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Timestamp: 2018-06-18 06:14:39
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Matched Legal Cases: ['artículo 64', 'artículo 63', 'artículo 99', 'artículo 73', 'artículo 87', 'artículo 87', 'artículo 94', 'artículo 53', 'artículo 161', 'artículo 53', 'artículo 167', 'artículo 168', 'artículo 116', 'artículo 4', 'Artículo 12', 'Artículo 13']

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Ángel López Belmonte
1 ACADEMIA DIRECTA Expertos en la preparación online de oposiciones Temario para la preparación de las pruebas selectivas de TRAMITACIÓN PROCESAL
2 Tema 1. La Constitución española de 1978: Estructura y contenido. Las atribuciones de la Corona. Las Cortes Generales: Composición, atribuciones y funcionamiento. La elaboración de las leyes. El Tribunal Constitucional. Composición y funciones. LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978: ESTRUCTURA Y CONTENIDO La Constitución Española de 1978 es la norma jurídica suprema de nuestro país, a ella están sujetos los poderes públicos y los ciudadanos. Está formada por: - un Preámbulo; - un Título Preliminar (arts. Del 1 al 9); - diez Títulos, de los cuáles el I, III y el VIII están divididos en Capítulos y a su vez el Capitulo II del Título I dividido en dos Secciones; o Título I, «De los Derechos y Deberes Fundamentales» (artículos 10 a 55) o Título II, «De la Corona» (artículos 56 a 65) o Título III, «De las Cortes Generales» (artículos 66 a 96) o Título IV, «Del Gobierno y de la Administración» (artículos 97 a 107) o Título V, «De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales» (artículos 108 a 116) o Título VI, «Del poder judicial» (artículos 117 a 127) o Título VII, «Economía y Hacienda» (artículos 128 a 136) o Título VIII, «De la organización territorial del Estado» (artículos 137 a 158) o Título IX, «Del Tribunal Constitucional» (artículos 159 a 165) o Título X, «De la reforma constitucional» (artículos 166 a 169). - cuatro Disposiciones Adicionales; - nueve Disposiciones Transitorias; - una Disposición Derogatoria - y una Disposición Final. Aprobada por las Cortes el 31 de Octubre de Ratificada por el Pueblo Español en Referéndum de 6 de Diciembre de Sancionada por S.M el Rey ante las Cortes el 27 Diciembre de Publicada en el B.O.E el 29 de Diciembre de De entre las distintas características que podemos encontrar sobre la Constitución de 1978, las más destacadas por su importancia y las que por la gran mayoría de la doctrina son citadas, son las siguientes: - Es una Constitución rígida, es decir se caracteriza por la imposibilidad de reformarla a través de procedimientos legislativos ordinarios. - Es una Constitución extensa, debido a sus 169 artículos. 2
3 - Es una Constitución inacabada pues se remite en varias ocasiones a normas de desarrollo. - Es una constitución ambigua en algunas cuestiones, esta característica fue como resultado de la necesidad de poner de acuerdo a varios sectores políticos e ideológicos. Como consecuencia puede da lugar a diferentes interpretaciones y al desarrollo de políticas diferentes con un mismo texto constitucional. - Es una Constitución muy consensuada. Los que desarrollaron el texto constitucional sabían que debían lograr el mayor acuerdo posible. Para ello, tuvieron como base los siguientes elementos: o Establecimiento de una forma de política, la monarquía parlamentaria. o Los valores básicos sobre los que debía basarse: democracia, libertad, pluralismo. o El establecimiento de derechos y libertades con un sistema de garantías. o La posibilidad de reformar la Constitución, pero dificultándola. - Es una Constitución derivada debido a las influencias recibidas, es decir se ha basado en otras Constituciones históricas como la Española de 9 de Diciembre de 1931, la Ley Fundamental de Bonn de 1949, la Constitución Italiana de 1941, y en textos internacionales como la Declaración Internacional de Derechos Humanos, entre otros. Los principios constitucionales y valores superiores Tanto los principios constitucionales como los valores superiores de la Constitución se incluyen en su Título Preliminar (artículos del 1 al 9). España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección. La bandera de España está formada por tres franjas horizontales, roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas. Los Estatutos podrán reconocer banderas y enseñas propias de las Comunidades Autónomas. Estas se utilizarán junto a la bandera de España en sus edificios públicos y en sus actos oficiales. 3
4 La capital del Estado es la Villa de Madrid. Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la Ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos. Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la Ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos. Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Una Ley Orgánica regulará las bases de la organización militar conforme a los principios de la presente Constitución. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. LAS ATRIBUCIONES DE LA CORONA El Título II de nuestra Constitución lleva por rúbrica De la Corona. El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado Español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las Leyes. Su título es el de Rey de España y podrá utilizar los demás que correspondan a la Corona. La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo (Ver artículos 64 y 65). 4
