Source: https://www.scribd.com/document/178235917/Acceso-a-la-Justicia-en-Me-xico
Timestamp: 2017-01-18 20:52:20
Document Index: 220222639

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Acceso-a-la-Justicia-en-México
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Informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos con motivo del Examen Periódico Universal de México
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD) 1 2
Acceso a la justicia en México: La constante impunidad en casos de violaciones a derechos humanos A pesar de diversas reformas recientes en materia de justicia y derechos humanos, la impunidad en México continúa siendo una constante. Según distintos informes, en México la impunidad alcanza niveles superiores al 98%, siendo que tan sólo alrededor de 1.5% del total de las denuncias presentadas (se estima un 20% del total de los delitos cometidos) llegan ante un juez.1 Diversos factores continúan obstaculizando el acceso a la justicia y la protección jurídica de los derechos humanos. Por un lado, aún son insuficientes los recursos legales adecuados que permitan garantizar la eficacia del sistema de procuración y administración de justicia, así como la implementación adecuada del nuevo sistema acusatorio de justicia penal, la cual deberá concluir a más tardar en el año 2016. La poca eficiencia del sistema de procuración de justicia, así como la falta de independencia de gran parte del poder judicial han puesto en entredicho la capacidad del Estado de atender una problemática que, si bien ha sido histórica, se ha visto agravada en el actual contexto de inseguridad y violencia por el que atraviesa nuestro país. La prevalencia de figuras que obstaculizan el acceso a la justicia y favorecen violaciones a los derechos humanos – tales como el arraigo y el fuero militar –, así como la persistencia del uso de la tortura como medio para obtener pruebas y confesiones, impiden que la justicia en México sea pronta, expedita y de conformidad con estándares internacionales de derechos humanos. Por otro lado, la ausencia de mecanismos eficaces que garanticen el derecho a la reparación integral para las víctimas de violaciones a los derechos humanos fomenta aún más la vulneración a los derechos humanos de las víctimas. Desde 2006, tras la llegada de Felipe Calderón a la Presidencia y el inicio de una batalla frontal en contra del crimen organizado, México atraviesa una espiral de violencia que ha tenido como resultado un deterioro alarmante en cuanto a la vigencia y el respeto a los derechos humanos. Desde 2007, al menos 80.000 personas fueron ejecutadas en hechos relacionados con el combate a la delincuencia organizada2 y se estima que al menos 25.000 personas permanecen 3 desaparecidas. Aunado a esto, los casos de tortura han registrado un aumento superior al 500%,4 principalmente para obtener confesiones autoinculpatorias de vínculos con bandas delincuenciales. Fue precisamente la impunidad enraizada desde hace tiempo en nuestro país, y los persistentes obstáculos al acceso a la justicia, 2 4 3
que llevó a impulsar la discusión y aprobación de la reforma al sistema de justicia penal. Después de seis años de crecientes violaciones a los derechos humanos y un panorama desolador frente a la justicia y la seguridad, resulta prioritario avanzar hacia un sistema de justicia que garantice los derechos de todas las partes y permita sancionar a los verdaderos responsables. En virtud de ello, quienes suscribimos el presente informe, presentamos los obstáculos actuales al acceso a la justicia, así como una serie de recomendaciones a los Estados que participarán en el próximo Examen Periódico Universal en el que México será analizado. Hacia un nuevo sistema de justicia penal En junio 2008 el Congreso aprobó la reforma constitucional para implementar el sistema acusatorio en la justicia penal mexicana. Por medio de esta, se pretende transitar de un sistema inquisitivo, predominantemente escrito, por un nuevo sistema de justicia penal acusatorio y oral. La reforma estableció un plazo de ocho años para que, tanto las entidades como la Federación, hubieran implementado en su totalidad el nuevo sistema. Dicha reforma incluye diversos méritos que, de ser implementados de forma eficaz, harían de la justicia en México una más expedita e imparcial, en el que las partes gocen de equidad procesal, que sea efectiva la presunción de inocencia de los acusados y el Ministerio Público construya la causa de la acusación. No obstante, a pesar de los avances que representó la aprobación del nuevo sistema de justicia, la reforma también introdujo ciertas prácticas abusivas y antidemocráticas como el arraigo, así como la inclusión de un concepto vago de delincuencia organizada, el abuso de la prisión preventiva, los cateos express y la intervención de comunicaciones. Ya desde la presentación de México ante el Consejo de Derechos Humanos durante la primera ronda del EPU, se emitió una recomendación sobre la adecuación de la definición de delincuencia organizada de conformidad con los estándares internacionales – en particular con la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional – y sobre la eliminación del arraigo, ambas recomendaciones rechazadas por el Estado.5 A la