Source: http://derechocomercial.edu.uy/RespInop.htm
Timestamp: 2019-08-17 21:10:43
Document Index: 286287244

Matched Legal Cases: ['artículo 67', 'artículo 38', 'artículo 38', 'Artículo 138', 'Artículo 54', 'artículo 39', 'artículo 35']

Se denomina "inoponibilidad", "prescindencia" o "desconsideración" de la personalidad jurídica (o el apócope de su denominación en inglés: "disregard"), a la pretensión de que se impute a quien corresponda, conforme a Derecho, el patrimonio o determinados bienes, derechos y obligaciones de una sociedad comercial, cuando ésta haya sido utilizada en fraude a la ley, para violar el orden público, o con fraude y en perjuicio de los derechos de los socios o terceros.
Se trata de una pretensión reconocida expresamente por la Ley 16.060 (LSC), en la sección XV del capítulo primero (arts. 189-191).
El art. 189, bajo el nomen iuris "procedencia", establece:
"(Procedencia). Podrá prescindirse de la personalidad jurídica de la sociedad, cuando ésta sea utilizada en fraude a la ley, para violar el orden público, o con fraude y en perjuicio de los derechos de los socios, accionistas o terceros.
Se deberá probar fehacientemente la efectiva utilización de la sociedad comercial como instrumento legal para alcanzar los fines expresados.
Cuando la inoponibilidad se pretenda por vía de acción, se seguirán los trámites del juicio ordinario".
A. Condiciones para la prescindencia de la personalidad jurídica
1. Condiciones objetivas
El art. 189, inc. 1, dispone:
“Podrá prescindirse de la personalidad jurídica de la sociedad, cuando ésta sea utilizada en fraude a la Ley, para violar el orden público, o con fraude y en perjuicio de los derechos de los socios, accionistas o terceros”.
a. Fraude a la Ley
La primer condición mencionada por el art. 189 es la comisión de fraude a la Ley. Esto sucede cuando se actúa de acuerdo a las normas jurídicas pero contrariando los fines para los cuales éstas se han dictado. Aplicando este concepto general, habrá fraude a la Ley cuando se utilice el negocio societario con fines distintos a los queridos por el legislador.
La sociedad comercial es un contrato previsto por la LSC para permitir que dos o más personas realicen aportes para la constitución del patrimonio de una persona jurídica y, a través de ella, realizar una actividad mercantil. Si una persona se vale del contrato de sociedad, no para realizar actividad mercantil alguna, sino para vaciar su patrimonio personal y así eludir a sus acreedores, estará utilizando la personería jurídica en fraude a la Ley.
b. Violación del orden público
La segunda condición establecida por el art. 189 para la procedencia de la inoponibilidad de la personería jurídica, consiste en la violación del orden público. Tal violación se producirá cuando mediante el negocio societario se vulneren normas de interés general.
Podría ser el caso en que una persona constituya una sociedad anónima para transferirle bienes y, luego, distribuir las acciones al portador entre ciertas personas vulnerando las legítimas para el caso de muerte.
c. Fraude y perjuicio de socios o terceros
La tercera condición consiste en que la sociedad sea utilizada "con fraude y en perjuicio de los derechos de los socios, accionistas o terceros".
De modo que se tienen que dar acumulativamente las dos circunstancias, que exista fraude y que exista perjuicio. Viéndolo desde otra perspectiva, fraude y perjuicio son, en esta norma, dos cosas claramente diferenciadas
El fraude puede ser entendido como engaño. Así sucede, por ejemplo, en la definición de fraude que brinda el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia, según el cual, fraude sería una acción contraria a la verdad y a la rectitud, que perjudica a la persona contra quien se comete. Tomando en cuenta la idea de engaño, todavía, en la acepción forense de la palabra fraude, el mismo Diccionario la define como el acto del deudor, generalmente simulado y rescindible, que deja al acreedor sin medio de cobrar lo que se le debe.
