Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-5365-de-noviembre-24-de-2000?documento=jurcol&contexto=jurcol_75992041b4d7f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-10-22 01:46:36
Document Index: 287307555

Matched Legal Cases: ['artículo 55', 'artículo 55', 'artículo 55', 'artículo 40', 'artículo 55', 'artículo 57', 'artículo 8', 'artículo 57', 'artículo 57', 'artículo 57', 'artículo 29', 'artículo 57', 'artículo 40', 'artículo 57', 'artículo 31', 'artículo 31', 'artículo 33', 'artículo 57', 'artículo 57', 'artículo 57', 'artículo 57', 'artículo 57', 'artículo 28', 'artículo 28', 'artículo 57']

﻿ SENTENCIA 5365 DE NOVIEMBRE 24 DE 2000
SENTENCIA 5365 DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2000
CONTENIDO:EFECTOS EN LO CIVIL DE LA COSA JUZGADA PENAL. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR RECONOCIDOS EN LA PROVIDENCIA PENAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:PROCESO CIVIL, PROCESO PENAL, CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR, COSA JUZGADA, DELITO
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:350 DE FEBRERO DE 2001, PÁG.209
Sentencia 5365 de noviembre 24 de 2000
EFECTOS EN LO CIVIL DE LA COSA JUZGADA PENAL
CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR RECONOCIDOS EN LA PROVIDENCIA PENAL
EXTRACTOS: «1. La premisa de la cual parte el acusador es la de que al haberse resuelto en el proceso penal que el conductor del vehículo actuó en circunstancias calificadas como caso fortuito o fuerza mayor en lo concerniente al accidente de transito en que así mismo se produjeron los daños cuya reparación aquí se demanda, fuerza era que la jurisdicción civil reconociese, aun de oficio el efecto que de cosa juzgada tiene aquella decisión en el sub lite.
Sobre la base admitida de que obran oportuna y regularmente allegadas al proceso las copias de la providencia penal aludida, sin que por lo demás exista discordancia alguna sobre el contenido material de ese documento, la inconformidad del recurrente se enfila directamente contra el criterio jurídico del tribunal, en cuanto éste proclamó la compatibilidad de la absolución penal con la condena civil, aduciendo, básicamente, que aquella no incide en ésta.
Y para entrar de una vez en materia, quizá la manera más clara para demostrar lo errado del criterio del ad quem en el punto, consiste en reproducir el artículo 55 de la Ley 50 de 1987—vigente para la época de los hechos—, que por lo demás coincide con el precepto 57 de Ley 81 de 1993 que después rigió; reza así la norma:
“Efectos de la cosa juzgada penal absolutoria. La acción civil no podrá iniciarse ni proseguirse, cuando se haya declarado, por providencia en firme, que el hecho causante del perjuicio no se realizó o que el sindicado no lo cometió o que obró en estricto cumplimiento de un deber o en legítima defensa”.
Texto del que surge sin el menor género de duda que cuando emana de alguna de las cuatro causales allí descritas, la absolución penal surte, sin más, efectos de cosa juzgada erga omnes. Tajante es la disposición: declarado aquello, “la acción civil no podrá iniciarse ni proseguirse”: Para negar, pues, la incidencia del fallo penal en la acción civil en tales casos, preciso sería desconocer abiertamente el precepto en cuestión.
Y desde luego que para evadir lo perentorio del precepto de bien poco sirve aducir, cual lo hace el ad quem, que no opera en eventos tales la cosa juzgada porque “ ... regularmente el juez penal sólo puede sentenciar en relación con el aspecto doloso del implicado, ya que la mera culpa no acarrea esa responsabilidad penal”; pues razonamiento tal sólo se explica si se echa al olvido que conforme a la ley penal la culpabilidad asume las formas del dolo, la culpa o la preterintención, facetas entre las cuales no hace el citado artículo 55, para los efectos de la cosa juzgada, diferenciación de ninguna clase; de manera que si la conducta culposa es de aquellas expresamente determinadas como punibles en la ley (cuéntanse en ellas el homicidio y las lesiones personales), entonces la decisión absolutoria penal que al respecto y por las causas determinadas en el comentado precepto llegare a proferirse, produce todos los efectos allí previstos.
