Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-43323-de-octubre-9-de-2013?documento=jurcol&contexto=jurcol_ec326eb03ae8028ee0430a010151028e&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-09-20 01:31:56
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Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 26', 'artículo 26', 'artículo 26', 'artículo 26', 'artículo 26', 'artículo 26', 'artículo 51', 'artículo 162', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 26']

﻿ Sentencia 43323 de octubre 9 de 2013
SENTENCIA 43323 DE 09 DE OCTUBRE DE 2013
CONTENIDO:FUERO DE SALUD. EN EL CASO ESTUDIADO, SE DETERMINÓ QUE COMO EN EL DICTAMEN NO SE INDICÓ LA FECHA EN QUE SE ESTRUCTURÓ LA DISCAPACIDAD DEL EMPLEADO, NO ES POSIBLE DETERMINAR SI PARA EL MOMENTO DE LA DESVINCULACIÓN, ESTO ES, EL 2 DE MARZO DE 2006, EL DEMANDANTE ERA MERECEDOR DE LA PROTECCIÓN A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE QUE TRATA EL ARTÍCULO 26 DE LA LEY 361 DE 1997, POR CONTAR CON EL PORCENTAJE DE PÉRDIDA QUE SE EXIGE, ES DECIR, UNA LIMITACIÓN SEVERA O PROFUNDA, Y MENOS AÚN, SI EL EMPLEADOR TENÍA CONOCIMIENTO DE ESE HECHO AL MOMENTO DEL DESPIDO.
TEMAS ESPECÍFICOS:CONTRATO DE TRABAJO, RECURSO DE CASACIÓN, PRINCIPIO DE ESTABILIDAD LABORAL, DISCAPACIDAD
Sentencia 43323 de octubre 9 de 2013
Rad.: 43323
Resuelve la Corte el recurso extraordinario de casación interpuesto por el apoderado de Luis Alberto Ariza Madrañero, contra la sentencia del 31 de julio de 2009, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, dentro del proceso ordinario laboral que el recurrente le promovió a la sociedad Monomeros Colombo Venezolano S.A. Empresa Multinacional Andina (Ema).
El demandante solicitó que se declarara “la calidad de disminuido físico a partir del ataque cardíaco que sufrió en junio de 1985 y que tenía dicha calidad al momento de su despido”; que su desvinculación se produjo sin previa autorización del Ministerio de la Protección Social, por lo que carecía de todo efecto jurídico. En consecuencia pretendió que se condenara a la demandada a reintegrarlo al cargo que desempeñaba, o a otro de igual o superior categoría y remuneración, y al pago de los salarios y prestaciones dejadas de percibir sus respectivos reajustes, a pagar las cotizaciones al sistema de seguridad social integral, y a las costas del proceso.
Como fundamento de las pretensiones expuso, que prestó sus servicios personales para la demandada en ejecución de un contrato de trabajo a término indefinido, desde el 28 de abril de 1981 hasta el 2 de marzo de 2006; el cargo desempeñado al momento de su desvinculación era de “profesional mayor I” y su último salario en la modalidad de integral fue de $ 7.260.800; que sufría y sufre de una enfermedad coronaria severa con “fracción de eyección del 24%. Tiene implantado un cardiodesfibrilador por problemas de taquicardias y fibrilación ventricular. Además, tiene desde 1994 dos hernias discales, una cervical y dos lumbares y fue operado de otra en el año 1987. Esta enfermedad se llama discartrosis intervertebral”; que del cuadro clínico que contiene las enfermedades sufridas, tuvo conocimiento la empresa demandada desde el mismo momento de su ocurrencia; que el 2 de marzo de 2006 la empresa demandada lo despidió sin previa autorización del Ministerio de la Protección Social.
La demandada se opuso a las pretensiones, aceptó la prestación de los servicios del actor, sus extremos temporales, el último cargo desempeñado, el salario devengado y la no autorización al Ministerio de la Protección Social para el despido, aduciendo en su defensa, que nunca tuvo conocimiento de la limitación o disminución física del actor. Propuso las excepciones de prescripción, inexistencia de la obligación reclamada y falta de causa para pedir (folios 85 a 88).
El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Descongestión de Barranquilla, por sentencia de 12 de mayo de 2007, condenó a la demandada a reintegrar al actor al cargo que desempeñaba con el pago de los salarios dejados de percibir y los incrementos de ley, al igual que al pago de los aportes al sistema de seguridad social integral. En lo demás absolvió y nada se dijo sobre las costas (folio 173 a 180).
