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Timestamp: 2020-01-26 22:19:32
Document Index: 199149261

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'Artículo 35', 'Artículo 36', 'Artículo 37', 'Artículo 38', 'Artículo 39', 'Artículo 40', 'Artículo 41', 'Artículo 42', 'Artículo 43', 'Artículo 44', 'Artículo 45', 'Artículo 46', 'Artículo 47', 'Artículo 48', 'Artículo 49', 'Artículo 50', 'Artículo 51', 'Artículo 52', 'Artículo 53', 'Artículo 54', 'Artículo 55', 'Artículo 56', 'Artículo 57', 'Artículo 58', 'Artículo 59', 'Artículo 60', 'Artículo 61', 'Artículo 62', 'Artículo 63', 'Artículo 64', 'Artículo 65', 'Artículo 67', 'artículo 3', 'artículo 3', 'Artículo 13', 'artículo 61', 'artículo 61', 'artículo 61', 'artículo 63', 'artículo 63', 'artículo 64', 'artículo 72', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'artículo 40', 'Artículo 50', 'Artículo 51', 'artículo 52', 'artículo 52', 'Artículo 54', 'artículo 56', 'Artículo 60', 'artículo 61', 'artículo 61', 'artículo 63', 'artículo 63', 'artículo 64', 'artículo 70', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 1', 'artículo 8']

Vigencia desde 27 de Agosto de 2003. Revisión vigente desde 11 de Julio de 2012 hasta 09 de Abril de 2019
Artículo único. Aprobación del Reglamento del Servicio Jurídico del Estado
Disposición adicional única Sucesión de órganos y unidades administrativas
REGLAMENTO DEL SERVICIO JURÍDICO DEL ESTADO
TÍTULO I. El Servicio Jurídico del Estado organización y funciones
CAPÍTULO I. El Servicio Jurídico del Estado
Artículo 1 Concepto, organización y funciones del Servicio Jurídico del Estado
Artículo 2 Carácter y adscripción de la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado
Artículo 3 Organización de la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado
Artículo 4 El Consejo de Abogados del Estado
Artículo 5 Abogacías del Estado ante el Tribunal Supremo, Audiencia Nacional y Tribunal de Cuentas
Artículo 6 Abogacías del Estado de los departamentos ministeriales
Artículo 7 Abogacías del Estado en la Administración periférica del Estado
Artículo 8 Abogados del Estado adscritos al Servicio Jurídico de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
Artículo 10 Contraposición de intereses
CAPÍTULO II. El Abogado General del Estado-Director del Servicio Jurídico del Estado
Artículo 11 Carácter y nombramiento y cese del Abogado General del Estado-Director del Servicio Jurídico del Estado
Artículo 12 Asunción de asuntos por el Abogado General del Estado-Director del Servicio Jurídico del Estado
CAPÍTULO III. Asistencia jurídica a los restantes organismos y entidades públicos, sociedades mercantiles estatales y fundaciones con participación estatal, comunidades autónomas y corporaciones locales
Artículo 14 Asistencia jurídica a los restantes organismos y entidades públicos, sociedades mercantiles estatales y fundaciones con participación estatal
Artículo 15 Asistencia jurídica a las comunidades autónomas
Artículo 16 Asistencia jurídica a las corporaciones locales
Artículo 17 Asistencia jurídica a la Administración portuaria
Artículo 18 Naturaleza de los convenios y actuación del Abogado del Estado
CAPÍTULO IV. Personal de apoyo
Artículo 19 Personal de apoyo
TÍTULO II. Régimen de la función consultiva
Artículo 20 Carácter de la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado como centro consultivo
Artículo 21 Órganos que pueden solicitar informe
Artículo 22 Carácter de los informes
Artículo 23 Forma de los informes
Artículo 24 Contenido de los informes
Artículo 25 Momento de solicitud de determinados informes
Artículo 26 Informes discrepantes
Artículo 27 Consultas de las Abogacías del Estado a la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado
Artículo 28 Comunicación y coordinación de actuaciones contenciosas
