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Timestamp: 2019-09-23 07:32:36
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Matched Legal Cases: ['artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 14', 'artículo 47', 'artículo 48', 'artículo 28', 'artículo 30', 'Artículo 48', 'Artículo 28', 'Artículo 30', 'artículo 30', 'artículo 13', 'artículo 45', 'artículo 48', 'artículo 30', 'artículo 47', 'artículo 28']

﻿ Sentencia 2012-01512 de octubre 7 de 2015
SENTENCIA 2012-01512 DE 07 DE OCTUBRE DE 2015
CONTENIDO:PROCESO DISCIPLINARIO. CUANDO UN ABOGADO DE MANERA VOLUNTARIA PATROCINA EL EJERCICIO DE DILIGENCIAS JUDICIALES DE UNA PERSONA NO HABILITADA LEGALMENTE PARA HACERLO, FALTA AL EJERCICIO DECOROSO Y DIGNO DE LA PROFESIÓN, LO QUE LE ACARREA UNA SANCIÓN DISCIPLINARIA.
TEMAS ESPECÍFICOS:SANCIÓN DISCIPLINARIA, PROCESO DISCIPLINARIO, PROFESIÓN, ABOGADO
Sentencia 2012-01512 de octubre 7 de 2015
Rad. 050011102000201201512 01 aprobada según Acta 84
Ref.: Apelación sentencia. Abogado José Nicolás Bedoya Bedoya
De conformidad con las atribuciones conferidas en los artículos 256-3 de la Constitución Política, artículos 112-4 y 60 de la Ley 1123 de 2007, esta Sala Jurisdiccional Disciplinaria es competente para conocer y resolver el recurso interpuesto por el disciplinado y su apoderado judicial contra la sentencia proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia.
Ahora bien, en razón a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 2 de 2015, se adoptó una reforma a la Rama Judicial, denominada “equilibrio de poderes”, en lo atinente al Consejo Superior de la Judicatura, literalmente en el parágrafo transitorio primero del artículo 19 de la referida reforma constitucional, enunció: “(...) Los actuales Magistrados de las Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”.
En el mismo sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional en auto 278 del 9 de julio de 2015, al pronunciarse respecto a la competencia para conocer conflictos de jurisdicciones, decantó el alcance e interpretación de la entrada en vigencia del referido Acto Legislativo 2 de 2015, concluyendo que en relación a las funciones que se encontraban a cargo de esta Sala, las modificaciones introducidas quedaron distribuidas de la siguiente manera: (i) la relacionada con el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, pasó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, órganos creados en dicha reforma (artículo 19), y (ii) la relacionada con dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones, fue asignada a la Corte Constitucional (artículo 14).
Frente al caso, se endilgó al abogado JOSÉ NICOLÁS BEDOYA BEDOYA, en la audiencia de pruebas y calificación, estar posiblemente incurso en las faltas contenidas en el artículo 47 numeral 1º el cual se traduce en falta al artículo 48 numeral 8º del Decreto 196 de 1971 y como la conducta se extendió en vigencia de la Ley 1123 de 2007, se armonizaron dichos comportamientos con lo previsto en el artículo 28 numeral 5º desarrollado como falta disciplinaria en el artículo 30 numeral 6º de la Ley 1123 de 2007, imputadas a título doloso cuyo tenor literal disponen:
“ARTICULO 47. Son deberes del abogado:
1. Conservar la dignidad y el decoro de la profesión;
Artículo 48. Constituyen faltas contra la dignidad de la profesión.
8. El patrocinio del ejercicio ilegal de la abogacía.
Comportamientos armonizados con la Ley 1123 de 2007:
Artículo 28. Deberes profesionales del abogado. Son deberes del abogado.
5. Conservar y defender la dignidad y el decoro de la profesión.
Artículo 30. Constituyen faltas contra la dignidad de la profesión:
6. Patrocinar el ejercicio ilegal de la abogacía”.
Los hechos investigados se encaminaron a establecer, con fundamento en lo señalado por el señor DARÍO DE JESÚS YEPES LOPERA, si el abogado investigado, incursionó en falta disciplinaria, por patrocinar el ejercicio ilegal de la profesión del señor ALBEIRO ESCOBAR, con quien contrató el trámite de un proceso de sucesión adelantado en el Juzgado 2º Civil Municipal de Itagüí y por lo cual le canceló la suma de $ 2.500.000, para gastos de la misma.
En virtud de la competencia arriba mencionada, procede la Sala a emitir su pronunciamiento con apoyo en el material probatorio allegado al plenario y a la luz de las disposiciones legales que atañen al tema a debatir, precisando que tal como lo ha sostenido la jurisprudencia, la órbita de competencia del Juez de segunda instancia, hace imperioso emitir pronunciamiento únicamente en relación con los aspectos impugnados, toda vez que presume el legislador que aquellos que no son objeto de sustentación, es porque no suscitan inconformidad en el sujeto procesal que hace uso de la apelación, pudiendo extender la competencia a asuntos no impugnados, si resultan inescindiblemente vinculados al objeto del recurso.
