Source: http://www.rjyp.com.ar/nove/guill169.htm
Timestamp: 2019-07-20 23:56:40
Document Index: 272693944

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 14', 'artículo 6', 'artículo 7', 'artículo 95', 'artículo 67', 'artículo 1', 'artículo 195', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 11', 'artículo 13', 'artículo 18', 'artículo 16', 'artículo 7', 'artículo 27']

Mercosur y Seguridad Social: Hacia una integración efectiva I. INTRODUCCIÓN
El Mercado Común del Sur (Mercosur) es un proceso de integración regional, que fue constituido el día 26 de marzo de 1991, al suscribirse el Tratado de Asunción por la República Argentina, la República Federativa de Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay.
Este espacio común, inicialmente, tuvo un propósito comercial y de inversiones a fin de insertar, de modo competitivo, las economías de los Estados que lo conforman, en el mercado internacional. Paulatinamente, con un enfoque amplio y comprensivo de la integración, fueron profundizándose nuevos aspectos -dimensión social y humana- a través de diferentes acuerdos referidos a cuestiones migratorias, culturales, laborales, previsionales, entre otras.
En el año 2010, el Consejo Mercado Común (CMC) dictó la Decisión 64/10 que aprobó un Plan de Acción para la construcción progresiva de un Estatuto de la Ciudadanía del Mercosur, y su plena implementación en el trigésimo aniversario de la firma del Tratado de Asunción (2021).
Se destaca como meta, “alcanzar un desarrollo sustentable, con justicia e inclusión social en beneficio de los nacionales de los Estados Partes”; así como también, para ese mismo universo de personas, la consolidación de un conjunto de derechos fundamentales y beneficios.
El Estatuto de la Ciudadanía, según dispone el artículo 2 de la Decisión 64/10, tiene tres objetivos que derivan de los tratados fundacionales del Mercosur: 1) que se implemente una política de libre circulación de las personas en la región; 2) que exista una igualdad de derechos y libertades civiles, sociales, culturales y económicas para los nacionales de los Estados Partes; 3) que exista también una igualdad en cuanto a las condiciones de acceso al trabajo, a la salud y a la educación.
Para alcanzar estos propósitos, en el artículo 3 de la norma citada -actualizada por la Decisión 32/17-, se puntualizan diferentes elementos, que han de ser tratados en los foros respectivos.
Precisamente, el punto 6 se refiere a previsión social, a cargo del Grupo Mercado Común, SGT 10 “Asuntos Laborales, Empleo y Seguridad Social”, y se señalan dos puntos a considerar:
“6.1 Integración de los registros de información previsional y laboral de los Estados Partes para fines de simplificación de trámites, seguridad de las informaciones, formulación de políticas públicas y agilización de concesión de beneficios. 6.2 Establecimiento de un Programa de Educación Previsional del Mercosur, que incluiría la creación de un portal en Internet para facilitar el acceso a la información previsional”.
Cabe tener presente que la seguridad social es aquella rama del derecho que procura amparar a la persona frente a las consecuencias de distintos acontecimientos o eventualidades que repercuten en su modo de vida y que pueden comprometer su capacidad de ganancia, así como suscitar cargas económicas suplementarias. Dentro de los subsistemas que conforman la seguridad social, el régimen previsional atiende a la cobertura derivada de la invalidez, la vejez y la muerte, mediante el otorgamiento de distintas prestaciones o beneficios.
La seguridad social es un derecho humano y, como tal, el sistema debe asegurar que el beneficiario recibirá las prestaciones de las que tiene necesidad; y cuanto mayor sea esa garantía, más claro es el cumplimiento de su finalidad.
En el camino hacia la consolidación de los derechos y beneficios que les asisten a los ciudadanos de los países miembros -entre los que se incluyen adultos mayores en situación de mayor vulnerabilidad debido a la pobreza o enfermedad, niños, niñas y adolescentes, mujeres a cargo de hogares monoparentales y personas discapacitadas-, que se integrarán en el Estatuto de la Ciudadanía del Mercosur, la previsión social es un aspecto fundamental que contribuye a la tranquilidad y bienestar de aquellos, debido a la cobertura frente a los riesgos y la seguridad de ingresos.
