Source: http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2016-0354_ES.html
Timestamp: 2019-08-20 16:31:20
Document Index: 269658956

Matched Legal Cases: ['artículo 16', 'artículo 218', 'artículo 99', 'artículo 99', 'artículo 108', 'artículo 218', 'artículo 218', 'artículo 5', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 6', 'artículo 8', 'artículo 12', 'artículo 7', 'artículo 16', 'artículo 218', 'artículo 16', 'artículo 218', 'artículo 1', 'artículo 4', 'artículo 6', 'artículo 7', 'artículo 8', 'artículo 9', 'artículo 10', 'artículo 11', 'artículo 12', 'artículo 13', 'artículo 14', 'artículo 1', 'artículo 16', 'artículo 8', 'artículo 19', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 23', 'artículo 4', 'artículo 9', 'artículo 10']

RECOMENDACIÓN sobre el proyecto de Decisión del Consejo sobre la celebración, en nombre de la Unión Europea, del Acuerdo entre los Estados Unidos de América y la Unión Europea sobre la protección de los datos personales en relación con la prevención, la investigación, la detección y el enjuiciamiento de infracciones penales
Procedimiento : 2016/0126(NLE)
Ciclo relativo al documento : A8-0354/2016
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sobre el proyecto de Decisión del Consejo sobre la celebración, en nombre de la Unión Europea, del Acuerdo entre los Estados Unidos de América y la Unión Europea sobre la protección de los datos personales en relación con la prevención, la investigación, la detección y el enjuiciamiento de infracciones penales
Ponente: Jan Philipp Albrecht
– Visto el proyecto de Decisión del Consejo (08523/2016),
– Visto el acuerdo entre los Estados Unidos de América y la Unión Europea sobre la protección de los datos personales en relación con la prevención, la investigación, la detección y el enjuiciamiento de infracciones penales (08557/2016),
– Vista la solicitud de aprobación presentada por el Consejo de conformidad con el artículo 16 y el artículo 218, apartado 6, párrafo segundo, letra a), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (C8-0329/2016),
– Vista la carta de la Comisión de Asuntos Exteriores,
– Vistos el artículo 99, apartado 1, párrafos primero y tercero, el artículo 99, apartado 2, así como el artículo 108, apartado 7, de su Reglamento,
– Vistas la recomendación de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A8-0354/2016),
2. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y de los Estados Unidos de América.
1. A raíz de llamamientos del Parlamento Europeo, el 3 de diciembre de 2010, el Consejo adoptó una decisión por la que se autorizaba a la Comisión a entablar negociaciones para la celebración de un Acuerdo entre la Unión Europea y los Estados Unidos de América sobre la protección de datos personales cuando se transfieren y tratan con el fin de prevenir, investigar, detectar o perseguir delitos, incluido el terrorismo, en el marco de la cooperación policial y judicial en materia penal (en lo sucesivo, « Acuerdo marco»). El 28 de marzo de 2011, la Comisión inició negociaciones con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. A lo largo de las negociaciones, el Parlamento fue informado regularmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 218, apartado 10, del TFUE, y el ponente presentó una serie de documentos de trabajo para facilitar los debates en la Comisión LIBE.
2. El texto del Acuerdo se rubricó el 8 de septiembre de 2015. A raíz de la adopción por el Congreso de los Estados Unidos de la Ley de recurso judicial de 24 de febrero de 2016, el 18 de julio de 2016 el Consejo decidió solicitar al Parlamento Europeo que concediera su aprobación a la celebración del Acuerdo, de conformidad con el artículo 218, apartado 6, letra a), inciso v), del TFUE, y transmitió su solicitud al Parlamento el 12 de septiembre de 2016.
3. La finalidad del Acuerdo es garantizar un alto nivel de protección de los derechos y libertades fundamentales de las personas físicas, en particular el derecho a la intimidad con respecto al tratamiento de datos personales cuando se transfieran datos personales a las autoridades competentes de la Unión Europea y sus Estados miembros y los Estados Unidos para estos fines.
