Source: https://observatorio.defensoria.gov.co/?_s=ojc&_a=18&_q=8&_es=0
Timestamp: 2020-01-18 23:02:55
Document Index: 22540374

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Mostrando únicamente secciÃ³n 8
8.1. La falta de respeto de las garantÃ­as de la persona en torno al derecho de libertad personal conlleva la violaciÃ³n de ese derecho: irregularidades en la orden y boleta de detenciÃ³n
En el Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez, varias personas, entre ellas el señor Juan Carlos Chaparro Álvarez, de nacionalidad chilena y propietario de una fábrica de hieleras, fueron detenidas, el 15 de noviembre de 1997, por la policía antinarcóticos ecuatoriana y en presencia de la juez que dictó la orden judicial, expedida el día anterior, por la investigación del delito de tráfico internacional de drogas, con fundamento en un informe de la policía, en el que se señalaba que se estaba utilizando una empresa de exportación de pescado para realizar tráfico internacional de droga; que el alcaloide se empacaba en hieleras fabricadas por la empresa Plumavit y de la planificación de un posible envío de un cargamento con destino a Miami.
Por estos mismos hechos la jueza ordenó, el mismo día 14 de noviembre, el allanamiento de la empresa Plumavit y fue realizado por la policía al día siguiente. En esa diligencia fueron detenidos trece trabajadores, entre ellos el gerente, señor Freddy Hernán Lapo Iñiguez. Consta en el proceso ante la Corte Interamericana que la boleta de detención contra el señor Lapo tenía fecha de 15 de noviembre de 1997 y la orden de detención de la jueza aparece con fecha 18 de noviembre del mismo año.
Las víctimas rindieron su primera declaración ante un fiscal cuatro días después de su detención, y la declaración ante la Jueza ventiseis días después de la privación de la libertad. El Código de Procedimiento Penal ecuatoriano vigente al momento de los hechos, establecía que la detención para los fines de investigación máximo era de 48 horas, después de este lapso o se liberaba al detenido o se iniciaba el proceso penal.
En la audiencia pública celebrada en este caso, la representación estatal efectuó un allanamiento parcial, reconociendo las violaciones del deber de adoptar disposiciones en su derecho interno para hacer efectivo los derechos y libertades de la Convención Americana ?artículo 2º- y los derechos a la integridad personal, a las garantías judiciales y el de protección judicial efectiva.
La Corte estableció la violación del derecho a la libertad individual, con respecto al derecho a que ?nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados partes o por las leyes dictadas conforme a ellas.? ?artículo 7.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos- y a la protección del derecho a la libertad ?artículo 7.1 de la Convención, en relación con el deber de respeto establecido en el artículo 1.1, porque: 1- las irregularidades en la detención del señor Lapo relacionadas con la fechas de la orden de detención, que es posterior a la captura y a la boleta de detención que impidieron establecer la inexistencia de la autorización judicial previa a la detención a la detención, sin que por otro lado existiera explicación razonable por parte del Estado y 2- cualquier violación de los numerales 2 al 7 de la Convención conlleva necesariamente la violación del artículo 7.1 de la misma, ya que el irrespeto de las garantías de la persona privada de la libertad implica la falta de protección de su propio derecho a la libertad. nota 1
8.2. ViolaciÃ³n del derecho a la libertad personal: falta de prueba de que las autoridades informaron sobre las razones de la detenciÃ³n y desconocimiento del derecho interno
La legislación interna ecuatoriana preveía dos tipos de recursos para revisar la legalidad de la privación de la libertad; el habeas corpus constitucional, cuyo conocimiento y decisión correspondía al Alcalde, en tanto que la segunda instancia corresponde al Tribunal Constitucional y el amparo de libertad, conocido como habeas corpus legal, de competencia de un juez, con término para resolverlo de 48 horas y el mismo plazo para remitirlo al Tribunal Constitucional, de requerirlo.
Está probado en el proceso que las víctimas permanecieron privadas de la libertad, en el caso del señor Lapo 1 año, 6 meses y 11 días, porque la causa fue sobreseída temporalmente y el señor Chaparro 1 año, 9 meses y 5 días después de su detención, por la reforma constitucional de 1998 que limitó el plazo en que una persona podía permanecer en prisión preventiva
En la audiencia pública celebrada en este caso la representación estatal efectuó un allanamiento parcial, reconociendo las violaciones del deber de adoptar disposiciones en su derecho interno para hacer efectivo los derechos y libertades de la Convención Americana ? artículo 2º- y los derechos a la integridad personal, a las garantías judiciales y el de protección judicial efectiva.
La Corte consideró violado el derecho a la libertad personal del señor Chaparro, en sus contenidos de los artículos 7.4 y 7.2 de la Convención Americana sobre derechos humanos, respectivamente porque : 1- el Estado no probo que las autoridades le hubieran informado sobre los motivos y razones de su detención y 2- tal situación es contraria al ordenamiento interno ecuatoriano.
La Corte señaló que cualquier violación de los numerales 2 al 7 del artículo 7 de la Convención conlleva necesariamente la violación del artículo 7.1 de la misma. La falta de respeto a las garantías de la persona privada de produce la falta de protección del propio derecho a la libertad. También en relación con el deber de respeto establecido en el artículo 1.1. nota 1
8.3. No es necesario el pronunciamiento de la corte sobre la violaciÃ³n del derecho que tiene toda persona detenida a ser informada de las razones de su detenciÃ³n cuando ese tribunal, en el mismo caso, ha calificado la detenciÃ³n como ilegal
8.4. ViolaciÃ³n del derecho a la libertad personal de forma continuada y de las obligaciones de la convenciÃ³n interamericana sobre desapariciÃ³n forzada de personas por la desapariciÃ³n forzada de la vÃ­ctima
En el Caso Heliodoro Portuga, el señor Heliodoro Portugal fue detenido el 14 de mayo de 1970, dentro de un café, por dos personas vestidas de civil, quienes lo introdujeron con uso de la fuerza, dentro de un vehículo en que se lo llevaron. La víctima quien al momento de la privación de la libertad tenía 36 años, de ocupación tipógrafo, vivía con su compañera permanente, con quien tuvo dos hijos, había sido dirigente estudiantil y simpatizante y promotor del "Movimiento de Unidad Revolucionaria" liderado por el señor Floyd Britton, opositor al régimen militar de Panamá.
La búsqueda sobre su paradero realizada por su compañera permanente, su hija, quien presentó denuncia sobre la desaparición de su padre ante el Comité Nacional de Derechos Humanos de Panamá, y otros familiares fue infructuosa. Tanto los familiares como una Comisión de la Verdad, que se conformó una vez el Estado panameño había retornado a la democracia, tuvieron noticias, por medio de un testigo, que al señor Portugal lo habían encerrado en una casa, centro clandestino de interrogatorio, en donde se le preguntaba por el señor Floyd Britton. Después señaló el testigo fueron vendados y trasladados al cuartel de Tocumen y no supo más de la víctima desde cuando el testigo fue llevado a la Cárcel de La Chorrera
En ese periodo, entre octubre de 1968 y diciembre de 1989, cuando se produjo la invasión estadounidense, estuvieron en el gobierno presidentes militares y civiles. A partir y como consecuencia del golpe de Estado se suspendieron ciertos artículos constitucionales, hubo censura de medios de comunicación, control del orden público en las calles, limitación de movimientos, toque de queda y prohibición de reuniones, supresión de los partidos políticos y se efectuaron arrestos y detenciones
La Corte declaró que el Estado violo el derecho a la libertad personal de manera continua ?artículo 7º de la Convención Americana sobre derechos humanos-, en relación con el incumplimiento del deber de garantiza los derechos humanos ?artículo 1.1. de la Convención- e incumplió los deberes relacionados con impedir la ocurrencia de la práctica de desaparición forzada de personas, sancionar a los responsables de esta práctica y adoptar las medidas legislativas, administrativas y judiciales o de cualquier otra índole para cumplir con los compromisos de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas ?artículo I , en relación con el artículo II de la Convención Interamericana- en tanto que la privación de la libertad sin que se informara sobre el paradero de la víctima, constituyó el inicio de la desaparición forzada, conducta que tiene carácter continuo y permanente y que en este caso culminó con la identificación de los restos de la víctima.
