Source: http://www.ilustrados.com/tema/9856/Derechos-reproductivos-sexuales.html
Timestamp: 2018-10-17 15:05:09
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Derechos reproductivos y sexuales - Ilustrados!
Resumen: La sexualidad y la reproducción son aspectos centrales de la vida de las personas. Con los avances científicos y la popularización de los métodos anticonceptivos modernos, hombres y mujeres están en condiciones de controlar su capacidad reproductiva y tomar decisiones libres y responsables. Sin embargo, existen todavía altas tasas de embarazo no deseado, abortos en condiciones de ilegalidad, mortalidad materna por causas evitables, políticas de población pro-natalistas o anti-natalistas que no respetan los derechos reproductivos de las personas y distintos puntos conflictivos en torno a la reproducción.
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“dígase hombre, y se han dicho todos los derechos”
·	Los derechos y sus generalidades.
·	Los derechos reproductivos y sexuales. Elementos conceptuales.
·	Evolución histórica de los derechos reproductivos y sexuales.
·	Los derechos sexuales y reproductivos en los foros internacionales y sus instrumentos.
·	¿Cuáles son los derechos reproductivos y sexuales?
·	Actualidad y controversia.
·	Cuba: ¿regulación o desregulación de los derechos reproductivos y sexuales? .
La sexualidad y la reproducción son aspectos centrales de la vida de las personas. Con los avances científicos y la popularización de los métodos anticonceptivos modernos, hombres y mujeres están en condiciones de controlar su capacidad reproductiva y tomar decisiones libres y responsables. Sin embargo, existen todavía altas tasas de embarazo no deseado, abortos en condiciones de ilegalidad, mortalidad materna por causas evitables, políticas de población pro-natalistas o anti-natalistas que no respetan los derechos reproductivos de las personas y distintos puntos conflictivos en torno a la reproducción.
De acuerdo a las definiciones más actualizadas emitidas por ONU y diversas ONGs, sexo constituye el conjunto de características biológicas que posee cada persona, permitiendo tanto al entorno como a sí mismo la identificación del individuo como varón o como hembra. Es la condición orgánica que distingue al varón de la hembra.
Han sido definidos varios tipos de sexo, a saber, el sexo cromosómico, sexo gonadal, sexo social, sexo psicológico, sexo físico o somático, y el llamado sexo legal, definido éste último como el que dicen nuestros documentos personales de identidad que somos, está expresado en nuestra acta de nacimiento, en nuestro carnet de identidad, en nuestro pasaporte. Algunas personas transexuales, más que desear una reasignación sexual (cambio de sexo por intervención quirúrgica), se conforman con un cambio de la identidad legal (cambio de sexo en los documentos de identidad legal).
Reconocer los derechos reproductivos implica obligaciones de las personas, la sociedad y los Estados de eliminar todos aquellas formas de discriminación contra las mujeres, dado que las decisiones reproductivas se dan en contextos de poder entre los géneros donde muchas mujeres no logran ejercer su autonomía reproductiva. Por eso la CIPD de las Naciones Unidas dio gran importancia al empoderamiento de las mujeres y en promover la responsabilidad masculina.
La salud, en términos sencillos, es un estado de completo bienestar físico, mental y social de las personas. La salud como bienestar refleja la necesidad de funcionar adecuadamente y disfrutar del entorno, como sensación y percepción placentera y agradable, como garantía y disfrute de una supervivencia digna a través de la satisfacción de las necesidades básicas, emocionales y sociales de un individuo para favorecer el desarrollo de su personalidad.
La relación salud-vida, dentro de ella la relación vida-trabajo, se refiere a la calidad de vida de los seres humanos. La salud no sería tan importante sino fuera en relación con una vida plena con toda su potencialidad intelectual y de desarrollo en el campo laboral, necesario para obtener un alto grado de autoestima.
El derecho a la dignidad del ser humano es uno de los pilares esenciales en que descansa la arquitectura de los derechos sexuales y reproductivos. Es entendido como el derecho de toda persona al reconocimiento de la dignidad humana como el cimiento de la concepción humanista integral, la cual es inviolable y comprende el derecho al libre desenvolvimiento de su personalidad, sin otras limitaciones que las que deriven del derecho de los demás, y del orden público y social. Es en esencia el derecho de la persona a la integridad física, moral y síquica, la cual es inviolable en todo momento, lugar y circunstancia.
El otro pilar es el derecho a la libertad personal que en resumen no es mas que aquel que garantiza que toda persona tiene derecho a disponer libremente de su vida, propio cuerpo, sus bienes corpóreos e incorpóreos, el fruto de su trabajo, y decidir en cuanto a situaciones relacionadas con sus hijos, con las limitaciones que pueda establecer la ley por motivos de utilidad social o bienestar común. Incluye que la vida de ninguna persona puede ser propiedad o estar dentro del dominio de otra persona, asociación, organización, institución, de cualquier tipo, social, religioso, científico, social, militar, filantrópico. Implica además que ninguna persona ni sus atributos personales, puede ser vendida.
A ello se une además que, por motivo alguno, nadie tiene facultad para limitar el ejercicio de derechos personales a otra persona, salvo que lo realice actuando como autoridad pública o en la impartición de justicia. Además de ello nadie puede ser discriminado en el ejercicio de derechos que le corresponden, por razones de filiación, raza, color, sexo, origen social.
Pero los derechos humanos, y por demás dentro de ellos los sexuales y reproductivos, al deberse a muy variadas consideraciones de tipo moral, filosófico, político, jurídico, ético y religioso; requieren para la determinación de su alcance en el marco jurídico, de un enfoque y análisis mucho más profundo.
Los derechos y sus generalidades
Las normas jurídicas, al ordenar las relaciones sociales, colocan a los sujetos de éstas en distintas situaciones. Para que la función social o económica perseguida con la relación pueda lograrse, se reconocen a las personas que en ella intervienen situaciones de poder jurídico y situaciones jurídicas de deber.
La situación jurídica de poder existe siempre que el ordenamiento jurídico atribuye a una persona la posibilidad de poder exigir de otra u otras un cierto comportamiento o imponga unas determinadas consecuencias previstas en la ley, mediante la realización de un acto voluntario suyo. Esta situación se concreta en los llamados derechos subjetivos.
Pero para diferenciarla de las potestades y facultades, por derecho subjetivo debemos entender una situación de poder jurídico, que se reconoce y protege por el ordenamiento jurídico, compuesta por un grupo de facultades unitariamente agrupadas, que se atribuyen a su titular para la satisfacción de determinados intereses abstractamente considerados, dejando al arbitrio de éste su ejercicio y defensa.
La clasificación de derechos subjetivos que se ha asumido por la escuela cubana de derecho, como la más generalizadora, les clasifica en tres grupos fundamentales: derecho a la personalidad, derechos personales de familia y derechos patrimoniales.
Yendo hacia atrás en la historia jurídica, puede decirse que la conciencia clara y universal de los Derechos Fundamentales es propia de los tiempos modernos, pero esto no quiere decir que el hombre medieval no tuviera Derechos Fundamentales. Lo que ocurre es que conocía los derechos estamentales, es decir, los derechos propios de los estados u órdenes en que aparece estratificada la sociedad feudal.
Cuando se habla de derechos humanos, equivalentes a derechos fundamentales, se alude al ámbito jurídico ajeno. Hoy se considera que pertenecen al derecho público, ya que aluden a las relaciones individuo-estado, pues se trata de limitar las facultades de los poderes legislativo y ejecutivo mediante la imposición del respeto a ciertas libertades individuales que no se pueden menoscabar o no pueden hacerlo sino de forma limitada, a través de la suspensión de las garantías constitucionales.
Es dentro de los derechos humanos en la esfera personal, que encuentran su expresión los llamados derechos reproductivos y sexuales, nacientes ellos de la imbricación de los derechos a la vida, a la libertad personal y a la privacidad, o sea, en ellos se refunde tanto la rama objetiva como la subjetiva de los llamados derechos inherentes a la personalidad.
Los derechos reproductivos y sexuales. Elementos conceptuales
Los derechos reproductivos y sexuales, en su definición más primaria, son aquellos que forman parte de los derechos humanos, cuya finalidad es que todas las personas puedan vivir libres de discriminación, riesgos, amenazas, coerciones y violencia en el campo de la sexualidad y la reproducción. Les asisten a todas las personas con capacidad biológica y psicológica para tener una vida sexual y participar en la reproducción.
También denominados universalmente por un facilismo anglosajón como “reprorights”, los derechos reproductivos nacieron conceptualmente en la Conferencia Internacional de las Naciones Unidas sobre Población y Desarrollo, celebrada en el Cairo en 1994, en la cual se dá la primera formulación expresa de los mismos, durante la que se delineó: "…los derechos reproductivos reposan en el reconocimiento básico del derecho de todas las parejas e individuos a decidir libre y responsablemente el número, espaciamiento y oportunidad de tener hijos y a tener la información y los medios para hacerlo, y el derecho a alcanzar el más elevado estándar de salud sexual y reproductiva.
Ello incluye el derecho que a todos les asiste de tomar decisiones reproductivas libres de discriminación, coerción y violencia tal como lo expresan los instrumentos de derechos humanos…” "Teniendo en cuenta la definición que antecede, los derechos reproductivos abarcan ciertos derechos humanos que ya están reconocidos en las leyes nacionales, en los documentos internacionales sobre derechos humanos y en otros documentos pertinentes de las Naciones Unidas aprobados por consenso.
Al año siguiente de la Conferencia de la ONU en el Cairo sobre Población y Desarrollo, reaparecen los derechos reproductivos y sexuales con redacción casi idéntica en la IV Conferencia Mundial de la Mujer, en Pekín. En el Plan de Acción se afirma: "Los derechos reproductivos abarcan ciertos derechos humanos que ya
están reconocidos en las leyes nacionales, en los documentos internacionales sobre derechos humanos y en otros documentos pertinentes de las Naciones Unidas aprobados por consenso.
