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Timestamp: 2016-10-25 09:46:55
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Matched Legal Cases: ['artículo 76', 'artículo 76', 'artículo 76', 'artículo 85', 'artículo 228', 'artículo 37', 'Artículo 37', 'artículo 38', 'Artículo 38', 'artículo 11', 'artículo 12', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 15', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 18', 'artículo 19', 'artículo 15', 'artículo 18', 'artículo 19', 'artículo 1', 'artículo 19', 'artículo 18', 'artículo 37', 'artículo 37', 'Artículo 67', 'Artículo 12', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 39', 'Artículo 23', 'artículo 48', 'artículo 31']

LEY 2/2002, de 27 de marzo, de Establecimiento de Normas Tributarias y de Medidas en Materia de Organización Administrativa y de Gestión, relativas al personal de la Comunidad Autónoma de Canarias y de carácter sancionador
LEY 2/2002, de 27 de marzo, de Establecimiento de Normas Tributarias y de Medidas en Materia de Organización Administrativa y de Gestión, relativas al personal de la Comunidad Autónoma de Canarias y de carácter sancionador	LEY 2/2002, de 27 de marzo, de Establecimiento de Normas Tributarias y de Medidas en Materia de Organización Administrativa y de Gestión, relativas al personal de la Comunidad Autónoma de Canarias y de carácter sancionador Mis Leyes
LEY 2/2002, de 27 de marzo, de Establecimiento de Normas Tributarias y de Medidas en Materia de Organización Administrativa y de Gestión, relativas al personal de la Comunidad Autónoma de Canarias y de carácter sancionador Estado	:
2/2002	Boletín Oficial	:
27/03/2002	Fecha Publicación	:
CAPÍTULO I. ESTABLECIMIENTO DE NORMAS TRIBUTARIAS.
CAPÍTULO II. MEDIDAS EN MATERIA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA.
CAPÍTULO III. MEDIDAS EN MATERIA DE GESTIÓN.
CAPÍTULO IV. MEDIDAS EN MATERIA DE REGÍMENES SANCIONADORES.
SECCIÓN I. DEL RÉGIMEN SANCIONADOR EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS.
SECCIÓN II. DEL RÉGIMEN SANCIONADOR EN MATERIA DE PESCA MARÍTIMA EN AGUAS INTERIORES, MARISQUEO Y ACUICULTURA.
CAPÍTULO V. MEDIDAS RELATIVAS AL PERSONAL.
ESTABLECIMIENTO DE NORMAS TRIBUTARIAS.
Se añade un capítulo IX al título III, con el siguiente contenido:
TASA POR LA EXPEDICIÓN DEL DIPLOMA DE MEDIADOR DE SEGUROS TITULADO.
4. La cuantía de la tasa será de 30,05 euros.
Se añade un apartado cinco al artículo 76 bis, del siguiente tenor:
4. La cuantía de la tasa por autorización de apertura será de 60,10 euros.
Se modifica el punto 4 del apartado dos del artículo 76 ter, que queda redactado en los siguientes términos:
Dos. Tasa por expedición de carné de las profesiones marítimo-pesqueras.
Titulaciones profesionales de Formación Profesional:
Titulaciones menores:
Certificados de profesionalidad y de especialización marítima:
Especialidades subacuáticas profesionales:
Cuantía: 30,05 euros.
Se añade un apartado tres al artículo 76 ter, con el siguiente contenido:
Se suprime el punto 6 del artículo 85.
Se modifica el apartado 4 de la disposición adicional quinta, quedando con la siguiente redacción:
Tarifas: La tasa se fija en la cantidad de 0,0070 euros por litro de gasolina.
MEDIDAS EN MATERIA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA.
El último inciso de la letra b del apartado 3 del artículo 228 pasa a tener la siguiente redacción:
Cuando la Administración actuante sea una corporación local, un técnico facultativo al servicio de ésta.
Se da nueva redacción al apartado 2 de la disposición transitoria novena, que queda como sigue:
2. La Comisión de Valoraciones de Canarias conocerá de la fijación definitiva del justiprecio en vía administrativa en aquellos expedientes expropiatorios que a la fecha de su constitución no hayan sido remitidos al Jurado Provincial de Expropiación.
