Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2011-00360-de-agosto-22-de-2013?documento=jurcol&contexto=jurcol_e8ce3a0ecd7e01fce0430a01015101fc&vista=STD-PC
Timestamp: 2020-07-11 04:35:46
Document Index: 381435009

Matched Legal Cases: ['artículo 177', 'artículo 29', 'artículo 47', 'artículo 65', 'artículo 277', 'artículo 115', 'artículo 8', 'artículo 25', 'artículo 4', 'artículo 25', 'artículo 40', 'artículo 25', 'artículo 40', 'artículo 159', 'artículo 278', 'artículo 40', 'artículo 170', 'artículo 129', 'artículo 120', 'artículo 124', 'artículo 8', 'artículo 31', 'artículo 93', 'artículo 34', 'artículo 15', 'artículo 23', 'artículo 25', 'artículo 22', 'artículo 175', 'artículo 148', 'artículo 155', 'artículo 157']

﻿ Sentencia 2011-00360 de agosto 22 de 2013
SENTENCIA 2011-00360 DE 22 DE AGOSTO DE 2013
CONTENIDO:ACTUACIÓN DISCIPLINARIA – QUEJA ANÓNIMA. NO SE PRESENTA VIOLACIÓN DE NORMA ALGUNA EN LA ACTUACIÓN DISCIPLINARIA POR EL HECHO DE INICIAR LA INVESTIGACIÓN EN UNA QUEJA ANÓNIMA, PUES LA ADMINSITRACION SE ENCUENTRA EN LA FACULTAD DE EJERCER SU PODER OFICIOSO DE ADELANTAR INVESTIGACIONES DE TAL NATURALEZA AL ADVERTIR QUE LOS HECHOS NARRADOS EN LA QUEJA PUEDEN SER CONSTITUTIVOS DE FALTA DISCIPLINARIA.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, ACCIÓN DISCIPLINARIA, ACTIVIDAD PROCESAL DISCIPLINARIA, INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA, POTESTAD DISCIPLINARIA DEL ESTADO
Sentencia 2011-00360 de agosto 22 de 2013
Rad.: 11001 03 25 000 2011 00360 00 (1341-11)
Actor: Belford Manuel Bolívar Mosquera
Se trata de establecer la legalidad de los fallos disciplinarios de primera y segunda instancia proferidos el 30 de enero de 2001 y 23 de agosto de 2001 por la Comisión Especial Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación y la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, respectivamente, mediante los cuales se declaró disciplinariamente responsable a Belford Manuel Bolívar Mosquera en su condición de Inspector de Trabajo adscrito al Ministerio de Trabajo, Regional Atlántico y se le impuso la sanción de destitución del cargo e inhabilidad por el término de 5 años, para ejercer funciones públicas.
El demandante fue nombrado mediante Resolución 3530 de julio 19 de 1991 para desempeñar el cargo de profesional universitario 3020, grado 04, de la Sección de Trabajo, Inspección y Vigilancia de la Regional Atlántico y tomó posesión el 26 de diciembre de 1991 (fl. 29).
Para el 22 de abril de 1999 se desempeñaba como Inspector de Trabajo código 3185 grado 08, como consta en la certificación que obra a folio 30 del expediente.
El 28 de julio de 1998 fue radicada en la Oficina de Control Interno Disciplinario del Ministerio de Trabajo, una queja anónima en la que se acusaba a unos funcionarios de la Regional Atlántico por estar involucrados en un fraude contra el Fondo Colpuertos (fl. 32).
Adelantada la investigación y recaudadas las pruebas, la Comisión Especial Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación constituida para tal efecto, emitió fallo de primera instancia(1) en el que declaró la responsabilidad disciplinaria del demandante, entre otros, y le impuso la sanción principal de destitución y la accesoria de inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas por el término de 5 años, decisión que fue confirmada por la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación (fls. 314 a 456).
Como asunto previo, la Sala se pronunciará en relación con el silencio administrativo negativo de que trata la pretensión primera de la demanda, así:
De folios 252 a 255 del expediente obra copia del recurso de apelación interpuesto por el demandante, quien actúa por conducto de apoderado, contra el fallo de primera instancia de enero 30 de 2001, radicado en la Procuraduría Departamental del Atlántico el 8 de marzo de 2001.
Sin embargo, al resolver el recurso de apelación mediante fallo de agosto 23 de 2001(2) la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación no resumió ni analizó los argumentos de oposición del demandante(3), lo que conlleva afirmar que guardó silencio en torno al referido recurso, por lo que se entiende que se configuró el silencio administrativo negativo y así habrá de declararse.
En la contestación de la demanda, la Procuraduría General de la Nación propuso las excepciones de potestad disciplinaria e ilicitud sustancial, cuyos argumentos tienen relación directa con los cargos de que se acusa a los actos acusados, razón por la cual se estudiarán al analizar los cargos, como fundamento de oposición a los mismos.
Ahora bien, en cuanto a los cargos invocados por el demandante, en contra de las decisiones acusadas, la Sala se pronunciará así:
La ley aplicable para adelantar la investigación disciplina
En primer lugar, es necesario delimitar cuál era la norma aplicable para adelantar la actuación disciplinaria que nos ocupa, toda vez que a partir de allí se deberán a analizar los múltiples cargos de que trata la demanda.
Así las cosas, debe advertirse que la queja que dio origen a la investigación disciplinaria, relató hechos ocurridos en el año 1996, señalando que fueron adulteradas actas de conciliación suscritas en el año 1993; por lo tanto, de conformidad con lo previsto en el artículo 177 de la Ley 200 de 1995(4) era esa la ley vigente al momento de la presunta ocurrencia de los hechos que originaron la investigación y por ello era esa la disposición que debía aplicarse para garantizar el debido proceso, pues aplicar una ley preexistente, constituiría violación de lo previsto en el inciso 2º del artículo 29 de la Constitución Política.
La queja anónima como fundamento que originó la investigación
El actor sostiene que la investigación disciplinaria no podía ser iniciada a causa de una queja anónima, pues ello contraviene lo dispuesto en los artículos 27, numeral 1º de la Ley 24 de 1992 y 47 de la Ley 200 de 1995.
Como ya se señaló, la Ley 24 de 1992 no era aplicable para adelantar la investigación seguida contra el actor, razón por la cual solo se verificará si hubo violación del artículo 47 de la Ley 200 de 1995, en lo que respecta a las quejas anónimas como fuente de una investigación disciplinaria. El texto de la norma es el siguiente:
“ART. 47.—Oficiosidad y preferencia. La acción disciplinaria se iniciará y adelantará de oficio, por información proveniente de servidor público, de queja formulada por cualquier persona o por cualquier otro medio siempre y cuando este amerite credibilidad.
Los personeros tendrán frente a la administración distrital o municipal competencia preferente”.