En cambio, el art. 229 del CCom, al definir lo que se conoce como "fraude pauliano", se aparta de la idea de engaño, porque considera que hay fraude cuando el deudor, a pesar de que conoce o debe conocer su insolvencia, disminuye o enajena sus bienes, "aunque no se proponga precisamente defraudar a sus acreedores".
El art. 229 del CCom utilizó la segunda vez, al final, la expresión "defraudar" en la primera de las acepciones que analizamos. Quiso decir "aunque al hacerlo no se proponga precisamente engañar a sus acreedores".
Adviertan que lo que sobrevuela la cuestión es la dificultad probatoria. Probar que se quiso engañar, es una prueba diabólica. Entonces, el legislador facilita la carga probatoria, con un concepto objetivo de fraude, que deja afuera el tema del engaño. Basta que el deudor disminuya o enajene sus bienes, conociendo o debiendo conocer su insolvencia .
Existe fraude y perjuicio de terceros cuando una persona constituye una sociedad para traspasarle sus bienes e insolventarse en perjuicio de sus acreedores.
Podrá ocurrir fraude y perjuicio de los derechos de los socios, en el caso de sociedades vinculadas (art. 48) o de sociedades controlantes y controladas (art. 49), en que se transfieran bienes o utilidades o gastos de una a otra, perjudicando a los socios o accionistas de una de ellas.
2. Condiciones subjetivas
¿Quién puede promover la acción para obtener una declaración judicial de prescindencia, para imputar hechos o actos a las personas ocultas tras la máscara? La Ley no lo dice.
Debe sobreentenderse que quien tiene interés tiene acción y que, por lo tanto, tendrá acción quien resulte perjudicado por el uso indebido de la personería jurídica. Entonces, podrán entablar la demanda los socios o accionistas, o los terceros, o una sociedad vinculada o controlada que haya sido perjudicada.
No resuelve la LSC si los propios involucrados, podrían hacerlo. Parecería que no, dada la naturaleza de los caso enumerados. Son todos hechos ilícitos que no podrían ser invocados por quien los comete. Podría solicitarse sólo por los socios o accionista ajenos a la maniobra y víctimas de ella.
En principio, toda vez que la LSC dispone o autoriza una acción judicial, ella se sustancia por el procedimiento extraordinario, pues así lo dispone en su art. 18.
En cambio, la acción de inoponibilidad debe promoverse por la vía del juicio ordinario, donde debe producirse prueba fehaciente de los hechos invocados. Se ha querido que una pretensión de tanta trascendencia jurídica se dilucide con las máximas garantías procesales (art. 189, inc. 3).
C. Prueba de los hechos que hacen admisible a la desestimación
En el art. 189, inc. 2, exige prueba fehaciente.
En esta materia debe recordarse que por la naturaleza del asunto, difícilmente existirá prueba documental de los hechos que configuran los casos que hacen posible la prescindencia[4]. La prueba de que se usa del esquema societario y de la personería jurídica con fines no tutelados por la Ley, necesariamente se deberá armar sobre indicios que sirvan de base a presunciones judiciales, tal como sucede en materia de simulación[5].
El art. 190, bajo el nomen iuris "efectos", establece:
"La declaración de inoponibilidad de la personalidad jurídica de la sociedad, sólo producirá efectos respecto del caso concreto en que ella sea declarada.
A esos efectos, se imputará a quien o a quienes corresponda, conforme a derecho, el patrimonio o determinados bienes, derechos y obligaciones de la sociedad.
En ningún caso, la prescindencia de la personalidad jurídica podrá afectar a terceros de buena fe.
Lo dispuesto se aplicará, sin perjuicio de las responsabilidades personales de los participantes en los hechos, según el grado de su intervención y conocimiento de ellos."
A. Inoponibilidad
Acogida la demanda de inoponibilidad, la sociedad subsiste como contrato y como persona, sólo que no es oponible a la persona que la entabló y para el caso en que se ha planteado. La sentencia que se dicte tiene efectos respecto al caso concreto y no afecta a terceros de buena fe.