En este sentido, el Estatuto “constituye una herramienta que, correctamente orientada, aprovechando y potenciando el trabajo que realizan las distintas instancias institucionales del Mercosur, y sustentada en una inteligente plataforma de comunicación, puede realizar un importante aporte a la construcción de una comunidad más próspera, justa y pacífica a la que los ciudadanos de nuestros países valoren pertenecer” (Devoto, 2018).
Es dable indicar que, en nuestro país, la ley 25.655 aprobó el Acuerdo Multilateral de Seguridad Social del Mercosur y el Reglamento Administrativo para su aplicación, suscriptos en Montevideo el día 15 de diciembre de 1997, que posibilitan acceder a las prestaciones de salud, así como a las jubilaciones y pensiones de carácter contributivo, a los trabajadores que hayan prestado servicios en cualquiera de los Estados Partes.
El carácter contributivo exige de la persona protegida una provisión de aportes o contribuciones financieros propios o de un tercero, que los ingrese para y por él (por ejemplo, el empleador).
El Acuerdo Multilateral ha fortalecido el proceso de integración desde la previsión social; no obstante ello, puede optimizarse este elemento para que impacte más positivamente en la calidad de vida del ciudadano del Mercosur, especialmente si se encuentra en condiciones vulnerables.
Para ello es primordial: 1) la utilización de las nuevas tecnologías que agilizan los canales de comunicación entre las entidades gestoras; 2) una adecuada divulgación de los derechos y obligaciones en el ámbito previsional, para mejorar su difusión y conocimiento, y que pueda llegar a la mayor cantidad de personas posibles, empleando un lenguaje claro; 3) la existencia de una perspectiva de género, teniendo en cuenta que a las mujeres, en muchos casos, se les dificulta acceder adecuadamente a la cobertura de la seguridad social.
Es interesante, en esta dirección, lo observado en la Recomendación 06/17 del Consejo de Mercado Común – “Equiparación legal y portabilidad de la seguridad social para trabajadoras domésticas remuneradas”- en cuanto a “Que si bien los Estados Partes han realizado esfuerzos para impulsar la formalización de las trabajadoras domésticas remuneradas, garantizar su protección en términos de seguridad social, seguridad y salud ocupacional, jubilación y derechos asociados a la maternidad y formación profesional, los niveles de registración continúan siendo bajos en la región”.
Por otro lado, existen hogares a cargo de madres solas -hogares monoparentales- que presentan una mayor vulnerabilidad y, por ende, la protección de la seguridad social debe facilitarse, máxime si en ellos viven niños, niñas y adolescentes.
Esto se aplica al tratamiento de los dos puntos que deben ser considerados en el foro dentro del Plan de Acción: la simplificación de los trámites y el Programa de Educación Previsional; que implican medidas adecuadas y esfuerzos para buscar la mejor manera de efectuar la gestión, coordinación y counicación.
El propósito de este breve trabajo es enunciar algunas cuestiones que pueden plantearse a partir de las dos líneas de acción, en el aspecto de la previsión social, indicadas en la Decisión 64/10; a fin de que contribuyan a beneficiar a los ciudadanos de la comunidad, en su diario vivir. Para su mejor comprensión, se hará referencia al carácter tuitivo de la seguridad social a partir de sus principios y la normativa pertinente, haciendo hincapié en los alcances del Acuerdo Multilateral.
II. LA PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL
La seguridad social es un instrumento inapreciable de justicia social y de redistribución de la riqueza, que reconoce a los miembros de la sociedad, como un derecho fundamental, una tutela frente a ciertos eventos o acontecimientos inciertos que afectan su nivel de vida.