El apartado b del artículo 37 queda redactado del siguiente modo:
Artículo 37. Elementos del sistema estadístico.
Las Unidades estadísticas de los Departamentos de la Administración pública de la Comunidad Autónoma y sus organismos autónomos, y cuando el Gobierno así lo acuerde, a propuesta del titular de la Consejería a que estuvieran adscritas, de las entidades o empresas dependientes.
El artículo 38 se modifica en los siguientes términos:
Artículo 38. Unidades estadísticas.
2. La determinación de estas Unidades estadísticas o la creación, en su caso, de las mismas se establecerá reglamentariamente.
MEDIDAS EN MATERIA DE GESTIÓN.
El párrafo primero del artículo 11, que pasa a tener la siguiente redacción:
Los indicadores de saneamiento económico-financiero, medidos sobre la liquidación del presupuesto de la propia entidad municipal correspondiente al ejercicio inmediato anterior al que se refiere la distribución del fondo, son los siguientes:
El párrafo primero del artículo 12, que pasa a tener la siguiente redacción:
El párrafo primero y el apartado 1 del artículo 14, que pasa a tener la siguiente redacción:
1. Se considerará el esfuerzo fiscal del Ayuntamiento superior al 80 % de la media del de los ayuntamientos adheridos al fondo que hubiesen remitido en plazo la documentación necesaria para la determinación de este condicionante.
Efm = [Rm(1) / Dpm(1)] / [R(1) / Dp(1)]
Se modifica el segundo párrafo de la letra a del punto 2 del artículo 14, que pasa a tener la siguiente redacción:
En el caso de que se hubiera producido una revisión catastral en el municipio, para calcular los derechos potencialmente liquidables en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles se utilizará la base liquidable del Impuesto que resulte de aplicar las reducciones que establece la Ley sobre la base imponible.
Se modifica el artículo 15.5, que pasa a tener la siguiente redacción:
5. Adoptado el acuerdo por el Gobierno, se procederá a la tramitación de los expedientes de gastos y propuestas de pago correspondientes a la parte del fondo prevista en la letra a del apartado 1 del artículo 1, conforme consten las auditorías de gestión correspondientes, anticipándose a las mismas el libramiento del 70 % del importe del fondo previsto en la letra b del apartado 1 del artículo 1 correspondiente a cada Ayuntamiento en el primer cuatrimestre del ejercicio; librándose el 30 % restante, deducidas las penalizaciones que correspondan, con anterioridad a la finalización del ejercicio, dando cuenta al Parlamento.
Se añade un apartado letra c al artículo 18, del siguiente tenor:
La no remisión en plazo de la documentación necesaria para la determinación del esfuerzo fiscal.
El contenido actual del artículo 19.3 pasa a ser el 19.4, con la siguiente redacción:
3. En caso de que la auditoría de gestión prevista en el artículo 15 detecte un incumplimiento de los previstos en el artículo 18, se dará audiencia a la corporación afectada. Por el Consejero competente en materia de régimen local se dictará resolución conteniendo el incumplimiento detectado y la consecuencia del mismo, informando al Parlamento.
Se da nueva redacción al artículo 19.3:
3. En caso de no remitirse en plazo la documentación necesaria para la determinación del esfuerzo fiscal, el fondo previsto en la letra b del apartado 1 del artículo 1 de esta Ley se reducirá en un 20 %.
La aplicación de la presente reducción por incumplimiento de plazo no se aplicará conjuntamente con la prevista en el apartado anterior por incumplimiento del indicador de esfuerzo fiscal, de tal modo que presentada la documentación fuera de plazo y detectándose incumplimiento del citado indicador sólo se aplicará reducción por incumplimiento de plazo.
Se añade un párrafo a la disposición adicional primera, con el siguiente contenido:
Se exceptúan de la incorporación prevista en el párrafo anterior los créditos no utilizados por motivo de las reducciones de dicha parte del fondo previstas en el artículo 19, como consecuencia de la existencia de los supuestos de incumplimiento previstos en el artículo 18.
