Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/1997/C-467-97.htm
Timestamp: 2017-10-22 09:46:13
Document Index: 358905757

Matched Legal Cases: ['artículo 3', 'artículo 8', 'artículo 9', 'artículo 12', 'artículo 16', 'artículo12', 'artículo 12', 'artículo 13', 'artículo 29', 'artículo 5', 'artículo 16', 'artículo 3', 'artículo 16', 'artículo 38', 'artículo 102', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 27', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 11', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 12', 'artículo 17', 'artículo 4', 'artículo 17', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 241', 'artículo 8', 'artículo 1', 'artículo 53', 'artículo 16', 'artículo 4', 'artículo 7', 'artículo 8', 'artículo 5', 'artículo 90', 'artículo 28', 'artículo 30']

C-467-97
Sentencia C-467/97
INSTRUMENTOS INTERNACIONALES-Finalidad
La presente ley aprueba diversos instrumentos internacionales para fortalecer la protección de los bienes culturales en situaciones de conflicto armado. Estos instrumentos pretenden evitar estragos innecesarios en los conflictos armados, mediante la aplicación de normas y de mecanismos de protección, que eviten daños en los bienes culturales, la finalidad de estos instrumentos internacionales armoniza claramente con la Constitución pues es una expresión de los principios y reglas propios del derecho internacional humanitario,los cuales, conforme lo establece la Carta, deben respetarse en todo caso.
CONVENCION INTERNACIONAL-Ambito de aplicación/CONVENCION INTERNACIONAL-Conflictos armados internos
Según los artículos 18 y 19 de la Convención, sus normas no sólo se aplican en los casos de guerras internacionales sino también en los eventos de conflictos armados internos, las partes enfrentadas en un conflicto interno se encuentran obligadas a respetar las normas humanitarias relativas a la conducción de las hostilidades y a la protección de los bienes que no tienen carácter militar. Además, esas normas no erosionan la soberanía del Estado colombiano puesto que, al igual que sucede con el Protocolo II, la aplicación de las disposiciones de la presente Convención no modifican el estatuto jurídico de las partes en conflicto, lo cual significa que los alzados en armas no adquieren el status de beligerantes por la mera aplicación de las normas humanitarias, y siguen entonces sometidos al ordenamiento jurídico interno del respectivo Estado.
INMUNIDAD DE BIENES CULTURALES
Los bienes culturales y las personas que tienen su custodia gozan que inmunidad ya que no pueden ser objeto de ataque militar, norma que se debe interpretar de conformidad al principio de proporcionalidad, según el cual, las partes deben en todo caso evitar los males superfluos o innecesarios, por lo cual las anteriores obligaciones de respeto a los bienes culturales, sólo pueden dejarse de cumplir cuando existan necesidades militares imperiosas.La inmunidad de los bienes culturales no legitima a ninguna de las partes a utilizarlos como escudo para su defensa, pues en tal caso, esa parte estaría incurriendo en un acto de perfidia, que se no sólo se encuentra proscrito por las reglas del derecho internacional humanitario sino que, además, pondría en amenaza la existencia misma de los bienes culturales.
PROTOCOLO INTERNACIONAL-Protección de bienes culturales en situaciones de conflicto armado/PROTOCOLO INTERNACIONAL-Armonización con la Constitución
El Protocolo amplia los deberes de los Estados en relación con los bienes culturales, pues no sólo deben abstenerse de destruirlos, sino que tampoco es legítimo que se apropien de las riquezas culturales de su enemigo. Por ello se prohibe la exportación de bienes culturales desde territorios ocupados durante un conflicto armado. Todas las obligaciones para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado armonizan claramente con la Constitución pues, son una expresión del principio de distinción que gobierna el derecho internacional humanitario y, en virtud del cual las partes en conflicto deben siempre diferenciar entre combatientes y no combatien­tes, y entre objetivos militares y no militares, de tal manera que sus acciones no pueden afectar a aquellas personas o a aquellos bienes que no contribuyen a la dinámica de la guerra. Además, en el caso de los bienes culturales, el sustento constitucional es todavía más claro, pues la Carta señala que el Estado debe proteger las riquezas culturales y el patrimonio cultural de la Nación.
MECANISMOS ESPECIALES DE PROTECCION Y TRANSPORTE-Salvaguardia de los bienes culturales en situaciones de conflicto armado
Los mecanismos especiales de protección y transporte en manera alguna violan la Constitución, puesto que son simplemente instrumentos para lograr una salvaguardia efectiva de los bienes culturales en las situaciones de conflicto armados. Además, las exigencias que se establecen a los Estados son razonables, pues de no ser cumplidas, las necesidades de la guerra harían muy difícil asegurar la inmunidad de los bienes culturales. En efecto, no es posible olvidar que el derecho internacional humanitario, que parte del doloroso reconocimiento de la existencia de conflictos bélicos, busca un difícil equilibrio entre la lógica de la guerra y las razones humanitarias, por lo cual la protección de los bienes culturales debe hacerse dentro del marco de las propias necesidades de la guerra, así como los operativos bélicos deben adelantarse dentro de los espacios normativos delimitados por el derechos humanitario.
DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO-Mecanismos de mediación y verificación
Los acuerdos especiales de derecho humanitario, los mecanismos internacionales de verificación del cumplimiento de las normas humanitarias, como la llamada Comisión Internacional de Encuesta la institución de las Potencias protectoras y sus sustitutos, y la existencia de instancias de mediación entre las partes enfrentadas en un conflicto bélico, se ajustan perfectamente a la Carta y son aplicables también en los conflictos armados internos que se desarrollen en el territorio colombiano[1]. En efecto, esos mecanismos, como no sólo no representan un riesgo para la soberanía del Estado colombiano, sino que, además, las gestiones de estas entidades puede ser fundamental para que el derecho internacional humanitario tenga eficacia práctica y no simplemente una validez normativa. En efecto, la experiencia internacional enseña que la participación de estas instituciones en tareas de verificación sobre el cumplimiento efectivo de las normas humanitarias puede Potenciar no sólo la humanización de los conflictos armados sino también favorecer la búsqueda de la paz.
CONVENIO DE DERECHO HUMANITARIO-Deber de divulgación/BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD-Normas de derecho humanitario
No sólo este tratado sino todos los convenios de derechos humanitario confieren especial trascendencia a la labor de divulgación de las normas humanitarias, no sólo entre las partes enfrentadas sino también entre la población civil, para que esta última conozca sus derechos frente al conflicto armado. Además, en la medida en que las normas humanitarias hacen parte del bloque de constitucionalidad, se debe entender no sólo que el Estado debe divulgarlas sino que su estudio es obligatorio en las instituciones educativas. En particular, la Corte encuentra indispensable el conocimiento por parte de los miembros de la Fuerza Pública de las normas humanitarias, no sólo por ser ellos naturales destinatarios de esta normatividad sino, además, porque la propia Constitución señala que se les deberá impartir la enseñanza de los derechos humanos.
Referencia: Expediente L.A.T.-096
Revisión constitucional de “Convención para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado”, el “Reglamento para la aplicación de la Convención” y el “Protocolo para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado”, firmados en La Haya el 14 de mayo de mil novecientos cincuenta y cuatro 1954 y de la Ley aprobatoria No 340 del 26 de diciembre de 1996, por medio de la cual se aprueba dicho Protocolo.
Protección de bienes culturales en situaciones de conflicto armado.
De la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República se recibió fotocopia auténtica de la Ley No 340 del 26 de diciembre de 1996, "por medio de la cual se aprueban la “Convención para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado”, el “Reglamento para la aplicación de la Convención” y el “Protocolo para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado”, firmados en La Haya el 14 de mayo de mil novecientos cincuenta y cuatro 1954”, proceso que fue radicado con el No L.A.T.-096. Cumplidos, como están, los trámites previstos en la Constitución y en el Decreto No. 2067 de 1991, procede la Corte a decidir el asunto por medio de esta sentencia.
Ley No 340 26 DIC. 1996
POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBAN LA “CONVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES EN CASO DE CONFLICTO ARMADO”, EL “REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DE LA CONVENCIÓN” Y EL “PROTOCOLO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES EN CASO DE CONFLICTO ARMADO”, FIRMADOS EN LA HAYA EL 14 DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 1954”.
Vistos los textos de la “Convención para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado” el “Reglamento para la aplicación de la convención” y el “Protocolo para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado”, firmados en La Haya el 14 de mayo de mil novecientos cincuenta y cuatro 1954.
(Para ser transcrito: se adjunta fotocopia de los textos íntegros de los instrumentos internacionales mencionados, debidamente autenticados por la Jefe de la Oficina Jurídica (E), del Ministerio de Relaciones Exteriores).
ACTA FINAL DE LA CONFERENCIA INTERGUBERNAMENTAL SOBRE LA PROTECCION DE LOS BIENES CULTURALES EN CASO DE CONFLICTO ARMADO, LA HAYA, 1954
La conferencia convocada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Culturales, con objeto de preparar y aprobar una Convención para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado, un Reglamento para la Aplicación de dicha Convención, un Protocolo relativo a la Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado.
Se ha reunido en La Haya por invitación del Gobierno de los Países Bajos desde el 21 de abril al 14 de mayo de 1954 y deliberando sobre proyectos preparados por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
La Convención de La Haya para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado y el Reglamento para la Aplicación de dicha Convención, y un Protocolo para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado.
