Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2008-00565-20760-de-septiembre-22-de-2016?documento=jurcol&contexto=jurcol_691cca12b92f48ffaf854840351e5208&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-10-16 23:18:11
Document Index: 299514421

Matched Legal Cases: ['artículo 817', 'artículo 176', 'artículo 62', 'artículo 829', 'artículo 831', 'artículo 828', 'artículo 828', 'artículo 829', 'artículo 829', 'artículo 62', 'artículo 64', 'artículo 831', 'artículo 831', 'artículo 829', 'artículo 817', 'artículo 829', 'artículo 488']

﻿ SENTENCIA 2008-00565/20760 DE SEPTIEMBRE 22 DE 2016
SENTENCIA 2008-00565 DE 22 DE SEPTIEMBRE DE 2016
CONTENIDO:LA PERENCIÓN EN MATERIA TRIBUTARIA PONE FIN AL PROCESO Y NO INTERRUMPE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN. SE ADVIERTE QUE, CUANDO POR CAUSA DISTINTA AL DECRETO DE SUSPENSIÓN DEL PROCESO Y POR FALTA DE IMPULSO CUANDO ESTE CORRESPONDA AL DEMANDANTE, PERMANEZCA EL PROCESO EN LA SECRETARÍA DURANTE LA PRIMERA O ÚNICA INSTANCIA, POR SEIS MESES, SE DECRETARÁ LA PERENCIÓN DEL PROCESO. LA PERENCIÓN PONE FIN AL PROCESO Y NO INTERRUMPE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN, NO SUPEDITA LA EXISTENCIA DEL PROCESO A LA NOTIFICACIÓN DEL AUTO ADMISORIO DE LA DEMANDA A LA PARTE DEMANDADA, Y ESTABLECE QUE EL FENÓMENO DE LA PERENCIÓN PONE FIN AL PROCESO.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACTO ADMINISTRATIVO, DIAN, PERENCIÓN, RECURSO DE APELACIÓN, TÍTULO EJECUTIVO, EFECTOS DE LA PERENCIÓ, COBRO COACTIVO
Sentencia 2008-00565/20760 de septiembre 22 de 2016
Rad.: 050012331000200800565 01 (20760)
Demandante: Concretos y Asfaltos S.A. – Conasfaltos S.A.
Bogotá D.C. veintidós de septiembre de dos mil dieciséis.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por entidad demandada contra la sentencia del 25 de octubre de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que en la parte resolutiva dispuso(1):
<<PRIMERO: Declárase probada la excepción de prescripción de la acción de cobro coactivo contenida en el mandamiento de pago No. 900922 de agosto 24 de 2007.
SEGUNDO: Declarar la nulidad de las Resoluciones 312.023 del 12 de octubre de 2007 y la Resolución 311.032 del 12 de diciembre de 2007, conforme lo expuesto en la parte motiva de este proveído.
TERCERO: Sin condena en costas>>.
El 29 de enero de 2002, la Administración notificó las resoluciones que resolvieron los recursos de reconsideración(2) contra las liquidaciones oficiales de revisión que modificaron las declaraciones del impuesto sobre las ventas de los cuatro primeros bimestres del año gravable 1996(3).
El 28 de mayo de 2002, la actora interpuso demandas de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos administrativos de determinación del tributo señalados(4).
Mediante auto del 2 de septiembre de 2002(5), el Tribunal Administrativo de Antioquia admitió las demandas, ordenó la notificación al Procurador Judicial, exhortó a la entidad demandada para remitir los antecedentes administrativos del proceso y concedió a la demandante un plazo de 15 días para gestionar ante la Oficina de Apoyo Judicial pertinente, la notificación a la demandada.
El 17 de septiembre de 2003(6), el Tribunal Administrativo de Antioquia decretó la perención y terminación de los procesos, por la falta de impulso que del mismo dio la actora. La anterior decisión se notificó a las partes mediante edicto desfijado el 7 de octubre de 2003(7), sin que fuera objeto de recursos.
El 24 de agosto de 2007, la Administración expidió el Mandamiento de Pago 900922, notificado personalmente el 4 de septiembre siguiente(8), por las obligaciones contenidas en los actos administrativos que modificaron las declaraciones del impuesto sobre las ventas de los cuatro primeros bimestres del año gravable 2006(9).
