Source: http://www.cidh.oas.org/annualrep/97span/EstadosUnidos11.139a.htm
Timestamp: 2018-10-17 16:36:20
Document Index: 302559376

Matched Legal Cases: ['artículo 20', 'artículo 38', 'artículo 38', 'artículo 43', 'artículo 44', 'artículo 44']

Estados Unidos 11.139a - Fondo
59. Los Estados Unidos argumentaron que como no son parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Comisión debe referirse a las normas pertinentes de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, de acuerdo con el artículo 20 (a) de su Estatuto.[21] A este respecto, los Estados Unidos rechazan categóricamente la afirmación del peticionario (rec. 5) de que la Declaración Americana y el Estatuto y el Reglamento de la Comisión han adquirido fuerza legal obligatoria para todos los Estados miembros de la OEA. Como los Estados Unidos han señalado anteriormente, la Declaración no es un tratado y no ha adquirido fuerza legal obligatoria. Este continúa siendo el punto de vista de los Estados Unidos, a pesar del fallo de la Comisión en el Caso Número 2141 (Estados Unidos), Res. 23/81, OEA/Ser. L/V/II.52, Doc. 48, 6 de marzo de 1981, de su fallo en el caso número 9647 (Estados Unidos), Res. 3/87, OEA/Ser. L/V/II.71, Doc. 9, Rev.1, 27 de marzo de 1987, y la Opinión Consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos OC-10/98 (Colombia) del 14 de julio de 1989.
65. Los Estados Unidos argumentaron que más relevante a la actual petición, es el hecho de que la impugnación del demandado sobre el manejo de este incidente por parte del tribunal, incluso su decisión de no examinar en forma preliminar al jurado o de no declarar la anulación del juicio, fueron posteriormente reexaminadas y resueltas en forma definitiva hace muchos años. La petición simplemente confunde al sugerir que al señor Andrews se le negó la oportunidad de que sus objeciones fueran oídas. La verdad es que fueron oídas y resueltas en base a los méritos del caso. La Corte Suprema de Utah concluyó específicamente que el caso había sido manejado en forma apropiada por el Juez de Distrito, determinando que "no se demostró prejuicio que mostrara que el jurado se vio influido en forma adversa . . ." Estado c/ Andrews.[22] Como se indicó, la Corte Suprema de los Estados Unidos se negó a reconsiderar el caso en 1978. Andrews c/ Utah.[23] Los tribunales federales posteriormente reexaminaron el caso y llegaron a la misma conclusión, que la Corte Suprema se negó a revocar en 1988. Andrews c/ Shulsen,[24] Andrews c/ Deland.[25]
67. Los Estados Unidos argumentaron que los peticionarios estaban totalmente en lo cierto en este último punto. Resulta claro que Andrews planteó el tema de la influencia externa ante los tribunales en numerosas ocasiones, y que los tribunales repetidamente examinaron la reclamación y determinaron que no se había transgredido su derecho constitucional a un jurado justo e imparcial.[26] El hecho es que el señor Andrews no logró convencer a ningún tribunal de que sus afirmaciones relacionadas con la falta de un juicio equitativo tenían mérito alguno.