Desde otro punto de vista, la seguridad social es un fin en sí misma (Etala, 1966) y posee principios propios, que caracterizan la finalidad tuitiva que la inspira y que posibilitan su carácter expansivo.
a) Solidaridad: es el principio rector de la seguridad social, que surge de la idea que el hombre de manera individual y personal no puede, en modo alguno, atender y solucionar la gran mayoría de las contingencias que lo afecten durante su vida, de modo que necesitará permanentemente la ayuda y colaboración de los demás (Payá y Martín Yañez, 2012).
La solidaridad puede entenderse en dos sentidos: a) solidaridad general: es la cooperación al bien común, otorgada por los hombres que conviven en una sociedad; y b) solidaridad entre generaciones: a través de la cual cada generación activa provee la tutela a las generaciones pasivas. (Etala, 2000).
b) Universalidad: el ámbito de aplicación de la seguridad social comprende a todos los hombres sin distinción, ya que su propósito es el de proteger ante un estado de necesidad, como la dignidad de la persona humana lo requiere. Con el fin de preservar su finalidad de amparo universal, es tarea de las instituciones buscar la mejor manera de aprovechar los recursos disponibles para su redistribución equitativa, haciendo lo necesario para hallar nuevas fuentes de financiamiento a través del aporte solidario de la comunidad así como delineando nuevos programas de cobertura adaptados a la realidad.
c) Integralidad: el principio de integralidad de las prestaciones garantiza una protección básica y que se pretende suficiente, delimitado por las distintas variables socioeconómicas.
En este sentido, la percepción de beneficios adecuados estimula la participación de toda la comunidad en el financiamiento de la seguridad social y desalienta la evasión; así como fomenta la actividad económica del país.
Desde otro punto de vista, este principio es una herramienta de integración social, que propicia la inclusión de sectores marginados, por medio de la ampliación de la cobertura y la mejora progresiva de las prestaciones previsionales, en salvaguarda de derechos humanos fundamentales..
d) Subsidiariedad: Encuentra sus bases en la dignidad y la libertad y, en el reconocimiento del derecho asociativo natural que tienen las personas. Es el que lleva al Estado a intervenir cuando los individuos no están capacitados para cubrir una necesidad.
e) Principio de suficiencia de las prestaciones: La cobertura debe ser suficiente, que altere en la menor medida posible –acorde con las posibilidades del sistema- el nivel de vida que se había alcanzado en actividad.
En el derecho previsional, es indispensable que esta suficiencia de las prestaciones, al sustituir ingresos laborales, encuentre garantía en una ley posible de cumplimentar, de sostenerse en el tiempo y que armonice con la sustentabilidad del sistema.
Brimblecombe (2013) puntualiza, con acierto, que un beneficio adecuado es aquél que debe responder a las necesidades individuales de cobertura de la persona y responde también a las necesidades más amplias de la sociedad. Las prestaciones adecuadas incrementan la confianza pública en la seguridad social y proporcionan un efecto de incentivo, al promover la eficiencia económica.
f) Sustentabilidad: Todo régimen de seguridad social debe financiarse de manera que, llegado el momento, puedan pagarse las prestaciones que correspondan y los gastos.
La seguridad social constituye un instrumento de redistribución del ingreso, para compensar desventajas y vulnerabilidades; por ello las decisiones al respecto necesitan una eficiente fiscalización de su régimen financiero, así como la instrumentación de incentivos para el cumplimiento y leyes claras que posibiliten la transparencia y credibilidad del sistema.
g) Inmediatez y Unidad: Se deben suministrar las herramientas necesarias para que frente a una contingencia sufrida por una persona, la satisfacción de esa necesidad lo sea de manera rápida e inmediata. Este principio está basado en los de igualdad y dignidad de las personas.
El principio de unidad exterioriza la exigencia de cierta unidad o armonía en la organización legislativa, administrativa y financiera del sistema, a fin de evitar contradicciones y desigualdades.
La dispersión normativa atenta contra los intereses de los sujetos protegidos, obstaculizando su conocimiento y aplicación; más aún si se tiene en cuenta que este derecho es dinámico por naturaleza, lo que requiere un orden legislativo que garantice equidad de derechos entre los distintos sectores comprendidos.
