Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-t-125-de-febrero-23-de-2012?documento=jurcol&contexto=jurcol_bd96dbfaa110012ae0430a010151012a&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-10-17 05:53:23
Document Index: 259916796

Matched Legal Cases: ['artículo 259', 'artículo 33', 'artículo 9', 'artículo 33', 'artículo 33', 'artículo 33', 'Artículo 2', 'Artículo 8', 'artículo 13', 'artículo 7', 'artículo 260']

﻿ Sentencia T-125 de febrero 23 de 2012
SENTENCIA T-125 DE 23 DE FEBRERO DE 2012
CONTENIDO:DEFECTO MATERIAL SUSTANTIVO EN LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL. SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES CON ANTERIORIDAD Y POSTERIDAD DE LA LEY 100 DE 1993.
TEMAS ESPECÍFICOS:DERECHO AL SISTEMA DE SALUD, SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL, ACCIÓN DE TUTELA CONTRA SENTENCIA JUDICIAL
Sentencia T-125 de febrero 23 de 2012
Ref.: Expediente T-3.186.532
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política y 33 del Decreto 2591 de 1991, la Sala de Selección Diez de la Corte Constitucional, mediante auto del veinte (20) de octubre de dos mil once (2011), escogió, para efectos de su revisión, la acción de tutela de la referencia.
1.1.1.2. Afirma que durante su vinculación laboral, el Banco de Bogotá no cumplió con su obligación legal de efectuar los aportes a la seguridad social en pensiones en los períodos del 16 de enero de 1975 al 30 de junio de 1979 y del 1º de agosto de 1981 al 30 de noviembre de 1990.
Inicialmente, señaló que “revisada la normatividad sobre cobertura del Instituto de los Seguros Sociales se observa que mediante el Decreto 905 del 27 de abril de 1990, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social aprobó el Acuerdo 50 de 1990 emanado del Consejo Nacional de Seguros Sociales Obligatorios, mediante el cual se aprobó la extensión de cobertura geográfica de los seguros sociales obligatorios con el sistema de medicina familiar a algunos municipios del país, entre los cuales se encontraba La Mesa y Tocaima departamento de Cundinamarca”.
“tiene razón la demandada en cuanto expone que por la circunstancia de no tener cobertura el Seguro Social en los municipios de La Mesa y Tocaima no estaba obligado a afiliar al trabajador, para los riesgos de invalidez, vejez y muerte, durante el lapso que el actor prestó servicios en dichas localidades”.
Por lo anterior, como el Seguro Social no había subrogado al empleador en los riesgos anotados, estos estaban a cargo del empleador en los términos del Código Sustantivo de Trabajo, y por lo tanto, cuando el trabajador llegue a cumplir los requisitos para el cubrimiento de la pensión de jubilación debe el empleador asumir la parte pertinente de acuerdo con la ley”.
1.1.1.6. En escrito remitido a este despacho, resalta el accionante que en el desarrollo de la segunda instancia en el curso del proceso ordinario laboral fue engañado por su apoderado. Lo anterior, por cuanto su abogado nunca le informó la decisión proferida por el Tribunal de Cundinamarca, y tan solo en mayo de 2010 al indagar directamente en el tribunal, pudo constatar que el proceso se encontraba archivado.
1.1.1.8. Por lo expuesto, el accionante solicita al juez de tutela amparar sus derechos fundamentales y, en consecuencia, ordenar al Banco de Bogotá o bien asumir el pago de su pensión de vejez o transferir al Instituto del Seguro Social los valores correspondientes a los períodos dejados de cotizar.
1.3.5. Solicitud suscrita por el accionante, dirigida al vicepresidente administrativo del Banco de Bogotá, de fecha 5 de octubre de 2010, de constancia laboral especificando si se cotizaron las semanas correspondientes a los períodos comprendidos entres el 16 de enero de 1975 al 30 de junio 1979 y del 1º de agosto de 1981 al 30 de noviembre de 1990.
1.3.6. Escrito presentado por el peticionario, dirigida al vicepresidente administrativo del Banco de Bogotá, de fecha 11 de abril de 2011, reiterando solicitud de constancia laboral.
1.3.7. Respuesta de la jefe de personal del Banco de Bogotá, certificando que el peticionario, Fernando Muñoz Sierra, laboró entre el 16 de enero de 1975 al 30 de agosto de 1994.
