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Timestamp: 2019-02-17 18:07:32
Document Index: 365315712

Matched Legal Cases: ['artículo 1351', 'Artículo 139', 'artículo 427', 'artículo 139', 'artículo 1412', 'artículo 1351', 'artículo 1529', 'artículo 397']

No puede obligársele a suscribir el otorgamiento a escritura pública a aquellos sujetos que no han intervenido en el acto jurídico - Actualidad Civil
No puede obligársele a suscribir el otorgamiento a escritura pública a aquellos sujetos que no han intervenido en el acto jurídico
Fuente: Perú Contable
CAS. N.º 4549 - 2016 San Martín
Emitida el 11 de julio del 2017
Señora jueza suprema Huamaní Llamas
Artículos 1351 y 1529 del Código Civil
[L]a pretensión de la demandante respecto al otorgamiento de la escritura pública de compra venta del inmueble […] es improcedente, porque resulta imposible que la Municipalidad demandada hubiera suscrito contrato alguno con la demandante y menos aún puede obligársele a otorgar la escritura pública de un contrato que no existe para él, o que no ha sido perfeccionado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1351 del Código Civil […]
Otorgamiento de Escritura Pública: En el proceso de otorgamiento de escritura pública solo se discute: a) si celebró, o no, el acto jurídico que será materia de formalidad; y b) si quien intervino en la celebración del acto jurídico está obligada a otorgarla. De esta manera la relación jurídica sustantiva la integran quienes habrían celebrado el acto de compra venta. Artículo 139 numeral 5) de la Constitución Política del Estado.
Lima, once de julio de dos mil diecisiete.
LA SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA; vista la causa número cuatro mil quinientos cuarenta y nueve - dos mil dieciséis, en audiencia pública de la fecha y producida la votación con arreglo a ley, emite la siguiente sentencia:
Se trata del recurso de casación interpuesto por la demandante Rosario Bocanegra Cueva (fojas 158), contra la sentencia de vista del veinticinco de julio de dos mil dieciséis (fojas 151), que confirma la sentencia apelada del treinta de marzo de dos mil dieciséis (fojas 119), que declara improcedente la demanda; con lo demás que contiene.
DEMANDA 2.1. Por escrito del catorce de mayo de dos mil catorce (fojas 10), Rosario Bocanegra Cueva, interpone demanda de Otorgamiento de Escritura Pública a fin de que la Municipalidad Distrital de Uchiza, Juana Enriqueta Calderón Casana y Edith Luz Sandoval Lozano cumplan con otorgarle la que corresponde respecto al inmueble ubicado en la Calle Carlos Arévalo número ciento noventa y cuatro del Distrito de Uchiza, Provincia de Tocache, Departamento de San Martín. Manifiesta que, el Consejo Distrital de Uchiza en su calidad de propietario primigenio del bien sub litis, con fecha veintitrés de setiembre de mil novecientos noventa y tres, adjudicó el terreno en un área de mil metros cuadrados a David Lozano Sandoval conforme consta del documento denominado Contrato de Adjudicación de lotes de terreno urbano. Es así que, con fecha catorce de febrero de mil novecientos ochenta y nueve los esposos David Lozano Sandoval y Erlinda Nieves Espilco de Sandoval, transfieren el inmueble en calidad de compra venta a Juana Enriqueta Calderón Casana (fojas 5), quien a su vez por contrato de compra venta del veinte de octubre de dos mil nueve, lo enajena a favor de la recurrente (fojas 8). Asimismo, Edith Sandoval Lozano transfiere a la recurrente un lote de terreno que le fuera cedido por David Lozano Sandoval, acreditando de esta forma el tracto sucesivo respecto al bien sub litis (fojas 7). Por lo que, el objeto del proceso es que la Municipalidad Distrital de Uchiza cumpla con otorgarle la correspondiente escritura pública.
REBELDÍA DE LOS DEMANDADOS 2.2. Por Resolución número ocho del quince de setiembre de dos mil catorce (fojas 45), se declara la rebeldía de La Municipalidad Distrital de Uchiza, representada por el titular del pliego; y de las demandadas Edith Luz Sandoval Lozano y Juana Enriqueta Calderón Casana.
