Source: http://suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=20046311
Timestamp: 2019-09-20 07:28:47
Document Index: 11391293

Matched Legal Cases: ['Artículo 93', 'artículo 17', 'artículo 29', 'artículo 46', 'artículo 28', 'artículo 34', 'artículo 63', 'artículo 1', 'artículo 150', 'artículo 29', 'artículo 14', 'artículo 150', 'artículo 1', 'artículo 93', 'artículo 1', 'artículo 46', 'Artículo 122', 'Artículo 17', 'Artículo 93', 'Artículo 150']

C-70 de 2003
200Corte ConstitucionalCorte Constitucional20020046311CC-SENTENCIAC70200304/02/2003CC-SENTENCIA_C_70__2003_04/02/2003200463112003Sentencia C-070/03 COSA JUZGADA ABSOLUTA- Defensor de oficio en materia disciplinaria /COSA JUZGADA ABSOLUTA -Inhabilidad por falta disciplinaria COSA JUZGADA MATERIAL -Estudiantes de consultorio jurídico en proceso disciplinario /DEFENSOR DE OFICIO EN PROCESO DISCIPLINARIO -Actuación de estudiantes de consultorio jurídico COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL -Término de indagación preliminar en asunto disciplinario Referencia: expedientes D-4096, D-4112, D-4113, D-4115 y D-4117 (acumulados) Actores: Donaldo Danilo Del Villar Delgado y Carlos Eduardo Meneses Cudriz, Francisco Nelson Ciro Saldarriaga, Janeth Domínguez Oliveros y Gustavo Adolfo Guevara Álvarez, Olga Lucía Millán Grajales, Néstor Ramos Ortiz
Donaldo Danilo Del Villar Delgado | Carlos Eduardo Meneses Cudriz, Francisco Nelson Ciro Saldarriaga, Janeth Domínguez Oliveros | Gustavo Adolfo Guevara Álvarez, Olga Lucía Millán Grajales, Néstor Ramos OrtizCONSTITUCIONALIDADManuel José Cepeda EspinosaDemanda de inconstitucionalidad parcial contra los artículos 17, 46, 93 y 150 de la Ley 734 de 2002, "Por el cual se expide el Código Disciplinario Único".D4096Identificadores20020046312true13732Versión original20046312Identificadores
Norma demandada: Demanda de inconstitucionalidad parcial contra los artículos 17, 46, 93 y 150 de la Ley 734 de 2002, "Por el cual se expide el Código Disciplinario Único".
Artículo 93. Estudiantes de consultorios jurídicos y facultades del defensor.Los estudiantes de los Consultorios Jurídicos, podrán actuar como defensores de oficio en los procesos disciplinarios, según los términos previstos en la Ley 583 de 2000. Como sujeto procesal, el defensor tiene las mismas facultades del investigado; cuando existan criterios contradictorios prevalecerá el del primero.
1.1 A juicio de los demandantes (Expediente D-4096), los artículo 17 y 93 de la Ley 734 de 2002 son contrarios al artículo 29 de la Constitución, "ya que a través de los mismos se habilita, indebidamente, a personas que no tienen aún la condición de abogado para ejercer la defensa oficiosa del servidor público investigado disciplinariamente". Consideran que dichas normas consagran excepciones al principio de la defensa técnica del sujeto disciplinable, porque no es lo mismo ser asistido por un abogado titulado que serlo por un estudiante de consultorio jurídico, que no cuenta con la necesaria preparación académica ni práctica para tan delicada misión.
2.1 Los demandantes en el proceso D-4096 acusan parcialmente el artículo 46 de la Ley 734 de 2002 por violar los artículos 28, 34 y 13 de la Constitución. Estiman que la norma que establece una inhabilidad permanente como sanción a las personas sujetas al control disciplinario cuando la falta afecte el patrimonio económico del Estado, viola la prohibición constitucional de las penas y medidas de seguridad imprescriptibles (artículo 28 C.P.), la prohibición constitucional de las penas de destierro, prisión perpetua o confiscación (artículo 34 C.P.) -prohibición ésta que no puede tomarse en sentido literal y taxativo y que también comprende la no limitación desproporcionada de los derechos fundamentales-, y el principio de igualdad, ya que el artículo 63 de Ley 734 de 2002, que establece las sanciones aplicables a los notarios, no prevé la sanción de inhabilidad permanente para desempeñar la función pública cuando está de por medio la afectación del patrimonio del Estado.
