Source: http://apps.procuraduria.gov.co/gd/docs/sc143_15.html
Timestamp: 2019-10-17 00:11:03
Document Index: 179751874

Matched Legal Cases: ['artículo 241', 'artículo 178', 'artículo 178', 'artículo 1', 'artículo 6', 'Artículo 178', 'Artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 12', 'Artículo 24', 'artículo 279', 'artículo 279', 'artículo 178', 'artículo 10', 'Artículo 1', 'artículo 178', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 178', 'artículo 12', 'artículo 12', 'artículo 178', 'artículo 12', 'artículo 13']

Guía Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación [C-143_2015]
Sentencia C-143/15
En ejercicio de la Acción Pública consagrada en el artículo 241, numeral 4º de la Constitución Política, los ciudadanos demandantes solicitan a la Corte que declare la inexequibilidad del artículo 178, inciso final (parcial) de la Ley 599 de 2000 "Por la cual se expide el Código Penal".
"LEY 599 DE 2000 (Julio 24)
No se entenderá por tortura el dolor o los sufrimientos que se deriven únicamente de sanciones lícitas o que sean consecuencia normal o inherente a ellas." (Se resalta y subraya la parte demandada)
El señor Joao Alejandro Saavedra García considera que el artículo 178, inciso final (parcial) de la Ley 599 de 2000 "Por la cual se expide el Código Penal" infringe la Constitución Política, porque en su criterio se vulneran los mandatos constitucionales en sus artículos 1, 2, 5, 6, 12, 13 y 93 CP. Para sustentar la demanda expone los siguientes argumentos:
Insiste en que el Estado debe proteger a todos los ciudadanos, especialmente a aquellos que por diferentes circunstancias están en estados particulares de indefensión y puede sancionar a quienes atenten contra los bienes jurídicamente tutelados por medio de la ley penal, pero también debe proteger y respetar los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad, por eso es indispensable que quienes ejecutan las sanciones impuestas a estos últimos, respeten sus derechos fundamentales que han sido menguados con la privación de su libertad, para que se vean menos afectados, y sería además un exceso que se viera afectada su integridad personal. Con esto se vería afectada la dignidad humana ya que "los presos podrían ser sometidos a torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes" y las autoridades podrían ampararse señalando que estas actuaciones son producto de la normal ejecución de una sanción lícita.
Por lo expuesto, se evidencia, en criterio del actor, la violación del artículo 1º Superior, por cuanto atenta contra la integridad personal y la dignidad humana "porque desconoce el principio básico y cosifica a la víctima del delito, al ejecutar sobre ella todo tipo de tratamientos atentatorios contra los elementos esenciales del ser humano, con la comisión de este delito se desconoce la dignidad humana como consecuencia de los derechos que emanan directamente de ella". Reitera, que por ningún motivo se puede desconocer la dignidad humana, ni siquiera para perseguir los más nobles intereses del Estado.
3. Indica con relación a la vulneración del artículo 6 Superior que al Estado le asiste una obligación mayor porque al ser el poseedor del ius punendi no puede desbordar sus poderes para cumplir este fin deteriorando los derechos fundamentales de los presos y luego eximirse de su responsabilidad si hay extralimitación en el trato de la persona privada de su libertad, cobijándose con el texto denunciado, e indica que en la Sentencia C-587 de 1992 la Corte señaló con respecto a la responsabilidad del Estado, cuando es éste quien viola los derechos fundamentales, que cuando "...una violación de derechos constitucionales fundamentales proveniente del instrumento creado precisamente para que esas violaciones no ocurran [es decir el Estado], reviste una gravedad suprema que la hace acreedora de una responsabilidad mayor". Por tanto, afirma que no tiene sentido excusar lo inexcusable y eximir de este modo al Estado de su responsabilidad suprema, cuando es éste quien vulnera los derechos fundamentales de los ciudadanos que debe proteger.
Observa que estos instrumentos buscan garantizar los Derechos Humanos señalando unos derechos negativos al prohibir lesionar la dignidad humana y los derechos fundamentales que se desprenden de ella. Estos mandatos que pretenden rechazar los delitos como la tortura y otras actuaciones que vulneren los Derechos Humanos han convertido estas normas internacionales en ius cogens, lo que impone una obligación para los Estados "para prevenir, prohibir y sancionar adecuadamente el delito de tortura".
6. Por otra parte, el actor hace mención del Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, que se adoptó en la Asamblea General de la ONU, mediante la Resolución 43/173 de 1998, especialmente de los principios 1, 6 y 7.1. Con estos instrumentos internacionales mencionados por el actor, concluye que los mismos buscan acabar la tortura y los tratos crueles inhumanos o degradantes. Afirma que Colombia no puede desconocer esto permitiendo que las autoridades públicas cometan estas conductas atroces, por lo que la Corte Constitucional debe hacer valer la dignidad humana y evitar que se desconozcan los derechos inalienables de las personas, y por otro lado debe hacer que se cumplan las normas internacionales y las obligaciones que adquirió el Estado para erradicar este tipo de conductas "que por su gravedad generan afectaciones directas a los seres humanos".
7. Finalmente hace mención de los arts. 2, 5 y 7 de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, señalando que esta normatividad define la tortura en términos casi idénticos a los que se lee en el art. 178 de la Ley 599 de 2000, pero este instrumento impone una restricción mayor para calificar la conducta de una autoridad y así conocer si los dolores físicos son consecuencia normal o inherente solo de las medidas legales, esta normatividad es la más garantista ya que impone una obligación "de que las autoridades no realicen actos o métodos que precisamente se busca prohibir por medio del delito de tortura".
