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Timestamp: 2020-04-02 14:50:55
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Matched Legal Cases: ['artículo 7', 'artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 7', 'in fine', 'Artículo 80']

Blog de Abogados Penalistas Ortiz Almonacid: VIOLENCIA DE GENERO EN EL CODIGO PENAL ARGENTINO
La actuación del Estado frente a las acciones delictivas acontecidas en un marco de este tipo de violencia fue evolucionando bajo el acogimiento de nuevos paradigmas, entre los cuales juega un papel relevante la internacionalización del reconocimiento de los derechos humanos. Nos ilustra en este aspecto la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (C.E.D.A.W.). Esta Convención y los demás tratados incorporados configuran el llamado “bloque de constitucionalidad” a los que se les reconoce operatividad y, como corresponde, dentro de todo el sistema normativo, que es jerarquizado, todos los comportamientos deben encontrar una solución tal dentro del mismo que guarde coherencia con las normas de jerarquía superior. Por ello, desde la perspectiva señalada, corresponde acudir también a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer o “Convención de Belem do Pará”, (ratificada por Ley Nº 24.632 del año 1996), siendo su objetivo proteger los derechos de las mujeres frente a las situaciones de violencia que puedan afectarlas.
Y en segundo lugar, la Corte alegó que “el desarrollo del debate es de trascendencia capital a efectos de posibilitar que la víctima asuma la facultad de comparecer para efectivizar el “acceso efectivo” al proceso (cfr. también el inciso “f” del artículo 7 de la Convención) de la manera más amplia posible, en pos de hacer valer su pretensión sancionatoria. Cuestión esta última que no integra, en ninguna forma, el marco legal sustantivo y procesal que regula la suspensión del proceso a prueba. Prescindir en el sub lite de la sustanciación del debate implicaría contrariar una de las obligaciones que asumió el Estado al aprobar la ‘Convención de Belem do Pará’ para cumplir con los deberes de prevenir, investigar y sancionar sucesos como los aquí considerados.”
En esta línea de pensamiento, el Máximo Tribunal de Capital Federal, en un caso de amenazas cometidas contra una mujer en la intimidad del hogar, que encontraba la declaración de la víctima como elemento probatorio único, expresó que el antiguo adagio “testis unus, testis nullus” – con arreglo al cual el testimonio de un solo testigo no reviste calidad de prueba suficiente para acreditar la participación en un hecho delictivo – no tiene gravitación actualmente en la normativa procesal vigente. Afirma esto en virtud de que el Código de rito de Capital Federal adopta como reglas generales la “amplitud probatoria” para demostrar los hechos y circunstancias; y el sistema de la sana crítica racional, como método para valorar la prueba producida[48]. En este sentido, entiende el tribunal que la convicción judicial para resolver no depende de la cantidad de los elementos de prueba que se producen durante el juicio sino del valor y la fuerza probatoria que – fundada y racionalmente- se le asigne a los mismos, “incluso cuando ella principalmente se asiente en el relato de la víctima”. Continua diciendo el Tribunal Superior que “El testimonio de la víctima en estos supuestos tiene en sí mismo valor de prueba para enervar la presunción de inocencia, siempre que se efectúe con las debidas garantías de manera tal que el involucrado pueda desvirtuar el relato de la denunciante. El valor probatorio del testimonio de la víctima en casos donde por su especial modo de comisión no puedan ser corroborados por otros medios, no puede ser soslayado o descalificado dado que ello constituiría una forma de violencia institucional revictimizante contraria a los parámetros internacionales en la materia”.[49]
No debemos olvidar que la ley marco 26.485 de Protección Integral de la mujer, más precisamente en su art. 16 inc. 1, también consagra la amplitud probatoria imperante en la materia en estudio. En este sentido, en un caso de lesiones leves cometido contra una mujer mediando violencia de género, se expresó la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal, diciendo que “la prueba más trascendental es lo dicho por la víctima, y la ausencia de testigos no descarta la existencia del evento. No debe soslayarse que este tipo de conductas suelen llevarse a cabo en el ámbito de intimidad de la pareja (…) El Estado tiene el deber de cumplir con la obligación de tutela real y efectiva de las pautas establecidas en el artículo 16 de la ley 26.485, que incluye el derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia.”[51]
Así también ya lo había expresado con anterioridad, en un caso de violencia doméstica que encontraba a la mujer como víctima de amenazas, afirmando que “En virtud de que existe un criterio de amplitud probatoria para acreditar los hechos de este tipo, teniendo en cuenta las circunstancias especiales en la que se desarrollan los actos de violencia y quiénes son sus testigos naturales (artículo 16, apartado “i” de la ley n° 26.485), entendemos que el análisis del caso no puede hacerse como intenta la defensa, esto es, en la cantidad de prueba que hay en el sumario o en la inexistencia de testigos, sino en una pauta inobjetable que es la conducta metódica y violenta que habría practicado el acusado hacia la denunciante durante un plazo que se extiende por años”.[52]