Se añade un apartado f al artículo 37.2, con la siguiente redacción:
Gastos en bienes corrientes y servicios que deriven de los Convenios de colaboración o acuerdos que suscriba la Comunidad Autónoma para la ejecución de sus competencias en materia de responsabilidad penal de los menores, cuando no puedan ser estipulados por plazo de un año o su realización en el indicado plazo resulte antieconómica.
Se añade un apartado 7 al artículo 37, quedando redactado como sigue:
7. El Gobierno, a propuesta del Consejero competente en materia de hacienda y a iniciativa del titular del Departamento, y previo informe del centro directivo competente en materia de planificación y presupuesto, podrá autorizar la realización de gastos plurianuales en transferencias corrientes y de capital que den cobertura a convocatorias públicas de subvenciones destinadas a la promoción empresarial y al fomento de empleo, cuando no se inicie el gasto en el ejercicio en que se convoquen o no exista crédito en el mismo. En este último supuesto, el acuerdo del Consejo de Gobierno especificará la aplicación presupuestaria a la que se imputará el gasto en ejercicios futuros y el importe de cada anualidad.
Las obligaciones reconocidas hasta el 15 de enero siguiente, siempre que correspondan a adquisiciones, obras, servicios, prestaciones o gastos en general realizados antes de la expiración del ejercicio presupuestario y con cargo a los respectivos créditos.
Artículo 67 bis.
5. Se faculta al Consejero competente en materia de hacienda para dictar las disposiciones que establezcan el procedimiento que ha de regir las autorizaciones señaladas en el presente artículo.
El importe de los ingresos derivados de la actividad propia del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia, relativa a la gestión de los bancos de sangre, podrá destinarse a la financiación de los gastos derivados de la compra de bienes y servicios corrientes y de inversiones reales necesarias para la captación, extracción, procesamiento, distribución y promoción de la donación de la sangre dentro del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias.
En los presupuestos de la Comunidad Autónoma se garantizará el adecuado funcionamiento de los bancos que se creen en razón a la demanda y necesidades de los mismos.
1. Corresponde al Gobierno, previo dictamen del Consejo Consultivo de Canarias y a propuesta de la Consejería competente en materia de contratación, la aprobación de los pliegos de cláusulas administrativas generales.
Con exclusión de las subvenciones autorizadas a sociedades, cooperativas, colectivos, agrupaciones y asociaciones de agricultores o ganaderos y las autorizadas en materia de pesca, los beneficiarios de las subvenciones no podrán emplear los fondos recibidos por este concepto en la adquisición de bienes o servicios entregados o prestados por personas o entidades vinculadas con el perceptor, sus administradores o apoderados. Asimismo, y con las exclusiones anteriormente señaladas, cuando el importe de la subvención concedida sea inferior al coste global de la actividad o adopción de la conducta que fundamentó su concesión, siendo la realización completa de la misma el requisito para la obtención de aquélla, la diferencia no podrá corresponder a adquisiciones de bienes o servicios entregados o prestados por personas o entidades vinculadas.
En el caso de que una de las partes intervinientes sea un sujeto pasivo del Impuesto sobre Sociedades, cuando así se deduzca de las normas reguladoras del mismo.
En el caso de que ambas partes sean personas físicas, cuando exista relación de consanguinidad hasta el segundo grado inclusive o relación de afinidad hasta el tercer grado inclusive, y entre cónyuges.
El empleo de los fondos recibidos en el sentido establecido en los párrafos 2 y 3 del número 11 de este artículo.
1. La enajenación onerosa de bienes muebles competerá al Consejero del Departamento al que estuvieren adscritos, a menos que por Decreto del Gobierno se centralice la de los bienes de determinada naturaleza o cuantía en la Consejería competente en materia de patrimonio, o en otra, por razón de la materia. En su caso, el acuerdo de enajenación se adoptará siguiendo el procedimiento previsto para la desafectación de bienes.
4. Se exceptuarán de lo establecido en los párrafos anteriores las enajenaciones que, de acuerdo con las normas reguladoras de su organización, funcionamiento y régimen jurídico, lleven a cabo órganos y entidades públicas que desarrollen actividades empresariales, comerciales e industriales. Dichas enajenaciones se regirán por las normas de Derecho privado, sin necesidad de previo procedimiento administrativo.
