Source: http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ca-dleg1-1990.t2.html
Timestamp: 2016-12-06 03:09:45
Document Index: 296794872

Matched Legal Cases: ['artículo 122', 'artículo 25', 'artículo 112', 'artículo 23', 'artículo 17', 'artículo 40', 'artículo 41', 'artículo 40', 'artículo 30', 'Artículo 47', 'artículo 29', 'artículo 29', 'artículo 59', 'artículo 59', 'artículo 29', 'artículo 29', 'artículo 59', 'artículo 59', 'artículo 60', 'artículo 60', 'artículo 60', 'artículo 61', 'artículo 44', 'artículo 64', 'artículo 64', 'artículo 70', 'artículo 38', 'artículo 59', 'artículo 29', 'artículo 64', 'artículo 23', 'artículo 75', 'artículo 112', 'artículo 112', 'artículo 174', 'artículo 1', 'artículo 177', 'artículo 68', 'artículo 15', 'artículo 189', 'artículo 59', 'artículo 104', 'artículo 123', 'artículo 128']

Decreto Legislativo 1/1990, de 12 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de los textos legales vigentes en Cataluña en materia urbanística. TITULO II. Planeamiento urbanístico del territorio (Vigente hasta el 21 de Junio de 2002).
TITULO IIPlaneamiento urbanístico del territorio
CAPITULO PRIMEROClases de Planes de Ordenación
1. El planeamiento territorial se desarrollará a través del Plan Territorial General, los Planes Territoriales Parciales y los Planes Territoriales Sectoriales, en los términos que prevé la Ley 23/1983, de 21 de noviembre, de Política Territorial.
2. El planeamiento urbanístico del territorio se desarrollará a través de Planes Directores Territoriales de Coordinación, Planes Generales Municipales y Normas Complementarias y Subsidiarias de Planeamiento.
3. Los Planes Generales Municipales se desarrollarán a través de Planes Parciales, Planes Especiales, Programas de Actuación Urbanística y Estudios de Detalle.
Los Planes de ordenación urbanística han de ser coherentes con las determinaciones del Plan Territorial General y de los Planes Territoriales parciales, facilitando su cumplimiento.
1. Los Planes Directores de Coordinación establecerán, de conformidad con los principios del Plan Territorial General y las exigencias del desarrollo regional, las directrices para la coordinación de la ordenación urbanística del territorio.
2. Los Planes contendrán las siguientes determinaciones:
a) El esquema para la distribución geográfica de los usos y actividades públicas y privadas a que haya de destinarse prioritariamente el suelo dentro del sistema urbano amplio.
b) El señalamiento de las áreas en que se hayan de establecer limitaciones por exigencias de la legislación específica u otras razones de interés público.
c) Las medidas de protección a adoptar en orden a la conservación del suelo, de los otros recursos naturales y la defensa, mejora, desarrollo o renovación del medio ambiente natural y del patrimonio histórico-artístico.
d) El señalamiento y localización de las infraestructuras básicas relativas a las comunicaciones terrestres, marítimas y aéreas, abastecimiento de agua, saneamiento, suministro de energía y otros análogos.
3. Los Planes Directores de Coordinación comprenderán los estudios que justifiquen la elección del modelo territorial, los planes, normas y programas que requiera su realización y las bases técnicas y económicas para el desarrollo y la ejecución del propio Plan.
1. Las determinaciones de los Planes Directores Territoriales de Coordinación vincularán a la Administración y a los particulares. Las acciones que se prevén se llevarán a cabo por cada uno de los Departamentos afectados en las materias de sus respectivas competencias de acuerdo con las prescripciones establecidas en el Decreto de su aprobación.
2. Las Entidades Locales cuyo territorio esté afectado, total o parcialmente, por un Plan Director de Coordinación, sin perjuicio de la inmediata entrada en vigor de éste, tendrán que adaptarse, en el plazo máximo de un año, a sus determinaciones, mediante la oportuna revisión de su planeamiento general.
Los Planes Generales Municipales de Ordenación, como instrumento de ordenación integral del territorio, comprenderán uno o varios términos municipales completos. Clasificarán el suelo para el establecimiento del régimen jurídico correspondiente, definirán los elementos fundamentales de la estructura general adoptada para la ordenación urbanística del territorio o establecerán el programa para su desarrollo y ejecución, así como el plazo mínimo de su vigencia.
1. En el suelo urbano, los Planes Generales Municipales tienen por objeto: completar la ordenación mediante la regulación detallada del uso de los terrenos y de la edificación; señalar la renovación o reforma interior que resultase procedente; definir los elementos de la estructura general del plan correspondiente a esta clase de terreno y proponer los programas y medidas concretas de actuación para su ejecución.
2. En el suelo urbanizable, los Planes Generales Municipales tienen por objeto: definir los elementos fundamentales de la estructura general de la ordenación urbanística del territorio; establecer, según sus categorías, una regulación genérica de los diferentes usos globales y niveles de intensidad y fijar los programas de desarrollo a corto y medio plazo referidos a un conjunto de actuaciones públicas y privadas.
Asimismo regularán la forma y condiciones en que podrán incorporarse al desarrollo urbano aquéllas actuaciones no programadas mediante los correspondientes Programas de Actuación Urbanísticos para la realización de ámbitos urbanísticos integrados.
1. Los Planes Generales Municipales de Ordenación contienen las determinaciones de carácter general siguientes:
a) Clasificación del suelo con expresión de las superficies asignadas a cada uno de los tipos y categorías del suelo adoptados.
b) Estructura general y orgánica del territorio integrada por los elementos determinantes del desarrollo urbano y, en particular, por los sistemas de comunicación y sus zonas de protección, el equipamiento comunitario, centros públicos y espacios libres destinados a parques públicos y zonas verdes. Estos últimos en proporción no inferior a cinco metros cuadrados por habitante, sin perjuicio de las previsiones para jardines que hacen los artículos 120.3.1.º, cuando el planeamiento haga uso de la facultad del artículo 122.4 sobre el señalamiento de sistemas para Planes Parciales. En cualquier caso se justificará el emplazamiento de los sistemas en cada clase de régimen jurídico del suelo.
c) Programación en dos etapas de cuatro años del desarrollo del Plan en orden a coordinar las actuaciones e inversiones públicas y privadas, y de acuerdo con los planes y programas de los diferentes Departamentos.
e) Señalamiento de las circunstancias de acuerdo con las cuales sea procedente en su momento, la revisión del Plan, en función de la población total y su índice de crecimiento, recursos, usos e intensidad de ocupación y otros elementos que justificaren la clasificación del suelo inicialmente adoptada.
2. Además de las determinaciones de carácter general, los Planes Generales tendrán que contener las siguientes:
2.1. En suelo urbano:
a) Delimitación de su perímetro con señalamiento, en su caso, del ámbito de las operaciones de reforma interior que se estimen necesarias.
c) Delimitación de los espacios libres y zonas verdes destinadas a parques y jardines públicos, así como las zonas deportivas, de recreo y expansión.
d) Emplazamientos reservados para templos, centros docentes, públicos o privados asistenciales y sanitarios y demás servicios de interés público y social.
e) Trazado y características de la red viaria y previsión de aparcamientos con señalamiento de alineaciones y rasantes para la totalidad o parte de este suelo.
f) Reglamentación detallada del uso pormenorizado, volumen y condiciones higiénico-sanitarias de los terrenos y construcciones, así como de las características estéticas.
g) Características y trazado de las galerías y redes de servicios, para el abastecimiento de agua, gas, energía eléctrica, de alcantarillado y de aquellos otros servicios que, en su caso, prevea el Plan.
i) Delimitación de las unidades de actuación a efectos de la cesión obligatoria y gratuita de suelos con destino a jardines, plazas, centros docentes y asistenciales. En estas determinaciones se expresarán las que conserven, modifiquen y perfeccionen la ordenación existente. Las dotaciones de los apartados c) y d) se establecerán en función de las características socioeconómicas de la población y cumpliendo lo establecido en la legislación específica sobre la materia.
a) Desarrollo de los sistemas de la estructura general de la ordenación urbanística del territorio y, en su caso, de los otros sistemas que el planeamiento general adscriba a un sector de planeamiento, con la precisión suficiente para permitir la redacción de Planes Parciales.
b) Determinación del aprovechamiento medio de cada uno de los sectores de planeamiento parcial.
c) Trazado de las redes fundamentales de abastecimiento de agua, gas, energía eléctrica, servicio telefónico, alcantarillado y otros servicios que en su caso prevea el Plan.
d) División del territorio en sectores para el desarrollo en Planes Parciales con fijación de la densidad máxima de vivienda por hectárea.
e) Justificación de la máxima adscripción de sistemas a sectores de acuerdo con el artículo 25.El contenido del Plan General incorporará a esta categoría de suelo las determinaciones de Plan General contenidas, si procede, en los Planes Parciales que respete.
2.3. En suelo urbanizable no programado:
a) Señalamiento de usos incompatibles con los previstos en las diferentes clases de suelo y con la estructura general.
b) Establecimiento de las características técnicas y magnitudes mínimas que han de reunir las actuaciones de esta categoría de suelo, en función de los diferentes usos y las dotaciones, servicios y equipamientos que les correspondan.
c) Fijación de las densidades máximas de viviendas por hectárea.
2.4. En el suelo no urbanizable, el Plan General establecerá las medidas y condiciones que sean precisas para la conservación y protección de todos y cada uno de sus elementos naturales, bien sea suelo, flora, fauna o paisaje, a fin de evitar su degradación, y de las edificaciones y parajes que por sus características especiales lo aconsejen, con el ámbito de aplicación que en cada caso sea necesario.
3. Las determinaciones a que hace referencia este artículo se desarrollarán en los siguientes documentos:
Planos y planes de información y de ordenación urbanística del territorio.
1. Asimismo los Planes Generales han de prever las reservas de suelo necesarias para el equipamiento comercial público, y otros de grandes centros comerciales de interés social, en función de las necesidades de la población actual y potencial.
2. Estas reservas lo son con independencia de las regulaciones que para techo comercial prevean los Planes Parciales en desarrollo del suelo urbanizable.
3. Las reservas comerciales considerarán, en los emplazamientos, la cantidad del servicio y la capacidad adquisitiva de la población.
4. Los aspectos que, como mínimo, ha de contemplar el planeamiento urbanístico, a fin de garantizar la adecuada implantación, son los siguientes:
a) La localización de los establecimientos comerciales responderá a criterios de proximidad, accesibilidad y comodidad para facilitar las compras cotidianas o frecuentes.
b) Para los otros tipos de bienes y servicios responderá a criterios de concentración para garantizar una oferta amplia (arts. 4.º, 5.º y 3.º de la Ley de Equipamientos Comerciales).
1. Los Planes Parciales de Ordenación tienen por objeto en el suelo clasificado como urbanizable programado desarrollar, mediante la ordenación detallada de una parte de su ámbito territorial, el Plan General, y, en su caso, las Normas Complementarias y Subsidiarias del Planeamiento y en el suelo clasificado como urbanizable no programado, el desarrollo de los Programas de Actuación Urbanística.
