Source: https://www.boe.es/eli/es/l/1994/05/19/10
Timestamp: 2020-06-02 03:08:31
Document Index: 199339043

Matched Legal Cases: ['in fine', 'artículo 7', 'artículo 3', 'artículo 5', 'artículo 17', 'artículo 52', 'artículo 52', 'artículo 3', 'artículo 3']

BOE.es - Documento BOE-A-1994-11609
Documento BOE-A-1994-11609
«BOE» núm. 122, de 23 de mayo de 1994, páginas 15800 a 15805 (6 págs.)
BOE-A-1994-11609
https://www.boe.es/eli/es/l/1994/05/19/10
Aunque los objetivos que se persiguen con la reforma son globales y exigen una profunda modificación del Estatuto de los Trabajadores, algunas de las medidas que se proponen en dicho contexto, tendentes a optimizar las posibilidades de colocación existentes, favorecer la inserción laboral de los jóvenes sin formación profesional específica o sin experiencia laboral o posibilitar el trabajo de un mayor número de personas, exigieron adelantar su adopción mediante un Real Decreto-ley, no sólo por razones de urgencia sino, además, para no dejar abierto un marco de expectativas y un cuadro transitorio de contratación que repercutieran desfavorablemente en el empleo.
e) Por último, la Ley permite la prórroga durante dieciocho meses de los contratos temporales de fomento del empleo cuya duración máxima de tres años expire entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 1994, período durante el cual, de no adoptarse tal medida, se estima que la decisión empresarial podría no ser proclive al mantenimiento del empleo.
2. Se prohíbe la existencia de agencias de colocación con fines lucrativos. El Servicio Público de Empleo podrá autorizar, en las condiciones que se determinen en el correspondiente convenio de colaboración y previo informe del Consejo General del Instituto Nacional de Empleo, la existencia de agencias de colocación sin fines lucrativos, siempre que la remuneración que reciban del empresario o del trabajador se limite exclusivamente a los gastos ocasionados por los servicios prestados. Dichas agencias deberán garantizar, en su ámbito de actuación, el principio de igualdad en el acceso al empleo, no pudiendo establecer discriminación alguna basada en motivos de raza, sexo, edad, estado civil, religión, opinión política, afiliación sindical, origen, condición social y lengua dentro del Estado.
No se podrán celebrar contratos de aprendizaje que tengan por objeto la cualificación para un puesto de trabajo que haya sido desempeñado con anterioridad por el trabajador en la misma empresa por tiempo superior a doce meses.
Se entenderá cumplido el requisito de formación teórica cuando el aprendiz acredite, mediante certificación de la Administración pública competente, que ha realizado un curso de formación profesional ocupacional adecuado al oficio o puesto de trabajo objeto de aprendizaje. En este caso, la retribución del trabajador se incrementará proporcionalmente al tiempo no dedicado a formación teórica.
Las empresas que incumplan sus obligaciones en relación con la formación teórica deberán abonar al trabajador, en concepto de indemnización, una cantidad igual a la diferencia que exista entre el salario percibido por el trabajador, en virtud del tiempo de formación teórica pactada en el contrato, y el salario mínimo interprofesional o el pactado o convenio colectivo, sin perjuicio de la sanción que proceda de acuerdo con lo previsto en el artículo 7 número 5 de la Ley 8/1988, de 7 de abril, de Infracciones y Sanciones en el orden social.
f) La retribución del aprendiz será la fijada en convenio colectivo, sin que, en su defecto, pueda ser inferior al 70, al 80 o al 90 por 100 del salario mínimo interprofesional durante, respectivamente, el primero, el segundo o el tercer año de vigencia del contrato, salvo lo que se disponga reglamentariamente en virtud del tiempo dedicado a formación teórica. No obstante lo anterior, la retribución de los aprendices menores de dieciocho años no podrá ser inferior al 85 por 100 del salario mínimo interprofesional correspondiente a su edad.
g) La protección social del aprendiz sólo incluirá las contingencias de accidente de trabajo y enfermedades profesionales, asistencia sanitaria por contingencias comunes, prestación económica correspondiente a los períodos de descanso por maternidad, pensiones y Fondo de Garantía Salarial.
