Source: http://www.ceibo.net/CIDH_condenas.html
Timestamp: 2019-02-15 18:46:34
Document Index: 112054153

Matched Legal Cases: ['artículo 28', 'Artículo 28', 'artículo 32', 'artículo 31', 'artículo 33', 'artículo 7', 'artículo 1', 'artículo 8', 'artículo 22']

CIDH condenas en lo contencioso
LA FORMA DE PROCEDER CON LA RECLAMACION
CÓMO PRESENTAR PETICIONES EN EL SISTEMA INTERAMERICANO
Denuncias, consultas a la Corte y visitas a la sede del Tribumal
Deben cumplirse tres condiciones antes de presentar una denuncia o petición:
Primera, debe referirse a la supuesta violación por parte de un Estado de los derechos establecidos en la Convención Americana, en la Declaración Americana o en uno de los demás instrumentos mencionados anteriormente;
Segunda, el peticionario deberá haber agotado todos los recursos legales disponibles en el Estado donde ha ocurrido la violación y la denuncia o petición a la Comisión debe presentarse dentro de los seis meses siguientes a la fecha de notificación de la decisión final sobre el caso por parte del tribunal nacional ("agotar los recursos internos" significa que, antes de acudir a la Comisión, el caso debe haberse presentado ante los tribunales de justicia o ante las autoridades competentes del país correspondiente, sin que se hayan obtenido resultados positivos); y
Tercera, la denuncia no deberá estar pendiente de otro procedimiento internacional, como el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Casos resueltos de violaciones de los DDHH por pais
Corte Interamericana de Derechos Humanos Jurisprudencia por pais. Algunos ejemplos de victimas que demandan al Estado por violaciones de los DDHH cuando estos no establecieron formas razonables de investigacion, reparacion en o indemnizacion.
Uruguay aun no ha sido, al parecer, demandado por los crimenes contra los DDHH. CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (Pacto de San José) Ver el documento
INSTRUCCIONES : OBTENCION DE PRUEBAS PARA EX-EXILIADOS Y EX-PRESOS
¿QUÉ DEBEN HACER LOS EX PRESOS?
Los ex-presos por motivos políticos, ideológicos o gremiales, deben obtener certificado de detención en la Suprema Corte de Justicia, Sección Libertades, en Plaza Cagancha o Libertad, calle Héctor Gutiérrez Ruiz 1310, en el horario de 13 a 18 horas - (teléfono (02)900 10 41 y 43). Tanto los de Montevideo como los del Interior. De allí se les derivará a un Juzgado. La solicitud puede realizarse personalmente o a través de CRYSOL (en ambos casos sin escrito) o mediante escrito por apoderado.
¿QUÉ DEBEN HACER LOS EXILIADOS?
Los exiliados trabajadores de la actividad privada, deben documentar su exilio por diversas pruebas documentales que se pueden obtener de diferentes medios y diversas instituciones, por ejemplo, los expedidos por cualquier agencia de cualquier país de ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados), documentos de viaje de Cruz Roja, pasaporte de refugiado, pasaportes en general, documentos de viaje, documentos otorgados por organismos internacionales de migraciones (CIM, CIME y OIM), Comisión Oficial de Repatriación de Uruguay que funcionó en Casa de Gobierno, pruebas diversas de residencia, trabajo, estudio, alquiler en países de exilio, etc. Para todo ello pueden asesorarse principalmente en SEDHU/ACNUR.
Bron:Amparo a la LEY 17.449
DE REPARACIÓN JUBILATORIA DE SINDICALISTAS, PRESOS Y EXILIADOS POR LA DICTADURA.
NB. Esta informacion es con referencia a la ley 17.449 d.d. 2006. Las instancias y los datos aqui mencionadas pueden ser caducos,
FORMULARIO PARA PRESENTAR PETICIONES SOBRE Bajar el formulario
El siguiente formulario, preparado por la Secretaría Ejecutiva de la CIDH tiene por objeto facilitar a las víctimas de dichas violaciones, sus familiares, organizaciones de la sociedad civil u otras personas la presentación de peticiones relativas a presuntas violaciones de los derechos humanos cometidas por Estados miembros de la OEA.