No podrán redactarse Planes Parciales sin Plan General previo o Normas Complementarias y Subsidiarias de Planeamiento, y, en ningún caso, podrán modificar las determinaciones de unos y otros.
2. Sin perjuicio de lo que dispone el artículo 112 de esta Ley, los Planes Parciales de Ordenación contendrán estas determinaciones:
a) Asignación de usos y delimitación de las zonas en que se divide el territorio planeado por razón de éstos y, si procede, la división en polígonos.
b) De acuerdo con el número máximo de viviendas previstas, las Planes Parciales con fines residenciales han de reservar los suelos de cesión obligatoria y gratuita para atender los fines y destinos siguientes:Señalamiento de reservas de terrenos para parques y jardines, zonas deportivas y de entretenimiento públicos en proporción adecuada a las necesidades colectivas. La superficie destinada a la citada reserva será como mínimo de dieciocho metros cuadrados por habitante. Esta reserva no podrá ser inferior al 10 por 100 de la superficie total ordenada.
Fijación de reservas de terrenos para centros culturales y docentes públicos y privados, en la proporción mínima de diez metros cuadrados por habitante, agrupados según los módulos necesarios para formar unidades escolares completas.
Emplazamientos reservados para templos, centros asistenciales y sanitarios, deportivos y otros servicios de interés público y social, en superficie mínima de seis metros cuadrados por vivienda, sin que en ningún caso esta superficie de suelo pueda ser inferior al 4 por 100 de la superficie.
Trazado y características de las redes de comunicaciones propias del sector y de su enlace con el sistema general de comunicaciones previstas en el Plan General de Ordenación, con señalamiento de alineaciones, rasantes y, en su caso, zonas de protección de la red viaria, así como la previsión de aparcamientos, en proporción mínima de una plaza por cada 100 metros cuadrados de edificación.
Cuando se trate de zonas que el planeamiento destina en exclusiva a usos comerciales, de oficina, industriales y de almacén no será necesario hacer previsión de suelo destinado a centros docentes. En este caso, la reserva para otros servicios de interés público y social será del 4 por 100 de la superficie de la zona o sector.
Por razones de interés público, la suma de superficies mínimas de cesión obligatoria y de cesión gratuita previstas por este artículo podrá ser afectada por los Ayuntamientos, en cada sector, a un único o diversos de estos destinos siempre que así lo regule el Plan General para el conjunto de los sectores de un mismo cuatrienio. El programa de actuación ha de garantizar que al final del cuatrienio las superficies resultantes para cada uno de los fines serán idénticas a las que resultarían de la aplicación individualizada de las cesiones anteriormente expuestas en cada sector.
c) Características y trazado de las galerías y redes de abastecimiento de agua, alcantarillado, energía eléctrica, gas y aquellos otros servicios que, si fuera necesario, prevea el plan.
d) Evaluación económica de la implantación de los servicios y de la ejecución de las obras de urbanización.
e) Plan de etapas para la ejecución de las obras de urbanización y si fuera preciso de edificación.
f) Determinación del número máximo de viviendas.
g) Cálculo del aprovechamiento medio sectorial en el supuesto de que el ámbito de planeamiento comprenda zonas de calificación diferente o cuando el planeamiento general prevea, dentro del ámbito del sector, reservas de terrenos para sistemas.Los Planes Parciales comprenderán los planos de información, incluido el catastral, y los estudios justificativos de sus determinaciones, así como los planos de proyecto, determinación de los servicios y ordenanzas reguladoras necesarias para su ejecución, y, si procede, los que se fijen reglamentariamente.
1. Los Estudios de Detalle podrán formularse cuando fuera necesario para completar o, en su caso, adaptar determinaciones establecidas en los Planes Generales para el suelo urbano y en los Planes Parciales.
a) El señalamiento de alineaciones y rasantes, y/o
b) La ordenación de los volúmenes de acuerdo con las especificaciones del Plan
3. Los Estudios de Detalle mantendrán las determinaciones fundamentales del Plan, sin alterar el aprovechamiento que corresponda a los terrenos comprendidos en el Estudio.
En ningún caso podrán ocasionar perjuicio ni afectar las condiciones de a ordenación de los predios que limitan.
4. También podrán formularse Estudios de Detalle cuando fueran precisos para completar el señalamiento de alineaciones y rasantes, respecto a las Normas Complementarias y Subsidiarias del Planeamiento.
5. Los Estudios de Detalle comprenderán los documentos justificativos de los extremos señalados en el número 2.
1. Los Proyectos de Urbanización son proyectos de obras que tienen por finalidad llevar a la práctica los Planes Generales Municipales en el suelo urbano, los Planes Parciales y, en su caso, las Normas Complementarias y Subsidiarias de Planeamiento. No podrán contener determinaciones sobre ordenación ni régimen del suelo y de la edificación, y tendrán que detallar y programar las obras que comprendan con la precisión necesaria para que puedan ser ejecutadas por técnico distinto del autor del proyecto.
2. Los Proyectos de Urbanización no podrán modificar las previsiones del Plan que desarrollan, sin perjuicio de poder efectuar las adaptaciones exigidas para la ejecución material de las obras.
1. La ordenación y urbanización de terrenos clasificados como suelo urbanizable no programado se efectuará, de conformidad con el Plan General Municipal respectivo, mediante Programas de Actuación Urbanística para la realización de ámbitos urbanísticos integrados.
a) Desarrollo de los sistemas de estructura general de la ordenación urbanística del territorio, con indicación de los sistemas de actuación adecuados para hacer efectivas las reservas de suelo incluidas en cada actuación.
b) Señalamiento de usos y niveles de intensidad con expresión del aprovechamiento medio en todo su ámbito.
c) Trazado de las redes fundamentales de abastecimiento de agua, alcantarillado, teléfono, energía eléctrica, comunicaciones y otros servicios que se prevean.
d) División del territorio para su desarrollo en etapas.Estas determinaciones se completarán para cada etapa con los correspondientes Planes Parciales y los Proyectos de Urbanización. En las promociones privadas se incluirán además los programas de edificación
3. Los Programas de Actuación Urbanística comprenderán los estudios y planos de información justificativos de sus determinaciones, incluido el análisis de su relación con las previsiones del Plan General Municipal y los documentos y planos de ordenación y de proyectos necesarios para su ejecución.
1. En desarrollo de las previsiones contenidas en el Plan Territorial Sectorial, Planes Directores de Coordinación, Planes Generales de Ordenación Urbana, y en las Normas Complementarias y Subsidiarias del Planeamiento se podrán redactar, si fuera preciso, Planes Especiales para la ordenación de recintos y conjuntos artísticos, protección del paisaje y de las vías de comunicación, conservación de determinados ámbitos del medio rural, reforma interior, equipamientos comerciales, saneamiento de poblaciones y cualquier otra finalidad análoga, sin que en ningún caso puedan sustituir a los Planes Generales Municipales como instrumentos de ordenación integral del territorio.
2. También podrán redactarse Planes Especiales para la ejecución directa de obras correspondientes a la infraestructura del territorio o a los elementos determinantes del desarrollo urbano, así como referidos al señalamiento y localización de las infraestructuras básicas relativas a las comunicaciones terrestres, marítimas y aéreas, al abastecimiento de agua, saneamiento, suministro de energía y otras análogas, y de las contenidas en el número 1, párrafo b), del artículo 23 de esta Ley.
3. Los Planes Especiales contendrán las determinaciones previstas en el planeamiento territorial o de ordenación urbana correspondiente y en su defecto, las propias de su naturaleza y finalidad, debidamente justificadas y desarrolladas en los estudios, planos y normas correspondientes.
1. La conservación y valoración del Patrimonio histórico y artístico y bellezas naturales, objeto de planeamiento especial, comprenderá, entre otros, estos aspectos:
a) Elementos naturales y urbanos, el conjunto del cual contribuye a caracterizar el panorama.
e) Composición y detalles de los edificios situados en emplazamientos que hayan de ser objeto de medidas especiales de protección.
2. A los efectos expresados se podrán dictar normas especiales para la conservación, restauración y mejora de los edificios y elementos naturales y urbanísticos, sin perjuicio, en su caso, de la aplicación de la normativa específica.
El planeamiento especial para la protección del paisaje, cuando tenga por objeto preservar determinados lugares o perspectivas panorámicas del territorio de Cataluña, se referirá, entre otros, a los siguientes aspectos:
a) Bellezas naturales, panorámicas o perspectivas del territorio que convenga mantener para el fomento del turismo.
b) Predios rústicos o de pintoresca situación, amenidad, singularidad geográfica o recuerdo histórico.
c) Edificios aislados que se distingan por su emplazamiento o belleza arquitectónica y parques y jardines destacados por su belleza, disposición artística, trascendencia histórica o importancia de las especies botánicas que haya.
d) Perímetros edificados que formen un conjunto de valor para sus elementos tradicionales arquitectónicos o estéticos.
La protección en el orden urbanístico de las vías de comunicación, en lo que se refiere a la restricción del destino y del uso de los terrenos que lindan permitirá:
b) Prohibir o limitar, de acuerdo con la legislación vigente, el acceso directo a las fincas de la carretera.
El planeamiento urbanístico especial podrá afectar, con fines de protección, a huertos y espacios forestales, mediante restricciones de uso apropiadas para impedir su desaparición o alteración.
1. Los Planes Especiales de reforma interior tienen por objeto la realización en suelo urbano de operaciones encaminadas a la descongestión, creación de dotaciones urbanísticas y equipamientos comunitarios, saneamiento de barrios insalubres, resolución de problemas de circulación o de estética y mejora del medio ambiente o de los servicios públicos u otros fines análogos.
2. Los Planes Especiales de reforma interior contendrán las determinaciones y documentos adecuados a los objetivos perseguidos y como mínimo los que prevé el artículo 17 de esta Ley, excepto que alguno de ellos no fuera necesario por no guardar relación con la reforma.
3. Cuando se trate de operaciones de reforma interior no previstas en el Plan General, el Plan Especial no podrá modificar la estructura fundamental de aquél a este efecto se acompañará de un estudio que justifique su necesidad o conveniencia, su coherencia con el Plan General y la incidencia sobre el mismo.
La administración actuante y los particulares pueden elaborar Planes Especiales para realizar los equipamientos comerciales públicos y los otros centros comerciales previstos en las reservas de suelo del planeamiento general. La tramitación de los citados Planes Especiales requiere el preceptivo informe de la Comisión Territorial de Equipamientos Comerciales.
1. Se conceptuarán como Planes y proyectos de saneamiento los que se refieren a obras en el suelo y subsuelo para mejorar las condiciones de salubridad, higiene y seguridad.
2. Estos Planes y proyectos comprenderán las obras de abastecimiento de aguas potables, depuración y aprovechamiento de las residuales, instalación de alcantarillado, drenajes, fuentes, abrevaderos, lavaderos, recogida y tratamiento de basuras.