PUNTOS CONTROVERTIDOS 2.3. En audiencia única del doce de mayo de dos mil quince (fojas 85), se fijaron los siguientes puntos controvertidos: 1) Determinar si los documentos de fojas siete y vuelta, así como el documento de folios ocho y vuelta, consistentes en el documento denominado Contrato de Compra Venta y Contrato de Compra Venta de Sub Lote celebrados ambos contratos por Edith Luz Sandoval Lozano y Juana Enriqueta Calderón Casana, en su condición de vendedoras con Rosario Bocanegra Cueva en su condición de compradora, respectivamente, cumplen con las formalidades de ley; 2) Determinar si corresponde judicialmente disponer el otorgamiento de escritura pública por parte de los demandados Municipalidad Distrital de Uchiza, representada por el titular del pliego Alcalde Omar Edgardo Tarazona Aburto, igualmente a Juana Enriqueta Calderón Casana y Edith Luz Sandoval Lozano a favor de Rosario Bocanegra Cueva, representada por Marciana Cueva Pantoja; 3) Determinar si el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Uchiza Juan Felipe Olivera Núñez, así como el Síndico de Gastos Glicerio Olortegui Escalante, el Síndico de Rentas Isidro Gutiérrez Satalaya y el Inspector de O.P.C. e H. Milton Soto Solsol, funcionarios de aquel momento, se encontraban facultados para disponer del predio materia del presente proceso; y 4) Determinar si el Alcalde transferente realizó el proceso de subasta pública con arreglo a ley, para vender un bien del Estado.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 2.4. Culminado el trámite correspondiente el Juzgado Mixto de Tocache, por sentencia del treinta de marzo de dos mil dieciséis (fojas 119), declaró improcedente la demanda, tras considerar que la demandante no probó que la Municipalidad Distrital de Uchiza, en calidad de titular primigenio del inmueble sub materia, al momento de la disposición del bien hubiere dado cumplimiento a las formalidades de ley como es la existencia del Acuerdo de Consejo Municipal para la disposición del inmueble y que se hubiere realizado en subasta pública, a fin de valorar la pretensión de la accionante, pues si bien es cierto nuestro ordenamiento legal establece que si por mandato de la ley o por convenio debe otorgarse la escritura pública o cumplir otro requisito que no revista la forma solemne prescrita legalmente o la convenida por las partes bajo sanción de nulidad, también lo es que deben contener las formalidades de ley, lo cual cumplió el Alcalde de dicha comuna, pues no tenía facultades para disponer del bien materia de litis, no solo respecto de su posesión sino también de la venta del bien.
APELACIÓN DE SENTENCIA 2.5. La demandante Rosario Bocanegra Cueva (fojas 132) interpone recurso de apelación contra la sentencia de emitida por el A quo.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 2.6. La Sala Mixta Descentralizada de Liquidación y Apelaciones de Mariscal Cáceres – Juanjuí de la Corte Superior de Justicia de San Martín, por resolución del veinticinco de julio de dos mil dieciséis (fojas 151), confirmó la sentencia apelada que declaró improcedente la demanda, al determinar que si bien es cierto no coincide con el criterio del A quo respecto a que en el contrato de adjudicación de lotes de terreno urbano, otorgado por la Municipalidad Distrital de Uchiza a favor de David Lozano Sandoval, no se aplicó en forma correcta la Ley 27972 –Ley Orgánica de Municipalidades-, aplicando el Juez en forma retroactiva esta norma, pese a su expresa prohibición constitucional; sin embargo, en el caso concreto, ello no afecta el criterio de que la demanda es a todas luces improcedente, a tenor de la interpretación sistemática de los artículos 1529, 1312 y 1549 del Código Civil, de donde fluye de manera clara que la obligación de formalizar, perfeccionar la compra venta, y otorgar la escritura pública constituye una prestación propia de las partes que constituyeron dicha relación jurídica sustancial de naturaleza contractual, vale decir, de los que celebraron el contrato de compra venta, siendo que en el caso concreto se aprecia claramente que la demandada Municipalidad Distrital de Uchiza no participó en la celebración de dicho contrato, como comprador o vendedor, por lo tanto al no formar parte de dicha relación jurídica contractual de naturaleza sinalagmática, no resultaba obligado a cumplir las prestaciones u obligaciones constituidas en el citado contrato de compra venta, entre ellas la de otorgar la escritura pública, deviniendo además la pretensión en falta de legitimidad para obrar pasiva, conforme lo prevé el inciso 1) del artículo 427 del Código Civil.
