Source: https://corte-constitucional.vlex.com.co/vid/353285337
Timestamp: 2019-05-24 10:47:14
Document Index: 179079414

Matched Legal Cases: ['artículo 8', 'artículo 162', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 241', 'artículo 8', 'artículo 189', 'artículo 8', 'artículo 154', 'artículo 154', 'artículo 154', 'artículo 157', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 160', 'Artículo 40', 'artículo 160', 'artículo 160', 'artículo 162', 'artículo 241', 'artículo 202', 'artículo 45', 'artículo 241', 'artículo 89']

Sentencia de Constitucionalidad nº 027/11 de Corte Constitucional, 26 de Enero de 2012 - Jurisprudencia - VLEX 353285337
Sentencia de Constitucionalidad nº 027/11 de Corte Constitucional, 26 de Enero de 2012
CONVENIO BASICO DE COOPERACION TECNICA Y CIENTIFICA ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA-Finalidad El Convenio tiene por objeto la promoción de la cooperación técnica y científica mediante la creación y ejecución de proyectos y programas formulados de común acuerdo entre las Partes, basados en las prioridades sentadas en sus respectivos planes de desarrollo, fomentando la participación de todos los sectores, especialmente de Universidades e instituciones dedicadas a la investigación científica y técnica. Para el logro de los objetivos del Convenio, las Partes podrán celebrar Acuerdos Complementarios de Cooperación Técnica y Científica, en áreas específicas de interés común. CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE TRATADO Y LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Características/TRATADO INTERNACIONAL Y LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Improcedencia de revisión vía demanda de inconstitucionalidad/SENTENCIA DE CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE TRATADO Y LEY APROBATORIA-Efectos de cosa juzgada absoluta El control de constitucionalidad de los tratados públicos y de sus leyes aprobatorias presenta las siguientes características: (i) previo al perfeccionamiento del tratado, pero posterior a la aprobación del Congreso y a la sanción gubernamental; (ii) automático, pues debe ser enviada directamente por el Presidente de la República a la Corte Constitucional dentro de los seis días siguientes a la sanción gubernamental; (iii) integral, en la medida en que la Corte debe analizar tanto los aspectos formales como los materiales de la ley y el tratado, confrontándolos con todo el texto constitucional; (iv) tiene fuerza de cosa juzgada; (v) es una condición sine qua non para la ratificación del correspondiente acuerdo; y (vi) cumple una función preventiva, pues su finalidad es garantizar tanto la supremacía de la Constitución como el cumplimiento de los compromisos internacionales del Estado colombiano. Por estas características del control de constitucionalidad de los tratados y sus leyes aprobatorias se excluye la revisión posterior por vía de acción pública de inconstitucionalidad, pues la sentencia que procede a su estudio tiene naturaleza de cosa juzgada absoluta. TRATADO INTERNACIONAL-Aprobación ejecutiva La aprobación ejecutiva ha sido considerada por la Corte como requisito suficiente para garantizar la legitimidad de la suscripción de un tratado internacional, y en el presente caso, al Convenio en estudio le fue impartida dicha aprobación por el Presidente de la República, quien autorizó y ordenó someter a aprobación del Congreso el Acuerdo de la referencia CONSULTA PREVIA DE COMUNIDAD ETNICA-Carácter obligatorio para la expedición de disposiciones de orden legislativo y administrativo requeridas en desarrollo del tratado/CONSULTA PREVIA DE COMUNIDAD ETNICA-No se requiere cuando disposiciones de tratado no la afecta de manera directa y específica La Corte Constitucional ha precisado que la consulta previa a las comunidades étnicas que puedan resultar afectadas directamente por cualquier medida legislativa, constituye un requisito de procedimiento que debe surtirse antes del trámite legislativo respectivo, siendo necesaria en el caso de decisiones que conciernen directamente a una o varias comunidades étnicas. En el caso bajo estudio, por el contenido del Convenio se infiere que las medidas que mediante él se pretenden adoptar no conciernen directamente a ninguna comunidad étnica asentada en el territorio nacional, de modo que la consulta previa no era un requisito previo. No obstante, si en desarrollo del Convenio se llegaren a realizar proyectos de investigación científica o de exploración de recursos naturales en áreas de influencia directa de comunidades étnicas colombianas, en ese momento deberá surtirse la consulta previa con las comunidades concernidas. LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Trámite de ley ordinaria con inicio de debates en el Senado de la República REQUISITO DE ANUNCIO PREVIO DE VOTACION EN TRAMITE LEGISLATIVO DE LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Exigencias de cumplimiento La exigencia del anuncio previo en una exigencia de rango constitucional que debe cumplir los siguientes requisitos: a)El anuncio debe estar presente en la votación de todo proyecto de ley; b)El anuncio debe darlo la presidencia de la cámara o de la comisión en una sesión distinta y previa a aquella en que debe realizarse la votación del proyecto; c) La fecha de la votación debe ser cierta, es decir, determinada o, por lo menos, determinable; y d) Un proyecto de ley no puede votarse en una sesión distinta a aquella para la cual ha sido anunciado. VICIO SUBSANABLE EN TRAMITE LEGISLATIVO DE LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Incumplimiento del requisito de anuncio previo de votación en la Cámara de Representantes Luego que la Corte advirtiera un vicio en la formación de la Ley 1254 de 2008 durante el primer debate en la Cámara de Representantes, por incumplimiento del artículo 8 del Acto Legislativo 01 de 2003, mediante Auto 267 del 2 de septiembre de 2009, ordenó su devolución para que el mismo fuera subsanado, y continuaran los trámites subsiguientes, como en efecto aconteció PROYECTO DE LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Término máximo de dos legislaturas no comprende la revisión realizada por la Corte Constitucional ni el trámite de subsanación de vicios Si bien el artículo 162 superior establece un límite temporal según el cual “ningún proyecto de ley podrá ser considerado en más de dos legislaturas”, este límite es predicable del trámite dado por el Congreso, mas no de la revisión encomendada a la Corte Constitucional, siendo una consecuencia del ejercicio de este control el trámite que debe surtirse para la subsanación del vicio identificado. CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE TRATADO INTERNACIONAL Y LEY APROBATORIA-Cumplimiento de requisitos y trámite legislativo ACUERDOS COMPLEMENTARIOS DE TRATADO INTERNACIONAL-Objeto/ACUERDOS COMPLEMENTARIOS DE TRATADO INTERNACIONAL-Validez Si bien la jurisprudencia constitucional ha reconocido que por regla general, los convenios de cooperación entre dos o más estados son tratados marco o básicos que se limitan, fundamentalmente, a imponer a las partes la obligación de impulsar la cooperación en determinada área y a establecer parámetros generales conforme a los cuales se deberán proponer, acordar y ejecutar los proyectos o programas de cooperación específicos, esta particularidad determina que sea usual que en esta clase de convenios se incluyan cláusulas en las que se facultan a las partes para celebrar, en el futuro, acuerdos o convenios complementarios en los que se vierten los programas o proyectos de cooperación concretos. No obstante dichos convenios complementarios: (i) deben enmarcarse dentro de los propósitos y objetivos del tratado de cooperación inicial; (ii) no pueden contener obligaciones nuevas, distintas o adicionales a las pactadas en el tratado de cooperación inicial; y (iii) no pueden modificar el tratado de cooperación inicial; pues si tales convenios exceden los fines del tratado de cooperación inicial, o lo modifican, o crean compromisos nuevos, distintos o adicionales deben someterse a los procedimientos constitucionales de aprobación del Congreso y revisión de constitucionalidad por la Corte Constitucional.
