Source: https://costasmaritimas.wordpress.com/2015/06/30/la-denuncia-de-bajo-la-cuesta-se-presenta-manana-en-la-fiscalia-anticorrupcion/
Timestamp: 2018-01-24 09:25:27
Document Index: 382017540

Matched Legal Cases: ['artículo 3', 'artículo 6', 'artículo 4', 'artículo 6', 'artículo 390', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 1', 'artículo 35', 'artículo 18', 'artículo 45', 'artículo 390']

LA DENUNCIA DE BAJO LA CUESTA SE PRESENTA MAÑANA EN LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN | Costas Marítimas
LA DENUNCIA DE BAJO LA CUESTA SE PRESENTA MAÑANA EN LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN
Cambio de estrategia. Ayer decidí que es más apropiado presentar la enuncia n anticorrupción. La parte que está en negrita es nueva
SONIA ALBA MONTESERIN, a Procurador de los tribunales, con ha, en nombre y representación De…. , comparezco DIGO:
Que, mediante el presente escrito pongo en conocimiento de esa Fiscalía Anticorrupción los hechos que a continuación se exponen:
PRIMERO.- Mis representados son todos ellos ocupantes y antiguos propietarios, hasta la aprobación del deslinde, de terrenos y sus correspondientes viviendas situados en un espacio del término municipal de Candelaria llamado Bajo la Cuesta, aunque igualmente se lo conoce como Las Caletillas.
La zona está configurada como un acantilado que forma a su pie una berma originalmente de superficie irregular y de unos cinco metros de anchura como promedio. Un número de ciudadanos que procedían en su mayoría de Igueste compraron esos terrenos de la berma a su entonces propietario y construyeron en ellos una serie de viviendas cueva, dando origen a lo que es hoy un barrio formado por viviendas en línea y una única calle llamada Manuel Oliva Martin, de las que lo único visible son son fachadas, jardines o porches, ya que los espacios habitables fueron excavados en la roca.
La excavación de las cuevas tuvo lugar a principio de los años setenta, después del deslinde que luego se dirá.
En el presente relato de hechos se describirán conductas observadas por Autoridades y funcionarios públicos que pueden ser constitutivas de delito a pesar de que en principio pueda parecer que tales conductas se presentan bajo la forma de simples lícitos administrativos.
SEGUNDO.- con fecha 24 de enero de 1969 se aprobó un deslinde de zona marítimo terrestre cuya línea delimitadora quedó fijada por el borde de la berma, dejando la berma misma fuera del dominio público. Se dio lugar a continuación al amojonamiento con hitos físicos físicos consistentes en bloques de piedra.
TERCERO.- En 1977 la construcción de la autopista de Santa Cruz a Los Cristanos, que discurría por la coronación del acantilado, originó la caída sobre la berma de escombros que fueron aprovechados para nivelar y allanar ésta última, haciendo así el espacio más habitable. Por otro lado, estos escombros sepultaron los hitos y cuando la pala mecánica los explanó se llevó por delante los hitos de piedra, que desaparecieron.
Algo mas tarde, la adición de un tercer carril a la autopista dio lugar a la caída de nuevos escombros, que esta vez se emplearon para ampliar la berma, ganando terrenos al mar.
CUARTO.- La berma pasó a formar parte del dominio público marítimo terrestre mediante deslinde aprobado por orden ministerial de 22 de mayo de 2006, encontrándose las viviendas situadas entre los vértices V-233 y V-241 del plano oficial.
La denominación oficial del expediente es la siguiente: Deslinde de los bienes de dominio público marítimo terrestre del tramo de costa de unos tres mil sesenta y dos metros de longitud, comprendidos entre la playa El Chovito y Barranco Hondo, en el término municipal de Candelaria (Isla de Tenerife), ref. DL-107-TENERIFE VHA.
El contenido de esta resolución es sorprendente por los siguientes motivos:
-El plano oficial del deslinde contiene grafía de la línea de zona marítimo terrestre de 1969, que en lugar de discurrir por el borde de la berma se había dibujado por la pared del acantilado y en cotas variables de hasta treinta metros. Esta línea se hacia coincidir en determinados subtramos (no en todos) con el deslinde de dominio público marítimo terrestre. Esto implicaba la pretensión de que la ocupación de los terrenos se había hecho cuando los mismos ya pertenecían a la zona marítimo terrestre, por lo que se trataba con arreglo a esa suposición de ocupaciones ilegales.
-La línea de deslinde de dominio público marítimo terrestre, donde no era coincidente con la anterior, se situaba a cotas similares o incluso superiores sobre la pared del acantilado debido al supuesto alcance de los máximos temporales conocidos, con arreglo a la definición legal del artículo 3.1.a) de la ley de costas. Esta determinación del alcance de los temporales se hizo, según reconoce el autodenominado estudio geomorfologico, por observación directa, es decir sin previo estudio técnico o científico y sin seguirse los criterios del reglamento de costas entonces vigente, cuando mandaba que se tengan en cuenta las “referencias comprobadas de que se disponga”.
QUINTO.- la grafía de la línea de 1969 en el plano del deslinde de 2006 viene afectada por las siguientes distorsiones:
-La primera, errores matemáticos y topográficos en el replanteo ( se analizará a continuación)
La segunda, que la línea se grafía en espacio incompatible con la definición legal entonces vigente de zona marítimo terrestre (se analizará más adelante para mantener el relato de hechos por orden cronológico).
En cuanto a los errores matemáticos y topográficos: El deslinde de 1969 aprueba un plano sin referencias claras, puesto que en aquel momento no existían las viviendas. Ese plano estaba dibujado a mano y constituía poco mas que un croquis sujeto a imprecisiones derivadas incluso del grosor de la línea poligonal del deslinde. En el mismo se ve solo la línea poligonal un poco al interior de un espacio rocoso que esta parte dice que es el borde de la berna y que la administración pretende que es la pared del acantilado.
