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Timestamp: 2020-06-04 20:02:36
Document Index: 53059402

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 2', 'artículo 155', 'artículo 148', 'artículo 143', 'artículo 149', 'artículo 139']

AGLI Recortes de Prensa Domingo 30 Noviembre 2003
Hay Constitución porque hay nación, y viceversa
Fernando Savater El País 30 Noviembre 2003
Los aliados de Ibarretxe
CÉSAR ALONSO DE LOS RÍOS ABC 30 Noviembre 2003
El plan tiene delito
Editorial ABC 30 Noviembre 2003
Siete razones más para seguir en Irak
Federico Jiménez Losantos Libertad Digital 30 Noviembre 2003
JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS ABC 30 Noviembre 2003
Constitución: no votamos ser menos
Mariano Alierta Izuel La Razón 30 Noviembre 2003
Elocuente retrato
KEPA AULESTIA El Correo 30 Noviembre 2003
José María Carrascal La Razón 30 Noviembre 2003
Arana en BCN
Tomás Cuesta La Razón 30 Noviembre 2003
Rutina democrática
JAIME CAMPMANY ABC 30 Noviembre 2003
Emilio J. González Libertad Digital 30 Noviembre 2003
El plan Ibarretxe divide en dos mitades a la sociedad vasca
BILBAO EL CORREO 30 Noviembre 2003
Cuando todo puede ir mal
PABLO PLANAS ABC 30 Noviembre 2003
Los socios de Ibarretxe, ayudados por Batasuna, rechazan la moción contra la consejera de Educación
EFE Libertad Digital 30 Noviembre 2003
Esclarecedora encuesta
Editorial El Correo 30 Noviembre 2003
RAFAEL L. BARDAJÍ ABC 30 Noviembre 2003
FLORENTINO PORTERO ABC 30 Noviembre 2003
No hay que insistir en la irreductible diversidad de origen, sino en los derechos que se comparten y los proyectos comunes.
"ARTÍCULO 2. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas".
Uno de los conceptos filosóficos más enigmáticos es el de "causa sui", que Spinoza aplica a Dios (un Dios que también es Naturaleza o Sustancia) al comienzo de su Ética: Dios es causa de sí mismo, es decir, es la causa que se origina a sí misma antes de causar todo lo demás. En el terreno constitucional se produce a su vez un fenómeno parecido, puesto que en el preámbulo de la Carta Magna leemos que "la nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución... etcétera". Y el artículo segundo establece: "La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas". Es decir, la nación española proclama la Constitución, pero a su vez queda establecida en su unidad y en su pluralismo autonómico por el propio texto de ésta. La nación se constituye como Estado de derecho y a la par la Constitución revela y explicita lo que la nación española va a ser en cuanto nación, más allá de la tierra, de la genealogía, de la divergencia de intereses privados y de las rencillas ancestrales. Es decir, hay Constitución porque hay nación, pero la nación misma ya no será sino lo que el acuerdo constitucional establece que sea. A partir de 1978, cuanto cuestione o se oponga a la Constitución en España será "nacionalismo", bien porque niegue el pluralismo autonómico y solidario, bien porque rechace la unidad. Y quienes no se sientan "nacionalistas" no pueden ser sino "constitucionalistas", por mucho que la primera calificación enorgullezca a bastantes románticos de buena fe y la segunda desagrade a varios profesores de colmillo retorcido.
Constitucionalismo antinacional
Pero ¿acaso asumir como paso previo a la Constitución misma que existe una nación española no es ya una muestra de extremo y cerril nacionalismo? ¿No podría existir un constitucionalismo sencillamente antinacional, del mismo modo que algunos han propugnado (o quizá aún propugnan, no estoy muy al día tampoco en este tema) una teología "de la muerte de Dios"? Ésta última nos hablaría de Dios como causante o cómplice de la desaparición de Dios, mientras que el primero propugnaría una Constitución que certificase la abolición del basamento nacional y la transformación del patriotismo en adhesión a la Carta Magna y pare usted de contar. De momento parece más factible que la teología renuncie a fundarse en la divinidad antes que las constituciones renuncien a constituir conjuntos nacionales. Borges resumía su anarquismo conservador diciendo que "quizá un día los hombres merezcan no tener Gobiernos"; podemos también aspirar a otro plácido anarquismo intelectual diciendo que "quizá un día los hombres merezcan o alcancen constituciones no nacionales y les baste como patria la ley y la humanidad"..., pero es evidente que ninguno de esos días canceladores de la vieja historia alborea todavía.
Sin embargo, reconocerse como parte de una nación -siempre que sea mediante una Constitución pluralista- no equivale sin más a profesar en su integridad la exigente (y excluyente) fe nacionalista. Como ya hace mucho dijo Julián Marías con acertado gracejo, "no todo el que se sabe perteneciente a una nación padece nacionalismo, lo mismo que no todos los que tienen apéndice padecen apendicitis". Esta dolencia es una inflamación morbosa del apéndice, lo mismo que la otra es una hinchazón enfermiza y devastadora de la nación. Lo malo en ambos casos es que un elemento que debería funcionar en armonía útil con muchos otros adquiere una dolorosa primacía que amenaza letalmente la salud del conjunto. Tal como se entiende en nuestra Constitución, la nación española no es un monolito exclusivo y homogéneo, sino un articulado de piezas autónomas con sus peculiaridades culturales y lingüísticas propias que se proponen convivir solidariamente. Se descentraliza la administración en importantes cuestiones educativas o fiscales, pero sobre todo se pluraliza el concepto mismo de identidad nacional, permitiendo diversas combinaciones de los elementos por medio de los cuales cada cual asume su pertenencia comunitaria. Hay diversas formas constitucionales de saberse ciudadano español, y también este reino -como el de los cielos- acepta en su seno varias moradas diferentes, aunque no indiferentes unas a otras, ni mucho menos enfrentadas. Sobre todo, ese pluralismo permite el reconocimiento pleno de los múltiples mestizajes ocurridos a lo largo de los siglos de historia compartida entre la variedad de orígenes que confluyen en la mayoría de los ciudadanos: quien se sabe heredero de varias casas ancestrales entenderá mejor que nadie la utilidad antidiscriminatoria de la casa común. Porque ésta no implica la homogeneidad ni tampoco la yuxtaposición localista de homogeneidades cerradas, sino una heterogeneidad integrada por diferencias (y abierta a incorporar otras venideras), pero no dispuesta a desintegrarse en ellas.
De aquí la importancia de la unidad como base constitucional del pluralismo autonómico que aligera y relativiza cualquier tentación nacionalista. Y también, pese a los aspectos evidentemente federales de nuestro ordenamiento territorial, la diferencia esencial respecto a otras formas clásicas de federalismo. Como bien ha señalado el profesor Roberto Blanco Valdés, "la autonomía existe porque existe la unidad, sin la cual resulta simple y sencillamente inconcebible: la unidad es el presupuesto, lógico y político, de una autonomía que ha sido en España el punto de llegada del proceso descentralizador, y no, como ha ocurrido en la mayoría de los Estados federales, el punto de partida que ha conducido, tras el correspondiente proceso de vertebración territorial, a la construcción de una unidad política estatal formada por territorios previamente soberanos" (La Constitución de 1978, Alianza Editorial). El Estado de las autonomías es el intento de un reino construido como tal hace siglos por progresar hacia la flexibilidad administrativa y el reconocimiento de su pluralismo cultural, no la convención de sujetos políticos anteriores en una asamblea común. Y de aquí lo dudosamente apropiado de considerar la fórmula federal como la panacea para curar los trastornos nacionalistas que padecemos, pues el federalismo se inventó para dar cauce político al deseo de unirse de los que estaban separados y no -como sería en España el caso- para que pudieran irse separando los que amanecieron unidos.
