Source: http://www.cidh.oas.org/annualrep/2000sp/CapituloIII/Fondo/Grenada12.028c.htm
Timestamp: 2017-10-22 11:59:19
Document Index: 349365806

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 6', 'artículo 19', 'e contrario', 'artículo 3', 'artículo 37', 'artículo 4', 'artículo 29', 'artículo 3', 'artículo 53', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 5', 'artículo 3', 'artículo 4']

Grenada 12.028c - Fondo
FUNDAMENTO DE VOTO DEL PRESIDENTE DR. HELIO BICUDO
9. Antes de profundizar la reflexión sobre el verdadero alcance de la aludida tolerancia de la permanencia de la pena capital en los países en cuya legislación penal ya figuraba en el momento de la aprobación de los términos de la Convención, conviene señalar que la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, suscrita en Cartagena de Indias, Colombia, el 9 de diciembre de 1985, define lo que se debe entender por tortura: “todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin” (artículo 2).
13. Cabría recordar que en los años de 1998 y 1999, los Estados Unidos de América fue el único país del mundo en que conste que se ha ejecutado a jóvenes menores de 18 años. A este propósito cabe señalar que ese país sólo es parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos --desde septiembre de 1992—y que el inciso 5 del artículo 6 de ese pacto estipula que no se impondrá la pena de muerte a menores de 18 años ni a mujeres en estado de gravidez. Si bien al ratificar el aludido Pacto el Senado estadounidense emitió una reserva en relación con esa disposición, hoy existe consenso internacional en cuanto a la nulidad de esa reserva a la luz de lo dispuesto en el literal “c” del artículo 19 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Ésta, en suma, confiere al Estado la facultad de formular reservas siempre que las mismas no sean incompatibles con el objeto y el propósito del tratado.
14. En junio de este año (2000) en el Estado de Texas (EE.UU.) fue ejecutado Shaka Sankofa, antes conocido como Gary Graham, condenado por un crimen que habría cometido cuando tenía 17 años de edad. Fue ejecutado después de 19 años de espera en el pabellón de la muerte, pese a las solicitudes formalmente presentadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Gobierno de los Estados Unidos a fin de que se suspendiera el acto extremo hasta que se decidiese sobre la queja presentada en su nombre ante la aludida Comisión, pues existían serias dudas sobre la autoría del delito atribuido a la víctima. El hecho de que ese pedido no fuera tenido en cuenta por el Gobierno estadounidense, que no podría escapar a la competencia de la CIDH, en el ámbito de la protección de los derechos humanos en el Hemisferio, según la Declaración Americana, provocó un comunicado de prensa en que se deplora y condena ese procedimiento, totalmente contrario al sistema interamericano de protección de los derechos humanos.[1] (ver en nota de pie de página el texto completo del comunicado de prensa de la CIDH).
15. La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, proclamada en Belém do Pará el 9 de junio de 1994, prohíbe la imposición de la pena de muerte a la mujer. Es lo que se deduce de lo dispuesto en su artículo 3, en que se afirma “toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito publico como en el privado”, y se repite, en el artículo siguiente, que entre sus derechos figura “el derecho a que se respete su vida”. Entre los deberes del Estado incluye asimismo la Convención de Belém do Pará el de “abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación”. Ahora bien, con la afirmación de que toda mujer tiene derecho a la vida, y a una vida libre de violencia, negándose al Estado el derecho de realizar cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer, parece evidente que la Convención de Belém do Pará prohíbe la aplicación de la pena de muerte a la mujer. No se puede ver en las disposiciones citadas una discriminación en relación con los hombres o los niños y jóvenes, y no cabe argumentar la llamada discriminación positiva, pues ésta existe para preservar derechos inherentes a la calidad de una persona, a fin de preservar derechos que solamente a ella pertenecen. Por ejemplo, la mujer grávida o con hijos tiene derechos propios de su condición de gestante y de madre que no se extienden, evidentemente, a los hombres. Por otra parte, una medida de discriminación positiva tiene que orientarse a realizar la igualdad entre grupos de personas entre las cuales subsisten desigualdades de hecho, en forma temporal y proporcionada. No existe una desigualdad entre hombres y mujeres en lo que hace al derecho a la vida. Y de todos modos, la imposición de la pena de muerte no es una medida proporcionada, como veremos más adelante. Cuando se trata de derechos comunes –como el derecho a la vida—no se puede hablar de discriminación positiva. En ese caso, todos son iguales ante la ley. Naturalmente, al prohibirse la imposición de la pena de muerte a las mujeres, se tiene en cuenta, no solamente su condición femenina, sino sobre todo su calidad de persona humana.
