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Timestamp: 2019-05-20 01:06:27
Document Index: 407324220

Matched Legal Cases: ['artículo 221', 'artículo 203', 'artículo 26', 'artículo 24', 'artículo 27', 'artículo 199', 'artículo 338', 'artículo 452', 'artículo 338', 'artículo 479', 'artículo 481', 'artículo 482', 'artículo 479', 'artículo 483', 'artículo 486', 'artículo 491', 'artículo 493', 'artículo 277', 'artículo 231', 'artículo 26', 'artículo 3']

LEY 1765 DE 23 DE JULIO DE 2015
CONTENIDO:CÓDIGO PENAL MILITAR. SE REESTRUCTURA LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL, SE ESTABLECEN REQUISITOS PARA EL DESEMPEÑO DE SUS CARGOS, SE IMPLEMENTA SU FISCALÍA GENERAL PENAL MILITAR Y POLICIAL, SE ORGANIZA SU CUERPO TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN, SE SEÑALAN DISPOSICIONES SOBRE COMPETENCIA PARA EL TRÁNSITO AL SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y PARA GARANTIZAR SU PLENA OPERATIVIDAD EN LA JURISDICCIÓN ESPECIALIZADA, Y SE MODIFICAN Y SE ADICIONAN LAS LEYES 522 DE 1999 - CÓDIGO PENAL MILITAR Y 1407 DE 2010 - CÓDIGO PENAL MILITAR, Y SE MODIFICA LA LEY 940 DE 2005, Y SE MODIFICA EL DECRETO 1512 DE 2000.
TEMAS ESPECÍFICOS:DELITO CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, FUERZA PÚBLICA, FUERZAS MILITARES, MIEMBROS DE LAS FUERZAS MILITARES, JUSTICIA PENAL MILITAR, DELITO CONTRA LA FUNCIÓN PÚBLICA, CÓDIGO PENAL MILITAR, CONDUCTA PUNIBLE, DELITO, SISTEMA PENAL ACUSATORIO, APLICACIÓN DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, MIEMBROS DE LA POLICÍA NACIONAL, INTERVINIENTES EN EL PROCESO PENAL, PROCEDIMIENTO PENAL, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, JUEZ PENAL MILITAR, JURISDICCIÓN PENAL MILITAR, PROCESO JUDICIAL, TRIBUNAL MILITAR, CORTE MARCIAL, REFORMA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR, PRINCIPIOS DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, INTEGRACIÓN DE LA CORTE MARCIAL, PROHIBICIONES DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR
REVISTA LEGISLACIÓN ECONÓMICA N°:1515 DE NOVIEMBRE 30 DE 2015, PG.2686
DIARIO OFICIAL N°:49582 DE JULIO 23 DE 2015
LEY 1765 DE 2015
“Por la cual se reestructura la justicia penal militar y policial, se establecen requisitos para el desempeño de sus cargos, se implementa su Fiscalía General Penal Militar y Policial, se organiza su cuerpo técnico de investigación, se señalan disposiciones sobre competencia para el tránsito al sistema penal acusatorio y para garantizar su plena operatividad en la jurisdicción especializada y se dictan otras disposiciones”.
Administración de justicia penal militar y policial
ART. 1º—Principios de la administración de justicia. Las normas y principios rectores de la administración de justicia prevalecen y serán de obligatoria aplicación en la jurisdicción penal militar y policial.
ART. 2º—Ámbito de aplicación. La presente ley se aplicará en lo pertinente, a los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo o en retiro, así como al personal civil o no uniformado que desempeñe cargos en la justicia penal militar y policial.
Los artículos que modifican, adicionan o derogan disposiciones de carácter penal militar, se aplicarán exclusivamente a miembros de la Fuerza Pública en los términos del artículo 221 de la Constitución Política. En ningún caso se aplicarán a los civiles.
(Nota: La expresión “La presente ley se aplicará en lo pertinente, a los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo o en retiro, así como al personal civil o no uniformado que desempeñe cargos en la Justicia Penal Militar y Policial”, del presente artículo fue se declarada exequible condicionalmente por la Corte Constitucional en Sentencia C-372 de 2016, M.P. Dr. Luis Guillermo Guerrero Pérez, en el entendido que la competencia de la justicia penal militar y policial se circunscribe únicamente al juzgamiento de los delitos cometidos por los miembros de la fuerza pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio —no obstante que con posterioridad se hayan retirado del servicio—, con lo cual, la Ley 1765 de 2015 aplica a los miembros de la Fuerza Pública en retiro y al personal civil o no uniformado solo en relación con las medidas de carácter laboral y administrativo en ella previstas, en cuanto las mismas les sean exigibles por razón de su vinculación a la planta de personal de los órganos de la Justicia Penal Militar y Policial.)
Estructura de la justicia penal militar y policial
ART. 3º—Integración. La justicia penal militar y policial estará integrada por:
Órganos jurisdiccionales y de investigación
1. Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Penal.
2. Tribunal Superior Militar y Policial.
3. Jueces penales militares y policiales de conocimiento especializado y de conocimiento.
4. Jueces penales militares y policiales de control de garantías.
5. Jueces penales militares y policiales de ejecución de penas y medidas de seguridad.
6. Fiscalía General Penal Militar y Policial y Cuerpo Técnico de Investigación.
Órganos de dirección y administración de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial, de que trata la presente ley:
2. Director ejecutivo.
ART. 4º—Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia ejerce sus funciones en la justicia penal militar y policial a través de la Sala de Casación Penal, según sus competencias constitucionales y legales.
ART. 5º—Tribunal Superior Militar y Policial. Sede e integración. El Tribunal Superior Militar y Policial tendrá su sede en Bogotá, D. C., y estará conformado por magistrados que integrarán salas de decisión militar, policial o mixtas que ejercerán la función jurisdiccional. El tribunal o sus salas de decisión podrán sesionar en cualquier lugar del país. Las salas de decisión del Tribunal Superior Militar y Policial estarán integradas por tres magistrados cada una, presidida por el ponente respectivo.
Las salas de decisión contarán con representación de cada una de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional en los términos que establezca el reglamento interno de la corporación.
Además de las salas de decisión, al interior del tribunal funcionarán la Sala Plena, la Sala de Gobierno, la secretaría, la relatoría y el personal subalterno. Las salas Plena y de Gobierno siempre serán presididas por el presidente de la corporación o en ausencia temporal de este por el vicepresidente.
El tribunal tendrá un presidente que lo presidirá y un vicepresidente que lo reemplazará en sus ausencias temporales. El presidente, el vicepresidente y la Sala de Gobierno, serán elegidos por la Sala Plena del tribunal.
ART. 6º—Adiciónase el artículo 203 de la Ley 1407 de 2010 con el siguiente parágrafo:
“ART. 203.—(…)
PAR.—Cuando sobre un mismo asunto existan discrepancias entre diferentes salas de decisión, la Sala Plena del Tribunal se constituirá en Sala Única de Decisión asumiendo la función jurisdiccional a efectos de unificar el criterio, conforme al procedimiento que disponga el reglamento interno de la corporación”.
ART. 7º—Juzgados penales militares y policiales de conocimiento especializado y de conocimiento. Créanse los juzgados penales militares y policiales de conocimiento especializado y de conocimiento, que conocerán de los delitos a que hace referencia la presente ley. Estos, tendrán jurisdicción en todo el territorio nacional.
Las Fuerzas Militares y la Policía Nacional contarán con el número de juzgados necesarios que les permita garantizar la pronta y efectiva administración de justicia, cuyos titulares serán miembros activos o retirados de la respectiva fuerza.
PAR.—La competencia territorial de cada despacho se definirá por acto administrativo emitido por la dirección ejecutiva de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial.
ART. 8º—De los juzgados penales militares y policiales de conocimiento especializado. Los juzgados penales militares y policiales de conocimiento especializado continuarán conociendo de los delitos previstos en los artículos 20 y 171 de la Ley 1407 de 2010, pero de conformidad con la nueva asignación de competencia que aquí se prevé así:
1. Homicidio.
2. Delitos contra la protección de la información y de los datos.
3. Delitos contra la fe pública.
4. Delitos contra la administración pública, con excepción de los delitos de peculado sobre bienes de dotación, peculado culposo, abuso de autoridad, abuso de autoridad especial y omisión de apoyo.
5. Delitos contra la seguridad pública.
6. Delitos contra la seguridad de la Fuerza Pública.
7. Delitos contra la población civil.
8. Delitos contra la existencia y la seguridad del Estado.
9. Delitos que no tengan asignación especial de competencia, siempre y cuando su pena mínima sea superior a tres (3) años de prisión.
ART. 9º—De los juzgados penales militares y policiales de conocimiento. Los juzgados penales militares y policiales de conocimiento, continuarán conociendo de los delitos previstos en los artículos 20 y 171 de la Ley 1407 de 2010, pero de conformidad con la nueva asignación de competencia que aquí se prevé, así:
1. Delitos contra la disciplina.
2. Delitos contra el servicio.
3. Delitos contra los intereses de la Fuerza Pública.
4. Delitos contra el honor.
5. Lesiones personales.
6. Delitos contra el patrimonio económico.
7. De los siguientes delitos contra la administración pública: delitos de peculado sobre bienes de dotación, peculado culposo, abuso de autoridad, abuso de autoridad especial y omisión de apoyo.
8. Delitos que no tengan asignación especial de competencia, siempre y cuando su pena mínima sea igual o inferior a tres (3) años de prisión.
ART. 10.—Concurrencia de jueces. Cuando se presente concurrencia entre un juez penal militar y policial de conocimiento especializado y un juez penal militar y policial de conocimiento, en razón de los factores en que estriba la competencia, será competente el primero de estos.
Requisitos para el desempeño de cargos en la justicia penal militar y policial
ART. 11.—Requisitos generales. Para acceder a los cargos de magistrado del Tribunal Superior Militar y Policial, Juez Penal Militar y Policial de Conocimiento Especializado, Juez Penal Militar y Policial de Conocimiento, Juez Penal Militar y Policial de Control de Garantías y Juez Penal Militar y Policial de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad se requiere acreditar como requisitos generales los siguientes:
1. Ser colombiano por nacimiento y ciudadano en ejercicio.
2. Ser oficial en servicio activo o en retiro de la Fuerza Pública.
3. Acreditar título profesional de abogado.
4. Tener título de posgrado en una de las siguientes áreas: ciencias penales y criminológicas, derecho penal militar o policial, criminalística, derecho constitucional, derechos humanos, derecho internacional humanitario, derecho probatorio, derecho procesal penal o derecho operacional.
PAR. 1º—No obstante lo dispuesto en este artículo, los cargos de Juez Penal Militar y Policial de Control de Garantías y Juez Penal Militar y Policial de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad podrán ser desempeñados por civiles y no uniformados, siempre que acrediten los demás requisitos para el desempeño del cargo.
PAR. 2º—Su selección será por meritocracia mediante evaluación de sus competencias por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), la Escuela de Administración Pública (ESAP), o cualquier otra entidad que pueda adelantar dicha evaluación.
ART. 12.—Inhabilidades. No podrán desempeñar los cargos señalados en el artículo anterior:
1. Quien haya sido condenado penalmente en cualquier tiempo, excepto por delitos culposos.
2. Quien se halle en interdicción judicial.
3. Quien se encuentre bajo medida de aseguramiento que implique la privación de la libertad.
4. Quien haya sido excluido de la profesión de abogado o esté suspendido.
5. Quien haya sido destituido en cualquier tiempo de un cargo público.
6. Las demás que establezca la Constitución y la ley.
ART. 13.—Faltas absolutas y temporales. Son faltas absolutas la muerte real o presunta, la renuncia aceptada, la separación definitiva del cargo ordenada por sentencia judicial debidamente ejecutoriada, la destitución o separación como consecuencia de un proceso disciplinario, la incapacidad física o mental permanente una vez se reconozca la pensión de invalidez en el caso de los civiles, por invalidez e incapacidad absoluta y permanente o gran invalidez en el caso de los uniformados, la declaratoria de vacancia del empleo en caso de abandono del mismo o inasistencia al servicio sin causa justificada, la edad de retiro forzoso, el vencimiento del periodo y las demás que determine la Constitución Política y la ley.
Son faltas temporales las licencias, las incapacidades por enfermedad, la suspensión por medida penal o disciplinaria, los permisos y vacaciones y las demás que determine la Constitución Política y la ley.
ART. 14.—Magistrados del Tribunal Superior Militar y Policial. Para ser magistrado del Tribunal Superior Militar y Policial será necesario, además de los requisitos generales consignados en la presente ley, ostentar grado no inferior a teniente coronel o capitán de fragata en servicio activo o en uso de buen retiro de la Fuerza Pública y acreditar una experiencia mínima de ocho (8) años en el desempeño de cargos como funcionario judicial en la Justicia Penal Militar y Policial.
