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Timestamp: 2018-08-16 16:58:43
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Matched Legal Cases: ['artículo 219', 'artículo 154', 'artículo 109', 'artículo 110', 'artículo 10', 'artículo 105', 'artículo 102', 'artículo 103', 'artículo 153', 'artículo 154', 'artículo 159', 'artículo 219', 'artículo 154', 'artículo 31', 'artículo 154', 'artículo 154', 'artículo 219', 'artículo 219', 'artículo 154', 'artículo 154', 'artículo 244', 'artículo 110', 'artículo 154', 'artículo 244', 'artículo 118', 'artículo 244', 'artículo 217', 'artículo 244', 'artículo 29', 'artículo 48', 'artículo 63', 'artículo 219', 'artículo 215', 'artículo 249', 'artículo 66', 'artículo 42', 'artículo 44', 'artículo 68', 'artículo 154', 'artículo 154', 'artículo 154']

LA REVOCACIÓN DE LOS ACTOS DE APLICACIÓN DE TRIBUTOS Y DE IMPOSICIÓN DE SANCIONES - PDF
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Veronica Andrea Cuenca Quintana
1 LA REVOCACIÓN DE LOS ACTOS DE APLICACIÓN DE TRIBUTOS Y DE IMPOSICIÓN DE SANCIONES HELMUTH MOYA MEYER Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (Sala de lo Contencioso Administrativo de Santa Cruz de Tenerife) SUMARIO I. La revocación de los actos administrativos. Planteamiento general. II. La revocación en el ámbito fiscal. III. La revisión en vía administrativa según la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Ideas generales. IV. La revocación de actos en beneficio de los interesados. A) Ideas generales B) Naturaleza de la potestad revocatoria C) Actos que pueden ser objeto de revocación D) Supuestos habilitantes de la potestad revocatoria E) Procedimiento de revocación V. Conclusiones. 317
2 HELMUTH MOYA MEYER Resumen del contenido: En el presente trabajo se analiza hasta qué punto se cumple en la regulación de la potestad de revocación de los actos de aplicación de tributos y de imposición de sanciones- contenida en el artículo 219 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria- el propósito expresado en la exposición de motivos de la citada Ley, de aproximación de la regulación de los procedimientos de revisión de los actos dictados en materia tributaria con la recogida en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, referida a los actos administrativos en general. Además de sujetar el ejercicio de la potestad revocatoria a unos límites generales ya contemplados en el artículo de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, la Ley General Tributaria exige la concurrencia de determinados supuestos habilitantes de la revocación error de derecho manifiesto, error de hecho puesto de manifiesto por circunstancias sobrevenidas y defecto formal que cause indefensión- que caracterizan el régimen jurídico de ésta como más restrictivo que el previsto en la regulación general de la revocación de los actos administrativos. Se destaca, por último, una consecuencia de la nueva regulación: en buena medida recoge los supuestos que, según el artículo 154 de la Ley General Tributaria, permitían a la Administración tributaria revisar de oficio sus actos, pero limitando el ejercicio de la potestad revocatoria a que sea en beneficio de los interesados; como contrapartida suprime la acción que, según interpretación de la Jurisprudencia, dicho precepto reconocía a aquellos en tales supuestos para pedir la revisión de los respectivos actos. I. LA REVOCACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. PLANTEAMIEN- TO GENERAL En el sistema de derecho administrativo español la Administración tiene el poder de, por sí misma, reconocer derechos a los ciudadanos y de imponerles obligaciones, aplicando el Derecho (autotulela declarativa), y de ejecutar sus decisiones (autotutela ejecutiva), sin necesidad de acudir a los Tribunales de Justicia. Como contrapartida, y por exigencias del principio de seguridad jurídica, la regla general es que no puede apartarse de aquellos actos en los que haya reconocido derechos a favor de los ciudadanos sin acudir a los Tribunales de Justicia (recurso de lesividad), salvo en supuestos excepcionales. La Ley del Procedimiento Administrativo de 1958 (LPA) introdujo vías para que la Administración pudiera revocar sus propios actos declarativos de derechos, siempre que éstos fuesen nulos de pleno derecho (artículo 109) o cuando infringiesen manifiestamente la Ley (artículo 110). En los demás casos, debía acudir a la declaración de lesividad. El procedimiento de revisión de oficio de los actos declarativos de derechos, en esencia, requería la audiencia de los interesados y el dictamen favorable del Consejo de Estado. La previsión de un procedimiento específico de revisión de oficio de los actos declarativos de derechos permitía deducir a contrario el principio de libertad de revocación de los actos desfavorables o de gravamen, salvo que ello chocase con otro principio de signo distinto (por ejemplo, la prohibición de condonación de deudas tributarias-artículo 10 f) LGT de 1963). Este principio fue recogido expresamente por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del Régimen 318
