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Timestamp: 2019-03-18 23:29:30
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Convención de 20 de diciembre de 1988 de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, hecha en Viena. Instrumento de ratificación de 30 de julio de 1990.
Publicado en BOE núm. 270 de 10 de Noviembre de 1990
Vigencia desde 11 de Noviembre de 1990.
CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA EL TRAFICO ILÍCITO DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS SICOTROPICAS
ARTICULO 2 Alcance de la presente Convención
ARTICULO 3 Delitos y sanciones
ARTICULO 4 Competencia
ARTICULO 5 Decomiso
ARTICULO 6 Extradición
ARTICULO 7 Asistencia judicial recíproca
ARTICULO 8 Remisión de actuaciones penales
ARTICULO 9 Otras formas de cooperación y capacitación
ARTICULO 10 Cooperación internacional y asistencia a los Estados de tránsito
ARTICULO 11 Entrega vigilada
ARTICULO 12 Sustancias que se utilizan con frecuencia en la fabricación ilícita de estupefacientes o sustancias sicotrópicas
ARTICULO 13 Materiales y equipos
ARTICULO 14 Medidas para erradicar el cultivo ilícito de plantas de las que se extraen estupefacientes y para eliminar la demanda ilícita de estupefacientes y sustancias sicotrópicas
ARTICULO 15 Transportistas comerciales
ARTICULO 16 Documentos comerciales y etiquetas de las exportaciones
ARTICULO 17 Tráfico ilícito por mar
ARTICULO 18 Zonas y puertos francos
ARTICULO 19 Utilización de los servicios postales
ARTICULO 20 Información que deben suministrar las Partes
ARTICULO 21 Funciones de la Comisión
ARTICULO 22 Funciones de la Junta
ARTICULO 23 Informes de la Junta
ARTICULO 24 Aplicación de medidas más estrictas que las establecidas por la presente Convención
ARTICULO 25 Efecto no derogatorio respecto de anteriores derechos y obligaciones convencionales
ARTICULO 26 Firma
ARTICULO 27 Ratificación, aceptación, aprobación o acto de confirmación formal
ARTICULO 28 Adhesión
ARTICULO 29 Entrada en vigor
ARTICULO 30 Denuncia
ARTICULO 31 Enmiendas
ARTICULO 32 Solución de controversias
ARTICULO 33 Textos auténticos
ARTICULO 34 Depositario
Por cuanto el día 20 de diciembre de 1988, el Plenipotenciario de España, nombrado en buena y debida forma al efecto, firmó en Nueva York la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas hecha en Viena el 20 de diciembre de 1988,
Vistos y examinados los treinta y cuatro artículos y el anexo de dicha Convención,
Vengo en aprobar y ratificar cuanto en la misma se dispone, como en virtud del presente la apruebo y ratifico, prometiendo cumplirla, observarla y hacer que se cumpla y observe puntualmente en todas sus partes, a cuyo fin, para su mayor validación y firmeza mando expedir este Instrumento de Ratificación firmado por Mí, debidamente sellado y refrendado por el infrascrito Ministro de Asuntos Exteriores.
a 30 de julio de 1990.
-El Ministro de Asuntos Exteriores,
Profundamente preocupadas, asimismo, por la sostenida y creciente penetración del tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas en los diversos grupos sociales y, particularmente, por la utilización de niños en muchas partes del mundo como mercado de consumo y como instrumentos para la producción, la distribución y el comercio ilícitos de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, lo que entraña un peligro de gravedad incalculable,
Conscientes de que el tráfico ilícito genera considerables rendimientos financieros y grandes fortunas que permiten a las organizaciones delictivas transnacionales invadir, contaminar y corromper las estructuras de la Administración Pública, las actividades comerciales y financieras lícitas y la sociedad en todos sus niveles,
Deseosas de eliminar las causas profundas del problema del uso indebido de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, comprendida la demanda ilícita de dichas drogas y sustancias y las enormes ganancias derivadas del tráfico ilícito.
Salvo indicación expresa en contrario o que el contexto haga necesaria otra interpretación, las siguientes definiciones se aplicarán en todo el texto de la presente Convención;
a) Por «Junta» se entiende la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes establecida por la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes y en esa Convención enmendada por el Protocolo de 1972 de Modificación de la Convención Unica de 1961 sobre Estupefacientes.
b) Por «planta de cannabis» se entiende toda planta del género «Cannabis».
c) Por «arbusto de coca» se entiende la planta de cualesquiera especies del género «Erythroxylon».
d) Por «transportista comercial» se entiende una persona o una Entidad pública, privada o de otro tipo dedicada al transporte de personas, bienes o correo a título oneroso.
e) Por «Comisión» se entiende la Comisión de Estupefacientes del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas.
f) Por «decomiso» se entiende la privación con carácter definitivo de algún bien por decisión de un Tribunal o de otra autoridad competente.
g) Por «entrega vigilada» se entiende la técnica consistente en dejar que remesas ilícitas o sospechosas de estupefacientes, sustancias sicotrópicas, sustancias que figuran en el cuadro I o el cuadro II anexos a la presente Convención o sustancias por las que se hayan sustituido las anteriormente mencionadas, salgan del territorio de uno o más países, lo atraviesen o entren en él, con el conocimiento y bajo la supervisión de sus autoridades competentes, con el fin de identificar a las personas involucradas en la comisión de delitos tipificados de conformidad con el párrafo 1 del artículo 3 de la presente Convención.
h) Por «Convención de 1961» se entiende la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes.
i) Por «Convención de 1961 en su forma enmendada» se entiende la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes enmendada por el Protocolo de 1972 de Modificación de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes.
j) Por «Convenio de 1971» se entiende el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971.
k) Por «Consejo» se entiende el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas.
l) Por «embargo preventivo» o «incautación» se entiende la prohibición temporal de transferir, convertir, enajenar o mover bienes, o la custodia o el control temporales de bienes por mandamiento expedido por un Tribunal o por una autoridad competente.
m) Por «tráfico ilícito» se entiende los delitos enunciados en los párrafos 1 y 2 del artículo 3 de la presente Convención.
