Source: http://www.padreobjetor.com/?page_id=6
Timestamp: 2017-08-20 02:19:57
Document Index: 90437543

Matched Legal Cases: ['artículo 26', 'artículo 27', 'artículo 14', 'artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 16']

Diario de un padre objetor | Objetar a EpC
Para todos aquellos interesados en la objeción de conciencia a la EpC se ha creado un portal que ofrece información, debates, recursos y contacto con las plataformas locales. Su dirección es:
Guía para la Objeción de Conciencia
La introducción, como asignatura obligatoria y evaluable, de la “Educación para la Ciudadanía” es posiblemente la novedad más trascendental de la polémica Ley Orgánica de Educación (LOE).
El contexto de falta de diálogo y de voluntad de entendimiento demostrado a lo largo de la tramitación de la LOE, ha sido además especialmente patente en lo que afecta a la nueva asignatura. Considerada desde el principio como “no negociable”, ha sido impuesta y desarrollada por el Ministerio de Educación y Ciencia sin contar realmente con las partes interesadas y, en especial, los padres de familia afectados.
En este sentido son muchos los padres que, sobre todo a medida que se han ido conociendo los contenidos de la asignatura, han mostrado su alarma. Hay demasiadas evidencias de que esta materia puede convertirse en un instrumento de manipulación ideológica y adoctrinamiento por parte de un Estado que quiere convertirse en formador moral de los niños y jóvenes, según la particular visión de la persona y de la vida del Gobierno de turno.
Los padres son los primeros responsables de la educación de sus hijos. Les asiste el derecho fundamental a que los poderes públicos garanticen que esa educación se realiza de acuerdo con sus convicciones morales. Son los padres los que tienen el derecho y el deber de elegir libremente lo que les pueda parecer mejor para la educación de sus hijos, sin intromisiones totalitarias de un Estado que, en una democracia real, sólo debe ser subsidiario.
Hasta el momento, además, el Gobierno no ha sido sensible a la petición ciudadana para que se regule una “cláusula de conciencia” que exima de asistir a las clases de esta asignatura a los alumnos cuyos padres consideren lesionadas sus convicciones por los contenidos de la misma.
Ante un panorama de esta gravedad se aboca a los padres a una sola opción: la negativa a cumplir una norma que, en tanto viola la libertad de educación y la libertad ideológica, representa una patología, una desviación en el ejercicio de la autoridad pública.
PROFESIONALES POR LA ÉTICA, como iniciativa de servicio de la sociedad civil, ha elaborado, a través de un equipo interdisciplinar, esta Guía para la Objeción de Conciencia ante la “Educación para la Ciudadanía”.
Su propósito no es otro que brindar a la comunidad educativa, y de manera muy especial a los padres de los alumnos, una herramienta sencilla y rigurosa para el ejercicio práctico de esa opción por el derecho y el deber de fidelidad a la conciencia.
1. ¿Qué es la “Educación para la Ciudadanía”?
Estas asignaturas son obligatorias, evaluables y computables para toda clase de centros educativos, sean públicos, concertados o privados.
Su finalidad es, según la Exposición de Motivos de la LOE, “ofrecer a todos los estudiantes un espacio de reflexión, análisis y estudio acerca de las características fundamentales y el funcionamiento de un régimen democrático, de los derechos y principios establecidos en la Constitución Española y en los tratados y las declaraciones universales de los derechos humanos, así como de los valores comunes que constituyen el sustrato de la ciudadanía democrática en un contexto global”.
Los contenidos de la asignatura afectan directamente a la formación moral de los alumnos
Entre los contenidos de la asignatura, que son aprobados por el Gobierno a través de los correspondientes Decretos de enseñanzas mínimas y desarrollados por cada Comunidad Autónoma en su ámbito propio, se incluyen expresamente cuestiones que afectan directamente a la formación de la conciencia moral de los alumnos.
La “Educación para la Ciudadanía” se presenta bajo tres denominaciones diferentes:
En uno de los dos cursos del tercer ciclo de Primaria (art. 18.3 de la LOE). Así pues, se impartirá a alumnos de entre 10 y 12 años.
En uno de los tres primeros cursos de la ESO (art. 24.3 de la LOE). Por lo tanto, se enseñará a alumnos que tendrán entre 12 y 15 años.
c) Filosofía y ciudadanía, que se impartirá en un curso de Bachillerato (art. 34.6 de la LOE). Es decir, a alumnos de entre 16 y 18 años.
3. ¿Cuándo empezará a impartirse?
Dentro de los márgenes que establece el calendario de aplicación de la LOE, la asignatura empezó ya a impartirse en el curso 2007-2008 en 3º de la ESO en Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Cataluña, Extremadura y Navarra. En el curso 2008-2009 se impartirá en 2º de la ESO en el resto de comunidades y en 4º de la ESO en todas.
