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Timestamp: 2019-07-17 05:31:18
Document Index: 121277347

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'Artículo 35', 'Artículo 36', 'Artículo 37', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 18', 'artículo 18']

Ley 10/1993, de 4 de noviembre, de Comarcalización de Aragón (Vigente hasta el 31 de Diciembre de 2006).
Publicado en BOA núm. 133 de 19 de Noviembre de 1993 y BOE núm. 291 de 06 de Diciembre de 1993
Vigencia desde 09 de Diciembre de 1993. Esta revisión vigente desde 17 de Julio de 1999 hasta 31 de Diciembre de 2006
Artículo 1 Naturaleza y fines de la comarca
Artículo 2 Norma-marco de la organización comarcal
Artículo 3 Potestades de la comarca
Artículo 4 Territorio, denominación y capitalidad
CAPITULO II. De la creación de las comarcas
Artículo 5 Creación por Ley
Artículo 6 Iniciativa de creación
Artículo 7 Resolución sobre la iniciativa comarcal
CAPITULO III. De las competencias de las comarcas
Artículo 8 Competencias propias
Artículo 9 Competencias transferidas o delegadas
Artículo 10 Programas territoriales y zonas de montaña
Artículo 11 Cooperación y asistencia a los municipios
Artículo 12 Gestión por la comarca de servicios autonómicos
Artículo 13 Gestión por los municipios de servicios comarcales
Artículo 14 Traspaso de competencias de mancomunidades a comarcas
Artículo 15 Derecho de participación de la comarca
CAPITULO IV. De la organización de las comarcas
Artículo 16 Organos de la comarca
Artículo 17 El Consejo comarcal
Artículo 18 Elección del Consejo comarcal
Artículo 19 Constitución del Consejo comarcal
Artículo 20 Elección del Presidente
Artículo 21 Inelegibilidades, incompatibilidades y recursos
Artículo 22 Duración del mandato de los miembros del Consejo
Artículo 23 Atribuciones de los órganos comarcales y régimen de funcionamiento
Artículo 24 Consulta a los Ayuntamientos
Artículo 25 Participación ciudadana
CAPITULO V. De la hacienda comarcal
Artículo 26 Ingresos de la comarca
Artículo 27 Transferencias de la Comunidad Autónoma en favor de las comarcas y territorialización de inversiones
Artículo 28 Aportaciones de las provincias a la financiación de las comarcas
Artículo 29 Aportaciones de los municipios
Artículo 30 Régimen presupuestario y contable
CAPITULO VI. Del personal al servicio de la comarca
Artículo 31 Régimen del personal al servicio de la comarca
Artículo 32 Oferta de empleo público y selección de personal
CAPITULO VII. De otras Instituciones de ámbito comarcal
Artículo 33 Mancomunidades de interés comarcal
Artículo 34 Los Consejos consultivos comarcales
Artículo 35 Sociedades y consorcios de interés comarcal
CAPITULO VIII. Del fomento de la comercialización
Artículo 36 Medidas de fomento de la comarcalización
Artículo 37 Utilización de instalaciones municipales por la comarca
Primera Unificación de divisiones comarcales
Segunda Consulta municipal
Tercera Zaragoza y su área metropolitana
Ley [ARAGÓN] 10/1993, 4 noviembre, derogada por el número 1 de la Disposición Derogatoria de D Leg [ARAGÓN] 1/2006, 27 diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Comarcalización de Aragón («B.O.A.» 30 diciembre) el 31 de diciembre de 2006.
El Estatuto de Autonomía de Aragón, en su artículo 5, prevé que «una Ley de Cortes de Aragón podrá ordenar la constitución y regulación de las comarcas». Queda así atribuida a las Cortes de Aragón la institucionalización del hecho comarcal como nuevo nivel de Administración pública en que puede estructurarse la organización territorial de Aragón.
La existencia de comarcas de Aragón, en cuanto realidades geográficas, económicas, culturales e históricas con características e intereses comunes, es un hecho que acreditan los vínculos y relaciones entre los municipios de determinadas zonas y en torno a diversas ciudades, y que espontáneamente es sentido por sus poblaciones respectivas como bases comunes de convivencia.
