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Timestamp: 2019-03-24 13:36:04
Document Index: 339207854

Matched Legal Cases: ['artículo 7', 'artículo 8', 'artículo 112', 'artículo 191', 'artículo 9', 'artículo 107']

julio 2017 - Blog Jurídico | Lefebvre
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El Juzgado para cláusulas abusivas de Madrid celebra la primera audiencia previa menos de dos meses después de su constitución.
El Juzgado de Primera Instancia 101 de Madrid, el órgano judicial provincial especializado en cláusulas abusivas celebró el pasado jueves, menos de dos meses después de su entrada en funcionamiento, la primera audiencia previa correspondiente a una demanda en la que un particular solicita la devolución de unas cantidades cobradas por parte de una entidad bancaria en virtud de una cláusula de pago, supuestamente abusiva.
A partir del próximo mes de septiembre, el Juzgado tiene previsto celebrar audiencias previas cuatro días a la semana: los lunes y los miércoles se verán los procedimientos impares y los martes y los jueves los pares. En caso de necesidad, podría habilitarse también el viernes. De momento, ya se ha señalado fecha para la celebración de cinco audiencias previas, la primera de ellas el 5 de septiembre.
El TSJC insta al Gobierno canario a dictar un decreto aceptando la declaración del Oasis de Maspalomas como BIC
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) –
La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha estimado parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Cabildo de Gran Canaria frente al decreto del Gobierno de Canarias que decide no declarar Bien de Interés Cultural (BIC), con la categoría de Sitio Histórico, “la franja de terreno del Oasis de Maspalomas”, situado en el municipio de San Bartolomé de Tirajana.
Además, el TSJC insta al Gobierno de Canarias a que dicte otro decreto aceptando la declaración de BIC en la categoría de Sitio Histórico propuesto por el Cabildo y desestima el resto de peticiones, así como anula el decreto recurrido.
Los hechos se remontan al verano de 2014, cuando el Cabildo de Gran Canaria estaba gobernado por el Partido Popular, y el Gobierno canario liderado por Coalición Canaria y PSOE, momento en que la institución insular optó por la declaración BIC del citado lugar, a algo que el Ejecutivo regional se opuso.
Esto provocó que este asunto llegara a los tribunales, resultando esta sentencia que basa su fallo en que el decreto –del Gobierno canario– recurrido por el Cabildo afirma que la institución insular incurría en una “desviación de poder”. Sin embargo, la sentencia expone que la desviación de poder, si bien nace como una técnica de reducción de la discrecionalidad administrativa, “no existe obstáculo que impida, apriorísticamente, su aplicación a la actividad reglada”, recogida en la Constitución Española y en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
Así, apunta que la apreciación que se realiza de la citada desviación, conlleva la anulación del acto administrativo afectado; si bien indica que dicha técnica está concebida y regulada para ser aplicada por los tribunales y dentro de un proceso jurisdiccional para que “fuera apreciable la desviación de poder” porque, añade, la desviación “no puede fundarse en meras conjeturas o sospechas sobre ocultas intenciones” e incide en que “es necesario acreditar hechos suficientes” para formar la convicción de que la Administración “acomodó su actuación a la legalidad pero con una finalidad distinta a la pretendida”.
Por ello, fundamenta la sentencia del TSJC resulta “una vez más insostenible que un órgano administrativo y de gobierno de una administración califique la actuación de otra administración como incursa en desviación de poder, pues ni tiene el carácter neutral que requiere su aplicación, ni se produce en un procedimiento contradictorio, ni existe norma que le habilite para ello”.
Asimismo, en relación a que el decreto del Gobierno de Canarias recoge literalmente que la “desviación de poder” del Cabildo de Gran Canaria se habría producido en la petición de declarar BIC al Oasis de Maspalomas para “alterar las normas de ordenación urbanística de la llamada franja de terreno del Oasis de Maspalomas y evitar la construcción de un gran hotel en la zona que merme los valores de zonas que ya están protegidas”, la sentencia señala que la declaración de un BIC y la posterior elaboración del Plan especial, “necesariamente suponen, en todo caso, la modificación de las normas de ordenación urbanísticas. No existe esa dicotomía en protección del patrimonio y protección urbanística y medioambiental”.
