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Timestamp: 2020-06-01 13:48:50
Document Index: 369033262

Matched Legal Cases: ['artículo 14', 'artículo 22', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 33', 'artículo 4', 'artículo 4']

DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 202, de 11/05/1994
CORTES GENERALES DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS COMISIONES Año 1994 V Legislatura Núm. 202 EDUCACION Y CULTURA PRESIDENTE: DON JOSE LUIS MARTINEZ BLASCO Sesión núm. 17 celebrada el miércoles, 11 de mayo de 1994
ORDEN DEL DIA: --Comparecencia de la señora Ministra de Cultura (Alborch Bataller), para informar del impacto que el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) tendrá sobre los diversos sectores de su competencia. A solicitud del Grupo Parlamentario Popular. (Número de expediente 213/000183) (Página 6220) Preguntas: --Del señor Souvirón García (Grupo Parlamentario Popular), sobre financiación de las obras necesarias para la rehabilitación de la casa en que se ubica la Fundación Pablo Picasso, de Málaga, así como para la creación de una galería de arte y un museo. (BOCG serie D, número 72.
Número de expediente 181/000588) (Página 6231) --Del señor Gil Lázaro (Grupo Parlamentario Popular), sobre previsiones respecto del proyecto de creación de un centro coreogáfico nacional en Valencia. (BOCG serie D, número 76. Número de expediente 181/000634) (Página 6233) --Del señor Alcaraz Masats (Grupo Parlamentario Federal IU-IC), sobre causas por las que la entrada a los Museos se cobra por un importe que supera el límite de las cantidades simbólicas (BOCG serie D, número 85.
Número de expediente 181/000705) (Página 6235)
Proposiciones no de ley: --Sobre la devolución a la ciudad de Figueres de los cuadros de Salvador Dalí «Monument imperial a la donna-infant», «L'Home invisible» y «El gran masturbador». Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (BOCG serie D, número 61. Número de expediente 161/000135) (Página 6238) --Por la que se insta al Gobierno a incluir, para los alumnos que provienen del Bachillerato anticipado establecido por la Ley Orgánica 1/1990, de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE), en futuras pruebas de acceso a la universidad, la realización de un resumen-comentario sobre una conferencia de contenido histórico o filosófico, de tal forma que la elección de uno u otro contenido sea optativa para el alumno. Presentada por el Grupo Parlamentario Federal IU-IC. (BOCG serie D, número 85. Número de expediente 161/000188) (Página 6242) --Por la que se insta al Gobierno a la modificación del apartado 4.1 del Real Decreto 406/1988, sobre organización de las pruebas técnicas superiores, colegios universitarios y composición de los tribunales.
Presentada por el Grupo Parlamentario Federal IU-IC. (BOCG serie D, número 85. Número de expediente 161/000189) (Página 6244)
--COMPARECENCIA DE LA SEÑORA MINISTRA DE CULTURA (ALBORCH BATALLER) PARA INFORMAR DEL IMPACTO QUE EL ACUERDO GENERAL SOBRE LOS ARANCELES ADUANEROS Y EL COMERCIO (GATT) TENDRA SOBRE LOS DIVERSOS SECTORES DE SU COMPETENCIA. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de expediente 213/000183.)
El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías. Vamos a comenzar la sesión del día de hoy que tiene tres partes: en primer lugar, la comparecencia de la señora Ministra de Cultura; en segundo lugar, la contestación a una serie de preguntas; y, en tercer lugar, debate y votación de unas proposiciones no de ley.
El primer punto del orden del día corresponde a la comparecencia de la señora Ministra de Cultura para informar del impacto que el Acuerdo General sobre los Aranceles Aduaneros y el Comercio tendrá sobre diversos sectores de su competencia, que ha sido solicitada por el Partido Popular.
La señora MINISTRA DE CULTURA (Alborch Bataller): Muy buenos días. Como recordarán SS. SS., el pasado día 15 de abril los ministros representantes de los 124 gobiernos que participaron y participan en la Ronda Uruguay de negociaciones comerciales multilaterales realizaron en Marrakech una declaración final, en la que manifestaban la finalización de su labor como comité de negociaciones comerciales y declaraban concluida formalmente la Ronda Uruguay, lo que representa ciertamente un paso histórico en lo que podemos denominar el fortalecimiento de la economía mundial, que permitirá previsiblemente un mayor crecimiento del comercio, de las inversiones y del empleo en todo el mundo.
Sin que haya transcurrido, por tanto, un mes de la firma de estos acuerdos, comprenderán SS. SS. que lo que podemos hacer en estos momentos más que una valoración de los efectos en los sectores relacionados con los ámbitos de la competencia del Ministerio, es realmente informar de aquellas menciones o previsiones en el acuerdo en el ámbito del Ministerio de Cultura. Como sabrán también SS. SS., los Estados miembros del GATT tienen en general un plazo de un año a partir de la constitución de la Organización Mundial del Comercio para la aplicación de los acuerdos y, en especial, cuatro años en los países en desarrollo y diez años en los países menos adelantados, por lo que podemos afirmar que en este momento tanto la Comisión de la Unión Europea como cada Estado miembro del GATT han abierto los correspondientes debates en diferentes foros especializados, con el objeto de analizar la incidencia de estos importantes acuerdos en sus diferentes ámbitos.
En el ámbito de la cultura, como veremos a continuación, las repercusiones no van a ser muy grandes ni importantes, y realmente donde mayor debate ha habido en el ámbito de la cultura, como SS. SS. saben perfectamente, es en lo que ha afectado a la política de lo audiovisual.
De todas maneras, si ustedes me lo permiten, vamos a analizar someramente, insisto, sobre todo a nivel informativo más que de valoración de efectos, algunos de los aspectos de los acuerdos del GATT que pueden repercutir en el ámbito del Ministerio de Cultura.
Por lo que se refiere a los acuerdos generales sobre aranceles aduaneros y de comercio tenemos que señalar en primer término que su repercusión, como decía, sería escasa, tanto en el ámbito del libro como en el ámbito de la producción musical, porque su comercialización ya está bajo un régimen arancelario de base cero en el caso del
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libro, o muy reducido por lo que se refiere a la partida arancelaria 8524, relativa a los soportes de todo tipo para la grabación musical. En estos casos, por tanto, se parte de un arancel, insisto, que oscila entre el 4,9 ó 5,1, y la oferta comunitaria incluida en los acuerdos del GATT prevé una reducción al 3,5. A ello tendríamos que añadir que más del 80 por ciento de nuestro comercio, en términos generales, ya se desarrolla en un régimen arancelario de base cero, lo que, insisto otra vez, puede dar la idea de la escasa repercusión que tendrá la reducción arancelaria en nuestros intercambios comerciales en estas áreas. Me refiero concretamente otra vez al área del libro y de la producción musical. No obstante, en el sector del libro ya se han iniciado, por el sector y en concreto por la Federación de gremios de editores de España, un estudio de dichas repercusiones que afrontaremos y expondremos en su momento de manera conjunta.
Por otra parte, como ustedes saben también, en lo que se refiere al sector de exportación e importación de bienes integrantes del patrimonio histórico español, estamos igualmente ante un supuesto restrictivo en lo que se refiere a la libre circulación de dichos bienes, ya que el comercio de bienes culturales es un comercio específico que está protegido también por regulaciones especiales de cada país y también por normas comunitarias, quedando por tanto al margen del GATT. Sin embargo sí hay otros ámbitos en los que el GATT puede repercutir de una manera más directa, como es el ámbito que se refiere fundamentalmente a la propiedad intelectual. En el ámbito, por tanto, de lo que denominamos los derechos de autor y otros derechos conexos se está debatiendo en los diferentes foros que se ocupan en este momento de la propiedad intelectual, como son la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la propia Unión Europea y el Consejo de Europa.
Las novedades más importantes introducidas por los acuerdos GATT-TRIPs (aspectos comerciales de los derechos de propiedad intelectual e industrial) se refieren, en este ámbito, a lo siguiente. La primera de las novedades, insisto en que estamos hablando de la propiedad intelectual, es la creación de un nuevo marco institucional legitimado para resolver las diferencias de criterios en este campo. A este respecto se crea, como un órgano adjunto a la Organización Mundial del Comercio, un Consejo para tratar de los aspectos referentes a los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. En este Consejo se sustanciarán en el futuro los conflictos derivados del desigual tratamiento por los países signatarios de estos derechos, limitándose, en consecuencia, las soluciones unilaterales de estos conflictos.
La segunda de estas novedades se refiere a la inclusión, en el ámbito de la propiedad intelectual, de los principios básicos del GATT; es decir, que se establece también en este caso la prohibición de trato diferente a los ciudadanos de otros Estados signatarios respecto a los propios, la llamada..., iba a decir la cláusula de nación más favorecida, pero, como ustedes saben, también se incluye tanto la aplicación de la cláusula de nación más favorecida como la obligación de extender cualquier ventaja de un Estado determinado al resto de los Estados. Es decir, que por una parte se introduce el principio de trato nacional y, por otra, se aplica también a esta área la cláusula de nación más favorecida.
La tercera peculiaridad en este ámbito del acuerdo GATT-TRIPs es la que se refiere a las disposiciones específicas sobre los derechos de autor y derechos conexos. En este sentido la protección del derecho de autor se extiende como referida a la forma o expresión de las obras y no a las ideas, métodos o conceptos, y se protegen expresamente dos tipos de obras de propiedad intelectual, como son, por una parte, los programas de ordenador y las bases de datos. Como saben también sus señorías, en relación con los programas de ordenador, existe una directiva de la Unión Europea, cuyo contenido se ha incorporado recientemente al derecho español, que está en sintonía con estos planteamientos. En cuanto a las bases de datos, se está debatiendo también una nueva directiva sobre las mismas. El resultado de los debates del grupo de trabajo del Consejo de la Unión Europea y la directiva correspondiente espero que se incorporarán finalmente a nuestro ordenamiento.
Por otra parte existe el llamado derecho de alquiler y préstamo de los derechos de autor, que se incluye entre los derechos patrimoniales que corresponden al autor de los programas de ordenador y a las obras audiovisuales, así como a los artistas intérpretes, ejecutantes y a los productores de fonogramas. A este respecto también se aprobará próximamente en el Consejo de Ministros la trasposición de la correspondiente directiva de préstamo y alquiler. Finalmente, en esta área el período de protección mínima de los derechos de propiedad intelectual se establece en 50 años, contado, según los casos, a partir de la muerte del autor, de la publicación de la obra, de la fijación, del momento de la interpretación o de la ejecución. Como también recordarán sus señorías, sin duda, la Unión Europea ha aprobado recientemente una directiva sobre la duración de los derechos de propiedad intelectual, y en este caso el plazo que se establece es el de 70 años; directiva que suponemos que también en su momento incorporaremos a nuestro ordenamiento.
Otros aspectos también del acuerdo GATT-TRIPs referido a otros instrumentos internacionales y su relación con dicho acuerdo están siendo estudiados en este momento por el grupo de trabajo comunitario de propiedad intelectual, con el fin de sentar las bases de una postura coordinada de la Unión Europea.
Como decía al inicio de la comparecencia, el aspecto más debatido y que más repercusiones ha tenido a nivel internacional en el área de la cultura es el que hace referencia a la política de audiovisuales. Ya saben ustedes, porque hemos tenido muchas ocasiones de hablar del tema, que dentro de la Unión Europea los distintos Estados miembros, y nuestro país de una manera muy activa, se estuvieron planteando la política audiovisual, precisamente porque no se podía hacer referencia a lo audiovisual exclusivamente como mercancía, sino que también había que tener en cuenta su alto contenido cultural y de transmisión de valores.
Tuvimos una participación activa, de tal manera que se pretendía que se aplicara la excepción cultural prevista en el artículo 14. Finalmente y después de todas las
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movilizaciones que ha habido por parte de los distintos subsectores integrados en el mundo de lo audiovisual, la política audiovisual no se ve afectada, en principio, por el GATT, de tal manera que podemos afirmar que la Unión Europea, dentro de los acuerdos del GATT, no ha asumido obligaciones en lo que respecta a las reglas de acceso al mercado y tratamiento nacional en este sector de lo audiovisual.
La Unión Europea y los Estados miembros mantienen, desde una perspectiva jurídica, una entera libertad formal para desarrollar las políticas audiovisuales que estimen convenientes, ya sea a través de medidas reglamentarias o a través de incentivos económicos. Los resultados obtenidos en este ámbito merecen una valoración positiva, puesto que somos conscientes de que la defensa de los valores que entraña la cultura no puede quedar limitada o restringida exclusivamente a las reglas y a los efectos del mercado.
El sector audiovisual, como todas SS. SS. saben, es un instrumento esencial para la difusión de la cultura, de la educación y del conocimiento; es también un instrumento esencial para favorecer la integración social, la defensa del pluralismo y el acceso a la información, y es también un instrumento esencial para impulsar la comunicación entre los pueblos, así como el desarrollo de una Europa unida.
Estos valores que podemos considerar como valores superiores del orden democrático, evidentemente, han condicionado que los audiovisuales no se pudieran considerar exclusivamente como una mercancía que se sometiera a las reglas del mercado. Sin embargo, estos resultados del GATT tampoco pueden llevarnos al error de considerar que el sector debe o puede quedar al margen del mercado, de la apertura de las culturas y de la competencia transnacional. La cultura audiovisual, como ustedes saben perfectamente, depende decisivamente de condicionamientos de carácter económico, industrial y tecnológico. En esta línea, cualquier tentación de aislar a Europa en este ámbito sería un esfuerzo no sólo indeseable sino también inútil. Por tanto, el objetivo a conseguir es lograr el equilibrio entre el juego del libre mercado y la acción de los poderes públicos; ese equilibrio que se pretende lograr es importante en estos momentos, pero también lo será en el futuro, ya que, como consecuencia del desarrollo de las nuevas tecnologías, los audiovisuales incidirán también de una manera decisiva en áreas fundamentales como pueden ser la enseñanza y la investigación; áreas que clarísimamente no pueden quedar al margen de la acción de los poderes públicos. En definitiva, señorías, la Unión Europea y los Estados miembros conservan entera libertad y plena soberanía para desarrollar, en el sector audiovisual, las políticas que estimen oportunas, lo cual, por supuesto, tiene como consecuencia que los europeos asumamos una mayor responsabilidad, así como también los Estados que integran la Unión Europea.
Si me permiten, quisiera hacer una breve referencia a las líneas maestras de la política que el Ministerio de Cultura tiene trazadas para el futuro, fundamentalmente en lo relativo a la acción internacional.
Por una parte, nuestras prioridades políticas, como ya hemos tenido ocasión de exponer en algún momento, se basarían en las relaciones con la Unión Europea y también con Iberoamérica en lo que hace referencia a la comunidad hispanohablante. En el ámbito de la Unión Europea, como ustedes saben, se ha presentado recientemente el Libro Verde sobre las opciones estratégicas para el fortalecimiento de la industria de programas, en el que se ha tenido en cuenta, después de un largo período de estudio, que hay que plantearse, dentro del sector audiovisual, temas importantes como son la competitividad, el crecimiento del sector, las posibilidades de empleo dentro de ese sector y la promoción de las culturas europeas, respetando, dentro de esas culturas europeas, la identidad de cada país.
En ese Libro Verde, que supongo que en su momento tendremos ocasión de analizar y de presentar con un mayor detenimiento, se plantean tres líneas de actuación. En primer lugar, el establecimiento de lo que se puede denominar las reglas del juego; en segundo lugar, el estímulo financiero o las medidas económicas que se pueden y se deben adoptar en este ámbito del audiovisual; y en tercer lugar, la convergencia de los sistemas nacionales. Todo ello porque se ha sido consciente de la necesidad de un esfuerzo colectivo para reforzar la industria europea audiovisual.
En esta línea, también quisiera apuntar que, a finales de junio, con el fin de definir las líneas prioritarias de actuación para la próxima década, se celebrará en Bruselas la Conferencia del Audiovisual. Ello significa que los responsables de los distintos países integrantes de la Unión Europea somos conscientes de que es necesario un impulso y una participación entre todos los Estados miembros para crear una industria más fuerte, más sólida y más competitiva, ya que los problemas del sector --sería una de las conclusiones del Libro Verde-- sólo pueden abordarse adecuadamente desde una perspectiva europea. Asimismo, quisiera recordar que, en el segundo semestre de 1995, nuestro país tendrá la Presidencia de la Unión Europea, en la que el sector audiovisual será uno de los temas centrales, como ya viene siéndolo.
También en el ámbito internacional, como decía anteriormente, otra de las áreas con la que debemos tener una necesaria relación es la iberoamericana, en lo que se refiere a la comunidad hispanohablante, sin excluir los Estados Unidos de América, en los que, como ustedes saben, existe una comunidad de hispanohablantes muy amplia; por tanto, las posibilidades de cooperación, en estos momentos, se puede considerar que son mucho más amplias y mucho más sólidas de lo que podían serlo en el pasado.
Dentro de esas medidas en el ámbito internacional, quisiera informar a la Comisión que, para un mejor conocimiento de la situación y de las posibilidades de actuación en este sector, el Ministerio de Comercio, el Ministerio de Asuntos Exteriores y el Ministerio de Cultura van a convocar la primera Conferencia Euroamericana del Audiovisual, en la que, por supuesto, nos gustaría que los invitados principales fueran los agentes del sector audiovisual de ambos lados del Atlántico.
En el ámbito interno --para no cansar más a SS. SS.--, simplemente quisiera recordar que está pendiente de
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aprobación en el Senado la Ley de fomento y protección de la cinematografía. Tras la aprobación de esta ley, dentro de la política del Ministerio en el ámbito de la cinematografía, nos centraremos en el reglamento del desarrollo de la misma --reglamento que ya está siendo elaborado en una primera fase--, en la actualización del sistema de ayudas estatales, en la concertación de acciones con las comunidades autónomas, así como en el fomento de la cooperación con las televisiones, fundamentalmente con aquellas que están dirigidas por entes públicos.
Como ustedes también saben perfectamente, la finalidad de estas medidas consiste en desarrollar el sector para que se encuentre en mejores condiciones para competir y, por otra parte, en facilitar a los ciudadanos la posibilidad de elección de las distintas cinematografías, tanto españolas como europeas o de terceros países. Estos objetivos son coincidentes con los que se están planteando en la mayoría de los países de la Unión Europea; las previsiones para la política del sector también coinciden con el plazo de 10 años establecido por la Unión Europea para un mayor fomento y consolidación del mismo.
La voluntad de lograr estos objetivos con el mayor grado de consenso posible entre el conjunto de los sectores afectados y las comunidades autónomas es un propósito clarísimo de este Ministerio de Cultura. Por ello, antes de terminar, quería decir que espero que llegue a buen puerto la Ley de fomento y protección de la cinematografía, en la que se incluye la constitución del Consejo Superior de Cinematografía, que es un órgano de gran importancia, puesto que es el que va a hacer posible el consenso entre los distintos sectores o subsectores del ámbito audiovisual y más concretamente de la cinematografía.
Por tanto, como conclusión, en la parte que hace referencia a la política cinematográfica, podíamos decir que estamos dispuestos a impulsar decididamente la apertura y la integración a nivel internacional, así como a acelerar el proceso de desarrollo, para convertir este sector en uno más eficiente y competitivo, con la finalidad, por supuesto, de encontrar los procedimientos más eficaces para garantizar el futuro de nuestra cultura y la defensa del interés general.