Sin embargo, al constatar que no se había cumplido con la exigencia establecida en el artículo 8° del Acto Legislativo No. 01 de 2003, relacionada con la necesidad que todo proyecto de Ley sea anunciado en una sesión anterior a aquella en la cual se planea someter a votación el proyecto, mediante Auto No. A-088 del tres de mayo de 2005, la S. Plena de la Corporación resolvió ordenar al Congreso se rehiciera el trámite legislativo y remitiera nuevamente a la Corte la Ley 900 de 2004 para su examen de constitucionalidad.
Una vez remitido nuevamente a esta Corporación, ésta determinó que el vicio no había sido subsanado y declaró la inexequibilidad de la Ley 900 de 2004. Dijo la Corporación en aquella oportunidad “En ese orden de ideas dado que en aplicación del principio de instrumentalidad de las formas procesales la Corte ordenó por intermedio de la Secretaría General la remisión al Senado de la República del expediente para que en el término de treinta (30) días contados a partir de su llegada a la Presidencia del Senado (art 45 del decreto 2067 de 1991 ) se subsanara el vicio en que se incurrió y en consecuencia se rehiciera la votación en segundo debate en la Plenaria de dicha cámara legislativa, dando cumplimiento al requisito establecido en el artículo 8º del Acto Legislativo No. 01 de 2003, y ello no ocurrió lo que procede es declarar la inexequibilidad tanto de la Ley 900 de 2004 "Por medio de la cual se aprueba el “CONVENIO BASICO DE COOPERACION TECNICA Y CIENTIFICA ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA”, hecho en la ciudad de Lima, el día veintitrés (23) de noviembre de dos mil uno (2001), así como la “Ley … de 3 de marzo de 2006” expedida con el mismo fin en cumplimiento del Auto A-088 de 2005.”
En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 241 de la C.P., el 1 de diciembre de 2009, el S. Jurídico de la Presidencia de la República remitió a la Corte Constitucional copia auténtica de la Ley 1254 de 2008 “Por medio de la cual se aprueba el “Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de la República de Guatemala y el Gobierno de la República de Colombia”, hecho en la ciudad de Lima, el 23 de noviembre de 2001.”
Mediante Auto 267 del 2 de septiembre de 2009, la S. Plena de la Corte Constitucional decidió devolver la Ley 1254 del 27 de noviembre de 2008 al Congreso de la República al encontrar que no se había cumplido con el requisito del anuncio previo durante el trámite del proyecto en Comisión Segunda de la Cámara de R.s, con el fin de que se subsanara dicho vicio. Veamos:
“El proyecto de ley fue anunciado para primer debate en la sesión conjunta de las Comisiones Segunda de Senado y Cámara de R.s, tal como se observa en el Acta Nº 01 del 6 de mayo de 2008, para el día siguiente, esto es para el 7 de mayo de 2008.
Sin embargo, como consta en el Acta No. 02 del 7 de mayo de 2008, en la sesión conjunta de las Comisiones Segunda de Senado y Cámara de R.s publicada en la Gaceta del Congreso No. 632 del 12 de septiembre de 2008, la discusión y aprobación del proyecto de ley en estudio no se llevó a cabo y fue nuevamente anunciado: “Anuncio de proyectos de ley para aprobarse en primer debate en la próxima sesión de la Comisión Segunda de la Cámara de R.s, para dar cumplimiento al artículo 8º del Acto Legislativo número 1 de 2003 (…) Proyecto de ley número 236 de 2008 Cámara, 18 de 2007 Senado, (…)” y al finalizar se lee “(…) Hace uso de la palabra el P. de la Comisión Segunda de la Cámara, (…) Me permito citar a los honorables Miembros de la Comisión Segunda de Cámara para el próximo martes 13 de mayo de 2008 a las 10:00 de la mañana.
