Source: https://www.scribd.com/doc/164647555/Resumen-DPP-2011
Timestamp: 2019-09-21 12:24:33
Document Index: 325460303

Matched Legal Cases: ['in fine', 'In dubio', 'in dubio', 'in dubio', 'in fine', 'in fine', 'in fine']

Resumen DPP.2011 | Criminal Law | Procedural Law
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POLTICA CRIMINAL Concepto Es el sistema de decisiones estatales que, en procura de ciertos objetivos (que debern ser la proteccin de los derechos reconocidos al individuo por su condicin de tal o como miembro de la sociedad), define los delitos y sus penas (u otras consecuencias) y organiza las respuestas pblicas tanto para evitarlos como para sancionarlos, estableciendo los rganos y los procedimientos a tal fin, y los lmites en que tales decisiones se debern encausar. La decisiones que integran la poltica criminal deberan tomarse dentro del mismo marco ideolgico poltico, ese marco lo proporciona el sistema Constitucional (Constitucin Nacional y tratados internacionales incorporados a su mismo nivel, art. 75 inc. 22 CN), que si bien en tutela de intereses generales o derechos individuales reconoce el poder penal del Estado (prohibir y penar), lo concibe como extrema ratio para la tutela de los bienes que protege, y le impone lmites infranqueables a su ejercicio (que en ciertos casos no toleran y en otros no requieren restricciones reglamentarias), derivados de la dignidad de la persona humana y de los derechos que se le reconocen a sta por su condicin de tal o por la situacin de afectado potencial o real por aquel poder punitivo, que el sistema constitucional subordina a estos valores e intereses. El campo de accin de la poltica criminal: la definicin, prevencin, juzgamiento y castigo del delito - LAS FUNCIONES DE PERSEGUIR, JUZGAR Y PENAR EL DELITO Concepto: sistema de respuestas que se presenta, en general, como de dominio casi exclusivo de funcionarios pblicos, con muy poca cabida para el control o la participacin ciudadana, salvo los limitados casos de ejercicio exclusivo (accin privada) o conjunto (accin pblica) de la
persecucin penal por parte del ofendido o la casi nula hasta ahora intervencin de particulares. Independencia entre la funcin de acusar y las de juzgar y penar. La actividad acusatoria (de persecucin penal) es una funcin estatal a cargo del Ministerio Pblico Fiscal, y la de juzgamiento (y la de penar) es otra funcin estatal independiente, provocada por aqulla, pero de naturaleza diferente, a cargo de tribunales imparciales del Poder Judicial. As surge de las normas del sistema Constitucional que les dan origen. La existencia de la acusacin y su separacin de la actividad de juzgamiento, es exigida por la imparcialidad del juez, que es prenda de la igualdad entre acusador y acusado, y est en la base del derecho de defensa de ste. Puede as decirse que no slo no es posible penar sin juicio previo sino que tampoco es posible penar sin acusacin previa a ese juicio (y tambin, por cierto, sin previa defensa. LA ACTIVIDAD ACUSATORIA OFICIAL. Concepto: consiste en la realizacin de actos materiales y jurdicos tendientes a la preparacin, formulacin, sostenimiento y acreditacin de una acusacin contra una persona determinada, por la comisin de un delito, buscando primero y proporcionando a los tribunales despus, las fuentes del conocimiento (o sea, las pruebas) que stos necesitarn para decidir (art. 116 CN) si corresponde o no acoger a la acusacin, y en caso afirmativo aplicar el derecho penal (art. 67 inc. 12 CN) al caso planteado. Formas y lmites de la intervencin de particulares Luego de la reforma de 1994, la incorporacin del Ministerio Pblico Fiscal (art. 120) consagra para el orden federal un acusador pblico, pero no de modo excluyente de otras formas posibles de acusacin no
oficial. Esto es as, no slo porque no hay ninguna disposicin limitativa expresa, sino porque, como veremos, la incorporacin a la Constitucin y a su mismo nivel (art. 75 inc. 22) de la principal normativa supranacional sobre derechos humanos (v. gr., CADH) y su interpretacin por organismos de aplicacin (v. gr., Corte Interamericana de Derechos Humanos; Comisin Interamericana de Derechos Humanos), hacen extensivo el derecho a la tutela judicial efectiva (v. gr., art. 25, CADH) al logro, por parte de la vctima del delito, del enjuiciamiento y castigo del autor de un ilcito. La Constitucin de Crdoba, por su parte, acepta expresamente la posible participacin de particulares en el ejercicio de la actividad acusatoria (art. 172 inc 3). JURISDICCIN PENAL Concepto: es el poder emanado de la Constitucin y acordado a los tribunales del Poder Judicial para conocer a travs de un proceso y con arreglo a sus normas, sobre la existencia concreta de un hecho delictivo que ha sido motivo de una acusacin, y decidir de modo imparcial e independiente sobre la responsabilidad penal de sus partcipes, actuando la ley penal en el caso concreto, imponindoles una pena (o medida de seguridad), o adoptando a su respecto alguna alternativa no punitiva, o absolvindolos. Caracteres: Soberana. Las decisiones en que la jurisdiccin se expresa, tienen como particularidad (que es a la vez su clave de identificacin) la de no ser susceptibles de revisin ni revocacin por ningn otro poder del Estado, salvo algunas contadas excepciones de raz constitucional (v. gr., amnista, indulto). Provocada: se exige un requerimiento para que los jueces acten, formulado por alguien ajeno a ellos, como prenda de su imparcialidad. Este
es el principio nemo iudex sine actore, reconocido por el sistema constitucional cuando establece la secuencia "acusacin, juicio y castigo" (arts. 60 y 115 CN), tambin denominado "principio acusatorio formal". Poder de coercin preventiva Restricciones excepcionales a derechos patrimoniales o personales, generalmente del imputado, que se imponen durante el proceso para garantizar que los tribunales puedan conocer la verdad sobre la acusacin, aplicar el derecho y hacer cumplir lo que decidan, sin obstculos sobre la prueba de los hechos o sobre el desarrollo del proceso (como ocurrira si el imputado oculta o falsea las pruebas del delito o se fuga, evitando as el juicio o el cumplimiento de la sentencia). JURISDICCIN PENAL FEDERAL Y COMN De acuerdo a nuestro sistema federal de gobierno, los estados provinciales reservan para s el poder de juzgar todos los hechos delictivos cometidos dentro de su territorio (arts. 121 y 122 y 75 inc. 12 CN). Es lo que se conoce como jurisdiccin comn. La llamada jurisdiccin federal: sta se justifica por tres razones principales: lugar, materia y sujeto. Por el lugar (art. 75 inc. 12 y 30 CN) cuando el delito se comete en lugares sometidos a la autoridad absoluta y exclusiva de la Nacin, ya sea fuera de las provincias, o dentro de ellas (v. gr., sede de la Universidad Nacional); por la materia (art. 116 CN y ley 48) cuando el hecho delictivo ofenda la soberana o los intereses generales de la Nacin como, por ejemplo, los atentados contra el sistema representativo, republicano y federal (rebelin, sedicin, traicin), los ataques al trfico interprovincial, o a las rentas de la Nacin, etc.; y por la investidura nacional de los sujetos (art. 116 y 117 CN y ley 48) activo o pasivo del ilcito penal, como son las autoridades de los poderes pblicos
de la Nacin, los funcionarios nacionales, diplomticos y representantes de estados extranjeros. COMPETENCIA PENAL Desde una concepcin subjetiva, la competencia penal ha sido definida como el poder-deber de un juez de ejercer la jurisdiccin que le es propia, con relacin a un determinado asunto penal. Desde un punto de vista objetivo, es el mbito legislativo predeterminado por la ley, dentro del cual el juez puede ejercer la funcin jurisdiccional. Competencia material La competencia material es el poder-deber de un juez de conocer y juzgar un determinado delito en razn de la entidad de ese delito. La entidad del delito se refiere a: la edad del imputado (+ o de 18aos); la naturaleza del delito (dolosos o culposos), la cantidad y calidad de la pena del delito en cuestin (+ de tres aos, - de tres aos); y la naturaleza de la accin penal ejercitada (accin publica o privada). Competencia territorial La competencia territorial es el poder-deber de un juez penal competente en razn de la materia, de conocer y juzgar un determinado delito por la relacin que existe entre el lugar donde se cometi el delito y el lugar sobre el que el juez ejerce su jurisdiccin. Segn lo que establecen los arts. 43 y 44, ser competente para intervenir: El Tribunal del lugar en que el hecho se hubiera cometido. En caso de tentativa, el del lugar donde se cumpli el ltimo acto de ejecucin. En caso de delito continuado o permanente, el de aqul donde comenz a ejecutarse.
Si fuere desconocido o dudoso el lugar donde se cometi el hecho, ser competente el Tribunal del lugar donde se estuviere practicando la investigacin o, en su defecto, el que designare el Tribunal jerrquicamente superior. Competencia por conexin Competencia por conexin es la potestad que tiene un juez para entender en diversos procesos que se encuentran vinculados por razn de la persona o de los delitos, en forma de producir unificacin procesal, y que de acuerdo a los principios generales tomados esos delitos en forma aislada, no le hubiera correspondido entender en todos los casos. El art. 47, establece dos criterios de conexin de causas. Conexin objetiva: Por un lado, si los delitos imputados hubieran sido cometidos simultneamente por varias personas reunidas o, aunque lo fueran en distintos lugares o tiempo, cuando hubiera mediado acuerdo entre ellas. Por el otro, si un delito hubiera sido cometido para perpetrar o facilitar la comisin de otro, o para procurar al culpable o a otros el provecho o la impunidad. Conexin subjetiva: Cuando a una sola persona se le imputaren varios delitos. El efecto de la conexin es la acumulacin de procesos, Cuando se sustancien causas conexas por delitos de accin pblica, los procesos se acumularn y ser competente: El Tribunal competente para juzgar el delito ms grave. Si los delitos estuvieren reprimidos con la misma pena, el Tribunal competente para juzgar el que se cometi primero. Si los hechos fueren simultneos o no constare debidamente cul se cometi primero, el que designare el Tribunal jerrquicamente superior.
Recordar que estas reglas se aplican en el momento de juzgar esos delitos, por eso, a pesar de la acumulacin, las actuaciones sumariales (las de investigacin penal preparatoria) se compilarn por separado, salvo que fuere inconveniente para la investigacin (art. 48 in fine). Competencia funcional Es el poder deber que el cdigo acuerda a diferentes tribunales para intervenir en un proceso, segn sea la fase (v. gr., la investigacin jurisdiccional o el juicio) o el grado (v. gr., recursos) en que el mismo se encuentre. PRINCIPIO DE LEGALIDAD PROCESAL Se ha conceptualizado a la legalidad (procesal) como la automtica e inevitable reaccin del Estado a travs de rganos predispuestos (generalmente el Ministerio Pblico Fiscal, y su subordinada, la polica) que frente a la hiptesis de la comisin de hecho delictivo (de accin pblica) comienzan a investigarlo, o piden a los tribunales que lo hagan, y reclaman luego el juzgamiento, y posteriormente y si corresponde, el castigo del delito que se hubiera logrado comprobar. Manifestaciones de su influencia en la persecucin penal Inevitabilidad: frente a la hiptesis de la comisin de un delito, necesariamente se tiene que poner en marcha el mecanismo estatal enderezado a la investigacin, juzgamiento y castigo (art 5), sin que se pueda evitar de ninguna manera o por ninguna razn que esto as ocurra. Irretractabilidad: una vez puesta en funcionamiento la persecucin penal, no podr interrumpirse, suspenderse, ni hacerse cesar (art. 5), hasta que el juez que corresponda resuelva definitivamente sobre ella (sobreseimiento; sentencia absolutoria o condenatoria). Justificacin y crticas
Se argumenta principalmente que para lograr que el orden jurdico penal vulnerado por el delito sea reintegrado, es necesario que se imponga la sancin amenazada por la ley como consecuencia de su comisin: slo as se afirmar la efectividad del derecho en la realidad. Esta argumentacin se contra argumenta diciendo que es una expresin de autoritarismo del sistema penal, en donde no se repara tanto en la proteccin del bien jurdico concretamente lesionado por el delito, sino que se presta mayor atencin a lo que significa como desobediencia. Un segundo argumento a favor del principio de legalidad es que slo a travs de l se puede lograr (en la realidad) cumplir con los fines de la pena. Se responde a este argumento sealndose que es puramente retribucionista y que en muchos casos se pueden alcanzar los fines de prevencin general y sobre todo de prevencin especial, sin necesidad de imponer una sancin. Otro argumento utilizado a favor del principio de legalidad, es que favorece la independencia entre los poderes del Estado, este argumento tambin es relativizado al afirmarse, por un lado, que precisamente el legislativo es quien fija los criterios de oportunidad y que, entre nosotros, el Ministerio Pblico Fiscal es independiente del ejecutivo; y por otro, que es normal la existencia de controles entre los Poderes para que, adems de su independencia, tiendan a un equilibrio recproco (v. gr., declaracin de inconstitucionalidad de leyes o decretos por parte de los jueces; ley de amnista; decreto de indulto). Se dice asimismo, a favor de la legalidad, que es la forma ms perfecta de garantizar, en los hechos, el principio de igualdad ante la ley penal (alcanzar a todos, sin excepcin). A esto se replica, por un lado que la igualdad es tal, cuando se refiere a quienes estn en iguales circunstancias. Y por otro lado, se expresa, que la aplicacin habitual de la ley penal es desigual, porque segn se puede comprobar empricamente, afecta prioritariamente a los sectores marginados de la sociedad, y en medida
decreciente a quienes ostentan una mejor situacin econmica y social (hay una desigualdad en la prctica). PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD El principio de oportunidad (disponibilidad) puede expresarse como la posibilidad que la ley acuerde a los rganos encargados de la persecucin penal, por razones de poltica criminal o procesal, de no iniciar la persecucin o de suspender provisionalmente la ya iniciada, o de limitarla en su extensin objetiva y subjetiva (slo a algunos delitos o a algunos autores y no a todos), o de hacerla cesar definitivamente antes de la sentencia, aun cuando concurran las condiciones ordinarias para "perseguir y castigar"; o la autorizacin de aplicar penas inferiores a la escala penal fijada para el delito por la ley, o eximirlos de ella a quien lo cometi. Oportunidad reglada: significa que, sobre la base de la vigencia general del principio de legalidad, se admiten excepciones por las razones de oportunidad que se encuentren previstas como tales en la ley penal. EXCEPCIONES Y CONDICIONAMIENTOS AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD Casos vigentes Las constituciones y las leyes penales consagran impedimentos al inicio de la persecucin penal, absolutas (v. gr., inmunidad de opinin del legislador) o relativas (v. gr., instancia privada), o a la prosecucin de la misma (v. gr., cuestiones prejudiciales; privilegios procesales de funcionarios; suspensin del proceso a prueba o para rehabilitacin de adictos), que si bien responden a fines diferentes, en la prctica tienen el mismo efecto. Tambin se establecen lmites temporales a la vigencia del poder de perseguir penalmente (prescripcin de la accin y de la pena). Slo algunas pueden considerarse criterios de oportunidad en el sentidos estricto precedentemente desarrollado (v. gr., suspensin del juicio a
prueba); pero todas, de algn modo, restringen la actuacin prctica del principio de legalidad (procesal). Inmunidad de opinin. Las Constituciones establecen (v. gr., CN, art. 68; Const. Cba., art 89), en general, que los legisladores no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones, discursos o votos que emitan en el desempeo de su mandato, es decir, no pueden ser perseguidos penalmente ni mucho menos sancionados por tales expresiones, aun cuando puedan considerarse delictivas (v. gr., injurias). Instancia privada. En ciertos casos, la ley subordina el ejercicio de la accin (persecucin) penal pblica a una manifestacin de voluntad de la vctima (art. 72 C. Penal): la instancia privada. Se deja as en manos del agraviado la decisin de permitir el inicio de la persecucin penal, instndola, o impedirla mediante su inactividad o silencio: si la instancia se produce (a travs de una denuncia o querella), el particular no tiene luego ninguna posibilidad de revocarla, aspecto que hoy se propone revisar, procurando respetar mejor su inters (lo que se ha logrado, en otros trminos, en los delitos contra la integridad sexual ley 25.087). LA PENA Se ha dicho que la pena "es un mal consistente en la prdida de bienes, como retribucin por haber violado el deber de no cometer un delito". Solo puede ser impuesta por el Estado, a travs de rganos y formas especialmente predispuestas (juez natural, juicio previo, etc.) Se dice que la pena es un castigo (concepto social imperante), y un smbolo de la reprobacin pblica frente al delito. La pena slo podr imponerse cuando un juez natural e imparcial (y por ende, independiente) declare por sentencia (firme) la culpabilidad del acusado por el delito que se le
atribuye, luego de la realizacin de un proceso respetuoso de todos los derechos y garantas acordadas a ste por el orden jurdico, fundndose en legtimas pruebas de cargo aportadas por la acusacin, de las que aqulla (la culpabilidad) pueda inferirse racionalmente y sin duda alguna, recibidas en juicio oral y pblico con vigencia de la inmediacin, el contradictorio y la identidad fsica de los jueces. LA ACCIN RESARCITORIA EN EL PROCESO PENAL Ante la identidad del bien jurdico lesionado, el CPP autoriza que en el proceso penal se ejercite tambin la accin civil tendiente a lograr la restitucin del objeto materia del delito, o la indemnizacin del dao material (dao emergente, lucro cesante) y moral causado por aquel ilcito (art. 24). La accin civil es la que nace de los delitos incriminados en el Cdigo Penal, cuyo fin es la reparacin del dao causado, a travs de la restitucin o de la indemnizacin en dinero (arts. 1077, 1083 y 1109 CC). Esta autorizacin encuentra sustento en el art. 29 del Cdigo Penal, que al disponer que la sentencia condenatoria podr ordenar la indemnizacin del dao material y moral causado y la restitucin de la cosa obtenida por el delito, autoriza al damnificado a reclamar en sede penal, mediante una accin civil "independiente de la accin criminal" (art. 1096 del C. Civil). La accin civil slo podr ser ejercida por la vctima, sus herederos en los lmites de su cuota hereditaria, o por otros damnificados directos, contra los partcipes del delito y, en su caso, contra el civilmente responsable (art. 24). La legitimacin para ejercerla accin civil en el proceso penal corresponde solamente a la vctima o bien a sus herederos y otros damnificados directos. Estas personas tienen entonces derecho a optar entre ejercer la pretensin resarcitoria dentro del proceso penal o bien ante un tribunal civil, mientras que los dems damnificados (los indirectos) carecen de esta opcin de competencia (solo pueden acudir a la sede civil).