“Estos derechos se basan en el reconocimiento del derecho básico de todas las parejas e individuos a decidir libre y responsablemente el número de hijos, el espaciamiento de los nacimientos y el intervalo entre estos, y a disponer de la información y de los medios para ello y el derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva. También incluye el derecho a adoptar decisiones relativas a la reproducción sin sufrir discriminación, coacciones ni violencia, de conformidad con lo establecido en los documentos de derechos humanos. En el ejercicio de este derecho, las parejas y los individuos deben tener en cuenta las necesidades de sus hijos nacidos y futuros y sus obligaciones con la comunidad. La promoción del ejercicio responsable de esos derechos de todos debe ser la base primordial de las políticas y programas estatales y comunitarios en la esfera de la salud reproductiva, incluida la planificación de la familia".
En la misma conferencia de Pekín fue definida la salud reproductiva como "la capacidad de disfrutar una vida sexual satisfactoria y sin riesgos, y de procrear, y la libertad para decidir hacerlo o no hacerlo, cuándo y con qué frecuencia". De esta manera, se reafirman los derechos de los adolescentes a la salud reproductiva, incluyendo el libre acceso a la información y reconociendo la necesidad de una mayor accesibilidad a los servicios de planificación familiar que incluyan distribución de métodos anticonceptivos.
No obstante a ello no existe aún ningún texto internacional sobre derechos humanos que aluda de forma expresa a los derechos reproductivos, aunque ciertamente, están reconocidas nacional e internacionalmente muchas de las facultades que la procreación humana comporta, tales como el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad; el derecho a la dignidad y al libre desarrollo de la personalidad; el derecho a la integridad física, a la libertad religiosa, ideológica y de conciencia; el derecho a la intimidad personal y familiar; el derecho al matrimonio y a fundar una familia; el derecho de la maternidad y la infancia a cuidados y asistencia especiales; el derecho a la educación, etc.
Evolución histórica de los derechos reproductivos y sexuales
Casi una década después, en 1993 en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos que se realizó en Viena, los Estados aceptaron considerar como una violación a los derechos humanos a toda violación de los derechos específicos de las mujeres.
La iniciativa y participación de las mujeres en esta Conferencia produjo un cambio trascendental en la teoría de los derechos humanos, pues se estableció que los derechos humanos pueden disfrutarse tanto en el ámbito público como en lo privado y por lo tanto, pueden violarse en ambos ámbitos. Allí se definió que los derechos humanos son universales, interdependientes e indivisibles. Hasta ese momento el sistema estaba basado en violaciones cometidas por los Estados y referidas al espacio político y social. Por primera vez, actos de particulares, ocurridos en el espacio privado, pueden originar responsabilidad estatal.
Por demás, la ya mencionada Conferencia de 1994 en el Cairo fue un importante punto de lanzamiento en cuanto al delineamiento, por consenso internacional, del contenido de los derechos sexuales y reproductivos. Se presentó un significativo Programa de Acción, que incluyó los temas: relaciones entre la población, el crecimiento económico sostenido y el desarrollo sostenible; la igualdad y equidad entre los sexos y la habilitación de la mujer; la familia y sus funciones y derechos; el crecimiento y estructura de la población; derechos reproductivos y salud reproductiva; salud, morbilidad y mortalidad; la distribución de la población, urbanización y migración interna; migración internacional; población, desarrollo y educación; y tecnología, investigación y desarrollo. Fue aceptado que "en ningún caso se debe promover el aborto como método de planificación de la familia”.
Este logro estuvo precedido de intensas movilizaciones sociales y debates de más de cincuenta años.
La contribución conceptual más importante a los derechos reproductivos fue de los movimientos de mujeres, quienes reivindicaron el derecho decidir sobre su cuerpo y su capacidad reproductiva, reclamando participar en las decisiones políticas de los asuntos que directamente les conciernen. Se cuestionó que las políticas sobre las cuestiones reproductivas y sobre planificación familiar estuvieran dirigidas sólo hacia las mujeres y propusieron una plena participación y relación de paridad entre mujeres y hombres en la vida productiva y reproductiva, incluyendo responsabilidades sobre el cuidado de los niños y las tareas domésticas.
Uno de los objetivos prioritarios era en ése momento el reconocimiento universal de los llamados derechos reproductivos, como una categoría más de derechos humanos. Su inclusión en los planes de acción de las Conferencias internacionales sobre Población y Desarrollo (El Cairo, 1994) y sobre la Mujer (Pekín, 1995), suscitó la oposición y la fuerte reticencia de diversas delegaciones estatales.
En varias instancias internacionales, luego de Viena, las mujeres participaron aportando sus investigaciones, propuestas y reclamos, con el objetivo de afirmar y desarrollar lo ya conquistado. Se trataba de una causa prioritaria para las organizaciones de control de la natalidad, que presionaban en la Organización de Naciones Unidas (ONU) para que se le otorgara reconocimiento internacional. En la práctica, tales derechos vienen a ser una avanzadilla del aborto, no incluido en ningún texto de derechos humanos. Pero, para que se pueda hablar en serio de "derechos reproductivos", es preciso examinar qué fundamento y sentido pueden tener.
En estos momentos hay nuevas circunstancias políticas globales que inciden en el debate sobre salud reproductiva e interrupción del embarazo. El Congreso norteamericano ha hecho esfuerzos para incluir una cláusula de condicionalidad en relación a los recursos de cooperación para el desarrollo, que apunta a impedir el acceso a esos recursos a organizaciones relacionadas de alguna forma con la interrupción del embarazo.
Los financiamientos de USAID están limitados por esa condicionalidad, lo que tiene efectos políticos regresivos dentro de los países receptores de fondos de esa agencia. A esta presión se suman grupos antiaborto y sectores conservadores de algunas iglesias, lo que pone sobre el tapete el debate sobre laicidad y democracia y la necesidad de revaluar la relación entre la religión y el Estado.
El reconocimiento de los derechos reproductivos como derechos humanos generalmente ha llegado a las legislaciones internas de los países de la mano del Derecho Internacional Público. Son estos instrumentos internacionales (los de población y desarrollo y no los específicos sobre derechos humanos) los que los introducen, a veces tratados, con fuerza vinculante, y otras veces recomendaciones o resoluciones de reuniones internacionales, en principio, sin fuerza vinculante pero que van generando "costumbre".
En nuestra región geográfica, cada 28 de mayo, Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer, el movimiento de mujeres de América Latina realiza diversas actividades para llamar la atención sobre la situación de salud de la mujer, incluido el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos.
Los derechos sexuales y reproductivos en los foros internacionales y sus instrumentos
Los avances de la comunidad internacional en materia de compromiso con la defensa de los derechos reproductivos han sido muchos en las últimas décadas. Existen instrumentos internacionales que tienen el valor de ir sentando precedentes, construyendo "costumbre internacional" y que significan también la asunción de un compromiso moral para los Estados miembros frente a la comunidad internacional y a sus propios ciudadanos.
La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer, consagra los Estados asegurarán, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres "los mismos derechos a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos y el intervalo entre los nacimientos y a tener acceso a la información, la educación y los medios que les permitan ejercer estos derechos".
Asimismo, habla de que los Estados adoptarán las medidas para eliminar la discriminación en el "acceso a los servicios de atención médica, inclusive los que se refieren a la planificación familiar" y garantizarán los "los servicios apropiados en relación con el embarazo, el parto y el período posterior al parto, proporcionando servicios gratuitos cuando fuere necesario..."
Se ratifica la obligación y el compromiso de los Estados de adoptar las medidas necesarias para conseguir la plena realización de los derechos consagrados en la Convención. Esta norma complementa lo sostenido en otras que también hacen al espíritu de la Convención en el sentido de que puede haber discriminación de la mujer por acción y por omisión. Así, la Convención no adopta una postura "neutra" sino que compromete a los Estados a actuar para eliminar hasta las prácticas y los prejuicios basados en estereotipos. Estas son las denominadas "acciones positivas".
La Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) habla, en su contexto histórico del derecho a la vida, la libertad y la seguridad de todas las personas (art.3), del respeto y la protección a la privacidad (art.12), de la libertad de pensamiento y de conciencia(art.18), de la libertad de opinión (art.19), del derecho a la salud, la asistencia médica y la protección de la maternidad (art.25).
Por su parte, el Pacto Internacional de derechos económicos, sociales y culturales (de 1966) establece la no discriminación por razón de sexo (art.2), la garantía de igualdad de goce de hombres y mujeres de los derechos sociales y culturales (art.3), la no restricción de derechos humanos fundamentales no expresamente incluidos en este tratado (art.5), la protección a la maternidad (art.10), el derecho a la salud física y mental (art.12).
A su vez, el Pacto Internacional de derechos civiles y políticos (de 1966) establece la garantía de igualdad entre hombres y mujeres (art.3), el derecho a la libertad y seguridad personales (art.9), el derecho a la privacidad (art.17), la libertad de pensamiento y conciencia (art.18), la libertad de opinión (art.19) y la no discriminación en razón del sexo (arts.24 y 26).
También la Convención sobre los Derechos del Niño (de 1989) establece en cuanto a los derechos sexuales y reproductivos que los Estados adoptarán las medidas apropiadas para "asegurar atención sanitaria prenatal..." (art.24, inc.d), para "desarrollar la atención sanitaria preventiva, la orientación a los padres y la educación y servicios en materia de planificación familiar" (art.24, inc.f) y para impedir "la incitación o la coacción para que un niño se dedique a cualquier actividad sexual ilegal" y "la explotación del niño en espectáculos o materiales pornográficos". (art.34, incs.a, b y c).
Otro de los tratados internacionales en materia de derechos humanos es el conocido como Pacto de San José de Costa Rica (Convención Americana sobre Derechos Humanos, firmada en 1969). Si bien este instrumento también consagra la no discriminación en razón del sexo (art.1º), el derecho a la libertad (art.7º), el reconocimiento a la dignidad y la protección de la privacidad (art.11), la libertad de pensamiento y de opinión (art.13) y la protección de la familia (art.17), hay quienes invocan la protección del derecho a la vida (art.1º) como otra restricción para la utilización de algunos métodos anticonceptivos, las técnicas de fecundación asistida o la desincriminación de la interrupción voluntaria del embarazo. Esto no es así, puesto que más allá del deber de interpretar los diferentes derechos humanos en forma plena y no antagónica, aunque dicha norma plantee la protección de la vida también estipula que será "en general, a partir del momento de la concepción" - lo cual obviamente admite excepciones y permite una interpretación armónica del derecho a la vida y los derechos reproductivos.
