Source: http://mariacristinacortesi.blogspot.com/2010/04/
Timestamp: 2017-07-22 08:43:54
Document Index: 58915895

Matched Legal Cases: ['artículo 377', 'artículo 12', 'artículo 99', 'artículo 100', 'artículo 35', 'artículo 12', 'artículo 99', 'artículo 84', 'artículo 33']

DERECHO Y SALUD: abril 2010
Condenan a un Laboratorio a Indemnizar el Daño Moral por la Información Errónea en Análisis Clínicos
Fuente: Abogados.com.ar » Noticias » La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil hizo lugar a la apelación presentada contra una sentencia de primera instancia que había rechazado el reclamo presentado contra un laboratorio como consecuencia de la información errónea suministrada en un informe de análisis clínicos.
La sentencia de primera instancia había rechazado el reclamo de la actora, quien solicitaba un resarcimiento por el daño moral que le había ocasionado la información suministrada en un informe que le consignó como positivo un análisis de sangre tendiente a investigar la presencia de anticuerpos específicos contra el virus del HIV, arrojando los análisis posteriores resultados negativos.
El juez de grado rechazó el reclamo solicitado por la actora en base a la supuesta impericia del laboratorio que realizó los análisis y del bioquímico actuante en dicha instancia, tras considerar que con la prueba producida no se logró demostrar que los demandados hubiesen incurrido en conducta negligente que pudiera encuadrarse dentro de las prescripciones de los artículos 512 y 902 del ordenamiento de fondo.
En la causa “O.A.O. y otros c/ L.A.C. y otro s/daños y perjuicios”, la Sala C revocó la resolución de primera instancia haciendo lugar a la demanda de daños y perjuicios presentada contra el laboratorio de análisis clínicos y contra el bioquímico actuante que informaron la presencia de anticuerpos específicos contra el HIV que luego resultaron negativos en posteriores resultados.
Los camaristas consideraron que si bien el perito designado de oficio señaló que ante el resultado positivo obtenido en primer lugar, correspondía repetir el test con la misma muestra para descartar falso positivos, remarcó que no contó con ningún elemento para poder despejar las dudas que la litis planteaba, debido a la imposibilidad de inspeccionar las instalaciones de la empresa demandada y a la falta de elementos de prueba para determinar si el laboratorio actuó con la infraestructura adecuada.
Si bien los magistrados señalaron que de acuerdo al artículo 377 del Código Procesal corresponde a la parte que afirma la existencia de un hecho controvertido la carga de la prueba, derivando de ahí la obligación de la parte actora de probar la impericia en la realización de la tarea encomendada, los jueces determinaron que a raíz de las particularidades del caso eran los demandados quienes se encontraban en mejores condiciones fácticas y técnicas para demostrar que el test fue realizado de modo correcto.
“Claramente nos encontramos frente a una situación de muy difícil comprobación para el damnificado, que se agravó porque los accionados no colaboraron en la producción de la prueba ni aportaron elementos idóneos que hubieran permitido arribar a la verdad objetiva”, remarcaron los magistrados.
En la sentencia del 2 de diciembre de 2009, los camaristas destacaron que “la ausencia de toda colaboración de parte de los demandados privaron al proceso de fundamentales elementos de juicio para determinar la culpa imputada en la demanda, lo que, en definitiva, gravitará en su contra”, agregando a ello que “una conducta pasiva en materia probatoria constituye una violación a elementales principios de buena fe, que no se puede dejar de valorar al momento de fallar”.
Al considerar que se encontraba configurada la negligencia e impericia en la realización del test, los jueces acogieron los agravios de la parte actora revocando la sentencia de grado haciendo lugar al reclamo por daño moral.
PRODUCCION LOCAL DE VACUNAS ANTIGRIPALES
Decisión Administrativa 227/2010
Dase por aprobada la ampliación de la Orden de Compra Nº 37/10 relacionada a la producción local de vacunas antigripales.
El Expediente Nº 2002-3349/10-3 del registro del MINISTERIO DE SALUD, y
Que mediante la Decisión Administrativa Nº 22 de fecha 3 de febrero de 2010, se aprobó la Licitación Pública Nº 28/09 del MINISTERIO DE SALUD, llevada a cabo con el objeto de seleccionar un proyecto integral que prevea la instalación de una planta industrial en la REPUBLICA ARGENTINA para la producción local de vacunas antigripales con y sin adyuvantes, a fin de satisfacer la demanda del MINISTERIO DE SALUD de la NACION para sus campañas de vacunación de los próximos DIEZ (10) años, adjudicándose la misma a NOVARTIS ARGENTINA S.A., LABORATORIO ELEA S.A.C.I.F. Y A. y BIOGENESIS-BAGO S.A. que conforman SINERGIUM BIOTECH CONSORCIO DE COOPERACION.
Que, en consecuencia, el 11 de febrero de 2010 se suscribió entre el MINISTERIO DE SALUD y las adjudicatarias el contrato de suministro conforme el modelo aprobado por la Decisión Administrativa Nº 22/2010.
Que tramitada la citada Licitación Pública bajo la modalidad de orden de compra abierta, se emitió la Orden de Compra Nº 37/10, como Solicitud de Provisión Nº 1/10, para el suministro del primer año.
Que el PROGRAMA NACIONAL DE INMUNIZACIONES del MINISTERIO DE SALUD manifiesta que atento a la decisión de ampliar la población objetivo de la campaña de vacunación del corriente año, resulta necesario adquirir UN MILLON OCHOCIENTAS MIL (1.800.000) dosis adicionales de la vacuna antigripal pandémica monovalente, multidosis, con adyuvante incorporado y las jeringas correspondientes, haciendo uso de la opción de ampliación de la citada orden de compra, de conformidad con lo establecido en el artículo 12, inciso b) del Decreto Nº 1023 de fecha 13 de agosto de 2001 y en el artículo 99, inciso a) del Anexo del Decreto Nº 436 de fecha 30 de mayo de 2000 sus modificatorios y complementarios.
Que el consorcio citado precedentemente ha manifestado su conformidad a la ampliación de la Orden de Compra Nº 37/10, en los términos y precios pactados, por lo que procede ampliarla en la suma de PESOS SESENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA CON OCHENTA CENTAVOS ($ 68.374.540,80).
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 100, incisos 1 y 2 de la Constitución Nacional y el artículo 35 del Anexo del Decreto Nº 1344 de fecha 4 de octubre de 2007.
Art 1 - Apruébase la ampliación de la Orden de Compra Nº 37/10, emitida a favor de SINERGIUM BIOTECH CONSORCIO DE COOPERACION como Solicitud de Provisión Nº 1/10 correspondiente a la Licitación Pública Nº 28/09 del MINISTERIO DE SALUD, en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 12, inciso b) del Decreto Nº 1023/2001 y en el artículo 99, inciso a) del Anexo del Decreto Nº 436/2000, y al siguiente detalle:
Renglón 5, “Vacuna Antigripal Pandémica Monovalente, Monodosis, con Adyuvante incorporado, con jeringa correspondiente, marca FOCETRIA”, por 1.800.000 unidades……………….$ 68.374.540,80.
Art. 2 - La suma de PESOS SESENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA CON OCHENTA CENTAVOS ($ 68.374.540,80) deberá ser afectada con cargo al Ejercicio 2010, Jurisdicción 80, Programa 20, Actividad 3, IPP 252, Fuente de Financiamiento 11.
Art. 3 - Autorízase a la DIRECCION DE COMPRAS, PATRIMONIO, SUMINISTROS Y SERVICIOS del MINISTERIO DE SALUD a suscribir la pertinente orden de compra.
Art. 4 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. - Aníbal D. Fernández. - Juan L. Manzur.