Contra el mandamiento de pago referido, la sociedad demandante propuso la excepción de prescripción de la acción de cobro, que fue declarada no probada por la Resolución 312023 del 12 de octubre de 2007(10).
La sociedad interpuso el recurso de reposición contra la anterior decisión, resuelto desfavorablemente mediante la Resolución 311-032 del 12 de diciembre de 2007(11).
La actora, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, solicitó que se efectúen las siguientes declaraciones(12):
<<1. Declarar probada la excepción de prescripción de la acción ejecutiva. (sic) Por cuanto desde el días (sic) en que se hicieron exigirles (sic) las obligaciones en materia de impuesto (sic) las ventas contenidas en el mandamiento de pago No. 900922 de agosto 24 de 2007 librado por la dirección de impuestos y aduanas Nacionales de Medellín (sic), hasta cuando dicho mandamiento se notificó transcurrieron más de 5 años término que prevé las (sic) ley para que opere las (sic) prescripción (sic) las obligaciones en materia de impuestos, como lo contempla el artículo 817 del estatuto tributario (sic) y sin que esta (sic) se hubiera interrumpido natural o civilmente.
2. Dejar sin efecto la resolución 311-032 y la cual (sic) confirmó la 312-023 que había fallado negativamente las excepciones propuestas,
3. Decretar el levantamiento de los embargos ordenados por la oficina ejecutora.
4. Para dar cumplimiento a la sentencia se ordenará la aplicación del artículo 176 del C.C.A.>>.
Invocó como normas violadas los artículos 817 del Estatuto Tributario y, 88 y 91 del Código de Procedimiento Civil.
Relató que la Administración modificó oficialmente las declaraciones tributarias de los cuatro primeros bimestres del impuesto sobre las ventas de 1996, y que los actos administrativos de determinación del tributo fueron demandados mediante la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.
Que una vez admitida la demanda, la jurisdicción la rechazó porque sobre ésta operó el fenómeno de la perención, pues estuvo inactiva en secretaría por un término superior a seis meses. Que no obstante, el Consejo de Estado señaló que el fenómeno de la perención no ocurre si no se ha trabado la relación jurídico procesal, lo que ocurre cuando se notifica al demandado del auto admisorio de la demanda.
Afirmó que en sede jurisdiccional no se trabó la litis porque la demanda no le fue notificada a la DIAN, lo que equivale a que no fueron presentadas, por lo que no se presentó ninguna causal de suspensión o interrupción de la prescripción.
Argumentó que el término de prescripción de las obligaciones fiscales en discusión se cuenta desde el momento en que se hicieron exigibles, esto es, desde la notificación de los actos administrativos que fueron objeto del mandamiento de pago en discusión, lo que ocurrió el 29 de enero de 2002. Que, por ello, el mandamiento de pago notificado el 4 de septiembre de 2007 es extemporáneo, pues en ese momento ya había trascurrido el plazo de 5 años establecido en la normativa fiscal para la operancia de la prescripción.
Señaló que, si los actos administrativos que sirven de fundamento al cobro coactivo son demandados ante la jurisdicción contencioso administrativa, y ésta admite la demanda, esos actos sólo tendrán fuerza ejecutoria hasta el momento en que se decida la demanda en forma definitiva.
Dijo que en los términos del artículo 62 del Código Contencioso Administrativo, sólo cuando los actos administrativos están en firme adquieren el carácter ejecutorio, que faculta a la Administración para realizar los trámites necesarios para su cumplimiento.
Que a partir de la notificación por edicto del auto que declaró la perención del proceso, la Administración libró mandamiento de pago por las obligaciones contenidas en los actos de determinación del tributo, porque en ese momento los actos administrativos se decidieron definitivamente por parte de la jurisdicción y se hizo exigible su cumplimiento, como lo dispone el numeral 4 del artículo 829 del Estatuto Tributario.
Alegó que el mandamiento de pago es oportuno, porque el término de prescripción se suspendió desde la notificación del auto admisorio de la demanda, hasta la fecha de ejecutoria de la providencia que decretó la perención del proceso, y no con la notificación de los actos administrativos alegada por el contribuyente.
