Source: http://juventudsindical.com/facundo-moyano-presento-tres-proyectos-de-ley-para-regular-el-mercado-inmobiliario/
Timestamp: 2016-12-05 04:25:50
Document Index: 219321402

Matched Legal Cases: ['artículo 14', 'Artículo 6', 'Artículo 6', 'Artículo 14', 'Artículo 14', 'ARTÍCULO 2', 'ARTÍCULO 3', 'ARTÍCULO 4', 'ARTÍCULO 5', 'Artículo 14']

Juventud Sindical – Facundo Moyano presentó tres proyectos de ley para regular el mercado inmobiliario
9 agosto, 2013 at 18:52 El diputado Facundo Moyano presentó hoy tres proyectos de ley que buscan introducir algunos cambios en el mercado inmobiliario en beneficio de los sectores que carecen de vivienda propia.
El diputado nacional en los fundamentos de los proyectos resalta que “la vivienda es una necesidad humana universalmente reconocida” que “constituye asimismo un derecho humano fundamental, en tanto posibilita el disfrute de todos los derechos económicos, sociales y culturales”. El derecho a una vivienda digna se encuentra reconocido en el artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Convención sobre los Derechos del Niño, y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, incorporados con jerarquía constitucional a partir de la reforma de 1994.
“Artículo 6 º Bis.- Formas de pago. Los alquileres deben pagarse mediante depósito en la cuenta bancaria que la parte locadora indique al locatario mediante su individualización en el contrato. En el comprobante del depósito deberá hacerse consignar la causa del pago de manera tal que las entidades bancarias puedan informar, a pedido del Poder Ejecutivo, el listado de locaciones urbanas destinadas a vivienda, con detalle de locadores. “Artículo 6 º Ter.- Gastos. Los locatarios deben pagar las facturas correspondientes a los servicios de que está provista la vivienda y las expensas ordinarias; en tanto que los propietarios o arrendadores deben pagar las tasas, contribuciones e impuestos que recaen sobre el inmueble y las expensas extraordinarias.”
La vivienda es una necesidad humana universalmente reconocida, que permite a hombres y mujeres acceder a la ciudad y a todos los bienes y servicios que ésta provee. Constituye asimismo un derecho humano fundamental, en tanto posibilita el disfrute de todos los derechos económicos, sociales y culturales. En Argentina el derecho a la vivienda adecuada se encuentra reconocido por la Constitución Nacional en el Artículo 14 bis, y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Convención sobre los Derechos del Niño, y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, incorporados con jerarquía constitucional a partir de la reforma de 1994. Según la Observación General N° 4, aprobada por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU en la 6° Sesión del 12 de diciembre de 1991, la seguridad en la tenencia constituye una de las dimensiones que hacen a una “vivienda adecuada”. En la misma se sostiene que “los Estados partes deben adoptar inmediatamente medidas destinadas a conferir seguridad legal de tenencia a las personas y los hogares que en la actualidad carezcan de esa protección consultando verdaderamente a las personas y grupos afectados”. Como parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Estado argentino tiene la obligación de reconocer la vivienda adecuada como un derecho humano, y de asegurar que no se adopten medidas de ninguna clase que puedan menoscabar su condición jurídica. Los poderes del Estado deben adecuar sus normas inferiores – leyes, decretos, resoluciones administrativas – de forma que garanticen el derecho a una vivienda adecuada, so pena de ser consideradas inconstitucionales. Del mismo modo, los gobiernos deben adoptar medidas concretas y efectivas, dirigidas a cumplir con las obligaciones incorporadas en el texto constitucional. Tales políticas no deben tener por objeto beneficiar a los grupos sociales que ya se hallen en una situación más favorecida en desmedro de quienes viven en condiciones menos favorables.
