Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2007/c-282-07.htm
Timestamp: 2019-06-16 10:53:28
Document Index: 126692119

Matched Legal Cases: ['artículo 9', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 14', 'artículo 9', 'artículo 14', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'artículo 13']

C-282-07
2. Las materias sujetas a examen
(ii) En segundo lugar, consideran que cuando la ley exige que la denuncia de acoso laboral sea presentada por escrito (artículo 9º num.2º), desconoce el derecho a la igualdad y limita el derecho de petición (arts. 13 y 23 C.P.), pues impide que las conductas de acoso laboral sean denunciadas por personas que no saben leer y escribir, “marginando y empeorando su situación laboral”.
Así, la Corte ha indicado que al lado de las actuaciones administrativas de carácter general o particular que regula el Código Contencioso Administrativo, existen otros procedimientos administrativos especiales respecto de los cuales dicho Código tiene un carácter supletivo, en la medida que se aplica “en lo no previsto por los procedimientos especiales y en cuanto sean compatibles.”[19] Como se indicó en el salvamento de voto presentado por el Magistrado Fabio Morón Díaz a la Sentencia C-252 de 1994[20], en el derecho colombiano se acepta sin reservas “la existencia de un procedimiento ordinario administrativo, que se organiza en el Código Contencioso Administrativo, primera parte, y al lado suyo, la realidad de los llamados procedimientos administrativos especiales que abundan en materia financiera, cambiaria, agraria, comunal, etc. Esta aceptación de los dos procedimientos está desarrollada expresamente en el artículo 1o. del C.C.A., que dice así en el inciso pertinente: ‘Los procedimientos administrativos regulados por leyes especiales se regirán por éstas; en lo no previsto en ellas se aplicarán las normas de esta parte primera que sean compatibles.’”
Así entonces, los mecanismos de integración previstos en el artículo 1º del Código Contencioso Administrativo evitan que, por regla general, en todos los casos en que se asigna una función administrativa que pueda dar lugar a un procedimiento de esta misma naturalezao s.es caso tiene como mrrolle en condiciones dignas y justas, y, cable pertenencia con el sector privado (donde es m, el legislador deba señalar necesariamente una regulación especial para su ejercicio[27]. Tampoco estará obligado a hacer una remisión expresa a dicho código, pues éste cumple su función integradora a partir de su propio texto (artículo 1º).
En este sentido es preciso reiterar, como bien se advirtió en la Sentencia C-1201 de 2003[28], que en tales eventos no se trata de una omisión legislativa, sino que “hay un asunto ‘no previsto’, que debe regularse por las normas generales contenidas de el C.C.A., por decisión expresa del legislador.” Por ello, en la Sentencia C-510 de 2004, al revisar la constitucionalidad del artículo 14 del Decreto Extraordinario 1281 de 2002 (reclamaciones ante el FOSYGA), la Corte señaló:
(i) El primero, contra la expresión “reglamento de trabajo” contenida en el artículo 9º de la Ley 1010 de 2006 (numeral 1º y parágrafo 1º), pues a juicio de los actores restringe el ámbito de la ley a las empresas que cuentan con él y la hace inaplicable a las que no deben tenerlo (especialmente entidades públicas y fuerzas militares) y a las que han incumplido su deber legal de expedirlo.
(ii) El segundo, contra la exigencia de una denuncia “escrita” (art. 9 numeral 2º), que según la demanda impide que las personas que no saben leer y escribir puedan denunciar conductas de acoso laboral.
[1] Decreto 231 de 2006 corrige yerro caligráfico y señala que deberá leerse “dentro de los tres (3) meses siguientes a su promulgación” (Diario Oficial 46.164 de 2006).
