Source: http://www1.umn.edu/humanrts/cases/S8-04.html
Timestamp: 2016-02-14 14:42:40
Document Index: 7152654

Matched Legal Cases: ['artículo 13', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 2', 'artículo 46', 'artículo 44', 'artículo 46', 'artículo 46', 'artículo 31', 'artículo 46', 'artículo 17']

Mauro Acosta Padron y otros v. Venezuela, Caso 4542/02, Informe No. 8/04, Inter-Am. C.H.R., OEA/Ser.L/V/II.122 Doc. 5 rev. 1 en 578 (2004). INFORME Nº 8/04
1. El 19 de noviembre de 2002, Sol Vargas Arnal, Gerente de Información del Departamento de Noticias de Venevisión (en lo sucesivo "el Peticionario"), presentó una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en nombre de Laorwins José Rodríguez Henríquez, Mauro Acosta Padrón, Randolfo Blanco Valencia, Luis Alfonso Fernández Rodríguez y Julio Gregorio Rodríguez García, todos ellos empleados de la estación de televisión Venevisión (en lo sucesivo "las Víctimas"). En la petición se alega que la República Bolivariana de Venezuela (en lo sucesivo "el Estado") violó los derechos de las Víctimas a la libertad de expresión, la integridad personal, las garantías judiciales y la protección judicial, protegidos por los artículos 13, 5, 8 y 25, respectivamente, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El Peticionario alega además que el Estado violó sus obligaciones generales de respetar y garantizar esos derechos conforme a los artículos 1(1) y 2 de la Convención Americana. 2. El Peticionario alega que desde 2001 los trabajadores de los medios de difusión de Venezuela, incluidas las Víctimas, han sido objeto de una continua y creciente campaña de hostigamiento y agresión. Afirma que muchos de esos agresores son miembros de "Círculos Bolivarianos", grupos de ciudadanos que actúan por instigación del Gobierno y que éste financia y protege. Afirma además que el Estado no ha realizado una investigación seria de esos incidentes para identificar y castigar a los perpetradores.
5. La Comisión recibió la petición de autos el 19 de noviembre de 2002 y acusó recibo de la misma en una carta dirigida al Peticionario, fechada el 20 de noviembre del mismo año. 6. El 18 de agosto de 2003 la Comisión transmitió las partes pertinentes de la petición al Estado, al que concedió un plazo de dos meses para responder. A la fecha del presente informe la Comisión no había recibido respuesta alguna del Estado en relación con esa comunicación.
17. El 16 de octubre de 2002 la Comisión recibió del Estado un escrito fechado el 13 de agosto de 2002, en que el Gobierno establecía que el Director General de Coordinación Política y el Director de la Policía Metropolitana, habían recibido instrucciones de aplicar medidas para la protección de Luis Alfonso Hernández y Julio Gregorio Rodríguez García. El Gobierno hizo saber además que la Fiscalía General había encomendado a determinados fiscales la realización de las investigaciones necesarias, y acreditó haber impartido instrucciones a la Fiscalía General, al Ministerio del Interior y Justicia y al Defensor del Pueblo encargado de velar por los derechos humanos para que adoptaran las medidas pertinentes en relación con Ray Carlos Avilez Luna. Esa información fue transmitida al Peticionario el 24 de octubre de 2002. 18. El 28 de febrero de 2003 el Peticionario solicitó la prórroga de las medidas cautelares, alegando que el Estado no había aplicado las medidas anteriores, y que no había cesado la modalidad de agresión de que eran víctimas los periodistas y trabajadores de los medios de difusión. El 7 de marzo de 2003 la Comisión prorrogó las medidas por seis meses y concedió al Estado un plazo de diez días para que presentara información.