Por apelación de la parte demandada, el ad quem mediante providencia del 31 de julio de 2009, revocó en todas sus partes la que fue objeto de alzada, y en su lugar, absolvió a la demandada de las pretensiones incoadas imponiendo las costas de la primera instancia al actor (folios 56 a 69).
En lo que interesa al recurso, copió el texto del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, precisando, que el contenido de la norma lleva a concluir que quien pretenda beneficiarse de sus prerrogativas, debe demostrar que la desvinculación de que fue objeto se debió a la discapacidad o limitación física que sobrelleva; que a folio 9 del expediente obra la carta en la que se le comunicó al trabajador la terminación del contrato de trabajo y que dicha misiva en parte alguna indica la razón o motivo de la desvinculación, esto es, dedujo no estar claro que el despido haya tenido como fundamento la limitación física del demandante.
De igual forma, después de extractar algunos apartes de los testimonios recibidos a Alejandro Arias Polifroni, Eduardo Navarro Reyes e Ilse Esperanza de Fernández de Castro (folios 115 a 118), y aludir a la historia clínica del actor de folios 11 a 65, así como a la certificación de folio 63 y 64, precisó que conforme a dichos medios de prueba efectivamente desde 1985 el demandante viene padeciendo una enfermedad cardiovascular que requiere control médico y un plan terapéutico dietético y de actividad física; que sin embargo, si tales quebrantos de salud modificaron el ritmo de vida del trabajador, tal como lo señalan los testigos, no está probado cabalmente que haya influido para que la empresa le asignara un cargo diferente ni que su dedicación y ritmo de trabajo en las labores encomendadas haya disminuido; por el contrario, las pruebas evidencian que los problemas cardiacos no eran tan graves para considerarlo como un disminuido físico, al punto de que desde la fecha del primer ataque hasta su desvinculación laboró durante más de 20 años.
Advirtió por último, que la realidad procesal llevaba a considerar que no estaba demostrado que la terminación del contrato de que fue objeto el trabajador, hubiese tenido como causa, los quebrantos de salud que este sufría, destacando que la condición de discapacitado nunca fue acreditada dentro del proceso; finalmente, transcribió apartes de la sentencia de 7 de febrero de 2006, radicación 25130 proferida por esta corporación.
Propuesto por el demandante, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, procede esta corporación a resolverlo.
Pretende que se case totalmente la sentencia del tribunal, y en sede de instancia, se confirme la de primer grado, proveyendo sobre costas como corresponda.
Con fundamento en la causal primera de casación formuló tres cargos que fueron replicados.
Acusó la sentencia impugnada de ser violatoria “por la vía indirecta en la modalidad de interpretación errónea” del artículo 26 de la Ley 361 de 1999.
Adujo que en la anterior violación se incurrió por un error de hecho:
“No dar por demostrado estándolo, que el demandante Luis Alberto Ariza Madrañero para el 2 de marzo de 2006, se encontraba con una enfermedad coronaria severa e 3 vasos. Imagen de trombo intracavitario del ventrículo izquierdo de pared inferior (18-03-2004). Estudio positiva para taquicardia ventricular monomórfica. Trastorno de conducción AV de tipo infrahisiano (13-07-2004) hernia discal L4 L5. (26-05-1994. hernia discal C5 C6 central (20-05-2002)”.
Denunció la falta de apreciación del dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Atlántico del 11 de septiembre de 2007, que determinó una pérdida de capacidad laboral del demandante del 39.71%, visible a folios 123 a 127 del cuaderno del tribunal.
En la demostración del cargo, luego de referirse al contenido del dictamen en el que se le fijó al actor una pérdida de su capacidad laboral del 39,71%, precisó que si bien es cierto el mismo data del 11 de septiembre de 2007, esto es, con posterioridad a la desvinculación del demandante, los exámenes y diagnósticos pertinentes para calificar la discapacidad son anteriores al despido, ya que corresponde al año 2004 y hacia atrás. Que el tribunal de manera equivoca refiere a las pruebas documentales que obran a folios 11 a 65, y dejo de tener en cuenta el mencionado dictamen, del cual resulta claro que las secuelas y patologías anteriores derivadas de la enfermedad cardiovascular y de las hernias de la columna vertebral del demandante, fueron sumando hasta llevar al grado de la discapacidad, deficiencia y minusvalía que allí se certifica.
Denunció la sentencia del tribunal de ser violatoria “por la vía indirecta en la modalidad de falta de aplicación” del artículo 26 de la Ley 361 de 1997.