GARANTAS EN EL PROCESO PENAL Las garantas procuran asegurar que ninguna persona pueda ser privada de defender su derecho vulnerado (por el delito) y reclamar su reparacin (incluso penal, lo que es incuestionable en casos de accin penal privada, mientras avanza la idea para el caso de la accin pblica) ante los tribunales de justicia (art. 172 inc. 3, Const. Prov., que autoriza a las leyes a acordar derechos a los particulares sobre la promocin y ejercicio de la accin penal pblica) Asimismo, las garantas procuran asegurar que ninguna persona pueda ser sometida por el Estado, y en especial por los tribunales, a un procedimiento ni a una pena arbitraria en lo fctico o en lo jurdico, tanto porque el Estado no prob fehacientemente su participacin en un hecho definido (antes de su acaecimiento) por la ley como delito, como tambin porque no se respetaron los lmites impuestos por el sistema constitucional a la actividad estatal destinada a comprobarla y a aplicar la sancin. Porque "tienen como fundamento los atributos de la persona humana" y emanan de su "dignidad inherente", estos derechos son reconocidos por el sistema constitucional, que establece instituciones polticas y jurdicas que tienen "como fin principal la proteccin de los derechos esenciales del hombre" (Prembulo de la DADDH), y tambin procedimientos y prohibiciones para proteger, asegurar o hacer valer su plena vigencia, para resguardarlos frente a su posible desconocimiento o violacin, y para asegurar su restauracin y reparacin, aun mediante la invalidacin o la sancin de las acciones u omisiones violatorias, provengan o no de la autoridad pblica en el ejercicio de su funcin penal. Estas garantas son de naturaleza jurdico-poltica, pues surgen de las leyes fundamentales, imponen obligaciones a cargo del Estado y establecen lmites a su poder.
Las garantas se proyectan bilateralmente en el rea de la procuracin y administracin de la justicia penal, expresndose en salvaguardas que pueden ser, o comunes para las vctimas del delito que reclaman justicia y para aquellos a quienes se les atribuye la comisin, o especficas para cada uno de ellos. Entre las primeras (las comunes para la vctima y el acusado) encontramos las de igualdad ante los tribunales, acceso a la justicia y defensa en juicio, e imparcialidad (e independencia) de los jueces. Su equivalente proyeccin tutelar para los derechos de ambos justifica su mencin conjunta, sin perjuicio de que luego las analicemos en sus proyecciones particulares en relacin a cada uno. GARANTIAS PENALES: Legalidad: Slo la ley, es decir un acto emanado del Poder Legislativo de alcance general y abstracto, puede definir qu accin u omisin de una persona es punible como delito, estableciendo a la vez la pena que le corresponder al infractor. Reserva: Slo podr aplicarse pena a quien incurra en la conducta descripta por la ley como delito (con sus notas de tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad y punibilidad), lo que no esta prohibido esta permitido. Ley previa: Slo podr reprimirse una conducta humana si se encuentra descripta por la ley como punible, antes de su acaecimiento y slo con la pena prevista en ese momento. Irretroactividad: No podr invocarse para reprimir esa conducta una ley posterior a su ocurrencia. Los principios de reserva y legalidad penal (nullum crimen sine proevia lege) se proyectan sobre la persecucin penal, condicionando su iniciacin y subsistencia a que se plantee la hiptesis de un hecho que, al momento de su presunta comisin, se encuentre caracterizado como delictivo por la ley sustantiva. Las garantas procesales.
IGUALDAD ANTE LOS TRIBUNALES. Ello requiere que se acuerde tanto a la vctima que reclama investigacin y juicio, como al imputado, durante el proceso penal, un trato que ser igual, cualquiera sea su condicin personal: no puede haber ni privilegios ("ley privada") ni discriminacin de ninguna naturaleza, ni por ninguna razn, ni durante el proceso, ni en la decisin final. A la vez, cualquiera que sea el sentido que sta adopte, deber ser equitativa e imparcial y fundarse solamente en la prueba y en la ley. LA RESERVA DE LA INTIMIDAD. Protege todo aspecto de la vida privada de un individuo que ste quiera preservar del conocimiento e intrusin de los dems (art. 11.1, CADH). Si bien puede verse restringido por el desarrollo del proceso penal, ello slo podr ocurrir bajo ciertas condiciones que aquella legislacin superior autoriza. Los datos obtenidos en violacin de esta garanta no podrn ser utilizados como prueba. Pudor Debe asegurarse, en primer lugar, el respeto al pudor del imputado (intimidad corporal) cuando sea objeto de la persecucin penal. Al respecto, es preciso restringir al lmite de la ms estricta necesidad cualquier medida judicial sobre su cuerpo (como sera una inspeccin corporal o una requisa personal). El domicilio. El domicilio es una proyeccin espacial del mbito de intimidad de la persona, lo que ha determinado el reconocimiento general de su inviolabilidad y la exclusin de posibles injerencias arbitrarias en l (art. 18, CN; art. 11.2, CADH). Correspondencia y papeles. La intimidad de la persona tambin es resguardada mediante el establecimiento de la inviolabilidad de su correspondencia y papeles
privados (art. 18, CN; art. 11.2, CADH), lo que debe extenderse a las otras formas de comunicacin interpersonal. Comunicaciones. Respecto de las comunicaciones telefnicas, telegrficas o similares (telefax, correo electrnico, etc.), su intervencin sigilosa debe restringirse a aquellos casos en que sea imprescindible para la investigacin. Slo podr admitirse previa orden judicial y con relacin a las comunicaciones del sospechoso, quedando excluida la posibilidad de interferir las de ste con su defensor (o las que mantenga con cualquiera en el marco del secreto profesional, v. gr., no podr grabarse lo que expresa a un sacerdote en el confesionario). Vida familiar. El reconocimiento del derecho a la intimidad abarca tambin el de evitar injerencias abusivas en la vida familiar, incluso por la actividad del Estado (art. 11.2, CADH), que puedan importar un resquebrajamiento de su cohesin interna. Secreto profesional o de estado. El derecho a la intimidad exige tambin que las confidencias o revelaciones realizadas a otras personas por razones propias de su oficio, profesin o estado, sean mantenidas en la reserva en que se produjeron, incluso en el mbito del proceso penal. EL ESTADO DE INOCENCIA Por respeto a su dignidad personal, al imputado se le reconoce durante la sustanciacin del proceso, un estado jurdico de no culpabilidad respecto del delito que se le atribuye que no tendr que acreditar (aunque tiene derecho a ello), como tampoco tendr que hacerlo con las circunstancias eximentes o atenuantes de su responsabilidad penal que pueda invocar. La prueba de la culpabilidad
Responsabilidad del acusador. La prueba de la culpabilidad del acusado (lo contrario de la inocencia) ser responsabilidad, en caso de delitos de accin pblica, de los rganos estatales encargados de la persecucin penal (polica, Ministerio Pblico Fiscal), no de los jueces. La responsabilidad probatoria conducente a la determinacin de la responsabilidad del inculpado, corresponde al Ministerio Pblico, pues corresponde "a la acusacin la demostracin de la posicin que haga procedente la aplicacin de la sancin punitiva" (Vzquez Rossi). Condiciones y lmites. La prueba que aporten los acusadores, deber versar sobre los hechos de la imputacin, es decir, sobre la conducta atribuida (accin u omisin), el elemento subjetivo (dolo o culpa) desde que no hay responsabilidad penal objetiva, y sobre ciertas condiciones personales del imputado relevantes para la calificacin legal o la individualizacin de la pena. Tambin tendrn que probar la inexistencia de las circunstancias eximentes o atenuantes de la responsabilidad penal, invocadas por ste. DERIVACIONES DEL ESTADO DE INOCENCIA In dubio pro reo. Stricto sensu, habr duda cuando coexistan motivos para afirmar y motivos para negar, pero equilibrados entre s. Si los motivos para afirmar prevalecen, habr probabilidad (positiva), la que si bien se acerca a la certeza positiva, no la alcanza en virtud de la vigencia no superada de los motivos para negar. En cambio, si son stos los que prevalecen, habr improbabilidad, la que se acerca a la certeza negativa, pero no llega a ella en razn de la existencia, insuperable, de algn motivo para afirmar. En estos ltimos dos casos, la imposibilidad de arribar a la certeza permitir incluir la probabilidad y la improbabilidad en el concepto amplio de duda. La mxima eficacia de la duda se mostrar en oportunidad de elaborarse la
sentencia definitiva, posterior al debate oral y pblico, pues slo la certeza positiva de la culpabilidad permitir condenar al imputado. La improbabilidad, la duda stricto sensu y aun la probabilidad (positiva) determinarn su absolucin. Es en este momento donde impera con total amplitud el principio in dubio pro reo, pues atrapa la totalidad de las hiptesis posibles de duda como estados intelectuales excluyentes de la certeza. Medidas de coercin procesal La privacin de libertad durante el proceso slo encontrar excepcional legitimacin en cuanto medida cautelar, cuando existiendo suficientes pruebas de culpabilidad (que muestren como probable la imposicin de una condena cuyo justo dictado se quiere cautelar), ella sea imprescindible (mxima necesidad) -y por tanto no sustituible por ninguna otra de similar eficacia pero menos severa-, para neutralizar el peligro grave de que el imputado abuse de su libertad para intentar obstaculizar la investigacin, impedir con su fuga la sustanciacin completa del proceso o eludir el cumplimiento de la pena que se le pueda imponer. Para mantener su naturaleza puramente cautelar, el encarcelamiento procesal slo puede durar un cierto tiempo: el imprescindible para tramitar y concluir el proceso en el que se le ha dispuesto, bajo el nico argumento y con el nico propsito de proteger sus fines. Interpretacin restrictiva Es la nica aceptable en materia de coercin personal del imputado (art. 3 CPP). La interpretacin restrictiva de una disposicin legal, implica que sta debe ser "entendida apretadamente a su texto, sin extensin analgica o conceptual", aun cuando su literalidad "admita lgicamente su extensin a hechos o relaciones conceptualmente equivalentes o similares a los previstos expresamente por ella".
El carcter excepcional de las restricciones a la libertad frente al principio de inocencia imposibilita interpretar las normas que las autorizan ms all de lo que literalmente expresan, ni atrapar en su contexto otras situaciones de hecho no contempladas expresamente como merecedoras de tales medidas restrictivas. Buen nombre y honor. La experiencia ensea que el derecho de la persona al buen nombre y honor (art. 11.1, CADH) es el que ms irreparablemente resulta afectado por su sometimiento al proceso penal, que sigue (como hace siglos) cumpliendo anticipadamente y en los hechos, con una funcin infamante, que segn el sistema constitucional ni siquiera es admisible respecto de la pena. Tal perjuicio deriva del conocimiento pblico de la imputacin, y se ve sensiblemente agravado con la imposicin de medidas restrictivas a su libertad. Revisin de la sentencia firme. Existe generalizada aceptacin del derecho de quien considere que ha sido injustamente condenado en un proceso penal a intentar que se revise la sentencia en su favor, aun cuando se encuentre firme. Propiedad. El principio de inocencia impide tambin que las limitaciones al derecho de propiedad que se autoricen durante el desarrollo del proceso penal, signifiquen un anticipo de penas pecuniarias principales (multa) o accesorias (decomiso). Trmino mximo de duracin del proceso. La puesta en tela de juicio del estado de inocencia por obra de la persecucin penal, no puede durar ms all de cierto trmino (2 aos), porque la persistencia temporal del proceso, sin una decisin definitiva, implicar un desconocimiento prctico del principio. Indemnizacin del error judicial.
Tambin se relaciona con el principio de inocencia el derecho de quien ha sido condenado en virtud de un error judicial (doloso o culposo), -es decir, equivocadamente declarado culpable- a ser indemnizado por los daos sufridos por la sentencia injustamente dictada. El resarcimiento deber ser afrontado, en principio, por el Estado, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera recaer sobre los funcionarios judiciales actuantes en caso de prevaricato, cohecho, negligencia, etc. JUEZ NATURAL El principio consiste en que nadie ser juzgado (en ninguna instancia) por jueces o tribunales creados o designados para intervenir especialmente en la investigacin o juzgamiento del delito que se le imputa o respecto de su persona en particular, despus de que la presunta infraccin haya sido cometida; prohbe as los tribunales ex post facto, designados especialmente para el caso (ad hoc). Son derivaciones del principio de "juez natural" los siguientes aspectos: que su nombramiento se haya producido respetando las condiciones constitucionales (v. gr., sobre el rgano que la realiza, o los requisitos para el cargo) o legales (v. gr., forma de intervencin del Consejo de la Magistratura); que si se trata de un tribunal colegiado, acte integrado por el nmero (v. gr., los tribunales de juicio oral son regularmente compuestos por tres jueces) y la calidad de jueces que se requieren (v. gr., que se incorporen ciudadanos comunes cuando as se exija); que el juez no se encuentre comprendido por algn motivo que le impida actuar imparcialmente, tanto funcional (v. gr., haber intervenido en el proceso anteriormente como fiscal), como personal (v. gr., enemistad con algn interesado); que no exista delegacin de cualquiera de las atribuciones propias del juez (v. gr., recepcin de pruebas o preparacin de resoluciones por funcionarios judiciales inferiores); y que el juez que intervenga en el
dictado de una sentencia condenatoria sea la misma persona que conoci la acusacin y la posicin del imputado sobre ella, particip en la produccin de prueba y recibi las razones y alegatos del fiscal y la defensa (identidad fsica del juez). LA IMPARCIALIDAD DEL TRIBUNAL La Convencin Americana sobre Derechos Humanos establece con claridad en su art. 8.1 que toda persona, frente a una "acusacin penal formulada contra ella" tiene derecho a un juez o Tribunal "independiente e imparcial"; tiene derecho a que "el examen de cualquier acusacin contra ella en materia penal" sea realizado por "un Tribunal independiente e imparcial", reza por su parte el art. 10 de la Declaracin Universal de los Derechos del Hombre. La independencia est actualmente expresada en el art. 114 inc. 6 de la Constitucin Nacional. La imparcialidad es la condicin de "tercero desinteresado" (independiente; neutral) del juzgador, es decir, la de no ser parte, ni tener prejuicios a favor o en contra, ni estar involucrado con los intereses del acusador ni del acusado, ni comprometido con sus posiciones, ni vinculado personalmente con stos. JUICIO PREVIO El sistema Constitucional no slo establece quin puede aplicar la pena (el juez del Poder Judicial, natural e imparcial), sino que estatuye tambin el cmo: "nadie podr ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso" reza el art. 18 de la Constitucin Nacional, lo que importa la consagracin del proceso como condicin ineludible para la realizacin del derecho penal. NON BIS IN DEM.
Ninguna persona puede ser perseguida penalmente (y por cierto, tampoco juzgada) ms de una vez en forma sucesiva, ni tener contemporneamente pendiente ms de una persecucin penal con relacin al mismo hecho delictivo. El non bis in dem significa que nadie puede ser condenado por el mismo hecho delictivo por el que anteriormente fue sobresedo o absuelto, ni tampoco ver agravada, por una nueva condena, otra anteriormente impuesta por su comisin; y ni siquiera ser expuesto al riesgo de que cualquiera de estas hiptesis ocurra mediante una nueva persecucin penal. Para que el principio non bis in dem sea aplicable, ser necesario que la segunda (o posterior) persecucin penal se refiera al mismo hecho que fue objeto de la primera. El concepto de identidad de hecho implica, a estos efectos, la existencia de una triple identidad: identidad de persona (dem personam), identidad de objeto (dem re), e identidad de causa de persecucin (dem causa petendi) . EL DERECHO DE DEFENSA. Importa, lato sensu, la posibilidad de cualquier persona de acceder a los tribunales de justicia para reclamar el reconocimiento y proteccin, aun penal, de un derecho y demostrar el fundamento del reclamo, as como el de argumentar y demostrar la falta total o parcial de fundamento de lo reclamado en su contra. Dicho ms especficamente, se trata de la posibilidad reconocida a los sujetos privados del proceso, de demostrar el fundamento de la pretensin que ejercitan o la falta total o parcial de fundamento de la ejercitada en su contra (Velez Mariconde). Es una garanta bilateral, comn para la vctima y el acusado, que implica las garantas de igualdad ante los tribunales y acceso a la justicia.
LA DEFENSA DEL IMPUTADO Con relacin al imputado, el derecho de defensa se encuentra expresamente consagrado por el sistema Constitucional (art. 18, CN; art. 11.1, DUDH). En especial la Constitucin Provincial (art. 40) establece: Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos. Todo imputado tiene derecho a la defensa tcnica, an a cargo del Estado, desde el primer momento de la persecucin penal. Nemo iudex sine defensione El derecho de defensa no slo es una emanacin de la dignidad personal del imputado, sino, adems, un requisito indispensable para asegurar (a l y a la sociedad) el desarrollo de un proceso respetuoso de la escala de valores del Estado de Derecho. EL DERECHO PROCESAL PENAL. Es la rama del orden jurdico interno de un Estado, cuyas normas instituyen y organizan los rganos pblicos que cumplen la funcin judicial penal del Estado y disciplinan los actos que integran el procedimiento necesario para imponer y actuar una sancin (o una medida de seguridad penal), regulando as el comportamiento de quienes intervienen en l (Maier). Derecho penal y derecho procesal penal. El derecho procesal penal dentro del marco que le fijan la Constitucin y los tratados incorporados a ella (art. 75 inc. 22, CN), "regular en forma conjunta con el derecho penal, el poder punitivo del Estado" (Binder): el derecho penal definir en abstracto los comportamientos punibles, la pena que merecen, y las causas que pueden excluir o modificar a sta; y el derecho procesal determinar las condiciones que deben observarse para que la sancin se aplique legtimamente, fijando los requisitos de quin y cmo, que debern satisfacerse para intentar acreditar y poder dar por acreditada la existencia concreta de un hecho delictivo y la participacin
culpable del acusado, y, en caso afirmativo, imponerle y hacer cumplir la sancin que corresponda. EL PROCESO PENAL Serie gradual, progresiva y concatenada de actos disciplinados en abstracto por el derecho procesal, y cumplidos por rganos pblicos y por particulares obligados o autorizados a intervenir, mediante el cual se procura investigar la verdad sobre la acusacin de un delito y actuar concretamente la ley penal sustantiva. La Constitucin legitima el poder del Estado de aplicar penas a los ciudadanos al autorizar al Congreso Nacional el dictado del Cdigo Penal (art. 75 inc. 12), el que definir en abstracto las hiptesis en que se podr penar y con qu alcances. Pero el sistema constitucional (art. 18, 75 incs. 12 y 22, CN) tambin establece, como lmites al ejercicio concreto de aquel poder y en garanta de los ciudadanos, quin (poder judicial) lo aplicar y cmo (juicio previo, art. 18 CN) debe hacerse para aplicarlo. El proceso previo exigido por el art. 18 de la CN y los tratados incorporados (art. 75 inc. 22), es decir, ese proceso penal y no otro, es concebido como una garanta del ciudadano, no para no ser penado nunca, sino para no ser penado si no corresponde, es decir, para evitar que la pena le sea impuesta arbitrariamente (slo por la voluntad o el capricho), sin respetar los requisitos fcticos y jurdicos pre-fijados por la Constitucin, la ley penal y la procesal. Instrumentalizad: as como el proceso penal debe ser capaz de evitar que la ley penal se aplique de un modo que no corresponda ni a quien no se lo merece, tambin debe permitir que la acusacin sea eficaz y demuestre, si puede, la existencia del delito, y que la ley penal sea correctamente actuada respecto del culpable. SANCIONES PROCESALES EN LO PENAL
Las sanciones procesales son amenazas que se ciernen sobre los actos cumplidos o a cumplirse en el proceso, para evitar que produzcan los efectos queridos por los rganos pblicos o las partes que los realizaron, ya sean porque carecen de la forma o de otros requisitos exigidos por la ley, porque no se han ejecutado en tiempo oportuno o porque son incompatibles con una conducta anterior del mismo sujeto que pretende cumplir el acto. Clases Estas son la caducidad, definida como la prdida del derecho a cumplir un acto por haberse vencido el trmino acordado para realizarlo; la preclusin, que consiste en la imposibilidad de realizar un acto por ser incompatible con una conducta anterior del mismo sujeto; la inadmisibilidad, cuyo efecto es imposibilitar que un acto ingrese en el proceso por no satisfacer los requisitos formales exigidos por la ley; y la nulidad, que es la ineficacia de un acto procesal por no satisfacer los requisitos formales exigidos por la ley cuando estos respondan a exigencias constitucionales. Caducidad La caducidad se vincula directamente con los plazos que determina la ley procesal; es decir, si el acto no se realiza en el trmino perentorio establecido, el derecho de la parte caduca, y el acto no puede ejecutarse, ni el derecho puede hacerse valer. Preclusin Se considera a la preclusin como la prdida del poder jurdico para cumplir un acto procesal, por ser ste incompatible con una situacin anterior generada por la actividad del sujeto que pretende efectuarlo. Inadmisibilidad Es la sancin procesal consistente en la imposibilidad jurdica de que un acto ingrese al proceso por no haber observado las formas impuestas por la ley. El acto adolece de los requisitos de estructura interna o externa que exige la norma procesal.