La necesidad de proteger a los inquilinos de la dinámica excluyente del mercado de vivienda se hace más evidente en un contexto en el que el acceso a la propiedad escapa a sectores cada vez más amplios de la población. Luego de la devaluación, la brecha resultante del incremento de los precios de los inmuebles en dólares y la evolución de los salarios en pesos, y la ausencia de mecanismos accesibles de financiación, transformaron a la vivienda en un bien cada vez más inaccesible para los sectores trabajadores. Entre 2001 y 2010, a nivel nacional, la población inquilina se incrementó del 11% al 16%. Sin embargo, en las principales ciudades esta tendencia registra niveles más acentuados. En el mismo período el porcentaje la población inquilina en la Capital Federal pasó del 22,2% al 29,9%, al tiempo que los propietarios de vivienda y terreno se redujeron del 67,6% al 56,4%.
La imposibilidad de acceder a la propiedad incrementó la demanda de viviendas en el mercado de alquileres, que junto a la escasa producción de espacio residencial para sectores medios, generaron una situación de escasez relativa de inmuebles en alquiler. Este desfasaje entre oferta y demanda en el mercado de alquileres produjo un aumento en el valor de las locaciones urbanas y de los requisitos exigidos por los propietarios al momento de alquiler. El valor de los alquileres en la ciudad de Buenos Aires se incrementó en más de un 450% entre 2003 y 2012 . El importante crecimiento de las formas deficitarias de hábitat en las grandes ciudades del país no es ajeno a la dinámica excluyente del mercado de alquileres. Los requisitos exigidos para acceder al alquiler y al crédito hipotecario empujan a sectores sin garantía hipotecaria y sin recibo de sueldo al mercado informal de tierra y vivienda. A pesar del mejoramiento de las condiciones sociales y económicas en la última década, la población de villas de la ciudad de Buenos Aires se incrementó en al menos un 50%, pasando entre 2001 y 2010 de 107.805 a 163.587 habitantes. Según datos del censo de 2010, a nivel nacional son más de 500.000 los hogares que viven en condiciones de informalidad en relación a la tenencia de la tierra. Las familias que cohabitan o viven en viviendas irrecuperables suman 1.850.000 hogares, mientras que según el censo realizado en el 2001 esta suma daba un total 900.000 hogares en condiciones de precariedad habitacional.
El proceso de recuperación económica que atravesó el país a partir del año 2003 fue acompañado por un importante crecimiento de la industria de la construcción, lo cual no se tradujo en un mejoramiento de la situación habitacional de los sectores medios y bajos. En la ciudad de Buenos Aires, entre 2002 y 2011 se otorgaron permisos para la construcción de más de 150.000 viviendas nuevas. Sin embargo, las condiciones de vivienda de la población de la ciudad no sólo no mejoraron, sino que las formas deficitarias de hábitat se expandieron de forma notable. Con una población estable de 3.000.000 de habitantes desde mediados de la década de 1940, la cantidad de residentes en villas de la ciudad se incrementó en más de un 50%, pasando de 107.805 a 163.587 habitantes entre el 2001 y el 2010.
Luego de la devaluación del peso, los valores de la vivienda se incrementaron en dólares alejándose del poder adquisitivo de los trabajadores y esto se ha visto agravado a partir de las restricciones a la compra y venta de divisas. Ante la ausencia de mecanismos de financiamiento accesibles a la clase media y media baja, los promotores inmobiliarios concentraron sus inversiones en el sector de mayor poder adquisitivo, capaz comprar la vivienda sin necesidad de crédito. En un contexto inflacionario, y frente a la falta de alternativas seguras de inversión, sectores de la economía colocaron sus excedentes en el mercado inmobiliario como forma de conservar el valor de sus activos.
