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Matched Legal Cases: ['artículo 233', 'artículo 34', 'artículo 43', 'artículo 179', 'artículo 91', 'artículo 11']

DERECHO PENAL COLOMBIA: INASISTENCIA ALIMENTARIA - Fallo absolutorio porque la acción ejecutada no alcanza el grado de antijuridicidad requerido por el tipo penal - Principio de lesividad - Bien jurídico protegido en el delito de inasistencia alimentaria - Tribunal Superior de Bogota
INASISTENCIA ALIMENTARIA - Fallo absolutorio porque la acción ejecutada no alcanza el grado de antijuridicidad requerido por el tipo penal - Principio de lesividad - Bien jurídico protegido en el delito de inasistencia alimentaria - Tribunal Superior de Bogota
Bogotá D.C., lunes, cinco (5) de agosto de dos mil trece (2013)
110016000018200803223 01
Juzgado Séptimo Penal Municipal de Conocimiento
Wilson Enrique Rojas Pulido
Revoca sentencia condenatoria y absuelve.
1.- Resolver el recurso de apelación interpuesto por la defensa contra la sentencia proferida el 28 de mayo de 2013 por el Juzgado Séptimo Penal Municipal con funciones de conocimiento de Bogotá, que condenó Wilson Enrique Rojas Pulido por el delito de inasistencia alimentaria.
2.- Los hechos tienen su origen en la denuncia instaurada por Rocío del Pilar Domínguez, quien señaló que Wilson Enrique Rojas Pulido sin justa causa se sustrajo desde el mes de agosto de 2008 de cancelar la cuota alimentaria a favor de su hija M.F.R.D., fijada en cuantía de $80.000,00 mensuales según compromiso suscrito ante la Fiscalía Local 306 de la SAU Engativa.
3.- El 4 de enero de 2012 ante el Juzgado Veinte Penal Municipal de Control de Garantías, la Fiscalía le imputó a Wilson Enrique Rojas Pulido el cargo de inasistencia alimentaria contemplado en el artículo 233 -2 del Código Penal; el procesado no se allanó a los cargos.
4.- El 1º de febrero de 2012 la Fiscalía General de la Nación presentó escrito de acusación efectuándose la respectiva audiencia el 22 de febrero del mismo año ante el Juzgado Séptimo Penal Municipal de Bogotá; el 13 de abril se cumplió la audiencia preparatoria; entre el 9 de mayo de 2012 y el 24 de abril de 2013 se llevó a cabo el juicio oral, mientras que la correspondiente lectura de fallo la efectuó el 28 de mayo de los corrientes.
5.- El Juzgado Séptimo Penal Municipal de Bogotá resolvió condenar a Wilson Enrique Rojas Pulido como autor responsable del delito de inasistencia alimentaria, al considerar que existía más allá de toda duda plena responsabilidad del procesado en los hechos.
6.- Para llegar a tal decisión el juzgador de primera instancia dio plena credibilidad al testimonio de Rocío del Pilar Domínguez Albarracín, madre de la menor de edad, cuando relató que pese a haberse comprometido el procesado con una cuota alimentaria mensual equivalente a $80.000,00, éste se sustrajo sin justa causa de su obligación legal, siendo que únicamente realizó pagos parciales que ascienden a $615.000,00, omitiendo también las obligaciones referidas al suministro de educación, salud y afectivas.
7.- Desechó la petición de absolución al destacar que estaba comprobado que aquel conducía un taxi y en algunas ocasiones trabajaba en construcción, con lo que se establecía que el incumplimiento de su obligación fue sin justa causa.
8.- No dio credibilidad a los testimonios de Diana Lucía Linares Mejía, Luz Marina Rodríguez López y Rafael Rodríguez López al considerar que cuando los declarantes afirmaron que en diversas oportunidades el procesado entregó dinero a la menor de edad, en sumas que oscilaban entre los $150.000,00 y $400.000,00, lo único que pretendían era proteger al procesado mostrándolo como un padre responsable, aunado a que la menor de edad en su declaración desvirtuó las presuntas entregas personales de dinero.
9.- La defensa interpuso recurso de apelación solicitando la absolución del procesado al considerar que Rojas Pulido ha cumplido con la cuota alimentaria. Destacó los diferentes pagos que con tal propósito efectuó. Igualmente adujo que su prohijado se sustrajo con justa causa de cancelar los aportes respectivos porque durante 2009-2010 no estuvo afiliado al sistema de seguridad social, además que ha intentado cumplir con su obligación alimentaria.
