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Timestamp: 2020-05-26 09:20:57
Document Index: 276819324

Matched Legal Cases: ['artículo 456', 'artículo 11', 'artículo 80', 'artículo 467', 'artículo 31', 'artículo 26', 'artículo 68', 'artículo 38', 'artículo 15', 'artículo 18', 'Artículo 35', 'artículo 27', 'artículo 93', 'artículo 146', 'artículo 29', 'artículo 60', 'artículo 50', 'artículo 78', 'artículo 77', 'artículo 50', 'Artículo 87', 'artículo 82', 'artículo 5']

REAL DECRETO 296/1996, DE 23 DE FEBRERO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO ORGANICO DEL CUERPO DE MEDICOS FORENSES.
Fecha: 23-02-1996
Marginal : 123414
El artículo 456 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, prevé la existencia de Reglamentos Orgánicos para el personal al servicio de la Administración de Justicia, bajo cuya denominación se comprenden, entre otros, los médicos forenses. Con arreglo a las disposiciones adicionales,de la propia Ley, corresponde al Gobierno la aprobación de los Reglamentos que exija el desarrollo de la citada Ley Orgánica.
2. El presente Real Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el ?Boletín Oficial del Estado?.
3. Dicha convocatoria determinará, en todo caso, el sistema de ingreso, el número de plazas convocadas, ejercicios de las pruebas selectivas, así como cualquier otra circunstancia relativa a la convocatoria.
5. La convocatoria se publicará, simultáneamente si fuera posible, en el ?Boletín Oficial del Estado? y en los Boletines Oficiales de las Comunidades Autónomas que hayan recibido los traspasos de medios personales para el funcionamiento de la Administración de Justicia.
En el supuesto de que la publicación no se produzca de forma simultánea, los términos y plazos establecidos en la convocatoria se contarán a partir de la publicación en el ?Boletín Oficial del Estado?.
2. El nombramiento como médico forense se efectuará por el Ministerio de Justicia e Interior mediante resolución que se publicará simultáneamente en el ?Boletín Oficial del Estado? y, en su caso, en los Boletines Oficiales de las Comunidades Autónomas que hayan recibido los traspasos de medios personales para el funcionamiento de la Administración de Justicia.
1. La condición de médico forense se adquiere desde la toma de posesión del primer destino, previo juramento o promesa prestados con la fórmula siguiente: ?Juro (o prometo) guardar y hacer guardar fielmente y en todo tiempo la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, lealtad a la Corona y cumplir los deberes de mi cargo frente a todos?.
2. El juramento o promesa se prestará ante el Director del Instituto donde sea destinado el funcionario. La toma de posesión se efectuará ante la misma autoridad, quien lo pondrá en conocimiento del Ministerio de Justicia e Interior o, en su caso, de la Comunidad Autónoma que haya recibido los traspasos de medios personales para el funcionamiento de la Administración de Justicia, para constancia en el expediente personal del interesado.
3. El que se negare a prestar juramento o promesa o sin justa causa dejare de tomar posesión se entenderá que renuncia al cargo y a formar parte del Cuerpo, debiéndose dar cuenta de ello por el Director del Instituto correspondiente al Ministerio de Justicia e Interior o, en su caso, al órgano competente de la Comunidad Autónoma.
4. El plazo para tomar posesión es el de veinte días naturales contados desde el siguiente al de la fecha de la publicación del respectivo nombramiento en el ?Boletín Oficial del Estado?.
Los nombramientos serán publicados, simultáneamente, además, en los Boletines Oficiales de las Comunidades Autónomas que hayan recibido los traspasos de medios personales para el funcionamiento de la Administración de Justicia. En el supuesto de que la publicación simultánea no fuera posible, el plazo posesorio comenzará a contar a partir del día siguiente al de la publicación en el ?Boletín Oficial del Estado?.
b) Renuncia. Se entenderá incurso en este supuesto el previsto en el artículo 11.3.
d) Condena por delito que lleve aparejada, como pena principal o accesoria, la de inhabilitación absoluta o especial para el desempeño de cargos públicos. Los tribunales que dictaren estas sentencias remitirán testimonio de ellas al Ministerio de Justicia e Interior, una vez que sean firmes.
e) Condena a pena privativa de libertad por razón de delito doloso, relacionado con el servicio o que cause daño a la Administración de Justicia. En los casos en que la pena no fuera superior a seis meses, el Ministerio de Justicia e Interior, previo informe favorable del Consejo General del Poder Judicial, de forma motivada y atendiendo a la entidad del delito cometido, podrá sustituir la pérdida de la condición de médico forense por la sanción prevista en el artículo 80.1.c) de este Reglamento.
f) Sanción disciplinaria de separación del servicio.
g) Falta de petición de reingreso al servicio activo una vez transcurrido el período máximo de duración de la situación de excedencia voluntaria por interés particular.
a) Al cumplir la edad establecida en el artículo 467 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
4. Cuando la jubilación afecte a un médico forense dependiente de una Comunidad Autónoma que haya recibido los traspasos de medios personales para el funcionamiento de la Administración de Justicia, la comunicación se realizará directamente por el Ministerio de Justicia e Interior al órgano competente de la Comunidad Autónoma, quien lo trasladará al interesado y al órgano en el que preste servicios el funcionario.