Nulidad Es la sancin procesal que determina la falta de eficacia legal de un acto porque el mismo se ha realizado violando las formalidades o exigencias prescriptas por la Constitucin o por la ley procesal. Nulidad absoluta y nulidad relativa. Las nulidades absolutas sancionan la realizacin de actos procesales que, por no cumplir con las formas exigidas por el Cdigo, afectan sustancialmente garantas constitucionales (de origen nacional o provincial) indisponibles (v. gr., juez natural). Pueden ser declaradas en cualquier estado y grado del proceso (incluso en la etapa de los recursos). No estn identificadas como "absolutas" en el CPP, sino nominadas como "declarables de oficio" (art. 186). La nota caracterstica es que no pueden ser convalidadas. Las nulidades relativas, a diferencia de las absolutas, se vinculan con las conminadas genrica o especficamente, que afectan garantas constitucionales disponibles (v. gr., las que conciernen a la intervencin, asistencia y representacin de los sujetos eventuales del proceso: querellante particular y partes civiles, arts. 185, inc. 4 y 5). En general, son todas aquellas que segn las disposiciones del CPP no son consideradas absolutas. Se declaran a peticin del Ministerio Pblico Fiscal y de las partes que tengan inters legtimo y que no hayan concurrido a causarla (art. 187). Las nulidades absolutas pueden declararse en cualquier etapa del proceso. Pero las nulidades relativas, deben ser instadas (bajo pena de caducidad) en las siguientes oportunidades (art. 188 inc. 1 al 4): Las producidas en la investigacin penal preparatoria, durante sta o en el trmino de citacin a juicio. Las acaecidas en los actos preliminares del juicio, inmediatamente despus de la lectura con la cual queda abierto del debate.
Las producidas en el debate, antes o inmediatamente despus de cumplirse el acto. Las acaecidas durante la tramitacin de un recurso ante el Tribunal de Alzada, inmediatamente despus de abierta la audiencia prescripta por los artculos 466 o 477, o en el alegato escrito. La nulidad de un acto, cuando fuere declarada (tanto la absoluta como la relativa), adems de la ineficacia del acto anulado, produce como efectos (art. 190) la nulidad de todos los actos consecutivos que de l dependan (v. gr., si es nula la indagatoria, se anula la acusacin, arts. 354 y 258). Al declararla, el Tribunal interviniente establecer, adems, a qu actos anteriores o contemporneos alcanza la nulidad, por conexin con el acto anulado (v. gr., si se anula la sentencia, podr anularse el debate que la precedi). Subsanacin Las nulidades quedarn (art. 189) subsanadas (se entiende que son las relativas): Cuando el Ministerio Pblico Fiscal o las partes no las opongan oportunamente (art. 188). Cuando los que tengan derecho a oponerlas hayan aceptado, expresa o tcitamente, los efectos del acto. Si no obstante su irregularidad, el acto hubiera conseguido su fin con respecto a todos los interesados. FINES DEL PROCESO. El proceso penal no se lleva a cabo porque se haya cometido un delito, sino para permitir que los rganos de la acusacin demuestren ante los tribunales de justicia, y en las condiciones de garantas constitucionales preestablecidas, que un delito en realidad y probadamente se cometi y, en
caso afirmativo, se disponga (si corresponde) la aplicacin por parte de los tribunales, de la sancin prevista por la ley penal para el responsable. Reconstruccin conceptual. Para conocer lo sucedido (sobre el delito y sus partcipes) habr que buscar en el pasado (consecuencia del derecho penal de acto), procurando la reconstruccin conceptual de ese hecho humano (el delictivo) que se afirma (aun hipotticamente) como ocurrido, tarea que deber ser responsabilidad de los acusadores. Huellas en el pasado Se buscarn las huellas que haya podido dejar en cosas (v. gr., daos) y personas (v. gr., percepciones), huellas que bajo ciertas condiciones (como as tambin el resultado de experimentaciones sobre ellas) se admiten en el proceso como pruebas de su existencia. Hoy no se conoce ni se admite otro mtodo en la tarea de procurar demostrar y dar por demostrado si ocurri el hecho delictivo hipotticamente afirmado y quin lo cometi. La verdad de lo ocurrido Por esto se sostiene que el proceso penal tiene como fin permitir que se establezca la verdad "verdadera", "material", "histrica", o sea, la "verdad real".Pero hay que recalcar que se tratar en todo caso, de la verdad sobre la acusacin, es decir sobre la culpa, pues la inocencia se tiene por verdadera hasta que se pruebe lo contrario. La aplicacin del derecho. El proceso penal es necesario y deber ser til para intentar establecer si corresponde o no corresponde que un tribunal aplique una pena (o una medida de seguridad) frente a una hiptesis delictiva: cualquiera que sea la respuesta, implicar una actuacin del derecho en el caso concreto. Condena
Si el acusado es encontrado responsable, se aplicar a su respecto el derecho penal, lo que no se agota con el acto de imposicin jurisdiccional de la sancin en la sentencia condenatoria, sino que abarca tambin la parte de individualizacin de la pena (sobre todo la privativa de libertad) que debe llevarse a cabo durante la ejecucin. Absolucin La absolucin (o el sobreseimiento) puede fundarse expresamente en el derecho penal cuando obedezca, por ejemplo, a la aplicacin de causales de extincin de la pretensin penal, o de justificacin, inimputabilidad, inculpabilidad, o excusas absolutorias por l contempladas. La tutela de las garantas. El proceso penal debe funcionar como un verdadero escudo protector de la dignidad y derechos inherentes a la condicin humana del imputado. La solucin del conflicto. Cualquiera que sea la decisin final que se adopte en el proceso, condenatoria o sobreseimiento o absolucin, una vez que adquiera firmeza tendr como efecto cerrar el caso, dejando definida la situacin del imputado frente a la ley, a la vctima y a la sociedad, en forma definitiva, no pudiendo volverse a revisar sobre lo decidido, salvo a favor del condenado (revisin): Non bis in dem. PARADIGMAS PROCESALES Sistema inquisitivo En el paradigma inquisitivo (que presupone la culpabilidad del acusado) el proceso es un castigo en s mismo; la prisin preventiva se dispone por regla general y como un gesto punitivo ejemplar e inmediato; la presuposicin de culpabilidad que lo caracteriza es "preservada" de "interferencias" de cualquier posibilidad defensiva; en lo orgnico funcional, concentra en una sola persona (un rgano oficial) las funciones
fundamentales del proceso, que son la de acusar, la de defensa y la de decisin: es el inquisidor, que so pretexto del "triunfo de la verdad" no slo juzga, sino que tambin usurpa los roles del acusador y del defensor. Naturalmente y segn todo lo expuesto, el imputado es considerado como un objeto de persecucin al que se lo desconoce en su dignidad, no se le respeta ningn derecho, y se pone a su cargo la obligacin de colaborar con la investigacin, que se exige aun a la fuerza (v. gr., tortura). Sistema acusatorio En el paradigma acusatorio (que presupone la inocencia del acusado, hasta que se pruebe lo contrario), el proceso es una garanta individual frente al intento estatal de imponer una pena; admite la posibilidad excepcional de privar al imputado de su libertad antes de la condena, pero slo como una medida cautelar de los fines del proceso, y nunca como una sancin anticipada; como parte de presuponer la inocencia, no admite ningn otro medio que no sea la prueba para acreditar la culpabilidad; las funciones de acusar, defender y juzgar se encomiendan a sujetos diferenciados e independientes entre s; el imputado es considerado un sujeto del proceso, a quien se lo respeta en su dignidad y se le garantiza el derecho de defensa, prohibindose obligarlo a colaborar con la investigacin. EL PARADIGMA CONSTITUCIONAL DE PROCESO PENAL
EL MINISTERIO PBLICO FISCAL Concepto
El Ministerio Pblico Fiscal es el rgano estatal encargado de la persecucin penal pblica, es decir, de intentar y lograr, si segn el derecho (constitucional, penal, procesal) corresponde, el reconocimiento, por parte de los tribunales jurisdiccionales competentes, de la existencia del poder penal (la potestad represiva) del Estado en un caso concreto, y la imposicin de la sancin que corresponda al culpable. Regulacin constitucional La Constitucin Nacional ha instituido el Ministerio Pblico Fiscal (art. 120) y las Constituciones Provinciales tambin (v. gr., arts. 171 a 173, Constitucin de Crdoba). Autonoma Respecto a la situacin institucional, en el orden nacional el Ministerio Pblico Fiscal tiene "independencia", autonoma funcional y "autarqua financiera" y sus miembros gozan de inmunidades funcionales, intangibilidad de remuneraciones e inamovilidad. En Crdoba pertenece al Poder Judicial, siendo sus integrantes "designados y removidos de la misma forma" que los jueces, gozando de las inmunidades de stos, incluida la inamovilidad (v. gr., art. 173, Const. Provincial, salvo el Fiscal General, que dura cinco aos). Objetividad: los fiscales tienen que respetar los derechos del ciudadano garantizados por ella y ser objetivos en su actuacin persecutoria, debiendo procurar la verdad sobre la acusacin que preparan o sostienen y ajustarse a las pruebas sobre ella en sus requerimientos o conclusiones (resulten contrarias o favorables al imputado), sin atender a rdenes, sugerencias o presiones de ninguna autoridad o factor de poder, incluyendo a su propia estructura orgnica.
Criterios de actuacin: unidad de actuacin (el Ministerio Pblico Fiscal es nico y est representado por cada uno de sus integrantes en cada acto que realizan) y dependencia jerrquica, debindose acordar a su mxima autoridad la atribucin de fijar, en el marco de la ley, criterios generales de persecucin penal, y de instruir de ellos a sus inferiores, para que los observen en el cumplimiento de sus funciones (art.171, Const. Provincial). Funciones y responsabilidades: la atribucin de conducir a todo el cuerpo fiscal y de fijar criterios de persecucin penal es de naturaleza poltica. Atribuciones y lmites Las principales atribuciones del Ministerio Pblico Fiscal son las de practicar la investigacin preparatoria para fundar la acusacin, sostenerla en el juicio e interponer e intervenir en los recursos. En la provincia de Crdoba, la investigacin penal preparatoria la lleva a cabo un fiscal (Fiscal de Instruccin) por regla, y slo en casos de un imputado con privilegios constitucionales la realiza un Juez (Juez de Instruccin). La primera se llama Investigacin Fiscal y la otra Investigacin Jurisdiccional. LA VCTIMA Vctima del delito es la persona que ha sido perjudicada directamente por su comisin (o sus herederos en caso de muerte), al cual el primer derecho que se le reconoce es la tutela efectiva de su derecho. La tutela judicial efectiva comprende el derecho de acceder a los tribunales sin discriminacin alguna, el derecho de iniciar un proceso y de seguirlo, el de obtener una sentencia o resolucin motivada sobre la cuestin planteada, el derecho a obtener una sentencia de fondo sobre esa cuestin, el derecho a la utilizacin de los recursos, el derecho a que la sentencia se ejecute". Aspectos procesales (CPP)
El Cdigo expresa (art. 96) que la vctima del delito o sus herederos forzosos, tendrn derecho a ser informados acerca de las facultades que puedan ejercer en el proceso (artculos 7 y 24), de las resoluciones que se dicten sobre la situacin del imputado y, cuando la vctima fuere menor o incapaz, se la autorizar a que durante los actos procesales sea acompaada por personas de su confianza, siempre que ello no perjudique la defensa del imputado o los resultados de la investigacin. Tambin le permite actuar en el proceso como actora civil y como querellante. Derechos ATENCIN INFORMACIN RESPUESTA ASEGURAR su integridad y tranquilidad NO SER REVICTIMIZADO EL QUERELLANTE PARTICULAR: El querellante particular es la vctima de un delito de accin pblica que interviene facultativamente en el proceso penal, para acreditar la existencia de ese hecho delictuoso y la responsabilidad penal del imputado, y lograr la condena penal de los partcipes. Puede constituirse en querellante particular el ofendido penalmente por un delito de accin pblica, sus herederos forzosos, representantes legales o mandatarios (art. 7 CPP). Facultades Se debe permitir al querellante como mnimo intervenir en el proceso, con facultades para acreditar la existencia del delito y la participacin punible del imputado, y recurrir contra las resoluciones jurisdiccionales
adversas a su inters, o favorables al imputado (v. gr., sobreseimiento, absolucin), incluso si el Ministerio Pblico Fiscal no las impugna, cuando al ofendido se le acuerda expresamente tal derecho (arts. 94 y 446). Intervencin La instancia deber formularse personalmente o por representante con poder general o especial, que podr ser otorgado "apud acta", en un escrito que contenga, bajo pena de inadmisibilidad: 1) Nombre, apellido y domicilio del querellante particular. 2) Una relacin sucinta del hecho en que se funda. 3) Nombre y apellido del o de los imputados, si los supiere. 4) La peticin de ser tenido como parte y la firma. La instancia podr formularse a partir de iniciada la investigacin y hasta su clausura (art. 92). El pedido ser resuelto por decreto fundado o auto, segn corresponda, por el Fiscal o el Juez de Instruccin (investigacin jurisdiccional), en el trmino de tres das (art.91). Si el Fiscal rechazara el pedido de participacin, el querellante particular podr ocurrir ante el Juez de Instruccin, quien resolver en igual trmino. Prueba. El querellante particular podr actuar en el proceso para acreditar el hecho delictuoso y la responsabilidad penal del imputado en la forma que dispone este Cdigo. La intervencin de una persona como querellante particular no la exime del deber de declarar como testigo Recursos El querellante particular slo podr recurrir de las resoluciones jurisdiccionales cuando lo hiciera el Ministerio Pblico, salvo que se le acuerde expresamente tal derecho (art. 446). Renuncia
El querellante particular podr renunciar a su intervencin en cualquier estado del proceso, quedando obligado por las costas que su intervencin hubiera causado. EL IMPUTADO Imputado es la persona indicada como partcipe de un hecho delictuoso en cualquier acto de la persecucin penal dirigido en su contra y desde el primer momento de ella (art. 80). La imputacin puede provenir: de actos oficiales la regla (medidas de coercin; sealamiento expreso; actos objetivos); de actos particulares la excepcin (denuncia, querella de la victima, aprehensin privada). El CPP no admite la posibilidad de imputar sin pruebas, esto es as a los fines de evitar la estigmatizacin. Cesacin de la condicin. La calidad del imputado cesa por sentencia condenatoria (art. 412), o absolutoria (art. 411), o sobreseimiento (art. 348) firmes; tambin por el archivo de las actuaciones en la investigacin fiscal (art. 334). Incoercibilidad moral Por imperio de normas constitucionales y procesales, el imputado no puede ser inducido, engaado, constreido o violentado a declarar ni a producir pruebas en contra de su voluntad, pues aqullas le reconocen la condicin de sujeto moralmente incoercible del proceso penal. LA DECLARACIN DEL IMPUTADO La declaracin del imputado (tambin llamada indagatoria) es el acto predispuesto por la ley procesal penal para darle a aqul la oportunidad de que ejercite su defensa material, a travs de su silencio o de manifestaciones verbales, referidas al hecho que se le atribuye y que se le
ha hecho conocer, junto con las pruebas existentes, en forma previa y detallada. Naturaleza La declaracin del imputado es un medio de defensa y no un medio de prueba. Presupuesto probatorio El Cdigo no autoriza a recibir la declaracin (indagatoria) slo ante la existencia de una simple afirmacin de la comisin por parte de una persona de un hecho penalmente tpico (afirmacin que sera suficiente para atribuirle la calidad de imputado). Requiere, adems, que se sospeche fundadamente su participacin en el delito, por existir motivos bastantes para hacerlo; es decir exige cierto caudal de prueba que proporcione una causa para desconfiar seriamente de aqulla en relacin a la existencia material del hecho, y su participacin punible en el mismo. EL DEFENSOR. El imputado goza del derecho irrenunciable (art. 8.2.d.e, CADH) de contar con un defensor, o sea un abogado de su confianza y eleccin, que a modo de "guardin parcial del Estado de Derecho" (es decir, del Estado no arbitrario), acte como un protector de sus intereses, integrando su personalidad jurdica. Funcin La defensa del imputado (por la exigencia de igualdad) implica tambin la equivalencia de conocimientos jurdicos entre acusador y acusado, lo que requiere que ste cuente con un abogado que lo asista y represente desde el punto de vista legal, para no encontrarse en el proceso penal en la situacin de quien no sabe hablar la lengua que necesita para hacerse entender. El imputado no podr ser defendido simultneamente por ms de dos abogados.
