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Timestamp: 2020-02-22 07:53:51
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Matched Legal Cases: ['artículo 73', 'artículo 25', 'artículo 105', 'artículo 7', 'artículo 8', 'artículo 3', 'artículo 3']

Rodolfo Moreno Cruz | El Juego de la Suprema Corte
¿Abonó la Suprema Corte a lo que recién sucedió en el complejo “Pajaritos”?
En días pasados, fueron muy comentadas las explosiones que se registraron en el complejo petroquímico “Pajaritos”, ubicado en el estado de Veracruz. Y no es para menos, una tragedia como ésta debe ser motivo de atención para toda la sociedad mexicana. Por ello, no resulta casual el hecho de que las diversas fracciones parlamentarias de la Cámara de Diputados, en votación económica, hayan aprobado un acuerdo de la Junta de Coordinación Política, en el que se solicita a las dependencias competentes federales una rigurosa investigación sobre dicha explosión y el alcance del contrato otorgado a la empresa privada Mexichem.
En este sentido, este caso revive y actualiza una polémica que se había dado con anterioridad entre PEMEX y la Cámara de Diputados en virtud de la controversia constitucional 48/2011. De manera muy resumida lo que sucedió fue lo siguiente: en el año 2010, PEMEX aprobó un contrato de servicios, las bases de licitación, así como los modelos de contratos sobre una región determinada.1 En dicho documento, PEMEX decretó que la mayor parte de la información era reservada. En respuesta, la Cámara de Diputados consideró que, en primer lugar, no era posible que ellos aprobaran documentos de esta naturaleza pues se estaría vulnerando las facultades exclusivas del poder legislativo para regular la materia de hidrocarburos e inversión extranjera en términos del artículo 73, fracciones X y XXIX-F de la Constitución. En segundo lugar, tampoco era posible que se desconocieran públicamente los alcances de dichos contratos. Estas fueron las razones para que se presentara una controversia constitucional. Y aquí es donde aparece un precedente importante: la Primera Sala de la Suprema Corte dijo que de conformidad con el artículo 25 de la Ley reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución, “los actos impugnados no afectan el interés legítimo de la parte actora”.2
Ante esto, la Cámara de Diputados interpuso recurso de reclamación 36/2011-CA y fue el Pleno de la Corte quien tuvo que resolver en definitiva. La discusión del Pleno no estuvo fuera de polémica.3 El proyecto propuesto por el ministro Pardo consistió en aceptar que sí era procedente y fundado el recurso de reclamación. La base de este proyecto giró en torno a la idea de que precisamente no se podía definir si había o no interés legítimo porque los contratos estaban en información reservada, luego entonces se tendría que conocer el contenido de los mismos y de ahí definir la existencia o no de dicho interés. Pero al final, este proyecto no procedió y, más bien, se confirmó la resolución de la Primera Sala. Como era de esperarse, hubo argumentos a favor y en contra de este proyecto. Aquí destacaremos dos que fueron sobresalientes. En contra del proyecto la ministra Luna Ramos dijo: “En realidad los contratos, las licitaciones son competencia no de la cámara de diputados, la cámara de diputados hace leyes, no hace licitaciones”. Y agregó: “Los contratos no son reservados ni las adecuaciones están reservadas. Si nosotros entramos a la página de internet de PEMEX, aquí lo que veríamos es que todo está precisamente en esa página”. Remató su argumento con las siguientes palabras: “Las que están reservadas son las discusiones que se dieron en la sesión extraordinaria, que es lo que da origen a las licitaciones”.
Por su parte, y a favor del proyecto, el ministro Zaldivar invocó un tema de acceso a la justicia y señaló: “…tenemos una Auditoria Superior de la Federación que pues no tiene ninguna competencia para lo que busca la Cámara, que hay un secretaria de la Función Pública que depende del Ejecutivo, la Procuraduría General de la Republica que depende del Ejecutivo, entonces realmente el único mecanismo de control constitucional de esta actividad es la controversia constitucional, de otra manera no hay posibilidad de que haya ninguna defensa”.