Artículo 29 Competencia y recursos en materia de bastanteos
Artículo 30 Funciones de los Abogados del Estado-Secretarios de los Tribunales Económico-Administrativos
TÍTULO III. Régimen de la función contenciosa
Artículo 31 Ámbito de la representación y defensa
Artículo 32 Dependencia de la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado
Artículo 33 Petición de datos y antecedentes
Artículo 34 Obligaciones generales de los Abogados del Estado en el desempeño de la función contenciosa
CAPÍTULO II. Normas especiales sobre actuación procesal de los Abogados del Estado
Artículo 35 Notificaciones, citaciones, emplazamientos y demás actos de comunicación procesal
Artículo 36 Ejercicio de acciones
Artículo 37 Fuero territorial del Estado
Artículo 38 Exención de depósitos y cauciones
Artículo 39 Consulta a la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado en procesos civiles
Artículo 40 Reclamación en vía administrativa
Artículo 41 Disposición de la acción procesal
Artículo 42 Recursos contra resoluciones judiciales
Artículo 43 Ejecución de sentencias
Artículo 44 Costas procesales
Artículo 45 Actuación ante tribunales internacionales
CAPÍTULO III. Representación y defensa de autoridades, funcionarios y empleados públicos
Artículo 46 Reglas generales
Artículo 47 Régimen de la representación y defensa de los empleados públicos
Artículo 48 Supuestos especiales
Artículo 49 Ejercicio de acciones por el Abogado del Estado en nombre de autoridades, funcionarios o empleados públicos
CAPÍTULO IV. Actuación procesal de la Abogacía del Estado ante el Tribunal Constitucional
Artículo 50 Funciones contenciosas y encuadramiento orgánico de la Abogacía del Estado ante el Tribunal Constitucional
Artículo 51 Comunicación de la Abogacía del Estado ante el Tribunal Constitucional con los órganos ejecutivos del Estado
Artículo 52 Actuaciones en casos especiales ante el Tribunal Constitucional
Artículo 53 Ejercicio de acciones ante el Tribunal Constitucional
Artículo 54 Formulación de demanda en el recurso de inconstitucionalidad
Artículo 55 Emplazamiento y personación de la Abogacía del Estado ante el Tribunal Constitucional
Artículo 56 Actuación del Abogado del Estado en el recurso de amparo
Artículo 57 Actuación del Abogado del Estado en los conflictos de competencia
Artículo 58 Actuación del Abogado del Estado en los procedimientos de declaración sobre la constitucionalidad de los tratados internacionales
Artículo 59 Otras disposiciones sobre la actuación procesal del Abogado del Estado
Artículo 60 Comunicación con el titular de la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado
TÍTULO IV. La Inspección de los Servicios de la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado
Artículo 61 Ámbito, funciones y jefatura de la Inspección de los Servicios de la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado
Artículo 62 Desempeño de la inspección de los servicios
Artículo 63 Organización de las inspecciones de los servicios
Artículo 64 Deber de colaboración
Artículo 65 Obligaciones del personal de la Inspección de los Servicios
TÍTULO V. Disposiciones relativas al Cuerpo de Abogados del Estado
CAPÍTULO II. Ingreso en el Cuerpo de Abogados del Estado
BOE 11 Noviembre. Corrección de errores RD 997/2003 de 25 Jul. (Regl. del Servicio Jurídico del Estado)
RD 242/2019 de 5 Abr. (régimen jurídico del personal del Ministerio de Justicia que lleva a cabo la acción en el exterior en materia de justicia)
Artículo 67 redactado por conforme establece la disposición final primera del R.D. 242/2019, de 5 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del personal del Ministerio de Justicia que lleva a cabo la acción en el exterior en materia de justicia («B.O.E.» 9 abril).