Las particulares circunstancias que rodean los casos de violencia contra las mujeres, que suponen la indefensión de la mujer víctima ante su agresor – que en muchos casos proviene de su pareja conviviente -, y la situación de vulnerabilidad que ostenta frente a su victimario, exigen una reacción punitiva especial y multidisciplinaria por parte del Estado para mitigar los efectos del delito, y evitar posteriores hechos delictivos de idéntica naturaleza. Es por ello que resulta indispensable la fijación de criterios de política criminal que atiendan las circunstancias especiales que suponen estos casos, y la adopción de medidas de protección de la mujer víctima a fin de evitar consecuencias mayores y la reiteración delictual. Recurriendo al plano internacional, encontramos que en este aspecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe sobre Acceso a la Justicia para las Mujeres víctimas de Violencia en las Américas[53], ofreció un diagnóstico sobre los principales obstáculos que las mujeres enfrentan cuando intentan acceder a una tutela judicial efectiva para remediar actos de violencia. En este sentido, la Comisión formuló conclusiones y recomendaciones a fin de que los Estados actúen con debida diligencia para ofrecer una respuesta judicial efectiva y oportuna ante estos incidentes, fijando estándares importantes de política criminal para los Estados. Entre los más destacables, la C.I.D.H. hizo hincapié en el deber de los Estados de actuar con la debida diligencia requerida ante actos de violencia contra las mujeres, tanto cometidos por agentes estatales como particulares; el deber de investigar actos de violencia de forma pronta y exhaustiva; la obligación de erradicar patrones socioculturales discriminatorios que pueden influir la labor de fiscales, jueces, y otros funcionarios judiciales en la judicialización de casos de violencia contra las mujeres; el deber de garantizar que la actuación del sistema de justicia sea imparcial, independiente, y libre de discriminación; y el deber de garantizar que los familiares de las víctimas tengan un tratamiento digno en el sistema de justicia, entre otros aspectos relevantes.
Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el precedente “Campo Algodonero”[54] del año 2009 – donde se declaró la responsabilidad del Estado Mexicano por una serie de femicidios cometidos en Ciudad de Juárez -, estableció una serie de reglas para conducir eficazmente el proceso penal en los delitos de género. Así fijó que el Estado deberá conducir eficazmente el proceso penal en curso conforme a las siguientes directrices: “i) se deberá remover todos los obstáculos de jure o de facto que impidan la debida investigación de los hechos y el desarrollo de los respectivos procesos judiciales, y usar todos los medios disponibles para hacer que las investigaciones y procesos judiciales sean expeditos a fin de evitar la repetición de hechos iguales o análogos a los del presente caso; ii) la investigación deberá incluir una perspectiva de género; emprender líneas de investigación específicas respecto a violencia sexual, para lo cuál se deben involucrar las líneas de investigación sobre los patrones respectivos en la zona; realizarse conforme a protocolos y manuales que cumplan con los lineamientos de esta Sentencia; proveer regularmente de información a los familiares de las víctimas sobre los avances en la investigación y darles pleno acceso a los expedientes, y realizarse por funcionarios altamente capacitados en casos similares y en atención a víctimas de discriminación y violencia por razón de género; iii) deberá asegurarse que los distintos órganos que participen en el procedimiento de investigación y los procesos judiciales cuenten con los recursos humanos y materiales necesarios para desempeñar las tareas de manera adecuada, independiente e imparcial, y que las personas que participen en la investigación cuenten con las debidas garantías de seguridad, y iv) los resultados de los procesos deberán ser públicamente divulgados para que la sociedad mexicana conozca los hechos objeto del presente caso”. La Corte Interamericana también estableció la obligatoriedad de programas y cursos de capacitación sobre los instrumentos internacionales de Derechos Humanos – en especial la Convención Belém Do Pará y la C.E.D.A.W. – y la doctrina surgida de este fallo, destinados a policías, fiscales, jueces, militares, funcionarios encargados de la atención y asistencia legal a víctimas del delito y a cualquier funcionario público, tanto a nivel local como federal, que participe directa o indirectamente en la prevención, investigación, procesamiento, sanción y reparación en casos de delitos que impliquen violencia contra las mujeres.