Al final, como se apuntó, la mayoría de los ministros se inclinaron por la posición de que no había interés legítimo. En otras palabras, en ese momento, la Suprema Corte sembró un pilar que rige en este hasta ahora respecto los contratos celebrados por PEMEX: se trata de una función administrativa y no legislativa, de ahí que no haya invasión de las competencias del Congreso de la Unión, y no menos importante: no están atados a ningún control institucional eficaz.4
Ahora bien, esta decisión ayuda a explicar, aunque sea parcialmente, lo que sucedió en la aprobación de algunos modelos de contratos de PEMEX, proceso de licitación y su correspondiente adjudicación. Se restringió el concepto de interés legítimo. Y este artilugio técnico no debió prevalecer por la importancia de involucrar a más actores en el proceso administrativo de licitación y contratación cuando se trata de hidrocarburos. Hacer lo contrario es tener una decisión legal pero equivocada e incluso –visualizando el caso de “Pajaritos”—hasta peligrosa.
Sea como fuera, sucesos como estos evidencian cuan relevantes son las decisiones de la Corte para el futuro de los derechos humanos y su protección. Hoy, después de algunos años de la resolución de la controversia constitucional 48/2011, vale plantear la pregunta: ¿abonó la Suprema Corte indirectamente a lo que recién sucedió en el complejo “Pajaritos”?
Rodolfo Moreno Cruz. Profesor en la Universidad Autonoma Benito Juárez de Oaxaca. Twitter: @rodolfomoreno_o
1 El consejo de administración de Petróleos Mexicanos subscribió Acuerdo CA-130/2010 relativo a la aprobación de “Contratos de servicios para la evaluación, desarrollo y producción de hidrocarburos en las áreas de Magallanes, Carrizo y Santuario de la Región Sur”; así como los documentos ejecutivos, parámetros, términos y las condiciones que no se puedan modificar y que forman parte de dicho acuerdo; así como otros documentos como son la Convocatoria No. 001 para la Licitación Pública Internacional Abierta número 18575062-512-11, junto con las bases de dicha licitación y sus anexos, referidos a los modelos de contratos correspondientes a las áreas señaladas. Para ver el acuerdo, la resolución y sus contenidos, véase el siguiente link: http://bit.ly/1YqkWwK
2 Vid boletín informativo emitido por la SCJN en la siguiente dirección electrónica: http://bit.ly/1XphBzH
3 Vid contenido de la versión taquigráfica de la sesión pública ordinaria del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, celebrada el martes 16 de agosto de 2011.
4 Actualmente todo lo relativo al tema de la licitación y contratación de PEMEX lo ha asumido la Comisión Nacional de Hidrocarburos, aunque sigue siendo un organismo dependiente del Poder Ejecutivo.
¿Son políticos los ministros?
El proceso de nombramiento de los ministros de la Suprema Corte de Justicia se desenvuelve en dos mundos paralelos. El primero busca cumplir con los estándares propios de estos procesos: propuestas, entrevistas, discusión, votación, aprobación y designación. El segundo, sin ser ilegal, escapa al ojo público: relaciones políticas, cabildeo, negociación, consenso y designación. Ambos mundos son inseparables. Lo irónico es que con ambos se cumple y anula, al mismo tiempo, las exigencias de un nombramiento transparente. La sociedad civil que sólo conoce el primer mundo, al ver los resultados finales, percibe la sensación de un engaño similar al que se siente cuando se juega el “dónde quedó la bolita”.
En este sentido, hace algunos años, Ronald Dworkin publicó en Proceedings of the british academy un artículo sobre este tema, cuyo título resulta por demás esclarecedor: Political judges and the rule of law. Palabras más, palabras menos en este texto, Dworkin afirma que es por demás relevante atender las preferencias políticas de los juzgadores. En efecto, como lo han demostrado diversos autores, como por ejemplo Habermas o Nino, la conexión entre política y derecho es ineludible. Y es muy fuerte precisamente en casos como la designación de un juez constitucional. Pero invisibilizar esta situación resulta perjudicial. Se visualiza y se colocan los reflectores en el ritual pero poco se atiende las acciones políticas. La invisibilización desde luego tiene una justificación: está tan desacreditado el hecho de que un ministro llegue a través de acciones políticas que se opta por ocultar dichas acciones. Semejante a una sociedad conservadora en la cual se prohíbe el beso, y aunque todo mundo se sigue besando, jurídicamente esa situación es inexistente.
Algo que se ha demostrado en los recientes años, es que en todos los países (incluido desde luego México) la designación de los ministros lleva una serie de conductas de índole política.1 Esto significa que el aspirante a ministro o tiene preferencia por un partido político, o esta respaldado por un grupo político o cuando menos tiene que hacer cabildeo con políticos que lo defenderán y votarán por él en la designación. Y esto no es reprochable, al contrario, alguien con la aspiración de ser ministro es un político en los términos aristotélicos. Ser ministro, véasele por donde se le vea, exige cierta disposición a la política. De no ser así se trataría de un lobo estepario, un anacoreta o ermitaño.
