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Timestamp: 2019-05-25 22:01:49
Document Index: 85842415

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 60', 'ARTÍCULO 2', 'artículo 60', 'artículo 2', 'artículo 6', 'artículo 4', 'artículo 2', 'artículo 60', 'artículo 2', 'artículo 152', 'artículo 15', 'artículo 15', 'artículo 60', 'artículo 2', 'artículo 60', 'artículo 2', 'artículo 152', 'artículo 267', 'Artículo 354']

﻿ SENTENCIA C-877 DE AGOSTO 23 DE 2005
SENTENCIA C-877 DE 23 DE AGOSTO DE 2005
CONTENIDO:HÁBEAS DATA. LA CREACIÓN DE UN BOLETÍN DE RESPONSABLES FISCALES NO INVOLUCRA LA INTIMIDAD DE LAS PERSONAS. SE DECLARA EXEQUIBLE EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY 610 DE 2000 Y EL PARÁGRAFO 3 DEL ARTÍCULO 2 DE LA LEY 901 DE 2004.
TEMAS ESPECÍFICOS:DERECHO A LA INTIMIDAD, PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL, HÁBEAS DATA, BOLETÍN DE RESPONSABLES FISCALES, ACCESO A LA INFORMACIÓN CONTABLE, COMPETENCIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:408 DE DICIEMBRE DE 2005, PG.1842
Sentencia C-877 de agosto 23 de 2005
Sentencia C-877 de 2005
Ref.: Expediente D-5655
Dr. Jaime Córdoba Triviño.
Actores: Álvaro Restrepo Valencia y Ernesto Espinosa Jiménez.
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 60 de la Ley 610 de 2000 y contra el parágrafo 3º del artículo 2º de la Ley 901 de 2004.
Bogotá, D.C., veintitrés de agosto de dos mil cinco.
A continuación se transcribe, resaltando lo demandado, el texto de las disposiciones objeto de proceso, de acuerdo con su publicación en los diarios oficiales Nº 44.133 del 18 de agosto de 2000 y 45.622 del 27 de julio de 2004, respectivamente:
“LEY 610 DE 2000
por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías
ART. 60.—Boletín de responsables fiscales. La Contraloría General de la República publicará con periodicidad trimestral un boletín que contendrá los nombres de las personas naturales o jurídicas a quienes se les haya dictado fallo con responsabilidad fiscal en firme y ejecutoriado y no hayan satisfecho la obligación contenida en él.
Para efecto de lo anterior, las contralorías territoriales deberán informar a la Contraloría General de la República, en la forma y términos que esta establezca, la relación de las personas a quienes se les haya dictado fallo con responsabilidad fiscal, así como de las que hubieren acreditado el pago correspondiente, de los fallos que hubieren sido anulados por la jurisdicción de lo contencioso administrativo y de las revocaciones directas que hayan proferido, para incluir o retirar sus nombres del boletín, según el caso. El incumplimiento de esta obligación será causal de mala conducta.
Los representantes legales, así como los nominadores y demás funcionarios competentes, deberán abstenerse de nombrar, de dar posesión o celebrar cualquier tipo de contrato con quienes aparezcan en el boletín de responsables, so pena de incurrir en causal de mala conducta, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 6º de la Ley 190 de 1995. para cumplir con esta obligación, en el evento de no contar con esta publicación, los servidores públicos consultarán a la Contraloría General de la República sobre la inclusión de los futuros funcionarios o contratistas en el boletín”.