Registro Central de Personal al Servicio de la Administracion de Justicia, relaciones de puestos de trabajo y escalafón
1. Los puestos de trabajo correspondientes a los funcionarios del Cuerpo de Médicos Forenses figurarán debidamente relacionados en las correspondientes relaciones de puestos de trabajo de los Institutos de Medicina Legal y del Instituto de Toxicología. Las relaciones de puestos de trabajo serán aprobadas por el Ministerio de Justicia e Interior, con informe previo del Consejo General del Poder Judicial, previa negociación con las organizaciones sindicales más representativas y con la conformidad del Ministerio de Economía y Hacienda cuando supongan incremento del gasto.
2. En el ámbito de las Comunidades Autónomas que hayan recibido los traspasos de medios personales para el funcionamiento de la Administración de Justicia, los órganos competentes de las mismas determinarán, de conformidad con el procedimiento previsto en el apartado anterior, las relaciones de puestos de trabajo correspondientes a los órganos radicados en su territorio y las someterán a la aprobación del Ministerio de Justicia e Interior.
a) Deberá mantenerse la homogeneidad de las relaciones de puestos de trabajo aprobadas a nivel estatal con las propuestas en el territorio de la Comunidad Autónoma.
b) En todo caso, las relaciones de puestos de trabajo propuestas deberán adecuarse a las necesidades del servicio y a las funciones establecidas reglamentariamente para el Cuerpo de Médicos Forenses.
c) El porcentaje máximo de desviación por dotaciones totales no podrá superar el 5 por 100 de las proporciones existentes en el momento de realizarse el traspaso de funciones con relación a la plantilla aprobada a nivel nacional.
d) Para determinar dicha desviación no se tendrán en cuenta las modificaciones de relaciones de puestos de trabajo que sean resultado directo de la creación, transformación o supresión de órganos judiciales, cuando como consecuencia de las mismas sea preciso crear plazas de médicos forenses.
4. El Ministerio de Justicia e Interior o, en su caso, las Comunidades Autónomas que hayan recibido los traspasos de medios personales para el funcionamiento de la Administración de Justicia, determinarán en la correspondiente relación de puestos de trabajo los puestos de Director y, en su caso, de Subdirector de los Institutos de Medicina Legal que, por sus características, implicarán para su titular la liberación del trabajo que le correspondería realizar en su condición de médico forense.
1. Por el Ministerio de Justicia e Interior se aprobará y publicará anualmente el escalafón del Cuerpo de Médicos Forenses.
2. Una vez conocido el escalafón por los interesados, mediante su publicación en el tablón de anuncios de las Gerencias Territoriales y órganos de las Comunidades Autónomas, éstos tendrán un plazo de treinta días para instar las rectificaciones que consideren pertinentes, que serán resueltas por el Ministerio de Justicia e Interior.
Posteriormente, se publicará el escalafón en el Boletín de Información del Departamento, adquiriendo el mismo carácter oficial mediante la inserción de la oportuna resolución en el ?Boletín Oficial del Estado?.
a) Se relacionarán por separado los médicos forenses en activo y los que estuvieren en cualquier otra situación administrativa.
b) El puesto escalafonal vendrá determinado por la fecha de nombramiento.
c) En el escalafón deberá figurar necesariamente el tiempo de servicios efectivos en el Cuerpo. Además se anotarán los datos personales y profesionales de cada funcionario.
a) Remoción de un puesto de trabajo obtenido por concurso con arreglo a lo dispuesto en el artículo 31.6 de este Reglamento.
b) Cese en un puesto de trabajo obtenido por libre designación con arreglo a lo dispuesto en el artículo 26, cuando no exista reserva de puesto de trabajo.
c) Reingreso al servicio activo de los médicos forenses sin reserva de puesto de trabajo, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 68.2 de este Reglamento.
