Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-sl12506-2016-62865-de-julio-27-de-2016?documento=jurcol&contexto=jurcol_a1276f7cf3f94ded8455c2a1be45d419&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-12-06 18:29:24
Document Index: 346070650

Matched Legal Cases: ['artículo 353', 'artículo 376', 'artículo 458', 'artículo 406', 'artículo 461', 'artículo 57', 'artículo 1', 'artículo 16', 'artículo 127', 'artículo 127', 'artículo 143', 'artículo 115', 'artículo 10', 'artículo 17', 'artículo 458', 'artículo 39']

﻿ SENTENCIA SL12506-2016/62865 DE JULIO 27 DE 2016
SENTENCIA SL12506-2016 DE 27 DE JULIO DE 2016
CONTENIDO:ÁRBITROS PUEDEN IMPONERLE AL EMPLEADOR AUTORIZACIÓN DE PERMISOS REMUNERADOS A MIEMBROS DEL SINDICATO. LOS ÁRBITROS PUEDEN IMPONERLE AL EMPLEADOR LA CONCESIÓN DE PERMISOS REMUNERADOS A LOS MIEMBROS DE LAS ORGANIZACIONES SINDICALES CON EL FIN DE QUE ATIENDAN LAS RESPONSABILIDADES INHERENTES A LA EJECUCIÓN DEL DERECHO DE ASOCIACIÓN Y LIBERTAD SINDICAL, SIEMPRE Y CUANDO LA DECISIÓN RESULTE RAZONABLE Y PROPORCIONADA. ESTOS PERMISOS PARA LA ÉPOCA DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA ESTÁN JUSTIFICADOS EN LA NECESIDAD DE OTORGARLES A LOS MIEMBROS DEL SINDICATO EL TIEMPO NECESARIO PARA REALIZAR LA GESTIÓN QUE LE HA SIDO ENCOMENDADA POR LA ORGANIZACIÓN QUE REPRESENTAN. ESTE BENEFICIO, ADEMÁS DE SER RAZONADO, ES NECESARIO Y PERTINENTE Y NO SOLO DURANTE EL TRÁMITE DE UNA NEGOCIACIÓN COLECTIVA, SINO MIENTRAS PERSISTA, ES DECIR, DURANTE EL TIEMPO QUE REQUIERE LA COMISIÓN PARA DISCUTIR EL PLIEGO DE PETICIONES O ATENDER LAS CONVERSACIONES Y DEMÁS ACTUACIONES.
TEMAS ESPECÍFICOS:PLIEGO DE PETICIONES, PERMISO DEL SINDICATO
Sentencia SL12506-2016 de julio 27 de 2016
SL12506-2016
Radicación: 62865
Tiene asentado la Corporación que la condición de representante de los afiliados a una organización sindical no puede ser materia de decisión del tribunal de arbitramento, o por lo menos, resultaría vana y repetitiva por encontrarse regulado en la ley. Ahora, si lo que se pretende son otros efectos colaterales, por ser ellos de connotación jurídica, tampoco podrían ser definidos por la vía del arbitramento (Sent. de anulación CSJ, S.L., jul. 8/2003, rad. 21.913).
Cumple recordar que también la Corte ha enseñado, con persistencia, que los arbitradores tampoco tienen competencia para pronunciarse en torno a los efectos de la sustitución y fusión de organizaciones sindicales, puesto que se trata de un asunto que regula la ley.
Por ejemplo, en providencia de anulación CSJ SL del 28 de febrero de 2012, radicación 49.867, razonó:
3. Fusión del sindicato.
A manera de síntesis, considera la Corte que la organización sindical promotora del conflicto pretende que todos los derechos y beneficios que por medio del laudo arbitral se le reconozcan a ella, sean trasladados en los mismos términos y condiciones a la organización sindical a la cual se fusione, entendiéndose como tales derechos y beneficios los comprendidos en las llamadas cláusulas obligacionales, que no son otras, como lo dijo el extinguido Tribunal Supremo del Trabajo, que “aquellas encaminadas a procurar el cumplimiento de los deberes recíprocos entre las partes que celebran el pacto para procurar su exacta ejecución y cumplimiento” (G. del T., t. iv, pág. 844).
Sobre el particular debe advertirse que los efectos producidos por la fusión, absorción, escisión o cualquiera otra modalidad que afecte la modificación de la personería jurídica de entes como las agremiaciones sindicales en expresión del ejercicio del derecho de asociación son tema cuya definición importa a la ley, por ende, extraño al ámbito de competencia de los árbitros de los tribunales de arbitramento o arbitraje económico en el derecho laboral colombiano. Para establecer tal aserto basta leer el numeral 1º del artículo 353 del Código Sustantivo del Trabajo, en cuanto contempla la posibilidad de que los sindicatos puedan unirse o federarse entre sí; y el numeral 2º, al asentar que los sindicatos deben ajustarse en el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus deberes a las normas de ese título, y están sometidos a la inspección y vigilancia del Gobierno, en cuanto concierne al orden público. Para ello se indica en el artículo 376 de la misma codificación que es una atribución exclusiva de la Asamblea General del sindicato la determinación de fusionarse con otros organismos sindicales.
Por consiguiente, si bien es cierto que por fuerza del derecho de asociación los sindicatos pueden fusionarse, es la ley la que determina los efectos que produce tal acto jurídico y no el laudo arbitral el que puede imponerlos. Lo anterior no impide, obviamente, que por convenio interpartes entre el empleador y el sindicato se establezcan específicos alcances normativos a las cláusulas obligacionales en eventos como el que aquí se trata, pero, se repite, no por decisión del tribunal de arbitramento.
Igualmente puede consultarse el fallo de anulación CSJ SL5693-2014 del 26 de febrero de 2014, radicación 60417.
Como resulta claro, dados los precedentes señalados, es atinado el reproche de la sociedad recurrente por lo que habrá de anularse la cláusula en estudio.
2) «CUARTO, COMISIÓN DE RECLAMOS.
La comisión de Reclamos y la Empresa se reunirán Bimensualmente con la finalidad de Tramitar, analizar y solucionar conjuntamente las reclamaciones que presenten los Trabajadores Sindicalizados, así como vigilar el cumplimiento de las normas Convencionales y legales. Las partes de común acuerdo podrán convocar a reuniones extraordinarias de la comisión en cualquier momento que así lo estimen necesario.
Cuando la sede de la reunión de la comisión de reclamos sea en un lugar distinto al domicilio de los trabajadores que la integran, la empresa otorgará los respectivos permisos y suministrara los recursos para el traslado, hospedaje y alimentación».
— Argumentos de la impugnante
Aduce que el tramitar y analizar reclamaciones constituye una expresión del dialogo social entre interlocutores válidos, pero el constituir la comisión de reclamos con la expresa función de «solucionar conjuntamente las reclamaciones» se desconoce abiertamente las facultades que la constitución y la ley le otorgan al empleador, puesto que se está desvirtuando la subordinación laboral que como atribución jurídica permite al empleador decidir sobre el funcionamiento de la empresa e imponer al trabajador las órdenes, instrucciones, horarios y demás facultades inherentes al ius variandi, las cuales, las debe efectuar el empleador con sujeción al marco constitucional y legal. De esta manera el laudo viola lo establecido en el artículo 458 del Código Sustantivo del Trabajo.
Al amparo de estas reflexiones, el recurrente concluyó que esta facultad coadministradora que se le reconoce a la organización sindical «no se compagina de manera alguna con su escasa representatividad dentro de la empresa (solo 45 afiliados en una empresa de más de 2.000 empleados)».
En Sentencia CSJ SL 8693-2014 del 26 de febrero de 2014, radicación 59713, la Sala advirtió que el rol, manejo y decisiones de una comisión de reclamos está prevista en el artículo 406 del Código Sustantivo del Trabajo, por lo que es obvio que lo atinente a su regulación es del resorte legal y del manejo de la organización sindical, sin que nada tengan que proveer los árbitros al respecto.
El manejo y regulación de este tipo de comisiones no puede ser impuesto por los arbitradores a la empleadora, pues ello implica restringir el derecho decisorio que la ley y la constitución le otorga a esta, y que, de paso, restringe su facultad subordinante.
Por supuesto que la Sala no desconoce la validez de esta clase de cláusulas, pero deben ser fruto del consenso de las partes (autocomposición) y no, se repite, resultado de una imposición de los árbitros (heterocomposición).
De la mano de lo discurrido, se anulará tal decisión.
3) «QUINTO, PERMISOS SINDICALES.
La Empresa, concederá los siguientes permisos sindicales,
• PERMISOS PARA EPOCA (sic) DE NEGOCIACION (sic) COLECTIVA, La Empresa concederá permiso remunerado a máximo tres trabajadores que hagan parte de la Comisión Negociadora por el término que dure la etapa de arreglo directo. En el evento en que la mesa de negociaciones sesione en lugar distinto al del domicilio o lugar de trabajo del negociador, la Empresa reconocerá los gastos de transporte aéreo o terrestre y los viáticos por valor de $ 70.000 diarios para cada negociador.
• Para Congresos o Cursos Sindicales o Cooperativos. La Empresa concederá permiso remunerado por 60 días al año a los trabajadores afiliados a SINTRACAP para que asistan a Congresos o plenums sindicales, o Cursos sindicales o cooperativos. La empresa suministrará por su cuenta los pasajes de ida y regreso, así como viáticos por Setenta mil $ 70.000 pesos diarios, para cada uno de los asistentes. El sindicato deberá informar sobre el uso de estos permisos con una antelación no inferior a cinco días al evento respectivo.
