 14, 4 por ciento de la población vive en situación de pobreza, los niños y niñas de las regiones del Biobío y La Araucanía, están 8,4 por ciento por encima de esta cifra, de acuerdo a los datos entregados por en el segundo informe “Infancia Cuente en Chile 2014” del Observatorio Niñez y Adolescencia.
Si se unen los datos de educación, salud, pobreza y acceso a la cultura, uno de cuatro niños están bajo el nivel de la pobreza. Esta realidad tiene un impacto en una mayor segregación escolar menores con resultados negativos en pruebas de selección, particularmente en las regiones del Biobío y La Araucanía.
El segundo informe del Observatorio Niñez y Adolescencia, “Infancia Cuenta en Chile 2014″, monitorea la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas en Chile, la directora ejecutiva de la Asociación Chilena Pro Naciones Unidas (Achnu), Francis Valverde informa que los niños de la región del Biobío alcanzan cifras alarmantes en el nivel de la pobreza de un 30 por ciento y en la Araucanía un 33 por ciento.
La pobreza, en tanto violencia estructural, genera necesariamente una vulneración en todos los ámbitos de los derechos de las personas, afirma la directora ejecutiva de la Asociación Chilena Pro Naciones Unidas (ACHNU), Francis Valverde.
“Los niños y niñas indígenas son los más pobres de los niños pobres de Chile, entonces podemos evidenciar una doble y triple discriminación y segregación política, cultural y económica y es nuestro pueblo originario el que está afectado en mayor medida con la pobreza. ¿Qué le podemos pedir al Estado? Por de pronto, que devele las cifras que le son propias y las utilice en la perspectiva de generar políticas públicas para enfrentar las situaciones de mayor vulneración de derechos que están ancladas en el nivel territorial”.
La directora de Achnu, sostuvo que el Estado debería garantizar y generar condiciones de las familias, que por diferentes motivos esté en una situación de cesantía, responsabilizándose de sostener a esas personas en dignidad. La pobreza, advierte Francis Valverde, es indicador de vulneración de derechos que va más allá de solo considerar el ingreso económico de las familias.
El perfil de menores más vulnerables a la indigencia se localiza en niñas de entre 6 a 13 años de la región de La Araucanía con un 9,4 por ciento, lo que representa más del doble del porcentaje promedio nacional.
Otro de los datos que arroja el segundo Informe, es que solo un 0,4 por ciento de los hogares con niños, presentan una evaluación irrecuperable, con un mayor déficit en Arica y Parinacota, donde un 5 por ciento de las casas tienen piso de tierra o paredes de material reciclado.
La representante de la Red de ONGs de Infancia y Juventud – Chile, Nury Gajardo, afirmó que es “aberrante” que a 25 años de la firma del Convención de los derechos del niño, no existan cifras claras de la situación que viven los niños a nivel nacional.
“Tenemos un gran desafío como en realidad podemos relevar los datos, pero los datos también con enfoque de derechos, yo creo que tenemos como grandes desafíos, efectivamente no tenemos estadísticas, no tenemos datos, no sabemos cuál es la inversión que hay en infancia, pero además también deberíamos tener un trato especial porque en realidad Chile sufre de la ‘focalización’, que también es una crítica en la política pública, deberían haber derechos universales para los niños”.
Sobre el proceso de recopilar información para el informe, los analistas del Observatorio dejaron de manifiesto que existió un temor generalizado de todos los servicios públicos para entregar la información, incluso se vulneró la ley de transparencia, pues en algunos casos, no se logró acceder a los datos solicitados.
El desafío que se plantea el Observatorio, es lograr una política universal que impacte a los niños, contar con políticas públicas que trabajen en terminar con la segregación territorial y social, considerando las variables de distribución del ingreso, concluyendo que es imperativo que los niños tengan la posibilidad real de acceder el ejercicio pleno de sus derechos.
- http://radio.uchile.cl/2014/07/30/informe-revela-que-ninos-indigena-son-los-mas-pobres-de-chile
Especialistas exigen respuestas sobre demanda territorial mapuche
Paula Correa | Sábado 26 de julio 2014 11:17 hrs.
La entrega de tierras a comunidades mapuche ha estado presente en la agenda pública estos días. Pese a los avances durante estos años, aún queda mucho terreno por entregar. Ante esto surgen cuestionamientos sobre cuáles son las vías correctas de adjudicación, los mecanismos y el rol que ha jugado la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena encargada por ley del proceso.
La reivindicación territorial es uno de los pilares de las demandas del pueblo mapuche, pero el gobierno de Michelle Bachelet aún no ha tomado acción directa sobre este tema. Sus prioridades pasan, como señalara el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo en la interpelación a la que se sometió el jueves pasado, por la participación de los pueblos en el parlamento y la reforma a la actual institucionalidad, a través de la creación de un Ministerio de Asuntos Indígenas, un Consejo de Pueblos y una Agenda para el Desarrollo.
Aún así, el tema ha estado presente en el debate nacional. Hace unos días se reunieron las 148 comunidades con aplicabilidad ante Conadi y designaron diversos representantes para solicitar a las autoridades de gobierno que se resuelva de forma urgente la demanda territorial, ya que afirman que la adjudicación ha sido demasiado lenta, más aún considerando que desde hace varios años hay comunidades en lista de espera y algunas tienen fecha de entrega para el año 2018 o 2020.
Estas comunidades están contempladas en el artículo 20B de la Ley 19 mil 253, conocida como “Ley Indígena”, artículo que dice relación con quienes tienen títulos de propiedad reconocidos por el Estado, por lo que es un deber de nuestro país que accedan a estos predios.
Según José Bengoa, académico y rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, sólo de los Títulos de Merced (los que no podían ser expropiados ni vendidos), se calcula que hay unas 200 mil hectáreas que fueron usurpadas en La Araucanía y se ha constatado que en ellas se instalaron Forestales y privados.
En ese sentido, recordó los planteamientos de la Comisión, formada el año 2000 en el gobierno de Ricardo Lagos para “encausar el diálogo y mejorar la relación de los pueblos indígenas”: “Lo que se planteó entonces fue que debería entregarse todo eso a la Corte Suprema. Así se hizo Canadá y en muchos otros países que han resuelto problemas de tan larga data histórica. Que la Corte Suprema tomara este tema y estableciera cuáles son las tierras usurpadas y, con esa resolución, pasara a una ley de expropiación específica”, afirmó.
Bengoa añadió que cree que ese camino “es realista, ya que se puede llegar a una certeza jurídica de quiénes son los expropiadores y por lo tanto cuál es el rumbo de, al menos, esas 200 mil hectáreas”.
Además, afirmó que la Ley Indígena tiene otros mecanismos que permiten la compra de predios para restituir algunas de las llamadas “líneas antiguas”, pero indicó que, si bien se planteó en la Comisión, el tema “quedó escondido”.
“Creo que ese tipo de cuestiones va a tener que ser necesariamente repuesta en este debate” – dijo.
Desde las comunidades han manifestado molestia porque actualmente sólo se está hablando de las tierras provenientes de estos Títulos “oficiales”. Así lo expresó el historiador, Martín Correa, quien –al igual que Bengoa- integró la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato.
“Los Títulos de Merced son las tierras reduccionales, son fruto de la ocupación militar de La Araucanía, de la llegada de los colonos. A las familias mapuche se les reconoce el dominio en el espacio mínimo que tenían en las rucas, las huertas, los cercados, no en sus tierras antiguas, y por algo se llaman reducciones”, afirmó.
El autor de los libros “La Reforma Agraria y las Tierras Mapuche” y “los motivos del Illkun” añadió que lo que está hoy en discusión para las comunidades, las organizaciones y quienes están trabajando con ellos en terreno, son las tierras antiguas y también las tierras que falten en los títulos de Merced.
“Si se toma en cuenta las últimas tierras que compró el Estado, de Urban para las familias de Temucuicui, no son tierras de Títulos de Merced, son antiguas. Las que están en conflicto en Chiguaihue, son las antiguas que fueron usurpadas y entregadas a los colonos y que dieron forma al ‘Fundo Chiguaihue’ donde fueron asesinados Álex Lemún y Jaime Mendoza Collío”.
Y añadió: “Las tierras que entregó Lavín en el Gobierno de Piñera con gran parafernalia mediática es el fundo Santa Rosa de Colpi, que es de Forestal Mininco y que también son tierras antiguas. De hecho, todos los presos políticos mapuche que están hoy día encarcelados están luchando por la reivindicación de sus tierras antiguas”, dijo el historiador, mostrando la relevancia del asunto.
Por lo mismo, afirmó, plantearse la fórmula reduccionista como una solución al conflicto mapuche “es desconocer la demanda territorial mapuche en su completa amplitud” e indicó que están inquietos con que en la reciente discusión sobre entrega de tierras se pierda de vista este tema fundamental.
La ley indica que Conadi permite la asignación de algunas de estas tierras antiguas a través del artículo 20-A de la Ley Indígena, pero, de momento, es un fondo concursable, suele regirse por los criterios políticos que impone el gobierno de turno. Ante esto, Correa también apuntó a la posibilidad de realizar expropiaciones, al tratarse de “un tema de interés nacional”, como dice la misma Ley 19 mil 253.
De hecho, los mecanismos de asignación de tierras por parte de la entidad han sido fuertemente criticados porque se someten a la especulación del mercado financiero. Incluso, se han detectado irregularidades en la adjudicación, las que están siendo investigadas por la Fiscalía en la Justicia y por una Comisión recientemente formada en la Cámara Baja, que preside el diputado radical Fernando Meza.
Ante las críticas se han pronunciado los funcionarios del organismo. Sandra Marín, presidenta de la Asociación de Funcionarios (Anfuco) reveló la falta de personal para asignar las tierras ya comprometidas en la priorización nacional.
“La dificultad en la Conadi es el déficit de recursos humanos y de infraestructura para poder atender a estas demandas. Somos 447 funcionarios a nivel nacional y 56 en el fondo de tierras, que son los que ejecutan el 40 por ciento del presupuesto de todo Chile. Desde ese punto de vista se entiende por qué el proceso es más lento. A eso se suma que muchas de las decisiones no se toman de forma oportuna en el marco de las negociaciones y del sistema de compras que tenemos”, sostuvo.
La funcionaria manifestó su preocupación por la falta de presupuesto del Servicio y auguró un lento avance hacia el futuro ministerio debido a que –dijo- no se observa preocupación de las autoridades.
“Piensa que el Presupuesto 2015 no será mejor que el presente, que aumento un 0,6 por ciento en Conadi cuando los otros servicios tuvieron incrementos del orden de un 2,5. Eso, sin contar los constantes atrasos en la ejecución presupuestaria de la Corporación que, “hacen pensar que no hay interés”, indicó.
http://radio.uchile.cl/2014/07/26/jose-bengoa-la-justicia-deberia-resolver-el-conflicto-de-tierras-mapuche
“Si no protegemos a los pueblos en aislamiento seremos testigos de su desaparición”
- Dramático llamado efectúa Comisión Interamericana en nuevo informe.
Servindi, 29 de julio, 2014.- “Si no logramos asegurar su protección contra estas incursiones, enfrentamos el riesgo de ser testigos de la desaparición completa de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial en las Américas”.
Así se manifiesta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el comunicado de prensa que da a conocer la publicación “Pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial en las Américas” lanzada el martes 29 de julio.
En él informe aborda la situación de los pueblos que no fueron colonizados y que no tienen relaciones permanentes con las sociedades nacionales prevalecientes en la actualidad.
Muchos de estos pueblos han desaparecido, y los pocos que sobreviven se encuentran en una situación única de vulnerabilidad, ya que no pueden abogar por sus propios derechos.
Adicionalmente, hay una demanda alta y creciente en forma permanente de los recursos naturales que se encuentran en sus territorios, tales como maderas, hidrocarburos, combustibles fósiles, minerales y recursos hídricos.
Esta demanda genera incursiones de personas no indígenas en sus territorios, que ponen en riesgo su existencia.
La elaboración del documentado informe fue posible gracias al apoyo financiero del Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA, por su sigla en inglés), con sede en Copenhague, Dinamarca.
Los pueblos en aislamiento en Abya Yala/América
En el continente americano se sabe de la presencia de pueblos indígenas en situación de aislamiento voluntario o contacto inicial en Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Venezuela.
También hay indicios de su presencia en Guyana y Surinam, en las zonas fronterizas con Brasil.
Los Estados de la región han reconocido, en diferentes términos y con diferentes niveles de protección, más de 9 millones de hectáreas a favor de pueblos indígenas en aislamiento voluntario o contacto inicial.
A pesar de estas protecciones jurídicas, en la práctica las prohibiciones de acceso a estas áreas no siempre son respetadas, ni se realizan acciones para hacerlas cumplir.
Esto permite contactos directos e indirectos que derivan en violaciones al derecho a la vida e integridad de estos pueblos, lo cual a su vez genera el riesgo de que desaparezcan por completo.
- Más en: http://ayi-noticias.blogspot.com/2014/07/pueblos-indigenas-en-aislamiento.html
Publicado por futa trawun en 19:11 No hay comentarios: Enlaces a esta entrada
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Interpelacion/ Huenchumilla/ Aucán Huilcamán/ Informe ONU/Resistencia Mapuche/CMPI
Aucán Huilcamán: Diputado Edwards respalda a “quienes intentan falsear la historia”
Paula Correa | Jueves 24 de julio 2014 18:56 hrs.
