Source: http://saladeprensa.org/art352.htm
Timestamp: 2018-12-11 03:20:39
Document Index: 224499982

Matched Legal Cases: ['Artículo 27', 'Artículo 34', 'Artículo 35', 'artículo 3', 'Artículo 44', 'Artículo 52', 'Artículo 57', 'artículo 9', 'artículo 50']

DIPUTACIÓN PERMANENTE DEL H.
JUAN S. MILLÁN LIZÁRRAGA, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, con fundamento en lo previsto en los artículos 45, fracción II, y 65, fracción XVI, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y
Que la nación experimenta un cambio profundo en las formas y modos de relación entre los poderes públicos y los ciudadanos.
Que mi gobierno ha trabajado muy atento a las demandas y necesidades de la población, ejerciendo con responsabilidad las decisiones y nutriendo sus acciones con la participación ciudadana.
Que en congruencia con esta convicción, en Sinaloa contamos con instancias plenamente ciudadanizadas, que definen y promueven las políticas públicas en materia tan importantes como desarrollo económico, seguridad pública, educación, deporte y cultura, entre otros.
Que para hacer más transparente las adquisiciones del gobierno y generar confianza social, hemos establecido un comité de compras del sector público, con la participación de representantes de los sectores sociales y productivos.
Que, asimismo, para dar cauce institucional a esa participación recientemente el Congreso del Estado aprobó la incorporación de los mecanismos de plebiscito y referéndum a nuestro marco constitucional.
Que con todas esas acciones, estamos avanzando en la construcción de una cultura de la participación social, que es el soporte de una nueva forma de gobierno que practicamos en Sinaloa.
Que para atender los principales ejes de la estrategia de gobierno, impulsamos desde el inicio de mi administración una profunda reforma administrativa y un reordenamiento institucional, con el objeto de ofrecer mejores servicios a la ciudadanía y evaluar de mejor manera el desempeño de los servidores públicos.
Que la ciudadanización de las políticas públicas nos ha permitido alcanzar más y mejores logros y ha dado origen a una nueva forma de gobierno, con compromisos claros y responsabilidades compartidas.
Que la participación social en las tareas públicas es un signo distintivo de los tiempos que vivimos en Sinaloa, por lo que los ciudadanos tienen el derecho de solicitar y recibir información sobre lo que hacen las entidades públicas.
Que una de las tareas pendientes en México es legislar sobre el derecho a la información, en lo general, y sobre el derecho de acceso a la información en lo particular.
Que sin información pública al alcance de los ciudadanos, no es posible el avance democrático ni el desarrollo económico desde una perspectiva incluyente y al servicio de todos.
Que la información pública es de la sociedad por lo que las instituciones públicas sólo son depositarias y la poseemos únicamente para el cumplimiento de los fines legalmente establecidos.
Que estamos convencidos de que cuanto mayor y efectivo sea el conocimiento de las personas sobre la acción pública, mayor será también su confianza en la política y la función gubernamental.
Que consideramos que a todos los ciudadanos, en igualdad de condiciones, les asiste el derecho de la información pública, cualquiera que sea la fuente que la genera.
Que la libertad de información es un principio y valor constitucional fundamental, por lo que los funcionarios públicos tenemos la obligación no sólo de ajustar nuestro desempeño a lo dispuesto por las leyes, sino también transparentar nuestros actos y rendir cuentas a los ciudadanos.
Que es y ha sido una firme decisión de mi gobierno dar origen a la Ley Estatal de Acceso a la Información Pública que constituya un ordenamiento de avanzada y, sobre todo, que se constituya como instrumento para afianzar la participación ciudadana en la dirección y supervisión de los actos de gobierno.
Que para conocer la opinión de la sociedad y diseñar la iniciativa en comento, realizamos una serie de foros en los cuales contamos con una amplia participación y un número considerable de propuestas.
Que nos hemos nutrido, por un lado, de las propuestas ciudadanas formuladas en los foros convocados al efecto y, por otro, del estudio y análisis de las mejores prácticas internacionales, sin dejar de lado el contexto local en el que la Ley habrá de ser aplicada.
