Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-14330-de-noviembre-28-de-2002?documento=jurcol&contexto=jurcol_75992041da6ff034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2020-05-26 19:41:27
Document Index: 2673038

Matched Legal Cases: ['artículo 13', 'artículo 8', 'artículo 246', 'artículo 4', 'artículo 330', 'artículo 8', 'artículo 13', 'artículo 13']

﻿ SENTENCIA 14330 DE NOVIEMBRE 28 DE 2002
SENTENCIA 14330 DE 28 DE NOVIEMBRE DE 2002
CONTENIDO:COSTUMBRE CONTRA LEGEM. NO PRIMA SOBRE LA LEY.
TEMAS ESPECÍFICOS:COSTUMBRE CONTRA LA LEY
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:375 DE MARZO DE 2003, PÁG.477
Sentencia 14330 de noviembre 28 de 2002
NO PRIMA SOBRE LA LEY
EXTRACTOS: «Con la demanda se allegó, además, un certificado expedido el 11 de mayo de 1993 por el jefe de registro mercantil de la Cámara de Comercio de Riohacha, en el cual consta que en el departamento de la Guajira era costumbre mercantil la compraventa de vehículos venezolanos sin que el vendedor entregara al comprador los títulos de adquisición del bien:
“En el territorio del departamento de la Guajira es costumbre mercantil la siguiente práctica: la compraventa de vehículos venezolanos, sin entregar por parte del vendedor los documentos que acrediten legalmente la existencia de la venta del automotor... Los vehículos así adquiridos por compradores colombianos son matriculados en el Instituto Departamental de Tránsito y Transporte de la Guajira, Intradegua, y allí pagan los impuestos como: matrículas, rodamiento, pisadura, revisado y otros... Estos vehículos son dedicados en el territorio del departamento de la Guajira a diferentes actividades tales como: servicio particular, servicio público (taxis-carga), transporte intermunicipal y también se encuentran afiliados a cooperativas de transporte... De acuerdo con el Decreto 1944 de 1984 se les permitió la internación temporal del vehículo en el territorio colombiano por cinco (5) años prorrogables, y en virtud del Decreto 1751 de 1991 se permitió el saneamiento aduanero de estos vehículos” (fl. 19, c-1).
La costumbre “es una regla de derecho que resulta de la unión de dos elementos: uno, de orden material, que consiste en la práctica por medio de la cual se resuelve, en una época dada y al margen de la ley, una dificultad jurídica determinada; el otro, de orden psicológico, constituido por la convicción en los que recurren a ella, o en los que la sufren, de su fuerza obligatoria. En suma, la costumbre es una regla de derecho que se constituye progresivamente bajo la influencia subconsciente de la noción de derecho y de las aspiraciones sociales, o en otras palabras, de las fuentes jurídicas reales” (1) .
(1) BONNECASE. Elementos de derecho civil, Cárdenas Editor y Distribuidor, Tijuana, México, 1985, tomo I, pág. 71.
Según su conformidad u oposición a la ley, la doctrina distingue tres tipos de costumbres: secundum legem, praeter legem y contra legem, que corresponden, respectivamente, a la costumbre que deriva su fuerza obligatoria del propio mandato legal; la que se aplica por ausencia de ley que regule el caso concreto y la que se opone a la ley.
Al resolver la demanda de inexequibilidad formulada contra el artículo 13 de la ley 153 de 1887 (2) , que establece que “La costumbre, siendo general y conforme con la moral cristiana, constituye derecho, a falta de legislación positiva”, la Corte Constitucional consideró:
(2) Sentencia C-224 de 1994.
“En Colombia, por expresa disposición del Código Civil, no es aceptable la costumbre contra legem. Establece el artículo 8º: “La costumbre en ningún caso tiene fuerza contra la ley. No podrá alegarse el desuso para su inobservancia, ni práctica alguna, por inveterada y general que sea”. Además, el artículo 246 de la Constitución que faculta a las “autoridades de los pueblos indígenas” para ejercer funciones jurisdiccionales de conformidad con sus propias normas y procedimientos, exige que éstos “no sean contrarios a la Constitución y leyes de la República”. E igual exigencia habría que hacer, en virtud del artículo 4º, en el caso de la conformación y reglamentación de los consejos que deben gobernar los territorios indígenas, según el artículo 330 (...).
En concordancia con el artículo 8º citado, el artículo 13 de la Ley 153 de 1887, reconoció fuerza de ley, al decir que “constituye derecho”, a la costumbre general y conforme con la moral cristiana, “a falta de legislación positiva”, es decir, a falta de ley creada por el Estado. Se aceptó, pues, la costumbre praeter legem. Entre paréntesis, hay que aclarar que se incurre en un error al considerar que la “legislación positiva” o “el derecho positivo” es solamente la ley dictada por el legislador. Si así fuera, las naciones en las cuales predomina el derecho consuetudinario carecerían de derecho positivo, o éste se reduciría a unas cuantas normas. No, el derecho positivo, que es lo mismo que derecho objetivo, es el conjunto de normas vigentes en un pueblo en un determinado momento. Por esta razón, el artículo 13 ha debido referirse a la “falta de legislación dictada por el legislador”.
En el caso concreto, la adquisición de vehículos en el departamento de la Guajira sin que el vendedor hiciera entrega al comprador de los títulos que acreditaran su legítima tenencia del bien constituía una costumbre contra legem, que como ya se señaló no podía primar sobre la ley, así dicha costumbre haya sido generalizada y reiterada en esa región, ya que “la repetida violación de la ley no la deroga, ni la excepciona, y el alegato de la propia ilegalidad no se hace de recibo cuando se le añade la confesión de su práctica inveterada” (3) .
(3) Sentencia de la Corte Constitucional C-340 de 1995.
Con el fin de regular la costumbre en el departamento de la Guajira de adquirir vehículos venezolanos sin que el vendedor hiciera entrega al comprador de los títulos de adquisición del bien y por lo tanto, sin legalizar su internación al país con el cumplimiento de las normas aduaneras, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1944 de 1984, según el cual la administración de aduanas debía expedir una autorización de internación nacional de los vehículos por un plazo de 5 años, prorrogables. Adicionalmente, el Decreto 1751 de 1991 autorizó el trámite de saneamiento de los bienes que hubieran ingresado al país antes de 1990 y en relación con los cuales no se hubieran cumplido los requisitos legales de nacionalización.
Pero esta amnistía aduanera no tenía el efecto de legitimar adquisiciones ilícitas, contrarias a la ley; es decir, se trataba de formalizar situaciones irregulares de orden aduanero, pero no de transformar en legales las adquisiciones que no lo fueran. En otros términos, el agotamiento del trámite aduanero no implicaba que el vehículo adquirido en el departamento de la Guajira que había sido hurtado en Venezuela, convirtiera al tenedor nacional en legítimo propietario, cuando había derivado dicha tenencia de quien no había adquirido legítimamente el bien.
V. En consecuencia, no hay lugar a la prosperidad de las pretensiones formuladas en la demanda porque el señor Luis Deofante Velasco no acreditó ser titular del derecho de dominio del vehículo automotor objeto de este proceso, de conformidad con las normas legales, ni demostró haberlo adquirido de quien a su vez lo obtuvo legítimamente. Por el contrario, obra prueba en el expediente que demuestra que en la República de Venezuela se adelantaba un proceso penal por hurto del vehículo».
(Sentencia de 28 de noviembre de 2002. Expediente 14.330. Consejero Ponente: Dr. Ricardo Hoyos Duque).