n) Por «estupefacientes» se entiende cualquiera de las sustancias, naturales o sintéticas, que figuran en la lista I o la lista II de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes y en esa Convención enmendada por el Protocolo de 1972 de modificación de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes.
o) Por «adormidera» se entiende la planta de la especie Papaver somniferum L.
p) Por «producto» se entiende los bienes obtenidos o derivados directa o indirectamente de la comisión de un delito tipificado de conformidad con el párrafo 1 del artículo 3.
q) Por «bienes» se entiende los activos de cualquier tipo, corporales o incorporales, muebles o raíces, tangibles o intangibles, y los documentos o instrumentos legales que acrediten la propiedad u otros derechos sobre dichos activos.
r) Por «sustancia sicotrópica» se entiende cualquier sustancia, natural o sintética, o cualquier material natural que figure en las listas I, II, III o IV del Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971.
s) Por «Secretario general» se entiende el Secretario general de las Naciones Unidas.
t) Por «Cuadro I» y «Cuadro II» se entiende la lista de sustancias que con esa numeración se anexa a la presente Convención, enmendada oportunamente de conformidad con el artículo 12.
u) Por «Estado de tránsito» se entiende el estado a través de cuyo territorio se hacen pasar estupefacientes, sustancias sicotrópicas y sustancias que figuran en el cuadro I y en el cuadro II, de carácter ilícito, y que no es el punto de procedencia ni el de destino definitivo de esas sustancias.
ii) El cultivo de la adormidera, el arbusto de coca o la planta de cánnabis con objeto de producir estupefacientes en contra de lo dispuesto en la Convención de 1961 y en la Convención de 1961 en su forma enmendada.
iii) La posesión o la adquisición de cualquier estupefaciente o sustancia sicotrópica con objeto de realizar cualquiera de las actividades enumeradas en el precedente apartado i).
iv) La fabricación, el transporte, o la distribución de equipos, materiales o de las sustancias enumeradas en el cuadro I y el cuadro II a sabiendas de que van a utilizarse en el cultivo, la producción o la fabricación ilícitos de estupefacientes o sustancias sicotrópicas o para dichos fines.
v) La organización, la gestión o la financiación de alguno de los delitos enumerados en los precedentes apartados i), ii), iii), o iv).
i) La conversión o la transferencia de bienes a sabiendas de que tales bienes proceden de alguno o algunos de los delitos tipificados de conformidad con el inciso a) del presente párrafo, o de un acto de participación en tal delito o delitos, con objeto de ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes o de ayudar a cualquier persona que participe en la comisión de tal delito o delitos a eludir las consecuencias jurídicas de sus acciones.
ii) La ocultación o el encubrimiento de la naturaleza, el origen, la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad reales de bienes, o de derechos relativos a tales bienes, a sabiendas de que proceden de alguno o algunos de los delitos tipificados de conformidad con el inciso a) del presente párrafo o de un acto de participación en tal delito o delitos.
ii) La posesión de equipos o materiales o sustancias enumeradas en el cuadro I y en el cuadro II, a sabiendas de que se utilizan o se habrán de utilizar en el cultivo, la producción o la fabricación ilícitos de estupefacientes o sustancias sicotrópicas o para tales fines.
iv) La participación en la comisión de alguno de los delitos tipificados de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo, la asociación y la confabulación para cometerlos, la tentativa de cometerlos y la asistencia, la incitación, la facilitación o el asesoramiento en relación con su comisión.
2. A reserva de sus principios constitucionales y de los conceptos fundamentales de su ordenamiento jurídico, cada una de las Partes adoptará las medidas que sean necesarias para tipificar como delitos penales conforme a su derecho interno, cuando se cometan intencionalmente la posesión, la adquisición o el cultivo de estupefacientes o sustancias sicotrópicas para el consumo personal en contra de lo dispuesto en la Convención de 1961, en la Convención de 1961 en su forma enmendada o en el Convenio de 1971.
b) Las Partes podrán disponer, en los casos de delitos tipificados de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo que, como complemento de la declaración de culpabilidad o de la condena, el delincuente sea sometido a medidas de tratamiento, educación, postratamiento, rehabilitación o reinserción social.
c) No obstante lo dispuesto en los incisos anteriores, en los casos apropiados de infracciones de carácter leve, las Partes podrán sustituir la declaración de culpabilidad o la condena por la aplicación de otras medidas tales como las de educación, rehabilitación o reinserción social, así como cuando el delincuente sea un toxicómano, de tratamiento y postratamiento.
g) El hecho de que el delito se haya cometido en establecimientos penitenciarios, en una institución educativa o en un centro asistencia o en sus inmediaciones o en otros lugares a los que escolares y estudiantes acudan para realizar actividades educativas, deportivas y sociales.
a) Adoptará las medidas que sean necesarias para declararse competente respecto de los delitos que hayan tipificado de conformidad con el párrafo 1 del artículo 3:
b) Podrá adoptar las medidas que sean necesarias para declararse competente respecto de los delitos que haya tipificado de conformidad con el párrafo 1 del artículo 3;
iii) Cuando el delito sea uno de los tipificados de conformidad con apartado iv) del inciso c) del párrafo 1 del artículo 3 y se cometa fuera de su territorio con miras a perpetrar en él uno de los delitos tipificados de conformidad con el párrafo 1 del artículo 3.
a) Al recibirse una solicitud formulada con arreglo al presente artículo por otra Parte que sea competente respecto de un delito tipificado de conformidad con el párrafo 1 del artículo 3, la Parte en cuyo territorio se encuentren el producto, los bienes, los instrumentos o cualesquiera a otros de los elementos a que se refiere el párrafo 1 del presente artículo:
i) En el caso de una solicitud correspondiente el apartado i) del inciso a) del presente párrafo, una descripción de los bienes por decomisar y una exposición de los hechos en que se funde la Parte requirente que sea suficiente para que la Parte requerida pueda tramitar el mandamiento con arreglo a su derecho interno;
a) Cuando el producto se haya transformado o convertido en otros bienes, éstos podrán ser objeto de las medidas aplicables al producto mencionadas en el presente artículo.
