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Timestamp: 2019-05-19 12:32:49
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Matched Legal Cases: ['artículo 296', 'artículo 64', 'artículo 35', 'artículo 3', 'artículo 328', 'artículo 68', 'artículo 62', 'artículo 58', 'Artículo 68', 'Artículo 68']

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Por ciudadaniaactivavzla el 2 febrero, 2018 • ( 1 )
A la OEA, Unión Europea, Grupo de Lima, Unasur y Mercosur.
La crisis venezolana requiere elecciones en apego a los estándares internacionales que garantizan comicios libres en las sociedades democráticas.
Conscientes de la preocupación que ha mostrado la Comunidad Internacional por Venezuela, y por la voluntad que han expresado por contribuir para que el conflicto político se resuelva por la vía constitucional y electoral, recurrimos a ustedes para solicitar sus buenos oficios de manera de que se cumplan estas mínimas garantías electorales.
Consideramos que el estricto cumplimiento de la Constitución Venezolana (CRBV) y la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE) son la mejor garantía para tener elecciones libres y transparentes.
Las elecciones de Gobernadores y de Alcaldes del 2017 estuvieron marcadas por la violación sistemática de la normativa electoral y de la Constitución, por lo que no se puede afirmar que en Venezuela estamos en presencia de elecciones democráticas. Se vota pero no se elige.
Solicitamos estas Garantías Electorales:
1. Nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE).
2. Regreso de la Observación Internacional calificada (OEA, ONU y Unión Europea).
3. Sufragio, Inscripción y Actualización en el Registro electoral de venezolanos en el exterior.
4. Inscripción y Actualización en el Registro Electoral en Venezuela.
5. Auditoría Internacional del Registro Electoral.
6. Convocar a las Fuerzas de Paz de las Naciones Unidas.
7. Convocatoria a elecciones con al menos 6 meses de anticipación.
8. Campaña Electoral equitativa.
9. Campaña Institucional del CNE.
10. Personal del CNE imparcial.
11. Impedir el voto “puyao”, el uso abusivo del voto “asistido” y el voto “forzado”.
12. Horario de votación entre 7am y 4pm.
13. Difusión de los resultados en tiempo real.
A continuación una breve explicación de cada una:
1. Nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE), que garantice la igualdad, confiabilidad, imparcialidad, transparencia y eficiencia de los procesos electorales.
El actual CNE es un brazo político del partido político del régimen.
La designación en el 2015 de Tibisay Lucena y Sandra Oblitas, como Rectoras del CNE para un segundo período de 7 años, fue decidida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo, subordinada al régimen, en abierta violación a la Constitución, que consagra esta decisión en la Asamblea Nacional en su artículo 296: “Los o las integrantes del Consejo Nacional Electoral serán designados o designadas por la Asamblea Nacional con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes”. Al no tener el partido del régimen, el Partido Socialista Unido Venezolano, PSUV, los votos necesarios en la Asamblea Nacional se negó a un consenso con la oposición y recurrió al Tribunal Supremo.
Adicionalmente, durante el mismo proceso de postulación al CNE en el 2009, las otras 2 Rectoras, Tania D ́Amelio y Socorro Hernández, –quienes fueron, la primera, Diputada del partido del régimen, PSUV, y la segunda, Ministra de Hugo Chávez– alegaron independencia política al renunciar a su militancia partidista en el PSUV, vía cartas notariadas, después de haber sido nominadas. Así, astutamente, justificaron cumplir con el Art.296 “El Consejo Nacional Electoral estará integrado por cinco personas no vinculadas a organizaciones con fines políticos”.
La elección de Gobernadores del 10 de octubre del 2017 no hace sino corroborar la parcialidad del CNE. El proceso viciado fue fraudulento en estas etapas:
• convocatoria y publicación tardía de cronograma,
• lapsos recortados,
• no permitir sustitución de candidatos,
• reubicación de centros de votación a última hora,
• organismos subalternos ad hoc con militantes del PSUV,
• compra de votos,
• votos forzados,
• exclusión de electores,
• desinformación intencional,
• no sancionar el uso recursos públicos durante la Campaña Electoral.
El caso del Estado Bolívar, durante la elección de Gobernadores del 10 de octubre del 2017, es emblemático de la corrupción electoral del régimen. Existen pruebas del forjamiento de resultados electorales para dar ganador, 72 horas después de la elección, al candidato oficialista.
