Source: https://www.scribd.com/document/270528486/Notas-sobre-la-Ley-Organica-de-Precios-Justos-pdf
Timestamp: 2018-12-10 08:52:34
Document Index: 271734755

Matched Legal Cases: ['artículo 112', 'artículo 2', 'artículo 203', 'artículo 299', 'artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 49', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 6', 'artículo 115', 'in fine', 'artículo 35', 'artículo 39', 'artículo 112', 'artículo 69', 'in fine', 'artículo 49', 'artículo 69', 'artículo 6']

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Notas sobre la ley orgánica
Abogado Especialista en Derecho Administrativo egresado de la Universidad Católica Andrés Bello de pre y post grado
Resumen: El estudio tiene como propósito analizar y destacar los
aspectos más relevantes del Decreto con Rango, Valor y Fuerza
de Ley Orgánica de Precios Justos, dada su transcendencia e
importancia, en virtud del marcado acento regulador de esa ley.
Palabras clave: Regulación, precios justos, libertad económica.
Abstract: This article intends to analyze and highlight the most
relevant elements of the following law “Decreto con Rango,
Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Precios Justos”, given its significance and general impact, as a result of the heavy regulatory
burden of the foregoing law.
Keywords: Regulation, fair prices, economic freedom.
II.	Cáracter orgánico de la ley
III.	Contenido de La LOPJ
IV.	Recapitulación
1	Vid. La libertad económica se inscribe dentro de la libertad general de los ciudadanos. se trata de una ley que limita la libertad económica de quienes desarrollan actividades comerciales en Venezuela. esa libertad comprende entrar. lo cual incluye el derecho a la explotación de la actividad que se ha emprendido. es la fijación del porcentaje máximo de ganancia y la fiscalización de la actividad económica y comercial de toda persona nacional o extranjera que haga vida en nuestro país. en los márgenes de ganancia que impone la referida normativa y en la posibilidad de que se determine el “precio justo” de un bien o un servicio. ésta no podrá desnaturalizar la libertad económica hasta el punto en que la regulación desconozca el contenido esencial de ese derecho. Introducción En la Gaceta Oficial Nº 40. De allí que la LOPJ. pero desde una óptica meramente económica. se publicó el Decreto con Rango. en el caso concreto de la ley bajo análisis. según el cual toda persona puede dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia. haciéndolo impracticable o dificultándolo más allá de lo razonable 1. Como se observa. si bien es cierto podrá limitar la permanencia y explotación de la actividad económica que se ha escogido desarrollar. Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Precios Justos (en adelante “LOPJ”) cuyo objeto. Ese límite lo encontramos. entre otros. permanecer y salir del mercado de su preferencia. cuestión que es perfectamente posible tal y como ha sido contemplado en el artículo 112 constitucional. por lo que al margen de las limitaciones que puede establecer la ley.Notas sobre la ley orgánica de precios justos Carlos Reverón Boulton I.340 del 23 de enero de 2014. Sentencia de la Sala Constitucional Nº 403 del 24 de febrero de 2006 (caso: Municipio Baruta del Estado Miranda) 157 . encontrando como límite lo que establezcan las leyes.