1. La provisión de los puestos de trabajo vacantes en el Cuerpo de Médicos Forenses se efectuará mediante concursos de traslado, que serán convocados en sus ámbitos respectivos por el Ministerio de Justicia e Interior y por los órganos correspondientes de las Comunidades Autónomas. Los concursos se publicarán un mínimo de tres veces al año, siempre que existan vacantes, en el ?Boletín Oficial del Estado? y en el ?Boletín Oficial? de las Comunidades Autónomas correspondientes. En las convocatorias se especificará, en su caso, la adscripción a efectos funcionales a órganos jurisdiccionales, fiscales u Oficinas del Registro Civil, así como a un ámbito territorial determinado.
2. La publicación en los ?Boletines Oficiales? de las Comunidades Autónomas se realizará de forma simultánea con la publicación en el ?Boletín Oficial del Estado?. En el supuesto de que dicha simultaneidad no fuera posible, los plazos se computarán a partir del día siguiente al de la publicación en el ?Boletín Oficial del Estado?.
4. Las solicitudes deberán tener entrada en el Registro General del Ministerio de Justicia e Interior, en el de la Comunidad Autónoma correspondiente, o en los órganos que se determinan en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dentro del plazo de diez días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación del concurso en el ?Boletín Oficial del Estado?.
5. La adjudicación de los destinos se realizará coordinadamente por el Ministerio de Justicia e Interior y los órganos competentes de las Comunidades Autónomas, de forma que se garantice un criterio uniforme de valoración así como que no pueda obtenerse más de un único destino. Para ello, el Ministerio de Justicia e Interior, previo informe de las Comunidades Autónomas que hayan recibido los traspasos de medios personales para el funcionamiento de la Administración de Justicia, aprobará el programa informático necesario para su gestión, de forma análoga a lo establecido en el artículo 15 para el Registro Central de Personal.
Las resoluciones de los distintos concursos convocados se publicarán de forma simultánea en el ?Boletín Oficial del Estado? y, en su caso, en el ?Boletín Oficial? de la Comunidad Autónoma. En el supuesto de que dicha simultaneidad no fuera posible, los plazos se computarán a partir del día siguiente al de la publicación en el ?Boletín Oficial del Estado?.
a) Méritos específicos. Sólo podrán valorarse los méritos específicos adecuados a las características de cada puesto que se determinen en cada convocatoria.
b) Valoración del trabajo desarrollado. Deberá cuantificarse según la naturaleza de los puestos convocados conforme se determine en la convocatoria, bien teniendo en cuenta el tiempo de permanencia en puestos de trabajo, o bien en atención a la experiencia en el desempeño de puestos pertenecientes al área a la que corresponde el convocado y la similitud entre el contenido técnico y especialización de los puestos ocupados por los candidatos con los ofrecidos.
c) Cursos de Formación y Perfeccionamiento. Unicamente se valorarán los cursos de formación y perfeccionamiento (incluyendo en este apartado también las actividades docentes, asistencia a congresos y publicaciones y comunicaciones realizadas) expresamente incluidos en las convocatorias, que deberán versar sobre materias directamente relacionadas con las funciones propias y, en su caso, con los requisitos de los puestos de trabajo.
d) La antigüedad. Se valorará por años de servicio, computándose a estos efectos los reconocidos que se hubieren prestado con anterioridad a la adquisición de la condición de funcionario. No se computarán los servicios prestados simultáneamente con otros igualmente alegados.
2. La puntuación de cada uno de los conceptos enunciados en los apartados anteriores no podrá exceder en ningún caso del 40 por 100 de la puntuación máxima total, ni ser inferior al 10 por 100 de la misma.
1. La evaluación de los méritos corresponderá a una Comisión de Valoración que será nombrada por el Ministerio de Justicia e Interior y estará integrada por:
a) Dos funcionarios de la Administración General del Estado destinados en el Ministerio de Justicia e Interior y pertenecientes al grupo A, de los cuales uno ejercerá las funciones de Presidente y otro las de Secretario de la Comisión. Formará asimismo parte de la Comisión un funcionario del grupo A propuesto conjuntamente por las Comunidades Autónomas que hayan recibido los traspasos de medios personales para el funcionamiento de la Administración de Justicia, siempre y cuando la plaza o plazas a cubrir afecten al ámbito de las mismas.
b) Cuatro médicos forenses, o cuatro facultativos del Instituto de Toxicología para puestos de trabajo que figuren en la relación de puestos de trabajo del citado Instituto. De los mismos, dos serán designados por el Ministerio de Justicia e Interior, y dos por las organizaciones sindicales más representativas.
