Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/en-US/Resolucion/Show/3286
Timestamp: 2020-05-30 00:05:33
Document Index: 106996018

Matched Legal Cases: ['Artículo 520', 'Artículo 520', 'Artículo 520', 'Artículo 561', 'Artículo 17', 'Artículo 23', 'Artículo 261']

HJ System - Decision: SENTENCIA 21/1997
SENTENCIA 21/1997, de 10 de febrero
(BOE (Official State Gazzete) number 63, of 14 March 1997)
ECLI:ES:TC:1997:21
En el recurso de amparo núm. 2.212/96, promovido por don Angelos Rigopoulos representado por la Procuradora de los Tribunales doña Alicia Oliva Collar y bajo la dirección letrada de don Juan Molins Otero, frente al Auto de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de 23 de abril de 1996, recaído en el rollo de apelación 61/96 que tuvo por objeto el Auto del Juzgado Central de Instrucción núm. 1, de 25 de octubre de 1995, dictado a su vez en recurso de reforma frente al de fecha 22 de marzo de 1995, en el sumario 21/95-6, resoluciones todas ellas que también se impugnan. Ha sido parte en el presente proceso don Luis A. Gaete Pino, representado por la Procuradora de los Tribunales doña María Marta Sanz Amaro y bajo la dirección de la Letrada doña María Victoria Romero Herrera. Ha intervenido el Ministerio Fiscal, y ha sido Ponente el Magistrado don Julio Diego González Campos, quien expresa el parecer de la Sala.
1. Por medio de escrito que tuvo entrada en el Registro de este Tribunal el 29 de mayo de 1996, procedente del Juzgado de Guardia donde fue presentado el día 27 anterior, doña Alicia Oliva Collar, Procuradora de los Tribunales y de don Angelos Rigopoulos, interpuso recurso de amparo frente el Auto de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de 23 de abril de 1996, recaído en el rollo de apelación núm. 61/96, y demás resoluciones anteriormente referenciadas, de las que trajo causa.
A) Con fecha 23 de enero de 1995, se procedió por parte de la dotación del buque español del Servicio de Vigilancia Aduanera Petrel I a la detención en aguas internacionales del Océano Atlántico, junto a otras personas, del recurrente, que viajaba a bordo del buque de bandera panameña Archangelos, con autorización del Gobierno de la República de dicho país, ocupándose una importante cantidad de sustancia estupefaciente (2.000 Kgs. de cocaína). Todo ello ordenado y a consecuencia de las investigaciones seguidas por el Juzgado Central de Instrucción núm. 1 de la Audiencia Nacional en diligencias previas núm. 88/94.
"Estando por transcurrir las setenta y dos horas primeras desde la aprehensión del barco "ARCHANGELOS" y detención de su tripulación, estamos en el caso de legalizar su situación en cumplimiento del mandato constitucional, por el que toda persona detenida debe ser puesta en libertad o a disposición judicial en el plazo de las setenta y dos horas siguientes de su detención.
Lo anterior no obsta para que por el Servicio de Vigilancia Aduanera se adopten las medidas de prevención necesarias para intentar impedir que los detenidos, ahora presos, mantengan conversaciones que les permitan ponerse de acuerdo respecto a sus futuras declaraciones ante este Instructor".
C) La llegada al puerto de Las Palmas de Gran Canaria, tuvo lugar el 6 de febrero del mismo año, momento en el que se procedió a la información de derechos y puesta a disposición judicial de los detenidos. Con fecha 16 y 27 de febrero, por la representación del actor se presentaron sendos escritos ante el Juzgado solicitando la nulidad de las actuaciones e invocando diversas violaciones de derechos fundamentales, y por ende la libertad del detenido, ahora demandante de amparo. Dichas peticiones fueron denegadas mediante Auto de fecha 22 de marzo de 1995, ratificado por otro posterior, dictado en recurso de reforma, de 25 de octubre. Finalmente, mediante Auto de 23 de abril de 1996, la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, desestima el recurso de apelación que había sido presentado contra los anteriores, con base en los siguientes fundamentos:
"TERCERO.- El testimonio de las actuaciones acredita la existencia de una resistencia armada al ser abordado el barco "Archangelos", según Acta de 26 de enero de 1995, del Oficial Marítimo del Servicio de Vigilancia Aduanera, y Comandante del Buque "Petrel I" y asimismo la incautación de la droga y la detención del resto de la tripulación. El Juzgado de Instrucción dictó con esa misma fecha Auto decretando la prisión, consta asimismo el Acta de aprehensión, resumen del diario de navegación, providencia de 2 de febrero de 1995 en el que se ordena, próximo el arribo del barco "Archangelos", la práctica e información de todos y cada uno de los derechos que le asisten a los detenidos, como así se efectúa el 6 de febrero, día de la arribada de dicho buque.
CUARTO.- La Sala, sin ignorar el carácter de los derechos constitucionalmente establecidos, y que asisten a toda persona, y aun admitiendo la efectividad de los medios modernos de comunicación, no puede ignorar los problemas que una aprehensión en alta mar conlleva y con mayor motivo en circunstancias como las acaecidas con el barco "Archangelos". Es prácticamente de difícil cumplimiento las garantías de asistencia de un Médico Forense, la presencia de un intérprete de su lengua vernácula, el griego, y la presencia de un Letrado que le asista. Entiende la Sala, que los derechos establecidos, no se limitan a una proclamación formal de los mismos, sino que éstos han de poder ejercitarse por aquel a quien le asisten lo que resulta imposible dadas las circunstancias del hecho, y lo que sí se acredita, y no niega el recurrente, es que en cuanto se produjo la posibilidad, se dio pleno cumplimiento a lo dispuesto en el art. 17 de la C.E. y 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, según se acredita con el testimonio aportado, por ello, procede desestimar el recurso interpuesto, sin hacer pronunciamiento en cuanto a las costas".
