Source: https://lawiuris.wordpress.com/2008/01/03/pleno-casatorio/
Timestamp: 2018-03-24 17:44:16
Document Index: 140275395

Matched Legal Cases: ['artículo 82', 'artículo 368', 'artículo 454', 'artículo 5', 'artículo 82', 'Artículo 396', 'in fine', 'artículo 1302', 'artículo 453', 'artículo 139', 'artículo 453', 'artículo 1985', 'artículo 1702', 'Artículo 400', 'Artículo 82', 'Artículo 398', 'Artículo 396', 'Artículo 1312', 'Artículo 139']

A las doce del mediodía se encuentran presentes en el Salón de Juramentos de Palacio de Justicia, los dieciocho vocales titulares de la Corte Suprema[2], bajo la Presidencia del Doctor Francisco Távara Córdova. La Sala Civil Permanente y la Sala Civil Transitoria han resuelto de manera distinta una Excepción de Conclusión del Proceso por Conciliación o Transacción.
Entre el público asistente había magistrados, miembros del Consejo Nacional de la Magistratura y otras autoridades de las instituciones que integran el sistema de justicia.
Los hechos que dieron origen al proceso ocurrieron el año 2000, cuando un vehículo de la empresa Ransa S.A. que transportaba mercurio de propiedad de Minera Yanacocha S.R.L., provocó un derrame que causó daños a la salud de pobladores de tres pueblos de Cajamarca, entre ellos, la demandante Giovanna Angélica Quiroz Villaty y sus tres hijos menores de edad. La demandante por derecho propio y en representación de sus menores hijos pretende el pago de una indemnización de U.S. $ 1’800,000.00 (UN MILLÓN OCHOCIENTOS MIL DÓLARES AMERICANOS) por daños y perjuicios y daños al medio ambiente.
El recurso de casación fue interpuesto contra la resolución de vista que confirmando en parte la apelada declara fundadas las Excepciones de Conclusión del Proceso por Transacción y de Falta de Legitimidad para obrar de la demandante. Las causales invocadas son la inaplicación de los artículos 5[3] y 1305 del Código Civil[4], y la contravención a las normas del debido proceso (artículos 446 inciso 10[5] y 453 inciso 4[6] del Código Procesal Civil) por infracción a las formas de validez artículos 446 inc. 10 y 453 inc. 4 del Código Procesal Civil y otras[7], puesto que al resolver la excepción de falta de legitimidad para obrar no se tienen en cuenta los daños ambientales conforme al artículo 82 del Código Procesal Civil[8]. La resolución que declara procedente el recurso fue dictada por los Señores VÁSQUEZ VEJARANO, CARRIÓN LUGO, CAROAJULCA BUSTAMANTE y SANTOS PEÑA. La causa está signada con el Número 1465-2007 de la Sala Civil Permanente.
El Pleno Casatorio fue solicitado por el Presidente de la Sala Civil Permanente Señor Walter Vásquez Vejarano, con el objeto de fijar un criterio jurisprudencial uniforme, debido a que las dos Salas Supremas Civiles Permanente[9] y Transitoria[10], en las que se procesan diversas causas sobre la misma materia, han dictado resoluciones contradictorias.
El Fiscal Supremo emite su Dictamen opinando que se declare infundado el recurso de Casación, conforme al artículo 368 del Código Procesal Civil[11], que no hay violación a derechos que fueron objeto de transacción y tratándose de intereses difusos la titularidad corresponde a un conjunto de sujetos.
Por resolución de fecha 4 de diciembre de 2007 se Convoca al Pleno Casatorio[12], hay dos magistrados ponentes, el Señor Walter Vásquez Vejarano y el Señor Lucas Ticona Postigo. Se citó a las partes con domicilio procesal en Lima, y a la parte demandante que domicilia en Cajamarca se le notificó en su domicilio real y procesal, y se realizó una publicación en los Diarios de Lima y Cajamarca[13].
El Doctor Bruno Marchese informó que la Sala Civil de Cajamarca declaró fundadas las Excepciones de conclusión del proceso por transacción y de falta de legitimidad para obrar del demandante. Dicho letrado inicia su exposición refiriéndose a los hechos de fondo, señalando que el 2 de junio de 2000 se produce un derrame de mercurio en las localidades de San Juan de Choropampa, San Juan y Magdalena y en el Departamento de Cajamarca. Las víctimas recolectaron el mercurio, por su valor comercial y lo depositaron en sus viviendas en ambientes cerrados, permitiendo su volatilización. Mediante el ofrecimiento de una recompensa se logró recuperar casi todo el mercurio. Posteriormente, se celebró contratos de transacción extrajudicial con las personas que tenían un nivel de mercurio superior al normal. Se pagó a la demandante sumas de dinero y seguros médicos para cualquier enfermedad derivada.