Pero, a mi juicio, lo más importante de todo es lo siguiente: la nación de los nacionalistas -centralistas o separatistas- pretende legitimar la sociedad del presente merced a raíces que se hunden en el pasado, mientras que la nación constitucional apuesta por definirse y justificarse por las normas que encauzarán el futuro. No insistamos en la irreductible diversidad de nuestras procedencias, sino en los derechos que compartimos y en los proyectos que podemos seguir llevando a cabo juntos, como desde hace ya tanto tiempo venimos colaborando. El nacionalismo insiste en un presente distinto para cada cual, no en un porvenir mejor para todos. De aquí su índole profunda, inequívoca y radicalmente reaccionaria, aunque pretenda adornarse con galas "izquierdistas" o "anti-sistema" que sirven de embeleco a la candidez de los bobos y de uniforme de camuflaje a la ambición de los oportunistas.
Por CÉSAR ALONSO DE LOS RÍOS ABC 30 Noviembre 2003
ES muy complicado para un Gobierno luchar contra el independentismo vasco con las manos atadas a la espalda. Y, en efecto, le atan las manos los que tratan de impedir que tome las medidas que exige la defensa del orden constitucional, aliados objetivos de un Gobierno que está en la rebelión y en la sedición.
Se reconoce que el referéndum propuesto por Ibarretxe tiene como objetivo romper la unidad de España y cumplir la primera fase de la independencia vasca; se reconoce también que la consulta es anticonstitucional por cuanto trata de basar en esa expresión de la voluntad regional una reforma del Estado para la que sería necesaria la voluntad de todos los españoles; se reconoce que la aplicación del referéndum llevaría a innumerables violaciones de la ley; se reconoce, por tanto, la necesidad de impedir que éste llegue a debatirse en el Parlamento vasco... En definitiva, se reconoce el derecho -el deber, digo- que tiene el Estado de Derecho de impedir desde la raíz la amenaza independentista.
Siendo esto así, muchos medios de comunicación, la mayoría de los partidos de la oposición y, desde luego, el PSOE se oponen sistemáticamente a cualquier tipo de iniciativas del Gobierno, no sólo a las que está tomando y que se ajustan a una proporcionalidad jurídica que podríamos calificar como tímidas e incluso vergonzantes, sino a las más políticas y obviamente constitucionales.
ASÍ que se descarta la consideración del delito de sedición; se descarta, por excepcional, la aplicación del artículo 155 de la Constitución porque supondría reconocer el fracaso de la experiencia autonómica en una parte del Estado, así como el riesgo de una extensión de las bases independentistas y una radicalización del victimismo. Pero, además, se desestiman y critican todas las iniciativas legales (recursos, impugnaciones, reformas del Código Penal) que vendrían a aceptar el terreno jurídico elegido por Ibarretxe para alumbrar la nueva nación. Dicho de otro modo, cuando el Gobierno renuncia al plano político y constitucional que podría impedir el nacimiento del monstruo y se ajusta a los métodos técnico-jurídicos, es criticado con toda la interminable gama de argumentos propios de esta vía. Y ¿cómo podría no ser así cuando se acepta la judicialización de la unidad de España, por emplear la acertada expresión de José Luis Requero?
SI observamos la reacción de ciertos juristas -constitucionalistas a veces-, de algunos medios y del PSOE podemos llegar a la muy dura conclusión de que prefieren castigar al Gobierno aun a costa del agravamiento de la situación crítica por la que pasa en estos momentos nuestra Nación. Unas veces recurren al tópico de la propensión autoritaria y represiva del Gobierno y de su presidente; otras, al error que supone resolver una cuestión «política» mediante reformas apresuradas del Código Penal; otras, a la torpeza de los expertos del Gobierno por sus disparatados recursos o impugnaciones; y siempre a su incapacidad para negociar/dialogar/pactar con la «idea» de Ibarretxe.
Estamos en el debate de siempre, aunque ahora a unos pasos del abismo. Los nacionalistas vuelven a tener el apoyo de los aliados que les vienen permitiendo construir el edificio de la nación y el Estado vascos que ahora se trata de coronar. Supuestamente constitucionalistas son los aliados objetivos del independentismo.
Mientras el lendakari golpea, ellos le atan las manos al Gobierno.
EL Gobierno tendrá que afrontar por sí mismo la reforma del Código Penal para castigar la campaña de desobediencia civil promovida por el nacionalismo vasco -celebración de consultas ilegales y financiación de partidos ilegalizados- después de que Rodríguez Zapatero haya rechazado dar el apoyo del PSOE a esta iniciativa. Tal y como están las cosas, el no del PSOE es más un problema para su partido que para el Gobierno, porque si algo está consolidado en la opinión pública es que el Estado debe aceptar y ganar el desafío de Ibarretxe. Lo que está en juego no es una estrategia de equilibrios y formas entre el Gobierno y la oposición, como plantea Zapatero -con los pactos en Cataluña como telón de fondo-, sino la autoestima de la democracia y la confianza de los ciudadanos en la fortaleza de sus instituciones.
El PNV quiere poner a prueba la democracia y no sólo no hay que eludir el reto, sino afrontarlo con todas las consecuencias. Llegar a la vía penal es una de ellas. No, desde luego, la deseable en condiciones normales, porque el Derecho Penal es la «ultima ratio» del Estado, el recurso final cuando no es posible proteger a la sociedad y al ordenamiento por vías menos radicales. Pero se ha llegado al extremo de constatar que todos los filtros ordinarios del actual sistema penal y de la presión política han sido desbordados por la contumacia nacionalista. Si Atutxa desobedece reiteradamente las resoluciones del Supremo que le ordenan ejecutar la disolución del grupo Sozialista Abertzaleak, al que sigue subvencionando; y si Ibarretxe sigue adelante con un proyecto soberanista, notoriamente inconstitucional, políticamente inviable y abocado al enfrentamiento civil e institucional, el Estado tiene que plantearse exigir responsabilidades individuales por la autoría de esta crisis antidemocrática. Quizá sea ésta la hora de que nuestra cultura constitucional madure y acepte que las políticas y las ideas que apuntalan la unidad constitucional de España también deben estar respaldadas por la fuerza legítima de la ley penal y la determinación de que será aplicada.
El Gobierno ha asumido la responsabilidad de no conformarse con acompañar el tránsito parlamentario del Plan Ibarretxe sólo con un duelo judicial continuo sobre la legalidad del proyecto. También es su responsabilidad explicar de forma inteligible que esta reforma no es una obsesión antinacionalista ni cercena debate democrático alguno, sino imperativo de una política de Estado en la que, por primera vez desde 1978, se ve obligado a aplicar los principios fundacionales de la España constitucional. Y también es un antecedente para quienes pudieran esperar el desistimiento del Estado ante el Plan Ibarretxe para poner en marcha proyectos similares en otras partes de España.
Es previsible que los medios de comunicación que hicieron del antiamericanismo barato y del antiaznarismo caro su única línea editorial durante los prolegómenos, la guerra y la posguerra de Irak, pidan ahora la retirada de las tropas españolas señalando los siete cadáveres de los soldados españoles muertos. Y es también previsible que los partidos de izquierda que se lanzaron a la calle para echar del Poder a la derecha a la que no pueden ganar en las urnas, acompañados por los titiriteros filósofos y jaleados por esos medios de comunicación demagógicos e irresponsables, síntesis de lo peor de la izquierda clásica y la derecha antigua, vuelvan a emitir trenos y graznidos abandonistas en el Parlamento.
