Source: https://corte-constitucional.vlex.com.co/vid/-43476596
Timestamp: 2020-08-08 02:45:00
Document Index: 155837742

Matched Legal Cases: ['artículo 55', 'artículo 241', 'artículo 26', 'artículo 357', 'artículo 26', 'artículo 26', 'artículo 26', 'artículo 26', 'artículo 356', 'artículo 40', 'artículo 26', 'artículo 1', 'artículo 39', 'artículo 2', 'artículo 26', 'artículo 93', 'artículo 26', 'artículo 39', 'artículo 55', 'artículo 53', 'artículo 416', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 7', 'artículo 55', 'artículo 26', 'artículo 26', 'artículo 26', 'artículo 26', 'artículo 39', 'artículo 39', 'artículo 55', 'artículo 93', 'artículo 5', 'artículo 39']

Sentencia de Constitucionalidad nº 063/08 de Corte Constitucional, 30 de Enero de 2008 - Jurisprudencia - VLEX 43476596
Decreto legislativo 2351 de 1965 articulo 26 numeral 2º. Se subroga el articulo 357 del codigo sustantivo del trabajo. La representacion de los trabajadores frente a la coexistencia de un sindicato de base con uno gremial o de industria. El actor considera vulnerados el preambulo, los articulos 13, 39, 53, 55 y 93 de la carta politica asi como los preceptos 2, 3 y 8 del convenio 87 de 1948 sobre libertad sindical y proteccion al derecho de sindicacion y de negociacion colectiva, los articulos 1, 2, 3, y 5 del convenio 135 de 1971 sobre representantes de los trabajadores y los articulos 2, 3, 5, 7 y 8 del convenio 154 sobre negociacion colectiva. Basa la transgresion de los anteriores preceptos en la restriccion de la participacion democratica de las organizaciones sindicales en la discusion de las prerrogativas laborales de la contratacion colectiva y en la anulacion de la participacion pluralista de las organizaciones sindicales de industria cuando resulten minoritarias en numero de afiliados. Asi mismo arguye que se hace nugatoria la participacion de todos los trabajadores en las decisiones que eventualmente puedan afectarlos, toda vez que se impone el ejercicio de la representacion sindical por parte de la organización con mas trabajadores afiliados, cuestion que va en contravia de la libertad de eleccion, negociacion, asociacion y participacion. Los derechos de sindicacion y negociacion colectiva. El alcance del derecho de negociacion colectiva en el convenio 154 de la oit sobre el fomento de la negociacion colectiva. La convencion colectiva. Examen de los cargos de inconstitucionalidad planteados. Para esta corte, la disposicion acusada formula un impedimento absoluto a los sindicatos minoritarios de negociar colectivamente, lo cual no se compadece con los principios de razonabilidad y proporcionalidad, ademas de restringir indefectiblemente no solo el derecho de negociacion colectiva sino tambien el de libertad sindical, eje fundamental de los derechos de los trabajadores. En efecto, al disponerse que la representacion de los trabajadores frente a la negociacion colectiva correspondera al sindicato mayoritario, se sacrifica la autonomia de los sindicatos minoritarios, de manera que se anula toda posibilidad de participacion en la negociacion colectiva y se quebrantan las garantias dirigidas a proteger la prerrogativa fundamental de la libertad sindical. Inexequible el numeral 2º del articulo 26 del decreto legislativo 2351 de 1965.
Sentencia citada en: 58 sentencias, 9 artículos doctrinales, 2 disposiciones normativas, 2 temas prácticos
S.encia C-063/08
La expresión ''negociación colectiva'' de que tratan el Convenio 154 y el artículo 55 de la Constitución, no se reduce a pliegos de peticiones o convenciones colectivas, sino que abarca todas las negociaciones que tienen lugar entre un empleador, un grupo de empleadores o una organización o varias organizaciones de empleadores, por una parte, y una organización o varias organizaciones de trabajadores, por otra, con el fin de fijar las condiciones de trabajo y empleo, o regular las relaciones entre empleadores y trabajadores y una organización o varias organizaciones de trabajadores, o lograr todos estos fines a la vez. Puede afirmarse entonces, que la negociación colectiva es el género y la convención colectiva y el pliego de peticiones son la especie y como especie, pueden ser objeto de algunas restricciones.
Demandante: N.T.C..
En ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo 241 de la Constitución Política, el ciudadano N.T.C. demandó la inconstitucionalidad del numeral 2º. del artículo 26 del Decreto Legislativo 2351 de 1965, que subrogó el artículo 357 del Código Sustantivo del Trabajo, por considerar que vulnera el preámbulo, los artículos 13, 39, 53, 55, y 93 de la Constitución Política, así como los artículos 2, 3 y 8 del Convenio 87 de 1948 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación; los artículos 1 y 2 del Convenio 98 de 1949 sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva; los artículos 1, 2, 3 y 5 del Convenio 135 de 1971 sobre los representantes de los trabajadores y los artículos 2, 3, 5, 7 y 8 del Convenio 154 sobre la negociación colectiva.
