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Timestamp: 2019-03-19 00:34:50
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Uso de los dispositivos electrónicos de seguridad en las Personas Privadas de Libertad en Guayaquil 2018 | Saurez Valero | Espirales revista multidisciplinaria de investigación
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Uso de los dispositivos electrónicos de seguridad en las Personas Privadas de Libertad en Guayaquil 2018
USE OF ELECTRONIC SECURITY DEVICES IN PERSONS DEPRIVED OF LIBERTY IN GUAYAQUIL 2018
Luisa Isabel Saurez Valero [1]
Enviado abril 2018 - Revisado mayo 2018 - publicado septiembre 2018
En el artículo abordaremos el uso de los dispositivos electrónicos de seguridad en las Personas Privadas de Libertad de la ciudad de Guayaquil, si esta medida alternativa a la prisión preventiva es adecuada en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, si cumple con las exigencias de nuestra sociedad, además revisaremos los antecedentes, medida cautelar, prisión preventiva, y los beneficios de prelibertad enfocado a disminuir la sobrepoblación carcelaria del Centro de Privación de Libertad de Guayaquil y nos orientaran a conocer desde el ámbito jurídico los resultados obtenidos con el empleo de los dispositivos electrónicos de seguridad que en la actualidad son colocados a personas sentenciadas y que tienen las características de menos peligrosas o que su sentencia sea de hasta cinco años.
Palabras clave: Prisión preventiva, Medida Cautelar, COIP.
In the article, we will discuss the use of electronic security devices in Persons Deprived of Freedom of the City of Guayaquil, if this alternative measure to detention is appropriate in the Ecuadorian legal system, if you meet the requirements of our society, in addition we will review the background, as a precautionary measure, detention, and the benefits of pre liberate focused to reduce the overcrowding of the Deprivation of Liberty Center of Guayaquil and will guide us to learn from the legal field the results obtained with the use of electronic security devices which are currently placed to persons sentenced and that have the characteristics of less dangerous or that his sentence of up to five years.
Keywords: Preventive detention, Precautionary measure, COIP.
En Ecuador desde su vida Republicana ha logrado controlar el accionar humano por medio de sus normativas, encaminándonos de forma directa a cambios políticos, económicos, sociales y tecnológicos que han avanzado en el Ecuador, asegurando una convivencia entre los ciudadanos, pero a lo largo del tiempo nos vemos en la necesidad de analizar y actualizar dichas normas, buscando así adecuarlos a la actualidad del sistema jurídico, cumpliendo con el poder imperativo de nuestra normativa.
En el Ecuador con el paso del tiempo el problema carcelario se venido agravado, hasta el punto de existir cerca de 36.000 Personas Privadas de la Libertad (PPL) las mismas que actualmente se consideran un grupo vulnerable de la población; es decir, que antes de la Carta Magna del 2008 este grupo se hallaba fuera de la colectividad y es por esto que hoy en día los conflictos se suscitan constantemente.
El aumento de la población, los cambios sociales, formas nuevas de violar la ley y el avance tecnológico; hacen que el DVE sean la medida cautelar alternativa a la prisión preventiva más adecuada, el mismo que parece aliviar el cumplimiento de los principios establecidos en la Constitución de la República del Ecuador y el Código Orgánico Integral Penal (COIP), además de los principios enmarcados dentro del Código Orgánico Integral Penal (COIP) como son: igualdad, favorabilidad, duda a favor del reo, inocencia, impugnación procesal, prohibición de empeorar la condición del recurrente, oralidad, concentración, contradicción, prohibición de autoincriminación, publicidad, motivación; es así, que los operadores de justicia están en la obligación de asegurar y garantizar la comparecencia del procesado, la misma que debe ser de última instancia, por otras medidas cautelares, evitando así el hacinamiento carcelario en los Centros de Rehabilitación Social de Guayaquil, de la protección a la víctima y demás participantes en el proceso correccional, y de la reparación esencial de daños.