A propósito de este tema de la cosa juzgada penal tuvo la Corte oportunidad de expresarse recientemente como sigue:
“La premisa de que un mismo hecho puede generar diversas proyecciones en el ámbito jurídico en general, y particularmente en al campo civil y penal, (...) avista la eventualidad, inconveniente como la que más de que haya sentencias excluyentes, siendo que, por imperio de la lógica, la verdad no puede ser sino una sola. Muy grave se antoja por cierto, que en tanto la justicia penal proclame libre de culpa al sindicado, la civil, antes bien, la condenase al abono de perjuicios.
Puesta en guardia ante semejante despropósito, la legislación ha pretendido establecer algunos diques para impedirlo, entre los cuales destaca el secular principio de la cosa juzgada penal absolutoria, consagrado positivamente en el ordenamiento patrio, así, el artículo 55 del Decreto 50 de 1987 (...).
Pronunciamientos penales semejantes se imponen por igual a toda la sociedad, son decisiones que por tocar el honor y la libertad de los hombres, deben quedar a salvo de cualquier sospecha de error, y no pueden ser desconocidos por absolutamente nadie (...).
Es entendible que el primeramente llamado a respetar decisión semejante sea el propio Estado (...) por suerte que la jurisdicción, así sea de otra especialidad, debe corearla a una, y vedada se encuentra por tanto para tocar el punto que así ha sido definido, pues ya es cosa juzgada, con efectos universales”. (Cas. de 12 de octubre de 1999).
En suma, pues, dadas las hipótesis previstas en la norma comentada, su aplicación, bien al contrario de lo estimado por el tribunal, se impone ineludiblemente.
2. De otro lado, ya se vio cómo uno de los eventos en que resulta silenciada la acción civil por la decisión penal absolutoria, es el que surge con la declaración de que el sindicado no cometió el hecho causante del perjuicio; situación en la que, como lo tiene definido la jurisprudencia, quedan comprendidos los acontecimientos que dependen de lo que se ha denominado una “causa extraña”, vale decir, aquellos en que, cual sucede con el caso fortuito o la fuerza mayor, entre el hecho y el daño se ha roto el nexo causal, indispensable para la configuración de la responsabilidad. “Evidentemente —expresó la Corte en la providencia atrás citada— llegarse a la absolución porque se estima que medió el caso fortuito o la fuerza mayor, o el hecho de un tercero o la culpa de la víctima, es tanto como asegurar que el hecho generador de la responsabilidad no lo cometió éste”.
Y es verdad que obra en estas diligencias copia de la providencia de 8 de abril de 1988, dictada por el juzgado 14 de instrucción criminal de Pereira, relativa a la investigación que por homicidio y lesiones personales se adelantó contra el aquí demandado Gersain Castilla Santa, a quien como conductor de uno de los vehículos involucrados en el referido accidente de tránsito se achacaba allá la autoría material de los hechos punibles y se imputa en este proceso la de los daños cuya reparación se suplica. En dicha providencia, se abstuvo ese funcionario de proferir resolución de acusación contra el procesado aduciendo que los hechos ocurrieron por “caso fortuito o fuerza mayor”.
Pero, y en el punto se expresó con especial vehemencia la Corte en la sentencia atrás citada, la mera existencia material de esa providencia penal no es bastante para declarar la cosa juzgada, pues no es cuestión de trasplantar aquella decisión mecánicamente al litigio civil, sino que constituye menester ineludible del juez de ésta especialidad, previa la aplicación del precepto 55, mirar que tal pronunciamiento, ese imputar el resultado dañoso a una fuerza extraña, no resulte meramente formal; no vaya a ser que en el punto calen pronunciamientos penales sin ningún análisis serio o, peor aún, carentes de todo análisis, porque entonces el calificativo de caso fortuito no pasa de ser tal cosa, una simple nomenclatura, pero sin referirse a la esencia o sustancia del fenómeno jurídico en estudio. En un lenguaje elíptico, se quiere rescatar que al caso fortuito se le tome por lo que es, con las características que por ley lo definen, pues sin el debido desvelo que materia tan delicada y rigurosa exige, llegaríase irremediablemente a un enojoso formalismo.
