Source: https://derechoecuador.com/la-interposicion-incorrecta-de-la-accion-de-proteccion
Timestamp: 2019-01-23 22:27:08
Document Index: 386975342

Matched Legal Cases: ['artículo 40', 'artículo 41', 'artículo 41', 'artículo 24', 'artículo 323', 'artículo 653']

Derecho Ecuador - La interposición incorrecta de la Acción de Protección
La Acción de Protección se ha constituido en una de las acciones Jurisdiccionales más empleadas por la ciudadanía para hacer valer sus derechos en el ámbito judicial, sin embargo, esta garantía jurisdiccional se ha visto afectada por un error de apreciación, y es que las características especialísimas de esta garantía, la convierten en un blanco fácil para la malinterpretación de su uso y por consiguiente provoca que, en muchas ocasiones, esta acción se niegue o se declare improcedente.
¿A qué se debe la mala interpretación de la Acción de Protección?
El principal problema que debe enfrentar un profesional del Derecho es la determinación del ámbito y objeto de esta acción constitucional, el cual se encuentra prescrito en el Art. 39 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional que manifiesta: ?La acción de protección tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución y tratados internacionales sobre derechos humanos, que no estén amparados por las acciones de hábeas corpus, acceso a la información pública, hábeas data, por incumplimiento, extraordinaria de protección y extraordinaria de protección contra decisiones de la justicia indígena.?
Entonces debemos tener presente que la Acción de Protección pretende garantizar a los ecuatorianos el goce y la no vulneración de sus derechos constitucionales sin embargo, el verdadero límite para esta acción son los propios derechos constitucionales y su aplicación en el acontecer nacional, en tal virtud es importante tomar en cuenta que la Acción de Protección no pretende una declaratoria de derechos sino una protección y goce efectivo de los derechos de los ecuatorianos; la confusión se genera a través de la vaga interpretación que generalmente se tiene acerca de la protección de los derechos.
En este sentido, el artículo 40 de la prenombrada ley, manifiesta los requisitos de procedencia de la acción de protección; son tres circunstancias particulares en las cuales puede proponerse una acción de protección: 1. Violación de un derecho constitucional; 2. Acción u omisión de autoridad pública o de un particular de conformidad con el artículo siguiente; y, 3. Inexistencia de otro mecanismo de defensa judicial adecuado y eficaz para proteger el derecho violado.
Pero estas tres circunstancias suelen confundirse generalmente, con meros actos administrativos, que deben resolverse en otro ámbito fuera de la jurisdicción constitucional; como un ejemplo podemos tomar el caso de un oficial de Policía que ha sido separado de la institución por una supuesta mala conducta, o el caso de una empleada pública despedida de la institución por presuntas faltas disciplinarias; en estos casos generalmente se suele esgrimir el argumento de que las decisiones administrativas violentan el derecho al trabajo de los afectados consagrado en la Constitución, sin embargo, no es menos cierto que lo que en si se persigue es la revocatoria de un acto administrativo para lo cual existe, por supuesto, la vía contencioso administrativa; una verdadera violación de derechos ocurriría si a estas personas se les negara la oportunidad de trabajar por su raza, género o condición social, es decir una acción u omisión que atenta directamente no solo contra uno sino, contra varios derechos constitucionales; y me parece necesario mencionar que para verificar la procedencia de la acción de protección es necesario examinar si es que se afecta más de un derecho constitucional, puesto que el tipo de violaciones que persigue esta garantía constitucional generalmente vulneran en más de una forma los derechos de los ciudadanos, en un sentido más amplio cuando los ecuatorianos ven peligrar su derecho a la integridad, a la salud, al debido proceso, al trabajo, a una vida digna, a la participación activa en el quehacer nacional, es ahí cuando interviene la acción de protección.