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EL DERECHO DE LA SALUD COMO NUEVA RAMA DEL MUNDO JURÍDICO. UNA RESPUESTA JURÍDICA JUSTA . Por el Dr. ELIAN PREGNO
Estimados amigos, seguidores de nuestro Blog, les presentamos un nuevo artículo del Dr. Elian Pregno, objeto de sus investigaciones en salud relacionadas con la aplicación de la "Teoría Trialista del Mundo Jurídico". El punto de vista del Dr. Pregno resulta muy interesante a la hora de analizar la noción de "salud". Recomendamos ampliamente su lectura, para lo cual deben copiar en su navegador el siguiente link:
http://www.centrodefilosofia.org.ar/revcen/RevCent3210.pdf
Imputación objetiva - Homicidio culposo - Actividad médica - Exclusión
de la imputación por falta de realización del riesgo no permitido.
Causa nro. 38.947 "G., O. M. s/ procesamiento"
Interlocutorio Sala VI (sgs)
Juzgado de Instrucción N°29.-
//n la ciudad de Buenos Aires, a los 17 días del mes de marzo de 2010,
se reúnen los jueces integrantes de esta Sala VI y la Secretaria
autorizante, para tratar los recursos de apelación deducidos por las
defensas de C. J. M. (ver fs. 233/235) y O. M. G. (ver fs. 236/249),
contra el punto I del auto de fs. 218/228 que los procesó en orden al
delito de homicidio culposo (artículo 84 del Código Penal).-
En la audiencia, las partes fundamentaron sus agravios y, tras la
deliberación pertinente, las actuaciones quedan en condiciones de ser
decididas.-
I.-) Hecho:
Se atribuye a C. J. M. y a O. M. G. haber ocasionado el fallecimiento
de J. J. V. el 11 de agosto de 2008, al no practicarle maniobras de
reanimación cardiopulmonar, ante el cuadro clínico que presentaba.-
II.-) Valoración:
Es pertinente desvincular a los imputados pues si bien es cierto que el
error en el diagnóstico y, por ende, la ausencia de maniobras de
reanimación cardiopulmonar constituyen una violación al deber objetivo
de cuidado por apartarse de las reglas del buen arte de curar (ver en
ese sentido, las declaraciones testimoniales de fs. 5, 50/54, 102/104 y
105/107), no se encuentra acreditado en autos que de haber llevado a
cabo una conducta conforme a lo dicho, el resultado luctuoso no se
hubiere producido.-
La pericia practicada por el Cuerpo Médico Forense concluyó que no era
posible determinar si las maniobras de reanimación cardiopulmonar (ver
fs. 115/122 y declaración de fs. 135/137) hubieran evitado el deceso
del paciente, dado que se trataba de un hombre mayor, con antecedentes
de patologías previas (diabetes, hipertensión arterial, etc.) que al
ingresar al nosocomio se hallaba en paro cardíaco, situación médica con
una elevada mortalidad aún cuando se efectúe el tratamiento conforme el
En este sentido, se ha sostenido que no habrá relación de determinación
con el resultado cuando imaginada la acción del autor dentro del marco
normativo, el desenlace se hubiese producido igualmente. Se ha
denominado a esta hipótesis exclusión de la imputación por falta de
realización del riesgo no permitido, pues en el caso se trataría de
sancionar el incumplimiento de deberes inútiles (ver Zaffaroni, Eugenio
Raúl; Alagia, Alejandro y Slokar, Alejandro, Derecho Penal. Parte
General. Ediar S.A. Editora, Comercial, Industrial y Financiera, Buenos
Aires, año 2000, págs. 533, 534), lo que se verifica en el sub examine
a la luz de lo dictaminado en el peritaje médico elaborado.-
III.-) Nulidad:
En atención a lo resuelto en el apartado anterior, el planteo de
nulidad efectuado por la defensa en virtud de su falta de notificación
de la pericia practicada a fs. 115/122, se ha tornado abstracto.-
I.-) Revocar el punto I del auto de fs. 218/228.-
II.-) Disponer el sobreseimiento de O. M. G. y C. J. M., cuyas demás
condiciones personales constan en autos, dejando constancia de que la
formación del presente sumario en nada afecta el buen nombre y honor
que gozaran con anterioridad (art. 336, inciso 3° del C.P.P.N.).-
III.-) Declarar abstracta la nulidad introducida por la defensa.-
Se deja constancia que el Dr. Gustavo A. Bruzzone no interviene en la
presente por encontrarse abocado a las audiencias de la Sala I de esta
Cámara (art. 109 del R.J.N.).-
Devuélvase y practíquense en primera instancia las notificaciones pertinentes. Sirva lo proveído de muy atenta nota de envío.-
El fallo de la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Criminal y Correccional de la Capital Federal en autos "G, O. M.
s/procesamiento" rta 17/3/2010, donde la Sala revoca el procesamiento
por homicidio culposo y dispone el sobreseimiento, de los médicos
imputados, pues si bien es cierto que el error en el diagnóstico, la
ausencia de maniobras de reanimación cardiopulmonar constituyen una
violación al deber objetivo de cuidado por apartarse de las reglas del
buen arte de curar, no se encuentra acreditado en autos que de haber
llevado a cabo una conducta conforme a lo dicho, el resultado luctuoso
no se hubiere producido. En el caso la pericia practicada concluyó que
no era posible determinar si las maniobras de reanimación
cardiopulmonar hubieran evitado el deceso del paciente, dado que se
trataba de un hombre mayor, con antecedentes de patologías previas
(diabetes, hipertensión arterial, etc) quien al ingresar al nosocomio
se hallaba en paro cardíaco, situación médica con una elevada
mortalidad aún cuando se efectúe el tratamiento conforme el protocolo. En este sentido, resalta la Sala que no habrá relación de
determinación con el resultado cuando imaginada la acción del autor
dentro del marco normativo, el desenlace se hubiese producido
igualmente, habiéndose denominado a esta hipótesis exclusión de la
imputación por falta de realización del riesgo no permitido, pues en el
caso se trataría de sancionar el incumplimiento de deberes inútiles. Secretaría de Jurisprudencia y Biblioteca.
ORDENAN A DOS OBRAS SOCIALES A CUBRIR TRATAMIENTO DE FERTILIZACIÓN PARA SALVAR A UN NIÑO
La Justicia federal de Mar del Plata ordenó a dos obras sociales a
cubrir un tratamiento de fertilización asistida a una pareja que desea
obtener un embrión que permita mejorar la salud de uno de sus hijos,
que padece una grave enfermedad.
El fallo, firmado por los jueces Alejandro Tazza, Jorge Ferro y Juan
José Comparato, prohíbe, además, que se descarten o destruyan los
embriones restantes, así como que sean empleados con fines
experimentales y para clonación. De esta manera, las obras sociales de los trabajadores municipales,
OAM, y la de los empleados públicos de la provincia, IOMA, deberán
solventar el tratamiento de fertilización asistida o extracorpórea para
que la demandante pueda concebir otro niño, a fin de extraer del cordón
umbilical las células madre que mejoren la salud de su hijo mayor. Además, remarcaron que "tratándose de una fecundación in vitro y
habiendo probables embriones restantes, deberá asegurarse el respeto
hacia su condición humana, lo que debe figurar explícitamente en el
consentimiento informado que los padres deberán formalizar por escrito
oportunamente", indicó. Crioconservación. Asimismo, determinaron que "los
profesionales actuantes deberán proceder a la inmediata
crioconservación de los embriones en las condiciones necesarias para
mantener su vitalidad y preservar su completa integridad, prohibiendo
su utilización con fines experimentales, como también su clonación u
otras técnicas de manipulación genética y obviamente su descarte o
destrucción". De modo tal que cualquier medida que se intente tomar en relación con
los embriones "deberá ser expresamente autorizada por el Poder Judicial
(previa intervención del curador que se les nombre y del Ministerio
Público) sólo si no se vulneran los derechos humanos de los embriones".