7. Cada una de las Partes considerará la posibilidad de invertir la carga de la prueba respecto del origen licito del supuesto producto u otros bienes sujetos a decomiso, en la medida en que ello sea compatible con los principios de su derecho interno y con la naturaleza de sus procedimientos judiciales y de otros procedimientos.
13. La Parte requirente no comunicará ni utilizará, sin previo consentimiento de la Parte requerida, la información o las pruebas proporcionadas por la Parte requerida para otras investigaciones, proceso actuaciones distintas de las indicadas en la solicitud.
18. El testigo, perito u otra persona que consienta en deponer en juicio o en colaborar en una investigación, proceso o actuación judicial en el territorio de la Parte requirente, no será objeto de procesamiento detención o castigo, ni de ningún tipo de restricción de su libertad personal en dicho territorio por actos, omisiones o por declaraciones de culpabilidad anteriores a la fecha en que abandonó el territorio de la Parte requerida.
Ese salvoconducto cesará cuando el testigo, perito u otra persona haya tenido durante quince días consecutivos, o durante el período acordado por las Partes, después de la fecha en que se le haya informado oficialmente de que las autoridades judiciales ya no requerían su presencia, la oportunidad de salir del país y, no obstante, permanezca voluntariamente en el territorio o regrese espontáneamente a él después de haberlo abandonado.
Las Partes considerarán la posibilidad de remitirse actuaciones penales para el procesamiento por los delitos tipificados de conformidad con el párrafo 1 del artículo 3, cuando se estimen que esa remisión obrará en interés de una correcta administración de justicia.
1. Las Partes colaborarán estrechamente entre sí, en armonía con sus respectivos ordenamientos jurídicos y administrativos, con miras a aumentar la eficacia de las medidas de detección y represión orientadas a suprimir la comisión de los delitos tipificados, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 3.º deberán, en particular, sobre la base de acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales:
1. Si lo permiten los principios fundamentales de sus respetivos ordenamientos jurídicos internos, las Partes adoptarán las medidas necesarias, dentro de sus posibilidades, para que se pueda utilizar de forma adecuada, en el plano internacional, la técnica de entrega vigilada, de conformidad con acuerdos o arreglos mutuamente convenidos, con el fin de descubrir a las personas implicadas en delitos tipificados de conformidad con el párrafo 1 del artículo 3 y de entablar acciones legales contra ellas.
3. Las remesas ilícitas cuya entrega vigilada se haya acordado podrán, con el consentimiento de las Parte interesadas, ser interceptadas y autorizadas a proseguir intactas o habiéndose retirado o sustituido total o parcialmente los estupefacientes o sustancias sicotrópicas que contengan.
6. Toda decisión que tome la Comisión de conformidad con el presente artículo será notificada por el Secretario general a todos los Estados y otras entidades que sean Partes en la presente Convención o puedan llegar a serlo, y a la Junta. Tal decisión surtirá pleno efecto respecto de cada una de las Partes a los ciento ochenta días de la fecha de la notificación.
a) Las decisiones de la Comisión adoptadas con arreglo al presente artículo estarán sujetas a revisión por el Consejo, cuando así lo solicite cualquiera de las Partes dentro de un plazo de ciento ochenta días, contados a partir de la fecha de la notificación de la decisión. La solicitud de revisión será presentada al Secretario general junto con toda la información pertinente en que se base dicha solicitud de revisión.
b) El Secretario general transmitirá copias de la solicitud de revisión y de la información pertinente a la Comisión, a la Junta y a todas las Partes, invitándolas a presentar sus observaciones dentro del plazo de noventa días.
Todas las observaciones que se reciban se comunicarán al Consejo para que éste las examine.
a) Sin perjuicio de las disposiciones de carácter general del párrafo 1 del presente artículo y de lo dispuesto en la Convención de 1961, en la Convención de 1961 en su forma enmendada y en el Convenio de 1971, las Partes tomarán las medidas que estimen oportunas para vigilar la fabricación y la distribución de sustancias que figuren en los cuadros I y II que se realicen dentro de su territorio.
iv) Impedir la acumulación en posesíón de fabricantes y distribuidores de cantidades de esas sustancias que excedan de las que requieran el desempeño normal de las actividades comerciales y las condiciones prevalecientes en el mercado.
e) Velar por que los documentos mencionados en el inciso d) sean conservados durante dos años por lo menos y puedan ser inspeccionados por las autoridades competentes.
a) Además de lo dispuesto en el párrafo 9, y a petición de la Parte interesada dirigida al Secretario general, cada una de las Partes de cuyo territorio se vaya a exportar una de las sustancias que figuran en el cuadro I velará por que, antes de la exportación, sus autoridades competentes proporcionen la siguiente información a las autoridades competentes del país importador:
a) Las Partes podrán cooperar para aumentar la eficacia de los esfuerzos de erradicación. Tal cooperación podrá comprender, entre otras cosas, el apoyo, cuando proceda, al desarrollo rural integrado tendente a ofrecer soluciones sustitutivas del cultivo ilícito que sean económicamente viables. Factores como el acceso a los mercados, la disponibilidad de recursos y las condiciones socio-económicas imperantes deberán ser tomados en cuenta antes de que estos programas hayan sido puestos en marcha. Las Partes podrán llegar a acuerdos sobre cualesquiera otras medidas adecuadas de cooperación.
4. Las Partes adoptarán medidas adecuadas tendentes a eliminar o reducir la demanda ilícita de estupefacientes y sustancias sicotrópicas con miras a reducir el sufrimiento humano y acabar con los incentivos financieros del tráfico ilícito. Estas medidas podrán basarse, entre otras cosas, en las recomendaciones de las Naciones Unidas, los organismos especializados de las Naciones Unidas, tales como la Organización Mundial de la Salud, y otras organizaciones internacionales competentes, y en el Plan Amplio y Multidisciplinario aprobado por la Conferencia Internacional sobre el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas celebrada en 1987, en la medida en que éste se relacione con los esfuerzos de las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales y de entidades privadas en las esferas de la prevención, del tratamiento y de la rehabilitación. Las Partes podrán concertar acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales tendentes a eliminar o reducir la demanda ilícita de estupefacientes y sustancias sicotrópicas.
