Source: https://corte-constitucional.vlex.com.co/vid/-54224287
Timestamp: 2019-05-25 07:31:31
Document Index: 270094005

Matched Legal Cases: ['artículo 98', 'artículo 984', 'artículo 150', 'artículo 98', 'artículo 150', 'artículo 98', 'artículo 7', 'artículo 98', 'artículo 2', 'artículo 6', 'artículo 98', 'artículo 1', 'artículo 150']

Sentencia de Constitucionalidad nº 028/09 de Corte Constitucional, 27 de Enero de 2009 - Jurisprudencia - VLEX 54224287
Decreto 2303 de 1989 "por el cual se crea y organiza la jurisdicción agraria", artículo 98. La accionante considera que la norma de la referencia, al radicar en el juez agrario la competencia para adelantar el proceso de lanzamiento por ocupación de hecho de predios agrarios, violenta los artículos 218, 296 y 315 superiores al despojar a los funcionarios de policía y a los alcaldes municipales de dicha función. Igualmente, se estiman violados los artículos 29 y 58 superiores en la medida en que, la remisión que se hace al artículo 984 del código civil, generaría la ocurrencia de un eventual conflicto de competencia entre las autoridades de policía y los jueces agrarios. Finalmente, se alega que el decreto en mención es inconstitucional porque, de conformidad con el numeral 10 del artículo 150 superior, el congreso de la pública no puede revestir al presidente de facultades extraordinarias para la expedición de códigos. Una vez reafirmados los presupuestos imprescindibles para la prosperidad de la solicitud de declaratoria de inexequibilidad, se estableció que el cargo contra el artículo 98 del decreto citado no podría prosperar por carecer de certeza. Así mismo, se estimó inepta la censura hecha por la supuesta violación del artículo 150 constitucional, por ser la ley 30 de 1987, que revistió al presidente de la potestad para expedir el precitado decreto, la que eventualmente podría comportar un desconocimiento del texto constitucional, es decir, el cargo debió hacerse en su contra. La corte se declaró, entonces, inhibida para emitir pronunciamiento de fondo respecto de sendas acusaciones, en ambos casos, por ineptitud sustantiva de la demanda. Inhibida
El 25 de junio de 2008, en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, la ciudadana M.S.B.G. presentó demanda contra el artículo 98 del Decreto 2303 de 1989.
Mediante Auto del 18 de julio de 2008, el Magistrado Ponente resolvió admitir la demanda radicada bajo el número D-7354, fijar en lista la norma acusada por el término de diez días con el fin de otorgar la oportunidad a todos los ciudadanos de impugnarla o defenderla, y dar traslado al Procurador General de la Nación para que rindiera el concepto a su cargo, de acuerdo con el artículo 7 del Decreto 2067 de 1991. En el Auto también se ordenó comunicar la demanda al Ministerio del Interior y de Justicia, al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, al Presidente del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, al Presidente de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, y a los Decanos de las Facultades de Derecho de las Universidades del Rosario, J. y Nacional, para que si lo estimaban conveniente, intervinieran dentro del proceso con el propósito de impugnar o defender las disposiciones acusadas.
''Decreto 2303 de 1989
`Por el cual se crea y organiza la jurisdicción agraria'
El interviniente refiere que la competencia para conocer de ocupaciones de hecho sobre bienes inmuebles ha sido atribuida, en el caso de los bienes sin vocación agraria, sean rurales o urbanos, a los alcaldes - inspectores de policía y, en el caso de aquéllos con vocación agraria, al inspector de policía y a los jueces agrarios.
De esta manera, los cargos formulados por la demandante parten del falso supuesto de que la norma censurada traslada competencias de los inspectores de policía a los jueces agrarios, con lo que reduce garantías a quien ha sido despojado de su bien, toda vez que el artículo 98 del Decreto 2303 de 1989 no elimina la competencia administrativa atribuida a los alcaldes - inspectores de policía para conocer de los procesos de lanzamiento por ocupación de hecho. Al resultar, entonces, que los cargos por violación de normas constitucionales se fundamentan en una interpretación del actor, no se encuentran satisfechos los requisitos exigidos para que proceda el estudio de la demanda.
El asunto sometido a la consideración de la Corte. Planteamiento sobre una posible ineptitud sustantiva de la demanda
La Corte Constitucional ha analizado ampliamente los requisitos que debe reunir una demanda de inconstitucionalidad para que el asunto sometido a su consideración pueda ser decidido de fondo, advirtiendo que la fijación de tales requerimientos no tiene el alcance de desconocer el carácter público de la acción de inconstitucionalidad ni de hacer nugatorio el ejercicio de este derecho político, sino que constituye una carga procesal mínima establecida con el fin de que la Corporación pueda cumplir eficazmente con las funciones asignadas por la Carta Política en esta materia Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-980 de 2005, M.P.R.E.G...
