Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/23407
Timestamp: 2020-05-27 13:07:44
Document Index: 219703638

Matched Legal Cases: ['artículo 132', 'Artículo 97', 'Artículo 132', 'Artículo 149', 'Artículo 149', 'Artículo 56', 'Artículo 64', 'Artículo 192', 'Artículo 135', 'Artículo 166', 'Artículo 166', 'Artículo 4', 'Artículo 139', 'Artículo 189', 'Artículo 189', 'Artículo 189', 'Artículo 189', 'Artículo 190', 'Artículo 190', 'Artículo 190', 'Artículo 191', 'Artículo 191', 'Artículo 191', 'Artículo 191', 'Artículo 191', 'Artículo 191', 'Artículo 191', 'Artículo 35', 'Artículo 71', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 49', 'Artículo 62', 'Artículo 158', 'Artículo 158']

Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 94/2013
SENTENCIA 94/2013, de 23 de abril
ECLI:ES:TC:2013:94
1. El día 4 de febrero de 2004 tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal escrito del Letrado de la Comunidad Autónoma de Aragón por el que, en nombre y representación de la misma, interpone recurso de inconstitucionalidad contra los arts. 139, 189, 190 y 191 y la disposición adicional decimonovena de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del patrimonio de las Administraciones públicas. Comienza su argumentación el Letrado señalando que la legitimación procesal del Gobierno de Aragón para la interposición del presente recurso deriva del hecho de que los preceptos impugnados afectan a su propio ámbito de autonomía, en concreto, a las competencias exclusivas que ostenta la Comunidad Autónoma, conforme al art. 35.1.7 de su Estatuto de Autonomía (EAAr), en materia de “ordenación del territorio, urbanismo y vivienda”, y en consecuencia, existe una conexión material entre la ley estatal y el ámbito competencial autonómico, en los términos exigidos por la jurisprudencia constitucional.
a) El art. 189 regula la “comunicación de actuaciones urbanísticas”. A juicio de la representación autonómica el precepto implica una desmedida injerencia en el procedimiento de aprobación de los instrumentos urbanísticos, que no tiene amparo en los títulos competenciales que corresponden al Estado. Si bien la STC 61/1997, FJ 26 a), declaró que el título competencial sobre las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas del art. 149.1.18 CE proporciona respaldo suficiente al legislador estatal para la imposición con carácter materialmente básico de un deber de información, que hallaría su amparo en el principio de coordinación inherente a la estructura del Estado autonómico y, por tanto, que la obligación de notificar es en sí misma plenamente respetuosa con el orden constitucional de competencias, también se afirmó que dicha competencia no incluye la fijación de reglas de procedimiento cuando el Estado carece de título competencial específico. Aplicando los anteriores postulados, se considera que excede de la competencia estatal exigir que se notifique la “aprobación inicial, la provisional y la definitiva” y dejar indefinidamente abiertos los plazos para que se puedan presentar alegaciones o interponer recursos, pues ello afecta de manera directa e inmediata a las competencias de la Comunidad Autónoma para regular el procedimiento de aprobación de los instrumentos de planeamiento, sin que tal afección pueda ampararse en un genérico deber de colaboración o cooperación. En la misma línea, y en relación al apartado 3 del precepto, se afirma que tampoco puede el Estado ampararse en ningún título competencial para establecer quién es el responsable municipal que ha de efectuar la notificación, dado, además, que existen instrumentos de planeamiento en la legislación urbanística aragonesa cuya tramitación y aprobación se atribuye a la Administración autonómica y no a la municipal, por lo que el precepto vulnera además la competencia autonómica en materia de régimen local (art. 35.1.2 EAAr).
b) El art. 190 lleva por rúbrica “ejecución del planeamiento”, lo que de nuevo revela el evidente propósito de regular una materia inequívocamente urbanística. A juicio de la representación autonómica, el apartado 1 del precepto viene a establecer determinados requisitos y condiciones para proceder a la ejecución del planeamiento, sin disponer el Estado de título competencial que le habilite para ello, predeterminando incluso la utilización de técnicas urbanísticas concretas, siendo así que sólo a la Comunidad Autónoma le corresponde determinar cuáles son las condiciones para que se pueda constituir una entidad urbanística colaboradora, a través de la cual se vaya a ejecutar el planeamiento, y, como ya señaló la STC 61/1997, al Estado no le incumbe determinar el instrumento, el procedimiento o la forma en que ha de llevarse a cabo la ejecución del planeamiento, cuestiones éstas que corresponden a la competencia urbanística autonómica.