1. Todo establecimiento que desarrolle una actividad turística reglamentada deberá cumplir, además de la normativa sobre seguridad de sus instalaciones y protección contra incendios, la específica en materia turística.
Las comprobaciones en esta materia que efectúen los Servicios de inspección turística y órganos que han de velar por la seguridad laboral se realizarán en el marco de lo que establece el capítulo IV, título VI, de esta Ley, la legislación vigente sobre prevención de riesgos laborales, respectivamente, así como la reglamentación que desarrolle este apartado.
2. Corresponderá al gestor de la red de transmisión asegurar el correcto funcionamiento de los sistemas eléctricos insulares, de modo que se garantice la continuidad, seguridad y calidad del suministro de energía eléctrica en las islas, asumiendo las funciones necesarias para garantizar la gestión técnica de los mismos.
Fijar los niveles de potencia rodante necesarios en cada sistema eléctrico insular, atendiendo al criterio general de que, en ningún caso, la pérdida total de potencia del grupo mayor del sistema ocasione el accionamiento del primer escalón de la protección de subfrecuencia y proponer al órgano competente en materia de energía de la Comunidad Autónoma que autorice otros criterios cuando, a su juicio, el criterio general sea inviable en algún sistema eléctrico insular concreto.
Análisis de la contribución a la garantía del sistema y valoración de los servicios complementarios necesarios.
Desarrollar aquellas otras actividades relacionadas con las anteriores que sean convenientes para la prestación del servicio.
2. En los supuestos en los que, con arreglo a lo establecido en las disposiciones aplicables, la función interventora fuera preceptiva y se hubiese omitido, no se podrá reconocer la obligación, ni tramitar el pago, ni intervenir favorablemente estas actuaciones hasta que conozca y resuelva dicha omisión en los términos previstos en el presente apartado.
Si el Interventor general de la Administración de la Comunidad Autónoma o los Interventores delegados, al conocer de un expediente, observaran alguna de las omisiones indicadas en el párrafo anterior, lo manifestarán a la autoridad que hubiera iniciado aquel y emitirán al mismo tiempo su opinión respecto de la propuesta.
3. En lo no previsto en esta Ley para regular los desacuerdos manifestados por la Intervención en los actos, documentos o expedientes examinados será de aplicación subsidiaria lo dispuesto para tales casos por la legislación del Estado.
Artículo 12. Locales de apuestas externas.
2. El Gobierno, por vía reglamentaria, establecerá, asimismo, las medidas oportunas para evitar la elusión fiscal de los tributos sobre el juego de estos locales, mediante la utilización de las nuevas tecnologías de la comunicación, así como la propia promoción de las apuestas.
MEDIDAS EN MATERIA DE REGÍMENES SANCIONADORES.
Incumplir la normativa sobre registro de entidades, servicios, centros y establecimientos de servicios sociales.
Obstruir la labor inspectora de modo que se retrase el cumplimiento de las obligaciones de información, comunicación o comparecencia, salvo que la infracción sea calificada como muy grave.
Mantener los locales, instalaciones, mobiliario o enseres con deficiencias en su estado, en su funcionamiento, en su limpieza e higiene sin que ello suponga riesgo para la integridad física o la salud de los usuarios.
Incumplir los usuarios de los centros y servicios las normas de respeto mutuo, solidaridad y participación cuando tales conductas no supongan alteración en el funcionamiento o convivencia de los servicios, centros o establecimientos.
El incumplimiento de la normativa establecida para la atención asistencial de los usuarios cuando ello supusiera riesgos o perjuicios que no afecten a la integridad física o mental de los usuarios.
Incumplir la normativa que regule la necesidad de cualificación y la dedicación del personal en los centros.
Incumplir la normativa de autorización para los actos de creación, traslado, cambio de titularidad, modificación sustancial y cese del servicio o cierre del centro o establecimiento.