La Interpelación al ministro del Interior Rodrigo Penailillo este jueves despertó una serie de críticas por la falta de profundidad con la que se enfrentó el conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche. En esa línea Radio Universidad de Chile conversó con Aucán Huilcamán, conocido dirigente mapuche, werkén del Consejo de Todas las Tierras y actual promotor de encuentros de diálogo en el Cerro Ñielol entre el poder central y las autoridades tradicionales del pueblo mapuche.
-Aucán, antes que todo ¿qué le pareció la interpelación?
Hubo más intencionalidad de orden político, entre la oposición y la Nueva Mayoría. En definitiva esto es más como una pasada de cuenta entre un bando y el otro porque no hubo cosas sustantivas, de ningún lado, ni del diputado interpelador, ni del propio ministro Peñaililllo, porque en definitiva anunció nuevamente lo que ya se conoce, que habrá Consulta, pero todas las consultas que se han hecho han resultado ser cuestionadas, porque han existido actos viciados.
Por ejemplo no se señaló en la Interpelación que el Gobierno del Presidente Piñera adoptó un reglamento sobre la Consulta, el Decreto Supremo número 66, que ha sido calificado como “ilegítimo” por las comunidades. Si ese es el instrumento que se va a ocupar va a generar más tensiones, más controversia, más conflictividad en la Consulta que entendimiento. Por ello habíamos pedido muchas veces que se derogara ese decreto, porque atenta contra varios derechos y no es aceptable para nosotros. Así, como está, la Consulta anunciada va a generar más problemas que acercamientos.
-El diputado Edwards señaló que se está utilizando la Consulta como una excusa para no comenzar el proceso de las reformas y cambios comprometidos, ¿Concuerda con esto usted?
Así es, yo creo que por ambos lados están utilizando políticamente esta situación. Me doy cuenta de que en el mundo contemporáneo de Chile de que ninguna de las dos partes está desplegando esfuerzos para la búsqueda de la solución de la conflictividad, al contrario, están distorsionando los hechos y abordándolos de manera tangencial, y nadie enfrenta la cosa de fondo.
Por ejemplo nadie señaló que, en la práctica, el Estado chileno despojó al pueblo mapuche de su territorio y que hoy se están viviendo las consecuencias de ellos. Incluso, al terminar, los diputados Chaín y Schilling fueron más concretos en explicar que se están abordando las consecuencias y no el conflicto original. Renovación Nacional, la UDI, y el gobierno hablan por nosotros y no nos dan manera de participar, yo creo que es el hecho más fidedigno de esta interpelación que no hay voluntad de resolver por uno y otro lado.
Lo que a mí me llamó la atención es que de parte de la UDI y Renovación Nacional se quiere establecer, acá en la región, una especie de “apartheid”, una segregación mapuche, porque creo que a través de la figura del vicepresidente, el ministro Rodrigo Peñailillo, están interpelando, en la práctica, al Intendente Huenchumilla, porque, en definitiva, no quieren ver a ningún mapuche en ningún puesto del Estado y eso verdaderamente se manifiesta con la barra brava que están instalando la gente de la hoy oposición, con lo que podríamos llegar en algún momento a una especie de vínculo odioso entre un grupo y otro, lo que podría ser mucho más complicado en el futuro.
-Preguntarle justamente sobre el Intendente. A raíz de esta Interpelación surgió una carta de respaldo firmada por diversas personalidades, además estaban en Valparaíso, en el Congreso los alcaldes mapuche. Sin embargo desde las comunidades han manifestado cierta desconfianza también a Huenchumilla en el considerando que él es parte de esta lógica partidista tradicional. ¿Cómo ve usted la figura del intendente?
Yo creo que, hasta el momento, ha dicho cosas, ha declarado cosas. Ahora vendrá el tiempo de los hechos y se debería comprometer de forma clara y sincera. Las declaraciones que he escuchado hasta ahora me parecen apropiadas y las apoyo, pero lo que viene es saber cómo se van a materializar. Por ejemplo el perdón es importante, pero no suficiente. En definitiva nosotros esperamos que haya un perdón de la presidenta de la República.
Nosotros estamos trabajando en el sur para presentar una propuesta sobre una Comisión de Esclarecimiento Histórico Mapuche, una comisión que aclare todos los hechos con al llegada del Estado Chileno en el territorio mapuche y que, a partir de allí, esa Comisión, se recomienden algunas medidas reparatorias con uno y otro sector, y allí la Presidenta o el mandatario que venga pida perdón. Por lo tanto no es un perdón religioso suficiente, aquí tiene que haber un perdón con Derechos Humanos, de reparación, compensación, resarcimientos a las víctimas. Y verdaderamente las víctimas son el pueblo mapuche porque en definitiva, la Asociación de Víctimas de Violencia Rural de La Araucanía tiene un mecanismo dentro del procedimiento penal chileno, pueden recurrir para establecer demandas y querellas, a diferencia de las víctimas del Estado y su política de despojo. Poner al mismo nivel a las Víctimas de la Violencia Rural hoy día con la víctima histórica que es el pueblo mapuche en su conjunto, es intentar falsear la historia y, por otro lado, vulnerar el Estado de derecho para recibir una indemnización. A ellos respalda el diputado Edwards.
(Intendente Huenchumilla )
-Al inicio de la interpelación se habló de la entrega de tierras y el diputado interpelador preguntó a Peñailillo si se van a seguir entregando a “las comunidades violentistas”. ¿Qué le parece la visión que manifiestan los parlamentarios oficialistas de mostrar que en la Araucanía hay una creciente violencia encabezada por algunos comuneros a ciudadanos civiles chilenos?
Yo creo que al ministro Peñailillo le faltaron muchos antecedentes, porque él debió recordar que del 15 al 30 de julio del 2013 el gobierno chileno invitó al Relator Especial de las Naciones Unidas, el señor Ben Emerson, quien visitó por 15 días la región y luego hizo un informe y el diez de marzo de este año, del 2014, se presentó en el Consejo de Derechos Humanos ese informe y el Relator no califica que haya terrorismo en la región. No siquiera se refiere a las víctimas de violencia rural, dice que son simples delitos que deben resolverse dentro del sistema procesal chileno. No se dio cuenta de esto en la Sala, el propio ministro, como el parlamentario carecen de mucha información de las conclusiones a las que ha llegado la comunidad internacional luego de conocer la situación mapuche. Se basaron más que nada en cosas más coyunturales e incluso se vincularon otros hechos que no tienen relación. Además, fue de forma majadera, lo que en definitiva no le sirve a nadie.
-El ministro Peñailillo reafirma la postura del Gobierno y reitera que no se va a utilizar la Ley Antiterrorista para el conflicto social. Sin embargo existe una fuerte demanda por no modificarla, sino que por derogarla de plano.
Sí, en definitiva hoy día mismo el Comité Internacional del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que sesionó del siete al once de julio, en Ginebra donde estuve participando y donde me encontré con los representantes del Estado, recomendó a las autoridades que tienen que tener una precisión más clara sobre el terrorismo. Por lo tanto evidentemente son dos situaciones: la modificación de la ley que es la ruta que va a tomar el Estado es una, pero los mapuche por su parte están planteando su derogación. Cuál sea la vía es complejo, sea reforma o derogación, porque va a ser observado, atendido, de parte de la comunidad internacional con mucha atención cuál va a ser la postura que va a tomar el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet en cuanto a la vigencia y aplicación de esta ley.
Una vez finalizada la Interpelación los diputados de la Nueva Mayoría anunciaron que van presentar una moción para pedir que se derogue la ley, ¿le tiene fe a esta iniciativa parlamentaria?
Yo creo que el anuncio está bien, esperamos que eso prospere y no sea una manera para encubrir una nueva reforma que mantenga la Ley Antiterrorista porque, en definitiva, la ley es cuestionada a nivel internacional por los órganos de protección a los Derechos Humanos al ser una norma creada en la dictadura con fines distintos, y mientras no sea derogada y se adopte otra ruta distinta desde el punto de vista jurídico, penal, va a seguir siendo observada como “una criatura de la dictadura militar”.
Cuando le preguntan al ministro Peñailillo cuál es su compromiso concreto con el pueblo mapuche destaca la participación política en el parlamento. Se lo pregunto a usted porque es impulsor de estos encuentros de diálogo entre su pueblo y el Estado chileno en el Cerro Ñielol, ¿ve señales en esta respuesta y confía en ella?
Podría ser una manera de resolver una parte, dar un acto de confianza de parte del Estado en el marco de la reforma al Sistema Binominal, donde se establezca una cuota de participación a los pueblos en Chile, sean cinco o diez escaños. Si sucede creo es un paso para transmitir los puntos de vista de los pueblos indígenas al Congreso Nacional, pero hay que recordar que los pueblos originarios somos titulares del derecho a la libre determinación y aquí estamos trabajando para, en algún momento, instalar un autogobierno mapuche al amparo del derecho internacional.
Por lo mismo creo que el debate de hoy en el Congreso en Valparaíso está al margen de los derechos de los que los mapuche son titular, como a la autodeterminación. Hoy cuando anuncian que va a haber Reconocimiento Constitucional eso no es útil, no es suficiente, a nadie le causa un interés, eventualmente hace diez años sí, cuando no éramos titulares del derecho de libre determinación. Han cambiado las cosas, esa discusión incluso no nos afecta mucho hoy día.
En síntesis ¿cuál fue para usted el motor de esta Interpelación y que conclusiones se pueden sacar de ella?
El móvil es que la derecha no permite que haya una figura mapuche en la Intendencia, porque ellos ya se habituaron en su práctica de discriminar, de segregar y excluir a los mapuche. Nosotros vamos a luchar contra esto, contra este apartheid que le mencionaba, donde se habla de los indígenas sin los indígenas, exactamente como ocurría en Sudáfrica, que se hablaba de los negros con ellos completamente marginados. Nosotros en los próximos días vamos a realizar acciones contra esto, lo vamos a denunciar internacionalmente porque es lo más oprobioso que está ocurriendo en La Araucanía y no queremos que se acrecienten los odios al grado de que surja una batalla con una arista racial, donde se puede perder el control de la situación.
Edwards “frustrado” con la interpelación: “El ministro vino a hablar de cualquier cosa”
Publicado por Erasmo Tauran | La Información es de Agencia UPI
El diputado de Renovación Nacional (RN) José Manuel Edwards, a quien le correspondió interpelar al ministro del Interior Rodrigo Peñailillo, se manifestó “frustrado” tras la falta de respuestas del secretario de Estado a la serie de consultas y compromisos que le solicitó en relación a los actos de violencia en La Araucanía.
“Le pedimos que se comprometiera con los pueblos originarios y no lo hizo, le pedimos que se comprometiera con las víctimas y no lo hizo, le pedimos que diera señales correctas de apoyo al trabajo de los fiscales y que no es razonable ir a visitar a un asesino antes que a la víctima y no lo obtuvimos”, dijo el parlamentario.
“Estoy frustrado porque el ministro no vino a responder, vino simplemente a hablar de cualquier cosa, sin ninguna relación con la pregunta que se le hacía”, afirmó el diputado Edwards.
El parlamentario de RN señaló además que estaba frustrado “porque parece que para el ministro las víctimas son menos importantes que los victimarios, que los delincuentes”.
“Creo que el ministro todavía no entiende que una persona de Santiago vale lo mismo que una persona de Temuco, que si se pone una bomba en un metro en Santiago tiene aplicarse todo el rigor de la ley, pero también debe aplicarse todo el rigor de la ley cuando se descarrila un tren en Temuco”, acotó.
Edwards señaló que si bien esta interpelación “fue muy exitosa antes de la interpelación, durante la interpelación no tuvimos respuestas pero quiero decirle al ministro que todos nosotros en nuestro sector vamos a seguir peleando y luchando porque este país trate de mejor manera a las víctimas de la delincuencia y también por solucionar un conflicto que lleva muchos años en La Araucanía”.
Consultado por las declaraciones del senador RN por la Región de La Araucanía, Alberto Espina, quien afirmó que “hay que apoyar al intendente Huenchumilla” y que tras la interpelación “hay que cerrar filas en torno a las autoridades”; el diputado acusó que “se hizo un uso bastante malicioso” de las declaraciones que el parlamentario dio a una radioemisora, asegurando que “en esa misma intervención también justificó la interpelación”.
Al ser consultado si apoyaba la opinión del senador en cuanto a que tras la interpelación había que “cerrar filas” en torno a las autoridades, Edwards dijo: “lo que hay que apoyar es a la región, a las víctimas, a quienes sufren, a los pueblos originarios. Saquémonos esa idea política que vimos en la graderías con las juventudes de los partidos, acá lo importante es la región y mientras estemos jugando por la región estaremos todos unidos, mientras estemos defendiendo lo indefendible, señales absolutamente inentendibles, evidentemente que vamos a tener diferencias”, manifestó.
Historiador José Bengoa: 200 mil hectáreas fueron usurpadas a los mapuche y debieran ser expropiada
José Bengoa valoró el rol del intendente Huenchumilla por cambiar el foco de la discusión en la zona. En entrevista a Radio Cooperativa además reconoció que grupos de poder "no necesariamente quisieran reconocimiento constitucional" de los pueblos originarios.
El historiador y experto en el tema mapuche José Bengoa valoró la gestión del intendente Francisco Huenchumilla en la Región de La Araucanía en busca de cambiar el foco de la discusión, aunque se mostró contrario a los dichos de la autoridad que desechó eventuales expropiaciones en la zona en la marco de las demandas de tierra del pueblo mapuche.
En conversación con Una Nueva Mañana, Bengoa recordó la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato ( http://www.memoriachilena.cl/602/articles-122901_recurso_2.pdf ), presidida por el ex Presidente Patricio Aylwin, donde se realizó un estudio completo que -según recalcó- alimentaría el debate.
