Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/penal/PL-2015/as20151L748.html
Timestamp: 2019-03-20 11:23:23
Document Index: 258797749

Matched Legal Cases: ['in dubio', 'artículo 173', 'artículo 335', 'artículo 16', 'artículo 228', 'artículo 5', 'in dubio', 'in dubio', 'in dubio']

as20151L748
AUTO SUPREMO Nº 748/2015-RRC-L
Expediente : La Paz 69/2011
Parte Imputada : Arturo Mamani Huanca
Por memorial presentado el 24 de marzo de 2011, cursante de fs. 180 a 183 vta., Arturo Mamani Huanca, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 40/2011 de 17 de febrero de fs. 170 a 172 vta., pronunciado por la Sala Penal Tercera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz; dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y Dionicio Choque Mamani, contra el recurrente, por la presunta comisión de los delitos de Estafa y Estelionato, previstos y sancionados por los arts. 335 y 337 del Código Penal (CP), respectivamente.
a) Desarrollada la audiencia de juicio oral y público, por Sentencia S-12/2008 de 8 de agosto (fs. 110 a 115), el Tribunal Segundo de Sentencia de El Alto de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, declaró a Arturo Mamani Huanca, autor de la comisión de los delitos de Estafa y Estelionato, previstos y sancionados por los arts. 335 y 337 del CP, imponiéndole la pena de tres años de reclusión, más costas, daños y perjuicios a ser calificados en ejecución de Sentencia, siendo concedido la suspensión condicional de la pena.
b) Contra la mencionada Sentencia, el imputado Arturo Mamani Huanca formuló recurso de apelación restringida (fs. 134 a 137), resuelto por Auto de Vista 40/2011 de 17 de febrero (fs. 170 a 172 vta.), emitido por la Sala Penal Tercera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, que declaró improcedente el citado recurso y confirmó la Sentencia apelada, motivando la formulación de recurso de casación.
Del memorial de casación y el Auto Supremo de admisión 561/2015-RA-L de 16 de septiembre (fs. 191 a 193 vta.), se extraen las denuncias a ser analizadas en la presente Resolución, sobre las cuales, este Tribunal circunscribirá su análisis conforme al mandato establecido en el art. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP).
1) Bajo el acápite “SENTIDO JURIDICO CONTRADICTORIO ENTRE EL PRECEDENTE PREEXISTENTE A.S. No 241 de 1 de agosto de 2005 Y AUTO DE VISTA RECURRIDO EN RELACION A LA INOBSERVANCIA Y ERRONEA APLICACIÓN DE LA LEY SUSTANTIVA” (sic), el recurrente denuncia que: i) En el recurso de apelación restringida, fundamentó la inobservancia o errónea aplicación de ley sustantiva, respecto de la inexistencia de los elementos constitutivos del delito de Estafa; toda vez, que no concurre el beneficio indebido, engaños y artificios en el sujeto en error, ya que al momento de la transferencia del lote de terreno no se encontraba con gravamen de anotación preventiva, habiendo la venta nacido válida y perfecta libre de todo gravamen. El acusador no demostró menos individualizó con certificados u otros medios de prueba, que el mencionado terreno se encontraría en litigio; ii) Al momento de la venta, el acusador particular se encontraba en posesión física y real del mencionado lote, que por su desidia fue perturbada por Teodora Quispe de Paye. Estos hechos, no se encuadran a los tipos penales de Estafa y Estelionato, porque constituye una relación contractual de naturaleza civil, un acto de compra venta válido y eficaz, que no considera la última ratio y contradice el precedente establecido en el Auto Supremo 241 de 2 agosto de 2005; toda vez, que el sentido jurídico que le asigna el Auto de Vista, no coincide con el del precedente por haber otorgado a los tipos penales mencionados un alcance diferente a lo contenido en sus elementos constitutivos que no se subsumen a la conducta del imputado, porque los hechos corresponden a un hecho de naturaleza civil no penal y porque los elementos probatorios de los acusadores, no son conducentes para demostrar los ilícitos acusados, aspectos que el Tribunal de alzada no observó.