4. El ponente considera importante señalar que el «Acuerdo marco» no prevé un fundamento jurídico para la transferencia de los datos personales. Este fundamento jurídico para la transferencia de datos se encuentra en los acuerdos existentes entre la UE y los EE. UU. o los acuerdos bilaterales existentes entre los Estados miembros y los EE. UU. o las leyes nacionales que permitan el intercambio de datos personales (por ejemplo, acuerdos internacionales sobre el registro de nombres de los pasajeros (PNR), el programa de seguimiento de la financiación del terrorismo (TFTP) o la asistencia judicial (MLA)). El Acuerdo marco complementa las protecciones y garantías de estos acuerdos, y refuerza y armoniza los derechos de los interesados. Como el Servicio Jurídico del Parlamento, en su dictamen de 14 de enero de 2015, planteó no obstante algunas cuestiones que podrían requerir una mayor clarificación, el ponente hace referencia a la declaración de la Comisión(1) en el contexto del procedimiento de aprobación del Parlamento Europeo. Una de las aclaraciones se refiere a la última parte del artículo 5, apartado 3, (según la cual no se requeriría ninguna autorización adicional para las transferencias de datos). Esta cláusula no prevé una decisión de adecuación de hecho, sino que se limita a afirmar que no se requerirá ningún otro fundamento jurídico que el acuerdo respectivo contemplado en el artículo 3, apartado 1, como ya es el caso. La Comisión también aclaró que la presunción de conformidad con las normas internacionales aplicables en materia de trasferencias no es automática sino cualificada, es decir refutable, y no afecta a las competencias de las autoridades de protección de datos.
5. Con arreglo al artículo 3, el Acuerdo se aplicará a la transmisión de datos personales entre las autoridades policiales de la Unión o los Estados miembros y las autoridades policiales de los EE. UU. a efectos de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de delitos, incluido el terrorismo. Abarca todas las transferencias de datos entre dichas autoridades, independientemente de la nacionalidad o el lugar de residencia del interesado. Abarca asimismo los datos personales transferidos por entidades privadas en el territorio de una parte a las autoridades competentes de la otra parte para estos fines, sobre la base de un acuerdo internacional.
6. El Acuerdo no contempla los intercambios de datos entre las autoridades de seguridad nacionales, dado que estos quedan fuera de la competencia de la Unión. Tampoco trata de las transferencias transatlánticas entre entidades privadas (por ejemplo, con arreglo a cláusulas contractuales o el escudo de la privacidad UE-EE. UU.) ni el consiguiente acceso en los EE. UU. a estos datos personales por una autoridad policial o la autoridad nacional de seguridad estadounidense.
7. El Acuerdo establece asimismo que cada Parte cumplirá sus disposiciones sin ninguna discriminación arbitraria o injustificable entre sus propios nacionales y los de la otra Parte contratante. Según la Comisión, esta disposición refuerza otras disposiciones del Acuerdo, como las que ofrecen garantías para los interesados (en términos de acceso, de rectificación y de recurso administrativo), ya que garantiza que los ciudadanos europeos podrán beneficiarse, en principio, de una igualdad de trato con los EE. UU. en lo que se refiere a la aplicación práctica del Acuerdo (artículo 4).
Elementos principales del Acuerdo marco
8. El Acuerdo contiene disposiciones que establecen los principios fundamentales de la protección de datos, a saber:
9. Finalidad y limitaciones de la utilización de los datos personales transferidos (artículo 6). Los datos personales se tratarán para fines específicos autorizados por el fundamento jurídico de la transferencia. Se permitirá el tratamiento adicional por las mismas autoridades policiales, reglamentarias o administrativas, o por otras, siempre y cuando no sea incompatible con la finalidad inicial de la transferencia. La autoridad transmisora podrá imponer condiciones suplementarias para la transferencia y el tratamiento posterior en la medida en que el marco jurídico aplicable lo permita.
10. Calidad e integridad de los datos (artículo 8) y períodos de conservación (artículo 12). Los datos personales se conservarán con la exactitud, pertinencia, puntualidad y exhaustividad necesaria y adecuada para el tratamiento lícito de los datos. Por otra parte, el tratamiento estará sujeto a unos plazos de conservación específicos para garantizar que los datos personales no se tratarán durante más tiempo del estrictamente necesario. El período de conservación se encuentran en el fundamento jurídico por el que se rige un tratamiento. Las Partes publicarán o pondrán a disposición tales períodos.
11. Las normas relativas a las transferencias ulteriores de los datos, tanto a las autoridades nacionales o a la parte contratante (por ejemplo, si la policía francesa comparte con la policía alemana información recibida del FBI de Estados Unidos) y a las autoridades de un tercer país o a una organización internacional que no esté vinculada por el Acuerdo (artículo 7). En este último caso, se requiere el consentimiento previo de la autoridad policial que transmitió inicialmente los datos.
