Source: http://www.legaltoday.com/actualidad/noticias/el-consejo-de-ministros-acuerda-recurrir-la-ley-de-medidas-fiscales-de-cataluna-y-sus-presupuestos-para-2015-ante-el-tc
Timestamp: 2019-09-23 17:58:29
Document Index: 324930421

Matched Legal Cases: ['artículo 34', 'artículo 34', 'artículo 161', 'artículo 149', 'Artículo 34', 'artículo 34', 'artículo 161']

23 de Septiembre de 2019 | 07:58
A propuesta del titular de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, y tras el informe favorable del Consejo de Estado, el Consejo de Ministros que se celebró el pasado viernes acordó presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra diversos preceptos de la Ley de Medidas Fiscales, Financieras y Administrativas de Cataluña; así como contra el artículo 34 de la Ley de Presupuestos de la Generalidad de Cataluña para el año 2015. Los artículos afectados por el Acuerdo podrían “sentar las bases para la creación de estructuras de Estado y vulnerar el reparto competencial”, según explicó en rueda de prensa la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. En ambos casos se ha pedido la suspensión de las disposiciones.
El Consejo de Ministros aprobó, con el informe favorable del Consejo de Estado y a propuesta de Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, un Acuerdo por el que se solicita al presidente del Gobierno que impugne ante el Tribunal Constitucional (TC) varios artículos de dos normas emanadas por la Administración catalana. Ambas, ya publicadas tanto en el boletín autonómico como en el Boletín Oficial del Estado (BOE), chocarían contra la soberanía nacional y el reparto de competencias en el Estado.
Se trata de los artículos 69 y 95 y las disposiciones adicionales 22, 23, 24, 25 y 26 de la Ley 3/2015, de 11 de marzo, de medidas fiscales, financieras y administrativas de la Generalidad de Cataluña (publicada el pasado 13 de marzo en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya y el 4 de abril en el BOE) y del artículo 34 de la Ley 2/2015, de 11 de marzo, de presupuestos de la Generalidad de Cataluña para 2015 (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 13 de marzo de 2015 y BOE de 4 de abril de 2015). En los dos casos se invoca el artículo 161.2 de la Constitución, solicitando que se suspendan los preceptos impugnados.
Ley de medidas fiscales, financieras y administrativas de la Generalidad de Cataluña
Tal y como comentó en rueda de prensa la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, las cinco disposiciones adicionales de la Ley de medidas fiscales, financieras y administrativas afectadas por el Acuerdo del Consejo de Ministros "tienen por objeto posibilitar que, en caso de una separación, se asuman funciones propias de Estado", lo que serían previsiones "para un supuesto inconstitucional como sería esa separación unilateral de Cataluña del Estado español".
Uno de los preceptos recurridos posibilita erigir una administración tributaria catalana que se ocuparía de la gestión de todos los impuestos catalanes, incluidos los que recaen sobre el tráfico exterior. La vicepresidenta del Gobierno especificó en rueda de prensa que el enunciado vulnera la soberanía nacional y la igualdad de todos los españoles; y muestra ausencia de respeto al procedimiento de reforma de la Constitución. Además, el artículo ignora la reserva del Estado en materia de Administraciones Públicas y relaciones internacionales.
Sáenz de Santamaría añadió que la creación de administraciones tributarias propias en otras comunidades autónomas del país, "puede seguir esta misma vía de impugnación". Se estarían vulnerando, en este caso, los artículos constitucionales que afectan a la reserva del Estado en materia de administraciones públicas y relaciones internacionales; además de los artículos 1,2, 9 y 168 de la Carta Magna.
Otra de las disposiciones que será objeto del recurso ante el Tribunal Constitucional se refiere al inventario del patrimonio de las Administraciones Públicas de Cataluña. Según el Acuerdo del Consejo de Ministros, este inventarío vulneraría la legislación estatal básica sobre el patrimonio de las Administraciones Públicas, así como las competencias estatales establecidas en el artículo 149 de la Constitución, sobre bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas, Hacienda general o deuda del Estado. Además, atentaría contra los artículos 1,2, 9 y 168 de la Carta Magna.
También se recurren ante el TC disposiciones de la Ley de medidas fiscales, financieras y administrativas de la Generalidad de Cataluña ley relativas a las telecomunicaciones y los sistemas de información y del transporte ferroviario, al Plan Director relativo a los sectores de la energía, al Catálogo de las infraestructuras estratégicas, y a la creación de la Agencia Catalana de Protección Social. Soraya Sáenz de Santamaría vaticinó que asumir las competencias en materia de Seguridad Social provocaría la ruptura de la caja única, la cual, "en beneficio de todos los pensionistas, residan o no en una comunidad autónoma deficitaria en materia de pensiones como es Cataluña, nos protege a todos cuando nos jubilamos para que se nos reconozca y pague nuestra pensión".
Artículo 34 de la Ley de presupuestos de la Generalidad de Cataluña
El artículo 34 de la Ley 2/2015, de 11 de marzo, de presupuestos de la Generalidad de Cataluña para 2015 (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 13 de marzo de 2015 y BOE de 4 de abril de 2015) también será recurrido ante el Tribunal Constitucional. Este precepto establece que "en el ejercicio 2015 no pueden tramitarse expedientes de ampliación de plantilla ni disposiciones o expedientes de creación o de reestructuración de unidades orgánicas que conlleven un incremento global del gasto de personal, salvo las unidades derivadas de un traspaso de servicios o, previa autorización del Gobierno, de la puesta en funcionamiento de nuevos servicios públicos".
El Ejecutivo fundamenta el correspondiente recurso de inconstitucionalidad en el exceso de los límites básicos establecidos respecto a la regulación de la masa retributiva global de los funcionarios y la oferta de empleo público. Se invocará el artículo 161.2 de la Constitución Española para suspender la aplicación del precepto impugnado.