Considerando que la conservación del patrimonio cultural presenta una gran importancia para todos los pueblos del mundo y que conviene que ese patrimonio tengan una protección internacional;
DISPOSICIONES GENERALES SOBRE LA PROTECCION
a) Los bienes, muebles, o inmuebles que tengan una gran importancia para el patrimonio cultural de los pueblos, tales como los monumentos de arquitectura, de arte o de historia, religiosos o seculares, los campos arqueológicos, los grupos de construcciones que por su conjunto ofrezcan un gran interés histórico o artístico, las obras de arte, manuscritos, libros y otros objetos de interés histórico, artístico o arqueológico, así como las colecciones científicas y las colecciones importantes de libros, de archivos o de reproducciones de los bienes antes definidos;
b) Los edificios cuyo destino principal y efectivo sea conservar o exponer los bienes culturales muebles definidos en el apartado a), tales como los museos, las grandes bibliotecas, los depósitos de archivos, así como los refugios destinados a proteger en caso de conflictos armado los bienes culturales muebles definidos en el apartado a);
c) Los centros que comprendan un número considerable de bienes culturales definidos en los apartados a) y b), que se denominarán “centros monumentales”.
1. Las Altas Partes Contratantes se comprometen a respetar los bienes situados tanto en su propio territorio como en el de las otras Altas Partes Contratantes, absteniéndose de utilizar esos bienes, sus sistemas de protección y sus proximidades inmediatas para fines que pudieran exponer dichos bienes a destrucción o deterioro en caso de conflicto armado, y absteniéndose de todo acto de hostilidad respecto de tales bienes.
2. Las obligaciones definidas en el párrafo 1º del presente artículo no podrán dejar cumplirse más que en el caso de que una necesidad militar impida de manera imperativa su cumplimiento.
3. Las Altas Partes Contratantes se comprometen además a prohibir, a impedir y a hacer cesar, en caso necesario, cualquier acto de robo, de pillaje, de ocultación apropiación de bienes culturales, bajo cualquier forma que se practique, así como todos los actos de vandalismo respecto de dichos bienes. Se comprometen también a no requisar bienes culturales muebles situados en el territorio de otra Alta Parte Contratante.
5. Ninguna de las Altas Partes Contratantes puede desligarse de las obligaciones estipuladas en el presente artículo, con respecto a otra Alta Parte Contratante, pretextando que esta última no hubiera aplicado las medidas de salvaguardia establecidas en el artículo 3º.
1. Las Altas Partes Contratantes que ocupen total o parcialmente el territorio de otra Alta Parte Contratante deben en la medida de lo posible, prestar su apoyo a las autoridades nacionales competentes del territorio ocupado a fin de asegurar la salvaguardia y la conservación de los bienes culturales de ésta.
2. Si para la conservación de los bienes culturales situados en el territorio ocupado que hubiesen sido damnificados en el curso de operaciones militares, fuera precisa una intervención urgente y las autoridades nacionales competentes no pudieran encargarse de ella, la Potencia ocupante adoptará, con la mayor amplitud posible y en estrecha colaboración con esas autoridades, las medidas más necesarias de conservación.
3. Cada Altas Parte Contratante cuyo Gobierno sea considerado por los miembros de un movimiento de resistencia como su Gobierno legítimo, señalará a éstos, si ello es hacedero, la obligación de observar las disposiciones de esta Convención relativas al respeto de los bienes culturales.
2. Se comprometen asimismo a preparar o establecer en tiempo de paz y en el seno sus unidades militares, servicios o personal especializado cuya misión consista en velar por el respeto a los bienes culturales y colaborar con las autoridades civiles encargadas de la salvaguarda de dichos bienes.
DE LA PROTECCION ESPECIAL
1. Podrán colocarse bajo protección especial un número restringido de refugios destinados a preservar los bienes culturales muebles en caso de conflicto armado, de centros monumentales y otros bienes culturales inmuebles de importancia muy grande, a condición que:
a) Se encuentren a suficiente distancia de un gran centro industrial o de cualquier objetivo militar importante considerado como punto sensible, como por ejemplo un aeródromo, una estación de radio, un establecimiento destinado a trabajos de defensa nacional, un puerto o una estación ferroviaria de cierta importancia o una gran línea de comunicaciones;
b) No sean utilizadas para fines militares.
4. No se considerará como utilización para fines militares la custodia de uno de los bienes culturales enumerados en el párrafo 1º por guardas armados, especialmente habilitados para dicho fin, ni la presencia cerca de ese bien cultural de fuerzas de policía normalmente encargadas de asegurar el orden público.
5. Si uno de los bienes culturales enumerados en el párrafo 1º del presente artículo está situado cerca de un objetivo militar importante en el sentido de ese párrafo, se le podrá colocar bajo protección especial siempre que la Alta Parte Contratante que lo pida se comprometa a no hacer uso ninguno en caso de conflicto armado del objetivo en cuestión, y especialmente, si se tratase de un puerto, de una estación ferroviaria de un aeródromo, a desviar del mismo todo tráfico. En tal caso, la desviación debe prepararse en tiempo de paz.
6. La protección especial se concederá a los bienes culturales mediante su inscripción en el “Registro Internacional de Bienes Culturales bajo protección especial”. Esta inscripción no podrá efectuarse más que conforme a las disposiciones de la presente Convención y en las condiciones previstas en el Reglamento para su aplicación.
Inmunidad de los Bienes Culturales Bajo Protección Especial
Las Altas Partes Contratantes se comprometen a garantizar la inmunidad de los bienes culturales bajo protección especial absteniéndose, desde el momento de la inscripción en el Registro Internacional, de cualquier acto de hostilidad respecto a ellos salvo lo establecido en el párrafo 5º del artículo 8º y de toda utilización de dichos bienes de sus proximidades inmediatas con fines militares.
Señalamiento y vigilancia
1. Si una de las Altas Partes Contratantes cometiere, con relación a un bien cultural bajo protección especial, una violación del compromiso adquirido en virtud del artículo 9º, la Parte adversa queda desligada, mientras la violación subsista, de su obligación de asegurar la inmunidad de dicho bien. Sin embargo, siempre que le sea posible pedirá previamente que cese dicha violación dentro de un plazo razonable.
2. A reserva de lo establecido en el párrafo 1º del presente artículo, sólo podrá suspenderse la inmunidad de un bien cultural bajo la protección especial en casos excepcionales de necesidad militar ineludible y mientras subsista dicha necesidad. La necesidad no podrá ser determinada más que por el jefe de una formación igual o superior en importancia a una división. Siempre que las circunstancias lo permitan, la decisión de suspender la inmunidad se notificará a la parte adversaria con una antelación razonable.
3. La Parte que suspenda la inmunidad deberá en el plazo más breve posible, notificarlo, por escrito, especificando las razones, al Comisario General de Bienes Culturales previsto en el Reglamento para la aplicación de la Convención.
Transporte Bajo Protección Especial
Transporte en casos de urgencia
1. Si una de las Altas Partes Contratantes considerase que la seguridad de determinados bienes culturales exige su traslado y que no puede aplicarse el procedimiento establecido en el artículo 12 por existir una situación de urgencia, especialmente al estallar un conflicto armado, se podrá utilizar en el transporte el emblema descrito en el artículo 16, a menos que previamente se haya formulado la petición de inmunidad prevista en el artículo12 y haya sido rechazada. Dentro de lo posible, el traslado deberá ser notificado a las partes adversarias. Sin embargo, en el transporte al territorio de otro país no se podrá en ningún caso utilizar el emblema a menos que se haya concedido expresamente la inmunidad.
2. Las Altas Partes Contratantes tomarán en la medida de sus posibilidades, las precauciones necesarias para que los transportes amparados por el emblema a que se refiere el párrafo 1º del presente artículo sean protegidos contra actos hostiles.
Inmunidad de Embargo, de Captura y de Presa
a) Los bienes culturales que gocen de la protección prevista en el artículo 12 o de la que prevé el artículo 13.
En interés de los bienes culturales, se respetará en la medida en que sea compatible con las exigencias de la seguridad, al personal encargado de la protección de aquellos, si ese personal cayere en manos de la parte adversa se le permitirá que continúe ejerciendo sus funciones, siempre que los bienes culturales a su cargo hubieren caído también en manos de la parte adversaria.
Emblema de la Convención
d) Las tarjetas de identidad prevista en el Reglamento de aplicación de la Convención.
3. En caso de conflicto armado queda prohibido el empleo del emblema en otros casos que no sean los mencionados en los párrafos precedentes del presente artículo, queda también prohibido utilizar para cualquier fin un emblema parecido al de la Convención.
4. No podrá utilizarse el emblema para la identificación de un bien cultural inmueble mas que cuando vaya acompañado de una autorización, fechada y firmada de la autoridad competente de la Alta Parte Contratante.
CAMPO DE APLICACIÓN DE LA CONVENCION
Conflictos de carácter no internacional
1. En caso de conflicto armado que no tenga carácter internacional y que haya surgido en el territorio de una de las Altas Partes Contratantes, cada una de las partes en conflicto estará obligada a aplicar, como mínimo, las disposiciones de esta Convención, relativa al respeto de los bienes culturales.
4. La aplicación de las precedentes disposiciones no producirán efecto alguno sobre el estatuto jurídico de las partes en conflicto.