.) precisó que es posible la regulación de los precios en el marco de una economía social de mercado siempre y cuando se respete la reserva legal. Valor y Fuerza de Ley en las materias que le fueron delegadas (publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 6.Revista Electrónica de Derecho Administrativo Venezolano Nº 3/2014 Sobre la limitación a la libertad económica para la protección del consumidor y el usuario. Las siguientes notas sobre la LOPJ tienen por objeto hacer una introducción que sirva al lector como una guía del contenido real y concreto de la ley. ya la Sala Constitucional en sentencia Nº 2641 del 01 de octubre de 2003 (caso: Inversiones Parkimundo. lo cual es importante en cada caso particular. previo a su promulgación. es inconstitucional ya que es el artículo 2 de la Ley Habilitante2 –con base a la cual se dictó la LOPJ– el que ordena 2	158 Que autorizó al presidente de la República a dictar decretos con Rango. pues fue dictada en el marco de una Ley Habilitante. sean remitidas a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para que ésta declare acerca de la constitucionalidad del carácter orgánico de la ley. cuestión que no sucede en el caso de la LOPJ. También reconoce esa decisión que el derecho se desnaturalizaría si la regulación de precios se efectuara por debajo de los costos de producción. C.A. Cáracter orgánico de la ley La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en el artículo 203 establece que las leyes que han sido calificadas como orgánicas por parte de la Asamblea Nacional.112 del 19 de noviembre de 2013). II. El mecanismo para darle el carácter orgánico a la ley que se analiza. pues como se verá más adelante la ley tiene por objeto establecer el porcentaje máximo de ganancia según la estructura de costos de cada proveedor de bienes y servicios.
se pronuncie sobre la constitucionalidad del carácter orgánico del Decreto–Ley que se trate.Notas sobre la ley orgánica de precios justos Carlos Reverón Boulton que los decretos con Rango. es por cuanto su objeto se corresponde con el precepto constitucional según el cual el Estado debe promover y defender la estabilidad económica. cuestión que escapa de lo verdaderamente establecido en la norma constitucional. para asegurar el bienestar social. En el caso concreto de la LOPJ. Uno de los criterios sostenidos por la Sala Constitucional para declarar la constitucionalidad del carácter orgánico de la LOPJ. pues ello no se encuentra previsto en la referida norma. Recuérdese que según el artículo 299 constitucional el régimen socioeconómico de la República debe seguir los principios de la libre competencia (libre mercado). razón por la cual no se le debió otorgar el carácter orgánico a la LOPJ. la consolidación del orden económico socialista productivo viola el régimen en referencia al tener por objeto estandarizar y limitar los márgenes de ganancia. Valor y Fuerza de Ley a los cuales se les confiera carácter orgánico. cuestión que podría eliminar la economía privada de tratarse de una limitación que desmotive que las personas entren al mercado de su preferencia o que haciéndolo se les impida permanecer en éste. se protege el derecho de las personas a disponer de bienes y servicios de 159 . Así. Continúa la sentencia argumentando sobre el carácter constitucional de la LOPJ por cuanto a su decir. sean remitidos a Sala Constitucional para que previo a su publicación en la Gaceta Oficial. aun cuando la ley coadyuve a la consolidación del orden económico socialista productivo. la Sala Constitucional declaró la constitucionalidad del carácter orgánico de esa ley mediante la decisión Nº 1 del 23 de enero de 2014. evitar la vulnerabilidad de la economía y velar por la estabilidad monetaria y de precios.
a referencias inconstitucionales como es el referido orden económico socialista productivo. son instrumentos para lograr el cabal cumplimiento de los fines y cometidos del Estado.Revista Electrónica de Derecho Administrativo Venezolano Nº 3/2014 calidad. III. sobre la base de conceptos jurídicos indeterminados que poco demuestran el merecimiento de la mención de orgánica y por ende. así como en que las sanciones han sido previstas contra conductas que alteran el normal funcionamiento de la actividad y estabilidad económica del Estado. y por ello tanto la Superintendencia de Protección de los Derechos Socioeconómicos (SUNDDE). Finaliza la Sala justificando el carácter orgánico de la ley bajo análisis afirmando que mediante esta ley se controla el desenvolvimiento de la economía y del sector comercial para mayor beneficio del pueblo venezolano. Estas conductas sancionables como ilícitos en la LOPJ. lo cual debe atender a criterios técnicos3 y no discrecionales sobre la base de razonamientos sin justificación real como sucede en el caso concreto. pueden afectar el derecho de las personas –según la Sala– a obtener una vida digna y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales. sociales e intelectuales. Esa así como la Sala Constitucional otorgó el carácter orgánico a la ley bajo análisis atendiendo en primer lugar. de modo de conocer su real y verdadero contenido. y en segundo lugar. la especial relevancia que obtiene dentro del sistema de jerarquía de las leyes y su posición preeminente frente a otros textos normativos. Al respecto. tenemos lo siguiente: 3	160 Ver sentencia Nº 2573 de fecha 16 de octubre de 2002 (caso: Ley Orgánica Contra la Corrupción) . como la ley. CONTENIDO DE LA LOPJ A continuación se indicará lo que en concreto regula la LOPJ.
