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Timestamp: 2018-09-22 02:14:30
Document Index: 179680423

Matched Legal Cases: ['artículo 206', 'artículo 46', 'artículo 227', 'artículo 206', 'artículo 28', 'artículo 8', 'artículo 227', 'artículo 277', 'artículo 16', 'artículo 25']

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Ana Belén Lara Barbero
1 Para responder a este Documento, favor citar este número: Bogotá D.C., septiembre 28/05 Doctora MABEL ELENA ZAMBRANO RUEDA JEFE DE DIVISIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN CALLE 36 NO PISO 8. BUCARAMANGA Referencia: INCAPACIDAD 180 DÍAS. Respetada Doctora, Esta Superintendencia ha recibido la comunicación del epígrafe mediante la cual solicita un pronunciamiento atinente al tema de las incapacidades mayores a 180 días. Al respecto, el asunto debe resolverse dentro del marco jurídico que se plantea a continuación: El artículo 206 de la Ley 100 de 1993 prescribe que, para los afiliados cotizantes, el Régimen Contributivo del Sistema General de Seguridad Social en Salud reconocerá las incapacidades generadas en enfermedad General, de conformidad con las disposiciones legales vigentes, a saber: Para los servidores públicos y trabajadores oficiales del orden nacional, tal prestación económica se encuentra regulada en el Decreto-Ley 3135 de 1968, el Decreto 1848 de 1969 y artículo 46 del Decreto-Ley 1045 de Para los trabajadores del sector privado las prestación económica por la incapacidad en mención se encuentra regulada en los artículos 227 y 228 del Código Sustantivo del Trabajo. En lo que respecta a los trabajadores del sector privado el artículo 227 del Código Sustantivo del Trabajo prescribe que "en caso de incapacidad comprobada para desempeñar sus labores, ocasionada por enfermedad no profesional, el trabajador tiene derecho a que el {empleador} le pague un auxilio monetario hasta por ciento ochenta (180) días, así: las dos terceras (2/3) partes del salario durante los primeros noventa (90) días y la mitad del salario por el tiempo restante." ( Actualmente esta prestación la paga el Régimen contributivo del Sistema General de Seguridad Social en Salud, como lo indica el artículo 206 de la Ley 100 de 1993) El artículo 28 del Decreto 806 de 1998 señala, entre los beneficios que el Régimen Contributivo del Sistema General de Seguridad Social en Salud garantiza a sus afiliados cotizantes, "el subsidio en
2 dinero en caso de incapacidad temporal derivada por enfermedad o accidente ocasionados por cualquier causa de origen no profesional." La Ley 100 de 1993 no derogó, ni modificó el régimen que venía rigiendo sobre reconocimiento y pago de prestaciones económicas generadas en incapacidad temporal derivada de enfermedad general para los trabajadores del sector privado y del sector público. Tampoco unifica en un sólo sistema el reconocimiento de incapacidades por enfermedad general para todos los empleados y trabajadores públicos y privados. Tal ley señala claramente que estas prestaciones las cubrirá el Régimen Contributivo del Sistema General de Seguridad Social en Salud a sus afiliados cotizantes, con arreglo a las normas vigentes que gobiernan la materia. Obsérvese que esta ley, con respecto a las prestaciones económicas en mención, hace remisión a las disposiciones legales vigentes que gobiernan esta materia. Las disposiciones legales del sector privado referentes a las prestaciones por enfermedad no profesional o accidente común, son las contempladas por el numeral 15 del articulo 62, los artículos 127, 129, 130, 176, 132, 141, 227 y 228 del Código Sustantivo del-trabajo, el articulo 7, los numerales 1 y 2 del articulo 16 del Decreto 2351 de 1965, el articulo 4 del Decreto 1373 de 1966, artículos 16 y 17 del Decreto 2177 de 1989 y demás normas que los adicionen, modifiquen o complementen. En relación, a la calificación de la pérdida de capacidad laboral para el reconocimiento de las Prestaciones de Invalidez de las personas incapacitadas sostuvo el Ministerio de la Protección Social en concepto del 11 de julio de 2005, lo siguiente: Respecto a la calificación de pérdida de capacidad laboral para el reconocimiento de las prestaciones de invalidez, el articulo 23 del Decreto 2463 de 2001 establece que esta calificación sólo podrá tramitarse cuando las entidades del Sistema de Seguridad Social Integral, o el empleador, según sea el caso, hayan adelantado el tratamiento y rehabilitación Integral o se compruebe la imposibilidad para su realización. Las Administradoras de Fondos de Pensiones, según su inciso 3, deberán remitir los casos a las Juntas de Calificación de Invalidez antes de cumplirse el día ciento cincuenta (150) de incapacidad temporal, previo concepto del servicio de rehabilitación integral emitido por la