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Timestamp: 2020-04-08 03:13:43
Document Index: 329938377

Matched Legal Cases: ['artículo 19', 'artículo 96', 'artículo 25', 'artículo 28', 'e contrario', 'artículo 19', 'artículo 21', 'artículo 157', 'artículo 4', 'artículo 328']

DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 315, de 20/06/2005
Año 2005 VIII Legislatura Núm. 315
celebrada el lunes, 20 de junio de 2005
Ratificación de la ponencia designada para informar el proyecto de ley de reformas para el impulso de la productividad. (Número de expediente 121/000027.) ... (Página 2)
Emitir dictamen, a la vista del informe elaborado por la ponencia, sobre el proyecto de ley de reformas para el impulso a la productividad.
(Número de expediente 121/000027.) ... (Página 2)
RATIFICACIÓN DE LA PONENCIA DESIGNADA PARA INFORMAR EL PROYECTO DE LEY DE REFORMAS PARA EL IMPULSO DE LA PRODUCTIVIDAD. (Número de expediente 121/000027.)
(Número de expediente 121/000027.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a comenzar la reunión.
Iniciamos el debate de las enmiendas al proyecto de ley de reformas para el impulso a la productividad. El señor Labordeta, del Grupo Mixto, da por defendidas sus enmiendas mediante escrito que nos ha remitido a la Mesa de la Comisión. A su vez, el Grupo de Coalición Canaria retira las enmiendas 14 y 19, ambas inclusive; en la 13 admite las transaccionales que le han sido ofrecidas, y con la 20 igualmente asume una transaccional.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra don Ángel Pérez.
El señor PÉREZ MARTÍNEZ: Voy a ser muy breve, porque la opinión de nuestro grupo parlamentario sobre esta ley quedó ya clara en debates anteriores.
Nosotros somos muy escépticos en que este tipo de leyes vaya a resolver el problema real de la productividad en nuestro país, pero no obstante creemos que algunas de las medidas que se plantean en este proyecto son necesarias, si bien es cierto que se refieren a cuestiones que poco tienen que ver unas con otras; incluso en algunos casos tienen evidentes contradicciones con otros proyectos de ley.
Refiriéndome ya a las enmiendas de mi grupo en concreto, habría tres bloques. El primero de ellos incluiría desde la enmienda 21 hasta la 28, que están en relación con todo lo que tiene que ver con la empresa pública para la gestión de residuos. Empezarían por tratar de aportar a la ley una definición sobre la biomasa, con el objetivo de diferenciar biomasa de lo que son residuos sólidos urbanos o residuos peligrosos.
Pretendemos también eliminar la posibilidad de que la gestión del fondo de financiación del Plan General de Residuos pueda encomendarse a terceras entidades, a terceros agentes o privatizaciones, y que ese fondo sirva para promover inversiones en cuanto a eficiencia y ahorro de medidas. Las restantes enmiendas de este bloque, en relación con la empresa pública Enresa, intentan garantizar algunos aspectos de carácter democrático con relación a la información que tiene que tener el Parlamento de la marcha de esa empresa, de los planes de innovación, etcétera. Por último, la enmienda 27 pretende impedir los procesos de expropiación forzosa para nuevas instalaciones nucleares, instalaciones que por otra parte no deseamos que se produzcan, tal y como dejamos reflejado en nuestra enmienda 28.
En el segundo bloque hablaríamos de las cuestiones relativas al tabaco y, aunque son cinco enmiendas, es preciso y bueno reconocer, para la claridad del trabajo de esta Comisión, que hacen referencia sobre todo a dos aspectos: uno, mantener las concesiones por un tiempo de 50 años, considerando que a los concesionarios se les exige una atención exclusiva a la concesión; y dos, tener en cuenta que reducir el tiempo de 50 a 25 años podría dejar a los concesionarios, a los 25 años, con una vida laboral interrumpida y con pocas salidas en una edad ya avanzada, según está nuestro propio mercado laboral. Esa sería una de las cuestiones. La otra sería mantener el número de tres para que los concesionarios puedan proveerse de tabaco en las expendedurías más cercanas; intenta el proyecto de ley elevarlas a seis. Nosotros creemos que eso poco tiene que ver con la productividad y pretendemos mantener el número de tres expendedurías.
Por último, en relación con los servicios funerarios, la enmienda es muy sencilla, se trataría de garantizar que haya unas normas comunes que obliguen a las empresas concesionarios en los ayuntamientos a mínimos de calidad y seguridad en los servicios que prestan. Nos parece un tanto extraño que en un proyecto de ley se pueda decir que un ayuntamiento puede hacer una concesión a una empresa privada, en un sector totalmente ya liberalizado, y que esa concesión sirva en el ámbito de todo el Estado. Esa no sería la mejor fórmula y preferiríamos cualquier otra, como podría ser, por ejemplo, que los aspirantes a esas concesiones concursaran en concursos públicos; nos parecería bastante más razonable y que generaría menos problemas que los que puede generar el planteamiento que se hace en el proyecto de ley.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias por su concisión y brevedad. Vamos a fijar como hora de votación las seis y media; hacia las seis y media, no antes, se producirán las votaciones, dependiendo, como siempre, de la agilidad de SS.SS. en sus intervenciones.
Tiene la palabra, para defender sus enmiendas, el señor Azpiazu, por el Grupo Parlamentario Vasco.
El señor AZPIAZU URIARTE: Antes de defender el contenido de las enmiendas presentadas por nuestro grupo quisiera hacer una pequeña reflexión en torno al proyecto de ley que estamos debatiendo, reflexión que me parece que puede ser relevante. Cuando hace pocos días celebramos el debate de totalidad de las enmiendas presentas por CiU y el Grupo Popular tuvimos la oportunidad de exponer nuestra posición crítica al proyecto. Decíamos entonces que no estábamos en contra de muchas de las medidas que pretenden conseguir un
aumento de la productividad, pero sí de las leyes ómnibus, como esta, que sustituyen a las antiguas leyes de acompañamiento y que trastocan multitud de leyes. Lo único que se hace es darles una cobertura teórica diciendo que son medidas encaminadas al aumento de la productividad, cuando no es así. Esta incongruencia es aún mayor después de las enmiendas que ha incorporado al informe de la ponencia el Grupo Socialista, que incluyen medidas como generación de créditos para la financiación de actuaciones de apoyo a la actividad industrial y desarrollo tecnológico de Galicia. Señores del Grupo Socialista, han pasado ya las elecciones gallegas. Yo no sé si esto tiene sentido; una generación de créditos siempre se hace al amparo de la Ley de Régimen Presupuestario, pero en un proyecto de ley de las características de este es casi de risa. Hay otras medidas, como garantías exigidas para otorgar un crédito FAD, medidas para la adopción internacional, régimen de concesión de becas de estudio. Parece que cada uno puede abrir su imaginación y meter lo que quiera. Me parece muy poco serio, tan poco serio que me va a resultar difícil creer al PSOE cuando me diga: usted no presente esta enmienda aquí, irá mucho mejor en otro proyecto que vamos a sacar más adelante. A todos nos va a encajar todo o a nadie nos va a encajar nada. Esta es una forma de actuar un tanto curiosa. Lo hacía el PP en la legislatura pasada, señores socialistas, pero tenía 183 escaños; ustedes lo hacen incluso con 168. Me parece un poco duro y no creo que se deba proceder así. Espero que, después de este proyecto de ley, el resto sea mucho más ajustado a los objetivos que los proyectos pretenden cumplir. Este proyecto ya de por sí incluía un montón de cosas bastantes heterogéneas, medidas en el campo energético, distribución de tabacos, servicios funerarios, fe pública, notarios y registradores, que supongo que a más de uno nos habrá dado bastante trabajo en este proyecto, etcétera. Si quieren, les puedo admitir que algunas medidas iban a favor de la liberalización y pueden justificarse que mejoran la productividad -entre comillas- o el funcionamiento del sistema económico, pero sinceramente otras muchas medidas dejan mucho que desear.