La disposición trascrita no excluye las quejas anónimas como fuente de inicio de una investigación disciplinaria, lo único que exige es que las quejas ameriten credibilidad y, a juicio de la Oficina de Control Interno Disciplinario del Ministerio de Trabajo, la queja anónima radicada en esa dependencia el 28 de julio de 1998 (fls. 32 y 33) ameritó credibilidad y por ello se siguió el trámite correspondiente con el fin de establecer la veracidad de los hechos allí descritos.
Esta corporación ya se ha pronunciado en torno al tema del inicio de investigaciones disciplinarias con base en quejas anónimas, considerando la procedencia de las mismas; así se ha discurrido:
“… El anónimo, verbal o escrito, no ostenta valor probatorio alguno en el ámbito disciplinario, salvo que constituya elemento material de una infracción o que fundadamente se atribuya al disciplinado. Pero igualmente debe afirmarse que el carácter anónimo de una queja, si bien no ofrece indicios de credibilidad frente a la eventual imputación de cargos a un servidor público, de otro lado bien puede servir de referente oficioso para la iniciación de indagaciones preliminares por parte de la respectiva autoridad disciplinaria. Desde luego que, siendo el Estado titular de la acción disciplinaria, en ejercicio de su poder oficioso debe atender a las señales que lo puedan alertar y conducir hacia el conocimiento de conductas tipificables en el espectro de faltas disciplinarias. Por ello mismo cuando quiera que se presente una queja anónima la respectiva autoridad disciplinaria deberá ordenar el adelantamiento de la correspondiente indagación preliminar en orden a establecer la veracidad de los hechos, sus autores y circunstancias que permitan establecer si se dan o no los presupuestos básicos para abrir formal averiguación disciplinaria en contra del autor o autores. De suerte que al momento de determinar el mérito probatorio de la indagación preliminar es cuando efectivamente emerge la real trascendencia de la queja anónima …”(5).
Con fundamento en lo anterior, la Sala considera que no hubo violación de norma alguna en la actuación disciplinaria, por el hecho de haber iniciado la investigación con base en una queja anónima, pues la administración estaba ejerciendo su poder oficioso de adelantar investigaciones de tal naturaleza al advertir que los hechos narrados en la queja podían ser constitutivos de falta disciplinaria.
Además, a juicio de la Sala, no era necesario que se hubieran allegado las actas de conciliación como soporte de la queja anónima, como se sugiere en la demanda, pues en ejercicio de su potestad oficiosa disciplinaria, la administración podía adelantar las indagaciones a que hubiera lugar, a fin de establecer la posible ocurrencia de los hechos relatados en la referida queja relacionados con conductas que podrían ser tipificadas como falta disciplinaria, sin que ella necesariamente hubiera estado acompañada del soporte probatorio requerido por el actor.
El funcionario competente para conocer la acción disciplinaria
Como ya se señaló, la queja fue radicada en la Oficina de Control Interno Disciplinario del Ministerio de Trabajo, quien inició el trámite correspondiente a raíz de la queja antes referida y al realizar visita especial en la Oficina del Grupo Interno de Trabajo para la Gestión del Fondo Pasivo de Puertos de Colombia los días 16, 24 y 25 de agosto de 1999 concluyó que se trataba de la investigación de hechos en los que se podría haber causado un detrimento patrimonial superior a los seis mil millones de pesos, lo que motivó que emitiera el Auto 104 de septiembre 8 de 1999 (fls. 34 y 35) mediante el cual remitió el expediente a la Procuraduría General de la Nación para que asumiera conocimiento preferente del proceso.
El Procurador General de la Nación, mediante providencia de octubre 5 de 1999 (fls. 36 a 38) asumió conocimiento preferente de la acción, en aplicación de lo previsto en el artículo 65 de la Ley 200 de 1995, cuyo tenor literal es el siguiente:
“ART. 65.—Competencia preferente. La falta por incremento patrimonial no justificado será de competencia exclusiva de la Procuraduría General de la Nación tanto en la instrucción como en el fallo en aquellos casos en que la cuantía exceda de mil (1.000) salarios mínimos mensuales”.
Así las cosas, como de conformidad con la visita especial practicada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se concluyó que los hechos materia de investigación conducían a un posible detrimento patrimonial superior a la suma señalada en la norma antes trascrita, el Procurador General tenía competencia para asumir el conocimiento de la misma, no solo en virtud de lo señalado en la citada disposición, sino en cumplimento de la atribución establecida en el numeral 6º del artículo 277 de la Constitución Política.
Y no es cierto, como lo considera el actor, que se hubiera violado la competencia preferente por no haber probado un alzamiento de bienes del tesoro público superior a mil salarios mínimos, pues el requisito que exige la norma con miras a ejercer esa competencia, consiste en que la cuantía del proceso disciplinario en que se investiguen conductas que lleven a un posible detrimento patrimonial sea superior a ese monto y tal requisito estaba cumplido al momento en que el Procurador General de la Nación asumió el conocimiento, toda vez que del acta de visita especial realizada por el Ministerio de Trabajo permitió concluir que el presunto incremento patrimonial no justificado era por una suma superior a esa.
En lo que respecta a la falta de competencia por factor territorial que, según el actor, se causó al inicio de la investigación porque la oficina de control interno disciplinario seccional Bogotá y no la seccional Atlántico del Ministerio de Trabajo asumió el conocimiento de la misma, la Sala no hará pronunciamiento alguno, toda vez que, al observar su falta de competencia, la Oficina de Control Interno Disciplinario del Ministerio de Trabajo, Regional Bogotá, mediante Auto de septiembre 8 de 1999 remitió las diligencias a quien era competente y, la Procuraduría General de la Nación asumió conocimiento para conocer la misma, llevando hasta su culminación la investigación disciplinaria, según la competencia preferente de que era titular.
Ahora bien, de lo probado en el expediente se observa que una vez asumido el conocimiento, el Procurador General de la Nación mediante Auto de octubre 5 de 1999 (fl. 39) creó una comisión especial para adelantar la investigación disciplinaria, en los siguientes términos:
“… créase comisión especial para adelantar la investigación por las presuntas irregularidades en que pudieron incurrir funcionarios y exfuncionarios del Ministerio de Trabajo - Regional Atlántico en la elaboración de actas de conciliación celebradas entre la empresa Puertos de Colombia y sus trabajadores, y que posiblemente han generado incremento patrimonial no justificado; así como para proferir el pliego de cargos, si a ello hay lugar, y el fallo respectivo (…)
Los funcionarios cuentan con facultades para subcomisionar y para adoptar las decisiones de que trata el artículo 115 del Código Único Disciplinario”(6).
Es decir, el Procurador General de la Nación facultó a la comisión especial para adelantar la investigación, en aplicación de una función que tiene atribuida en virtud de la ley. Al respecto, el artículo 8º literal e) de la Ley 201 de 1995 consagra:
El fallo será proferido por quien presida la comisión. La apelación se surtirá ante el superior del funcionario desplazado”.