El contrato a tiempo parcial se entenderá celebrado por tiempo indefinido cuando se concierte para realizar trabajos fijos y periódicos dentro del volumen normal de actividad de la empresa. Quienes presten servicios en trabajos que tengan el carácter de fijos discontinuos y no se repitan en fechas ciertas serán llamados en el orden y la forma que se determinen en los respectivos convenios colectivos, pudiendo el trabajador, en caso de incumplimiento, reclamar en procedimiento de despido ante la jurisdicción competente, iniciándose el plazo para ello desde el momento que tuviese conocimiento de la falta de convocatoria.
En el supuesto de trabajadores cuya prestación efectiva de servicios sea inferior a doce horas a la semana o cuarenta y ocho al mes, los derechos de protección social sólo incluirán las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, asistencia sanitaria por contingencias comunes y Fondo de Garantía Salarial y la prestación económica correspondiente a los períodos de descanso por maternidad.
A efectos de determinar los períodos de cotización y de cálculo de la base reguladora de las prestaciones de Seguridad Social, incluida la de protección por desempleo, se computarán exlusivamente las horas o días efectivamente trabajados. Reglamentariamente se determinará la forma de cálculo de los días de cotización exigibles, así como de los períodos en que los mismos hayan de estar comprendidos.
Tendrán la consideración de horas extraordinarias a todos los efectos, incluidos los de Seguridad Social, cada hora de trabajo que se realice sobre la jornada ordinaria de trabajo efectivo en el contrato a tiempo parcial.
Quedan expresamente excluidas las contrataciones llevadas a cabo por el cónyuge o familiares por consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado inclusive, del empresario o de quienes ostenten cargos de dirección o sean miembros de los órganos de administración de las empresas que revistan la forma jurídica de sociedad, así como las que se produzcan con estos últimos.
Los beneficios y condiciones establecidos en la Ley 22/1992, de 30 de julio, de medidas urgentes sobre fomento del empleo y protección por desempleo, para la transformación en indefinidos de los contratos en prácticas y para la formación, se aplicarán a la conversión en indefinidos de los contratos formativos regulados en el artículo 3 de esta Ley.
5. Los beneficiarios de la pensión no contributiva de invalidez, prevista en la Ley 26/1990, de 20 de diciembre, que sean contratados como aprendices, recuperarán automáticamente dicha pensión cuando se les extinga el contrato, a cuyo efecto no se tendrá en cuenta en el cómputo anual de sus rentas las que hubieran percibido en virtud de su trabajo como aprendices.
Disposición adicional tercera. Prórroga de los contratos temporales de fomento del empleo.
Los contratos temporales de fomento del empleo celebrados al amparo del Real Decreto 1989/1984, de 17 de octubre, por el que se regula la contratación temporal como medida de fomento del empleo, cuya duración máxima de tres años expire entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 1994, podrán ser objeto de dos prórrogas como máximo hasta un plazo de dieciocho meses.
Disposición adicional cuarta. Repertorio de Certificaciones Profesionales.
El Gobierno, a los efectos de una mejor implantación del contrato de aprendizaje, aprobará, en el plazo máximo de un año, el Repertorio de Certificaciones Profesionales y regulará las correspondencias o convalidaciones de los conocimientos adquiridos en la práctica laboral.
Disposición adicional quinta. Cómputo de los aprendices a efectos fiscales.
Los trabajadores con contrato de aprendizaje se computarán en un 60 por 100 a los efectos de determinar el rendimiento neto mediante la modalidad de signos, índices o módulos del método de estimación objetiva en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Disposición adicional sexta. Fomento del empleo durante el año 1994.
Uno. 1. De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de esta Ley y en el artículo 17.3 del Estatuto de los Trabajadores, a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, y hasta el 31 de diciembre de 1994, las empresas podrán contratar temporalmente, para la realización de sus actividades cualquiera que fuere la naturaleza de las mismas, a trabajadores desempleados incluidos en alguno de los siguientes colectivos:
a) Trabajadores mayores de cuarenta y cinco años.
b) Trabajadores minusválidos.
c) Beneficiarios de prestaciones por desempleo, de nivel contributivo o asistencial, en los casos previstos en el apartado dos.1.
Los empresarios deberán contratar a los trabajadores a través de la correspondiente Oficina de Empleo y formalizar el contrato por escrito en el modelo oficial que se facilitará por la Oficina de Empleo. La contratación de perceptores de desempleo se llevará a cabo mediante la presentación de oferta genérica de empleo.
