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Timestamp: 2020-08-07 22:03:00
Document Index: 347790534

Matched Legal Cases: ['artículo 64', 'artículo 14', 'artículo 9', 'artículo 4', 'artículo 215', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 161', 'artículo 23', 'artículo 206']

DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 442, de 22/02/2018
cve: DSCD-12-CO-442
Año 2018 XII LEGISLATURA Núm. 442
- Sobre las elecciones sindicales en el sector de la pesca. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000990) ... (Página2)
- Relativa a la consideración como cotizado del periodo de cumplimiento del servicio social femenino. Presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. (Número de expediente 161/001664) ... (Página4)
- Por la que se insta al Gobierno a aprobar un proyecto de ley de impulso a la creación de empleo de calidad en el sector de los servicios de atención a las personas. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/001941) ... (Página8)
- Relativa a la adopción de medidas para la prevención de la salud laboral y reducción de la edad de jubilación para el colectivo de trabajadoras que prestan el servicio de ayuda a domicilio. Presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 161/002844) ... (Página12)
Votaciones ... (Página19)
Se abre la sesión a las diez y cincuenta minutos de la mañana.
- SOBRE LAS ELECCIONES SINDICALES EN EL SECTOR DE LA PESCA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000990).
Señorías, comenzamos la sesión de esta Comisión con el debate y la votación de proposiciones no de ley. Les comunico que las votaciones no tendrán lugar antes de las doce horas.
En primer lugar, vamos a debatir el punto 1.º del orden del día: proposición no de ley sobre las elecciones sindicales en el sector de la pesca, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Para su defensa, por el Grupo Parlamentario Socialista, por un tiempo no superior a siete minutos, tiene la palabra la señora Pérez Herráiz.
Son conocidas las difíciles condiciones laborales y de vida a bordo de los buques, así como que el sector pesquero español es importante tanto por los recursos que genera como por el número de personas que emplea, y muy especialmente en Galicia. A finales del año pasado entró en vigor el Convenio 188 de la Organización Internacional del Trabajo, que tiene por objetivo que las personas que trabajan en los barcos de pesca tengan condiciones decentes de empleo, trabajo y vida a bordo; también será de obligado cumplimiento para España, a pesar de que no sabemos por qué no lo ha ratificado. Esta normativa mejorará las condiciones de vida y de trabajo en los buques pesqueros e incluirá requisitos mínimos, en relación con el trabajo a bordo o con las condiciones del servicio.
Otro medio de garantizar las condiciones de trabajo y vida de los pescadores, como a todos los trabajadores, es la negociación colectiva y la representación sindical, pero ambas son tareas muy difíciles de realizar en el sector pesquero, debido a la rotación de los trabajadores, así como al tamaño y estructura de la mayor parte de las empresas pesqueras. De esta forma el año pasado únicamente había registrados 147 delegados sindicales en todo el territorio nacional para aproximadamente 36 000 trabajadores. La alta movilidad de las plantillas y la temporalidad de los contratos hacen inviable el actual sistema de representación. Esto repercute en más dificultades de estos trabajadores para conseguir, a través de negociaciones equilibradas, condiciones salariales de trabajo y de seguridad.
Las condiciones de seguridad y salud a bordo de los buques de pesca es una de las peculiaridades más importante y difícil de realizar en los buques de pesca, ya que requiere de un adecuado seguimiento y control por parte de los trabajadores. Las normas específicas de seguridad y salud para buques pesqueros no son aplicables a gran parte de la flota nacional, ya que el 80 % de los buques tiene una eslora en perpendicular inferior a 15 metros, que es el límite para la norma específica. Por tanto, para estos buques se debe utilizar la normativa preventiva general, de difícil encaje en este ámbito. Entre los objetivos de la política pesquera común está evitar el declive del empleo e incrementar el atractivo de la actividad, mediante un incremento de los empleos de calidad.
Un informe del Consejo Económico y Social Europeo, relativo a la política pesquera común, considera necesario adoptar una auténtica política social para el sector pesquero que aborde las necesidades de empleo y bienestar de todos los trabajadores con mejora de las condiciones de trabajo en la Estrategia Europea 2020, para revertir la tendencia al declive del empleo en el sector pesquero por su falta de atractivo, como la mejora de la formación como mecanismo imprescindible para impulsar la generación de un modelo eficiente; el fomento del trabajo femenino, tanto en bajura como en altura; o la garantía de un elevado cumplimiento de los estándares europeos en todos los segmentos y actividades, supeditando en su caso las ayudas públicas a ese cumplimiento. Los trabajadores del mar precisan mejorar las condiciones de empleo y trabajo, lo que contribuirá a reforzar la dimensión social de la política marítima y frenar el declive del empleo, en gran parte debido a las penosas condiciones de empleo y trabajo en este sector, de forma que pueda ser un sector atractivo también para los jóvenes. Conseguir esos avances necesarios solo es posible con la implicación de los agentes sociales afectados y estos solo pueden hacer su trabajo en el marco de una representación suficiente.
Proponemos que se hagan las modificaciones legislativas necesarias para que la representación sindical sea por comités de puerto. Esto facilitaría que los pescadores contaran con representantes
sindicales efectivos. Las condiciones laborales tan específicas de los pescadores hacen que sean necesarias normas de representación sindical también específicas.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Pérez Herráiz.
A continuación tienen la palabra los portavoces los grupos parlamentarios que han presentado enmiendas. ¿Grupo de Esquerra Republicana? Señor Salvador.
El señor SALVADOR I DUCH: Mi grupo propone una enmienda muy simple, que en el tema de las elecciones se tuviera en cuenta que si el buque es mayor de 30 trabajadores pudiera considerarse como una unidad de trabajo.
Desde nuestro grupo parlamentario somos conscientes de que las condiciones de trabajo en el sector pesquero lo dotan de una serie de rasgos diferenciales, respecto al trabajo en otros sectores con una serie de complejidades específicas que influyen directamente en la situación de los profesionales de este sector. Las diversas medidas económicas y laborales deben considerar siempre las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de este sector. En este sentido la propuesta de que las elecciones sindicales en el sector de la pesca se lleven a cabo por elección de comités de puerto, en lugar de barcos, derivado de la necesidad de elevar la rotación de los trabajadores, así como de atender una reivindicación del sector desde hace años que nos parece correcta. Elegir a los representantes de los trabajadores por barco es inútil, si los trabajadores tienen que cambiar de embarcación, por lo que hacer elección de comités de puerto, y dentro de ellos, por artes, entendemos que va en la buena dirección.
Desde nuestro grupo parlamentario, compartiendo el análisis de la realidad y las necesidades de los trabajadores del sector de la pesca y reconociendo que los motivos que fundamentan la proposición no de ley reflejan totalmente la necesidad y la realidad actual del sector pesquero y la relación laboral del mismo, consideramos que la propuesta debe ser un poquito más ambiciosa, no siendo suficiente con la reestructuración mediante la elección de comités de puerto.
Por ello hemos presentado una enmienda que incide en dos puntos que son fundamentales para Ciudadanos, no solo en este ámbito sino en nuestra forma de hacer política en general que son la transparencia y la formación. Entendemos que los acuerdos deben ser transparentes, claros y sencillos y se deben difundir y publicar a través de los diferentes medios de los que dispone el Ministerio de Trabajo y el Instituto Social de la Marina. Por otra parte, debe proporcionarse a los trabajadores de este sector, como en otros tantos sectores, los conocimientos necesarios sobre los aspectos fundamentales de la negociación general y de la negociación colectiva en particular.
Por ello, hemos presentado una enmienda de adición, que esperemos que el Grupo Socialista tenga a bien adicionar. En cualquier caso, la propuesta nos parece correcta y la apoyaremos.
Buenos días, señorías. La regulación actual para la elección de los representantes de los trabajadores está contenida en el título II del Estatuto de los Trabajadores, y más concretamente desde los artículos 69 al 76, que a su vez desarrolla el Real Decreto 1844/1994, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de elección a órganos de representación de los trabajadores en la empresa.
La propuesta del Grupo Parlamentario Socialista en los términos en que se plantea no contempla ninguna ventaja, y sí en cambio numerosos inconvenientes, desde el punto de vista de los intereses de los trabajadores y empleadores. Primero, de adoptarse la propuesta se impediría la negociación colectiva a nivel de empresa, al no existir una vinculación entre los representantes de los trabajadores y la empresa. Ni ellos podrían dirigirse a ninguna empresa para negociar, ni las empresas individualmente tendrían representantes de sus trabajadores con los que negociar. La negociación colectiva en el sector de la pesca quedaría restringida al ámbito sectorial, una opción que ya permite la normativa vigente. Los
sindicatos que tengan la condición de sindicatos más representativos a nivel estatal, o de comunidad autónoma, y los sindicatos que tengan al menos el 10 % de los representantes de los trabajadores del puerto, están ya legitimados para negociar con las asociaciones empresariales, que igualmente cuenten con la suficiente representatividad, un convenio colectivo para el conjunto de las empresas y los trabajadores de la flota pesquera del puerto de referencia. Es decir, trasladar la unidad electoral de la empresa al puerto, no solo no aporta nada a la negociación colectiva sino que la empobrecería y, por tanto, no debería procederse a una modificación legislativa en tal sentido.
