Source: http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/imprimir/sinopsis_pr.jsp?art=106&tipo=2
Timestamp: 2018-09-25 05:31:09
Document Index: 140006404

Matched Legal Cases: ['artículo 106', 'artículo 24', 'artículo 106', 'artículo 24', 'artículo 106', 'artículo 112', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 106', 'artículo 48', 'artículo 70', 'artículo 47', 'artículo 106', 'artículo 106', 'artículo 32', 'artículo 106', 'artículo 32', 'artículo 106', 'artículo 32']

No obstante, ello no debe interpretarse en el sentido de que cualquier acto administrativo debe ser necesariamente susceptible de impugnación so pena de infringir, entre otros, el artículo 106.1 de la Constitución. Lo que este precepto constitucional (en conexión con el artículo 24 de la Constitución) garantiza es que la actuación de la Administración será revisada, bajo criterios de imparcialidad, por un órgano jurisdiccional. Lo que no prejuzga el artículo 106.1 es el mecanismo o vía para acceder al proceso judicial que permitirá el referido enjuiciamiento. Por ello, ni se vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva (artículo 24) ni el artículo 106.1 cuando se prohíbe, por ejemplo, la impugnación de los actos administrativos de trámite, siempre, obviamente, que sea posible la impugnación del acto final que se dicte en el procedimiento administrativo de que se trate. El criterio de concentrar cualquier vicio que haya podido producirse en un procedimiento administrativo en el acto final de dicho procedimiento, en modo alguno menoscaba el control judicial de la actuación administrativa, sino que, por el contrario, se le dota de racionalidad y eficacia. No tendría sentido -y sería absolutamente inoperante (para el recurrente y la propia Administración)- permitir la interposición de sucesivos recursos contencioso-administrativos contra cada uno de los actos de trámite que puedan producirse en el seno de un mismo procedimiento administrativo. Cuestión distinta es que puedan dictarse actos de trámite asimilados a actos finales, y que como tales se permita su impugnación directa, como de hecho se recoge en el artículo 112.1 de la Ley 39/2015 cuando se trata de resoluciones y actos de trámite que deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos.
La Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, configura en sus artículos 1 y siguientes el ámbito de dicho orden jurisdiccional , al que encomienda el control en el ejercicio de la potestad reglamentaria. Señala en este sentido el artículo 1.1. que corresponde a los Juzgados y Tribunales del orden contencioso-administrativo conocer de las pretensiones que se deduzcan en relación con "las disposiciones generales de rango inferior a la Ley". Esta previsión se mantiene en línea de continuidad con lo que se disponía en el artículo 1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa de 1956, y bajo tal expresión deben considerarse incluidas precisamente las normas jurídicas emanadas en virtud del ejercicio de la potestad reglamentaria, cualquiera que sea la Administración Pública autora, sin distinguir tampoco en función de la materia que sea objeto de regulación por tales normas. La Ley 29/1998 concentra, por tanto, en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo el conocimiento de la impugnación de cualquier norma reglamentaria dictada por una Administración Pública. A este respecto, también se deben tener en cuenta las previsiones recogidas en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
Específicamente se refiere el artículo 106.1 al control relativo al sometimiento de la actuación administrativa a los fines que la justifican. Esta previsión se conecta directamente con la denominada desviación de poder. En efecto, la utilización de potestades administrativas para fines distintos de aquellos que justificaron su reconocimiento puede dar lugar a un ilícito penal o a un ilícito administrativo. En este último aspecto (ilícito administrativo), el artículo 48 de la Ley 39/2015 califica como vicio de anulabilidad de los actos administrativos el haber sido dictados con desviación de poder. Señala que son anulables los actos de la Administración que incurren en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder. En el ámbito de la jurisdicción contencioso-administrativa, nuevamente vuelve a aludirse a la desviación de poder, en este caso en el artículo 70.2 de la Ley 29/1998, al señalar que la sentencia estimará el recurso contencioso-administrativo cuando la disposición, la actuación o el acto incurrieran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder. Evidentemente, si la desviación fuera de tal gravedad que permitiera considerar concurrente la existencia de un hecho tipificado como infracción penal, el acto administrativo dictado sería nulo de pleno derecho en virtud de lo dispuesto en el artículo 47.1.d) de la Ley 39/2015.
