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Timestamp: 2020-07-15 17:41:30
Document Index: 110091654

Matched Legal Cases: ['artículo 24', 'artículo 10', 'artículo 69', 'artículo 61', 'artículo 17', 'artículo 7', 'artículo 120', 'artículo 2', 'artículo 167', 'artículo 168', 'artículo 255', 'artículo 17', 'Artículo 120', 'Artículo 120', 'Artículo 17', 'artículo 3', 'artículo 6', 'artículo 75', 'artículo 75', 'artículo 31', 'artículo 213', 'artículo 16', 'artículo 72', 'artículo 45', 'artículo 72', 'artículo 75', 'artículo 58', 'artículo 265', 'Artículo 69']

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Inicio Exámenes opositores TEST ayudante de Instituciones Penitenciarias (Sin respuestas)
1.- El Tribunal Constitucional, con relación al derecho a la tutela judicial electiva proclamado en el artículo 24.1 de la Constitución española, ha ido perfilando qué debe entenderse por tutela efectiva de Jueces y Tribunales. Dentro de tal doctrina, uno de los siguientes no puede considerarse como motivo de indefensión:
a) El incumplimiento de las normas reguladoras dejos actos de comunicación procesal.
b) La incongruencia procesal.
c) La atribución indebida de un asunto a una jurisdicción especial.
d) La imposibilidad de acceso al proceso ya los recursos.
a) La declaración del estado dc excepción y su finalización corresponde siempre al Congreso de los Diputados.
b) La declaración del estado de excepción corresponde al Congreso de los Diputados y su prórroga y finalización anticipada al Gobierno.
c) La declaración del estado de excepción corresponde al Gobierno, debiendo autorizar su prórroga, en caso necesario, el Congreso de los Diputados.
d) La declaración del estado de excepción corresponde al Gobierno, previa autorización del Congreso de los Diputados, que también debe autorizar, en su caso, su finalización anticipada.
a) Si, pero se requiere informe, preceptivo y vinculante, del órgano administrativo que la concedió.
b) No, sólo podría revocaría el órgano que la concedió.
c) Si, por causas justificadas.
d) Sí, pero sólo en el supuesto en que exista un informe médico que ampare la decisión.
a) Interior, Hacienda y Administraciones Públicas.
b) Interior, Economía y Presidencia.
c) Interior, Hacienda y Presidencia.
d) Interior, Defensa y Administraciones Públicas.
b) Obras de prospección y corrección del impacto medioambiental.
6.- La Constitución española de 1.978 garantiza la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos en:
a) El Capítulo 1 del Título 1.
b) El artículo 10, correspondiente al Título 1.
c) El Titulo Preliminar.
a) La administración y gestión del personal que preste servicios en los centros y servicios dependientes de la Dirección General.
b) Diseñar, impulsar, coordinar, evaluar y efectuar el seguimiento de programas de prevención de las drogodependencias y de asistencia y reinserción de los drogodependientes.
c) La vigilancia e investigación de las conductas de los funcionarios, contrarias a la ética profesional.
b) El Subdirector General de Personal de Instituciones Penitenciarias.
c) El Subsecretario del Departamento.
d) El Administrador Habilitado del Centro Penitenciario
a) La voluntariedad de su ejercicio.
b) La discrecionalidad en su otorgamiento.
c) La igualdad en su contenido.
d) La progresividad en su integración.
10.-Los funcionarios del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias en situación de incapacidad temporal por accidente de trabajo, sin hijos a su cargo, desde el cuarto mes de licencia, percibirán los siguientes derechos económicos:
a) Los previstos en el artículo 69 del testo articulado dc la Ley de Funcionarios Civiles del Estado.
b) El ochenta por ciento de las retribuciones básicas y complementarias.
c) Las retribuciones complementarias totales y el setenta y cinco por retribuciones básicas devengadas en el primer mes de licencia.
d) Las retribuciones básicas y un subsidio por incapacidad temporal cuya cuantía debe ser determinada en cada caso.
11.- El artículo 61.2 del Texto refundido de la Ley General Presupuestaria, establece que podrán adquirirse compromisos de gastos que hayan de extenderse a ejercicios posteriores a aquél en que se autorice siempre que se encuentren en alguno de los casos que en el propio precepto se enumeran. Uno de los siguientes no está contemplado entre éstos:
a) Cargas financieras de las Deudas del Estado y de sus Organismos autónomos.
b) Inversiones y transferencias de capital.
c) Pasivos financieros.
d) Transferencias corrientes derivadas de normas con rango de Ley.
a) Deberá ser declarado en situación de servicios especiales.
b) Deberá acordarse su comisión de servicios.
c) Se le deberá declarar, previa solicitud del interesado, en excedencia voluntaria por servicios en el sector público.
d) No puede participar de ningún modo en ese tipo de programas o misiones si el periodo no es superior a seis meses.
b) Sólo en los contratos de primer establecimiento, reforma o gran reparación.
c) Si, salvo que resulte incompatible con la naturaleza de la obra.
d) Sólo en los contratos de concesión de obra pública.
14.- El procedimiento de babeas corpus, recogido en el artículo 17.4 de la Constitución española de 1.978:
a) Trata de proteger la inviolabilidad del domicilio como derecho fundamental.
b) Regula la forma en que puede practicarse una detención por particulares.
c) Produce la inmediata puesta de disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente
d) Establece mecanismos para señalar el plazo máximo de duración de las penas privativas de libertad.
a) El Documento RC dc ejercicio corriente.
b) El Documento especifico RC-102.
c) El Documento RC de ejercicios posteriores.
d) El Documento O.
16.- Es un deber del voluntario, según el artículo 7 de la Ley 6/1996, seis de enero:
a) Guardar, en todo momento, confidencialidad de la información recibida y conocida en el desarrollo de su actividad voluntaria.
c) Rechazar ser reembolsado por los gastos realizados en el desempeño de sus actividades.
d) Realizar otras actividades distintas a los compromisos adquiridos con la organización en la que se integre, siempre que sean necesarias para el cumplimiento de 105 objetivos marcados.
17.- Según lo determinado en su Exposición de Motivos, el objeto de la Ley 4/1.999, de 13 de enero, se circunscribe a modificar los aspectos más problemáticos de la Ley 30/1.992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según la opinión de la doctrina y de los aplicadores del derecho. Señale cuál de los siguientes aspectos no ha sido objeto de reforma:
a) La regulación del silencio administrativo.
b) La incorporación de medios técnicos.
c) La responsabilidad patrimonial.
d) La regulación de la suspensión del acto administrativo.
18.- Los plazos establecidos en el Texto refundido de la Administraciones Públicas se entenderán:
a) Que son de días hábiles, si no se indica otra cosa
b) No existen previsiones especificas sobre el cómputo de plazos
c) Que son de días naturales, si no se indica otra cosa
19.- El plazo de rendición de cuentas para las cantidades libradas con el carácter de “pagos de justificar” será de:
Ley de Contratos de las
a) De un mes y, excepcionalmente, de tres meses, sin posibilidad de ampliación.
b) De tres meses, con ciertas excepciones en las que se admite la rendición en seis meses sin otra posibilidad de ampliación.
c) De tres meses, con ciertas excepciones en las que se admite la rendición en nueve meses, si bien estos plazos podrán ser excepcionalmente ampliados a seis y dieciocho meses.
d) De tres meses, con ciertas excepciones en las que se admite la rendición en seis meses, si bien estos plazos podrán ser excepcionalmente ampliados a seis y doce meses.
a) Anulable, porque se ha incurrido en una infracción del ordenamiento jurídico.
b) Que, no obstante su obvia anulabilidad, puede ser convalidado por el órgano competente para el nombramiento de puestos de libre designación.
c) Nulo de pleno derecho.
d) Anulable, porque se ha incurrido en desviación de poder.