Teniendo en cuenta la gravedad, magnitud o trascendencia pública de la investigación que se estaba adelantando, el Procurador General de la Nación en ejercicio de la facultad que le confiere la ley trascrita, podía crear una comisión con el fin no solo de investigar las presuntas irregularidades, sino de proferir pliego de cargos, emitir el fallo respectivo, subcomisionar e, incluso, suspender provisionalmente a los funcionarios investigados mientras que concluía la investigación, tal como lo hizo mediante el referido auto.
Sobre este mismo punto, es necesario precisar que no es cierto, como se afirma en la demanda, que el auto de comisión solo se hubiera referido a facultades para investigar las conductas relacionadas con el incremento patrimonial no justificado, es decir, que les hubiera delimitado el marco de las conductas a investigar; pues de la lectura juiciosa y cuidadosa del auto previamente trascrito, se puede concluir que la comisión fue creada para investigar cualquier irregularidad relacionada con la elaboración de las actas de conciliación allí aludidas y el posible incremento patrimonial no justificado que se hubiera ocasionado a causa de las mismas, lo que impide afirmar que la comisión especial hubiera excedido las facultades a ella encomendadas.
Tampoco se concluye violación alguna por el hecho de que la comisión especial no hubiera hecho uso de la facultad de suspender provisionalmente a los funcionarios investigados, en virtud de la competencia atribuida en el inciso segundo del auto de creación de la comisión, pues eran facultades de las que podían o no hacer uso, siempre y cuando el desarrollo de la investigación ameritara para ello.
La congruencia entre el pliego de cargos y los fallos de primera y segunda instancia y la relación entre estos y la resolución de acusación penal
Mediante providencia de octubre 29 de 1999 (fls. 63 a 115) el Presidente de la Comisión Especial Disciplinaria profirió pliego de cargos contra algunos de los disciplinados, entre ellos, el demandante, y en la formulación de los mismos se dispuso:
“Proferir cargos disciplinarios en contra de los doctores 8.1. Los doctores (sic) Carlos César Rolón Bermúdez, Martha Elena Pérez Riquett, José Abello Martínez, Belford Manuel Bolívar Mosquera e Isabel Pertuz Mercado, porque han podido incurrir en la falta disciplinaria prevista en el numeral cuarto del artículo 25 del Código Único Disciplinario, considerada como gravísima, en concurso homogéneo y porque han podido incurrir en falta grave por haber desconocido los deberes previstos en los numerales 1º, 2º, 13, 18 y 22 del artículo 4º de la Ley 200 de 1995 (…)
Como se trata de plurales comportamientos, se está en presencia de un concurso de faltas disciplinarias, el cual se encuentra gobernado por la falta más grave, en este caso, la gravísima prevista en el numeral 4º del artículo 25 de la citada ley”.
La falta a que se refiere el artículo citado en el pliego de cargos es la siguiente:
— El servidor público o el particular que ejerza funciones públicas, que de manera directa o por interpuesta persona obtenga para sí o para otro incremento patrimonial.
Y los deberes presuntamente desconocidos, previstos en el artículo 40 de la Ley 200 de 1995, son:
“1. Cumplir y hacer que se cumpla la Constitución, los tratados públicos ratificados por el gobierno colombiano, las leyes, las ordenanzas, los acuerdos municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos, los manuales de funciones, las órdenes superiores, cuando correspondan a la naturaleza de sus funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas y contratos de trabajo.
22. Desempeñar con solicitud, eficiencia e imparcialidad las funciones de su cargo”.
Lo anterior muestra precisión y claridad en el señalamiento de la conducta y las faltas endilgadas al actor, que le fijaban las pautas dentro de las cuales debía ejercer su derecho de defensa, en estricto cumplimiento de lo previsto en los artículos 92 numerales 4º, 5º y 6º, y 150 de la Ley 200 de 1995.
Ahora bien, la sanción disciplinaria impuesta al demandante fue consecuencia de la comprobación de los siguientes cargos:
“Se comprobó que el señor Bolívar Mosquera, participó como Inspector de Trabajo, en la defraudación de Foncolpuertos, mediante la suscripción de actas de conciliación que se describen seguidamente, con fechas de diciembre de 1993, siendo que realmente estas fueron elaboradas a finales del año 1996 y comienzos de 1997, y en ellas se reconocieron distintos conceptos a favor de los ex trabajadores portuarios, suplantando la firma del representante legal de la empresa liquidada, permitiendo así que estos obtuvieran incremento patrimonial injustificado, incurriendo con tal conducta en violación del artículo 25 numeral 4º de la Ley 200 de 1995 calificada como falta gravísima.
Se confirmó que el doctor Belfor (sic) Bolívar Mosquera al suscribir las actas de conciliación con fechas de diciembre de 1993, siendo que realmente esto sucedió a finales del año 1996 y durante el año 1997, incurrió en la falsedad de las mismas, por lo que incumplió sus deberes de servidor público contenidos en el artículo 40 de la Ley 200 de 1995 especialmente los siguientes: (se citan los numerales 1º, 2º, 13, 18 y 22 ya trascritos)”(7).
La confrontación entre los apartes correspondientes de la formulación de cargos y del fallo disciplinario de primera instancia(8), permiten verificar identidad entre los cargos que le fueron formulados al demandante y aquellos por los cuales se impuso la sanción disciplinaria, lo que desvirtúa la presunta incongruencia alegada por el actor; así mismo, se desvirtúa la presunta imprecisión de las normas que se fundan, pues en todas las decisiones emitidas por la Procuraduría seguido de la enunciación de la conducta realizada, se precisó la norma que contenía la falta que ella conllevaba.
Ahora, en lo que respecta a la congruencia entre las decisiones disciplinarias y la resolución de acusación en el proceso penal seguido contra el demandante, observa la Sala que de conformidad con lo descrito en sentencia proferida el 27 de julio de 2006 por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia(9), a causa de los mismos hechos materia de investigación disciplinaria, el actor fue condenado por la comisión de los delitos de falsedad ideológica en documento público y concierto para delinquir.
Al respecto, vale recordar que la acción penal y la acción disciplinaria son independientes y tienen una finalidad sancionatoria diferente; así lo señaló la Corte Constitucional al hacer el estudio de constitucionalidad de la Ley 200 de 1995:
“… Así las cosas, cuando se adelanta un proceso disciplinario y uno penal contra una misma persona, por unos mismos hechos, no se puede afirmar válidamente que exista identidad de objeto ni identidad de causa, pues la finalidad de cada uno de tales procesos es distinta, los bienes jurídicamente tutelados también son diferentes, al igual que el interés jurídico que se protege. En efecto, en cada uno de esos procesos se evalúa la conducta del implicado frente a unas normas de contenido y alcance propios. En el proceso disciplinario contra servidores estatales se juzga el comportamiento de estos frente a normas administrativas de carácter ético destinadas a proteger la eficiencia, eficacia y moralidad de la administración pública; en el proceso penal las normas buscan preservar bienes sociales más amplios” (Sentencia C-244 de 1996).