1.3.8. Reporte de semanas cotizadas en pensiones por el empleador (Banco de Bogotá) a favor del señor Fernando Muñoz Sierra, expedido por el Instituto del Seguro Social el 3 de junio de 2011, en el cual se señalan las cotizaciones correspondientes a los períodos del 2 de julio de 1979 al 1º de diciembre de 1981 y del 20 de diciembre de 1990 al 30 de junio de 1994.
1.3.9. Copia de la demanda laboral instaurada a través de apoderado judicial por Fernando Muñoz Sierra en contra del Banco de Bogotá S.A.
1.3.10. Copia de la Sentencia 156-2006, del 16 de enero de 2006, proferida por el Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Bogotá, que en su parte resolutiva señala:
“1. CONDENAR a la demandada Banco de Bogotá S.A. a pagar los aportes pensionales correspondientes a los períodos laborados por el señor Fernando Muñoz Sierra entre el 16 de enero de 1975 y el 30 de junio de 1979, y del 1º de agosto de 1981 al 30 de noviembre de 1990, debiendo dentro de los veinte (20) días siguientes a la ejecutoria de este fallo, presentar el respectivo cálculo actuarial, a satisfacción del Instituto de Seguros Sociales, ISS, para su pago”.
1.3.11. Copia de la sentencia del 4 de diciembre de 2008, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cundinamarca, cuyo resuelve establece: “(1). REVOCAR la sentencia proferida el (sic) Juzgado Dieciocho laboral del Circuito de Bogotá, del 16 de agosto de 2006, dentro del proceso ordinario laboral promovido por Fernando Muñoz Sierra, contra el Banco de Bogotá S.A. (2). ABSOLVER a la parte demandada de las pretensiones de la demanda, conforme lo anotado en la parte motiva de esta providencia”.
1.3.12. Copia de escrito suscrito por el peticionario, dirigido a los abogados Juan de Jesús López Rodríguez y Juan Guillermo López Celis, en el que se da por terminado el contrato de prestación de servicios profesionales correspondiente al proceso ordinario laboral adelantado en contra del Banco de Bogotá, por cuanto “dicho proceso culminó en el mes de febrero de 2009” (...) “y considerando que en el año 2009, en varias ocasiones, les pregunte a los doctores, sobre la situación del proceso y se me informó que lo habían enviado a Riohacha, por descongestión, razón que considero no es válida, puesto que en el expediente se aprecia claramente, que fue enviado al Tribunal Superior Distrito Judicial de Cundinamarca, Laboral, y resuelto en diciembre 4 de 2008, por lo cual considero que se incumplió la cláusula segunda” (...).
1.3.13. Solicitud de desarchive del proceso ordinario de la referencia, presentado por el accionante el 1º de junio de 2011.
2.1. Decisión de única instancia - Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.
De forma sucinta, explicó que la acción de tutela está instituida como un mecanismo jurídico al alcance de las personas para la inmediata protección de sus derechos fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas y, en determinadas hipótesis, de los particulares.
Finalmente, advirtió que en el caso concreto no se encuentra satisfecho el requisito de la inmediatez, el cual exige que la acción constitucional sea presentada en un término cercano a la ocurrencia de los hechos vulneratorios de los derechos fundamentales. Ello, por cuanto no existe justificación válida que explique el tiempo transcurrido para interponer la presente acción de tutela, si se tiene en cuenta que la providencia atacada fue notificada en audiencia especial el día 13 de febrero de 2009 y tan solo el 23 de junio de 2011 fue impetrada la acción tutelar.
Por un amplio período de tiempo, la Corte Constitucional decantó de tal manera el concepto de vía de hecho. Posteriormente, un análisis de evolución de la jurisprudencia constitucional acerca de las situaciones que hacen viable la acción de tutela contra providencias judiciales llevó a concluir que las sentencias judiciales pueden ser atacadas mediante la acción de tutela por causa de otros defectos adicionales, y que, dado que esos nuevos defectos no implican que la sentencia sea necesariamente una decisión arbitraria y caprichosa del juez, era más adecuado utilizar el concepto de causales genéricas de procedibilidad de la acción que el de vía de hecho.