3 LA REVOCACIÓN DE LOS ACTOS DE APLICACIÓN DE TRIBUTOS Y... Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LPC) en su artículo 105.1, estableciendo el límite de que la revocación no fuera contraria al ordenamiento jurídico. La LPC mantuvo los procedimientos de revisión de oficio de los actos declarativos de derechos cuando estos fueran nulos de pleno derecho (artículo 102) o infringiesen gravemente normas de rango legal o reglamentario (artículo 103). Pero la reforma de la LPC introducida por la Ley de 13 de enero del 1999 ha eliminado la facultad de la Administración de revocar de oficio los actos anulables declarativos de derechos. La Administración deberá acudir a los Tribunales de Justicia para revisar los actos anulables favorables a los ciudadanos, previa su declaración de lesividad. Respecto a la revocación de los actos anulables desfavorables para los ciudadanos se permite la revocación de éstos en cualquier momento, pero matizando que siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes o sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico. II. LA REVOCACIÓN EN EL ÁMBITO FISCAL La Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria (LGT de 1963) se apartó del sistema general de la LPA, lo que fue confirmado más tarde por la disposición adicional 5ª de la LPC. Dentro de los procedimientos especiales de revisión contempló la posibilidad de que el Ministro de Hacienda pudiera revisar de oficio los actos nulos de pleno derecho ( artículo 153) y los anulables por infringir manifiestamente la Ley o por incurrir en error de hecho puesto de manifiesto por la aportación de nuevas pruebas que acrediten elementos del hecho imponible íntegramente ignorados por la Administración al dictar el acto objeto de revisión ( artículo 154). En ambos casos, era necesaria la audiencia de los interesados, pero el dictamen del Consejo de Estado no se exigía sino en el supuesto de la declaración de nulidad de pleno derecho y no se precisaba que fuera favorable. Nos interesa destacar aquí que se afirmaba que no cabía distinguir entre actos favorables o desfavorables para el administrado 1, pues contrariamente a lo que sucedía en los artículos 109 y 110 de la LPA (así como los artículos 102 y 103 LPC, anteriores a la modificación del año 1999), los artículos 153 y 154 LGT de 1963 no precisaban que el procedimiento de revisión se refiriera a actos declarativos de derechos. Con ello se apartaría la LGT del principio de libertad de revocación de los actos de gravamen o desfavorables para el interesado implícito en la regulación de la LPA, y expresamente recogido por la LPC. 1 Martín Queralt y otros: Curso de derecho financiero y tributario ( 7ª ed.,1996, págs. 542 y 543) citando la STS de 15 de julio del Sin embargo, el artículo 159 LGT a contrario permitía interpretar que el procedimiento de revisión de oficio previsto en los artículos 153 y 154 LGT se refería a los actos favorables, con lo que respecto a los desfavorables regía el principio de libre revocación salvo que se opusiera a un principio de signo contrario. 319
4 HELMUTH MOYA MEYER El Reglamento del Procedimiento en las Reclamaciones Económico-Administrativas, aprobado por el Real Decreto 391/1996, de 1 de marzo (RPREA) prohibía la revocación en vía administrativa de las resoluciones firmes de los órganos económico-administrativos fuera de los casos de nulidad de pleno derecho y del recurso extraordinario de revisión, limitación que no se establecía en la LPA respecto a las resoluciones que hubieran sido confirmadas en vía administrativa. En la medida en que se legitimaba al Interventor general de la Administración del Estado o sus delegados, en las materias propias de la función fiscalizadora, y a los Directores Generales del Ministerio de Hacienda, respecto a las materias cuya gestión les estuviese atribuida, para promover reclamaciones económico-administrativas, las mismas se configuraban como una vía atípica puesta a disposición de la Administración financiera para apartarse de sus propios actos 2. III. LA REVISIÓN EN VÍA ADMINIS- TRATIVA SEGÚN LA LEY 58/2003, DE 17 DE DICIEMBRE, GENERAL TRIBUTARIA. IDEAS GENERALES En su exposición de motivos, la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (LGT) destaca las importantes modificaciones que recoge en su título V, en relación con la revisión en vía administrativa, de