Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-sl9282-2014-de-julio-16-de-2014?documento=jurcol&contexto=jurcol_09cfc613f7bf00bee0530a01015100be&vista=STD-PC
Timestamp: 2020-04-04 07:50:55
Document Index: 194919945

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 10', 'artículo 12', 'artículo 48', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 10', 'artículo 10', 'artículo 15', 'artículo 13', 'artículo 2', 'artículo 10', 'artículo 13']

﻿ Sentencia SL9282-2014 de julio 16 de 2014
SENTENCIA SL9282-2014 DE 16 DE JULIO DE 2014
CONTENIDO:COMPATIBILIDAD ENTRE PENSIÓN DE VEJEZ Y LA DE INVALIDEZ DE ORIGEN PROFESIONAL. LA PENSIÓN DE VEJEZ Y LA DE INVALIDEZ DE ORIGEN PROFESIONAL SON PLENAMENTE COMPATIBLES, EN LA MEDIDA EN QUE, ADEMÁS DE QUE AMPARAN RIESGOS DIFERENTES, LA PRIMERA CUBRE UNA CONTINGENCIA COMÚN Y LA SEGUNDA PROTEGE LOS RIESGOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD LABORAL, TIENEN FUENTES DE FINANCIACIÓN AUTÓNOMAS E INDEPENDIENTES, IMPLICAN UNA COTIZACIÓN SEPARADA A LA SEGURIDAD SOCIAL Y POSEEN UNA REGLAMENTACIÓN EXCLUSIVA Y EXCLUYENTE.
TEMAS ESPECÍFICOS:PENSIÓN DE INVALIDEZ, ISS, RECURSO DE CASACIÓN, REQUISITOS DEL RECURSO DE CASACIÓN, PENSIÓN DE VEJEZ, REQUISITOS PARA LA PENSIÓN DE VEJEZ, REQUISITOS PARA LA PENSIÓN DE INVALIDEZ
Sentencia SL9282-2014 de julio 16 de 2014
Rad. 55858
Interpuesto por la parte demandada, concedido por el tribunal y admitido por la Corte se procede a resolver.
Pretende el recurrente que se case la sentencia recurrida y que, en sede de instancia, se revoque la decisión emitida en la primera instancia y se nieguen las pretensiones de la demanda.
Con tal propósito formula un cargo, por la causal primera de casación laboral, que no fue replicado y que pasa a ser analizado por la Corte.
Acusa la sentencia recurrida de ser violatoria, “(...) por interpretación errónea, del (sic) artículos 13 literal j) de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 2º de la Ley 797 de 2003, y del artículo 10 de la Ley 776 de 2002, en concordancia con el artículo 12 del Acuerdo 49 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año”.
En desarrollo del cargo, aclara que la decisión del tribunal está fundamentada en decisiones proferidas por esta Sala de la Corte y que, por ello, la infracción que se denuncia es la interpretación errónea de las normas incluidas dentro de la proposición jurídica.
Luego de ello, arguye que en desarrollo del mandato previsto en el artículo 48 de la Constitución Política, se creó el sistema integral de seguridad social a través de la Ley 100 de 1993, con el fin, entre otros, de conformar un sistema único pensional, regido por los principios de universalidad, integralidad y unidad, de forma tal que “(...) por expreso mandato del artículo 2º de la Ley 100 de 1993 —que define dichos principios—, en la actualidad nadie tiene derecho a disfrutar doblemente de las pensiones, y así expresamente lo consagra el del artículos (sic) 13 literal j) de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 2º de la Ley 797 de 2003”.
Expresa también:
“Si el parágrafo 2º del artículo 10 de la Ley 776 de 2002 preceptúa que ‘No hay lugar al cobro simultáneo de las prestaciones por incapacidad temporal y pensión de invalidez. Como tampoco lo habrá para las pensiones otorgadas por los regímenes común y profesional originadas en el mismo evento’, no hay razón para restringir el alcance de ese mandato cuando el evento se refiera a pensiones otorgadas por el régimen común y por el régimen profesional, so pretexto que el sujeto pasivo de esas obligaciones es diferente y que con ellas se ampara un riesgo diferente. Esta interpretación es errónea, no solo porque el sistema de seguridad social es integral y (...) está conformado por los regímenes generales establecidos para pensiones, salud y riesgos profesionales y los servicios complementarios que se definen en la presente ley’, sino también porque si en los artículos 15 y 17 de la Ley 100 de 1993, en su orden, no está prevista la afiliación para los pensionados por invalidez y que cesa la obligación de cotizar cuando el afiliado se pensione por invalidez, e igualmente el parágrafo 1º del artículo 10 de la Ley 776 de 2002, solo impone la obligación para el pensionado por invalidez de seguir cotizando para el sistema general de pensiones en salud, ellas son circunstancias claramente indicativas que el querer del legislador es que el sistema de seguridad social integral, del que hacen parte, se reitera, los dos regímenes general para pensiones y el de riesgos profesionales, ‘(...) ningún afiliado pueda recibir simultáneamente pensiones de invalidez y de vejez’.