4. No podrán contratar temporalmente al amparo de la presente disposición las empresas que hayan amortizado puestos de trabajo por despido declarado improcedente, expediente de regulación de empleo o por la causa prevista en el apartado c) del artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores, con posterioridad al 31 de mayo de 1993.
Dos. 1. Cuando las contrataciones previstas en el número uno se celebren a jornada completa con beneficiarios de prestaciones por desempleo, darán lugar, durante un período máximo de tres años, a los siguientes beneficios:
a) Las empresas, cualquiera que sea su número de trabajadores en plantilla, que contraten a beneficiarios de prestaciones por desempleo mayores de cuarenta y cinco años o minusválidos, tendrán derecho a una reducción del 75 por 100 de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes.
b) Las empresas de hasta veinticinco trabajadores que contraten a beneficiarios de prestaciones por desempleo, menores de cuarenta y cinco años, inscritos al menos un año como desempleados en la Oficina de Empleo, tendrán derecho a una reducción del 50 por 100 de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes.
c) Las reducciones establecidas en los apartados a) y b) anteriores se elevarán al 100 por 100 y al 75 por 100 respectivamente para el primer trabajador contratado por empresas, cualquiera que fuera su forma jurídica, que no tengan trabajador alguno a su servicio desde el 1 de enero de 1994.
En los supuestos anteriores el empresario deberá poder acreditar que se encuentra dado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas desde al menos el 31 de mayo de 1993.
2. No serán de aplicación las anteriores reducciones de cuotas a los contratos de aprendizaje; a las contrataciones realizadas con trabajadores que hayan estado contratados en la empresa con posterioridad al 31 de mayo de 1993; así como las contrataciones que afecten al cónyuge, ascendientes, descendientes y demás parientes por consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado inclusive del empresario o de quienes ostenten cargos de dirección o sean miembros de los órganos de administración de las empresas, que revistan la forma jurídica de sociedad, y las que se produzcan con estos últimos.
3. Si durante la vigencia de las contrataciones realizadas de conformidad con lo previsto en este número dos, la empresa amortizara puestos de trabajo por despido improcedente, expediente de regulación de empleo o por la causa prevista en el apartado c) del artículo 52, perderá automáticamente el derecho a la reducción de cuotas derivadas de dichas contrataciones, debiendo ingresar, a partir del momento en que se haya producido la amortización, las cuotas empresariales por contingencias comunes establecidas con carácter general.
4. El Instituto Nacional de Empleo compensará a la Tesorería General de la Seguridad Social, con cargo a las aplicaciones 480 y 487 del <Programa 312-A, Prestaciones de desempleados>, los menores ingresos que se originen por las reducciones de cuotas empresariales derivadas de contrataciones de beneficiarios de prestaciones por desempleo, autorizándose al Ministerio de Economía y Hacienda para realizar las modificaciones de crédito necesarias para su cumplimiento.
Tres. 1. La transformación de los contratos de duración determinada regulados en esta disposición en contratos indefinidos dará derecho a la obtención de los beneficios establecidos en la Ley 22/1992, de 30 de julio, de medidas urgentes sobre fomento del empleo y protección por desempleo, así como en el Real Decreto 1451/1983, de 11 de mayo, por el que, en cumplimiento de lo previsto en la Ley 13/1982, de 7 de abril, se regula el empleo selectivo y las medidas de fomento del empleo de los trabajadores minusválidos, siempre que en el momento de la transformación, que podrá producirse al vencimiento de la duración inicial del contrato o de las correspondientes prórrogas, los trabajadores sigan reuniendo los requisitos exigidos en las citadas normas, excepto el relativo a la inscripción como desempleados en la Oficina de Empleo.
2. Formalizada la transformación en contrato indefinido en el modelo oficial correspondiente, se concederán los siguientes beneficios:
a) Jóvenes menores de veinticinco años, subvención de 400.000 pesetas.
b) Mayores de cuarenta y cinco años, subvención de 500.000 pesetas y bonificación del 50 por 100 de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes durante toda la vigencia del contrato.
c) Mujeres contratadas en las profesiones u oficios relacionados en el anexo III de la Orden ministerial de 6 de agosto de 1992 (<Boletín Oficial del Estado> del 15), en los que el colectivo se halle subrepresentado, subvención de 500.000 pesetas.
d) Minusválidos, subvención de 500.000 pesetas y bonificaciones, durante toda la vigencia del contrato del 70 ó 90 por 100 de las cuotas empresariales a la Seguridad Social incluidas las de accidentes de trabajo y enfermedad profesional y las cuotas de recaudación conjunta, si el trabajador es menor o mayor de cuarenta y cinco años, respectivamente.