“LEY 901 DE 2004
por medio de la cual se prorroga la vigencia de la Ley 716 de 2001, prorrogada y modificada por la Ley 863 de 2003 y se modifican algunas de sus disposiciones
ART. 2º—Modifíquese y adiciónese el artículo 4º de la Ley 716 de 2001, el cual quedará así:
ART. 4º—Depuración de saldos contables. Las entidades públicas llevarán a cabo las gestiones necesarias que permitan depurar los valores contables que resulten de la actuación anterior, cuando corresponda a alguna de las siguientes condiciones:
a) Valores que afecten la situación patrimonial y no representen derechos, bienes u obligaciones ciertos para la entidad;
b) Derechos u obligaciones que no obstante su existencia no es posible realizarlos mediante la jurisdicción coactiva;
c) Derechos u obligaciones respecto de los cuales no es posible ejercer su cobro o pago, por cuanto opera alguna causal relacionada con su extinción, según sea el caso;
d) Derechos u obligaciones que carecen de documentos soporte idóneos a través de los cuales se puedan adelantar los procedimientos pertinentes para obtener su cobro o pago;
e) Cuando no haya sido legalmente posible imputarle a alguna persona el valor por la pérdida de los bienes o derechos;
f) Cuando evaluada y establecida la relación costo beneficio resulte más oneroso adelantar el proceso de que se trate;
g) Los inmuebles que carecen de título de propiedad idóneo y respecto de los cuales sea necesario llevar a cabo el proceso de titulación para incorporar o eliminar de la información contable, según corresponda.
PAR. 1º—Para efectos del cumplimiento de lo dispuesto en esta ley, las entidades podrán contratar la realización del proceso de depuración contable con contadores públicos, firmas de contadores o en universidades que tengan facultad de contaduría pública debidamente reconocida por el Gobierno Nacional.
PAR. 2º—Los derechos y obligaciones de que trata el presente artículo, y cuya cuantía sea igual o inferior a cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes, solo requerirán prueba sumaria para que sean depurados de los registros contables de las entidades públicas.
PAR. 3º—Las entidades estatales para relacionar las acreencias a su favor pendientes de pago deberán permanentemente en forma semestral, elaborar un boletín de deudores morosos, cuando el valor de las acreencias supere un plazo de seis (6) meses y una cuantía mayor a cinco (5) salarios mínimos legales vigentes. Este boletín deberá contener la identificación plena del deudor moroso, bien sea persona natural o jurídica, la identificación y monto del acto generador de la obligación, su fecha de vencimiento y el término de extinción de la misma.
Las personas que aparezcan relacionadas en este boletín no podrán celebrar contratos con el Estado, ni tomar posesión de cargos públicos, hasta tanto demuestren la cancelación de la totalidad de las obligaciones contraidas o acrediten la vigencia de un acuerdo de pago.
El boletín será remitido al Contador General de la Nación durante los primeros diez (10) días calendario de los meses de Junio y Diciembre de cada anualidad fiscal. La Contaduría General de la Nación consolidará y posteriormente publicará en su página web el boletín de deudores morosos del Estado, los días 30 de julio y 30 de enero del año correspondiente.
La Contaduría General de la Nación expedirá los certificados de que trata el presente parágrafo a cualquier persona natural o jurídica que lo requiera. Para la expedición del certificado el interesado deberá pagar un derecho igual al tres por ciento (3%) del salario mínimo legal mensual vigente. Para efectos de celebrar contratos con el Estado o para tomar posesión del cargo será suficiente el pago de derechos del certificado e indicar bajo la gravedad del juramento, no encontrarse en situación de deudor moroso con el erario o haber suscrito acuerdos de pago vigentes.
La Contraloría General de la República y demás órganos de control fiscal verificarán el cumplimiento por parte de las entidades estatales de la presente obligación”.
VII. Consideraciones de la Corte Constitucional y fundamentos de la decisión
1.1. El actor considera que las normas objeto de demanda desconocen los artículos 152 y 153 por cuanto su contenido es propio de una ley estatutaria, toda vez que afectan el núcleo esencial del derecho fundamental al hábeas data.
La Contaduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público consideran que tales disposiciones no afectan directamente el núcleo esencial del derecho sino que tan solo establecen pautas para la organización y debido funcionamiento del Estado, por lo que no era necesario su trámite por el procedimiento estatutario.
En criterio de la defensora delegada para asuntos constitucionales el parágrafo 3º del artículo 2º de la Ley 901 de 2004 es inconstitucional no solo porque debió ser tramitado a través de una ley estatutaria, en razón a que está regulando en lo esencial el derecho al hábeas data, sino por infringir los artículos 13, 15, 20 y 158 de la Constitución Política.
