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Timestamp: 2019-04-19 22:50:16
Document Index: 99336402

Matched Legal Cases: ['artículo 93', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'artículo 249', 'artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 13', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24']

Registro Oficial. 17 de ABRIL del 2002
Miércoles 17 de Abril del 2002
REGISTRO OFICIAL No. 557
\n 042 Dispónese que el Consejo\n Consultivo estará integrado por varios representantes\n del sector productor y exportador
\n 076 Créase la Unidad de Apoyo\n a la ejecución del programa de regularización y\n administración de tierras rurales, PRAT
\n 0011 Expídese el Reglamento\n para la aprobación de asociaciones de mantenimiento vial\n
\n Apruébase las reformas al Reglamento\n Codificado de Contrataciones
\n CONSEJO\n NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES:
\n 152-06-CONATEL-2002 Expídese\n el Reglamento del servicio de telefonía pública\n
\n Califícanse a las siguientes personas para que puedan\n ejercer el cargo de peritos avaluadores en las cooperativas de\n ahorro y crédito, auditor interno y bancos privados en\n las instituciones del sistema financiero, que se encuentran bajo\n control:
\n SBS-DN-2002 -0153 Señor Edgar\n Alfredo Jácome Guevara
\n SBS-DN-2002-0154 Señor René\n Albuja Silva
\n SBS-DN-2002-0155 Señor Jaime\n Germánico Medina Orrico
\n SBS-DN-2002-0156 Señor Manuel\n Aníbal Lara Almeida
\n SBS-DN-2002-0157 Señor Rafael\n Alfredo Paulson Mateus
\n SBS-2002-0158 Nómbrase liquidador\n de la Asociación Mutualista de Ahorro y Crédito\n para la Vivienda Manabí, en liquidación al\n señor abogado Carlos E. Giler Catagua
SBS-2002-0159 Nómbrase liquidador\n de Corporación de Garantía Crediticia para el Fomento\n de la Microempresa, CORPOMICRO, en liquidación al señor\n Carlos Varela Jara
\n 342-2001 Director General Financiero\n del Ministerio de Finanzas en contra de Jorge León Méndez\n
\n 343-2001 Director General Financiero \n del Ministerio de Finanzas en contra de Remigio Moisés\n Parra Alvarracín
\n 344-2001 Dra. Patricia Orellana Quezada\n en contra del Gobernador encargado de la provincia del Azuay\n
\n 347-2001 Javier Romero Molina en\n contra del Rector de la Universidad de Manabí
\n 350-2001 Junta Nacional de Defensa\n del Artesano en contra del señor Presidente de la República\n y otros
\n 351-2001 Francisco Alberto \n Martínez Román en contra de la Municipalidad\n del Cantón Palestina
\n 361-2001 Jorge Alberto Proaño\n Heredia en contra del IESS
\n 363-2001 Ruth Eunice Guzmán\n Silva en contra del IESS
\n 364-2001 Abogado Carlos Espín\n Zurita en contra del IESS
\n 365-2001 Washington Marcelo Weisner\n Jiménez en contra del Director Ejecutivo de la Comisión\n de Tránsito del Guayas
\n 370-2001 Segundo José Vásquez\n Rojas en contra de la Municipalidad de Salinas
\n 372-2001 Olinda Zoila Gladys Suárez\n Cedillo en contra del IESS
\n 373-2001 LEXIS S.A. en contra del\n ingeniero Hugo Ruiz Coral
\n 374-2001 Dorothy María Arteaga\n Limongi en contra del IESS
\n 93-AI-2000 Acción de \n incumplimiento interpuesta por la Secretaría General de \n la Comunidad Andina en contra de la República del\n Perú, alegando incumplimiento del artículo\n 4 del Tratado de Creación del Tribunal; del \n artículo 93 de la Decisión 344 de la\n Comisión; así como de las resoluciones 393\n y 437 de la Secretaría General
\n - Cantón Suscal: Que regula\n la determinación, administración y recaudación\n del impuesto a los predios urbano\n \n
No.\n 042
Que mediante Acuerdo Ministerial No. 399, publicado en el\n Registro Oficial No. 355 de 6 de enero del año 2000, se\n constituyó el Consejo Consultivo para estimular y controlar\n la producción y comercialización del banano, plátano\n (barraganete) y otras musáseas afines destinadas a la\n exportación, como instrumento de concertación entre\n el sector público y privado para asesorar al Ministro\n de Agricultura y Ganadería de la formulación de\n estrategias y políticas que fortalezcan la competitividad\n de los productos mencionados;
Que se hace menester renovar a los miembros del Consejo Consultivo\n de banano, plátano y otras musáseas para que el\n sector productor y exportador tengan la adecuada representatividad\n en este órgano de concertación entre el sector\n público y privado; y,
Artículo 1.- El Consejo Consultivo estará integrado\n por los siguientes representantes del sector productor y exportador:
1.	SECTOR PRODUCTOR
a)	Ambito Nacional
Dr. Nicolás Castro Benítez y Abgdo. Héctor\n Romero Tanca, delegados principales. Sres. Astolfo Pincay Flores\n y Manuel Lozano Avila, delegados alternos;
b)	Sector Norte
Sr. Anthony Pérez Chiriboga, delegado principal. lng.\n Juan Alvaro Trujillo, delegado alterno;
c)	Sector Centro
Sr. Simón Cañarte Terán, delegado principal.
\n Sr. William Ramón, delegado alterno;
d)	Sector Sur
Sr. Esteban Chuchuca, delegado principal.
\n Lcdo. Francisco Minuche Mosquera, delegado alterno.
