Source: https://supremo.vlex.es/vid/735629321
Timestamp: 2018-11-18 15:18:02
Document Index: 77334662

Matched Legal Cases: ['artículo 10', 'artículo 4', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 3', 'artículo 5', 'artículo 88']

STS 1216/2018, 16 de Julio de 2018 - Jurisprudencia - VLEX 735629321
Número de Recurso: 3453/2017
Número de Resolución: 1216/2018
EJERCICIO PROFESIONAL. COLEGIACIÓN DE OFICIO. El Reglamento de Régimen Interior del Colegio de Ópticos y Optometristas del Colegio de la Comunidad Valenciana, responde a la legalidad en cuanto que prevé la apertura de un expediente instando de oficio la colegiación, en la medida que este no se dirige a imponer o sustituir la voluntad del interesado en la decisión de ejercer la profesión colegiada, sino a exigir que quien ha decidido y se halla en el ejercicio de la misma se sujete a la obligación de colegiación legalmente establecida. Se desestima el recurso de casación.
Sentencia núm. 1.216/2018
Fecha de sentencia: 16/07/2018
R. CASACION núm.: 3453/2017
Sentencia núm. 1216/2018
La sentencia de 9 de marzo de 2017, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el recurso ordinario 41/2014, contiene el siguiente fallo:
Que Estimamos el presente recurso contencioso administrativo interpuesto por el COLEGIO DE ÓPTICOS OPTOMETRISTAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA representado por el Procurador D.CARLOS AZNAR GÓMEZ contra la Resolución de 13 de noviembre de 2013 del Director general de justicia, Consellería de Gobernación y justicia por la que se resuelve inscribir el Reglamento de Régimen interior del Colegio de ópticos optometristas de la comunidad valenciana, estando la Consellería de Gobernación y justicia asistida y representada por el Abogado de la generalidad.
Una vez notificada la sentencia, por el abogado de la Generalidad Valenciana se presentó escrito de preparación de recurso de casación, en los términos previstos en el art. 89 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción , en la redacción dada por la Ley Orgánica 7/1015, invocando como supuestos de interés casacional los previstos en el art. 88.2. c ) y 3.a ), que se tuvo por preparado por auto de 13 de junio de 2017, ordenando el emplazamiento de las partes ante esta Sala de Tribunal Supremo, con remisión de los autos y de expediente administrativo.
Recibidas las actuaciones y personadas las partes, por la Sección Primera de esta Sala, se dictó auto de 30 de noviembre de 2017 admitiendo el recurso de casación preparado y declarando que la cuestión planteada en el recurso, que presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, consiste en: «determinar si, conforme al art. 3.2 de la Ley 2/74, de Colegios Profesionales , cabe proceder a la colegiación de oficio de quienes, sin estar colegiados, ejercen profesiones colegiadas», señalando como preceptos que en principio serán objeto de interpretación, los arts. 3.2 y 5.i) de la citada Ley estatal.
Abierto el trámite de interposición del recurso, se presentó el correspondiente escrito, con exposición razonada de las infracciones que denuncia y precisando el sentido de las pretensiones que deduce y los pronunciamientos que solicita, terminando con el suplico de estimación del recurso en los términos interesados, casando y anulando la sentencia recurrida y declarando ajustada a Derecho la resolución administrativa impugnada, fijando doctrina en el sentido de que la normativa estatal vigente en materia de Colegios Profesionales, contenida en los arts. 3 y 5 de la Ley 2/74, de 13 de febrero , no permite que estas entidades acuerden la colegiación de oficio de quienes, sin estar colegiados, ejercen la profesión.
Dado traslado para oposición a la parte recurrida, se rechazan los argumentos del recurso de casación y se solicita la confirmación de la sentencia de instancia y que se fije la doctrina contraria a la solicitada por la Administración recurrente.
Por providencia de 30 de mayo de 2018, no habiéndose acordado la celebración de vista, se señaló para votación y fallo el día 10 de julio de 2018 fecha en la tuvo lugar.