• Para Reuniones de Organismos de Dirección. La Empresa concederá permiso remunerado para los trabajadores que sean integrantes de las Juntas Subdirectivas seccionales del SINDICATO, para que puedan asistir a las sesiones de ellas, dos veces al mes. En el evento que un trabajador sea miembro de la junta directiva nacional y deba concurrir a reuniones ordinarias, la empresa le concederá por un día al mes permiso sindical para que asista a la misma y en caso que tenga que trasladarse fuera de su lugar habitual de labores para asistir a la respectiva reunión se le otorgaran dos días y la Empresa pagará viáticos por valor de setenta mil $ 70.000 pesos diarios y los pasajes».
— Argumentos de la impugnante:
a) Permisos para la época de negociación colectiva:
Asevera que lo resuelto está regulando situaciones futuras, que surgirán a la expiración de la vigencia del laudo arbitral, violando así lo establecido en el artículo 461 en cuanto establece que el fallo arbitral pone fin al conflicto y tiene el carácter de convención colectiva en cuanto a las condiciones de trabajo. Los permisos durante la «época de negociación colectiva» no están regulando las condiciones de trabajo y están excediendo el límite de vigencia del laudo arbitral que no puede ser superior a dos (2) años, lo que significa que el laudo está regulando situaciones posteriores a la expiración de su vigencia.
b) Permiso para Congresos, cursos sindicales, cursos cooperativos y Plenums sindicales.
Acota que esta cláusula desconoce abiertamente el marco constitucional y legal, así como la jurisprudencia reiterada de la Corte Suprema de Justicia sobre las limitaciones de los árbitros en materia de permiso sindical. Por una parte se establecen 60 días al año para «TODOS los trabajadores afiliados a SINTRACAP (actuales o futuros)», lo que significa una reducción colectiva de la jornada laboral puesto que cada trabajador sindicalizado podrá simplemente informar con 5 días de anticipación a la empresa que hará uso de permisos remunerados para la amplia gama de eventos señalados en el laudo.
Afirma que cada afiliado a Sintracap, dejará de laborar dos meses en el año para asistir a congresos, cursos sindicales, cursos cooperativos o plenums sindicales «(que no están regulados en le ley ni se explican en el Laudo que eventos son los “plenums sindicales”), sin contar con los demás permisos que se indican en otros puntos del laudo y en las demás circunstancias que contempla la ley (incapacidades, calamidad domésticas, licencias, ley de luto, entre muchos otros), todos ellos adicionales a los festivos nacionales y religiosos y a los descansos semanales y anuales (vacaciones) señalados en la ley».
Para el recurrente, no tiene fundamento alguno, y viola la equidad como principio rector de cualquier decisión arbitral, el establecer permisos para los trabajadores, sin exigirles siquiera ser directivos sindicales y extendiendo los permisos a cursos ajenos a las funciones sindicales como son los cursos cooperativos y a eventos sin regulación legal y sin soporte algunos como son los llamados «plenums sindicales», así se afectan gravemente los derechos constitucionales y legales la sociedad empleadora y se lesiona su sostenibilidad, su competitividad frente a empresas similares que no tienen semejante carga, afectándose claramente la generación de empleo y olvidando los árbitros que sin empresa no hay trabajadores y sin trabajadores no hay sindicatos.
También se desconoce abiertamente el trámite de cualquier permiso puesto que le basta al trabajador «informar sobre el uso de estos permisos con antelación no inferior a 5 días al evento respectivo», sin que «la empresa pueda invocar ninguna de las restricciones que para permisos señala el artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo, numeral 6º, es decir, aunque el número de los que se ausenten perjudiquen el funcionamiento de la empresa y sin que importe lo señalado en el reglamento interno de trabajo».
Por último, dice que cada uno de «los aproximadamente 50 afiliados a SINTRACAP en la sede de Floridablanca - Santander podrá dedicar 60 días al año para asistir a cursos, congresos, tal y como se señaló anteriormente; lo que haría colapsar dicha sede en la que laboran aproximadamente 100 trabajadores, lo que es una prueba de la manifiesta inequidad de lo resuelto».
c) Permisos sindicales para reuniones de organismos de dirección.
En sentir del recurrente estos permisos remunerados tampoco están condicionados a las restricciones o parámetros definidos en la ley y en el reglamento interno de trabajo y constituyen un desconocimiento de las facultades del empleador ya que se prevén múltiples permisos para un número de indeterminado o indefinido de trabajadores puesto que se están regulando y «estimulando la creación de seccionales o subdirectivas del sindicato con el acicate de permisos permanentes de carácter mensual más viáticos y pasajes, si fuera el caso», lo resuelto por el Tribunal desconoce abiertamente la jurisprudencia de esta Sala.
Memórese ahora, por la pertinencia del precedente, que desde la sentencia de anulación del 28 de octubre de 2009, radicación 40534, la Sala rectificó su criterio en el sentido de indicar que los árbitros pueden imponerle al empleador la concesión de permisos remunerados a los miembros de las organizaciones sindicales, para atender las responsabilidades inherentes a la ejecución del derecho de asociación y libertad sindical, siempre y cuando la decisión resulte razonable y proporcionada. En tal oportunidad se agregó que deberán tenerse en cuenta por parte del tribunal de arbitramento, varios aspectos «…entre otros, advirtiendo que cada caso en particular deberá examinarse, es menester que su concesión no afecte el normal desarrollo de las actividades de la empresa o establecimiento, que no sean de carácter permanente, que tengan plena justificación, que sea sólo para atender las responsabilidades que se desprenden del derecho fundamental de asociación y libertad sindical y, que esa decisión resista un juicio de razonabilidad y proporcionalidad, así como que el permiso sea racional y equitativo».
En virtud de la anterior línea de pensamiento se tiene:
1) Permisos para época de la negociación colectiva
Sobre este particular, la Corporación en reciente decisión de anulación CSJ SL del 5 de agosto de 2015, radicación 67936, recordó que los permisos para la comisión negociadora encuentra justificación en la necesidad de otorgar a los miembros del sindicato —en este caso aquellos que fueron designados por la Asamblea General como miembros de la comisión negociadora—, el tiempo necesario para realizar la gestión que le ha sido encomendada por la organización sindical que representan.
La Sala añadió que tal beneficio resulta no solo razonado sino necesario y pertinente, cuando se encuentra en trámite una negociación colectiva y por supuesto, mientras ella persista, pues lo lógico es entender que este permiso tiene justificación únicamente mientras duren las negociaciones, esto es, durante el tiempo que requiere la comisión para estudiar o discutir el pliego de peticiones o atender el desarrollo de las conversaciones y demás actuaciones hasta que se decida el conflicto, pues de no llegarse a un acuerdo y ser convocando el tribunal de arbitramento, los negociadores quedan despojados de su función, por cuanto será aquél el que decida lo propio. De ahí que no necesariamente un artículo que concrete un permiso sindical como éste, debe establecer literalmente quiénes son los beneficiarios del mismo o el límite temporal para su causación, pues ello, como quedó visto, emana de la misma razón de ser de la comisión negociadora.
Ahora bien, debe aclararse que no todas las cláusulas establecidas en un laudo arbitral tienen efectividad solo durante la vigencia del mismo, como lo pretende hacer ver el recurrente, porque dada su naturaleza y la incorporación a los contratos de trabajo mantendrán su vigor aún después de la fecha dispuesta para su expiración. Pues inclusive, denunciado el acto, permanece vigente hasta tanto se firme un nuevo convenio (CST, arts. 478 y 479).
Sin embargo, destacó que los permisos para los negociadores y asesores no son beneficios que correspondan a un punto de interés general para los asociados, que lleve el mejoramiento de sus condiciones laborales. Por ello, una de la funciones de los sindicatos es representar a los trabajadores; no obstante, tal ocupación no puede generar privilegios económicos particulares por el hecho de cumplir con tal labor y, en esa línea, le está vedado a los tribunales de arbitramento otorgar beneficios que tengan como destinatarios específicos a los miembros de la comisión negociadora y el asesor, pues itérese, tal prerrogativa no consulta el interés general de los asociados que aquéllos representan.
En dicha decisión se reiteró lo enseñado por la Corte en fallo CSJ SL, 27 de agosto de 2008, radicación 36653, así:
(…) los árbitros no pueden imponer a la parte empleadora auxilios económicos que tengan como destinatarios específicos a los negociadores y asesores por parte del Sindicato, ya que evidentemente un beneficio de esa naturaleza no guarda relación con el interés general de los asociados de mejorar sus condiciones de trabajo a través del conflicto colectivo económico, y que quienes actuaron a nombre de los trabajadores acorde con su labor de negociadores, reciban por ese solo hecho, incentivos económicos impuestos por disposiciones de un organismo arbitral en contra de la parte a la cual enfrentan en el conflicto que, en las condiciones solicitadas en el pliego de peticiones, indiscutiblemente generaría un privilegio económico particular que en las organizaciones sindicales debe estar por debajo del interés general de los trabajadores comprometidos en la controversia.
Por lo discurrido, se anulará la disposición en cuanto dispuso que «En el evento en que la mesa de negociaciones sesione en lugar distinto al del domicilio o lugar de trabajo del negociador, la Empresa reconocerá los gastos de transporte aéreo o terrestre y los viáticos por valor de $ 70.000 diarios para cada negociador».
