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Timestamp: 2019-03-21 08:37:36
Document Index: 262747012

Matched Legal Cases: ['artículo 4', 'artículo 7', 'Artículo 12', 'artículo 8', 'Artículo 13', 'artículo 14', 'artículo 25', 'artículo 478', 'artículo 4', 'artículo 478']

LEY P-0952. Ejercicio profesional del traductor público en la capital (Antes Ley 20305) - Laboral - Digesto Jurídico - Legislación - VLEX 534030698
Fecha de Sanción: 25 de Abril de 1973
Fecha de Promulgación: 25 de Abril de 1973
Capítulo I. Del ejercicio profesional - arts. 1 a 8
Capítulo II-. Gobierno de la matricula y representación profesional - arts. 9 a 11
Capítulo III. De los recursos - art. 12
Capítulo IV. De los órganos del colegio - arts. 13 a 27
Capítulo V. Arancel de honorarios - arts. 28 a 37
Capítulo VI. –Designación de oficio - arts. 39 y 40
Capítulo VII. Disposiciones complementarias y transitorias - arts. 41 a 46
Capítulo I Del ejercicio profesional Artículos 1 a 8
El ejercicio de la profesión de traductor público en la Capital de la República, se rige por las disposiciones de la presente Ley.
Sólo se considera ejercicio la profesión de traductor público a los efectos de esta Ley, el que se realiza en forma individual sin relación de dependencia.
El traductor público está autorizado para actuar como intérprete del o los idiomas en los cuales, posea título habilitante.
Ser argentino, nativo o naturalizado con cinco (5) años de ejercicio de la ciudadanía;
Poseer título habilitante de traductor público expedido por:
1 - Universidad nacional,
2 - Universidad provincial o privada autorizada para funcionar por el Poder Ejecutivo,
3 - Universidad extranjera, siempre que hay sido reconocido o revalidado por universidad nacional.
No haber sido condenado a pena de inhabilitación absoluta o profesional mientras subsistan las sanciones;
Inscribirse en la matrícula profesional;
Declarar el domicilio real y constituir domicilio legal en la Capital Federal, a todos los efectos emergentes de la presente Ley.
Es función del traductor público traducir documentos del idioma extranjero al nacional y viceversa, en los casos en que las leyes así lo establezcan o a petición de parte interesada.
Artículo. 6 - Todo documento que se presente en idioma extranjero ante reparticiones, entidades u organismos públicos, judiciales o administrativos del Estado Nacional o del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires , debe ser acompañado de la respectiva traducción al idioma nacional suscripta por traductor público matriculado en la jurisdicción donde se presente el documento.
El uso del título de traductor público está reservado exclusivamente a las personas físicas que hayan cumplido los requisitos previstos en el artículo 4°.
La infracción a lo previsto en el artículo 7° será sancionada con multa de QUINIENTOS (500) a CINCO mil (5.000) pesos .
El organismo que ejerce el gobierno y control de la matrícula está facultado para imponer y percibir las multas. Para su aplicación y recurso se seguirá el procedimiento y reglas previstos respectivamente en los artículos 24 y 26.
Capítulo II- Gobierno de la matricula y representación profesional Artículos 9 a 11
Créase el Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, que funcionará como persona jurídica de derecho público no estatal.
Ejercer el gobierno y control de la matrícula profesional, llevando el registro de la misma de acuerdo con distinto idiomas;
Elevar a las Cámaras Nacionales de Apelación de cada fuero, antes del 30 de octubre de cada año, la nómina de los profesionales inscriptos;
Fijar el monto de la matrícula y de la cuota anual que deberán pagar los traductores públicos inscriptos en la matrícula, y recaudarlas;
Fiscalizar el correcto ejercicio de la función de traductor público y el decoro profesional;
Vigilar el cumplimiento de esta ley y de las normas de ética profesional cuyas infracciones serán comunicadas al Tribunal de Conducta;
La afiliación al Colegio está abierta a todos los profesionales que no hayan dado lugar a la cancelación de la matrícula.
Capítulo III De los recursos Artículo 12
La matrícula y la cuota periódica anual que deberán pagar los traductores públicos inscriptos en la matrícula;
Las multas previstas en el artículo 8° de la presente ley.