Pidió que se condene en costas a la actora, porque pretende <<confundir o disfrazar un proceso con otro>>, al intentar revivir los términos del proceso de determinación del tributo que no fueron utilizados en su oportunidad, pues la sociedad no interpuso el recurso de apelación contra el auto que declaró la perención del proceso, con el propósito de invocar la prescripción de las obligaciones adeudadas.
El Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina declaró probada la excepción de prescripción de la acción de cobro y anuló los actos administrativos demandados(14).
Destacó que el auto admisorio de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta contra los actos administrativos que sirvieron de título de ejecución, no le fue notificado a la DIAN, y señaló que como dicha demanda fue objeto de la declaratoria de perención, no se trabó la litis.
Relató que los actos administrativos de determinación del tributo se notificaron el 29 de enero de 2002, y que a partir de ese momento se empezó a contar el plazo que tiene la Administración para iniciar el proceso de cobro coactivo, que no está sujeto a que el contribuyente inicie un proceso ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, pues el artículo 831 del Estatuto Tributario prevé que tal situación se puede invocar como excepción al mandamiento de pago.
Reiteró que, a pesar de que la actora demandó los actos administrativos que sirven de soporte para la ejecución, la entidad demandada no fue notificada del auto admisorio de la demanda, por lo que en teoría no tenía conocimiento de la acción la misma. Argumentó, además, que la DIAN debió iniciar el proceso de cobro coactivo, tomando como fecha de inicio de la prescripción, el momento en que se notificaron los actos administrativos que dieron origen al cobro coactivo que se discute.
Concluyó que el mandamiento de pago notificado el 4 de septiembre de 2007 es extemporáneo, pues en ese momento la acción de cobro había prescrito.
La DIAN interpuso el recurso de apelación contra el fallo proferido por el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina(15).
Explicó que entre los títulos ejecutivos a que se refiere el artículo 828 del Estatuto Tributario, ejecutivos, están las sentencias y demás decisiones judiciales, así como las liquidaciones oficiales de revisión.
Que por cuenta de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta por el contribuyente y debidamente admitida por la jurisdicción, el título de ejecución lo constituye la decisión que declaró la perención, pues en los términos de los artículos 829 del Estatuto Tributario y 148 del Código Contencioso Administrativo, constituye una decisión ejecutoriada que pone fin al proceso.
Precisó que con la expedición del auto admisorio de la demanda se suspendió el término de prescripción de la acción de cobro, y que con la ejecutoria del auto que declaró la perención del proceso se empezó a contar de nuevo dicho plazo, lo que indica que el mandamiento de pago fue expedido de forma oportuna.
Manifestó que la sentencia del Tribunal desconoce que las decisiones judiciales sobre las demandas interpuestas, que ponen fin a la acción, prestan mérito ejecutivo, y que además, el contradictorio se integra con el acto admisorio de la demanda.
Afirmó que avalar la tesis propuesta en el fallo de primera instancia, sería aceptar que no existió el proceso surtido ante la jurisdicción contencioso administrativa, y que éste fue objeto de la declaratoria de perención por causas imputables a la actora, lo que premiaría su falta de diligencia.
La demandante reiteró lo dicho en la demanda y en el recurso de apelación(16).
La entidad demandada reiteró los argumentos de la contestación de la demanda y del recurso de apelación(17).
En los términos del recurso de apelación, corresponde a la Sala establecer la legalidad de los actos administrativos que negaron la excepción de prescripción propuesta contra el Mandamiento de Pago 900922 del 24 de agosto de 2007.
Debe determinar, si el término de prescripción de la acción de cobro se cuenta desde la notificación del auto que declaró la perención del proceso adelantado por la actora ante el Tribunal Administrativo de Antioquia contra los actos administrativos que soportaron el proceso de cobro que se decide, o si por cuenta de la falta de notificación del auto admisorio de la demanda a la DIAN, dicho plazo se cuenta desde la fecha de notificación de dichos actos.
Para los fines indicados, la Sala observa que en el proceso están demostrados los siguientes hechos:
— El 29 de enero de 2002, la Administración notificó las resoluciones que resolvieron los recursos de reconsideración contra las liquidaciones oficiales de revisión que modificaron las declaraciones del impuesto sobre las ventas de los cuatro primeros bimestres del año gravable 1996.
— El 28 de mayo de 2002, la actora interpuso demandas de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos administrativos de determinación del tributo señalados(18).
