Source: http://www.scribd.com/doc/104095228/INFORME-DEFENSORIAL-N%C2%BA-001-2002-DP-ADDHH-INVESTIGACION-DEFENSORIAL-SOBRE-LA-EXISTENCIA-DE-UNA-FOSA-COMUN-CON-RESTOS-HUMANOS-EN-EL-PARAJE-DE-SILLACCASA
Timestamp: 2015-02-01 20:55:57
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INFORME DEFENSORIAL Nº 001-2002-DP/ADDHH INVESTIGACIÓN DEFENSORIAL SOBRE LA EXISTENCIA DE UNA FOSA COMÚN CON RESTOS HUMANOS EN EL PARAJE DE SILLACCASA
P. 1INFORME DEFENSORIAL Nº 001-2002-DP/ADDHH INVESTIGACIÓN DEFENSORIAL SOBRE LA EXISTENCIA DE UNA FOSA COMÚN CON RESTOS HUMANOS EN EL PARAJE DE SILLACCASAINFORME DEFENSORIAL Nº 001-2002-DP/ADDHH INVESTIGACIÓN DEFENSORIAL SOBRE LA EXISTENCIA DE UNA FOSA COMÚN CON RESTOS HUMANOS EN EL PARAJE DE SILLACCASARatings: (0)|Views: 13|Likes: 1Published by Alfredo Tapia GarciaMore info:Categories:Types, Government & PoliticsPublished by: Alfredo Tapia Garcia on Aug 27, 2012Copyright:Attribution Non-commercialAvailability:Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate content|Add to collectionSee moreSee lesshttps://www.scribd.com/doc/104095228/INFORME-DEFENSORIAL-N%C2%BA-001-2002-DP-ADDHH-INVESTIGACION-DEFENSORIAL-SOBRE-LA-EXISTENCIA-DE-UNA-FOSA-COMUN-CON-RESTOS-HUMANOS-EN-EL-PARAJE-DE-SILLACCASA01/15/2013pdftextoriginal INFORME DEFENSORIAL Nº 001-2002-DP/ADDHHINVESTIGACIÓN DEFENSORIAL SOBRE LA EXISTENCIA DE UNA FOSACOMÚN CON RESTOS HUMANOS EN EL PARAJE DE SILLACCASA, ENEL DISTRITO DE CHUSCHI, PROVINCIA DE CANGALLO, AYACUCHO
En el mes de agosto del año 2001, la Defensoría del Pueblo tomó conocimiento de laexistencia de una fosa común con restos humanos en el paraje conocido como "Sillaccasa", enel distrito de Chuschi, provincia de Cangallo, Ayacucho.La información inicial, señalaba que habrían sido asesinados ocho pobladores de la comunidadcampesina de Quispillaqta en Chuschi. quienes fueron detenidos y posteriormente asesinadospresumiblemente por miembros del Ejército Peruano. Seis de estas víctimas estaríanenterradas en la fosa y serían las siguientes personas: Reynaldo Núñez Pacotaype, AntonioCarhuapoma Conde, Hilario Núñez Quispe, Luis Machaca Mendoza, Narciso Achallma Capchay Máximo Vilca Ccallocunto.Conforme a sus atribuciones constitucionales de defensa de los derechos fundamentales de lapersona y de supervisión del cumplimiento de los deberes de la administración estatal, inicióuna investigación defensorial a efectos de determinar si tales hallazgos guardaban relación conviolaciones a derechos humanos.Se incluyó entonces "Sillaccasa" en el cronograma de visitas de inspección a presuntas fosascon restos humanos, elaborado por la Defensoría del Pueblo en coordinación con el MinisterioPúblico, la Comisión de la Verdad y Reconciliación y el Equipo Peruano de AntropologíaForense, realizándose visitas a la localidad el 17 de agosto del 2001 y posteriormente el 27 denoviembre del 2001.