Para el Procurador General de la Nación el artículo 60 de la Ley 610 de 2000 es exequible por cuanto los juicios fiscales tienen arraigo constitucional que consiste en el adecuado manejo de los recursos estatales y además tanto el boletín de responsables fiscales como la inclusión de datos en él ni siquiera penetran la esfera externa del derecho fundamental de hábeas data. Sin embargo, considera que el parágrafo 3º del artículo 2º de la Ley 901 de 2004 sí resulta inexequible puesto que allí se regula la recolección, tratamiento y circulación de datos que generan restricción de derechos fundamentales como el acceso a cargos públicos y además incide directamente en el núcleo esencial del derecho al hábeas data.
1.2. Con base en lo expuesto corresponde a la Corte determinar si las normas objeto de reproche, que establecen y regulan el boletín de responsables fiscales y el boletín de deudores morosos del Estado a cargo de la Contraloría General de la República y de la Contaduría General de la Nación, respectivamente, debieron haber sido tramitadas por el procedimiento contemplado para las leyes estatutarias.
Para resolver lo anterior recordará cuáles son las materias que el constituyente reservó para el legislador estatutario, el tratamiento constitucional y jurisprudencial del derecho al hábeas data y su contenido esencial, para luego determinar si las disposiciones acusadas regulan o no el sustrato mínimo de ese derecho y si por, por consiguiente, era necesario su trámite estatutario.
2. El requerimiento constitucional de trámite de ley estatutaria para regular determinadas materias.
2.1. Conforme al artículo 152 de la Carta Política mediante leyes estatutarias el Congreso de la República habrá de regular (1) los derechos y deberes fundamentales, así como los procedimientos y recursos para su protección; (2) la administración de justicia; (3) la organización y régimen de los partidos y movimientos políticos, el estatuto de la oposición y las funciones electorales; (4) las instituciones y mecanismos de participación ciudadana; (5) los estados de excepción, y (6) la igualdad electoral entre candidatos a la Presidencia de la República (2) .
Las leyes estatutarias se caracterizan no solo por su contenido material sino por el trámite en su formación. Este último resulta ser más riguroso que el consagrado para la generalidad de las leyes, debido a que para su aprobación, modificación o derogación se exige una voluntad diferente a la de leyes ordinarias —mayoría absoluta y no simple—, requieren aprobarse dentro de una sola legislatura, y deben ser objeto de revisión previa por parte de la Corte Constitucional (3) . Sobre su importancia la Corte ha sostenido:
“La Constitución Política de 1991 introdujo la modalidad de las leyes estatutarias para regular algunas materias respecto de las cuales quiso el constituyente dar cabida al establecimiento de conjuntos normativos armónicos e integrales, caracterizados por una mayor estabilidad que la de las leyes ordinarias, por un nivel superior respecto de estas, por una más exigente tramitación y por la certeza inicial y plena acerca de su constitucionalidad.
La propia Carta ha diferenciado esta clase de leyes no solamente por los especiales asuntos de los cuales se ocupan y por su jerarquía, sino por el trámite agravado que su aprobación, modificación o derogación demandan…” (4) .
2.2. En materia de derechos fundamentales, si bien el objeto de las leyes estatutarias es desarrollar y complementar los mismos, ello no implica que toda disposición que toque aspectos relativos a dichos derechos deba tramitarse por el procedimiento especial, pues en tal hipótesis se vaciaría la competencia del legislador ordinario (5) .
Al respecto la corporación ha manifestado:
“Ahora bien, como se menciona en la transcripción del informe-ponencia, las leyes estatutarias sobre derechos fundamentales tienen por objeto desarrollarlos y complementarlos. Esto no supone que toda regulación en la cual se toquen aspectos relativos a un derecho fundamental deba hacerse por vía de ley estatutaria. De sostenerse la tesis contraria, se vaciaría la competencia del legislador ordinario.
Las leyes estatutarias están encargadas de desarrollar los textos constitucionales que reconocen y garantizan los derechos fundamentales. No fueron creadas dentro del ordenamiento con el fin de regular en forma exhaustiva y casuística todo evento ligado a los derechos fundamentales” (6) .