Por otra parte, la propuesta planteada comportaría problemas no solo para la negociación colectiva, sino también para buena parte de los derechos de información y consulta de los representantes de los trabajadores, que solo tienen sentido si se vinculan a una representación que no supere el nivel de empresa y no podrían contemplarse como un posible sistema de representación supraempresarial. Así sucede, por ejemplo, con los derechos reconocidos en el artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores. No obstante, se ha iniciado junto a organizaciones sindicales más representativas tanto a nivel estatal como autonómico un proceso de adaptar la actual regularización de las elecciones a representantes de los trabajadores en la empresa, en concreto en el Real Decreto 1844/1994, y a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. Se considera que sería en dicho marco donde se podrían analizar la actual regulación del procedimiento electoral para la elección de los representantes de los trabajadores en la empresa en el sector pesquero, eliminando en su caso todas aquellas trabas que puedan existir para conseguir la mayor participación posible de los trabajadores en dichas elecciones. Por eso nuestro grupo parlamentario ha presentado una enmienda de texto alternativo, que ya conocen sus señorías.
A continuación intervendrán los grupos parlamentarios que no han presentado enmienda, por un tiempo no superior a tres minutos. ¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegación). ¿Grupo Vasco? (Pausa). No está.
Seré breve. La proposición no de ley que han traído a esta Comisión es bastante escueta. En la exposición de la proponente ha quedado un poco más clarificado el asunto. Nosotros, como no puede ser de otra manera, vamos a apoyar que se facilite la libertad sindical y que se facilite la posibilidad de tener elecciones y de elegir representantes porque tenemos muy claro, y lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, que la representación sindical es el mayor garante para los derechos laborales, para la prevención de riesgos, para mejores salarios y para mejores condiciones, y por supuesto, es un elemento clave en la negociación colectiva que es la herramienta más útil para defender todo esto que acaba de nombrar.
Por tanto, a la espera de que las enmiendas no cambien el sentido de la proposición inicial, nosotros vamos a apoyarla y a votar a favor.
Por el grupo proponente, señora Pérez, para manifestarse sobre el sentido de las enmiendas.
La señora PÉREZ HERRÁIZ: Aceptamos como adición la enmienda del Grupo Ciudadanos.
- RELATIVA A LA CONSIDERACIÓN COMO COTIZADO DEL PERIODO DE CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO SOCIAL FEMENINO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS. (Número de expediente 161/001664).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al 2.º punto del orden día: proposición no de ley, relativa a la consideración como cotizado del periodo de cumplimiento del servicio social femenino, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. Para su defensa, por el Grupo Ciudadanos, tiene la palabra el señor Cano, por un tiempo no superior a siete minutos.
Buenos días, señorías. En nuestro afán de continuar trabajando por la igualdad efectiva y la no discriminación traemos a la Comisión una proposición no de ley relativa a la consideración como cotizado el periodo de cumplimiento del servicio social femenino. Señorías, solo quiero recordarles que estuvo en vigor desde 1937, año en que se creó el servicio social obligatorio femenino, hasta agosto de 1978, cuando fue suprimido por el Real Decreto 1914/1978. Durante estos años las mujeres de este país estaban obligadas a cumplir por un periodo de entre tres y seis meses un servicio similar al servicio militar masculino, en cuanto a su obligatoriedad, además, y sin duda, en un marco muy difícil para las mujeres y a quienes debemos nuestro respeto.
Este periodo militar masculino al que hacemos referencia se ha reconocido por parte del Estado como periodo cotizado efectivo a la Seguridad Social, manteniéndose las diferencias con el servicio social femenino, constituyendo una grave discriminación por motivos de género inaceptable en una sociedad que pretende denominarse como avanzada. Eliminar esta discriminación solo será un pasito más en la búsqueda de la igualdad de los españoles. El INSS no está reconociendo este derecho a las mujeres y han sido reiteradas sentencias las que declaran que cabe equiparar el periodo de prestación social obligatoria de las mujeres con el del Servicio Militar Obligatorio o la prestación social sustitutoria, pues entender lo contrario vulneraría el artículo 14 de la Constitución, en relación con su artículo 9. Así, estas sentencias están poniendo de manifiesto la situación discriminatoria, por lo que se debería de avanzar en este sentido y universalizar la cotización para reducir la brecha de género que posee tantas aristas.
Desde Ciudadanos hemos conseguido reducir la desigualdad y la conciliación laboral con medidas naranjas como el incrementar la semana de paternidad o medidas para ayudar a las mujeres valientes, madres y autónomas; medidas que si no fuese porque el Gobierno tiene secuestrado el presupuesto y el resto de grupos lo bloquean entrarían otras muchas medidas encaminadas a perseguir la igualdad real. Por todo lo anterior les pido su apoyo favorable a una proposición no de ley para que el periodo de cumplimiento del servicio social femenino se considere periodo cotizado.
Me va a permitir la Presidencia hacer un pequeño apunte. Lo que no puede ser es que tengamos una Comisión que tenía siete proposiciones de ley y termine con cuatro porque el partido del Gobierno, el Partido Popular, termine por no presentar proposiciones no de ley. Por tanto, si no están por la labor de trabajar en esta Comisión, dejen que otros partidos puedan traer a la Comisión otras proposiciones no de ley.
El señor PRESIDENTE: Entiendo que el Grupo Parlamentario Popular se da por enterado.
A continuación intervendrán los portavoces de los grupos parlamentarios que han presentado enmiendas, por un tiempo no superior a cinco minutos. Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Alberto.
Buenos días, señorías. El servicio social de las mujeres se aprobó en virtud del Decreto 378, de 7 de octubre de 1937. Tal y como se ha dicho se configuró como un deber nacional de la mujer española entre diecisiete y treinta y cinco años, a quienes se les exigía desempeñar ciertos servicios a la comunidad como requisito obligatorio para poder acceder a un trabajo, a un título universitario o ejercer cualquier cargo de Función pública o responsabilidad política, coloquialmente conocida como la mili femenina de la época. La duración mínima de la prestación social se fijó entre los tres y seis meses de cumplimiento, dependiendo de la época, y el propio decreto regulador establecía en su artículo 4 que las mujeres cumplidoras de algún servicio público que deseen incorporarse al servicio social tendrán situación idéntica a la de los varones llamados al servicio de armas. Sin embargo, mientras este último ha sido reconocido ya como periodo cotizado efectivo de la Seguridad Social, dicho reconocimiento no se ha producido con el periodo del servicio social femenino, lo que constituye una discriminación por motivo de género inaceptable en nuestro actual ordenamiento jurídico.
A este respecto cabe precisar que en el ordenamiento jurídico de la Seguridad Social el periodo de cumplimiento del servicio militar, o la prestación social sustitutoria, no está considerado con carácter general un periodo similar como cotizado, como parece desprenderse de la exposición de motivos de esta iniciativa. Dicha posibilidad únicamente se recoge en los artículos 207 y 208 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, que regulan la jubilación anticipada, voluntaria e involuntaria respectivamente, así como en el artículo 215 de la misma norma para la jubilación parcial. En estos supuestos de jubilación con edad inferior a la ordinaria, además de la carencia genérica y específica que
se exige con carácter general, también se exige el cumplimiento de un determinado periodo de cotización. A los exclusivos efectos de alcanzar este concreto periodo de cotización se computa el periodo de prestación del servicio militar obligatorio o de la prestación social sustitutoria, con el límite máximo de un año. También es posible computar dicho periodo para carencia, por aplicación del cómputo recíproco de cotizaciones con el régimen de clases pasivas, por haber tenido el interesado la condición de funcionario público, puesto que su normativa lo permite.
Luchar por la igualdad ha sido y es una prioridad del Grupo Popular y en materia de pensiones han existido discriminaciones históricas que hay que zanjar. Trabajamos para eliminar o disminuir la brecha de género y también en las pensiones; prueba de ello es el complemento a las pensiones de las mujeres con hijos aprobado por el Gobierno del Partido Popular en la X Legislatura, que reconoce un incremento de la cuantía de la pensión del 5 %, 10 %, o 15 % de las mujeres trabajadoras que han compatibilizado su carrera laboral con la maternidad. Es de justicia equiparar a efectos de cotización a la Seguridad Social el servicio militar y la prestación social sustitutoria con el servicio social desarrollado por las mujeres y que el tiempo dedicado por las mujeres al servicio social cotice también a la Seguridad Social para la pensión de jubilación, porque lo contrario supone una evidente discriminación que contradice lo establecido por nuestra Constitución en el artículo 14, tal y como se establecía en las sentencias de los tribunales superiores de Justicia de Extremadura y País Vasco que se han dictado a este respecto; porque el reconocimiento de estos meses de trabajo supondría un paso más para prevenir la brecha de género en materia de pensiones.
Por todo ello, porque compartimos totalmente el planteamiento de esta iniciativa, pero con el fin de clarificarla, proponemos la enmienda que hemos presentado y esperamos que sea aceptada.
A continuación intervendrán los portavoces de los grupos que no han presentando enmiendas. Por el Grupo Parlamentario Mixto, señor Martínez Oblanca.