5 La Corona de España es hereditaria en los sucesores de S. M. Don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica. La sucesión en el trono seguirá el orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea anterior a las posteriores; en la misma línea, el grado más próximo al más remoto; en el mismo grado, el varón a la mujer, y en el mismo sexo, la persona de más edad a la de menos. El Príncipe heredero, desde su nacimiento o desde que se produzca el hecho que origine el llamamiento, tendrá la dignidad de Príncipe de Asturias y los demás títulos vinculados tradicionalmente al sucesor de la Corona de España. Extinguidas todas las líneas llamadas en derecho, las Cortes Generales proveerán a la sucesión en la Corona en la forma que más convenga a los intereses de España. Aquellas personas que teniendo derecho a la sucesión en el trono contrajeren matrimonio contra la expresa prohibición del Rey y de las Cortes Generales, quedarán excluidas en la sucesión a la Corona por sí y sus descendientes. Las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la Corona se resolverán por una Ley orgánica. Abdicación y renuncia: los dos son supuestos de pérdida de los derechos regios. Son actos voluntarios, personalísimos y unilaterales. La abdicación es el abandono voluntario del cargo por el titular de la Corona, traspasando sus derechos al sucesor. En cambio la renuncia, no supone una traslación de las funciones, ya que dicho acto se produce previamente al acceso del título. (Ejemplo de renuncia: Don Juan de Borbón, padre de nuestro actual Rey, renunció a sus derechos en favor de su hijo.) La Reina consorte o el consorte de la Reina no podrán asumir funciones constitucionales, salvo lo dispuesto para la Regencia. Regencia Cuando el Rey fuere menor de edad, el padre o la madre del Rey y, en su defecto, el pariente mayor de edad más próximo a suceder en la Corona, según el orden establecido en la Constitución, entrará a ejercer inmediatamente la Regencia y la ejercerá durante el tiempo de la minoría de edad del Rey. Si el Rey se inhabilitare para el ejercicio de su autoridad y la imposibilidad fuere reconocida por las Cortes Generales, entrará a ejercer inmediatamente la Regencia el Príncipe heredero de la Corona, si fuere mayor de edad. Si no lo fuere, se procederá de la manera prevista en el apartado anterior, hasta que el Príncipe heredero alcance la mayoría de edad. Si no hubiere ninguna persona a quien corresponda la Regencia, esta será nombrada por las Cortes Generales, y se compondrá de una, tres o cinco personas. Para ejercer la Regencia es preciso ser español y mayor de edad. La Regencia se ejercerá por mandato constitucional y siempre en nombre del Rey. Será tutor del Rey menor la persona que en su testamento hubiese nombrado el Rey difunto, siempre que sea mayor de edad y español de nacimiento; si no lo hubiese nombrado, será tutor 5
6 el padre o la madre, mientras permanezcan viudos. En su defecto, lo nombrarán las Cortes Generales, pero no podrán acumularse los cargos de Regente y de tutor sino en el padre, madre o ascendientes directos del Rey. El ejercicio de la tutela es también incompatible con el de todo cargo o representación política. El Rey, al ser proclamado ante las Cortes Generales, prestará juramento de desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las Leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las Comunidades Autónomas. El Príncipe heredero, al alcanzar la mayoría de edad, y el Regente o Regentes al hacerse cargo de sus funciones, prestarán el mismo juramento, así como el de fidelidad al Rey. FUNCIONES CONSTITUCIONALES DEL REY. - Funciones arbitrales y moderadoras: o El Rey es el Jefe del Estado de una Monarquía parlamentaria. (Art CE) o Mando supremo de las Fuerzas Armadas. (Art. 62.h) CE) o Ejerce el derecho de gracia. (Art. 62.i) CE) o Alto Patronazgo de las Reales Academias. (Art. 62.j) CE) - Funciones relacionadas con las Cortes Generales: o Sanción y promulgación de las leyes. (Art. 62.a) CE) o Convocar y disolver las Cortes Generales. (Art. 62.b) CE) o Convocar a referéndum los casos previstos por la Constitución. (Art. 62.c) CE) o Previa autorización de las Cortes Generales, declarar la guerra y hacer la paz (Art. 63 CE) - Funciones relacionadas con el Gobierno: o Proponer el candidato a Presidente del Gobierno y, en su caso, nombrarlo y poner fin a sus funciones. (Art. 62.d) CE) o Nombrar y separa a los miembros del Gobierno a propuesta de su Presidente. (Art. 62.e) CE) o Expedir decretos acordados en el Consejo de Ministros. (Art. 62.f) CE). o Conferir los empleos civiles y militares y conceder honores y distinciones. (Art. 62.f) CE) o Ser informado de los asuntos de Estado y presidir, a estos efectos, el Consejo de Ministros. (Art. 62.g) CE) - Funciones de nombramiento: o En relación con el poder judicial: la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey (artículo CE) Nombra al Presidente del Tribunal Supremo a propuesta del Consejo General del Poder Judicial (artículo CE). Nombra al Fiscal General del Estado, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial (artículo CE). Nombra a los veinte miembros del Consejo del Poder Judicial de la forma que se determina en el artículo y en la LOPJ. o En relación con el Tribunal Constitucional: Nombra a sus doce miembros (art CE). Nombra al Presidente del Tribunal entre sus miembros (art. 160 CE) o En relación con las Comunidades Autónomas: Nombra al Presidente del Consejo de Gobierno de esas entidades (artículo CE). 6