La defensa de varios imputados podr ser confiada a un defensor comn siempre que no exista entre aquellos intereses contrapuestos, si esto fuera advertido, se proveer aun de oficio a las sustituciones necesarias (art. 123). PARTES CIVILES. Actor civil: Este concepto, abarca tanto a la persona fsica o jurdica que a causa del ilcito ha sufrido la privacin, detrimento o menoscabo cierto en el mismo bien jurdicamente tutelado por la norma penal que se estima violada (la vctima), como a quien sufre un dao resultando directamente damnificado, aun sin ser sujeto pasivo del delito. Al actor civil se le reconoce el derecho a intervenir en el proceso penal para acreditar la existencia del hecho delictivo, la participacin del imputado y la existencia y extensin del dao cuya reparacin pretende, y la responsabilidad civil del tercero civilmente demandado (si se acciona tambin contra ste). Puede interponer recursos en lo concerniente a la accin civil. La constitucin en actor civil proceder aun cuando no estuviere individualizado el imputado. Si en el proceso hubiere varios imputados y civilmente demandados, la pretensin resarcitoria podr dirigirse contra uno o ms de ellos. Y si el actor no menciona a ningn imputado se entender que se dirige contra todos (art. 99). En qu clase de proceso. Slo podr ejercerse la accin civil en el proceso penal si se tratare de un delito doloso; y en el supuesto de delitos culposos, nicamente si se tratare de un homicidio o lesiones gravsimas. Tambin podr ejercerse en los delitos de accin privada (art.424), pero no se puede ejercer en los procesos de menores (art. 26 a contrario sensu).
Atribuciones El actor civil podr actuar en el proceso penal para acreditar el hecho delictuoso, la existencia y extensin del dao pretendido, y la responsabilidad civil del demandado (art.107). Desistimiento El actor civil podr desistir de su demanda en cualquier estado del proceso, quedando obligado por las costas que su intervencin hubiera ocasionado (desistimiento expreso). Oportunidad El pedido de constitucin deber presentarse, bajo pena de caducidad, antes de la clausura de la investigacin penal preparatoria. Estados intelectuales: certeza (positiva / negativa), duda (positiva / negativa), probabilidad (mayor cantidad de elementos positivos), improbabilidad (mayor cantidad de elementos negativos). El sistema de las resoluciones funciona en base a estos estados: certeza (positiva: sentencia / negativa: sobreseimiento, absolucin); duda (in dubio pro reo); improbabilidad (archivo); probabilidad. LA PRUEBA EN LO PENAL Prueba es lo que confirma o desvirta una hiptesis, nos va a permitir la reconstruccin de un hecho de manera de hacerlo comprobable y demostrable. Comprobable: se comprueba al fiscal de instruccin y este lo debe comprobar al juez, a travs de la demostracin. La prueba es acusatoria, es la nica forma de demostrar la culpabilidad en razon del principio de inocencia.
Elemento de prueba: es todo dato objetivo que se incorpora legalmente al proceso, capaz de producir un conocimiento cierto o probable acerca de los extremos de la imputacin delictiva (existencia del hecho; participacin del imputado) y de las circunstancias para la individualizacin de la pena. Son rastros o huellas que provienen del mundo exterior, deben ser relevantes, idneos, con aptitud conviccional y legitimos. Objetividad El dato debe provenir del mundo externo al proceso y no ser un mero fruto del conocimiento privado del juez, carente de acreditacin objetiva. Prueba ilcita En ese sentido se ha resuelto, por ejemplo, que la prueba recogida violando la garanta de la inviolabilidad del domicilio carece de aptitud probatoria, correspondiendo dejar sin efecto la resolucin dictada en contra del imputado, si en ella se merituan pruebas recogidas de un allanamiento y secuestro insalvablemente nulo. Mtodos prohibidos Cabe considerar proscriptas todas aquellas formas de coaccin directa, fsica o psquica sobre las personas, que puedan ser utilizadas para forzarlas a proporcionar datos probatorios. Por imperio de normas constitucionales y procesales, el imputado no puede ser constreido a producir prueba en contra de su voluntad, pues aqullas le reconocen la condicin de sujeto moralmente incoercible del proceso penal. En virtud de esto, se prohbe no slo obligarlo a declarar (art. 18, CN), sino que se proscribe igualmente imponerle su intervencin en un careo o en una reconstruccin del hecho, u obligarlo a grabar su voz o a realizar un cuerpo de escritura, o a intervenir como sujeto activo (reconociente) en una rueda de presos, etc. La garanta alcanza, en suma, a su posible intervencin como rgano de prueba. Formalidades
El ingreso del dato probatorio en el proceso deber realizarse respetando el modo (no hay libertad en este aspecto) para hacerlo, previsto en la ley. OBJETO DE PRUEBA. Objeto de prueba es aquello susceptible de ser probado; aquello sobre lo que puede o debe recaer la prueba. El tema admite ser considerado en abstracto o en concreto. En abstracto Qu se puede probar? En cualquier proceso, la prueba podr recaer sobre hechos naturales (v. gr., cada de un rayo) o humanos, fsicos (v. gr., una lesin) o psquicos (v. gr., la intencin homicida). Tambin sobre la existencia y cualidades de personas (v. gr., nacimiento, edad, etc.); cosas y lugares. En concreto Qu se debe probar? en un proceso penal determinado, la prueba deber (y slo podr) versar sobre la existencia del hecho delictuoso imputado (acusacin) y las circunstancias que lo califiquen, agraven, atenen, justifiquen o influyan en la punibilidad y la extensin del dao causado. Medio de prueba Medio de prueba es el procedimiento establecido por la ley tendiente a lograr el ingreso del elemento de prueba en el proceso. Medios: pericias, testimonio, reconocimiento, careo, inspeccin judicial, inspeccin ocular, allanamiento, secuestro, etc. rgano de prueba rgano de prueba es el sujeto que aporta un elemento de prueba y lo transmite al proceso. Su funcin es la de intermediario entre la prueba y el juez. Sntesis
Tomando como ejemplo la prueba testimonial, es posible apreciar por separado los aspectos que hemos desarrollado precedentemente: medio de prueba: la regulacin legal acerca del testimonio (obligacin de atestiguar, citacin y compulsin del testigo, forma de la declaracin, etc.); elemento de prueba: el dicho del testigo, sus manifestaciones y respuestas sobre lo que se le interroga, en los cuales trasmite el conocimiento que tiene al respecto; rgano de prueba: la persona del testigo que aporta el elemento de prueba y lo trasmite al proceso mediante sus dichos; objeto de la prueba: aquello que se investiga y sobre lo cual se interroga al testigo para que diga lo que sepa al respecto. LIBERTAD PROBATORIA EN LO PENAL. El principio de la libertad probatoria se ha caracterizado diciendo que en el proceso penal todo se puede probar y por cualquier medio de prueba (art. 192). Alcances Es posible hacer prueba no slo con los medios expresamente regulados por la ley, sino con cualquier otro no reglamentado, siempre que sea cientficamente adecuado para descubrir la verdad. Cada prueba se ajustar al trmite asignado, y cuando se quiera optar por un medio probatorio no previsto, se deber utilizar el procedimiento regulado que le sea analgicamente ms aplicable, segn la naturaleza y modalidades de aqul. Excepciones: no corresponde admitir medios de prueba que afecten la moral, o expresamente prohibidos, o incompatibles con nuestro sistema procesal o con el ordenamiento jurdico argentino.
Tampoco sern admisibles aquellos no reconocidos por la ciencia como idneos para generar conocimientos (v. gr., adivinacin) o los que puedan producir alteraciones fsicas o psquicas (v. gr., sueros de la verdad). ACTIVIDAD PROBATORIA EN LO PENAL. La actividad probatoria es el esfuerzo de todos los sujetos procesales tendientes a la produccin, recepcin y valoracin de elementos de prueba. Se suele distinguir tres momentos en la actividad probatoria: proposicin, recepcin y valoracin. La proposicin, es la solicitud que el Ministerio Fiscal y las partes formulan ante el tribunal, para que se disponga la recepcin de una prueba. La recepcin ocurre cuando el tribunal lleva a cabo el medio de prueba, posibilitando el efectivo ingreso en el proceso del dato probatorio que resulte de su realizacin. La valoracin es la operacin intelectual destinada a establecer la eficacia conviccional de los elementos de prueba recibidos (o sea que prueba la prueba). Sistemas de valoracin. Tres son los principales sistemas de valoracin de la prueba que se conocen: el de la prueba legal, el de la ntima conviccin y el de la sana crtica racional (o libre conviccin). Prueba legal En el sistema de la prueba legal es la ley procesal la que pre fija, de modo general, la eficacia de cada prueba, estableciendo bajo qu condiciones el Juez debe darse por convencido de la existencia de un hecho o circunstancia (aunque ntimamente no lo est) y, a la inversa, sealando los casos en que no puede darse por convenido (aunque ntimamente s lo est).
ntima conviccin En el sistema de la ntima conviccin, la ley no establece regla alguna para la apreciacin de las pruebas. Los jueces son libres de convencerse, segn su ntimo parecer, sobre la existencia o inexistencia de los hechos de la causa, valorando aqullas segn su leal saber y entender. Sana crtica racional El sistema de la sana crtica racional (o libre conviccin), al igual que el anterior, establece la ms plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exige, a diferencia de lo que ocurre en aqul, que las conclusiones a que se llega sean el fruto razonado de las pruebas en que se las apoye. MEDIOS DE PRUEBA: Pericial La pericia es el medio de prueba consistente en la obtencin o valoracin de un elemento de prueba, mediante conocimientos cientficos, tcnicos, o artsticos. La intervencin del perito se justifica como un modo de posibilitar que las partes puedan controlar el ingreso al proceso de un elemento probatorio, o su valoracin, como ocurrira si el juez fundamentara su sentencia con sus conocimientos en determinada ciencia o tcnica. Trmite La pericia tiene como notas caractersticas su regulacin formal y el encargo judicial previo. El trmite de disposicin de la pericia consta de los siguientes pasos: 1) El fiscal o juez, segn corresponda, dictar uno o varios decretos disponiendo la medida. En ellos se fijarn los puntos de pericia (las cuestiones a dilucidar), se designar al perito oficial, invitando a las partes
a proponer perito de control a su cargo en el plazo que se fije a criterio, y se establecer fecha, hora y lugar de inicio de las operaciones y plazo de realizacin 2) La resolucin ser notificada al fiscal (si eman de un tribunal) a las partes y a los defensores de stas, bajo sancin de nulidad. El perito El rgano de prueba en este medio de averiguacin va a ser el perito. Idoneidad Requisito bsico de los peritos es la idoneidad, es decir, su aptitud respecto de los conocimientos especiales que se requieren. En sentido estricto, los peritos oficiales son quienes prestan servicios en cualquiera de los poderes del Estado y en los organismos autrquicos. Se considera perito de oficio (particular) aquel designado en tal carcter por el rgano judicial. Tienen la carga pblica de comparecer, aceptar el cargo y, de no mediar un grave impedimento, expedirse con arreglo a la verdad. La aceptacin del cargo deber ser realizada bajo juramento de desempearlo fielmente, salvo los funcionarios policiales y peritos oficiales que integran la planta del Poder Judicial. El dictamen El dictamen es el acto del perito en el cual responde fundadamente a los puntos que le fij el rgano judicial, para lo cual debe describir a la persona, cosa o cadver examinado, detallar las operaciones practicadas, sus resultados y conclusiones, conforme a los principios de su ciencia, arte o tcnica. Pericias especficas La pericia psiquitrica (art. 85) es una variedad de la pericia mdica. Es obligatoria para el imputado menor de 18 o mayor de 70 aos, o sordomudo, o cuando se le impute un delito reprimido con pena no menor de 10 aos de privacin de libertad, o si apareciere probable la aplicacin
de una medida de seguridad. El fin que persigue es verificar la capacidad penal y procesal del llevado a proceso. Otra pericia especfica es la autopsia (art. 243). Se ordena cuando la muerte ha sido dudosa, violenta o sospechosa de criminalidad, tanto para establecer su causa, como as tambin para determinar circunstancias de relevancia criminalstica. Finalmente, la pericia caligrfica est implcitamente regulada en la reglamentacin procesal sobre cotejo de documentos (art. 244). Esta tiene como finalidad establecer si cierta escritura pertenece al patrimonio caligrfico de determinada persona, y tambin tiene por objeto el examen del papel, la tinta o mina utilizada, su antigedad, clase y cantidad, adulteraciones, etc. Testimonial El testimonio es la declaracin formal de un individuo no sospechado por el mismo hecho, recibida en el curso del proceso penal, sobre lo que pueda conocer por percepcin de sus sentidos sobre los hechos o circunstancias relevantes, con el propsito de contribuir a la averiguacin de la verdad histrica. Regulacin procesal penal; particularidades La declaracin testimonial debe contener (art. 227) la informacin al testigo de las penalidades del falso testimonio, el juramento de ley, los datos del compareciente, las circunstancias que puedan afectar la imparcialidad y veracidad del testimonio, llamadas las generales de ley (v. gr., ser amigo, enemigo, acreedor, deudor o pariente del imputado, ser parte en el proceso, etc.), y los dichos del testigo sobre lo que vio, escuch, oli, gust, toc, sinti, etc. Deber y facultad de abstencin Ciertas personas tienen el tienen prohibido declarar sobre los hechos secretos que hubieren llegado a su conocimiento en razn del propio
estado, oficio o profesin (secreto profesional). Se trata de los ministros de culto admitido, abogados, procuradores, escribanos, profesionales del arte de curar, militares y funcionarios (art. 221). Se autoriza que se abstenga de testificar en contra del imputado a su cnyuge, ascendientes, descendientes o hermanos (en proteccin de la cohesin familiar), sus parientes colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad; y tambin a la persona que convive en aparente matrimonio (art. 220). Reconocimiento en rueda de personas El reconocimiento es el medio de prueba por el cual se intenta conocer la identidad de una persona (identificarla), mediante la intervencin de otra, quien al verla entre varias afirma (o niega) conocerla o haberla visto en determinadas circunstancias. Regulacin procesal penal: El reconocimiento proceder, en la mayora de los casos, cuando sea necesario verificar si quien dice conocer o haber visto a una persona, efectivamente la conoce o la ha visto (art. 249). El procedimiento para este acto, consta de los siguientes pasos: 1) Debe ser decretado por el juez o fiscal, segn corresponda, fijando fecha y hora de realizacin. 2) La medida ser notificada a los defensores de las partes, ya que tienen la facultad (no obligacin) de asistir al acto. 3) Antes de practicarlo el reconociente debe prestar el juramento de ley (si es testigo). 4) Luego se formar una rueda de personas, en la cual estar el sujeto a reconocer, junto a dos o ms personas de condiciones exteriores semejantes, para evitar que el primero pueda ceder al prejuicio que pudiera producirle el hecho de serle presentado el sujeto pasivo como la nica
persona que ha de ser reconocida, y designarla como tal, slo por esta circunstancia. 5) Si son varios los reconocientes, deben examinar la rueda por separado (art. 252): se prohbe el reconocimiento per turbam, para evitar que algunos identifiquen slo por opinin de los otros. El reconocimiento fotogrfico: debe hacerse cuando no sea posible realizarlo con la presencia fsica del imputado. Procede (art. 253) cuando el que deba ser reconocido no estuviere presente y no pudiere ser habido. No debe confundirse el medio de prueba precedentemente descrito, con la exhibicin de lbumes fotogrficos que realiza la polica a los testigos de un hecho delictivo, para que sealen a los partcipes. Esta prctica, denominada recorrido o muestreo fotogrfico, forma parte de la funcin de Polica Judicial de individualizar a los culpables del delito (arts. 321 y 324). Se diferencia del reconocimiento que se realiza en sede judicial, en que se desconoce quin puede ser el autor del delito. Es decir, mientras el reconocimiento fotogrfico judicial es un medio de prueba que presupone una sospecha dirigida hacia una persona determinada, el recorrido o muestreo fotogrfico policial es una medida de investigacin que tiene como condicin que se ignore qu persona puede haber sido el autor del hecho (Hairabedian). El reconocimiento de cadveres es un medio de identificacin de fallecidos por muerte violenta, dudosa o sospechosa de criminalidad, de los que se desconoce su identidad y no se la puede establecerse por su documentacin, testigos o impresiones dactilares (art. 199). El reconocimiento de objetos (art. 254) es el medio de prueba por el cual se intenta determinar si una cosa trada al proceso, es la misma que ha sido
descripta relacionndosela con el hecho investigado (v. gr., la vctima describe la vestimenta y el arma del delincuente y posteriormente se secuestran armas y vestimentas en un allanamiento en la casa de un sospechoso). Documental Documento es el objeto material inanimado en el cual se ha asentado (grabado, impreso, etc.) mediante signos convencionales, una manifestacin de contenido intelectual o inteligible (palabras, imgenes, sonidos, etc.), que expresan un suceso. Inspeccin judicial La inspeccin judicial es el medio probatorio por el cual el rgano judicial observa, directa e inmediatamente con sus sentidos, personas, lugares o cosas, buscando en ellos datos que pueden ser tiles para la averiguacin de la verdad (art. 195). La inspeccin no se restringe a las percepciones visuales (la denominada inspeccin ocular), ya que se puede utilizar cualquier otro sentido, segn la naturaleza del hecho que se pretende probar. Versar sobre las huellas que indiquen directamente la existencia del delito y sobre cualquier modificacin del mundo exterior producida por aqul, aunque no indique directamente su comisin, pero que pueda ser de utilidad (art. 196). Debe ser dispuesta por el fiscal o tribunal, segn corresponda, e inclusive es una excepcional hiptesis de prueba que puede ser ordenada de oficio por el tribunal de juicio (art. 399).
Si por su naturaleza va a ser definitiva e irreproductible, (v. gr., inspeccin de un lugar que va a ser demolido), se la debe practicar con notificacin previa a los defensores de las partes para que tengan la facultad de asistir (art. 308). Confesin La confesin es el reconocimiento del imputado, formulado libre y voluntariamente, acerca de su participacin en el hecho delictivo. Confesin extrajudicial La confesin puede ser judicial o extrajudicial, segn tenga lugar dentro o fuera del proceso. La distincin cobra importancia, porque frente a la exigencia de defensor como condicin de eficacia de la declaracin, la prctica judicial ha convalidado en muchos casos las confesiones espontneas que realizan las personas antes de iniciada la persecucin penal (v. gr., tras el asalto, el autor cuenta a un amigo que lo acaba de cometer), e inclusive a la autoridad (v. gr. el marido que mata a su mujer porque lo engaa, y tras ello se entrega a la polica contando lo que hizo). Reconstruccin del hecho La reconstruccin del hecho consiste en la recreacin artificial e imitativa de un hecho en las condiciones en que se afirma o se presume que ha ocurrido, con el fin de comprobar si se efectu o pudo efectuarse de determinada manera (art. 200). El propsito de la reconstruccin del hecho es comprobar si ste se efectu o pudo efectuarse de un modo determinado. Con ella se intentar disipar las dudas existentes al respecto, surgidas ya sea de las versiones discordantes o contradictorias de los imputados, testigos, peritos, etc., o bien de otros elementos de juicio recogidos por la investigacin.
