Source: https://es.scribd.com/doc/153161340/Indubio-Pro-Reo-1
Timestamp: 2017-01-19 13:12:17
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NavegarInteresesBiography & MemoirBusiness & LeadershipFiction & LiteraturePolitics & EconomyHealth & WellnessSociety & CultureHappiness & Self-HelpMystery, Thriller & CrimeHistoryYoung AdultNavegar porLibrosAudio librosArtículosPartiturasExplorar todoSubirIniciar sesiónRegistrarse«IN DUBIO PRO REO», LIBRE APRECIACIÓN DE LA PRUEBA Y PRESUNCIÓN DE INOCENCIAFRANCISCO TOMAS Y VALIENTE
entre otros. que darla al que non la meresciesse nin ouisse fecho alguna cosa por qué. 155—.. Curia Philipica. que comienza con «E aun dezimos que. aunque sin duda por error material la ley aparece citada como perteneciente al título XXXII y no al XXXI de la Séptima Partida.» Así. a la que se remite. que para condenarlos. del libro L del Digesto —50. 242. como doctrinas de Docto(1) El texto íntegro de P. 17. Aquel buen juez y excelente jurista. sino también una ley de las Partidas (P. de Madrid.. L. 56.» y sigue con lo transcrito en el texto. HEVIA BOLAÑOS para sostener en su muy leída Curia Philipica la tesis en cuestión (1). 17. en los pleytos que claramente non pueden ser provados o que fueren dudosos. los Judgadores todavía deuen estar mas inclinados e aparejados para quitar ornes de pena. 17. 50.. 17. 50. ed. así de entendimientos de leyes. JUAN HEVIA BOLAÑOS. «Sobre las diversas reglas del Derecho antiguo». propio del Derecho preliberal. 9). en un capítulo dedicado a reflexionar sobre la piedad como virtud del buen corregidor. 9.«IN DUBIO PRO REO»
II. Dice la ley de Partidas que «. 11
. 17. D. «mas santa cosa es» absolver que condenar. dice así: «33. al decir que «en las causas penales debe seguirse la interpretación más benigna» («In poenalibus causis benignius interpretandum est». No está en juego ningún derecho del individuo a quien se juzga.9 no interesa aquí porque trata de otro asunto. VII. 31. VII. aunque en realidad sólo el último texto o regla es pertinente a la materia que nos ocupa.31. 155). ca mas santa cosa es e mas derecha quitar al ome de la pena que mereciese por yerro que ouiese fecho. se refiere a ella. 20. sino la virtud del juzgador. y 50. Tengan por regla general los juezes en todas las cosas dudosas. 122. todos ellos incluidos en el título XVII. 1825 p. en la duda o a falta de prueba. 50. Dentro de este mismo enfoque se sitúa un precioso texto de CASTILLO DE BOVADILLA que conviene recordar aquí.. en apoyo de lo cual se citan no sólo algunos textos del Derecho romano. pues. tenía vigencia y aplicación reales el principio in dubio pro reo. Sólo importa el párrafo final. 17.
EL « I N DUBIO PRO REO» DURANTE EL ANTIGUO RÉGIMEN
Suele defenderse la tesis de que también durante el proceso penal inquisitivo.
CASTILLO DE BOVADILLA. 1978. 3. que inclina a absolver o a imponer pena menor: y si huviere diversas leyes o ley y ordenanca para el castigo de algún delito. podían considerarse como bastantes para producir la semi-plena probatio. p. y que es mejor pecar en la misericordia y dar cuenta de ella que del rigor. proceda guardando la equidad inclinándose a la parte mas piadosa. I I I . Y si el acompañado en la recusación diere la sentencia mas piadosa. Por otra parte. II. aquella execute siendo exequible. atentas las causas y las personas y los tiempos. cfr. lo que con estas moralizantes consideraciones se pretendía era mover al juez a la misericordia con preferencia al rigor. tomo I. Ahora bien: el sistema de probanzas y presunciones del Derecho de los siglos xin a xvni estaba construido precisamente para condenar tan sólo con indicios de culpa.FRANCISCO TOMAS Y VALIENTE
res. 17) mayormente en denunciaciones y negocios de su aprovechamiento. no considerando que se gana mayor gloria y honra en absolver que en condenar. Madrid. lib. siempre (como dice Bessio) se incline a la piedad.
. para lo cual. Es decir. por un lado. cap. GONZXLEZ A L O N S O . ya que incluso la honra y gloria del buen juez ganaban más con ellas que con sus opuestos. bien de modo espontáneo o bien por medio del tormento. ni los tendrán en nada. ni las Partidas ni la doctrina de los juristas ofrecen dudas respecto a que la inclinación hacia la benignidad sólo cabe en aquellos pleitos que no están claramente probados. 257. con prólogo de S. Y en las doctrinas y opiniones controversas qual se aya de seguir decimos mas adelante. por otro lado. a la piedad y benignidad como mejores que la severidad. como queda dicho» (2). y no aciertan a absolver a ninguno contra lo que dispone una ley de partidas (P. MARTÍN RETORTILLO y estudio preliminar de B. 23. núm. no quedan satisfechos. en virtud de la
(2) J. y. Política para Corregidores y señores de vasallos. Ay algunos juezes que les parece que sino condenan siempre a los reos. ' d e l INAP. los indicios servían como base para poner en práctica el mecanismo tendente a obtener la confesión del reo indiciado. pues el derecho con razón lo dispone assi: y en las cosas arbitrarias en que no hay decisión de ley. y no la suya mas rigurosa. juzguen por la mas benigna. seguir la opinión mas piadosa. Los textos citados se insertan en la retórica y en la ética y no en el Derecho. ya que ninguna norma prescribe con precisión cuándo hay que actuar así ni qué ocurre si él juez desoye tan benévolas advertencias. 22. y sino huviere decisión o derecho expresso y huviere de arbitrar.