2. La Comisión de Valoración podrá solicitar del Ministerio de Justicia e Interior, o del órgano competente de la Comunidad Autónoma, la designación de expertos que, en calidad de asesores, actuarán con voz pero sin voto.
a) Los médicos forenses de nuevo ingreso y los que no hayan permanecido en su puesto de trabajo obtenido mediante concurso, el tiempo que se determine mediante Orden del Ministerio de Justicia e Interior, teniendo en cuenta las necesidades de los Institutos de Medicina Legal, sin que en ningún caso pueda ser superior a uno o dos años respectivamente. Se exceptúan de lo dispuesto anteriormente los médicos forenses que concursen a plazas dentro del Instituto de Medicina Legal en el que estén destinados.
b) Los sancionados con traslado forzoso, en el plazo de uno a tres años, según se determine en la resolución que ponga fin al procedimiento.
c) Los suspensos en firme mientras dure la suspensión.
1. Se proveerán por el Ministerio de Justicia e Interior, o en su caso, por el órgano competente de la Comunidad Autónoma, mediante convocatoria pública de libre designación, los puestos de Director y Subdirector de Institutos de Medicina Legal. La convocatoria será publicada en el ?Boletín Oficial del Estado? y en el ?Boletín Oficial? de la Comunidad Autónoma. En la misma, además de la descripción del puesto y requisitos para su desempeño contenidos en la relación de puestos de trabajo, podrán recogerse las especificaciones derivadas de la naturaleza de las funciones encomendadas al mismo.
1. Las comisiones de servicio podrán conferirse por el Ministerio de Justicia e Interior o, en su caso, por el órgano competente de la Comunidad Autónoma, para el desempeño de funciones:
a) En Institutos de Medicina Legal y demás órganos previstos en el artículo 18.1 del presente Reglamento.
b) En organismos internacionales, Gobiernos o entidades públicas extranjeras o en programas de cooperación internacional, por tiempo que, salvo casos excepcionales, no tendrá duración superior a seis meses.
2. El plazo de toma de posesión empezará a contarse a partir del día siguiente al del cese, que deberá efectuarse dentro de los tres días hábiles siguientes a la publicación de las resoluciones del concurso o de la convocatoria de libre designación en el ?Boletín Oficial del Estado?, y, en su caso, en los ?Boletines Oficiales? de las Comunidades Autónomas que hayan recibido los traspasos de medios personales para el funcionamiento de la Administración de Justicia. Si la resolución comporta el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesión deberá computarse desde dicha publicación.
3. El Ministerio de Justicia e Interior, de oficio, a propuesta del órgano competente de la Comunidad Autónoma que haya recibido los traspasos de medios personales para el funcionamiento de la Administración de Justicia, o a petición del interesado, podrá excepcionalmente modificar estos plazos cuando las necesidades del servicio así lo aconsejen.
2. Los médicos forenses que desempeñen el puesto de Jefe de Servicio de los Institutos de Medicina Legal podrán
ser removidos por falta de capacidad organizativa que impida realizar con eficacia las funciones atribuidas al puesto.
1. Los médicos forenses tendrán la consideración de autoridad cuando actúen en el ejercicio de su cargo y usarán como distintivo una medalla de plata con sujeción al diseño aprobado por el Ministerio de Justicia e Interior o, en su caso, por el órgano competente de la Comunidad Autónoma que haya recibido los traspasos de medios personales para el funcionamiento de la Administración de Justicia. Asimismo, le será expedido por el Ministerio de Justicia e Interior o, en su caso, por el órgano competente de la Comunidad Autónoma el documento de identificación correspondiente, que será devuelto cuando cese el funcionario.
Artículo 35. Régimen retributivo y Régimen especial de Seguridad Social. 1. El régimen retributivo de los médicos forenses será el establecido en la Ley 17/1980, de 24 de abril, y en las disposiciones que la desarrollan.
3. El disfrute de la vacación anual en los meses de julio, agosto y septiembre podrá denegarse por circunstancias excepcionales, debidamente motivadas en el acuerdo denegatorio, que requerirá expediente administrativo por un procedimiento urgente a propuesta del Director del Instituto de Medicina Legal, previa audiencia del interesado, y resolución del Ministerio de Justicia e Interior o, en su caso, del órgano competente de la Comunidad Autónoma.
1. Los médicos forenses podrán asistir a cursos de formación continuada o directamente relacionados con su puesto de trabajo, organizados por el Ministerio de Justicia e Interior o, en su caso, por el órgano competente de la Comunidad Autónoma que haya recibido los traspasos de medios personales para el funcionamiento de la Administración de Justicia, el Centro de Estudios Jurídicos de la Administración de Justicia, los centros homólogos de las Comunidades Autónomas, las centrales sindicales más representativas u otras entidades públicas o privadas.
