Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/Autos/2002/A244-02.htm
Timestamp: 2017-11-24 18:38:05
Document Index: 78220810

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 1', 'artículo 37']

A244-02
Auto 244/02
Referencia: expediente ICC-545
Conflicto de competencia entre el Tribunal Administrativo del Cauca y el Juzgado Promiscuo Municipal de Caldono, Cauca.
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en uso de sus facultades constitucionales y legales, procede a definir el conflicto suscitado entre los despachos judiciales de la referencia, en acción de tutela promovida por Luis Alfredo Molano Molano y Diego Mesías Belalcazar contra la Asociación de Cabildos de Caldono.
1. El 26 de junio de 2002, Luis Alfredo Molano Molano y Diego Mesías Belalcazar interpusieron, ante el Tribunal Administrativo del Cauca acción de tutela en contra de la Asociación de Cabildos de Caldono.
2. Mediante auto de junio 28 de 2002, el Tribunal Administrativo del Cauca, a quien se repartió el caso, se consideró incompetente, pues a su juicio, en virtud del numeral 1 del artículo 1° del Decreto reglamen­tario 1382 de 2000, el Juez Municipal es el despacho competente para conocer del proceso.
3. El Juez Promiscuo Municipal de Caldono, Cauca, en atención a la Constitución Política y a la jurisprudencia constitucional, decidió mediante auto de julio 17 de 2002 inaplicar el Decreto 1382 de 2000, provocar el conflicto negativo de competencias y enviar el expediente a la Corte Constitucional para lo de su competencia.
1. El proceso de la referencia versa sobre un aparente conflicto nega­tivo de compe­tencia, suscitado por el Juez Promiscuo Municipal de Caldono, Cauca, fun­cionario que consideró que la acción de tutela que le había remitido el Tribunal Administrativo del Cauca para su cono­cimiento en virtud del artículo 1° del Decreto Reglamentario 1382 era nula, pues según su criterio y de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, dicha disposición debía ser inaplicada por desconocer la Consti­tución Política.[1] Así, decidió decla­rar­se incompetente para conocer de la acción de tutela que le había enviado, y en consecuencia, resolvió remitir el proceso a la Corte Cons­ti­tu­cional para que dirimiera el conflicto.
2. Sin embargo, a pesar de que el Juzgado Promiscuo Municipal de Caldono, Cauca, decidió conforme a la jurisprudencia constitucional, con posterioridad al auto mencio­nado, el 18 de julio de 2002 la Sección Primera del Consejo de Estado decidió un grupo de demandas, que el propio Consejo de Estado calificó de “simple nulidad” (pág. 4), contra varias normas del Decreto Reglamentario 1382 de 2000.[2] Dicha Sección resolvió denegar las súplicas de las demandas, salvo las acusaciones contra el inciso cuarto del numeral primero del artículo 1°, y el inciso segundo del artículo 3°, los cuales fueron declarados nulos.
3. En el sistema jurídico colombiano existen varios órganos de cierre que fijan la interpretación última en cada una de las áreas del derecho que les han sido encomendadas según la distribución de competencias efectuada por la propia Constitución (artículos 234, 237 y 241 de la C.P.). Para establecer si un tema ha sido decidido de manera definitiva es preciso tener en cuenta cuatro elementos: (i) la vía judicial que se emplea, (ii) el objeto de la controversia que se analiza[3] (iii) el órgano que profiere la decisión y (iv) la normatividad a partir de la cual se estudia el caso. En el presente caso se trata de un conjunto de acciones de nulidad, algunas por ilegalidad y otras por inconstitu­cionalidad[4] que versan sobre la competencia del Presidente para expedir un decreto reglamentario regulando la materia mencionada y decididas por una Sección, la Primera de la Sala Conten­cioso Administrativa del Consejo de Estado.
4. El decreto reglamentario estableció que la acción presentada debía ser repar­tida a los Jueces Municipales y así se dispondrá en la parte resolutiva.[5]
Remitir, por intermedio de Secretaría General, el expediente de la referencia al Juzgado Promiscuo Municipal de Caldono, Cauca, para que, ejerciendo sus compe­tencias constitu­cionales y legales, decida sobre la acción de tutela presentada.
Salvamento de voto al Auto 244/02
Referencia. Expediente ICC - 545
Peticionario: Luis Alfredo Molano Molano
[1] Originalmente el expediente se remitió al Juzgado Cuarto Civil Municipal de Popayán, despacho que se declaró incompetente en razón al factor territorial y remitió el expediente al Juzgado Promiscuo Municipal de Caldono.
[2] Los expedientes correspondientes a estas demandas fueron radicados bajo los números 6414, 6424, 6447, 6452, 6453, 6522, 6523, 6693, 6714 y 7057.
[3] La Corte Constitucional ya ha hecho referencia a la posibilidad de que un decreto reglamentario viole de manera directa la Constitución, pues la ley no actúa como una “pantalla” que impida una confrontación directa entre aquél y la Carta Política. Al respecto ver la sentencia C-1290 de 2001; M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[4] La Sección Primera no se pronunció específicamente sobre algunos de los cargos de inconstitucionalidad presentados contra el Decreto Reglamentario 1382 de 2000, como lo anotaron quienes salvaron el voto.
[5] Decreto reglamentario 1382, artículo 1°- Para los efectos previstos en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, conocerán de la acción de tutela, a prevención, los jueces con jurisdicción donde ocurriere la violación o la amenaza que motivare la presentación de la solicitud o donde se produjeren sus efectos, conforme a las siguientes reglas: || 1. Las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad pública del orden nacional, salvo lo dispuesto en el siguiente inciso, serán repartidas para su conocimiento, en primera instancia, a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, Administrativos y Consejos Seccionales de la Judicatura. (…) Cuando la acción de tutela se promueva contra más de una autoridad y éstas sean de diferente nivel, el reparto se hará al juez de mayor jerarquía, de conformidad con las reglas establecidas en el presente numeral. (…)