Source: https://tc.vlex.es/vid/751524945
Timestamp: 2019-01-18 17:38:17
Document Index: 93275382

Matched Legal Cases: ['artículo 384', 'artículo 384', 'artículo 797', 'artículo 384', 'artículo 384', 'artículo 384', 'artículo 384', 'artículo 35', 'artículo 384']

ATC 124/2018, 28 de Noviembre de 2018 - Jurisprudencia - VLEX 751524945
ATC 124/2018, 28 de Noviembre de 2018
Pleno. Auto 124/2018, de 28 de noviembre de 2018. . Inadmite a trámite la cuestión de inconstitucionalidad 815-2018, planteada por el Juzgado de lo Penal núm. 1 de Toledo en relación con el inciso segundo del párrafo segundo del artículo 384 del Código penal.
El 14 de febrero de 2018 tuvo entrada en el registro general de este Tribunal un oficio del Juzgado de lo Penal núm. 1 de Toledo por el que se remite testimonio de las actuaciones formalizadas en el juicio rápido núm. 41-2017, y del Auto de fecha 19 de diciembre de 2017 por el que el Magistrado Juez de lo Penal acuerda plantear cuestión de inconstitucionalidad respecto del inciso segundo del párrafo segundo del artículo 384 del Código penal (CP), por “posible vulneración del principio de legalidad penal, o su interpretación integradora, como presunción de puesta en peligro cuando quien maneja el vehículo a motor no ha demostrado nunca las capacidades mínimas para realizar tal actividad, a resolver caso a caso en legalidad ordinaria”.
El 7 de agosto de 2017 agentes de la policía local de El Viso de San Juan (Toledo) levantan atestado por conducción temeraria, constatando que el conductor de un automóvil se encontraba al volante del vehículo sin haber obtenido nunca permiso de conducir habilitante para ello. Una vez recibido el atestado, el Juzgado de Instrucción núm. 2 de Illescas incoa procedimiento de juicio rápido (núm. 45-2017), contra don Jonathan Figueroa Aparicio, al amparo de lo previsto en el artículo 797 de la Ley de enjuiciamiento criminal (LECrim), acordando al tiempo la práctica de las diligencias de investigación que consideró necesarias para esclarecer la responsabilidad penal que pudiera derivarse de tal conducta.
El 9 de agosto de 2017 se tomó declaración al conductor y, tras oír a las partes personadas, a petición del Ministerio Fiscal el Juez acordó continuar el procedimiento dando lugar a la preparación del juicio oral y a su posterior apertura, solicitada por el Ministerio Fiscal. Este presentó escrito de acusación en el que imputaba al conductor la comisión de un delito contra la seguridad vial previsto y penado en el artículo 384.2 CP, como consecuencia de haber sido sorprendido conduciendo sin haber obtenido nunca permiso para conducir vehículos a motor o ciclomotor. Se otorgó a la defensa un plazo de cinco días para formular escrito de alegaciones, señalándose la vista oral del procedimiento ante el Juzgado de lo Penal núm. 1 de Toledo, el día 9 de noviembre de 2017. Las actuaciones fueron remitidas y recibidas por el Juzgado de lo Penal núm. 1 de Toledo que declaró pertinentes las pruebas propuestas y ratificó la fecha de celebración del juicio oral.
El 21 de noviembre de 2017, una vez celebrado el juicio oral en el que el Ministerio Fiscal mantuvo la acusación antes expresada, el Juez de lo Penal dictó providencia en la que acordó dar traslado al Ministerio Fiscal y la defensa del acusado para formular alegaciones sobre la pertinencia de plantear cuestión de inconstitucionalidad con respecto del inciso segundo del párrafo segundo del artículo 384 CP, por posible vulneración del principio de legalidad penal, en cuanto coexisten en el ordenamiento jurídico “conductas en el ámbito de la circulación vial que son sancionadas por (la) legislación administrativa y por la legislación penal sin que el legislador haya establecido una nítida separación, sin desplazamiento del orden penal por su previsión administrativa ni al contrario”.