2.	SECTOR EXPORTADOR
e)	Por los Mercados Preferenciales:
Principal, el delegado de Frutería Jambelí S.A.\n FRUJASA.
\n Alterno, el delegado de la Unión de Bananeros Ecuatorianos\n S.A. (UBESA);
f)	Por los Mercados Marginales:
Principal, el delegado de CIPAL SA.
\n Alterno, el delegado de ORO FRUTI S.A.;
g)	Por los Mercados del Continente Asiático:
Principal, el delegado de Rey Banano del Pacífico
\n C.A. Reybampac.
\n Alterno, el delegado de FAPROBAN;
h)	Por los Mercados del Cono Sur:
Principal, el delegado de FRIDAYS S.A.
\n Alterno, el delegado de EXFRUTOSA; e,
i)	Por los Nuevos Exportadores:
Principal, el delegado de FRUTA RICA SA.
\n Alterno, el delegado de SERPAZ&CIA.
Artículo 2.- Deróguese el Acuerdo Interministerial\n No. 345 del 15 de octubre del 2001.
Articulo 3.- El presente acuerdo entrará en vigencia,\n a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación\n en el Registro Oficial.
Comuníquese y publíquese.- Dado en el Distrito\n Metropolitano de Quito, a 26 de febrero del 2002.
f.) Galo Plaza Pallares, Ministro de Agricultura y Ganadería.\n Ministerio de Agricultura y Ganadería.
Es fiel copia del original.- Lo certifico.- f.) Director Administrativo\n Financiero.- M.A.G.- Fecha 20 de marzo del 2002.
No.\n 076
Que el Gobierno Nacional ha decidido llevar adelante el Programa\n de Regularización y Administración de Tierras Rurales\n "PRAT";
Que dicho programa será financiado con recursos provenientes\n del préstamo 1376/OC-EC, otorgado por el Banco Interamericano\n de Desarrollo;
Que la ejecución de dicho programa debe ser confiada\n a una unidad especializada establecida para el efecto en el Ministerio\n de Agricultura y Ganadería;
Que es necesario definir la estructura interna de dicha unidad,\n estableciendo sus funciones y atribuciones; y,
En ejercicio de las facultades que le confiere el Art. 179,\n numeral 6 de la Constitución Política de la República,
CREAR LA UNIDAD DE APOYO A LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA\n DE REGULARIZACION Y ADMINISTRACION DE TIERRAS RURALES, PRAT.
DE LA FINALIDAD, OBJETIVOS Y POLITICAS
Art. 1.- El Programa de Regularización y Administración\n de Tierras Rurales, PRAT, se ejecutará bajo la responsabilidad\n y supervisión de la Subsecretaría Técnica\n Administrativa de esta Secretaria de Estado por medio de la Unidad\n de Apoyo a la ejecución del programa, nombrada en adelante\n como "Unidad Ejecutora". El programa tendrá\n como finalidades: (i) establecer un sistema moderno,' confiable\n y de actualización continua para los derechos de propiedad\n sobre la tierra, implantándolo en nueve cantones rurales;\n y, (ii) mejorar el sistema de traspaso de tierra pública\n a los productores.
Art. 2.- Los objetivos de la Unidad Ejecutora del Programa\n de Regularización y Administración de Tierras Rurales\n son:
a.	Mejorar el funcionamiento del INDA en la adjudicación\n efectiva y eficiente de la tierra a nivel nacional;
b.	Probar y demostrar en el terreno un método para\n regularizar la tenencia de la tierra rural, formar catastros,\n e integrarlo a los registros de la propiedad;
c.	Estudiar la efectividad del financiamiento de pequeños\n proyectos, como complemento a las otras acciones destinadas a\n superar la cultura de no registrar la propiedad predial; y,
d.	Impulsar la modernización institucional que dará\n las normas a nivel nacional del proceso descentralizado de regularización,\n de tenencia, formación de catastros y registro de la propiedad\n predial.
Art. 3.- La organización de la Unidad Ejecutora del\n Programa de Regularización y Administración de\n Tierras Rurales, PRAT, será de la siguiente manera:
>	Dirección Ejecutiva.
\n >	Unidad de Seguimiento y Evaluación.
\n > Unidades técnicas de cada componente.
\n >	Unidad de Adquisiciones, Contrataciones y Licitaciones.
\n >Unidad Administrativa Financiera.
Art. 4.- La Unidad Ejecutora del Programa de Regularización\n y Administración de Tierras Rurales, PRAT, tendrá\n y cumplirá las siguientes funciones:
a)	Realizar los actos jurídicos que se encuentren dentro\n de su competencia y adoptar las resoluciones administrativas\n y financieras necesarias para la ejecución del programa\n y la cabal consecución de sus objetivos;
b)	Administrar los recursos del préstamo, de acuerdo\n a lo establecido en el contrato No. 1376/OC-EC, celebrado con\n el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, así como los\n recursos asignados como contraparte por los organismos nacionales;
c)	Coordinar sus acciones con las dependencias del MAG y otras\n gubernamentales pertinentes, como con los organismos públicos\n y privados, participantes en los distintos componentes del programa;
d)	Mantener contacto permanente con el Banco Interamericano\n de Desarrollo para la debida ejecución del programa;
e)	Preparar el presupuesto anual general del programa, y los\n planes operativos anuales;
f)	Preparar los informes financieros y los que se precisen\n sobre el avance técnico y presupuestario del programa,\n para que sean conocidos y aprobados por las instancias respectivas;
g)	Supervisar el cumplimiento de los contratos de prestación\n de servicios y adquisición de bienes, celebrados para\n la ejecución del programa;
h)	Diseñar e implantar el sistema de seguimiento y\n evaluación de los componentes del programa;
i)	Elaborar y presentar para la aprobación de las respectivas\n instancias los informes de evaluación de medio período\n y final del PRAT, así como preparar el Manual Operativo\n del Programa de Regularización y Administración\n de Tierras Rurales, PRAT y ponerlo en vigencia; y,
j)	Cumplir y hacer cumplir todos los procedimientos y normas\n establecidos en el contrato de préstamo con el BID.