48. los integrantes de los estamentos privilegiados. producir un resultado pleno o de plena probatio. Existía entonces una gradación ternaria constituida por los conceptos inocencia-semiculpabilidad-culpabilidad. Por último. pero por el mismo mecanismo la simple existencia de algún indicio de culpa contra los miembros del estado llano implicaba para ellos una verdadera presunción de culpabilidad. 1982.30. como el ya citado del testes unus. moderada según el arbitrio del juez («pena arbitraria»). pp.VALIENTE. pp. El proceso penal en Castilla (siglos ed. del éxito positivo de la actividad probatoria del reo. 153 a 200. Ed.
XIII-XVIIIJ.. pero sí podía imponerle una pena extraordinaria. 221 y ss. Madrid. las menos veces. 178 y ss.«IN DUBIO PRO REO»
cual el juez no podía imponer al reo la pena legal ordinaria prevista para el delito. En conclusión: el sistema de pruebas legales tasadas. o bien porque sólo habían podido utilizarse contra el reo medios probatorios imperfectos (testes unus). que llevaba aparejada la imposición de la pena legal ordinaria (4).. ID. VII.. gozaban ciertamente de una presunción protectora contra los indicios de culpabilidad (salvo en los delitos de lesa majestad divina y. podían. y 244-255.. Gobierno e instituciones en la España del Antiguo Régimen. o bien porque dejaba en pie ciertos indicios de culpa que convenía purgar. p. difícilmente convertible de jacto y de iure en una sentencia penal plenamente absolutoria. Universidad de Salamanca. 1967. que sólo se imponía tras la plena probatio. 227 y ss. y pp. incluso en ocasiones en relación con el atormentado inconfeso. humana). en concreto los que implicaban un mayor riesgo contra las instituciones clave del sistema. pp. Madrid. Alianza. pp. en virtud de la cual medios probatorios imperfectos. Vigilar y castigar. Nótese también que la regulación de determinados delitos. el concepto de
(3) MARÍA PAZ ALONSO ROMERO. Historia del Derecho Penal.
cfr. in : cluida la tortura sin confesión. la inocencia el resultado improbable del fracaso completo de la actividad inquisitiva.3 y leyes siguientes.. amparados por la fama u honra que les deparaba el hecho de serlo. Ed.
. y la semiculpabilidad era la consecuencia de la actividad probatoria de cargo incompleta. Madrid. 317 y ss. iba acompañada del sistema de «prueba privilegiada». pues la culpabilidad era el resultado del éxito probatorio de las pruebas con valor legalmente tasado. 1982.
(5) FRANCISCO TOMXS Y . a los que correspondía una paralela adecuación de medios probatorios.. gracias al principio de desigualdad en y ante la ley penal (5).
FRANCISCO TOMXS Y VALIENTE. MICHEL FOUCAULT. o. Tecnos. Siglo XXI. como muestra P. Historia del Derecho Penal de la Monarquía
absoluta (siglos XIII a XVIII). aunque menor que la ordinaria (3). sin embargo. 1978.
. (9) La «Leopoldina». en la desconfianza respecto al sistema procesal inquisitivo y en un claro rechazo del arbitrio judicial. Vigilar. Aguilar. 1972. MICHEL FOUCAULT. en la Leopoldina (9). tome neuviéme. En verdad. en especial capítulo VI. xi. En el medio siglo que va desde BECCARIA al Código Penal francés cambia la «microfísica del poder» en lo que se refiere al proceso y al Derecho penal: «Es la época en que fue redistribuida en Europa y en los Estados Unidos toda la economía del castigo» (7). esp. Siena. defensa del proceso acusatorio y rechazo del proceso inquisitivo. Universitá degli Studi de Siena.. pp. Los jueces. En BECCARIA (8). 1176 a 1208. Madrid. en MABLY (10). sí. BECCARIA. (11) Cfr. restricción. No veo aparecer ni el principio in dubio pro reo ni. en un vago humanitarismo hacia el acusado. dura crítica al sistema penitenciario. el principio inherente al sistema procesal-penal inquisitivo era éste: en la duda. 1967.
(6) (7) MONTESQUIEU. vols. pero también premios. el mecanismo protector-represivo de la prueba privilegiada y la desigualdad jurídico-formal apenas dejaban lugar para la aplicación del in dubio pro reo o de otros topoi o loci communi semejantes. II.FRANCISCO TOMAS Y VALIENTE
semi-plena probatio. De los delitos y las penas. castigos.
. en los ilustrados españoles (11) aparecen los nuevos tópicos de la época: leyes penales suaves. ibídem. 3-6 de diciembre de 1986. pero sometido a éste. 15 y ss. crítica al sistema probatorio. cuando no abierto rechazo. Incontro Internazionale di Studio. vi. 267-296.
<8) C. las obras citadas en la nota 4 y mi comunicación sobre JUAN PABLO FORNER al simposio mencionado en nota 9. a la pena de muerte.. deben constituir un poder distinto al legislador. París. 81 a 108.. Ed. voluntad de regenerar al delincuente.
«IN DUBIO PRO REO» Y LIBRE APRECIACIÓN
DE LA PRUEBA DESDE EL HUMANITARISMO DE LA ILUSTRACIÓN HASTA LA JURISPRUDENCIA PRECONSTITUCIONAL DEL TRIBUNAL SUPREMO
Con la Ilustración cambia la actitud respecto al acusado-condenadopenado.. antes que en principios o instituciones formulados con precisión jurídica. (10) Oeuvres completes de l'abbé. vol. condena a pena arbitraria. no a la tortura.