10.- Competencia: De conformidad con lo preceptuado en el numeral 1º del artículo 34 de la Ley 906/04, esta Corporación es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto por la defensa contra la sentencia de primera instancia.
11.- En términos del numeral 1º del artículo 43 y el artículo 179 de la Ley 906/04, modificado por el artículo 91 de la Ley 1395/10, resuelve la Colegiatura el asunto planteado por el recurrente dentro del marco delimitado por el objeto de la impugnación.
12.- Problemas jurídicos planteados: Establecer si el procesado ha cumplido con su obligación alimentaria y determinar si se sustrajo sin justa causa de su deber.
13.- La defensa recurrió la sentencia objeto de alzada con el fin de que se tuvieran en cuenta los aportes que ha entregado el procesado a la víctima por concepto de cuota alimentaria; así entonces, esta Sala determinará, según las probanzas obrantes en audios, cuanto es el valor de lo adeudado y el monto de lo cancelado.
14.- Pues bien, conforme a la estipulación probatoria No. 2, está probado que el 23 de julio de 2008 se realizó una conciliación entre Rocío del Pilar Domínguez Albarracín, madre de la menor de edad y Wilson Enrique Rojas Pulido, en la que éste se comprometió a cancelar por concepto de alimentos la suma de $80.000,00 pesos mensuales a partir del 15 de agosto de 2008, además de aportar para los gastos adicionales en salud de M.F.R.D.
15.- Conforme a dicha situación, las cuotas alimentarias pagadas desde agosto de 2008 hasta el 22 de febrero de 2012, fecha en que se realizó la audiencia de acusación[1], fueron las siguientes:
$98.216
$3.815.480,00
16.- Rojas Pulido canceló las siguientes sumas de dinero por concepto de cuota alimentaria entre diciembre de 2008 y marzo de 2012, teniendo en cuenta las consignaciones por él aportadas en el juicio oral:
17.- Posteriormente, el día de la lectura de fallo, allegó copia del depósito judicial de la misma fecha por valor de $1.500.000,00, lo que permite establecer que el valor total de lo cancelado por concepto de cuota alimentaria es de $2.275.000,00.
18.- Ahora, el defensor aduce que antes de iniciarse la audiencia de juzgamiento, su representado realizó un abono de $1.500.000,00 por concepto de cuotas alimentarias, situación que, verificada en los audios de juicio oral, no fue demostrada por el procesado ni confirmada por la progenitora de la menor de edad al momento en que rindieron su declaración. Sin embargo, en la audiencia del 4 de septiembre de 2012, diligencia programada para la continuación de juicio oral, de manera informal la fiscalía informó al despacho que ese mismo día le fue entregada a Rocío del Pilar Domínguez Albarracín la suma de $1.500.000,00 como abono al saldo adeudado por parte del procesado[2], hecho confirmado en esa misma sesión por la progenitora de la menor de edad[3].
19.- Si bien ello no fue admitido por la madre de la menor y el procesado tampoco realizó alguna manifestación al respecto cuando declararon en la audiencia de juicio oral, tal monto debe tenerse en cuenta a efectos de aminorar la obligación alimentaria. En consecuencia, el $1.500.000,00 cancelado directamente a la progenitora de la menor será sumado al monto de $2.275.000,00, montos que arrojan un total de $3.775.000,00, suma que será descontada de lo adeudado ($3.815.480,00), lo cual lleva a establecer como resultado final una deuda por concepto de alimentos de $40.480,00.
20.- En principio podría decirse que en el presente asunto se puede constatar la sustracción sin justa causa de la obligación alimentaria por parte del procesado, a tal punto que pese a su ardua labor para colocarse al día en dicha deuda ha quedado con un saldo en contra de $40.480,00.
21.- Sin embargo, la responsabilidad penal no es objetiva, según la cual un sujeto responde de un hecho causado por él aunque no haya tenido voluntad de realizarlo; ella atiende al daño producido haya y culpa o dolo desplegados en la ejecución del comportamiento. Y ello es así porque en el moderno derecho penal la responsabilidad de un sujeto solamente se consolida cuando se demuestra que la conducta ejecutada satisface plenamente las exigencias de típicidad-antijuridicidad-culpabilidad, cualquiera que sea el orden de prevalencia que se de a las tres categorías.
