Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-18512-de-septiembre-23-de-2002?documento=jurcol&contexto=jurcol_75992041d467f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-09-17 06:59:35
Document Index: 327342112

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﻿ SENTENCIA 18512 DE SEPTIEMBRE 23 DE 2002
SENTENCIA 18512 DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 2002
CONTENIDO:INTERESES MORATORIOS POR PENSIONES. APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 141 DE LA LEY 100 DE 1993.
TEMAS ESPECÍFICOS:INTERÉS MORATORIO EN LA MESADA PENSIONAL, MORA EN EL PAGO DE PENSIÓN
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:372 DE DICIEMBRE DE 2002, PÁG.2637
Sentencia 18512 de septiembre 23 de 2002
INTERESES MORATORIOS POR PENSIONES
APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 141 DE LA LEY 100
EXTRACTOS: «Fundamentó el tribunal la procedencia de los intereses moratorios en la consideración de que ellos no tienen el carácter de una sanción propiamente dicha, sino más bien obedecen a la compensación debida por “la tardanza del obligado en el pago de las mesadas pensionales”.
Los intereses en cuestión fueron instituidos por el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 como respuesta a la demora en el pago de las mesadas pensionales que dejaba a los beneficiarios de pensiones en muchos casos padeciendo los rigores de la falta de percepción de una prestación tan importante desde el punto de vista social y generalmente de carácter vital.
El juzgador de la alzada se apoyó fundamentalmente en el criterio de la Sala Laboral de la Corte sobre el particular. Tal entendimiento se halla plasmado en sentencia del 2 de septiembre de 2001, rad. 15689, al advertir que “el querer del legislador con la expedición del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, no fue otro que el de hacer justicia a aquellos trabajadores que alcanzada determinada edad de su vida para acceder a la pensión, luego de haber aportado a la seguridad social, frente a la morosidad del pago de las mesadas, se vieran resarcidos económicamente mediante el reconocimiento de intereses moratorios”.
Así también lo preciso la Corte Constitucional en la sentencia C-601 de 2000 al analizar la constitucionalidad del citado artículo 141 de la Ley 100 de 1993, en cuyos apartes pertinentes se lee:
“... La Corte debe recordar que en este caso los intereses de mora tienen como objetivo primordial proteger a las personas de la tercera edad (C.N., art. 46), quienes por sus condiciones físicas, o por razones de la edad o por enfermedad, se encuentran imposibilitadas para obtener otra clase de recursos para su propia subsistencia o la de su familia. Luego, a juicio de la Corte, de no existir el reconocimiento por parte del legislador de los intereses de mora a favor del pensionado se convertirían en irrisorias las mesadas pensionales en caso de un incumplimiento tardío por parte de los organismos de la seguridad social encargados de satisfacer ese tipo de prestaciones sociales, pues la devaluación de la moneda hace que se pierda su capacidad adquisitiva en detrimento de este sector de la población.
... es evidente, que la finalidad de la disposición cuestionada apunta a proteger a los pensionados, teniendo en cuenta que, generalmente, se trata de personas de la tercera edad, cuya fuente de ingresos más importante, la constituye su pensión; luego, llegado el evento de la mora en el pago de sus mesadas pensionales, es justo y equitativo como lo dispuso el legislador, que las entidades de seguridad social, que incurran en mora o se retrasen en el pago de las mismas, reparen los perjuicios que ocasionen o generen a esas personas por causa de la pérdida del poder adquisitivo de la moneda”.
Por su parte, la Sala de la Casación Civil de esta corporación ha destacado igualmente el carácter resarcitorio de los intereses moratorios en diversos pronunciamientos. Así, expresó en sentencia de enero 24 de 1990:
“... en el ordenamiento jurídico privado vigente en el país, las deudas pecuniarias en el sentido estricto, vale decir aquellas obligaciones de fuente contractual contraídas originalmente en una determinada cantidad de dinero de curso legal, están regidas por el principio nominalista hasta el momento mismo en que el deudor cumple puntualmente con lo debido que, en tanto dicho nominalismo presupone permanencia de la igualdad de valor de la moneda y fijeza en la cuantía estipulada, no podrá ser ni más ni menos que lo pactado; pero de ahí en adelante, si el deudor no cumple, es claro que aquel postulado no cierra la posibilidad de obtener el resarcimiento del daño que el acreedor experimenta como consecuencia de la mora. Situación esta que cae dentro de la órbita de la responsabilidad civil contemplada en el artículo 1617 del Código Civil, de suerte que es éste el marco de referencia básico dentro del cual corresponde examinar la significación que, como uno de los aspectos del perjuicio indemnizable, para el acreedor tiene la pérdida del poder adquisitivo de los signos monetarios que debieron ingresar en su patrimonio de no haber mediado el retraso imputable al deudor.
2. Pues bien, el artículo 1617 del Código Civil, aplicable en sus directrices fundamentales, a las obligaciones y negocios jurídicos mercantiles de conformidad con el artículo 822 del Código de Comercio establece un sistema compensatorio especial, para regular los efectos del incumplimiento de deudas pecuniarias simples de origen contractual, estatuto en mérito del cual ocurrido y demostrado el retardo del deudor, el monto de la reparación, se determina con referencia al concepto de los intereses moratorios, es decir, mediante una operación aritmética en función de la suma debida, la duración del ilícito civil del que emerge el deber de indemnizar y la correspondiente tasa de interés legal o convencionalmente fijada para sancionar un estado de cosas como ese ...”.