— Mediante auto del 2 de septiembre de 2002, el Tribunal Administrativo de Antioquia admitió las demandas, ordenó la notificación al Procurador Judicial, exhortó a la entidad demandada para remitir los antecedentes administrativos del proceso y concedió a la demandante un plazo de 15 días para gestionar ante la Oficina de Apoyo Judicial pertinente, la notificación a la demandada.
— El 17 de septiembre de 2003, la mencionada Corporación decretó la perención y terminación del proceso, por la falta de impulso que del mismo dio la actora. La anterior decisión se notificó a las partes mediante edicto desfijado el 7 de octubre de 2003, sin que fuera objeto de recursos.
— El 24 de agosto de 2007, la Administración expidió el Mandamiento de Pago 900922, notificado personalmente el 4 de septiembre de ese año, por las obligaciones contenidas en los actos administrativos de determinación del tributo correspondiente a los cuatro primeros bimestres del año 1996.
— Contra el mandamiento de pago referido, la sociedad demandante propuso la excepción de prescripción de la acción de cobro, que fue declarada no probada por la Resolución 312023 del 12 de octubre de 2007.
— La sociedad interpuso el recurso de reposición contra la anterior decisión, resuelto desfavorablemente mediante la Resolución 311-032 del 12 de diciembre de 2007.
De los hechos señalados y para efectos de resolver el problema jurídico planteado, la Sala advierte que entre los títulos que prestan mérito ejecutivo, previstos en el artículo 828 del Estatuto Tributario(19), están <<2.- Las liquidaciones oficiales ejecutoriadas>>.
El artículo 829 ejusdem, por su parte, estableció que los actos administrativos que sirven de fundamento al cobro coactivo se entienden ejecutoriados cuando: i) contra ellos no proceden recursos; ii) no se interpusieron en término o no se presentaron en debida forma; iii) se renuncie o se desista expresamente de ellos y, iv) cuando <<…los recursos interpuestos en la vía gubernativa o las acciones de restablecimiento del derecho o de revisión de impuestos se hayan decidido en forma definitiva, según el caso>>.
En este último evento, esto es, el previsto en el numeral 4 del artículo 829 del Estatuto Tributario, se presentan dos circunstancias para que los actos administrativos que sirven de fundamento al cobro coactivo se entiendan ejecutoriados.
El primero ocurre en el procedimiento adelantado en la vía gubernativa, cuando la Administración resuelve los recursos procedentes contra el acto administrativo, y éste queda en firme, circunstancia también contemplada en el numeral 2 del artículo 62 del Código Contencioso Administrativo(20).
Al respecto, el artículo 64 ibídem supeditó la ejecutoriedad del acto administrativo a la firmeza del mismo, al señalar:
<<Salvo norma expresa en contrario, los actos que queden en firme al concluir el procedimiento administrativo serán suficientes, por si mismos, para que la administración pueda ejecutar de inmediato los actos necesarios para su cumplimiento. La firmeza de tales actos es indispensable para la ejecución contra la voluntad de los interesados>>. (Se resalta).
Cabe indicar que los eventos descritos parten del supuesto de la notificación efectiva de los actos administrativos, pues a partir de ese momento la decisión de la Administración se hace oponible al interesado.
Ahora bien, el segundo supuesto tiene lugar en el eventual proceso que se adelante ante la jurisdicción contencioso administrativa, mediante la interposición de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho —hoy medio de control—, contra los actos administrativos que sirven de soporte de la ejecución, en cuyo caso, la ejecutoria ocurre cuando se notifica la decisión judicial definitiva a que haya lugar.
Sobre este punto, la Sala señaló(21):
<<Como se observa, el numeral 4º contempla dos supuestos en que los actos soporte del cobro coactivo pueden encontrarse ejecutoriados:
i) Cuando se trata de actos administrativos susceptibles de los recursos propios de la vía gubernativa y estos han sido interpuestos, debida y oportunamente. Según esta regla, el acto administrativo que sirve de título ejecutivo queda ejecutoriado una vez la entidad oficial decida los recursos interpuestos, siempre y cuando, el interesado no lo demande ante la jurisdicción, porque de hacerlo se estaría ante el siguiente supuesto legal.
ii) Cuando los actos administrativos que sirvieron de título ejecutivo fueron demandados ante la jurisdicción, por el afectado, para obtener la declaratoria de nulidad y el restablecimiento de sus derechos. En estos casos, se entenderán ejecutoriados una vez sea proferida la decisión judicial definitiva.