La pareja tiene un hijo que padece de "enfermedad granulomatosa
crónica" (EGC), un mal "que afecta a todo el sistema inmunológico y se
da un caso en un millón de personas aproximadamente", señalaron fuentes
judiciales que informaron sobre el fallo. Pese a que el chico fue sometido a todos los tratamientos necesarios
para mejorar su estado de salud, el caso fue considerado incurable y
actualmente sufre una mala calidad de vida, ya que debe ser sometido a
constantes internaciones, y cuidados especiales Los médicos determinaron que la única alternativa era engendrar in
vitro y seleccionar un embrión que no tenga EGC, para que, una vez que
nazca, se pueda utilizar el "cordón umbilical" para extraer células
madre e iniciar un tratamiento a su hermano.
PRESTADORA QUE CORTÓ SERVICIOS A LA OBRA SOCIAL-ACCIÓN DE AMPARO
Nro Exped: 30270-10
Fecha: 2010-04-15
Caratula: R., J. C/ I.PRO.S.S. S/ AMPARO
IIIª Circunscripción Judicial de Río Negro.
Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Minería Nro. 3
M. Alejandra Marcolini Rodríguez
San Carlos de Bariloche, 13 de abril de 2010.-
autos caratulados "R, J. C/ I.PRO.S.S. S/ AMPARO" (Expte. N� 30270-10)
para resolver lo que por derecho proceda en orden a la acción intentada.
Se presentó el Sr J. R., sin patrocinio letrado, promoviendo acción de
amparo tendiente a que el IPROSS le autorice una tomografía computada
de Torax y Abdomen superior indicada por el médico tratante y el
tratamiento posterior que se indique en base a dicho estudio, indicando
al efecto que dicho estudio no se le practica en virtud del corte total
de prestaciones a los afiliados.- Acompaña al efecto certificado médico
suscripto por el Dr Calfin que indica el diganóstico de fibrosis
pulmonar con dolor punzante (fs. 1).-
El IPROSS informó
con fecha 08-04-10 (fs. 9/10) que la práctica requerida está incluída
en el menú de prestaciones capitadas con Feclir Zona Andina y que dicho
prestador ha suspendido las prestaciones a los afiliados a IPROSS.-
Manifiesta que en la delegación Bariloche se tomarán los recaudos
necesarios para canalizar la prestación con la cobertura
2) Luego de haber estudiado los términos
del escrito de inicio, el informe requerido a la obra social, en
función de la prueba reunida y con arreglo al derecho aplicable, estoy
persuadido sobre la procedencia del amparo deducido.
Brindo seguidamente plurales y serias razones al efecto.
la Constitución Nacional (art. 43) como la Constitución de la Provincia
de Río Negro (misma norma) contemplan la acción de amparo para proteger
y garantizar los derechos y libertades fundamentales, más allá de
establecer diferencias en cuanto a las formas o a los requisitos de
Específicamente la Constitución Nacional (art. 42) y la Constitución Provincial (art. 59) consagran el derecho a la salud.-
concreto nuestra Constitución Provincial dispone que "La salud es un
derecho esencial y un bien social que hace a la dignidad humana. Los
habitantes de la Provincia tienen derecho a un completo bienestar
psicofísico y espiritual, debiendo cuidar su salud y asistirse en caso
de enfermedad...Los medicamentos son considerados como bien social
básico y fundamental. La autoridad pública imnplementa un vademecum y
las medidas que aseguren su acceso a todos los habitantes" (art. 42
El Estado Federal ha creado el sistema nacional del
seguro de salud con los alcances de un seguro social a efectos,
precisamente, de procurar el pleno goce del derecho a la salud para
todos los habitantes del pais sin discriminación social, económica,
cultural o geográfica (ley 23.661 art. 1).-
sociales comprendidas en la ley (23.660) son agentes naturales del
seguro (ley 23.661 cit. art. 2); vale decir que están obligadas a
cumplir aquellas prestaciones. No se trata únicamente de las obras
sociales nacionales. También están obligadas las "de otras
jurisdicciones" (ley 23.661, art. 2 cit.). Además si los agentes
naturales del seguro son las obras comprendidas en la ley de obras
sociales y esta se aplica a todas las entidades creadas o a crearse que
tengan como fin lo establecdo en dicha ley (art. 1 inc. "h" ley 23.660
cit.), fatalmente infiérese que cualquiera de esas entidades debe
cumplir con las prestaciones propias del seguro de salud.-
son beneficiarios de ese seguro todos los beneficiarios comprendidos en
la ley de obras sociales (art. 5 de ley 23.661).-
caso en cuestión no puede soslayarse que el estudio fue prescripto a
fin de determinar una patología que afecta la salud del amparistal, con
lo cual la Obra Social debe cubrir dicho requerimiento máxime cuando,
como a todos los afiliados "cautivos", se le descuenta mensualmente de
sus haberes el porcentaje correspondiente al IPROSS y el eventual corte
de los servicios por los prestatarios no es imputable a aquéllos.-
adecuado complemento telético de todo lo anterior es importante
destacar que la cobertura del IPROSS tiene igualmente los alcances de
un seguro de salud (art. 2 inc. "a" ley 2.753) y que su cobertura
específica no puede ser menor que la del seguro provincial de salud
aplicable en subsidio (ley 3280); puesto que de lo contrario estaría en
peor situación quien tiene un cobertura específica respecto de quien no
tiene ninguna (?). A ello se suma que los afiliados del IPROSS no
pueden optar por otra Obra Social en virtud de la afiliación
obligatoria dispuesta por la normativa vigente (art. 3 ley 2753).-
el incumplimiento y/o retaceo del seguro de salud de cualquier manera,
sea éste nacional o provincial, vulnera el derecho constitucional
esencial a la salud y, por lo mismo, tipifica las condiciones más
importantes para la admisibilidad del amparo: la ilegalidad y/o
arbitrariedad manifiestas. Es que, en efecto, los seguros de salud
comportan precisamente las prestaciones mínimas para garantizar el goce
eficaz de ese derecho ni que decir cuando, como en este caso, se trata
de una paciente que requiere el material solicitado de por vida.-
no puede soslayarse que la obra social debe cumplir cabalmente con las
prestaciones requeridas por sus afiliados, y que, cualquier omisión y/o
retardo al respecto resulta ilegítima.
Ha dicho nuestro máximo Tribunal nacional:
amparo es un proceso utilizable en las delicadas y extremas situaciones
en las que, por carecer de otras vías aptas, peligra la salvaguarda de
derechos fundamentales; por esa razón su apertura exige circunstancias
ilegalidad manifiestas, frente a las cuales los procedimientos
ordinarios resultan ineficaces" (Corte Suprema de Justicia de la
Nación, 15-7-97, "GARCIA SANTILLAN", en "Revista de Derecho Procesal -
Amparo - Habeas data - Hábeas corpus", Vol. I, T� 4, pág. 387).
el recordado caso "JOSEPH" de este Juzgado tuve oportunidad de
consignar el siguiente orden ideario perfectamente subsumible, por
analogía situacional, en las circunstancias del sub lite:
que la intrínseca trascendencia y jerarquía constitucional del cúmulo
de derechos involucrados impone recurrir a principios jurídicos y
teléticos superiores y superadores.
Es que hay un derecho
a la salud ciudadana que adquiere rango de verdadero derecho social
pero también, fundamentalmente, hay un derecho a la vida que, más allá
de no estar enumerado taxativamente por la Constitución Nacional (art.
33), resulta implícito en su télesis pues el ejercicio de los derechos
reconocidos expresamente requiere necesariamente de él o lo presupone.