Este constituye otro delito más para solicitar la sustitución de los rectores del CNE.
La elección de Alcaldes del 10 de diciembre, del 2017, celebrada 2 meses después de la de los Gobernadores, también contó con la repetición de los mismos delitos electorales.
Adicionalmente, vale la pena destacar que la empresa Smartmatic, que ha estado presente desde el 2004 en los procesos electorales automatizados, denunció públicamente la alteración de los resultados electorales del proceso del 30 de julio de 2017 para la elección, ilegítima, de la Asamblea Nacional Constituyente.
Por último, en la actualidad las 4 Rectoras del CNE: Tibisay Lucena, Sandra Oblitas, Socorro Hernández y Tania D’ Amelio han recibido sanciones internacionales de USA, Canada y la Unión Europea, por su activa participación en la violación de los DDHH de los venezolanos.
Desde 2010 el CNE eliminó la figura de observadores internacionales y, en sustitución, designó los llamados “acompañantes internacionales”, que son representantes de países amigos del régimen venezolano y quienes circunscriben su observación al día del acto de votación, no pueden hacer declaraciones públicas sobre sus hallazgos y no gozan de autonomía para “observar” el proceso en todas sus fases.
Según la Declaración de Principios para la Observación Internacional de Elecciones del 2005 de las Naciones Unidas, un control confiable requiere que se cumplan cinco criterios:
a. Los observadores deben ser autónomos no solo financieramente en su relación con el país anfitrión
b. Los observadores deben poder acceder sin restricciones a todos los aspectos y fases del proceso electoral, así como a todas las tecnologías involucradas.
c. Los observadores no deben sufrir restricciones para mantener reuniones con todas las autoridades y actores políticos.
d. Los observadores no deben recibir presiones ni amenazas de represalias por parte de ninguna autoridad gubernamental.
e. Los observadores deben poder emitir declaraciones e informes públicos con sus hallazgos y recomendaciones.
Ninguno se cumple en Venezuela
Los venezolanos que viven en el extranjero son discriminados para actualizar su centro de votación exigiéndoseles requisitos que no figuran en la Constitución de Venezuela.
Son diversos los obstáculos implementados por la Cancillería venezolana, con el beneplácito del Consejo Nacional Electoral, para evitar que los emigrantes venezolanos se inscriban o actualicen sus nuevas residencias en el Registro Electoral.
A los venezolanos en el exterior se les exige presentar:
• La cédula de identidad venezolana, documento que es imposible tramitar en el exterior si está vencido, y no se acepta el pasaporte como comprobante de identidad.
• Un ilegal comprobante de residencia, con lo cual se supedita la condición de ciudadano venezolano a decisiones de países extranjeros.
La emigración venezolana ha crecido, exponencialmente, desde 1998, a raíz del ascenso de Hugo Chávez al poder. El régimen venezolano no proporciona cifras oficiales, pero estadísticas de agencias de países receptores y organismos multilaterales indican que para mediados de 2016 podían residir en el exterior más de 2.500.000 venezolanos (cerca del 8,3% de la población total). Si se aplica la proporción de mayores de18 años sobre la población total (aproximadamente 67%), para mediados de 2016 había cerca de 1.675.000 electores potenciales en el exterior. Presumimos que la razón para no permitir que los venezolanos en el exterior puedan inscribirse es que en los recientes procesos electorales la votación contraria al oficialismo supera el 93%.
• En la elección presidencial de abril del 2013, la diferencia de votos a favor de Nicolás Maduro fue de tan solo 1.49% (223.599 votos). Es factible suponer que se pudo haber dado un resultado presidencial favorable al candidato opositor Henrique Capriles, si no hubiesen existido los obstáculos discriminatorios para evitar la participación electoral de los venezolanos en el exterior.
• En la “Consulta Soberana”, promovida y organizada en su totalidad por la Mesa de la Unidad Democrática, el 16 de julio de 2017, participaron 724.067 venezolanos residentes en mas de 570 ciudades en el mundo.
La discriminación de los venezolanos en el exterior incluye otros abusos: desde enero de 2013, tres meses antes de la elección presidencial, fue cerrado el Consulado en Miami, circunscripción en la cual reside alrededor del 20% de la emigración venezolana mundial. Como consecuencia, los residentes están obligados a desplazarse a ejercer su derecho hasta New Orleans, a cientos de kilómetros de distancia.