En las anteriores condiciones, se considera que dada la independencia de la acción disciplinaria respecto de la penal, en nada afecta o condiciona las decisiones que se hayan tomado o configuración (sic) de la falta que se haya adecuado en una acción respecto de la otra; por lo tanto, el hecho de que en la investigación penal se hubiere investigado y sancionado al actor por la comisión de ciertos delitos y que el enunciado del tipo penal de estos no coincida con las conductas por las que fue investigado y sancionado disciplinariamente, en nada afecta la validez ni hace anulable la decisión sancionatoria disciplinaria.
El procedimiento mediante el cual se debía adelantar la investigación disciplinaria
El demandante asegura que el proceso disciplinario debió seguirse mediante el procedimiento verbal y no ordinario, como el adelantado por la Procuraduría General de la Nación, afirmación desacertada a la luz de lo dispuesto en el artículo 159 de la Ley 200 de 1995, que prevé que el procedimiento verbal solo se aplica a investigaciones disciplinarias originadas por hechos que podrían haber dado origen a las conductas previstas en el numeral 1º del artículo 278 de la Constitución Política, es decir:
“… infringir de manera manifiesta la Constitución o la ley; derivar evidente e indebido provecho patrimonial en el ejercicio de su cargo o de sus funciones; obstaculizar, en forma grave, las investigaciones que realice la Procuraduría o una autoridad administrativa o jurisdiccional; obrar con manifiesta negligencia en la investigación y la sanción de las faltas disciplinarias de los empleados de su dependencia, o en la denuncia de los hechos punibles de que tenga conocimiento en razón del ejercicio de su cargo”.
Tal como se señaló en el capítulo anterior, las conductas por las que al demandante le fue formulado pliego de cargos y por las que fue sancionado fueron las que previamente se trascribieron y consisten en obtener para sí o para otro incremento patrimonial de manera directa o por interpuesta persona y además, el desconocimiento de los deberes previstos en los numerales 1º, 2º, 13, 18 y 2º (sic) del artículo 40 de la Ley 200 de 1995.
De tal forma que si bien es cierto la primera conducta mencionada podría dar lugar a tramitar la investigación disciplinaria mediante un procedimiento verbal, también lo es que al tratarse de una diversidad de conductas investigadas y como no todas ellas eran susceptibles de ser tramitadas mediante ese mismo procedimiento, válidamente podía hacerse uso del proceso ordinario, tal como lo hizo el juzgador disciplinario.
Ahora bien, también podía tramitarse la investigación disciplinaria mediante el proceso verbal siempre y cuando la falta fuera leve o admitida por el disciplinado antes de la formulación de cargos, al tenor de lo dispuesto en el artículo 170 de la Ley 200 de 1995, lo que no ocurrió en el presente caso, razón por la cual no era procedente seguirlo mediante ese procedimiento.
Las presuntas irregularidades en el decreto, práctica y valoración de las pruebas
— La práctica de la visita especial:
El demandante cuestiona que al terminar el primer día de la visita especial realizada los días 18, 24 y 25 de agosto de 1999, no se indicó en forma precisa la fecha y hora en que sería continuada y ello, a su juicio, constituye una violación al principio de concentración y suspensión de las audiencias.
En cuanto al principio de concentración de la prueba, la Corte Constitucional lo ha definido como la posibilidad de: “valorar el acervo probatorio en un lapso temporal que no debe ser prolongado, para que lo interiorizado por el juzgador no se desvanezca con el transcurrir del tiempo, principios estos que deben ser acatados con rigurosidad”(10); entre tanto, el principio de suspensión, o mejor, continuidad de audiencias, consiste en el desarrollo sucesivo y continuo de las audiencias, hasta su culminación.
Revisada la diligencia de visita especial realizada los días 18, 24 y 25 de agosto de 1999 (fls. 40 a 42) se observa que en la misma no se señaló la hora de culminación durante el primer día, ni la de inicio en el segundo y así sucesivamente y al finalizar cada día no se precisó en qué hora del día siguiente se daría continuidad; no obstante, dicha omisión, a juicio de la Sala, no constituye violación de los principios anotados y mucho menos tiene la magnitud de invalidar la actuación disciplinaria ni las decisiones mediante las cuales se impuso sanción disciplinaria, como consecuencia del material solicitado como prueba dentro de la precitada audiencia, máxime cuando para su adelantamiento se siguieron las pautas establecidas en el artículo 129 de la Ley 200 de 1995.
— El decreto de las pruebas:
Asegura el libelista que en una actitud parcializada, los investigadores no decretaron en igualdad las pruebas que pretendían probar los cargos, como las de los descargos; afirmación que no se compadece con lo demostrado en la actuación disciplinaria, toda vez que conforme al auto de pruebas cuya copia obra de folios 131 a 141, se ordenó incorporar las pruebas documentales aportadas por el actor y se dispuso escuchar en declaración a los señores Elba Rosa Barrios Gutiérrez, Nelly Virginia Díaz Espeleta, William Hernández Carrillo y Álvaro Serrano Vivius, conforme a lo solicitado en los descargos.
Lo anterior impide afirmar que no se hubieran decretado pruebas a favor del investigado y ello desvirtúa el cargo de falta al principio de igualdad e imparcialidad en el decreto de pruebas.
Ahora bien, en lo que respecta al argumento relacionado con la improcedencia de la inspección judicial acompañada de exhibición de documentos decretada y practicada en la investigación, la Sala considera que de no estar de acuerdo con el decreto de la misma, el demandante debió interponer los recursos procedentes contra el auto de decreto de pruebas.
No obstante, se debe aclarar que la inspección judicial es un medio probatorio, cuya reglamentación se encuentra consagrada en los artículos 244 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, que bien podía decretarse y practicarse por el investigador disciplinario, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 120 de la Ley 200 de 1995(11), en virtud del cual tenía total libertad para hacer uso de los medios probatorios legalmente reconocidos, con el objeto de demostrar la realidad de los hechos investigados y era discrecional del investigador decidir cuál era el medio probatorio idóneo para la demostración de los hechos materia de investigación.
Así mismo, debe decirse que no es cierto que en el auto de decreto de pruebas no se hubieran expresado los puntos materia de la diligencia de inspección judicial, pues en él se decretaron 2 diligencias de inspección judicial a ser practicadas una de ellas en las instalaciones de la Dirección Regional del Trabajo en la ciudad de Barranquilla y la otra en la Inspección de Trabajo de Barranquilla y al decretar cada una de ellas se señaló el objeto de las mismas. Tampoco es cierto que debiera correrse traslado de la diligencia de inspección judicial a las partes, pues la ley no exige ese requisito; por lo tanto, no es válido afirmar que existió irregularidad alguna en el decreto de pruebas dentro de la investigación.