68. En cuanto a la composición racial del jurado, los Estados Unidos sostuvieron que debe señalarse que Andrews y sus coacusados objetaron el único afroamericano que era miembro del panel del jurado; quizás porque ese miembro del panel era un funcionario policial y conocía a varios miembros del Departamento de Policía de Ogden, los abogados de Andrews y Pierre objetaron su presencia, y el Estado estipuló que fuera removido con causa. En todo caso, esta reclamación también fue considerada por los tribunales y rechazada en base a sus méritos. Cf. Andrews c/ Deland.[27] Además, el tercer acusado, Keith Roberts, también era afroamericano y el único acusado que estuvo representado por un abogado afroamericano en el juicio; con seguridad, si la doctrina racista había impedido al jurado llegar a una decisión imparcial o había "compelido" a sus miembros a imponer la pena de muerte, él también habría recibido dicha pena.[28]
69. Disparidad en la aplicación de la pena de muerte - Los Estados Unidos argumentaron que la aserción final en respaldo del alegato de discriminación se refiere al supuesto racismo y las disparidades raciales en la aplicación de la pena de muerte en Utah. El argumento de Andrews de que en Utah la pena de muerte se aplicó arbitrariamente y en forma racialmente discriminatoria y de que el sistema de sentencias imponía la pena de muerte en forma desproporcionada a los acusados negros, fue presentada en forma enérgica ante los tribunales de Utah y los tribunales federales, y rechazado por sus méritos.[29] Fue específicamente considerado en Andrews c/ Shulsen en que el tribunal sostuvo que a falta de un cuidadoso análisis de los patrones de imposición de penas en Utah, no existía "base para concluir que ninguna persona que se halla en espera de ejecución, lo está por razones de sistemática discriminación racial"; por el contrario, el tribunal halló específicamente "amplias indicaciones de que el jurado sentenció a Andrews a muerte por razones distintas de su raza o de la raza de las víctimas".[30]
70. Los Estados Unidos sostuvieron que la petición hace referencia brevemente a varias instancias en las que supuestamente se demuestra la disparidad en la aplicación en la pena de muerte. La descripción de estas instancias, sin embargo, contiene errores e implicaciones que inducen a error.[31] En cualquier caso, resulta claro que, incluso si pudieran ser aceptados sin una cuidadosa demostración de los hechos, estos pocos ejemplos no demuestran en forma alguna que existe "un sistema de justicia separado" para blancos y negros en Utah (rec. , 18). Las leyes de los Estados Unidos requieren que la pena de muerte se aplique en forma justa, razonable y sin discriminación, y la Corte Suprema ha establecido criterios específicos basados en la Constitución, a los que deben ajustarse los programas estatales que establecen la pena capital. Véase, por ejemplo, Furman c/ Georgia, 408 US 238 (1972); Gregg c/ Georgia, 428 US 153 (1976). Los Estados Unidos señalan que la Corte Suprema ha tenido ocasión de examinar precisamente el mismo tipo de objeciones a la pena de muerte que las planteadas en este caso por el peticionario, con arreglo a principios constitucionales muy similares a los de la Declaración Americana.
72. En lo que se refiere al alegato del peticionario de "pena cruel, infamante o inusitada", los Estados Unidos sostuvieron que el peticionario reconoce expresamente que (rec., 35) no hay nada nuevo en la afirmación de que el prolongado confinamiento del señor Andrews en espera de ejecución constituyó "pena cruel, infamante o inusitada" en violación del artículo XXVI de la Declaración Americana. El señor Andrews presentó el mismo argumento ante los tribunales hace muchos años, en el contexto de la funcionalmente idéntica protección de la Octava Enmienda contra "castigo cruel e inusitado". Fue considerada y rechazada por la obvia razón de que la demora fue producida por los propios repetidos esfuerzos del señor Andrews para evadir su sentencia.[32]
El tribunal también rechazó el alegato del peticionario acerca de la repetida fijación y suspensión de fechas de ejecución en su orden anterior. Desde esa época no se han producido acontecimientos que sugieran una conclusión diferente. El proceso del cual el peticionario se queja satisface el importante interés del Estado de mantener el proceso posterior a la condena al mismo tiempo que preserva el derecho del peticionario al debido proceso. La extensa y repetida revisión de la sentencia de muerte del peticionario fue procurada por el peticionario y está permitida por las Octava y Decimocuarta Enmiendas y por la legislación federal. La aceptación del argumento del peticionario crearía un conflicto irreconciliable entre las garantías constitucionales y constituiría una burla de la justicia.[33]