c) El art. 191 ostenta la rúbrica “régimen urbanístico de los inmuebles desafectados” y se refiere únicamente a los bienes que forman parte del patrimonio del Estado, por lo que puede reproducirse lo señalado con anterioridad, en concreto, su difícil engarce en el “régimen jurídico de las Administraciones públicas”. Afirma el Letrado autonómico que los apartados 1, 2 y 4 del precepto son normas aplicables a los bienes desafectados del patrimonio del Estado, por lo que ninguna objeción cabe realizar a que el Estado regule su propio patrimonio de la forma que considere más adecuada para servir a los intereses públicos, pero no cabe configurar tales normas como “básicas” al amparo del art. 149.1.18 CE.
d) En relación con el art. 139 afirma el Letrado de la Comunidad Autónoma que no se encuentra entre los de “aplicación general” ni entre los que constituyen “legislación básica” conforme a la disposición final segunda de la Ley, por lo que es un artículo de aplicación al patrimonio del Estado, no amparado en ningún título competencial específico, sino en la mera potestad de organización de los propios medios, por lo que bastará pues comprobar que se afecta al ámbito urbanístico para determinar la inconstitucionalidad del precepto.
2. Este Tribunal, mediante providencia de la Sección Primera de 24 de febrero de 2004, admitió a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Gobierno de Aragón, acordando dar traslado de las actuaciones, conforme establece el art. 34 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, al Congreso de los Diputados y al Senado, por conducto de sus Presidentes, y al Gobierno a través del Ministerio de Justicia, al objeto de que en el plazo de quince días, pudieran personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimaran pertinentes, así como publicar la incoación del recurso en el “Boletín Oficial del Estado”.
En relación con el art. 191, afirma con carácter previo el Abogado del Estado que todos los preceptos incluidos en la legislación estatal en relación con la valoración de los suelos, sean o no de propiedad pública, gozan de plena legitimidad constitucional al amparo del art. 149.1.18 CE y así lo ha declarado el Tribunal Constitucional, entre otras, en la STC 61/1997, FJ 19. En relación con el apartado 3 del precepto, es cierto que los planes urbanísticos son los que otorgan las calificaciones a los suelos y éstas determinan, con carácter general, los usos de los mismos; pero esta regla general no se cumple en relación con los bienes demaniales del Estado, cuya propia naturaleza impone al planeamiento urbanístico municipal la calificación correspondiente al uso y servicio estatal de que se trate. La Ley 13/2003, reguladora del contrato de concesión de obra pública, lo deja claro en su disposición adicional segunda. Es evidente que la comunicación que el Estado realizará a las autoridades urbanísticas para informarles de la desafectación de tales bienes de los usos o servicios públicos precedentes, constituye el riguroso cumplimiento del deber de información recíproca que el art. 4.1 c) de la Ley 30/1992, de régimen jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, demanda a todas las Administraciones sin excepción. Los terrenos desafectados no pueden dedicarse a los usos precedentes, ya que el Estado, único competente para ello, ha decidido su desafectación, y el planeamiento urbanístico impide su dedicación a cualesquiera otros mientras no los ordene de acuerdo con los nuevos usos que urbanísticamente correspondan; la ley estatal no impone cuáles van a ser dichos usos, ya que esta decisión compete a la Administración urbanística, pero exige a esta que lo determine como haría con cualquier otro bien perteneciente a cualquier propietario, por lo que esta norma está anudada a la competencia estatal para definir la “función pública” del urbanismo.
3. Puesto que del examen de la demanda se deduce con claridad que nos encontramos ante un recurso de inconstitucionalidad de carácter fundamentalmente competencial, debemos comenzar por efectuar el encuadramiento competencial de los preceptos controvertidos en el sistema material de distribución de competencias; y para ello resulta imprescindible referirnos, con carácter previo, al contexto competencial general en el que se inserta la Ley 33/2003, remitiéndonos, para ello, a lo dispuesto en el art. 1 de la misma, conforme al cual: “esta Ley tiene por objeto establecer las bases del régimen patrimonial de las Administraciones Públicas y regular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 132 de la Constitución, la administración, defensa y conservación del Patrimonio del Estado”.
4. No existe tampoco discrepancia entre las partes a la hora de considerar que el régimen patrimonial forma parte del régimen jurídico de las Administraciones públicas, y por ello, que el título competencial aplicable es el relativo a “las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas” (art. 149.1.18 CE), siendo así que la discrepancia que manifiesta la Comunidad Autónoma de Aragón se centra en el alcance de las bases estatales en esta materia y, principalmente, en la intromisión de los preceptos recurridos en el ámbito de las competencias autonómicas exclusivas en materia de urbanismo y vivienda.