— El recaudo de pruebas:
El demandante afirma que no se fijó oportunamente la fecha en que se recibiría la prueba testimonial, lo que le impidió participar en su práctica; sin embargo, no precisó en qué circunstancia hace consistir la presunta falta de oportunidad alegada; por lo tanto, no es procedente referirse a la vulneración de los principios de imparcialidad, seriedad, moralidad, solemnidad y lealtad procesal que el actor hace derivar de la falta de oportunidad alegada.
No obstante, debe advertirse que en el numeral 7º del auto de decreto de pruebas(12) se dispuso señalar el día y hora para la práctica de las pruebas allí ordenadas; en tales condiciones, a la parte interesada en su recaudo y participación, le correspondía estar atenta al señalamiento de la fecha en que se recaudarían las mismas.
Debe aclararse además, que no es cierto que la Procuraduría solo hubiera investigado los hechos y circunstancias desfavorables al investigado, pues como ya se señaló, al decretar las pruebas, accedió a adjuntar como tales, los documentos aportados con los descargos presentados por el actor y a recibir testimonios por él solicitados, lo que desvirtúa tal afirmación.
En lo que atañe al lugar en que se inició el recaudo de la prueba trasladada, se debe decir que el artículo 124 de la Ley 200 de 1995 no exige el requisito de que el inicio del recaudo de la misma tuviera que realizarse en el despacho de la Policía Judicial, como lo pretende el demandante; por lo tanto, el haber iniciado la mencionada diligencia en la oficina de trabajo, no implica invalidez de la prueba.
La intervención de peritos grafólogos en una diligencia de inspección judicial está supeditada al decreto de esa prueba por parte del investigador y este, a su turno, tenía la potestad de decretar o no la peritación, en ejercicio de su facultad de dirección del proceso disciplinario; por lo tanto, la acusación del demandante por no haber decretado la peritación en la inspección judicial no hace inválido el recaudo de la prueba, pues estaba dentro de las competencias del funcionario investigador decidir si ese medio probatorio era o no procedente.
Tampoco constituye vulneración a los principios rectores en materia probatoria ni genera nulidad de la prueba el hecho de que los investigadores del CTI hubieran foliado la documentación, teniendo en consideración que la única finalidad de la foliación es dar un orden a la cantidad de documentación recaudada.
Del mismo modo, debe afirmarse que la incautación de los documentos, en lugar de la reproducción mecánica de los mismos, no constituye vulneración alguna ni invalidez de la prueba pues, por el contrario, ello le permite al funcionario investigador tener la fuente directa de los documentos analizados para llegar a la convicción de la ocurrencia o no de los hechos investigados.
En las anteriores condiciones y como quiera que ya se han analizado en forma pormenorizada cada una de las falencias probatorias que se alegaron, no es del caso declarar probado el cargo según el cual las pruebas adversas fueron recaudadas sin el lleno de requisitos, por las razones expresadas en cada una de las circunstancias descritas.
La presunta violación del principio de doble instancia
En la demanda se asegura que quien debía resolver el recurso de apelación interpuesto contra el fallo de primera instancia era el Ministro de Trabajo y no la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, pues era el superior funcional del demandante.
La afirmación anterior no tiene soporte legal, toda vez que de conformidad con lo previsto en el artículo 8º de la Ley 201 de 1995, previamente trascrito, cuando se crean comisiones especiales para adelantar alguna investigación disciplinaria, como en este caso, la apelación se surte ante el superior funcional del funcionario desplazado.
En las anteriores condiciones, como el funcionario competente para conocer el primera instancia la investigación, era el Procurador General de la Nación, por haber ejercido la competencia preferente, y este no tiene superior funcional, entiende la Sala que lo que hizo el director del Ministerio Público, fue delegar en la Sala Disciplinaria, la competencia para resolver el recurso, garantizando así el principio de doble instancia amparado por el artículo 31 constitucional.
Por tal razón, no es aceptable afirmar que quien debía asumir competencia para resolver la segunda instancia sea el Ministro de Trabajo, como se dijo en la demanda, pues quien ostenta tal dignidad no es superior funcional del Procurador General de la Nación y ello desvirtúa el argumento según el cual se violó el citado principio.
La formalidad en la redacción de los fallos de primera y segunda instancia
El actor asegura que los fallos de primera y segunda instancia carecen de los requisitos previstos en la ley por no examinar de manera detallada la situación de cada uno de los investigados, no hacer análisis y valoración de la prueba, no señalar las razones por las cuales se negaron los argumentos de la defensa, no hacer un análisis de los criterios para determinar la naturaleza de las faltas, su gravedad o levedad, ni separar las principales de las accesorias y por no precisar si las faltas se imputaban a título de dolo o culpa.
Para efecto de analizar la presunta violación que se alega, es necesario referirse al artículo 93 de la Ley 200 de 1995 que prevé los requisitos que deben contener los fallos disciplinarios y son los siguientes:
“ART. 93.—Redacción de los fallos. Todo fallo contendrá:
6. Un análisis de los criterios utilizados para determinar la naturaleza de las faltas aprobadas, su gravedad o levedad, y las consecuentes sanciones que se impongan, señalando en forma separada las principales de las accesorias.
8. En casos de absolución, además de los requisitos previstos en los numerales 1º a 6º, para los casos en que procedió la suspensión provisional, se ordenará el reconocimiento y pago de lo dejado de percibir por conceptos salariales”.
Verificados los lineamientos fijados en el artículo precedente y confrontados con el contenido de los fallos de primera y segunda instancia se observa que se siguieron todos y cada uno de ellos; así:
— En el numeral 2.3 del fallo de primera instancia se hizo una sinopsis de los cargos imputados al actor (fl. 156), así mismo se procedió en el literal B. del capítulo Cargos formulados del fallo de segunda instancia (fls. 316 y 317).
— En el numeral 3º del fallo de primera instancia (fls. 157 a 160) se hizo la síntesis de la prueba recaudada, sin que fuera necesario detallar en forma precisa cuál prueba había sido aportada por cada uno de los investigados, pues la norma no lo exige y por ello se hizo una síntesis conjunta del material probatorio recaudado.
— En el fallo de primera instancia se hizo el correspondiente resumen de los descargos y las razones por las cuales no se aceptaron las razones de defensa; además, el fallo (sic) de segunda instancia se hizo remisión a los folios en los que aparecían los mismos(13) y a lo largo de la decisión se expresaron las razones que impedían acoger los argumentos de defensa.
— El análisis jurídico de las pruebas se surtió en el fallo de primera instancia en el numeral 4º de la providencia, que comprende de folios 160 a 210 y en el fallo de segunda instancia se realizó la valoración a lo largo de la providencia que resolvió la apelación.