3. También se considerarán como Planes y proyectos de saneamiento urbano los de abastecimiento de aguas de edificios y establecimientos de servicio público pertenecientes al Estado, Generalidad de Cataluña, Municipio y Provincia, y otros organismos públicos competentes en la materia, ya cuenten con instalación propia o se abastezcan de otros conductos.
La protección a que los Planes Especiales se refieren, cuando se trate de conservar o mejorar monumentos, jardines, parques naturales o paisajes, requerirá su inclusión en catálogos aprobados por la Consejería de Política Territorial y Obras Públicas o la Comisión de Urbanismo, de oficio o a propuesta de otros órganos o particulares.
CAPITULO IIFormación y aprobación de los planes
Los Organismos Públicos, los concesionarios de servicios públicos y los particulares prestarán su concurso a la redacción de Planes de Ordenación y, al efecto, facilitarán a las entidades Locales, Comisiones de Urbanismo, Dirección General de Urbanismo y otros organismos competentes los documentos e informaciones necesarias.
1. Los órganos competentes para la aprobación inicial de los instrumentos de planeamiento general, especial, parcial o de los estudios de detalle pueden acordar, con la finalidad de estudiar la formación o bien la reforma, la suspensión del otorgamiento de licencias de parcelación de terrenos, de edificación y del derribo, en ámbitos determinados.
2. Los efectos de esta suspensión no pueden durar más de un año.
3. Este acuerdo se publicará en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» o en el «Boletín Oficial de la Provincia», si procede.
1. La aprobación inicial de los instrumentos de planeamiento citados en el artículo anterior obliga a la administración actuante a acordar la suspensión del otorgamiento de licencias de parcelación, de edificación y de derribo en los ámbitos para los cuales las nuevas determinaciones comporten modificación del régimen urbanístico.
2. Constituyen modificación del régimen urbanístico las determinaciones que comporten:
a) Cambio en la clasificación del suelo.
b) Afectación de terrenos a sistemas.
d) Modificación del coeficiente de edificabilidad neta de una zona.
3. Además, en el momento de la aprobación inicial, la administración actuante puede acordar la suspensión del otorgamiento de las licencias citadas en el punto 1 de este artículo en los ámbitos para los cuales se pretenda conseguir objetivos urbanísticos concretos, que han de ser explicitados y justificados.
4. La iniciación del expediente de reparcelación comporta, sin que sea necesaria declaración expresa, la suspensión del otorgamiento de licencias de parcelación y de edificación en el ámbito del polígono o de la unidad de actuación hasta que el acuerdo aprobatorio de la reparcelación sea firme en vía administrativa.
1. En los casos previstos en los dos artículos precedentes, además de adoptarse los acuerdos de suspensión con las formalidades previstas por reglamento, es necesario delimitar explícitamente los ámbitos afectados, confeccionando un «Plano de limitación de los ámbitos sujetos a suspensión de licencias», en el cual se han de grafiar a escala adecuada y con detalle y claridad suficiente todos estos ámbitos.
2. Si antes de finalizar el plazo de un año previsto por el artículo 40.2. se hubiese producido el acuerdo de aprobación inicial, la administración actuante podrá hacer uso de lo que establece el artículo 41, y sus efectos se extinguirán definitivamente una vez transcurridos dos años desde la vigencia del acuerdo de suspensión adoptado para estudiar el plan o la reforma de éste.
3. Si la aprobación inicial se produce una vez transcurrido el plazo de un año previsto en el artículo 40.2, la suspensión decidida con motivo de la aprobación inicial tendrá también la duración máxima de un año contado desde la publicación del acuerdo de suspensión.
4. Si con anterioridad al acuerdo de aprobación inicial no se hubiese suspendido el otorgamiento de licencias conforme a lo que dispone el artículo 30.1, la suspensión que se decidiese con motivo de la aprobación inicial tendrá una duración máxima de dos años.
5. En cualquier caso los efectos de la suspensión se extinguirán con la entrada en vigor del instrumento de planeamiento de que se trate, por razón de aprobación definitiva de éste.
6. Una vez extinguidos los efectos de la suspensión en cualquiera de los casos previstos por este artículo y por los precedentes, no se podrán acordar nuevas suspensiones en aquellos ámbitos por idéntica finalidad dentro de los cinco años siguientes.
Los peticionarios de licencias solicitadas con anterioridad a la publicación de la suspensión tendrán derecho a ser indemnizados del coste oficial de los proyectos y a la devolución, si procede, de las tasas municipales.
1. Las Entidades y Organismo interesados podrán formular avances de Plan y anteproyectos parciales que sirvan de orientación a la redacción de los Planes sobre bases aceptadas en principio.
2. Los avances y anteproyectos se podrán remitir al Ayuntamiento, a la Comisión de Urbanismos o al Departamento de Política Territorial y Obras Públicas sin información pública.
3. La aprobación sólo tendrá efectos administrativos internos preparatorios de la redacción de los Planes y proyectos definitivos.
Sección segundaCompetencias
1. Los Planes Directores de Coordinación serán formulados por los organismos o entidades que, a propuesta del Consejo de Política Territorial y Obras Públicas y previo informe de la Comisión de Urbanismo de Cataluña, determine el Consejo Ejecutivo, el cual señalará, además, los organismos o Entidades que hayan de intervenir en su elaboración, su ámbito territorial y el plazo en el que han de redactarse. La propuesta del Departamento de Política Territorial y Obras Públicas se hará por propia iniciativa o de otro Departamento de la Generalidad, o a instancia de una Entidad Local o de una Entidad Urbanística Especial competente. Todo ello, sin perjuicio de las competencias de redacción que tengan atribuidas por ley otros organismos públicos.
2. En la elaboración de los Planes Directores Territoriales de Coordinación intervendrán directamente el Departamento de Política Territorial y Obras Públicas y estarán representadas las Entidades Locales comprendidas por razón del ámbito del Plan y las Entidades urbanísticas especiales competentes para su redacción.
1. Los Planes Municipales serán formulados por los Ayuntamientos. No obstante, podrán éstos encargar su formulación a la respectiva Comisión de Urbanismo o a otros entes locales.
2. En cualquier caso, la redacción podrá encargarse a los técnicos de la Corporación o Comisión o a los que se designaren, libremente o por concurso, entre facultativos competentes con título oficial reconocido.
1. Si las necesidades urbanísticas de un Municipio aconsejaren la extensión del planeamiento a otros términos municipales vecinos, se podrá disponer la formulación de un Plan de conjunto, de oficio o a instancia del municipio.
El organismo competente para adoptar el acuerdo será la Comisión de Urbanismo cuando se trate de municipios incluidos en el ámbito territorial de su competencia. En los demás supuestos, el acuerdo lo adoptará el Consejero de Política Territorial y Obras Públicas.
2. El Consejero o la Comisión determinarán la extensión territorial de los Planes, el Ayuntamiento u Organismo que deba redactarlos y la proporción en que los municipios afectados han de contribuir a los gastos.
Artículo 47 declarado constitucional por Sentencia TC (Pleno) 159/2001, 5 julio («B.O.E.» 26 julio), si se interpreta en el sentido de que la facultad de la Comunidad Autónoma de Cataluña de formular Planes de Conjunto únicamente puede llevarse a cabo «en defecto de acuerdo entre las Corporaciones Locales afectadas».
1. En el caso que los Planes Municipales no se formulen en el plazo que señalan los artículos 51 y 52 de esta Ley, el Consejero de Política Territorial y Obras Públicas podrá disponer que se redacten por la Dirección General de Urbanismo o por la Comisión de Urbanismo. Asimismo, la Comisión de Urbanismo podrá acordar que se redacten por la propia Comisión.
2. Los gastos de redacción de los Planes Municipales serán sufragados por las respectivas Entidades Locales, excepto circunstancias especiales y justificadas en expediente instruido al efecto.
1. Los Planes Especiales podrán ser formulados por las Entidades Locales, Entidades Urbanísticas especiales y órganos competentes en el orden urbanístico de acuerdo con esta Ley.
La formulación de los Planes especiales a que se refiere el artículo 29.2 de esta Ley se podrán realizar por quien tenga a su cargo la ejecución directa de las obras correspondientes a la infraestructura del territorio o a los elementos determinantes del desarrollo urbano.
2. Los Programas de Actuación Urbanística se formularán por las Entidades Locales y, si procede, por las Urbanísticas competentes o por los adjudicatarios correspondientes, conforme a lo que dispone el capítulo VII del título IV de esta Ley.
1. La competencia para aprobar definitivamente los planes y proyectos de ordenación urbana corresponde:
a) Al Gobierno de la Generalidad, los Planes Directores de Coordinación.
b) Al Consejo de Política Territorial y Obras Públicas, los Planes, Programas de Actuación Urbanística, Normas Complementarias y Subsidiarias de Planeamiento que se refieran a los Municipios de Barcelona, Tarragona, Lérida y Gerona y a poblaciones de más de 50.000 habitantes, así como, en cualquier caso, los que afecten a diversos municipios. Se exceptúa de lo anterior la aprobación definitiva de los planes parciales correspondientes a sectores de urbanización prioritaria.
c) A las Comisiones de Urbanismo, los Planes, excepto los parciales que desarrollen sectores de urbanización prioritaria y Programas de Actuación Urbanística y Normas Complementarias y Subsidiarias de planeamiento, en los restantes casos.
d) A las Corporaciones Municipales competentes, los planes parciales que desarrollen sectores de urbanización prioritaria, los estudios de detalle y los proyectos de urbanización, dando cuenta de todos ellos a la Comisión de Urbanismo.
2. Cuando la iniciativa de los Planes Especiales se deba a Entidades Locales o Urbanísticas especiales, su aprobación definitiva corresponderá:
a) Con carácter general a los órganos competentes para aprobar los Planes Parciales.
b) En los demás casos al Consejero de Política Territorial y Obras Públicas.
En los supuestos de los Planes Especiales previstos en el artículo 29.2 corresponderá al Consejero de Política Territorial y Obras Públicas.
Sección terceraPlazos
1. Los Planes Generales Municipales de Ordenación de poblaciones de más de 50.000 habitantes deberán ser formulados en el plazo que señale el Consejero de Política Territorial y Obras Públicas.
2. Los Planes Generales de Ordenación de los otros municipios se redactarán en los plazos que fijen el Consejero de Política Territorial y Obras Públicas o las Comisiones de Urbanismo.
Los Planes Parciales se formularán en los plazos previstos en el Plan General, en el Programa de Actuación Urbanística, si procede, o en los plazos que determinen el Consejero de Política Territorial y Obras Públicas o la Comisión de Urbanismo.
Los Proyectos de Urbanización se redactarán con la antelación necesaria para que las obras a que se refieren se puedan realizar de acuerdo con los plazos previstos en el correspondiente programa de actuación.