12. Por lo que se refiere al tratamiento de datos personales que no tenga lugar en relación con casos concretos, investigaciones o actuaciones judiciales (a gran escala), el Acuerdo marco establece que cualquier acuerdo específico que permita la «transferencia global» de datos personales deberá especificar las normas y condiciones bajo las cuales podrá llevarse a cabo este tratamiento a gran escala, en particular, por lo que se refiere al tratamiento de datos sensibles, las transferencias ulteriores, y los periodos de conservación de datos. Este tipo de transferencia global de datos, en particular de datos sensibles, podría suscitar cuestiones de compatibilidad con el marco de protección de datos de la Unión, tal como ha sido interpretada por el Tribunal de Justicia. Sin embargo, dado que el Acuerdo marco no constituye un fundamento jurídico para tales transferencias globales, esta cuestión debe aclararse en el contexto de los respectivos acuerdos de transferencia. En consecuencia, en 2014 el Parlamento decidió solicitar el dictamen del TJUE sobre la compatibilidad con la Carta del acuerdo UE-Canadá sobre el PNR. El asunto aún sigue pendiente.
13. El Acuerdo también establece los derechos de las personas físicas (información, acceso, rectificación, supresión) y los derechos de recurso administrativo y judicial. Todos estos derechos se ejercen con arreglo a la legislación del país en el que se invoquen (incluidas las excepciones).
14. Una de las principales novedades del Acuerdo marco reside en que permitirá a los ciudadanos de cada una de las Partes puedan interponer un recurso en caso de i) denegación de acceso, ii) denegación de rectificación, o iii) divulgación ilícita por las autoridades de la otra Parte. Estos derechos se ejercen de conformidad con el Derecho del Estado en que se invoquen. Para paliar la falta de derechos de los ciudadanos no estadounidenses, el Congreso de los EE. UU. adoptó la Ley de recurso judicial el 24 de febrero de 2016. Esta ley permitirá extender a los ciudadanos de «países contemplados» (por ejemplo, los Estados miembros) algunos de los motivos de recurso judicial previstos por la Ley sobre protección de la privacidad, de 1974, de los Estados Unidos. No obstante, estos derechos no se otorgan a los nacionales de países no pertenecientes a la Unión Europea cuyos datos hayan sido transferidos a los Estados Unidos. Este trato diferenciado entre los nacionales de la UE y los nacionales de terceros países establecido por la Ley de recurso judicial de los Estados Unidos ha planteado interrogantes. No obstante, la Comisión aclaró que todos los ciudadanos de la Unión afectados por la transferencia a efectos de aplicación de la Ley disponen de otras vías de recurso en los Estados Unidos, con independencia de su nacionalidad o lugar de residencia.
15. Por lo que se refiere a las posibles excepciones en virtud de la sección 552 bis, letra j), punto 2, de la Ley sobre protección de la privacidad estadounidense, los derechos que confiere el Acuerdo marco a los interesados se formulan de manera incondicional, por lo que las autoridades de los EE. UU. no podrán invocar las excepciones de la Ley sobre protección de la privacidad estadounidense para bases de datos policiales a la hora de denegar un recurso judicial efectivo a los ciudadanos de la Unión, como ocurre actualmente en el caso de las bases de datos policiales como los datos PNR o el TFTP. Esta es también la interpretación jurídica de la Comisión en su declaración.
16. El Acuerdo marco establece que las Partes contarán con una o varias autoridades públicas de supervisión que ejerzan funciones y competencias independientes de supervisión, incluidas la revisión, la investigación y la intervención, si procede por iniciativa propia; tendrán la facultad de aceptar e intervenir en reclamaciones presentadas por particulares relativas a las medidas de aplicación del Acuerdo marco; tendrán la facultad de someter las infracciones de la legislación relacionadas con el Acuerdo marco para su enjuiciamiento o acción disciplinaria, según proceda. El marco de la Unión sobre protección de datos prevé unas autoridades independientes externas de la entidad supervisada para asegurarse de que permanezcan independientes de cualquier influencia externa, ya sea directa o indirecta. El Acuerdo marco requiere que las autoridades de supervisión ejerzan unas funciones y competencias de supervisión independientes.