fecha, la Ley Federal sobre Delincuencia Organizada sigue sin ser reformada y el arraigo es aún utilizado, permitiendo la reproducción de violaciones de derechos humanos. La implementación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio ha sido lenta y obstaculizada. A la fecha, únicamente tres estados han implementado en su totalidad el sistema acusatorio en todo su territorio (Chihuahua, Morelos y Estado de México); en otros 10 estados se ha implementado de forma parcial (Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Durango, Guanajuato, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Yucatán y Zacatecas). En las 19 entidades restantes, así como a nivel federal, no se ha dado ningún avance.6 Con el objeto de impulsar y llevar adelante esta reforma, el Gobierno Federal creó en el 2009 el Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal que depende la Secretaría de Gobernación, y que a su vez cuenta con una Secretaría Técnica 3 6 5
4 (SETEC).7 Esta instancia ha estado encargada de la coordinación entre la Federación y los estados, así como de ofrecer asesoría, capacitación y apoyos económicos para el funcionamiento del sistema acusatorio en todo el país. No obstante, ni este Consejo ni la SETEC han logrado un liderazgo para marcar el rumbo y ritmo del proceso. Además, ha tenido que hacer frente a la división federal del país, lo que implica avanzar al ritmo y voluntad de gobiernos locales. En consecuencia, el desarrollo del proceso ha sido muy irregular. El proceso de implementación no ha sido homogéneo pues cada estado ha avanzado por su cuenta al no existir un modelo único que oriente el rumbo de la transformación institucional que implica dicha reforma. A la fecha, no hay información suficiente de que todas las entidades estén desarrollando los procesos de formación y capacitación en las necesidades del nuevo sistema. Por un lado, al fundamentar el nuevo sistema en la investigación y la obtención de pruebas objetivas y científicas que sustente las acusaciones se exige al Estado garantizar la capacitación de un gran número de policías de investigación, así como un gran número de peritos expertos en muy diversas disciplinas para realizar trabajos técnicos de alta calidad. Asimismo, la reforma requiere que los agentes del Ministerio Público tengan una significativa capacidad organizativa 7 8
para efectivamente incorporar todos estos elementos enfocados a los objetivos establecidos en el artículo 20 constitucional.8 Prácticamente no se ha hecho difusión de los procesos de puesta en marcha del sistema acusatorio, al grado que la sociedad ha permanecido ajena a este cambio. Resulta paradójico que mientras la sociedad no confía y no cree en el sistema penal aún vigente tampoco tenga una expectativa sobre la transformación de este caduco sistema de justicia inquisitorio. Recomendaciones: Acelerar los procesos de implementación del nuevo sistema de justicia penal en todas las entidades que aún no lo han puesto en marcha, así como a nivel Federal. Asegurar los recursos adecuados, económicos y humanos, para garantizar el liderazgo del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal. Aprobar un Código Federal de Procedimientos Penales Único para la instauración del sistema de justicia a nivel nacional en consulta con organizaciones de la sociedad civil. Capacitar a todos los elementos del Ministerio Público y policías de investigación en las nuevas técnicas de investigación requeridas para el buen funcionamiento del sistema acusatorio penal. Llevar a cabo una campaña amplia de difusión entre la sociedad mexicana sobre las implicaciones del nuevo sistema de justicia. II. La persistencia de la tortura como método de investigación Aún son recurrentes diversas acciones gubernamentales manifiestas en legislación y políticas públicas que profundizan las condiciones estructurales que hacen posible la práctica de la tortura y la impunidad asociada. Entre dichas acciones se encuentran el involucramiento de militares en labores de seguridad pública, el establecimiento de un subsistema de excepción con restricciones a garantías básicas de debido proceso para las personas acusadas de pertenecer a grupos de delincuencia organizada, así como la constitucionalización del arraigo. La tortura sigue siendo practicada en México de forma sistemática, y persiste la falta de acceso a la justicia y la impunidad en este tipo de casos. La actual estrategia de seguridad pública ha facilitado e incentivado el uso de la tortura como método de investigación, teniendo como aliado al sistema de procuración y administración de justicia que no ha sido eficaz en investigar y sancionar estos hechos. La estrategia de combate al crimen organizado emprendida desde el 2006, basada en el uso de la fuerza y la militarización, ha tenido un impacto directo sobre el aumento de casos de tortura y malos tratos a lo largo del país. De acuerdo a los registros de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), de 2006 a la fecha se ha registrado un incremento superior al 500% en las quejas por este tipo de casos. Ello a pesar de que la CNDH ha sido acusada de no registrar debidamente las quejas frente a este tipo de delito, lo que 5 9 0
