Source: https://www.scribd.com/document/173854025/Inconstitucionalidad-de-la-ley-de-excarcelacion
Timestamp: 2016-10-28 00:53:04
Document Index: 400031735

Matched Legal Cases: ['artículo 171', 'artículo 148', 'artículo 189', 'artículo 21', 'artículo 1', 'artículo 171', 'artículo 171', 'artículo 1', 'artículo 171', 'artículo 1']

BrowseBrowseInterestsBiography & MemoirBusiness & LeadershipFiction & LiteraturePolitics & EconomyHealth & WellnessSociety & CultureHappiness & Self-HelpMystery, Thriller & CrimeHistoryYoung AdultBrowse byBooksAudiobooksComicsSheet MusicBrowse allUploadSign inJoinBooksAudiobooksComicsSheet MusicSupre m a Co rtedeJus ticia Pro vincia deB ue nosAire sI-72427
‰-Gè=è%ÁNKŠ "CENTRO DE ESTUDIOS
LEGALES Y SOCIALES (CELS) Y OTROS C/ PROVINCIA DE BS. AS. S/ INCONST. LEY 14.434"
La Plata, 26
Los señores jueces doctores de Lázzari, Negri y Genoud dijeron: VISTO: La presentación obrante a fs. 38/66 y
documentación allí acompañada, como así también el pedido de dictado de una medida cautelar que suspenda los
efectos de la ley 14.434, expuesto en el punto 6 del escrito de referencia; y CONSIDERANDO: I. En esta causa se presentan, con patrocinio letrado, Paula Litvachky, en su carácter de Apoderada y Directora del Programa de Justicia Democrática del Centro de Estudios Legales y Sociales Ejecutivo (CELS); de la Alejandro Comisión
Provincial por la Memoria (CPM); Claudia Cesaroni, como Presidenta del Centro de Estudios de Política Criminal y Derechos Humanos; Sofía Caravelos como presidenta del
Supre m a Co rtedeJus ticia Pro vincia deB ue nosAire s
I-72427 Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ) y los defensores Fernanda oficiales Mestrín, y su Julián Axat della sus de Croce y María
invocando condición
respectivas de la
Provincia de Buenos Aires, solicitando la declaración de inconstitucionalidad de la ley 14.434 -promulgada por el decreto 10/2013, del 4-I-2013-, que modificó el artículo 171 del C.P.P. -ley 11.922 y modif.- por considerar que la misma afecta los artículos 3, 10, 11, 16, 20 y 21 de la Constitución provincial y 17, 18, 31, 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 7, 8 y 9 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos y 9 y 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Entre los diferentes agravios que enumeran para atacar la reforma del instituto procesal de la
excarcelación los presentantes alegan la violación de la garantía de razonabilidad legal por ausencia o
fundamentación escasa de la legislación proyectada y por avasallamiento inconstitucional de las competencias
republicanas; del principio de inocencia y a gozar de la libertad durante el proceso; del principio de igualdad; como así también, agravamiento de la crisis carcelaria en la Provincia de Buenos Aires, con violación al precedente
I-72427 “Verbitsky” de la C.S.J.N., del 3-V-2005; aplicación
temporal en transgresión de la irretroactividad de la ley penal y violación a los artículos 18 y 19 de la
Constitución Nacional. Por último invocan una posible responsabilidad internacional del Estado argentino, ante la violación local de los derechos humanos contemplados en los tratados internacionales que allí detallan. Solicitan una medida cautelar suspensiva in
extremis de la ley 14.434 por considerar que la misma afecta el estándar constitucional local, nacional y
convencional, citando antecedentes de esta Suprema Corte donde se ha resuelto la suspensión de los efectos de una ley. Luego Caravelos de promovida que la la demanda, la dra. Sofía se
denomina "Colectivo de Acción en la Subalternidad", tal como consta en el estatuto acompañado, pero que en el ámbito de su actuación es conocida como "Colectivo de Investigación y Acción Jurídica", que es la denominación que, por error, se consignó en el escrito inicial. II. En primer lugar cabe destacar que los actores han constituido más de un domicilio procesal en clara violación de lo establecido en los artículos 40, 41, 88 y
I-72427 conc. del C.P.C.C., por lo que corresponde intimarlos para que subsanen esta deficiencia con carácter previo a disponer el traslado de la demanda, dentro del término de cinco días y con apercibimiento de tener por constituido el domicilio en los estrados del Tribunal (art. 41,