Para concluir mi primera intervención, diré que sobre los acuerdos del GATT, que, como hemos dicho, acaban de ser aprobados, nuestro país está participando en todos los foros donde se debate este proceso de adaptación y está coordinado con los sectores implicados, sectores que, por otra parte, como les ha puesto de manifiesto, no se van a ver afectados notablemente en la mayoría de los casos; en otros, como el audiovisual, que podían haber resultado más directamente afectados, ya estamos en sintonía con los acuerdos del GATT y trabajando muy estrechamente en el ámbito de la Unión Europea.
En este turno de los diferentes grupos, además del grupo solicitante, el Grupo Popular, ¿qué otros grupos desean intervenir? (Pausa.) Por parte del Grupo Popular, solicitante de esta comparecencia, tiene la palabra el señor Cortés.
El señor CORTES MARTIN: Señor Presidente, quisiera, en primer lugar, hacer un par de consideraciones generales.
Una de ellas es que la Presidencia y la Comisión observarán lo que hemos perdido en esta Comisión al interrumpir una tradición que habíamos mantenido desde la pasada legislatura, consistente en que, cuando se solicitaba la comparecencia de algún miembro del Gobierno, el grupo proponente podía formular una breve introducción para enmarcar esta comparecencia, porque siempre cabe el peligro de que quien comparece no se haya leído el motivo de la comparecencia o quiera aprovechar la ocasión para decir otras cosas que nada tienen que ver con la misma.
Quiero recordar a la Presidencia de la Comisión que el motivo de la comparecencia de la Ministra de Cultura era informar del impacto que el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio --GATT-- tendrá sobre los diversos sectores de su competencia. Pues bien, la señora Ministra ha dedicado las cuatro quintas partes de su intervención a hablar sobre hipotéticas consecuencias del no GATT. El sector de lo audiovisual ha quedado fuera del GATT; por tanto, no tiene ninguna consecuencia sobre las áreas de su competencia.
La segunda consideración general se la hago a la señora Ministra. La señora Ministra dispone de mecanismos reglamentarios por los cuales puede solicitar su comparecencia en esta Comisión cuantas veces quiera, y, créanos, señora Ministra, que estaremos encantados de contar con su compañía y con su información, en Comisión, en el Pleno y en cuantas ocasiones quiera.
Yo no quiero sentar un mal precedente ni que, a lo mejor, el señor Presidente, en esta segunda parte, esté un poco más atento que en la primera y me llame a la cuestión y, por tanto, me centraré estrictamente en las cuestiones del orden del día, es decir, lo que tiene que ver con el GATT, pero, de verdad, nos encantaría que la señora Ministra nos explicase aquí cuantas cosas considere. La señora Ministra inició su mandato en esta misma Comisión diciendo que iba a tener un comportamiento parlamentario ejemplar, que le gustaba mucho el Parlamento. Y la verdad es que hasta ahora no lo hemos notado.
Entrando en la cuestión, para no ser llamado al orden por el señor Presidente, pese a su conocida y general benevolencia, tengo que decir que nuestro Grupo Parlamentario tiene una clara opinión favorable del GATT. Creemos que el GATT --y en esto me alegra compartir la opinión con la señora Ministra, aunque, inmediatamente después de hacer consideraciones generales, se llega a hacer excepciones que pueden desvirtuar esa primera consideración general--, que todo lo que sea facilitar y liberalizar el comercio y las relaciones entre las naciones, entre las personas, entre las empresas, es muy bueno para todos. Lo que ocurre es que en estos marcos generales y, sobre todo, cuando se producen marcos nuevos, hay que estar preparado para saber aprovechar las nuevas circunstancias, y no tiene por qué ser un proceso de suma cero, donde unos ganan y otros
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pierden, pueden ganar todos, todos los países y todos los sectores, pero aquellos que están mejor preparados, aquellos que han negociado mejor, aquellos que tienen mejor información, están en mejores condiciones de hacerlo.
En España tenemos, señor Presidente, alguna experiencia de cómo se hizo, por ejemplo, la incorporación al Mercado Común, donde también se pasó de un régimen bastante cerrado a una mayor apertura, había un mercado mucho mayor y el Gobierno que lo hizo, del que era titular, en su cabeza, la misma persona que está ahora, la verdad es que hizo una negociación muy mala y lo que es peor --porque en esto siempre se podrá decir que cuando se negocia con once uno solo no puede imponerse-- es que hubo una peor preparación todavía, dentro de España, de manera general y para los distintos sectores que iban a tener una obligación porque se liberaban las protecciones aduaneras, fronterizas y entraban en una época de mucha mayor competencia. Muchos sectores han sufrido, casi todos han sufrido, algunos de manera irreversible.
Ahora tenemos la ampliación de la Unión Europea en dos fases; una primera, con la incorporación de los antiguos países EFTA, donde ya se equiparan las condiciones en cuanto al comercio, y eso tiene unas consecuencias, y ahora con el GATT. Lo que nosotros queríamos con esta comparecencia de la señora Ministra no es que nos volviese a recordar aquí que el audiovisual estaba fuera del GATT, que se habían tenido unas reuniones en las que --todo el mundo dice que ha sido Francia, la señora Ministra dice que ha sido ella-- ha convencido a los franceses de que tenían que rectificar esa posición y que teníamos que protegernos. No vamos a hacer cuestión de esto, porque estoy aterrorizado pensando que el señor Presidente me pueda llamar a la cuestión, al punto que hoy nos convoca, pero lo que sí es verdad es que en todos aquellos otros aspectos que sí están en el GATT, el Ministerio, hasta donde se sabe, no tenía ningún estudio previo o, si lo tenía, lo ha ocultado a la opinión pública y, desde luego, a esta Cámara. Imagino que todos los demás Diputados de la Comisión pueden tener acceso a este mismo documento, pero, como va dirigido a mí, porque era una solicitud de información que yo había planteado, quiero dar lectura al mismo. Habíamos pedido una copia del informe elaborado por el Ministerio de Cultura en relación al impacto que el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio supondrá para el sector del libro. Señor Presidente, la respuesta que ha dado el Gobierno, firmada por el Ministro de la Presidencia, con fecha 11 de marzo de 1994, dice así, y leo textual e íntegramente toda la contestación: La Federación de Gremios de Editores de España en relación con la Dirección General del Libro ha encargado a un grupo de expertos la realización de un informe sobre el GATT y el libro. Dicho informe se halla todavía en fase de elaboración.
Esta es la forma de proceder que tiene el Gobierno de España cuando se plantean unas negociaciones del GATT, que van a abrir de manera considerable el comercio mundial. La señora Ministra ha dicho que no hay impacto. Si no hay impacto, ¿para qué se encarga esto? No se entiende muy bien. Ahora bien, si hay impacto y se encarga esto... La Dirección del Libro, de acuerdo con la Federación de Gremios de Editores, encarga a unos expertos. Imagino que la cosa será algo así como que la Federación de Gremios de Editores encarga a los expertos y lo paga la Dirección del Libro. El triángulo suele venir por aquí. Y los expertos imagino que serán expertos, pero, probablemente, también tendrán alguna característica más, además de la de expertos. Y ahora, una vez que se han firmado los acuerdos, dicen que cuáles van a ser los impactos. Esto habría que tenerlo antes. La señora Ministra lleva ya bastantes meses en el Ministerio. Y hemos escuchado a la señora Ministra en esta Comisión, y al señor Subsecretario, la gravísima preocupación que tenía por las consecuencias que podía tener el GATT. Así es como se va a las negociaciones, habiendo estudiado las cosas antes y sabiendo el impacto.
Pero vamos a suponer, incluso, que la señora Ministra estaba demasiado preocupada con las cuestiones que tenía en el propio Ministerio, buscar sus colaboradores, quitar a unos, poner a otros, asistir a todos los congresos, saraos, ir a dar la bienvenida a Garzón a la finca de Toledo, ir a dar la despedida a Garzón al otro sitio... Eso se comprende, porque cuando uno es ministro tiene que hacer estas cosas. Y resulta que no había hecho estos estudios.
Por lo menos, lo que tendrá que hacer es, una vez que ya se sabe cuáles son los acuerdos a los que se ha llegado en el GATT, informar a los sectores, para que puedan estar preparados. Porque esto va a tener consecuencias y no sabemos cuáles son. Y comprenderá que los que no somos expertos somos los que estamos en esta Comisión. Para eso está el Gobierno. Claro que si resulta que el Gobierno lo que tiene que hacer es decir al gremio de libreros que encargue a unos expertos que hagan un estudio, cuando es el Gobierno el que negocia, uno empieza a plantearse que para qué está el Gobierno. Y lo mismo podíamos decir de tantas otras cuestiones. Desde luego, de la producción musical, parece que ni siquiera hemos encontrado un gremio de músicos con el que podamos concertar que encarguen a unos expertos músicos que hagan otro informe.
Respecto de la propiedad intelectual --parecía que la señora Ministra, al principio, estaba muy contenta de ser Ministra y, a lo mejor, ahora, con estos tiempos de turbulencia, ha añorado su época de profesora, y de verdad que se lo reconocemos personas que no teníamos tal capacidad de síntesis y que, sin embargo, sí nos hemos leído los acuerdos del GATT y muchos otros comentarios que se han publicado en revistas especializadas o en informes de administraciones extranjeras que han estudiado en serio estas cosas de la propiedad intelectual--, le estamos muy agradecidos de que nos haya hecho una buena síntesis académica de lo que se aprueba en el GATT. Nos ha dicho que hay un nuevo marco institucional, nos ha dicho que se introducen los principios básicos del GATT, de la nación más favorecida. Luego nos ha contado que va a haber un libro, no sabía muy bien si era verde o era blanco, pero, en cualquier caso, un libro de colores. (Risas.) No es esa la cuestión, señora Ministra, la razón de la comparecencia que hemos pedido de S. S. Lo que queremos es que nos diga cuál va a ser el impacto de estas
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cuestiones que usted ha descrito, seguro, que con rigor, en España.
Porque en España tenemos una Ley de la Propiedad Intelectual que se ha aprobado muy recientemente, hay una abierta insatisfacción en muchos sectores por cómo se está aplicando --algunos lo habíamos avisado y habíamos mantenido una posición discrepante respecto a determinados aspectos de esa Ley que se aprobó cuando S. S. no era Ministra, no estaba en esta Cámara-- y ahora se dice que hay que ir a una revisión porque las expectativas que se tenía respecto de determinados cánones compensatorios y unas figuras arbitrarias no se están cumpliendo.
Sobre esto no nos ha dicho nada. Todo lo que nos ha dicho es que hay una directiva que supone que, en algún momento, el Consejo de Ministros aprobará. Los profesores pueden decir estas cosas cuando explican a los alumnos; les puede decir: supongo que en algún momento se aprobará y, cuando se apruebe, entrará en el próximo parcial. Pero los Ministros, cuando vienen aquí, tienen que decir otra cosa, tienen una responsabilidad y tendrán que adquirir ante la Cámara, en este caso ante la Comisión, y ante la opinión pública, que puede estar representada por los medios de comunicación, una serie de compromisos. Porque me imagino que no estará el Gobierno español simplemente esperando a que un comité, un grupo de trabajo comunitario de propiedad intelectual --creo que es a lo que se ha referido la señora Ministra-- decida sobre cosas que van a afectar de manera decisiva a intereses vitales de España y de su cultura.
Tendrá que haber una posición del Gobierno español, que tendrá que ser conocida. Tendrá que ser una posición no al capricho del administrador de turno, sino algo que deriva de unos estudios. Y se tendrán que contemplar distintos escenarios. ¿Qué pasaría si se hiciese así? ¿Qué pasaría si se hiciese de aquella otra forma? Porque los sistemas de protección de la propiedad intelectual, como bien sabe la señora Ministra, no son homogéneos en el seno de la Unión Europea. Hay modelos muy distintos.
Por otra parte, no es esto de lo que estábamos hablando en esta Comisión.
Estábamos hablando del GATT. Era una cosa que trascendía los límites de la Unión Europea. Pero nos tendrá que decir cuál es la posición del Gobierno español. Que luego a lo mejor no sale. Todos entendemos que, cuando se está en una Comunidad de doce o de dieciséis y mucho más cuando se está en una Comunidad o en un acuerdo multilateral con más de cien países signatarios, las posiciones de un solo país no se pueden imponer.
Pero en lo que estará conmigo la señora Ministra es que, en un régimen parlamentario, el control parlamentario y el control de la opinión pública se puede ejercer una vez que la señora Ministra nos diga: Esta es nuestra posición, ésta es la que defenderemos. Y resulta que nos quedamos sólos si nos quedamos en minoría. Entonces, los ciudadanos, la oposición, los medios de comunicación, podremos enjuiciar si tenemos un Gobierno que merece nuestro apoyo, que merece nuestra confianza, o si tenemos simplemente un Gobierno que no tiene otra finalidad más que la de permanecer, aparecer en cuantas ocasiones se le brinden para demostrar que tiene presencia, pero que no se ocupa de los papeles.
Señora Ministra, yo le pido encarecidamente que solicite una comparecencia, puesto que tiene interés en hablarnos de todas estas cuestiones comunitarias, iberoamericanas, la Ley de Fomento y Protección de la Cinematografía..., pero nos podía haber hablado también de lo importante que es, para la competitividad de la industria española, la mejora de los puertos, de los aeropuertos y de las telecomunicaciones, porque probablemente vendría más gente a ver cine; el Plan de reforestación o la Ley de Costas tienen un interés decisivo, porque si mejorásemos nuestro paisaje, probablemente lograríamos que se rodasen más películas o que hubiese un mejor ambiente para la gente, lo cual elevaría su nivel cultural. Pero no es ésa la cuestión. La cuestión es el impacto del GATT.
Espero que, después de esta introducción en la que la señora Ministra ha aprovechado para decirnos otras cosas, que tienen interés, sin duda, señora Ministra, que se lo agradecemos, pero que no hacen al caso, nos pueda decir algo, algo más allá de esta peculiar interpretación del principio de la subsidiariedad, que consiste en que se encarga al gremio de los libreros que, a su vez, encargue a unos expertos que hagan un informe, cuando ya se ha firmado el GATT, que nos explique cuál va a ser el impacto que estas medidas, que se han firmado en Marrakech y que tendremos que ratificar en este Parlamento, como en todos los demás parlamentos, van a tener en los sectores a los que afecta. Le hacemos gracia, señora Ministra, de que nos explique el no GATT, si quiere, de verdad. No vamos a invocar la autoridad del Presidente para que le llame a la cuestión. Hágalo, tampoco tenemos tantas oportunidades de disfrutar de su compañía y de su elocuencia, pero, por favor, en cualquier caso, tenemos especialísimo interés en que nos diga cuál va a ser el impacto, según las previsiones que tiene el Ministerio de Cultura, sobre los sectores a los que afecta el GATT. Y si no lo tiene, dígalo también: no lo hemos estudiado. Entonces, nosotros tendremos que actuar en consecuencia y pedir las oportunas responsabilidades políticas, pero creo que conviene no engañar a la Cámara y decir la verdad y conviene no eludir la responsabilidad, porque, cuando se tiene un puesto de la responsabilidad del que tiene la señora Ministra, hay que hacer honor a él fuera de la Cámara y, desde luego, en la Cámara, cuando se trata de un régimen parlamentario, ante el que usted se comprometió a ser una Ministra ejemplar en sus relaciones con el Parlamento y, de momento, señora Ministra, los parciales no los va aprobando.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Con la venia del señor Presidente, quiero agradecer a la señora Ministra su presencia en esta Comisión y entrar de lleno en cuestiones de contenido, porque nosotros no disputamos una gestión diferente, sino que vamos a los contenidos, muchos de ellos alternativos y, en algún caso como en éste, en función de la necesaria protección del cine, coincidente, en un cierto grado, con los planteamientos que se han hecho por parte
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del Ministerio de Cultura. Me refiero a la Ley de Medidas Urgentes para el Cine, la llamada «Ley Alborch».
El GATT no acepta los acuerdos audiovisuales europeos en general y se ha planteado una cierta libertad formal para las políticas audiovisuales con medidas reglamentarias o incentivos económicos, como ha dicho la señora Ministra. Todo esto en el marco de lo que, sin duda, es la cultura europea, desde que empezaron estos debates en el Parlamento, a través de los sucesivos informes del señor Barzanti. En uno de ellos hablaba de la necesidad de que la propia Comunidad emprenda, con severidad y competencia, la lucha contra esa tendencia patológica hacia la concentración multinacional, que amenaza con destruir la competitividad bien entendida y la multiplicidad real. Si el mercado queda dominado por una situación de oligopolio excesivo, como ya lamentablemente ocurre, se correrá el riesgo de no disfrutar de la libertad de elección ni de una mayor riqueza de información y conocimiento. Aquí es donde se establece una de las luchas fundamentales con respecto a lo que puede significar para Europa los acuerdos del GATT y para España muy singularmente.
Esta es la primera batalla, que se ha dado ya en el Pleno, en el Senado, y volverá de nuevo al Congreso de los Diputados, donde hay dos posiciones, una, extraliberal, y otra, que está apoyando esa Ley de Medidas Urgentes, una ley de mínimos pero una ley que, hasta cierto punto, consolida en parte la excepción cultural para España.
Incluso yo quiero agradecer aquí que se nos haya no sólo oído sino también escuchado en el tema del Consejo Superior. No sé si nosotros hemos inspirado esta enmienda que acaba de aprobar el Senado pero, en todo caso, nosotros aquí defendimos la necesidad de un consejo superior de lo audiovisual, que se va a llamar Consejo Superior de la Cinematografía, al objeto de lograr, en el seno de un ente participativo y democrático, el consejo necesario para gestionar los acuerdos de esta ley y la ley posterior, que parece que se va a llamar de fomento y protección, esa ley que va a resumir todas las reglamentaciones y normativas anteriores, el macrodecreto que se estaba preparando. Por lo tanto, en esta dirección quiero saludar que esta enmienda vuelva viva al Congreso y que aquí se mantenga, porque se trata de una idea, correlativa a las que se han desarrollado en Francia y en otros países, muy interesante de cara a conseguir los acuerdos necesarios.
Ahora, señora Ministra, voy a tocar un tema que nos preocupa en función de ciertas informaciones que han aparecido con cuentagotas pero que muestran la existencia de un debate duro, más o menos soterrado pero muy duro, en esas mesas de negociación abiertas por el Ministerio de Cultura en las que participan, de cara a un posible reglamento, a un posible acuerdo para la aplicación de la Ley de Medidas Urgentes, productores, distribuidores, exhibidores, e incluso multinacionales o representantes de ellas. Se ha filtrado la tensión, el pulso, que están echando los exhibidores de cara a modificar esta ley en el Senado, fundamentalmente los temas de cuota de pantalla, incluso amenazando con la posibilidad de una nueva huelga de cine, de salas de proyección, si la Ley se mantiene en los términos actuales, tal como salió de aquí, incluyendo ahora la creación del Consejo Superior de la Cinematografía.