3. Se fundamenta la demanda de amparo, articulada en un único motivo, en la vulneración del art. 17, núms. 1, 2 y 3 C.E.
A) Se sostiene en primer lugar la lesión del derecho a la libertad personal del art. 17.1 C.E., por entender que tal derecho queda vulnerado cuando se produce una privación de libertad sin que se observe lo dispuesto en dicho precepto o en los casos y forma previstos en las leyes, con cita de la STC 31/1985. Por ello entiende el recurrente procedente analizar si los hechos anteriormente resumidos, suponen infracción de los preceptos legales que regulan la detención comenzando por los propios apartados 2 y 3 del art. 17 C.E..
B) Entiende asimismo el recurrente que el derecho establecido en el apartado 2, no necesitado de desarrollo ni mediación legislativa algunos, fue vulnerado al producirse una situación de privación de libertad, de hecho, durante dieciseis días, a contar desde la detención y traslado al buque del servicio de Vigilancia Aduanera. En este sentido, se entiende palmaria la situación del recurrente como detenido durante las primeras setenta y dos horas en suelo español, como asimismo el que, transcurrido ese plazo, no fuera puesto a disposición judicial sino hasta momento muy ulterior, con su arribada a puerto. Pasa la demanda de amparo, a continuación, a discutir los razonamientos contenidos en las resoluciones impugnadas, afirmando en este sentido que no existió imposibilidad material alguna de trasladar al recurrente a disposición judicial -dados los modernos medios de transporte disponibles-, en particular si se tiene en cuenta la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (T.E.D.H.), de suma trascendencia a tenor de lo prescrito en el art. 10.2 C.E., y concretamente la Sentencia del T.E.D.H. de 26 de octubre de 1984, caso McGoff c. Suecia, de la que concluye, aplicándola al caso de autos, que la detención del Sr. Rigopoulos durante dieciseis días a bordo del buque Petrel I, sobrepasó con mucho no ya el plazo marcado en el art. 17.2 C.E., setenta y dos horas, sino el previsto en el art. 5.3 C.E.D.H. Además, de nuevo en contra de lo razonado en las resoluciones impugnadas, la pretendida "legalización" de esa detención prolongada por el Auto de prisión dictado el 26 de enero, se sostiene en la demanda de amparo que, al no haber sido comunicada en debida forma al recurrente hasta que el buque llegó a puerto -el 7 de febrero-, le mantuvo en su situación de completo desconocimiento de la causa y motivos de su detención, todo ello a pesar de la existencia a bordo del buque de medios técnicos suficientes para que se produjera un conocimiento efectivo por el recurrente de dichas circunstancias. Por ello, con apoyo en la doctrina constitucional que entiende de aplicación al caso, se mantiene en la demanda que una situación de detención que excede en trece días el plazo legal de setenta y dos horas, no puede en modo alguno resultar "legalizada" a posteriori por el instructor de la causa penal. Para el recurrente, objeto de una detención incomunicada, sin intérprete y sin Letrado, ignorante de la existencia del mencionado "Auto de prisión", su situación era, lisa y llanamente -en los términos empleados en la demanda de amparo- una detención policial.
C) Se sostiene por último en el recurso la vulneración del derecho a ser informado de forma inmediata y comprensible de sus derechos, de las razones de su detención, y de ser asistido de Abogado en las dependencias policiales, todos ellos contenidos en el núm. 3 del art. 17 C.E. Tal conclusión se da por sentada en la demanda de amparo desde el momento en que las resoluciones impugnadas no responden, a juicio del recurrente, a la cuestión de por qué no se utilizaron los modernos medios de comunicación existentes a bordo del buque para evitar la lesión de los mencionados derechos, omisión que se considera injustificable habida cuenta de que el Juez instructor estuvo en todo momento al corriente del desenlace de la operación de apresamiento, que, por otra parte, llevaba meses gestándose por el propio órgano instructor; y con el dato añadido de que, al tiempo de que el referido apresamiento fuera ampliamente difundido por los medios de comunicación, el entonces detenido y ahora recurrente desconocía por completo los motivos y causas de esa detención.
5. Una vez recibidas, por providencia de 17 de octubre de 1996, la Sección acordó, de conformidad con lo dispuesto en el núm. 3 del art. 50 LOTC, conceder al demandante de amparo y al Ministerio Fiscal plazo común de diez días para que formularan cuantas alegaciones estimasen pertinentes en relación con la posible concurrencia de la causa de inadmisión consistente en la carencia manifiesta de contenido constitucional de la demanda [art. 50.1 c) LOTC], dándoles vista al efecto de las actuaciones remitidas.
Por escrito de fecha 4 de noviembre de 1996, la representación del recurrente solicitó la concesión de un nuevo plazo de diez días para formular las alegaciones oportunas, a lo que se accedió por la Sección mediante providencia de 7 de noviembre de 1996.
6. En esta última fecha, la propia Sección acordó, por nuevo proveido, la apertura de pieza separada para la tramitación del incidente de suspensión de las resoluciones impugnadas, tal y como se solicitara en la demanda de amparo. Asimismo se acordó conceder al recurrente y al Ministerio Fiscal plazo común de tres días para que formularan las alegaciones pertinentes a ese fin.