Ante la insuficiencia de elementos probatorios que dieran cuenta del trámite legislativo en la Comisión Segunda de la Cámara, mediante Auto del 20 de febrero del 2009, el Magistrado Ponente solicitó al S. General de esa Comisión que se sirviera informar y certificar si el día 13 de mayo de 2008 se llevó a cabo sesión ordinaria. En la certificación consta que “El día martes 13 de mayo de 2008, no se realizó sesión oficial de la Comisión Segunda de la Cámara, convocada por el señor P. de ese entonces, doctor A.P.S., en sesión conjunta del día miércoles 7 de mayo de 2008. La sesión oficial anunciada no se hizo en razón a que para ese día se había previsto visita oficial de unos parlamentarios de la República de Canadá”
Por lo anterior advierte esta S. la existencia de un vicio de trámite legislativo. En efecto, el anuncio de discusión y votación del proyecto fue para una fecha cierta y determinada –el 13 de mayo de 2008-, de modo que era imperativo hacerlo en esa fecha y no un día después –el 14 de mayo de 2008-, como finalmente ocurrió, sin que obre en el expediente prueba del anuncio para esta última sesión.
En atención a lo expuesto, la S. Plena resolvió:
“Primero. Por Secretaría General de esta Corporación, DEVUÉLVASE a la presidencia de la Cámara de R.s la Ley 1254 del 27 de noviembre de 2008, “Por medio de la cual se aprueba el “Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de la República de Guatemala y el Gobierno de la República de Colombia”, hecho en la ciudad de Lima, el 23 de noviembre de 2001”, con el fin de que subsane el vicio de procedimiento señalado en esta providencia.
Segundo. CONCÉDASE a la Comisión Segunda Constitucional Permanente de la Cámara de R.s el término de treinta (30) días, contados a partir de la notificación de este auto a la presidencia de la misma, para que subsane el vicio detectado en esta providencia.
Tercero. Una vez subsanado el vicio a que se refiere la parte considerativa de esta providencia, la Cámara de R.s dispondrá hasta el 20 de junio de 2010, para cumplir las etapas posteriores del proceso legislativo. Luego, el P. de la República tendrá el plazo establecido en la Carta para sancionar el proyecto de ley.
Cuarto. Cumplido el trámite anterior, el P. del Congreso remitirá a la Corte la ley correspondiente, para decidir definitivamente sobre su exequibilidad.”
Mediante oficio suscrito el 20 de agosto de 2010 por la Secretaria Jurídica de la Presidencia de la República, D.C.P.S., fue remitido a esta Corporación el texto de la Ley 1254 de 2008 nuevamente sancionada el 18 de agosto de 2010. Sin embargo, los S.s Generales de la Comisión Segunda de la Cámara de R.s y de la Cámara de R.s no allegaron las pruebas necesarias para verificar si se cumplió con lo ordenado en el Auto 267 de 2009.
Por lo anterior, mediante Auto 362 del 16 de noviembre de 2010, la S. Plena se abstuvo de decidir acerca de la Ley de la referencia hasta tanto no se cumplieran los presupuestos constitucionales y legales requeridos para hacerlo y apremió a los S.s Generales de la Cámara de R.s y de su Comisión Segunda para que acopiaran las pruebas pertinentes para determinar si la aprobación de la Ley cumplió con el procedimiento establecido.
En cumplimiento de esta providencia, a través de oficio fechado 6 de diciembre de 2010, la Secretaria General de la Comisión Segunda de la Cámara de R.s allegó a esta Corporación los documentos solicitados. Igualmente, el |S. General de la Cámara de R.s remitió a la Secretaría General de la Corte las pruebas pedidas mediante oficio de 18 de enero de 2011.
Las Partes podrán, con base en el presente Convenio, celebrar Acuerdos Complementarios de Cooperación Técnica y Científica, en áreas específicas de interés común.
P. para entrenamiento profesional y capacitación;
Realización conjunta y coordinada de programas y/o proyectos de investigación y/o desarrollo tecnológico que vinculen centros de investigación e industria;
Intercambio de información sobre investigación científica y tecnológica;
Desarrollo de actividades conjuntas de cooperación en terceros países;
Otorgamiento de becas para estudios de especialización profesional y estudios intermedios de capacitación técnica;
Organización de seminarios, talleres y conferencias;
Prestación de servicios de consultoría;
Envío de equipo y material necesario para la ejecución de proyectos específicos, y
Evaluar y delimitar áreas prioritarias en que sería factible la realización de proyectos específicos de cooperación técnica y científica;
Revisar, analizar y aprobar los Programas Bienales de cooperación técnica y científica;
Supervisar la adecuada observancia y cumplimiento del presente Convenio y formular a las Partes las recomendaciones que considere pertinentes.
La Comisión Mixta se reunirá alternadamente cada dos años en Guatemala y en Colombia, en las fechas acordadas previamente a través de la vía oficial.
Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo precedente, cada una de las Partes podrá someter a consideración de la Otra, en cualquier momento, proyectos específicos de cooperación técnica y científica para su debido análisis y, en su caso, aprobación. Asimismo, las Partes podrán convocar, de común acuerdo y cuando lo consideren necesario, reuniones extraordinarias de la Comisión Mixta.
El presente Convenio entrará en vigor a partir de la fecha de recepción de la segunda de las Notas mediante las cuales las Partes se comuniquen haber cumplido con los requisitos exigidos por su Legislación Nacional para tal efecto y tendrá una vigencia inicial de cinco años, renovable por períodos de igual duración, previa evaluación.
El presente Convenio podrá ser modificado por mutuo consentimiento y las modificaciones acordadas entrarán en vigor en la fecha en que las Partes, mediante un Canje de Notas Diplomáticas, se comuniquen el cumplimiento de los requisitos exigidos por su Legislación Nacional.
Cualquiera de las Partes podrá, en todo momento, dar por terminado el presente Convenio, mediante notificación escrita, dirigida a la Otra a través de la vía diplomática, con seis meses de antelación.
Cualquier controversia que pueda surgir entre las partes relativa a la interpretación o aplicación al presente Convenio será resuelta mediante negociaciones directas entre ellas. En caso de que estas negociaciones no sean exitosas, la controversia será sometida a los restantes medios de solución pacífica reconocidos por el Derecho Internacional.