En este orden de ideas cabe mencionar las Conferencias Mundiales de Población en 1974 y 1984, que tuvieron lugar en Bucarest y México, respectivamente, y las Estrategias de Nairobi para el avance de la mujer (producto de la Conferencia llevada a cabo en Kenya en 1985) que fueron aprobadas por la Asamblea de Naciones Unidas en diciembre de 1985. Aquí ya se habla, en al acápite de salud, del "derecho humano básico" de todas las parejas y las personas a decidir libre e informadamente el número y espaciamiento de sus hijos. Se promovía el fortalecimiento de los elementos de planificación familiar y salud materno infantil en la prevención primaria, incentivando la elaboración de información en materia de planificación familiar y la creación de servicios (Bucarest, 1974; México, 1984; Nairobi, 1985).
Las Estrategias de Nairobi (1985) dedican a este tema los párrafos 156 a 159 -donde sólo la Santa Sede hizo reserva- y reconocen que "la capacidad de la mujer de controlar su propia fertilidad constituye una base importante para el goce de otros derechos". Establecen que los gobiernos deben, "como una cuestión urgente", poner a disposición la información, la educación y los medios para que mujeres y varones puedan tomar decisiones sobre su número de hijos deseados. Esto incluye -se especifica- la provisión de todos los métodos de planificación familiar medicamente aprobados.
La educación para una paternidad responsable debe estar dirigida a varones y mujeres -según dicho documento- y se reconoce a las organizaciones no gubernamentales de mujeres como uno de los más efectivos prestadores de ese tipo de programas. Al referirse al embarazo adolescente y sus consecuencias insiste en la necesidad de garantizar a los adolescentes, mujeres y varones, la adecuada información y educación sexual. Por último, se estipula que todos estos programas no deben ser coercitivos ni discriminatorios y que deben se coherentes con los derechos humanos universalmente reconocidos, así como también respetuosos de los cambiantes valores individuales y culturales.
En los últimos años los procesos de las "Cumbres" Internacionales convocadas por Naciones Unidas se han vuelto más frecuentes y muchísimo más participativos, en la medida en que la presencia masiva de organizaciones no gubernamentales y otros actores y la inmediatez informativa que generan los medios de comunicación generan un impacto social de dimensiones globales. Por lo tanto, si bien no varía el valor jurídico formal de los documentos que allí se producen, se aceleran los cambios en la construcción de una realidad jurídica diferente.
Así, la Conferencia sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Río de Janeiro, 1992) en el conocido como "Programa XXI", al referirse a la lucha contra la pobreza establece la necesidad de que: "se aplicaran, con carácter de urgencia y según las condiciones y sistemas jurídicos de cada país, medidas para lograr que las mujeres y los hombres tuvieran el mismo derecho de decidir de manera libre y responsable el número y el espaciamiento de hijos y tuvieran acceso a la información, a la educación y a los medios, según procediera, que les permitiera ejercer ese derecho en consonancia con su libertad, su dignidad y sus valores personales, teniendo en cuenta las consideraciones éticas y culturales. Los gobiernos deberían tomar medidas activas a fin de ejecutar programas para establecer y reforzar los servicios de salud preventivos y curativos, que incluyeran servicios de salud reproductiva seguros y eficaces, centrados en la mujer y administrador por mujeres, así como servicios asequibles y accesibles, según procedieran, de planificación responsable del tamaño de la familia, en consonancia con la libertad, la dignidad y los valores personales y teniendo en cuenta las consideraciones éticas y culturales. Los programas deberían centrarse en la prestación de servicios generales de salud, incluidas la atención prenatal y la educación e información en materia de salud y paternidad responsable, y dar a todas las mujeres la oportunidad de amamantar completamente a sus hijos, al menos durante los cuatro primeros meses después del parto. Los programas deberían apoyar plenamente la función productiva y reproductiva de la mujer, así como su bienestar, y prestar especial atención a la necesidad de proporcionar mejores servicios de salud a todos los niños, en condiciones de igualdad, así como a la necesidad de reducir el riesgo de la mortalidad y las enfermedades de madres e hijos;..." (capítulo 3 de la sección I, inc.j)
Asimismo, al referirse a la protección de los grupos vulnerables reconoce que "la mayoría de las mujeres de los países en desarrollo siguen careciendo de oportunidades de educación básica y de los medios para promover su salud, ejercer un control responsable de su función reproductora y mejorar su condición socioeconómica" (pto.6.21 del acápite c).
La Conferencia Mundial de Derechos Humanos (Viena, 1993) establece en el punto 5 de su Declaración: "Todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados entre sí. La comunidad internacional debe tratar los derechos humanos en forma global y de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándole a todos el mismo peso. Debe tenerse en cuenta la importancia de las particularidades nacionales y regionales, así como de los diversos patrimonios históricos, culturales y religiosos, pero los Estados tienen el deber, sean cuales fueren sus sistemas políticos, económicos y culturales, de promover y proteger todos los derechos humanos y las libertades fundamentales" (punto 5. Declaración).
En el punto 18 agrega: "Los derechos humanos de la mujer y de la niña son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales. La plena participación, en condiciones de igualdad, de la mujer en la vida política, civil. económica. social y cultural en los planos nacional regional e internacional y la erradicación de todas las formas de discriminación basadas en el sexo son objetivos prioritarios de la comunidad internacional..." (punto 18).
En el Programa de Acción se dedica el capítulo 3 a "la igualdad de condición y los derechos humanos de la mujer". Allí se reafirma, en el punto 41, "el derecho de la mujer a tener acceso a una atención de salud adecuada y a la más amplia gama de servicios de planificación familiar..." (punto 41).
Durante la "Sexta Conferencia Regional sobre la Integración de la Mujer en el Desarrollo Económico y Social de América Latina y el Caribe" organizada por CEPAL (Mar del Plata, octubre 1994) se aprobó un Programa de Acción regional 1995-2001. En él se establecen entre otras acciones y objetivos estratégicos en relación al Desarrollo (área II), los siguientes:
- "Incorporar en los programas de estudio temas sobre... la salud sexual y reproductiva y la equidad de género, y mejorar su contenido, a fin de fomentar una mayor responsabilidad y conciencia al respeto" (pár.77 - acción estratégica II.4.m).
"Promover la inclusión en las políticas de salud pública de programas específicos para mujeres y hombres, con el objetivo de prevenir y atender el embarazo precoz, especialmente durante la adolescencia temprana, en un contexto de atención integral de la salud, lo que incluye acciones tales como impartir una educación no sexista" (párr.83 - acción estratégica II.5.c)
"Promover la realización de investigaciones que hagan posible determinar las necesidades de las mujeres en el campo de la salud, especialmente en lo que respecta a... la salud sexual y reproductiva, la lactancia materna, el embarazo precoz, la fecundidad según área de residencia, el nivel educativo y rango de ingreso y todas las causas de mortalidad materna, las enfermedades laborales específicas y las de transmisión sexual, la vulnerabilidad con relación a estas últimas y el SIDA... y todos los factores de riesgo de salud vinculados a la construcción social de género y a las condiciones socioeconómicas; promover acciones orientadas a atender dichas necesidades" (párr.85 - acción estratégica II.5.e)
Proporcionar mejores servicios de planificación familiar y establecer para todas las mujeres, incluyendo a las mujeres con embarazos no deseados, sistemas de información y asesoramiento humanitario en que se reconozca la importancia del aborto como un problema de salud pública, sin perder de vista que en ningún caso se puede considerar como método de planificación familiar. "Impulsar la adopción de medidas para proteger y promover los derechos reproductivos de las mujeres,
"Respetar el derecho de la pareja y de las mujeres a decidir libre y responsablemente el número de hijos y el espaciamiento de los nacimientos, y fortalecer la capacidad de las mujeres para ejercer ese derecho básico poniendo a disposición, tanto de ellas como de los hombres, la información , la educación y los métodos necesarios para ello; realizar programas y actividades educativas para que los hombres participen más equitativa y responsablemente en la planificación familiar" .
Por su parte, en la Declaración de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social (Copenhagen, marzo 1995), las Naciones Unidas ratifican la universalidad, indivisibilidad, interdependencia e interrelación de todos los derechos humanos -tal como se sostuvo en Viena- (compromiso 1, n) y expresamente incorporan en el compromiso relativo a la igualdad entre mujeres y varones, el de tomar medidas que aseguren el acceso universal al más amplio espectro de servicios de salud, incluyendo aquellos relativos a la salud reproductiva (compromiso 5, d).
Más especificamente, en el Programa de Acción, en el capítulo 2 -dedicado a "Erradicación de la pobreza"- establece entre las obligaciones de los gobiernos para cubrir las necesidades humanas básicas de todos, la de "hacer accesible, a través del sistema de atención primaria, la salud reproductiva para todos los individuos en la edad apropiada y tan pronto sea posible pero no más allá del año 2015”.
¿Cuáles son los derechos reproductivos y sexuales?
Enfocamos a los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos básicos, conectados con la libertad sexual, el derecho a la intimidad/privacidad y el derecho a la salud, entre otros.
En este sentido, entendemos la salud -como lo hace la OMS- en sus aspectos físico, psíquico y social.
Así, una sexualidad sana supone:
1)	la aptitud para disfrutar de la actividad sexual y reproductiva y para regularla de conformidad con una ética personal y social;
2)	la ausencia de temores, sentimientos de vergüenza y culpabilidad, de creencias infundadas u otros factores psicológicos que inhiban la reacción sexual, impidiendo la plenitud del placer y
3)	la ausencia de trastornos orgánicos, de enfermedades y deficiencias que entorpezcan la actividad sexual y reproductiva.
En base a estas consideraciones resulta imprescindible distinguir en los seres humanos la esfera de la biología -donde podemos hablar de sexo y de reproducción- de la esfera de la subjetividad o lo psicológico -donde ubicaremos el placer y la maternidad/paternidad-.
Asimismo también es preciso distinguir la sexualidad y el placer de la reproducción o procreación. Si admitimos estas diferencias comprenderemos por qué la maternidad es o debe ser una elección y no constituir un destino fatal o hacer a la "esencia femenina". Esto permite liberar a la mujer de la obligación de ser madre a cualquier precio "para ser mujer".