7 - Función Internacional: o el Rey ostenta la más alta representación. o expresa el consentimiento del Estado para obligarse internacionalmente por medio de tratados o convenio (art CE). o le corresponde acreditar a los embajadores y otros representantes diplomáticos; y los representantes extranjeros en España estarán acreditados ante él (art. 63.1). Asímismo, le corresponde, previa autorización de las Cortes Generales, declarar la guerra y hacer la paz (artículo 63.3 CE). o el Rey sin necesidad de refrendo pero sin excluir el previo acuerdo del Gobierno, puede comparecer ante las instancias internacionales y visitar otras naciones en actos de indudable trascendencia política. - Función de guardián de la Constitución. Refrendo Los actos del Rey serán refrendados por el Presidente del Gobierno y, en su caso, por los Ministros competentes. La propuesta y el nombramiento del Presidente del Gobierno, y la disolución prevista en el artículo 99, serán refrendados por el Presidente del Congreso. En el caso de que el refrendo no se realice por ninguna de estas personas o se omita, el acto regio carece de validez. De los actos del Rey serán responsables las personas que los refrenden. El Rey no asume decisiones sino que se limita, con su firma, a completar determinados actos políticos de gobierno convirtiéndolos en actos de Estado. Por tanto, podemos decir que mediante el refrendo se elude la responsabilidad del Rey como Jefe del Estado, trasladándose esa responsabilidad a las personas que los refrendan (art. 64.2), aún cuando no sean autores del acto. No necesitan refrendo: los actos de nombramiento y cese de los miembros civiles y militares de su Casa (art CE), así como los actos del Rey que pertenezcan a la esfera jurídico-privada; ya que en estos actos el Rey actúa libremente. El Rey recibe de los Presupuestos del Estado una cantidad global para el sostenimiento de su familia y Casa, y distribuye libremente la misma. La Casa de Su Majestad es un órgano de naturaleza pública al servicio de la Jefatura del Estado, con gran relevancia política e institucional. El art. 1.1 RD 434/88, dice que la Casa de Su Majestad el Rey es el Organismo que, bajo la dependencia directa de SM, tiene como misión servirle de apoyo en cuantas actividades se deriven del ejercicio de sus funciones como Jefe del Estado. La Casa de Su Majestad el Rey está formada por: a. Jefatura de la Casa de Su Majestad b. Secretaría General: tiene a su cargo la tramitación de los asuntos que corresponden a la actividad y funciones de la Casa de Su Majestad, así como su resolución o propuesta y el despacho de los temas que requieran superior decisión. El Secretario General será el Segundo Jefe de la Casa de Su Majestad el Rey y le corresponderá la coordinación de 7
8 todos los servicios de la misma, así como la sustitución del Jefe de la Casa de Su Majestad el Rey en caso de ausencia o enfermedad. c. Cuarto Militar: constituye la representación de honor de los Ejércitos, al servicio inmediato del Rey, dentro de la Casa de su Majestad. d. Servicio de Seguridad: es responsable permanente de la seguridad inmediata de la Familia Real. Estará constituido por una Jefatura y Fuerzas de Seguridad de Estado. El Rey nombra y releva libremente a los miembros civiles y militares de su Casa. Para esta función no necesita refrendo. LAS CORTES GENERALES: COMPOSICIÓN, ATRIBUCIONES Y FUNCIONAMIENTO El Título III de la Constitución está dedicado a las Cortes Generales; en él se regulan los aspectos más importantes, que serán desarrollados en otras normas. DE LAS CAMARAS. Las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado. (Naturaleza representativa y estructura bicameral) Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus Presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuya la Constitución. (Funciones Legislativa, Presupuestarias, de control, otras). Las Cortes Generales son inviolables. Nadie podrá ser miembro de las dos Cámaras simultáneamente, ni acumular el acta de una Asamblea de Comunidad Autónoma con la de Diputado al Congreso. Los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo. Las reuniones de Parlamentarios que se celebren sin convocatoria reglamentaria no vincularán a las Cámaras y no podrán ejercer sus funciones ni ostentar sus privilegios. El Congreso se compone de un mínimo de 300 y de un máximo de 400 Diputados, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, en los términos que establezca la Ley. La circunscripción electoral es la provincia. Las poblaciones de Ceuta y Melilla estarán representadas cada una de ellas por un Diputado. La Ley distribuirá el número total de Diputados, asignando una representación mínima inicial a cada circunscripción y distribuyendo los demás en proporción a la población. La elección se verificará en cada circunscripción atendiendo a criterios de representación proporcional. El Congreso es elegido por cuatro años. El mandato de los Diputados termina cuatro años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara. 8
9 Son electores y elegibles todos los españoles que estén en pleno uso de sus derechos políticos. La Ley reconocerá y el Estado facilitará el ejercicio del derecho de sufragio a los españoles que se encuentren fuera del territorio de España. Las elecciones tendrán lugar entre los treinta días y sesenta días desde la terminación del mandato. El Congreso electo deberá ser convocado dentro de los veinticinco días siguientes a la celebración de las elecciones. El Senado es la Cámara de representación territorial. En cada provincia (exclusivamente las no insulares) se elegirán cuatro Senadores por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto por los votantes de cada una de ellas, en los términos que señale una Ley Orgánica. (Cada provincia elige el mismo nº de Senadores independientemente de su población) En las provincias insulares, cada isla o agrupación de ellas, con Cabildo o Consejo Insular, constituirá una circunscripción a efectos de elección de Senadores, correspondiendo tres a cada una de las islas mayores - Gran Canaria, Mallorca y Tenerife - y uno a cada una de las siguientes islas o agrupaciones: Ibiza-Formentera, Menorca, Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote y La Palma. Las poblaciones de Ceuta y Melilla elegirán cada una de ellas dos Senadores. Las Comunidades Autónomas designarán además un Senador y otro más por cada millón de habitantes de su respectivo territorio. La designación corresponderá a la Asamblea legislativa o, en su defecto, al órgano colegiado superior de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo que establezcan los Estatutos, que asegurarán, en todo caso, la adecuada representación