Al entrar en vigor el presente Convenio, quedará sin efecto el Convenio de Cooperación Técnica y Científica entre la República de Colombia y la República de Guatemala, suscrito en Bogotá, Colombia, el 13 de julio de 1976, sin perjuicio de las acciones de cooperación programadas y en ejecución de los acuerdos complementarios que se estén ejecutando.
Bogotá, D.C.,…
Á.U. VÉLEZ”
Así mismo, se da cumplimiento a lo dispuesto por la Carta Política en cuanto a los aspectos procedimentales, toda vez que se respetó el artículo 189.2 en el cual se manifiesta que corresponde al P. de la república como jefe de Estado, jefe de Gobierno y suprema autoridad administrativa, dirigir las relaciones internacionales.
La Universidad del Rosario, a través de su catedrático del área de derecho internacional, doctor J.R.M.V., intervino en el proceso de la referencia y solicitó la declaratoria de exequibilidad del “Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de la República de Guatemala y el Gobierno de la República de Colombia” y de la Ley que lo incorpora.
En la oportunidad procesal prevista, el señor P. General de la Nación, A.O.M., presentó el concepto de rigor para solicitar a la Corte la declaración de exequibilidad de las normas objeto de estudio.
El P. observa que el trámite a que se sometió la Ley 1254 de 2008 se ajustó a los cánones constitucionales.
Sobre el particular, señala que el Proyecto de Ley surtió los debates reglamentarios, tanto en Senado como en la Cámara de R.s. Así mismo, se dio cumplimiento a lo establecido en el artículo 8 del Acto Legislativo No. 1 de 2003.
En efecto, la jurisprudencia de esta Corporación ha establecido, en múltiples oportunidades, que el control de constitucionalidad de los tratados públicos y de sus leyes aprobatorias, presenta las siguientes características [1] : “(i) previo al perfeccionamiento del tratado, pero posterior a la aprobación del Congreso y a la sanción gubernamental; (ii) automático, pues debe ser enviada directamente por el P. de la República a la Corte Constitucional dentro de los seis días siguientes a la sanción gubernamental; (iii) integral, en la medida en que la Corte debe analizar tanto los aspectos formales como los materiales de la ley y el tratado, confrontándolos con todo el texto constitucional; (iv) tiene fuerza de cosa juzgada; (v) es una condición sine qua non para la ratificación del correspondiente acuerdo; y (vi) cumple una función preventiva, pues su finalidad es garantizar tanto la supremacía de la Constitución como el cumplimiento de los compromisos internacionales del Estado colombiano.” [2]
Análisis formal de la suscripción y aprobación del Convenio
El “Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de la República de Guatemala y el Gobierno de la República de Colombia”, hecho en la ciudad de Lima, el 23 de noviembre de 2001 le fue impartida la aprobación ejecutiva el 5 de marzo de 2002. El entonces P. de la República, A.P.A., autorizó y ordenó someter a aprobación del Congreso el Acuerdo de la referencia. Dicha autorización, cuya referencia consta a folio 2 del cuaderno No. 1 de pruebas, ha sido considerada por la Corte como requisito suficiente para garantizar la legitimidad de la suscripción de un tratado internacional.
En consecuencia, por este aspecto el instrumento internacional cumple con las prescripciones constitucionales que ponen en cabeza del P. de la República el manejo de las relaciones internacionales.
En la sentencia C-702 de 2010 [3] , la Corte Constitucional precisó que la consulta previa a las comunidades étnicas que puedan resultar afectadas directamente por cualquier medida legislativa, constituye un requisito de procedimiento que debe surtirse antes del trámite legislativo respectivo. En este sentido, la Corte expresó:
Debe señalarse que la consulta previa solamente es necesaria en el caso de decisiones que conciernen directamente a una o varias comunidades étnicas. Sobre este punto la Corte afirmó lo siguiente en la sentencia C-030 de 2008 [4] :
De acuerdo con el inciso final del artículo 154 de la Carta, “Los proyectos de ley relativos a los tributos iniciarán su trámite en la Cámara de R.s y los que se refieran a relaciones internacionales, en el Senado”.
“Cabe, señalar en relación a este último aspecto que el procedimiento de expedición de las leyes aprobatorias de tratados internacionales es el mismo de las leyes ordinarias, pues la Constitución no previó un trámite especial para ellas, salvo en cuanto a la necesidad de iniciar su trámite en el Senado de la República, según lo establece el inciso final del artículo 154 de la Carta” [5] .
2.3.1.1. El proyecto de ley fue radicado en el Senado de la República por el Gobierno Nacional, el 20 de julio de 2007, a través del Ministro de Relaciones Exteriores, doctor F.A.P..
El texto original con la respectiva exposición de motivos radicados en el Senado, aparecen publicados en la Gaceta del Congreso No. 345 del 26 de julio de 2007 [6] , cumpliéndose así, con los requisitos referentes a la iniciación de esta clase de asuntos en el Senado de la República (artículo 154 constitucional), y a la publicación del proyecto de ley antes de darle curso en la comisión respectiva (numeral 1 del artículo 157 de la Carta).
La ponencia para primer debate en el Senado de la República fue presentada en forma favorable por el senador J.E.P.A.C.. La ponencia fue publicada en la Gaceta No. 482 del 28 de septiembre de 2007 (folios 67 a 70 del cuaderno de pruebas No. 3).
“por orden del presidente de la Comisión Segunda del senado de la república, anuncio de discusión y votación de proyectos de ley para la próxima sesión (…) El señor P., S.C.E.B.P. (…) cita para el miércoles 7 de noviembre a las 10:00 a.m. para proyectos”.
Al finalizar la sesión, la Presidenta encargada de la Comisión, manifestó: “El señor P., S.C.E.B.P. agradece a los Senadores por la asistencia y cita para el miércoles 7 de noviembre a las 10:00 a. m. para proyectos.”