Real Decreto 1003/2012, de 29 de junio, por el que se modifica el RD 997/2003 de 25 Jul., reglamento del Servicio Jurídico del Estado)
Párrafo tercero del apartado VII del Preámbulo redactado por el apartado uno del artículo único del R.D. 1003/2012, de 29 de junio, por el que se modifica el R.D. 997/2003, de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Servicio Jurídico del Estado («B.O.E.» 10 julio). Letra c) del número 1 del artículo 3 redactado por Número Dos del artículo único de R.D. 1003/2012, de 29 de junio, por el que se modifica el R.D. 997/2003, de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Servicio Jurídico del Estado («B.O.E.» 10 julio). Letra e) del número 1 del artículo 3 redactado por Número Dos del artículo único de R.D. 1003/2012, de 29 de junio, por el que se modifica el R.D. 997/2003, de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Servicio Jurídico del Estado («B.O.E.» 10 julio). Artículo 13 redactado por el apartado tres del artículo único del R.D. 1003/2012, de 29 de junio, por el que se modifica el R.D. 997/2003, de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Servicio Jurídico del Estado («B.O.E.» 10 julio). Número 3 del artículo 61 redactado por el apartado cuatro del artículo único del R.D. 1003/2012, de 29 de junio, por el que se modifica el R.D. 997/2003, de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Servicio Jurídico del Estado («B.O.E.» 10 julio). Número 4 del artículo 61 redactado por el apartado cuatro del artículo único del R.D. 1003/2012, de 29 de junio, por el que se modifica el R.D. 997/2003, de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Servicio Jurídico del Estado («B.O.E.» 10 julio). Número 5 del artículo 61 redactado por el apartado cuatro del artículo único del R.D. 1003/2012, de 29 de junio, por el que se modifica el R.D. 997/2003, de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Servicio Jurídico del Estado («B.O.E.» 10 julio). Número 2 del artículo 63 redactado por el número cinco del artículo único del R.D. 1003/2012, de 29 de junio, por el que se modifica el R.D. 997/2003, de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Servicio Jurídico del Estado («B.O.E.» 10 julio). Número 3 del artículo 63 redactado por el número cinco del artículo único del R.D. 1003/2012, de 29 de junio, por el que se modifica el R.D. 997/2003, de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Servicio Jurídico del Estado («B.O.E.» 10 julio). Número 3 del artículo 64 redactado por el apartado seis del artículo único del R.D. 1003/2012, de 29 de junio, por el que se modifica el R.D. 997/2003, de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Servicio Jurídico del Estado («B.O.E.» 10 julio). Número 1 del artículo 72 redactado por el apartado siete del artículo único del R.D. 1003/2012, de 29 de junio, por el que se modifica el R.D. 997/2003, de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Servicio Jurídico del Estado («B.O.E.» 10 julio).
Letra i) del número 3 del artículo 1 redactada por el apartado uno del artículo único del R.D. 247/2010, de 5 de marzo, por el que se modifica el Reglamento del Servicio Jurídico del Estado, aprobado por el R.D. 997/2003, de 25 de julio («B.O.E.» 6 marzo). Letra j) del número 3 del artículo 1 redactada por el apartado dos del artículo único del R.D. 247/2010, de 5 de marzo, por el que se modifica el Reglamento del Servicio Jurídico del Estado, aprobado por el R.D. 997/2003, de 25 de julio («B.O.E.» 6 marzo). Letra k) del número 3 del artículo 1 redactada por el apartado dos del artículo único del R.D. 247/2010, de 5 de marzo, por el que se modifica el Reglamento del Servicio Jurídico del Estado, aprobado por el R.D. 997/2003, de 25 de julio («B.O.E.» 6 marzo). Letra l) del número 3 del artículo 1 redactada y renumerada por el apartado dos del artículo único del R.D. 247/2010, de 5 de marzo, por el que se modifica el Reglamento del Servicio Jurídico del Estado, aprobado por el R.D. 997/2003, de 25 de julio («B.O.E.» 6 marzo). Letra m) del número 3 del artículo 1 redactada y renumerada por el apartado dos del artículo único del R.D. 247/2010, de 5 de marzo, por el que se modifica el Reglamento del Servicio Jurídico del Estado, aprobado por el R.D. 997/2003, de 25 de julio («B.O.E.» 6 marzo). Letra n) del número 3 del artículo 1 redactada y renumerada por el apartado dos del artículo único del R.D. 247/2010, de 5 de marzo, por el que se modifica el Reglamento del Servicio Jurídico del Estado, aprobado por el R.D. 997/2003, de 25 de julio («B.O.E.» 6 marzo). Letra ñ) del número 3 del artículo 1 redactada