Mediante Auto del 13 de julio de 2007, la M.S. admitió la demanda, dispuso su fijación en lista y simultáneamente corrió traslado al Señor Procurador General de la Nación para que rindiera el concepto de su competencia. En la misma providencia se ordenó comunicar la iniciación del proceso al Presidente de la República, al Presidente del Congreso, al Ministro del Interior y de Justicia y al Ministro de la Protección Social, e invitar a la Academia Colombiana de Jurisprudencia y a las facultades de derecho de las universidades Nacional de Colombia, Externado de Colombia, Libre de Colombia, Pontificia Universidad Javeriana, Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, Universidad de los Andes, Universidad de Santo Tomás y Universidad Sergio Arboleda, para que intervengan impugnando o defendiendo la disposición acusada.
El ciudadano N.T.C. demanda la inconstitucionalidad del numeral 2º. del artículo 26 del Decreto Legislativo 2351 de 1965, por considerar que vulnera el preámbulo, los artículos 13, 39, 53, 55, y 93 de la Constitución Política, así como los artículos 2, 3 y 8 del Convenio 87 de 1948 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación; los artículos 1 y 2 del Convenio 98 de 1949 sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva; los artículos 1, 2, 3 y 5 del Convenio 135 de 1971 sobre los representantes de los trabajadores y los artículos 2, 3, 5, 7 y 8 del Convenio 154 sobre negociación colectiva.
El accionante, después de hacer una alusión inicial a la S.encia C-567 de 2000 M.P.A.B.S., mediante la cual se declaró la inexequibilidad de las disposiciones contenidas en los numerales 1 y 3 del artículo 26 del Decreto Legislativo 2351 de 1965, así como a las sentencias C-161 de 2000 M.P.A.M.C.. y C-280 de 2007 M.P.H.S.P.. S.V. J.A.R.. A.V. J.C.T. y Á.T.G., alusivas al derecho de negociación colectiva, y luego de transcribir las disposiciones superiores que considera infringidas, aborda la exposición de las razones por las cuales encuentra que se presenta la vulneración de los aludidos preceptos constitucionales y de las disposiciones contenidas en los referidos Convenios.
El Ministerio de la Protección Social alude inicialmente a la S.encia C-567 de 2000, mediante la cual se declaró la inexequibilidad de los numerales 1 y 3 del artículo 26 del Decreto 2351 de 1965, así como a la S.encia T-656 de 2004 M.P.J.C.T., para concluir que la representación sindical, para efectos de la negociación colectiva, está en cabeza del sindicato mayoritario cuando este existe en la empresa, y que cuando sólo existen sindicatos minoritarios, cada uno de ellos tendrá representación en la contratación colectiva.
Tampoco encuentra el Ministerio que le asista razón al demandante al sostener que la norma acusada viola el Preámbulo de la Constitución, así como el derecho a la igualdad y que cercena la capacidad de representación sindical, ''pues teniendo en cuenta que la Corte Constitucional no declaró inexequible el numeral 2º. del artículo 26 del Decreto Ley 2351 de 1965, conservan su vigencia los numerales 2º. y 3º. del Decreto Reglamentario 1371 de 1966'', cuyo texto transcribe, para concluir que la ley, en lugar de limitar o cercenar los derechos de asociación, libertad y representación sindical del sindicato minoritario, lo que hace es disponer la participación de dicho sindicato a través del envío de los temas que han de ser incluidos en el pliego de peticiones, como forma de participación indirecta en la negociación colectiva, correspondiendo su aprobación a la Asamblea General, órgano que agrupa a todos los trabajadores de la empresa.
Alude a los principios, normas y procedimientos de la OIT, que en relación con los derechos de los sindicatos mayoritarios reconocen expresamente ''ciertos derechos especiales'' de tales sindicatos, ''principalmente respecto de la negociación colectiva en nombre de una categoría de trabajadores'', sin que ello signifique que pueda prohibirse la existencia de los sindicatos minoritarios, ni que se pueda privar a estos últimos de todo tipo de actividad profesional.
La Academia Colombiana de Jurisprudencia está en total desacuerdo con lo afirmado por el demandante y dice que el asunto se circunscribe a una sola palabra: democracia. Frente a una situación de coexistencia de sindicatos en una misma empresa, como manifestación plena, democrática y pluralista, dicha empresa no podría estar adelantando negociaciones múltiples, simultaneas o diferidas a lo largo del año calendario, cada vez que un sindicato que posea uno o dos afiliados pretenda vulnerar las mayorías democráticas para generar pequeñas negociaciones atomizadas. De otra parte, a nivel de empresa debe existir ''seguridad jurídica'' en relación con el tipo de relaciones laborales; en una empresa sólo hay una convención colectiva de trabajo con vigencia plena.