Nuestro grupo ha presentado cinco enmiendas, tres referidas al primer apartado, al sector eléctrico y energía nuclear, que básicamente pretenden que se respete el reparto competencial existente entre la Administración central del Estado y las comunidades autónomas. Nosotros creemos que se deben respetar escrupulosamente los estatutos de autonomía, y parece mentira que lo digamos nosotros y que tengamos que convencer de esto a unos constitucionalistas convencidos. Es preciso introducir una serie de modificaciones, porque las comunidades autónomas tienen competencias en materia de ordenación territorial y medio ambiente y las medidas que se adoptan, según lo que propone el Grupo Socialista, pueden afectar directamente a estas materias. Tener en cuenta lo que las comunidades autónomas tienen que decir en esta materia es justo y es cumplir estrictamente el reparto competencial y cumplir con la legalidad que aparece en los estatutos de autonomía. La enmienda referida a los servicios funerarios pretende modificar la redacción que quedaría como sigue: la autorización tendrá carácter reglado, debiéndose precisar normativamente por el Ministerio de Sanidad y Consumo. Nos parece que mejora el texto, que es razonable y que así debe ser. La enmienda referida a la fe pública hace hincapié en una cuestión importante. En el primer párrafo, referido al artículo vigésimo, se dice: En estos casos, la vigencia del asiento de presentación se entenderá prorrogada hasta la terminación del plazo de inscripción. Por razones extraordinarias -nosotros proponemos añadir el inciso "debidamente acreditadas"-, la Dirección General de los Registros y del Notariado podrá, a solicitud del registrador competente... Nos parece que este inciso puede ser interesante.
Espero que a lo largo de la tarde, aparte de que cada grupo defienda sus enmiendas, tengamos la oportunidad de llegar a acuerdos y a transacciones antes de la votación final.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Esquerra Republicana de Catalunya, tiene la palabra su portavoz.
El señor PUIG CORDÓN: Intervengo brevemente para anunciar que retiramos las enmiendas 92 y 99, por haber sido parcialmente incorporadas al informe de la ponencia. Retiramos también las enmiendas 93 y 94 y presentaremos una proposición no de ley para instar al Gobierno a que lo cumpla.
Mantenemos el resto de las enmiendas, que damos por defendidas. Asimismo podríamos llegar a aceptar alguna transacción antes de la votación.
El señor PRESIDENTE: A ver si no se rompe la racha y seguimos con este ritmo. Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Catalán, el señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Lamento comunicarle que esta racha la vamos a romper, porque nuestro grupo va a defender las enmiendas que considera más relevantes a este proyecto de ley que impulsa la productividad.
Nuestro grupo, al igual que el Grupo Vasco y el Grupo Popular, presentó una enmienda a la totalidad al proyecto de ley que presentó el Gobierno sobre el impulso a la productividad. Decíamos que era un proyecto de ley decepcionante, frustrante y ofensivo y que era una especie de cajón de sastre, una especie de ley de acompañamiento a los Presupuestos Generales del Estado. En aquel momento se tenía que haber presentado un proyecto de ley que no fuera este cajón de sastre sino un proyecto de ley con medidas importantes, solventes y que generaran más incremento de la productividad en la economía española. Alentábamos al Gobierno para que pudiera presentar
a la máxima brevedad posible medidas valientes y contundentes que pudieran promocionar la economía española y promover nuevas localizaciones industriales. Aducíamos también en la defensa de nuestra enmienda a la totalidad que esta era una ley vacía de contenido y que en cierta medida despreciaba e ignoraba la situación de ansiedad en la que se encontraban inmersos la mayoría de agentes sociales y económicos del país; citábamos algunas manifestaciones de diferentes interlocutores de agentes sociales y económicos del país que iban en la misma dirección de lo que nosotros pensábamos que era necesario para poder impulsar la productividad en la economía española. Desde esta perspectiva hemos presentado algunas enmiendas que pretenden incorporar aspectos relevantes que mejoran lo previsto en esta ley; también incluyen aspectos nuevos que a nosotros nos parece que podrían ser complementarios.
Aprovecho la oportunidad, señor presidente, para retirar la enmienda 142, referida a un nuevo artículo séptimo bis.
Entrando en la defensa de las enmiendas, voy a comentar rápidamente las enmiendas referidas al sector energético, las números 139 a 162. En la 139 proponemos que, en la creación del Consejo de Seguridad Nuclear, las comunidades autónomas designen consejeros. En la 140, que hace referencia a la modificación de la Ley de Impuestos Especiales, proponemos extender la exención por fabricación de energía eléctrica a sus filiales, matrices o a cualquiera de los miembros de una agrupación titular de la instalación. La enmienda 160 prevé el principio de planificación y distribución de tensión nominal igual o superior a los 20 kilovatios. En la 161 planteamos la modificación del sector eléctrico en el sentido de poder suprimir el fondo para la financiación de las actividades del Plan general de residuos radiactivos. Y en la 162 proponemos la supresión de las modificaciones del Real Decreto-ley 5/2005, en el que se limita la adquisición de energía a los operadores dominantes en el ámbito Mibel. La 141 se subsume en la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista que se aceptó en la ponencia, relativa a la posibilidad de que las cooperativas agrarias cumplan los requisitos necesarios para iniciar las actividades de distribución al por menor de productos petrolíferos. Igual que hemos hecho con la 142, retiramos esta enmienda.
Con relación a las enmiendas sobre actividades orientadas a la venta de tabaco al por menor, hemos presentado unas enmiendas que van en la dirección de mejorar o complementar el proyecto del Gobierno. El señor Armas ya nos ha dicho que seguramente nos ofrecerán algunas transaccionales; las estudiaremos con el máximo cariño para ver si es posible llegar a un acuerdo. En la 143 nosotros proponíamos ampliar el límite de concesión de expendedurías de tabaco a 50 años. Entendemos que la transmisión de la concesión autorizada por el comisionado para las máquinas de tabaco supondrá iniciar el cómputo de dicha concesión. En la 144 pedimos que se mantenga el límite actual de tres expendedurías para el suministro a puntos de venta minorista con recargo. Entendemos que el Grupo Parlamentario Socialista, que dice en el proyecto de ley que fuera limitado a seis expendedurías que estén lo más cerca posible, nos ofrecerá una transaccional. (Pausa.) El señor Armas me dice que no la va a presentar. Me imagino que nos va a ofrecer una relativa al tema de los 50 años. Cuando el Grupo Parlamentario Socialista nos la ofrezca, la analizaremos con el máximo detalle para ver si es posible llegar a un acuerdo.
En cuanto a las empresas funerarias, el Grupo Parlamentario Socialista nos ha ofrecido una transaccional, que también vamos a estudiar detenidamente; hace referencia asimismo a las presentadas por los grupos parlamentarios Vasco, Izquierda Unida, Popular y Esquerra Republicana.
Habla de la liberalización de los servicios funerarios y nosotros planteamos eliminar la extraterritorialización de las autorizaciones para la prestación de servicios funerarios, para que los ayuntamientos puedan regular la prestación del servicio de conformidad con las normas mínimas dictadas por la administración competente, tanto desde la óptica de la Administración autonómica como desde la óptica de la Administración del Estado. Nosotros hemos incluido en este paquete de enmiendas una que nos parece que es importante y que va en la dirección de poder implementar medidas fiscales. Es la enmienda número 149 y pretende mejorar el impuesto sobre sociedades en todos aquellos aspectos que se refieren a investigación, desarrollo e innovación, como sería vincular las concesiones de ayudas públicas dirigidas a las actividades de I+D+i con la aplicación de las deducciones del impuesto sobre sociedades.
La enmienda 148 la retiramos en su momento. Y con respecto a aquellas enmiendas que hacen referencia a la fe pública -la 150, la 151 y la 152-, mi grupo parlamentario ha presentado una serie de enmiendas que van en la misma dirección de una que presentamos con motivo de la ley de acompañamiento de los presupuestos generales del año 2003 y que consiguió la aprobación unánime de todos los grupos parlamentarios que componían la Cámara en aquel momento. Va en la dirección de garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva sin que en ningún momento pueda producirse indefensión, igual que la enmienda 385, presentada por mi grupo parlamentario a la ley de medidas fiscales y que fue aprobada por unanimidad en el Pleno del Congreso en el año 2003. Esta es la defensa que nosotros hacemos de las enmiendas 150, 151 y 152, que podríamos incorporar al capítulo de la fe pública. La enmienda número 153 está orientada a la modificación de la Ley General de Subvenciones, que se suprima del ámbito de aplicación de la ley las subvenciones otorgadas por administraciones supramunicipales a favor de municipios y entes locales.
La enmienda número 154 propone la modificación del mercado de valores a fin y efecto de que se pueda posibilitar que las sicar o sus sociedades gestoras puedan llevar un registro de anotaciones en cuenta o que podamos incorporar a la Ley de Instituciones de Inversión
Colectiva la ampliación de la regulación de compartimentos en sociedades de inversión colectiva.
En relación con la enmienda número 156, el Grupo Parlamentario Socialista, según nos ha comunicado su portavoz, la señora Mendizábal, nos va a ofrecer una enmienda transaccional. Dicha enmienda va en la dirección de mandatar al Gobierno a que presente un plan de ahorro y eficiencia energética. La enmienda 157 es una enmienda clásica de mi grupo parlamentario. Ya hemos presentado algunas iniciativas parlamentarias dentro del ámbito del Ministerio de Trabajo a fin y efecto de que puedan territorializarse los fondos de formación continua, en aplicación de las diferentes sentencias que se han dictado en los últimos años. Las enmiendas 158 y 159 pretenden complementar aquellas cuestiones que hacen referencia a las sociedades de inversión colectiva, como puede ser limitar los costes de exclusión de cotización en Bolsa de acciones de las sociedades de inversión colectiva y al mismo tiempo -enmienda 159- poder prever la existencia de compartimentos de las sociedades de inversión colectiva a efectos de la aplicación de la Ley Concursal.