y renumerada por el apartado dos del artículo único del R.D. 247/2010, de 5 de marzo, por el que se modifica el Reglamento del Servicio Jurídico del Estado, aprobado por el R.D. 997/2003, de 25 de julio («B.O.E.» 6 marzo). Letra o) del número 3 del artículo 1 redactada y renumerada por el apartado dos del artículo único del R.D. 247/2010, de 5 de marzo, por el que se modifica el Reglamento del Servicio Jurídico del Estado, aprobado por el R.D. 997/2003, de 25 de julio («B.O.E.» 6 marzo). Letra p) del número 3 del artículo 1 redactada y renumerada por el apartado dos del artículo único del R.D. 247/2010, de 5 de marzo, por el que se modifica el Reglamento del Servicio Jurídico del Estado, aprobado por el R.D. 997/2003, de 25 de julio («B.O.E.» 6 marzo). Número 1 del artículo 3 redactado por el apartado tres del artículo único del R.D. 247/2010, de 5 de marzo, por el que se modifica el Reglamento del Servicio Jurídico del Estado, aprobado por el R.D. 997/2003, de 25 de julio («B.O.E.» 6 marzo). Número 3 del artículo 3 redactado por el apartado cuatro del artículo único del R.D. 247/2010, de 5 de marzo, por el que se modifica el Reglamento del Servicio Jurídico del Estado, aprobado por el R.D. 997/2003, de 25 de julio («B.O.E.» 6 marzo). Número 6 del artículo 3 redactado por el apartado cinco del artículo único del R.D. 247/2010, de 5 de marzo, por el que se modifica el Reglamento del Servicio Jurídico del Estado, aprobado por el R.D. 997/2003, de 25 de julio («B.O.E.» 6 marzo). Número 7 del artículo 3 introducido por el apartado seis del artículo único del R.D. 247/2010, de 5 de marzo, por el que se modifica el Reglamento del Servicio Jurídico del Estado, aprobado por el R.D. 997/2003, de 25 de julio («B.O.E.» 6 marzo). Artículo 6 renumerado y redactado por los apartados siete, ocho y nueve del artículo único del R.D. 247/2010, de 5 de marzo, por el que se modifica el Reglamento del Servicio Jurídico del Estado, aprobado por el R.D. 997/2003, de 25 de julio («B.O.E.» 6 marzo). Artículo 7 renumerado y redactado por el apartado ocho del artículo único del R.D. 247/2010, de 5 de marzo, por el que se modifica el Reglamento del Servicio Jurídico del Estado, aprobado por el R.D. 997/2003, de 25 de julio («B.O.E.» 6 marzo). Artículo 8 renumerado y redactado por el apartado ocho del artículo único del R.D. 247/2010, de 5 de marzo, por el que se modifica el Reglamento del Servicio Jurídico del Estado, aprobado por el R.D. 997/2003, de 25 de julio («B.O.E.» 6 marzo). Artículo 9 introducido por el apartado once del artículo único del R.D. 247/2010, de 5 de marzo, por el que se modifica el Reglamento del Servicio Jurídico del Estado, aprobado por el R.D. 997/2003, de 25 de julio («B.O.E.» 6 marzo). Número 2 del artículo 40 redactado por el apartado doce del artículo único del R.D. 247/2010, de 5 de marzo, por el que se modifica el Reglamento del Servicio Jurídico del Estado, aprobado por el R.D. 997/2003, de 25 de julio («B.O.E.» 6 marzo). Artículo 50 redactado por el apartado trece del artículo único del R.D. 247/2010, de 5 de marzo, por el que se modifica el Reglamento del Servicio Jurídico del Estado, aprobado por el R.D. 997/2003, de 25 de julio («B.O.E.» 6 marzo). Artículo 51 redactado por el apartado catorce del artículo único del R.D. 247/2010, de 5 de marzo, por el que se modifica el Reglamento del Servicio Jurídico del Estado, aprobado por el R.D. 997/2003, de 25 de julio («B.O.E.» 6 marzo). Número 1 del artículo 52 redactado por el apartado quince del artículo único del R.D. 247/2010, de 5 de marzo, por el que se modifica el Reglamento del Servicio Jurídico del Estado, aprobado por el R.D. 997/2003, de 25 de julio («B.O.E.» 6 marzo). Número 2 del artículo 52 redactado por el apartado quince del artículo único del R.D. 247/2010, de 5 de marzo, por el que se modifica el Reglamento del Servicio Jurídico del Estado, aprobado por el R.D. 997/2003, de 25 de julio («B.O.E.» 6 marzo). Artículo 54 redactado por el apartado dieciséis del artículo único del R.D. 247/2010, de 5 de marzo, por el que se modifica el Reglamento del Servicio Jurídico del Estado, aprobado por el R.D. 997/2003, de 25 de julio («B.O.E.» 6 marzo). Número 3 del artículo 56 redactado por el apartado diecisiete del artículo único del R.D. 247/2010, de 5 de marzo, por el que se modifica el Reglamento del Servicio Jurídico del Estado, aprobado por el R.D. 997/2003, de 25 de julio («B.O.E.» 6 marzo). Artículo 60 redactado por el apartado dieciocho del artículo único del R.D. 247/2010, de 5 de marzo, por el que se modifica el Reglamento del Servicio Jurídico del Estado, aprobado