las que nos interesa resaltar, en lo que se refiere a los procedimientos especiales de revisión, la idea de la aproximación a la regulación de la LPC, tanto en la enumeración de las causas de nulidad de pleno derecho como en la desaparición del procedimiento de revisión de actos anulables, exigiéndose para obtener la revisión la previa declaración de lesividad y la posterior impugnación en vía contencioso-administrativa y la regulación en el ámbito tributario del procedimiento de revocación para revisar actos en beneficio de los interesados. Se incorpora a la LGT la regulación de las reclamaciones económico administrativas, cuyas normas básicas hasta ahora recogía el Real Decreto Legislativo 2795/1980, de 12 de diciembre. Interesa ahora llamar la atención sobre el hecho de que ya no se reconoce a los órganos de la Administración financiera legitimación para promover las reclamaciones económicoadministrativas, con lo que se suprime esta vía atípica de revisión de sus propios actos por la Administración, pero se mantiene la legitimación de ésta para interponer los recursos en vía económico-administrativa. IV. LA REVOCACIÓN DE ACTOS EN BENEFICIO DE LOS INTERESADOS A) IDEAS GENERALES La LGT regula en el ámbito tributario el procedimiento de revocación de los actos 2 García de Enterría: Curso de derecho administrativo (9ª ed., 1999, págs. 650 y 651), en la medida en que no se trata en tales casos de verdaderos recursos, sino de procedimientos de revisión de oficio de actos administrativos por la propia Administración, promovidos por sus agentes y resueltos por órganos administrativos. 320
5 LA REVOCACIÓN DE LOS ACTOS DE APLICACIÓN DE TRIBUTOS Y... desfavorables o de gravamen en el artículo 219, incluido dentro de los procedimientos especiales de revisión en la sección 3ª del capítulo II. Según dicho precepto la Administración tributaria podrá revocar sus actos en beneficio de los interesados cuando se estime que infringen manifiestamente la ley, cuando circunstancias sobrevenidas que afecten a una situación jurídica particular pongan de manifiesto la improcedencia del acto dictado, o cuando en la tramitación del procedimiento se haya producido indefensión a los interesados. La regulación se desliga de la prevista en el artículo LPC, ya que no reconoce a la Administración tributaria una potestad general de apartarse de sus actos en beneficio de los interesados, limitada ésta por la necesaria observancia de unos principios generales del derecho, sino que circunscribe el ejercicio de la potestad revocatoria a unos supuestos tasados, una parte de los cuales abarcan los previstos en el artículo 154 LGT del La revisión de oficio de los actos anulables, antes regulada en el citado precepto, se canaliza ahora, respecto a los desfavorables para los interesados, a través de este procedimiento, con la importante diferencia de que el procedimiento de revocación sólo podrá iniciarse de oficio 3. B) NATURALEZA DE LA POTESTAD REVOCATORIA La ley otorga a la Administración tributaria el poder para revocar sus actos por otros de signo contrario, siempre que sea en beneficio de los interesados. Pero junto a elementos reglados de la potestad revocatoria- los supuestos habilitantes- que condicionan su ejercicio, remite a la estimación subjetiva de la Administración tributaria el determinar si hace uso de la revocación. Es una potestad discrecional de la Administración tributaria, la cual ponderará en qué medida el interés público puede ser conciliado con los intereses particulares de cada caso. C) ACTOS QUE PUEDEN SER OBJETO DE REVOCACIÓN La LGT elude la clasificación de actos declarativos de derechos/actos desfavorables o de gravamen y señala que la potestad revocatoria sólo podrá ser ejercida en beneficio de los interesados, con lo cual destaca el dato de que el resultado de la revocación deberá ser favorable a éstos con independencia de la clase de acto de que se trate 4. El concepto de interesados debe tomarse de la LPC ( artículo 31) abarcando 3 El RD 1163/1990, de 21 de septiembre, sobre el Procedimiento de Devolución de Ingresos Indebidos, en su disposición adicional 2ª admitía expresamente la iniciativa de los interesados en el procedimiento de revisión previsto en el artículo 154 LGT del Un acto de gravamen puede revocarse empeorando la situación de los interesados, y, por el contrario, un acto declarativo de derechos puede revocarse mejorando la situación de aquellos. 321