Mas ejemplos: los residentes en Las Palmas y otras regiones de Islas Canarias, España, deben ir a Tenerife; los de las Islas Baleares a Barcelona los de Irlanda y países del Reino Unido a Londres; los de las zonas petroleras del suroeste de Canadá a Vancouver; los de la zona petrolera de Stavanger (Noruega) a Oslo; los del sur de Francia a París, los de las principales ciudades de Australia a la pequeña y distante Camberra.
Por otra parte, los ciudadanos venezolanos residentes en el exterior no participan como Miembros de Mesa electorales, función limitada a los funcionarios consulares, lo que le genera discrecionalidad en los procesos electorales.
Para las elecciones presidenciales del 2018 se debe garantizar la participación de venezolanos en el exterior, para la cual deben exigirse dos condiciones imprescindibles:
a. Apertura permanente del Registro Electoral para la inscripción y actualización, que permita que los venezolanos presenten su cédula de identidad o pasaporte, vigente o no.
b. Disponer de Centros de Votación donde exista un número igual o mayor a 80 electores.
El Consejo Nacional Electoral está obligado a promover y facilitar la inscripción de nuevos votantes mayores de 18 años lo cual no ocurrió en la elección de Gobernadores del pasado 15 de octubre ni en la de Alcaldes del 10 de diciembre.
En cuanto al Registro Electoral en Venezuela la “Red Observación Electoral Asamblea de Educación”, en su informe final del 20 de octubre de 2017 sobre la elección de Gobernadores, incluye los siguientes comentarios sobre la inscripción de nuevos votantes a nivel nacional: “… aún cuando las leyes electorales establecen que el Registro Electoral es permanente, no hubo para este proceso campañas de inscripción electoral como se acostumbraba hacer en procesos anteriores, ni jornadas de inscripción especialmente para jóvenes, a pesar de que algunas universidades las solicitaron, lo que ocasionó que varias cohortes de jóvenes que habían cumplido 18 años no hayan podido inscribirse para ejercer su derecho al voto que les otorga el artículo 64 de la Constitución Nacional”.
5. Auditoría Internacional del Registro Electoral (RE)
Auditoría Internacional del Registro Electoral por cuanto la última auditoría independiente fue realizada por CAPEL (Centro de Asesoría y Promoción Electoral) en el 2006.
Entre otras irregularidades:
• La Ley Orgánica del Poder Electoral (LOPE) no permite entregar la dirección de los electores lo que impide a los partidos auditar en forma independiente el Registro Electoral.
• La figura de “Fiscal de cedulación” desapareció sin ser sustituido por otro mecanismo de auditoría sobre el proceso. Desde el 2003 el proceso de cedulación sufrió cambios impor- tantes que permitieron la incorporación de millones de personas indocumentadas al RE.
• Existe un rezago importante entre la emisión de las partidas de defunción y el retiro de los fallecidos del RE.
Por otra parte, citamos de nuevo el Informe de la Red de Observación Electoral sobre el Registro Electoral: “… no es posible corroborar la exactitud de los datos del Registro Electoral utilizado en este proceso. En un boletín dado a conocer el 11 de septiembre, el CNE informó que el registro a utilizar sería el correspondiente al 15 de julio de 2017; sin embargo, a pesar de que el artículo 35 de la LOPRE establece que el Registro Electoral debe ser publicado tras la convocatoria a un proceso electoral, en la Gaceta Electoral de la República Bolivariana de Venezuela o en el portal oficial de Internet del Consejo Nacional Electoral o en cualquier otro medio de información idóneo y eficaz de manera que pueda ser consultado por cualquier persona para ser depurado o corregido, dicha publicación no se hizo. El registro solamente fue dado a conocer a los partidos políticos en un proceso de auditoría que se llevó a cabo el 16 de agosto de 2017. Por otra parte 17.325 electores del estado Táchira fueron eliminados del Registro Electoral fuera del lapso legal establecido para hacerle modificaciones. Además de violar al citado artículo, esta práctica del CNE impide ilegítimamente el derecho al sufragio de aquellos electores que fueron excluidos del registro, todo lo cual viola el artículo 3 de la Carta Democrática”.
6. Convocar a las Fuerzas de Paz de las Naciones Unidas, como acompañamiento de nuestros procesos electorales por cuanto hoy en día las Fuerzas Armadas venezolanas están parcializadas a favor del régimen.