En ese orden de ideas, de acuerdo con el artículo 2 del Decreto 2067 de 1991 las demandas en las acciones públicas de inconstitucionalidad deben señalar (i) las normas acusadas como inconstitucionales, (ii) las normas constitucionales que se consideran infringidas y (iii) las razones por las cuales dichos textos se consideran violados. En punto de la satisfacción de este último requisito, la Corte ha establecido que no cualquier tipo de razones resulta suficiente sino que es necesario que éstas sean claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes Corte Constitucional, Sentencia C-1052 de 2001, M.P.M.J.C.E., como quiera que sólo con el lleno de estas características es posible que el juez constitucional realice la confrontación del texto demandado con las normas constitucionales Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-402 de 1999, M.P.J.G.H.G...
La Corte constitucional ha establecido que el requisito de claridad hace referencia al carácter inteligible de la argumentación presentada en la demanda, de manera que para la Corporación resulte de fácil comprensión el concepto de la violación Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-1052 de 2001M.P.M.J.C.E... Por su parte, la certeza implica que los cargos de inconstitucionalidad recaigan sobre una proposición jurídica real y existente y no sobre una deducida por el actor o implícita Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-504 de 1995, M.P.J.G.H.G... El criterio de especificidad alude a la precisión o concreción con que se formulan los cargos de la demanda, de suerte que resulte posible establecer si realmente existe una oposición objetiva y verificable entre el contenido de la norma acusada y la Carta Política Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-568 de 1995, M.P.E.C.M... La pertinencia guarda relación con la necesidad de que el reproche formulado sea de naturaleza constitucional, de manera que devienen inaceptables los argumentos que se basan en consideraciones puramente legales Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-447 de 1997, M.P.A.M.C.. o doctrinarias Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-504 de 1993; M.P.E.C.M. y C.G.D., o aquellos otros que se limitan a expresar puntos de vista subjetivos Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-447 de 1997, M.P.A.M.C.. del demandante. Finalmente, la suficiencia exige que los cargos de inconstitucionalidad refieran todos los elementos de juicio (argumentativos y probatorios) necesarios para desatar el estudio correspondiente y con entidad persuasiva tal que al menos generen una duda razonable sobre la constitucionalidad de la norma impugnada.
De esta forma, sólo cuando se verifica el cumplimiento de los requisitos señalados es dado a la Corte desatar el juicio de inconstitucionalidad promovido mediante demanda ciudadana. C.S., esto es, si la demanda no se ajusta a las condiciones mínimas de procedibilidad, concretamente a aquéllas relativas a la necesidad de que los argumentos de inconstitucionalidad sean claros, ciertos, específicos, pertinentes y suficientes, la misma será sustancialmente inepta y el juez constitucional estará obligado a proferir un fallo inhibitorio Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-980 de 2005, M.P.R.E.G...
Si bien del artículo 6 del Decreto 2067 de 1991 la jurisprudencia constitucional ha concluido que, en principio, es en el Auto en el que se decide sobre la admisión de la demanda, en donde debe valorarse la satisfacción de los requisitos de procedibilidad estudiados, también ha sostenido que, como quiera que ese primer análisis responde a un estudio apenas sumario, resulta jurídicamente viable que la Corporación desate el análisis de procedibilidad en la Sentencia, una vez evalúe, además de la acusación, la opinión de los distintos intervinientes y el concepto del Ministerio Público Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-1115 de 2004, M.P.R.E.G..
Ineptitud sustantiva de la demanda formulada contra el artículo 98 del Decreto 2303 de 1989
''De lo expuesto se concluye que el Decreto 747 de 1992, consagra una acción de carácter policivo, con medidas provisionales para quien encontrándose explotando económicamente un bien agrario, haya sido privado de su tenencia material, de hecho, sin su consentimiento, y sin causa que lo justifique, preservando la definición permanente de la situación a cargo de la justicia agraria'' Corte Constitucional, Sentencia T-1104 de 2008, M.P.H.A.S.P...