Es por lo hasta discurrido (sic) que, respetuosamente, solicito a la Sala reexamine y recoga (sic) el criterio fijado en las sentencias acogidas y aplicadas por el tribunal para resolver en ese proceso el punto materia de controversia, el que inclusive, hay advertirlo (sic) y resaltarlo, no coincide con el que dio lugar a la sentencia con radicación 33558, en la que se precisó que la pensión de jubilación pretendida no hace parte del sistema de seguridad social integral, ni tampoco con el del fallo radicado con el número 33265, el que trataba de un pensionado por vejez que se revinculó a la fuerza laboral y fue afiliado al sistema de riesgos profesionales; y no coincide con nuestro caso porque, según se precisa en la sentencia impugnada, al resumirse los hechos en que se sustentan las pretensiones, al demandante José Anibal Colimba Yasan, se le concedió por el ISS la pensión de invalidez de origen profesional a partir del 12 de noviembre de 1990, y pese a ello ‘(...) continuó cotizando al seguro social, para el riesgo de vejez (...)’.
Por lo anterior, debe volverse al criterio fijado por esa Sala de Casación Laboral en la sentencia del 22 de abril de 2008, Rad. 32286, y que es recordada y traída a colación por el magistrado que aclaró el voto con respecto al fallo de casación del 23 de febrero de 2010, radicación 33265 (...)”.
En torno a la temática que aborda el cargo, tal y como lo indicó el tribunal y lo reconoce la censura, esta Sala de la Corte tiene dicho que la pensión de vejez y la de invalidez de origen profesional son plenamente compatibles, en la medida en que, además de que amparan riesgos diferentes —la primera cubre una contingencia común y la segunda protege los riesgos propios de la actividad laboral—, tienen fuentes de financiación autónomas e independientes, implican una cotización separada a la seguridad social y poseen una reglamentación exclusiva y excluyente.
En la Sentencia CSJ SL, 22 feb. 2011, rad. 34820, reiterada en la CSJ SL, 13 feb. 2013, rad. 40560, frente a una situación similar a la que aquí se analiza, la Corte adoctrinó:
“Dado que el ad quem consideró incompatibles la pensión de invalidez de origen profesional con la de vejez, postura que, ciertamente, esta Sala prohijaba en calendas recientes, como lo acreditó el colegiado con las sentencias que transcribió, pero que fue precisada al ahora admitirse la compatibilidad entre ellas, al extenderse a dicho caso la argumentación propia de la compatibilidad entre pensiones de invalidez por riesgo común y profesional, tal como se adoctrinó en las sentencias 33558 de 1º de diciembre de 2009 y 33265 de 23 de febrero de 2010, ello implicará la prosperidad de la acusación y el consecuente quiebre de la sentencia gravada.
Es de recordar que, al contestarse la demanda, el ISS admitió que el actor reunía los requisitos de edad y número de semanas cotizadas (1287) para concederle la pensión de vejez, por lo que, entonces, se está en presencia de dos pensiones, y no de una (la de invalidez) que se transforma en otra o que pasa a tener carácter de definitiva o vitalicia (art. 10, Ac. 49/90 —en materia de invalidez de origen común, ó 23 del 155 de 1963, en materia de riesgos profesionales).
Para sentar el anterior criterio, el juzgador de segundo grado, aludió a la jurisprudencia, y transcribió la providencia de esta Sala del 18 de mayo de 2006, Rad. 25598, la cual estimó era la aplicable al caso examinado, y efectúo la correspondiente exégesis del artículo 15 de la Ley 776 de 2002 inciso 2º literal b), referente a la devolución de saldos e indemnización sustitutiva.