3. CAUSALES POR LAS QUE SE DECLARÓ PROCEDENTE EL RECURSO DE CASACIÓN
Esta Suprema Sala, por resolución del quince de marzo del dos mil diecisiete (fojas 36 del cuaderno de casación), ha declarado la procedencia del recurso por las siguientes causales: i) Infracción normativa de los artículos 139 inciso 5) de la Constitución Política del Perú, 122 inciso 3) del Código Procesal Civil y 12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Alega que, se ha vulnerado el derecho al debido proceso y motivación de las resoluciones judiciales; señala que cuando se demanda el otorgamiento de la escritura pública nos encontramos ante una obligación de hacer, que consiste en elevar o formalizar el acto jurídico ya preexistente, mediante escritura pública; indica que al haber demostrado los tractos sucesivos sobre el inmueble sub litis, acredita su legitimidad para obrar en el presente proceso.
4.- MATERIA JURÍDICA EN DEBATE
En este caso, la cuestión jurídica objeto de control en sede casatoria consiste en determinar si los Jueces han transgredido o no los artículos 139 inciso 5) de la Constitución Política del Perú, 122 inciso 3) del Código Procesal Civil y 12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
5. CONSIDERANDO
PRIMERO. Que, en materia de casación es factible ejercer el control de las decisiones jurisdiccionales, para determinar si se han infringido o no las normas que garantizan el debido proceso —dentro de las que se encuentra la motivación de las resoluciones judiciales—, pues ello supone el cumplimiento de los principios y de las garantías que regulan el proceso como instrumento judicial, además de cautelar el ejercicio absoluto del derecho de defensa de las partes en litigio.
SEGUNDO. Que, a efectos de dilucidar las infracciones denunciadas, respecto a los artículos 139 inciso 5) de la Constitución Política del Perú, 122 inciso 3) del Código Procesal Civil y 12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial respecto al derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, se debe precisar que estos artículos señalan que es principio y derecho de la función jurisdiccional, que toda resolución emitida por cualquier instancia judicial debe encontrarse debidamente motivada. Es decir, debe manifestarse en los considerandos la ratio decidendi que fundamenta la decisión, la cual debe contar por ende con los fundamentos de hecho y derecho que expliquen por qué se ha resuelto en tal o cual manera. Solo conociendo de manera clara las razones que justifican la decisión, los destinatarios podrán ejercer los actos necesarios para defender su pretensión.
TERCERO. Y es que, la exigencia de que las resoluciones judiciales sean motivadas, por un lado, informa sobre la forma cómo se está llevando a cabo la actividad jurisdiccional, y por otro, constituye un derecho fundamental para que los justiciables ejerzan de manera efectiva su defensa. Este derecho incluye en su ámbito de protección el derecho de tener una decisión fundada en Derecho. Ello supone que la decisión esté basada en normas compatibles con la Constitución, como en leyes y reglamentos vigentes, válidos y de obligatorio cumplimiento[1].
