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Timestamp: 2018-12-16 11:02:38
Document Index: 189753416

Matched Legal Cases: ['artículo 249', 'artículo 99', 'artículo 4', 'artículo 85', 'artículo 87', 'artículo 88', 'artículo 22', 'artículo 149', 'artículo 49', 'artículo 99', 'artículo 104']

﻿ AUTO 14523 DE FEBRERO 11 DE 1999
AUTO 14523 DE 11 DE FEBRERO DE 1999
CONTENIDO:REPRESENTACIÓN JUDICIAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN. LAS PERSONAS JURÍDICAS DE DERECHO PÚBLICO NO PUEDEN CONSTITUIRSE COMO PARTE CIVIL EN EL PROCESO PENAL CON EL OBJETO DE PRETENDER UNA REPARACIÓN ECONÓMICA POR EL DETERIORO CAUSADO A LA IMAGEN DE LA INSTITUCIÓN AGRAVIADA.
TEMAS ESPECÍFICOS:NORMAS DEL DERECHO PÚBLICO, FISCAL GENERAL DE LA NACIÓN, CONSTITUCIÓN DE PARTE CIVIL EN EL PROCESO PENAL
•Auto 14523 de febrero 11 de 1999
Aprobado Acta Nº 18
Es cierto que el inciso 3º del artículo 249 de la Constitución Política le concede “autonomía administrativa y presupuestal” a la Fiscalía General de la Nación, pero antes el texto se cuida de señalar que dicha entidad “forma parte de la rama judicial”. Esta última previsión tiene su sentido porque, no obstante la separación funcional nítida entre fiscales y jueces, la carta mantuvo la unidad de la rama judicial, razón por la cual tanto de la fiscalía como de los juzgados, tribunales y altas corporaciones se predica su pertenencia a esa rama del poder público (título VIII).
Frente a este marcado espíritu constitucional de unidad, resulta insuficiente la interpretación exegética que el recurrente propone en relación con el numeral 8º del artículo 99 de la Ley 270 de 1996, en el sentido de que la representación judicial adjudicada a la dirección ejecutiva de administración judicial es una mera función administrativa, que como tal, sólo concierne a las entidades gobernadas por el Consejo Superior de la Judicatura y no a la fiscalía que en esa materia ostenta autonomía.
Para preservar la integridad y el carácter sistemático del ordenamiento jurídico, como se lo propone lo ratio legis del artículo 4º de la Constitución, conviene acudir a una visión de conjunto y también teleológica tanto de la ley estatutaria de la administración de justicia como de la norma en cuestión, hermenéutica que se traduce en lo siguiente:
Respecto de la administración de la rama judicial, la ley estatutaria prevé las funciones de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, que no siempre se refieren exclusivamente a los órganos tradicionales de administración de justicia (juzgados y corporaciones), sino que en más de una ocasión involucran también el funcionamiento de la Fiscalía General de la Nación.
Así, de acuerdo con el numeral 1º del artículo 85, el proyecto de presupuesto de la rama judicial lo elabora y lo presenta al gobierno la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, aunque antecedentemente debe incorporar el que proponga la Fiscalía General de la Nación.
De otra parte, el numeral 28 del mismo precepto señala que dicha Sala llevará el control del rendimiento y gestión institucional de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado e igualmente de la Fiscalía General de la Nación.
De igual manera, conforme con el artículo 87, la Sala administrativa elabora el plan sectorial de desarrollo para la rama judicial que deberá ser presentado al gobierno, pero siempre consultará las necesidades y propuestas que tengan las entidades antes mencionadas (incluida la fiscalía).
Por último el artículo 88 reitera que la fiscalía presenta su proyecto de presupuesto a la Sala Administrativa para su incorporación al proyecto de presupuesto general de la rama, y será dicho órgano el que lo haga valer ante el Gobierno Nacional para su inclusión en el presupuesto general de la Nación.
Es decir, como los procesos judiciales pueden afectar positiva o negativamente el presupuesto de la rama judicial, se ha preferido razonablemente unificar la realización del respectivo proyecto en la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, así se respeten las proposiciones que sobre la materia haga la Fiscalía General de la Nación, gracias a la autonomía que constitucionalmente se le reconoce.