No sabemos si la opinión pública española, que ya ha visto estos alardes de falso dolor por los muertos y de verdadero rencor a los vivos con la excusa de los militares muertos por accidente o en emboscadas del enemigo en Afganistán y en Irak se dejará conmover por los políticos de lance y los medios antiamericanos y, por ende, antigubernamentales que forman una mayoría aplastante en España. Es de esperar que no aunque quepa temer que sí. Pero todo dependerá de cómo desarrolle el Gobierno su estrategia informativa y argumental y de cómo reaccione la familia militar ante estos siete muertos más, muertos de verdad en una guerra que siempre fue absolutamente en serio.
Los que hemos apoyado al Gobierno en su política contra el terrorismo islámico, y contra todo Estado que represente un peligro para los países occidentales, como era el caso de Afganistán e Irak, los que creemos que quienes dicen que las tropas españolas deben volver a casita desprecian a los militares vivos y muertos, al Gobierno legítimo y a los iraquíes que tratan de edificar un régimen distinto al genocida de Sadam Husein, creemos que los siete muertos en la guerra de Irak son otras tantas razones para seguir en ella hasta ganarla. Pero somos conscientes de que una Oposición sin perspectivas de llegar al Poder por las urnas y unos medios de comunicación que no perdonan a Bush ni a Aznar el mero hecho de existir harán cuanto esté en su mano para convertir esta guerra y cualquier otra en la que se defienda nuestra civilización en otro Vietnam, es decir, en una traición a los aliados y una utilización de los muertos militares para apuñalar por la espalda al poder civil y darle otra victoria al totalitarismo, comunista o islámico. No veremos nada que no hayamos visto ya. Pero debemos prepararnos para la repetición de los espectáculos más abyectos, políticos y mediáticos. Y para resistir, naturalmente.
Por JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS ABC 30 Noviembre 2003
Mariano Alierta Izuel, diputado por Zaragoza en Legislatura Constituyente La Razón 30 Noviembre 2003
Fui diputado constituyente y voté afirmativamente la Constitución. Y parece que es necesario explicar lo que voté hace 25 años en el Congreso específicamente en el tema de las Autonomías. Ya que, a juzgar por las declaraciones de personas o partidos, se votó una Constitución en la que unas ciertas Comunidades Autónomas tendrían derechos diferentes o superiores a los de las restantes. Y esto no fue así.
No fue así porque la admisión de diferencias entre futuras Comunidades significaba que los diputados que representábamos provincias que se integrarían en las «restantes» Comunidades autónomas estábamos votando que nuestras Comunidades tendrían menos derechos o posibilidades. Y, evidentemente, no votamos para ser menos. Es una forma algo chusca de exponer el contenido de un voto pero cuando se sigue defendiendo la existencia de posibilidades diferentes es necesario hacer constar que este argumento implica que el comportamiento de muchos diputados constituyentes fue perjudicial para ellos mismos y para las provincias que representan, lo que es bastante absurdo en sí mismo y, especialmente, si se tiene en cuenta que estos diputados eran mayoría dada la composición de la Cámara.
El tema de las comunidades autónomas se debatió mucho a lo largo del proceso constituyente. Especialmente en el Grupo Parlamentario de UCD en el Congreso y seguramente también en los demás. A lo largo del debate se fue perfilando la posibilidad de establecer diferentes vías para acceder a la autonomía como fórmula que permitiera que las (entonces llamadas) comunidades históricas pudiesen llegar rápidamente a una autonomía amplia. Esta posibilidad suscitó por sí misma en el Grupo de UCD del Congreso muchas reticencias, en algunos casos muy fuertes.
La existencia de diferentes vías planteaba, además, una cuestión adicional especialmente importante: si las diferentes vías afectarían también a posibles diferencias entre las futuras comunidades autónomas. Porque una cuestión es que las vías de acceso a la autonomía puedan ser diferentes y otra cuestión muy diferente es que posibilidades autonómicas de las comunidades estén asociadas a la vía que siga su desarrollo. Aquí hay que señalar que la aceptación de diferentes posibilidades para las comunidades hubiera sido imposible en el seno del Grupo Parlamentario Centrista en el Congreso.
En el Grupo Parlamentario de UCD los rechazos fueron muy fuertes y contundentes si las diferentes vías implicaban posibilidad de niveles desiguales de autonomía. Por ello siempre que se planteó el tema de las diferentes vías implicaban posibilidad de niveles desiguales de autonomía. Por ello siempre que se planteó el tema de las diferentes vías y de las posibilidades que implicaban se contestó desde la dirección del grupo que todas las comunidades tendrían las mismas posibilidades independientemente del camino elegido. Por lo tanto, la posición oficial, repetidamente expuesta en dicho grupo, fue que las posibilidades de todas las comunidades serían las mismas independientemente de la vía seguida. En estas condiciones se aceptó la posibilidad de vías diferentes a la autonomía. Si no hubiera sido así no habría habido acuerdo. Puedo dar testimonio de estos debates en el seno del Grupo Parlamentario de UCD en el Congreso pero sería de interés que se pudiera disponer del contenido de las reuniones del Grupo centrista para que quedara constancia de lo expuesto.
Ese acuerdo en el seno del Grupo Parlamentario de UCD, el grupo mayoritario en las Cortes Constituyentes, sí que forma parte del acuerdo constitucional. No hubo una declaración expresa en tal sentido en la Constitución porque se señaló que en el texto del título VIII no aparece ninguna referencia a nacionalidades o regiones por lo que esta distinción no podía afectar al desarrollo autonómico futuro y porque, además, el contenido del punto 2 del artículo 148 que al señalar que «transcurridos cinco años, las Comunidades autónomas (que hubieran seguido el artículo 143) podrán ampliar sucesivamente sus competencias dentro del marco establecido en el artículo 149», que define las competencias exclusivas del Estado, recogía las garantías de futura igualdad para todas las comunidades.
En el Título VIII de la Constitución no hay ninguna asimetría de futuros contenidos. Sólo hay vías diferentes. En ese sentido voté la Constitución. También defendí esta posición en la campaña previa al referéndum del 6 de diciembre de 1978. Especialmente lo hice en Pina, lugar en el que una mujer asistente a un acto electoral en una tarde heladora preguntó si tendríamos las mismas posibilidades que la que tendrían cuarenta kilómetros río Ebro abajo. Se le contestó que evidentemente sí, pues tal era lo que nos habían afirmado en el grupo parlamentario de la UCD. No es una garantía expresa, que hoy posiblemente exigiría, pero representa lo que se suele denominar explicación del voto. Creo que muchos aragoneses, además de los asistentes a la reunión en Pina, y también muchos españoles, votaron la Constitución en ese sentido.
En realidad, votábamos igualdad. Igualdad entre españoles y entre comunidades autónomas, como señala el artículo 139.1 de la Constitución, una aspiración algo totalmente propia de finales del siglo XX. Lo que extraña es que el argumento de la igualdad tenga dificultades de aceptación en algunos sectores. Pasados 25 años, y ya en el siglo XXI, se siguen manifestando opiniones que hablan de diferencias o asimetrías que parezcan justificar situaciones políticas o jurídicas diferentes. Por eso parece conveniente exponer lo de la igualdad de otra manera (a ver si llega con menos dificultad). Cuando se votó la Constitución éramos más jóvenes y, posiblemente, más inexpertos. Pero no éramos necios. Sabíamos lo que votábamos. Y, evidentemente, no votamos una Constitución que nos condenara a ser menos.
