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Timestamp: 2018-04-19 09:47:53
Document Index: 107895703

Matched Legal Cases: ['artículo 4', 'artículo 6', 'artículo 2', 'in fine', 'in fine', 'artículo 17', 'artículo 32']

Nueva Ley de Riesgos del Trabajo: Ley 26773: Ordenamiento de las reparaciones - La prevención eficaz postergada
Ley 26773: Ordenamiento de las reparaciones - La prevención eficaz postergada
La Ley 26773, sancionada por el Congreso de la Nación y promulgada por Decreto 2028/2012, revela el abandono -al menos por ahora- del proyecto original del gobierno, tan resistido por las entidades patronales, que comprendía alrededor de 58 artículos y tenía como columna vertebral la prevención de los riesgos y el cuidado de la salud del trabajador.
1) Eliminación del sistema de renta periódica. 2) Derogación del art. 39 - Restablecimiento de la responsabilidad civil plena de los empleadores. 3) Notificación y pago inmediato. 4) Opción excluyente por "otros sistemas de responsabilidad". 5) Remisión a la Justicia civil - Su inconstitucionalidad. 6) Aumento de los mínimos indemnizatorios y movilidad de las prestaciones dinerarias. 7) Incremento de alícuotas - Limitación de gastos administrativos de las ART. 8) Las ART Mutuales. 9) Aplicación inmediata.
La Ley 26773, sancionada por el Congreso de la Nación y promulgada por Decreto 2028 del 25/10/12, revela el abandono -al menos por ahora- del proyecto original del gobierno, tan resistido por las entidades patronales, que comprendía alrededor de 58 artículos, y que tenía como columna vertebral la prevención de los riesgos y el cuidado de la salud del trabajador.
La sanción de esta “ley corta” de sólo 17 artículos, denominada “Régimen de Ordenamiento de la Reparación de los Daños derivados de los Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales”, implica que se ha considerado urgente aprobar una normativa referente a reparaciones económicas de los daños ocasionados, en lugar de abordar lo que constituye el núcleo central del problema: la prevención de los riesgos del trabajo.
No puede soslayarse el hecho de que el mantenimiento de altos niveles de siniestralidad, tanto en nuestro país como en el resto del mundo, obedece a las condiciones de trabajo impuestas por el capitalismo a partir de los 90, que han provocado la precarización e inestabilidad del empleo y el alargamiento de la jornada laboral. Se trata de factores que deben ser combatidos desde las organizaciones sindicales y que requieren una política estatal que aún se revela insuficiente y en muchos casos de nula eficacia. Sin embargo, constituye un dato irrefutable de la realidad que gran parte de los accidentes y enfermedades del trabajo son provocados por el incumplimiento de las normas de seguridad y prevención por parte de las empresas y las aseguradoras de riesgos del trabajo.
La continuidad del régimen privatista de la Ley de Riesgos del Trabajo ha contribuido a fomentar la irresponsabilidad de muchos empresarios. “Podemos afirmar -decíamos hace casi tres años- que esta combinación entre la privatización de las inspecciones en materia de higiene y seguridad en el trabajo -que la ley pone a cargo de las ART- y la injustificada limitación del deber de seguridad del art. 75 de la LCT, son -junto a la precariedad en el empleo- factores importantes del enorme aumento de la siniestralidad en todo el país. Por otra parte, se halla en abierta contradicción con las tendencias de la legislación universal. Cabe citar como ejemplo a Francia, en donde se han reforzado los poderes de la Inspección de Trabajo en materia de seguridad y salud en el trabajo; entre otros aspectos a través delfavorecimiento de un mayor contacto entre ésta y el Comité de Higiene, Seguridad y Condiciones de Trabajo, otorgándose incluso a la Inspección la capacidad de exigir la creación de este órgano de participación en materia de seguridad y salud en el trabajo aunque el personal de la empresa no lo requiriera, ampliando sus poderes de requerimiento al empleador para la verificación del estado de los equipos de trabajo o ante situaciones peligrosas que se puedan producir en el lugar de trabajo, o por último regulando su facultad -en el sector de la construcción y de las obras públicas- de paralizar temporalmente los trabajos, y de autorizar su reinicio después de verificar que el empleador haya adoptado todas las medidas útiles para hacer cesar la situación de peligro grave e inminente[1]”.
