Source: http://bankintercomite.es/pag/normat/ley/RDL1777.php
Timestamp: 2018-01-23 07:53:16
Document Index: 12140572

Matched Legal Cases: ['artículo 222', 'artículo 13', 'artículo 12', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'artículo 6', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'artículo 12', 'artículo 15', 'Artículo 15', 'artículo 12', 'artículo 33', 'Artículo 16', 'artículo 33', 'artículo 6', 'artículo 33', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'artículo 21', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'artículo 122', 'Artículo 27', 'Artículo 5', 'artículo 11', 'artículo 11', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'Artículo 35', 'Artículo 36', 'artículo 34', 'artículo 34', 'Artículo 37', 'Artículo 38', 'Artículo 39', 'Artículo 40', 'Artículo 41', 'Artículo 42', 'artículo 35', 'Artículo 43', 'artículo 39', 'artículo 40', 'artículo 40', 'Artículo 44', 'artículo 39', 'artículo 37', 'artículo 40', 'Artículo 45', 'artículo 18', 'artículo 77', 'artículo 10', 'artículo 35', 'artículo 222', 'Artículo 222']

REAL DECRETO LEY 17/1977 - Sección Sindical de Bankinter
CÓDIGO DE CONDUCTA, NO DE ÉTICA
Este Código, mal llamado de ética, es simplemente un compendio de normas de conducta laboral pero no desarrolla ni incide en los principios y normas éticas que deben regir la profesión bancaria...
REAL DECRETO LEY 17/1977, DE 4 DE MARZO
Título III. Convenio colectivos
La regulación de las relaciones de trabajo en nuestro Derecho vigente responde a una concepción política intervencionista que, evidentemente, ha propiciado toda una larga etapa de importantes avances sociales. El nuevo marco político hacia el que aceleradamente discurre la nación aconseja una profunda reforma normativa, inspirada en el principio de liberalización de las relaciones de trabajo, en consonancia con los sistemas jurídicos imperantes en los países de Europa Occidental de nuestro mismo contexto cultural. A ello obedece el conjunto de normas que integran el presente Real Decreto-Ley, que aborda los aspectos institucionales de inaplazable actualización, sin desconocer la necesidad de completar su configuración en consonancia con el desarrollo del proceso de reforma de las estructuras sindicales.
La huelga, como fenómeno social, que durante años había constituido delito, pasaba a una etapa de libertad. La trascendencia del nuevo sistema aconsejaba, por razones de elemental prudencia, tanto el establecimiento de un procedimiento riguroso para la legítima utilización de tal recurso como la fijación de determinadas limitaciones. Así, la huelga ni podía exceder el ámbito de la empresa, ni podía tener lugar por razones de solidaridad, ni afectar a empresas encargadas de la prestación de servicios públicos o de reconocida e inaplazable necesidad.
 El reconocimiento de la posibilidad de huelga de empresas encargadas de servicios públicos, lo que conlleva la necesaria modificación del artículo 222 del Código Penal.
 Al enunciar taxativamente los supuestos de ilicitud, se presupone, salvo en ellos, la licitud de la huelga.
 El reconocimiento del comité de huelga como órgano de representación de los trabajadores en conflicto.
 La regulación de los efectos de la huelga en la relación jurídica de la Seguridad Social.
 El cierre patronal, sólo válido el de respuesta, no precisa de autorización administrativa, lo que supone la atribución a la jurisdicción laboral del enjuiciamiento de la licitud o ilicitud del mismo y de sus efectos.
ll. Conflictos colectivos
La legitimación de la huelga como acción de apoyo a reivindicaciones colectivas laborales y la concepción del convenio como auténtico instrumento de paz social, obliga, de una parte, a consagrar, con carácter general, la imposibilidad de establecer nuevo convenio, vigente otro del mismo o distinto ámbito; así como a permitir la huelga, sin perjuicio de otros cauces de solución previstos en la presente disposición, durante la negociación; eliminar la decisión arbitral obligatoria, liberalizando el marco de las relaciones colectivas laborales, y suprimir el incremento automático en las prórrogas por falta de denuncia.