La Constitución de Venezuela delimita, claramente, el ámbito de actuación público de la Fuerza Armada Nacional (FAN). En el artículo 328 se consagra que es una fuerza esencialmente profesional y que en el contexto de sus actuaciones “están al servicio de la nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna”. De igual manera el Art.330 prohíbe a la FAN “participar en actos de propaganda, militancia o proselitismo político”.
Dadas las inconstitucionalidades de la ley de la Fuerza Armada, ahora bolivariana, FAN “B” y del Recurso de Interpretación del Tribunal Supremo de Justicia, N° 651, que le permite participar en proselitismo político, y de las declaraciones, permanentes, del Ejecutivo y del Alto Mando Militar que alegan que dicha fuerza armada es “chavista”, se propone considerar la conveniencia del acompañamiento de la Fuerza internacional de la ONU para que sirva de disuasión y contención a la partidización de las fuerzas armadas venezolanas, quienes no han demostrado imparcialidad durante las elecciones.
Las Fuerzas de Paz de la ONU han participado en la seguridad de procesos electorales en países como Sudan, Liberia, Haití, Congo y otros. Sin embargo, debemos aclarar que una calificada Observación Electoral Internacional haría innecesaria esta convocatoria.
7. Convocatoria a elecciones con al menos seis meses de anticipación, y publicación completa y oportuna del Cronograma Electoral.
La convocatoria a elecciones en Venezuela ha pasado a ser un evento discrecional a conveniencia del régimen. En este sentido las elecciones de Gobernadores que debieron convocarse antes de finalizar el 2016, terminaron convocándose, después de varias modificaciones de fechas, el 11 de septiembre, en forma atropellada, para el 15 de octubre, a tan solo mes y medio de su realización. Además, se obvió y sigue postergada, de manera arbitraria e ilegal, la elección de las Asambleas Legislativas de los Estados.
Lo mismo sucedió con las elección a Alcaldes del 10 de diciembre de 2017, convocada con tan solo un mes y medio de anticipación antes de las celebración de la misma.
Convocar elecciones con tan poca antelación representa un recorte significativo de actividades y auditorías en relación a elecciones anteriores. El recorte de lapsos favorece violaciones importantes al proceso, como la integración de las Juntas Electorales con miembros sorteados y la capacitación de miembros de mesa, así como la desinformación de los electores.
Las convocatorias a elecciones con tiempos recortados también impide las “elecciones primarias” para la escogencia de candidatos de los partidos políticos que exige la Constitución.
Esta garantía electoral es una propuesta –entre otras de este documento– contenida en el Anteproyecto de Reforma a la Ley de Procesos Electorales (LOPRE) que contó con la iniciativa de la Universidad Católica Andrés Bello, UCAB, la participación de diversas ONG y expertos electorales, que espera su aprobación por la Asamblea Nacional desde 2016. Urge que los parlamentarios discutan y aprueben este anteproyecto para acabar con las debilidades y discrecionalidades de la LOPRE, aprobada en el 2009. Esta ley electoral fue una iniciativa legislativa del mismo CNE que fue aprobada, unánimemente, por la Asamblea Nacional del partido del régimen, ya que para la época la oposición no era parte de este cuerpo legislativo por no haber participado en las elecciones del 2005. Paradójicamente, hoy, es el mismo CNE el principal violador de su propia ley electoral. Detalles del Anteproyecto Legislativo de Reforma a la Ley Electoral.
8. Campaña Electoral equitativa, con prohibición de cadenas presidenciales, inauguración de obras con uso proselitista y utilización de recursos del Estado.
Se debe prohibir la transmisión de “cadenas” de radio y televisión oficialistas al menos tres meses antes de cualquier elección, por cuanto representan un ventajismo grosero para los candidatos del oficialismo. Las trasmisiones en cadena de radio y TV, de corte electoral, violan los artículos constitucionales N° 57 y 58 relativos a la libertad de expresión y al derecho a la información y al artículo 68 de la Ley contra la Corrupción, que pena con cárcel el ventajismo electoral de los funcionarios públicos: video.
Informes electorales internacionales reflejan el uso abusivo de las cadenas y del Sistema Nacional de Medios Públicos para transmitir mensajes del régimen en campaña a favor de candidatos del partido oficialista, PSUV, sin que los candidatos de la oposición tengan acceso a espacios similares.
Así mismo, se debe prohibir, dentro de la publicidad gubernamental, la inauguración de obras públicas y anuncio de inversiones públicas durante la campaña electoral, como es el caso de las leyes de Garantías Electorales de Colombia y Brasil.