Además, los derechos sexuales no se limitan como vulgarmente se cree a tener relaciones con quien se quiera, sino que abarcan derechos humanos básicos que incluyen:
1)	el total respeto por la persona;
2)	el derecho al más elevado standard de salud sexual y reproductiva;
3)	el derecho a la información necesaria y a los servicios de salud, con total respeto a la confidencialidad y
4)	el derecho a decidir libremente lo concerniente a la sexualidad y a la reproducción libre de discriminación, coerción y violencia.
Reconocer estos derechos ayudará a asegurar que mujeres y niños/as no sean sometidos a intervenciones médicas no deseadas o mutilaciones corporales -como la de los genitales femeninos-; relaciones sexuales no deseadas, incluyendo embarazos e hijos no deseados; violencia física, psicológica y sexual en la comunidad o en el trabajo, incluyendo desde el acoso sexual hasta la violación; violencia doméstica, física, sexual y psicológica -incluyendo las violaciones maritales y el incesto-; discriminación y violencia basada en la orientación sexual; transmisión de enfermedades sexualmente transmisibles y VIH/SIDA y la violencia sistemática contra las mujeres como arma de guerra.
¿Cómo se interpretan algunos de los derechos humanos en el campo de la sexualidad y la reproducción?
El primero de todos es el derecho a la vida. Este derecho lo tienen por igual hombres y mujeres, pero en materia de derechos sexuales y reproductivos tiene que ver particularmente con el derecho de las mujeres a no morir por causas evitables relacionadas con el embarazo o parto.
Esto implica que la mujer tiene derecho a no poner en riesgo o peligro su vida por razones de embarazo. La mujer pone en peligro su vida por un embarazo por varios factores: por un aborto realizado en malas condiciones (personal no capacitado o lugar inadecuado); por quedar embarazada antes de los 16 años o después de los 35 años; o cuando los embarazos son muy numerosos (más de 5 o hasta 3 cesáreas) o demasiado seguidos (1 por año).
El segundo derecho humano en el ámbito de la sexualidad y la reproducción es el derecho a la libertad y seguridad. Tanto los hombres como las mujeres tienen derecho a decidir si tienen relaciones sexuales o no, con quién y con qué frecuencia.
Esto implica que nadie puede ser forzado(a) por otra persona (ni siquiera por su cónyuge) a tener relaciones sexuales. También incluye que toda persona tiene derecho a expresar su preferencia sexual y a elegir el compañero(a) sexual y que ninguna mujer puede ser forzada a tener un embarazo o un aborto, ni a ser sometida a una intervención sin su consentimiento libre e informado.
Otro derecho humano ligado a la sexualidad y a la reproducción es el derecho de toda persona a la igualdad y a no ser discriminada. Todos los seres humanos, hombres y mujeres, merecen un trato respetuoso.
Esto implica que las mujeres y los hombres y las mujeres deben tener las mismas posibilidades de educarse y trabajar. Que a ninguna mujer se le puede exigir prueba de embarazo para acceder a un empleo o concursar para una beca, por ejemplo. Tampoco puede ser despedida de su trabajo o establecimiento educativo por estar embarazada. Ninguna persona requiere autorización del cónyuge o compañero(a) para utilizar algún método anticonceptivo (incluyendo la ligadura de trompas o vasectomía).
El cuarto derecho humano asociado a la sexualidad y a la reproducción es el derecho a la privacidad. Es decir, toda persona tiene derecho a que se respete su intimidad e implica que los prestadores de servicios (en los consultorios, hospitales o centros asistenciales) están obligados a guardar el secreto profesional.
Es decir, la información que el personal de salud obtiene, relacionada con la vida sexual y reproductiva de una persona, debe mantenerse en reserva y es parte de la vida privada de la o del paciente. Por cierto, las y los jóvenes, al igual que todas las personas, tienen derecho a que se respete su intimidad.
Otro derecho humano relacionado con la sexualidad y la reproducción es el derecho a la libertad de pensamiento. En lo que respecta a la vida sexual y reproductiva, toda persona tiene derecho a pensar y obrar libremente. Ello significa que ni la religión, ni el partido político, ni la cultura deben limitar a la persona en su forma de pensar o actuar frente a su vida sexual y reproductiva.
El sexto derecho humano es el derecho a la información y a la educación. En consecuencia, toda persona, hombre o mujer, desde temprana edad tiene derecho a ser educada y debe tener igual acceso a información oportuna y adecuada sobre los servicios y métodos de regulación de la fecundidad, enfermedades de transmisión sexual y todo lo que se relacione con su vida sexual y reproductiva.
Esto implica que todas las personas deben ser educadas y preparadas para asumir con responsabilidad las consecuencias de su conducta sexual y reproductiva:
• Las niñas y los niños, así como las y los adolescentes, tienen derecho a que se les brinde información y se les vincule a programas de prevención de embarazos no deseados, maltrato, abusos y todo lo relacionado con el ejercicio de su sexualidad.
• Las adolescentes embarazadas tienen derecho al apoyo especialmente de su familia, la comunidad y el Estado. Tanto la madre como el padre tienen un papel fundamental en el proceso educativo y deben brindar a sus hijos e hijas información oportuna y adecuada sobre los temas relacionados con la sexualidad y la reproducción.
Otro derecho humano muy importante ligado a la sexualidad y la reproducción es el derecho a optar por contraer matrimonio o no, y a formar o no formar una familia. Es decir, toda persona, hombre o mujer, tiene derecho a elegir si se casa o no se casa, cuándo y con quién.
Esto implica que ninguna persona puede ser obligada a contraer matrimonio. Además, ninguna persona está obligada a permanecer casada ni unida a alguien con quien ya no es feliz.
El octavo derecho humano respecto del mismo tema, es el derecho a decidir si se tienen hijos o no y cuándo tenerlos. Así, toda persona, mujer u hombre, debe tener a su alcance la más amplia información y servicios relacionados con los métodos anticonceptivos modernos, seguros y aceptables para regular la fecundidad, incluida la anticoncepción de emergencia.
Esto implica que toda persona, ya sea hombre o mujer, tiene derecho a elegir libremente el número de hijos que quiere tener y el espaciamiento de los mismos. No se requiere la autorización del cónyuge o el compañero sexual para planificar el número de hijos o hijas ni para elegir el método anticonceptivo, cualquiera que éste sea.
Otro derecho humano asociado a la sexualidad y a la reproducción es el derecho a la atención y protección de la salud. Esto quiere decir que toda persona tiene derecho a disfrutar de una vida sexual satisfactoria, libre de riesgos y a desarrollar su vida y relaciones de pareja en buenas condiciones.
Esto implica que toda persona tiene derecho a la calidad más alta posible en la atención de la salud sexual y reproductiva y que, en consecuencia, las personas usuarias de los servicios de salud sexual y reproductiva tienen derecho a exigir que la calidad de tales servicios sea óptima.
El décimo derecho humano es el derecho a los beneficios del progreso científico, lo que significa que toda persona tiene derecho a beneficiarse de los avances de la ciencia y el progreso tecnológico. En otras palabras, toda persona debe disponer de métodos anticonceptivos modernos, seguros y aceptables para regular su fecundidad y a estar informada sobre ellos.
Otro derecho humano relativo al tema que nos interesa es la libertad de reunión y participación política. Todas las personas tienen derecho a asociarse para promover el reconocimiento y ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos y, por ende, el disfrute de una adecuada salud sexual y reproductiva.
Esto significa que todas las personas tienen derecho a organizarse en busca del respeto, libre ejercicio y garantía de los derechos sexuales y reproductivos. La organización de grupos que compartan los mismos intereses (mujeres, jóvenes, homosexuales, entre otros) es importante para el reconocimiento, la obtención y afirmación de los derechos sexuales y reproductivos.
Finalmente, el duodécimo derecho humano asociado a la sexualidad y a la reproducción es el derecho de toda persona a no ser sometida a torturas y maltratos y, por el contrario, el derecho a vivir una vida libre de violencia.
Esto implica que toda persona tiene derecho a no ser agredida (ni física ni verbalmente) por su compañera o compañero sexual, ni por ninguna otra persona y nadie puede ser forzado(a) a tener relaciones sexuales. En las relaciones de pareja debe primar la igualdad, la libertad y el respeto recíproco entre sus integrantes.
Sin pretensión de enumeración excluyente podemos pensar como derechos sexuales, reproductivos y/o vinculados a la maternidad/paternidad -aunque diferenciados entre sí- los siguientes:
-	el derecho al libre ejercicio de la sexualidad, sin discriminaciones ni violencia de ningún tipo
-	el derecho al placer sexual
-	el derecho sobre el propio cuerpo (que es más abarcativo que lo sexual o lo reproductivo)
-	el derecho a la educación sexual
-	el derecho al acceso a la información y a los servicios de anticoncepción
-	el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de seguridad e higiene -no como método de planificación familiar-
-	el derecho a la maternidad/paternidad voluntaria y responsable -como función social-
-	el derecho al acceso a la información y al tratamiento, en su caso, frente a la esterilidad
-	el derecho a la maternidad/paternidad adoptiva
-	el derecho de la embarazada y/o de la pareja a una orientación durante el embarazo y hacia el parto y la crianza del hijo/a
-	el derecho a la atención y asistencia materno-infantil integral, humanizada y gratuita -incluyendo los controles prenatales, la asistencia hacia el trabajo de parto, el parto y el puerperio-
-	el derecho de la pareja embarazada al ejercicio de su sexualidad...
Todos estos derechos, aunque diferentes, están íntimamente conectados porque la salud reproductiva comienza por una vida sexual sana y la paternidad/maternidad -cuando se la elige- se sustenta en las otras dos.
La planificación familiar es parte de los derechos reproductivos, pero éstos no se agotan en aquélla, pues comprenden el derecho a ejercer la sexualidad sin riesgo de contagio de enfermedades de transmisión sexual, el derecho a acceder a una adecuada atención ginecológica durante el embarazo, el parto y el post parto, y el derecho a acceder a la prevención y tratamiento de la infertilidad.