Entidad Promotora de Salud. Para los casos de accidente o enfermedad común en los cuales exista concepto favorable de rehabilitación, la Administradora de Fondos de Pensiones con la autorización de la aseguradora que hubiere expedido el seguro previsional de invalidez y sobrevivencia o entidad de previsión social correspondiente, podrá postergar el trámite de calificación ante las Juntas de Calificación de Invalidez hasta por un término máximo de trescientos sesenta (360) días calendario adicionales a los primeros ciento ochenta (180) días de incapacidad temporal otorgada por la Entidad Promotora de Salud, siempre y-cuando se otorgue un subsidio equivalente a la incapacidad que venía disfrutando el trabajador, (inciso 5 Ibídem). En el mismo concepto, en punto al evento en que la incapacidad no origine el reconocimiento de la pensión de invalidez, sostuvo: De otra parte, el Decreto 2177 de 1989, en su articulo 17, establece que a los trabajadores de los sectores público y privado que según concepto de la autoridad competente de salud ocupacional o quien haga las veces en la respectiva entidad de seguridad o previsión social o
3 de medicina del trabajo, en caso de no existir afiliación a dichas instituciones, se encuentren en estado de invalidez física, sensorial o mental, para desempeñar las funciones propias del empleo de que sean titulares y la incapacidad no origine el reconocimiento de pensión de invalidez, se les deberán asignar funciones acordes con el tipo de limitación o trasládanos a cargos que tengan la misma remuneración, siempre y cuando la incapacidad no impida el cumplimiento de as nuevas funciones ni impliquen riesgo para su integridad. Con fundamento en las disposiciones enunciadas, y en el entendido que la incapacidad superior a ciento ochenta 180 días de un trabajador generada por enfermedad no profesional de conformidad con lo previsto en el numeral 15 del articulo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por el articulo 7 del Decreto 2351 de 1965 y del articulo 4 del Decreto 1373 de 1966, se constituye en justa causa para la terminación del contrato de trabajo en el sector particular, siempre que se trate de aquellas incapacidades que "hagan imposible la prestación del servicio, es decir, que inhabiliten al operario para el trabajo" tal como lo ha expresado la jurisprudencia de (a H. Corte Suprema de Justicia, en Sent. Nov. 30/78. Exp. 5401, es concepto de esta Oficina que superados los 180 días de incapacidad y previamente agotado el procedimiento establecido en los artículos 16 del Decreto 2351 de 1965 y 17 del Decreto 2177 de 1989, el empleador podrá dar por terminado el contrato de trabajo con justa causa, debiendo, en todo caso, efectuar el reconocimiento y pago de las indemnizaciones legales y convencionales derivadas de la enfermedad. Recientemente, este despacho mediante NURC del 1 de julio de 2005, en relación a la justa causa para dar por terminado el contrato laboral, al vencimiento del lapso de los 180 días, recordaba el deber que le cabe al empleador a proporcionar a los trabajadores incapacitados parcialmente un trabajo compatible con sus actitudes. En tal sentido, sostuvo: cuando a una persona se le declara una incapacidad permanente parcial ocasionada por un accidente no laboral, en principio, habría una justa causa para despedir al trabajador. Empero, se debe reiterar que los principios consagrados en la Constitución Política de 1991 y que inspiran el Sistema General de Seguridad Social son garantistas frente al trabajador, de manera tal que una aplicación analógica del artículo 8 de la Ley 776 de 2002, "por la cual se dictan normas sobre la organización, administración y prestaciones del Sistema General de Riesgos Profesionales", permitiría concluir que, antes que despedir al trabajador, el empleador está obligado a "ubicar al trabajador incapacitado parcialmente en el cargo que desempeñaba o a proporcionarle un trabajo compatible con sus capacidades y aptitudes, para lo cual deberán efectuar los movimientos de personal que sean necesarios". A similar conclusión llegó la Corte Constitucional en Sentencia C-079 de febrero 29 de 1996, con ponencia del Dr. Hernando Herrera Vergara, en la que se manifestó: Sobre lo anterior cabe advertir que el Código Sustantivo del Trabajo, en el artículo 227, señala que el trabajador tiene derecho a un auxilio monetario cuando se le ha comprobado una incapacidad para desempeñar sus labores ocasionada por enfermedad no profesional, consistente en el pago hasta por 180 días de salario, y además de éste, a la asistencia médica, farmacéutica, quirúrgica y hospitalaria necesaria, hasta por seis meses conforme al artículo 277 del mismo código; normas estas que amparan al trabajador en su relación laboral con el empleador.