proporcional. (No tienen atribuida esta capacidad ni Ceuta ni Melilla) El Senado es elegido por cuatro años. El mandato de los Senadores termina cuatro años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara. La Ley electoral determinará las causas de inelegibilidad e incompatibilidad de los Diputados y Senadores, que comprenderán, en todo caso: a. A los componentes del Tribunal Constitucional. b. A los altos cargos de la Administración del Estado que determine la Ley, con la excepción de los miembros del Gobierno. c. Al Defensor del Pueblo. d. A los Magistrados, Jueces y Fiscales en activo. e. A los militares profesionales y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Policía en activo. f. A los miembros de las Juntas Electorales. La validez de las actas y credenciales de los miembros de ambas Cámaras estará sometida al control judicial en los términos que establezca la Ley electoral. Los Diputados y Senadores gozarán de inviolabilidad (absoluta irresponsabilidad jurídica por sus opiniones, manifestaciones y votos) por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones. 9
10 Durante el período de su mandato los Diputados y Senadores gozarán asimismo de inmunidad y sólo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito. No podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva. En las causas contra Diputados y Senadores será competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Los Diputados y Senadores percibirán una asignación que será fijada por las respectivas Cámaras. Las Cámaras establecen sus propios Reglamentos, aprueban autónomamente sus presupuestos y, de común acuerdo, regulan el Estatuto del Personal de las Cortes Generales. Los Reglamentos y su reforma serán sometidos a una votación final sobre su totalidad, que requerirá la mayoría absoluta. Las Cámaras eligen sus respectivos Presidentes y los demás miembros de sus Mesas. Las sesiones conjuntas serán presididas por el Presidente del Congreso y se regirán por un Reglamento de las Cortes Generales aprobado por mayoría absoluta de cada Cámara. Los Presidentes de las Cámaras ejercen en nombre de las mismas todos los poderes administrativos y facultades de policía en el interior de sus respectivas sedes. Las Cámaras se reunirán anualmente en dos períodos ordinarios de sesiones: el primero, de septiembre a diciembre, y el segundo, de febrero a junio. Las Cámaras podrán reunirse en sesiones extraordinarias a petición del Gobierno, de la Diputación Permanente o de la mayoría absoluta de los miembros de cualquiera de las Cámaras. Las sesiones extraordinarias deberán convocarse sobre un orden del día determinado y serán clausuradas una vez que este haya sido agotado. Las Cámaras se reunirán en sesión conjunta para ejercer las competencias no legislativas que el Título II atribuye expresamente a las Cortes Generales. Las decisiones de las Cortes Generales previstas en los artículos 94.1; 145.2, y 158.2, se adoptarán por mayoría de cada una de las Cámaras. Art. 94.1: El procedimiento lo inicia el Congreso - Tratados de carácter político. - Tratados o convenios de carácter militar. - Tratados o convenios que afecten a la integridad territorial del Estado o a los derechos y deberes fundamentales establecidos en el Título primero. - Tratados o convenios que impliquen obligaciones financieras para la Hacienda Pública. - Tratados o convenios que supongan modificación o derogación de alguna Ley o exijan medidas legislativas para su ejecución. Art y 158.2: El procedimiento lo inicia el Senado - Art Los Estatutos podrán prever los supuestos, requisitos y términos en que las Comunidades Autónomas podrán celebrar convenios entre sí para la gestión y prestación de 10
11 servicios propios de las mismas, así como el carácter y efectos de la correspondiente comunicación a las Cortes Generales. En los demás supuestos, los acuerdos de cooperación entre las Comunidades Autónomas necesitarán la autorización de las Cortes Generales. - Art : 2. Con el fin de corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad, se constituirá un Fondo de Compensación con destino a gastos de inversión, cuyos recursos serán distribuidos por las Cortes Generales entre las Comunidades Autónomas y provincias, en su caso. En ambos casos, si no hubiera acuerdo entre Senado y Congreso, se intentará obtener por una Comisión Mixta compuesta de igual número de Diputados y Senadores. La Comisión presentará un texto, que será votado por ambas Cámaras. Si no se aprueba en la forma establecida, decidirá el Congreso por mayoría absoluta. Las Cámaras funcionarán en Pleno y por Comisiones. Las Cámaras podrán delegar en las Comisiones Legislativas Permanentes la aprobación de proyectos o proposiciones de Ley. El Pleno podrá, no obstante, recabar en cualquier momento el debate y votación de cualquier proyecto o proposición de Ley que haya sido objeto de esta delegación. Quedan exceptuados de lo dispuesto en el apartado anterior la reforma constitucional, las cuestiones internacionales, las Leyes orgánicas y de bases y los Presupuestos Generales del Estado. El Congreso y el Senado, y en su caso, ambas Cámaras conjuntamente, podrán nombrar Comisiones de investigación sobre cualquier asunto de interés público. Sus conclusiones no serán vinculantes para los Tribunales, ni afectarán a las resoluciones judiciales, sin perjuicio de que el resultado de la investigación sea comunicado al Ministerio Fiscal para el ejercicio, cuando proceda, de las acciones oportunas. Será obligatorio comparecer a requerimiento de las Cámaras. La Ley regulará las sanciones que puedan imponerse por incumplimiento de esta obligación. Las Cámaras pueden recibir peticiones individuales y colectivas, siempre por escrito, quedando prohibida la presentación directa por manifestaciones ciudadanas. En cada Cámara habrá una Diputación Permanente compuesta por un mínimo de veintiún miembros que representarán a los grupos parlamentarios, en proporción a su importancia numérica. Las Diputaciones Permanentes estarán presididas por el Presidente de la Cámara respectiva y tendrán como funciones la prevista en el artículo 73, la de asumir las facultades que correspondan a las Cámaras, de acuerdo con los artículos 86 y 116, en caso de que éstas hubieren sido disueltas o hubiere expirado su mandato, y la de velar por los poderes de las Cámaras, cuando éstas no estén reunidas. Expirado el mandato o en caso de disolución, las Diputaciones Permanentes seguirán ejerciendo sus funciones hasta la constitución de las nuevas Cortes Generales. 11