Precisó el mismo error de hecho que se relacionó en el anterior cargo, y acuso la misma prueba por su no valoración, esto es, el dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Atlántico. Además, los razonamientos que expuso en la acusación precedente, vuelve a reiterarlos en esta, razón por la cual resulta innecesario volver a referenciarlos.
Acusó la providencia impugnada de ser violatoria “por la vía indirecta en la modalidad de falta de aplicación” del artículo 26 de la Ley 361 de 1997.
Señaló como errores evidentes de hecho en que incurrió el tribunal, los siguientes.
“No dar por demostrado estándolo, que la demandada sabía que el señor Ariza Madrañero padecía de una enfermedad cardiovascular severa y de una enfermedad de hernias discales en su columna.
“No dar por demostrado estándolo, que la entidad demandada sabía, a través de sus directivos, que el señor Ariza Madrañero padecía de una enfermedad cardiovascular severa y de una enfermedad de hernias discales en su columna”.
Como pruebas equivocadamente valoradas, denunció la historia clínica, la certificación “del Dr. Alejandro Arias” y los testimonios de “Alejandro Arias Polifroni, Eduardo Navarro Reyes e Ilse Esparragoza”.
Refirió que la historia clínica, las comunicaciones que obran a folios 11, 28, 33 y 35 a 38 y los testimonios, dan cuenta de las dolencias que padecía el trabajador, su evolución y la comunicación a la empresa donde laboraba; que las declaraciones rendidas demostraron sin equívoco que la demandada tenía pleno conocimiento de las enfermedades del actor, y que estas comprometían su capacidad laboral, y que por lo tanto, debió solicitarse la autorización de que trata el artículo 26 de la Ley 361 de 1997.
Objetó el primer cargo por considerarlo desacertado, en cuanto se utilizó una modalidad de violación que no es apropiada a la vía indirecta, pues la correspondiente a dicho ataque es la aplicación indebida; que igual situación se presentó respecto de las otras dos acusaciones, en cuanto se denunció la infracción directa de la norma, que tampoco es apropiada para dicha senda de ataque. Que el dictamen de la juntas calificadora de invalidez no es prueba calificada en casación y, por ende no es acusable.
Sobre el fondo manifestó, que no existe prueba de que al momento del despido el actor padeciera de limitación severa, como tampoco de que se produjera un nexo causal entre las patologías del actor y la decisión de la empresa de desvincularlo, ya que como se aprecia, el dictamen de la junta regional de calificación a que alude el recurrente como no apreciada, fue proferido el 11 de septiembre de 2007, esto es, más de un año después de la ocurrencia del despido; que además, en el mes de junio de 1985, el actor padeció afectaciones de salud, habiendo trabajado con posterioridad y sin ningún problema, por más de 10 años.
Conforme lo autoriza el artículo 51 del Decreto 2651 de 1991, adoptado como legislación permanente por el artículo 162 de la Ley 446 de 1998, se estudian conjuntamente los tres cargos, por cuanto están dirigidos por la misma vía aun cuando bajo modalidades de violación diferentes, comparten una misma proposición jurídica, y existe identidad tanto en los razonamientos expuestos como en el fin perseguido.
Tal y como lo advierte el opositor en su escrito de réplica, varias son las irregularidades técnicas en que incurre el censor en los tres cargos propuestos, los cuales comprometen el estudio a fondo del ataque, en la medida en que desconocen las mínimas reglas que gobiernan el recurso extraordinario de casación.
En efecto, la interpretación errónea de la ley es una modalidad exclusiva de la vía directa, al paso que el denominado en casación laboral error fáctico, está reservado a la vía de los hechos, es decir, a la vía indirecta. Así las cosas, dicha modalidad de violación exige absoluta conformidad con la valoración probatoria realizada por el sentenciador, por lo que no es viable sustentar el primero de los cargos formulados en supuestos yerros de hecho, en tanto que son ajenos al referido sub motivo de violación a la ley que excluye cualquier análisis probatorio.