Como consecuencia del fallo que se dicte y, según las circunstancias, determinados bienes, derechos u obligaciones de la sociedad y aun todo su patrimonio se atribuirá a quien se oculte detrás del velo de la personería societaria.
1. Si se celebró la sociedad para defraudar las legítimas en caso de sucesión, los bienes sociales se imputarán al fallecido para luego incluirlos en el activo sucesorio.
2. Supongamos que un acreedor promueve una acción de inoponibilidad porque su deudor ha trasmitido bienes a una sociedad con el fin de insolventarse. El deudor obtiene una sentencia que producirá efectos sólo a su respecto. Los bienes de la sociedad se imputarán al deudor en la medida que sea necesario para cubrir el crédito del acreedor demandante. Si sobraran bienes la sociedad subsistirá con ellos.
B. Responsabilidades personales
La acción de inoponibilidad es aplicable, sin perjuicio de las responsabilidades personales de quienes participan en los hechos (art. 190, inc. 4). Nos remitimos a las disposiciones ya comentadas sobre responsabilidad de los administradores, de los síndicos y de los accionistas por su voto, y a los arts. 50 y 51 de la LSC, en que se establecen respectivamente la responsabilidad de los administradores de las sociedades vinculadas y de las sociedades controlantes.
Se dispone un régimen de responsabilidad de socios y administradores o participantes en los hechos, pero sin crear un régimen de responsabilidad objetiva a su cargo. Quien pretenda responsabilizarlos deberá probar sus respectivas culpas. El art. 190, inc. 4, dispone:
“Lo dispuesto se aplicará sin perjuicio de las responsabilidades personales de los participantes en los hechos, según el grado de su intervención y conocimiento de ellos.”
En algunas hipótesis, los hechos denunciados para reclamar la prescindencia de la personería jurídica generarán responsabilidad penal. Por ejemplo, el delito denominado insolvencia societaria fraudulenta, se tipifica toda vez que se oculta o disimula o se hace desaparecer el patrimonio de una empresa (art. 5 Ley 14.095). Al desaparecer el patrimonio de la empresa, ésta se insolventa en perjuicio de los acreedores y aun de los propios socios[6].
El art. 191 de la LSC dispone la inscripción de la pretensión de prescindencia de la personalidad jurídica[7]. Con ello se impide la posibilidad de que la sociedad enajene los bienes o los grave en tanto se sustancie el juicio.
De acuerdo con el art. 34 de la Ley de Registros n° 16.871 de 1997, la inscripción se realiza en el Registro Nacional de Actos Personales, Sección Interdicciones.
El art. 191 de la LSC le atribuye a la inscripción los efectos previstos en el art. 38 de la Ley de Registros Públicos n° 10.793 de 1946. Siendo que esta Ley fue derogada por la Ley 16.871, se producen aquí varios problemas interpretativos importantes.
El primero de ellos consiste en resolver si el art. 38 de la Ley 10.793 mantiene su vigencia a los exclusivos efectos de la remisión efectuada en el art. 191 de la LSC o si la Ley 10.793 quedó derogada a todos los efectos.
El segundo problema es determinar si la remisión hecha al art. 38 de la Ley 10.793, era un error.
En el art. 38 de la Ley 10.793, se establecía un término de un año para ejercer la acción pauliana, a partir de la fecha de inscripción de la enajenación impugnada en el Registro de Traslaciones de Dominio.:
"La acción pauliana expirará en el término de un año, a partir de la fecha de inscripción de la enajenación respectiva en el Registro de Traslaciones de Dominio."
Es evidente que ese no puede ser el efecto de la inscripción de la demanda de inoponibilidad de la personería jurídica. Resulta absurdo interpretar que el legislador haya querido que el efecto de la inscripción de una demanda sea la prescripción de la acción que con ella se instaura.