21.- Los trabajadores de Instituciones Penitenciarías incluidos en el ámbito de aplicación del Convenio Único para el personal laboral de la Administración del Estado, no tendrán derecho a la suspensión di’ contrato con reserva del puesto (le trabajo y cómputo del tiempo a efectos de antigüedad en uno de los siguientes supuestos:
a) Por el cumplimiento de la prestación social.
b) Por el tiempo dc privación de libertad, mientras no exista sentencia condenatoria firme.
c) Por nombramiento para alto cargo de un Ayuntamiento.
d) Por estudios en el extranjero por tiempo no superior a tres meses.
a) Tres días desde la notificación del acuerdo de comisión de servicios.
b) Un mes desde la notificación del acuerdo de comisión de servicios.
c) Treinta días desde la notificación del acuerdo de comisión de servicios.
d) Quince días desde la notificación del acuerdo de comisión de servicios.
23.- Dentro de la estructura retribuida de los funcionarios, el complemento de productividad está destinado a retribuir, entre otras circunstancias, sólo una de las siguientes:
a) El especial rendimiento.
c) Las condiciones particulares de dedicación.
d) La realización de servicios extraordinarios.
24.- Con relación a la Constitución española de 1.978, indique cual de afirmaciones es falsa:
a) El Capítulo I del Titulo! trata “De los españoles y los extranjeros”.
b) El Capitulo III del Título VIII traía “De las Comunidades Autónomas”.
c) El Capitulo IV del Titulo III trata “De las relaciones entre el Gobierno y Generales”.
d) El Capítulo II del Titulo!!! trata “De la elaboración de las leyes”
25.- La Ley 30/1.992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su articulo 42.4, establece como obligación de aquéllas informar a los interesados del plazo máximo normativamente establecido para la resolución y notificación de los procedimientos, así como de los efectos que pueda producir el silencio administrativo, incluyendo dicha mención en la notificación o publicación del acuerdo de iniciación de oficio o en comunicación que se les dirigirá al efecto dentro:
a) De los quince días siguientes a la recepción de la solicitud en el registro del órgano competente para resolver.
b) De los diez días siguientes a la recepción de la solicitud en el registro del órgano competente para resolver.
c) De los treinta días siguientes a la recepción de la solicitud en el registro del órgano competente para resolver.
d) Del plazo más breve posible.
a) Establecer el programa político del Gobierno, determinar las directrices de la política interior y exterior y velar por su cumplimiento.
b) Acordar la negociación y firma de Tratados internacionales, así como su aplicación provisional
c) Refrendar, en su caso, los actos del Rey en materia de su competencia.
d) Resolver los conflictos de atribuciones que puedan surgir entre los diferentes Ministerios.
a) Francia, Alemania. Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Italia e Inglaterra en Bruselas el 8 de abril de 1965.
b) Francia, Alemania Holanda, Bélgica, Luxemburgo e Inglaterra en París el 18 de abril de 1951.
c) Francia, Alemania, Italia, Bélgica y Luxemburgo en Roma el 25 de marzo de 1957.
d) Los mismos países que habían firmado el Tratado constitutivo de la CECA.
28.- No está incluido en el ámbito de aplicación de Convenio Colectivo Único para el personal laboral de la Administración del Estado, una de las siguientes categorías laborales que prestan servicio en la Administración Penitenciaria;
a) Técnico Especialista en Jardín dc Infancia.
b) Peón Especialista.
c) Farmacéutico.
a) Los internos penados en los Establecimientos Penitenciarios en asuntos que sean competencia del Juez de Vigilancia Penitenciaria.
b) Los internos extranjeros pendientes de expulsión.
c) Las autoridades administrativas en asuntos de su competencia.
d) Los funcionarios de carrera de las Administraciones autonómicas.
a) Dirección General de la Policía, Dirección General de la Guardia Civil, Dirección General de Instituciones Penitenciarias y Dirección General de Administración de la Seguridad.
b) Dirección General de la Policía, Dirección General de la Guardia Civil y Dirección General de Instituciones Penitenciarias.
c) Dirección General de la Policía, Dirección General de la Guardia Civil, Dirección General de la Administración de la Seguridad y la Subsecretaria de Interior.
d) Dirección General de la Policía, Dirección General de la Guardia Civil y Dirección General de Infraestructuras y Material de la Seguridad.
31.- Los conflictos que surjan entre los voluntarios y las organizaciones a las que pertenezcan en el ejercicio de las actividades propias del voluntariado se dirimirán;
a) Siempre por el órgano de la jurisdicción social que resulte competente, de acuerdo con el procedimiento especial establecido en la legislación laboral.
b) Siempre en un acto de conciliación, sin ulterior trámite.
c) Por la jurisdicción competente, de conformidad con lo establecido por las normas procesales.
d) No están previstas normas para la resolución de conflictos entre 105 voluntarios y las organizaciones en que se integran.
a) Pueden ser empleados sin más.
b) No pueden ser aplicados si no está previsto expresamente en la regulación concreta del procedimiento en que vayan a ser empleados.
c) Habrán de ser previamente aprobados por el órgano competente, quien deberá difundir públicamente sus características.
d) Deben ser previamente homologados por la Unión Europea.
33.- Con relación a los actos administrativos, se hace referencia a la “transmisibilidad” cuando:
a) La nulidad o anulabilidad de un acto no implica que produzca los efectos de otro distinto siempre que contenga los elementos constitutivos de éste.
b) La nulidad o anulabilidad de un acto no implica la de los sucesivos en el procedimiento que sean independientes dc aquél.
c) Se produce la convalidación del acto.
d) Se conservan aquéllos actos y trámites del procedimiento cuyo contenido se hubiese mantenido igual de no haberse cometido la infracción.
a) Ordinarios o urgentes.
b) Ordinarios, preferentes o urgentes.
c) Ordinarios, urgentes y de emergencia.
d) Ordinarios y de emergencia.
b) Discrecionalidad en el ejercicio de la función.
c) Unidad de actuación.
a) La Secretaría de Estado para la Administración Pública.
b) El Ministerio al que estén adscritos los puestos a cubrir
c) La Subsecretaría del Departamento ministerial al que estén adscritos los puestos a cubrir.
d) La Subdirección General u Órgano encargado de la gestión de personal de la Dirección General al que estén adscritos los puestos a cubrir.
a) En todo caso, a fin de que asuman formalmente la defensa del funcionario.
b) En todo caso, a fin de que gestionen la baja provisional como Delegado sindical, Delegado de personal o cargo electivo.
c) En todo caso, a fin de que puedan ser oídos durante la tramitación del procedimiento.
d) Sólo si el funcionario lo solicita expresamente al Instructor del expediente.
38.- Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 120.1 de la Constitución, las actuaciones judiciales, ¿deben ser públicas?:
a) Siempre, en todo caso y circunstancia.
b) Deben serlo, con las excepciones previstas en las leyes de procedimiento.
d) No, excepcionalmente sólo serán públicas cuando lo autorice el Presidente del Tribunal o el Juez correspondiente.
39.- Conforme a lo establecido en el Texto refundido de la Ley General Presupuestaria y con relación a los Organismos cuyas operaciones son preponderantemente de carácter comercial, industrial, financiero o análogo, el ejercicio presupuestario coincidirá con el año natural, sin perjuicio de los ajustes necesarios cuando las operaciones a realizar por el Organismo autónomo estén vinculadas a un ciclo productivo distinto, que no podrá ser superior a:
a) Dieciocho meses.
b) Veinticuatro meses
c) Doce meses.
d) Nueve meses.
a) Real Decreto 30/1986, de 2 de agosto.
b) Real Decreto 161/1986, de 25 de abril.
c) Real Decreto 33/1986, de l0 de enero.
d) Real Decreto 97/1986, de 10 de enero.
a) A los tres años de adquirir firmeza la resolución por la que se impuso la que se quebrantase el cumplimiento de la sanción si hubiera comenzado.
b) A los dos años de adquirir firmeza la resolución por la que se impuso la que se quebrantase el cumplimiento de la sanción si hubiera comenzado.
c) A los cuatro años de adquirir firmeza la resolución por la que se impuso la que se quebrantase el cumplimiento de la sanción si hubiera comenzado.
d) A los seis años de adquirir firmeza la resolución por la que se impuso la que se quebrantase el cumplimiento de la sanción si hubiera comenzado.
a) Por el Presidente del Gobierno, a propuesta del Ministro de Justicia, oído el Consejo General del Poder Judicial.
b) A propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder judicial.
c) Por el Presidente del Consejo General del Poder Judicial, a propuesta del Gobierno, oído el informe de la Comisión de Justicia e Interior del Congreso de los Diputados.
d) A propuesta del Presidente del Gobierno, oído el Consejo Fiscal.