2. La asistencia a estos cursos podrá ser solicitada por el interesado, a través del Director del Instituto de Medicina Legal, y en todo caso requerirá la aprobación del Ministerio de Justicia e Interior o, en su caso, del órgano competente de la Comunidad Autónoma. Su duración estará determinada por los estudios a realizar y no supondrá limitación alguna de haberes.
a) Por el nacimiento de un hijo y la muerte o enfermedad grave de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad, afinidad o análoga situación de convivencia, dos días cuando el suceso se produzca en la misma localidad, y cuatro días cuando sea en distinta localidad.
b) Por traslado de domicilio sin cambio de lugar de residencia un día, y si implica cambio de lugar de residencia diez días.
e) El funcionario con un hijo menor de nueve meses tendrá derecho a una hora diaria de ausencia del trabajo, siempre que su cónyuge no disfrute a su vez de este permiso. Este período de tiempo podrá dividirse en dos fracciones o sustituirse por una reducción de jornada en media hora a la entrada o salida.
f) Quien, por razones de guarda legal, tenga a su cuidado directo algún menor de seis años, o a un disminuido psíquico o físico que no desempeñe actividad retribuida, tendrá derecho a una disminución de la jornada de trabajo en un tercio o un medio, con la reducción proporcional de sus retribuciones.
2. Los permisos serán concedidos por los Directores de los Institutos, con excepción de los previstos en los párrafos c) y f) que corresponderán al Ministerio de Justicia e Interior o, en su caso, al órgano competente de las Comunidades Autónomas.
2. La concesión de la licencia corresponderá al Ministerio de Justicia e Interior o, en su caso, al órgano competente de la Comunidad Autónoma, previo informe del Director del Instituto en que estuvieren destinados, que tendrán en cuenta las necesidades del servicio.
3. La solicitud del permiso se dirigirá al Ministerio de Justicia e Interior o, en su caso, al órgano competente de la Comunidad Autónoma, acompañándose de los documentos justificativos que acrediten que se encuentra en el período de diez semanas antes del parto.
1. Las licencias por razón de enfermedad las concederá el Ministerio de Justicia e Interior o, en su caso, el órgano competente de la Comunidad Autónoma, y podrán ser de hasta seis meses por cada año natural, y prorrogables por períodos mensuales. Las solicitudes serán tramitadas por conducto del Director del Instituto de Medicina Legal correspondiente.
2. La concesión de estas licencias corresponde al Ministerio de Justicia e Interior o, en su caso, al órgano competente de la Comunidad Autónoma, previo informe del Director del Instituto en que estén destinados, que habrá de tener en cuenta las necesidades del servicio.
1. El horario de trabajo se determinará mediante Resolución aprobada por el Ministerio de Justicia e Interior, oído el Consejo General del Poder Judicial y las Comunidades Autónomas que hayan recibido los traspasos de medios personales para el funcionamiento de la Administración de Justicia, y previa negociación con las organizaciones sindicales más representativas. El mismo contemplará el establecimiento de una jornada, en parte de obligada presencia, y, en parte, de cumplimiento flexible.
Las Comunidades Autónomas, que hayan recibido los traspasos de medios personales para el funcionamiento de la Administración de Justicia, podrán proponer al Ministerio de Justicia e Interior las modificaciones del horario establecido con carácter general cuando así pueda exigirlo el servicio público.
a) La función de médico de empresa o de entidades aseguradoras.
b) El desempeño de cargos públicos electivos.
c) La realización de actividades privadas relacionadas con las prácticas tanatológicas.
d) La intervención como particulares en los casos que pudieran tener relación con sus funciones.
f) La emisión de certificados médicos de defunción relacionados con la normativa sobre policía sanitaria mortuoria.
2. No se podrá autorizar la compatibilidad para el ejercicio de una actividad privada a los médicos forenses que desempeñen los puestos de Director y Subdirector de los Institutos, a aquellos otros que ocupen puestos con dedicación exclusiva, y a los que en la relación de puestos de trabajo tengan asignado un complemento específico o concepto equiparable, cuya cuantía supere el 30 por 100 de su retribución básica, excluidos los conceptos que tengan su origen en la antigüedad.
e) Excedencia voluntaria por servicios en el sector público.
f) Excedencia voluntaria por interés particular.
g) Excedencia voluntaria por agrupación familiar.
h) Suspensión de funciones.