La necesidad, cada vez más ineludible, de agilizar el régimen de las relaciones plurales de trabajo y de potenciar la relación jurídica colectiva en cuanto fuente de producción del Derecho Laboral, aconseja suprimir el dualismo sobre fijación de condiciones mínimas de trabajo por actividades económicas o por empresas, que se contiene en la Ley de Convenios Colectivos Sindicales de Trabajo y en la de Reglamentaciones Laborales, reduciendo por tanto la utilización del procedimiento de la Ley de 16 de octubre de 1942 a aquellos sectores de producción y demarcaciones territoriales en los que no existen convenios colectivos.
Es de señalar que este cambio en el sistema normativo de las condiciones mínimas de trabajo por ramas o sectores de actividad no comporta la derogación de las reglamentaciones y ordenanzas laborales en vigor, que han de subsistir hasta que en los nuevos convenios colectivos que se concierten en el sector o rama de que se trate con posterioridad a la fecha de iniciación de los efectos de este Real Decreto-Ley, se sustituya lo dispuesto en aquélla.
La liberalización de las relaciones colectivas de trabajo, con la consiguiente potenciación de la negociación colectiva, hace conveniente permitir, como contenido de la misma, la fijación de nuevos procedimientos, cuantía de indemnización y prelaciones en la reestructuración de plantillas por causas económicas o tecnológicas y, asimismo, la agilización del procedimiento establecido reglamentariamente cuando exista acuerdo entre las partes.
En su virtud, a propuesta del Consejo de Ministros en su reunión del día 4 de marzo de 1977, en uso de la autorización que me confiere el artículo 13 de la Ley Constitutiva de las Cortes, Texto Refundido de las Leyes Fundamentales, aprobado por Decreto 779/1967, de 20 de abril, y oída la Comisión a que se refiere el apartado primero del artículo 12 de la citada Ley, dispongo:
Artículo 1.ºEl derecho de huelga, en el ámbito de las relaciones laborales, podrá ejercerse en los términos previsto en este Real Decreto-Ley.
Artículo 2.ºSon nulos los pactos establecidos en contratos individuales de trabajo que contengan la renuncia o cualquier otra restricción al derecho de huelga.
Artículo 3.º
Artículo 4.ºCuando la huelga afecte a empresas encargadas de cualquier clase de servicio público, el preaviso del comienzo de huelga al empresario y a la autoridad laboral habrá de ser, al menos, de diez días naturales. Los representantes de los trabajadores deberán dar a la huelga antes de su iniciación la publicidad necesaria para que sea conocida por los usuarios del servicio.
Artículo 5.ºSólo podrán ser elegidos miembros del comité de huelga trabajadores del propio centro de trabajo afectados por el conflicto.
Artículo 6.º
Artículo 9.ºLa Inspección de Trabajo podrá ejercer su función de mediación desde que se comunique la huelga hasta la solución del conflicto.
Artículo 10.El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Trabajo, teniendo en cuenta la duración o las consecuencias de la huelga, las posiciones de las partes y el perjuicio grave de la economía nacional, podrá acordar la reanudación de la actividad laboral en el plazo que determine, por un período máximo de dos meses o, de modo definitivo, mediante el establecimiento de un arbitraje obligatorio. El incumplimiento de este acuerdo podrá dar lugar a la aplicación de lo dispuesto en los artículos 15 y 16.
Artículo 11.
Artículo 12.
1. Los empresarios sólo podrán proceder al cierre del centro de trabajo en caso de huelga o cualquiera otra modalidad de irregularidad colectiva en el régimen de trabajo, cuando concurra alguna de las circunstancias que siguen:
2. El cierre patronal, efectuado dentro de los términos establecidos en el presente Real Decreto-Ley, producirá respecto al personal afectado los efectos previstos en los párrafos primero, segundo y tercero del artículo 6.º del mismo.
Artículo 13.