Justamente el derecho a la salud, sobre todo tratándose de enfermedades
graves, está intimamente relacionado con el derecho a la vida e incluso
con el principio de autonomía personal toda vez que, por cierto, un
individuo seriamente enfermo no está en condiciones de optar libremente
El Superior Tribunal de Justicia de nuestra Provincia tiene dicho al respecto:
derecho a la salud, desde el punto de vista normativo, está reconocido
en los tratados internacionales con rango constitucional (art. 75 inc.
22 de la Constitución Nacional), entre ellos el art. 12 inc. "c" del
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los
arts. 4 y 5 inc. 1 de la Convención sobre Derechos Humanos -Pacto de
San José de Costa Rica- y el art. 6 inc. 1 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos extensivo no sólo a la salud individual
sino también a la colectiva" (cf. caso "LLAMAS", 23-12-03, Se N� 169).
derecho a la vida, más que un derecho no enumerado en los términos del
art. 33 CN, es un derecho implícito ya que el ejercicio de los derechos
reconocidos expresamente requiere necesariamente de él" (cf. caso
"CERDAN", Se N� 132/03; idem casos "VOLMARO", Se del 30-12-98, "BALDINI
Y ZAS", Se N� 15 del 12-2-02, y "CASELLA", SE N� 110-05).
Ha dicho en esta materia muy reciente jurisprudencia que, sin duda, habrá de abrir camino:
ejercicio diligente de la actividad obliga a que la prestación se
ejecute según las posibilidades de la ciencia y con todos los medios
técnicos necesarios a su alcance a fin de no desvirtuar la naturaleza
de la prestación médica.- En ese sentido cabe resaltar que la medicina
es una ciencia en constante evolución, los alcances científicos son
múltiples, los nuevos tratamientos ofrecen alternativas eficaces para
la curación de una enfermedad en las que el ente médico asistencial no
debe permanecer ajeno.- Ello involucra a todos los elementos
tecnológicos, instrumentos y equipamientos que constituyen presupuesto
indispensable para procurar al paciente, por medio de sus prestadores y
aun fuera de ellos, la posibilidad de brindar calidad de prestación
médica, de sistemas terapéuticos, reglas y técnicas con que cuente la
medicina.- Corresponde que la empresa de medicina prepaga cubra el
costo del tratamiento de ablación por radiofrecuencia para una
metástasis hepática, pese a que éste no se encontraba incluido en ese
momento en el Programa Médico Obligatorio, pues las obligaciones que
surgen del contrato de medicina prepaga exceden el mero plano negocial
y tienden a proteger las relaciones privadas; porque el principio de
buena fe que rige la ejecución de los contratos implica actuar conforme
a derecho, en este caso el mencionado deber de brindar una adecuada
atención médica, como también aplicar el criterio de dos personas
razonables y honorables, que en el presente -teniendo en cuenta el
costo del tratamiento, sus características y sus ventajas para la
actora- llevan a la solución propiciada; y porque los Programas Médicos
Obligatorios no siempre se encuentran debidamente actualizados".- (cf.
CNCiv., Sala K, "P. DE M. I., J. M. C/ HOSPITAL ALEMAN ASOCIACION
CIVIL", 19/09/02, www.laleyonline.com.ar del 10-3-06 y elDial.com
AA-1304; también CNCiv., Sala L, "LIPSKI, ELENA C/ MINERVA ASISTENCIA
MEDICA S.A.",16/10/03, elDial.com AE-1D7D; idem CNCiv., Sala E, "B., C.
A. C/ SISTEMA DE PROTECCION MEDICA S.A.", 24-6-05, diario LL 21-7-05 y
www.laleyonline.com.ar).
"Corresponde receptar la medida
cautelar pedida por el amparista (ordenar a DIBPFA que cubra todos los
costos de la cirugía de by pass gástrico) si en el caso está en juego
el derecho social a la salud constitucionalmente protegido (art. 75
inc. 22), ya que la obra social se verá beneficiada con la operación de
la actora al pasar ésta a ser una persona saludable y dejar de ser una
enferma de alto riesgo; máxime si además está probado que todas las
enfermedades que padece son consecuencia de la obesidad mórbida" (cf.
Juzg. Fed. N� 2, Mendoza, "ORTIZ, I. C/ OSPEDYC", Dic. 05 con cita de
caso análogo "GHIRALDES C. C/ DIBPFA", 16/02/2006)
perjuicio del estrecho marco cognoscitivo propio del amparo puede
apreciarse la palmaria necesidad de que el amparista cuente con el
estudio (tomografía com) a los fines de determinar médicamente con
total precisión su patología y eventual tratamiento porque, entre otras
cosas, está en juego su salud la cual podría encontrarse seriamente
comprometida pudiendo verosímilmente derivarse de ello, además, alguna
otra patología asociada.
Ante tal contexto fáctico
intrínsecamente disvalioso es importante prevenir que si bien aquí, a
diferencia de lo acontecido en otro caso similar (cf. v.gr "VARGAS" SI
del 18-12-09), el IPROSS no se hubo escudado en el corte de servicios
por parte del respectivo prestador, lo cual obedece no obstante a la
crónica falta de pago por parte de aquél a éste, lo dirimente es que no
se cumple con la prestación respectiva en tiempo propio; situación
esta, al igual que tantas otras que casi a diario se judicializan desde
hace años, que de todas formas resulta inadmisible desde todo punto de
vista ya que, por ejemplo, tratándose el IPROSS de una obra social que
tiene cautivos a sus afiliados, es decir que mensualmente sufren
importantes descuentos de sus haberes, el crónico desfinanciamiento que
aqueja no tiene la más mínima justificación.-
Es claro en
cualquier caso el ejercicio antifuncional y/o antifinalista que
trasunta la posición asumida por el IPROSS pues, en esencia, la omisión
en la prestación y encima por razones imputables sólo al mismo como es
la deuda que mantiene siempre con los prestadores, contraría de manera
palmaria los fines de la normativa constitucional referida, desvirtúa
la buena fe, eclipsa las reglas morales básicas y, en fin, puede
presumiblemente agravar el estado de salud de ésta.
no puede soslayarse la aplicación de orientaciones derivadas de los
derechos del consumidor (ley 24.240) ya que, en efecto, cualquier
estado hesitativo que pudiere suscitarse debe resolverse por la
interpretación más favorable al consumidor (art. 3 ley cit.) como
insoslayable pauta de hermenéutica jurídica que, por su intrínseca y
significativa trascendencia, alcanza tanto a la télesis de la ley como
del contrato; ello así ni que decir en estos casos en los cuales,
naturalmente, cabe privilegiar a la parte más débil que no es otro que
el enfermo aún en demérito de la obra social como parte fuerte.
para concluir, precisamente con arreglo a todo el plexo
fáctico-jurídico precedentemente valorado, no creo que pueda caber duda
ninguna sobre que la omisión lesiva en que incurriera el IPROSS,
redunda en una manifiesta y agravada arbitrariedad y/o ilegalidad pues,
en efecto, trasunta una desinterpretación de la ley cuando en estos
casos, al contrario, se impone un temperamento proactivo que apunte a
la recuperación integral del enfermo; con lo cual no puede caber
ninguna duda mínimamente razonable sobre que se satisface la condición
acaso más importante para la admisibilidad de cualquier amparo. Ello
así, además, de consuno con la necesidad de evitar perjuicios
inminentes e irreparables, susceptibles de ser imputados a la obra
social, si no se cubre en tiempo propio y de manera debida con la
prestación solicitada (cf. Sagües, N., "Acción de amparo", págs. 574 y
sgts.). Y adicionalmente hay que decir que la actitud del IPROSS, al
restringir en la forma indicada los derechos referidos del amparista,
se muestra como más irrazonable que de costumbre con arreglo a las
Recuerda con sumo acierto muy caracterizada doctrina:
arbitrariedad no queda eliminada de raíz por el mero hecho de que el
acto lesivo tenga base normativa general" (Bidart Campos, G., "Régimen
legal y jurisprudencial del amparo", pág. 270).
reflexión final, que creo útil a este caso por analogía situacional, me
mueve a parafrasear a uno de los más grandes maestros del derecho
"La figura y el papel de los Jueces en la
sociedad del riesgo... ha cobrado una notable presencia y gravitación.