Señorías, intervengo con brevedad para manifestar mi voto a favor de esta proposición no de ley que plantea la igualación del servicio social femenino en el reconocimiento a los efectos de cotización por parte del INSS con el de aquellos que hicimos el servicio militar. Como el portavoz de Ciudadanos acordó ya desde hace años está equiparado el paso por el ejército de los varones para que se computen determinadas circunstancias, de cara a la jubilación en una edad inferior al a ordinaria. En todo caso, no creo que después de muchas décadas de haber desaparecido el servicio social femenino sean muchas mujeres las que puedan aún acogerse a esta medida, similar a las que se aplican en reconocimiento a los varones que cumplimos la mili. En todo caso, sean muchas o sean pocas, me parece que es una medida adecuada, justa e igualitaria.
Por el Grupo Mixto, como reparten su tiempo, tiene la palabra el señor Campuzano.
Queremos manifestar nuestro apoyo a esta iniciativa de Ciudadanos, recordando dos cosas. Por un lado, si en la legislación en materia social existe un primer reconocimiento a los periodos del Servicio Militar Obligatorio, fue fruto de unas enmiendas de la antigua Convergència i Unió sobre esta materia, que permitieron que se incorporase esa previsión. Por otro lado, al mismo tiempo, en la Ley 27/2011, fruto de otra enmienda de Convergència pactada con el Partido Socialista que entonces gobernaba, se introdujo un mandato al Gobierno para presentar un proyecto de ley a la Cámara que extendiese más allá de la jubilación anticipada los supuestos de consideración de los periodos del servicio militar como periodos cotizados. Esa ley de 2011 se ha incumplido por parte del Gobierno. Por tanto, bienvenida sea la ampliación a los supuestos de las mujeres, aunque ya existe un compromiso político y legislativo incumplido en esta materia. Por tanto, hoy los hombres que hicieron el Servicio Militar Obligatorio o la prestación social en la mayoría de las ocasiones no se les considera su tiempo de mili o PSS como cotizado. Ahí tenemos aún un deber pendiente. Ojalá, esta PNL -si se aprueba- tenga mejor destino
que un cumplimiento de una norma legal, que obligaba legalmente al Gobierno a presentar ese proyecto de ley en la Cámara.
Yo intervengo en el mismo sentido, para manifestar nuestro apoyo a esta iniciativa. Quiero reiterar que la apoyamos por razones de igualdad, de discriminación de trato, porque pretendemos evitar con ella estos hechos. Mi grupo coinciden con el señor Campuzano, quizás hiciera falta una regulación conjunta de todos aquellos periodos de quienes hemos prestado servicio militar y quienes han tenido que hacer el servicio social femenino, que debían ser tenidos en cuenta para una regulación objetiva por parte del Gobierno para que integrara a todos como tiempos efectivos de prestación de alguna actividad a efecto de tenerlos por cotizados en el sistema de Seguridad Social.
¿Grupo de Esquerra Republicana? (Pausa). No intervienen.
¿Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea? (Pausa). No intervienen.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Rodríguez por un tiempo de tres minutos.
La señora RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario Socialista da la bienvenida a esta iniciativa -de hecho, mi grupo presentó una similar el mes pasado-, porque entendemos necesario instar al Gobierno a que se adopten las medidas necesarias que hagan efectivo el artículo 14 de la Constitución en el ámbito laboral y en el acceso a prestaciones sociales entre hombres y mujeres. El servicio social instaurado por Decreto de 7 de octubre de 1937 se conceptuaba como prestación de carácter obligatorio para todas las mujeres solteras y útiles que no estuvieran empleadas en otros servicios públicos, siendo necesario justificar haber cumplido con el servicio social para el ejercicio de funciones públicas o la obtención de títulos profesionales.
Por otra parte, el artículo 161 bis.12 de la Ley General de Seguridad Social dice en su segundo inciso -cito textualmente-: A estos exclusivos efectos se computarán como cotizados a la Seguridad Social el periodo de prestación del Servicio Militar Obligatorio y de la prestación social sustitutoria. Se trata de una norma que al contemplar una excepción a la regla general no puede tener interpretación extensiva; es decir, que es necesario que cada mujer, en caso de necesitar o simplemente querer completar su periodo de cotizaciones con su tiempo de trabajo en el servicio social obligatorio, lo reclame ante los tribunales. Así lo han entendido al menos los tribunales superiores del País Vasco y de Extremadura en dos casos concretos que se les han planteado, reconociendo como periodo cotizado el periodo de trabajo obligatorio efectuado por las mujeres al amparo del servicio social vigente desde el año 1937 hasta septiembre de 1978. Las respectivas sentencias afirman que el servicio social femenino se configuró como un deber nacional de las mujeres españolas de diecisiete a treinta y cinco años, que mientras lo cumplían se consideraban empleadas en el servicio inmediato a España, viniendo a cumplir, por tanto, para las mujeres una función sustitutoria del Servicio Militar Obligatorio de los varones, reconociendo, de hecho, que la similitud de la situación es patente, y por ello debe operar la finalidad protectora que se pretende con ese cómputo como días cotizados. Lo cual, por otra parte, es lógico, dada la prohibición constitucional de la discriminación por razón de sexo.
Mi grupo va a apoyar esta PNL, porque entendemos que es necesario que la norma deje de ser excepcional para pasar a ser general y así evitar que las mujeres que se encuentran en esta situación tengan que pasar por un gravoso procedimiento judicial para que se les reconozca este derecho, mientras que para los hombres el reconocimiento es automático, porque así lo establece la Ley General de la Seguridad Social, o así lo será cuando se desarrolle su reglamento.
Señorías, estas situaciones evidencian, una vez más, la discriminación por razón de sexo que sufren las mujeres. Mi grupo exige al Gobierno central medidas para acabar con la desigualdad laboral entre hombres y mujeres y para reconocer el trabajo invisible y no remunerado que han realizado y realizan
miles de mujeres españolas como condición necesaria para tener acceso en igualdad de condiciones a las prestaciones de la Seguridad Social. Exigimos derogar la reforma laboral que está haciendo estragos en la vida del conjunto de las mujeres. Se está expulsando a la mujer del mundo del trabajo y se la está volviendo a relegar a un lugar oscuro e invisible que nos retrotrae a aquella época del patriarcado machista en la que estaba vigente el servicio social femenino.
Tiene la palabra el portavoz del grupo proponente, señor Cano, para manifestar la aceptación o rechazo de la enmienda.
El señor CANO FUSTER: Aceptamos la enmienda del Grupo Popular porque ayuda a clarificar el texto.
- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A APROBAR UN PROYECTO DE LEY DE IMPULSO A LA CREACIÓN DE EMPLEO DE CALIDAD EN EL SECTOR DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/001941).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al tercer punto del orden del día, proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a aprobar un proyecto de ley de impulso a la creación de empleo de calidad en el sector de los servicios de atención a las personas, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto.
Para su defensa, tiene la palabra, por un tiempo de siete minutos, el señor Campuzano.
Trasladamos a la Comisión una cuestión que hemos tenido ocasión de debatir en estos últimos años, como es la necesidad de implementar una política pública orientada a la creación de empleo en el sector de los servicios de atención a las personas. Hoy formulamos en esta Comisión una propuesta política que se inspira en las regulaciones que han realizado con éxito Francia y Bélgica en las últimas décadas y que han permitido que emerja un importante número de puestos de trabajo en actividades relacionadas con la vida cotidiana de los ciudadanos, en el seno de las familias.
En una sociedad moderna, en la que hombres y mujeres trabajan, si tienen la oportunidad, en la que a menudo las políticas de conciliación y el desarrollo del Estado del bienestar son insuficientes para dar respuesta a los requerimientos de las familias, a veces estas se ven abocadas a satisfacer esas necesidades en la economía sumergida. Estamos hablando de ayudas para el cuidado y la limpieza de la casa, de personas que ayudan al cuidado de los hijos, de profesores de apoyo o de repaso y de la atención a personas mayores dependientes fuera del ámbito de la atención a la dependencia. Con la actual regulación, el acceso a estos servicios para las familias a menudo es mucho más económico a través de la economía sumergida. En España, como en otras sociedades europeas, parte de este sector se concentra en la economía sumergida.
Las políticas que se recomiendan desde la Comisión Europea, desde el Parlamento Europeo, y algunas experiencias como la francesa y la belga, nos indican que la mejor manera de propiciar que ese empleo que ya existe se normalice, que tenga contratación legal y protección social adecuada, es acercar los costes de contratación de la economía formal a los de la economía sumergida. La experiencia francesa, conocida como Ley Borloo, por el ministro de Empleo que la propició, tuvo un importante éxito, ya que hizo emerger cientos de miles de puestos de trabajo en este sector. En Francia, hasta sesenta actividades distintas se amparaban en esa normativa, desde elementos muy sofisticados, como las personas que sacan a pasear al perro, hasta otros mucho más evidentes, como la ayuda a personas mayores; además, también ha permitido la creación de un tejido empresarial de pequeñas y medianas empresas, con y sin ánimo de lucro, que ofrecen ese tipo de servicios. Incluso en la época de la crisis, a la que Francia también tuvo que hacer frente, las ayudas que configuraban esta política fueron escasamente tocadas, entre otras cosas, porque el Gobierno francés y las mayorías parlamentarias, tanto de izquierdas como de derechas, entendían que retirar los incentivos a la contratación de estas actividades económicas iba a provocar que la economía sumergida volviese a crecer.