En cuanto atañe al derecho de asociación, alude a lo dicho por la Corte en la S.encia C-567 de 2000 y en la S.encia T-441 de 1992 M.P.A.M.C., señalando que en las mismas se hace referencia al verdadero principio de la democracia que debe imperar al momento de la contratación colectiva, lo que implica que cada organización sindical que exista en una empresa ha de tener su propia representación, sin importar cuál de las organizaciones coexistentes cuenta con el mayor número de trabajadores afiliados.
Afirman que la negociación colectiva hace parte esencial del derecho al trabajo y a la libertad sindical y, por tal razón, las medidas legislativas que pretendan limitar dicho derecho fundamental, como es el caso de la representación en la negociación colectiva sólo a través del sindicato mayoritario, tienen que pasar por un test estricto de razonabilidad, tal como lo señaló la Corte en la S.encia C-065 de 2005 y desarrollan dicho test para concluir que la norma acusada debe ser declarada inexequible.
El Procurador General de la Nación, mediante concepto No. 4370, radicado en la Secretaría General el 07 de septiembre de 2007, empieza por precisar que los Convenios de la OIT forman parte de la legislación interna, pero no todos forman parte del bloque de constitucionalidad. En cuanto a cuáles tratados de la OIT hacen parte del bloque de constitucionalidad, manifiesta que la jurisprudencia constitucional ha tenido una gradual evolución hasta llegar a afirmarse en la actualidad que ''sólo hacen parte del bloque de constitucionalidad aquellos convenios que la Corte, después de examinarlos de manera específica, determine que pertenecen al mismo, en atención a las materias que tratan'', y alude a lo dicho al respecto por esta Corporación en la S.encia C-401 de 2005.
En cuanto a los derechos de asociación sindical y de negociación colectiva, el Procurador hace referencia a su consagración en los artículos 39 y 55 de la Constitución y a las estrechas relaciones que existen entre esos dos derechos, tal como lo puso de manifiesto la Corte en la S.encia C-280 de 2007.
Considera el Ministerio Público que existe una incompatibilidad entre la norma acusada y lo dispuesto en los artículos 1, 2 y 5 del Convenio 154 de la OIT ''sobre el fomento de la negociación colectiva''; alude a lo dicho por la Corte al realizar la revisión constitucional de dicho Convenio y advierte que el mismo no ha sido declarado hasta la fecha como parte integrante del bloque de constitucionalidad, ni en sentido estricto, ni en sentido lato.
Después de aludir a las diferentes clases de sindicatos que - de conformidad con lo dispuesto en el artículo 356 del Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por el artículo 40 de la Ley 50 de 1990 - existen en la legislación colombiana, señala que no se requieren mayores consideraciones para concluir que la limitación contenida en el numeral segundo del artículo 26 del Decreto 2351 de 1965, desconoce los principios y valores consagrados en el artículo 1º. de la Constitución, que define al Estado colombiano como social de derecho, en el cual son principios esenciales una organización ''democrática, participativa y pluralista, fundada en la dignidad humana'', principios que han de ser tenidos en cuenta para la interpretación de lo dispuesto en el artículo 39 superior.
Agrega que entre los fines esenciales del Estado señalados en el artículo 2º. de la Constitución, se encuentra el consistente en ''facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación'' y que, de conformidad con lo dicho por la Corte al analizar la constitucionalidad del numeral primero del artículo 26 del Decreto 2351 de 1965 S.encia C-567 de 2000., ''la representación sindical es un asunto que se gana en la misma lucha democrática, dentro de la propia organización sindical, y no por medio de una legislación que, bajo la excusa de proteger a los trabajadores, está impidiendo el goce efectivo de un derecho fundamental''.
Agrega que hay que tener en cuenta, además, que la norma acusada no establece una limitación temporal, sino de carácter permanente y que faculta en forma exclusiva a la organización sindical mayoritaria para ejercer el derecho a la contratación colectiva y por tanto ''el de la negociación colectiva'', pero a la luz de las normas constitucionales y los tratados internacionales antes señalados, resulta claro que dicha facultad no puede anular la posibilidad de participación de las demás organizaciones sindicales que existan en la misma empresa, por cuanto con ello se vulnera la participación democrática de los demás sindicatos que resulten ser minoritarios en las decisiones relativas a la contratación colectiva''.
En consecuencia, el Procurador solicita a la Corte que declare la inexequibilidad de la disposición acusada, ya que la limitación contenida en la misma ''pugna de manera abierta con las normas constitucionales mencionadas y desconoce el derecho de asociación sindical y el derecho a la negociación colectiva de los empleados pertenecientes a las organizaciones sindicales minoritarias y vulnera el artículo 93 de la Constitución Política, este último, teniendo en cuenta, además, que el Estado Colombiano aprobó el Convenio 87 de la OIT''.