En ese orden de ideas, la Sala se centrará en verificar i) si con la adecuación típica efectuada por la instancia, se le vulneró al investigado el principio de legalidad al haberle imputado tanto el Decreto 196 de 1971 como la Ley 1123 de 2007, veamos; emerge diáfano del material probatorio adosado, que el abogado disciplinado actuó dentro del trámite de sucesión que cursó en el Juzgado 2º Civil Municipal de Itagüí radicado bajo el Nº 739-2004, desde el 26 de mayo de 2005, momento en el cual aceptó el poder para representar los intereses del quejoso.
De entrada resulta fundado afirmar, de acuerdo al material probatorio recaudado, que el profesional del derecho encartado desplegó actuaciones dentro del referido proceso(23) hasta el momento en que le fue aceptada la renuncia por parte del Juez de conocimiento esto es el 16 de mayo de 2012(24).
De cara a las argumentaciones expuestas se tiene entonces que la adecuación típica efectuada por la instancia se ajustó al principio constitucional de legalidad, pues no tiene discusión que la conducta desplegada por el togado fue de tracto sucesivo tal y como acertadamente lo consideró la instancia en la formulación de cargos y era imperativo aplicar el Decreto 196 de 1971, toda vez, que el patrocinio del ejercicio ilegal de la profesión inició en el año 2005 como ya se indicó y se extendió en el tiempo hasta el momento en que le fue aceptada la renuncia al abogado encartado; siendo del caso advertir, que la Ley 1123 de 2007 entró en vigencia el 22 de mayo de 2007, momento para el cual la conducta ya venía desarrollándose.
Acorde con lo afirmado, la Sala comparte sin mayores disquisiciones lo argumentado por la primera instancia y en razón a ello se despachará desfavorablemente el pedimento del encartado.
Así las cosas, de la prueba allegada al diligenciamiento se estableció en grado de certeza, que el abogado BEDOYA BEDOYA sí incursionó en la falta enrostrada, pues tajantemente así lo reconoció en la versión libre rendida el 21 de noviembre de 2013(25), cuando clara y precisamente sostuvo que quien tramitó ese proceso fue el señor ALBEIRO ESCOBAR quien poseía conocimientos empíricos sobre derecho y él solo se encargaba de firmarle los memoriales y debido a eso nunca estuvo atento al trámite del proceso como tal.
De otro lado, fue motivo de inconformidad por el recurrente ii) el hecho de que el magistrado sustanciador de instancia no debió tener en cuenta el antecedente disciplinario de la censura impuesta en el proceso disciplinario 2006-00215 visible en el certificado 28380(26) para dosificar la sanción, dado que la misma sobrepasó el tiempo de 5 años anteriores a la fecha de la presente sentencia y por ello no debió tenerse en cuenta como criterio de agravación. Argumentó que la referida sanción ya no figura en el certificado 2771128 el cual reposa a folios 131 y 132 del cuaderno original, que fue expedido el 15 de octubre de 2014.
Pues bien, resulta forzoso puntualizarle al censor que para la tasación de la sanción uno de los criterios que se aplica en dicho momento, es la existencia de antecedentes disciplinarios al momento de la comisión de la conducta. En ese orden de ideas, para emitir sentencia el Magistrado sustanciador de instancia, efectuó una valoración y ponderación con todos los elementos de convicción allegados el plenario, por tal motivo, como se evidencia del folio 143 del proveído objeto de impugnación, la instancia observó los certificados allegados al dossier e indicados por el apelante.
No obstante como ya se señaló, la tasación de la sanción es el producto del análisis de todas las circunstancias demostradas dentro del plenario y aunque la sanción de censura ya no aparezca registrada en el certificado 271128 de fecha 15 de octubre de 2014, por haber trascurrido los cinco años anteriores a la comisión de la conducta, ello no pone en duda que el disciplinado sea proclive a trasegar en la conducta irrogada a título doloso, pues nótese que la sanción dentro del radicado 2008-009770 01(27), fue de suspensión de tres meses y multa de 3 SMLMV, por una falta afín a la que hoy se reprocha, esto es, la contenida en el artículo 30 numeral 5º de la Ley 1123 de 2007.
Permite ello colegir a esta Superioridad sin dubitación alguna, que fue acertada la decisión del a quo, ligada a la realidad documental y probatoria vertida en autos, lo cual conlleva a inferir lógicamente la responsabilidad disciplinaria del doctor BEDOYA BEDOYA, pues faltó consciente y voluntariamente faltó al ejercicio decoroso y digno de la profesión del derecho, pues de manera voluntaria y conscientemente patrocinó el ejercicio de la profesión de una persona no habilitada legalmente para hacerlo, aunado al hecho, de ser reincidente en quebrantar el código deontológico del abogado.