ART. 15.—Cargos de período. Los cargos de magistrado del Tribunal Superior Militar y Policial serán provistos por el Presidente de la República para un período fijo e individual, de ocho (8) años no prorrogable, de lista de candidatos conformada por miembros activos o en uso de buen retiro de la Fuerza Pública que cumplan los requisitos generales y especiales establecidos en esta ley. El procedimiento para conformar la lista será reglamentado por el Gobierno Nacional.
Los magistrados del Tribunal Superior Militar y Policial no son reelegibles y permanecerán en sus cargos durante todo el período, salvo que antes de su vencimiento incurran en una falta absoluta. Los uniformados que sean designados para ocupar estos cargos, permanecerán en servicio activo hasta concluir el periodo.
PAR. TRANS.—Los magistrados del Tribunal Superior Militar nombrados en vigencia de la Ley 940 de 2005, continuarán en sus cargos hasta cuando cumplan el período para el cual fueron nombrados, con la denominación de magistrados del Tribunal Superior Militar y Policial.
ART. 16.—Jueces de conocimiento. Para desempeñar el cargo de Juez Penal Militar y Policial de Conocimiento Especializado y Juez Penal Militar y Policial de Conocimiento, se requiere además de los requisitos generales consignados en la presente ley, ostentar el grado que en cada caso se indica y la experiencia señalada, así:
1. Juez Penal Militar y Policial de Conocimiento Especializado. Para desempeñar el cargo de Juez Penal Militar y Policial de Conocimiento Especializado se requiere ostentar grado no inferior al de oficial superior en servicio activo o en uso de buen retiro de la Fuerza Pública y acreditar una experiencia mínima de cinco (5) años, en el desempeño de cargos como funcionario en la Justicia Penal Militar y Policial.
2. Juez Penal Militar y Policial de Conocimiento. Para desempeñar el cargo de Juez Penal Militar y Policial de Conocimiento se requiere ostentar grado no inferior al de capitán o teniente de navío en servicio activo o en uso de buen retiro de la Fuerza Pública y acreditar una experiencia mínima de cuatro (4) años en el desempeño de cargos como funcionario en la Justicia Penal Militar y Policial.
ART. 17.—Juez Penal Militar y Policial de Control de Garantías. Para desempeñar el cargo de Juez Penal Militar y Policial de Control de Garantías, se requiere además de los requisitos generales señalados en la presente ley, ostentar grado no inferior al de oficial superior en servicio activo o en uso de buen retiro de la Fuerza Pública y acreditar una experiencia mínima de cuatro (4) años en el desempeño de cargos como funcionario en la Justicia Penal Militar y Policial.
PAR.—Si este cargo es desempeñado por un civil o no uniformado con el fin de preservar la especialidad de la Justicia Penal Militar y Policial, este deberá tener como mínimo una experiencia profesional de ocho (8) años relacionada con derecho penal militar, salvo que acredite la experiencia mínima de cuatro (4) años en el desempeño de cargos como funcionario de la Justicia Penal Militar y Policial.
ART. 18.—Juez Penal Militar y Policial de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad. Para desempeñar el cargo de Juez Penal Militar y Policial de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad se requiere además de los requisitos generales señalados en la presente ley ostentar grado no inferior al de capitán o teniente de navío en servicio activo o en uso de buen retiro de la Fuerza Pública y acreditar una experiencia mínima de dos (2) años en el desempeño de cargos como funcionario en la justicia penal militar y policial.
PAR.—Si el cargo es desempeñado por un civil o no uniformado, con el fin de preservar la especialidad de la justicia penal militar y policial, este deberá tener como mínimo una experiencia profesional de ocho (8) años relacionada con derecho penal militar, salvo que acredite la experiencia mínima de cuatro (4) años en el desempeño de cargos como funcionario de la justicia penal militar y policial.
Fiscalía General Penal Militar y Policial
Estructura de la Fiscalía General Penal Militar y Policial
ART. 19.—Estructura. Para el cumplimiento de las funciones legales, la Fiscalía General Penal Militar y Policial tendrá la siguiente estructura:
1. Fiscal General Penal Militar y Policial.
2. Fiscales penales militares y policiales delegados ante el Tribunal Superior Militar y Policial.
3. Fiscales penales militares y policiales delegados ante los jueces penales militares y policiales.
4. Coordinador nacional del Cuerpo Técnico de Investigación de la justicia penal militar y policial.
5. Coordinadores regionales del Cuerpo Técnico de Investigación de la justicia penal militar y policial.
Desempeño de funciones y competencia
ART. 20.—Desempeño de funciones. Las funciones de la Fiscalía General Penal Militar y Policial se cumplen a través del Fiscal General Penal Militar y Policial, de los fiscales penales militares y policiales delegados ante el Tribunal Superior Militar y Policial, de los fiscales penales militares y policiales delegados ante los jueces penales militares y policiales y del Cuerpo Técnico de Investigación de la Justicia Penal Militar y Policial.
Los fiscales penales militares y policiales delegados ante los jueces penales militares y policiales se ubicarán por la dirección ejecutiva de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial, atendiendo sus atribuciones y las necesidades judiciales presentadas por el Fiscal General Penal Militar y Policial.
Corresponde a la Fiscalía General Penal Militar y Policial, en desarrollo de atribuciones constitucionales y legales, la dirección, coordinación, control jurídico y verificación técnico-científica de las actividades que desarrolle la policía judicial en los términos previstos en el Código Penal Militar.
ART. 21.—Competencia. El Fiscal General Penal Militar y Policial, los fiscales penales militares y policiales delegados ante el Tribunal Superior Militar y Policial y los fiscales penales militares y policiales delegados, tienen competencia en todo el territorio nacional.
Fiscal General Penal Militar y Policial
ART. 22.—Periodo. El Fiscal General Penal Militar y Policial será nombrado por el Presidente de la República, para un periodo institucional de cuatro (4) años no prorrogable, de lista de candidatos que cumplan los siguientes requisitos:
2. Acreditar título profesional de abogado.
3. Tener título de posgrado en una de las siguientes áreas: ciencias penales y criminológicas, derecho penal militar o policial, criminalística, derecho constitucional, derechos humanos, derecho internacional humanitario, derecho probatorio, derecho procesal penal o derecho operacional.
4. Acreditar una experiencia mínima de ocho (8) años como funcionario de la justicia penal militar y policial.
5. Ser oficial en servicio activo de la Fuerza Pública o en uso de buen retiro, con grado no inferior al de teniente coronel o capitán de fragata.
El procedimiento para conformar la lista será reglamentado por el Gobierno Nacional teniendo en cuenta la selección por meritocracia.
PAR. 1º—No obstante lo dispuesto en este artículo, el cargo de Fiscal General Penal Militar y Policial podrá ser desempeñado por un civil o no uniformado, siempre que acredite los requisitos 1 a 4 del presente artículo para el desempeño del cargo.
PAR. 2º—El Fiscal General Penal Militar y Policial no será reelegible, tendrá el mismo nivel jerárquico de Fiscal Delegado ante la Corte Suprema de Justicia y su sede estará en Bogotá, D. C.
ART. 23.—Funciones del Fiscal General Penal Militar y Policial. El Fiscal General Penal Militar y Policial tiene la representación de la Fiscalía General Penal Militar y Policial y además de las funciones especiales otorgadas por el Código Penal Militar, ejercerá las siguientes:
1. Asumir las investigaciones y formular las acusaciones que dispone el Código Penal Militar y aquellas que en razón de su naturaleza, importancia o gravedad, lo ameriten.
2. Coordinar dentro del ámbito de su competencia con la dirección ejecutiva de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial, la creación de unidades especializadas cuando la necesidad del servicio lo exija o la gravedad o complejidad del asunto lo requiera y asignar a ellas fiscales especiales.
3. Dirigir, coordinar y controlar el desarrollo de la función investigativa y acusatoria contra los presuntos infractores de la ley penal de conformidad con el ámbito de su competencia, directamente o a través de sus delegados, para lo cual deberá tener en cuenta la especificidad dentro de lo militar o policial del miembro de la Fuerza Pública investigado.
4. Coordinar con otros organismos que ejerzan funciones de policía judicial, la definición e implementación de mecanismos que racionalicen y eviten la duplicidad de esfuerzos en el desarrollo de las investigaciones.
5. Hacer parte del Consejo Nacional de Policía Judicial, función que podrá delegar en el coordinador nacional del Cuerpo Técnico de Investigación de la Justicia Penal Militar y Policial.
6. Hacer parte del Consejo Superior de Política Criminal y Penitenciaria.
7. Crear comisiones especiales de fiscales delegados de conformidad con las atribuciones de estos, designando un coordinador, cuando la gravedad, importancia o trascendencia pública del hecho lo ameriten, para lo cual podrá desplazar del conocimiento al Fiscal Penal Militar y Policial Delegado. En este evento el fiscal coordinador de la comisión será quien actúe ante el Juez Penal Militar y Policial de Control de Garantías y ante el Juez Penal Militar y Policial de Conocimiento.
8. Elaborar el manual de funciones de la Fiscalía General Penal Militar y Policial y del Cuerpo Técnico de Investigación de la Justicia Penal Militar y Policial, para su respectivo trámite de adopción ante la dirección ejecutiva de la Unidad Administrativa Especial.
9. Proponer a la dirección ejecutiva de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial, la reglamentación de los Centros de Servicios Judiciales, dentro del ámbito de su competencia.
10. Expedir los reglamentos, órdenes, circulares y manuales de procedimiento y de normas técnicas conducentes al eficaz desempeño de la Fiscalía General Penal Militar y Policial y del Cuerpo Técnico de Investigación de la Justicia Penal Militar y Policial, en materias de su competencia.
11. Presentar al director ejecutivo de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial, las necesidades y requerimientos de la Fiscalía General Penal Militar y Policial y del Cuerpo Técnico de Investigación de la Justicia Penal Militar y Policial.
12. Ser el vocero de la Fiscalía General Penal Militar y Policial ante los estamentos del Estado y la sociedad.
13. Diseñar y coordinar con el director ejecutivo de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial, la implementación de un sistema de gestión y control de la Fiscalía General Penal Militar y Policial y del Cuerpo Técnico de Investigación de la Justicia Penal Militar y Policial.
14. Proponer a la dirección ejecutiva de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial, estímulos para los servidores de la Fiscalía General Penal Militar y Policial y del Cuerpo Técnico de Investigación de la Justicia Penal Militar y Policial.
15. Coordinar con el director ejecutivo de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial, el apoyo logístico requerido para el funcionamiento de la Fiscalía General Penal Militar y Policial y del Cuerpo Técnico de Investigación de la Justicia Penal Militar y Policial.
16. Adelantar las gestiones para lograr cooperación internacional en materia de investigación criminal con sus pares.
17. Las demás funciones que le señale la ley o los reglamentos.
ART. 24.—Inhabilidades. No podrá ejercer el cargo de Fiscal General Penal Militar y Policial, de Fiscales Penales Militares y Policiales Delegados ante el Tribunal Superior Militar y Policial, ni de Fiscales Penales Militares y Policiales Delegados ante los Jueces Penales Militares y Policiales:
ART. 25.—Faltas absolutas y temporales. Son faltas absolutas del Fiscal General Penal Militar y Policial, de los fiscales penales militares y policiales delegados ante el Tribunal Superior Militar y Policial, y de los fiscales penales militares y policiales delegados ante los jueces penales militares y policiales, la muerte real o presunta, la renuncia aceptada, la separación definitiva del cargo ordenada por sentencia judicial debidamente ejecutoriada, la destitución o separación como consecuencia de un proceso disciplinario, la incapacidad física o mental permanente una vez se reconozca la pensión de invalidez en el caso de los civiles, por invalidez e incapacidad absoluta y permanente o gran invalidez en el caso de los uniformados, la declaratoria de vacancia del empleo en caso de abandono del mismo o inasistencia al servicio sin causa justificada, la edad de retiro forzoso, el vencimiento del periodo y las demás que determine la Constitución Política y la ley.
En caso de falta absoluta o temporal del Fiscal General Penal Militar y Policial, sus funciones las ejercerá uno de los fiscales penales militares y policiales delegados ante el Tribunal Superior Militar y Policial, designado por el Ministro de Defensa Nacional por la duración de la falta temporal, si la falta es absoluta, hasta la terminación del período si faltaren menos de seis (6) meses para concluir el mismo. Si faltaren seis (6) meses o más para el vencimiento del periodo, la designación le corresponde al Presidente de la República.