DE LA APLICACIÓN DE LA CONVENCION
Reglamento para la Aplicación
2. A este efecto, cada una de las Potencias protectoras podrá, a petición de una de las partes o del Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, o por propia iniciativa, proponer a las partes en conflicto una reunión de sus representantes, y en particular, de las autoridades encargadas de la protección de los bienes culturales, que podrá celebrarse eventualmente en un territorio neutral que resulte conveniente escoger al efecto. Las Partes en conflicto estarán obligadas a poner en práctica las propuestas en reunión que se les hagan. Las Potencias Protectoras propondrán a las partes en conflicto, para su aprobación el nombre de una personalidad súbdito de una Potencia neutral, o, en su defecto presentada por el Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Dicha personalidad será invitada a participar en esa reunión en calidad de Presidente.
Colaboración de la Unesco
Difusión de la Convención
Las Altas Partes Contratantes se comprometen a difundir lo más ampliamente posible en sus respectivos países, tanto en tiempo de paz como en tiempo de conflicto armado, el texto de la presente Convención y del Reglamento para su aplicación. En especial, se comprometen a introducir su estudio en los programas de instrucción militar, y de ser posible, en los de instrucción cívica, de tal modo que los principios puedan ser conocidos por el conjunto de la población, y en particular por las fuerzas armadas y el personal adscrito a la protección de los bienes culturales.
Traduciones e Informes
2. Sin perjuicio de cualesquiera otras funciones que le confiera la presente Convenio o el Reglamento para su aplicación, la reunión estará facultada para estudiar los problemas relativos a la interpretación o a la aplicación de la Convención y de su Reglamento y formular las recomendaciones pertinentes a ese propósito.
Las Altas Partes Contratantes se comprometen a tomar, dentro del marco de su sistema de derecho penal, todas las medidas necesarias para descubrir y castigar con sanciones penales o disciplinarias a las personas cualquiera que sea su nacionalidad, que hubieren cometido u ordenado que se cometiera una infracción de la presente Convención.
1. La presente Convención está redactada en español, francés, inglés y ruso; los cuatro textos, son igualmente fidedignos.
2. Las Organizaciones de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura se encargará de realizar las traducciones a los demás idiomas oficiales de su Conferencia General.
A partir de la fecha de su entrada en vigor, la presente Convención quedará abierta a la adhesión de todos los Estados no signatarios a los que se hace referencia en el artículo 29 (sic)[2], así como a cualquier otro Estado invitado a adherirse a ella por el Consejo Ejecutivo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. La adhesión se efectuará mediante el depósito de un instrumento de adhesión ante el Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
2. Ulteriormente, la Convención entrará en vigor para cada una de las demás Altas Partes Contratantes tres meses después de la fecha en que hubieren depositado el respectivo instrumento de ratificación de adhesión.
2. Para todos aquellos Estados que depositaren su instrumento de ratificación o de adhesión después de la fecha de entrada en vigor de la Convención, el plazo será de seis meses a contar desde la fecha del depósito del instrumento de ratificación de adhesión.
Extensión de la Convención a otros territorios
Cualquiera de las Altas Partes Contratantes podrá en el momento de la ratificación o de la adhesión, o en cualquier otro momento ulterior, declarar mediante notificación dirigida al Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que la presente Convención se hará extensiva al conjunto o a uno cualquiera de los territorios de cuyas relaciones internacionales sea responsable. Dicha notificación producirá efecto tres meses después de la fecha de su recepción.
Relación con las Convenciones anteriores
1. En las relaciones entre las Potencias que estén obligadas por las Convenciones de La Haya relativas a las leyes y uso de la guerra terrestre (IV) y a los bombardeos por fuerzas navales en tiempo de guerra (IX), ya se trate de las del 29 de julio de 1899 o de las del 18 de octubre de 1907, y que sean partes de la presente Convención, esta última completará la anterior Convención (IX) y el Reglamento anexo a la Convención (IV) y se reemplazará el emblema descrito en el artículo 5º de la Convención (IX) por el descrito en el artículo 16 de la presente Convención en los casos en que ésta y el Reglamento para su aplicación, prevén el empleo de dicho emblema.
2. En las relaciones entre las Potencias que estén obligadas por el Pacto de Washington del 15 de abril de 1935 para la protección de Instituciones Artísticas y Científicas y los Monumentos Históricos (Pacto Roerich) y que sean también partes en la presente Convención, esta última completará el Pacto Roerich y se reemplazará la bandera distintiva adscrita en el artículo 3º del Pacto por el emblema descrito en el artículo 16 de la presente Convención, en los casos en que ésta y el Reglamento para su aplicación prevén el empleo de dicho emblema.
El Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura informará a los Estados que se hace referencia en los artículos 30 y 32, así como a las Naciones Unidas, del depósito de todos los instrumentos de ratificación de adhesión o de aceptación previstos en los artículos 31, 32 y 39 y de las notificaciones y denuncias previstas respectivamente en los artículos 35, 37 y 39.
Revisión de la convención y del reglamento para su aplicación
1. Cada una de las Altas Partes Contratantes puede proponer modificaciones a la presente Convención y al Reglamento para su aplicación. Cualquiera modificación así propuesta será transmitida al Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, quien la comunicará a cada una de las Altas Partes Contratantes solicitando, al mismo tiempo, que éstas le hagan saber, dentro de un plazo de cuatro meses.
2. El Director General transmitirá las respuestas recibidas en cumplimiento del párrafo 1º del presente artículo a todas las Altas Partes Contratantes.
3. Si la totalidad de las Altas Partes Contratantes que hayan respondido en el plazo previsto a la petición del Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, conforme al apartado b) del párrafo 1º del presente artículo, informan al Director General que están de acuerdo en adoptar la modificación sin que se reúna una conferencia, el Director General notificará dicha decisión según lo dispuesto en el artículo 38. La modificación tendrá efecto, respecto a todas las Altas Partes Contratantes, después de un plazo de noventa días a contar de la fecha de dicha notificación.
5. Las propuestas de modificaciones de la Convención y del Reglamento para su aplicación que sean objeto del procedimiento establecido en el párrafo precedente, sólo entrarán en vigor cuando hayan sido adoptadas unánimemente por las Altas Partes Contratantes representadas en la conferencia, y aceptadas por cada uno de los Estados Partes en la Convención.
6. La aceptación por las Altas Partes Contratantes de las modificaciones de la Convención o del Reglamento para su aplicación que hayan sido adoptadas por la Conferencia prevista en los párrafos 4º y 5º, se efectuarán mediante el depósito de un instrumento formal ante el Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
En cumplimiento del artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, la presente Convención será registrada en la Secretaría de las Naciones Unidas a instancia del Director General de la Organización de las Naciones para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
DE LA VIGILANCIA E INSPECCION
Lista internacional de personalidades
Organización de la vigilancia y la inspección
b) La Potencia protectora de cada Potencia adversaria de esa Alta Parte Contratante designará delegados ante esta última, con arreglo a lo previsto en el artículo 3º del Reglamento;
c) Se designará un Comisario General de Bienes Culturales ante esa Alta Parte, con arreglo a la forma prevista en el artículo 4º del Reglamento.
Designación de delegados de las Potencias Protectoras
La Potencia protectora escogerá sus delegados entre los miembros de su cuerpo diplomático o consular o, previo asentimiento de la Parte ante la cual haya de estar acreditados, entre otras personas.
Designación del Comisario General
Atribuciones de los delegados
Atribuciones del Comisario General
2. Podrá tomar decisiones y hacer nombramiento en los casos previstos en el presente Reglamento.
5. Preparará los informes necesarios sobre la aplicación de la Convención y los comunicará a las Partes interesadas y a sus Potencias protectoras. Remitirá copias al Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, el cual sólo podrán utilizar los datos técnicos.
Inspectores y expertos
Ejercicio de la misión de vigilancia
Substitutos de las Potencias protectoras
Si una de las Partes en conflicto no cuenta con los servicios de una Potencia protectora, o deja de contar con ellos, podrá pedir a un Estado neutral que asuma las funciones de Potencia protectora a los efectos de designar un Comisario General de Bienes Culturales según el procedimiento previsto en el artículo 4º. El Comisario General así designados podrá confiar a los inspectores las funciones de delegados de las Potencias protectoras determinadas por el presente Reglamento.
3. En cuanto dichos delegados hayan manifestado su acuerdo o una vez transcurrido el plazo de 30 días sin que ninguno de los delegados interesados haya manifestado su oposición, y si el refugio improvisado reúne, en opinión del Comisario General, las condiciones previstas en el artículo 8º de la Convención, el Comisario General solicitará del Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura la inscripción del refugio en el Registro de Bienes Culturales bajo protección especial.
Registro Internacional de Bienes Culturales bajo Protección Especial
1. Se establecerá un “Registro Internacional de Bienes Culturales bajo Protección Especial”.
1. Cada una de las Altas Partes Contratantes podrá pedir al Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura la inscripción en el Registro de determinados refugios, centros monumentales y otros bienes culturales inmuebles sitos (sic) en su territorio. Las peticiones contendrán indicaciones sobre el emplazamiento de dichos bienes y certificará que éstos reúnan las condiciones previstas en el artículo 8º de la Convención.
2. En el caso de ocupación, la Potencia ocupante podrá formular la petición de inscripción.
a) Que el bien que se trate no sea un bien cultural;
b) Que no se cumplan las condiciones mencionadas en el artículo 8º de la Convención.
3. El Director General enviará sin demora copia de la carta de la oposición a las Altas Partes Contratantes. En caso necesario, solicitará el asesoramiento del Comité Internacional de Monumentos, lugares de interés artístico e histórico y excavaciones arqueológicas, y además, si lo juzgare conveniente, de cualquier otro organismo o personalidad calificados para ello.
4. El Director General o la Alta Parte Contratante que haya pedido la inscripción podrán hacer todas las gestiones oportunas ante las Altas Partes Contratantes que hayan formulado su oposición, para que desistan de ella.