Sección cuartaProcedimiento
1. El Consejero de Política Territorial y Obras Públicas someterá los Planes Directores de Coordinación al trámite de información pública e informe de las Corporaciones Locales del territorio que afecten previsto en el artículo 59 de esta Ley, así como a informe de los Departamentos que no hubieran intervenido en su elaboración y a los que interese por razón de su competencia. Los informes se entenderán favorables si no fuesen emitidos en el plazo de dos meses.
2. La aprobación de los Planes Directores de Coordinación corresponde al Consejo Ejecutivo a propuesta del Consejero de Política Territorial y Obras Públicas previo informe de la Comisión de Urbanismo de Cataluña.
Los Planes Generales Municipales de Ordenación se tramitarán de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 59 de esta Ley con las especialidades siguientes:
a) La aprobación inicial y provisional corresponde al Ayuntamiento cuando se refieran a un único municipio, y a la Entidad Local competente cuando se extienda a más de un término municipal.
b) La aprobación definitiva de los Planes de poblaciones de más de 50.000 habitantes es competencia del Consejero de Política Territorial y Obras Públicas, previo informe de la Comisión de Urbanismo de Cataluña y de las Comisiones de Urbanismo correspondientes, informes que se entenderán favorables si no se emiten en el plazo de un mes.
Para facilitar la participación de los ciudadanos y de las instituciones en el planeamiento durante los trabajos previos de elaboración del Plan General se dará amplia información pública a través de los medios de comunicación locales y generales, y se presentarán con propuestas y soluciones alternativas adecuadamente explicitadas.
1. En la tramitación de Planes Generales, de Normas Subsidiarias y de Planes Parciales y Especiales, una vez aprobados inicialmente, se solicitará un informe a los organismos siguientes:
a) La Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña.
b) Los Servicios Territoriales de las Direcciones Generales de Carreteras, de Transportes, de Puertos y Costas y de Obras Hidráulicas del Departamento de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalidad de Cataluña.
c) La Red Nacional de Ferrocarriles Españoles y los Ferrocarriles de la Generalidad de Cataluña.
d) Los demás a quienes sea preceptivo solicitarlos.
2. En el transcurso de la tramitación de los Planes Generales o de las Normas Subsidiarias, de acuerdo con la exigencia de participación establecida por la Ley, se ha de comunicar a las corporaciones locales limítrofes el acuerdo de aprobación inicial.
3. Los informes se han de evacuar en el plazo de diez días, salvo que una disposición autorice otro más largo, que en ningún caso será superior a dos meses. Estos informes se han de incluir en el expediente, y las determinaciones que se incorporen se han de hacer constar en el acuerdo de aprobación provisional.
4. Si el informe no se recibe en el plazo señalado, se seguirán las actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiese incurrido el funcionario o bien la autoridad causante del retraso.
1. En la tramitación del planeamiento general, las normas subsidiarias, los planes parciales, los planes especiales y los programas de actuación urbanística y en la de sus modificaciones, los Ayuntamientos o la correspondiente Comisión de Urbanismo, si es el órgano competente para su tramitación, deben solicitar informe al Departamento competente en materia de comercio con respecto a las reservas del suelo para usos comerciales cuando éstas posibiliten la implantación de grandes establecimientos comerciales. Dicho informe tiene carácter vinculante, si es desfavorable.
2. De acuerdo con la Ley 6/1988, de 30 de mayo, debe solicitarse informe preceptivo de la administración forestal en lo que se refiere a la delimitación, calificación y regulación normativa de los terrenos forestales.
1. Aprobado inicialmente el Plan General Municipal o el Programa de Actuación Urbanística o el planeamiento especial del artículo 29.2 de esta Ley y sus programas de actuación por la Corporación u Organismo que lo hubiera redactado, éste lo someterá a información pública durante un mes y, transcurrido este plazo, si el Plan no hubiere sido redactado por el Ayuntamiento respectivo, se abrirá otro período de igual duración para dar audiencia a las Corporaciones Locales a cuyo territorio afecten.
2. La Comisión u Organismos que hubiera aprobado inicialmente el Plan, en vista del resultado de la información pública lo aprobará provisionalmente con las modificaciones que procediesen y lo someterá a la autoridad u órgano competente que deba otorgar la aprobación definitiva, a fin de que lo examine en todos sus aspectos y decida en el plazo de seis meses desde el ingreso del expediente en el Registro, transcurrido el cual sin comunicar la resolución se entenderá aprobado por silencio administrativo.
3. Si la autoridad u órgano a quien corresponde la aprobación definitiva no la otorgara, señalará las deficiencias de orden técnico y subsiguientes modificaciones que procediera introducir para que, una vez subsanadas por la Corporación u Organismo que hubiere efectuado la aprobación provisional, se eleve nuevamente a la citada aprobación definitiva, excepto que hubiese estado relevada de hacerlo por la escasa importancia de las rectificaciones.
4. Los Planes Especiales referenciados en el artículo 29 de esta Ley, se ajustarán a las prescripciones siguientes:
a) El plazo para proceder a la aprobación provisional no podrá exceder de un año, contado a partir de la aprobación inicial.
b) Transcurrido este plazo, y un mes más tarde desde la denuncia de mora por el organismo interesado, la Comisión de Urbanismo o, si procede, el Consejero de Política Territorial y Obras Públicas, quedará automáticamente subrogado en las competencias del Ayuntamiento en orden a la tramitación y, en su caso, aprobación del Plan.
c) El plazo para proceder a la aprobación definitiva de estos planes no podrá exceder de tres meses contados a partir del ingreso del expediente en el registro correspondiente. Transcurrido el citado plazo sin comunicar la resolución correspondiente se entenderá otorgada la aprobación definitiva por silencio administrativo.
5. En el supuesto de acuerdos que requieran la presentación de un texto refundido o de nueva documentación, el órgano competente para resolver dispondrá del mismo plazo que la ley fija para resolver el instrumento de planeamiento de que se trate para adoptar el pronunciamiento correspondiente. Una vez transcurrido dicho plazo sin que se haya dictado un acto expreso, se entenderá aprobado el texto refundido por silencio administrativo o cumplimentado el expediente con la documentación aportada, a todos los efectos.
Número 5 del artículo 59 introducido por D.Leg. [CATALUÑA] 16/1994, 26 julio («D.O.G.C» 1 agosto), por el que se adecúan a la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, normas con rango de Ley que afectan al Departamento de Política Territorial y Obras Públicas.
1. Los planes parciales de iniciativa particular y todos los especiales que se redacten para desarrollar el planeamiento general y sus programas de actuación se tramitarán según el procedimiento siguiente:
La corporación municipal o bien el órgano competente ha de acordar inicialmente la resolución que corresponda dentro de los sesenta días siguientes a la entrada del expediente en su registro general.
El informe de los servicios técnicos y jurídicos se ha de referir exclusivamente al análisis del cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, al desarrollo del plan general, a los criterios de ordenación física propuestos, con atención especial a la ordenación aprobada de los sectores adyacentes, a las previsiones de suelo de cesión obligatoria y gratuita y a las previsiones para agilizar la gestión.
2. Los acuerdos de suspensión o de denegación han de ser motivados y no son posibles la inadmisión a trámite ni el rechazo por falta de documentos, circunstancia ésta que, si se produjera, habrá de constar en el acuerdo de suspensión.
Los acuerdos de suspensión han de señalar las deficiencias que sea necesario subsanar y, una vez subsanadas éstas, el acuerdo de aprobación inicial deberá ser adoptado dentro de los treinta días siguientes al de la nueva presentación en el registro general del proyecto corregido, y no puede ser adoptado un segundo acuerdo suspensivo, salvo que las directrices municipales, aunque respetando el planeamiento general vigente en el momento de esta presentación, concreten una ordenación física diferente de la propuesta por el proyecto, en cuyo caso se podrá tomar un último acuerdo suspensivo que explicite las mencionadas directrices.
Si, una vez transcurridos tres meses desde la devolución de un plan parcial de iniciativa particular o bien uno especial cuya aprobación inicial hubiera sido suspendida, éstos no hubiesen sido devueltos debidamente corregidos, se entenderá caducado el expediente a los efectos administrativos, sin perjuicio de una ulterior incoación.
A tal efecto, la Administración actuante en la notificación del acuerdo de suspensión hará el advertimiento de caducidad. Consumido este plazo sin que el particular requerido realice las actividades necesarias para reanudar la tramitación, la Administración acordará el archivo de las actuaciones, notificándolo al interesado con indicación de los recursos pertinentes.
3. Una vez aprobados inicialmente, los planes parciales y los especiales han de someterse a información pública durante un mes, y el edicto se ha de remitir para su publicación reglamentaria en el plazo máximo de los diez días siguientes a la adopción del acuerdo.
4. La corporación o el organismo que ha aprobado inicialmente el plan, una vez emitido el informe de las alegaciones presentadas en el plazo de información pública, lo aprobará provisionalmente con las modificaciones procedentes dentro de los tres meses siguientes a la fecha de la publicación del acuerdo de aprobación inicial o de la publicación del acuerdo de prórroga del plazo de información pública, si se adopta.
A continuación, en el plazo máximo de un mes el proyecto ha de ser sometido a la autoridad o bien al organismo competente para que lo apruebe definitivamente, salvo en los sectores declarados de urbanización prioritaria y regulados en el capítulo VI del título IV de esta Ley, en cuyo caso, independientemente del tamaño de las poblaciones, la aprobación definitiva de los planes parciales corresponderá al Ayuntamiento. El proyecto ha de ir en forma de texto refundido y ha de incluir las correcciones aceptadas, a fin de que sea examinado en todos los aspectos y resuelto dentro de los tres meses siguientes al ingreso del expediente en el registro general; si una vez transcurrido este plazo la resolución que corresponda no se ha comunicado, el proyecto se entenderá aprobado por silencio administrativo.
5. Cuando el expediente esté formalmente completo, la Administración competente podrá adoptar alguna de estas decisiones:
a) Aprobar pura y simplemente el plan.
b) Suspender la aprobación del plan por deficiencias que deben subsanarse por la corporación o por el organismo que hubiere otorgado la aprobación provisional.Si dentro de los tres meses siguientes a la notificación del acuerdo el organismo competente no subsana las deficiencias del plan, podrá subrogarse la Comisión de Urbanismo competente.
c) Denegar motivadamente la aprobación definitiva del plan, por razón de la alteración sustancial del planeamiento general, incumplimiento de las determinaciones legales o reglamentarias o defectos no subsanados en la tramitación.Hay alteración sustancial del planeamiento general por incremento del aprovechamiento urbanístico o de la intensidad de los usos privados, por incumplimiento de la previsión de las reservas para suelos de cesión gratuita y obligatoria fijadas por aquél y por esta Ley o por alteración de los usos globales previstos.
6. En los supuestos de acuerdos que requieran la presentación de un texto refundido se estará a lo que dispone el artículo 59.5.