Nadie que conozca el País Vasco podría sorprenderse de las respuestas que los encuestados dan en torno al plan Ibarretxe y de las profundas diferencias que permiten constatar en la sociedad vasca. El alineamiento a favor o en contra de dicho plan coincide prácticamente con la representatividad de las fuerzas nacionalistas y de las no-nacionalistas en Euskadi. ¿Es la ciudadanía la que sigue las consignas de los partidos? ¿O son los partidos los que reflejan o conectan con un sentir ciudadano que existiera antes de la aparición del plan Ibarretxe?
Probablemente sea un fenómeno combinado de ambos. El hecho de que el 43,8% de los consultados confiesen saber poco o nada sobre la iniciativa y, a pesar de ello, expresen un parecer inequívoco a favor o en contra puede significar tanto un seguidismo del mensaje partidario como la existencia de convicciones profundas capaces de juzgar las intenciones del lehendakari sin entrar en más matices. La coincidencia que logra la pregunta sobre si el plan es un paso hacia la independencia, con un 72,7% de votantes nacionalistas y un 66,3% de no-nacionalistas secundando una respuesta positiva, refleja hasta qué punto la interpretación de las intenciones últimas del nacionalismo gobernante corre muy por delante de la modulación que éste intenta conferir a su proyecto de libre asociación.
Los resultados dan la razón a quienes han criticado el plan soberanista por los riesgos de fractura social que encierra. Resulta elocuente que tanto quienes están a su favor como quienes lo rechazan coincidan en concebir el futuro del País Vasco como un empeño compartido entre nacionalistas y no-nacionalistas. Así, sería lógico que los promotores de la iniciativa manifestaran inquietud hacia las consecuencias de su propósito. Pero posiblemente los resultados de la encuesta no defraudarán las expectativas del nacionalismo. Éste ha conseguido cohesionar y encuadrar a su electorado gracias, en buena medida, a los efectos de la confrontación política extrema que enfrenta al PNV y a las instituciones encabezadas por él con las instituciones del poder central. Lo demás no le importa por ahora.
El nacionalismo gobernante no se ve en la necesidad de definir sus objetivos ni de explicar con detalle sus pasos inmediatos. Le basta con replicar a la réplica que su iniciativa genera en el Ejecutivo Aznar, alimentando una espiral de enfrentamientos que, al tiempo que sitúa el futuro del autogobierno y de la convivencia en Euskadi fuera de todo consenso y de un mínimo control por parte de las instituciones democráticas, señala por sí misma los pasos que dará el soberanismo al día siguiente. Es más que probable que Ibarretxe y su partido nunca hayan pensado seriamente en la convocatoria unilateral de una consulta popular; no desde luego en el corto o medio plazo. Pero basta la nueva penalización de tal eventualidad para que el lehendakari se reafirme en un propósito que adquiere más una relevancia fetichista que un sentido político neto. Porque sin duda habrá un plebiscito; y no será otro que la elección del Parlamento vasco en la primavera de 2005 o antes, en otoño de 2004.
A veces tengo la impresión de que el verdadero objetivo de Ibarretxe es que le metan en la cárcel. ¿Se imaginan ustedes el provecho que iba a sacar de una foto suya esposado entre dos guardia civiles, la escandalera, las manifestaciones, las protestas que iba a generar? Y no digamos ya si lo que trajese su famoso plan fuera la entrada del «ejército español» en Euskadi. Eso sería como si le tocase el gordo de Navidad al nacionalismo vasco y, de rechazo, a todos los nacionalismos que tratan de imitarle. La prueba de lo que vienen tratando de demostrar y no consiguen, que están bajo la bota de España, que son pueblos coloniales sometidos al imperialismo español. Es por lo que hay que andarse con mucho cuidado con las medidas a tomar con los nacionalismos y sus provocaciones. Viven del victimismo, de la mentira y de esas confusas ansias de ser más que los demás, que anidan en todo corazón humano. Y hacen lo posible para generar víctimas, héroes, mártires.
El lehendakari se había dado cuenta de que, por un lado, ETA y Batasuna le estaban comiendo terreno. Por el otro, se lo comía el Estado de Derecho, el Gobierno español, ayudado por el resto de los gobiernos, asentando golpe tras golpe al terrorismo, desmantelando comandos y reduciendo la violencia callejera de manera sistemática y creciente. De continuar esa tendencia, iba a encontrarse sin el apoyo inmoral que le estaba prestando la banda terrorista y sin el apoyo moral que venía recibiendo del exterior como nacionalista democrático que pretendía ser. De este atolladero, Ibarretxe trata de salir con su famoso plan. ¿Cómo? Rompiendo las reglas, violando la ley, poniéndose al margen de ella. Y confiando que ello le convierta de jefe de Gobierno que es, en reo, en perseguido, dentro de la más pura tradición sabiniana. Sería el estrambote macabro de la tragedia vasca: el principal responsable de lo que allí ocurre convertido en víctima propiciatoria de su causa.
Es verdad que no pueden ignorarse los desafíos nacionalistas ni permitírseles ir más allá de los límites de la ley. Si se considera delito que un cargo público viole la Constitución, hay que estar dispuesto a castigarlo. Ibarretxe ya ha dicho por activa y por pasiva que no está dispuesto a cumplirla la ley. De hecho, su plan no es más que terrorismo gubernamental. Y como todo terrorismo, su primer objetivo es provocar la reacción del Estado español. Así que cuidado. Ni cruzarse de brazos ni caer en su trampa. He pensado siempre que con los nacionalistas, como con todos los tramposos, lo que hay que hacer es descubrirles el farol, darles cuerda para que se ahorquen en su propia mentira. ¿Por qué no convoca Ibarretxe un referéndum en los seis territorios que dice vascos? ¿Por qué no convocarlos independientemente en cada provincia, en cada municipio si de verdad busca la autodeterminación de su pueblo? ¿Por qué acepta un poder que le da una Constitución que rechaza? ¿Por qué miente cada vez que abre la boca?
Hace sólo unos meses, los mossos d'esquadra de la Generalitat de Cataluña llevaron a cabo una acción «llampeig» (vulgo: relámpago) en la que, sin necesidad de disparar un solo tiro y sin alzar la voz más de lo que es preciso para pedir un cortado (a ver si aprendemos, Romerales), desarticularon a un grupo de arraigo fascistoide y hechuras filonazis dedicado a distribuir ejemplares del «Mein Kampf» de Adolfo Hitler y otras lindezas similares. Dado que su base de operaciones era una librería y que, fieles al tópico de la industriosa Cataluña, entregaban la dinamita ideológica previo pago, se ha de reconocer que el caso es de los que le caen a Sherlock Holmes y se lo arroja, como un hueso, al doctor Watson.
Tan chusco episodio obtuvo, pese a todo, un sustancioso derroche de papel en la prensa local de Barcelona y provocó una diarrea informativa que contagió hasta a los diarios de comarcas. Oteando aquel despliegue de tipografía en cuerpo ocho y la intensidad dramática de los titulares, podría pensarse que la democracia occidental había vuelto a estar, como hace medio siglo, en el filo helador de la navaja. Pero un puñado de servidores de la ley, sin reparar en convenios colectivos, ni horas extras, ni zarandajas laborales, acudió a defender la libertad, tan insidiosamente amenazada. ¿Bien por los mossos d'esquadra!
La siguiente escena nos conduce hasta el martes pasado. Un grupúsculo de hombres con redaños, algunos catalanes y otros vascos, denunciaba el insulto que supone, para cualquier barcelonés de buena fe, tener una calle dedicada a ese hideputa siniestro y carlistón que fue Sabino Arana. Y se toparon con una muralla de silencio que no se la saltaría la buena de Hannah Arendt. Sólo Alberto Fernández, entre los políticos, supo estar en su sitio y dar la cara. Los demás se convirtieron en autistas, con perdón de los autistas y de Aute. Por su parte, la Prensa hizo un mutis tan ruidoso que resulta imposible decir más con menos aparato de palabras. Y es que, cuando hay que vérselas con el nacionalismo sin matices, es como si el periodismo catalán pisara huevos sobre la superficie del teclado. Por no decir que se los va pisando. De puro huevones, claro.