Con el fin de orientar a los jueces constitucionales y determinar unos parámetros uniformes que permitieran establecer en qué eventos es procedente la acción de tutela contra providencias judiciales, la Sala Plena de la Corte Constitucional, en las sentencias C-590 de 2005(2) y SU-913 de 2009, sistematizó y unificó los requisitos de procedencia y las razones o motivos de procedibilidad de la tutela contra sentencia. Actualmente no “(…) solo se trata de los casos en que el juez impone, de manera grosera y burda su voluntad sobre el ordenamiento, sino que incluye aquellos casos en los que se aparta de los precedentes sin argumentar debidamente (capricho) y cuando su discrecionalidad interpretativa se desborda en perjuicio de los derechos fundamentales de los asociados (arbitrariedad)”(3).
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones(6). En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa por qué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.
Estos eventos en que procede la acción de tutela contra decisiones judiciales involucran la superación del concepto de vía de hecho y la admisión de específicos supuestos de procedibilidad en eventos en los que si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, si(sic) se trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales”(15).
(i) Cuando la norma aplicable al caso es claramente inadvertida o no tenida en cuenta por el fallador.
(ii) Cuando a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, la aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes (irrazonable o desproporcionada), y, finalmente.
(iii) Cuando el fallador desconoce las sentencias con efectos erga omnes tanto de la jurisdicción constitucional como de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, cuyos precedentes se ubican en el mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada respectiva”(16).
3.2.4. Seguridad social en pensiones con anterioridad y posterioridad de la Ley 100 de 1993.
Así, se ha señalado que con anterioridad no existía un adecuado desarrollo normativo en la materia, pues subsistían diferentes regímenes administrados por diversas entidades y correspondía a ciertos empleadores asumir el pago de las pensiones(17).
En sus inicios, por regla general, las obligaciones patronales, como la derivada del reconocimiento de la pensión de jubilación, correspondían al empleador(18), motivo por el cual, con el fin de reglamentar las relaciones con los trabajadores, se expidió la Ley 6ª de 1945 considerada como el primer estatuto orgánico del trabajo.
La Ley 90 de 1946 instituyó el seguro social obligatorio para todos los individuos, nacionales y extranjeros, que prestaran sus servicios a otra persona en virtud de un contrato expreso o presunto de trabajo o aprendizaje(19), y creó para su manejo el Instituto Colombiano de Seguros Sociales(20).
“Las prestaciones reglamentadas en esta ley, que venían causándose en virtud de disposiciones anteriores a cargo de los patronos, se seguirán rigiendo por tales disposiciones hasta la fecha en que el seguro social las vaya asumiendo por haberse cumplido el aporte previo señalado para cada caso. Desde esa fecha empezarán a hacerse efectivos los servicios aquí establecidos, y dejarán de aplicarse aquellas disposiciones anteriores” (resaltado y subrayado fuera del texto).
Posteriormente, el Código Sustantivo del Trabajo(21) en su artículo 259 dispuso, de manera temporal, el pago de las prestaciones sociales, tales como la pensión de jubilación, en cabeza del empleador hasta que el riesgo correspondiente fuera asumido por el Instituto del Seguro Social:
2. Las pensiones de jubilación, el auxilio de invalidez y el seguro de vida colectivo obligatorio dejaran de estar a cargo de los empleadores cuando el riesgo correspondiente sea asumido por el Instituto de los Seguros Sociales, de acuerdo con la ley y dentro de los reglamentos que dicte el mismo instituto” (resaltado fuera de texto).
Luego fue expedido el Decreto 3041 de 1966, cuyos artículos 60 y 61 regularon la subrogación paulatina por la referida entidad al empleador en el reconocimiento de la pensión de jubilación (CST, art. 260), y contemplaron la denominada pensión sanción, de modo que bajo la vigencia de esas disposiciones el Instituto de Seguros Sociales tan solo podía, por mandato de la ley, asumir gradual y progresivamente las pensiones de creación estrictamente legal, esto es las consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo.
Con la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, la mencionada disposición del Código Sustantivo del Trabajo que establecía los requisitos para acceder a la pensión de vejez, fue reemplazada por el artículo 33, posteriormente modificado por el artículo 9º de la Ley 797 de 2003, que así introdujo nuevos requisitos para su reconocimiento y algunas reglas pertinentes para el cómputo de las semanas cotizadas en el régimen de prima media:
En los casos previstos en los literales b), c), d) y e), el cómputo será procedente siempre y cuando el empleador o la caja, según el caso, trasladen, con base en el cálculo actuarial, la suma correspondiente del trabajador que se afilie, a satisfacción de la entidad administradora, el cual estará representado por un bono o título pensional”(22) (resaltado fuera de texto).