"Allí hicimos un estudio sobre las tierras usurpadas, el cual está disponible en internet, donde aparecen claramente las tierras usurpadas de los títulos de merced. Yo calculo que son unas 200 mil hectáreas, esas tierras no tendrían por qué pagarlas el Estado, porque esas tierras debieran ser expropiadas, ya que no había ninguna legalidad para que estuvieran en posesión de particulares", dijo el historiador, quien añadió que "las tierras que fueron bien habidas no deberían tener ningún problema".
subir Corte Suprema en el tema indígena
Además planteó que el problema de las tierras en la zona debiera ser tomado por la Corte Suprema, una medida que considera que llevaría paz a ese sector.
"En esa comisión planteamos una fórmula que se hizo en Canadá y en varios países, que la Corte Suprema tomara en sus manos este problema, como lo hizo con el tema de los desaparecidos, estableciera un sistema de comprender jurídicamente cuales tierras fueron usurpadas y cuales no, yo creo que eso tranquilizaría La Araucanía", resaltó.
Pese a estar en desacuerdo con los dichos de Huenchumilla, Bengoa valora el actuar de el intendente, incluso defendiéndolo a través de una carta abierta firmada por él y otras personas de las críticas recibidas por la autoridades desde la derecha.
"Hicimos una carta porque Francisco Huenchumilla ha cambiado bastante la manera de mirar desde las autoridades el tema mapuche. Cuando él dice que es un tema político, lo saca de los temas que nos han tratado de meter los sistemas de poder que es un asunto de pobreza, atraso, y lo pone en el terreno en que debe poner", resaltó.
subir Reconocimiento constitucional
También cuestionó a los grupos de poder que se niegan al reconocimiento constitucional de los pueblos originarios.
"Se planteó la reforma constitucional hace 25 años y esta ahí parada en el Congreso, porque hay un conjunto de personas, intereses, que no necesariamente quisieran reconocimiento constitucional de ese sector de la población", indicó.
"Yo creo que eso (el reconocimiento constitucional) conduce a muchas cosas, como discutir lo que es el territorio mapuche, la soberanía mapuche, lo que son los derechos, ahí surge toda una cantinela que es 'el Estado dentro de un Estado', entonces muchos dicen 'no queremos un Estado dentro de un Estado'.
En la misma línea enfatizó que en ningún caso las organizaciones mapuche han planteado independencia u otro Estado, sino más bien la autonomía, algo que ocurre en países como Colombia, en Panamá, en México, en España, en Australia o Canadá.
"Hay diversas formas de autonomía que han planteado las organizaciones mapuche chilenas, pero no hay ninguna de independencia, el concepto es autonomía, que es muy diferente, y que por lo demás ocurre en muchas partes del mundo, no es una cosa que estamos inventando la pólvora", dijo. "Acá escandaliza porque existe una tradición muy dura en Chile, sobre todo en la oligarquía, en la clase alta chilena, de unidad santiaguina del Estado y por eso mismo no hay regionalismo y por eso hay una dureza muy grande en términos a aceptar la unidad", concluyó.
http://mapuexpress.org/provisorio/bengoa-hectareas-usurpadas.html
Aucán Huilcamán ante interpelación de la derecha a ministro Peñailillo: Es una actitud xenofóbica de la UDI y RN con los mapuche
El exprecandidato presidencial, representante de los pueblos indígenas, sostiene que el gobierno de Michelle Bachelet no tiene una política para tratar el conflicto en La Araucanía y que una posibilidad para terminar con el problema es la creación del autogobierno en el sur.
Aucán Huilcamán, werkén y encargado de relaciones internacionales del Consejo de Todas las Tierras, en entrevista con Cambio21 se refirió al conflicto que enfrenta a mapuches y el Estado de Chile en La Araucanía y las políticas del gobierno de Michelle Bachelet al respecto.
Aucán Huilcamán es un dirigente del pueblo mapuche que estuvo a la cabeza de la organización Ad-Mapu en la década del 1980. En 1990 se conviertió en uno de los fundadores del Consejo de Todas las Tierras, donde asumió como werkén (vocero de su comunidad). Estudió derecho internacional humanitario en Roma, lo que le permitió trabajar en la ONU entre 1993 y 1999. Luego integró la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato para asesorar al Poder Ejecutivo en cuanto a una política relacionada a los pueblos indígenas. Terminó sus estudios de derecho en 2012 y en 2013 fue uno de los principales dirigentes mapuches del "Pacto Mapuche por la Autodeterminación, PACMA" que organizó dos encuentros en el Cerro Ñielol, en Tenuco.
¿Qué apreciación tiene sobre el conflicto en La Araucanía?
Este conflicto fue creado por el Estado chileno, que al expandirse al sur de Chile le produjo un problema al pueblo mapuche, mediante actos ilegítimos como el uso de la fuerza y el recurso militar, por lo tanto, vulneró un conjunto de derechos que hoy son la consecuencia de esta violación.
¿Cómo cree que se pueden reivindicar estos derechos?
Afortunadamente en el plano internacional, todos los derechos que hoy reivindica el pueblo mapuche están reconocidos, es decir, son parte del derecho internacional y, lamentablemente, desde el punto de vista interno, de la normativa chilena, no hay avances significativos, como por ejemplo, el derecho a la libre determinación que gozaba el pueblo mapuche antes de la llegada del Estado chileno al territorio, que está reconocido en el artículo 3 de la declaración de Naciones Unidas sobre el derecho de los pueblos indígenas y que en virtud de ese derecho determinan libremente su desarrollo.
En este sentido, ¿qué pasa con el derecho a la tierra?
También está reconocido por el derecho internacional ya mencionado. En el artículo 28 establece que la tierra, territorio y recursos que fueron tomados, confiscados y ocupados, deben ser reparados, restituidos e indemnizados, por tanto, el derecho, como derecho tangible, está reconocido por el derecho internacional de la misma manera que lo está el idioma, el mantener la propia identidad y la transmisión del derecho en base indígena. Por eso no hay de parte nuestra una preocupación mayor que el Estado chileno cambie o no su conducta, sin embargo, el pueblo mapuche hoy trabaja por la instalación de un autogobierno en el sur de Chile, independiente de lo que diga el Estado chileno, porque lo haremos al amparo del derecho internacional.
¿Eso sería una forma de terminar con el conflicto?
Sí, porque el derecho internacional no hará nunca una norma para crearle más conflicto a un Estado, sino que lo hace para que las partes lleguen a entendimiento y, en vista que aquí no lo hay, entonces el derecho internacional nos pone una norma de significativa importancia, que a partir del ejercicio del derecho de la autodeterminación el Estado chileno debería armonizar sus normas constitucionales o legales.
Con respecto a las tierras ¿qué opina de la compra de terrenos por parte del Estado para entregarlas a los mapuche?
A mí me parece que no es la medida más apropiada. Es una forma de resolver la problemática de la tierra, pero no es la mejor. No es en el campo del derecho, sino que simplemente es una compra y venta, pero los mapuche perdieron derecho, que es distinto, y es por eso que el artículo 28 que le mencioné dice que los pueblos indígenas tienen derecho a la reparación, de poder incluir la restitución cuando ello no sea posible y la indemnización por las tierras y territorios que tradicionalmente hayan utilizado, ocupado y que hayan sido confiscados, tomados, utilizados y dañados sin el consentimiento libre, previo e informado. Por tanto la política de compra de tierras es insuficiente.
Cuando estuve en Ginebra y Estados Unidos, Chile rindió un informe ante el comité del pacto de derechos civiles y políticos de Naciones Unidas y se recomendó al Estado chileno que debe restituir tierras ancestrales, que no son de compra-venta, sino que son más allá de las que se otorgaron por título de merced por parte del Estado chileno.
¿Qué piensa del trabajo que ha realizado en la zona el intendenteFrancisco Huenchumilla?
Me parece que ha dado un paso muy distinto al de los anteriores, quienes escondían el problema o le restaban importancia o en el mejor de los casos judicializaban de manera necia sin buscar las raíces de fondo, por tanto, Huenchumilla está tomando los puntos que el movimiento mapuche ha planteado siempre.
No es que Huenchumilla esté inventando algo, sino que está constatando una realidad planteada por parte del pueblo mapuche. En ese sentido está dando un paso significativo.
Con respecto a la interpelación al ministro del interior, Rodrigo Peñailillo, ¿qué piensa de esta acción?
La interpelación es simplemente como una actitud xenofóbica de la UDI y Renovación Nacional con los mapuche, porque en definitiva no se atreven a interpelar directamente al intendente, sino que lo hacen utilizando un subterfugio de manera tangencial, pero están cuestionando al intendente. Yo he definido que la UDI y RN quieren instalar y mantener la política del apartheid en el territorio mapuche, exactamente como lo hacían los blancos en Sudáfrica, y en ese sentido a mí me llama la atención que la sociedad chilena y los políticos estén hablando de otra cosa y no entiendan que hay que combatir el apartheid, porque esto es uno de los actos más odiosos frente a otra cultura y el Estado chileno tiene el deber de combatir la odiosidad, no sólo racial, sino la práctica del apartheid que no permite asomo de lo diferente.
¿Cuál es su postura frente a la idea de crear una cárcel para mapuches?
Acá hay diferentes cosas. La cárcel para mapuches tiene un contrasentido a lo que es el mundo contemporáneo, es absurdo, porque en definitiva sería un acto discriminatorio más. En segundo lugar, en la Novena Región hay más cárceles que en la Región Metropolitana y es incomparable la población entre la novena y octava región que juntas tiene cinco veces más cárceles que la Metropolitana. En tercer lugar, el traslado de los presos mapuche a un lugar distinto que no sea la cárcel, está dentro del estado de derecho, de la normativa vigente del artículo 10 y 11 del Convenio 169 donde se establece que la medida a tomar no sea la cárcel cuando se trata del pueblo indígena o persona vinculada a éste.
¿Qué piensa de las políticas del gobierno de la Presidenta Bachelet con respecto al conflicto?
Lamentablemente no hay una política, lo que hay son declaraciones y acciones del intendente Huenchumilla. Lo que ha anunciado la Presidenta es que va a realizar una consulta sobre la creación de un Consejo de Pueblos Indígenas y la creación de un Ministerio Indígena, que son asuntos temáticos a discutir.
El consejo de pueblo indígena será un perfecto jardín infantil, porque los pueblos indígenas son titulares del derecho a autogobernarse y crear un consejo alejado de donde se discute la política de Estado. En cualquier parte del mundo, suena a un absurdo.
En cuanto a la creación del Ministerio de Asuntos Indígenas, es muy relativo. El Estado creó un conflicto en el territorio mapuche y crear un ministerio es más Estado, entonces el sentido común me diría que la enfermedad no puede servir para remedio.
Resistencia Mapuche responde por ataque armado a Lof Wentelolen y Huelga de Hambre Jul 22, 2014
Tras el ataque policial armado al Lof Wentelolen, que dejo once comuneros heridos tres de ellos graves con heridas de bala calibre 9 milímetros, varios han sido los incidentes que se han registrado en la zona relacionados con la Resistencia Mapuche. Otros hechos también se han registrados en las cercanías de Ercilla, esta vez en apoyo a la huelga de hambre que mantienen hace 5 días los Presos Políticos Mapuche en la cárcel de Temuco
Primero fue el prolongado corte de la ruta P-70 que une Cañete con Tirua en la misma localidad de Wentelolen y posteriormente según informan medios locales se registro la quema de una cabaña en el sector de Ranquilhue, cerca del lago Lleu lleu, hecho acaecido el día domingo 20 de julio.
También se registro un ataque al contingente policial que resguardan las instalaciones de la escuela particular de Alto Antiquina y un ataque a un campamento de Forestal Mininco en el sector de Trangilboro que destruyo al menos siete maquinarias, entre cargadores, tractores y torres de madereo. Estos últimos hechos ocurrieron la noche del domingo.
Por otro lado y según informan los medios locales de Malleco se produjo un ataque a maquinaria del MOP en las cercanías de Ercilla, entre Pidenco y Nupangue, esta acción estaría relacionada con el reinicio de la huelga de hambre de los Presos Políticos Mapuche del Lof Chequenco tras el incumplimiento, por parte del gobierno, de los acuerdos que permitieron terminar la huelga en mayo pasado.
Las acciones de resistencia que se han registrado hasta ahora, dan cuenta de un sentimiento nacionalista Mapuche de mayor madures que el de hace unos años, pues sin contar con la hegemonía de una estructura orgánica, la Resistencia Mapuche desde hace un tiempo viene dando luces de tener, aunque de forma muy básica, la capacidad de responder a las agresiones de que son victimas cada cierto tiempo los distintos Lof en Resistencia.
http://paismapuche.org/?p=9326
$hile-Mapuche: La Batalla de Rihue Alto
Los peñis caídos fueron maltratados por golpes propinados por el lote de pacos (policía militarizada), quienes se fueron haciendo más numerosos con los minutos.
En la tarde del sábado 18, un grupo de mapuche de algunas comunidades de Huentelolén, sur de la comuna de Cañete, se encontraban faenando árboles y madera en sus tierras (hoy apropiadas por Bosques Arauco), en el lugar sagrado Rihue Alto, cuando fueron atacados a balazos por efectivos de fuerzas especiales de carabineros, quienes acudieron supuestamente por una denuncia de “robo de madera”. El resultado fue 6 mapuche y 5 pacos heridos.