1. Las Partes adoptarán medidas adecuadas a fin de garantizar que los medios de transporte utilizados por los transportistas comerciales no lo sean para cometer delitos tipificados de conformidad con el párrafo del artículo 3; entre esas medidas podrá figurar la concertación de arreglos especiales con los transportistas comerciales.
2. Cada una de las Partes exigirá a los transportistas comerciales que tomen precauciones razonables a fin de impedir que sus medios de transporte sean utilizados para cometer delitos tipificados de conformidad con el párrafo 1 del artículo 3.
3. Cada una de las Partes procurará garantizar que los transportistas comerciales y las autoridades competentes de los lugares de entrada y salida, y demás zonas de control aduanero, coopere a fin de impedir el acceso no autorizado a los medios de transporte y a la carga, así como en la aplicación de las medidas de seguridad adecuadas.
1. Cada una de las Partes exigirá que las exportaciones lícitas de estupefacientes y sustancias sicotrópicas estén debidamente documentadas.
Además de los requisitos de documentación previstos en el artículo 31 de la Convención de 1961, en el artículo 31 de la Convención de 1961 en su forma enmendada y en el artículo 12 del Convenio de 1971, en los documentos comerciales, tales como facturas, manifiestos de carga, documentos aduaneros y de transporte y otros documentos relativos al envío, deberán indicarse los nombres de los estupefacientes y sustancias sicotrópicas que se exporten, tal como figuren en las Listas correspondientes de la Convención de 1961, de la Convención de 1961 en su forma enmendada y del Convenio de 1971, así como la cantidad exportada y el nombre y la dirección del exportador, del importador y, cuando sea posible, del consignatario.
1. Las Partes cooperan en todo lo posible para eliminar el tráfico ilícito por mar, de conformidad con el derecho internacional del mar.
2. Toda Parte que tenga motivos razonables para sospechar que una nave de su pabellón, o que no enarbole o no lleve matrícula, está siendo utilizada para el tráfico ilícito, podrá solicitar asistencia de otras Partes a fin de poner término a esa utilización. Las Partes a las que se solicite dicha asistencia la prestarán con los medios de que dispongan.
10. Las medidas que se adopten en cumplimiento del párrafo 4 del presente artículo serán sólo aplicadas por buques de guerra o aeronaves militares, u otras naves o aeronaves que lleven signos claros y sean identificables como naves o aeronaves al servicios de un gobierno y autorizadas a tal fin.
b) La introducción y el mantenimiento, por el personal de detección y represión competente, de técnicas de investigación y de control encaminadas a detectar los envíos postales con remesas ilícitas de estupefacientes, sustancias sicotrópicas y sustancias que figuran en los cuadros I y II.
e) La Comisión, con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 12, podrá enmendar el cuadro I y el cuadro II.
ii) Antes de tomar ninguna medida conforme al apartado iii) infra, la Junta tratará confidencialmente sus comunicaciones con la Parte interesada conforme a los incisos anteriores.
iii) Si la Junta considera que la Parte interesada no ha adoptado las medidas correctivas que se le han pedido conforme a este inciso, podrá señalar el asunto a la atención de las Partes, del Consejo y de la Comisión.
Cualquier informe que publique la Junta de conformidad con este inciso incluirá asimismo las opiniones de la Parte interesada si ésta así lo solicitare.
3. Para cada organización regional de integración económica a la que se hace referencia en el inciso c) del artículo 26, que deposite un instrumento relativo a un acto de confirmación formal o un instrumento de adhesión, la presente Convención entrará en vigor el nonagésimo día siguiente a la fecha en que se haya efectuado ese depósito o en la fecha en que la presente Convención entre en vigor conforme al párrafo 1 del presente artículo, si esta última es posterior.
1. Cualquiera de las Partes podrá proponer una enmienda a la presente Convención. Dicha Parte comunicará el texto de cualquier enmienda así propuesta y los motivos de la misma al Secretario general quien, a su vez, comunicará la enmienda propuesta a las demás Partes y les preguntará si la aceptan. En el caso de que la propuesta de enmienda así distribuida no haya sido rechazada por ninguna de las Partes dentro de los veinticuatro meses siguientes a su distribución, se considerará que la enmienda ha sido aceptada y entrará en vigor respecto de cada una de las Partes noventa días después de que esa Parte haya depositado ante el Secretario general un instrumento en el que se exprese su consentimiento a quedar obligada por esa enmienda.
4. Todo Estado, en el momento de la firma o la ratificación, la aceptación o la aprobación de la presente Convención o de su adhesión a la misma o toda organización regional de integración económica en el momento de la firma o el depósito de un acto de confirmación formal o de la adhesión, podrá declarar que no se considera obligado por los párrafos 2 y 3 del presente artículo. Las demás Partes no estarán obligadas por los párrafos 2 y 3 del presente artículo ante ninguna Parte que haya hecho dicha declaración.
Hecha en Viena,
en un solo original,
el día 20 de diciembre de 1988.
Ácido lisérgico. Acetona
Efedrina. Ácido antranílico
Ergometrina. Ácido fenilacético
Ergotamina. Anhídrido acético
1-fenil-2-propanona. Eter etílico.
Seudoefedrina. Piperidina
Las sales de las sustancias enumeradas en el presente cuadro, siempre que la existencia de dichas sales sea posible. Las sales de las sustancias enumeradas en el presente cuadro, siempre que la existencia de dichas sales sea posible.