En este sentido, la doctrina ha sido uniforme en señalar que actualmente el proceso de lanzamiento por ocupación de hecho puede ser adelantado tanto por los jueces agrarios como por los funcionarios de policía de conformidad con los trámites regulados para tal efecto en el Decreto 2303 de 1989 y en el Decreto 747 de 1992, respectivamente Sobre el particular, ver, entre otros, Código Judicial Agrario, Concordado y Comentado por G.M.Q., Editorial Leyer; Tratado de Derecho de Policía, R.T.R., Ediciones Ciencia y Derecho; y Lecciones de Derecho de Policía, M.G., Editorial Temis., precisando que la competencia de las autoridades de policía se inscribe dentro de la función administrativa de protección y restablecimiento del orden público en todo el territorio nacional, mediante la adopción de medidas inmediatas para la conservación del statu quo y la restitución de las cosas a su estado inicial, de forma transitoria y provisional, mientras el juez agrario adopta las decisiones judiciales permanentes y definitivas en el marco de un proceso respetuoso de las garantías constitucionales de los interesados.
La coexistencia armónica de la competencia de los jueces agrarios y los funcionarios de policía para adelantar el proceso de lanzamiento por ocupación de hecho en predio agrario, ha sido refrendada por la Corte Constitucional en reciente fallo de tutela en el que se afirmó que ''la Alcaldía del Municipio de Orocué, al adelantar el trámite policivo y ordenar el lanzamiento por ocupación de hecho, era competente para hacerlo y además aplicó el procedimiento previsto tanto en el Decreto 747 de 1992, como en el Código de Policía de Casanare, normas que expresamente contemplan el procedimiento a seguir en casos como el que ocupa la atención de esta Sala(...)'' Corte Constitucional, Sentencia T-1104 de 2008, M.P.H.A.S.P...
''No se está pues, ante un conflicto de competencias o de jurisdicciones, en tanto que el Decreto 2303 de 1989 prevé en forma clara un procedimiento especial de lanzamiento por ocupación de hecho de competencia exclusiva de la jurisdicción agraria, lo que no excluye la acción de restablecimiento de carácter policivo, provisional y preventivo, consagrado en el Código Nacional de Policía, en el Decreto 747 de 1992 y en las normas del Código de Policía de Casanare, dirigido a restablecer las cosas a su estado inicial de manera transitoria mientras el Juez adopta las medidas que corresponda al caso particular con carácter judicial, permanente y definitivo, sometido desde luego, a las formas propias del procedimiento establecido en las normas que lo rigen'' Ibídem..
En este sentido, la Corte concluye que los cargos formulados por la demandante parten del erróneo presupuesto en el sentido de que las autoridades de policía han sido privadas de la competencia para adelantar procesos de lanzamiento por ocupación de hecho en predios agrarios. En efecto, la competencia puramente policiva de conservación del orden público frente a ocupaciones de hecho siempre ha estado radicada en las autoridades de policía, como fue reafirmado en el Decreto 747 de 1992 ''Por el cual se dictan medidas policivas con el fin de prevenir las invasiones en predios rurales que estén ocasionando la alteración del orden público interno en algunos departamentos'', en virtud del cual las personas privadas de hecho de la tenencia material de un predio agrario que exploten económicamente, podrán solicitar al alcalde o al funcionario en quien se haya delegado esta función, la protección de su predio, con el objeto de que se restablezca y mantenga la situación que existía antes de la invasión, sin perjuicio de la acción que pueda intentar ante el juez para que adopte las medidas definitivas pertinentes (artículo 1).
Ineptitud sustantiva de la demanda formulada contra el Decreto 2303 de 1989 en su integridad
No obstante lo anterior, la Corte pone de presente que en reiterada jurisprudencia Ver, entre otras, Sentencias C-621 de 1997, M.P.H.H.V. y C-587 de 1997, M.P.J.A.M.. se ha sostenido que el tránsito constitucional impone la obligación de ejercer el análisis de constitucionalidad relativo al proceso de formación de las normas expedidas bajo la vigencia de la Carta Política de 1886, con fundamento en las reglas y requisitos en ella contenidos. De esta forma, los códigos expedidos antes de la vigencia de la Constitución Política de 1991, dictados por el Presidente de la República en ejercicio de facultades extraordinarias conferidas por el legislador, no devienen inexequibles por este aspecto, como quiera que para la época en que fueron expedidos, no existía la prohibición que hoy consagra el artículo 150, numeral 10 de la Constitución.
Segundo. Declararse INHIBIDA para emitir pronunciamiento de fondo en relación con el Decreto 2303 de 1989 ''Por el cual se crea y organiza la jurisdicción agraria'', por ineptitud sustantiva de la demanda.
Tutela de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 50168 de 9 de Septiembre de 2010