La movilidad y complejidad de los fenómenos, con una dinámica
arrolladora, han recortado versiones del Juez legislador y del Juez
administrador ante la necesidad y apertura de sus misiones y con
crecientes dificultades para asegurar la vigencia del proceso justo y
del garantismo de la defensa. Es que se han dilatado enormemente sus
delicadas funciones, que se realizan con independencia pero que no son
indiferentes a los resultados útiles y efectivos de sus sentencias...
El legislador no opina ni arroja ninguna señal ni salvavidas...
Paralelamente se dilata la competencia y zona de reserva que
corresponde a los Jueces que así, solos, se debaten dentro de límites
no muy definidos y acuciados por no demorar la respuesta que se conjuga
en dos dimensiones convergentes principales: la constitucional y la
social. No pueden dejar de fallar y han de hacerlo de conformidad con
las valoraciones y principios predominantes en el contexto y en asuntos
de alto calado económico-social y de proyección moral... El legislador
se rezaga (en omisión querida) en la retaguardia y cede lugar a los
magistrados. Así amanece la "suplencia judiciaria"... los Jueces deben
operar en la niebla de disposiciones elásticas y esfumadas y de
conceptos jurídicos indeterminados, que apuntan a delegar en los
magistrados la selección o las opciones que el legislador no puede o no
quiere asumir... Los Jueces son servidores del derecho para realizar,
en concreto, la Justicia; pero en una democracia imperfecta, que domina
el mercado con tantas desigualdades y exclusiones, no parece suficiente
hoy consolidar el Estado de Derecho sino avanzar hacia la próxima
frontera: el Estado de Justicia... El papel del Juez moderno, realista
y sensible, ha cambiado de manera radical. Su obrar, con extrema
prudencia y flexible contención y activismo en áreas tan quebradizas y
móviles, dibuja un atrapante panorama según la medida de su disposición
y coraje civil. El resto, lo más trascendente para suministrar las
políticas de base, está a cargo de los poderes del Estado y de una
lúcida participación social. Es la regla áurea de Mauro Cappelletti:
dar respuestas nuevas a problemas nuevos" (Morello, A., "La Justicia
tiene hoy otros compromisos", en diario La Nación del 17-5-04, pág 15).
conclusión: si bien aquí "strictu sensu" no se da la misma situación
que sistemáticamente sucede en casos análogos contra la misma obra
social, ya que ésta no se hubo escudado en el corte prestacional por
falta de pago al prestador, estando en juego un derecho humano y social
fundamental tutelados tanto por la Constitución como por tratados
internacionales, como es la salud; padeciendo el amparista un grave
problema de salud que, como tal, requiere la realización de un estudio
específico, como es la tomografía computada de torax y abdomen;
resultando de todas formas intrínsecamente abusiva, y por tanto
arbitraria e ilegal, la falta de prestación de dicho estudio por parte
de un prestador suyo, aún cuando recién ahora ofrezca tomar los
recaudos para canalizar la prestación, porque de cualquier manera lo
dirimente sigue siendo el corte de servicios dispuesto por un prestador
a quien se le adeuda pagos, e incidiendo correlativamente en la
cuestión los derechos del consumidor, con arreglo a los cuales cabe
interpretar hechos y situaciones en favor de la parte debil y no de la
fuerte; por todas tales razones, en fin, resulta indudable el derecho
de la amparista a obtener la autorización requerida para realizarse el
estudio por indicación médica y detectar la patologia que lo aqueja.-
I) HACER LUGAR al amparo interpuesto y en consecuencia ORDENAR al
IPROSS para que arbitre inmediatamente cuanto fuere necesario para
realizar al Sr. Jorge RIVA una tomogradía computada de tórax y abdómen
superior, en el plazo de CINCO (5) días bajo apercibimiento de ley ante
la eventual desobediencia a una orden judicial y asimismo el
tratamiento posterior que se indique; II) NOTIFICAR, registrar y
protocolizar la presente.-
Carlos Marcelo Cuellar
Se libro cédula a IPROSS. conste.- 13 de abril de 2010.-
Jefe de Despacho en
DEMANDA POR MALA PRAXIS EN CIRUGIA ESTÉTICA
La Sala A, perteneciente a la Cámara de Apelaciones en lo Civil, revocó
una demanda que se había interpuesto con el objetivo de resarcir a una
paciente de una operación estética ante una supuesta mala praxis. En la
causa “G.A.L. c/ M.M.P. s/ daños y perjuicios”,
el tribunal indicó que la obligación de una intervención quirúrgica
estética no siempre debe ser considerada como de resultado. La señora G se había operado hace casi veinticinco años el mentón, en
lo que se diera por llamar “mentoplastía”. No sólo sería realizada una
vez sola en el cuerpo de la actora, sino que tiempo más tarde
concurriría a otra especialista nuevamente a intentar embellecer dicho
aspecto de su rostro. En relación a ello, es que decidió operarse con
la doctora M. Sin perjuicio de sus expectativas, la operación no
tendría el resultado esperado para la actora. Principalmente, dado que días más tarde tendría que realizarse una
nueva intervención quirúrgica con la especialista. Según aseveró la
señora G, la nueva operación fue realizada por idéntica profesional,
debido a que a los pocos días de haberse realizado la primera, la
actora notó que tenía su mentón desplazado hacia el lado derecho de su
rostro. Sobre las indicaciones a cumplir por la galeno, la señora G
indicaría que cumplió con todos los recaudos preos. Ante la segunda operación, y su disconformidad generada, a la luz de
que en ese momento su mentón presentaría hendiduras y muchas más
imperfecciones que antes de las dos intervenciones, es que decidió
realizarse dos operaciones más con otros profesionales, y así de una
vez por todas obtener el mentón que tanto había deseado. No obstante lo
cual, decidió demandar a la profesional que la operara las dos primeras
veces por mala praxis. Vertidos los hechos en la causa, y realizadas las probanzas, la causa
tuvo acogida en la primera instancia. Los fundamentos giraron en torno
a que en el caso de las cirugías estéticas o embellecedoras, los
médicos asumirían una obligación de resultado, puesto que de no haberse
prometido un resultado feliz, la paciente no se hubiera sometido al
tratamiento u operación. Seguido a ello, las demandadas apelaron el
decisorio. En el caso de la segunda instancia, se puede decir que la
interpretación de la causa fue radicalmente opuesta. Ello, en virtud de
que para el vocal preopinante, pretender aplicar en ese caso la
consecuencia que de la distinción se establezcan los efectos
probatorios, para nada serviría. Por otro lado, para el magistrado no
se podría afirmar que el profesional asegure un resultado.
Planteado el encuadre jurídico sobre los hechos de la causa, indicó que
la pericia médica no pudo confirmar que el resultado de la operación se
pudo haber dado por la falta de previsión sobre los procedimientos
médicos. En igual sentido se expediría el Cuerpo Médico Forense.
Finalmente, para tomar la decisión revocatoria valoró que la accionante
suscribiera un consentimiento en el cual expresaba su conocimiento de
los posibles varios resultados de la intervención. en
Rechazan Medida Cautelar para que Una Obra Social Cubra una Internación en un Geriátrico por Ser Ajeno a las Prestaciones Cubiertas
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal revocó una resolución de primera instancia que había hecho lugar a una medida cautelar tendiente a obtener por parte de una obra social la cobertura para la internación de una persona discapacitada en un geriátrico, tras considerar que la internación de la mujer se trató de un acto voluntario de parte de su familia que debe ser asumido personalmente, sumando a ello que no se encuentra acreditado el peligro de que la demora en el reconocimiento del derecho genere a la paciente un daño irreparable.
