Source: http://memoriapoliticademexico.org/Textos/6Revolucion/1967RCR.html
Timestamp: 2018-02-18 06:52:46
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Matched Legal Cases: ['artículo 30', 'artículo 123', 'artículo 28', 'artículo 124', 'artículo 123', 'artículo 28', 'artículo 123', 'artículo 73', 'artículo 11']

EL SENTIDO IDEOLOGICO DE LA CONSTITUCION*. Raúl Cardiel Reyes
Cuando se comparan las dos constituciones fundamentales de México, la de 1857 Y la de 1917, se percibe en forma inmediata que aquella se proponía realizar cabalmente el concepto de un Estado Liberal. que seguía al pie de la letra la doctrina del liberalismo burgués, en tanto que la de 1917 instituye el intervencionismo de Estado, en cinco grandes capítulos: la educación; la propiedad pública de los recursos naturales, entre otros la de la tierra; las relaciones obreropatronales; la economía nacional. y la salubridad general.
Las reformas esenciales de la Constitución de 1917 recayeron en el capítulo de las garantías individuales en donde se establecían los derechos del hombre. La nueva orientación dada al problema de la educación afectaba al artículo 30.; la reforma agraria el 27; el artículo 123, aunque sale de la parte consagrada a las garantías individuales es una reglamentación del contrato de trabajo, al que se refieren los artículos 40 y 50.
Inspirándose en el principio de la libre competencia, el artículo 28 de la Constitución de 1857 prohibía los monopolios y el proteccionismo económico. Consecuentemente el artículo 124 (ahora 131) prohibía en toda la República las "alcabalas y las aduanas interiores". El propósito era evidentemente destruir todas las restricciones interiores al libre comercio en el país.
Tal como se encuentran redactados actualmente los artículos 23 y 131 de la Constitución, autorizan plenamente el intervencionismo económico del Estado. Si la aplicación de las disposiciones del artículo 123 trae como consecuencia una política de salarios rígidos, el artículo 28 trata de establecer medidas contra los acuerdos del sector capitalista que tiendan a la elevación indebida de los precios, estableciendo una política de precios rígidos. Si a esto se agregan las facultades que otorga al Estado el artículo 123 sobre comercio exterior y sobre la circulación de las mercancías en el interior tan amplias que pueden tener como objetivo "regular... la economía del país", se llega fácilmente a la conclusión de que en México se han sentado las bases legales para una economía regulada, controlada, o si se prefiere, planeada por el Estado.
En la Constitución de 1857 no existía ninguna disposición que concediera facultades al Estado para intervenir en la salubridad pública en forma expresa. La interpretación jurídica establecía que esa esfera de acción pública correspondía, por lo mismo, a los gobiernos locales. En cambio, la Constitución de 1917 instituye en el artículo 73 fracción XVI. un Consejo de Salubridad General y un Departamento de Salubridad que pueden interferir con la garantía del libre tránsito de personas que establece el artículo 11, y con el libre comercio no sólo de venenos y bebidas alcohólicas, sino de todo lo que estimen puede producir "la degeneración de la raza", es decir la población mexicana.
Es natural que innumerables personas se hayan preguntado qué clase de Estado ha creado la Constitución de 1917. ¿Seguimos siendo un Estado Liberal? ¿Se ha establecido por el contrario un Estado Socialista? ¿Somos un régimen político de transición entre el Estado Liberal del pasado y el Estado Socialista del Futuro? Estas líneas están destinadas a dar una respuesta a cada una de estas cuestiones. Por esa razón, se han dejado de lado aspectos que, desde otros puntos de vista, hubiera sido interesante abordar como son la creación de un Municipio Libre, el perfeccionamiento del Juicio de Amparo, la institución del Ministerio Público, etcétera.
