Source: http://www.eumed.net/tesis-doctorales/2013/jmmtg/legislacion-nacional.html
Timestamp: 2017-12-11 21:01:14
Document Index: 346798281

Matched Legal Cases: ['artículo 203', 'artículo 120', 'Artículo 116', 'Artículo 117', 'Artículo 120', 'Artículo 121', 'Artículo 122', 'artículo 18', 'Artículo 123', 'Artículo 124', 'artículo 124', 'Artículo 125', 'Artículo 130', 'artículo 123', 'artículo 210', 'Artículo 131', 'artículo 123', 'Artículo 132', 'Artículo 133']

Legislación Administrativa Nacional - Tesis Doctoral
LEGISLACIÓN COMPARADA NACIONAL
Realizado el contraste a que alude el capítulo anterior, pudiera antojarse extraño afirmar que el derecho nacional constituye la base para realizar estudios comparativos, tomando en consideración que precisamente estos buscan, como uno de sus propósitos fundamentales, la mejor comprensión del mismo derecho nacional, acorde a las definiciones y afirmaciones que se indicaron en el apartado que antecede.
Sin embargo, existe necesidad de un cierto grado de entendimiento del ordenamiento jurídico propio, para estar en posibilidad de iniciar la comparación con otro SN, cuyo resultado consistirá en una compenetración más profunda del primero.
“El derecho nacional debe constituir el punto de partida de los estudios jurídicos comparativos, aun cuando es preciso distinguir claramente el sistema normativo u ordenamiento jurídico nacional, de los estudios jurídicos sobre este mismo sistema, ya que sólo en forma figurativa podemos calificar estos últimos de "nacionales", pues cuando se habla de "doctrina jurídica nacional" o de "ciencia jurídica nacional", en realidad lo que se pretende mencionar son los estudios realizados por los tratadistas de un país sobre su propio derecho, ya que no es posible sostener la existencia de una verdadera ciencia jurídica con un carácter exclusivamente nacional” (Fix-Zamudio, 1974: 241).
Pero este grado de conocimiento, como punto de partida, no es nada sencillo, según acontece en este caso, pues solo se toma en cuenta la legislación que se indica, lo que da lugar a un solo aspecto del compuesto comparativo que podemos calificar como "legislación comparada nacional", pues para hablar del derecho se requiere del análisis integral de ésta, de la doctrina y de la jurisprudencia, así como del examen de una serie de factores de carácter social, político y económico, con el objeto de situar al derecho nacional dentro de su verdadero contexto.
De ello entonces que en este caso la comparación se efectúe específicamente entre legislaciones de índole administrativa, buscando atisbar lo que en materia de RA instituyen y si es habitual realizar remisión expresa de la sustanciación de los mismos a ordenamientos de carácter especial, supliendo así sus deficiencias en tal renglón; o bien, si no existe una verdadera definición y cuidado en el tema por parte del legislador federal, que en determinados ordenamientos acude a la supletoriedad y en otros de su misma naturaleza, prevé la sustanciación de los propios RA instituidos.
Con lo anterior seguramente se dará luz al tema en examen, sobre todo si el aspecto de encontrarse sin regulación propia el RRA en la ley de la materia o en forma reglamentaria, es consecuencia de una deficiente actividad legislativa o que resulta de una cuidadosa tarea y sistematización de los MD en materia administrativa, por parte del PLF.
4.1 Legislación administrativa nacional
Con el objetivo de analizar y determinar lo que acontece en el ámbito jurídico administrativo nacional, específicamente con las legislaciones de naturaleza tal, respecto a la institución tratada en esta investigación, es que se procede al siguiente comparativo (Véase tabla 6).
Esencialmente se confronta al RRA contenido en el artículo 203 de la LA, con instituciones de similar naturaleza que se encuentran previstas en los ordenamientos legales siguientes:
a) Código Fiscal de la Federación (CFF);
b) Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (LINFONAVIT);
c) Ley de Aguas Nacionales (LAN);
d) Ley de Comercio Exterior (LCE);
e) Ley de la Propiedad Industrial (LPI);
f) Ley del Seguro Social (LSS); y,
g) Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE).
Concretamente la finalidad que este comparativo persigue, es la de establecer si en las normativas indicadas se disponen MD en vía administrativa, estableciendo cuales en su caso y si se prevé su sustanciación en el apartado respectivo o si se remite a las disposiciones reglamentarias; o bien si se hace remisión expresa a diversa legislación en base a la supletoriedad, con el objetivo de ver el estatus que en contraste goza el RRA.
4.1.1 Código Fiscal de la Federación
El CFF fue publicado en el DOF el 31 de diciembre de 1981, con sus subsecuentes y reiteradas reformas, la última de ellas publicitada en el mismo medio de comunicación oficial con fecha 12 de diciembre del 2012.
Esta codificación establece sus MD en su Título Quinto denominado “De Los Procedimientos Administrativos”, Capítulo I “Del recurso administrativo”, Sección Primera “Del Recurso de Revocación”, artículos del 116 al 133-A, instituyendo como medio de defensa al RR, el cual dispone de manera terminada, previendo la sustanciación integral del mismo y en términos del artículo 120, determina que será optativa su interposición, pudiendo acudirse directamente ante la instancia jurisdiccional.
Necesario a este respecto reproducir, a guisa ilustrativa, los siguientes preceptos del CFF:
“Artículo 116.-Contra los actos administrativos dictados en materia fiscal federal, se podrá interponer el recurso de revocación.
Artículo 117.- El recurso de revocación procederá contra:
c) Dicten las autoridades aduaneras 1.