En Primaria se iniciará en el curso 2009-2010 y en Bachillerato debe aun definirse si comenzará en el curso 2008-2009 (si se asigna a 1º) o en el 2009-2010 (si se imparte en 2º).
4. ¿Por qué negarnos a que nuestros hijos cursen la asignatura “Educación para la Ciudadanía”?
Porque la elección de la formación moral de los hijos es una responsabilidad y un derecho de los padres y no del Estado.
Así lo reconoce la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de 1948, que en su artículo 26.3 proclama que “los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos”.
Asimismo, el artículo 27.3 de la Constitución Española obliga a los poderes públicos a garantizar “el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”
La elección de la formación moral de los hijos es una responsabilidad y un derecho de los padres y no del Estado. Tenemos el derecho y la responsabilidad de impedir ese intento de adoctrinamiento
También la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, proclamada en Niza en el 2000, establece en su artículo 14.3. que “se respetan, de acuerdo con las leyes nacionales que regulen su ejercicio, la libertad de creación de centros docentes dentro del respeto a los principios democráticos, así como el derecho de los padres a garantizar la educación y la enseñanza de sus hijos conforme a sus convicciones religiosas, filosóficas y pedagógicas”.
En consecuencia, cuando los padres llegamos a la conclusión, después de examinar los contenidos de la nueva asignatura, de que el Estado pretende imponer a nuestros hijos una orientación moral determinada que lesiona nuestras convicciones, tenemos el derecho y la responsabilidad de impedir ese intento de adoctrinamiento.
5. ¿Puede adaptarse la asignatura al ideario de los centros privados o concertados o a las convicciones de los padres en los centros estatales?
Desde el punto de vista jurídico, no existe ninguna disposición legal ni resolución administrativa que así lo prevea ni autorice, ya sea en centros públicos, concertados o privados. En consecuencia, todos los alumnos deben someterse a los contenidos mínimos obligatorios de la asignatura, correspondiendo a la inspección educativa el control de la impartición de la materia con sujeción a los mismos. Por lo tanto en el caso de los colegios privados o concertados con ideario propio, la existencia de éste no les faculta para cambiar los contenidos obligatorios de la materia. La aceptación de hecho por la Administración educativa de una adaptación del currículo generaría una situación precaria de mera tolerancia, incierta en cuanto a la posibilidad de su mantenimiento en el futuro.
6. ¿Qué es la objeción de conciencia?
Es la negativa o resistencia a cumplir un mandato o norma jurídica cuando entra en conflicto con las propias convicciones.
7. ¿Es legal la objeción de conciencia en España?
El derecho a la objeción de conciencia forma parte del derecho constitucional a la libertad ideológica y religiosa (artículo 16 de la Constitución Española, de 1978) y no requiere de un desarrollo legal para ser directamente aplicable, aunque el Tribunal Constitucional no ha mantenido una postura constante al respecto.
El derecho a la objeción de conciencia forma parte del derecho constitucional a la libertad ideológica y religiosa y no requiere de un desarrollo legal para ser directamente aplicable
La Sentencia 15/1982, de 23 de abril (FJ 6º), de dicho Tribunal Constitucional proclama:
“Tanto la doctrina como el derecho comparado afirman la conexión entre la objeción de conciencia y la libertad de conciencia.
Para la doctrina, la objeción de conciencia constituye una especificación de la libertad de conciencia, la cual supone no sólo el derecho a formar libremente la propia conciencia, sino también a obrar de modo conforme a los imperativos de la misma. (…)
Y, puesto que la libertad de conciencia es una concreción de la libertad ideológica, que nuestra Constitución reconoce en el art. 16, “puede afirmarse que la objeción de conciencia es un derecho reconocido explícita e implícitamente en el ordenamiento constitucional español (…)”.
Y en su Sentencia 53/1985 de 11 de abril (FJ 14º), el mismo Tribunal Constitucional reafirma el reconocimiento del derecho a la objeción de conciencia:
“No obstante, cabe señalar, por lo que se refiere al derecho a la objeción de conciencia, que existe y puede ser ejercido con >independencia de que se haya dictado o no tal regulación. La objeción de conciencia forma parte del contenido del derecho fundamental a la libertad ideológica y religiosa reconocido en el art. 16.1 de la Constitución y, como ha indicado este Tribunal en diversas ocasiones, la Constitución es directamente aplicable, especialmente en materia de derechos fundamentales”.
8. ¿Tiene algún límite la objeción de conciencia en nuestro Derecho?
Sí, según la mencionada jurisprudencia del Tribunal Constitucional, la objeción de conciencia dejaría de ser jurídicamente admisible si, ponderado cada caso en concreto, incidiera en los derechos fundamentales de terceros o vulnerara el orden público.