“Ahora bien, conviene establecer que, particularmente para el caso de los derechos fundamentales de las personas, las leyes estatutarias no pueden encargarse de desarrollar en forma exhaustiva todos los aspectos que de una forma u otra se relacionen con un derecho fundamental, ni tampoco, por otra parte, toda ley o norma que se refiera a alguno de los derechos fundamentales ha de considerarse como estatutaria” (7) .
En efecto, la exigencia constitucional de que la regulación de un derecho fundamental se lleve a cabo a través de esa categoría de leyes debe ser entendida de manera limitada a los contenidos más cercanos al núcleo esencial del derecho que se trate. Por ello la Corte se ha inclinado por una interpretación estricta de reserva del legislador estatutario, en cuya virtud “cuando de la regulación de un derecho fundamental se trata, la exigencia de que se realice mediante una ley estatutaria, debe entenderse limitada a los contenidos más cercanos al núcleo esencial de ese derecho” (8) .
Las leyes estatutarias no pueden pretender desarrollar de manera exhaustiva y casuística todos los aspectos ligados con los derechos fundamentales (9) , pues de llegarse a tal extremo se entorpecería la labor del legislador ordinario ya que toda legislación en mayor o menor medida requiere abordar aspectos relacionados con derechos fundamentales.
Empero, la regulación atinente a aspectos inherentes al ejercicio de los derechos fundamentales que implique consagración de límites, restricciones, excepciones y prohibiciones, siempre que con ello se afecte el núcleo esencial de los mismos, solo es procedente a través del trámite de ley estatutaria (10) .
Bajo esa directriz una ley ordinaria que regule temas reservados a las leyes estatutarias, deberá ser declarada inexequible por desconocer una competencia asignada de manera expresa y exclusiva por el constituyente.
3. El tratamiento constitucional y legal del derecho fundamental de hábeas data y el contenido de su núcleo esencial.
3.1. El hábeas data se traduce en la facultad que tienen las personas para conocer, actualizar y rectificar las informaciones que sobre ellas se hayan recogido en bases de datos y en archivos de entidades públicas y privadas. Está consagrado en la Carta Política como derecho fundamental en el artículo 15 y, como lo ha sostenido esta corporación, se relaciona estrechamente con los derechos a la autodeterminación, a la intimidad, a la libertad, al buen nombre y al libre desarrollo de la personalidad (11) .
Así las cosas, al ser un derecho fundamental podría pensarse que toda regulación atinente a aspectos principales e importantes debería estar contenida en una ley que haya agotado el procedimiento estatutario. Sin embargo, conforme a jurisprudencia reiterada de esta corporación ello no puede aceptarse por cuanto una tesis tan estricta vaciaría la competencia del legislador ordinario. En consecuencia, para determinar las materias específicas que requieren trámite estatutario es necesario delimitar cuál es el núcleo esencial del derecho al hábeas data a efectos de restringir, entonces, la competencia del legislador estatutario.
3.2. Sobre el contenido del núcleo esencial del hábeas data la Corte ha señalado que está integrado por el derecho a la autodeterminación informativa, que consiste en la facultad que tienen las personas para autorizar el uso, conservación y circulación de sus datos, de conformidad con la regulación legal, y por la libertad, en general y en especial económica, en cuanto esta se vulnera por la indebida circulación de datos que no sean veraces o no autorizados por la persona concernida (12) .
En ese orden, es imprescindible analizar detenidamente la disposición objeto de control para verificar si su contenido tiene o no implicaciones directas con el núcleo esencial del derecho de hábeas data, y si involucra la facultad de las personas para conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas. No basta con que la norma regule aspectos del derecho para concluir que requiere trámite estatutario, es forzoso determinar si esa regulación de alguna manera limita o incide directamente en el núcleo esencial del derecho.
3.3. Las normas objeto de demanda consagran la creación de un boletín que sirva de herramienta para facilitar al Estado el conocimiento de las personas a quienes se les haya dictado fallo de responsabilidad fiscal (boletín de responsables fiscales) o que tengan acreencias a su favor pendientes de pago (boletín de deudores morosos).