III. sí. meras bocas de la ley (6). Criminalitá e giustizia crimínale nelle rijorme del Settecento europeo. La nueva sensibilidad se manifiesta. pp. I y II. pp. pp. De l'esprit des lois..
Cfr. pp. I.. fundamento jurídico 1. un proceso penal predominantemente acusatorio. París. (13) M. 741: «El Tribunal. JC IV. 9.punto es clave. PASTORET. cuyo artículo 9 comienza diciendo: . y este. cfr. cfr. En términos semejantes. y por ello el axioma segundo va seguido del rechazo de la prueba incompleta.
. DE PASTORET. Los tres axiomas de PASTORET ponen de manifiesto que la idea éticoretórica de la benignidad del juez es diferente (axioma primero. «Tout homme étant presume innocent jusqu'á ce qu'il ait été declaré coupable. y sólo las practicadas en él son verdaderamente tales (15). como es perceptible a partir de la lectura de su exposición de motivos (14). 5. el proceso acusatorio y oral se basa en el principio de la libre valoración». GARCÍA CARRERO. M.«IN DUBIO PRO REO»
menos aún. declara que toda su obra deriva de estos tres «axiomas»: «Premier Axiome: La condamnation des innocents est un plus grand mal que l'absolution des •coupables. tout rigueur qui ne serait . también STC 56/82. E.«Tout homme étant presume innocent jusqu'á ce qu'il ait été declaré coupable. 1790. aunque sí. pp. 163 y ss.» (12). núm. (15) L. 67-72. apreciando según su conciencia las pruebas practicadas en el juicio.. la presunción de inocencia hasta la Declaración de 1789. 67-68. Al mismo tiempo revelan que esta presunción era incompatible con el binomio prueba incompleta-pena arbitraria... el reconocimiento constitucional expreso de derechos que consistían en otras tantas garantías del individuo en el marco del proceso penal. Un año después. En el juicio oral y no en el sumario es donde hay que practicar las pruebas. Second Axiome: Jusqu'au moment de la condamnation le coupable est reputé innocent. equivalente a los textos antes citados de Partidas y de CASTILLO DE BOVADILLA) al principio de presunción de inocencia.» (el subrayado es mío). Des lois pénales. ya desde la Constitución de 1812. La centenaria y vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal establece. (14) Sobre el eco de tal «Exposición» en el momento actual. Cri. «La apreciación de la prueba en conciencia en el proceso penal y la protección constitucional de la presunción de inocencia».pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit étre sévérement reprime par la loi». Por otra parte. En España no hubo precepto alguno de las sucesivas Constituciones equivalente al artículo 9 de la Declaración francesa de 1789. en su famosísimo tratado Des lois pénales. STC 173/1985. I y II. diciembre 1982. art. «a diferencia del sistema de prueba legal del proceso inquisitivo. 20-21.. fundamento jurídico 2. s'il est jugé indispensable de l'arréter. Troisiéme Axiome: La preuve n'existe pas tant qu'elle n'est pas complette» (13). según pone de
(12) Art. en concreto pp. pp. en Revista del Poder Judicial.
etc. Y aun en esa disposición lo que se recomienda a los jurados es que 'en silencio y recogimiento busquen en la sinceridad de su conciencia qué impresión han dejado en su razón las pruebas'» (17). pero tampoco queda excluida «la prueba por
(16) E.FRANCISCO TOMAS Y VALIENTE
relieve el artículo 741 de la L. 274. sus impresiones o sus sospechas.. partiendo de unos datos fijados con certeza. Cri. la expresión 'según su conciencia' del artículo 741 puede resultar equívoca. Derecho Procesal Penal. 16 •
.. 9. es apreciar las percepciones del juez durante el juicio 'según las reglas del criterio racional'. La palabra 'conciencia' procede del artículo 342 del Code d'instruc.a cd. Pero incluso en ese texto histórico aparece con claridad que una cosa es que la ley no prescriba reglas de que se haga depender la plenitud o suficiencia de una prueba y otra distinta que la ley no pida cuentas al que juzga de los medios por que se haya convencido.. p. GÓMEZ ORBANEJA y V. y loe. y con una muy lúcida relación entre los artículos 741 y 717 de la L. cit. en nota anterior. HERCE QUEMADA.. dictará sentencia» (16). Libre valoración no quiere decir que el juzgador sea libre de seguir su capricho.
Madrid. crim. dicen en ellas GÓMEZ ORBANEJA y HERCE QUEMADA lo siguiente: «El sistema de la prueba tasada suponía que el propio ordenamiento jurídico recogiese en forma legal una serie de 'máximas de experiencia'. 1981. donde figura en la recomendación que se hace a los jurados antes de comenzar a deliberar. sino supone una deducción lógica. Dentro de este sistema probatorio de libre apreciación y de pleno convencimiento del juez no queda. apreciando según su conciencia las pruebas practicadas en el juicio.. E. O como dice acertadamente el artículo 717. con arreglo a las cuales los hechos valiesen como probados. francés. una vez cumplidos unos determinados requisitos o formas. Por ello. E. (17) Op. fijado legalmente el valor de cada prueba (pruebas tasadas).. Cri. hay unas páginas de un texto académico clásico entre nosotros que no me resisto a reproducir y a glosar. como es obvio. Comentando esto. Porque sugiere indebidamente una operación íntima o secreta de que no hubiese que dar cuenta. al decir que «el Tribunal. con independencia del convencimiento del juzgador.
que es desde luego susceptible de constituir el fundamento probatorio de una sentencia condenatoria. que protege los intereses personales del hombre que sufre. A veces el in. es posiblemente no punible». 4014). porque «la falta de prueba de la culpabilidad equivale a la prueba de la inocencia» (19). un «humanitario principio» que «se fundamenta en la eficacia activa de la equidad dentro del ámbito del Derecho». pues la duda en el ánimo del juzgador debe conducir a la absolución. 241). de manera que. dice la STS de 4 de mayo de 1976. dubio pro reo como principio en orden a la valoración dudosa de la prueba y a la consiguiente absolución. esto es. (20) El análisis que sigue está hecho sobre sentencias de la Sala 2. siempre que de ella haya obtenido el órgano judicial penal el pleno y racional convencimiento de la culpabilidad y no.