Además, insiste en que la declaración de BIC, “por sí sola no impide la construcción de un gran hotel en la zona”. El TSJC también añade que resulta “abiertamente incongruente e inasumible”, que se califique como potestad desviada pretender alterar las normas de ordenación urbanística de la franja de terreno del Oasis de Maspalomas, cuando el propio Gobierno de Canarias en la misma sesión en que se aprobó este decreto, adoptó un acuerdo por el que ordenó a su Consejería de Política Territorial, que incoara y tramitara el procedimiento para suspender el Plan General de Ordenación de San Bartolomé de Tirajana y el Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad del citado municipio en el ámbito de suelo urbano consolidado de la Urbanización El Oasis.
Todo ello, recoge la sentencia, para “mejorar y modificar la normativa urbanística y medioambiental del mismo ámbito, sin que se haya cumplimentado tal decisión a pesar del tiempo transcurrido”.
El CGPJ elige al magistrado Ricardo Conde como nuevo Promotor de la Acción Disciplinaria
MADRID, 26 Jul. (EUROPA PRESS) –
El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha elegido este miércoles al magistrado de la Audiencia Provincial de Cuenca Ricardo Conde Díez nuevo Promotor de la Acción Disciplinaria tras la renuncia al cargo de Antonio Jesús Fonseca-Herrero.
Según informa el órgano de gobierno de jueces en una nota, Conde ha obtenido 13 de los 21 votos del Pleno, mientras que la magistrada de la Audiencia de Pontevedra María Mercedes Pére ha conseguido siete. Al puesto, convocado el pasado 25 de mayo, optaba también el titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Murcia, Julio Guerrero.
El nuevo Promotor de la Acción Disciplinaria ingresó en la Carrera Judicial en 1990 y tuvo su primer destino en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Almendralejo. Posteriormente ha ejercido la actividad jurisdiccional en Juzgados de Primera Instancia de Barcelona y de Madrid y, desde febrero de este año, en la Audiencia de Cuenca.
Además, ha sido presidente del Consejo Médico Forense (2014-2016), de la Comisión Nacional para el uso forense del ADN (2012-2016) y de la Comisión Técnica Nacional para sucesos con víctimas múltiples (2013-2015), miembro del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer (2012-2016), del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género (2012-2016) y de la Comisión de Control del plan de pensiones de la Administración General del Estado (2012-2016).
Conde cuenta con experiencia docente como profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona y de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, ha participado como ponente en distintos cursos y seminarios y es autor de varias publicaciones jurídicas como ‘La representación en las juntas generales’, ‘Comentarios a la legislación concursal’ o ‘La nueva regulación de la Oficina Judicial’.
El Supremo aplica las limitaciones a la reagrupación familiar a españoles que no han ejercido el derecho de libre circulación.
La Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo ha estimado el recurso que interpuso la Abogacía del Estado contra una sentencia del TSJ de Cantabria que concedió la reagrupación familiar a una ciudadana cubana cuya pareja de hecho es un ciudadano español que tenía unos ingresos de 426 euros mensuales. El Tribunal Supremo anula esa reagrupación y concluye que los requisitos fijados en el artículo 7 del Real Decreto 240/07 sobre entrada, libre circulación y residencia de ciudadanos de los Estados miembros son también de aplicación a los nacionales españoles que no hayan salido de España.
La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso explica en su sentencia que aunque a un ciudadano español no se le puede limitar-,salvo en los casos legalmente previstos, su derecho fundamental a circular y residir libremente en el territorio español, esto no obsta “para que cuando pretenda reagrupar a familiares extranjeros quede sometido a requisitos o condiciones, en este caso, los mismos que al resto de los ciudadanos europeos”, y añade que “los presupuestos de los que deriva el derecho de residencia del familiar extranjero del español residente en España son la nacionalidad española del reagrupante y concurrencia de alguno de los requisitos previos en el art. 7, y una vez surgido ese derecho, se aplicará el artículo 8, de naturaleza meramente procedimental”.
La mitad de los recursos de inconstitucionalidad interpuestos ante el TC en 2016 fueron impulsados por Rajoy
Más del 99 por ciento de recursos de amparo fueron inadmitidos por el tribunal de garantías
MADRID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) –
Un total de 16 de lo 32 recursos de inconstitucionalidad interpuestos ante el Tribunal Constitucional (TC) en 2016 fueron impulsados por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, según se recoge en la memoria de 2016, que añade que 13 se impusieron por gobiernos y parlamentos autonómicos respecto a leyes estatales y 3 por diputados y senadores.
Se trata del número más bajo de recursos presentados sobre esta cuestión ante el tribunal de garantías desde 2012 siendo 2013 el año en el que más se registraron -en total 76–, según se desprende del balance entregado hoy por el presidente del TC, Juan José González Rivas, al Rey Felipe VI.