Véase también Andrews c/ Carver,[34] ("La demora ha sido atribuible en su mayor parte a los agresivos intentos por evitar la pena de muerte. La demora fue creada por el propio Andrews. Además, las circunstancias no son tan inusitadas o crueles como para constituir una violación de la Octava Enmienda").[35]
77. Los Estados Unidos argumentaron que la referencia del peticionario al fallo de la Corte Europea de Derechos Humanos en el caso Soering,[36] constituye un esfuerzo por superar este obstáculo. El caso Soering, sin embargo, es claramente inapropiado. El fallo fue dictado en un contexto totalmente diferente (si un estudiante de Alemania Occidental podría ser extraditado del Reino Unido para ser enjuiciado por un homicidio capital en Virginia frente a una solicitud de extradición de Alemania Occidental), se relacionaba con un conflicto percibido en las obligaciones derivadas de un tratado, se basaba en las circunstancias específicas del caso (incluidas en particular la edad y la salud mental del acusado), y específicamente no concluía que la pena de muerte violaba la Convención Europea de Derechos Humanos o el derecho internacional consuetudinario. Lo que es más importante, el fallo de la Corte se basaba en el lenguaje particular de la Convención Europea ("tratamiento degradante") que no tiene una contrapartida en la Declaración Americana. En este respecto, la Comisión no tiene autoridad para modificar la redacción de la Declaración Americana, que es lo que la petición pretende que haga.[37]
78. Conclusión - Los Estados Unidos sostuvieron que el caso del señor Andrews adquirió considerable notoriedad, entre otras razones porque involucraba un crimen especialmente brutal y porque fue el primer caso juzgado en el marco de la legislación revisada sobre pena de muerte adoptada en Utah inmediatamente después del fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso Furman c/ Georgia.[38] Los propios esfuerzos del señor Andrews por evadir su sentencia presentando numerosas impugnaciones a su condena y sentencia, dieron como resultado repetidas revisiones judiciales y opiniones, en todas las cuales se concluyó que sus argumentos --los mismos contenidos en la presente petición-- carecían de méritos. La presente petición sugiere que a lo largo de sus múltiples apelaciones, al señor Andrews se le negó su derecho fundamental a un debido proceso haciendo que sus afirmaciones fueran oídas y consideradas. Como se demuestra en los párrafos que anteceden, ello simplemente no es lo que ocurrió. Lo que ocurrió, sin embargo, es que los tribunales determinaron --repetidamente-- que el señor Andrews carecía de un argumento válido para obtener una audiencia de prueba o a que se declarara nulo el juicio en relación con sus afirmaciones acerca de racismo en el jurado. Esa fue la decisión del juez de primera instancia, que fue específicamente confirmada por la revisión de los tribunales estatales y federales. Sería totalmente inapropiado que esta Comisión reemplazara el fallo del tribunal de primera instancia con el suyo propio sobre la base de antecedentes insuficientes y débiles.
83. Los peticionarios sostuvieron que en el caso del señor Andrews, la decisión en función de la cual decidió procurar reparación internacionalmente fue emitida en julio de 1992.[39] El señor Andrews presentó una reclamación preliminar ante esta Comisión el 28 de julio de 1992. Por lo tanto, el señor Andrews presentó su petición dentro del período de seis meses requerido por la Comisión. Ello no significa que el señor Andrews no había podido presentar una petición en una fecha anterior. Su derecho a entablar un recurso internacional pudo muy bien haber surgido en el momento en que se completó la primera ronda de apelaciones, pero no debe confundirse la existencia de una cuestión concreta a ser decidida judicialmente con el agotamiento de los recursos. Dados los propósitos que sustentan las normas sobre agotamiento, el señor Andrews presentó su reclamación internacional en el momento oportuno y en la forma apropiada. Por lo tanto, la petición es admisible de acuerdo con el artículo 38 (1) del Reglamento.