6 HELMUTH MOYA MEYER no sólo a los obligados tributarios y sujetos infractores, sino a todos los titulares de derechos o intereses legítimos que puedan verse afectados por la revisión de la actuación tributaria. Podrán ser revocados los actos de aplicación de los tributos y los de imposición de sanciones, pero no las resoluciones firmes de los órganos económico-administrativos, así como los actos de aplicación de los tributos y los de imposición de sanciones sobre los que hubiera recaído resolución económico-administrativa, los cuales sólo podrán ser revisados en los supuestos de nulidad de pleno derecho, rectificación de errores y recurso extraordinario de revisión (artículo LGT) 5, recogiendo así la prohibición que establecía el RPREA. Tampoco podrán ser revocados los actos o las resoluciones si han sido confirmados por sentencia judicial ( artículo LGT). No se exige que se trate de actos firmes, por lo que podrán revocarse también aquellos que hubieran sido impugnados ante los órganos económico-administrativos por los interesados, siempre que no hubiera recaído resolución en la reclamación económico-administrativa. Tampoco se específica que la revocación deba referirse sólo a los actos resolutorios, por lo que también podrán revocarse los actos de trámite. D) SUPUESTOS HABILITANTES DE LA POTESTAD REVOCATORIA La LGT opta por permitir la revocación únicamente en los supuestos tasados que enumera. Se separa así, como ya hemos indicado, de la regulación de la LPC. La regulación denota el carácter restrictivo con el que se acoge la figura de la revocación. Los supuestos habilitantes a los que se condiciona el ejercicio de la potestad revocatoria se refieren al error de derecho (material) manifiesto, al error de hecho, puesto de relieve por circunstancias sobrevenidas, y defecto de forma que produzca indefensión a los interesados. El primero de los supuestos es una copia del que estableció el artículo 154 a) LGT del 1963, y se refiere a los actos que infringen manifiestamente la ley. Se trata de supuestos de error de derecho en la aplicación del derecho material. Las restricciones a la potestad revocatoria- el carácter manifiesto de la infracción de una norma con rango de ley - que a la Administración tributaria se le impo- 5 El artículo LGT siembra alguna duda al decir que fuera de los casos previstos en el art. 217 y 220 de esta ley, la Administración tributaria no podrá anular en perjuicio de los interesados sus propios actos y resoluciones, ya que sugiere que en beneficio de los interesados sí podrá anular sus resoluciones. Pero este argumento debe ser rechazado, porque el artículo 219 LGT se refiere específicamente a actos, que la Ley diferencia claramente de las resoluciones que dictan los órganos económico-administrativos, por lo que no hay duda de que es aplicable la norma común establecida en el artículo LGT. 322
7 LA REVOCACIÓN DE LOS ACTOS DE APLICACIÓN DE TRIBUTOS Y... nen en este supuesto no se comprenden, pues se trata de revisar actos en beneficio de los interesados. Estas prevenciones son límites propios de la potestad de revisión de actos declarativos de derechos 6. Si la potestad revocatoria está sujeta a los límites generales previstos en el artículo 219.1, párrafo segundo, LGT, entre ellos el de que la revocación no podrá ser contraria al interés público, y, en consecuencia, no podrá producir un quebranto grave para la Hacienda Pública, no tiene justificación restringir aún más el ejercicio de aquélla. La jurisprudencia, interpretando el artículo 154 a) LGT del 1963, exigía que la infracción fuera de precepto con rango de ley, no bastando la de una norma reglamentaria 7 ; y que fuera manifiesta, entendiendo por tal la que pudiera advertirse por el mero contraste del acto con la ley. Con respecto al segundo supuesto habilitante, que se refiere al caso de que circunstancias sobrevenidas que afecten a una situación jurídica particular pongan de manifiesto la improcedencia del acto dictado, se refiere a casos de errores de hecho, pero tiene un contenido más amplio que el previsto en el artículo 154 b) LGT del 1963, según el cual podía revocarse el acto cuando se aporten nuevas pruebas que acrediten elementos del hecho imponible íntegramente ignorados por la Administración al dictar el acto objeto de la revisión, es decir, el error de hecho puesto de manifiesto mediante pruebas nuevas. Pero también tienen aquí cabida los casos con base en los que puede fundamentarse el recurso extraordinario de revisión ( artículo 244 LGT) 8, que en definitiva son circunstancias sobrevenidas que revelan la existencia de un error de hecho 9 y la improcedencia del acto dictado. Si bien la Administración tributaria tiene legitimación para interponer el recurso extraordinario de revisión (artículo en relación con el artículo LGT) cuando beneficie al interesado podrá acudir al procedimiento de revocación, sobre todo cuando habiendo transcurrido los plazos para interponer el recurso extraordinario de revisión no haya prescrito la acción administrativa para liquidar. El último supuesto se refiere, como ya avanzamos, a los casos en los que en la tramitación del procedimiento se haya producido indefensión a los interesados. Se requiere que se haya infringido una 6 Véase el artículo 110 LPA. Sin embargo, la restricción tiene su origen en la interpretación a la que hacíamos referencia del artículo 154 LGT, según la cual este se referiría tanto a los actos favorables como a los de gravamen, por lo que esta restricción de la potestad revocatoria de los actos desfavorables no sería desconocida en el ámbito tributario. 