De otro lado, el impugnante le atribuye al tribunal la comisión de errores de hecho, como consecuencia de la falta de valoración del dictamen de la junta regional de calificación de invalidez que obra entre folios 123 a 127, pese a que tal medio de convicción no es prueba calificada para fundar cargo en casación toda vez que tiene naturaleza de dictamen pericial, como lo precisó la Corte en sentencia del 21 de abril de 2009, radicación 31196, que reiteró la del 5 de agosto de 2004, radicación 22384, al indicar:
“(...) Lo anterior es suficiente para desestimar el cargo, mas sin embargo no sobra agregar que también le imprime la improsperidad al ataque por cuanto los documentos que se acusan como erróneamente apreciados en últimas hacen parte integrante de un único medio probatorio cual es el dictamen de la junta calificadora de invalidez, que en casación no es prueba calificada que sirva para estructurar un dislate fáctico conforme al artículo 7º de la Ley 16 de 1969, lo que no permitiría su análisis por la vía indirecta. Sobre este puntual tema la Corte tuvo la oportunidad de pronunciarse y en un caso similar en sentencia del 25 de agosto de 2003 radicado 20658 puntualizó:
“(...) El juez colegiado, precisó que de acuerdo con la Ley 100 de 1993 y el Decreto 303 de 1995, solo tienen competencia para determinar el estado de invalidez las juntas calificadoras, regional y nacional, por ello desechó el dictamen médico practicado por el propio ISS al demandante. Entonces aludió a los dictámenes emanados de la Junta Regional de Nariño: el de folio 119 – 121 indicativo de que el estado de invalidez del actor se estructuró en junio 22 de 1996 y el otro emitido a solicitud del ISS, obrante a folio 231 que señala que ello ocurrió el 22 de junio de 1995.
“De otro lado y conforme a la sustentación del cargo resulta claro que la acusación esta cimentada sobre la supuesta falta de valoración de un dictamen y la apreciación errónea de otro, prueba esta que conforme al artículo 7 de la ley 16 de 1969 no es hábil en el recurso extraordinario de casación Laboral, lo cual impide a la Sala su análisis.
Pues bien, de acuerdo a la disposición legal en cita, solo los documentos auténticos, la confesión judicial y la inspección judicial son pruebas susceptibles de generar un desacierto fáctico que pueda llevar al quebrantamiento de la sentencia acusada.
“(...) Y si bien se ha admitido el examen de medios probatorios distintos no calificados en la casación del trabajo, ello opera una vez establecido el error ostensible, con fundamento en aquellas pruebas hábiles; sobre este particular en sentencia de febrero 17 de 1999 expediente 11364 se precisó:
“(...) La prueba no calificada para el recurso de casación solo puede ser examinada por la Corte cuando a través de prueba apta (inspección ocular, documento auténtico, confesión judicial), se demuestra el error de hecho manifiesto en la sentencia, así el documento declarativo proveniente de tercero se debe apreciar en esta forma (...)”.
Por su parte, el tribunal al adoptar la decisión mediante la cual absolvió a la demandada de las pretensiones, tuvo en cuenta la carta de terminación del contrato de trabajo (folio 9), los testimonios recibidos a Alejandro Arias Polifroni, Eduardo Navarro Reyes e Ilse Esperanza de Fernández de Castro (folios 115 a 118), la historia clínica del actor (folios 11 a 65), y la certificación de folio 63 y 64, algunos de los cuales no fueron denunciados por el censor en ninguno de los tres cargos propuestos, no obstante la obligación que en ese sentido tenía.
Lo advertido, por cuanto es criterio reiterado de la Sala, que corresponde al recurrente destruir todos los soportes sobre los cuales se edificó la providencia impugnada so pena de que permanezca incólume soportada sobre las pruebas o argumentos que no se controviertan.
Conforme a lo anterior, como no se acusaron todos los medios de prueba con los cuales el ad quem formó libremente su convencimiento sobre la cuestión litigiosa, a pesar de ser su obligación socavar los argumentos de la decisión, se impone concluir que la acusación debe desestimarse.
Y aun, si se dispensaran las falencias técnicas ya destacadas, el solo dictamen emitido por la Junta Regional de Calificación de invalidez – Regional Atlántico, y que acusa el impugnante por su falta de valoración, no es suficiente para contrariar la inferencia del Tribunal, en la medida en que dicho medio de convicción solo acredita el porcentaje de pérdida de la capacidad laboral que se le determinó al demandante, llevado a cabo el 11 de septiembre de 2007, esto es, después de 1 año y 6 meses de haber terminado el contrato de trabajo.
Así mismo, como en el referido dictamen no se indicó la fecha en que se estructuró esa discapacidad, no es posible determinar si para el momento de la desvinculación, esto es, el 2 de marzo de 2006, el demandante era merecedor de la protección a la estabilidad laboral reforzada de que trata el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, por contar con el porcentaje de pérdida que se exige, esto es, una limitación severa o profunda, y menos aún, si la demandada tenía conocimiento de ese hecho al momento del despido.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 31 de julio de 2009, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, en el proceso ordinario promovido por Luis Alberto Ariza Madrañero contra la sociedad Monómeros Colombo Venezolano S.A Empresa Multinacional Andina (EMA).