Problemas jurídicos que deben resolverse
El ciudadano N.T.C. demanda la inconstitucionalidad del numeral 2º. del artículo 26 del Decreto 2351 de 1965 por la supuesta vulneración del preámbulo, de los artículos 13, 39, 53, 55, y 93 de la Constitución Política, así como de los artículos 2, 3 y 8 del Convenio 87 de 1948 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación; de los artículos 1 y 2 del Convenio 98 de 1949 sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva; de los artículos 1, 2, 3 y 5 del Convenio 135 de 1971 sobre los representantes de los trabajadores y de los artículos 2, 3, 5, 7 y 8 del Convenio 154 de 1981 sobre la negociación colectiva.
Los derechos de sindicación y negociación colectiva.
El artículo 39 de la Constitución consagra el derecho de sindicación, al establecer que los trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir sindicatos o asociaciones, sin intervención del Estado. Derecho de asociación sindical que comprende tres enfoques, a saber: (i) libertad individual de organizar sindicatos; (ii) libertad de sindicalización, ya que nadie puede ser obligado a afiliarse o a desafiliarse a un sindicato; y, (iii) la autonomía sindical, que es la facultad que tiene la organización sindical para crear su propio derecho interno S.encia T-656 de 2004. M.P.J.C.T...
Con el fin de asegurar el mencionado derecho, como también lo ha considerado esta corporación, el derecho de sindicación protege un ámbito de conductas que comprende: (i) el derecho a vincularse a organizaciones permanentes que los identifican como grupos con intereses comunes y que tienen por objeto la defensa de tales intereses comunes, sin que resulte obligatoria la vinculación ni la permanencia en tales grupos; (ii) El derecho a constituir y a estructurar tales organizaciones como personas jurídicas, sin que para tal efecto se presente injerencia, intervención o restricción por parte del Estado; (iii) La libertad de determinar su propio objeto, las condiciones de admisión, permanencia, retiro y exclusión de sus miembros, el régimen disciplinario aplicable, las instancias internas de poder y de representación, la forma en que han de ser manejados sus propios recursos económicos, la manera como se puede poner fin a la existencia de tales organizaciones, y en general, la determinación de todos aquellos aspectos que los miembros de dichos grupos consideren oportunos, con la debida sujeción tanto al orden legal como a los principios democráticos; (iv) La imposibilidad de cancelación o suspensión de su personería jurídica por vía diferente a la judicial; y (v) La facultad de que disponen tanto los sindicatos como las asociaciones de empleadores de constituir y de vincularse a federaciones y confederaciones de orden nacional e internacional S.encia C-797 de 2000, reiterada en sentencias C-1491 de 2000 y C-280 de 2007..
Por su parte, el artículo 55 de la Constitución, garantiza el derecho de negociación colectiva para regular las relaciones laborales, con las excepciones que señale la ley. I. al Estado el deber de promover la concertación y los demás medios para la solución pacífica de los conflictos colectivos de trabajo.
La Corte ha precisado que el derecho de negociación colectiva no se limita a la presentación de los pliegos de peticiones y a las convenciones colectivas, sino que incluye todas las formas de negociación que se den entre trabajadores y empleadores y que tengan el fin de regular las condiciones del trabajo mediante la concertación voluntaria, la defensa de los intereses comunes entre las partes involucradas en el conflicto económico laboral, la garantía de que los representantes de unos y otros sean oídos y atendidos, así como la consolidación de la justicia social en las relaciones que se den entre los empleadores y los trabajadores. S.encia C-161 de 2000, reiterada en las sentencias C-1234 de 2005 y C-280 de 2007.
Ahora bien. Son estrechas las relaciones entre los derechos de asociación sindical y de negociación colectiva, pues como ya lo ha considerado la Corte S.encias C-112 de 1993, C-009 de 1994 y C-161 de 2000., el derecho de negociación colectiva es consustancial al derecho de asociación sindical, en cuanto le permite a la organización sindical cumplir la misión que le es propia de representar y defender los intereses económicos comunes de sus afiliados y hacer posible, real y efectivo el derecho de igualdad, si se tiene en cuenta que dicha organización, por su peso específico, queda colocada en un plano de igualdad frente al patrono.
Derechos que presentan diferencias en cuanto a su naturaleza, pues mientras que el derecho de asociación sindical es de naturaleza fundamental, el de negociación colectiva prima facie no tiene este carácter, aunque puede adquirirlo cuando su vulneración implica la amenaza o vulneración del derecho al trabajo o de asociación sindical Ver entre otras sentencias la T-418 de 1992, SU-342 de 1995, C-161 de 2000 y C-1050 de 2001.