8. La Sección Tercera de este Tribunal, por providencia de 13 de enero de 1997, acordó: 1º) tener por personada y parte a la Procuradora doña María Marta Sanz Amaro, en la representación que ostenta, entendiéndose con ella las sucesivas actuaciones; 2º) hacer uso de la facultad prevista en el art. 52.2 LOTC, señalando para la celebración de la vista oral del presente recurso el 27 de enero de 1997, a las 12,45 horas; 3º) poner en conocimiento de las partes que todas las actuaciones recibidas en este recurso estarían a su disposición en la Secretaría de esta Sala, hasta el día señalado para la Vista; y 4º) nombrar como Magistrado Ponente al Excmo. Sr. don Julio Diego González Campos.
Basó el representante del Ministerio Público su conclusión desestimatoria, en primer lugar, en un detenido recorrido por los antecedentes del caso, con particular incidencia en el dato de que la aprehensión del barco se produjo en estricto cumplimiento de una orden judicial, producto de dilatadas investigaciones siempre realizadas bajo control e impulso del titular del Juzgado Central de Instrucción. Tras hacer referencia a las exigencias derivadas de las nuevas formas transnacionales de delincuencia, y a su paralelo reflejo normativo en textos internacionales como el Convenio de las Naciones Unidas hecho en Viena el 19 de diciembre de 1988 contra el tráfico ilícito de drogas narcóticas y sustancias psicotrópicas -y en particular, su art. 17-, así como a la existencia de un Acuerdo ad hoc entre España y el Estado del pabellón del buque, hizo hincapié el Fiscal en el siguiente par de líneas argumentales:
A) Por lo que se refiere a la alegada vulneración del derecho a ser puesto a disposición judicial en el término de setenta y dos horas, alegando, en contra de lo afirmado por el recurrente, que el Auto de 26 de enero de 1995 supuso, en las circunstancias del caso, un adecuado cumplimiento de la garantía contenida en el mencionado derecho fundamental. A este respecto, insistió el Fiscal en el absoluto dominio del hecho de la detención y de todas sus circunstancias por el Juez Central de Instrucción, que en todo momento tuvo a su disposición, sino material, sí espiritual o en cuanto a las circunstancias del caso, la persona del recurrente, realizando una adecuada ponderación de todas las circunstancias antes de decidir la prisión incondicional del recurrente en el plazo constitucionalmente fijado. Realizando una interpretación del precepto constitucional adecuada, a su juicio, al espíritu y finalidad de la norma, llega el Fiscal a la conclusión, en cuanto a este extremo de la demanda, de que el mencionado Auto no se limitaba a legalizar ex post facto una supuesta irregularidad -en todo caso meramente formal- inicial, sino que supuso de por sí el cumplimiento de la garantía constitucionalmente requerida.
B) Asimismo, por lo que se refiere a los derechos a ser informado inmediatamente y de forma comprensible de las razones de la detención, así como a la asistencia letrada, sostuvo el Fiscal que la eventual irregularidad consistente en que durante los dieciséis días que duró la travesía no se diera estricto cumplimiento a tales formalidades, carece de trascendencia constitucional, por cuanto tales garantías tienen su razón de ser y finalidad en la exclusión de diligencias policiales que pudieran tener trascendencia sumarial sin el auxilio de las mismas, finalidad que sí tuvo exacto cumplimiento pues sólo a partir de la arribada a puerto español se siguieron tales diligencias. Por ello, atendiendo a la irrelevancia sumarial de la travesía, durante la cual no se llevó a cabo diligencia alguna, mantuvo el representante del interés público que, aún aceptando eventuales irregularidades, ninguna de ellas supuso de por sí la lesión de los derechos de defensa del recurrente, con cita de la doctrina constitucional que resulta de aplicación al caso.
Así precisado el objeto de este proceso constitucional, ha de destacarse la singularidad del presente caso, dado que los hechos de los que traen causa las citadas resoluciones judiciales tuvieron lugar en la alta mar, tras haber sido abordado el 23 de enero de 1995, a los 20 04' Lat. Sur y 19 20' Long. W, el buque mercante de bandera panameña Archangelos, que se encontraba bajo el mando del ahora recurrente, por una dotación del buque del Servicio de Vigilancia Aduanera Petrel I. Pues la representación procesal del Sr. Rigopoulos ha alegado, tanto en la demanda como en el acto de la vista oral, que en el período que va desde la captura del buque en el Atlántico Sur en aquella fecha hasta su arribada al puerto de las Palmas de Gran Canaria, el 6 de febrero de dicho año, se ha vulnerado, en primer lugar, el derecho del recurrente a la libertad personal del art. 17.1 C.E., por privársele de ella sin observar lo dispuesto en dicho precepto ni en los casos y en la forma previstos por la Ley. En segundo término, que entre las fechas antes indicadas transcurrieron con exceso más de setenta y dos horas sin que el recurrente fuera puesto en libertad o a disposición judicial, vulnerándose así el art. 17.2 C.E. Por último, que hasta su desembarco en el puerto español permaneció detenido sin haber sido informado de sus derechos ni haber contado con la asistencia de Letrado e intérprete, lo que ha lesionado el art. 17.3 C.E.
2. Antes de entrar en el examen de las quejas conviene observar, con carácter previo, que si en el presente caso las autoridades españolas han procedido a la ejecución, en la alta mar de las medidas acordadas por un órgano jurisdiccional, el Juzgado Central de Instrucción núm. 1, esta actividad, aun realizada fuera de los límites del territorio español -pues la alta mar es un espacio marítimo exterior al mar territorial y a las aguas interiores españolas (Convenio de Ginebra de 29 de abril de 1958 sobre la alta mar, arts. 1 y 2)-, no deja de estar sujeta a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico (art. 9.1 C.E.) y, en particular, al respeto de los derechos y libertades que nuestra Norma fundamental reconoce y garantiza.