Como todos los planos o croquis de la época, se había elaborado con un teodolito y mediante el procedimiento de fijar un punto inicial y a partir de él ir trazando los segmentos de la poligonal, que quedaban delimitados y fijados según dos variables: La distancia del segmento y el ángulo del vértice firmado por el segmento entrante y el saliente.
Esto podría producir serios problemas técnicos arrastrados en caso de error en el cálculo de un ángulo o distancia y por ese motivo en todos los deslindes de la época incluían una serie de puntos fijos que no eran más que esquinas de edificaciones existentes.Estos puntos se distribuían por todo el tramo.
En el caso del deslinde que nos ocupa, la delimitación era de todo el término municipal y los puntos fijos más próximos a nuestra zona fueron designados como I y J. Estos puntos se encontraban en el mismo punto donde hoy podemos ver la central térmica que hay a la entrada de la calle Manuel Oliva Martin y desaparecieron con motivo de la construcción de la central y la demolición de los edificios preexistentes.
La desaparición de estos puntos fijos dio lugar a que los técnicos que elaboraron el deslinde de 2006 tuvieran que forzar cálculos complementarios. Con motivo de ellos incurrieron en un error al asignar valor al ángulo 34 del deslinde nuevo. Este error fue en su día perfectamente aislado y diagnosticado por el arquitecto técnico Don David Rodriguez Amador como el origen de un desvío absurdo en la línea resultante, que se llevó en este replanteo erróneo por la pared del acantilado y que como se ha dicho es la que da lugar a la suposición de que las viviendas se construyeron o excavaron dentro de lo que ya era zona marítimo terrestre y por tanto espacio público.
Por otro lado, tres observaciones:
-Si fuera cierto que el deslinde de 1969 discurría ya por una pared prácticamente vertical, habría sido imposible fijar sobre ella el trípode que sostiene el teodolito.
-Igualmente, si fuera cierto lo anterior, el amojonamiento físico de la zona, que efectivamente se hizo con hitos de piedra como se hacía siempre en esa época como medio de comprobacion de la ubicación de cada hito (ya que no existía GPS).
-Finalmente, si fuera cierto que los hitos de la poligonal del deslinde de 1969 discurrían por la pared del acantilado, es obvio que los mismos no habrían desaparecido cuando los rellenos fueron explanados, ya que dicha explanación se hizo por la berma y naturalmente no por la pared. Y como es cierto y consta que hubo amojonamiento, el hecho de que no haya ningún hito de piedra en la pared indica que los hitos en cuestión se situaron en la superficie horizontal de la berma y mas tarde desaparecieron por los motivos arriba expuestos.
SEXTO.- La determinación del dominio público marítimo terrestre por el máximo alcance de los temporales en el plano de 2006 presenta las siguientes distorsiones:
En primer lugar, la fijación del deslinde en cotas de hasta treinta metros implica la existencia de olas en el mar muy superiores, ya que para llegar a tocar lapa red del acantilado a tal altura esa gigantesca ola habría de volar por encima de los aproximadamente veinte metros de la berma ampliada. Una ola de esas características debería haber alcanzado igualmente otras partes de la isla mucho más expuestas, creando desastres naturales de los que sin embargo no se ha tenido noticia.
-En segundo lugar, la Administración tuvo por no puesta la parte ampliada de la berma e hizo uso uso del artículo 6.2 del reglamento de costas vigente al tiempo del deslinde en su redacción que afirma que se tendrán por no puestos los obstáculos artificiales a la marea, considerándose que se inunda todo el espacio que por su cota resultase naturalmente inundable. El precepto, sin embargo, no es de aplicación a los temporales por la sencilla razón de que de la misma forma que la determinación de la cota que resultaría naturalmente inundable por la marea es una operación sencilla que solo precisa de trasladar los datos de los anuarios locales de mareas, tal cosa no puede decirse de los temporales porque la determinación de cual habría sido su alcance en caso de no existir el obstáculo, es algo que depende de las condiciones del viento, que son variables.
-En tercer lugar, resulta extraordinariamente escandaloso y muy revelador que mientras que en Bajo la Cuesta el temporal alcanza supuestamente cotas de hasta treinta metros, y esto veinte metros tierra adentro, teniéndose por no puesta la ampliación de la berma por ser artificial, en la vecina y cercana central térmica el alcance de los temporales ha quedado fijado en cotas de entre cinco y ocho metros justo en la escollera de protección, al mismo tiempo que la escollera misma, pese a su carácter artificial ha sido respetada como si de un arrecife natural se tratara y por supuesto el deslinde no penetra al interior ni el menor espacio de las instalaciones fue incluido en el dominio público.
Todo esto se expone para llevar a esa Fiscalía al convencimiento de que no nos encontramos ante un simple ilícito administrativo o ante una decisión a la que se pueda poner reparos de ajuste a la ley, sino ante decisiones arbitrarias cuya suma (como veremos) puede configurar un delito de prevaricación.
Por de pronto es fácil comprobar cómo esta posible prevaricación se desprende del trazado desigual y selectivo dado a la línea delimitadora del dominio público, en apariencia con el único fin de proteger al propietario de la entro térmica y no molestarlo incluyendo sus instalaciones en el espacio demanial.
Idéntica distorsión se deriva del hecho de que el acantilado a cuyo pie de excavaron las cuevas no fuera declarado dominio público. El artículo 4.4 de la ley de costas dice que pertenecen al dominio público las paredes de los acantilados sensiblemente verticales que estén en contacto con el mar o con su ribera, y el artículo 6.3 de su reglamento entonces en vigor decía que son sensiblemente verticales los acantilados cuyo grado de inclinación es superior a sesenta grados. Como quiera que la inclinación del acantilado que nos ocupa es muy superior a sesenta grados, durante años fue un misterio para este Letrado por qué motivo el autodenominado estudio geomorfologico pretende lo contrario al decir que su inclinación es inferior, con la consecuencia de que el espacio quedó fuera del dominio público.