por el R.D. 997/2003, de 25 de julio («B.O.E.» 6 marzo). Número 4 del artículo 61 redactado por el apartado diecinueve del artículo único del R.D. 247/2010, de 5 de marzo, por el que se modifica el Reglamento del Servicio Jurídico del Estado, aprobado por el R.D. 997/2003, de 25 de julio («B.O.E.» 6 marzo). Número 5 del artículo 61 redactado por el apartado diecinueve del artículo único del R.D. 247/2010, de 5 de marzo, por el que se modifica el Reglamento del Servicio Jurídico del Estado, aprobado por el R.D. 997/2003, de 25 de julio («B.O.E.» 6 marzo). Número 2 del artículo 63 redactado por el apartado veinte del artículo único del R.D. 247/2010, de 5 de marzo, por el que se modifica el Reglamento del Servicio Jurídico del Estado, aprobado por el R.D. 997/2003, de 25 de julio («B.O.E.» 6 marzo). Número 3 del artículo 63 redactado por el apartado veinte del artículo único del R.D. 247/2010, de 5 de marzo, por el que se modifica el Reglamento del Servicio Jurídico del Estado, aprobado por el R.D. 997/2003, de 25 de julio («B.O.E.» 6 marzo). Número 3 del artículo 64 redactado por el apartado veintiuno del artículo único del R.D. 247/2010, de 5 de marzo, por el que se modifica el Reglamento del Servicio Jurídico del Estado, aprobado por el R.D. 997/2003, de 25 de julio («B.O.E.» 6 marzo). Número 1 del artículo 70 redactado por el apartado veintidós del artículo único del R.D. 247/2010, de 5 de marzo, por el que se modifica el Reglamento del Servicio Jurídico del Estado, aprobado por el R.D. 997/2003, de 25 de julio («B.O.E.» 6 marzo).
RD 3/2007 de 12 Ene. (modifica el Reglamento del Servicio Jurídico del Estado, aprobado por RD 997/2003 de 25 Jul.)
Número 3 del artículo 8 introducido por el artículo único del R.D. 3/2007, de 12 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Servicio Jurídico del Estado, aprobado por el R.D. 997/2003, de 25 de julio («B.O.E.» 13 enero). Número 4 del artículo 8 introducido por el artículo único del R.D. 3/2007, de 12 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Servicio Jurídico del Estado, aprobado por el R.D. 997/2003, de 25 de julio («B.O.E.» 13 enero). Número 5 del artículo 8 introducido por el artículo único del R.D. 3/2007, de 12 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Servicio Jurídico del Estado, aprobado por el R.D. 997/2003, de 25 de julio («B.O.E.» 13 enero).
R.D. 997/2003, 25 julio, rectificado por Corrección de errores («B.O.E.» 11 noviembre).
La Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas, se promulgó con el objetivo, expresamente enunciado en su exposición de motivos, de dar una eficaz respuesta a la necesidad de instrumentar una asistencia jurídica al Estado acorde con los postulados de una Administración moderna, austera, eficaz y tributaria de un sometimiento pleno a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Para ello la citada ley contiene unas mínimas normas organizativas del Servicio Jurídico del Estado, como instrumento llamado a prestar esa asistencia jurídica, una regulación moderna y plenamente adaptada a la Constitución de las especialidades procesales del Estado y una unificación y clarificación de la normativa existente, remitiéndose el legislador a un ulterior desarrollo reglamentario que necesariamente debe producirse para que la ley alcance toda su virtualidad y eficacia.
Este real decreto se dicta en cumplimiento de este mandato, dirigido al Gobierno por la disposición final primera de la Ley 52/1997, y aborda su desarrollo y ejecución en cuanto se refiere al Servicio Jurídico del Estado.
A otras normas reglamentarias queda la tarea de desarrollar otros aspectos de la ley, como es el caso de lo relativo a la asistencia jurídica de las entidades gestoras y de la Tesorería General de la Seguridad Social, que no constituye la materia que a este real decreto ocupa, según las previsiones de la disposición adicional tercera de la Ley 52/1997, y cuyo propio Reglamento fue aprobado por el Real Decreto 947/2001, de 3 de agosto.
El objetivo perseguido en la elaboración de este reglamento ha sido el de desarrollar la ley modernizando y sistematizando las normas preexistentes, adecuando su contenido a las normas generales vigentes en materia de función pública, organización y procedimiento administrativos y abordando la regulación de todos aquellos aspectos del Servicio Jurídico del Estado necesarios para la plena eficacia de la ley, evitando siempre una repetición superflua de los preceptos ya contenidos en ella.
Sobre estas premisas, el Reglamento del Servicio Jurídico del Estado se articula en torno a tres principios básicos.