En efecto, es procedente recordar aquí, de un lado, que "los poderes públicos españoles no están menos sujetos a la Constitución cuando actúan en las relaciones internacionales... que al ejercer ad intra sus atribuciones", como se ha dicho en la Declaración de este Tribunal de 1 de julio de 1992, fundamento jurídico 4º, y ello es aplicable a las autoridades y funcionarios dependientes de dichos poderes. De otro lado, si el mandato del art. 10.2 C.E. impone que los preceptos constitucionales sean interpretados de conformidad con las normas internacionales sobre protección de los derechos humanos, ha de recordarse también que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha declarado, en relación con el art. 1 del Convenio de Roma de 1950, que el ámbito de la jurisdicción estatal, a los fines de la protección que ese instrumento garantiza, no se circunscribe al territorio nacional. Por lo que cabe imputar al Estado una lesión de los derechos que el Título I del Convenio reconoce en relación con actos realizados por sus autoridades fuera del territorio estatal (asunto Drozd y Janousek c. Francia y España, Sentencia de 26 de junio de 1992 y asunto Loizidou c. Turquía, Sentencia de 23 de marzo de 1995), presupuestos que indudablemente concurren en el presente caso, dado que nos encontramos ante una actividad realizada por autoridades españolas en un espacio situado más allá del territorio español, como antes se ha dicho. Por lo que hemos de examinar a continuación si esa actuación de las autoridades españolas ha generado o no las lesiones de los derechos fundamentales que, en relación con el art. 17 C.E., denuncia el demandante de amparo.
3. Respecto a la eventual lesión del art. 17.1 C.E., la representación procesal del recurrente se ha limitado a enunciarla, con cita de la STC 31/1985, remitiendo su examen a los otros dos motivos que luego desarrolla. No obstante, las circunstancias del presente supuesto -en particular, el haberse producido la privación de libertad tras el abordaje de un buque extranjero en la alta mar- hacen aconsejable su examen para determinar si tal privación se ha llevado a cabo en un caso o en forma no prevista en la Ley y, de este modo, se ha lesionado el art. 17.1 C.E. Precepto del que se desprende, "tan clara como indeclinablemente, que los supuestos de privación de libertad han de ser acordados por quienes deban hacerlo de acuerdo a las atribuciones competenciales que contenga la Ley en la forma que ésta determina" (STC 3/1992, fundamento jurídico 5º).
A) El abordaje y registro del buque panameño Archangelos fue autorizado por el Juzgado Central de Instrucción núm. 1 mediante Auto de 20 de enero de 1995, donde tras indicarse que dicho buque se utilizaba para el tráfico de cocaína y a bordo del mismo se hallaban dos nacionales españoles, hacía referencia tanto a lo dispuesto en el art. 18.2 C.E. y el art. 561 L.E.Crim. como a la necesidad de recabar la previa autorización por parte del Estado cuyo pabellón enarbolaba dicho buque. Expresando también esta resolución judicial que el Archangelos se encontraba "en aguas internacionales del Océano Atlántico" y allí, por tanto, habría de llevarse a cabo su abordaje y registro, así como, en su caso, la detención de los participantes en el tráfico ilícito de estupefacientes.
La situación del buque, sin embargo, no afecta a la validez de la medida adoptada por el órgano jurisdiccional ni a la de su ejecución por el buque del Servicio de Vigilancia Aduanera el 23 de enero de 1995. Ha de tenerse presente, en efecto, que al establecer la extensión y límites de la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles, el art. 23.4 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, atribuye el conocimiento por nuestros órganos judiciales de los hechos cometidos por españoles y extranjeros fuera del territorio nacional cuando los mismos sean susceptibles de tipificación como delitos, según la Ley penal española, en ciertos supuestos, entre ellos el del apartado f), relativo al "Tráfico ilegal de drogas psicotrópicas, tóxicas y estupefacientes". Lo que entraña, pues, que el legislador ha atribuido un alcance universal a la jurisdicción española para conocer de estos concretos delitos, en correspondencia tanto con su gravedad como con su proyección internacional.
B) De otra parte, la ejecución de la medida en un buque mercante extranjero que navegaba en la alta mar por las autoridades españolas puede ser contraria a una norma de Derecho internacional generalmente reconocida y aplicada en la práctica de los Estados: la que establece la competencia exclusiva del Estado del pabellón sobre el buque que se encuentra en ese espacio marítimo, salvo en los supuestos excepcionales de piratería o trata de esclavos (art. 22 del Convenio de Ginebra de 1958 sobre el alta mar). Lo que exige que cualquier excepción a dicha norma ha de tener un fundamento jurídico, que en el presente caso se encuentra en el art. 17, apartados 3 y 4 en relación con el art. 4, apartados 1 y 3, del Convenio de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, hecho en Viena el 20 de diciembre de 1988. Acuerdo internacional en el que tanto España como la República de Panamá eran Estados partes -al haberlo ratificado, respectivamente, el 30 de julio de 1990 y el 13 de enero de 1994 ("Boletín Oficial del Estado" del 10 de noviembre de 1990 y del 25 de enero de 1996)- y había entrado en vigor entre ambos Estados al ocurrir los hechos aquí considerados, de conformidad con lo dispuesto en su art. 29.