Cultura parece que intenta un pacto intersectorial, se ha dicho que más allá de las licencias de doblaje y más allá de las cuotas de pantalla; incluso se ha llegado a decir --y ahora citaré palabras más o menos textuales del señor Balmaseda, director del Instituto Cinematográfico de Artes Audiovisuales-- que si en unos meses vemos que la cuota de pantalla es alta, se baja de común acuerdo. El señor Balmaseda, que me parece que hoy preside una de las reuniones de esta Comisión de cara a la posibilidad de un acuerdo intersectorial, ha dicho que se puede cambiar el tema de la cuotas pantallas y las licencias en función de un acuerdo entre todos y con las multinacionales. Esto nos preocupa, por eso se lo pongo sobre la mesa, por si tiene que hacer algún comentario o tiene que transmitir alguna información porque nosotros vamos a apoyar la ley tal como está y mucho más ahora con la recogida de esta enmienda del Consejo Superior de la Cinematografía. Y nos gustaría saber en qué dirección va este acuerdo, si es en la dirección del macrodecreto, de la nueva ley, o si en la dirección de readaptar, a través de un Reglamento o a través de decisiones del Gobierno, los acuerdos que se han adoptado en el seno de esta Ley de Medidas Urgentes para la protección de la cinematografía; si se va a romper en algún grado el acuerdo parlamentario que hemos logrado, con respecto a las licencias, con respecto a las cuotas de pantalla, con respecto a la protección de la cinematografía europea y española, máxime en un momento en que mañana, jueves, vamos a aprobar, van a aprobar, quien la vote, la transposición de la Directiva televisión sin fronteras, donde, aunque nosotros no estamos de acuerdo en que se dé un plazo de cinco años, se protege hasta el 51 por ciento la necesidad de que las producciones de la Unión Europea se emitan por los trece canales de televisión existentes en este país, de los cuales sólo cumplen la mitad, en este momento. Flexibilizar estas normas, en este momento en que aún no se han alcanzado los mínimos ni en televisión ni en las salas cinematográficas, nos parecería un error fuerte y la ruptura de consenso con respecto a los acuerdos a los que hasta ahora hemos llegado de cara a la Ley de Medidas Urgentes. Por eso se lo planteo a la señora Ministra.
El señor CLOTAS CIERCO: El Grupo Socialista agradece a la señora Ministra su información y su valoración de la repercusión de lo acuerdos GATT en los temas culturales, que comparte. Pero, antes de entrar en un comentario más detenido, el Grupo Socialista desea felicitar a la Ministra por el resultado de la negociación GATT. El papel que ha jugado España y, en concreto, el Ministerio de Cultura para que las resoluciones de la Ronda Uruguay favorecieran a las distintas políticas culturales europeas, a las distintas identidades culturales europeas, ha sido una tarea muy difícil y el papel que jugó España, como decía, ha sido muy importante. Parece que lo reconoce la opinión mundial, parece que lo reconocen todos los grupos
políticos, excepto un grupo que está en esta Cámara y que parece que es el único grupo que se niega a reconocer ese protagonismo que España y el Ministerio de Cultura han tenido en el resultado final de las negociaciones de la Ronda Uruguay, resultado que, por encima de todos los aspectos que podemos ver con más detenimiento, representa que hemos conseguido salvaguardar algunos valores que nos van a permitir mantener nuestra identidad y nuestra producción cultural en el futuro.
A partir de este éxito --y quiero enfatizar mucho mi felicitación--, podemos discutir las repercusiones más concretas del acuerdo adoptado, acuerdo que, en términos generales, todos debemos valorar positivamente, porque representa un gran paso adelante en el comercio, en el intercambio internacional, y, va a tener, seguramente, beneficios para todos. Podemos valorarlo con detenimiento, con tranquilidad incluso, porque hay un plazo de un año para ver la aplicación de los acuerdos en cada uno de los sectores, y ver en qué medida va a tener alguna incidencia en los distintos subsectores o sectores de la cultura.
El Grupo Socialista coincide también en lo que ha manifestado la señora Ministra, que en ningún momento he oído que afirmara que no va a tener ningún efecto en el libro; ha dicho que van a ser escasos en el libro y en los productos musicales, lo que parece que es bastante evidente, y la señora Ministra lo ha explicado con claridad. Tampoco va a tener una importancia decisiva ni mucho menos en lo que se refiere al patrimonio, y hemos hablado ya largamente del tema audiovisual, que es el que se trataba de mantener fuera de la negociación del resultado, porque eso era lo que realmente comprometía una política cultural europea y una política cultural española.
Respecto a lo audiovisual, efectivamente, sí le ha afectado el GATT, le ha afectado positivamente, dejándolo fuera. Y quiero aprovechar la benevolencia del señor Presidente --que lo ha permitido a otros portavoces-- para decir aquí que, efectivamente, en el Senado, la ley de protección y fomento del cine, como va a llamarse a partir de una enmienda del Grupo Socialista, ha dado pasos importantes en el sentido del consenso, como habían afirmado la señora Ministra y este portavoz en distintas ocasiones, que deseábamos que la ley respondiera al máximo consenso. No todo es posible, pero en el Senado se han dado pasos importantes.
Respecto a las valoraciones de la repercusión en distintos sectores, sinceramente creo que el Ministerio ha adoptado el mejor camino, que era hacerla conjuntamente con los sectores implicados, y no veo otra manera posible. Las cosas pueden tener distintas valoraciones, pero me parece que lo que sería criticable es que se intentara estudiar en serio este problema sin contar con los diferentes sectores.
También creo que hay un problema que tiene una especificidad especial, el de la propiedad intelectual, y quiero aprovechar para decir que tenemos una Ley de Propiedad Intelectual que ha suscitado una gran admiración dentro y fuera de nuestro país, porque seguramente es la ley más moderna, la ley más progresista que existe en este momento de propiedad intelectual. Y tampoco goza de las simpatías del Grupo Popular, ¡qué le vamos a hacer! Pero en esta Cámara y en esta Comisión, en la legislatura anterior, hemos celebrado unas sesiones en las que han comparecido ilustrísimos y muy diversos representantes de los distintos sectores culturales que han elogiado --todos, absolutamente todos-- la Ley de Propiedad Intelectual que hizo esta Cámara --con el apoyo, por cierto del Grupo Popular-- y que criticaron bastante duramente la posición de dicho Grupo.
Seguramente en este momento hemos de ver esa Ley a la luz de una directiva que se va a producir. Lo vamos a hacer, y con toda seriedad, pero sabiendo que tenemos un patrimonio que defender, que es una Ley que ha sido modélica, que está siendo modélica, y que realmente representa, sin duda, lo más actual, lo más progresista en materia de propiedad intelectual.
Por tanto, señorías, y resumiendo, el Grupo Socialista, coincidiendo totalmente con el Ministerio de Cultura, piensa que hay que hacer una valoración, en términos generales, muy positiva de estos acuerdos, que hay que estudiar caso por caso lo que en muchos de los sectores es una escasa o mínima influencia, pero que en cualquier caso hay que estudiarlo con toda profundidad, y que eso hay que hacerlo con los que conocen mejor que nadie algunos aspectos de lo que son, sobre todo, las transacciones comerciales y los temas que más pueden ser influidos por esta negociación.
Repitiendo la felicitación de mi Grupo a la señora Ministra y al Gobierno por su participación y por los resultados en esta negociación, le agradezco, una vez más, su presencia hoy en esta Comisión.
La señora Ministra tiene la palabra.
La señora MINISTRA DE CULTURA (Alborch Bataller): En primer lugar, quisiera contestar al señor Cortés y, como ustedes comprenderán, voy a ahorrar a la Comisión la respuesta o comentarios a ciertas apreciaciones de carácter personal, que eso sí que no me parece que entra dentro del motivo de mi comparecencia.
Ya entrando en el tema, he dicho que la valoración que nosotros hacíamos era, en principio, positiva. Tienen ustedes que tener en cuenta también que las negociaciones del GATT han sido unas negociaciones muy complicadas, y que precisamente en el ámbito de la cultura, insisto, el sector que podía resultar fundamentalmente afectado era el de lo audiovisual, y por eso me he detenido más en la explicación de este tema, por supuesto sin atribuirme protagonismo alguno. No ha sido ésa mi intención ni he dicho, en ningún momento, que yo haya sido la protagonista de ésta, diríamos, victoria, porque así se ha valorado en la postura de todos los ministros de la Unión Europea, y también en la coordinación con los distintos sectores audiovisuales.
Me he detenido en el tema de la propiedad intelectual porque me parece que es importante informar sobre las medidas que se han ido adoptando, que se han incorporado a nuestro Derecho interno o que están pendientes de incorporación. Por supuesto, tengo mis propios criterios sobre
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estos temas y, en su momento, las directivas que estén por trasponer serán debatidas, como es obvio, en esta Cámara; en el Pleno de la Cámara, porque la trasposición tendrá que realizarse a través de ley, y en ese momento tendremos ocasión de debatirlas, repito, en profundidad y hacer las valoraciones correspondientes.
Una primera conclusión es que la valoración es positiva. Una segunda conclusión sería, dejando aparte estos casos a los que he hecho mención, que la repercusión será escasa en el ámbito del libro y también en el ámbito de la producción musical. ¿Y por qué va a ser escasa? Pues, repito el argumento. Resulta que en el caso del libro el régimen arancelario ya es de base cero, como sabe muy bien el señor Cortés; España es la quinta potencia mundial en la industria editorial, y, por tanto, creemos que no va a haber ninguna repercusión negativa, en absoluto, en lo que afecta al libro.
Por otra parte, como he insistido también, el arancel referente a las grabaciones musicales es reducido. El arancel actual de que se parte oscila entre el 4,9, repito, o el 5,1, y la oferta comunitaria --no la de España, sino la comunitaria-- incluida en los acuerdos del GATT prevé una reducción al 3,5. Y precisamente las repercusiones de esa reducción son las que se están estudiando por parte de esta Comisión, que lo que pretende es que también haya un mayor diálogo y un análisis en más profundidad de las personas que específicamente conocen los problemas del sector y que pueden proporcionarnos una valoración sobre este ámbito.
Por tanto, no hay intención alguna de eludir ningún tipo de responsabilidad, sino que, partiendo de la idea de que tenemos el plazo de un año a partir de la constitución de la organización mundial de comercio para la aplicación de los acuerdos, a lo largo de este año podremos ir, insisto, profundizando en todos estos temas, pero --otra vez insisto-- partiendo de la idea general de que la valoración es positiva y que la repercusión, salvo en los supuestos mencionados, es escasa.
Contestando a la intervención del representante de Izquierda Unida, el señor Alcaraz, sobre las declaraciones que ha realizado el Director General del Libro, así como en la línea de preocupación que puede suscitar al Grupo de Izquierda Unida, quisiera decir que lo que nosotros sí tenemos claro es que hay unas medidas obviamente contenidas en el proyecto de ley, y que esas medidas suponen un compromiso. También podemos partir de la idea de que las medidas legales se tienen que adaptar a las realidades cambiantes, por lo que en el supuesto de que se produjera un fortalecimiento en este ámbito --que incluso se pudiera considerar como extraordinario--, como siempre, se podría proceder a la revisión de las medidas legales adoptadas. Pero creo que esto no es nada nuevo, porque las leyes no sólo deben impulsar la realidad, sino que tienen que tener en cuenta esa realidad sobre la que legislan. Por tanto, no quisiera, en absoluto, que las declaraciones del Director General supusieran un motivo de preocupación sobre los contenidos del proyecto de ley de fomento de la cinematografía, porque, en definitiva, lo que se pretende con esta ley es la consolidación, obviamente, del sector.
Quiero agradecer la intervención del señor Clotas, representante del Grupo Socialista. Por supuesto, hay que tener en cuenta que las medidas que hemos adoptado en el ámbito de la Unión Europea respecto al GATT y el tema del audiovisual han sido, insisto, con la participación de la mayoría de los países, ya que, como ustedes saben, en noviembre del año pasado se acordaron toda una serie de medidas que fueron aceptadas por los países integrantes de la Unión Europea. Me parece que en este caso nuestro país ha mantenido la postura correcta, y creo que nos deberíamos felicitar todos por ello.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Cortés.
El señor CORTES MARTIN: Señor Presidente, tengo que recordar, una vez más, que la comparecencia de la señora Ministra se hace a petición del Grupo Parlamentario Popular para informar sobre el impacto que tendrá el GATT, no sobre cosas que no están en el GATT. Por tanto, sólo la benevolencia de la Presidencia, que sienta un precedente con su actuación, y también, desde luego, la de los grupos parlamentarios que no han pedido a la presidencia, como una cuestión de orden, que la señora Ministra o los demás intervinientes se atengan a aquella cuestión que nos ocupa, es lo que ha permitido que la sesión discurra por estos derroteros.
El señor PRESIDENTE: Tiene S. S., precisamente en este turno excepcional, la oportunidad de expresar, con la mayor concreción posible, aquellas cuestiones que a su juicio no han sido contestadas por la señora Ministra; con concreción, repito, porque es un turno excepcional.
El señor CORTES MARTIN: Señor Presidente, es un turno que no era excepcional hasta ayer, pero en cualquier caso acepto la excepcionalidad introducida por la Presidencia ahora, puesto que parece que esta sesión va de novedades en la interpretación parlamentaria hay tres cuestiones concretas, señora Ministra, a las que, al parecer, afecta el GATT. Una primera es el libro. En el libro lo único que nos dice la señora Ministra es que se ha encargado a la federación del gremio de libreros que haga un informe, que ellos han encargado, a su vez, a unos expertos. Lo que no nos ha dicho la señora Ministra es lo que nos tenía que decir: cómo va a afectar el GATT.
Créame que, aunque nosotros tenemos una opinión bastante crítica respecto del actual Gobierno, nos cuesta pensar que haya ido a negociar un acuerdo de tanta transcendencia como el GATT sin tener previamente los estudios, las valoraciones, las posibles consecuencias que tendría el GATT si se aprobase en unos términos o si se aprobase en otros. Nos cuesta creer, repito, que no tengan ese informe. Lo que pasa es que la señora Ministra nos está demostrando que han ido a ciegas completamente, sin saber cuáles eran las consecuencias. Y hablar de esas consecuencias no es decir que ahora se va a tratar con los sectores para ver qué es lo que puede pasar, no es eso; es haberlo sabido antes, en función de lo que allí se haya acordado, que a lo
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mejor resulta que es muy poco, como dice la señora Ministra, pero yo estoy manejando información oficial y resulta que en el sector de artes gráficas y edición --y sólo hablo del empleo-- en España en 1982 había empleadas 93.063 personas, y en 1990 hay 85.000. Por tanto, ha habido una disminución del empleo. Pero en ese mismo sector y en ese mismo plazo de tiempo, en Alemania se ha pasado de 216.000 a 234.000 y en Francia se ha pasado de 87.000 a 139.000. Puedo citar todos los demás países, pero seguro que es una documentación que tiene la señora Ministra. Esto antes del GATT, esto como consecuencia de nuestra incorporación a la Comunidad Europea, hoy Unión Europea.
Queremos saber si en las previsiones del Ministerio de Cultura se piensa que el nuevo marco arancelario tendrá incidencias o no las tendrá; esto es el impacto y no me diga que han encargado un estudio. Eso lo tendría que saber antes, porque a lo mejor resulta que a los intereses españoles les venía bien otra cosa, o a lo mejor era inevitable que saliese lo que ha salido en el GATT. Pero entonces habrá que avisar al sector y decir: «les informamos que a partir de tal fecha las nuevas circunstancias van a ser éstas; prepárense ustedes tecnológicamente, prepárense ustedes laboralmente, asóciense, intégrense, firmen alianzas con otras compañías de fuera». Así es como actúa un gobierno responsable, y eso es lo que no ha hecho el Ministerio de Cultura en este sector.
En el sector de la producción musical parece que ni siquiera se ha encargado ese estudio, que ni siquiera lo tiene el Gobierno. Porque tampoco me puedo creer que la señora Ministra dispusiese de ese informe y se lo negase al Parlamento, ya que confío en la buena fe de la señora Ministra cuando dijo que iba a comportarse como debe hacerlo una Ministra en un régimen parlamentario y que no iba a ocultar información al Parlamento. Por tanto, sigo pensando que este Gobierno, en este asunto concreto, también ha ido a las negociaciones sin saber qué es lo que nos jugábamos, y eso puede tener consecuencias.
Yo no sé cómo incidirá la mucha producción musical, por ejemplo, en países del centro y del este de Europa o en países del Extremo Oriente, que salen del área de la Unión Europea y tienen una competitividad muy elevada. Y sobre eso habrá que tener una valoración, por mucho que usted y yo tengamos una opinión globalmente favorable sobre el GATT, y que --usted no porque no es diputada, pero yo sí-- votemos a favor de su ratificación. Pero habrá que saber qué es lo que votamos, y ésa es responsabilidad del Gobierno, porque él tiene, junto con unos privilegios de aparecer en una posición preferente respecto de los demás, unas obligaciones, que es la razón por la que se está en el Gobierno, y no para trasladar un acuerdo con el gremio de los libreros.
Finalmente, la Ley de la Propiedad Intelectual. Yo no he hecho una valoración sobre la Ley de la Propiedad Intelectual, por mucho que ahora el señor Clotas lo pueda mencionar en una clara contradicción, porque ha dicho que nosotros la criticamos y que luego la habíamos votado favorablemente. Ese tipo de incoherencias son propias de otros lados de la Cámara, nosotros no lo hacemos. He dicho que la Ley de la Propiedad Intelectual está teniendo problemas en su aplicación y que hay críticas y comentarios que dicen que no responde a las expectativas que se habían creado con ella. Yo pregunto cuáles son las consecuencias de la nueva regulación de la propiedad intelectual en el GATT en la legislación española.
Y ahora, señora Ministra, vuelvo a decirle lo que le manifestaba antes, y no sé si esto es lo que usted consideraba una cuestión personal. Yo he dicho que cuando se es profesora se explican los textos, y se dice: «esto es lo que hay», y se describe. Usted lo ha hecho bien, y se lo agradecemos. Ha hecho una buena síntesis de lo que todos podíamos haber leído, pero que algunos, a lo mejor, no lo habían hecho, y eso, repito, está bien. Pero lo que tiene que hacer un político, sobre todo un político que tiene responsabilidades de gobierno, a diferencia de lo que tiene que hacer un profesor, no es decir: «yo tengo mi criterio, pero ya se lo contaré cuando veamos la directiva». No es eso, porque si le hemos pedido que comparezca ante el Parlamento es para que nos explique cuál es su posición, no para que venga cuando llegue una directiva que se está decidiendo o negociando en un grupo de trabajo comunitario de propiedad intelectual.
El Gobierno, insisto, tendrá que tener alguna posición. Tendremos que saber los españoles si habremos de estarle agradecidos o habremos de ser críticos con la posición que está defendiendo. ¿Cómo se puede ejercer, si no, el elemental control democrático, que es la base de un régimen parlamentario? El que usted sea ministra y responda ante un parlamento significa que a través de ese parlamento y de los medios de comunicación, la opinión pública tiene que saber si con las decisiones que usted está tomando o con sus omisiones se está beneficiando o se está perjudicando a los intereses nacionales, globales o sectoriales. Y para eso es para lo que se tienen estas comparecencias: para que el Parlamento pueda ejercer su obligación constitucional de controlar al Gobierno. Pero si usted viene aquí y simplemente nos dice que un grupo de expertos, que no sabemos quiénes son, y que escapan fuera de todo control, van a decidir no sé qué cosa, y luego decidirán la trasposición de una directiva que vendrá de allí a esta Cámara para que la ratifique, una vez que haya sido además acordada por los Doce, ya me dirá usted qué es lo que hacemos en este Parlamento y sobre todo qué es lo que hace usted como ministra de un régimen parlamentario que tendrá que responder ante el Parlamento.