ha implicado que los casos registrados sean menores a los que realmente se denuncian. Tan solo en 2012, la CNDH calificó 1.642 quejas como tratos crueles, inhumanos o degradantes que no fueron consideradas como tortura. Ha sido particularmente alarmante el involucramiento de elementos de las Fuerzas Armadas en violaciones a los derechos humanos. En el contexto de la militarización de la seguridad pública, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) ha sido la principal institución señalada como responsable por hechos violatorios a los derechos humanos; de 2006 a la fecha, la SEDENA ha sido señalada en más de 8.000 quejas, siendo la institución más acusada por cometer violaciones a los derechos humanos entre 2007 y 2011.9 La tortura en México es raramente sancionada, siendo la impunidad la regla común. Según información presentada por el Estado, entre 2005 y 2008, únicamente 4 personas fueron sentenciadas por tortura.10 Información recabada por organizaciones de la sociedad civil revela que de enero de 2002 a junio de 2012 se iniciaron 39 averiguaciones previas por el delito de tortura ante la Procuraduría General de la República (PGR), de las cuales 3 concluyeron en no ejercicio de la acción penal y en 6 1 2
ninguna se determinó el ejercicio de la acción penal.11 Por su parte, la SEDENA reportó que ninguno de sus elementos ha sido penalmente sancionado por hechos de tortura de 2002 a la fecha, siendo que existen 4 casos en proceso, de los cuales dos están en proceso de instrucción y dos más fueron declinados al fuero civil.12 La deficiencia en la legislación en materia de tortura y las amplias lagunas que existen en la legislación procesal penal permiten que la tortura siga siendo un problema persistente. Distintos reportes de organismos internacionales y nacionales de derechos humanos señalan que la tortura y los malos tratos continúan siendo ampliamente utilizados particularmente por las agencias de procuración de justicia y las policías judiciales al momento de la detención y durante las primeras horas bajo custodia, tanto a nivel estatal como municipal.13 Si bien México cuenta con una ley federal en materia de tortura (Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura), es importante señalar que la última reforma data de 1994,14 lo que hace poco efectivo a dicho ordenamiento al ser una norma caduca que no se adecúa a estándares internacionales. México no ha incorporado a su ordenamiento nacional los más altos estándares internacionales en cuanto a la 7 3 4
tipificación de la tortura.15 Por otro lado, la legislación vigente establece penas que no son acordes con los delitos más graves sancionados en las leyes penales y plantea una formulación vaga en cuanto a las reglas de operación, pues no se establece, por ejemplo, la consecuencia del incumplimiento de la autoridad al no brindar la posibilidad de obtener una evaluación médica cuando sea solicitada. Tampoco es clara en cuanto a la prevención de la tortura, repitiendo únicamente normas constitucionales. A nivel local, prácticamente todas las entidades federativas han tipificado el delito de tortura, a excepción de Guerrero.16 Sin embargo, debido a que dicha regulación ha acontecido en momentos diferentes, y a que el nivel de compromiso de las autoridades locales en torno al combate a la tortura ha variado entre las distintas entidades, las legislaciones muestran importantes diferencias entre sí, lo que ha llevado a diversos mecanismos internacionales de derechos humanos a recomendar la homologación del tipo penal de tortura.17 La razón por la que con mayor frecuencia se recurre a la tortura continúa siendo la obtención de algún tipo de confesiones por parte de personas privadas de su libertad, generalmente para obtener su autoincriminación. La obtención de este tipo de declaraciones supone para algunas autoridades una salida fácil a la investigación para satisfacer así las exigencias de sus superiores de resolver casos. Los jueces continúan admitiendo confesiones obtenidas bajo tortura como evidencia.18 8 Recomendaciones: Investigar de forma pronta, efectiva e imparcial todas las denuncias por tortura y sancionar a los responsables. Garantizar que todos los procesos por tortura en contra de elementos de las Fuerzas Armadas sean llevados ante instancias civiles. Adecuar los tipos penales de tortura, a nivel estatal y federal, a los más altos estándares internacionales de conformidad con la Convención Contra la Tortura. Garantizar que las pruebas obtenidas mediante actos de tortura y malos tratos no sean utilizadas como prueba en ningún procedimiento. III. Arraigo La figura del arraigo, como ya fue mencionado, fue introducida en la Constitución mexicana en 2008 como una medida cautelar de privación de la libertad dictada en contra de personas con presuntos nexos con la delincuencia organizada, que se aplicará “siempre que sea necesario para el éxito de la investigación, la protección de personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga de la acción de la justicia”, según lo establece el artículo 16 constitucional. Esta medida constituye claramente una forma de detención arbitraria contraria a las obligaciones en materia de derechos humanos que México ha adquirido y viola, entre otros, los derechos de libertad personal, legalidad, presunción de inocencia, las garantías del debido 5 6