En efecto, el art. 17, apartados 3 y 4 del Convenio de Viena de 1988 requiere la previa autorización del Estado del pabellón para que otro Estado adopte en la alta mar las medidas adecuadas en relación con un buque utilizado para el tráfico de estupefacientes o sustancias psicotrópicas, entre ellas las de abordar la nave e inspeccionarla y, si se descubren pruebas de implicación en el tráfico ilícito, adoptar medidas adecuadas respecto al buque, a las personas y la carga que se encuentren a bordo. Normativa a la que se ajusta tanto la medida adoptada por el Jugado Central de Instrucción núm. 1 como su ejecución respecto al Archangelos, pues en las actuaciones recibidas consta que el Ministerio de Asuntos Exteriores recabó la autorización de la Embajada de la República de Panamá en Madrid y ésta fue concedida mediante nota verbal de dicha representación diplomática, de 20 de enero de 1995, en la que se autorizaba a las autoridades españolas para proceder "al abordaje y apresamiento del buque Archangelos, así como la detención de su tripulación por ser portadores según parece de un cargamento de cocaína"; y a bordo del buque se encontró, como antes se ha dicho, una considerable cantidad de esta sustancia. Por lo que no cabe estimar, en suma, que la privación de libertad que ha sufrido el recurrente tras ser detenido el 23 de enero de 1995 haya lesionado el derecho que el art. 17.1 garantiza, dado que se encuentra legalmente prevista para ese tipo de delitos y en cuanto a la forma de practicarla se ha ajustado a normas internacionales que forman parte de nuestro ordenamiento (art. 96.1 C.E. y art. 1.5 del Código civil).
4. En segundo término, se ha alegado que las resoluciones judiciales impugnadas en el presente proceso constitucional han incurrido en nulidad por vulnerar el derecho que el art. 17.2 C.E. le reconoce, ya que pese a ser detenido el recurrente de amparo el 23 de enero de 1995, no pasó a disposición judicial hasta el 6 de febrero del mismo año. Lo que excede con mucho el plazo máximo de setenta y dos horas establecido en dicho precepto, respecto al que hemos declarado que no sólo es aplicable a los supuestos de detención preventiva legalmente previstos sino que también expresa "un principio de limitación temporal de toda privación de libertad de origen policial" que ha de tener presente el legislador (STC 341/1993). Con la particularidad, además, de que al fijar un plazo máximo de detención preventiva, la garantía del art. 17.2 C.E. es más rigurosa que la que se contiene en instrumentos internacionales sobre protección de los derechos humanos en los que es parte España y, en concreto, en el art. 5.3 del Convenio de Roma de 1950, invocado por el recurrente con cita de la Sentencia del T.E.D.H. de 26 de octubre de 1984 en el asunto Mc Goff.
En efecto, si bien la libertad en cuanto derecho fundamental y valor superior de nuestro ordenamiento (art. 1.1 C.E.) no puede sufrir excepciones por razones de eficacia en la lucha contra el delito, como ha alegado el recurrente, no es menos cierto que la vulneración del derecho que el art. 17.2 C.E. garantiza sólo se producirá cuando se hayan transgredido los límites del mismo. Y al respecto basta recordar que si la disponibilidad sobre la pérdida de libertad es exclusivamente judicial "el mandato de la Constitución es que, más allá de las setenta y dos horas, corresponde a un órgano judicial la decisión sobre mantenimiento o no de la limitación de la libertad" (STC 115/1987). Lo que es aplicable incluso respecto a un supuesto tan singular de detención como el presente, pues de esta decisión se desprende con claridad que el sentido y finalidad de esta exigencia constitucional no requiere incondicionalmente la presencia física del detenido ante el Juez -aunque ello debe constituir la forma normal, por implicar una mayor garantía del detenido-, sino que la persona privada de libertad, transcurrido el plazo de las setenta y dos horas, no continúe sujeta a las autoridades que practicaron la detención y quede bajo el control y la decisión del órgano judicial competente, garante de la libertad que el art. 17.1 reconoce.
En el presente caso, el Juzgado Central de Instrucción núm. 1, con fecha 26 de enero de 1995, dictó Auto en el que se expresa que "estando por transcurrir las setenta y dos horas primeras desde la aprehensión del barco Archangelos y detención de su tripulación", debía legalizarse su situación en cumplimiento del mandato constitucional y, tras tener en cuenta las circunstancias de lugar y tiempo que impedían la presencia física de los detenidos ante el órgano judicial y valorar los indicios de criminalidad existentes, acordó la prisión provisional, comunicada y sin fianza de éstos. Ha existido, pues, un pleno control judicial sobre la libertad del recurrente al término del plazo constitucionalmente previsto y, desde la perspectiva del control externo que corresponde a este Tribunal, ningún reproche en esta sede constitucional cabe hacer a la decisión acordando elevar la detención a prisión provisional, pues su adopción se ha acordado de forma fundada, razonada, completa y acorde con la finalidad de la institución (STC 128/1995, fundamento jurídico 3º). Lo que hace que decaiga el segundo motivo del recurso de amparo.
5. En el tercer y último motivo de su queja el recurrente en amparo ha invocado el derecho constitucional de todo detenido a ser informado de forma inmediata y comprensible de sus derechos y de las razones de su detención, a lo que asocia la falta de asistencia de un intérprete y de un Letrado tras producirse aquella el 23 de enero de 1995, estimando que ello ha lesionado el art. 17.3 C.E. Más concretamente, en cuanto a lo primero ha alegado, con cita del art. 261 L.O.P.J., que pudieron haberse utilizado al efecto por el Juzgado Central de Instrucción núm. 1 los medios de comunicación existentes en el Petrel I y, de este modo, pudo haber remitido una "notificación" en idioma griego, lo que no se hizo; en cuanto a lo segundo, que se hubiera cumplido con la exigencia del precepto constitucional "llevando a bordo un Letrado que asistiera a los detenidos", pero careció de tal asistencia tras su detención. Sin embargo, esta queja del recurrente tampoco puede ser acogida.