De manera rápida y contundente hemos procedido a la defensa de nuestras enmiendas, a la espera de poder analizar las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista referidas tanto al aspecto energético como a la fe pública. Analizaremos las enmiendas transaccionales que nos va a ofrecer relativas al ámbito del tabaco, para ver si es posible llegar a un acuerdo.
El señor PRESIDENTE: Pasamos ahora a las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, que defenderá el señor Arias Cañete. Tiene la palabra.
El señor ARIAS CAÑETE: Es muy difícil en un turno breve defender enmiendas que tienen argumentaciones muy distintas y que no tienen un nexo de unión claro, pero voy a intentar hacer un esfuerzo de síntesis.
Mi grupo retira la enmienda 36 y la razón es clara. Nosotros somos muy partidarios de una rápida liberalización del sector eléctrico. Cuando el Real Decreto-ley 6/2000 establecía una fecha límite, el 31 de diciembre de 2006, que podía ser un plazo suficiente en cuanto a la propia liberalización, a nosotros nos pareció que podía generar precios competitivos y conclusiones contractuales adecuadas a la gran industria.
Por algunos contactos que hemos tenido recientemente da la impresión de que no ha sido así y que todavía hay ciertas dificultades en desarrollar todas las actuaciones que requiere la adecuación al nuevo sistema. Por tanto, manteniendo la filosofía de que somos partidarios de mayor competencia y de mayor liberalización y siendo conscientes de los problemas que se pueden causar a una industria básica en nuestro país en estos momentos, retiramos esta enmienda.
El segundo grupo de enmiendas afecta al tabaco y hay una gran coincidencia de varios grupos. El Grupo Parlamentario Socialista nos ha ofrecido incluso una enmienda transaccional, pero se queda corta porque no es lo mismo valorar los méritos de los concesionarios en un concurso que mantener el statu quo. Mi sorpresa se une a la que me produce todo el paquete de medidas para el impulso a la productividad del Gobierno.
Aparte de que no se entiende perfectamente cómo mejora la productividad que se regule el sector del tabaco, que ya funciona con precios regulados completamente, con unos márgenes que están perfectamente definidos (no va a haber más competencia ni se van a poder bajar los precios; se podrá dar un mejor o peor servicio, se podrán hacer mayores y mejores inversiones en los establecimientos, pero realmente los productos son los que son y la fiscalidad es la que es en cuanto que no existen márgenes para la competencia), no entendemos por qué el comisionado se ha empeñado en una regulación que no satisface absolutamente a nadie de los afectados y no sabemos cómo va a beneficiar a los consumidores, aunque quizá pueda beneficiar a grandes grupos económicos. En este tema tenemos varias preocupaciones. Nosotros proponemos enmiendas de supresión de los artículos decimocuarto y decimosexto y hay varios grupos que también comparten nuestra posición, por lo que puede haber un consenso en torno a la supresión de estos dos artículos. Si no se suprimieran estos dos artículos, que no tienen encuadre ni técnico ni jurídico en una norma que pretenda impulsar la productividad, nosotros tendríamos que defender nuestras enmiendas alternativas con texto de sustitución. En la enmienda número 44 establecemos que las concesiones tengan una duración de 50 años. Entendemos que las expendedurías son comercios, tienen que ser rentables, se otorgan exclusivamente a personas físicas y la vida laboral de una persona física se aproxima a los 50 años. Por ello, la limitación de una concesión a 25 años no parece razonable, máxime cuando la Ley 13/1998 exige a los expendedores dedicación exclusiva en la gestión de su negocio. Por tanto, o se suprime el artículo o pedimos que se apruebe esta enmienda. En segundo lugar, existe la limitación de que los titulares de autorización para la venta con recargo se abastezcan necesariamente a los precios de tarifa en la expendeduría del término municipal de entre las tres más próximas al lugar de cuyo servicio se pretenda atender. El proyecto establece seis, pero la ampliación de tres a seis rompe todas las reglas de juego establecidas en la Ley 13/1998 y puede introducir distorsiones en el mercado, haciendo que muchas pequeñas expendedurías dejen de ser rentables por la pérdida de sus ventas a los puntos de venta con recargo, lo que daría lugar a una gran concentración de expendedurías y habría que ver si hay mejor o peor servicio público.
El tema puede ser opinable pero, en principio, el mantenimiento del statu quo nos parece razonable. La enmienda número 46 propone que la limitación del plazo de duración de las concesiones transmitidas sea de 50 años y se aplicará sin perjuicio de lo previsto en dicho precepto en cuanto a las transmisiones de las expendedurías de nueva creación a partir de la entrada en vigor de la presente ley.
De tal manera que hubiera una limitación solamente a las nuevas y no a las originariamente concedidas, porque sería alterar las reglas originarias de la concesión. De la lectura de las enmiendas de varios grupos parlamentarios y del diálogo que hemos mantenido con todas las asociaciones afectadas, parece que hay un consenso básico para buscar una mayoría en esta Comisión que pudiera dar satisfacción a las pretensiones de estas expendedurías afectadas por una regulación que no guarda ninguna relación con ellas.
Las enmiendas números 37 a 43 afectan al sector eléctrico. La enmienda número 37 pide la supresión de la creación de la entidad pública empresarial Enresa, porque entendemos que se está vulnerando la Convención conjunta sobre seguridad en la gestión del combustible gastado y sobre seguridad en la gestión de deshechos radiactivos, ratificada por España, en cuyo artículo 19 exigía la existencia de un sistema de otorgamiento de licencias para las actividades de gestión de combustible gastado y de deshechos radioactivos y solamente se prevé que los Estados asuman directamente la responsabilidad por tales actividades en caso de inexistencia de un titular de la licencia. Por consiguiente, obliga a establecer un régimen de licencias cuya titularidad puede corresponder a sujetos distintos y condiciona la asunción directa por parte del Estado a la inexistencia de titulares de la licencia, por lo que esta norma que se nos somete, la atribución en régimen de monopolio legalmente impuesto, puede vulnerar esa convención y el artículo 96 de la Constitución española, además de varios criterios de libertad de establecimiento fijados en los artículos 43 y 49 del Tratado. Por ello pedimos la supresión de este artículo. Alternativamente, si no se suprimiera, en las enmiendas números 38 y 39 proponemos modificaciones determinadas y puntuales en el Comité de seguimiento y control del fondo. En la enmienda número 40 se propone añadir un nuevo apartado para que se cree una comisión mixta Enresa-Unesa para garantizar la necesidad de participación de las empresas titulares de las centrales nucleares en el seguimiento de la realización de una actividad que va a ser objeto de financiación por parte de las mismas. En la enmienda número 42 pedimos la supresión del artículo décimo del proyecto de ley. La razón es que toda la normativa que regula la enajenación de los activos incluidos en el régimen de moratoria nuclear se ha mostrado hasta ahora suficiente y completa para prever todas las situaciones en la práctica. El proyecto desconoce los derechos de propiedad que el régimen jurídico de la moratoria nuclear otorgaba a los titulares de emplazamiento y contempla un complejo sistema de venta mediante subasta que incide en la esfera jurídica de las empresas, sin reconocer indemnización ni compensación de ninguna especie.
Los propietarios no solamente se ven privados de su derecho a disponer de sus activos, sino que además en esas ventas forzadas se les somete a unas condiciones que vulneran totalmente la ley que estableció este régimen de moratoria nuclear. Lo mismo ocurre con nuestra enmienda número 43, que se refiere a la enajenación de terrenos en materia de moratoria nuclear. Hay una grave afección al derecho de propiedad que establece la posibilidad de la venta forzosa mediante subasta sin prever ningún tipo de indemnización. Sería razonable que estas enmiendas fueran admitidas.
Nos parece bien que se aborde la liberalización de los servicios funerarios, pero presentamos una enmienda, la número 48, en la que queremos garantizar que la liberalización se realice en un marco de homogeneización y de definición de unos requisitos comunes para obtener esa autorización municipal que habilite para prestar los servicios funerarios en todo el territorio nacional. Establecemos que las autorizaciones se otorgarán siempre que las autoridades competentes, el Estado o las comunidades autónomas, sin menoscabo de las competencias de las corporaciones locales, además de definir los servicios que nos ocupan e indicar las actividades que comprenden, establezcan requisitos mínimos comunes y necesarios para obtener la autorización municipal. Por supuesto, la autorización de cada ayuntamiento habilitará para prestar el servicio funerario en todo el territorio siempre que no afecte a prácticas sanitarias y/o acondicionamiento de cadáveres, en cuyo supuesto como es obvio habrá que cumplir la normativa sanitaria de aplicación.