Considera que se debe hacer uso del principio pro homine para acoplar este ordenamiento a las normas internas al ser más benévolo con los derechos humanos imponiéndoles a las autoridades públicas mayores limitaciones y por lo tanto se les brinda más garantías a "las personas que tienen una relación de especial sujeción con el Estado"
8. Por lo expuesto pretende el actor que se declare la inexequibilidad del inciso final del art. 178 de la Ley 599 de 2000; o en subsidio que se declare la exequibilidad condicionada del mismo, en el "entendido que Siempre y cuando no se incurra en las conductas o procedimientos a que hace referencia la primera parte del artículo demandado."
Artículo 178, inciso tercero, de la Ley 599 de 2000 Artículo 2 inciso 2º de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura
"No se entenderá por tortura el dolor o los sufrimientos que se deriven únicamente de sanciones lícitas o que sean consecuencia normal o inherente a ellas." "No estarán comprendidos en el concepto de tortura las penas o sufrimientos físicos o mentales que sean únicamente consecuencia de medidas legales o inherentes a éstas, siempre que no incluyan la realización de los actos o la aplicación de los métodos a que se refiere el presente artículo." (subrayas del interviniente)
Teniendo como base esta comparación, el Ministerio considera que ambas disposiciones tienen el mismo sentido y finalidad, por lo que considera que el contenido que se acusa debe "leerse de forma sistemática, coherente y armónica en relación con los principios de interpretación constitucional obligatorios que se encuentran vertidos en el Bloque de constitucionalidad" particularmente el inciso 2º del art. 2 de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, no se debe interpretar de manera literal y exegética, sino, como se acabó de mencionar debe ser de manera sistemática y armónica del ordenamiento jurídico y del bloque de constitucionalidad, así:
""No se entenderá por tortura el dolor o los sufrimientos que se deriven únicamente de sanciones lícitas o que sean consecuencia normal o inherente a ellas." "siempre que no incluyan la realización de los actos o la aplicación de los métodos a que se refiere" el artículo segundo de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura"
(i) Afirma que se debe hablar de qué es una sanción, la cual es "la aplicación de un castigo, pena o correctivo sobre un individuo, como consecuencia de una conducta y comportamiento inapropiado o ilegal", estas sanciones están fijadas por la ley la cual identifica el hecho ilegal cometido y le da la pena acordada en el ordenamiento jurídico al infractor, siendo de menor a mayor trascendencia según el delito cometido; y la sanción que se le impone atiende a la "gravedad del delito o la afectación que con este se cause al bien jurídico tutelado".
(ii) Argumenta que el actor en su demanda pretende dar un alcance diferente al que pretendía el legislador porque cuando se refiere la norma pues al hablar de "dolor o sufrimiento derivado de sanciones licitas o consecuencia normal e inherente a ellas, nos estamos refiriendo a un tipo dolores, cuyos fines no son el castigo, la intimidación, la confesión, la coacción, la discriminación u otros similares, por cuanto se trata de sanciones infligidas bajo el amparo de la Ley, en las que se proscribe el exceso, pues la sanción solo se impone como ultima ratio, luego de agotar los medios y mecanismos de disuasión, que en la mayoría de los casos llevan a rescindir de la facultad de coerción".
Sintetiza asegurando que no todo dolor o sufrimiento es considerado delito, cuando se habla de sanciones licitas impuestas por servidores públicos, se debe tener en cuenta el carácter licito de la sanción, la extralimitación que se haga de este tipo de actos hace que pase de licito a ilícito, por tanto "el sufrimiento y/o dolor que en principio resulta inherente a un procedimiento, pueda mutar a la ilegalidad, e incluso en el peor de los casos, configurar el tipo penal de tortura"
(iv) Considera que la Ley 65 de 1993 tiene unos principios rectores y normas que buscan que no se incurra, por parte de los agentes del Estado, en arbitrariedades limitándoseles su actuar o función resocializadora, e indica que "prevalecerá el respeto al principio de legalidad e igualdad, y el respeto a la dignidad humana, a las garantías constitucionales y a los derechos humanos universalmente reconocidos" , también se prohíbe toda forma de violencia síquica, física o moral, o la imposición de restricciones que vayan más allá de criterio de necesidad y proporcionalidad el cual es estricto y es exigido para el cumplimiento de la finalidad impuesta.
(v) Finaliza argumentando que lo consagrado en el art. 178 de la Ley 599 de 2000 se ajusta a las normas de derecho interno y al bloque de constitucionalidad, e indica que el INPEC tiene como objeto principal "ejercer la vigilancia, custodia, atención y tratamiento a las personas privadas de la libertad; la vigilancia y seguimiento del mecanismo de seguridad electrónica y de la ejecución del trabajo social no remunerado, labores estas que per se, involucran la implementación de procedimientos, como por ejemplo la imposición de restricción (Esposas de pies o de manos), el uso moderado de la fuerza para reducir a un individuo, el aislamiento por razones de seguridad y salvaguarda de la integridad, que con la inexequibilidad de la norma demandada, alcanzarían dimensiones inimaginables bajo la concepción global del dolor y sufrimiento que pretende configurar el demandante y que a la postre redundaría en la imposibilidad de imponer la disciplina en los centros penitenciarios, y así mismo garantizar la seguridad, vida e integridad de los recursos, así como también cumplir con la función resocializadora, por cuanto el simple contacto físico ejercido sobre un recurso en rebeldía, configuraría el tipo penal de tortura bajo esa concepción global de dolor y sufrimiento."