(18) Ibídem. sometido al proceso penal» (R.«IN DUBIO PRO REO»
indicios. Esto es: «El juez penal no puede condenar por un hecho que. R. o como «principio jurídico general» o «principio general del Derecho (STS de 31 de enero de 1983. Azdi. y se ha interpretado por la mejor doctrina como la exigencia de que la condena vaya precedida de la certidumbre de la culpa. p. el principio in dubio pro reo se ha considerado como una consecuencia indudable del principio nulla poena sine crimine. presuntivas o rigoristas y se efectúa la interpretación in bonam partem. según su libre convencimiento. Azdi. desde luego que no. se enuncia en términos más amplios." fechadas en su mayoría entre 1970 y 1978. 17
. Agradezco al letrado del Tribunal Constitucional MIGUEL ÁNGEL MONTAÑÉS SU inestimable ayuda en la recopilación y clasificación de las resoluciones que a continuación cito. El in dubio pro reo ha sido reiteradamente calificado como «principio» o «principio jurídico» (auto de 18 de enero de 1973. Junto a esta interpretación doctrinal del alcance del principio citado. nullum crimen sine culpa. ¿cómo lo valoró y lo aplicó el Tribunal Supremo? (20). 2131). Azdi. Azdi. es. «se eliminan las hermenéuticas odiosas. frases que se habían ya escrito por el mismo ponente años antes (STS de 2 de noviembre de 1971. A ello cabe añadir que tampoco se valora legalmente esta prueba por indicios. prácticamente la más frecuente de todas las pruebas del proceso penal. el convencimiento logrado deduciendo racionalmente de un hecho distinto el que se necesita fijar» (18). por mano del ponente ÁNGEL ESCUDERO DEL CORRAL. R. 76). como equivalente al favor rei (STS de 14 de mayo de 1974. la simple sospecha o duda. p. Dentro de este marco legal. o sea. R. (19) Ibídem. al aplicarlo. 280. 275.
y en alguna ocasión se destaca «su condición humanística» (STS de 5 de octubre de 1973. Así lo señala la STS-de 4 de marzo de 1971 (R. De hecho.. La anterior terminología no oculta. contradicción alguna en lo fundamental. y poco después la Sala declaraba que el citado principio «tiene su actuación necesaria e indeclinable dentro del campo de la interpretación de las pruebas.18
. en materia de apreciación de la prueba (21). como es debido. 1637) indica que «en el ámbito procesal de la prueba despliega toda su fuerza. ya citada). antes de la Constitución). 2136. no se circunscribió a este campo. En otra ocasión la Sala repitió que «lo que la doctrina de esta Sala tiene declarado con reiteración es que el recurso de casación por infracción •de principios generales del Derecho no tiene cabida y encaje en este recurso de carácter extraordinario y formalista. que pueda servir de base al recurso (de casación) interpuesto. el Tibunal Supremo aplicó con amplitud y frecuencia el in dubio pro reo. Es más.. Azdi. 2296) o al principio pro reo (STS de 30 de noviembre de 1971. ponente BENJAMÍN GIL SÁEZ) por su propia rotundidad y por su expresa remisión a otras sentencias. 3555) o se lo califica de «axioma forense» (STS de 15 de abril de 1975. el ya citado auto de 18 de enero de 1973 declaraba no haber lugar a la admisión de un motivo en el que se invocaba como vulnerado el mencionado principio. La claridad del texto hace innecesaria su glosa. en lo concerniente a lo que el in dubio pro reo no era (se entiende.. 1637). Azdi.dicho principio pro reo no constituye precepto penal sustantivo ni norma jurídica del mismo -carácter». el axioma forense in dubio pro reo». esto es. R. R.». 5189). R. se concluye que el in dubio pro reo no podía ser invocado como motivo de casación. Azdi.. Azdi. primordialmente en su «lugar natural». Azdi. En el mismo sentido. en el
. 859) al afirmar que «el principio pro reo no puede aducirse en casación. porque. sin vinculación alguna (quiérese decir.•FRANCISCO TOMAS Y VALIENTE
R. «toda vez que la cita de preceptos penales sustantivos o de normas jurídicas del mismo carácter como supuestamente conculcados no puede ser sustituida por la de principios jurídicos aunque hayan sido acogidos por la doctrina. Azdi. según doctrina de esta Sala».° de la STS de 21 de mayo de 1979 (R. esto es.
(21) La STS de 15 de abril de 1975 (R. sin carácter o fuerza vinculante). Azdi. se dice allí que «el principio invocado (el in dubio pro reo) sólo es una orientación o norma moral de conducta y equidad dirigida a la conciencia del juzgador de instancia. A estos efectos conviene reproducir un inequívoco párrafo del considerando 3. Por todo lo dicho.» (STS de 21 de mayo de 1979. pese a los matices di versificadores perceptibles a lo largo de los años.