Lo perjudicial, entonces, para la designación de un ministro no es que el aspirante tenga esa serie de acciones políticas. Lo perjudicial y reprochable es que no se transparenten dichas acciones. Bajo la idea de razonabilidad, no se podría objetar que un aspirante tuviese acercamiento con un grupo político. Lo reprochable es que no se haga público ese acercamiento. Es decir, el cabildeo no es criticable. Lo que sí lo es, es el ocultamiento de los alcances de tal cabildeo. Por ello, una de las preguntas claves dentro del proceso de entrevistas que se realizaron a los aspirantes hubiese sido la siguiente: ¿Cuáles son sus preferencias políticas?
La respuesta movería intensamente las ya de por sí arenas movedizas de la sociedad civil. Si la respuesta niega las preferencias políticas estaríamos ante un hipócrita. Pero si en la respuesta acepta dichas preferencias estaríamos ante un cínico. Ambas igual de detestables en un Estado democrático de derecho. Sin embargo, en un Estado democrático en formación no hay otra salida: preferible el cinismo que la hipocresía.
El derecho no está reñido con la política. La historia de esta conexión es ilustrativa: sagacidad, estrategia y habilidades tejen dicha conexión para que no desaparezca y siempre con la constante de ocultar la relación. Se crea, entonces, una ilusión que al final termina convenciendo. Pero no hay que cambiar la relación, más bien hay que cambiar la forma de hacer política. Una política transparente. Una sana preferencia política que no está peleada ni con la democracia y mucho menos con el Estado democrático de derecho.
Rodolfo Moreno Cruz. Profesor en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Twitter: @rodolfomoreno_o
1 Vid el artículo de Antonio Rovira, Constitución y cambio en la revista Claves de Razón Práctica nº 241; también el libro de Richard A. Posner Cómo deciden los jueces, Marcial Pons, 2011.
Política y derecho: a propósito de las deudas municipales
La mayor parte de los Cortes del mundo empiezan a estar conscientes sobre su transformación de “élite decisora” a “institución mediadora” de diversos discursos normativos. Esto es, el derecho, entendido como una técnica resulta en un canal de diversos discursos normativos como es el caso de los derechos humanos, culturales, morales, entre otros. A manera de metáfora: el derecho (y su vigilante) se convierte en árbitro y decide que discursos normativos entrarán a la cancha de juego y ya en el juego sólo vigila el cumplimiento de la “técnica”.
La Suprema Corte consciente de esta situación ha empezado a emitir protocolos de actuación para dar cabida a diversos discursos normativos[1]. Ya se puede apreciar en sus discusiones argumentos de dignidad humana, de sistemas normativos internos, incluso de moralidad[2], pero los ministros han rehuido a un tipo de argumento no menor: los políticos. No es casual que la Corte rehúya a hacer uso de los argumentos políticos, entendidos estos como las razones estratégicas para la obtención de resultados legales. En efecto, desde hace décadas, la Corte se niega a invocar expresamente dichos argumentos. Pero, ¡ojo!, los argumentos políticos no se usan expresamente pero es casi seguro que siempre están ahí. Aquí, está posiblemente el problema, pues hay una deficiencia institucional en plantear en términos claros la problemática. Es decir, ocultar los argumentos políticos ocasiona que la decisión judicial sea ventilada con información parcializada. Lo cual genera, en consecuencia, una mala decisión fáctica aunque una buena decisión técnica.
Considero que un ejemplo de lo anterior es el expediente 57/2013. En resumen lo que sucedió fue lo siguiente: el municipio de Corregidora, estado de Querétaro, interpuso una controversia constitucional en contra del Poder Legislativo y de otras autoridades del mismo estado. Fueron varios temas los que se abarcaron en dicha resolución; sin embargo, hay uno en específico que es digno de atención. Se trata del relativo a las deudas municipales. De acuerdo a la ley impugnada, para que el municipio contraiga una deuda es necesaria la aprobación del Gobernador y de la Legislatura local. El municipio alegó que esto violenta su autonomía municipal. Por su parte, los demandados alegaron que está dentro de las facultades concedidas por al Constitución federal el regular las bases por medio de las cuales se aprobaría la contratación de tal deuda pública. El pleno discutió los alcances de los artículos 115, fracción IV y 117, fracción VIII y determinó que era procedente pero infundada la controversia constitucional[3].