Además, ninguno de los derechos en mención tiene un carácter absoluto en cuanto pueden ser limitados por la ley, de conformidad con lo previsto en la Constitución. En efecto, tales limitaciones deben ser razonadas y proporcionadas y, como lo ha considerado esta corporación, las limitaciones a los derechos de sindicación y de negociación colectiva podrán ser justificadas en cuanto busquen proteger bienes constitucionalmente relevantes como la prevalencia del interés general, el cumplimiento de los objetivos trazados por la política económica y social del Estado, la estabilidad macroeconómica y la función social de las empresas, entre otros S.encia C-280 de 2007..
En cuanto a las fuentes internacionales provenientes de la OIT, cabe resaltar en esta oportunidad, el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación (num. 87) y el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva (num. 98). Sobre estos dos convenios, la Corte ha considerado que forman parte del bloque de constitucionalidad en cuanto se refieren a derechos humanos fundamentales en el trabajo como la libertad sindical y la aplicación de los principios de derechos de sindicalización colectiva Ver sentencias T-418 de 1992, T-441 de 2000, SU-342 de 1995, C-225 de 1995, T-568 de 1999, C-010 de 2000, C-385 de 2000, C-567 de 2000, C-597 de 2000, C-797 de 2000, C-1491 de 2000.
En relación con el derecho de negociación colectiva, cabe mencionar el Convenio num. 154 de la OIT, sobre el fomento de la misma de manera libre y voluntaria. Al respecto de este Convenio, la Corte ha considerado que no cabe duda que hace parte de la legislación interna, tanto a la luz del artículo 53 constitucional, como por haber sido aprobado por medio de la Ley 524 de 1999 Así se reconoce en la sentencia C-1234 de 2005., sin embargo, hasta la fecha esta Corporación no ha declarado que haga parte integrante del bloque de constitucionalidad ni en sentido estricto ni en sentido lato. En efecto, en la sentencia C-161 de 2000 en la cual se examinó la exequibilidad del Convenio 154 y de su ley aprobatoria no hubo un pronunciamiento de esta Corporación, y sentencias posteriores en las cuales se ha hecho alusión al mismo tampoco han dilucidado el extremo en cuestión Al citado Convenio 154 se hace alusión entre otras decisiones en las sentencias SU-1185 de 2001, C-551 de 2003, T-809 de 2005, T-1235 de 2005 y C-1234 de 2005.. S.encia C-280 de 2007 (las negrillas no son del texto original)
También ha considerado esta corporación, que no obstante, a pesar que expresamente no se ha hecho una manifestación en tal sentido es posible verificar que esta Corporación en algunas decisiones ha empleado sus estipulaciones para establecer el alcance del derecho de negociación colectiva Precisamente la jurisprudencia constitucional ha entendido que el derecho de negociación colectiva no se agota en la celebración de convenciones o pactos colectivos en virtud de la definición amplia del derecho en cuestión contenida en los artículos 2º y 6º del Convenio, sobre esta aspecto son esclarecedoras las sentencias SU-1185 de 2001 y C-1234 de 2005. , tal como ocurre por ejemplo en las sentencias C-1234 de 2005 En esta decisión la Corte se pronuncia in extenso sobre el alcance del Convenio 154 de la OIT para establecer el alcance del derecho a la negociación sindical con ocasión del examen de constitucionalidad del artículo 416 del C.S.T. y SU-1185 de 2001 En esta sentencia se emplea el artículo 2º del Convenio 154 para definir el derecho de negociación colectiva.. Esta Corporación entiende que tal utilización se ajusta al carácter del Convenio 154 de la OIT pues si bien es un tratado internacional sobre un derecho humano -el derecho de negociación colectiva- no prohíbe su suspensión bajo los estados de excepción y en consecuencia no hace parte del bloque de constitucionalidad en sentido estricto. Con el fin de delimitar el alcance del derecho de negociación colectiva a continuación se hará una breve descripción de las disposiciones de este instrumento internacional. Ver sentencia C-280 de 2007
Cabe recordar finalmente, la Recomendación 163, sobre el fomento de la negociación colectiva Adoptada en junio de 1981, en la sexagésima séptima reunión de la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo,, que entre los medios para dicho fin, en la medida que resulte necesario y apropiado, dispone que se deberían adoptar medidas adecuadas a las condiciones nacionales para que: a) las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores sean reconocidas a efectos de la negociación colectiva; b) en los países en que las autoridades competentes apliquen procedimientos de reconocimiento a efectos de determinar las organizaciones a las que ha de atribuirse el derecho de negociación colectiva, dicha determinación se base en criterios objetivos y previamente definidos, respecto del carácter representativo de esas organizaciones, establecidos en consulta con las organizaciones representativas de los empleadores y de los trabajadores.