21. El 3 de febrero de 2002 el camarógrafo Mauro Acosta Padrón, el ayudante de cámara Laorwins José Rodríguez Henríquez y el corresponsal Randolfo Blanco fueron objeto de agresiones verbales, intimidación y empujones por cientos de partidarios del Presidente Hugo Chávez, cuando trataban de cubrir la visita del Presidente al Estado de Aragua. Acosta recibió un golpe en la nuca. Además los partidarios del Gobierno taparon la lente de la cámara cuando el equipo de periodistas trataba de filmar. 22. El 7 de febrero de 2002, cuando Mauro Acosta Padrón, Laorwins José Rodríguez Henríquez y Randolfo Blanco estaban cubriendo una manifestación de la oposición, en Valencia, Estado de Carabobo, aparecieron partidarios del Gobierno que comenzaron a insultarlos y empujarlos. Llegaron en autobuses más partidarios del Gobierno, que penetraron a alta velocidad en el lugar en que estaban reunidos los periodistas y camarógrafos. Mauro Acosta Padrón fue atropellado por uno de esos vehículos y sufrió graves lesiones.
28. El Peticionario afirma, además, que pese a las medidas cautelares dispuestas por la Comisión a favor de las Víctimas, el Estado no adoptó medida de seguridad alguna para proteger a estas últimas. Como consecuencia de la omisión del Estado de atender las solicitudes de protección formuladas por las Víctimas, Venevisión consideró necesario adquirir equipo de seguridad, tal como máscaras antigás y chalecos a prueba de balas, para sus empleados. 29. Con respecto al artículo 13 de la Convención, el Peticionario sostiene que los actos sistemáticos de agresión cometidos contra las Víctimas y otros trabajadores de los medios de difusión han intimidado a las Víctimas y las han inducido a la autocensura, ya que temen por su vida e integridad personal, lo que viola el derecho a la libertad de expresión. También sostiene que el Estado es directamente responsable de esas violaciones de derechos, ya que los actos de agresión fueron cometidos por los "Círculos Bolivarianos", entidades respaldadas por el Estado y que actúan en su nombre, o por partidarios del Gobierno que actúan por incitación de este último. 30. Con respecto al artículo 5 de la Convención, el Peticionario sostiene, que el Estado ha violado el derecho de las Víctimas a la integridad física, mental y moral, protegida conforme al artículo 5 de la Convención. Primero, al alentar o incitar a sus partidarios a realizar agresiones verbales y físicas contra trabajadores de los medios de difusión, amenazarlos con objetos contundentes, proferir amenazas de muerte contra ellos y humillarlos. Sostiene que por las razones anteriormente expuestas el Estado es directamente responsable de esas violaciones de derechos. En segundo término, el hecho de que se impida a las Victimas ejercer su profesión libremente va en detrimento de su integridad mental y moral.
32. El Peticionario señala además que el Estado ha incurrido en una violación de sus obligaciones generales de respetar y garantizar los derechos humanos protegidos en el marco de la Convención Americana, tal como lo preceptúan los artículos 1(1) y 2 de la Convención. Esas obligaciones generales comprenden el deber de los agentes del Estado de abstenerse de actos que violen derechos humanos protegidos en el marco de la Convención, así como la obligación del Estado de prevenir o investigar y sancionar violaciones de derechos humanos cometidas por particulares. Como ya se señaló, el Peticionario cree que los perpetradores de actos de agresión deben ser considerados "agentes del Estado" porque actuaron con apoyo y aliento del Gobierno. También señala que la falta de una investigación seria de los incidentes, así como la omisión del Estado de llevar a los perpetradores a la justicia refleja una violación, por parte del Estado, de su obligación de dar eficacia jurídica a los derechos protegidos en el marco de la Convención, tal como lo dispone el artículo 2. 33. Con respecto al agotamiento de los recursos internos, el Peticionario alega que el 18 de febrero de 2002 las Víctimas denunciaron a la Fiscalía General las agresiones de que habían sido objeto antes de esa fecha, a fin de que el Ministerio Público pudiera llevar a cabo una investigación tendiente a sancionar a los responsables. Diez días más tarde la Comisión dispuso medidas cautelares, que hacían aún más hincapié en su llamamiento al Estado para que investigara los incidentes en cuestión. El 26 de abril de 2002 las Víctimas denunciaron los incidentes ocurridos en ese mismo mes, sin que, según el Peticionario, se llevara a cabo investigación alguna; pocas han sido las personas interrogadas por el Ministerio Público, y no se han formulado cargos contra persona alguna en relación con ninguno de los incidentes. Afirman que como sólo el Ministerio Público puede iniciar investigaciones en relación con delitos de acción pública, como la mayoría de los cometidos contra las Víctimas, esta petición está incluida en una de las excepciones al requisito del agotamiento de los recursos internos. El artículo 46(2)(b) de la Convención establece que la víctima está eximida de probar el agotamiento de los recursos internos si "no se [ha] permitido al presunto lesionado en sus derechos el acceso a los recursos de la jurisdicción interna, o [ha] sido impedido de agotarlos".