La sentencia de instancia resuelve el recurso formulado contra la resolución de 13 de noviembre de 2013 del Director General de Justicia de la Consellería de Gobernación y Justicia, por la que se acuerda inscribir el Reglamento de Régimen Interior del Colegio de Ópticos Optometristas de la Comunidad Valenciana, en cuanto suprime el art. 4 de dicho Reglamento, según el cual:
1. Cuando una persona cumpla con los requisitos del artículo 10 de los estatutos y esté ejerciendo la profesión de óptico-optometristas sin estar colegiado se procederá a su colegiación de oficio para que, velando por la garantía y seguridad de los pacientes, lo ejerza legalmente y no incurra en actos ilegales.
3. Se recabará información de resto de las administraciones públicas conforme a lo previsto en el artículo 4.2 de la Ley 30/1992 .
5. Con toda la información la Comisión Permanente resolverá sobre su colegiación, notificándolo al interesado.
1. Mediante Ley Autonómica 2/2007, de 5 de febrero, de la Generalitat, de creación del Colegio de Ópticos-Optometristas de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 5447 de 09 de Febrero de 2007 y BOE núm. 70 de 22 de Marzo de 2007), se crea el Colegio de la parte demandante.
2. Aprobados sus estatutos profesionales en el DOGV nº 5767, de 21 de mayo de 2008, posteriormente modificados y publicados en el diario 6749, de 5 de abril de 2012 y núm. 7217 de 19.2.2014.
Si la solicitud de colegiación no reúne los requisitos exigidos, se requerirá al interesado para que en el plazo de un mes subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con la advertencia de proceder al archivo del expediente de colegiación en caso de no cumplir el requerimiento (...)
En relación con los motivos de impugnación esgrimidos, el art. 3.2 de la Ley 2/2007, de 5 de febrero, de la Generalitat , de creación del Colegio de Ópticos-Optometristas de la Comunitat Valenciana , que reproduce el art. 12.2 de la Ley 6/1997, de 4 de diciembre, de Consejos y Colegios Profesionales de la Comunidad Valenciana (BOE» núm. 6, de 7 de enero de 1998), establece:
(...) Para el ejercicio de la actividad profesional de óptico-optometrista en la Comunitat Valenciana de los titulados descritos en el apartado 1, será necesaria la incorporación al colegio en los términos establecidos en el artículo 3.2 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero , en la redacción dada por el Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio, y en su caso, la comunicación prevista por el citado precepto legal. (...).
"Como se puede ver del propio contenido del artículo 4.5 de la Orden cuestionada, el requisito de que estén debidamente colegiados los protésicos dentales de todo laboratorio, no proviene, ni es desarrollo de lo previsto en el Decreto 250/2004 , sino del artículo 3.1 de la Ley 2/2000, de la Generalitat Valenciana , de creación del Colegio Oficial de Protésicos Dentales de la Comunidad Valenciana (hoy de Castellón y Valencia en virtud del Decreto 271/2004 que cambió la denominación del mismo por la segregación de la provincia de Alicante) y que dice
Y esa Ley 2/2000 de la Generalitat está vigente y es de aplicación en virtud de lo previsto en la disposición transitoria cuarta de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre , de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, que, como dice la sentencia recurrida, dispone claramente que mientras no se publique una ley que determine las profesiones para cuyo ejercicio es obligatoria la colegiación, se mantendrá la vigencia de las obligaciones de colegiación existentes en la actualidad.
En consecuencia -y como decíamos frente al motivo anterior- no hay vulneración alguna del principio de legalidad y jerarquía normativa por parte de los artículos 4.5 y 9, párrafo 5, letra h) de la Orden 8/2010 , pues los mismos se limitan a reflejar una obligación de colegiación y exigencia de requisito que ya viene reflejada en la Ley 2/2000 y en los Estatutos del Colegio "
El art. 3.1 y 2 de la Ley Estatal 2/1974 , en la redacción dada por el número cinco del artículo 5 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre , de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, establece:
Los Colegios Profesionales están obligados a admitir a toda persona que reúna los requisitos para el ejercicio de la profesión.
La colegiación sólo es obligatoria cuando lo establezca una norma estatal con rango de ley si bien, mientras no se publique la Ley Estatal que determine las profesiones para cuyo ejercicio es obligatoria la colegiación se mantendrá la vigencia de las obligaciones de colegiación existentes en la actualidad.