En el presente caso, sin embargo, la finalidad de la actuación del Servicio de Vigilancia Aduanera era la de abordar el buque Archangelos, proceder a su inspección, aprehender la droga y detener a las personas que integraban la tripulación del buque como presuntamente responsables del ilícito comercio, custodiando seguidamente el buque, la carga y los detenidos hasta su llegada a puerto español. A lo que cabe agregar otra circunstancia particular: en los supuestos de abordaje y captura de un buque en alta mar es obvio -salvo que tales hechos hayan ocasionado su pérdida, como aquí pudo ocurrir por la resistencia de un tripulante en la sala de máquinas- que el buque ha de continuar su navegación bajo la vigilancia del buque captor hasta arribar a puerto; y la navegación se lleva a cabo con la participación, en todo o en parte, de la propia tripulación del buque capturado bajo el control de una dotación de presa, como en este caso ha ocurrido. Pues en el Acta de constancia de hechos suscrita el 26 de enero de 1995 por el Comandante del Petrel I se expresa que, una vez reducida la resistencia del tripulante Sr. Serantes Caneda, el Archangelos, "tripulado por seis detenidos y cinco funcionarios como dotación de presa" continuó navegando hacia Las Palmas de Gran Canaria; aunque este documento -excesivamente sucinto en la descripción de los hechos- no indica los nombres de los detenidos que quedaron a bordo y, por tanto, no puede determinarse si entre ellos se hallaba el Capitán del buque capturado y hoy recurrente en amparo.
B) Dicho esto, la diferencia existente entre uno y otro supuesto conduce a apreciar que en el presente caso no se han vulnerado los derechos que el art. 17.3 C.E. reconoce. En efecto, tras la detención preventiva de una persona y su conducción a dependencias policiales, el art. 520.1 L.E.Crim. permite realizar diligencias tendentes al esclarecimiento de los hechos, incluida la declaración del detenido. Y es en esta situación, cuando adquieren su pleno sentido protector las garantías del detenido de ser informado "de forma inmediata, y de modo que le sea comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención", así como de la asistencia letrada y la de un interprete, dada su innegable importancia para la defensa en tales diligencias (STC 74/1987). Garantías constitucionales que se han configurado legalmente en el art. 520.2 L.E.Crim. y cuya finalidad es, como ha declarado este Tribunal, la de "asegurar la situación de quien, privado de su libertad, se encuentra en la eventualidad de quedar sometido a un proceso", procurando así la norma constitucional que la situación de sujeción que la detención implica no procuzca "en ningún caso la indefensión del afectado" (STC 107/1985, fundamento jurídico 3º y SSTC 196/1987 y 341/1993). Y ello se ha reiterado por este Tribunal respecto a la asistencia letrada en las primeras diligencias policiales, diferenciándola de la que se presta en un proceso penal, al declarar que, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 520 L.E.Crim., aquella responde a la finalidad "de asegurar con su presencia personal, que los derechos constitucionales del detenido sean respetados, que no sufra coacción o trato incompatible con su dignidad y libertad de declaración y que tendrá el debido asesoramiento técnico sobre la conducta a observar en los interrogatorios, incluida la de guardar silencio, así como sobre su derecho a comprobar, una vez realizados y concluidos con la presencia activa del Letrado, la fidelidad de lo transcrito en el Acta de declaración que se le presenta a la firma" (STC 196/1987, fundamento jurídico 5º y, en el mismo sentido, 252/1994).
En relación con la anterior doctrina basta observar que en el presente caso la captura del buque y la detención de su tripulación no fue seguida de diligencia alguna para el esclarecimiento de los hechos por parte de las autoridades del Servicio de Vigilancia Aduanera en el buque Petrel I. Y como antes se ha dicho, una parte de la tripulación, no identificada, permaneció a bordo del Archangelos, bajo la vigilancia de la dotación de presa, hasta la llegada del buque a puerto español. No ha existido, por tanto, el presupuesto necesario para satisfacer las exigencias de defensa en tales diligencias policiales conforme al sentido y finalidad del art. 17.3 C.E., pues ninguna diligencia para el esclarecimiento de los hechos se ha practicado por las autoridades del buque captor; limitándose a custodiar a los detenidos y a proceder de forma inmediata e ininterrumpida a su traslado a un puerto español.
6. Finalmente, cabe pensar que una situación de prolongación de la privación de libertad como la sufrida por el recurrente durante la navegación del Archangelos hasta su llegada a puerto español es susceptible de afectar a otro elemento esencial del entero sistema de protección judicial de la libertad, el instituto del habeas corpus (art. 17.4 C.E). Sin embargo, basta reparar que dicho instituto opera, potencialmente, en "todos los supuestos en los que se produce una privación de libertad no acordada por el Juez" (STC 31/1985, fundamento jurídico 2º y en concreto, frente a una eventual "prolongación abusiva de la permanencia en las dependencias policiales" (STC 341/1993, fundamento jurídico 6º) - lo que aquí no es el caso-, de suerte que su finalidad esencial es la de controlar la legalidad de la detención practicada y hacer cesar de inmediato las situaciones irregulares de privación de libertad (SSTC 194/1989 y 104/1990, entre otras), frente a detenciones ilegales o que transcurran en condiciones ilegales (STC 153/1988).