17. Conviene señalar asimismo que la Convención sobre los Derechos del Niño prohíbe la imposición de la pena capital a menores de 18 años de edad en los términos del artículo 37, literal “a”.
23. Examinemos la materia teniendo en cuenta principios de hermenéutica consagrados en el derecho positivo. El Derecho Internacional presupone disposiciones que están por encima del Estado. Como destaca el ilustre jurista italiano Norberto Bobbio, el universalismo --que el Derecho Internacional pretende normatizar-- resurge hoy, en especial después de la segunda guerra mundial y de la creación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), no sólo como creencia en un derecho natural eterno, como voluntad de constituir un derecho positivo único del desarrollo social histórico (como el derecho natural y el estado de naturaleza), sino en cuanto a su fin. Y considera que la idea del Estado mundial único es la idea límite del universalismo jurídico contemporáneo, esto es, la constitución de un derecho positivo universal (cf. Teoria do Ordenamento Jurídico. Universidad de Brasilia, 1991, pág. 164).
25. Según Norberto Bobbio, las reglas fundamentales para la solución de las antinomias son tres: a) criterio cronológico; b) criterio jerárquico, y c) criterio de la especialidad.[2]
26. En el primer caso prevalece la norma posterior – lex posterior derogat priori. En el segundo, la natural prevalencia del Derecho Internacional sobre el derecho nacional. Finalmente, la hipótesis se encuadra asimismo en este último criterio, pues se trata de una norma especial, con destino especial.
30. A este respecto vale la pena recordar los trabajos preparatorios de la Convención Americana, que confirman el sentido resultante de la interpretación textual de su artículo 4. En efecto, la propuesta de varias delegaciones para que se proscribiera la pena de muerte de modo absoluto, aunque no alcanzó la mayoría reglamentaria de votos afirmativos, no tuvo un solo voto en contra. La actitud general y la tendencia ampliamente mayoritaria de la Conferencia fueron recogidas en la siguiente declaración presentada ante la Sesión Plenaria de Clausura por catorce de las diecinueve delegaciones participantes (Costa Rica, Uruguay, Colombia, Ecuador, El Salvador, Panamá, Honduras, República Dominicana, Guatemala, México, Venezuela, Nicaragua, Argentina y Paraguay):
31. Coincide con tales expresiones lo señalado por el Relator de la Comisión, en el sentido de que en este artículo la Comisión dejó constancia de su firme tendencia a la supresión de la pena (de muerte) (Actas y Documentos, supra n.296).
34 En verdad, todas las penas a las que recurre el legislador constituyen especies de sanciones que se distribuyen según una graduación racional que procura tener en cuenta una serie de factores propios de cada hipótesis de ilicitud.
40. De ahí la conclusión del eminente filósofo jurista Miguel Reale, analizada a la luz de sus valores semánticos: el concepto de pena y el concepto de muerte son entre sí lógica y ontológicamente irreconciliables, y por lo tanto “pena de muerte” es una “contradictio in terminis” {cf. O direito como experiência, Saraiva, 2a. ed., San Pablo, Brasil).
41. El jurista Héctor Fáundez Ledesma escribe, a ese respecto: “en cuanto los derechos consagrados en la Convención son derechos mínimos, ella no puede coartar el ejercicio de esos derechos en una medida mayor que la permitida por otros instrumentos internacionales. Por consiguiente, cualquier otra obligación internacional asumida por el Estado en otros instrumentos internacionales de derechos humanos es de la mayor relevancia, y su coexistencia con las obligaciones derivadas de la Convención debe ser tenida en cuenta en todo lo que resulte más favorable al individuo”.
42. “El mismo entendimiento, prosigue el jurista, se hace extensivo a cualquier otra disposición convencional que proteja al individuo de una manera mas favorable, ya sea que ella esté contenida en un tratado bilateral o multilateral, e independientemente de cuál sea su objeto principal” (El sistema interamericano de protección de los derechos humanos, 1996, págs. 92 y 93).