C.P.C.C.). III. Sentado lo anterior, corresponde abocarse al tratamiento de la medida cautelar requerida. a. En ese sentido, resulta pertinente recordar que esta Suprema Corte ha acogido solicitudes
precautorias en casos en que el cumplimiento de la norma cuestionada pueda generar un perjuicio grave para el
derecho invocado; cuando, en los hechos, la ejecución de la disposición implica la solución anticipada del pleito o cuando es posible prever que un sinnúmero de actos han de tornarse inválidos ante la declaración de
inconstitucionalidad de la norma bajo cuyo amparo fueron dictados (“Acuerdos y Sentencias”, serie 4ª, t. IV, p. 374; serie 6ª, t. XII, pp. 384 y 490; serie 13ª, t. VIII, p. 246; serie 18ª, t. V, p. 296; serie 20ª, t. VI, p. 390; e I. 3.521, “Bravo”, res. del 9-X-2.003, y sus
citas; I. 68.183, “Del Potro”, res. del 4-V-2005, entre otras). Ello, en el entendimiento de que si bien las
I-72427 normas legales o reglamentarias gozan de una presunción de validez o constitucionalidad (doctr. causa I. 3.521, ya citada), la tutela preventiva no exige un examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino sólo su verosimilitud (art. 230, inc. 1, C.P.C.C.; I 71.446, "Fundación Biosfera", res. del 24-V-2011, entre muchas otras) pues requerir un juicio definitivo no
condice con la finalidad del instituto cautelar, que no es otra que atender a aquello que no excede del marco de lo hipotético (cfr. C.S.J.N., Fallos 316: 2060; 318:
2375; B 63.590, “Saisi”, res. de 5-III-2003). b. El texto del art. 171 de la Ley 11.922 ha quedado redactado, por la en virtud de las cuya modificaciones declaración de
14.434,
inconstitucionalidad se persigue en estos autos, de la siguiente manera: “Artículo concederá la 171: Denegatoria. cuando En ningún caso se
vehementes de que el imputado tratará de eludir la acción de la justicia o entorpecer la investigación. La eventual existencia de estos peligros procesales podrá inferirse de las circunstancias previstas en el artículo 148.
I-72427 Tampoco se concederá la excarcelación cuando, en los supuestos de tenencia o portación ilegítima de arma de fuego de cualquier el calibre, accionar el imputado hubiera un
operativo público de control o, de cualquier otro modo, desobedecer, resistirse o impedir el procedimiento. A fin de garantizar la correcta aplicación de las disposiciones precedentes y de lo normado en el artículo 189 bis apartado 2º párrafo octavo del Código Penal, a partir de la aprehensión la autoridad policial o judicial requerirá imputado.” Por su parte, la restante disposición contenida en la Ley 14.434 determina que: Art. 2do. "Aplicación temporal. Las disposiciones de la presente aún Ley regirán de en forma inmediata y se y en forma inmediata los antecedentes del
recursos en trámite, sin afectar derechos adquiridos ni la validez de los actos cumplidos.” c. Los planteos realizados por los presentantes en su escrito, dirigidos a obtener la declaración de inconstitucionalidad de la Ley 14.434 recientemente
sancionada y publicada (B.O. 8/II/2013), deben ser, para
I-72427 un adecuado análisis del tema, contextualizados en la órbita del proceso penal, relacionándolos así con las garantías y derechos fundamentales reconocidos en el
mismo al imputado frente al Estado. A partir a de la esa base, es que evidente en sus que las
manifestaciones impone el juicio criminal a las personas, no pueden establecerse fuera de los límites fijados por la norma constitucional y los tratados internacionales que a ella se asimilan. Las consideraciones que habrán de efectuarse
deben ser entendidas en la justa dimensión del grado de conocimiento que es necesario utilizar ante un planteo de naturaleza cautelar. En efecto, como se señalara no se trata de un análisis en torno a la certeza sino tan sólo de la mera verosimilitud; una aproximación instalada en la esfera de la probabilidad, circunstancias todas éstas que se corresponden con una afirmación de seguridad
propia del derecho. Con ello va dicho que no ha de darse respuesta definitiva a la inconstitucionalidad planteada, sino que solamente ha de hacerse un examen provisorio.