De otra parte, en lo relativo al literal j) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 2º de la Ley 797 de 2003, valga recordar, la reciente sentencia de esta Sala del 1º de diciembre de 2009, Rad. 33558, donde se dijo que este prohíbe la concurrencia de las pensiones de invalidez y vejez en un mismo afiliado; sin embargo, al encontrarse ubicada dicha normativa en el libro primero de dicho ordenamiento, debe entenderse que no comprende lo concerniente a riesgos profesionales, que tiene su propia regulación en el libro tercero de tal estatuto. En ese orden, aún con el vigor jurídico que cobró la Ley 100 de 1993, a partir del 1º de abril de 1994, las pensiones de invalidez por causa de accidente de trabajo o enfermedad profesional, son compatibles con la de vejez o con la de invalidez de origen común, entre otras cosas, por la potísima razón de que los recursos con que se pagan, tienen fuentes de financiación independientes, toda vez que se cotiza separadamente para cada riesgo.
De otro lado, si bien es cierto, el parágrafo segundo del artículo 10 de la Ley 776 de 2002, establece la incompatibilidad entre dos pensiones otorgadas por los regímenes común y profesional, solo habrá lugar a ello cuando tengan origen ‘en el mismo evento’, lo cual no ocurre en el caso que nos ocupa, toda vez que se trata de una pensión adquirida por el causante con base a un tiempo de servicio y una edad determinada en la ley y una pensión de sobreviviente originada en un accidente de trabajo ocurrido con posterioridad al estado de pensionado por vejez del fallecido.
Así las cosas, considera la Sala, que las pensiones de invalidez por causa de accidente de trabajo o enfermedad profesional o, en su defecto, la de sobrevivientes de origen profesional, son compatibles con la de vejez o con la de invalidez de origen común o con estas sustituidas en sus causahabientes-, por cuanto las primeras provienen de un infortunio laboral del asegurado a causa de su actividad profesional, y las segundas se derivan de un riesgo común, la cual como lo ha sostenido esta Sala, no es consecuencia obligada de la clase de trabajo o del medio en que labora el trabajador; además, estas cubren contingencias distintas, tienen reglamentación diferente; los recursos con que se pagan, tienen fuentes de financiación autónomas; y, se cotiza separadamente para cada riesgo.
Además, nuevamente huelga remembrar, la sentencia de esta Sala del 1º de diciembre de 2009, Rad. 33558, la cual brinda algunos elementos de juicio aplicables al caso examinado, donde se dijo que:
‘(...) Si bien, la Corte se ha pronunciado en el sentido de señalar la incompatibilidad entre la pensión de invalidez y la de vejez, en esta oportunidad, precisará que bajo circunstancias especiales, como las que se dejaron delineadas, es perfectamente posible la compatibilidad con que el tribunal favoreció las aspiraciones del actor, esto es, entre una de invalidez con una de jubilación a los 55 años de edad.
Lo mismo cabe referir respecto de lo preceptuado en el literal j) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, que prohíbe la concurrencia de las pensiones de invalidez y de vejez en un mismo afiliado; empero, al encontrarse ubicado el precepto en el libro primero de dicho ordenamiento, debe interpretarse que no abarca lo relacionado con riesgos profesionales, que tienen su propia regulación en el libro tercero de tal estatuto (...).
Contribuye en gran manera a la desestimación del cargo, memorar que para la época en que Camilo Eduardo Riaño se desvinculó del Banco Central Hipotecario, había completado más de 20 años al servicio de la entidad, y solo esperaba el cumplimiento de la edad para consolidar su derecho, cuando le sobrevino la invalidez, tanto que, ni siquiera su deceso hubiera privado a los legitimados de acceder al goce de la pensión de jubilación, mucho menos puede tomarse esa solución por el solo advenimiento de la pensión de invalidez.