Este uso de la tierra y la vivienda como reserva de valor contribuyó a la multiplicación del parque habitacional desocupado, y solamente en la ciudad de Buenos Aires se estima que existen más de 120.000 viviendas ociosas. La vivienda es una necesidad humana universalmente reconocida, que permite a hombres y mujeres acceder a todos los bienes y servicios que ésta provee. Constituye asimismo un derecho humano fundamental, en tanto posibilita el disfrute de todos los derechos económicos, sociales y culturales. En Argentina el derecho a la vivienda adecuada se encuentra reconocido por la Constitución Nacional en el Artículo 14 bis, y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Convención sobre los Derechos del Niño, y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, incorporados con jerarquía constitucional a partir de la reforma de 1994. Como parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Estado argentino tiene la obligación de reconocer la vivienda adecuada como un derecho humano, y de asegurar que no se adopten medidas de ninguna clase que puedan menoscabar su condición jurídica. Los poderes del Estado deben adecuar sus normas inferiores – leyes, decretos, resoluciones administrativas – de forma que garanticen el derecho a una vivienda adecuada, so pena de ser consideradas inconstitucionales. Del mismo modo, los gobiernos deben adoptar medidas concretas y efectivas, dirigidas a cumplir con las obligaciones incorporadas en el texto constitucional. Tales políticas no deben tener por objeto beneficiar a los grupos sociales que ya se hallen en una situación más favorecida en desmedro de quienes viven en condiciones menos favorables, fenómeno que se viene acrecentando en los últimos años.
Por último, al incrementar la carga tributaria sobre los sectores de mayores recursos, capaces de retener propiedades fuera del mercado a la espera de su valorización, se contribuye a recuperar la progresividad que el sistema impositivo fue perdiendo desde mediados de la década de 1970. Por todas las razones expuestas, que hacen al cumplimiento del derecho a la vivienda, es que solicitamos el acompañamiento de este proyecto de ley.
Las jurisdicciones deberán fomentar la construcción de vivienda sencilla, accesible a los sectores de menores recursos, a partir del establecimiento de condiciones para el otorgamiento oneroso del derecho de construcción que graven la edificación de vivienda de alta categoría. ARTÍCULO 2°. De las categorías de vivienda. Las jurisdicciones deberán adaptar la categorización de los permisos de modo que se adecuen a la siguiente:
ARTÍCULO 3°. De los gravámenes. Cada jurisdicción establecerá el valor de los gravámenes. En ningún caso, el gravamen dispuesto para la primera categoría podrá ser menor al 300% del valor dispuesto para la cuarta categoría.
Cada jurisdicción establecerá los mecanismos para la implementación de la presente Ley. ARTÍCULO 4°. Los fondos recaudados mediante este instrumento se destinarán al desarrollo de programas de vivienda destinados a sectores de bajos recursos. ARTÍCULO 5°. Se invita a las provincias y a la ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
La vivienda es una necesidad humana universalmente reconocida, que permite a hombres y mujeres acceder a la ciudad y a todos los bienes y servicios que ésta provee. Constituye asimismo un derecho humano fundamental, en tanto posibilita el disfrute de todos los derechos económicos, sociales y culturales. En Argentina el derecho a la vivienda adecuada se encuentra reconocido por la Constitución Nacional en el Artículo 14 bis, y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Convención sobre los Derechos del Niño, y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, incorporados con jerarquía constitucional a partir de la reforma de 1994. Como parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Estado argentino tiene la obligación de reconocer la vivienda adecuada como un derecho humano, y de asegurar que no se adopten medidas de ninguna clase que puedan menoscabar su condición jurídica. Los poderes del Estado deben adecuar sus normas inferiores – leyes, decretos, resoluciones administrativas – de forma que garanticen el derecho a una vivienda adecuada, so pena de ser consideradas inconstitucionales. Del mismo modo, los gobiernos deben adoptar medidas concretas y efectivas, dirigidas a cumplir con las obligaciones incorporadas en el texto constitucional. Tales políticas no deben tener por objeto beneficiar a los grupos sociales que ya se hallen en una situación más favorecida en desmedro de quienes viven en condiciones menos favorables.