Esa duda ha quedado aclarada en momentos recientes, cuando determinadas indagaciones relacionadas con la orden de desalojo que luego se dirá han dado como resultado que el acantilado constituye dos fincas catastrales que también figuran inscritas en el Registro de la Propiedad. El propietario de una de esas dos parcelas es ENDESA, que también lo es de la central térmica a través de su filial UNELCO. Por tanto, de los hechos se desprende que la Administración dictó una resolución injusta a sabiendas al fijar el dominio público natural por la escollera de la central térmica y además el responsable de la afirmación de que el acantilado presenta inclinación inferior a sesenta grados promovió esa prevaricación y además incurrió en el delito del artículo 390.4 del Código Penal consistente en faltar el funcionario a la verdad en la narración de los hechos.
A tener en cuenta por esa Fiscalia que estas determinaciones tan groseramente ilegales del deslinde se adoptaron para no molestar a una sociedad de extraordinario poder e influencia como es ENDESA, y que sin necesidad de que se haya producido ningún delito específico de cohecho, implican una rechazable sumisión de los poderes públicos a los poderes tácticos del dinero. A este respecto señalo que la ley orgánica de financiación de los partidos políticos indica que los partidos políticos pueden financiarse mediante donaciones privadas siempre que éstas no sean finalistas, y que los partidos sólo están obligados a informar al Tribunal de Cuentas de tales donaciones cuando éstas superen los 25000 euros al año (artículo 5.2).
Es coherente creer que una sociedad tan potente como Endesa siga la costumbre muy conocida en Estados Unidos de asegurarse el control político y normativo del país financiando a ambos partidos mayoritarios, y en tal caso, y con independencia del importe económico de la posible donación o donaciones, la hipótesis de que Endesa fuera donante podría explicar las indignas decisiones de los responsables del deslinde respecto de su central térmica. Esto convertiría la donación en finalista y por tanto nos situaría ante una violación de la ley orgánica antes mencionada. Debería incluirse por tanto entre las diligencias de investigación de esa Fiscalía consulta ordenada a averiguar esta circunstancia. Deberá tenerse en cuenta que el artículo 5.2.a) de la ley de financiación de los partidos políticos solo admite donaciones privadas de personas físicas, y no siéndolo la sociedad ENDESA debería estudiarse la posible intervención de persona física a título de testaferro.
SÉPTIMO.-El deslinde fue recurrido ante la Audiencia Nacional, que desestimó el recurso con una sentencia en la que respecto al replanteo del deslinde anterior reprochaba al recurrente no haber aportado pruebas suficientes para acreditar los errores y en la que respecto al alcance del temporal aporta la nota tan original como pintoresca de anular un subtramo en el que dicho alcance había sido fijado en cota de 42 metros pero no el resto, donde se pretendía que la ola había llegado a treinta metros. Esto indica que al ponente (sin previo informe de perito) le parecía contraria a derecho y no justificada la pretensión de que la ola llegara a cuarenta y dos metros pero en cambio le parecía de perlas la de que alcanzaba los treinta, lo que no resulta precisamente muy comprensible.
OCTAVO.- Poco después de aprobarse el deslinde, Jefatura Provincial de Costas incoó expedientes de recuperación posesoria de oficio contra los propietarios de las viviendas con la finalidad de poner fin a las ocupaciones y proceder a su derribo.
Las decisiones fueron recurridas ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que tramitó dos procedimientos paralelos (183/2009 y 186/32009) que se encuentran totalmente terminados y pendientes de sentencia desde hace varios años, si bien es cierto que la deliberación y fallo ha tenido lugar recientemente, como se dirá. En estos procedimientos se practicaron diversas pruebas periciales, siendo una de ellas la de un ingeniero de la Jefatura de Costas de Tenerife llamado Don Secundino. Este hombre había aportado unas superposiciones de la aplicación Google Earth sobre diversos planos y durante su ratificación a presencia judicial no tuvo inconveniente en reconocer que había estirado y deformado los planos con la finalidad de conseguir que cuadrasen los elementos superpuestos que a él le interesaban, mientras que las regiones periféricas de descuadraban extraordinaria y escandalosamente.
No obstante, incluso así, en la zona en la que sí debía cuadrar todo a la perfección, que era la más cercana al área conflictiva, se apreciaba que la línea del deslinde antiguo discurría paralela a un antiguo muro de contención de cultivos (hoy soterrado) unas veces por la parte del mar y otras por la del interior, lo que denota que todo el informe había sido manipulado de propósitos y que el perito estaba tratando de engañar al tribunal.
NOVENO.- A vista de que todo el problema de las recuperaciones posesorias derivaba de un trazado erróneo del deslinde de 1969, los vecinos solicitaron a la Jefatura Provincial de Costas la incoación de expediente de replanteo. La petición fue denegada y la denegación recurrida en alzada. La resolución del recurso fue desestimatoria aunque la misma resolución, de forma sorprendente, incluye una más bien abstrusa invitación a los afectados a pasar por la Jefatura de Costas a fin de discutir las cuestiones técnicas derivadas del replanteo. Básicamente la razón de la Administración para desestimar el recurso era que el deslinde de 2006 ya contenía un replanteo suficiente de la línea antigua (aunque se había hecho sin intervención de los afectados)
Contra estos actos se formuló recurso contencioso administrativo que se siguió con el número 35/2010 y en el que acaba de recaer en fecha 9 de junio de 3015 sentencia desestimatoria que ha sido recurrida en casación a causa de la extrema pobreza de sus argumentos y a la insistente forma en la que hasta tres veces desestima alegaciones de la demanda que nunca existieron pero que nominalmente se parecen a las planteadas. Por ejemplo, una de las cosas que decía la demanda es que el hecho de que las NNSS hubiesen calificado el barrio como suelo urbano era un indicio indirecto de que que la Jefatura de Costas no tenía la zona como demanial, ya que en tal caro no habría permitido tal clasificacion. Por increíble que esto pueda parecer, la sentencia desestima el argumento recordando que aunque dichas NNSS fueron aprobadas antes de la ley de costas, fueron objeto de publicación oficial con posterioridad a ésta, por lo que no podían ser tenidas en cuenta a los efectos de la disposición transitoria novena apartado tercero del reglamento de costas. El razonamiento es simplemente ininteligible, ya que esa disposición transitoria tiene por finalidad regular los procedimientos a seguir en caso de que la autoridad urbanística pretenda declarar que los terrenos eran urbanos antes de la entrada en vigor de la ley de costas a efectos de aplicar la extensión reducida de la servidumbre de protección. Por otro lado, la sentencia afirma que no procede incoar expediente de replanteo porque la anterior sentencia de la AN ya rechazó la existencia de errores en la grafía del deslinde de 1969. Con esto se ignora deliberadamente que lo que dice la sentencia es que la parte no había aportado pruebas suficientes para acreditar esos errores. Siendo esto así, debería entenderse que la parte está legitimada para aportar pruebas nuevas y mejores en este nuevo procedimiento, pero desde luego la Sala no quiso entenderlo si.