I-72427 Y en ese sentido no puede dejar de recordarse que el derecho a la excarcelación constituye una garantía del imputado surgido Nacional detenido del y o sometido 18 in a prisión de la preventiva, Constitución a una como de
artículo sujeto,
fine todo
derecho, ello
reglamentación principio, no
razonable. cabe
excarcelación convirtiendo la prisión preventiva en una carga más gravosa para el imputado que la posible pena que le correspondería de ser condenado (conf. Clariá
Olmedo, Jorge A., "Tratado de Derecho Procesal Penal", Santa Fe. 2008). La Constitución de la Provincia de Buenos Aires por su parte, establece en su artículo 21 como regla esencial que “Podrá ser excarcelada o eximida de prisión, la persona que diere caución o fianza suficiente”. De tal modo las normas fundamentales de nuestro ordenamiento
jurídico confluyen en la consagración de la libertad del imputado durante la tramitación del proceso como regla, con base evidente en el principio de inocencia –arts. 14, 18 y 75 inc. 22 Constitución Nacional- siendo las medidas que restringen o cercenan aquel bien trascendental de carácter excepcional.
I-72427 Tales fundadas en excepciones la necesidad a de la regla deberán la estar y
realizar adecuadamente el proceso penal y el cumplimiento de la sentencia. Se restringe la libertad del imputado cuando su accionar pueda afectar o burlar el proceso, siempre dentro del estricto marco de una restricción de carácter meramente cautelar, nunca como anticipo de pena. Por lo tanto, la coerción personal durante el proceso sólo debe tender a evitar que el imputado obstaculice la investigación de la verdad o que mediante su fuga impida la realización del juicio o la eventual aplicación de pena. Y aún en estos excepcionales casos, siempre deberá ser cautelar, necesaria, proporcional, provisional y de interpretación restrictiva.
Analizados desde tal óptica los elementos de la norma contenida en el artículo 1 segundo párrafo de la Ley 14.434 que modifica la redacción del artículo 171 del C.P.P., se advierte que ella, prima facie, no contempla adecuadamente párrafo las circunstancias No se trata mencionadas ya de en el la
restricción a la libertad del imputado durante el proceso
I-72427 para evitar que lo burle con su conducta o que lo
entorpezca, sino que más bien la norma parece inclinarse a establecer una categoría abstracta de lo no
excarcelable –lo cual quebrantaría asimismo el art. 16 de la Constitución Nacional- atendiendo a la clase de delito sumado al hecho de eludir el accionar de la autoridad o resistirla en la ocasión del procedimiento que culminó en su detención, sin dejar margen de apreciación al juez acerca de la entidad de este último requisito en relación a la posibilidad de que se sustancie el proceso sin
obstáculos derivados de la permanencia en libertad de aquél. De esa forma, prima facie, puede configurarse una vulneración de derechos similar a la resuelta por la Corte Interamericana Rosero" de Derechos del 12 de Humanos en el de Caso 1997,
(sent.
parrs. 93 a 99 -C.I.D.H. arts. 7.1 y 8.2-). Del texto dado por la ley impugnada al artículo 171 del Código Procesal Penal se desprende que,
verificada la situación a que alude la directiva legal, los jueces a cargo de la tramitación de la causa se encuentran impedidos –en cualquier supuesto- de dictar el auto de excarcelación.