Perseguir ánimo lucrativo en actividades declaradas de apariencia filantrópica e incumplir o alterar de forma no autorizada el régimen de precios de los servicios, así como transgredir la normativa contable específica.
Incumplir lo establecido en materia de ubicación, habitabilidad, instalaciones y módulos de personal exigidos por la normativa vigente reguladora de las áreas de servicios sociales especiales y, en particular, con lo dispuesto en la normativa vigente sobre accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la comunicación.
Incumplir el deber de sigilo y confidencialidad respecto de los datos personales y sanitarios de los beneficiarios de los servicios, entidades, centros o establecimientos.
No observar los usuarios de los centros o servicios las normas señaladas en el correspondiente Reglamento interno, cuando generen una alteración considerable en el funcionamiento y/o convivencia del servicio, centro o establecimiento.
El incumplimiento de la normativa establecida para la atención básica sanitaria, farmacéutica y/o asistencial de los usuarios, así como la normativa relativa a la conservación en buenas condiciones higiénicas y de habitabilidad de los centros o establecimientos, cuando ello comportase riesgos o perjuicios que afecten a la integridad física o mental de los usuarios.
Proporcionar a los usuarios un trato degradante que afecte a su dignidad, así como vulnerar su derecho a la intimidad, cualquier otro derecho o imponer dificultades para su disfrute.
Obstruir la labor inspectora impidiendo el acceso a las dependencias del Servicio, centro o establecimiento, resistencia reiterada, coacción, amenazas, violencia o cualquier otra forma de presión ejercida sobre los Inspectores.
Desatender los requerimientos de la Administración para aplicar las medidas correctoras que se establezcan para el funcionamiento del Servicio, centro o establecimiento.
Incumplir los usuarios de los Servicios, centros o establecimientos las normas de respeto mutuo, solidaridad y participación cuando tales conductas ocasionen graves alteraciones en el funcionamiento o convivencia de los centros, establecimientos o Servicios.
Infracciones leves: Multa de hasta 3.005,06 euros.
Infracciones graves: Multa de 3.005,07 euros a 15.025,30 euros.
Infracciones muy graves: Multa de 15.025,31 euros a 60.101,21 euros.
2. La comisión de infracciones graves y muy graves, además de las multas previstas en las letras b y c del apartado anterior, podrá dar lugar, cuando proceda, a la imposición de las siguientes sanciones accesorias:
Cierre temporal, total o parcial del Servicio, centro o establecimiento, hasta un máximo de un año, para los supuestos de infracciones calificadas como graves.
Cierre temporal, total o parcial del Servicio, centro o establecimiento, hasta un máximo de tres años, para los supuestos de infracciones calificadas como muy graves.
Clausura total o parcial del Servicio, centro o establecimiento como consecuencia, en cualquier caso, de la comisión de infracciones muy graves que hayan dado lugar a dos o más cierres temporales.
Revocación del reconocimiento como entidad colaboradora de Servicios Sociales.
Infracciones leves: Privación de los derechos de usuario en el centro, establecimiento o Servicio donde se produzca la infracción, por un tiempo no superior a tres meses.
Infracciones graves: Privación de los derechos de usuario en el centro, establecimiento o Servicio donde se produzca la infracción, por un tiempo no inferior a tres meses y un día ni superior a un año.
Infracciones muy graves: Privación de los derechos de usuario por tiempo superior a un año o con carácter definitivo en el centro, establecimiento o Servicio donde se produzca la infracción.
Perjuicios físicos, morales y materiales causados a los usuarios de los servicios sociales especializados y los riesgos generados.
Grado de intencionalidad o negligencia del infractor.
Reincidencia y reiteración de las infracciones.
Calidad y necesidad de los servicios prestados e interés social del establecimiento o entidad.
El título VI de la presente Ley tendrá carácter supletorio respecto de aquellos servicios sociales especializados que tengan su propia normativa específica.
SECCIÓN II. DEL RÉGIMEN SANCIONADOR EN MATERIA DE PESCA MARÍTIMA EN AGUAS INTERIORES, MARISQUEO Y ACUICULTURA. Artículo 20. Disposiciones generales. Artículo 21. De las infracciones en materia de pesca en aguas interiores y marisqueo. Artículo 22. Infracciones administrativas en materia de acuicultura. Artículo 23. Las sanciones. CAPÍTULO V.