22.- Ahora bien, el aparato punitivo sólo puede operar en tanto medie la afectación significativa de un bien jurídico, es decir, para que una acción sea punible requiere que además lesione o ponga efectivamente en peligro sin justa causa el bien jurídico tutelado por la ley, en este caso la asistencia alimentaria, es decir, que sea antijurídica en los términos prescritos por el artículo 11 de la Ley 599 de 2000.
23.- Así entonces, la afectación del bien jurídico le compete valorarla en cada caso concreto a los fiscales -cuando acusan- y a los jueces -cuando emiten sus fallos-, con base en la aplicación de principios como los de lesividad y mínima intervención, entre otros, con el fin de verificar si el comportamiento del agente produjo una lesión efectiva o puso en riesgo los bienes jurídicos protegidos por la norma; lo anterior quiere decir que la ausencia de significativa lesión o puesta en peligro del bien jurídico podría conllevar a aplicar el principio de insignificancia, también conocido como principio de resultado de bagatela, de acuerdo con el cual las afectaciones insignificantes de bienes jurídicos no constituyen lesividad relevante a los fines de la tipicidad objetiva[4].
24.- De esta manera la necesidad de la pena obliga al juez a acudir a la facultad sancionadora en casos estrictamente necesarios teniendo en cuenta los axiomas de última razón, subsidiariedad y carácter fragmentario del derecho penal:
Y el tercero, consistente en que el derecho penal únicamente ha de intervenir en los eventos en que la conducta implique un verdadero peligro para el bien jurídico, lo que significa que hay conductas que pese a ponerlo en riesgo no son punibles. Del principio de necesidad de la pena surge que son los comportamientos más graves los que demandan la reacción penal y no los de escasa entidad, es decir, que no todo ataque y afección al interés jurídico debe ser sancionado penalmente, únicamente los más graves[5].
25.- En otra decisión de la Corte Suprema de Justicia[6] se estableció que no era acertado sostener que la voluntad del legislador al consagrar delitos (como los de peligro abstracto), era la de prever como punible todo comportamiento que se ajuste en la descripción típica del precepto, porque la potestad punitiva del Estado no puede ir en contra de los principios que legitiman al derecho penal en un Estado Social de Derecho. De acuerdo con este Tribunal
Ello permite señalar el carácter subsidiario del derecho penal frente a los demás instrumentos del ordenamiento jurídico y, así mismo, su carácter fragmentario, en cuanto no tutela todos los ataques a los bienes jurídicos relevantes, sino únicamente los más graves o más peligrosos[7].
26.- En el mismo fallo la Corte aclaró que únicamente en casos relevantes y en delitos de cierto peso se requiere de un castigo penal:
En el campo nuclear del derecho penal las exigencias de la protección subsidiaria de bienes jurídicos requieren necesariamente un castigo penal en caso de delitos de un cierto peso. Pero en cambio, aunque en principio se incluyan conductas como el hurto y la estafa en el ‘ámbito nuclear’ y por ello se le asignen al derecho penal, nada se opondría a que los casos de bagatelas en este campo (como p. ej. el anterior ‘hurto de comestibles’, que actualmente está configurado de forma modificada como delito perseguible sólo mediante denuncia) se calificaran como contravenciones[8].
27.- De lo anterior se puede concluir que la ultima ratio como manifestación político-criminal, entendida a partir de los principios de proporcionalidad y lesividad, lleva a que el intérprete entienda que la pena privativa de la libertad sólo puede tener cabida frente a conductas que en verdad y objetivamente lesionen de manera grave los bienes jurídicos protegidos penalmente en aras de la convivencia y protección de las relaciones sociales.
28.- Además, teniendo en cuenta los criterios moduladores de la actividad procesal, que imponen a los servidores la obligación de obrar de acuerdo con los criterios de necesidad, ponderación, legalidad y corrección en el comportamiento, amén de la necesaria observancia de los cánones de proporcionalidad y razonabilidad que gobiernan la imposición de la pena, ha de destacarse que en este asunto en particular la conducta analizada no debe ser reprimida penalmente dado su menor grado de lesividad y los esfuerzos del procesado por cumplir con la obligación legal que en él recae.