Fue así que la Corte dejó bien en claro cómo “para que el supradicho alcance normativo sea de recibo, requiérese que de la decisión penal brote inequívocamente que la solución descansa en una cualquiera de las causas ya descritas, porque es natural pensar que la preceptiva en cita, atendidos sus peculiares efectos, rechaza su aplicación en aquellos eventos en que, como ocurre a menudo, el pronunciamiento penal se ofrece oscuro, ambiguo y hasta contradictorio. No pueden olvidarse, a este propósito, los rasgos prominentes que orientan tan delicado problema, empezando por tener siempre presente que la autoridad de la cosa juzgada penal absolutoria sobre lo civil, no se presenta frente a una decisión cualquiera, pues es forzoso que, con arreglo a un principio admitido por todos, el pronunciamiento penal, a más de necesario, sea cierto, aspecto este último sobre el que aquí se está llamando la atención con el objeto de indicar que tal connotación exige que ese pronunciamiento no puede estar afectado de dubitación o confusión alguna”.
A lo que se agregó todavía que “no está de más rememorar aquí con mayor énfasis el celo con que el juez civil se aplicará a verificar una cualquiera de tales causas (hace referencia a las previstas en el precepto 55), fijando su atención especialmente en el aspecto intrínseco del pronunciamiento penal, antes que en nomenclaturas que fácilmente lo puedan distorsionar. En esto quiere ser insistente la Corte: si la decisión penal no es lo suficientemente puntual al respecto, la norma comentada rehusa su aplicación”.
Ahora, en el presente caso aconteció precisamente aquello que la Corte previó: se trata aquí de un pronunciamiento en el que sin mayor reflexión se otorga a la situación el calificativo de caso fortuito. Y para demostrar que ello es así, nada mejor que reproducir el pasaje pertinente de la resolución penal; se dijo allí:
“La antijuricidad requiere que (...) se ponga en peligro sin justa causa el interés jurídico que tutela la ley. En este caso, la vida e integridad de las personas quienes resultaron ofendidas en el insuceso, un hecho no previsto o imposible de prever o evitar.
No previsto e imposible de evitar (...) por cuanto el motorista Gersain Castilla Santa, expuso que en un momento dado su dirección falló y fue cuando su vehículo invadió el carril contrario al suyo, con el resultado ya conocido (...).
Y el Código Penal, señala como inculpabilidad (penal) a quien realice la acción (u omisión) por caso fortuito o fuerza mayor, al tenor del numeral 1º del artículo 40. El bus se salió del control, de las manos que lo conducían y entonces se presentó el imprevisto, la tragedia”.
Eso fue todo cuanto se manifestó al respecto; se afirmó, así de golpe, que el caso fue fortuito, y nada más; no es factible hallar en razonamiento tal una apreciación seria, un análisis ponderado de la situación; se echa de menos la puntualización de los elementos que integran el comentado fenómeno jurídico, de manera que la adecuación de los hechos al mismo tenga bases ciertas.
Frente a fenómeno tan complejo, el juez penal se limitó a elaborar un elemental razonamiento: falla mecánica, igual suceso imprevisible e irresistible, igual caso fortuito; y nunca se dijo, de forma atendible, por qué. En suma, pronunciamiento tal semeja un cascarón vacío, resultando simple apariencia la inclusión que de los hechos se hizo en la causal comentada. Por lo que, conforme se ha venido analizando, ante esa específica sentencia no viene al caso la aplicación del multicitado artículo 55.
De suerte que el yerro del tribunal precedentemente remarcado carece de trascendencia para quebrar el fallo, desde luego que aun sin él, el resultado habría sido el mismo; por cuanto, se reitera, el fallo penal carece en el punto concreto de sustento, seriedad y fundamentación
Queda hecha, si, la correspondiente rectificación doctrinaria.
Naturalmente, no prospera el cargo».
(Sentencia de casación, noviembre 24 de 2000. Expediente 5365. Magistrado Ponente: Dr. Manuel Ardila Velásquez).