En cuanto a la prisión preventiva esta se ha aplicado como medida cautelar en todo proceso correccional por los juzgadores que han manejado doctrinas inquisitivas, el cual el mismo código lo permitía, dando como resultado la reclusión y hacinamiento del reo en los Centros de Rehabilitación Social del país y principalmente en el Centro de Rehabilitación Social de Guayaquil (Centro de Privación de Libertad Zonal 8 Regional Guayas), que no ha permitido que el procesado o sentenciado , no se desarrolle de forma normal en su entorno, y que la reclusión desde sus inicios debía ser una herramienta tan corregida como la escuela, el cuartel o el hospital y adecuarse con precisión sobre los procesados.
El aislamiento lejos de transformarlos en personas de bien y honrada e insertarla en la sociedad ha producido nuevos delincuentes y esta rehabilitación ha sido un fracaso, y es así que el Estado ha tenido que insertar en las normas nuevos mecanismos para la utilización estratégica más conveniente.
La prisión fabrica delincuentes, pero los delincuentes a fin de cuentas son útiles en el dominio económico y en el dominio político. Los delincuentes sirven. (Foucault, 1994)
Los DVE, con su implementación busca evitar la innecesaria privación de libertad y mejorar la calidad de vida de las personas a quienes se aplicará esta medida, esto es, disminuir el hacinamiento carcelario, contribuir a la integración a la sociedad de la (PPL) y mejorar el sistema de vigilancia y control por parte de las autoridades.
Cuando el juzgador establece la medida cautelar individual de la prisión preventiva - a la que no siempre se la considera de ultima instancia no se toma en cuenta los resultados y secuelas legales, sociales y psicológicas que involucra la misma y es por eso que el sistema procesal reformatorio hace necesario utilizar un medio para garantizar la realización de la justicia, como se ha hecho con la aplicación de medidas cautelares alternativas; siendo una de ellas el uso del DVE, que sería de menor secuela; de la importancia, justificación, y eficacia de topar una problemática como la presente.
El presente trabajo se enfoca en las garantías de los procesados, además de la realidad social y jurídica de la aplicación del DVE, que va de la mano con el avance de la tecnología; el artículo 522 numeral 4 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) tipifica el mencionado DVE, para que la persona no quede privada de su libertad, se mantenga incluido en la sociedad; y que la normativa ubique a estas personas en conflicto con la ley, para que se les garantice el cumplimiento de sus deberes, derechos y obligaciones como parte de su proceso de rehabilitación.
En Ecuador estamos viviendo avances tecnológicos importantes y por lo tanto el ámbito legal no puede pasar por alto, es por ello que se realizó el análisis jurídico de las medias cautelares prevista en el Código Orgánico Integral penal (COIP) en adelante COIP su impacto social, la doctrina, sus ventajas y desventajas como son:
Prohibición de ausentarse del país,
Obligación de presentarse periódicamente ante alguna autoridad,
El uso de un dispositivo de vigilancia electrónica,
El Ecuador está atravesando un proceso judicial importante de trasformación en el sistema legal reformatorio que se encamina a la modernización con la finalidad de prestar nuevas y eficientes herramientas a las organismos que forman el proceso correccional, contando con las garantías que les permitan ejercer de manera eficiente el control y dar cumplimiento a la aplicación de medidas cautelares, garantizando la reparación integral, sin olvidarnos del cumplimiento de la pena a quien se la imponga por el cometimiento de un delito, además de no dejar en la indefensión a las víctimas, testigos y demás personas que formen parte el proceso.
El Artículo 523 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) tipifica la prohibición de ausentarse del país, esta medida es interpuesta por el juez a pedido del fiscal, y a su vez se notificaran a las instituciones responsables del cumplimiento de la misma.
Obligación de presentarse periódicamente ante alguna autoridad
Como su nombre lo indica de presentarse ante la autoridad competente de forma periódica, caso contrario se interpondrán sanciones administrativas.
Deberá ser interpuesto por el juzgador, este a su vez verifica el acatamiento a través de la Policía Nacional o por cualquier otro medio que establezca, el procesado no tiene vigilancia policial permanente, sino que este es reemplazado por vigilancia periódica y el uso del DVE de manera obligatoria.
El Artículo 530 del Código Orgánico Integral penal (COIP) determina que el fiscal de forma motivada podrá solicitar al juez la detención de una persona con fines investigativos, de esta manera garantizando a la comparecencia al proceso.