Ahora bien, la creación de un nivel territorial supramunicipal como entidad local diferenciada del municipio y de la provincia plantea cuestiones políticas, administrativas y financieras que es preciso abordar con prudencia por sus repercusiones en el conjunto de Aragón. Pero, al tiempo, es necesario acometerla ya porque así lo exige una mejor organización territorial de los servicios públicos, el acercamiento de su gestión a los ciudadanos, el impulso a nuevas tareas públicas acordes con los tiempos y un mejor equilibrio de las condiciones de vida dentro de Aragón.
En ese sentido, la comarca puede ser el más adecuado y activo protagonista y gestor de las directrices de política territorial.
La creación de la comarca como entidad local no pretende cuestionar ningún otro nivel de la Administración local. Es cierto que, limitadas las competencias públicas, su puesta en marcha ha de llevar consigo una cierta redistribución de las funciones y actividades ejercidas por otras Administraciones, como ya admitió la sentencia del Tribunal Constitucional de 28 de julio de 1981. Pero si ello ha de suponer una más eficaz prestación de los servicios públicos, habrá de afrontarse. Las Administraciones públicas están al servicio del ciudadano -no al contrario- y en ello encuentran su justificación.
La organización comarcal que se propugna trata, en primer lugar de hacer posible la pervivencia institucional, democrática y representativa de aquellos pequeños municipios cuya subsistencia carece de sentido como Administraciones públicas de competencias generales, en tanto que Aragón cuenta en la actualidad con 338 municipios de menos de 250 habitantes (de ellos, 111 con población inferior a los cien). Respetar el valor de esos núcleos de población como entidades representativas, evitando su desaparición por consunción, fusión o incorporación a otros, es lo que puede conseguir la comarca, al prestar subsidiariamente al conjunto de aquellas funciones y servicios que aisladamente a muchos municipios les es imposible hacer realidad.
Por otra parte, la comarca vendrá a recoger, consolidar y potenciar las experiencias de aquellas mancomunidades de fines generales y ámbitos geográficos adecuados que han sido precursoras en la organización de servicios supramunicipales.
Al mismo tiempo, la comarca ha de ser, por el conjunto de territorio y población que supone, instancia que haga posible la descentralización de competencias por parte de la provincia y la Administración de la Comunidad Autónoma. Defendido técnicamente por todos el acercamiento al ciudadano de la actividad pública por motivos de eficacia y mayor participación, la posibilidad práctica de efectuarlo ha chocado siempre con la escasa capacidad de gestión de la mayor parte de los municipios aragoneses. La existencia de la comarca es condición necesaria, por tanto, para hacer posible la descentralización en sus diversas variantes jurídicas y respecto de múltiples sectores materiales de actividad.
Se trata, de este modo, de que quede suficientemente diseñado desde un principio el tipo de organización comarcal que se considera adecuado al conjunto de la realidad aragonesa, sin perjuicio de las especialidades que cada comarca pueda prever para adaptarlo a sus peculiaridades específicas. Partiendo de aquel marco común, la amplitud de sus competencias y el ritmo en la consolidación de la institución comarcal dependerá de las leyes sectoriales de la capacidad de negociación de delegaciones y convenios y, en suma, de la intensidad de la voluntad política existente en cada ámbito comarcal por contar con una organización propia.
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 5 del Estatuto de Autonomía de Aragón, los municipios limítrofes vinculados por características e intereses comunes podrán constituirse en comarcas, que gozarán de la condición de entidades locales.
2. La comarca tendrá a su cargo la prestación de servicios y la gestión de actividades de ámbito supramunicipal, representando los intereses de la población y territorio comarcales en defensa de una mayor solidaridad y equilibrio dentro de Aragón.
3. Asimismo, la comarca cooperará con los municipios que la integren en el cumplimiento de sus fines propios.
La presente Ley establece las normas generales a las que se ajustará la organización comarcal aragonesa. Cada comarca, a través de su propia normativa, contenida en la Ley por la que se cree, podrá regular las peculiaridades específicas de sus municipios, población y territorio.
1. La comarca, como entidad local territorial, tiene personalidad jurídica propia y goza de capacidad y autonomía para el cumplimiento de sus fines.
b) Las potestades financieras y tributaria, circunscrita ésta exclusivamente al establecimiento de tasas por prestación de servicios o realización de actividades, imposición de contribuciones especiales y fijación de precios públicos.
3. Las comarcas se identifican por su denominación establecida en la Ley que las crea.
4. Los órganos de la comarca tendrán su sede oficial en el municipio que ostente su capitalidad, determinada en la Ley que la instituye. Los servicios que preste la comarca podrán establecerse en cualquier lugar dentro de los límites comarcales.