1. Si habiendo transcurrido el plazo de sesenta días a que se refiere el segundo párrafo del artículo 60.1 de esta Ley la corporación o bien el organismo competente no han comunicado la aprobación, la suspensión o denegación inicial del plan parcial o bien del especial, el promotor podrá presentar la solicitud, acompañada de toda la documentación, a la Comisión de urbanismo competente, que se subrogará en lugar del organismo competente para realizar la aprobación inicial. La Comisión de Urbanismo dispondrá de sesenta días para adoptar el pronunciamiento inicial y de cuatro meses, contados desde la fecha de publicación de apertura de la información pública, para la aprobación que corresponda, y no será necesario la provisional si resulta competente para la aprobación definitiva. En el mencionado primer plazo, la Comisión dará audiencia de diez días al Ayuntamiento correspondiente. Si habiendo transcurrido el plazo anterior y habiéndose producido la información pública la resolución no se notificare al Ayuntamiento y al promotor, el plan se entenderá aprobado definitivamente por silencio administrativo.
2. Si, habiendo transcurrido el plazo de tres meses a que se refiere el artículo 60.4 de esta Ley, la corporación o bien el organismo competente no han aprobado provisionalmente el plan, o no se hubiere publicado el edicto de apertura del plazo de información pública, el promotor podrá presentar la solicitud, acompañada de toda la documentación, ante la Comisión de Urbanismo.
3. En el primer caso previsto en el punto precedente la Comisión de Urbanismo ha de requerir al Ayuntamiento o bien al organismo que hubiere aprobado inicialmente el plan para que le entregue las alegaciones producidas a lo largo del plazo de información pública, y a partir de entonces dispondrá de cuatro meses para acordar la resolución definitiva y sin necesidad de la provisional, si resulta competente. Si, una vez transcurrido este plazo, la resolución no ha sido notificada se entenderá que el plan está aprobado definitivamente por silencio administrativo. Si la entrega de las alegaciones no se produce dentro de los quince días siguientes al requerimiento, la Comisión de Urbanismo abrirá el período de información pública y se procederá en la forma antes establecida hasta la resolución definitiva.
4. En el segundo caso previsto en el punto 2 la Comisión de Urbanismo abrirá el período de información pública y, si resulta competente, procederá a dar la aprobación definitiva, sin necesidad de la provisional, tal y como establece el punto precedente.
1. En cualquier caso, si la promoción del plan parcial es de la Administración Pública o bien de empresas mixtas, la aprobación inicial deberá resolverse dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a la presentación; el plazo de información pública puede reducirse a veintedías, con la declaración previa de urgencia del Gobierno de la Generalidad.
El resto de la tramitación, la aprobación provisional y la definitiva seguirá el procedimiento y los plazos fijados con carácter general por el artículo 60 de esta Ley.
2. En estos supuestos se han de aplicar las previsiones del artículo 61, con las modificaciones siguientes: en el caso de subrogación porque no se ha producido la aprobación inicial, la Comisión de Urbanismo dispondrá del mismo plazo que el Ayuntamiento o bien que el órgano competente para adoptarla; si la subrogación tiene lugar porque la aprobación provisional no se ha producido, la Comisión dispondrá de tres meses para adoptar la resolución definitiva, si resulta competente y no ha de abrir el período de información pública, o bien, de cuatro meses contados desde la fecha de la publicación del edicto correspondiente en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» si se ha de hacer la cobertura del mencionado trámite.
1. Los sectores de planeamiento parcial establecidos por Planes Generales de Ordenación o bien por Normas Subsidiarias de planeamiento pueden ser objeto de desarrollo parcial por subsectores, siempre que se cumplan las condiciones siguientes:
a) Que el plan parcial se presente a trámite con un avance del plan referido a todo el sector que justifique la conveniencia y la oportunidad de la promoción, la coherencia de las redes viarias y del emplazamiento de jardines, plazas, dotaciones y centros de interés público con el conjunto de todo el sector y el enlace con las redes generales y viarias que haya en funcionamiento. La iniciativa de particular en la tramitación del plan ha de mantener las mismas condiciones de publicidad que esta Ley establece para el ámbito del sector.
b) Que la edificabilidad propuesta no supere la que les corresponda para el aprovechamiento medio de los sectores que son objeto de actuación y se garantice la distribución equitativa de las cargas y de los beneficios del planeamiento.
c) Que dispongan de terrenos de cesión obligatoria y gratuita, en la proporción exigida por el planeamiento general y por esta Ley, en relación con la superficie del subsector y de su aprovechamiento. Cuando no se puedan hacer efectivos estos suelos debido a las previsiones del avance, la cesión gratuita exigida podrá ser sustituida por la cesión de terrenos edificables, a cuenta de la posterior reparcelación, con la obligación de incorporar estos suelos, con esa concreta finalidad, al Patrimonio Municipal del Suelo.
2. En ningún caso podrán aprobarse planes parciales de subsectores que comporten cesiones gratuitas proporcionalmente inferiores a las correspondientes para sectores enteros, según la normativa urbanística vigente y el punto anterior.
3. La aprobación del avance del plan parcial para el conjunto del sector, una vez sometido a información pública, tiene los efectos que establece el artículo 44.3 de esta Ley.
4. La memoria del plan parcial se ha de complementar con un anexo específico demostrativo de la conveniencia y viabilidad técnica, jurídica y económica de la actuación, y referido a las letras b) y c) del punto 1.
5. Los terrenos a los cuales se refiere la letra c) del punto 1 han de ser cedidos a la administración inmediatamente después de la aprobación definitiva del plan parcial, y la publicación del edicto de este acuerdo no se hará hasta que se haya acreditado al organismo competente la adscripción de los bienes al Patrimonio Municipal del Suelo y a aquel fin.
1. La tramitación de los proyectos de urbanización se sujetará a las reglas siguientes:
a) El acuerdo de aprobación inicial se ha de tomar dentro de los treinta días siguientes a la presentación del proyecto. El acuerdo se remitirá antes de diez días contados desde la fecha de la adopción al «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» y al «Boletín Oficial de la Provincia», si procede.
b) La información pública es de veinte días.Letra b) redactada por Decreto legislativo 16/1994, 26 julio.
c) Se podrá solicitar facultativamente el informe previo al Servicio Territorial de Urbanismo de la Generalidad que corresponda, que se entenderá emitido por el transcurso del plazo de un mes contado desde la entrada de un ejemplar del proyecto completo en dicho Servicio.
d) La aprobación definitiva, sin necesidad del trámite de aprobación provisional, será acordada por la administración urbanística actuante que ha otorgado la aprobación inicial, dentro de los tres meses siguientes a la fecha de la publicación; si, habiendo transcurrido este plazo, la resolución no ha sido comunicada, el proyecto se entenderá que está aprobado definitivamente por silencio administrativo.
e) Una vez aprobado definitivamente el proyecto, la administración aprobante tramitará, dentro de los diez días siguientes, un ejemplar de éste y una copia del expediente administrativo, ambos completos, a la Comisión de Urbanismo competente.
2. Los proyectos de urbanización deberán cumplir los pliegos generales de condiciones técnicas aprobados con carácter general por el Consejero de Política Territorial y Obras Públicas y, mínimamente, los criterios que éstos contengan.
1. Si transcurrido el plazo de treinta días, a que se refiere el artículo 64.1.a), la administración competente no ha tomado ningún acuerdo inicial, el promotor podrá presentar la solicitud, acompañada de toda la documentación, a la Comisión de Urbanismo competente que por subrogación tramitará el proyecto hasta que esté aprobado definitivamente.
2. Si, transcurrido el plazo de tres meses a que se refiere el artículo 64.1.d), la administración competente no ha convocado la información pública, el promotor podrá presentar la solicitud, acompañada de toda la documentación, a la Comisión de Urbanismo competente que por subrogación lo aprobará definitivamente, previa apertura de la información pública, dentro de los tres meses siguientes a la fecha de la publicación del edicto correspondiente; se producirá silencio administrativo positivo si, una vez transcurrido este plazo, la resolución no ha sido comunicada.
3. En ambos supuestos de este artículo la Comisión dará una audiencia de diez días al Ayuntamiento correspondiente.
Los Estudios de Detalle se tramitarán de acuerdo con lo previsto en los artículos 64 y 65 de esta Ley, salvo lo que establece el artículo 70.
Las Normas y Ordenanzas sobre uso del suelo y edificación, y los catálogos a que se refiere el artículo 38, se tramitarán de acuerdo con el procedimiento que para los Planes se señala en el artículo 59 de esta Ley.
Cuando se trate de Planes Especiales definidos en el artículo 29 de esta Ley cuya finalidad fuese mejorar las condiciones urbanísticas y especialmente las estéticas de pueblos de una comarca o ruta turística, y que no comporten en el planeamiento modificación de alineaciones ni supongan destrucción de edificios, la tramitación se reducirá a la aprobación previa por el Consejero de Política Territorial y Obras Públicas o por la Comisión de Urbanismo, información pública durante veinte días en los servicios territoriales correspondientes, comunicación a los Ayuntamientos afectados y aprobación definitiva de los citados órganos.
1. Cuando los planes parciales se presenten con la escritura de constitución de la junta, las bases de compensación de la junta, las bases de compensación, los estatutos, el proyecto de compensación y los proyectos de urbanización, se tramitarán todos ellos de manera simultánea, pero en expedientes separados, de acuerdo con los artículos 60 y 61 de esta Ley. En este caso, los acuerdos de aprobación definitiva correspondientes a las corporaciones locales se supeditarán en su ejecutividad a la aprobación definitiva del plan parcial, salvo que la misma corporación fuese competente por el hecho de tratarse de sectores de urbanización prioritaria.
2. En estos casos será necesaria la aceptación expresa de las dos terceras partes como mínimo de los propietarios que representen por lo menos el 60 por 100 de la propiedad del sector.
3. Una vez aprobado definitivamente el plan parcial, si el proyecto de urbanización se presenta con las bases de compensación, los estatutos y el proyecto de compensación, se tramitarán todos de forma simultánea de acuerdo con el artículo 64 de esta Ley.
Para la eficacia de la aprobación definitiva por silencio administrativo los interesados o la propia Administración tendrán que acreditar los actos presuntos mediante certificación emitida por el órgano competente que tenía que resolver expresamente el procedimiento, el cual deberá emitirlo inexcusablemente en el plazo de veinte días desde que le fue solicitada salvo que en este plazo haya dictado una resolución expresa y sin que se pueda delegar esta competencia específica.
La certificación de los actos presuntos de los órganos colegiados se emitirá por sus secretarios o por las personas que tengan atribuidas sus funciones.
En los supuestos en que tenga lugar la aprobación definitiva del planeamiento por silencio administrativo positivo, previa solicitud del acto presunto, la Administración ha de ordenar la publicación y la notificación reglamentaria del acto presunto.
Los acuerdos del Consejo Ejecutivo, Consejero de Política Territorial y Obras Públicas y Comisiones de Urbanismo que aprueben Planes, Programas de Actuación, Normas Complementarias y Subsidiarias, Estudios, Proyectos o Normas, Ordenanzas o Catálogos, se publicarán en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña».