161 . y la Ley de Costos y Precios Justos5.	Objeto y fines El artículo 1 define el objeto de la ley. fijando para ello un porcentaje máximo de ganancia para la protección del ingreso de los ciudadanos y el salario de los trabajadores para la consolidación del orden económico socialista productivo. no sucede así pues –por ejemplo– no se regula el resarcimiento de daños sufridos por los ciudadanos por los prestadores de servicio o proveedores de bienes6. Los fines han sido descritos en el artículo 3 de la LOPJ. Téngase en cuenta que la LOPJ deroga la mencionada Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios4. Ley que en el título II de manera concreta regulaba precisamente los derechos a las personas en relación a los bienes y servicios declarados o no de primera necesidad. ésta no contempla un elenco de normas tendentes a describir los derechos de los ciudadanos en lo que se refiere al acceso a los bienes y servicios. como sí lo hacía la derogada Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios.Notas sobre la ley orgánica de precios justos Carlos Reverón Boulton 1. por lo que en principio el objeto de la LOPJ unificaría el objeto de ambas leyes derogadas. Sin embargo. que el numeral 3 del artículo 49 de la LOPJ prevé una sanción de multa por no resarcirse un daño sufrido por parte de un proveedor de bienes o servicios. en los que se vuelve a hacer énfasis a la consolidación del orden económico socialista consagrado en el Plan de la Patria.358 del 01 de febrero de 2010. la ley no establece ningún mecanismo de conciliación u otro procedimiento para el resarcimiento de los daños o la reposición de un bien defectuoso. Aun cuando la LOPJ afirma que tiene por objeto garantizar el acceso de las personas a los bienes y servicios para la satisfacción de sus necesidades. aun 4	Gaceta Oficial Nº 39. el cual es determinar el precio justo de los bienes y servicios a través del análisis de las estructuras de costos. 6	Si bien es cierto. 5	Gaceta Oficial Nº 39.715 del 18 de julio de 2011.
2). que desarrollen actividades económicas en el país. 22). irrenunciables. en consecuencia. Salvo aquellas que sean de interés particular y que no afecten el interés colectivo (art. el Plan de la Patria es un plan de gobierno cuya finalidad es establecer un modelo económico socialista como modelo único y excluyente. La inscripción es un requisito indispensable a los fines de poder realizar actividades económicas y comerciales en el país (art. Es de hacer notar que las disposiciones de la ley son de orden público y. incluidas las que se realizan a través de medios electrónicos (art. diferente a los principios que informan la constitución económica prevista en nuestra Carga Magna. La cláusula del Estado Social de Derecho y Justicia contenida en el artículo 2 constitucional permite –de manera amplia– establecer cualquier sistema económico. 2.	Ámbito subjetivo Los sujetos a los cuales les aplica la LOPJ son las personas naturales y jurídicas de derecho público o privado. nacionales o extranjeras. Además.Revista Electrónica de Derecho Administrativo Venezolano Nº 3/2014 cuando vimos que ese orden económico es contrario a la Constitución. 4) 7. . Los sujetos a los cuales les aplica la LOPJ deberán inscribirse y mantener sus datos actualizados en el Registro Único de Personas que Desarrollan Actividades Económicas (RUPDAE) ante la SUNDDE. 7	162 Ello también lo establecía el artículo 2 de la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios. mientras que el Plan de la Patria y el orden económico socialista al excluir de manera absoluta otro régimen económico contrarían la Constitución.