La Corte concluye que la responsabilidad del Estado sobre la desaparición forzada y el derecho a la libertad personal, es a partir del 9 de mayo de 1990, fecha en la cual el Estado aceptó la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en relación con el incumplimiento y violación del artículo I de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en relación con el artículo II de la misma Convención, lo fue desde el 28 de febrero de 1996, cuando el Estado ratificó la Convención. nota 1
Caso Heliodoro Portugal Vs. PanamÃ¡. Serie C. No. 186
8.5. ViolaciÃ³n del derecho a la libertad personal por detenciÃ³n ilegal y arbitraria, omisiÃ³n de informar a la persona sobre los motivos y las razones de su detenciÃ³n y no disposiciÃ³n del detenido ante autoridad judicial competente
8.6. ViolaciÃ³n del derecho a la libertad personal y de sus garantÃ­as por privaciÃ³n ilegal y arbitraria de la libertad; demora en la notificaciÃ³n de cargos y falta de juzgamiento dentro de plazo razonable: falta de competencia de juez y libertad por motivos que no definen situaciÃ³n de la vÃ­ctima
Esta liberación "por razones humanitarias" fue ordenada por la Corte de Apelaciones de GonaÃ¯ves, por aplicación de la action en main levée (libertad provisional bajo el artículo 80 del Código de Instrucción Criminal), quedando sin embargo a disposición de la justicia para todo asunto relacionado con la acusación, es decir que el proceso penal continuó.
8.7. ViolaciÃ³n del derecho a la libertad personal y al deber de protecciÃ³n judicial por detenciÃ³n arbitraria, omisiÃ³n de informar a la persona sobre los motivos y las razones de su detenciÃ³n, e ineficacia del recurso de habeas corpus
En el Caso López Álvarez, el día 27 de abril de 1997, el señor Alfredo López Álvarez fue detenido en flagrante delito por agentes de la policía y le fue decomisada una sustancia con la apariencia de ser una droga prohibida. En el momento de la detención, las autoridades estatales no le notificaron las razones de su detención ni los cargos formulados en su contra. El 28 de abril de 1997 el Ministerio Público puso a disposición del Juzgado de Letras Seccional de Tela al señor López Álvarez. El 29 de abril de 1997 la presunta víctima rindió declaración indagatoria ante la Jueza del mencionado Juzgado, sin contar con la asistencia de un abogado defensor, el cual solamente recibió acreditación ante el juez el 2 de mayo de 1997. En la indagatoria ante los agentes estatales de la Dirección de Investigación Criminal, la víctima fue objeto de maltrato físico y sicológico con los interrogantes que le hacían con el objetivo de incriminarlo, pese a lo cual la presunta víctima no aceptó los cargos. El Juzgado dictó auto de prisión preventiva en contra del señor Alfredo López Álvarez, el 2 de mayo de 1997, cinco días después de la detención. El 4 de agosto de 1997 el señor Alfredo López Álvarez solicitó ante el Juzgado de Letras Seccional de Tela la revocación del auto de prisión preventiva dictado el 2 de mayo de 1997. El 7 de agosto de 1997 el referido Juzgado consideró sin lugar la solicitud interpuesta por la presunta víctima, por considerar ajustado a derecho el auto de prisión. Dentro del proceso, la sustancia decomisada fue objeto de dos análisis, uno el 14 de mayo de 1997 y otro el 4 de mayo de 1998, respectivamente, cuyos resultados fueron contradictorios. El primer dictamen sostuvo que la sustancia decomisada era cocaína; el segundo manifestó lo contrario. El señor Alfredo López Álvarez fue procesado por delito de tráfico de drogas.
El 7 de noviembre del año 2000 el juez dictó sentencia condenatoria, pero fue anulada el 2 de mayo de 2001 por la Corte de Apelaciones de la Ceiba; en cuya decisión se ordenó retrotraer el juicio a la etapa del sumario. En el presente caso la señora Teresa Reyes, esposa de la víctima, interpuso el recurso de hábeas corpus, a nombre del señor Alfredo López Álvarez, el 20 de julio de 2001, fundamentado en el retardo injustificado en la tramitación de la causa penal, que había convertido su detención en ilegal, pues había transcurrido más de 50 meses, desde la fecha que se puso a los imputados en disposición judicial, hasta el momento de interposición del habeas corpus. El 23 de julio de 2001 la Corte de Apelaciones de la Ceiba declaró improcedente el recurso, al señalar que la detención no fue ilegal, sin referirse expresamente al plazo de detención. El 13 de enero de 2003, el Juzgado se manifestó sobre la contradicción de la prueba y concluyó que no había evidencia del delito. Dicho fallo fue confirmado el 29 de mayo de 2003 por sentencia de la Corte de Apelaciones de la Ceiba. No obstante el fallo absolutorio, el señor Lopez Alvarez permaneció detenido hasta el 26 de agosto de 2003. Durante más de seis años y cuatro meses en que estuvo privado de libertad el señor Alfredo López Álvarez en los centros penales de Tela y de Támara, permaneció en compañía de reclusos condenados y sufrió las precarias condiciones de dichos centros penitenciarios. En el año 2000 el Director del Centro Penal de Tela prohibió a la población garífuna de dicho centro penal, en la cual se incluía el señor Alfredo López Álvarez, a hablar en su idioma materno.
Para la Corte, la detención del señor Alfredo López Álvarez no fue ilegal en sí misma, pues ésta se realizó en condiciones que permiten suponer, razonablemente, la flagrancia requerida para ese fin por la legislación interna, tomando en cuenta que la detención coincidió con el decomiso por parte de los agentes del Estado de una sustancia con la apariencia de ser una droga prohibida. Para la Corte el procesamiento se basó en la existencia de una sustancia prohibida, lo que fue desvirtuado en el segundo dictamen, hecho frente al cual el juez de la causa no evaluó oportunamente la contradicción probatoria conforme a los parámetros de la legislación interna y de la Convención Americana, a fin de precisar si se mantenían las condiciones que justificaran la prisión preventiva del señor López Álvarez. La autoridad judicial no tuvo en cuenta nuevos elementos de prueba que justificaran la prisión sino consideró solamente los mismos elementos que sustentaron la detención en flagrancia, Por lo anterior, la Corte concluyó que, al mantener a la presunta víctima bajo prisión preventiva en tales condiciones, se violó su derecho a no ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrario e ilegal. De otra parte, la Corte expresó que el artículo 433 del Código de Procedimientos Penales sólo permitía la concesión del beneficio de libertad bajo caución en el supuesto de delitos que cuya pena no exceda de cinco años. La pena aplicable por tráfico ilícito de drogas era de 15 a 20 años de reclusión. En razón de ello, la privación de la libertad a que fue sometido el señor Alfredo López Álvarez fue también consecuencia de lo dispuesto en la legislación procesal penal. Dicha legislación ignoraba la necesidad, consagrada en la Convención Americana, de que la prisión preventiva se justificara en cada caso, a través de una ponderación de los elementos que concurren en éste, y que en ningún caso la aplicación de tal medida cautelar sea determinada por el tipo de delito que se impute al individuo.