Artículo 14.El empresario que hubiera acordado el cierre del centro de trabajo al amparo de lo prevenido en el artículo 12 y que no lo hubiera reabierto a iniciativa propia o a instancia de los trabajadores, deberá hacerlo, dando opción a su personal a reintegrarse a la actividad laboral, cuando fuera requerido a tales fines por la autoridad laboral, en el plazo que establezca el propio requerimiento, incurriendo en caso contrario en las sanciones previstas en el artículo 15.
Artículo 15.El empresario que procediera al cierre del centro de trabajo, salvo en los supuestos previstos en el artículo 12, será sancionado en la forma y por los órganos que establece el artículo 33 de la Ley de Relaciones Laborales.
Artículo 16.
1. Los trabajadores que participaren en huelga ilegal o cualquier otra forma de alteración colectiva en el régimen normal de trabajo, incurrirán en la falta prevista en el apartado j) del artículo 33 de este Real Decreto-Ley.
2. Los trabajadores que, de acuerdo con el artículo 6.º, párrafo séptimo, fuesen designados para el mantenimiento de los servicios previstos y se negasen a ello, incurrirán en la causa justa de despido establecida en el apartado k) del artículo 33 del presente Real Decreto-Ley, sin perjuicio de las demás responsabilidades que procedieran.
Artículo 17.1. La solución de situaciones conflictivas que afecten a intereses generales de los trabajadores podrá tener lugar por el procedimiento de conflicto colectivo de trabajo que se regula en este título.
Artículo 18.1. Sólo podrán instar la iniciación de conflicto colectivo de trabajo:
Artículo 19.La competencia para conocer de los conflictos colectivos de trabajo corresponde, según su naturaleza:
Artículo 20.No podrá plantearse conflicto colectivo de trabajo para modificar lo pactado en convenio colectivo o establecido por laudo.
Artículo 21.El planteamiento de conflicto colectivo de trabajo se formalizará por escrito, firmado y fechado, en el que consten nombre, apellidos, domicilio y carácter de las personas que lo planteen y determinación de los trabajadores y empresarios afectados; hecho sobre los que verse el conflicto, peticiones concretas que se formulen, así como los deás datos que procedan.
Artículo 22.El escrito a que se refiere el artículo anterior habrá de presentarse ante la Delegación de Trabajo de la provincia en que se plantee el conflicto. Cuando el conflicto afecte a trabajadores de varias provincias, dicho escrito será presentado ante la Dirección General de Trabajo.
Artículo 23.En las veinticuatro horas siguientes al día de la presentación del escrito citado en el artículo 21, la autoridad laboral remitirá copia del mismo a la parte frente a la que se plantee el conflicto y convocará a las partes de comparecencia ante ella, la que habrá de tener lugar dentro de los tres días siguientes.
Artículo 24.En la comparecencia, la autoridad laboral intentará la avenencia entre las partes. Los acuerdos serán adoptados por mayoría simple de las representaciones de cada una de las mismas. Dicho acuerdo tendrá la misma eficacia que lo pactado en convenio colectivo.
Artículo 25.Si las partes no llegaran a un acuerdo, ni designaren uno o varios árbitros, la autoridad laboral procederá del siguiente modo:
b) Si el conflicto se planteara para modificar las condiciones de trabajo, la autoridad laboral dictará laudo de obligado cumplimiento, resolviendo sobre todas las cuestiones planteadas.
Artículo 26.Los laudos de obligado cumplimiento, que habrán de ser dictados en el término de los cinco días siguientes a la fecha de comparecencia, adoptarán la forma de resolución fundada y decidirán de modo claro y preciso, tanto respecto de las cuestiones que se hubiesen planteado en el escrito inicial como de las suscritas en la comparecencia de las partes relacionadas con el conflicto. Estos laudos tendrán fuerza ejecutiva inmediata. Podrán ser recurridos en alzada ante la autoridad laboral de grado superior, de conformidad con el artículo 122 de la Ley de Procedimiento Administrativo. Una vez agotada la vía gubernativa podrán ser impugnados ante la jurisdicción competente.