II. COMPETENCIA DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 162º de la Constitución Política del Perú y el artículo1º de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Ley Nº 26520, corresponde a la Defensoríadel Pueblo defender los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de lacomunidad, así como supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal.De acuerdo con su mandato constitucional, frente al hallazgo de fosas clandestinas conposibles restos humanos la intervención de la Defensoría del Pueblo tiene por objetodeterminar si tales fosas se originan en hechos violatorios de derechos fundamentales; asícomo supervisar el cumplimiento de los deberes de las instituciones públicas encargadas dellevar a cabo una investigación adecuada.
En relación al derecho a la vida, la actuación de la Defensoría del Pueblo se sustenta en losartículos 1º y 2º inciso1º, de la Constitución Política del Estado, que establecen la defensa de lapersona humana y el respeto a su dignidad como fin supremo de la sociedad y del Estado yreconocen el derecho a la vida e integridad de las personas. Asimismo, en el artículo 3º de laDeclaración Universal de los Derechos Humanos, el Artículo 6º del Pacto Internacional deDerechos Civiles y Políticos y el artículo 4º de la Convención Americana de Derechos Humanosratificados por el Estado peruano.Conforme al artículo 9º de la Ley Nº 26520, el Defensor del Pueblo puede iniciar de oficiocualquier investigación conducente al esclarecimiento de los actos que puedan afectarderechos fundamentales. Asimismo, el artículo 16º de la citada ley orgánica señala que lasautoridades, funcionarios y servidores de los organismos públicos tienen el deber decooperación con el Defensor del Pueblo, a quien deben proporcionar las informaciones quesolicite.Las investigaciones de la Defensoría del Pueblo están orientadas con el exclusivo propósito deproteger los derechos fundamentales de las personas y la supervisión del cumplimiento de losdeberes de la administración estatal. Por ello, el artículo 17º de la Ley Nº 26520, establece quecuando un mismo hecho violatorio de derechos humanos está siendo investigado por otraautoridad, funcionario o institución del Estado, el Defensor del Pueblo podrá tener acceso a lasinformaciones pertinentes y aportar a las autoridades competentes los elementos provenientesde su propia investigación.El artículo 28º de la Ley Nº 26520 señala que cuando el Defensor del Pueblo en el ejercicio desus funciones tenga conocimiento de conductas o hechos presumiblemente delictuosos losremitirá al Ministerio Público para que proceda de acuerdo a sus atribuciones. Finalmente,como resultado de sus investigaciones podrá formular las recomendaciones correspondientes alas autoridades a cargo de las investigaciones, conforme al artículo 26º de la Ley Orgánica dela Defensoría del Pueblo.
III. INVESTIGACIÓN Y ACTUACIONES DEFENSORIALES
Conforme a sus atribuciones constitucionales la Defensoría del Pueblo inició una investigaciónno jurisdiccional con la finalidad de determinar si los hechos descritos y la existencia de unafosa con restos humanos se originan en violaciones a los derechos humanos.En esta medida, se realizaron las siguientes actuaciones:1. Se realizó una primera visita al distrito de Chuschi, el 17 de agosto del 2001. a efectos decorroborar la información inicial recibida.2. Se puso en conocimiento y coordinó con el Ministerio Público, la Comisión de la Verdad yReconciliación y el Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF), para realizar la visita deinspección conjunta y la verificación al sitio indicado como el lugar de los enterramientos.3. Se realizó la visita de inspección conjunta al lugar de la fosa ubicado en el paraje deSillaccasa. distrito de Chuschi, el 27 de noviembre del 2001, la cual contó con la participacióndel Fiscal Provincial de Cangallo, Dr. Rolando Enciso Sandoval, la representante de la Fiscalde la Nación Dra. Sonia Papi, comisionados de la Defensoría del Pueblo y miembros del EPAF.4. Se realizó una reunión con autoridades y pobladores del distrito de Chuschi y del anexo deQuispillacta, a fin de informarles el motivo de nuestra presencia.5. Se recogió información pre morten de las ocho víctimas por intermedio de sus familiares. Seobtuvo también en algunos casos copia de documentos de identidad que acreditarían lapreexistencia de las víctimas.