Otros enfoques de los derechos sexuales y reproductivos, de acuerdo a la gama de auditorios a quienes van dirigidos, los expresan por ejemplo, hacia esferas populares de América Latina, resumidos de la forma siguiente:
1. El Derecho a la Libertad Sexual: Es la expresión de la sexualidad de la forma como lo desees, como te haga sentir mejor, sin que nadie se aproveche, o trate de explotarte o abusar de ti.
2. El Derecho a la Autonomía Sexual, Integridad Sexual y Seguridad del Cuerpo Sexual: Es la posibilidad de tomar decisiones autónomas sobre tu vida sexual, en un contexto de tu propia ética personal y social, incluye el control y el placer de nuestros cuerpos libres de tortura, mutilación o de violencia de cualquier tipo.
3.	El Derecho a la Privacidad Sexual: Es el derecho a tomar decisiones individuales sobre tus comportamientos sexuales, disfrutando de todo aquello que te haga sentir bien, es importante tener en cuenta que estos comportamientos no deben interferir con los derechos sexuales de otros u otras.
4. El Derecho a la Equidad Sexual: Se refiere a la oposición a todas las formas de discriminación, independientemente del sexo, orientación sexual e identidad de género.
5. El Derecho al Placer Sexual: Es el derecho a disfrutar del ejercicio de tu sexualidad, incluyendo el autoerotismo.
6.	El Derecho a la Expresión Sexual Emocional: Es el derecho a expresar nuestra sexualidad a través de la comunicación, el contacto y el amor. La expresión sexual es más que el placer erótico de los actos sexuales.
7. El Derecho a la Libre Asociación Sexual: Significa la posibilidad de casarse, de divorciarse o de convivir y de establecer otros tipos de asociaciones sexuales.
8. El Derecho a planificar en forma libre y responsable: Es el Derecho que toda persona tiene a decidir sobre tener hijos, hijas o no, el número y el espaciamiento entre ellos. En este derecho esta incluido el acceso y a la información veraz de todos los métodos de regulación de la fertilidad.
9. El Derecho a Información Basada en el Conocimiento Científico: Es el derecho a saber todo sobre tu sexualidad y la forma como vivirla a plenitud, disfrutarla con amor y cuidado para tu salud, con información que debe ser generada a través de un proceso científico y ético y difundido en formas apropiadas en todos los niveles sociales.
10. El Derecho a la Educación Sexual Integral-Comprensiva: Es el derecho que todos y todas tenemos a conocer y comprender mejor nuestro cuerpo y sexualidad, a estar informado sobre el funcionamiento y las respuestas que este tiene a estímulos, este proceso dura toda la vida, desde el nacimiento, e involucra la responsabilidad de todos y todas.
No obstante a los diferentes enfoques en los foros de ONU, reuniones internacionales de ONGs y ordenamientos jurídicos internos de los países; se perfilan comunes denominadores en relación al derecho a la vida, la integridad personal, la libertad y la privacidad, para definir los derechos sexuales y reproductivos.
Una muestra de la progresividad que, sin embargo, asiste a los derechos reproductivos y sexuales como derechos humanos al fin, es, dentro del derecho a la autonomía sexual y a la libre asociación sexual, el derecho de toda persona a elegir libremente la orientación sexual de su preferencia, mayormente en el caso del transexualismo, lo cual constituye una de las reivindicaciones mayores y de mayor difusión que en el campo de los derechos reproductivos y sexuales, aspiran a lograrse en el comienzo del Tercer Milenio. Este derecho, derivado del derecho a la autonomía sexual, no está sin embargo recogido específicamente, dentro de los derechos reproductivos y sexuales tal como los vimos en el capítulo que concluye.
Es entendida la orientación sexual como una atracción constante hacia un tipo particular de personas en el plano emotivo, romántico, sexual o afectivo. Es el resultado de una compleja interacción de factores ambientales, cognitivos y biológicos. Se relaciona con los sentimientos y la autoimagen, y representa un tipo de disposición sexual hacia personas del otro sexo, del mismo, o de ambos. Es una dimensión de la sexualidad muy estable, aunque no estática.
Los más acuciosos expertos sobre el controversial tema del transexualismo, han acordado en definirle como la discordancia o diferencia entre el sexo físico y el psicológico. Es “una mujer encerrada en el cuerpo de un hombre”. No es un defecto, sino una condición mental-emocional.
Para nadie son un secreto las diatribas legales que suscita el fenómeno de la transexualidad dentro de los derechos humanos, por sus consecuencias en la esfera de condición civil, adopción, patria potestad y el derecho de familia en sentido general.
La novedad de los derechos reproductivos y sexuales no se debe tanto a la afirmación de su existencia, cuanto a las dimensiones de su contenido.
El primero y principal de los aspectos controvertidos y erróneos en cuanto a los derechos reproductivos y sexuales, es que los mismos no les asisten solamente a las mujeres, no son exclusivos del sexo femenino ni excluyentes del otro sexo, tal y como expresan en sus sitios web algunas organizaciones feministas que los han tomado como bastión y bandera en su lucha contra la violencia hacia la mujer, el aborto, la Circuncisión femenina/ Mutilación genital femenina y la Maternidad segura.
No cabe hablar, en segundo lugar, de derechos reproductivos de manera indiscriminada, sin precisar qué facultades o poderes jurídicos de actuación se incluyen bajo esa categoría. El núcleo del problema radica en que se pretende legitimar cualquier tipo de conducta relacionada con la procreación humana basándose en un difuso e ilimitado derecho a la autodeterminación física, que supondría reconocer al individuo facultades soberanas sobre su cuerpo y hacer de la autonomía -del libre desarrollo de la personalidad- el bien supremo, hasta el extremo de afirmar que el derecho a elegir es más importante que lo elegido. Para quienes apoyan esa tesis, un Estado pluralista y laico debería limitarse a garantizar de la mejor forma posible la libre elección individual con independencia de su contenido. Su función consistiría en proteger las decisiones reproductivas -incluido el aborto- y facilitar los medios para acceder fácil y legalmente a todas y cada una.
En tercer lugar, subsiste una discusión centrada en torno a la secular polémica sobre si el fundamento último del Derecho debe ser iusnaturalista o positivista. En otras palabras, si el objeto de la justicia -es decir, el derecho en su sentido propio y primario- consiste en dar a cada uno su derecho subjetivo -la facultad de hacer, de omitir o de exigir- o en dar a cada uno la cosa justa, o sea, lo que pertenece y corresponde al titular.
Se alega una llamada “Idea maximalista de la autonomía” al existir la gran dificultad que supone que los derechos reproductivos no estén constitucionalizados de forma expresa en la mayoría de los países. En consecuencia, se hace preciso recurrir a otros valores, principios y derechos fundamentales, puestos al servicio de una interpretación “maximalista” de la libertad. Y aquí radica el principal núcleo del problema que plantean los derechos reproductivos: en la definición y delimitación de su contenido está en juego, en último término, el modo de concebir la integración -armónica o despótica- entre la libertad y la naturaleza humana; entre la dignidad humana y los derechos que le son inherentes, y el libre desarrollo de la personalidad.
"La dignidad humana, los derechos inviolables que le son inherentes y el libre desarrollo de la personalidad" -terminología empleada por la Declaración Universal de Derechos de 1948 (cfr. arts. 3, 6 y 22)- se deben manifestar no sólo en los derechos expresamente reconocidos sino también en los ámbitos de libertad negativa, en la medida en que estos no vulneren otros derechos o bienes jurídicamente protegidos. Persona no es aquí un concepto jurídico, sino un concepto moral que se identifica con ser humano, independientemente de sus condiciones concretas de existencia biológica, social y política. La dignidad de la persona es una cualidad esencial de todo ser humano, mientras que el libre desarrollo de la personalidad es una tarea o conquista. En último término, esos derechos implican el deber de respetar la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad de los demás, el reconocimiento de que son fines en sí mismos, no susceptibles de ser instrumentalizados.
¿Libertad positiva o negativa?. Todo derecho subjetivo comporta tres planos. En primer término, el reconocimiento de un conjunto de facultades o poderes jurídicos de actuación. En segundo lugar, un haz de deberes exigible a terceras personas en sus relaciones con el titular del derecho, o al mismo titular de las facultades. Finalmente, el derecho subjetivo es una situación jurídica especialmente protegida.
En quinto lugar se analiza la educación sexual. La dignidad humana exige también que se reconozca un ámbito de inmunidad, que implica respetar "el derecho a adoptar decisiones relativas a la reproducción sin sufrir discriminación, coacciones ni violencia, de conformidad con lo establecido en los documentos de derechos humanos". Tanto más, cuando esa libertad se ejercita en favor de la familia descendiente. Ahora bien, la libertad de decisión procreadora exige como presupuesto "el derecho a disponer de información y medios". El ejercicio responsable de cualquier libertad implica un previo conocimiento de su finalidad y de los medios para su consecución. Las frecuentes situaciones de penuria económica y aun de miseria de muchas familias de sociedades en vías de desarrollo, desaconseja el excesivo número de hijos. Por la magnitud de este problema se requiere una política estatal e internacional que favorezca el bienestar de las familias de escasos recursos, para que puedan ejercer digna y responsablemente el derecho a la procreación. Entre otros puntos, es totalmente necesario ofrecer una adecuada educación sexual, que no puede reducirse a mera información sobre métodos de control de la natalidad sino que debe incorporar una visión antropológica y ética de la paternidad y maternidad responsables.
Desde una perspectiva jurídica, es bien sabido que la norma no asume íntegramente todo el bien moral convirtiéndolo en exigible. Sin embargo, debe formar parte del minimum de la legalidad aquello que es objeto de la justicia. En conformidad con este razonamiento, no puede situarse en el mismo plano jurídico la prohibición de los anticonceptivos y la del aborto. La ilegalización de los primeros es totalmente injustificada, dicen sus detractores que su legalización puede ser admitida como un “mal menor”; la del segundo es discutible, ya que supone un atentado contra el derecho más básico y fundamental: el derecho a la vida, si es utilizada con fines terapéuticos.