En el presente caso, como antes se ha dicho, la detención practicada fue acordada por previa resolución judicial y elevada a prisión preventiva también por el Auto del Juzgado Central de Instrucción núm. 1 antes mencionado, una vez transcurridas las setenta y dos horas desde que aquella tuvo lugar. Situación procesal del recurrente en uno y otro momento que viene a excluir que la prolongación de la privación de libertad haya supuesto, directa o indirectamente, una lesión del derecho que el art. 17.4 consagra. Y ello conduce en definitiva, como antes se ha anticipado, a rechazar el tercer motivo de la queja formulada por el recurrente y, junto a lo expuesto en los fundamentos precedentes, a la desestimación del amparo solicitado.
Desestimar el amparo solicitado por don Angelos Rigopoulos.
BOE (Official State Gazzete) number and date [Num, 63 ] 14/03/1997 Amendment 1
Type and record number Recurso de amparo 2212-1996
Date of the decision 10/02/1997
Contra Auto de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional recaído en apelación frente a Autos anteriores del Juzgado Central de Instrucción núm. 1 dictados en procedimiento dimanante de diligencias previas que condujeron a la detención en alta mar del recurrente, supuestamente implicado en delito de narcotráfico.
Supuesta vulneración del derecho a la libertad personal: límites del derecho.
Ha de destacarse la singularidad del presente caso, dado que los hechos de los que traen causa las citadas resoluciones judiciales impugnadas tuvieron lugar en la alta mar, tras haber sido abordado el 23 de enero de 1995, a los 20 04' Lat. Sur y 19 20' Long. W, el buque mercante de bandera panameña «Archangelos», que se encontraba bajo el mando del ahora recurrente, por una dotación del buque del Servicio de Vigilancia Aduanera «Petrel I» . [F.J. 1]
Conviene observar, con carácter previo, que si en el presente caso las autoridades españolas han procedido a la ejecución en la alta mar de las medidas acordadas por un órgano jurisdiccional, el Juzgado Central de Instrucción núm. 1, esta actividad, aun realizada fuera de los límites del territorio español, no deja de estar sujeta a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico (art. 9.1 C.E.) y, en particular, al respeto de los derechos y libertades que nuestra Norma fundamental reconoce y garantiza. [F.J. 2]
Las circunstancias del presente supuesto -en particular, el haberse producido la privación de libertad tras el abordaje de un buque extranjero en la alta mar- hacen aconsejable su examen para determinar si tal privación se ha llevado a cabo en forma no prevista en la Ley y, de este modo, se ha lesionado el art. 17. 1 C.E.: a) Al establecer la extensión y límites de la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles, el art. 23.4 de la L.O.P.J. atribuye el conocimiento por nuestros órganos judiciales de los hechos cometidos por españoles y extranjeros fuera del territorio nacional cuando los mismos sean susceptibles de tipificación como delitos, según la Ley penal española, en ciertos supuestos, entre ellos el del apartado f), relativo al «tráfico ilegal de drogas psicotrópicas, tóxicas y estupefacientes». Lo que entraña, pues, que el legislador ha atribuido un alcance universal a la jurisdicción española para conocer de estos concretos delitos, en correspondencia tanto con su gravedad como con su proyección internacional. b) De otra parte, la ejecución de la medida en un buque mercante extranjero que navegaba en la alta mar por las autoridades españolas puede ser contraria a la norma de Derecho internacional que establece la competencia exclusiva del Estado del pabellón sobre el buque que se encuentra en ese espacio marítimo, salvo en los supuestos excepcionales de piratería o trata de esclavos (art. 22 del Convenio de Ginebra de 1958 sobre el alta mar). Lo que exige que cualquier excepción a dicha norma ha de tener un fundamento jurídico, que en el presente caso se encuentra en el art. 17, apartados 3 y 4, en relación con el art. 4, apartados 1 y 3, del Convenio de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, hecho en Viena el 20 de diciembre de 1988. Acuerdo internacional en el que tanto España como la República de Panamá eran Estados partes y había entrado en vigor entre ambos Estados al ocurrir los hechos aquí considerados, de conformidad con lo dispuesto en su art. 29. Normativa a la que se ajusta tanto la medida adoptada por el Jugado Central de Instrucción núm. 1 como su ejecución respecto al «Archangelos», pues en las actuaciones recibidas consta que el Ministerio de Asuntos Exteriores recabó la autorización de la Embajada de la República de Panamá en Madrid y ésta fue concedida mediante nota verbal de dicha repre sentación diplomática en la que se autorizaba a las autoridades españolas para proceder «al abordaje y apresamiento del buque «Archangelos», así como la detención de su tripulación por ser portadores según parece de un cargamento de cocaína». Por lo que no cabe estimar, en suma, que la privación de libertad que ha sufrido el recurrente tras ser detenido el 23 de enero de 1995 haya lesionado el derecho que el art. 17.1 garantiza, dado que se encuentra legalmente prevista para ese tipo de delitos y en cuanto a la forma de practicarla se ha ajustado a normas internacionales que forman parte de nuestro ordenamiento (art. 96.1 C.E. y art. 1.5 del Código civil). [F.J. 3]