La unidad de gestión del sistema debe apoyarse, necesariamente, en su funcionamiento eficaz para ahorrar recursos; aglutinando los servicios de afiliación, recaudación, registro y pagos.
Por medio de la Iniciativa del Piso de Protección Social (I-PPS), surgida en abril de 2009 cuando las Naciones Unidas propusieron nueve iniciativas conjuntas, y liderada por la OIT y la Organización Mundial de la Salud (OMS), se estableció la provisión de servicios esenciales y transferencias sociales a las personas con necesidades de protección, para evitar que caigan en la pobreza o, asimismo, para que se facilite su superación.
La I-PPS tiene por objetivo la promoción de una estrategia que asegure existe un consenso universal respecto de la necesidad de la protección social y de la justicia social, para lograr un orden mundial estable.
La seguridad social garantiza la paz social, y la paz social es indispensable para el equilibrio de la economía; por ello no se puede escoger entre lo económico y lo social: lo uno no puede existir sin lo otro; ese debería ser el espíritu que debe guiar las adaptaciones de los regímenes existentes a las nuevas condiciones de la humanidad: un nivel mínimo de protección social, bajo un concepto coherente y abarcativo. Se trata no sólo de una respuesta a los efectos de la crisis económica y financiera, sino, fundamentalmente, de la garantía de acceso a un derecho humano en el largo plazo, el derecho humano a la seguridad social (Schwarzer y Casalí, 2010).
En la Recomendación Mercosur CMC/Rec. N°03/18, del 17 de diciembre de 2018, el Consejo del Mercado Común aconsejó: “Promover en los Estados Partes, la aplicación de la Recomendación n° 202 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de junio de 2012, propiciando establecer y mantener pisos de protección social como un elemento fundamental de los sistemas nacionales de seguridad social y llevar a cabo estrategias de extensión que aseguren progresivamente niveles más elevados de seguridad social para el mayor número de personas posible”.
Entre los Estados Partes del Mercosur, existe un consenso en cuanto al carácter tuitivo, contributivo y obligatorio de la seguridad social, entendida como un derecho ínsito del ser humano, además de coincidir en los principios que la informan; y esto se puede constatar en la normativa constitucional de cada uno, que da cuenta de este acuerdo básico y de los valores comunes.
En la Argentina, el artículo 14 bis de la Constitución Nacional impone una obligación a cargo del Estado, al exigirle otorgar los beneficios de la seguridad social, que tendrán carácter de integral e irrenunciable; y se agrega que las leyes deben establecer un seguro social obligatorio y jubilaciones y pensiones móviles.
A su vez, en la Constitución Política de 1988 de Brasil, se elevaron los derechos sociales -entre ellos, la previsión social (artículo 6)- a la categoría de derechos fundamentales. También la Norma Fundamental explica que es un derecho de los trabajadores urbanos y rurales, además de otros que tienden a la mejora de su condición social, la jubilación (artículo 7, punto XXIV).
En Paraguay, en la Constitución Nacional sancionada en 1992, se consagra el derecho de acceso a los sistemas de seguridad social, como un derecho inherente universalmente, a la población del país. En su artículo 95 se precisó que “El sistema obligatorio e integral de la seguridad social para el trabajador dependiente y su familia será establecido por ley. Se promoverá su extensión a todos los sectores de la población”.
La Constitución de Uruguay, en su artículo 67, establece, en lo pertinente, que: “Las jubilaciones generales y seguros sociales se organizarán de forma de garantizar a todos los trabajadores, patronos, empleados y obreros, retiros adecuados y subsidios para los casos de accidentes, enfermedad, invalidez, desocupación forzosa, etc.; y a sus familias, en caso de de muerte, la pensión correspondiente. La pensión a la vejez constituye un derecho para el que llegue al límite de la edad productiva, después de larga permanencia en el país, y carezca de recursos para subvenir a sus necesidades vitales”.