38. El Peticionario posee locus standi para presentar peticiones conforme al artículo 44 de la Convención. En la petición se identifica como supuestas víctimas a personas individuales, cuyos derechos, en el marco de la Convención, se ha obligado a respetar y garantizar la República Bolivariana de Venezuela. En lo que respecta al Estado, Venezuela es un Estado parte de la Convención Americana. El Peticionario denuncia actos u omisiones directamente imputables al Estado. La Comisión considera, por lo tanto, que posee competencia ratione personae. Además el Peticionario alega que los actos de los "Círculos Bolivarianos" son directamente imputables al Estado. En su informe sobre los méritos del caso la Comisión se pronunciará sobre la posibilidad de que el Estado pueda ser hecho directamente responsable de los actos de esas entidades. 39. La Comisión posee competencia ratione materiae, ya que en la petición se alegan violaciones de los derechos humanos de las Víctimas, protegidos por la Convención Americana conforme a los artículos 1(1), 2, 5, 8, 13 y 25 de la misma. 40. La Comisión posee competencia ratione temporis, ya que los hechos alegados en la petición se produjeron en un momento en que la obligación de respetar y garantizar los derechos previstos en la Convención estaba en vigor para el Estado, que ratificó la Convención el 9 de agosto de 1977.
41. La Comisión posee competencia ratione loci para entender en la petición de autos, ya que alega violaciones de derechos garantizados por la Convención Americana que supuestamente ocurrieron en el territorio de un Estado parte. Agotamiento de recursos internos
43. La Comisión y la Corte han insistido repetidamente en su carácter de órganos "coadyuvante[s] y complementari[os]"[5] dentro del sistema interamericano de protección de los derechos humanos,[6] condición que se refleja en el artículo 46(1)(a) de la Convención, que permite a los Estados partes decidir casos dentro de su propio marco jurídico, antes de que sea necesario recurrir a un procedimiento internacional. 44. La Convención prevé determinadas excepciones, en casos en que el agotamiento de los recursos internos sea impracticable. Una de esas situaciones es la prevista en el artículo 46(2)(b), que prevé que no es necesario agotar los recursos internos cuando "no se haya permitido al presunto lesionado en sus derechos el acceso a los recursos de la jurisdicción interna, o haya sido impedido de agotarlos[.]"