4 La norma acusada consagra como justa causa para la terminación unilateral del contrato de trabajo, al vencimiento del lapso de 180 días, "la enfermedad contagiosa o crónica del trabajo que no tenga carácter profesional, así como cualquier otra enfermedad o lesión que lo incapacite para el trabajo, cuya curación no haya sido posible durante el lapso mencionado." Por su parte, el Ministerio de la Protección Social, en concepto del 11 de julio de 2005, en relación al aspecto que nos ocupa Rehubicación Profesional, sostuvo: El numeral 1 del artículo 16 del Decreto 2351 de 1965 determina como obligación por parte de los patronos al término de la incapacidad temporal: a) A reinstalar a los trabajadores en los cargos que desempeñaban si recuperan su capacidad de trabajo. La existencia de una incapacidad parcial no será obstáculo para la reinstalación, si los dictámenes médicos determinan que le trabajador puede continuar desempeñando el trabajo, y b) A proporcionar a los trabajadores incapacitados parcialmente un trabajo compatible con sus actitudes, para lo cual deberá efectuar los movimientos de personal que sean necesarios. Mientras que su numeral 2 indica que el incumplimiento de estas disposiciones al término del período de incapacidad temporal, se considerará como un despido injustificado. Igualmente, el Decreto 2177 de 1989, en su articulo 16 aclara, que todos los patronos públicos o privados están obligados a reincorporar a los trabajadores inválidos, en los cargos que desempeñaban antes de producirse la invalidez si recupera su capacidad de trabajo, en términos del Código Sustantivo del Trabajo. Así mismo, determina que la existencia de una incapacidad permanente parcial no será obstáculo para la reincorporación, si los dictámenes médicos determinan que el trabajador puede continuar desempeñándolo. De otra parte, el Decreto 2177 de 1989, en su articulo 17, establece que a los trabajadores de los sectores público y privado que según concepto de la autoridad competente de salud ocupacional o quien haga las veces en la respectiva entidad de seguridad o previsión social o de medicina del trabajo, en caso de no existir afiliación a dichas instituciones, se encuentren en estado de invalidez física, sensorial o mental, para desempeñar las funciones propias del empleo de que sean titulares y la incapacidad no origine el reconocimiento de pensión de invalidez, se les deberán asignar funciones acordes con el tipo de limitación o trasládanos a cargos que tengan la misma remuneración, siempre y cuando la incapacidad no impida el cumplimiento de as nuevas funciones ni impliquen riesgo para su integridad. Por último, es de anotar que la Superintendencia Nacional de Salud no tiene competencia para intervenir en los trámites que adelanten las Juntas de Calificación de Invalidez con el propósito de emitir calificación de invalidez de un trabajador. Si ellas incurren en irregularidades, la queja debe formularse al Ministerio de la Protección Social. Tampoco es competente para ejercer vigilancia y control a las Administradoras de Pensiones, excepto cuando omiten hacer los descuentos a las mesadas pensionales y transferirlos oportunamente a las respectivas EPS o cuando omiten transferir
5 las cotizaciones de los trabajadores a quienes les paga el subsidio económico por incapacidad temporal generada en enfermedad General. En resumen, se concluye: 1. Las Entidades Promotoras de Salud ( EPS) no pueden legalmente cubrir con cargo al Sistema General de Seguridad Social en Salud prestaciones económicas derivadas de incapacidad temporal generada en enfermedad general o accidente no profesional, por más de 180 días continuos. 2. La Administradora de Pensiones sera la entidad encargada de cubrir las prestaciones económicas previstas en la ley una vez cumplidos los 180 continuos de incapacidad temporal y, mientras se produce la calificación de invalidez por parte de la Junta de Calificación de Invalidez. Para el efecto, la respectiva EPS debe remitir la documentación pertinente en coordinación con la respectiva Administradora de Pensiones. El empleador está facultado para solicitar a la Junta de Calificación de Invalidez, previo aviso a la EPS y a la Administradora de Pensiones, la calificación por parte de la Junta de Calificación de Invalidez. No se puede perder de vista que la integralidad del Sistema de Seguridad Social, en su carácter de servicio público, se traduce en la continuidad del mismo de forma tal que, en cuanto más se pueda, se eviten vacíos hiatos en la protección que son precisamente los momentos de mayor debilidad del individuo. El ciudadano no debe correr con el gravamen de los trámites entre una y otra entidad ni soportar los papeleos que se producen. Sí, como es cierto, en el Estado Social de Derecho priman las situaciones concretas del ser humano, su bienestar y el de la familia, es indudable que tales tesis encuentran un soporte adicional. El presente concepto se emite en los términos del artículo 25 del Código Contencioso Administrativo. Cordialmente, JUAN FERNANDO ROMERO TOBON JEFE OFICINA JURIDICA (E) Copia:, Observaciones: SIN OBSERVACIONES No. Folios: 1 No. Anexos: 0 Redactó: ALEXANDER PACHECO
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