El problema que se estudia es claramente de carácter ideológico. Se trata del contenido político de la Constitución, de aclarar esos actos decisivos, según la terminología de Carl Schmit que enmarcan el orden jurídico y el orden social de un país. Ambos aspectos están íntimamente relacionados. El Estado es fundamentalmente una organización que tiene por objeto instituir, conservar y desarrollar un orden social determinado, un tipo especial de sociedad. El Estado es el instrumento por excelencia para formar la sociedad. Por lo mismo, se trata de indagar qué tipo de sociedad se proponían establecer los Constituyentes del 17.
Ante todo, puede decirse que el Estado Liberal Burgués ha sido liquidado en la Constitución de 1917. El sistema capitalista es un proceso de creación de desigualdades: hace a los ricos más ricos, y a los pobres más pobres. Tiene, según el agudo análisis de Marx, dos vicios fundamentales: la crisis de sobreproducción que paraliza a la economía, y la creciente desigualdad económica entre las clases sociales. Uno afecta a la producción, otra a la distribución. En lugar de un sistema natural de equilibrio, hay una permanente tendencia al desequilibrio en todos los órdenes. El principio de "laissez faire, laissez passer" que suponía que las fuerzas económicas abandonadas a su propio curso llevarían a un equilibrio natural, ha sido abandonado totalmente en la Constitución de 1917 desde el momento que ha instituido el principio contrario: el intervencionismo de Estado.
¿Esto significa que hemos dejado de ser un Estado liberal? Si se identifica la burguesía con el liberalismo la respuesta debería ser afirmativa. Pero hay junto al liberalismo económico o burgués, un liberalismo político y cultural. El burgués sostiene la libre competencia, el libre comercio, como puntales básicos de la economía. Pero el liberalismo político sostiene el derecho a pertenecer a diversos partidos políticos, a tener diferentes concepciones de la política; el derecho a oponerse al dogmatismo y al autoritarismo en la lucha por el poder, a oponerse a la existencia de un partido único, y de una sola doctrina oficial sobre el Estado y la sociedad.
Todas estas características subsisten en la Constitución de 1917. El hombre tiene derecho a votar libremente, a opinar libremente, a asociarse libremente en cuestiones políticas. Se mantiene por lo mismo el liberalismo político. Pero además hay libertad de cultos, libertad científica para ser marxista, revisionista, anarquista, demócrata, liberal a la antigua usanza para creer en el arte abstracto o en el figurativo, para tocar a Beethoven o a Katchaturian, para ser existencialista, fenomenólogo, escolástico. Existe y subsiste el liberalismo cultural.
En un país en donde se reconoce legalmente la libertad política, la libertad para la ciencia, la religión y el arte, no ha muerto el liberalismo. Sólo ha terminado el liberalismo económico o burgués.
Pero el hecho mismo de que se haya establecido tan firmemente el intervencionismo de Estado, de que existan las bases para la planeación económica, ¿no nos llevará naturalmente a una sociedad planificada por el Estado, a la socialización de los medios económicos de la producción? En una palabra, ¿la Constitución de 1917 no habrá establecido los medios legales para crear, mediante una revolución pacífica, lenta, progresiva de la estructura económica y social del país, un Estado Socialista?
El Socialismo es un término muy ambiguo y de ello se aprovechan todos los que no gustan de posiciones claras y precisas. La definición marxista lo hace consistir pura y simplemente en la supresión de la propiedad privada y consecuentemente en la apropiación por parte del Estado de los medios económicos de la producción, Sus objetivos son sustituir la propiedad privada por la propiedad pública, convirtiendo el sector privado de la economía en sector público y terminando con la coexistencia de propiedad privada y propiedad pública. Nacionalizar la prensa, la radio, la televisión, las escuelas y las universidades, elevar como único dogma y doctrina al marxismo; y oponerse como doctrinas falsas y reaccionarias a cualesquiera otras; exigir paulatinamente la nacionalización de todas las empresas: ahora la industria eléctrica, después la minera, la electricidad, los transportes, las casas habitación, el sistema bancario y financiero, la industria editorial y cinematográfica, etc. Posesionado el Estado de todas las fuerzas económicas, instituido el marxismo como doctrina oficial máxima, caerán por su propio peso la libertad política y la libertad cultural, el sistema mixto de iniciativa privada y empresa pública que hoy subsiste: la estructura democrática y liberal de la Constitución se desplomará y se establecerá en el país el sistema autocrático, totalitario, dogmático que constituye el medio óptimo -para el marxismo- de llegar a la sociedad comunista. Para el socialismo marxista, que es en realidad el único que cuenta, la Constitución de 1917 es un paso valioso, una transición hacia el Estado Socialista; que habrá que deshechar en el momento oportuno.