CUARTO. Asimismo, la motivación de las resoluciones cumplen esencialmente dos funciones: endoprocesal y extraprocesal. La primera, tiene lugar al interior del proceso, respecto de las partes, terceros legitimados y de los propios órganos jurisdiccionales, y comprende las siguientes precisiones: I) Tiene por función específica convencer y persuadir a las partes de la razonabilidad de los argumentos y de la solución adoptada en justicia, tratando de eliminar la sensación que pudieran tener las partes sobre la presunta arbitrariedad o irracionabilidad de la decisión judicial; II) Permite la viabilidad y efectividad de los recursos impugnatorios, haciendo posible su análisis crítico y expresión de errores de hecho y de derecho, así como agravios, vía apelación o casación; y III) Permite el control del órgano jurisdiccional superior, quien deberá establecer si se han cumplido las normas imperativas que garantizan el derecho a un debido proceso, y particularmente, con el deber constitucional de la motivación adecuada y suficiente, verificando la razonabilidad de los argumentos fácticos y jurídicos que sustentan su decisión. La segunda función —extraprocesal—, tiene lugar en el ámbito externo del proceso y está dirigida al control del comportamiento funcional de los órganos jurisdiccionales, y se expresa de las siguientes formas: 1) Haciendo accesible el control de la opinión pública sobre la función jurisdiccional, a través del principio de publicidad de los procesos, conforme al postulado contenido en el inciso 20 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, el cual prescribe que toda persona tiene derecho a formular análisis y críticas a las resoluciones y sentencias judiciales con las limitaciones de ley; y 2) Expresa la vinculación del Juez independiente a la Constitución y a la Ley, derivándose responsabilidades de carácter administrativo, civil y penal por el ejercicio irregular o arbitrario de su función.
QUINTO. Que, al sustentar la causal de infracción normativa de carácter procesal indicada en el acápite i), la recurrente cuestiona la motivación de la sentencia de vista que declaró improcedente la demanda de otorgamiento de escritura pública, porque se trata de una obligación de hacer, que consiste en elevar o formalizar el acto jurídico ya preexistente, mediante escritura pública, por lo que al haber acreditado su legitimidad para obrar en el presente proceso con los tratos sucesivos sobre el bien sub litis, la demanda debió declararse fundada.
SEXTO. Antes de pasar a resolver la controversia, se debe precisar que conforme lo establece el primer párrafo del artículo 1412 del Código Civil, por medio del proceso de otorgamiento de escritura pública se peticiona mutar la forma de un negocio jurídico, de escritura privada a escritura pública, porque así lo determina o permite la ley o porque así lo han acordado las partes, y en ambos casos, siempre que la forma a la que se pretende mutar no constituya una forma solemne, sustanciándose en proceso sumarísimo.
SÉTIMO. En efecto, en el proceso de otorgamiento de escritura pública solo se discute a) si celebró o no, el acto jurídico que será materia de formalidad; y b) si quien intervino en la celebración del acto jurídico está obligado a otorgarla. De esta manera, la relación jurídica sustantiva la integran quienes habrían celebrado el acto jurídico de compra venta, que para el caso lo constituyen i) Juana Enriqueta Calderón Casana, respecto al contrato suscrito el veinte de octubre de dos mil nueve; y b) Edith Luz Sandoval Lozano, en cuanto al negocio jurídico suscrito el ocho de abril de dos mil catorce, ambas con Rosario Bocanegra Cueva.
OCTAVO. Sin embargo, esta pretensión supone no solo que el contrato se haya perfeccionado, sino que además produzca sus efectos y conserven vigor; pues si por alguna circunstancia no resultan exigibles o han venido en menos, no podría revestirse de formalidad por tratarse de un negocio jurídico ineficaz.
NOVENO. Sobre el caso materia de análisis, y a fin de verificar si se ha producido la infracción de las normas denunciadas, es necesario efectuar las siguientes referencias respecto al tracto sucesivo del inmueble ubicado en la Calle Carlos Arévalo número ciento noventa y cuatro del Distrito de Uchiza Provincia de Tocache Departamento de San Martín con una extensión de mil metros cuadrados y que es materia de controversia. Así se tiene que, el Concejo Distrital de Uchiza, en calidad de administrador de las tierras urbanas del Estado, suscribe el “Contrato de Adjudicación de Lotes de Terreno Urbanos” con David Lozano Sandoval con fecha veintitrés de setiembre de mil novecientos ochenta y tres, por el que se le otorga un área de mil metros cuadrados (1,000 m2), estableciendo en la cláusula tercera que: “Los lotes de terreno urbanos que concede el Concejo no tiene carácter de venta, sino exclusivamente de posesión”; y, en la cláusula cuarta precisa que el posesionario pagará al Concejo la cantidad de treinta mil soles al momento de firma el contrato por concepto de demarcación, topografía, apertura de calles y tramitación (fojas 4).