Asimismo, determinó esa Sala en sentencia de enero 24 de 1994 que
“... desde el momento en que principia la mora, o sea a partir del día en que el respectivo débito líquido adquirió exigibilidad por vencimiento del plazo en dicha norma previsto e independientemente de que medie o no fallo judicial o arbitral declarando la responsabilidad del asegurador (G.J. Tomo CLXV, pág. 167) por incumplimiento, este último está obligado, junto al pago de la prestación asegurada, a resarcir por daños al asegurado o al beneficiario...”.
De modo tal, no incurrió el ad quem en yerro de interpretación alguno sobre este particular.
Ahora bien, de acuerdo con el artículo 141 de la Ley 100 de 1993
“A partir del 1º de enero de 1994, en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales de que trata esta ley, la entidad correspondiente reconocerá y pagará al pensionado, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, la tasa máxima de interés, moratorio vigente en el momento en que se efectúe el pago”.
Del texto transcrito se desprende que el legislador previó el pago de intereses moratorios en caso de retardo en el pago de las mesadas pensionales, sin hacer distinción alguna en relación con la clase, fuente u otras calidades de la pensión, siendo irrelevante que el derecho en cuestión hubiese sido controvertido por la parte obligada a su pago. Aceptar lo contrario podría hacer nugatorio el derecho del pensionado a ser resarcido por la mora en el pago de su derecho pensional, pues bastaría que el obligado a su reconocimiento simplemente discuta el derecho en cuestión para que quede eximido de los intereses moratorios. Nótese además que a diferencia de la indemnización moratoria regulada en el artículo 65 del Código Sustantivo del trabajo, la propia Ley 100 de 1993 se apartó de esa terminología y denominó al beneficio en cuestión “intereses de mora”, con lo que se ve con claridad la naturaleza que le asignó descartando en todo caso el carácter de sanción o de indemnización. Y tal diferenciación no sólo es terminológica sino también respecto del distinto tratamiento que le otorga el artículo 141 citado a los intereses de mora en cuanto a su contenido y alcance muy diferentes de los denominados por la doctrina “salarios caídos”, los cuales sí tienen un carácter sancionatorio.
Por lo anterior, no prospera la acusación».
(Sentencia de Casación, 23 de septiembre de 2002. Radicación 18.512. Magistrado Ponente: Dr. José Roberto Herrera Vergara).
Aunque al suscribir la sentencia proferida por la Sala en este asunto advertí que salvaba el voto, reexaminada la situación encuentro que únicamente debo aclararlo, ya que ninguno de los cargos formulados ataca lo que en mi sentir pudo equivocarse el tribunal como es si en este caso era pertinente dar aplicación al artículo 141 de la Ley 100 de 1993.
Lo anterior por cuanto sobre tal materia debo reiterar lo que expuse en el salvamento de voto con radicación número 17890, a saber:
“Con el debido respeto salvo el voto en este asunto, en cuanto, en sede de instancia, se condena a la demandada pagar intereses moratorios de conformidad con el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.
Y no comparto tal determinación porque no obstante lo expresado por la Corte Constitucional en la sentencia C-2663 del 24 de mayo de 2000 al declarar exequible el mencionado artículo 141, en mi sentir esa disposición únicamente es aplicable en el caso de mora en el pago de pensiones causadas con posterioridad a la vigencia de la ley de seguridad social que sean reconocidas con sujeción a la normatividad integral de la misma, y no, como ocurre en este caso, respecto de una pensión que se reconoce con sustento en el artículo 1º del Acuerdo 029 de 1983, aprobado por el Decreto 1900 del mismo año, y la que estaba consolidada desde el 4 de marzo de 1991, fecha a partir de la cual se ordenó el pago de la mesada pensional.
Lo anterior implica, entonces, que como la pensión de vejez que se concedió al demandante no es de la que trata la Ley 100 de 1993, ni siquiera de las de régimen de transición de su artículo 36, no había lugar a condenar al pago de los intereses moratorios que consagra tal ley en su artículo 141 que claramente dispone: “(...) en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales de que trata esta ley (...)” (negrillas del salvamento).
“Además, en este asunto tampoco se dio la situación prevista por artículo 288 de la Ley 100 de 1983 para que se pueda dar aplicación a su artículo 141, pues la primera norma dispone: “Todo trabajador privado u oficial, funcionario público, empleado público y servidor público tiene derecho a la vigencia de la presente ley le sea aplicable cualquier norma en ella contenida que estime favorable ante el cotejo por lo dispuesto en leyes anteriores sobre la misma materia, siempre que se someta a la totalidad de las disposiciones de esta ley (...)”.
Como los motivos que me llevaron a disentir de la decisión mayoritaria, son los mismos que expuso en su aclaración el doctor Fernando Vásquez Botero, a ello me remito.
Aunque estoy de acuerdo con quienes salvan en voto en cuanto a los intereses de mora, por considerar que ellos sólo proceden en los casos de tardanza en el pago de las pensiones contempladas en la Ley 100 de 1993, en este caso me limito a aclarar por cuanto, como lo dije, si bien me aparto de la posición mayoritaria en tal aspecto, creo que el mismo no fue el objeto del ataque en casación, en el cual el punto central fue la naturaleza jurídica sancionatoria o indemnizatoria, de los dichos intereses. En los cargos en realidad no se ataca la condena impuesta partiendo de si la pensión corresponde o no a una de las diseñadas en la citada Ley 100 de 1993 y por eso creo que tal aspecto quedó aceptado por el censor, por lo que las precisiones sobre tal materia sólo podían hacerse por vía aclaratoria, dado que el fallo trae a colación la misma sin que ello hubiera sido necesario.
En lo central del planteamiento del recurrente, comparto lo dicho en el fallo en el sentido de que los intereses en cuestión no tienen una naturaleza sancionatoria.