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Timestamp: 2018-03-22 05:25:34
Document Index: 328069449

Matched Legal Cases: ['artículo 285', 'Artículo 216', 'Artículo 387', 'Artículo 352', 'Artículo 30', 'Artículo 456', 'Artículo 37']

De todos los daños e infracciones que notaren en los montes públicos la Guardia Civil, funcionarios del Ramo y Guardas rurales formularán por escrito la correspondiente denuncia ante el Alcalde del término municipal donde radique el monte.
Corresponde asimismo al mencionado Instituto de la Guardia Civil, Cuerpo de Guardería Forestal y Guardas rurales el denunciar cuantas infracciones a lo dispuesto en este Reglamento observaren en los montes de particulares, pero cuando se trate de ellos, y con excepción de los acogidos a lo previsto en el artículo 285, las denuncias que competa conocer a la Administración Forestal se presentarán ante las Jefaturas de los Distritos Forestales correspondientes, que las sustanciarán oyendo a los denunciados, ordenando la práctica de las diligencias que estimen necesarias, dando cumplimiento a lo establecido en los artículos 488 y 489 y ajustándose, en general, al procedimiento establecido en este título, en cuanto sea de aplicación.
La ratificación bajo juramento de los individuos de la Guardia Civil y de los funcionarios de Montes en las denuncias por ellos presentadas hará fe, salvo prueba en contrario, en lo que respecta a la responsabilidad de carácter administrativo.
En los partes de denuncia se hará constar:
El día y hora en que se note el daño o la infracción y el nombre del pueblo o propietario al que el monte pertenezca.
El nombre del predio y el del sitio en que se haya cometido la infracción, especificando la pertenencia de dicho sitio.
La naturaleza, extensión, cuantía y tasación de los daños ocasionados al monte, así como el valor de los productos obtenidos.
Cuando se trate de variación o destrucción de hitos, mojones o cualquier otra clase de indicadores de límites, se determinará su número, expresándose, además, si solamente hubo cambio de lugar, en cuyo caso se medirá la superficie detentada, o si arrancaron o destruyeron tales señales.
De tratarse de pastoreo, se consignará el número de cabezas y su clase, los nombres y residencia de los dueños y si el lugar en que se cometió la infracción estaba declarado tallar, o su vuelo tenía menos de diez años.
En los incendios se aforará la superficie quemada y se hará constar el número de árboles que hubieren muerto, con su cubicación aproximada, o su edad, si se trata de repoblado joven, así como el número de los que quedaron quebrantados por el fuego.
1. La presentación de la denuncia ante el Alcalde, o la remisión de la misma a la Jefatura del Distrito Forestal, en el caso de tratarse de montes de particulares, se hará en el preciso término de veinticuatro horas de conocido el hecho. El denunciante pedirá recibo a la Alcaldía, que habrá de expedirlo, y si lo negare, dará aquél cuenta de la negativa al Jefe del Servicio Forestal, quien lo comunicará al Gobernador Civil de la provincia.
2. El Alcalde que se negare a dar el aludido recibo será castigado con multa de 50 a 500 pesetas.
Cuando por circunstancias muy especiales, que hará constar el denunciante, no pudiera presentar la denuncia en el término fijado en el artículo anterior, lo hará en el de cuatro días, e instruirá las primeras diligencias, que, con la denuncia, entregará al Alcalde o remitirá al Distrito Forestal, en su caso.
De todas las denuncias presentadas ante la Alcaldía darán conocimiento ésta y el denunciante, dentro de los dos días siguientes, al Ingeniero Jefe del Servicio Forestal correspondiente.
Presentada la denuncia, el Alcalde, previa ratificación inexcusable bajo juramento del denunciante, citará al denunciado personalmente o por cédula si no se le encontrare, y a los testigos, si los hubiere, señalándose el día y la hora en que han de presentarse a su Autoridad, con el fin de recibir las correspondientes declaraciones.
Estas diligencias deberán practicarse dentro de los ocho días siguientes al de la presentación de la denuncia.
Cuando el citado no compareciera en el sitio, día y hora que se le hubiese señalado, le parará el perjuicio a que hubiere lugar, sin que por la falta de su presentación se suspenda el curso del expediente. Si el citado no residiese en el término municipal donde radique el monte a que se refiere la denuncia, podrá dar sus descargos por escrito o por persona debidamente autorizada para ello.