2) Intitulando: “SENTIDO JURIDICO CONTRADICTORIO ENTRE EL PRECEDENTE PREEXISTENTE A.S. No. 369 de 05 de abril de 2007 Y AUTO DE VISTA RECURRIDO EN RELACIÓN A LOS HECHOS INEXISTENTES Y VALORACIÓN DEFECTUOSA DE LA PRUEBA.” (sic), el recurrente sostiene que en relación a los hechos inexistentes, no acreditados y valoración defectuosa de la prueba que fue argumentada en su recurso de apelación restringida, se estableció que el acusado procedió a la venta del lote de terreno a sabiendas de que se encontraría en litigio y con anotación preventiva. Para realizar esta afirmación, no se relacionó ni mencionó los elementos probatorios producidos por los acusadores y en contradicción con el precedente contradictorio 369 de 05 de abril de 2007, se pretendió sostener la acción en base a las pruebas literales MP-7 y MP-10; pero, que con las documentales de descargo PD1, PD2, PD6, PD8, se desvirtuaron los ilícitos acusados, al evidenciar que como legítimo propietario, realizó la venta a favor del acusador de acuerdo al documento de 19 de junio de 2000 y Testimonio 552/2000, sin haber en ningún momento dispuesto de bien ajeno y libre de todo gravamen. Extremos que no fueron valorados ni considerados en el Auto de Vista impugnado, contradiciendo el precedente mencionado y lesionando el principio de presunción de inocencia y del in dubio pro reo.
En base a los argumentos que expone, el recurrente solicita la admisión del recurso de casación y se determine la contradicción existente entre los precedentes invocados y el Auto de Vista recurrido.
Mediante Auto de Supremo 561/2015-RA-L de 16 de septiembre, cursante de fs. 191 a 193, este Tribunal admitió el recurso de casación formulado por Arturo Mamani Huanca, para su análisis de fondo.
La Sentencia S-12/2008 de 08 de agosto, emitida por el Tribunal Segundo de Sentencia de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, describe como hecho fáctico, que Arturo Mamani Huanca ofreció en venta un lote de terreno a Dionicio Choque Mamani indicando ser el legítimo propietario y que sobre el terreno no existía hipoteca, gravamen y que podría pagar en dos cuotas, habiendo firmado el contrato de compra venta el 19 de junio del 2000, por el monto de $us. 2.700.- (dos mil setecientos dólares estadounidenses), habiendo cancelado al momento de suscribir el contrato la suma de $us. 1.100.- (mil ciento y el saldo el 24 de septiembre de 2000; que el 20 de junio de 2000, se procedió a la protocolización por ante Notario de Fe Pública. En febrero del 2004, por la época de carnavales, se constituyeron en el terreno para realizar la “challa”; pero, se sorprendieron al notar que el terreno ya se encontraba challada por la propietaria la que les comunicó que además tenía los documentos respectivos adquiridos de su anterior propietario Alberto Monasterios Ticona, realizando el reclamo que propuso la devolución del dinero o la entrega de otro terreno que no fue aceptado, sin que se hubiere procedido a la devolución del dinero.
En la parte de la fundamentación jurídica, la Sentencia relaciona que el imputado procedió a la venta del terreno, cuando el mismo se encontraba en litigio y con una anotación preventiva por orden judicial, emergente de una demanda de nulidad de testamento, aspecto por el cual el imputado estaba impedido para disponer dicho terreno; pero, que el bien inmueble fue transferido por Alberto Monasterios en favor de Teodora Quispe de Paye, el 16 de agosto de 1996, cuatro años antes de la venta realizada por el imputado al querellante; hechos corroborados con la prueba testifical y documental incorporada legalmente al juicio que acreditan la autoría material o participación del imputado en los ilícitos atribuidos; habiendo dispuesto en la parte resolutiva, Sentencia condenatoria contra el imputado por la comisión de los delitos de Estafa y Estelionato, imponiéndole la pena de tres años de reclusión.