El formulario se basa en la información requerida por el Reglamento de la CIDH para dar trámite a las peticiones recibidas y determinar si se han violado los derechos humanos protegidos por tratados internacionales suscritos por el Estado acusado de la violación. La información requerida se encuentra enumerada en el artículo 28 del Reglamento de la CIDH:
Artículo 28. Requisitos para la consideración de peticiones. Las peticiones dirigidas a la Comisión deberán contener la siguiente información:
• el nombre, nacionalidad y firma de la persona o personas denunciantes o, en el caso de que el peticionario sea una entidad no gubernamental, el nombre y la firma de su representante o representantes legales;
• si el peticionario desea que su identidad sea mantenida en reserva frente al Estado;
• la dirección para recibir correspondencia de la Comisión y, en su caso, número de teléfono, facsímile y dirección de correo electrónico;
• una relación del hecho o situación denunciada, con especificación del lugar y fecha de las violaciones alegadas;
• de ser posible, el nombre de la víctima, así como de cualquier autoridad pública que haya tomado conocimiento del hecho o situación denunciada;
• la indicación del Estado que el peticionario considera responsable, por acción o por omisión, de la violación de alguno de los derechos humanos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos aplicables, aunque no se haga una referencia específica al artículo presuntamente violado;
• el cumplimiento con el plazo previsto en el artículo 32 del presente Reglamento;
• las gestiones emprendidas para agotar los recursos de la jurisdicción interna o la imposibilidad de hacerlo conforme al artículo 31 del presente Reglamento;
• la indicación de si la denuncia ha sido sometida a otro procedimiento de arreglo internacional conforme al artículo 33 del presente Reglamento.
Antes de llenar el formulario adjunto, se ruega leer cuidadosamente las instrucciones que aparecen a continuación.
El formulario debe ser llenado de la manera más completa posible e incluir toda la información disponible con relación a uno o mas hechos en particular que constituya una o más violaciones a los derechos humanos por parte de Estados miembros de la OEA.
La redacción de las respuestas debe ser sencilla y directa. En caso de que la información solicitada no esté a su alcance, usted podrá guardar el formulario y volver a llenarlo mas tarde; si falta alguna información, debe señalar información no disponible o no se aplica, según corresponda.
Una vez completo, el formulario debe ser enviado oprimiendo el botón ENVIAR FORMULARIO, si usted no tiene acceso a Internet, el formulario se encuentra también en formato PDF, que puede ser impreso y enviado por el correo a la siguiente dirección postal:
CIDH-Casos resuelto por pais Manual CIDH CIDH-Reglamento-Spañol CIDH-Reglament-Ingels CIDH-Caso-06-OPINIÓN CONSULTIVA OC-6/86 CIDH-Caso-09-OPINIÓN CONSULTIVA OC-9/87 CIDH-Caso-26-Garrido y Baigorria Vs. Argentina CIDH-Caso-39-Garrido y Baigorria Vs. Argentina CIDH-Caso-154-Almonacid Arellano y otros Vs. Chile CIDH-Caso-164-Bueno Alves Vs. Argentina CIDH-Caso-177- KIMEL VS. ARGENTINA CIDH-Caso-187- Bayarri vs. Argentina CIDH-Caso-209-RADILLA PACHECO VS.E.U.MEXICANOS CIDH-Caso 221-Gelman Vs. URUGUAY
Caso Bueno Alves Vs. Argentina
Sentencia de 11 de mayo de 2007
199. La Comisión sostuvo que el señor Bueno Alves experimentó y sigue experimentando secuelas físicas y psíquicas producto de las torturas, todo lo cual alteró las condiciones de existencia de la víctima y su familia. A su vez, la representante consideró que el Estado debe indemnizar al señor Bueno Alves y a su familia por cuatro conceptos: i) daño moral; ii) ataque al honor; iii) privación ilegítima de la libertad, y iv) daño psicológico. Por todos estos rubros la representante creyó “lógico […] calcular […] un porcentaje del 30% de todos los daños materiales”, lo que equivaldría a US$ 5’270.405,40 (cinco millones doscientos
setenta mil cuatrocientos cinco con 40/100 dólares de los Estados Unidos de América).