De allí que la integración propuesta desde el Mercosur y la conformación del Estatuto de la Ciudadanía, que conllevan un gran sentido de pertenencia para las personas, cuentan, en la temática de previsión social, con una base importante que son los principios compartidos por los países que lo conforman.
Esta circunstancia debe ser aprovechada para lograr avances que posibiliten un acceso pronto y eficaz, a la cobertura de la seguridad social, por parte de los ciudadanos de los Estados Partes.
III. ACUERDO MULTILATERAL DE SEGURIDAD SOCIAL
En los procesos de integración se impone, a los Estados participantes, la necesidad de someter sus ordenamientos jurídicos a determinadas técnicas de vinculación. Para ello, resulta fundamental la cooperación que deben prestarse, mutuamente, los países para el conocimiento de los recíprocos regímenes de la seguridad social. Asimismo, la armonización multilateral de estos, además de asegurar la protección de los trabajadores contra las contingencias sociales, debe tener en cuenta dos aspectos: 1) La estructura de los regímenes no debe influir en los costos laborales de modo diferente, creando asimetrías entre los países miembros, y 2) La seguridad social no debe obstaculizar ni distorsionar la movilidad factorial (Borrego, 1994).
Los acuerdos internacionales ofrecen una relación de servicio de beneficios previsionales, y esto no implica la modificación de la legislación vigente; más que constituyen una herramienta para garantizar el derecho de los trabajadores migrantes. Cada Estado Parte debe analizar las peticiones de beneficios presentadas y decidirá según los derechos y requisitos exigidos, conforme su propia legislación y el respectivo acuerdo; también se designan organismos de enlace para la coordinación de la información y para los trámites entre las instituciones.
Ahora bien, el Acuerdo Multilateral del Mercosur, vigente desde el 1º de junio de 2005, otorga a los trabajadores que presten o hayan prestado servicios en alguno de los Estados Partes, la portabilidad de los derechos de la seguridad social.
De este modo, los ciudadanos de la región pueden acceder, cumpliendo los requisitos pertinentes, a las prestaciones por vejez, jubilación ordinaria o extraordinaria, jubilación por edad avanzada, por incapacidad temporaria, pensión y al reconocimiento de servicios prestados durante períodos contributivos.
En el Acuerdo Multilateral se permite que se puedan computar cotizaciones efectuadas en un tercer país que haya celebrado convenios de seguridad social con cualquiera de los países que integran el Mercosur, con la finalidad de reunir los requisitos para acceder a las prestaciones.
A los efectos de la aplicación del Acuerdo, este instrumento internacional aclara que la “Autoridad Competente” son los titulares de los organismos gubernamentales que, de acuerdo a la legislación interna de cada Estado Parte, tengan competencia sobre los regímenes de seguridad social; los “Organismos de Enlace” tienen la coordinación entre las instituciones que intervengan y las “Entidades Gestoras” son las instituciones competentes de cada Estado Parte, para otorgar las prestaciones (artículo 1).
En la Argentina, el organismo de enlace designado para la coordinación de la información y de los trámites entre las instituciones de los Estados Partes, también encargado de indicar a los interesados sus derechos y obligaciones al respecto, es la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) a través de la Unidad de Convenios Internacionales. La Secretaría de Seguridad Social, es quien lleva adelante las negociaciones de los acuerdos internacionales.
En Brasil, la autoridad competente es la Secretaría de Previsión Social del Ministerio de Hacienda. En la Secretaría de Previsión Social, la Coordinación General de Cooperación y Acuerdos Internacionales, es el órgano responsable por la ejecución de los Acuerdos Internacionales y por el acompañamiento y la evaluación de su funcionamiento. La entidad gestora es el Instituto Nacional del Seguro Social (INSS), que ejecuta los Acuerdos a través de los Organismos de Enlace, después de recibir instrucción de los procesos por los órganos estatales específicos.