Como en este aspecto las empresas continúan considerando a la prevención como un gasto y no como una inversión indispensable para garantizar la indemnidad de los trabajadores, no creemos que el tema de las indemnizaciones y de la llamada “doble vía” sean cuestiones más urgentes que la necesidad de mejorar las normas de prevención, con una mayor intervención estatal en las mismas. Por el contrario, siendo la falta o insuficiencia de las medidas de prevención eficaz las que determinan la mayor parte de los accidentes y enfermedades del trabajo, un Estado Social de Derecho debe priorizar el abordaje de las causas que los generan, y no los efectos de carácter patrimonial sobre las empresas, las ART y los propios trabajadores y sus familias.
El proyecto deroga varios artículos de la Ley de Riesgos del Trabajo, manteniendo su estructura y lineamientos esenciales. El eje del sistema continúan siendo las ART y las Comisiones Médicas, y las enfermedades profesionales reconocidas continúan siendo sólo aquellas que están incluidas en el listado. Establece la opción excluyente entre la reparación integral y las prestaciones indemnizatorias del sistema de la LRT.
1) Eliminación del sistema de renta periódica
El art. 17 del proyecto pone fin al sistema de pago en forma de renta periódica establecido por la Ley 24557 para las indemnizaciones por causa de muerte del trabajador y para las incapacidades más graves. En este aspecto, ha seguido la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, fallos recaídos en los casos Milone, Juan A. c/ Asociart”, 26/10/04, y“Torales, Gustavo Ramón c/ Provincia ART”, 29/5/07.
El art. 17 deroga el art. 19 de la LRT y determina que “las prestaciones indemnizatorias dinerarias de renta periódica previstas en la citada norma, quedarán transformadas en prestaciones indemnizatorias dinerarias de pago único, con excepción de las prestaciones en ejecución”.
Es decir que continúa vigente el régimen de renta periódica para los casos en que se esté cumpliendo de esa forma el pago de las prestaciones.
La reforma mantiene el sistema previsto en la LRT para los casos de Gran Invalidez. El art. 2 señala que “la reparación dineraria se destinará a cubrir la disminución parcial o total producida en la aptitud del trabajador damnificado para realizar actividades productivas o económicamente valorables, así como su necesidad de asistencia continua en caso de Gran Invalidez...” También prevé la actualización de las prestaciones por Gran Invalidez.
2) Derogación del art. 39 - Restablecimiento de la responsabilidad civil plena de los empleadores
Este artículo eximía a los empleadores de toda responsabilidad civil frente a sus trabajadores, con la sola excepción del art. 1072 del Código Civil (caso de ilícito doloso cometido por el empleador). Esta derogación implica el restablecimiento pleno de un derecho arbitrariamente conculcado a los trabajadores: el de promover acciones de reparación integral de daños causados por accidentes y enfermedades del trabajo contra los empleadores, lo que se ajusta a la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Aquino”.
En virtud de ello, las empresas podrán contratar un seguro de responsabilidad civil que cubra la diferencia a pagar entre las pólizas vigentes en el sistema de las ART y el monto de condena del juicio por reparación integral.
3) Notificación y pago inmediato
El art. 4 establece que las ART obligadas a la reparación dineraria, deben dentro de los 15 días de notificadas de la muerte del trabajador o de la homologación o determinación de su incapacidad laboral; notificar fehacientemente al mismo o a sus derechohabientes, los importes que les correspondería percibir, discriminando cada concepto en forma separada e indicando que se encuentran a su disposición.