De la creación de las comarcas
1. La creación de las comarcas se realizará por Ley de las Cortes de Aragón, que determinará su denominación, ámbito territorial capitalidad, composición y funcionamiento de sus órganos de gobierno, que serán representativos de los Ayuntamientos que las formen, así como las competencias y recursos económicos propios de las mismas. En dicha Ley quedarán recogidas, dentro de los criterios marco establecidos por la presente Ley, las peculiaridades de cada una de las comarcas aragonesas.
a) Por todos o algunos de los municipios que hayan de integrarla, mediante acuerdo del Pleno de los respectivos Ayuntamientos o Concejos abiertos adoptado con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de sus miembros.
c) Por acuerdo de la Diputación General, siempre y cuando el proceso de comarcalización se haya desarrollado en, al menos, el 75 por 100 del territorio aragonés.
3. En el caso de que la iniciativa parta de los municipios, el Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales, una vez recibido testimonio de los acuerdos y de la documentación justificativa, los trasladará a los demás Ayuntamientos que no hayan participado en la iniciativa y que estén comprendidos en la delimitación comarcal propuesta.
Cuando sea una mancomunidad de interés comarcal la que ejerza la iniciativa se dará traslado de la misma a todos los municipios incluidos en el ámbito de la comarca propuesta.
4. Si la iniciativa partiese de la Diputación General, el Departamento de Presidencia remitirá a todos los municipios y mancomunidades interesados el correspondiente acuerdo y la documentación justificativa en que se base.
5. Los municipios y mancomunidades interesados adoptarán acuerdo sobre dicha iniciativa en el plazo de tres meses desde la recepción de los acuerdos y documentación complementaria. En caso de no adoptar acuerdo, se entenderá que no presentan objeción a la misma.
6. Cuando la iniciativa parta de la Diputación General o de una mancomunidad de interés comarcal no podrá continuarse el trámite si se oponen expresamente las dos quintas partes de los municipios que debieran agruparse en la comarca, siempre que tales municipios representen, al menos, la mitad del censo electoral del territorio correspondiente.
1. Conocido el parecer de todos los Ayuntamientos afectados y emitidos informes por los Departamentos de Presidencia y Relaciones Institucionales y de Ordenación Territorial, Obras Públicas y Transportes, la Diputación General adoptará acuerdo sobre la procedencia y viabilidad del ente comarcal.
2. En el supuesto de que la decisión sea favorable a la constitución de la comarca, la Diputación General redactará el correspondiente anteproyecto de Ley, en el plazo máximo de tres meses, con referencia concreta a las distintas cuestiones necesitadas de regulación, que será sometido a información pública por plazo de cuatro meses, dando la máxima difusión a dicha consulta. Podrán comparecer a la misma, además de los municipios interesados, las mancomunidades y provincia o provincias afectadas, cuantas entidades representativas de intereses económicos, sociales y culturales y personas individuales lo consideren oportuno.
3. A la vista del resultado de la información pública, la Diputación General aprobará el correspondiente proyecto de Ley de establecimiento y regulación de la comarca, que contendrá su Estatuto propio y se remitirá a las Cortes de Aragón para su trámite parlamentario.
4. En el supuesto de que la Diputación General considerara inviable la creación de la comarca, lo comunicará así a los Ayuntamientos o mancomunidades promotoras de la iniciativa, remitiendo a las Cortes de Aragón comunicación del acuerdo y de los informes y dictámenes emitidos sobre dicha iniciativa.
De las competencias de las comarcas
1. La comarca ejercerá las competencias que le sean atribuidas por la Ley de su creación y, entre otras, las siguientes:
c) Acción social.
f) Promoción del turismo.
h) Ferias y mercados comarcales.
i) Protección de los consumidores y usuarios.
j) Protección civil y prevención y extinción de incendios.
k) Transportes.
l) Patrimonio histórico-artístico.
ll) Servicios de recogida y tratamiento de residuos sólidos.
m) Aquellas otras que con posterioridad a la presente Ley o a las de su creación pudieran ser ejercidas en el futuro por las comarcas.
2. Igualmente, la comarca podrá ejercer la iniciativa pública para la realización de actividades económicas de interés comarcal.
1. La Comunidad Autónoma podrá transferir o delegar la titularidad o el ejercicio de competencias a favor de la comarca cuando se favorezca la mejor prestación de los servicios correspondientes.