La iniciativa que hoy les plantea el Partit Demòcrata se inspira en ese modelo francés y pretende incidir en algunas medidas que deberían ayudar a que emergiese ese yacimiento de empleo que existe en el ámbito del sector de los servicios de atención a las personas, en la línea de flexibilizarlo, ampliarlo y
adaptarlo a esas necesidades específicas del Régimen Especial de Empleadas de Hogar, de incrementar los beneficios fiscales, tanto de empresas como de personas, para la contratación de estos servicios, así como de reducir los impuestos indirectos que afectan a dicha contratación.
Por conversaciones que he tenido con algunos de los portavoces, me temo que el éxito de esta proposición no de ley va a ser escaso, que se nos va a decir que mezclamos cuestiones y que algunas ya están en marcha. Quizá es cierto que mezclamos cuestiones y que algunas ya están en marcha, pero también lo es, en primer lugar, que en el sector de los servicios de atención a las personas en España hay economía sumergida; en segundo lugar, que las empresas mercantiles y sin ánimo de lucro que se dedican a estas actividades nos exigen que hagamos algo parecido a lo que se hace en Francia o en Bélgica; en tercer lugar, que la Comisión Europea recomienda al conjunto de los Estados miembros que se muevan en esa dirección. Me gustaría que los grupos que hoy no van a apoyar nuestra iniciativa nos planteen sus propuestas precisamente para facilitar esa creación de empleo en este campo.
La posibilidad de que se crease ese empleo legal y con protección social nos permitiría no solo reducir de manera significativa la economía sumergida, mejorar la capacidad de las familias de conciliar su vida laboral y familiar, reducir el absentismo injustificado -a menudo el problema del absentismo injustificado es que las familias no tienen acceso económico a este tipo de servicios-, sino también mejorar las condiciones de trabajo de las personas que hoy realizan ese tipo de actividad en la economía sumergida. Se pueden citar, por ejemplo, las cifras de la EPA de personas que afirman trabajar en el sector de los servicios de atención a las personas y que no están dadas de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social. Esos cientos de miles de personas que en la EPA afirman que trabajan en el seno de un hogar y que no están dadas de alta en la Seguridad Social no tienen derechos laborales ni protección social.
La propuesta que les formula el Partit Demòcrata pretende crear empleo, satisfacer las necesidades de las familias que viven en las grandes ciudades fundamentalmente, y proteger a los trabajadores de este sector. Estamos convencidos de que el sector de los servicios de atención a las personas, como en toda Europa, es intensivo en la creación de empleo, y debemos procurar que ese empleo que se cree tenga la calidad suficiente.
Espero contar con los apoyos que permitan que esta proposición no de ley salga adelante.
A esta proposición no de ley no se han presentado enmiendas.
Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor Barandiaran.
El señor BARANDIARAN BENITO: Intervendré muy brevemente para exponer la posición de mi grupo, que será favorable a la proposición no de ley presentada por el Grupo Mixto, Partido Demócrata Catalán.
Hay un ámbito determinado, que es el de aquellos servicios que no están calificados de ninguna manera, que están atendidos, en muchos casos, por buena voluntad y, en otros, a través de la economía sumergida, que necesitan algún tipo de regulación para dotarlos de un mínimo de seguridad de la que actualmente carecen. La propuesta que se hace en esta iniciativa recoge un concepto genérico, como señalaba el señor Campuzano, y es que en Francia han podido integrar hasta sesenta actividades diferenciadas; no sé si aquí serán tantas, pero hay muchas que se pueden integrar para que puedan salir de la economía sumergida, que es como están actualmente.
Vemos muy positiva esta proposición no de ley. Quisiéramos que eso se pudiera hacer en todo el Estado para que se contemplaran esas actividades inexistentes, salvo en el ámbito familiar. Hay un aspecto que queremos puntualizar, y es que lo referente a desgravaciones fiscales, de IRPF, del impuesto sobre sociedades o del IVA, en el caso del País Vasco debe ser concertado con las diputaciones forales, puesto que la competencia corresponde a los territorios históricos.
Creemos que esto se puede realizar y que es deseable que se realice, por lo que apoyaremos la proposición.
¿Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana? (Pausa).
Simplemente quiero reiterar el apoyo que vamos a prestar a esta proposición no de ley. Sin duda, la sociedad española está cada vez más envejecida y necesita ayudas a domicilio con distintas tareas, como ha manifestado el señor Campuzano. Creemos que debemos intentar que las personas que prestan estos servicios en el seno de las familias lo hagan en las mejores condiciones posibles y no de manera precaria. Si ayudamos a que aflore este trabajo se creará empleo y estas familias podrán tener una verdadera conciliación laboral y familiar.
Cuando empezamos a leer los primeros párrafos de la exposición de motivos de esta proposición no de ley compartíamos parte del diagnóstico: la intención de crear empleo, reducir el paro, combatir la economía sumergida, reducir la desigualdad, combatir el absentismo laboral, etcétera, pero según seguíamos leyendo nos chocó el simple análisis que hace. Leo textualmente lo que pone en la exposición de motivos: Aumento de asistencia domiciliaria y de servicios domésticos a causa del envejecimiento de la población y, por tanto, atención a la Ley de Dependencia. Creo que quizá algo tendrán que ver los recortes en la Ley de Atención a la Dependencia, y disculpen que les diga, señorías del PDeCAT, que Cataluña es la comunidad que tiene la mayor lista de espera en atención, en la Ley de Dependencia, un 37,1 %. A este ritmo, en Cataluña se necesitarían once años solo para atender a las personas que están en lista de espera.
Otro concepto de su proposición que nos parecía relevante era la disminución de las cuidadoras en el entorno familiar. Creo que a ese análisis le falta contenido. Quizá también tenga algo que ver que gracias a los recortes del Partido Popular se haya rechazado la posibilidad de que las cuidadoras no profesionales o del entorno familiar puedan cotizar a la Seguridad Social. Eso no quiere decir que las cuidadoras desaparezcan, sino que han desaparecido sus derechos.
Compartimos con ustedes que el sector de las empleadas del hogar es muy precario, pero discrepamos de que la solución sea pretender ampliar el régimen especial a las empleadas del hogar a todo el sector de los cuidados. Esta proposición no de ley abre la posibilidad de que las empresas puedan cotizar en este régimen de empleadas del hogar, lo que a todas luces supondría un abaratamiento de los costes de las empresas, que condenan aún más a las trabajadoras a la precariedad, y decimos trabajadoras porque la mayoría en este sector somos mujeres. Siendo conocedoras de la idiosincrasia de nuestra sociedad y de la evolución de la pirámide de población, como bien decía el grupo proponente, del envejecimiento de nuestra sociedad, el Grupo Confederal apuesta por que el sector de los cuidados sea potenciado y cuidado, pero desde lo público, garantizando condiciones dignas para las trabajadoras del mismo y no bajando los costes sociales de las empresas mediante bonificaciones.
Votaremos en contra de esta proposición no de ley.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Serrano.
Señorías, la PNL que nos presenta hoy el PDeCAT es una mezcla de problemáticas laborales y la solución que plantea dista mucho de las soluciones que el Grupo Parlamentario Socialista tiene para mejorar las dificultades de las personas cuyas profesiones son limpiadora o cuidadora de mayores o de niños, a las que hay que dignificar y mejorar sus condiciones laborales. Estos colectivos tienen una realidad lamentable en cuanto a derechos, salarios y estabilidad en el empleo. Ustedes hablan de que crear empleo, reducir el paro y combatir la economía sumergida son algunas de las prioridades que debe tener la política económica de un Estado desarrollado que persiga la mejora del bienestar de sus ciudadanos mediante el impulso al crecimiento, la reducción de las desigualdades y el mantenimiento del Estado del bienestar. Esto que acabo de leer viene textualmente en su iniciativa. ¡Como no vamos a estar de acuerdo, señorías! En eso estamos plenamente de acuerdo, pero es absolutamente imposible estarlo
con las soluciones que plantean, porque esta iniciativa es un totum revolutum o un batiburrillo -si se me permite la expresión- donde ni siquiera se determina el ámbito subjetivo del colectivo al que quieren dirigir sus medidas.
¿De quién estamos hablando, señorías? Cuando hablan de servicios de atención a las personas, ¿se refieren a la ayuda a domicilio que necesitan las personas dependientes? ¿Se refieren a las empleadas del hogar? ¿Se refieren a los conductores que trabajan para el hogar? ¿Se refieren a los cuidadores o cuidadoras de niños? ¿Se refieren a las personas a las que llaman para sacar al perro, que es el ejemplo que usted ha puesto? ¿Se refieren a los trabajadores o trabajadoras de guarderías y escuelas infantiles? ¿De quién estamos hablando? No queda claro en su iniciativa.
Las soluciones son diferentes dependiendo de cada colectivo. Convendrán conmigo que no son lo mismo las necesidades de un colectivo que las de otro, aunque, desde luego, lo que tienen en común es la precariedad, la vulnerabilidad y los salarios indignos. Por tanto, como comprenderá, no podemos aventurarnos en una iniciativa bastante laxa, que no define el ámbito subjetivo, que no es la medida para mejorar las condiciones laborales de los diferentes colectivos afectados y cuyas peticiones son ambiguas, por no decir que van referidas fundamentalmente a abaratar los costes de Seguridad Social y a mejorar las bonificaciones fiscales.