proceso y el derecho a un recurso efectivo. Por otra parte, el arraigo amplía las posibilidades de una persona de ser sometida a tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. El objetivo del arraigo no es determinar si una persona es inocente o culpable, sino que se priva a la persona de su libertad con el fin de obtener información que pudiera ser utilizada con posterioridad para el juicio, la cual en muchas ocasiones es obtenida bajo tortura. Ello se traduce en que la investigación no se lleva a cabo para detener a una persona, sino que la persona es detenida arbitrariamente para ser investigada y en la gran mayoría de los casos obtener una confesión inculpatoria, contraviniendo los principios básicos de justicia en una democracia. La persona afectada queda así sin garantías ni situación jurídica clara, ya que no es ni indiciada ni inculpada. Lo que es más, ni siquiera está vinculada a proceso penal alguno, simplemente se le ha privado de la libertad para ponerla a plena disposición de la autoridad investigadora, negando con ello la presunción de inocencia y el derecho de toda persona a contar con un abogado defensor. Los limitados controles legales y la nula revisión judicial de su aplicación, así como a la discrecionalidad en su aplicación, han permitido que se cometan actos de tortura en contra de personas bajo arraigo. El informe sobre la visita a México del Subcomité de para la Prevención de la Tortura (SPT), señala que cerca del 50% de las personas bajo arraigo mostraban signos de violencia reciente.19 La CNDH informó que entre 2008 y 2011 se presentaron 405 quejas por violaciones de derechos humanos relacionadas al arraigo,20 de las cuales 41% se refirieron a tortura y malos tratos.21 Cabe destacar que la legislación no establece los lugares en los cuales debe ser aplicada esta medida. Esto ha llevado a las autoridades a improvisar centros de detención en casas, hoteles y otros lugares no destinados para privar a una persona de su libertad. Esto ha permitido también que en muchas ocasiones el arraigo sea llevado a cabo en instalaciones militares, como ha documentado la CMDPDH.22 Según informes recientes emitidos por la PGR, entre enero 2008 y octubre 2012 fueron puestas bajo arraigo 8.595 personas.23 Del total de solicitudes presentadas, los jueces negaron únicamente el 4.7% de éstas.24 No obstante, si bien la PGR ha argumentado que entre 90% y 95% de las personas arraigadas han sido consignadas, ampliamente presumido como indicador del éxito de la medida, han omitido señalar que tan sólo 3.2% de ese total recibe una sentencia condenatoria.25 Por otro lado, si bien el texto constitucional permite utilizar la figura del arraigo únicamente para delitos de delincuencia organizada, es decir del orden federal, en virtud del artículo décimo primero transitorio de la reforma constitucional de 2008 se autoriza también a fiscalías locales para aplicarlo en sus jurisdicciones hasta 2016, año en que el nuevo sistema de justicia deberá estar implementado. Esta facultad ha permitido a autoridades locales aplicar el arraigo para delitos del fuero común, tales como homicidio, secuestro e incluso robo. 9 10 7 8
Del total de arraigos que la CMDPDH ha dado seguimiento mediante registros de prensa, el 54% de éstos han sido aplicados por autoridades estatales por delitos del fuero común. En los últimos dos años, los estados que registraron el mayor número de arraigos locales fueron Nuevo León, Distrito Federal, Coahuila, Veracruz y Jalisco.26 Incluso en estados donde ya ha entrado en vigor el nuevo sistema de justicia, como Yucatán, el arraigo continúa siendo utilizado. Las violaciones de derechos humanos derivadas del uso de la figura del arraigo han llevado a diversos organismos internacionales de derechos humanos a criticar esta figura. A la fecha, México ha recibido nueve recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos señalando la necesidad de eliminar el arraigo de la legislación y de la práctica, tanto a nivel federal como estatal.27 Recomendaciones: Eliminar inmediatamente la figura del arraigo de la legislación y la práctica, tanto a nivel federal como estatal. Reformar la legislación primaria y secundaria, a nivel federal y estatal, para garantizar la eliminación del arraigo y vigilar que la implementación del nuevo sistema de justicia en las entidades respete la exclusión definitiva del arraigo en el fuero común. En tanto la figura del arraigo es eliminada, se tomen las medidas necesarias para hacer efectiva la prohibición de la tortura antes, durante y después del arraigo, incluyendo el acceso a su abogado y la posibilidad de presentar denuncias cuando considere que ha sido sujeto de tortura. IV. El uso extensivo del Fuero Militar En el contexto actual de una elevada presencia militar en las calles realizando tareas de seguridad pública, el aumento de las violaciones graves de derechos humanos cometidas por elementos castrenses es evidente, las cuales en su mayoría permanecen impunes. Su participación actual en labores de procuración de justicia y de seguridad en la estrategia de combate a la delincuencia organizada a través de patrullajes militares y retenes en calles y carreteras ha tenido un serio impacto en la vigencia de los