No es la unidad de designio de las dos prestaciones el criterio que debe prevalecer a la hora de definir una controversia como la que concita la atención la Sala, pues desde esa perspectiva no sería viable la percepción simultánea de las pensiones de sobrevivencia y de vejez por una misma persona, pues el simple prurito del ‘beneficio de asistencia económica’, destinado a ‘cubrir esa imposibilidad de generar los recursos económicos necesarios para la subsistencia’, no ha sido óbice para que la jurisprudencia haya definido que la esposa o la compañera permanente de un pensionado fallecido, si satisface las exigencias legales, acceda a la pensión por vejez, así la misma entidad de seguridad social le esté pagando la otra prestación. Incluso, se tiene decantado que una misma persona puede ser beneficiaria simultáneamente de una pensión de invalidez de origen profesional, y otra generada en riesgo común, como en sentencia de 12 de septiembre de 2001, Rad. 16033, al dejarse sustentado lo siguiente:
Así se afirma y concluye porque las prestaciones económicas que no se debate percibía el demandante antes de la suspensión objeto de discusión y que fueron reconocidas por resoluciones número 10.213 del 27 de noviembre de 1984 y 8625 del 3 de enero de 1986, guardan compatibilidad entre sí, debido a que cada una cubre un riesgo diferente y están sujetas a una reglamentación distinta, que atiende a su naturaleza disímil dentro del derecho de la seguridad social, aspecto que no le fue ajeno al legislador desde la Ley 90 de 1946 y en la posterior legislación sobre la materia, lo cual no permite confusión en torno a los efectos jurídicos emanados de las variadas contingencias que protege el seguro, como en efecto lo son el riesgo de invalidez, vejez y muerte, y las eventualidades del accidente de trabajo y la enfermedad profesional, a cada una de las cuales, de manera autónoma, les ha determinado su propio perfil y sus respectivas consecuencias.
‘Por otra parte, ya en lo que tiene que ver con las pensiones de invalidez que disfrutó en vida el señor Laurencio Cubillos considera la Sala oportuno aclarar aquí, con el fin de zanjar cualquier posible discusión en torno a la validez de tal percepción simultánea de las mismas, que su compatibilidad nació precisamente del hecho de que cada una cubre un riesgo distinto y de que cada una de ellas parte de presupuestos reglamentarios diferentes.
Conviene recordar que desde la instauración del régimen de la seguridad social en Colombia mediante la Ley 90 de 1946, no es posible confundir los efectos jurídicos provenientes de los diferentes riesgos que ampara el seguro, entre ellos, accidentes de trabajo o enfermedades profesionales con los derivados de enfermedades de origen no profesional, los cuales fueron delimitados separadamente en cuanto a sus consecuencias
Consta en el informativo que el señor Laurencio Cubillos cotizó para el instituto demandado durante más de 12 años para el seguro de invalidez, vejez y muerte, así como para accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, bajo la afiliación Nº 02003300648 y que en tal virtud disfrutó, hasta su fallecimiento, de sendas pensiones de invalidez que en su oportunidad le concediera y pagara el Instituto de Seguros Sociales, de acuerdo con las disposiciones reguladoras de las contingencias correspondientes: la primera, por incapacidad permanente total originada en la enfermedad profesional debidamente diagnosticada en su momento, y la segunda por invalidez permanente total derivada de una enfermedad no profesional e igualmente determinada conforme a los procedimientos pertinentes, tal como se desprende de los informes correspondientes (fls.57 y 75).
Si bien la Corte ha señalado en reiterada jurisprudencia que en principio no es posible disfrutar simultáneamente dos pensiones por un mismo beneficiario, ello ha sido exclusivamente en aquellos casos en que así lo disponen expresamente las normas aplicables o estas cubren un mismo riesgo o atienden al mismo seguro, como el de invalidez de origen común —que en determinadas circunstancias deviene en pensión de vejez— y la pensión de jubilación, o la plena de jubilación patronal y la de vejez que reconoce el ISS. Nótese que estas pensiones tienen la misma naturaleza y amparan, se repite el mismo riesgo, a diferencia de aquellas que ahora ocupan la atención de la Sala y cuya coexistencia no está prohibida.
Así, desde la Ley 90 de 1946, por la cual se estableció el seguro social obligatorio y se creó el Instituto Colombiano de Seguros Sociales, y hasta el Acuerdo 49 de 1990, se trataron estos seguros en secciones distintas y cada uno ha venido siendo reglamentado en forma separada por diferentes decretos y acuerdos, así: a) Atep: decretos 3169 de 1964, 3170 de 1964, 3224 de 1981, 2496 de 1982; y acuerdos 258 de 1967, 539 de 1974 y 27 de 1982; y b) EG y M: decretos 770 de 1975, 462 de 1983, 2053 de 1988, 1172 de 1989, 1664 de 1984, y acuerdos 575 de 1975 y 158 de 1980. De manera que con algunas excepciones en que se ha producido una reglamentación conjunta, siempre se han distinguidos esos dos seguros aún por las normas orgánicas de los seguros sociales contenidas en la Ley 90 de 1946 y en los decretos extraordinarios 433 de 1971 y 1650 de 1977.