43. Cabe agregar que el artículo 29, “b”, de la Convención Americana establece, en esa misma línea de pensamiento, que ninguna disposición de la Convención puede interpretarse en el sentido de “limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados partes”. Es oportuno, a ese propósito, leer el informe de la CIDH sobre Suriname y la consulta OC-8/87 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
44. En esa oportunidad la Comisión Interamericana de Derechos Humanos afirmaba que la prohibición de imponer la pena capital por delitos cometidos por menores de 18 años era un principio emanado del Derecho Internacional. Doce años más tarde no cabe duda alguna de que este principio está hoy totalmente consolidado. La ratificación por 192 Estados, de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, que prohíbe la imposición de la pena capital a quienes hayan cometido delitos cuando eran menores de edad, constituye, entre otras, una prueba irrefutable de la consolidación de este principio (cf. Informe presentado a la CIDH por Amnistía Internacional, Washington, 5 de marzo de 1999).
45. Cierto es que la Declaración Universal de Derechos Humanos no se refiere específicamente a la prohibición de la pena de muerte, pero consagra, en su artículo 3, el derecho de cada uno a la vida, la libertad y la seguridad (precepto idéntico al del artículo I de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre). Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948 bajo la forma de mera resolución de recomendaciones, la Declaración Universal es hoy considerada por insignes doctrinos como parte del Derecho Internacional consuetudinario y como norma obligatoria (jus cogens) – artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Mutatis mutandi, seria lícito afirmar que la Convención sobre los Derechos del Niño, por su amplitud y carácter obligatorio, también debe ser observada por los dos únicos Estados que no la han ratificado, como ya se destacó, y como señala el propio Departamento de Estado de los Estados Unidos de América.
46. Conviene además señalar que la Corte Europea de Derechos Humanos, al fallar en el caso Soering --Jens Soering, nacido en Alemania, detenido en Inglaterra y sometido a un pedido de extradición de los Estados Unidos para responder por una acusación de homicidio cometido en el Estado de Virginia, que castiga ese delito con la pena de muerte-- formuló oportunos comentarios con respecto al artículo 3 de la Convención Europea, en que se dice que nadie puede ser sometido a torturas o tratamientos inhumanos, crueles o degradantes. La Corte consideró que no podría hacerse lugar al pedido a no ser que se tuviese la certeza de que el extraditando gozaría por lo menos del beneficio de las garantías de la aludida disposición del artículo 3 de la Convención (cf. Jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l'homme, 1998, 6a. ed., Sirey, págs. 18 y siguientes).
47. La Corte concluyó que la extradición a un país que admite la pena de muerte no constituiría una violación del derecho a la vida ni del derecho a la integridad personal, pues la pena de muerte en sí no ha sido prohibida expresamente por la Convención Europea. No obstante, la posibilidad de que el reo pase años en detención a la espera del momento --por otra parte totalmente imprevisible-- de la ejecución de la pena --el llamado “síndrome del pabellón de la muerte”-- fue considerada por la Corte como constitutiva de un tratamiento cruel y, por consiguiente, violatorio del derecho a la integridad personal.
50. De ese modo, la prohibición absoluta, contenida en la Convención Europea, de la tortura o las penas o tratamientos inhumanos o degradantes, muestra que el artículo 3 aludido consagra uno de los valores fundamentales de las sociedades democráticas. Se destaca en esa sentencia que tiene el mismo sentido la disposición del Pacto Internacional de 1966 relativo a los derechos civiles y políticos y la Convención Americana de los Derechos del Hombre de 1969, al proteger, en toda su extensión y profundidad, los derechos de la persona humana. Se trata, concluye, de una norma internacionalmente aprobada.
53. A su vez, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya afirmó, en ese sentido, que “el derecho a la vida y su garantía y respecto por los Estados no puede ser concebido de modo restrictivo. El mismo no sólo supone que a nadie se le puede privar arbitrariamente de la vida (obligación negativa). Exige de los Estados, todavía más, tomar todas las providencias apropiadas para postergarla y preservarla (obligación positiva)” (cf. Repertorio de Jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, 1998, Washington College of Law, American University, 1/102).
54. No fue por otro motivo que la Corte Europea, en la decisión mencionada, consideró que la Convención es, incontestablemente “un instrumento vivo que ha de interpretarse (...) a la luz de las condiciones de vida actual [para determinar si es preciso considerar un tratamiento o una pena como inhumanos o degradantes a los fines del artículo 3] la Corte no puede dejar de recibir la influencia de la evolución y las normas comúnmente aceptadas de la política penal de los Estados miembros del Consejo de Europa en este terreno”.
55. Realmente, para saber si la pena de muerte, en razón de modificaciones actuales, tanto de derecho nacional como de Derecho Internacional, constituye un tratamiento prohibido por el artículo 3, es preciso tener en cuenta los principios que rigen la interpretación de la Convención. En este caso, tanto de la Convención Europea como de la Convención Americana: “nadie puede ser sometido a torturas o tratamientos inhumanos, crueles o degradantes” (artículo 3 de la Convención Europea); “nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes” (artículo 5, inciso 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos).