En sexto lugar, son objeto de encendidos debates las limitaciones que deben situársele al ejercicio de los derechos. Todo derecho subjetivo implica unos deberes, que se configuran al mismo tiempo como sus límites. Por tanto, es un acierto la cláusula contenida en la definición de los derechos reproductivos según la cual "en el ejercicio de este derecho, las parejas y los individuos deben tener en cuenta las necesidades de sus hijos nacidos y futuros y sus obligaciones con la comunidad. La promoción del ejercicio responsable de esos derechos de todos debe ser la base primordial de las políticas y programas estatales y comunitarios en la esfera de la salud reproductiva, incluida la planificación de la familia". No caben, pues, derechos reproductivos absolutos: los derechos y las necesidades de los hijos nacidos y futuros y el bien común imponen sus límites.
Una de las aristas más debatidas de los derechos reproductivos y sexuales, son los que les asisten a los adolescentes. La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la adolescencia como la época comprendida entre los 10 y 19 años. Esta fase de desarrollo recién ha adquirido la importancia que se merecía en los últimos años. Desde el punto de vista de la salud reproductiva, se trata de una etapa esencial
Aparecen cambios radicales en el cuerpo, surgen nuevas sensaciones, aunque al mismo tiempo, los adolescentes sienten en forma singular las presiones del medio. Es por esta razón, que la falta de información en esta etapa afecta más que en ninguna otra.
La adolescencia es un período en el desarrollo en que la educación sexual toma un papel central. Es muy importante informarse acerca de la prevención de embarazos y de enfermedades de transmisión sexual.
También tiene una especial relevancia la consulta a especialistas. La visita al ginecólogo es fundamental, sobre todo para despejar dudas. Es importante que desde la primera menstruación se realicen controles aunque no se mantengan relaciones sexuales.
La Convención sobre los Derechos del Niño protege el derecho el derecho a la vida y la salud, lo que incluye el derecho a una atención médica adecuada, confidencial y segura para las adolescentes que tienen complicaciones médicas a causa de un aborto inseguro.
Independientemente de la importancia que revisten los derechos reproductivos y sexuales en una etapa tan delicada como la adolescencia, muchas veces los mismos encuentran trabas por razones de legislación interna de los estados en elementos tales como la edad límite mínima para la capacidad jurídica plena, el papel de los padres o tutores, las consideraciones económicas sobre un embarazo temprano en parejas sin solvencia económica, y otras.
Sin prescindir de la trascendencia del reconocimiento del derecho a la salud -principalmente en los países en vías de desarrollo-, parece peligroso convertirlo en un derecho absoluto, sobre todo cuando la procreación es concebida como un riesgo o un daño para el bienestar personal, también económico.
Amparándose en la salud reproductiva, se solicita el derecho a abortar, o se concibe como un deber público esterilizar a las personas que el Estado considera que no están en condiciones de tener más hijos, en favor de una mejor salubridad reproductiva (recuérdese el caso de China o el de la India).
Por ello han surgido múltiples contiendas que llegan hasta los escaños parlamentarios, en torno a las temáticas del “Derecho A Optar”, “Derechos de Procreación y Salud de la Reproducción” y se discuten derechos, potenciación y desarrollo; salud de la reproducción y derechos humanos; derechos de salud sexual y de la reproducción; libre determinación sexual y de procreación; derechos de procreación y desarrollo sostenible; y retos y necesidades.
Generalmente la polémica llega a la siguiente pregunta: ¿El derecho a procrear o el derecho a decidir? Se discuten los sentidos de los términos usados, y la diferencia entre "derechos de procreación y salud de reproducción" y "derechos reproductivos y salud reproductiva."
En cuanto a los tópicos de planificación familiar y derechos sexuales y reproductivos a nivel internacional, se crean organizaciones privadas tales como “Católicas por el Derecho a Decidir”, quienes generalizan la "desobediencia" católica a los dictados del Vaticano respecto a los derechos reproductivos.
Igualmente en países como México se constituyen los llamados “Tribunal para la Defensa de los Derechos Reproductivos”, de cuyos debates ha nacido el concepto de “democracia de género” como equidad entre hombres y mujeres, en la última década.
En los últimos dos años fundamentalmente en el hemisferio occidental se ha generalizado el clamor de que los derechos reproductivos no son políticas demográficas, ni las legislaciones internas de los países en ésta materia pueden estar signadas por la confusión entre políticas sanitarias y políticas demográficas, salud y control poblacional.
No se puede, por ejemplo, limitar la venta de anticonceptivos y prohibir el desarrollo de actividades de control de la natalidad por considerar que van contra los intereses del desarrollo de país alguno al desalentar la consolidación de la unidad familiar “... desnaturalizando la fundamental función maternal y distrayendo a nuestros jóvenes de su natural deber como protagonistas del futuro de la patria…"., como ha rezado la legislación de cierto país latinoamericano hace unos años.
Desterrar de cualquier análisis jurídico sobre derechos sexuales y reproductivos, la confusión entre derecho, política, moral y religión, es una meta que deberá enfrentarse a obstáculos ideológicos difíciles de superar. Los derechos reproductivos y sexuales deben abordarse como un tema de derechos humanos y de política de salud.
No obstante a ello, en América Latina se han logrado en el año 2006 algunas victorias en cortes sobre el reconocimiento de derechos reproductivos de índole polémica, principalmente en el tema del aborto.
Hasta mayo de 2006 la Corte Constitucional de Colombia despenalizó el aborto en tres casos, considerados “especiales”. El miércoles 31/05/2006, el ejecutivo argentino abrió el debate sobre despenalización del aborto, mientras en Uruguay un 63% de la población reclama nuevamente similar debate. Pero aún existen voces discordantes: En Córdoba, Argentina fue dictada meses pasados por la jueza federal Cristina Garzón de Lascano una medida cautelar para la prohibición de los anticonceptivos. La misma prohibió la venta y fabricación del 97 por ciento de los anticonceptivos del mercado en la región, además del DIU.
Por otro lado, en la parte norte de nuestro hemisferio, organizaciones católicas conservadoras, en sintonía con el presidente protestante de ése país George W. Bush y la diplomacia del Vaticano, han emprendido una eficaz campaña mundial (llamada fundamentalista por algunas activistas) contra los derechos reproductivos fundamentalmente en el tema del aborto.
Ya desde enero de 2001 el gobierno de Bush, había reimpuesto la regla de obstrucción global al Programa de Población de la Agencia de EEUU para el Desarrollo Internacional (USAID). Esta política está dirigida a restringir a las organizaciones no gubernamentales (ONG´s) que reciben ayuda para la planificación familiar, empleen fondos aunque estos no provengan de los EEUU para prestar servicios de aborto legal, asesorar a las mujeres sobre la opción del aborto, remitir a mujeres a proveedores de salud para acceder a un aborto seguro y legal, incluso cuando la vida y la salud de las mujeres esta en riesgo, o cabildear en sus gobiernos para la reforma de leyes de aborto restrictivas.
Se dice que, “al igual que en los años treinta, la xenofobia, el racismo y la homofobia de Estado van acompañando una derechización de la política y un fortalecimiento del integrismo religioso promoviendo la marcha atrás de las conquistas de derechos sexuales e impulsando restricciones crecientes a las libertades ciudadanas. En este proceso se dan de la mano dos formas de fundamentalismos, el económico “neoliberal” y el promovido por los sectores más conservadores de la iglesia católica, abriendo las puertas de un clima de creciente intolerancia cuyas consecuencias aún resultan insospechadas”, según han denunciado organizaciones de derechos humanos.
En entrevista a la activista Frances Kissling la misma expresó: "Las posiciones de la Iglesia sobre reproducción, mujer, sexualidad, no son enseñanzas fundamentales de la Iglesia. Ninguna de ellas fue declarada infalible y cada católico tiene el derecho a no estar de acuerdo con ellas".
Se lanza en la actualidad la Campaña por una Convención Interamericana de los Derechos Sexuales y los Derechos Reproductivos, sobre la base de la disyuntiva de que los derechos se ejercen, pero cuando esos derechos no están claramente definidos,¿en qué tribunales se reclaman? ¿cómo se defienden? ¿qué leyes obligan a protegerlos?.
Igualmente se ha llamado por redes en 21 países a instituir el 28 de Septiembre como Día por la despenalización del aborto en América Latina y El Caribe, bajo el lema "Estado laico, cuerpos libres". Su propósito es educar a la población sobre las consecuencias del aborto inseguro y sensibilizar a quienes toman decisiones políticas en cuanto a su impacto social en las mujeres de menores recursos.
En marzo de 2006, diversas organizaciones sociales que trabajan el tema de los derechos reproductivos desde la tribuna política, emitieron el siguiente llamamiento “..En América Latina, comprometidos en la construcción de un proyecto alternativo para toda la sociedad identificamos los principios políticos de una democracia moderna pluralista (el acceso unánime a la libertad y la igualdad) en la lucha por el derecho sobre el propio cuerpo. Esta lucha no es sustitutiva de otras ni constituye la exclusiva vía para enfrentar las múltiples formas de subordinación y explotación en nuestros países. Pensamos que, para ir conformando una política ciudadana de oposición al proyecto neoliberal, la lucha por los derechos reproductivos representa un amplio paraguas bajo el cual incorporar a la lucha por la democracia a una población que resiente las carencias y arbitrariedades generadas por la desigualdad clasista. Sólo que, además de funcionar como elemento articulador, vinculando a diferentes grupos y personas, la defensa de los derechos reproductivos serviría sobre todo para establecer un conjunto de valores ético-políticos para enfrentar el avance de la reacción, el fascismo y el fundamentalismo religioso..”
Human Rights Watch ha asegurado que América Latina presenta algunas de las leyes más restrictivas del mundo en materia de aborto “...si bien sólo tres países no contemplan ningún tipo de excepción o rebaja de la pena por la realización de abortos, en la mayoría la ley incluye excepciones a la pena sólo cuando resulta necesario para salvar la vida de una mujer embarazada y en otras circunstancias puntuales específicamente definidas. Aún en los casos donde el aborto no está penalizado por ley, las mujeres suelen tener un acceso severamente limitado al mismo como consecuencia de la ausencia de regulaciones adecuadas y de la voluntad política necesaria...”
En centro del combate por los derechos sexuales y reproductivos ha estado en nuestra región CLADEM (Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer).