DÉCIMO. Mediante el documento denominado: “Contrato de compra venta privada de casa vivienda y terreno” de fecha catorce de febrero de mil novecientos ochenta y nueve, Erlinda Nieves de Sandoval casada con David Sandoval Lozada otorga en venta, ochocientos ochenta y un metros cuadros (881 m2) del mencionado inmueble a Juana Enriqueta Calderón Casana (fojas 5). Es así que esta última por contrato de compra venta de sub lote con fecha veinte de octubre de dos mil nueve da en venta el bien a Rosario Bocanegra Cueva (fojas 8).
DÉCIMO PRIMERO. Con fecha ocho de abril de dos mil catorce Edith Sandoval Lozano, otorga en venta el bien ubicado en la Avenida Carlos Arévalo número 182 distrito de Uchiza, Provincia de Tocache departamento de San Martín en un área de doce por cuarenta y nueve metros a favor de Rosario Bocanegra Cueva.
DÉCIMO SEGUNDO. En este sentido se debe indicar que la pretensión de la demandante respecto al otorgamiento de la escritura pública de compra venta del inmueble ubicado en la Calle Carlos Arévalo número ciento noventa y cuatro del Distrito de Uchiza Provincia de Tocache Departamento de San Martín con una extensión de mil metros cuadrados, —cuyas minutas obran a folios siete y ocho—, es improcedente, porque resulta imposible que la Municipalidad demandada hubiera suscrito contrato alguno con la demandante y menos aún puede obligársele a otorgar la escritura pública de un contrato que no existe para él, o que no ha sido perfeccionado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1351 del Código Civil, que establece que el contrato es el acuerdo de dos o más partes para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial.
DÉCIMO TERCERO. En este sentido el artículo 1529 del Código Civil señala también que la compra venta es un contrato en el cual el vendedor se obliga a transferir la propiedad de un bien a cambio que el comprador se obligue a pagar su precio en dinero. Esto implica que, la voluntad debe nacer simultáneamente sobre el objeto, el precio y la forma de pago, pero que en caso de autos, no se cumple respecto a la Municipalidad demandada al no haber suscrito estos contratos. Igualmente, es imposible que las codemandadas Juana Enriqueta Calderón Casana y Edith Luz Sandoval Lozano, la otorguen debido a que ellas no cuentan tampoco con la formalización de la escritura pública respecto a la porción del predio que a cada una les corresponde, no habiendo la Municipalidad demandada igualmente participado en el negocio jurídico de transferencia a favor de ellas.
DÉCIMO CUARTO. Con lo expuesto se determina que la sentencia de vista no infringe los artículos 139 inciso 5) de la Constitución Política del Perú, 122 inciso 3) del Código Procesal Civil y 12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial; en consecuencia el presente recurso impugnatorio debe declararse infundado.
Que, en consecuencia, al no configurarse las causales denunciadas, el recurso de casación debe desestimarse. Por lo que en aplicación de lo dispuesto en el artículo 397 del Código Procesal Civil: 6.1. Declararon INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por la demandante Rosario Bocanegra Cueva (fojas 158); NO CASARON la sentencia de vista contenida en la Resolución número veintinueve del veinticinco de julio de dos mil dieciséis (fojas 151), que confirma la sentencia apelada que declara improcedente la demanda 6.2. DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano, conforme a ley, en los seguidos por Rosario Bocanegra Cueva con la Municipalidad Distrital de Uchiza, Juana Enriqueta Calderón Casana y Edith Luz Sandoval Lozano, sobre otorgamiento de escritura pública. Interviene como ponente la señora Jueza Suprema Huamaní Llamas.
SS. TÁVARA CÓRDOVA, HUAMANÍ LLAMAS, DEL CARPIO RODRÍGUEZ, CHAVES ZAPATER, SÁNCHEZ MELGAREJO
[1] LANDA ARROYO, CÉSAR. El Derecho al Debido Procesal en la Jurisprudencia: Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, Tribunal Constitucional del Perú, Corte Interamericana de Derechos Humanos. Colección Cuadernos de Análisis de la Jurisprudencia. Academia de la Magistratura. Lima 2012, volumen 1, página 28.