Art. 5.- El Director Ejecutivo de la Unidad Ejecutora del\n Programa de Regularización y Administración de\n Tierras Rurales, PRAT, ejercerá las siguientes funciones:
a)	Dirigir las actividades de la unidad ejecutora del programa\n y coordinar con las dependencias del Ministerio de Agricultura\n y Ganadería, como con las entidades gubernamentales y\n organismos no gubernamentales participantes;
b)	Administrar el programa, siguiendo los acuerdos establecidos\n para su ejecución entre el Gobierno Nacional y el Banco\n Interamericano de Desarrollo, sujetándose siempre a lineamientos\n del manual operativo del programa;
c)	Velar porque los planes operativos anuales, POA, que contienen\n la planificación de las metas y acciones de los componentes,\n se cumplan en armonía con las políticas sectoriales,\n y que las metas establecidas se sigan adecuadamente, tanto desde\n el punto de vista técnico como presupuestario.
d)	Dirigir la elaboración de los instructivos internos\n para el funcionamiento de la unidad ejecutora, y presentarlos\n a las autoridades competentes para su aprobación;
e)	Dirigir los procesos de adquisición de bienes y\n contratación de servicios del programa, según exigencias\n del contrato de préstamo y las especificaciones del manual\n operativo y documentos concomitantes;
f)	Suscribir los contratos y autorizar los pagos que le competen;
g)	Coordinar el establecimiento y mantenimiento de canales\n de comunicación con las entidades estatales que apoyen\n la ejecución del programa, para asegurar la debida articulación,\n programación, ejecución, evaluación y control\n de los diversos componentes del programa, supervisando la correcta\n ejecución de los convenios suscritos entre el MAG y estas\n entidades;
h)	Coordinar y dirigir la presentación de los documentos\n que elaboren los diferentes componentes del PRAT, para el cumplimiento\n de las condiciones establecidas en el contrato de préstamo\n con el BID;
i)	Velar por la aplicación y acatamiento de los mecanismos,\n procedimientos y normas establecidos en el contrato de préstamo\n con el BID y en el manual operativo;
j)	Servir de contacto principal y coordinador de las acciones\n pertinentes con el Banco Interamericano de Desarrollo y la Subsecretaría\n Técnica Administrativa del Ministerio de Agricultura y\n Ganadería; y,
k)	Mantener informado al señor Subsecretario Técnico\n sobre el desarrollo de las actividades planificadas por la unidad\n ejecutora.
Art. 6.- Las unidades Técnicas y Administrativa Financiera\n estarán reguladas en el manual operativo y los 'respectivos\n reglamentos internos, procurando que las actividades estén\n encaminadas hacia el cumplimiento de los objetivos del PRAT,\n bajo los principios de eficiencia y eficacia, diseñando\n y aplicando sistemas de seguimiento y evaluación que permitan\n verificar el grado de cumplimiento de las metas y objetivos del\n programa.
Art. 7.- Los coordinadores de las unidades del PRAT, responderán\n ante el Director Ejecutivo de la Unidad Ejecutora del programa.
Art. 8.- El personal necesario para el funcionamiento de la\n Unidad Ejecutora del PRAT, deberá ser calificado y reunirá\n los requisitos exigidos para cada cargo en el manual operativo\n y los correspondientes términos de referencia.
Art. 9.- Los gastos que correspondan al personal que se contrate\n para la unidad ejecutora del programa, serán financiados\n con cargo a los recursos de administración y supervisión\n del programa, contemplados en el préstamo 1376/OC-EC.
Art. 10.- El presente acuerdo ministerial entrará en\n vigencia a partir de la fecha de suscripción, sin perjuicio\n de su publicación en el Registro Oficial, encargándose\n de su ejecución a la Subsecretaría Técnica\n Administrativa del Ministerio.
Comuníquese y publíquese.- Dado en Quito, a\n 19 de marzo del 2002.
f.) Ing. Galo Plaza Pallares, Ministro de Agricultura y Ganadería
Ministerio de Agricultura y Ganadería.- Es fiel copia\n del original.- Lo certifico.- f.) Director Administrativo Financiero.-\n M.A.G.- Fecha 20 de marzo del 2002.
No.\n 011
Que la Constitución Política de la República\n en su Art. 23, numeral 19, reconoce la libertad de asociación\n y reunión con fines pacíficos y lícitos;
Que la misma Constitución en sus artículos 246\n y 225 asigna al Estado la obligación de promover y desarrollar\n empresas comunitarias y de autogestión, así como\n impulsar mediante actividad descentralizada el desarrollo armónico\n del país y el fortalecimiento de la participación\n ciudadana;
Que la referida Constitución en los numerales 1 y 6\n del Art. 179, faculte a los ministros de Estado, dirigir las\n políticas de su respectiva Cartera, así como expedir\n normas que complementen la gestión ministerial;
Que es necesario conceder personería jurídica\n a asociaciones de mantenimiento vial para integrarlas al proceso\n de desarrollo del país; y,
Expedir el Reglamento para la Aprobación de Asociaciones\n de Mantenimiento Vial.
Art. 1.- El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones\n aprobará los estatutos constitutivos de las asociaciones\n de mantenimiento vial, estructuradas conforme a las normas de\n este reglamento y las políticas y procedimientos que para\n el efecto dicte el Consejo Nacional de Microempresa -CONMICRO.