derechos humanos. Las quejas presentadas ante la CNDH por violaciones de derechos humanos cometidas por elementos de las Fuerzas Armadas se han incrementado alrededor de 1,000% durante el último sexenio. Durante los dos últimos años, una de cada cuatro quejas presentadas ante la CNDH fue en contra de la Secretaría de la Defensa o de la Marina.28 A pesar de ello, las denuncias de dichas violaciones no son investigadas y permanecen en la impunidad. La jurisdicción militar continúa siendo aplicada para investigar violaciones de derechos humanos, a pesar de resoluciones recientes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para restringir la jurisdicción militar29 y de cuatro sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) condenando al Estado mexicano a modificar sus alcances.30 11 0 9
Según un informe elaborado por la SEDENA, entre 2007 y 2011 han sido sentenciados por la justicia militar 3.612 militares. Sin embargo, según el desglose elaborado por la dependencia, 3.154 fueron por deserción (87%); 142 por insubordinación (5%) y tan sólo 33 sentenciados por violaciones a derechos humanos (menos del 1%). Cabe señalar que, además, los 33 militares condenados fueron implicados en un mismo caso.31 En un informe más reciente publicado por la SEDENA en noviembre de 2012, informó que de las 113 recomendaciones dirigidas por la CNDH a dicha dependencia entre 2006 y 2012, tan sólo se han emitido dos sentencias, a pesar de que 63 de éstas han sido dadas por concluidas.32 No obstante, cabe destacar además que la CNDH ha emitido recomendaciones a la SEDENA únicamente en 1.5% de las quejas totales recibidas en contra de ésta dependencia. 12 1 2
En octubre de 2010 el Presidente envió al Congreso una iniciativa para reformar el artículo 57 del Código de Justicia Militar (CJM). Sin embargo, la reforma resultó insuficiente e incluso regresiva. La iniciativa presentada excluía de la jurisdicción militar únicamente los delitos de desaparición forzada, tortura y violación sexual, sin considerar otra serie de violaciones a derechos humanos que con frecuencia son cometidas por militares que se encuentran realizando labores de seguridad pública en la actual estrategia de seguridad, tales como detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales o allanamientos.33 La prevalencia de la jurisdicción militar frente a violaciones de derechos humanos perpetúa el círculo de impunidad vigente en México e impide a las víctimas acceder a la justicia y a la reparación. Es necesario reformar cuanto antes el CJM para que todo militar responsable de haber cometido violaciones a derechos humanos, cualquiera esta sea, sea juzgado por tribunales civiles, sancionado acorde a estándares internacionales y garantizado en todo momento la reparación adecuada para las víctimas. México ha sido reticente de cumplir con las sentencias de la CoIDH, particularmente en la previsión de reformar el artículo 57 del CJM. A más de tres años de que la Corte ordenó la restricción del fuero militar, la reforma no ha sido aún discutida por el Congreso. Recomendaciones: Reformar el Código de Justicia Militar, en especial el artículo 57, para prohibir que militares involucrados en violaciones de derechos humanos sean juzgados por Tribunales Militares. Acatar los criterios de la SCJN en los cuales se prohíbe la aplicación extensiva de la jurisdicción militar en casos en los que están involucrados civiles. Establecer que en la etapa de investigación, desde el momento en que las autoridades ministeriales militares tengan conocimiento de que las presuntas víctimas son civiles, deberán remitir el asunto a las autoridades civiles para continuar la investigación. Investigar de forma exhaustiva e imparcial todas las denuncias de violaciones a derechos humanos cometidas por elementos de las Fuerzas Armadas en el fuero civil, y sancionar a los responsables. V. La falta de mecanismos adecuados para la reparación del daño México carece aún de mecanismos adecuados para garantizar una reparación adecuada e integral a todas las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Si bien la reforma constitucional en materia de derechos humanos incorpora al texto constitucional la obligación de todas las autoridades de reparar las violaciones a derechos humanos en el ámbito de sus competencias, a más de un año de su entrada en vigor aún no se han puesto en marcha los mecanismos necesarios para su implementación. El amparo34 ha sido históricamente el recurso idóneo para que las personas obtengan protección de actos u 13 4 3