Al respecto ha de precisarse que la creación de los llamados bancos de datos no fue ajena a la voluntad del constituyente de 1991, pues en el artículo 15 constitucionaliza su existencia cuando consagra que en la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y demás garantías consagradas en la Constitución. En esa medida la existencia de los bancos de datos no es, en principio, contraria a la Constitución y, por contera, al derecho a la intimidad.
Pues bien, dado que el derecho a la información es también fundamental (C.Pol., art. 20), es necesario establecer un equilibrio entre este y el derecho a la intimidad, de forma que sea garantizada la intimidad de una persona a través de una información veraz e imparcial y siempre que no se divulguen datos que pertenezcan a su ámbito interno. Sin embargo, ha dicho la Corte (13) que en caso de conflicto entre uno y otro prevalece, sin duda, el derecho a la intimidad por estar estrechamente ligado al derecho a la dignidad humana.
Ahora bien, las entidades públicas pueden exigir, almacenar y difundir informaciones que reposan en sus archivos, para lo cual pueden crear bases de datos que faciliten dicho procedimiento, pero a su vez las personas tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar los datos allí consignados. Con todo, es indispensable tener en cuenta la índole de esa información para determinar si una regulación en tal sentido demandaría la intervención del legislador estatutario. Habrá de considerarse si tales datos personales son privados y en esa medida se compromete la intimidad de las personas o si, por el contrario, son públicos y por ello no se encuentran sustraidos del conocimiento general. En el primer caso la puesta en circulación de esa clase de datos podría involucrar la afectación del derecho a la intimidad de las personas y por contera sería necesario que tal regulación estuviera contenida en una ley estatutaria, justamente por tocar el núcleo esencial del derecho fundamental de hábeas data. Pero, en el segundo caso tal exigencia no resultaría aplicable por cuanto son datos que por ingresar en la órbita de lo público no afectan en nada dicho núcleo esencial.
Con fundamento en lo anterior pasa la Corte a determinar si las normas acusadas se ajustan a la Constitución o si, por no haber sido tramitadas por el procedimiento estatutario, deben ser retiradas del ordenamiento jurídico.
4. La constitucionalidad de los artículos objeto de demanda a la luz de los preceptos 152 y 153 de la Carta Política.
4.1. El artículo 60 de la Ley 610 de 2000.
4.1.1. Su contenido. Crea de un boletín de responsables fiscales a cargo de la Contraloría General de la República que contendrá los nombres de las personas —naturales o jurídicas— a quienes se les haya dictado fallo con responsabilidad fiscal en firme y ejecutoriado y que no hayan satisfecho la obligación contenida en él. El boletín se publica con periodicidad trimestral y es alimentado con la información suministrada por las contralorías territoriales que consiste en una relación de las personas a quienes se les haya dictado fallo con responsabilidad fiscal, las que hubieren acreditado el pago correspondiente, los fallos que hayan sido anulados por la jurisdicción contenciosa y las revocatorias directas que se hayan proferido, ello con el fin de incluir o retirar sus nombres del boletín. Contempla, además, que los nominadores y demás funcionarios competentes deberán abstenerse de nombrar o posesionar a quienes allí aparezcan.
4.1.2. El objeto del boletín. La finalidad de dicho boletín es proteger la integridad patrimonial del Estado (14) y contribuir a la eficacia de las funciones que competen a la Contraloría General de la República (15) como instrumento de verificación identificando a los sujetos que han ocasionado detrimento patrimonial.
4.1.3. Características del dato. El dato que allí se incluye corresponde al resultado de un proceso fiscal en el cual, con la plenitud de las formas del debido proceso, se ha discutido la existencia o no de una responsabilidad de carácter fiscal.
De lo anterior resulta que antes de finalizar el proceso de responsabilidad fiscal los datos de la persona corresponden a su ámbito interno. Pero, luego de que el proceso termina con el correspondiente fallo de responsabilidad, esos datos trascienden del campo de lo privado a lo público.
