Source: http://www.cidh.oas.org/annualrep/90.91sp/Anexo.htm
Timestamp: 2017-10-22 11:37:43
Document Index: 236237364

Matched Legal Cases: ['Artículo 74', 'Artículo 80', 'Artículo 23', 'Artículo 23', 'artículo 21', 'artículo5', 'artículo 7', 'artículo 10', 'Artículo 8', 'Artículo 45', 'Artículo 62', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 62', 'Artículo 4', 'Artículo 60', 'Artículo 8', 'Artículo 45', 'artículo 45', 'artículo 21', 'artículo 62']

“PACTO DE SAN JOSE DE COSTA RICA”
Suscrita en San José, Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969,
En la Conferencia Especializada Interamericana sobre
ENTRADA EN VIRGOR : 18 julio 1978, conforme al Artículo 74.2 de la Convención.
DEPOSITARIO: : Secretaría General OEA (Instrumento original y ratificaciones).
REGISTRO ONU : 27 agosto 1979, No. 17955.
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1. Firmó el 2 de febrero de 1984 en la Secretaría General de la OEA.
2. Firmó el 20 de junio de 1978 en la Secretaría General de la OEA.
5. Firmó el 1 de junio de 1977 en la Secretaría General de la OEA.
6. Firmó el 14 de julio de 1978 en la Secretaría General de la OEA.
7. Firmó el 16 de setiembre de 1977 en la Secretaría General de la OEA.
8. Firmó el 27 de julio de 1977 en la Secretaría General de la OEA.
Firmó el 7 de setiembre de 1977 en la Secretaría General de la OEA con la siguiente declaración:
El Artículo 80, numeral 2 de la Constitución de la República Oriental del Uruguay establece que la ciudadanía se suspende “por la condición de legalmente procesado en causa criminal de que pueda resultar pena de penitenciaría”. Esta limitación al ejercicio de los derechos reconocidos en el Artículo 23 de la Convención no está contemplada entre las circunstancias que al respecto prevé el párrafo 2 de dicho Artículo 23 por lo que la Delegación del Uruguay formula la reserva pertinente.
El instrumento de ratificación se recibió en la Secretaría General de la OEA el 5 setiembre de 1984, con una reserva y declaraciones interpretativas. Se procedió al trámite de notificación de la reserva de conformidad con la Convención de Viena sobre el Derecho de Tratados suscrita el 23 de mayo de 1969.
Los textos de la reserva y declaraciones interpretativas antes mencionadas son las siguientes:
El artículo 21 queda sometido a la siguiente reserva: “El Gobierno argentina establece que no quedarán sujetas a revisión de un Tribunal internacional cuestiones inherentes a la política económica del Gobierno. Tampoco considerará revisable lo que los Tribunales nacionales determinen como causas de `utilidad pública’ e ‘interés social’, ni lo que éstos entiendan por ‘indemnización justa’”.
El artículo5, inciso 3, debe interpretarse en el sentido que la pena no puede trascender directamente de la persona del delincuente, esto es, no cabrán sanciones penales vicariantes.
El artículo 7, inciso 7, debe interpretarse en el sentido que la prohibición de la “determinación por deudas” no comporta vedar al Estado la posibilidad de supeditar la imposición de penas a la condición de que ciertas deudas no sean satisfechas, cuando la pena no se imponga por el incumplimiento mismo de la deuda sino por un hecho penalmente ilícito anterior independiente.
El artículo 10 debe interpretarse en el sentido de que el “error judicial” sea establecido por un Tribunal Nacional.
El instrumento de ratificación se recibió en la Secretaría General de la OEA el 5 de noviembre de 1982, con reservas. Tales reservas se notificaron conforme a las disposiciones de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, suscrita el 23 de mayo de 1969. El plazo de 12 meses desde la notificación de las mismas se cumplió el 26 de noviembre de 1982 sin objeciones.
El texto de las reservas con respecto a los Artículos 4(4), 4(5), y 8(2)(e), es el siguientes:
Con respecto al inciso e) del párrafo 2 del Artículo 8, la ley de Barbados no establece como garantía mínima en el procedimiento penal, ningún derecho irrenunciable a contar con la asistencia de un defensor asignado por el Estado. Se proporcionan servicios de asistencia jurídica en los casos de determinados delitos, tales como el homicidio y la violación
Reconocimiento de Comptencia:
De acuerdo con lo estipulado en el párrafo 1 del Artículo 45 de la Convención sobre Derechos Humanos –“Pacto de San José de Costa Rica”— (ratificada por el Ecuador el 21 de octubre de 1977 y vigente desde el 27 de octubre de 1977), el Gobierno del Ecuador reconoce la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para recibir y examinar las comunicaciones en que un Estado Parte alegue que otro Estado Parte ha incurrido en violaciones de los derechos humanos establecidos en la citada Convención, en los términos previstos en el párrafo 2 de dicho Artículo.