“1. La incorporación de la Administración del Estado o sus organismos públicos a juntas de compensación, con la aportación de inmuebles o derechos sobre los mismos, pertenecientes al Patrimonio del Estado, se regirá por la legislación urbanística vigente, previa adhesión expresa. Corresponderá la realización de los distintos actos que requiera dicha participación al órgano competente para su administración y gestión.
2. En el caso de inmuebles afectados o adscritos que resulten incluidos en el ámbito de una junta de compensación en la que los usos previstos no resulten compatibles con los fines que motivaron la afectación o adscripción, los departamentos u organismos titulares deberán proponer su desafectación o desadscripción a la Dirección General del Patrimonio del Estado, siempre que no sean imprescindibles para el cumplimiento de sus fines.”
En el caso de la Comunidad Autónoma de Aragón, la vigente Ley 3/2009, de 17 de junio, de urbanismo, regula en sus arts. 158 a 165 la “gestión indirecta por compensación”, normativa que sustituye a lo dispuesto en el mencionado reglamento estatal, en los términos señalados en su disposición final cuarta. La Ley autonómica se alza, pues, como ius superveniens, en los términos antes expuestos, operando como parámetro para el enjuiciamiento de la disposición recurrida, y constituye, por tanto, la “legislación urbanística vigente” a la que expresamente se remite el art. 139.1 de la Ley 33/2003, del patrimonio de las Administraciones públicas.
6. Por lo que se refiere a los arts. 189, 190 y 191 de la Ley 33/2003, que tienen, según la disposición final segunda, apartado 5, de esta Ley, el carácter de legislación básica dictada al amparo de lo previsto en el art. 149.1.18 CE, la parte promotora del recurso formula frente a los mismos una objeción de carácter general, considerando que la mera rúbrica del capítulo que engloba estos preceptos (“Régimen urbanístico y gestión de los bienes públicos”), resulta reveladora de la extralimitación en que incurre esta regulación, pues pone de manifiesto que a través de la misma el legislador estatal viene a establecer normas o imponer limitaciones que afectan al régimen urbanístico de los bienes, lo que hace —según el Gobierno de Aragón— que los preceptos impugnados no puedan resultar amparados por lo dispuesto en el art. 149.1.18 CE, teniendo su encuadre natural en la legislación urbanística, de competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma.
“1. Sin perjuicio de las publicaciones que fueren preceptivas, la aprobación inicial, la provisional y la definitiva de instrumentos de planeamiento urbanístico que afecten a bienes de titularidad pública deberán notificarse a la Administración titular de los mismos. Cuando se trate de bienes de titularidad de la Administración General del Estado, la notificación se efectuará al Delegado de Economía y Hacienda de la provincia en que radique el bien.
3. Corresponderá a los secretarios de los ayuntamientos efectuar las notificaciones previstas en este artículo.”
Es necesario señalar, sin embargo, que en el mismo fundamento jurídico 26, la STC 61/1997 vino a considerar que el precepto allí examinado, art. 135.2 del texto refundido de la Ley del suelo de 1992, merecía un reproche de inconstitucionalidad “si se tiene en cuenta que no se ha limitado a establecer el deber de notificar la revisión o reforma del planeamiento al objeto de permitir, en su caso, el ejercicio de las competencias estatales que puedan verse afectadas, sino que, a través de ello, ha fijado reglas de procedimiento para las que carece de título competencial específico”. La anterior afirmación permite entender, sensu contrario, que, reconocida la competencia estatal ex art. 149.1.18 CE para establecer una obligación de notificación a las Administraciones públicas titulares de los bienes, de los sucesivos acuerdos de aprobación del planeamiento, dicha competencia no alcanza, sin embargo, al establecimiento, con carácter básico, de reglas que determinen, especifiquen o concreten aspectos relativos al procedimiento a través del cual haya de efectuarse dicha notificación.
“Los notarios no podrán autorizar el otorgamiento de escrituras públicas de constitución de juntas de compensación u otras entidades urbanísticas colaboradoras sin que previamente los otorgantes justifiquen ante ellos que la totalidad de la superficie incluida en la unidad de ejecución ha sido plenamente identificada, en cuanto a la titularidad de las fincas que la componen, o que la Delegación de Economía y Hacienda correspondiente ha sido notificada fehacientemente de la existencia de terrenos de titularidad desconocida o no acreditada. Se considerará identificada la titularidad respecto a las fincas calificadas como litigiosas, siempre que se aporten títulos justificativos del dominio.”