En primer lugar, se reafirma el principio de unidad de doctrina como eje conceptual de la Abogacía del Estado, que permanece vigente desde su fundación y le permite actuar como una organización eficaz y cohesionada. A tal fin, el reglamento recoge la fórmula de reunificación orgánica del Servicio Jurídico del Estado que consagra el Real Decreto 1474/2000, de 4 de agosto, de estructura orgánica básica del Ministerio de Justicia.
En segundo lugar, se prevé una reorganización interna de las Abogacías del Estado que les permita cubrir satisfactoriamente el volumen de trabajo que les afecta, con una estructura adecuada, capaz de afrontar selectivamente las tareas a realizar. Para ello se contempla no sólo la creación de unidades horizontales de apoyo, tales como las de informática, documentación jurídica y otras, encargadas de funciones técnicas que, aunque no estén reservadas a los Abogados del Estado, resultan indispensables para el adecuado funcionamiento del Servicio; también se parte de un principio de proporcionalidad entre el esfuerzo y la entidad de los asuntos, de suerte que otros licenciados en Derecho, funcionarios o no, puedan cooperar con los Abogados del Estado en el desarrollo de determinadas actuaciones de apoyo jurídico.
Finalmente, se considera imprescindible que el proceso modernizador adquiera un profundo alcance cualitativo, por lo que se constituye el Servicio Jurídico del Estado en la asesoría jurídica integral del sector público estatal y se posibilita, en una posición de vertebración nacional, la asistencia jurídica a las comunidades autónomas y a las corporaciones locales mediante la suscripción de los oportunos convenios.
La regulación que se establece ofrece una vocación claramente unificadora. Por ello, recoge prácticamente todas las normas específicas y dispersas que, con rango de real decreto, disciplinaban la actuación de los Abogados del Estado. Así, se derogan el Decreto de 27 de julio de 1943, por el que se aprobó el Reglamento Orgánico de la Dirección General de lo Contencioso del Estado y del Cuerpo de Abogados del Estado; el Real Decreto 1425/1980, de 11 de junio, por el que se crea la Abogacía del Estado ante el Tribunal Constitucional; los Reales Decretos 849/1985 y 850/1985, ambos de 5 de junio, de desarrollo del apartado 1.4 de la disposición adicional novena de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la Función Pública, y de organización de los Servicios Jurídicos del Estado; el Real Decreto 2604/1985, de 4 de diciembre, de representación de España ante la Comisión y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y el Real Decreto 685/1993, de 7 de mayo, de asistencia jurídica a Puertos del Estado y Autoridades Portuarias, así como el Real Decreto 1654/1980, de 11 de julio, del Servicio de lo Contencioso del Estado en el Extranjero.
El reglamento se estructura en cinco títulos, que llevan por rúbricas sucesivas «El Servicio Jurídico del Estado: organización y funciones», «Régimen de la función consultiva», «Régimen de la función contenciosa», «La inspección de los servicios de la Abogacía General del Estado» y «Disposiciones relativas al Cuerpo de Abogados del Estado».
El título I, titulado «El Servicio Jurídico del Estado: organización y funciones», se estructura en cuatro capítulos.
El capítulo I configura al Servicio Jurídico del Estado como un complejo orgánico que tiene encomendado el desarrollo de la función de asistencia jurídica, consistente en el asesoramiento y representación y defensa en juicio del Estado y otras instituciones públicas. Dicho complejo orgánico se articula en torno a un centro directivo con rango de subsecretaría, la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado, del que dependen orgánica y funcionalmente no sólo las distintas Abogacías del Estado, sino también todos los puestos de trabajo que, sin constituir propiamente órganos administrativos, estén reservados a los Abogados del Estado.
Se crea el Consejo de Abogados del Estado como órgano consultivo con una doble función: de una parte, informará con carácter no vinculante, cuando el Abogado General del Estado-Director del Servicio Jurídico del Estado así se lo solicite, en las más trascendentes cuestiones de régimen interior; de otra, asistirá al Abogado General del Estado-Director del Servicio Jurídico del Estado, que podrá facultativamente someter a su consideración los asuntos de mayor relevancia o que impliquen modificación en los criterios generales de actuación de las Abogacías y los Abogados del Estado.
El capítulo II, rubricado «El Abogado General del Estado-Director del Servicio Jurídico del Estado», se ocupa de su rango, nombramiento y cese, de los requisitos para acceder al cargo y del régimen de suplencia, y le faculta para asumir personalmente cualquier actuación del Servicio Jurídico del Estado.