Inicialmente, se dijo que los primeros habían emboscado a los segundos, pero la verdad es que carabineros llegó disparando, sin mediar un previo aviso, ante lo cual los lugareños debieron repeler el ataque con las pocas armas de que disponían. A continuación, los peñis caídos fueron maltratados por golpes propinados por el lote de pacos, quienes se fueron haciendo más numerosos con los minutos. Al rato, todos los heridos fueron trasladados hasta el Hospital de Cañete, bajo un fuerte resguardo policial, por aire y tierra. Dos de los mapuche lesionados debieron ser trasladados al Hospital Regional de Concepción por la gravedad de sus heridas, puesto que fueron impactados por balas y no balines como aseguraba carabineros. Asimismo, dos de los uniformados fueron llevados al Hospital Naval de Talcahuano.
Después que en la zona se conociera el violento hecho represivo, en la ruta P-70, que une las comunas de Cañete y Tirúa, se instalaron al menos dos barricadas a la altura del sector amagado, interrumpiendo completamente la circulación vehicular. Madera que era transportada por camiones fue descargada y usada para bloquear las vías, reuniéndose gran cantidad de peñis a reclamar justicia frente a éste nuevo atropello. El Werken de la comunidad Huentelolén, Mario Kayupi, informó que un menor y dos adultos resultaron heridos por balas disparadas por carabineros: “Entraron a reprimir a nuestra gente sin razón ni motivo”, afirmó el werkén, quien agregó que en poder de ellos obraban casquillos de las balas de 9 mm utilizadas por las fuerzas represivas.
Recordó, además, que hace 8 meses están en proceso de recuperación de tierras en la localidad y que carabineros y la forestal estaban al tanto de que estaban sacando madera para venderla, por lo que no entienden qué ocurrió el sábado si hacían lo que consuetudinariamente obran para poder subsistir. Descartan que hayan estado robando, como indicó oficialmente carabineros, y por la nula respuesta a su demanda de justicia por el baleo regresaron a ocupar la carretera la mañana del domingo, para esperar una respuesta de alguna autoridad.
Pero, ocurrió lo insólito. Consultado sobre un posible desalojo en la ruta, el gobernador de Arauco Humberto Toro señaló que ellos habían concluido el diálogo (¿?) con los mapuche, por lo que ahora carabineros tomaría las decisiones que correspondiesen. O sea, este funcionario no tiene idea que el poder político es él y que él debe decidir y ordenar y no al revés. Pero, muy astuto él, con su respuesta el audaz gobernador nos está diciendo que no fue el poder político, el gobierno en el fondo, quien ordenó llegar disparando sin más a los mapuche que estaban recuperando madera ahí en Rihue Alto, sino que son los pacos quienes hacen a su regalado gusto. Esto suena más falso que las justificaciones que se dieron en el reinado anterior de Bachelet, 2007, cuando se supo que fue el gobierno quien dio la orden de desalojar por la fuerza bruta a trabajadores forestales en huelga que protestaba en frente a la Celulosa Horcones (de Angelini, al igual que Bosques Arauco) y los pacos asesinaron de 25 balazos a Rodrigo Cisternas.
El gobierno de la Nueva Mayoría (NM), tal como el sagaz gobernador, ha querido sacar las castañas con la mano del gato en este violento episodio. En Santiago, la tarde del domingo, el vocero de gobierno Alvaro Elizalde indicó que “son las autoridades locales las que deberán pronunciarse al respecto”. Por su parte, para el seremi de gobierno del BíoBío, Enrique Inostroza, la investigación para esclarecer los hechos está recién empezando, aunque a él le late que la problemática más bien se relaciona con “un episodio delictual por robo”. Es decir, para los diversos niveles gubernamentales no es tema el que hayan resultado 6 mapuche heridos por perdigones y balas, lo fundamental es la propiedad privada de una millonaria empresa forestal.
Pero la cosa no será fácil para los administradores del modelo de explotación y exclusión. En la noche del domingo, desconocidos quemaron maquinaria de la Forestal Mininco (del grupo Matte) en el fundo Tranguilvoro, cercano a Huentelolén.
Con lo que está pasando en Cañete, la Araucanía y todo el Wallmapu, nos debe quedar meridianamente claro que la NM no va cambiar el meollo histórico de la relación estatal con el pueblo Mapuche, basado en la estrategia de la zanahoria y el garrote: “si conversas en nuestros términos, bien; sino, balas”. Seguirán del lado de las empresas forestales, de los Angelini, los Matte, y de sus socios extranjeros.
Escrito por Colectivo Acción Directa
http://metiendoruido.com/2014/07/chile-mapuche-la-batalla-de-rihue-alto/
Comité de Derechos Humanos ONU. Informe de Recomendaciones a Chile
El Comité de Derechos Humanos, que supervisa el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, publicó sus Observaciones y Recomendaciones al Estado de Chile, tras examinar el Sexto informe periódico de Chile.
Publicamos documento completo.
[Versión avanzada sin editar]
111º período de sesiones
7 a 25 de julio de 2014
Tema 6 del programa
Observaciones finales sobre el sexto informe periódico de Chile
Proyecto preparado por el Comité
1. El Comité de Derechos Humanos examinó el sexto informe periódico presentado por Chile (CCPR/C/CHL/6) en sus sesiones 3068º y 3069º (CCPR/C/SR.3068 y 3069), celebradas los días 7 y 8 de julio de 2014. En su 3090ª sesión (CCPR/C/SR.3090), celebrada el 22 de julio de 2014, el Comité aprobó las siguientes observaciones finales.
2. El Comité acoge con satisfacción la presentación del sexto informe periódico de Chile y la información brindada. Expresa su reconocimiento por el diálogo constructivo establecido con la delegación de alto nivel del Estado parte sobre las medidas adoptadas por este durante el período al que se refiere el informe para aplicar las disposiciones del Pacto. El Comité agradece al Estado parte sus respuestas escritas (CCPR/C/CHL/Q/6/Add.1) a la lista de cuestiones (CCPR/C/CHL/Q/6), que fueron complementadas por las respuestas orales de la delegación.
3. El Comité acoge con satisfacción las siguientes medidas legislativas y de otra índole adoptadas por el Estado parte:
a) La adopción de la Ley 20.609 (2012), sobre la no discriminación;
b) La adopción de la Ley 20.507 (2011), sobre el tráfico ilícito de inmigrantes y la trata de personas; y
c) La creación del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en 2009, Ley 20.405.
4. El Comité acoge con satisfacción la ratificación por el Estado parte de los siguientes instrumentos internacionales de derechos humanos, o su adhesión a los mismos:
a) El Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte, el 26 de septiembre de 2008;
b) La Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, el 8 diciembre de 2009;
c) El Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, el 12 de diciembre de 2008;
d) El Convenio No. 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, el 15 de septiembre de 2008; y
e) La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y suProtocolo Facultativo, el 29 de julio de 2008.
5. Preocupa al Comité que el Estado parte mantenga las declaraciones que hizo en el momento de ratificar los dos Protocolos Facultativos del Pacto. (art. 2).
El Estado parte debe considerar la posibilidad de retirar sus declaraciones, en particular la relacionada con el Protocolo Facultativo del Pacto relativo al mecanismo de comunicaciones individuales.
6. El Comité acoge con satisfacción el establecimiento del INDH en 2009 y su acreditación en la categoría A por el Comité Internacional de Coordinación de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (CIC). Sin embargo, expresa su preocupación que el INDH no disponga de recursos propios suficientes para la plena ejecución de su mandato y que no cubra todas las regiones del territorio nacional (art. 2).
El Estado parte debe intensificar sus esfuerzos para lograr que el INDH disponga de los recursos necesarios para poder desempeñar su mandato eficazmente, en todas las regiones del país.
7. El Comité sigue preocupado (CCPR/C/CHL/CO/5, para. 7) ante la definición de terrorismo comprendida en la Ley Antiterrorista (Ley No. 18.314), la cual es demasiado amplia y puede dar lugar a arbitrariedades en su aplicación. Por ejemplo, pese la información de la delegación de que esta ley no se utiliza para la persecución penal en contra de miembros de la comunidad Mapuche, al Comité le preocupa información que señala que ésta ha sido utilizada para la investigación y, en algunos casos, para la persecución penal de miembros de las comunidades Mapuches. El Comité reitera que las garantías procesales se ven limitadas bajo la aplicación de esta ley (arts. 2, 14, 26 y 27)
El Estado parte debe reformar la Ley Antiterrorista y adoptar una definición clara y precisa de los delitos de terrorismo para asegurar que las actividades que realizan los agentes del orden en el marco de la lucha contra el terrorismo no estén dirigidas a determinadas personas por su origen étnico o cualquier motivo social o cultural. Asimismo, debe asegurar que las garantías procesales, contenidas en el artículo 14 del Pacto, sean respetadas. El Comité insta al Estado parte a abstenerse de aplicar la Ley Antiterrorista en contra de los Mapuches.
Investigación por casos de violaciones de derechos humanos del pasado
8. El Comité celebra los avances que se han dado en la investigación, juzgamiento y sanción por casos de graves violaciones de derechos humanos del pasado. Sin embargo, le preocupa al Comité la aplicación de la “prescripción gradual” o “media prescripción”, contenida en el artículo 103 del Código Penal, a violaciones graves de derechos humanos ocurridas durante la dictadura, lo cual determina la disminución o atenuación de las penas aplicables. El Comité también está preocupado sobre el carácter de secreto de los documentos, testimonios y antecedentes aportados ante la Comisión de Verdad y Reconciliación y la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (CNPPT) (arts. 2 y14).
El Comité insta al Estado parte a derogar o enmendar el artículo 103 del Código Penal para hacerlo plenamente compatible con las disposiciones del Pacto. El Estado parte debe continuar desplegando un esfuerzo riguroso para impulsar activamente las investigaciones respecto de todas las violaciones a los derechos humanos, velando por que en estas investigaciones se identifique a los responsables, se los enjuicie y se les impongan sanciones apropiadas, proporcionales a la gravedad de los crímenes. Debe también hacer público los documentos de la Comisión de Verdad y Reconciliación y la CNPPT.
9. El Comité nota con satisfacción la explicación provista por el Estado parte que la Ley de Amnistía (Decreto Ley No. 2.191 de 1978) no reviste aplicación práctica en Chile, sin embargo reitera su preocupación (CCPR/C/CHL/CO/5, para. 5) que ésta continúe vigente lo que deja abierta la posibilidad de su aplicación (arts. 2, 6 y 7 del Pacto).
El Estado debe eliminar la vigencia legal de la Ley de Amnistía y asegurarse que la misma siga sin aplicarse a las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado.
10. Si bien reconoce las medidas adoptadas por el Estado parte, al Comité le sigue preocupando que los pueblos indígenas no sean consultados previamente en el proceso de adopción de decisiones respecto de cuestiones que afectan a sus derechos y que todavía no se haya establecido un mecanismo efectivo de consulta y participación indígena, de acuerdo a las normas internacionales. Al Comité le preocupa, pese al contenido de sus anteriores observaciones finales (CCPR/C/CHL/CO/5, para. 19), la lentitud en la aprobación de la reforma constitucional para el reconocimiento de los pueblos indígenas y la morosidad en la aprobación del proyecto para la creación del Consejo de Pueblos Indígenas. Asimismo, le preocupa que el mecanismo de compra de tierras para las comunidades indígenas es todavía insuficiente para garantizar el derecho a las tierras ancestrales de los pueblos indígenas (art.1 y 27).
(a) acelere el proceso de reforma constitucional y que incluya el reconocimiento de los pueblos indígenas;
(b) realice todos los esfuerzos posibles, consultando a las comunidades indígenas, para la creación del Consejo de Pueblos Indígenas;
(c) se establezca un mecanismo efectivo de consulta y que éste se ajuste a los principios del artículo 27 del Pacto y garantice el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas con respecto a decisiones relativas a proyectos que afecten a sus derechos, en particular debe velar por que se obtenga el consentimiento libre, previo e informado, de las comunidades indígenas antes de que se adopte cualquier medida que ponga en peligro sus actividades económicas de importancia cultural o interfiera sustancialmente en ellas; y
(d) redoble sus esfuerzos encaminados para garantizar el pleno derecho a las tierras ancestrales de los pueblos indígenas.
No-discriminación e igualdad entre hombres y mujeres
11. El Comité acoge con satisfacción la aprobación de la nueva ley de no discriminación, sin embargo le preocupa que esta ley no haya incluido el principio de igualdad entre el hombre y la mujer, de conformidad con el artículo 3 del Pacto. Asimismo, el Comité nota con preocupación que prevalecen estereotipos, discriminación y marginación, en particular en contra de las mujeres (arts. 2, 3 y 26).
El Estado parte debe adoptar una legislación que garantice expresamente el principio de igualdad entre la mujer y el hombre, de conformidad con el artículo 3 del Pacto. Asimismo, debe adoptar un mecanismo efectivo de reparación a las víctimas de discriminación.
12. Si bien toma nota del reconocimiento por la delegación de la necesidad de reformas a la legislación que discrimina la mujer en lo que se refiere a la administración de los bienes matrimoniales, el Comité lamenta que siga vigente el régimen de “sociedad conyugal” (arts.3 y 26).
El Estado parte debe acelerar la aprobación de una ley para abrogar el régimen de “sociedad conyugal”, asegurando que el nuevo régimen patrimonial del matrimonio garantice la igualdad de derechos entre la mujer y el hombre.
13. No obstante su recomendación previa (CCPR/C/CHL/CO/5, párr. 18), el Comité sigue preocupado por el bajo nivel de representación de las mujeres en el sector público y privado, en especial en funciones decisorias. Pese a la Ley No. 20.348 que establece igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres, el Comité lamenta la persistencia de las notables diferencias salariales entre hombres y mujeres y nota con preocupación las debilidades en la implementación de la Ley No. 20.348 y el bajo conocimiento de la población sobre la existencia de la misma. (arts. 2, 3 y 26).