Dese primer debate al Proyecto de ley número 18 de 2007 Senado, por medio de la cual se aprueba el Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de la República de Guatemala y el Gobierno de la República de Colombia. Firma, J.E.P.A.. Esta Secretaría pregunta que si esto implica que no hay modificaciones.
Toma la palabra el Senador J.E.P.:
En consecuencia el señor P., S.C.E.B., somete a consideración de la Comisión el informe con el cual termina la ponencia. ¿Aprueba la comisión el informe final de la ponencia?
El señor S. responde a la Presidencia que ha sido aprobado por los Senadores de la Comisión, el informe con el cual termina la ponencia.
Está leído el articulado del proyecto de ley aprobatoria señor P.; de acuerdo con lo conversado con el S.P., este sería el único articulado que se pone a consideración de los Senadores, puesto que no existe modificación, ni creación de Comisión adicional, ya que es simple y sencillamente la explicación del contenido del Tratado.
El señor P., S.C.E.B.P.:
El señor S. responde a la Presidencia que ha sido aprobado el articulado sin modificaciones por los señores Senadores de la Comisión.
El señor S. da lectura al título del proyecto: Por medio de la cual se aprueba el Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de la República de Guatemala y el Gobierno de la República de Colombia.
El señor P. somete a consideración de los señores Senadores de la Comisión, el título del proyecto. Lo aprueba la Comisión.
El señor S. informa al señor presidente que ha sido aprobado el título del proyecto.
El señor P., senador C.E.B., pregunta a la Comisión si quiere que este proyecto se convierta en ley de la República y tenga segundo debate.
El señor S. informa al señor P. que sí lo quiere la Comisión.
En consecuencia el señor P. nombra como ponente para el segundo debate en Plenaria del Senado, al Senador J.E.P..” (Subrayas fuera de texto)
La ponencia para segundo debate al proyecto de ley de la referencia fue publicada en la Gaceta del Congreso No. 616 del 3 de diciembre de 2007, siendo presentada en forma favorable por el Senador J.P.A..
El siguiente es el texto de la aprobación [7] :
La Presidencia concede el uso de la palabra al honorable Senador ponente, J.E.P.A..
Palabras del honorable S.J.E.P.A..
Con la venia de la Presidencia hace uso de la palabra el honorable S.J.E.P.A.:
Gracias señor P., este es un proyecto que se acuerda entre el Gobierno de Guatemala y el Gobierno colombiano, esta iniciativa ya había hecho trámite por circunstancia de manejo de la cosa legislativa, en relación a la forma, la Corte Constitucional la declaró inexequible.
La Comisión Segunda del Senado le dio trámite, señor P. le pido que usted ponga en consideración la proposición para que la iniciativa, pueda seguir evolucionando como lo esperamos todos los colombianos, eso es todo señor P..
Por solicitud del honorable Senador J.M.G.P., la Presidencia somete a consideración de la plenaria omitir la lectura del articulado y, cerrada su discusión, esta le imparte su aprobación.
2.3.2. Trámite en la Cámara de R.s. Cumplimiento del Auto 267 del 2 de septiembre de 2009.
El proyecto de ley de la referencia fue radicado con el número 236 de 2008 en la Cámara de R.s. La ponencia favorable para primer debate se encuentra publicada en la Gaceta del Congreso No. 150 del 17 de abril de 2008 y la ponente designada fue la R. a la Cámara F.O.R..
Luego de que mediante Auto 267 del 2 de septiembre de 2009, esta Corporación advirtió la existencia de un vicio en la formación de la ley 1254 durante el primer debate en la Cámara de R.s, por incumplimiento del artículo 8 del Acto Legislativo 01 de 2003, y ordenó su devolución para que el mismo fuera subsanado, se realizaron las siguientes actuaciones tendientes a atender las órdenes dadas en dicha providencia.
“Anuncio de proyectos de ley, para dar cumplimiento al artículo 8° del Acto legislativo número 01 de 2003 para ser aprobados en próxima sesión de comisión, tal como lo ordena el señor P., de acuerdo con las facultades de la Ley 5ª. Proyecto de ley número 236 de 2008 Cámara, 018 de 2007 Senado
En efecto, la Comisión Segunda de la Cámara de R.s discutió y aprobó el proyecto de ley de la referencia en la siguiente sesión del 10 de diciembre de 2009, según consta en el Acta No. 26 de esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 124 del 16 de abril de 2010. La aprobación se realizó con el quórum decisorio requerido, con diez de los trece R.s que conforman la Comisión Segunda, según lo certifica el S. General de dicha Comisión en oficio expedido el 6 de diciembre de 2010 [8] . La aprobación se llevó a cabo como se expone a continuación:
“Debo informarles a los honorables R.s que este proyecto se somete nuevamente a consideración y votación en primer debate dada la providencia de la Corte Constitucional para subsanar un vicio de constitucionalidad en cuanto al anuncio del Proyecto señor P..
Hace uso de la palabra el señor P., honorable R.M.J.V.H.:
S.P., me permito leer la proposición.
Por las consideraciones anteriores solicito a los integrantes de la Comisión Segunda Constitucional Permanente de la honorable Cámara de R.s dar primer debate al Proyecto de ley 018 de 2007 Senado, 236 de 2008 Cámara, por medio de la cual se aprueba el convenio básico de cooperación técnica y científica entre el gobierno de la República de Guatemala y el gobierno de la República de Colombia, hecho en la ciudad de Lima el día 23 del mes de noviembre de 2001.
S.P., es necesario que la ponente exprese los motivos.
Hace uso de la palabra la honorable R.F.O.R.:
S.P. Gracias. S.P. como bien lo dice el proyecto de ley, es un vicio de procedimiento por el cual tenía que presentarse un día antes y no se presentó, entonces ahí se ha hecho la corrección necesaria. Gracias señor P..
