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Timestamp: 2018-01-16 11:04:20
Document Index: 69269801

Matched Legal Cases: ['artículo 128', 'artículo 17', 'artículo 36', 'artículo 107', 'artículo 132', 'artículo 120', 'artículo 206']

Jurisprudencia del Consejo de Estado : Godoy & Hoyos abogados
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En sentencia de 6 de octubre de 2009, la Sala precisá que:
(1) En virtud de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, una de las posibilidades con las que cuenta el administrado para desvirtuar la presunción de legalidad del acto demandado, es con nuevas o mejores pruebas que las aportadas en sede administrativa, pues legalmente no existe ningún impedimento para que no se puedan valorar pruebas diferentes a las valoradas por la Administración. Si solo se pueden revisar las pruebas que valoró la Administración, perdería razón de ser el proceso contencioso administrativo y en concreto el período probatorio dentro del cual, hasta el juez puede decretar pruebas de oficio para el esclarecimiento de la verdad.
Además, el artículo 128 C.S.T. debe interpretarse según lo establecido en el artículo 17 de la Ley 344 de 1996, que permite a los empleadores acordar con sus trabajadores los pagos que no constituyen salario dentro de la relación laboral, sin que allá se hayan señalado o indicado taxativamente los beneficios que podían o no excluirse del factor salarial.
Al respecto, esta Sala ha señalado que no se puede negar de manera general el carácter de deducibles de los pagos efectuados al trabajador, a título de participaciones de utilidades y bonificaciones ocasionales, porque al provenir de una relación laboral entre la empresa y sus empleados como forma de remuneración por el servicio prestado, independientemente de que no sean salario ni factor prestacional, constituyen pagos laborales que necesariamente inciden en la generación del ingreso y por ende son gastos que aminoran la base gravable de imposición,
La Corte Constitucional al resolver sobre la exequibilidad de la expresión análogas contenida en el artículo 36 de la Ley 14 de 1983, advirtió que la enunciación de las actividades de servicios que deben pagar el impuesto de industria y comercio, que en él se hacen, no es taxativa, por lo que la calificación de las actividades análogas a las enumeradas en tal disposición corresponde hacerla a los Concejos Municipales como ente facultado constitucionalmente para crear impuesto de acuerdo con lo establecido por la ley.
De manera general para el reconocimiento fiscal de las deducciones, el legislador tributario previó presupuestos esenciales, así como requisitos de fondo y de forma relacionados con la prueba de aquéllas que autoriza, pues en materia tributaria la libertad probatoria no es absoluta.
Los primeros – presupuestos sustanciales – se encuentran establecidos en el artículo 107 del Estatuto Tributario, según el cual son deducibles las expensas realizadas durante el año o período gravable en el desarrollo de la actividad productora de renta, siempre que tengan relación de causalidad con las actividades productoras de renta y que sean necesarias y proporcionadas de acuerdo con cada actividad. La necesidad y proporcionalidad de las expensas debe determinarse con criterio comercial, teniendo en cuenta las normalmente acostumbradas en cada actividad y las limitaciones establecidas en la ley.
La deducción por salarios pagados en virtud de contratos de trabajo bajo la modalidad a destajo. En este caso, conforme al artículo 132 del Código Sustantivo del Trabajo, los salarios a destajo no están exonerados del pago de aportes parafiscales.
Para establecer la forma como se deben contabilizar los términos se acude al Código de Régimen Político y Municipal, comoquiera que ni el Estatuto Tributario ni el Código Contencioso Administrativo, contienen una regulación sobre el tema, pues, las reglas establecidas en el Código de Régimen Político y Municipal, se aplican en general a cualesquiera plazos o términos prescritos en las leyes o en los actos de las autoridades nacionales, salvo que en las mismas leyes o actos se disponga expresamente otra cosa(art. 59).
Cuando se trata de términos de meses o años, los plazos corren de fecha a fecha, es decir, el número del mes o año en el que inicia debe coincidir con el mismo número del mes o año en el que termina. Por ello, cuando la norma se refiere, en este caso, al primer día de plazo significa la fecha de la notificación o el del acto procesal que es el punto de partida para el inicio del cómputo del término que no está establecido en días. Tanto es, que la norma advierte que el plazo de un mes o de un año no siempre tiene el mismo número de días; en el primer caso podrá ser de 28, 29, 30 ó 31 días, y en el segundo, de 365 o 366 días, según corresponda.
En esta materia no tiene cabida el artículo 120 del Código de Procedimiento Civil según el cual Todo término comenzará a correr desde el día siguiente al de la notificación de la providencia que lo conceda, pues es una disposición específica para la notificación de las providencias en los procesos judiciales, cuestión diferente a la de los actos administrativos.
Para los exportadores de minerales sometidos al régimen de precios de transferencia, sus ingresos por ventas de minerales a vinculados económicos residentes o domiciliados en el exterior y/o en paraísos fiscales, serán como mínimo los que resulten de la aplicación del precio fijado por el Ministerio de Minas, sin perjuicio de declarar los ingresos realizados, cuando estos sean superiores, por lo tanto, para este caso específico, no hay lugar a aplicar el artículo 206-2 del Estatuto Tributario. Por su parte, los artículos 2 y 3 del Decreto 1697 de 2007 regulan expresamente el procedimiento, la información y la documentación que los exportadores deben presentar al Ministerio de Minas y Energía.
2.3 El régimen de zona franca sólo es aplicable una vez se tenga la calidad de usuario industrial iva en materiales de construcción
Concepto 060609 del 23 de agosto de 2010 Publicado Diario Oficial No. 47.819 del 1° de septiembre de 2010
2.6 Alcance del término exclusividad aplicable a usuarios industriales ubicados en zona franca
Como se desprende del contenido de las normas, el legislador hace la exigencia de la exclusividad, esto es, que dichos usuarios deber estar instalados en el área declarada como zona franca y no en otro sitio, sin hacer distinciones sobre si se trata del área administrativa o de otra.
De otro lado, según la Decisión 4.1 se entiende que la expresión de soporte informático no comprende los circuitos integrados, los semiconductores y dispositivos similares o los artículos que contengan tales circuitos o dispositivos. De igual manera, la expresión datos e instrucciones no incluye grabaciones sonoras, cinematográficas o de video.