El documento arroja, por segundo año consecutivo, un importante descenso del número de asuntos pendientes de sentencia (tanto de Pleno como de las Salas), que han pasado de 340 en 2015 a un total 230 en 2016, lo que supone una reducción del 32 por ciento. El año pasado el tribunal recibió 6.774 nuevos recursos y emitió 8.068 resoluciones, de las cuales 228 fueron sentencias.
Según informa el tribunal de garantías en una nota, la disminución de la demanda se produjo en la mayoría de procesos constitucionales; así se interpusieron un total de 6.685 recursos de amparo (518 menos que en 2015), 32 recursos de inconstitucionalidad (10 menos que en el ejercicio anterior); y 44 cuestiones de inconstitucionalidad (69 menos). Aumentaron, por el contrario, los conflictos de competencia, que pasaron de 7 en 2015 a 12 en 2016.
DISMINUYEN LAS CUESTIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD
Los más numerosos fueron los recursos de amparo representando cerca de un 99 por ciento del total de asuntos de nuevo ingreso. La gran mayoría, más de 6.000, fueron impuestos por particulares mientras que los otros 61 restantes fueron presentados por entes públicos si bien entre ellos no se encuentran ni el Defensor del Pueblo ni el Ministerio Fiscal (a diferencia de años anteriores)
Las cuestiones de inconstitucionalidad también experimentaron un descenso con respecto al año anterior, y pasaron de 113 a 44, lo que supone una disminución del 60,52 por ciento. Igualmente se presentaron 12 conflictos constitucionales.
Durante el anterior ejercicio se dictaron un total de 8.068 resoluciones, lo que supone cerca de mil menos que en el ejercicio anterior. Además emitió un total 228 sentencias durante el pasado ejercicio, la mitad de las cuáles las dictó el Pleno y las otras 103 las Salas.
SE INADMITIERON EL 99,05% DE RECURSOS DE AMPARO
El porcentaje de inadmisión a trámite de los recursos de amparo es muy elevado, y representa el 99,05 por ciento del total de decisiones sobre admisión dictadas en esta materia.
La causa que justifica la tramitación de amparos en 2015 es la aclaración o cambio de doctrina consecuencia de un proceso de reflexión interna del Tribunal. Le siguen, la ausencia de doctrina constitucional y la eventual negativa al acatamiento de la doctrina constitucional por resoluciones judiciales.
Quedan pendientes de sentencia para 2016 un total de 230 asuntos mientras que los resueltos suman un cómputo de 7.851, según la citada memoria.
El TSJ de Madrid establece que las prestaciones por maternidad del INSS están exentas del IRPF.
MADRID, 19 Jul. (CGPJ)
La Sala ha estimado íntegramente el recurso y establece que a dicha prestación debe de aplicarse el citado beneficio tributario, dado que la Ley 35/2006 de IRPF así lo regula y permite. Contra esta resolución cabe la interposición de recurso de casación que tramitará en su caso la Sala Tercera del Tribunal Supremo, la que conoce de los asuntos de la jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo. “No hay que olvidar que el Instituto Nacional de la Seguridad Social es una entidad gestora de la Seguridad Social, con personalidad jurídica propia, adscrita al Ministerio de Empleo y Seguridad Social y que tiene encomendada la gestión y administración de las prestaciones económicas del sistema de la seguridad Social”, afirman los magistrados.
El TS plantea al TJUE si el canon de uso de aguas para la producción de energía eléctrica es compatible con la normativa
Plantea tres preguntas al tribunal europeo antes de resolver dos recursos planteados por dos empresas contra el Real Decreto
MADRID, 18 Jul. (EUROPA PRESS) –
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha acordado plantear cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europa (TJUE) la creación del canon para la utilización de las aguas continentales para la producción de energía eléctrica al tener dudas de su compatibilidad con la normativa comunitaria.
El alto tribunal ha estudiado los recursos interpuestos por las empresas Acciona y Unesa contra el el Real Decreto 198/2015, de 23 de marzo, que desarrolla el artículo 112 bis del Texto Refundido de la Ley de Aguas, por el que se crea dicho canon y ante las dudas surgidas a la hora de resolver traslada tres dudas al TJUE.
La primera de ellas señala la finalidad medioambiental del canon cuestionado es respetuoso con la aplicación del principio “quien contamina paga, contemplado en el artículo 191.2 del TFUE y en el artículo 9.1 de la Directiva 2000/60/CE del marco del agua.