7 STS de 10 de mayo del 1989, citada por Martín Queralt y otros: Curso de derecho financiero y tributario ( 7º edición, 1996, pág. 544). La interpretación restrictiva del término ley pierde sentido si consideramos que se trata de revocar un acto en beneficio del interesado. 8 Esto es, los supuestos 2º y 3º del artículo 244 LGT. Nuevamente se aparta la LGT de la regulación del recurso extraordinario de revisión que contiene el artículo 118 LPC al excluir de la revisión el error de hecho que resulte de los propios documentos obrantes en el expediente, que incluye dentro de la rectificación de errores. 9 Con la única excepción del apartado 3º del artículo 244 LGT que se refiere a la violación dolosa de la legalidad. 323
8 HELMUTH MOYA MEYER norma del procedimiento que haya producido indefensión a los interesados 10. El concepto de indefensión es caracterizado por la doctrina como un concepto relativo 11, de tal manera que el defecto de forma, en sí mismo considerado, carece de relevancia si no se comprueba que en la sucesión de oportunidades que tiene el interesado para defenderse durante el procedimiento no se advierte que el vicio de forma ha supuesto una disminución real y efectiva de garantías, incidiendo en la decisión de fondo en perjuicio del interesado 12. E) PROCEDIMIENTO DE REVOCACIÓN 1. Iniciación del procedimiento La LGT se ha preocupado de advertir expresamente que el procedimiento de revocación se iniciará siempre de oficio, y no a instancias de los interesados. Estos disponen de los demás medios de revisión previstos en el Título V para combatir los actos que les sean desfavorables. En caso de que sean firmes, sólo dispondrán de la acción de nulidad prevista en el artículo 217, la posibilidad de pedir la rectificación de errores o la revisión extraordinaria de los mismos, en los supuestos específicos previstos en el artículo 244 LGT. En los demás casos, se inadmitirá la revisión por tratarse de actos consentidos. Esto no quiere decir que los interesados no puedan solicitar a la Administración tributaria, en el ejercicio de su derecho de petición (artículo 29 CE), la revocación del acto desfavorable, pero no tendrán, en principio, acción para compeler a aquélla a que haga uso de su potestad revocatoria. 13. La ley no determina cuál sea el órgano competente para iniciar el procedimiento, pero sí dispone que reglamentariamente se determinará el órgano competente para resolverlo, que deberá ser distinto del órgano que dictó el acto. El reglamento por el que se regule el procedimiento de revocación será el que determine estos aspectos, pero no parece haber inconveniente alguno en que, entre otros, se atribuya al propio órgano que dictó el acto la iniciativa para promover el procedimiento de revocación. 10 Tanto el artículo 48.2 LPA, como el vigente artículo 63.2 LPC, únicamente atribuyen efectos invalidantes a los defectos de forma cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a indefensión de los interesados. 11 García de Enterría: Curso de derecho administrativo ( 9ª ed, 1999, págs. 630 y 631). 12 STS de 11 de julio del 2003 analiza el caso de la omisión del trámite de audiencia y señala que la denuncia de esta omisión no basta para afirmar que exista indefensión, pues el interesado tiene otras oportunidades a lo largo del procedimiento de hacer alegaciones, así como en la vía de revisión administrativa y en la contencioso-administrativa. Será preciso que se acredite que el defecto de forma le ha privado irremediablemente de la posibilidad de defenderse y que ello haya tenido repercusión en la decisión final. 13 La potestad revocatoria tiene un carácter discrecional, por lo que debiera poder ser sometida en tales casos a las técnicas de control de los actos discrecionales si la petición es denegada, en particular desde la perspectiva del principio de igualdad ante la ley. Si en un caso idéntico la Administración ha revocado el acto no podrá ampararse en su discrecionalidad para no ejercer la potestad revocatoria. 324