MEDIDAS RELATIVAS AL PERSONAL.
El apartado l actual del artículo 6.2 pasa a ser el apartado m, con la misma redacción.
El apartado l del artículo 6.2 queda redactado del siguiente modo:
Informar, con carácter preceptivo, todas las normas que regulen aspectos relativos a cuestiones del personal al servicio de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, cualquiera que sea la naturaleza del mismo.
Se modifica el apartado 1 y se añade un apartado 2 bis al artículo 39 de la Ley 1/1991, de 28 de enero, de Estadística de la Comunidad Autónoma de Canarias, quedando con la siguiente redacción:
2 bis. El Gobierno de Canarias, de conformidad con la legislación vigente, a través de la Dirección General de la Función Pública, en el ejercicio de sus competencias, con carácter excepcional y por una sola vez, convocará una prueba selectiva para el mismo número de funcionarios interinos que, a la entrada en vigor de la presente Ley, formen parte del personal estadístico del Instituto Canario de Estadística, del Cuerpo de Administradores Generales, Escala Técnicos Estadísticos, con la finalidad de que los que la superen adquieran la consideración de funcionarios de carrera del mismo Cuerpo y Escala del que, hasta la fecha, venían perteneciendo con carácter interino.
El contenido actual de los apartados 6 del grupo D y del apartado 7 del grupo E de la disposición adicional primera pasan a ser los apartados 7 y 8, respectivamente, de los mismos grupos y con su misma redacción.
Se añade un apartado 6 al grupo C de la disposición adicional primera, en los siguientes términos:
El contenido actual de los apartados 6 y 7 de la disposición adicional segunda pasan a ser los apartados 7 y 8, respectivamente, con su misma redacción.
Se da nueva redacción al apartado 6 de la disposición adicional segunda, en los siguientes términos:
Se añade al apartado 1 de la disposición adicional primera la siguiente escala:
Se añade un apartado 3 a la disposición adicional primera, con la siguiente redacción:
Se añade un apartado 6 a la disposición adicional segunda, con la siguiente redacción:
Se modifica la redacción del apartado 2 de la disposición adicional segunda, que queda redactado como sigue:
Corresponden a la Escala de Arqueólogos las funciones de gestión, estudio y propuestas técnico-científicas y de asesoramiento vinculadas a la custodia y conservación de los elementos arqueológicos que conforman el patrimonio histórico canario.
Se modifica la redacción del apartado 3 de la disposición adicional segunda, que queda redactado como sigue:
Corresponden a la Escala de Archiveros las funciones de gestión, estudio y propuestas técnico-científicas y de asesoramiento vinculadas a la organización interna, programación y la gestión de los archivos en sus vertientes científica, técnica y administrativa.
El contenido de la actual disposición adicional cuarta pasa a ser la adicional sexta, con la siguiente redacción:
Se da nueva redacción a la disposición adicional cuarta, en los siguientes términos:
La Escala indicada en el apartado 3 de la disposición adicional primera estará integrada por funcionarios del grupo C, que están en posesión del título de Bachiller Superior, Formación Profesional de segundo grado o equivalente.
El apartado 4 de la disposición adicional tercera queda redactado como sigue:
Se incorpora un apartado 5 a la disposición adicional tercera, que queda redactado como sigue:
Cuerpo de Letrados.
Cuerpo de Técnicos.
Cuerpo de Gestión.
Cuerpo de Administrativos.
Cuerpo de Auxiliares Administrativos.
Cuerpo de Letrados:
Cuerpo de Técnicos:
Escala de Técnicos de Auditoría:
Escala de Técnicos de Administración General:
Escala de Técnicos de Gestión de Auditoría:
Escala de Técnicos de Gestión General:
Cuerpo de Administrativos:
Cuerpo de Auxiliares Administrativos:
En la Escala de Técnicos de Gestión de Auditoría: El título de Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico, Diplomado Universitario o Formación Profesional de tercer grado o equivalente.