En el caso que nos ocupa, relativo a la “Educación para la Ciudadanía”, no parece que esas circunstancias puedan producirse por lo que el derecho a la objeción de conciencia es plenamente aplicable y goza del respaldo directo del artículo 16 de la Constitución.
9. ¿Existe alguna disposición legal que expresamente configure el derecho a la objeción de conciencia frente a la “Educación para la Ciudadanía”?
No, esa norma por el momento no existe ya que el Gobierno, durante el proceso de discusión y aprobación de la LOE, se negó a establecer esta previsión en la propia Ley.
La promulgación de una disposición legal o el dictado de las correspondientes resoluciones administrativas por las que expresamente se eximiera a los alumnos de la obligación de cursar la asignatura y de ser evaluados de la misma cuando los padres decidan objetar, ayudaría, sin embargo, a una mejor protección en la práctica del derecho a la libertad ideológica y a proporcionar mayor claridad y seguridad jurídica en el ejercicio de los derechos constitucionales.
Una disposición legal que eximiera a los alumnos de cursar la asignatura ayudaría a una mejor protección en la práctica del derecho a la libertad ideológica
Por lo tanto y mientras dicha regulación del derecho a la objeción de conciencia frente a la “Educación para la Ciudadanía” no se establezca, su amparo jurídico, más allá de la obligación moral de fidelidad a la conciencia sobre cualquier ley, se basa en la aplicación directa del mencionado derecho fundamental a la libertad ideológica, reconocido en el artículo 16 de la Constitución y exigible ante los tribunales de justicia.
10. ¿Quién objeta ante la asignatura, los padres o el alumno?
La “Educación para la Ciudadanía” puede entrar en conflicto con la libertad ideológica tanto de los padres como de los hijos, ya que, como ha recordado el Tribunal Constitucional en su Sentencia 141/2002, de 18 de Julio (FJ nº 9 y 10), también éstos son titulares de este derecho fundamental. En todo caso y aunque según dicha Sentencia pueda ser admisible también, en determinadas circunstancias, el ejercicio de la objeción de conciencia por el menor, lo más normal será que seamos los padres quienes realicemos esta opción, en nombre propio y/o como representantes legales de nuestros hijos sujetos a patria potestad.
11. ¿Qué pasos tenemos que seguirpara plantear la objeción de conciencia?
Mientras no exista una regulación legal específica que establezca algún tipo de procedimiento particular, basta dirigir, preferentemente antes del comienzo de las correspondientes clases, un escrito dirigido a la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma comunicando nuestra opción.
En ese escrito puede expresarse que, a la vista de que algunos contenidos de la asignatura de “Educación para la Ciudadanía” implican una formación moral para nuestros hijos no acorde con nuestras convicciones, hemos decidido, por razones de conciencia y amparándonos en el derecho fundamental a la libertad ideológica reconocido en la Constitución Española, que nuestros hijos no asistan a las clases correspondientes
Basta dirigir, preferentemente antes del comienzo de las correspondientes clases, un escrito a la Consejería de Educación
Asimismo, conviene expresar en la comunicación la disponibilidad para que nuestro hijo realice alguna actividad sustitutoria con criterios y orientaciones acordes con nuestra conciencia.
Téngase en cuenta que debe realizarse una declaración por cada hijo afectado y que para entregar el escrito caben tres opciones: 1) Presentarlo, con una copia para su sellado, en el registro de la Consejería de Educación o su correspondiente demarcación territorial o bien en cualquier Registro público; 2) Presentarlo directamente, con una copia para su sellado, en la secretaría del centro educativo. En este caso, conviene contar con la seguridad de que, efectivamente, se tramita a la Administración educativa. 3) Entregarlo, para su gestión, al representante de una entidad o plataforma que apoye la campaña de Objeción de Conciencia a Educación para la Ciudadanía.
En las vías 1) y 3) es importante que el centro educativo tenga constancia de la objeción, para lo cual conviene entregar en la secretaría una fotocopia de la copia sellada por la Administración. En todos los casos, es fundamental conservar siempre en nuestro poder una copia sellada del documento. Asimismo es recomendable enviar una copia del documento, a los solos efectos de control del número de objeciones, al Observatorio para la Objeción de Conciencia (C/ San Nazario 12 -2º Dcha. 28002 Madrid) o registrarla electrónicamente en www.objetamos.org
12. ¿Qué consecuencias puede tener?
Si se llega a articular, por vía legal o a través de las correspondientes resoluciones administrativas, el reconocimiento expreso de la objeción de conciencia a Educación para la Ciudadanía, ninguna consecuencia se podría derivar de su ejercicio salvo la exención de la asistencia a clase y de la evaluación y, en su caso, la realización de una actividad sustitutiva.
Pero si esa situación no llega a producirse es importante que conozcamos las consecuencias que se derivarán de nuestra decisión de ejercer el derecho a la objeción de conciencia frente a la obligatoriedad de la asignatura.