En Paraguay, el órgano de enlace es el Instituto de Previsión Social (IPS) y en Uruguay, el Banco de Previsión Social (BPS). Precisamente, el artículo 195 de la Constitución Nacional de este país, establece que el cometido del BPS es “coordinar los servicios estatales de previsión social y organizar la seguridad social…”.
En el artículo 2 del Acuerdo Multilateral se manifiesta el principio de igualdad: “1. Los derechos de Seguridad Social se reconocerán a los trabajadores que presten o hayan prestado servicios en cualquiera de los Estados Partes reconociéndoles, así como a sus familiares y asimilados, los mismos derechos y estando sujetos a las mismas obligaciones que los nacionales de dichos Estados Partes con respecto a los específicamente mencionados en el presente Acuerdo. 2. El presente acuerdo también será aplicado a los trabajadores de cualquier otra nacionalidad residentes en el territorio de uno de los Estados Partes siempre que presten o hayan prestado servicios en dichos Estados Partes”.
El ámbito de aplicación material del Acuerdo está delimitado en su artículo 3, y es la “legislación de seguridad social referente a las prestaciones contributivas pecuniarias y de salud existentes en los Estados Partes, en la forma, condiciones y extensión aquí establecidas. Cada Estado Parte concederá las prestaciones pecuniarias y de salud de acuerdo con su propia legislación…”.
La regla que determina la legislación aplicable, está contenida en el artículo 4 del Acuerdo Multilateral: “El trabajador estará sometido a la legislación del Estado Parte en cuyo territorio ejerza la actividad laboral”, y las excepciones a este principio (personal de vuelo de transporte aéreo, miembros de tripulación de un buque de bandera de uno de los Estados Parte, entre otros) se enuncian en el artículo 5.
El Título V del Acuerdo Multilateral se refiere a las disposiciones sobre prestaciones de salud y el título VI trata acerca de los períodos de seguro o cotización para la concesión de las prestaciones por vejez, edad avanzada, invalidez o muerte.
En el artículo 11 se establece, en forma favorable para los beneficiarios, que “… Las entidades gestoras de los Estados Partes establecerán mecanismos de transferencia de fondos para el pago de las prestaciones pecuniarias del trabajador o de sus familiares o asimilados que residan en el territorio de otro Estado Parte” y además en el Acuerdo se especifica que “Las prestaciones pecuniarias concedidas de acuerdo con el régimen de uno o de otro Estado Parte no serán objeto de reducción, suspensión o extinción, exclusivamente por el hecho de que el trabajador o sus familiares o asimilados residan en otro Estado Parte”.
Para facilitar los trámites, el artículo 13 del Acuerdo prescinde de la traducción oficial, visado o legalización de autoridades diplomáticas, consulares y de registro público, siempre que se hayan tramitado con intervención de una Entidad Gestora u Organismo de Enlace.
El artículo 18 dispone que el Acuerdo Multilateral tendrá duración indefinida, sin perjuicio que el Estado Parte que desee desvincularse, pueda denunciarlo en cualquier momento por vía diplomática, notificando tal circunstancia al depositario, quien lo debe comunicar a los demás Estados Partes. Los derechos adquiridos de conformidad con el Acuerdo, no se afectan por esta circunstancia.
Conforme el artículo 16 del Acuerdo, las autoridades competentes instituirán una Comisión Multilateral Permanente, integrada por hasta tres miembros de cada Estado Parte. Las funciones encomendadas a ésta son de verificación de la aplicación del Acuerdo, de asesorar a las autoridades competentes, proyectar las eventuales modificaciones, ampliaciones y normas complementarias y mantener negociaciones directas a fin de resolver las divergencias sobre la interpretación o aplicación del Acuerdo.
En el Reglamento Administrativo del Acuerdo Multilateral existen disposiciones sobre el desplazamiento temporal de trabajadores (Título II) y reglas que se refieren a las prestaciones en referencia a las cotizaciones (artículo 7º).