84. Los peticionarios argumentaron que el Gobierno tiene la obligación de tomar acciones positivas en la esfera de la discriminación racial, procura impropiamente desplazar la carga al peticionario, y no ha logrado satisfacer su carga de la prueba con respecto a la reclamación específica de discriminación por razones de raza suscitada en base a los hechos de este caso.[40] El rechazo por parte del Gobierno de los Estados Unidos de la fuerza jurídicamente obligatoria de la Declaración Americana y de la Carta de la OEA, así como su dependencia virtualmente exclusiva con respecto a las decisiones de los tribunales nacionales, equivale a una renuncia de la autoridad de la Comisión y de las obligaciones de los Estados Unidos de cumplir la legislación internacional sobre derechos humanos. Tal renuncia directa de una legislación internacional bien establecida merece la severa condena de la Comisión.
85. Los peticionarios sostuvieron que los Estados Unidos comienzan rechazando la fuerza obligatoria de la Carta de la OEA, así como de la Declaración Americana y del Estatuto y el Reglamento de la Comisión. Como se señala en la petición original, es un hecho bien establecido que ambos instrumentos han adquirido fuerza obligatoria para los Estados miembros de la OEA.[41] La demora en la ejecución de William Andrews por espacio de más de 18 años es de exclusiva responsabilidad del Gobierno, y esa demora, independientemente de su causa, constituye pena cruel, infamante o inusitada en violación del artículo XXVI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. El confinamiento del señor Andrews en espera de ejecución por espacio de más de 18 años constituye claramente un castigo cruel, infamante o inusitado.[42]
86. El Gobierno de los Estados Unidos sostuvo que ha afirmado continuamente que la petición presentada diversamente "por el señor William Andrews" y en nombre del señor William Andrews[43] es inadmisible de acuerdo con los artículos 37 y 41 del Reglamento de la Comisión. La petición no fue presentada oportunamente, y no logra establecer violación alguna de la Declaración Americana o la Carta de la OEA. El Gobierno de los Estados Unidos mantiene ese punto de vista y respetuosamente solicita a la Comisión que decida si la petición relacionada con el señor Andrews es admisible como cuestión preliminar. Considera que este tema es dispositivo y que se han cumplido todas las etapas como para que la Comisión decida. Independientemente de cualquier referencia a los aspectos sustantivos de la reclamación de los peticionarios que se mencionan en esta comunicación, los Estados Unidos se reservan el derecho de plantear más plenamente la sustancia de la petición en caso de que la Comisión decida que es admisible.
87. El Gobierno de los Estados Unidos argumentó que el criterio de admisibilidad era claro: el artículo 38 (1) establece que la Comisión "se abstendrá de conocer aquellas peticiones que se presenten después del plazo de seis meses, a partir de la fecha en que se han agotado los recursos internos". La fecha de activación no es la fecha de ejecución, como sostiene el profesor de los estudiantes en un artículo reciente.[44] La última refutación también implica que los Estados Unidos se refieren incorrectamente a Andrews c/Consejo de Indultos y Amnistías de Utah, 836 P.2d 790 (Utah 1992), como representando la decisión final sobre los aspectos que los peticionarios ahora procuran presentar a la Comisión. La refutación ahora sostiene que hay otras dos decisiones que podrían constituir una decisión definitiva dentro de los seis meses en que la petición fue presentada. La Comisión debería estar consciente, sin embargo, de que los peticionarios eligieron a Andrews c/Consejo de Indultos y Amnistías de Utah como representativa del agotamiento de los recursos del señor Andrews en su primera refutación. Los peticionarios sostienen que mencionaron las otras dos decisiones que ahora citan durante su audiencia ante la Comisión. Aparentemente ahora procuran basarse exclusivamente en ellas.