Hay situaciones en las que no es legalmente posible hacer la reconstruccin, por la naturaleza del hecho sobre el que recaera. Por ejemplo, cuando se ofenda el sentimiento nacional (v. gr., quemar la bandera, ensuciar la figura de un prcer), la religin (v. gr., atacar una imagen venerada), que sea inmoral (v. gr., exhibiciones obscenas) que afecte la seguridad (v. gr., causar un incendio), que est en contra de la piedad hacia los muertos (v. gr., ultrajar un cadver). Careo El careo es un enfrentamiento directo e inmediato (cara a cara) entre personas que han prestado declaraciones contradictorias sobre un hecho relevante para el proceso, tendiente a descubrir cul de ellas es la que mejor puede reflejar la verdad (art. 255). La contradiccin podr recaer sobre la existencia de hechos o sobre circunstancias de stos. Las declaraciones contradictorias que pueden motivar el careo, pueden ser de imputados o testigos, pero los primeros no podrn ser obligados a participar en el acto en contra de su voluntad, no se les podr tomar juramento y debe estar presente el defensor, si acept carearse el imputado (art. 255). Informes La informativa es el medio de prueba por el cual una persona jurdica, por medio de un representante legal o autorizado, responde de manera escrita un requerimiento judicial sobre datos registrados tiles para la averiguacin de la verdad. Indicios El indicio es un hecho o circunstancia de la cual se puede, mediante una operacin lgica, inferir la existencia de otro. Este medio ha sido llamado prueba artificial y su fuerza reside en el grado de necesidad del nexo que
relaciona un hecho probado (el indiciario) y otro desconocido (el indicado), cuya existencia se pretende demostrar. Presunciones La presuncin es una norma legal que suple en forma absoluta o relativa la prueba del hecho, pues lo da por probado si se acredita la existencia de las circunstancias que basan la presuncin. A su vez, esta autorizacin puede ser sin admitir prueba en contrario (iuris et de iure) o admitindola (juris tantum)- presunciones legales-; ominis del hombre- son aquellas tomadas en base a la experiencia de la circunstancia, son conclusiones a las que puede arribar el juzgador. MEDIOS AUXILIARES DE PRUEBA Registro Es la observacin de un lugar en bsqueda de cosas o personas relacionadas con el delito que se investiga, dispuesta por la autoridad judicial competente. El lugar sobre el que recaer esta medida debe ser un sitio constitucionalmente protegido; es decir, que involucre la intimidad de las personas o que sea propiedad privada. Son sus requisitos: a) que haya motivos para presumir que en el lugar puedan estar las cosas o las personas que interesan a la investigacin. b) que sea determinado, tanto en relacin al lugar que se pretende registrar, como en cuanto al objeto que se persigue (art. 203). Allanamiento Es el ingreso a una morada o local cerrado con el fin de practicar un registro u otra actividad procesal.
Esta medida constituye una excepcin reglamentaria del derecho a la inviolabilidad del domicilio consagrado por el art. 18 de la Constitucin Nacional, y por tal motivo debe usarse siempre con criterio restringido. El allanamiento es un medio, el registro uno de los fines que puede perseguirse. Un allanamiento tambin puede ser ordenado para practicar actos procesales que no constituyen registro, por ejemplo, trabar un embargo, trasladar un testigo por la fuerza pblica, sacar fotografas a la casa del imputado, etc. Trmite La orden de allanamiento debe emanar de un rgano jurisdiccional, ya que nicamente los jueces estn facultados para librarla, aunque pueden delegar su ejecucin en la polica, expresando la identidad del autorizado y plazo (art. 203). Se debe exteriorizar mediante resolucin fundada y determinada, tanto en cuanto al domicilio, como en relacin al objeto (art. 45, Const. Prov.). El lugar debe estar indicado de manera tal que no pueda confundrselo con otro (v. gr., especificando calle y nmero, o descripcin de la vivienda). La actividad que se persigue realizar debe estar enunciada y relacionada a cierta investigacin, aunque no se la detalle (v. gr., secuestrar elementos relacionados a tal investigacin). Cuando la medida deba llevarse a cabo en un lugar habitado o en sus dependencias cerradas, slo podr comenzar desde que salga hasta que se ponga el sol. No obstante, se podr proceder a cualquier hora cuando el interesado o su representante lo consientan, en los casos sumamente graves y urgentes o cuando peligre el orden pblico (art. 204). Allanamiento sin orden Excepcionalmente se permite a la polica el allanamiento sin la respectiva orden judicial en los siguientes casos (art 206):
Si por alguna emergencia (incendio, explosin, etc.) hubiese peligro para la vida de los habitantes o la propiedad. Si personas extraas han sido vistas ingresar con indicios manifiestos de cometer un delito. Si voces provenientes de una casa o local indicaren que all se est cometiendo un delito, o pidieran socorro. Requisa personal Es la bsqueda de cosas relacionadas con un delito, efectuada en el cuerpo o ropas de una persona. Slo se la podr ordenar cuando haya motivos suficientes para presumir que all oculta objetos vinculados al hecho delictivo que se investiga (art. 208). Se requiere una presuncin basada en datos objetivos que justifiquen la afectacin a la libertad y al pudor de la persona, en aras del descubrimiento de la verdad.
- COERCIN PROCESAL Por coercin procesal se entiende, en general, toda restriccin al ejercicio de derechos personales o patrimoniales del imputado o de terceras personas, impuestas durante el curso de un proceso penal y tendiente a garantizar el logro de sus fines: el descubrimiento de la verdad y la actuacin de la ley sustantiva en el caso concreto. Nota tpica de la coercin procesal es la posibilidad del empleo de la fuerza pblica para la restriccin a los derechos. La caracterstica principal de la coercin procesal es la de no tener un fin en si misma. Es siempre un medio para asegurar el logro de otros fines: los del proceso. Las medidas que la integran no tienen naturaleza sancionatoria
(no son penas) sino meramente instrumental: slo se conciben como cautelar y necesarias para neutralizar los peligros que puedan cernirse sobre el descubrimiento de la verdad o la actuacin de la ley sustantiva. Los actos coercitivos afectan por regla general al imputado, a quien se puede restringir en el ejercicio de sus derechos personales, o patrimoniales. Pero pueden tambin afectar a terceros, como por ejemplo, al testigo que se ve obligado a comparecer a declarar, la vctima de lesiones que debe someterse a un examen corporal, o el propietario de la cosa hurtada que se ve privado temporalmente de su uso y goce mientras permanece secuestrado con fines probatorios. CLASES: coercin real, coercin personal. LA COERCIN PERSONAL DEL IMPUTADO. La coercin personal del imputado es la excepcional restriccin o limitacin que puede imponerse a su libertad, slo cuando fuere imprescindible para asegurar que el proceso pueda desenvolverse sin obstculos hasta su finalizacin, que la sentencia con que culmine no sea privada de considerar ninguna prueba (ni sufra el falseamiento de alguna) por obra del imputado, y que este cumpla la pena que ella imponga. Por afectar un derecho constitucionalmente garantizado (la libertad ambulatoria del art. 14, CN), las medidas en que se traduce deben encontrar respaldo en las leyes fundamentales y estar expresamente previstas en las leyes procesales, reglamentarias de aqullas (art. 31, CN): stas debern predeterminar los casos y las formas en que cada restriccin cautelar podr imponerse. Marco constitucional
La Constitucin Nacional: El imputado tiene, en principio, el derecho a permanecer en libertad durante el proceso (art. 14 CN); a) La propia Constitucin admite que, como retribucin por un delito, se le restrinja a un individuo la libertad por ella garantizada, pero con la condicin de que la decisin que as lo disponga sea precedida por un juicio: nadie puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso (art. 18, CN, que tambin hace referencia a las crceles). b) A su vez, la finalidad constitucional de afianzar la justicia hacia la que se orienta el juicio previo, requiere que no se impida ni se obstaculice su realizacin, que sus conclusiones se asienten sobre la verdad, y que se cumpla realmente lo que en l se resuelva. Si el imputado (que fuera culpable), abusando de su libertad, pudiera impedir la condena (falseando las pruebas o no compareciendo al proceso) o eludir el cumplimiento de la pena que se le pueda imponer (fugando), la justicia lejos de ser afianzada sera burlada. Para evitar tales peligros la propia Constitucin autoriza el arresto del sospechoso (arts. 18 y 69, CN). Este poder de arresto que slo se debe poner en manos de rganos judiciales (nica autoridad competente en el juicio previo) resulta as una medida cautelar excepcional dirigida a neutralizar los peligros graves, por los serios y probables, que se puedan cernir sobre el juicio previo, con riesgo de apartarlo de su destino de afianzar la justicia. c) Es claro que slo la necesidad de evitar aquellos riesgos es la nica razn que lo justifica, de modo que si no existen, o existiendo pueden neutralizarse de otra forma, el arresto carecer de justificacin constitucional.
La Constitucin Provincial: Tambin la Constitucin Provincial en sus arts. 42, 43, 44 y 47 se ocupan pormenorizadamente de la coercin personal del imputado. Surge as la verdadera naturaleza de las medidas de coercin personal contra el imputado: son cautelares, Protegen el descubrimiento de la verdad y la actuacin de la ley. Caracteres de las medidas de coercin personal: Son excepcionales, porque el estado normal del imputado durante el proceso es el de libertad (art. 42 CP). Slo ser legtima su imposicin cuando sean indispensables para lograr aquellos fines. Su aplicacin se condiciona a la existencia de cierta cantidad de pruebas de culpabilidad, porque slo ellas mostrarn como posible la condena que las medidas de coercin intentan cautelar. Su duracin se subordina a la necesidad de su aplicacin y mantenimiento. La privacin de libertad durante el proceso no puede exceder un lmite temporal razonable para llegar a una sentencia, sin que se pretenda obstaculizar su dictado o falsear su base probatoria. Debe procurarse que no afecten ms all de lo que implica su imposicin otros derechos del imputado cuya restriccin no sea necesaria para cautelar los fines del proceso, sobre todo el de su honorabilidad cuya lesin se proyecta adems, sobre su vida de relacin, su vida familiar y su trabajo. Su ejecucin debe ser respetuosa de la dignidad inherente al ser humano. Justificacin frente al principio de inocencia Slo la extrema necesidad, verificada en cada caso, de evitar que con su accionar frustre los fines del proceso es lo que puede justificar la aplicacin y duracin de las medidas coercitivas en contra de una persona que goza de un estado jurdico de inocencia (art. 18, CN; 75 inc. 22). Porque si es inocente, debe ser tratado como tal durante todo el proceso, lo que significa
no slo la prohibicin de penarlo con medidas de coercin procesal antes del fallo condenatorio, sino tambin la de menoscabarlo arbitrariamente en sus derechos a la libertad con el modo de imposicin de las medidas cautelares (v. gr., espectacularidad). Controles: La normativa supranacional incorporada a la Constitucin Nacional (art 75 inc 22) y el Cdigo, establecen un sistema de controles judiciales y jurisdiccionales, en al menos dos instancias, sobre las medidas de coercin ms graves (v. gr., la prisin preventiva). La jurisprudencia de la Corte Suprema Nacional y el Tribunal Superior de Justicia de Crdoba han ampliado este control a los recursos de casacin y extraordinario (ley n 48), respectivamente. FINES Tutela de la investigacin: Las medidas en que sta se traduce tienden a evitar que el imputado pueda obstaculizar la investigacin de la verdad aprovechando su libertad para borrar o destruir las huellas del delito, sobornar o intimidar a los testigos, o concertarse con sus cmplices. Tutela de la realizacin del juicio Como en general se prohbe el juicio penal en rebelda, es necesario asegurar la intervencin personal del imputado en el proceso para garantizar su completa realizacin. Tutela del cumplimiento de la pena Los actos de coercin tienen tambin la finalidad de asegurar el efectivo cumplimiento de la posible condena de prisin o reclusin que se pueda imponer, impidiendo que el imputado eluda, mediante su fuga, incluso
despus de conocer la sentencia, la efectiva ejecucin de la pena que se le imponga. LIMITES Errnea asimilacin a la pena Hay muchos que creen (por herencia cultural inquisitiva), y subrepticiamente justifican -equivocadamente-, que la coercin personal (especialmente la prisin preventiva) es una medida ejemplarizante que tiende a tranquilizar inmediatamente a la comunidad inquieta por el delito, restituyndole la confianza en el derecho, a fin de evitar que los terceros caigan o que el imputado recaiga en el delito. Errnea asimilacin a la medida de seguridad Tambin se ha sostenido errneamente que las medidas de coercin personal (en especial las privativas de libertad) pretenden evitar que el imputado contine su actividad delictiva (posicin que ha sido adoptada en diversas leyes procesales). Esta concepcin atribuye a la coercin procesal -quizs sin advertirlo- el mismo fin que persiguen las medidas de seguridad previstas en el Cdigo Penal (v. gr., art. 52) de neutralizar la peligrosidad criminal del agente (concebida como la posibilidad de que cometa nuevos delitos), con lo que se confunde a ambas. Presupuestos La coercin personal del imputado como medida cautelar presupone la existencia de pruebas de cargo en su contra (fumus boni iuris) y requiere, adems, la existencia del peligro que, si no se impone la coercin, aqul frustre los fines del proceso (periculum in mora): Estos son los requisitos de cualquier medida cautelar, en los que conviene enfatizar precisamente para resaltar que esta es la naturaleza de la coercin procesal. Fumus boni iuris
se establece, en general, la necesidad de pruebas para que se pueda sospechar la existencia del hecho delictuoso y la participacin punible del imputado (que muestren la aparente existencia del derecho de punir del estado). Y mientras ms grave sea la restriccin que importan, mayor ser la entidad probatoria que se requerir. Periculum mora El Cdigo individualiza las hiptesis en que entienden que habr riesgos para los fines del proceso, a la vez que regulan las medidas coercitivas enderezadas a neutralizarlos. Estas medidas tienen diferente intensidad, y deben ser proporcionales a la gravedad del peligro. Para su imposicin se consultan tanto pautas objetivas (vinculadas a la gravedad de la posible pena a imponer y a las modalidades de ejecucin), como subjetivas (relacionadas a la personalidad del imputado). Lmite mximo de duracin Dictado el encarcelamiento preventivo, por imperio del principio de inocencia, no podr prolongarse ms all del tiempo estrictamente indispensable para que el proceso se desarrolle y concluya con una sentencia definitiva, con efectivo resguardo de aquellos objetivos, mediante una actividad diligente de los rganos judiciales responsables, especialmente estimulada por la situacin de privacin de libertad (de un inocente) y sin que pueda pretenderse la ampliacin de aquel trmino bajo la invocacin de que subsisten los peligros para los fines del proceso. REGULACIN CONCRETA Situacin de libertad La privacin de la libertad durante el proceso tiene carcter excepcional (Const. Prov., art. 42, primer prrafo), y nadie puede ser privado de su libertad fsica, salvo por las causas y condiciones fijadas de antemano por las Constitucin poltica o por las leyes dictadas conforme a ellas (CADH,
art. 7, inc. 2; PIDCP, art. 9 inc. 1) y slo se impone en los lmites absolutamente indispensables para asegurar el descubrimiento de la verdad y la actuacin de la ley, y del modo que perjudique lo menos posible a la persona o reputacin de los afectados. El Cdigo dispone: Con las limitaciones dispuestas por este Cdigo, toda persona a quien se le atribuya la participacin en un delito permanecer en libertad durante el proceso (art. 268, primer prrafo). Y la principal limitacin es que concurran las causas que justifican la detencin (art. 272) y la prisin preventiva (art. 281). Mantenimiento de libertad En virtud de estos principios, toda persona que se crea imputada en una investigacin, puede presentarse, personalmente o por intermedio de un tercero, ante la autoridad judicial competente a fin de solicitar el mantenimiento de su libertad. En esa oportunidad puede asimismo prestar declaracin. Al presentado se lo mantendr en libertad, a condicin de que cumpla determinada medidas sustitutivas de la privacin de la libertad, salvo que sea procedente la detencin (arts. 269 y 272). Medidas sustitutivas Los mismos criterios de excepcionalidad y extrema necesidad determinan que la privacin de libertad durante el proceso no deba ser impuesta cuando sus fines puedan garantizarse mediante la imposicin individual o combinada de medidas de coercin menos gravosas (llamadas medidas sustitutivas). Las medidas aludidas pueden imponerse en forma singular o conjunta, teniendo en cuenta las distintas aristas del caso concreto. En general, se reconocen como tales, el arresto domiciliario (en el domicilio propio o el de otra persona o institucin) con o sin seguridad; el
sometimiento al cuidado o vigilancia de una persona o institucin (incluso educadora o teraputica); la obligacin de presentarse peridicamente ante alguna autoridad; la prohibicin de salir de un mbito territorial determinado (pas, zona, regin, provincia, ciudad, barrio, etc.) en el que se reside; la prohibicin de concurrir a determinadas reuniones o lugares, o de comunicarse o frecuentar con ciertas personas; la prestacin de una caucin econmica (personal o real), o la asuncin del simple compromiso (caucin juratoria) de someterse al proceso y de abstenerse de la realizacin de actos que puedan entorpecer sus fines. Caucin Reemplaza la garanta que representa el encarcelamiento preventivo: es el modo de cambiar la prenda de la justicia. Tiene por finalidad garantizar que el liberado comparecer al ser llamado por el Juez, y que cumplir las dems obligaciones que asuma. La fijacin del tipo y cantidad de caucin deber realizarse de modo que sea eficaz para lograr aquellos fines. Se conocen tres clases: la caucin juratoria es el simple compromiso del imputado (nico que puede prestarla) de observar el comportamiento procesal que se le impone en el auto de soltura; la caucin personal consistir en la obligacin que aqul asuma, junto con uno o ms fiadores solidarios de pagar, en caso de incomparecencia, la suma que se fije; la caucin real se constituir depositando dinero, efectos pblicos o valores cotizables, ofreciendo bienes a embargar, u otorgando prendas o hipotecas, por la cantidad que se determine, pudiendo ser prestada por el propio imputado o por un tercero. Regulacin legal El Cdigo de Crdoba, slo admite dos clases de cauciones:
1) La caucin personal consiste en la obligacin que el imputado asume junto con uno o ms fiadores solidarios de pagar, en caso de incomparecencia, la suma que se fije (art. 290). 2) La caucin real que se constituye depositando dinero, efectos pblicos o valores cotizables o mediante embargo, prenda o hipoteca por la cantidad que la autoridad judicial competente determine. Los fondos o valores depositados quedarn sometidos a privilegio especial para el cumplimiento de las obligaciones procedentes de la caucin. Cancelacin y sustitucin de la caucin: Se ordenar la cancelacin y las garantas sern restituidas en los siguientes casos (art. 295): Cuando el imputado, revocada su libertad o el cese de la prisin preventiva, fuera constituido en prisin dentro del trmino que se le acord. Cuando se revoque el auto de prisin preventiva, se sobresea en la causa, se absuelva al imputado o se lo condene en forma de ejecucin condicional. Cuando el condenado se presente a cumplir la pena impuesta o sea detenido dentro del trmino fijado. Si el fiador no pudiera continuar como tal por motivos fundados, puede pedir que lo sustituya otra persona que l presente. Tambin puede sustituirse la caucin real (art. 296). Si el fiador temiera fundadamente la fuga del imputado, debe comunicarlo enseguida al tribunal o fiscal de instruccin que corresponda, y queda liberado si aqul fuera detenido. Eventualmente, si el imputado no compareciera al ser citado o se sustrajera a la ejecucin de la pena privativa de la libertad, se fijar un trmino no mayor de diez das para que comparezca, sin perjuicio de ordenar la captura. La resolucin es notificada al fiador y al imputado apercibindolos de que la caucin se har efectiva al vencimiento del plazo, si el segundo
no compareciera o no justificara un caso de fuerza mayor que lo impida (art. 298). Citacin La citacin consiste en el llamamiento realizado al imputado o un tercero para que se presenten ante un rgano judicial en lugar y fecha determinado a fin de intervenir en el proceso o realizar determinado acto procesal, bajo apercibimiento de ser compelidos por la fuerza pblica o de detencin. Puede ser dispuesta por la polica judicial (art. 324, incs. 6 y 7), por el fiscal de instruccin (art. 332) o por un rgano jurisdiccional (juez de instruccin, juez en lo correccional, cmara en lo criminal -en pleno o en sala unipersonal-). Detencin La detencin es el estado relativamente breve de privacin de la libertad que se dispone cuando (por lo menos) existen motivos bastantes para sospechar que la persona ha participado de la comisin de un hecho punible sancionado con pena privativa de la libertad por el cual no proceda condenacin condicional o, a pesar de su procedencia, existieran vehementes indicios de que intentar entorpecer su investigacin, eludir la accin de la justicia o la ejecucin de la pena. Es una limitacin a la libertad ambulatoria. Si la persona se encuentra detenida, la declaracin debe tomarse a ms tardar dentro de las veinticuatro horas de que fuera puesta a su disposicin. Este plazo se puede prorrogar por otro tanto cuando el rgano judicial competente no hubiera podido recibir la declaracin o cuando lo pidiere el imputado para elegir defensor. Si en el proceso hubiera varios imputados detenidos, dicho trmino se computar con respecto a la primera
declaracin, y las otras se recibirn sucesivamente y sin tardanzas (art. 306). El Cdigo establece que, diez das despus de la declaracin del imputado se debe dictar, en el caso que fuera procedente, la prisin preventiva: en caso contrario, la detencin deber cesar y el detenido recuperar su libertad (art. 280). La medida se ordena por decreto fundado, en forma escrita, el cual debe contener: los datos personales del imputado u otros que sirvan para identificarlo y la indicacin del hecho que se le atribuya. Debe ser notificada en el momento de ejecutarse o inmediatamente despus (art. 272). Estado intelectual Durante la investigacin penal preparatoria se exige una probabilidad mnima (Balcarce) (Const. Prov., art. 42, tercer prrafo en conc. art. 272): ese es el sentido en que debe entenderse la expresin motivos bastantes (Balcarce). Hay quien entiende que la detencin requiere) elementos de conviccin suficientes (o sea, probabilidad: art. 42 Const. Prov.) slo sobre dos aspectos materiales: que el hecho existi y que el imputado ha participado en l; y que respecto de la concurrencia de la punibilidad de esa conducta, o sea respecto de los requisitos de antijuridicidad, culpabilidad y punibilidad, bastarn los motivos bastantes para sospecharlos, que seala el art. 272 (Cafferata Nores). Incomunicacin La incomunicacin es una medida complementaria de la detencin que impide al imputado los contactos verbal, escrito, telefnico o por cualquier otro medio con terceros, dispuesta en los primeros momentos de la
investigacin por un rgano jurisdiccional para evitar el entorpecimiento probatorio. La medida no puede durar ms de dos das (Const. Prov, art. 43; art. 273, segundo prrafo). Arresto El arresto es el estado fugaz de privacin de la libertad, dispuesto por un rgano judicial cuando en los primeros momentos de la investigacin de un hecho delictuoso en que hubieran intervenido varias personas no fuera posible individualizar a los responsables y a los testigos, y no pueda dejarse de proceder sin peligro para la investigacin. Debe aclararse que es subsidiario de la orden de no dispersin.