Ahora bien, en relación con literal c) del parágrafo 1º del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, esta corporación ya tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre su constitucionalidad. En efecto, la Sentencia C-506 de 2001(23) reiteró lo indicado en la Sentencia C-177 de mayo 4 de 1998, M.P. Alejandro Martínez Caballero, respecto de la ausencia, con anterioridad a la expedición de la Ley 100 de 1993, del derecho de acumular “los tiempos servidos en el sector privado que llevaran al reconocimiento de la pensión, si no se cumplían integralmente los requisitos exigidos para acceder a la pensión dentro de la empresa privada respectiva”; por tanto, si no se satisfacían de manera completa tales requerimientos “no se consolidaba el derecho a la prestación y las semanas servidas a la entidad no podían tenerse en cuenta para efectos de ninguna otra pensión”. Así, se afirmó que tal garantía solo surgió en la fecha en que entró a regir la mencionada legislación.
En consecuencia, antes de la Ley 100 de 1993 los trabajadores que se encontraban vinculados con empleadores del sector privado que tenían a su cargo el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, gozaban de una simple expectativa de su derecho de acceder a la referida prestación económica, que solo se concretaba con el cumplimiento total de los respectivos requisitos(24).
Sostuvo que el Banco de Bogotá S.A., quien fuere su empleador entre el 16 de enero de 1975 y el 30 de agosto de 1994, no realizó los aportes al sistema de seguridad social en pensiones en los períodos del 16 de enero de 1975 al 30 de junio de 1979 y del 1º de agosto de 1981 al 30 de noviembre de 1990.
4.2.2. El tutelante agotó todos los medios de defensa judicial a su alcance.
“a) Es necesario que la persona haya agotado todos los mecanismos de defensa previstos en el proceso dentro del cual fue proferida la decisión que se pretende controvertir mediante tutela. Con ello se busca prevenir la intromisión indebida de una autoridad distinta de la que adelanta el proceso ordinario(25), que no se alteren o sustituyan de manera fraudulenta los mecanismos de defensa diseñados por el legislador(26), y que los ciudadanos observen un mínimo de diligencia en la gestión de sus asuntos(27), pues no es esta la forma de enmendar deficiencias, errores o descuidos, ni de recuperar oportunidades vencidas al interior de un proceso judicial(28).
c) Finalmente, existe la opción de acudir a la tutela contra providencias judiciales como mecanismo transitorio a fin de evitar un perjuicio irremediable. Dicha eventualidad se configura cuando para la época de presentación del amparo aún está pendiente alguna diligencia o no han sido surtidas las correspondientes instancias, pero donde es urgente la adopción de alguna medida de protección, en cuyo caso el juez constitucional solamente podrá intervenir de manera provisional”(30)(resaltado fuera de texto).
De igual manera, obra en el expediente la solicitud de desarchive del proceso realizada por el accionante el 1º de junio de 2010, en la que se indica como motivo la “solicitud de copia de sentencia Tribunal Superior de Bogotá”, circunstancia que corrobora su afirmación de no haber sido oportunamente informado sobre las resultas del proceso y verse obligado a gestionar directamente el desarchive del mismo con la finalidad de conocer el contenido y sentido del fallo del Tribunal de Cundinamarca.
En este orden de ideas, encuentra la Sala que por causas extrañas y no imputables al peticionario, este no tuvo la posibilidad de agotar los mecanismos ordinarios de defensa dentro del proceso judicial, pues pese a que la sentencia de segunda instancia fue proferida el 4 de diciembre de 2008, solo hasta el 1º de junio de 2010, al solicitar el desarchive del proceso, el accionante tuvo conocimiento sobre el contenido de la providencia que considera vulneradora de sus derechos fundamentales.
Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que el recurso de casación ha sido calificado como “extraordinario” en la medida en que “no constituye una tercera instancia y su procedencia solo se da previo el cumplimiento de exigentes requisitos determinados por el legislador(31).
En el asunto bajo estudio, encuentra la Sala que pese a que la tutela se interpuso el 24 de junio de 2011, dos años y medio después de notificada la sentencia atacada, es claro que, conforme a la jurisprudencia de esta corporación, las mesadas pensionales son imprescriptibles, lo cual hace que la vulneración tenga el carácter de actual, incluso luego de pasados varios años de haberse proferido la decisión judicial(32).