4) Opción excluyente por "otros sistemas de responsabilidad"
El mismo artículo 4 en su segundo párrafo determina que las víctimas de accidentes o enfermedades pueden optar de modo excluyente entre las indemnizaciones previstas en el sistema (calculadas conforme a las pautas de la LRT) o las que pudieren corresponder con fundamento en otros sistemas de responsabilidad:
“Los damnificados podrán optar de modo excluyente entre las indemnizaciones previstas en este régimen de reparación o las que les pudieran corresponder con fundamento en otros sistemas de responsabilidad. Los distintos sistemas de responsabilidad no serán acumulables. El principio de cobro de sumas de dinero o la iniciación de una acción judicial en uno u otro sistema implicará que se ha ejercido la opción con plenos efectos sobre el evento dañoso. Las acciones judiciales con fundamento en otros sistemas de responsabilidad sólo podrán iniciarse una vez recibida la notificación fehaciente prevista en este artículo”.
Se establece la no acumulación del sistema de reparación de la LRT y la acción civil. Es al momento de ser notificado de acuerdo al art. 4 cuando el trabajador debe efectuar la opción. La elección del sistema de la LRT implica el desistimiento de la acción civil. El inicio de ésta supone el rechazo de los beneficios otorgados conforme a la Ley 24557. “El principio de cobro de sumas de dinero o la iniciación de una acción judicial en uno u otro sistema implicará que se ha ejercido la opción con plenos efectos sobre el evento dañoso” (art. 4, 3er. Párrafo).
No obstante, el art. 5 establece que la percepción de prestaciones en dinero, en concepto de sustitución de salarios en la etapa de incapacidad laboral temporaria, o de complemento por gran invalidez, así como la recepción de prestaciones en especie (médicas o farmacéuticas), no implicarán en ningún caso el ejercicio de la opción excluyente. Esto significa que independientemente de la decisión que tome el trabajador oportunamente, las ART deben brindarle asistencia durante toda la etapa de curación de su enfermedad o lesión, así como continuar abonando el complemento fijado para los casos de gran invalidez.
Con el objeto de desalentar las acciones civiles de reparación integral, el art. 3 establece: “Cuando el daño se produzca en el lugar de trabajo o lo sufra el dependiente mientras se encuentra a disposición del empleador, el damnificado (trabajador víctima o sus derechohabientes) percibirá junto a las indemnizaciones dinerarias previstas en este régimen, una indemnización adicional de pago único en compensación por cualquier otro daños no reparado por las fórmulas allí previstas, equivalente al veinte por ciento (20 %) de esa suma”.
Esta compensación del 20 % tiene un alcance limitado, ya que no abarca a la totalidad de los accidentes y enfermedades del trabajo. Hay dos condiciones previstas para habilitar el pago de dicho adicional: 1) Que el daño se produzca en el lugar de trabajo. Quedan evidentemente excluidos los casos de accidentes in itinere. 2) Que el accidente o exteriorización de la enfermedad profesional ocurra mientras el trabajador está a disposición del empleador. Es necesario que el daño, ya fuere accidente o exteriorización de la enfermedad, se produzca en momentos en que la fuerza de trabajo se encuentre disponible para el empleador. Los casos en que una enfermedad laboral se exteriorice fuera de estos casos (en momentos de descanso, por ejemplo) quedan excluidos del art. 3, por lo que -aún cuando tuvieren como causa al trabajo y se reconozcan como tales- no serán reparadas con el adicional del 20 %. Quedan excluidos también todos aquellos casos de enfermedades vinculadas al trabajo que no estén incluidas en el listado oficial.
En caso de muerte o incapacidad total, el adicional indemnizatorio tiene un piso de $ 70.000.- (art. 3 último párrafo del proyecto).
La Ley 26773 no clausura la posibilidad de la acción judicial fundada en “otros sistemas de responsabilidad”. De acuerdo al artículo 6, el trabajador puede optar por promover una acción tendiente a obtener la reparación integral del daño, y cuando por sentencia judicial, conciliación o transacción se determine una indemnización fundada en el derecho civil, la ART -aún cuando no sea parte en el juicio- debe depositar a la orden del Juzgado el importe que hubiere correspondido de acuerdo al sistema de la LRT más sus intereses. Este importe se deducirá del capital de condena. Si fuere superior al mismo, el excedente se depositará en el Fondo de Garantía. No puede hablarse en realidad de supresión de la “doble vía” cuando todavía persiste la obligación de la ART de depositar el monto indemnizatorio calculado conforme a las pautas de la Ley 24557. Tal obligación no constituye un dato menor; sobre todo si la empleadora hubiera caído en estado de insolvencia.