43.- La facultad de proveer todos los puestos de libre designación en el ámbito de la Dirección General de Instituciones penitenciarias, corresponde:
a) Al Subsecretario del Ministerio del Interior.
b) Al Director General de Instituciones Penitenciarias.
d) A la Subdirección General de Personal e Inspección del Ministerio del Interior
a) Que, además de solidarias, se lleven a cabo sin recibir contraprestación económica de ningún tipo por los gastos que el desempeño de la actividad voluntaria ocasione.
b) Que tengan su causa en una obligación personal o deber jurídico.
d) Que se traten de actuaciones voluntarias aisladas, esporádicas o prestadas al margen de organizaciones públicas o privadas sin ánimo de lucro, ejecutadas por razones familiares, de amistad o buena vecindad.
45.- Con respecto a la eficacia de los actos administrativos, según lo dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el órgano a quien competa resolver el recurso interpuesto contra un acto administrativo podrá suspender a solicitud del recurrente la ejecución del acto impugnado cuando concurran determinadas circunstancias. El silencio administrativo sobre tal solicitud, ¿cuándo se producirá?, ¿qué efecto tendrá?:
a) Transcurrido un mes desde la entrada de la solicitud en el registro del órgano competente y tendrá efecto positivo o favorable.
b) Transcurridos treinta días desde la entrada de la solicitud en el registro del órgano competente y tendrá efecto negativo o desfavorable.
c) Transcurrido un mes desde la entrada de la solicitud en el registro del órgano competente y tendrá efecto negativo o desfavorable.
d) Transcurridos treinta días desde la entrada de la solicitud en el registro del órgano competente y tendrá efecto positivo o favorable.
46.- Con relación al artículo 2 de la Constitución española, uno de los siguientes no es un principio fundamental establecido en el mismo:
a) La unidad de la nación española.
b) El derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones.
c) La diferenciación entre regiones.
d) La solidaridad entre todas las nacionalidades y regiones.
a) El abandono de servicio.
b) La falta de asistencia injustificada dc un día.
c) La tercera falta injustificada de asistencia en un período de tres meses, cuando las dos anteriores hubieren sido objeto de sanción por falta leve.
d) La tercera falta injustificada de asistencia en un periodo de tres meses, siempre que entre las tres faltas se haya acumulado un incumplimiento de jornada de 10 horas.
048.- ¿Cuántas reformas ha sufrido la Constitución española de 1.978 desde su entrada en de conformidad con lo establecido en el artículo 167 del propio texto?:
a) Ninguna en base al artículo indicado pero una de conformidad con lo establecido en el artículo 168.
a) Concurso, oposición y libre designación.
b) Concurso, oposición y concurso-oposición libre.
c) Concurso y adscripción provisional.
d) Concurso y libre designación.
a) El Ministerio de Economía y Hacienda, oída la Dirección General de la Función Pública
b) El Ministerio u Organismo afectado o, conjuntamente, por los Ministerios para las Administraciones Públicas y Economía y Hacienda.
c) El Ministerio de Economía y Hacienda, con informe favorable del Secretario de Estado para la Administración Pública, previa negociación con las Organizaciones Sindicales en los términos establecidos en la Ley 9/1987, de 12 de junio, de Órganos de representación, determinación de las condiciones de trabajo y participación del personal al servicio de las Administraciones públicas.
d) Secretario de Estado para la Administración Pública con informe favorable del Ministerio de Economía y Hacienda, previa negociación con las Organizaciones Sindicales en los términos establecidos en la Ley 9/1987, de 12 de junio, de Órganos de representación, determinación de las condiciones de trabajo y participación del personal al servicio de las Administraciones públicas.
a) Está contemplado en el Capítulo-VI.
b) No está contemplado en el Titulo indicado, sino en el posterior que trata de los Delitos contra la Administración de Justicia.
c) Ha dejado de estar penado recientemente.
d) Está contemplado en el Capítulo-IV.
52.- En el desarrollo histórico de la pena privativa de libertad los nombres de Walter Crofton y Alexander Maconoehie están vinculados al sistema de cumplimiento de la pena privativa de libertad denominado:
a) Sistema filadélfico
b) Sistema de Elmira.
d) Sistema de individualización científica.
53.- El que solicitare favores de naturaleza sexual, para si o para un tercero1 en el ámbito de una relación laboral, docente o de prestación de servicios, continuada o habitual, y con tal comportamiento provocare a la víctima una situación objetiva y gravemente intimidatoria, hostil o humillante, comete un delito de:
a) Coacción sexual.
a) Multa de tres a ocho meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años
b) Inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años.
c) Multa de tres a ocho meses.
d) Suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años y multa de ocho meses a tres años.
a) Prisión dedos a cuatro años si el atentado no fuera grave e inhabilitación absoluta de ocho a doce años
b) Prisión de dos a seis años si el atentado fuera grave e inhabilitación absoluta de ocho a doce años
c) Prisión de uno a tres años si el atentado fuera grave e inhabilitación absoluta de ocho a doce años
d) Prisión de dos a seis años si el atentado no fuera grave e inhabilitación absoluta de ocho a doce años.
56.- Los que, con animo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar el acto de disposición en perjuicio propio o ajeno, cometen delito de;
b) Extorsión
d) Apropiación indebida
57.- A la autoridad o funcionario público que abandonare su destino Con el propósito de impedir y perseguir cualquiera de los delitos comprendidos en los Títulos XXI, XXII, XXIII y XXIV del Código Penal:
a) Se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tino a tres años
b) Se la castigará con la pena de prisión de uno a cuatro años e inhabilitación absoluta para empleo o cargo público por tiempo de seis a dieciocho meses.
c) No se le puede imponer pena alguna.
d) Se le impondrá la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años y multa de ocho a doce meses.
a) Súplica y queja.
b) Reforma y queja.
c) Casación, reforma y apelación.
d) Reforma, apelación y queja.
c) 6 años y 1 día.
d) 4 años, 2 meses y 1 día.
60.- Dentro del desarrollo histórico de la pena privativa de libertad encontramos, como sistema de cumplimiento de las penas privativas de libertad, el denominado auburniano (1.821); una de los siguientes no es una característica del mismo:
a) Aislamiento nocturno.
c) Sentencia indeterminada.
d) Trabajo en común durante el día.
61.- Independientemente del delito cometido por el sujeto activo, autoridad o funcionario, la información obtenida bajo tortura, ¿surtirá efecto como prueba de la comisión de un delito de asesinato del que, a su vez, se acusa como autor al sujeto pasivo?.
a) Si, al tratarse de un delito grave contra las personas.
b) No, de ningún modo.
c) Depende de lo que decida, en la libre valoración de la prueba, el Juez o Tribunal, ya que nada dice al respecto cl ordenamiento jurídico.
d) Con los elementos de juicio ofrecidos en la pregunta no puede darse una respuesta terminante.
c) Cuando favorezca al reo salvo que al entrar en vigor hubiere recaído sentencia firme y el sujeto estuviese cumpliendo condena.
d) Siempre que favorezca al reo.
a) El juez que hubiere dictado la resolución impugnada.
b) El juez que fije el juzgado decano, que es siempre ante quién se interponen este tipo de recursos.
c) El Tribunal Superior competente.
d) El recurso de reforma es un recurso administrativo y, en consecuencia, no lo conoce ningún juez, sino la autoridad administrativa competente.
a) Los delitos de agresión sexual pueden cometerse en comisión por omisión, sólo cuando lo prevea expresamente la ley.
b) Nunca pueden cometerse los delitos de agresión sexual por comisión por omisión porque faltaría el concepto mismo de acción.
c) Si existe una persona garante, los delitos de agresión sexual pueden cometerse por comisión por omisión.
d) En los delitos de agresión sexual siempre es necesaria la presencia de dolo.
a) Sí, excepcionalmente, pues se trata de una sentencia dictada en única instancia.
b) No, únicamente puede interponerse recurso de apelación.
c) No, puesto que no procede respecto de las sentencias pronunciadas por el Tribunal Supremo.
d) Si, toda vez que, cuando se ha llegado a esta fase del proceso, ya se ha obtenido autorización ante cl Congreso o el Senado, según se trate de un diputado o un senador.
a) De los delitos contra la seguridad colectiva.
b) De los delitos contra la Administración Pública.
c) De los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico.
d) De las falsedades.
