Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-c-48-de-febrero-1-de-2006?documento=jurcol&contexto=jurcol_75992042181ef034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-05-19 18:51:19
Document Index: 311809210

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 47', 'artículo 47', 'artículo 241', 'artículo 47', 'artículo 48', 'artículo 91', 'artículo 93', 'artículo 47']

﻿ SENTENCIA C-48 DE FEBRERO 1 DE 2006
SENTENCIA C-48 DE 01 DE FEBRERO DE 2006
CONTENIDO:CUMPLIMIENTO DE LAS ÓRDENES SUPERIORES. SE INHIBE DE EMITIR PRONUNCIAMIENTO DE FONDO RESPECTO DE LA DEMANDA EN CONTRA DEL ARTÍCULO 47 (PARCIAL) DEL CÓDIGO NACIONAL DE POLICÍA.
TEMAS ESPECÍFICOS:POLICÍA NACIONAL, RÉGIMEN INTERNO DE LA POLICÍA NACIONAL, CÓDIGO NACIONAL DE POLICÍA, ACTUACIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL, SUBOFICIALES DE LA POLICÍA NACIONAL
Sentencia C-48 de febrero 1º de 2006
Sentencia C-048 de 2006
Ref.: Expediente D-5883
Actores: Mary Luz Ospina García y otros.
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 47 (parcial) del Código Nacional de Policía.
A continuación se transcribe el texto del artículo demandado y se subraya y se resalta el aparte demandado:
ART. 47.—“Por regla general toda orden superior debe ser cumplida por los subalternos.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 241 de la Constitución Política, la Corte Constitucional es competente para resolver la demanda de la referencia, ya que la norma acusada es parte de un decreto con fuerza de ley.
El cargo de la demanda se encuentra expuesto en solo dos párrafos. En primer lugar, los demandantes dicen que el aparte acusado del artículo 47 del Código Nacional de Policía es inconstitucional porque vulnera los derechos de los funcionarios que reciben y cumplen órdenes, en el caso de que se les ordene hacer u omitir una acción que no sea considerada delito, pero que sí afecte la tranquilidad y los derechos de las personas.
En el segundo párrafo, la demanda precisa que las sugerencias de los subalternos deben ser tenidas en cuenta por sus superiores a la hora de ejecución de estas para evitar la violación, no solo de derechos fundamentales, sino de derechos humanos que deben ser respetados en virtud de lo que manda la Constitución Nacional, la cual está obligada a proteger en su totalidad y con todas las garantías a los coasociados.
En primer lugar, el artículo demandado se refiere a la necesidad de que las órdenes de los superiores se cumplan, aunque admite la posibilidad de que las mismas sean discretamente cuestionadas por el subalterno en relación con su inconveniencia. La norma advierte también que si el superior insiste, la orden debe cumplirse. Del entendimiento natural de la disposición es evidente que la misma no hace diferencia entre órdenes contentivas de una medida manifiestamente contraria a derecho, constitutiva de delito o atentatoria de los derechos fundamentales o de los derechos humanos. La prescripción legal es, apenas, la regla general que inspira la estructura disciplinada y jerarquizada de la fuerza pública. Y se evidencia que tal es la regla general, porque a renglón seguido, en el artículo 48 del Código Nacional de Policía, el legislador extraordinario precisó que “si la orden conduce manifiestamente a la comisión de un delito, los subalternos no están obligados a obedecer”.
Ya se vio cómo el cargo medular de la demanda radica en que los funcionarios encargados de cumplir órdenes que no constituyan delito, pero que perjudiquen a la comunidad, atenta contra el artículo 91 de la Carta. Sin embargo, pese a que la hipótesis manejada por los demandantes es esta, el segundo párrafo de su argumentación está dirigido a resaltar cómo el Estado colombiano se encuentra comprometido con la protección de los derechos fundamentales, y cómo debe disponer de los mecanismos necesarios para evitar su vulneración, así como la de los demás derechos humanos, consideraciones que más parecen vinculadas con la responsabilidad que le cabe a los subalternos por el cumplimiento de órdenes que implican infracción manifiesta de los preceptos constitucionales en detrimento de las personas.