4.1.4. Con base en lo expuesto la Corte concluye que no existe violación del núcleo esencial del derecho al hábeas data por cuanto el boletín de responsables fiscales es simplemente el resultado de una información cierta, veraz y pública que se acopia y almacena en entidades públicas para preservar la integridad del patrimonio público y para evitar que personas declaradas fiscalmente responsables continúen causando detrimento al erario. Así las cosas, esa información que se publica no involucra la intimidad de las personas, y la esfera privada del individuo queda a salvo de la intromisión del Estado (16) .
En efecto, la publicación del referido boletín y las posibles consecuencias de que de ella se deriven no afecta el derecho a la intimidad ni los derechos a conocer, actualizar y rectificar dicha información por cuanto —se repite— se trata de datos públicos que son consecuencia de decisiones ejecutoriadas que competen a la Contraloría General.
Ahora bien, no puede argüirse válidamente que se esté introduciendo un término de caducidad del dato, pues la norma solo se refiere a una periodicidad del boletín, mas no a la caducidad del dato, y la periodicidad no implica necesariamente la caducidad del dato. De otra parte, tampoco contiene la norma disposición alguna sobre actualización o rectificación del dato, por lo que no puede afirmarse que incida en el núcleo esencial del derecho.
4.2. El parágrafo del artículo 2º de la Ley 901 de 2004.
4.2.1. Contenido. Crea el boletín de deudores morosos del Estado a cargo de la Contaduría General de la Nación, en el cual se relacionarán las personas que tengan acreencias pendientes de pago con las entidades estatales, las cuales suministrarán esa información de manera semestral y que superen un plazo de seis meses y una cuantía mayor a cinco salarios mínimos legales vigentes. Dicho boletín contendrá la identificación plena del deudor moroso —persona natural o jurídica—, la identificación y monto del acto generador de la obligación, su fecha de vencimiento y el término de extinción de la misma. También contempla que aparecer en dicho boletín imposibilita a la persona para celebrar contratos con el Estado o para tomar posesión de cargos públicos, hasta tanto no demuestren la cancelación de sus obligaciones o acrediten la vigencia de un acuerdo de pago. Se dispone que se publicará en la página web los días 30 de julio y 30 de enero del año correspondiente, y la expedición del certificado correspondiente por parte de la Contaduría General.
4.2.2. Su finalidad. Lo pretendido por dicha norma es lograr la moralidad administrativa y proteger igualmente el patrimonio del Estado, a través de un boletín que contenga la identificación de las personas que tengan acreencias pendientes a favor del Estado.
4.2.3. El dato allí contenido. Los datos que se relacionan en el boletín de deudores morosos del Estado son obligaciones respaldadas en un título donde consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible.
4.2.4. Para la Corte esa disposición no vulnera tampoco el núcleo esencial del derecho al hábeas data en cuanto no regula el derecho a conocer, actualizar y rectificar la información, y menos se ocupa de la caducidad de los datos, pues el simple acopio y almacenamiento en un boletín, por parte de entidades estatales, de información que reposa en entidades también del Estado, no compromete por sí mismo dicho derecho.
En efecto, los datos allí incluidos corresponden a obligaciones respaldadas en un título donde consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible que reposan en entidades públicas, y de esa manera se convierte en un mecanismo de autotutela de la administración que colabora en la forma que ha de llevarse la contabilidad pública. Pues, ha de recordarse que una de las funciones de la Contaduría (17) es centralizar y consolidar la contabilidad pública y la información financiera, económica y social del Estado.
Tales datos por estar respaldados en obligaciones ciertas a favor del Estado que no han sido canceladas, trascienden el ámbito privado y se convierten en públicos.
Es más, en dicha norma no se regulan aspectos íntimamente relacionados con el derecho que tiene el titular del dato para conocer, actualizar y rectificar la información allí contenida. Si bien el legislador ordinario consagra un importe equivalente al 3% del salario mínimo legal mensual vigente, este no se impone como condición para acceder a la información, al dato, al boletín, sino para efectos de obtener la expedición de un certificado que ha de ser presentado al momento de celebrar contratos con el Estado o de tomar posesión de un cargo. Tampoco consagra término de caducidad alguno (18) y no incide en manera alguna en el núcleo esencial del derecho al hábeas data. Por consiguiente, no exige reserva de ley estatutaria.