Dispone el artículo 106.2 que los particulares, en los términos establecidos por la Ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos. Esta previsión constitucional se encuentra actualmente desarrollada en los artículos 32 y siguientes de la Ley 40/2015, regulación aplicable a todas las Administraciones Públicas.
Igualmente, el artículo 106.2 alude a la lesión que justifica la reclamación. En este aspecto, el artículo 32.2 de la Ley 40/2015 exige que el daño alegado sea efectivo, evaluable económicamente e individualizado por relación a un persona o grupo de personas. Además, por "lesión" -como concepto jurídico acuñado- debe entenderse el daño antijurídico, no en el sentido de que en su producción se haya actuado de manera contraria a Derecho, sino considerando como tal el daño que el perjudicado no tiene el deber jurídico de soportar. Por lo demás, es indemnizable toda lesión que sufra el perjudicado en cualquiera de sus bienes y derechos, concepción amplia que incluye obviamente, no sólo daños materiales, sino también morales.
Por otra parte, alude al artículo 106.2 a los "particulares" como sujetos activos de la reclamación, y así se recoge también en el artículo 32.1 de la Ley 40/2015, aspecto sobre el que se ha producido una amplia polémica doctrinal. En efecto, se ha discutido si por "particulares" debían entenderse exclusivamente sujetos de derecho privado, de manera que una Administración Pública no podría reclamar frente a otra Administración Pública al amparo de los artículos 106.2 de la Constitución y 32 y siguientes de la Ley 40/2015 (puede verse a este respecto la doctrina del Consejo de Estado). Lo cierto es que parece razonable sostener que cuando en el artículo 106.2 se alude a los "particulares", no se está queriendo excluir la posibilidad de que una Administración pueda plantear una reclamación patrimonial frente a otra Administración. No tendría sentido, por ejemplo, que, como consecuencia de un mismo hecho lesivo en el que se vieran lesionados sujetos de derecho privado y una Administración, aquellos pudieran reclamar y, en cambio, no pudiera hacer lo mismo la Administración, a pesar de estar exactamente en la misma situación que los sujetos de derecho privado. De ahí que pueda seguirse una interpretación amplia que no supedite, en cualesquiera circunstancias, la posibilidad de reclamar a la naturaleza jurídica pública o privada del sujeto lesionado. Cuestión distinta es que en el seno de las relaciones entre dos Administraciones Públicas, las reclamaciones que puedan existir entre ellas deban dirimirse a través de mecanismos distintos del previsto en los artículos 106.2 de la Constitución y 32 y siguientes de la Ley 40/2015.
Un último apunte que debe hacerse, por novedoso, es el de la cuestión de la responsabilidad del Estado legislador. El artículo 32.3 establece que "los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas de toda lesión que sufran en sus bienes y derechos como consecuencia de la aplicación de actos legislativos de naturaleza no expropiatoria de derechos que no tengan el deber jurídico de soportar cuando así se establezca en los propios actos legislativos y en los términos que en ellos se especifiquen". A su vez, añade, que la responsabilidad del Estado legislador podrá surgir también cuando los daños deriven de la aplicación de una norma con rango de ley declarada inconstitucional y cuando los daños deriven de la aplicación de una norma contraria al Derecho de la Unión Europea. Así, se integra perfectamente, en el ámbito de la responsabilidad patrimonial, la actividad legislativa tanto nacional como comunitaria. Ahora bien, estrictamente, no estaríamos ante una responsabilidad patrimonial de la Administración; sin embargo, se ha decidido que sea este cauce por el que se exija tal responsabilidad.