Según el Supremo, dicha tasa no responde al perfil de tributo medioambiental porque “no vela por proteger los supuestos daños medioambientales”, sino que su finalidad es “establecer un mecanismo de financiación del déficit de tarifa, con lo que el legislador parece ir contra los propios principios que inspiran la política europea en materia energética y ambiental, esos mismos principios que se invocan en la exposición de motivos”.
Indica también el dos por ciento recaudado en cada Confederación Hidrográfica que se destina a satisfacer las necesidades de “protección y mejora” que en cada caso es “insignificante” frente al 98 por ciento que será ingresado en el Tesoro Público. “Constituye un ingreso más del sistema eléctrico al no destinarse la recaudación a la protección y mejora del dominio público”, añaden los magistrados en un auto.
SITUACIÓN DE DESIGUALDAD
Otra cuestión que plantea al tribunal europeo es si el canon es compatible con el principio de no discriminación de los operadores contemplado en la Directiva 2009/72/CE sobre normas comunes para el mercado interior de electricidad. La Sala recuerda que esta tasa se exige a los generadores de energía hidroeléctrica que operan en cuencas intercomunitarias y a los productores con tecnología hidroeléctrica frente a los titulares de concesiones en cuencas intracomunitarias y a quienes utilizan otras tecnologías.
Para el Supremo, se ha provocado “una situación de desigualdad” entre productores de energía en general, así como entre los titulares de las centrales hidroeléctricas en particular, que incide en la competencia dentro del mercado eléctrico.
Por último, el alto tribunal tiene la duda de si el cobro de este canon a los productores de generación hidroeléctrica que operan en cuencas intercomunitarias es una ayuda de Estado que está prohibida por el artículo 107 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Los magistrados cuestionan si este impuesto es un “tributo asimétrico” que perjudica la competencia en el mercado eléctrico creando ayudas de Estado a favor de terceras personas.
Al respecto, el Supremo señala que por un lado se produce una diferenciación entre compañías de producción hidroeléctricas que se encuentran en la misma posición y, por otro, respecto de los productores de energía eléctrica proveniente de otras fuentes.
Fiscal del Supremo pide trabajar en común con otros países para hacer frente a la ciberdelincuencia
SAN SEBASTIÁN, 17 Jul. (EUROPA PRESS) –
La Fiscal de la Sala del Tribunal Supremo y Coordinadora Nacional contra la Criminalidad Informática, Elvira Tejada, ha resaltado la importancia de trabajar en común con otros países para hacer frente a la ciberdelincuencia. En esa línea, ha señalado que se está “implementando mucha normativa europea” para prevenir los ataques y “crear los escudos de seguridad en colaboración con los otros países de la UE”.
Tejada ha participado este lunes en San Sebastián en el curso de verano de la UPV/EHU ‘Ciberdelincuencia y la seguridad de la información en la empresa del siglo XXI’, en el que también ha tomado parte la diputada de Promoción Económica, Medio Rural y Equilibrio Territorial, Ainhoa Aizpuru, donde ha señalado que en esta materia el Estado “no está mal”, aunque “no en la elite”.
“Somos un país que transmite muchas experiencias que otros países reciben, también nosotros aprendemos de los otros, pero es que en esta materia hay que hacerlo así”, ha asegurado Tejada, quien ha incidido en que se trata de “una materia muy nueva, que nos sorprende a todos cada día porque las tecnologías avanzan, plantean problemas nuevos y unos vamos aprendiendo de los otros”. “Yo creo que es la única forma de enfocar esto”, ha dicho.
La coordinadora nacional contra la Criminalidad Informática ha apuntado que “hay que dedicar tiempo y esfuerzo” a atajar la ciberdelincuencia y también “dedicar medios y que los legisladores lo trabajen”. En ese sentido, ha señalado que se está “implementando mucha normativa europea” tanto para prevenir los ataques y crear los escudos de seguridad en colaboración con los otros países de la UE, como desde el punto de vista de “la represión, de la persecución y sanción de los delincuentes”.
Por su parte, Ainhoa Aizpuru ha resaltado que entre los desafíos que afrontan las empresas y la industria de Guipúzcoa se encuentra la digitalización de todos sus procesos, tanto de gestión y de atención al cliente, como de producción y de desarrollo de sus productos, los cuales también “entrañan riesgos”.
“Tanto las instituciones guipuzcoanas como el tejido socio-económico de Guipúzcoa ha podido mantener el tipo ante lo ocurrido en los últimos dos ciberataques globales que hemos vivido. Sin embargo, debemos seguir avanzando en ciberseguridad. Porque la amenaza, tal y como se ha visto, es real”, ha expresado.