29.- En efecto, para la Sala no es posible fundamentar una condena en contra de Wilson Enrique Rojas Pulido con base únicamente en el fin de la prevención general, porque el derecho penal debe estar orientado hacia la protección exclusiva de bienes jurídicos en los que se haya lesionado efectivamente o puesto en peligro, y no de sancionar punitivamente al acusado en razón del solo incumplimiento del deber, menos cuando se observa que el acusado ha desplegado acciones claramente dirigidas a la satisfacción del gravamen alimentario que en él recae.
30.- Como bien puede observarse a pesar de la tardanza en cumplir con la obligación alimentaria, el procesado en diferentes fases de la actuación canceló en la medida de sus posibilidades el monto que adeudaba dejando un rezago mínimo que apenas supera los $40.000,00, monto que resulta ser una deuda insignificante para reprochar penalmente a quien ha intentado saldar la deuda. Y lo dicho permite excluir la ocurrencia de la acción punible de sustraerse sin justa causa[9].
31.- Según lo dicho, la conducta juzgada no evidencia que el delito contra la familia fuera de aquellos que afectan gravemente el bien jurídico, motivo por el cual no se puede predicar de la conducta juzgada un grado de antijuridicidad de tal naturaleza como para que amerite la sanción que para tales hechos prevé el ordenamiento jurídico.
32.- Igualmente, entendiendo telelógicamente el tipo penal atribuido al procesado, la satisfacción de los derechos de la menor resulta más fácil de remuneración estando el procesado en pleno ejercicio de sus derechos y libertades.
33.- De acuerdo con lo expuesto en precedencia se revocará la decisión del a quo y en su lugar se emitirá fallo absolutorio a favor del acusado.
34. Todo lo expuesto no impide exhortar al procesado para que cumplidamente sufrague la cuota alimentaria a favor de su menor hija, porque la víctima puede acudir nuevamente ante la autoridad para procurar la sanción de quien sin justa causa se sustraiga de su obligación.
1º. REVOCAR en todas sus partes la sentencia objeto de apelación y en consecuencia ABSOLVER a Wilson Enrique Rojas Pulido por el delito de inasistencia alimentaria.
[1] Bien se sabe que la resolución acusatoria de la Ley 600 de 2000 no puede equipararse a la acusación de la Ley 906 de 2004, como bien lo señaló la Corte Suprema de Justicia en su providencia de 23 de marzo de 2006, radicación 24300. Empece de lo anterior, cuando se trata de delitos permanentes que se investigan de acuerdo con las reglas previstas en la Ley 906 de 2004, los hechos materia de acusación se extienden hasta lo acontecido en el acto complejo de acusación (escrito y audiencia), punto en el que se asemeja a los procesos regidos por la Ley 600 de 2000, en los que los hechos de la acusación son todos aquellos que ocurren hasta antes de la ejecutoria del pliego de cargos.
Cuestión diferente ocurre con la prescripción de la acción penal: en el antiguo sistema se interrumpía con la resolución acusatoria; en la nueva dinámica procesal se interrumpe con la celebración de la audiencia de imputación, institución inexistente en las legislaciones previas a la nueva sistemática de tendencia oral-acusatoria.
[2] Audiencia de continuación de juicio oral (record 1:01 audio 2).
[3] Audiencia de continuación de juicio oral (record 2:39 audio 2).
[4] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 13 de abril de 2009, radicación 31362.
[5] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 19 de octubre de 2006, radicación 19499.
[6] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 13 de abril de 2009, radicación 31362.
[7] Corte Constitucional, sentencias C-356/03 y C-804/03.
[8] Claus Roxin, Derecho penal, Madrid, Editorial Civitas, 1997, § 2, 41.
[9] Recuérdese que «el verbo "sustraer", que constituye el núcleo de la conducta punible, expresa la idea de separarse de lo que le corresponde por obligación, prescindiendo, en consecuencia, de cumplir ésta. Es una conducta activa, maliciosa, claramente regulada, de modo que deja de incriminarse cuando ocurren descuidos involuntarios o cuando se presentan inconvenientes de los que pueden incluirse dentro de las justas causas». Cfr. Corte Constitucional, sentencia T-502/92.
Publicado por DERECHO PENAL en 12:11 p.m.