No conforme con ella, la representación procesal de la Generalidad Valenciana prepara recurso de casación, alegando la infracción de los arts. 3.2 y 5.i) de la Ley 2/74 de Colegios Profesionales e invocando la concurrencia de los supuestos de interés casacional previstos en el artículo 88.3.a ) y 2.c) de la LJCA . Por auto de la Sección Primera de esta Sala de 30 de noviembre de 2017 , estimando concurrentes los supuestos invocados por la recurrente, se admitió a trámite el recurso, declarando que la cuestión que precisa ser esclarecida consiste en: «determinar si, conforme al art. 3.2 de la Ley 7/74, de Colegios Profesionales , cabe proceder a la colegiación de oficio de quienes, sin estar colegiados, ejercen profesiones colegiadas», señalando como preceptos que en principio serán objeto de interpretación, los arts. 3.2 y 5.i) de la citada Ley estatal.
En el escrito de interposición del recurso se razona sobre la vulneración de los arts. 3 y 5 de la Ley 2/74, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales , señalando que en ningún precepto se contempla posibilidad de que un colegio profesional colegie de oficio a aquellos profesionales que, incumpliendo lo dispuesto en el art. 3.2, ejerzan sin haberse incorporado al colegio, de la misma manera que el art. 5 atribuye a los colegios profesionales la función de adoptar las medidas conducentes a evitar el intrusismo profesional, pero sin contemplar en ningún caso la colegiación de oficio. Alega que planteado así el debate, la Sala de instancia obviando el mismo lo deriva hacia la obligatoriedad de la colegiación de la que deduce la conformidad a Derecho del controvertido art. 4, infringiendo el ordenamiento jurídico, como resulta del voto particular de la STS de 28 de febrero de 2011 (rec.5539/2009 ), en cuanto viene a afirmar que la colegiación de oficio es conforme a Derecho.
Planteado en estos términos el recurso de casación, procede, de conformidad con lo establecido en el art. 93.1 de la Ley jurisdiccional , iniciar su resolución, atendiendo a la cuestión que, según se recoge en el auto de admisión, precisa ser esclarecida, que no es otra que determinar si, conforme al art. 3.2 de la Ley 2/74, de Colegios Profesionales , cabe proceder a la colegiación de oficio de quienes, sin estar colegiados, ejercen profesiones colegiadas.
Sobre el alcance de la obligación de colegiación para el ejercicio de determinadas profesiones y su relación con los derechos a la libre elección de profesión u oficio y libertad de asociación se ha pronunciado en reiteradas ocasiones el Tribunal Constitucional, sirviendo como referencia lo establecido en sentencia 73/2003, de 23 de abril , en relación con la 194/1998, de 1 de octubre , señalando que:
En cuanto a la compatibilidad entre la colegiación obligatoria y la libertad negativa de asociación, que es la cuestión específicamente suscitada en este recurso de amparo, señaló en la citada Sentencia, reiterando la doctrina de la STC 89/1989 ›, de 11 de mayo, que "la colegiación obligatoria, como requisito exigido por la Ley para el ejercicio de la profesión, no constituye una vulneración del principio y derecho de libertad asociativa, activa o pasiva, ni tampoco un obstáculo para la elección profesional ( art. 35 CE ), dada la habilitación concedida al legislador por el art. 36". En este sentido, precisó que esta afirmación había sido hecha en la mencionada STC 89/1989 , de 11 de mayo, "no sin antes recordar que 'los Colegios Profesionales constituyen una típica especie de corporación, reconocida por el Estado, dirigida no sólo a la consecución de fines estrictamente privados, lo que podría conseguirse con la simple asociación, sino esencialmente a garantizar que el ejercicio de la profesión -que constituye un servicio al común- se ajuste a las normas o reglas que aseguren tanto la eficacia como la eventual responsabilidad en tal ejercicio, que, por otra parte, ya ha garantizado el propio Estado con la expedición de título habilitante'". "No son por tanto -afirmó- los fines relacionados con los intereses corporativos integrantes del Colegio -fines que como acaba de recordarse, podrían alcanzarse mediante una asociación-, los que justifican la legitimación de la opción del legislador por la colegiación obligatoria, sino esos otros 'fines específicos, determinados por la profesión titulada, de indudable interés público (disciplina profesional, normas deontológicas, sanciones penales o administrativas, recursos procesales, etc.)'" (FJ 4, con cita de la doctrina de la STC 89/1989 , de 11 de mayo, FFJJ 5, 7 y 8).