I-72427 Además, podría presuponerse de la mera lectura del texto legal, la concesión a la autoridad policial en esa incipiente fase de la intervención estatal, de la facultad de incidir sobre la libertad de las personas, delicada potestad que sólo debe ser ejercida por un
magistrado con las pruebas circunstanciadas y suficientes del caso sometido a su estudio. En otros términos: a primera vista, parece que se han exagerado las
atribuciones de funcionarios policiales en cuanto a la determinación de los hechos, detalle que limita el
ejercicio de la magistratura a la convalidación de los elementos que por aquellos le son arrimados. Si a todo ello agregamos que la especie de
delitos seleccionada en este supuesto por el legislador responde a una de las más controversiales en doctrina, como lo es la categoría completado de en delitos orden a de la peligro, reunión el del
requisito de la verosimilitud. En este caso, además, se verían afectados los restantes principios que rigen en la excepción, por no resultar, prima facie, proporcional, necesaria ni de
I-72427 interpretación restrictiva la afectación a la libertad regulada por la norma cuestionada. La cuando se falta de proporcionalidad la contradicción se en torna que notoria se hace
incurrir al ordenamiento jurídico en tanto mediante esta norma procesal se impone, al denegarles la excarcelación en forma absoluta, una restricción a la libertad para los imputados respecto del delito de tenencia o portación ilegítima de arma de fuego de cualquier calibre, mientras que el art. 26 del Código Penal, posibilita en algunos casos a los imputados en orden al delito previsto en el art. 189 bis segundo del mencionado Código, ser pasibles de condena de ejecución condicionada, al facultar al
tribunal a dejar en suspenso el cumplimiento de la pena de prisión. Por conducir, en otra parte, la en norma en examen contraria podría a la
marcada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo "Verbitsky", en tanto allí se alertó a todos los poderes públicos de la Provincia de Buenos Aires acerca del uso excesivo de la prisión preventiva, instando a
I-72427 revertirlo (en especial, cons. 61 a 63 del voto de la mayoría). d. Toda vez que la procedencia de este tipo de tutela provisoria exige la concurrencia de una situación de peligro en la demora C.P.C.C.), cabe señalar (arts. 195, 230, 232 y concs. que la misma se encuentra
configurada cuando se advierte que la vigencia de la norma impugnada deparará inevitablemente restricción a la libertad personal a un número indeterminado de imputados con anterioridad que al les fallo final un de la causa, que,
indudablemente, podría resultar de imposible reparación ulterior. IV. Por todo lo expuesto, con base en las normas constitucionales y convencionales antes citadas y lo
reglado por el art. 232 del C.P.C.C., corresponde hacer lugar a la medida de la cautelar vigencia peticionada, de la ley ordenando a la las
resultas del presente proceso (arts. 195, 204, 232 y conc., C.P.C y C.). Para el cumplimiento de lo ordenado se librarán oficios por Secretaría, a los que se agregará copia de
I-72427 esta resolución y cuyo diligenciamiento quedará a cargo de los interesados. Por ello, el Tribunal RESUELVE: 1. Intimar a los actores a que, dentro del
término de cinco días, constituyan un domicilio procesal único en el cual practicar las notificaciones de los presentes autos, con apercibimiento de tener por
constituido el domicilio en los estrados del Tribunal (arts. 40, 41, 88 y conc. del C.P.C.C.). 2. Disponer, como medida cautelar, la suspensión de los efectos de la ley 14.434, hasta tanto se dicte sentencia definitiva en los presentes (arts. 195, 204, 232 y conc., C.P.C y C.). 3. Para el cumplimiento de lo ordenado se
librarán por Secretaría oficios, a los que se agregará copia de la presente resolución, al señor Gobernador de la Provincia de Buenos Aires y a los señores presidentes de las cámaras de Diputados y Senadores de la Provincia de Buenos Aires. El diligenciamiento de estos oficios queda a cargo de los interesados. Regístrese y notifíquese.