— Así mismo, en el fallo de primera instancia se indicó, en forma precisa, cuáles cargos fueron probados(14), se señaló la naturaleza de las faltas (fl. 246), se indicó la gravedad de las faltas (fl. 246), el título de dolo en que se consideró que habían sido cometidas (fl. 247); además, se señaló en forma separada cuál era la sanción principal y cuál la accesoria (fls. 247 y 248).
— Los fallos de primera y segunda instancia también contienen la decisión adoptada y en ella se ordenó librar las comunicaciones correspondientes para su ejecución (fls. 248 a 250 y 453 a 456).
Así las cosas, a juicio de la Sala, las decisiones de primera y segunda instancia disciplinarias aquí controvertidas, no adolecen de los requisitos de ley y si bien en el fallo de segunda instancia no se siguieron puntualmente cada uno de los requisitos previstos en la norma citada, ellos sí se siguieron en el fallo de primera instancia, ello obedece a que en segunda instancia el juzgador debe ocuparse de resolver las razones de inconformidad formuladas en el o los recursos de apelación que se hubieran interpuesto contra la decisión de primera instancia, lo que en efecto se hizo en la decisión del ad quem disciplinario, salvo en lo relativo a las razones de apelación del demandante, por lo que se declarará la ocurrencia del silencio administrativo negativo, en los términos anotados al resolver el asunto previo en esta misma providencia.
La presunta pretermisión de términos para emitir las decisiones
Al tenor de lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley 200 de 1995 la acción disciplinaria prescribe en el término de 5 años contados a partir del día de la consumación de la falta o, en el caso de faltas sucesivas, el día de la realización del último acto que constituyó falta disciplinaria.
Los hechos investigados, relacionados con la adulteración de actas de conciliación, ocurrieron en los años 1996 y 1997, a pesar de que en las fechas adulteradas se señale que fueron suscritas en el año 1993; por tal razón, a partir de esos años se cuenta con 5 años para que prescriba la acción disciplinaria, lo que no ocurrió, toda vez que las decisiones disciplinarias fueron emitidas en primera instancia el 31 de enero de 2001 y en segunda instancia el 23 de agosto de 2001, es decir, cuando aún la acción no se encontraba prescrita.
En lo relativo a los términos para proferir las decisiones de formulación de cargos(15), de pruebas(16) y los fallos de primera(17) y segunda instancia(18), están previstos en la Ley 200 de 1995; no obstante, la inobservancia de los anteriores términos para proferir las decisiones citadas, en el evento de encontrarse probada y siempre y cuando no sea correspondientemente justificada, podría llegar a dar lugar al inicio de investigaciones disciplinarias contra los funcionarios en mora, pero, en momento alguno podría invalidar las decisiones disciplinarias.
Así lo ha considerado esta corporación en forma reiterada, para el efecto, se cita el siguiente aparte:
“En este punto se acoge el criterio que ha sido expresado por el Consejo de Estado en otras oportunidades según el cual, cuando las normas especiales referidas a un trámite administrativo particular no consagran consecuencias específicas para los eventos en que las decisiones son proferidas por fuera de los términos concedidos a la administración para decidir, en dichos casos la autoridad administrativa no pierde la competencia para pronunciarse sobre el asunto, y el incumplimiento de los términos no genera violación del debido proceso, pues ha entendido la jurisprudencia que se trata de términos programáticos, cuyo incumplimiento no tiene efectos sobre la validez de los actos administrativos proferidos en esas condiciones”(19).
Así las cosas, el argumento relacionado con la presunta demora en la expedición de las diferentes decisiones al interior del proceso disciplinario, no puede ser constitutiva de causal de anulación de los actos acusados.
Las acusaciones contra el fondo de los fallos disciplinarios
— La falta de elementos de convicción respecto de la comisión de la conducta:
Sobre el particular acusa que se dieron por ciertos cargos no probados, que de su actuar no se podía derivar responsabilidad administrativa, que las actas que se tuvieron como prueba carecían de requisitos formales que impedían su valoración y, en todo caso, que las pruebas aportadas no demostraban su responsabilidad en la comisión de la falta, ni para la formulación de cargos, ni para proferir fallo sancionatorio en su contra.
La Sala considera que conforme a lo analizado en los fallos disciplinarios de primera y segunda instancia y al análisis probatorio efectuado en ellos, no puede afirmarse que no se encuentra probada la comisión de las faltas de que se acusó al demandante.
El hecho de que las actas de conciliación carezcan de requisitos de solemnidad, es precisamente porque la conducta que tipificó la falta consistió en la adulteración de las actas en cuestión y esa es la razón que justifica que las mismas carezcan de los requisitos alegados por el demandante, lo que en nada desvirtúa que con ellas, a pesar de sus falencias, se haya podido establecer la comisión de la falta; pues fueron precisamente las múltiples irregularidades en su contenido y formalidad, las que configuraron la comisión de la falta sancionable disciplinariamente.
Las pruebas recaudadas en el proceso disciplinario llevaron a la convicción del juzgador de que el proceso de liquidación de la empresa Puertos de Colombia culminó el 31 de diciembre de 1993, momento en el cual ya no existían deudas por concepto de prestaciones sociales provenientes de conciliaciones celebradas para liquidar al personal retirado según el balance aportado como prueba dentro de la investigación.
Lo anterior llevó a que la Procuraduría afirmara que “… queda completamente claro que los pasivos por prestaciones sociales a cargo de la empresa Puertos de Colombia eran por la existencia de procesos laborales en los que se reclamaba reajuste de pensión de jubilación de conformidad con la Ley 4ª de 1976 y que las conciliaciones que se autorizaron por la junta directiva local fueron exclusivamente para estos asuntos …”(20) y más adelante precisó que “Quiere decir lo anterior que estas obligaciones laborales a cargo de la empresa Puertos de Colombia, Terminal Marítimo de Barranquilla se pagaron antes de la liquidación y por esa razón el balance fue de cero pesos”(21); a pesar de ello, con fundamento en el material probatorio obrante en el expediente disciplinario, más adelante advirtió que: “a partir de 1994 se advierte que a Fonculpuertos (sic) se presentaron para cobro una serie de actas de conciliación llevadas a cabo en la División Departamental de Trabajo y Seguridad Social de la Dirección Regional del Atlántico del Ministerio de Trabajo, entre la empresa Puertos de Colombia Terminal Marítimo de Barranquilla en liquidación y extrabajadores”(22).
Después de hacer un recuento de las actas de conciliación que mostraban irregularidades y precisar cuáles de ellas habían sido suscritas, entre otros, por el actor, en calidad de Inspector de Trabajo, concluyó que: “el doctor Belford Manuel Bolívar Mosquera, en su condición de Inspector de Trabajo de la Regional Atlántico del Ministerio de Trabajo, pudo haber participado en la falsificación de las actas de conciliación 0734, 2451, 2103, 2795, 2549, 231, y 2277 las cuales fueron presentadas para cobro después de 1995 (…) Con su comportamiento pudo haber permitido que terceros obtuvieran incremento patrimonial indebido al cobrar y lograr el pago de las resoluciones 0734, 2391 y 2277 (…)”(23).