El capítulo III, que regula la «Asistencia jurídica a los restantes organismos y entidades públicos, sociedades mercantiles estatales y fundaciones con participación estatal, comunidades autónomas y corporaciones locales», aborda la asistencia jurídica mediante convenio, tanto respecto de personas jurídicas públicas y privadas que se integran en el sector público estatal, como con relación a otras Administraciones territoriales, en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 1.3 y 4 de la Ley de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas y en la disposición adicional quinta de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social.
El capítulo IV, relativo al «Personal de apoyo», pretende resaltar la importancia de la estructura administrativa de las Abogacías del Estado, en cuanto debe permitir una optimización del rendimiento de aquellas unidades, estructura que debe ser desarrollada en la nueva relación de puestos de trabajo de la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado.
El título II contempla el «Régimen de la función consultiva», tanto a cargo de la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado --con carácter de centro superior consultivo, a salvo el Consejo de Estado-- como de las Abogacías del Estado en los departamentos ministeriales (excepto el Ministerio de Defensa) y en la Administración periférica, y regula los órganos que pueden solicitar el informe, el carácter, la forma y el contenido de los informes, así como el momento de su solicitud, y resuelve los posibles casos de informes discrepantes, además del régimen de consultas de las Abogacías del Estado al centro directivo.
El título III, en el que se establece el «Régimen de la función contenciosa», queda estructurado en cuatro capítulos.
El capítulo I contiene las «Disposiciones generales» en la materia, comenzando por el ámbito de la representación y defensa en juicio, en la que se incluyen no sólo al Estado y sus organismos autónomos, sino también a las restantes personas jurídicas públicas o privadas integrantes del sector público estatal. También se incluye la posibilidad de prestar estos servicios a las comunidades autónomas y las corporaciones locales, mediante convenio. Dados sus resultados extraordinariamente positivos, se mantiene la atribución en exclusiva al Servicio Jurídico del Estado de la representación y defensa del Reino de España ante los tribunales, órganos y organismos internacionales en cualesquiera procedimientos jurisdiccionales, arbitrales o extrajudiciales.
El capítulo II, rubricado «Normas especiales sobre actuación procesal de los Abogados del Estado», recoge las diversas especialidades procesales aplicables a la Administración, establece la necesidad de contar con la decisión previa de la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado para el ejercicio de acciones o la disposición de la acción procesal, así como disciplina las consultas en pleitos civiles, la actuación en materia de tasación de costas y ejecución de sentencias, y regula las especialidades derivadas del seguimiento de procesos ante tribunales extranjeros.
El capítulo III se dedica a reglamentar el régimen de representación y defensa de autoridades, funcionarios y empleados públicos. Se parte del principio, ya tradicional, de que los servidores públicos aludidos podrán ser defendidos en juicio por el Servicio Jurídico del Estado siempre que no opten por otra asistencia letrada, las actuaciones obedezcan a hechos o actos en desempeño legítimo de sus cargos o cumpliendo orden de autoridad competente, no exista conflicto de intereses con los del Estado, organismo o entidad correspondiente y así se autorice por la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado. Por el contrario, el ejercicio de acciones en nombre de aquellos servidores públicos debe considerarse una posibilidad excepcional, y exige expresa autorización del Ministro de Justicia, a propuesta razonada del titular del departamento o Presidente o Director General del organismo o entidad pública de quien dependa la persona en cuyo nombre han de ejercerse las acciones, y previo informe del Abogado General del Estado-Director del Servicio Jurídico del Estado. Aquí también se contemplan las especialidades generadas en el supuesto de que la acción se siga ante un tribunal extranjero.
El capítulo IV, bajo la rúbrica «Actuación procesal de la Abogacía del Estado ante el Tribunal Constitucional», disciplina las funciones contenciosas --con exclusión de las consultivas-- de esta Abogacía del Estado, que pasa a integrarse como Subdirección General en la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado. En él se recogen, en términos prácticamente literales, las previsiones normativas del Real Decreto 1425/1980, de 11 de julio, por el que se crea la Abogacía del Estado ante el Tribunal Constitucional.
El título IV lleva por título «La inspección de los servicios de la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado». Su tratamiento sistemático pone de manifiesto la importancia que se atribuye al correcto funcionamiento del Servicio Jurídico del Estado. Así, todos sus órganos y unidades administrativas y los puestos de trabajo reservados a los Abogados del Estado quedan sujetos a un control permanente de calidad, eficiencia y eficacia, que se encomienda a la Inspección de los servicios de la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado.