Interviene en la presente demanda de inconstitucionalidad por intermedio de los Dres. Gustavo Gallón Giraldo y Mateo Gómez Vásquez, para solicitar a la Corte declarar la constitucionalidad del art. 178 inciso final, del código penal colombiano, "bajo el entendido de que se consideraran sanciones licitas solamente aquellas que se encuentren conforme a los estándares internacionales de derechos humanos", con base en las siguientes consideraciones:
(i) Indican el bloque de constitucionalidad que prevé lo relacionado con la tortura y la importancia que le ha dado el derecho internacional de DDHH a la prevención y sanción de la tortura, y evidencia que en cada instrumento internacional se encuentra un elemento subjetivo para definir a la tortura, por lo cual en la sentencia C-148 de 1995 la Corte Constitucional "determino que la tipificación del delito de tortura en el ordenamiento constitucional colombiano no podía contener una calificación específica, tal como lo es la gravedad, pues se estaría contraviniendo la Convención Interamericana"
(ii) Aducen que la excepción que se encuentra en el inciso final demandado del art. 178 de la Ley 599 de 2000, se ajusta al ordenamiento jurídico internacional, pues no es extraña a ninguno de los instrumentos de DDHH, y su contenido debe ser bien precisado, e indica que la "excepción de sanciones legítimas" no puede ser interpretado como una forma de legalización y reconocimiento de conductas constitutivas de tortura; es decir que esta excepción "debe comprender, en primer lugar, que existen una serie de sanciones –como la privación de la libertad- que se encuentran aceptadas internacionalmente y en tal sentido no pueden ser , prima facie, perseguidas como tortura; pero consecuentemente, en segundo lugar, que la licitud o legitimidad de las sanciones depende única y exclusivamente de su apego estricto a los estándares internacionales de DDHH para prevenir que su imposición y ejecución se configuren como actos de tortura dirigidos por el poder normativo de los Estados."
(iii) Consideran que solo queda determinar los estándares internacionales de DHH que debe atender el Estado colombiano para que las sanciones sean legítimas y que su aplicación no se derive en la comisión del delito de tortura, para esto se remite a la Corte Constitucional la cual ha identificado este núcleo de garantías en las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del delito y tratamiento del Delincuente en 1955, y la Corte se refirió a ellas en la sentencia T-851 de 2004, como el "(...) contenido mínimo de las obligaciones estatales frente a las personas privadas de la libertar que es el imperativo cumplimiento, independientemente de la gravedad de la conducta por la cual se ha privado a la persona de la libertad y del nivel de desarrollo socio económico del estado", estas reglas establecen los principios básicos que guían al Estado en el tema penitenciario para que se garantice que la dignidad de los reos no se vea conculcada.
(v) Incluyen en su intervención el concepto dado por la Red SOS Tortura OMCT, emitido por su secretario general Gerald Staberock, el cual está de acuerdo con lo plateado por la CCJ, incluyendo la petición de declarar la constitucionalidad del art. 178 inciso final, del código penal colombiano, "bajo el entendido de que se consideraran sanciones licitas solamente aquellas que se encuentren conforme a los estándares internacionales de derechos humanos".
Concluye en este punto que "la exclusión de ciertos dolores y sufrimientos so pretexto que se derivan de una sanción legitima o licita, es una forma de flexibilizar la prohibición de la tortura, lo que implica un retroceso para las sociedades democráticas y un grave riesgo para la humanidad. Ninguna sanción impuesta legalmente por un Estado democrático y de derecho debe producir dolor, no sufrimiento o ponga en riesgo la dignidad humana, o la integridad física o mental de las personas". Por lo tanto considera que la norma internacional que ofrece mayor garantía es la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura.
(iii) Encuentra que el inciso demandado "excluye la responsabilidad penal de dolores y sufrimientos que se derivan de sanciones licitas, texto que como se ha analizado constituye un riesgo a la prohibición absoluta de la tortura, en cuanto trae implícita la relativización de dicha prohibición". Es decir que la norma puede legitimizar condiciones de reclusión insuficientes y medidas como el aislamiento prolongado de un reo que puede afectar la dignidad de las y los reclusos. Recuerda que el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas CAT en 2009 dio a conocer al Estado colombiano su preocupación por la situación de las cárceles en todo sentido incluido las quejas de tortura que han llegado y que pusieron de manera pronta e imparcial a la justicia penal.
(i) Inicia recordando la definición de dignidad humana que se encuentra en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, Sentencia T-881 de 2002: "(i) la dignidad humana entendida como autonomía o como posibilidad de diseñar un plan vital y de determinarse según sus características (vivir como quiera), (ii) la dignidad humana entendida como ciertas condiciones materiales concretas de existencia (vivir bien) y (iii) la dignidad humana entendida como intangibilidad de los bienes no patrimoniales, integridad física e integridad moral (vivir sin humillaciones)"; esto implica el deber del Estado de brindar la protección de la misma y la responsabilidad de cada persona de cumplir con los deberes que le señala la Ley.
En el mismo sentido el art. 2 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura indica: "Para los efectos de la presente Convención se entenderá por tortura todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin. Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica.
No estarán comprendidos en el concepto de tortura las penas o sufrimientos físicos o mentales que sean únicamente consecuencia de medidas legales o inherentes a éstas, siempre que no incluyan la realización de los actos o la aplicación de los métodos a que se refiere el presente artículo". (Subrayas de la Universidad).
(iii) Advierte, con base en lo anterior, que la norma demandada "no considera que se configure el tipo penal de tortura cuando el dolor o sufrimiento se derive únicamente de sanciones licitas, consecuencia legal del propio delito, lo cual ratifica que bajo ningún entendido los tratos crueles, inhumanos y degradantes, pueden considerarse como consecuencias legales de una conducta punible", igualmente no se protege ningún abuso de la fuerza por parte de las autoridades del Estado, por cuanto eso es motivo de reproche legal y quien lo haga debe quedar sujeto a las "responsabilidades a que haya lugar".
(iv) Afirma, que de este tema en la sentencia C-582 de 2002 se hace referencia que cuando el Estado es quien viola los derechos fundamentales "Por tanto una violación de los Derechos Constitucionales proveniente del instrumento creado precisamente para que esas violaciones no ocurran [es decir el Estado], reviste una gravedad suprema que a hace acreedora de una responsabilidad mayor".