El Ministerio Fiscal presentó su escrito de alegaciones el día 29 de noviembre de 2017, considerando improcedente el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad. Su argumentación puso de relieve que, después de haber aplicado durante años —desde 2012— el precepto cuestionado en un determinado sentido, propugnando una solución absolutoria, el Juez plantea ahora la duda de constitucionalidad una vez el Tribunal Supremo, a instancias del Ministerio Fiscal, ha dictado varias Sentencias durante el año 2017 fijando una interpretación del precepto penal cuestionado distinta de la propugnada por el Juez de lo Penal y la Audiencia Provincial de Toledo. En ellas, valorándolo como un delito de riesgo abstracto, no exige la inferencia de que en cada caso analizado se hubiera producido un peligro concreto para la seguridad vial para entender subsumida la conducta en el precepto penal. Por lo expuesto, el Ministerio Fiscal “considera improcedente que el Juez promueva la cuestión de inconstitucionalidad del artículo 384.2 del Código penal por haberlo aplicado dictando numerosas sentencias anteriormente, sin haber albergado dudas, hasta ahora, de su constitucionalidad. Porque las sentencias absolutorias dictadas por el Juez fueron confirmadas por la Audiencia Provincial de Toledo, Tribunal que no ha discutido la constitucionalidad de tal precepto legal. Y porque el Tribunal Supremo tampoco apreció síntomas de inconstitucional del artículo, al resolver los recursos de casación”.
El Juzgado de lo Penal núm. 1 de Toledo, por Auto de 19 de diciembre de 2017, acordó plantear cuestión de inconstitucionalidad con respecto del inciso segundo del párrafo segundo del artículo 384 CP, por posible vulneración del principio de legalidad penal (art. 25 CE), ya que el precepto penal cuestionado puede vulnerar la obligación de taxatividad al admitir interpretaciones diversas que ponen en cuestión la seguridad jurídica de los conductores.
Comienza su informe exponiendo los antecedentes y el iter procesal previo del que trae causa la presente cuestión. Expone que nada puede objetarse en relación con el rango legal de la disposición cuestionada, el cumplimiento del trámite de audiencia previsto en el artículo 35.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), existiendo correspondencia entre el precepto legal cuestionado y los preceptos constitucionales afectados e identificados en la providencia de apertura del trámite de audiencia. Añade, que tampoco es posible efectuar objeción alguna al juicio de aplicabilidad y relevancia puesto que la acusación pública se efectúa definitivamente por el tipo del inciso segundo del apartado segundo del artículo 384 CP y no cabe discutir que en el presente caso se da la circunstancia de que el precepto indicado es relevante por cuanto no cabe duda que de su validez constitucional depende entonces el fallo. En relación con la formulación del denominado “juicio de relevancia”, indica que se efectúa correctamente en el fundamento de Derecho 6 del Auto de planteamiento al justificar suficientemente cómo la decisión del proceso depende de la validez de la norma dada la calificación de los hechos por el Ministerio Fiscal.
En cuanto al fondo indica que el criterio de la Fiscalía General del Estado, favorable al entendimiento de la cuestión como notoriamente infundada por absoluta falta de fundamento de las dudas formuladas por el órgano proponente, ya fue anticipado en un caso sustancialmente idéntico, en las alegaciones formuladas en la cuestión de inconstitucionalidad núm. 6104-2017 y así fue acogido por el Pleno del Tribunal Constitucional en el ATC 67/2018 , de 20 de junio, posteriormente reiterado en los AATC 80/2018 y 81/2018 , de 17 de julio, por lo que basta remitirse a la fundamentación jurídica contenida en los fundamentos 4 a 6 del referido ATC 67/2018 .
STSJ Comunidad de Madrid 717/2009, 9 de Octubre de 2009