Y en el caso específico, la consideración de no ser excluyentes las dos pensiones que disfrutó en vida el pensionado hasta su deceso, obedeció fundamentalmente a que la primera de origen profesional se concedió por ‘incapacidad permanente total’, concepto que en los términos del precepto entonces aplicable (art. 16, Ac. 155/63, aprobado por D. 3170/64), implica que el asegurado padece de una serie de alteraciones orgánicas o funcionales incurables o de duración no previsible que le impiden desempeñar su trabajo habitual u otro similar compatible con sus aptitudes y formación profesional, pero no lo inhabilita para desempeñar ‘toda clase de trabajo remunerado’, como sí ocurriría si se estuviera en presencia de la ‘incapacidad absoluta’ regulada por el inciso segundo ibídem. Esta es la razón esencial para que el Instituto conocedor de que previamente se había otorgado una pensión de origen profesional, no viera óbice alguno para que el trabajador laborara en un oficio diferente al primigenio y para que no pusiera reparo a la otra pensión de origen no profesional basada en una enfermedad distinta y consintiera expresamente la compatibilidad entre ambas hasta el fallecimiento de su beneficiario’.
En consecuencia, cuando el ad quem concluyó que la pensión de invalidez por riesgo profesional que inicialmente otorgó el ISS al actor, era incompatible con la pensión de invalidez por riesgo común que posteriormente le reconoció, a pesar de haber colegido inicialmente que de los artículos 8º del Decreto-Ley 433 de 1971 y 18 del decreto 3041 de 1966 no se deduce la incompatibilidad alegada por el ISS (fl. 317), incuestionablemente incurrió en la infracción normativa que le increpa la censura, pues no aplicó los preceptos referidos en la proposición jurídica del ataque, que permite la compatibilidad alegada en la demanda ordinaria, como lo tiene dicho la jurisprudencia de la Corte.
En el caso bajo examen, con mucha mayor razón, las pensiones de jubilación y de invalidez son compatibles, pues el sujeto pasivo de esas obligaciones es diferente, siendo que además, la segunda no está destinada a mutar la pensión de vejez, puesto que ampara un riesgo diferente. En consecuencia, la sentencia cuestionada no incurre en la trasgresión jurídica que le enrostra la censura, sin que sobre anotar que el interés que le asiste al ente bancario accionado para solicitar la compartibilidad se ve seriamente comprometido, dado que quien eventualmente estaría interesado en la integración de las dos pensiones es la entidad de seguridad social que reconoció y actualmente paga la prestación por invalidez, dado que al momento en que asuma el pago de la pensión de vejez, será quien deba sufragar las dos prestaciones (...)’.
Consideraciones todas ellas aplicables al sub lite, dado que la esencia de las mismas se mantiene en cuanto a que, para la época en que se reconoció la pensión de invalidez parcial al actor (Res. 4253/83), por el ISS, el campo de riesgos profesionales y enfermedad profesional (Atep) era regulado por el Acuerdo 155 de 1963, aprobado por el Decreto 3170 de 1964, independiente de la normatividad regulatoria del ámbito de la invalidez, vejez y muerte de origen común (IVM), Acuerdo 224 de 1966, aprobado por el Decreto 3041 de 1966 y, luego en 1991, cuando se le concedió la pensión de vejez, esta era gobernada por el Acuerdo 49 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, regulatorio de los riesgos de invalidez, vejez y muerte de origen no profesional”.
Vale decir, finalmente, que la Corte no encuentra razones suficientes para modificar la anterior orientación, como se suplica en el cargo. En ese sentido, el tribunal no incurrió en alguna infracción jurídica al sostener que la preexistencia de una pensión de invalidez de origen profesional no era óbice para el reconocimiento de la pensión de vejez que se pidió en la demanda, pues dichas prestaciones son compatibles.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 31 de octubre de 2011, por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, dentro del proceso ordinario laboral seguido por el señor José Aníbal Colimba Yazan (sic) contra el Instituto de Seguros Sociales.