Uno de los elementos más controvertido es el tema de la libre elección de la orientación sexual como derecho humano básico. Se plantea que la situación legal de gays, lesbianas, bisexuales y transexuales (GLBT) varía mucho en el mundo, pero en ningún país disfrutan de la misma igualdad de derechos que los heterosexuales.
En la vanguardia de los países del Sur, sólo Sudáfrica, Fiji y Ecuador incluyen en su Constitución la orientación sexual como una categoría expresamente protegida contra la discriminación. Por otro lado, en muchos otros países sigue vigente una legislación que prohíbe o regula la actividad sexual consensual entre adultos del mismo sexo. Ciertas leyes, a menudo denominadas "leyes de sodomía", reglamentan actos sexuales específicos (por ejemplo, las relaciones anales) independientemente del sexo o de la orientación sexual de la persona, mientras que otras prohíben una serie de actividades sexuales entre personas del mismo sexo. En ciertos casos, el campo de aplicación de las leyes es bastante amplio (por ejemplo, cuando prohíben cualquier acto sexual "antinatural" o "indecente"). En algunos países, en particular las naciones musulmanes donde se aplica una forma muy conservadora de la ley Sharia, tales como Arabia Saudita e Irán, los actos homosexuales son ilegales y están sujetos a una pena máxima de muerte. En otros países, y más frecuentemente en el caso de las relaciones lésbicas, las leyes nacionales no mencionan ni su penalización ni su legalidad.
Se dice que tanto la penalización como la invisibilidad legal de las relaciones sexuales afecta el derecho de gays y lesbianas a la igualdad de trato y de oportunidades, y al acceso en áreas como el empleo, la vivienda, los servicios públicos, las pensiones, los beneficios de salud, etc.
En el año 2003, partir de la iniciativa del gobierno brasileño de someter una resolución sobre orientación sexual y derechos humanos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, numerosas organizaciones de todas las regiones del mundo se enfrentaron con el sistema de Naciones Unidas. El 29 de marzo del 2004, se supo que Brasil no podía presentar la resolución sobre orientación sexual debido a la intensa presión que la Organización de la Conferencia Islámica (OCI), el Vaticano y la derecha evangélica estaban ejerciendo sobre dicho país.
A iniciativa de llamado Frente por el Derecho a ser Diferentes (FREDIF), el Congreso de la República del Perú ha iniciado un proceso de reforma para tener una nueva Constitución Política y el FREDIF se ha propuesto a lograr que la no-discriminación por orientación sexual sea incluida como parte de esta nueva Constitución.
El martes 27 de julio de 2004, en el marco del Primer Foro Social Américas realizado en Quito (Ecuador), se realizó un panel sobre "Diversidad sexual y alternativas a la globalización". Esta actividad, entre otras, fue impulsada por el Diálogo Sur-Sur LGBT, que se propone incluir en el debate de los movimientos sociales la importancia de reconocer, en discursos y prácticas, la diversidad sexual como componente clave de la igualdad.
Ya ha sido aprobada por la legislatura de la ciudad de Buenos Aires desde el 13 de diciembre de 2002 la llamada Ley de Unión Civil. La Ley es la primera en América Latina que legaliza las uniones entre personas del mismo género. El proyecto de ley fue presentado a la legislatura por la Comunidad Homosexual Argentina (CHA).
Sudáfrica, por su parte, va más allá y aprueba la adopción por parte de gente gay. El 10 de septiembre, la Corte Constitucional de Sudáfrica decretó que las parejas gays tienen el derecho de adoptar niñas y niños.
El Nuevo Código Civil en Brasil, que entró en vigor el 18 de enero de 2003, reconoce las relaciones estables de homosexuales que viven en una situación estable, así como sus derechos patrimoniales.
En diciembre 2002, en una decisión hasta ese momento inédita para la justicia brasileña, el Tribunal de Hechos de las Haciendas Públicas Estadual y Municipal de los Registros Públicos de Vila Velha, estado de Espíritu Santo, autorizó el cambio de sexo de una persona sin necesidad de operación, o sea el llamado “cambio de sexo psicológico”.
En Colombia, la senadora Piedad Córdoba, ha presentado un proyecto de ley sobre el reconocimiento de uniones civiles entre parejas del mismo sexo y contra la discriminación por orientación e identidad sexual. El proyecto, redactado en consulta con activistas y organizaciones colombianas que trabajan por los derechos de la diversidad sexual, cuenta con el apoyo de los movimientos feministas e indígenas del país.
Ya en Argentina la Diputada Laura C. Musa había presentado otro proyecto de ley sobre la Unión civil para parejas del mismo sexo (parteneriato). Igual acción realizó en México DF la diputada Enoé Uranga sobre una iniciativa de ley presentada que "aspira a generar los mecanismos legales así como un debate público racional, respetuoso e informado en torno a la diversidad irrefutable de las relaciones afectivas y solidarias en la sociedad mexicana contemporánea".
Uruguay es primer país latinoamericano en sancionar con prisión a los homofóbicos. La reforma al Código Penal aprobada meses atrás por el Parlamento sanciona con hasta dos años de prisión a quienes promuevan la discriminación contra las minorías sexuales. La norma es inédita en Latinoamérica, pues leyes similares existentes en otros países no tienen alcance nacional, a diferencia de la uruguaya
Frente al movimiento mundial de reconocimiento de las uniones homosexuales, el Vaticano difundió un documento en el que solicita a todos los políticos del mundo que sean creyentes para que se movilicen contra las leyes que favorecen tales uniones, voten en contra de ellas y expresen públicamente su oposición por considerarlas "nocivas para el recto desarrollo de la sociedad humana". Las posiciones del Vaticano sobre el tema se resumen en los argumentos de la llamada “ley moral natural”.
Cuba: ¿regulación o desregulación de los derechos reproductivos y sexuales? .
Definitivamente, en el derecho positivo cubano actual no aparecen denominados ni regulados los derechos reproductivos y sexuales a la manera clásica en que lo están en otros países del mundo.
En ninguno de los dos cuerpos legales cubanos de mayor jerarquía jurídica sobre temas de familia y afines, a saber, la Ley 1289/75 Código de Familia de la República de Cuba (en su versión actualizada y concordada), y la Ley 16/1978 Código de la Niñez y la Juventud de la República de Cuba; aparecen los términos “derechos reproductivos y sexuales”.
La Constitución de la República de Cuba, proclamada el 24 de febrero de 1976, con sus sucesivas modificaciones, tampoco los menciona. El enfoque que hace nuestra ley suprema sobre la procreación (como elemento más cercano a los derechos reproductivos), se hace desde el marco estrecho de la familia y el matrimonio, a que se refieren, por ejemplo, los artículos 36 y 37 del capítulo IV; por el papel de éstas instituciones en el entramado social cubano y en la formación y educación de las nuevas generaciones.
En cuanto a lo más análogo a derechos sexuales, la constitución se limita, en su capítulo VI artículo 42, a declarar proscrita y sancionada toda forma de discriminación por motivos de sexo, entre otros.
Por su parte, en la Ley 1289/75 Código de Familia, se regulan solamente algunos elementos de la situación de los padres para con sus hijos, como son: presunción de paternidad (título I, capítulo I, sección 1era, artículo 6), sostenimiento de los hijos (título I, capítulo I, sección 4ta, artículo 59), presunción de filiación (título II, capítulo I, sección 2da), reclamación del reconocimiento de los hijos (título II, capítulo I, sección 2da, artículo 77), la patria potestad y su ejercicio (título II, capítulo II, sección 1era, artículos 82, 83 y 85, recogiéndose en éste último los derechos y deberes de los padres que conforman la patria potestad, y en el artículo 88 la guarda y cuidado de los hijos de padres separados). Sin embargo éste ordenamiento de procederes ante situaciones específicas con los hijos, no se relaciona directamente con los derechos reproductivos reconocidos.
Por demás en la Ley 16/1978 Código de la Niñez y la Juventud, solamente en su título II artículo 3 se establece el objetivo de inculcar y promover en los niños y jóvenes “…sentimientos de igualdad, opuestos a toda discriminación o menosprecio por diferencias de sexo…”
Podría decirse que Cuba es signataria de la Convención (de ONU) sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), resultado del trabajo de más de 30 años por parte de la Comisión de la ONU sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer, creada en 1946.
En la parte IV artículo 16 del mencionado instrumento internacional se establece: “…los Estados Partes adoptarán todas las medidas adecuadas para eliminar la discriminación contra la mujer en todos los asuntos relacionados con el matrimonio y las relaciones familiares y, en particular, asegurarán en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres:
a)	El mismo derecho para contraer matrimonio;
b)	El mismo derecho para elegir libremente cónyuge y contraer matrimonio sólo por su libre albedrío y su pleno consentimiento;
c)	Los mismos derechos y responsabilidades durante el matrimonio y con ocasión de su disolución;
d)	Los mismos derechos y responsabilidades como progenitores, cualquiera que sea su estado civil, en materias relacionadas con sus hijos; en todos los casos los intereses de los hijos serán la consideración primordial;
e)	Los mismos derechos a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos y el intervalo entre los nacimientos y a tener acceso a la información, la educación y los medios que les permitan ejercer éstos derechos… “
Considerando que la consumación del matrimonio presupone, entre otras cosas, la unión sexual estable; el texto de la CEDAW reconoce la igualdad entre hombres y mujeres en el disfrute de los derechos sexuales que se derivan del matrimonio; a la vez que refrenda algunos derechos reproductivos. Sin embargo debe decirse que el enfoque a los derechos reproductivos y sexuales en éste instrumento, es demasiado limitado, partiendo de que no los detalla y que el espíritu mismo de la Convención está dirigido a proteger a las mujeres, cuando los derechos reproductivos y sexuales deben asegurar la protección tanto de hombres como de mujeres.
La República de Cuba fue el primer país del mundo en firmar la CEDAW en marzo de 1980, siendo por demás el segundo país en ratificarla, en julio del propio año. No obstante a ello, recordemos que es un principio de derecho internacional universalmente aceptado el que la letra de los tratados internacionales suscritos por los estados, sea ratificado también materialmente incluyendo sus contenidos en los ordenamientos jurídicos internos de dichos estados parte, lo cual no ha sucedido en nuestro país en el caso que nos ocupa. Por demás la Constitución de la República de Cuba no regula en su letra los mecanismos de sometimiento del país al contenido de los tratados internacionales que suscriba en materia de derechos humanos ni el reconocimiento de la validez de los mismos.