En conclusión, los artículos demandados no violan los preceptos 152 y 153 de la Carta Política por cuanto en manera alguna permiten la recopilación o manejo de datos personales privados, no regulan aspectos íntimamente relacionados con el núcleo esencial del derecho al hábeas data, y en especial con la actualización y corrección del dato, sino únicamente contemplan el acopio de una información que reposa en entidades públicas en virtud de un proceso administrativo que es público y que surge de obligaciones ciertas que no han sido canceladas al Estado.
Finalmente, es importante dejar claro que la exequibilidad que en virtud de esta sentencia se declara es únicamente por los cargos formulados por el actor y atinentes al posible trámite estatutario de las normas acusadas, y no impide, por tanto, que estas puedan ser posteriormente declaradas inexequibles por otros aspectos.
Declarar EXEQUIBLES, por el cargo analizado, el artículo 60 de la Ley 610 de 2000 y el parágrafo 3º del artículo 2º de la Ley 901 de 2004.
(2) Literal que fue incluido por el Acto Legislativo 02 de 2004.
(3) Artículos 153 y 241 numeral 8º, Constitución Política.
(4) Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-425 del 29 de septiembre de 1994 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo).
(5) Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-013 del 21 de enero de 1993 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).
(6) Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-013 de 1993, ya citada.
(7) Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-566 del 2 de diciembre de 1993 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa).
(8) Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-408 del 15 de septiembre de 1994 (M.P. Fabio Morón Díaz).
(9) Crf. Corte Constitución. Sentencia C-013 de 1993, ya citada y C-455 del 2 de diciembre de 1993 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa).
(10) Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-425 de 1994, ya citada. La jurisprudencia ha señalado criterios para determinar cuándo un asunto está o no sujeto a ley estatutaria y en la sentencia C-646 del 20 de junio de 2001 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa) se hizo una recopilación de los mismos. De allí se concluye que tal situación ocurre cuando (1) se trate de uno de los asuntos expresa y taxativamente incluidos en el artículo 152 de la Carta; (2) se trate de un derecho fundamental y no de un derecho constitucional de otra naturaleza; (3) la regulación desarrolle y complemente derechos fundamentales; (4) se afecte el núcleo esencial de derechos fundamentales, y (5) la regulación que se haga de las materias sometidas a reserva de ley estatutaria sea integral. También sobre el punto se pueden consultar las sentencias C-687 del 27 de agosto de 2002 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett) y C-1338 del 4 de octubre de 2000 (M.P. Cristina Pardo Schlesinger).
(11) Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-687 de 2002, ya citada.
(12) Cfr. Idem.
(13) Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-414 del 16 de junio de 1992 (M.P. Ciro Angarita Barón).
(14) En la sentencia T-1031 del 30 de octubre de 2003 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett) la Corte manifestó que la “introducción en el mencionado boletín, por sí misma, no implica la vulneración de los derechos fundamentales de los procesados, en tanto busca razonablemente proteger la integridad patrimonial del Estado, mediante el mecanismo de la publicidad de los nombres de los sujetos que han resultado responsables por faltas de esta naturaleza”.
(15) Según el artículo 267 de la Carta Política a la contraloría le corresponde vigilar la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la Nación. Esa vigilancia incluye el ejercicio de un control financiero, de gestión y de resultados, fundado en la eficiencia, la economía, la equidad y la valoración de los costos ambientales.
(16) En la sentencia C-446 del 26 de agosto de 1998 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa), al estudiar la constitucionalidad de los artículos 1º, 2º y 3º de la Ley 190 de 1995, que posibilitan la recolección de datos de las personas en el formato único de hoja de vida, la Corte concluyó que no era necesario que hubiesen sido tramitadas por el procedimiento de ley estatutaria por cuanto con las disposiciones acusadas la espera privada del individuo queda a salvo de la intromisión estatal.
(17) Artículo 354 de la Constitución Política.
(18) En la sentencia C-384 del 5 de abril de 2000 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa) la Corte se pronunció sobre la necesidad de que mediante ley estatutaria se fije la caducidad del dato financiero.