todos los bienes y servicios requeridos para desarrollar las actividades de producción. 4. Pudiendo adoptar la ocupación temporal e incautación de bienes mientras dure el procedimiento expropiatorio (art. Para informar al consumidor que los bienes han sido adquiridos o producidos con divisas otorgadas por la República se deberá identificar esta circunstancia en las etiquetas (arts.ve/usuarios/login 163 . Desde el 31 de marzo de 2014. 3. 8	http://rupdae. el Ejecutivo Nacional podrá iniciar un procedimiento expropiatorio cuando se hayan cometido ilícitos económicos y administrativos. fabricación. Para gestionar la adquisición de divisas se deberá demostrar ante la SUNDDE el cumplimiento de los precios justos establecidos en la ley a los efectos de que se les otorgue el certificado correspondiente (art. Por tanto. 5 y 6). es posible inscribirse ante el RUPDAE en la página web de la SUNDDE8. 33). tendrán un lapso de 180 días para inscribirse (disposición transitoria octava).superintendenciadepreciosjustos. transporte.Notas sobre la ley orgánica de precios justos Carlos Reverón Boulton Una vez que haya entrado en funcionamiento dicho registro. Declaratoria de utilidad pública e interés social Se declaran y por lo tanto son de utilidad pública e interés social. las personas naturales o jurídicas sujetos de aplicación de la ley. Para tales efectos se deberá suscribir un contrato de fiel cumplimiento. acopio. distribución y comercialización de bienes y prestación de servicios. Asignación de divisas Las divisas que sean asignadas serán estrictamente supervisadas y controladas para garantizar que cumplan el objeto para el que fueron otorgadas.gob. importación. 7).
Adicionalmente.Revista Electrónica de Derecho Administrativo Venezolano Nº 3/2014 Téngase en cuenta. control. También se crea la Intendencia de Protección de los Derechos Socio Económicos. 10). administrativa y financiera. regulación y seguimiento de las estructuras de costos. que al igual que sucedía con el artículo 6 de la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios. Órgano rector Para el cumplimiento de la LOPJ se crea la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socio Económicos (SUNDDE). pues la expropiación se utilizará para sancionar ilícitos económicos y administrativos. 5. y (ii) tramitar los procedimientos administrativos correspondientes e imponer las sanciones contempladas en la ley (art. la ley establece la expropiación como una sanción –al margen de lo establecido en el artículo 115 de la Constitución–. (ii) determinará los precios justos en cualquiera de los eslabones de las cadenas de producción o importación. se hace una declaratoria general sobre los bienes de propiedad privada que sean destinados a una actividad económica. fiscalización e investigación establecidas en la LOPJ. quien se encargará de: (i) las funciones de inspección. adscrita a la Vicepresidencia Económica de Gobierno (art. se crea la Intendencia de Costos. Ganancias y Precios Justos que realizará: (i) el estudio. en el que la apropiación anticipada se realizará sin intervención del juez y las consabidas garantías procesales que ello conlleva. 16). 15). análisis. y (iii) determinará las ganancias máximas de los sujetos objeto de la aplicación de la LOPJ (art. 164 . como un órgano desconcentrado con capacidad de gestión presupuestaria. distribución y consumo desarrolladas y aplicadas en el país. De esa forma.