Aprehensin sin orden judicial La aprehensin es una limitacin a las libertades de autodeterminacin y locomocin impuesta a una persona sorprendida en flagrante hecho penalmente relevante, de accin pblica, merecedora de pena privativa de la libertad. Tambin proceder respecto del que fugare estando legalmente preso o, excepcionalmente (slo polica judicial) respecto del cual se den los presupuestos de la detencin, a los efectos de ponerlo a disposicin de la autoridad judicial competente y cuyo objetivo es impedir la consumacin de un hecho delictuoso, que el mismo sea llevado a consecuencias ulteriores, evitar el entorpecimiento probatorio o asegurar la actuacin de la ley penal sustantiva (cuando esperar la orden judicial pueda comprometer los fines del proceso). Recuperacin de la libertad En los casos de aprehensin en flagrancia o detencin, la autoridad judicial competente debe disponer la libertad del imputado, cuando (art. 280):
a) Con arreglo al hecho que aparezca ejecutado, hubiera correspondido proceder por simple citacin. b) La privacin de la libertad hubiera sido dispuesta fuera de los supuestos autorizados en el Cdigo; o sea si el aprehensor procedi fuera de los casos del art. 276, y no concurran los requisitos del art. 272. c) No se encuentre mrito para dictar la prisin preventiva.
PRISIN PREVENTIVA Es el estado de privacin de la libertad ambulatoria, dispuesta por un rgano judicial, despus de la declaracin del imputado, cuando se le atribuye, con grado de probabilidad, la comisin de un delito sancionado con pena privativa de la libertad por la cual no proceda condenacin condicional o, procediendo, existan vehementes indicios de que intentar eludir la accin de la justicia o entorpecer su investigacin. La prisin preventiva debe contener, bajo pena de nulidad, los datos personales del imputado o, si se ignoran, los que sirvan para identificarlo, una sucinta enunciacin de los hechos, los fundamentos de la decisin; la calificacin legal del delito, con cita de las disposiciones aplicables, y la parte resolutiva (art. 282, primer prrafo). La Const. Prov. afirma que la privacin de la libertad durante el proceso tiene carcter excepcional, slo puede ordenarse en los lmites de ella y siempre que no exceda el trmino mximo que fija la ley (art. 42, y art. 75 inc. 22 CN y tratados internacionales). Cuando se trata de un delito sancionado con pena privativa de la libertad por la cual proceda la condenacin condicional, la regla es que el imputado permanece en libertad.
La medida puede ser dispuesta, en el caso de delito de accin penal pblica, sancionado con pena privativa de la libertad, por el fiscal de instruccin o juez de instruccin, segn el tipo de investigacin de que se trate (fiscal o jurisdiccional, respectivamente). En el caso de investigacin jurisdiccional, si se tratara de persona con privilegio constitucional, el juez slo puede dictarla previo allanamiento de la inmunidad (art. 16); para los coimputados sin dichos privilegios puede disponerla derechamente. La resolucin se dicta en el trmino de diez das a contar de la declaracin del imputado o de la comunicacin de remocin de la inmunidad (arts. 336 y 345). El juez la dicta por auto, mientras que el fiscal de instruccin por decreto fundado (art. 335 en funcin del art. 154, segundo prrafo). La prisin preventiva, durante la investigacin penal preparatoria, requiere un acto previo la declaracin del imputado o el allanamiento de la inmunidad para los imputados con privilegios constitucionales (art. 345) y los siguientes requisitos: 1. Probabilidad; 2. Delito de accin pblica; 3. Sancionado con pena privativa de la libertad; 4. Peligro para los fines del proceso. Presupuesto probatorio La prisin preventiva se fundar, en el reconocimiento por parte de la autoridad judicial, de la existencia de elementos de conviccin suficientes para estimar que existe el delito atribuido y que aqul es punible como partcipe del mismo, lo que importa un verdadero juicio de probabilidad sobre estos extremos. Esa base probatoria si bien funciona como condicin necesaria para el dictado de la medida de coercin, no es una condicin suficiente, pues a ella debe adems aadirse la existencia del peligro procesal derivado de la concurrencia de las situaciones previstas en el inc.1 o en el inc.2: y todas ellas deben concurrir simultneamente.
Ejecucin Por imperio de disposiciones constitucionales (art. 18 y 75 inc. 22 CN; art. 44 Const. Prov), la prisin preventiva debe ejecutarse con pleno respeto por la dignidad humana (lo que sigue siendo una ilusin, irrenunciable, pero ilusin al fin), y como derivacin del principio de inocencia, ser cumplida en establecimientos diferentes a los de los penados (art 285), permitindose a los encarcelados procurarse a sus expensas las comodidades que no afecten el rgimen carcelario y la asistencia mdica que necesiten. Internacin provisional Cuando fuese presumible que el imputado haya padecido en el momento del hecho, de alguna enfermedad mental que lo haga inimputable, se podr ordenar provisionalmente su internacin en un establecimiento especial (art 287). Prisin domiciliaria Las mujeres honestas y las personas mayores de 60 aos o valetudinarias pueden cumplir la prisin preventiva en su domicilio, si se estimare que, en caso de condena, no se les impondr una pena mayor de seis meses (art. 286). Diferimento La ejecucin de la prisin preventiva pueda ser diferida en los siguientes casos: 1) Cuando deba cumplirla una mujer embarazada o que tenga un hijo menor de seis meses. 2) Si el condenado se encontrara gravemente enfermo y la inmediata ejecucin pusiera en peligro su vida, segn el dictamen de peritos designados de oficio.
Cuando estas condiciones cesan, la prisin puede llevarse adelante en un establecimiento del Estado (art. 506). Cesacin La prisin preventiva termina en forma definitiva con el dictado del sobreseimiento o la sentencia absolutoria o condenatoria firme. Criterios El Cdigo regula los casos en que se debe hacer cesar la prisin preventiva, en forma fundada, de oficio o a pedido del imputado, ordenndose la inmediata libertad de ste, la cual ser ejecutada sin ms trmite, en forma instantnea y desde el lugar que se lo notifique. As se dispondr cuando: 1) Nuevos elementos de prueba demuestren que no concurren los motivos exigidos para su mantenimiento (probabilidad). Desvanecido el fumus bonis iuris desaparece el sustento probatorio de la restriccin. 2) La privacin de la libertad no sea absolutamente indispensable para salvaguardar los fines del proceso, segn apreciacin coincidente del fiscal, del juez de instruccin y de la Cmara con funciones de tribunal de apelacin, a quienes en su caso se elevarn de oficio las actuaciones: este es la va para escapar a la presuncin de elusin a la accin de la justicia que el art. 281 establece para el supuesto de al imputado le vaya a corresponder una condena de ejecucin efectiva. 3) Estime prima facie que al imputado no se lo privar de su libertad. Lmite mximo de duracin de la prisin preventiva: La prisin preventiva tambin debe cesar si su duracin excede de dos aos sin que se haya dictado sentencia (art 283 inc.4). Este plazo puede prorrogarse un ao ms cuando se trate de causas de evidente complejidad y de difcil investigacin. La prrroga debe solicitarse ante la sala penal del Tribunal Superior de Justicia, con los fundamentos que la justifiquen.
Recursos ordinarios En el caso de delitos de accin pblica, debemos distinguir segn se trate de investigacin fiscal o investigacin jurisdiccional: Investigacin fiscal: En este procedimiento la ley dispone que a la prisin preventiva dispuesta por el Fiscal de Instruccin pueden oponerse el imputado y su abogado defensor (art. 336, segundo prrafo). La oposicin se deduce, bajo pena de inadmisibilidad, por escrito, con especfica indicacin de los puntos de la decisin que fueran impugnados y fundadamente, en el trmino de tres das, ante el Fiscal que dict, mediante decreto fundado, la prisin preventiva. Si el Fiscal mantiene su decisin, eleva la oposicin en igual trmino ante el Juez de Instruccin, junto con las actuaciones y sin perjuicio del cumplimiento de los actos urgentes de investigacin. El Juez resuelve tambin en el trmino de tres das (art. 338, segn ley provincial n 8.930, art. 2). La resolucin del Juez de Instruccin es apelable (art. 336 in fine). La resolucin del Juez de Instruccin [Control] confirmatoria de la resolucin del Fiscal de Instruccin es apelable por el imputado La resolucin que revoca la resolucin del Fiscal de Instruccin es apelable por el Ministerio Pblico (art. 336 in fine). Investigacin jurisdiccional: procede contra al auto del Juez de Instruccin que dispone la medida cautelar slo el recurso de apelacin del imputado o su abogado defensor (arts. 345 y 282, ltimo prrafo). La apelacin es sin efecto suspensivo (art. 282 in fine). La resolucin de la Cmara que dispone la revocacin del auto de prisin preventiva no dispone el cese de la misma, sino la recuperacin de la libertad.
Recursos extraordinarios El Tribunal Superior de Justicia de Crdoba ha admitido la procedencia del recurso de casacin contra la prisin preventiva (caso Aguirre Domnguez, del 11/12/97). Y la Corte Suprema de Justicia de la Nacin ha aceptado con variantes restricciones la posibilidad de recurso extraordinario contra resoluciones en esta materia (an sin ser sentencias definitivas), especialmente cuando se ataca de inconstitucional la legislacin procesal en que se funda el encarcelamiento preventivo, invocando la raigambre constitucional del derecho a la libertad durante el proceso, o el agravio irreparable de su existencia y duracin, o la gravedad institucional de ciertos casos de recuperacin de libertad (v. gr., caso Npoli, del 22/12/98 ). Indemnizacin Toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa, tiene el derecho efectivo a obtener reparacin (PIDDCP, art. 9, inc. 5). Para esos casos en los que el Tribunal dicta sentencia de sobreseimiento o absolucin, segn la etapa procesal, se establece la facultad del Estado de indemnizar el tiempo de privacin de la libertad, con arreglo a la ley (Const. Prov., art. 42, segundo prrafo; art 300). COERCIN REAL La coercin real es toda restriccin a la libre disposicin de una parte del patrimonio del imputado o de terceros, con el propsito de garantizar la consecucin de los fines del proceso. Secuestro penal
El secuestro en lo estrictamente procesal penal (art. 210), es una limitacin a los derechos de uso, goce o disposicin de la propiedad, consistente en la aprehensin y retencin o mantenimiento de una cosa por decisin de un rgano judicial (Fiscal de Instruccin, Tribunal o Polica Judicial) y a disposicin de una autoridad judicial (Fiscal de Instruccin o Tribunal) durante el proceso penal. Orden de presentacin Cuando se estime que el secuestro no es necesario, podr simplemente ordenarse que las cosas o documentos sean presentados por quienes los poseen, salvo que stos deban o puedan abstenerse de declarar como testigos por razn de parentesco, secreto profesional o de Estado (art 211). Clausura de locales La clausura de locales es una medida de coercin (en general subsidiaria de la inspeccin judicial y del secuestro). Es una limitacin a los derechos de uso, goce o disposicin de la propiedad, consistente en el cerramiento y custodia de los accesos a un local, por orden de una autoridad judicial (Fiscal de Instruccin, Tribunal o Polica Judicial) durante la sustanciacin del proceso penal y que tiene por finalidades asegurar la realizacin de medios coercitivos y de prueba destinados a acreditar o refutar una hiptesis delictiva y/o evitar que un hecho delictuoso sea llevado a consecuencias ulteriores (arts.324, inc.5, y 195). La clausura tiene por finalidad, regularmente, el impedir que se alteren las huellas o rastros que el delito hubiera dejado en el local o evitar que se destruyan o alteren las pruebas de su comisin, all existentes.