L.F.B.B. Sí
J.B. Peláez __
F.O.R. Sí
P.E.S.C. __
10 votos por el Sí, en consecuencia ha sido aprobada la proposición con que termina el informe de ponencia, señor P..”
2.3.2.3. Ponencia para la Plenaria de la Cámara de R.s:
La ponencia para segundo debate al proyecto de la ley de la referencia fue publicada en la Gaceta del Congreso No. 257 del 25 de mayo de 2010, con ponencia de la misma representante a la Cámara, F.O.R..
En efecto, tal como consta en el Acta No. 244, en la sesión del 8 de junio de 2009, la plenaria de la Cámara de R.s aprobó el proyecto de la ley de esta referencia por mayoría de los 98 representantes asistentes (Gaceta del Congreso No. 400 del 13 de julio de 2010), según lo ratifica la certificación expedida el 18 de enero de 2011 por el S. General de la Cámara de R.s (Ver folio 88, cuaderno principal).
La aprobación se realizó de la siguiente manera [10] :
S.P., la proposición con que termina el informe de ponencia es la siguiente:
Por las consideraciones anteriores, solicito a los integrantes de la honorable Cámara de R.s, dar segundo debate al Proyecto de ley 236 de 2008 Cámara, 18 de 2007 Senado, por medio de la cual se aprueba el Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de la República de Guatemala y el Gobierno de la República de Colombia. Hecho en la ciudad de Lima el día 23 de noviembre de 2001.
Dirección de la sesión por la Presidencia, doctor J.B.:
La Secretaría General informa, doctor R.Á.:
Se retira el voto del doctor J.C. porque lo hizo electrónicamente.
Dirección de la sesión por la Presi dencia, doctor J.B.:
S.S., favor cerrar el registro e informar el resultado de la votación.
Sí señor P., se cierra el registro.
Inicialmente, el P. de la República sancionó la ley aprobatoria del convenio internacional el 27 de noviembre de 2008, convirtiéndose en la Ley 1254 de 2008. Sin embargo, debido a que la S. Plena de la Corte Constitucional ordenó la devolución de la Ley mediante Auto 267 del 2 de septiembre de 2009, luego de la subsanación del vicio advertido en dicha providencia, el P. de la República sancionó nuevamente la Ley el 18 de agosto de 2010 [11] y fue debidamente publicada en el Diario Oficial No. 47.47805 de esa fecha.
Esta S. observa que la aprobación ejecutiva del Convenio fue suscrita por el P. de la República el día 5 de marzo de 2002 [12] . Por otro lado, se verifica que la radicación del proyecto de ley en el Senado de la República por parte del Ministro de Relaciones Exteriores, se realizó el 20 de julio de 2007 y la publicación del proyecto de ley se llevó a cabo el 26 de julio, según consta en la Gaceta del Congreso No. 345 de esa fecha [13] .
Esta Corte constata que el proyecto de la ley fue publicado en el Congreso antes de darle curso en la comisión respectiva: el proyecto de ley fue publicado el 26 de julio de 2007 [14] y se inició el trámite en la Comisión Segunda del Senado el 28 de septiembre de 2007 [15] (Art. 157-1 C.P.).
De otro lado, entre la aprobación del proyecto en el Senado (12 de diciembre de 2007) y la iniciación del debate en la Cámara de R.s (9 de diciembre de 2009) transcurrió un lapso no inferior a quince días, en cumplimiento del artículo 160 de la Carta Política.
Según lo establece la jurisprudencia pertinente, esta disposición busca evitar la votación sorpresiva de los proyectos de ley y actos legislativos, en aras de permitir que los congresistas se enteren de los proyectos que van a ser discutidos y votados en las sesiones siguientes [16] . Según la Corte, la finalidad del anuncio es la de “permitir a los Congresistas saber con anterioridad cuales proyectos de ley o informes de objeciones presidenciales serán sometidos a votación, suponiendo el conocimiento pleno de los mismos y evitando, por ende, que sean sorprendidos con votaciones intempestivas” [17] .
Desde el punto de vista de la defensa de los valores democráticos, la jurisprudencia sostiene que el anuncio “facilita a los ciudadanos y organizaciones sociales que tengan interés en influir en la formación de la ley y en la suerte de ésta, ejercer sus derechos de participación política (Artículo 40 C.P.) con el fin de incidir en el resultado de la votación, lo cual es importante para hacer efectivo el principio de democracia participativa (Artículos 1 y 3 C.P.)” [18]
Ahora bien, del texto de la disposición constitucional se desprende que el anuncio debe cumplir los siguientes requisitos [19] :
En efecto, durante la sesión ordinaria de la Comisión Segunda del Senado del día 30 de octubre de 2007 [20] se anunció la discusión y votación del proyecto de ley de la referencia para la próxima sesión, que se llevó a cabo el 31 de octubre [21] , no obstante, en la sesión de esa fecha no se discutió el proyecto de ley, por lo que se procedió a realizar nuevamente el anuncio para el miércoles 7 de noviembre [22] , sesión en la que efectivamente tuvieron lugar el debate y la aprobación del proyecto de ley.
Algo similar ocurrió con ocasión de la aprobación del proyecto en segundo debate en el Senado de la República, trámite en el que se presentó también una cadena de anuncios, que, como pasa a demostrarse, no sufrió quebrantamiento alguno. Así, el 10 de diciembre 2007 [23] se anunció por primera vez el proyecto de ley en estudio para el día siguiente, 11 de diciembre [24] , fecha en la que no se llevó a cabo su discusión y aprobación, pero fue debidamente anunciado para el 12 de diciembre [25] del mismo año, sesión en la que en efecto se discutió y aprobó el proyecto de ley.