Además destacó necesidad de educar a la población Mexicana para enfrentar la discriminación del género femenino, intimando a que el Estado realice un programa de educación destinado a la población en general, con el fin de superar dicha situación. En definitiva, esta sentencia de la Corte Interamericana en el caso del “Campo Algodonero” sentó una doctrina jurisprudencial trascendental para la comprensión y la interpretación de los hechos criminales que se cometen contra las mujeres y sobre todo para dimensionar los contextos de violencia e impunidad que acompañan estos hechos, fijando parámetros y políticas criminales que deben adoptarse en los procesos penales destinados a investigar y sancionar este tipo de conductas, con el único fin de garantizar el acceso a la justicia de las mujeres y su derecho a la reparación de los daños causados. En este sentido, el Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Mendoza, adoptó los lineamientos fijados internacionalmente, en pos de lograr una mayor eficacia en la persecución de delitos de género y asegurar la protección física y psicológica de la víctima, en concordancia con lo dispuesto por el artículo 7 inc. b de la Convención de Belém do Pará, que impone la necesidad disponer mecanismos para actuar con debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer. Así observamos que la Procuración General del Máximo Tribunal de Mendoza, dictó lineamientos generales de actuación con el objetivo de sostener la unidad funcional de los miembros del Ministerio Público. A través de la Resolución Nº 16/12, como primera medida de política criminal, a efectos de logar la mayor eficacia posible en el impulso procesal, dispuso la obligación de consultar en el buscador de personas del Sistema de Gestión informático, la existencia de causas que se tramiten contra el mismo imputado por causa de violencia de género en todas las Unidades Fiscales de la Provincia, con el único sentido de darle un tratamiento conjunto por la conexidad subjetiva existente. Así también, mediante Resolución Nº 148/12, como ya se analizara anteriormente, estableció como directiva general dirigida a los Agentes Fiscales del Ministerio Público, que en lo sucesivo, se abstengan de propiciar la aplicación de principios de oportunidad y de prestar el consentimiento fiscal correspondiente al momento de contestar la vista relativa al pedido de Suspensión del Juicio a Prueba, en los casos en que el delito investigado implique cualquier forma de violencia de género, ajustándose a los términos de la Convención Belén Do Para y de las leyes nacionales y provinciales vigentes en la materia. En pos de asegurar los derechos de las víctimas, emitió la Resolución N° 300/13, estableciendo que el Ministerio Público Fiscal, debe atender y asesorar a las víctimas, brindándole información respecto el estado de la causa, situación del imputado y facultades que puede ejercer en el proceso penal. A su vez, en vista de lograr la mayor eficacia del proceso iniciado y mayor celeridad, priorizando el tratamiento conjunto de causas penales contra un mismo imputado, dictó la Resolución Nº 300/14, donde impartió como directiva general dirigida a los Fiscales de Instrucción, que en los casos de denuncia por violencia de género el agente fiscal en turno deberá consultar a fin de corroborar la existencia de otros procesos en trámite o archivados que existan en la Unidad Fiscal, respecto del agresor, debiendo acumularse en un solo agente fiscal todas las causas en trámite o archivadas de violencia de género o intrafamiliar, seguidas contra el mismo, previo tomar las medidas urgentes que garanticen la integridad física de las personas agredidas. Ya a fines del año 2014, se logra observar que el Procurador General de Mendoza insistió en el perfeccionamiento de la política criminal en casos de violencia contra la mujer y el énfasis en priorizar las medidas de protección de las víctimas de este flagelo. Así, a través de la Resolución N° 629/14, destacó