El señor Juez doctor Hitters dijo: 1.Los antecedentes del caso han sido reseñados por los Dres. de Lázzari, Negri y Genoud que me preceden a cuyas consideraciones, vertidas en los puntos I a
III.b. del referido voto, me remito. 2. Comparto, asimismo, la decisión de marras
acerca de la procedencia de la medida cautelar solicitada
I-72427 por los demandantes, en tanto concurren la verosimilitud del derecho, según los siguientes fundamentos que a
continuación detallo, y el peligro en la demora conforme lo expuesto en el punto III.d de su sufragio. 2. 1. La Carta Magna de la Provincia de Buenos Aires asegura en su art. 21 que “Podrá ser excarcelada o eximida de prisión, la persona que diere caución o fianza suficiente” A su vez, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido que el imputado tiene el derecho a gozar de la libertad durante el
proceso, sujeto a las leyes que reglamentan su ejercicio, como una consecuencia necesaria del principio de
inocencia, consagrado en el art. 18 de la Constitución Nacional, en virtud del cual toda persona debe ser
considerada y tratada como inocente de los delitos que se le imputan hasta que se demuestre lo contrario mediante una sentencia firme (CS, “Nápoli, Erika, sent. del 22 de diciembre de 1998, cons. 5 y 6, Fallos 321:3630; conf. art. 8.2. del Pacto de San José de Costa Rica). En punto a la reglamentación de tal derecho, el Alto Tribunal descalificó constitucionalmente el empleo por parte del legislador de la prisión preventiva con
I-72427 fines intimidatorios por esa o disuasivos vía procesal es de decir, el
propias de la ley sustantiva (ídem, cons. 15). Entendió que “… la limitación de la libertad personal durante el proceso motivada en el reproche o en la repulsa social de ciertas conductas –por aberrantes que puedan ser- como remedio tendiente a combatir el auge de determinada
delincuencia … desvirtúa la naturaleza cautelar de la prisión preventiva al convertirla en una verdadera pena anticipada …” (ídem, cons. 16 y, en su actual
integración, en “Hernández”, sent. del 21 de marzo de 2006, Fallos 329:679). 2.2. En lo que respecta a los delitos alcanzados por la ley provincial 14. 434 –tenencia o portación
ilegítima de armas de fuego de cualquier calibre-, el Congreso de la Nación tipificó una diversidad de
conductas prohibidas en el art. 189 bis inc. 2 del Código Penal, y protegió así los bienes jurídicos involucrados fijando las escalas que estimó adecuadas, en ejercicio de la competencia que le asigna el art. 75 inc. 12 de la Constitución Nacional. En pertinentes función del de Código ello –y las disposiciones – puede
I-72427 discriminarse detenibles”, entre “delitos delitos, detenibles en y principio excarcelables” “no y
“delitos detenibles y no excarcelables”. 2.3. Corresponde dejar en claro que, sin dudas, compete a la administración de justicia evitar que se frustre su acción y, en base a ese objetivo, la ley adjetiva contiene disposiciones cuando que justifican el
vehementes de que el imputado tratará de eludirla o de entorpecer la investigación. No obstante, a tenor de las consideraciones que anteceden, podría inferirse, con la provisoriedad propia del ámbito de las decisiones que cautelares, que la que resulta
Provincial ha regulado sobre las medidas de coerción para los ilícitos en examen, en transgresión de preceptos
constitucionales. En efecto, la ley 14.434 emplea, prima facie, el recurso de la prisión preventiva – que es la consecuencia necesaria de la improcedencia de la excarcelación- como instrumento de disuasión de delitos, en contra de la jurisprudencia antes aludida, y no deja margen de
apreciación al juez para que evalúe si cierta conducta
I-72427 del imputado frente a un control policial o de otra
índole, permite inferir que obstaculizará la acción de la justicia. Por lo tanto, acarrearía en ciertos supuestos, obligatoriamente, la consecuencia del encierro cautelar para individuos que podrían acceder, si fueran
condenados, a la ejecución condicional prevista por el art. 26 del C.P. Así las cosas, puede configurarse una vulneración de derechos similar a la resuelta por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos en el Caso “Suárez Rosero Vs. Ecuador” (sent. del 12 de noviembre de 1997, en especial párr. 77)(C.I.D.H. arts. 7.1 y 8.2), donde este cuerpo interamericano dejó en claro la obligación estatal de no restringir la libertad del detenido más allá de los límites estrictamente necesarios, pues la prisión preventiva es una medida cautelar, no punitiva, que no debe ser la regla general. 2.4. Por otra parte, la norma en examen puede conducir, en principio, en una dirección contraria a la marcada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo “Verbitsky”, en tanto allí se alertó a todos los poderes públicos de esta provincia acerca del uso
I-72427 excesivo de la prisión preventiva, instando a revertirlo (en especial, cons. 61 a 63 del voto de la mayoría). 3. Consecuentemente, adhiero a la solución
propuesta por los magistrados que me preceden, por lo que corresponde hacer lugar a la medida cautelar peticionada, ordenando la suspensión de los efectos de la ley 14.434, a las resultas del presente proceso (arts. 195, 204, 232 y conc., C.P.C y C.).