La determinación legal de un 20 % asignado a “cualquier otro daño” (moral, psíquico, físico, daño a la vida de relación, al proyecto de vida, pérdida de chance) resulta arbitraria, porque no es posible que una ley establezca a priori una indemnización uniforme aplicable a todos los casos, sin tomar en cuenta la importancia, el carácter y la gravedad de la lesión. Tal determinación sólo pueda hacerla en cada caso concreto el poder jurisdiccional, previa valoración de la prueba producida.
Al respecto debemos recordar que la Ley de Riesgos del Trabajo fue creada como un pretendido subsistema cerrado de Seguridad Social; siendo en realidad un impropio y defectuoso cumplimiento del mandato constitucional del art. 14 bis de la Constitución Nacional.
Es así como en lugar de entidad de derecho público no estatal, el eje principal del sistema está constituido por entidades privadas con fines de lucro: las ART.
Este sistema -como cualquier otro de la Seguridad Social- no puede contener la reparación integral, pero mucho menos puede excluirla, condicionarla o limitar su alcance. Ello por cuanto la reparación integral del daño causado pertenece al Derecho Civil o al Derecho Laboral.
La opción excluyente es por lo tanto una anomalía jurídica, que no supera el test de constitucionalidad y mucho menos el de convencionalidad.
Un sistema de seguridad social debe reunir determinadas condiciones: suficiencia, automaticidad e inmediatez de la percepción de las prestaciones, por cuanto debe satisfacer necesidades inmediatas creadas por la contingencia dañosa, en nuestro caso los accidentes o enfermedades del trabajo.
En este marco es absurdo que el otorgamiento de las prestaciones indemnizatorias, como cualquier otra prestación, esté sujeto al cumplimiento de una opción con renuncia del beneficiario a otros derechos que pudieran corresponderle. Sería lo mismo que condicionar la percepción de las asignaciones familiares o el beneficio jubilatorio a una opción con renuncia al cobro de seguros o indemnizaciones, lo cual nunca fue imaginado por las mentes más febriles o imaginativas del pensamiento jurídico universal.
Mientras que el otorgamiento de las prestaciones de la LRT se encuadra en un pretendido subsistema de Seguridad Social, la responsabilidad del empleador por el daño ocasionado se funda en el derecho común, y se basa en el riesgo creado o riesgo de autoridad, o bien en el incumplimiento del deber de seguridad.
La acumulación de beneficios resultantes de regímenes diferentes no puede ser proscripta por la ley. Podríamos incluso afirmar que en el Derecho del Trabajo y en materia de indemnizaciones por incapacidades laborales, la acumulación de beneficios es la regla. A título de ejemplo mencionamos el último párrafo del art. 212 de la LCT, referido a la indemnización por incapacidad absoluta: “Este beneficio no es incompatible y se acumula con los que los estatutos especiales o convenios colectivos puedan disponer para tal supuesto”. Si esta indemnización por incapacidad absoluta a cargo del empleador puede acumularse con la indemnización calculada conforme a la Ley de Riesgos del Trabajo 24557, no existe razón jurídica alguna que justifique la imposibilidad de que pueda acumularse la que surja de la violación del deber de seguridad (art. 75 LCT) o de la responsabilidad contractual o extracontractual del empleador.
No puede soslayarse la situación de desigualdad del trabajador tanto con respecto a su empleador como a la ART. La desigualdad se acentúa cuando el trabajador se halla incapacitado, por lo que la aceptación por éste de prestaciones insuficientes en relación con el daño causado, hace presumir que se ha explotado su estado de necesidad, provocando una ventaja patrimonial para la ART y el empleador, por lo que corresponde aplicar el instituto de la lesión subjetiva (art. 954 del Código Civil).