56. En la misma línea de pensamiento, al evaluar el caso Irlanda versus Reino Unido, la Corte Europea ya decidió que “la Convención prohíbe en términos absolutos la tortura y las penas o tratamientos inhumanos o degradantes, cualesquiera que sean las imputaciones formuladas contra la víctima”. El artículo 3 no prevé restricciones “...sólo se tienen en cuenta las nociones de ‘tortura’ y de ‘tratamientos inhumanos o degradantes’, excluyéndose las ‘penas inhumanas o degradantes’”.
59. Es justamente aplicable, en la línea de posición del jurista y del ejecutor de la ley sobre la materia, el voto concurrente, en la aludida opinión consultiva --solicitada por el Estado Mexicano-- del Juez Cançado Trindade, al formular consideraciones pertinentes con respecto a la hermenéutica del Derecho frente a las nuevas necesidades de protección.
60. El ilustre internacionalista y actual presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (1999/2001) en ese voto concurrente señala que “las propias emergencias y consolidación del corpus juris del Derecho Internacional de los Derechos Humanos se deben a la reacción de la conciencia jurídica universal ante los recurrentes abusos cometidos contra los seres humanos, frecuentemente convalidados por la ley positiva: con esto, el Derecho vino al encuentro del ser humano, destinatario último de sus normas de protección”.
61. En el mismo sentido, advierte el autor del voto concurrente, “ha apuntado la jurisprudencia de los dos tribunales internacionales de derechos humanos en operación hasta la fecha, por cuanto los tratados de derechos humanos son, efectivamente, instrumentos vivos, que acompañan la evolución de los tiempos y del medio social en que se ejercen los derechos protegidos”.
62. A este propósito, la Corte Europea de Derechos Humanos, en el caso Tyrer versus Reino Unido (1978), al determinar la ilicitud de castigos corporales aplicados a adolescentes en la Isla de Man, afirmó que la Convención Europea de Derechos Humanos “es un instrumento vivo, que debe ser interpretado a la luz de las condiciones de la vida actual”.
64. Cabe agregar, además, que en reunión realizada por representantes de los órganos de supervisión internacionales basados en tratados de derechos humanos (los llamados “human rights treaty bodies"), se señaló que los procedimientos convencionales forman parte de un amplio sistema internacional de los derechos humanos, que tiene como postulado básico la indivisibilidad de los derechos humanos (civiles, políticos, económicos, sociales y culturales). A fin de asegurar en la práctica la universalidad de los derechos humanos, la referida reunión recomendó la “ratificación universal”, a más tardar en el año 2000, de los seis tratados centrales de derechos humanos de las Naciones Unidas (los dos pactos de Derechos Humanos, las Convenciones sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial y de discriminación de la mujer, la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y la Convención sobre los Derechos del Niño) y de las tres convenciones de la OIT referentes a los derechos humanos básicos. En la reunión se advirtió seguidamente que el incumplimiento, por los Estados partes del deber de ratificar, constituía una violación de las obligaciones convencionales internacionales, y que la invocación de la inmunidad estatal a este respecto equivaldría a un “double-standard” que penalizaría a los Estados que cumplieran debidamente tales obligaciones (Cançado Trindade, Tratado de Direito Internacional dos Direitos Humanos, vol. 1, Fabris ed., L997, págs. 199/200).
67. En vista de lo expuesto, puede afirmarse que la norma del artículo 4, inciso 2, de la Convención Interamericana está superada por las disposiciones contractuales citadas, según la mejor hermenéutica del Derecho Internacional de los derechos humanos, estando vedada la aplicación, en virtud de normas de derecho interno, aunque anteriores a la Convención Americana, de penas aflictivas, como la pena de muerte.
[1] COMUNICADO DE PRENSA N° 9/00, Washington D.C. 28 de junio de 2000: "La Comisión Interamericana de Derechos Humanos deplora la ejecución de Shaka Sankofa previamente conocido como Gary Graham. en el Estado de Texas, el 22 de junio de 2000. El Sr. Sankofa fue ejecutado a pesar de las solicitudes formalmente presentadas par la Comisión a los Estados Unidos con el fin de que se suspendiese su ejecución, hasta tanto se hubiese decidido sobre una queja presentada en su nombre ante la Comisión.
[2] op. cit., pág. 92