Las reformas estatutarias se aprobarán cuando se justifiquen\n en debida forma su modificación.
Art. 2.- Para que proceda la aprobación de las asociaciones\n de mantenimiento vial, éstas deberán contar con\n un número mínimo de cuatro personas naturales;\n y, tres cuando se trate de personas jurídicas afines.
Art. 3.- Previo a la concesión de personería\n jurídica, el Presidente o representante de la Directiva\n provisional tramitará y presentará ante el MOP,\n los siguientes documentos:
a)	Solicitud de aprobación de la asociación\n de mantenimiento vial, dirigida al Ministro;
b)	Copia del acta constitutiva de la directiva provisional\n de la asociación, debidamente certificada por quien actúe\n en calidad de Secretario;
c)	Dos ejemplares del estatuto certificados por el Secretario,\n en los que se señalará con precisión la\n sede o domicilio indicándose el nombre de la calle, número,\n parroquia, cantón, provincia, así como el objeto\n claramente definido y la organización interna, causas\n de disolución y liquidación,, patrimonio con el\n que contarán, de ser posible, y más necesarias\n que no se opongan al orden público y a las buenas costumbres;\n y,
d)	Deberá incluirse también la nómina\n de miembros fundadores en orden alfabético, señalando\n los nombres y apellidos completos, No. de cédula de ciudadanía\n y sus respectivas firma y rúbrica.
Si se trata de personas jurídicas compatibles con el\n mantenimiento vial, se agregarán copias certificadas de\n los acuerdos o resoluciones de aprobación respectiva y\n del texto del estatuto con el que se han constituido, en el que\n constará la denominación, la sede o domicilio,\n objeto, designación de sus representantes legales con\n la firma de éstos; y, la denominación o nombre\n de la tercera persona jurídica a constituirse para efectos\n de este reglamento.
Art. 4.- La Dirección de Asesoría Jurídica\n del MOP, constatará el cumplimiento de la documentación\n previste en este reglamento, previo a la concesión de\n personería jurídica a las asociaciones de mantenimiento\n vial.
Art. 5.- Luego de que se conceda la personería jurídica,\n el Ministerio a través de la Dirección Administrativa,\n otorgará copias del acuerdo de aprobación a los\n interesados; lo cual se remitirá con oficio.
Art. 6.- La denominación de una asociación de\n mantenimiento vial aprobada en el MOP, no podrá ser igual\n o contener la misma o similar denominación que otra ya\n reconocida en este Ministerio; ni sus integrantes podrán\n pertenecer a dos o más personas jurídicas existentes\n según el presente reglamento.
Art. 7.- Reformas.- Para la modificación o reformas\n de los estatutos, se deberán presentar los siguientes\n documentos:
a)	Solicitud de aprobación del proyecto de reformas,\n dirigida al Ministro de Obras Públicas, suscrita por su\n Presidente o representante. En dicho proyecto se concretará\n con claridad y exactitud el o los artículos que se modifican,\n suprimen o sustituyen;
b)	Dos ejemplares del proyecto de reformas debidamente certificados\n por el Secretario, al final de su texto; y,
c)	Copias del estatuto original y del acuerdo ministerial\n por el cual obtuvo la asociación de mantenimiento vial\n personería jurídica.
Art. 8.- Las carpetas de las asociaciones de mantenimiento\n vial aprobadas, con su documentación habilitante, se mantendrán\n en archivo en el MOP, como expedientes de respaldo institucional.
Art. 9.- Las asociaciones aprobadas según este reglamento,\n circunscribirán sus acciones única y exclusivamente\n a las actividades de conservación vial o actividades afines.
Art. 10.- Las asociaciones de mantenimiento vial aprobadas\n en el MOP, que se integren o constituyan con personas jurídicas\n según este reglamento, deberán ser de aquellas\n que obtuvieron su personería jurídica con personas\n naturales, acorde a las normas previstas en este mismo reglamento.
Art. 11.- En caso de admisión de nuevos miembros en\n las asociaciones de mantenimiento vial, sus representantes deberán\n comunicarlo al MOP mediante oficio, anexando el acta o resolución\n debidamente suscrita y certificada por el Secretario, en la que\n constará el justificativo legal y la necesidad de hacerlo.\n Ese documento se agregará al expediente correspondiente.
Art. 12.- El MOP podrá requerir, cuando lo estime necesario,\n actas o informes de los representantes de las asociaciones de\n mantenimiento vial.
Art. 13.- Las asociaciones de mantenimiento vial a que se\n refiere este reglamento, se disolverán y liquidarán\n de conformidad con la ley y básicamente, cuando el número\n de miembros sea inferior al requerido en los artículos\n precedentes.
El representante de la asociación tiene la obligación\n de comunicar al Ministerio de Obras Públicas mediante\n oficio, la causal de disolución, lo que se archivará\n en el expediente correspondiente, sentándose una razón\n de la no existencia o disolución de esa asociación\n de mantenimiento vial.
Una vez disuelta, no podrá volver a conformarse con\n la misma denominación.
Art. 14.- El procedimiento y trámite para la concesión\n de personería jurídica de las asociaciones de mantenimiento\n vial, su aprobación y reformas estatutarias previsto en\n este reglamento serán concedidos por los subsecretarios\n y directores provinciales del MOP, mediante resolución\n y con observancia estricta de las normas de este reglamento,\n como una actividad de desconcentración administrativa.
Para efectos de tributación, estas asociaciones deberán\n observar las normas legales y reglamentarias vigentes en el país.