La señora Jueza doctora Kogan dijo: Adhiero a la solución a la que arribaron mis
colegas preopinantes. Esta Corte ha resuelto reiteradamente que el
examen de los requisitos a los que se halla sujeta la procedencia de las medidas cautelares es particularmente estricto en el ámbito de la acción la originaria presunción de de
I-72427 constitucionalidad de que gozan las leyes (cfr. causas B. 31.703 “Piérola” y sus citas en “Acuerdos y Sentencias”, serie 20ª, t. VI, p. 390; I. 1.520, “Peltzer”, res. del 28-V-91; I. 3.024, “Lavaderos de Lanas El Triunfo S.A.”, res. del 8-VII-03; B. 67.594, “Gobernador de la Provincia de Buenos Aires”, res. del 3-II-2004; I. 68.944
“U.P.C.N.”, res. del 5-III-2008 y sus citas, entre otras; en el mismo sentido C.S.J.N. Fallos: 195:383 y 210:48). También ha acogido solicitudes precautorias en
casos en que el cumplimiento de la norma cuestionada pueda generar un perjuicio en los grave la para el derecho de la
disposición implica la solución anticipada del pleito o cuando es posible prever que un sinnúmero de actos han de tornarse inválidos ante la declaración de
citas; I. 68.183, “Del Potro”, res. del 4-V-2005, entre otras). Ello, en el entendimiento de que si bien las normas legales o reglamentarias gozan de una presunción
I-72427 de validez o constitucionalidad (doctr. causa I. 3.521, ya citada), la tutela preventiva no exige un examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino sólo su verosimilitud (art. 230, inc. 1, C.P.C.C.; cfr. C.S.J.N., definitivo Fallos no 314: 711); con la pues requerir del un juicio
cautelar, que no es otra que atender a aquello que no excede del marco de lo hipotético (cfr. C.S.J.N., Fallos 316: 2060; 318: 2375; B-63.590, “Saisi”, res. de 5-III2003). Dicho esto, cabe señalar que el requisito de
verosimilitud del derecho se encuentra abastecido, desde que, frente al principio constitucional que consagra la libertad del imputado durante la tramitación del proceso como regla y a las medidas que restringen o cercenan aquel bien como excepciones, se introduce la norma
(contenida en el artículo 1 segundo párrafo de la Ley 14.434) que modifica la redacción del artículo 171 del C.P.P., y que desde una interpretación literal impone a los jueces denegar la excarcelación para ciertos delitos cuando se verifique una circunstancia fáctica particular. Tal normativa así redactada, “prima facie” entraría en
I-72427 colisión con los principios constitucionales citados por los presentantes. En cuanto a la concurrencia del peligro en la demora (arts. 195, 230, 232 y concs. C.P.C.C.) adhiero a mis colegas (punto d). Por todo lo expuesto, y lo reglado por el art. 232 del C.P.C., corresponde hacer la lugar a la medida de los
peticionada,
efectos de la ley 14.434, a las resultas del presente proceso (arts. 195, 204, 232 y conc., C.P.C y C.).
El señor Juez doctor Pettigiani dijo: I. Doy por reproducida la reseña de los
argumentos postulatorios efectuada en el apartado I. del voto que inicia el presente Acuerdo, a la vez que
I-72427 comparto la intimación formulada en el apartado II. del mismo voto. II. Por lo demás, y en lo que atañe al pedimento cautelar que porta el escrito de inicio, corresponde
señalar que esta Corte ha resuelto, reiteradamente, que el examen de los requisitos a los que se halla sujeta la procedencia de las medidas cautelares es particularmente estricto en el ámbito de la acción la originaria presunción de de
constitucionalidad de que gozan las leyes (doctr causas B. 31.706, "Piérola" y sus citas, en "Acuerdos y
Sentencias", serie 20ª, t.VI, p.390 e I. 1476, "Oktedros S.A.", res. del 7-VIII-90 I. 3.024, “Lavaderos de Lanas El Triunfo S.A.”, res. del res. del 8-VII-03; y sus I. citas, 68.944 entre
“U.P.C.N.”, otras). Con
5-III-2008
suspensivas en casos en que el cumplimiento de la norma cuestionada pueda generar un perjuicio grave para el
derecho invocado o cuando, en los hechos, la ejecución de la disposición implica la solución anticipada del pleito (“Acuerdos y Sentencias”, serie 4ª, t. IV, p. 374; serie
I-72427 6ª, t. XII, pp. 384 y 490; serie 13ª, t. VIII, p. 246; serie 18ª, t. V, p. 296; serie 20ª, t. VI, p. 390; e I. 3.521, “Bravo”, res. del 9-X-2.003, y sus citas; I.