Asimismo, la Corte expresó el derecho de la persona detenida o retenida de ser informada sin demora de las razones de su detención y de los cargos formulados en su contra está consagrado en el artículo 7.4 de la Convención Americana, que no distingue entre la detención efectuada por orden judicial y la que se practica infragranti. Por ello se puede concluir que el arrestado en flagrante delito conserva aquel derecho, como es el caso del señor López Alvarez. En sentir, si bien la víctima interpuso diversos recursos con el objeto de que se revocara la prisión preventiva y se le otorgara la libertad, incluido el de exhibición personal los mismos resultaron infructuosos. Así por ejemplo, en lo que se refiere al recurso de hábeas corpus, la Corte de Apelaciones al resolver sobre el mismo, omitió pronunciarse sobre lo alegado por la presunta víctima en el sentido de que el plazo de detención era excesivo y podría constituir una violación de la Convención. Esta omisión muestra que el recurso no fue efectivo, en el caso concreto, para combatir la violación aducida. Las anteriores consideraciones llevan a la Corte a concluir que el Estado tiene responsabilidad por la violación del derecho a la libertad personal consagrado en el artículo 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 y 7.6 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de dicho tratado, en perjuicio del señor Alfredo López Álvarez. nota 1
En el Caso La Cantuta, el 18 de julio de 1992, miembros del ejército peruano y agentes del Grupo Colina, ingresaron al campus de la Universidad ?La Cantuta? de Lima, irrumpiendo violentamente en las residencias de profesores y estudiantes y, con lista en mano, se llevaron a 10 personas, un profesor y 9 estudiantes, 2 de los cuales fueron ejecutados y los demás continúan desaparecidos. En relación con los hechos del presente caso, fueron presentadas acciones de habeas corpus a favor de las 10 personas que habían sido detenidas. Sin embargo, los juzgados rechazaron las acciones, en dos de las cuales se limitaron a aceptar las justificaciones o silencio de las autoridades militares, que alegaban estado de emergencia o razones de ?seguridad nacional? para no brindar información. En este caso, según la Corte, a pesar de haber sido tramitadas y decididas, las acciones de habeas corpus no constituyeron una investigación seria e independiente, por lo que la protección debida a través de las mismas resultó ilusoria. De otra parte, la Corte observó que las circunstancias de la privación de libertad señalan claramente que no era una situación de flagrancia, pues las presuntas víctimas se encontraban en sus residencias cuando los efectivos militares irrumpieron en forma violenta en horas de la madrugada y se los llevaron con base en una lista. Para la Corte evidentemente la detención de dichas personas constituyó un acto de abuso de poder, no fue ordenada por autoridad competente y el fin de la misma no era ponerlos a disposición de un juez u otro funcionario autorizado por la ley para que decidiera acerca de la legalidad de la misma, sino ejecutarlos o forzar su desaparición. Por lo anterior, la Corte estimó que se había el estado había violado los artículos 7.1, 7.2 y 7.6 de la Convención, en perjuicio de las víctimas. nota 2
Caso LÃ³pez Alvarez Vs. Honduras. Sentencia Serie C No. 141
8.8. ViolaciÃ³n del derecho a la libertad personal cuando el estado sobrepasa el tiempo mÃ¡ximo que su ordenamiento interno establece como duraciÃ³n de la detenciÃ³n
Varias personas entre ellas el señor Juan Carlos Chaparro Álvarez, de nacionalidad chilena y propietario de una fábrica de hieleras, fueron detenidas, el 15 de noviembre de 1997, por la policía antinarcóticos ecuatoriana y en presencia de la juez que dictó la orden judicial, expedida el día anterior, por la investigación del delito de tráfico internacional de drogas, con fundamento en un informe de la policía, en el que se señalaba que se estaba utilizando una empresa de exportación de pescado para realizar tráfico internacional de droga; que el alcaloide se empacaba en hieleras fabricadas por la empresa Plumavit y de la planificación de un posible envío de un cargamento con destino a Miami.
El señor Lapo interpuso el habeas corpus constitucional ante el alcalde, sin que se conociera la decisión, se supone negado. Ambas víctimas interpusieron el recurso de amparo de libertad ante la Corte Superior de Justicia de Guayaquil. El señor Chaparro lo hizo el 12 de mayo de 1988, con respuesta de la Corte negando el recurso el 20 del mismo mes y año. El señor Lapo lo interpuso el 13 de abril de 1988 con respuesta negativa a sus pretensiones del 14 de mayo del mismo año.
La Corte estableció la violación del derecho a la libertad personal, en el contenido del artículo 7.2 de la Convención Americana porque el Estado sobrepaso el máximo que el ordenamiento interno establece como duración de la detención, en el caso del señor Chaparro.
La Corte señaló que cualquier violación de los numerales 2 al 7 del artículo 7 de la Convención conlleva necesariamente la violación del artículo 7.1 de la misma. La falta de respeto a las garantías de la persona privada produce la falta de protección del propio derecho a la libertad. También en relación con el deber de respeto establecido en el artículo 1.1. nota 1
8.9. VulneraciÃ³n del derecho a la libertad personal por detenciÃ³n ilegal y arbitraria en el marco de una desapariciÃ³n forzada, producida por agentes estatales
En el Caso Goiburú y otros, agentes del Estado paraguayo detuvieron ilegalmente, mantuvieron incomunicados, torturaron y desaparecieron a los señores Agustín Goiburú Giménez, Carlos José Mancuello Bareiro y de los hermanos Rodolfo y Benjamín Ramírez Villalba, personas cuyas actividades políticas se oponían al régimen dictatorial de Stroessner. Las detenciones ilegales y arbitrarias o secuestro, fueron producto de una operación de inteligencia policial, planificada y ejecutada en forma encubierta por miembros de la policía paraguaya, con el conocimiento y por órdenes de las más altas autoridades del gobierno del General Stroessner y al menos en las fases previas de planeación de las detenciones o secuestros, en estrecha colaboración con autoridades argentinas. Por lo anterior, la Corte declaró que el Estado es responsable de la detención ilegal de los señores Agustín Goiburú Giménez, Carlos José Mancuello Bareiro, y Rodolfo y Benjamín Ramírez Villalba, lo que constituye una violación del artículo 7 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de los mismos. nota 1
8.10. ViolaciÃ³n del derecho a la libertad personal: privaciÃ³n de la libertad por fuera de la legislaciÃ³n interna; falta de presentaciÃ³n personal al juez y presentaciÃ³n tardÃ­a; y pÃ©rdida de efectividad de control judicial
La Corte estableció la violación del derecho a la libertad individual ?artículo 7.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos-, por la vulneración del derecho de la víctima detenida, a ser privada de la libertad solamente por las causas y en las condiciones previamente señaladas en la Constitución Política o la leyes expedidas conforme a ella ?artículo 7.2 de la Convención? y del derecho a ser puesta, sin demora, a disposición de un juez u otro funcionario con legales funciones judiciales y al control judicial de la privación de la libertad -artículo 7.5 de la Convención?, en tanto que: 1. la privación de la libertad no se ajustó a la legislación interna argentina; 2- la víctima privada de la libertad no fue inicialmente llevada personalmente al juzgado ni ante un juez; 3- su presentación posterior ante el juez fue tardía, 4- se despojó de efectividad el control judicial por la demora en la presentación personal ante juez, porque no se abordaron aspectos relacionados con la legalidad o no de la detención y ya que el juez que recibió indagatoria no ordenó examen médico correspondientes de quien como la víctima presentaba signos de traumatismo severo y 5- luego de rendir indagatoria fue ordenado el traslado de la víctima a un centro penitenciario sin decretarse detención preventiva como lo establece el código de procedimiento penal, lo que se hizo tres meses después.
La Corte señaló que la "intervención judicial no resultó un medio efectivo para controlar la legalidad de las actuaciones llevadas a cabo por los funcionarios policiales encargados de la detención y custodia de Juan Carlos Bayarri y reestablecer sus derechos". nota 1
8.11. ViolaciÃ³n del derecho a la libertad personal y al deber de protecciÃ³n judicial por detenciÃ³n ilegal, no disposiciÃ³n del detenido ante autoridad judicial competente privaciÃ³n arbitraria de la libertad e ineficacia del recurso de habeas corpus.
8.12. ViolaciÃ³n del derecho a la libertad personal por no haber sido juzgado el privado de la libertad en un plazo razonable ni haber sido puesto en libertad: duraciÃ³n excesiva de la prisiÃ³n preventiva
La Corte consideró violado el derecho de la víctima a ser juzgado dentro de un plazo razonable o a ser puesto en libertad, de conformidad con el artículo 7.5, 7.2 y 7.1 de la Convención Americana sobre derechos humanos, en tanto que la duración de trece años de la prisión preventiva sobrepaso el limite legal previsto, fue excesiva y la decisión final, después de ese tiempo tan largo, fue absolutoria.