Los efectos se establecían en el art. 43, inc. 2, de la Ley 10.793: la anulación de los actos realizados sobre los bienes de la sociedad luego de la inscripción de la demanda.
De la discusión en Comisión de la LSC surge claramente que la remisión al art. 38 es un error y que se pretendió hacer remisión al art. 43.
En el texto original del actual art. 191, contenido en el anteproyecto de Ley elaborado por Ferro Astray, Delfino Cazet y Rodríguez Olivera, no se preveía la inscripción de la demanda sino sólo la registración de la sentencia que hiciere lugar a esa demanda. En sesión de la Comisión de la Cámara de Representantes del 22 de abril de 1988 se proyectó una norma sustitutiva que establecía:
“El juez interviniente en un proceso en el cual se pretenda la prescindencia de la personalidad jurídica de una sociedad, podrá, a solicitud de parte, adoptar las medidas cautelares que correspondan para asegurar el resultado del juicio”.
En la misma sesión del 22 de abril de 1988 se transcribió otra fórmula, que disponía se inscribiera en la Sección Reivindicaciones y dispone: “... a los efectos previstos en el artículo 67 de la Ley 10.793...”.
En esa nueva redacción se incurría en error, porque el art. 67 de la Ley 10.793 tenía que ver con la forma en que se hacía la inscripción.
En otro texto publicado por la Cámara de Representantes, XLIIa. Legislatura, se hace la remisión, pero al art. 53 y, también, erróneamente. Luego, cuando se le da redacción definitiva al texto, se menciona el art. 38, diciendo “... a los efectos previstos en el artículo 38 de la Ley 10.793, de 25 de setiembre de 1946 ...”.
En sesión del 10 de agosto de 1988, Lamas, refiriéndose al texto en que ya se había incorporado la inscripción de la demanda y en que se planteaba agregar la posibilidad de una intervención, dijo:
“... Si bien no digo que pueda hacerse, creo que debemos llegar a la conclusión de que tiene que ser algo totalmente restrictivo, porque una medida cautelar, una acción de inoponibilidad de la personería jurídica va a suponer una inscripción en el Registro General de Inhibiciones a los efectos previstos en el artículo 38 de la Ley 10.793; está referida a las acciones paulianas y a las acciones reivindicatorias. No recuerdo bien el texto de dicho artículo, pero supongo que establecerá la imposibilidad de enajenar los bienes afectados por la inscripción y si la enajenación se produce, el adquirente sabe que ésta puede llegar a estar viciada y que, en su momento, podrá ser revocada... ésta puede llegar a estar viciada y que, en su momento, podrá ser revocada...”[10].
El propio legislador reconoce que no recuerda bien el texto de este art. 38 pero que supone que establece la imposibilidad de enajenar los bienes afectados por la inscripción (incurriendo en error). De toda esa discusión resulta que el legislador redactó el texto sin tener presente el contenido del art. 38 de la Ley de Registro, entonces vigente, conociendo que allí se inscribían acciones paulianas y acciones reivindicatorias y suponiendo que, en ese texto, se establecía el efecto de impedir la enajenación de bienes, tal como dice el Diputado Lamas, y sin pretender atribuirle otros efectos. De ninguna manera se quiso extender el breve término de prescripción de la acción pauliana a la acción de prescindencia.
Si se entiende que la Ley 10.793 quedó derogada a todos los efectos, se podría considerar que la remisión se mantiene, aunque hecha a una norma similar de la Ley 16.871. Esa fue la intención del legislador que, mientras se discutía el proyecto de LSC, ya sabía que la Ley 10.793 sería derogada y, por lo tanto, era inconveniente hacer una remisión a esa Ley.
Señora Rodríguez Olivera: “No sé de qué forma se podría obviar la referencia a la Ley de 1946 por cuanto está modificada por otra ley que está suspendida. Si entrara en vigencia el año que viene, la nueva ley tendría otro número”.