El Estado parte debería hacer más esfuerzos por aumentar la participación de la mujer en los sectores público y privado y, si es necesario, tomar "medidas especiales de carácter temporal". El Estado parte debe aumentar sus esfuerzos para eliminar los estereotipos de género y llevar a cabo campañas de sensibilización al efecto, especialmente en el ámbito laboral. El Estado parte debe adoptar urgentemente medidas concretas para asegurar la implementación de su legislación y que ésta garantice la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor.
Discriminación en contra de las lesbianas, los gays, los bisexuales y los trans (LGBT)
14. Pese al contenido de sus anteriores observaciones finales (CCPR/C/CHL/CO/5, para. 16), el Comité está preocupado por las informaciones sobre la discriminación y los actos de violencia sufridos por las personas LGBT. Pese a la intención expresada por el Estado parte de derogar el artículo 373 del Código Penal, el Comité nota con preocupación que éste siga siendo utilizado para detener y hostilizar a personas en razón de su orientación sexual o identidad de género (arts. 2, 3, 6, 7 y 26).
El Estado parte debe intensificar sus esfuerzos para proporcionar una protección eficaz contra la violencia y la discriminación por orientación sexual o identidad de género, en particular en el sistema educativo, y poner en marcha una campaña de sensibilización destinada al público en general con el fin de luchar contra los prejuicios sociales. El Estado parte debe derogar el artículo 373 del Código Penal y velar por que se proceda a la investigación, el enjuiciamiento y la sanción de todo acto de violencia motivado por la orientación sexual o la identidad de género de la víctima.
15. El Comité, recordando sus anteriores observaciones finales (CCPR/C/CHL/CO/5, para. 8), expresa su preocupación por la persistencia de la criminalización absoluta del aborto que obliga a las mujeres embarazadas a busar servicios de abortos clandestinos que ponen en peligro sus vidas y su salud. Si bien toma nota de la información proporcionada por la delegación sobre un proyecto de ley en tramitación que pretende incluir excepciones a la prohibición absoluta del aborto, el Comité nota con preocupación que este proyecto no incluye la excepción al aborto cuando el embarazo sea consecuencia de un incesto. El Comité también está preocupado por los altos índices de abortos clandestinos que han resultado en mortalidad materna y embarazos adolescentes (arts. 3 y 6).
El Estado parte debe establecer excepciones a la prohibición general del aborto, contemplando el aborto terapéutico y en los casos en que el embarazo sea consecuencia de una violación o incesto. El Estado parte debe asegurar que los servicios de salud reproductiva sean accesibles para todas las mujeres y adolescentes, en todas las regiones del país. Asimismo, el Estado parte debe multiplicar y asegurar la aplicación de programas de educación y sensibilización sobre la salud sexual y reproductiva, en particular entre la población adolescente.
16. El Comité acoge con satisfacción las medidas adoptadas para combatir la violencia contra la mujer y la información provista por la delegación sobre una iniciativa de ley de eliminación de la violencia contra las mujeres que abarcará todas las formas y manifestaciones de ésta. No obstante, el Comité está preocupado por la persistencia de ese fenómeno. Al Comité le preocupa el delito de “maltrato habitual”, contenido en la Ley de Violencia Intrafamiliar (Ley No. 20.066), que impone una barrera procesal a la víctima que no puede denunciar los hechos directamente al órgano persecutor, en particular en casos de violencia psicológica. Al Comité también le preocupan las deficiencias en la atención a las víctimas de violencia y el número limitado de fiscales y personal judicial especializados en violencia doméstica (arts. 3, 6, 7, 14 y 26).
El Estado parte debe acelerar la adopción de la nueva ley de eliminación de la violencia contra las mujeres, de acuerdo con los estándares internacionales, y asegurar que ésta abarque todas las formas y manifestaciones de violencia y que excluya el requisito del “maltrato habitual. De la misma forma, debe reforzar e institucionalizar una capacitación con perspectiva de género, obligatoria para todo el personal judicial y los miembros de la fuerza pública con el fin de asegurar que estén preparados para responder de forma efectiva a todas las formas de violencia en contra de la mujer. El Estado debería aumentar el número de fiscales y personal judicial especializados en violencia doméstica.
Prohibición de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes
17. Al Comité le preocupa que el plazo de prescripción para del delito de tortura sea de diez años (art. 7).
El Estado parte debe ampliar el plazo de prescripción para los delitos de tortura, teniendo en cuenta la gravedad de este delito, de forma que todos los actos de tortura se puedan investigar con eficacia y, en su caso, enjuiciar y sancionar.
18. Al tiempo que toma nota de la intención del Estado parte de designar el INDH como mecanismo nacional de prevención a los efectos del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, al Comité le preocupa que dicho mecanismo aún no se haya creado (art. 7).
El Estado debe agilizar la adopción de las medidas jurídicas necesarias para crear un mecanismo nacional de prevención independiente.
19. El Comité observa con preocupación que sigue habiendo denuncias de torturas y malos tratos por parte de funcionarios del Estado. En particular, al Comité le preocupa el excesivo uso de la fuerza en el marco de protestas ciudadanas, así como casos de tortura durante el traslado y detención de personas, incluidas denuncias de violencia sexual policial en contra de niñas y mujeres, en el contexto de protestas estudiantiles (art. 7).
El Estado parte debe redoblar sus esfuerzos para prevenir y eliminar la tortura y los malos tratos, entre otras cosas reforzando la formación en derechos humanos de las fuerzas del orden y de seguridad y revisando los protocolos de actuación del personal encargado de hacer cumplir la ley, a la luz de los estándares internacionales en la materia. Asimismo, el Estado parte debe velar porque todas las denuncias de tortura o malos tratos sean investigadas de manera rápida, completa e independiente, porque los responsables de esos actos comparezcan ante la justicia y porque las víctimas reciban una reparación adecuada que incluya servicios de salud y de rehabilitación.
20. Al tiempo que toma nota de las medidas adoptadas por el Estado parte para combatir la trata de personas (incluida la trata interna), el trabajo forzoso y la servidumbre doméstica, el Comité está preocupado por la persistencia de esas prácticas, en particular en contra de mujeres y niñas. Al Comité le preocupa la falta de eficacia para combatir este delito (art. 8).
El Estado parte debe intensificar sus esfuerzos para poner fin a la trata de personas, incluyendo la trata interna de personas. El Estado parte debe velar por la aplicación efectiva del marco jurídico en vigor contra la trata y tráfico de personas en todos los niveles del Estado y debe seguir formando a los funcionarios de las fuerzas del orden y de los servicios de inmigración, y ofrecer protección, rehabilitación y reparación a las víctimas. El Estado debe, asimismo, garantizar que las denuncias de esas prácticas sean investigadas, que los responsables comparezcan ante la justicia y sean condenados con penas adecuadas.
21. El Comité toma nota de los esfuerzos realizados por el Estado parte, sin embargo, le preocupa la persistencia de los altos niveles de hacinamiento, las malas condiciones imperantes en los lugares de detención y la ausencia de objetivos precisos para resolver los problemas Asimismo, le preocupa la elevada tasa de encarcelamiento, inclusive en los sitios de privación de libertad para jóvenes. Pese a la información provista por el Estado parte de que el promedio de la duración de la medida disciplinaria de celda solitaria ha disminuido, el Comité expresa nuevamente su preocupación (CCPR/C/CHL/CO/5, para. 11) por el persistente uso de esta medida (arts. 7 y 10).
El Estado parte debe adoptar medidas eficaces para mejorar las condiciones materiales de los centros penitenciarios, reducir el hacinamiento existente y responder debidamente a las necesidades fundamentales de todas las personas privadas de libertad. En particular, el Estado parte debe adecuar los centros de privación de libertad para jóvenes a los estándares internacionales. El uso de la medida disciplinaria de celda solitaria debe ser revisado y su aplicación restringida a circunstancias excepcionales y por períodos estrictamente limitados.
22. El Comité toma nota con satisfacción de la promulgación de la Ley 20.477 que limita la competencia de tribunales militares, sin embargo considera que ésta no cumple plenamente con la recomendación anterior del Comité (CCPR/C/CHL/CO/5, para. 12). El Comité toma nota del Tribunal Constitucional, sin embargo le preocupa que los tribunales militares sigan teniendo competencia respecto a delitos en contra de civiles cometidos por militares, incluso por carabineros (arts. 2, 6, 7 y 14).
A la luz de la recomendación anterior del Comité, el Estado parte debe modificar las normas penales militares vigentes para excluir del fuero militar los casos de violaciones de derechos humanos. Asimismo, debe prohibirse que los tribunales militares juzguen a civiles.
23. El Comité acoge con satisfacción la nueva iniciativa de ley sobre migración, sin embargo le preocupa que ésta no garantice plenamente los derechos protegidos en el Pacto, en particular lamenta que la ampliación del plazo de presentación de recursos contra las decisiones de expulsión (48 horas) sea muy exiguo. Al Comité le preocupa que la Ley de Extranjería en vigor determine la posibilidad de confiscar documentos de identidad de un trabajador migratorio cuando éste viole las leyes de migración (arts. 12 y 13 del Pacto).
El Estado parte debe acelerar la aprobación del proyecto de ley sobre migración, asegurando que éste garantice plenamente los derechos protegidos en el Pacto. El Estado parte debe asegurar a las personas sujetas a procesos de deportación el ejercicio efectivo de su derecho a ser oídos, a contar con una representación adecuada y el plazo adecuado para interponer recursos contra las decisiones de expulsión. El Comité alienta al Estado parte a eliminar la práctica de confiscar los documentos de identidad a un trabajador migratorio y adecuar su legislación al artículo 12 del Pacto, tomando en cuenta la Recomendación General No. 27 (1999) sobre libertad de circulación.
24. Pese la información suministrada por el Estado parte de que la normativa vigente establece la voluntariedad como criterio prevalente para llenar las vacantes de reclutamiento y que la realización obligatoria perdura sólo como criterio subsidiario, el Comité sigue preocupado que la ley vigente no reconozca la objeción de conciencia al servicio militar, como lo indicó anteriormente (CCPR/C/CHL/CO/5, para. 13) (art. 18).
El Estado parte debe agilizar la adopción de una legislación que reconozca la objeción de conciencia al servicio militar.
25. El Estado parte debe difundir ampliamente el Pacto, los Protocolos Facultativos del Pacto, el texto de su sexto informe periódico, las respuestas escritas que ha facilitado en relación con la lista de cuestiones preparada por el Comité y las presentes observaciones finales, para concienciar en mayor medida a las autoridades judiciales, legislativas y administrativas, la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales que actúan en el país, así como la población en general. El Comité pide al Estado parte que, al preparar su séptimo informe periódico, realice amplias consultas con la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales.
26. De conformidad con el artículo 71, párrafo 5, del reglamento del Comité, el Estado parte debe facilitar, dentro del plazo de un año, información pertinente sobre la aplicación de las recomendaciones del Comité que figuran en los párrafos 7, 15 y 19 supra.
27. El Comité pide al Estado parte que, en su próximo informe periódico, que habrá de presentarse a más tardar el 31 de julio de 2019, facilite información concreta y actualizada sobre todas sus recomendaciones y sobre el Pacto en su conjunto.
Peñailillo: “El gobierno respalda totalmente al Intendente Huenchumilla”
Paula Correa | Jueves 24 de julio 2014 15:23 hrs.
Con una fuerte presencia del público se desarrolló hoy la interpelación al Ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo a cargo del diputado de Renovación Nacional José Manuel Edwards, marcada por la situación en La Araucanía y la colocación de bombas en la Región Metropolitana. El diputado interpelador afirmó que la instancia “no fue ciudadana” ante lo que consideró la falta de respuestas del Ministro y puso fin a la sesión en Sala. Con esto se evidenció una vez más las profundas diferencias en los principales bloques políticos.
Se concretó la segunda interpelación a un Ministro de Estado del actual Gobierno, cada vez más lejos del “diálogo constructivo” que afirmó la oposición que utilizaría cuando planteó la utilización constante de esta instancia parlamentaria en el futuro.
Esta fue sin duda una interpelación altamente polarizada, con una gran asistencia de público de ambas posturas en las tribunas del Congreso en Valparaíso y un tono permanente de molestia por parte de los protagonistas.
Dando inicio, el diputado por la novena región apuntó sus dardos a la figura del Intendente, Francisco Huenchumilla pidiendo que la entrega de tierras no se realicé a lo que calificó “los violentistas y cuestionó las declaraciones del Intendente sobre que los parleros “deberán entregar sus tierras” y donde trató a los fiscales de opinólogos” pidiendo que se pronunciara sobre el respaldo a su figura. Ante este cuestionamiento, esta fue la respuesta del ministro Peñailillo.
“Yo le quiero decir que el Gobierno respalda totalmente al Intendente Huenchumilla como muchos de los parlamentarios de su partido, como mucha gente de la región que no es de la coalición de la Nueva Mayoría, sino que están en otros sectores políticos. Actores sociales, empresariales, apoyan al Intendente Huenchumilla porque tiene un mandato que es buscar la paz social en la Región de la Araucanía, que se busca dialogando”, dijo el ministro.
La interpelación prosiguió con un marcado énfasis del diputado Edwards en la Aplicación de la Ley Antiterrorista, ante lo que el Secretario de Estado reiteró que este gobierno no la utilizará para responder conflictos sociales, y que la aplicarán cuando haya algún delito terrorista como caso aislado, para lo que el mecanismo está siendo sujeto a análisis bajo el estudio de una Comisión que entregará una propuesta en cerca de un mes más para su eventual modificación.
