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Timestamp: 2019-05-27 13:18:37
Document Index: 11092084

Matched Legal Cases: ['artículo 13', 'artículo 6', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 7', 'artículo 35', 'artículo 144', 'artículo 58', 'artículo 144', 'artículo 7']

Resolución Vinculante de DGT, V1856-14, 11-07-2014 | Iberley
Resolución Vinculante de Dirección General de Tributos, V1856-14 de 11 de Julio de 2014
Ley 20/1990, de 19 de diciembre, arts. 1, 6, 7 y 13
1º) Si la consultante puede considerarse como una cooperativa fiscalmente protegida o especialmente protegida.
2º) Si sería de aplicación alguna de las causas de pérdida de la condición de cooperativa fiscalmente protegida contempladas en el artículo 13 de la Ley 20/1990 y, en concreto, la prevista en el párrafo segundo del apartado 10 del citado artículo.
3º) Si sería compatible el régimen especial de entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas y la aplicación de los incentivos fiscales previstos en la Ley 20/1990.
La consultante es una cooperativa madrileña, formada por 96 socios, que ostenta la propiedad de un edificio de 96 viviendas y sus correspondientes anejos, sin que ninguna de las viviendas supere los 135 metros cuadrados de superficie.
La actividad de la entidad consiste en la explotación en régimen de alquiler de la totalidad del inmueble. Las 96 viviendas se encuentran arrendadas u ofrecidas en arrendamiento. Para el desarrollo de esta actividad la cooperativa dispone de un local destinado a la explotación del referido negocio y un empleado contratado a jornada completa para el desarrollo de dicha actividad. De estas 96 viviendas más de la mitad se encuentran arrendadas a terceros no socios (cooperativistas).
La consultante está acogida al régimen especial de entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas previsto en el capítulo III del título VII del TRLIS.
De acuerdo con lo dispuesto en la disposición final segunda del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (en adelante TRLIS), aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo (BOE de 11 de marzo):
"1. Las cooperativas tributarán de acuerdo con lo establecido en la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de Cooperativas."
El artículo 6.1 de la Ley 20/1990, de 19 de diciembre (BOE de 20 de diciembre) sobre régimen fiscal de las cooperativas, establece:
"1. Serán consideradas como cooperativas protegidas, a los efectos de esta Ley, aquellas Entidades que, sea cual fuere la fecha de su constitución, se ajusten a los principios y disposiciones de la Ley General de Cooperativas o de las Leyes de Cooperativas de las Comunidades Autónomas que tengan competencia en esta materia y no incurran en ninguna de las causas previstas en el artículo 13."
Del precepto anterior se establecen dos requisitos para poder tener la consideración de cooperativa fiscalmente protegida, consistentes en, por una parte, ajustarse a lo dispuesto en la normativa reguladora aplicable a la cooperativa en cuestión, y, por otra, no incurrir en ninguno de los supuestos que determinan la pérdida de la condición de cooperativa fiscalmente protegida.
En el presente supuesto la norma sustantiva aplicable sería la Ley 4/1999, de 30 de marzo, de Cooperativas de la Comunidad de Madrid. Por tanto, la consultante para poder tener la consideración de cooperativa fiscalmente protegida debe ajustarse a lo dispuesto en dicha norma. No obstante, se trataría de circunstancias de hecho que deberían ser probadas por cualquier medio de prueba admitido en Derecho ante los órganos competentes en materia de comprobación de la Administración Tributaria.
En relación con las causas que determinan la pérdida de la condición de cooperativa fiscalmente protegida, el artículo 13 de la Ley 20/1990 prevé:
R>El Ministerio de Economía y Hacienda podrá autorizar participaciones superiores, sin pérdida de la condición de cooperativa fiscalmente protegida, en aquellos casos en que se justifique que tal participación coadyuva al mejor cumplimiento de los fines sociales cooperativos y no supone una vulneración de los principios fundamentales de actuación de estas Entidades.
16. La falta de auditoría externa en los casos señalados en las normas legales."
Por tanto, en la medida en que la cooperativa consultante no incurriera en ninguna de las circunstancias anteriores y se ajustara a lo dispuesto en la Ley 4/1999, de 30 de marzo, de Cooperativas de la Comunidad de Madrid, podría tener la consideración de cooperativa fiscalmente protegida.