expresamente la necesidad de consolidar la implementación de políticas dirigidas al abordaje de la violencia de género de acuerdo al rol que tiene el Ministerio Público Fiscal, de conformidad con los instrumentos internacionales de promoción y protección de los derechos de las mujeres suscriptos por la Nación Argentina y con la normativa legal nacional y provincial relativa a esta problemática. A su vez resaltó el deber de suministrar la debida atención y el tratamiento apropiado y específico a las mujeres víctimas cuando toman el primer contacto con el Ministerio Público Fiscal, con el objeto de salvaguardar el acceso a la justicia, disponer rápidamente la realización de exámenes periciales con el objeto de preservar las pruebas y proporcionarle a las víctimas el acompañamiento necesario por parte de los organismos pertinentes; resaltando que uno de los ejes principales en los casos de atención de víctimas de violencia de género, es facilitar el acceso a la justicia y minimizar la victimización secundaria, realizando todos los esfuerzos para que el proceso penal no incremente el padecimiento experimentado como consecuencia del delito.
d.– “Tener en consideración el resguardo de la seguridad de las víctimas de violencia de género o intrafamiliar, disponiendo las medidas pertinentes que excluyan el contacto del imputado con la víctima”. Ello implica la obligación del Agente Fiscal avocado a la investigación del caso, de adoptar de manera inmediata las medidas de protección de la integridad física y psicológica de la víctima. En este sentido, se busca imponer al imputado la prohibición de contacto y acercamiento a la mujer víctima, el establecimiento de rondines policiales en el domicilio de aquella asegurando la prevención de nuevos hechos delictivos, entre otras medidas que se estimen oportunas en el caso concreto.
Analizada la normativa nacional e internacional que regula la violencia contra la mujer, como así también la doctrina de autores reconocidos en la materia y jurisprudencia imperante, para finalizar el presente trabajo de investigación, se extraen las siguientes conclusiones: – A efectos de definir conceptualmente el término “violencia de género”, se puede afirmar que esta terminología implica cualquier acto de violencia físico, sexual, psicológico, moral, patrimonial, que inciden sobre la mujer por razón de su género, basado en la discriminación, en las relaciones de desigualdad y de poder asimétricas entre los sexos que subordinan a la mujer. Surge del espíritu de la normativa nacional – ley 26.485 – e internacional – Convención Belém Do Pará y C.E.D.A.W. – que regula la materia, y de la doctrina jurisprudencial analizada, que los legisladores y operadores jurídicos entienden que la expresión “violencia de género” está circunscripta a la violencia contra la mujer, perpetrada por razón de su género. –
La ley 26.791 agregó al art. 80 inc. 1 como circunstancia calificante, nuevas calidades del sujeto pasivo, respecto del sujeto activo, estableciendo la prisión o reclusión perpetua cuando se matare al “ex cónyuge o persona con quien mantiene o ha mantenido una relación de pareja, mediare o no convivencia”. Este agravante exige circunstancias objetivas que determinan justifican un plus de injusto, como lo son el concubinato y el noviazgo – incluso el ex concubino/a y ex novio/a – siempre que haya habido una “relación de pareja” entre el agresor y la víctima, situación que excluye las meras relaciones pasajeras, transitorias o amistosas. El tipo subjetivo de la figura penal analizada se satisface únicamente con la intención de matar a un sujeto unido vincular o relacionalmente al sujeto activo; no exigiéndose en consecuencia la intención de realizarlo con motivo de su género o sexo – por ende, el sujeto pasivo puede pertenecer al sexo masculino o femenino –, por lo cual esta clase de homicidios no configuran un delito de género. –