Como puede comprobarse, siendo cierto que la sentencia es desestimatoria, también lo es que su técnica jurídica es inexistente, que sus errores son de bulto y que su calidad está por debajo del mínimo.
Sea como fuere, la pretensión de base no era que la Administración admitiese errores en el replanteo de la línea antigua, sino que incoar expediente de replanteo sin perjuicio de su resultado. Por lo tanto, la pretensión tenía un contenido neutro y únicamente buscaba la investigación de la verdad. A los efectos de esta denuncia, tenga en cuenta esa Fiscalía la irracional cerrazón de los poderes públicos a que pudiera hacerse lo que no era más que una mera comprobación técnica ordenada a dicha investigación de la verdad y su incomprensible empeño en impedir que se abriera expediente contradictorio destinado a tal fin incluso cuando lo que estaba en juego era el derribo de cincuenta viviendas y la desgracia de cincuenta familias. Los poderes públicos no querían hacer esacomprobacion. Querían solo derribar.
DÉCIMO.- En junio de 2012, este Letrado participó junto con el entonces Alcalde de Candelaria, Don Jose Gumersindo Garcia Trujillo, el Senador y Vicepresidente del Cabildo D. Aurelio Abreu, el Director General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, Don Pedro Antonio Ríos, el Subdirector General de actuaciones en la Costa, Don Manuel Velasco Cabeza y un técnico de la Dirección General cuyo nombre se desconoce, en una reunión instada para aclarar el posible error técnico en el replanteo del deslinde antiguo. Siendo el responsable de dicho replanteo el técnico presente, el mismo confesó que no tenía muy claro por dónde iba el deslinde y que según las operaciones obligadas como consecuencia de la desaparición de los puntos fijos, había salido una línea que consideraba la más coherente de todas las posibles pero que no podía estar seguro de que fuera la correcta. Resulta estremecedor que incluso así la Administración de negase en redondo a tramitar expediente de replanteo e insistiese en derribar el barrio. A efectos de las responsabilidades penales que puedan desprenderse de esta denuncia, tenga en cuenta la Fiscalía lo anormal que resulta que la Administración siga adelante con sus planes de derribos masivos incluso sin estar segura de que tiene razón.
UNDÉCIMO.- En 2013, este Letrado formuló demanda civil ejerciendo contra el Estado acción declarativa del dominio. La demanda se basaba no solo en todo lo que ya ha sido expuesto, sino también en el hecho de que el deslinde de 1969, al haberse aprobado en 24 de enero, era anterior a la ley de costas de 26 de abril del mismo año. Por tanto, en el mismo se había aplicado el artículo 1.1 de la ley de puertos de 7 de mayo de 1880, que definía la zona marítimo terrestre como el espacio bañado por el mar en su flujo y reflujo. Esto era una extraordinaria novedad por significar que aquella línea no había sido fijada por el alcance de los temporales, ni siquiera ordinarios, sino de la marea alta. De aquí que fuera muy natural que el deslinde hubiera marcado la línea por el borde de la berma, y sobre todo que sea total y absolutamente absurda la pretensión de la Administración de que la línea antigua hubiera sido trazada en cotas de hasta treinta metros.
Las cotas de los planos de espacios donde las mareas s on sensibles de miden a partir de la intermareal, siendo ésta la el punto medio entre las mareas alta y baja, lo que se llama la carrera de mareas. En nuestro caso la carrera de mareas es de cinco metros aproximadamente, por lo que la intermareal está a unos dos metros y medio por debajo de la marea alta. Esto significa que un vértice del deslinde de 1869 situado a una cota de treinta metros está veintisiete metros y medio por encima de la marea alta. Pero como el deslinde de 1969 se había fijado, conforme a la ley, por la mayor pleamar, esto solo significa que los ingenieros de Costas pusieron el punto que alcanzaba la marea alta veintisiete metros y medio por encima de la propia marea alta, lo que tierna la pretensión en ridícula además de errónea.
Por otro lado, el replanteo de la línea antigua la sitúa la en cotas desiguales, lo que resulta incompatible con un trazado que por definición se corresponde con una línea de marea siempre igual que de ninguna manera puede alcanzar cotas unas más altas que otras.
Esto seguiría siendo así, o si cabe es así con mas fuerza, incluso aunque fuera cierta la pretensión de Costas de que en esa parte de costa nunca existió una berma, sino que el acantilado de hundía a pico en el mar. Si así hubiera sido, los escombros caídos del acantilado debido a la construcción de la autopista no habrían quedado atrapados en la berma y no habrían podido ser aprovechados para nivelarla.