Creemos que para que aflore la economía sumergida se deben elaborar medidas y poner en marcha planes eficaces y eficientes, así como mejorar los medios que tiene la Inspección de Trabajo para cumplir con su cometido. Esto no se combate con las medidas que ustedes proponen y con las reformas que ha hecho el Partido Popular. El Gobierno de Zapatero reformó el Régimen Especial de las Trabajadoras del Hogar para que pudiese aflorar la economía sumergida en dicho sector, pero en cuanto llegó al Gobierno el Partido Popular, con su mayor absoluta modificó esa reforma para volver a poner la pelota en el tejado de las trabajadoras. Si hablamos de atención a las personas, ¿por qué no solicita que se aplique la Ley de Dependencia, que está prácticamente paralizada por la falta de financiación del Gobierno de España y a merced de la voluntad de cada comunidad autónoma? ¿Se han fijado ustedes en Andalucía, tanto que muchas veces nos critican el acento? ¿Por qué no se fijan en Andalucía, y en la voluntad que tiene el Gobierno andaluz de impulsar la Ley de Dependencia, donde hay miles de mujeres -porque fundamentalmente son mujeres- trabajando en ese sector con condiciones laborales adecuadas, evitando que estén en la economía sumergida?
No diga que su propuesta va en la dirección de la legislación francesa y de la belga, porque esas no son las que usted propone impulsar con esta iniciativa, que, repito, no concreta el ámbito subjetivo y que se limita a solicitar medidas y bonificaciones fiscales -alguna recogida ya en la legislación española, como son los gastos deducibles de la guardería-, así como a abaratar los costes de la Seguridad Social.
Le invito a que presente una proposición no de ley con fundamento y a que abramos una mesa de diálogo con los agentes económicos y sociales, buscando un consenso, para detectar la problemática de dicho colectivo, para mejorar su condiciones laborales y poder hacer una legislación similar a la francesa o la belga...
El señor PRESIDENTE: Concluya, señora Serrano.
La señora SERRANO JIMÉNEZ: Termino ya, señor presidente.
... para fomentar el empleo digno, proteger a los trabajadores y a las trabajadoras, propiciar la conciliación laboral, evitar la economía sumergida. Pero no se preocupe, si ustedes no lo hacen, el Partido Socialista lo hará. Traeremos aquí una propuesta que sea adecuada a lo que necesitan los trabajadores y trabajadoras. Porque si los franceses y los belgas merecieron una ley, los españoles no somos menos. (Risas).
El señor PRESIDENTE: Señora Serrano, le animo a que la próxima vez que quiera hablar cinco minutos presente una enmienda.
La señora ESPAÑA REINA: Gracias, señor presidente.
En primer lugar, esta PNL suena bien y nos gusta el fondo del asunto. Es verdad que hay algunas contradicciones o errores. Por ejemplo, ya no existe el Régimen Especial de la Seguridad Social de Empleadas de Hogar, porque se integró, como saben ustedes, en el régimen general, sino que ahora hay
es un sistema especial. Entendemos que en su iniciativa se refiere al sistema especial. Es cierto que cuando habla de ampliar el objeto y el ámbito de aplicación no se delimita con claridad qué actividades serían las que se incorporarían. Quiero recordar aquí que este sistema especial tiene un amplio abanico de actividades para el ámbito doméstico, como limpieza, cuidados, guardería, jardinería, conducción de vehículos, etcétera, Además, no hay un numerus clausus de actividades, es decir, que deja la puerta abierta porque pone "otros análogos". Por tanto, entendemos que el ámbito de aplicación es lo suficientemente amplio.
En cuanto a la prestación de estos servicios por parte de empresas sin ánimo de lucro, hay que recordar que fue la Ley 27/2011 la que excluyó expresamente que esto sea así, ley que elaboró el Partido Socialista y que aprobó también el PDeCAT. Respecto a la simplificación del régimen de altas y de bajas, precisamente cuando se creó el sistema especial uno de los objetivos de la reforma fue proceder a esta simplificación eludiendo la burocracia que existía con el régimen especial. Por tanto, entendemos que está lo suficientemente simplificado. Por lo que se refiere a las bonificaciones en la cotización a la Seguridad Social, podrán aplicarse las que se prevean, siempre que se den los requisitos.
Habla también de deducciones en el IRPF. En el mínimo personal y familiar del impuesto ya se tienen en cuenta todas estas particularidades, y saben que ese mínimo ya se elevó, así como también que hay comunidades autónomas que han aprobado deducciones. En cuanto al IVA, tengo que recordar al señor Campuzano que cuando las entidades privadas sin ánimo de lucro prestan estos servicios dentro del ámbito asistencial ya gozan de la exención del IVA, y en el caso de que estos servicios se presten por entidades no exentas, ya está previsto que el IVA sea del tipo reducido. Por último, los gastos derivados de la prestación del servicio de guardería y asistencia personal son fiscalmente deducibles.
La PNL suena muy bien, pero entiendo que no haría falta ninguna nueva ley, porque muchas de estas medidas ya están recogidas en las leyes. Podríamos trabajar en una transaccional en la parte inicial de la proposición no de ley, en la línea de adoptar medidas para promover la regularización, sin entrar a analizar las cuestiones una a una.
Señor presidente, me mira con cara de: Se ha pasado un montón. (Risas).
El señor PRESIDENTE: La miro con atención, escuchando lo que dice. No se ha pasado nada.
- RELATIVA A LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE LA SALUD LABORAL Y REDUCCIÓN DE LA EDAD DE JUBILACIÓN PARA EL COLECTIVO DE TRABAJADORAS QUE PRESTAN EL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número de expediente 161/002844).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al último punto del orden del día, proposición no de ley relativa a la adopción de medidas para la prevención de la salud laboral y reducción de la edad de jubilación para el colectivo de trabajadoras que prestan el servicio de ayuda a domicilio, presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Para su defensa, tiene la palabra la señora Marcello.
La señora MARCELLO SANTOS: Lo que el Grupo Confederal trae hoy a debate es abordar la situación laboral de las auxiliares del servicio de ayuda a domicilio. Lo planteamos en tres ejes. El primero, la necesidad de evaluar los riesgos laborales a los que están expuestas las trabajadoras en sus centros de trabajo. Segundo, aumentar la financiación de la Ley de Dependencia, que no es materia propia de esta Comisión pero que afecta de manera indirecta a las condiciones de las trabajadoras. Tercero, que se reconozca el derecho a iniciar un procedimiento de coeficiente reductor en un plazo máximo de un año mediante un real decreto que haga efectiva la anticipación de la jubilación de estas trabajadoras. La solicitud de este último punto la hacemos basándonos en el Real Decreto 1698/2011, en el que se planteaba que la edad de jubilación podía ser rebajada mediante real decreto en aquellos grupos o actividades profesionales cuyos trabajos sean de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre y acusen elevados índices de morbilidad y mortalidad. Desde la aprobación de ese real decreto, en el año 2011, hasta la fecha -han transcurrido siete años-, hasta veintiséis colectivos profesionales han solicitado formalmente acogerse a este derecho, pero en ninguno se han iniciado trámites para ello.
Sin querer ofender al Partido Socialista, que ya en 2011 planteó que había que retrasar la edad de jubilación y que se contemplaban los coeficientes reductores para aquellos colectivos, y sin querer ofender tampoco al Partido Popular, que es el que plantea que hay que trabajar hasta los ochenta años, creo que tenemos capacidad suficiente para decir que es un auténtico fracaso cualquier política que intente alargar la edad de jubilación y que ha sido un auténtico fracaso la aplicación de los coeficientes reductores, ya que, como decía, ninguno de los veintiséis colectivos que lo han solicitado han podido tramitarlo.
Por eso les decía que aquellas personas, como la señora Celia Villalobos, que planteaba que hay que jubilarse a los ochenta años (La señora Villalobos Talero: Eso es mentira), les queremos decir que a sus palabras les pongan rostro y sentimiento (La señora Villalobos Talero: Eso es totalmente falso), que cierren los ojos... Señora Villalobos, le recomiendo...
El señor PRESIDENTE: Señora Villalobos, por favor.
La señora MARCELLO SANTOS: Le recomiendo, señora Villalobos (El señor Rodríguez Rodríguez: ¡Callese!), que, cuando dice que hay que jubilarse a los ochenta años, a sus palabras (La señora Villalobos Talero: ¡Eso es radicalmente falso!-El señor Rodríguez Rodríguez: ¡Quiere callarse, maleducada!) les ponga rostro y sentimiento. (La señora Villalobos Talero.-¡Es falso!).
La señora MARCELLO SANTOS: Señora Celia Villalobos, por decoro parlamentario, le invito a que respete mi turno de palabra.
Cuando usted diga que hay que jubilarse a los ochenta años cierre los ojos y ponga sentimiento (La señora Villalobos Talero: ¡Eso es absolutamente falso!) a los camioneros, las limpiadoras de hogar...(Rumores).
El señor PRESIDENTE: Un segundito, señora Marcello.
Por favor, señora Villalobos, está en el uso de la palabra, cuando su portavoz de la iniciativa tenga el uso de la palabra defiende su posición si no le parece mal.