(v) Sostiene, que cuando se evidencie del uso arbitrario de la fuerza o extralimitación realizada por alguna autoridad del Estado, ésta queda sujeta a las responsabilidades a que haya lugar, lo cual implica que lo que se indica en el artículo demandado no es una herramienta que facilite el "ejercicio arbitrario y brutal de la fuerza del Estado por sus agentes".
El problema jurídico que considera hay que resolver es si la norma acusada habilita a los agentes estatales para que inflijan tortura a los condenados en el entendido que "el sometimiento a vejámenes por parte de las autoridades penitenciales es un sufrimiento".
(i) Afirma que lo argumentado por el actor carece de certeza porque expone solo sus propias especulaciones que no corresponden al auténtico contenido normativo de la disposición acusada y considera que la demanda sub examine no formula un cargo verdadero de inconstitucionalidad por lo que la Corte no puede efectuar su estudio. De esta manera, encuentra que es un yerro del demandante equiparar "la sanción penal impuesta al sancionado con las demás actuaciones posteriores llevadas a cabo por las autoridades estatales".
(ii) Señala que la misma norma trae condicionamientos y limitantes tales como la licitud de la sanción que se impone como excepción, lo cual implica que "(i) que la sanción impuesta esté prevista en la Ley, es decir, que se respete el principio de legalidad; y (ii) que la sanción haya sido impuesta respetando el principio-derecho al debido proceso". De esta manera, observa que la expresión "pena lícita", implica que se imponga respetando los postulados del debido proceso. Igualmente, considera que la expresión "únicamente" le imprime un carácter de interpretación restrictiva a la norma.
El artículo 1 de la Constitución Política dispone: "Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general". (Negrillas fuera del texto).
Por su parte, la jurisprudencia de este Tribunal ha encontrado tres lineamientos claros y diferenciables con relación al objeto de protección del enunciado normativo "dignidad humana": (i) entendida como autonomía o como la posibilidad de diseñar un plan vital y determinarse según sus características, es decir, vivir como se quiera; (ii) como ciertas condiciones materiales concretas de existencia, o sea vivir bien; y (iii) entendida como intangibilidad de los bienes no patrimoniales, integridad física y moral, en otras palabras vivir sin humillaciones.[8]
De otro lado, para esta Corporación la dignidad humana tiene una triple naturaleza de valor, principio y derecho: (i) como derecho fundamental que implica la correlatividad entre la facultad de exigir su realización en los ámbitos a los que atañe y el deber de propiciarlos; (ii) como principio puede entenderse como una de los fundamentos que dieron origen a la aparición del Estado colombiano de hoy, así como un mandato de optimización, cuya realización se debe propender en la mayor medida posible; (iii) como valor, la dignidad representa un ideal de corrección al que tiende el Estado y que le corresponde preservar".[9]
La dignidad humana es un principio fundante del Estado colombiano, tiene un valor absoluto en nuestro ordenamiento jurídico, a diferencia de otros sistemas constitucionales, de manera que no puede ser limitado como otros derechos relativos bajo ningún argumento, en ninguna circunstancia, con base en la aplicación de doctrina jurídica o filosófica alguna, como la denominada "doctrina del mal menor", o a partir de ninguna aplicación exceptiva, como si lo pueden ser en forma contraria otros principios o derechos fundamentales que para su aplicación concreta pueden ser limitados a partir de un ejercicio de razonabilidad o de proporcionalidad, esto es, de ponderación con otros principios, cuando entren en colisión con ellos, puesto que no ostentan un carácter absoluto como la dignidad humana, sino relativo, y pueden ser objeto de restricciones. Por tanto, el respeto de la dignidad humana es una norma jurídica de carácter vinculante para todas las autoridades sin excepción, además, es la razón de ser, el principio y el fin último del Estado constitucional y democrático de Derecho y de su organización, tal y como lo ha indicado la jurisprudencia de este Alto Tribunal. [11]
En punto al tema de la dignidad humana, tan central para el entendimiento de nuestro paradigma constitucional, esta Corte ha afirmado que "El hombre es un fin en sí mismo. Su dignidad depende de la posibilidad de autodeterminarse (CP art. 16). Las autoridades están precisamente instituidas para proteger a toda persona en su vida, entendida en un sentido amplio como "vida plena". La integridad física, psíquica y espiritual, la salud, el mínimo de condiciones materiales necesarias para la existencia digna, son elementos constitutivos de una vida íntegra y presupuesto necesario para la autorrealización individual y social. Una administración burocratizada, insensible a las necesidades de los ciudadanos, o de sus mismos empleados, no se compadece con los fines esenciales del Estado, sino que al contrario, cosifica al individuo y traiciona los valores fundantes del Estado Social de Derecho (CP art. 1°)".[12] (Negrillas fuera de texto)
La dignidad humana, no es una facultad de la persona para adquirirla o para que el Estado se la conceda, ésta es un atributo esencial, inherente al individuo, por lo tanto el derecho fundamental se refiere a que se le dé el trato a la persona para que se le respete completamente la dignidad de ser humano, es un derecho en el que implica al Estado tanto obligaciones de no hacer como de hacer. [13] Por otro lado, la jurisprudencia constitucional ha indicado claramente que en materia del ius puniendi este principio se da en la prohibición para las autoridades públicas y carcelarias de realizar actuaciones que constituyan tortura o de aplicar penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Art. 26 (inciso 2).- Toda persona acusada de delito tiene derecho a ser oída en forma imparcial y pública, a ser juzgada por tribunales anteriormente establecidos de acuerdo con leyes pre-existentes y a que no se le imponga penas crueles, infamantes o inusitadas." (Énfasis de la Corte)
(i)La definición contenida en el art. 1 de la Declaración sobre la Protección de Todas las personas contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, que dispone: "1. A los efectos de la presente Declaración, se entenderá por tortura todo acto por el cual un funcionario público, u otra persona a instigación suya, inflija intencionalmente a una persona penas o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o de intimidar a esa persona o a otras. No se considerarán tortura las penas o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de la privación legítima de la libertad, o sean inherentes o incidentales a ésta, en la medida en que estén en consonancia con las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos." (Negrillas de la Corte)
(i) El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en la Observación General No. 20 de 1992 establece que "la finalidad de las disposiciones del artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos es proteger la dignidad y la integridad física y mental de la persona"[19], y que "la prohibición enunciada en el artículo 7 se refiere no solamente a los actos que causan a la víctima dolor físico, sino tambien a los que causan sufrimiento moral"[20]. (Resalta la Corte)
(ii) La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el caso No. 10832 de 1997, recogiendo definiciones adoptadas por los organismos europeos de Derechos Humanos estableció que "(a) el trato inhumano es aquel que causa un sufrimiento físico, mental o psicológico severo, por lo cual resulta injustificable, y (b) el trato degradante es aquel que humilla gravemente al individuo frente a los demás, o le compele a actuar en contra de su voluntad"[21] (Énfasis de la Sala). Así mismo se estableció que para adquirir el carácter de inhumano o degradante el trato debe tener un nivel mínimo de severidad, esto se debe evaluar en cada caso particular. Es decir que para distinguir la tortura con los tratos crueles depende del grado de severidad y gravedad de los actos.