La sentencia de primera instancia había hecho lugar a una medida cautelar que en carácter de representante había presentado el hijo de una mujer que padece demencia mixta, ordenándole a la obra social que provea la cobertura de los medicamentos prescriptos por los médicos tratantes y el servicio de internación en un geriátrico con cobertura integral del cien por ciento mientras dure el trámite del amparo.
Contra dicha sentencia, la demandada presentó un recurso de apelación argumentando que el objeto de la medida cautelar solicitada coincide con la pretensión de fondo, por lo que está cumpliendo una sentencia definitiva.
Por otro lado, sostuvo que la ley 24.091 no contempla la internación en geriátricos para personas con discapacidad, agregando a ello que se encuentra brindando los medicamentos requeridos conforme a la discapacidad de la amparista.
En la causa “R.M.A. c/ OSDE s/ incidente de apelación de medida cautelar”, la Sala III recordó que la cuestión sobre la que se debe decidir en este marco congnoscitivo, consiste en determinar si se hallan acreditados la verosimilitud en el derecho y el peligro en la demora para la confirmación de la medida cautelar decretada por el juez de primera instancia, recordando con relación a ello que la Corte Suprema de Justicia de la Nación había establecido que "todo sujeto que pretenda la tutela anticipada proveniente de una medida precautoria, debe acreditar "prima facie" la existencia de verosimilitud en el derecho y peligro irreparable en la demora, y que resulta exigible que se evidencien fehacientemente las razones que justifican resoluciones de esa naturaleza”.
Bajo dicho marco, los jueces decidieron revocar la resolución de primera instancia que había hecho lugar a la medida cautelar presentada, sosteniendo que en el caso bajo análisis no se puede considerar acreditado el peligro de que la demora en el reconocimiento del derecho invocado genere un daño irreparable a la paciente, basándose para ello en los certificados médicos que describen su enfermedad, recomendando la internación en un geriátrico pero sin manifestar peligro para su propia vida o la de terceros así como tampoco la urgencia en la prestación requerida.
A ello, los magistrados agregaron que no se ha configurado en el presente caso una conducta arbitraria e ilegítima de la Obra Social, explicando que la misma no sólo cumple con la normativa vigente respecto de los discapacitados sino que ha ofrecido alternativas de solución a los requerimientos de la amparista.
De acuerdo a lo expuesto en la sentencia del 1 de diciembre de 2009, los magistrados entendieron que la internación de la paciente efectuada por su familia en una residencia, ajena a las prestaciones cubiertas por la demandada, constituye sólo un acto voluntario del accionante cuyas consecuencias debe asumir personalmente, destacando que en caso de aceptarse eso, cualquier afiliado podría concurrir por su voluntad a una institución asistencial y reclamar luego el reintegro de los gastos a su obra social sin limitaciones.
Al revocar la resolución apelada, denegando la medida cautelar solicitada, los magistrados señalaron que si bien la ley 24.091 establece que las Obras Sociales deben brindar con carácter obligatorio cobertura integral de las prestaciones básicas que necesitan las personas con discapacidad, ello no implica que cualquier requerimiento que efectúe el afiliado deba ser cubierto aún con prestaciones ajenas a la cartilla de la obra social demandada.
En igual sentido, los camaristas destacaron que las alternativas de internación ofrecidas por la obra social fueron rechazadas por el actor sin haber acreditado que las mismas no sean las adecuadas en cuanto a las necesidades requeridas por la patología de su madre.
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AMPARO PARA QUE LA OBRA SOCIAL CUBRA EL CAMBIO DE SEXO
Mendoza, 15 de abril .- Una mendocina de 44 años, que padece de distrofia de género, y a quien la Justicia autorizó recientemente a colocar en su documento un nombre femenino, presentó un recurso ante los Tribunales Federales a fin de obligar a la obra social de la que es afiliada a que le cubra la operación de cambio de sexo.
Carolina, nacida como varón, padece disforia sexual o de género, un rechazo psicológico a las características físicas de su sexo biológico. Tras el descubrimiento de la enfermedad comenzó a bregar por modificar su identidad, primero en su documentación, y ahora en su aspecto físico.
El 14 de diciembre pasado, el juez del Primer Juzgado de Familia de la provincia, Germán Ferrer, autorizó el cambio de identidad en el DNI.
De esta forma, el 26 de marzo recibió un nuevo documento único, donde figura con nombre femenino. Idéntico trámite se realizó con su título universitario como licenciada en Sistemas y en toda su documentación personal.
Pero recientemente decidió reclamar a la Obra Social de los Empleados de Comercio (OSECAC), de la que es afiliada, que le cubra la cirugía que le permita adaptar su aspecto físico a su identidad sexual.
Pero la solicitud fue rechazada, porque esa enfermedad no está incluida en el Programa Médico Obligatorio (PMO). Su abogado patrocinante, Ricardo Córica, precisó que su clienta padece de ‘disforia de género, que es una enfermedad contemplada por la Organización Mundial de la Salud y que implica un perfil psicológico masculino o femenino, en un cuerpo diferente‘. ‘Es distinta a la homosexualidad‘, dijo el abogado, en declaraciones a DyN, y aclaró que ‘se da un caso cada cien mil personas, aproximadamente‘.
De acuerdo con lo establecido por la OMS, primero se realizan tratamientos químicos, hormonales, para luego pasar, como en este caso, a la ablación del órgano masculino.
El juez Ferrer autorizó en su momento la intervención quirúrgica y ordenó que le fuera practicada en un hospital público de la ciudad de Buenos Aires.
Pero ‘el problema es que, por una ley específica, está determinado que cuando una persona no carece de recursos o tiene obra social, tiene que pagar la operación‘, explicó Córica. Por ese motivo, se llevó a cabo el pedido a la OSECAC y ahora a la Justicia.
El abogado se quejó porque en la obra social se le hizo saber a su clienta del rechazo, ‘ni siquiera de manera formal, sino verbalmente‘.
‘Le dijeron a mi clienta que rechazaban su pedido porque la enfermedad referida no estaba incluida en al Programa Médico Obligatorio, que es una ley‘, señaló.
Entonces, el letrado presentó un amparo ante el Segundo Juzgado Federal de Mendoza, a cargo de Olga Pura Arrabal, ‘que en tres horas rechazó también el pedido basándose en los mismos argumentos que la obra social, pero olvidándose de la subordinación de las leyes a la Constitución Nacional‘, que en su artículo 33, establece el derecho de toda persona al acceso a la salud.
‘Es una resolución arcaica‘, se quejó el abogado, porque se basa en la jurisprudencia sentada por otro caso en el cual se solicitaba un tratamiento de fertilización asistida. ‘Pero en ese caso se trataba de una (empresa de) medicina prepaga, donde los contratos son distintos. Esto es una obra social, donde existe una obligación legal a contribuir, y donde la obras sociales reciben subsidio del Estado‘, manifestó.
La medida de la jueza Arrabal, fue apelada por Córica ante la Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones, que todavía no ha dado una respuesta. ‘Estamos esperando una resolución a este caso‘, sostuvo el abogado.