Tiene usted la oportunidad, en el próximo turno, para explicarnos cuál es el impacto del GATT sobre el sector del libro. Yo le he dado algunos datos, por ejemplo, en cuanto al empleo, pero también nos podría haber dicho cómo se va a producir en cuanto a la posibilidad de uniones, de colaboración entre empresas de distintos países o también las posibilidades de la exportación con la nueva valoración de la peseta. Nos podría decir algo, que no ha dicho absolutamente nada, sobre la producción musical; puede indicar que el impacto es cero; entonces, usted dice que es cero, figura en el «Diario de Sesiones» y luego ya lo veremos. Pero asuma usted alguna responsabilidad que
nos permita a nosotros y a la opinión pública que ejerzamos el control que tenemos que ejercer sobre un Gobierno.
Sobre la propiedad intelectual, díganos si con las novedades que se han introducido en el GATT se va a ver afectada nuestra legislación. Como bien ha recordado el señor Clotas, nosotros votamos dicha Ley favorablemente pero no para deslumbrar al mundo como piensa S. S., ya que aquí hemos pasado de deslumbrar al mundo. Somos un país donde uno se enriquecía fácilmente, pero luego también parece que somos un país donde se va a la cárcel en circunstancias más nocturnas, vamos de sorpresa en sorpresa. Pero vamos a dejar de asustar al mundo, vamos a dejar de sorprenderle y vamos a hacer cosas normales, cosas que interesan a los ciudadanos y que permitan que la propiedad intelectual en España esté protegida en el marco nacional y esté protegida en el marco más amplio, en el que, necesariamente y gracias a Dios, se tiene que mover nuestra economía y nuestra producción cultural, artística e industrial. Tiene usted una nueva oportunidad de decirnos algo, señora Ministra.
Le agradecemos las explicaciones sobre lo que ya conocemos, pero, de verdad, la solicitud de comparecencia que ha presentado este Grupo Parlamentario es para que nos informe del impacto que tendrá el GATT en los sectores que son de su competencia: libro, producción cinematográfica y propiedad intelectual. El audiovisual está fuera del GATT; no tendrá repercusión en ninguno de los sectores sobre los que tiene responsabilidad la señora Ministra. (El señor Clotas Cierco pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: El señor Clotas tiene la palabra.
El señor CLOTAS CIERCO: Señor Presidente, solicito un brevísimo turno por alusiones.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, señor Clotas, para lo que quiera.
El señor CLOTAS CIERCO: Quiero decir dos cosas. La primera, señor Cortés --esto creo que lo sabe-- es que la Ley de Propiedad Intelectual española es la última ley que se ha hecho en Europa y, efectivamente, todo el mundo ha reconocido que es una ley moderna, progresista y que mejora claramente las situaciones jurídicas anteriores. Por tanto, no estoy diciendo nada que no haya oído en otros labios importantes, de responsables de organismos internacionales muy significativos, que están unánimemente de acuerdo en que la ley española supone un paso muy positivo.
Usted se equivoca en el tiro, porque estuvieron de acuerdo y también hicieron esa ley. Lo que ocurre es que después han venido con una especie de rebaja, que más bien les desautoriza, les hace quedar muy mal frente a los sectores de artistas e intérpretes de este país, como quedó en evidencia en esta Cámara, y permítame que le diga que no entiendo mucho su posición, señor Cortés, en este aspecto. Por consiguiente, no me atribuya palabras que no he dicho ni valoraciones que están fuera de la realidad, porque la realidad está de acuerdo con mis palabras.
En segundo lugar, señor Cortés --y en el asunto que nos ocupa--, la impresión que tengo al escucharle es que quien realmente no conoce el impacto de los acuerdos del GATT sobre los sectores culturales --y perdone la alusión tan directa-- es usted; porque en toda su larga intervención, señor Cortés, sólo he oído una abstracción prolongada, pero no he oído ni una sola referencia a alguno de los aspectos concretos en que la ley podía afectar. La señora Ministra ha sido muy clara cuando le ha explicado cuál es la situación del libro, que tienen unos aranceles de base cero en el comercio; cuál es la situación de los productos de soporte musical; cuál es la situación del patrimonio, y, efectivamente el gran efecto que podían producir los resultados de la negociación del GATT se referían al audiovisual, por tanto, es lógico y correcto que empecemos valorando ese aspecto. Y luego, los otros aspectos --que usted desconoce, no el Ministerio ni el Grupo Socialista-- que pueden existir son de un carácter bastante menor, y creo, señor Cortés, que antes de pedir la comparecencia de la señora Ministra en este aspecto, el Grupo Popular haría bien en informarse mejor del tema sobre el que va a pedir explicaciones al Gobierno. (El señor Alcaraz Masats pide la palabra.)
El señor ALCARAZ MASATS: Señor Presidente, yo creo que el asunto no ha sido bien enfocado, porque la cuestión audiovisual y del cine es el problema clave en los asuntos del GATT, y aquí no hay gato encerrado de ningún tipo, señor Cortés, porque el GATT no está nunca definitivamente cerrado. Se trata de un complejo de acuerdos bilaterales, en función de los cuales, los distintos gobiernos y los distintos entes empresariales de todo tipo seguirán presionando siempre, como lo están haciendo ahora, por ejemplo, poniendo a la industria cinematográfica española serios obstáculos en su difusión en los Estados Unidos, donde usted sabe que no hay doblaje. Aquí se quejan ustedes de que hagamos un doblaje repetido con una serie de condiciones previas; y nos están poniendo serias dificultades a la calificación de las emisiones de distintas películas españolas en los Estados Unidos, y siguen presionando en el seno del mercado internacional (y aquí mismo, en España, en estas reuniones a las que he hecho referencia) los representantes de las multinacionales de forma muy intensa y muy firme.
Por tanto, no saquemos el asunto del cine de los acuerdos nunca cerrados del GATT y nunca cerrados en ls relaciones bilaterales. Nosotros vamos a intentar mantener esa seria tensión de cara a cómo se aplica la Ley de Fomento y Protección del Cine y cómo se elabora --y me parece que es una pregunta que ha quedado por contestar-- la futura ley del cine, la que va a armonizar y refundir toda la normativa anterior de cara a una ordenación total, con un amplio horizonte del sector español.
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Desde ese punto de vista, señora Ministra, el consenso parlamentario a cierto nivel que se consiguió respecto a la Ley de Fomento y Protección del Cine --el doblaje y la cuota de pantalla son los dos temas fundamentales que están planteados para revisar ese posible acuerdo parlamentario--, debiera conseguirse sobre la consolidación de algo que tiene un camino por delante, y no de rosas, que recorrer: la consideración de la industria cinematográfica española. No me refiero a un consenso sobre posibles presiones por arriba de multinacionales, de chantaje o de posibles --de nuevo otra vez-- huelgas de salas cinematográficas. Es decir, se puede empezar a ver la matización de ciertos acuerdos sobre la base de lanzamiento, apoyo y estructuración definitiva de la industria cinematográfica española, que está absolutamente en pañales, aunque, efectivamente, hay una serie de conquistas. Ya dije en el Pleno que lo de «Belle époque» no había sido el gol del cojo, sino también obra de la creatividad y de la incipiente posibilidad de una industria cinematográfica española seria.
Más todavía, señora Ministra, y termino. En todo caso, ese acuerdo de matización sobre el tema de licencias de doblaje o cuota de pantalla quizás habría que situarlo en el consejo superior de la cinematografía, cuando se constituya. Me parece que ése sería el sitio adecuado, residenciar ahí, donde estarían todos los sectores afectados, desde los actores, productores, exhibidores, distribuidores, incluso representantes de las multinacionales, para no entrar en una contradicción entre la promoción de la industria española y el impacto muy serio de la industria norteamericana, que supera ya en cuotas de pantalla el 90 por ciento en las salas españolas; el 80 por ciento es la media europea y el 90 por ciento en las salas españolas.
Esas son las cosas que yo quería plantearle en esta segunda y brevísima intervención.
La señora MINISTRA DE CULTURA (Alborch Bataller): Creo que el señor Cortés, en esta su segunda intervención, tampoco ha añadido nada nuevo a lo que ha dicho en la primera. Por tanto, lo único que puedo hacer es reiterar lo que ya he manifestado en mis dos intervenciones anteriores.
Como ustedes comprenderán si en el sector del libro el régimen arancelario es de base cero, ahí parece que no va a haber ningún tipo de problema y además, insisto, teniendo una industria editorial potente la situación pensamos que es positiva, no sólo en el presente sino también hacia el futuro, teniendo en cuenta, además, que afortunadamente cada día se incrementa el número de personas que hablan nuestra lengua.
Respecto al tema de la producción musical, insisto en que si la rebaja del arancel sería de un punto aproximadamente, en ese caso las valoraciones que se pueden hacer, y las perspectivas primeras que de una manera informal se han hecho por el sector (en concreto hemos mantenido algunas conversaciones con la Sociedad General de Autores) son favorables porque se trata de un sector ampliamente creciente.
Respecto al tema de la propiedad intelectual, insisto en que la aplicación de los principios, tanto el principio de trato nacional como la incorporación de la cláusula de nación más favorecida a estos temas, se consideran positivos. Por supuesto las Directivas de la Unión Europea en esta materia y nuestra posición siempre son mejorar los mecanismos de protección de los diferentes derechos que hoy se contienen en la Ley.
Por otra parte, quisiera decirle al señor Alcaraz que más que de una nueva ley de lo que estamos hablando es de la elaboración del decreto, o sea, el desarrollo reglamentario de la ley. Evidentemente estoy de acuerdo con el representante de Izquierda Unida, porque sí creemos que las funciones del Consejo Superior de Cinematografía serían, por un lado, la preparación de las diferentes medidas legales y, por otro, el establecimiento de las estrategias. Me parece que, si finalmente se incorpora a la Ley, sería un órgano muy eficaz y facilitaría el consenso, como él mismo ha apuntado.
Obviamente, no podemos perder el interés en el tema del audiovisual, efectivamente, porque la tensión es fuerte, pero precisamente porque existe esa tensión fuerte nosotros creemos que no sólo tenemos que mantener nuestras posiciones, sino también procurar que haya el mayor consenso posible, y de eso sí puedo informar a la Comisión que los intentos de diálogo, sin abandonar, por supuesto, las medidas iniciales, se están produciendo en todo momento pero, por otra parte, junto con esa voluntad de diálogo, también está la voluntad de no dejarnos vencer ante determinadas amenazas que, en nuestra opinión, no tienen sentido, amenazas que, por otra parte, se han reproducido en los medios de comunicación pero, por supuesto, no en relación con el Ministerio de Cultura.
--SOBRE FINANCIACION DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA REHABILITACION DE LA CASA EN QUE SE UBICA LA FUNDACION PABLO PICASSO, DE MALAGA, ASI COMO PARA LA CREACION DE UNA GALERIA DE ARTE Y UN MUSEO. FORMULADA POR EL SEÑOR SOUVIRON GARCIA, GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de expediente 181/000588.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al segundo punto del orden del día: contestación a preguntas.
Para formular la pregunta número 588, el señor Souvirón García tiene la palabra.
El señor SOUVIRON GARCIA: Quiero empezar agradeciéndole a la señora ministra su disposición a responder sobre un asunto referido a la ciudad de Málaga. Sin duda por la importancia del personaje que está en su origen, Pablo Ruiz Picasso, traspasa los límites provinciales
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y, por utilizar palabras de su antecesor en el cargo, señor Solé Tura, es un tema que interesa a la política cultural del Estado y, por tanto, compete al Gobierno central y en concreto al Ministerio de Cultura.
Espero que a partir de esta respuesta también se restablezca la comunicación entre el Ministerio y la dirección de la Fundación Pablo Picasso, de Málaga, que ha sido muy fluida en momentos anteriores del Ministerio de Cultura con los señores Semprún y Solé Tura, y que en este momento se encuentra suspendida desde el último relevo ministerial, sin duda por las múltiples ocupaciones a que tiene que hacer frente cada día la señora ministra.
El Ayuntamiento de Málaga compró la casa natal de Pablo Picasso, creó la Fundación pública municipal Pablo Picasso, de Málaga, y a partir de ahí se empiezan a cumplir objetivos que estaban en la base de todos estos actos. En primer lugar, el mantenimiento de la propia casa natal, la creación de un importante centro de documentación y bibliografía sobre el artista; la inclusión de la ciudad de Málaga en eso que se llama el itinerario picassiano y la creación de un centro de cultura que ha tenido iniciativas, alguna de las cuales, sin duda, conocerá la señora Ministra porque se hicieron en colaboración con el IVAM en el momento en que ella lo dirigía. También se ha conseguido, y es importante, implicar a la familia Picasso en la viabilidad futura del proyecto y hay cierto compromiso de futuros depósitos y secciones de obras originales de Pablo Picasso.
La verdad es que en momentos anteriores al último verano se llegó a un compromiso con el anterior Ministro, señor Solé Tura, en virtud del cual prometió facilitar la financiación precisa para que la Fundación Picasso pudiera ser un instrumento vivo de cultura y se creara una galería de arte contemporáneo y un museo que, con todas las garantías técnicas necesarias de los museos modernos, fuera capaz de acoger las futuras donaciones que fueran en su momento cedidas por personas que tuvieran obras relacionadas con Picasso.
Pasa el tiempo y la verdad es que la dirección de la Fundación entiende que ese compromiso no se cumple. Es por eso por lo que planteamos la pregunta. Toda la iniciativa parte de un gobierno municipal con mayoría del grupo que apoya la gestión de la ministra, del que también forma parte, lógicamente, el Grupo Popular, que comparte en todo momento las gestiones que se han venido realizando. Yo creo que es un proyecto detrás del cual está Málaga entera y en estos momentos en que parece que el Ayuntamiento de Málaga --desgraciadamente, no parece, sino que es así-- tiene serios problemas económicos y se ha quedado hasta sin voz, nosotros con mucho gusto la ponemos para preguntar a la ministra cuándo piensa el Ministerio de Cultura cumplir el compromiso adquirido con la Fundación Pablo Picasso, de Málaga, consistente en la financiación de las obras necesarias para la rehabilitación de la casa en que se ubica y la creación de una galería de arte y un museo.
El señor PRESIDENTE: La señora ministra tiene la palabra para contestar.
La señora MINISTRA DE CULTURA (Alborch Bataller): Efectivamente, a través de los medios de comunicación tuvimos noticia --es la primera información que tuvimos-- sobre un posible incumplimiento por parte del Ministerio de Cultura de un compromiso de financiación de las obras necesarias para la rehabilitación de la casa en que se ubica la Fundación Pablo Ruiz Picasso y para la creación de una galería de arte y un museo.
Precisamente al aparecer esta noticia en la prensa (insisto en este tema, porque con anterioridad no habíamos tenido ninguna petición de entrevista sobre este particular por parte de los responsables de la Fundación) me preocupé de saber hasta qué punto ese compromiso existía y después de consultar en el Ministerio de Cultura toda la documentación que podía hacer referencia a ese tema no había constancia alguna de este compromiso a nivel documental. Lo que sí se había producido era una entrevista entre mi predecesor, el señor Solé Tura, y los responsables de la Fundación, en la que según tengo entendido (porque, además, continúa estando en el Gabinete una de las personas que asistió a la celebración de esta reunión) mi antecesor no asumió ningún compromiso.
Se trató de una entrevista en la que se planteó a problemática de la Fundación y del museo. No obstante, la Fundación Pablo Ruiz Picasso, de Málaga, se adhirió en 1991, mediante un convenio firmado con el Ministerio de Cultura, al sistema español de museos. Como sabrá S. S., el ministerio convoca cada año subvenciones para inversiones en infraestructuras para los museos de titularidad no estatal que estén incluidos en este sistema. Esta es la vía que mantenemos para la realización de este tipo de obras o adquisiciones de material para los museos que no son de titularidad estatal.
En 1993, tras adherirse al sistema de museos, la Fundación Picasso solicitó al Ministerio de Cultura una subvención para adquirir una biblioteca privada, mobiliario y diverso equipo técnico, y le fue concedida en esa ocasión una subvención de 2.826.000 pesetas para la mejora de su infraestructura material.
Con la contestación a esta pregunta no quiero que el señor diputado interprete que hay una negativa por parte del Ministerio de Cultura a reiniciar las conversaciones para poder apoyar a la Fundación Pablo Ruiz Picasso en sus legítimas pretensiones de tener ayuda por parte del ministerio para un mejor acondicionamiento de las instalaciones y, por tanto, para poder realizar las actividades con el nivel que Picasso se merece. Estamos completamente abiertos a retomar las conversaciones que en su día se iniciaron pero, insisto, no hay constancia de ese compromiso. Por tanto no podemos hablar de incumplimiento de un compromiso, sino que me gustaría abrir una puerta para que en su caso ese compromiso sí se pudiera generar.
El señor PRESIDENTE: Señor Souvirón.
El señor SOUVIRON GARCIA: En cualquier caso, señora ministra, lo que puede haber son problemas de comunicación entre una y otra parte, que yo creo se pueden superar.
Tomo de sus palabras lo que es más esperanzador y, en ese sentido, le animo a que establezca ese contacto con la dirección de la fundación para que conozca a fondo el proyecto que se está llevando a cabo y vea que, siendo un proyecto realista, además también necesita el correspondiente apoyo de la Administración como justo y necesario reconocimiento del Estado y del Gobierno hacia los propios merecimientos de Picasso por lo que ha supuesto para el nombre de España y para el arte mundial en general.
Por tanto, buenas son todas las iniciativas que se llevan a cabo y que favorezcan que su casa natal además de ser un museo, como usted bien dice, sea un proyecto de futuro e incluso de vanguardia de arte en una ciudad que quizá es de las importantes de España --o sin quizá--, la única que requiere (a lo mejor se me puede tachar de localista, pero creo que es así) un tratamiento especial porque es la única en sus características que, al no ser capital de comunidad autónoma, no tiene los beneficios administrativos y económicos que las demás tienen.
Aprovecho la ocasión para pedir ese tratamiento especial, centrándonos en este tema que puede ser importante para Málaga.
Por lo demás quedamos a lo que el futuro pueda traernos y que deseamos sea esperanzador.
La señora MINISTRA DE CULTURA (Alborch Bataller): Quiero insistir sólo en que efectivamente es una fundación que merece todo mi reconocimiento y a la que, además, visitaré próximamente para pronunciar una conferencia sobre Julio González y sus relaciones con Picasso. En ese momento tendré oportunidad de ver cómo está funcionando y cuáles son sus necesidades.
--SOBRE PREVISIONES RESPECTO DEL PROYECTO DE CREACION DE UN CENTRO COREOGRAFICO NACIONAL EN VALENCIA. FORMULADA POR EL SR. GIL LAZARO, GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de expediente 181/000634.)
El señor PRESIDENTE: Para formular la pregunta número 634, el señor Gil Lázaro tiene la palabra.