En la Escala de Técnicos de Gestión General: El título de Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico, Diplomado Universitario o Formación Profesional de tercer grado o equivalente.
3.3 El sistema de ingreso será de concurso-oposición.
Artículo 23. Inspectores Médicos de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.
2. A los estrictos efectos del ejercicio de las funciones a que se refiere el apartado anterior, se establece la cesión de los ficheros automatizados con datos con denominación fichero UVMI y tarjeta sanitaria, aprobados por Orden de la Consejería de Sanidad y Consumo de 19 de agosto de 1998, a las Unidades médicas de las Direcciones Territoriales de Educación respecto al personal al servicio de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.
2. El sistema de ingreso será el de concurso-oposición. En la fase de concurso se valorarán los méritos académicos. La fase de oposición constará de una prueba de conocimientos específicos, otra práctica y de un examen de aptitud física.
Se modifica la letra j del número 2 del artículo 48 de la Ley 9/2001, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2002, que queda redactada en los siguientes términos:
A empresas públicas por un importe máximo de 2.000.000 de euros para obras y actuaciones derivadas del Plan Especial de La Gomera.
1. Los planes de ordenación territorial y urbanística y los instrumentos de gestión de los Espacios Naturales Protegidos que estuvieran vigentes a la fecha de entrada en vigor de la Ley 9/1999, de Ordenación del Territorio de Canarias, mantendrán su vigencia, pero deberán adaptarse al contenido de este texto refundido antes del 15 de mayo de 2003. Los planes e instrumentos se ejecutarán, en todo caso, conforme a lo previsto en los primeros números de la disposición transitoria anterior. A los efectos indicados, los Ayuntamientos deberán aprobar provisionalmente los documentos de planeamiento general debidamente adaptados, antes del 31 de diciembre de 2002. El documento aprobado provisionalmente, debidamente diligenciado, será remitido a la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias dentro de los primeros quince días del mes de enero de 2003. La Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias deberá resolver definitivamente dichos instrumentos de planeamiento antes del 15 de mayo de 2003.
6. Transcurrido el plazo señalado en el apartado 1 de esta disposición, en aquellos municipios que no hubieren adaptado el planeamiento urbanístico al contenido de este texto refundido, según se establece en los apartados 1 y 2 de este artículo, no se podrá aprobar ni continuar la tramitación de ningún plan de los denominados de desarrollo en el artículo 31 de este texto refundido, es decir, Planes Parciales de Ordenación, Planes Especiales de Ordenación o Estudios de Detalle. La aprobación de cualquiera de estos planes de desarrollo, sin previa adaptación del planeamiento urbanístico en la forma anteriormente indicada, debidamente aprobada por el órgano competente, será nula de pleno derecho.
3. Los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del cumplimiento de las prescripciones de esta Ley, previo requerimiento a los encargados y sin que éste sea atendido, procederán a la inmediata clausura de un local o al cese de la actividad cuando pueda derivarse riesgo grave para las personas o los bienes o cuando se esté perturbando gravemente la paz ciudadana debido tanto a la inexistencia de licencia de apertura como al incumplimiento de los horarios de apertura y cierre o de emisión de ruidos.
La clausura del local o el cese de la actividad se pondrá en conocimiento de la autoridad competente, tendrá los mismos efectos que un precinto gubernativo y se prolongará durante cuarenta y ocho horas.
El Gobierno de Canarias deberá aprobar provisionalmente las directrices de ordenación general y del turismo antes del 30 de noviembre de 2002.
3 bis. Los profesionales titulados vinculados con alguna de las Administraciones Públicas canarias mediante relación de servicios de carácter administrativo o laboral que presten su servicio para la Administración en régimen de exclusividad, en el ámbito sanitario, no precisarán estar colegiados para el ejercicio de funciones puramente administrativas, ni para la realización de actividades propias de la correspondiente profesión por cuenta de aquélla. En estos casos, la Administración ejercerá la potestad disciplinaria sobre los mismos. En todo caso, estos titulados precisarán la colegiación para el ejercicio privado de su profesión.
Sección II; Artículos 20, 21, 22 y 23:
Derogado por Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pesca de Canarias. Cerrar
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