Luego, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada contra el acto administrativo que sirve de fundamento al cobro coactivo, impide que ese acto adquiera fuerza ejecutoria, la cual solo se logra en el momento en que la jurisdicción decida, de manera definitiva, la respectiva demanda.
4.3.3. En concordancia con dicha norma, el numeral 5° del artículo 831 E.T. dispone que contra el mandamiento de pago procede la excepción de interposición de demanda de nulidad y restablecimiento del derecho o de proceso de revisión de impuestos ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Lo anterior, se repite, porque es necesario que el acto administrativo alcance firmeza. Sólo así pueden ser ejecutados contra la voluntad de los interesados y dan fe de la existencia de una obligación actualmente exigible al deudor (…)>>. (Se resalta).
En esa oportunidad, la Sala consideró que la interposición de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho impide que el acto administrativo adquiera fuerza ejecutoria, hasta tanto la jurisdicción la decida de forma definitiva la demanda.
Para llegar a esa conclusión, se remitió a las previsiones del numeral 5º del artículo 831 del Estatuto Tributario, según el cual, contra el mandamiento de pago procede la excepción de <<…interposición de demandas de restablecimiento del derecho o de proceso de revisión de impuestos, ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo>>, que condiciona la ejecutoriedad de los actos que fundamentan la ejecución, hasta que la demanda sea decidida en esa instancia de la jurisdicción, pues mientras la demanda esté en curso, no es posible que la Administración ejecute los actos necesarios para su cumplimiento.
La Sala también dijo que la excepción señalada se acredita con la admisión de la demanda, tema sobre el cual reiteró la posición asumida por la Corporación en otros pronunciamientos(22), al anotar que <<en este momento se verifica que la misma —demanda— ha reunido todos los requisitos de ley para que sea conocida por el juez, y, además, se traba la relación jurídico procesal entre las partes>>, y además agregó que <<La terminación del procedimiento de cobro coactivo surge de la falta de firmeza del título ejecutivo que solo se logra cuando la demanda se haya decidido definitivamente, de acuerdo con el artículo 829.4 del Estatuto Tributario, ya que la acción de nulidad y restablecimiento del derecho impide la ejecutoriedad del acto administrativo demandado>>.
En ese orden de ideas, es claro que la admisión de la demanda afecta directamente la ejecutoriedad de los actos administrativos que sirven de fundamento en el procedimiento de cobro coactivo.
Lo anterior incide directamente en el caso que se decide, pues la sociedad actora alega que, como el auto admisorio de la demanda no le fue notificado a la entidad demandada, no se trabó la litis, lo que, a su juicio, equivale a que la demanda no se presentó, por lo que el término de prescripción se cuenta desde la fecha en que se notificaron las resoluciones que resolvieron los recursos de reconsideración contra los actos que soportan el procedimiento de cobro, esto es, desde el 29 de enero de 2002. Que por ello, el mandamiento de pago 900922 del 24 de agosto de 2007, notificado personalmente el 4 de septiembre de ese año, es extemporáneo.
La Sala no comparte ese argumento, porque, como se explicó, los actos administrativos de determinación del tributo que sirvieron de fundamento en el proceso de cobro coactivo que se discute, no adquirieron fuerza ejecutoria por cuenta de la admisión de la demanda, lo cual indica que en la fecha de notificación de dichos actos no se empieza a contar el término de prescripción de la acción de cobro a que se refiere el artículo 817 del Estatuto Tributario, que en lo pertinente dispone:
<<Art. 817.- Término de prescripción de la acción de cobro. La acción de cobro de las obligaciones fiscales, prescribe en el término de cinco (5) años, contados a partir de (…) 4.- La fecha de ejecutoria del respectivo acto administrativo de determinación o discusión>>. (Se resalta).
Por lo tanto, conforme a lo dispuesto por el numeral 4 del artículo 829 del Estatuto Tributario, los actos administrativos que constituyen el título de ejecución en el proceso de cobro quedaron ejecutoriados el 7 de octubre de 2003, fecha en que el Tribunal Administrativo de Antioquia desfijó el edicto que notificó la decisión de decretar la perención y terminación del proceso iniciado por la sociedad demandante, contra tales actos.