El debate fue bueno en términos técnicos. Pero se echaron de menos, algunos argumentos políticos de trasfondo. Veamos. Es posible pensar, que el legislativo de Querétaro comparta algunas de las deficiencias que mencionaré a continuación. El sistema de aprobación o rechazo de cualquier tema en la mayor parte de los congresos locales está caracterizado por la necesidad de un cabildeo personal. Es decir, hay que ir a convencer a los lideres de la fracciones para mostrarles las razones de votar a favor o en contra. El tema tiene varias instancias de aprobación y, por tanto, de cabildeo. Primero las comisiones, después (en algunos casos) la junta de coordinación política, finalmente el pleno.
Ahora bien, las discusiones parlamentarias sobre la relevancia de un tema son de minutos. Son pocos los casos en los cuales después de votar, los diputados dan un razonamiento público de su voto a favor o en contra. Estos pasos, que para nada son malos pues el convencimiento y el propio cabildeo es uno de los avances democráticos en cualquier sociedad, se convierte en problema ante la falta de reglamentación de la transparencia en dicho cabildeo. Ahora, imaginemos por caso la situación de un municipio que desea contraer una deuda pública por 10 millones de pesos. ¿Cuál sería políticamente su proceso de cabildeo? Hay dos opciones: la primera es la de un cabildeo de altura, democrático, deliberativo y eficiente; la segunda es la de su antagónico: opaco, elitista y deficiente. Si no tenemos la opción para asegurar lo primero, lo más saludable sería buscar la forma de evitar lo segundo.
Algo importante: estoy de acuerdo que podría considerase absurdo pedirle a la Suprema Corte -que con base en ese argumento- declare la inconstitucionalidad, pues en ese caso se le atribuiría funciones que rebasan su competencia. Además, este mismo argumento podría utilizarse para quitarle muchas funciones al Congreso local. Por ello, quizás, lo que se han intentado en otras Cortes del mundo, es dejar evidenciada, en discusión, de la problemática para que se vaya tomando conciencia de ella y se generé lo que hoy se llama “diálogo constitucional”[4]. Esta sería, una forma indirecta de ir autocorrigiendo a nuestro sistema jurídico mexicano. Es decir, señalar la problemática aunque no se conceda la razón por la propia dinámica del sistema jurídico[5].
Sea como fuere, ciertamente es muy posible que los artículos 115, fracción IV y 117, fracción VIII, respalden la autorización que tiene que dar el Congreso local y el gobierno del estado. No por casualidad muchas leyes estatales de deuda pública van en el mismo sentido. Para el caso de Oaxaca, su artículo 7º de la Ley de Deuda Pública establece un mecanismo similar. Sin embargo, sería saludable para nuestro propio sistema jurídico empezar a incluir en las discusiones, las problemáticas de trasfondo y sus respectivos argumentos políticos para ir rehabilitando nuestro propio sistema. Señalar razones aunque no necesariamente se conceda la petición, puede ser también una forma democrática y legítima de resolver temas judiciales.
[1] Los protocolos emitidos por la SCJN son los siguientes: Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren Personas, Comunidades y Pueblos Indígenas. Protocolo para juzgar con perspectiva de género. Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas con discapacidad.
[2] En cuanto al discurso moral como razón de discusión al interior de la propia SCJN véase la posición de la ministra Sánchez Cordero en la sesión del día 3 de septiembre del 2013 p. 43
[3] “unanimidad de nueve votos a favor de la propuesta del proyecto, consistente en reconocer la validez de los artículos 6º, 17 y 18 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Querétaro y mayoría de ocho votos a favor de reconocer la validez del artículo 8 Bis, párrafo primero, de la ley impugnada con el voto en contra de la señora Ministra Luna Ramos y anuncio de reserva de voto del señor Ministro Aguilar Morales”. Versión taquigráfica del día 9 de junio de 2014, p. 46
[4] Vid. Linares, Sebastián. La (i)legitimidad democrática del control judicial de las leyes. Marcial Pons, Madrid, 2008, p. 200-210
[5] Vid. Jiménez Campo, Javier (1997): «Qué hacer con la ley inconstitucional», en La sentencia sobre la constitucionalidad de la Ley, CEPC, Tribunal Constitucional, Madrid. 1997. p. 24.