9 LA REVOCACIÓN DE LOS ACTOS DE APLICACIÓN DE TRIBUTOS Y Tramitación Se regulan dos trámites del procedimiento de revocación, sin perjuicio de los que puedan establecerse reglamentariamente: la audiencia de los interesados y un informe del órgano con funciones de asesoramiento jurídico sobre la procedencia de la revocación del acto. La audiencia de los interesados tiene por objeto conocer si están conformes con la revocación del acto. En realidad, no cabe pensar que pueda sostenerse que la revocación es en beneficio de los interesados si éstos se oponen a la misma, por lo que sería temerario acordar la revocación si no prestan su consentimiento Resolución y caducidad del procedimiento La resolución del procedimiento de revocación deberá ser expresa y habrá de notificarse dentro de los seis meses desde la notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento 15. Transcurrido el plazo señalado sin que se hubiera notificado la resolución expresa, se producirá la caducidad del procedimiento. La caducidad del procedimiento, por inactividad de la Administración, está prevista en la LPC 16 únicamente para los supuestos de procedimientos iniciados de oficio susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen para los interesados. La regulación expresa de este supuesto de caducidad en el artículo 219 LGT tiene sentido si consideramos que la iniciación del procedimiento de revocación interrumpe la prescripción de la potestad de la Administración de liquidar la obligación tributaria 17. La caducidad trata de evitar que el procedimiento de revocación, del que deben desprenderse efectos favorables para los interesados, pueda perjudicarles finalmente si la Administración no resuelve en plazo. La resolución deberá ser motivada, con sucinta referencia a hechos y fundamentos de derecho ( artículo 215 LGT) y pondrá fin a la vía administrativa ( artículo LGT). Contra esta resolución podrá interponerse recurso contencioso-administrativo (artículo 249 LGT). 4. Límites de la revocación La LGT señala, en primer lugar, que la revocación sólo será posible mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción, que será el previsto en el artículo 66 a) LGT para la potestad de liquidar la deuda tributaria 18. Mientras no haya prescrito el 14 Si existen intereses contrapuestos, beneficiando a unos interesados la revocación y no a los demás, no está permitida la revocación. Debe producirse en beneficio de todos los interesados. 15 La LGT se aparta así de lo dispuesto en el artículo 42.3 a) LPC con relación al cómputo del plazo para resolver, que este precepto ordena que se haga, en los procedimientos iniciados de oficio, desde la fecha del acuerdo de iniciación. 16 artículo 44.2 LPC 17 El procedimiento de revocación se dirige a la liquidación de la obligación tributaria ( artículo 68.1 a) LGT). 18 El artículo 154 LGT del 1963 establecía como límite para el ejercicio de la revisión de oficio de los actos anulables que no hubiera transcurrido el plazo de prescripción de la acción administrativa, a diferencia del artículo b) LPA y b) LPC, anterior a la reforma del año 1999, que fijaban un plazo de caducidad que debía computarse a partir de la fecha en la que se hubiera dictado el acto. 325
10 HELMUTH MOYA MEYER derecho de determinar la deuda tributaria, podrá ejercerse la potestad revocatoria, que, en definitiva, no es sino el ejercicio de la potestad de liquidar la deuda tributaria pero en beneficio de los interesados. Por otro lado, la LGT sujeta el ejercicio de la potestad de revocación a similares límites a los introducidos en el artículo LPC por la reforma de la Ley de 13 de enero del 1999, al señalar que la revocación no podrá constituir, en ningún caso, dispensa o exención no permitida por las normas tributarias, ni ser contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico. V. CONCLUSIONES La revocación de los actos de aplicación de tributos y de imposición de sanciones es una revocación por motivos de legalidad de actos en beneficio de los interesados. La LGT, apartándose de la regulación de la LPC, enumera unos supuestos tasados en los que podrá fundamentarse la revocación, que extrae de la anterior regulación de la revisión de oficio de los actos anulables ( artículo 154 LGT del 1963)- error de derecho manifiesto y error de hecho revelado por circunstancias sobrevenidas - e introduce un tercer supuesto que es el defecto de forma que produzca indefensión, imprimiendo un carácter excepcional al ejercicio de la potestad revocatoria. En su conjunto la nueva regulación ha supuesto eliminar la acción de los interesados para instar la revisión de los actos anulables firmes que le sean desfavorables, en los casos previstos anteriormente en el artículo 154 LGT del 1963, dejando la revocación al criterio discrecional de la Administración tributaria. 326
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