Por ÁLVARO DELGADO-GAL ABC 30 Noviembre 2003
Nadie abriga la menor duda sobre la desunión que en este momento aflige al PSOE. La última reunión de la Ejecutiva Federal veló, aunque no consiguió disimular, las líneas de sutura que recorren de lado a lado al partido socialista. La inercia de los acontecimientos impulsa a Maragall a formar un grupo parlamentario propio. La reglamentación de la cámara lo prohíbe. Pero el propósito no sólo ha sido concebido sino expresamente enunciado. Los socialistas siguen divididos en el País Vasco; se superponen en planos o corrientes distintas en la cúpula directiva; se coagulan en poderes regionales en la mitad sur del país, y así sucesivamente. Si el PSOE fuese un personaje de la "commedia dell´arte", iría vestido de Arlequín. La tela que envuelve su cuerpo está hecha de trozos pequeños, zurcidos con un hilo cada vez más tenue, más precario. Los observadores políticos adscritos al PP contemplan a este PSOE arlequinado con cierta complacencia y se formulan preguntas de índole, por así decirlo, estratégica. En rigor, se manejan dos filosofías prácticas contrapuestas. La primera cabrillea con fulgores patrióticos y reza más o menos como sigue. Urge ayudar al PSOE y evitar que se descomponga, ya que un PSOE descompuesto bloquearía todo intento serio de reconstituir territorialmente a España.
Los parciales de la segunda opción se pronuncian a favor de la catarsis inducida. Según esta escuela, no es posible ayudar a un PSOE radicalmente confuso sobre los fines y los medios. En consecuencia, lo mejor es infligirle una derrota severa en las legislativas, confiar en que recupere su centro de gravedad, e intentar a continuación un diálogo constructivo. Personalmente, me inclino más por la segunda alternativa. Pero de un modo platónico, o si prefieren, puramente especulativo. En efecto, estimo que estas disquisiciones no son realistas. Mientras un desarrollo nuevo o un peligro inminente no conmuevan de abajo arriba el panorama político, los partidos perseverarán en hacer lo que el instinto y la rutina les conducen a hacer. Que es madrugar al rival tan pronto se presenta la ocasión. Lo demuestra un episodio ya casi olvidado, pese a ser tan reciente: el que ha tenido lugar a propósito de la VIII Asamblea de la FEMP.
Recuerdo algunos datos elementales. A principios de semana, nos enteramos de que el nuevo presidente, el socialista Francisco Vázquez, había salido elegido con la abstención benevolente de Esquerra y sin que se hubiese logrado votar una resolución unánime en apoyo de la Constitución y contra el plan Ibarreche. De hecho, el PSOE había entendido que la votación no era necesaria. Los medios afines a los partidos, y los propios partidos, divulgaron versiones contradictorias sobre lo sucedido. Conforme a los socialistas, el PP había querido aguar el nombramiento de Vázquez introduciendo en la agenda, sin consultas previas, el contencioso de Ibarreche. Según el PP, los socialistas se habían resistido a votar porque ello habría puesto en peligro las negociaciones de Maragall para formar gobierno con Esquerra en Cataluña. No estoy seguro de que no haya habido algo de lo último. Pero ambas versiones son, en esencia, incorrectas. Pasó otra cosa, y lo que pasó fue menos grave, y en cierto modo, más pueril. Vayamos por partes.
Los estatutos de la FEMP obligaban a presentar, antes del 10 de noviembre, las propuestas que en el curso de la Asamblea fueran a someterse a debate. Por ejemplo, la condena de la violencia de género. O también, la condena del plan Ibarreche, que se ha verificado en todos los ayuntamientos en que populares o socialistas son mayoría. Como sabemos, se votó de hecho una condena de la violencia doméstica. Y debió votarse, a todas luces, una condena del plan Ibarreche. Quien se haya tomado la molestia de leer el discurso inaugural de Rita Barberá, anterior presidenta del FEMP, comprobará que ésta daba por sentada la condena. Pero sobrevino un accidente. En la noche que va del sábado al domingo, el PSOE y el PP, que había constatado la pérdida de su mayoría, negociaron amigablemente el reparto de poder en la Ejecutiva. El PSOE llevó el atadijo a sus socios, o sea, a IU y los partidos pequeños. Y los socios, descontentos con el resultado, armaron la marimorena. En mitad de la refriega, echaron abajo el proyecto de votación. El PSOE, sin libertad de maniobra, dijo que asumía la condena, pero que no votaba. Para ser más precisos, votó que no votaba, como en las asambleas de la Facu. Y eso es todo. O mejor, es la mitad de todo, porque la otra mitad es que los dos partidos, a toro pasado, han intentado hacerse el mayor daño posible.
Y en ésas proseguirán hasta marzo. Schumpeter afirmó en tiempos que los partidos son empresas. Sólo que no maximizan beneficios sino votos. El mundo de los votos, al revés que el económico, es un mundo de suma cero: el voto que gano, lo ha perdido otro. La política democrática es así, salvo en momentos excepcionales. El momento excepcional, evidentemente, está aún por llegar.
Por JAIME CAMPMANY ABC 30 Noviembre 2003
ENTRE españoles, el tema de la república despierta sentimientos encontrados: alguna ilusión más o menos dormida en unos, y temor no olvidado, incluso horror, en otros. Al ascenso de la «esquerra» republicana en las elecciones catalanas se ha unido la peripecia de esa trompeta de Melbourne que soplaba los sones más o menos semejantes a los del Himno de Riego, y nada menos que cuatro columnistas habituales de este periódico, sin ponernos de acuerdo, nos aplicamos a escribir de ello: Martín Ferrand, Luis Ignacio Parada, Juan Manuel Prada y yo mismo. Es una coincidencia significativa.
Yo traigo fama de republicano, por supuesto teórico y nada práctico. Eso debe de venirme por mi rechazo a la discriminación de la mujer a favor del varón en la línea dinástica de las monarquías y en un rechazo racional del privilegio en razón del linaje. Pero la verdad es que en este periódico jamás me han dicho las ideas que debía abandonar («aparcar», como ahora se dice) o las ideas que debía defender. Además, en este periódico, cuya lealtad a la Monarquía no se discute, escribieron hasta su muerte los más ilustres «Amigos de la República», empezando por Gregorio Marañón y Ramón Pérez de Ayala. Tampoco se discute la excelencia de su ejemplo liberal.
El caso es que las dos experiencias republicanas que hemos sufrido en España, no es que hayan sido negativas; es que han resultado desastrosas. La Primera República, federalista, terminó haciendo aquella España añicos en forma de cantones. En mi tierra fue famoso el cantón de Cartagena. Antonete Gálvez acuñó con el metal que se obtenía en las minas de La Unión unos duros que tenían más plata que los del Estado, y era poseedor de una flota que señoreaba el Mediterráneo desde las costas de Alicante a las de Almería. Menos conocido, pero no menos soberbio, fue el cantón de Jumilla. Menéndez Pelayo recoge una arenga citada por Castelar al historiar el cantonalismo de 1873, que me parece tan divertida como dramática: «Jumilla desea estar en paz con todas las naciones extranjeras y, sobre todo, con la nación murciana, su vecina; pero si la nación murciana, su vecina, se atreve a desconocer su autonomía y a traspasar sus fronteras, Jumilla se defenderá como los héroes del Dos de Mayo, y triunfará en la demanda, resuelta a llegar, en sus justísimos desquites hasta Murcia y a no dejar en Murcia piedra sobre piedra». Parece un texto escrito por Ibarreche.