Esa unificación del presupuesto de la rama judicial, con matices respetuosos del funcionamiento autónomo de la Fiscalía General de la Nación, exigía coherentemente centralizar la representación de la Nación - rama judicial en los procesos judiciales que pudieran afectarlo. Esa es la razón para que se haya situado dicha función en la dirección ejecutiva de la administración judicial, “órgano técnico y administrativo que tiene a su cargo la ejecución de las actividades administrativas de la rama judicial, con sujeción a las políticas y decisiones de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura” (art. 98).
El hecho de que por obra de un proceso judicial resulte un ingreso o un gasto que pueda incidir en el presupuesto de la rama judicial, concretamente el de la fiscalía, no desdibuja la intervención representativa del director ejecutivo de la administración judicial, pues es asaz claro que en materia presupuestaria siempre debe establecerse una coordinación entre la Sala Administrativa del Consejo y el Fiscal General, aunque la vocería obligatoriamente corresponda a la primera.
Nótese, además, que las funciones del director ejecutivo se discriminan por legislador estatutario en consonancia con el ámbito de las mismas, pues, en relación con la gestión de los procesos judiciales, se dice que dicho funcionario representa a la Nación - rama judicial, por sus obvias consecuencias en el presupuesto que la Sala administrativa (no el fiscal) debe ventilar ante el Gobierno Nacional (num. 8º); y con perspectiva diferente, en lo que atañe a los actos o contratos que deben otorgarse o celebrarse para bien del funcionamiento de la rama judicial tradicional, sólo actúa en nombre de la Nación - Consejo Superior de la Judicatura (num. 3º), porque en la fiscalía tal actividad, por ser eminentemente administrativa, corresponde al Fiscal General (D. 2699/91, art. 22, num. 16).
Es que si se atiende cabalmente el contenido del título cuarto de la ley estatutaria de la administración de justicia, dicha función de representación en los procesos judiciales no es estrictamente administrativa sino de gestión, en el sentido más concreto de que la acción se realiza para la tramitación de un asunto, y no meramente en función del cuidado que concierne sobre el mismo.
De modo que, acorde con el encabezamiento del artículo 22 del Decreto 2699, el fiscal sí tiene la representación general de la entidad ante las autoridades del poder público, pero la gestión específica para los procesos judiciales se ha reservado al director ejecutivo de administración judicial, por mandato expreso de la respectiva ley estatutaria.
Ahora bien, esta tesis permanece invariable aun frente a la nueva redacción del artículo 149 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 49 de la Ley 446 de 1998, pues, además de que sería imposible hacer la variación de una ley estatutaria por medio de una de carácter ordinario, el precepto se refiere concretamente a la representación de las personas de derecho público en los procesos contencioso administrativos; amén de que, cuando la misma norma menciona al Fiscal General y otros funcionarios cabezas de entidades públicas como sus representantes, lo hace para el caso de los actos que ellos expidan o los hechos que produzcan en el ejercicio de ese natural liderazgo. De otra parte, el inciso 3º de la referida disposición reitera la regla de la representación de la Nación - rama judicial en cabeza del director ejecutivo de administración judicial.
Así las cosas, el Fiscal General carece de la legitimación procesal para actuar como parte civil en este proceso, pues la misma se radica en el director ejecutivo de administración judicial, representante de la rama judicial en los procesos judiciales, representación que, al igual que el órgano representado, funciona por desconcentración (C.P., art. 228 y L. 270/96, arts. 99-8 y 103-7).
En este sentido, la Sala reitera la opción por el dictado del artículo 99 de la ley estatutaria de la administración de justicia, tesis que ya había sido expuesta en el auto del 29 de mayo de 1996, de acuerdo con ponencia realizada por el magistrado Dídimo Páez Velandia.
En relación con la segunda cuestión propuesta por el apelante, es decir, la existencia de perjuicios extrapatrimoniales, es cierto que las personas jurídicas pueden padecerlos, verbigracia, cuando se afecta su buen nombre y reputación, mas tales consecuencias sólo son estimables como detrimento resarcible cuando amenazan concretamente su existencia o merman significativamente su capacidad de acción en el concierto de su desenvolvimiento o las ponen en franca inferioridad frente a otras de su género y especie, si es que se mueven en el ámbito de una competencia comercial o de la prestación de servicios apreciables por la demanda de usuarios.