Que es necesario establecer el derecho de acceso a la información pública de toda persona sin necesidad de acreditar interés legítimo o derecho subjetivo alguno, en concordancia con los estándares democráticos internacionales en la materia.
Que requerimos definir la información mínima que debe ser difundida de oficio por las entidades públicas como efecto reflejo del derecho de acceso a la información pública y como expresión normativa del principio democrático de deber de publicidad del Estado.
Que debemos promover una cultura de apertura a la información, partiendo de la realidad objetiva que vive México y el estado de Sinaloa, en donde todavía no se ha arraigado una cultura de acceso a la información pública, por lo que se requieren esfuerzos de fondo, permanentes y consistentes para cambiar las valoraciones y percepciones sociales sobre el tema.
Que debemos clarificar los principios que rigen a la información reservada y confidencial, considerando que ningún derecho sustantivo es absoluto. Los derechos deben en todo momento armonizarse con otros bienes jurídicos, previendo en este caso que el derecho de acceso a la información pública disponible sea la regla, y la información reservada, la excepción en los términos y formas que disponen los estándares democráticos internacionales.
Que necesitamos desarrollar un procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública introduciendo todas las salvaguardas necesarias para facilitar y orientar a la persona al momento de ejercer este derecho.
Que es conveniente establecer el plazo máximo para responder a las solicitudes de información, y definir el principio de gratuidad para el examen de la información pública, así como un sistema compensatorio de derechos para la reproducción, la búsqueda y la sistematización de la información pública.
Que resulta indispensable incorporar el derecho de Hábeas Data que consiste en el derecho de acceso a la información concerniente a la persona interesada habilitándola para corregir, actualizar o suprimir la información que sobre su persona posean las entidades públicas y el derecho de conocer su destino.
Que consideramos necesario constituir la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública como órgano de autoridad, con autonomía patrimonial, de operación y de decisión, encargado de vigilar el cumplimiento de la Ley que se propone, así como de difundir e investigar sobre el derecho de acceso a la información pública; dicha Comisión estará integrada por tres comisionados, de los cuales uno será el presidente.
Que requerimos diseñar procedimientos para desahogar los recursos de inconformidad ante la propia entidad pública ante la que se ha solicitado la información denegada y del recurso de revisión en segunda instancia ante la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública.
Que en la presente iniciativa se precisan con meridiana claridad las sanciones a que se harán acreedores los que incumplan con las disposiciones de la Ley de Acceso a la Información.
Que para privilegiar la debida eficacia normativa, podremos contar con un sistema gradual de vigencia de apartados específicos de la propia Ley, a fin de realizar un trabajo activo e intenso de capacitación y educación de las entidades públicas a informar de oficio y a petición de parte.
Y que la vida democrática de Sinaloa se enriquecerá con una legislación que permita, tanto el ejercicio ciudadano de este derecho, como la creación de una cultura de apertura en las instituciones; por lo que, con fundamento en las disposiciones constitucionales citadas, someto a su consideración la siguiente iniciativa de: LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA.
II. DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. La prerrogativa que tiene toda persona para acceder a la información creada, administrada o en poder de las entidades públicas, en los términos de la presente Ley.
III. HÁBEAS DATA. La garantía de tutela de la privacidad de datos personales en poder de las entidades públicas.
IV. ENTIDAD PÚBLICA. El Poder Legislativo del Estado, el Congreso del Estado, la Diputación Permanente del H. Congreso del Estado y cualquiera de sus dependencias; el Poder Ejecutivo del Estado, Gobernador Constitucional del Estado, todas las dependencias y entidades de la administración pública estatal y paraestatal; el Poder Judicial del Estado y todos sus órganos; los tribunales administrativos estatales; los Ayuntamientos de los Municipios, Presidente Municipal, todas las dependencias y entidades de la administración pública municipal y paramunicipal; los órganos autónomos previstos en la Constitución y en las leyes estatales; las demás entidades a las que la Constitución y las leyes estatales reconozcan como de interés público; los partidos políticos y las organizaciones políticas con registro oficial; y las personas de derecho público y privado, cuando en el ejercicio de sus actividades actúen en auxilio de los órganos antes citados y cuando ejerzan gasto público, reciban subsidio o subvención.