La disposición final segunda, apartado 5, de la Ley 33/2003, incluye este precepto entre los dictados al amparo del art. 149.1.18 CE; ello no obstante, y considerando que hemos afirmado reiteradamente que “este Tribunal no se encuentra vinculado por los encuadramientos competenciales que realizan las propias normas sometidas a su enjuiciamiento” (entre otras, SSTC 44/1985, de 22 de marzo, FJ 1; 152/2003, de 17 de julio, FJ 7 y 14/2004, de 13 de febrero, FJ 6), en el presente caso, y atendiendo al objeto y finalidad del precepto, ha de entenderse que el mismo se dicta al amparo de la competencia exclusiva atribuida al Estado en el art. 149.1.8 CE, en materia de “ordenación de los registros e instrumentos públicos”.
“Las cesiones y demás operaciones patrimoniales sobre bienes y derechos del Patrimonio del Estado que deriven de la ejecución del planeamiento, se regirán por lo dispuesto en la legislación urbanística, con estricta aplicación del principio de equidistribución de beneficios y cargas. Serán órganos competentes para acordarlas los mismos previstos en la ley para la operación patrimonial de que se trate.”
Pues bien, para dar adecuada respuesta a la cuestión planteada debemos comenzar por precisar que este apartado 2 del art. 190 de la Ley 33/2003 configura una norma interna de gestión del patrimonio del Estado y, en cuanto tal, ha de entenderse dictada al amparo de la potestad legislativa plena que para la regulación de su propio patrimonio corresponde al Estado ex art. 132.3 CE, precepto este que, como ya dijimos en la STC 58/1982, de 27 de julio, FJ 1, “no es ciertamente una norma atributiva de competencia, sino una reserva de ley, es decir, al tiempo, un mandato al legislador de regular el régimen jurídico del Patrimonio del Estado y del Patrimonio Nacional, de su ‘administración, defensa y conservación’, y una interdicción al Gobierno, como titular de la potestad reglamentaria (art. 97 de la CE), de proceder a una regulación praeter legem”.
8. El art. 191, bajo la rúbrica “régimen urbanístico de los inmuebles desafectados”, se dicta, de conformidad con lo indicado en la disposición final segunda de la Ley 33/2003, al amparo de la competencia atribuida al Estado por el art. 149.1.18 CE. El precepto dispone lo siguiente:
“1. Cuando los inmuebles del Patrimonio del Estado dejen de estar afectados a un uso o servicio público, se procederá a realizar una valoración de los mismos que constará del valor del suelo calculado conforme a las reglas establecidas en la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones, y del valor de las edificaciones existentes.
6. En cualquier caso, si transcurriere el plazo establecido en la legislación urbanística aplicable para instar la expropiación por ministerio de la ley, sin que el planeamiento urbanístico hubiese otorgado una nueva calificación a los bienes desafectados, la Administración General del Estado o el organismo público advertirá a la Administración municipal de su propósito de comenzar el expediente de justiprecio, el cual se iniciará en la forma prevista en dicha legislación.”
En el supuesto que se examina, dicha excepción, que se establece con carácter básico por la disposición final segunda, apartado 5, de la Ley 33/2003 al amparo de lo dispuesto en el art. 149.1.18 CE, encuentra su justificación en el incumplimiento de una función, la de calificación del uso del suelo, que además de ser una facultad del planificador urbanístico, se configura como un deber en sentido propio, pues, dado que la desafectación de los bienes demaniales del Estado determina que dejen de estar dedicados a los usos precedentes, y el planeamiento urbanístico impide su dedicación a cualesquiera otros mientras no los ordene de acuerdo con los nuevos usos que urbanísticamente correspondan, resulta obligado para la Administración urbanística el ejercicio de las competencias que le son propias, teniendo presente que “delimitar los diversos usos a que puede destinarse el suelo o espacio físico constituye uno de los aspectos básicos del urbanismo” (STC 61/1997, FJ 16). En este sentido, pues, el precepto viene a determinar los efectos derivados del incumplimiento del mencionado deber de calificación y asignación de uso a los bienes demaniales desafectados, en ejercicio de la competencia que el Estado ostenta ex art. 149.1.18 CE, tanto en lo relativo a las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas, como en lo que respecta a la legislación básica en materia de “sistema de responsabilidad de todas las Administraciones públicas”, mediante la determinación de las consecuencias jurídicas derivadas de la inactividad municipal, sin que de ello se derive, en consecuencia, vulneración alguna de las competencias autonómicas en materia urbanística.