Si el denunciado no estuviese conforme con las tasaciones consignadas en el parte de denuncia, la Alcaldía comunicará dicha discrepancia al Ingeniero Jefe, quien podrá ordenar a un funcionario de Montes de mayor categoría que la del denunciante, la práctica de nuevas valoraciones con o sin previo reconocimiento del terreno, y en el primer caso, con citación del denunciante y denunciado, pudiendo éste hacerse acompañar de un perito competente. En caso de especial complejidad o importancia, el funcionario del Servicio será acompañado de una comisión del Ayuntamiento y de prácticos locales, y en el acta de la diligencia, que firmarán los concurrentes, se detallarán todas las circunstancias necesarias para la exacta apreciación de los hechos y para fundamentar la tasación, la cual será formulada en informe separado, que, con la mencionada acta, se unirá al expediente.
Las diligencias de denuncia se sustanciarán por las Alcaldías en el preciso término de veinte días, salvo en el supuesto previsto en el artículo anterior, en cuyo caso, al número señalado se añadirá el de los días que fueren necesarios para la práctica de la retasa.
1. Tramitadas las diligencias de las Alcaldías las remitirán seguidamente a las Jefaturas de los Servicios Forestales. Si éstas estimasen suficientes las remitidas, procederán a dar cumplimiento dentro del término de diez días, al trámite establecido en el artículo siguiente.
2. Cuando los Ingenieros Jefes crean necesario encomendar la práctica de nuevas diligencias a los Alcaldes o funcionarios de Montes, el plazo de diez días establecidos en el párrafo anterior se ampliará prudencialmente, en razón de la importancia de las diligencias supletorias, sin que en ningún caso pueda exceder de dos meses.
Instruidos y preparados los expedientes y antes de que en ellos se formule propuesta de resolución, las Jefaturas de los Servicios Forestales lo pondrán de manifiesto a los interesados para que éstos dentro del plazo que se señale y que no bajará de diez días ni excederá de quince, puedan alegar y presentar los documentos justificantes que consideren conducentes a su defensa.
Dentro de los treinta días siguientes a la terminación del plazo establecido en el artículo anterior las Jefaturas de los Servicios Forestales dictarán o propondrán la resolución que proceda. Esta resolución se notificará personalmente y con los debidos requisitos a los interesados, que podrán interponer contra la misma los recursos procedentes.
Tanto si se trata de montes públicos, como de particulares, cuando los Alcaldes incurran en responsabilidad administrativa por negligencias, extralimitación o desobediencia en la tramitación de los expedientes referentes a aquéllos, serán corregidos por los Gobernadores civiles, a propuesta razonada de los Ingenieros Jefes, con arreglo a lo establecido en los artículos 418 y 419 de la vigente Ley de Régimen Local .
Todas las atribuciones o potestades que este Reglamento reconoce a los Ingenieros Jefes de los Distritos Forestales corresponden en igual medida, dentro del ámbito de sus jurisdicciones, a los Ingenieros Jefes de las Divisiones Hidrológico-Forestales y de las Brigadas del Patrimonio Forestal del Estado.
El Ministerio de Agricultura podrá hacer extensivas estas mismas facultades a los Ingenieros Jefes de cualquier servicio, dependiente de la Dirección General de Montes, Caza y Pesca Fluvial, que pudiera existir con función específica propia y demarcación definida.
Real Decreto de 17 de mayo de 1865 que aprobó el Reglamento de la Ley de Montes de 24 de mayo de 1963.
Real Decreto de I de febrero de 1901 para Constitución del catálogo de montes de utilidad pública.
Real Decreto de I de febrero de 1901 sobre reconocimiento de la posesión del monte por su inclusión en el catálogo.
Real Decreto de 21 de enero de 1905 referente a ocupaciones de montes motivadas por aprovechamiento de aguas o minas.
Real Decreto de 5 de septiembre de 1918 aprobando el Reglamento para la aplicación de la Ley de defensa de bosques de 24 de julio de 1918.
Real Decreto de 9 de septiembre de 1922 sobre aplicación del Real Decreto de 23 de marzo de 1886, que regula la forma de agotar la vía administrativa.
Real Decreto de I de diciembre de 1923 referente a legitimación de roturaciones arbitrarias en montes públicos.
Real Decreto de I de febrero de 1924 que dictó el Reglamento para aplicación del Decreto de I de diciembre de 1923 sobre legitimación de roturaciones.
Real Decreto de 3 de junio de 1924 sobre ocupaciones en montes público por instalaciones de fábricas metalúrgicas.
Real Decreto de 17 de octubre de 1925 concerniente a la creación de viveros y sequeros forestales.
Real Decreto de 9 de marzo de 1926 sobre préstamos hipotecarios con garantía del usufructo de los montes.
Decreto de I de agosto de 1931 sobre exclusiones de montes del Catálogo, denuncias y deslindes de montes públicos.