67.- En el artículo 255 del Código Penal la pena contemplada para el delito de defraudación es la siguiente:
b) Multa de seis a doce meses.
c) Multa de tres a doce meses.
d) Prisión de seis meses a cuatro años.
68.- A tenor de lo establecido en el artículo 17 del Código Penal, cuando dos o mas personas se conciertan para la ejecución de un delito y resuelven ejecutarlo estamos ante…
a) La proposición para delinquir.
b) La provocación para delinquir.
c) Actos preparatorios para la ejecución del delito, punibles en todo caso.
d) La conspiración para delinquir
a) Se encuentra exento de responsabilidad criminal siempre
b) Se encuentra exento de responsabilidad criminal siempre que hubiere buscado esa situación para cometer el delito
c) Será responsable criminal de su acción siempre que hubiere buscado esa situación para cometer la infracción penal.
d) Será responsable criminal de su acción siempre que no hubiere buscado esa situación para cometer la infracción penal.
a) Esta rama del Derecho no es autónoma con respecto al Derecho Administrativo.
b) Al mismo sólo le corresponde una función valorativa.
c) Esta rama del Derecho no es autónoma con respecto al Derecho Procesal.
d) Al mismo sólo le corresponde una función sancionadora.
71.- El principio de no entrega del nacional forma parte de las limitaciones a la extradición:
a) Por razón del principio de territorialidad.
b) Por razón de la índole de los delitos.
c) Por razón de las penas.
d) Por razón de la índole del delincuente.
72.- Será Tribunal competente para conocer del recurso de apelación, contra un auto de un Juez de Instrucción:
b) El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma en cuyo territorio encuentre el Juzgado que dictó la resolución recurrida.
c) El tribunal a quién correspondiere el conocimiento de la causa en juicio oral.
d) El Tribunal que designe la Sala de Gobierno de la Audiencia Provincial donde se encuentra ubicado el Juzgado.
a) No se le podría imponer pena alguna porque no incurre en responsabilidad criminal, según lo establecido en el articulo 410.2 del Código Penal.
b) Se le impondría la pena de multa de doce a veinticuatro meses, e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años.
c) Se le impondría la pena de multa de tres a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años.
d) Se le impondría la pena de multa de tres a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años.
c) Graves y menos graves
d) Muy graves, graves, menos graves y leves
75.- El que, con ánimo de lucro, obligare a otro, con violencia o intimidación a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o del de un tercero, comete un delito de:
b) Robo con violencia o intimidación
c) Usurpación
d) Hurto con violencia
76.- EI tiempo máximo de cumplimiento efectivo de la pena dc prisión en el actual Código Penales de:
a) de libertad intermediaría.
b) de libertad condicional
c) de libertad restringida
d) de circulación libre.
78.- En los supuestos de violaciones de los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional, cometidos a través de actos jurídicos o simple vía de hecho por las autoridades o funcionarios, una vez agotada la vía judicial procedente, ¿quiénes están legitimados para interponer el recurso de amparo constitucional:
a) Únicamente el Defensor del Pueblo.
b) Los que hayan sido parte en el proceso judicial correspondiente, el Defensor del Pueblo y el Ministerio fiscal
c) De oficio por los Jueces o Tribunales que hayan dictado las resoluciones procedentes, una vez agotada la vía judicial, siempre que las partes o el Ministerio Fiscal, lo soliciten.
d) La persona o personas afectadas, previo dictamen favorable del Defensor del Pueblo.
a) Prisión de quince a veinte años.
b) Prisión de diez a quince años.
c) Prisión de cinco a diez años.
d) Prisión de diez a veinte años.
80.- El denominado principio de celeridad en los procedimientos ante los jueces y tribunales se recoge en el
a) Artículo 120.2 de la Constitución.
b) Artículo 120.3 de la Constitución.
c) Articulo 24.2 de la Constitución.
d) Artículo 17.2 de la Constitución.
a) Total o parcial y libre.
b) Libertad provisional y parcial.
c) Total o provisional
d) Libertad provisional, total o parcial.
82.- Una vez recaída sentencia definitiva y recurrida ésta, el límite máximo de la prisión provisional se prolongará:
a) Hasta el límite de la mitad de la pena impuesta en la sentencia recurrida.
b) En ningún caso se prolongará la situación de prisión provisional más allá desde que se dicte sentencia, sea cual fuere la cuantía de la pena impuesta.
c) No se establecen nuevos límites por el hecho de haber recurrido sentencia definitiva, ya que prevalece el principio de presunción de inocencia, por lo que habrá de estarse a la cuantía de la pena que corresponda al presunto delito.
d) En ningún caso podrán superarse los cuatro años.
83.- En el Código Penal vigente una de las siguientes no es circunstancia que cualifique el asesinato:
d) Ensañamiento.
84.- Una de las siguientes competencias no aparece atribuida a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, ¿cuál es?.
a) Conocer de los recursos de casación y revisión.
b) Conocer de ¡a instrucción y enjuiciamiento de las causas contra el Presidente del Gobierno.
c) Del enjuiciamiento de los delitos contra el titular de la Corona.
d) De la instrucción y enjuiciamiento de causas contra los Magistrados de la Audiencia Nacional.
85.- En el delito de detención ilegal cometido por particulares, el consentimiento prestado con anterioridad o simultaneidad al encierro o detención, excluye:
b) La tipicidad.
86.- Un interno que extinga una condena inferior a 10 años de privación de libertad, en condena impuesta conforme al Código Penal de 1973, ¿podrá ejercer el derecho de sufragio activo en un eventual proceso electoral con carácter nacional que se lleve a cabo durante cl tiempo de cumplimiento de la condena?.
a) No, toda vez que conforme al Código Penal por el que aparece condenado, la pena impuesta conlleva la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio activo y pasivo.
b) No, los penados internados en Centros Penitenciarios no pueden votar en elecciones, ni presentarse a candidatos.
c) Sí, los internos conforme el artículo 3.1 de la Ley Orgánica General Penitenciaria podrán ejercer su derecho al sufragio en todos los casos.
d) Si, toda vez que al haber desaparecido en el Código Penal vigente (1995) la pena accesoria de inhabilitación para el derecho de sufragio activo habría que aplicar la ley más favorable, y en consecuencia, tendría derecho a votan
87.-Una persona se dirige por escrito al responsable de un Centro Penitenciario, y, después de identificarse convenientemente, requiere de éste que le suministre, por la misma vía, información sobre la ubicación de un interno en el Centro Penitenciario que dirige, los datos de filiación del mismo, el número de causa, el juzgado y el motivo del ingreso, y ello sin aclarar en qué funda su pretensión, ¿debe el responsable del Centro facilitar estos datos al requeriente?.
a) Sí, pues el requeriente se identifica correctamente, y en tanto que administrado tiene derecho a obtener la información que solicita.
b) Sí, pero sólo los datos de filiación.
c) No, uno de los derechos que tienen los internos es que su condición sea reservada frente a terceros.
d) No, porque los internos a estos efectos no dependen de la Administración Penitenciaria, ingresan por mandamiento judicial, y, en consecuencia, esta persona debería dirigirse para obtener esa información a la Administración de Justicia.
a) No, puesto que no redime.
b) Sí, siempre que a cambio de ello obtenga alguna recompensa.
c) No, sólo tiene obligación de limpiar su celda.
d) Sí, tiene que colaborar obligatoriamente en las tareas de limpieza del Establecimiento, establecidas al efecto por la Administración Penitenciaria.
a) El 49 de la ley Orgánica General Penitenciaria y 52 del Reglamento Penitenciario vigente.
b) Ninguno, puesto que se trata de una norma de funcionamiento interno regulada por Instrucción del Director General de Instituciones Penitenciarias.
c) El 3 de la Ley Orgánica General Penitenciaria.
d) El 4 de la Ley Orgánica General Penitenciaria y el 4 del Reglamento Penitenciario vigente.