Por ello, ha incidido en la importancia de abordar la cuestión de la ciberseguridad desde distintos ámbitos. En ese sentido, ha recordado que la Diputación de Guipúzcoa trabaja ya en el diseño de un centro avanzado de ciberseguridad, orientado principalmente a dar servicio a las empresas.
Según ha explicado, para ello resulta necesario generar espacios de colaboración entre diferentes agentes involucrados en esta cuestión, para que “como territorio avancemos todos juntos a la hora de afrontar este desafío”.
Aizpuru ha precisado que se tratará de un centro con “una clara vocación industrial y empresarial”, en el que se ofrezcan servicios a las empresas, y que también contará con un espacio para “la sensibilización y para la formación de nuevo talento en este campo”.
De hecho, a partir de septiembre y por primera vez en el entorno se comenzará a ofrecer módulos de FP en ciberseguridad, en colaboración con la viceconsejería de Formación Profesional. “El desafío de la ciberseguridad requiere crear nuevos perfiles que sepan dar respuesta profesional a este reto, requiere generar talento especializado en este ámbito”, ha destacado la diputada.
El Gobierno aprueba un informe sobre el anteproyecto de ley para regular la Orden Europea de Investigación.
El Consejo de Ministros ha recibido un informe del ministro de Justicia sobre el Anteproyecto de Ley que modifica la Ley del 20 de noviembre de 2014, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, para regular la Orden Europea de Investigación (OEI) y contribuir a la investigación de delitos de alcance transfronterizo europeo. Este Anteproyecto de Ley supone la transposición al ordenamiento jurídico español de una Directiva comunitaria del 3 de abril de 2014 que establece la creación de un instrumento único para los Estados miembros que les permita llevar a cabo medidas de investigación en otro país de la Unión Europea con objeto de obtener pruebas en el marco de un procedimiento judicial.
La transposición de la Directiva europea permitirá centralizar la recepción de todas las órdenes a través del Ministerio Fiscal, que realizará un control de legalidad de todas las OEI recibidas y practicará las diligencias oportunas para determinar el órgano judicial en el que habrá de ejecutarse la orden cuando contenga alguna medida limitativa de derechos fundamentales. En caso contrario, será el propio Ministerio Fiscal quien la resuelva. Este nuevo procedimiento facilitará a las autoridades extranjeras la interlocución con las autoridades españolas, reducirá trámites administrativos y permitirá una gestión más eficiente de los recursos humanos y materiales.
La fiscal pide prisión a la viuda de ‘Kokito Castillejos’ y otro yihadista por integración en el DAESH
MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) –
La fiscal de la Audiencia Nacional Dolores Delgado ha solicitado este viernes el ingreso en prisión para las esposas de dos yihadistas de origen marroquí fallecidos en zona de conflicto, Mohamed Hamaduch, también llamado ‘Kokito Castillejos’ y Mourad Kadi, por los delito de integración en la organización terrorista DAESH según han informado fuentes del Ministerio Público.
Las autoridades turcas entregaron a la Guardia Civil a Assiah Ahmed, de 26 años –esposa de ‘Kokito Castillejos’–, y Fátima Akil Laghmich, de 21, después de que fueran detenidas en diciembre a su llegada al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, procedentes de Estambul (Turquía). Hoy fueron puestas a disposición del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.
Sobre ambas mujeres pesaba una Orden Internacional de Detención promovida por el Instituto Armado después de permanecer en territorio de Daesh durante más de dos años. Ambas vivieron “en un contexto de brutalidad extrema de manera voluntaria” bajo las condiciones del grupo terrorista, convirtiéndose en una amenaza potencial para la Seguridad Nacional.
La Guardia Civil considera que su vinculación con miembros muy activos de la organización las convierte en elementos clave para ser utilizadas como “facilitadoras” para la organización terrorista en España. Los investigadores han acreditado que Assia Ahmed abandonó España en marzo de 2014 para vivir en Siria junto con ‘Kokito’, conocido como “el decapitador de Castillejos” por posar con las cabezas de sus víctimas. Durante la ceremonia, el terrorista regaló a su mujer como dote un cinturón de explosivos. El matrimonio tuvo un hijo, al que se consideró como el primer niño español nacido en el Califato.
La investigación, que ha sido dirigida por el Juzgado de Instrucción Número 1 y la Fiscalía de la Audiencia Nacional y se ha prolongado durante dos años, ha culminado con la detención de las dos activistas del Daesh. En este tiempo ha tenido un papel fundamental la permanente cooperación bilateral con las autoridades y Fuerzas de Seguridad de Turquía.