(iii) La Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Decisión del 17 de diciembre de 1997 se precisaron otros elementos para delimitar estas conductas aclarando que "la violación del derecho a la integidad física y psicológica de las personas es una categoría que abarca tratos con distintos niveles de severidad, que van desde la tortura, hasta diversos tipos de humillaciones y tratamientos crueles, inhumanos o degradantes, con distintos niveles de perturbación física y psicológica para los afectados. Así, se determinó que incluso en ausencia de lesiones físicas, el sufrimiento psicológico y moral del afectado, aunado a una perturbación psíquica generada por las autoridades, puede constituir trato inhumano, mientras que el trato degradante se caracteriza por los sentimientos de miedo, ansiedad e inferioridad inducidos a la víctima con el propósito de humillarla. De esta forma, se caracterizaron como crueles, inhumanos y degradantes los golpes, el maltrato, y la intimidación con amenazas de más violencia de los cuales fue objeto la peticionaria".[22] (Énfasis de la Sala)
4.3 Por su parte, la Constitución Política en el artículo 12 Superior consagra que "Nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes". Este mandato superior contiene la prohibición absoluta de la tortura, de los tratos o penas crueles inhumanos o degradantes, garantía que es elevada a derecho fundamental.
El texto aprobado finalmente por la Plenaria fue preparado en la Comisión Codificadora en relación al derecho a la vida y la pena de muerte, y por lo tanto el art. 12 Superior finalmente quedó así: "Nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes"[24]
La jurisprudencia de esta Corporación ha sostenido que este mandato Superior "...es incluso más amplio que los instrumentos internacionales suscritos por Colombia sobre el tema, pues..., la Carta colombiana prohíbe la tortura incluso en los casos en que el torturador sea un particular". [25]
"Artículo 24. El artículo 279 del Código Penal quedará así:
Art. 279 El que someta otra persona a tortura física o síquica, incurrirá en prisión de cinco (5) a diez (10) años, siempre que el hecho no constituya delito sancionado con pena mayor".
"Art. 6o. El artículo 279 del Código Penal quedará así:
No se entenderá por tortura el dolor o los sufrimientos que se deriven únicamente de sanciones lícitas o que sean consecuencia normal o fortuita de ellas."
"ARTICULO 178. TORTURA. El que inflija a una persona dolores o sufrimientos graves, físicos o psíquicos, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o confesión, de castigarla por un acto por ella cometido o que se sospeche que ha cometido o de intimidarla o coaccionarla por cualquier razón que comporte algún tipo de discriminación incurrirá en prisión de ocho a quince años, multa de ochocientos (800) a dos mil (2.000) salarios mínimos legales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término de la pena privativa de la libertad.
No se entenderá por tortura el dolor o los sufrimientos que se deriven únicamente de sanciones lícitas o que sean consecuencia normal o inherente a ellas." Este inciso final del artículo 178 es el que se demanda en esta oportunidad.
En relación con las torturas, penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes para los reclusos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, art. 10, se consagra el respeto a la dignidad humana de los reclusos: "toda persona privada de la libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano". Este principio interpretado en la Observación General No. 21 del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, es sintetizado por esta Corporación así: "(i) todas las personas privadas de la libertad deberán ser tratadas en forma humana y digna, independientemente del tipo de detención al cual estén sujetas, del tipo de institución en la cual estén recluidas; (ii) los Estados adquieren obligaciones positivas en virtud del artículo 10-1 del Pacto, en el sentido de propugnar por que no se someta a las personas privadas de la libertad a mayores penurias o limitaciones de sus derechos que las legítimamente derivadas de la medida de detención correspondiente; y (iii) por tratarse de una "norma fundamental de aplicación universal", la obligación de tratar a los detenidos con humanidad y dignidad no puede estar sujeta, en su cumplimiento, a la disponibilidad de recursos materiales, ni a distinciones de ningún tipo".[28] (Énfasis de la Sala)
Por lo anterior, las Naciones Unidas ha consagrado "las Reglas Mínimas para el tratamiento de reclusos[29], el Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión[30], el Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley[31], y los Principios de ética médica aplicables a la función del personal de salud, especialmente los médicos, en la protección de personas presas y detenidas, contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes[32], que la Observación General 21 de la Comisión de Derechos Humanos".[33] Por estas normas internacionales y las libertades que reconoce la Carta Política a todos los asociados, la Corte se ha referido a los derechos de los presos.