El Tribunal de alzada mediante el Auto de Vista impugnado, respecto a la denuncia de inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva, explicó los alcances y supuestos legales del citado defecto, para luego señalar que no era evidente lo alegado en apelación, porque la Sentencia en el punto II.4, describió la conducta del imputado que se encuadró a los elementos constitutivos de los tipos penales de Estafa y Estelionato y, respecto a la presunta vulneración de los arts. 173 y 124 del CPP, señaló que tampoco era evidente la denuncia, pues de la lectura de la Sentencia en el punto III, verificó que se realizó una fundamentación sobre los elementos probatorios judicializados y el valor probatorio otorgado a la prueba tanto de cargo como de descargo, que condujo a la convicción de la responsabilidad penal del imputado, en base a la valoración conjunta de los medios probatorios que llevaron a conocer la verdad histórica de los hechos; igualmente, sobre la base de los elementos probatorios se llegó a establecer que el imputado vendió un lote de terreno a favor del querellante y su esposa, a sabiendas de que el mencionado terreno se encontraba en litigio con anotación preventiva, no siendo evidente la vulneración al principio de presunción de inocencia en vista de la convicción asumida por el Tribunal de la responsabilidad penal del imputado para determinar su autoría en los hechos acusados.
Con relación al argumento de defectuosa valoración de la prueba, señaló que la apelación restringida no constituía el medio jerárquico para revalorizar la prueba o revisar cuestiones de hecho que competen a los Jueces y Tribunales inferiores; y toda vez, que el Tribunal de Sentencia realizó la valoración de la prueba bajo las reglas de la sana crítica y principio de inmediación, los argumentos de hecho señalados en la apelación, no podían ser objeto de corroboración por el Tribunal de alzada, porque supondría una revalorización de las pruebas judicializadas a fin de emitir una Sentencia absolutoria como pretendía el apelante; en base a tales fundamentos, declaró la improcedencia de los fundamentos expuestos en el recurso de apelación del imputado y confirmó la Sentencia apelada.
III.VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE CONTRADICCIÓN DE LOS PRECEDENTES INVOCADOS CON LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA
Este Tribunal, de acuerdo al Auto Supremo 561/2015-RA-L de 16 de septiembre, admitió el recurso de casación, a fin de verificar la existencia de contradicción del Auto de Vista impugnado con los Autos Supremos invocados como precedentes contradictorios, ante la denuncia de que el Tribunal de alzada no observó que los hechos juzgados corresponden a un hecho de naturaleza civil y no penal, y que la documental de descargo acreditó que como legítimo propietario realizó la venta de un bien propio y libre de todo gravamen; por lo que, corresponde resolver las problemáticas planteadas mediante labor de contraste entre los precedentes invocados con el Auto de Vista recurrido.
III.1.Respecto al planteamiento de que el hecho juzgado tiene naturaleza civil.
El recurrente para fundar este primer motivo, invocó como precedente contradictorio el Auto Supremo 241 de 1 de agosto de 2005, que deviene de un proceso penal tramitado por el delito de Estafa, previsto y sancionado por el art. 335 del CP, en el que se pronunció la Sentencia que declaró la autoría de la imputada e impuso la pena de cuatro años de reclusión, siendo confirmada en apelación.