Así las cosas, las argumentaciones expuestas por el censor en su recurso de alzada están llamadas al fracaso, pues se comparte ampliamente la valoración probatoria, como la adecuación realizada por el a quo y la tasación de la sanción, por considerarla ajustada al comportamiento desarrollado por el encartado ya que el ejercicio de la profesión, comporta conductas que dignifican la noble profesión del abogado, toda vez que a un profesional del derecho no le es dable patrocinar el ejercicio empírico de la abogacía, de manera autómata y ciegamente, poniendo en riesgo los intereses patrimoniales de clientes de buena fe.
Bajo esa óptica y conforme a lo previsto en el artículo 13 de la Ley 1123 de 2007, para la graduación de la sanción considera esta Colegiatura que fueron tenidos en cuenta los límites y parámetros allí señalados, los cuales consultaron los principios de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad; así pues, teniendo en cuenta la modalidad y gravedad de la conducta disciplinaria cometida por el investigado a quien le asistía la obligación de defender la dignidad de la profesión, la sanción de suspensión en el ejercicio de la profesión por el término de cuatro (4) meses, más multa de cuatro (4) smlmv para el año 2012, impuesta en la sentencia materia de apelación cumple los criterios legales y constitucionales. En igual sentido, se observa que la instancia aplicó el contenido del artículo 45 ibídem, el cual en sus literales a, b, y c, establece los criterios generales de atenuación y de agravación de la sanción.
Colofón de lo anterior, y atendiendo el hecho de que la falta fue cometida a título de dolo, evidencia que al profesional del derecho encartado no le importó desatender el estatuto deontológico del abogado y permitió que una persona inescrupulosa ejerciera la profesión de abogado sin tener tal calidad, lo cual genera un menoscabo de la dignidad de la profesión.
Así las cosas, considera acertada la Sala la sanción impuesta, acorde con el principio de razonabilidad, íntimamente ligado con los fines de la función disciplinaria, luego se encuentra justificada la sanción impuesta al encartado. Al respecto la Corte Constitucional ha sostenido:
“(...) la razonabilidad hace relación a que un juicio raciocinio o idea esté conforme con la prudencia, la justicia o la equidad que rigen para el caso concreto. Es decir, cuando se justifica una acción o expresión de una idea juicio raciocinio por su conveniencia o necesidad”.
En atención al principio de necesidad en el caso de autos, la sanción impuesta encuentra asidero comoquiera, que es fundamental, dejar sentado un mensaje reflexivo a los profesionales del derecho con el fin de prevenir a futuro dichas conductas. Al respecto la doctrina(28) ha puntualizado:
“(...) Amenaza de un mal todo aquel que no observe a cabalidad los deberes profesionales o viole el régimen de incompatibilidades, de suerte que avoque a los profesionales del derecho a encausar por caminos de legitimidad, honestidad y rectitud, disuadiéndolos de incurrir en faltas disciplinarias”.
Por todo lo anterior, esta Superioridad confirma la providencia apelada.
1. CONFIRMAR, la sentencia proferida el siete (7) de noviembre de 2014, por el Consejo Seccional de la judicatura de Antioquia, mediante la cual se sancionó con SUSPENSIÓN POR EL TÉRMINO CUATRO ( 4 ) MESES en el ejercicio de la profesión y MULTA equivalente a cuatro (4) SLMV para el año 2012, al abogado JOSÉ NICOLÁS BEDOYA BEDOYA tras hallarlo responsable de la falta descrita en el artículo 48 numeral 8º del Decreto 196 de 1971, en armonía con el artículo 30 numeral 6º de la Ley 1123 de 2007, por haber infringido los deberes consagrados en el artículo 47 numeral 1º del Decreto 196 de 1971 en armonía con el artículo 28 numeral 5º de la Ley 1123 de 2007, falta irrogada a título de dolo, conforme las consideraciones vertidas en este proveído.
2. Anótese la sanción en el Registro Nacional de Abogados fecha a partir de la cual la sanción empezará a regir, para cuyo efecto se comunicará lo aquí resuelto a la oficina encargada de dicho registro enviándole copia de esta sentencia con constancia de su ejecutoria.
3. DEVOLVER el expediente al Consejo Seccional de Origen para que en primer lugar, notifique a todas las partes dentro del proceso y en segundo lugar cumpla lo dispuesto por la Sala.
23 Visibles a folios 30, 39, 55, 108, 115 del cuaderno anexo 1.
24 Momento en el cual le fue aceptada la renuncia, folio 115 anexo 1.
25 Folio 61, C. O.
26 Visible a folio 29, C. O.
27 Impuesta por la M.P. MARÍA MERCEDES LÓPEZ MORA.
28 Código Disciplinario del Abogado. Ediciones Doctrina y Ley Ltda. 2008 Págs. 45 y 46.