El alcance del derecho de negociación colectiva en el convenio 154 de la OIT, sobre el fomento de la negociación colectiva.
''El artículo primero del Convenio establece una regla de amplio alcance sobre su ámbito de aplicación pues señala que éste cobija todas las ramas de actividad económica, concepto extenso que abarca tanto al sector público como el privado de la economía, sin hacer distingos entre trabajo rural y urbano ni tampoco en relación con el tamaño de las unidades de producción. Cuando examinó este precepto la Corte Constitucional sostuvo que la legislación interna colombiana podría delimitar el alcance de la referencia a todas las ramas de la actividad económica, y que en todo caso esta expresión era ''más amplia que la definición de empresa, pues esta última es tan solo una modalidad de aquella, por lo cual no la agota'' S.encia C-161 de 2000..
En la misma dirección, el tercer inciso del mismo artículo prevé que la legislación interna podrá fijar modalidades particulares de negociación para la administración pública, tema que por otra parte ha sido tratado de manera extensa por la Corte Constitucional especialmente en cuanto al alcance de este derecho respecto de los empleados públicos Ver sentencias C-110 de 12994, C-377 de 1998 y C-1234 de 2005..
Al artículo 2º del Convenio ya se ha hecho alusión en acápites anteriores de la presente decisión pues define la expresión ''negociación colectiva'' en un sentido amplio, de manera tal que ''comprende todas las negociaciones que tienen lugar entre un empleador, un grupo de empleadores o una organización o varias organizaciones de empleadores, por una parte, y una organización o varias organizaciones de trabajadores, por otra, con el fin de: fijar las condiciones de trabajo y empleo, o regular las relaciones entre empleadores y trabajadores, o regular las relaciones entre empleadores o sus organizaciones y una organización o varias organizaciones de trabajadores, o lograr todos estos fines a la vez''.
El artículo 3º del tratado remite a la legislación interna la posibilidad de prever que la negociación colectiva sea adelantada por los representantes electos de las asociaciones de trabajadores. Esta cláusula guarda relación con el artículo 3º del Convenio 135 de la OIT ''relativo a la protección y facilidades que deben otorgarse a los representantes de los trabajadores en la empresa'', el cual consagra dos categorías de representantes de los trabajadores. El apartado a) se refiere a los representantes sindicales que son nombrados o elegidos por los sindicatos. Mientras que el apartado b), que es la disposición a la cual se remite el artículo 3 del Convenio 154, hace referencia a los representantes electos, esto es, a quienes resultan libremente elegidos por los trabajadores de la empresa.
El artículo cuarto señala que las disposiciones de este instrumento deben ser aplicadas mediante convenciones, laudos arbitrales o leyes y normas nacionales. A juicio de esta Corporación el artículo en cuestión debe ser entendido en el sentido que la aplicación primaria del convenio deberá realizarse en los contratos colectivos o laudos arbitrales, pues ''el derecho a la negociación colectiva se hace efectivo y se concreta, en nuestra legislación, a través de la celebración de convenciones o pactos colectivos, los cuales ''constituyen derecho objetivo, se incorporan al contenido mismo de los contratos de trabajo y, en tal virtud, contienen las obligaciones concretas del patrono frente a cada uno de los trabajadores'' Ibidem..
Por su parte el artículo 7º del instrumento internacional dispone que las medidas de fomento deberán ser objeto de consultas previas entre las autoridades públicas, los empleadores y los trabajadores. Finalmente los artículos 9º y siguientes consagran las reglas instrumentales para la adopción y ejecución del convenio.'' (las negrillas no son del texto original)
La convención colectiva es uno de los instrumentos o mecanismos para la negociación, destinada a dar solución y a poner fin a los conflictos colectivos de trabajo y a precaver que éstos desemboquen en la huelga, y tiene como finalidad fijar las condiciones que regirán los contratos de trabajo durante su vigencia Código Sustantivo del Trabajo, art. 467. Ver también sentencia SU-342 de 1995..
Cabe recordar, como lo ha considerado esta corporación, que la expresión ''negociación colectiva'' de que tratan el Convenio 154 y el artículo 55 de la Constitución, no se reduce a pliegos de peticiones o convenciones colectivas, sino que abarca todas las negociaciones que tienen lugar entre un empleador, un grupo de empleadores o una organización o varias organizaciones de empleadores, por una parte, y una organización o varias organizaciones de trabajadores, por otra, con el fin de fijar las condiciones de trabajo y empleo, o regular las relaciones entre empleadores y trabajadores y una organización o varias organizaciones de trabajadores, o lograr todos estos fines a la vez. Puede afirmarse entonces, que la negociación colectiva es el género y la convención colectiva y el pliego de peticiones son la especie y como especie, pueden ser objeto de algunas restricciones S.encia C-1234 de 2005..