Resaltó la Corte que para que una persona detenida preventivamente recupere su libertad, el juez debe valorar periódicamente la vigencia de las causas, necesidad y proporcionalidad de esa medida y no esperar hasta la sentencia absolutoria, establecer si esa detención sobrepasó los límites impuestos por la ley y la razón y ordenar la libertad cuando este acreditado que no se satisfacen las condiciones señaladas. nota 1
8.13. VulneraciÃ³n del derecho a la libertad personal por detenciÃ³n arbitraria
En el Caso Velásquez Rodríguez, la Corte afirma que por obra de la desaparición, Manfredo Velásquez fue víctima de una detención arbitraria, que lo privó de su libertad física sin fundamento en causas legales y sin ser llevado ante un juez o tribunal competente que conociera de su detención. Todo ello infringe directamente el derecho a la libertad personal reconocido en el artículo 7 de la Convención y constituye una violación, imputable a Honduras, de los deberes de respetarlo y garantizarlo, consagrado en el artículo 1.1 de la misma Convención. La Corte declara que Honduras ha violado en perjuicio de Manfredo Velásquez Rodríguez los deberes de respeto y de garantía del derecho a la libertad personal reconocido en el artículo 7 de la Convención, en conexión con el artículo 1.1 de la misma. nota 1
En el Caso Caballero Delgado y Santana la Corte considera que habiendo quedado establecida la responsabilidad de Colombia por la captura ilegal y la presunta muerte de Isidro Caballero Delgado y María del Carmen Santana, le es imputable la violación del derecho a la libertad personal, garantizado por el artículo 7 de la Convención. nota 2
En el Caso Paniagua Morales y otros, entre 1987 y 1988 se produjeron en Guatemala detenciones arbitrarias acompañadas de maltratos y torturas y, en algunos casos, de privación de la vida. Algunos de los detenidos fueron llevados a las instalaciones de la Guardia de Hacienda y maltratados; otros, cuyo lugar de detención se desconoce, aparecieron muertos y sus cuerpos, con signos de violencia física. El presente caso, se refiere a la detención de 8 personas, algunas de ellas, introducidas en un vehículo tipo ?panel? de color blanco, por agentes de la Guardia de Hacienda. 5 de ellos aparecieron sin vida posteriormente, con huellas de violencia física. Los demás también fueron golpeados y maltratados. Además se incluye el caso de la muerte de una persona en circunstancias no esclarecidas. El Director de la Policía Nacional de Guatemala arrestó a seis agentes de la Guardia de Hacienda dentro de un vehículo ?panel? de color blanco. La Policía Nacional elaboró un informe, en el cual afirmó que agentes de la Guardia de Hacienda habían cometido una serie de delitos utilizando el vehículo tipo ?panel? que fue confiscado. Se estableció que los agentes presentaron falso testimonio respecto de sus actividades; que varios de ellos habían sido identificados como participantes en los delitos; que robaban y torturaban a sus víctimas después de detenerlas. La Policía Nacional concluyó que los agentes de la Guardia de Hacienda habían abusado de su autoridad y violado los derechos de los ciudadanos guatemaltecos. El informe de la Policía Nacional fue entregado un Juzgado Penal de Instrucción que ordenó la práctica de las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos. Se ordenó la comparecencia de agentes de la Policía involucrados en la investigación, testigos y perjudicados; el reconocimiento de los vehículos y se solicitó a los Juzgados que tramitaban los procesos individuales por las muertes y desapariciones mencionadas en el Informe Policial, que informaran sobre lo actuado. El Juez de Primera Instancia Penal de Instrucción, ordenó la detención de varios de los agentes de la Guardia de Hacienda y citó al Director y a dos oficiales para interrogarlos. El Juez fue secuestrado y liberado dos días después. El Juez que sustituyó al primero mientras éste estuvo secuestrado, ordenó la prisión provisional varios de los agentes de la Guardia de Hacienda, por encontrar motivos suficientes para vincularlos a la investigación por los delitos de secuestro, asesinato, robo agravado, todos en forma continuada, hurto agravado, allanamiento ilegal, abuso de autoridad y abuso contra particulares. También ordenó la detención del, ex Director de la Guardia de Hacienda y de dos oficiales de esa entidad. Una vez reintegrado a sus funciones, el Juez que había sido secuestrado revocó la orden de prisión provisional de todos los acusados de la Guardia de Hacienda por considerar que no existían motivos suficientes para mantenerlos detenidos. Las resoluciones que ordenaban la libertad de los implicados fueron apeladas y confirmadas. No hubo avances significativos en la investigación y después de esta decisión el caso continúa abierto en la etapa de sumario. nota 3
De conformidad con el artículo 7 de la Convención, la Corte observa que las víctimas fueron detenidas arbitrariamente por agentes del Estado y asesinadas. Además, los señores Gómez Ayala, Paniagua Morales y González López fueron introducidos en un vehículo "panel" de color blanco al servicio de la Guardia de Hacienda y, posteriormente, asesinados. Si bien los señores González Rivera y Corado Barrientos fueron privados de su libertad en circunstancias diferentes, existe coincidencia respecto al tiempo en que fueron detenidos, de los medios con los cuales se les infligió las heridas mortales, la crueldad de su tratamiento y las circunstancias de la aparición de sus cadáveres, lo cual permite la deducción de que sus detenciones y muertes se encuentran circunscritas dentro del llamado ?Caso de la Panel Blanca?. Todo lo anterior conduce a la conclusión de que los autores de su detención y muerte fueron agentes de la Guardia de Hacienda. La Corte encuentra elementos suficientes, graves y convergentes que demuestran que, al ser detenidos arbitrariamente, se violó el derecho a la libertad de los señores Ana Elizabeth Paniagua Morales, Julián Salomón Gómez Ayala, William Otilio González Rivera, Pablo Corado Barrientos, Manuel de Jesús González López, Augusto Angárita Ramírez, Doris Torres Gil y Marco Antonio Montes Letona. La Corte declara que el Estado de Guatemala violó el artículo 7 de la Convención en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de los señores mencionados. La Corte considera que Guatemala debe ordenar una investigación real y efectiva para identificar y sancionar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos y, eventualmente, sancionarlas. Dada la naturaleza del presente caso, la Corte no puede disponer que se garantice a los lesionados en el goce de los derechos o libertades conculcados. En cambio, es procedente la reparación de las consecuencias de la violación de los derechos señalados y, por ende, debe establecerse una justa indemnización a las víctimas y, en su caso, a los familiares. nota 4
En el Caso Juan Humberto Sánchez, la Corte observa que las detenciones del señor Sánchez se enmarcaron en un cuadro de abuso de poder, que tenía como objetivo interrogar, torturar y, eventualmente, ejecutar impunemente a la presunta víctima, situación que se enmarca dentro del patrón de violaciones de derechos humanos cometidas por agentes del Estado en la época de los hechos del caso. La Corte concluye que dichas detenciones fueron arbitrarias y que, por lo tanto, se violó el artículo 7.3 de la Convención en perjuicio del señor Juan Humberto Sánchez. nota 5.
Esta subregla es reiterada en el Caso Maritza Urrutia. nota 6
En el Caso 19 Comerciantes establece que la detención arbitraria e ilegal es violatoria del artículo 7 de la Convención nota 7
como sucede también en el Caso De la Cruz Flores. nota 8
Lo concluido en estos casos es ratificado en el Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri precisando que la detención arbitraria se ve agravada por el hecho de que las víctimas se encuentren indefensas y sean menores de edad. nota 9
Caso de la Panel Blanca (Paniagua Morales y otros). Sentencia Serie C. No. 37 .
Caso Maritza Urrutia SÃ¡nchez Vs. Guatemala. Sentencia Serie C. No. 103 .
Caso de la Cruz Flores Vs. PerÃº. Sentencia Serie C. No. 115 .
8.14. ViolaciÃ³n del derecho a la libertad personal. prisiÃ³n preventiva arbitraria e indebida motivaciÃ³n de la providencia que ordena la privaciÃ³n de la libertad
8.15. ViolaciÃ³n del derecho a la libertad personal por la detenciÃ³n de personas producida de manera ilegal y arbitraria por grupos paramilitares que actÃºan con la aquiescencia de miembros de las fuerzas armadas del estado.