ARTICULO FINAL.- Del presente acuerdo que entrará en\n vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial,\n encárguense las unidades respectivas del MOP.
Comuníquese y publíquese.- Dado en Quito, Distrito\n Metropolitano, a 5 de abril del 2002.
f.) Ing. José Macchiavello Almeida, Ministro de Obras\n Públicas y Comunicaciones.
No.\n 014/2002
Que, mediante Resolución No. 061/2000 de 15 de noviembre\n del 2000, publicada en el Registro Oficial No, 283 de 13 de marzo\n del 2001, el Consejo Nacional de Aviación Civil, expidió\n el Reglamento Codificado de Contrataciones de la Dirección\n General de Aviación Civil para la adquisición de\n bienes, ejecución de obras y prestación de servicios\n cuya cuantía sea inferior al valor que resulte de multiplicar\n el coeficiente 0,00002 por el monto del presupuesto inicial del\n Estado;
Que, es necesario armonizar con el nuevo articulado de la\n Codificación de la Ley de Contratación Pública,\n las normas y disposiciones contenidas en el Reglamento Codificado\n de Contrataciones antes aludido, e implementar algunas reformas\n que devienen necesarias en la tramitación de procedimientos\n de excepción,
Que, la Dirección General de Aviación Civil,\n mediante oficio No. AK-4c-0-02-150-0584 de 18 de febrero del\n 2002, presentó al Consejo Nacional de Aviación\n Civil un proyecto de reformas al Reglamento Codificado de Contrataciones\n de la Dirección General de Aviación Civil; y,
Que, la Procuraduría General del Estado se ha pronunciado\n en el sentido de que las normas reglamentarias internas de la\n Dirección General de Aviación Civil serán\n aprobadas por el Consejo Nacional de Aviación Civil,
Artículo Primero.- Aprobar las reformas al Reglamento\n Codificado de Contrataciones de la Dirección General de\n Aviación Civil para la adquisición de bienes, ejecución\n de obras y prestación de servicios cuya cuantía\n sea inferior al valor que resulte de multiplicar el coeficiente\n 0,00002 por el monto del presupuesto inicial del Estado, expedido\n mediante Resolución No. 061/2000 de 15 de noviembre del\n 2000, de conformidad con el texto siguiente:
En el literal g) del Art. 27 en lugar de la frase: "Art.\n 77 de la Ley de Contratación Pública", hágase\n constar: "Art. 73 de la Codificación de la Ley de\n Contratación Pública".
En el literal e) del numeral 3 del Art. 41, sustituir: "Art.\n 77 de la Ley de Contratación Pública", por:\n "Art. 73 de la Codificación de la Ley de Contratación\n Pública".
En el último párrafo del numeral 3 del Art.\n 41, elimínese la letra "e)"
En el Art. 43, elimínese la letra: "y," que\n consta al final del literal d), y a continuación del literal\n e), agréguese lo siguiente; y, "1) La contratación\n de los servicios de alimentación para el personal que\n labora en los aeropuertos de provincia".
En el Art. 48, en lugar de la frase: "Titulo VI de la\n Ley de Contratación Pública, pero se aceptarán\n como garantías, las previstas en los literales b) y c)\n del Art. 77 de la ley invocada", hágase constar:\n "Titulo V de la Codificación de la Ley de Contratación\n Pública, pero solo se aceptarán como garantías\n las previstas en los literales a), b) y c) del Art. 73 de la\n codificación invocada".
Artículo Segundo.- Disponer que la Secretaría\n del Consejo Nacional de Aviación Civil, remite las reformas\n para su publicación en el Registro Oficial.
Articulo Tercero.- De la ejecución y cumplimiento de\n estas reformas encárguese a la Dirección General\n de Aviación Civil, a través de las dependencias\n correspondientes.
Artículo Cuarto.- La presente resolución y reformas\n entrarán en vigencia a partir de la fecha de expedición\n de esta resolución, sin perjuicio de su publicación\n en el Registro Oficial.
Comuníquese.- Dada en la sala de sesiones del Consejo\n Nacional de Aviación Civil, en el Distrito Metropolitano\n de Quito, a los trece días del mes de marzo del dos mil\n dos.
f) Ing. Joaquín Martínez Amador, Presidente.
f.) Luis Iturralde Córdova, Teniente General, Comandante\n General FAE.
f) Dr. José Jijón Freile, delegado del Ministro\n de Relaciones Exteriores.
f.) Dr. Fernando Santos Alvite, delegado del Ministro de Comercio\n Exterior.
f.) Ing. Mario Burbano de Lara, delegado de la Ministra de\n Turismo.
f.) Econ. Federico Dávalos Oviedo, representante de\n las cámaras de la Producción.
f) Lcdo. Guido Bucheli Cadena, representante alterno, empresas\n nacionales aviación.
f.) Dr. Agustín Vaca Ruiz, Secretario.
Certifico que la presente resolución es fiel copia\n de la que reposa en los archivos de esta Secretaría y\n que fue suscrita por los miembros del Consejo Nacional de Aviación\n Civil que asistieron a la sesión celebrada el trece de\n marzo del dos mil dos.- Quito, a 5 de abril del 2002.
f.) Dr. Agustín Vaca Ruiz, Secretario del Consejo Nacional\n de Aviación Civil.
