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Timestamp: 2019-12-16 08:38:00
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Matched Legal Cases: ['artículo 10', 'artículo 28', 'artículo 27', 'artículo 35', 'artículo 6', 'artículo 10', 'artículo 17']

(Asturias) Servicios Mínimos Huelga 24 de Octubre de 2013 - Cuadernalia Cuadernalia
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Resolución de 18 de octubre de 2013, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se establecen los servicios mínimos con motivo de la huelga convocada para el día 24 de octubre de 2013 en los centros públicos de enseñanza no universitaria.
Convocada por las centrales sindicales Sindicato de enseñanza de CC OO, FETE-UGT y SUATEA, así como ANPE y CSIF, huelga que afecta a todo el personal docente de la Administración educativa asturiana y de todos los niveles educativos, para el día 24 de octubre de 2013, tal y como consta en los preavisos obrantes en la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, resulta imprescindible mantener cubiertos en dicho día determinados puestos de trabajo para garantizar la prestación de los servicios públicos dependientes de esta Consejería.
Establece el artículo 10, párrafo 2, del Real Decreto Ley 17/1977, 4 de marzo, sobre Relaciones de Trabajo, que cuando la huelga se declare en empresas encargadas de la prestación de cualquier género de servicios públicos o de reconocida e inaplazable necesidad y concurran circunstancias de especial gravedad, la Autoridad gubernativa podrá acordar las medidas necesarias para asegurar el funcionamiento de los servicios.
Teniendo en cuenta que la Sentencia del Tribunal Constitucional 53/1986, de 5 de mayo, establece que «Como consecuencia de su incorporación al ordenamiento jurídico, el derecho de huelga “ex” art. 28.2 C. E., como todo derecho, puede experimentar limitaciones o restricciones en su ejercicio, derivadas de su conexión con otros derechos o bienes constitucionalmente protegidos y que habrán de estimarse válidas en tanto no rebasen su contenido esencial, haciéndolo impracticable, obstruyéndolo más allá de lo razonable o despojándolo de la necesaria protección (Sentencia 11/1981, F. J. 8 y 9). En concreto, la propia Constitución enuncia como límite expreso la necesidad de garantizar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad, cláusula limitativa que introduce una primera y básica diferenciación en el tratamiento constitucional del derecho de huelga, pues singulariza el que se ejercita en los servicios esenciales en razón, conforme ya ha tenido oportunidad de manifestar este Tribunal, de la comparecencia como parte afectada de los ciudadanos, cuyo interés en el mantenimiento de aquellos servicios ha de quedar salvaguardado. “En la medida en que la destinataria y acreedora de tales servicios es la comunidad entera y los servicios son al mismo tiempo esenciales para ella —dirá la Sentencia 11/1981 (F. J. 18)—, la huelga no puede imponer el sacrificio de los destinatarios de los servicios esenciales. El derecho de la comunidad a estas prestaciones vitales es prioritario respecto del derecho de huelga”.
La limitación del ejercicio del derecho de huelga por el interés de la comunidad a la prestación de los servicios esenciales plantea como primer problema interpretativo el de la concreción de ese concepto jurídicamente indeterminado que es el de los “servicios esenciales de la comunidad”, concreción que no cabe elaborar en atención a la titularidad, pública o privada, del servicio en cuestión sino a través del carácter del bien satisfecho.
La tarea de definir esa elástica noción ha sido abordada por la Sentencia 26/1981, que alude a dos posibles formas de entender los servicios esenciales (F. J. 10). Según un concepto amplio, la cláusula limitativa del derecho de huelga hace referencia a “aquellas actividades industriales o mercantiles de las que derivan prestaciones vitales o necesarias para la vida de la comunidad”, valorándose “el carácter necesario de las prestaciones y su conexión con las atenciones vitales”, es decir, la naturaleza de la actividad que despliega. En un sentido estricto, la esencialidad del servicio proviene del resultado que con dicha actividad se pretende, esto es, “por la naturaleza de los intereses a cuya satisfacción la prestación se endereza”, de forma que “para que el servicio sea esencial deben ser esenciales los bienes e intereses satisfechos”, debiendo considerarse como tales “los derechos fundamentales, las libertades públicas y los bienes constitucionalmente protegidos”. A juicio del Tribunal es esta última línea interpretativa la que “ha de ser tenida en cuenta, por ser la que mejor concuerda con los principios que inspira la Constitución”. Para la jurisprudencia constitucional, en suma, el límite que el artículo 28.2 C. E. instituye trae causa en la correlativa satisfacción de otros derechos y libertades constitucionalmente protegidos y en la preservación de los bienes de idéntica significación».