Adicionalmente, debe reiterarse que el accionante tuvo conocimiento de la providencia cuestionada al solicitar el desarchive del proceso, es decir, solo hasta el 1º de junio de 2010, fecha desde la cual buscó a través de la presentación de varios derechos de petición que el Banco de Bogotá, asumiera el pago de su derecho pensional. Por tanto, el tiempo transcurrido entre el conocimiento del contenido de la sentencia laboral aquí cuestionada y la presentación de la acción de tutela no resulta irrazonable ni desproporcionado.
4.2.4. La tutela no se dirige contra una sentencia de tutela.
En sentir de esta Sala de Revisión, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cundinamarca incurrió en un defecto sustantivo al no condenar al Banco de Bogotá S.A. al pago de los aportes al sistema de seguridad social en pensiones del período comprendido entre el 16 de enero de 1975 al 30 de junio de 1979 y del 1º de agosto de 1981 al 30 de noviembre de 1990.
Por su parte, la Ley 100 de 1993 en su artículo 33 consagró los requisitos para adquirir el derecho a una pensión de vejez. No obstante, para hacer compatible esta disposición con el tiempo laborado con anterioridad a la entrada en vigencia de la referida ley, el parágrafo 1º del mencionado artículo estableció la forma en que estos períodos habrían de computarse para efectos de estudiar el cumplimiento de los presupuestos pensionales exigidos por la Ley 100 de 1993.
Descendiendo al caso que ahora ocupa la atención de la Sala, el parágrafo 1º, literal c), del citado artículo 33 dispuso que para efectuar el cómputo de las semanas a que se refiere este artículo, se tendría en cuenta “el tiempo de servicio como trabajadores vinculados con empleadores que antes de la Ley 100 de 1993 tenían a su cargo el reconocimiento y pago de la pensión, siempre y cuando la vinculación laboral se encontrara vigente o se haya iniciado con posterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993”.
En concordancia, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha amparado el derecho fundamental a la seguridad social de quienes se encontraban vinculados laboralmente con anterioridad a la Ley 100 y requerían de aquellas cotizaciones para acceder a la prestación pensional. En este sentido, la Sentencia T-784 de 2011(33) reiterando lo dicho por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia(34) en relación con el reconocimiento del derecho pensional de conformidad con la Ley 100 de 1993, resaltó que “el período que se ha de tomar, respecto al cual el empleador tenía a su caro el pago y reconocimientos de pensiones, es todo aquel por el que el trabajador prestó sus servicios al empleador sin que se efectuaran las cotizaciones a una entidad de seguridad social, el mismo que el trabajador tiene derecho a se le habilite en el sistema general de pensiones mediante la contribución a pensiones correspondiente”.
De igual manera, se observa que desde julio de 1979 hasta junio de 1994, por un período continuo, interrumpido por una sola vez durante el tiempo correspondiente a parte de las cotizaciones reclamadas, el Banco de Bogotá S.A., en calidad de empleador del señor Fernando Muñoz Sierra, aportó al Instituto del Seguro Social las respectivos cotizaciones pensionales.
En este contexto, no es aceptable el argumento expuesto por el Banco de Bogotá en el curso del proceso ordinario laboral, avalado por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cundinamarca, según el cual durante el 1º de agosto de 1981 al 30 de noviembre de 1990, no se realizaron aportes como consecuencia de un “movimiento de personal” a un municipio en el cual aún no se encontraba con cobertura el Instituto del Seguro Social. Lo anterior contraria los principios constitucionales de continuidad, solidaridad y seguridad social, por cuanto, si continúa el vínculo laboral debe continuar la afiliación al régimen de seguridad social, no siendo aceptada una interrupción injustificada de la misma.
En este orden, la Sala observa que la entidad demandada es responsable del pago de las cotizaciones causadas durante todo el tiempo que duró el vínculo laboral, antes y después de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993. En efecto, el Banco de Bogotá debe transferir al Instituto del Seguro Social el valor actualizado —cálculo actuarial—, de acuerdo con el salario que devengaba el actor para la época de los aportes para pensión dejados de cancelar, para que así, al actor le sean contabilizadas dentro de su tiempo de cotización para efectos del reconocimiento de su pensión.
1. REVOCAR, por las razones expuestas en esta providencia, la sentencia proferida el seis (06) de julio de dos mil once (2011), por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en cuanto denegó la tutela incoada por el señor Fernando Muñoz Sierra en contra de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cundinamarca, y, en su lugar, CONCEDER el amparo a los derechos fundamentales al debido proceso y a la seguridad social en pensiones del señor Fernando Muñoz Sierra.