2. La declaración de las situaciones administrativas comprendidas en los párrafos b) a h) del apartado anterior, se efectuará por el Ministerio de Justicia e Interior o, en su caso, por los órganos competentes de las Comunidades Autónomas que hayan recibido los traspasos de medios personales para el funcionamiento de la Administración de Justicia.
a) Cuando desempeñen un puesto de trabajo correspondiente a la relación de puestos de trabajo del órgano en el que estén destinados.
b) Cuando les haya sido conferida por el Ministerio de Justicia e Interior o, en su caso, por el órgano competente de la Comunidad Autónoma, comisión de servicio de carácter temporal, en los términos establecidos en el artículo 27 de este Reglamento.
a) Cuando sean autorizados para realizar una misión por período determinado, superior a seis meses, en organismos internacionales, Gobiernos o entidades públicas extranjeras o en programas de cooperación internacional.
e) Cuando sean adscritos a los servicios del Tribunal Constitucional, o del Defensor del Pueblo, o destinados al Tribunal de Cuentas en los términos previstos en el artículo 93.3 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, o presten servicios en los órganos técnicos del Consejo General del Poder Judicial, de acuerdo con lo previsto en el artículo 146.3 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, modificada por la Ley Orgánica 16/1994, de 8 de noviembre.
g) Cuando accedan a la condición de miembro de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, si perciben retribuciones periódicas por el desempeño de la función. Cuando no perciban dichas retribuciones podrán optar entre permanecer en la situación de servicio activo o pasar a la de servicios especiales, sin perjuicio de la normativa que dicten las Comunidades Autónomas sobre incompatibilidades de los miembros de las Asambleas Legislativas.
i) Cuando presten servicio en el Gabinete de la Presidencia de Gobierno, de los Ministros y de los Secretarios de Estado, o de los órganos correspondientes de las Comunidades Autónomas, y opten por pasar a esta situación, conforme al artículo 29.2.i) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto.
b) Cuando el médico forense que hubiera sido declarado en situación de suspensión definitiva, una vez finalizado el período de suspensión y solicitado el reingreso, no sea adscrito provisionalmente ni obtenga puesto de trabajo mediante sistema de concurso en el plazo de seis meses contados a partir de la solicitud de reingreso.
1. Los médicos forenses tendrán derecho a un período de excedencia, no superior a tres años, para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando sea por naturaleza como por adopción, a contar desde la fecha de nacimiento de éste. Los sucesivos hijos darán derecho a un nuevo período de excedencia que, en su caso, pondrá fin al que se viniera disfrutando. Cuando el padre o la madre trabajen, sólo uno de ellos podrá ejercitar este derecho. El período de permanencia en dicha situación será computable únicamente a efectos de trienios, derechos pasivos y solicitud de excedencia voluntaria por interés particular. Durante el primer año, a contar desde su concesión, tendrán derecho a la reserva del puesto de trabajo que desempeñaban. Transcurrido este período, dicha reserva lo será a puesto en la misma localidad y de igual retribución.
4. La concesión de la citada excedencia quedará en todo caso subordinada al interés del servicio. No podrá otorgarse al médico forense que no haya cumplido la sanción que con anterioridad le hubiere sido impuesta o que esté sometido a expediente disciplinario por falta muy grave. En el supuesto de falta grave, mediante resolución motivada del Ministerio de Justicia e Interior o, en su caso, de la Comunidad Autónoma que haya recibido los traspasos de medios personales para el funcionamiento de la Administración de Justicia, podrá denegarse la declaración de excedencia voluntaria por interés particular.
b) Cuando por cualquier otro delito doloso se hubiere dictado contra ellos auto de prisión, de libertad bajo fianza, de procesamiento o de apertura de juicio oral. No obstante, mediante resolución motivada del Ministerio de Justicia e Interior o, en su caso, de la Comunidad Autónoma que haya recibido los traspasos de medios personales para el funcionamiento de la Administración de Justicia, y en atención a las circunstancias del caso, podrá excepcionarse la declaración de suspensión provisional.
1. El suspenso provisional tendrá derecho a percibir en esta situación el 75 por 100 de sus retribuciones básicas y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo; no se le acreditará haber alguno en caso de incomparecencia o declaración de rebeldía.
3. Cuando la suspensión provisional no se eleve a definitiva, ni se acuerde la separación del servicio, el tiempo de duración se computará como de servicio activo, debiendo acordarse por el Ministerio de Justicia e Interior o por el órgano competente de la Comunidad Autónoma que haya recibido los traspasos de medios personales para el funcionamiento de la Administración de Justicia, la inmediata reincorporación del suspenso a su cargo, con reconocimiento de todos los derechos económicos y demás que procedan, desde la fecha de la suspensión, a cuyos efectos las autoridades correspondientes remitirán al Ministerio o Departamento correspondiente de la Comunidad Autónoma testimonio de la resolución adoptada.