2. Las provincias podrán transferir o delegar a las comarcas la titularidad o el ejercicio de competencias en relación con:
3. Los municipios que integren la comarca podrán delegar en ésta sus competencias cuando se refieran a actuaciones de interés comarcal o supramunicipal y cuando su ejercicio resulte difícil para el municipio y razones de economía y eficacia así lo aconsejen.
4. La transferencia o delegación de competencias exigirá, en cada caso, el traspaso de los medios precisos para su ejercicio y la aceptación expresa por el Consejo comarcal, excepto cuando venga determinada por ley.
2. Corresponderá igualmente a las comarcas la participación en la elaboración de los programas de ordenación y promoción de recursos agrarios de montaña y la gestión de las obras de infraestructura y de servicios públicos básicos que en ellos se incluyan.
2. En el caso de que la Diputación General acuerde a petición del municipio interesado, la dispensa de la obligación de prestar los servicios mínimos, atendidas sus características peculiares, se podrá atribuir su establecimiento y prestación a la comarca. Con tal fin, el acuerdo de dispensa fijará las condiciones y aportaciones económicas que procedan.
3. Cuando, por carencia de medios para sostener el puesto de Secretaría-Intervención, un municipio sea dispensado de la obligación de sostenerlo, podrá encomendarse a la comarca la prestación de dicha función, si la provincia no garantizara adecuadamente su ejercicio.
En ese caso, la sede administrativa estable del puesto de trabajo radicará en las oficinas comarcales correspondientes, sin perjuicio de que se asegure la comunicación entre dichas oficinas y el municipio exento por medios telefónicos y otros sistemas de telecomunicaciones, así como la asistencia del personal habilitado necesario a las sesiones municipales y a aquellos otros actos en que así sea preciso por su importancia o la especial necesidad de asesoramiento jurídico y técnico.
2. El acuerdo de asignación será adoptado por la Diputación General, previa aceptación del Consejo comarcal interesado, determinándose en el mismo las facultades que se reserve la Diputación General y los medios con que se dote.
1. La atribución a la comarca de competencias en relación con servicios prestados con anterioridad por mancomunidades cuyo ámbito territorial sea coincidente con el de aquélla, determinará la conversión del servicio mancomunado en comarcal y la transferencia de su gestión al ente comarcal.
En el caso de que dicho servicio fuera el único fin del ente asociativo preexistente, esta transferencia determinará la extinción del mismo por pérdida del fin, practicándose las operaciones de disolución que correspondan.
Igual efecto producirá la atribución a la comarca de competencias en relación con la totalidad de los fines de una mancomunidad preexistente, siempre y cuando el ámbito territorial de la comarca sea coincidente con el de la mancomunidad de que se trate.
2. La subrogación en la gestión no comportará por sí alteración del régimen estatutario del servicio respecto de los usuarios y, en su caso, del concesionario.
2. Con tal fin, se mantendrá una recíproca y constante información entre los municipios, comarcas, provincias y Comunidad Autónoma: se facilitará su acceso a los instrumentos de planificación y programación, y se contará con su presencia en los órganos de representación y colaboración en que hayan de debatirse asuntos que afecten al interés comarcal respectivo.
De la organización de las comarcas
b) Podrá existir una Comisión de Gobierno en aquellas comarcas que así lo prevean en su estatuto o en el reglamento orgánico comarcal que aprueben, integrada por el Presidente y Vicepresidentes. Corresponderá a dicha Comisión la asistencia al Presidente, así como aquellas atribuciones que determine el reglamento orgánico comarcal o le deleguen el Consejo y el Presidente.
Hasta 10.000 habitantes: 19.
De 10.001 a 25.000 habitantes: 25.
De 25.001 a 50.000 habitantes: 35.
De más de 50.001 habitantes: 39.
1. Una vez constituidos todos los Ayuntamientos de la comarca, la Junta Electoral de zona procederá de inmediato a formar una relación de todos los partidos, coaliciones, federaciones, y de cada una de las agrupaciones de electores que hayan obtenido algún concejal y, al menos, el 3 por 100 o más de los votos en la comarca, ordenándolos en orden decreciente al de los votos obtenidos por cada uno de ellos.
2. A los efectos previstos en el párrafo anterior, en los municipios de menos de 250 habitantes, el número de votos a tener en cuenta por cada candidatura se obtendrá dividiendo la suma de los votos obtenidos por cada uno de sus componentes entre el número de candidatos que formaban la lista correspondiente hasta un máximo de cuatro. Se corregirán por defecto las fracciones resultantes.