V. INFORMACIÓN PÚBLICA. Todo registro, archivo o cualquier dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades públicas a que se refiere esta Ley.
VI. INFORMACIÓN RESERVADA. La información pública que se encuentra temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas en esta Ley.
VII. INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. La información en poder de las entidades públicas relativa a las personas, protegida por el derecho fundamental a la privacidad.
IX. PERSONA. Todo ser humano, grupos de individuos o personas morales creadas conforme a la Ley.
X. SERVIDOR PÚBLICO. Las personas físicas que realicen cualquier actividad en nombre o al servicio de alguna entidad pública, cualquiera que sea su nivel jerárquico.
I. Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas y a consolidar el sistema democrático.
II. Optimizar el nivel de participación comunitaria en la toma pública de decisiones conforme a los estándares democráticos internacionales.
III. Garantizar el principio democrático de publicidad de los actos del Estado.
IV. Asegurar el principio democrático de rendición de cuentas del Estado.
V. Garantizar la protección de los datos personales en poder de las entidades públicas.
DE LA INFORMACIÓN MÍNIMA QUE DEBE SER DIFUNDIDA DE OFICIO POR LAS ENTIDADES PÚBLICAS
II. El periódico oficial, decretos administrativos, reglamentos, circulares y demás disposiciones de observancia general.
IV. La remuneración mensual por puesto, incluyendo el sistema de compensación según lo establezca la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el Ejercicio Fiscal correspondiente, o el ordenamiento equivalente.
V. Las opiniones, datos y fundamentos finales contenidos en los expedientes administrativos que justifican el otorgamiento de permisos, concesiones o licencias que la Ley confiere autorizar a cualquiera de las entidades públicas, así como las contrataciones, licitaciones y los procesos de toda adquisición de bienes o servicios.
VI. Manuales de organización y, en general, la base legal que fundamente la actuación de las entidades públicas.
VII. Los resultados de todo tipo de auditorías concluidas hechas al ejercicio presupuestal de cada una de las entidades públicas, así como las minutas de las reuniones oficiales.
VIII. Los destinatarios y el uso autorizado de toda entrega de recursos públicos, cualquiera que sea su destino.
IX. Los informes presentados por los partidos políticos ante la autoridad estatal electoral, tan pronto sean recibidos por la autoridad en cuestión.
X. El nombre, domicilio oficial y dirección electrónica, en su caso, de los servidores públicos encargados de gestionar y resolver las solicitudes de información pública.
XI. Las fórmulas de participación ciudadana, en su caso, para la toma de decisiones por parte de las entidades públicas.
XII. Los servicios y programas de apoyo que ofrecen, así como los trámites, requisitos y formatos para acceder a los mismos.
XIII. Los balances generales y su estado financiero.
XIV. Controversias entre poderes públicos, iniciadas por el Congreso o cualquiera de sus integrantes.
XV. Las cuentas públicas del Estado y de los Municipios.
XVI. Dictámenes sobre iniciativas que se presenten en el Congreso.
XVII. Información anual de actividades.
XVIII. La aplicación del Fondo Auxiliar para la Administración de la Justicia.
XIX. Las convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios, concesiones, permisos y autorizaciones, así como sus resultados.
XX. Toda otra información que sea de utilidad para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
I. La identificación precisa del contrato.
III. El nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral con quien o quienes se haya celebrado el contrato.
IV. El plazo para su cumplimiento.
I. Nombre o razón social del titular.
II. Concepto de la concesión, autorización o permiso.
I. El monto.
III. El plazo de ejecución.
IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra.
V. Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil.
En las entidades públicas, así como en las bibliotecas y archivos públicos a cargo del Estado y de los Municipios se preverá la instalación de un mínimo equipo de cómputo que facilite el acceso a la información básica, garantizada en este capítulo.
III. Los expedientes de procesos jurisdiccionales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio en tanto no hayan causado estado, salvo los casos en que vulneren el derecho de hábeas data, en los términos de esta Ley.
IV. Las averiguaciones previas y la información que comprometa los procedimientos de investigación penal, salvo los casos de excepción previstos por la Ley.