Sección quintaVigencia y revisión de los Planes
Los Planes de Ordenación y los Proyectos de Urbanización tendrán vigencia indefinida.
1. Los Planes Generales Municipales de Ordenación se revisarán en el plazo que en los mismos se señale y, en todo caso, cuando se presenten las circunstancias que se establecen en el epígrafe e) del número 1 del artículo 23 de esta Ley.
2. Cuando las circunstancias lo exijan, el Consejero de Política Territorial y Obras Públicas, previo informe de la Comisión de Urbanismo de Cataluña, podrá ordenar la revisión de los Planes Generales de Ordenación, previa audiencia de las Entidades Locales afectadas, o acordada a instancia de las mismas o de las Entidades Urbanísticas especiales o de los Departamentos interesados.
3. La revisión del planeamiento general, cualquiera que sea el instrumento que sea su objeto, se ha de hacer mediante la tramitación y aprobación de un plan general o de una norma subsidiaria, según la figura oportuna para las condiciones urbanísticas del ámbito territorial.
2. Si como consecuencia de esta revisión se modificara el suelo clasificado de urbanizable programado, la revisión del programa se completará con las determinaciones y documentos exigidos para el citado suelo y se sujetará a las disposiciones enunciadas para la formación de los Planes, conforme a lo que dispone el artículo 75 de esta Ley.
1. Las modificaciones de cualquiera de los elementos de los planes, proyectos, programas y ordenanzas se sujetarán a las mismas disposiciones enunciadas para su formación.
2. No obstante, cuando la modificación tendiere a incrementar el volumen edificable de una zona, se requerirá para aprobarla la previsión de los mayores espacios libres que requiera el aumento de la densidad de población, y el voto favorable a la Corporación con el quórum establecido por el artículo 112.3.k) de la Ley Municipal y de Régimen Local de Cataluña y, en su caso, el voto favorable de los dos tercios de los miembros de la Comisión de Urbanismo que hubieren de acordar la aprobación.
3. El mismo quórum se precisará cuando la modificación suscitase oposición del 25 por 100 de los propietarios del sector afectado o de los de las fincas emplazadas en el mismo.
Si la modificación de los Planes, Normas Complementarias y Subsidiarias y Programas de Actuación tuviera por objeto una diferente zonificación o uso urbanístico de las zonas verdes o espacios libres, zonas deportivas o espacios destinados a equipamientos deportivos previstos en el Plan, deberá ser aprobada por el Consejo Ejecutivo, previos los informes favorables de la Comisión Jurídica Asesora y del Consejero de Política Territorial y Obras Públicas y acuerdos de la Corporación Local interesada, adoptados con el quórum del artículo 112.3.k) de la Ley Municipal y de Régimen Local de Cataluña.
La Administración que haya aprobado provisionalmente el expediente que comporte modificación de zonas verdes lo remitirá a la Comisión de Urbanismo correspondiente, la cual dispondrá de un plazo de tres meses para emitir su informe, que tiene carácter preceptivo. Una vez emitido el informe citado, la Comisión de Urbanismo competente dará traslado del expediente a la Comisión de Urbanismo de Cataluña. Esta dispondrá de un plazo de dos meses para emitir su informe, el cual tiene carácter preceptivo y vinculante.
Una vez emitido el informe de la Comisión de Urbanismo de Cataluña, se enviará el expediente al Consejero de Política Territorial y Obras Públicas, el cual dispondrá de un plazo de dos meses para emitir su informe preceptivo. Caso que el informe se emita en sentido desfavorable, se entenderá finalizado el expediente y se notificará con indicación de los recursos pertinentes. Cuando el informe sea favorable, el Consejero ha de remitir el expediente a la Comisión Jurídica Asesora para que emita informe en el plazo fijado en su normativa reguladora. Una vez recibido el informe de la Comisión Jurídica Asesora, el Consejero de Política Territorial y Obras Públicas elevará la correspondiente propuesta de resolución al Gobierno de la Generalidad.
El plazo para la resolución definitiva por parte del Gobierno de la Generalidad será de tres meses desde la recepción del informe de la Comisión Jurídica Asesora. Transcurrido este plazo sin que se haya adoptado resolución expresa se entenderá denegada la modificación.
El Consejo Ejecutivo, por Decreto, a propuesta del Consejero de Política Territorial y Obras Públicas o, si procede, a propuesta de éste y del titular o titulares de otros departamentos interesados y previo informe de la Comisión de Urbanismo de Cataluña y audiencia de las Entidades Locales interesadas, podrá suspender la vigencia de los Planes en la forma, plazos y efectos señalados en los artículos 40 al 42 de esta Ley, en todo o parte de su ámbito, para acordar su revisión. En tanto no se apruebe el Plan revisado, se dictarán Normas Complementarias y Subsidiarias del Planeamiento en el plazo máximo de seis meses a partir del acuerdo de suspensión.
Sección sextaIniciativa y colaboración particular
1. Las personas privadas podrán formular Planes Municipales, Especiales y Proyectos de Urbanización.
2. Si hubieren obtenido la previa autorización del Ayuntamiento, les serán facilitados por los organismos públicos cuantos elementos informativos precisaren para llevar a cabo la redacción y podrán efectuaren fincas particulares las ocupaciones necesarias para la ejecución del Plan, de acuerdo con la Ley de Expropiación Forzosa.
1. Los Planes y proyectos redactados por particulares deberán contener los documentos que para cada clase indica el capítulo primero.
2. Cuando se refieran a urbanizaciones de iniciativa particular, deberán consignar además los datos siguientes:
c) Modo de ejecución de las obras de urbanización y previsión sobre su conservación futura.
e) Garantías del exacto cumplimiento de los compromisos citados.
f) Medios económicos de toda índole.
1. En los planes parciales que tienen por objeto urbanizaciones de iniciativa particular, los compromisos que adquieran los propietarios han de expresar, además de las determinaciones establecidas en el artículo anterior, lo siguiente:
a) Que no se procederá a parcelación urbanística, ni mediante documento privado ni mediante documento público, traslativo de dominio, en el ámbito del plan parcial, hasta que no se haya obtenido la licencia de parcelación.
b) Que una vez obtenida la licencia de parcelación tanto en los documentos públicos como en los privados, traslativos de dominio las parcelas resultantes, se hará constar la existencia de la junta de compensación, o conservación, cuando proceda y la adhesión del adquirente a sus estatutos.
c) Que el promotor deberá consignar en la documentación del plan, además de las determinaciones previstas en la legislación vigente, la justificación de su potencial suficiencia en relación con la evaluación económica de la ejecución de las obras de urbanización y de implantación de servicios.
2. Previamente a la aprobación de estos planes de promoción privada, se ha de formalizar el compromiso del promotor de ejecutar y, cuando proceda, de conservar la urbanización según el plan, así como las garantías reales u obligaciones que aseguren el cumplimiento, de acuerdo con lo que dispone la legislación urbanística.
3. El incumplimiento del promotor de las obligaciones contraídas y de la realización de la urbanización con sujeción al plan de etapas del plan parcial facultará a la Administración, según la entidad y la trascendencia de este incumplimiento, para adoptar alguna o algunas de las medidas siguientes:
a) Imposición de sanciones pecuniarias.
b) Realización de las garantías.
c) Suspensión de los efectos del plan, y
d) Subrogación de la Administración en la ejecución, con indemnización de la cantidad estricta del valor del suelo, según la calificación inmediata anterior a la aprobación del plan, y de la obra útil realizada.
4. La Administración podrá expropiar los terrenos comprendidos en el ámbito del plan no cumplido sujetos a lo que dispone el artículo 174.3 de esta Ley.
1. A fin de asegurar la obligación de urbanizar, se ha de constituir una garantía equivalente al 12 por 100 del presupuesto del proyecto de urbanización. Sin este requisito no se puede iniciar ningún trabajo en el sector objeto de actuación.
2. La garantía para asegurar la obligación de urbanizar podrá constituirse:
b) Mediante hipoteca de los terrenos susceptibles de edificación privada y comprendidos en el sector objeto de urbanización, a excepción del suelo objeto de cesión del 10 por 100 del aprovechamiento medio. Esta hipoteca se ha de posponer automáticamente a cualquier otra que se constituya a fin de garantizar créditos destinados a financiar las obras de urbanización.
c) En títulos de deuda pública del Estado o la Generalidad, o de cualquier ente local, en cuyo territorio se lleve a cabo la actuación urbanística particular.
d) Mediante aval, que ha de estar otorgado por un banco oficial o privado, inscrito en el Registro General de Bancos y Banqueros, o por una caja de ahorros que pertenezca a las cajas confederadas o por una entidad aseguradora, o
e) Mediante hipoteca de terrenos dentro del mismo término municipal susceptibles de edificación privada situados fuera del sector objeto de urbanización, por un valor suficiente para cubrir el importe de la garantía.
3. La constitución de la garantía ha de hacerse en el plazo de un mes, contando desde el día siguiente de la notificación del requerimiento que con esta finalidad formule la Administración actuante, una vez adoptado el acuerdo de aprobación definitiva del plan, y siempre será requisito previo a la ejecución de cualquier obra de urbanización y a la publicación del acuerdo de aprobación definitiva.
4. En el caso de subrogación de una entidad pública en el lugar de la inicialmente actuante, la subrogada tendrá, respecto a la garantía constituida, la facultad de disposición que hubiese correspondido a la primera.
5. Cuando por variación de precios o modificación del proyecto de urbanización se aumente el presupuesto de las obras de urbanización, deberá complementarse la garantía inicialmente constituida. La actuación por variación de precios podrá pedirse cada año como máximo, previo informe de los servicios técnicos municipales o de la Generalidad.
La garantía se ha de constituir en la depositaría de fondos de la entidad pública correspondiente a disposición del alcalde o del órgano competente.
Las fianzas prestadas por personas o entidades diferentes del promotor de la urbanización están sujetas en todos los casos a las mismas responsabilidades que si fuesen constituidas por el mismo promotor. En este supuesto, incluso cuando la fianza se haga mediante aval, no podrá utilizarse el beneficio de excusión a que se refiere el artículo 1.830 y concordantes del Código Civil.
Se establecerá por reglamento:
d) El procedimiento para actuar contra una garantía prestada mediante aval.
e) Cualquier otra norma complementaria de lo que establecen los artículos precedentes.
1. Las multas que se impongan en materia de ejecución de obras de urbanización y las indemnizaciones que corresponda satisfacer se efectuarán a costa de la fianza. El promotor estará obligado a reponer la fianza.
2. Cuando la fianza no sea suficiente para satisfacer las responsabilidades a que se refiere el párrafo anterior, la Administración procederá a cobrar la diferencia, mediante la ejecución sobre el patrimonio del promotor.
1. El promotor de un plan o proyecto de urbanización de iniciativa privada quedará liberado de la obligación de ejecución, por la comprobación en el acta de entrega, de lo que corresponda a la entidad local otorgante.