3. Realizada esta operación, la Junta procederá a distribuir los puestos que corresponden a los partidos, coaliciones, federaciones y a cada una de las agrupaciones de electores en cada comarca, dividiendo el número de votos obtenido por cada candidatura por uno, dos, tres o más, hasta un número de puestos igual a los correspondientes al Consejo comarcal. Los puestos se atribuirán a las listas que obtengan los cocientes mayores y se procederá a la atribución por orden decreciente de los mismos.
5. En los casos en que la delimitación de la comarca no se corresponda con la del Partido Judicial, será competente la Junta Electoral de la Zona en que radique la capitalidad de la correspondiente comarca.
Número 5 del artículo 18 introducido por la Ley [ARAGON] 7/1999, 9 abril, de Administración Local de Aragón («B.O.A.» 17 abril).
6. Concluido el mandato de las Juntas Electorales de Zona, conforme a lo dispuesto en la legislación del Régimen Electoral General, las funciones relativas a la constitución de Consejos Comarcales y a las incidencias en su composición serán competencia de la Junta Electoral de Aragón.
Número 6 del artículo 18 introducido por la Ley [ARAGON] 7/1999, 9 abril, de Administración Local de Aragón («B.O.A.» 17 abril).
2. La sesión constitutiva estará presidida por una mesa de edad, integrada por el Consejero de mayor edad y por el de menor edad presente en el acto, y actuará como Secretario el de la Corporación comarcal.
2. Para ser elegido Presidente, el candidato deberá obtener la mayoría absoluta en la primera votación, o la simple en la segunda.
En caso de empate, se procederá a una tercera votación, y si en la misma se produce nuevamente empate, será elegido el candidato de la lista con más consejeros. Si las listas tienen el mismo número de Consejeros, será elegido el candidato de la lista con un número mayor de concejales de la comarca.
3. El Presidente podrá ser destituido del cargo mediante moción de censura, de forma análoga a lo previsto en la Ley Orgánica de Régimen Electoral General para los municipios. A estos efectos, podrán ser candidatos al cargo de Presidente todos los Consejeros.
1. Las causas de inelegibilidad son las establecidas por la Ley Orgánica de Régimen Electoral General y, en su caso, por la Ley Electoral de Aragón. Las causas de incompatibilidad son las establecidas por la Ley Orgánica de Régimen Electoral General para los Diputados provinciales.
1. La duración del mandato de los miembros del Consejo comarcal coincidirá con la de las Corporaciones municipales a quienes representen. Una vez finalizado el mandato, los miembros del Consejo comarcal continuarán en funciones únicamente para la administración ordinaria hasta la toma de posesión de sus sucesores. En ningún caso podrán adoptar acuerdos para los cuales sea legalmente necesaria una mayoría cualificada.
2. Los Vicepresidentes sustituirán por su orden al Presidente en caso de vacante, ausencia o enfermedad y ejercerán aquellas atribuciones que el Presidente expresamente les delegue. Serán libremente nombrados y cesados por el Presidente entre los Consejeros comarcales.
El reglamento orgánico comarcal regulará la convocatoria a los Alcaldes de los municipios de la comarca o Concejales en quienes deleguen, para que puedan informar ante el Consejo comarcal sobre asuntos de especial interés para el municipio respectivo, antes de someterlos a la aprobación del Consejo.
De la hacienda comarcal
La Hacienda de las comarcas estará constituida por los siguientes recursos:
Traspaso de medios en virtud de redistribución legal.
1. Las Leyes de Presupuestos de la Comunidad Autónoma establecerán, con carácter anual, transferencias incondicionadas a favor de las comarcas, destinadas a la puesta en marcha y funcionamiento de su organización y actividades.
2. Asimismo, los Presupuestos de la Comunidad Autónoma deberán contener un estado territorializado por comarcas en que se reflejen las inversiones y transferencias de capital destinadas a cada una de ellas, como visión de conjunto de los programas de los distintos Departamentos, en la parte que sea posible dicha territorialización atendidos los proyectos que incluyan.
3. Cada año la Diputación General elevará a las Cortes un informe sobre el proceso de asunción de competencias por las comarcas, grado de cumplimiento y la correlativa asignación de recursos económicos a las mismas.