Mucho más complejas, desde un punto de vista técnico, son las enmiendas números 49 a 90, que afectan a todo el sistema registral, inmobiliario y mercantil. Prácticamente es imposible hacer una defensa conjunta de enmiendas que son muy heterogéneas y tienen un carácter técnico muy claro. Enmendamos la denominación del propio capítulo porque se habla de la fe pública pero el contenido se refiere exclusivamente a los registros de la propiedad mercantil o a sus vías de acceso, por lo que lo adecuamos mucho más llamándole sistema registral inmobiliario y mercantil, porque toda la legislación que se nos propone en este proyecto de ley, que desde luego afecta muy remotamente a la productividad, está concentrada en los registros inmobiliarios y mercantiles y no en la otra pata de la fe pública, en la actuación de carácter notarial.
Hay un grupo de enmiendas, que van de la 51 a la 58, que afectan a la calificación del registrador. Se plantea un problema al sustituir la palabra calificación. Se sustituyen las palabras calificar e inscribir por inscribir, que nos parece innecesario y deja abierta la duda de si la calificación sigue existiendo. Parece que todo el proyecto quiere minusvalorar la función calificadora, que es esencial en un registro de derechos, como demuestra todo el derecho comparado, en el cual, sin excepción, se ha reforzado esa función calificadora que garantiza la seguridad del tráfico jurídico. Por tanto, suprimir o debilitar la calificación registral supone dar a los intermediarios posibilidades de acceso erga omnes en beneficio de sus clientes, pero sin una seguridad jurídica como la que tiene nuestro sistema. Nos parece que esta debilitación de la calificación no tiene una causa jurídica, y de ahí
las enmiendas que hemos presentado. Da la impresión de que en los más nimios detalles del proyecto se está menospreciando la función calificadora. Si el registrador no califica y hay documentos a cargo de profesionales que gozan del privilegio del monopolio de acceso al registro en el ámbito de la actuación privada, la consecuencia es muy clara: la función calificadora se traslada desde el registrador a otros profesionales; es decir, desde el funcionario que tiene competencia territorial e independencia a otros funcionarios que son elegidos por la propia parte. Creo que la protección de los intereses de terceros requiere un respeto y el mantenimiento de la función calificadora. Hemos presentado las enmiendas 56 y 57 porque nos parece que nos enfrentamos a disposiciones exacerbadamente reglamentarias propias de una circular o de una instrucción y no del contenido de una ley, que debe tener un carácter general, que no tienen estas normas.
Las enmiendas 62 y siguientes tratan de la regulación de la implantación de servicios telemáticos y con la redacción de nuestras enmiendas queremos corregir un defecto del proyecto de ley. Con la actual redacción parece que se quiere evitar la comunicación directa de notarías con registros, imponiendo obligatoriamente la intervención de los colegios profesionales. Si queremos hablar de más productividad y más rapidez, lo lógico es que haya una comunicación directa. Por otra parte, se contradice un principio general básico en materia de entidades de certificación, que es la libertad de establecimiento y elección. Da la impresión de que se impide a los notarios que puedan acudir a entidades de certificación distintas de su colegio y se convierte a los colegios notariales en una especie de gran gestoría. Por consiguiente, nosotros queremos simplificar y facilitar un acceso directo al registro.
Las enmiendas 73 y 81 son de carácter disciplinario. Nosotros creemos que están mejor reguladas en las propuestas que hacemos, pues se adecuan más a la realidad del tráfico jurídico, ya que son razonables desde el punto de vista inmobiliario registral.
Más complejidad técnica tienen las enmiendas que regulan los recursos contra la calificación que hacen los registradores. Da la impresión en todo el texto del proyecto, agrupando todas estas enmiendas, que el legislador, en materia de tramitación de recursos, actúa en tres direcciones: en primer lugar, suprimiendo la obligación del registrador de trasladar la interposición del recurso que se interpone contra su calificación a todos los terceros de derechos inscritos o anotados en el registro que se puedan ver perjudicados por la resolución que se dicte en tal recurso en su día. En segundo lugar, el establecimiento del carácter vinculante en las resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado, no ya para todos los registros afectados por ella sino para todos los registradores. Finalmente, la eliminación de la explícita referencia a la suspensión de la ejecución de las resoluciones de la dirección general impugnadas judicialmente y la eliminación de su correspondiente sistema de ejecución cautelar. No es fácil saber cuál es el verdadero propósito del proyecto, porque en la primera de las reformas, la supresión de la obligación del registrador de dar traslado del recurso a terceros, si lo que se quiere es simplificar trámites, lo que se está eliminando son trámites esenciales porque se pone en cuestión el propio procedimiento, porque si un procedimiento no tiene las garantías mínimas en defensa de los posibles perjudicados o, como aquí sucede, se suprimen las garantías establecidas, no estamos hablando de agilizar la tramitación, sino eliminando todas las garantías esenciales del procedimiento administrativo común por disposición expresa de una ley, lo cual no tiene ninguna razón de ser. En la segunda y tercera directrices de la reforma, el carácter vinculante de las resoluciones y la supresión de la explícita paralización de su ejecución en caso de impugnación judicial, tampoco resulta sencillo descubrir la verdadera intención del legislador, porque si lo que se quiere es hacer directamente inscribibles las resoluciones de la dirección general impugnadas judicialmente y convertirlas en doctrina obligada para todos los registradores, lo que se pone en cuestión es la independencia del registrador, que tiene que serlo respecto del Estado, a diferencia de la dirección general, como elemento básico del control de legalidad que tiene encomendado. Por tanto, se hurta a los ciudadanos la garantía que supone la responsabilidad civil del registrador, porque una vez que decide la dirección general no hay responsabilidad de nadie, y se menoscaba severamente el principio constitucional de tutela judicial efectiva a la que tienen derecho los perjudicados por la inscripción que la dirección general acuerda practicar. Con la supresión de la obligación del registrador de trasladar la interposición del recurso a terceros perjudicados culmina uno de los más insólitos procesos operados en nuestro sistema jurídico, que es el de la paulatina eliminación de trámites y garantías en el recurso contra la calificación del registrador. Como nosotros pensamos que las garantías son fundamentales en el tráfico jurídico inmobiliario registral, hemos presentado un paquete de enmiendas dirigido a garantizar que esa seguridad jurídica exista en el tráfico. Y ese es el espíritu que inspira nuestras enmiendas.
Con esto, señor presidente, doy por defendidas todas nuestras enmiendas y por retirada la que dije inicialmente, que es la 36.
El señor PRESIDENTE: Pasamos a las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. En primer lugar va a intervenir la señora Mendizábal.
La señora MENDIZÁBAL GOROSTIAGA: El Grupo Parlamentario Socialista ya tiene incorporadas sus enmiendas en el informe de la ponencia, por lo que voy a fijar la posición respecto a las enmiendas que han presentado los otros grupos parlamentarios.
Me voy a ceñir al capítulo I de este proyecto de ley de impulso a la productividad. Respecto a las enmiendas
de Izquierda Verde, las números 21 y 22, que proponen que se haga una definición de la biomasa, entendemos que la definición es un concepto amplio que no debe aparecer en un real decreto-ley, y la justificación que se da para introducir el concepto de biomasa es que no se confunda con los residuos sólidos urbanos y peligrosos. Por tanto, lo que ofrecemos a Izquierda Unida es una transaccional que diga que a los efectos de la presente ley no se entenderá como biomasa los residuos sólidos urbanos y peligrosos, a fin de evitar cualquier confusión.
Respecto a la enmienda número 23, de Izquierda Verde, por la que tratan de que se asuman los costes de la energía nuclear por los explotadores de las instalaciones nucleares y no que vayan al recibo de la luz como hasta ahora, la internacionalización de los llamados costes de residuos nucleares está ya introducida en el artículo 25 del Real Decreto-ley 5/2005 de 11 de marzo. En este mismo proyecto de ley de impulso a la productividad es en el que se establece la tarifa para la financiación de ese fondo que debe gestionar la empresa Enresa. La enmienda número 24 propone modificar el punto 7 de la disposición adicional sexta de la Ley del sector eléctrico para que los recursos de este fondo puedan emplearse también en inversiones para desarrollar políticas de ahorro y eficiencia energética. Al estar internalizados los costes de los residuos tienen una aplicación muy concreta, porque son las empresas explotadoras de las centrales nucleares las que pagan, y no tendría sentido aplicarlo a un programa distinto como el Plan de ahorro y eficiencia energética. La enmienda número 25 propone que se envíen a la Comisión del Congreso de los Diputados los informes sobre la situación financiera de Enresa.