“Cuando usted Ministro, y su gobierno dicen que no van a aplicar la ley Antiterrorista por adelantado está haciendo una concesión a los violentistas, esa es una señal absolutamente errada. Yo me pregunto por la incoherencia de querer lograr condenas, pero debilitar la persecución penal”, interpeló el RN.
El diputado Edwards apunta a la unidad especializada en el Ministerio del Interior, la que señala, fue desmantelada. Allí comenzó un fuerte debate sobre las cifras de la eficiencia de ambos gobiernos para combatir los incidentes en La Araucanía, donde Peñailillo se mantuvo firme en que, en el gobierno de Sebastián Piñera los casos aumentaron en un 67 por ciento.
Luego siguió el cuestionamiento sobre la eficacia para enfrentar la colocación de artefactos incendiarios y explosivos en la Región Metropolitana, donde Edwards también apuntó a un tema penal, acusando cero detenciones. En síntesis, fue poco lo que se habló de las demandas mapuche y su posible resolución y sólo se tocaron los puntos ya conocidos, la creación de la nueva institucionalidad que propone Bachelet y su atraso dada la necesidad de hacer la Consulta.
Más temas “de fondo” se han visto en las intervenciones de los parlamentarios al cierre de la instancia: donde se citó las tantas veces prometido pero fundamental reconocimiento, vía cambio constitucional entre otros asuntos que apuntan a sincerar que el conflicto en La Araucanía no es un problema policial, sino que político.
Alcaldes Mapuche frente Interpelación Parlamentaria al Ministro del Interior Rodrigo Peñailillo
Asociación de Municipalidades con Alcalde Mapuche La Asociación de Municipalidades con Alcalde Mapuche frente a la Interpelación Parlamentaria al Ministro del Interior Rodrigo Peñailillo, promovida por los partidos de derecha para este jueves 24 de Julio en Valparaíso, la Asociación de municipalidades con Alcaldes Mapuche desea manifestar a la opinión pública su decidido apoyo al Ministro y muy especialmente a la gestión del Intendente de la Araucanía, peñi Francisco Huenchumilla.
Esta interpelación no es sino una excusa infantil para cuestionar el rol político activo que ha tenido el Intendente de la Araucanía, peñi Francisco Huenchumilla, en la búsqueda de soluciones al conflicto colonial que hoy se vive en el Wallmapu.
La derecha pretende con el circo de la interpelación parlamentaria sentar en el banquillo de los acusados al Intendente, por una gestión de sólo cuatro meses y con ello reforzar la labor de desprestigio al primer Intendente mapuche de la Araucanía. Esta labor de descredito ha comenzado hace meses con las venenosas editoriales y notas que frecuentemente emiten sus medios de comunicaciones a nivel regional y estatal, siendo su objetivo final forzar al gobierno de la presidenta Bachelet a que sustituya Intendente en la Araucanía, por otro de más bajo perfil que mantenga las fracasadas recetas del pasado: represión y asistencialismo.
Como autoridades mapuche electas en el Wallmapu queremos decir que la derecha no tiene moral para hablar del mal llamado “conflicto mapuche”. En ya casi dos años de gestión asociativa como Alcaldes Mapuche, jamás se han acercado a nosotros ni a organización autónoma a dialogar para buscar caminos para la paz. La derecha no tiene moral para hacer interpelaciones parlamentarias con la excusa de estar “preocupada por el orden público de la Araucanía”.
Queremos recordarle al diputado Edwards, Sr. Corales del circo que la derecha ha anunciado para este 24 de Julio en Valparaíso, que fue bajo su gobierno que se registraron los hechos de violencia más connotados y lamentables que se registra en los últimos años. ¿Qué hicieron entonces para solucionar el conflicto?. Nada. Incapaces de dar con soluciones reales a la situación, recurrió a la vieja receta de la represión y militarización de comunidades, reproduciendo con ello el círculo perverso de la violencia y hoy con el mayor de los descaros, pretenden pasarle esta responsabilidad al Intendente Huenchumilla.
Queremos recordarle a los diputados Edwards, Paulsen, Rathgeb y compañía que los realmente preocupados por el “orden público” en la Araucanía son las decenas de comunidades que hoy están sitiadas por fuerzas policiales en un estado de apartheid o excepción jurídica como resabio de las viejas políticas represivas. Queremos recordarles que en todo caso los verdaderamente preocupados por el respeto al estado de derecho son los cientos de ciudadanos mapuche que han sido mal tratados y procesados injustamente con leyes de excepción democrática como la ley antiterrorista y de seguridad interior del estado. Son estos ciudadanos los más preocupados por la vigencia del estado de derecho, por cuanto han sido víctimas de montajes judiciales probados y denunciados por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. ¿Harán una interpelación parlamentaria para que se investigue y castigue a los fiscales, policías y agentes políticos que estuvieron detrás de estos procedimientos irregulares pagados con fondos públicos? , ¿Sabrán estos señores que en marzo de 2014, un relator especial de la ONU indicó que la violencia en la araucanía aumento en los últimos tres años?, es decir durante el gobierno de derecha y ahí no interpelaron al ministro Chadwick, ¿Por qué ahora sí y antes no?
Considerando todo lo anterior, la Asociación de Municipalidades con Alcalde Mapuche desea reiterar su apoyo al Ministro del Interior Rodrigo Peñailillo y muy especialmente a la gestión del Intendente de la Araucanía, peñi Francisco Huenchumilla. Hacemos votos para que su gestión, que ha sembrado esperanza en la búsqueda de vías políticas hacia la paz; siga su curso y tenga el pleno respaldo del gobierno central.
Lo contrario sería dejarse intimidar por las campañas del terror que cada tanto tiempo patrocina la derecha y el gran poder empresarial en Chile. Lo anterior sería un retroceso, que confiamos no se producirá, pues no es eso lo que quieren la inmensa mayoría de los ciudadanos de la Araucanía.
Fernando Huaiquil -Alcalde Comuna de Galvarino
Abel Painefilo-Alcalde de Comuna de Curarrehue
Juan Paillafil -Alcalde Comuna de Puerto Saavedra
Luis Huirilef- Alcalde Comuna de Chol Chol
Juan Carlos ReinaoMarilao-Alcalde Comuna de Renaico
Wallmapu, 23 de Julio 2014
Colonos con piel de oveja en La Araucanía se hacen las víctimas y quieren indemnización
Por: Hugo Gutierrez, Diputado
Los representantes de la derecha y de los grandes propietarios de tierras en La Araucanía anunciaron que pedirán al gobierno crear un sistema de indemnizaciones y compensaciones para lo que ellos llaman “víctimas de los hechos de violencia en la región”.
Cabe preguntarse ¿A quienes ellos califican como víctimas de la violencia y cuáles son los supuestos de su afirmación? Estoy seguro que la derecha tiene una respuesta carente de objetividad histórica y que presentan el mundo al revés.
Nuevamente intentan manipular a la opinión pública con la lógica del empate entre desposeídos y poseedores, estos últimos responsables de mantener la desigualdad interétnica en La Araucanía. No me sorprendo, porque no es la primera vez que lo hacen y tampoco será la última.
Diversos documentos históricos consignan que el asesinato de mapuches por colonos fue una práctica sistemática a fines del siglo XIX, durante el siglo XX y la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet. Según el discurso de los colonizadores, ellos contribuyeron a luchar, primero, contra la barbarie y, después, contra el marxismo. De triste memoria es la participación de los Comités de Resistencia Patronales y de Patria y Libertad en la desaparición y muerte de más de un centenar de mapuches posterior al 11 de septiembre de 1973.
El Estado privilegió a los colonos con una serie de beneficios. Por ejemplo, la entrega a una sola familia de 500 hectáreas, mientras que a 30 familias mapuches las reasentaban en 200 hectáreas; A los colonos se les entregó todo tipo de herramientas, materiales y sueldo, pero nada para los mapuches, obligándolos a pasar de la ganadería a una agricultura de subsistencia. De esta forma, se les despojó de su medio ancestral de intercambio económico, condenándolos de manera brutal a la pobreza extrema.
Por su parte, la dictadura de Pinochet impulsó en 1975 la expropiación de los fundos forestales que durante la Unidad Popular habían sido plantados por comunidades mapuche. Las entregó a las empresas forestales de manera gratuita, compensándolas con el 75% de su inversión y liberándolas del pago de contribuciones. A la fecha, las forestales llevan dos cosechas sin pagarle ni un peso al Estado y sin compensar a los dueños originales de los predios, los mapuches.
Es paradojal que ahora la derecha y los grandes hacendados se presenten como víctimas de la violencia en circunstancias de que ellos permanentemente han formado parte del sistema de despojo, explotación y exterminio de un pueblo originario.
Sería un pésimo precedente que el gobierno cediera ante esta demanda, ya que nunca en nuestra historia se ha establecido, como debiera ser, un sistema de reparación al pueblo mapuche. Siempre han sido tratados de manera distinta, dispar y estigmatizante.
Por ejemplo, el 2012 se le encontró un arsenal de guerra a Jorge Temer San Martín, un agricultor de Ercilla, quien fue formalizado por amenazas de muerte, porte ilegal de arma de fuego, pero que solo quedó en libertad con firma mensual. Por el contrario, a mapuches se les ha aplicado todo el rigor de la Ley Antiterrorista con extensas privaciones de libertad, por el solo hecho de poseer una escopeta de caza.
La propuesta de la derecha busca que los sectores ya beneficiados y enriquecidos por las malas políticas estatales sean nuevamente favorecidos mediante indemnizaciones. Algunos ya han negociado o están en tratativas con el Estado para venderle a sobreprecio las tierras que originalmente pertenecieron a las comunidades mapuche.
Por último, no corresponde que se utilice este mecanismo, ya sea por ética o por derecho. Si ellos piensan que reúnen todos los requisitos para ser indemnizados por el Estado, debieran concurrir como cualquier ciudadano a un tribunal ordinario.
No nos perdamos. En materia de verdad, justicia y reparación, la historia debiera inclinarse hoy hacia el pueblo Mapuche.
Violencia cruzada en la Araucanía marca previa de la interperlación a Peñailillo
Paula Correa | Martes 22 de julio 2014 16:25 hrs.
En la región de La Araucanía y el Biobío no para la seguidilla de enfrentamientos y los llamados “hechos de violencia” llegan a distintos sectores, a chilenos y mapuche. En estos días se han registrado una serie de episodios conflictivos, que son vistos con preocupación por las autoridades envueltas en un complejo escenario de críticas.
El Ministerio del Interior solicitó postergar en una semana la entrada en funcionamiento el nuevo aeropuerto de Temuco debido al conflicto con las comunidades aledañas, del sector de Quepe. Esto después de que el sábado pasado dirigentes mapuche ingresaran al lugar para manifestar su molestia ante el impacto que tiene el proyecto sobre sus comunidades y la indiferencia de las autoridades en escuchar sus reparos que han planteado desde que se anunció la obra.
En la instancia se realizaron rayados y se produjeron daños en las luces de la pista de aterrizaje. Por esto, este martes se interpuso una denuncia en la Fiscalía, después de que los diputados de oposición rechazaran con fuerza los hechos, calificándolos de “terrorismo”, pese al cuestionamiento generalizado sobre la existencia de esta figura en nuestro país y la aplicación de la polémica Ley Antiterrorista, la que ha sido sometida a una revisión por parte de las actuales autoridades, ante numerosas voces de especialistas que afirman que ampara una serie de irregularidades y no garantiza el debido proceso.
La preocupación de los parlamentarios de la Alianza por lo que denominan “actos terroristas en La Araucanía” ha ido en aumento en este nuevo periodo presidencial, donde han expresado su inquietud por la situación de los parceleros, quienes están exigiendo al gobierno indemnizaciones por los frecuentes asaltos. También han levantado banderas por la seguridad de los fiscales, encargados de dirigir las causas judiciales contra dirigentes mapuche en la zona.
Recientemente el fiscal Luis Chamorro, quien encabezó varias y controvertidas investigaciones, y a quien los comuneros tildan de “racista y antimapuche”, afirmó que una de las razones de su renuncia fue el acoso constante y, finalmente, el encontrar un panfleto en su morada que decía “linda tu casa”, lo que interpretó como un posible próximo ataque incendiario a su propiedad.
Este tipo de hechos no sólo afectan a colonos y fiscales. También lo ha vivido Mónica Quezada, madre del comunero mapuche Matías Catrileo, quien falleció a manos de un uniformado en medio de una toma de predios. La mujer encontró el viernes pasado un afiche en su domicilio que decía: “Peligro de Incendio” y en su reverso tenía frases ofensivas hacia su familia. Ante esto, señaló que hay parcialidad en la entrega informativa sobre la violencia que se vive en el sur.
“Esa es una de las cosas que me tiene muy molesta hace mucho rato, porque de una forma más velada o menos directa mi familia siempre está siendo objeta de hostigamiento”, afirmó y añadió que los siguen constantemente, detienen a su hija para notificarla y dejarla toda la noche en la comisaría “¡y que decir de cuando fui agredida por la ‘seguridad’ de Bachelet!”, recordó. En ese sentido, afirmó que son objetos, al menos, de actos tendientes a amedrentar y no sólo nosotros, yo conozco varios de casos similares de otras familias, son varios los lamngen (hermanos) en esta situación”.
Y no paran los enfrentamientos. Durante la madrugada del martes se registró un nuevo ataque incendiario en Arauco, comuna de Cañete, en el predio Tranguilvoro, donde encapuchados ingresaron al lugar y destruyeron la maquinaria perteneciente a la Forestal Mininco.