El Convenio colectivo, si bien es el resultado de la negociación, pues de conformidad con lo previsto en el C.S.T., art. 435, inc. 2º, si se llegare a un acuerdo total o parcial sobre el pliego de peticiones, se firmará la respectiva convención colectiva, no es sólo un contrato sino que se constituye en norma jurídica dictada por la empresa y los trabajadores, a través de un acuerdo de voluntades reglado y de naturaleza formal, que se convierte en fuente autónoma de derecho, dirigida a regular las condiciones individuales de trabajo, con sujeción a los derechos mínimos ciertos e indiscutibles de los trabajadores. Así, por tener un claro contenido regulador y constituir sus cláusulas derecho objetivo, la misma adquiere el carácter de fuente formal del derecho S.encia SU-1185 de 2001..
No obstante lo dispuesto en el artículo 26 del Decreto legislativo 2351 de 1965, cuando el setenta y cinco por ciento (75%) o más de los trabajadores de una misma profesión, oficio o especialidad al servicio de una empresa estén afiliados a un solo sindicato gremial, el pliego de peticiones que éste le presente a la empresa deberá discutirse directamente con ese sindicato, y el acuerdo a que se llegue formará un capítulo especial de la respectiva convención colectiva de trabajo.
Al respecto de ésa disposición, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia consideró, que ella hace una clara distinción entre los conceptos de discusión del pliego y el acuerdo, dejando claro que si bien el sindicato gremial puede presentar un pliego de peticiones y discutirlas con la empresa, es el sindicato mayoritario de la empresa, como titular del derecho de negociación, el que puede celebrar la respectiva convención colectiva, de conformidad con el artículo 26 del Decreto legislativo 2351 de 1965 CSJ, C. Laboral, S.. Homologación sep. 23/71, G.J. 2346-2352, Tomo CXXXIX, pág. 365 y ss.).
Al respecto de la última disposición citada, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha considerado que estatuye una excepción al principio general de que los contratos solamente obligan a las partes que lo celebran, al disponer que si de la convención colectiva hace parte un sindicato mayoritario, entendiendo por tal el que agrupa un número de afiliados que exceda de la tercera parte de los trabajadores de la empresa, las normas de la convención se extienden a todos los trabajadores de la empresa, sean o no sindicalizados C.S.J., C.. Laboral, S.. mar. 27/81.
Examen de los cargos de inconstitucionalidad planteados
Considera el demandante que se vulneran los derechos de asociación sindical, negociación colectiva e igualdad, al disponer el legislador en el numeral segundo de artículo 26 del D.L. 2351 de 1965 que, cuando en una misma empresa coexistiere un sindicato de base con uno gremial o de industria, la representación de los trabajadores, para todos los efectos de la contratación colectiva, corresponderá al sindicato que agrupe a la mayoría de los trabajadores de dicha empresa. A., que dicha disposición restringe a los sindicatos de industria su participación democrática en la discusión de las prerrogativas laborales de la convención colectiva, acaba con la participación pluralista de los sindicatos, anula su derecho de negociación colectiva al suplantar su representación por otra organización diferente a la escogida por él, la cual se les impone. Además, permite las acciones del empleador para fomentar la filiación a los sindicatos de base.
Mediante la misma sentencia citada, se declaró inexequible el numeral 3º. Del citado artículo 26 del D.L. 2352/65, que disponía que si ninguno de los sindicatos agrupaba a la mayoría de los trabajadores de la empresa, la representación correspondería conjuntamente a todos ellos. El fundamento de la citada inconstitucionalidad consistió en que, para la efectividad del ejercicio del derecho de asociación sindical, si un grupo de trabajadores constituye y se afilia a un sindicato, dicho sindicato tiene la representación de tales trabajadores ''y, siendo ello así, resulta violatorio del artículo 39 de la Carta imponerle por la Ley que esa representación deba necesariamente ejercerla ''conjuntamente'' con otro u otros sindicatos si ninguno agrupa a la mayoría de los trabajadores de la empresa, pues eso menoscaba, de manera grave la autonomía sindical'' S.encia C-567 de 2000.
En tal oportunidad la Corte consideró que el problema planteado consistía en determinar si lo relativo a la representación de las organizaciones sindicales es asunto que debe ser regulado por el legislador. Al respecto consideró, que ''[Según el art. 39 de la Constitución y el Convenio 87 de la OIT (art. 3, aparte 1), lo relativo a la representación de los trabajadores es cuestión esencial que hace parte del derecho de asociación y de la libertad sindical, razón por la cual en esta materia no puede, en principio, intervenir el legislador.''