A similares conclusiones se llegó en el fallo de primera instancia, cuando con mayores elementos probatorios se dedujo que: “Quiere decir lo anterior que el acta de conciliación 0734 del 28 de diciembre de 1993, a que alude la resolución 1450 del 9 de octubre de 1997 y en la que actuó como inspector Belford Bolívar Mosquera, es diferente a la encontrada por la Fiscalía, en lo que tiene que ver con los conceptos o factores conciliados y que frente a estos ex trabajadores no se había presentado acuerdo sobre reajuste de pensión de jubilación, excepto lo señalado para Herrera Rodríguez y Oyola Páez (anexo 13)”(24).
Al referirse a lo encontrado en la diligencia de inspección judicial practicada el 8 de junio de 1998 se señaló: “(…) allí el doctor Rolon Bermúdez dijo que bajo su custodia no reposaba libro alguno que contuviera la relación de las actas de conciliación celebradas entre el Terminal Marítimo y otros, que solo tenía en su poder 14 fólders (sic) que contenían las actas de conciliación objeto de la diligencia. El juez dejó constancia que el acta 2543 aparecía dos veces con diferentes personas; que el acta 2547 tenía tres versiones; del acta 2526 había dos versiones, una en la que el inspector había sido el doctor Abello y otra el doctor Belford; del acta 1798 dos y una bis; tres versiones distintas del acta 2408, dos con fecha 29 de diciembre y otra del 27 del mismo mes, en las que aparecían como inspectores Isabel Pertuz, Miriam Suárez y Belford Bolívar”(25).
Más adelante se agregó que: “casi la totalidad de las actas de conciliación incautadas por la Fiscalía carecen de los soportes básicos, esto es, poderes para actuar, hojas de vida o de salario para determinar los conceptos salariales o prestacionales que podían ser considerados al momento de la conciliación, tal como se dejó consignado en la inspección judicial que se practicó el 23 de junio de 1998 en la sede de la Dirección Regional del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social del Atlántico, situación que llevó a que en esa diligencia se escucharan las explicaciones de los inspectores de trabajo ante los cuales se elaboraron y firmaron las actas de conciliación, señores José Abello Martínez, Belford Bolívar Mosquera e Isabel Pertuz Mercado”(26).
Una vez analizadas las pruebas testimoniales aportadas y confrontadas dichas versiones con las pruebas documentales traídas del proceso penal y las recaudadas durante la inspección judicial, se concluyó que: “… Quiere decir lo anterior que si las actas de conciliación de diciembre de 1993 son apócrifas, así los inspectores de trabajo insistan en sus versiones que las otorgaron en la fecha y condiciones que aparecen en tales documentos, el valor pagado se convierte en un indebido incremento patrimonial de terceros por cuando se trata del pago de lo no debido, que deriva, por consiguiente, del obrar de un funcionario público en ejercicio de sus funciones”(27).
A la anterior conclusión se arribó, entre otras razones, por la carencia de pruebas que soportaran las obligaciones contenidas en las conciliaciones suscritas por los inspectores de trabajo, entre ellos, el demandante. Además, más adelante se afirma que el Gerente General de la empresa Puertos de Colombia, no reconoció su firma y sello en actas de conciliación en que actuó como Inspector el demandante, entre otros, por lo que esas y otras pruebas recaudadas, permitieron concluir la participación del actor en la adulteración de las actas con base en las cuales se produjo el desfalco a las arcas del Estado.
Los apartes trascritos y la total exposición del material probatorio recaudado y valorado por los juzgadores disciplinarios de primera instancia y segunda instancia, permiten concluir que, contrario a lo afirmado por el actor, sí había méritos suficientes no solo para formular cargos, sino para imponer las sanciones disciplinarias correspondientes, como se decidió en tales actos de la administración, pues se encontraba plenamente demostrada la responsabilidad del actor en la comisión de las faltas endilgadas.
— Desconocimiento del principio de favorabilidad:
Según lo expuesto en el subcapítulo antecedente, no había méritos para que el investigador disciplinario archivara la investigación, como lo pretendía el actor, pues al momento de proferir cargos contaba con suficientes medios probatorios para formular el auto de cargos, tal como se hizo.
Además, el demandante acusa que no fue garantizado el principio de favorabilidad que, de conformidad con lo previsto en el artículo 15 de la Ley 200 de 1995, consiste en la aplicación de la ley favorable o permisiva de preferencia a la restrictiva o desfavorable; sin embargo, no refiere puntualmente cuál fue la ley favorable que dejó de aplicarse en su situación particular; por lo tanto, no se tendrá por probado ese cargo.
No obstante, es necesario precisar que, según se ha expresado a lo largo de esta providencia, la ley aplicable para efecto de tramitar y decidir el proceso disciplinario seguido contra el demandante era la Ley 200 de 1995; por lo tanto, al haberse ceñido a lo dispuesto en ella, no se evidencia violación al mencionado principio de favorabilidad.
— La presunta justificación de la conducta:
A juicio de la Sala las presuntas causales de justificación de la conducta alegadas por el actor en la actuación disciplinaria, según las cuales estaba obrando en cumplimiento de un deber legal, toda vez que firmar las actas de conciliación hacía parte de sus funciones como Inspector de Trabajo y más cuando su único interés era salvaguardar los intereses de la entidad, para no hacer más gravosa su situación económica y financiera, no son de recibo, pues lo que se cuestionó en la investigación disciplinaria no fue la presunta suscripción de las actas de conciliación en cumplimiento del deber legal que le asistía, sino la adulteración de las mismas, al aparecer dos y tres actas con los mismos números consecutivos y reconociendo obligaciones prestacionales no soportadas probatoriamente por los beneficiados que, a la postre, dieron lugar a la defraudación de Foncolpuertos.
Además, tal actuar, contrario a lo afirmado en la demanda, está muy alejado de ser un comportamiento eficiente e imparcial, que muestre el cumplimiento del deber legal encomendado en ejercicio de la función desempeñada como inspector de trabajo y si bien es cierto no debía ejercer vigilancia o salvaguarda sobre bienes a él encomendados, en cumplimiento de su función como Inspector de Trabajo, su mínimo deber consistía en revisar los soportes que garantizaban las obligaciones materia de conciliación y no prestarse para la adulteración de actas de conciliación que reconocían las prestaciones referidas.
Ahora, el hecho de que Foncolpuertos como parte demandada no hubiera tachado por falsedad las actas de conciliación en los procesos ejecutivos correspondientes, no constituye causal excluyente de su responsabilidad como Inspector de Trabajo, en las conductas a él atribuidas y que ya se han descrito ampliamente en este providencia; pues tal omisión quizás podría dar lugar a iniciar acciones disciplinarias contra quienes actuaron como apoderados de la entidad en los mencionados procesos ejecutivos, pero no exime de responsabilidad a quien como Inspector de Trabajo suscribió actas irregulares como las que dieron origen al proceso disciplinario.