"(i) el derecho de los reclusos a ser ubicados en locales higiénicos y dignos, (ii) el derecho de los reclusos a contar con instalaciones sanitarias adecuadas a sus necesidades y al decoro mínimo propio de su dignidad humana, (iii) el derecho de los reclusos a recibir ropa digna para su vestido personal, (iv) el derecho de los reclusos a tener una cama individual con su ropa de cama correspondiente en condiciones higiénicas[34], y (v) el derecho de los reclusos a contar con alimentación y agua potable suficientes y adecuadas."[35] (Resalta la Sala)
En el mismo sentido, esta Corte ha indicado: "la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha añadido a la anterior enumeración de los mínimos a satisfacer por los Estados, aquellos contenidos en las reglas Nos. 11, 15, 21, 24, 25, 31, 40 y 41 de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas, que se refieren en su orden a, (vi) la adecuada iluminación y ventilación del sitio de reclusión, (vii) la provisión de los implementos necesarios para el debido aseo personal de los presos, (viii) el derecho de los reclusos a practicar, cuando ello sea posible, un ejercicio diariamente al aire libre, (ix) el derecho de los reclusos a ser examinados por médicos a su ingreso al establecimiento y cuando así se requiera, (x) el derecho de los reclusos a recibir atención médica constante y diligente, (xi) la prohibición de las penas corporales y demás penas crueles, inhumanas o degradantes, (xii) el derecho de los reclusos a acceder a material de lectura, y (xiii) los derechos religiosos de los reclusos." [36] (Énfasis de la Corte)
Las normas del bloque de constitucionalidad con relación al tratamiento penitenciario se encaminan hacia las obligaciones del Estado para que se protejan los derechos fundamentales de los internos y a que la limitación de algunos derechos restringidos por su condición especial responda a criterios de razonabilidad y proporcionalidad los cuales deben ser compatibles con los fines constitucionales de la pena.[37] Las obligaciones del Estado como consecuencia de su legítimo poder punitivo deben estar basadas en el respeto del principio de dignidad humana, el cual es el pilar fundamental que debe guiar la relación entre los internos y las autoridades penitenciarias. Esta es una norma imperativa de derecho internacional, por lo tanto es obligatoria y de inmediato cumplimiento para todos los Estados.
Es necesario, a juicio de esta Sala, la jurisprudencia sentada por esta Corte sobre el estado de cosas inconstitucional que existe en el sistema carcelario del país[39], y que las personas privadas de su libertad se encuentran en una situación de vulnerabilidad por lo que se le impone al Estado deberes especiales para con ellos y ellas.[40] Este deber nace de la Constitución, la ley y la jurisprudencia constitucional, al igual que de los sistemas de protección de derechos humanos internacionalmente decretados. La limitación de algunos ciudadanos por sus condiciones especiales de su libertad, en el contexto del Estado Social de Derecho, le genera al Estado el deber de garantizarle a los reos condiciones de vida digna, creándose una relación de sujeción entre los individuos y el gobierno.
Las consecuencias de esta sujeción son las siguientes: "(i) la posibilidad de limitar el ejercicio de algunos derechos fundamentales de los reclusos (intimidad, reunión, trabajo, educación). (ii) La imposibilidad de limitar el ejercicio de algunos derechos fundamentales (vida, dignidad humana, libertad de cultos, debido proceso, habeas data, entre otros). (iii) El deber positivo[42] en cabeza del Estado de asegurar el goce efectivo tanto de los derechos no fundamentales como de los fundamentales, en la parte que no sea objeto de limitación cuando la misma procede, y en su integridad frente a los demás, debido a la especial situación de indefensión o de debilidad manifiesta en la que se encuentran los reclusos. (iv) El deber positivo[43] en cabeza del Estado de asegurar todas las condiciones necesarias[44] que permitan a su vez condiciones adecuadas para la efectiva resocialización[45] de los reclusos."[46] (Negrillas fuera de texto)
En el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre Colombia "Informe Colombia", 1981, se encuentra la siguiente lista de posibles conductas que pueden llegar a constituir tortura por parte de los agentes del Estado:
" "plantones al sol en el día y al sereno en la noche"; "ahogamientos y sumergimientos en agua"; "aplicación del 'submarino '";"venda en los ojos hasta por doce, diez y siete y veinte días"; "vendado y amarrado por cuarenta y siete días en cimitarra"; "sometimiento a golpes en diversas partes del cuerpo con palos y patadas"; "impedimento para dormir hasta por ocho días y falta de reposo"; "amenazas de muerte al detenido, a la familia y a amigos"; "colgaduras atado de las manos"; "prohibición de agua y alimento hasta por cuatro, siete y ocho días seguidos"; "simulacro de dispararles en la cabeza"; "esposados de las manos"; "tortura de otras personas cerca de la celda para que se escucharan los gritos"; "incomunicación"; "palpitación de energía y choques eléctricos en diferentes partes del cuerpo"; "ejercicios hasta el agotamiento"; "permanencia desnudos y de pie"; "provocación de asfixia"; "lavadas"; "caminar de rodillas"; "torturas sicológicas"; "sumergimiento amarrados en un lago"; quemaduras con cigarrillos"; " sacar al detenido a los allanamientos y utilizarlos como ´chaleco antibalas´ esposado y vendado"; "simulacros de fusilamientos mientras estaba colgado de un árbol"; "introducción de armas en la boca"; "rotura de nervios como consecuencia de colgamientos"; "desnudo y sumergido en un rio"; negativa de asistencia médica para embarazo"; "fractura de costillas"; amarrado, vendado, a veces permanentemente, golpeado con un leño, patadas"; "herida con arma de fuego por la espalda en el sitio de reclusión"; "amenaza de traer a sus familiares para torturarlos en su presencia"; "contemplación de las torturas a otra persona"; ..." [47]
A este respecto, la Corte indicó: "Si bien es cierto que la condición de prisionero determina una drástica limitación de los derechos fundamentales, dicha limitación debe ser la mínima necesaria para lograr el fin propuesto. Toda limitación adicional debe ser entendida como un exceso y, por lo tanto, como una violación de tales derechos. La órbita de los derechos del preso cuya limitación resulta innecesaria, es tan digna de respeto y su protección constitucional es tan fuerte y efectiva como la de cualquier persona no sometida a las condiciones carcelarias. Los derechos no limitados del sindicado o del condenado, son derechos en el sentido pleno del término, esto es, son derechos dotados de poder para demandar del Estado su protección. Del derecho pleno del interno a la vida, la integridad física y a la salud se derivan importantes consecuencias jurídicas para la administración penitenciaria que pueden ser descritas como deberes. Entre ellos se encuentra el deber de trato humano y digno, el deber de proporcionar alimentación suficiente, agua potable, vestuario, utensilios de higiene y lugar de habitación en condiciones de higiene y salud adecuadas, el deber de asistencia médica y el derecho al descanso nocturno, entre otros" [49].(Subrayas de la Sala)
Por lo tanto, el Estado puede exigir al detenido que se someta a las condiciones y reglas de conducta que se direccionen a mantener el orden y la seguridad de los establecimientos carcelarios, teniendo como base que estas medidas se ajusten a los principios de proporcionalidad y razonabilidad[50]; por su parte, reitera este Tribunal, que el Estado les debe garantizar a las personas privadas de la libertad el pleno ejercicio de los derechos que no les han sido suspendidos y parcialmente el disfrute de los que les han restringido.