omisiones de autoridades que vulneren derechos humanos, reconocidos tanto en la Constitución como en tratados 35 internacionales. Sin embargo, el amparo ha sido ineficaz para asegurar la reparación por violaciones a derechos humanos. De acuerdo a la Ley de Amparo vigente,36 las sentencias dictadas en los juicios de amparo sólo tienen efecto sobre quienes lo solicitan, limitándose a ampararles y protegerles en el caso especial sobre el que trata la demanda. Así, se prevé únicamente el restablecimiento de las cosas al estado previo antes de que sucediera la violación y no contempla mecanismos de reparación integral. Si bien la Ley de Amparo reconoce como facultad del juicio de amparo garantizar “el pleno goce de la garantía violada”, la falta de aclaración sobre su alcance y significado ha dado lugar a que tribunales del Poder Judicial de la Federación hagan una interpretación literal y por tanto restrictiva.37 Los Tribunales federales han restringido el alcance de la restitución únicamente en conceder el amparo, por lo que la reparación que esta medida pueda otorgar está lejos de los lineamientos marcados por estándares internacionales e, por ejemplo, al no concebir la posibilidad de otorgar reparaciones colectivas, de ordenar reformas institucionales o incluso dictar compensaciones. La vía penal ha presentado también dificultades para garantizar la reparación del daño por violaciones a derechos humanos. Si bien la gran mayoría de las violaciones a derechos humanos se encuentran configuradas como delitos en las diversas disposiciones penales, la categorización de víctimas de violaciones a derechos humanos como víctimas de delito no es adecuada. El artículo 20 constitucional reconoce el derecho de las víctimas del delito a obtener una reparación del daño; sin embrago, esta reparación le corresponde en primer término al responsable de la comisión del delito. Ciertamente dicha reparación puede ser exigida también al Estado en aquellos delitos cometidos por servidores públicos,38 abriendo la posibilidad de que el proceso penal se vuelva una vía para que el Estado repare violaciones a derechos humanos. Sin embargo, la propia naturaleza del proceso penal implica severos obstáculos para la reparación del daño por violaciones graves a derechos humanos. La legislación penal establece que una pena a imponer a responsables es la sanción pecuniaria y la reparación del daño, responsabilidad de quien comete el delito. En este sentido, de acuerdo con los principios que rigen al procedimiento penal, no puede sentenciarse al inculpado sin antes haber sido encontrado responsable del delito por medio de una sentencia definitiva, lo cual implica que no puede dictarse tampoco una reparación hasta no haber sentencia firme, lo cual puede retrasar la reparación por años.39 Como ya se ha mencionado con anterioridad, los índices de impunidad en México son prácticamente absolutos – tan sólo se obtiene sentencia en una de cada 100 denuncias presentadas –, lo que hace además casi imposible acceder a la reparación del daño mediante sentencia penal. Finalmente, existe la posibilidad de acceder a la reparación por violaciones a derechos humanos por vía civil, mediante la Ley Federal de 14 6 5
Responsabilidad Patrimonial del Estado,. Sin embargo, este mecanismo presenta también grandes dificultades para acceder a ella, particularmente por su sustanciación, la cual contempla únicamente la compensación monetaria como único método de reparación. Por otro lado, este recurso presenta una onerosa carga de la prueba impuesta a la víctima a fin de acreditar su acción. Existe a su vez una vía paralela para obtener la reparación del daño en casos de violaciones a derechos humanos, pero que a su vez tampoco ha probado ser efectiva. De acuerdo a la legislación actual, los organismos públicos de derechos humanos, tanto a nivel estatal como federal, tienen la facultad de emitir recomendaciones en materia de reparación del daño frente a aquellos casos de su competencia. Sin embargo, estas resoluciones no tienen carácter vinculante, lo que deja el cumplimiento de las medidas de reparación a la mera voluntad política de las autoridades, incluso permitiéndoles ignorar las resoluciones sin ninguna consecuencia jurídica. El 9 de enero de 2013 se publicó la Ley General de Víctimas, la cual emite lineamientos para garantizar la reparación adecuada a todas las víctimas, tanto del delito como de violaciones a derechos humanos. La Ley, tras haber sido vetada por el entonces Presidente Calderón en julio de 2012 – a pesar de haber sido aprobada por unanimidad en el Congreso–, es un primer paso para garantizar el derecho a la reparación de las miles de víctimas de violaciones a los derechos humanos en México. Sin embargo, aún quedan muchos retos pendientes para hacer del derecho a la reparación una realidad y de esta Ley un mecanismo eficaz que ponga en el centro de atención a las víctimas como una política de Estado. Si bien su promulgación es un logro importante de la sociedad civil, debe garantizarse su adecuada implementación de forma cercana a las propias víctimas, protegiendo en todo momento su dignidad y evitando a toda costa su revictimización. La entrada en vigor de ésta Ley genera diversas obligaciones para el Estado en su conjunto que deberán atender de inmediato, entre ellas la asignación de recursos adecuados, el establecimiento de criterios claros para el acceso a la reparación, y la conformación de un Comité de expertos para analizar los casos que soliciten reparación. Resulta además primordial publicar a la brevedad la reglamentación necesaria para su aplicación en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil y los movimientos de víctimas. Resulta también fundamental asegurar el derecho a la justicia de todas las víctimas y garantizar el derecho a la verdad, y no limitar la reparación únicamente a la compensación monetaria. Recomendaciones: Aprobar y publicar cuanto antes la nueva Ley de Amparo. Asegurar la adecuada implementación de la Ley de Víctimas en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil y los movimientos de víctimas. Destinar los recursos necesarios para garantizar la reparación integral para todas las víctimas de derechos humanos.	15 1