“Las viviendas y, en general, los bienes inmuebles de titularidad estatal que hubieran formado parte del patrimonio del extinguido Instituto para la Promoción Pública de la Vivienda y de la Comisión Liquidadora de Regiones Devastadas, así como las que en cumplimiento de los programas anuales de promoción pública de viviendas sean construidas por el Estado, continuarán rigiéndose por sus normas específicas y, supletoriamente, por esta Ley. En particular, corresponderán a la Dirección General de la Vivienda la Arquitectura y el Urbanismo, con sujeción a las citadas normas, las facultades de gestión y disposición de dichos bienes, incluyendo las de enajenar, arrendar, establecer y cancelar hipotecas y otras cargas sobre los mismos y, en general, todas aquellas que correspondieran al extinguido Instituto para la Promoción de la Vivienda, a excepción de la percepción de ingresos, que se regirá por las mismas normas que son de aplicación a los restantes ingresos del Estado.”
1. Voto particular que formula el Magistrado don Luis Ignacio Ortega Álvarez al que se adhieren el Presidente don Pascual Sala Sánchez y la Magistrada doña Adela Asua Batarrita respecto de la Sentencia dictada en el recurso de inconstitucionalidad núm. 596-2004.
En todo caso, establecido ya en los párrafos anteriores del fundamento jurídico 6 la constitucionalidad de la obligación de notificar a los órganos estatales y los efectos que dicha notificación produce para formular alegaciones y plantear recursos, no se alcanzan a comprender las razones por las que una previsión como ésta, meramente organizativa, ha de ser considerada básica ex art. 149.1.18 CE, pues pese que, como señala nuestra doctrina, el Estado “puede establecer, desde la competencia sobre bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas del art. 149.1.18 CE, principios y reglas básicas sobre aspectos organizativos y de funcionamiento de todas las Administraciones públicas” (STC 251/2006, FJ 9), lo cierto es que el establecimiento de esta regulación para un caso concreto excede, por su carácter meramente instrumental, de tal carácter. En ese sentido el supuesto examinado guarda evidentes similitudes con el examinado en la STC 61/1997, FJ 26 a). Allí se afirmó que “La redacción dada al art. 135.2 TRLS merece el reproche de inconstitucionalidad, si se tiene en cuenta que no se ha limitado a establecer el deber de notificar la revisión o reforma del planeamiento al objeto de permitir, en su caso, el ejercicio de las competencias estatales que puedan verse afectadas, sino que, a través de ello, ha fijado reglas de procedimiento para las que carece de título competencial específico. En efecto, el art. 135.2 TRLS impone a la Administración competente que le notifique a la del Estado la ‘iniciación del procedimiento’, ‘en el plazo de un mes desde la adopción del correspondiente acuerdo por el Ayuntamiento’, extremos éstos que, además de no ser necesarios en todo caso para garantizar la efectividad del deber de notificar y la eventual comparecencia de la Administración del Estado, no quedan a cubierto de título competencial alguno. Ha de concluirse, pues, por las razones antedichas, la inconstitucionalidad del art. 135.2 TRLS”.
En efecto, se está, siquiera indirectamente, imponiendo que la modificación del planeamiento haya de realizarse en un plazo determinado a fin de otorgar la nueva calificación a los inmuebles desafectados. Ha de advertirse al respecto que la calificación supone una notable incidencia en el planeamiento y en la ejecución urbanística, en cuanto que determina los posibles usos y la modificación o revisión del planeamiento. Así, el caso ahora enjuiciado, en la medida en que lo que se persigue es el cambio en la calificación, con la consiguiente incidencia en la planificación, guarda relación con asuntos en los que el Tribunal se ha pronunciado ya sobre la decisión del legislador básico de optar por un concreto instrumento o técnica urbanística, que no se desprende necesariamente de las condiciones básicas y que pertenece a la competencia sobre la materia urbanística. Así en la STC 61/1997, FJ 28 e), el Tribunal declaró con relación a un título horizontal del Estado como es la cláusula contenida en el art. 149.1.1 CE, que ésta “no puede amparar la configuración de técnicas concretas, por más que puedan incidir sobre la propiedad urbana, cuando exceden de la regulación de las condiciones básicas de las facultades y deberes fundamentales, como sucede, en los términos ya señalados, en relación con el aprovechamiento tipo …, las unidades de ejecución … y, ahora, con la técnica de la reparcelación a la que se refieren las letras a) y c) del art. 166.1 TRLS”. Doctrina constitucional a la que se remite la STC 164/2001, de 11 de julio, FJ 3.