Repito, insisto, cuando hagan afirmaciones que digan que la jubilación hay que retrasarla a los ochenta años, que cierren los ojos y piensen antes de decir esas palabras y pongan rostro y sentimiento a las camioneras, a las limpiadoras de hoteles, a las ganaderas, a las agricultoras, a las teleoperadoras, a las bomberas, a las auxiliares de ayuda a domicilio, si realmente tienen que llegar a los ochenta años trabajando y no porque sea una sinvergonzonería ya en sí llegar a los ochenta años para jubilarse, sino que ustedes piensan con los ojos cerrados, doña Celia Villalobos, ¿cómo llegan los cuerpos y las almas de esta clase trabajadora después de estar partiéndose el lomo durante toda su vida laboral? ¿Se hacen una idea? Sigan con los ojos cerrados y piensen. Les leo el cuadrante de un auxiliar de ayuda a domicilio. De 7 a 8, aseo personal, desayuno, bajada a la ruta del centro de día de un usuario enfermo de Alzheimer; de 8 a 9, aseo personal, desayuno, acompañamiento al colegio de un menor con diversidad funcional; de 9 a 10, aseo personal, desayuno, supervisar medicación, limpieza del hogar de la usuaria que necesita ayuda para todas las actividades de la vida diaria; de 10 a 11, compra, limpieza y casa, matrimonio; de 11 a 12, limpieza de la casa; de 12 a 13, limpieza de la casa; de 13 a 13,30, limpieza de la casa, compra y preparación de comida. Este es el cuadrante de un auxiliar de ayuda a domicilio. Les digo de 9 a 10, de 10 a 11, de 11 a 12 directamente sin contar el tiempo de transporte que es lo que emplean las trabajadoras en trasladarse de un domicilio a otro. Directamente así se les entrega a las trabajadoras y la empresa ni siquiera reconoce el tiempo de transporte de un domicilio a otro. Esto en mi tierra se llama robo y precariedad. Sin contar tampoco cuando a un usuario se le reduce el tiempo de una hora a media hora, gracias a los recortes de la Ley de Dependencia que ha hecho el Grupo Popular. También se le llama robo a los derechos de la clase trabajadora de nuestro país y de todas las personas en situación de dependencia. En este plan de trabajo, lógicamente, he omitido los datos personales del usuario, del domicilio, pero no he omitido ningún dato más. Esta es la información con la que una trabajadora abre, va a su centro de trabajo, que son los domicilios de las personas en situación de dependencia y les atienden, sin saber, sin conocer las situaciones de peligro, barreras arquitectónicas, posibles enfermedades infectocontagiosas de los usuarios, posibles alteraciones de comportamiento, si las personas tienen situaciones de enfermedades mentales o no, y son las auxiliares las primeras que reconocen que tienen
que tener el derecho a la protección de todos los usuarios, a la protección de los datos sanitarios de los usuarios, pero con esta protección que hay que respetar en absoluto, ¿dónde queda el derecho de prevención de la trabajadora? Las auxiliares de ayuda a domicilio, como le decía, son auténticas profesionales capacitadas para la atención de las personas en situación de dependencia que hacen tareas como: aseo personal, cambios posturales, acompañamiento, limpiezas de domicilio, compra, y un sinfín de tareas más. Los principales riesgos a los que se enfrentan las auxiliares son: riesgos ergonómicos, problemas y/o lesiones musculoesqueléticas. Las auxiliares requieren altos esfuerzos físicos: movilización de usuarios, traslado de compra y muy significativo es la repetición constante de los mismos movimientos y esfuerzos. Se enfrentan también a riesgos psicosociales: el estrés que asumen en los casos complicados, el vínculo que se genera entre el usuario y la auxiliar, las amenazas, los acosos, las atenciones a usuarios con enfermedades mentales y en situaciones de peligro. Se enfrentan a riesgos biológicos, desconocimiento de las peculiaridades del caso, replanteando, como siempre digo, cómo tenemos que abordar el tema de la protección de los datos de los usuarios. Por tanto, señorías, nos estamos enfrentando a un sector donde es muy complejo poder evaluar los riesgos laborales al ser los domicilios el centro de trabajo de las trabajadoras, pero eso no quita a que no se tenga que hacer por parte de las empresas, y en coordinación con los servicios sociales del distrito, una evaluación de los riesgos laborales. Para eso hay que hacer una reforma de la ley. Estamos dispuestos a hacerlo, espero que el resto también. Según los estudios realizados por las organizaciones sindicales la siniestralidad del sector es muy elevada, más del 74 % de las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio aluden que han acudido a una cita médica durante el último año por causa de una patología derivada del trabajo. Sin embargo, en la mayoría de los casos tales patologías no se imputan a las contingencias profesionales, al no estar reconocidas las enfermedades profesionales asociadas a la actividad de las auxiliares de ayuda a domicilio y atribuirse a dolencias o lesiones de la mayor de las veces a causas comunes, lo que es una auténtica injusticia.
Para concluir, señorías, estamos hablando de un sector donde la mayoría de las trabajadoras son mujeres, que tienen sus cuerpos, sus manos, sus almas y sus espaldas rotas de cuidar. Es un sector invisibilizado, totalmente precario, pero con mucha dignidad y es hora de cuidar a quienes cuidan. Nosotros con esta proposición no de ley reclamamos que hay que adelantar la ley de jubilación de ellas, para que tengan unas pensiones dignas. Señorías del Grupo Popular, aunque les duela miren a las 71 ciudades que hoy se están manifestando y ahora mismo rodean el Congreso, pidiendo nuestros jubilados que tengan unas pensiones dignas y de calidad. Muchas gracias, presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Por los portavoces que han presentado enmiendas, por el Grupo Parlamentario Socialista, señora Ramón Utrabo.
Esta proposición no de ley que trae el Grupo Podemos a esta Comisión es un ejemplo latente del balance del Gobierno del Partido Popular durante todos estos años en materia de dependencia. El balance durante estos años no puede ser más desolador, han sido más de seis años de permanentes recortes, ha habido una permanente reducción del nivel mínimo acordado, se soslayó el nivel concertado. El real decreto 2012 fue demoledor y un sin fin de recortes que nos llevaría aquí toda la mañana desgranarlo. Esta política del Partido Popular ha traído un empeoramiento en la calidad de los servicios que se prestan a las personas en situación de dependencia y una precariedad en las condiciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras que están en el sistema.
Señores del Grupo Popular, no se puede atender más usuarios con menos dinero. Aquí no vale el reparto de los panes y los peces. Nos han llevado a una situación insostenible. El propio informe de la comisión constituida al amparo del acuerdo de la Conferencia de Presidentes, reconoce que la financiación actualmente es de más del 80 % por parte de las comunidades autónomas y que apenas llegará al 20 % la aportación que está haciendo la Administración General del Estado. Cuando en la ley se estipulaba que la financiación fuese al 50 % entre comunidades autónomas y Administración General del Estado. Hoy prestan el servicio de ayuda a domicilio miles de auxiliares, la mayoría mujeres, muchas de las cuales comenzaron su trabajo en nuestros pueblos desde los años ochenta. Esta fue una de las primeras prestaciones de los servicios sociales que ha permitido fijar la población a su territorio, por un lado, mediante la creación de empleo y, por supuesto, ha permitido que muchas personas en situación de dependencia puedan permanecer en sus domicilios, que es una de sus principales demandas. Estas trabajadoras -hablo en femenino, porque la inmensa mayoría son mujeres- nos han hecho llegar sus demandas y sus necesidades, porque en muchas ocasiones padecen unas condiciones laborales que no
son las más idóneas: precariedad, discontinuidad, inestabilidad, bajo salario y, por supuesto, la no evaluación de riesgos laborales en su puesto de trabajo. Actualmente el servicio de ayuda a domicilio no solamente se presta al amparo de la Ley de Dependencia, sino que también está siendo prestado de forma directa por muchos ayuntamientos, mancomunidades, etcétera. Pero al amparo de esta ley ahora mismo hay, a 30 de diciembre, 194 727 usuarios del sistema de atención a la dependencia. Este servicio, como todos ustedes saben, viene recogido en varios artículos de la Ley de Dependencia. El artículo 23 define cuáles son las prestaciones que se deben llevar a cabo y los artículos 35 y 36 se refieren fundamentalmente a la calidad en la prestación de los servicios y a la formación y cualificación de las profesionales y cuidadoras.
Nosotros hemos planteado una enmienda a esta proposición no de ley, estando de acuerdo con su espíritu, pero consideramos que la vía de permitir la evaluación de estos riesgos laborales no es la vía de modificación de la ley, porque la ley no hace referencia expresamente ni puede hacerlo a esto, sino que hay una normativa específica, con lo cual consideramos que es más idóneo hablar de las modificaciones de la legislación pertinente y también en el ámbito de lo que he dicho al inicio de mi intervención que las consecuencias actuales vienen fundamentalmente de la política de recortes, también hemos considerado oportuno presentar una enmienda para que no solamente se contemple en los Presupuestos Generales del Estado próximos, si es que los hay, sino que se reviertan los recortes producidos por el real decreto 2012 y por las leyes de Presupuestos Generales del Estado, habilitando de forma inmediata por los mecanismos legales que procedan los créditos necesarios para incrementar en un 13 % la financiación del nivel mínimo garantizado del sistema, recuperando el nivel concertado de financiación del mismo al menos -ojo al dato, al menos- hasta los niveles del año 2011. No basta con presupuestar en los próximos Presupuestos Generales del Estado, sino que hay que revertir los recortes y recuperar lo que durante estos más de seis años ha recortado el Gobierno del Partido Popular. Muchas gracias.