A continuación hizo uso de la palabra el Doctor Fausto Viale, quien explicó que se incorporó al proceso a RANSA y a otros litisconsortes, y que por resolución de vista se declara fundada la Excepción de Conclusión del Proceso por Transacción y la Excepción de Falta de Legitimidad para obrar de la demandante en cuanto a la pretensión indemnizatoria por daños en materia ambiental, que la resolución apelada declaró infundada la excepción de Transacción respecto de la actora, la declaró fundada respecto de los menores de edad y declaró fundada la Excepción de Falta de Legitimidad para Obrar del Demandante. A continuación citó la opinión a favor de su posición de los autores nacionales Juan Monroy Gálvez, Giovanni Priori Posada, Augusto Ferrero Costa, María del Carmen Abregú Báez y Ticona Postigo y la opinión en contra de Hinostroza Mínguez. Hizo hincapié en los efectos negativos de un fallo adverso respecto a la seguridad jurídica, a la judicialización de los litigios, señalando que el artículo 454 inciso 4 del Código Procesal Civil comprende también a la conciliación extrajudicial. Hizo algunas reflexiones sobre la posibilidad de conciliar o transigir sobre reparación civil en la justicia penal; y que la transacción extrajudicial es una herramienta muy utilizada que en el tráfico comercial en un mundo globalizado. Luego señaló que el artículo 5 del Código Civil considera como derecho irrenunciable a la salud. Haciendo a referencia a un informe legal del Dr. Fernando de Trazegniez Granda, señala que no transige sobre el daño a la persona sino sobre la reparación del daño. En cuanto al daño ambiental, cita el artículo 82 del Código Procesal Civil relativo al patrocinio de los intereses difusos, insistiendo que la demandante carecía de legitimidad para reclamar por daños ambientales. Con relación a la Excepción de Conclusión del Proceso por Transacción, en cuanto a los daños reclamados como consecuencia del derrame de mercurio, hizo referencia a que por Resolución de fecha 7 de abril de 2005 (CAS 2383-2005) en el quinto fundamento se señala que conforme a los artículos 446 inc. 10 y 453 inc. 4 del Código Procesal Civil, procede la excepción de conclusión del proceso por transacción cuando existe una transacción extrajudicial. Citó el Artículo 396 in fine del Código Procesal Civil[14]. La racionalidad de la transacción está en el artículo 1302 del Código Civil[15], ambas surten efectos de cosa juzgada, son un mecanismo de autocomposición. Pese a ello el Código Procesal Civil regula en el artículo 453 inciso 4 “en que las partes conciliaron o transigieron”, el Código Procesal Civil solo legisló la transacción judicial no dice nada respecto de la transacción extrajudicial. Estamos ante un vacío o defecto de la ley. La solución la encontramos en el artículo 139 inc. 8 de la Constitución[16] y el artículo III del Título Preliminar del Código Civil[17], a igual razón igual derecho (argumento a pari) abogando por una interpretación sistemática de la legislación peruana y la finalidad de la norma.
El doctor Avendaño citó un voto del doctor Manuel Miranda Canales, que señalaba que el artículo 453 del CPC no debe interpretarse de manera aislada sino sistemática, citando las opiniones de Diez Picazo y Devis Echeandía. Insistió en que se trata de derechos patrimoniales, que el derecho a la salud es irrenunciable y lo que se ha transigido es la reparación pecuniaria. El artículo 1985 del Código Civil[19] se refiere al daño a la persona, al daño moral y al lucro cesante. Solicitó que se de validez a la transacción en la línea de la Sala Civil Permanente.
IV.- PREGUNTAS Y ACLARACIONES DE LOS MAGISTRADOS DE LA CORTE SUPREMA
El Señor TICONA POSTIGO, Presidente de la Sala Civil Transitoria preguntó al Doctor Viale si una transacción puede sustentar la Excepción de conclusión del proceso por transacción. Existen dos líneas contradictorias y resalta que la defensa admite que hay un vacío legal, que la norma procesal no establece que la Transacción Extrajudicial pueda sustentar una Excepción de conclusión del proceso por transacción. Que si hay un vacío procede la integración. Por el principio a pari, la transacción extrajudicial no está sujeta a control judicial. La transacción judicial sí, vía homologación[20], además de otros requisitos formales[21]. A situaciones diferentes soluciones distintas. Asimismo hizo referencia al principio de seguridad jurídica. Ante relaciones diferentes si hay mayor exigencia de formalidades por mayor seguridad jurídica. La transacción judicial ofrece mayor seguridad jurídica frente a la transacción extrajudicial.
En cuanto a que el asunto ya se ha decidió el abogado MARCHESE señala que ya se ha decidido que la transacción extrajudicial podría sustentar que hay cosa juzgada, pero lo que hace cosa juzgada es la parte resolutiva salvo que en ella se diga que la parte considerativa se integra al fallo.