Artículo 27. La solicitud de acceso a la información que se presente por escrito deberá contener cuando menos los siguientes datos:
IV. Lugar o medio señalado para recibir la información o notificaciones.
I. El costo de los materiales utilizados en la reproducción de la información.
Cuando por negligencia no se dé respuesta en tiempo y forma a la solicitud de acceso a la información, la autoridad queda obligada a otorgarle la información en un período no mayor a los diez días hábiles, cubriendo todas las costas generadas por la reproducción del material informativo, siempre y cuando la información de referencia no sea reservada o confidencial.
Artículo 34. Los archivos con datos personales en poder de las entidades públicas deberán ser actualizados de manera permanente y ser utilizados exclusivamente para los fines legales y legítimos para los que fueron creados. La finalidad de un fichero y su utilización en función de ésta, deberá especificarse y justificarse. Su creación deberá ser objeto de una medida de publicidad o que permita el conocimiento de la persona interesada, a fin de que ésta, ulteriormente, pueda asegurarse de que:
b) Ninguno de esos datos personales es utilizado o revelado sin su consentimiento, con un propósito incompatible con el que se haya especificado.
Artículo 35. Toda persona que demuestre su identidad tiene derecho a saber si se está procesando información que le concierne, a conseguir una comunicación inteligible de ella sin demoras, a obtener las rectificaciones o supresiones que correspondan cuando los registros sean ilícitos, injustificados o inexactos, y a conocer los destinatarios cuando esta información sea transmitida, permitiéndole conocer las razones que motivaron su pedimento, en los términos del artículo 3 de la presente Ley.
I. Ser ciudadano sinaloense.
II. Tener al menos treinta años cumplidos al día de la designación.
III. Contar con título profesional de Licenciado en Derecho o en cualquier campo de las ciencias sociales y, preferentemente, tener estudios de maestría o doctorado en el campo del derecho de la información.
V. No ser ni haber sido dirigente de ningún partido o asociación política ni ministro de ningún culto religioso cuando menos cinco años ni tampoco haber sido servidor público por lo menos tres años antes, en ambos casos al momento de su designación.
El presidente será nombrado por sus pares por un período de dos años, pudiendo ser reelecto.
Artículo 44. Los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades que negaren o limitaren el acceso a la información, podrán interponer el recurso de inconformidad ante el titular de la entidad pública que negó la información.
II. Hacer constar el nombre del inconforme y, en su caso, el de su representante legal o mandatario, con personalidad jurídica reconocida a través de escritura notarial.
IV. Señalar domicilio para recibir notificaciones y, en su caso, a quien en su nombre las pueda oír y recibir.
VI. Señalar la fecha en que se hizo la notificación.
VIII. Acompañar copia de la resolución o acto que se impugna y de la notificación correspondiente. Cuando se trate de actos que no se resolvieron en tiempo, acompañar copia de iniciación del trámite.
IX. Ofrecer y aportar pruebas que tengan relación directa con el acto o resolución que se impugnen, debiendo acompañar las documentales con las que cuente.
III. El inconforme fallezca.
Artículo 52. La autoridad competente para desahogar y resolver el recurso, podrá:
II. Confirmar el acto o resolución impugnada.
III. Revocar total o parcialmente el acto o resolución impugnada.
Artículo 57. El titular de la entidad pública, en los términos y condiciones previstos por la Constitución Política del Estado de Sinaloa, que incumpla con el deber de publicidad mínima de oficio previsto en el artículo 9 de la presente Ley, será sancionado con amonestación por la Comisión. Si en un período no mayor de tres meses no se ha puesto a disposición del público la información a que se refiere dicho precepto, será suspendido de sus funciones temporalmente en los términos del artículo 50 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa.
A partir de su nombramiento, los miembros de la Comisión Estatal para el Acceso de la Información Pública deberán instrumentar las acciones concernientes a que la presente Ley sea conocida y difundida entre los diversos sectores sociales, así como a concientizar a los ciudadanos y servidores públicos de la importancia que revisten los derechos de acceso a la información y de Hábeas Data, en una sociedad democrática. Para lo anterior podrán atraer el concurso de instituciones de educación superior, así como de organismos nacionales e internacionales especializados en el tema.