Si bien la libertad en cuanto derecho fundamental y valor superior de nuestro ordenamiento (art. 1.1 C.E.) no puede sufrir excepciones por razones de eficacia en la lucha contra el delito, no es menos cierto que la vulneración del derecho que el art. 17.2 C.E. garantiza que sólo se producirá cuando se hayan transgredido los límites del mismo. Y al respecto basta recordar que si la disponibilidad sobre la pérdida de libertad es exclusivamente judicial, «el mandato de la Constitución es que, más allá de las setenta y dos horas, corresponde a un órgano judicial la decisión sobre mantenimiento o no de la limitación de la libertad» (STC 115/1987). Lo que es aplicable incluso respecto a un supuesto tan singular de detención como el presente, pues de esta decisión se desprende con claridad que el sentido y finalidad de esta exigencia constitucional no requiere incondicionalmente la presencia física del detenido ante el Juez, sino que la persona privada de libertad, transcurrido el plazo de las setenta y dos horas, no continúe sujeta a las autoridades que practicaron la detención y quede bajo el control y la decisión del órgano judicial competente, garante de la libertad que el art. 17.1 reconoce. Ha existido en este caso un pleno control judicial sobre la libertad del recurrente al término del plazo constitucionalmente previsto y, desde la perspectiva del control externo que corresponde a este Tribunal, ningún reproche en esta sede constitucional cabe hacer a la decisión acordando elevar la detención a prisión provisional, pues su adopción se ha acordado de forma fundada, razonada, completa y acorde con la finalidad de la institución (STC 128/1995) . [F.J. 4]
En el presente caso la finalidad de la actuación del Servicio de Vigilancia Aduanera era la de abordar el buque «Archangelos», proceder a su inspección, aprehender la droga y detener a las personas que integraban la tripulación del buque como presuntamente responsables del ilícito comercio, custodiando seguidamente el buque, la carga y los detenidos hasta su llegada a puerto español. A lo que cabe agregar otra circunstancia particular: en los supuestos de abordaje y captura de un buque en alta mar es obvio -salvo que tales hechos hayan ocasionado su pérdida, como aquí pudo ocurrir por la resistencia de un tripulante en la sala de máquinas- que el buque ha de continuar su navegación bajo la vigilancia del buque captor hasta arribar a puerto; y la navegación se lleva a cabo con la participación, en todo o en parte, de la propia tripulación del buque capturado bajo el control de una dotación de presa, como en este caso ha ocurrido . [F.J. 5]
En el presente caso no se han vulnerado los derechos que el art. 17.3 C.E. reconoce. En relación con la doctrina elaborada por este Tribunal respecto al mismo y de las garantías configuradas legalmente en el art. 520.1 L.E.Crim. basta observar que la captura del buque y la detención de su tripulación no fue seguida de diligencia alguna para el esclarecimiento de los hechos por parte de las autoridades del Servicio de Vigilancia Aduanera en el buque «Petrel I». No habiendo existido, por tanto, el presupuesto necesario para satisfacer las exigencias de defensa en tales diligencias policiales conforme al sentido y finalidad del art. 17.3 C.E., pues ninguna diligencia para el esclarecimiento de los hechos se ha practicado por las autoridades del buque captor; limitándose a custodiar a los detenidos y a proceder de forma inmediata e ininterrumpida a su traslado a un puerto español . [F.J. 5]
Finalmente, cabe pensar que una situación de prolongación de la privación de libertad como la sufrida por el recurrente durante la navegación del «Archangelos» hasta su llegada a puerto español es susceptible de afectar a otro elemento esencial del entero sistema de protección judicial de la libertad, el instituto del «habeas corpus» (art. 17.4 C.E). Sin embargo, basta reparar que dicho instituto opera, potencialmente, en «todos los supuestos en los que se produce una privación de libertad no acordada por el Juez» (STC 31/1985) y en concreto, frente a una eventual «prolongación abusiva de la permanencia en las dependencias policiales» (STC 341/1993) -lo que aquí no es el caso-, de suerte que su finalidad esencial es la de controlar la legalidad de la detención practicada y hacer cesar de inmediato las situaciones irregulares de privación de libertad (SSTC 194/1989 y 104/1990, entre otras), frente a detenciones ilegales o que transcurran en condiciones ilegales (STC 153/1988) . [F.J. 6]
Artículo 520.1, f. 5
Artículo 520.1.2, f. 5
Artículo 520.2, f. 5
Artículo 561, f. 3
Convención de Ginebra de 29 de abril de 1958 sobre la alta mar. Ratificada por Instrumento de Adhesión de 25 de febrero de 1971
Artículo 17.3, ff. 1, 5
Artículo 23.4 f), f. 3
Artículo 261, f. 5
Convención de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, hecha en Viena el 20 de diciembre de 1988. Ratificada por Instrumento de 30 de julio de 1990
Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 26 de octubre de 1984 (McGoff c. Suecia)
Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 26 de junio de 1992 (Drozd y Janousek c. Francia y España)
Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 23 de marzo de 1995 (Loizidou c. Turquía)
Contenido del derecho a la asistencia letradaContenido del derecho a la asistencia letrada, f. 5
Contenido del derecho a ser informado de la acusaciónContenido del derecho a ser informado de la acusación, f. 5
Órganos judicialesÓrganos judiciales, f. 3
Privación de libertadPrivación de libertad, ff. 3, 4, 6
Estados extranjerosEstados extranjeros, f. 3
Persecución de narcotráfico en buque de pabellón extranjeroPersecución de narcotráfico en buque de pabellón extranjero, f. 3
Persecución del narcotráficoPersecución del narcotráfico, f. 3
Persecución en alta marPersecución en alta mar, f. 3
Relaciones internacionalesRelaciones internacionales, ff. 2, 3
Control judicial de la detenciónControl judicial de la detención, f. 4
Detención ajustada a la normativa internacionalDetención ajustada a la normativa internacional, f. 3
Detención practicada en alta marDetención practicada en alta mar, ff. 3, 4
Extensión y límites de la jurisdicciónExtensión y límites de la jurisdicción, f. 3