A través de la fórmula agregada por la ley 26.791 en las circunstancias extraordinarias de atenuación del art. 80, la cual estableció: “Esto no será aplicable a quien anteriormente hubiera realizado actos de violencia contra la mujer víctima”, se impuso que estas circunstancias graves e inusitadas no son aplicables cuando el autor del homicidio realizó con anterioridad actos de violencia contra la mujer víctima de ese delito. Debe entenderse que estos “actos de violencia anteriores” – a lo que refiere la ley – pueden o no ser configurativos de delito, debiendo encuadrar en la definición de violencia de género de la ley 26.485 y la Convención Belem Do Pará, y por lo tanto no demandan el previo dictado de una sentencia penal condenatoria sobre esos actos. –
El inciso 4° del art. 80 modificado por la ley 26.791, incorpora como calificante del homicidio, cuando se matare a otra persona por odio de género – cuando la acción de matar conlleva la motivación de odio que se siente por la víctima por pertenecer a un determinado género, sea masculino o femenino -; por odio a la orientación sexual – por su inclinación sexual: homosexual, bisexual o heterosexual -; por odio a la identidad de género – se mata a otra persona porque odia la elección de identidad sexual elegida por la víctima, es decir, una persona transexual –; o por odio a la expresión de identidad de género – la víctima no ha cambiado de género sexual, pero se comporta y expresa como si perteneciera al género contrario, es decir, travestismo y transformismo -. –
Con la reforma en estudio, se incorporó el inc. 11 al art. 80, el cual agrava el homicidio contra “una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género”, contemplando así la figura del “Femicidio”. Este novel tipo de homicidio contempla la muerte de una mujer en un contexto de género, es decir, prevé la muerte de una mujer, por su pertenencia al género femenino – porque es una mujer –, existiendo un contexto de subordinación y sometimiento de la mujer hacia el varón, basada en una relación desigual de poder. – El inciso 12 del art. 80, tras la reforma legislativa, agrava la pena del homicidio cuando se matare: “con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la que se mantiene o ha mantenido una relación en los términos del inc.1”; incluyendo así la figura del homicidio transversal o vinculado. Se exige causar la muerte de una persona – sin distinción de sexo o condición – con el único fin de causar sufrimiento a su cónyuge, ex cónyuge o persona con la que mantiene o ha mantenido una relación de pareja – haya mediado o no convivencia -. –
La incorporación de los delitos de género realizada por la ley N° 26.791, impactó directamente en los delitos de lesiones leves, graves y gravísimas, toda vez que en función del art. 92 se agravan por las circunstancias del art. 80 del C.P. En este sentido, la incorporación de la cuestión de género como agravante del homicidio también opera como agravante de aquella figura penal. En pocas palabras, las lesiones se agravan por la relación de pareja con la víctima, por odio de género, por cometerse contra una mujer mediando violencia de género y por venganza transversal; incorporándose de esta manera la perspectiva de género como circunstancia calificante – merecedora de plus punitivo – en el delito de lesiones. –
Resulta pertinente entender que en caso de lesiones leves agravadas por perspectivas de género, corresponde promover de oficio la acción penal – prescindiendo de la instancia por parte de la víctima -, toda vez que media una razón de interés público, de conformidad con lo preceptuado por el art. 72 inc. 2 in fine del C.P., en virtud de los compromisos internacionales asumidos y la situación de vulnerabilidad en que se encuentra la víctima frente a su agresor. Por otra parte, no se admite el desistimiento de la acción penal por parte de la víctima, toda vez que una vez instada por la mujer víctima, dicha acción penal tiende a la sanción y encierra un interés público. –