El Abogado del Estado solicitó en ese procedimiento civil una prueba a la que esta parte no se opuso. Consistía en calicatas para demostrar qué parte de la berma estaba formada por rellenos y a qué profundidad aparecía la roca original constitutiva de la berma. Esto solo es obvio que ya desmonta la pretensión de que en la zona nunca existió una berma natural, pero por lo que aquí interesa resulta que el resultado de la prueba fue que los materiales eran heterogéneos pero los rellenos aparecían superficialmente y en espesores moderados. Una de las capas de materiales resultó tener varios millones de años. Pues bien, aunque esto pueda sorprender, en sus conclusiones orales el Abogado del Estado se atrevió a sugerir que esos materiales (que estaban profundamente bajo la superficie) habían sido llevados allí por los propios vecinos.
A los efectos de esta denuncia, tenga en cuenta la Fiscalía el carácter extremadamente irrazonable de la pretensión.
El procedimiento esta pendiente de sentencia.
DUODÉCIMO.- En 2013, y a vista de las nuevas revelaciones derivadas de que el deslinde antiguo aplicó la ley de puertos de 1880, este Letrado dirigió a la Dirección General deSistenibilidad de la Costa y el Mar nueva solicitud de replanteo de aquel deslinde. Nada tenía que ver esta petición con la anteriormente formulada, ya que ahora se fundaba en que en 1969 la línea quedó fijada por la mayor pleamar y que el replanteo no podía fijar la pleamar por encima de la propia pleamar.
A pesar del mucho tiempo transcurrido, la Dirección General ha omitido toda respuesta. No es ya que conteste diciendo que ha decidido no acceder a lo solicitado: Es que no contesta, ni mueve un músculo ni hace nada, incluso a sabiendas de que la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común ordena que la Administración dé respuesta a todas las peticiones de los ciudadanos.
En estimación de este Letrado, la diferencia entre la primera petición de replanteo y la segunda es simple: La primera se basaba en la existencia de un error técnico de carácter topográfico y por lo tanto era más o menos defendible por los ingenieros de costas con argumentos técnicos de carácter topográfico, campo en el que ostentan una abundancia de medios evidente. Sin embargo esta nueva solicitud de replanteo creo que no admite discusión porque evidencia que la fijación de la línea antigua es no solo errónea, sino además surrealista. No hay nada que la Administración pueda hacer, me parece, para discutir la solicitud ni para poner en duda sus fundamentos y por eso es coherente que su única defensa sea el silencio y hacer el vacío a la solicitud fingiendo que no existe. Pero es una defensa ilegítima constitutiva de delito de prevaricación a juicio de este Letrado.
DECIMOTECERO.- en la misma fecha y por idénticos motivos, este Letrado solicitó la revisión o revocación del deslinde de 2006 al amparo de los artículos 102 y 105 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Esta solicitud ha sufrido hasta la fecha la misma suerte que la anterior, por lo que consideró que también hay prevaricación.
DECIMOCUARTO.- En la reunión a la que me he referido anteriormente, de junio de 2012, el Director General de Costas adoptó la decisión de iniciar procedimiento que culminara con la desafectacion del barrio. Para ello habría que tramitar un nuevo deslinde que fijara la ribera del mar dejando libres las viviendas, con posterior declaración de innecesariedad de los terrenos sobrantes y su entrega al patrimonio del Estado y final devolución a los vecinos. A este fin, encargó estudio geomorfologico a empresa externa cuya identidad este Letrado desconoce.
A los pocos meses Don Pedro Antonio Ríos cesó como titular de la Direccion General debido al cambio de Gobierno. A partir de ese momento nadie en la casa supo dar razón del paradero del informe.
En enero de 2013, encontrándose en una reunión con la Subdirectora General, doña Raquel Orts Nebot, este Letrado le pidió que localizase el informe, cosa que no hizo. Transcurrido un año y en el curso de otra reunión, este Letrado insistió en la petición y doña Raquel, en vez de contestarle, se limitó a levantarse y marcharse pretextando que tenía cosas que hacer.
En enero de 2015 este Letrado remitió a la Dirección General comunicación dejando constancia de que la Intervención Delegada había autorizado el pago del informe geomorfologico y de que éste se había efectuado, lo que indicaba que el informe había sido efectivamente elaborado y entregado. Se advertía en esta comunicación que caso de que continuara sin aparecer presentaría querella por delito de infidelidad en la custodia de documentos. Esto causó un efecto admirable puesto que el documento apareció efectivamente, aunque la Dirección General dijo haberlo remitido a la Jefatura Provincial para su valoración.
Sin embargo, cuando los interesados se personaron en las oficinas de la Jefatura de Costas para reclamar una copia, sus responsables se negaron a ello. Por este motivo a esta fecha aún no hemos podido conocer el resultado de un estudio técnico que es obvio que afecta a los vecinos de Bajo la Cuesta de forma especialmente sensible.
Gestiones privadas entendidas con el Subdelegado del Gobierno han dado un resultado decepcionante ya que al parecer éste respalda la actitud de la Jefatura de Costas pretextando que el informe es un “documento interno” de la Administración. Pero tan alta Autoridad debería saber que el concepto “documento interno” de la Administración ni existe, ni está regulado en norma alguna ni tampoco es posible su existencia, supuesto que los documentos administrativos integrados en un expediente no resuelto, como es el caso, pueden ser consultados y copiados por los interesados, como bien establece el artículo 35.a) de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Como quiera que el estudio geomorfologico fue remitido por la Dirección General para que sirviera de base a la incoación de un expediente de deslinde, resulta indiscutible que el mismo forma efectivamente parte de un expediente como encabezamiento del mismo, por lo que los interesados tienen un derecho garantizado por la ley a obtener copia. El documento en cuestión no escapa a ese derecho de los ciudadanos al no estar calificado oficialmente de restringido, confidencial o secreto.
Este Letrado considera que hay prevaricación.