Capítulo IV De los órganos del colegio Artículos 13 a 27
Artículo 13 Son órganos del Colegio:
La Asamblea se integrará con los traductor público inscriptos en la matrícula.
Las primeras se reunirán anualmente en la fecha y forma que deberá establecer el reglamento, a los efectos determinados en los incisos a), b), d), e) y f) del artículo 14; las segundas, cuando lo disponga el Consejo Directivo, o a petición del veinte por ciento (20%) de los miembros que integran la Asamblea. Las citaciones a Asamblea se harán por comunicaciones postales y mediante publicaciones en el Boletín Oficial y un diario de la Capital Federal por tres (3) días consecutivos.
El Consejo Directivo se compondrá de un (1) presidente, cuatro (4) vocales titulares y dos (2) suplentes. Para ser miembro del Consejo Directivo se requerirá un mínimo de cinco (5) años de ejercicio de la profesión en la Capital Federal. El reglamento establecerá los diversos cargos y la forma de distribución así como la intervención de los suplentes. El presidente del Colegio será elegido especialmente para el cargo, durará cuatro (4) años y no podrá ser reelegido sino con intervalo de un (1) período. Los miembros del Consejo Directivo durarán cuatro (4) años en sus cargos, renovándose por mitades cada dos (2) años, y podrán ser reelegidos.
El Consejo Directivo deliberará válidamente con la presencia de más de la mitad de sus miembros, tomando resoluciones por simple mayoría de votos. El voto del Presidente o de quien lo sustituya será decisivo en caso de empate.
Los miembros del Tribunal de Conducta durarán cuatro (4) años en sus cargos, y podrán ser reelegidos.
El Tribunal de Conducta aplicará las sanciones establecidas en el artículo 25, sin perjuicio de las que corresponda aplicar a los tribunales de justicia.
El Tribunal de Conducta entenderá a solicitud de autoridad judicial o administrativa, por denuncia de terceros o a requerimiento del Consejo Directivo del Colegio, en todos los casos en que se cuestiones el correcto proceder de un traductor público en el ejercicio de sus funciones.
Contra las sanciones de suspensión o cancelación de la matrícula se podrá interponer recurso de apelación dentro de los cinco (5) días para ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal.
En caso de cancelación de la matrícula por sanción disciplinaria, el traductor podrá solicitar la reinscripción en la matrícula, sólo después de transcurridos cinco (5) años de la resolución firme que ordenó la cancelación. Las acciones disciplinarias contra los traductores públicos prescriben a los tres (3) años.
de producirse el hecho que autorice su ejercicio, o de dictarse sentencia firma en jurisdicción criminal.
Capítulo V Arancel de honorarios Artículos 28 a 37
En la Capital de la República y fuero federal en las provincias el monto de los honorarios que deban percibir los traductores públicos por su labor profesional en juicio se determina con arreglo a la presente Ley.
El mérito de la labor profesional apreciado por la calidad, eficacia y extensión del trabajo.
En toda clase de juicio contencioso el honorario se regulará entre mínimo de cincuenta pesos ($ 50) y un máximo del cuatro por ciento (4 %) del monto de sentencia o transacción.
Cuando sean más de uno los que conjunta ó separadamente suscriban el informe, se reducirá en un treinta por ciento (30 %), y la cantidad resultante será lo que corresponda a cada uno.
Los honorarios de los traductores públicos se fijan de acuerdo a la precedente base reducida en un cuarenta por ciento (40 %) en los siguientes casos:
Cuando la traducción se produzca en juicios voluntarios;
En toda clase de juicios, cuando la traducción sea ordenada a solicitud de los Ministerios Públicos, Consejo Nacional de Educación y Dirección General Impositiva.
La resolución se notificará personalmente o por cédula y es apelable en relación. El recurso de apelación deberá interponerse dentro de los tres (3) días de la notificación, pudiendo ser fundado en el acto de la interposición.
Los traductores designados de oficio o con la conformidad de ambas partes en litigio, pueden exigir a cualesquiera de éstas el pago total de sus honorarios y gastos originados por la traducción. Si una de las partes se hubiese opuesto a la prueba pericial sólo está obligada al pago cuando resulte condenada en costas, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 478 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
Los jueces no pueden dar por terminado ningún juicio, disponer el archivo del expediente, aprobar transacción, homologar o admitir desistimiento, ordenar el levantamiento de medidas cautelares ni hacer entrega de fondos o valores depositados, sin previa citación de los profesionales cuyos honorarios no resulte del expediente que han sido satisfechos, salvo cuando media conformidad escrita de éstos, o se deposite judicialmente el importe fijado por el juez o se afiance su pago con garantía que el juez estime suficiente por auto que será inapelable. La citación debe notificarse personalmente o por cédula, en el domicilio que a tal efecto constituya el profesional en el acto de aceptar el cargo.