Fiscales penales militares y policiales delegados ante el Tribunal Superior Militar y Policial y fiscales penales militares y policiales delegados ante los jueces penales militares y policiales
ART. 26.—Requisitos generales. Para acceder a los cargos de Fiscal Penal Militar y Policial Delegado ante el Tribunal Superior Militar y Policial y de Fiscal Penal Militar y Policial Delegado ante los jueces penales militares y policiales, se requiere acreditar los siguientes requisitos generales:
PAR.—Su selección será por meritocracia mediante evaluación de sus competencias por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), la Escuela de Administración Pública (ESAP), o cualquier otra entidad que pueda adelantar dicha evaluación.
ART. 27.—Requisitos especiales. Para ser Fiscal Penal Militar y Policial Delegado ante el Tribunal Superior Militar y Policial se requiere, además de los requisitos generales consignados en la presente ley, acreditar una experiencia mínima de ocho (8) años como funcionario en la Justicia Penal Militar y Policial y ostentar grado no inferior al de teniente coronel o capitán de fragata en servicio activo o en uso de buen retiro de la Fuerza Pública.
PAR.—Si el cargo es desempeñado por un civil o no uniformado, con el fin de preservar la especialidad de la Justicia Penal Militar y Policial, este deberá tener como mínimo una experiencia profesional de diez (10) años en derecho penal militar, salvo que acredite la experiencia mínima de ocho (8) años en el desempeño de cargos como funcionario de la Justicia Penal Militar y Policial.
ART. 28.—Cargos de periodo. Los cargos de Fiscal Penal Militar y Policial Delegado ante el Tribunal Superior Militar y Policial serán provistos por el Presidente de la República para un período fijo e individual de ocho (8) años no prorrogable, de lista de candidatos conformada por quienes cumplan los requisitos generales y especiales establecidos en este capítulo. El procedimiento para conformar la lista será reglamentado por el Gobierno Nacional.
Los fiscales penales militares y policiales delegados ante el Tribunal Superior Militar y Policial, no son reelegibles y permanecerán en sus cargos durante todo el período, salvo que antes de su vencimiento incurran en una falta absoluta. Los uniformados que sean designados para ocupar estos cargos, permanecerán en servicio activo hasta concluir el periodo.
PAR. TRANS.—Los fiscales penales militares ante el Tribunal Superior Militar nombrados en vigencia de la Ley 940 de 2005, continuarán en sus cargos hasta cuando cumplan el período para el cual fueron nombrados, con la denominación de fiscales penales militares y policiales delegados ante el Tribunal Superior Militar y Policial.
ART. 29.—Fiscales penales militares y policiales delegados ante los jueces penales militares y policiales. Para desempeñar el cargo de Fiscal Penal Militar y Policial Delegado ante los jueces penales militares y policiales de conocimiento especializado y de conocimiento, se requiere además de los requisitos generales consignados en la presente ley, acreditar la experiencia señalada para cada cargo, así:
1. Fiscal Penal Militar y Policial Delegado ante Juez Penal Militar y Policial de Conocimiento Especializado. Para desempeñar el cargo de Fiscal Penal Militar y Policial Delegado ante Juez Penal Militar y Policial de Conocimiento Especializado, se requiere acreditar una experiencia mínima de cinco (5) años, en el desempeño de cargos como funcionario en la Justicia Penal Militar y Policial y ostentar grado no inferior al de oficial superior en servicio activo o en uso de buen retiro de la Fuerza Pública.
PAR.—No obstante lo dispuesto en este artículo, el cargo de Fiscal Penal Militar y Policial Delegado ante Juez Penal Militar y Policial de Conocimiento Especializado podrá ser desempeñado por un civil o no uniformado, siempre que acredite los requisitos generales para el desempeño del cargo y una experiencia profesional como asesor jurídico de la Fuerza Pública mínima de diez (10) años, salvo que acredite la experiencia mínima de cinco (5) años en el desempeño de cargos como funcionario de la justicia penal militar y policial.
2. Fiscal Penal Militar y Policial Delegado ante Juez Penal Militar y Policial de Conocimiento. Para desempeñar el cargo de Fiscal Penal Militar y Policial Delegado ante Juez Penal Militar y Policial de Conocimiento, se requiere acreditar una experiencia mínima de tres (3) años en el ejercicio profesional de abogado y ostentar grado no inferior al de capitán o teniente de navío en servicio activo o en uso de buen retiro de la Fuerza Pública. (sic) PAR.—No obstante lo dispuesto en este artículo, el cargo de Fiscal Penal Militar y Policial Delegado ante Juez Penal Militar y Policial de Conocimiento podrá ser desempeñado por un civil o no uniformado, siempre que acredite los requisitos generales para el desempeño del cargo y una experiencia profesional como asesor jurídico de la Fuerza Pública mínima de ocho (8) años, salvo que acredite la experiencia mínima de tres (3) años en el desempeño de cargos como funcionario de la justicia penal militar y policial.
ART. 30.—Funciones generales de los fiscales penales militares y policiales delegados ante el Tribunal Superior Militar y Policial y ante los jueces penales militares y policiales de conocimiento especializado y de conocimiento. Los fiscales penales militares y policiales delegados ante el Tribunal Superior Militar y Policial y ante los jueces penales militares y policiales de conocimiento especializado y de conocimiento, entre otras, tienen las siguientes funciones:
1. Investigar y acusar a los presuntos responsables de haber cometido un delito de conocimiento de la justicia penal militar y policial.
2. Adelantar previa autorización del magistrado o juez penal militar y policial de control de garantías, registros, allanamientos, incautaciones e interceptaciones de comunicaciones y poner a su disposición los elementos materiales probatorios y evidencia física recogidos, para su control de legalidad dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes.
3. Asegurar en cada caso particular los elementos materiales probatorios y evidencia física, garantizando la cadena de custodia mientras se ejerce su contradicción. En caso de requerirse medidas adicionales que impliquen afectación de derechos fundamentales, deberá obtenerse la respectiva autorización del juez penal militar y policial de garantías para poder proceder a ello.
4. Dirigir, coordinar y controlar en cada caso particular las actividades de policía judicial que en forma permanente ejerce el Cuerpo Técnico de Investigación de la Justicia Penal Militar y Policial y los demás organismos de policía judicial que señale la ley.
5. Solicitar capturas ante el magistrado o juez penal militar y policial de control de garantías y poner al capturado a su disposición, a más tardar dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes.
6. Solicitar al magistrado o juez penal militar y policial de control de garantías las medidas necesarias que aseguren la comparecencia de los imputados al proceso penal militar o policial, la conservación de la prueba, la integridad de la Fuerza Pública, la protección de la comunidad, en especial de las víctimas.
7. Presentar solicitud de preclusión de la investigación ante la Sala del Tribunal Superior Militar y Policial o juez penal militar y policial de conocimiento especializado y de conocimiento.
8. Celebrar preacuerdos con los imputados.
9. Presentar la acusación ante el magistrado del Tribunal Superior Militar y Policial o juez penal militar y policial de control de garantías.
10. Intervenir en la etapa del juicio.
11. Solicitar ante la Sala del Tribunal Superior Militar y Policial o juez penal militar y policial de conocimiento o ante el magistrado o juez penal militar y policial de control de garantías, las medidas judiciales necesarias para la asistencia de las víctimas, el restablecimiento del derecho y la reparación integral de los efectos del injusto.
12. Interponer y sustentar los recursos ordinarios y extraordinarios y la acción de revisión en los eventos establecidos en el Código Penal Militar.
13. Solicitar las nulidades y demás actuaciones procesales de su competencia y disponer las que le señale la ley.
14. (Inexequible).* Aplicar el principio de oportunidad en los términos y condiciones establecidos en la presente ley.
*(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sala Plena en Sentencia C-326 de 2016, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo)
ART. 31.—Funciones especiales de los fiscales penales militares y policiales delegados ante el Tribunal Superior Militar y Policial. Los fiscales penales militares y policiales delegados ante el Tribunal Superior Militar y Policial tendrán su sede en Bogotá, D. C., y además de las funciones señaladas en el artículo anterior y la ley, tienen las siguientes:
1. Investigar y acusar si a ello hubiere lugar a los servidores de la justicia penal militar y policial con fuero legal, cuyo juzgamiento esté atribuido en primera instancia al Tribunal Superior Militar y Policial.
2. Cumplir las funciones que le asigne el Fiscal General Penal Militar y Policial de conformidad con sus atribuciones y representarlo en las actuaciones que le delegue.
3. Reemplazar al Fiscal General Penal Militar y Policial en sus ausencias temporales o absolutas, cuando sea designado.
4. Reemplazar al Fiscal General Penal Militar y Policial en caso de impedimento o recusación, cuando sea designado.
5. Formular recomendaciones al Fiscal General Penal Militar y Policial en materia de políticas de investigación y acusación.
6. Diseñar y recomendar acciones orientadas a mejorar la gestión de los despachos de las fiscalías penales militares y policiales delegadas.
7. Presentar postulaciones para proveer los cargos de empleados subalternos asignados a sus despachos, a la dirección ejecutiva de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial.
8. Las demás que les sean asignadas por la ley.
Cuerpo Técnico de Investigación de la Justicia Penal Militar y Policial, composición, requisitos y funciones
ART. 32.—Composición del Cuerpo Técnico de Investigación de la Justicia Penal Militar y Policial. El Cuerpo Técnico de Investigación de la justicia penal militar y policial estará integrado por el coordinador nacional, los coordinadores regionales y el personal profesional, tecnólogo, técnico y de investigación que lo conforme, nombrados por el director ejecutivo de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial previa selección por meritocracia mediante evaluación de sus competencias por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), la Escuela de Administración Pública (ESAP), o cualquier otra entidad que pueda adelantar dicha evaluación.
ART. 33.—Funciones. El Cuerpo Técnico de Investigación de la justicia penal militar y Policial tiene las siguientes funciones generales:
1. Ejercer funciones de policía judicial en la justicia penal militar y policial.
2. Recibir las denuncias o querellas de los delitos de conocimiento de la justicia penal militar y policial y adelantar los actos urgentes conforme a lo dispuesto en el Código Penal Militar.
3. Realizar las investigaciones de los delitos de acuerdo con lo establecido en el Código Penal Militar y bajo la dirección del fiscal penal militar y policial delegado.
4. Adelantar con estricta sujeción a las normas y al respeto de los derechos humanos todas las actividades inherentes a la investigación de las conductas punibles.
5. Dar cumplimiento de conformidad con las normas vigentes a las órdenes de captura, allanamiento, intervención telefónica, registro de correspondencia, vigilancia electrónica y demás actuaciones inherentes requeridas en las investigaciones que se adelanten, previa decisión judicial del magistrado o juez penal militar y policial de control de garantías o disposición del fiscal penal militar y policial delegado en los casos que determine la ley.
6. Dar cumplimiento a las órdenes de captura que emita la Sala de Decisión o los jueces penales militares y policiales de conocimiento especializado o de conocimiento.
7. Garantizar la cadena de custodia de los elementos materiales de prueba y de la evidencia física.
8. Las demás que le señale la ley o le asigne el Fiscal General Penal Militar y Policial que guarden relación con la naturaleza de la dependencia.
ART. 34.—Coordinador nacional del Cuerpo Técnico de Investigación de la Justicia Penal Militar y Policial. Para ser coordinador nacional del Cuerpo Técnico de Investigación de la Justicia Penal Militar y Policial se requiere:
3. Tener posgrado en ciencias penales y criminológicas, derecho penal militar o policial, criminalística, derecho constitucional, derechos humanos, derecho internacional humanitario, derecho probatorio, derecho procesal penal o derecho operacional.
4. Acreditar experiencia profesional relacionada con las funciones del cargo de cuatro (4) años.
5. Aprobar la selección por meritocracia.
PAR.—Si el cargo fuere desempeñado por un miembro activo o en uso de buen retiro de la Fuerza Pública, deberá ostentar un grado no inferior al de oficial superior.
ART. 35.—Coordinación nacional del Cuerpo Técnico de Investigación de la Justicia Penal Militar y Policial. La coordinación nacional del Cuerpo Técnico de Investigación de la Justicia Penal Militar y Policial tiene las siguientes funciones:
1. Recomendar al Fiscal General Penal Militar y Policial la definición de políticas y estrategias asociadas con las funciones de investigación, criminalística y administración de información técnica y judicial, útiles para la investigación.
2. Desarrollar actividades de planeación, organización, ejecución y control de las funciones del Cuerpo Técnico de Investigación de la Justicia Penal Militar y Policial.
3. Orientar el apoyo a las actividades forenses que desarrollen las coordinaciones regionales.
4. Cumplir y hacer cumplir la cadena de custodia.
5. Coordinar el apoyo técnico-científico con los demás organismos nacionales de policía judicial.
6. Responder por el control estadístico en los aspectos relativos al desarrollo de las investigaciones adelantadas por el Cuerpo Técnico de Investigación de la Justicia Penal Militar y Policial.