90.- Dentro de la evolución histórica de ¡a legislación penitenciaria en España, una de las siguientes normas ha sido considerada por la doctrina como la primera ley penitenciaria española:
a) El Reglamento General de los Presidios peninsulares de 1.807.
b) La Ordenanza General de los Presidios civiles del Reino de 1.834.
c) El Real Decreto de 3 de junio de 1901.
d) La Ordenanza de los Presidios navales de 20 de mayo de 1.804.
91.- Según el Reglamento Penitenciario, la desinfección de las instalaciones de los Establecimientos penitenciarios se realizará:
b) Cuando determine el servicio sanitario del centro penitenciario.
c) Cuando lo establezca los servicios sanitarios de la Comunidad Autónoma de pertenencia.
d) Cada dos meses.
92.- La Dirección General de Instituciones Penitenciarias, dispone de una base de datos de todos los internos ingresados en los diferentes Establecimientos de ella dependientes. La recogida, tratamiento automatizado y cesión de los datos en ella obrantes se efectúa de acuerdo con la normativa vigente sobre la materia. ¿Puede el responsable de la base de datos facilitar información obtenida de la misma, sobre las convicciones religiosas de un interno a su letrado defensor?.
a) No, en ningún caso, estos datos no pueden ser cedidos o difundidos por tratarse de datos especialmente protegidos.
b) Sí, si el letrado presenta poder general de representación otorgado por el recluso.
c) Si, si el letrado presenta poder especial y bastante donde conste expresamente el consentimiento del interno para que éste pueda tener acceso de estos datos.
d) Sí, sin más requisitos que acreditar fehacientemente que es su letrado defensor.
93.- El Dr. Federico Olóriz Aguilera, creador del sistema dactiloscópico español, dividió los dactilogramas en cuatro tipos fundamentales; como base de su sistema tomó la clasificación establecida por el argentino Juan Vuceticli. El tipo dextrodelto del sistema español, ¿a qué tipo corresponde del sistema argentino de Vucetich?:
b) Presilla interna.
c) Presilla externa.
94.- Los internos pueden solicitar de la Administración Penitenciaria la rectificación de sus datos de carácter personal contenidos en ¡os ficheros informáticos penitenciarios que resulten inexactos o incompletos ¿cual es el plazo máximo para que la Administración informe al interno de la rectificación efectuada?.
b) No existe plazo establecido.
c) A los diez días de recibirse la solicitud.
95.- Los internos pueden solicitar a su costa servicios médicos privados de profesionales ajenos a Instituciones Penitenciarias, ¿quién aprueba esta solicitud y cuáles pueden ser las razones que limiten el ejercicio de este derecho?.
a) Autoriza el Director del Centro, y no puede ser ¡imitada, salvo resolución judicial.
b) El Centro Directivo es el que autoriza, y puede ser limitado por razones de seguridad.
c) El Director autoriza previo informe de los Servicios Médicos, qué será el que fije o no la conveniencia de la misma y limitar de la autorización desde el punto de vista médico ­sanitario.
d) Sólo las puede autorizar el Centro Directivo, y el límite al ejercicio de este derecho vendrá establecido por la posibilidad de atender al interno a través de los Servicios Sanitarios Públicos.
b) La duración de la condena deberá ser de, al menos, un año de prisión.
d) Los actos u omisiones que hayan dado lugar a la condena deberán constituir una infracción penal con arreglo a la ley del Estado de cumplimiento o la constituirían si se cometieran en su territorio.
97.- Por regla general, según dispone el artículo 6. 2 del Convenio europeo de traslado de personas condenadas (publicado en el Boletín Oficial del Estado de 10 de junio de 1985), en caso de solicitar un traslado, el Estado de condena deberá facilitar al Estado de cumplimiento sólo uno de los siguientes documentos:
a) Documento que contenga la decisión por escrito de aceptar o denegar el traslado.
b) Documento que contenga una declaración sobre el procedimiento de cumplimiento de la condena.
c) Documento que indique la condena ya cumplida.
d) Documento que certifique la nacionalidad del condenado.
a) No, por razones higiénicas no se permite la presencia de animales en las celdas.
b) Sí, toda vez que el animal no crearía problemas de índole higiénico, y, es habitual que los internos en primavera tengan consigo pájaros.
c) No, toda vez que 110 SC tienen garantías de que el pájaro sea del interno, habiendo podido ser sustraído de entre los canarios de la actividad programada en la que participaba en el otro Centro Penitenciario.
99.- Para facilitar el cese de las medidas restrictivas a los internos que tienen aplicadas las limitaciones regimentales contempladas en el artículo 75.2 del Reglamento Penitenciario, cl punto 30 del mismo articulo establece que debe solicitarse del Centro Directivo, mediante acuerdo motivado, el traslado del recluso a otro Centro penitenciario de similares características. Tratándose de un interno que se encuentra ingresado a disposición de dos autoridades judiciales, en calidad de preso, en ambos casos ¿qué órgano de la Administración debe interesar el traslado, y a quién debe comunicarse la realización del mismo?.
a) El Director, en tanto que autoridad que acuerda la aplicación del régimen del artículo 75, dando cuenta a las autoridades judiciales de quién depende.
b) La Junta de Tratamiento que, según el artículo 31 del Reglamento Penitenciario, es la encargada de formular las propuestas de traslado, siendo indiferente que se trate de penados o preventivos y que estén a disposición de una o más autoridades judiciales.
c) El Consejo de Dirección, dando cuenta al Juez de Vigilancia del acuerdo de traslado, al ser este el encargado de salvaguardar los derechos de los internos.
d) El Consejo de Dirección, dando cuenta del traslado a las autoridades judiciales a cuya disposición se encuentra el interno.
100.- La Resolución de 3 de febrero de 1998 de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias dispone, a la vista del Fallo de la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo (Sentencia de 18 de octubre de 1.997) la nulidad del artículo 213.4 del Reglamento Penitenciario, ¿a qué se refería este artículo?
a) A la responsabilidad de la custodia de cierto tipo de medicamentos.
b) A la responsabilidad de la custodia de internos ingresados en hospitales públicos.
c) Al régimen y modo de visitas de los enfermos infectocontagiosos.
d) A las investigaciones médicas con internos.
101.- En el supuesto de un ingreso en un Centro penitenciario mediante orden de detención procedente de la Policía Judicial, en la misma deberán constar expresamente los siguientes extremos:
a) Datos identificativos del detenido, delito imputado, que se halla a disposición judicial, hora y día de vencimiento del plazo máximo de detención.
b) Delito imputado y que se halla a disposición judicial.
c) Los antecedentes delictivos y fecha de comisión de los hechos.
d) Que se haya a disposición judicial y hora y día de vencimiento del plazo máximo (le detención.
102.- Las finalidades perseguidas con las denominadas actividades del régimen en los Establecimientos Penitenciarios son:
a) El logro de una convivencia ordenada y pacífica.
b) La retención y custodia de los reclusos.
c) La retención y custodia de los reclusos y la consecución de una convivencia ordenada y pacífica que permita alcanzar el ambiente adecuado para la ejecución de los programas de tratamiento e intervención.
d) Las actividades regimentales se orientan preferentemente a actividades dirigidas a garantizar la retención y custodia de los internos y se coordinan con las actividades del tratamiento.
103.- La estancia tic preventivos o penados en el Departamento de ingresos será:
a) La necesaria hasta su traslado a otro Departamento.
b) Como máximo, 72 horas.
c) Como máximo, cinco días y solo podrá prolongarse por motivos de orden sanitario o para preservar su seguridad.
d) Como máximo, cinco días y no podrá prolongarse en ningún caso.