En un voto concurrente del juez Diego García-Sayán[1] de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se alude a lo que algunos teóricos han venido designando con el distintivo de derecho humano a la democracia. A pesar de su reconocimiento en el escenario teórico y también en el ámbito jurisdiccional internacional, la interrogante es si en el sistema constitucional mexicano se puede aludir a tal derecho. Para dar una respuesta positiva, se pueden seguir dos estrategias:
1) Buscar su fundamento directamente en la Constitución.
2) Buscar su fundamento en la jurisprudencia de la Corte Interamericana.
La primera estrategia apuntaría a justificar el derecho humano a la democracia con base en el artículo 3º constitucional, fracción II, inciso a, que establece lo siguiente: “El criterio que orientará esa educación… a) será democrático, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo”.
La estrategia no es nueva. Se ha venido aplicando desde hace mucho tiempo desde el lado académico como desde el ámbito jurisdiccional. Por ejemplo, en el siglo pasado, Oscar Treviño Ríos justificó que el artículo 3º consagraba el principio democrático y se empalmaba este reconocimiento con la aspiración de ser un derecho universal[2]. Por otro lado, la Suprema Corte en diversas ocasiones ha acudido al principio democrático como un principio rector de las (antes llamadas) garantías individuales y ha pugnado por su aplicación extensiva más allá de la materia educativa.
La segunda línea de acción consistiría en revisar la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).
La CoIDH, a través de sus diversas resoluciones y particularmente en el caso Yatama vs. Nicaragua, ha dibujado los rasgos de un derecho a la democracia. En concreto, con el voto concurrente del juez Diego García-Sayán ha expresado textualmente el término “el derecho humano a la democracia”. Sin embargo, dicho derecho humano no tiene una tipología expresa. Sus elementos son tácitos y se desprenden de diversos casos[3] que ha resuelto la CoIDH.
Considero que el derecho humano a la democracia, desde diversas resoluciones de la CoIDH, se constituye por tres facetas que se ven reflejados en el respeto a tres tipos de derechos: sustanciales, de acceso a la justicia y culturales.
Los derechos sustanciales no son otra cosa que contar con los derechos mínimos que aseguren a los individuos los elementos suficientes para gozar de igualdad y libertad. Los de acceso a la justicia consisten en la instauración de un conjunto de normas procesales que materialicen a los primeros. Finalmente, no basta con tener derechos sustanciales y de acceso a la justicia. Es además necesario considerar las especificidades culturales. Así lo ha explicado Sergio García Ramírez cuando en un voto concurrente ha señalado enfáticamente la necesidad de atender las singularidades de cada contexto[4].
El derecho humano a la democracia fundamenta a los actuales estados constitucionales y democráticos de derecho. Lo mas significativo de esto es que se trata de una conquista humana que no es fácil abandonar. Como apunta Häberle: “Los derechos del hombre y su fundamento, la dignidad humana (desde Kant y Schiller), la separación de poderes (Locke y Montesquieu), así como la democracia (gracias a Rousseau y a los Federalistas) conforman barreras culturales que no permiten el paso atrás y fundan elementos básicos de cualquier avance constitucional hacia el futuro”[5].
El derecho humano a la democracia es el entrecruce de caminos, entre el derecho constitucional, electoral y consuetudinario. En ese entrecruce de caminos, descansa nuestra esperanza de la construcción de un Estado constitucional y democrático de Derecho.
[1] Cfr. Párrafo 7 del Voto concurrente del juez Diego García-Sayán en la Sentencia de 23 de junio de 2005, CASO YATAMA VS. NICARAGUA;
[2] Cfr. Treviño Ríos, Oscar, “La democracia ante el derecho internacional Americano”, en revista Jurídica, volumen número 4, julio de 1972, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. P. 363
[3] Cfr. Sentencia de 23 de junio de 2005, Caso YATAMA VS. NICARAGUA; sentencia de 6 de agosto de 2008, Caso CASTAÑEDA GUTMAN VS. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; sentencia de 6 de octubre de 1999, Caso HIGUCHI MIYAGAWA VS. PERÚ.
[4] Párrafo 30 del voto concurrente del juez Sergio García Ramírez a la Sentencia de 23 de junio de 2005, CASO YATAMA VS. NICARAGUA, p. 124-125
[5] Häberle, P., Libertad, Igualdad, fraternidad. 1789 como historia, actualidad y futuro del Estado Constitucional. Trotta, Madrid, 1998, p. 88.