7. Coordinar con la dirección ejecutiva de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial la creación e integración de unidades de investigación para optimizar la actividad investigativa y operativa del cuerpo técnico de investigación, previa autorización del Fiscal General Penal Militar y Policial.
8. Realizar el seguimiento a la gestión de las coordinaciones regionales y tomar las medidas necesarias para su efectivo funcionamiento.
9. Por delegación del Fiscal General Penal Militar y Policial, hacer parte del Consejo Nacional de Policía Judicial.
10. Elaborar el manual de funciones del Cuerpo Técnico de Investigación de la Justicia Penal Militar y Policial y presentarlo al Fiscal General Penal Militar y Policial para su respectivo trámite de adopción ante la dirección ejecutiva de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial.
11. Las demás que le señale la ley o le asigne el Fiscal General Penal Militar y Policial que guarden relación con la naturaleza de la dependencia.
ART. 36.—Coordinador regional del Cuerpo Técnico de Investigación de la Justicia Penal Militar y Policial. Para ser coordinador regional del Cuerpo Técnico de Investigación de la Justicia Penal Militar y Policial, se requiere:
4. Acreditar experiencia profesional relacionada con las funciones del cargo, de dos (2) años.
PAR.—Si el cargo fuere desempeñado por un miembro activo o en uso de buen retiro de la Fuerza Pública, deberá ostentar un grado no inferior al de capitán o teniente de navío.
ART. 37.—Coordinación regional del Cuerpo Técnico de Investigación de la Justicia Penal Militar y Policial. Las coordinaciones regionales del Cuerpo Técnico de Investigación de la Justicia Penal Militar y Policial tendrán las siguientes funciones a dicho nivel:
1. Desarrollar actividades de planeación, organización, ejecución y control de las funciones del Cuerpo Técnico de Investigación de la Justicia Penal Militar y Policial.
2. Orientar el apoyo a las actividades forenses.
3. Coordinar las actividades investigativas y de servicios forenses.
4. Coordinar el apoyo técnico-científico con los demás organismos regionales de policía judicial.
5. Cumplir y hacer cumplir la cadena de custodia.
6. Asistir en representación del coordinador nacional del Cuerpo Técnico de Investigación de la Justicia Penal Militar y Policial a los comités, juntas, sesiones y demás reuniones interinstitucionales en su respectiva jurisdicción relacionadas con el ejercicio de la función de policía judicial.
7. Responder por el control estadístico de los aspectos relativos al desarrollo de las investigaciones adelantadas.
8. Las demás funciones que le señale la ley y el coordinador nacional del Cuerpo Técnico de Investigación de la Justicia Penal Militar y Policial, relacionadas con el cargo.
ART. 38.—Requisitos del personal profesional y técnico del Cuerpo Técnico de Investigación de la Justicia Penal Militar y Policial. Para integrar el Cuerpo Técnico de Investigación de la Justicia Penal Militar y Policial, se requiere acreditar como mínimo:
2. Título profesional, tecnológico o técnico de centro académico universitario o instituto legalmente reconocido.
3. Acreditar experiencia mínima de un (1) año con posterioridad a la obtención del título.
4. Aprobar la selección por meritocracia.
ART. 39.—Apoyo a la justicia penal militar y policial. Los organismos que ejerzan de manera permanente o transitoria funciones de policía judicial en otras instituciones del Estado, deberán apoyar cuando sea necesario las investigaciones de la justicia penal militar y Policial. En estos casos, la dirección y control de la investigación será del fiscal penal militar y policial delegado.
ART. 40.—Apoyo técnico-científico. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, de conformidad con la ley, prestará apoyo técnico-científico en las investigaciones desarrolladas por la justicia penal militar y policial. Igualmente lo hará con el imputado o su defensor cuando estos lo soliciten.
La Fiscalía General Penal Militar y Policial, el imputado o su defensor se apoyarán cuando fuere necesario, en laboratorios privados nacionales o extranjeros o en los de universidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras debidamente acreditados ante la autoridad competente. También prestarán apoyo técnico-científico los laboratorios forenses de los organismos de policía judicial.
ART. 41.—Conformación de grupos especiales de investigación. Cuando por la particular complejidad de la investigación sea necesario conformar un grupo especial en la regional respectiva, el Fiscal Penal Militar y Policial Delegado lo solicitará al coordinador regional del cuerpo técnico, previa autorización del Fiscal General Penal Militar y Policial.
Organización del Cuerpo Técnico de Investigación de la Justicia Penal Militar y Policial
ART. 42.—Cuerpo Técnico de Investigación de la Justicia Penal Militar y Policial. El Cuerpo Técnico de Investigación de la Justicia Penal Militar y Policial es una dependencia especializada de la Fiscalía General Penal Militar y Policial que tiene por objeto desarrollar la investigación judicial, criminalística, criminológica y el manejo de la información, orientada a brindar apoyo a la administración de la justicia penal militar y policial en los casos de su competencia, incluyendo las investigaciones que se adelanten en vigencia de la Ley 522 de 1999.
ART. 43.—Estructura. El Cuerpo Técnico de Investigación de la Justicia Penal Militar y Policial tiene competencia investigativa en todo el territorio nacional dentro de la jurisdicción penal militar y policial y su organización tendrá dos niveles: central y desconcentrado.
PAR.—El Cuerpo Técnico de Investigación de la Justicia Penal Militar y Policial hace parte de la estructura de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial y por consiguiente el Gobierno Nacional desarrollará la misma y establecerá su planta de personal.
Administración, gestión y control de la justicia penal militar y policial
Unidad, Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial
ART. 44.—Transformación de la Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal Militar en Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial. Trasformase la Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal Militar del Ministerio de Defensa Nacional de que trata el artículo 26 del Decreto 1512 de 2000, la cual cuenta con autonomía administrativa y financiera, en una unidad administrativa especial con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio propio, adscrita al Ministerio de Defensa Nacional, cuyo domicilio principal está en la ciudad de Bogotá, D. C., y podrá contar con dependencias desconcentradas territorialmente, la cual se denominará Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial y hará parte del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional.
ART. 45.—Objetivo de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial. La Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial, tendrá como objetivo fundamental la organización, funcionamiento y administración de la jurisdicción especializada.
ART. 46.—Patrimonio. El patrimonio de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial estará constituido por:
2. Los recursos que reciba a título de donaciones, legados y asignaciones de personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras, gobiernos o entidades gubernamentales extranjeros, organismos internacionales u organizaciones de cualquier naturaleza local, nacional o internacional.
3. Los recursos que a través de convenios reciba de entidades públicas o privadas para el desarrollo de sus planes y programas o para su funcionamiento.
4. Los recursos provenientes del fondo cuenta de la jurisdicción penal militar y policial que se crea en la presente ley.
5. Los bienes que se encuentren asignados a la Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal Militar.
6. Los demás bienes, rentas y recursos que adquiera o reciba a cualquier título.
ART. 47.—Fondo cuenta. Créase el Fondo Cuenta de la Justicia Penal Militar y Policial, el cual será administrado por la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial; el fondo no tendrá personería jurídica, a través del mismo se manejarán los recursos por concepto de multas, cauciones, bienes y recursos provenientes de las declaratorias de comiso que se hagan efectivas, de los títulos de depósito judicial constituidos en la jurisdicción especializada en los que se declare su prescripción y del valor reembolsable de las fotocopias que se expidan; los recursos que ingresen al fondo se destinarán a la adecuación, mantenimiento y adquisición de elementos y equipos de los despachos de la justicia penal militar y policial e insumos necesarios para la práctica de diligencias judiciales e investigativas.
ART. 48.—Funciones de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial. La Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial tendrá las siguientes funciones:
1. Administrar la jurisdicción especializada.
2. Llevar el control y gestión de rendimiento de los funcionarios y empleados de la jurisdicción penal militar y policial.
3. Implementar las políticas, planes, programas y proyectos de la jurisdicción especializada.
4. Administrar y conservar el archivo de la jurisdicción especializada.
5. Las demás que le señale la ley.
ART. 49.—Órganos de dirección y administración. La Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial tendrá como órganos de dirección y administración el consejo directivo y el director ejecutivo.
ART. 50.—Integración. El consejo directivo de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial estará integrado por:
1. El Ministro de Defensa Nacional quien lo presidirá.
3. El Comandante General de las Fuerzas Militares.
4. El Director General de la Policía Nacional.
5. El Presidente de la Corte Suprema de Justicia.
PAR. 1º—Los ministros solo podrán delegar su participación en los viceministros, el Comandante General de las Fuerzas Militares podrá delegarla en el Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares, el Director General de la Policía Nacional de Colombia en el Subdirector General de la Policía Nacional, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia en el Vicepresidente de la corporación.
PAR. 2º—Al consejo directivo asistirá el director ejecutivo de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial, el Presidente del Tribunal Superior Militar y Policial y el Fiscal General Penal Militar y Policial con voz pero sin voto. El órgano directivo podrá invitar a otros servidores públicos y personas que considere importante escuchar sobre determinados asuntos de interés para la entidad, quienes asistirán con derecho a voz pero sin voto. El Consejo sesionará con la periodicidad que determinen los estatutos.
La secretaría técnica del consejo estará a cargo de la dirección ejecutiva de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial y sus actas serán reservadas.
PAR. 3º—En ningún caso los miembros del consejo directivo ni el director ejecutivo de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial, podrán interferir en las decisiones judiciales de los funcionarios de la jurisdicción.
ART. 51.—Funciones del consejo directivo de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial. El consejo directivo de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial, tendrá las siguientes funciones:
1. Definir las políticas, planes, programas y proyectos de la unidad.
2. Conocer de los informes de gestión presentados por el director ejecutivo.
3. Aprobar el proyecto de presupuesto anual de la unidad.
4. Aprobar el plan de desarrollo y su correspondiente plan de inversiones.
5. Evaluar y recomendar al Gobierno Nacional las modificaciones de la estructura orgánica y de la planta de personal que considere pertinentes.
6. Adoptar sus estatutos y cualquier reforma que a ellos se introduzca.
7. Recomendar modificaciones al mapa judicial.
8. Las demás que le señalen la ley y sus estatutos.
ART. 52.—Director ejecutivo y subdirector general de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial. La Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial tendrá un director ejecutivo de libre nombramiento y remoción del Presidente de la República y un subdirector general nombrado por el director, uno de los cuales será oficial en servicio activo de la Fuerza Pública o en uso de buen retiro, de grado no inferior al de brigadier general o su equivalente en la Armada Nacional.
El director y el subdirector serán independientes de la línea de mando, así uno de ellos ostente la condición de oficial en servicio activo de la Fuerza Pública.
PAR.—El oficial podrá solicitar por una sola vez la terminación de su designación y el regreso a su fuerza de procedencia. Esta podrá aceptar o rechazar su solicitud.
En caso de ser aceptado no podrá regresar a la Justicia Penal Militar y Policial mientras esté en servicio activo.
ART. 53.—Requisitos para ocupar el cargo de director ejecutivo de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial. Para ocupar el cargo de director ejecutivo de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial se requiere acreditar los siguientes requisitos:
2. Acreditar título profesional de abogado y posgrado en área jurídica o administrativa.
3. Acreditar como mínimo ocho (8) años de experiencia profesional.
ART. 54.—Funciones de la dirección ejecutiva de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial. La dirección ejecutiva de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial tendrá las siguientes funciones:
1. Implementar las políticas y ejecutar los planes, programas, proyectos y decisiones adoptadas por el consejo directivo.
2. Adoptar y proponer según su competencia, las decisiones necesarias para que la justicia penal militar y policial se imparta oportuna y eficazmente.
3. Administrar de conformidad con las normas vigentes el talento humano, y los bienes y recursos destinados para el funcionamiento de la justicia penal militar y policial, desarrollando adecuados sistemas de información y control.
4. Impartir las directrices para mantener actualizada la plataforma tecnológica y de comunicaciones de la unidad.
5. Elaborar y presentar al consejo directivo de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial el informe de gestión anual y los que este solicite.
6. Diseñar planes, programas y proyectos que propendan por el comportamiento ético del personal de la justicia penal militar y policial.
7. Elaborar e impulsar programas de capacitación y formación del personal de la justicia penal militar y policial.
8. Adoptar los mecanismos de control de rendimiento y gestión de los funcionarios y empleados de la justicia penal militar y policial y tomar las decisiones necesarias para su buen funcionamiento y descongestión.
9. Determinar la distribución, ubicación territorial y lugar de funcionamiento de los despachos judiciales de acuerdo con las necesidades del servicio.
10. Presentar al consejo directivo el mapa judicial y sus modificaciones.
11. Crear y organizar los grupos internos de trabajo necesarios para el funcionamiento de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial y designar sus coordinadores.