Desde ya debe decirse que tales argumentos se extienden también para los viáticos consagrados en los permisos que el cuerpo arbitral dispuso para los trabajadores que asistan a las reuniones de organismos de dirección, que serán estudiados en el siguiente numeral 3º, por lo que igualmente habrá de anularse tal aspecto.
2) Permisos para Congresos o Cursos Sindicales o Cooperativos
El pliego de peticiones reza:
C. Para Cursos Sindicales o Cooperativos. La Empresa concederá permiso remunerado para 3 trabajadores afiliados a “SINTRACAP” por cada curso sindical o Cooperativo. La empresa suministrará por su cuenta los pasajes aéreos de ida y regreso, así como viáticos por noventa $ 90.000 mil pesos diarios para cada uno.
D. Para Congresos Sindicales o Cooperativos. La Empresa concederá permiso remunerado a cuatro trabajadores afiliados a “SINTRACAP” por cada Plenums, congreso sindical, cooperativo y Asamblea General Nacional de Delegados de “SINTRACAP”, que sean convocados. La Empresa suministrará por su cuenta pasajes aéreos de ida y regreso así como viáticos por noventa $ 90.000 mil pesos diarios para cada uno.
El cuerpo arbitral dispuso:
Para Congresos o Cursos Sindicales o Cooperativos. La Empresa concederá permiso remunerado por 60 días al año a los trabajadores afiliados a SINTRACAP para que asistan a Congresos o plenums sindicales, o Cursos sindicales o cooperativos. La empresa suministrará por su cuenta los pasajes de ida y regreso, así como viáticos por Setenta mil $ 70.000 pesos diarios, para cada uno de los asistentes. El sindicato deberá informar sobre el uso de estos permisos con una antelación no inferior a cinco días al evento respectivo.
Ciertamente, de un simple cotejo entre lo pedido por la organización sindical y lo resuelto por el colegiado, se observa que los árbitros se excedieron en sus funciones o en su radio de acción, si se tiene en cuenta que sólo pueden resolver dentro del marco que delimiten las partes. La forma como está concebido el reconocimiento de los permisos, el número de trabajadores y de días otorgados, dista diametralmente de lo solicitado por el Sindicato, y lógicamente la carga impuesta puede resultar más onerosa para la empresa, siendo por tanto atendibles los argumentos de la recurrente.
Luce palmario que lo dispuesto en la preceptiva arbitral glosada, extralimitó lo pretendido por el sindicato, rebasando el ámbito del conflicto colectivo de trabajo, por ello hay lugar a anularla.
3) Para Reuniones de Organismos de Dirección
Situación diferente se presenta con esta clase de permisos remunerados que fijaron los árbitros para los integrantes de las Juntas Subdirectivas seccionales del sindicato ya que son para asistir a las reuniones «a las sesiones de ellas dos veces al mes» y «en el evento que un trabajador sea miembro de la junta directiva nacional y deba concurrir a reuniones ordinarias, la empresa le concederá por un día al mes permiso sindical para que asista a la misma y en caso que tenga que trasladarse fuera de su lugar habitual de labores para asistir a la respectiva reunión se le otorgarán dos días», lo cual tiene estrecha relación con el ejercicio del derecho de asociación y libertad sindical. Por tanto, la decisión se ajusta a los criterios de racionalidad y proporcionalidad y, además, no tienen el carácter de ser permanentes, no afectan el desarrollo normal de la gestión empresarial y sus destinatarios están plenamente determinados.
En la perspectiva explicada, no se abre paso la acusación, salvo, se reitera, en lo atinente a que «la Empresa pagará viáticos por valor de setenta mil $ 70.000 pesos diarios y los pasajes», que será anulado, por las razones expuestas, en el precedente numeral primero.
4) «SEXTO, INCREMENTO SALARIAL.
La Empresa reconocerá como aumento general de salarios para los trabajadores beneficiarios del presente Laudo Arbitral un incremento con retrospectividad parcial, al primero de enero de 2013 en un porcentaje igual al IPC nacional más 1.5% adicional, sobre los salarios vigentes a 31 de diciembre de 2012. Para la vigencia del año 2014 se reconocerá un aumento del IPC Nacional más el 1.5%».
El Tribunal ordenó no solo un reajuste salarial retroactivo, aplicando un criterio erróneo de retrospectividad por cuanto en la empresa no ha existido convención colectiva hasta la fecha, sino que, además, se estableció un «AUMENTO SALARIAL DOBLE PARA EL AÑO 2013 para los trabajadores sindicalizados que ya recibieron dicho incremento, conforme a la prueba obrante en el expediente. Lo anterior por cuanto si bien es cierto que algunos trabajadores afiliados a SINTRACAP no aceptaron el ofrecimiento hecho por la empresa de extenderles el incremento salarial, otros sí lo aceptaron y han venido devengando el nuevo salario con su correspondiente efecto prestacional, por lo que el llamado “incremento retrospectivo parcial” les implica un doble beneficio, un enriquecimiento indebido además de una manifiesta inequidad para la empresa, porque cualquier trabajador pudiera acogerse a este incremento doble con solo adherirse al laudo arbitral, teniendo la empresa que incurrir en costos e insospechados y absolutamente gravosos que afectarían su supervivencia».
Existe, por otra parte, una incongruencia entre lo resuelto en la cláusula sexta del laudo sobre incremento salarial para el año 2014 «y lo resuelto en la cláusula vigésimo tercera que señala la vigencia del laudo hasta el 31 de diciembre de 2014 “contada desde la fecha de su ejecutoria”. Como la ejecutoria del laudo es un hecho futuro y de fecha no cierta no se entiende como se ordena un segundo aumento “para la vigencia del año 2014”, cuando la vigencia real o efectiva del laudo se desconoce».
Afirma que el Tribunal desconoció abiertamente que TCC, como quedó acreditado en el expediente, tiene los salarios básicos más altos en comparación con las empresas de la competencia.
No se vislumbra en la decisión de los arbitradores, una inequidad manifiesta, al disponer el incremento salarial para el primer año de vigencia en el IPC más 1.5% y para el segundo año IPC más 1,5%, toda vez que realmente consulta un verdadero equilibrio entre las partes en conflicto, de conformidad con lo establecido en el artículo 1º del Código Sustantivo del Trabajo.
A la Corte, en sede de anulación, no le es dable injerir en las determinaciones de los árbitros en materia salarial, a menos que la decisión de estos resulte abierta, clara y notoriamente inequitativa, o que desconozca derechos mínimos de los trabajadores, o se vulneren derechos constitucionales y legales, circunstancias que en este asunto no acontecen.
Nótese, en complemento, que resulta válido que cuando las partes no lleguen a un arreglo directo y sea necesaria su definición por un tribunal de arbitramento, se decreten los incrementos salariales de manera retrospectiva y no retroactiva, decisión que al depender de las circunstancias específicas del conflicto sometido a su conocimiento, se debe adoptar esencialmente en equidad, como en efecto aquí lo hizo, al disponer dicho aumento para los años 2013 y 2014.
Al punto, esta Corporación en providencia de anulación CSJ SL octubre 20 de 2015, radicación 69720, reiteró que:
Frente a tal cuestionamiento, lo primero que cabe decir es que esta Sala de la Corte ha sostenido, con insistencia, que los laudos arbitrales tienen efectos hacia el futuro y que, solo eventualmente, con el ánimo de corregir algún desequilibrio económico, los árbitros pueden otorgarle un «efecto retrospectivo» a sus disposiciones salariales. Ha entendido esta Corporación que esa medida se amolda perfectamente a la función primordial del Tribunal de encontrar la fórmula que resulte más equitativa para la resolución del conflicto. En la Sentencia CSJ SL, 26 de julio de 2011, radicación 50469, se dijo al respecto:
Amparado en criterios de equidad, el Tribunal de Arbitramento consideró viable la aplicación de la cláusula de vigencia y de los incrementos salariales a partir del 1º de mayo de 2010, posición de la que disiente el recurrente.
De suerte que la jurisprudencia de esta Corporación de antaño tiene definido que los arbitradores sí están facultados para fijar los aumentos de los salarios y determinar la vigencia del laudo, con retrospectividad, sin que con ello se desconozca el mandato contenido en el artículo 16 del Código Sustantivo del Trabajo, puesto que este precepto enseña que las normas sobre trabajo son de efecto general inmediato y no afectan situaciones definidas o consumadas conforme a leyes anteriores, es decir, que lo dispuesto en el laudo se aplica únicamente a los contratos que estén en vigencia al momento de proferirse el mismo, o a los que surjan con posterioridad a él, pero no a los que estén terminados o extinguidos.
En consecuencia, no le merece a la Sala ningún reproche, que en este asunto el aumento salarial se hubiera ordenado con retrospectividad al 1º de enero de 2013.
Cuanto a la presunta inequidad fundada en que TCC, tiene los salarios básicos más altos en comparación con las empresas de la competencia, tiene asentado esta Corporación que «los árbitros, en aras de ofrecer soluciones justas y equilibradas, no están obligados a consultar, necesariamente, los salarios promedio del sector o de la industria en la cual se encuentre inserta la empresa. Para tal fin, también pueden acudir a otros parámetros, igualmente válidos, como lo son las posibilidades financieras y económicas de la organización, el impacto de la medida, los resultados, los índices inflacionarios, la equivalencia del valor del trabajo, entre otros» (Sent. de anulación CSJ SL5887-2016 abr. 27/2016, rad. 72030), directrices que fueron observadas por los árbitros.