Frente a la noticia sobre la posible comisin de un hecho delictivo de accin pblica, se genera una reaccin oficial tendiente a verificarla (Ministerio Pblico Fiscal, polica), que se expresa en un procedimiento de investigacin en procura de establecer si la notitia crminis encuentra suficiente fundamento probatorio como para acusar formalmente por un delito a una persona determinada ante un tribunal judicial. Si la acusacin se produce, ste deber juzgar, en definitiva, sobre la culpabilidad o inocencia de aqulla, imponindole, si corresponde, una pena o medida de seguridad o absolviendo en caso contrario. MOMENTOS: LA INVESTIGACIN PENAL PREPARATORIA Es la etapa preparatoria o preliminar del proceso penal que se practica ante la hiptesis de un delito de accin pblica, realizndose en forma escrita, limitadamente pblica y relativamente contradictoria, y que tiene por finalidad reunir las pruebas tiles para fundamentar una acusacin o, caso contrario, determinar el sobreseimiento de la persona que se encuentre imputada. Esta etapa es preparatoria, ya que sirve para dar base a la acusacin o determinar el sobreseimiento. Deber iniciarse solamente ante la supuesta existencia de un delito de accin pblica (arts. 71 y 72 del C. Penal). Por ello, si se tratara de un delito de accin privada, no corresponde practicar este procedimiento, regulando la ley un trmite diferente (art. 424 y sgts. del CPP de Crdoba). Entonces, al tomar conocimiento de una hiptesis delictiva de accin pblica el Ministerio Pblico Fiscal, o la Polica Judicial en caso de urgencia o bajo la direccin del primero, debern actuar de oficio e iniciar una investigacin preparatoria, no pudiendo dejar de proceder. Ello, por
continuar vigente el principio de legalidad procesal (arts. 71 del C. Penal y 5 del CPP). La investigacin que se practique tendr como objetivo reconstruir histricamente el hecho que surge en un comienzo como hipottico. La prueba es la que determinar si este objetivo se puede cumplir. Se practica en forma escrita, limitadamente pblica y relativamente contradictoria, caracteres de esta etapa que difieren en forma importante de los del debate (prevalentemente oral, pblico, continuo y totalmente contradictorio, entre otros). La investigacin penal tendr por finalidad reunir las pruebas para dar base a la acusacin o determinar el sobreseimiento (art. 302). Si estos extremos se logran aunque sea con un grado de probabilidad ello justificar que el Ministerio Pblico formule acusacin (requerimiento de citacin a juicio, arts. 354 y 355). Caso contrario, si la prueba es insuficiente, existiendo la certeza de que el hecho no existi o no lo consum la persona que se encuentra imputada, o dudas sobre estos extremos, el trmite culminar con sobreseimiento (arts. 348 y 350), sentencia que cierra definitivamente el proceso. Iniciacin Como se viene diciendo, slo podr iniciarse frente a la hiptesis de la comisin de un delito de accin pblica (notitia crminis), puesta en conocimiento del rgano que deba llevarla a cabo a travs de los modos previstos por las leyes. Esto importa que si el hecho en cuestin no encuadra en una figura penal, la investigacin no puede comenzar y deben rechazarse o desestimarse los actos que daban cuenta de su existencia: es la expresin procesal del principio de reserva de la ley penal. En virtud de este principio constitucional, para iniciar una persecucin penal y mantenerla, el hecho que la motive debe encuadrar en la ley penal sustantiva. Por ello es que los actos de iniciacin del procedimiento
debern sealar expresamente cul es el delito que se incrimina: el encuadramiento legal. Actos idneos Si el responsable de la investigacin preparatoria fuese el juez (investigacin jurisdiccional) solo se admitir como acto idneo la iniciativa del fiscal (requerimiento fiscal) basado en una denuncia o en otra fuente de conocimiento, v. gr. el peridico, o noticias o actuaciones provenientes de la polica (informacin o prevencin policial). Nunca puede el juez iniciar de oficio la investigacin. Si el responsable de la investigacin preparatoria fuese el fiscal, ste podr servirse de cualquier informacin sobre la posible existencia del delito (denuncia, comunicacin o prevencin policial, informes oficiales, noticia publicada en un peridico, etctera). Tambin se ha propuesto que la querella de la vctima pueda provocar el inicio de la investigacin. En la Provincia de Crdoba coexisten ambas formas de investigacin, previendo la ley, en concordancia con lo expuesto precedentemente, dos situaciones distintas en relacin a los actos iniciales del procedimiento. DENUNCIA Ha sido definida como una manifestacin de voluntad de una persona que pone en conocimiento de una autoridad competente para recibirla, la existencia de un delito de accin pblica. De acuerdo al concepto, nicamente se puede denunciar un delito de accin pblica (perseguible de oficio o dependiente de instancia privada). Los delitos perseguibles de oficio pueden ser denunciados por cualquier persona; los dependientes de instancia privada slo por el ofendido, su tutor, curador, guardador o representante legal (art. 72 C.Penal). Respecto a los delitos de accin privada, no pueden ser denunciados: el ofendido
titular de la accin penal debe presentar una querella, y el procedimiento posterior ser diferente (art. 424 y segts.). El art. 317 establece los casos en los que existe la obligacin de denunciar los delitos perseguibles de oficio. Debern denunciar ...1) los funcionarios o empleados pblicos que los conozcan en el ejercicio de sus funciones; 2) los mdicos, parteras, farmacuticos y dems personas que ejerzan cualquier ramo del arte de curar, que conozcan esos hechos al prestar los auxilios de su profesin, salvo que el conocimiento adquirido por ellos est por la ley bajo el amparo del secreto profesional. En cuanto a la forma, la denuncia podr presentarse en forma escrita o verbal, personalmente o por mandatario especial (art. 315). En ambos casos el funcionario que la reciba deber comprobar y hacer constar la identidad del denunciante. Es porque la ley proscribe la denuncia annima. Adems, el denunciante asume una responsabilidad, ya que puede incurrir en delito en el supuesto de falsedad (arts. 109 y 245 del C. Penal). El art. 316 establece que la denuncia deber contener, en cuanto fuere posible, la relacin circunstanciada del hecho, con indicacin de sus partcipes, damnificados, testigos y dems elementos que puedan conducir a su comprobacin y calificacin legal .Estos elementos posibilitar iniciar una investigacin. Los rganos encargados de recibir la denuncia son nicamente el Fiscal de Instruccin y la Polica Judicial (art. 314). En cuanto a los funcionarios de la Polica Administrativa, en los casos que cumplan funciones judiciales (art. 322), estn autorizados para recibir denuncias. Cuando el Fiscal de Instruccin recibe una denuncia, y concurren los requisitos establecidos por la ley (que el hecho encuadre en una figura penal y pueda proceder), debe actuar espontnea y automticamente, comenzando una investigacin (art. 319, primer prrafo). Si se trata de una situacin en la que existan obstculos fundados en privilegios constitucionales, o sea que deba
procederse por investigacin jurisdiccional, podr requerir al Juez de Instruccin la iniciacin de sta (arts. 14 y 341) o, en su caso, solicitar la desestimacin (art. 319, ltimo prrafo). En el caso que la denuncia sea recibida por la Polica Judicial o Administrativa en funciones judiciales, deber inmediatamente comunicar el hecho al Fiscal de Instruccin, independientemente de que podr practicar actos urgentes (art. 326). Actos de la Polica Judicial. Cumple una actividad auxiliar del Ministerio Pblico, de quien depende. El art. 324 del CPP establece los actos que est autorizada a practicar (recibir denuncias, cuidar el cuerpo, instrumentos, efectos y rastros del delito, conservarlos, proceder a los allanamientos urgentes, interrogar a los testigos, entre otros). Tambin la norma faculta a los funcionarios de la Polica Judicial a recibir declaracin al imputado, slo si ste lo pidiera, debiendo observar las formas y garantas previstas en los arts. 258 y sgts. En forma excepcional y por razones de urgencia intervendr por iniciativa propia o por denuncia, siendo la regla que deba actuar por orden de autoridad competente (el fiscal), conforme lo establece el art. 321. Sus actos conformarn el sumario de prevencin, el que deber ser elevado al Fiscal de Instruccin en el trmino de tres das, prorrogables por otro tanto (art. 326). El trmino es ordenatorio (su vencimiento no produce sancin procesal). Supuesto de investigacin fiscal preparatoria Cuando se trata de la investigacin fiscal preparatoria, al tomar conocimiento de la comisin de un delito de accin pblica (ya sea por denuncia, o por los medios de prensa u otra fuente de conocimiento), el fiscal deber iniciarla de oficio, sin requerimiento previo de otro rgano. Ello es as, por ser el titular de la accin penal pblica, quien deber impulsar el trmite en forma obligatoria, en virtud del principio de legalidad, siempre y cuando concurran las condiciones exigidas por la ley:
que el hecho anoticiado encuadre en la ley penal sustantiva y pueda proceder. El fiscal dispondr si practicar la investigacin directamente o la delegar en la Polica Judicial, bajo su direccin y control (arts. 319, primer prrafo, 321, 323, 328 y 329). Archivo Si las condiciones legales para actuar no concurren, entonces el Fiscal de Instruccin dictar resolucin en tal sentido. En ese caso dispondr, por decreto fundado, el archivo de las actuaciones, solucin prevista en el art. 334 del CPP, lo que implica no iniciar una investigacin o no continuar la que haba comenzado. Desestimacin de la denuncia Otro supuesto previsto en la ley, que implica no iniciar una investigacin, es la desestimacin de la denuncia. Est contemplado en el art. 319 del CPP. Se ha establecido que la situacin es similar al archivo que ordena el Fiscal de Instruccin, previsto en el art. 334. Por ello, cuando se trata de una denuncia por hechos en los que en un principio no corresponde investigacin jurisdiccional, el Fiscal de Instruccin puede en forma autnoma disponer su desestimacin por decreto fundado en los casos ya analizados: cuando el hecho denunciado no encuadre en una figura penal o no se pueda proceder. As tambin, en el supuesto que el ofendido y denunciante se haya constituido como querellante particular, tendr la facultad de impugnar esa decisin por va de oposicin, para que el juez examine nuevamente la cuestin, resolucin que, a su vez, es apelable. Supuesto de investigacin jurisdiccional En cuanto a la investigacin jurisdiccional, para iniciar una investigacin, el juez no puede proceder de oficio (ne procedat iudex ex officio) por lo que el fiscal deber formular previamente un requerimiento de
investigacin (art. 14), o sea, promover la accin penal, para que aqul pueda actuar. El art. 341 establece los requisitos que debe contener el requerimiento mencionado. Previo a expedirse, el fiscal podr practicar una breve investigacin tendiente a determinar un mnimo de verosimilitud respecto al hecho denunciado. Y esto es porque la ley exige bajo pena de nulidad que los requerimientos y conclusiones del Ministerio Pblico sean fundados (art. 154). Por su parte, el art. 342 establece que el juez podr rechazar el requerimiento del fiscal y ordenar por auto el archivo de las actuaciones, por los motivos ya explicados: cuando sea manifiesto que el hecho no encuadra en una figura penal o no se pueda proceder. La resolucin ser recurrible por el Ministerio Pblico y el querellante particular. Caracteres La investigacin penal tiene los siguientes caracteres: es preparatoria, escrita, cautelar. Preparatoria Es preparatoria porque sus actos tienen como finalidad fundamentar una acusacin o determinar el sobreseimiento. La prueba obtenida durante la investigacin no puede ingresar directa y definitivamente al debate y constituir fundamento de la sentencia ulterior: debe haber sido ofrecida por las partes, producida y discutida durante el debate. Escrita Es escrita, no por la forma como se practican los actos, ya que algunos se oralizan (la declaracin del imputado, declaraciones testimoniales, careos), sino porque todos los actos que se practiquen, en su completo contenido, debern hacerse constar en actas, que conformarn el respectivo sumario (art. 313).
Limitadamente pblica Es limitadamente pblica, a diferencia del debate que es pblico, salvo algunas excepciones. El concepto se relaciona con la posibilidad de acceder al sumario y a intervenir en los actos procesales en momentos de practicarse. El pblico no puede enterarse del desarrollo de la investigacin, en resguardo tanto del xito de las diligencias probatorias (que podran frustrarse por su difusin, sobre todo si es anticipada), como de la reputacin del imputado (procurando evitar su estigmatizacin social por simples sospechas, que no por fundadas dejan de ser slo eso). Estos constituyen los motivos para restringir la publicidad. En relacin a la publicidad interna, el art. 312 establece que el sumario podr ser solamente examinado por las partes y sus defensores despus de la declaracin del imputado. Pero no obstante ello agrega la norma se podr ordenar el secreto de sumario por un trmino mximo de diez das, por resolucin fundada, siempre que la publicidad ponga en peligro el descubrimiento de la verdad. El trmino podr ser prorrogado por otro similar. Cuando investigue el fiscal la reserva deber ser autorizada por el Juez de Instruccin; cuando investigue el juez, la medida deber ser requerida a la Cmara en lo Criminal. De esta reserva quedarn exceptuados los actos definitivos e irreproductibles que se mencionan en el art. 308, los que debern ser previamente notificados a las partes, bajo pena de nulidad, para que puedan participar o controlarlos. El art. 312 agrega en su ltimo prrafo, que las partes, sus defensores y abogados con un inters legtimo que hayan sido autorizados al acceso de las actuaciones, estarn obligados a guardar secreto sobre el contenido de stas. Relativamente contradictoria La investigacin penal es relativamente contradictoria en procura de lograr el xito de la investigacin.
Los rganos encargados de practicarla (fiscal o juez) son investidos por la ley de amplias facultades en cuanto a la impulsin de los actos, y ello determina una situacin distinta para las partes (imputado y ofendido), quienes no se encuentran en un pie de igualdad con el investigador. La forma como se lleva a cabo el procedimiento (escrito y con publicidad limitada) favorece esta actuacin desigual. No obstante, el Cdigo asegura para las partes la posibilidad de intervenir en los actos (art. 310), pero la decisin de admitirlos corresponder al rgano investigador, siempre que esa participacin no ponga en peligro los fines del proceso o impida una pronta y regular actuacin. Esta resolucin no es recurrible. Cautelar. Por ltimo, la investigacin preparatoria es cautelar, pues cumple una funcin preventiva en relacin a la prueba que se debe reunir para la reconstruccin histrica del hecho anoticiado. Slo la reaccin automtica, gil y diligente de los rganos pblicos encargados de intervenir, posibilitar preservar los elementos ms importantes relacionados al delito, y evitar que desaparezcan o se modifiquen. Finalidad La finalidad de la investigacin penal es impedir que el delito cometido produzca consecuencias ulteriores y reunir las pruebas tiles para dar base a la acusacin o determinar el sobreseimiento, establece el art. 302. Valor de las pruebas Cuando se califica de preparatoria a esta etapa del procedimiento se hace referencia, especialmente, al valor procesal de las pruebas que en ella se recojan: stas slo podrn utilizarse para dar base a la acusacin. Si se quisiera usarlas para fundar la sentencia definitiva debern ser como ya dijimos ofrecidas y producidas durante el juicio, con plenas garantas para la defensa y a la vista del pblico.
Slo aquellas pruebas que no puedan practicarse ms de una vez, pues por su naturaleza o caractersticas son irreproductibles, podrn escapar a esta limitacin y ser idneas para dar base a la sentencia sin haber sido recibidas en el juicio. Para que as ocurra, ser indispensable que se haya garantizado a la defensa la posibilidad de participar en su recepcin, lo que excluye la posibilidad de practicarlas en secreto, e impone la previa notificacin a los defensores. Actos definitivos e irreproductibles El Cdigo en el art. 308 seala algunos de estos actos (reconocimientos, reconstrucciones, pericias, testimonios de personas que por algn impedimento no podrn deponer durante el juicio, etc.), estableciendo el art. 309 la obligacin de notificar a las partes previamente, bajo pena de nulidad, la realizacin de los mismos. Respecto a las pericias, la exigencia de la notificacin se reitera en el art. 236. En el supuesto de ordenarse el secreto de sumario, de esta reserva quedan excluidos los actos definitivos e irreproductibles (art. 312). Duracin La investigacin preparatoria, deber practicarse en el trmino de tres meses, que puede ser prorrogado por otro similar. Adems de estos plazos, la ley acuerda la posibilidad de extenderla doce meses ms en los casos de suma gravedad y de muy difcil investigacin. El trmino se computar a partir de la declaracin del imputado. La duracin del trmite prevista en la ley es la misma para ambas formas de investigacin (fiscal o jurisdiccional). Cuando investigue el fiscal, ambas prrrogas debern ser autorizadas por el Juez de Instruccin. Cuando investigue el Juez, ste podr ordenarlas de oficio (ver arts. 337 y 346). Cuando hay personas privadas de libertad, el trmino de duracin es fatal (art. 182). Esto significa que el vencimiento del plazo y sus prrrogas en forma injustificada, sin que haya finalizado la investigacin, produce una
grave sancin, pues importar automticamente el cese de la intervencin en la causa del Juez o representante del Ministerio Pblico actuantes, los que sern sustituidos, con la posibilidad de la apertura del procedimiento ante el Jurado de Enjuiciamiento (art. 183). Quedarn excluidos del cmputo de este trmino fatal la duracin del diligenciamiento de prueba fuera de la circunscripcin, incidentes o recursos. Atribuciones de los sujetos privados: El imputado En la investigacin preparatoria se debe proveer a la defensa tcnica del imputado en la primera oportunidad que se presente, y siempre antes de su declaracin (art. 305). El hacerse defender por un abogado de su confianza y eleccin, desde el primer momento de la investigacin (aun cuando se trate de averiguaciones policiales), es un derecho irrenunciable de aqul (art. 8.2,d, CADH; art. 14.2,b,d, PIDCP). En el acto de la declaracin del imputado el defensor deber estar presente, caso contrario, nada de lo que diga podr ser utilizado en su contra (Constitucin de Crdoba, art. 40). La ausencia del defensor est sancionada con nulidad (art. 258). El imputado deber ser invitado a elegir defensor, y en el caso de no hacerlo, deber designarse de oficio al Asesor Letrado (arts. 305 y 121). Adems, slo la designacin y notificacin previa del defensor garantizar la validez de los actos de prueba irreproductibles, y posibilitar el control sobre la restante actividad probatoria. El imputado debe tener la posibilidad de ejercer su defensa material, decidiendo libremente si efecta alguna manifestacin relativa a la imputacin que se le formula, o no lo hace. El acto procesal previsto a tal fin se denomina declaracin del imputado (arts. 258 y sgts.). El imputado, al declarar, tiene derecho a indicar las pruebas que estime oportunas, a lo que debe invitarlo el rgano judicial que le recibe la declaracin, quien deber investigar todos los hechos y circunstancias pertinentes y tiles a las que aqul se hubiese referido (art. 267).
Tendr derecho en cualquier momento de la investigacin a proponer diligencias, que sern admitidas si son pertinentes y tiles; igual derecho tendr su defensor (arts. 335 y 344). De la misma manera que no puede ser obligado a declarar en contra de s mismo (art. 18, CN), tampoco puede ser constreido o violentado a producir pruebas en contra de su voluntad, por interpretacin de ese precepto constitucional. As, se proscribe imponerle su intervencin activa como rgano de prueba (v. gr., en una reconstruccin del hecho, en un careo, o formar un cuerpo de escritura para una pericia caligrfica, etctera). La abstencin en dichos actos no puede ser considerada como presuncin de culpabilidad. Como se ha venido explicando, y en razn del estado jurdico de inocencia que goza, tiene el derecho a mantener su situacin de libertad ambulatoria durante todo el procedimiento. Slo en casos excepcionales y con un carcter cautelar, en los supuestos expresamente previstos en la ley, ese estado podr ser restringido (arts. 7.1 y 3, CADH y 9, PIDCP, 42 de la Constitucin Provincial, 268, 269 y 270 del Cdigo). Tiene el derecho de impugnacin, que surge de la posibilidad de cuestionar, mediante recursos, el fundamento fctico y jurdico de cualquier acto que pueda afectar su libertad personal (v. gr., prisin preventiva) o cualquier otro de sus derechos (v. gr., propiedad), y esencialmente el de la acusacin que se formule en su contra. Debe asegurarse durante la investigacin penal, el respeto a las otras garantas constitucionales, como la propiedad, la intimidad (pudor, privacidad del domicilio, inviolabilidad de la correspondencia y papeles privados, comunicaciones, vida familiar), los que podrn ser restringidos nicamente con carcter cautelar y excepcionalmente. Deber tener derecho a examinar las actuaciones, despus de su declaracin, lo que tambin podr hacer su defensor (art. 312).