12. Expedir manuales, de funciones y requisitos, procesos y procedimientos, circulares, directivas, instructivos, reglamentos, resoluciones y demás actos administrativos necesarios para el adecuado funcionamiento de la Justicia Penal Militar y Policial.
13. Regular los trámites de los títulos judiciales y demás aspectos administrativos que se adelanten en los despachos judiciales y cuando lo considere necesario establecer servicios administrativos comunes para ellos.
14. Conceder estímulos, reconocer los méritos y otorgar las menciones honoríficas al personal que se distinga por los servicios prestados a la justicia penal militar y policial.
15. Ejercer la facultad nominadora de los servidores públicos de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial, salvo de los de periodo.
16. Designar y terminar la designación de los miembros de la Fuerza Pública del Cuerpo Autónomo de la Justicia Penal Militar y Policial.
17. Definir las situaciones administrativas de los servidores públicos de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial y de los miembros de la Fuerza Pública del Cuerpo Autónomo de la Justicia Penal Militar y Policial, de acuerdo con la Constitución y la ley.
18. Ubicar y distribuir los servidores públicos de la justicia penal militar y policial de acuerdo con la planta disponible y las necesidades del servicio.
19. Celebrar los contratos, convenios y acuerdos que se requieran para el eficaz funcionamiento de la justicia penal militar y policial.
20. Ser ordenador del gasto para el cumplimiento de las funciones que le correspondan.
21. Representar a la entidad judicial y extrajudicialmente y nombrar los apoderados especiales que demande la mejor defensa de los intereses de la entidad.
22. Ejercer la función de control disciplinario en los términos de ley, sobre los servidores públicos que ejerzan funciones administrativas y de apoyo a los despachos judiciales, así como sobre los jueces de conocimiento especializado; conocimiento, garantías, ejecución de penas y medidas de seguridad, fiscales delegados ante los jueces de conocimiento especializado, conocimiento y servidores del Cuerpo Técnico de Investigación de la Justicia Penal Militar y Policial, en relación con conductas distintas a las derivadas de su función judicial y de policía judicial.
23. Presentar el proyecto de presupuesto al consejo directivo para su aprobación.
24. Elaborar el proyecto de plan de desarrollo de la justicia penal militar y policial con su correspondiente plan de inversiones y someterlo a la aprobación del consejo directivo.
25. Suscribir convenios y acuerdos institucionales con entidades nacionales e internacionales.
26. Administrar la Escuela de Justicia Penal Militar y Policial que por esta ley se crea, presidir su consejo directivo y nombrar su director.
27. Las demás que le asigne la ley y los estatutos.
PAR.—Para todos efectos, la representación legal de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial estará en cabeza de su director ejecutivo.
ART. 55.—Inhabilidades. No podrán desempeñar cargos en la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial, los servidores públicos que incurran en alguna de las causales de inhabilidad establecidas en la Constitución Política y en la ley.
ART. 56.—Causales de impedimento, recusación y trámite de las mismas. A los servidores públicos de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y; (sic) Policial, se les aplicarán las causales de impedimento y recusación establecidas en la ley y se tramitarán de conformidad con los procedimientos allí establecidos.
ART. 57.—Faltas absolutas y temporales. Las faltas absolutas y temporales establecidas en la Constitución Política y en la ley, se aplicarán a los servidores públicos de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial.
ART. 58.—Autoridad disciplinaria. Los servidores públicos que desempeñen cargos de jueces y fiscales de la Justicia Penal Militar y Policial, serán investigados disciplinariamente por conductas derivadas del ejercicio de sus funciones por la Procuraduría General de la Nación y, los demás servidores por la oficina de control disciplinario interno de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial; sin perjuicio en este último caso, del ejercicio del poder preferente de la Procuraduría General de la Nación.
ART. 59.—Estructura de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial. La estructura interna de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial será establecida por el Gobierno Nacional, de acuerdo con sus facultades constitucionales y legales.
PAR. TRANS.—Hasta tanto entre en funcionamiento la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial, la Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal Militar como dependencia interna del Ministerio de Defensa Nacional, continuará con la administración y dirección de la justicia penal militar.
Escuela de Justicia Penal Militar y Policial
ART. 60.—Objeto. Créase la Escuela de Justicia Penal Militar y Policial, como un centro de formación inicial y continuada de funcionarios y empleados al servicio de la justicia penal militar y policial, con el objeto de ofrecer a sus servidores de manera permanente, inducción y reinducción judicial en administración de justicia tanto teórica como práctica, formación en temas académicos buscando el continuo mejoramiento de su función misional de operador judicial, capacitación y actualización en técnicas de administración, gestión judicial e investigativa, entre otros.
ART. 61.—Estructura. La Escuela de Justicia Penal Militar y Policial hace parte de la estructura de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial y por consiguiente el Gobierno Nacional desarrollará la misma y establecerá su planta de personal.
Independencia y autonomía de la justicia penal militar y policial
Independencia de la justicia penal militar y policial
ART. 62.—Independencia del mando institucional de la Fuerza Pública. La justicia penal militar y policial será independiente del mando institucional de la Fuerza Pública. Su función exclusiva será la de administrar justicia conforme a la Constitución y la ley. Los funcionarios y empleados de la justicia penal militar y policial no podrán buscar o recibir instrucciones del mando de la Fuerza Pública, respecto del cumplimiento de su función judicial.
Los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo que hacen parte de la línea de mando, no podrán ejercer funciones en la justicia penal militar y policial.
Los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo que hacen parte de la jurisdicción penal militar y policial, no podrán participar en el ejercicio del mando.
Cuerpo Autónomo de la Justicia Penal Militar y Policial
ART. 63.—Cuerpo Autónomo de la Justicia Penal Militar y Policial. Créase el Cuerpo Autónomo de la Justicia Penal Militar y Policial, conformado por miembros de la Fuerza Pública en servicio activo que desempeñen cargos judiciales, investigativos, o de apoyo judicial o investigativo en la Justicia Penal Militar y Policial; con un sistema de carrera propio e independiente del mando institucional y bajo la dependencia de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial.
PAR.—La pertenencia al Cuerpo Autónomo de la Justicia Penal Militar y Policial, genera dependencia administrativa de los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo que lo integran de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial, y por tanto estarán a disposición de la citada entidad.
ART. 64.—Incorporación de los miembros de la Fuerza Pública al Cuerpo Autónomo de la Justicia Penal Militar y Policial. En virtud de la entrada en vigencia de la presente ley, los oficiales en servicio activo que desempeñen cargos en la jurisdicción, se incorporarán al Cuerpo Autónomo de la Justicia Penal Militar y Policial y no tendrán que acreditar los requisitos especiales establecidos en la presente ley para ocupar el cargo en el cual queden incorporados. Los suboficiales, miembros del nivel ejecutivo y agentes en servicio activo, que a la entrada en vigencia de la presente ley desempeñen cargos en la jurisdicción, se incorporarán al Cuerpo Autónomo de la Justicia Penal Militar y Policial y no tendrán que acreditar los requisitos establecidos en la presente ley para ocupar el cargo en el cual queden incorporados.
ART. 65.—Integración de los miembros de la Fuerza Pública al Cuerpo Autónomo de la Justicia Penal Militar y Policial. Para integrar el Cuerpo Autónomo de la Justicia Penal Militar y, Policial, la dirección ejecutiva de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial, solicitará a las fuerzas de acuerdo con las necesidades del servicio, el envío de listas de candidatos de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares y oficiales, suboficiales, miembros del nivel ejecutivo y patrulleros de la Policía Nacional, para desempeñar cargos en la jurisdicción especializada, listas de las cuales la dirección de la unidad seleccionará de acuerdo con el procedimiento interno y designará a los funcionarios y empleados judiciales e investigativos requeridos para el servicio.
ART. 66.—Determinación de la planta militar y policial. La planta militar y policial de los miembros de la Fuerza Pública que integren el Cuerpo Autónomo de la Justicia Penal Militar y Policial, será fijada por el Gobierno Nacional, con base en las necesidades que presente la dirección ejecutiva de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial, quien la manejará.
La planta determinará el número de miembros de la Fuerza Pública por grado.
Procedencia y cambio de cuerpo de los miembros de la Fuerza Pública al cuerpo autónomo de la justicia penal militar y policial
ART. 67.—Procedencia de la Fuerza Pública. Quien aspire a pertenecer al Cuerpo Autónomo de la Justicia Penal Militar y Policial, deberá estar previamente escalafonado en la Fuerza Pública de acuerdo con los procedimientos legales establecidos en los respectivos estatutos.
ART. 68.—Cambio de cuerpo o especialidad. Para pertenecer al Cuerpo Autónomo de la Justicia Penal Militar y Policial, los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo, deberán cumplir con los siguientes requisitos:
1. Capacidad psicofísica.
2. Acreditar como mínimo el grado de capitán o teniente de navío.
3. No haber sido sancionado penal o disciplinariamente y durante los tres (3) últimos años estar clasificado en lista 1, 2 o 3 en las evaluaciones de las Fuerzas Militares o en las escalas de medición excepcional, superior o satisfactoria de la Policía Nacional.
4. Concepto previo de la junta asesora del Ministerio de Defensa o del respectivo comandante de fuerza o del Director General de la Policía Nacional de Colombia, según corresponda.
PAR. 1º—Los suboficiales, miembros del nivel ejecutivo y patrulleros, no requieren acreditar grado militar o policial mínimo.
PAR. 2º—Los folios de vida de los miembros de la Fuerza Pública pasarán a la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial, mientras se encuentren desempeñando un cargo judicial o investigativo de su planta de personal.
Régimen de personal aplicable a los miembros de la Fuerza Pública que integran el Cuerpo Autónomo de la Justicia Penal Militar y Policial
ART. 69.—Ascenso militar o policial. Se entiende como ascenso militar o policial el cambio de jerarquía al grado superior en su carrera militar o policial de los miembros de la Fuerza Pública.
ART. 70.—Envío a curso de ascenso. Transcurrido el tiempo mínimo reglamentario para ascender en grado militar o policial y cumplidos los demás requisitos establecidos en las normas especiales de cada fuerza, la dirección ejecutiva de la Unidad Administrativa Especial a través de su dependencia de talento humano, verificará las anotaciones en el folio de vida durante dicho período y su clasificación o escala y la evaluación en el desempeño judicial, de gestión investigativa o de apoyo judicial o investigativo, y someterá a decisión del comité de ascensos los nombres de los miembros de la Fuerza Pública que deberán ser enviados a curso de ascenso a la fuerza a la que pertenezcan.
ART. 71.—Condiciones para ascenso del personal del Cuerpo Autónomo de la Justicia Penal Militar y Policial. Los miembros de la Fuerza Pública pertenecientes al Cuerpo Autónomo de la Justicia Penal Militar y Policial, para ascender dentro de la jerarquía militar y policial, deberán acreditar además de las condiciones y requisitos comunes establecidos en los estatutos de carrera militar o policial, los siguientes:
1. Tener el tiempo mínimo de servicio efectivo establecido para cada grado en los estatutos de carrera del personal de la Fuerza Pública.
2. Capacidad profesional acreditada con las evaluaciones anuales de desempeño en el cargo, realizadas conforme a lo previsto en la presente ley.
3. Adelantar y aprobar los cursos de ascenso reglamentarios.
4. Acreditar aptitud psicofísica de acuerdo con el reglamento vigente.
5. Concepto favorable del comité de ascensos del Cuerpo Autónomo de la Justicia Penal Militar y Policial.
6. Tener la clasificación para ascenso.
ART. 72.—Autoridad competente para conceder ascensos. El ascenso de los oficiales hasta el grado de coronel o capitán de navío será dispuesto por el Gobierno Nacional, y el de los suboficiales, miembros del nivel ejecutivo y patrulleros por el Ministro de Defensa Nacional previa recomendación del comité de ascensos del Cuerpo Autónomo de la Justicia Penal Militar y Policial.
ART. 73.—Ascenso de oficiales generales y de insignia. Para los ascensos de oficiales generales y de insignia, el Gobierno Nacional escogerá libremente entre los oficiales que hayan cumplido los requisitos establecidos en los respectivos estatutos de carrera de la Fuerza Pública.
ART. 74.—Comité de ascensos del Cuerpo Autónomo de la Justicia Penal Militar y Policial. El Comité de Ascensos del Cuerpo Autónomo de la Justicia Penal Militar y Policial estará conformado por:
1. El Ministro de Defensa Nacional o su delegado.
2. El director ejecutivo de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial.
3. El Presidente del Tribunal Superior Militar y Policial.
4. El Fiscal General Penal Militar y Policial.
5. El funcionario judicial de mayor antigüedad y grado de las Fuerzas Militares, integrante del Cuerpo Autónomo de la Justicia Penal Militar y Policial, cuando se trate de ascensos de las Fuerzas Militares.