atendiendo criterios científicos. sectorial. A tales efectos. condiciones. o efectuar su modificación en caso 165 . 25 in fine). deberes o mecanismos de control. por la SUNDDE. en función de las características propias de los bienes o servicios. 26). la SUNDDE podrá: a)	Establecer la categorización de bienes y servicios. Industrias y Finanzas. pudiendo establecer distintos regímenes para bienes y servicios regulados. En ningún caso. d)	Sobre la base de la información aportada por los sujetos de la LOPJ proceder a determinar el precio justo del bien o servicio. requisitos. b)	Disponer de distintos regímenes de regulación. el margen de ganancia de cada actor de la cadena de comercialización excederá de treinta (30) puntos porcentuales de la estructura de costos del bien o servicio. tomando en consideración las recomendaciones emanadas de los Ministerios del Poder Popular con competencia en las materias de Comercio.Notas sobre la ley orgánica de precios justos Carlos Reverón Boulton 6. 25). Dichos lineamientos pueden tener carácter general. del sector que los produce o comercializa. o de sujetos. Margen máximo de ganancia El margen máximo de ganancia será establecido anualmente. particular o ser categorizados según las condiciones vinculantes o similares entre grupos de sujetos. o a los que accedan las personas (art. controlados o no y en beneficio y protección de las personas que acceden a estos (art. c)	Establecer lineamientos para la planificación y determinación de los parámetros de referencia utilizados para fijar precios justos. (art.
. En toda inspección se levantará un acta que será suscrita por el funcionario actuante y las personas presentes en la inspección a cargo de las actividades o bienes objeto de la inspec9	Se debe destacar que en la actualidad la SUNDDE en su página web ya ha procedido a determinar y señalar el “precio justo” de algunos bienes (http://www. actividad económica o cualquier otro concepto que considere (art. canal de comercialización. el cual podrá iniciar de oficio o previa denuncia y se llevará a cabo aún en ausencia del interesado o sus representantes. f)	Determinar márgenes máximos de ganancia por sector. deberá seguir el procedimiento que a tales fines establecerá ésta para la determinación del precio justo del bien o servicio. e)	Cuando alguno de los sujetos regulados por la LOPJ deba incorporar nuevos bienes o servicios. 32). rubro. 27) 9. dejándose constancia por escrito de tal circunstancia y se entregará copia del acta y la notificación al que se encuentre en dicho lugar. no impedirá la ejecución de la inspección ordenada.ve/?q=listas–de–precios).superintendenciadepreciosjustos. previo a su distribución y comercialización en el territorio nacional (art. Incluso se contempla que la imposibilidad de efectuar la notificación.Revista Electrónica de Derecho Administrativo Venezolano Nº 3/2014 de ser necesario. Procedimiento de Inspección y Fiscalización La ley regula un procedimiento de inspección y fiscalización en materia de precios y márgenes de ganancia. 7. de oficio o a solicitud del interesado (art.gob. En efecto. 166 . espacio geográfico. en adición a aquellos que hubiere informado previamente s la SUNDDE. 31). la ley en el artículo 35 contempla que la notificación podrá realizarse aun en ausencia del interesado o sus representantes.
Dentro de las medidas preventivas previstas se encuentran: (i) el comiso. La oposición deberá ser decidida a los 5 días hábiles siguientes a su realización (arts. (iii) el cierre temporal del establecimiento. Si se verificara que no existe violación a la ley se dará por concluido el procedimiento (arts. (ii) la ocupación temporal de los establecimientos o bienes indispensables para el desarrollo de la actividad. S. 39). (v) el ajuste inmediato de los precios. a juicio de la Sala. y (vi) todas aquellas que sean necesarias para impedir la vulneración de los derechos de los ciudadanos (art. (iv) la suspensión temporal de licencias. ahora establecido en el artículo 39 de la LOPJ) no viola las garantías establecidas en los artículos 49 (debido proceso) y 116 (prohibición de ejecutar confiscaciones de bienes) de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El fundamento de la anterior afirmación. estableció que esa medida (prevista en el artículo 112 en la derogada Ley Para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios.A. 167 . Las medidas se sustanciarán en cuaderno separado. Sobre la medida de comiso. es que al tratarse de bienes de primera necesidad. La ejecución de las medidas se harán constar en actas y la oposición se realizará a los 5 días hábiles siguientes a aquél al que ha sido dictada la medida o ha sido notificada. permisos o autorizaciones emitidos por la SUNDDE. 40 al 42). mediante sentencia N° 201 del 13 de febrero de 2014 (caso: Moliendas Papelón. 37 y 38).Notas sobre la ley orgánica de precios justos Carlos Reverón Boulton ción. la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia.). el extinto Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS) tenía la atribución legal para llevar a cabo el comiso.