Países Fecha de firma Fecha de depósito del instrumento
Afganistán 20-12-1988 -
Alemania, República Federal de 19- 1-1989 -
Argelia 20-12-1988 -
Argentina 20-12-1988 -
Australia 14- 2-1989 -
Austria 25- 9-1989 -
Bahamas 20-12-1988 30-1-1989 (1)
Bahrein 28- 9-1989 7-2-1990 (1)
Bangladesh 14- 4-1989 -
Bélgica 22- 5-1989 -
Bhutan - 27- 8-1990 (2)
Bolivia 20-12-1988 20-8-1990 (1)
Brasil 20-12-1988 -
Bulgaria 19- 5-1989 -
Brunei Barusslam 26-10-1989 -
Camerún 27- 2-1989 -
Canadá 20-12-1988 5- 7-1990 (1)
Colombia 20-12-1988 -
Costa de Marfil 20-12-1988 -
Costa Rica 25- 4-1989 -
Cuba 7- 4-1989 -
Checoslovaquia 7-12-1989 -
Chile 20-12-1988 13- 3-1990 (1)
China 20-12-1988 25-10-1989 (1)
Chipre 20-12-1988 25- 5-1990 (1)
Dinamarca 20-12-1988 -
C.E.E 8- 6-1989 -
Ecuador 21- 6-1989 23- 3-1990 (1)
Egipto 20-12-1988 -
Emiratos Ar. Unidos - 12- 4-1990 (2)
España 20-12-1988 13-8-1990 (1)
Estados Unidos de América 20-12-1988 20- 2-1990 (1)
Filipinas 20-12-1988 -
Finlandia 8- 2-1989 -
Francia 13- 2-1989 -
Gabón 20-12-1989 -
Ghana 20-12-1988 10- 4-1990 (1)
Grecia 23- 2-1989 -
Guatemala 20-12-1988 -
Honduras 20-12-1988 -
Hungría 22- 8-1989 -
India - 27- 3-1990 (2)
Indonesia 27- 3-1989 -
Irán 20-12-1988 -
Irlanda 14-12-1989 -
Israel 20-12-1988 -
Italia 20-12-1988 -
Jamaica 2-10-1989 -
Japón 19-12-1989 -
Jordania 20-12-1988 16-4-1990 (1)
Kuwait 2-10-1989 -
Luxemburgo 26- 9-1989 -
Malasia 20-12-1989 -
Maldivas 5-12-1989 -
Marruecos 28-12-1988 -
Mauricio 20-12-1988 -
Mauritania 20-12-1988 -
México 16- 2-1989 11- 4-1990 (1)
Mónaco 24- 2-1989 -
Nicaragua 20-12-1988 4- 5-1990 (1)
Nigeria 1- 3-1989 1-11-1989 (1)
Noruega 20-12-1988 -
Nueva Zelanda 18-12-1989 -
Países Bajos 18- 1-1989 -
Pakistán 20-12-1989 -
Panamá 20-12-1989 -
Paraguay 20-12-1988 23-8-1990 (1)
Perú 20-12-1988 -
Polonia 6- 3-1989 -
Portugal 13-12-1989 -
Qatar 4- 5-1990 (2)
Reino Unido 20-12-1988 -
República Democrática Alemana 21- 6-1989 21- 2-1990 (1)
Rep. S.S. de Bielorrusia 27- 2-1989 -
Rep. S. S. de Ucrania 16- 3-1989 -
Santa Sede 10-12-1988 -
Senegal 20-12-1998 27-11-1989 (1)
Sierra Leona 9- 6-1989 -
Sudán 30- 1-1989 -
Suecia 20-12-1988 -
Suiza 16-11-1989 -
Suriname 20-12-1988 -
Tanzania 20-12-1988 -
Togo 3- 8-1989 1- 8-1990 (1)
Trinidad y Tobago 7-12-1989 -
Túnez 19-12-1989 20- 9-1990 (1)
Turquía 20-12-1988 -
Uganda - 20- 8-1990 (2)
U.R.S.S 19- 1-1989 -
Uruguay 19-12-1989 -
Venezuela 20-12-1988 -
Yemen, Rep. Arabe del 20-12-1988 -
Yugoslavia 20-12-1988 -
Zaire 20-12-1988 -
Zambia 9- 2-1989 -
Véase el apartado D.A de la Resolución 1 de junio de 2004, de la Secretaría General Técnica, sobre aplicación del artículo 32 del D. 801/1972, relativo a la ordenación de la actividad de la Administración del Estado en materia de Tratados Internacionales («B.O.E.» 15 junio), por el que se publica la adhesión a la presente Convención por parte de el Congo con entrada en vigor el 1 de junio de 2004. Véase apartado D.A de la Res. 4 octubre 2004, de la Secretaría General Técnica, sobre aplicación del artículo 32 del D. 801/1972, relativo a la ordenación de la actividad de la Administración del Estado en materia de Tratados Internacionales («B.O.E.» 15 octubre), por el que se publica la adhesión por parte de los Estados Federados de Micronesia, con entrada en vigor el 4 de octubre de 2004. Véase apartado D.A de Res. 9 junio 2005, de la Secretaría General Técnica, sobre aplicación del artículo 32 del D. 801/1972, relativo a la ordenación de la actividad de la Administración del Estado en materia de Tratados Internacionales («B.O.E.» 27 junio), por el que se publica la adhesión de Islas Cook. Véase apartado D.A de Res. 4 octubre 2005, de la Secretaría General Técnica, sobre aplicación del artículo 32 del D. 801/1972, relativo a la ordenación de la actividad de la Administración del Estado en materia de Tratados Internacionales («B.O.E.» 17 octubre), por el que se publican las adhesiones de Camboya y República Democrática de Laos, ésta última con formulación de reserva. Véase, así mismo, la notificación efectuada por Islas Cook en virtud de los artículos 6, 7 y 17. Véase apartado D.A de Res. 2 febrero 2006, de la Secretaría General Técnica, sobre aplicación del artículo 32 del D. 801/1972, relativo a la ordenación de la actividad de la Administración del Estado en materia de Tratados Internacionales («B.O.E.» 16 febrero), por el que se publican las adhesiones por parte de Angola, Liberia y Samoa, así como las ratificaciones por parte de República Democrática del Congo y Suiza, ésta última con formulación de reservas. Véase el apartado DA. de la Res. 7 junio 2006, de la Secretaría General Técnica, sobre aplicación del artículo 32 del D. 801/1972, relativo a la ordenación de la actividad de la Administración del Estado en materia de Tratados Internacionales («B.O.E.» 21 junio), por el que se publica la adhesión por parte de Vanuatu, con entrada en vigor el 26 de abril de 2006. Véase el apartado D.A. de la Res. 16 octubre 2006, de la Secretaría General Técnica, sobre aplicación del artículo 32 del D. 801/1972, de 24 de marzo, relativo a la ordenación de la actividad de la Administración del Estado en materia de Tratados Internacionales («B.O.E.» 23 octubre), por el que se publica la ratificación de la presente Convención por parte de Gabón, con entrada en vigor el 8 de octubre de 2006. Véase el apartado D.A. de la Res. 18 junio 2007, de la Secretaría General Técnica, sobre aplicación del artículo 32 del D. 801/1972, relativo a la ordenación de la actividad de la Administración del Estado en materia de Tratados Internacionales («B.O.E.» 3 julio), por el que se publica la sucesión por parte de Montenegro, con efecto desde el 3 de junio de 2006, y las adhesiones por parte de Liechtenstein, con entrada en vigor el 7 de junio de 2007, y por parte de la República Popular Democrática