‘Sobre el particular, ha señalado la Corte que, a pesar de presentarse el fenómeno de la ruptura de la cadena de anuncios respecto de un proyecto de ley cuya votación se ha venido aplazando indefinidamente, no se incurre en un vicio de inconstitucionalidad por desconocimiento del artículo 160 Constitucional, cuando en la sesión inmediatamente anterior a aquella en que se surte la aprobación del proyecto, “el mismo fue específicamente anunciado para ser sometido a votación en dicha sesión.’ [26] Si esto último no tiene ocurrencia, es decir, si además de romperse la cadena de anuncios el proyecto aplazado indefinidamente se vota sin haberse anunciado tal hecho en la sesión inmediatamente anterior, se entiende que se ha incumplido el requisito de “anuncio” previo consagrado en el artículo 160 Superior” [27] .
2.3.5.2. Tal como arriba se exponía, tanto la Comisión Segunda como la Plenaria de la Cámara de R.s subsanaron el vicio advertido por esta Corporación en Auto 267 del 2 de septiembre de 2009, al realizar el anuncio previo a la aprobación del proyecto tanto en primer como en segundo debate.
Así, en el curso del proyecto durante su primer debate en la Comisión Segunda de la Cámara de R.s, el 9 de diciembre de 2009 (Acta No. 25, publicada en la Gaceta del Congreso No. 124 del 16 de abril de 2010), se anunció el proyecto de ley para el la próxima sesión y al finalizar la sesión se convocó para el día siguiente, 10 de diciembre, sesión en la que efectivamente se llevó a cabo la aprobación (Acto No. 26, publicada en la Gaceta del Congreso No. 124 del 16 de abril de 2010).
Igualmente, en el trámite del proyecto de ley en el segundo debate en la Plenaria de la Cámara de R.s, el proyecto se anunció el 2 de junio de 2010 (Acta No. 243 de esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 399 del 17 de julio de 2010) para el 8 de junio. Y, efectivamente, el 8 de junio de 2010 el proyecto fue aprobado según consta en el Acta No. 244 de esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 400 del 13 de julio de 2010.
Sin embargo, el proyecto fue aprobado por las Plenaria de la Cámara de R.s el 8 de junio de 2010, es decir, más allá de las dos legislaturas que el artículo 162 exige como límite temporal para la aprobación de los proyectos de ley.
Así, dado que el trámite que se debe surtir para la subsanación del vicio identificado es una consecuencia del ejercicio del control efectuado por la Corte (art. 241-10), no puede entenderse que en estas circunstancias se desconozca el requisito de que el trámite se surta en máximo dos legislaturas (art. 162 C.P.), pues éste se predica de la actuación del legislador –que en el presente caso efectivamente tramitó y votó el proyecto de ley en dicho plazo como se desprende del expediente legislativo analizado por la Corte, pero no de las consecuencias que se deriven del ejercicio del control de constitucionalidad, las cuales se rigen por los mandatos superiores y legales que permiten el saneamiento de los vicios de procedimiento (parágrafo del artículo 241 C.P., artículo 202 de la Ley 5ª de 1992 y artículo 45 del Decreto 2067 de 1991) [28] .
El contenido material de la Ley 1254 de 2008 y la constitucionalidad del Acuerdo
Así, se encuentran, entre otros, el Convenio de Cooperación Técnica y Científica entre la República de Colombia y la República de Chile, suscrito en Bogotá, el 16 de julio de 1991, aprobado mediante Ley 305 de 1996 y declarado exequible en sentencia C-104 de 1997 [29] . Además, el Convenio Marco de Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de Jamaica, suscrito en la ciudad de Bogotá, D.C., el 20 de abril de 1994, aprobado por Ley 460 de 1998 y declarado exequible en sentencia C-186 de 1999 [30] . También, el Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica entre la República de Colombia y la República de Nicaragua, hecho en Bogotá, el 28 de junio de 1991, aprobado mediante Ley 604 de 2000, declarado exequible en sentencia C-303 de 2001 [31] . Y, más recientemente, en sentencia C-378 de 2009 se declaró exequible el “Convenio de Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República Dominicana, suscrito en la ciudad de Bogotá, Colombia a los 3 días del mes de agosto de 2004”con condicionamientos relacionados con la posibilidad de modificarlo por la vía diplomática y con la celebración de convenios complementarios.
“El lenguaje de la ciencia y la tecnología es un lenguaje universal, que implica para los países no sólo la necesidad de promover y fomentar internamente la consolidación de sus comunidades académicas, las cuales tienen como fundamento de su quehacer la investigación científica y tecnológica, sino el compromiso ineludible de facilitar que ellas se incorporen y participen activamente en las tareas que adelanta la comunidad científica internacional; de no hacerlo el costo será el aislamiento y por ende el rezago en el acceso al conocimiento, el cual en el Estado social de derecho se reivindica como un derecho de todas las personas, que las sociedades modernas y postmodernas reclaman como un componente esencial e insustituible para su propio desarrollo” [32]
En relación con lo dispuesto en el artículo XIV del Convenio sobre la posibilidad de modificarlo, la Corte observa que en cuanto el mismo artículo señala que dichas modificaciones sólo se podrán realizar una vez se sometan a lo dispuesto en el ordenamiento interno para la aprobación de tratados internacionales, la S. considera que no resulta necesario realizar un condicionamiento a la constitucionalidad de este artículo. El artículo XIV señala: “2. El presente Convenio podrá ser modificado por mutuo consentimiento y las modificaciones acordadas entrarán en vigor en la fecha en que las Partes, mediante un Canje de Notas Diplomáticas, se comuniquen el cumplimiento de los requisitos exigidos por su Legislación Nacional.”(Subrayas fuera de texto)
Es preciso aclarar que el problema jurídico ahora estudiado difiere de aquel analizado en la Sentencia C-378 de 2009 [33] . En efecto, en esa ocasión sí fue necesario condicionar la constitucionalidad del artículo XII del “Convenio de Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República Dominicana, suscrito en la ciudad de Bogotá, Colombia a los 3 días del mes de agosto de 2004” pues en el mismo se establecía la posibilidad de modificarlo de mutuo acuerdo “por la vía diplomática” sin que se sometiera al ordenamiento interno.