No obstante que como integrante de la Sala suscribí sin ninguna observación la sentencia de 12 de octubre de 1999 en que se apoya ahora la precedente decisión, consigno en esta oportunidad la presente aclaración de voto a la misma, producto de una reflexión más meditada de mi parte a la posición que, otrora, asumí, en relación con los alcances del artículo 57 del Código de Procedimiento Penal, tal como se halla modificado por el artículo 8º de la Ley 81 de 1993 (antes L. 50/87, art. 55), es decir, en cuanto a los “efectos de la cosa juzgada penal absolutoria” en el campo civil, que me llevan a apartarme parcialmente del criterio de la mayoría de mis colegas de Sala consignado en la providencia materia de esta aclaración de voto, por las consideraciones brevemente expuestas a continuación:
1. Dispone el mencionado artículo 57 del Código de Procedimiento Penal que “La acción civil no podrá iniciarse ni proseguirse cuando se haya declarado, por providencia en firme, que el hecho causante del perjuicio no se realizó o que el sindicado no lo cometió o que obró en estricto cumplimiento de un deber legal o en legítima defensa”.
2. El criterio mayoritario de la Sala respecto de dicho precepto puede sintetizarse diciendo que: a) contiene una enumeración taxativa; b) calificada por el juez penal la presencia de alguna de las circunstancias descritas en esa norma, el juez civil debe sujetarse a ella porque esa decisión tiene efectos de cosa juzgada erga omnes; c) dentro de la calificación “el sindicado no lo cometió” caben o quedan involucrados todos los acontecimientos que obedezcan a “causa extraña” como sucede con el caso fortuito o la fuerza mayor, o en aquellos acontecimientos en que entre el hecho y el daño no se dé nexo causal, pues “…llegarse a la absolución —dice la Sala— porque se estima que medió el caso fortuito o la fuerza mayor, o el hecho de un tercero o la culpa de la víctima, es tanto como asegurar que el hecho generador de la responsabilidad no lo cometió éste”; y d) que, muy a pesar de lo consignado en los precedentes literales, producida por el juez penal una calificación que impute el resultado dañoso a una causa extraña, la mera existencia material de esa decisión no es suficiente para que el juez civil declare la existencia de cosa juzgada, pues no se trata de acogerla mecánicamente en el proceso civil porque es deber ineludible de este último juzgador apreciar que ella “…no resulte meramente formal; no vaya a ser que en el punto calen pronunciamientos penales sin ningún análisis serio o, peor aún, carentes de todo análisis, porque entonces el calificativo de caso fortuito no pasa de ser tal cosa, una simple nomenclatura, pero sin referirse a la esencia o sustancia del fenómeno jurídico en estudio”.
3. Yo estoy de acuerdo con la Sala en que la enumeración contenida en el artículo 57 del Código de Procedimiento Penal es taxativa, pero no en que a pesar de esa taxatividad se sostenga que cuando el precepto alude a que “el sindicado no lo cometió” puedan involucrarse allí circunstancias como las del caso fortuito o la fuerza mayor y en general, como lo sostiene la mayoría, los acontecimientos que dependan de una “causa extraña”, porque en mi opinión la calificación que al respecto haga el juez penal sólo puede estar referida a que el hecho físico realizado no es obra del sindicado sino de un tercero.
3.1. Si, como lo admite la doctrina penal, el artículo 57 del Código de Procedimiento Penal es taxativo y naturalístico, ello indica que cuando allí se alude a que el hecho causante del perjuicio “no se realizó” o que “el sindicado no lo cometió”, se está significando, en rigor, que, de un lado, hay carencia absoluta de la conducta que se dice realizada o se tilda de determinante del perjuicio, y, de otro, que aun en el caso de existir ésta, ella no fue obra de quien se sindica como responsable, sino, obviamente, de un tercero. Y, con el mismo criterio, cuando en dicha norma se alude a que el sindicado “obró en estricto cumplimiento de un deber legal” o “en legítima defensa”, se está haciendo estricta referencia a los numerales primero y cuarto del artículo 29 del Código Penal, disposición esta última que consagra, adicionalmente, otras tres “causales de justificación del hecho” a las cuales, sin embargo, no se extienden, en virtud de la taxatividad mencionada, los efectos del artículo 57 del Código de Procedimiento Penal antes transcrito.