104.- Previa solicitud del interesado, se concederán visitas de convivencia a los internos con su cónyuge o persona ligada por semejante relación de afectividad e hijos que no superen:
a) Los once años de edad.
b) Los doce años de edad.
c) No figura el requisito de la edad.
d) Los diez años de edad.
105.- La separación interior de la población reclusa, conforme a los criterios establecidos en el artículo 16 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, de los internos con asignación de régimen ordinario, se ajustará a:
a) A las necesidades o exigencias del tratamiento y los programas de intervención que se hayan establecido.
b) A las condiciones generales del Centro o a las necesidades de tratamiento y los programas de intervención diseñados.
c) A las condiciones generales del Centro, al número de internos que albergue y la dotación de profesionales penitenciarios.
d) A los principios de seguridad, orden y disciplina.
106.- Un penado que se encuentra clasificado en segundo grado de tratamiento y disfruta habitualmente de permisos de salida ordinarios, es requerido por una autoridad judicial al Director del Centro Penitenciario donde se encuentra ingresado, para que asista como testigo en un juicio oral. La sede del Tribunal se encuentra en diferente provincia, por lo que el responsable del Establecimiento solicita del Centro Directivo el traslado del interno. ¿Podría el penado, a la vista de las circunstancias apuntadas, ser autorizado para desplazarse a la sede judicial por medios propios y sin custodia policial?.
a) En modo alguno, para garantizar su presencia en el juicio y que este no tenga que suspenderse, la Administración Penitenciaria lo trasladará al Centro Penitenciario adecuado, y desde este será excarcelado a la sede judicial.
b) No, esta posibilidad sólo se contempla en los supuestos de penados clasificados en (tercer grado.
c) Sí, previas autorizaciones del Juzgado o Tribunal requeriente y del Centro Directivo.
d) Sí, siempre que durante la fecha del juicio se encuentre disfrutando de un permiso de salida ordinaria previamente aprobado por el Juez de Vigilancia Penitenciaria.
a) El espacio físico disponible.
b) Las necesidades productivas urgentes.
c) La disponibilidad presupuestaria.
d) La representatividad de creyentes dentro de la población del centro penitenciario.
108.- Un concejal se dirige por escrito al responsable de un Establecimiento Penitenciario solicitando visitar a tan interno vecino de su pueblo, con el que no le unen lazos familiares. Sí se presentara sin más al día siguiente en el Departamento de Comunicaciones del Centro, ¿se le permitiría la comunicación solicitada?.
a) No, la comunicación la debería haber solicitado el interno, y, al tratarse de una persona que no es familiar, previamente debe ser autorizado por el Director
b) No, debería haber solicitado la comunicación al Centro Directivo puesto que se trata de un cargo electo.
c) Sí, siempre que acredite su condición de cargo electo (concejal) y que solicitó la comunicación del Director
d) Si, se le autorizará una comunicación con carácter extraordinario.
109.- Un interno perteneciente a una banda o grupo terrorista solicita del Director que le autorice una comunicación con un letrado que no es su abogado defensor. Este letrado se presenta en el Establecimiento Penitenciario correspondiente portando un documento que le acredita como abogado en ejercicio y un volante de su colegio donde consta que ha sido designado como letrado de oficio en un recurso de apelación que se sigue ante la Audiencia Provincial, ¿se le debería autorizar a comunicar con el interno?.
a) No, tratándose de internos pertenecientes a bandas armadas, deberá presentar un volante de la autoridad judicial que conozca de las correspondientes causas.
b) No, pues no presenta autorización dc la autoridad judicial correspondiente, si el interno fuera un preventivo o del Juez de Vigilancia, sise tratase de un penado.
c) Sí, en los locutorios especiales para letrados y procuradores, con sujeción a las normas generales.
d) No, toda vez que no es su abogado defensor, ni acredita con el volante del Colegio que ha sido expresamente llamado por el interno o sus familiares.
a) El Jefe de Servicios, dando cuenta al Director.
b) El Funcionario encargado del Departamento donde este se lleva a cabo, dando cuenta al Jefe de Servicios.
c) El Director, a propuesta del Jefe de Servicios, teniendo en cuenta la situación del Centro y el comportamiento de los reclusos.
d) El Jefe de Servicios, previa comunicación del mismo a las Fuerzas de Seguridad encargadas de la vigilancia exterior, pues estos recuentos, como su nombre indica, están previstos para evitar evasiones.
111.- En situaciones especificas, mediando motivos de seguridad, existiendo razones contrastadas de que un interno oculta en su cuerpo algún objeto peligroso o sustancia susceptible de causar daño a la salud o integridad física o alterar la normal convivencia, podrá efectuarse cacheo con desnudo integral, ¿quién autoriza la realización del mismo?.
a) El Director, previa solicitud del Jefe de Servicios y dando cuenta al Juez de Vigilancia.
b) El Director, valorando convenientemente la existencia de las circunstancias apuntadas, con asesoramiento del Subdirector de Seguridad.
c) El Subdirector de Seguridad, como responsable directo de mantenimiento de la seguridad y la normal convivencia en el interior del Centro.
d) El Jefe de Servicios.
a) No se adopte resolución en un plazo máximo de dos meses desde la iniciación del procedimiento disciplinario.
b) No se practiquen las pruebas propuestas en los tres días siguientes a la presentación de alegaciones por el interno.
c) Haya transcurrido un año para las faltas muy graves, seis meses para las graves y un mes para las leves.
d) No se adopte resolución en los treinta días siguientes transcurridos tres meses desde la iniciación del procedimiento disciplinario.
113.- Según establece el Reglamento Penitenciario, las sanciones impuestas a internos en procedimientos disciplinarios prescribirán
a) Las impuestas por faltas muy graves a los tres años, por faltas graves a los dos años y por faltas leves al año.
b) Las impuestas por faltas muy graves a los seis años, por graves a los dos años y por leves al mes.
c) Cuando el interno abandone el Centro Penitenciario para ser trasladado a otro por razones judiciales.
d) Las impuestas por faltas muy graves a los seis meses, por faltas graves a los tres meses y las impuestas por faltas leves al mes.
a) Las Comunidades Autónomas que tienen competencia exclusiva en materia penitenciaria.
b) En todo el Estado, pues la competencia es del Ministerio de Hacienda.
c) Únicamente en las Comunidades Autónomas no peninsulares y en Ceuta y Melilla.
d) En las Comunidades Autónomas con competencias en ejecución de la legislación penitenciaria estatal.
a) La Administración Penitenciaria.
b) El Organismo Autónomo Trabajos y Prestaciones Penitenciarias.
c) Empresas externas por contrato administrativo de servicio.
d) Por una comisión de internos.
116.- La comprobación del estado sanitario de los artículos suministrados en el racionado de los internos, corresponde a:
a) A un ayudante técnico sanitario, con capacitación especial.
b) A una comisión formada por un médico y un ayudante técnico sanitario.
c) A un médico del Establecimiento.
d) A personal sanitario extrapenitenciario dependiente del Departamento correspondiente de la Comunidad Autónoma donde se encuentre ubicado el Establecimiento.
a) Elaborados por la Junta de Tratamiento y aprobadas por el Consejo de Dirección.
b) Elaborados por la Comisión Disciplinaria y aprobadas por el Consejo de Dirección.
c) Elaboradas por el Consejo de Dirección y aprobadas por el Centro Directivo.
d) Elaboradas por la Junta de Tratamiento y aprobadas por el Centro Directivo.
a) Como máximo, desde las 16 horas del viernes hasta las 8horas del lunes.
b) No indica nada el Reglamento Penitenciario al respecto, ya que es el Centro Directivo, mediante Resolución, quien debe regular el horario de’ las salidas.
c) Como máximo desde las 10horas del sábado hasta las 8 horas del lunes.
d) Como máximo desde las 18 horas del viernes hasta las 18 horas del domingo.