Según versiones de los medios locales ellos habrían señalado a los guardias, que la acción era parte de una venganza por los heridos en Huentelolén, donde el sábado se registró un confuso enfrentamiento entre Carabineros y comuneros mapuche, que finalizó con un total de cinco policías y seis mapuche heridos. El werkén del lof (territorio), Mario Cayupi, denunció que en esa instancia Carabineros volvió a disparar balas nueve milímetros, además de perdigones.
Según relató, debido a la dureza de los enfrentamientos iniciales llegó más gente de la comunidad a apoyar lo que estaba pasando. “Todos sabíamos el procedimiento que nosotros íbamos a tomar, que no iba a ser utilizar armas para defendernos, lo haríamos con las manos y lo que tuviéramos, pero no armas. Carabineros se vio asustado o no sé lo que habrá pasado pero dieron la orden de disparar el arma de servicio. Allí cayeron tres peñis (hermanos) abatidos por arma de fuego”, comentó el vocero.
Por otro lado, el gobernador provincial de Arauco, Humberto Toro, afirmó que el personal de Carabineros habría sido emboscado por desconocidos armados, cuando concurría a ese sector por una denuncia de “robo de madera”. El cómo se dieron realmente los hechos está siendo investigado, pero al lugar del enfrentamiento asistió la autoridad local y después de una conversación con los dirigentes llegaron a acuerdos que permitieron tranquilizar los ánimos.
Así el clima en las regiones del Biobío y La Araucanía sigue tenso a horas de la interpelación al ministro del Interior Rodrigo Peñailillo y cuando el programa de la presidenta Bachelet para las comunidades indígenas avanza lento, debido a la necesidad de realizar la Consulta a los Pueblos, como indican las exigencias internacionales.
Aucán Huilcamán: "Con la llegada de Francisco Huenchumilla hay un antes y un después"
El werkén del Consejo de Todas las Tierras manifestó su opinión sobre el conflicto mapuche, la gestión del intendente y las críticas que ha recibido.
por Alvaro Guerrero - 15/07/2014 - 02:19
A sus 49 años, Aucán Huilcamán Paillama ha dedicado más de la mitad de su vida a trabajar en las reivindicaciones del pueblo mapuche. El werkén del Consejo de Todas las Tierras, que acaba de llegar a Chile, luego de participar en Suiza del Comité Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos de la Organización de Naciones Unidas, insiste en que el Estado chileno tiene una deuda que no ha cumplido con “las comunidades de La Araucanía, y los avances en la materia no son suficientes si no existe una voluntad transversal de solucionar el conflicto”.
Huilcamán, que mediáticamente ha mantenido un perfil más bajo en los últimos años, ha canalizado sus esfuerzos en dos objetivos: finalizar la carrera de Derecho que cursa en la U. Bolivariana y participar de distintas conferencias internacionales, posicionando el conflicto mapuche en el extranjero. “Es una tarea difícil dar a conocer lo que hacemos. Hemos generado una serie de instancias donde explicamos que como pueblo buscamos el derecho a la libre determinación, el reconocimiento de los tratados mapuches celebrados con el Estado chileno y la restitución de tierras ancestrales”, dice.
Explica que los fondos para costear los viajes provienen de la misma ONU y otras organizaciones extranjeras, que tienen ítems para la participación de pueblos originarios a los cuales se postula.
¿Cuál es su visión del escenario actual del conflicto mapuche?
Por un lado, se observa un aumento de la conciencia mapuche de la situación que viven. También la necesidad de reivindicar sus derechos. Por otra parte, la conciencia de los chilenos en general cada vez es más receptiva con la situación de nuestro pueblo. El problema radica en la resistencia de los gobernantes y de la clase política, que no están abiertos a soluciones definitivas.
¿Qué hacer para detener la violencia y conseguir la paz social?
Necesitamos voluntades y acuerdos recíprocos, y hasta el momento no habido voluntad de parte del Estado, el cual ha quebrantado los acuerdos convenidos con el pueblo mapuche. Por otro lado, todas las medidas han sido unilaterales y sus propósitos contrarios a lo que hemos venido solicitando. No hay confianza con el Estado, y la confianza posiblemente sea uno de los asuntos más complejos que tenemos que superar en la actualidad y en el futuro.
¿Cuál es el rol que tiene que cumplir el Estado en esta materia?
El Estado tiene una completa y absoluta responsabilidad, y tiene que manifestar no tan sólo voluntad, sino que sus actuaciones con el pueblo mapuche deben modificarse, pero los anuncios de la Presidenta Michelle Bachelet en relación con la consulta con los pueblos indígenas alejan las posibilidades de entendimiento. Los asuntos que serán objeto de consultas, como es el Consejo de Pueblos Indígenas, me parecen un perfecto jardín infantil, porque segrega a los indígenas, los excluye institucionalmente.
Pero también las mismas comunidades han apreciado la gestión de Francisco Huenchumilla...
En la Intendencia de la IX Región, con la llegada del intendente Francisco Huenchumilla hay un antes y un después. Quien venga después, por cualquier circunstancia, tiene que superar a Huenchumilla; de lo contrario, se volverá a la vieja política de la doctrina de la negación del pueblo mapuche y sus derechos.
¿Qué opina de sus gestos y el perdón? ¿Son suficientes?
Debo recordar que la petición legítima de perdón la presentamos en la primera cumbre sobre autodeterminación mapuche, realizada el 16 de enero de 2013, en el cerro Ñielol. Y el intendente ha tomado un punto esencial del movimiento autodeterminacionista mapuche. Ahora se debe constituir una Comisión de Esclarecimiento Histórico Mapuche. Esta comisión debe esclarecer todos y cada uno de los hechos de lo que ha significado la llegada del Estado chileno en el territorio mapuche, y esta debe contar con un mandato claro y preciso sobre qué tiempo esclarecer, qué asuntos esclarecer, su composición y establecer los parámetros para una política de reparación, resarcimiento e indemnización. Pero, al mismo tiempo, recomendar las instituciones para una convivencia aceptable y asegurar una paz firme y duradera. Esta idea se la presentaremos a la Presidenta Bachelet: una Comisión de Esclarecimiento Histórico, similar a la Comisión Rettig o la Comisión Valech.
¿Está de acuerdo con las críticas que ha recibido el intendente?
Es un sector minoritario de Chile que no quiere resolver el problema. Algunos diputados UDI y RN pareciera que quisieran crear un “apartheid” en La Araucanía, porque no permiten que ningún mapuche llegue a un alto cargo de poder como Huenchumilla. El hecho de que sea Huenchumilla les ha molestado y eso lo vamos a denunciar.
¿Qué le parece la idea de expropiaciones?
Me parece una medida completamente apropiada y completamente legitima y legal. Sería una medida en coherencia con el Estado de derecho que todos los sectores invocan. Sería un acto simbólicamente reparatorio, porque siempre se ha aplicado la expropiación en contra de los mapuches.
¿Y es partidario de reparaciones a las víctimas de la violencia, tanto agricultores como mapuches?
En esto debo ser muy categórico. Las víctimas de violencia rural o urbana tienen un cauce institucional. Ellos pueden recurrir al sistema penal. En definitiva, su situación debe ser tratada en el marco del ordenamiento jurídico. Las únicas víctimas de los actos del Estado y que no tienen dónde recurrir son los mapuches. Quien pretenda poner en el mismo grupo a las víctimas mapuches y al grupo autodenominado Víctimas de Violencia Rural está falseando la historia y está pretendiendo vulnerar el Estado de derecho.
¿La entrega de tierras es el único camino a la paz en la zona?
La compra de tierras se debe seguir materializando. Lo progresivo sería que el Estado restituya las tierras ancestrales de los pueblos indígenas. La restitución de tierras ancestrales es una recomendación que los órganos de control del sistema internacional le han pedido a Chile que materialice. Y es la razón por la que Chile ha tenido que comprometerse durante la presente semana en Ginebra.
“Carta a la ONU” donde se apoyan aspectos concretos de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas convocada para 22 y 23 de septiembre
Documento que será debatido el 22 y 23 de setiembre de 2014 por el evento especial de las Naciones Unidas.
Hemos recibido y compartimos el “borrador cero” del documento final de la Reunión Plenaria de alto nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas conocida como la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas . La reunión plenaria de alto nivel del 69 período de sesiones de la Asamblea General que se conocerá como Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas se realizará el 22 y 23 de septiembre de 2014 en la Sede de la ONU en Nueva York.
La Conferencia Mundial tendrá como resultado un documento final conciso y orientado a la acción. El “borrador cero” recomienda” Proclamar el Tercer Decenio Internacional de las Pueblos Indígenas del Mundo. Que comenzará el 1 de enero de 2015, y decide que el objetivo del Tercer Decenio será la cooperación internacional para la aplicación efectiva de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Asimismo, “reconocer el papel de los conocimientos y las estrategias tradicionales de los pueblos indígenas (…) en el mantenimiento de la capacidad de recuperación en el desarrollo de todas las políticas, normas y medidas nacionales e internacionales sobre la prevención, la adaptación y la mitigación del cambio climático.”
El proyecto de resolución solicita al Secretario General que “considere la elaboración de propuestas concretas relativas a la participación de los gobiernos de los pueblos indígenas en las Naciones Unidas.” «»Antecedentes.
En noviembre de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó una resolución por la que “decide organizar una reunión plenaria de alto nivel de la Asamblea General, que recibirá el nombre de Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas y que se celebrará en 2014“.
El 17 y 18 de junio de 2014, el Presidente de la Asamblea General organizó una Audiencia Interactiva para recoger aportes útiles para el proceso preparatorio de la Conferencia Mundial de Pueblos Indígenas, incluyendo el Documento Final de la conferencia.
El Centro de Información y Documentación Docip tiene en su sitio web una página que reúne los documentos relativos a la Conferencia Mundial de Pueblos Indígenas en la que se encuentran los enlaces a las resoluciones de la Asamblea General, la Declaración de Alta entre otros documentos relacionadas.
Áreas prioritarias.
“Solicitar al Secretario General, con el apoyo del Grupo de Apoyo Interinstitucional de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, para desarrollar un proyecto de plan de acción para todo el sistema enfocado en las siguientes áreas prioritarias:
(a) Erradicación de la pobreza;
(b) La violencia contra las mujeres y los niños indígenas;
(c) El derecho a la comunicación;
(d) La interculturalidad de la salud y la educación;
(e) Ocupaciones, medios de vida, emprendimiento;
(f) El desglose y los indicadores de datos;
(g) Establecimiento de grupos de apoyo interinstitucionales a nivel nacional;
(h) las personas indígenas con discapacidad;
(i)Fortalecimiento de los mecanismos de protección de derechos humanos.”
A continuación el texto completo del “borrador cero” (traducción no oficial):
Borrador Cero de la resolución para ser adoptada por la Asamblea General el día 22 de septiembre 2014 69 /
Declaración de la Reunión de alto nivel de la Asamblea General: La Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas
La Asamblea General Adopta, el documento final de la Reunión Plenaria de Alto Nivel de la Asamblea General, conocida como la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas.
Declaración de la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General: La Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas Nosotros, los Jefes de Estado y de Gobierno, los Ministros y representantes de los Estados Miembros, en un espíritu de cooperación con los pueblos indígenas del mundo, reunidos en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York en los días 22 y 23 de septiembre de 2014. Con motivo de la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas, para reiterar el papel importante y continuo de las Naciones Unidas en la promoción y protección de los derechos de los Pueblos Indígenas. Damos la bienvenida a la contribución de los Pueblos Indígenas a la Conferencia Mundial en cuanto a la articulación de los temas de mayor importancia para ellos, tal como se establece en el Documento Final de Alta (1) que emana de la Conferencia Mundial Preparatoria Indígena para la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas, celebrada en Alta, Noruega en junio de 2013. (Anexo 1).
También observamos el proceso preparatorio incluyente para esta Reunión Plenaria de Alto Nivel, incluyendo la participación integral de los representantes de los pueblos indígenas en todas las consultas.
1. Reafirmamos nuestro compromiso solemne de promover y fomentar los derechos de los pueblos indígenas ya establecidos en las normas y estándares internacionales de derechos humanos universalmente acordadas.
Incluida la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2), que establece las normas mínimas para la supervivencia, dignidad y el bienestar de los Pueblos Indígenas del mundo.
2. Recordar otros importantes logros de las últimas dos décadas en la construcción de un marco internacional para la promoción de los derechos y aspiraciones de los pueblos indígenas del mundo, entre ellos el establecimiento del Foro Permanente sobre las Cuestiones Indígenas. La creación de un Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y el nombramiento de un Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos indígenas y comprometemos a dar seguimiento a las recomendaciones y dictámenes remitidos por estos organismos.
3. Reafirmar que los pueblos indígenas son libres e iguales a todos los demás pueblos e individuos y tienen derecho a ser libre de ningún tipo de discriminación en el ejercicio de sus derechos.
4. Comprometer con las acciones dirigidas a la interpretación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas a la legislación nacional, y para promover el conocimiento de la misma entre todos los sectores de la sociedad, especialmente el poder judicial, los parlamentarios, los funcionarios electorales, los educadores y la administración pública.
5. Armonizar nuestras constituciones y leyes, donde sea relevante, para reconocer y proteger los derechos de los pueblos indígenas, de conformidad con las disposiciones de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
6. Invitar a los gobiernos que no lo hayan hecho, a ratificar el Convenio Nº 169 de la OIT sobre los Pueblos Indígenas y Tribales.