indemnizar al señor Bueno Alves y a su familia US$ 5’270.405,40
honorarios a los abogados US$ 4’625.925,60
daño inmaterial a familiares: US$ 150.000,00
8. El Estado debe pagar al señor Juan Carlos Bayarri las cantidades fijadas en los párrafos 141, 142, 151, 155, 159, 170 y 194 de la presente Sentencia, por concepto de indemnización por daño material e inmaterial, y el reintegro de costas y gastos, dentro del 141. La Corte observa que el señor Bayarri recibió atención médica y psicológica a consecuencia de los hechos alegados en el presente caso. No obstante, sobre la base de la prueba existente en el expediente el Tribunal no puede cuantificar con precisión el monto que el señor Bayarri y sus familiares han erogado. En vista de ello, y tomando en cuenta el tiempo transcurrido, el Tribunal fija en equidad la suma de US $18,000.00 (dieciocho mil dólares de los Estados Unidos de América) que deberán ser cancelados por el Estado al
señor Bayarri por concepto de reembolso por gastos en atención médica y psicológica.
142. Asimismo, tomando en cuenta lo anterior, es posible concluir que los padecimientos físicos y psicológicos del señor Bayarri subsisten hasta ahora. Como lo ha hecho en otras oportunidades136, la Corte estima fijar una indemnización que comprenda los gastos futuros por tratamiento psicológico. Considerando las circunstancias y necesidades particulares de la víctima expresadas por los peritos, la Corte considera razonable entregarle la cantidad de US $22,000.00 (veintidós mil dólares de los Estados Unidos de América) por concepto de gastos futuros de atención psicológica.
151. Por todas las consideraciones expuestas, en equidad, la Corte estima que el Estado debe entregar la suma de US $50,000.00 (cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América) al señor Bayarri, por concepto de indemnización por los ingresos que dejó de percibir durante los trece años que estuvo privado de su libertad en violación del artículo 7 de la Convención Americana.
iii) otros daños
155. El Tribunal considera apropiado fijar la suma de US $50,000.00 (cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América) por los impedimentos psicológicos que afectan la capacidad laboral de la víctima.
159. Por lo anterior, el Tribunal ordena al Estado la devolución del monto secuestrado en el allanamiento y al ser detenido el señor Bayarri. Dicho monto ascendería a US $2,113.00 (dos mil ciento trece dólares de los Estados Unidos de América). La Corte valora el tiempo transcurrido desde el secuestro del dinero y el perjuicio económico que en consecuencia se causó al señor Bayarri, por lo que decide otorgar, en equidad, la cantidad total de US $5,000.00 (cinco mil dólares de los Estados Unidos de América) por este concepto. 170. Consecuentemente, la Corte considera pertinente fijar en equidad la suma de US
$100,000.00 (cien mil dólares de los Estados Unidos de América) como compensación por los daños inmateriales que las violaciones de los derechos humanos declaradas en esta Sentencia causaron al señor Bayarri.