No.\n 152-06-CONATEL-2002
Que, el artículo 249 de la Constitución Política\n de la República del Ecuador establece que será\n responsabilidad del Estado la provisión de servicios públicos,\n entre otros los de telecomunicaciones, que podrá prestarlos\n directamente o por delegación a empresas mixtas o privadas;
Que, el señor Presidente Constitucional de la República,\n mediante Decreto Ejecutivo 1790, expidió el Reglamento\n General a la Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada, que\n fue publicado en el Registro Oficial 404 del 4 de septiembre\n del 2001;
Que, el artículo 4 del Reglamento General a la Ley\n Especial de Telecomunicaciones Reformada, faculte al CONATEL\n a incluir en la categoría de servicio público a\n aquellos cuya prestación considere de fundamental importancia\n para la comunidad;
Que, la prestación de los servicios públicos\n tendrán prioridad sobre todos los demás servicios\n de telecomunicaciones en la obtención de títulos\n habilitantes;
Que, mediante la Resolución 530-21-CONATEL-2001 del\n 27 de diciembre del 2001, el CONATEL acogió el informe\n de una comisión que concluyó que existen dos figuras\n para el servicio de telefonía pública: una concesión\n del servicio final de telefonía pública con todas\n las características que esto determina y el otro escenario\n de reventa como un acuerdo entre las partes, cuyo convenio debe\n ser registrado en la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones,\n y propone que en el Proyecto de Reglamento de Telefonía\n Pública se incluya el concepto de concesión del\n servicio final de telefonía pública con todos sus\n derechos y obligaciones que corresponde a un concesionario. Adicionalmente,\n el CONATEL recomendó que en el proyecto de reglamento\n se establezca el valor de la concesión
Que, mediante la Resolución 531-2 l-CONATEL-200 1 del\n 27 de diciembre del 2001, publicada en el Registro Oficial No.\n 493 del 14 de enero del 2002, el Consejo Nacional de Telecomunicaciones\n incluyó al servicio de telefonía pública\n en la categoría de servicio público;
Que, el articulo 8 del Reglamento General a la Ley Especial\n de Telecomunicaciones Reformada, contempla la posibilidad de\n revender servicios de telecomunicaciones como una actividad de\n intermediación comercial mediante la cual un tercero ofrece\n al público servicios de telecomunicaciones contratados\n con uno o más prestadores de servicios debidamente concesionados;
Que es necesario promover la instalación, prestación\n y explotación del servicio de telefonía pública\n a fin de incrementar la baja tasa de penetración que tiene\n este servicio en el Ecuador y facilitar al público el\n acceso a los servicios de telefonía y a otros servicios\n como parte de su derecho a comunicarse,
Que mediante la Resolución 335-18-CONATEL-98, publicada\n en el Registro Oficial No. 353 del 3 de julio de 1998, el CONATEL\n expidió el Reglamento de Telefonía Pública\n de Prepago, el mismo que requiere ser actualizado;
En uso de la atribución que le confiere el artículo\n 10 de la "Ley Reformatoria a la Ley Especial de Telecomunicaciones",\n promulgada en el Registro Oficial 770 del 30 de agosto de 1995,
EXPEDIR EL SIGUIENTE REGLAMENTO DEL SERVICIO DE TELEFONIA\n PUBLICA.
Articulo 1. El presente reglamento tiene por objeto regular\n la instalación, prestación y explotación\n del servicio de telefonía pública.
Articulo 2. El servicio de telefonía pública\n es aquel que se presta al público por medio de la instalación,\n operación y explotación de equipos terminales de\n uso público y que permite el acceso al servicio de telefonía\n local, y a través de éste, a los servicios de telefonía\n de larga distancia nacional, larga distancia internacional y\n otros servicios.
Articulo 3. Las definiciones de los términos técnicos\n de telecomunicaciones serán las establecidas por la Unión\n Internacional de Telecomunicaciones - UIT, la Comunidad Andina\n de Naciones - CAN, la Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada,\n el Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones\n Reformada y las contenidas en el glosario de términos\n de este reglamento.
Articulo 4. La instalación, prestación y explotación\n del servicio de telefonía pública podrá\n realizarse siempre que se cuente con una concesión otorgada\n por la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones previa\n autorización del CONATEL o mediante la celebración\n de un convenio de reventa con un concesionario de telefonía\n pública debidamente autorizado por el CONATEL y que deberá\n ser registrado en la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones.
Los concesionarios del servicio de telefonía pública\n tendrán acceso a cualquier punto de la red pública\n de telecomunicaciones, que sea técnica y económicamente\n factible, mediante conexión desde su infraestructura.
La infraestructura de acceso, de ser el caso, deberá\n ser proporcionada por el concesionario del servicio de telefonía\n pública.
DE LOS CONCESIONARIOS DEL SERVICIO DE TELEFONIA PUBLICA
Artículo 5. El título habilitante para la instalación,\n prestación y explotación del servicio de telefonía\n pública, es una concesión otorgada por la Secretaria,\n previa autorización del CONATEL.
El título habilitante para la prestación del\n servicio de telefonía pública tendrá una\n duración de 15 años y podrá ser renovado\n de conformidad con el Reglamento General a la Ley Especial de\n Telecomunicaciones Reformada.
Artículo 6. Para obtener el título habilitante,\n el solicitante deberá presentar a la Secretaria una petición\n en los términos contemplados en el Reglamento General\n a la Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada y en el Reglamento\n para Otorgar Concesiones de los Servicios de Telecomunicaciones.
Articulo 7. Las peticiones que realicen los concesionarios\n del servicio de telefonía pública de números\n y líneas de central telefónica para sus equipos\n terminales de uso público, deberán ser respondidas\n por el concesionario del servicio de telefonía local en\n un término de 5 días. Transcurrido dicho plazo,\n con o sin respuesta, el solicitante podrá acudir a la\n Superintendencia de Telecomunicaciones a fin de que verifique\n la disponibilidad de capacidad del concesionario del servicio\n de telefonía local y su cumplimiento de obligaciones de\n expansión y de capacidad para el servicio de telefonía\n pública. Los nuevos concesionarios del servicio de telefonía\n fija local destinarán una cantidad de líneas telefónicas\n conmutadas para el servicio de telefonía pública\n equivalente a un porcentaje no menor del 3% del total de líneas\n de cada central de conmutación.