119.- Los medios coercitivos contemplados en el artículo 72.1 del Reglamento Penitenciario a los efectos del artículo 45.1 de la Ley Orgánica General Penitenciaria ¿podrán ser aplicados a un interno que se encuentra ingresado en la Enfermería del Centro, convaleciente de una enfermedad grave?.
a) Sí, si de la actuación de éste pudiera derivarse un inminente peligro para su integridad o para la de otras personas.
b) Sí, siempre que se den las circunstancias previstas en el articulo 45.1 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, previa autorización del médico en todos los casos.
c) No, está expresamente prohibido en el párrafo 2~ del artículo 72 del Reglamento Penitenciario
d) No, habría que buscar otros medios diferentes, con asesoramiento de los servicios médicos.
120.- Durante el disfrute dé un permiso de salida, un interno penado clasificado en tercer grado es detenido por la comisión de un presunto delito ingresando, más tarde, preso a disposición de un Juzgado de Instrucción, en el Centro Penitenciario donde se encontraba cumpliendo condena. ¿Cuál será el tipo de régimen que se le aplicará en el Centro?.
a) Continuará en régimen de semilibertad, pues debe prevalecer el principio constitucional de presunción de inocencia.
b) Se le asignará, con carácter provisional y hasta tanto sea aprobado por el Centro Directivo, el régimen cerrado, pues al cometer un nuevo delito ha denotado una manifiesta inadaptación al régimen común.
c) Se pedirá al Tribunal Sentenciador que deje en suspenso la ejecución de la pena, por lo que será considerado preventivo a todos los efectos, aplicándosele un régimen donde prime el principio de presunción de inocencia.
d) Se le asignará el régimen ordinario.
121.- La impresión producida por las yemas de los dedos cuando se ponen en contacto con una superficie lisa o pulimentada, es un dactilograma:
b) Latente.
122.- Los dactilogramas y cualesquiera otros dibujos formados por las crestas papilares que aparece en las yemas de los dedos de las manos no se modifican a lo largo de la vida del sujeto, ¿qué nombre recibe esta cualidad?
a) Perennabilidad.
c) Diversidad.
123.- A un interno penado, clasificado en 20 grado, ¿podrá el Director aplicarle las limitaciones regimentales previstas en el artículo 75 dcl Reglamento Penitenciario, cuando aprecie una evolución muy negativa en relación a la conducta de éste, que se manifieste en la comisión reiterada y sostenida en el tiempo de faltas muy graves?.
a) No, tratándose de un penado clasificado en 20 grado, lo que procedería es proponer la regresión al Centro Directivo.
b) No, las circunstancias del articulo 75 del Reglamento Penitenciario sólo están previstas para salvaguardar la vida o integridad física del recluso.
c) Si, mediante acuerdo motivado para garantizar la seguridad y el orden del Establecimiento, dando cuenta al Juez de Vigilancia.
d) No, ante lo gravoso de la limitación, sólo cabe solicitar traslado a otro Establecimiento.
124.- La actividad penitenciaría en régimen abierto tiene por objeto, conforme establece el articulo 83 del Reglamento Penitenciario.
a) Potenciar las capacidades de inserción social positiva de los penados clasificados en tercer grado.
b) La atenuación de las medidas de control dentro y fuera del Establecimiento.
c) Facilitar su participación plena en la vida familiar, social y laboral, a través de la normalización social e integración.
d) Ayudar y orientar a los internos para utilizar los servicios de organización e instituciones para conseguir su integración social.
a) Sí, la ley permite cuando hay insuficiencia de alojamientos recurrir a dependencias colectivas.
b) Sí, si los profesionales que lo visitan y entrevistan en el Departamento de Ingresos, formulan propuestas de inclusión en un grupo de internos en régimen ordinario, el destino es correcto.
c) No, debería haber sido destinado a un Departamento de régimen cerrado y debería habérsele asignado una celda individual.
d) No, es correcto que pueda ser ubicado en un Departamento destinado a albergar internos con asignación de régimen de vida ordinaria, pero debería ocupar celda individual.
126.- El Consejo de Administración del Organismo Autónomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias deberá reunirse, corno mínimo,
a) Una vez al semestre.
127.- La relación laboral penitenciaria está incluida entre las relaciones laborales de carácter especial. en virtud de lo dispuesto en:
a) La Ley Orgánica 1/1.979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria.
b) El Real Decreto Legislativo 1/1.995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores.
c) El Reglamento Penitenciario aprobado por Real Decreto 190/1.996, de 9 de febrero.
d) El Reglamento Penitenciario aprobado por Real Decreto 1.201/1.981, de 8 de mayo.
128.- Las infracciones y sanciones laborales de los trabajadores penitenciarios encuadrados en la relación laboral especial penitenciaria se regirán por lo dispuesto en:
a) El Titulo X del Reglamento Penitenciario aprobado por Real Decreto 190/1.996, de 9 de febrero.
b) Los artículos 108 a 111 del Reglamento Penitenciario aprobado por Real Decreto
c) 1.201/1.981
d) El artículo 58 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en lo que resulte aplicable a dicha relación laboral especial.
e) El Real Decreto 326/1.995, por el que se regula el Organismo Autónomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias.
a) El Organismo Autónomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias u órgano autonómico competente, de un lado, y el empresario exterior que suministra el trabajo, del otro.
b) La Dirección General de Instituciones Penitenciarias u órgano autonómico competente, dc un lado, y el empresario exterior que suministra el trabajo, de otro.
c) La Dirección General de Instituciones Penitenciarias u órgano autonómico competente, dc un lado, y los internos, trabajadores, de otro.
d) El Organismo Autónomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias u órgano autonómico competente, de un lado, y los internos trabajadores, de otro.
a) La Junta de Tratamiento, previo informe del Equipo Técnico, con autorización del Centro Directivo.
b) La Junta de Tratamiento, con información de los Jefes de Servicios y funcionarios que desarrollan habitualmente sus tareas en el Departamento de régimen cerrado.
c) La Junta de Tratamiento, con autorización del Juez de Vigilancia que debe conocer de los traslados e ingresos de los internos de régimen cerrado en los diferentes Centros Penitenciarios.
d) Lo acuerda el Centro Directivo, a propuesta de la Junta de Tratamiento.
131.- En un Centro Penitenciario se recibe a través del Servicio de Correos una carta dirigida a un interno que tiene las comunicaciones escritas intervenidas. En el remite del sobre se hace constar que éste procede del Adjunto del Sindic de Greuges de Catalunya. El funcionario encargado de la Unidad del servicio de comunicaciones y visitas, al tener el interno intervenidas las comunicaciones, procede a abrir el sobre y conocer el contenido del escrito, ¿es correcta esta forma de actuar?.
a) Si, en los supuestos de intervención de comunicaciones escritas, las únicas que no pueden ser objeto de esta medida son las que se mantengan con autoridades judiciales, miembros del Ministerio Fiscal y sus abogados defensores.
b) No, la carta debería haberse abierto en presencia del interno destinatario.
c) No, está expresamente prohibida cualquier tipo de intervención de las comunicaciones de los reclusos con los Adjuntos de los Defensores del Pueblo de las Comunidades Autónomas.
d) Si, aunque teniendo en cuenta que el idioma utilizado en el sobre no es castellano y pudiera plantear dudas, deberla haberse remitido para su traducción al Centro Directivo.
132.- La Junta de Tratamiento de un Centro Penitenciario propone al Centro Directivo la regresión de segundo grado a primer grado de un interno del Centro que quebrantó condena al no reingresar de un permiso de salida ordinario de cuatro días, autorizado por el Juzgado de Vigilancia, que ha ingresado nuevamente, sin que conste que haya cometido nuevos delitos. En función de las variables y factores que deben tenerse en cuenta para clasificar a un interno en primer grado, ¿podría ser atendida la propuesta de regresión por el Centro Directivo?.
a) Si, quebrantar condena denota una evolución negativa en el pronóstico de integración social, y ello debe ser suficiente para acordar la regresión.
b) Si, ya que el quebrantamiento puede ser considerado una falta muy grave del articulo 108 del R.P. aprobado por Real Decreto 1201/81, vigente conforme a la Disposición Derogatoria del actual Reglamento y, en consecuencia, procederá la regresión.
c) No, no reingresar de un permiso penitenciario puede constituir un delito de los contemplados en el capítulo VIII del Titulo XX del Código Penal y, en consecuencia y teniendo en cuenta el principio de presunción de inocencia, hasta que no recaiga sentencia no podrá plantearse la regresión degrado.
d) No, ya que esta circunstancia no se contempla entre las variables a tener en cuenta para determinar la peligrosidad extrema o inadaptación manifiesta y grave que han de ponderarse para la clasificación en primer grado.