3. Anualmente, en el mes de septiembre las diputaciones provinciales elevarán a las Cortes de Aragón un informe en que se detalle la territorialización por comarcas en la respectiva provincia del gasto realizado o programado en obras, servicios y actividades a través de los distintos planes aprobados en el ejercicio.
1. Las aportaciones de los municipios a la comarca se determinarán teniendo encuenta su número de habitantes y el aprovechamiento de los servicios prestados por la comarca. Atendidas las peculiaridades de cada comarca, podrán incluirse índices correctores relacionados con el nivel de renta y riqueza de los municipios o de prestación de los servicios fundamentales de su competencia.
El régimen presupuestario, de intervención y contabilidad de las comarcas será el establecido en la legislación sobre haciendas locales.
Del personal al servicio de la comarca
1. El personal al servicio de la comarca se regirá por lo dispuesto con carácter general para el personal al servicio de la Administración Local, en concreto en el título VII de la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local.
De otras Instituciones de ámbito comarcal
Los Consejos consultivos comarcales podrán constituirse a iniciativa de los propios municipios o de alguna mancomundiad y siempre que la iniciativa sea promovida, al menos, por un número de municipios no inferior a las dos terceras partes de los que deban constituir la comarca y que representen, al menos, dos tercios del censo electoral del territorio correspondiente.
2. Formarán parte de dichos Consejos, de carácter deliberante y consultivo, los Alcaldes de los municipios de un determinado ámbito comarcal, conforme a la delimitación aprobada. Los Alcaldes podrán delegar en otros miembros de la Corporación.
4. La reunión del Consejo podrá tener lugar por convocatoria de la Diputación General o de un número de Alcaldes de la zona no inferior a cinco, debiendo señalarse en la convocatoria la fecha, hora y lugar de la reunión y el orden del día de la misma y efectuarse con antelación mínima de diez días. Para constituirse válidamente deberán asistir representantes de la mayoría de los municipios del ámbito comarcal de que se trate.
Si por la falta de iniciativa, o por estimarse carente de viabilidad la formulada, un determinado ámbito territorial carece de entidad comarcal constituida, y en tanto persista esta situación, la Diputación General podrá adoptar el acuerdo de creación de una Entidad, con la participación de los municipios interesados, a través de la constitución de un consorcio o de una sociedad.
Del fomento de la comercialización
1. La Diputación General prestará especial asesoramiento y apoyo a la constitución de nuevas comarcas, así como al funcionamiento de las existentes.
2. El proceso de organización y puesta en marcha de cada administración comarcal será apoyado especialmente por la Diputación General mediante la concesión de ayudas para las inversiones necesarias y para los gastos de funcionamiento, en proporción a la cuantía de los mismos y a los servicios efectivamente gestionados que los determinen.
4. Las obras y servicios promovidos por comarcas podrán beneficiarse de subvenciones a fondo perdido, acceso al crédito u otras ayudas previstas en los programas de inversiones en los que se incluyan, sin que ello suponga discriminación al resto de los municipios y mancomunidades.
En el plazo de seis meses, la Diputación General unificará las divisiones comarcales y supramunicipales que vengan aplicándose por los distintos Departamentos a efectos de organización y gestión de los servicios a su cargo, al objeto de procurar la homogeneización del mapa comarcal como base geográfica de servicios periféricos, de modo que éstos se refieran siempre a un área comarcal o a un conjunto de áreas comarcales determinadas.
En el plazo de cinco meses desde la aprobación de la presente Ley, la Diputación General de Aragón someterá a consulta de los municipios aragoneses, mancomunidades intermunicipales y provincias una propuesta de delimitación comarcal y su capitalidad.
La convocatoria de la consulta se hará por Decreto de la Diputación General de Aragón, debiendo adoptar los Ayuntamientos, Concejos abiertos y órganos de gobierno de las mancomunidades acuerdo en que expresen su posición sobre la delimitación propuesta y alternativas contempladas, dentro de los tres meses siguientes a partir de la publicación del Decreto de convocatoria en el «Boletín Oficial de Aragón». Del acuerdo adoptado se remitirá certificación al Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales.
En el caso de aquellas entidades que no adoptasen acuerdo, se entenderá que no presentan objeciones a la delimitación comarcal propuesta.
A la vista del resultado de la consulta municipal, la Diputación General de Aragón propondrá a las Cortes de Aragón un proyecto de ley de delimitación comarcal.
Se faculta a la Diputación General para dictar las disposiciones reglamentarias necesarias para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en la presente Ley.