Articulo 8. Los concesionarios del servicio de telefonía\n local tendrán las siguientes obligaciones para con los\n concesionarios del servicio de telefonía pública:
1.	Proporcionar los números y líneas de, central\n telefónica a los concesionarios del servicio de telefonía\n pública que lo soliciten dentro de su área de concesión,\n en las mismas condiciones de disponibilidad, mantenimiento, tiempo\n de entrega y calidad que ofrecen a sus usuarios. Asimismo, deberán\n otorgarles el mismo trato que se dan a si mismos, a sus subsidiarias\n o a sus asociadas.
Dicho trato considerará, entre otros, los arreglos\n técnicos especiales requeridos para impedir la recepción\n de llamadas por cobrar, así como para la tasación\n de llamadas, tales como la señal de super-visión\n de respuesta del abonado llamado, de acuerdo con los sistemas\n o procedimientos existentes en la red de los concesionarios del\n servicio de telefonía local.
II.	Aplicar tarifas no discriminatorias a los concesionarios\n del servicio de telefonía pública. Dichas tarifas\n deberán ser registradas según el tipo de llamada;\n y deberán negociar los cargos de conexión sobre\n la base de los costos de operación, mantenimiento y reposición\n de las inversiones involucradas y una retribución al capitel.
III.	Proporcionar facturación detallada del consumo\n mensual telefónico, a solicitud y costo del concesionario\n del servicio de telefonía pública.
IV.	Cursar gratuitamente, a través de su infraestructura\n de red, las llamadas de servicios de emergencia.
V.	Proporcionar los servicios que la tecnología de\n su infraestructura de red pueda proveer y que los concesionarios\n del servicio de telefonía pública le requieran.
VI.	Abstenerse de otorgar subsidios cruzados en la prestación\n del servicio de telefonía pública, cuando disponga\n de un título habilitante para el efecto.
VII.	Llevar contabilidad separada para la prestación\n del servicio de telefonía pública que preste por\n su propia cuenta, cuando disponga del respectivo título\n habilitante.
Articulo 9. Los prestadores de servicios y operadores de redes\n de telecomunicaciones estarán obligados a negociar de\n buena fe, un acuerdo de conexión aceptable para ambas\n partes. Si en un plazo de sesenta (60) días no se ha llegado\n a un acuerdo de conexión, la Secretaría, a solicitud\n de una o de ambas partes, establecerá, con el debido fundamento,\n que estará a disposición de las partes, las condiciones\n técnicas, legales, económicas y comerciales a las\n cuales se sujetará la conexión dentro del plazo\n de cuarenta y cinco (45) días posteriores, salvo que las\n partes lleguen a un acuerdo antes de que la Secretaria emite\n su decisión. La Secretaría en su intervención\n partirá de los términos ya acordados entre las\n partes y debe observar un trato equitativo con respecto a los\n convenios de conexión similares que estén vigentes.\n La decisión motivada de la Secretaria, previa aprobación\n del CONATEL, será obligatoria para las partes y su cumplimiento\n será controlado por la Superintendencia.
DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA PUBLICA
Artículo 10. El concesionario del servicio de telefonía\n pública deberá solicitar a cualquier concesionario\n del servicio de telefonía local, el suministro de los\n números y líneas de central telefónica necesarios\n para la prestación de este servicio.
Artículo 11. El concesionario del servicio de telefonía\n pública programará sus equipos terminales de uso\n público para permitir a los usuarios la marcación\n de números 800, sin requerir la utilización de\n ningún mecanismo de cobro.
Articulo 12. El concesionario del servicio de telefonía\n pública facturará al concesionario del servicio\n de telefonía de larga distancia las llamadas realizadas\n desde sus equipos terminales de uso público a los números\n 800 que tenga asignados en base a la tarifa para llamadas locales.
Artículo 13. El concesionario del servicio de telefonía\n pública deberá mantener y coordinar con el Consejo\n de Seguridad Nacional un plan de contingencia para atender casos\n de emergencia relacionados con la seguridad nacional.
Articulo 14. El concesionario del servicio de telefonía\n pública sólo cobrará por las llamadas completadas.\n El concesionario deberá reintegrar al usuario cualquier\n monto pagado, por concepto de llamadas no completadas, desistidas\n y por los remanentes de tiempo prepagado.
Articulo 15. Las condiciones contractuales que se otorguen\n a los nuevos concesionarios del servicio de telefonía\n pública deberán observar el principio de trato\n igualitario y no discriminatorio.
Articulo 16. Se prohíbe al concesionario del servicio\n de telefonía pública las prácticas tendentes\n a limitar, restringir o impedir la libre competencia.
Articulo 17. Son obligaciones del concesionario del servicio\n de telefonía . 'ública:
I.	Cumplir los términos y condiciones del título\n habilitante y las normas expedidas por el CONATEL.
II.	Establecer y mantener sistemas de medición y de\n control de calidad del servicio. Estos sistemas estarán\n a disposición de la SUPTEL, para el control correspondiente.
III.	Prestar las facilidades a la SUPTEL, en coordinación\n con el concesionario del servicio de telefonía local respectivo,\n para que inspeccione y realice las pruebas necesarias para evaluar\n la calidad de los servicios.
IV. Ofrecer el servicio, dentro del área de concesión\n autorizada, con calidad, eficiencia, competitividad, continuidad\n y en condiciones no discriminatorias.