Si bien en este caso no se discuten las razones que tuvo el Tribunal para adoptar la decisión señalada, que por demás no fueron objeto de discusión por parte de la empresa demandante, la Sala advierte que el 148 del Código Contencioso Administrativo, al señalar que <<Cuando por causa distinta al decreto de suspensión del proceso y por falta de impulso cuando éste corresponda al demandante, permanezca el proceso en la secretaría durante la primera o única instancia, por seis meses, se decretará la perención del proceso (…) La perención pone fin al proceso y no interrumpe la caducidad de la acción>>, no supedita la existencia del proceso a la notificación del auto admisorio de la demanda a la parte demandada, y establece que el fenómeno de la perención pone fin al proceso.
Además, a la entidad demandada no le es dado alegar, por cuenta de la inactividad y falta de impulso del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos administrativos que soportan el procedimiento de cobro que ahora se discute, la ocurrencia de la prescripción de la acción de cobro.
Por lo anterior, como los actos que sirven de título de ejecución quedaron ejecutoriados el 7 de octubre de 2003, la Administración podía notificar el mandamiento de pago hasta el 7 de octubre de 2008, lo que indica que el mandamiento de pago 900922 notificado el 4 de septiembre de 2007, es oportuno.
En consecuencia, la Sala revocará la sentencia 25 de octubre de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que declaró probada la excepción de prescripción de la acción de cobro y declaró la nulidad de los actos administrativos demandados, y en su lugar, negará las súplicas de la demanda.
1. Revócase la sentencia del 25 de octubre de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia. En su lugar,
Presidenta de la Sección: Martha Teresa Briceño de Valencia
Magistrados: Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, Jorge Octavio Ramírez Ramírez
1. Folios 99 a 112 del cuaderno de la demanda.
2. Anverso folios 10, 20, 30 y 40 del cuaderno de antecedentes 1.
3. Folios 1, 11, 21 y 31 c.a.1.
4. Folios 57 a 67 del c.a. 1
5. Folio 69 del c.a. 1.
6. Folios 72 a 75 del c.a.1.
7. Folio 76 del c.a. 1.
8. Folios 5 y anverso del folio 6 del cuaderno principal.
9. Folios 5 y 6 del c.p.
10. Folios 11 a 14 del c.d.
11. Folios 7 a 10 del c.d.
12. Folios 24 a 34 del c.d..
13. Folio 51 a 59 del c.d
14. Folios 99 a 112 del c.d.
15. Folios 114 a 122 del c.d.
16. Folios 169 del c.d.
17. Folios 147 a 152 del c.d.
18. Si bien en los antecedentes del proceso sólo obra copia de la demanda interpuesta contra la Liquidación Oficial 900001 del 12 de enero de 2001, y de la Resolución 900001 notificada el 29 de enero de 2002 que resolvió el recurso de reconsideración, es un hecho aceptado por la actora en las actuaciones adelantadas en la vía gubernativa (excepciones propuestas contra el mandamiento de pago y recurso de reposición), y ante la jurisdicción contencioso administrativa (demanda, alegatos y recurso), que las demandas se interpusieron contra los actos administrativos de determinación del tributo de los cuatro (4) primeros bimestres de 1996, que fueron objeto de la declaratoria de perención.
19. El artículo 488 del Código de Procedimiento Civil prevé que constituyen títulos ejecutivos, <<…las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva conforme a la ley, o de las providencias que en procesos contencioso - administrativos o de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia>>. (Se resalta).
20. C.C.A. <<Art. 62.- Firmeza de los actos administrativos. Los actos administrativos quedarán en firme: 1.- Cuando contra ellos no proceda ningún recurso. 2.- Cuando los recursos interpuestos se hayan decidido. 3.- Cuando no se interpongan recursos, o cuando se renuncie expresamente a ellos. 4.- Cuando haya lugar a la perención, o cuando se acepten los desistimientos>>. (Se resalta).
21. Sentencia 20298 del 12 de agosto de 2014, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
22. Sentencias 18216 del 11 de julio de 2013, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas y 19206 del 28 de agosto de 2014, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.