La normativa internacional a través de la interpretación de la jurisprudencia imperante en la materia, establece la prohibición de aplicar criterios de oportunidad y demás métodos alternativos de resolución de conflicto – es especial la suspensión de juicio a prueba -, en los casos de delitos enmarcados dentro de violencia de género. En este sentido se han expedido la Procuración Nacional y de la Provincia de Mendoza, mediante resoluciones internas obligatorias para los miembros del Ministerio Público Fiscal. No obstante ello, es necesario plasmar normativamente los lineamientos analizados – tal como se procedió con la derogación del avenimiento en delitos contra la integridad sexual -, insertándolos expresamente en los Códigos de Procedimientos, como así también prever en el Código Penal la imposibilidad de suspensión de juicio a prueba en este tipo de casos. –
La máxima de que el testigo único no es suficiente para constituir una prueba, pierde vigor en los casos de violencia doméstica, atento al contexto de intimidad donde suelen producirse los mismos, lo cual supone una limitación obvia en materia probatoria. Es por ello que el testimonio de la víctima como única evidencia posee fuerza probatoria en el proceso penal, en virtud de la amplitud probatoria prevista por los Códigos Procedimentales y la ley de Protección Integral de las Mujeres, como así también por el sistema de sana crítica racional y libre convicción imperante en materia probatoria en nuestro sistema. – Resulta indispensable la fijación de criterios de política criminal que atiendan las circunstancias especiales que suponen estos casos, y la adopción de medidas de protección de la mujer víctima a fin de evitar consecuencias mayores y la reiteración delictual. Así la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció una serie de reglas destinadas a los Estados para conducir eficazmente el proceso penal en los delitos de género. En este sentido la Procuración de la Suprema Corte de Mendoza dictó resoluciones de política criminal determinando lineamientos generales de actuación con el objetivo de sostener la unidad funcional de los miembros del Ministerio Público y lograr mayor celeridad y eficacia del proceso penal en casos de violencia de género. Así también, la Máxima autoridad del Ministerio Púbico emitió resoluciones dirigidas a priorizar la adopción de medidas de protección de integridad física y psicológica de la mujer víctima en los actos iniciales del proceso penal.
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[1] El autor Juan Manuel Sánchez Santander es Abogado egresado de la Universidad Nacional de Cuyo, Diplomado en actualización en Derecho Penal y Procesal Penal en Universidad del Aconcagua, Ayudante Fiscal especializado en Ministerio Público Fiscal de Mendoza. Email: jmsanchez@jus.mendoza.gov.ar
[16] Arocena, Gustavo – Cesano, José; “El delito de femicidio. Aspectos político-criminales y análisis dogmático – jurídico”; Ed. B de F, Buenos Aires- Montevideo, 2013, pág. 73 nota 12.
[17] Buompadre, Jorge Eduardo; “Violencia de Género, Femicidio y Derecho Penal – Los nuevos delitos del Código Penal –“, Ed. Alveroni; 2013; Córdoba; pág. 143. [18] Art. 80 – último párrafo – Código Penal: “Cuando en el caso del inciso 1 de este artículo, mediaren circunstancias extraordinarias de atenuación, el Juez podrá aplicar prisión o reclusión de ocho a veinticinco años. Esto no será aplicable a quien anteriormente hubiera realizado actos de violencia contra la mujer víctima”. [19] Estrella, Oscar Alberto – Godoy Lemos, Roberto; “Código Penal Parte Especial: De los delitos en particular”; Ed. Hammurabi; 2° Edición actualizada; Bs. As.; 2007; pág. 73.
[21] Arocena, Gustavo – Cesano, José; Ob. Cit.; pág. 105. [22] Buompadre, Jorge Eduardo; Ob. Cit; pág. 153.
[29] Tribunal Oral Penal Nº 1 de la Provincia de Corrientes; “SOSA GARCÍA, ADRIÁN WALTER EDGARDO P/ SUP. HOMICIDIO AGRAVADO POR LA RELACION DE PAREJA CON LA VICTIMA, COMETIDO CONTRA UNA MUJER MEDIANDO VIOLENCIA DE GÉNERO”; Expte Nº 97877/13; Sentencia del 06 de Abril de 2015.