De acuerdo con lo prescrito en el párrafo 1 del Artículo 62 de la Convención antes mencionada el Gobierno del Ecuador declara que reconoce como obligatoria el pleno derecho y sin convención especial, la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de la Convención.
Ratifícase la Convención Americana sobre Derechos Humanos, llamada “Pacto de San José de Costa Rica”, suscrita en San José, Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969, compuesta de un preámbulo y ochenta y dos artículos, aprobada por el Poder Ejecutivo en el Ramo de Relaciones Exteriores mediante Acuerdo número 405, de fecha 14 de junio de corriente año, haciendo la salvedad que tal ratificación se entiende sin perjuicio de aquellas disposiciones de la Convención que puedan entrar en conflicto con preceptos expresos de la Constitución Política de la República.
“(Artículo 1) Declarar que reconoce como obligatoria de plena derecho y sin convención especial, la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.
“(Artículo 2) La aceptación de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se hace por plazo indefinido, con carácter general, bajo condiciones de reciprocidad y con la reserva de que los casos en que se reconoce la competencia son exclusivamente los acaecidos con posterioridad a la fecha en que esta declaración sea presentada al Secretario de la Organización de los Estados Americanos”.
El 9 de setiembre de 1981, presentó en la Secretaría General de la OEA el instrumento de reconocimiento de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de acuerdo con el Artículo 62 de la Convención.
Con respecto al párrafo 1 del Artículo 4 considera que la expresión “en general”, usada en el citada párrafo, no constituye obligación de adoptar o mantener en vigor legislación que proteja la vida “ a partir del momento de la concepción” ya que esta materia pertenece al dominio reservado de los Estados.
En el instrumento de ratificación de fecha 26 de marzo de 1985, depositado el 19 de abril de 1985 en la Secretaría General de la OEA, el Gobierno de la República Oriental del Uruguay declara que reconoce la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de esta Convención, bajo condición de reciprocidad, de acuerdo a lo establecido en sus artículos cuarenta y cinco párrafo tres, y sesenta y dos , párrafo dos.
El Artículo 60, ordinal 5 de la Constitución de la República de Venezuela establece: Nadie podrá ser condenado en causa penal sin haber sido notificado personalmente de los cargos y oído en la forma que indique la ley. Los reos de delito contra la cosa pública podrán ser juzgados en ausencia de las garantías y en la forma que determine la ley. Esta posibilidad no está vista en el Artículo 8, ordinal 1 de la Convención, por lo cual Venezuela formula la reserva correspondiente, y,
DECLARA: de acuerdo a lo estipulado en el párrafo 1 del Artículo 45 de la Convención, que el Gobierno de la República de Venezuela reconoce la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para recibir y examinar las comunicaciones en que un Estado Parte alegue que otro Estado Parte ha incurrido en violaciones de los derechos humanos establecidos en esta Convención, en los términos previstos en el párrafo 2 de dicho Artículo. Este reconocimiento de competencia se hace por tiempo indefinido.
El instrumento de ratificación se recibió en la Secretaría General de la OEA el 9 de agosto de 1977, con una reserva y una declaración. Se procedió al trámite de notificación de la reserva de conformidad con la Convención de Viena sobre el Derechos de los Tratados suscrita el 23 de mayo de 1969.
El 21 de junio de 1985 presentó un instrumento de aceptación por el cual reconoce la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por tiempo indefinido bajo condición de estricta reciprocidad y para hechos posteriores a esta aceptación, sobre casos relativos a la interpretación o aplicación de la Convención, reservándose el derechos de hacer cesar la competencia en el momento que lo considere oportuno. El mismo instrumento reconoce la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por tiempo indefinido, bajo condición de reciprocidad y para hechos posteriores a esta aceptación, sobre casos relativos a la interpretación o aplicación de la Convención, reservándose el derechos de hacer cesar la competencia en el momento que lo considere oportuno.
a) El Gobierno de Chile declara que reconoce la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por tiempo indefinido y bajo condiciones de reciprocidad, para recibir y examinar las comunicaciones en que un Estado Parte alegue que otro Estado Parte ha incurrido en violaciones de derechos humanos establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en los términos previsto en el artículo 45 de la mencionada Convención.
Al formular las mencionadas Declaraciones, el Gobierno de Chile deja constancia que los reconocimientos de competencia que ha conferido se refieren a hechos posteriores a la fecha del depósito de este Instrumento de Ratificación o, en todo caso, a hechos cuyo principio de ejecución sea posterior al 11 de marzo de 1990. Igualmente el Gobierno de Chile, al conferir la competencia a la Comisión y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, declara que estos órganos, al aplicar lo preceptuado en el párrafo segundo del artículo 21 de la Convención, no podrán pronunciarse acerca de las razones de utilidad pública o de interés social que se hayan tenido en consideración privar de sus bienes a una persona.
I. El Gobierno de Nicaragua reconoce como obligatoria de pleno derecho y sin convención especial, la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre todo los casos relativos a la interpretación o aplicación a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, “Pacto de San José de Costa Rica”, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62, inciso 1 de la misma.