91. Por último, el Gobierno de los Estados Unidos sostuvo que deseaba señalar que "un cuidadoso examen de la petición hace difícil comprender por qué la Comisión otorgó al peticionario una audiencia el 10 de febrero de 1994. Los Estados Unidos consideran que un peticionario debería reunir ciertas condiciones antes de que se le otorgue una audiencia, como el establecimiento de un caso prima facie de una supuesta violación de la Declaración Americana. Ello resulta esencial si la Comisión ha de utilizar sus limitados recursos en forma eficiente y continuar siendo un foro viable ante el que puedan plantearse graves preocupaciones de derechos humanos. Una audiencia no debería constituir una oportunidad para que los estudiantes de derecho, que aparentan representar a un peticionario, practiquen sus habilidades (que en realidad es lo que ocurrió en la audiencia en este caso). Más bien, como lo establece el artículo 43, debería constituir una oportunidad para presentar testimonios u otras evidencias que no pueden ser provistos en forma escrita, si la Comisión considera que ello sería útil. En realidad, en la audiencia celebrada en este caso el 10 de febrero de 1994, los estudiantes que pretendían representar al peticionario simplemente reiteraron puntos que ya se habían planteado claramente en la presentación por escrito".[45]
Los peticionarios reiteraron su argumento de que la Declaración Americana era obligatoria legalmente para los Estados Unidos.[46] Se incluye a continuación un resumen de sus otros argumentos.
95. Los peticionarios sostuvieron que "en el sistema interamericano todas las personas, y no solamente las víctimas, pueden presentar peticiones en las que se aleguen violaciones de los derechos reconocidos en la Declaración Americana o la Convención Americana. El hecho de que quienes no son víctimas puedan presentar peticiones es extremadamente importante, porque algunas veces las víctimas reales no pueden presentar una petición o ignoran los mecanismos de protección internacional".[47] La Convención Americana, en el artículo 44, contiene el lenguaje operativo relacionado con la legitimidad para presentarse ante la Comisión. El artículo 44 establece: "Cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o más Estados miembros de la Organización, puede presentar a la Comisión peticiones que contengan denuncias o quejas de violación de esta Convención por un Estado parte". Por lo tanto, cualquier cambio en la interpretación de esta norma requeriría una enmienda del propio tratado, y no simplemente de las normas operativas de la Comisión.
97. Los peticionarios sostuvieron que aún si los Estados Unidos impugnaran esos dos casos como representativos de una decisión definitiva, el propio Gobierno propone una decisión definitiva que caería dentro del período de seis meses. "En realidad, el peticionario planteó nuevamente el "incidente de la servilleta" en una segunda petición de habeas corpus, que el tribunal de apelación de los Estados Unidos en el Décimo Circuito consideró que era sucesiva y la rechazó sobre esa base". Esto podría haber reparado los aspectos pendientes ante esta Comisión. Por lo tanto, la petición original fue presentada dentro de los seis meses de la decisión definitiva, cualquiera que sea la decisión definitiva que la Comisión considere que sea operativa
[21] La referencia a diversos documentos de la CSCE (Rec. 7, 13-14) es doblemente fuera de lugar: los Estados Unidos no son un "signatario" de las mismas (ni las mismas son legalmente obligatorias) y el hecho de que un Estado participante cumpla con sus compromisos frente a la CSCE es asunto privativo de la CSCE.
[22] Citado con anterioridad.
[23] Citado con anterioridad.
[24] Citado con anterioridad.
[25] Citado con anterioridad.
[26] En este punto la respuesta del Gobierno de los Estados Unidos hace referencia y enumera los nombres de los casos y procedimientos previos anteriormente citados en relación con el señor William Andrews y su coacusado Pierre (estas citaciones han sido omitidas).
[27] Citada previamente en 1176-80.
[28] Véase Andrews c/ Shulse, 1274.
[29] Aquí se hace referencia a todos los casos y procedimientos citados previamente, relacionados con William Andrews y su coacusado Pierre.
[30] Id., 1265-70.