La Segunda República, aparte de los trágicos errores de fondo, cometió dos equivocaciones de superficie: cambiar el himno nacional y cambiar la bandera. Aquella República entró con canciones. Recuerdo que en Murcia cantaban una letra que decía: «Viva la media naranja, viva la naranja entera; vivan los republicanos, muera don Juan de la Cierva». Mi abuelo materno, diputado ciervista, me pilló cantando la coplilla, y además de administrarme un ligero pescozón me dijo que no cantase ni dijese nunca una letra donde se deseara la muerte de alguien. A Rafael García Serrano le debo la letra de una soleá que va por el otro lado: «Me está jodiendo el morao, que está junto al amarillo, debajo del colorao».
El Partido Popular ha hecho un esfuerzo inútil con la aprobación de la ley que prohíbe a las Comunidades Autónomas subir por su cuenta las pensiones. Probablemente, no podrá evitarlo.
La intención de los populares era buena. Se trata de que nadie ponga en peligro la viabilidad del sistema público de pensiones con medidas tendentes a la mejora de estas prestaciones que no tengan en cuenta la capacidad económica de la Seguridad Social para financiar esos aumentos ahora y en el futuro. Las autonomías, por supuesto, no pueden hacer nada respecto a las pensiones de la Seguridad Social, pero si aprueban por su cuenta complementos a las pensiones del sistema público, ejercen una presión sobre el votante de otras autonomías para que exija a su Gobierno regional, o al central, medidas en el mismo sentido. Es lo que pudo ocurrir en 1999, en vísperas de las elecciones generales de 2000, cuando la Junta de Andalucía aprobó el incremento de las pensiones más bajas en su ámbito territorial y llevó al entonces ministro de Trabajo, Manuel Pimentel, a pedir que se hiciera lo mismo a escala nacional. Afortunadamente, ahí estaban Rato, Montoro y Folgado para impedirlo.
Ahora, el PP quiere evitar que vuelva a suceder lo mismo en puertas de los comicios de 2004. Por eso ha aprobado la ley. Por desgracia, los populares no van a poder evitar que las autonomías vuelvan a jugar con las pensiones para tratar de desgastar al Gobierno. Y eso es porque las subidas que puedan aprobar los Ejecutivos regionales no serán con cargo a las arcas de la Seguridad Social, sino que tendrán que soportarlas los propios presupuestos autonómicos, dentro del amplio margen de libertad con que cuentan las Comunidades para establecer sus propias políticas de ingresos y gastos. ¿Quién puede impedirles que decidan ayudas adicionales a las pensiones más bajas si lo hacen bajo la forma de políticas sociales? Esto es algo que entra dentro de su ámbito competencial y, por tanto, lo pueden hacer. Lo único que hará falta, probablemente, es que, oficialmente, estas ayudas no se denominen pensiones, lo cual no impide a los políticos que las aprueben que se refieran a ellas como tales.
El esfuerzo para sacar adelante la ley, por consiguiente, se antoja estéril. Claro que esto no pasaría si se reformara el sistema público para saltar al de capitalización. Como en este caso las prestaciones dependen de las aportaciones realizadas a lo largo de la vida laboral, y no de las decisiones políticas, no habría lugar a polémicas como la actual ni a demagogias con las pensiones. Por desgracia, seguimos encerrados en el sistema público.
ENCUESTA DE ISABEL DE BERGARECHE
Apoyo masivo de los simpatizantes nacionalistas y rechazo unánime de los constitucionalistas La propuesta provoca alineamientos radicales
La propuesta de nuevo Estatuto del lehendakari Juan José Ibarretxe parte por la mitad a la sociedad vasca, según se desprende del sondeo de Isabel de Bergareche para EL CORREO. La división radical entre nacionalistas y no nacionalistas al enjuiciar las bondades o perjuicios del plan culmina en la respuesta ante una eventual consulta popular: el 50% de los votantes apoyaría el proyecto y el 49,7% se declara en contra.
El posicionamiento de los ciudadanos vascos respecto al plan Ibarretxe es tajante. Con independencia del nivel en que lo sitúan dentro del listado de preocupaciones, nadie se escuda en el 'no sabe-no contesta' para eludir pronunciarse. El debate supone un empujón definitivo hacia una definición política y de alineamiento, que tiene su exponente último en el apoyo o rechazo del proyecto del lehendakari. Los simpatizantes de PNV, EA y Batasuna engrosan las filas de los que votarían afirmativamente, mientras que los de PP, PSE y UA llenan las de quienes se pronuncian en contra. IU-EB se divide con un ligero mayor peso de los que darían un 'sí'. El resultado final es un empate, revelador de la fractura social en torno a la propuesta de nuevo marco político.
Las posiciones de los nacionalistas y no nacionalistas en torno a casi todas las cuestiones están lógicamente enfrentadas, pero los porcentajes reflejan una unanimidad total dentro de cada grupo, sin espacio para los matices. Los índices de alineamiento superan en casi todas las respuestas el 70% y alcanzan con facilidad cifras superiores al 90%. En esa línea, el efecto del plan es negativo para algo más de nueve de cada diez votantes de PSE, PP y UA, que consideran que contribuye al enfrentamiento, mientras que los simpatizantes de PNV, EA y Batasuna creen de forma mayoritaria, aunque menos pronunciada, que sirve a la convivencia.
La división de opiniones por territorios no presenta sorpresas, en correspondencia con el peso político de cada partido. En Álava, los eventuales votos en contra del plan Ibarretxe superan a los favorables en 15 puntos, en Vizcaya el 'no' gana por apenas 1 punto y en Guipúzcoa el 'sí' se impone por 8 puntos. En todos los casos, la mayoría de los encuestados anticipa que participaría en una consulta aunque no fuese legal.
Las posturas irreconciliables entre las dos mitades de la sociedad vasca sólo tienen una excepción. Todos consideran que la solución del problema político vasco debe basarse en un acuerdo entre nacionalistas y no nacionalistas. Uno de cada cinco simpatizantes de Batasuna cree, sin embargo, que bastaría con un pacto exclusivamente entre los nacionalistas.
Al margen del apoyo de cada sector a la propuesta del lehendakari, hay una mayoría clara que piensa que no acabará con el terrorismo de ETA. Los encuestados que se identificaron con PNV y EA creen que sí lo hará, pero en un porcentaje insuficiente para compensar las opiniones en contra del resto, incluidos, en este caso, los simpatizantes de Batasuna.
El plan tampoco despierta confianza al enjuiciar si solucionará los problemas de relación de Euskadi con el Estado. No lo creen los constitucionalistas y apenas apuestan por ello los seguidores de PNV y EA.
Por PABLO PLANAS ABC 30 Noviembre 2003
Polémicas, problemas, discrepancias, filtraciones, acusaciones, insultos, ataques... No hay un momento de sosiego y todos los frentes están absolutamente abiertos. El resultado de las elecciones catalanas arroja un resultado endiablado que contribuye a enmarañar las percepciones sobre el caso vasco. La reforma del Código Penal para castigar hasta con cinco años de cárcel la convocatoria ilegal de un referéndum parece el punto y final del pulso lanzado por el Gobierno vasco al Estado, pero el Tribunal Constitucional ni siquiera se ha reunido para determinar sobre el Plan Ibarretxe. El Pacto por las Libertades ha quedado excluido de esta iniciativa de reforma, que se carga Aznar en exclusiva sobre sus espaldas. El ruido en este asunto alcanza unos niveles que contrastan con el tempo lento con el que los lanzadores de dados se toman la partida. En paralelo, CiU y el PSC aspiran en Cataluña a ser los designados por ERC para gobernar. Sea cual sea la decisión final, se auguran tensiones con la reforma del Estatut, con el supuesto desequilibrio fiscal, con la pugna por el reconocimiento de las selecciones deportivas catalanas y puede que hasta con el idioma, tras unos años diríase que felices, de meras constataciones estadísticas sobre la buena salud del catalán y el castellano.