La tesis que yace en el posición socialista es que nuestra estructura económica y social es inestable. Por sus propias tendencias, por su naturaleza misma, el Estado liberal mexicano actual tenderá al Socialismo. En esto mismo coinciden todos los que aún son partidarios de la economía clásica, de la libre competencia. Iniciado el cambio de la intervención del Estado, nos dicen, no será posible detenerse en el medio; todo llevará irremisiblemente a la servidumbre política del Socialismo.
Hay sin embargo. a pesar de todo el peso de estas disquisiciones teóricas, una posición más que cree en la estabilidad de un sistema político como el mexicano; que acepta la coexistencia entre intervencionismo de Estado y liberalismo; que sostiene el sistema mixto de Economía como estructura permanente. Esta posición ha recibido diversas denominaciones. Apenas alborea ahora en el campo de las ideas políticas contemporáneas. Se le ha llamado liberalismo social, socialismo liberal. Estado de servicio social. Estado benefactor, capitalismo reformado, neoliberalismo, en fin Estado de Bienestar que es el término que nosotros preferiríamos más. Se propone remediar los vicios del Capitalismo estableciendo una política anticíclica, según los principios de la economía keynesiana, para evitar la crisis, y una política de igualación para redistribuir mejor la riqueza; se propone intervenir en los sectores sociales y económicos que sea necesario para obtener un desarrollo económico, constante y equilibrado; busca esencialmente el bienestar de la comunidad y por eso mismo el de las clases populares, a las que trata de elevar en su nivel económico social y cultural; no es un régimen ideológico, sino programático, que no se propone demostrar ninguna filosofía; pues sostiene la iniciativa privada si la juzga necesaria, pero la limita si lo cree prudente; recurre a la nacionalización, pero vuelve sus empresas al sector privado, cuando considera que la razón de la intervención estatal ha dejado de existir; planea la economía no en forma compulsiva, como en los Estados Socialistas, sino en forma indicativa como en los Estados democráticos: no suprime la propiedad privada porque no cree necesario recurrir a este procedimiento, sólo para regular la economía; cree más en la evolución que en la revolución; en fin sostiene la libertad política y cultural, pero limita, en cuanto lo exige el interés público, la libertad económica. Los grados de intervención de Estado que implanta el Estado de Bienestar dependen de la situación económica de cada país. Es una forma política apropiada para los países desarrollados y en desarrollo. Trata de realizar el programa social y económico del Socialismo, sin dictaduras ni supresión de la propiedad privada. Cree en el valor de la personalidad humana; reconoce como esencial el principio de la libertad y al mismo tiempo persigue realizar el principio de la igualdad. Al Estado de Bienestar, corresponden instituciones como el Seguro Social, la educación superior gratuita, el fomento del arte y la investigación científica, y en fin todos los complejos ramos de los servicios sociales que caracterizan actualmente a los Estados modernos.
La Constitución de 1917 ha establecido, según nuestro criterio, un Estado de Bienestar en la Nación Mexicana, en donde coexiste la iniciativa privada y las empresas de propiedad pública, mediante intervención económica del Estado; en donde se limita la libertad económica, sin suprimirla, y se dejan subsistir en toda su amplitud, la libertad política y la libertad cultural.
Los socialistas lucharán por romper este sistema equilibrado; pero la tradición democrática mexicana pugnará por sostenerla en forma constante y permanente.
*El Nacional. Suplemento: Revista Mexicana de la Cultura. México. D.F., 5 de febrero de 1967