La prisión preventiva, consiste en la privación de libertad de una persona para garantizar la comparecencia a juicio, siempre y cuando el juez a si lo disponga.
En la práctica el Art. 77.1 de la Constitución de la República.
Los DVE son todos aquellos artefactos electrónicos que se configuran con la finalidad de brindar la localización de la persona u objeto deseado; en la actualidad existen varias formas de funcionamiento de estos dispositivos, no obstante, consta de 2 partes indispensables, un generador y un receptor.
El generador se encarga de enviar la señal que contiene las coordenadas en las cuales se encuentra la persona u objeto, mientras el receptor decodifica la señal enviada por el generador y la plasma en un mapa gracias a las coordinadas enviadas.
En el caso que una (PPL) procesada incumpla las medidas cautelares no privativas de libertad el fiscal de forma fundamentada podrá solicitar medidas privativas de libertad, cuando se trate de mujeres embarazadas tendrán lugares acordes a su estado, así mismo en caso de incumplimiento de medidas de protección impuestas el juzgador remitirá a la fiscalía para la investigación correspondiente.
La actividad cautelar en el proceso es trascendental, ya que tiende a asegurar que, en su momento, lo resuelto y dispuesto por el juzgador se cumpla, ya que el derecho subjetivo del Estado a castigar las infracciones penales no puede quedar burlado si el responsable huye y en su momento la sentencia condenatoria no puede ejecutarse, de ahí que el Código Orgánico Integral Penal en adelante COIP se haya previsto un conjunto de seis medidas cautelares.
Los DVE nacen de la necesidad de la sociedad para la ubicación de personas, objetos, inmuebles, etc. Para lo cual se inventa el Sistema de Posicionamiento Global (GPS por sus siglas en inglés) el mismo que funciona a través de la conexión de satélites con un receptor; con el paso del tiempo y su implementación a ciertas actividades como la medición y ubicación exacta de predios en áreas de difícil acceso, o la información verídica y en tiempo real del tráfico vehicular, el GPS se convierte de uso común tanto así que podemos ahora encontrar esta servicio hasta en los teléfonos inteligentes.
Las medidas cautelares durante la historia se han dado en diferentes fases, así en el libro de génesis en la Biblia, existieron varias formas de prisión, haciendo un análisis referencial podemos determinar que estas medidas son consideradas para nuestro estudio como medias de carácter personal. José fue enviado a prisión injustamente, por una acusación falsa de la esposa de su amo (Gen. 39:11-20).
Continuando con la historia, en roma un dirigente o árbitro otorgaba la facultad de hacer uso del arresto, siempre y cuando no sobrepase los límites que la misma la ley lo describe, es así que nacen incluso los derechos y garantías que aplican o contribuyen a la defensa del sospechoso o infractor.
La carta magna otorgada por Juan sin tierra, el 17 de junio de 1215, en el
artículo 39 manifiesta” impedía que una persona libre fuera arrestado, o detenido en prisión no desposeído de sus bienes, proscrito o desterrado, para esto se debía realizar una querella legal de acuerdo a las leyes de la nación”. (ELIAS).
En materia penal durante varios años se habla del uso del Dispositivo electrónico, como medida de garantizar que el infractor no deje sus actividades rutinarias y a su vez que se garantice el debido proceso frente a un hecho delictivo.
El monitoreo electrónico tiene sus inicios en las instituciones estales, tales como la policía nacional, militares, y las petroleras, debido al modo de operar de mencionadas instituciones, esto les permitía conocer en tiempo real la posición de los infractores, además de tener un control dentro y fuera del domicilio de los infractores.
Rusia, Estados Unidos, Alemania y de mas país desarrollados, fueron aplicando este tipo de mecanismos electrónicos, para reducir el hacinamiento carcelario.
Entre principios de 1960 y 1970, un grupo de psicólogos experimentales de Harvard, dirigidos por el doctor Ralph Schwitzgebel, diseñaron un pequeño dispositivo de monitoreo, el Behavior Trasmitir Reinforcer, y estudiaron su aplicación en forma experimental. (BONTA J., 1999).
De la cita se desprende que este grupo de investigadores pretendía aplicar alternativas a la prisión, dando libertad condicional a los presos, a través de la vigilancia y control permanente, rehabilitando al infractor y no alejarlo de la sociedad, ya que después el rubro del costo al estado seria mayor.