Consideramos que es factible y aceptamos introducirla en el texto. La enmienda número 26, que propone modificar el punto 10 de la adicional sexta de la Ley del sector eléctrico para que se dé cuenta también a las Cortes Generales de las propuestas de revisión del Plan de residuos radiactivos, no tiene mucho sentido porque si en la anterior decimos que los informes se envíen a las Cortes Generales y si se demanda un informe nuevo por parte del ministerio a la empresa Enresa, empresa de residuos radiactivos, lógicamente deben ser enviadas al Congreso de los Diputados.
La enmienda número 27 propone eliminar la posibilidad de aplicar el procedimiento de urgencia en las expropiaciones que se llevan a cabo para el establecimiento de instalaciones de Enresa. Aunque pensamos que el procedimiento de urgencia podría reducir de forma notable los plazos de tramitación, que en algunos casos puede resultar deseable, no tenemos ningún inconveniente en aceptar la enmienda. La enmienda número 28 propone modificar la redacción del artículo 28 de la Ley nuclear para eliminar la referencia a las autorizaciones en las fases de selección, emplazamientos, construcción y puesta en marcha de instalaciones nucleares. Sabemos que lo que se pretende es que no se construya ninguna central nuclear más, sacar la construcción de la normativa, pero la normativa debe contemplar el régimen de autorización que hay que aplicar en todo el proceso, desde el principio hasta el final, independientemente de que no se vuelvan a construir centrales nucleares.
Las enmiendas números 3, 4 y 5 son del Partido Nacionalista Vasco (EAJ-PNV). La enmienda número 3 propone introducir en el apartado 9 de la nueva disposición sexta bis de la Ley del sector eléctrico que el Plan general para la gestión de residuos radiactivos deberá hacerlo el ministerio con un informe, una vez oídas las comunidades autónomas con competencias en materia de ordenación del territorio y medio ambiente.
Aceptamos la enmienda porque creemos que se puede introducir el informe de las comunidades autónomas. La enmienda número 4 no la consideramos procedente. No se refiere a la autorización de instalaciones nucleares y radiactivas -las comunidades autónomas ya deben dar su informe-, sino a instalaciones nucleares muy concretas, que son las de El Cabril y dos instalaciones de primera categoría que existen en España y están en comunidades autónomas muy concretas. Por tanto, la alusión en términos generales en la ley tiene poco sentido, por lo que proponíamos que en el reglamento se revise para citar a las comunidades autónomas que tengan que efectuar esto informes. La enmienda número 5 propone que informen las comunidades autónomas que tengan competencia en materia de ordenación del territorio y medio ambiente. En este caso no existe la competencia en materia de medio ambiente y de ordenación del territorio, porque lo que se propone es el traspaso de titularidad. Es decir, la instalación sigue siendo la misma y no afecta a la ordenación del territorio y medio ambiente. Por tanto, en este punto no tiene sentido esta enmienda.
Respecto a las enmiendas de Esquerrra Republicana, la número 91 a la exposición de motivos está aceptada. Las enmienda números 93 y 94 tratan de modificar un real decreto y, por tanto, no tienen por qué estar en un real decreto ley. Se ha propuesto a Esquerra Republicana, como ya lo ha manifestado antes su representante, que se haga mediante una proposición no de ley instando al Gobierno a la modificación del real decreto. A la enmienda número 95 ofrecemos una enmienda transaccional en la que la legislación de los biocarburantes se haga en el marco del establecimiento de los objetivos del Plan de fomento de energías renovables, que se va a presentar en esta Cámara a finales de este periodo de sesiones o al inicio del próximo. La enmienda número 96 es de adición de un nuevo artículo y propone incluir en las facturaciones de energía eléctrica las fuentes de procedencia de la energía suministrada. Esta enmienda está ya recogida en un nuevo real decreto-ley que vendrá próximamente a esta Cámara y que en estos momentos está para informe en la Comisión Nacional de la Energía. Las enmiendas números 97 y 98 son rechazadas por mi grupo ya que pretenden volver a la redacción inicial de la Ley del sector eléctrico, algo que fue modificado precisamente con el último Real
Decreto-ley 5/2005. Mi grupo rechaza también la enmienda número 100 dado que es muy difícil establecer cuáles pueden ser los efectos que propone.
Respecto a Convergència i Unió, desde nuestro punto de vista la enmienda número 139 no tiene sentido ya que propone una reforma del Consejo de Seguridad Nuclear con la introducción de miembros de las comunidades autónomas. Una modificación puntual tiene muy poco sentido, máxime cuando en el debate sobre el estado de la Nación se aprobó ya una resolución y va a haber una reforma de la normativa que regula el Consejo de Seguridad Nuclear. Consideramos que este tampoco es el lugar de la enmienda 140, porque corresponde a la trasposición de una directiva comunitaria que se va a hacer. La enmienda número 141 está introducida con la 126, del Grupo Socialista, y la 41, del Grupo Popular. La enmienda 156 habla del Plan de ahorro y eficiencia energética. El Gobierno, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la presente ley, presentará ante el Congreso de los Diputados un plan de acción, de ahorro y eficiencia energética para los próximos años con la colaboración de las comunidades autónomas, en el que se contemplarán medidas y acciones dirigidas a incentivar la reducción del consumo energético en los principales sectores consumidores y el desarrollo de actividades en fuentes de energía renovables y cogeneración, que creo que satisface lo que la enmienda de Convergència i Unió proponía. La enmienda 160 también está pendiente de la trasposición de la directiva. Mi grupo no acepta las enmiendas 161 y 162, porque tienen un concepto del fondo de gestión de los residuos radiactivos totalmente contrario al de la modificación de la ley. Además, el nuevo sistema de imputación de costes que se hace ahora al fondo de financiación no tiene efectos retroactivos al aplicarse la financiación de los costes de los residuos a partir del 31 de marzo de 2005.
El Grupo Popular, una vez retirada la enmienda número 36, propone en su enmienda número 37 eliminar el capítulo VI, que supone la creación de la entidad pública empresarial Enresa sobre la base de dos argumentos: que incumple los artículos 19 y 21 de la Convención conjunta sobre seguridad de la gestión de combustible y sobre seguridad de la gestión de desechos radiactivos, y los artículos 43 y 49 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. Esto no es así, porque el artículo 19 de la Convención requiere que exista un otorgamiento de licencias para las actividades de gestión de combustible y para los desechos radiactivos, pero en ningún caso dicho sistema de otorgamiento de licencias es independiente de la condición pública o privada del titular de la licencia. Y el artículo 21 requiere que la parte contratante se asegure de que la responsabilidad de la gestión recae sobre el titular de la licencia. Por otra parte, la legislación nacional establece cuáles son las obligaciones que el titular debe satisfacer desde el punto de vista de la seguridad. Por tanto, todas las obligaciones que establece la normativa nacional son independientes, también en este caso, de la condición pública o privada del titular al que se le otorga la licencia. En cuanto al Tratado constitutivo de la Comunidad, es evidente que la gestión de residuos radiactivos tiene implicaciones importantes para la salud pública y para la seguridad y, por tanto, cada Estado es responsable de lo que tiene que hacer. Se trata de una responsabilidad nacional, por lo que no es adecuado aplicar en este caso criterios de mercado y de concurrencia. Por tanto, consideramos que debe mantenerse la creación de la entidad pública Enresa. Respecto a la enmienda número 38, en relación con el informe favorable que debe hacer el Comité de seguimiento y control del fondo, aceptamos la enmienda del Grupo Popular porque todo lo que vaya en aras de la transparencia y del control nos parece bien. La enmienda número 39 propone que haya un representante de las empresas eléctricas en el Comité de seguimiento y control del fondo. No creemos que sea oportuno, pues dada la propia naturaleza y la finalidad del fondo parece más adecuado que no estén las empresas eléctricas y que su seguimiento lo haga el Comité de control que está establecido y que da pie a que haya más transparencia y más independencia. La enmienda número 40 propone añadir un nuevo apartado sobre la constitución de una comisión mixta entre Enresa y Unesa. No creemos que esto sea oportuno para las funciones de seguimiento y control porque ya existe el Comité de seguimiento y control y, aunque no está regulada, existe ya una comisión Enresa-Unesa que se reúne periódicamente para tratar sobre los asuntos de interés mutuo. No consideramos oportuno aceptar las enmiendas 42 y 43, que se refieren a la enajenación de terrenos en moratoria nuclear, porque los titulares de los proyectos nucleares paralizados ya fueron compensados por las inversiones que realizaron en su momento y por el coste de financiación. Lógicamente, en estos momentos no tiene sentido volver a incidir en ese tema.