45. En el caso de autos, el Peticionario alega que a las Víctimas se les ha denegado acceso a recursos, porque el Ministerio Público, que posee potestad exclusiva para iniciar investigaciones y promover procesamientos penales por delitos denominados de acción pública, no ha iniciado investigaciones de los delitos denunciados cometidos contra las Víctimas, quienes los denunciaron por primera vez ante el Ministerio Público el 18 de febrero de 2002, dos años antes de que se redactara el presente dictamen. 46. El artículo 31(3) del Reglamento de la Comisión establece que cuando un peticionario alega que no le es posible agotar los recursos internos, se transfiere al Gobierno la carga de probar que determinados recursos internos siguen representando un correctivo eficaz frente al perjuicio alegado. No obstante, el Estado puede renunciar expresa o tácitamente a su derecho de plantear la cuestión del agotamiento de los recursos internos. Específicamente si no responde a la petición dentro del plazo pertinente, planteando en esa oportunidad sus argumentos referentes al agotamiento de los recursos internos, ello constituye una renuncia tácita a invocar el argumento del no agotamiento de dichos recursos.[7] En el caso de autos, la petición fue transmitida al Estado el 18 de agosto de 2003, concediéndose al Estado un plazo de dos meses para responder. A la fecha del presente informe el Estado no había formulado observación alguna, por lo cual ha renunciado tácitamente a su derecho de alegar la falta de agotamiento de los recursos internos. C. Plazo para la presentación de la petición a la CIDH
47. En la petición que se considera, la CIDH ha concluido que el Estado de Venezuela renunció tácitamente a su derecho de oponer la objeción de falta de agotamiento de recursos internos, por lo cual no es aplicable el artículo 46(1)(b) de la Convención Americana. No obstante, las disposiciones de la Convención que requieren el previo agotamiento de los recursos internos y la presentación de la petición dentro de un plazo de seis meses a partir de la fecha de la sentencia definitiva dictada en el ámbito de la jurisdicción interna son independientes. Por lo tanto la Comisión Interamericana debe determinar si la petición de que se trata fue presentada dentro de un período razonable. A ese respecto la CIDH observa que la petición original fue recibida el 19 de noviembre de 2002. Los incidentes que se denuncian en la petición se produjeron principalmente en febrero y en abril de 2002. La CIDH considera que la petición fue presentada dentro de un plazo razonable. D. Duplicación de procedimientos y cosa juzgada internacionales
49. De las manifestaciones del Peticionario no se desprende que la petición esté pendiente ante ningún otro procedimiento o foro internacional o que sea sustancialmente igual a alguna otra anteriormente estudiada por la Comisión u otro organismo internacional. Por lo tanto la Comisión considera que en el caso de autos se han cumplido los requisitos de admisibilidad previstos en los artículos 46(1)(c) y 47(d) de la Convención. E. Naturaleza jurídica de los hechos alegados
52. El Peticionario ha formulado alegaciones que, si se comprobaren como ciertas, tenderían a configurar violaciones de los artículos 1(1), 2, 5, 8, 13 y 25 de la Convención Americana, y que no son "manifiestamente infundadas" o "evidentemente improcedentes". Por lo tanto, sin prejuzgar sobre los méritos del caso, la Comisión considera que se han cumplido los requisitos de los artículos 47(b) y (c) de la Convención Americana en relación con los artículos 1(1), 2, 5(1), 8, 13 y 25 de la Convención. IV. CONCLUSIONES
1. Declarar que el caso de autos es admisible en relación con las supuestas violaciones de los derechos protegidos por los artículos 1(1), 2, 5(1), 8, 13 y 25 de la Convención Americana. 2. Notificar a las partes la presente decisión. 3. Continuar con el examen del caso. 4. Publicar esta decisión e incluirla en su Informe Anual a la Asamblea General de la OEA. Dado y firmado en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la Ciudad de Washington, D.C., a los 27 días del mes de febrero de 2002. (Firmado): José Zalaquett, Presidente; Clare K. Roberts, Primer Vicepresidente; Susana Villarán Segunda Vicepresidenta; Comisionados Evelio Fernández Arévalos, Paulo Sergio Pinheiro y Florentín Meléndez.
Notes_________________ [1] El Comisionado Freddy Gutiérrez Trejo, de nacionalidad venezolana, no tomó parte en el debate y votación del presente informe, conforme a lo dispuesto por el artículo 17(2)(a) del Reglamento de la Comisión.
[7] Véase, por ejemplo, CIDH, Informe Nº 31/031, Caso 12.195, Admisibilidad, Mario Alberto Jara Oñate y otros, Chile, 7 de marzo de 2003, párrafo 35; Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingi, Excepciones Preliminares, Sentencia del 1 de febrero de 2000. Inicio || Tratados || Busca || Enlaces