Debe quedar muy claro que el empleador tiene el respaldo legal al momento de cumplir con lo ordenado en el laudo, de tener en consideración los incrementos de salario que hubiese efectuado durante el conflicto, para no incurrir en doble incremento y no afectar el «espíritu de coordinación económica y equilibrio social».
Esta acusación, de contera, no prospera
5) «SEPTIMO (sic), PRIMA DE VACACIONES.
La Empresa pagará una prima de vacaciones consistente en 15 días de salario, que cancelará simultáneamente con el inicio del disfrute del descanso anual».
Expresa que esta cláusula es claramente inequitativa para la empresa puesto que por una parte se incrementa en un 50% la prima que venía reconociendo y, por otra parte, se cambia completamente su forma de liquidarla puesto que de pagarse con el salario básico se pasa a 15 días de salario, es decir, con todos los elementos que lo integran como recargos extras nocturnos o dominicales «Y NO OBSTANTE QUE EN LA PETICIÓN 10 DEL PLIEGO DE PETICIONES SE SOLICITABA UNA PRIMA EN DÍAS DE SUELDO BÁSICO. Extralimitaron entonces los árbitros su decisión en equidad sino que fueron incluso más allá de lo pedido en el propio pliego de peticiones».
6) «OCTAVO, PRIMA DE ANTIGÜEDAD.
La Empresa reconocerá una prima de antigüedad a los trabajadores beneficiarios del presente laudo, consistente en un día de salario por cada año de servicios, contados a partir del quinto año en adelante y hasta un monto máximo de 20 días, la cual se cancelará dentro de los cinco días siguientes al cumplimiento del año de servicio, de la siguiente forma,
AÑOS DE TRABAJO NÚMERO DE DÍAS DE PRIMA
5 años 5 días de salario
6 años 6 días de salario
N 7 días de salario y así sucesivamente por los años de servicios, hasta los 20 días, que será el tope máximo para aquellos trabajadores que tengan de 21 años de servicios en adelante
Sostiene que no obstante que en la petición 11 del pliego de peticiones se solicita la creación de una prima de antigüedad liquidada en de días de salario básico y por quinquenios, es decir, de cinco en cinco años, el Tribunal se apartó de lo pedido y ordenó crear una prima de antigüedad en días de salario y por cada año de servicio contados a partir del quinto año.
En el pliego de peticiones los trabajadores solicitaron una prima de vacaciones de la siguiente forma:
AÑOS DE TRABAJO VALOR PRIMA
De 1 a 5 años 16 días de sueldo básico
Más de 5 años de servicio y hasta 9 años de servicio cumplido 18 días de sueldo básico
9 años o más de servicios 15 días de sueldo básico
El laudo dispuso que la empresa pagara una prima de vacaciones consistente en 15 días de salario, que cancelará simultáneamente con el inicio del disfrute del descanso anual.
En cuanto a la prima de antigüedad, el pliego de peticiones contenía la siguiente súplica:
AÑOS DE TRABAJO VALOR DE LA PRIMA
5 años 23 días de sueldo básico
10 años 31 días de sueldo básico
15 años 41 días de sueldo básico
20 años 61 días de sueldo básico
25 años 72 días de sueldo básico
30 años 86 días de sueldo básico
35 años 95 días de sueldo básico
40 años 100 días de sueldo básico
El laudo ordenó:
7 días de salario y así sucesivamente por los años de servicios, hasta los 20 días, que será el tope máximo para aquellos trabajadores que tengan de 21 años de servicios en adelante
Como se recordará los árbitros tienen competencia para decidir sobre las primas de vacaciones y de antigüedad que formaron parte del pliego de peticiones, por cuanto se trata de unos beneficios de estirpe económico con un impacto en las condiciones laborales existentes.
Ahora bien, una somera confrontación de los anteriores textos, esto es, pliego de peticiones y laudo arbitral, permite observar, al rompe, que el tribunal de arbitramento desbordó la competencia que la ley le otorga para definir esta clase de conflictos, pues soslayaron la clara voluntad de la organización sindical de solicitar el reconocimiento y cancelación bajo condición de laborarse durante los tiempos por ellos determinados, pago que debía realizarse teniendo en consideración el sueldo básico de los trabajadores.
Para ponerlo en otros términos, no le fue suficiente al Tribunal modificar los años de causación de la prima de antigüedad, esto es, pasar de ser reconocida cada quinquenio a un periodo anual, sino que su monto también fue variado al disponer que se deben pagar con el salario y no con el sueldo básico, como también lo hizo con la prima de vacaciones. Evidente es que no es igual conceder un beneficio teniendo como referencia el sueldo básico que el salario. Entonces, no hay consonancia entre la súplica y la resolución, pues una cosa es el género y otra la especie, es decir, el tribunal de arbitramento confundió el concepto universal con el relativo.
Esta Corporación en sentencia de casación CSJ SL4369-2015, del 15 de abril de 2015, radicación 43918, razonó que:
se especifica como «salario básico u ordinario», el primero de los componentes del «salario», y lo conforman los pagos que efectúa el empleador al trabajador como contraprestación directa del servicio, sea variable o fija, en dinero o en especie, sin importar cualesquiera de los tipos de contingencia o circunstancia a que se haya visto sometido el trabajador, siempre que haya laborado en el respectivo período (el día, la semana, la quincena o el mes) según acuerdo entre las partes. Este concepto, del artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo, sumado a los pagos de otros factores salariales como las primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de las horas extras, valor del trabajo en días descanso obligatorio, porcentaje sobre ventas y comisiones, entre otros, a condición de que también remuneren directamente servicios, conforma lo que la doctrina llama solo «salario».
Sobre el tema se pronunció el Tribunal Supremo del Trabajo, en sentencia del 10 de noviembre de 1959, gaceta judicial XCI, página 1065, en los siguientes términos:
Cuando el Código habla de “salario” solamente, es claro que deben entenderse comprendidos todos los elementos que lo constituyen conforme al artículo 127, tal como ocurre en los casos indicados por los artículos 64, 249, 230, 278, 292 y 306, entre otros; en cambio cuando se refiere o emplea la expresión “salario ordinario”, es lógico que de ese concepto sean excluidos los demás elementos que concurran a constituir la “remuneración fija u ordinaria” a que se refiere la ley, como ocurre en los eventos contemplados por los artículos 173, 174, 192 y 204.
La inconsonancia presentada, lisa y llanamente, traduce que los árbitros no interpretaron la verdadera intención de la organización sindical, por lo que, en este aspecto, se exhibe inexequible, pues, itérese, el Tribunal al decidir por fuera del ámbito delimitado por el sindicato en el pliego de peticiones, traspasó el lindero trazado en el artículo 143 del Código Sustantivo del Trabajo.
Aquí y ahora, vale la pena traer a colación la sentencia de anulación CSJ SL, junio 1º de 2005, radicación 25583, en cuanto a que «el arbitramento debe respetar el principio de congruencia (CPC, art. 672-8 y 9) en su triple implicación: a) Absteniéndose de resolver en puntos no sujetos a su decisión, b) Considerándose imposibilitado para conceder ultra petita, es decir más de lo pedido; y C) Decidiendo todos los puntos planteados” (Sent. de la S. Plena Laboral, jul. 19/82, Gaceta Judicial Nº 2410)».
De lo expuesto surge disponer la anulación de los artículos del laudo arbitral en comento.
7) «NOVENO, BONIFICACION (sic) DE NAVIDAD.
La empresa continuará pagando a los trabajadores beneficiarios de este laudo arbitral una bonificación de navidad equivalente a Veinte días de salario, el cual se pagará ese mismo mes».
Mientras la empresa venía pagando una prima de navidad de 15 días de salario básico, los árbitros aumentan en una tercera parte dicha prima al decretarlo en 20 días de salario ya no básico sino salarios con todos sus elementos.
El Tribunal también se apartó de lo pedido en la cláusula 12 del pliego de peticiones en la que se solicitó se continuara pagando la bonificación de navidad, con lo cual se partía de la base de 15 días de salario básico.
En el pliego de peticiones quedó plasmado que «la Empresa continuará pagando a los trabajadores una bonificación de navidad del mes de diciembre equivalente a un salario mensual, el cual se pagará en ese mismo mes».
El tribunal de arbitramento sostuvo que dado que este beneficio lo viene reconociendo la empresa aunque de forma «fluctuante y variable (…) considera (…) en equidad y por Mayoría que se reconocerá el mismo no en el valor solicitado en el pliego petitorio sino en uno menor equivalente a veinte (20) días de salario».
Entrando al análisis de la decisión arbitral, y teniendo en cuenta los antecedentes que lo motivaron, no encuentra la Sala que el Tribunal se haya apartado de lo pedido por la organización sindical, por el contrario repárese en que otorgó el beneficio por debajo de lo implorado.
Tampoco se muestra manifiestamente inequitativa, al punto de merecer su anulación pues no existe ninguna probanza que le permita a la Corte arribar a tal deducción.
No es, pues, atendible el reparo de la sociedad recurrente.
8) «DECIMO (sic), AUXILIO DE TERMINACION (sic) CICLO LABORAL,
La Empresa, pagará una bonificación al trabajador que termine su ciclo laboral o etapa productiva por razón de reconocimiento de pensión de vejez o invalidez equivalente a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que se pagarán dentro de los cinco días siguientes a la terminación del vínculo laboral».