El defensor del imputado tambin podr participar en los actos de investigacin (art. 310). Las partes civiles. La legislacin procesal del pas admite mayoritariamente la posibilidad de que el damnificado (vctima del delito) pueda ejercer la accin civil resarcitoria en el proceso penal. En el caso de la Provincia de Crdoba esta posibilidad existe nicamente para los delitos dolosos; y para los culposos, slo en los casos de homicidios y lesiones gravsimas (art. 24). La accin civil podr ser ejercida en forma plena recin en la etapa del juicio. Rol de la vctima querellante La vctima que se constituya en querellante tendr derecho a examinar las actuaciones despus de la declaracin del imputado (art. 312). Lo mismo el letrado que lo patrocine o represente. Podr lo mismo que su defensor asistir a los actos de investigacin con las obligaciones previstas en la ley (arts. 310 y 311). Tendr derecho a que se notifiquen a su letrado patrocinante o representante, con anterioridad a su realizacin, los actos definitivos e irreproductibles para poder controlarlos. Podr proponer diligencias que sean pertinentes y tiles para esclarecer el hecho (arts. 335 y 344). Tendr el derecho a impugnar las resoluciones del Fiscal de Instruccin (oposicin u ocurrencia) o del juez (apelacin), en los casos expresamente establecidos en la ley, v. gr., el archivo de las actuaciones (arts. 334 y 342) y el sobreseimiento (art. 352). LA INVESTIGACIN FISCAL El Cdigo de Crdoba regula como regla la investigacin a cargo del Fiscal de Instruccin, con el auxilio policial y bajo el control de los jueces (arts.
301, 328 y sgts.) y, como excepcin, la investigacin a cargo del juez (arts. 301, ltima parte, 339 y sgts.). Ventajas La investigacin a cargo del Ministerio Pblico presenta considerables ventajas, si se combinan ciertas condiciones. Posibilita preservar al juez como sujeto imparcial, mantenindolo ajeno a la investigacin, debiendo actuar como rgano de control ante la posibilidad de que se puedan afectar o concretamente se conculquen las garantas constitucionales. Por otra parte, este esquema posibilita una investigacin mas gil y eficaz para el logro de sus fines. Eficacia y garantas. Este es otro aspecto muy importante que debe tenerse cuenta, y que est ntimamente relacionado con la agilidad. Ello es as ya que generalmente la reaccin o actuacin inmediata y automtica del rgano investigador y no acelerada es lo que la torna eficaz para lograr los objetivos propuestos. Pero, como se viene diciendo, esta actividad tendiente a lograr los fines del proceso siendo uno de los ms importantes la reconstruccin histrica del hecho anoticiado no puede realizarse menoscabando las garantas constitucionales, especialmente las que se relacionan con la persona del imputado. Ambos aspectos eficacia de la investigacin y respeto de las garantas deben tener vigencia y realizacin simultnea durante el trmite, procurando el debido equilibrio. La prctica ha demostrado en algunos casos, que es difcil lograr el equilibrio justo, y que cuando excepcionalmente se sacrifica la eficacia (el xito de la investigacin) para preservar las garantas, muchas veces ello no es comprendido por la sociedad. Pero la eficacia de la investigacin es tambin una garanta para la vctima del delito. Es que el Estado debe garantizar el derecho a la justicia de las
vctimas, lo que implica una actuacin eficaz, adquiriendo relevancia especial en ello la investigacin penal. Para que la investigacin sea eficaz, entonces, lo ms conveniente es que est a cargo del Ministerio Pblico, con el auxilio de la Polica Judicial. Corresponder a estos rganos obtener la prueba para esclarecer el hecho anoticiado, individualizar los partcipes y cumplir los otros objetivos ya expuestos. Debe recordarse que son las pruebas y no los jueces las que condenan, y las ms importantes se obtienen en esta etapa. Objetividad: La actuacin del Ministerio Pblico en la investigacin debe ser objetiva. Pero esta modalidad de actuacin depender de su situacin institucional. La objetividad e independencia depende de la situacin institucional y de los principios que gobiernan su actuacin. Si el Ministerio Pblico Fiscal integra el Poder Judicial o es un rgano extrapoder, si acta libre de rdenes o influencias de los otros poderes y de presiones polticas o sociales, y si debe buscar sin prejuicios ni caprichos la verdad sobre la imputacin delictiva, ofrece suficientes garantas como para alcanzar un grado de confiabilidad que haga razonable otorgarle ciertas facultades autnomas de investigacin y coercin, que permitan que su tarea sea desempeada con eficacia y agilidad. Forma de actuacin: En cuanto a la forma de actuacin, en Crdoba, los fiscales de instruccin podrn dictar decretos (por ejemplo, para ordenar la prisin preventiva, disponer el archivo, hacer lugar a la instancia de constitucin como querellante particular, ordenar medidas probatorias, etc.), formular requerimientos (por ejemplo, la acusacin), o instancias (sobreseimiento). La ley exige el fundamento en los decretos cuando expresamente as se contemple, bajo pena de nulidad; en el caso de los requerimientos, siempre deben ser fundados (ver art. 154).
Atribuciones probatorias En cuanto a las atribuciones probatorias, el fiscal debe ser el dueo de la estrategia de la investigacin y estar facultado para recibir todas las pruebas, debiendo garantizarse la intervencin de la defensa. Pero los elementos de conviccin que recoja slo tendrn valor para dar fundamento a la acusacin o al sobreseimiento. Si se pretendiera utilizar esas pruebas para fundar la sentencia, habr que producirlas durante el juicio, bajo el rgimen del contradictorio pleno, salvo que hubiesen sido cumplimentadas con arreglo al sistema excepcional de los actos definitivos e irreproductibles, que impone garantizar la intervencin de la defensa (una especie de anticipo de contradiccin). Atribuciones coercitivas: En el Cdigo se faculta al fiscal de instruccin a disponer medidas coercitivas, y que stas puedan ser controladas por el juez con posterioridad, siempre que haya requerimiento del interesado. Conforme a ello, se faculta al fiscal de instruccin a citar al imputado (arts. 271 y 332), mantener su libertad e imponerle una caucin (art. 268). Puede tambin ordenar el arresto (art. 274), la detencin (art. 272) y la prisin preventiva (281), facultades estas que son motivo de discusin (Cafferata Nores). Actos prohibidos Pero hay medidas tanto probatorias como coercitivas que el fiscal de instruccin no podr practicar y que la Constitucin Provincial o la ley asignan exclusivamente al juez. No podr allanar domicilios (art. 45 de la Constitucin Provincial y 203, 204 del CPP), intervenir comunicaciones (art. 216), interceptar correspondencias (art 214), ni abrir la interceptada (art 215). Tampoco podr ordenar la incomunicacin de un detenido (arts. 43 de la Constitucin Provincial y 273 del CPP), ni disponer la internacin
provisional del imputado (art 287). Si el fiscal desea que estos actos se realicen, los deber requerir al juez de instruccin o control. Lmites constitucionales: Disposiciones constitucionales imponen lmites a los amplios poderes que el Cdigo de Crdoba confiere al fiscal de instruccin a los fines de dirigir o practicar la investigacin penal, que se concretan como se viene diciendo en las medidas probatorias y coercitivas que puede disponer. Aquella normativa prev la intervencin de un juez (que el Cdigo asigna al juez de instruccin, llamado tambin de control) como rgano de control de los actos del fiscal, a quien las partes podrn recurrir cuando las decisiones o conclusiones de ste puedan afectar sus derechos o garantas constitucionales. Tambin se encarga de regular los casos concretos en que esa intervencin jurisdiccional podr producirse. Control jurisdiccional Las mencionadas limitaciones constitucionales son las que exigen la posibilidad de un estricto control de los jueces (control jurisdiccional) sobre los actos que los fiscales puedan disponer durante la investigacin preparatoria, en cuanto stos puedan afectar derechos constitucionales del imputado o las otras partes privadas. Oposicin y ocurrencia. En un sentido amplio, se trata de vas de impugnacin que la ley acuerda a las partes durante la investigacin fiscal preparatoria cuando una decisin o requerimiento del fiscal ha producido un agravio, mediante la que se procura ya sea en forma directa o indirecta- un nuevo examen por parte del juez de instruccin o control, tendiente a modificarla, revocarla o anularla. Se trata de un control jurisdiccional posterior a la decisin del fiscal. Y tambin ser eventual, como ya se ha dicho, porque slo corresponder la
intervencin del juez si sta es provocada por alguna de las partes (imputado o querellante). Concepto y regulacin legal de la oposicin La oposicin es un medio de impugnacin contra una decisin del fiscal de instruccin considerada ilegal y agraviante, que se interpone con las formalidades previstas en la ley, para que el rgano que la dict el fiscal-, o en su caso el juez de instruccin o control, mediante un nuevo examen, la modifique, revoque, o si corresponde, la anule. El trmite est previsto en el art. 338 del CPP. Se deduce bajo pena de inadmisibilidad, por escrito, con indicacin de los puntos de la decisin que fueren impugnados y fundadamente, ante el fiscal. El trmino para presentar la instancia es de tres das es un plazo perentorio- salvo que la ley establezca otro trmite. Conforme a ello, el fiscal de instruccin, teniendo en cuenta los argumentos del impugnante, puede modificar su criterio y hacer lugar a la oposicin. En el supuesto de que as no ocurra que mantenga su decisin- elevar el incidente ante el juez de instruccin o control en el mismo trmino. El juez tambin tendr tres das para resolver, salvo que en algn caso se establezca otro trmino (v. gr., el auto de elevacin a juicio, art. 358). Los casos de oposicin estn previstos expresamente en la ley: prejudicialidad (art. 11), archivo de las actuaciones (art. 334), prisin preventiva (art. 336) y acusacin (art. 357). Salvo el primero, los dems casos admiten el recurso de apelacin contra la resolucin del juez, por ante la Cmara en lo Criminal. Concepto y regulacin legal de la ocurrencia La ocurrencia, es un medio de impugnacin que se interpone contra una decisin del fiscal de instruccin considerada ilegal y agraviante, la que se presenta directamente ante el juez de instruccin o control, sin
formalidades preestablecidas legalmente, para que el ltimo, mediante un nuevo examen, proceda a modificarla, revocarla o anularla. En cuanto al trmite, existen diferencias con la oposicin: la ocurrencia se presenta directamente al juez de control y la ley no exige formalidad alguna. El fiscal, no tiene la posibilidad de modificar su resolucin. En cambio, la oposicin se presenta ante el fiscal quien tiene la posibilidad de modificar su decisin acogiendo los argumentos del impugnante, y la presentacin debe hacerse dentro del trmino establecido en la ley y con las formalidades que exige. Los casos de ocurrencia previstos en la ley son los siguientes: rechazo de la instancia de constitucin como querellante particular (art. 93), denegatoria del mantenimiento de libertad (art. 270), denegatoria de proposicin de diligencias (art. 335) y control jurisdiccional amplio de las medidas restrictivas de la libertad dispuestas por el fiscal (art. 333). La ley prev el recurso de apelacin contra la resolucin del juez de control en todos los casos, salvo el primero (art. 93), que es irrecurrible. Taxatividad? En relacin a los casos de oposicin y ocurrencia previstos en la ley, regira el principio de taxatividad. As parece indicarlo el art. 338 al expresar en los casos que la ley autoriza la oposicin a una resolucin o requerimiento del fiscal.... Otras formas de control jurisdiccional El Cdigo establece otros casos de intervencin del juez de control: resolucin de incidentes, como las excepciones (art. 19, segundo prrafo), recusacin del fiscal (art. 78) y nulidades (art. 188). Tambin otros supuestos de autorizacin son el secreto de sumario (art. 312), la prrroga del trmino de la investigacin (art. 337), como as mismo autorizacin de las medidas prohibidas al fiscal que ya se mencionaran: allanamientos de
incomunicacin de detenidos e internacin provisional del imputado. LA INVESTIGACIN JURISDICCIONAL La investigacin jurisdiccional procede cuando existen obstculos fundados en privilegios constitucionales (arts. 340, 14 y 16 del CPP). Es la excepcin a la regla la investigacin fiscal preparatoria y el rgano asignado por la ley para practicar o dirigir los actos es el juez de instruccin (art. 36 inc. 1). Supuestos Los supuestos de procedencia de la investigacin jurisdiccional estn contemplados en el art. 14 del Cdigo de Crdoba, norma que debe ser actualizada en relacin a la ltima reforma constitucional producida en la Provincia de Crdoba el 14 de septiembre de 2001. De acuerdo a dicho texto, la investigacin jurisdiccional procede cuando se formulare requerimiento fiscal contra un legislador, magistrado o funcionario sujeto a desafuero, juicio poltico, enjuiciamiento o juicio de destitucin (sobre privilegios constitucionales, ver lo expuesto al tratar Excepciones y condicionamientos al principio de legalidad). En la Provincia de Crdoba, gozan de este privilegio constitucional (llamado tambin inmunidad de proceso), por imperio del art. 160 de la Constitucin Provincial): a) Los miembros del Poder Ejecutivo (Gobernador, Vicegobernador, Ministros y el Fiscal de Estado) como as tambin el Defensor del Pueblo y los Miembros del Tribunal de Cuentas), para quienes la Constitucin Provincial ha previsto el juicio poltico, y entre las causales de destitucin la comisin de delito en el ejercicio de sus funciones y los delitos dolosos comunes (art. 112). b) Los Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial designados con acuerdo de la Legislatura. Para los miembros del Tribunal Superior de
Justicia y el Fiscal General la Constitucin ha previsto el procedimiento del juicio poltico (art. 112). Para los Magistrados inferiores, miembros del Ministerio Pblico Fiscal y Asesores Letrados, se ha previsto el procedimiento ante el Jurado de Enjuiciamiento (arts. 154 y 159 de la Constitucin Provincial y ley 7956). Tambin gozan de este privilegio constitucional los Jueces de Paz (art. 169 de la Constitucin Provincial). El rgano encargado del juzgamiento es el Tribunal Superior de Justicia y el procedimiento est regulado en el Acuerdo de fecha 21.3.61. Regulacin legal La investigacin jurisdiccional deber iniciarse en virtud de un requerimiento de investigacin jurisdiccional formulado por el fiscal de instruccin, que haya conocido de la supuesta existencia de un delito de accin pblica atribuido a alguna de las personas mencionadas en el art. 14 del CPP. El juez de instruccin no puede actuar de oficio y debe esperar este acto emanado del fiscal, por el que la accin penal queda promovida. El requerimiento fiscal debe contener los requisitos establecidos en el art. 341. Inmunidad parcial de coercin personal y de juicio As, el art. 14 dispone que el juez podr ordenar todas las medidas previstas en la ley, salvo las siguientes: no podr disponer la requisa personal del imputado (art. 208), ni interceptarle comunicaciones (art. 216). Tampoco el juez podr restringir la libertad del imputado privilegiado, ni disponer la elevacin a juicio, sin que se haya removido el obstculo formal, es decir, la destitucin o suspensin de ste. Las medidas sealadas recin se podrn disponer cuando el rgano poltico haya allanado su inmunidad. Agrega la norma en cuestin que si la persona con privilegio hubiere sido aprehendida en flagrancia, el tribunal dar cuenta inmediatamente al rgano poltico competente, con informacin sumaria del hecho, a los fines
que proceda a su destitucin o suspensin. Es la nica medida coercitiva que se autoriza antes de la decisin del rgano constitucional. Conforme a lo expuesto, en relacin al imputado, el juez de instruccin debe designarle un abogado defensor desde el comienzo del trmite, puede citarlo, recibirle declaracin en ese carcter, debiendo mantener su estado de libertad, cualquiera fuera la entidad penal del delito, hasta que se pronuncie el rgano poltico. Se excepta la aprehensin en flagrancia. En relacin a la prueba, puede practicar todas las medidas pertinentes y las que las partes puedan proponer. El fiscal de instruccin tendr participacin en el trmite, pudiendo intervenir en los actos de investigacin y examinar las actuaciones (art. 343). Actuar como parte (desde un punto de vista formal), y ser el rgano de control de la actuacin del juez. Advirtase como se invierte el sistema en relacin a la investigacin fiscal preparatoria. Finalizada la investigacin, si concurre alguno de los motivos previstos en el art. 350 del CPP, el juez dispondr el sobreseimiento, que ser apelable por el fiscal, el querellante particular y el propio imputado en las situaciones previstas en el art. 352. Caso contrario, si a criterio del juez de instruccin existiera probabilidad sobre los extremos de la imputacin, y habiendo recibido declaracin al imputado, correr vista al fiscal de instruccin a los fines de la acusacin (art. 347). La norma mencionada seala que en el trmino de seis das el fiscal podr requerir diligencias probatorias que estime necesarias (que se complete la investigacin) o formular el requerimiento de elevacin a juicio. El trmino podr prorrogarse por otro similar para los casos graves y complejos. Si bien la norma no lo establece expresamente, por interpretacin armnica de las disposiciones del Cdigo, tambin el fiscal al evacuar esta vista puede instar el sobreseimiento, discrepando con el juez. Si el juez mantiene su criterio (que deba ser sometido a juicio), tal
discrepancia ser resuelta en definitiva por el Fiscal de la Cmara en lo Criminal de acuerdo al trmite previsto en el artculo 359. En el supuesto que el fiscal coincida con el juez, y concurriendo los requisitos exigidos por el art. 354, formular el requerimiento de citacin a juicio (acusacin), documento que deber contener, bajo pena de nulidad, los elementos mencionados en el art. 355. Cuando la acusacin haya quedado firme y la causa est en condiciones de ser elevada a juicio (o sea que la defensa no haya deducido oposicin, o deducida, no haya prosperado, conforme al trmite previsto en los arts. 357 y 358), recin en esa oportunidad el juez de instruccin solicitar por auto fundado el procedimiento poltico-constitucional tendiente a allanar la inmunidad y remover el obstculo (Novillo Corvaln). La accin penal quedar suspendida a partir de ese momento y no podr proseguir a la espera de lo que suceda en ese otro juzgamiento (llamado tradicionalmente antejuicio para los supuestos de destitucin). As lo establece el art. 14 al expresar que el juez no podr disponer la elevacin de la causa a juicio, sin solicitar previamente el allanamiento de su inmunidad ante quien corresponda, acompaando copia de las actuaciones y expresando las razones que justifiquen tal solicitud. Pero si el rgano poltico rechaza el pedido del juez (no suspende ni destituye), el privilegio subsiste e impide la prosecucin del trmite comn. El juicio penal no se podr realizar y el juez deber ordenar por auto el archivo de las actuaciones al no poder proceder (arts. 14, ltima parte y 342). - MRITO CONCLUSIVO DE LA INVESTIGACIN PENAL PREPARATORIA
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