«en caso de duda sobre los hechos objeto de enjuiciamiento ha de estarse. Azdi. Azdi 1734). para condenar incluso en la duda. R. en especial pp.
ponente. pero no como norma jurídica. Azdi. 14 de mayo de 1974 (R. Si durante el Antiguo Régimen fue una recomendación dirigida a estimular la benevolencia del juez virtuoso. 1982. Ni era invocabl'e. ni. en casación. 4312). Azdi. por otra parte. La Ley. (24) JOSÉ GUERRA SAN MARTÍN. (22) STS de 11 de marzo de 1975 (R.. por aplicación del principiopro reo. Azdi. 1184 y 1185.«IN DUBIO PRO REO»
sino que también hizo aplicación del principio. De aquel principio no derivaba para éste ningún derecho subjetivo. pero no podía exigir su cumplimiento. o en lo concerniente a la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal (23). 3045). 2296). 4380). 4401). 1059). 1183-1206. «El derecho a la presunción de inocencia». núm. (23) Cfr. ENRIQUE TORRES
Y LÓPEZ DE LA CALLE. 2 de noviembre de 1971 (R. desde la entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento Criminal hasta la promulgación de la
sentido de proporcionarle el alcance más beneficioso o favorable para el inculpado en el caso de que se presenten dudas o sean diversas las consecuencias que de ello puedan derivarse» (STS de 4 de mayo de 1976. Azdi. 66). a lo más favorable para el acusado» (STS de 14 de abril de 1971. sin embargo. pp. R. la naturaleza del in dubio pro reo como principio y no precepto. en la determinación del tipo penal (22). En la misma línea. JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE. en contraposición con lo ocurrido durante siglos en un sistema procesalpenal inquisitivo. Azdi. siempre en sentido favorable al reo. 13 de noviembre de 1973 (R. Azdi. «disponía el condenado de ningún medio legal para reaccionar contra unos hechos probados condenatorios aunque la acusación no hubiera cumplido con su carga probatoria» (24). 4. porque «la demostración de los hechos delictivos no puede ser suplida por presunciones sin violar los principios de legalidad e in dubio pro reo» (STS de 16 de marzo de 1979. Pero. de la prueba privilegiada y de la pena arbitraria. la muy importante STS de 5 de octubre de 1973 (R. 1153). Azdi.. STS de 20 de marzo de 1970 (R. 3555. Azdi. no controlable por el ciudadano. 772). lo reducía a la esfera «de la conciencia del juzgador de instancia». ÁNGEL ESCUDERO). el principio in dubio pro reo tenía plena cabida. como hemos visto. pueden verse STS de 30 de junio de 1970 (R. Y es que. Azdi. por todas. Todo ello pone de manifiesto. como se ha escrito recientemente. 15 de abril de 1975 (R. 23 de febrero de 1972 (R. dentro de un sistema procesal penal construido. como «orientación o norma moral». R. Azdi. El ciudadano podía beneficiarse de su aplicación si el juez de instancia o el Tribunal Supremo lo utilizaba. 1637) y 22 de enero de 1977 (R. con admisión de la semi plena probatio. 2131). Azdi. Azdi. por un lado. que en un sistema de libre apreciación de la prueba.
. 1471) y STS de 2 de julio de 1974 (R.
•con el 6. Sin querer formular aquí el régimen de los derechos fundamentales. pp. que goza de la máxima rigidez ante una posible reforma constitucional (art. que éste sólo puede ser desarrollado por medio de ley orgánica (art. 81 CE). con el artículo 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. En cuanto tal derecho fundamental debe ser tutelado por todos los jueces •y tribunales integrantes del poder judicial y goza de la protección extraordinaria del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (artículo 53 CE y arts. que en todo caso ha de respetarlo (art.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Nueva York. Su contenido esencial no es disponible por el legislador. pero no una norma jurídica de cumplimiento -exigible por los ciudadanos.
LA CONSTITUCIÓN DE 1978 Y LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO DERECHO FUNDAMENTAL
El inciso final del artículo 24. 41 y 44 de la LOTC). sí conviene recordar. 53. para quienes no nacían de aquel axioma o tópico jurídico derechos materiales ni remedios procesales. la presunción de inocencia ha dejado de ser un principio general del Derecho que ha de informar la actividad judicial (in dubio pro reo) para convertirse en un derecho fundamental que vincula a todos los poderes públicos y que es de aplicación inmediata» (25).
IV. como en efecto lo ha hecho el "Tribunal Constitucional a través de la jurisprudencia que vamos a analizar. razón por la cual importa definir en qué consiste.2 de la Constitución declara que todos tienen derecho a la presunción de inocencia. para que se pueda apreciar la importancia de la transforma•ción operada de lo que era un principio al actual derecho a la presunción de inocencia.20 STC 31/81.1 CE). entre •otras.
. la presunción de inocencia es un •derecho de rango constitucional. en virtud de la remisión del artículo 10. 168. fundamento jurídico 2. de conformidad. 213 y ss.2 del Convenio de Roma y con el 14. Digámoslo con palabras de la muy importante sentencia de la Sala 1.2 CE.1FRANCISC0 TOMAS Y VALIENTE
vigente Constitución fue un principio jurídico doctrinal y jurisprudencialmente admitido y aplicado.1 CE) y que tanto la presunción de inocencia como todos
(25) .a del Tribunal Constitucional de 28 de julio •de 1981: «Una vez consagrada constitucionalmente. Esta norma debe ser interpretada. JC II. Por vez primera en nuestra historia.
y ha de haberse producido con las debidas garantías procesales (33). JC XIII. cfr. b). fundamento jurídico 5). JC II. a juicio del recurrente en amparo. fundamentos jurídicos 6 y 7. (28) La expresión «mínima actividad probatoria» de la STC 31/81 fue poco a poco sustituida en autos y en sentencias por esta otra. 517. fundamento jurídico 2. 1 y ss. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. fundamento jurídico 3. 213 y ss. (27) STC 124/83. pp. 28 y ss. fundamento jurídico 3. JC XIII. Desde su primera sentencia al respecto.