Esta disposición desconoce derechos o garantías del empleador puesto que es una prestación para trabajadores pensionados ajenos al objeto de las convenciones colectivas que es la regulación de los contratos de trabajo durante su vigencia. Por otra parte, se establece un beneficio complementario o adicional a lo dispuesto por el sistema de seguridad social pensional, con desconocimiento de lo establecido en la Ley 100 de 1993 y a espaldas en lo consagrado en el Acto Legislativo 1 de 2005 en los que se prohíbe establecer en contratos colectivos beneficios adicionales a los establecidos en el sistema integral de seguridad social.
En torno a este clase de cláusulas ha dicho la Corte que no tocan ninguna de las materias del sistema integral de seguridad social en pensiones de la Ley 100 de 1993, ya que no imponen una carga sobre las pensiones sino una ayuda económica para los trabajadores que se desvinculen de la empresa pensionados, luego ese beneficio puede considerarse como complementario de las prestaciones que otorga el sistema pensional, por cuanto no contempla ninguno que se le equipare, de tal suerte que es uno de aquellos que puede ser establecido a través de la contratación colectiva (Sent. de anulación CSJ SL sep. 4/2007, rad. 32741).
Así, no hay mérito para anular esta cláusula.
9) «DÉCIMO TERCERO, AUXILIO PARA ESTUDIO Y FOMENTO A LA EDUCACION (sic).
La Empresa pagará el 100% del auxilio escolar destinado a compra de cuadernos, implementos, textos escolares durante la vigencia del presente Laudo, para los hijos de los trabajadores. Este auxilio se pagara (sic) dentro de los cinco días siguientes a la presentación de la factura por parte del trabajador.
B. PARA LOS TRABAJADORES, se concederá un auxilio así.
La empresa concederá un auxilio a los trabajadores que cursan estudios así:
TECNOLOGÍA DEL TRABAJADOR $ 540.000 semestrales
PREGRADO UNIVERSITARIO $ 750.000 semestrales
ESPECIALIZACIÓN O POST GRADO $ 900.000 semestrales
PARÁGRAFO, La Empresa facilitara (sic) los estudios de los trabajadores».
Se solicita la anulación de esta cláusula por varias razones:
a) Establece el Laudo que la empresa pagará el 100% del auxilio escolar destinado a compra de cuadernos, implementos, textos escolares durante la vigencia del Laudo, para los hijos de los trabajadores, sin indicar el alcance del beneficio, esto es, qué comprende el pago de cuadernos, implementos y textos escolares, cuál es el tope o cuantía de los mismos y qué entendió el Tribunal por la palabra «implementos escolares», pues en la forma que quedó redactada la cláusula, cualquier gasto que el trabajador haya hecho para sus hijos estudiantes podría considerarse como tal, tampoco dijo «que la lista de cuadernos, implementos o textos corresponde a los expresamente solicitados por la institución educativa preescolar o secundaria. No puede olvidarse que la petición 18 del pliego de peticiones solicitó continuar pagando el auxilio escolar que ha venido reconociendo la empresa, el cual se basa precisamente en las listas oficiales de los establecimientos educativos de primaria o secundaria».
b) La frase «la empresa facilitará los estudios de los trabajadores», es «absolutamente vaga o gaseosa, ya que no se determina de qué manera queda la empresa obligada a facilitar los estudios, pero incurriendo el Tribunal en fallo en forma extrapetita, es decir, en forma superior o ampliada sobre lo pedido por el sindicato en el pliego de peticiones. Tampoco se establece en este párrafo cuáles son las restricciones que puede imponer la empresa para no afectar gravemente su operación, su competitividad y sostenibilidad si en la misma área o sede un grupo importante de trabajadores resuelve solicitar permisos para estudio».
Para la impugnante todo lo anterior constituye un desconocimiento de derechos del empleador y una manifiesta inequidad.
El Tribunal sí tiene competencia para decidir en equidad sobre este punto económico, puesto que la finalidad de dicha norma no es otra que mejorar las condiciones de los trabajadores.
Recuérdese que los tribunales de arbitramento integrados para resolver los conflictos colectivos de trabajo, están facultados en nuestro ordenamiento laboral para dirimir, en el marco de tales parámetros, principalmente las controversias de carácter económico que las partes no hubieran podido resolver durante la etapa de negociación colectiva. Luego, su función los lleva a que puedan pronunciarse sobre las reclamaciones de los protagonistas del diferendo, teniendo como únicos límites, además de lo que realmente sean derechos adquiridos de las partes, la equidad y el objeto para el cual se les convocó, pero sin afectar los derechos o facultades de las partes reconocidos por la Carta Política y las leyes.
Sobre esta cláusula consideró el Tribunal de arbitramento que «partiendo de que la empresa entrega una ayuda escolar para el estudio de los hijos de los trabajadores el cual corresponde de manera íntegra a la petición Décimo Octava esto es en relación al pago de los gastos educativos de útiles escolares en favor de los hijos de los trabajadores, sería equitativo reconocer en este laudo este punto el cual ya viene siendo reconocido por la empresa. En lo que tiene que ver con el auxilio educativo de los trabajadores se decide por MAYORÍA que se reconocerá a los trabajadores beneficiarios de este laudo un auxilio en los montos o causales pedido en el respectivo punto del pliego, señalando adicionalmente que la empresa facilitara que los trabajadores que asuman el compromiso de estudiar se les garantice de común acuerdo con la empresa las facilidades para poder cursar sus estudios».
Como se ve, no se exhibe inequitativa la decisión pues los árbitros tuvieron como referencia que el empleador viene reconociendo este beneficio para los hijos de sus colaboradores.
En cuanto al auxilio para los trabajadores el Tribunal se limitó a reconocer lo solicitado en el pliego de peticiones y su decisión fue guiada por criterios de equidad, sin desconocer derechos o garantías constitucionales o legales del empleador.
Sin embargo, el parágrafo será anulado por cuanto quedó redactado de una manera general e imprecisa, además no específica en qué forma se deben facilitar tales estudios.
Por ende, no hay razón válida para anular este precepto, salvo, como se indicó, el parágrafo que sí se anulará.
10) «DÉCIMO CUARTO, LICENCIAS DE CONDUCCIÓN.
La Empresa asumirá el 50% del costo en la refrendación de la licencia de conducción, para aquellos trabajadores que por el ejercicio de su labor lo requieran».
En opinión del recurrente lo resuelto por el Tribunal desconoce facultades del empleador y deberes del trabajador, ya que no explica el fundamento, sentido o alcance de la obligación que le impone a la empresa de asumir el 50% del costo de la refrendación de licencias de conducción, pues esta no solamente es una obligación legal para toda persona que conduzca un vehículo automotor, sino que el mantenerla al día es un requisito establecido tanto en el reglamento interno de trabajo como en el contrato individual de trabajo para quien es seleccionado como conductor.
Adujo el Tribunal que analizada «la presente petición se considera que la refrendación de la licencia de conducción para Aquellos (sic) Trabajadores (sic) Que (sic) En (sic) Razón (sic) Al (sic) Cargo (sic) La (sic) Requieran (sic), se tiene como un elemento de trabajo y para el cumplimiento de las labores encomendadas; este tribunal POR MAYORÍA considera Equitativo que la empresa reconozca el 50% por este concepto».
Observa la Corte que el Tribunal sí justificó el reconocimiento de este prerrogativa y, además, esta cláusula del pliego de peticiones, pretende un beneficio económico únicamente para los trabajadores «que por el ejercicio de su labor» requieren, necesaria y rigurosamente, de la licencia de conducción, por lo que, sin hesitación alguna, constituye una ayuda en dinero para los colaboradores que, se itera, por una relación directa con la actividad encomendada, deben refrendar dicha licencia.
La Sala hace hincapié en que el tribunal de arbitramento sí tiene competencia para estudiar su viabilidad, dentro de los parámetros de la equidad, proporcionalidad y razonabilidad, que, valga decir, no fueron desconocidos.
Síguese de lo precedente que el reproche no se abre paso.
11) «DÉCIMO QUINTO, AUXILIO EN SALUD VISUAL.
La EMPRESA otorgara a los trabajadores un auxilio por la suma de Doscientos mil pesos ($ 200.000) para adquisición de lentes y o monturas que le hayan sido formuladas por la Entidad (sic) de seguridad social Correspondiente. (sic) A Este (sic) auxilio solo se podrá acceder por una sola vez durante la vigencia del presente Laudo.
Parágrafo, para efectos de manejar economías de escala y lograr que el presente auxilio permita financiar el mayor porcentaje posible, la empresa podrá celebrar acuerdos o convenios con empresas dedicadas al suministro de lentes y monturas».
Indica que no se especifica cuál es el fundamento legal y la razón de ser de la obligación impuesta a la empresa en materia de auxilios de salud visual, toda vez que dentro de las obligaciones actuales del sistema integral de salud regulado por la Ley 100 de 1993 se contemplan obligaciones para las EPS de otorgar los tratamientos médicos, quirúrgicos, hospitalarios, así como los implementos de prótesis u ortesis que requiera el trabajador cotizante, prestaciones todas éstas reguladas en el plan obligatorio de salud administrado actualmente por las EPS y bien se sabe «que el sistema de salud ordena lentes de acuerdo con la situación visual del trabajador cotizante, PERO EN NINGÚN CASO LOS MÉDICOS PRESCRIBEN MONTURAS por lo que no está claro el alcance de este auxilio que se condiciona a que haya sido formulado por la entidad de seguridad social correspondiente».