El doctor VIALE respondió que hay un vacío o defecto de la horma procesal, y el derecho procesal es adjetivo. La exigencia de requisitos por el CPC no deroga la transacción extrajudicial, y que debe integrarse la norma procesal. El argumento a pari dice a igual razón igual derecho, que no hay más garantías. Hay proceso judicial, simplemente se ve el aspecto formal.
El doctor MARCHESE manifestó que el proceso ya se había decidido, cosa juzgada o no, pero si hay un orden interno dentro del proceso, el juez no se puede contradecir.
El Doctor AVENDAÑO contestó que la concesión de YANACOCHA fue pagar un monto y la del campesino fue cobrar ese monto y no más.
El Señor VASQUEZ VEJARANO señaló que la transacción era un modo de extinguir las obligaciones y según el artículo 1702 del Código Civil es un contrato. El Código Civil de 1936 lo regulaba como modo de extinción de obligaciones. Agregó que YANACOCHA dice que no tiene responsabilidad. Luego pregunta ¿por qué conceden la prestación?
El Doctor AVENDAÑO responde que esa fue la transacción, asume responsabilidad por monto pagado y la parte afectada considera ese monto.
El Señor TICONA POSTIGO señaló que los hechos ocurrieron el dos de junio de dos mil. La demandante dice que por sus hijos celebró tres transacciones en el 2000. En setiembre se celebra la transacción, en noviembre por addenda se duplican los montos. Y en el caso de los menores se duplica la transacción, por qué YANACOCHA reabre la controversia y celebra una Addenda duplicando el importe para los tres menores.
El Doctor AVENDAÑO señaló que la Transacción es voluntaria y las partes la pueden regular. El Juez no entra, solo homologa. Nada impide que se acuerde una indemnización y voluntariamente se acuerde un nuevo arreglo. Ambas partes aumentaron el monto.
El Señor SALAS GAMBOA manifestó que sí hubo un muerto.
El Doctor MARCHESE señaló que el tres de junio ya estaban en Choropampa. No sabemos de la muerte de una persona al día siguiente.
Muchos temas trascendentes han surgido en el debate. Estaremos atentos a la decisión de la Corte Suprema.
[1] Código Procesal Civil. Artículo 400.- Doctrina jurisprudencial.- Cuando una de las Salas lo solicite, en atención a la naturaleza de la decisión a tomar en un caso concreto, se reunirán los jueces en Sala Plena para discutirlo y resolverlo.
[2] Señores Francisco Távara Córdova, Walter Humberto Vásquez Vejarano, Antonio Pajares Paredes, Coger Salas Gamboa, Manuel Sánchez-Palacios Paiva, Hugo Sivina Hurtado, Javier Román Santisteban, Elcira Vásquez Cortez, Enrique Javier Mendoza Ramírez, Robinson Gonzáles Campos, Víctor Ticona Postigo, Cesar San Martín Castro, Javier Villa Stein, José Luis Lecaros Cornejo, Duberlí Apolinar Rodríguez Tineo, Víctor Roberto Prado Saldarriaga y Jacinto Julio Rodríguez Mendoza y Jorge Alfredo Solís Espinoza.
[8] Código Procesal Civil, Artículo 82.- Patrocinio de intereses difusos.-
[9] La Sala Civil Permanente esta presidida por el Señor Walter Vásquez Vejarano, e integrada por los Señores Jorge Isaías Carrión Lugo, Andrés Caroajulca Bustamante, Víctor Raúl Mansilla Novella y Manuel Jesús Miranda Canales. Cfr. http://www.pj.gob.pe/CorteSuprema/SalasSupremas/SCP/index.asp.
[10] La Sala Civil Transitoria está presidida por el Señor Víctor Lucas Ticona Postigo e integrada por los Señores Jorge Alfredo Solís Espinoza, José Alberto Palomino García, César Gilberto Castañeda Serrano, y Francisco Miranda Molina. Cfr. http://www.pj.gob.pe/CorteSuprema/SalasSupremas/SCT/index.asp.
[11] Código Procesal Civil. Artículo 398.- Multa por recurso inadmisible, improcedente o infundado.-
Si el recurso fuese denegado por razones de inadmisibilidad o improcedencia, la Sala que lo denegó condenará a quien lo interpuso al pago de una multa no menor de tres ni mayor de diez Unidades de Referencia Procesal.
[13] Puede verse el texto del comunicado en http://www.pj.gob.pe/noticias/noticias.asp?opcion=detalle&codigo=5908.
[14] Código Procesal Civil, Artículo 396.- Sentencia fundada y efectos del recurso.- Si la sentencia declara fundado el recurso, además de declararse la nulidad de la sentencia impugnada, la Sala debe completar la decisión de la siguiente manera:
[18] Código Civil. Artículo 1312.- La transacción judicial se ejecuta de la misma manera que la sentencia y la extrajudicial, en la vía ejecutiva.
[27] Constitución. Artículo 139º. Son principios y derechos de la función jurisdiccional:
3. La observación del debido proceso y la tutela jurisdiccional.
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