De igual forma es necesario individualizar contra que acciones u omisiones procede la acción de protección, y esto está determinado en el artículo 41 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional que manifiesta: ?Procedencia y legitimación pasiva.- La acción de protección procede contra: 1. Todo acto u omisión de una autoridad pública no judicial que viole o haya violado los derechos, que menoscabe, disminuya o anule su goce o ejercicio. 2. Toda política pública, nacional o local, que conlleve la privación del goce o ejercicio de los derechos y garantías. 3. Todo acto u omisión del prestador de servicio público que viole los derechos y garantías. 4. Todo acto u omisión de personas naturales o jurídicas del sector privado, cuando ocurra al menos una de las siguientes circunstancias: a) Presten servicios públicos impropios o de interés público; b) Presten servicios públicos por delegación o concesión; c) Provoque daño grave; d) La persona afectada se encuentre en estado de subordinación o indefensión frente a un poder económico, social, cultural, religioso o de cualquier otro tipo. 5. Todo acto discriminatorio cometido por cualquier persona.
En estos cinco casos podemos ver una constante que permite interponer una acción de protección, esto es, la vulneración de derechos constitucionales; si bien el artículo 41 de la prenombrada ley permite recurrir actos violatorios o discriminatorios hacia las personas, muchos ciudadanos confunden esta posición como una vía rápida de solución a conflictos, es decir, la acción de protección en ciertas ocasiones se confunde como un atajo para resolver problemas netamente subjetivos de las personas, o lo que es peor, se la considera como un medio para saltarse un trámite judicial más extenso como es la vía administrativa, laboral, etc.
Es necesario dejar en claro que la Acción de Protección se constituye como una medida de última ratio, es decir, como la propia ley lo manifiesta, cuando se hayan agotado todas las vías para la resolución del conflicto o cuando se demuestre que no exista otro mecanismo para salvaguardar los derechos constitucionales de los ecuatorianos.
Teniendo esto en cuenta identificar el problema que conlleva la interposición de esta acción se vuelve más fácil, al ser una acción de última ratio, la Acción de Protección se vuelve una forma ágil y directa de resolver un conflicto, y es ahí donde comienza la problemática a la que nos enfrentamos, si bien la Constitución y las leyes de la república contemplan la celeridad procesal como una garantía que protege a todos los ecuatorianos esta celeridad en ningún momento debe confundirse con un atajo para obtener un resultado favorable, como en muchas ocasiones se ha pretendido a través de la Acción de Protección.
Casos bajo los cuales no procede la Acción de Protección
Para poder entender los límites de la Acción de Protección debemos analizar sistemáticamente el artículo 24 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, el mismo que taxativamente manifiesta los eventos en los cuales no procede la acción de protección; los cuales según el mencionado artículo son:
Es necesario establecer una diferencia entre aplicar una sanción y violar un derecho, hago esta diferenciación por cuanto la violación de derechos es el argumento esgrimido para revocar sanciones administrativas, como en el caso del ejemplo del policía separado de la institución por una supuesta mala conducta, la acción de protección no puede operar porque no existe una violación directa a un derecho constitucional, sino una aplicación de sanciones, lo cual no es de ninguna forma un atentado a los derechos sino un reconocimiento de las obligaciones que contrae una persona al momento de cometer una infracción, el caso contrario sería que la supuesta falta se desvirtúe, entonces al policía se lo separaría de la institución sin razón alguna, lo cual sí constituye una violación al derecho al trabajo, a la integridad personal, a la honra y sobre todo al debido proceso.
En este caso es claro el límite de la acción de protección, ya que al extinguirse el acto violatorio de derechos, los mismos se pueden garantizar otra vez y por consiguiente no existiría una acción que perseguir, en este sentido el proceso constitucional no es necesario, sin embargo también debemos observar la salvedad que establece este numeral, y son los daños derivados de la acción que sean susceptibles de repararse, es decir las consecuencias dañosas de la acción violatoria de derechos no siempre desaparecen conjuntamente con la acción, si no que vendrían a constituirse en daños colaterales que deben ser reparados, y para esta particular circunstancia existe la acción de protección.