Decreto de 17 de marzo de 1933 dando normas sobre previsión y extinciones de plagas forestales.
Decreto de 14 de mayo de 1936 concerniente a rescisión y prórroga de plazos de aprovechamiento en montes públicos.
Decreto de 30 de mayo de 1936 que amplia el Decreto de 13 de mayo de 1932 que creó la Comisión Mixta del Corcho.
Real Orden de I de julio de 1905 dando reglas para aplicación de los preceptos reglamentarios en materia de deslindes.
Real Orden de 11 de junio de 1908, que regula el régimen de la inspección de deslindes.
Real Orden de 10 de junio de 1916 sobre concesión de autorizaciones provisionales para ocupaciones en montes públicos.
Real Orden de 6 de abril de 1921, que señala plazo de entrega de expedientes de deslindes de montes.
Real Orden de 8 de noviembre de 1922, que da instrucciones para aplicación del Real Decreto de 21 de septiembre de 1922 sobre repoblación forestal.
Real Orden de I de diciembre de 1922 sobre prescripción de faltas en infracciones forestales.
Real Orden de 18 de junio de 1924, que da instrucciones para repoblar.
Real Orden de 21 de febrero de 1925 sobre plagas forestales.
Real Orden de 4 de marzo de 1925, que da instrucciones para aplicación del Real Decreto de 3 de diciembre de 1924 de cortas en montes particulares.
Real Orden de 29 de enero de 1927, que da reglas para la formación de planes de aprovechamientos forestales.
Real Orden de 11 de enero de 1928 sobre examen y calificación por los Abogados del Estado en documentos aportados en los expedientes de deslinde de montes públicos.
Real Orden de 19 de noviembre de 1928 sobre amojonamientos de montes.
Real Orden de 18 de enero de 1930 referente a tramitación de expedientes de deslindes en montes públicos.
Real Orden de 20 de febrero de 1930 sobre prescripción de lo montes catalogados por particulares frente a la Administración.
Orden ministerial de 14 de noviembre de 1931 sobre aprobación de planes anuales de aprovechamientos de montes públicos.
Orden ministerial de I de agosto de 1932 referente a recurso de alzada contra providencias de los Ingenieros Jefes de Servicios Forestales.
Orden ministerial de 31 de octubre de 1940 dando normas de adjudicación a subastas de productos forestales.
Orden ministerial de 22 de febrero de 1943, que prohibe el arranque de la planta denominada berceo.
Orden ministerial de 11 de febrero de 1944 que fija el precio del kilogramo de carne para regulación de multas por pastoreo en los montes.
Orden ministerial de 21 de noviembre de 1944 sobre ocupaciones por S.N.I.A.C.E de terrenos para repoblación en montes públicos de la provincia de Santander.
Ordenes ministeriales de 14 de febrero de 1953 para aplicación de la Ley de auxilios a la repoblación con esparto en montes de particulares y con chopos en determinadas regiones y provincias.
Orden ministerial de 21 de septiembre de 1953, que dicta normas sobre cortas en montes de propiedad particular.
Orden ministerial de 8 de octubre de 1954 para aplicación de la Ley de auxilios a las mejoras de pastizales de propiedad particular.
Orden ministerial de 16 de mayo de 1957 sobre aplicación de la Ley de auxilios a la repoblación de dunas y arenales.
Se faculta al Ministerio de Agricultura para que pueda aprobar las Ordenes que juzgue pertinentes para el mejor cumplimiento de este Reglamento.
Vigente hasta el 28 de marzo de 2010, fecha de entrada en vigor del Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, de modificaci�n de diversos reglamentos del �rea de medio ambiente para su adaptaci�n a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificaci�n de diversas Leyes para su adaptaci�n a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio. (BOE. núm. 75, de 27 de marzo de 2010).
Artículos 418, y 474;
Véase la actual Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
Artículos 275, y 462;
Véase la vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Artículo 216;
Véase el Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.
Artículo 387;
Véase la Ley 83/1980, de 31 de diciembre, de Arrendamientos Rústicos.
Artículo 352;
Véase la Ley 13/1995, de 18 de Mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas.
Artículo 30;
Véase el actual Real Decreto legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.
Artículos 11, 19, 55, 212, 216, y 490;
Véase la actual Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Artículos del 388 al 403:
Derogados por Ley 81/1968, de 5 de diciembre, sobre incendios forestales según se indica en la disposición final cuarta del Decreto 3769/1972, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 81/1968, de 5 de diciembre, sobre incendios forestales.
Artículo 456;
Derogado por la Constitución.
Artículo 37;
Derogado por Decreto 1678/1972, de 15 de junio.