En el Caso de la Masacre de Mapiripán, los paramilitares, que incursionaron con la acción y omisión de agentes estatales, llegaron a Mapiripán, Colombia, y permanecieron desde el 15 hasta el 20 de julio de 1997, lapso durante el cual, torturaron, desmembraron, desvisceraron y degollaron aproximadamente a 49 personas y, como consecuencia de estos hechos, numerosas familias se vieron forzadas a desplazarse. Además, las víctimas fueron asesinadas previa reducción a un estado de indefensión e inferioridad, pues fueron privadas arbitrariamente de su libertad. En consecuencia, y en los términos del reconocimiento de responsabilidad estatal, la Corte consideró que el Estado es responsable por la violación del derecho a la integridad personal, consagrado en el artículo 7.1 y 7.2 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de dicho tratado, en perjuicio de cierto número de víctimas. nota 1
En el Caso de la Masacre de Pueblo Bello, el 14 de enero de 1990 un grupo paramilitar de aproximadamente 60 hombres armados, provenientes del Departamento de Córdoba, ingresaron en el corregimiento de Pueblo Bello, en el Departamento de Antioquia. Dichos paramilitares saquearon algunas viviendas, maltrataron a sus ocupantes y sacaron de sus casas y de una iglesia a un número indeterminado de hombres, a quienes llevaron a la plaza del pueblo. Allí los colocaron boca abajo en el suelo y, con base en una lista que portaban, escogieron a 43 hombres, quienes fueron amarrados, amordazados, arbitrariamente privados de su libertad y obligados a salir del pueblo, para posteriormente ser torturados y finalmente asesinados o desaparecidos. De otra parte, en el presente caso, no se ha llevado a cabo una investigación completa y efectiva sobre los hechos de enero de 1990. Por lo anterior, la Corte consideró que, por haber faltado a sus deberes de prevención, protección e investigación, el Estado tiene responsabilidad por la violación del derecho a la libertad personal, consagrado en los artículos 7.1 y 7.2 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de dicho tratado, en razón del incumplimiento de sus obligación de garantizar esos derechos, en perjuicio de las seis personas privadas de la vida y de las desaparecidas. nota 2
En el Caso de las Masacres de Ituango, en junio de 1996 y a partir de octubre de 1997, en los corregimientos de La Granja y El Aro, respectivamente, ambos ubicados en el Municipio de Ituango, Departamento de Antioquia, Colombia, grupos paramilitares perpetraron sucesivas incursiones armadas, asesinando a su paso en forma selectiva a 19 civiles en estado de indefensión. Durante la incursión ocurrida en El Aro los paramilitares, para facilitar la sustracción de entre 800 y 1.200 cabezas de ganado, privaron de su libertad, a 17 campesinos arrieros, por medio de amenazas de muerte en el caso de que intentaran fugarse, con el propósito de obligarlos a arrear los animales sustraídos de toda la región durante 17 días por la vía publica custodiada por miembros del Ejército, quienes no sólo prestaron su aquiescencia a los actos perpetrados por los paramilitares, sino que también produjeron instancias de participación y colaboración directa, incluyendo la determinación de un toque de queda con el fin de facilitar la apropiación y evacuación del ganado por la vía pública y el haber recibido parte del ganado sustraído. La Corte estimó que dichas detenciones se produjeron de manera ilegal y arbitraria, toda vez que estas fueron llevadas a cabo sin orden de detención suscrita por un juez competente y sin que se acreditara una situación de flagrancia. Adicionalmente, quedó demostrada la participación y aquiescencia de miembros del Ejército colombiano en la incursión paramilitar en El Aro, en la determinación de un toque de queda con el fin de facilitar la apropiación del ganado y en el recibo de ganado sustraído por parte de agentes del Estado. Por lo anterior, la Corte consideró violado el artículo 7 de la Convención. nota 3
8.16. Diferencia entre detenciÃ³n ilegal y arbitraria. presunciÃ³n sobre detenciÃ³n ilegal por renuencia del estado a suministrar informaciÃ³n de derecho interno
8.17. ViolaciÃ³n del derecho a la libertad personal por detenciÃ³n ilegal
En el Caso Castillo Páez, la Corte considera que el Estado de Perú infringió, en perjuicio del señor Castillo Páez, el artículo 7 de la Convención, que regula la libertad personal. Está demostrado que la víctima fue detenida por personal de la Policía Nacional sin que mediaran las causas y condiciones establecidas por la Constitución Política vigente en la época en que se produjo la detención, ya que dicha ley fundamental disponía que sólo se podía privar de la libertad a una persona por mandamiento escrito y motivado de autoridad judicial, lo que no ocurrió en el caso. No aparece probado que el detenido hubiese sido puesto a disposición del juez competente en el plazo de 24 horas o según la distancia, o bien en el de quince días en el supuesto de acusación de terrorismo, de acuerdo con los artículos 7 de la Convención y 2 de la Constitución del Perú. Las autoridades policiales negaron la aprehensión y ocultaron al detenido para impedir que fuera localizado. Para la Corte los elementos de prueba señalados, se fortalecen con la decisión del proceso seguido en contra de varios agentes de la Policía por el delito de abuso de autoridad en perjuicio del señor Castillo Páez, con motivo del procedimiento de hábeas corpus expedido en favor de la víctima en dos instancias. Dicho Juzgado, que dejó en libertad a los acusados por falta de pruebas, sostuvo que quedaba acreditado que Ernesto Rafael Castillo Páez fue detenido por agentes de la Policía Nacional, oportunidad desde la que se desconoce su paradero, por lo que en la investigación jurisdiccional quedó acreditada la comisión del delito de abuso de autoridad de la misma. nota 1
Lo anterior es reiterado en el Caso Maritza Urrutia en el sentido en que se califica de ilegal la detención de la víctima pues no mediaron las causas y condiciones establecidas en la Constitución para privar al demandante de su libertad. nota 2
8.18. VulneraciÃ³n del derecho a la libertad personal por detenciÃ³n practicada con ausencia de informaciÃ³n sobre las causas que la originan y/o los delitos que se imputan
En el Caso Palamara Iribarne, los fiscales militares impusieron la medida cautelar de prisión preventiva al señor Palamara Iribarne quien fue privado de su libertad en varias ocasiones, tanto durante la tramitación de la Causa No. 471 instaurada en su contra por el delito de desacato, como en la Causa No. 464 por los delitos de desobediencia e incumplimiento de deberes militares. Las autoridades militares que emitieron la orden de prisión preventiva, para establecer la procedencia de dicha medida se limitaron a mencionar el artículo 363.1 del Código de Procedimiento Penal sin fundamentar y acreditar los hechos del caso concreto que pudieran configurar los supuestos exigidos por la ley.
En sentir de la Corte, al dictar prisión preventiva sin tener en cuenta los elementos legales y convencionales para que ésta procediera, el Estado no desvirtuó la presunción de inocencia y privó de su libertad al señor Palamara Iribarne con base en órdenes de prisión preventiva sin fundamento jurídico razonado, arbitrarias, sin observar los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Por tanto, el Estado violó los artículos 7.1, 7.2, 7.3 y 8.2 de la Convención Americana en su perjuicio.
De otra parte, la Corte estimó que el hecho de que el señor Palamara Iribarne al ser detenido fuera puesto a disposición del Fiscal Naval, quien de acuerdo a la normativa interna tenía funciones jurisdiccionales, no garantizó el derecho a que una autoridad judicial revise la legalidad de su detención. Al ser el Fiscal Naval la autoridad que ordenó las prisiones preventivas en contra del señor Palamara Iribarne no puede controlar la legalidad de su propia orden. Por lo anterior, el Estado no satisfizo las exigencias del artículo 7.5 de la Convención.
Durante el acto de incautación realizado en la noche del 1 de marzo de 1993, el señor Palamara Iribarne rindió su primera declaración sin que se le hubiera comunicado de forma previa los delitos que se estaban imputando, por lo cual el Estado violó los artículos 7.4 y 8.2.b) de la Convención. Por otro lado, el artículo 7.4 de la Convención exige que toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados en su contra. A su vez, el artículo 8.2.b) exige que la comunicación al inculpado de la acusación formulada en su contra sea ?previa y detallada. Por las anteriores consideraciones, la Corte concluye que el Estado violó los artículos 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.2 y 8.2.b) de la Convención Americana, en perjuicio del señor Humberto Antonio Palamara Iribarne, y ha incumplido la obligación general de respetar y garantizar los derechos y libertades dispuesta en el artículo 1.1 de la Convención. Asimismo, al contemplar en su ordenamiento interno normas contrarias a los derechos a la libertad personal y a la presunción de inocencia Chile ha incumplido la obligación general de adoptar disposiciones de derecho interno que emana del artículo 2 de la Convención. nota 1
8.19. VulneraciÃ³n del derecho a la libertad personal por retenciÃ³n ilegal y ausencia de control judicial
Caso de los NiÃ±os de la Calle (VillagrÃ¡n Morales y otros) Vs. Guatema. Sentencia Serie C. No. 63 .
Caso de los Hermano GÃ³mez Paquiyauri Vs. PerÃº. Sentencia Serie C. No. 110 .