6. El funcionario judicial de mayor antigüedad y grado de la Policía Nacional, integrante del Cuerpo Autónomo de la Justicia Penal Militar y Policial, cuando se trate de ascensos de la Policía Nacional.
ART. 75.—Funciones del comité de ascensos de la Justicia Penal Militar y Policial. Son funciones del Comité de Ascensos de la Justicia Penal Militar y Policial las siguientes:
1. Evaluar las anotaciones existentes en el folio de vida y su respectiva clasificación o escala y la calificación de la evaluación judicial, de gestión investigativa o de apoyo judicial o investigativo de los miembros de la Fuerza Pública y de acuerdo con ello decidir quiénes deben ser enviados a curso de ascenso a la fuerza a la que pertenecen.
2. Emitir concepto para ascenso.
3. Clasificar al personal de la Fuerza Pública miembro del Cuerpo Autónomo de la Justicia Penal Militar y Policial.
4. Ratificar o modificar la lista de precedencia de clasificación o escala para ascensos.
5. Seleccionar y recomendar al Gobierno Nacional por intermedio del Ministro de Defensa Nacional, los ascensos dentro de la jerarquía militar y policial del personal del Cuerpo Autónomo de la Justicia Penal Militar y Policial.
6. Aplicar los reglamentos de evaluación de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, para la calificación y clasificación del desempeño militar y policial.
7. Darse, su propio reglamento.
ART. 76.—Parámetros para la recomendación de ascensos. El comité fundamentará su recomendación de ascenso en la antigüedad, las anotaciones existentes en el folio de vida y su respectiva clasificación o escala para ascenso y en la calificación de la evaluación judicial, de gestión investigativa o de apoyo judicial o investigativo y el resultado obtenido en el curso de ascenso, información que será consolidada en orden de precedencia por el responsable de talento humano de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial.
El comité seleccionará y recomendará al Gobierno Nacional los nombres de los oficiales que considere merecen el ascenso por tener el mejor perfil militar o policial y desempeño judicial o de gestión investigativa.
En el caso de los suboficiales, miembros del nivel ejecutivo y patrulleros de la Fuerza Pública, el comité sesionará sin la presencia del Ministro de Defensa Nacional o su delegado y seleccionará y recomendará al Ministro los nombres de los que considere merecen el ascenso por tener el mejor perfil militar o policial y desempeño en cargos de apoyo judicial o investigativo.
ART. 77.—Requisitos especiales para ascenso. A los miembros de la Fuerza Pública que se incorporen al Cuerpo Autónomo de la Justicia Penal Militar y Policial, no se les exigirá a partir de la vigencia de la presente ley, los requisitos especiales establecidos en los estatutos sobre el cumplimiento de tiempos mínimos en el desempeño de cargos en la justicia penal militar, para ascender.
ART. 78.—Situaciones administrativas de personal. A los miembros de la Fuerza Pública del Cuerpo Autónomo de la Justicia Penal Militar y Policial, que desempeñen cargos en la jurisdicción penal militar y policial, les serán aplicables por el director ejecutivo (sic) la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial, las situaciones administrativas de personal previstas en los estatutos de carrera especial del personal civil y no uniformado del Ministerio de Defensa Nacional y sus entidades descentralizadas, adscritas y vinculadas.
ART. 79.—Formación. Los miembros de la Fuerza Pública que integren el Cuerpo Autónomo de la Justicia Penal Militar y Policial, deberán recibir la formación militar o policial impartida por su respectiva fuerza.
ART. 80.—Capacitación. La capacitación de los miembros de la Fuerza Pública que integren el Cuerpo Autónomo de la Justicia Penal Militar y Policial, será continua y estará bajo la coordinación de la Escuela de Justicia Penal Militar y Policial, con el objeto de ofrecer a quienes administran justicia y realizan funciones de investigación y de apoyo judicial e investigativo, permanente actualización práctica y teórica en temas jurídicos, militares y policiales, técnicas de investigación, gestión judicial y en todas aquellas áreas relacionadas con el desempeño de sus funciones.
Terminación de la designación a los miembros de la Fuerza Pública que integren el Cuerpo Autónomo de la Justicia Penal Militar y Policial y retiro del servicio activo
ART. 81.—Terminación de la designación por solicitud propia del miembro de la Fuerza Pública. El miembro de la Fuerza Pública integrante del Cuerpo Autónomo de la Justicia Penal Militar y Policial, podrá solicitar por una sola vez la terminación de su designación y el regreso a su fuerza de procedencia. Esta podrá aceptar o rechazar su solicitud.
ART. 82.—Causales de terminación de la designación en el Cuerpo Autónomo de la Justicia Penal Militar y Policial y retiro de la Fuerza Pública. Son causales de terminación de la designación en el Cuerpo Autónomo de la Justicia Penal Militar y Policial y de retiro de la Fuerza Pública las siguientes:
1. Ser condenado penal mente por sentencia debidamente ejecutoriada, excepto por delitos culposos, siempre que en este último caso la pena impuesta no implique privación de la libertad.
2. Ser destituido o separado del cargo por decisión debidamente ejecutoriada, como resultado de proceso disciplinario.
3. Obtener resultado regular o deficiente de acuerdo con los reglamentos de evaluación y clasificación de la Fuerza Pública.
4. Incurrir en cualquiera de las causales de retiro consignadas en los reglamentos de la institución militar o policial a la cual pertenece.
ART. 83.—Retiro del Cuerpo Autónomo de la Justicia Penal Militar y Policial. El retiro del Cuerpo Autónomo de la Justicia Penal Militar y Policial se configura cuando se termina la designación del miembro de la Fuerza Pública en un cargo de la Justicia Penal Militar y Policial.
PAR.—Incurrir en cualquiera de las causales de terminación de la designación del artículo anterior conlleva igualmente el retiro de la Fuerza Pública. La dirección ejecutiva de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial, tramitará el retiro del servicio activo del miembro de la Fuerza Pública ante el Gobierno Nacional o el Ministro de Defensa, según corresponda.
ART. 84.—Efectos de la terminación de la designación. El personal militar o policial al que se le haya terminado la designación, no podrá volver a ocupar cargos en la planta de personal de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial, excepto si la misma fue por solicitud propia, caso en el cual el director ejecutivo de la Unidad Administrativa Especial podrá nombrarlo en calidad de retirado, de acuerdo con las necesidades del servicio, siempre que cumpla con los requisitos exigidos para un cargo vacante y supere el proceso de vinculación.
Evaluación y clasificación de los miembros de la Fuerza Pública del cuerpo autónomo de la Justicia Penal Militar y Policial
ART. 85.—Autoridad evaluadora y revisora. La autoridad evaluadora y revisora del personal de la Fuerza Pública miembro del Cuerpo Autónomo de la Justicia Penal Militar y Policial, será ejercida por oficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional integrantes de dicho cuerpo u orgánicos de la Unidad Administrativa Especial, que no intervengan en la evaluación de desempeño judicial.
La evaluación y revisión se efectuará conforme a los reglamentos de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, para la calificación y clasificación del desempeño Militar y Policial.
Régimen disciplinario de los miembros del Cuerpo Autónomo de la Justicia Penal Militar y Policial
ART. 86.—Titularidad de la acción disciplinaria. Los miembros del Cuerpo Autónomo de la Justicia Penal Militar y Policial solo podrán ser disciplinados por la Procuraduría General de la Nación por faltas en el ejercicio de sus funciones judiciales.
Cuando se trate de faltas distintas a las cometidas en el ejercicio de la función judicial, será competente para conocer y decidir las faltas leves en única instancia y en primera instancia las faltas graves y gravísimas, un oficial de grado coronel o capitán de navío y en segunda instancia para estas dos últimas, un oficial de mayor antigüedad, miembros del Cuerpo Autónomo de la Justicia Penal Militar y Policial u orgánicos de la Unidad Administrativa Especial, designados por su dirección ejecutiva.
ART. 87.—Faltas disciplinarias, procedimiento y sanciones. A los miembros del Cuerpo Autónomo de la Justicia Penal Militar y Policial se les aplicarán las normas establecidas en los respectivos estatutos disciplinarios tanto de las Fuerzas Militares como de la Policía Nacional en materia de faltas disciplinarias, procedimiento y sanciones, así como las establecidas en el régimen disciplinario para servidores públicos.
ART. 88.—Normas de remisión. En todo lo no regulado en el presente título, relacionado con los miembros de la Fuerza Pública que integren el Cuerpo Autónomo de la Justicia Penal Militar y Policial, se les aplicará lo establecido en los regímenes especiales respectivos.
ART. 89.—Evaluación de desempeño de los jueces penales militares y policiales. La evaluación de desempeño de los jueces penales militares y policiales corresponde al director ejecutivo de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial y al Tribunal Superior Militar y Policial, de conformidad con los siguientes criterios:
1. El director ejecutivo de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial, evaluará el rendimiento estadístico de los jueces penales militares y policiales de acuerdo con la validación de los informes de cada despacho.
2. El Tribunal Superior Militar y Policial evaluará la estructura formal y la construcción material de las providencias de los jueces penales militares y policiales.
PAR.—La consolidación de las evaluaciones establecidas en los numerales anteriores, permitirá determinar el rendimiento anual de los jueces penales militares y policiales, la cual constituirá para el personal militar y policial el indicador de desempeño en el cargo.
ART. 90.—Evaluación de desempeño de los fiscales penales militares y policiales delegados ante los jueces penales militares y policiales y de los servidores del Cuerpo Técnico de Investigación de la Justicia Penal Militar y Policial. La evaluación de desempeño de los fiscales penales militares y policiales delegados ante los jueces penales militares y policiales y de los servidores del Cuerpo Técnico de Investigación de la Justicia Penal Militar y Policial, corresponde al director ejecutivo de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial, al Fiscal General Penal Militar y Policial y a los fiscales penales militares y policiales delegados ante el Tribunal Superior Militar y Policial, de conformidad con los siguientes criterios:
1. El director ejecutivo de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial evaluará el rendimiento estadístico de los fiscales penales militares y policiales delegados ante los jueces penales militares y policiales y de los servidores del Cuerpo Técnico de Investigación de la Justicia Penal Militar y Policial, de acuerdo con la validación de los informes de cada despacho y el informe estadístico consolidado presentado por el coordinador nacional del Cuerpo Técnico de Investigación de la Justicia Penal Militar y Policial.
2. El Fiscal General Penal Militar y Policial y los fiscales penales militares y policiales delegados ante el Tribunal Superior Militar y Policial, evaluarán la gestión investigativa, el diseño del programa metodológico, la estructura de la teoría del caso, la actuación y argumentación en estrados judiciales y su efectividad en el resultado de la acción penal de los fiscales penales militares y policiales delegados ante los jueces penales militares y policial (sic). Así mismo evaluarán a los coordinadores del Cuerpo Técnico de Investigación de la Justicia Penal Militar y Policial, con fundamento en la eficaz planeación, organización y control de las misiones asignadas a los servidores.
3. El Fiscal General Penal Militar y Policial y el coordinador nacional del Cuerpo Técnico de Investigación evaluarán la gestión desarrollada en las misiones de trabajo, la efectividad de los informes periciales, técnicos y los resultados de la actividad investigativa de los servidores del Cuerpo Técnico de Investigación de la Justicia Penal Militar y Policial.
PAR.—La consolidación de las evaluaciones establecidas en los numerales anteriores permitirá determinar el rendimiento anual de los fiscales penales militares y policiales delegados ante los jueces penales militares y policiales, y de los servidores del Cuerpo Técnico de Investigación de la Justicia Penal Militar y Policial, la cual constituirá para el personal militar y policial el indicador de desempeño en el cargo.
ART. 91.—Evaluación de desempeño de secretarios y asistentes judiciales. La evaluación de estos servidores públicos suboficiales, miembros del nivel ejecutivo, patrulleros y civiles que realicen labores de apoyo a la gestión judicial e investigativa, corresponderá al titular o encargado del respectivo despacho.
ART. 92.—Sistema de evaluación. Los indicadores aplicables a las evaluaciones de rendimiento, serán diseñados por los evaluadores y expedidos mediante acto administrativo por la dirección ejecutiva de la Unidad Administrativa Especial.
ART. 93.—Recursos. Contra el resultado de la evaluación de rendimiento de gestión judicial e investigativa y de apoyo judicial e investigativo, procede solo el recurso de reposición dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación personal o desfijación del edicto.
Disposiciones sobre competencia para el tránsito al sistema penal acusatorio y para garantizar su plena operatividad en la jurisdicción especializada
Disposiciones sobre competencia para el tránsito al sistema penal acusatorio
ART. 94.—Procesos en curso. Los procesos en los que a la entrada en vigencia de la presente ley no se hubiese decretado el inicio del juicio, se regirán por las nuevas normas de competencia aquí establecidas siempre y cuando se hayan implementado los nuevos juzgados de conocimiento. En caso contrario continuarán su trámite por las reglas de competencia establecidas en la Ley 522 de 1999.