Debe crearse un Comité Electoral, paritario e imparcial, que sancione, oportunamente, cualquier violación sobre el uso de recursos públicos en Campaña Electoral. Las sanciones que en la actualidad impone el CNE, a quienes violan la normativa electoral, no son efectivas para evitar los delitos electorales. Además, sus decisiones son lentas. Se propone este Comité Electoral como mecanismo rápido y disuasivo.
Los medios de comunicación, tanto privados como públicos, deben ceder espacios distribuidos equitativamente a los todos actores políticos para que estos difundan su propaganda electoral.
Por otra parte, las organizaciones de la sociedad civil (ONG) están facultadas, constitucionalmente, para transmitir mensajes que promuevan la participación electoral y/o orienten en relación al secreto del voto durante las campañas electorales. Sin embargo, el CNE se ha convertido en un censor de mensajes de la sociedad civil organizada. El ente comicial alega que las ONG no son “actores electorales”, cuando el artículo 62 establece que “todos los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a participar libremente en asuntos públicos”, así como el artículo 58 que sostiene que “la comunicación es libre y plural”.
Aquí un ejemplo de nuestra ONG -entre otras organizaciones no gubernamentales- de piezas audiovisuales censuradas por el CNE:
• La continuación de la autoridad
• La mejor constitución
• Artículo 68. Ley contra la corrupción
• Artículo 68: Prohibido favorecer candidatos • Serie “Vota como quieras”
9. Campaña Institucional del CNE orientada a elecciones libres, transparentes y justas.
El ente electoral está en la obligación de hacer campañas institucionales sobre aspectos fundamentales como el secreto del voto, el rol de los Miembros de Mesas, las funciones de apoyo electoral del “Plan República” de la Fuerza Armada Nacional (FAN), del personal del CNE y de los delitos electorales, entre otros.
El CNE no solo no hace campaña para cambiar la percepción de que el voto no es secreto, sino que incluso ha llegado a difundir una sutil campaña publicitaria de intimidación a los votantes que genera dudas sobre el tema. En el siguiente comercial sobre cómo votar es visible la cédula de identidad de un elector mientras vota.
Adicionalmente, en alocuciones televisadas desde el Poder Ejecutivo, Nicolás Maduro aseguró que conocía la identidad de 900.000 electores que no votaron por él contribuyendo a crear desconfianza en el secreto del voto. Estas declaraciones nunca fueron desmentidas por el CNE.
Por otra parte, el último tuit oficial de la cuenta del CNE (@CNEcomunica), data del 8 de diciembre del 2013 y no existe página en Facebook del organismo electoral. Deben activarse al menos este par de redes sociales para mayor información al electorado.
Transparencia en la selección, contratación y ascenso con el fin de evitar que todos los funcionarios del CNE sean militantes del partido del régimen.
• Los cargos del CNE no se someten a concurso público.
• Se han denunciado abusos por parte de los Coordinadores del CNE y de los operadores de las máquinas electorales durante las votaciones. Este personal no debe interferir en el proceso electoral y, sin embargo, se extralimita en sus funciones.
• En la elección de Gobernadores de 2017 más del 90% de los miembros de las Juntas Municipales fueron ad hoc y designados a dedo por el CNE, además de publicar, extemporáneamente, los listados de miembros de Juntas regionales, municipales y parroquiales y no permitir la incorporación de los electores sorteados, y en las mesas electorales no se respetaron los protocolos de sustitución de miembros de mesa con lo cual el oficialismo controló, en buena medida, las estructuras electorales durante la elección regional.
Los reclamos de parcialidad política a favor del partido del régimen disminuirían si el proceso de selección de personal, a todo nivel, fuera transparente y público, incluso que los Coordinadores del CNE sean también sorteados entre los electores, como lo son los miembros de Juntas y de Mesas dentro del servicio electoral obligatorio.
11. Horario de votación entre 7am y 4pm, sin prórroga, por cuanto la extensión del horario de votación sin electores en la cola se ha convertido en una práctica sistemática irregular que ha afectado la transparencia del proceso.
Si bien el horario de votación en Venezuela, en la actual ley electoral, es hasta las 6 pm mientras haya electores en la cola, el cierre tardío de mesas después de esta hora por parte del CNE ha representado una de las irregularidades mas notorias en los comicios venezolanos. En este video se ven los delitos que se cometieron en la elección presidencia donde Maduro obtuvo una ventaja de menos de 200 mil votos.