En otras palabras, para el Estado hay una obligación de garantizarle al recluso unas condiciones dignas en su lugar de reclusión y que estas condiciones sean reales y no solo sean letra "muerta". Por lo tanto, debe haber un trato digno y respetuoso[52], y se debe tener como imperante el principio de dignidad humana.
En este sentido, la Ley 65 de 1993"Por el cual se expide el Código Penitenciario y Carcelario" establece en su art. 5: "RESPETO A LA DIGNIDAD HUMANA. En los establecimientos de reclusión prevalecerá el respeto a la dignidad humana, a las garantías constitucionales y a los derechos humanos universalmente reconocidos. Se prohíbe toda forma de violencia síquica, física o moral". Por lo tanto, la dignidad humana debe ser protegida por los agentes públicos pues los reos merecen un trato especial por el simple hecho de ser personas. En consecuencia, las autoridades carcelarias y penitenciarias deben abstenerse de lesionar la dignidad de los internos, pues esa es la conclusión que se desprende de la lectura del artículo señalado.[55]
"Artículo 1°. Objeto. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC tiene como objeto ejercer la vigilancia, custodia, atención y tratamiento de las personas privadas de la libertad; la vigilancia y seguimiento del mecanismo de seguridad electrónica y de la ejecución del trabajo social no remunerado, impuestas como consecuencia de una decisión judicial, de conformidad con las políticas establecidas por el Gobierno Nacional y el ordenamiento jurídico, en el marco de la promoción, respeto y protección de los derechos humanos.
6. Custodiar y vigilar a las personas privadas de la libertad al interior de los establecimientos de reclusión para garantizar su integridad, seguridad y el cumplimiento de las medidas impuestas por autoridad judicial." (Resalta la Sala)
Es decir, el Gobierno Nacional -Ministerio de Justicia y del Derecho, Ministerio de Hacienda, Departamento de Planeación Nacional e Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC- son los responsables de brindar las condiciones de vida digna de un recluso en las instalaciones carcelarias pues la dignidad humana como derecho de estos individuos es intocable y no está sujeta a limitaciones de ningún orden o circunstancia.[56] La protección de los derechos de los internos implica una tutela especial por parte del Estado pues son sujetos en circunstancias de debilidad manifiesta.
Adicionalmente, es de mencionar que existen otros ambientes en que entre los particulares se pueden presentar la tortura, tales como la escuela, el trabajo, en las relaciones contractuales, entre otros. Especialmente en el ámbito familiar se puede considerar tortura la violencia intrafamiliar, la cual puede ser tortura física, la cual se manifiesta en "maltratamientos de obra entre sus miembros, la privación consciente de alimentos, los abusos sexuales, las constricciones indebidas, los incumplimientos graves e injustificados de los deberes de auxilio mutuo, la vida licenciosa, la embriaguez habitual, el uso de sustancias alucinógenas o estupefacientes o las diversas formas de abandono, siempre que inflijan un sufrimiento excesivo"[58]. De otra parte, la tortura a nivel psicológico se evidencia en los ultrajes, el trato cruel y la manipulación de los regímenes de visitas a los hijos menores de edad para los cónyuges separados, entre otros. Es importante mencionar en este aparte que el art. 44 Superior se indica que la tortura puede darse entre particulares al indicar la protección que se brinda a los niños contra el abandono en todas sus formas, la violencia física o moral, el secuestro, el abuso sexual y el trabajo riesgoso.
También se ha encontrado por parte de la Corte que en el sector de la salud es uno de los ámbitos donde más se pueden encontrar estos tratos inhumanos o degradantes los cuales son prohibidos en el art. 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos -PIDCP (1966), que como se reseñó consagra que "nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En particular, nadie será sometido sin su libre consentimiento a experimentos médicos o científicos". Por su parte el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en la Observación General número 14 señala que "El derecho a la salud no debe entenderse como un derecho a estar sano. El derecho a la salud entraña libertades y derechos. Entre las libertades figura el derecho a controlar su salud y su cuerpo, con inclusión de la libertad sexual y genésica, y el derecho a no padecer injerencias, como el derecho a no ser sometido a torturas ni a tratamientos y experimentos médicos no consensuales. En cambio, entre los derechos figura el relativo a un sistema de protección de la salud que brinde a las personas oportunidades iguales para disfrutar del más alto nivel posible de salud".