En la consulta se pone de manifiesto que la consultante tiene como actividad la explotación de viviendas en régimen de arrendamiento, teniendo más de la mitad de las viviendas de su propiedad arrendadas a terceros. Por tanto, en la medida que los ingresos derivados del arrendamiento de viviendas a terceros sea superior al 50% del total de los ingresos de la cooperativa, esta no podrá tener la consideración de fiscalmente protegida, de acuerdo con el segundo párrafo del artículo 13.10 de la Ley 20/1990.
En el supuesto de que los ingresos derivados del arrendamiento de viviendas a terceros fuera inferior al 50% de los ingresos totales de la cooperativa consultante y se cumplieran el resto de requisitos previstos en la Ley 20/1999, dicha cooperativa podría tener la consideración de fiscalmente protegida. En este caso, cabría plantearse la posibilidad de que la misma pudiera beneficiarse de los incentivos previstos para las cooperativas especialmente protegidas. Al respecto el artículo 7 de la misma ley dispone: "Se considerarán especialmente protegidas y podrán disfrutar, con los requisitos señalados en esta Ley, de los beneficios tributarios establecidos en los artículos 33 y 34, las cooperativas protegidas de primer grado de las clases siguientes:
En cuanto a las cooperativas de segundo y ulterior grado se estará a lo dispuesto en el artículo 35."
Por otra parte, el artículo 144 de la Ley 4/1999 establece:
1. Son aquellas que, tienen por objeto procurar exclusivamente a sus socios viviendas o locales, edificaciones e instalaciones complementarias; mejorar, conservar y administrar dichos inmuebles y los elementos comunes; crear y prestar los servicios correspondientes, pudiendo también realizar la rehabilitación de viviendas, locales y otras edificaciones e instalaciones destinadas a ellos.
3. La propiedad o el uso y disfrute de las viviendas y locales podrán ser adjudicados o cedidos a los socios mediante cualquier título admitido en derecho, ya sea para uso habitual o permanente, ya sea para descanso o vacaciones, ya sean destinadas a residencias para personas de la tercera edad o disminuidas. Cuando la Cooperativa retenga la propiedad de las viviendas o locales, los Estatutos establecerán las normas a que han de ajustarse tanto su uso y disfrute por los socios como los demás derechos y obligaciones de éstos y de la Cooperativa, pudiendo prever y regular la posibilidad de cesión o permuta del derecho de uso y disfrute de la vivienda o local con socios de otras Cooperativas de Viviendas que tengan establecida la misma modalidad.
R>Asimismo, para enajenar viviendas en caso necesario, podrán estas Entidades acogerse al régimen autorizatorio de operaciones con terceros previsto en el artículo 58 de la presente Ley, acompañando a la solicitud una memoria justificativa de los precios propuestos para estas operaciones.
De los hechos manifestados en el escrito de la consulta se desprende que la consultante tiene la consideración de cooperativa de viviendas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley 4/1999.
Por tanto, en la medida en que las cooperativas de viviendas no tienen la consideración de especialmente protegidas, con arreglo a lo previsto en el artículo 7 de la Ley 4/1999, la cooperativa consultante no podrá disfrutar de los beneficios establecidos para este tipo de cooperativas.
Por último, dado que la consultante no tiene la consideración de cooperativa fiscalmente protegida, no procede contestar el resto de cuestiones planteadas.
Sentencia CIVIL Nº 198/2018, AP - Zamora, Sec. 1, Rec 239/2017, 06-07-2018
Orden: Civil Fecha: 06/07/2018 Tribunal: Ap - Zamora Ponente: Perez Serna, Jesus Num. Sentencia: 198/2018 Num. Recurso: 239/2017
Orden: Civil Fecha: 20/02/2012 Tribunal: Ap - Pontevedra Ponente: Carrera Ibarzabal, Jaime Num. Sentencia: 123/2012 Num. Recurso: 3363/2010
Resolución Vinculante de DGT, V2375-05, 23-11-2005
Órgano: Sg De Impuestos Sobre La Renta De Las Personas Físicas Fecha: 23/11/2005 Núm. Resolución: V2375-05
Órgano: Sg De Impuestos Sobre Las Personas Jurídicas Fecha: 19/02/2015 Núm. Resolución: V0617-15