El señor GIL LAZARO: Señora Ministra, por desgracia, en la sociedad valenciana existe una percepción muy poco satisfactoria en lo que concierne a los resultados obtenidos de los convenios que se han suscrito en los últimos años con la Administración del Estado, porque, a fin de cuentas, el incumplimiento del texto de estos convenios ha sido la nota predominante de los mismos.
Desde luego no no estamos refiriendo al Ministerio de Cultura, porque ese departamento ha sido tan absolutamente cicatero en años anteriores, a la hora de concluir instrumentos de colaboración cultural con las administraciones valencianas, que ni siquiera ha tenido la ocasión de poderlos incumplir. Lo dicho es igualmente de aplicación a las promesas o expectativas de convenios que se iban a formalizar y de los que nunca más se supo, volatilizándose después de ese anuncio.
En este contexto es natural que, frente a la comentada supuesta intención del Ministerio de Cultura de concluir un convenio con la Generalitat Valenciana para la instalación de un centro coreográfico nacional, nos sintamos obligados a solicitar del Gobierno la información oportuna acerca del mismo, a fin de evitar que este asunto pudiera quedar diferido a una mera declaración de buenas intenciones sin ulterior concreción.
Por el momento, lo único que la opinión pública conoce, en relación con este posible convenio, es la afirmación hecha por la señora Consellera de Cultura, el pasado 15 de febrero, indicando que se iban a entablar conversaciones con el ministerio para crear ese centro coreográfico nacional, que se especializaría únicamente en el ámbito de la danza contemporánea. Sin embargo, la señora Pedraza no fue capaz de ser más explícita en cuanto al alcance, contenidos y plazos de ese hipotético convenio, limitándose a señalar que en los próximos meses se estaría en condiciones de presentarlo ante la opinión pública.
No queremos insistir en el enorme valor que para la producción coreográfica española tendría un centro de estas características porque resultan obvias. Eso sí, nos extraña que se parta de cierta limitación conceptual cuando se señala que dicho centro sólo desarrollaría sus tareas experimentales, investigadoras y de creación en el ámbito de la danza moderna, porque entendemos que, puestos a realizar un esfuerzo presupuestario de organización, didáctico y de programación como el que un proyecto de esta naturaleza comporta, convendría dotarle, desde el principio, de una proyección temática amplia que permita obtener la máxima rentabilidad cultural a la inversión realizada, dando igualmente por ello opción a la más plena participación de los profesionales del sector y no sólo a los vinculados a una determinada especialidad.
En definitiva, entendemos que el proyecto formulado en la inconcreción que hasta ahora lo hemos conocido puede ser un proyecto interesante para el conjunto de la vida cultural española. Entendemos, además, que la sociedad valenciana dispone de infraestructuras culturales y de una sensibilidad acreditada como para ser sede de este proyecto. Desde esa evidencia, parece que puede operar dicha sociedad como un soporte adecuado para que este centro coreográfico nacional pueda tener su sede en Valencia y para la mejor extensión social de las futuras actividades del mismo. Dicho centro coreográfico permitiría, también, que se avance mucho más adecuadamente en el protagonismo internacional de los trabajos que los profesionales españoles vienen desarrollando y será, sin duda, un punto de encuentro para intercambio de técnicas y experiencias.
En virtud de estas consideraciones, nosotros preguntamos qué previsiones tiene el Ministerio de Cultura en relación con la posible creación de este centro coreográfico nacional con sede en Valencia. Nos gustaría que la señora ministra en su respuesta pudiera ser especialmente concreta en lo que se refiere a líneas de inspiración, plazos y, desde luego, inversiones previstas.
La señora MINISTRA DE CULTURA (Alborch Bataller): En primer lugar, hay que partir de la idea de que los convenios que se han realizado en la Comunidad Valenciana con el Ministerio de Cultura no creo que se hayan incumplido. De hecho, el Museo San Pío V, como muy bien sabe S. S. es de titularidad estatal y de gestión autonómica, y se están cumpliendo los plazos para su reacondicionamiento. Quiero recordarle, como ejemplo, que el Palau de la Música, de Valencia, se construyó gracias a la amplísima intervención del Ministerio de Cultura.
Entrando más en el tema, voy a ser muy concreta, lo cual no quiere decir que pueda dar plazos ni cantidades, pero no porque quiera ocultar datos, sino porque lo importante en este momento es informar a la Comisión sobre el proceso que puede haber generado la noticia a que hace referencia al señor diputado y que es la base de la pregunta que realiza.
El Ministerio de Cultura se planteó en su momento la posibilidad de crear, como muy bien ha dicho el señor diputado, un centro coreográfico nacional. Dicho centro tendría los siguientes contenidos u objetivos. Por una parte la formación de alto nivel; por otra parte la producción de espectáculos, la investigación sobre nuevas coreografías, sobre la sociología y la cultura de la danza, y también un apartado importante de documentación, tanto escrita como audiovisual sobre el tema.
En esa línea se hizo un primer proyecto de creación de este centro coreográfico nacional que nos parecía sería importante, dada la afición y las aptitudes que existen en nuestro país para el desarrollo de este arte. El proyecto se presentó en el Consejo de Danza, que se celebró, además, en nuestra Comunidad; este proyecto se presentó, insisto, el pasado día 18 de febrero, y en este momento está siendo objeto de estudio por parte de sus miembros.
Con posterioridad a esa reunión, la Consejera de Cultura de la Comunidad Valenciana manifestó un gran interés para que la ubicación del centro coreográfico fuera en la Comunidad de Valencia, y lo manifestó en la Comisión mixta que estamos celebrando no sólo con la Comunidad Valenciana sino con todas las comunidades autónomas con la finalidad de llegar a acuerdos que tendrán su trascendencia y su aplicación no sólo en estos ejercicios presupuestarios sino también a medio y a largo plazo. En esta Comisión mixta, insisto, la Consejera manifestó su interés para que la ubicación del centro coreográfico fuera en la Comunidad Valenciana, de lo que tomamos nota. Pensamos que la Comunidad Valenciana reúne las características adecuadas para ser la sede del centro coreográfico nacional, entre otras cosas porque existe un gran número de grupos dedicados a la danza contemporánea, es decir, existen las aptitudes, las cualidades o las condiciones idóneas y, por otra parte, porque la Generalitat Valenciana, a través de la Consellería de Cultura, manifestó su interés en la colaboración y, por tanto, en el mantenimiento del centro coreográfico.
Puedo decir a S. S. que esto ha sido una declaración de interés y de intenciones. También quiero decirle que existen estas razones para que se se ubique el centro en la Comunidad Valenciana, que iría también en la línea de la descentralización de determinadas actividades o unidades de producción del Ministerio de Cultura. Lo único que quiero poner de manifiesto es que en la creación de ese centro coreográfico y en la elaboración de ese primer proyecto, todavía no se ha realizado una cuantificación económica. Precisamente porque estamos en un momento de austeridad presupuestaria, como SS. SS. saben perfectamente, y me parece que antes de iniciar un nuevo proyecto tenemos que saber su cuantificación y las posibilidades de financiación del mismo.
No me gustaría que pensáramos que ya se ha tomado la decisión de constituir este centro coreográfico y que la sede va a ser Valencia. Creo que Valencia, por las circunstancias a que me he referido, podría ser la adecuadísima ubicación del centro, pero no me gustaría que hubiera precipitación en este tema precisamente porque creemos que es muy importante asumir los compromisos adquiridos y la finalización de determinados proyectos antes de emprender otros nuevos que, además, insisto, están en fase de estudio.
El señor PRESIDENTE: Señor Gil.
El señor GIL LAZARO: Gracias, señora Ministra, porque en esta ocasión --rompiendo, quizá, con lo que viene siendo sus últimas comparecencias-- creo que ha sido usted elegantemente explícita a la hora de desmentir las afirmaciones hechas por la señora Consellera de Cultura. Me ha dicho usted que el Consejo, efectivamente, se reunió el 18 de febrero y que fue entonces cuando la señora Consellera de Cultura, en nombre de la Generalidad valenciana, manifestó su interés. Sin embargo, tal y como yo señalaba en la fundamentación de mi pregunta, la señora Consellera de Cultura, en nombre de la Generalidad valenciana, el 15 de febrero, es decir, tres días antes de la reunión del Consejo, ya expresó públicamente, en el acto de presentación del Certamen «Valencia a Dansa» de este año, que existía un compromiso con el Ministerio de Cultura para la creación de este centro coreográfico nacional, que la sede del mismo iba a ser la Comunidad Valenciana y que en los próximos meses se podría ser más explícito en cuanto a los contenidos, al desarrollo, inversiones, es decir, en cuanto al cuerpo de este convenio, pero dio por sentado que era una decisión tomada.
Hoy la señora ministra nos ha dicho, en síntesis, que no se ha tomado todavía la decisión de constituir el centro en virtud de una serie de consideraciones que ha hecho, entre ellas de orden presupuestario, ni, desde luego, se ha tomado la decisión de que, constituido el centro, tenga su sede en la Comunidad Valenciana y en concreto en la ciudad de Valencia.
Creo que la señora ministra y yo coincidimos en el análisis general que hemos hecho en cuanto a la idoneidad de la sociedad valenciana y de las infraestructuras culturales valencianas para poder ser sede de este importante proyecto, si es que, efectivamente, se lleva a cabo. Lo cierto es que lo que nos importaba a nosotros dejar hoy
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suficientemente claro como punto de partida es lo que claramente ha dicho la señora ministra, es decir, que no hay todavía una decisión firme en cuanto a la constitución de este centro coreográfico nacional --insistimos en que nos sigue pareciendo un proyecto muy interesante-- ni, desde luego, hay decisión en cuanto a que vaya a tener su sede en Valencia.
La señora ministra ha hecho un esbozo en cuanto a que podrían ser cinco grandes vertientes el armazón conceptual del centro: formación de alto nivel, producción, investigación, sociología de la danza y documentación.
Veo que también ha reafirmado algo de lo que ya se anticipó en la propia fundamentación de mi pregunta y es que el centro, en el supuesto de que efectivamente viese la luz, nacería única y exclusivamente orientado a lo que es el desarrollo de estas tareas en el ámbito de la danza contemporánea. Vuelvo a repetir que nos parece que de alguna forma, dado el importante esfuerzo que un proyecto de esta naturaleza comporta, limitarlo de origen solamente a una especialidad es, de alguna manera, restar una posible mucho más amplia rentabilidad de ese esfuerzo a realizar y que, por tanto, este proyecto, si efectivamente se lleva adelante, debería nacer con una vocación conceptual y con una ordenación temática mucho más general.
Concluyo diciendo que me gustaría, señora ministra, que todo esto no quedara referido a esa mera declaración de intenciones con la que usted ha calificado de alguna manera la afirmación hecha en su momento por la señora Pedraza, en nombre de la Generalidad Valenciana, y que fuera un proyecto que pudiera llevarse a cabo de manera feliz, porque creemos que es una iniciativa interesante. Ahora bien, también tengo que decirle que por lo que hoy nos ha dicho la señora ministra, que, insisto, contradice esencialmente las afirmaciones rotundas que hizo en su momento la portavoz del Gobierno autonómico, nos da la sensación de que podemos estar otra vez en el mismo marco al que yo hacía referencia al inicio de la fundamentación de mi pregunta, es decir, a esa exposición reiterada de meras declaraciones. Evidentemente, la señora Ministra de Cultura ha citado algunos convenios que se han suscrito con la Administración autonómica valenciana en materia cultural. Ya le he dicho que mi referencia a los convenios, fundamentalmente afectaba a otros departamentos y no estrictamente al de Cultura, pero si quiere que también haga referencia al departamento de Cultura, tengo que decirle que, desde luego, los retrasos en la ejecución del convenio con el San Pío V o los retrasos en la ejecución del convenio con el González Martí han sido francamente notorios, y eso la señora Ministra lo sabe, entre otras cosas, porque no tenía entonces esa responsabilidad ministerial y como responsable cultural valenciana estrictamente también hizo manifestaciones al respecto.
En definitiva, y con esto concluyo, habrá que decirle a la señora Pedraza y al Gobierno autonómico valenciano que, desde luego, el Ministerio de Cultura en este momento no tiene las mismas seguridades de las que hace gala esa Administración en cuanto a que el proyecto del centro coreográfico nacional sea una realidad y en cuanto a que tenga finalmente su sede en Valencia
La señora MINISTRA DE CULTURA (Alborch Bataller): Quisiera insistir en que creo que hay que realizar una valoración del coste del centro coreográfico nacional antes de ponerlo en marcha y hay que debatir también el proyecto de dicho centro, porque me parece que es importante que se debatan estos proyectos, cuáles son sus objetivos, cuál es su estructura, etcétera. Comprendo perfectamente que la Consejera de la Comunidad Valenciana manifestara su interés y sus perspectivas y ofrecimiento de que el centro coreográfico nacional tuviera allí su sede.
A mí me gustaría muchísimo --y estoy segura que al señor Gil Lázaro también-- que finalmente pudiéramos constituir el centro coreográfico nacional y que además su sede estuviera en Valencia, porque, por las razones que hemos expuesto, existe base suficiente como para que la ubicación de ese centro fuera allí, pero no me gustaría constatar que existe un compromiso formal, que no existe, porque en cuanto decimos que lo hay, inmediatamente se nos acusa de incumplimiento. Por tanto, me parece que es mejor dejar las cosas como están, decir que, efectivamente, existen razones para que el centro se ubique allí, pero que es un proyecto que hay que debatir y que valorar, y en su día supongo que tendremos ocasión de volver a hablar del tema.
--SOBRE CAUSAS POR LAS QUE LA ENTRADA A LOS MUSEOS SE COBRA POR UN IMPORTE QUE SUPERA EL LIMITE DE LAS CANTIDADES SIMBOLICAS. FORMULADA POR EL SEÑOR ALCARAZ MASATS (GIU-IC). (Número de expediente 181/000705.)
El señor PRESIDENTE: Para formular la pregunta número 705, tiene la palabra el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Señora Ministra, le voy a preguntar sobre el cobro de la entrada a los museos, algo que puede generar, a nuestro juicio, una pequeña sublevación de la vida cotidiana, porque hay mucha gente --jóvenes, mujeres, mayores-- que mantenía con los museos una relación de vinculación muy importante que se puede romper en este momento, aunque ustedes hayan dicho que será una entrada simbólica, lo que vale una cerveza, no sé si será una cerveza con media ración de ostras o una cerveza en algún bar especial. A mí me gustaría conocer el precio, por qué se le pone un precio a la entrada en los museos, y si esta medida, que pensamos que es absolutamente antipopular, no se podría congelar, porque aunque puedan tener en el Gobierno una obsesión por superar el grado de déficit público, ésta tampoco supondría una cantidad muy importante de dinero para las arcas del Estado.
La señora MINISTRA DE CULTURA (Alborch Bataller): Sobre la pregunta que plantea el señor Alcaraz, quisiera aclarar algunas cuestiones previas.
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Alcaraz y el resto de la Comisión sin duda conocen, una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, del 15 de marzo de 1994, establece la necesidad de modificar nuestra normativa interna para dar un mismo trato a los ciudadanos españoles que visitan nuestros museos y al resto de los ciudadanos de la Unión Europea. Por ese motivo, el pasado 17 de marzo se aprobó en Consejo de Ministros el Real Decreto 496/1994, que modifica el artículo 22 del Reglamento de Museos de titularidad estatal y del sistema español de museos, y donde se establece precisamente el principio de igualdad de trato para los españoles y los nacionales de los otros países miembros de la Unión Europea. En esta línea, el Ministerio de Cultura está preparando --ya está prácticamente finalizada-- una orden que va a regular la visita a los museos de titularidad estatal y esta orden ha recibido ya el informe favorable del Consejo de Consumidores y Usuarios, que ha sido remitido al departamento de Cultura el pasado 27 de abril.
Comprendo que el señor Alcaraz esté preocupado porque a partir de la llegada del Partido Socialista al poder se estableciese la gratuidad de los museos y ahora nos planteemos el que se cobre la entrada a los mismos. Hay toda una serie de razones. Lo que sí estaba clarísimo es que teníamos que conceder el principio de igualdad de trato. Nos parecía que optar por la gratuidad para los españoles y para todos los nacionales del resto de los países de la Unión Europea no era lo más adecuado, dado que en nuestro entorno, en la Unión Europea, se cobra la entrada a los museos. Además, pensábamos que las circunstancias, afortunadamente, han cambiado desde que se estableció la gratuidad. En aquel momento era absolutamente necesario impulsar y fomentar la sensibilidad de la población hacia las artes plásticas y hacia la cultura en general y permitir el mejor conocimiento de nuestras colecciones y de nuestros museos; afortunadamente, ese hábito podemos decir que ya se ha generado en nuestra sociedad, y, por tanto, y sobre todo enlazando con la primera razón, veíamos que tampoco era la medida adecuada el establecer la gratuidad para todos los ciudadanos de la Unión Europea.
También pensábamos --y éste sería el otro principio general-- que ningún ciudadano ni ciudadana españoles ni de la Unión Europea debía quedarse sin visitar un museo porque no tuviera la capacidad adquisitiva para ello. Por ello, junto con el establecimiento de un precio para la entrada en los museos, consideramos absolutamente necesario --y así lo hemos puesto de manifiesto-- que exista al menos un día en que la entrada sea gratuita, lo cual garantiza el acceso de los ciudadanos a las colecciones y a las exposiciones temporales de los museos, y, por otra parte, consideramos asimismo necesario que exista una serie de exenciones y reducciones de precios. Al mismo tiempo, hay toda una serie de medidas positivas, en el sentido de apoyar la asistencia a los museos.
Inicialmente, hemos previsto la cantidad de 400 pesetas. No es un precio simbólico, sino más bien un precio político, porque si lo comparamos con el de las entradas que se cobran en los países de características similares al nuestro --y tengo una relación bastante detallada de lo que se cobra, tanto en los museos franceses, como en los alemanes, holandeses o estadounidenses-- el precio que nosotros hemos previsto es sustancialmente inferior. Si ello lo combinamos con la existencia de las exenciones, con el día de entrada gratuita y con las reducciones, muy sinceramente no va a haber ningún ciudadano español ni ciudadana española que deje de asistir a visitar los museos, sus colecciones o exposiciones temporales. Al mismo tiempo, también hay otra serie de días a lo largo del año en que se establece la gratuidad para la entrada a los museos.
Para proporcionar información a la Comisión, en la orden ministerial que hemos elaborado se considera que deben estar exentos del pago de la entrada una serie de colectivos, entre ellos los menores de edad, el voluntariado cultural y educativo, y que disfrutarán de una reducción del cincuenta por ciento del precio de la entrada, es decir, pagarán 200 pesetas, con excepción de los domingos y los días de fiesta que se consideran gratuitos, otros colectivos, como por ejemplo los mayores de 65 años o los jubilados, los titulares del carné joven o del carné de estudiante.
También quisiera decirle que estamos elaborando otra serie de medidas, como es la emisión de unos bonos, que podemos denominar bonos o carnés de museos, para entrar a los 21 museos de titularidad estatal existentes en nuestro país. Habíamos pensado que, en principio, también se podían establecer otros bonos para la visita a los museos de titularidad estatal de una misma ciudad. Todo este tipo de bonos o de carnés van a hacer posible que finalmente tampoco se pague íntegro el precio de la entrada cada vez que se visita un museo.