133.- La recomendación (87> 3 adoptada por el Comité de Ministros de los Estados miembros del Consejo de Europa el 12 de febrero de 1987, se refiere a:
a) Prestaciones sanitarias a los reclusos.
b) Normas destinadas a reclusos extranjeros.
c) Las Reglas mínimas penitenciarias europeas.
d) Desarrollo de unidades destinadas a madres con hijos en los Establecimientos Penitenciarios.
134.- El plazo máximo establecido en el Reglamento Penitenciario para que el Centro Directivo se pronuncie sobre el mantenimiento o cambio de grado cuando la Junta de Tratamiento no lía considerado oportuno proponer cambio alguno en la clasificación y el interno ha solicitado la remisión del informe correspondiente es de:
a) Dos meses desde su recepción.
b) Hasta cuatro meses, si se acuerda ampliar el plazo para la mejor observación de la conducta.
c) El Reglamento no contempla la existencia de plazo en estos supuestos.
d) Dos meses desde que se notifica el acuerdo al interno.
135.- ruede una Comunidad Autónoma con competencias ejecutivas en materia penitenciaria, crear o suprimir órganos colegiados fuera de ION contemplados en el artículo 265 del Reglamento Penitenciario.
a) No, este precepto llene carácter imperativo.
b) No, sólo es posible en aquellas Comunidades Autónomas que tengan competencias legislativas y ejecutivas en materia penitenciaria.
c) Sólo en relación con los órganos colegiados relacionados con la gestión económica.
d) En virtud de su potestad de autorganización está previsto que éstas puedan establecer los órganos colegiados que consideren convenientes en los Centros Penitenciarios que dependan de las mismas.
a) En el Primer Congreso de Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1950.
b) Por el Congreso de Naciones Unidas, en la Resolución 2076 (LXII) de 1977
c) En el Primer Congreso de Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955.
d) Por el Consejo de Naciones Unidas, en su Resolución 663 CI (XXIV) de 1957.
a) Elaborar las normas de régimen interior de los Departamentos de Régimen Cerrado.
b) Fijar los horarios de los recuentos ordinarios.
c) Adoptar cuantas medidas resulten necesarias en los casos de alteración del orden del Centro, dando cuenta inmediata al Centro Directivo.
d) Adoptar las medidas regimentales urgentes para resolver cualquier alteración individual o colectiva del ordenen el Centro.
138.- Adoptar con carácter provisional en relación con los servicios del área de vigilancia, las medidas indispensables para mantener el orden en el Centro, corresponde a:
139.- Los internos podrán ser autorizados a disponer de ordenador personal, cuando:
a) Lo hagan aconsejable o necesario razones de carácter educativo o cultural.
b) Cuando lo apruebe la Junta de Tratamiento a propuesta del profesor o tutor.
c) No está permitido a los internos, por razones de seguridad, poseer ordenadores personales, sólo podrán acceder a éstos cuando ejecuten actividades formativas de este orden en el Centro
d) Únicamente en aquellos Centros donde las normas de régimen interior así lo establezcan.
140.- la posición doctrinal dominante en nuestro país considera que el Derecho Penitenciario:
a) Se encuentra subordinado al Derecho Procesal Penal.
b) Debe considerarse como una rama subsidiaria del Derecho Administrativo.
c) Goza de un elevado grado de autonomía respecto a otras pautas del Derecho.
d) Es claramente dependiente de la Penología y la Criminología.
141.- El tratamiento penitenciario en el Reglamento Penitenciario de 1996, a diferencia del Reglamento de 1981.
a) Se configura como un deber y un derecho del interno.
b) Adopta una concepción más amplia y omnicomprensiva.
c) Es entendido como el fin exclusivo de la actividad penitenciaria.
d) Se destina básicamente a los internos penados.
a) Deben ubicarse lo más próximo que resulte posible al Centro Penitenciario del que dependan.
b) Las normas de funcionamiento las aprueba la Junta de tratamiento del Centro Penitenciario del que dependen.
c) Su funcionamiento es ajeno, administrativa y funcionalmente de cualquier Centro Penitenciario.
d) En Administrativamente, dependen siempre de un Centro Penitenciario.
a) La combinación de aspectos característicos de los diferentes grados de clasificación dentro del programa individualizado de tratamiento.
b) El desarrollo de departamentos mixtos que intenten paliar la desestructuración de grupos familiares.
c) La redefinición del régimen cerrado estableciendo dos modalidades de vida.
d) La regulación de los mecanismos de aplazamiento, suspensión de la efectividad y reducción o revocación de sanciones impuestas.
144.- Los derechos de los internos podrán ser suspendidos parcial y temporalmente;
a) Nunca, tal y como ordena el art. 25.2 de la Constitución española.
b) Por la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados.
c) En casos de alteraciones graves del orden en un centro que haya obligado a la autoridad penitenciaria a requerirla intervención de los Cuerpos de Seguridad del Estado.
d) Por un plazo no superior a 72 horas.
145.- ¿Cuántas horas diarias de salida al patio disfrutarán los internos destinados en un Departamento Especial?
a) Como mínimo, cuatro horas diarias, que podrá aumentarse hasta tres horas más para la realización de actividades programadas.
b) Como máximo, cuatro horas diarias.
c) Como mínimo, tres horas diarias, que podrá ampliarse hasta tres horas diarias para la realización de actividades programadas.
d) Como mínimo, dos horas diarias.
146.- La Ley Orgánica General Penitenciaria dedica al tratamiento su Titulo 111, definiéndolo como: “el conjunto de actividades directamente dirigidas a la consecución de la reeducación y reinserción social de los penados”, en su articulo:
a) Articulo 62.
b) Articulo 72.
c) Articulo 59.
d) Artículo 69.
147.- Según la norma 5 del art. 46 del Reglamento Penitenciario, cuando por razones de seguridad, buen orden del Establecimiento o del interés del tratamiento, el Director acuerde la intervención de las comunicaciones escritas, esta decisión se comunicará:
a) Al interno afectado.
b) Al Centro Directivo y al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.
c) Al interno afectado y a la Autoridad Judicial de que dependa si se trata de un detenido o preso, o al Juez de Vigilancia sise trata de un penado.
d) A la Autoridad Judicial de que dependa si se trata de detenidos o presos, o al Juez de Vigilancia si se trata de penados, no siendo necesario comunicar la decisión a los internos afectados porque se frutarían los objetivos de la intervención.
148.- La utilización de los medios coercitivos será previamente autorizada por:
a) El Consejo de Dirección, salvo que razones de urgencia no lo permitan.
b) El Director, salvo que razones de urgencia no lo permitan, en cuyo caso se pondrá en su conocimiento inmediatamente.
c) El Jefe de Servicios, dando cuenta inmediata al Subdirector de Seguridad.
d) La Comisión Disciplinaria, salvo que razones de urgencia no lo permitan.
149.- La creación de nuevas Unidades Dependientes se llevará a cabo:
a) Mediante firma de un Convenio de colaboración entre la Administración Penitenciaria y asociaciones u organismos no penitenciarios.
b) Por Orden Ministerial o resolución autonómica equivalente.
c) Por acuerdo del Consejo de Dirección del Establecimiento del que vayan a depender, a petición de la organización colaboradora, previo informe de la Junta de Tratamiento.
d) Mediante Real Decreto aprobado en Consejo de Ministros.
150.- La asistencia de un penado clasificado en tercer grado a un Centro de deshabituación de consumo de drogas lo autorizará
c) El Juez de Vigilancia.
d) La Junta de Tratamiento del Centro Penitenciario.
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