Source: https://www.ineaf.es/concurso-acreedores-administracion-concursal
Timestamp: 2018-11-21 04:43:18
Document Index: 305613062

Matched Legal Cases: ['artículo 36', 'artículo 28', 'artículo 28', 'artículo 28', 'artículo 28', 'artículo 28', 'artículo 34', 'artículo 145', 'artículo 35', 'artículo 1902', 'artículo 6']

La Administración Concursal | INEAF
La Administración Concursal se presenta en los artículos 26 y siguientes de la Ley 22/2003, de 9 julio, como un nuevo modelo en el que la administración recae en un órgano colegiado al que se le atribuyen funciones conjuntas.
La administración concursal es un órgano colegido que adopta sus decisiones por mayoría y que está integrado por tres miembros, salvo en el caso del procedimiento concursal abreviado, donde el juez puede optar por nombrar sólo a un administrador
La estructura de la administración concursal mezcla a personas con la formación jurídica y económica necesaria con la presencia de un representante de un acreedor ordinario.
Las funciones de la administración concursal se encuentran dispersas en el articulado de la ley concursal, entre las que podemos destacar:
Es la encargada de la elaboración de un informe sobre la masa activa y pasiva del concurso, así como sobre las propuestas del convenio presentadas.
Desempeña funciones de intervención y supervisión de las facultades patrimoniales del deudor (para el caso del concurso voluntario).
Puede sustituir al deudor en la administración y disposición de su patrimonio (concurso necesario).
Las actuaciones de la administración concursal se ejecutan bajo supervisión judicial. Aunque disponen de cierta autonomía de actuación sin que hayan de consultar con el órgano judicial todas sus decisiones.
El cargo de administrador concursal es voluntario (debe aceptarse el nombramiento) y está remunerado conforme arancel.
Por último, en el desempeño de sus funciones, la administración concursal está sometida a un severo régimen de responsabilidad, frente al deudor y frente a los acreedores, de los daños y perjuicios causados a la masa por los actos y omisiones contrarios a la ley o realizados sin la debida diligencia (artículo 36 LC).
La administración concursal está integrada por los siguientes miembros:
Un abogado con experiencia profesional de al menos 5 años de ejercicio efectivo.
Un auditor de cuentas, economista o titulado mercantil colegiado, con una experiencia profesional de al menos 5 años de ejercicio efectivo.
Un acreedor que sea titular de un derecho de crédito ordinario o con privilegio general que no esté garantizado.
El juez puede designar como administrador acreedor tanto a una persona física como a una persona jurídica.
No son hábiles para ser nombrados administración concursal (artículo 28 LC):
Los inhabilitados para ser administradores de sociedades anónimas o de responsabilidad limitada (artículo 28.1 LC)
Los que hubieran sido separados del cargo de administración concursal dentro de los dos años anteriores (artículo 28.2 2º LC).
Quienes se encuentren inhabilitados por sentencia firme de desaprobación de cuentas en concurso anterior (artículo 28.2.2ª LC).
Los que hayan prestado cualquier clase de servicios profesionales al deudor o a personas especialmente relacionadas con éste en los últimos años, incluidos aquéllos que durante ese plazo hubieran compartido con el mismo el ejercicio de actividades profesionales de la misma o diferente naturaleza (artículo 28.1 LC).
El nombramiento de administrador concursal debe ser comunicado al designado por el medio más rápido dentro de los 5 días siguientes al recibo de la comunicación. El designado debe comparecer ante el juzgado para manifestar si acepta o no el cargo.
Cuando la complejidad del concurso así lo exija, la administración concursal puede solicitar la autorización del juez para delegar funciones en los auxiliares que propongan, con la indicación de criterios para el establecimiento de su retribución.
A los auxiliares delegados se les extiende el régimen de incapacidades, incompatibilidades, prohibiciones, recusación y responsabilidad establecido para los administradores judiciales y sus representantes, así como el canon de diligencia profesional de ejercicio.
Respecto a la retribución de los administradores judiciales, éstos tienen derecho a ser retribuidos con cargo a la masa del concurso (artículo 34.1 LC), y por tanto se pagará antes que los créditos concursales (artículo 145.1 LC), procediéndose a su abono en la fecha de su vencimiento cualquiera que sea el estado del concurso. Esta retribución está reglamentada por un arancel, atendiendo a la cuantía del activo y del pasivo, el carácter de ordinario o abreviado del procedimiento, la acumulación de concursos y la previsible complejidad del concurso.