[33] Tribunal Oral Penal Nº 1 de la Provincia de Corrientes; “SOSA GARCÍA, ADRIÁN WALTER EDGARDO P/ SUP. HOMICIDIO AGRAVADO POR LA RELACION DE PAREJA CON LA VICTIMA, COMETIDO CONTRA UNA MUJER MEDIANDO VIOLENCIA DE GÉNERO”; Expte Nº 97877/13; Sentencia del 06 de Abril de 2015.
[37] Breglia Arias, Omar; “Código Penal Comentado”; Ed. Astrea; 2006; pág. 146.
[38] Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional – SALA 6 –; “B., C. M., Incidente de falta de acción”; Resolución del 20/08/2013; CCC 58017935/2012/1/CA1. En este caso, M. B. G. denunció ante la Oficina de Violencia Doméstica que el 22 de noviembre de 2012, en el interior de la vivienda de la calle “(….)” y luego de una discusión, C. M. B. la habría tomado de los brazos y empujado al suelo con las manos hacia atrás, provocándole lesiones.
[41] Cámara Nacional de Casación Penal – Sala II -; “A.O., R.V. S/RECURSO DE CASACIÓN”; Expte N° 13.245; Sentencia del 07/12/2010. [42] Cámara Nacional de Casación Penal – Sala I -; “P., S. S/RECURSO DE CASACIÓN”; Sentencia del 27/11/2012.
[47] Indicadores de Progreso para la Medición de la Implementación de la Convencion Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra la Mujer “Convencion de Belém do Pará”; (Aprobado por el Comité de Expertas-CEVI, el 21 de Mayo de 2013); http://www.oas.org
[48] Cabe aclarar que el Código de Procedimiento de la Provincia de Mendoza – ley 6730 – en los art. 205 y 206 también consagra la amplitud probatoria y el sistema de sana critica racional y libre convicción respectivamente.
[49] Tribunal Superior de Justicia de Capital Federal; Ministerio Público. Defensoría General de la C.A.B.A. s/queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en autos N. G., G. E. s/ inf. art. 149 bis CP – Expte. 8796/12; Sentencia del 11/09/2013.
[54] Corte Interamericana de Derechos Humanos; El caso “González y otros vs. México (Campo Algodonero)”; Sentencia del 16 de noviembre de 2009. En este caso, “2. La demanda se relaciona con la supuesta responsabilidad internacional del Estado por “la desaparición y ulterior muerte” de las jóvenes Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos , cuyos cuerpos fueron encontrados en un campo algodonero de Ciudad Juárez el día 6 de noviembre de 2001. Se responsabiliza al Estado por “la falta de medidas de protección a las víctimas, dos de las cuales eran menores de edad; la falta de prevención de estos crímenes, pese al pleno conocimiento de la existencia de un patrón de violencia de género que había dejado centenares de mujeres y niñas asesinadas; la falta de respuesta de las autoridades frente a la desaparición […]; la falta de debida diligencia en la investigación de los asesinatos […], así como la denegación de justicia y la falta de reparación adecuada”.
[55] El servicio que presta este Organismo Provincial, consiste en que “la persona es contenida, asistida y asesorada legal y jurídicamente sobre la situación de violencia. Es entrevistada por equipo interdisciplinario y según la situación de riesgo y su conformidad, es derivada a Oficinas Fiscales y/o Tribunales de Familia en turno para iniciar el proceso judicial correspondiente. Se le brinda tratamiento psicológico gratuito y asistencia social a través de la Red de Enlace. Se realiza seguimiento de las intervenciones para el sostenimiento de las medidas ordenadas, y acompañamiento durante todo el proceso judicial.” (DIRECCIÓN DE LA MUJER “DRA CARMEN MARÍA ARGIBAY” SUPREMA CORTE DE JUSTICIA; ¿Cómo es el servicio que se brinda?; http://www.jus.mendoza.gov.ar/web/direccion-de-la-mujer/inicio)
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By Blog de Ortiz Almonacid & Asociados en febrero 09, 2020