Por el Grupo de Ciudadanos, señor Ramírez.
Señorías, desde el Grupo Parlamentario de Ciudadanos consideramos fundamental la atención a la dependencia y el impulso de la ayuda a domicilio. Sin embargo, pensamos que para lograr los verdaderos avances en este aspecto hacen falta hechos, no palabras ni simples declaraciones, por eso en los Presupuestos Generales del Estado del 2017 arrancamos al Gobierno del Partido Popular un aumento del 10 % de la financiación del Estado para atención a la dependencia, 100 millones de euros. Es cierto que no basta. Estaba comentando la portavoz del Grupo Socialista, pero claro después de escucharla a ella y escuchar a la señora Serrano que va a presentar una ley actualmente, uno se pregunta un poco como en la canción de la Unión: dónde estaban en los malos tiempos. Porque ahora de repente parece que han descubierto que hace falta presentar nueva normativa. Por otra parte, en el punto 57 del punto de investidura se recogía lo siguiente: Promover un pacto de Estado por los servicios sociales consensuado con las comunidades autónomas en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y de la Dependencia, con el fin de lograr una gestión ágil, común y sostenible de todos los servicios sociales y mejorar su financiación en el nuevo modelo de financiación autonómica, asegurando los recursos suficientes. Esto es fundamental. El pasado 19 de septiembre el grupo proponente ya propuso en esta misma Comisión otra proposición no de ley muy similar de una jubilación anticipada, en este caso era para los servicios de emergencias sanitarias en las que instaba -y cito textualmente- a elaborar un informe sobre los riesgos y exposición de la siniestralidad, así como el análisis de las condiciones laborales y su incidencia en las situaciones de incapacidad laboral de todos, las y los trabajadores de los servicios de emergencia. En aquel momento también este portavoz intervino y le dijo lo mismo. En Ciudadanos pensamos que se debería analizar la aplicación del artículo 206 de la Ley General de Seguridad Social que es la que establece los coeficientes reductores, pero con una visión de conjunto y dentro del seno de Pacto de Toledo y no colectivo a colectivo, porque señora Marcello estará de acuerdo conmigo que las penalidades que tienen y es verdad, las auxiliares en la dependencia, las auxiliares de ayuda a domicilio no serán mayores que las que tienen las bomberas, las rehabilitadoras, las fisioterapeutas, las enfermeras, las auxiliares de enfermería, las auxiliares de geriatría, las auxiliares de jardín de infancia, camioneras, taxistas, conductoras de ambulancias, trabajadoras del sector primario, ganaderas, pescaderas, agricultoras, las trabajadoras del sector secundario, todas las que tengan que ver con la industria del metal, tampoco los trabajadores del sector terciario: camareras, cocineras. Estaremos de acuerdo en que habrá que hacer un estudio
dentro del Pacto de Toledo para no ir colectivo a colectivo, sino con una visión de conjunto sobre todo para garantizar la sostenibilidad del sector y sobre todo unas pensiones dignas y de calidad. Por otra parte, y volviendo a su PNL de septiembre, hemos presentado una enmienda para elaborar un informe sobre el excepcional índice de penosidad asociada a la actividad laboral de la ayuda a domicilio en los términos de su iniciativa de septiembre.
Por último, respecto al primer punto déjeme que le diga dos cosas. Lo primero, la primera persona que visita cada uno de esos domicilios son las trabajadoras sociales. (La señora Marcello Santos pronuncia palabras que no se perciben). Se lo diré a mi madre, no se preocupe, que es trabajadora social y ha visitado cientos de domicilios y le diré que la señora diputada de Podemos dice que no, que la primera que visita y establece la ayuda es la señora que va a hacer ese trabajo. No se preocupe. En cualquier caso déjenme que le haga unas preguntas. ¿Se podría entonces entrar en el domicilio sin consentimiento del titular? ¿Se podría obligar a los dependientes de bajos ingresos a tener que realizar obras en sus domicilios? ¿Cómo se controlaría? ¿Enviaría un inspector a cada casa? En fin, en cualquier caso le pido que acepte nuestra enmienda en aras de mejorar la suya, porque en el fondo estamos de acuerdo, pero como casi siempre en las formas distamos. Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: A continuación los grupos que no han presentado enmienda, por tres minutos cada uno. El tiempo del Grupo Parlamentario Mixto se lo dividen entre el señor Martínez Oblanca y el señor Campuzano. Señor Martínez Oblanca.
Quiero comenzar mi intervención señalando que esta proposición no de ley tiene mucho de pirotecnia parlamentaria, pero ninguna utilidad práctica para las miles de trabajadoras que forman parte muy sacrificadamente de los servicios de ayuda a domicilio. La proposición no de ley de Unidos Podemos tiene truco, porque condiciona el cumplimiento y las grandes derivadas económicas de estas importantes modificaciones legislativas que plantean a que los españoles tengamos en el actual ejercicio de 2018 una ley de Presupuestos Generales del Estado que sin haberse presentado aún para su trámite parlamentario el Grupo Parlamentario de Podemos ya ha expresado a todos los vientos que no va a apoyarlo en ningún caso. Si dependiese de Podemos las propias medidas que plantean en su proposición no de ley decaerían por sí mismas por no existir soporte económico para implementarlas.
Sin duda, nosotros creemos desde Foro que hay que hacer un enorme esfuerzo a favor del trabajo que se desarrolla a través de la ayuda a domicilio, un esfuerzo que no puede quedarse solo en la Administración del Estado, porque otras administraciones, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, también tienen mucho margen para intervenir y corregir el galimatías que existe en torno a la gestión de las empresas públicas y privadas que prestan estos servicios esenciales en una sociedad, la española, donde tenemos en ciernes una catastrófica crisis demográfica como secuela del envejecimiento de la población. Se lo digo desde Asturias, la comunidad donde el envejecimiento es el más acusado de todas las regiones de Europa. La ayuda a domicilio es uno de los servicios principales en la atención a la dependencia y las comunidades autónomas tienen muchísimo que decir y que aportar, porque tienen transferidas las competencias en esta materia. Del colosal fiasco que ha supuesto la Ley de Dependencia promovida por el PSOE de Rodríguez Zapatero, sí, pero sin dotación económica, podemos aprender mucho respecto a este caso. Creo que la sociedad española, las administraciones y sus representantes estamos todos abocados a hincarle el diente a los grandes problemas que giran en torno al envejecimiento. Basta repasar los trabajos importantísimos que se están desarrollando actualmente en el Senado sobre esta materia. En todo caso, aún a sabiendas de la nula eficacia del texto que se nos plantea y de la demagogia a borbotones de la portavoz que la ha defendido, voy a apoyarla porque creo que los Gobiernos, pero no solo el Gobierno de España, también los Gobiernos autonómicos y los locales, sí tienen que aplicarse a fondo en la búsqueda de soluciones para los problemas derivados del trabajo y de los riesgos laborales de las auxiliares de ayuda a domicilio. Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Señor Campuzano, le han dejado a usted veintitrés segundos.
Espero de su generosidad. Con mucha brevedad, dos cuestiones, una, somos partidarios de analizar cómo la edad de jubilación afecta al colectivo de las personas que trabajan en la atención domiciliaria. Otras legislaciones europeas, por ejemplo, no contemplan que ese tipo trabajadores trabajen hasta los
sesenta y siete años. Sería razonable introducir para estos trabajadores un coeficiente reductor de la edad de jubilación adecuado. Habría que trabajar en esa dirección. Somos partidarios de incorporar las cuestiones de prevención de riesgos. Ahora bien, a mis colegas de Unidos Podemos y a mis colegas del PSOE, he de decirles que la Ley de la Dependencia nació mal y el desarrollo malo que ha tenido estaba en su origen, porque no hubo ningún compromiso financiero serio sobre esta política. Algunos nos opusimos a esa ley por la invasión competencial que suponía y, dos, por la ausencia de un debate serio sobre cómo se puede financiar la Ley de Dependencia. Han pasado los años y por desgracia algunas de las predicciones que hicimos entonces se han cumplido. Sin abordar el debate sobre cómo se financia la Ley de la Dependencia, la frustración entre los dependientes va a continuar. No tengo la impresión de que Unidos Podemos tenga demasiadas ideas de cómo abordar esa cuestión. Gracias.