16 Acosta,	Mariclaire.	“La	impunidad	crónica	de	México:	Una	aproximación	desde	los	derechos	humanos”.	CDHDF,	2011.	Pp.	94-­‐95.	Ver	también	Rivera,	Marien	y	Rafael	Ch.	“Números	Rojos	del	Sistema	Penal”.	CIDAC,	Octubre	2011.	Disponible	en	http://www.cidac.org/esp/uploads/1/CIFRAS.pdf	2 Cabe	señalar	que	no	existen	cifras	oficiales	al	respecto.	Esta	cifra	es	obtenida	mediante	estimaciones	elaboradas	por	organizaciones	de	la	sociedad	civil	en	base	a	la	información	estadística	proporcionada	por	el	Instituto	Nacional	de	Estadística,	Geografía	e	Informática	(INEGI).	Tan	solo	en	2011,	se	contabilizaron	27.199	homicidios	en	México,	obteniendo	un	índice	de	24	homicidios	por	cada	100.000	habitantes.	3 Base	de	datos	elaborada	por	autoridades	federales,	disponible	en	http://www.secretariadoejecutivosnsp.gob.mx/es/SecretariadoEjecutivo/Sistema_RNPED.	Para	más	información,	ver	Booth,	William.	“Mexico’s	crime	wave	has	left	about	25,000	missing,	government	documents	show”	en	Washington	Post,	30	de	noviembre	de	2012.	Disponible	en	http://articles.washingtonpost.com/2012-­‐11-­‐ 29/world/35584943_1_mexico-­‐city-­‐mexican-­‐government-­‐human-­‐rights	4 Información	obtenida	a	través	de	los	informes	anuales	de	la	CNDH,	2007,	2008,	2009,	2010,	2011	y	2012.	Para	más	información,	ver	también	las	declaraciones	del	Presidente	de	la	CNDH	en	el	20	aniversario	de	la	Comisión	Estatal	de	Derechos	Humanos	de	Hidalgo,	citada	por	“El	Universal”,	15	de	agosto	de	2012.	5 RedTDT.	México,	a	dos	años	del	Examen	Periódico	Universal.	México,	2011.	Pp	50	Disponible	en	http://www.redtdt.org.mx/d_informes/d_visual.php?id_publicacion=118&descargable=Informe_EPU_Final.pdf	6 Consejo	de	Coordinación	para	la	Implementación	del	Sistema	de	Justicia	Penal.	http://www.setec.gob.mx/	7 Cortez,	Edgar.	“Nueva	Justicia	Penal”,	en	Noche	y	Niebla,	blog	de	la	CMDPDH	en	El	Universal.	Disponible	en	http://blogs.eluniversal.com.mx/weblogs_detalle17070.html	8 Información	obtenida	a	través	de	los	informes	anuales	de	la	CNDH,	2007,	2008,	2009,	2010,	2011.	9 Ver	Quinto	y	Sexto	informe	consolidado	de	México	para	el	CAT,	2011.	Párr	172	10 Información	proporcionada	por	el	Centro	de	Derechos	Humanos	de	la	Montaña	Tlachinollan,	entregado	al	Comité	Contra	la	Tortura,	septiembre	2012.	Pp.	1	Disponible	en	http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/docs/ngos/CDHM_Tlachinollan_info_CAT49-­‐MEX_add.1_sp.pdf	11 Información	obtenida	mediante	solicitudes	de	acceso	a	la	información	pública,	oficio	0000070121812	(solicitada	por	el	Centro	de	Derechos	Humanos	de	la	Montaña	Tlachinollan)	y	0000700015713	(solicitada	por	la	Comisión	Mexicana	de	Defensa	y	Promoción	de	los	Derechos	Humanos)	13 Situación	de	la	Tortura	en	México.	Informe	conjunto	que	presentan	la	Red	Nacional	de	Organismos	Civiles	de	Derechos	Humanos	“Todo	los	Derechos	para	Todas	y	Todos”	(RedTdT)	y	la	Organización	Mundial	contra	la	Tortura	(OMCT)	en	vista	de	la	consideración	del	5º	y	6º	informe	consolidado	de	México	ante	el	Comité	contra	la	Tortura	de	las	Naciones	Unidas.	Ver	también:	Culpables	Conocidos,	Víctimas	Ignoradas	–	Tortura	y	Maltrato	en	México.	Informe	de	Amnistía	Internacional,	2012.	Ni	Seguridad	ni	derechos	–	ejecuciones,	desapariciones	y	tortura	en	la	“guerra	contra	el	narcotráfico”	de	México.	Informe	de	Human	Rights	Watch,	2011.	14 El	Senado	de	la	República	aprobó	modificaciones	a	la	Ley	Federal	para	Prevenir	y	Sancionar	la	Tortura	que	adecuaban	el	tipo	penal	de	tortura	a	los	estándares	internacionales	el	11	de	abril	de	2012,	la	cual	fue	turnada	a	la	Cámara	de	Diputados	para	su	análisis	y	eventual	aprobación.	La	iniciativa	fue	aprobada	con	modificaciones	por	la	Cámara	de	Diputados	el	13	de	diciembre	de	2012,	por	lo	que	fue	turnada	nuevamente	al	Senado	para	su	aprobación.	La	iniciativa	aún	está	pendiente	de	ser	aprobada	en	el	Senado.	15 Informe	sobre	la	visita	a	México	del	Subcomité	para	la	Prevención	de	la	Tortura	y	otros	tratos	o	penas	crueles,	inhumanos	o	degradantes,	tras	su	visita	a	México	en	2009.	Párr	40	16 Observaciones	Finales	del	Comité	Contra	la	Tortura,	2012.	Párr.	8	17 Comité	Contra	la	Tortura,	2007,	párr.	11;	Subcomité	para	la	Prevención	de	la	Tortura,	2009,	párr.	40	18 Centro	ProDH.	En	nombre	de	la	“guerra	contra	la	delincuencia”,	un	estudio	del	fenómeno	de	la	tortura	en	México.	Centro	de	Derechos	Humanos	Miguel	Agustín	Pro	Juárez.	Junio	2012	19 Informe	sobre	la	visita	a	México	del	Subcomité	para	la	Prevención	de	la	Tortura	y	otros	tratos	o	penas	crueles,	inhumanos	o	degradantes,	tras	su	visita	a	México	en	2009,	párr.	225	20 Solicitud	de	acceso	a	la	información	pública,	Respuesta	de	Comisión	Nacional	de	Derechos	Humanos	vía	Oficio	no.	CNDH/PVG/DG/138/2010,	misma	que	otorgó	la	información	a	través	de	la	Primera	(oficio	CNDH/PVG/DG/138/2010),	Segunda	(oficio	CNDH/2VG/08012010),	Tercera	(oficio	TVG/000709)	y	Quinta	(oficio	QVG/CNDH/108/2010),	Visitadurías	de	dicho	organismo	público.	21 Información	obtenida	mediante	solicitud	de	acceso	a	la	información	pública,	folio	CI/38/287/2011	22 Caso	de	los	25	policías	de	Tijuana,	Baja	California.	Al	respecto,	la	CNDH	emitió	la	recomendación	87/2011	1