Señor Delfino Cazet: “Pienso que se trata de un problema de interpretación lógica. Si se deroga esta ley - puede que ocurra o no – por entrar en vigencia la nueva Ley de Registros, quedaría comprendida la derogación de la referencia a la Ley de 1946, sustituyéndose por la de la nueva ley”.
Señora Rodríguez Olivera: “Así es”.
Señor Presidente: “Teniendo en cuenta esas consideraciones, no tengo inconveniente en suprimir la referencia a la Ley de 1946”.
Señor Delfino Cazet: “Sin embargo, tal como está redactado es más claro”.
1. No existe un término de caducidad ni de prescripción breve para la acción de prescindencia de la personería jurídica. No se establece en el art. 191 que la regula ni en ningún otro texto legal ulterior.
2. El art. 191 de la LSC fue modificado por la Ley 16.871. La acción de prescindencia de la personalidad jurídica debe inscribirse en el Registro de Actos Personales. La acción pauliana se inscribe en la Sección Universalidades. Los efectos de la registración son los establecidos en el art. 54 de la Ley 16.871.
[4] No se utiliza términos del Proyecto Pérez Fontana, que exigía prueba plena y concluyente.
[5] En sentencia de casación n° 123 del 9/3/2000 se expresa:
“Los actores indican que Menéndez y Cía. empresa condenada en ambas instancias, no posee bienes propios con que hacer frene a la condena, en tanto Imenco, que no tiene vida social, posee un inmueble y deducen a partir de esta constatación la existencia de una finalidad fraudulenta.
Por lo demás, no se probó que el inmueble citado haya sido comprado con dinero de Sucesores de Menéndez y Cía. y no con dinero propio de sus socios. No surge probado que se hayan distraído fondos de Sucesores de Menéndez, que constituyan la garantía común de sus acreedores, hacia Imenco. Hasta aquí no se aprecia fraude a los acreedores de Sucesores de Menéndez, empresa por ese entonces solvente y prestigiosa, por el contrario, Imenco beneficiaba a Sucesores de Menéndez en la medida que funcionaba en su inmueble a título gratuito.
La mayoría de la Corte coincide entonces con la Sala en la inexistencia de prueba de fraude. Existían sí dos sociedades en identidad de socios, pero ello no prueba la existencia de fraude.
La mayoría de la Corte, considera que el disregard es una acción excepcional mediante la cual el Juez está habilitado a ingresar dentro del marco de la persona jurídica y llegar hasta las personas físicas (o jurídicas) que hay en su base y hasta la plata forma económica subyacente, a fin de aplicar aquellas normas de derecho que correspondieren evitándose así el uso abusivo de la personalidad jurídica. Dado su carácter de excepcionalidad es que cabe aplicar este correctivo únicamente cuando la persona jurídica es utilizada abusivamente, encubriendo conductas que burlan a los acreedores, lo cual como se dijo, no quedó demostrado en el caso de autos.”
[6] Otras soluciones de doctrina y Derecho comparado
Proyecto propuesto por el profesor argentino Lo Celso: “Los tribunales pueden prescindir de la personalidad jurídica en caso de manifiesta utilización de ella en fraude de la Ley, de los derechos de sus miembros o de terceros, discerniendo las responsabilidades conforme a derecho”.
El informe del Profesor Lo Celso que contenía ese texto fue aprobado por unanimidad en sesión conjunta de los Institutos de Derecho Civil y Derecho Comercial de la Facultad de Derecho de Rosario, celebrada el 13 de noviembre de 1975 (Lo Celso, Revista del Derecho Comercial, año 1976, pp. 27 y ss.)
Artículo 138 del Proyecto de Pérez Fontana establece:
“Prescindencia de la personalidad jurídica. Podrá prescindirse de la personalidad jurídica de la sociedad, responsabilizándose personalmente a los socios de una sociedad de responsabilidad limitada y a los administradores e integrantes del órgano fiscalizador de una sociedad anónima, en los siguientes casos:
1) Cuando se utilice la sociedad para perjudicar los intereses del fisco.