En la actualidad, el control electrónico es utilizado por varios países, dentro del sistema penal, para el control, supervisión, a través del monitoreo GPS.
Si de antecedentes se trata al referirse al dispositivo de vigilancia electrónica, en adelante (DVE) se afirma que un juez de origen estadounidense, a principios de 1980, inspirado en un comic de hombre araña persuadió a una empresa para el desarrollo del primer brazalete de monitoreo electrónico, veinte años más tarde, su uso se ha extendido por varios países, no siendo la excepción el Ecuador.
¿Qué es el dispositivo de vigilancia electrónica DVE?
Desde el punto de vista físico o material el DVE es: un instrumento o aparato electrónico configurado físicamente para ser colocado en la muñeca, brazo (brazalete) o tobillo de una persona que envía señales a una central o estación de vigilancia o monitoreo.
Desde el punto de vista formal-legal se trata de una medida cautelar alternativa y sustitutiva a la prisión preventiva, que permite tener vigilada y monitoreada a una persona en forma permanente y que se halla fuera del recinto carcelario.
· Marco legal de la DVE
Tanto la Constitución como el COIP han señalado que la prisión preventiva puede ser sustituida por otras medidas cautelares, entre las que consta el DVE y dado el grado de excepcionalidad con la que debe aplicarse aquella. En este sentido el artículo 536 del COIP establece esa potestad aunque negándola cuando las infracciones son sancionadas con pena privativa de la libertad que supere los cinco años y condicionando a que si no se cumple con la medida sustitutiva se ordenará la prisión preventiva.
Por su parte el Art. 537 establece que el arresto domiciliario y el uso del DVE podrá sustituir a la PV en determinados casos especiales de vulnerabilidad de personas procesadas que tengan una o más de las condiciones que señala la norma, esto es: mujer embaraza, adulto mayor, persona que padezca de una enfermedad incurable, catastrófica o se trate de delitos sexuales. En estos supuestos se conjugan las dos medidas: el arresto domiciliario y el uso del DVE. Esta segunda medida se torna obligatoria cuando de vigilancia policial periódica se trata como lo señala el inciso 2 del Art. 525 del COIP: “La persona procesada, no estará necesariamente sometida a vigilancia policial permanente; esta podrá ser reemplazada por vigilancia policial periódica y obligatoriamente deberá disponer el uso del dispositivo de vigilancia electrónica.
Básicamente la propuesta ante la sobrepoblación en el Centro de Rehabilitación Social de Guayaquil (Centro de Privación de Libertad Zonal 8 Regional Guayas), debería ser el uso adecuado de los DVE que desde el 19 de abril de este año, decenas de PPL cumplen la pena afuera del Centro de Rehabilitación Social de Guayaquil (Centro de Privación de Libertad Zonal 8 Regional Guayas), sin mayor problema. Pero, entre el 27 de agosto al 9 de noviembre del presente año, cuatro PPL condicional fueron a prisión nuevamente para terminar su condena y que sean sancionados por nuevos delitos. Quienes utilizaban dispositivos electrónicos en sus tobillos.
La importancia de contar con Centros de Rehabilitación Social sin sobrepoblación penitenciaria es el tratamiento que se proporciona a las Personas Privadas de Libertad, descongestionarlos significa un tratamiento personalizado del interno, lo que devengaría en una verdadera Rehabilitación Social ya que todos los programas tendientes a este objetivo tendrían mayor impacto al contar con los espacios suficientes para llevar a cabo trabajos y talleres.
Ante el aumento de nuevas modalidades delictivas y al incremento de personas privadas de libertad y su hacinamiento en las cárceles de Guayaquil, se ve con buenos ojos la implementación de los DVE como una medida cautelar que aplicada adecuadamente dará el fruto deseado.
Entonces, considerando que los beneficiarios directos son las Personas Privadas de Libertad que mediante este dispositivo podrían salir de los Centros de Rehabilitación Social, cabe mencionar la ventaja de toda la sociedad ecuatoriana al momento que el Estado garantice una verdadera reinserción social, logrando así la disminución de reincidentes y la disminución de la de personas que violan la ley a nivel nacional y básicamente en la ciudad de Guayaquil.