Información	recabada	por	la	CMDPDH	a	través	de	solicitudes	a	la	PGR	de	acceso	a	la	información	pública	(oficios	No.	SJAI/DGAJ/06812/20011,	No.	SJAI/DGAJ/05398/2012	y	No.	SJAI/DGAJ/11715/2012	)	24 Barajas,	Abel.	“Durante	todo	el	sexenio,	los	jueces	sólo	negaron	4.7	por	ciento	de	las	solicitudes	de	arraigo”	en	Reforma.	4	de	febrero	de	2013	25 Información	obtenida	mediante	solicitudes	de	acceso	a	la	información:	PGR,	Oficios	No.	SJAI/DGAJ/09406/2011	y	No.	SJAI/DGAJ/10153/2011	26 CMDPDH.	La	figura	del	arraigo	en	México,	contraria	a	los	derechos	humanos.	Informe	presentado	ante	el	CAT,	octubre	2012.	27 Grupo	de	Trabajo	sobre	Detenciones	Arbitrarias,	2002,	párr.	50;	Comité	Contra	la	Tortura,	2007,	párr.	15;	Subcomité	de	Prevención	de	la	Tortura,	2009,	párr.	238;	Consejo	de	Derechos	Humanos,	Examen	Periódico	Universal,	2009;	Comité	de	Derechos	Humanos,	2010,	párr.	15;	Relatora	Especial	de	la	ONU	sobre	la	Independencia	de	Jueces	y	Abogados,	2010,	párr.	92-­‐94;	Grupo	de	Trabajo	sobre	Desapariciones	Forzadas	o	Involuntarias,	2011,	párr.	88;	Comité	Contra	la	Tortura,	2012,	párr.	11	28 Calculo	propio	basado	en	los	Informes	de	Actividades	CNDH	de	2006	a	2012.	Comisión	Nacional	de	Derechos	Humanos.	29 Durante	los	meses	de	agosto	y	septiembre	de	2012,	la	SCJN	analizó	28	asuntos	relacionados	con	los	límites	de	la	jurisdicción	militar.	Durante	éstos,	sentó	el	precedente	de	que	ningún	militar	acusado	de	cometer	violaciones	a	los	derechos	humanos	en	que	se	encuentren	involucrados	civiles	podrá	ser	juzgado	por	un	tribunal	militar.	Más	aún,	en	el	caso	de	Bonfilio	Rubio,	la	SCJN	declaró	la	inconstitucionalidad	del	artículo	57	del	Código	de	Justicia	Militar.	30 Casos	Radilla	Pacheco	vs.	México,	sentencia	del	23	de	noviembre	de	2009;	Caso	Fernández	Ortega	y	otros	vs.	México,	sentencia	del	30	de	agosto	de	2010;	Caso	Rosendo	Cantú	y	otra	vs.	México,	sentencia	del	31	de	agosto	de	2010;	Caso	Cabrera	García	y	Montiel	Flores	vs.	México,	sentencia	del	26	de	noviembre	de	2010.	31 Acceso	a	la	Información	Folio	0000700059711.	Artículo	publicado	en	El	Universal	20	de	Febrero	de	2011	“Investigan	a	178	militares	por	abusos,	afirma	Sedena”	disponible	en	www.eluniversal.com.mx/primera/36369.htmlSuprema	Corte	de	Justicia	de	la	Nación.	Expediente	Varios	912/2010	32 Situación	de	quejas	y	recomendaciones.	SEDENA,	2013	33 Iniciativa	de	Decreto	por	el	que	se	reforman,	derogan	y	adicionan	diversas	disposiciones	del	Código	de	Justicia	Militar,	de	la	Ley	Orgánica	del	Poder	Judicial	de	la	Federación,	del	Código	Penal	Federal,	del	Código	Federal	de	Procedimientos	Penales	y	de	la	Ley	que	establece	norma	mínimas	sobre	readaptación	social	de	sentenciados.	Gaceta	del	Senado,	Primer	Periodo	Ordinario.	Martes,	19	de	octubre	de	2010.	Gaceta	161.	34 El	amparo	es	“la	acción	que	ejercita	cualquier	gobernado	ante	los	órganos	jurisdiccionales	federales	contra	todo	acto	de	autoridad	(lato	sensu)	que	le	causa	un	agravio	en	su	esfera	jurídica	y	que	considere	contrario	a	la	Constitución,	teniendo	por	objeto	invalidar	dicho	acto	o	despojarlo	de	su	eficacia	por	su	inconstitucionalidad	o	ilegalidad	en	el	caso	concreto	que	lo	origine".	Burgoa,	Ignacio.	El	juicio	de	amparo.UNAM,	1955.	35 Reforma	constitucional	en	materia	de	amparo,	publicada	en	el	Diario	Oficial	de	la	Federación	el	6	de	junio	de	2011.	36 En	virtud	de	la	reforma	constitucional	en	materia	de	amparo,	el	Congreso	debió	haber	aprobado	la	Ley	reglamentaria	a	más	tardar	a	seis	meses	de	su	publicación,	es	decir	en	octubre	de	2011.	No	obstante,	si	bien	se	discute	actualmente	una	Ley	de	Amparo	en	el	Congreso,	ésta	no	ha	sido	aún	aprobada	ni	publicada.	37 Amezcua,	Octavio.	La	Reparación	Del	Daño	Por	Violaciones	A	Derechos	Humanos:	Retos	para	su	incorporación	al	derecho	mexicano.	38 Todos	los	códigos	penales	del	país	establecen	que	el	Estado	es	obligado	subsidiario	en	estos	supuestos.	La	excepción	a	esto	es	el	Código	Penal	del	Estado	de	Baja	California	39 Amezcua,	Octavio.	La	Reparación	Del	Daño	Por	Violaciones	A	Derechos	Humanos:	Retos	para	su	incorporación	al	derecho	mexicano.	17 Comisión	Mexicana	de	Promoción	y	Defensa	de	los	Derechos	Humanos	A.C.	Información de contacto -­‐ Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Address: Tehuantepec #142, Col. Roma Sur, Cuauhtémoc. México, DF Telephone: (5255) 55642582; E-­‐‑mail: internacional@cmdpdh.org Web: www.cmdpdh.org -­‐ Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia Address: Benjamin Franklin #186, Col. Escandón, Miguel Hidalgo. México DF Telephone: (5255) 52717226; E-­‐‑mail: imdhd@imdhd.org Web: www.imdhd.org More From This UserBalance Noviembre 2015Formato de Amparo (1)SinVotoNoHayDineroIniciativaCompletaGasolineras sancionadasInforme de la CNS sobre gasolinazo Informe de la CNS sobre incitadores contra el gasolinazoRecomendaciónDiputados PRIDeclaración de Zavala sobre conflicto de interésEncuesta Nacional de Salud y Nutrición 2016Respuesta Ecobici Dictamen Mariguana Respuesta TurismoRespuesta SegobCONTRATO Aurora Pierdant SAT Sedeco a Cgcs AkkiraMUCD EncuestaCOPRED OlincaBanco de MéxicoKate Del CastilloInvestigación SAT sobre empresas fantasmaPreguntas SAT2016 ICE LibroPrograma Encuentro Internacional
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