5. Si una de las Altas Partes Contratantes que hubiese solicitado en tiempo de paz la inscripción de un bien cultural en el registro participase de un conflicto armado antes de haberse efectuado dicha inscripción, el bien cultural de que se trate será inscrito inmediatamente por el Director General en el registro, a título provisional, en espera de la confirmación, desistimiento o anulación de cualquier procedimiento de oposición que pudiera o hubiese podido ser iniciado.
6. Si en un plazo de seis meses contados desde la fecha en que recibió la carta de oposición, el Director General no recibe de la Alta Parte Contratante que formuló la oposición una comunicación notificándole que ha desistido de la misma, la Alta Parte Contratante que haya presentado la petición de inscripción podrá recurrir al procedimiento de arbitraje previsto en el párrafo siguiente.
7. La petición de arbitraje deberá formularse a más tardar, un año después de la fecha en que el Director General haya recibido la carta de oposición. Cada una de las dos Partes en controversia designará un árbitro. En el caso de que una petición de inscripción hubiere sido objeto de más de una oposición, las Altas Partes Contratantes que hubiesen formulado la oposición designarán conjuntamente un árbitro. Los dos árbitros elegirán un arbitro-presidente de la lista internacional de personalidades previstas en el artículo primero del presente Reglamento, si los árbitros no pudiesen llegar a ponerse de acuerdo para hacer esa elección, pedirán al Presidente de la Corte Internacional de Justicia que designe un árbitro-presidente, quien no será necesario que figure en la lista internacional de personalidades. El tribunal arbitral así formado fijará su propio procedimiento y sus decisiones serán inapelables.
8. Cada una de las Altas Partes Contratantes puede declarar, en el momento en que se inicie una controversia en la cual sea ella Parte, que no desea aplicar el procedimiento de arbitraje previsto en el párrafo precedente. En ese caso, la oposición a la petición de inscripción se someterá por el Director General de las Altas Partes Contratantes. Sólo se mantendrá la oposición si las Altas Partes Contratantes lo deciden por una mayoría de dos tercios de votantes. La votación se efectuará por correspondencia, a menos que el Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, juzgando indispensable la convocatoria de una reunión en virtud de los poderes que le confiere el artículo 27 de la Convención, procediese a convocarla. Si el Director General decide que se vote por correspondencia invitará a las Altas Partes Contratantes a que le envíen su voto bajo sobre sellado, en un plazo de seis meses a partir del día en que se les hayan dirigido la invitación correspondiente.
1. El Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura hará inscribir en el registro, bajo un número de orden, cada uno de los bienes con respecto a los cuales se hubiese hecho una petición de inscripción, siempre que esa petición no hubiese sido objeto de oposición en el plazo previsto en el párrafo primero del artículo 14.
2. En el caso de que se hubiera formulado una oposición, y salvo lo dispuesto en el párrafo 5º del artículo 14, el Director General no procederá a la inscripción del bien cultural en el registro más que si la oposición ha sido retirada o si no hubiese sido confirmada después de los procedimientos previstos en el párrafo 7º del artículo 14 o en el párrafo 8º del mismo artículo.
3. Siempre que sea aplicable el párrafo 3º del artículo 11, el Director General procederá a la inscripción, a requerimiento del Comisario General de bienes Culturales.
b) Cuando la alta Parte Contratante que hubiere solicitado la inscripción hubiese denunciado la Convención, y a partir del momento en que surta efecto tal denuncia:
c) En el caso especial previsto por el párrafo 5º del artículo 14, cuando se haya confirmado una oposición, como consecuencia de los procedimientos previstos en el párrafo 7º del artículo 14 o en el párrafo 8º del mismo artículo.
Procedimiento para obtener la inmunidad
1. La petición a que se refiere el párrafo primero del artículo 12 de la Convención deberá dirigirse al Comisario General de Bienes Culturales. En ella se mencionarán las razones que la motiva, detallándose el número aproximado y la importancia de los bienes culturales que hayan de ser trasladados, el lugar donde se encuentren, el lugar adonde hayan de ser trasladados, los medios de transportes, el itinerario proyectado, la fecha propuesta para su traslado y cualquiera otros datos pertinentes.
a) Durante la permanencia de los bienes culturales en el territorio de otro Estado, éste será el depositario de los mismos y presentará a dichos bienes iguales cuidados, por lo menos, que a sus propios bienes culturales de importancia similar;
b) El Estado depositario no devolverá esos bienes más que una vez terminado el conflicto; esa devolución se efectuará dentro del plazo de seis meses a contar desde la fecha en que se pida;
d) La petición de protección especial deberá indicar que el Estado a cuyo territorio haya de efectuarse, el traslado acepta las disposiciones del presente artículo.
Cuando una Alta Parte Contratante que ocupe el territorio de otra Alta Parte Contratante trasladare bienes culturales a un refugio situado en otro punto de este territorio, sin poder observar el procedimiento previsto en el artículo 17 del Reglamento, dicho traslado no se considerará como ocultación o apropiación en el sentido del artículo 4º de la Convención, si el Comisario General certifica por escrito, previa consulta con el personal normal de protección, que las circunstancias hacen necesario ese traslado.
Colocación del emblema
1. Las personas a que se refieren los apartados b) y c) párrafo segundo del artículo 17 de la Convención, podrán llevar un brazalete con el emblema, expedido y sellado por las autoridades competentes.
2. Serán portadores de una tarjeta especial de identidad en la que figure el emblema. Esta tarjeta mencionará, por lo menos, el nombre y apellidos, la fecha de nacimiento, el título o grado, y la función del interesado. La tarjeta llevará una fotografía del titular del interesado. La tarjeta llevará una fotografía del titular y su firma o sus huellas digitales, o ambas cosas. Ostentará además el sello en seco de la autoridades competentes.
para el personal encargado de la protección de los bienes culturales
Fecha de expedición de la tarjeta
Sello en seco de la autoridad que expida la tarjeta
Talla Ojos Cabellos
Otras señales personales
1. Cada una de las Altas Partes Contratantes se comprometen a impedir la exportación de bienes culturales de un territorio ocupado por ella durante un conflicto armado. Dichos bienes culturales se encuentran definidos en el artículo primero de la Convención para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado, firmado en la Haya el 14 de mayo de 1954.
2. Cada una de las Altas Partes Contratantes se comprometen a colocar bajo secuestro los bienes culturales importados en su territorio, que procedan directa o indirectamente de cualquier territorio ocupado. Este secuestro se declarará, bien de oficio en el momento de la importación, o, en otro caso, a petición de las autoridades de dicho territorio.
3. Cada una de las Altas Partes Contratantes se comprometen a devolver, al término de las hostilidades, a las autoridades competentes del territorio anteriormente ocupado, los bienes culturales que se encuentren en el suyo, si dichos bienes han sido exportados en contravención del principio establecido en el párrafo primero. En ningún caso los bienes culturales podrán retenerse a título de reparaciones de guerra.
4. La Alta Parte Contratante que tuviera la obligación de impedir la exportación de bienes culturales del territorio ocupado por ella, deberá indemnizar a los poseedores de buena fe de los bienes culturales que hayan de ser devueltos con arreglo a lo dispuesto en el párrafo precedente.
7. a) El presente Protocolo será sometido a la ratificación de los Estados signatarios, conforme a sus procedimientos constitucionales respectivos;
8. A partir de la fecha de su entrada en vigor, el presente Protocolo estará abierto a la adhesión de todos los Estados no firmantes, a que se refiere el párrafo 6º, así como a la de cualquier otro Estado invitado a adherirse al mismo por el Consejo Ejecutivo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. La adhesión se verificará mediante el depósito de un instrumento de adhesión ante el Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
9. Los Estados a los que hacen referencia los párrafos 6º y 8º podrán, en el acto de la firma, de la ratificación o de la adhesión, declarar que no se consideran ligados por las disposiciones de la Sección I o por los de la Sección II del presente protocolo.
b) Posteriormente, entrará en vigor para cada Alta Parte Contratante tres meses después del depósito de su instrumento de ratificación de adhesión;
c) Las situaciones previstas en los artículos 18 y 19 de la Convención para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado, firmada en La Haya en 14 de mayo de 1954, darán inmediato efecto a las ratificaciones y a las adhesiones depositadas por la Parte en conflicto antes o después del comienzo de las hostilidades o de la ocupación. El Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura comunicará estas ratificaciones o adhesiones por la vía más rápida.
11. a) Los Estados Partes en el Protocolo en la fecha de su entrada en vigor, tomarán cada uno en aquello que le concierna, todas las medidas requeridas para su aplicación efectiva en un plazo de seis meses.
b) Ese plazo será de seis meses, contados a partir del depósito del instrumento de ratificación o de adhesión, para todos los Estados que depositasen sus instrumentos de ratificación de adhesión después de la fecha de entrada en vigor del Protocolo.
c) La denuncia será efectiva un año después de la recepción del instrumento de denuncias. Sin embargo, si en el momento de la expiración de ese año la Parte denunciante se encontrase implicada en un conflicto armado, los efectos de la denuncia quedarán en suspenso hasta el fin de las hostilidades y, en todo caso, mientras duren las operaciones de repatriación de los bienes culturales.