Las ventajas de utilizar el dispositivo electrónico consistirían en la posibilidad de disminución de la población carcelaria y lo que ello significa, así como posibilitar su rehabilitación, disminuir los presupuestos que significan el ingreso y permanencia de un procesado en el recinto penitenciario, así como el destinado para la infraestructura carcelaria. Respecto a las desventajas, en primer lugar, por estar fuera de recinto carcelario y lo que ello significa la posibilidad de reincidencia delictual es más real, antes de que pueda ser evitada y, en segundo lugar, el trato más favorable al reo que supondría el uso del DVE podría generar un percepción de cierta permisibilidad con el delito y sus autores.
Para Giuseppe Maggiore la política criminal es “la ciencia o arte de los medios que se sirve el estado para prevenir y reprimir delitos”.
La política criminal es una ciencia en sentido amplio de la ejecución de la lucha contra el crimen esto a través de derecho penal.
Llamado también “Ius Puniendi” que etimológicamente quiere decir IUS.- Derecho y PUNIENDI.- Poder, refiriéndose siempre del Estado a los ciudadanos, por tal motivo podemos decir que el Estado es el único que puede establecer una Pena a un tipo penal previamente establecido.
El poder punitivo hace referencia a que el estado mantiene de manera intrínseca el poder de sancionar un acto, antijurídico, es decir que no esté conforme a lo establecido en la ley, estas penas son de acuerdo a la característica del acto.
De la cita mencionada se deduce los límites del estado, para aplicar determinados principios tales como:
Guillermo Cabanellas de Torres define al delito etimológicamente: la palabra delito proviene del latín delictum, expresión también de un hecho antijurídico y doloso castigado con una pena.
El delito es el acto típico, antijurídico sancionado con una pena.
Para Guillermo Cabanellas de Torres la pena es “La sanción, previamente establecida por ley, para quien comete un delito o falta, también especificados”.
(CABANELLAS, 2008).
Las penas privativas de libertad son consideradas la más graves, y de mayor incidencia debido a los resultados inevitables que este da, ya que está en juego uno de los principales bines jurídicos consagrados en la constitución tal es la libertad.
Los Centros de Rehabilitación Social de América Latina que: Aumentan en diez o quince veces los riesgos para la vida y la salud, con lo cual se convierte en una pena corporal. Además, en el 70% de los casos (promedio de la región) no se cumple como pena sino como prisión preventiva, que se imputa luego a la pena que se le impone en caso de condena. (ZAFFARONI, 2009).
El Principal objetivo de la Política Penitenciaria en el Ecuador es la Rehabilitación Integral de las personas privadas de libertad y se encuentra establecido en el artículo 201 de la Constitución de la República:
La Constitución de la República al ser garantista trata al sistema de Rehabilitación Social, como la parte fundamental para garantizar las condiciones de los reos en cuanto al cumplimiento de las penas, el mismo cuerpo legal nos da pautas para garantizar la igualdad y la no discriminación tal como lo señala el Plan Nacional del Buen Vivir, es decir existen varios instrumentos a fin de garantizar que se cumpla, tal como el acceso a la educación, visitas, alimentación, entre otros.
La Constitución de la Republica del Ecuador hace referencia a las medidas alternativas para la privación de la libertad, el artículo 77, numeral 11 señala: “La jueza o juez aplicara de forma prioritaria sanciones y medidas cautelares alternativas a la privación de libertad contempladas en la ley, las sanciones alternativas se aplicarán de acuerdo con las circunstancias y la personalidad de la persona infractora y las exigencias de reinserción social de personas sentenciadas.”
El artículo 522 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), hace referencia a la utilización de un dispositivo de vigilancia electrónica (DVE) para asegurar la presencia del procesado. Esta disposición está en el capítulo referente a las medidas cautelares.
Dicha norma establece que la o el juzgador, para asegurar la comparecencia de la o el procesado se aplicara medidas cautelares y serán aplicables de forma prioritaria a la prisión preventiva:
La o el juzgador, en los casos de los numerales 1, 2 y 3 de este artículo, podrán ordenar, además, el uso de un DVE.