transporte de bienes. industrias. De conformidad con el artículo 69 de la LOPJ el procedimiento administrativo sancionatorio iniciará cuando el sujeto sancionado manifieste su inconformidad. almacenamiento. (v) confiscación de bienes. (iv) contrabando de extracción. (ix) alteración fraudulenta. y de manera especial. permisos o autorizaciones.	Sanciones y Procedimiento Administrativo Sancionador La ley contempla un elenco de sanciones que van desde las multas hasta penas de prisión. almacenamiento. producción o procesamiento de bienes. depósitos. (ii) acaparamiento. (iii) cierre temporal de almacenes. comercios. y (x) quienes realicen corrupción entre particulares (arts. producción o procesamiento de bienes. se contempla un control posterior a la sanción. 50 in fine). pues el procedimiento 168 . depósitos o establecimientos dedicados al comercio. los relacionados con el acceso a las divisas (art. conservación. se establecieron penas privativas de libertad por los siguientes delitos: (i) especulación. (vi) condicionamiento. 44 al 64). por un lapso de hasta ciento ochenta (180) días. y (vi) revocatoria de licencias. es decir. (vii) importación de bienes nocivos para la salud. 45). depósitos y establecimientos dedicados al comercio. (iii) boicot. Adicionalmente la SUNDDE podrá: (i) imponer la sanción de suspensión del RUPDAE (art. (ii) ocupación temporal con intervención de almacenes. conservación. por un lapso de hasta ciento ochenta (180) días. Dentro de las sanciones que podrán imponerse además de las multas. (iv) clausura de almacenes. (viii) quienes alteren bienes y servicios. (v) usura. Las penas de multa están previstas en los artículos 49 al 51 y se impondrán por infracciones genéricas. expendio de alimentos o bienes vencidos y por la especulación.Revista Electrónica de Derecho Administrativo Venezolano Nº 3/2014 8.
73 y 74). 212). disposición que es violatoria al derecho a la defensa.) según el cual. la LOPJ establece que la aceptación de los hechos se tendrá como un atenuante y puede ser total o parcial.A. 1998. reiteró el criterio establecido en la sentencia Nº 763 del 28 de julio de 2010 (caso: Alimentos Polar Comercial. Sin embargo.A.Notas sobre la ley orgánica de precios justos Carlos Reverón Boulton iniciará luego de impuesta ésta. Caracas. previamente. se trata de un principio autónomo denominado “principio de los cargos previos” (ver: Badell Madrid. En todo caso. Cuadernos Jurídicos Badell&Grau. 169 . sobre el control posterior de sanciones. no se viola el derecho a la defensa y al debido proceso cuando se ejerce un control posterior y no previo a la aplicación de la sanción si se trata de sujetos y acciones susceptibles de atentar contra la seguridad alimentaria y el derecho a la vida de la colectividad (ambos conceptos jurídicos indeterminados). C. p. 71 y 72). mediante sentencia N° 876 del 11 de junio de 2014 (caso: Moliendas Papelón. El procedimiento sancionatorio consta de una audiencia de descargos en la que se levantará un acta mediante la cual se podrá dar por terminado el procedimiento si estimase que los hechos o circunstancia no revisten carácter ilícito o no le fueran imputables al presunto infractor (arts. Ese principio y garantía de los ciudadanos consiste en que tienen derecho. entre otros. a conocer de los cargos que se le imputan previamente a la imposición de una sanción 10. S. En caso que sea total se pondrá fin al procedimiento (arts.). 10	Para el profesor Rafael Badell conocer de los cargos. Rafael y otros: Régimen de Control Fiscal. Recuérdese que las garantías procedimentales a la defensa (derecho a la defensa) se encuentran previstas en el artículo 49 Constitucional. la Sala Político Administrativa. Nº 4.