12 Reunida la Cámara correspondiente, la Diputación Permanente dará cuenta de los asuntos tratados y de sus decisiones. Para adoptar acuerdos las Cámaras deben estar reunidas reglamentariamente y con asistencia de la mayoría de sus Miembros. Dichos acuerdos para ser válidos deberán ser aprobados por la mayoría de los miembros presentes, sin perjuicio de las mayorías especiales que establezcan la Constitución o las Leyes orgánicas y las que para elección de personas establezcan los Reglamentos de las Cámaras. El voto de Senadores y Diputados es personal e indelegable. Las sesiones plenarias de las Cámaras serán públicas, salvo acuerdo en contrario de cada Cámara, adoptado por mayoría absoluta o con arreglo al Reglamento. LA ELABORACIÓN DE LAS LEYES Continúa el Título III dedicado a las Cortes Generales con lo siguientes párrafos en los que se recogen la tipología y formas de elaboración de normas legislativas en nuestro ordenamiento jurídico. En el capítulo II veremos lo referente a los mecanismos legislativos y tipos de leyes nacionales. En el capítulo III se abordan los tratados internacionales y su afección a las normas dictadas por nuestras cortes. Son Leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución. La aprobación, modificación o derogación de las Leyes orgánicas exigirá mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto. Según el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, mayoría absoluta es la que consta de más de la mitad de los votos (es decir, la mitad de votos más uno sería mayoría absoluta). Las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de Ley sobre materias determinadas no incluidas en el artículo anterior. La delegación legislativa deberá otorgarse mediante una Ley de bases cuando su objeto sea la formación de textos articulados o por una Ley ordinaria cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo. La delegación legislativa habrá de otorgarse al Gobierno de forma expresa para materia concreta y con fijación del plazo para su ejercicio. La delegación se agota por el uso que de ella haga al Gobierno mediante la publicación de la norma correspondiente. No podrá entenderse concedida de modo implícito o por tiempo indeterminado. Tampoco podrá permitir la subdelegación a autoridades distintas del propio Gobierno. Las Leyes de bases delimitarán con precisión el objeto y alcance de la delegación legislativa y los principios y criterios que han de seguirse en su ejercicio. 12
13 La autorización para refundir textos legales determinará el ámbito normativo a que se refiere el contenido de la delegación, especificando si se circunscribe a la mera formulación de un texto único o si se incluye la de regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que han de ser refundidos. Las Leyes de bases no podrán en ningún caso: a. Autorizar la modificación de la propia Ley de bases. b. Facultar para dictar normas con carácter retroactivo. Cuando una proposición de Ley o una enmienda fuere contraria a una delegación legislativa en vigor, el Gobierno está facultado para oponerse a su tramitación. En tal supuesto, podrá presentarse una proposición de Ley para la derogación total o parcial de la Ley de delegación. Las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada recibirán el título de Decretos Legislativos. En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos-leyes y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título Primero, al régimen de las Comunidades Autónomas, ni al derecho electoral general. Los Decretos-Leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados, convocado al efecto si no estuviere reunido, en el plazo de los treinta días siguientes a su promulgación. El Congreso habrá de pronunciarse expresamente dentro de dicho plazo sobre su convalidación o derogación, para lo cual el Reglamento establecerá un procedimiento especial y sumario. Durante el plazo establecido en el apartado anterior las Cortes podrán tramitarlos como proyectos de Ley por el procedimiento de urgencia. La iniciativa legislativa corresponde al Gobierno, al Congreso y al Senado, de acuerdo con la Constitución y los Reglamentos de las Cámaras. Las Asambleas de las Comunidades Autónomas podrán solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto de Ley o remitir a la Mesa del Congreso una proposición de Ley, delegando ante dicha Cámara un máximo de tres miembros de la Asamblea encargados de su defensa. Una Ley orgánica regulará las formas de ejercicio y requisitos de la iniciativa popular para la presentación de proposiciones de Ley. En todo caso se exigirán no menos de firmas acreditadas. No procederá dicha iniciativa en materias propias de Ley orgánica, tributarias o de carácter internacional, ni en lo relativo a la prerrogativa de gracia. Los proyectos de Ley serán aprobados en Consejo de Ministros, que los someterá al Congreso, acompañados de una exposición de motivos y de los antecedentes necesarios para pronunciarse sobre ellos. 13