Por otra parte, quisiera decir que de la experiencia de dirección anterior del Instituto Valenciano de Arte Moderno hemos visto que se ha cobrado entrada y, sin embargo, ha ido creciendo el número de visitantes de una manera espectacular y generándose este hábito de asistencia a los museos, precisamente porque siempre se ha considerado que al establecer el día de entrada gratuita que procuraremos que sea el domingo (porque es cuando las personas tienen más tiempo libre y es importante que se vincule el ocio a la cultura), el objetivo que se persigue es que nadie se quede sin visitar un museo porque no posea las 400 pesetas. Cuando decía que más que hablar de precio simbólico, terminología que yo he empleado, me parecía más correcto decir precio político era porque precisamente el Ministerio de Cultura sigue manteniendo el coste fundamental de los museos, es decir, se sigue en la línea de facilitar el acceso de los ciudadanos a todos los bienes culturales, porque seguimos creyendo que ése es un factor de democratización social.
El señor ALCARAZ MASATS: Señora Ministra, parece que el argumento fundamental es una sentencia de la Unión Europea y que, por tanto, con esta medida nos acercamos a Europa de nuevo--siempre hablamos de Europa como si nosotros no fuéramos una parte integrante de ella--, pero me parece que siempre nos acercamos a Europa en lo que más nos perjudica; incluso en las directivas que estamos trasponiendo ni siquiera nos acercamos a la
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media europea, y en este caso me refiero a la que se va a aprobar mañana en relación con la televisión sin fronteras. Yo creo que, a pesar de esta sentencia, es posible realizar una serie de excepciones culturales, incluso singulares, con respecto a la entrada en los museos. Por ejemplo, el modelo inglés no se parece en nada a los que usted ha citado anteriormente. Es posible incluso en el seno de esta sentencia un modelo de aportación voluntaria de los visitantes de los museos.
Por tanto, es una medida fundamentalmente política en el seno de una política específica que, desde luego, ha relegado al Ministerio de Cultura al 0,25 por ciento del total de los Presupuestos Generales del Estado. No sé si lo han calculado, pero con esta medida ustedes pueden obtener entre 1.000 y 1.500 millones anuales, teniendo en cuenta las visitas que se producen actualmente. Incluso con respecto al tema de la sentencia y a cómo se cumple en los distintos países, por ejemplo los visitantes españoles nos sentimos discriminados en Italia cuando se nos cobra por tramos en una serie de museos. ¿Se va a inaugurar esto aquí también? Por ejemplo, ¿va a haber que pagar un ticket más para ver Las Meninas o las Pinturas Negras de Goya? Porque si se inicia el cobro de la entrada y uno se quiere homologar a ciertos países europeos, al final también podemos cobrar por tramos si el señor Solbes dice que hacen falta 1.000 millones más, porque la política del señor Solbes es tirarse de cabeza allí donde pueda salir un duro o una peseta, en función del déficit público que atravesamos, sin tener en cuenta los problemas de la cultura y de que se trata de un Ministerio con presupuesto absolutamente guineano, si me permite la expresión, del 0,25 por ciento con respecto al monto total.
Desde ese punto de vista, yo creo que se va a producir una separación entre los museos y la calle precisamente en el momento en que se exponen los «gordos» y las «gordas» de Botero en plena calle y hay otra serie de costumbres que se van a establecer que pueden conseguir para los museos ese aire estancado de otras etapas, de otros tiempos: el museo como algo no visitado, como algo muy elitista, porque usted me dirá que 400 pesetas es muy poco, pero hay que tener en cuenta lo que son 400 pesetas para aquel que tiene que vivir la vida cotidiana de manera directa y teniendo en cuenta las pensiones y las cantidades de que dispone la juventud en su bolsillo, y no ha citado usted a las mujeres para nada.
El otro día en la exposición de Antonio López vi a muchísimas más mujeres que hombres visitándola, y las mujeres aparecen absolutamente discriminadas. Y le repito que 400 pesetas no es lo que vale una cerveza, como usted dice. La cerveza cuesta entre 60 y 100 pesetas. Por lo tanto, hemos superado con mucho la expectativa que usted nos creó, a menos de que sea una cerveza más grande o, insisto, con media docena de ostras, pero no se habló de esta segunda parte en la propuesta que usted hizo.
Desde luego, y termino, nosotros planteamos que el modelo no es homologable absolutamente a los países europeos, tal como hasta ahora se está accediendo a los museos --caso inglés por una parte, caso italiano por otra--, y no tenemos por qué aceptar de manera mecánica esta sentencia, que más que nada parece una excusa para cobrar este precio, teniendo en cuenta que es posible, sin duda, introducir una miniexcepción cultural en este caso, dada la situación económica del país con respecto a esos países que usted acaba de citar, respecto a cuyo nivel adquisitivo estamos muy por debajo.
La señora MINISTRA DE CULTURA (Alborch Bataller): Efectivamente, el sistema inglés es diferente pero más complicado que el nuestro en el mecanismo, en el funcionamiento, porque la entrada al museo es gratuita, pero la visita a las exposiciones temporales --le puedo citar el ejemplo de la Tate Gallery-- cuesta más que la entrada para visitar un museo de titularidad estatal español, o costará, incluidas las colecciones y las exposiciones temporales. También nos planteamos este tipo de solución, pero vimos que en el actual funcionamiento del museo era introducir unas complicaciones mayores y pensamos que era mejor el unificar y que se pagara la entrada para la visita al museo, exista sólo colección permanente o exista, junto con la colección permanente, una exposición temporal.
Me alegra que el señor representante de Izquierda Unida, señor Alcaraz, haya hecho mención a las mujeres que haya constatado que cada vez está siendo creciente la utilización de los bienes y de las infraestructuras culturales por parte de las mujeres. Es verdad que según las estadísticas y los estudios hay un incremento importante de las mujeres en el ámbito de la cultura, en lo que son las prácticas culturales, no sólo en las visitas a los museos sino también en el hábito de la lectura, por ejemplo. Pero no creíamos que dentro de las exenciones o de las reducciones de precio hubiera que incluir a las mujeres. En este caso la discriminación positiva de la que somos partidarias no parecía que fuera lo más adecuado.
Por otra parte, respecto al precio de la entrada también hemos consultado a los distintos patronatos de los organismos autónomos, en concreto al de El Prado y del Museo Nacional Reina Sofía, así como a los directores, etcétera, y en esa línea es en la que se ha establecido el precio de la entrada. Yo pensaba que inicialmente la cantidad podría oscilar entre las 300 y las 400 pesetas, y finalmente hemos decidido que fueran 400 pesetas, pero yo quisiera insistirle sinceramente en que tengo el más profundo convencimiento de que esta medida no conducirá a que el museo se convierta en un contenedor de un tesoro inaccesible, y por tanto no va a suponer, en absoluto, que los museos y sus actividades queden restringidos a una élite. Insisto en que si hay un día de entrada gratuita, si existen unos bonos, si existen exenciones, si existen reducciones, el hábito que se ha generado se va a consolidar, va a crecer y no va a suponer la aplicación de una medida elitista, y lo digo muy profundamente convencida.
El señor PRESIDENTE: Agradecemos sinceramente a la señora Ministra que nos haya dedicado una buena parte de la mañana.
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--SOBRE LA DEVOLUCION A LA CIUDAD DE FIGUERES DE LOS CUADROS DE SALVADOR DALI «MONUMENT IMPERIAL A LA DONA-INFANT», «L'HOME INVISIBLE» Y «EL GRAN MASTURBADOR». PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/000135.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al tercer punto del orden del día, que es debate y votación de tres proposiciones no de ley.
Quiero recordar a los diferentes grupos que han de hacer constar las sustituciones que se produzcan, para uno o para varios de los temas que vamos a debatir, para tenerlas en cuenta en el momento de la votación.
Quiero también señalar que las tres proposiciones de ley tienen diferentes enmiendas. La primera proposición no de ley tiene tres enmiendas, la segunda tiene dos y la tercera también dos, que están a disposición de SS. SS. en la mesa de la primera fila.
Existe quórum en la Comisión para empezar el debate y votación. La primera proposición no de ley es del Grupo Mixto. Para su defensa, tiene la palabra la señora Rahola.
La señora RAHOLA I MARTINEZ: señor Presidente, señorías, voy a ser muy breve, puesto que he tenido que abandonar los trabajos de la Comisión Roldán para poder cumplir también mis compromisos en esta Comisión.
Respecto al tema del reparto del legado Dalí, tengo que decir que es un tema muy delicado que, además, como ustedes ya deben saber, acaba de protagonizar lo que yo llamaría un inicio de escándalo en la prensa, puesto que existe un reportaje de televisión, que Televisión Española de momento no ha querido emitir, en el cual se reabren nuevamente muchas incógnitas sobre este legado y sobre el reparto de la herencia. Avanzo ya aquí que esta Diputada, puesto que en Televisión Española no se emite, va a pedir la retransmisión de este reportaje en la Comisión de Radiotelevisión Española, puesto que entendemos que, a partir de la visión del reportaje, se vuelve a plantear qué pasó con la herencia Dalí, qué pasó con los últimos testamentos y, en todo caso, qué pasó con muchas de las incógnitas. En concreto, por ejemplo, qué significa que el Presidente Pujol diga que «en el reparto Dalí nos han engañado». En todo caso, sí quería decir que, tal como está planteada la herencia, la herencia deja heredero universal del legado Dalí al Estado, pero entendemos que el reparto que se hizo de esta herencia en realidad a quien ha convertido en heredero ha sido a la ciudad de Madrid, puesto que la inmensa mayoría de los cuadros están en el Centro de Arte Reina Sofía y no en Cataluña.
La voluntad de la proposición era plantear la cuestión de tres cuadros concretos, uno de ellos fundamental en todo el movimiento surrealista, que es, por supuesto, «El gran masturbador» y dos cuadros más, que son «Monument imperial a la Dona-infant» y «L'Home invisible». Respecto a estos tres cuadros, como ya se contempla en la proposición que hemos planteado, en vida de Salvador Dalí y reiteradas veces en diversas declaraciones públicas, entre ellas actas del propio Ayuntamiento de Figueras, quedó muy clara la voluntad del pintor de que dichos cuadros se pudieran ver en el Museo Dalí. Incomprensiblemente, yo entiendo que fruto de la discriminación, estos tres cuadros no quedaron en el Museo Dalí, como era la voluntad del pintor, sino que también han ido al Centro de Arte Reina Sofía. La proposición no de ley lo que pide es la restitución de estos cuadros a Cataluña, entendiendo que la interpretación de la herencia Dalí permite que permanentemente sean vistos en el Museo de Figueras y, por supuesto, que, si hay exposiciones itinerantes, puedan ir donde tengan que ir.
Avanzo ya --y con esto ya acabo-- que se han presentado tres enmiendas a esta proposición, que la enmienda presentada por el Partido Popular me parece muy seria y consecuente y comparto la mayoría de sus planteamientos, pero, puesto que sólo puedo aceptar una, en principio no lo aceptaré. También la enmienda del Partido Socialista me parece correcta, pero entiendo que la enmienda que se acerca más a los planteamientos de la proposición, a pesar de que yo la considero incompleta y de que hubiera preferido una decisión mayoritaria a favor de una devolución inmediata de los cuadros, es la presentada por Convergència i Unió y, por tanto, la aceptaré.
El señor PRESIDENTE: Como he señalado anteriormente, a esta proposición no de ley se han presentado tres enmiendas.
Para defender la enmienda del Grupo Popular, tiene la palabra el señor Aragonés.
El señor ARAGONES MENDIGUCHIA: Con el permiso del señor Presidente, para defender la enmienda de modificación, y en correspondencia a la brevedad de la señora Rahola, este miembro de la Comisión procurará también ser breve y hacer las siguientes consideraciones sobre nuestra enmienda y sobre el asunto que trae a debate esta Comisión.
En primer lugar, quisiera decir que, a nuestro juicio, se trata, con motivo de una discusión sobre el legado de Dalí, de traer a esta Comisión dos asuntos: en primer lugar, el destino de cuadros tan apreciados como respetados en el conjunto de la obra pictórica daliniana, y después la cuestión de la ordenación debida de los museos a cargo del Estado. En esta cuestión concreta de la herencia de Dalí, pensamos que el punto de partida esencial es la misma voluntad del finado, que, como por otra parte es obvio, está reflejada en su testamento definitivo --se puede hablar de dos testamentos, se debe hablar, pero no hace a la cuestión--.
Lo que da forma, lugar y contenido a la discusión es el testamento del mismo pintor, sobre el que, efectivamente, ha habido recientes noticias publicadas en la prensa. No se nos oculta tampoco como grupo nacional que hay una segunda cuestión muy importante: el heredero universal de los bienes es --lo diré con esta expresión, que
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no es de mi particular agrado-- el Estado español. El Estado español como tal tiene por misión atender a los intereses generales, y en este caso tampoco se nos escapa que forma parte de los intereses generales atender a la vertiente catalana de la obra y de la voluntad de Dalí, puesto que es voluntad personal y muy temprana, muy anterior --datará de hace 24 ó 25 años--, que Figueras fuera el lugar habitual y preferente de la exposición de la obra daliniana, no sólo ya de cuadros, sino de otra serie de bienes. Por cierto, que el Museo de Figueras, cosa que los miembros de esta Comisión no desconocerán, es ahora mismo la primera pinacoteca catalana visitada, a distancia muy considerable de otros museos catalanes. Por tanto, la vertiente local, por decirlo de una manera estricta, de la capital del Ampurdán es muy importante en este debate, y queríamos --y este era el sentido de nuestra enmienda-- que la Comisión lo tratara y que el Gobierno iniciara a instancias nuestras un informe general.
Sobre las últimas noticias y a propósito de lo que dice la ponente de que son noticias contradictorias, yo no comparto su juicio. Hemos conocido la reproducción de una fotocopia de una carta y el desmentido por parte incluso de la persona particular, del abogado, el señor Briones, respecto a la interpretación que se hace de esa carta; es decir, que eso está sujeto a consideraciones, interpretaciones, discusiones y hasta desmentidos, lo cual en cualquier caso avala que el asunto --y eso es lo que nos parece más oportuno-- sea tratado por esta Comisión, puesto que tiene multitud de facetas.
Por otro lado, tenemos que decir --y procuraré ser muy breve-- que por parte de la Administración española estimamos que se ha llevado a cabo, y conviene mencionarlo, un cuidado y una diligencia en la donación a que fue graciosamente acreedora, de manera que, si la memoria no me falla, en el plazo de un año, y por un importe considerable, de varios centenares de millones, se va a poder establecer una ruta entre los otros dos lugares dalinianos por excelencia, y en ese aspecto la Administración ha cuidado mucho de mantener, conservar y hasta mejorar las propias instalaciones de Dalí y su familia.
En cuanto a las otras enmiendas presentadas, he de manifestar que consideramos que ambas --no negamos su intención de resolver el problema--, lejos de facilitar las cosas, aun con ánimo de hacerlo, dejan pendiente y hasta oscurecen la cuestión principal. Ambas hablan de depósitos o de exposiciones rotatorias en el Museo de Figueras. Nosotros no entramos a discutir, de momento, hasta no conocer la cuestión a fondo, dónde deben depositarse, dónde deben residenciarse estas obras. Quizá sea ahí, quizá no; no entramos en esto, queremos que se discuta, no darlo por supuesto. La voluntad del pintor fue muy clara en estos términos y cabe suponer que ésa es la localización adecuada, pero ¿por qué no se discute? Cuando hablo de discusión hablo de la estricta discusión, no de un alboroto interminable, ni de hacer de esto una cuestión sensacional que tenga ribetes pintorescos o detectivescos. No se trata de eso, estamos hablando en términos totalmente políticos.
No podemos apoyar la proposición presentada, en primer lugar, porque da un rango hasta superior a actas, muy atendibles, del Municipio y de la Fundación, pero que no valen apenas, aunque deben ser atendidas y, desde luego, no tienen fuerza legal al lado del testamento existente, ni siquiera del primer testamento al que tantas veces se refieren. Creo que eso es un equívoco que se desliza y que no conviene tomarlo como supuesto indiscutible.
Hay otra cuestión y es un trato discriminatorio respecto a otras obras o bienes en el legado Dalí. Esto no es tal y bastaría con adjuntar el íntegro apartado tercero, letra a), del testamento, para que la proponente conviniera conmigo, y quizá con los demás grupos, que la exclusión de determinadas obras y bienes no es exclusiva de los destinatarios adicionados por la proposición. Y, aunque lo fueran, existiría también una justificación personal indudable que me ahorro considerar por la largueza de la reunión de la Comisión.
En definitiva, volviendo a la enmienda presentada, nosotros pretendemos lo siguiente y lo sometemos así a la Comisión. Primero, la comparecencia de aquellas personas que puedan testimoniar --aquellas personas plenamente justificadas, no pretendemos una comparecencia interminable de una serie de personalidades gratuita y caprichosa-- cuál era la voluntad de Dalí; no son una ni dos, pero probablemente baste con los dedos de las dos manos. Sus testimonios serán muy interesantes al respecto, puesto que el debate es de calado para la pintura contemporánea española. Estamos hablando de Dalí, pintor, junto a Picasso, más popular y mundialmente apreciado. Y también aquellas otras personas que intervinieron en la determinación del lugar de las obras referidas.
Segundo, a propósito de la cuestión y porque se trata de un caso particular, probablemente ejemplar y, en cualquier caso, de un relieve tan considerable, que aprovechemos la ocasión para conocer del Ministerio cuáles son sus disposiciones al respecto de la ordenación de las colecciones estatales, del destino de las mismas y de su uso, los criterios de exposición en los museos de su titularidad, y también su política de depósitos.
Entendemos que va de lo particular a lo general y que esto no es óbice, ni son ganas de distraer de la cuestión, porque precisamente la cuestión del legado de Dalí pone de relieve la necesidad de aclarar --al menos este Grupo no acaba de conocerlo sobradamente-- cuáles son los criterios del Gobierno, que seguro que los tiene, sobre el destino, uso o depósito de tantas colecciones como, por fortuna, dispone en su patrimonio artístico el «Estado» español.
Por último, después de oír el informe y las comparecencias, que esta Comisión traslade al Gobierno, a la autoridad gubernativa, su criterio dominante al respecto para que fuera conocido y, en cualquier caso, respetado.
Este es el sentido de la enmienda.
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Pérez.
El señor PEREZ SEGURA: Señor Presidente, también en aras del tono y la brevedad que han utilizado los
otros portavoces, introduciremos el debate y la presentación de nuestra enmienda abundando en lo que en su día fue una polémica y que parece ser una vieja polémica sobre la idoneidad o no del reparto del legado Dalí, que se explotó, me atrevo a calificar, con criterio localista, por parte del señor Alcalde de Figueras y de otros miembros del Consistorio, que, no casualmente, sino por derecho, son miembros de la Fundación Dalí, que intervino de una manera determinada y en todo caso aceptadora de la participación en el acuerdo soberano que se instrumentó entre dos gobiernos, el de la Generalitat de Cataluña y el del Estado.
En aquellos momentos se ponía en cuestión la adjudicación a título de propiedad del Estado de estos tres cuadros, invocando la mención en determinadas actas de organismos municipales y también de la Fundación de una voluntad expresada por don Salvador Dalí.