6. Asimismo, se recibieron 5 testimonios relacionados al caso, los mismos que por razones deseguridad han sido identificados con una numeración.7. El testimonio I -1 fue tomado el 27 de noviembre del 2001, corresponde al relato de losucedido y a la indicación del lugar exacto de los enterramientos. El 18 de diciembre del 2001,se recibió el testimonio I - 2, corresponde también a la indicación del lugar de losenterramientos. El testimonio I -3, resulta de un testigo presencial de la detención de lasvíctimas. Los testimonios de I - 4 y I - 5 confirman lo sucedido el 14 y 15 de mayo de 1983.Respecto a los testimonios recabados es importante señalar que se ha buscado darle la mayoridoneidad y confiabilidad posible a las fuentes. Se tomaron muchos testimonios, por separado yen fechas distintas. Se buscó generar un clima de confianza con la finalidad de vencer el temorque aún subsiste en los pobladores ante personas ajenas a su comunidad. De los diversostestimonios recogidos, se extrajeron aquellos que relataron los hechos acontecidos de maneraespontánea, clara y, lo que es más importante, en su idioma materno, el quechua. Esimportante precisar que estos testimonios son coherentes, guardan uniformidad y, cuandocorrespondía, han sido verificados.8. Por otro lado, se verificó en el acervo documental de expedientes transferidos por elMinisterio Público a la Defensoría del Pueblo, la existencia de denuncias por la desaparición delas víctimas, obteniéndose la siguiente información:En el expediente de
Julián Núñez Mendoza,
obra el reporte de Amnistía Internacional en elque se denuncia la detención y desaparición de esta persona en el poblado de Quispillacta el21 de mayo de 1983, se señala como presuntos autores a agentes del Estado. Obran además,oficios remitidos por el Ministerio Público al Instituto Nacional Penitenciario y al RegistroElectoral solicitando información por el presunto desaparecido. Ambas institucionesrespondieron negativamente.En el caso de
Antonio Carhuapoma Conde,
obra el reporte de Amnistía Internacional que dacuenta de su desaparición en el poblado de Quispillacta el 21 de mayo de 1983 y señala comopresuntos autores a agentes del Estado. Existen también oficios remitidos por el MinisterioPúblico en forma reiterativa al Instituto Nacional Penitenciario, al Registro Electoral, a la PolicíaJudicial y a la Segunda Región Militar solicitando información por el presunto desaparecido. Enel expediente no obra respuesta alguna de las autoridades requeridas.En el caso de
Luis Machaca Mendoza,
obra como denuncia el reporte de AmnistíaInternacional que da cuenta de su desaparición en el poblado de Quispillacta el 21 de mayo de1983 y señala como presuntos autores a agentes del Estado. Asimismo, el Ministerio Públicosolicitó información sobre la víctima en reiteradas oportunidades al Instituto NacionalPenitenciario, al Registro Electoral, a la Policía Judicial y a la Segunda Región Militar. No obranrespuestas de las autoridades.En el caso de
Máximo Vilca Ccallocunto,
el expediente consiste un una hoja resumen de losoficios remitidos por el Ministerio Público al Instituto Nacional Penitenciario, al RegistroElectoral, a la Policía Judicial, a la Policía del Ministerio Público y a la Segunda Región Militar,solicitando información del presunto desaparecido, no obra respuesta alguna. No aparece ladenuncia en el expediente.En los casos de Reynaldo Núñez Pacotaype, Pedro Núñez Pacotaype, Narciso AchallmaCapcha e Hilario Núñez Quispe, no existen expedientes en el acervo documenta!.
IV. SOBRE LOS HECHOS MATERIA DE LA PRESENTE INVESTIGACIÓN
En la visita de trabajo realizada a la comunidad campesina de Quispillaqta, distrito de Chuschi.el 17 de agosto del 2001, se tomó conocimiento de la muerte de pobladores del anexoYuraqcruz (comunidad campesina de Quispillacta) que guardaría relación con el hallazgo de la
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