Esto permitirá el descongestionamiento los centros carcelarios con la utilización de esos artefactos electrónicos, debido a que muchos tratadistas consideran que es una afectación a los derechos humanos.
Se plantea establecer en forma urgente normas que solucionan la omisión de las medidas alternativas a la privación de la libertad, cumpliéndose a cabalidad con el Art. 84 de la Constitución de la República, ya que las normas propuestas cumplen con la obligación de adecuar formal y materialmente, las leyes y demás normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución, en los instrumentos internacionales y a los que sean necesarios para garantizar la dignidad del ser humano.
El Consejo de la Judicatura es el encargado de adquirir y administrar estos dispositivos, los cuales serán monitoreados por personal del Ministerio de Justicia y el ECU 911. Países como Colombia, Brasil, Estados Unidos, utilizan este tipo de dispositivos los cuales han dado buenos resultados. Las personas que tengan arresto domiciliario o los victimarios de violencia intrafamiliar, dependiendo del tipo penal de acuerdo a la sana critica del juez pueden ser sancionados con la utilización del DVE, con esto evitaremos la reincidencia en actos de violencia, la fuga y además de la descongestión carcelaria.
La presente investigación al enfocarse en la problemática de la sobrepoblación penitenciaria que existe en el Ecuador, parte de un estudio detallado de los siguientes temas: Política Criminal entendida como todos los mecanismos que tiene el Estado para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la delincuencia; Centros de Rehabilitación Social, donde se aborda la situación real del sistema penitenciario del Ecuador; Los Beneficios de las Personas Privadas de la Libertad, en el cual se desarrolla el procedimientos y las consideraciones que deben tomar en cuenta las Autoridades competentes para conceder o no dichos beneficios; y finalmente se aborda el tema relativo a los DVE, en el cual se aborda los antecedentes de los mismos, su aplicabilidad en la vida cotidiana; así como dentro del sistema de rehabilitación social.
Para la aplicación del sistema de vigilancia electrónica es importante que se realice la valoración correcta, respecto a la realidad del procesado, las circunstancias en las que se aplica el DVE y la valoración técnica del uso adecuado.
El Código Orgánico Integral Penal (COIP) el uso del dispositivo electrónico se determinará en tres aspectos puntuales.
Medida de protección a favor de la víctima
Medida cautelar para personas procesadas por delitos menores, en casos de mujeres embarazadas, personas mayores de 65 años o con enfermedad incurable en etapa terminal.
Personas que han devengado más del 60% de la pena y cumplen los requisitos necesarios para acceder al régimen semi-abierto o más del 80% y las condiciones para beneficiarse del régimen abierto.
Descripción del Dispositivo electrónico
La tecnología utilizada en este tipo de dispositivo electrónico en la actualidad es la Global Position System, GPS.
La adquisición del código fuente y los licenciamientos de software que permitirán actualizar el sistema de vigilancia electrónica, conforme a las necesidades, a la realidad ecuatoriana y a la normativa penal vigente, además de desarrollar plataformas para el perfecto uso de los dispositivos, para ello la empresa CEIC, es la responsable de la implementación del proyecto a nivel nacional.
El sistema de vigilancia electrónica funcionará con la tecnología del ECU 911, lo que permitirá aprovechar esta plataforma con la que ya cuenta el país para efectuar de manera eficaz el monitoreo de los dispositivos a escala nacional, que operará integralmente y funcionará de manera ininterrumpida las 24 horas del día, los siete días de la semana durante los 365 días del año.
Los tipos de dispositivos con el que cuenta el estado ecuatoriano son;
1. Tipo tobillera a prueba de agua, que además tendrán configuración de números autorizados para la llamada (característica que fortalece la vigilancia electrónica), consulta instantánea de ubicación.
2. Tipo brazalete dispositivos que serán asignados a posibles víctimas de violencia de género e intrafamiliar y los que permiten hacer un reconocimiento facial del portador del mismo, este tipo de dispositivo cuenta con un receptor que permite precisar la ubicación exacta y contiene servicio de mensajería, esta tecnología fue adquirida por el ministerio de justicia.