En el Derecho Civil para llegar a la invalidez del acto viciado de lesión, se debe probar la desproporción y los elementos subjetivos: la inferioridad de la víctima y el aprovechamiento de la otra parte, lo que constituye una presunción que sólo invierte la actividad probatoria de este extremo, pero no la excluye. En el Derecho Laboral, por el contrario, probada la desproporción o insuficiencia de la reparación, la desigualdad entre las partes hace irreversible la nulidad del acto: “Presume la necesidad, por su condición de obrero. Los juristas buscan nuevos medios para combatir los aprovechamientos inicuos. Las normas laborales sólo requieren el quebrantamiento de los elementos objetivos, pues dan por sentado que la parte obrera se encuentra en situación de inferioridad y es víctima de una explotación. Conclusiones legales que no admiten prueba en contrario[2]”.
Es necesario destacar que el art. 4 de la Ley 26773 se refiere a la posibilidad de la opción por “otro sistema de responsabilidad”. Es evidente que el legislador no se limita sólo a la que surge del Derecho Civil; sino que deben considerarse comprendidas en la opción aquellas acciones que el trabajador incapacitado puede interponer fundándose en el deber de seguridad (art. 75 LCT). El deber de seguridad implica garantizar la indemnidad del trabajador, y no tolera condicionamiento alguno por parte de un sistema de seguridad social. El principio de indemnidad, supone que el trabajador no debe sufrir daños a raíz de las labores que realiza, comprometiéndose el empleador a “reintegrarlo” a su domicilio en las mismas condiciones de salud física y psíquica en que se encontraba cuando ingresó a su ámbito de trabajo. Este principio, regulado en el art. 75 LCT y en la Ley 19587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo, obliga a la prevención eficaz de los riesgos del trabajo. Cuando la prevención no es eficaz, por inexistente o deficiencia de los medios empleados, la reparación integral es ineludible.
Este sistema de responsabilidad surge no del Derecho Civil, sino del Derecho Laboral, cuya autonomía científica no puede ponerse en duda. Resulta inadmisible que en estos casos pueda ser competente un Juez Civil, por lo que la ley incurre en una evidente contradicción, más allá de las consideraciones generales que haremos seguidamente respecto a la disposición que determina dicha competencia.
5) Remisión a la Justicia civil - Su inconstitucionalidad
La Ley 26773 determina la competencia de la Justicia Civil para los casos de acciones emprendidas para obtener la reparación integral, detrayéndola de la Justicia Nacional del Trabajo, y -como sólo puede imponer tal competencia en la Capital Federal- invita a las Provincias a que se sumen a esta iniciativa y fijen la competencia civil para estos juicios.
En primer lugar, las controversias referentes a accidentes o enfermedades del trabajo son de carácter laboral, independientemente de cuál sea el sistema de responsabilidad (civil, laboral o sistémico de la LRT) en que se funde la pretensión resarcitoria del trabajador. El debido respeto al principio del juez natural de la Constitución Nacional implica que es la Justicia del Trabajo correspondiente a cada Provincia la que debe entender en los conflictos relativos a riesgos del trabajo. La remisión a la Justicia Civil de estos procesos no obedece a ningún motivo justificado y constituye un retroceso jurídico inaceptable. No es necesario ser Juez Civil para aplicar las normas del derecho común, y es un hecho público y notorio que los magistrados del trabajo lo vienen aplicando desde hace décadas en nuestro país.
Los problemas de competencia son cuestiones de carácter procesal; y es evidente que el tema de los riesgos del trabajo no es de carácter federal; y que -conforme a la Constitución Nacional- la regulación de los procesos judiciales corresponde a cada Provincia, por tratarse de una materia no delegada al poder federal. Cabe agregar que la Provincia de Santa Fe no puede establecer la competencia civil en materia de riesgos del trabajo, pues ello implicaría violar el art. 20 de la Constitución Provincial, en cuanto determina que la Provincia “establece tribunales especializados para la decisión de los conflictos individuales del trabajo, con un procedimiento breve y expeditivo, en el cual la ley propende a introducir la oralidad”.