De otra parte, el Tribunal recordó en la ya reiteradamente mencionada Sentencia que "el legislador, al hacer uso de la habilitación que le confiere el art. 36 CE , deberá hacerlo de forma tal que restrinja lo menos posible y de modo justificado, tanto el derecho de asociación (art. 22) como el libre ejercicio profesional y de oficio (art. 35) y que al decidir, en cada caso concreto, la creación de un colegio profesional haya de tener en cuenta que, al afectar la existencia de éste a los derechos fundamentales mencionados, sólo será constitucionalmente lícita cuando esté justificado por la necesidad de un interés público" (FJ 4, con cita de las SSTC 89/1989 , de 11 de mayo, FJ 5; 35/1993 , de 8 de febrero; y 74/1994 , de 14 de marzo).
En todo caso, -concluye el Tribunal- "la calificación de una profesión como colegiada, con la consecuente incorporación obligatoria, requiere, desde el punto de vista constitucional, la existencia de intereses generales que puedan verse afectados o, dicho de otro modo, la necesaria consecución de fines públicos constitucionalmente relevantes. La legitimidad de esa decisión dependerá de que el colegio desempeñe, efectivamente, funciones de tutela del interés de quienes son destinatarios de los servicios prestados por los profesionales que lo integran, así como de la relación que exista entre la concreta actividad profesional con determinados derechos, valores y bienes constitucionalmente garantizados; extremos que podrán ser considerados por este Tribunal" (STC 194/1998 , FJ 4)
Se desprende de ello que el establecimiento por el legislador de la colegiación obligatoria para el ejercicio de una profesión conforme al art. 3.2 de la Ley 2/74 , responde a una valoración y se justifica por un interés público de que su ejercicio se ajuste a las normas o reglas que aseguren tanto la eficacia como la eventual responsabilidad en tal ejercicio, para cuya efectividad se atribuyen al colegio las funciones de tutela del interés de quienes son destinatarios de los servicios prestados por los profesionales que lo integran o, como señala el art. 5 de dicha Ley de Colegios Profesionales : «cuantas funciones redunden en beneficio de la protección de los intereses de los consumidores y usuarios de los servicios de sus colegiados» (5.a) y «ordenar en el ámbito de su competencia, la actividad profesional de los colegiados, velando por la ética y dignidad profesional y por el respeto debido a los derechos de los particulares y ejercer la facultad disciplinaria en el orden profesional y colegial»(5.i) y «adoptar las medidas conducentes a evitar el intrusismo profesional»(5.l).
Todo lo expuesto lleva a rechazar la interpretación que se propone por la parte recurrente de los arts. 3 y 5 de la Ley 2/74, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales , considerando más acertada la aplicación que de los mismos hace la sentencia de instancia, en cuanto ha de entenderse que dichos preceptos permiten que estas entidades dispongan, en este caso en el Reglamento de Régimen Interior, la apertura de un expediente de colegiación de oficio de quienes, sin estar colegiados, ejercen la profesión, garantizando en su tramitación el derecho del interesado a decidir sobre la continuación o cese en el ejercicio de la profesión en las condiciones que se le exigen.
La interpretación de las normas que se acaba de establecer conduce a la desestimación de las pretensiones de revocación de la sentencia impugnada y fijación de la doctrina que se interesa, al no acogerse la interpretación sostenida por la misma y considerarse conforme a derecho la efectuada por la Sala de instancia, por lo que han de confirmarse los pronunciamientos realizados en la sentencia recurrida, que se ajustan y responden a una recta aplicación del ordenamiento jurídico.
Sentencia de TS, Sala 3ª, de lo Contencioso-Administrativo, 17 de Mayo de 2012
Sentencia nº 1529/2016 de TSJ Galicia (A Coruña), Sala de lo Social, 16 de Marzo de 2016