Ninguna objeción le merece a la Sala la decisión que adoptó el Tribunal en torno al auxilio para la adquisición de lentes, porque: (i) es un asunto de contenido económico no dirimido en la etapa de arreglo directo, no obstante que fue un punto previsto en el pliego de peticiones; (ii) es de competencia del tribunal de arbitramento imponer ese tipo de cargas; y (iii) no se observa una inequidad manifiesta o una afectación económica grave a la empresa, pues no se pierda de vista que «solo se podrá acceder por una sola vez durante la vigencia del presente Laudo».
El tema bajo estudio, fue objeto de análisis por esta Sala de la Corte en sentencia de anulación CSJ SL17739- 2015, julio 29 de 2015, radicación 62858, en los siguientes términos:
Conforme a la Resolución 5261 del 5 de agosto de 1994 del Ministerio de Salud, por medio del cual se estableció el manual de actividades, intervenciones y procedimientos del plan obligatorio de salud, conocido comúnmente como MAPIPOS, hoy regulado por la Resolución 5521 del 27 de diciembre de 2013, el plan obligatorio de salud, en el régimen contributivo, cubre el suministro de lentes a los afectados de la visión, pero no las monturas ni lentes de contacto; así mismo suministra aparatos ortopédicos tales como muletas y estructuras de soporte para caminar, pero excluyendo los zapatos ortopédicos, plantillas, sillas de rueda, medias con gradientes de presión o de descanso, corsés, fajas y todo lo demás que no estén expresamente autorizados.
De manera que el régimen contributivo del sistema de seguridad social en salud, solo cubre los lentes para la visión, y algunos aparatos ortopédicos, siendo a cargo de los afiliados los otros elementos en caso de que llegare a necesitarlos.
En la situación que nos ocupa, se debe recordar que de tiempo atrás la Corte viene reiterando, por ejemplo en la Sentencia CSJ SL, julio 7 de 2005, radicación 27131, que los Tribunales de Arbitramento cuentan con facultades para decidir e imponer este tipo de beneficios en el laudo arbitral, pues con ello no se afectan garantías de orden constitucional o legal a favor del empleador. En forma adicional, los artículos en mención del laudo arbitral prevén que la ejecutabilidad de ambos beneficios depende de que el sistema de seguridad social en salud se abstenga de suministrar los elementos referidos.
Lo anterior evidencia que resulta infundado el ataque, por lo que esta disposición no se anulará.
12) «DÉCIMO SEXTO, PROCEDIMIENTO PARA SANCIONES Y DESPIDOS,
Con la finalidad de garantizar el derecho constitucional fundamental al debido proceso, (Derecho de defensa y contradicción) la Empresa en el evento que impute al trabajador la comisión de una falta que pueda ameritar una decisión disciplinaria o la terminación unilateral del contrato de trabajo por justa causa a instancia del Empleador, esta oirá al trabajador inculpado mediante el cumplimiento del siguiente trámite.
Dentro de los cinco días siguientes al conocimiento de la presunta falta cometida por el trabajador, la Empresa lo citara por escrito, indicándole los hechos objeto de la imputación, el día, la hora y lugar donde deberá presentarse a rendir descargos, y le hará entrega de las pruebas que fundamentan la misma. Simultáneamente le comunicara tal circunstancia al sindicato al cual se encuentra afiliado el Trabajador. La audiencia de descargos se efectuará dentro de los Cinco días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la citación y se efectuará dentro del horario de labores del trabajador inculpado y en las dependencias de la empresa. Del acta de descargos y demás documentos se le entregará copia al trabajador inculpado y al sindicato. El Trabajador tendrá derecho a solicitar y aportar pruebas tendientes a desvirtuar la falta imputada.
En la investigación rendirá descargos el trabajador y se consignarán las intervenciones de los representantes del sindicato, cuantas veces sea necesario, y se procederá a interrogar a los testigos que se hubieren solicitado. Si los testigos se encontraren laborando, la empresa les concederá permiso remunerado, para asistir a rendir su testimonio. El término para la práctica de pruebas no podrá exceder de cinco días posteriores a que hayan sido ordenadas.
Rendidos los descargos y vencido el término para la práctica de pruebas, dentro de los Cinco (5) días siguientes, se procederá al estudio y análisis del material probatorio recaudado y la Empresa determinara (sic) si la falta tubo (sic) ocurrencia o no, y si se comprueba plenamente que el trabajador tuvo responsabilidad en ella tomara (sic) la decisión que corresponda. Cualquier sanción o despido que recaiga sobre el trabajador pretermitiendo total o parcialmente el tramite señalado en este artículo, vicia de nulidad lo actuado y la decisión no surtirá efecto alguno, y dará derecho al trabajador que haya sido despedido a ser reintegrado a su puesto de trabajo o uno de mejor categoría y salario».
Explica que el artículo 115 del Código Sustantivo de Trabajo modificado por el artículo 10 del Decreto 2351 de 1965 y reglamentado por el Decreto 733 de 1966 y recientemente regulado por la Ley 1429 de 2010, artículo 17, regulan el procedimiento para aplicación de sanciones disciplinarias, por lo que lo resuelto por los árbitros desconoce obligaciones y facultades impuestas por la ley al empleador y genera una enorme costo administrativo para la empresa pues tendría que tener en cada una de sus 500 sedes de carga y paquetes personas encargadas de adelantar los distintos procedimientos disciplinarios, dentro de los brevísimos términos indicados en el laudo, lo cual hace imposible la administración por parte de la empresa de estos procedimientos sancionatorios, dado que la empresa actúa en más de 500 Municipios a lo largo y ancho de la difícil geografía nacional.
A renglón seguido, añade que esta cláusula genera una grave inequidad para la empresa por la imposibilidad fáctica de cumplir lo resuelto por el laudo, que de mantenerse afectaría el clima laboral, generaría indisciplina e impunidad laboral con la consecuencia pérdida adicional de competitividad, pues «Una cosa es proteger el debido proceso, como lo hacen la constitución y la ley, y otra cosa es el diseñar un procedimiento disciplinario que en la práctica se hace inaplicable dadas las condiciones de la empresa».
La Corte ya ha expuesto su criterio, el cual reitera en esta oportunidad, en punto a la facultad de los árbitros de establecer un procedimiento disciplinario previo a la imposición de sanciones o al despido y no ha encontrado razones que conduzcan a colegir que esta clase de decisiones constituyan una extralimitación en la competencia de los árbitros al tenor del artículo 458 del Código Sustantivo de Trabajo, sino que por el contrario, ello responde a la protección del proceso tendiente a garantizar al trabajador para que, previamente a la imposición de una sanción disciplinaria o su desvinculación por justa causa, tenga la oportunidad de presentar sus descargos y que sea la misma empresa la que adopte la decisión pertinente (sents. de anulación CSJ SL2034-2016, feb. 17/2016, rad. 72904-SL8693-2014, feb. 26/2014, rad. 59713).
Repárese en que dicho trámite extralegal no limita la potestad que tiene el empleador de dar por terminado el contrato de trabajo cuando exista una justa causa para ello; incluso la propia compañía puede hacer uso a su favor de ese procedimiento disciplinario, a efectos de verificar si se presenta o no la falta grave que amerite tomar la drástica decisión de despedir al trabajador.
Ahora bien, en lo que sí no tenía competencia el Tribunal de arbitramento fue en disponer que «Cualquier sanción o despido que recaiga sobre el trabajador pretermitiendo total o parcialmente el tramite señalado en este artículo, vicia de nulidad lo actuado y la decisión no surtirá efecto alguno, y dará derecho al trabajador que haya sido despedido a ser reintegrado a su puesto de trabajo o uno de mejor categoría y salario», pues ha enseñado la Corte que habiéndose creado una ineficacia para el despido cuando se pretermita el trámite allí establecido, se tiene que desborda las atribuciones y facultades de los árbitros.
De igual forma, tampoco tienen competencia los árbitros para imponer a un empleador el reintegro de los trabajadores despedidos por pretermisión de este procedimiento, porque ello implica rebasar el marco de sus facultades (SL8693-2014, feb. 26/2014, rad. 59713).
En dicha providencia se recordó lo asentado en la sentencia de anulación CSJ SL, mayo 13 de 2008, radicación 34622, así:
Lo discurrido conduce a anular las expresiones «Cualquier sanción o despido que recaiga sobre el trabajador pretermitiendo total o parcialmente el tramite señalado en este artículo, vicia de nulidad lo actuado y la decisión no surtirá efecto alguno, y dará derecho al trabajador que haya sido despedido a ser reintegrado a su puesto de trabajo o uno de mejor categoría y salario».
13) «DECIMO (sic) SEPTIMO (Sic), AUXILIO SINDICAL.
La Empresa reconocerá a la organización sindical SINTRACAP (junta directiva nacional) la suma de diez millones de pesos ($ 10.000.000) para cada periodo anual de vigencia del presente laudo arbitral para contribuir a los gastos de mantenimiento de dicha organización sindical, suma que se pagará así; La primera será cancelada dentro de los cinco días siguientes a la ejecutoria del presente Laudo y la segunda dentro de la primera semana del mes de marzo de 2014».