V. fundamento jurídico 2. pues. pp. La prueba producida ha de ser tal «que de alguna forma pueda entenderse de cargo» (30). ACTIVIDAD PROBATORIA DE CARGO Y CERTEZA DE LA CULPABILIDAD
Nuestra atención se va a centrar desde ahora sobre el problema de cómo puede amparar el Tribunal Constitucional la presunción de inocencia sin quebrar ni el precepto procesal penal de libre valoración de la prueba ni la prohibición'que le impone el artículo 44. pp.«IN DUBIO PRO REO»
los otros derechos fundamentales no sólo son derechos públicos subjetivos •de cada individuo. se ha violado su derecho a la presunción de inocencia. 25 y 26. Ello implica que no puede imputarse al acusado «la carga de probrar su inocencia. pp. JC II. fundamento jurídico 1. fundamento jurídico 2. p. ha de haberse practicado en el juicio (31). de donde se infiere que la «actividad probatoria» (28) o «carga probatoria corresponde a los acusadores y que toda acusación debe ir acompañada de probanzas' de los hechos en que consiste» (29). (31) STC 31/81. pp. lo que a
(26) STC 31/81. JC VII. JC VI. JC II. 213 y ss.1. (32) STC 101/85. sino además «elementos esenciales de un ordenamiento •objetivo de la comunidad nacional en cuanto ésta se configure como marco de una convivencia humana. pp. JC VII. justa y pacífica» (STC 25/81. (33) STC 31/81. 213 y ss. fundamento jurídico 2. 522 y ss. ésta es la que inicialmente se presume como cierta hasta que se demuestre lo contrario» (27). STC 173/85. de la LOTC en orden a no entrar a conocer en ningún caso los hechos que dieron lugar al proceso a quo en el que. para de ese modo hacer posible la contradicción (32).
. JC II. el Tribunal ha señalado que teniendo la presunción de inocencia el carácter de presunción iuris tantum sólo puede quedar desvirtuada merced a una «mínima actividad probatoria» (26). pp. fundamento jurídico 3. pp. (29) STC 77/83. en efecto. (30) STC 31/81. 213 y ss. como ejemplo STC 36/83.
valorar su significado y trascendencia en orden a la fundamentación del fallo contenido en la sentencia» (38). (38) STC 31/81. pero compárese luego con la STC 107/83. 28 y ss. (36) STC 101/85. esto es. p. STC 36/86. finalmente.. hasta dónde puede
(34) STC 107/85. p. «si se da el presupuesto necesario para que pueda entenderse desvirtuada la presunción de inocencia» (36). cómo hay que entender y respetar tal principio sin por ello vulnerar la presunción de inocencia y. E. cuya primera sentencia sobre presunción de inocencia ya sentó la afirmación de que «el principio de libre valoración de la prueba recogido en el artículo 741 de la L. y la STC 114/84.FRANCISCO TOMAS Y VALIENTE
su vez implica en primer lugar que los medios probatorios traídos al proceso no pueden hacerse valer ni pueden ser admitidos por el juzgador si se han obtenido «violentando derechos o libertades fundamentales» (34). fundamento jurídico 2. fundamento jurídico 2. . fundamento jurídico 7. fundamento jurídico 3. puede decirse que ha habido casi unanimidad (37) y que la doctrina del Tribunal ha ido perfilándose sin saltos. en consecuencia. 26. y con otras muchas sentencias de la Sala de que formaba parte.
. ya citada. fundamento jurídico 2. •. Cri. pp. 4 y 5. no han impedido que el Tribunal haya formulado interesantes consideraciones para precisar en qué consiste la libre apreciación de la prueba. de la que fue ponente este magistrado. así como numerosísimos autos de inadmisión. allí citada (fundamentos jurídicos 3. sino caso a caso. Ahora bien. (39) Cfr. comprobada en amparo la existencia de una actividad probatoria ajustada a los requisitos expuestos. y sin conflictos entre las sentencias de cada Sala. pp. Todo esto concierne al control.. debe examinar si se produjo la actividad probatoria de cargo. (35) STC 55/82. 77. JC VI. el Tribunal Constitucional. 301 a 305). 161. JC XIII. el reconocimiento explícito de tal principio. unido al de los límites de la jurisdicción constitucional (39). 221 a 224). de la existencia de la prueba como medio y de los caracteres o requisitos de dicha actividad probatoria de cargo. ¿el Tribunal Constitucional no tiene ya nada que decir respecto a la valoración de la prueba —la prueba como resultado—? En principio. p. por el Tribunal Constitucional en vía de amparo. a quien corresponde. pp. «de la obligada distinción entre medio y resultado» (35). No obstante. (37) Como excepción puede considerarse el voto particular de ÁNGEL ESCUDERO en la STC 31/81 (JC II. supone que los distintos elementos de prueba puedan ser ponderados libremente por el Tribunal de instancia. a título de ejemplo. JC XIII. En lo hasta aquí sintetizado. pues. en caso de recurso de amparo. JC IV. así parece haberlo entendido el Tribunal. Partiendo. JC X.