1. El Ministerio de Justicia e Interior o, en su caso, el órgano competente de las Comunidades Autónomas que hayan recibido los traspasos de medios personales para el funcionamiento de la Administración de Justicia, podrán disponer, cuando las necesidades del servicio lo exijan, el reingreso obligatorio de los excedentes forzosos mediante su adscripción provisional, garantizando que el destino sea dentro del municipio o de la provincia o, en su defecto, de la Comunidad Autónoma de la vecindad del funcionario. En caso de no aceptar la adscripción provisional, serán declarados en situación de excedencia voluntaria por interés particular.
1. Los suspensos definitivos que hubieran perdido su puesto de trabajo, deberán solicitar el reingreso al servicio activo en el plazo de diez días desde la finalización del período de suspensión y, en tal caso, el Ministerio de Justicia e Interior o, en su caso, el órgano competente de la Comunidad Autónoma, podrá incorporarlos al servicio activo adscribiéndoles con carácter provisional a un puesto de trabajo cuando las necesidades del servicio así lo aconsejen.
1. Los excedentes voluntarios a los que hace referencia el artículo 60 de este Reglamento, al cesar en la situación de actividad en el Cuerpo o Escala en que hubieren estado prestando sus servicios, podrán solicitar su reingreso en el Cuerpo de Médicos Forenses en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente a dicho cese, debiendo participar en los concursos que se convoquen. Acompañarán a la instancia certificación de la Jefatura de Personal del Cuerpo de procedencia acreditativa de los servicios prestados.
4. Una vez solicitado el reingreso, los excedentes voluntarios podrán ser adscritos por el Ministerio de Justicia e Interior o, en su caso, por el órgano competente de la Comunidad Autónoma, con carácter provisional cuando las necesidades del servicio así lo aconsejen.
1. El régimen disciplinario a que quedan sujetos los médicos forenses es el que se establece en los artículos 464 y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial y en el presente Reglamento.
a) El incumplimiento consciente del deber de fidelidad a la Constitución en el ejercicio de sus funciones.
b) El ejercicio de cualquiera de las actividades incompatibles con el ejercicio de la profesión de médico forense, establecidas en el artículo 50 de este Reglamento, salvo los que puedan constituir falta grave con arreglo a lo dispuesto en el artículo 78.i).
c) La inobservancia del deber de abstención a sabiendas de que concurre alguna de las causas legalmente previstas.
d) La emisión de informes irregulares que cause perjuicio grave a la Administración de Justicia o a los ciudadanos.
e) La desatención o el retraso injustificado y reiterado en el despacho de los asuntos que les estén confiados.
f) La ausencia injustificada por más de diez días del lugar en que presten sus servicios.
g) La revelación por el médico forense de hechos o datos conocidos en el ejercicio de su función o con ocasión de ésta, cuando se cause algún perjuicio a la tramitación de un proceso o a cualquier persona.
h) Toda actuación que suponga discriminación por razón de sexo, raza, religión, lengua, opinión, lugar de nacimiento o vecindad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
i) El incumplimiento de la obligación de organizar y atender los servicios esenciales en caso de huelga.
j) La violación del secreto profesional.
k) La violación de la neutralidad o independencia política, utilizando las facultades atribuidas para influir en procesos electorales de cualquier naturaleza y ámbito.
n) La realización de actos encaminados a coartar el libre ejercicio del derecho de huelga.
ñ) La comisión de una falta grave cuando hubiere sido anteriormente sancionado por otras dos graves que hayan adquirido firmeza, sin que hubieren sido canceladas o procedido la cancelación de las anotaciones correspondientes.
a) La falta de respeto ostensible a los superiores en su presencia, en escrito que se les dirija o con publicidad.
b) El abuso de autoridad respecto a abogados, procuradores, funcionarios de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia y particulares.
c) Dejar de promover la exigencia de la responsabilidad disciplinaria que proceda respecto del personal subordinado, cuando conocieren o debieren conocer el incumplimiento grave de los deberes que correspondan a dicho personal.
d) Revelar hechos o datos por el médico forense, conocidos en el ejercicio de su función o con ocasión de éste, cuando no constituya falta muy grave prevista en el párrafo g) del artículo 77 de este Reglamento.
e) La ausencia injustificada por más de tres días naturales del lugar en que presten sus servicios, en un mismo mes.
f) La inasistencia injustificada a las diligencias judiciales, cuando no constituya falta muy grave.
g) La negligencia o retraso injustificado en el despacho de los asuntos que les estén confiados, cuando no puedan calificarse como faltas muy graves.
h) La falta de rendimiento que afecte al mal funcionamiento de los servicios y no constituya falta muy grave.
i) El ejercicio de cualquier actividad de las consideradas compatibilizables a que se refiere el artículo 50 del presente Reglamento, sin obtener cuando esté prevista la pertinente autorización o habiéndola obtenido con falta de veracidad en los presupuestos alegados.