8.20. DetenciÃ³n ilegal cuando se detiene a una persona sin orden judicial previa y por detenciÃ³n arbitraria cuando se le mantiene incomunicada por un tiempo mayor al previsto en la ley
En cuanto al derecho de toda persona detenida o retenida a ser llevada, sin demora, ante un funcionario competente y a ser juzgada dentro de un plazo razonable, se debe analizar la forma en que se produjo la captura y la duración de la detención hasta el momento en que los detenidos fueron puestos a disposición de una autoridad judicial. En el Caso Durand y Ugarte, las víctimas fueron detenidas por miembros de la policía sin mediar orden judicial ni haber sido encontrados en flagrante delito, y quedaron incomunicados por ocho días. Al respecto, este Tribunal ha dicho que nadie puede ser privado de la libertad personal "sino por las causas, casos o circunstancias expresamente tipificadas en la ley (aspecto material), pero, además, con estricta sujeción a los procedimientos objetivamente definidos por la misma (aspecto formal)". Por otra parte, y en lo que respecta al período de detención de los imputados, conviene observar que la Constitución peruana sólo autorizaba la detención por un término no mayor de 15 días para los casos de terrorismo, con obligación de dar cuenta al Ministerio Público y al órgano jurisdiccional competente. Las víctimas fueron puestas a disposición del órgano jurisdiccional competente luego de transcurrido el término de 15 días permitido por la Constitución Política del Perú. En consecuencia, la Corte declara que el Estado violó, en perjuicio de los señores Nolberto Durand Ugarte y Gabriel Pablo Ugarte Rivera, el derecho a la libertad consagrado en el artículo 7.1 y 7.5 de la Convención Americana. nota 1
En el Caso Suárez Rosero, el señor Rafael Iván Suárez Rosero fue arrestado por agentes de la Policía Nacional del Ecuador, en el marco de una operación para desarticular una organización del narcotráfico internacional, sin orden de autoridad competente y sin haber sido sorprendido en flagrante delito. El día de su detención, rindió declaración presumarial ante oficiales de policía y en presencia de tres fiscales del Ministerio Público, sin la presencia de un abogado defensor. Estuvo incomunicado, en una húmeda y poco ventilada celda, sin que se le permitiera recibir visitas de su familia o comunicarse un abogado. Luego, las entrevistas con su abogado se realizaron en presencia de oficiales de la policía Un juez dictó auto de prisión preventiva contra el señor Suárez Rosero y luego se inhibió de conocer la causa, porque uno de los sindicados fue ascendido, y remitió el expediente a la Corte Superior de Justicia de Quito. En dos oportunidades el señor Suárez Rosero solicitó que se revocara la orden de su detención preventiva las cuales fueron negadas. El Presidente de la Corte Superior de Justicia de Quito ordenó iniciar la fase de instrucción del proceso y en la resolución acusó al señor Suárez Rosero de transportar drogas y ocultar la evidencia. Se citó a declarar a los agentes que efectuaron su detención, quienes no se presentaron. El señor Suárez Rosero interpuso un recurso de hábeas corpus ante el Presidente de la Corte Suprema de Justicia del Ecuador quien denegó el recurso en virtud de que la petición no aportó datos informativos sobre el proceso. Al declarar abierta la etapa plenaria en el proceso contra el señor Suárez Rosero, por encubrimiento de tráfico de drogas, el Presidente de la Corte Superior de Quito determinó que no se cumplían los requisitos para la prisión preventiva y ordenó su libertad. El Ministro Fiscal solicitó no disponer la libertad de ninguna persona, mientras el auto no fuera consultado al Superior. El Presidente de la Corte Superior de Justicia de Quito, resolvió que el señor Suárez Rosero era encubridor del delito del tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, y le impuso la pena privativa de libertad de dos años de prisión, debiéndose imputar a la pena el tiempo que por esta causa hubiera permanecido detenido preventivamente. También se le impuso una multa de dos mil salarios mínimos. El señor Suárez Rosero en ningún momento fue citado ante autoridad judicial competente para ser informado de los cargos en su contra. nota 2
8.21. DetenciÃ³n ilegal y arbitraria por autoridad militar, al desobedecer orden de autoridad judicial competente
8.22. ViolaciÃ³n del derecho a la libertad personal por detenciÃ³n ilegal y arbitraria, probada por las conclusiones de instituciones oficiales y nacionales: las comisiones de la verdad
8.23. DetenciÃ³n arbitraria por practicarse sin orden judicial previa y con desconocimiento de los requisitos de detenciÃ³n
Caso Maritza Urrutia Vs. Guatemala. Sentencia Serie C. No. 103 . Ratificado en el Caso de los Hermanos GÃ³mez Paquiyauri Vs. PerÃº. Sentencia Serie C. No. 110 . Caso Tibi Vs. Ecuador. Sentencia Serie C. No. 114 .
8.24. VulneraciÃ³n del derecho a la libertad personal cuando no se pone al detenido a disposiciÃ³n de autoridad judicial competente
Caso Maritza Urrutia SÃ¡nchez Vs. Guatemala. Sentencia Serie C. No. 103 . Caso Tibi Vs. Ecuador. Sentencia Serie C. No. 114 .
8.25. ViolaciÃ³n de la libertad personal cuando no se pone al detenido a disposiciÃ³n de autoridad judicial competente, incluso en estados de excepciÃ³n
En el Caso Castillo Petruzzi y otros, durante los años 1980 a 1994 el Perú sufrió una grave convulsión social generada por actos terroristas. El órgano encargado de prevenir, denunciar y combatir las actividades de traición a la patria es la DINCOTE; los inculpados pueden estar detenidos con carácter preventivo por un plazo de 15 días, prorrogable por otros 15, y permanecen incomunicados si la investigación lo justifica. Durante un operativo fueron detenidas cuatro personas de nacionalidad chilena: Lautaro Mellado Saavedra y Alejandro Astorga Valdez, María Concepción Pincheira Sáez, y Jaime Francisco Castillo Petruzzi. En el momento de la detención y durante el procesamiento ante la justicia militar, rigió un estado de emergencia y de suspensión de las garantías; el control del orden interno en las zonas de emergencia fue asumido por un Comando Político Militar. Durante la fase de investigación policial el detenido no tiene derecho a contar con defensa legal, sino hasta que rinda declaración sobre los hechos, oportunidad en que a las supuestas víctimas se les nombró al mismo defensor de oficio. En la fase de investigación policial se efectuaron detenciones; reconocimientos médico-legales; registros personales, domiciliarios y de vehículos; incautaciones e inmovilizaciones de efectos; toma de declaraciones a los detenidos y testigos; y análisis de la documentación incautada. Se comunicó a la Fiscalía Militar Especial la detención de los señores Castillo Petruzzi, Pincheira Sáez, Mellado Saavedra y Astorga Valdez. La calificación legal del ilícito supuestamente cometido por los detenidos fue efectuada por la DINCOTE y sirvió para atribuir competencia a la jurisdicción militar. Estas personas fueron procesadas por el delito de traición a la patria en el fuero militar, proceso llevado por jueces "sin rostro". Fueron puestos a disposición del Fiscal Especial Militar; quien con base en las investigaciones policiales practicadas, denunció a los detenidos por la comisión del delito de traición a la patria. En los delitos de traición a la patria se aplica un procedimiento sumario "en el teatro de operaciones" llevado por jueces "sin rostro", con respecto al cual no cabe la interposición de acciones de garantía. La defensa del señor Astorga Valdez interpuso dos recursos de hábeas corpus para que pudieran visitarlo su abogada y sus familiares pero ambos recursos fueron rechazados. Las personas mencionadas han permanecido en privación de libertad hasta la fecha. Durante el primer año de reclusión se les impuso un régimen de aislamiento celular continuo, dentro de una celda reducida, sin ventilación ni luz natural, con media hora de salida de su celda al día y con un régimen de visitas sumamente restringido. nota 1
De acuerdo con la Corte, un individuo que ha sido privado de su libertad sin ningún tipo de control judicial debe ser liberado o puesto inmediatamente a disposición de un juez, pues el cometido esencial de este artículo es la protección de la libertad del individuo contra la interferencia del Estado. Si bien el vocablo "inmediatamente" debe ser interpretado de conformidad con las características especiales de cada caso, ninguna situación, por grave que sea, otorga a las autoridades la potestad de prolongar indebidamente el período de detención. En este caso, la detención ocurrió en el contexto de una gran alteración de la paz pública, intensificada, debida a actos de terrorismo que arrojaron numerosas víctimas. Ante estos acontecimientos, el Estado adoptó medidas de emergencia como la posibilidad de detener sin orden judicial previa a presuntos responsables de traición a la patria. La Corte ha señalado reiteradamente que la suspensión de garantías no debe exceder la medida de lo estrictamente necesario y que resulta ilegal toda actuación de los poderes públicos que desborde aquellos límites que deben estar precisamente señalados en las disposiciones que decretan el estado de excepción. Las limitaciones que se imponen a la actuación del Estado responden a la necesidad genérica de que en todo estado de excepción subsistan medios idóneos para el control de las disposiciones que se dicten, a fin de que ellas se adecuen razonablemente a las necesidades de la situación y no excedan de los límites estrictos impuestos por la Convención o derivados de ella. La Corte estima, en cuanto al artículo 7.5 de la Convención, que la ley peruana, de acuerdo con la cual una persona presuntamente implicada en el delito de traición a la patria puede ser mantenida en detención preventiva por un plazo de 15 días, prorrogable por un período igual, sin ser puesta a disposición de autoridad judicial, contradice lo dispuesto por la Convención en el sentido de que toda persona detenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez. La Corte considera que, al aplicar la ley vigente, el Estado mantuvo a los detenidos sin control judicial por un período de aproximadamente 36 días desde la detención hasta la fecha en que fueron puestos a disposición judicial, lo cual es excesivo y contradice lo dispuesto en la Convención. Por lo expuesto, la Corte declara que el Estado violó el artículo 7.5 de la Convención. nota 2
Caso Castillo Petruzzi y otros Vs PerÃº. Sentencia Serie C. No. 52 .