El Tribunal al obligar a la empresa a reconocer a SINTRACAP la suma de $ 10.000.000, «por cada período anual de vigencia del presente Laudo Arbitral», ordenando que se pague dicha suma «dentro de los 5 días siguientes a la ejecutoria del presente laudo» y la segunda suma, «dentro de la primera semana del mes de marzo de 2014», desconoció las facultades del empleador, la inequidad y la inconsistencia del laudo por lo siguiente: «1) a cuáles períodos anuales de vigencia del Laudo se refiere la cláusula, puesto que si el Laudo rige desde su ejecutoria y hasta el 31 de diciembre de 2014 (cláusula 23 del Laudo), y no se sabe aún cuándo va a ser la fecha de ejecutoria, se presenta una incoherencia en lo resuelto por el Tribunal puesto que en la práctica el laudo arbitral solo tendrá vigencia por unos pocos meses ya que la Corte Suprema de Justicia se ocupará del trámite del recurso de anulación del Laudo que simultáneamente se está solicitando, por lo que no existirán “períodos anuales de vigencia”, ni tendrá sentido ordenar que se pague la primera cuota “dentro de los 5días siguientes a la ejecutoria” y otra en la primera semana de marzo de 2014; 2). No indica el si se trata de una única suma de $ 10.000.000 que se paga en dos contados o si dentro de la reducida vigencia real y efectiva que tendrá el Laudo se ordena pagar al sindicato una suma total de $ 20'000.000 en el corto tiempo de vigencia del Laudo, vigencia o duración que resultará inferior al año solicitado en la cláusula 36 del pliego de peticiones. La manera como fue estructurada esta cláusula por la mayoría del Tribunal implica un fallo retroactivo puesto que ante la inexistencia o imposibilidad de dos vigencias anuales resulta en la práctica que se paga dos veces el mismo auxilio sindical dentro de los mismos meses de vigencia que posiblemente serán inferiores a un año, puesto que es muy improbable que el recurso de anulación sea resuelto durante el presente año 2013, dada la proximidad de las vacaciones judiciales en esta rama del poder público. Por ello, debería anularse esta cláusula por resultar incoherente con el contexto del Laudo, por implicar un gravoso e inequitativo pago, sin fundamento alguno y sin que el propio sindicato hubiese hecho ninguna sustentación de la necesidad de estos recursos».
Como lo enseña la añeja doctrina de la Corte Suprema de Justicia la existencia de sindicatos y la permanencia de su existencia es una necesidad transcendente dentro de la organización democrática de un Estado, y es el resultado del derecho de asociación, pues son el motor del esfuerzo para mejorar las condiciones económicas de los trabajadores a través de convenciones colectivas de trabajo y de laudos. Sin ellos se rompería el equilibrio social en las relaciones entre trabajadores y empleadores. No hay duda alguna que uno de los modos más importantes para contribuir a la subsistencia de los sindicatos son la creación de las cuotas sindicales que deben dar quienes se benefician con las funciones y ejecutorias de estas asociaciones, y los auxilios económicos sindicales a cargo del empleador por pacto convencional o disposición arbitral (Sent. CSJ SL, oct. 29/88, rad. 9120).
Descendiendo al asunto bajo estudio, la Sala estima que el presente auxilio económico no se exhibe inequitativo o injustificado, teniendo en cuenta los propósitos u objetivos que persigue, y, adicionalmente, el recurrente no acredita fehacientemente con los elementos de juicio que obran en el expediente cómo el otorgamiento del mismo le acarrearía dificultades financieras que eventualmente pueda poner en peligro su estabilidad económica.
Las circunstancias exógenas que rodean un conflicto colectivo, desde luego no generado por las partes o una de ellas, no puede ser obstáculo para el cumplimiento de las decisiones arbitrales, en cuanto a su vigencia y beneficios establecidos, como lo pretende hacer ver la parte recurrente.
Puestas en esa dimensión las cosas, la cláusula consagratoria del auxilio sindical bajo escrutinio, no aflora manifiestamente inequitativa y no viola ningún derecho o facultad de la sociedad impugnante.
En estas condiciones, no es dable su anulación.
14) «DÉCIMO OCTAVO. BONIFICACION (sic) POR FIRMA DE CONVENCION (sic)
La Empresa concederá a cada uno de los trabajadores beneficiados por el presente Laudo, la suma de trescientos mil pesos ($ 300.000) como auxilio especial por la firma de la (sic) Laudo. Esta suma se pagará a los cinco (5) días de Ejecutoriado el Laudo».
Aduce que no aparece claro el sentido de lo resuelto por el Tribunal dado que lo pedido en el pliego de peticiones era una prima de la misma cuantía, pero con motivo de la firma de la convención colectiva tal como aparece claramente en el título de la petición 27 del pliego. Por lo tanto, lo resuelto por el Tribunal modifica sustancialmente lo pedido puesto que en el asunto de la referencia no hubo firma de convención.
De una simple lectura del pliego de peticiones elevado por la organización sindical y de lo resuelto en el laudo arbitral, aflora que el Tribunal de arbitramento desbordó la competencia al otorgar un auxilio no solicitado, toda vez que reconoció una bonificación por la firma de la convención, cuando es sabido que las partes en conflicto no llegaron a acuerdo alguno, sino que, por el contrario, los trabajadores optaron porque un tribunal de arbitramento resolviera el conflicto económico, en desarrollo del principio de la heterocomposición.
Tocante a cláusulas de similares características, esta Corporación ha dicho que si de manera expresa en el pliego de peticiones se supeditó su reconocimiento a la firma de la convención, se entiende que tal beneficio sería otorgado solamente por el empleador en el evento en que las partes pusieran fin directamente al conflicto con la firma del acuerdo colectivo, condición que al no presentarse, en razón a que el diferendo fue solucionado mediante la constitución de un tribunal de arbitramento obligatorio, los árbitros no pueden concederlo (sents. de anulación CSJ SL, sep. 9/2003, rad. 22322 y SL17654-2015, nov. 24/2015, rad. 70598).
Por lo brevemente explicado, no le era dable jurídicamente al tribunal imponer esta carga al empleador.
Por consiguiente, al acertar el recurrente en su reproche se anulará tal decisión.
15) «DÉCIMO NOVENO. VIATICOS (sic) PARA CONDUCTORES VIAJEROS.
La Empresa a partir de la ejecutoria del presente laudo arbitral reconocerá por concepto de viáticos a los conductores viajeros una suma diaria de Treinta Mil pesos ($ 30.000) pesos M/cte. con la finalidad de subvencionar los gastos de alimentación».
Acota que en el Laudo se establece la obligación de reconocer a los «conductores viajeros» una suma de $ 30.000 diarios para gastos de alimentación, sin que se indique cuál es el sentido y alcance del tal término, pues aunque parece referirse a los conductores de rutas que cubren rutas nacionales, dicha frase daría lugar a múltiples interpretaciones, discusiones o reclamos, ya que podría entenderse que todo conductor al movilizarse en un vehículo está «viajando». En la empresa hay muchos trabajadores que laboran conduciendo vehículos en la propia ciudad o población donde residen, puesto que son conductores de «acarreo local» que por la forma como quedó redactada la cláusula podrían reclamar dichos viáticos, aunque en estricto sentido no sean «viajeros». Tampoco señala el laudo si los mencionados viáticos sustituyen o no los que la empresa paga actualmente, con lo que se pone en riesgo grave para la empresa el tener que pagar viáticos dobles a los conductores. Por ello resulta contraria a la equidad esta decisión.
XVII. Consideraciones de la Corte
El Tribunal adujo que «Valorada la Trigésima petición, denominada VIATICOS (sic) PARA CONDUCTORES VIAJEROS y ante la manifestación de la empresa del reconocimiento en especie del alojamiento, considera este Tribunal por Mayoría hacer un reconocimiento a aquellos trabajadores conductores que en razón a su jornada tengan que salir fuera de su domicilio, motivo por el cual considera el tribunal que se les debe reconocer la suma de Treinta Mil pesos diarios con la finalidad de que subvencionen total o parcialmente los gastos de ALIMENTACIÓN que se generen cuando estén de viaje en cumplimiento de sus obligaciones laborales, por cuanto conforme obra dentro del expediente manifestación de la empresa en cuanto al reconocimiento en especie del respectivo alojamiento, considera el Tribunal en Equidad que solo se le reconocería a estos conductores que en razón de sus funciones deben salir a recorrer las vías nacionales, se les reconozca un valor económica para subvencionar o financiar los gastos de alimentación que como mínimo y según las reglas de la experiencia exigen tres raciones diarias»
La Corte no halla mérito alguno para anular la presente cláusula, toda vez que los árbitros en la parte motiva de la decisión claramente establecieron que serán destinatarios de este beneficio: (i) únicamente «aquellos trabajadores conductores que en razón a su jornada tengan que salir fuera de su domicilio»; (ii) «con la finalidad de que subvencionen total o parcialmente los gastos de ALIMENTACIÓN que se generen cuando estén de viaje en cumplimiento de sus obligaciones laborales»; y (iii) «que solo se le reconocería a estos conductores que en razón de sus funciones deben salir a recorrer las vías nacionales».
No se olvide la figura de la unidad inescindible, esto es, que la decisión es un todo constituido por la parte motiva y por la resolutiva, « por tanto “la ratio decidendi y por ende la fuerza vinculante de la misma, debe verificarse en lo que lógicamente, no formalmente, se identifica como parte dispositiva, determinando su sentido y alcance a partir de los elementos racionales que ofrece la parte motiva o considerativa” (Sent. CSJ SC, ago. 25/2000, rad. C-5377)» (providencia CSJ AL, mayo 18/2016, rad. 61806), es decir, que este beneficio se debe reconocer teniendo como báculo las razones y objetivos cristalinamente plasmados en las consideraciones del laudo.