La operación sólo puede ser realizada en Buenos Aires, y tiene un costo que ronda los 28 mil pesos, explicó Córica. FUENTE: Diario de Cuyo 15-4-2010
LINEA PREGUNTE SIDA DEL MINISTERIO DE SALUD
0800-3333-444: PREGUNTA
SIDA AMPLIA HORARIO DE ATENCIÓN
La Línea Pregunte
Sida del Ministerio de Salud amplió su horario de atención a fin de responder a
la creciente demanda. Atiende
ahora los 365 días del año, de lunes a viernes de 6 a 24 hs. y los sábados,
Esta línea, atendida
por un equipo de especialistas, brinda
información específica y actualizada sobre VIH y también sobre otras
infecciones de transmisión sexual (ITS) en forma totalmente confidencial,
anónima y gratuita. A ella llaman chicos, jóvenes y adultos de todo el país a
quienes se escucha y responde con la misma seriedad. Se puede
llamar desde cualquier teléfono de línea del país en forma gratuita. La
línea está abierta a personas que buscan ayuda, asesoramiento o información
sobre las características y modos de prevención de las infecciones de
transmisión sexual. Recibe tanto consultas de personas con VIH, como de quienes
se encuentran preocupados por estas problemáticas.
bien la línea da información general sobre la atención a personas con VIH, no
responde consultas sobre tratamientos particulares, ya que no pretende
sustituir al médico, ni efectúa diagnósticos ni trámites. En estos casos, los
consultores derivan a los consultantes a los servicios sociales, legales y
terapéuticos que brindan el Estado y las Organizaciones de la Sociedad Civil.
· Dónde se atiende a las personas con
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su libertad, relacionados con el VIH. · Formas de transmisión y prevención
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de infecciones de transmisión sexual (sífilis, uretritis, HPV, tricomoniasis,
herpes genital, hepatitis B).
escucha dudas y preocupaciones de las personas que reciben un diagnóstico
positivo, sus familiares y amigos. Y orienta sobre cuándo hacerse el test de
VIH, reclamos por falta de medicación o análisis de carga viral, y
asesoramiento legal en caso de discriminación o de incumplimiento de obras
sociales, prepagas e instituciones del sistema público de salud.
DIRECCIÓN DE SIDA Y
NUEVA PLANTA DE PRODUCCIÓN DE MEDICAMENTOS EN WILDE
Inauguraron una planta de producción de medicamentos en WildePertenece a la empresa Gobbi Novag S.A. ubicada en la avenida Onsari al 400. La obra le permitirá quintuplicar su capacidad productiva y alcanzar los cuatro millones de ampollas inyectables mensuales. Estuvieron presentes el Gobernador Scioli y el intendente FerraresiEl Gobernador de la provincia de Buenos Aires y el intendente de Avellaneda, ingeniero Jorge Ferraresi, acompañaron el miércoles último al presidente de la empresa Gobbi Novag S.A., Carlos De Angelis, en el acto de inauguración de una nueva planta de producción de medicamentos inyectables, que instaló la firma en su establecimiento industrial de la avenida Fabián Onsari 486, de la localidad de Wilde.
La industria, radicada en Wilde desde hace varias décadas y especializada en la fabricación de medicamentos oncológicos, urológicos e insumos hospitalarios, entre otros, comercializa su producción entre hospitales públicos; centros de salud privados; farmacias; droguerías y obras sociales. Además, Gobbi Novag exporta parte de su producción a diferentes mercados de América del Sur, América Central y Asia.
FUENTE: Diario La Ciudad de Avellaneda 8-4-2010
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ORDENAN A UNA EMPRESA DE MEDICINA PREPAGA CUBRIR ALIMENTOS
Por tal motivo, las empresas de medicina prepaga deberán hacer los descuentos en las harinas especiales que consumen estos pacientes.
La Cámara en lo Civil y Comercial Federal, sentó precedente en materia de salud y condenó a una empresa de medicina prepaga a solventar parcialmente la compra de harinas especiales para celíacos a una familia cuya hija padece de esa enfermedad.
La Sala Segunda de la Cámara equiparó las “harinas y premezclas libres de gluten” con los medicamentos que los afiliados a la prepaga obtienen con descuentos en farmacias, y condenó a la empresa a aplicar las mismas bonificaciones a favor de la paciente.
La empresa de medicina prepaga OSDE “deberá reintegrar a los actores un porcentaje idéntico al que reconoce para la compra de medicamentos en general en la compra de harinas y premezclas libre de gluten”, sostiene el fallo, firmado por los jueces Alfredo Gusman, Ricardo Guarinoni y Santiago Kierman, quienes subrayaron que “no existe remedio para la enfermedad en cuestión sino un tratamiento, que consiste en observar una dieta libre de gluten”.
Los padres de la niña celíaca, que padece esa dolencia desde 2001, reclamaron “un descuento similar al ofrecido para la adquisición de fármacos, al momento de adquirir los productos alimenticios aptos para celíacos”. La Cámara les dio parcialmente la razón, invocando la sanción de la ley 26.588, promulgada el 29 de diciembre pasado pero aún no reglamentada, que protege a los celíacos.
La norma obliga a las obras sociales y medicinas prepagas a “la detección, el diagnóstico, el seguimiento y el tratamiento” de la enfermedad. Además, tácitamente, el fallo cuestiona la demora en la reglamentación de la ley: “Una órbita tan sensible como el derecho a la salud, el efectivo goce de ese derecho, plasmado en el caso en una ley formal, quedaría supeditado a una decisión del Poder ejecutivo”.
“Ello no es admisible, tanto por la índole del derecho involucrado, relacionado con el derecho a la vida, como desde una perspectiva institucional, atendiendo a la división de poderes que inspira a nuestro régimen constitucional”, se resume en la resolución.
Fuente: Critica Digital en
EVALUACIÓN DE RIESGOS CON TELÉFONOS CELULARES
Publicación de http://www.mejorsalud.org.ar/
*El doctor Juan Carlos Giménez, experto en radiopatología, ofrece aquí una síntesis sobre las radiaciones que emiten los teléfonos portátiles. Sin crear falsas alarmas, señala precauciones a tomar por los usuarios. Una síntesis actual sobre la evaluación de los riesgos de los teléfonos móviles Recientes desarrollos en telecomunicaciones y tecnología inalámbrica han ocasionado un aumento en el número de diseños y sistemas que emiten energía electromagnética. Radiaciones no-ionizantes (RNI) es el término aplicado a todas las formas de radiación electromagnética, que aún con elevada intensidad, no tienen capacidad para producir ionización. Las RNI extienden el espectro electromagnético con frecuencias entre 0 Hertz , (Hz) y 300 Gigahertz, (GHz), y se pueden subdividir en : • radiaciones ultravioletas UV(natural : solar y artificial; lámparas fluorescentes,fuentes incandecentes, cama solar, etc) con longitudes de onda entre 100 y 400 nanómetros (nm) de radiación óptica; • radiación visible, con longitudes de onda entre 400 y 760 nm de radiación óptica; • radiación infrarroja IR (termografía, fototerapia), con longitudes de onda entre 760 nanómetros y 1 milímetro de radiación óptica; • radiofrecuencia (RF), incluida microondas MW (teléfonos móviles, teléfonos inalámbricos de las casas, WI FI, hornos de microondas, radares, estaciones de radio y televisión, comunicación satelital, entre otros muchos emisores) con frecuencias comprendidas entre 300 Hertz y 300 Gigahertz y sus correspondientes longitudes de onda entre 1000 Km y 1 milímetro y las extremadamente bajas frecuencias, ELF( particularmente líneas de transmisión de energía eléctrica de 50 y 60 Hz) con frecuencias inferiores a los 300 Hertz. La implementación de estos desarrollos ha resultado en la exposición a los campos electromagnéticos de un gran número de trabajadores y especialmente del público.
El teléfono móvil es un transmisor y receptor de RF, cuyas frecuencias varían entre 800 MHz y 2 GHz, aunque el desarrollo de nuevos aparatos tiende a producir frecuencias más altas. Cuando se usan apoyados sobre la cabeza durante las comunicaciones, esta se encuentra en el llamado “campo cercano” del teléfono, dado que la distancia desde la antena es de unos pocos centímetros, del mismo orden de magnitud que la longitud de onda de la radiación emitida, lo que facilita su absorción en los tejidos.