Ante semejante panorama, cabría esperar una cierta calma en los territorios internos de los partidos, pero no es el caso. En el PP, el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, escenifican un enfrentamiento que de haber ocurrido en el PSOE ya se habría dado por sentado un relevo, de quien fuera, pero un relevo. Con las hojas del calendario ya amarillas, la oportunidad-reto que Aznar concedió a Ruiz-Gallardón se parece más a una trampa saducea -que se decía en tiempos de la añorada y pactista Transición- que a un fin de hostilidades tras años de progresía por un lado y severidad por el otro. Y por si no fuera suficiente, el traslado de las oficinas de Ana Botella en el Ayuntamiento de Madrid a una de las zonas exclusivas de la capital. Munición para el PSOE, alpiste de tertulias y un ejercicio del poder no precisamente fino.
En el PSOE, la crudeza de los sondeos evita crueldades con el liderazgo, pero si la distancia entre Zapatero y Rajoy, entre sus partidos, es de siete puntos, en Ferraz anotan catorce. Es probable que ni en el peor de los escenarios posibles -y este otoño empieza a ser casi tan doloroso como el último ciclo político, que fue del Prestige al Yak-42- se atrevan ya los socialistas a mirar por el agujero de la demoscopia.
Por si no hubiera suficiente, el Gobierno abre el frente de las pensiones no contributivas entre otras razones para aparentar una firmeza que ya se le supone. Pese a que hay Comunidades gobernadas por el PP en este empeño de presumir de amplitud de miras sociales con las viudas más olvidadas, la bronca se convierte en un nuevo capítulo del centralismo contra todo lo demás, como si el país pudiera aguantarlo todo, hasta los enfrentamientos políticos entre territorios.
Tal vez ante semejante dispersión de frentes, el Estado, casi de rondón, pretende asumir el billón de pesetas de deuda de RTVE en plena negociación con los sindicatos del despido de casi tres mil trabajadores. Hay que rejuvenecer la plantilla, dicen, y de paso alterar el mercado, dictar normas contra los medios privados y fomentar un discurso sobre la telebasura que no tiene correlato alguno en la televisión que pagamos -y bien que vamos a pagar- todos y cuya vocación de servicio es muy apreciada entre los diseñadores de ropa interior (sábado por la noche) y los agentes de cutre-famosos. Cuando el Gobierno se pone liberal, es una cosa...
La economía se aguanta, pero Europa pierde enteros en la cotización de la estabilidad. Los deberes españoles han quedado en un examen fuera de convocatoria ante la actitud de Alemania y Francia; y el atlantismo parece tener unas contraindicaciones inesperadas, tanto en el terreno internacional como en el sacrificio. Tras el capitán de navío Manuel Martín-Oar y el agregado de la embajada José Antonio Bernal Gómez, ya hay mucha más sangre española en el país-trampa de Sadam. No es este un asunto del que se vaya a hacer cuestión, aunque todo es posible en unos días de vértigo preelectoral, en los que hay más razones para el pesimismo que resquicios de luz. Este es un país muy acostumbrado a la muerte en el que unos pocos olvidan antes de tiempo y se mascullan penas viejas. El fatalismo es un estilo nacional que no da para comparaciones con las leyes de Murphy. Nuestro problema es que lo peor que nos puede pasar no es que la tostada se nos caiga por el lado de la mantequilla. En circunstancias así, capear el temporal es un recurso retórico que sólo sirve para constatar las virtudes de la responsabilidad y los benéficos efectos de los pactos, incluso en un imperfecto estado de reconstrucción permanente, aunque a este paso, Rajoy va a tener más trabajo en recoger los pelos de la gatera que en gobernar. Y es probable, incluso, que a la oposición no se le puede echar la culpa de nada.
El Parlamento Vasco ha rechazado sendas mociones de censura del PP y del PSE-EE contra la consejera de Educación, Anjeles Iztueta (EA), por la polémica suscitada en torno a una circular en la que se calificaba inmigrantes a los alumnos procedentes de fuera del País Vasco. El rechazo ha sido posible gracias a los votos de PNV, EA, IU y el grupo de Batasuna, ilegalizado aunque sigue votando en la Cámara con sentencias judiciales en contra.
PSE-EE y PP criticaron la trayectoria de Iztueta al frente del Departamento porque, consideraron, ha estado marcada por poner la enseñanza al servicio del ideario nacionalista, aunque el motivo concreto de las mociones fue la circular del Departamento de educación en la que se recomendaba a los centros que escolarizasen a los alumnos inmigrantes (consideración que se dio a todos los provenientes de fuera del País Vasco) matriculados fuera de plazo en los modelos bilingües.
El parlamentario del PP Iñaki Ortega criticó la actuación en su conjunto de la consejera porque se ha basado en la "connivencia con los sectores más radicales del país", porque "ha gobernado mirando a la ilegalizada Batasuna y porque no ha tomado ninguna decisión sin su visto bueno". En cuanto a la circular que motivó la moción de censura, Ortega dijo que a su autor le había traicionado su "subconsciente racista y xenófobo", y que no se debían buscar explicaciones semánticas o etimológicas del término inmigrante. Dijo que la consejera ha puesto la Educación al "servicio del nacionalismo más sectario y más excluyente" y que su política ha ido encaminada a "arrinconar" la educación en castellano.
Isabel Celaá (PSE-EE) consideró que la consejera está "inhabilitada para el ejercicio del cargo por superponer sus intereses partidarios al interés general y hacer de su mandato una larga cadena de conflictos inspirados en su falta de prudencia y en su falta de sensatez". Celaá dijo que si el Departamento hubiera utilizado el término inmigrante con un sentido estrictamente sociológico "tan alumno inmigrante es el de Ondarroa que viene a estudiar a Vitoria, como el niño de Burgos que se dirige a estudiar a San Sebastián", pero "no es eso lo que defiende la consejera".
El lehendakari, Juan José Ibarretxe, fue quien asumió la defensa de su consejera, y en su intervención acusó al PP y al PSE-EE de actuar creando una "crispación permanente en torno a cuestiones centrales del autogobierno" vasco. Argumentó que socialistas y "populares" quieren "sembrar la duda acerca del Gobierno Vasco", asociando "nacionalismo, Gobierno, exclusión y xenofobia". Ibarretxe criticó que desde estos partidos se haya dicho en las últimas semanas de forma despectiva que la circular de Educación era la plasmación de su propuesta de nuevo estatuto, que "trata como extranjeros a personas que han venido de otros lugares" de España, cuando "todos los que vivimos y trabajamos en Euskadi hoy somos vascos, con independencia de dónde hayamos nacido o a qué partido vote".
Los resultados de la encuesta que hoy publicamos no permiten que nadie pueda seguir calificando el proyecto de libre asociación de Euskadi con el Estado español como «propuesta de convivencia». Persistir en dicho empeño constituiría no ya un sarcasmo fuera de toda decencia democrática, sino que pasaría a convertirse en un descarado desprecio a la voluntad social a la que los promotores del plan apelan continuamente. La adhesión que el plan Ibarretxe obtiene por parte del electorado de las formaciones que lo patrocinan (PNV, EA e IU) es equiparable al rechazo que suscita entre los votantes no nacionalistas. Pero con un matiz de extraordinaria importancia: las eventuales ventajas que pudiera tener dicho plan alcanzan un menor eco entre los votantes nacionalistas que los inconvenientes que entraña para los votantes no-nacionalistas. En este sentido, es significativo que poco más de la mitad de los electores nacionalistas consideren que el plan acabará con el terrorismo (54,6%) mientras resulta abrumador el porcentaje de los no nacionalistas que vaticinan todo lo contrario (96,2%).