En ese sentido lo dispuesto por el tribunal de arbitramento no solo se encuentra dentro de las potestades que la ley y la constitución le confiera a los tribunales de arbitramento, sino también honra los parámetros de la equidad, toda vez que no lesiona derecho de la empleadora, ya que los viáticos constituyen una ayuda económica que le permite al conductor trabajador asumir los gastos de alimentación «cuando estén de viaje en cumplimiento de sus obligaciones laborales», y que «en razón de sus funciones deben salir a recorrer las vías nacionales».
En definitiva, no existe motivo que amerite la anulación de esta cláusula.
16) «VIGÉSIMO. AUXILIO DE ALIMENTACION (sic).
La Empresa a partir de la ejecutoria del presente laudo arbitral reconocerá por concepto de auxilio de Alimentación una suma diaria de Cuatro mil quinientos pesos ($ 4.500) pesos M/cte. para los trabajadores beneficiarios de este Laudo Arbitral y se causara (sic) por día laborado».
Para el impugnante no se explica en el Laudo el alcance de la cuantiosa prestación extralegal que se crea, consistente en la obligación de pagar por cada día laborado «y por todos los trabajadores actual o potencialmente beneficiarios del laudo la suma de $ 4.500 diarios, lo cual implica un costo mensual aproximado de $ 108.000 por cada trabajador. Tampoco se explica en el Laudo la naturaleza salarial o no salarial de este beneficio; aunque en el texto total del Laudo está separado de la decisión sobre el reajuste salarial, lo que indicaría que no tiene carácter salarial».
Además, al parecer el beneficio que se crea por el Laudo tiene por objeto compensar los gastos de alimentación en que incurre el trabajador por fuera de la jornada, puesto que el propio Tribunal entendió que no tenía competencia para modificar la regulación legal y lo dispuesto en el reglamento interno de trabajo en cuanto a jornada de trabajo. Por lo que se solicita a la Corte anular la creación de esta muy cuantiosa prestación extralegal que genera unos costos que se explican en el anexo de este documento.
En atención a la necesidad básica que se busca proteger con el auxilio de alimentación de $ 4.500 diarios reconocido en el laudo, a no dudarlo, es un punto de orden económico, de palmario contenido de equidad y, siendo ello así, se impone la soberanía de los árbitros.
El recurrente no logra acreditar que el tribunal hubiese traspasado los límites de proporcionalidad, razonabilidad, y el principio de justicia.
Ahora, cuanto a la indeterminación de «la naturaleza salarial o no salarial de este beneficio», baste decir, que encuentra solución en la preceptiva de los artículos 127 y 128 del Código Sustantivo del Trabajo.
Por lo visto no prospera la crítica que hace la sociedad recurrente a la cláusula en cuestión, que por ello no se anulará
17) «VIGÉSIMO PRIMERO. CARTELERA.
A partir de la vigencia del presente laudo arbitral, “SINTRACAP” contará con una cartelera con vidrio de 1,50 m por 1,00 m en todas las sedes (sucursales y Agencias) de la EMPRESA, y será ubicada en el lugar que el sindicato disponga para colocar información de interés para el Sindicato y sus afiliados».
El Tribunal no explica el alcance de la obligación de colocar una cartelera «en todos las sedes (sucursales y agencias de la empresa)”, las cuales serán ubicadas “en el lugar que el Sindicato disponga”. No aparece en la redacción de la cláusula si se refiere a sedes en las cuales existan seccionales o subdirectivas del Sindicato, como parece indicarse en la motivación, al señalar que se trata de “sedes principales de la empresa”. Sin embargo, en contradicción con lo dicho en la motivación, se ordena colocar carteleras en todas las sedes, que como se dice en la parte motiva del Laudo, son más de 500 sedes, existan o no seccionales o subdirectivas del Sindicato en dichas sedes. No tiene razón de ser de que sea el Sindicato quien con absoluta libertad y sin restricción alguna, determine el lugar de la empresa donde se colocarán las al parecer, 500 carteleras que ordena el Laudo. No aparece claro el fundamento de la invasión de los domicilios del empleador o de las dependencias empresariales cuando se autoriza al Sindicato colocar las carteleras en el sitio donde lo consideren. Esta disposición desconoce abiertamente las facultades administrativas o directivas de la empresa al interior de sus propias instalaciones. Por ello, se solicita anular esta cláusula».
XIX. Consideraciones de la Corte
Aunque la Corte ha aceptado que los Tribunales de arbitramento tienen competencia para decidir sobre la fijación de carteleras, lo cierto es que la preceptiva arbitral referida en los términos que está redactada, afecta los derechos del empleador, su libertad de organización en cuanto a su carácter de propietario y director de la empresa, por cuanto expresa que es el sindicato el que debe disponer de su ubicación.
Por manera que, a la luz de lo expuesto los árbitros excedieron su competencia, por lo que habrá de anularse la disposición.
Empero, juzga conveniente la Sala memorar lo anotado en providencia de anulación CSJ SL9150-2015, julio 15 de 2015, radicación 66037, en cuanto a que si bien el empleador no queda obligado a conceder las carteleras solicitadas por la organización sindical como medio de divulgación, esto no significa que la empresa esté exenta de la obligación de respetar y garantizar el ejercicio del derecho a la libertad sindical previsto en el artículo 39 constitucional que, a su vez, comprende la autonomía sindical de la organización, para adoptar sus planes de acción, y, en ese orden, no puede entenderse que quedó exonerada de facilitar los espacios necesarios para que el sindicato, si lo tiene a bien, ponga, de su cuenta, las mencionadas carteleras.
Por último, debe advertirse que pesar de que la sociedad recurrente aduce que el impacto del laudo, en relación con los trabajadores sindicalizados es aproximadamente de $ 359.629.761, por lo expuesto por el tribunal de arbitramento en la motivación de cada uno de los beneficios, es dable entender que consultó la situación financiera del empleador para otorgar cada uno de los reconocimientos económicos estudiados, y los encontró conformes con el resultado de sus negocios. Ha dicho esta sala que la determinación de los efectos económicos del laudo en una empresa, debe realizarse sobre factores reales, ciertos y actuales, más no sobre factores inciertos, hipotéticos o conjeturales (Sent. de anulación CSJ SL5887-2016, abr. 27/2016, rad. 72030).
1. ANULAR del Laudo Arbitral del 7 de octubre de 2013, proferido por el tribunal de arbitramento obligatorio convocado para dirimir el conflicto colectivo surgido entre el SINDICATO DE TRABAJADORES DEL TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS —SINTRACAP— y la sociedad TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA S.A. TCC S.A. lo siguiente:
a) El artículo «PRIMERO, RECONOCIMIENTO Y REPRESENTACION (sic) SINDICAL».
b) El artículo «CUARTO, COMISIÓN DE RECLAMOS».
c) Del artículo quinto: (i) «PERMISOS SINDICALES. PERMISOS PARA EPOCA (sic) DE NEGOCIACION (sic) COLECTIVA, las expresiones «En el evento en que la mesa de negociaciones sesione en lugar distinto al del domicilio o lugar de trabajo del negociador, la Empresa reconocerá los gastos de transporte aéreo o terrestre y los viáticos por valor de $ 70.000 diarios para cada negociador»; (ii) «Para Congresos o Cursos Sindicales o Cooperativos. La Empresa concederá permiso remunerado por 60 días al año a los trabajadores afiliados a SINTRACAP para que asistan a Congresos o plenums sindicales, o Cursos sindicales o cooperativos. La empresa suministrará por su cuenta los pasajes de ida y regreso, así como viáticos por Setenta mil $ 70.000 pesos diarios, para cada uno de los asistentes. El sindicato deberá informar sobre el uso de estos permisos con una antelación no inferior a cinco días al evento respectivo»; y (iii) «Para Reuniones de Organismos de Dirección», las expresiones «la Empresa pagará viáticos por valor de setenta mil $ 70.000 pesos diarios y los pasajes».
d) El artículo «SEPTIMO (sic), PRIMA DE VACACIONES».
e) El artículo «OCTAVO, PRIMA DE ANTIGÜEDAD».
f) El parágrafo del artículo «DÉCIMO TERCERO, AUXILIO PARA ESTUDIO Y FOMENTO A LA EDUCACION (sic)», que dispuso «La Empresa facilitara (sic) los estudios de los trabajadores».
g) Del artículo «DÉCIMO SEXTO, PROCEDIMIENTO PARA SANCIONES Y DESPIDOS», las expresiones «Cualquier sanción o despido que recaiga sobre el trabajador pretermitiendo total o parcialmente el tramite señalado en este Artículo, vicia de nulidad lo actuado y la decisión no surtirá efecto alguno, y dará derecho al trabajador que haya sido despedido a ser reintegrado a su puesto de trabajo o uno de mejor categoría y salario».
h) El artículo «DÉCIMO OCTAVO. BONIFICACION (sic) POR FIRMA DE CONVENCION (sic)».
i) El artículo «VIGESIMO PRIMERO. CARTELERA».
«DÉCIMO TERCERO, AUXILIO PARA ESTUDIO Y FOMENTO A LA EDUCACION (sic).
2. NO ANULAR las demás cláusulas denunciadas por la recurrente, del Laudo Arbitral del 7 de octubre de 2013, proferido por el tribunal de arbitramento obligatorio convocado para dirimir el conflicto colectivo surgido entre el SINDICATO DE TRABAJADORES DEL TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS, SINTRACAP, y la sociedad TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA S.A. TCC S.A.
Cópiese, notifíquese y envíese el expediente al ministerio del trabajo para lo de su cargo.»