El Código Procesal Laboral de la Provincia de Santa Fe (Ley 7945 modificada por Ley 13039) determina en su artículo 2 inc. f) determina que la Justicia Laboral es competente para entender “en las pretensiones promovidas por los trabajadores o sus derechohabientes para la reparación del daño ocasionado por los accidentes y enfermedades laborales, contra empleadores y aseguradores”.
6) Aumento de los mínimos indemnizatorios y movilidad de las prestaciones dinerarias
De acuerdo al art. 8 de la Ley 26773, los importes por incapacidad permanente previstos en las normas que integran el régimen de reparación, previstas por la LRT y el Decreto 1694/09, se ajustan conforme al índice RIPTE (Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables) en forma retroactiva desde el 1º de Enero de 2010. Estos ajustes se realizarán semestralmente de igual forma que las jubilaciones y pensiones.
De esta forma, se incrementan los pisos indemnizatorios. A partir del Decreto 1694/09, la suma de $ 180.000.-, que desde el 2001 era tope indemnizatorio, se transformó en mínimo, y desde entonces no había sido actualizada. El mínimo indemnizatorio (en caso de muerte o incapacidad total) se eleva a $ 460.000.-; pero también en la misma proporción las prestaciones dinerarias fijas que ya habían sido actualizadas por el Decreto 1694/09. Si a estas sumas se agrega el resarcimiento adicional -que en los casos de muerte o incapacidad total no puede ser inferior a $ 70.000.- la indemnización mínima por muerte o incapacidad total alcanzaría un piso de $ 715.000.-
7) Incremento de alícuotas - Limitación de gastos administrativos de las ART
El incremento de las indemnizaciones se traducirá en una suba de los costos de la cobertura que pagan las empresas; que -según el Ministro de Trabajo- elevará la actual alícuota promedio del 3,1 al 3,59 % de la masa salarial de cada empresa, lo que implica un aumento de costos del 20 % . El art. 16 del proyecto determina que las ART deberán limitar su presupuesto en gastos de administración y gastos no prestacionales a un porcentaje que no podrá superar el 20 % de los ingresos que le correspondan por el seguro; y de dicho importe podrán asignar a gastos de comercialización o intermediación hasta el 5 % del total.
8) Las ART Mutuales
Se prevé por Decreto la creación de ART Mutuales, sin fines de lucro, que podrán ser constituidas entre sindicatos y empresas, como resultado de la negociación colectiva en el marco de la Ley 14250. Es una iniciativa que debe calificarse como positiva, por cuanto posibilitaría introducir en el mercado organismos que podrían competir ventajosamente con las actuales ART, entidades con fines de lucro, constituidas generalmente como sociedades anónimas, que son parte del capital financiero e improductivo, como lo fueran las AFJP.
Cabe recordar que ya en el Decreto 1694/09, la Presidenta instruía al Ministerio de Trabajo, a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y a la Superintendencia de Seguros de la Nación a fin de que adoptaran las medidas necesarias para impulsar la creación de de entidades sin fines de lucro, de seguros mutuos, que tengan a su cargo la gestión de las prestaciones de la LRT. Desconocemos que se haya constituido alguna de dichas entidades. Lo nuevo del Decreto es la disposición de que su creación puede ser obra de la negociación colectiva.
9) Aplicación inmediata
El artículo 17 inc. 6 dice que “las prestaciones en dinero por incapacidad permanente, previstas en la Ley 24557 y sus modificatorias, y su actualización mediante el Decreto 1694/09, se ajustarán a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley conforme al índice RIPTE (Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables) publicado por la Secretaría de Seguridad Social, desde el 1º de Enero del año 2010. La actualización general prevista en el art. 8 de esta ley se efectuará en los mismos plazos que la dispuesta para el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) por el artículo 32 de la Ley 24241, modificado por su similar 26417”.
El inciso 7 del mismo artículo determina que “las disposiciones atinentes al importe y actualización de las prestaciones adicionales por Gran Invalidez entrarán en vigencia a partir de la publicación en el Boletín Oficial de la presente, con independencia de la fecha de determinación de esa condición”.
Para estos casos, la Ley 26773 se ajusta a la doctrina del efecto inmediato.