La función esencial del uso del DVE es permitir a personas procesadas y/o sentenciadas por delitos menos graves cumplir con sus procesos de rehabilitación social fuera de los centros penitenciarios. Así se garantiza el pleno desarrollo de estas personas en su entorno familiar y sobretodo su reinserción social y familiar.
Protocolo para funcionamiento del Sistema de Vigilancia electrónica.
El uso del DVE lo dispone el juez de garantías penitenciarias, y va a mediar un informe del Ministerio de Justicia, siempre que cumpla los requisitos para acceder a los beneficios penitenciarios (rebaja de penas, prelibertad, libertad controlada, regímenes abierto o semiabierto), la PPL podrá solicitar al juez el uso del dispositivo.
El Estado conformará una comisión responsable de verificar que la persona cuente con las condiciones para el efectivo uso del brazalete esto consiste en lugar de trabajo, domicilio, además de los lugares que frecuente la persona que utilice este dispositivo, además de advertir los lugares que tengan buena señal, posterior a esto se enviará un informe al juez de garantizas penales, quien será el encargado de resolver si procede o no la colocación del brazalete.
La Configuración a nivel de software y dispositivo, instalación de los dispositivos como tal, monitoreo, están a cargo de Coordinación de Seguridad, Interior y Telecomunicaciones, y del Sistema ECU 911.
Los análisis de concepto in situ, los técnicos de las empresas provenientes de Brasil, Canadá, Israel, China, España y Estados Unidos explicaron que las configuraciones dan paso a las emisiones de alertas, por ejemplo, cuando un individuo que tiene arresto domiciliario sale de su vivienda, o cuando un presunto agresor que tiene prohibición de acercamiento concurre a determinados lugares, entre otros casos.
Según el Código Orgánico Integral Penal, el cual rige desde agosto del año 2014, incluye el DVE como medida cautelar, se empezaron a adquirir estos dispositivos, pero, si se analiza el señalado cuerpo legal, no existe normativa alguna que se refiera expresa y detalladamente a ellos.
El DVE es un mecanismo que ha sido utilizado por varios países, los cuales han arrojado buenos resultados, en el Ecuador no existen especificaciones actuales que permitan garantizar a los participantes del proceso penal, lo cual podría llevar al legislador a una grave omisión.
La ciudadanía no mira con buenos ojos que los presuntos delincuentes se encuentren transitando libres por las calles después de haber sido aprehendidos por la Policía, desconociendo absolutamente que los mismos luego de haber sido presentados en audiencia de flagrancia e iniciado un proceso penal, llevan consigo un DVE. Este hecho provoca en la sociedad un rechazo total ya que por desconocimiento de las medidas alternativas a la prisión preventiva (dispositivo de vigilancia electrónica) DVE la ciudadanía desea mantener a este grupo de personas aisladas en un centro de reclusión.
Cabe indicar que la prisión preventiva es la última medida cautelar que se deberían utilizar (ultima ratio) dentro de las investigaciones y procesos penales, tomando en cuenta que la aplicación del DVE es una medida cautelar que beneficia tanto al procesado como al Estado, logrando consigo una importante reducción del presupuesto destinado a los centros de Rehabilitación y la inclusión del individuo investigado, procesado o sentenciado en la sociedad.
Que se realice campañas publicitarias en los diferentes medios de comunicación, con el fin de hacer conocer a la ciudadanía la implementación de una nueva medida cautelar que reemplaza a la prisión preventiva, siendo este el DVE, el mismo que asegura la comparecencia del investigado o procesado al juicio penal.
http://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador-brazaleteelectronico. (s.f.).
https://www.unodc.org/documents/ropan/TechnicalConsultativeOpinions2013/Opinion_2/Opinion_Consultiva_002-2013_ESPANOL.pdf (s.f.).
El uso del brazalete electrónico en el sistema de justicia penal (http://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador-brazaleteelectronico.
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[1] Universidad de Guayaquil Ciudadela Universitaria “Salvador Allende”, Malecón del Salado (entre Av. Fortunato Safadi y Av. Kennedy) Guayaquil Tel: 04 228 7258 / 228 4505 / 229 3625. Fax: 04 228 1559. Página Web: www.ug.edu.ec Guayaquil-Ecuador Correo: lsuarezvalero@gmail.com