Estos factores se articulan con la ausencia de mecanismos de financiación a largo plazo, imposibilitando el acceso a la propiedad a gran parte de la población. Según un estudio del Centro de Economía y Finanzas para el Desarrollo de la Argentina (CEFIDAR) del año 2007 , más del 65% de la población está imposibilitada de acceder a un crédito hipotecario para la compra de una vivienda. La ausencia de una demanda solvente de clase media y media baja, condujo a los promotores a concentrar las inversiones en el sector de mayor poder adquisitivo, capaz de adquirir una vivienda sin necesidad de crédito, generando así un déficit de viviendas económicas accesibles a los sectores de menores recursos. Este proceso favoreció la concentración del mercado inmobiliario en un doble sentido, el territorial y el asociado a la categoría de vivienda: la oferta de viviendas se concentró en viviendas de alta gama en localizaciones valorizadas. En la ciudad de Buenos Aires, sólo 5 barrios explican el 52% de los permisos de construcción solicitados entre 2003 y 2008. A su vez, el 42% de la superficie autorizada en ese período correspondió a vivienda suntuosa, mientras que sólo un 20% a vivienda sencilla. Esta tendencia contrasta con la distribución de los permisos de construcción otorgados en décadas anteriores. Entre 1991 y 2001 la categoría de vivienda suntuosa explicó sólo el 20% de los permisos autorizados.
Al mismo tiempo, la falta de una oferta de vivienda sencilla obligó a los sectores medios y medios bajos a volcarse al mercado de alquileres. Entre 2001 y 2010, a nivel nacional, la población inquilina se incrementó del 11% al 16%. Sin embargo, en las principales ciudades esta tendencia registra niveles más acentuados. En el mismo período el porcentaje la población inquilina en la Capital Federal pasó del 22,2% al 29,9%, al tiempo que los propietarios de vivienda y terreno se redujeron del 67,6% al 56,4%.
El aumento de la demanda de vivienda para alquilar, sumado a la escasa producción de espacio residencial para estos sectores poblacionales, generó una situación de escasez relativa de inmuebles en alquiler y, en consecuencia, un aumento en el valor de las locaciones urbanas. En la ciudad de Buenos Aires, entre 2003 y 2012 el valor de los alquileres se incrementó en más de un 450%. El importante crecimiento de las formas deficitarias de hábitat en las grandes ciudades del país no es ajeno a la dinámica excluyente del mercado de vivienda. La imposibilidad de acceder a la propiedad y los requisitos exigidos para acceder al alquiler y al crédito hipotecario empujan a sectores sin garantía hipotecaria y sin recibo de sueldo al mercado informal de tierra y vivienda. A pesar del mejoramiento de las condiciones sociales y económicas en la última década, la población de villas de la ciudad de Buenos Aires se incrementó en al menos un 50%, pasando entre 2001 y 2010 de 107.805 a 163.587 habitantes. Según datos del censo de 2010, a nivel nacional son más de 500.000 los hogares que viven en condiciones de informalidad en relación a la tenencia de la tierra, y las familias que cohabitan o viven en viviendas irrecuperables suman 1.850.000 hogares. Esto se ha visto agravado con las últimas restricciones al mercado de moneda extranjera que, más allá de las intenciones, han aumentado los precios de los inmuebles, perjudicando a los sectores que no poseen vivienda y beneficiando a quienes más la concentran. Esta normativa busca gravar las inversiones que no apuntan a ampliar las posibilidades de acceder a una vivienda para los sectores que lo necesitan, generando recursos para ampliar el acceso de los sectores de medios y bajos recursos, que no califican para el crédito hipotecario, a una vivienda digna.
Marcelino Martin Medina says:	21 octubre, 2013 at 6:21	Alguna novedad? Cómo piensan impulsar este proyecto? Convocaron a las asociaciones de inquilinos?
Responder	javier ruiz says:	5 agosto, 2015 at 11:00	estoy muy entusiasmado con este proyecto de ley ,este muchacho es y ha sido el único que presento algo asi por el pueblo , nadie mas se acordó de la gente que no tiene vivienda propia , también lo de los impuestos a las ganancias, ojala le llegue mi msj sr. facundo Moyano , desde comodoro rivadavia le saluda un compañero que apoyara todas sus gestiones , desde aca lucharemos por esta ley y cuando ande por comodoro lo iremos a ver y brindarle nuestro apoyo , somos muchos los que alquilamos y para peor pagamos impuesto a las ganancias, saludos, estamos formando una asociación de inquilinos en la ciudad de comodoro rivadavia ,chubut .nos van a escuchar . abrazo .