Eso es cierto, pero la voluntad libre y expresada en el séptimo testamento es que se declaró al Estado heredero universal y libre, con el fervoroso deber de conservar, divulgar y proteger las obras de arte de Salvador Dalí. Este es el hecho importante, el hecho objetivo, como lo es también que la partición de la ubicación en diversas ciudades del Estado se hizo con un criterio de extrema generosidad.
No es cierto lo afirmado aquí de que una parte mínima, una parte no importante, esté residencia en Figueras, en el Museo Dalí. Esto no se ajusta a la realidad. Exactamente, de las 134 obras de gran relevancia, 24 están ubicadas en el Museo Dalí, de las 190 que componen el legado en su totalidad, y 56 están en el Centro de Arte Reina Sofía, 23 de las cuales son de gran relevancia.
Los medios de comunicación ya reflejaron en su día que la voluntad ministerial era que este fondo tuviese la máxima difusión, que, en ese momento, ya se concretó en un anuncio de que, a través del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona podrían ser contemplados y disfrutados estos bienes culturales por la mayoría de ciudadanos.
Estas razones son las que han llevado a nuestro Grupo a pronunciarse, mediante la presentación de la correspondiente enmienda, en el sentido de que, ratificándose en la voluntad ya expresada en su día, se haga posible la exposición rotatoria ya anunciada de esas obras concretas en la ciudad de Figueras, además de en el Museo de Arte de Cataluña.
Me consta que es una voluntad política del Ministerio y en este sentido hemos presentado esta enmienda.
Quisiera volver a recalcar que existe un testamento libre, que existe un acuerdo soberano entre gobiernos. Se dice, en concreto, en el documento que, en señal de conformidad con el mismo, la Fundación Gala-Dalí suscribe el acuerdo y que, por tanto, no ha lugar a cualquier otra interpretación, aunque, en todo caso, sí hay una que quisiera destacar.
Me refiero a que en la partición se explicita de una manera notable la idea que el Gobierno tiene del concepto de Estado, que el Estado somos todos, que el Estado también son las comunidades autónomas, también son los municipios, y, por tanto, la partición, residenciar en diversos lugares de la geografía española obras de Dalí permite el acceso, de una manera más cómoda, de todos los ciudadanos de este país a estos ya denominados bienes culturales.
El señor PRESIDENTE: Para defensa de la enmienda presentada por el Grupo Catalán, tiene la palabra el señor Baltá.
El señor BALTA I LLOPART: La genialidad y unas mesuradas contradicciones protagonizaron el legado del pintor Salvador Dalí, como si tras su muerte hubiera querido dejar la estela de una personalidad que, más allá de la capacidad artística indiscutible, se proyectaba desde una cierta ruptura los esquemas clásicos de la vida.
Desde este planteamiento, tenía cierta lógica que la distribución de su legado fuera centro de polémica por su calidad y por la proyección que otorgaría al lugar donde finalmente se ubicara un gran alcance público.
Por ello, las instituciones implicadas hicieron cuanto fue posible para ser los beneficiarios de la voluntad testamentaria del pintor.
La voluntad inicial de dejar el legado a partes iguales entre las instituciones del Estado y de la autonomía, con su ciudad natal, Figueras, a la que ya había dotado el Museo que hoy goza de renombre universal, produjo la polémica y el forcejeo legal, que sólo se pudo resolver con una solución de compromiso, por cuanto, entre otras cuestiones contradictorias, el testamento y el legado a la Fundación eran tan contradictorios como contradictoria y peculiar fue la propia vida de Dalí.
La voluntad de reunir el conjunto de la obra en el Teatro-Museo que el propio Dalí había ido preparando en vida, tiene su lógica en la unidad de exposición, sobre todo si se contempla desde la ciudad de Figueras, la cual justifica la legítima obstinación con que la Fundación y el Alcalde de Figueras, al frente del Ayuntamiento de la bella ciudad ampurdanesa, defendieron esta posibilidad, poniendo en discusión unas disposiciones testamentarias que se confrontaban entre sí y con la voluntad expresada por el pintor a los colaboradores más directos que, a su lado y desde hacía años, desarrollaban la idea de su Teatro-Museo.
La marginación de la Generalitat de Cataluña del testamento definitivo, en contra de la voluntad que se conocía, provocó el forcejeo legal que todos conocemos y únicamente se acabó imponiendo la voluntad del pacto.
Sin embargo, fue necesario forzar la división de la ubicación del patrimonio y la aplicación de los criterios íntimamente inaceptables por la parte perjudicada por los cambios de las disposiciones que recogían la voluntad testamentaria.
Entre la presentación de esta proposición no de ley, que corresponde al pasado 17 de febrero, y el debate que finalmente se produce hoy, tres meses después, debido a que, por la coincidencia con otras comparecencias de la proponente señora Rahola, fue aplazado, ha surgido algo así como un pequeño milagro al conocerse que la voluntad del pintor fue alterada desde el Ministerio de Hacienda al ser forzado el cambio de testamento como contrapartida a los débitos que Dalí tenía con el fisco, que es lo que saldría con toda seguridad de la investigación que propone el
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Grupo Popular, tal como ha sucedido otras veces, sobre todo partiendo de la forma de vida de no pocos artistas, que les lleva a olvidar obligaciones comunes a la ciudadanía.
No obstante, no podemos generalizar el caso Dalí entre estas típicas conductas de reparación impositiva, porque, en esta situación concreta, la solución que dan los responsables de Hacienda es la de marginar a una de las partes implicadas por la voluntad testamentaria, cuando la Generalitat de Cataluña también constituye Estado. Dejamos a los juristas la interpretación legal de esta alteración de voluntades en el caso de que la información publicada se compruebe, cosa que consideramos posible.
Pero no podemos dejar de lamentar la errónea interpretación de un concepto de Estado en la que parece ser que hay una persona de las que se considera inteligentes. La comprobación del hecho debiera servirnos como ejemplo de aquello que no debe hacerse, si se cree de verdad en este modelo de convivencia que se ha definido como el Estado de las autonomías.
No obstante, no cabe insistir ahora en el particular porque hay que esperar la interpretación jurídica de lo que en su día sería una negligencia. Consideramos que esta Comisión debería valorar el contenido de la proposición no de ley, no desde el valor que pudiera tener el 17 de febrero en que fue presentada, sino el que puede tener hoy, miércoles 11 de mayo, cuando todos, incluida la portavoz proponente, tenemos conocimiento de una posible verdad que muy probablemente altera, cuando menos «moralmente», entre comillas, lo que se pactó en su momento.
En esta línea, mi Grupo ha presentado una enmienda que matiza el texto original de la proposición no de ley, al instar al Gobierno a que haga posible la exposición en el Museo Dalí de los cuadros mencionados en dicho texto, en espera de que el nuevo conocimiento y comprobación de los hechos genere una más justa reconsideración de aquella negociación que debiera ser, sobre todo, más ajustada al concepto de Estado, que no debiera manipularse desde la cicatería.
Hubiéramos acabado diciendo que nos agradaría que la proponente aceptara nuestra enmienda porque en ella se pide, en cierto sentido, un retorno, que, en su enmienda, el Grupo Socialista, a través de su portavoz, el señor Pérez, también ha planteado. Un retorno, decía, geográfico, hacia la ciudad de Figueras, y conceptual, en cuanto a ciertas maneras de interpretar el Estado. Hubiéramos pedido esta aceptación, pero después de la intervención de la señora Rahola, que ha aludido a una lógica proximidad, debemos agradecer la aceptación y pedimos a los restantes grupos apoyo hacia el texto que es por todos conocido.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún otro grupo que no haya presentado enmiendas desea intervenir? (Pausa.) Tiene la palabra la señora Rahola, a los efectos de concretar su aceptación o no de las diferentes enmiendas.
La señora RAHOLA I MARTINEZ: Acepto, señoría, la enmienda de Convergència i Unió.
El señor PRESIDENTE: ¿Es una enmienda de sustitución?
La señora RAHOLA I MARTINEZ: Sí, sí.
El señor PRESIDENTE: Señor Pérez.
El señor PEREZ SEGURA: Para una cuestión estrictamente de orden, antes de pasar a la votación.
Aprovecho la benevolencia de la Presidencia para manifestar en nombre de mi Grupo, que, en aras al buen tono del desarrollo del debate de esta proposición no de ley y teniendo en cuenta y congratulándonos de que la enmienda de sustitución de Convergència i Unió sea similar, aunque creemos que técnicamente en más rigurosa la del Grupo Socialista, retiraríamos nuestra enmienda y nos sumaríamos a la del Grupo de Convergència i Unió.
El señor PRESIDENTE: Señor Pérez, le advierto que no ha lugar a la retirada de la enmienda, puesto que las enmiendas no se votan, salvo que sean aceptadas por el grupo proponente.
Señora Rahola.
La señora RAHOLA I MARTINEZ: Una cuestión de forma. Yo entiendo que la enmienda es de modificación. No lo pone en la enmienda de Convergència i Unió, pero entiendo que es de modificación del texto y no de sustitución.
El señor PRESIDENTE: Señora Rahola, le han hecho la pregunta y S. S. ha dicho que es de sustitución.
La señora RAHOLA I MARTINEZ: Con dudas, señoría. Creo que es de modificación, aunque tendrá que decirlo el grupo proponente.
El señor PRESIDENTE: Señora Rahola, desde el punto de vista estrictamente objetivo, da la impresión de que son contradictorias y, por tanto, se debe aceptar una redacción u otra. Si los términos en los que estuviese redactada permitiesen entender que podía adicionarse, pero esta Presidencia entiende que los términos en los que está expresada son contradictorios. Por tanto, la aceptación es de sustitución.
La señora RAHOLA I MARTINEZ: De acuerdo.
El señor PRESIDENTE: En los términos de sustitución por parte del texto que ha presentado el Grupo Catalán, es decir: «El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que haga posible la exposición en el Museo Dalí...» va a someterse a votación la proposición no de ley.
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--POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A INCLUIR, PARA LOS ALUMNOS QUE PROVIENEN DEL BACHILLERATO ANTICIPADO ESTABLECIDO POR LA LEY ORGANICA 1/1990, DE ORDENACION GENERAL DEL SISTEMA EDUCATIVO (LOGSE), EN FUTURAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD, LA REALIZACION DE UN RESUMEN-COMENTARIO SOBRE UNA CONFERENCIA DE CONTENIDO HISTORICO O FILOSOFICO DE TAL FORMA QUE LA ELECCION DE UNO U OTRO CONTENIDO SEA OPTATIVA PARA EL ALUMNO, PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente 161/000188.)
El señor PRESIDENTE: Segunda proposición no de ley, presentada por el Grupo Federal de Izquierda Unida, para incluir en las pruebas de acceso a la Universidad una determinada prueba.
Para la defensa de la proposición no de ley tiene la palabra el señor González.
El señor GONZALEZ BLAZQUEZ: Señor Presidente, la Orden de 10 de diciembre de 1992, «Boletín Oficial del Estado» de 12 de enero de 1993, por la que se regulan las pruebas de acceso a la Universidad de los alumnos que hayan cursado las enseñanzas del Bachillerato-Logse, en su apartado 6º.2.c), al describir el primer ejercicio de dichas pruebas, expone claramente: Análisis de un texto y respuesta a cuestiones sobre el mismo o repertorio de cuestiones de carácter filosófico o histórico, a elección del alumno, sobre los propuestos por el Tribunal. Dice finalmente: Su duración será de una hora.
Por otra parte, en los centros que imparten el segundo curso del Bachillerato-Logse se ha recibido por fax una orden, con fecha 31 de enero de 1994, firmada, supongo, por las autoridades competentes, en la que se indican, entre las asignaturas que van a ir a examen para el primer ejercicio de comunes, las siguientes: Lengua, Idioma e Historia.
En consecuencia, ha desaparecido de este primer ejercicio la materia de Filosofía.
Entiende mi Grupo que hay una manifiesta contradicción entre la Orden del 10 de diciembre de 1992 y esta circular que, a nuestro juicio, incumple lo establecido en la citada Orden. Tal incumplimiento entendemos que es claramente perjudicial, por cuanto establece una injustificada discriminación entre unas y otras materias comunes del Bachillerato, y esta discriminación entre materias comunes que van a la prueba de acceso a la Universidad y materias comunes que no van a dicha prueba puede repercutir negativamente en la motivación y rendimiento de los escolares.
Por otra parte, al suprimir también la materia de Filosofía del primer ejercicio de las pruebas de acceso, se priva a los alumnos de la opción que les otorga la Orden Ministerial que hemos citado repetidamente, por lo que, tal vez, esas pruebas, si se realizaran de acuerdo con la circular y no de acuerdo con la Orden Ministerial, podrían ser impugnadas.
Por otra parte, como decimos en la exposición de motivos de la proposición no de ley, la Filosofía, a nuestro juicio, crea en los alumnos un cuerpo no sólo de conocimientos, sino de hábitos de razonamiento y enfoque crítico de la realidad social, científica, personal, constituyendo, por tanto, una materia de evidente contenido formativo, por lo que no se comprende a qué se debe tan drástica eliminación en las pruebas que permiten el acceso a la Universidad.
En el texto de nuestra proposición no de ley, proponemos incluir, para los alumnos que provienen del Bachillerato anticipado, establecido en la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo, un resumen-comentario sobre una conferencia de contenido histórico o filosófico, de tal forma que pueda ser elegido uno u otro contenido por el alumno. ¿Y por qué decimos que una conferencia? Porque no queremos que los alumnos que vayan a examinarse tengan que recurrir continuamente a cuestiones memorísticas, sino que, más bien, si conocen la filosofía, sea un desarrollo, un resumen-comentario sobre una conferencia de contenido histórico o filosófico.
El señor PRESIDENTE: Para defensa de la enmienda presentada por el Grupo Popular a esta proposición no de ley, tiene la palabra la señora Fernández de Capel.
La señora FERNANDEZ DE CAPEL BAÑOS: Ayer ya tuvimos ocasión, con motivo de la comparecencia del señor Marchesi en esta Cámara, a petición del Grupo Popular, de hablar también de este tema, que nuestro Grupo había recogido como una gran preocupación de los profesionales de la enseñanza y, en suma, de muchos miembros de la Comisión que nos preocupamos por las graves deficiencias que se observan en las pruebas de selectividad, de las que ayer tuvimos ocasión de hablar con motivo de otra comparecencia y alarmados por la circular que, con fecha 31 de enero, y firmada por los señores Salvador y de Toledo y Ubieto, se recibió en los diferentes centros donde se está preparando a los alumnos para las pruebas de selectividad del Bachiller experimental de la Logse, que iba en manifiesta contraposición, como también ha explicado el señor representante del Grupo de Izquierda Unida, con la Orden de 10 de diciembre, aparecida en el Boletín de 12 de enero de 1993, en la que quedaba expresamente manifiesta la realización de una prueba específica de Filosofía en el examen de selectividad de estos alumnos procedentes del Bachillerato experimental de la Logse. Quedaba recogido en su apartado 6.2.c), describiendo el primer ejercicio.
Por no ser reiterativos, queremos hacer hincapié en que, como ya decíamos ayer --y sin querer usar la frase en el sentido de Fray Luis--, un fax recibido por el Ministerio no puede en ningún momento modificar una ley, una orden ministerial en relación a cómo han de desarrollarse las pruebas de selectividad, aparte de que manifestábamos también nuestra preocupación por lo que suponía la alarma de la devaluación de una asignatura como la Filosofía. Esta orden recibida por fax contradice todos los principios que el Ministerio está esgrimiendo en torno a los valores, en torno al sentido autocrítico, en torno a la reflexión, a que el
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alumno se enfrente con una enseñanza crítica que haga que no sea solamente una enseñanza memorística o de resultados. Nuestra alarma partía también de que, como lo que cuenta son los resultados, si esta orden que anulaba la orden de mayor rango se llevaba a cabo, peligraba enormemente la asignatura de Filosofía y el conocimiento de la misma en el Bachillerato experimental de la Logse.
Por tanto, si se admiten las enmiendas que el Grupo Popular ha presentado a este efecto, enmiendas en las que dejamos claro que, para cumplir las órdenes emanadas del propio Ministerio, debe constar en la proposición no de ley de Izquierda Unida, nosotros, siempre que conste la disposición del propio Ministerio de Educación y Ciencia, para que no exista esa confusión y esa contradicción, estamos dispuestos desde el Grupo Popular a apoyar esta proposición no de ley.
No quiero extenderme en más consideraciones en mor de la hora.
El señor PRESIDENTE: Para defensa de la enmienda presentada por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Sanz.
El señor SANZ DIAZ: El tema, efectivamente, como ha indicado la portavoz del Grupo Popular, ya fue tratado ayer con amplitud por el Secretario de Estado de Educación, explicando cuál es la situación de la Filosofía en el Bachillerato Logse y las razones que han llevado a ello.
Concretamente, se trata de una asignatura obligatoria para todos los alumnos y que, al darse en el segundo curso en el territorio que abarca el Ministerio de Educación y Ciencia y también en el de algunas otras comunidades autónomas con competencias, forma parte del primer ejercicio de la selectividad.
Las instrucciones de 31 de enero de 1994 de las Direcciones Generales de Renovación Pedagógica y de Enseñanza Superior, a que se han referido quienes me han precedido en el uso de la palabra, en realidad lo que hacen es explicar un aspecto de la Orden de 10 de diciembre de 1992, puesto que al tratarse de una orden básica debía contemplarse la posibilidad de que las distintas administraciones educativas pudieran decidir que se impartiera filosofía o historia en el segundo curso de bachillerato, y, en consecuencia, que la materia objeto del examen en la prueba de acceso fuese o bien filosofía o bien historia, en función de cuál era la materia que se cursaba en segundo.
Una vez que el Ministerio de Educación y Ciencia ha decidido situar en el currículum oficial la filosofía en el primer curso y la historia en el segundo, la materia sobre la que debe versar la prueba propuesta por las universidades dependientes del Ministerio es la de historia, y en este sentido es en el que se produce la aclaración de las mencionadas instrucciones. El que una materia esté o no en las pruebas de selectividad no es, a juicio del Ministerio, una cuestión fundamental en cuanto a la prioridad que esta materia tiene en el currículum, pues se trata, en todo caso, tanto las de primero como las de segundo, de materias que han debido estudiarse por todos los alumnos, de las cuales se han examinado en el primer curso, y lo que sí consideramos que constituiría un problema es que los alumnos tuvieran que hacer el esfuerzo suplementario de repasar la materia, en este caso filosofía, que se da en primero.
El criterio del Ministerio es el mismo que se está siguiendo para el COU, vigente en la mayor parte del territorio, y es que en la selectividad los alumnos se examinan de las materias del COU, no de las que han dado en el bachillerato; es decir, se examinan de las materias que han dado ese mismo curso, para no obligárseles a un esfuerzo suplementario. En el caso que estamos tratando, que es el bachillerato Logse, lo que se hace es que se aplica este mismo criterio al curso que acaban de dar, el correspondiente al COU, que es segundo de bachillerato, y se examinan de las materias obligatorias en dicho curso.
Por consiguiente, la finalidad es evitar esta obligatoriedad que se plantearía a los alumnos de realizar un repaso suplementario y un esfuerzo que entendemos que no sería justificado. Ahora bien, la Orden del 10 de diciembre, al establecer que son las comunidades autónomas las que determinan dónde se sitúa la historia o la filosofía, si en primero o en segundo, naturalmente permite que en aquellas comunidades autónomas que hayan decidido situar la historia en primero y la filosofía en segundo, de lo que se examinarán los alumnos será de filosofía y no de historia, y entiendo que los profesores de historia no se van a sentir discriminados porque su asignatura no esté en las pruebas de selectividad.