Expresó además dicha sentencia, ''...que ya esta Corte definió el problema relativo a la representación de los trabajadores, cuando en una empresa existen dos o mas sindicatos de base, al declarar inexequible, en la sentencia C-567/2000 Idem. el numeral 3 del art. 26 del decreto legislativo 2351 de 1965, que establecía: ''si ninguno de los sindicatos agrupa a la mayoría de los trabajadores de la empresa, la representación corresponderá conjuntamente a todos ellos. El Gobierno reglamentará la forma y modalidades de esta representación''. Para lo anterior, se citó el siguiente aparte de la sentencia C.567 de 2000,
''Otro argumento importante de los que defienden la constitucionalidad de la limitación legal, la encuentran en la representación sindical, en el sentido de que al limitar la existencia de un sólo sindicato de base en una misma empresa, se fortalece la representación de los trabajadores. Sin embargo, la Corte considera que éste tampoco es un argumento de índole constitucional, pues no hay que olvidar que la representación sindical es un asunto que se gana en la misma lucha democrática, dentro de la propia organización sindical, y no por medio de una legislación que, bajo la excusa de proteger a los trabajadores, está impidiendo el goce efectivo de un derecho fundamental, como es el de la libertad sindical''.
Cuando en una misma empresa coexistiere un sindicato de base con sindicatos gremiales o de industria, la representación de los trabajadores, para todos los efectos de la contratación colectiva, corresponderá al sindicato que agrupe a la mitad más uno de los trabajadores de dicha empresa. En este evento el sindicato mayoritario deberá avisar a los otros sindicatos, con treinta (30) días de anticipación, la fecha en que ha de celebrarse la asamblea general que debe aprobar el pliego de peticiones, a fin de que éstos puedan enviar, si así lo acuerdan, los puntos o materias que les interesen. La asamblea general decidirá por mayoría de votos si los incluye en el pliego o los rechaza, indicando en este último caso las razones que determinen su negativa.
Si los sindicatos minoritarios no solicitan al mayoritario la inclusión de sus peticiones en el pliego, se entenderá que no tienen interés en la negociación colectiva.
Otro argumento presentado a favor de la declaración de constitucionalidad consiste en que, frente a una situación de coexistencia de sindicatos en una misma empresa, como manifestación plena, democrática y pluralista, dicha empresa no podría estar adelantando negociaciones múltiples, simultaneas o diferidas a lo largo del año calendario, cada vez que un sindicato que posea uno o dos afiliados pretenda vulnerar las mayorías democráticas para generar pequeñas negociaciones atomizadas. De otra parte, se agrega que a nivel de empresa debe existir ''seguridad jurídica'' en relación con el tipo de relaciones laborales y que en una empresa sólo hay una convención colectiva de trabajo con vigencia plena.
En conclusión, la disposición demandada no tiene justificación constitucional y por ende la Constitución, pues restringe a los sindicatos minoritarios el derecho a la negociación colectiva de manera irrazonable y desproporcionada. La Corte encuentra que efectivamente se presenta una incompatibilidad entre lo dispuesto en el artículo 39 de la Carta, que establece el derecho que tienen los trabajadores y empleadores ''a constituir sindicatos y asociaciones, sin intervención del Estado''; en el artículo 55 superior que ''garantiza el derecho de negociación colectiva para regular las relaciones laborales'', y en el artículo 93 de la Constitución por desconocimiento de lo plasmado en el literal a) del numeral 2º. del artículo 5º. del Convenio 154 de 1981 de la OIT sobre la negociación colectiva que dispone que ''la negociación colectiva sea posibilitada a todos los empleadores y a todas las categorías de trabajadores de las ramas de actividad a que se aplique el presente Convenio''.(Negrillas fuera de texto).
Cabe recordar, que el derecho de asociación sindical - que es una garantía de naturaleza fundamental, se halla consagrado en el artículo 39 de la Constitución y ha sido calificado por esta Corporación como un ''derecho subjetivo, de carácter voluntario, relacional e instrumental'' S.encia T-656 de 2004. - no se agota en la posibilidad de crear organizaciones de trabajadores o de empleadores, sino que comporta igualmente el derecho de vincularse a aquella organización que represente e interprete más fielmente los derechos y los intereses de cada individuo y comporta, además, su real y efectivo ejercicio, el cual se materializa a través de la negociación colectiva, concretándose así su carácter instrumental.
ACLARACION DE VOTO A LA SENTENCIA C-063 DE 2008 DEL MAGISTRADO J.A.R.
Finalmente, en relación con el tema de la representación de las organizaciones sindicales, me permito recordar que de conformidad con la jurisprudencia de esta Corte, el principio válido en este ámbito es que quien negocia a nombre del sindicato es quien fue designado válidamente de entre sus miembros para ello, y que dicha representación es un asunto que hace parte del núcleo esencial de la libertad sindical y el derecho de asociación sindical, razón por la cual el Legislador no puede intervenir en esta materia, tal y como quedó establecido en la sentencia C-797 del 2000.