17. Por último, el Acuerdo marco será objeto de revisiones conjuntas periódicas, la primera de las cuales se realizará a más tardar tres años a partir de la entrada en vigor del Acuerdo marco y, posteriormente, de forma periódica, y la composición de las delegaciones respectivas incluirá a representantes tanto de las autoridades de protección de datos como de las autoridades policiales. Las conclusiones de las revisiones conjuntas se harán públicas.
18. El ponente considera que el acuerdo constituye un importante avance para la protección de los datos personales que se transfieren entre la UE y los EE. UU. en el contexto de las actividades policiales. Puede que no sea el mejor acuerdo que cabría prever, pero es sin duda el mejor posible en la situación actual. Por otra parte, el acuerdo no limita ni vulnera los derechos de los interesados, ya que no constituye ningún fundamento jurídico para la transferencia de datos. Se limita a añadir nuevos derechos y protecciones a los marcos existentes para la transferencia de datos en el contexto de la cooperación policial UE-EE. UU..
19. Por consiguiente, el ponente recomienda a los miembros de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior que apoyen el presente informe, y al Parlamento Europeo que conceda su aprobación.
[se añadirá la referencia en cuanto se disponga de la declaración de la Comisión]
OPINIÓN de la Comisión de Asuntos Jurídicos (9.11.2016)
Ponente de opinión: Angel Dzhambazki
El 2 de mayo de 2016, la Comisión presentó al Consejo una propuesta de Decisión del Consejo sobre la celebración, en nombre de la Unión Europea, de un Acuerdo entre los Estados Unidos de América y la Unión Europea sobre la protección de los datos personales en relación con la prevención, la investigación, la detección y el enjuiciamiento de infracciones penales [2016/0126(NLE) - COM(2016)0237], también conocido como «el Acuerdo marco».
La propuesta se presentó al Consejo después de que el Congreso de los Estados Unidos adoptara la Ley de recurso judicial de 2015. Con arreglo a dicha ley, el Departamento de Justicia de EE. UU. está autorizado a designar a otros países o a organizaciones regionales de integración económica cuyos ciudadanos podrán posteriormente presentar acciones civiles contra determinados organismos gubernamentales estadounidenses con miras a acceder a los datos en posesión de dichos organismos, o a modificarlos, o a reparar la divulgación ilícita de los registros transferidos desde un país extranjero a los Estados Unidos con el fin de evitar, investigar, detectar o perseguir delitos penales.
El 18 de julio de 2016, el Consejo decidió solicitar al Parlamento Europeo que concediera su aprobación al proyecto de Decisión del Consejo sobre la celebración de dicho acuerdo.
El ponente invita a la Comisión de Asuntos Jurídicos a que pida a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior que recomiende que el Parlamento apruebe el acuerdo por las razones siguientes.
a) El acuerdo previsto se basa en el fundamento jurídico correcto
El artículo 16, en relación con el artículo 218, apartado 6, letra a), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea es el fundamento jurídico adecuado para la propuesta.
En el artículo 16, apartado 1, del TFUE, se establece que toda persona tiene derecho a la protección de los datos de carácter personal que le conciernan y, en su apartado 2, que el Parlamento Europeo y el Consejo establecerán, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, las normas sobre protección de las personas físicas respecto del tratamiento de datos de carácter personal. En el artículo 218, apartado 6, letra a), se establece que el Consejo necesita la aprobación del Parlamento a fin de celebrar acuerdos internacionales, entre otros, cuando dicho acuerdo se refiera a los ámbitos en los que se aplica el procedimiento legislativo ordinario.
El presente acuerdo tiene por objeto garantizar un elevado nivel de protección de los datos personales y reforzar la cooperación entre los Estados Unidos y la Unión y sus Estados miembros, en relación con la prevención, la investigación, la detección o el enjuiciamiento de infracciones penales, incluido el terrorismo (artículo 1).
El acuerdo previsto persigue principalmente establecer un marco amplio de protección y salvaguardias que se aplicarán cuando se transfieran datos personales a efectos policiales y judiciales en materia penal entre los Estados Unidos, por una parte, y la Unión o sus Estados miembros, por otra. En este sentido, el acuerdo incluye disposiciones sobre la no discriminación (artículo 4); limitaciones sobre el uso de los datos (artículo 6); autorización previa de las transferencias ulteriores (artículo 7); procedimientos para garantizar la calidad y la integridad de los datos personales (artículo 8); información en caso de vulneración de la seguridad de los datos (artículo 9); notificación de incidentes de seguridad de la información (artículo 10); llevanza de registros (artículo 11); periodos de conservación (artículo 12); categorías especiales de datos personales (artículo 13); medidas para fomentar la rendición de cuentas en el tratamiento de datos personales (artículo 14); derecho de acceso y rectificación (artículos 16 y 17); recursos administrativos y judiciales en caso de denegación del acceso o rectificación de los datos personales o de difusión ilícita de datos personales (artículos 18 y 19); y mecanismos de supervisión efectiva y cooperación entre autoridades de supervisión (artículos 21 y 22).