Precisamente lo que se pretende con este artículo décimo es que se establezca un método para determinar cuál es el precio de mercado de esos emplazamientos mediante un concurso o subasta que da prioridad al titular de los mismos, pero igualando siempre el precio de mercado.
Con esto terminan las propuestas de mi grupo sobre esta parte que corresponde al capítulo I.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Armas.
El señor ARMAS DÁRIAS: Señorías, me toca defender el proyecto de ley e intentar transaccionar algunas enmiendas relativas al capítulo II. Lo haré de una sola vez respecto a las enmiendas números 6, del Partido Nacionalista Vasco; 29 a 33, de Izquierda Unida; 44 a 47, del Grupo Popular; 101 a 104, de Esquerra Republicana, y 143, 144 y 147, del Grupo Catalán. Todas ellas van en la línea de incrementar la concesión administrativa de los estancos a 50 años y algunas se dirigen a limitar que lo que se ha dado en llamar el segundo canal se pueda suministrar en el
ámbito territorial de los seis estancos más próximos al nivel de venta. En cuanto a la primera parte, ¿qué es lo que imposibilita que se puedan conceder 50 años? El Real Decreto legislativo 2/2000, artículo 157, dice que el contrato de gestión de servicio público no podrá tener carácter perpetuo o indefinido. Además, la letra b) dice que 25 años en los contratos que comprenden la explotación de un servicio público no relacionado con la prestación de servicios sanitarios. Es cierto, como nos decía el señor Arias Cañete en su transacción, que una ley puede cambiar otra ley, pero debe especificarse que se corrige este artículo.
Por tanto, hay una imposibilidad legal para poder realizar esa ampliación a cincuenta años. Por otra parte, el Decreto 1999/1999, que desarrolla la Ley 13/1998, dice: comprometerse a gestionar por sí mismo la expendeduría cuya concesión le haya sido otorgada, sin perjuicio de la ayuda que puedan prestar los auxiliares o dependientes que precise. Eso no significa en exclusividad, que es el argumento que usted me ha dado para referirse a lo que tiene que ser. No es exclusiva, es dedicarse por sí mismo a la expendeduría con ayuda de otros. Por consiguiente, esos argumentos no nos valen. Asimismo dice que no contenta a todo el sector.
Yo le recomendaría que escuchara a todos, porque no hay un solo sector, hay muchas asociaciones y muchos sectores y hay que oírlos a todos. Yo les he oído bastante a todos y no todos decían que la liberalización a seis era la debacle para las expendedurías. Incluso algunos nos tachaban de tibios porque decían que debía ser todo el término municipal. Sobre todo les asombraba mucho la enmienda del Grupo Popular, pues suponía no ser más liberalizadores que nosotros. Alguno de los argumentos expuestos por todos en cuanto a la edad laboral puede ser un problema, porque con 25 años se concede una concesión y puede llegar a los 50 años. La transaccional que ofrecemos dice lo siguiente: Una vez cumplido los 25 años de límite, como debe salir de nuevo a concurso esa concesión, se valorará en el nuevo concurso -leo literalmente- de forma significativa los méritos del anterior concesionario y la calidad del servicio prestado. Eso respecto al propio artículo decimocuarto y también para el artículo decimosexto y para el que modifica la disposición transitoria decimoquinta, es decir para todos aquellos artículos que se refieran al tema de los 25 y 50 años. Es una enmienda transaccional que puede servir para llegar a un acuerdo, que pueden votar favorablemente y, por consiguiente, incluirla en el proyecto de ley.
En este trámite nos hemos dado cuenta de otra cosa. Si ustedes leen al final del artículo cuarto dice exactamente: No podrán solicitar la transmisión ni participar en concurso aquellos titulares de expendedurías que hayan sido sancionados por una infracción muy grave, o dos graves, siempre que sean firmes. Eso puede ser a perpetuidad, claro. Si alguien ha sido sancionado hace 30 años, no le va a durar esa sanción e imposibilitarle 30 años. Aquí hacemos una autocorrección en el sentido de que, si en los últimos cinco años ha sido sancionado de una forma muy grave o grave y en los últimos tres años ha sido sancionado dos veces de forma muy grave, tenga esa limitación, pero que no sea a perpetuidad y que esas faltas que haya podido cometer puedan prescribir. Eso se incluye en el artículo decimocuarto y también en la modificación de la disposición adicional decimoquinta. Con esto damos salida a esa preocupación que tienen los grupos parlamentarios, lamentando sin embargo no hacerlo en cuanto a la limitación de tres estancos en el ámbito territorial. Creo que es liberalizar un poco lo que puedan ser los seis, porque se produce desabastecimiento, a juicio de algunos sectores a los que tiene que suministrar ese estanco, en los productos que ellos quieren vender, especialmente de los cigarros y los puros. Me estoy refiriendo a restaurantes que van a comprar a ese estanco porque otros no poseen esas marcas, aparte de que tienen determinadas exigencias de calidad e incluso del mantenimiento de los puros. Eso es lo que nos han hecho llegar el sector, señor Arias Cañete. Exigen que por lo menos puedan suministrarse en los seis estancos más próximos, para que pueda haber de verdad una libertad y más competencia y sirva para introducir actividad nueva en ese sector, que ha sido siempre muy clásico y tradicional porque tienen garantizada la venta. Eso sí que produce una cierta liberalización. Por tanto lamentamos no poder acceder a esas enmiendas y mantenemos el texto del proyecto de ley.
Servicios funerarios. En este tema también introdujimos en el trámite de ponencia un texto que podía ser aceptable, para poder atender las necesidades del sector y los posibles inconvenientes que podía acarrear que la autorización que consigan en el ayuntamiento les sirva para todo el territorio nacional. Aquí sí coincidimos con algunos otros grupos. No hay unanimidad como anteriormente; hay diferencia de criterios entre los grupos, pero hemos presentado una transaccional que hemos hecho llegar a los grupos y que consiste exactamente en matizar y aclarar que necesariamente cuando sea concedida la autorización en un ayuntamiento podrá operar en todo el territorio nacional, siempre que cumplan (una vez realizados el servicio de transporte y los servicios aparejados a lo que es el feretramiento, la preparación del cadáver, etcétera), las normas sanitarias en vigor en el municipio en que lo hagan. Es asimismo para que los ayuntamientos puedan conceder las autorizaciones; no se trata de que cada ayuntamiento tenga su norma sino de que sea una norma general y común que parta del Ministerio de Sanidad, como pide el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); que sea (sin olvidar las competencias sanitarias que tienen asumidas las comunidades autónomas y los propios ayuntamientos) la norma y la autorización general en todo el país, por consiguiente si es obtenida en un ayuntamiento pueda serlo en todo el territorio nacional, siempre que en cada caso, como dice la corrección de la enmienda, cumpla con la normativa sanitaria en vigor.
En cuanto al resto de enmiendas, que tratan preferentemente de la modernización de instituciones, algunas
ya han sido incorporadas en ponencia, concretamente las enmiendas 8, 9 y 10 del Grupo Parlamentario Mixto, propuestas por la Chunta Aragonesista, y otras también han sido incorporadas en ese trámite por ser similares.
El resto de enmiendas que no han sido incorporadas nos vemos obligados a rechazarlas y a votarlas en contra.
El señor HERNANDO VERA: Señorías, intervendré muy brevemente para manifestar nuestra posición en cuanto al capítulo de fe pública registral. Como algún portavoz ha manifestado que no se conoce o se vislumbra cuál es el objetivo concreto del proyecto, yo pretendo simplemente aclararlo muy brevemente. El objetivo concreto de este proyecto es mejorar el sistema de fe pública registral. Es un sistema bueno, nadie lo duda, incluso mejor que el de otros países de la Unión Europea, pero que no está actualizado a los requisitos de la economía actual. Es un sistema que tiene que ser más ágil, que puede ser más ágil, que puede ser más rápido, que puede ser más accesible y puede ser más asequible, y esto es muy importante. Este es uno de los servicios de la justicia que la gente valora muy positivamente, pero aun valorándolo así se sigue pensando que es muy poco asequible, porque es un servicio caro.
Nosotros creemos que mediante este proyecto de ley el servicio se puede prestar de forma más asequible, y esto es lo que hemos intentado.
Voy a hablar de los grupos de enmiendas según los distintos aspectos del proyecto, porque se da la circunstancia (casualidad, influencia, intertextualidad) de que hay muchos grupos que coinciden en las mismas enmiendas. Concretamente muchas del Grupo Popular tienen coincidencia con las de Esquerra Republicana de Catalunya; es una coincidencia feliz entre una parte del Gobierno tripartito de Cataluña y el Grupo Popular, que seguramente nos va a traer momentos de relajamiento político interesantes.