j) La grave falta de consideración con los ciudadanos o con los compañeros o subordinados. k) Causar daño grave en los locales, material o documentos de los servicios.
l) La comisión de una falta de carácter leve habiendo sido sancionado anteriormente por resolución firme por otras dos leves, sin que hubieran sido canceladas o procedido la cancelación de las correspondientes anotaciones.
a) La falta de respeto a los superiores que no constituya falta grave.
b) La desconsideración con el personal que preste servicios en el Instituto correspondiente.
c) Las infracciones o negligencias en el cumplimiento de los deberes propios de su cargo establecidas en la Ley y en este Reglamento, cuando no constituyan infracción más grave.
d) El retraso leve o injustificado en el despacho de los asuntos, cuando no constituya falta más grave.
e) La ausencia injustificada por tres días o menos.
f) El incumplimiento del horario de trabajo sin causa justificada.
b) Multa de hasta 300.000 pesetas.
c) Suspensión de hasta tres años.
1. Para la de advertencia, el Juez o Presidente respectivo.
2. Para las de multa y suspensión, la correspondiente Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia.
3. Para las de traslado forzoso, el Ministro de Justicia e Interior. La sanción de traslado forzoso a una Comunidad Autónoma que haya recibido los traspasos de medios personales para el funcionamiento de la Administración de Justicia, requerirá el informe previo de la misma.
4. Para la de separación del servicio, el Consejo de Ministros.
3. Cumplimentadas las precedentes diligencias y, en su caso, practicadas las pruebas propuestas por el expedientado y declaradas pertinentes, el instructor dará vista del expediente al interesado con carácter inmediato, para que en el plazo de diez días alegue lo que estime pertinente a su defensa y aporte cuantos documentos considere de interés. Se facilitará copia completa del expediente al presunto inculpado cuando éste así lo solicite.
Asimismo, la resolución será comunicada, en su caso, al Ministerio de Justicia e Interior o al órgano competente de la Comunidad Autónoma que haya recibido los traspasos de medios personales para el funcionamiento de la Administración de Justicia, para constancia en el expediente personal del funcionario.
1. El instructor podrá proponer al Ministerio de Justicia e Interior la suspensión provisional del funcionario sometido a expediente disciplinario, con audiencia del interesado y del Ministerio Fiscal. La propuesta sólo podrá acordarse cuando aparezcan indicios racionales de la comisión de una falta muy grave.
Artículo 87. Recursos. 1. Las sanciones, con exclusión de la de advertencia, contra la que sólo cabrá súplica ante el propio órgano que la dictó, serán susceptibles de recurso ante el Ministro de Justicia e Interior, cuando hubieran sido impuestas por las Salas de Gobierno previo informe, en su caso, de la Comunidad Autónoma.
2. Las resoluciones del Ministro de Justicia e Interior resolviendo el recurso anterior o, en su caso, imponiendo el traslado forzoso, así como las del Consejo de Ministros, en todo caso, agotarán la vía administrativa.
2. El Ministro de Justicia e Interior, previo informe, en su caso, de la Comunidad Autónoma correspondiente que haya recibido los traspasos de medios personales para el funcionamiento de la Administración de Justicia, cuando se trate de las sanciones enumeradas en el artículo 82.2 de este Reglamento, podrá acordar la inejecución de la sanción y, a propuesta del órgano competente para resolver, podrá acordar la suspensión temporal por tiempo inferior al de su prescripción. Si la sanción fuera de separación del servicio, el acuerdo de su inejecución y suspensión corresponderá al Consejo de Ministros. Ambos acuerdos podrán adoptarse de oficio o a instancia del interesado, siempre que mediara causa fundada para ello.
1. De acuerdo con lo establecido en el Decreto 224/1989, de 17 de octubre, por el que se regula la planificación de la normalización del uso del euskera en las Administraciones públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco (?Boletín Oficial del País Vasco? de 27 de octubre) y demás disposiciones de desarrollo derivadas de los planes de normalización del euskera que puedan dictarse en el ámbito de la citada Comunidad Autónoma, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
a) Perfil lingüístico 2: dos puntos.
b) Perfil lingüístico 3: cuatro puntos.
c) Perfil lingüístico 4: seis puntos.
a) Curso de Iniciación y perfeccionamiento: dos puntos.
b) Curso Medio de lenguaje jurídico gallego: cuatro puntos.
c) Curso Superior de lenguaje jurídico gallego: seis puntos.
5. En la zona vascófona y mixta que determina el artículo 5 de la Ley Foral 18/1986, de 15 de diciembre, de la Comunidad Foral de Navarra, se aplicarán los mismos criterios que los establecidos en el apartado 1.