Así las cosas, es evidente que en la actuación disciplinaria no se probó que el actor hubiera estado al amparo de alguna de las causales excluyentes de responsabilidad previstas en el artículo 23 de la Ley 200 de 1995, lo que impedía eximirlo de responsabilidad disciplinaria.
— La presunta violación del principio non bis in idem:
El actor hace consistir este cargo en el hecho de haber sido declarado insubsistente y además haber sido destituido, lo que implica, a su juicio, que se le sancionó dos veces por la misma causa.
Al respecto, es oportuno precisar que la declaratoria de insubsistencia y la destitución son decisiones independientes de la administración; la primera de ellas, es de carácter administrativo adoptada por el nominador con la finalidad de procurar el mejoramiento en la prestación del servicio; mientras que la segunda constituye una decisión de carácter sancionatorio, como resultado de una investigación en la que se ha determinado que el investigado es responsable de la comisión de una conducta reprochable, considerada como gravísima a la luz de la ley disciplinaria; por lo tanto no se viola el principio referido al recaer en un mismo sujeto esas dos decisiones de la administración.
— La naturaleza de la falta y la sanción a imponer:
Como ya se ha expresado, la falta consistente en permitir que terceros hubieran obtenido un incremento patrimonial injustificado, es considerada una falta gravísima, al tenor de lo dispuesto en el numeral 4º del artículo 25 de la Ley 200 de 1995; por lo tanto, como en aplicación de lo dispuesto en el artículo 22 ídem, cuando se trata de concurso de faltas disciplinarias, la sanción a imponer era la más grave, es decir, la destitución, forzoso es concluir que era esa la sanción procedente por haberse probado la responsabilidad del actor en la comisión de las faltas tantas veces citadas.
En virtud de todo lo anterior, considera la Sala que el análisis realizado por la demandada en los fallos de primera y segunda instancia fue adecuado y la sanción impuesta fue proporcional a la falta cometida, lo que conlleva a denegar las súplicas de la demanda.
Los fundamentos anteriores con base en los cuales se concluye la legalidad de la actuación del fallador disciplinario, llevan igualmente a denegar las excepciones planteadas.
Obra folio 571 poder conferido al abogado Ricardo Rizo Salazar para actuar en calidad de apoderado judicial de la Procuraduría General de la Nación, por lo que se le reconocerá personería para actuar en tal condición.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección Aa, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
1. DECLÁRASE la ocurrencia el silencio administrativo negativo, respecto del recurso de apelación interpuesto el 8 de marzo de 2001 por el demandante Belford Manuel Bolívar Mosquera contra el fallo disciplinario de primera instancia proferido el 31 de enero de 2001 por la Comisión Especial Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, de conformidad con lo manifestado en las consideraciones.
2. DECLÁRANSE no probadas las excepciones propuestas por la Procuraduría General de la Nación.
3. DENIÉGANSE las súplicas de la demanda promovida por Belford Manuel Bolívar Mosquera, contra la Procuraduría General de la Nación, de conformidad con lo manifestado en las consideraciones de esta providencia.
4. RECONÓCESE al abogado Ricardo Rizo Salazar como apoderado judicial de la Procuraduría General de la Nación en la forma y para los efectos del poder visible a folio 571 del expediente.
(1) Folios 155 a 250.
(2) Folios 314 a 356.
(3) Ver folio 368.
(4) “ART 177.—Vigencia. Esta Ley regirá cuarenta y cinco (45) días después de su sanción, será aplicada por la Procuraduría General de la Nación, por los personeros, por las Administraciones Central y Descentralizada territorialmente y por servicios y por todos los servidores públicos que tengan competencia disciplinaria se aplicará a todos los servidores públicos "sin excepción alguna" y deroga las disposiciones generales "o especiales" que regulen materias disciplinarias a nivel nacional, departamental, distrital o municipal, o que le sean contrarias, salvo los regímenes especiales de la fuerza pública, de acuerdo con lo establecido en el artículo 175 de este Código”.
(5) Sentencia de septiembre 17 de 1998, Expediente 14271, C. P. Carlos Arturo Orjuela Góngora.
(6) “ART. 115.—Suspensión provisional. Cuando la investigación verse sobre faltas gravísimas o graves, el nominador, por su iniciativa o a su solicitud de quien adelanta la investigación, o el funcionario competente para ejecutar la sanción a solicitud del Procurador General de la Nación, o de quien delegue, podrán ordenar la suspensión provisional del investigado por el término de tres (3) meses, prorrogable hasta por otros tres (3) meses, siempre y cuando existan serios elementos de juicio que permitan establecer que la permanencia en el cargo, función o servicio facilita la interferencia del presunto autor de la falta en el trámite normal de la investigación o ante la posibilidad de la continuidad o reiteración de la falta.
(7) Ver folios 240 a 244.
(8) Vale aclarar que tal decisión fue confirmada en segunda instancia en relación con la sanción impuesta al demandante, por lo que no se ve la necesidad de hacer la confrontación respecto a lo decidido por la administración en esa instancia.
(9) Folios 492 a 514.
(10) Sentencia T-205 de 2011.
(11) El texto de la norma en cita es el siguiente: “Libertad de pruebas. La falta y la responsabilidad del disciplinado podrán demostrarse con cualquiera de los medios de prueba legalmente reconocidos”.
(12) Ver folio 141.
(13) Folios 218 a 224 y 318.
(14) Como consta en el numeral 6.3 del fallo de primera instancia, que comprende de folios 240 a 244.
(15) 30 días después de que se venza el término de la investigación disciplinaria, prorrogables por 30 días más al tenor de lo dispuesto en el artículo 148 de la Ley 200 de 1995.
(16) 20 días después de vencido el término para presentar descargos y el término de práctica de las mismas comprende 12 meses prorrogables por otros 12 meses más al tenor de lo dispuesto en los artículos 153 y 146 de la Ley 200 de 1995.
(17) 40 días, prorrogables por 15 días más cuando son varios los investigados, posteriores al vencimiento del término para aportar pruebas, conforme a lo señalado en el artículo 155 de la Ley 200 de 1995.
(18) 40 días, prorrogables por 15 días más, cuando son varios los investigados, conforme al artículo 157 de la Ley 200 de 1995.
(19) Sentencia de febrero 14 de 2011, C. P. Danilo Rojas Betancourth, Rad.: 11001-03-26-000-1998-05880-01(15880).
(20) Afirmación realizada en el pliego de cargos (fl. 77 del exp.).
(21) Conclusión plasmada en el pliego de cargos a folio 79 del expediente.
(22) Advertencia realizada en el pliego de cargos a folio 79 del expediente.
(23) Folio 106 del expediente.
(24) Folio 164.
(25) Folio 175.
(26) Folio 178.
(27) Folio 182.