DECIMOQUINTO.- En el invierno de 2010, coincidiendo con una época de vientos huracanados en la isla, un desafortunado accidente causó la muerte de dos turistas en Los Gigantes cuando se desprendió parte de un acantilado.
El 26 de febrero de ese año, el entonces Alcalde de Candelaria, a quien ya se ha nombrado, a vista de la persistencia de los vientos, dictó Decreto de desalojo de los vecinos de Bajo la Cuesta para prevenir posibles desprendimientos del acantilado al que me he referido en este escrito. La decisión fue adoptada sin previa audiencia y de forma tan abrupta como unilateral, sorprendiendo a los vecinos, que desde luego se quedaron en sus casas.
En mayo de 2015 una piedra se desprendió del acantilado e impactó contra un vehículo particular, cuyo propietario presentó denuncia. El Alcalde, incluso en funciones, firmó Decreto ordenando el desalojo. La decisión se adoptó nuevamente sin audiencia y previos los siguientes informes:
El Decreto es una vía de hecho. No existe tramitación previa a la que podamos llamar expediente administrativo. Todo lo que hizo el alcalde fue solicitar los siguientes informes:
Tecnico municipal de protección civil, favorable al desalojo. Casualmente el técnico en cuestión no es funcionario público sino personal laboral..2. Servicio jurídico. Es incomprensible que el técnico reconozca ignorar todo lo relativo al estado de conservación de la malla metalizada que el Gobierno de Canarias instaló en su día en el acantilado
Jefa del Servicio Jurídico, favorable al desalojo. Casualmente la jefa del servicio jurídico no es funcionario sino personal laboral.
Sociedad ICinco, favorable al desalojo que concluye que existe peligro de desprendimientos y deslizamientos y que es una sociedad totalmente privada. El estudio es es superficial, limitado, genérico, disociado del caso concreto, incompleto e insuficiente para concluir que existe un riesgo real de desprendimientos o deslizamientos. Parece ser que este estudio se hizo mediante examen visual a través de fotografías o vídeos que fueran obtenidos con un dron. Se acompañara informe donde así consta elaborado por el Ingeniero de Caminos don Juan Jose Cabrera, que se acompaña como anexo.
A lo anterior hay que añadir que el Secretario del Ayuntamiento, que por su misión estatutaria es el encargado de controlar la legalidad de los actos de la Corporación, no solamente no fue consultado sino que según sus propias manifestaciones su primer conocimiento del tema tuvo lugar cuando se iba a firmar el acto combatido. Curiosamente, el Secretario sí es funcionario público.
Esto denota una actividad puramente clandestina del entonces Alcalde, Don José Gumersindo a Garcia Trujillo. Parece obvio que el Secretario, si no se le hubiera ocultado la iniciativa, habría exigido la previa tramitación de expediente contradictorio, y justamente eso era lo que el Alcalde quería evitar. Estas auténticas maquinaciones fraudulentas del Alcalde sin lo que permite confirmar que existe delito de prevaricación, pues resulta extremadamente probable que el personal laboral carecía de independencia y estabilidad en el puesto, por lo que sus informes fueron sesgados. De aquí concluimos que al Alcalde no le interesaba ni la seguridad, ni el tiempo, ni la objetividad, ni mucho menos los derechos de los vecinos. Lo único que sí le interesaba es aprovechar el hecho de que había crudo una piedra para proceder al desalojo definitivo y permanente de los vecinos.
Desde luego cuanto se ha expuesto deberá ser objeto de las adecuadas comprobaciones por esa Fiscalía.
A lo dicho hay que añadir que en reunión previamente mantenida con los vecinos por los Alcaldes entrante y saliente, se hizo saber a éstos que los terrenos del acantilado, en contra de lo que se pudiera pensar, tienen propietario, siendo uno de ellos un ciudadano particular y el otro nada menos que la mercantil UNELCO, como ya se ha dicho filial de ENDESA. Como se puede comprobar, los poderes públicos parecen extraordinariamente sensibles ante esta poderosa sociedad anónima y muestran una especial renuencia a contrariarla o a tomar cualquier determinación que pueda perjudicar sus intereses, porque además de lo ya dicho sobre el deslinde los Alcaldes saliente y entrante se negaron a practicar el requerimiento que se les pedía para que estos propietarios asegurasen el acantilado a su costa. Este Letrado considera que hay prevaricación.
Finalmente, el Decreto incluye transcripción del informe del responsable municipal de protección civil. Ni siquiera consta en este informe, como en el de ICinco, si la piedra pudo haber caído de esa parte a causa de un mal estado o una deficiente fijación de la malla.
La Alcaldesa ha anunciado a los medios de comunicación su intención de ejecutar el desalojo incluso antes de resolver el recurso de reposición que fue inmediatamente presentado por los vecinos, lo que, aunque se ajuste a derecho, resulta muy poco habitual en el marco de la practica administrativa, denota una agresividad innecesaria que este Letrado ni siquiera ha visto en la práctica de la Jefatura de Costas e implica una declaración de guerra explícita contra los vecinos.
Parece ser que la Alcaldesa pretende poner en marcha con carácter inmediato un fraude de ley prohibiendo el acceso a la calle Manuel Oliva Martin. De esta manera no se produce una violación directa del artículo 18 de la Constitución pero sí su vaciado de contenido, puesto que para poder entrar en sus casas y ejercer un derecho fundamental de la persona como es el derecho al domicilio, los vecinos se verán obligados a desobedecer la prohibición, por lo que es previsible que lluevan las denuncias por desacato. Puede entender esa Fiscalia que el fraude de ley de consuma impidiendo el ejercicio de ese derecho constitucional por la vía indirecta que se dice.