14. El Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, informará a los Estados a que hacen referencia los párrafos 6º y 8º, así como a la organización de las Naciones Unidas, del depósito de todos los instrumentos de ratificación, de adhesión o de aceptación mencionados en los párrafos 7º, 8º y 15, lo mismo que las modificaciones y denuncias previstas respectivamente en los párrafos 12 y 13.
c) Las modificaciones al presente Protocolo no estarán en vigor más que después de adoptadas por unanimidad por las Altas Partes Contratantes representadas en la Conferencia y de haber sido aceptadas por cada una de las Altas Partes Contratantes;
d) La aceptación por las Altas Partes Contratantes de las modificaciones al presente Protocolo que hayan sido adoptadas por la Conferencia a la que se refieren los apartados b) y c), se llevará a efecto por el depósito de un instrumento formal ante el Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura;
e) Después de la entrada en vigor de las modificaciones al presente Protocolo, sólo este texto modificado permanecerá abierto para la ratificación o adhesión.
En fe de lo cual los infrascritos, debidamente autorizados, han firmado el presente Protocolo.
Hecho en La Haya el catorce de mayo de mil novecientos cincuenta y cuatro, en español, en francés, en inglés en ruso, haciendo fe por igual los cuatro textos, en un solo ejemplar que e depositará en los archivos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y cuyas copias certificadas y conformes se remitirán a todos los Estados a que se refieren los párrafos 6º y 8º, así como a la Organización de las Naciones Unidas.
RESOLUCION I
La Conferencia formula el voto de que los órganos competentes de las Naciones Unidas decidan que, en caso de acción militar emprendida en cumplimiento de su Carta, las fuerzas armadas que participaren en dicha acción apliquen las disposiciones de la Convención.
La Conferencia formula el voto de que cada una de las Altas Partes Contratantes al adherirse a la Convención, cree, de acuerdo con su sistema constitucional y administrativo, un Comité Consultivo Nacional, compuesto de un reducido número de personalidades, como por ejemplo: altos funcionarios de los servicios arqueológicos, de museos, etc., un representante del Alto Estado Mayor, un representante del Ministerio de Negocios Extranjeros, un especialista de derecho Internacional y dos o tres miembros más, cuyas funciones y competencias guarden relación con las distintas cuestiones a que se refiere la Convención.
Este Comité, que funcionaría dependiente de la autoridad del Ministerio o del jefe de los servicios nacional encargados de la custodia de los bienes culturales, podría tener principalmente las atribuciones siguientes:
a) Asesorar al Gobierno respecto a las medidas necesarias para la aplicación de la Convención en sus aspectos legislativos, técnico o militar, en tiempo de paz o de conflicto armado;
RESOLUCION III
para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
La suscrita Jefe, encargada de la Oficina Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores,
Que la presente reproducción es fiel fotocopia tomada del texto certificado de la “Convención para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado”, el “Reglamento para la aplicación de la Convención” y el Protocolo para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado”, firmados en La Haya el 14 de mayo de mil novecientos cincuenta y cuatro (1954), documentos que reposan en los archivos de la Oficina Jurídica de este Ministerio.
Dada en Santafé de Bogotá, D.C., a los diecinueve (19) días del mes de marzo de mil novecientos noventa y seis (1996).
Santafé de Bogotá, D.C., 15 de enero de 1996
(Firmado) Rodrigo Pardo García-Peña.
Artículo 1º. Apruébanse la “Convención para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado”, el “Reglamento para la aplicación de la Convención” y el “Protocolo para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado”, firmados en La Haya el 14 de mayo de 1954.
Artículo 2º. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 7º de 1944, la “Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado”, el “Reglamento para la Aplicación de la Convención” y el “Protocolo para la Protección de los Bienes Culturales en Caso de Conflicto Armado”, firmado en La Haya el 14 de mayo de 1954, que por el artículo 1º de esta ley se aprueban, obligarán al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto de los mismos.
Dada en Santafé de Bogotá, D.C., a los 26 DIC. 1996
OLGA DUQUE DE OSPI NA
III- INTERVENCIÓN DE AUTORIDADES
La ciudadana Blanca Lucía González Ríos, en representación del Ministerio de Relaciones Exteriores, interviene en el proceso y defiende la constitucionalidad de los convenios revisados. Luego de mostrar la importancia de que los bienes culturales sean protegidos durante las confrontaciones armadas, la ciudadana reseña los diversos intentos de la comunidad internacional en este campo, los cuáles se concretan en la presente convención, que “se fundamenta en la idea de que la conservación del patrimonio cultural no es un asunto sólo concerniente al Estado en cuyo territorio se encuentran los bienes culturales, sino que conservar el patrimonio común de la humanidad es un problema cuyo interés rebasa las fronteras nacionales.”
Luego la ciudadana analiza en detalle el contenido de la Convención y del Protocolo, y concluye que éstas armonizan con la Carta, por lo cual considera que “la declaratoria de exequibilidad de la ley 340 de 1996 y de los instrumentos internacionales que aprueba es, sin lugar a dudas, un paso importante en favor de la conservación y preservación del patrimonio arqueológico, artístico, histórico y cultural del país.”
El señor Ricardo Wilches Rojas, Defensor del Pueblo (E), interviene en el proceso y defiende la constitucionalidad del tratado revisado. Según su criterio, es de “gran importancia que Colombia sea Estado Parte en la Convención mencionada porque, de esta manera se consolida la voluntad internacional referida a la protección de los bienes culturales que son patrimonio de la humanidad.” Además, añade el Defensor, de esa manera se fortalece en el plano interno la protección constitucional que sobre los bienes culturales consagró la Asamblea Nacional Constituyente. Este aumento de la protección a los bienes culturales se justifica por cuanto ellos “han resultado destruidos por los efectos devastadores del conflicto armado, pero aún de mayor gravedad cuando los elementos bélicos son mas desarrollados, quedando expuestos cada día los bienes culturales a su inminente destrucción.”
En su concepto de rigor, el Procurador General de la Nación, Jaime Bernal Cuéllar, solicita a la Corte que declare exequibles los instrumentos internacionales revisados y su ley aprobatoria.
La Vista Fiscal comienza por analizar el proceso de aprobación del tratado y de la ley, y concluye que estos tramites fueron efectuados en forma regular, si bien es necesario que la Corte verifique si hubo quórum decisorio en el primer debate en el Senado. Luego el Procurador analiza la finalidad y el contenido material de los instrumentos internacionales bajo revisión, los cuáles, según su criterio, “se fundamentan, por un lado en el supuesto de que el patrimonio cultural de la humanidad no es un asunto que concierne únicamente al Estado en cuyo territorio se encuentran esta clase de bienes, y por el otro, en la idea según la cual dicha conservación de planificarse y organizarse en tiempos de paz, mediante las oportunas medidas nacionales de aplicación de las normas convencionales”, finalidades que encuentran pleno sustento constitucional, pues la Carta reconoce y protege ampliamente los bienes culturales. En efecto, señala el Procurador, “el Constituyente de 1991 hizo un reconocimiento de nuestro patrimonio cultural, elevando a norma constitucional numerosas disposiciones de carácter legal y de principios consagrados en tratados internacionales, en las cuales se determina la naturaleza jurídica y le señala al Estado funciones y deberes para la defensa del mismo, cuyos contenidos son el fundamento para valorar e interpretar el instrumento adoptado para la legislación interna, mediante la Ley 340 de 1996.”
1- En los términos del numeral 10 del artículo 241 de la Carta Política, esta Corte es competente para ejercer un control integral, previo y automático sobre la constitucionalidad de los proyectos de tratados internacionales y de sus leyes aprobatorias. Tal es el caso de la “Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado”, el “Reglamento para la Aplicación de la Convención”, y el “Protocolo para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado”, firmados en la Haya el 14 de mayo de 1954, y de su Ley aprobatoria 340 del 26 de diciembre de 1996. Por eso, en esta sentencia se revisará tanto la regularidad del trámite de la Ley aprobatoria, como el contenido de la misma y del Tratado.
Examen formal de la suscripción del tratado y la aprobación de la Ley 340 del 26 de diciembre de 1996
2- Según constancia del Jefe de la Oficina Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores incorporada al presente expediente (Folio 223), Colombia no suscribió el tratado bajo revisión, el cual fue firmado en la Haya el 14 de mayo de 1954. Sin embargo, consta en el presente expediente (Folios 83 y 224) que el 15 de enero de 1996 el Presidente dio su aprobación ejecutiva al presente tratado y decidió someterlo a la aprobación del Congreso (folio 224). Esta confirmación presidencial, conforme al derecho de los tratados codificado en la Convención de Viena de 1969, en su artículo 8º, subsana cualquier eventual vicio de representación del Estado. Este principio es totalmente aplicable en el derecho constitucional colombiano, puesto que corresponde al Presidente de la República, como jefe de Estado, dirigir las relaciones internacionales y celebrar con otros Estados y entidades de derecho internacional tratados o Convenios (CP art. 189 ord. 2º). Es natural entonces que la confirmación presidencial subsane los vicios de representación durante el trámite de suscripción de un tratado.