En cuanto a la agilización de trámites registrales y notariales, mientras que una entidad financiera tarda entre 14 y 17 días en valorar y conceder un préstamo, existen algunas zonas en España en que se tarda hasta 60 días en registrar ese documento una vez que ha sido otorgado por el notario. Nosotros pretendemos precisamente acortar esos plazos, además de controlar la acción y la labor que prestan unos funcionarios públicos que son los registradores. Todo lo que se mide mejora y lo que no se mide empeora. Se pretende medir, controlar por los superiores jerárquicos de los registradores, que es la Dirección General de los Registros y del Notariado, el trabajo que esos están realizando. Creo que esto no tiene que molestar a nadie. Por ese motivo es por el que vamos a rechazar y a votar en contra de las enmiendas 49 a 58 del Grupo Parlamentario Popular.
En todo caso, este proyecto quizás tenga los mismos objetivos y el mismo espíritu que otro que presentaron en su momento, el de la Ley 24/2001. Es cierto que después de aquel proyecto, que perseguía similares objetivos a los que tiene este proyecto, presentaron dos leyes que son una auténtica contrarreforma: la Ley 53/2002 y la Ley 62/2003; por influencia de quien fuese, pero ahí están. En el tema de la agilización de los trámites registrales y notariales el proyecto mejorará sustancialmente desde el punto de vista técnico con la enmienda número 7, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), porque regula el plazo y justifica las razones para esta prórroga del plazo.
Votaremos en contra de las enmiendas 59, del Grupo Parlamentario Popular, y 110, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (también de nuevo casualidad, plagio, influencia, o intertextualidad). Nos encontramos exactamente ante la misma enmienda, con la misma justificación técnica e incluso con los mismos errores en la justificación técnica, porque pretende establecer unas obligaciones a los notarios cuando todos sabemos que su actuación es a requerimiento del interesado, mientras que la del registrador claramente no actúa con esa patente de libertad. Quisiera dejar claro, porque sé que esto subyace en el ambiente, que este no es un proyecto de alguien contra alguien, es decir no es un proyecto de registradores contra notarios o de notarios contra registradores. En cualquier caso, el Gobierno no tiene ningún interés en ninguno de los dos cuerpos, ni en el de registradores ni en el de notarios. Este es un proyecto que pretende mejorar el servicio público y hacerlo más accesible y más asequible. En este apartado hemos ofrecido una transaccional a la enmienda número 13, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, que afecta a los registros que están atendidos por varios registradores y que funcionan en régimen de división personal.
En cuanto a la utilización de medios telemáticos, en el siglo XXI esto tendría que ser una realidad, y aunque quizás existe en la ley la previsión de ello lo cierto es que en la actualidad no hay posibilidad de presentar ni tampoco de consultar telemáticamente estos documentos; no existe esa posibilidad en la actualidad. Con esta ley lo que queremos es que esto sea posible en el menor plazo de tiempo, por ese motivo votaremos en contra de las enmiendas números 60 a 69 del Grupo Parlamentario Popular y de las coincidentes en su justificación, números 111 a 115 de Esquerra Republicana de Catalunya. En el proyecto apostamos por un sistema de consulta telemática que establece unos nodos centrales y que rechaza el sistema monopolístico que actualmente pretenden imponer determinados profesionales; sistema monopolístico en el que han invertido cierta cantidad de dinero, por lo que parece razonable que lo quieran hacer exportable y utilizable por los demás, pero ese coste no tiene por qué ser necesariamente asumido por el ciudadano, por el usuario o por otros profesionales que quieran acceder telemáticamente a los registros.
En cuanto al régimen de recursos y al régimen disciplinario, se pretende normalizar la regulación del recurso frente a la calificación negativa del registrador. Esta materia es en la única que existe, tanto en derecho administrativo
como en el ámbito judicial, la posibilidad de que un inferior jerárquico recurra las resoluciones de un superior jerárquico e incluso que estas se paralicen, paralizando así el ejercicio de derechos. Esto ha creado un auténtico colapso en el ejercicio de algunos derechos y ha llenado el país de recursos; esto es lo que se intenta evitar. Por este motivo, votaremos en contra de las enmiendas (en este caso solo del Grupo Parlamentario Popular, no seguido de Esquerra Republicana de Catalunya) números 73 a 81 y de la 151, de Convergència i Unió, que es coincidente en este tema.
Hemos ofrecido una transaccional a la enmienda número 150 y otra a la 152, ambas de Convergència i Unió. Respecto al resto de las enmiendas que son coincidentes con estas en cuanto a los nuevos medios de identificación de otorgantes, las números 86, del Grupo Parlamentario Popular, y 118 de Esquerra Republicana de Catalunya, también votaremos en contra, porque es una figura sui generis dentro de nuestro derecho registral absolutamente novedosa, no existe nada parecido en la actualidad.
En cuanto a las obligaciones notariales también hay una enmienda coincidente de Esquerra Republicana de Catalunya con otra del Grupo Popular, que son las enmiendas números 59 y 110. También votaremos en contra de ellas porque no parece razonable que la capacidad de un representante de una entidad la tenga que evaluar un funcionario público, como es el notario, y que vaya a tener una segunda evaluación por parte del registrador con el coste adicional que esto conlleva para el interesado. Ha de ser evaluada por uno o por otro, pero no parece razonable que ese doble filtro, esa doble evaluación tenga que pagarla el interesado; lo que se pretende es que sea más asequible. El resto de las enmiendas que concuerdan con lo expuesto anteriormente las votaremos en contra, excepto las números 13 y 20 de Coalición Canaria y la número 7 del Partido Nacionalista Vasco (EAJ-PNV).
El señor PRESIDENTE: El señor Pérez solicita una intervención breve para fijar posición respecto a una transaccional. ¿No es así?
El señor PÉREZ MARTÍNEZ: Sí, señor presidente, intervengo para aclarar la posición de nuestro grupo en torno a las votaciones y evitar así algunas innecesarias.
Una vez escuchadas las propuestas del Grupo Socialista, aceptamos la transacción que se nos propone a las enmiendas 21 y 22 de nuestro grupo; retiramos las números 23, 24 y 26 y mantenemos para la votación las números 25, 27 y 28, por lo que se refiere al primer bloque.
En cuanto a la cuestión del tabaco, aceptamos la transaccional que se nos propone, si entendemos que hace referencia a las enmiendas números 29, 30, 31 y 33 de nuestro grupo, pero mantendríamos la enmienda número 32, puesto que la propuesta de transaccional no resuelve la cuestión de si deben ser 3 ó 6 las expendedurías en las que puede adquirir el tabaco el segundo canal.
Con relación a los servicios funerarios, retiramos las dos enmiendas, aceptando así la transaccional que propone el Grupo Socialista; es decir las enmiendas números 34 y 35 quedan retiradas.
El señor PRESIDENTE: Como el señor Pérez ha iniciado el turno clarificándonos qué votaciones nos va a solicitar de forma diferenciada, seguimos con esa tarea, ya que había que hacerla. Aparte les recuerdo que deberán hacernos llegar los textos de las enmiendas transaccionales antes de la votación.
Continuamos ahora con la clarificación de las distintas votaciones diferenciadas, a cuyo efecto damos la palabra al señor Azpiazu, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
El señor AZPIAZU URIARTE: Quisiera agradecer al Grupo Socialista la aceptación de dos de las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), la enmienda número 3, como ha dicho la señora Mendizábal, y la enmienda número 7. He de decir que desde nuestro grupo aceptamos la transaccional que plantea el Grupo Parlamentario Socialista a la enmienda número 6 de nuestro grupo parlamentario y de momento mantenemos para el Pleno las enmiendas números 4 y 5 aunque, si nos dan más argumentos y nos convencen, podremos tener otra actitud respecto a las mismas.
El señor PRESIDENTE: Por Esquerra Republicana de Catalunya, tiene la palabra el señor Puig.
El señor PUIG CORDÓN: Aceptamos la transacción que ha hecho el Grupo Parlamentario Socialista a las enmiendas números 101 y 103, retirándolas.
Mantenemos la enmienda número 102 en el mismo sentido que antes ha expresado Izquierda Unida, ya que no queda resuelta la citada cuestión.
Al ser parecida a la enmienda número 32, mantenemos la enmienda número 102 de mi grupo parlamentario.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Respecto a las enmiendas que hacen referencia a la ampliación del límite de las expendedurías a 50 años, hemos leído detenidamente la enmienda del Grupo Socialista y, desde este punto de vista, vamos a aceptarla, a ver si es posible con la incorporación de esta redacción tener en cuenta las condiciones particulares de los que tienen la concesión a 25 años. Por tanto, retiramos la enmienda número 146 y la subsumimos en la enmienda transaccional que nos ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista.