Analizando en el marco del derecho comparado pongamos como ejemplo la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, un país de bastante cercanía política, cultural, social y geográfica a nuestro entorno; aprobada en referéndum popular el 15 de diciembre de 1999, por tanto una constitución de lo más moderno y avanzado en el mundo, con un muy completo catálogo de derechos humanos. Dicha Constitución, si no incluye una regulación de los derechos reproductivos y sexuales con la necesaria completud, por lo menos inicia un camino fundamentalmente en los derechos reproductivos, sin menoscabo de lo que se regula en otras leyes orgánicas y habilitantes.
Artículo 46, inciso 3 “…ninguna persona será sometida sin su libre consentimiento a experimentos científicos, o a exámenes médicos o de laboratorio, excepto cuando se encontrare en peligro su vida o por otras circunstancias que determine la ley…”
Artículo 56 “…Toda persona tiene derecho…. a conocer la identidad de los mismos (de los padres. N. del A.). El Estado garantizará el derecho a investigar la maternidad y la paternidad….Toda persona tiene derecho a…obtener documentos públicos que comprueben su identidad biológica, de conformidad con la ley…”
Artículo 75 “…El Estado protegerá a las familias como asociación natural de la sociedad….Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a vivir, ser criados o criadas y a desarrollarse en el seno de su familia de origen. Cuando ello sea imposible o contrario a su interés superior, tendrán derecho a una familia sustituta, de conformidad con la ley. La adopción tiene efectos similares a la filiación…” ( De ello se asume que es reconocido el derecho a adoptar, aunque siempre prevalezca el interés del menor).
Artículo 76 “….la maternidad y la paternidad son protegidas integralmente, sea cual fuere el estado civil de la madre o del padre. Las parejas tienen derecho a decidir libre y responsablemente el número de hijos o hijas que deseen concebir y a disponer de la información y de los medios que les aseguren el ejercicio de éste derecho. El Estado garantizará asistencia y protección integral a la maternidad, en general a partir del momento de la concepción, durante el embarazo, el parto y el puerperio …”
Artículo 89 “…el trabajo es un hecho social y gozará de la protección del Estado. Para el cumplimiento de esta obligación del Estado se establecen los siguientes principios: número 5 Se prohíbe todo tipo de discriminación por razones de política, edad, raza, sexo o credo, o por cualquier otra condición…”
En nuestro caso debe decirse que la legislación penal cubana, regula con amplitud y de manera negativa un grupo de situaciones conexas de cierta forma con los derechos reproductivos y sexuales, considerando como punibles las siguientes conductas:
Asesinato Título VIII Capítulo III artículo 263 inciso j, (Causar la muerte como consecuencia de un acto de pederastía con violencia).
Aborto Ilícito Capítulo VI. Artículo 268 (El que, de propósito cause el aborto o destruya de cualquier manera el embrión obrando sin consentimiento de la grávida, o si ejerce fuerza o violencia en la persona de la misma).
Lesiones. Capítulo VIII. Artículo 273 (Castrar o inutilizar a otro para la procreación).
Delitos contra el normal desarrollo de las relaciones sexuales y contra la familia, la infancia y la juventud. Título XI, en sus capítulos del I al IV y artículos del 298 al 317 que tipifican los siguientes delitos:
¨	Violación.
¨	Pederastía con violencia.
¨	Abusos lascivos.
¨	Proxenetismo y trata de personas.
¨	Ultraje sexual.
¨	Incesto.
¨	Estupro.
¨	Bigamia.
¨	Matrimonio ilegal.
¨	Sustitución de un niño por otro.
¨	Corrupción de menores.
¨	Otros actos contrarios al normal desarrollo del menor.
¨	Venta y tráfico de menores.
De tal manera, en nuestro país el derecho positivo es omiso en cuanto a la regulación de los derechos reproductivos y sexuales, lo cual no es totalmente incongruente ya que en el resto de los países del mundo se han ido incorporando a sus ordenamientos internos solo en fechas recientes, por ser derechos de muy corta data en cuanto a su conceptualización.
La Revolución cubana, desde el mismo año 1959, ha transitado por un proceso de sucesivo reforzamiento institucional y social a determinadas instituciones que están relacionadas con los derechos reproductivos y sexuales. Entre las primeras medidas estuvo la voluntad gubernamental de lograr una real igualdad entre el hombre y la mujer en todos los campos.
En la Salud Pública se comenzó la protección multilateral de la maternidad, tanto a través de la educación reproductiva, el mejoramiento de la calidad de vida de las gestantes, la asistencia de ciertos derechos para beneficiarlas, y el perfeccionamiento de los procederes médicos que iniciaron la carrera por la disminución de los índices de mortalidad infantil y que llega hasta hoy con parámetros en muchos territorios del país por debajo de los que exhiben algunos países del Primer Mundo.
En los programas de enseñanza rectoreados por el MINED, se incluyen contenidos de educación biológica, sexual y reproductiva, desde las primeras etapas de los escolares hasta los grados superiores de la educación.
Un grupo de organizaciones de masas e instituciones, lidereadas por la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), desde hace muchos años están desarrollando incansablemente campañas de educación sexual y reproductiva dirigidas a todos los sectores del país, incluyendo temas como el uso de los dispositivos y medios anticonceptivos, la prevención de embarazos precoces, la paternidad responsable, la prevención de enfermedades de transmisión sexual que afectan la salud reproductiva, las alternativas de sexo seguro, la prevención de conductas de violencia familiar y violencia de género, la planificación familiar, el uso de los abortos sólo como medida excepcional, y la prevención en sentido general.
En el último lustro, a tenor con los pronunciamientos internacionales sobre temas de derechos reproductivos y sexuales que comenzaron en las Conferencias de ONU sobre Población y Desarrollo (El Cairo, 1994) y la Conferencia sobre la Mujer (Beijing, 1995) y que han tenido continuidad con campañas de organizaciones internacionales y de la sociedad civil; la FMC y otras organizaciones sociales y de masas han comenzado trabajos en cuanto a el reconocimiento de ciertos derechos como la libertad a la orientación sexual de preferencia de cada persona, enmarcados dentro de los derechos reproductivos y sexuales.
Puede decirse que en la práctica social e institucional de Cuba, se ha visto la voluntad política de proteger los derechos reproductivos y sexuales de nuestros ciudadanos, como elemento consustancial de la propia dignidad y libertad humanas; sin embargo el atraso que presenta la regulación jurídica de dichos temas y que no va a la par de la práctica social, nos plantea a los juristas una problemática a solucionar y supone para nosotros un reto constante.
En sentido general el sexo y la reproducción son elementos consustanciales a los humanos, como premisa de la prolongación de la especie. A lo largo de la historia de la humanidad, desde el siglo XVI en que el autor árabe Shaykh Umar ibn Muhammad al Nafzawi publicó sus obras sobre el tema, hasta las últimas investigaciones sobre la proteína Darpp-32, de la Rockefeller University, de New York; se ha demostrado que los hombres como género, dedican a éstos temas una gran atención.
Las implicaciones filosóficas, morales, religiosas, patrimoniales, políticas, cívicas y éticas que comportan éstos debates, alcanzan además la esfera jurídica. Indudablemente sus resultados, al referirse a la persona misma, y ser elementos esenciales de ésta, deben incorporarse a los estudios civiles-constitucionales, dentro de los derechos humanos. Es el respeto a la existencia misma y a la dignidad de la persona el fin último de los derechos humanos, y por el papel de la reproducción en la preservación de la especie, puede decirse que los derechos reproductivos y sexuales corresponden lo mismo a la esfera física que a la esfera moral de los derechos humanos, si nos atenemos a la delimitación clásica de los mismos, por lo tanto tienen una importancia superior que no es congruente con la pobre actividad legislativa de que han padecido, lo mismo en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos que en los ordenamientos jurídicos internos de los Estados. Debemos subsanarlo, la justicia en materia de derechos humanos, no debe esperar.
·	Ley 1289/75 Código de Familia de la República de Cuba.
·	Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW). Bolsilibro editado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
·	Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Gaceta Oficial No. 5.453 Extraordinario De Fecha 24 De Marzo De 2.000.
·	Ley 62 de 1987. Código Penal de la República de Cuba. Versión actualizada. Edición Ministerio de Justicia 2003.
·	Ley 16/1978 Código de la Niñez y la Juventud, de la República de Cuba.
·	“Derechos reproductivos de los/las adolescentes”. www.ispm.org.ar/ddssrr/DDSSRR_adolescentes.htm
·	Derechos reproduc. www.eurosur.org/FLACSO/mujeres/brasil/legi_5.htm
·	“¿Que cosa son los derechos sexuales y reproductivos?”. www.flora.org.pe/aoe/derechos4.htm
·	"Los Derechos Reproductivos en la Argentina". Por María José Lubertino. www.ispm.org.ar/documentos/doc002.htm
·	“28 de mayo: Derechos sexuales y reproductivos”. Carmen Torres E/ Mujeres hoy. www.mujereshoy.com/secciones/2032.shtml
·	“Diassere; derecho; investigación y advocacy en salud. Sexualidad y reproducción”. www.diassere.org.pe/dri.html
Departamento de Derecho. Universidad de Holguín. Cuba.
[1] “Diassere; derecho; investigación y advocacy en salud. Sexualidad y reproducción”. www.diassere.org.pe/dri.html
[2] “28 de mayo: Derechos sexuales y reproductivos”. Carmen Torres E/ Mujeres hoy. www.mujereshoy.com/secciones/2032.shtml
[3] Que cosa son los derechos sexuales y reproductivos. www.flora.org.pe/aoe/derechos4.htm
[4] "Los Derechos Reproductivos en la Argentina". Por María José Lubertino. www.ispm.org.ar/documentos/doc002.htm
[5] Derechos reproductivos . www.eurosur.org/FLACSO/mujeres/brasil/legi_5.htm
[6] “Derechos reproductivos de los/las adolescentes”. www.ispm.org.ar/ddssrr/DDSSRR_adolescentes.htm
[7] Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW). Bolsilibro editado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). páginas 83 y 84.
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