Artículo 27.Los artículos 5.º, 6.º, 12, 15, 16 y 18 de la Ley 38/1973, de 10 de diciembre, de Convenios Colectivos de Trabajo, quedan redactados en los siguientes términos:
«Artículo 5.º.
La autoridad laboral podrá suspender la negociación de los convenios colectivos por plazo de hasta seis meses, con prórroga automática del convenio anterior, si por los trabajadores se emplease dolo, fraude o coacción, directa o indirectamente, respecto de la otra parte. La huelga ilícita o cualquier otra forma de alteración colectiva en el régimen de trabajo se entenderá, en todo caso, constitutiva de coacción; por el contrario, el ejercicio del derecho de huelga en los términos establecidos en su legislación específica no se estimará coacción a los efectos de este artículo.
1 . Si las partes no llegasen a un acuerdo en la negociación de un convenio colectivo, podrán designar uno o varios árbitros, que actuarán conjuntamente. La decisión que éstos adopten tendrá la misma eficacia que si hubiese habido acuerdo de las partes.
Los convenios colectivos se entenderán prorrogados en sus propios términos de año en año si no se denunciaran por cualquiera de las partes en el plazo previsto en el artículo 11.
La interpretación, con carácter general, de los convenios colectivos está atribuida a la autoridad laboral competente, visto el informe que la comisión paritaria elevará con las actuaciones a que se refiere el artículo 11, todo ello sin perjuicio de lo establecido respecto al orden jurisdiccional laboral en la legislación sobre conflictos colectivos de trabajo.
Artículo 28.La regulación, por rama de actividad, de las condiciones mínimas a que hayan de ajustarse las relaciones laborales, que corresponde al Ministerio de Trabajo, conforme dispone la Ley de 16 de octubre de 1942, sólo podrá tener lugar para aquellos sectores económicos de la producción y demarcaciones territoriales en los que no exista convenio colectivo de trabajo.
Artículo 29.Las reglamentaciones de trabajo y ordenanzas laborales actualmente en vigor continuarán rigiendo en aquellas de sus disposiciones que no sean sustituidas por lo pactado en convenio colectivo, suscrito a su vencimiento y con posterioridad a la fecha de iniciación de los efectos de este Real Decreto-Ley.
Artículo 30.
Artículo 31.
2. Lo dispuesto en el párrafo anterior se entiende sin perjuicio de la facultad de las partes de unilateralmente dar por terminada la relación de trabajo durante el período de prueba.
Artículo 32.
c) La representación de quejas o intervención en procedimientos seguidos frente al empresario por supuesto incumplimiento por éste de normas laborales o de Seguridad Social.
Artículo 33.Son causas justas para el despido, relacionadas con la conducta del trabajador, las siguientes:
Artículo 34.
Artículo 35.El trabajador, sin previa conciliación sindical, podrá reclamar, ante la Magistratura de Trabajo, contra el despido acordado por el empresario, debiendo hacerlo, en todo caso, dentro del plazo de quince días hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera tenido lugar, prorrogable por otros tres si el lugar de trabajo fuera distinto a la localidad en que la Magistratura resida, siendo el citado plazo de caducidad a todos los efectos.
Artículo 36.El despido disciplinario será procedente cuando quedare acreditada la concurrencia de la causa justa alegada por el empresario en la comunicación escrita a que se refiere el artículo 34. Será improcedente el despido en los demás casos.
Cuando el empresario no cumpliere los requisitos establecidos en el artículo 34 del presente Real Decreto-Ley, el despido será nulo, pudiendo hacer el Magistrado de Trabajo tal declaración de oficio.
Artículo 37.
4. La indemnización por resarcimiento de perjuicios será fijada por el Magistrado de Trabajo, a su prudente arbitrio, teniendo en cuenta la antigüedad del trabajador en la empresa, condiciones del contrato de trabajo que se extingue, posibilidades de encontrar nueva colocación adecuada, dimensión y características de la empresa y circunstancias personales y familiares del trabajador, especialmente las de ser titular de familia numerosa, mayor de cuarenta años o minusválido. La cantidad resultante no podrá ser inferior a dos meses de salario por año de servicio, ni exceder de cinco anualidades.