Respecto a la enmienda 156 sobre mercados energéticos a la que ha hecho referencia la señora Mendizábal, necesitamos disponer de su redacción para poder aceptarla,
porque en principio estamos de acuerdo con las apreciaciones que nos ha expresado la señora diputada. Las demás enmiendas las dejamos vigentes para el Pleno.
La que hace referencia a los tanatorios municipales y a las funerarias no hemos tenido tiempo suficiente para poder analizarla con detenimiento, ya que estas cuestiones son complejas, así que preferimos analizarla y la dejaríamos viva para el Pleno; en todo caso en el Pleno, suponiendo que esta otra colmara nuestras necesidades, la retiraríamos en el momento oportuno.
El señor ARIAS CAÑETE: Señor presidente, antes de fijar posición ¿podría hacer una breve intervención o están vedadas? Era un tema muy importante, por eso lo decía; con un minuto me basta.
El señor PRESIDENTE: Estamos observando que afortunadamente se ha llegado a muchas transaccionales, pero para poder votarlas todavía es necesario que nos hagan llegar los textos, y para eso a su vez tendremos que suspender la sesión unos minutos. Por tanto, añadir a esto una intervención específica...
El señor ARIAS CAÑETE: Mi grupo ha hecho un esfuerzo notable de síntesis en la defensa de sus enmiendas, siendo el grupo que más enmiendas ha presentado.
El señor PRESIDENTE: Como todos, señor Arias Cañete.
El señor ARIAS CAÑETE: Ha habido alguna afirmación que me gustaría matizar brevemente.
El señor PRESIDENTE: Le pido, por favor, que sea brevísimo y se ciña a la clarificación de las posiciones.
El señor ARIAS CAÑETE: Gracias, presidente.
A mí me ha preocupado mucho cuando el portavoz socialista cuestionaba la capacidad de legitimación de un registrador de impugnar un acuerdo de la dirección general, y lo ponía como una anomalía. Primero, ha funcionado en nuestro país muchos años, pero hay que tener en cuenta que el Registro de la Propiedad no es de documentos sino de derechos. Para que un derecho entre tiene que salir otro, y el registrador cuando recurre a la calificación lo que está protegiendo son los derechos que están amparados por el registro, está protegiendo la seguridad jurídica, y si no recurre no hay tutela judicial para estos señores que no tienen acceso. Por tanto, me da la impresión, y lo he dicho desde el principio, de que este es un proyecto de ley donde se habla de la fe pública pero solo se regula a los registradores limitando su actuación. Comprenderá mis dudas sobre el equilibrio del proyecto, pero en este caso mi preocupación ya no es la polémica entre notarios y registradores, sino la garantía de los derechos que protege el registro que, como usted bien ha dicho, en España funciona razonablemente bien y con enorme seguridad jurídica, y creo que esto es eliminar una garantía.
Volviendo al tema, nosotros aceptaríamos la propuesta transaccional de los servicios funerarios, estamos en condiciones de aceptarlo. No aceptaríamos la transacción de expendeduría de tabaco y timbre del Estado, y le pediríamos a la Presidencia, sin embargo, que sí votáramos, porque nos parece positivo, el párrafo 4 del apartado cuarto del artículo 4 de la Ley 13/1998, que tiene en cuenta este tema de la comisión de sanciones. Nos parece que eso es positivo, pero no compartimos el mantenimiento de la limitación. Quisiéramos votar a favor de ese párrafo, pero no compartimos el otro.
En cuanto a las otras transacciones que ha propuesto el Grupo Socialista a la enmienda 20 de Coalición Canaria, 116 de Esquerra, 152 de CiU, me gustaría una aclaración del grupo parlamentario, porque la transacción se refiere solo a los párrafos 2.º y 4.º del artículo 328, en tanto que esas enmiendas son notablemente más amplias; es decir, la 116 de Esquerra, con el que nuestro grupo a veces tiene coincidencias maravillosas (no siempre vamos a discrepar; cuando nos une la defensa de la seguridad jurídica hay muchos motivos para coincidir), modifica los artículos 66, 324, 325, 327, 328, 329; hay un elenco de modificaciones, sin embargo la transacción es solo sobre el 328. Entiendo que la transacción implicaría que lo demás decaería, en cuyo caso nosotros no estaríamos en condiciones de aceptar esas transaccionales.
El señor PRESIDENTE: Señor Sáchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Nosotros también retiraríamos unas enmiendas que están orientadas a las Sicav, que ya he defendido en mi intervención, que son la 154, 158 y 159. Esa se la dedicamos a Paco Marugán.
El señor PRESIDENTE: Nos acercan las transaccionales. Mientras tanto damos diez minutos de descanso. (Pausa.) En primer lugar, hemos de aprobar la ratificación de la ponencia. (Asentimiento.) Queda ratificada.
Pasamos ahora a votar las enmiendas transaccionales. En primer lugar, enmienda transaccional del Grupo Socialista a las enmiendas números 31 de Izquierda Unida, 101 de Esquerra Republicana de Catalunya y 143 de Convergència i Unió, salvo el último párrafo.
Enmienda transaccional del Grupo Socialista a las enmiendas números 33 de Izquierda Unida, 103 de
Esquerra Republicana, 145 y 146 de Convergència i Unió, salvo el último párrafo.
Votaremos ahora los últimos párrafos de las enmiendas transaccionales que acabamos de votar.
Enmienda transaccional del Grupo Socialista a la enmienda número 6 del Grupo Vasco, a la número 34 de Izquierda Unida, a la número 48 del Grupo Popular, a la 104 de Esquerra Republicana...
El señor PUIG CORDÓN: Esa no la hemos aceptado.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Ya hemos manifestado que no aceptamos esta enmienda.
El señor PRESIDENTE: Entonces la transaccional se limitará a la número 6 del Grupo Vasco, 34 de Izquierda Unida y 48 del Grupo Popular.
Las enmiendas presentadas por el señor Labordeta han sido retiradas.
Pasamos a votar las enmiendas del Grupo de Coalición Canaria. Votamos la número 13 en los términos de la transaccional del Grupo Socialista.
Votamos la enmienda número 20 en los términos de la transaccional del Grupo Socialista.
Pasamos ahora a las enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.
Enmiendas números 21 y 22 en los términos de la transaccional del Grupo Socialista.
Votamos ahora la enmienda número 32.
Enmiendas números 25 y 27.
Pasamos a las enmiendas del Grupo Vasco. En primer lugar, votamos la enmienda número 3.
Enmiendas 4 y 5.
El señor PRESIDENTE: Hay que repetir la votación.
Efectuada nuevamente la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Hay que ir al voto ponderado. (Pausa.)
Apelando al voto ponderado, el resultado ha sido de 178 votos a favor y 169 en contra. En consecuencia, quedan aprobadas.
Pasamos a votar las enmiendas del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. En primer lugar, votamos la enmienda número 91.
Enmiendas 97 y 98.
Enmiendas 106 a 110.
Enmiendas 111 a 115 y 117 a 119, ambas inclusive. Estas enmiendas se van a votar con las enmiendas números 60, 62 a 66, 72, 84, 86 y 90 del Grupo Popular, por ser coincidentes.
Votamos ahora la enmienda número 116.
Pasamos a votar las del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió.) En primer lugar, una enmienda transaccional del Grupo Parlamentario Socialista a la 156.
Votamos las enmiendas 139, 142 y 157.
Votamos ahora el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió.)
Enmiendas del Grupo Parlamentario Popular. En primer lugar, la enmienda número 38.
El resto de las enmiendas, salvo las que ya han sido retiradas como la 36, la transaccionada con la 48 y las ya votadas con las de Esquerra Republicana.
Votamos ahora el informe. En la votación del informe se ha solicitado votar específicamente los artículos 23, 24 y 25. (El señor Sánchez i Llibre pide la palabra.) Un momento, quien había solicitado la votación atendía al teléfono y entonces no ha podido atender esto. (Risas.)
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Señor presidente, disculpe, tiene razón. Estaba atendiendo al teléfono, pero era una cuestión referente con las enmiendas que estamos tratando.
Antes había pedido a la Mesa votación separada de las 47, 48, 70, 71 y 72 del Grupo Parlamentario Popular.
El señor PRESIDENTE: Al final se dijo que no era necesaria.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Sí, son tres. En todo caso, las 70, 71 y 72, que se pueden votar conjuntamente.
El señor PRESIDENTE: La enmienda 72 ya estaba incluida.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Es igual, déjelo estar.
El señor PRESIDENTE: En primer lugar, votamos del informe, como había solicitado el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), los artículos 23, 24 y 25.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados los citados artículos.
Votación del resto del informe.
El señor PRESIDENTE: Ha sido aprobado el informe.
Se levanta la sesión, hasta mañana a las nueve y media.