de Corea, con entrada en vigor el 17 de junio de 2007. Véase el apartado DA. de la Res. 5 octubre 2007, de la Secretaría General Técnica, sobre aplicación del artículo 32 del D. 801/1972, relativo a la ordenación de la actividad de la Administración del Estado en materia de Tratados Internacionales («B.O.E.» 5 noviembre), por el que se publica la ratificación de Brunei Darussalam, con notificación de la autoridad competente. Véase el apartado DA. de la Res. de 4 de noviembre de 2009, de la Secretaria General Técnica, sobre aplicación del artículo 32 del D. 801/1972, relativo a la ordenación de la actividad de la Administración del Estado en materia de Tratados Internacionales («B.O.E.» 13 noviembre), por el que se publica la adhesión por parte de Namibia, con entrada en vigor el 4 de junio de 2009. Véase el apartado D.A de la Res. 10 junio 2011, de la Secretaría General Técnica, sobre aplicación del artículo 32 del D. 801/1972, relativo a la ordenación de la actividad de la Administración del Estado en materia de Tratados Internacionales («B.O.E.» 21 junio), por el que se publica la adhesión de Islas Marshall, con entrada en vigor el 3 de febrero de 2011.
La presente convención entrará en vigor de forma general y para España el 11 de noviembre de 1990, de conformidad con lo establecido en su artículo 29.
6 de noviembre de 1990.
Bahrein Reserva:
El Estado de Bahrein, con la ratificación de la presente Convención, no se considera obligado por el párrafo 2 del artículo 32, en relación con la obligación de someter la solución de una controversia relativa a la interpretación o a la aplicación de la presente Convención a la Corte Internacional de Justicia.
Además, el Estado de Bahrein declara por la presente que su ratificación de la presente Convención no constituirá de ninguna forma el reconocimiento de Israel ni será ningún motivo para el establecimiento de relaciones de cualquier tipo.
Bolivia En el momento de la firma:
La República de Bolivia hace constar su reserva expresa al párrafo 2 del artículo 3 y declara que no se aplicarán a Bolivia aquellas disposiciones del mencionado párrafo que puedan interpretarse que tipifican como delitos penales el uso, consumo, posesión, adquisición o cultivo de la hoja de coca para el consumo personal.
Para Bolivia semejante interpretación de dicho párrafo va en contra de los principios de su Constitución y de los conceptos básicos de su ordenamiento jurídico que expresan el respeto a la cultura, las prácticas legítimas, los valores y los atributos de las nacionalidades de las que se compone la población de Bolivia.
El ordenamiento jurídico de Bolivia reconoce la naturaleza ancestral del Uso lícito de la hoja de coca que para una gran parte de la población de Bolivia se remonta a siglos atrás. Al formular la presente reserva, Bolivia considera lo siguiente:
- La hoja de coca no es, en sí y por sí misma, un estupefaciente o una sustancia sicotrópica.
- El uso y el consumo de la hoja de coca no producen cambios psicológicos o físicos mayores que los que resultarían del consumo de otras plantas y productos de uso libre y universal.
- El uso de la hoja de coca para fines médicos está muy extendido en la práctica de la medicina tradicional, y su validez recibe el apoyo de la OMS y la confirmación de los hallazgos científicos.
- La hoja de coca puede utilizarse para fines industriales.
- El uso y consumo de la hoja de coca están muy extendidos en Bolivia, por lo que, si se aceptara la interpretación del párrafo arriba mencionado, una gran parte de los habitantes podrían ser considerados como delincuentes y condenados como tal; por consiguiente, dicha interpretación no podrá aplicarse.
- Debe hacerse constar que la hoja de coca se transforma en hidroclorato, sulfato y pasta de cocaína cuando se la somete a procesos químicos en los que se utilizan precursores, equipos y materiales que no se fabrican ni se originan en Bolivia.
Al mismo tiempo, la República de Bolivia seguirá adoptando las medidas legales necesarias para controlar el cultivo ilícito de coca para la producción de estupefacientes, así como la utilización, adquisición y consumo ilícitos de estupefacientes y sustancias sicotrópicas.
Brasil En el momento de la firma:
«a) La firma de la Convención se hace a reserva del proceso de ratificación establecido por la Constitución brasileña.
b) El Gobierno brasileño entiende que el párrafo 11 del artículo 17 no impide que un estado ribereño exija autorización previa para cualquier acción en virtud del presente artículo de otros Estados en su zona económica exclusiva.»
China Declaración hecha en el momento de la firma y confirmada en el momento de la ratificación:
Según lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 32, China no se considera obligada por los párrafos 2 y 3 de dicho artículo.
Chipre En el momento de la firma:
«[La firma se efectúa] a reserva de ratificación, momento en el cual se podrán hacer reservas con respecto a disposiciones específicas de la; Convención y depositarlas en la forma prescrita. [Se entiende] que dichas reservas, si las hubiere, no podrán ser incompatibles con el objeto y el fin de la presente Convención.
El instrumento de ratificación está acompañado de la siguiente declaración:
«Como resultado de la ocupación del 37 por 100 del territorio de la República de Chipre, que desde 1974 está ocupado por tropas turcas, violando la Carta de las Naciones Unidas y los principios fundamentales del derecho internacional, el Gobierno de la República de Chipre está incapacitado para ejercer el control y la jurisdicción legítima en todo el territorio de la República de Chipre y, por consiguiente, sobre aquellas actividades que puedan desarrollarse en la zona ocupada ilegalmente que tengan relación con el tráfico ilícito de estupefacientes».