14 La tramitación de las proposiciones de Ley se regulará por los Reglamentos de las Cámaras, sin que la prioridad debida a los proyectos de Ley impida el ejercicio de la iniciativa legislativa en los términos regulados por el artículo 87. Las proposiciones de Ley que, de acuerdo con el artículo 87 tome en consideración el Senado, se remitirán al Congreso para su trámite en éste como tal proposición. Aprobado un proyecto de Ley ordinaria u orgánica por el Congreso de los Diputados, su Presidente dará inmediata cuenta del mismo al Presidente del Senado, el cual lo someterá a la deliberación de éste. El Senado, en el plazo de dos meses a partir del día de la recepción del texto, puede, mediante mensaje motivado, oponer su veto o introducir enmiendas al mismo. El veto deberá ser aprobado por mayoría absoluta. El proyecto no podrá ser sometido al Rey para sanción sin que el Congreso ratifique por mayoría absoluta, en caso de veto, el texto inicial, o por mayoría simple, una vez transcurridos dos meses desde la interposición del mismo, o se pronuncie sobre las enmiendas, aceptándolas o no por mayoría simple. El plazo de dos meses de que el Senado dispone para vetar o enmendar el proyecto se reducirá al de veinte días naturales en los proyectos declarados urgentes por el Gobierno o por el Congreso de los Diputados. El Rey sancionará en el plazo de quince días las Leyes aprobadas por las Cortes Generales, y las promulgará y ordenará su inmediata publicación. Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos. El referéndum será convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados. Una Ley orgánica regulará las condiciones y el procedimiento de las distintas modalidades de referéndum previstas en esta Constitución. DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES. Mediante Ley orgánica se podrá autorizar la celebración de Tratados por los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución. Corresponde a las Cortes Generales o al Gobierno, según los casos, la garantía del cumplimiento de estos Tratados y de las resoluciones emanadas de los organismos internacionales o supranacionales titulares de la cesión. La prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio de Tratados o convenios requerirá la previa autorización de las Cortes Generales, en los siguientes casos: a. Tratados de carácter político. b. Tratados o convenios de carácter militar. c. Tratados o convenios que afecten a la integridad territorial del Estado o a los derechos y deberes fundamentales establecidos en el Título primero. d. Tratados o convenios que impliquen obligaciones financieras para la Hacienda Pública. 14
15 e. Tratados o convenios que supongan modificación o derogación de alguna Ley o exijan medidas legislativas para su ejecución. El Congreso y el Senado serán inmediatamente informados de la conclusión de los restantes Tratados o convenios. La celebración de un Tratado internacional que contenga estipulaciones contrarias a la Constitución exigirá la previa revisión constitucional. El Gobierno o cualquiera de las Cámaras puede requerir al Tribunal Constitucional para que declare si existe o no esa contradicción. Los Tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones solo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios Tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho Internacional. Para la denuncia de los Tratados y convenios internacionales se utilizará el mismo procedimiento previsto para su aprobación en el artículo 94. EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. COMPOSICIÓN Y FUNCIONES La Constitución regula en su título IX el Tribunal Constitucional. Se le confía la defensa de la Norma Fundamental en la dimensión jurídica y por métodos y formas jurisdiccionales. Constituido bajo la Presidencia de Su Majestad el Rey, el Tribunal Constitucional viene ejerciendo las competencias que le atribuyen la Constitución y su Ley Orgánica (Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional - LOTC). El Tribunal Constitucional es el intérprete supremo de la Constitución (art. 1.1 LOTC). Es un órgano constitucional e independiente de cualquier otro. No forma parte del Poder Judicial y sólo está sometido a la Constitución y a su propia Ley Orgánica. Organización y composición El Tribunal Constitucional se compone de doce miembros nombrados por el Rey; de ellos, cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados por mayoría de tres quintos de sus miembros; cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos a propuesta del Gobierno y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial (art CE). Los Magistrados del Tribunal son independientes e inamovibles, y se eligen de entre Magistrados y Fiscales, Profesores de Universidad, funcionarios públicos y abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional. La duración de su cargo es de nueve años -sin posibilidad de reelección inmediata, salvo si se ha servido en el cargo por un plazo no superior a tres años-, sin que la Ley haya previsto límite de edad para su desempeño. Con el fin de asegurar la continuidad en las actuaciones del Tribunal, éste se renueva por terceras partes cada tres años (art CE). 15
16 El Pleno del Tribunal elige de entre sus miembros, por votación secreta, al Presidente; nombrado por el Rey, su mandato es de tres años, con la posibilidad de una sola reelección (art. 160 CE y art. 9 LOTC). Por el mismo procedimiento es elegido, también por tres años, el Vicepresidente del Tribunal (art. 9.4 LOTC). El Pleno del Tribunal Constitucional está integrado por los doce Magistrados y es presidido por el Presidente del Tribunal. Conoce de todos los procesos que son competencia del Tribunal Constitucional, si bien de los recursos de amparo sólo lo hace previa avocación, pues estos recursos corresponden, en principio, a las Salas. Las dos Salas del Tribunal están formadas por seis Magistrados. La Primera es presidida por el Presidente del Tribunal, en tanto que el Vicepresidente preside la Sala Segunda. Cada una de las Salas se descompone, además, en dos Secciones formadas por tres Magistrados. Las Secciones desempeñan su