Contra el respectivo Auto de Vista, la parte imputada interpuso recurso de casación, en cuyo análisis se fundamentó en sentido de que es evidente, que el proceso penal tuvo como origen un documento de préstamo de características eminentemente contractuales en las que se destaca las figuras del depósito y la promesa, concluyendo que la relación jurídica que origina el proceso penal, en su esencia misma, constituye un préstamo reglado por el art. 452 del Código Civil (CC), situación ante la cual, los jueces de grado debieron dar aplicación al art. 46 del CPP, determinación a la que arriba el Supremo Tribunal, en virtud a la facultad de revisión de oficio otorgada por el art. 15 de la Ley de Organización Judicial –derogada-, estableciendo la siguiente doctrina legal aplicable: “Los jueces de grado poseen la obligación de valorar los elementos probatorios, conforme al mandato del artículo 173 del Nuevo Código de Procedimiento Penal, esto es con criterios de selectividad y eficacia, orientado a la búsqueda de la verdad histórica del hecho dentro de parámetros de absoluta discrecionalidad crítica y analítica, tomando en cuenta los elementos constitutivos del tipo penal al que ha de subsumirse la conducta del incriminado, no siendo suficientes los indicios o simples presunciones para la configuración del ilícito penal. La promesa de procurar trabajo no puede ser tomada en cuenta como elemento constitutivo del delito de estafa, pues para la configuración y materialización de tal ilícito penal se hace necesario establecer el ´núcleo del delito´ constituido por el engaño y el artificio que es el medio empleado en forma hábil y mañosa para lograr el intento, siendo la forma artera para obtener algo. La estafa -al sentir del Tratadista de Derecho Penal, Gastón Rios Anaya- es: ´El típico delito fraudulento contra el patrimonio, ya que el sujeto activo, mediante artificios y engaños, sonsaca dineros y otras ventajas económicas a la víctima´, de donde resulta que, imperiosamente, debe comprobarse la doble relación causal que debe existir para que se configure el delito de estafa: el ardid o engaño como causa del error y el error como causa de la disposición patrimonial, sólo ante la comprobación incontrovertible de la existencia de estos elementos podrá establecerse la presencia del dolo, pues en el delito de estafa no puede aducirse culpa, toda vez que el tipo penal previsto en el artículo 335 de la norma sustantiva se constituye en un delito eminentemente doloso. Conforme refiere Benjamín Migue H. en su libro ´Derecho Penal, Parte Especial´´", nuestra legislación sintetiza los elementos de la estafa en los siguientes elementos: a) existencia del engaño o artificios; b) relación de causalidad entre conducta activa y resultado; c) el elemento psíquico, o sea la voluntad de engañar; y d) el enriquecimiento del sujeto activo y la disminución del patrimonio de la víctima.
La vía penal no puede ser utilizada para perseguir el cumplimiento de obligaciones, pues el derecho penal sustantivo y adjetivo tiene como una de sus principales característica ser de "Ultima Ratio", no pudiendo ser utilizado a efecto de penalizar las obligaciones contractuales, lo contrario significaría entrar en franca violación a los derechos consagra-dos en el artículo 16 de la Norma Constitucional, de observancia preferente por el propio mandato de su artículo 228 y del artículo 5 de la Ley de Organización Judicial”.
En el presente recurso de casación, se tiene que el recurrente denuncia errónea aplicación de ley sustantiva, por inexistencia de los elementos constitutivos de los delitos atribuidos, porque en el momento de la transferencia del inmueble no existía anotación preventiva tampoco litigio alguno; por lo que, la venta efectuada constituyó una relación contractual de naturaleza civil válida y eficaz; al respecto, a efectos de verificar si la resolución del Tribunal de alzada cuenta con el respaldo legal, es menester analizar la parte pertinente de la Sentencia en razón a que el recurrente reiteradamente señala que los aspectos acusados fueron igualmente reclamados en recurso de apelación restringida; en ese sentido, la resolución del Tribunal de Sentencia, a tiempo de desarrollar la fundamentación jurídica, relacionó que el 19 de junio del 2000, cuando el imputado Arturo Mamani Huanca procedió a la venta del lote a favor del acusador particular, el bien ya se encontraba con anotación preventiva por orden judicial, emergente de una demanda con Alberto Monasterios y Eladia Calizaya, sobre nulidad de Testamento, siendo que el mencionado lote fue trasferido por Alberto Monasterios a favor de Teodora Quispe de Paye, el 16 de agosto de 1996; es decir, cuatro años antes de la venta realizada por el imputado al querellante. Conclusión que afirmó, fue corroborada por: “…la declaración de los testigos de cargo Teodora Quispe de Paye, Beatriz Lourdes Maqueda y Teodora Mendoza de Choque, y que además la credibilidad de las citadas declaraciones testificales se corroboran con certificados de DDRR, como documento privado, Minuta de transferencia, escrituras pública, folios reales, certificados, pruebas codificadas como MP2, MP4, MP5, MP6,, MP7, MP8, MP9, así como las codificadas AP1, AP2, AP3, AP4, AP5, AP6, AP7, AP8, AP9, AP10, y AP11, se trata de elementos fácticos que corroboran la autoría material por parte del acusado, por que aportan datos contrastados sobre la participación del mismo” (sic), de donde emergió la subsunción legal de la conducta del imputado a los elementos constitutivos de los delitos de Estafa y Estelionato, para determinar su responsabilidad penal; que igualmente al haberse realizado el pago total por la mencionada venta, se tradujo en un beneficio económico indebido, por lo mismo, escapaba a la posibilidad de considerar la existencia de una relación contractual consensual y eficaz, sin que dicho acto jurídico hubiere consolidado derecho propietario alguno a favor del comprador; por lo que, las emergencias y controversias surgidas y dilucidadas en la órbita penal, tenían mérito competencial como se procedió, sin desconocer el derecho de las partes de acudir además a la vía legal que estimen pertinente.