2. De la obligación de conservación, se le liberará por la conversión en carga real que corresponda a cada parcela, como estatuto de su propiedad.
3. Todo ello se entiende sin perjuicio de lo que establece el artículo 177.4. de esta Ley
4. Las garantías constituidas por el promotor se cancelarán o se devolverán cuando en el expediente se acredite la entrega de todos los terrenos que sean de cesión, las obras de urbanización, instalaciones y dotaciones cuya ejecución estuviese prevista en el plan y en el proyecto de urbanización. Si es sustituido en sus obligaciones por una entidad urbanística colaboradora de compensación o conservación, no se cancelarán ni se devolverán las garantías hasta que la mencionada entidad no las haya constituido de manera conveniente.
1. Los planes y proyectos de iniciativa particular se tramitarán de acuerdo con lo previsto en esta Ley, con citación personal para la información pública de los propietarios de los terrenos que comprenden.
2. Si afectasen a varios municipios, se presentarán en la Entidad Local competente y seguirán el procedimiento a que se refiere el apartado anterior.
3. El acta de aprobación podrá imponer las condiciones, modalidades y plazos que fueren convenientes.
CAPITULO IIIEfectos de la aprobación de los planes
Sección primeraPublicidad, ejecutividad y obligatoriedad
1. Los Planes, Normas Complementarias y Subsidiarias, programas de Actuación Urbanística, Estudios de Detalle y proyectos, con sus normas, ordenanzas y catálogos, serán públicos, y cualquier persona podrá consultarlos en todo momento e informarse de los mismos en el Ayuntamiento del término correspondiente.
2. Todo administrado tendrá derecho a que el Ayuntamiento le informe por escrito, en el plazo de un mes a contar desde la solicitud del régimen urbanístico aplicable a una finca o sector.
3. La publicidad relativa a urbanizaciones de iniciativa particular deberá expresar la fecha de aprobación del correspondiente Plan y no podrá contener ninguna indicación en pugna con sus cláusulas.
Los Planes, Normas Complementarias y Subsidiarias, Programas de Actuación Urbanística, Estudios de Detalle, proyectos, normas, ordenanzas y catálogos serán inmediatamente ejecutivos, una vez publicada su aprobación definitiva, y si se otorgasen a reserva de subsanación de deficiencias, mientras no se efectúe, les faltará ejecutoriedad para el sector correspondiente.
1. Los particulares, al igual que la Administración, quedarán obligados al cumplimiento de las disposiciones sobre ordenación urbana contenidas en esta Ley y en los Planes, Programas de Actuación Urbanística, Estudios de Detalle, proyectos, normas y ordenanzas aprobados de acuerdo con la misma.
2. La aprobación de los Planes no limitará las facultades que correspondan a los diferentes Departamentos para el ejercicio, de acuerdo con las previsiones del Plan, de sus competencias, según la legislación aplicable por razón de la materia. Los Planes redactados al amparo de la legislación sectorial disconformes con las determinaciones de un Plan Director de Coordinación deberán adaptarse a las directrices contenidas en el mismo en el plazo de un año.
3. Serán nulas de pleno derecho las reservas de dispensación que se contuvieren en los Planes u ordenanzas, así como las que con independencia de ellos se concediesen.
1. La obligatoriedad de observancia de los Planes comportará las limitaciones siguientes:
El uso de los predios no podrá apartarse del destino previsto, ni cabrá efectuar explotaciones de yacimientos, fijación de rótulos de propaganda, movimientos de tierra, talas de arbolado o cualquier otro uso análogo en pugna con su calificación urbanística su legislación especial o de modo distinto a lo regulado en el Plan.
Las nuevas construcciones se ajustarán a la ordenación aprobada.
Cuando el descubrimiento de usos no previstos al aprobar los Planes fuese de tal importancia que alterare sustancialmente el destino del suelo, se procederá a la revisión de oficio o a instancia de parte para ajustarlos a la nueva situación.
2. No obstante, si no hubieren de dificultar la ejecución de los Planes, podrán autorizarse sobre los terrenos, previo informe favorable de la Comisión de Urbanismo, usos u obras justificadas de carácter provisional, que se habrán de demoler cuando lo acordase el Ayuntamiento, sin derecho a indemnización, y la autorización aceptada por el propietario deberá inscribirse, bajo las indicadas condiciones, en el Registro de la Propiedad.
El plazo para evacuar el citado informe es de dos meses.
3. El arrendamiento y el derecho de superficie de los terrenos a que se refiere el párrafo anterior, o de las construcciones provisionales que se levanten, estarán excluidos del régimen especial de arrendamientos rústicos y urbanos y, en todo caso, finalizarán automáticamente con la orden del Ayuntamiento acordando la demolición o el desalojo para ejecutar los proyectos de urbanización.
En la valoración del suelo a efectos tributarios, se tendrá en cuenta la clasificación del suelo, y las limitaciones de toda clase en el uso y aprovechamiento impuestas por los planes, programas, normas, ordenanzas y catálogos, para la protección del paisaje urbano y rural.
1. Cuando los edificios e instalaciones anteriores a la aprobación del planeamiento estén sujetos, por razón del mismo, a expropiación, cesión gratuita o demolición del edificio quedarán en situación de fuera de ordenación de acuerdo con las limitaciones señaladas en el párrafo siguiente.
2. En los edificios e instalaciones fuera de ordenación no se podrán realizar obras de consolidación, aumento de volumen, modernización o incremento de su valor de expropiación, pero sí las pequeñas reparaciones que exigieren la higiene, ornato y conservación del inmueble. No obstante, cuando no esté prevista la expropiación, cesión gratuita o demolición de la finca en el plazo de quince días, a contar desde la fecha en que se pretendan realizar, se podrán autorizar obras parciales y circunstanciales de consolidación.
3. Cuando las determinaciones del planeamiento no tuvieren que dar lugar a la situación de fuera de ordenación, se autorizarán, en los edificios e instalaciones con volumen disconforme, todas las obras de consolidación y cambios de uso de acuerdo con las condiciones básicas del nuevo plan. A los aumentos de volumen se les aplicarán las determinaciones del nuevo planeamiento.
4. En cuanto al uso, mientras no sea incompatible con el nuevo planeamiento, se podrá mantener el existente, si bien, en caso que éste fuera industrial, deberá adaptarse a los límites de molestia, nocividad, insalubridad y peligro que para cada zona establece la nueva reglamentación.
5. Cuando la disconformidad con el plan no impida la edificación en el mismo solar que ocupa el edificio, el propietario podrá demolerlo sometiéndose al Plan de ordenación, y se entenderá comprendido el caso dentro del número 2 del artículo 68, sección 3 del capítulo VIII de la Ley de Arrendamientos Urbanos, o normas que lo sustituyan, sin que sea exigible el compromiso de edificar una tercera parte más de las viviendas cuando lo prohíba el citado Plan.
6. En todos los casos las disposiciones transitorias del nuevo planteamiento han de contener las previsiones oportunas para resolver todas las cuestiones que las determinaciones urbanísticas planteen en relación con las preexistencias, y de acuerdo con este artículo.
1. Quien enajenare terrenos no susceptibles de edificación según el Plan, o edificios e industrias fuera de ordenación deberá hacer constar expresamente estas calificaciones en el correspondiente título de enajenación.
2. En las enajenaciones de terrenos de urbanizaciones de iniciativa particular, deberá hacerse constar la fecha del acto de su aprobación y las cláusulas que se refieren a la disposición de las parcelas y compromisos con los adquirientes.
3. En los actos de enajenación de terrenos en proceso de urbanización, deberán consignarse los compromisos que el propietario hubiese asumido en orden a la misma cuyo cumplimiento esté pendiente.
4. La infracción de cualquiera de estas disposiciones facultará al adquiriente para rescindir el contrato, en el plazo de un año a contar desde la fecha de su otorgamiento, y exigir la indemnización de los daños y perjuicios que se hubieren irrogado.
1. Los Ayuntamientos podrán crear en la correspondiente ordenanza un documento acreditativo de las circunstancias urbanísticas que concurran en las fincas comprendidas en el término municipal.
2. Este documento se denominará Cédula urbanística de terreno o del edificio, según el carácter de la finca a que se refiera, y los Ayuntamientos podrán exigirlo para la parcelación, edificación y cualquier utilización de los predios.
3. Será obligatoria la creación de la citada Cédula para las fincas comprendidas en polígonos en las que se aplique cualquiera de los sistemas de actuación señalados en esta Ley.
1. En los municipios con planeamiento general los particulares podrán solicitar informes de aprovechamiento urbanísticos, referidos a una finca concreta presentando la solicitud en el Registro General del Ayuntamiento.
2. Esta información se establecerá además de las restantes medidas de publicidad de los planes.
3. Los Ayuntamientos expedirán los Certificados de estos informes en el plazo de un mes, contado desde el registro de la solicitud, al objeto de no incurrir en los supuestos de negligencia a que se refiere el artículo 15. estos Certificados serán emitidos por el secretario general de la corporación y por orden y con el visto bueno de la alcaldía.
1. Los Certificados de aprovechamiento urbanístico se han de referir necesariamente a los aspectos siguientes, respecto a la finca de que se trate:
c) Si es solar o no y, si procede, los servicios que faltan para serlo.
d) El planeamiento general, el especial y el parcial y el estudio de detalle, a cuyas determinaciones estuviera sujeta la finca, con expresión del polígono o de la unidad de actuación, si procede, y de su falta o no de proyecto de urbanización.
e) Si hay suspensión del otorgamiento de licencias bien como consecuencia de ser necesario un proyecto de reparcelación o de compensación, bien por haber estado acordada expresamente.
f) Si es posible o no obtener licencia ajustada a los parámetros de la letra b), condicionada o no a la ejecución simultánea de obras de urbanización.
g) Si la revisión del planeamiento está en curso.
2. En caso de que el informe se solicite acompañado de documentación gráfica, éste habrá de referirse a ella.
3. Si del certificado de aprovechamiento urbanístico resultase que la finca es edificable, dentro de los cuatro meses siguientes a la notificación al interesado será preceptivo conceder licencia, sobre proyecto ajustado al certificado, en caso de que la devolución del proyecto no fuera procedente y que la licencia fuera pedida dentro de este plazo; lo dicho anteriormente será válido aun cuando con posterioridad a la notificación del certificado se hubiera aprobado definitivamente una nueva ordenación urbanística o se hubiera acordado la suspensión de la concesión de licencias.
4. El requerimiento para subsanar deficiencias, previsto en la reglamentación de servicios de las corporaciones locales, únicamente podrá ser formulado una vez, y no impedirá la aplicación de lo establecido cuando la subsanación se haya producido dentro de los quince días siguiente al requerimiento.
Sección segundaLegitimación de expropiaciones
1. La aprobación de Planes de ordenación urbana y de polígonos de expropiación implicará la declaración de utilidad pública de las obras y la necesidad de ocupación de los terrenos y edificios correspondientes a los fines de expropiación o imposición de servidumbres.