cometido básicamente en las primeras fases de los procedimientos sustanciados ante el Tribunal, decidiendo sobre la admisibilidad de los recursos. Los acuerdos del Pleno, las Salas y las Secciones exigen la presencia de los dos tercios de los Magistrados que los forman. El Tribunal cuenta con una Secretaría General. Su titular es también Letrado Mayor, y ejerce la jefatura de los Letrados al servicio del Tribunal Constitucional. Competencias El Tribunal Constitucional conocerá en los casos y en las formas establecidas en los párrafos siguientes: a. Del recurso y de la cuestión de inconstitucionalidad contra Leyes, disposiciones normativas o actos con fuerza de Ley. b. Del recurso de amparo por violación de los derechos y libertades públicas relacionados en el artículo 53.2, de la Constitución. c. De los conflictos constitucionales de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de los de estas entre sí. d. De los conflictos entre los órganos constitucionales del Estado. e. d bis. De los conflictos en defensa de la autonomía local. 16
17 f. De la declaración sobre la constitucionalidad de los Tratados Internacionales. g. De las impugnaciones previstas en el número dos del artículo 161 de la Constitución. h. De la verificación de los nombramientos de los magistrados del Tribunal Constitucional, para juzgar sí los mismos reúnen los requisitos requeridos por la Constitución y la presente Ley. El Tribunal Constitucional tiene jurisdicción en todo el territorio español y es competente para conocer. a. Del recurso de inconstitucionalidad contra Leyes y disposiciones normativas con fuerza de Ley. La declaración de inconstitucionalidad de una norma jurídica con rango de Ley, interpretada por la jurisprudencia, afectara a esta, si bien la sentencia o sentencias recaídas no perderán el valor de cosa juzgada. b. Del recurso de amparo por violación de los derechos y libertades referidos en el artículo 53,2, de esta Constitución, en los casos y formas que la Ley establezca. c. De los conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de los de estas entre si. El Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses. Están legitimados: a. Para interponer el recurso de inconstitucionalidad, el Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, cincuenta Diputados, cincuenta Senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas y, en su caso, las Asambleas de las mismas. b. Para interponer el recurso de amparo, toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, así como el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal. En los demás casos, la ley orgánica determinará las personas y órganos legitimados. Cuando un órgano judicial considere, en algún proceso, que una norma con rango de Ley, aplicable al caso, de cuya validez dependa el fallo, pueda ser contraria a la Constitución, planteará la cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional en los supuestos, en la forma y con los efectos que establezca la Ley, que en ningún caso serán suspensivos. Las sentencias del Tribunal Constitucional se publicarán en el Boletín Oficial del Estado con los votos particulares, si los hubiere. Tienen el valor de cosa juzgada a partir del día siguiente de su publicación y no cabe recurso alguno contra ellas. Las que declaren la inconstitucionalidad de una Ley o de una norma con fuerza de Ley y todas las que no se limiten a la estimación subjetiva de un derecho, tienen plenos efectos frente a todos. Salvo que en el fallo se disponga otra cosa, subsistirá la vigencia de la Ley en la parte no afectada por la inconstitucionalidad. Una Ley orgánica regulará el funcionamiento del Tribunal Constitucional, el estatuto de sus miembros, el procedimiento ante el mismo y las condiciones para el ejercicio de las acciones. 17
18 REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN Los sujetos que tienen la iniciativa de reforma constitucional son: el Gobierno, el Congreso, el Senado y las Comunidades Autónomas. La vía de reforma por el artículo 167CE puede denominarse procedimiento ordinario y regula la reforma de las partes de la Constitución no incluidas en el Las fases del procedimiento son las mismas del procedimiento legislativo, aunque la Constitución le ha puesto unas especialidades lo que le hace ser un procedimiento más costoso que el común. Requisitos: 1. Aprobación de la reforma por mayoría de tres quintos del Congreso y del Senado. 2. En caso de desacuerdo entre las Cámaras, creación de una Comisión de composición paritaria de diputados y senadores 3. Establecimiento de un procedimiento especial para solucionar un nuevo desacuerdo entre las Cámaras sobre el texto elaborado por la Comisión paritaria. 4. Ratificación de la reforma por referéndum, sólo en el caso de que sea solicitado por una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras. Los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por una mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras. Si no hubiera acuerdo entre ambas, se intentará obtenerlo mediante la creación de una Comisión de composición paritaria de Diputados y Senadores, que presentará un texto que será votado por el Congreso y el Senado. De no lograrse la aprobación mediante el procedimiento del apartado anterior, y siempre que el texto hubiere obtenido el voto favorable de la mayoría absoluta del Senado, el Congreso por mayoría de dos tercios podrá aprobar la reforma. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras. En el artículo 168 se regula en llamado procedimiento extraordinario, aplicable a las reformas que supongan la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al Título Preliminar, al Capítulo II, Sección I del Título I ( De los derechos fundamentales y de las libertades públicas), o al Título II ( De la Corona) Fases: 1. Aprobación del principio de reforma por mayoría de dos tercios de cada Cámara. 2. Disolución automática de las Cámaras. 3. Ratificación por las nuevas Cámaras. 4. Tramitación del proyecto o proposición de reforma. 5. Referéndum Será obligatorio y sin que medie petición alguna.(diferencia con el art CE) No podrá iniciarse la reforma constitucional en tiempo de guerra o de vigencia de alguno de los estados previstos en el artículo 116 (declaración del estado de alarma, de excepción o de sitio). 18