De modo detallado, este último explica que cuando se reúnen las condiciones requeridas por la legislación de un Estado Parte para tener derecho a las prestaciones, y no sea necesario recurrir a la totalización de períodos a que se refiere el Título VI del Acuerdo, la entidad gestora concederá la prestación, en virtud, únicamente, a la legislación nacional que aplique (sin perjuicio de la totalización que pueda requerir el propio beneficiario).
Si el derecho a la prestación nace no solamente de los períodos de pago o cotización cumplidos en el Estado Parte de que se trate, para su concesión se debe tener en cuenta la totalización de los períodos de seguro o cotización cumplidos en los demás Estados Partes.
El procedimiento para obtener la concesión de las prestaciones se inicia con la presentación de un formulario, en el Organismo de Enlace del Estado en que se resida; y se puntualiza que “Los trabajadores o sus familiares y asimilados, residentes en el territorio de otro Estado, deberán dirigirse al Organismo de Enlace del Estado Parte bajo cuya legislación el trabajador se encontraba asegurado en el último período de seguro o cotización”.
Del análisis de sus diferentes cláusulas, puede sostenerse que existe en el Acuerdo y en su Reglamentación, un firme carácter protectorio de los trabajadores y de sus familias, que hace al carácter tuitivo de la seguridad social. Este espíritu que los informa, acorde con el desarrollo progresivo de los derechos humanos, debe estar presente en el Estatuto de la Ciudadanía del Mercosur, junto con una clara visión en cuanto a “la multidimensionalidad de la integración y la especial dinámica de apertura y colaboración interinstitucional que debe servirle de sustento” (Devoto, 2018).
Existen otros instrumentos normativos que consolidan la dimensión social del Mercado Común del Sur y hacen referencia a la seguridad social. Entre ellos, el Plan Estratégico de Acción Social del Mercosur, aprobado por la Decisión CMC 12/11, se organiza en diez ejes para atender estrategias, y el VII se dirige a “Asegurar el acceso al Trabajo Decente y a los Derechos de Previsión Social”.
La Declaración Sociolaboral del Mercosur del año 2015, en su artículo 27, enfatiza la observancia del Acuerdo Multilateral: “1. Los trabajadores tienen derecho a la seguridad social, en los niveles y condiciones previstas en las respectivas legislaciones nacionales, observando, en relación con los trabajadores de los Estados Partes, el Acuerdo Multilateral de Seguridad Social del Mercosur. 2. Los Estados Partes se comprometen a garantizar, mediante políticas públicas articuladas y universales, una red mínima de protección social a sus habitantes, independientemente de su nacionalidad, frente a las contingencias sociales adversas, especialmente las motivadas por enfermedad, discapacidad, invalidez, vejez y muerte”.
Por último, el Plan para Facilitar la Circulación de Trabajadores en el Mercosur –Resolución GMC 21/15 apunta a promover la circulación de los trabajadores migrantes del Mercosur a fin de lograr su inserción formal en las estructuras laborales de los Estados Partes. Se procura potenciar, a partir de facilitar su desplazamiento, aspectos de la seguridad social para implementar el Acuerdo Multilateral.
IV. HACIA UNA MAYOR EFICACIA PREVISIONAL EN LA INTEGRACIÓN
En el proceso de integración, la conciencia de pertenencia e identidad, de sentirse ciudadano del Mercosur tiene consecuencias valiosas en materia de previsión social, por cuanto el acabado conocimiento de los derechos favorece el acceso a las prestaciones y estimula el cumplimiento de las obligaciones respecto del pago de aportes y contribuciones; desalentando el empleo no registrado.
De allí que debe avanzarse, con apoyo en los valores y principios de la seguridad social, comunes a los países del bloque, hacia una universalización de las prestaciones, con especial atención hacia las personas en situación de vulnerabilidad, especialmente los adultos mayores, las mujeres, las niñas, niños y adolescentes y las personas discapacitadas.
En este marco, cabe mencionar que, en el mes de septiembre de 2015, los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas, aprobaron la Agenda 2030 que promueve el cumplimiento de un conjunto de diecisiete ¨Objetivos de Desarrollo Sostenible¨, en el ámbito social, económico y ambiental. En el objetivo dieciséis, se dispuso: ¨Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles¨.