Pues bien, dentro del expediente legislativo se observa que el día 6 de mayo de 1996, el Ejecutivo presentó al Senado, a través del Ministro de Relaciones Exteriores (E), el proyecto de ley No 266 de 1996 por la cual se aprueba la “Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado”, el “Reglamento para la Aplicación de la Convención” y el “Protocolo para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado”, firmados en la Haya el 14 de mayo de 1954. El proyecto fue publicado en la Gaceta del Congreso del 7 de mayo de 1996 y se repartió a la Comisión Segunda Constitucional del Senado[3], en donde fue aprobado el 12 de mayo de 1996, con el cumplimiento del quórum exigido por la Carta[4]. Luego, se presentó y publicó la ponencia para segundo debate en el Senado[5]. La ponencia fue aprobada en la Plenaria del Senado de la República el 30 de julio de 1996[6]. Posteriormente, el proyecto se envió a la Cámara de Representantes en donde se radicó con el número 064/96 y se publicó la ponencia para primer debate, aprobada en primer debate por la Comisión Segunda Constitucional el día 18 de septiembre de 1996[7]. Más tarde se publicó la ponencia para segundo debate[8] y el proyecto fue aprobado en la Plenaria de la Cámara el día 10 de diciembre de 1996 con la asistencia de 137 Representantes[9]. Luego, el proyecto fue debidamente sancionado como Ley 340 del 26 de diciembre de 1996, tal como consta en la copia auténtica incorporada al expediente (Folio 2). La Ley fue remitida a la Corte Constitucional para su revisión mediante comunicación de enero 14 de 1997, y fue recibida por esta Corporación el 15 de enero del año en curso. (folio 1). El envío se hizo entonces dentro de los seis días hábiles previstos por la Carta, puesto que entre el 19 de diciembre de 1996 y el 12 de enero de 1997 hubo vacancia judicial.
El tratado fue entonces debidamente aprobado, por lo cual entra la Corte al examen de su contenido material.
Finalidad de los instrumentos bajo revisión (Preámbulo y artículo 1º de la Convención).
4- La presente ley aprueba diversos instrumentos internacionales íntimamente relacionados, a saber, de un lado, la Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso de conflicto armado, de otro lado, un Reglamento relativo a la aplicación de la citada Convención y, finalmente, un Protocolo y unas resoluciones, que amplían algunas de las obligaciones de los Estados en el tema y formulan recomendaciones a distintos órganos de las Naciones Unidas sobre la divulgación y aplicación de estas normas internacionales. Como se ve, todos estos documentos internacionales forman una unidad temática, pues constituyen instrumentos jurídicos para fortalecer la protección de los bienes culturales en situaciones de conflicto armado. Es más, todos los textos fueron aprobados en una misma conferencia internacional, que se desarrolló en La Haya, entre el 21 de abril y el 14 de mayo de 1954, con base en proyectos preparados por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), institución que, como se verá en esta sentencia, tiene una papel esencial en la aplicación de estos instrumentos internacionales. Es pues razonable que estos documentos internacionales hayan sido aprobados por una misma ley, por lo cual la Corte considera que no ha habido, en manera alguna, violación de la regla de la unidad de materia
5- Estos instrumentos pretenden evitar estragos innecesarios en los conflictos armados, mediante la aplicación de normas y de mecanismos de protección, que eviten daños en los bienes culturales, los cuales son definidos en el primer artículo de la Convención. Así, según esa disposición, son bienes culturales, cualquiera que sea su origen y propietario, los bienes, muebles o inmuebles, que tengan una gran importancia para el patrimonio cultural de los pueblos, los cuales pueden ser de muy diversa índole, pues puede tratarse de monumentos arquitectónicos, obras de arte, vestigios históricos, etc. Igualmente, deben incluirse en tal categoría los edificios cuyo destino principal y efectivo sea conservar o exponer los bienes culturales antes mencionados, como podría ser un museo, una biblioteca o un archivo. También deben protegerse los llamados “centros monumentales”, que son lugares que comprenden un número considerable de bienes culturales
Esta finalidad de proteger esos bienes culturales surge de una dolorosa constatación histórica, a saber, que estos objetos -que en el fondo materializan valores espirituales esenciales para el ser humano- han sufrido graves daños en los distintos conflictos armados y que, debido al perfeccionamiento de las técnicas de destrucción, se encuentran cada vez más amenazados, por lo cual resulta imperioso protegerlos, ya que, como lo señala el Preámbulo, “los daños ocasionados a los bienes culturales pertenecientes a cualquier pueblo constituyen un menoscabo al patrimonio cultural de toda la humanidad, puesto que cada pueblo aporta su contribución a la cultura mundial.” En ese orden de ideas, estos instrumentos establecen deberes para los actores en los conflictos armados, a fin de que no hagan de los bienes culturales objetivos militares, ni los utilicen como mecanismos para perfidamente obtener ventajas militares. De esa manera, se pretende sustraer estos bienes culturales de la lógica misma de la guerra, a fin de que queden amparados por el derecho internacional humanitario, y pueda prohibirse su destrucción, puesto que, tal y como esta Corte ya lo ha señalado, conforme a esta normatividad, las partes enfrentadas en un conflicto bélico no pueden elegir libremente los medios de combate, ni los objetivos de sus ataques[10]. Por ello, estos instrumentos, luego de señalar las obligaciones de los Estados en relación con los bienes culturales, establecen unos mecanismos especiales para la protección de estos bienes y para el cumplimiento de las obligaciones de las partes enfrentadas en un conflicto armado.
6- La Corte considera que la finalidad de estos instrumentos internacionales armoniza claramente con la Constitución pues es una expresión de los principios y reglas propios del derecho internacional humanitario, en el sentido amplio de esta expresión[11], los cuales, conforme lo establece la Carta, deben respetarse en todo caso (CP art. 214). Por ello esta Corporación ha señalado que esas normas se encuentran integradas al bloque de constitucionalidad y condicionan la validez de la normas de inferior jerarquía. Por ende, ninguna objeción constitucional se puede hacer al contenido general de los instrumentos internacionales bajo revisión, pues la protección de los bienes culturales es un mandato connatural a los principios del derecho humanitario, tal y como esta Corte lo señaló al declarar la exequibilidad del artículo 53 del Protocolo I y del artículo 16 del Protocolo II, normas que precisamente establecen que, sin perjuicio de las disposiciones de la Convención que la Corte revisa en la presente ocasión, queda prohibido cometer actos de hostilidad dirigidos contra los monumentos históricos, las obras de arte o los lugares de culto que constituyen el patrimonio cultural o espiritual de los pueblos, y utilizarlos en apoyo del esfuerzo militar, o tomar represalias contra tales bienes[12].
Ambito de aplicación (artículos 18 y 19 de la Convención).
7- Según los artículos 18 y 19 de la Convención, sus normas no sólo se aplican en los casos de guerras internacionales sino también en los eventos de conflictos armados internos, aspecto que no suscita ningún problema de constitucionalidad puesto que, como se mostró largamente en la sentencia C-225 de 1995, relativa al Protocolo II de Ginebra, conforme a la Constitución, las partes enfrentadas en un conflicto interno se encuentran obligadas a respetar las normas humanitarias relativas a la conducción de las hostilidades y a la protección de los bienes que no tienen carácter militar. Además, esas normas no erosionan la soberanía del Estado colombiano puesto que, al igual que sucede con el Protocolo II, la aplicación de las disposiciones de la presente Convención no modifican el estatuto jurídico de las partes en conflicto, lo cual significa que los alzados en armas no adquieren el status de beligerantes por la mera aplicación de las normas humanitarias, y siguen entonces sometidos al ordenamiento jurídico interno del respectivo Estado.
Las obligaciones generales de los Estados y de las partes enfrentadas (artículos 2º a 7º, 15, 16 y 17 de la Convención, artículos 20 y 21 del Reglamento, y artículos 1º a 5º del Protocolo)
8- Las primeras disposiciones de la Convención señalan las obligaciones esenciales que los Estados adquieren en relación con los bienes culturales, las cuales no sólo operan en tiempo de hostilidades sino también se proyectan en tiempo de paz, con un carácter preventivo. Así, cuando no hay conflicto armado, el deber de los Estados es preparar la salvaguardia de los bienes culturales situados en su propio territorio contra los efectos previsibles de un conflicto armado, adoptando las medidas que se consideren apropiadas (arts 2º y 3º). Igualmente las Partes, en caso de conflicto armado, adquieren un deber de respeto (art. 4º), por lo cual deben abstenerse de utilizar sus propios bienes culturales como sistemas de protección, así como atacar los bienes culturales de los enemigos, o tomar represalias contra tales bienes. Deben igualmente los Estados evitar los robos o pillajes de tales bienes.
Esta obligación de respeto (art. 4º) constituye una clara expresión del llamado principio de distinción, que constituye una de las normas esenciales del derecho internacional humanitario, tal y como esta Corte ya lo señaló[13]. En efecto, si la guerra pretende debilitar militarmente al enemigo, no existe ninguna razón para que sean admisibles los ataques contra personas u objetos que no contribuyen al Potencial militar de las partes, por lo cual no es legítima la destrucción de los bienes culturales. En ese orden de ideas, también es lógico que queden amparados por las normas de la Convención, el personal que tiene a su cargo la custodia de tales bienes, ya que ellos no hacen parte del conflicto bélico (art. 15). Estos bienes y estas personas gozan de inmunidad ya que no pueden ser objeto de ataque militar, norma que se debe interpretar de conformidad al principio de proporcionalidad, según el cual, las partes deben en todo caso evitar los males superfluos o innecesarios, por lo cual las anteriores obligaciones de respeto a los bienes culturales, sólo pueden dejarse de cumplir cuando existan necesidades militares imperiosas.