Finalmente, la suficiencia que se predica de las razones de la demanda de inconstitucionalidad guarda relación, en primer lugar, con la exposición de todos los elementos de juicio (argumentativos y probatorios) necesarios para iniciar el estudio de constitucionalidad respecto del precepto objeto de reproche; así, por ejemplo, cuando se estime que el trámite impuesto por la Constitución para la expedición del acto demandado ha sido quebrantado, se tendrá que referir de qué procedimiento se trata y en qué consistió su vulneración (D. 2067/91, art. 2º num. 4º), circunstancia que supone una referencia mínima a los hechos que ilustre a la Corte sobre la fundamentación de tales asertos, así no se aporten todas las pruebas y estas sean tan solo pedidas por el demandante. Por otra parte, la suficiencia del razonamiento apela directamente al alcance persuasivo de la demanda, esto es, a la presentación de argumentos que, aunque no logren prime facie convencer al magistrado de que la norma es contraria a la Constitución, si despiertan una duda mínima sobre la constitucionalidad de la norma impugnada, de tal manera que inicia realmente un proceso dirigido a desvirtuar la presunción de constitucionalidad que ampara a toda norma legal y hace necesario un pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional (Sent. C-1052/2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).
La suficiencia de los argumentos también es exigencia para la producción de un fallo de fondo. No se exigen, por virtud de este requisito, extensos escritos acerca de la oposición normativa de la disposición que se acusa con la Carta fundamental, sino, simplemente, razones que agoten dicha oposición. La incompletud de los cargos no está entonces en su extensión sino en el carácter abierto del argumento, tal que no pueda deducirse en qué consiste la incompatibilidad normativa alegada (Sent. C-403/2003, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra).
La claridad de la demanda es un requisito indispensable para establecer la conducencia del concepto de la violación, pues aunque “el carácter popular de la acción de inconstitucionalidad, (por regla general), releva al ciudadano que la ejerce de hacer una exposición erudita y técnica sobre las razones de oposición entre la norma que acusa y el estatuto fundamental” (1) , no lo excusa del deber de seguir un hilo conductor en la argumentación que permita al lector comprender el contenido de su demanda y las justificaciones en las que se basa (Sent. C-1052/2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).
Si bien la acción pública no exige rigurosidad especial frente a la argumentación si exige claridad en el cargo formulado. En consecuencia, es insuficiente señalar que un artículo de una ley vulnera un principio constitucional determinado si el actor no señala en lo más mínimo por qué considera que la norma legal es inconstitucional. Al no existir conocimiento claro del cargo o del argumento de la demanda, si la Corte se pronunciara de fondo terminaría estructurando la base de la argumentación de su propia decisión, lo cual es ajeno al ejercicio del control de constitucionalidad que se le ha confiado a esta corporación (Sent. C-540/2001, M.P. Jaime Córdoba Triviño).
En este último contexto, la Corte debe precisar que la demanda no explica con suficiencia cómo la norma demandada vulnera el artículo 93 de la Constitución Política que señala que “los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia”. Sobre este particular, la demanda no dice nada, no sustenta la violación y no menciona, siquiera, porqué la norma ha sido puesta en peligro por la disposición acusada.
ÚNICO: por las razones indicadas en la parte considerativa de esta providencia, INHIBIRSE de emitir pronunciamiento de fondo respecto de la demanda presentada por los ciudadanos Mary Luz Ospina, José David Valencia y John Albert López, en contra del aparte acusado del artículo 47 del Código Nacional de Policía.
(1) Cfr. Corte Constitucional Sentencia C-143 de 1993, M.P. José Gregorio Hernández. Estudió la Corte en aquella ocasión la demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 16 y 20 de la Ley 3ª de 1986, 246, 249 y 250 del Decreto 1222 de 1986. En el mismo sentido puede consultarse la Sentencia C-428 de 1996, M.P. Carlos Gaviria Díaz.