Este camino es uno de los más fáciles para perderse, puesto es necesario un firme conocimiento en Derecho Constitucional para determinar si lo que se persigue es la vulneración de un derecho o la legalidad de un acto, si bien el hecho de que los actos ilegales pueden y efectivamente vulneran los derechos de las personas, no se puede confundir esta violación con un asunto de mera legalidad, la constitucionalidad de una norma, un acto o una ley debe tratarse dentro de otra instancia, la acción de inconstitucionalidad, en la cual se persigue directamente a la naturaleza de una acto que vaya contra de lo dispuesto en la Constitución, mientras que en la acción de protección se persiguen los efectos, o la violación a los derechos derivados del acto u omisión.
Quizás la mayor fuente del error en este caso es la aplicación de la vía constitucional para resolver un conflicto que debe ser ventilado en la vía judicial, en otras palabras, muchas personas y sobre todo profesionales del Derecho optan por obviar el trámite judicial y dirigirse directamente a la vía constitucional, lo cual resta eficacia a la acción de protección, por cuanto muchos de los problemas que se plantean pueden ser resueltos en la vía judicial, el argumento que se esgrime para justificar este proceder es que la vía judicial no es adecuada ni eficaz para resolver el conflicto, sin embargo no es correcto escudarse en esta alegación con el simple propósito de ahorrar tiempo o simplificar trámites judiciales, la Acción de Protección no debe confundirse con un procedimiento expedito para la resolución de conflictos, tanto la vía administrativa como la vía judicial son mecanismos perfectamente viables para resolver conflictos sin verse obligados a innecesariamente recurrir a la acción de protección.
En este caso el propio objeto de la acción de protección es el límite para su interposición, la Acción de Protección pretende garantizar derechos constitucionales preexistentes mas no reconocer la existencia de derechos, es decir que uno de los requisitos para que la acción de protección sea procedente es que efectivamente exista un derecho vulnerado, mas no la declaración de derechos, para eso está la vía judicial, es necesario entender que la declaratoria de derechos no es lo mismo que la protección de los mismos, el reconocimiento de un derecho es el resultado de un proceso en el cual se determinan las circunstancias en las cuales una persona adquirió el goce de un derecho para consecuentemente convertirse en titular del mismo, la Acción de Protección busca proteger derechos ya reconocidos por la Constitución de la República, deslindándose totalmente del trámite para su reconocimiento y enfocándose directamente en su protección.
Las providencias judiciales tienen su propio medio para ser recurridas, esto es la apelación, como lo disponen el artículo 323 del Código de Procedimiento Civil así como el artículo 653 del Código Orgánico integral Penal, la apelación de conformidad al CPC, es la reclamación que alguno de los litigantes u otro interesado hace al juez o tribunal superior, para que revoque o reforme un decreto, auto, o sentencia del inferior; en este sentido no cabría una acción de protección por cuanto la apelación se constituye un medio directo para recurrir ante alguna providencia judicial sobre la cual las partes no están conformes o que a su criterio haya vulnerado sus derechos, generalmente el derecho al debido proceso, la acción de protección de derechos se convierte en un mecanismo totalmente improcedente en estos casos.
De igual forma que con la jurisdicción contencioso administrativa, la vía contenciosa electoral está diseñada para conocer causas que emanen del Consejo Nacional Electoral, como un mecanismo directamente centrado en la protección de los derechos de participación política de los ecuatorianos, en este sentido la tutela efectiva de esta garantía está a cargo del Tribunal Contencioso Electoral, por lo que una Acción de Protección sería inadmisible.
Con todos estos antecedentes la ley establece que de verificarse una de las causales de improcedencia de la Acción, de manera sucinta la jueza o juez, mediante auto, declarará inadmisible la acción y especificará la causa por la que no procede la misma. Y este precisamente es el resultado de varias acciones de protección que, al ser interpuestas de manera errónea y sobre todo, por el hecho de que las personas confunden a la acción de protección con una vía rápida o un o un atajo jurídico para resolver cualquier conflicto; las acciones de protección deben ser desechadas por improcedentes.