Dicha función genérica se desdobla en la inspección de funcionamiento interno y la inspección técnico-jurídica; esta última tiene por objeto asegurar la efectividad del principio de unidad de doctrina, tanto en las funciones consultivas como en las contenciosas.
Las funciones de inspección serán desempeñadas, bajo la jefatura del Abogado General del Estado-Director del Servicio Jurídico del Estado por la Subdirección General de Coordinación, Auditoría y de Gestión del Conocimiento, a la que el Reglamento atribuye, además de aquellas funciones, la coordinación de las relaciones entre las Abogacías del Estado que desempeñen funciones consultivas y las Abogacías del Estado que desempeñen funciones contenciosas, la dirección y coordinación de la asistencia jurídica en virtud de convenio, la particular coordinación de las funciones de los Abogados del Estado-Secretarios de los Tribunales Económico-Administrativos y la gestión del conocimiento. Párrafo tercero del apartado VII del Preámbulo redactado por el apartado uno del artículo único del R.D. 1003/2012, de 29 de junio, por el que se modifica el R.D. 997/2003, de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Servicio Jurídico del Estado («B.O.E.» 10 julio).Vigencia: 11 julio 2012
El título V contiene, finalmente, las «Disposiciones relativas al Cuerpo de Abogados del Estado», que regulan aspectos específicos de este colectivo funcionarial tradicionalmente recogidos en las normas reglamentarias que ahora se derogan, y cuya vigencia se mantuvo, no obstante, por las normas generales reguladoras de la función pública estatal, aplicables en lo previsto por aquellas normas específicas.
Estas últimas contemplan la adscripción del Cuerpo de Abogados del Estado al Ministerio de Justicia, el régimen de provisión de los puestos de trabajo adscritos exclusivamente a funcionarios de este cuerpo por razón de las funciones que se les asignan, la habilitación de letrados para actuaciones determinadas en sustitución de los Abogados del Estado o la designación especial de abogados, las funciones inherentes a la jefatura de las Abogacías del Estado, el régimen de suplencias, el expediente personal y el uso de uniforme e insignias.
Un capítulo dedicado al ingreso por oposición como único método de acceso al Cuerpo de Abogados del Estado cierra el título.
En su virtud, a propuesta de los Ministros de Justicia y de Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 25 de julio de 2003,
Artículo único Aprobación del Reglamento del Servicio Jurídico del Estado
Se aprueba el Reglamento del Servicio Jurídico del Estado, cuyo texto se inserta a continuación de este real decreto.
Las referencias hechas en las disposiciones vigentes a los Servicios Jurídicos del Estado y a las Asesorías Jurídicas de los departamentos ministeriales se entenderán en favor de las Abogacías del Estado respectivas.
a) El Decreto de 27 de julio de 1943, por el que se aprueba el Reglamento orgánico de la Dirección General de lo Contencioso del Estado y del Cuerpo de Abogados del Estado.
b) El Real Decreto 849/1985, de 5 de junio, por el que se desarrolla el apartado 1.4 de la disposición adicional novena de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la Función Pública, por el que se crea el Cuerpo Superior de Letrados del Estado.
c) El Real Decreto 850/1985, de 5 de junio, de organización de los Servicios Jurídicos del Estado.
d) El Real Decreto 2604/85, de 4 de diciembre, de Representación de España ante la Comisión y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
e) El Real Decreto 1425/1980, de 11 de julio, por el que se crea la Abogacía del Estado ante el Tribunal Constitucional.
f) El Real Decreto 1414/1994, de 25 de junio, sobre asistencia jurídica a las entidades estatales de derecho público.
g) El Real Decreto 1654/1980, de 11 de julio, regulador del Servicio de lo Contencioso en el Extranjero.
h) El artículo 8.5 a) del Real Decreto 1474/2000, de 4 de agosto.
i) El Real Decreto 685/1993, de 7 de mayo, de asistencia jurídica a Puertos del Estado y Autoridades Portuarias.
j) Cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en este real decreto.
2. Tras la entrada en vigor de este real decreto, mantendrán su vigencia las siguientes disposiciones:
a) Las Reales Órdenes de 5 y 21 de febrero de 1906, por las que se autoriza el uso de insignias a los Abogados del Estado.
b) La Real Orden de 14 de marzo de 1929, por la que se autoriza el uso de uniforme a los Abogados del Estado.
c) La Orden del Ministerio de Hacienda de 30 de diciembre de 1981, por la que se adaptan las insignias del Cuerpo de Abogados del Estado al modelo oficial del Escudo de España, aprobado por el Real Decreto 2964/1981, de 18 de diciembre.
a 25 de julio de 2003.