De este texto, la expresión "graves" que calificaba los dolores o sufrimientos infligidos, fue declarado inexequible por esta Corporación mediante Sentencia C-148 de 2005, mediante la cual este Tribunal determinó que la tipificación del delito de tortura en el ordenamiento constitucional colombiano no podía contener una calificación específica, tal como lo es la gravedad, pues se estaría contraviniendo la Convención Interamericana.
Es de resaltar, que el inciso final del artículo 178 del Código Penal ahora demandado, constituye una reproducción del contenido material de carácter prácticamente literal de las definiciones mencionadas. Este inciso prevé que "No se entenderá por tortura el dolor o los sufrimientos que se deriven únicamente de sanciones lícitas o que sean consecuencia normal o inherente a ellas." (Negrillas fuera de texto)
En el mismo sentido, el inciso final del artículo 1 de la Declaración sobre la Protección de Todas las personas contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, 1995 establece que "No se considerarán tortura las penas o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de la privación legítima de la libertad, o sean inherentes o incidentales a ésta, en la medida en que estén en consonancia con las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos." (Resalta la Sala)
Igualmente, el inciso final del artículo 1º de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes establece que: "No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas". (Énfasis de la Corte)
También el inciso final del artículo 2º de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura establece que: "No estarán comprendidos en el concepto de tortura las penas o sufrimientos físicos o mentales que sean únicamente consecuencia de medidas legales o inherentes a éstas, siempre que no incluyan la realización de los actos o la aplicación de los métodos a que se refiere el presente artículo" (Negrillas fuera de texto)
5.3 En tercer lugar, la Sala colige que el inciso final del artículo 178 del Código Penal debe ser interpretado de manera sistemática con el artículo 12 de la Constitución Política de Colombia, que en su artículo 12 consagra: "Nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes", así como con los artículos constitucionales 1, 2, 5, 6, 13 y 93 que el actor considera vulnerados.
Así mismo, los dolores y sufrimientos que sean consecuencia o inherentes a penas legales y legítimas deben entenderse como excluyendo los dolores y sufrimientos que se consideran tortura, penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, tales como aquellas señaladas en el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre Colombia "Informe Colombia", reseñados en la parte considerativa de esta providencia.
En consecuencia, reitera la Sala que de conformidad con los estándares internacionales, la Constitución, la ley y la jurisprudencia no son de recibo las teorías que autorizan la tortura con un carácter excepcional, en situaciones en las que es ponderada la dignidad humana como derecho relativo frente a otros derechos fundamentales, o en determinadas circunstancias de seguridad o de orden público. Estas teorías se derivan en términos generales de la denominada "doctrina del mal menor", a partir de la cual se termina flexibilizando la prohibición de la tortura y el reconocimiento absoluto de la dignidad humana, bajo los argumentos de que los métodos de tortura sirven o son necesarios como estrategias de investigación para salvar a inocentes o evitar males mayores para la sociedad y los individuos; y relativizan la dignidad humana de quienes se encuentran bajo "sospecha" o son condenados por la comisión de delitos penales.
(i)	Cuando un individuo pierde la libertad por incurrir en una conducta tipificada como delito, no pierde por ello su condición humana y, en consecuencia, su dignidad, por lo que no puede ser víctima de actos de tortura, de penas o tratos crueles inhumanos o degradantes.
(ii)	El artículo 178 del Código Penal se debe interpretar en consonancia con los instrumentos internacionales que prohiben de manera universal la práctica de la tortura y la imposición de penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes[61] y el artículo 12 de la Constitución, que consagra: "Nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes ".
(iv)	El inciso demandado no exonera a los funcionarios públicos de su responsabilidad administrativa, disciplinaria y penal que se pueda derivar de conductas que se tipifiquen como tortura o trato cruel, inhumano o degradante.
(v)	Cuando el inciso demandado se refiere al dolor o al sufrimiento derivado de sanciones lícitas o consecuencia normal e inherente a ellas, no se está refiriendo a los castigos ilegales, la intimidación, la confesión, la coacción, la discriminación u otros similares.
[18] Ver Sentencia C-587de 1992.
[19] Comité de Derechos Humanos, Observación General No. 20: "La prohibición de la tortura y los tratos o penas crueles", 1992.
[21] Sentencia T-741 de 2004.
[34] Reglas mínimas para el tratamiento de los Reclusos, No. 19: "Cada recluso dispondrá, en conformidad con los usos locales o nacionales, de una cama individual y de ropa de cama individual suficiente, mantenida convenientemente y mudada con regularidad a fin de asegurar su limpieza."
[39] Ver Sentencia T-153 de 1998, reiterado en sentencias T-256 de 2000, T-257 de 2000, T-847 de 2000, T-1291 de 2000, T-1077 de 2001, T-157 de 2002, T-1030 de 2003, T-1096 de 2004, entre otras.
[40] Constitución Política, artículo 13, inciso tercero: "El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en condiciones de debilidad manifiesta y sancionará los abusos y maltratos que contra ellas se cometan."
[52] Sentencia T-269 de 2002: "(...) el derecho a la dignidad humana de los internos, el cual tiene connotación de fundamental y por tanto inherente a la persona humana debe ser respetado no sometiéndoseles a condiciones de hacinamiento y no realizándoseles requisas que por sus características vulneren la dignidad humana del privado de la libertad y se constituyan a su vez en tratos crueles inhumanos y degradantes, proscritos por la Carta Política (art. 12 Constitución Política)."
[59] Ver Sentencia C-587de 1992.
[60] Ver Sentencia T-153 de 1998, reiterado en sentencias T-256 de 2000, T-257 de 2000, T-847 de 2000, T-1291 de 2000, T-1077 de 2001, T-157 de 2002, T-1030 de 2003, T-1096 de 2004, entre otras.