En este sentido conviene observar que, en el artículo 1 del acuerdo propuesto, se especifica que este no constituirá el fundamento jurídico para todas las transferencias de datos personales y que siempre será necesario un fundamento jurídico separado.
b) El acuerdo previsto garantiza un elevado nivel de protección del derecho fundamental a los datos personales y contribuye a la seguridad jurídica
Las numerosas salvaguardias y garantías mencionadas, si se aplican correctamente, son adecuadas para garantizar un elevado nivel de salvaguarda del derecho a la protección de los datos personales, tal como se recoge en el artículo 16 del TFUE y en el artículo 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, así como para adecuarse a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en materia de protección de datos. En este sentido, conviene señalar que, en consonancia con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en el asunto Schrems (C-362/14, EU:C:2015:650), el acuerdo previsto exige que las partes ofrezcan a sus ciudadanos, en el marco jurídico de aplicación, la posibilidad de interponer un recurso judicial en relación con la denegación de acceso o de rectificación de registros o la difusión ilícita intencional de datos (artículo 19). En cualquier caso, las instituciones que participen en la ejecución del presente acuerdo, y en la negociación de futuros acuerdos sobre la base de los cuales se efectuarán transferencias de datos personales, deben tener debidamente en cuenta y deben utilizar como orientación, cuando proceda, la mencionada sentencia del Tribunal en el asunto Schrems, en el asunto Digital Rights Ireland Ltd contra Minister for Communications, Marine and Natural Resources y otros (C-293/12 y C-594/12, EU:C:2014:238), y, por supuesto, la futura jurisprudencia del Tribunal, incluida la inminente opinión sobre el acuerdo previsto entre Canadá y la Unión sobre el tratamiento y la transferencia de datos del registro de nombres de los pasajeros.
El acuerdo previsto crea un marco para la protección de los datos personales que contribuye a la seguridad jurídica. El acuerdo marco, en caso necesario, complementará las garantías de protección de datos previstas en los acuerdos en materia de transferencia de datos actuales y futuros o las disposiciones nacionales que autorizan tales transferencias (artículo 5). Ello representa una mejora significativa en comparación con la situación actual en la que los datos personales se transfieren a los Estados Unidos sobre la base de instrumentos jurídicos que, en general, contienen disposiciones muy débiles en materia de protección de datos, o no incluyen ninguna. Es más, el acuerdo prevé una base de referencia, para futuros acuerdos en materia de las transferencias de datos personales en el marco de actividades policiales en materia penal entre los Estados Unidos y la Unión y/o sus Estados miembros, por debajo de la cual no puede situarse el nivel de protección. Asimismo, el presente acuerdo sienta un importante precedente ante posibles acuerdos similares con otros socios internacionales.
También es necesario señalar que el acuerdo obliga a las partes a adoptar todas las medidas necesarias para su ejecución, incluidas, en particular, sus obligaciones respectivas en materia de acceso, rectificación y recurso administrativo y judicial para los ciudadanos, antes de que pueda considerarse que sus respectivas legislaciones en materia de protección de datos presentan el mismo nivel de protección (artículo 5). El acuerdo obliga a las partes a llevar a cabo revisiones periódicas conjuntas de las políticas y los procedimientos establecidos para su ejecución y de su eficacia, la primera de las cuales debe realizarse a más tardar tres años después de la fecha de entrada en vigor del acuerdo. En el acuerdo se prevé claramente que las conclusiones de las revisiones conjuntas se harán públicas (artículo 23). El ponente considera que se debe informar oportunamente al Parlamento sobre las acciones adoptadas en virtud de esta disposición y de las conclusiones de las revisiones conjuntas a fin de poder adoptar las acciones que considere adecuadas a su debido tiempo.