2. DEJAR SIN EFECTOS, con base en las consideraciones esgrimidas en esta providencia, la Sentencia del 4 de diciembre de 2008, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cundinamarca y, en consecuencia DEJAR EN FIRME el fallo del 16 de agosto de 2006, proferido por el Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Bogotá.
(3) Sentencia T-774 de 2004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
(8) Ver entre otras la reciente Sentencia T-315/2005.
(9) Sentencias T-008/98 y SU-159/2000.
(10) Sentencia T-658-98.
(11) Sentencias T-088-99 y SU-1219-2001.
(13) Sentencia T-522/2001.
(14) “Cfr. Sentencias T-462/2003; SU-1184/2001; T-1625/2000 y T-1031/2001”.
(15) Corte Constitucional, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
(17) Sentencias T-232 del 31 de marzo de 2011 y 719 del 23 de septiembre de 2011, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
(18) Artículos 259 y 260 del Código Sustantivo del Trabajo, derogados por la Ley 100 de 1993.
(19) Artículo 2º, Ley 90 de 1946: serán asegurados por el régimen del seguro social obligatorio, todos los individuos, nacionales y extranjeros, que presten sus servicios a otra persona en virtud de un contrato expreso o presunto, de trabajo o aprendizaje, inclusive los trabajadores a domicilio y los del servicio doméstico.
(20) Artículo 8º, Ley 90 de 1946: para la dirección y vigilancia de los seguros sociales, créase como entidad autónoma con personería jurídica y patrimonio propio, un organismo que se denominará Instituto Colombiano de Seguros Sociales, cuya sede será Bogotá.
(21) Decretos 2663 y 3743 de 1950, adoptados por la Ley 141 de 1961.
(22) El literal f) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993 y el trascrito, retomaron lo contemplado en el artículo 7º de la Ley 71 de 1988, que otorgaba la posibilidad de acumulación de aportes para los trabajadores del sector público y del sector privado que a partir de su vigencia, diciembre 19 de 1988, acreditaran 20 años de aportes cotizados “en cualquier tiempo y acumulados en una o varias de las entidades de previsión social que hagan sus veces, del orden nacional, departamental, municipal, intendencial, comisarial o distrital y en el Instituto de los Seguros Sociales, tendrán derecho a una pensión de jubilación siempre que cumplan sesenta (60) años de edad o más si es varón y cincuenta y cinco (55) años o más si es mujer”.
(23) Sentencia C-506 del 16 de mayo de 2001, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
(24) Ley 6ª de 1945, Ley 65 de 1946 y artículo 260 Código Sustantivo del Trabajo.
(25) Cfr. Sentencia T-001/99, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
(26) Cfr. Sentencia SU-622/2001, M.P. Jaime Araújo Rentería.
(27) Sentencia T-116/2003, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
(28) Cfr. Sentencias C-543/92, T-329/96, T-567/98, T-511/2001, SU-622/2001, T-108/2003.
(29) Cfr. Sentencia T-440 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda. La Corte concedió la tutela a una entidad bancaria y algunos usuarios de la misma, por considerar que en el trámite de una acción de grupo la autoridad judicial había desconocido los derechos a la intimidad y al debido proceso, al ordenar la remisión de varios documentos que implicaban la revelación de datos privados confiados a una corporación bancaria. Sobre la procedencia de la tutela la Corte señaló: “(...) En segundo lugar, la Corte también desestima la consideración según la cual existió una omisión procesal por parte de los usuarios del Banco Caja Social. Dichas personas no integraban el pasivo del proceso de acción de grupo (...). Por lo tanto, difícilmente podían los ahora tutelantes controvertir providencias judiciales que no les habían sido notificadas, y que, por demás, habían sido proferidas en el transcurso de un proceso judicial de cuya existencia no estaban enterados”. En sentido similar pueden consultarse las sentencias T-329 de 1996, M.P. José Gregorio Hernández Galindo; T-567 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-654 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz y T-289 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda.
(30) Sentencia T-598 del 23 de julio de 2003, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
(31) Sentencia C-140 de 1995.
(32) Sentencia T-042 del 3 de febrero de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
(33) Sentencia T-784 del 30 de septiembre de 2010, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
(34) Sentencia del 22 de julio de 2009, Exp. 32922 y sentencia del 3 de marzo de 2010, Exp. 36268 de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.