Source: http://www.cidh.oas.org/annualrep/2008sp/Honduras785-05.sp.htm
Timestamp: 2017-05-27 15:39:39
Document Index: 364072068

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 7', 'artículo 30', 'artículo 1', 'artículo 31', 'artículo 7']

4. Sin prejuzgar sobre el fondo del asunto, y tras analizar la información disponible y verificar el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad consagrados en los artículos 46 y 47 de la Convención Americana, así como en los artículos 30 y 37 de su Reglamento, la CIDH concluye que la petición es admisible en cuanto a la presunta violación de los derechos establecidos en los artículos 4, 5, 8 y 25 de la Convención Americana, en relación con la obligación general consagrada por el artículo 1.1 del mismo instrumento internacional. Además, por aplicación del
principio iura novit curia la Comisión concluye que la petición es admisible por la presunta violación del artículo 7 de la Convención. La Comisión decide notificar esta decisión a las partes, publicarla e incluirla en su Informe Anual a la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos.
5. El 14 de julio de 2005, la Comisión recibió la petición y le asignó el número 785-05[2]. El 12 de octubre de 2006, transmitió las partes pertinentes al Estado, solicitándole que dentro del plazo de dos meses, presentara su respuesta, de conformidad con lo establecido en el artículo 30.2 del Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante el “Reglamento”). La respuesta del Estado fue recibida el 28 de febrero de 2007. 6. Además, la CIDH recibió información de los peticionarios en las siguientes fechas:
23 de abril de 2007, 29 de agosto de 2007, 2 de octubre de 2007 y 13 de junio de 2008. Dichas comunicaciones fueron debidamente trasladadas al Estado.
8. En la denuncia los peticionarios informan que el 17 de mayo de 2004, entre la 1:30 y las 2 a.m., se produjo un incendio en la celda número 19 del Centro Penal de San Pedro Sula, donde se encontraban recluidos 183 considerados miembros de la denominada Mara Salvatrucha “MS 13”. Agregan que a la 1:55 a.m., el entonces Director del Centro Penal Sampedrano llamó al Cuerpo de Bomberos y a la Policía Nacional para informar del incendio, y que a las 2:30 a.m., cuando llegan las autoridades al lugar de los hechos, el humo había asfixiado a la mayoría[3]. El incendio trajo como resultado que 107[4]
privados de libertad perdieran la vida y que 26 resultaran lesionados por quemaduras. Manifiestan que informes oficiales[5]
atribuyeron el incendio a las instalaciones eléctricas inadecuadas. Al respecto, señalan que el Director del Centro Penal al momento del incendio, dos meses antes del siniestro, calificó el sistema eléctrico como colapsado, advirtiendo que se podría producir un incendio. Agregan, que de acuerdo al testimonio de algunos privados de libertad, al momento del incendio los custodios, al ver que éstos intentaban salir de la celda, les habrían disparado para impedirles escapar del fuego.
10. En relación con la investigación de los hechos, expresan que el 11 de agosto de 2004, el Ministerio Público interpuso una acusación formal[7]
contra el Director del Centro Penal al momento del incendio y el 1º de septiembre de 2004, en una audiencia inicial fue sobreseído en forma definitiva. Informan que la decisión de sobreseimiento fue apelada por el Ministerio Público ante la Corte de Apelaciones, y el recurso declarado sin lugar el 22 de noviembre de 2004. Agregan que el 23 de noviembre de 2004, se interpuso un recurso de reposición contra la resolución de la Corte de Apelaciones, pero este recurso fue declarado inadmisible el 25 de noviembre del mismo año. Posteriormente, indican que el 17 de diciembre de 2004, la Fiscalía interpuso un amparo ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, siendo rechazado el 27 de septiembre de 2005.
13. En relación con el alegato del Estado de que no se han agotado los recursos de jurisdicción interna, anotan los peticionarios que en el presente caso ha habido un retardo injustificado en la decisión de los recursos de jurisdicción interna. Expresan que para los familiares de las víctimas, el proceso judicial interno ha resultado ineficaz para sancionar conforme a derecho, a los presuntos responsables, y se les ha privado de un recurso sencillo y rápido que les permita conocer la verdad de lo sucedido, así como la justa reparación de los daños. Por lo expuesto, afirman que el Estado violó los derechos consagrados en los artículos 4, 5, 8.1 y 25 de la Convención, en conjunción con la obligación genérica derivada del artículo 1.1 del mismo instrumento internacional. B. El Estado
15. El Estado afirma que el siniestro del 17 de mayo de 2004, tuvo como origen “las deplorables condiciones del sistema eléctrico que debido al exceso de artículos o aparatos electrónicos conectados provocaron que el sistema se sobrecargara y se produjera un incendio, iniciándose exactamente por el único lugar de acceso a la celda 19, el cual se propagó rápidamente por la gran cantidad de objetos inflamables como ser cortinas, ropa de cama, vestuarios que eran utilizados por los privados de libertad entre otros objetos para satisfacer sus necesidades”[11]. 16. El Estado expresa que se ha acreditado por dictámenes médicos forense que ninguno de los fallecidos murió por impactos de arma de fuego y que los casquillos de bala encontrados se deben a los disparos hechos como señal de alerta para hacer del conocimiento a toda la población penitenciaria el siniestro que estaba ocurriendo. En relación con la afirmación de los peticionarios acerca de que la Fiscalía del Ministerio Público “emprendió en forma unilateral un proceso de destrucción de pruebas relativas al caso, el Estado de Honduras desea reiterar en este punto, que los elementos o indicios de prueba desechados, se realizaron conforme al procedimiento legal que se establece en el Código Procesal Penal y en el Reglamento (Decreto Nº 9-99-E) y en el Reglamento sobre Manejo de Indicios y Evidencias Físicas o Biológicas obtenidas como consecuencia de la comisión de un hecho constitutivo de delito”
21. En resumen, el Estado solicita se declare la inadmisibilidad de la presente petición al amparo del artículo 31.1 del Reglamento de la Comisión Interamericana porque no se han agotado los recursos de la jurisdicción interna conforme a los principios del Derecho Internacional generalmente reconocidos. IV. ANÁLISIS
1. Declarar admisible el presente caso en cuanto se refiere a presuntas violaciones de los derechos protegidos en los artículos 4, 5, 8, 25 y 1.1 de la Convención Americana, en perjuicio de las presuntas víctimas y sus familiares. Además, por aplicación del principio
iura novit curia la Comisión decide que la petición es admisible
por la presunta violación del artículo 7 de la Convención.
2. Notificar esta decisión a las partes. 3. Continuar con el análisis de fondo de la cuestión, y 4. Publicar esta decisión e incluirla en su informe Anual a la Asamblea General de la OEA.
Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez. Excepciones Preliminares. Sentencia de 26 de junio de 1987. Serie C No. 1, párrafo 93.