3.2. Siendo, pues, ese el sentido del precepto en comento, no es admisible, so pretexto de desentrañar su verdadero alcance, extender los efectos de cosa juzgada en él inherentes a otros supuestos diferentes a los allí contemplados, y en particular entender que al interior de la connotación “el sindicado no lo cometió” caben hipótesis distintas a la de sostener, consecuentemente, que el hecho fue “obra de un tercero”.
3.3. El legislador no involucró dentro del concepto “el sindicado no lo cometió” las conductas determinadas por caso fortuito o fuerza mayor, porque, partiendo precisamente de que en ellas el sindicado sí cometió el hecho, simplemente previó para esos eventos una causal de inculpabilidad, tal como se desprende del artículo 40 del Código Penal, lo cual significa, ni más ni menos, que el comportamiento del sindicado autor del hecho punible no puede ser penado, pero en manera alguna que no fue autor del mismo. Si así no fuera al legislador le habría bastado excluir el caso fortuito o la fuerza mayor de las causales de inculpabilidad y guardar absoluto silencio respecto de ellas para que se entendiera que, por sí mismas, son indicativas de que el hecho no existió o que “el sindicado no lo cometió”. A contrario sensu, si tan sólo consagró para ellas una exoneración de pena, fue porque implícitamente advirtió en las conductas determinadas por esos fenómenos la cabal consumación del hecho.
3.4. De ahí que sea preciso concluir que la configuración del artículo 57 del Código de Procedimiento Penal obedece a una determinación sistemática del legislador, orientada a la taxatividad de los motivos configurantes de la cosa juzgada penal sobre la civil; reflexión tanto más atendible si, como se sabe, dicho precepto excluyó así mismo los motivos de inimputabilidad consagrados en el artículo 31 del Código Penal, es decir, los casos de carencia de capacidad para comprender la ilicitud o de actuar con esa comprensión (inmadurez sicológica y trastorno mental).
Si el legislador hubiera querido darle al concepto “el sindicado no lo cometió” un alcance no solamente material o físico sino jurídico, no se entiende por qué en relación con las personas inmaduras sicológicamente o con las que padecen trastorno mental consagró simplemente en el artículo 31 del Código Penal la inimputabilidad, pues si jurídicamente los inimputables no tienen conciencia de sus actos, eso sería suficiente para que se afirmara con sentido lógico respecto del hecho cometido por ellos, que “el sindicado no lo cometió”. Con todo, aun en esa circunstancia, la ley penal tiene el hecho por cometido y apenas si lo excluye de responsabilidad penal porque consagra expresamente para esos eventos la responsabilidad civil en el artículo 33 de la misma obra.
3.5. Por lo demás, si el legislador hubiera querido comprender en el artículo 57 del Código de Procedimiento Penal a todos los casos de exoneración de responsabilidad penal que el mismo código consagra, no habría hecho allí expresa mención de unas conductas en particular (las desprovistas de antijuricidad), con lo cual es evidente que excluyó las restantes.
4. La conclusión es, pues, obvia: El legislador hizo una enumeración taxativa en el citado artículo 57; y, si ello es así, no se ve la razón para que, partiéndose de ese entendimiento, pueda argüirse válidamente que caben allí y más exactamente al interior del enunciado consistente en que el hecho causante del perjuicio “el sindicado no lo cometió”, hipótesis tales como el “caso fortuito” o la “fuerza mayor”.
5. Otra cosa es que “el caso fortuito” o la “fuerza mayor”, debidamente comprobados, constituyan al interior del proceso civil motivo de “rompimiento del nexo causal” y, por lo consiguiente, produzcan la exoneración de responsabilidad pecuniaria, porque en este supuesto es dicho juzgador, de conformidad con la ley (L. 95/890, art. 1º) e independientemente de las consideraciones del sentenciador penal, quien debe determinar lo pertinente. Por lo mismo, si el sentenciador penal advierte, dentro del esquema probatorio que maneja, que la conducta del sindicado estuvo determinada por dicha causal de inculpabilidad, debe exonerarlo de responsabilidad penal, sin que, obviamente, su determinación sea condicionante para los efectos del artículo 57 del Código de Procedimiento Penal; lo que implica, desde luego, que el juzgador civil pueda llegar a una conclusión contraria desde la perspectiva conceptual y probatoria a su alcance.