En las elecciones presidenciales de 2013 y, mas recientemente, durante la elección de Gobernadores y Alcaldes de 2017, un alto porcentaje de las mesas permanecieron abiertas, aún sin electores en la cola, favoreciendo el traslado forzado de votantes a última hora, la usurpación de identidad y el voto múltiple, así como el asedio nocturno a Testigos por parte de grupos paramilitares oficialistas.
La propuesta del horario de votación hasta las 4pm se adapta al estándar del horario de votación internacional y evita la nocturnidad en la comisión de delitos electorales. Adicionalmente promovería la participación y asistencia de los ciudadanos, todavía en horario diurno, para la etapa “post votación” de la verificación de las papeletas de votos, que debe ocurrir en más del 52% de las Mesas electorales que son sorteadas después del terminado el proceso comicial.
Por último, reduce una labor de unas 18 horas, desde la 5am hasta las 11pm –violatoria de la Ley del Trabajo venezolana– en el caso de miembros de mesas escogidos para la verificación ciudadana de las papeletas.
Esta es otra garantía contenida en el Anteproyecto Legislativo de la Reforma a la Ley de Procesos Electorales (LOPRE).
12. Impedir el “voto puyao”, el abuso masivo del voto “asistido” y el “voto forzado”
a. El sistema electoral venezolano presenta una vulnerabilidad técnica que permite a delincuentes electorales usurpar la identidad de electores y votar por ellos.
Las capta huellas no impiden que un delincuente electoral vote varias veces. Este delito, supuestamente, se descubre después del cierre de las votaciones, en una auditoría que jamás ha sido pública.
El sistema electoral automatizado de Venezuela no evita, por ejemplo, que un grupo de miembros de mesas, que sean del mismo partido político, sin supervisión alguna, puedan ponerse de acuerdo para añadir votos a la máquina. Y “eso” se logra activando la máquina y apretando la tecla que introduce los votos. Todo esto lo puede hacer un solo dedo de un delincuente electoral. Ese es el voto “puyao”.
El CNE incluso ha difundido la siguiente cuña sobre la invulnerabilidad en la usurpación de la identidad del elector, la cual es falsa. Se propone la mejora de este talón de Aquiles del sistema electoral automatizado con la auditoría de los cuadernos de votación y de las huellas que permitiría verificar irregularidades y delitos, pero, sospechosamente, el CNE se ha negado.
b. El voto “asistido” es una prerrogativa legal para ayudar a electores con impedimentos para votar, de manera que sean asistidas por una persona. Esa asistencia solo la puede realizar el ayudante tan solo una sola vez.
Sin embargo, esta normativa viene violándose con regularidad y sin control alguno para vigilar el voto de los electores, como se puede ver en este video.
Este micro audiovisual de nuestra ONG, censurado por el CNE, describe este delito electoral. Y este video también describe este delito
c. En cuanto al “voto forzado” se propone cumplir con la ley electoral venezolana que, expresamente, prohíbe propaganda electoral el mismo día de las elecciones. Esto incluye la instalación y funcionamiento de los puntos de información al elector del Oficialismo (conocidos como los “puntos rojos”), que en la práctica se han convertido en mecanismos para la coacción, el control social y la compra de votos. Esto lo logra el régimen mediante el registro obligatorio de los electores con el “carnet de la patria”, antes de ejercer el derecho al voto, y, después de votar, con la entrega de bolsas de comida y dinero.
En el siguiente video, Maduro hace un llamado a cometer este ilícito electoral con el carnet de la patria durante la elección del Alcaldes del 10 de diciembre de 2017.
Para mayor información sobre los efectos perversos del carnet de la patria recomendamos este artículo del Profesor Michael Penfold.
13. Difusión de los resultados en tiempo real, una vez cerradas las mesas, para evitar el control absoluto de la información por parte del CNE y del partido del régimen.
Si comparamos con otros países en Latinoamérica, el anuncio oficial de los resultados electorales en Venezuela es lenta (en promedio de 4 a 5 horas después de cerrada la votación).
El CNE argumenta que solo da resultados cuando ya son “tendencia irreversible” y es evidente que el régimen y su partido político los saben con antelación.
‹ IV DECLARACIóN DEL GRUPO DE LIMA
Campaña mundial #VenExReclamanAMaduro ›
7 febrero, 2018 • 10:06 am