Artículo 38.Si la causa alegada por el empresario para el despido, si bien no suficiente para tal sanción, mereciere otra de menor entidad, por ser constitutiva de falta grave o leve, el Magistrado de Trabajo determinará en la sentencia la sanción adecuada a la falta cometida, a fin de que, en su caso, pueda ser impuesta por el empresario, sin perjuicio de condenar al mismo a la readmisión y al pago de la indemnización complementaria, conforme establece el artículo anterior.
Artículo 39.
b) La falta de adaptación del mismo a las modificaciones tecnológicas del puesto de trabajo del mismo, siempre que fuese adecuado a su categoría profesional.
d) Las faltas, aun justificadas, de asistencia al trabajo, cuando fueren intermitentes, superen en un año el 30 por 100 de las jornadas y no respondan a accidente o enfermedad que produzcan incapacidad continuada de larga duración.
2. Cuando la amortización del puesto de trabajo prevista como causa suficiente en el aparado c) del párrafo anterior afecte a un conjunto de trabajadores, habrá de seguirse el procedimiento de regulación de empleo conforme a las normas específicas del mismo.
Artículo 40.
 Un mes para los trabajadores cuya antigüedad en la empresa sea inferior a un año.
 Dos meses cuando la antigüedad del trabajador en la empresa sea superior a un año y no alcance los dos.
 Tres meses para los trabajadores con más de dos años de antigüedad.
Artículo 41.Durante el período de preaviso el trabajador tendrá derecho, sin pérdida de su retribución, a una licencia de seis horas semanales con el fin de buscar nuevo empleo.
Artículo 42.Será de aplicación a los despidos regulados en este capítulo lo dispuesto en el artículo 35 de este Real Decreto-Ley.
Artículo 43.El despido, acordado al amparo de lo establecido en el artículo 39, será procedente cuando quedara acreditada la certeza de la causa alegada por el empresario en la comunicación escrita a que se refiere el apartado a) del párrafo primero del artículo 40. Será improcedente en los demás casos.
Cuando el empresario incumpliere los requisitos establecidos en el artículo 40, el despido será nulo, pudiendo el Magistrado de Trabajo hacer tal declaración de oficio. No obstante lo anteriormente establecido, la no concesión del preaviso previsto en dicho artículo no anulará el despido, si bien el empresario, con independencia de las demás indemnizaciones que procedan, estará obligado a abonar al trabajador los salarios correspondientes a dicho período.
Artículo 44.El despido procedente fundado en alguna de las causas suficientes establecidas en el artículo 39 producirá la extinción del contrato de trabajo, con obligación por parte del empresario de satisfacer al trabajador una indemnización de una semana de su salario por cada año de servicio o fracción de año. No obstante la procedencia del despido, el trabajador afectado se entenderá en situación de desempleo por causa a él no imputable.
Cuando el despido sea improcedente, será de aplicación lo dispuesto en los apartados 2 al 6, ambos inclusive, del artículo 37 de este Real Decreto-Ley. El trabajador, en caso de readmisión, habrá de reintegrar al empresario la indemnización que conforme a lo dispuesto en el apartado b) del párrafo primero del artículo 40 hubiese recibido de éste; en caso de resarcimiento de perjuicios, por falta de readmisión, será deducible dicha indemnización de la que fijare el Magistrado de Trabajo por tal resarcimiento. La indemnización complementaria por salario de tramitación, aun cuando haya superposición de fechas, se entenderá sin perjuicio de la que proceda por falta de preaviso.
Artículo 45.La suspensión y extinción de las relaciones de trabajo fundadas en causas económicas o tecnológicas se regirá por lo establecido en el artículo 18 de la Ley de Relaciones Laborales y disposiciones complementarias, sin más modificaciones que las siguientes:
2. En los convenios colectivos podrán determinarse los criterios generales que deban seguirse en los casos de reestructuración de plantilla por causas económicas o tecnológicas, cuantía o módulo de las indemnizaciones, plazos de preaviso, el establecimiento de nuevas relaciones con respeto en todo caso de las legalmente existentes y en el orden de prioridad en el supuesto de readmisión de personal.