El señor BARANDIARAN BENITO: La verdad es que si uno no tuviese en su ADN político el independentismo creo que oído el relato catastrófico que nos ha hecho la ponente se lo hubiera hecho inmediatamente después, porque la realidad en Euskadi no tiene absolutamente nada que ver con esta en el sentido de que tenemos una legislación propia en la materia, con independencia de que la estatal también actúe como base, pero a partir de ahí no nos reconocemos en absolutamente ninguna de las medidas, excepción hecha aquella de anticipo de la edad de jubilación, en la que creemos que no es objeto como tal de la regulación de esta actividad, sino con carácter general de cualquier actividad, incluida esta, que realmente entre dentro del ámbito de la penosidad para que se pueda reconocer de ella la necesidad de anticipar la edad de jubilación. No obstante, como digo, la realidad es tan diferente que no nos reconocemos en la proposición no de ley. No queremos tampoco participar ni obviando ni resaltando algunas de sus virtudes o defectos, pero sí creemos que es una situación tan diferenciada que nos impide de alguna manera manifestarnos en el sentido positivo o negativo, por lo que nos abstendremos. Muchas gracias.
Por el Grupo de Esquerra Republicana, señor Salvador. (Denegación). No participa. Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Camps, tres minutos.
Señorías, intentaré huir de frases grandilocuentes, pero vacías como las que ha utilizado la proponente en este caso y de demagogias como algún grupo de la izquierda parlamentaria en su exposición ha hecho en una cuestión para nosotros muy seria, muy importante. Estamos de acuerdo con cosas que se han dicho aquí, que no tengo tiempo para poder reproducirlas, por eso iré específicamente con el suficiente rigor a cuestiones puntuales respecto de esta proposición no de ley que si adolece de algo es de inconcrección, de incoherencia y de intentar conformar un batiburrillo que no ayuda nada a la mejora del colectivo que dicen defender. Por cierto, ahora que está tan de moda la ideología de género, sé que luego lo han matizado sus palabras aquí, hablan ya de mayoría de mujeres, pero en su proposición no de ley solo se refieren a trabajadoras, también hay trabajadores, serán los menos, pero también los hay. Me referiré a trabajadoras y trabajadores. En realidad lo haré a los/as auxiliares de ayuda a domicilio, que es cómo deberíamos denominar a este colectivo. Que según determina -y ya entro en el primer punto de su proposición a rebatírselo- la Resolución de 11/12, del pasado año, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, debe acreditar la cualificación profesional de atención sociosanitarias de personas en el domicilio ¿Qué quiero decir con ello? Que los diferentes títulos y certificados, que ustedes deberían conocer, habilitantes, para esta función, contienen en sus currículos formativos materia dirigidas a analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad profesional relacionándolos con las causas que los producen a fin de fundamentar las medidas preventivas que se van a adoptar y aplicar los protocolos correspondientes para evitar daños en uno mismo, en las demás personas, en el entorno y en el medio ambiente. Existiendo ya en la actualidad, y no los ha hecho el Partido Popular ni un Gobierno del Partido Popular, módulos profesionales orientados a dotar de las competencias necesarias para ese fin. Quiero decirle, como se ha dicho ya por parte de algún otro portavoz, ustedes proponen en el apartado uno del texto de esta PNL la evaluación de los potenciales riesgos asociados a cada servicio. En un ejercicio de buena voluntad quería entender como servicio lo que es la actividad a realizar, que es lo que
se puede evaluar en un caso como este, pero no, me leo su exposición de motivos y veo que hablan de la evaluación del lugar de trabajo real, es decir, los domicilios de los usuarios. Evaluación que no corresponde a terceros, que no puede realizar terceros, ya se lo he leído con anterioridad, tiene que ser el propio auxiliar el que de observar la posible existencia de riesgos para su salud o para la de terceros, debe proceder a la aplicación de protocolos correspondientes, que ya existen en la actualidad. Señorías, un domicilio no es propiamente dicho un centro de trabajo y la casuística con la que nos podríamos encontrar, ya se ha dicho, es enorme. A su vez la casuística de los propios dependientes a cuidar y aún así ya existe en nuestro país y es competencia de ayuntamientos y comunidades autónomas, las oportunas disposiciones que permiten la adaptación del domicilio a las necesidades de una persona dependiente, incluyendo las de su cuidado y las de su asistencia. De observarse esa inexistencia de elementos para prevenir el posible riesgo es el propio auxiliar el que lo tiene que poner en conocimiento de quien corresponda y también de proponer las medidas que también hay políticas públicas ya principalmente en el territorio, municipales y de comunidades autónomas para que se puedan prevenir.
Segundo punto de su exposición, no acabo de entender si lo que quieren que se apruebe son presupuestos para este ejercicio con la inclusión de un aumento de la dependencia, si se refieren a otro, porque no dicen 2017, eso es verdad, o si contaría con su apoyo si se produjera lo que denominan incremento sustancial de la aportación de la Administración General del Estado para el sistema de la dependencia. La partida ya se ha recordado aquí se ha incrementado en 102 522 millones de euros, algunos dicen que arrancados, nosotros decimos que acordados. Eso se entiende incremento sustancial, señoría proponente. (La señora Marcello Santos: No). Deberían decirlo. Para eso es mucho más seria la enmienda del Grupo Socialista, que tampoco compartimos, pero fija una cuantía que entienden que deberían de ser la de verdaderamente incremento substancial para eso. Ustedes no se han atrevido ni a eso, no sé por qué, si no son capaces de calcularlo o por si no coinciden con los demás. Pero ya gastamos hoy 1262 millones de euros para la financiación del mínimo de protección a la dependencia y el gasto en dependencia hoy es superior al que era en el año 2011. El gasto total en dependencia certificado es de 7153 millones, muy superior a los 6800.
El señor PRESIDENTE: Señor Camps.
El señor CAMPS DEVESA: Voy acabando, señor presidente.
Por tanto, si me lo permite, señoría, proponer incrementos sustanciales no es más que una expresión de carácter general, falta de rigor alguno, que desde luego no puede ser compartida por mi grupo.
En relación con el tercer apartado -y con ello acabo- quiero hacer una aclaración, ya que eso se ha mezclado con la edad de jubilación o tiempo hasta el que se puede estar trabajando. Para que su señoría lo tenga claro el Grupo Parlamentario Popular, en la Ley 2011, a la elevación de la edad de sesenta y cinco a sesenta y siete años, nadie ha hablado aquí de ochenta años trabajando, voto no. Ni siquiera en ese momento estuvimos de acuerdo con elevar la edad a sesenta y siete años. Nunca, ni la señora Celia Villalobos, ni ningún representante del Grupo Popular, de entonces o de ahora, haya dicho que haya que elevar la edad de jubilación hasta los ochenta años. Nunca. Lo puedo negar taxativamente, sino es así su señoría que traiga la declaración de cualquier miembro de mi grupo o de mi partido en ese sentido.
El señor CAMPS DEVESA: En relación con el propio contenido, lo voy a decir muy claro, cometen ustedes un error. El real decreto que dicen de aplicación, es verdad que es ese, por cierto, gracias a otro real decreto que ha hecho un Gobierno del Partido Popular, a veces acertamos. Ustedes lo omiten, pero a veces acertamos. Ese real decreto que es de aplicación. Se equivocan ustedes, no nosotros, en el artículo aplicable. Permítame únicamente esta consideración, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Termine ya, señor Camps.
El señor CAMPS DEVESA: No es el 12, es el 10 y el 10 dice que para todos los procedimientos en los que se quieren introducir coeficientes de reducción para jubilaciones de este tipo, que serían jubilaciones anticipadas, debe venir a instancias de los representantes de los trabajadores y de los empresarios. Ustedes que no se cansan de criticarnos diciendo que les hemos quitado competencias a los representantes de empresarios y trabajadores justamente cuando ustedes...
El señor PRESIDENTE: Concluya ya, señor Camps.
El señor CAMPS DEVESA: Es que la omiten. Con lo cual resulta improcedente -y acabo con ello- totalmente la elaboración de un real decreto como piden, ya que dicha solicitud no se ha producido. Además confunden siniestralidad laboral con materia preventiva. Si hacemos materia preventiva es una cosa...
El señor PRESIDENTE: Concluya, señor Camps.
El señor CAMPS DEVESA: ... y siniestralidad laboral es otra. Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Nos dan un par de minutos y votamos.
Perdón, a la proponente de la iniciativa para manifestarse sobre las enmiendas.
La señora MARCELLO SANTOS: Ahora nos manifestamos.
El señor PRESIDENTE: Ahora se manifiestan. De acuerdo. (Pausa).
El señor PRESIDENTE: En primer lugar, se vota la proposición no de ley sobre las elecciones sindicales en el sector de la pesca, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Se somete a votación con la enmienda aceptada del Grupo de Ciudadanos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 15; abstenciones, 1.
En segundo lugar, la proposición no de ley relativa a la consideración como cotizado del periodo de cumplimiento del servicio social femenino. Presentada por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos con la incorporación de la enmienda aceptada del Grupo Parlamentario Popular.
En tercer lugar, la proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a aprobar un proyecto de ley de impulso a la creación de empleo de calidad en el sector de los servicios de atención a las personas. Del Grupo Parlamentario Mixto. Se vota en sus términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 5; en contra, 31; abstenciones, 1.
Finalmente, la proposición no de ley relativa a la adopción de medidas para la prevención de la salud laboral y reducción de la edad de jubilación para el colectivo de trabajadoras que prestan el servicio de ayuda a domicilio. Presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Se vota en los términos de la enmienda transaccional planteada por el Grupo Parlamentario Socialista.
El señor LETRADO: Una transaccional en la que simplemente se sustituye en el texto original el apartado dos por el apartado dos de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor PRESIDENTE: Votamos.