Disposición adicional séptima. Supresión de los registros especiales de trabajadores portuarios.
1. Quedan suprimidos los registros especiales de trabajadores portuarios creados al amparo de lo dispuesto en el Real Decreto-ley 2/1986, de 23 de mayo, sobre el servicio público de estiba y desestiba de buques.
Específicamente se entenderán suprimidas las referencias normativas a dichos registros recogidas en los artículos 9, 10 y 12 del citado Real Decreto-ley 2/1986, con las modificaciones introducidas por la disposición adicional decimotercera de la Ley 27/1992, de 24 de diciembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.
2. El Instituto Nacional de Empleo expedirá a favor de los trabajadores inscritos en los registros suprimidos el certificado acreditativo de la profesionalidad que tuvieran reconocida.
No obstante lo dispuesto en el artículo 3.2, letra d), los trabajadores que hubieran estado vinculados a la empresa por un contrato para la formación que no hubiera agotado el plazo máximo de tres años sólo podrán ser contratados nuevamente por la misma empresa con un contrato de aprendizaje por el tiempo que reste hasta los tres años, computándose la duración del contrato de formación a efectos de determinar la retribución que corresponde al aprendiz.
Disposición transitoria segunda. Contratos celebrados antes de la presente Ley.
Los contratos celebrados con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 18/1993, de 3 de diciembre, de medidas urgentes de fomento de la ocupación, continuarán rigiéndose por la normativa anterior a cuyo amparo se concertaron.
Será de aplicación lo dispuesto en la presente Ley a los contratos celebrados al amparo del citado Real Decreto-ley 18/1993, de 3 diciembre, excepto lo dispuesto en el segundo párrafo de la letra d) del número 2 del artículo 3.
En tanto se proceda al desarrollo reglamentario de esta Ley continuarán siendo de aplicación, en todo lo que no se oponga a lo establecido en el mismo, el Real Decreto 1991/1984, de 31 de octubre, por el que se regula el contrato a tiempo parcial, el contrato de relevo y la jubilación parcial, y el Real Decreto 2104/1984, de 21 de noviembre, por el que se regulan diversos contratos de trabajo de duración determinada y el contrato de trabajadores fijos discontinuos.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en la presente Ley, y expresamente las siguientes:
1. Los artículos 11; 12; 15, apartado 6; 16, apartados 1, 2 y 3, y 43 de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores.
3. Los artículos 26, apartados 3 y 4, y 27, apartados 1 y 2, de la Ley 8/1988, de 7 de abril, sobre infracciones y sanciones de orden social.
4. Real Decreto 1989/1984, de 17 de octubre, por el que se regula la contratación temporal como medida de fomento del empleo.
5. Real Decreto-ley 18/1993, de 3 de diciembre, de medidas urgentes de fomento de la ocupación.
Fecha de entrada en vigor: 24/05/1994
SE DEROGA, salvo las disposiciones adicionales 4 a 7, por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo (Ref. BOE-A-1995-7730).
SE MODIFICA el art. 4.2 y 3 y la disposición adicional segunda, por Ley 42/1994, de 30 de diciembre (Ref. BOE-A-1994-28968).
SE DEROGA la disposición adicional 2.5, por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (Ref. BOE-A-1994-14960).
SE DICTA DE CONFORMIDAD con el art. 2, regulando las empresas de Trabajo Temporal: Ley 14/1994, de 1 de junio (Ref. BOE-A-1994-12554).
arts. 26.3 y 4, y 27.1 y 2 de la Ley 8/1988, de 7 de abril (Ref. BOE-A-1988-9115).
el Real Decreto 1989/1984, de 17 de octubre (Ref. BOE-A-1984-24873).
los arts. 40.2, 42.1 y 44.2 de la Ley 51/1980, de 8 de octubre (Ref. BOE-A-1980-22502).
los arts. 11, 12, 15.6, 16.1, 2 y 3, y 43 de la Ley 8/1980, de 10 de marzo (Ref. BOE-A-1980-5683).
el Real Decreto 1991/1984, de 31 de octubre (Ref. BOE-A-1984-24875).
Ley 13/1982, de 7 de abril (Ref. BOE-A-1992-9983).