El desalojo no solo es indefinido, hasta que se asegure el acantilado: Es también definitivo, puesto que según ICinco el presupuesto para su óptimo aseguramiento es de 1.600.000 euros y no parece que ninguna Administración pública vaya a hacerse cargo de ese coste.Por tanto, lo que se está exigiendo de los vecinos, sin decirlo así el Decreto, es que contraten cada uno de ellos un camión de mudanzas y se marchen para siempre llevando consigo todos sus enseres y muebles. También aquí nos encontramos con una decisión extremadamente violenta y en apariencia disimulada en forma de orden de desalojo temporal. Por tanto, se trata de un nuevo engaño, o si se quiere de un nuevo fraude de una Alcaldesa a la que parece ser que le satisface la y antidemocratica forma en la que su antecesor trató la cuestión, es decir tramitando el expediente en completo secreto, como si en vez de encontrarnos con una institución democrática como es un Ayuntamiento estuviéramos en el seno mismo del CNI.
DECIMOSEXTO.- Poco antes de su muerte, el ingeniero de caminos D. Manuel González Becerra, que fue jefe de dominio público de la Jefatura de Costas, dijo a este Letrado en conversación telefónica que en la Dirección General había una especial obsesión por derribar el barrio de Bajo la Cuesta.
Cuanto se acaba de exponer confirma esa impresión. No puede negarse una actitud no solo especialmente ajena al deber constitucional de objetividad de la Administración en todo el extenso cúmulo de datos que se acaba de exponer, sino una saña particularmente intensa contra los vecinos, a quienes negándoles información y procurando por todos los medios (ilegítimos e inmorales) desalojar y derribar sus viviendas, se puede afirmar que están tratando como a perros.
Aunque algunos de esos datos pueden constituir por sí delito de prevaricación (como la fijación del dominio público natural por la escollera de la central térmica , la estudiada y decidida pasividad de la Dirección General en relación a las peticiones de replanteo del deslinde antiguo y revision del nuevo), la negativa de la Jefatura de Costas a entregar copia del informe geomorfologico, las maquinaciones fraudulentas del Alcalde y la decisión de la Alcaldesa de requerir a los propietarios del terreno) o de falsedad en documento oficial (la afirmación relativa a la inclinación del acantilado), lo que realmente permite discernir la artificiosa y pienso que delictiva animadversión de los poderes públicos hacia los vecinos es la visión de conjunto que se desprende de todo este relato.
No obstante, incluso constatando esta animadversión no solucionamos gran cosa. Para entender qué está sucediendo aquí es preciso penetrar la pantalla de las apariencias y encontrar las claves que nos den luz y nos guíen a través de un hilo conductor coherente. La irracional persecución de que son objeto los vecinos por parte de Costas no tiene sentido entendida a través de sus manifestaciones aisladas, como tampoco la innecesaria orden de desalojo. Pero una reconstrucción de los hechos que no se ven y una interpretación de las influencias que pueden estar moviéndose en la sombra y del oculto impulso de las iniciativas de los poderes públicos, sí pueden darnos una idea de los procesos y las razones invisibles.
El Plan Insular de Ordenación Territorial incluye entre sus determinaciones la construcción de un puerto deportivo en un paraje que denomina Las Caletillas, y que coincide con el espacio al que nos venimos refiriendo. Es curioso, pero significativo, que en el pleno municipal celebrado el pasado viernes se discutió sobre este tema al hilo de las declaraciones de este Letrado a un medio de comunicación y en el debate la Alcaldesa incurrió en la imprudencia de negarlo, diciendo que era incierto que el PIOT recogiera la determinación que se acaba de exponer. Pero es así, y ella no lo puede cambiar.
Cerca de Bajo la Cuesta hay una urbanización llamada Radazul, donde los promotores hicieron desmontes en los acantilados para dejar sitio a las enormes torres de apartamentos allí construidas. A la Jefatura de Costas parece no haberle importado que el artículo 45.2 del reglamento de costas ingente hasta 2014 limitase los desmontes autorizables en servidumbre de protección (donde aparentemente se encuentran las torres) a los que sean inferiores a tres metros, y que éstos de Radazul tengan treinta o cuarenta. El caso ilustra que el empuje del dinero al calor de nuevas urbanizaciones puede no sólo llegar a ser irresistible,sino además transmitirse a Bajo la Cuesta siempre que algún promotor se decidiera a ponerle realidad a la previsión del PIOT. Y para ello no seria ningún problema el carácter de dominio público natural que tiene asignado la zona.
La rigurosa prohibición de usos residenciales en los recintos portuarios, presente en l aredacción original de la ley de puertos de 1992 desapareció hace ya años,de tal forma que en la actualidad no hay restricción alguna para estos usos y de tal forma que no solo la construcción del puerto deportivo sino también el aseguramiento definitivo del acantilado podrían financiarse con una promoción de apartamentos bien planificada y publicitada.
Hace años se hablaba mucho de la desafectación de una zona de Alicante llamada La Albufereta. Los primeros intentos se encontraron con el inconveniente de que muchos vecinos de otras zonas pidieron igualmente la desafectación de sus propios tramos de costa. Para sortear este grave inconveniente, los poderes públicos idearon la fórmula de instalar en la zona un puerto deportivo sabiendo que ello tendría como sencilla consecuencia que los terrenos pasarían de ser dominio público marítimo terrestre (donde los usos residenciales están prohibidos) a ser dominio público portuario (donde están permitidos). La claridad de este precedente sugiere que la posibilidad de una operación parecida en Bajo la Cuesta es real. Éste podría ser el hilo conductor que diera coherencia a todo el cúmulo de aberraciones que se ha expuesto con este escrito y explicara la saña con que estos ciudadanos han venido siendo perseguidos, engañados y humillados.