2) Cuando se utilice la sociedad para perjudicar los intereses de terceros o de los accionistas o de los socios de una sociedad de responsabilidad limitada especialmente en el caso de que se haga desaparecer dolosamente el patrimonio de la sociedad.
3) Cuando se utilice la sociedad para realizar negocios en fraude a la Ley.
Los socios o administradores y los integrantes del órgano fiscalizador que demuestren ser ajenos al hecho imputado y haber actuado de buena fe, estarán exentos de responsabilidad.
Solamente podrá prescindirse de la personalidad cuando exista prueba plena y concluyente de los hechos en que se funde el pedido.
Los jueces deberán actuar con extrema cautela y, en caso de duda, rechazar la acción iniciada”.
Artículo 54 de la Ley Argentina: “Inoponibilidad de la personería jurídica. La actuación de la sociedad en encubra la consecución de fines extrasocietarios, constituya un mero recurso para violar la Ley, el orden público o la buena fe para frustrar derechos de terceros se imputará directamente a los socios o a los controlantes que la hicieran posible, quienes responderán solidaria o ilimitadamente por los perjuicios causados”.
Proyecto de modificación del CC argentino con media sanción legislativa
El artículo 39 de ese proyecto establece:
“Las corporaciones, asociaciones, etc. serán consideradas como personas enteramente distintas de sus miembros. Los bienes que pertenezcan a la asociación no pertenecen a ninguno de sus miembros; y ninguno de sus miembros ni todos ellos están obligados a satisfacer las deudas de la corporación, si expresamente no se hubiesen obligado como fiadores o mancomunado con ella.
La primera parte de este artículo no será aplicable cuando la personalidad sea utilizada con el fin de obtener una ventaja ilegítima, a expensas de terceros, o de cometer un fraude a la Ley; en estos casos los directores, administradores y miembros, serán solidariamente responsables con la persona jurídica frente a quienes resulten perjudicados, siempre que no demuestren que han sido extraños al hecho o acto impugnado, en cuyo caso responderán en la medida del beneficio que hubieren recibido.
Cuando una persona jurídica se halle sometida al poder de dirección de otra persona física o jurídica tampoco se aplicará la primera parte de este artículo, y el patrimonio de aquélla se considerará parte integrante del de ésta, sin perjuicio de los derechos de los otros miembros de la persona jurídica sometida a tal dirección. La interposición de personas para ocultar ese poder constituye una actividad ilícita y quienes hayan actuado en ese carácter responden solidariamente por todas las obligaciones que graven ese patrimonio.”
En la norma proyectada por el legislador argentino se incorpora una norma para todo tipo de corporación o asociación. En el segundo inciso se crea un régimen de responsabilidad. En el tercero, se proyecta, efectivamente, un régimen de prescindencia pero sólo para situaciones de control.
[7] La inscripción referida en el art. 191 debe hacerse en la Sección Interdicciones del Registro Nacional de Actos Personales, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 35, numeral 4 de la Ley 16.871.
[9] La acción pauliana se regula en el CC y en el CCom. En el art. 1.296 del CC, inc. 3, se dispone
“La acción de que habla este artículo, expira en un año contado desde que el acreedor o acreedores supieren la enajenación. Para las enajenaciones que se inscriban en el Registro respectivo el plazo correrá a partir de la fecha de su inscripción”.
El art. 228 del CCom establece en el inc. 1:
“Pueden también los acreedores pedir a nombre propio rescisión de los actos ejecutados por el deudor en fraude de sus derechos dentro de un año, contado desde el día en que llegaron a su noticia, sin perjuicio de las resoluciones especiales en caso de quiebra”.
[10] Versión taquigráfica de la sesión del 10 de agosto de 1988, Cámara de Representantes, p. 4.
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