3 de la CE. al sentenciar. p. y. de la LOTC le impide conocer •de los hechos que dieron lugar al proceso en todo caso. de su Ley. la comprometida función de fijar los hechos probados. (41) STC 107/83. fundamento jurídico 2. pero respetando el criterio con que la misma fue valorada por el Tribunal Penal» (41). por una parte.3 de la CE—.1. ya que el artículo 44. con exclusión del Tribunal Constitucional. que no fija tasa legal o ponderativa distinta. con arreglo a su conciencia o convencimiento íntimo y personal.«IN DUBIO PRO REO»
llegar el Tribunal Constitucional en defensa de la presunción de inocencia sin revisar por su parte la valoración de los resultados probatorios. En términos semejantes. según su conciencia. en que la apreciación del resultado probatorio corresponde a los órganos judiciales ex artículo 117. apreciar y valorar las pruebas efectivamente practicadas. convirtiéndose en un órgano revisor o tercera instancia. 335-336. «superando caducos sistemas de prueba legal. según determina el artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Al llevarla a cabo el juez penal. por otro lado. sin alterar el factum declarado como probado por el o los órganos judiciales. o íntima convicción. en que libre apreciación en conciencia significa «convencimiento íntimo y personal». de acuerdo con el artículo 44. la calificación penal y los efectos inherentes a la misma» (40). Es muy frecuente el reconocimiento explícito de la necesidad de respetar la valoración de la prueba hecha por el juzgador porque es de su exclusiva incumbencia.1. pp... Luego volveremos sobre algunas de las expresiones que me he permitido destacar en esta sentencia. en su caso. fundamento jurídico 2. b). limitando la intervención del Tribunal Constitucional únicamente a comprobar si ha habido actividad probatoria. correspondiendo a aquellos órganos judiciales. STC 103/85. véase a tal efecto el muy rotundo texto siguiente: «. JC VII. JC IV. asume en libertad. fundamento jurídico 2. correspondiendo únicamente a aquél comprobar si ante la alegación de la virtualidad de la presunción de inocencia ha existido una mínima actividad probatoria de cargo que pudiera desvirtuarla. es decir. b). 41. 161. por ser campo específicamente atribuido con exclusividad a la jurisdicción ordinaria —artículo 117. Sin em(40) STC 55/82. cuyo párrafo transcrito insiste. sin que en tal supuesto pueda el Tribunal Constitucional subrogarse en la valoración efectuada de dicha prueba. a los que se anuda. JC XIII.
. Lo' dicho en esta sentencia no ha sido contradicho por ninguna. p. En alguna sentencia el respeto a la libre apreciación judicial de la prueba va unido a la glosa de otros preceptos constitucionales o de la Ley Orgánica •del Tribunal.
que no tiene nada que ver con una posible vulneración del derecho a la presunción de inocencia la simple discrepancia del recurrente condenado con la apreciación de la prueba libremente efectuada por el juez cuando en el juicio ha habido «varios actos probatorios». fundamento jurídico 2. 124/83. JC VIII. una vez ha comprobado la existencia de actividad probatoria en un caso. De la libertad de apreciación de la prueba se infiere también que si el juez penal absuelve a un acusado por no haber alcanzado para él grado de «certeza plena» la comisión de un hecho delictivo por aquél. no por ello puede afirmarse violación alguna contra la presunción de inocencia. en los que se precisa la relación entre valoración libre y presunción de inocencia. 33. al convencimiento razonable y razonado de la culpabilidad de los antes absueltos.FRANCISCO TOMAS Y VALIENTE
bargo.. STC STC STC por todas. 298 a 300. aun sin contradecir en modo alguno sentencias anteriores aquí citadas. esa misma conducta no merecedora de sanción penal puede. El texto. 411. ha de tener como fundamento la actividad probatoria. ello no obstante. fundamento jurídico 3. pp. el Tribunal no se ha limitado. JC VII. no ha entrado a valorar si las pruebas eran o no abundantes o suficientes para extraer de ellas un determinado resultado (45). 24/84.
(42) (43) (44) (45) Cfr. JC XIÍI. por último. y no se ha subrogado en la valoración judicial. llega a un resultado contrario y. respetando su jurisdicción y su libertad de apreciación (42). sin embargo. p. que el Tribunal. el de apelación. p. el Tribunal ha reiterado tanto en autos de inadmisión como en alguna sentencia. pp. Cri.). E. Veámoslo. 524-525. JC VI. En primer término. Conviene. pone el acento en otro matiz: el convencimiento.
. señalar dentro de esta serie de pronunciamientos. que si con los mismos elementos probatorios otro Tribunal. 741 L. fundamento jurídico 1. como podría inferirse de tan rígida diferenciación de competencias. 159/85. con tal de que no haya contradicción en una y otra sentencia sobre la realidad o no de unos mismos hechos (44). a la única comprobación indicada. siempre que las pruebas practicadas en el juicio sean las que le proporcionen fundamento para su convicción» (43). apreciando según su conciencia las pruebas practicadas en el juicio (art. razonable y razonado. sin embargo. El mismo respeto a la libre apreciación conduce al Tribunal a no actuar como juez de revisión de la valoración de la prueba cuando el Tribunal de instancia absuelve y el de apelación condena: «Sucede. en este caso. ser considerada como relevante para el juez del orden laboral. STC 36/83. fundamento jurídico 2.
Tampoco nos encontramos ante un mecanismo o criterio que. 525. y STC 105/83. fundamento jurídico 2. pero sólo dentro del proceso. de una presunción iuris tantum que puede ser destruida por pruebas
(46) STC 77/83. ni de que al retrato del buen juez le acomode mejor la indulgencia que la inflexibilidad. p. de la formulada por el juez que no tenga certeza de la culpabilidad del acusado) forma parte del contenido esencial del derecho a la presunción de inocencia del que constituye el núcleo (49). JC VII. supra. STC 55/82. JC VIII. p. Como es la inocencia la que «se presume cierta».. (49) STC 124/83. p.«1N DUPIO PRO REO»
Tampoco ha aceptado desmenuzar cada una de las pruebas practicadas para ver si de ellas se infería o no la existencia de cada uno de los hechos probados: por el contrario. la piedad y la misericordia a la severidad). porque sólo la certeza desvirtúa la presunción de inocencia (48). p. fundamento jurídico 2. 299. notas 16 a 19. De la certeza inicial sobre la inocencia el juez puede llegar a la contraria. 7. el Tribunal considera que la actividad jurisdiccional debe ser tomada en conjunto. JC VII.