4. Algunas de las razones anteriores determinan también, en mi opinión, la inconstitucionalidad del art. 191.6 (“En cualquier caso, si transcurriere el plazo establecido en la legislación urbanística aplicable para instar la expropiación por ministerio de la ley, sin que el planeamiento urbanístico hubiese otorgado una nueva calificación a los bienes desafectados, la Administración General del Estado o el organismo público advertirá a la Administración municipal de su propósito de comenzar el expediente de justiprecio, el cual se iniciará en la forma prevista en dicha legislación”). La Sentencia de la mayoría no entra en su examen por entender que se alegaba que incurría en las mismas tachas de inconstitucionalidad que fundamentan la impugnación dirigida contra el apartado 3 del art. 191, remitiéndose a lo ya razonado para desestimar esa impugnación. Es cierto que el recurrente no incluye una argumentación expresa respecto al art. 191.6, pero también lo es que lo que alega es la vulneración de las competencias autonómicas en materia de urbanismo, en la que se engloba la regulación de la expropiación por ese motivo. Junto a ello la función de depuración objetiva del ordenamiento que es propia del recurso de inconstitucionalidad hubiera debido permitir al Tribunal apreciar que la norma es contraria a la Constitución por motivos distintos a los alegados por las partes (art. 39.2 LOTC), máxime en casos como éste en que la doctrina constitucional es clara.
2. Voto particular que formula la Magistrada doña Encarnación Roca Trías respecto de la Sentencia dictada en el recurso de inconstitucionalidad núm. 596-2004.
No comparto en modo alguno, sin embargo, que la obligación de modificar la calificación urbanística quede limitada, como entiende la Sentencia, a una suerte de obligación natural, esto es, a “recoger un desideratum o, lo que es lo mismo, a enunciar un genérico principio de coherencia, del que no derivan obligaciones, condicionamientos o requisitos para el planificador urbanístico, por lo que no puede afectar a las competencias autonómicas”. Antes al contrario. Los apartados 5 y 6 del art. 191 establecen condicionamientos, en mi opinión, incompatibles con la autonomía local, que la Sentencia no pondera, y a los que ni siquiera se refiere so pretexto de que no se “excluye la intervención de los municipios en el supuesto contemplado de desafectación de inmuebles del Patrimonio del Estado, sino que, por el contrario, prevé la intervención municipal en la nueva calificación del inmueble, conforme al planeamiento urbanístico”. La ley impugnada mantiene, en efecto, la competencia del planeamiento para modificar la calificación o destino de los bienes desafectados, pero la condiciona de tal manera que el mantenimiento por el planeamiento del destino que tenían asignado implica, de facto, el cambio de calificación y la obligación de su obtención a costa del Ayuntamiento y en contra de los intereses municipales que éste representa.
Tipo y número de registro Recurso de inconstitucionalidad 596-2004
El precepto que prevé la inclusión de la Administración del Estado entre los propietarios susceptibles de incorporarse a la junta de compensación, con aportación de inmuebles patrimoniales o derechos sobre los mismos, es una norma de gestión del patrimonio del Estado que no incide en el planeamiento urbanístico ni en los sistemas de ejecución urbanística, ni recoge opción alguna por un determinado instrumento urbanístico, supuestos estos en los que no resultaría de aplicación al quedar desplazada la competencia exclusiva autonómica (STC 170/2012) [FJ 5].
No vulnera las competencias autonómicas en materia de urbanismo la regulación de la actuación de la Administración del Estado, cuando inmuebles de su propiedad que tienen el carácter de bienes demaniales quedan incluidos en el ámbito de una junta de compensación resultando el uso previsto por el planeamiento incompatible con el que motivó su afectación, al limitarse a establecer una regla de gestión que produce efectos en el ámbito interno de la gestión patrimonial estatal, sin que ello conlleve una afectación ad extra sobre las normas urbanísticas que regulan el sistema de compensación [FJ 5].