c) El acuerdo previsto mejorará la cooperación policial con los Estados Unidos
El presente acuerdo tendrá efectos importantes para la cooperación policial y judicial de la Unión y sus Estados miembros con los Estados Unidos. Al establecer un marco común y global en materia de normas de protección de datos y garantías, el acuerdo permitirá a las autoridades policiales y judiciales penales de la Unión y de sus Estados miembros, por una parte, y de EE. UU., por otra, cooperar más eficazmente entre sí. El acuerdo facilitará asimismo la celebración de futuros acuerdos de transferencia de datos con los Estados Unidos en el ámbito de la cooperación policial y judicial penal en la medida en que las garantías de protección de datos habrán sido acordadas, y por lo tanto no tendrán que negociarse de nuevo cada vez. Por último, fijar normas comunes en este ámbito de cooperación puede contribuir significativamente a recuperar la confianza en los flujos transatlánticos de datos.
La Comisión de Asuntos Jurídicos pide a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, en tanto que comisión responsable para el fondo, que recomiende que el Parlamento conceda su aprobación al proyecto de Decisión del Consejo sobre la celebración, en nombre de la Unión Europea, del Acuerdo entre los Estados Unidos de América y la Unión Europea sobre la protección de los datos personales en relación con la prevención, la investigación, la detección y el enjuiciamiento de infracciones penales.
PROCEDIMIENTO – COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN
Acuerdo entre los Estados Unidos de América y la Unión Europea sobre la protección de datos personales relativa a la prevención, investigación, detección y enjuiciamiento de infracciones penales
Ref: D(2016)51448
El 12 de septiembre de 2016 se remitió al Parlamento Europeo, para su aprobación, una propuesta de Decisión del Consejo sobre la celebración, en nombre de la Unión Europea, de un Acuerdo entre los Estados Unidos de América y la Unión Europea sobre la protección de los datos personales en relación con la prevención, la investigación, la detección y el enjuiciamiento de infracciones penales (2016/0126 NLE).
En su reunión del 27 de octubre de 2016, los coordinadores de la Comisión de Asuntos Exteriores (AFET) decidieron emitir una opinión de la comisión AFET en forma de carta sobre el mencionado Acuerdo, a la atención de su comisión. En mi calidad de presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, tengo el honor de transmitirle dicha opinión.
En primer lugar, conviene subrayar que el hecho de rubricar este Acuerdo, cinco años después de que el Consejo adoptara una decisión por la que se autorizó a la Comisión a iniciar las correspondientes negociaciones el 3 de diciembre de 2010, es todo un logro, especialmente en el actual contexto de los esfuerzos internacionales de lucha contra el terrorismo.
El hecho mismo de que las Partes prevean fomentar su cooperación, garantizando al mismo tiempo un alto nivel de protección de datos, resulta extremadamente positivo a la hora de abordar retos comunes a ambos lados del Atlántico. La Comisión de Asuntos Exteriores apoya en particular la mejora sustancial en relación con la protección ofrecida a todos los datos personales de los interesados de la Unión Europea cuando se intercambien con los Estados Unidos a efectos policiales y judiciales en materia penal. La comisión se congratula asimismo del hecho de que los ciudadanos europeos podrán beneficiarse de una igualdad de trato con los ciudadanos estadounidenses en lo que se refiere a la aplicación práctica del Acuerdo (cfr. el artículo 4).
No obstante, querría hacer hincapié en que conviene actuar con la máxima cautela en lo que respecta a la garantía de un alto nivel de protección de los datos personales intercambiados por las Partes (cfr. el artículo 9). Además, convendría definir con mayor precisión las medidas adecuadas que podrían tomarse para atenuar los daños causados por incidentes (cfr. el artículo 10) habida cuenta de la protección de los titulares de los datos de la Unión y en relación con la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión.
El hecho de que este Acuerdo estipule que las Partes establecerán unas autoridades de supervisión a fin de controlar su aplicación, supervisar las reclamaciones de los ciudadanos y denunciar las infracciones con miras a su enjuiciamiento también es sumamente positivo. Querría subrayar que las actuaciones de dichas autoridades resultarán muy útiles de cara a las revisiones periódicas conjuntas.
Por consiguiente, quisiera transmitirle que la opinión de la Comisión de Asuntos Exteriores es que debe apoyarse la aprobación de la celebración de este Acuerdo.
Copia: Jan Philipp Albrecht, ponente
Acuerdo entre los Estados Unidos de América y la Unión Europea sobre la protección de los datos personales en relación con la prevención, la investigación, la detección y el enjuiciamiento de infracciones penales