La objeción no puede tener ninguna consecuencia negativa ni para los padres ni para el alumno
En este sentido hay que reiterar que el derecho a la objeción de conciencia implica la posibilidad, respaldada por el Tribunal Constitucional en su jurisprudencia, de negarse a cumplir un mandato legal porque éste entra en conflicto con nuestra conciencia. Por tanto y siempre que se respeten los derechos fundamentales ajenos y que se salvaguarde el orden público, la objeción no puede tener ninguna consecuencia negativa ni para los padres ni para el alumno. Cualquier represalia de orden académico o disciplinario debe ser denunciada y recurrida ante los Tribunales, hasta lograr, si fuera necesario, el amparo del Tribunal Constitucional o del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
13. ¿Puede el centro suspender a nuestros hijos por no cursar la asignatura?
A pesar de lo que acabamos de expresar, en la práctica es posible que un centro o una Administración educativa poco sensibles a lo que los derechos fundamentales de la persona significan, adopten la decisión de suspender a nuestros hijos en la asignatura.
En este caso y al margen de lo ya indicado sobre el respaldo constitucional de la objeción y las vías judiciales para obtener su amparo, conviene recordar que el suspenso tiene muy escasa trascendencia en Primaria y en la ESO.
En Primaria no hay un número de suspensos determinado para decidir la repetición de curso y, por otra parte, ésta sólo se puede producir una vez en toda la etapa (art. 20 de la LOE).
En la ESO (art. 28 de la LOE), los alumnos promocionan con seguridad aun teniendo dos materias suspendidas y, en determinadas condiciones a las que se refiere el Decreto de enseñanzas mínimas para esta etapa, pueden obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria con dos materias suspendidas y, excepcionalmente, con tres. Consiguientemente, la objeción de conciencia en la asignatura de Educación para la Ciudadanía no debiera tener efectos relevantes.
En el Bachillerato los efectos de un eventual suspenso serían diferentes, ya que antes o después la asignatura tendría que ser aprobada (art. 37 de la LOE) -o dispensada por razones de conciencia-, pero a favor de los padres con hijos en estos estudios juega que tales efectos no se producirían, en el caso más desfavorable, hasta el año 2010 y para entonces existirán, con toda probabilidad, antecedentes suficientes para gestionar adecuadamente la situación.
14. A pesar de haber comunicado la decisión de acogernos a la objeción de conciencia, ¿pueden obligar a nuestros hijos a asistir a las clases para recibir la asignatura?
Habiendo decidido optar por la objeción de conciencia y que nuestros hijos se ausenten de clase cuando se imparta esa asignatura, nadie podría forzarlos a asistir Solamente y en el peor de los casos, un centro o una Administración educativa desconocedores de lo que los derechos fundamentales implican podrían llegar a adoptar medidas sancionadoras por la inasistencia a clase, si bien esta medida daría inicio a una cadena de acciones judiciales hasta obtener, si fuera necesario, el amparo del Tribunal Constitucional.
Habiendo decidido optar por la objeción de conciencia y que nuestros hijos se ausenten de clase cuando se imparta esa asignatura, nadie podría forzarlos a asistir.
15. ¿La objeción puede tener consecuencias legales para el alumno o sus padres?
No, precisamente en eso consiste esencialmente la objeción de conciencia.
Si, con todo, por parte de alguna instancia se adopta algún tipo de represalia contra los padres, se debe acudir a los Tribunales, tal y como se ha indicado en la cuestión anterior. Recordemos que el Tribunal Constitucional ha reconocido que el derecho a la objeción de conciencia está comprendido en el derecho fundamental de libertad ideológica y que su aplicación es directa.
16. ¿Puede la AMPA intervenir en este tema?
Es muy conveniente la coordinación de los padres de un mismo centro que nos negamos a que nuestros hijos sean adoctrinados mediante la “Educación para la Ciudadanía”.
La involucración de la AMPA en esta problemática facilitará la objeción de conciencia
En concreto la involucración de la AMPA en esta problemática facilitará que la dirección del centro o el consejo escolar habiliten medidas que en la práctica faciliten la libertad ideológica a través de la objeción de conciencia. Algunos ejemplos son la información a los padres de los derechos que les asisten frente a la asignatura, la disposición de un aula vigilada para los alumnos que no asistan a las clases o la programación de actividades sustitutivas.
© Profesionales por la Ética, 2006
C/ Juan Bravo, 58 -60 E-25
T. 91 402 27 21
Fax. 91 3093228
Mail: info@profesionalesetica.com
Esta guía está registrada y protegida por las leyes de propiedad intelectual.
11ª Edición revisada: mayo de 2008
Donativos para la edición y difusión de esta Guía:
C.C. Nº 2100 4976 45 2200010950
Reproducción autorizada con indicación de la fuente.