ART. 95.—Competencia de los juzgados de instrucción penal militar. Para garantizar la transición al sistema penal acusatorio y facilitar el proceso de descongestión judicial con la distribución equilibrada de la carga laboral, las investigaciones por hechos ocurridos en vigencia de la Ley 522 de 1999, podrán ser asumidas por un juez de instrucción penal militar, para lo cual deberá tenerse en cuenta la especificidad dentro de lo militar o policial del miembro de la Fuerza Pública investigado, independientemente del lugar donde hayan ocurrido los hechos. Para tal efecto el director ejecutivo de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial, podrá redistribuir la carga laboral.
ART. 96.—Competencia de los juzgados de primera instancia y fiscalías. Para garantizar la transición al sistema penal acusatorio y facilitar el proceso de descongestión judicial con la distribución equilibrada de la carga laboral, a partir de la vigencia de la presente ley se modifican las competencias establecidas en la Ley 522 de 1999, así:
1. El Juzgado de Inspección General del Comando General de las Fuerzas Militares y el Juzgado de Inspección General del Ejército, además de la competencia a ellos atribuida por la Ley 522 de 1999, podrán conocer de los procesos de competencia de los juzgados militares de división y de brigada.
2. El Juzgado de Inspección General de la Armada Nacional, además de la competencia a él atribuida por la Ley 522 de 1999, podrá conocer de los procesos de competencia de los juzgados de Fuerza Naval del Atlántico, Fuerza Naval del Pacífico, Fuerza Naval del Sur, Brigada de Infantería de Marina y Comando Específico de San Andrés y Providencia.
3. El Juzgado de Inspección General de la Fuerza Aérea, además de la competencia a él atribuida por la Ley 522 de 1999, podrá conocer de los procesos de competencia de los juzgados militares de comando aéreo, de base aérea, de grupo aéreo y de escuelas de formación, capacitación y técnicas.
4. El Juzgado de la Dirección General de la Policía Nacional, además de la competencia a él atribuida por la Ley 522 de 1999, podrá conocer de los procesos de competencia del Juzgado de la Inspección General de la Policía Nacional, de los juzgados de policía metropolitana y de los juzgados de departamento de policía. De igual forma, el Juzgado de Inspección General de la Policía Nacional podrá conocer de los procesos de competencia de los juzgados de policía metropolitana y de los juzgados de departamento de policía.
PAR.—Del mismo modo las fiscalías penales militares ejercerán sus funciones de calificación y acusación ante los juzgados instancia.
Disposiciones para garantizar la plena operatividad del sistema penal acusatorio en la jurisdicción especializada
ART. 97.—Aceptación de cargos. Cuando durante la investigación el procesado sea escuchado en indagatoria, y dentro de esta diligencia aceptare los cargos que le impute el juez de instrucción, tendrá derecho a una rebaja de hasta la mitad de la pena imponible. Para tal efecto, el juez de instrucción procederá a levantar acta que suscribirá con el sindicado y su defensor, en la que consten los cargos aceptados por el procesado, la cual equivaldrá a la resolución de acusación y, remitirá de forma inmediata todo lo actuado al juez de conocimiento quien verificará si se imputaron adecuadamente los cargos, si su aceptación fue libre, voluntaria, espontánea y procederá a aceptarla, sin que a partir de allí sea posible retractación alguna; seguidamente dictará sentencia.
En este evento no será necesario resolver la situación jurídica.
PAR.—Este procedimiento será aplicable únicamente para las conductas punibles establecidas en la Ley 1058 de 2006.
ART. 98.—Modifíquese el artículo 24 de la Ley 1407 de 2010, el cual quedará así:
“ART. 24.—Dolo. La conducta es dolosa cuando el agente conoce los hechos constitutivos de la infracción penal y quiere su realización. También será dolosa la conducta cuando la realización de la infracción penal ha sido prevista como probable y su no producción se deja librada al azar”.
ART. 99.—Modifíquese el artículo 27 de la Ley 1407 de 2010 el cual quedará así:
“ART. 27.—Acción u omisión. La conducta punible puede ser realizada por acción u omisión.
El miembro de la Fuerza Pública que en razón de su competencia funcional y teniendo el control efectivo, tenga el deber jurídico de evitar un resultado perteneciente a una descripción típica y no lo hiciere, disponiendo de los recursos y medios, siempre que las circunstancias fácticas se lo permitan, quedará sujeto a la pena prevista en la respectiva norma penal.
A tal efecto se requiere que tenga a su cargo la protección real y efectiva del bien jurídico protegido o la vigilancia de determinada fuente de riesgo, conforme a la Constitución, la ley o los reglamentos”.
ART. 100.—Modifícase el título VIII de la Ley 1407 de 2010 “Otros delitos”, en sus artículos 168 y 169, los cuales pasan al título V capítulo VII de la citada ley “Otros delitos contra la seguridad de la Fuerza Pública”, con el siguiente texto:
“ART. 154A.—Hurto de armas y bienes de defensa. El que se apodere de armas, municiones, material de guerra o efectos o bienes destinados a la seguridad o defensa nacional, con el propósito de obtener provecho para sí o para otro, incurrirá en prisión de siete (7) a quince (15) años”.
“ART. 154B.—Hurto de uso. Cuando el apoderamiento de que trata el artículo anterior se cometiere con el fin de hacer uso de la cosa, y esta se restituyere en término no mayor de veinticuatro (24) horas, la pena será de prisión de dos (2) a seis (6) años.
Cuando la cosa se restituyere con daño o deterioro grave, la pena se aumentará hasta en la mitad”.
ART. 101.—Modifíquese el numeral cuarto (4º) del artículo 199 de la Ley 1407 de 2010, el cual quedará así:
“ART. 199—(…)
4. Juzgar, previa acusación del Fiscal General de la Nación, a los generales y a almirantes de la Fuerza Pública, a los magistrados del Tribunal Superior Militar y Policial, al Fiscal General Penal Militar y Policial y a los fiscales penales militares y policiales delegados ante el Tribunal Superior Militar y Policial, por las conductas punibles que se les atribuyan”.
ART. 102.—Modifícase el artículo 338 “Duración de los procedimientos” de la Ley 1407 de 2010, el cual quedará así:
“ART. 338.—Duración de los procedimientos. El término de que dispone la Fiscalía Penal Militar y Policial para formular la acusación o solicitar la preclusión, no podrá exceder de noventa (90) días contados a partir del día siguiente de la formulación de la imputación y, de ciento veinte (120) días cuando se presente concurso de delitos o sean tres o más los imputados.
Formulada la acusación, la audiencia preparatoria deberá realizarse por el juez penal militar y policial de conocimiento y de conocimiento especializado dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la ejecutoria del auto de apertura a juicio y la audiencia de Corte Marcial dentro de igual término, contado a partir del día siguiente a la conclusión de la audiencia preparatoria.
PAR.—La Fiscalía General Penal Militar y Policial tendrá un término máximo de dos (2) años, contados a partir de la recepción de la noticia criminal para formular imputación u ordenar motivadamente el archivo de la indagación. Este término será de máximo tres (3) años cuando se presente concurso de delitos o sean tres o más los imputados.
Cuando se trate de delitos de competencia del juez penal militar y policial de conocimiento estos términos se reducirán a la mitad”.
ART. 103.—Modifícase el inciso 1º del artículo 452 “Vencimiento del término” de la Ley 1407 de 2010, el cual quedará así:
“ART. 452.—Vencimiento de términos. Vencidos los términos previstos en el inciso 1º del artículo 338, el fiscal penal militar y policial delegado deberá solicitar la preclusión, o formular la acusación ante el juez penal militar y policial de garantías. De no hacerlo, perderá competencia para seguir actuando, de lo cual informará inmediatamente a su respectivo superior.
ART. 104.—Modifícase el inciso 1º del artículo 479 “Presentación de la acusación” de la Ley 1407 de 2010, el cual quedará así:
“ART. 479.—Presentación de la acusación. El fiscal penal militar y policial delegado presentará el escrito de acusación ante el juez penal militar y policial de control de garantías, cuando de los elementos materiales probatorios, evidencia física o información legalmente obtenida, se pueda afirmar, con probabilidad de verdad, que la conducta delictiva existió y que el imputado es su autor o partícipe”.
ART. 105.—Modifícase el artículo 481 “Citación” de la Ley 1407 de 2010, el cual quedará así:
“ART. 481.—Citación para audiencia de acusación. Presentado por el fiscal penal militar y policial delegado el escrito de acusación, el juez penal militar y policial de garantías dentro de los tres (3) días siguientes al recibo del mismo, señalará fecha y hora para la celebración de la audiencia de formulación de acusación.
La Fiscalía Penal Militar y Policial entregará copia del escrito de acusación con destino al acusado, al defensor, al Ministerio Público y a las víctimas”.
ART. 106.—Modifícase el artículo 482 “Trámite” de la Ley 1407 de 2010, el cual quedará así:
“ART. 482.—Trámite. Abierta por el juez penal militar y policial de control de garantías la audiencia de acusación, ordenará el traslado del escrito de acusación a las partes y concederá la palabra en su orden a la Fiscalía, al Ministerio Público y a la defensa, para que expresen oralmente las causales de nulidad si las hubiere y efectúen las observaciones sobre el escrito de acusación, tanto de orden formal como material.
Finalizada la audiencia de formulación de acusación, el juez penal militar y policial de control de garantías resolverá todas las cuestiones planteadas y admitirá la acusación si considera que se cumplen las exigencias probatorias a que alude el artículo 479 de esta ley, decisión contra la cual procede el recurso de apelación.
Agotado lo anterior, el juez penal militar y policial de control de garantías dispondrá la remisión de todo lo actuado al juez penal militar y policial de conocimiento o de conocimiento especializado”.
ART. 107.—Adiciónase el artículo 483A a la Ley 1407 de 2010, el cual será del siguiente tenor:
“ART. 483A.—Audiencia preliminar al juicio de Corte Marcial. Recibida la actuación, el juez penal militar y policial de conocimiento o de conocimiento especializado señalará fecha y hora para la celebración de la audiencia preliminar al juicio de Corte Marcial, dentro de la cual resolverá las solicitudes de impedimentos, recusaciones, impugnación de competencia, medidas de protección, descubrimiento de los elementos materiales probatorios y evidencia física, su admisibilidad o exclusión y fijará fecha y hora para la audiencia preparatoria. A partir de este momento se entenderá iniciada la etapa de juicio”.
ART. 108.—Modifícase el artículo 486 “Fecha de la audiencia preparatoria” de la Ley 1407 de 2010, el cual quedará así:
“ART. 486.—Fecha de la audiencia preparatoria. Agotados los trámites de la audiencia preliminar al juicio de Corte Marcial, el juez penal militar y policial de conocimiento o conocimiento especializado, fijará fecha y hora para la celebración de la audiencia preparatoria, la cual deberá realizarse en un término no inferior a quince (15) días ni superior a treinta (30) días siguientes a su señalamiento”.
ART. 109.—Adiciónase el artículo 491A a la Ley 1407 de 2010, el cual será del siguiente tenor:
“ART. 491A.—Preacuerdos desde la audiencia de formulación de imputación. Desde la audiencia de formulación de imputación y hasta antes de ser presentado el escrito de acusación, la fiscalía y el imputado podrán llegar a un preacuerdo sobre los términos de la imputación. Obtenido este preacuerdo, el fiscal penal militar y policial delegado lo presentará ante el juez penal militar y policial de conocimiento o de conocimiento especializado como escrito de acusación.
El fiscal penal militar y policial delegado y el imputado, a través de su defensor podrán adelantar conversaciones para llegar a un acuerdo en el cual el imputado se declarará culpable del delito imputado, o de uno relacionado con pena menor, a cambio de que el fiscal penal militar y policial delegado:
2. Tipifique la conducta, dentro de su alegación conclusiva, de una forma específica con miras a disminuir la pena”.
(Nota: El presente artículo fue declarado exequible condicionalmente por la Corte Constitucional en Sentencia C-372 de 2016, M.P. Dr. Luis Guillermo Guerrero Pérez, en el entendido que la víctima también podrá intervenir en la celebración de acuerdos y preacuerdos entre la Fiscalía Penal Militar y el imputado o acusado, para lo cual deberá ser oída e informada de su celebración por el fiscal, y oída por el juez encargado de aprobar el acuerdo, quien para su aprobación velará por que el mismo no desconozca o quebrante garantías tanto del imputado o acusado, como de las víctimas.)