8.26. ViolaciÃ³n del derecho a la libertad personal, garantÃ­a de recurrir ante autoridad judicial para que decida sobre la legalidad de la privaciÃ³n de la libertad: demora en resolver los recursos, desconocimiento de argumentos de las vÃ­ctimas y omisiÃ³n sobre mantenimiento de medida privativa de la libertad
La legislación interna ecuatoriana preveía dos tipos de recursos para revisar la legalidad de la privación de la libertad; el hábeas corpus constitucional, cuyo conocimiento y decisión correspondía al Alcalde, en tanto que la segunda instancia corresponde al Tribunal Constitucional y el amparo de libertad, conocido como habeas corpus legal, de competencia de un juez, con término para resolverlo de 48 horas y el mismo plazo para remitirlo al Tribunal Constitucional, de requerirlo.
El señor Lapo interpuso el habeas corpus constitucional ante el alcalde, sin que se conociera la decisión, se supone negado. Ambas víctimas interpusieron el recurso de amparo de libertad ante la Corte Superior de Justicia de Guayaquil.
El señor Chaparro lo hizo el 12 de mayo de 1988, con respuesta de la Corte negando el recurso el 20 del mismo mes y año. El señor Lapo lo interpuso el 13 de abril de 1988 con respuesta negativa a sus pretensiones del 14 de mayo del mismo año.
La Corte estableció la violación del derecho de las dos víctimas a ?recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales? ?artículo 7.6 de la Convención Americana sobre derechos humanos- y por ende del derecho a la libertad personal -artículo 7.1. de la Convención- en relación con el deber de garantía de los derechos humanos ?artículo 1.1. Convención- , porque los pronunciamientos que negaron los recursos: 1- fueron demorados en el tiempo; 2- no contemplaron las causas alegadas por las víctimas acerca de la ilegalidad de la prisión preventiva de su libertad y 3- omitieron el aspecto del mantenimiento de la medida privativa de la libertad. nota 1
Caso Chaparro álvarez y Lapo IÃ±iguez Vs. Ecuador. Sentencia Serie C. No. 170
8.27. ViolaciÃ³n del derecho a la libertad personal: la declaraciÃ³n de la vÃ­ctima ante un fiscal y la presencia de un juez al momento de la detenciÃ³n no cumplen con la garantÃ­a de intervenciÃ³n de autoridad judicial en situaciones de privaciÃ³n de la libertad
Tales recursos fueron negados con diferentes argumentos. En el primer caso, porque considero la Corte que la orden de prisión preventiva es discrecional del juez competente y en el segundo, aduciendo que "no se evidencian violaciones procesales que afecten los derechos del recurrente".
La Corte estableció que con la declaración que la víctima hace ante un fiscal y la presencia de la jueza al momento de la detención no se cumple con el deber del Estado de llevar a la persona detenida "sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales" -artículo 7.5 Convención Americana sobre derechos humanos ni suple el la garantía del control judicial y ello conlleva la violación del derecho a la libertad personal.
Caso Chaparro álvarez y Lapo íÃ±iguez Vs. Ecuador. Serie C. No. 170
8.28. ViolaciÃ³n del derecho a la libertad personal y al deber de protecciÃ³n judicial por ineficacia del recurso de habeas corpus
8.29. ViolaciÃ³n de la libertad personal y del deber de protecciÃ³n judicial por ineficacia del habeas corpus frente a detenciÃ³n efectuada por autoridad militar
8.30. La detenciÃ³n de un insurgente debe observar los requisitos formales y materiales en respeto de la libertad incluso en situaciÃ³n de conflicto interno
Caso BÃ¡maca VelÃ¡squez Vs. Guatemala Sentencia Serie C. No. 70 .
8.31. La ineficacia del recurso de habeas corpus en estados de excepciÃ³n vulnera el derecho a la libertad personal y el deber de protecciÃ³n judicial
En el Caso Neira Alegría y otros, la Corte se refirió al alcance del recurso de Habeas Corpus y a la prohibición de suspender derechos inalienables durante los Estados de Excepción (artículos 7.6 y 27.2 de la Convención. Consideró que fueron infringidos, debido a la aplicación de los Decretos que declararon el estado de emergencia en determinadas provincias y Zona Militar Restringida en el penal. Si bien dichos decretos no suspendieron de manera expresa el recurso de hábeas corpus, de hecho, el cumplimiento que se dio a ambos decretos produjo la ineficacia del instrumento tutelar, y por tanto, su suspensión en perjuicio de las presuntas víctimas. El hábeas corpus era el procedimiento idóneo para que la autoridad judicial pudiese investigar y conocer el paradero de las tres personas a que se refiere el caso. La Corte ha sostenido que los procedimientos de hábeas corpus y de amparo son garantías judiciales indispensables para la protección de varios derechos cuya suspensión está vedada por el artículo 27.2 y sirven para preservar la legalidad de una sociedad democrática. El hábeas corpus, para cumplir con su objeto de verificación judicial de la legalidad de la privación de la libertad, exige la presentación del detenido ante el juez o tribunal competente bajo cuya disposición queda la persona afectada. Es esencial la función que cumple el hábeas corpus como medio para controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así como para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Las garantías judiciales indispensables para la protección de los derechos humanos no susceptibles de suspensión, según lo dispuesto por el artículo 27.2 de la Convención, son aquéllas a las que ésta se refiere expresamente en los artículos 7.6 y 25.1 consideradas dentro del marco y según los principios del artículo 8, y también las inherentes a la preservación del Estado de Derecho, aun bajo la legalidad excepcional que resulta de la suspensión de garantías. Estos criterios interpretativos son aplicables a este caso, en cuanto el control y jurisdicción de las Fuerzas Armadas sobre el Penal se tradujeron en una suspensión implícita de la acción de hábeas corpus, en virtud de la aplicación de los Decretos que declararon la emergencia y la Zona Militar Restringida. De acuerdo con el artículo 1.1 de la Convención los Estados se comprometen a respetar los derechos y libertades y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, de lo cual se desprende que esta es una disposición de carácter general cuya violación está siempre relacionada con la que establece un derecho humano específico. El artículo 1 contiene la obligación contraída por los Estados en relación con cada uno de los derechos protegidos, de tal manera que toda pretensión de que se ha lesionado alguno de esos derechos, implica necesariamente la de que se ha infringido también el artículo 1.1 de la Convención. nota 1
En el Caso Durand y Ugarte reitera que en la declaración de estados de emergencia en los casos de guerra, peligro público u otra emergencia, si se ha decretado debidamente la suspensión de garantías, ésta no debe exceder la medida de lo estrictamente necesario, y que resulta ilegal toda actuación de los poderes públicos que desborde aquellos límites que deben estar precisamente señalados en las disposiciones que decretan el estado de excepción. En este caso, los decretos supremos no suspendieron el recurso de hábeas corpus que dispone el artículo 7.6 de la Convención, pero el cumplimiento que el Estado dio a dichos decretos produjo, de hecho, la ineficacia del recurso, en virtud de que los jueces ordinarios no podían ingresar a los penales por ser éstos zonas militares restringidas, y de que dichas disposiciones impedían investigar y determinar el paradero de las personas a favor de las cuales se había interpuesto el recurso. La acción de hábeas corpus interpuesta por la madre y hermana de las victimas, fue declarada improcedente, por considerar el juez que los beneficiarios se encontraban procesados y detenidos en virtud de órdenes emanadas de un procedimiento regular, por el delito de terrorismo. Adicionalmente, la aplicación de los Decretos-Supremos, que declararon el estado de emergencia y la zona militar restringida, así como el control efectivo de las Fuerzas Armadas sobre el centro penitenciario, produjeron implícitamente la suspensión de la acción de hábeas corpus, en contravención de lo dispuesto en la Convención. Por lo tanto, puede afirmarse que no fue efectiva la acción de hábeas corpus intentada, con base en lo cual, la Corte declara que el Estado violó los derechos a la libertad personal y a la protección judicial (artículos 7.6 y 25.1), en perjuicio de Nolberto Durand Ugarte y Gabriel Pablo Ugarte Rivera. nota 2