Disposición Final Primera.Quedan derogados el Decreto Ley 5/1975, de 22 de mayo, sobre regulación de los conflictos colectivos de trabajo; el artículo 77 de la Ley de Contrato de Trabajo, el artículo 10 del Real Decreto-Ley 18/1976, de 8 de octubre, sobre medidas económicas; el artículo 35 de la Ley 16/1976, de 8 de abril, de Relaciones Laborales, y cuantas leyes y disposiciones se opongan a lo establecido en este Real Decreto-Ley.
Disposición Final Segunda.El Ministro de Trabajo someterá a la aprobación del Gobierno, previo dictamen del Consejo de Estado, un nuevo Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, en que se contengan las modificaciones derivadas de este Real Decreto-Ley y del 18/1976, de 8 de octubre; se establezcan las correcciones técnicas adecuadas en orden a una más perfecta y eficaz regulación del procedimiento laboral y se eleven las cuantías de los depósitos y sanciones que en dicho texto se prevén.
Disposición Final Tercera.Se prorroga hasta el 31 de diciembre de 1978 la aprobación por el Gobierno del Texto Refundido a que se refiere la Disposición Final Segunda de la Ley 18/1976, de 8 de abril, de Relaciones Laborales, pudiéndose efectuar tal refundición en uno o varios textos, con las correcciones técnicas adecuadas, en los que habrán de incluirse las modificaciones establecidas en el presente Real Decreto-Ley.
Disposición Final Cuarta.El Gobierno y el Ministerio de Trabajo, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán dictar las normas de aplicación y desarrollo del presente Real Decreto-Ley, que entrará en vigor en el siguiente día al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Disposición Adicional Primera.Lo dispuesto en el presente Real Decreto-Ley en materia de huelga no es de aplicación al personal civil dependiente de establecimientos militares.
Disposición Adicional Segunda.Se mantendrá la actual procedencia del recurso de casación respecto de las sentencias dictadas en procesos por despido de trabajadores que ostenten cargos electivos de representación sindical.
Disposición Adicional Tercera1. Sin perjuicio de lo establecido en la vigente Ley de Convenios Colectivos, en las comisiones deliberadoras podrán autorizarse representaciones específicas, elegidas por los trabajadores o empresarios afectados.
Disposición Adicional Cuarta.El artículo 222 del Código Penal queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 222.Serán considerados como reos de sedición:
Primero.Los funcionarios, encargados de la prestación de todo género de servicios públicos o de reconocida e inaplazable necesidad que, suspendiendo su actividad, ocasionen trastornos a los mismos, o, de cualquier forma, alteren su regularidad.
Segundo.Los patronos y obreros que, con el fin de atentar contra la seguridad del Estado, perjudicar su autoridad, o perturbar su normal actividad, suspendieren o alteraren la regularidad del trabajo».
Disposición Transitoria Primera.Los convenios colectivos de trabajo que a la fecha de entrada en vigor de este Real Decreto-Ley se encontraran en tramitación, continuarán la misma con arreglo a las normas en vigor antes de la aludida fecha.
Disposición Transitoria Segunda.Las modificaciones de las ordenanzas laborales que se hallaran en trámite en la Dirección General de Trabajo a la fecha de entrada en vigor de este Real Decreto-Ley podrán ser aprobadas conforme a lo establecido en la Ley de 16 de octubre de 1942.
Disposición Transitoria Tercera.Los despidos producidos con anterioridad a la entrada en vigor de este Real Decreto-Ley se regirán en su aspecto sustantivo y procesal por las normas vigentes en la fecha en que tuvieran lugar.
Disposición Transitoria Cuarta.Las empresas y trabajadores afectados por convenios colectivos de ámbito superior al de empresa y suscritos con anterioridad a la entrada en vigor del presente Real Decreto-Ley podrán negociar durante su vigencia convenio de empresa.
Dado en Madrid a 4 de marzo de 1977