El precepto impugnado configura una norma interna de gestión del patrimonio del Estado y, en cuanto tal, ha de entenderse dictada al amparo de la potestad legislativa plena que para la regulación de su propio patrimonio corresponde al Estado ex art. 132.3 CE, no siendo pues una norma con carácter básico, ex art. 149.1.18 CE, sino un precepto de exclusiva aplicación al patrimonio del Estado, por lo que no cabe apreciar en este punto exceso competencial alguno (STC 58/1982) [FJ 7].
La referencia del precepto impugnado a la ‘legislación urbanística vigente’ entraña un expreso sometimiento al marco competencial como eje para su interpretación y aplicación, lo que permite afirmar que estamos ante una norma de naturaleza puramente organizativa de gestión interna del patrimonio estatal que no implica el ejercicio de competencias sustantivas en materia de urbanismo ni, en consecuencia, vulnera las competencias que corresponden a la Comunidad Autónoma en esta materia [FJ 7].
La traslación del principio general de justa distribución de beneficios y cargas al régimen jurídico patrimonial de los bienes que integran el patrimonio del Estado no puede vulnerar las competencias autonómicas ya que se trata de un mandato sustantivo que obliga a todos los poderes públicos (STC 61/1997) [FJ 7].
El destino al que están afectados los bienes del Estado, necesarios para la implantación de las obras y servicios de su competencia, se impone al planeamiento, de modo que éste deberá adaptar la calificación urbanística al uso que corresponde a dicha obra o servicio, exigencia que tiene su apoyo en una competencia exclusiva del Estado que no supone ablación de las competencias autonómicas sobre urbanismo y ordenación del territorio (STC 204/2002) [FJ 8].
El precepto impugnado se limita a efectuar una remisión expresa a la potestad que corresponde al planificador urbanístico para efectuar la nueva calificación de los terrenos sobre los que se ubican los edificios o instalaciones desafectados sin establecer limitación o condicionamiento alguno al ejercicio de la mencionada facultad ni obligar a su ejercicio en un determinado sentido, no existiendo por tanto una intromisión en la actuación del planificador urbanístico ni, en consecuencia, una vulneración de las competencias autonómicas [FJ 8].
La disposición impugnada establece determinadas prescripciones de índole estrictamente organizativa y de gestión aplicables al patrimonio estatal de vivienda y el derecho transitorio aplicable, articulando el reparto de facultades que corresponden, en el ámbito organizativo estatal, a distintas entidades para la gestión del patrimonio inmobiliario de titularidad de la Administración del Estado, por lo que carece de virtualidad para vulnerar las competencias autonómicas, ya que de la misma no se deriva atribución o habilitación alguna a los órganos estatales para el ejercicio de facultades o competencias en el sector de la vivienda que corresponden a las Comunidades Autónomas [FJ 9].
El precepto impugnado no hace otra cosa que plasmar lo que constituye una regla general del procedimiento administrativo, en virtud del cual la eficacia de los actos sujetos a notificación, se produce a partir de la fecha de ésta siendo, en consecuencia, la notificación la que inicia el cómputo del plazo para evacuar el trámite de alegaciones o interponer recursos, lo que no vulnera las competencias autonómicas, en cuanto que no establece ninguna regla procedimental específica en la materia]. [FJ 6].
La denominación atribuida por el legislador a una concreta regulación carece por sí misma de relevancia a efectos constitucionales, pues el análisis que a este Tribunal corresponde efectuar ha de atender con carácter exclusivo al contenido sustantivo de la regulación impugnada, dado que el argumento decisivo para llevar a cabo el análisis constitucional de una norma no puede hacerse depender de los términos que el legislador, a su discreción, haya utilizado (STC 122/2012) [FJ 6].
Doctrina constitucional sobre la competencia exclusiva atribuida al Estado en el art. 149.1.8 CE en materia de ordenación de los registros e instrumentos públicos (SSTC 44/1985, 14/2004) [FJ 7].
Doctrina constitucional sobre la garantía institucional de la autonomía municipal, ex arts. 137 y 140 CE [FJ 8].
La exclusiva competencia autonómica en materia de urbanismo no impide que el Estado pueda ejercer competencias propias que tengan una proyección sobre el ámbito urbanístico autonómico, por lo que la competencia autonómica en dicha materia ha de coexistir con aquéllas que el Estado ostenta en virtud del art. 149.1 CE, cuyo ejercicio puede condicionar la competencia de las Comunidades Autónomas sobre el mencionado sector material (SSTC 61/1997, 148/2012) [FJ 4].
Doctrina constitucional sobre el contenido material de las bases estatales y la posible incidencia de esa regulación básica en ámbitos materiales sectoriales de competencia autonómica y, en particular, en lo relativo al régimen patrimonial de los bienes públicos (SSTC 1/1982, 223/2000, 170/2012) [FJ 4].