19 APRENDIZAJE POR CASOS Módulo 1 INTRODUCCIÓN A LOS PROCEDIMIENTOS CIVILES LUGAR Y TIEMPO DE LAS ACTUACIONES JUDICIALES ACTOS PROCESALES DEL JUEZ Y SECRETARIO Para comenzar el estudio de la parte procesal del temario vamos a introducir en este módulo los conceptos fundamentales que nos servirán de base para desarrollar todo el estudio posterior de los juicios civiles. Es muy importante estudiar, comprender y asentar bien todo lo que se explica en este tema ya que un dominio del mismo facilitará enormemente la preparación de temas posteriores más complejos. 19
20 INTRODUCCIÓN A LOS PROCEDIMIENTOS CIVILES El funcionamiento de la justicia, a grandes rasgos, podría describirse como un proceso con una serie de fases, cuyo comienzo será una petición o demanda planteada por cualquier ciudadano que tenga que reclamar algo (pretensión), tendrá un desarrollo en el que se documentará y se aportarán las pruebas que justifiquen lo que pedimos o que acrediten que no tenemos razón en nuestra petición, y terminará con una resolución en la que el juez dictará, de acuerdo con las leyes, una sentencia justa. Esta descripción es muy básica, ya que todo se complica con los diferentes tipos de reclamaciones o demandas que podemos interponer, con decenas de incidencias no previstas que pueden surgir en el proceso, etc. Pero a la hora de estudiar los procedimientos no podemos olvidar este pequeño esquema simple: Demanda-Proceso-Sentencia En los próximos módulos estudiaremos en toda su complejidad la multitud de juicios que existen, y veremos que este esquema se complica bastante. La Ley que regula los Procedimientos Civiles es la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil (en adelante, LEC). También existen partes de la antigua Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 (en adelante, LEC1881) vigentes que tendremos que estudiar. Antes de empezar a profundizar en los juicios civiles, debemos estudiar una serie de conceptos y artículos de la LEC que son vitales para facilitar el desarrollo de los temas venideros. Términos como emplazamiento, exhorto, citación, y similares deben formar parte de nuestro vocabulario habitual, y, lo que es más importante, debemos saber a qué se refiere cada uno y cómo diferenciar unos de otros. La primera característica importante de la LEC es su carácter supletorio. Así su artículo 4 dice que En defecto de disposiciones en las leyes que regulan los procesos penales, contenciosoadministrativos, laborales y militares, serán de aplicación, a todos ellos, los preceptos de la presente Ley. Es decir, que si alguna de las demás leyes procesales (penal, laboral o contenciosoadministrativa) no disponen o establecen algo sobre algún asunto en particular, será de aplicación lo dispuesto en la LEC. Esta es una razón de peso para poner especial énfasis en el aprendizaje de esta Ley, ya que no sólo estaremos estudiando para los procesos civiles, sino que también estudiaremos de paso muchos aspectos a tener en cuenta en los demás procedimientos. A continuación vamos a exponer los artículos más importantes que recogen conceptos fundamentales a tener en cuenta para comprender el resto de la Ley y todo lo dispuesto en ella. 20
21 Términos básicos Demandante: Es aquel que interpone o presenta la demanda. También se le suele llamar actor. Es la persona física o jurídica (es decir, particular o empresa) que reclama o pide algo a otras personas física o jurídicas. Demandado: Es la persona o entidad a la que se demanda algo, ya sea el pago de unas cantidades, la recuperación de una posesión, o cualquiera de los supuestos que pueden ser objeto de los juicios civiles. Partes: Al hablar de partes nos referimos a cada una de las personas o entidades que participan en el juicio, el/los demandante/s, el/los demandado/s, el Ministerio Fiscal, etc. Preclusión: Finalización de un plazo. Reconvención: Se produce cuando tras la presentación de una demanda, el demandado en la contestación a la misma, presenta otra demanda contra la persona que le demandó. Se habla entonces de demandado reconviniente. Enervación de la acción de desahucio: Anular o dejar sin efecto el desahucio. Enajenación de bienes: Transmisión de la titularidad de esos bienes del poseedor a otra persona o entidad. Artículo 12. Litisconsorcio. Conceptos básicos sobre las partes 1. Podrán comparecer en juicio varias personas, como demandantes o como demandados, cuando las acciones que se ejerciten provengan de un mismo título o causa de pedir (es decir, que tengan relación con el objeto del juicio). 2. Cuando por razón de lo que sea objeto del juicio la tutela jurisdiccional solicitada sólo pueda hacerse efectiva frente a varios sujetos conjuntamente considerados, todos ellos habrán de ser demandados, como litisconsortes, salvo que la ley disponga expresamente otra cosa. Artículo 13. Intervención de sujetos originariamente no demandantes ni demandados. 1. Mientras se encuentre pendiente un proceso, podrá ser admitido como demandante o demandado, quien acredite tener interés directo y legítimo en el resultado del pleito. En particular, cualquier consumidor o usuario podrá intervenir en los procesos instados por las entidades legalmente reconocidas para la defensa de los intereses de aquéllos (asociaciones de consumidores por ejemplo). 2. La solicitud de intervención no suspenderá el curso del procedimiento. El tribunal resolverá por medio de auto, previa audiencia de las partes personadas, en el plazo común de diez días. 21