68.183, “Del Potro”, res. del 4-V-2005, entre otras). Ello, en el entendimiento de que si bien legales o reglamentarias gozan de una las normas de
validez (doctr. causa I. 3.521, ya citada), la tutela preventiva existencia no del exige un examen de certeza sino sobre sólo la su
verosimilitud (art. 230, inc. 1, C.P.C.C.; cfr. C.S.J.N., Fallos 314: 711; cfr. I. 71.446, “Fundación Biosfera”, res. del 24-V-2011); pues requerir un juicio definitivo no condice con la finalidad del instituto cautelar, que no es otra que atender a aquello que no excede del marco de lo hipotético (cfr. C.S.J.N., Fallos 316: 2060; 318: 2375; B-63.590, “Saisi”, res. de 5-III-2003, I. 71.446, cit). Juzgo cierto que en un examen preliminar de la cuestión, propio del estado inicial en se que halla el proceso, y sin que ello implique un pronunciamiento sobre el fondo de la temática sometida a consideración del Tribunal, que las circunstancias excepcionales que
I-72427 habilitan la protección cautelar se configuran en esta instancia. i. En efecto, y a fin de ponderar la ocurrencia del recaudo de verosimilitud del derecho propio de todo despacho cautelar, corresponde señalar que el artículo 1° de la ley 14.434 aquí cuestionada modifica el art. 171 del Código de Procedimiento Penal local (según ley 11.922 y modif.) en lo al atinente establecer a de la denegatoria tasada de que
“tampoco” se concederá ésta cuando, en los supuestos de tenencia o portación ilegítima de arma de fuego de
cualquier calibre, el imputado hubiera intentado eludir el accionar policial, evadir control o, de cualquier un operativo público de otro modo, desobedecer,
resistirse o impedir el procedimiento. En esos términos, y con el objeto de resguardar en un determinado contexto ciertos bienes jurídicos, la reforma procesal podría estar cautelar del instituto de la desnaturalizando el fin prisión preventiva al
convertirlo en una suerte de punición anticipada (cfr. C.S.J.N., Fallos 321:3630, cons. 16), con el consecuente agravamiento que de ello se seguiría para la libertad del
I-72427 imputado durante la sustanciación del proceso (arts. 10 y 21 Const. Prov. y 18 Const. Nac). Y tal afectación del remedio cautelar se
verificaría sobrepasando los límites de las facultades legislativas locales en tanto podría implicar una
incursión en materias propias de la ley sustantiva y, por ende, reservadas a la competencia del Congreso de la Nación. Todo ello sin perjuicio de advertir que la
expresa aplicación de la reforma instrumentada respecto de los procesos, incidentes y recursos en trámite (art. 2, ley 14.434) podría encontrarse en colisión con el principio gravosa. Por lo que, siempre en el contexto del escrutinio correspondiente considero analizado. ii. Asimismo, la procedencia de este tipo de a una la medida como la solicitada, del recaudo de irretroactividad de la ley penal más
tutela provisoria exige la concurrencia de una situación de peligro en la demora (arts. 195, 230, 232 y concs. C.P.C.C.).
I-72427 Pues bien, los elementos de urgencia y
probabilidad de perjuicios graves concurren en la litis, en tanto la vigencia de la norma cuestionada posibilita su inmediata aplicación en los términos de su dictado, con las eventuales reparación consecuencias posterior de imposible de ello o muy
derivarse. iii. En definitiva, y atento los fundamentos
brindados, corresponde, en los términos de los artículos 230, 232 y concordantes del C.P.C.C., decretar la
suspensión de los efectos de la ley 14.434 hasta tanto se dicte sentencia en autos. Así lo voto.
Inconstitucionalidad de la ley de excarcelaciónUploaded by www.iestudiospenales.com.ar172 viewsDownloadEmbedSee MoreCopyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)Download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate content
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