[2] Exposición de motivos del Proyecto de Ley No. 88 de 2004, Gaceta del Congreso 400 de 2004. Igualmente en la Ponencia para Primer Debate en la Cámara de Representantes se indicó: “Se considera que el desestímulo coercitivo no debería llevar el acoso a la categoría de delito, sino que inicialmente deben tomarse medidas administrativas y disciplinarias tanto a quienes son los objetos activos del hecho y para quienes acusen indebidamente a sus superiores o compañeros de actuaciones de acoso laboral.” (Gaceta del Congreso No.671 de 2004)
[4] Sentencia C-738 de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. En ella se decidió: “DECLARAR EXEQUIBLE el artículo 14 de la Ley 1010 de 2006, por los cargos analizados en la presente sentencia, a excepción de la expresión “los cuales se descontarán sucesivamente de la remuneración que el quejoso devengue, durante los seis (6) meses siguientes a su imposición.” la cual será declarada INEXEQUIBLE.” (parte resolutiva corregida por auto 271 de 2006)
[5] “Son bienes jurídicos protegidos por la presente ley: el trabajo en condiciones dignas y justas, la libertad, la intimidad, la honra y la salud mental de los trabajadores, empleados, la armonía entre quienes comparten un mismo ambiente laboral y el buen ambiente en la empresa. ”(se subraya).
[6] Artículo 7°. Conductas que constituyen acoso laboral. Se presumirá que hay acoso laboral si se acredita la ocurrencia repetida y pública de cualquiera de las siguientes conductas (…)
[7] Artículo 8°. Conductas que no constituyen acoso laboral. No constituyen acoso laboral bajo ninguna de sus modalidades: (…) f) Las actuaciones administrativas o gestiones encaminadas a dar por terminado el contrato de trabajo, con base en una causa legal o una justa causa, prevista en el Código Sustantivo del Trabajo o en la legislación sobre la función pública.”
[20] MM. PP. Antonio Barrera Carbonell y Vladimiro Naranjo Mesa. Salvamento de voto de los Magistrados Fabio Morón Díaz, Hernando Herrera Vergara y Eduardo Cifuentes Muñoz, por cuanto, a su juicio, las normas que establecían un procedimiento administrativo especial para la Superintendencia Bancaria, no tenían la condición de “código” y, en esa medida, podían concederse facultades extraordinarias para su expedición. Salvamento parcial de voto del Magistrado Vladimiro Naranjo Mesa en el mismo sentido.
[21] “POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE EL REGIMEN SANCIONATORIO Y EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CAMBIARIO A SEGUIR POR LA SUPERINTENDENCIA DE CAMBIOS.”
[23] “La Comisión de Televisión violó el debido proceso al dar al recurso de reposición un efecto no querido por el legislador y al forzar la ejecución inmediata de su acto aun antes de que se hubiese interpuesto el recurso y mucho antes de la resolución y notificación del mismo. Resulta evidente que la sociedad demandante tenía derecho a que el acto administrativo no tuviera ejecución durante el tiempo que se tomara el órgano administrativo para resolver sobre el recurso interpuesto. En otros términos, no podía la Comisión, a la luz del Código Contencioso Administrativo, tramitar el recurso en el efecto devolutivo cuando la ley ordena que lo sea en el suspensivo.” (M.P. José Gregorio Hernández)
[29] M.P. Álvaro Tafur Gálvis. Aclaró voto el Magistrado Jaime Araújo Rentería “por considerar que el artículo 13 del Decreto Ley 1281 de 2002 se expidió con fundamento en la Ley 715 de 2001 y en su oportunidad salvé el voto, por considerar que esta Ley es inconstitucional.”
[33] “2.2 En relación con las personas que no saben leer ni escribir, la Corte ha resaltado que el mismo carácter informal de la acción y su regulación, que propende por la celeridad y la eficacia, permite a los ágrafos acudir de manera pronta ante la autoridad judicial para obtener el amparo constitucional de sus derechos. La persona que ejerce la acción no necesita saber escribir ni es indispensable que sepa firmar[33], pues este hecho no puede constituir barrera para el acceso a la administración de justicia en materia de derechos fundamentales.” (Sentencia T-681 de 2004, M.P. Jaime Araújo Rentería.
[37] Decreto 231 de 2006 corrige yerro caligráfico y señala que deberá leerse “dentro de los tres (3) meses siguientes a su promulgación” (Diario Oficial 46.164 de 2006).