Colombia En el momento de la firma:
Colombia formula una reserva al párrafo 1 del artículo 9 de la Convención, y en particular, a los subpárrafos b), c), d) y e) del mismo, ya que su legislación no permite la cooperación exterior con el poder judicial en la investigación de delitos ni la creación de equipos conjuntos con otros países para tales fines. Asimismo, en la medida en que las muestras de las sustancias que han dado lugar a las investigaciones pertenecen al proceso, únicamente el Juez, como anteriormente, podrá tomar decisiones a ese respecto.
Estados Unidos de América El instrumento de ratificación del Gobierno de los Estados Unidos de América contiene las siguientes salvedades:
«(1) Nada de lo dispuesto en el presente Tratado exige o autoriza legislación u otra medida por parte de los Estados Unidos de América que esté prohibida en los Estados Unidos.
(2) Los Estados Unidos no considerarán la presente Convención como la base jurídica para la extradición de ciudadanos a cualquier país con el que los Estados Unidos no tengan un Tratado de extradición bilateral en vigor.
(3) Conforme a los derechos de los Estados Unidos en virtud del artículo 7 del presente Tratado, a denegar las solicitudes que perjudiquen sus intereses fundamentales, los Estados Unidos denegarán cualquier solicitud de asistencia cuando la autoridad designada, tras consultar con todas las agencias de inteligencia, de antinarcóticos y de política exterior adecuadas, tenga conocimiento específico de que un alto funcionario del Gobierno que tendrá acceso a la información que pueda proporcionarse en virtud del presente Tratado se encuentra implicado o facilita la producción y distribución de estupefacientes ilegales.»
Además, el Gobierno de los Estados Unidos de América declara que, en virtud del párrafo 4 del artículo 32, los Estados Unidos de América no estarán obligados por el párrafo 2 del artículo 32.
Irán (República Islámica de) En el momento de la firma:
«El Gobierno de la República Islámica de Irán desea expresar una reserva al párrafo 3 del artículo 6 de la Convención, ya que dicha disposición es incompatible con nuestro derecho interno.
Además, el Gobierno desea hacer una reserva a los párrafos 2 y 3 del artículo 32, ya que no se considera vinculado por la jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de Justicia y opina que cualquier controversia que surja entre las Partes acerca de la interpretación o de la aplicación de la Convención debería resolverse por los conductos diplomáticos por medio de negociaciones directas.»
Países Bajos Para el Reino Unido en Europa, Antillas Neerlandesas y Aruba.
«1. Artículo 1. Definición de tráfico ilícito:
Durante las fases iniciales de la presente Conferencia, [el Gobierno de los Países Bajos] propuso modificar los artículos 15, 17, 18 y 19 (numeración final) con el fin de sustituir la frase genérica "tráfico ilícito" por una acepción más específica (por ejemplo, "transporte ilícito"»).
En cierta medida, la preocupación subyacente ha disminuido al introducirse en el artículo 15 una referencia específica a los "delitos tipificados de conformidad con el párrafo 2 del artículo 3". Por otro lado, en los artículos 17, 18 y 19 todavía hay referencias al "tráfico ilícito de estupefacientes, sustancias sicotrópicas y sustancias que figuran en los cuadros I y II".
[El Gobierno de los Países Bajos] entiende que, dado el alcance de dichos artículos el término "tráfico ilícito" debe entenderse en un sentido estricto, teniendo en cuenta en cada caso el contexto específico.
Por consiguiente, al aplicar dichos artículos, [el Gobierno] tendrá que contar con la introducción del artículo 1, teniendo en cuenta la aplicación contextual de la definición en cuestión.
«2. Artículo 3.
a) [El Gobierno de los Países Bajos] observa con respecto al párrafo 2 del artículo 3 (subpárrafo b), (i) y (ii), y subpárrafo c), (i), que el Comité de redacción ha sustituido los términos "a sabiendas de que tales bienes proceden de alguno o algunos de los delitos enunciados en el párrafo 2" por:
"a sabiendas de que tales bienes proceden de alguno o algunos de los delitos tipificados de conformidad con el párrafo 1. (El Gobierno de los Países Bajos] acepta dicha modificación entendiendo que no afecta a la aplicabilidad de los párrafos referidos en los casos en los que el delincuente tenga conocimiento de que los bienes proceden de alguno o algunos de los delitos que puedan haberse tipificado y cometido en la jurisdicción de un Estado extranjero.
b) Con respecto al párrafo 6 del artículo 3, [el Gobierno de los Países Bajos] observa que sus disposiciones comprenden los delitos tipificados tanto en el párrafo 1 como en el párrafo 2. A la vista de las disposiciones de la letra d) del párrafo 4 y del párrafo 11 del mismo artículo [el Gobierno de los Países Bajos] entiende que el alcance de las facultades jurídicas discrecionales relativas al procesamiento por delitos tipificados de conformidad con el párrafo 2 podrá ser, en la práctica, más amplio que para los delitos tipificados de conformidad con el párrafo 1.
c) Con respecto a los párrafos 7 y 8 del artículo 3, [el Gobierno de los Países Bajos] entiende que dichas disposiciones no exigen el establecimiento de normas y reglamentos específicos acerca de la libertad anticipada de las personas declaradas culpables ni acerca del plazo de prescripción respecto de los delitos, contemplados en el párrafo 1 del artículo, que difieran de dichas normas y reglamentos relativos a otros delitos de gravedad equivalente. En consecuencia, [el Gobierno] entiende que la legislación pertinente que se encuentra en vigor en el Reino satisface de forma adecuada y suficiente las preocupaciones expresadas según los términos de dichas disposiciones.
«3. Artículo 17. [El Gobierno de los Países Bajos] comprende que por "una nave que esté haciendo uso de la libertad de navegación" (en el párrafo 3), se entenderá una nave que navegue fuera de los límites externos del mar territorial.
La cláusula de salvaguardia contenida en el párrafo 11 del artículo está dirigida, en su opinión, a salvaguardar los derechos y obligaciones de los Estados ribereños dentro de la zona contigua.