[31] Los Estados Unidos entienden, por ejemplo, que mientras que Lance Wood, caucásico, no recibió la pena de muerte, su compañero en el homicidio, Michale Archuleta, hispano, fue sentenciado a muerte. La disparidad no estaba relacionada con la raza: Archuleta era de mayor edad (26 en comparación con 20), tenía antecedentes más serios, y fue el instigador del crimen. Posteriormente Archuleta hizo dos declaraciones concluyentes: que una vez que empezó a golpear a su víctima, un homosexual blanco, "el mal se apoderó completamente de mí", y que el acto de matarlo fue "el máximo éxtasis". Steven Deli, caucásico, no recibió la pena de muerte, pero su socio en el homicidio, Von Lester Taylor, también blanco, sí la recibió. Sus víctimas fueron una mujer caucásica y su hija.
[32] El señor Andrews también impugnó la forma de ejecución ordenada en ese momento por la legislación de Utah (fusilamiento u horca) como cruel o inusitada; ese alegato, no incluido en la presente petición, también fue considerado y rechazado. Véase Andrews c/ Morris, 607 P. 2d 816, 824 (Utah 1980).
[33] Id. Andrews c/ Shulsen, 431 (D. Utah, 1984); n.16 (10º Cir. 1986), 919 y 1015 (1988).
[34] 798 F. Supp. 659 (D. Utah 1992) 664.
[35] Cf. Estado c/ Andrews 843 P.2d 1027, 1029-30 y 1040 (Utah) 1992).
[36] 161 Corte Europea de Derechos Humanos, Ser. A (1989), 11 Corte Europea de Derechos Humanos, 439 (1989), reproducido en 28 I.L.M. 1063.
[37] Se ha establecido que la Comisión no tiene autoridad para imponer a un Estado, a través de una "interpretación", una obligación internacional basada en un tratado que dicho Estado no ha aceptado o ratificado debidamente. Véase Baby Boy, caso número 2141 (Estados Unidos), Res. 23/81, OEA/Ser. L/V/II.54, Doc. 9, rev. 1, 16 de octubre de 1981. El mismo razonamiento se aplica a la Declaración.
[38] 408 US 238 (1972).
[39] Andrews c/Consejo de Indultos y Amnistías de Utah, 836 P. 2d 790 (Utah 1992).
[40] Se omite el argumento completo, y se hará referencia al mismo en la decisión sobre los méritos de la petición.
[41] Se hará referencia al argumento completo en la decisión sobre los méritos de la petición.
[42] Se hará referencia al argumento completo en la decisión sobre los méritos de la petición.
[43] La petición fue presentada por los estudiantes y profesores de la Clínica Internacional sobre Legislación de Derechos Humanos, de la Escuela de Derecho de la American University.
[44] El profesor Wilson sostiene que "en el término de seis meses después de la ejecución, se envió una petición a la Comisión, en la que se sostenía que la ejecución violaba los derechos del señor Andrews . . ." R. Wilson, "Action on U.S. Death Penalty Litigation in the Inter-American Commission on Human Rights", 11 Amnesty-International-USA Legal Support Letter Newsletter 18, 20 (primavera de 1994) (analizando los casos sobre pena de muerte de sus estudiantes ante la Comisión) (adjunto).
[45] Se hará referencia a otros argumentos relacionados con los méritos de la petición, en la decisión sobre los méritos.
[46] Se hará referencia a otros argumentos de esta presentación en la decisión sobre los méritos de la petición.
[47] Véase Claudio Grossman, Proposals to Strengthen the Inter-American System of Protection of Human Rights, 32 German Yearbook of INT'L.L.264, 271 (1990). Véase también Robert E. Norris, Bringing Human Rights Petitions Before the Inter- American Commission, 20 SANTA CLARA L. Rev. 733, 738 (1980) ("Cualquier persona o grupo de personas puede presentar una reclamación ante la Comisión. . . La persona que presenta la reclamación no necesita ser la persona cuyos derechos han sido violados. Puede ser un cónyuge, pariente, amigo, o incluso una persona desconocida para la parte agraviada").