Ni pensar en la modalidad del perjuicio moral subjetivo (pretium doloris), porque por su naturaleza las personas jurídicas no pueden experimentar el dolor físico o moral, salvo que la acción dañina se refleje en alguno de los socios o miembros o en la persona del representante legal, caso en el cual la propuesta de reparación deberá hacerse individualmente por quien haya sufrido el daño.
En relación con las personas jurídicas de derecho público que nacen y se desenvuelven por mandato y privilegio constitucional o legal sin necesidad de un reconocimiento gubernativo de personería jurídica (caso de la Fiscalía General de la Nación), el desprestigio que sus servidores le ocasionan con algunas conductas desviadas hace parte de la naturaleza, gravedad y modalidades propios de cada delito (daño público), pero en manera alguna se proyecta en un menoscabo particular que ponga en peligro su existencia o la disminuya apreciablemente en su operatividad, porque, aun con la presencia de funcionarios corruptos, la actividad estatal no puede detenerse ni arredrarse.
Como ese deterioro de la imagen de la institución pública, que se produce por la acción delictiva del servidor público, no puede deslindarse de la esencia misma del hecho punible, ni es extraño a los fines preventivo generales y especiales que está llamada a cumplir la eventual pena, tampoco será posible individualizar un perjuicio que justifique el ejercicio simultáneo de una acción con fines compensatorios como es la civil.
En efecto, de acuerdo con el sistema penal colombiano, la sola pena está determinada para recomponer el ordenamiento jurídico violado y es esa la manera principal como el Estado autoconstata su imperio y le confirma a los ciudadanos la vigencia de las instituciones y el derecho, además de ser un modo singular de recuperar la imagen comprometida no sólo por el comportamiento del servidor que comete un delito especial o común, sino también por la conducta de cualquier particular que por la misma vía se burla de la ley.
Gracias a la regulación del artículo 104 del Código Penal, en relación con los artículos 43, 48 y 56 del Código de Procedimiento Penal, que reseñan y hacen énfasis en la naturaleza privada de la acción resarcitoria (así la llegare a ejercer un ente de derecho público), el perjuicio susceptible de reclamación por la vía unitaria del proceso penal no sólo debe ser real sino que debe connotarse como algo distinto a los fines que atiende la acción penal (CPP, art. 24). Es decir, aquellas pretensiones que apuntan a una reposición de la imagen deteriorada de la institución agraviada, como se pregona en el caso, quedan satisfechas con el desarrollo del objeto principal del proceso penal, como consecuencia de la ordenación o reordenación de la convivencia o de los fines colectivos y/o estatales que se buscan con la pena sin que sea procedente acudir a una excesiva y extraña compensación monetaria o simbólica que no puede justificarse en otra realidad dañina que pueda permanecer después de la sanción principal. Cosa distinta es que ese efecto nocivo consustancial al delito se extienda a otras personas o aun en el mismo titular del bien jurídico, después de presupuestada la pena, como ocurre patéticamente, por ejemplo, con el ciudadano que es víctima de una exacción por la vía de un injusto de concusión (atentado contra la administración pública).
Es suficiente la argumentación dispuesta para declarar que ha sido rechazada razonablemente la demanda de constitución de parte civil por el a quo, tanto en virtud de la falta de personería para actuar en el proceso (legitimatio ad processum), como por carencia de legitimación en la causa (ausencia de presentación verosímil del perjuicio). He ahí el fundamento de la confirmación que se entregará a la providencia impugnada.
Confirmar el auto fechado el 18 de marzo de 1998, con las aclaraciones dispuestas en la motivación, por medio del cual el Tribunal Superior de Manizales rechazó la constitución de parte civil propuesta por el apoderado especial constituido por el Fiscal General de la Nación, por carecer la entidad demandante de legitimación para actuar y también en la causa.
Cópiese, cúmplase y devuélvase.