V.	Proporcionar acceso a los servicios de telefonía\n local, nacional e internacional, tanto para llamadas salientes\n como entrantes.
VI.	Proporcionar, de manera gratuita, el servicio de llamadas\n de emergencia.
VII.	Presentar la información que le solicite la Secretaría\n y la SUPTEL, en los medios y formatos que éstas indiquen.
Artículo 18. El otorgamiento de la concesión\n para la instalación, prestación y explotación\n del servicio de telefonía pública estará\n sujeto al pago a la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones\n por los derechos de concesión, en forma trimestral, durante\n todo él tiempo de duración de la concesión,\n de cinco décimas por ciento (0.5%) de los ingresos brutos\n provenientes del servicio concedido.
Los costos de administración de contratos, registro,\n control y gestión serán fijados por los organismos\n correspondientes para favorecer las tareas de los organismos\n de control y administración, en función de los\n costos que demanden dichas tareas y que deben constar en los\n contratos de concesión respectivos.
Artículo 19. El concesionario del servicio de telefonía\n pública, en forma trimestral, cancelará a la Secretaría\n la contribución del uno por ciento (1%) de los ingresos\n totales facturados y percibidos para el FODETEL, observando el\n principio de trato igualitario.
Artículo 20. Para efectos de establecer las tarifas\n de sus servicios, el concesionario del servicio de telefonía\n pública se sujetará a lo dispuesto sobre esta materia\n por el Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones\n Reformada.
Artículo 21. Las tarifas que apliquen los concesionarios\n del servicio de telefonía pública deberán\n ser comunicadas a la Secretaría y a la SUPTEL, con veinticuatro\n (24h) horas de anticipación a su puesta en vigencia.
Artículo 22. El monto pagado por el usuario deberá\n incluir, a más de la tarifa, cualquier impuesto aplicable\n a la prestación de los servicios de telecomunicaciones.
Artículo 23. La facturación del servicio al\n usuario se efectuará por tiempo real de uso, expresado\n en minutos y segundos, según corresponda.
DE LA RE VENTA
Artículo 24. Se entenderá por reventa la actividad\n de intermediación comercial mediante la cual una persona\n natural o jurídica ofrece al público servicios\n de telefonía pública previamente contratados con\n uno o más concesionarios del servicio de telefonía\n pública.
Articulo 25. El revendedor del servicio de telefonía\n pública registrará ante la Secretaría Nacional\n de Telecomunicaciones el acuerdo celebrado con el concesionario\n de telefonía pública, el mismo que deberá\n ser acorde con los términos de la concesión otorgada.
Articulo 26. La prestación al público del servicio\n de telefonía pública mediante reventa se realizará\n con sujeción al Reglamento General a la Ley Especial de\n Telecomunicaciones Reformada y al presente reglamento.
Articulo 27. En la reventa, el concesionario del servicio\n de telefonía pública es el responsable del cumplimiento\n de las normas establecidas en el presente reglamento.
DE LOS EQUIPOS TERMINALES DE USO PUBLICO
Articulo 28. Los equipos terminales de uso público\n y equipos de telecomunicaciones que se utilicen para la prestación\n del servicio de telefonía pública, deberán\n cumplir con las disposiciones legales en materia de homologación\n en forma previa a su operación.
Articulo 29. Dentro del área de cobertura autorizada\n y de acuerdo con el plan mínimo de expansión aprobado,\n el prestador del servicio de telefonía pública,\n sea concesionario o revendedor, podrá definir libremente\n la ubicación de los equipos terminales de uso público,\n con excepción del 5% del total de dichos equipos terminales\n cuya ubicación será determinada por la Secretaría\n Nacional de Telecomunicaciones.
El uso de bienes necesarios para la instalación, prestación\n y explotación del servicio de telefonía pública\n en lo que tiene relación a la constitución de servidumbres,\n estará sujeto a lo dispuesto sobre esta materia en el\n Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada.
Articulo 30. En cada sitio donde se ubique un equipo terminal\n de uso público, el prestador del servicio de telefonía\n pública deberá colocar, en un lugar visible al\n público, en forma clara, legible y en idioma castellano,\n al menos, la siguiente información:
I.	Los datos generales del prestador del servicio de telefonía\n pública, que incluyan su nombre o razón social,\n domicilio y número de registro del título habilitante.
II	Número telefónico asignado al equipo terminal\n de uso público.
liii.	Los números telefónicos para aclaraciones\n y quejas que deberán atenderse las veinticuatro horas\n del día, los 365 días del año.
IV.	Las tarifas vigentes y aplicables al servicio para cada\n tipo de llamada.
V.	Las instrucciones de uso y los códigos de marcación\n para el acceso a los diferentes servicios telefónicos\n ofrecidos a través de sus equipos termales de uso público.
VI.	Los números de los teléfonos de emergencia\n disponibles en la localidad.
VII.	Cualquier otra información que sea de utilidad\n para el usuario.
Articulo 31. Las infracciones cometidas en la prestación\n del servicio de telefonía pública serán\n sancionadas de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento jurídico\n ecuatoriano.
ESTIPULACIONES CONTRACTUALES VIGENTES
Articulo 32. De acuerdo con la cláusula cinco punto\n uno, punto tres de los contratos modificatorios, ratificatorios\n y codificatorios de concesión suscritos por la Secretaría\n Nacional de Telecomunicaciones el 11 de abril del 2001, las empresas\n ANDINATEL S.A. y PACIFICTEL SA., cuenta con una concesión\n de servicio público para organizar e instalar, en sus\n casos; y prestar, administrar, operar y