2.5 El demandante en el proceso D-4117 sostiene que la norma acusada viola los artículos 1º y 28 de la Constitución. En cuanto a este último, considera que el ius puniendi del Estado debe ejercerse dentro de los límites constitucionales, uno de los cuales es la prohibición de imponer penas y medidas de seguridad imprescriptibles. La norma acusada lo hace al erigir la pena de inhabilidad de carácter permanente, lo que implica que "jamás el disciplinado podrá retornar al servicio público, pese a su genuino arrepentimiento o recuperación moral o mayor capacitación ...". Considera igualmente que la norma demandada viola el artículo 1º de la Carta Política porque con ella se desconoce la dignidad humana: la drasticidad y el carácter indefinido de la sanción implican "la instrumentalización de la persona sancionada frente al resto de la comunidad (...)".
El actor acusa la inconstitucionalidad parcial del artículo 150 de la Ley 734 de 2002 que versa sobre la procedencia, los fines y el trámite de la indagación preliminar, por considerar que una etapa pre-procesal carente de término niega el debido proceso constitucional (artículo 29 C.P.), el cual recoge las garantías del derecho de toda persona a ser juzgada sin dilaciones indebidas -artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos- y a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez competente -ordinal 1º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos-.
1.1 Universidad Libre
1.2 Universidad de los Andes
1.3 Pontificia Universidad Javeriana
1.4 Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario
La Procuradora Delegada Nubia Herrera Ariza, en cumplimiento de la Resolución 237 del 31 de julio de 2002 proferida por el Jefe del Ministerio Público (E.), y luego de haberse admitido el impedimento para conceptuar en el presente proceso tanto al Procurador General de la Nación como al Viceprocurador General de la Nación, solicita a la Corte en concepto del doce (12) de septiembre de dos mil dos (2002), declararEXEQUIBLES, sólo en lo acusado, los artículos 17, 46 y 93 de la Ley 734 de 2002, así como declararse INHIBIDA para pronunciarse de fondo respecto de la expresión acusada en el artículo 150 de la Ley 734 de 2002, "por ineptitud sustantiva de la demanda" o, en subsidio, declarar su EXEQUIBILIDAD. Las siguientes son las razones en que basa su solicitud:
Según doctrina mayoritaria de la Corte Constitucional cuando la Corte no otorga a su decisión efectos de cosa juzgada relativa a los cargos analizados en la sentencia, ni ésta es implícita por deducirse claramente de la parte motiva de la misma, en virtud de la presunción de control integral, y salvo la existencia de una cosa juzgada aparente por carencia de análisis o motivación del fallo, se considera que la decisión tiene el carácter de cosa juzgada absoluta.[1]En la Sentencia C-948 de 2002, la parte resolutiva no se limita a los cargos presentados contra los apartes acusados, que por lo demás coinciden con los elevados en el presente proceso. Así, no se advierte la existencia de una cosa juzgada relativa o una cosa juzgada aparente, razones por las que opera el fenómeno de la cosa juzgada constitucional absoluta, debiendo la Corte estarse a lo resuelto en su anterior pronunciamiento. Precisamente en este sentido resolverá la Corte en la presente ocasión respecto de los artículos 17 y 46 de la Ley 734 de 2002.
En lo que respecta al segundo cargo, la Corte igualmente ya se pronunció a favor de la exequibilidad de la permisión legal a los estudiantes de los consultorio jurídicos para actuar como defensores de oficio en los procesos disciplinarios, según los términos previstos en la Ley 583 de 2000. En efecto, mediante sentencia C-143 de 2001,[2] M.P. José Gregorio Hernández Galindo, la Corporación condicionó la exequibilidad, de los apartes demandados del numeral 7 del artículo 1[3] de la Ley 583 de 2000, a que "los estudiantes que actúen en su desarrollo ejerzan el Derecho bajo la supervisión, la guía y el control de las instituciones educativas a las cuales pertenecen". Ahora bien, el contenido normativo de los apartes demandados del artículo 93 de la Ley 734 de 2002 -que faculta a los estudiantes de los consultorios jurídicos para actuar como defensores de oficio en los procesos disciplinarios, según los términos previstos en la Ley 583 de 2000-, coincide con el contenido normativo del numeral 7 del artículo 1 de la Ley 538 de 2000. Dado que la Corte ya se pronunció sobre la exequibilidad condicionada de esta última norma, se estará a lo resuelto en la Sentencia C-143 de 2001.
Segundo.-ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia de la Corte Constitucional C-948 de 2002 en el sentido de declarar exequible la expresión"pero cuando la falta afecte el patrimonio económico del Estado la inhabilidad será permanente" contenida en el primer inciso del artículo 46 de la Ley 734 de 2002 bajo el entendido que se aplica exclusivamente cuando la falta sea la comisión de un delito contra el patrimonio del Estado, conforme a lo dispuesto en el inciso final del Artículo 122 de la Constitución Política."
Estarse a lo resuelto ... Artículo 17 LEY_734_2002_05/02/2002
Estarse a lo resuelto ... Artículo 93 LEY_734_2002_05/02/2002
Estarse a lo resuelto ... (inciso 3 ) Artículo 150 LEY_734_2002_05/02/2002