En relación con los servicios mínimos fijados para los Colegios Rurales Agrupados, centros que imparten enseñanzas de Infantil y/o Primaria y centros que imparten Educación Secundaria Obligatoria se ha tenido en cuenta la necesaria proporcionalidad y ponderación de los mismos al tratarse de alumnado menor de edad en niveles cuya ratio de alumno/profesor determina la necesidad de fijar los servicios mínimos señalados.
Los servicios mínimos que se establecen en la presente resolución se dirigen a garantizar el derecho a la educación, contemplado en el artículo 27 de la Constitución con el carácter de derecho fundamental; el derecho al trabajo, reconocido en el artículo 35 de la Constitución y respecto al cual el artículo 6.4 del Real Decreto Ley 17/1977 establece la obligación de respetar la libertad de trabajo de aquellas personas que no quisieran sumarse a la huelga.
En conclusión, los Servicios mínimos que se declaran, atienden a la ponderación de los intereses en conflicto garantizando el efectivo derecho constitucional a la huelga de los trabajadores así como los derechos de los padres y madres a enviar a los menores a los centros educativos en condiciones de seguridad garantizando la adecuada atención de los mismos.
En virtud de lo expuesto, en aplicación de lo previsto en el artículo 10, párrafo 2 del Real Decreto Ley 17/1977, 4 de marzo, sobre Relaciones de Trabajo y las Sentencias del Tribunal Constitucional de 8 de abril y 5 de noviembre de 1981 y visto el artículo 17e) de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública de la Administración del Principado de Asturias, previa negociación con el Comité de huelga en reunión celebrada el 17 de octubre de 2013, por la presente,
Primero.—El derecho de huelga del personal docente de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte estará condicionado al mantenimiento de los servicios esenciales.
Segundo.—Sin limitación de los derechos que el ordenamiento jurídico vigente reconoce a quienes deseen ejercer su legítimo derecho de huelga, se fijan a continuación los siguientes servicios mínimos:
 La Directora o el Director y la Jefa o Jefe de Estudios de cada centro educativo, con independencia de las enseñanzas que imparta. En los centros en los que no cuenten con Jefa o Jefe de Estudios, los servicios mínimos afectarán a la Secretaria o Secretario.
 En los Colegios Rurales Agrupados: 1 docente en cada localidad del mismo.
 En los centros que imparten enseñanzas de Infantil y/o Primaria: 1 docente por cada 4 unidades/grupos.
 En los centros que imparten Educación Secundaria Obligatoria: 1 docente por cada 5 unidades/grupos de esa etapa educativa.
 En los centros con Residencia internado: además del personal designado para todos los centros públicos docentes y educativos, habrá un profesor técnico de servicios a la comunidad por turno (en aquellos centros que habitualmente cuenten con personal de esta categoría).
 No se determinan servicios mínimos para centros que impartan enseñanzas no incluidas en los apartados anteriores, salvo las dos personas integrantes de los equipos directivos mencionadas en el apartado primero.
Tercero.—Las Direcciones de los centros docentes determinarán nominativamente las personas cuyas funciones se establecen como servicios mínimos en la presente Resolución.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su publicación, o de diez días, para el procedimiento previsto en los artículos 114 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Oviedo, a 18 de octubre de 2013.—La Consejera de Educación, Cultura y Deporte, Ana González Rodríguez.—Cód. 2013-19457.
Miércoles 23 de octubre de 2013 à 23h16
El director , ¿puede reagrupar los alumnos y organizar su custodia entre los profesores que SI van a trabajar? Es decir, un profesor ¿se puede negar a atender alumnos que no sean de su clase?
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