Por su parte, el Tribunal de alzada fundamentó que la conducta del imputado se encuadra a los elementos constitutivos de los tipos penales de Estafa y Estelionato en base a los elementos probatorios judicializados y al valor probatorio otorgado a la prueba tanto de cargo y de descargo, que condujo a la convicción de la responsabilidad penal del imputado, sin que advierta ninguna situación referida a la vulneración al principio de presunción de inocencia, por la convicción arrimada respecto de la autoría en los hechos acusados; además de que con sobrada razón, sostuvo que los hechos señalados en la apelación, no podían ser objeto de corroboración por el Tribunal de alzada, porque supondría revalorizar las pruebas en contradicción al principio de inmediación.
La relación supra, evidencia que la Resolución de alzada, no contradice al precedente invocado, que conforme ha sido glosado, se sustanció el proceso penal originado sobre la base de un documento de préstamo con características y naturaleza civil, generando duda razonable en el análisis del máximo Tribunal, respecto al tratamiento del caso en la órbita penal; ese sentido, la doctrina legal esbozada, proclamó la concurrencia de los elementos de estafa para ser considerada delictiva, enfatizando que la vía penal no puede ser utilizada para la persecución de obligaciones civiles, pues el derecho penal sustantivo y adjetivo tiene como una de sus principales características de ser de ultima ratio, lo contrario significaría incurrir en franca violación de derechos fundamentales; en el caso presente, el recurrente pretendió asimilar la existencia de una situación fáctica y jurídica similar, tratando de revelar que el acto jurídico en el que intervino es de una compraventa perfecta de naturaleza civil, aspecto que como se fundamentó no es evidente; por lo que, no existe situación fáctica y jurídica similar en el precedente contradictorio invocado, que haya sido contradictoriamente resuelta por el Auto de Vista impugnado, pues debe tenerse en cuenta, que el Auto Supremo 130/2014-RRC de 22 de abril, en referencia a los arts. 416 y 419 del CPP, expresó: (…) este Tribunal a través del Auto Supremo 322/2012-RRC de 4 de diciembre, ha puntualizado: ‘Cuando la norma se refiere a una situación de hecho similar, considera esta Sala que el legislador se refiere a supuestos fácticos análogos, siendo necesario precisar que en materia sustantiva el supuesto fáctico análogo exige que el hecho analizado sea similar; en cambio, en material procesal el supuesto fáctico análogo se refiere a una problemática procesal similar’ (las negrillas son nuestras).
III.2. En cuanto al planteamiento de una venta de bien propio y libre de gravamen.