ART. 110.—Modifícase el artículo 493 de la Ley 1407 de 2010, el cual quedará así:
“ART. 493.—Modalidades. La aceptación de los cargos determinados en la audiencia de formulación de la imputación, comporta una rebaja hasta de la mitad de la pena imponible, acuerdo que se consignará en el escrito de acusación.
También podrán el fiscal penal militar y policial delegado y el imputado llegar a un preacuerdo sobre los hechos imputados y sus consecuencias. Si hubiere un cambio favorable para el imputado con relación a la pena por imponer, esto constituirá la única rebaja compensatoria por el acuerdo. Para efectos de la acusación se procederá en la forma prevista en el inciso anterior.
Los preacuerdos celebrados entre Fiscalía y acusado obligan al juez penal militar y policial de conocimiento o de conocimiento especializado, salvo que ellos desconozcan o quebranten las garantías fundamentales.
Aprobados los preacuerdos por el juez penal militar y policial de conocimiento o de conocimiento especializado, procederá a convocar la audiencia para dictar la sentencia correspondiente.
Las reparaciones efectivas a la víctima que puedan resultar de los preacuerdos entre fiscal penal militar y policial delegado e imputado o acusado, pueden aceptarse por la víctima. En caso de rehusarlos, esta podrá acudir a las vías judiciales pertinentes.
PAR.—Cuando el acusado, previo acuerdo con la Fiscalía colabore eficazmente para evitar que continúe el delito o se realicen otros, o aporte información esencial para la desarticulación de bandas de delincuencia organizada, tendrá derecho a una rebaja de hasta la mitad de la pena a imponer.
El mismo beneficio será concedido cuando el imputado sirva como testigo principal de cargo contra los demás intervinientes”.
ART. 111.—(Inexequible).* Principio de oportunidad y política criminal. La aplicación del principio de oportunidad deberá hacerse con sujeción a la política criminal del Estado.
ART. 112.—Legalidad. La Fiscalía General Penal Militar y Policial está obligada a perseguir a los autores y partícipes en los hechos que revistan las características de una conducta punible que llegue a su conocimiento, (excepto por la aplicación del principio de oportunidad, en los términos y condiciones previstos en esta ley.)*
*(Nota: Declarada inexequible la expresión entre paréntesis, por la Corte Constitucional en Sala Plena en Sentencia C-326 de 2016, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo)
ART. 113.—(Inexequible).* Aplicación del principio de oportunidad. La Fiscalía General Penal Militar y Policial, en la investigación o en el juicio, hasta antes de la audiencia de Corte Marcial podrá suspender, interrumpir o renunciar a la persecución penal, en los casos que establece esta ley.
ART. 114.—(Inexequible).* Causales. El principio de oportunidad se aplicará en los siguientes casos:
1. Cuando se trate de delitos sancionados con pena privativa de la libertad cuyo máximo señalado en la ley no exceda de seis (6) años o con pena principal de multa, siempre que se haya reparado integralmente a la víctima conocida o individualizada; si esto último no sucediere, el funcionario competente fijará la caución pertinente a título de garantía de la reparación, una vez oído el concepto del Ministerio Público.
Esta causal es aplicable igualmente en los eventos de concurso de conductas punibles siempre y cuando de forma individual, se cumpla con los límites y las calidades señaladas en el inciso anterior.
2. Cuando el imputado haya sufrido a consecuencia de la conducta culposa, daño físico o moral grave que haga desproporcionada la aplicación de una sanción o implique desconocimiento del principio de humanización de la sanción punitiva.
3. Cuando el ejercicio de la acción penal implique riesgo o amenaza grave a la seguridad del Estado.
4. Cuando en delitos contra el patrimonio económico, el objeto material se encuentre en tan alto grado de deterioro respecto de su titular, que la genérica protección brindada por la ley haga más costosa su persecución penal y comporte un reducido y aleatorio beneficio.
5. Cuando el juicio de reproche de culpabilidad sea de tan secundaria consideración que haga de la sanción penal una respuesta innecesaria y sin utilidad social.
6. Cuando se afecten mínimamente bienes colectivos, siempre y cuando que se dé la reparación integral y pueda deducirse que el hecho no volverá a presentarse.
7. En los casos de atentados contra bienes jurídicos de la administración pública, cuando la afectación al bien jurídico funcional resulte poco significativa y la infracción al deber funcional tenga o haya tenido como respuesta adecuada el reproche institucional y la sanción disciplinaria correspondientes.
8. Cuando la conducta se realice excediendo una causal de justificación, si la desproporción significa un menor valor jurídico y social explicable en el ámbito de la culpabilidad.
PAR. 1º—La aplicación del principio de oportunidad en los casos de delitos sancionados con pena privativa de la libertad cuyo límite máximo exceda de seis (6) años de prisión, será proferida por el Fiscal General Penal Militar y Policial o por quien él delegue de manera especial para tal efecto.
PAR. 2º—No se podrá aplicar el principio de oportunidad en investigaciones o acusaciones por delitos contra la disciplina, el servicio, intereses de la Fuerza Pública, la seguridad de la Fuerza Pública, el honor, los delitos contra el derecho internacional humanitario, ni cuando tratándose de conductas dolosas la víctima sea un menor de dieciocho (18) años.
ART. 115.—(Inexequible).* Suspensión del procedimiento a prueba. El imputado o acusado hasta antes de la audiencia de Corte Marcial podrá solicitar la suspensión del procedimiento a prueba mediante solicitud oral en la que manifieste un plan de reparación del daño y las condiciones que estaría dispuesto a cumplir.
El plan podrá consistir en la mediación con las víctimas, en los casos en que esta sea procedente, la reparación integral de los daños causados a las víctimas o la reparación simbólica, en forma inmediata o a plazos.
Presentada la solicitud, el fiscal penal militar y policial delegado consultará a la víctima y resolverá de inmediato mediante decisión que fijará las condiciones bajo las cuales se suspende el procedimiento, y aprobará o modificará el plan de reparación propuesto por el imputado, conforme a los principios de justicia restaurativa establecidos en la ley.
PAR.—El fiscal penal militar y policial delegado podrá suspender el procedimiento a prueba cuando para el cumplimiento de la finalidad del principio de oportunidad, estime conveniente hacerlo antes de decidir sobre la eventual renuncia del ejercicio de la acción penal.
ART. 116.—(Inexequible).* Condiciones a cumplir durante el periodo de prueba. El fiscal penal militar y policial delegado fijará el período de prueba, que no podrá ser superior a tres (3) años, y determinará una o varias de las condiciones que deberá cumplir el imputado o acusado hasta antes de la audiencia de Corte Marcial, entre las siguientes:
1. Residir en un lugar determinado e informar al fiscal penal militar y policial delegado ante el juez de conocimiento o conocimiento especializado cualquier cambio del mismo.
2. Participar en programas especiales de rehabilitación.
3. Prestar servicios o trabajo social en su institución militar o policial.
8. La realización de actividades a favor de la recuperación de las víctimas.
Durante el período de prueba el imputado o acusado hasta antes de la audiencia de Corte Marcial, deberá someterse a la vigilancia que el fiscal penal militar y policial delegado determine sin menoscabo de su dignidad.
Vencido el período de prueba y verificado el cumplimiento de las condiciones, el fiscal penal militar y policial delegado solicitará el archivo definitivo de la actuación, conforme al procedimiento establecido para el control judicial en la aplicación del principio de oportunidad.
ART. 117.—(Inexequible).* Control judicial en la aplicación del principio de oportunidad. El juez penal militar y policial de control de garantías deberá efectuar el control respectivo, dentro de los cinco (5) días siguientes a la determinación de la Fiscalía Penal Militar y Policial de dar aplicación al principio de oportunidad.
Dicho control será obligatorio y automático y se realizará en audiencia especial en la que la víctima y el Ministerio Público podrán controvertir la prueba aducida por la Fiscalía Penal Militar y Policial para sustentar la decisión. El juez penal militar y policial resolverá de plano.
La aplicación del principio de oportunidad y los preacuerdos de los posibles imputados o acusados y la Fiscalía Penal Militar y Policial, no podrán comprometer la presunción de inocencia y solo procederán si hay un mínimo de prueba que permita inferir la autoría o participación en la conducta y su tipicidad.
ART. 118.—(Inexequible).* La participación de las víctimas. En la aplicación del principio de oportunidad el fiscal penal militar y policial delegado deberá tener en cuenta los intereses de las víctimas. Para estos efectos deberá oír a las que se hayan hecho presentes en la actuación.
ART. 119.—(Inexequible).* Efectos de la aplicación del principio de oportunidad. La decisión que prescinda de la persecución extinguirá la acción penal respecto del autor o partícipe en cuyo favor se decide, salvo que la causal que la fundamente se base en la falta de interés del Estado en la persecución del hecho, evento en el cual las consecuencias de la aplicación del principio se extenderá a los demás autores o partícipes en la conducta punible, a menos que la ley exija la reparación integral a las víctimas.
ART. 120.—(Inexequible).* Reglamentación. El Fiscal General Penal Militar y Policial deberá expedir el reglamento, en el que se determine de manera general el procedimiento interno para asegurar que la aplicación del principio de oportunidad cumpla con sus finalidades y se ajuste a la Constitución y a la ley.
ART. 121.—Causales de impedimento. Adiciónase al artículo 277 de la Ley 522 de 1999 la causal número 13 y al artículo 231 de la Ley 1407 del 2010 la causal número 17 del siguiente tenor:
Ley 522 de 1999
“ART. 277.—(…)
13. Que el juez o fiscal haya intervenido en la acción, operación o procedimiento de la Fuerza Pública en desarrollo de la cual haya ocurrido la conducta bajo investigación o juzgamiento”.
Ley 1407 de 2010
“ART. 231.—(…)
17. Que el juez o fiscal haya intervenido en la acción, operación o procedimiento de la Fuerza Pública en desarrollo de la cual haya ocurrido la conducta bajo investigación o juzgamiento”.
ART. 122.—Adopción de plantas de personal. El Gobierno Nacional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales procederá a adoptar las plantas de personal de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial, de conformidad con la estructura que él establezca, de acuerdo con la presente ley.
PAR.—En los empleos creados en la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial será incorporado el personal que viene prestando sus servicios en la Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal Militar.
ART. 123.—Régimen salarial y prestacional. Los servidores públicos civiles que desempeñen cargos en la planta de personal de la actual dirección ejecutiva d (sic) la Justicia Penal Militar y que se incorporen a cargos de la planta de personal de la Unidad Administrativa Especial en la que se transforma, conservarán el régimen salarial y prestacional que se les viene aplicando.
ART. 124.—Sistema especial de carrera y clasificación de empleos. La Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial en materia de carrera y clasificación de empleos se regirá por lo señalado en el Decreto-Ley 91 de 2007 y los que lo modifiquen o sustituyan.
Continuarán clasificándose como empleos de periodo los señalados en el Decreto-Ley 91 de 2007 y los señalados en la presente ley.
ART. 125.—Contratos y convenios vigentes. Los contratos y convenios actualmente vigentes, celebrados por la Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal Militar, se entienden subrogados a la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial, la cual continuará con su ejecución en los términos de los mismos, sin que para ello sea necesaria su modificación.
ART. 126.—Procesos judiciales, de cobro coactivo y disciplinarios en curso. Los procesos judiciales, de cobro coactivo y disciplinarios en curso y los que se asuman mientras se organiza la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial, continuarán siendo atendidos por la dirección de asuntos legales y la oficina de control disciplinario interno del Ministerio de Defensa Nacional, hasta su terminación.
La Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial asumirá la atención de los nuevos procesos judiciales, de cobro coactivo y disciplinarios, transcurridos seis (6) meses de la organización de su estructura y aprobación de su planta de personal o sus plantas de personal por el Gobierno Nacional.
ART. 127.—Transferencia de bienes, derechos y obligaciones. A partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente ley se entienden transferidos a título gratuito por ministerio de la ley, todos los bienes muebles e inmuebles, derechos y obligaciones de la Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal Militar a la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial, que tengan relación con las funciones establecidas para esta unidad.
Los bienes estarán identificados en las actas que para el efecto suscriba el representante legal de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial o su delegado, las cuales serán registradas en la respectiva oficina de registro, cuando a ello hubiere lugar.
ART. 128.—Entrega de archivos. Los archivos de los cuales sea titular la Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal Militar y la jurisdicción especializada administrada y dirigida por ella, por ministerio de la presente ley una vez entre en vigencia, pasarán a la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial.
ART. 129.—Vigencia y derogatorias. La presente ley entra en vigencia a partir de su promulgación, modifica y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias en especial las contenidas en los numerales 1º a 15 del artículo 26, artículos 61 y 62 del Decreto 1512 de 2000 y el artículo 3º de la Ley 940 de 2005.
Dada en Bogotá, D. C., a 23 de julio de 2015.