Ante una situación así, un gobernante responsable debiera retirar su propuesta para dar cauce a un diálogo que realmente fuese percibido como tal por la inmensa mayoría de la ciudadanía. Pero cuando Ibarretxe y los demás dirigentes nacionalistas niegan que su Plan pueda ser motivo de división social e insisten en la bondad de sus intenciones están revelando el fondo de su estrategia. El nacionalismo está convencido de que la solidez de sus apoyos sociales es en todo caso superior a la oposición que pudiera articularse entre los vascos que no comulgan con el soberanismo. El nacionalismo liderado por Ibarretxe no dirige sus esfuerzos a convencer a los no nacionalistas sobre la bondad de su propuesta, sino a infundir confianza entre los nacionalistas sobre su capacidad para arrastrar tras de sí al conjunto de la sociedad vasca. El nacionalismo gobernante contará con razones para confiar en su fuerza de arrastre político respecto al resto de la sociedad que, a su entender, puede ser empujado al desistimiento o a la indiferencia. La división en dos mitades prácticamente iguales que refleja el sondeo no tiene por qué convertirse en una confrontación social que desemboque en una fractura dramática de la convivencia. Pero incluso en ese caso la sociedad resultante mediante el doblegamiento por cansancio e impotencia de una mitad de vascos resulta tan descorazonadora que sólo un ánimo sectario y autoritario puede contemplarla como un horizonte mejor que el que ahora vive Euskadi.
El nacimiento de la autonomía vasca coincidió con una época en que, gracias a la ausencia de Herri Batasuna de las instituciones, el PNV se permitió gobernar el conjunto de las mismas desde una concepción exclusivista del país, de forma que buena parte de la puesta en práctica del Estatuto de Gernika respondió más al universo simbólico abertzale que a los intereses de una sociedad plural y diversa que se constituía por primera vez en comunidad política. A mediados de los ochenta la división del propio PNV le condujo a compartir con los socialistas la dirección de las instituciones, sin que por ello renunciara a recuperar la hegemonía perdida. Es precisamente esto lo que el nacionalismo acaricia tras el plan Ibarretxe, aprovechándose por un lado de la ilegalización de la izquierda abertzale y por el otro del giro que ésta ha experimentado respecto a dicho plan: lograr en las próximas elecciones autonómicas una mayoría absoluta en el Parlamento vasco que asiente su poder sobre el legado del Estatuto de Gernika, mientras trata de superarlo desdeñando el amplio consenso que estuvo en su origen.
Es indudable que las formaciones no nacionalistas tienen ante sí el reto de activar la oposición social al plan Ibarretxe. Pero ello no puede significar una transferencia de responsabilidad hacia los órganos centrales del Estado, en la confianza de que sean estos los que hagan frente a la estrategia de desbordamiento constitucional del nacionalismo. Nótese que la encuesta refleja más oposición a la estrategia del Gobierno Aznar y a la adopción de medidas constitucionales contra el plan por parte de los nacionalistas que apoyo de los no nacionalistas a la citada estrategia. La reciente iniciativa del Consejo de Ministros de combatir con la creación de nuevos tipos de delito penal la deriva soberanista del nacionalismo difícilmente podrá frenar lo que la propia sociedad vasca no esté dispuesta a impedir. En ese sentido, el constitucionalismo tampoco debería renunciar a convencer a miles y miles de nacionalistas demócratas del riesgo rupturista y empobrecedor que entraña el plan Ibarretxe. Porque sólo si los mensajes de partidarios y contrarios atraviesan las respectivas barreras se podrá hablar de un procedimiento abierto en la conformación de la opinión y de la voluntad política de los vascos. Si al final de todo esto nos encontramos con una sociedad dividida será, en primer lugar, culpa de aquellos que han sembrado en Euskadi los gérmenes soberanistas de la fractura política. Pero el constitucionalismo no podrá sacudirse la parte de responsabilidad que le afecte.
Por RAFAEL L. BARDAJÍ, subdirector del Real Instituto Elcano ABC 30 Noviembre 2003
Saddam se fue pero, medio año después, no del todo. Y la situación en Irak es más compleja de lo que la veloz campaña y victoria militar de la coalición llevó a pensar en su momento. Dos españoles han dejado ya su vida allí y, en ausencia todavía de confirmaciones exactas, otros siete fallecieron ayer en Suwayrah, al sur de Bagdad, al ser atacado un grupo de agentes del Centro Nacional de Inteligencia.
Lo que necesita Irak es el éxito de la victoria y para ello el compromiso y la responsabilidad de todos cuantos lucharon contra el régimen de Saddam Hussein. Es posible que otros países u organizaciones internacionales puedan aportar tropas, dinero o ayuda de otro tipo, pero, por suerte o por desgracia, la seguridad que necesitan los iraquíes sólo puede dársela la coalición y, sobre todo, los Estados Unidos. Y en ese sentido, el mensaje a dejar claro con rotundidad es el de la presencia en Irak de las tropas por el tiempo que sea necesario. Y en el número suficiente para mejorar de manera rápida la seguridad y la prosperidad.
Por FLORENTINO PORTERO ABC 30 Noviembre 2003
La moral entre nuestra gente era muy alta. Con la experiencia de muchas operaciones de paz a sus espaldas, las unidades españolas se habían ganado la confianza de la población, que los percibe como gentes comprometidas con la reconstrucción del país y el establecimiento de un régimen democrático, en el que los iraquíes sean los únicos responsables de su propio futuro.
En una situación como aquella no hay seguridad sin inteligencia. No hay forma de combatir a las guerrillas baasistas y a los islamistas sin conocer quiénes son, dónde se esconden, cómo se organizan y coordinan. También en este terreno la moral era muy alta. Aunque por su naturaleza el trabajo que realizan los agentes del Centro Nacional de Inteligencia es secreto, era evidente el optimismo que reinaba tanto en el Centro como en el mando militar. Aparentemente el trabajo se hacía con eficacia.
La emboscada de ocho de nuestros agentes al sur de Bagdad y que ha costado la vida a siete, supone una dolorosa noticia para sus familias, para la comunidad de inteligencia y para todos nosotros. Era un riesgo que ellos habían asumido conscientemente, desde el convencimiento de que nuestra seguridad se libraba en aquellas tierras, de que nuestro bienestar pasaba por el establecimiento de un estado de derecho en Irak.
Las sucesivas operaciones de paz en las que han participado nuestras Fuerzas Armadas han ayudado a que la ciudadanía conozca mejor a nuestros ejércitos, superando desencuentros históricos. Sabemos y valoramos el sacrificio de los que parten y de las familias que aquí se quedan. No podemos menos que sentirnos orgullosos del trabajo que realizan y de la imagen de España que dejan.
El Centro Nacional de Inteligencia, el antiguo CESID, es poco y mal conocido. Escándalos varios, ocurridos tiempo atrás, ensombrecieron su imagen pública y ocultaron el importante trabajo que, día a día, realizan. Los siete agentes muertos en una emboscada, que se suman a la pérdida del sargento Bernal, quizás nos ayuden a comprender el sacrificio y el entusiasmo de estos hombres y el importante trabajo que el Centro realiza en un alto número de países en beneficio de todos nosotros.