Es nulo todo convenio o renuncia anticipados de honorarios por una suma inferior a la establecida en la regulación definitiva.
La presente Ley se aplicará a todos los casos en lo que no haya regulación definitiva a la fecha de su vigencia.
No se devolverá diligenciado ningún exhorto en el cual se haya realizado una traducción pública, sin que el juez exhortante manifieste estar suficientemente garantizado el pago del honorario de los traductores.
Capítulo VI –Designación de oficio Artículos 39 y 40
Artículo. 38. - En la Capital de la República, las designaciones de oficio de los traductores públicos se regirán por las siguientes disposiciones:
El profesional que renuncie sin motivo atendible a alguna designación, será excluido de la lista de todos los fueros por el término de un (1) año a partir de la fecha de la renuncia.
Las designaciones se harán por sorteo, y los profesionales serán eliminados de la lista en la que se dejará constancia de la designación. Sólo podrán ser sorteados nuevamente una vez agotada la totalidad de la lista.
Los peritos designados de oficio no podrán convenir con ninguna de las partes el monto de sus honorarios, ni percibir de ellos suma alguna, antes de la regulación definitiva, salvo los anticipos de gasto que se fijen judicialmente. El profesional que infringiera esta disposición se hará pasible de una multa a beneficio del Consejo Nacional de Educación igual a la suma que hubiere convenido o percibido, y podrá ser eliminado de la matrícula respectiva.
Capítulo VII Disposiciones complementarias y transitorias Artículos 41 a 46
Las disposiciones de la presente Ley no se aplicarán cuando se trate de traducir documentos otorgados en idiomas respecto de los cuales no exista matriculado traductor alguno. Sin embargo, a los efectos de los honorarios a regularse y de las designaciones de oficio, se aplicarán las normas de los Capítulos V y VI.
Dentro de los noventa (90) días de constituido el Consejo Directivo del Colegio, los traductores públicos deberán ratificar su inscripción en la matrícula, acreditando que reúnen los requisitos establecidos por la presente ley. Los que así no lo hicieren, dentro de ese plazo, sólo podrán actuar en el ejercicio de la profesión a partir del momento que cumplan con aquellos recaudos. En caso de denegarse la inscripción, se estará a lo previsto por el artículo 4°, último párrafo.
LEY P-0952
(Antes Ley 20305) TABLA DE ANTECEDENTES
1 a 5 Art. 1 a 5 texto original.
6 Art. 6 texto original, observación: se sustituye la frase “Municipalidad de la
Ciudad de Buenos Aires” por “Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires”; y se suprime la frase “Territorio Nacional de la Tierra del
Fuego, Antártida Argentina e Islas del
Atlántico Sur” en virtud de la Ley 23775.
7 a 27 Art 7 a 27 texto original
28 Art. 28 texto original, observación: se suprime la frase “Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida
Argentina e Islas del Atlántico Sur”en virtud de la Ley 23775.
29 Art. 29 texto original
30 Art. 30 texto original, observación: se sustituye la palabra “interción”por la palabra “intervención”; puesto que se entiende que el texto original tiene un error material ya que la palabra
interción
no existe en el diccionario de la Real Academia Española. 31 a 37 Arts. 31 a 37 texto original
38 Art. 38 texto original, observación: se sustituye la frase “de los traductor público” por “de los traductores públicos”.
39 Art. 39 texto original
40 Art. 40 texto original, observación: se sustituye la frase “El profesional que infrigiera” por “El profesional que infringiera”
41 Art. 41 texto original
42 Art. 44 texto original
Artículos 42 a 43: Suprimidos por caducidad por objeto cumplido por el transcurso del tiempo.
REFERENCIAS EXTERNAS artículo 478 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. artículos 470 y 475 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación ;
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, Consejo Nacional de Educación
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Resolucion 1432/2007 - Mi