No obstante, contradictoriamente, el inciso 5 del art. 17 dice que “las disposiciones atinentes a las prestaciones en dinero y en especie de esta ley entrarán en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial y se aplicarán a las contingencias previstas en la Ley 24557 y sus modificatorias, cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir de esa fecha”.
Aquí la ley se aparta del efecto inmediato establecido en los incisos 6 y 7 del mismo artículo.
La evidente contradicción entre el régimen aplicable a “las prestaciones en dinero y en especie” (inc. 5), por una parte, y a “las prestaciones en dinero por incapacidad permanente” (inc. 6) y a las “prestaciones adicionales por Gran Invalidez”, por la otra, no obedece a ningún motivo justificado.
Una ley como la 26773 puede “ordenar” el sistema de reparaciones, derogar o corregir artículos y mejorar las prestaciones dinerarias de la Ley 24557, pero de ningún modo puede alterar disposiciones del Código Civil referentes a la vigencia de las leyes.
Dice el art. 3 de dicho Código que “a partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplicarán aún a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes”.
El Código Civil argentino adopta el principio del efecto inmediato. Es por ello que la Ley 26773 debe aplicarse íntegramente a las relaciones o situaciones jurídicas en el estado en que se hallaban al momento de ser sancionada.
¿A qué relaciones jurídicas nos referimos? A las que se configuran a raíz del daño producido por el accidente o enfermedad. En materia de riesgos del trabajo, no puede sostenerse que el daño ocasionado se produce en forma instantánea. Los efectos del siniestro se proyectan en el tiempo; y sólo pueden considerarse agotados cuando haya sido reparado el perjuicio.
Por lo tanto consideramos que es inconstitucional la disposición de la Ley 26773 referente a que sus disposiciones son aplicables a los accidentes y a las enfermedades cuya primera manifestación invalidante se produzcan a partir de la vigencia de dicha ley.
El proyecto mantiene las Comisiones Médicas y sus facultades desmedidas, propias de un poder jurisdiccional, y el listado de enfermedades profesionales que -según el Ministro de Trabajo- se abrirá a través del Consejo Consultivo integrado por las organizaciones sindicales y empresarias a fin de incorporar aquellas enfermedades que son las más comunes y que motivan la mayor cantidad de juicios en nuestro fuero laboral: hernias, discopatías, várices, etc.
Por eso creemos que la conflictividad no disminuirá; sino que continuará in crescendo, ya que no se podrá impedir que los trabajadores accionen civilmente para obtener una reparación integral en todos los casos en que su enfermedad no sea reconocida como enfermedad laboral -para lo que no existe obstáculo legal alguno en el proyecto, por cuanto deroga el art. 39 de la Ley 24557-; e incluso planteando la inconstitucionalidad e insuficiencia del 20 % asignado como adicional para determinados casos.
Queda pendiente lo más importante: la discusión pública de los lineamientos de un proyecto integral de Prevención de los Riesgos Laborales, que garantice la prevención eficaz, la participación de los representantes de los trabajadores en comisiones de salud y seguridad en el trabajo, el reforzamiento del papel del Estado, la penalización de los incumplimientos por parte de los empleadores de las obligaciones de prevención.
Dicho objetivo, postergado indefinidamente desde los 90’, no puede quedar librado a las contingencias, o al orden de prioridades que establezcan a nivel político el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo de la Nación, ni tampoco convertirse en un instrumento del oportunismo y el estrecho electoralismo de políticos desorientados.
La prevención eficaz de los riesgos del trabajo debe ser una política de Estado, y por lo tanto requiere la iniciativa y la participación indispensable de los especialistas en salud y seguridad en el trabajo, de las organizaciones sindicales y empresarias, de los profesores y estudiantes universitarios, y de los abogados laboralistas.
Elizondo, Jorge, "Riesgos del Trabajo. Análisis Crítico de la LRT", Ed. Nova Tesis, Rosario, Febrero de 2010, p. 49/50.
Leonfanti, María Antonia, "Derecho de Necesidad", Editorial Astrea, Buenos Aires, 1980, p. 107/108.
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