194. En razón de lo anterior, y tomando en cuenta el largo plazo del trámite del proceso contra el señor Bayarri así como la demora de la causa en la que es querellante actualmente, el Tribunal estima, en equidad, que el Estado debe abonar la cantidad de US $50,000.00 (cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América) al señor Bayarri, quien entregará la cantidad que estime adecuada a sus representantes, para compensar las costas y los gastos realizados ante las autoridades de la jurisdicción interna, así como los generados en el curso del proceso ante el sistema interamericano. Este monto incluye los gastos futuros en que pueda incurrir el señor Bayarri a nivel interno o durante la supervisión del cumplimiento de esta Sentencia. El Estado deberá efectuar el pago por concepto de
costas y gastos dentro de un año contado a partir de la notificación de la presente Sentencia.
Caso Garrido y Baigorria Vs. Argentina
Sentencia de 27 de agosto de 1998
5. Procederá de inmediato al pago de las indemnizaciones cuyo monto en concepto de dano material y moral asciende a DOLARES ESTADOUNIDENSES
SETECIENTOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA (U[S]$ 700.250), para los familiares de ADOLFO GARRIDO y DOLARES ESTADOUNIDENSES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA (U[S]$ 719.750) [para los familiares de RAUL Baigorria]. Ello totaliza la suma de DOLARES ESTADOUNIDENSES UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTE MIL (US$ 1.420.000).
6. El Estado Nacional deberá abonar en concepto de honorarios profesionales de los Dres. CARLOS VARELA ALVAREZ y DIEGO JORGE LAVADO, en forma conjunta, el equivalente al 15% de lo que se otorgue como total de la indemnización.
Las indemnizaciones deberán ser pagadas en dinero efectivo, en dólares o su equivalente en pesos al momento de su efectivo pago, y no podrán ser pagadas
en bonos de la deuda pública ni ningún otro instrumento similar.
28. La Argentina no hizo ningún comentario sobre dichas pretensiones.
B) Deber de iniciar de oficio y de inmediato una investigación
88. La Corte ha señalado que de conformidad con el artículo 1.1 de la Convención Americana, la obligación de garantizar los derechos reconocidos en los artículos 5.1 y 5.2 de la Convención Americana implica el deber del Estado de investigar posibles actos de tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes79. Esta obligación de investigar se ve reforzada por lo dispuesto en los artículos 1, 6 y 8 de la CIPST, de la que Argentina es
Estado Parte (supra párr. 23), que obligan al Estado a “tomar[…] medidas efectivas para prevenir y sancionar la tortura en el ámbito de su jurisdicción”, así como a “prevenir y sancionar […] otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”. Además, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8 de esta Convención,
89. Desde el 30 de abril de 1989, fecha en que entró en vigor en Argentina la referida Convención Interamericana contra la Tortura conforme a su artículo 22, es exigible al Estado el cumplimiento de las obligaciones contenidas en dicho tratado.
171. El Estado deberá efectuar el pago de la indemnización por concepto de daño inmaterial directamente al señor Bayarri dentro del plazo de un año contado a partir de la notificación de la presente Sentencia, en los términos de los párrafos 195 a 199 infra.
C) Obligación de investigar los hechos que generaron las violaciones del presente caso e identificar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables
172. La Comisión alegó que “[l]a primera y más importante medida de reparación en el presente caso es la cesación de la denegación de justicia, la que ha durado casi 16 años”.
Señaló que aún existe la necesidad de investigar y sancionar a los responsables de los hechos del presente caso, en particular, que se establezcan las responsabilidades penales, disciplinarias y civiles a que haya lugar.
173. Los representantes señalaron que, dado que existe impunidad con respecto a las violaciones cometidas, el señor Bayarri tiene temor fundado de ser “[v]íctima nuevamente de un proceso penal inventado.” Por lo tanto, solicitaron a este Tribunal que ordene al Estado iniciar sumarios administrativos contra todos los policías que intervinieron en los hechos, así como garantizar juicios penales rápidos “[e]n los cuales se le impida a estas personas hacer lo que quieren y contar con el apoyo de los magistrados para implementar todo tipo de trucos procesales”. Los representantes solicitaron a la Corte que dé “seguimiento a las sentencias para garantizar la no repetición de estos hechos”.