La jurisprudencia constitucional ha reconocido de entrada que, por regla general, los convenios de cooperación entre dos o más estados son tratados marco o básicos que se limitan, fundamentalmente, a imponer a las partes la obligación de impulsar la cooperación en determinada área (cultural, científica y técnica, militar, entre otras) y a establecer parámetros generales conforme a los cuales se deberán proponer, acordar y ejecutar los proyectos o programas de cooperación específicos. Esta particularidad determina que sea usual que en esta clase de convenios se incluyan cláusulas en las que se facultan a las partes para celebrar, en el futuro, acuerdos o convenios complementarios en los cuales se vierten los programas o proyectos de cooperación concretos. [34]
En efecto, en la Sentencia C-1439 de 2000 [35] , la Corte estudió el Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica entre la República de Colombia y la República del Perú que estipulaba que para el desarrollo del mismo los Gobiernos podían concertar “acuerdos complementarios”. La Corte declaró la constitucionalidad de la disposición y consideró que “en este caso, dichos acuerdos forman parte de un tratado que cumplió con los pasos previstos en la Constitución (arts. 189-2 y 150-16) y ahora sometido a la revisión constitucional ordenada en el artículo 241-10 del ordenamiento superior. Así las cosas, resulta claro que las obligaciones genéricas de cada parte se fijan en el tratado marco, de suerte que el país no adquirirá obligaciones distintas a las inicialmente estipuladas y en este sentido, el inciso tercero del artículo I no contradice ningún precepto constitucional.” Este mismo año, en la Sentencia C-1258 de 2000 [36] , la Corte reiteró la incompetencia de la Corte para estudiar acuerdos simplificados que no generan nuevas obligaciones para el Estado.
En aplicación de la mencionada precisión, algunas de las sentencias posteriores introdujeron condicionamientos, en su parte motiva, a la constitucionalidad de la facultad otorgada por los tratados de cooperación a las partes consistente en suscribir, en el futuro, convenios o acuerdos complementarios. Así, en la sentencia C-303 de 2001 se dijo: “este Tratado es constitucional condicionadamente en la medida que los Acuerdos Complementarios previstos en este Convenio:
No contengan nuevas obligaciones distintas a las pactadas en el mismo; b) Se enmarquen dentro de los propósitos y objetivos del Convenio, que pretende “desarrollar el conjunto de las relaciones y científicas entre los dos países”, con base en el respeto de los principios de igualdad de ventajas mutuas como lo dice el Preámbulo; y c) No se modifique el convenio, ni se refieran dichos Acuerdos a aspectos diferentes a la cooperación técnica y científica entre los dos Estados (…) si se crean nuevas obligaciones, o se modifica o adiciona el Convenio, debe someterse a los procedimientos constitucionales de aprobación del Congreso y revisión de constitucionalidad por esta Corporación, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 150 numeral 16, 189 numeral 2° y 241 de la Constitución” En la Sentencia C-896 de 2003 [37] , al analizar la constitucionalidad del artículo 89 de la Ley 788 de 2002, que establecía la posibilidad de valorar las pruebas obtenidas en el extranjero, la Corte consideró que “los acuerdos internacionales requieren de aprobación por el Congreso, sanción ejecutiva y revisión constitucional por la Corte Constitucional, salvo que el acuerdo sea simplificado, no contenga obligaciones nuevas y forme parte, como instrumento de ejecución, de un tratado que haya cumplido los pasos esenciales del ordenamiento interno pues en este caso no es indispensable la aprobación legislativa y la revisión constitucional.” Posición reiterada, en Sentencia C- 280 [38] y 622 de 2004 [39] . Al estudiar la constitucionalidad del "Acuerdo de Coproducción Audiovisual entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de Canadá”, la Corte reiteró la constitucionalidad de los también llamados acuerdos de ejecución, y señaló que los mismos no debían ser tramitados por el Congreso ni surtirse control constitucional (Sentencia C-241 de 2005 [40] )
En igual sentido, la Sentencia C-239 de 2006 [41] , dijo que para que los acuerdos internacionales celebrados en forma simplificada resulten constitucionales y, por lo tanto, jurídicamente vinculantes en el derecho interno, es necesario que se trate de acuerdos de simple ejecución de obligaciones pactadas en tratados internacionales negociados previamente. En razón de lo anterior, la Corporación avaló la celebración de contratos o convenios de cooperación técnica del Estado colombiano con entidades internacionales.
[3] M.P.J.I.P.C..
[5] Sentencia C-334 de 2002 M.P.Á.T.G.
[16] Cfr. Sentencia C-644 de 2004, M.P.R.E.G.
[17] Cfr. Auto 038 de 2004 M.P.M.J.C.E. y Sentencia C-533 de 2004 M.P.Á.T.G.
[18] Auto A-089 de M.P.: M.J.C.E.; SV: J.A., A.B., J.C. y C.I.V..
[26] Sentencia C- 933 de de 2006 M.P.R.E.G..
[27] Cfr. las Sentencia C-930 de 2006 M.P.J.C.T.
[28] Ver, entre otros, Autos A-118 de 2007 M.P.Á.T.G., Auto A-170 de 2003 M.P.Á.T.G.
[29] M.P.J.A.M.
[30] M.P.F.M.D.
[31] M.P.M.G.M.C.
[32] Sentencia C-186 de 1999 M.P.F.M.D..
[33] M.P.H.S.P..
[34] Cfr. Sentencia C-378 DE 2009 M.P H.A.S.P.
[35] M.P.M.V.S.M.
[36] M.P.M.V.S.M.
[37] M.P.J.A.R.
[38] M.P.J.A.R.
[39] M.P.M.G.M.C.
[40] M.P.H.A.S.P.
Tutela de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 66712 de 9 de Mayo de 2013