Source: http://www.amnestyusa.org/node/56110?page=43
Timestamp: 2016-10-23 20:23:02
Document Index: 34556918

Matched Legal Cases: ['artículo 52', 'artículo 123', 'Artículo 11', 'Artículo 10', 'Artículo 40', 'Artículo 29', 'Artículo 31', 'artículo 262']

(29) En virtud del artículo 52 bis del Código Penal y del artículo 123 del Código de Justicia Militar, respectivamente (véase la página 17 infra).
(30) En virtud de los artículos 52 bis, 131, 132 y 133 del Código Penal (véase la página 17 infra).
(31) Véase, por ejemplo, Interview with researcher concerning recent trial of trade unionists leaders in Tunis, de Amnistía Internacional (24 de octubre de 1978, Índice AI: AFR 48/005/1979).
(32) Modificado por la Ley 2000-56 del 13 de junio de 2000.
(33) Informe S/2001/1316, 26 de diciembre de 2001.
(34) Modificado por la Ley 93-112 del 22 de noviembre de 1993.
(35) «Todo tunecino que, en época de paz, se ponga al servicio de un ejército extranjero o de una organización terrorista que actúe en el extranjero será penado con diez años de cárcel, con privación de sus derechos civiles y confiscación de todas sus propiedades o parte de ellas […]. [Esto no excluye] las penas [adicionales] impuestas por atentados a la seguridad del Estado cometidos por el acusado a iniciativa propia o en respuesta a instrucciones proporcionadas por esta organización. Toda persona que incite a estos delitos o facilite su comisión por cualquier medio será objeto de la misma pena.»
(36) Informe S/2002/1024, 30 de agosto de 2002.
(37) En 1999, Túnez ratificó la Convención Árabe para la Represión del Terrorismo de 1998. Al no existir una definición legal clara de términos como «terrorismo», «violencia», «fines terroristas» y «atentados», existe el riesgo de que se haga un uso indebido de la Convención para castigar a personas por actos no violentos, como los relacionados con la libertad de expresión y la labor de defensa de los derechos humanos. Para un análisis de la Convención Árabe para la Represión del Terrorismo véase La Convención Árabe para la Represión del Terrorismo, una seria amenaza para los derechos humanos, de Amnistía Internacional (enero de 2002, Índice AI: IOR 51/001/2002/s).
(38) Artículo 11, Código de Justicia Militar.
(39) Artículo 10, Código de Justicia Militar.
(40) Principios Básicos de la ONU relativos a la Independencia de la Judicatura, adoptados por el Séptimo Congreso de la ONU sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Milán entre el 26 de agosto y el 6 de septiembre de 1985, y aprobados por las resoluciones de la Asamblea General 40/32, del 29 de noviembre de 1985, y 40/146, del 13 de diciembre de 1985.
(41) «Las autoridades competentes tienen la obligación de velar por que los abogados tengan acceso a la información, los archivos y documentos pertinentes que estén en su poder o bajo su control con antelación suficiente para que puedan prestar a sus clientes una asistencia jurídica eficaz. Este acceso se facilitará lo antes posible» (principio 21).
(42) Artículo 40, Código de Justicia Militar.
(43) Artículo 29, Código de Justicia Militar.
(44) Artículo 31 del Código de Justicia Militar y artículo 262 del Código de Procedimiento Penal, respectivamente.
(45) Según los informes, el 22 de febrero de 2002, Essid Sami Ben Khemais, Mokhtar Bouchoucha y Tarek Charaabi, tres de los 31 acusados, y Mohamed Ben Belgacem Aouadi, otro ciudadano tunecino, fueron declarados culpables y condenados en Italia a penas de entre cuatro y cinco años de prisión por cargos de asociación criminal destinada fundamentalmente a falsificar documentación de inmigrantes (BBC, Four Tunisians convicted in Italian «terrorism» trial, 22 de febrero de 2002).
(46) Observaciones del Comité de Derechos Humanos, sesión 48, Egipto, párr. 9 (documento de la ONU CCPR/C/79/Add.23).