En este segundo motivo, el recurrente invocó el Auto Supremo 369 de 5 de abril de 2007, dictado en un proceso penal seguido por el delito de Tráfico de Sustancias Controladas, previsto en la sanción del art. 48 con relación al inc. m) de la Ley 1008, proceso que a su culminación, se emitió la Sentencia que declaró la autoría de las imputadas en la comisión del delito referido e impuso la pena de diez años de presidio, Sentencia que fue confirmada por la Sala Penal Segunda del Distrito Judicial de Oruro en resolución de recurso de apelación restringida. Formulado el recurso de casación, el Tribunal Supremo de Justicia, fundamentó la afectación del principio de presunción de inocencia y la garantía del debido proceso, al haberse valorado la prueba al margen de los principios que imbuyen la sana crítica, desconociendo los elementos aportados válidamente en juicio, de la misma forma verificó que se afectó el principio in dubio pro reo, respecto a la participación directa de la imputada en el hecho criminoso, existiendo ausencia plena de certeza y duda razonable, al no haberse demostrado plenamente por parte del Ministerio Público la conducta dolosa de la incriminada; en consecuencia, dejó sin efecto el Auto de Vista impugnado, a tiempo de delinear la siguiente doctrina legal aplicable: “En la función jurisdiccional respecto a las resoluciones que se emitan, los Tribunales de Justicia deben aplicar las normas positivas de acuerdo a la preferencia prevista por el Art. 228 de la Constitución Política del Estado, correspondiendo en el nuevo modelo procesal penal la carga de la prueba al acusador particular o público, o a ambos, y en aplicación del principio constitucional de inocencia un procesado no puede ser considerado ni tratado como culpable, en tanto no exista sentencia condenatoria que adquiera la calidad de cosa juzgada material basada en un análisis individualizado de su participación en el delito, misma que debe ser plena sin lugar a duda razonable, resultando afectación al principio del debido proceso la valoración defectuosa o incorrecta de la prueba aportada en juicio, no siendo necesaria la realización de nuevo juicio si el Tribunal de la apelación considera que los hechos han sido demostrados y probados en juicio y únicamente corresponde actuar asignando correctamente a tales hechos el derecho, en este caso, la absolución.
El recurrente en el segundo motivo, refiere que el Auto de Vista impugnado, no consideró ni valoró el reclamo realizado en recuso de apelación restringida, respecto a hechos inexistentes o no acreditados en la defectuosa valoración de la prueba; que se pretendió sostener la acción en base a la prueba literal del Ministerio Público, sin tomar en cuenta que la documental de descargo, desvirtuó los ilícitos acusados y acreditó que el imputado es el legítimo propietario del lote transferido libre de todo gravamen.
La posición expresada, que si bien como arguye forma parte de la alegación efectuada en el recurso de apelación restringida, que alude a la consideración de la prueba documental referida a la existencia o no de anotación preventiva, de litigio sobre el inmueble y el derecho propietario vigente a momento de la transferencia, que a su criterio, no hubieren merecido una correcta valoración, que generaron duda y en aplicación del principio in dubio pro reo, ameritaba se disponga el “sobreseimiento”, fue respondida por el Tribunal de apelación en los términos del Auto de Vista impugnado, que sustentó que la apelación restringida es el medio legal para impugnar errores de procedimiento o de aplicación de normas sustantivas en los que se hubiere incurrido en errores in judicando o in procedendo, no siendo el medio jerárquico para revalorizar la prueba o revisar cuestiones de hecho que hacen los jueces o tribunales inferiores, no existiendo la doble instancia; tampoco el medio de corroboración de las pruebas ya judicializadas y valoradas bajo las reglas de la sana crítica y el principio de inmediación, asumiendo que la Sentencia fue emitida conforme a ley para disponer su confirmación.
Ahora bien, estando así fundamentado el Auto de Vista impugnado, no se vislumbra situación contradictoria con el precedente invocado, porque en principio deviene de un proceso penal relativo a materia de sustancias controladas, que evidenció la afectación al principio de presunción de inocencia y la garantía del debido proceso y valoración defectuosa de la prueba, en afectación del principio del in dubio pro reo por no haberse demostrado la conducta dolosa de la imputada, dejando establecido en la doctrina legal aplicable, la vigencia del principio constitucional de presunción de inocencia del procesado en tanto no exista Sentencia condenatoria con calidad de cosa juzgada, sin lugar a duda razonable y que la valoración defectuosa de la prueba afecta al principio del debido proceso que, en el caso de autos no se presenta, cuando la resolución del Tribunal de alzada avaló la Sentencia sin haber advertido situaciones defectuosas en la labor de valoración de la prueba y no dar curso a la pretensión de rever el contenido y análisis de los elementos probatorios referidos por el imputado, en resguardo del principio de inmediación; consecuentemente, y en base al análisis efectuado, el recurso de casación deviene en infundado.
La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Arturo Mamani Huanca, cursante de fs. 180 a 183 vta.