En conclusión, cuando a criterio de un juez penal medie fuerza mayor, caso fortuito, o en general una causa extraña en la producción del hecho causante del perjuicio, no es legalmente posible afirmar, con sujeción al artículo 57 del Código de Procedimiento Penal, que se está ante la hipótesis de que “el sindicado no lo cometió”, porque ella está referida exclusivamente, como se vio, a la participación física o material del sindicado en el citado hecho. Frente a esos supuestos deberá, pues, el juez civil, en presencia de culpa presumida, valorar si probatoriamente es del caso tener por establecido el rompimiento del nexo causal, condición en tal caso indispensable para la exoneración de la responsabilidad civil.
El comentado artículo 57 que en esencia corresponde al artículo 28 del Código de Procedimiento Penal de 1936 (D. 2300), fue objeto de precisión en sus alcances por la extinguida Sala de Negocios Generales de esta corporación, que en su momento señaló:
“En el artículo 28 del Código de Procedimiento Penal se ha establecido que la acción civil no podrá proponerse ante la jurisdicción civil cuando en el proceso penal se haya declarado por sentencia definitiva o por auto de sobreseimiento definitivo ejecutoriado que la infracción en que aquélla se funda no se ha realizado, o que el sindicado no la ha cometido, o que obró en cumplimiento de un deber o en ejercicio de una facultad legítima.
Contempla el artículo citado tres únicas causales de extinción de la acción civil como consecuencia del pronunciamiento penal: que el ilícito delictuoso o culposo no ha existido; que la persona procesada no lo cometió; o que, habiéndolo cometido, procedió en cumplimiento de un deber o en ejercicio de una facultad legítima.
En estos casos, la resolución absolutoria produce el efecto de extinguir la fuente generadora de la obligación de reparar los perjuicios causados por el ilícito. Si la infracción de donde se pretende derivar un daño patrimonial o moral no se ha configurado, o sí, habiendo existido, aparece que su autor es persona distinta del inculpado; o bien, si se absuelve a éste de toda responsabilidad porque hubiere obrado dentro del supuesto en que la ley justifica el acto, quitándole todo carácter de delictuoso, dentro del rigor, del indicado precepto, carecería de causa cualquiera acción encaminada a obtener la reparación del daño privado, puesto que éste jurídicamente no se ha conformado”. (Sentencia Sala de Negocios Generales, 9 de septiembre 1948, LXV, 210).
6. Tampoco comparto el criterio de la Sala consistente en que, no obstante los efectos de cosa juzgada material erga omnes que tienen las decisiones penales en punto del artículo 57 del Código de Procedimiento Penal, se sostenga por la mayoría que cuando ese pronunciamiento declara la existencia de caso fortuito o fuerza mayor, con todo y eso el juez civil deba zambullirse en aquella decisión para desatenderla si no hay en ella un análisis probatorio serio, porque advierto en esa actividad que se le impone al juez civil una misión casi que imposible, como es acatar y desacatar al propio tiempo la cosa juzgada puesta de presente. Si, pues, no obstante el acaecimiento de este último fenómeno, el juez civil tiene el compromiso ineludible, cual lo califica la mayoría, de urgar la prueba sobre la que se basó el juez penal para después de escarbar en ella concluir que aquella sí es atendible, habría además, en mi concepto, una razón práctica adicional para sostener que es, desde este punto de vista, de mayor conveniencia para el ejercicio de las distintas competencias emanadas de la jurisdicción del Estado, que sea el juez civil quien juzgue, desde su propia concepción jurídica, si se dan o no las bases probatorias para que, dentro de la actuación civil, pueda concluirse la rotura del nexo causal. De esta manera no se presenta, por lo demás, interferencia de funciones entre jueces penales y civiles.
7. Por lo anterior, considero que no hay lugar a la corrección doctrinal que se le hace al tribunal, al sostener éste que la calificación de caso fortuito hecha por el juez penal no le resultaba vinculante.
Lo anterior, con el debido respeto por el criterio de mis compañeros de Sala.
Nicolás Bechara Simancas.