La Sala Constitucional en la decisión Nº 1 del 23 de enero de 2014. Luego de vencidos los lapsos de evacuación. El objeto de la LOPJ es determinar el precio justo de los bienes y servicios y la determinación de un porcentaje máximo de ganancia. limita de forma inconstitucional la libertad económica de las personas. prorrogable por un lapso igual una vez vencido el lapso probatorio (art. RECAPITULACIÓN El contenido de la LOPJ al limitar el porcentaje máximo de ganancia y permitir que la SUNDDE fije el “precio justo” de bienes y servicios. El lapso para dictar la decisión es de 10 días continuos. IV. la Administración podrá ordenar la preparación o evacuación de cualquier otra prueba (art. para la supuesta pro170 .Revista Electrónica de Derecho Administrativo Venezolano Nº 3/2014 El lapso de evacuación de pruebas será de 5 días hábiles contados a partir del día siguiente de la audiencia de descargos y podrá ser prorrogado por 10 días hábiles más. 78). concepto éste que viola la constitución económica y el régimen socioeconómico de la República que debe seguir los principios de la libre competencia y no la estandarización de precios y márgenes de ganancia. pues desmotiva la entrada al mercado y desnaturaliza el sentido de la permanencia en éste. que no excederá de 30 puntos porcentuales de la estructura de costos del bien o servicio. Limitaciones que desconocen el contenido esencial de ese derecho. declaró la constitucionalidad del carácter orgánico de esa ley atendiendo a que ésta ayuda a consolidar el orden económico socialista productivo. las cuales se realizan sin haberse respetado la reserva legal ya que la LOPJ fue dictada en el marco de una Ley Habilitante. 75).
La ley diseña un procedimiento de inspección y fiscalización en el que podrá realizarse aun en ausencia del interesado y en el que podrán dictarse las siguientes medidas preventivas: (i) el comiso. permisos o autorizaciones emitidos por la SUNDDE. La ley va dirigida a todas las personas naturales y jurídicas. que es el órgano desconcentrado rector para la aplicación de la ley. y (vi) todas aquellas que sean necesarias para impedir la vulneración de los derechos de los ciudadanos. para lo cual se deberá firmar un contrato de fiel cumplimiento y debe advertirse de ésta circunstancia en las etiquetas de los productos. La LOPJ establece que la asignación de divisa será supervisada y controlada. quienes deberán inscribirse en el RUPDAE ante la página web de la SUNDDE dentro de los 180 días siguientes del 31 de marzo de 2014. permisos y autorizaciones e incluso la suspensión del RUPDAE. incluyendo la revocatoria de licencias. (iv) la suspensión temporal de licencias. (v) el ajuste inmediato de los precios. Para ello se creó la SUNDDE. (ii) la ocupación temporal de los establecimientos o bienes indispensables para el desarrollo de la actividad. se contempla la expropiación como una sanción para quien cometa ilícitos económicos y administrativos. De conformidad con el artículo 69 de la LOPJ el procedimiento administrativo sancionatorio iniciará cuando el sujeto 171 . La LOPJ establece sanciones que van desde las multas hasta penas de prisión. Al igual que el artículo 6 de la derogada Ley Para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios. (iii) el cierre temporal del establecimiento. nacionales y extranjeras que desarrollan actividades económicas en el país.Notas sobre la ley orgánica de precios justos Carlos Reverón Boulton tección de los ciudadanos y los trabajadores.
172 .Revista Electrónica de Derecho Administrativo Venezolano Nº 3/2014 sancionado manifieste su inconformidad. se establece un control posterior a la sanción. pues el procedimiento iniciará luego de impuesta ésta. disposición que es violatoria al derecho a la defensa. es decir. entre otros aspectos. pues ese derecho y garantía consiste. en conocer de los cargos que se imputan previamente a la imposición de una sanción.
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