Sin embargo, la inmunidad de los bienes culturales no legitima a ninguna de las partes a utilizarlos como escudo para su defensa, pues en tal caso, esa parte estaría incurriendo en un acto de perfidia, que se no sólo se encuentra proscrito por las reglas del derecho internacional humanitario sino que, además, pondría en amenaza la existencia misma de los bienes culturales. Finalmente, este artículo 4º de la Convención reitera que las obligaciones humanitarias no se encuentran sujetas al principio de reciprocidad, por lo cual no puede una parte sustraerse al observancia de sus obligaciones, con el argumento de que la otra no ha cumplido sus compromisos. Y es natural que así sea pues, como ya lo señaló la Corte, el derecho humanitario tiene la particularidad de que sus reglas constituyen garantías inalienables estructuradas de manera singular: se imponen obligaciones a los actores arma­dos, en beneficio no propio sino de terceros: la población no combatiente, las víctimas de ese enfrentamiento bélico y sus bienes.
9- Los artículos 5º a 7º de la Convención detallan el alcance de esos deberes de salvaguardia y respeto. Así, se establece que en el evento de ocupación, el Estado ocupante está sujeto a la obligación de prestar, en la medida de lo posible, su apoyo a las autoridades competentes del territorio ocupado a fin de asegurar la salvaguardia y la conservación de los bienes culturales de ese país. El Estado ocupante está también obligado a adoptar medidas para preservar los bienes culturales situados en el territorio ocupado y dañados por operaciones militares, si la autoridad nacional competente del Estado ocupado no pudiera encargarse de esas tareas. (art. 5º).
Igualmente, y con el fin de Potenciar la protección de los bienes culturales, se establece que se podrá utilizar un emblema que facilite su identificación (art. 6º). Los artículos 16 y 17 de la Convención, así como los artículos 20 y 21 del Reglamento, describen entonces en detalle el emblema para identificar los bienes culturales y el personal que lo custodia, y establecen reglas específicas para su uso, a fin de evitar que estos emblemas sean utilizados indebidamente por algunas de las partes para obtener ventajas militares.
En función del deber de salvaguardia, el artículo 7º señala además que los Estados deben introducir, en tiempo de paz, en los reglamentos de las tropas, disposiciones encaminadas a proteger los bienes culturales. Igualmente, deben los Estados establecer unidades especiales cuya misión consista en velar por el respeto a los bienes culturales y colaborar con las autoridades civiles encargadas de la salvaguarda de dichos bienes.
10- Por su parte, el Protocolo amplia los deberes de los Estados en relación con los bienes culturales, pues no sólo deben abstenerse de destruirlos, sino que tampoco es legítimo que se apropien de las riquezas culturales de su enemigo. Por ello se prohibe la exportación de bienes culturales desde territorios ocupados durante un conflicto armado (art. 1º). Las Partes se comprometen a devolver, al término de las hostilidades, a las autoridades competentes del territorio ocupado, los bienes culturales que se encuentren en el suyo, si dichos bienes han sido exportados en contravención a la prohibición de exportar bienes culturales desde territorios ocupados o fueron desplazados por razones de protección (arts 2º y 5º). El Protocolo también prohibe la apropiación o retención de bienes culturales como reparaciones de guerra. (art. 3º).
11- La Corte considera que todas las anteriores obligaciones para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado armonizan claramente con la Constitución pues, como se señaló, son una expresión del principio de distinción que gobierna el derecho internacional humanitario y, en virtud del cual las partes en conflicto deben siempre diferenciar entre combatientes y no combatien­tes, y entre objetivos militares y no militares, de tal manera que sus acciones no pueden afectar a aquellas personas o a aquellos bienes que no contribuyen a la dinámica de la guerra. Además, en el caso de los bienes culturales, el sustento constitucional es todavía más claro, pues la Carta señala que el Estado debe proteger las riquezas culturales y el patrimonio cultural de la Nación (CP arts 8º y 72).
Los mecanismos especiales de protección y de transporte (artículos 8º a 14 de la Convención y artículos 11 a 19 del Reglamento).
12- En caso de conflicto armado, la protección de los bienes culturales, si quiere ser efectiva, requiere de una serie de mecanismos muy específicos. Así, para que las partes no ataquen esos bienes por error, es necesario precisar en donde se encuentran localizados, por lo cual es necesario identificarlos claramente; igualmente puede ser necesario construir refugios en donde se puedan preservar esos bienes; en determinados casos es incluso forzoso proceder a transportar esos objetos de un lugar a otro, a fin de alejarlos de los escenarios de guerra. Esto explica el contenido de numerosas disposiciones de la Convención y del Reglamento, en donde se regulan en detalle dos mecanismos especiales de protección, a fin de hacer efectivo y operativo el amparo concedido a los bienes culturales, a saber un sistema de depósito y registro, y procedimientos especiales de transporte.
Así, los artículos 8º a 11 de la Convención, en armonía con los artículos 11 a 16 del Reglamento, consagran el llamado sistema especial de protección, que consiste en la creación de un número de refugios destinados a preservar los bienes culturales muebles en caso de conflicto armado, así como los centros monumentales y otros bienes culturales inmuebles de gran importancia. Esas normas establecen los requisitos de fondo y de forma para que los bienes culturales gocen de esta especial protección, y tengan entonces una inmunidad reforzada, pues no puedan ser objeto de ataques bélicos. De un lado, se requiere que tales bienes no se encuentren muy próximos a objetivos militares, ni que sean utilizados para fines militares, por lo cual el artículo 8º de la Convención especifica cuando se considera que un centro monumental está o no siendo empleado para fines bélicos. De otro lado, la Convención establece un “Registro Internacional de Bienes Culturales bajo protección especial”, a cargo de la UNESCO, en donde las partes deben inscribir los bienes culturales a fin de que se les conceda expresamente la inmunidad consagrada por la Convención. Las normas de la Convención y el Reglamento describen entonces de manera muy minuciosa cómo se deben hacer las solicitudes de registro de un bien ante la UNESCO, la manera y las razones por las cuales los otros Estados pueden oponerse a una tal solicitud, los procedimientos de arreglo en caso de discrepancias entre los Estados sobre la materia, así como el comienzo, la suspensión y la terminación de la respectiva inmunidad. Igualmente, se prevé la forma como se deben identificar en el terreno los refugios y los bienes sometidos a esta protección especial, así como la posibilidad de construir, en casos de urgencia, refugios improvisados, que podrían también recibir la protección especial prevista por la Convención.
Por su parte, los artículos 12 a 14 de la Convención, así como los artículos 17 a 19 del Reglamento, especifican la forma como se deben realizar los transportes de bienes culturales, ya sea dentro del territorio de un Estado, ya sea hacia otro Estado, a fin de que puedan gozar de inmunidad, y no sean entonces atacados por el enemigo. Así, se especifica que el transporte se debe efectuar bajo inspección internacional y con el cumplimiento de algunas formalidades, como el señalamiento de la ruta y del listado de bienes que serán desplazados. Sin embargo se admite que en determinadas situaciones de urgencia, puedan realizarse transportes de emergencia, que en principio también gozan de protección contra actos hostiles.
13- La Corte encuentra que estos mecanismos especiales de protección y transporte en manera alguna violan la Constitución, puesto que son simplemente instrumentos para lograr una salvaguardia efectiva de los bienes culturales en las situaciones de conflicto armados. Además, las exigencias que se establecen a los Estados son razonables, pues de no ser cumplidas, las necesidades de la guerra harían muy difícil asegurar la inmunidad de los bienes culturales. En efecto, no es posible olvidar que el derecho internacional humanitario, que parte del doloroso reconocimiento de la existencia de conflictos bélicos, busca un difícil equilibrio entre la lógica de la guerra y las razones humanitarias, por lo cual la protección de los bienes culturales debe hacerse dentro del marco de las propias necesidades de la guerra, así como los operativos bélicos deben adelantarse dentro de los espacios normativos delimitados por el derechos humanitario.
Los problemas de aplicación: mecanismos internacionales de mediación y de verificación (artículos 20 a 24, y 26 y 27 de la Convención, y artículos 10 a 10 del Reglamento).
14- Uno de los problemas esenciales del derecho humanitario es el de su aplicación, pues tales normas no pueden ser simplemente postulados teóricos sino que deben efectivamente limitar los estragos innecesarios de la guerra. Por ello es natural que la Convención y el Reglamento prevean y regulen en detalle una serie de mecanismos destinados a lograr el mayor respeto posible de las normas de protección a los bienes culturales
De un lado, se establece que las partes en conflicto pueden concertar acuerdos especiales sobre puntos que les parezcan pertinentes, y que permitan así una mejor protección de los bienes culturales
De otro lado, la Convención y el Reglamento prevén la existencia de las llamadas “Potencias protectoras” destinadas a salvaguardar los intereses de las partes en conflicto. Como se sabe, el concepto de Potencias protectoras es una categoría clásica del derecho humanitario pues se encuentra asociada a las Convenciones de Ginebra de 1949 y al Protocolo I, sobre todo en relación con el cuidado de los prisioneros de guerra, puesto que en principio se trata de Estados neutrales encargados de velar por el respeto de los derechos de los cautivos. De manera más genérica, se entiende entonces por Potencia protectora un Estado que no es parte en un conflicto armado y que, habiendo sido designado por una parte en el conflicto y aceptado por la parte adversa, desempeña funciones mediadoras y de supervisión a fin de que se logre el mayor cumplimiento de las normas humanitarias[14]. Debido a la dificultad para que a veces se logre la intervención de un Potencia protectora aceptada por las partes enfrentadas, las normas humanitarias también prevén que determinados organismos internacionales puedan asumir el papel asignado en principio a estas Potencias protectoras. Así, el artículo 5º del Protocolo I de Ginebra señala que esa función puede ser cumplida por el Comité Internacional de la Cruz Roja o por cualquier otra organización que presente las mismas garantías de imparcialidad y eficacia.