El propósito de otorgar beneficios previsionales a los ciudadanos del Mercosur, de manera eficiente, implica una mayor celeridad y trámites menos engorrosos que faciliten también el reconocimiento de los servicios que se han de invocar para el acceso a las prestaciones.
Para lograr este objetivo, resulta indispensable acudir a las nuevas e innovadoras tecnologías de la información y de la comunicación, porque aportan soluciones eficaces para el diseño y la gestión estratégica de programas integrados de la organización de la seguridad social.
Su implementación y correcto funcionamiento mejora y agiliza el tratamiento de los pedidos de prestaciones, facilitando el intercambio entre las instituciones y la recaudación de las cotizaciones; circunstancias éstas que fortalecen los instrumentos internacionales de seguridad social, que responden a las necesidades de los trabajadores migrantes.
La comunicación institucional resulta fundamental, y tiene que ser concisa y, a la vez, completa en cuanto a los requisitos; para transmitir un mensaje fácil de comprender y así, no dar lugar a trámites innecesarios que crean incertidumbre y desalientan a quien se encuentra necesitado de cobertura.
El derecho de la seguridad social es de naturaleza tuitiva y por ello mismo se precisa la divulgación de los derechos y beneficios, junto a las obligaciones, del ciudadano del Mercosur.
Las cartillas, folletos, los gráficos y mensajes en la Web, deben utilizar un lenguaje claro en la divulgación; y se deben sistematizar, de una manera simple, los requisitos que se deben reunir para acceder a las prestaciones en los distintos regímenes previsionales de los Estados Partes.
Es útil también que exista una comunicación fluida entre los distintos organismos de gestión, respecto de la normativa de cada Estado Parte y su actualización, ya que la armonía en las legislaciones fortalece el proceso de integración.
La Seguridad Social es una dimensión que hace a la construcción de una ciudadanía comunitaria e integral, y para reforzar este concepto se requiere un trabajo conjunto y coordinado entre los organismos del Mercosur: junto a una mayor difusión, por parte de cada Estado Parte, para que el ciudadano conozca los derechos y beneficios que le están garantizados. De ese modo se asegura una mejor calidad de vida, ante las contingencias que ocurren a lo largo de su existencia.
- Borrego, S. (1994). La Seguridad Social en el Mercosur: Su importancia Revista de Jubilaciones y Pensiones, III, 296-303.
- Brimblecombe, S. (2013). Adequacy of retirement benefits: the ISSA Adequacy Project, expuesto en Seminario Internacional de Investigación de la Asociación Internacional de la Seguridad Social (AISS): “Proporcionar prestaciones adecuadas y adaptarse a las megatendencias futuras”, Oslo, mayo 6-8 2013, en su carácter de Project Coordinator, Social Security Policy Analisys and research, ISSA.
- Devoto, M. (2018). Hacia una ciudadanía del MERCOSUR. Revista MERCOSUR de políticas sociales, 2, 326-332. Doi: 10.28917/ism.2018-v2-326.
- Etala, C. (2000). Derecho de la Seguridad Social Buenos Aires. Editorial. Astrea de Alfredo y Ricardo Depalma.
- Etala, J. (1966). Derecho de la seguridad social, Buenos Aires. Editorial Ediar, 37.
- Payá, F. y Martín Yáñez, M. (2012) Régimen de Jubilaciones y Pensiones –Análisis crítico del Sistema Integrado Previsional Argentino (leyes 24.241 y 26.425) y regímenes especiales. Tomo I. Buenos Aires. Editorial Abeledo Perrot.
- Schwarzer, H. y Casalí, P. (2010). El Piso de Protección Social: Desarrollo conceptual y aplicación en América Latina. Contribución al Panorama Laboral 75 y ss., OIT, América Latina y el Caribe, en www.ilo.org.pe/wdms/bib/publ/panorama/panorama10.