174. El Estado, por su parte, indicó que el 30 de mayo de 2006 el Juzgado Nacional de Instrucción No. 49 decretó la clausura de la etapa instructora del sumario en la causa 66.138, por lo que consideró que había dado cumplimiento a su deber de investigar los hechos del presente caso.
175. Teniendo en cuenta lo anterior, así como la jurisprudencia de este Tribunal 153, la Corte dispone que el Estado debe concluir el procedimiento penal iniciado por los hechos que generaron las violaciones del presente caso (supra párrs. 112 a 117) y resolverlo en los términos que la ley prevea.
176. Finalmente, los representantes informaron al Tribunal que desde el año 2005 la víctima está siendo sometida a un proceso penal por el supuesto falso testimonio “cometido al denunciar a los policías que [supuestamente] lo torturasen” y que ha recibido amenazas recientes para que desista de las acciones judiciales que ha llevado a cabo en contra de los que él identifica como responsables de las violaciones de derechos humanos cometidas en su contra154
. Al respecto, la Corte reitera al Estado su obligación de asegurar que la víctima tenga pleno acceso y capacidad de actuar en todas las etapas e instancias del proceso en el que el señor Juan Carlos Bayarri es querellante (supra párr. 112), de acuerdo con la ley interna y las normas de la Convención Americana155, lo cual incluye el deber de garantizar a aquella la protección necesaria frente a hostigamientos y amenazas que tengan como finalidad entorpecer el proceso, evitar el esclarecimiento de los hechos o encubrir a los responsables de los mismos. Cuando la víctima denuncia el uso de recursos judiciales como herramienta de intimidación, el Estado deberá garantizar a la víctima su derecho a ser oído por un tribunal independiente e imparcial con las garantías del debido proceso en el trámite de dichos recursos.
A/HRC/WG.6/5/URY/1
Quinto período des sesiones
Ginebra, 4 a 15 de mayo de 2009
INFORME NACIONAL PRESENTADO DE CONFORMIDAD CON EL
PÁRRAFO 15 A) ANEXO A LA RESOLUCIÓN 5/1 DEL
CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS *
* El presente documento no fue objeto de revisión editorial antes de ser enviado a los servicios de traducción de las Naciones Unidas.
33. Tras recuperar la democracia, se aprobaron leyes limitadas de reparación para funcionarios públicos y trabajadores privados. Durante los cuatro últimos años se han dictado leyes más amplias para recomponer los derechos jubilatorios del personal militar destituido, desvinculado, dado de baja, pasado a situación de reforma o similares por razones políticas o ideológicas,
23 y recuperar los derechos jubilatorios y pensionarios a ciudadanos que no pudieron acceder al trabajo por razones políticas o sindicales entre 1973 y 1985.
24 Actualmente, se encuentra en discusión un anteproyecto de ley de reparación integral que incluye medidas de reparación económica, pero también simbólica, así como la atención sanitaria y psicológica de las víctimas.
CIDH ALGUNAS SENTENCIAS
ACTUACIÓN ILEGÍTIMA DEL ESTADO URUGUAYO ENTRE EL 13 DE JUNIO DE 1968 Y EL 28 DE FEBRERO DE 1985, RECONOCIMIENTO Y REPARACIÓN A LAS VÍCTIMAS... PERO NO CUMPLE VERDADERAMENTE CON LA RESOLUCION No 60/147 ART. 19 Y 20 CON RESPECTO A LA INDEMNIZACION, REABILITACION Y REPARACION DE LAS VICTIMAS DE CRIMENES DE LESA HUMANIDAD.®
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Primera peticion DDHH contra Uruguay
Juan Gelman et al. v. Uruguay, Case 438-06, Report No. 30/07, Inter-Am. C.H.R., OEA/Ser.L/V/II.130 Doc. 22, rev. 1 (2007).
Dr. José Luis González http://www1.umn.edu/humanrts/cases/30-07.html