Dentro de esa tradición propia del derecho humanitario, las normas bajo revisión confieren un papel esencial a las Potencias protectoras, o a sus sustitutos, pues su cooperación es considerada un elemento determinante para la propia aplicación de las normas de defensa de los bienes culturales, así como para labores de mediación entre las partes enfrentadas.
Finalmente, la Convención y el Reglamento crean mecanismos específicos y establecen responsabilidades particulares para la UNESCO, en las labores de aplicación de las normas previstas en la Convención. Así, los Estados pueden recurrir a la UNESCO para organizar la protección de sus bienes culturales o en relación con cualquier otro problema derivado del cumplimiento de la Convención. Igualmente se prevé que esta entidad reciba y divulgue los informes de los Estados sobre el cumplimiento de la Convención y que, si es el caso, convoque a reuniones internacionales para estudiar los problemas relativos a la interpretación o a la aplicación de estos textos, así como para la formulación de las recomendaciones pertinentes a ese propósito. Además, se consagra la existencia de una “Comisario General de Bienes Culturales”, que debe ser elegido por las partes enfrentadas de una lista de personalidades internacionales elaborada por la UNESCO, y que tiene a su cargo esencialmente labores de verificación del cumplimiento de la Convención, para lo cual puede a su vez nombrar inspectores de bienes culturales encargados de llevar a cabo misiones específicas.
15- La Corte no encuentra ninguna objeción a la existencia de tales mecanismos, puesto que son instrumentos adecuados para que efectivamente se logre una verdadera protección de los bienes culturales en situaciones de conflicto armado, que es la finalidad de la Convención. Además, en anteriores oportunidades, esta Corporación ya había tenido la oportunidad de mostrar que los acuerdos especiales de derecho humanitario, los mecanismos internacionales de verificación del cumplimiento de las normas humanitarias, como la llamada Comisión Internacional de Encuesta prevista por el artículo 90 del Protocolo I, la institución de las Potencias protectoras y sus sustitutos, y la existencia de instancias de mediación entre las partes enfrentadas en un conflicto bélico, se ajustan perfectamente a la Carta y son aplicables también en los conflictos armados internos que se desarrollen en el territorio colombiano[15]. En efecto, esos mecanismos, como se mostró largamente en esas sentencias, no sólo no representan un riesgo para la soberanía del Estado colombiano, sino que, además, las gestiones de estas entidades puede ser fundamental para que el derecho internacional humanitario tenga eficacia práctica y no simplemente una validez normativa. En efecto, la experiencia internacional enseña que la participación de estas instituciones en tareas de verificación sobre el cumplimiento efectivo de las normas humanitarias puede Potenciar no sólo la humanización de los conflictos armados sino también favorecer la búsqueda de la paz.
Deber de divulgar y sancionar las infracciones (artículos 25 y 28) .
16- El artículos 25 de la Convención establece el deber de los Estados de difundir lo más ampliamente posible en sus respectivos países, tanto en tiempo de paz como durante los conflictos armados, el texto de la presente Convención y del Reglamento para su aplicación. En especial, se señala que ese deber es más imperioso en los programas de instrucción militar, y de ser posible, en los de instrucción cívica, de tal modo que los principios puedan ser conocidos por el conjunto de la población, y en particular por las fuerzas armadas y el personal adscrito a la protección de los bienes culturales.
La Corte considera que esta norma es no sólo perfectamente compatible con la Constitución sino de vital importancia, por cuanto el conocimiento del derecho internacional humanitario es un requisito esencial para su respeto por las partes enfrentadas. Por ello, y tal y como esta Corte ya lo señaló[16], no sólo este tratado sino todos los convenios de derechos humanitario confieren especial trascendencia a la labor de divulgación de las normas humanitarias, no sólo entre las partes enfrentadas sino también entre la población civil, para que esta última conozca sus derechos frente al conflicto armado. Además, en la medida en que las normas humanitarias hacen parte del bloque de constitucionalidad, se debe entender no sólo que el Estado debe divulgarlas sino que su estudio es obligatorio en las instituciones educativas (CP art. 41). En particular, la Corte encuentra indispensable el conocimiento por parte de los miembros de la Fuerza Pública de las normas humanitarias, no sólo por ser ellos naturales destinatarios de esta normatividad sino, además, porque la propia Constitución señala que se les deberá impartir la enseñanza de los derechos humanos (CP art. 222).
17- Por su parte, el artículo 28 de la Convención señala que los Estados deben tomar todas las medidas necesarias para descubrir y castigar con sanciones penales o disciplinarias a las personas que hubieren cometido u ordenado que se cometa una infracción de la presente Convención. La Corte no encuentra ninguna objeción a esa norma, pues si el derecho humanitario hace parte del bloque de constitucionalidad, resulta natural que el ordenamiento prevea distintos tipos de sanciones para aquellas personas que violan sus mandatos.
Disposiciones instrumentales (Artículos 29 a 40 de la Convención y artículos 7º a 15 del Protocolo).
17- Como es usual, diversas normas de la Convención y el Protocolo consagran reglas instrumentales para la adopción y ejecución de esos tratados. Así, la Convención señala cuáles son las lenguas oficiales (art. 29), los procedimientos de firma, ratificación y adhesión (arts 30 a 32), su entrada en vigor (art. 33), la aplicación de sus disposiciones a los Estados partes y a sus territorios (arts 34 y 35), la relación con tratados precedentes (art. 36), las formas de registro y depósito, y los mecanismos de denuncia y de reforma del texto de la convención y de su reglamento de aplicación (arts 37 a 40). Igualmente, el Protocolo establece los mecanismos de firma, ratificación y adhesión (arts 6º a 9º), el momento de entrada en vigor (art. 10), la aplicación de sus disposiciones a los Estados partes y a sus territorios (arts 11 y 12), así como las formas de registro y depósito, y los mecanismos de denuncia y de reforma del contenido del Protocolo (arts 13 a 15) La Corte no encuentra ninguna objeción a esas disposiciones pues ellas armonizan con los principios que en esta materia rigen en el derecho internacional y que han sido aceptados por Colombia (CP art. 9º).
La constitucionalidad de la Ley 340 de 1996.
18- Conforme a lo anterior, la Corte concluye que la “Convención para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado”, el “Reglamento para la aplicación de la Convención” y el “Protocolo para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado”, firmados en La Haya el 14 de mayo de mil novecientos cincuenta y cuatro, se ajustan a la Carta y serán entonces declarados exequible. En ese mismo orden de ideas, esta Corporación considera que es igualmente constitucional la Ley 340 de 1996 bajo revisión, la cual se limita a aprobar el texto de estos instrumentos internacionales (art. 1º) y a señalar que sus normas sólo obligarán al país cuando se perfeccione el respectivo vínculo internacional (art. 2º), lo cual concuerda perfectamente con los principios generales del derecho de los tratados (CP art. 9º).
Primero: Declarar EXEQUIBLES la “Convención para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado”, el “Reglamento para la aplicación de la Convención” y el “Protocolo para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado”, firmados en La Haya el 14 de mayo de mil novecientos cincuenta y cuatro (1954).
Segundo: Declarar EXEQUIBLE la Ley No 340 del 26 de diciembre de 1996, "por medio de la cual se aprueban la “Convención para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado”, el “Reglamento para la aplicación de la Convención” y el “Protocolo para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado”, firmados en La Haya el 14 de mayo de mil novecientos cincuenta y cuatro (1954)”.
[1] Sentencia C-574 de 1992. MP Ciro Angarita Barón. Consideración de la Corte E. Sentencia C-225 de 1995. MP Alejandro Martínez Caballero. Fundamentos Jurídicos No 17 y 18.
[2] Nota de la Corte Constitucional. Debe entenderse que artículo 30, pues no sólo así se señala en el texto de las otras lenguas oficiales, sino que sólo así adquiere sentido la remisión hecha por este artículo.
[3]Gaceta del Congreso, Año V, No. 160 del 7 de mayo de 1996. Págs. 1 y ss.
[4] Ver constancia del Secretario General de la Comisión Segunda del Senado, incorporada al presente expediente, Folio 363.
[5]Gaceta del Congreso, Año V, No. 239 del 18 de junio de 1996. Págs. 13 y 14.
[6]Según acta 03 de la sesión ordinaria del 30 de julio de 1996, publicada en la Gaceta del Congreso, Año V, No. 314 del 5 de agosto de 1996.
[7]Según Acta Nº 006 de la Comisión Segunda incorporada al presente expediente (folio 93).
[8]Gaceta del Congreso, Año V, No. 542 del 28 de noviembre de 1996. Págs. 8 y 9.
[9] Ver constancia respectiva del Secretario General de la Cámara de Representantes del 10 de diciembre de 1996 incorporada a este expediente (Folio 91).
[10] Ver, en particular, las sentencias C-574 de 1992 y C-225 de 1995.
[11] Ver sentencia C-225 de 1995. Fundamento Jurídico No 6.
[12] Ver sentencias C-574 de 1992 y C-225 de 1995. Fundamento Jurídico No 31.
[13] Sentencia C-225 de 1995. Fundamentos Jurídicos No 28 y ss.
[14] Sobre la regulación de las funciones de las Potencias protectoras, ver los artículos 2º y 5º del Protocolo I
[15] Sentencia C-574 de 1992. MP Ciro Angarita Barón. Consideración de la Corte E. Sentencia C-225 de 1995. MP Alejandro Martínez Caballero. Fundamentos Jurídicos No 17 y 18.
[16] Sentencia C-225 de 1995. MP Alejandro Martínez Caballero. Fundamento Jurídico No 44