[…] Artículo 120.- La interposición del recurso de revocación será optativa para el interesado antes de acudir al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
Artículo 121.- El escrito de interposición del recurso deberá presentarse ante la autoridad competente en razón del domicilio del contribuyente o ante la que emitió o ejecutó el acto impugnado, dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a aquél en que haya surtido efectos su notificación excepto lo dispuesto en los artículos 127 y 175 de este Código, en que el escrito del recurso deberá presentarse dentro del plazo que en los mismos se señala.
Artículo 122.- El escrito de interposición del recurso deberá satisfacer los requisitos del artículo 18 de este Código y señalar además:
Artículo 123.- El promovente deberá acompañar al escrito en que se interponga el recurso:
[…] Artículo 124-A.- Procede el sobreseimiento en los casos siguientes:
I.-Cuando el promovente se desista expresamente de su recurso.
II.-Cuando durante el procedimiento en que se substancie el recurso administrativo sobrevenga alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo 124 de este Código.
III.-Cuando de las constancias que obran en el expediente administrativo quede demostrado que no existe el acto o resolución impugnada.
IV.-Cuando hayan cesado los efectos del acto o resolución impugnada.
[…] Artículo 125.- El interesado podrá optar por impugnar un acto a través del recurso de revocación o promover, directamente contra dicho acto, juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Deberá intentar la misma vía elegida si pretende impugnar un acto administrativo que sea antecedente o consecuente de otro; en el caso de resoluciones dictadas en cumplimiento de las emitidas en recursos administrativos, el contribuyente podrá impugnar dicho acto, por una sola vez, a través de la misma vía.
[…] Artículo 130.- En el recurso de revocación se admitirá toda clase de pruebas, excepto la testimonial 2 y la de confesión de las autoridades mediante absolución de posiciones. No se considerará comprendida en esta prohibición la petición de informes a las autoridades fiscales, respecto de hechos que consten en sus expedientes o de documentos agregados a ellos.
Cuando el recurrente anuncie que exhibirá las pruebas en los términos de lo previsto por el último párrafo del artículo 123 de este Código, tendrá un plazo de dos meses contados a partir de la fecha en que haya efectuado el anuncio correspondiente, para presentarlas.
Cuando se trate de documentos digitales con firma electrónica distinta a una firma electrónica avanzada o sello digital, para su valoración, se estará a lo dispuesto por el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles.
Las demás pruebas quedarán a la prudente apreciación de la autoridad.
Para el trámite, desahogo y valoración de las pruebas ofrecidas y admitidas, serán aplicables las disposiciones legales que rijan para el juicio contencioso administrativo federal, a través del cual se puedan impugnar las resoluciones que pongan fin al recurso de revocación, en tanto no se opongan a lo dispuesto en este Capítulo.
Artículo 131.- La autoridad deberá dictar resolución y notificarla en un término que no excederá de tres meses contados a partir de la fecha de interposición del recurso. El silencio de la autoridad significará que se ha confirmado el acto impugnado.
La autoridad fiscal contará con un plazo de cinco meses contados a partir de la fecha de la interposición del recurso para resolverlo, en el caso de que el recurrente ejerza el derecho previsto en el último párrafo del artículo 123 de este Código.
Artículo 132. La resolución del recurso se fundará en derecho y examinará todos y cada uno de los agravios hechos valer por el recurrente, teniendo la facultad de invocar hechos notorios; pero cuando se trate de agravios que se refieran al fondo de la cuestión controvertida, a menos que uno de ellos resulte fundado, deberá examinarlos todos antes de entrar al análisis de los que se planteen sobre violación de requisitos formales o vicios del procedimiento.
La autoridad podrá corregir los errores que advierta en la cita de los preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto los agravios, así como los demás razonamientos del recurrente, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en el recurso. Igualmente podrá revocar los actos administrativos cuando advierta una ilegalidad manifiesta y los agravios sean insuficientes, pero deberá fundar cuidadosamente los motivos por los que consideró ilegal el acto y precisar el alcance de su resolución.
No se podrán revocar o modificar los actos administrativos en la parte no impugnada por el recurrente.
La resolución expresará con claridad los actos que se modifiquen y, si la modificación es parcial, se indicará el monto del crédito fiscal correspondiente. Asimismo, en dicha resolución deberán señalarse los plazos en que la misma puede ser impugnada en el juicio contencioso administrativo. Cuando en la resolución se omita el señalamiento de referencia, el contribuyente contará con el doble del plazo que establecen las disposiciones legales para interponer el juicio contencioso administrativo.
Artículo 133.- La resolución que ponga fin al recurso podrá:
I. Desecharlo por improcedente, tenerlo por no interpuesto o sobreseerlo, en su caso.
II. Confirmar el acto impugnado.
III. Mandar reponer el procedimiento administrativo o que se emita una nueva resolución.
IV. Dejar sin efectos el acto impugnado.
V. Modificar el acto impugnado o dictar uno nuevo que lo sustituya, cuando el recurso interpuesto sea total o parcialmente resuelto a favor del recurrente.
Cuando se deje sin efectos el acto impugnado por la incompetencia de la autoridad que emitió el acto, la resolución correspondiente declarará la nulidad lisa y llana […]”.
Según lo expuesto e ilustrado mediante la reproducción de numerales que antecede, es fácil concluir que el CFF prevé como MD en vía administrativa, al RR, mismo que además de instituirse como hipótesis de defensa, se le regula íntegramente toda su tramitación.
Su interposición es optativa, pues directamente se puede acudir al TFJFA en caso de impugnación, sin agotar ese medio de defensa.
No debe ni puede evitarse el comentario de que es precisamente el CFF, en tratándose del RR, al que acude, vía supletoriedad, la LA, para resarcir de esa manera la insuficiencia que de tal medio de defensa sobrelleva.