2. Los beneficios de la expropiación podrán extenderse a las personas naturales o jurídicas subrogadas en las facultades de los organismos competentes para la ejecución de Planes u obras determinadas.
3. El procedimiento para determinar el valor de los terrenos será el fijado en la Ley de Expropiación Forzosa excepto lo dispuesto en el artículo 189 de esta Ley. Los criterios de valoración serán en todo caso los establecidos en esta Ley.
1. En los planes o proyectos se estimarán comprendidos, a los efectos expropiatorios, además de las superficies que hubieran de ser materialmente ocupadas por las obras previstas, todas las que fueran necesarias para asegurar pleno valor y rendimiento de aquéllas.
2. Se considerarán superficies expropiables las zonas laterales de influencia e incluso los sectores completos señalados en el Plan.
3. Serán expropiables los terrenos y edificios destinados en el Plan al establecimiento de servicios públicos o a la construcción de templos, mercados, centros culturales, docentes, asistenciales y sanitarios, zonas deportivas y otros análogos con fines no lucrativos.
4. Si para la regulación o formación de manzanas o espacios libres conviniese suprimir algún patio, calle o plaza o porción de éstas, se expropiarán las fincas con fachada o luces directas sobre aquéllas, a solicitud de los propietarios.
En el caso que los propietarios de inmuebles no realizasen las obras de adaptación requeridas por planes, normas o proyectos de carácter histórico o artístico, se podrá expropiar total o parcialmente el edificio o sólo su fachada.
Los terrenos de cualquier clase que se expropien por razones urbanísticas habrán de ser destinados al fin específico que se estableciera en el Plan correspondiente.
Si se pretendiera modificar su afectación o se agotase la vigencia del Plan sin haberse cumplido el destino a que se afectaron, procederá la reversión de los terrenos de acuerdo con lo que dispone la Ley de Expropiación Forzosa.
1. Cuando para la ejecución de un Plan no fuera necesaria la expropiación del dominio y hubiera suficiente con la constitución de alguna servidumbre sobre el mismo, prevista por el Derecho privado o administrativo, se podrá imponer, si no se obtuviese convenio con el propietario, de acuerdo con el procedimiento de la Ley de Expropiación Forzosa, mediante los requisitos que a continuación se expresan:
a) Autorización de la Comisión de Urbanismo. El plazo para su emisión es de tres meses, a contar desde la fecha de presentación de la solicitud. Transcurrido el plazo sin que se haya producido, se entenderá otorgada la autorización por silencio administrativo positivo.Letra a) redactada por Decreto legislativo 16/1994, 26 julio.
b) No exceder la indemnización que procediese abonar a la mitad del importe de lo que correspondería satisfacer por la expropiación absoluta.
2. Cuando se hubiesen de modificar o suprimir servidumbres privadas por estar en contradicción con las disposiciones del Plan, se podrán expropiarde acuerdo con el procedimiento de la mencionada Ley.
3. Los actos administrativos de constitución, modificación o extinción forzosa de servidumbre serán inscribibles en el Registro de la Propiedad,en la forma prevista para los actos de expropiación.
1. Cuando transcurran cinco años desde la entrada en vigor del Plan o Programa de Actuación Urbanística sin que se haya llevado a efecto la expropiación de los terrenos que, de acuerdo con su calificación urbanística, no sean edificables para sus propietarios, ni hayan de ser objeto de cesión obligatoria por no resultar posible la justa distribución de los beneficios y cargas en el polígono o unidad de actuación el titular de los bienes o sus causahabientes advertirán a la Administración competente de su propósito de iniciar el expediente de justiprecio, que se podrá llevar a cabo por ministerio de la Ley, si transcurrieran otros dos años desde el momento de efectuar la advertencia. A tal efecto, el propietario podrá presentar la correspondiente hoja de aprecio, y si transcurriesen tres meses sin que la Administración la acepte, podrá dirigirse al Jurado provincial de Expropiación, que fijará el justiprecio conforme a los criterios de esta Ley y de acuerdo con el procedimiento establecido en los artículos 31 y siguientes de la Ley de Expropiación Forzosa.
2. A los efectos de lo que establece el párrafo anterior, la valoración se entenderá referida al momento de la iniciación del expediente de justiprecio por ministerio de la Ley y los intereses de demora se devengarán desde la presentación por el propietario de la correspondiente tasación.
CAPITULO IVNormas de ordenación complementarias y subsidiarias del Planeamiento
1. La Consejería de Política Territorial y Obras Públicas podrá dictar Normas Complementarias y Subsidiarias del Planeamiento.
2. Las Entidades Locales, las Comisiones de Urbanismo y otros Organismos competentes para formular Planes Generales Municipales podrán redactar o proponer Normas de igual carácter para todo o parte del territorio sobre el que ejerzan su competencia, cuando las particulares características de éste lo justifiquen.
3. En uno y otro caso, se tramitarán de acuerdo con el procedimiento establecido por el artículo 59, excepto que por razones de urgencia apreciadas por el Consejo Ejecutivo y previo informe favorable de la Comisión de Urbanismo de Cataluña, y oídas las Entidades Locales afectadas, el Consejero de Política Territorial y Obras Públicas acuerde su entrada en vigor sin necesidad de esta tramitación.
4. Las Normas Subsidiarias se desarrollarán, en todo caso, dentro de los límites señalados por esta Ley para los planes de ordenación y contendrán, en su caso, los supuestos en virtud de los cuales sea procedente su revisión o sustitución por un Plan.
1. En los municipios o parte de ellos donde no hubiese Plan de Ordenación regirán las Normas promulgadas de acuerdo con el artículo 104 de esta Ley.
3. Las Normas Complementarias y Subsidiarias del Planeamiento contendrán las siguientes determinaciones:
b) Delimitación de los territorios y núcleos urbanos que constituyen el ámbito de su aplicación.
c) Relaciones e incidencias con el planeamiento que complementen, en su caso.
e) Previsiones mínimas para edificios y servicios públicos y para fines de interés general o comunitario, justificando su emplazamiento en cada clase de suelo.
f) Delimitación, en el suelo urbano, de las Unidades de Actuación que sean necesarias
g) Delimitación, en el suelo apto para ser urbanizado, de los sectores de planeamiento para desarrollarlos.
h) Adscribir sistemas a sectores determinantes, justificando el cumplimiento de las condiciones previstas al artículo 123 de esta Ley.
i) Definir la densidad máxima de viviendas por hectárea a cada sector sin superar los límites fijados por esta Ley.
4. Para la urbanización y edificaciones al amparo de las Normas Complementarias y Subsidiarias, éstas habrán de prever, además de las determinaciones señaladas en el apartado anterior, los siguientes extremos:
c) Señalamiento de las zonas en que se pueda urbanizar de acuerdo con las prescripciones contenidas en las propias Normas. El desarrollo de estas determinaciones se llevará a cabo a través de los correspondientes Planes Parciales.
5. Las Normas estarán compuestas por los documentos necesarios para justificar las determinaciones y extremos que comprendan y la función para la que se dicten, y se redactarán con el grado de precisión adecuado a la clase del Plan al que suplan o complementen y de conformidad con los correspondientes preceptos de esta Ley.
1. No podrán levantarse construcciones en lugares próximos a las carreteras sino de acuerdo con lo que, además de lo que en esta Ley se dispone, establezca la legislación específicamente aplicable.
2. De acuerdo con lo establecido por la Ley 16/1985, de 11 de julio, se definen las limitaciones siguientes en las fincas próximas a las vías de comunicación:
a) La zona de afectación de las carreteras alcanza una distancia de cincuenta metros en las de la red básica de Cataluña, de 100 metros en las autopistas y las autovías y de 30 metros en el resto de las carreteras.
b) La línea de edificación se ha de situar a 25 metros en las carreteras de la red básica de Cataluña, a 50 metros en las autopistas y las autovías y a 18 metros en el resto de las carreteras.
Las construcciones tendrán que adaptarse, básicamente, al ambiente donde estuviesen situadas, y a tal efecto:
a) Las construcciones en lugares inmediatos o que formen parte de un grupo de edificios de carácter artístico, histórico, arqueológico, típico o tradicional deberán armonizarse con el mismo, o cuando, sin existir conjunto de edificios, hubiese alguno de gran importancia o calidad de los caracteres indicados.
b) En los lugares de paisaje abierto y natural, sea rural o marítimo, o en las perspectivas que ofrecen los conjuntos urbanos de características histórico-artísticas, típicas o tradicionales o en las inmediaciones de las carreteras y caminos de trayecto pintoresco, no se permitirá que la situación, masa, altura de los edificios, muros y vallas, o la instalación de otros elementos, limiten el campo visual para contemplar las bellezas naturales, romper la armonía del paisaje o desfigurar la perspectiva propia.
Los espacios naturales y las tierras agrícolas calificadas de especial protección en los planes territoriales parciales no podrán ser dedicados a utilizaciones que impliquen transformación de su destino o naturaleza o bien que lesionen el valor específico que se quiera proteger, de conformidad con lo que establece la Ley 23/1983, de 21 de noviembre.
Las normas adicionales de protección de espacios naturales afectos a actividades extractivas previstos en la Ley 12/1981, de 24 de diciembre, no son aplicables en los espacios naturales que disfruten de un régimen específico de protección al amparo de esta Ley o de la Ley de Espacios Naturales, pero se aplicarán supletoriamente cuando impliquen una mayor protección en relación con el régimen de que se trate.
De acuerdo con la Ley 6/1988, de 30 de marzo, los terrenos forestales han de tener el tratamiento siguiente:
1. Los terrenos forestales no sujetos a procesos de consolidación y de expansión de estructuras urbanas se clasificarán como suelo no urbanizable.
2. Los terrenos forestales declarados de utilidad pública o protectores han de ser calificados por los instrumentos de planeamiento urbanístico como suelo no urbanizable de especial protección.
3. Las fincas forestales de extensión igual o inferior a la superficie de l unidad mínima de producción forestal, fijada por el Consejo Ejecutivo, tienen la condición de indivisibles.
Mientras no haya Plan o norma urbanística que lo autorice no podrá edificarse en una altura superior a tres plantas medidas en cada punto del terreno, sin perjuicio de las otras limitaciones que sean aplicables.
Cuando se trate de solares enclavados en núcleos o manzanas edificadas en más de sus dos terceras partes, los Ayuntamientos podrán autorizar alturas que lleguen a la medida de los edificios ya construidos.
En suelo no urbanizable se estará a lo dispuesto en el número 1 del artículo 128 de esta Ley.
En los Planes Parciales deberá fijarse una densidad que no podrá ser superior a 75 viviendas por hectárea, en función del tipo de población, usos pormenorizados y otras características que se determinen reglamentariamente.
En casos excepcionales, el Consejo Ejecutivo, previo dictamen de la Comisión de Urbanismo de Cataluña, podrá autorizar densidades de hasta 100 viviendas por hectárea, cuando las circunstancias urbanísticas de la localidad lo exijan.