DECIMOSÉPTIMO.- la presente denuncia se limita a exponer una suma de hechos intensamente antijurídicos y a poner de manifiesto una hostilidad de los poderes públicos hacia los vecinos que resulta totalmente artificiosa y que debería obedecer a un plan. No es ni razonable ni prudente, por ejemplo, que al Abogado del Estado se me ocurra sugerir que materiales geológicos que llevan millones de años bajo la berma fueron llevados allí por los propios vecinos. Estos puntos de vista serían risibles si sus consecuencias no resultaran tan dramáticas,
A juicio de este Letrado, no existe justificación para la pretensión de derribo de las viviendas pero tampoco para su desalojo. Antes de 2010 no constaba desprendimiento alguno del acantilado y después sólo de tiene noticia de la caída de una piedra. Parece excesivo echar a estas familias de sus casas de modo definitivo sólo por eso. Incluso aunque la seguridad no deba ser tomada a la ligera, la medida de colocar carteles advirtiendo de los posibles desprendimientos parece mucho más adecuada a la naturaleza del problema.
Pero todo quedaría bien sometido a un patrón de racionalidad en la hipótesis de que una mano negra muy poderosa estuviera moviendo los hilos para echar a los vecinos y poder enriquecerse con una promoción de viviendas al calor de un puerto deportivo.
En este supuesto, nos encontraríamos con que todos los poderes públicos habrían estado prevaricando en favor de oscuros y a esta fecha desconocidos intereses económicos muy privados, y todo esto con arreglo al siguiente plan:
-Primero, desalojo forzoso a fin de dejar el barrio desierto.
Segundo, derribo de las viviendas sin broncas ni escándalos como sucedió en Cho Vito.
Tercero, promoción y construcción de urbanización y puerto deportivo.
El desalojo de las viviendas es una medida necesaria para que un futuro derribo de todo el barrio a fin de dejar paso a las futuras posibles torres de apartamentos pueda hacerse no sólo sin violencia pública, sino también sin testigos. Existen numerosos precedentes en los que Costas ha cortado el acceso a una zona en la que iba a practicar derribos, pero no por seguridad, sino paro oscurantismo. En nuestro caso es muy fácil hacerlo así a fin de que ni un solo periodista pueda ver, grabar y contar lo sucedido. Bastaría cortar la calle Antonio Oliva Martin, que vare e de salida. Lo que sucede es que por suerte hoy la comunicación apenas tiene limites y que si se permite que los vecinos continúen en sus casas hasta el último momento, nada impedirá que graben docenas de vídeos con sus teléfonos móviles y que esa información esté a disposición de las agencias de noticias en cuestión de minutos. Claro está que esto sigue siendo una hipótesis, pero a vista de la extensa y densa experiencia de este Letrado en cuestiones de derribos, se trata de una hipótesis total y absolutamente coherente.
Pues bien, con sólo estos hechos y constataciones no resulta posible a los vecinos formular querella, pues el juez no los consideraría concluyentes. En cambio sí que pueden formular la presente denuncia ante esa Fiscalía para que por la misma se tramiten las diligencias preliminares de investigación y comprobacion que resulten pertinentes a fin de aclarar unos hechos tan anormales e indebidos como los que se describen.
No se presenta esta denuncia contra persona determinada, pero se pide a la Fiscalía que use de su autoridad para investigar y, si de ello resultara la comisión de delito, formular querella. No obstante, sí se considera que hay delito de prevaricación individualizado en las siguientes conductas, muy señaladas y claras
-Orden Ministerial aprobatoria del deslinde de 2006, por no incluir la misma el espacio ocupado por la central térmica (aparece como responsable la autoridad que firma por delegación
-Silencio de la Dirección General en relación a las solicitudes de replanteo y Revision de 2013 (aparece como responsable el titular de la Dirección General)
-Negativa de la Jefatura de Costas a entregar copia del informe geomorfologico que habría de servir de base a la desafectación.
-Elaboración del Decreto de desalojo con maquinaciones fraudulentas del Alcalde (como responsable aparece el propio Alcalde).
Decisión de la Alcaldesa de no requerir a los propietarios de los terrenos para que los aseguren a su costa (aparece como responsable la Alcaldesa).
Y delito de falsedad en documento oficial del apartado cuarto del artículo 390.1.4 del código penal, consistente en faltar el funcionario público a la verdad en la narración de los hechos, cuando el autor del estudio geomorfologico previo al deslinde de 2006 pretende que la inclinación del acantilado es inferior a sesenta grados (aparece como responsable quien firma el documento, aunque también incurre en delito de prevaricación por este motivo).
SOLICITO A LA FISCALÍA: Que, teniendo por formulada la presente denuncia y por aportados los documentos que se acompañan, lo admita y se sirva practicar las diligencias de investigación precisas para la comprobacion de los hechos, formulando querella en caso de desprenderse de dicha investigación la go misión de uno o varios delitos.
OTROSI DIGO: Que acompaño copia de los siguientes documentos:
Informe del ingeniero de caminos Don Juan José Cabrera
Decreto de desalojo.
Hoja del Plan de Insular de Ordenación Territorial donde consta la previsión de puerto deportivo en Las Caletillas
Sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en recurso contra desestimación de replanteo.
Anuncio de casacion contra la anterior sentencia
Solicitud de replanteo del deslinde de 1969.
Solicitud a la Dirección General de copia del estudio geomorfologico bajo apercibimiento de querella.
Solicitud de replanteo del deslinde de 1969 con nuevos argumentos
Solicitud de revisión del deslinde
Recurso de alzada contra desestimación de replanteo.
Desestimación de recurso por denegación de replanteo
Demanda y conclusiones en recurso contencioso administrativo contra el deslinde.
Demanda y conclusiones contencioso administrativa contra órdenes de recuperación posesoria.
Orden ministerial aprobatoria del deslinde de 22 de mayo de 2006.
y anuncio la aportación de los siguientes documentos:
Sentencia de la Audiencia Nacional sobre la impugnación del deslinde.
Plano oficial de este último deslinde.
Resolución aprobatoria del deslinde de 24 de enero de 1969.
Acta de deslinde (1969).
Estudio geomorfologico previo contenido en el expediente de deslinde de 22 de mayo de 2006.
CD con grabación en video de ratificación de peritos en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias y sus correspondientes informes escritos.
Dos Cd con grabación de juicio civil.