El sistema implica la comunicación entre los teléfonos móviles y las estaciones de base, que dan cobertura en áreas específicas, llamadas células.
Las antenas de las estaciones de base están montadas sobre edificios o levantadas en torres, de por lo menos 15 metros de altura y tienen un específico ordenamiento vertical que origina un haz de RF con un muy estrecho ancho de banda vertical de 7 a 10 grados y un ordenamiento sobre un ancho de banda horizontal de 60 a 120 grados.
Bajo estas condiciones los componentes eléctricos y magnéticos de la RF varían inversamente con la distancia y la densidad de potencia, con el cuadrado de la distancia. Bajo estas condiciones las autoridades regulatorias pueden demostrar el cumplimiento de las normas, comparando las cantidades medidas o calculadas con los límites establecidos en las normas. Los teléfonos móviles han sido diseñados para no exceder los límites de exposición del público recomendados por organismos internacionales y aprobados por los nacionales.
Los límites se basan en estándares preparados por organizaciones científicas independientes mediante la evaluación de estudios científicos, a partir de estudios a nivel celular, en animales y epidemiológicos y voluntarios en humanos. Los estudios a nivel celular facilitan la comprensión de los mecanismos de acción de la RF, pues permiten el control de variables biológicas y débiles efectos, que pueden ser identificados sin ser enmascarados por las respuestas regulatorias de todo el organismo.
Los estudios con animales evalúan la respuesta integrada del cuerpo, indican el probable tipo de respuesta en humanos, pero su extrapolación a humanos es difícil debido a las diferencias en las distintas especies de la capacidad regulatoria funcional.
Los estudios de exposición en humanos se han realizado por investigaciones epidemiológicas de poblaciones de trabajadores y público expuestas a distintas fuentes de RF y por estudios en voluntarios. Los resultados de la interacción de la RF con los tejidos de nuestro cuerpo pueden ser térmicos y se suponen también atérmicos.
Se considera más representativo de la interacción, a los campos eléctricos de la RF, cuyos probables mecanismos serían, entre otros, la polarización celular, el flujo neto de corriente, el desenrrollamiento de proteínas.
Aunque algunos tejidos tienen magnetita, la interacción no es mayor que con los tejidos que no la contienen.El calorinducido en el cuerpo por la exposición a la RF, aumenta hasta que es balanceado por la tasa de remoción, dependiente de los mecanismos regulatorios, principalmente por la circulación de la sangre. La cantidad física que mide la exposición, es la tasa de absorción específica, SAR (specific absortion rate), definida como la potencia absorbida por unidad de masa, cuya unidad es el W/Kg, que se promedia sobre la parte expuesta del cuerpo. Así por ejemplo se ha estimado un incremento de temperatura en la cabeza de 0,11 °C, con un teléfono móvil de 915 MHz, una antena dipolo de 0,25 vatios W de potencia de salida y un SAR de 1,6 W/Kg.
Los límites de exposición establecidos en las normas, se basan en la adopción de un estándar. La base para establecer un estándar consiste en determinar un nivel de exposición llamado umbral, debajo del cual no se han observado efectos adversos en el corto plazo.
No obstante, de acuerdo a la precisión de los conocimientos de los efectos adversos conocidos, existirá un rango de incertidumbre, según el cual deberá ser necesario aplicar un factor de seguridad, para definir finalmente el límite de exposición, que comprende la extrapolación de datos de experimentos con animales.
Así la determinación del SAR actual, se ha establecido aplicando un factor de seguridad de 50, es decir que el límite de exposición es un valor 50 veces inferior al umbral de exposición que ocasiona efectos adversos agudos.
Efectos adversos agudos solo se han observado con exposiciones significativamente superiores a los límites establecidos. Se realizaron numerosos estudios sobre exposiciones a la RF en la cabeza, evaluando cambios funcionales en el cerebro y sobre la conducta y con exposiciones en todo o gran parte del cuerpo, analizando posibles efectos sobre la reproducción, el desarrollo, la respuesta inmune, el sistema cardiovascular y la carcinogénesis.
La evidencia de efectos atérmicos, sin incrementos de temperatura, no son ignorados, aunque aún no han sido convalidados, como por ejemplo, los efectos sobre la cognición. Con frecuencias e intensidades similares a las exposiciones con teléfonos móviles no se han evidenciados efectos adversos tempranos. Numerosos estudios epidemiológicos han investigado correlaciones entre exposiciones a RF de bajo nivel, durante tiempos prolongados y efectos adversos a la salud. Sus resultados no han sido consistentes debido, entre otros factores a las dificultades en precisar las exposiciones recibidas, el número necesario de personas analizadas, el tiempo de uso del teléfono móvil, el corto tiempo de seguimiento de las personas para evaluar la inducción de enfermedades que tienen períodos de latencia prolongados, como el cáncer, así como sesgos debido a distintas condiciones de las personas y a los controles de las respuestas de los cuestionarios formulados. La incertidumbre actual es por lo tanto sobre el riesgo de efectos tardíos, enfermedades malignas principalmente, tumores cerebrales y de parótida. Esto ha ocasionado la preocupación de organismos expertos internacionales, nacionales y del público. Con tal preocupación la Organización Mundial de la Salud ha desarrollado una agenda de investigación y base de datos, para proveer la necesaria información para evaluaciones de riesgo. Mientras tanto, debe ser vigente el Principio de Precaución , según el cual “el avance científico y tecnológico debe aumentar la calidad y expectativa de vida, con riesgos suficientemente pequeños, aceptables para la mayoría de las personas, sin limitar el futuro progreso”. Para tal propósito, la evaluación de riesgos debe reunir la cantidad y calidad de la información necesaria, bajar los límites de detección de los factores de riesgo, determinar los umbrales de daño, estimar la probabilidad de ocurrencia, recomendar sólidos límites de exposición. La precaución a que nos referimos pude ser naturalmente integrada en el sistema de salud, complementando las acciones de prevención. En tanto distintos grupos científicos han recomendado a los usuarios de teléfonos móviles: 1. telefonear lo necesario y hablar poco tiempo. Los niños no deberían usar el celular; 2. esperar a que se produzca la llamada para acercar el teléfono al oído; 3. procurar no telefonear dentro de los vehículos, porque el efecto campana que se produce en ellos aumenta el nivel de exposición; 4. alejar el celular del cuerpo mientras se envía un mensaje ; 5. procurar no transportar el aparato encendido encima, sino en maletines o bolsos, si es necesario llevarlo en el cinturón, apagarlo u orientarlo de modo que el lado del teclado quede apuntando hacia el cuerpo; 6: tratar de apagar el celular durante la noche y si debe permanecer encendido, no dejarlo cerca de la cabeza; 7. evitar usarlo para escuchar música o jugar; 8. el cable de los auriculares también transmite radiación. Elija un sistema manos libres equipado en sus últimos 20 cm con un tubo hueco con aire en su interior; 9. los sistemas sin cables provocan igualmente una radiación apreciable, por ello conviene mantenerse lo más alejado posible de las antenas emisoras. 10. Debido a que en ciertas circunstancias las emisiones de RF pueden ocasionar interferencias se recomienda apagar el teléfono móvil en centros de salud.
Actualmente se están desarrollando equipos insensibles a la interferencia con RF. No se puede afirmar en forma responsable que la utilización continuada de los teléfonos móviles resulte inocua para la salud, simplemente porque tal aseveración todavía no ha podido demostrarse. *Juan Carlos Giménez es Doctor en Medicina. Ha sido profesor de biofísica en las facultades de medicina de las universidades de Buenos Aires y del Salvador y se ha desempeñado en la Comisión Nacional de Energía Atómica como investigador en patologías vinculadas a la radiación. Es consultado como experto en radiopatología por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS). en
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