En la medida en que las naves que naveguen en la zona contigua infrinjan los reglamentos de aduanas y otros reglamentos del Estado ribereño, el Estado ribereño tendrá derecho a ejercer, de conformidad con las normas del Derecho internacional marítimo pertinentes, su competencia para evitar y/o sancionar dicha infracción.»
Perú En el momento de la firma:
Perú formula una reserva expresa al párrafo 1, a), (ii) del artículo 3, relativa a los delitos e infracciones; en dicho párrafo figura el cultivo entre las actividades tipificadas como delito penal, sin, hacer una distinción clara y necesaria entre el cultivo lícito y el cultivo ilícito.
Por consiguiente, Perú también formula una reserva expresa al alcance de la definición de tráfico ilícito contenida en el artículo 1, en la medida en que se refiere al párrafo 1, a), (ii) del artículo 3.
De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 32, Perú declara, al firmar la Convención contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, que no se considera obligado por los párrafos 2 y 3 del artículo 32, ya que, con respecto a dicha Convención, acuerda someter las controversias a la Corte Internacional de Justicia únicamente si todas las partes y no una sola acceden a dicho procedimiento.
República Democrática Alemana El instrumento de ratificación del Gobierno de la República Democrática Alemana iba acompañado de las siguientes declaraciones:
Las solicitudes de asistencia judicial recíproca en virtud del artículo 7 se remitirán a la República Democrática Alemana por conducto diplomático en alguna de las lenguas oficiales de las Naciones Unidas o en alemán, a menos que se disponga lo contrario en los acuerdos precedentes sobre asistencia judicial recíproca o se haya establecido o elaborado sobre una base recíproca la comunicación directa entre las autoridades judiciales.
El Ministerio de Asuntos Exteriores será la autoridad competente para recibir y contestar las solicitudes de otro Estado para abordar o inspeccionar una nave sospechosa de estar implicada en tráfico ilícito (artículo 17).
República Unida de Tanzania En el momento de la firma:
«A reserva de una posterior determinación en el momento de la ratificación, la República Unida de Tanzania declara que las disposiciones del párrafo 11 del artículo 17 no deberán interpretarse de forma que limiten en modo alguno los derechos y privilegios de un Estado ribereño tal y como queda contemplado en las disposiciones correspondientes relativas a la zona económica exclusiva de la Convención sobre el Derecho del mar, ni de forma que concedan a terceras partes derechos distintos de los reconocidos en virtud de la Convención.»
Yemen En el momento de la firma:
Yemen se reserva su derecho de incluir reservas con respecto a los artículos que considere necesarios en un momento posterior a la presente firma.
Véase apartado D.A de Res. 2 febrero 2006, de la Secretaría General Técnica, sobre aplicación del artículo 32 del D. 801/1972, relativo a la ordenación de la actividad de la Administración del Estado en materia de Tratados Internacionales («B.O.E.» 16 febrero), por el que se publican las reservas formuladas por Suiza en el momento de la ratificación.
Bélgica 27 de diciembre de 1989.
Bélgica, Estado miembro de la Comunidad Europea, vinculado por el principio de la libertad de navegación, principalmente en la zona económica exclusiva, considera que la declaración de Brasil relativa al párrafo 11 del artículo 17 de la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, aprobada en Viena el 20 de diciembre de 1988, sobrepasa los derechos concedidos a los Estados ribereños en virtud del derecho internacional.
Dinamarca 27 de diciembre de 1989.
La misma objeción, mutatis mutandis, que la hecha por Bélgica.
Francia 27 de diciembre de 1989.
Alemania, República Federal de 27 de diciembre de 1989.
Grecia 27 de diciembre de 1989.
Irlanda 27 de diciembre de 1989.
Italia 27 de diciembre de 1989.
Luxemburgo 27 de diciembre de 1989.
Países Bajos 27 de diciembre de 1989.
Portugal 27 de diciembre de 1989.
España 27 de diciembre de 1989.
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 27 de diciembre de 1989.
Israel El 14 de mayo de 1990, el Secretario general recibió del Gobierno de Israel la siguiente objeción relativa a la declaración hecha por Bahrein:
«El Gobierno del Estado de Israel observa que el instrumento de ratificación de Bahrein de la Convención arriba mencionada contiene una declaración respecto a Israel.
En opinión del Gobierno del Estado de Israel dicha declaración, de carácter explícitamente político, es incompatible con el objeto y el fin de la presente Convención y no puede aceptar de ninguna manera a cualesquiera obligaciones de Bahrein en virtud del derecho internacional general o con arreglo a Convenciones específicas.
El Gobierno del Estado de Israel, en la medida en que afecte al fondo de la cuestión, adoptará frente a Bahrein una actitud de reciprocidad absoluta.»
Méjico El 10 de julio de 1990, el Secretario general recibió del Gobierno de Méjico, la siguiente objeción relativa a una de las salvedades hecha por los Estados Unidos de América:
El Gobierno de los Estados Unidos Mejicanos considera que la tercera declaración presentada por el Gobierno de los Estados Unidos de América, que en su versión en inglés, está redactada como sigue:
(3) Conforme a los derechos de los Estados Unidos en virtud del artículo 7 del presente Tratado a denegar las solicitudes que perjudiquen sus intereses fundamentales, los Estados Unidos negarán cualquier solicitud de asistencia cuando la autoridad designada, tras consultar con todas las agencias de inteligencia, de antinarcóticos y de política exterior adecuadas, tenga conocimiento específico de que un alto funcionario del Gobierno que tendrá acceso a la información que pueda proporcionarse en virtud del presente Tratado se encuentra implicado en o facilita la producción y distribución de estupefacientes ilegales.»
Constituye una reivindicación unilateral, que no está contemplada en la Convención, para justificar la denegación de asistencia judicial a un Estado que lo solicite, lo cual va en contra de los objetivos de la Convención. Por consiguiente, el Gobierno de los Estados Unidos Mejicanos considera que dicha declaración constituye una reserva a la que objeta.
La presente objeción no debe interponerse como un obstáculo para la entrada en vigor de la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas de 1988 entre el Gobierno de los Estados Unidos Mejicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América.
= Ratificación.
= Adhesión.