En definitiva, el criterio del Grupo Socialista es el de oponernos a esta proposición, salvo en lo que se refiere a una cuestión que se ha detectado, que es una cuestión de interpretación en lo que se refiere a los ejercicios, por lo cual ofrecemos una enmienda transaccional que, efectivamente, no afecta al fondo del tema, pero que permitiría mejorar el entendimiento de cómo se realiza este ejercicio, y para lo cual ya el Ministerio de Educación y Ciencia ha tramitado ante el Consejo de Estado y el Consejo de Universidades una modificación del texto, para que quede más claro, insisto, cómo se realiza esta prueba. Concretamente, se aprobará en breve y se refiere a la redacción del apartado séptimo, 2,c), que diría: «Análisis de un texto y contestación de preguntas sobre el mismo o respuesta a un repertorio de cuestiones a elección del alumno, relacionados con filosofía o historia, en función de cuál de estas materias haya cursado el alumno en el segundo año de bachillerato.» En este mismo sentido se va a producir, en breve, la modificación que indico. Por tanto, presentamos una enmienda por si Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya estimase oportuno aceptarla, aunque entiendo que no afecta, insisto, al fondo de la cuestión.
Presentamos otras dos enmiendas, que son meramente técnicas, y espero que no tengan ninguna dificultad para ser aceptadas, puesto que se trata, entiendo, de erratas.
El señor PRESIDENTE: De todas formas, señor Sanz, esta Presidencia entiende que su enmienda no es transaccional, sino de sustitución, y su señoría ha dicho que ofrece una transaccional.
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El señor SANZ DIAZ: Efectivamente, es una enmienda de sustitución.
¿Algún grupo que no haya presentado enmiendas desea intervenir? (Pausa.) Entonces, tiene la palabra el señor González, a los efectos de decir si acepta alguna de las cuatro enmiendas presentadas, una del Grupo Popular y tres del Grupo Socialista.
El señor GONZALEZ BLAZQUEZ: Aunque he dicho anteriormente, en mi intervención, que nuestra intención era otra, con la enmienda de modificación que nos presenta el Grupo Popular queda claro y patente el contenido de la Orden del 10 de diciembre de 1992 y al menos la asignatura de filosofía será objeto de examen en el curso de selectividad.
En consecuencia, con la aceptación de esta enmienda de modificación del Grupo Popular no podemos aceptar las enmiendas del Grupo Socialista. Pero yo quería aclarar que la Orden del 10 de diciembre es muy clara; es tajante, además. Y no se puede modificar, lógicamente, mediante una circular de las Direcciones que se citan en nuestra proposición no de ley. Y ello no sólo porque se puedan sentir marginados los profesores de filosofía, sino porque la filosofía, como hemos dicho anteriormente, es una materia de evidente contenido formativo.
En resumen, señor Presidente, aceptamos la enmienda de modificación del Grupo Popular en los términos expresados por su portavoz, y no podemos aceptar, lógicamente, las enmiendas del Grupo Socialista.
El señor PRESIDENTE: Entiende esta Presidencia que la enmienda del Grupo Popular es de sustitución de la parte dispositiva. Por consiguiente, en los términos de la aceptación del texto de la parte dispositiva de la proposición no de ley, que sería en los de la enmienda presentada por el Grupo Popular, se va a someter a votación la proposición no de ley.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 16.
--POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA MODIFICACION DEL APARTADO 4.1 DEL REAL DECRETO 406/1988, SOBRE ORGANIZACION DE LAS PRUEBAS TECNICAS SUPERIORES, COLEGIOS UNIVERSITARIOS Y COMPOSICION DE LOS TRIBUNALES.
PRESENTADA POR EL G. P. IU-IC. (Número de expediente 161/000189.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la tercera proposición no de ley, también del Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, instando a la modificación de las pruebas técnicas superiores, colegios universitarios y composición de los tribunales.
Para defensa de la proposición no de ley, tiene la palabra el señor González.
El señor GONZALEZ BLAZQUEZ: También en esta ocasión voy a ser muy breve.
La composición y asignación de los miembros de los tribunales para las pruebas de acceso a la universidad han quedado reguladas en su día por la Dirección General de Universidades. Posteriormente, un Real Decreto de 29 de abril establece que el presidente de cada uno de los tribunales será nombrado por el rector, y el resto del tribunal será designado, en igual número, entre los profesores de universidad de los cuerpos anteriormente mencionados. Por tanto, en la legislación, en este momento, a nuestro juicio no existe criterio alguno para la designación de los miembros de dichos tribunales, por lo que frecuentemente esta designación, en la práctica, es discrecional.
Nuestro Grupo, como anunciamos en la exposición de motivos, ha realizado un trabajo de investigación entre profesores que han sido miembros del tribunal de acceso durante las últimas convocatorias, y como consecuencia de ese trabajo de investigación hemos podido concluir que el nombramiento de los vocales de los tribunales es totalmente arbitrario y, además, se producen todo tipo de irregularidades en el aspecto de recomendaciones, etcétera.
Señor Presidente, me voy a permitir leerles textualmente el contenido de los resultados de algunas de estas investigaciones en relación con los miembros de los diversos tribunales. Se llegan a decir frases tan concretas como ésta: Los exámenes nos son entregados para que los corrijamos en casa, situación que nos parece improcedente por el riesgo que entraña y las circunstancias a las que puede dar lugar el que los exámenes salgan del recinto del tribunal. Los exámenes se nos dan ordenados por centros, alfabética y numéricamente. Como hay que pasar lista a los alumnos, los miembros del tribunal tienen fotocopias de los listados de los centros ordenados alfabéticamente y con la especificación de la opción y las asignaturas optativas. Aunque los exámenes estén descabezados, la identificación es sumamente fácil y, por tanto, lo del anonimato queda al albedrío del tribunal.
Refiriéndose al tema de las actas, que es otro de los contenidos de nuestra proposición no de ley, hacen afirmaciones como esta que leo textualmente, y que se refiere a las denuncias que ha habido sobre las irregularidades producidas en los tribunales diez y once de la Universidad Complutense en los últimos exámenes realizados. Dice así: El día 6 de julio, a las ocho horas y cuarenta y cinco minutos aproximadamente, hago entrega de los exámenes corregidos a dos personas; al parecer una de ellas es la secretaria del tribunal, la otra una administrativa. Me hacen firmar la nómina donde figura la cantidad de exámenes que había corregido y me emplazan a volver el día 8 a firmar las actas. (Según ellos, a esto se reduce la sesión de evaluación de los alumnos.) Ante estos procedimientos --se sigue afirmando-- es fácil deducir que cualquier error que se produzca al pasar
las notas que los profesores dejan seguramente no será advertido por éstos. De esta manera, y en el peor de los casos, tal vez las notas obtenidas por algunos alumnos y las realmente evaluadas por los profesores no tengan ningún parecido (y hacen referencia a casos concretos). El día 8 de julio pasado, a las ocho horas, y en presencia, al comienzo del acto, de dos administrativas, los profesores, según íbamos llegando, firmábamos las actas, hecho que se producía sobre diez hojas en blanco, que eran los reversos de las actas de los cinco centros por duplicado. Traté de ver la nota de matemáticas de determinada persona, la nota media del expediente académico y la calificación definitiva de la prueba de selectividad. Sí pude comprobar la nota media de la prueba --7,8-- alta para tener un uno en matemáticas que le había puesto este profesor.
Incluso algunos de estos profesores tuvieron la responsabilidad de conservar las notas especificadas por ellos y después, al leer las actas de nuevo y compararlas con la serie de números que obraban en su poder, veían que no se compadecían unas con otras.
Por no cansarles más les diré que está claro que la designación de los tribunales por un criterio arbitrario puede producir fácilmente situaciones como la denunciada. Sin embargo, la elección de los vocales de los tribunales por sorteo al menos minimiza un poco esta posibilidad.
Y sobre todo es importante la letra b) de nuestra proposición no de ley, donde se indica, aunque parece algo obvio, que hay que garantizar que dichos vocales deben firmar las actas finales, con la consiguiente comprobación entre las notas adjudicadas por ellos y las que finalmente figuran, ya que aunque esto parece algo obvio, en la práctica no se realiza dicha comprobación.
Por tanto, señor Presidente, pedimos al resto de los grupos que apoyen esta proposición no de ley, que viene a solucionar alguno de los aspectos a los que nos hemos referido y que por lo menos garantiza, en mayor medida, la igualdad de oportunidades de los examinados en las pruebas de selectividad.
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Fernández de Capel.
La señora FERNANDEZ DE CAPEL BAÑOS: Señorías, ayer, en la comparecencia del señor Fereres para hablar, a petición de este Grupo, sobre la selectividad, nosotros pusimos de manifiesto la preocupación del Grupo Popular por las graves deficiencias que se observan en la selectividad, y la proposición no de ley que Izquierda Unida presenta hoy aquí refleja, en esa selva de decretos de la que hablábamos ayer, una más de las deficiencias que observamos en esta prueba.
También en la sesión de ayer quedó clara la preocupación de nuestro Grupo por la transparencia y el rigor que sería exigible a una prueba tan importante como ésta, y para no ser reiterativos nos ceñiremos estrictamente al tema que hoy nos ocupa.
Según establece el Real Decreto 406/1988, de 29 de abril, las universidades constituirán los tribunales de las pruebas de acceso, y la forma de constituirlos está recogida en el artículo 4.2. En el mencionado artículo se especifica la designación del presidente, nombrado por el rector entre los profesores de los cuerpos que establece la LRU, pero no se indica nada respecto al nombramiento de los especialistas que deben estar en cada uno de los tribunales. Solamente se establece que dichos especialistas serán nombrados en igual número entre profesores de universidad y profesores numerarios de instituto de bachillerato. Es decir, estos últimos nombramientos se han venido realizando hasta ahora de forma totalmente aleatoria.
Sin que dudemos de la buena fe del legislador, a todos nos consta la absoluta discrecionalidad que hasta ahora se ha observado en dichos nombramientos. Este sistema de elección ha provocado sospechas y rumores que a nadie beneficia, y menos que a nadie a las pruebas de selectividad, cuya consideración tampoco sale muy airosa en cuanto a la opinión del ciudadano.
En este sistema de elección se ha puesto en duda desde la pertinencia de algunos especialistas adscritos a diferentes materias, hasta el sitio físico o geográfico al que son enviados para realizar dichas pruebas, y concretamente todos fuimos testigos el año pasado de algún escándalo que saltó a la prensa con desprestigio de la institución y de las pruebas a las que nos estamos refiriendo.
Además, en la proposición no de ley de Izquierda Unida hay otra enmienda que queremos introducir, que es la del nombramiento de los profesores.
Pretendemos adaptar esta proposición no de ley poniendo la denominación con relación a la Logse que se da a los profesores de bachillerato, que han desaparecido.
Por eso, si el proponente de Izquierda Unida está decidido a admitir nuestras dos enmiendas, la primera en relación a reflejar con exactitud el mencionado Real Decreto que regula la denominación de los tribunales, y la segunda para destacar la importancia que nuestro Grupo da a que los correctores de las pruebas de selectividad sean docentes, nosotros estaremos de acuerdo con apoyar esta proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Martínez Laseca.
El señor MARTINEZ LASECA: Por parte de nuestro Grupo, el Grupo Parlamentario Socialista, se ha presentado una enmienda de sustitución a esta proposición no de ley que estamos debatiendo del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, por la que se insta al Gobierno a la modificación del artículo 4.º1 del Real Decreto 406/1988, de 26 de abril, concerniente al Ministerio de Educación y Ciencia, sección de universidades, y referido a la organización de las pruebas de aptitud y composición de los tribunales de acceso a las facultades, escuelas técnicas superiores y colegios universitarios, siendo ésta su denominación exacta y no la que erróneamente se ha transcrito por parte de los diferentes grupos parlamentarios.
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En el mencionado Real Decreto, que supone un desarrollo reglamentario de la Ley 30/1974, de 24 de julio, en materia de tribunales calificadores, se pone de manifiesto la necesidad de que la evaluación de cada materia esté atribuida a un grupo de especialistas y que exista homogeneidad de criterios a la hora de evaluar a todos los alumnos que se examinan en una misma universidad.
Asimismo, dicho Real Decreto, en sus artículos 1.º, 2.º y 3.º, deposita en las universidades la responsabilidad de tales pruebas, a fin de salvaguardar dos aspectos esenciales de las mismas, cuales son, por una parte, la objetividad en la selección de los alumnos que se presentan y, por otra, el secreto de los exámenes propuestos en dicho procedimiento.
Sin embargo, es en el artículo 4.1 donde se establecen los criterios para la constitución de los tribunales de las pruebas de selectividad, y más concretamente en el segundo párrafo de su apartado b), en donde se señala que dichos especialistas serán designados, en igual número, entre profesores de universidad pertenecientes a los cuerpos a los que se refiere el artículo 33.1 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, así como profesores numerarios de instituto de bachillerato. Este último aspecto es el que se pretende regular mediante la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya en el siguiente triple sentido: a) Garantizar la aleatoriedad de los vocales especialistas que conforman los tribunales de acceso al ser designados por sorteo entre los profesores solicitantes de dicha titularidad; b) garantizar la firma de las actas finales por parte de dichos vocales, con la consiguiente comprobación de las notas, y c) considerar como requisito imprescindible para formar parte de un tribunal de selectividad el encontrarse impartiendo la docencia durante el curso académico que corresponda.
En consecuencia, nuestra enmienda de sustitución, la del Grupo Parlamentario Socialista, encuentra su motivación en una corrección técnica a la proposición no de ley que nos ha sido planteada. Pese a lo escueto de esta enmienda presentada, se nos antoja que, al sustituir la expresión «a la modificación» por la expresión «al desarrollo», propiciamos una mayor eficiencia en la consecución de los objetivos que se persiguen, toda vez que no parece procedente modificar el Real Decreto 406/1988 por tratarse de cuestiones que pueden resolverse mediante orden ministerial en desarrollo del citado Real Decreto, acorde con la disposición final primera recogida dentro del mismo.
En definitiva, nuestro Grupo comparte la filosofía que se desprende de esta proposición no de ley, asumiendo la propuesta b) por cuanto tal pretensión corresponde al derecho y a la obligación de cada profesor integrante de los tribunales en cuestión. Igualmente, nos resultan asumibles las propuestas a) y c), si bien consideramos que ello se entenderá siempre que exista el suficiente número de profesores especialistas que hayan solicitado tomar parte en los tribunales de selectividad, cautela esta que habrá de observarse en la orden ministerial reguladora.
Señor Presidente, señoras y señores Diputados, con los argumentos expuestos doy por defendida la enmienda de sustitución que presentamos desde el Grupo Parlamentario Socialista, en el deseo de que la misma merezca la aceptación del Grupo Parlamentario proponente, ya que coincidimos en el interés por proteger el principio de igualdad de oportunidades, estimando, no obstante, la conveniencia de que las precisiones que aportamos a este respecto se vean contempladas en la proposición no de ley que finalmente resulte.
El señor PRESIDENTE: En todo caso, señor Martínez Laseca, esta Presidencia entiende que la enmienda que presenta su Grupo y que S. S. ha defendido no es de sustitución de la proposición no de ley, sino que es de modificación de una expresión. Lo digo porque S. S. varias veces ha hecho mención a que es una enmienda de sustitución.
El señor MARTINEZ LASECA: Sí, señor Presidente. La teníamos transcrita como de sustitución, pero es de modificación.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún otro grupo que no haya presentado enmiendas desea intervenir? (Pausa.) Tiene la palabra el señor González, a los efectos de señalar si su Grupo acepta o no las enmiendas presentadas por el Grupo Popular y por el Grupo Socialista.
El señor GONZALEZ BLAZQUEZ: Efectivamente, la enmienda del Grupo Socialista, que vamos a aceptar, es de sustitución de la palabra «modificación» por la palabra «desarrollo».
En cuanto a las enmiendas del Grupo Popular, tampoco habría ningún inconveniente en aceptar la primera, siempre que se ajustara a la denominación del Real Decreto. El Real Decreto, que tengo aquí delante, en su artículo 4.1, dice que «las universidades constituirán los tribunales de las pruebas de aptitud para el acceso a las facultades, escuelas técnicas superiores y colegios universitarios, de acuerdo con los siguientes criterios». A mí me da lo mismo, señor Presidente, el caso es que se ajuste al Real Decreto de denominación que ofrece el Grupo Popular, y si lo hace ésa es la que acepto.
El señor PRESIDENTE: Señor González, puesto que S. S. dice que tiene delante la fotocopia del Real Decreto 406/1988, no se trata de la denominación del artículo 4.1, sino de la denominación del Decreto.
El señor GONZALEZ BLAZQUEZ: Tiene razón, señor Presidente. Pues dice concretamente: «organización de las pruebas de aptitud y composición de los tribunales para acceso a las facultades, escuelas técnicas superiores y colegios universitarios». Eso es lo que dice y en esos términos aceptamos la enmienda, siempre que también se acepte, por parte del Grupo Popular, la propuesta de sustituir la expresión «modificación» por «desarrollo», porque en su enmienda figura la palabra «modificación», y como hemos aceptado ya al Grupo Socialista sustituirla por «desarrollo», espero que la proponente del Grupo Popular
también acepte ese cambio. Luego seguiría en los términos contenidos en el Real Decreto de 29 de abril de 1988. Creo que me he explicado, señor Presidente.
La siguiente enmienda del Grupo Popular, que es de modificación de nuestro apartado c), también la aceptamos.
Por consiguiente, aceptamos la enmienda del Grupo Socialista y las enmiendas del Grupo Popular en los términos a que antes me he referido.
(El señor Ollero Tassara pide la palabra.)
El señor OLLERO TASSARA: Intervengo en la medida en que pudiera clarificar la situación. Yo creo que el señor González aún no se ha dado cuenta de que a su Grupo, al presentar la iniciativa, se le ha ido una línea, y el Grupo Socialista, más pendiente de defender al Gobierno que a la gramática, tampoco lo ha advertido.
El señor PRESIDENTE: Para eso está la Comisión, para resolverlo. (El señor Nieto González pide la palabra.) Tiene la palabra el señor Nieto.
El señor NIETO GONZALEZ: Es cierto que falta una línea, pero también en la enmienda del Grupo Popular. Por tanto, pido que se corrija de acuerdo con el texto del Boletín.
El señor PRESIDENTE: Señorías, hemos llegado a la conclusión de que es la fotocopiadora del servicio de comisiones la que produce un salto sistemático de líneas en las diferentes iniciativas, y, por tanto, resolvemos el problema técnico.
La proposición no de ley se va a someter a votación en los siguientes términos. La denominación del Real Decreto 406/1988 es la que figura en el «Boletín Oficial del Estado». En el primer párrafo, donde dice «se insta al Gobierno a la modificación», dirá «se insta al Gobierno al desarrollo». El apartado a) queda en sus propios términos, al igual que el apartado b), y el apartado c) es sustituido por la redacción del Grupo Popular. ¿Estamos de acuerdo? (Asentimiento.) Se somete a votación la proposición no de ley en estos términos.