8.32. VulneraciÃ³n del derecho a la libertad personal y al deber de protecciÃ³n judicial del estado, cuando se impide a una persona ejercer el recurso de habeas corpus durante los estados de excepciÃ³n
En el Caso Loayza Tamayo, la Corte se refirió al artículo 27 de la Convención que regula la suspensión de garantías en casos de guerra, peligro público u otra emergencia que amenace la independencia o seguridad de un Estado Parte, para lo cual éste deberá informar a los demás Estados Partes de las disposiciones cuya aplicación haya suspendido, los motivos y la fecha en que de por terminada tal suspensión. La libertad personal no está incluida entre los derechos cuya suspensión no se autoriza en ningún caso, pero la Corte ha expresado que los procedimientos de hábeas corpus y de amparo son garantías judiciales indispensables para la protección de varios derechos cuya suspensión está vedada por el Artículo 27.2 y sirven, además, para preservar la legalidad en una sociedad democrática y que aquellos ordenamientos constitucionales de los Estados que autoricen la suspensión de los procedimientos de hábeas corpus o de amparo en situaciones de emergencia, deben considerarse incompatibles con las obligaciones internacionales que impone la Convención. Las garantías judiciales indispensables para la protección de los derechos humanos no susceptibles de suspensión, según el artículo 27.2 de la Convención, son aquéllas a las que ésta se refiere en los artículos 7.6 y 25.1, consideradas dentro del marco y según los principios del artículo 8, y también las inherentes a la preservación del Estado de Derecho, aun bajo la legalidad excepcional que resulta de la suspensión de garantías. La Corte considera que, de acuerdo con el Decreto-Ley que tipifica el delito de traición a la patria, la señora Loayza Tamayo no tenía derecho a interponer acción de defensa de su libertad personal o cuestionar la legalidad de su detención, independientemente de la existencia o no del estado de suspensión de garantías. Durante el término de la incomunicación a que fue sometida la señora Loayza Tamayo y el proceso posterior en su contra, no pudo ejercer las acciones de garantía que no pueden ser suspendidas. Para la Corte, fue ilegal la detención de la señora Loayza Tamayo con posterioridad a la sentencia final en el proceso militar y hasta que se dictó el auto apertorio de instrucción en el fuero ordinario. En consecuencia, la Corte concluye que el Perú violó en perjuicio de la señora María Elena Loayza Tamayo el derecho a la libertad personal y el derecho a la protección judicial, establecidos en los artículos 7 y 25 de la Convención. nota 1
En el Caso Castillo Petruzzi y otros, la Corte aprecia que el Decreto-Ley que regula el delito de traición a la patria, vigente al momento de la detención e inicio del proceso contra las supuestas víctimas, denegaba la posibilidad de presentar acciones de garantía por parte de las personas involucradas en casos de terrorismo o traición a la patria. Este Decreto fue modificado y se permitió, en principio, la interposición de acciones de garantía en favor de implicados en delitos de terrorismo o traición a la patria. Sin embargo, esta reforma no trajo consigo mejora alguna en la situación jurídica de los inculpados, en cuanto estableció, que no son admisibles las Acciones de Hábeas Corpus sustentadas en los mismos hechos o causales, materia de un procedimiento en trámite o ya resuelto. La Corte entiende que la vigencia del Decreto-Ley en el momento en que las supuestas víctimas fueron detenidas, y durante buena parte de la tramitación del proceso interno, vedaba jurídicamente la posibilidad de interposición de acciones de hábeas corpus. La modificación introducida no benefició a los detenidos, por ser su caso materia de un procedimiento en trámite. La interposición por parte de la defensora del señor Astorga Valdez, de dos acciones de hábeas corpus no cambia lo concluido, dado que dichas acciones fueron interpuestas con finalidad distinta de la de lograr que un juez o tribunal competente decida, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si éstos fueron ilegales.
La Corte reitera su jurisprudencia sobre el derecho de toda persona a un recurso sencillo, rápido y efectivo ante los jueces o tribunales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales. Como ya ha sostenido la Corte, la implantación del estado de emergencia no puede comportar la supresión o la pérdida de efectividad de las garantías judiciales que los Estados están obligados a establecer, según la misma Convención. Por consiguiente, es violatoria de la Convención toda disposición adoptada por virtud del estado de emergencia, que redunde en la supresión de esas garantías. Dentro de las garantías judiciales indispensables que deben respetarse, el hábeas corpus representa el medio idóneo para controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así como para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Por lo expuesto, la Corte declara que el Estado negó a las víctimas, por aplicación de su legislación interna, la posibilidad de interponer acciones de garantía en su favor y por ello el Estado violó lo dispuesto en los artículos 25 y 7.6 de la Convención. nota 2
En el Caso Cantoral Benavides, la Corte considera que la víctima no tenía, en aplicación de una norma legal, derecho a interponer acción de garantía alguna para salvaguardar su libertad personal o cuestionar la legalidad de su detención, independientemente de la existencia o no de un estado de suspensión de garantías. En razón de lo anterior, la acción de garantía interpuesta no fue efectiva y el señor Cantoral Benavides permaneció encarcelado durante cuatro años, cuando fue liberado como resultado de un indulto. Por todo lo expuesto, la Corte declara que Perú violó, en perjuicio de Luis Alberto Cantoral Benavides, los artículos 7.6 y 25.1 de la Convención sobre libertad y protección judicial. nota 3
Caso Loayza Tamayo Vs. PerÃº. Sentencia Serie C. No. 33 .
Caso Castillo Petruzi y otros Vs. PerÃº. Sentencia Serie C. No. 52 .
8.33. ViolaciÃ³n de la libertad personal por la imposibilidad de interponer recursos
En el Caso Juan Humberto Sánchez, la Corte considera que al producirse la detención arbitraria del señor Juan Humberto Sánchez como parte del patrón imperante de ejecuciones extrajudiciales, éste no tuvo la posibilidad de interponer por sus propios medios un recurso sencillo y efectivo que le permitiera hacer valer su derecho a la libertad personal y eventualmente que le hubiese evitado las conculcaciones a sus derechos a la integridad personal y vida. Esta persona estuvo en poder de agentes del Estado y, en consecuencia, era éste el obligado a crear las condiciones necesarias para que cualquier recurso pudiera tener resultados efectivos, violentándose así el artículo 7.6 en concordancia con el artículo 25 de la Convención. nota 1
En el Caso Servellón García y Otros, el 15 de septiembre de 1995, durante un operativo realizado por la Fuerza de Seguridad Pública - FUSEP, cuatro víctimas jóvenes, entre ellas, Servellón García y Betancourth Vásquez, menores de edad, fueron colectivamente detenidas, sometidas, de forma ilegal y arbitraria, a tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes durante su detención, posteriormente, ejecutados extrajudicialmente por agentes del Estado y el 17 de septiembre de 1995 sus cadáveres fueron encontrados, a la intemperie, en diferentes lugares de la ciudad de Tegucigalpa, Honduras. La Corte concluyó, a la luz del reconocimiento de responsabilidad internacional realizado por el Estado, que éste violó los artículos 7.6, 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, en perjuicio de las víctimas, por no haberles garantizado una protección efectiva a través del recurso de hábeas corpus. nota 2
8.34. El estado de excepciÃ³n no justifica la vulneraciÃ³n de los lÃ­mites establecidos por el artÃ­culo 7
8.35. ViolaciÃ³n de la libertad personal por falta de efectividad de los recursos interpuestos
Si el Estado no demuestra que el recurso de amparo judicial se ha resuelto sin demora, se concluye que éste no es efectivo en los términos del artículo 7.6 de la Convención. nota 1