La administración concursal y los auxiliares delegados deben desempeñar su cargo con la diligencia de un ordenado empresario y de un representante leal.
Su actuación será colegiada cuando la administración concursal esté compuesta por tres miembros, y las decisiones se adoptarán por mayoría, y si no se alcanza la mayoría porque los 3 miembros tengan decisiones diferentes, se delegará la decisión en el juez. La decisión del juez adoptará la forma de auto, frente al que no cabrá interponer recurso alguno ni plantear incidente concursal sobre la materia resuelta (artículo 35.5 LC).
La actuación de los administradores será mancomunada cuando sólo estuviesen en el ejercicio del cargo dos de los tres miembros de la administración concursal, y mientras se mantenga esta situación. La actuación de éstos deberá ser conjunta, es decir, unánime. En caso de disconformidad entre los administradores mancomunados, intervendrá el juez mediante auto.
Se exceptúa de la regla de actuación conjunta las facultades que el juez haya atribuido individualmente a uno de los miembros que sigan integrando la administración.
Cuando se trate de un órgano de administración unipersonal, salvo que el juez acuerde otra cosa, las decisiones recaerán en el administrador concursal único.
Las decisiones individuales, mancomunadas o colegiadas de la administración concursal que no sean de trámite o gestión ordinaria se deben consignar en actas, extendidas y transcritas en un libro legalizado por el secretario judicial.
En cualquier caso, la administración concursal está sometida a la supervisión del juez del concurso.
La administración concursal y los auxiliares delegados responderán frente al deudor y frente a los acreedores de los daños y perjuicios causados a la masa por los actos y omisiones contrarios a la ley o los realizados sin la debida diligencia (artículo 1902 CC).
Se exige la concurrencia de tres requisitos o presupuestos para poder declarar la responsabilidad de la administración concursal:
Una acción u omisión antijurídica de los administrados (contraria a la ley o a la diligencia con que debe desempeñar el cargo).
La producción de un daño.
La relación de causalidad entre la conducta antijurídica y el daño causado.
La responsabilidad derivada del ejercicio mancomunado o colegiado de competencias es solidaria, quedando exonerado en este último caso el administrador concursal que pruebe que, no habiendo intervenido en la adopción del acuerdo lesivo, desconocía su existencia o, conociéndola, hizo todo lo conveniente para evitar el daño o, al menos, se opuso expresamente a aquél.
La acción de responsabilidad prescribe a los cuatro años, contados desde que el actor tuvo conocimiento del daño o perjuicio por el que reclama y, en todo caso, desde que la administración concursal o los auxiliares delegados hubieran cesado de su cargo.
Recientemente ha entrado en vigor el Real Decreto 1333/2012, de 21 de septiembre, por el que se regula el seguro de responsabilidad civil y la garantía equivalente de los administradores concursales.
Este Real Decreto se ocupa de este seguro o garantía, que, naturalmente, no impide que, al amparo de la autonomía privada o de otras previsiones legales, los administradores concursales contraten otros seguros específicos e independientes de esa responsabilidad civil, para cubrir más intensamente los riesgos del ejercicio de esa actividad profesional, o introduzcan esa cobertura mínima obligatoria como ampliación de las pólizas de responsabilidad civil profesional de abogados, economistas, titulados mercantiles o auditores.
La Ley Concursal contempla un informe necesario, a través del cual se determinan las masas del concurso:
La masa activa o del patrimonio afectado procesalmente.
La masa pasiva o colectivo de créditos cuya satisfacción se persigue.
El informe de la administración concursal cuenta con cuatro bloques:
El núcleo del informe: abarca el análisis de los datos y circunstancias del deudor en los últimos 3 años. Se debe relatar la historia económica y jurídica del deudor, su actividad, las causas del estado de su insolvencia, etc. (artículo 6.2.2º LC).
Memoria: recoge las principales decisiones y actuaciones de la administración concursal.
Exposición motivada acerca de la situación patrimonial del deudor, y de cuantos datos y circunstancias pudieran ser relevantes para la ulterior tramitación del concurso.
Anexo: que comprenderá el inventario de la masa activa, la lista de acreedores, escrito de la evaluación de las propuestas de convenio o liquidación que se hayan presentado.