La ley impugnada respeta la doble dimensión, formal y material, que es consustancial a la noción de ‘bases’, ya que tiene rango de Ley, su carácter básico está expresamente proclamado, y la competencia del Estado para establecer las bases del régimen patrimonial de las Administraciones Públicas, a las que ha de ajustarse el desarrollo legislativo por parte de las Comunidades Autónomas al regular su patrimonio propio, se halla, en diversos títulos del art. 149.1 CE, que reservan esta materia a la competencia exclusiva del Estado (SSTC 58/1982, 223/2000) [FJ 3].
Artículo 97, f. 7
Artículo 132.3, ff. 3, 7
Artículo 149.1.1, f. 7, VP I, VP II
Artículo 149.1.18, ff. 1, 3, 4, 6 a 8, VP I, VP II
Artículo 56.1, f. 6, VP I
Artículo 64, f. 6, VP I
Disposición final primera, f. 6, VP I
Artículo 192.2, f. 6, VP I
Artículo 135.2, f. 6, VP I
Artículo 166.1 a), VP I
Artículo 166.1 c), VP I
Artículo 4.1 c) y d), f. 6
Título V, capítulo V, sección 5, f. 8
Artículo 139, ff. 1, 5, 7, VP I
Artículo 189, ff. 1, 6, VP I
Artículo 189.1, f. 6
Artículo 189.2, f. 6
Artículo 189.3, f. 6, VP I
Artículo 190, ff. 1, 6, VP I
Artículo 190.1, f. 7
Artículo 190.2, f. 7
Artículo 191, ff. 1, 6, 7, VP I, VP II
Artículo 191.1, f. 8
Artículo 191.2, f. 8, VP II
Artículo 191.3, f. 8, VP I, VP II
Artículo 191.4, f. 8
Artículo 191.5, f. 8, VP I, VP II
Artículo 191.6, f. 8, VP I, VP II
Disposición adicional decimonovena, ff. 1, 9, VP I
Disposición final segunda, ff. 3, 5, 7, 8
Disposición final segunda, apartado 5, ff. 3, 6 a 8
Artículo 35.1.7, f. 1
Artículo 71.9, f. 2
Artículo 8.1 c), f. 7
Artículo 9.1, f. 8, VP I, VP II
Disposición final primera, apartado 1, VP I
Ley de las Cortes de Aragón 3/2009, de 17 de junio. Urbanismo
Artículo 49, VP I
Artículo 62, VP I
Artículo 158 apartados 1, 2, f. 5
Artículo 158.1 y 2, f. 5
Artículos 158 a 165, f. 5
Autonomía localAutonomía local, f. 8, VP I, VP II
Competencias de las Comunidades AutónomasCompetencias de las Comunidades Autónomas, ff. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, VP I, VP II
Competencias de los municipiosCompetencias de los municipios, ff. 6, 8, VP I, VP II
Competencias del EstadoCompetencias del Estado, ff. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, VP I, VP II
Competencias en materia de ordenación del territorioCompetencias en materia de ordenación del territorio, f. 8, VP I, VP II
Competencias en materia de registros públicosCompetencias en materia de registros públicos, f. 7
Competencias en materia de urbanismoCompetencias en materia de urbanismo, ff. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, VP I, VP II
Competencias en materia de viviendaCompetencias en materia de vivienda, ff. 2, 4, 9
Ius superveniensIus superveniens, ff. 2, 5
Régimen jurídico de las Administraciones públicasRégimen jurídico de las Administraciones públicas, ff. 3, 4, 6 a 8, VP I, VP II
Desafectación de bienes de dominio públicoDesafectación de bienes de dominio público, ff. 5, 8, VP I, VP II
Juntas de compensaciónJuntas de compensación, ff. 5, 6
NotariosNotarios, f. 7
Notificación de actuaciones urbanísticas sobre bienes públicosNotificación de actuaciones urbanísticas sobre bienes públicos, ff. 5 a 8, VP I, VP II
Participación de los municipios en el planeamiento urbanísticoParticipación de los municipios en el planeamiento urbanístico, f. 8, VP I, VP II
Patrimonio del EstadoPatrimonio del Estado, ff. 3, 5, 7 a 9
Planeamiento urbanísticoPlaneamiento urbanístico, ff. 6, 8, VP I, VP II
AragónAragón, ff. 2, 4, 7, 8, VP I, VP II