7. Alentar a los Gobiernos a elaborar planes de acción nacional estrategias dedicadas a la aplicación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
8. Reconocer que los mecanismos judiciales de los pueblos indígenas pueden desempeñar un papel positivo en la resolución de controversias y contribuir a las relaciones armoniosas entre las comunidades de los pueblos indígenas y la sociedad en consonancia con las normas internacionales de derechos humanos.
Todas las personas indígenas deben disfrutar de un acceso pleno y equitativo a estos mecanismos de justicia.
9. Comprometer con la coordinación y el diálogo con las instituciones de justicia de los pueblos indígenas con el fin de mejorar el acceso a la justicia para los pueblos indígenas, en particular los indígenas con discapacidad y las mujeres y las niñas indígenas, así como la mejora de las campañas de sensibilización de justicia, incluidos los dirigidos a los hombres y los niños.
10. Reconocer la necesidad de habilitar y empoderar a los pueblos indígenas para hacer frente de manera más eficaz todas las formas de violencia contra las mujeres indígenas, los jóvenes y los niños, en particular la violencia sexual y doméstica, la trata de blanca y la violencia relacionada con las industrias extractivas.
11. Comprometer a trabajar, con el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas, para desglosar los datos basados en la identidad indígena, incluyendo en nuestros censos de población y de vivienda.
Esto tendría como objetivo ayudar a elaborar y aplicar las políticas públicas y la legislación que se ocuparía mejor de la situación de los ancianos indígenas, mujeres, jóvenes, niños y personas con discapacidad.
12. Comprometer a desarrollar mecanismos justos, transparentes y eficaces, conjuntamente con los pueblos indígenas interesados, para permitir el acceso y / o la repatriación de objetos de ceremonia y de los restos humanos.
13. Solicitar al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en consulta y cooperación con los pueblos indígenas, la posibilidad de recomendar a la 71ª sesión de la Asamblea General las formas posibles para evaluar con mayor eficacia y mejorar la aplicación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
14. Alentar a los órganos de Tratados de Derechos Humanos a que consideren incluir en sus deliberaciones las disposiciones pertinentes de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y enfocar la atención sobre su aplicación.
15. Insta al sistema de las Naciones Unidas apoyar las consultas nacionales y regionales y mecanismos de cooperación con los pueblos indígenas, de conformidad con las Directrices del Grupo de Desarrollo de las Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas para garantizar la aplicación de las prioridades y los derechos de los pueblos indígenas.
16. Recordar la Resolución de la Asamblea General sobre las instituciones nacionales de promoción y protección de los Derechos Humanos y dar la bienvenida al papel cada vez más importante de las instituciones nacionales de derechos humanos (3).
En la promoción y protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas y fomentar su papel activo en la promoción de la aplicación de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos indígenas.
17. Solicitar al Secretario General, con el apoyo del Grupo de Apoyo Interinstitucional de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, y con los pueblos indígenas, los Estados miembros y otras partes interesadas, para desarrollar un proyecto de plan de acción para todo el sistema enfocado en las siguientes áreas prioritarias:
(i) Fortalecimiento de los mecanismos de protección de derechos humanos.
18. Invita al Secretario General a considerar el nombramiento de un Alto Representante para los Pueblos Indígenas, en el nivel adecuado, para dar a conocer el plan de acción propuesto, después de su adopción, y movilizar el apoyo para su posterior implementación.
19. Solicitar al Secretario General, tomando en cuenta las áreas prioritarias antes mencionadas, en particular, la violencia contra las mujeres y los niños indígenas, para asignar la responsabilidad a la Relatora Especial sobre la Violencia contra la Mujer, para examinar las causas y las consecuencias de esta dimensión de la violencia.
20. Basando en el informe del Secretario General sobre los medios de promover la participación en las Naciones Unidas de los representantes de los pueblos indígenas sobre las cuestiones que les afectan (4).
Y las propuestas que contiene, solicita al Secretario General que considere la elaboración de propuestas concretas relativas a la participación de los gobiernos de los pueblos indígenas en las Naciones Unidas.
21. Solicita a la Junta Ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en consulta con los pueblos indígenas y los Estados miembros, para hacer las cuestiones de los pueblos indígenas un enfoque de su Informe sobre Desarrollo Humano a más tardar en 2018.
22. Comprometer a establecer, conjuntamente con los pueblos indígenas interesados, mecanismos justos, independientes e imparciales, abiertos y transparentes, reconociendo debidamente las leyes, tradiciones, costumbres de los pueblos indígenas y los sistemas de tenencia de la tierra.
Para reconocer y adjudicar los derechos de los pueblos indígenas en relación con sus tierras, territorios y recursos, incluyendo aquellos que tradicionalmente han poseído u ocupado o utilizado.
Dichos mecanismos deben estar debidamente autorizados por los órganos judiciales facultadas para resolver las disputas sobre tierras, territorios y recursos tomadas sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas tendrán derecho a participar en este proceso.
23. Comprometer a definir, con el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas, los programas y recursos para apoyar a las ocupaciones tradicionales de los pueblos indígenas, las economías y medios de vida locales y diversas, actividades tradicionales de subsistencia y la seguridad alimentaria.
24. Comprometer a desarrollar y poner en práctica con los pueblos indígenas, los mecanismos de consulta nacional sobre la base de las normas de derechos humanos, que son culturalmente apropiados y flexibles. Y pertinentes para la promoción del derecho al consentimiento libre, previo e informado y que, en particular, están dirigidos a respetar las tierras, territorios, recursos, los océanos y las aguas de los pueblos indígenas.
25. Comprometer a examinar, en consulta y cooperación con los pueblos indígenas, las implicaciones negativas de la extracción de recursos, a fin de incorporar los derechos de los pueblos indígenas según el derecho internacional, incluido el respeto por el principio del consentimiento libre, previo e informado.
26. Afirmar y reconocer el derecho a la protección, conservación y restitución de los lugares sagrados, sitios y paisajes culturales, y cooperará con los pueblos indígenas a establecer procedimientos y mecanismos que promuevan de manera efectiva la aplicación de estos derechos.
27. Comprometer a promover el desarrollo de mecanismos de revisión y protocolos para asegurar que el sector privado mantiene los principios de la buena gobernanza y las normas contenidas en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
28. Comprometer a dar la debida consideración a los derechos de los pueblos indígenas en la elaboración de la agenda de desarrollo post-2015 y de integrar la promoción y protección de estos derechos en la agenda del desarrollo en los planos nacionales, regionales e internacionales.
29. Reconocer la experiencia y el conocimiento acumulado por los pueblos indígenas con respecto a asegurar el desarrollo sostenible, a través de la caza, la recolección, el pastoreo, la agricultura a pequeña escala y la agricultura y un llamado a todos los actores para compartir sus experiencias en la formulación del marco de desarrollo post-2015.
30. Reconocer el papel de los conocimientos y las estrategias tradicionales de los pueblos indígenas, así como la manifestación de sus ciencias, tecnologías y culturas en el mantenimiento de la capacidad de recuperación en el desarrollo de todas las políticas, normas y medidas nacionales e internacionales sobre la prevención, la adaptación y la mitigación del cambio climático.
31. Comprometer a proporcionar, con la participación plena, equitativa y efectiva de los pueblos indígenas, los recursos necesarios que permitan el empoderamiento de los pueblos indígenas en la entrega y en el acceso a la alta calidad y una educación culturalmente adecuada, la salud, incluida la salud mental, y la vivienda para mejorar el bienestar de los pueblos indígenas.
32. Reafirmar que los jóvenes indígenas son iguales a todos los otros jóvenes y apoyaremos los programas de los pueblos indígenas para fortalecer la capacidad de los jóvenes indígenas, incluyendo la transmisión de los conocimientos tradicionales, innovaciones y prácticas, así como los idiomas.
33. Instar a los Estados Miembros a que cese la militarización de las tierras, territorios, aguas y océanos de los pueblos indígenas e iniciar procesos de desmilitarización de estas áreas. Deben adoptarse medidas especiales para garantizar la protección de los ancianos, las mujeres, jóvenes, niños y personas con discapacidad, en particular en el contexto de los conflictos armados.
34. Proclamar el Tercer Decenio Internacional de las Pueblos Indígenas del Mundo, que comenzará el 1 de enero de 2015, y decide que el objetivo del Tercer Decenio será la cooperación internacional para la aplicación efectiva de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
35. Invitar al Secretario General a considerar la asignación de la responsabilidad de la coordinación del Tercer Decenio Internacional al Alto Representante propuesto para los Pueblos Indígenas.
36. Invitar a los Estados miembros y al sector privado por igual a contribuir al Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas, el Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas sobre las Cuestiones Indígenas y la Alianza de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas como medio de promoción de los derechos de los pueblos indígenas en todo el mundo.
37. Solicitar al Secretario General que, en coordinación con todas las entidades pertinentes de las Naciones Unidas, incluir información sobre los progresos realizados en la aplicación de este documento de resultados en los informes sobre cuestiones relativas a los pueblos indígenas. Y para hacer recomendaciones, según proceda, para concretar y tomar otras medidas para aplicar el presente documento final en el contexto de la agenda de desarrollo más allá de 2015.
38. Solicitar a la Asamblea General que incluya un enfoque específico sobre los pueblos indígenas en su informe final sobre la realización de los objetivos de desarrollo del milenio.
39. Solicitar al Secretario General que informe a la 70ª sesión de la Asamblea General sobre los progresos hacia la implementación de este documento final.
- http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article71333
Madre Tierra- Protocolo de Nagoya, nuevos desafíos entre Pueblos Indígenas y Gobiernos
El Protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios derivados de su utilización, es un acuerdo internacional, cuyo objetivo es compartir los beneficios que surjan por la utilización de recursos genéticos y conocimientos tradiciones.
22 de Julio, 2014 19:07
El Protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios derivados de su utilización (relacionado con uno de los objetivos del Convenio sobre la Diversidad Biológica), es un acuerdo internacional, cuyo objetivo es compartir los beneficios que surjan por la utilización de recursos genéticos y conocimientos tradiciones que ha obtenido 51 ratificaciones y entrará en vigor el 12 de octubre de este año, según lo anuncia la Secretaria del Convenio sobre Diversidad Biológica, con sede en Montreal, Canadá (http://www.cbd.int/doc/press/2014/pr-2014-07-14-Nagoya-Protocol-en.pdf).
El Protocolo de Nagoya reconoce el valor de los conocimientos tradicionales de los Pueblos Indígenas y que para la utilización de los mismos de debe contar con el consentimiento informado previo de los mismos, así como deben participar plena y efectivamente en todo el proceso incluyendo la participación justa y equitativa que se derive de su utilización.
La coordinadora de la Red de Mujeres Indígenas sobre Biodiversidad de América Latina y el Caribe (RMIB-LAC), Sra. Florina López Miro, del Pueblo Kuna de Panamá, expreso que “los Pueblos Indígenas, especialmente las mujeres han contribuido con su conocimientos desde milenios al bienestar de la humanidad sin que existiera muchas veces un reconocimiento ni siquiera moral. Por ello, esperamos que esto empiece a cambiar con la implementación del Protocolo de Nagoya. ”
La Sra. López hizo un llamado especial a los gobiernos de la región de América Latina tanto a los que han ratificado el Protocolo como lo que se encuentran en proceso, a que implementen y respeten los derechos de los Pueblos Indígenas reconocidos con la plena participación en todos los procesos de ratificación y puesta en marcha del mismo, y en todas sus instancias. Así también hizo un llamado a todos los centros de investigación, empresas o cualquier usuario a respetar las normas consuetudinarias y protocolos comunitarios de los Pueblos Indígenas en los proceso de utilización de conocimientos tradicionales.
Finalmente manifestó que hay muchos desafíos por delante en la implementación del Protocolo y que con un diálogo constructivo de los Pueblos Indígenas y los gobiernos espera que se avance a la preservación de la biodiversidad, de la Madre Tierra y los conocimientos tradicionales de los Pueblos Indígenas, especialmente para seguir contribuyendo al bienestar de la humanidad.
Los países que han ratificado el Protocolo de Nagoya son: Albania, Velaras, Benín, Bután, Botsuana, Burkina Faso, Burundi, Comeros, Cote D’Ivoire, Dinamarca, Egipto, Etiopia, Unión Europea, Fiji, Gabón, Gambia, Guinea Bissau, Guyana, , Hungria, India, Indonesia, Jordán, Kenia, Republica de Lao, Madagascar, Mauritas, Ruanda, Micronesia, Mongolia, Mozambique, Myanmar, Namibia, Níger, Noruega, Samoa, Seychelles, South África, España, Sudan, Suiza, Siria, Tayikistán, Uganda, , Vanuatu, Vietnam, y de América Latina los siguientes: Guatemala, Uruguay, Panamá, Perú, Honduras, y México.
La RMIB-ALC es una red de organizaciones indígenas que trabaja sobre la protección, preservación y desarrollo de la biodiversidad y los conocimientos tradicionales. Sus miembros han participado activamente en las negociaciones del Protocolo de Nagoya del Convenio sobre Diversidad Biológica.
Más información sobre la RMIB-ALC http://redmib.net/http://reddemujeresindgenas.blogspot.com/
- Mas información sobre el Protocolo de Nagoya: http://www.cbd.int/abs/about/default.shtml
- http://ayi-noticias.blogspot.com/2014/07/conferencia-mundial-de-pueblos.html
Publicado por futa trawun en 23:32 No hay comentarios: Enlaces a esta entrada
Etiquetas: Aucán Huilcamán, CMPI, conferencia de la ONU, Francisco Huenchumilla, nacion mapuche, naciones indígenas, naciones originarias, PACMA, Protocolo de Nagoya, Rodrigo Peñailillo
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