. p. pues. merced a una actividad probatoria que reúna los requisitos ya analizados y tras una valoración o apreciación libre de aquélla. fundamento jurídico 3. fundamento jurídico 2. «Para condenar hace falta la certeza de la culpabilidad obtenida de la valoración de la prueba» (47). 161. no desde la duda. JC IV. Es en este punto donde el derecho fundamental a la presunción de inocencia conserva la proscripción de la duda como base para condenar. (48) Recuérdese el texto antes transcrito de GÓMEZ ORBANEJA. (47) STC 55/82. y también ha de merecer una consideración global la existencia del «conjunto probatorio practicado» (46) sobre el que se produjo «la formulación del juicio de valor». «Se trata. partiendo de una benignidad objetivada en una regla hermenéutica. La interdicción de la condena dubitativa (esto es. si el juez no tiene «certeza de la autoría» debe absolver. pp. JC IV. JC VII. cómo en la retórica y la ética del Antiguo Régimen. STC 24/84. fundamento jurídico 1. No se trata ahora. de una opción entre virtudes (es preferible la benignidad al rigor. Sólo desde el convencimiento firme se puede condenar. pero desde un planteamiento y con una construcción muy distintos. establezca el beneficio de la duda en favor del acusado (favor rei). 161. La consagración de la presunción de inocencia como derecho fundamental proscribe la condena en la duda porque establece el hecho inicialmente cierto de que todo hombre es inocente. 322-323. pero sin base normativa en el ordenamiento ni control a posteriori en caso de vulneración. la tendencia a absolver que la inclinación a condenar.
pp. no por impresiones o apariencias no contrastadas en juicio con arreglo a las normas que regulan la actividad probatoria y con todas las garantías inherentes a un proceso público» (50).FRANCISCO TOMAS Y VALIENTE
en contra. esto es. Por su parte. en un excelente estudio monográfico sobre un tema más amplio
(50) (51) (52) a 1204. cit. sino si ésta fue la adecuada? Con ocasión de la sentencia de 28 de julio de 1981 y de algunas posteriores algunos juristas entendieron que el principio de libre apreciación de la prueba del artículo 741 de la L. pp. «El derecho. De los delitos.
POSIBILIDAD Y LIMITES DEL CONTROL
POR EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE LA APRECIACIÓN DE LA PRUEBA POR EL JUEZ PENAL
Pero ¿puede el Tribunal Constitucional controlar si el juzgador ha condenado desde la certeza o si. la certeza moral no es rigurosamente más que una probabilidad.. en nota 24.. pp. 83-84.. pero una probabilidad tal que es llamada certeza porque todo hombre de buen sentido asiente necesariamente a ella por una costumbre nacida de la necesidad de obrar y anterior a toda especulación....
VI. el proceso como camino y la duda como imposible jurídico. E. por el contrario. suficiente o no el grado de certeza alcanzado por el juzgador al condenar? ¿Debe el Tribunal apreciar no sólo si hubo actividad probatoria. JC XIII.».Como el Derecho requiere la existencia de referentes convencionales que eviten un estéril y asocial solipsismo. es necesario arriesgar alguna conceptualización de la certeza. Certeza y duda.. en cuanto fenómenos de conciencia. debería ser objeto de reformulación por el propio. C. lo hizo desde la duda? ¿Puede el Tribunal comprobar si la certeza estaba fundada racionalmente? ¿Puede considerar como correcto o incorrecto. Cri. GUERRA SAN MARTÍN y otros. se resisten a ser definidas en términos precisos y objetivos. 1202
. J. 26 STC 173/85. pues. Tribunal y a través de una construcción profunda del derecho fundamental en cuestión (52). pero sólo por pruebas.. BECCARIA. JOSÉ LUIS VÁZQUEZ SOTELO. La certeza que se requiere para declarar a un hombre culpable es. y a tal efecto entiendo que continúa siendo útil el texto clásico de BECCARIA: «. 516-517. la que determina a todo hombre en las operaciones más importantes de la vida» (51). fundamento jurídico 1. De una certeza a otra.
BELLOCH y TORRES. (56) Véanse la casi totalidad de las sentencias hasta aquí citadas.
GÓMEZ-FERRER y ESCUDERO. cfr. La reinterpretación del principio de libre apreciación se ha llevado a cabo a través de «fases» o de concreciones no muy distintas a las que apuntaban GUERRA. El Tribunal ha reiterado que la valoración de la prueba concierne al juzgador en la instancia. a la que.«IN DUBIO PRO REO»
dentro del cual insertó el tratamiento de la presunción de inocencia y de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo. (54) Op. del artículo 741. 409-414 (el subrayado es mío).. b) «el dogma de la inmotivación de esa apreciación probatoria».a del Tribunal Constitucional obligan a replantearse las preguntas que nos formulamos al comienzo de los apartados V y VI (57). la Sala 1. y c) «el dogma de la inatacabilidad de la narración fáctica realizada por el Tribunal» (53). 1202 in fine. DÍEZ DE VELASCO. aunque ello pueda decirse que implica una valoración de la prueba realizada por el TC» (54). Las sentencias son la 174 y 175 de 1985 y pueden consultarse en el BOE de 15 de enero de 1986. Barcelona. ha sido completada en buena medida. a su entender.
(53) JOSÉ LUIS VÁZQUEZ SOTELO. (55) Op. estaba integrada por los magistrados LATORRE. Para evitar excesi-
. 1984. a mi modo de ver. p. pp. pp. 16 a 23.
Hasta el cambio operado en febrero de 1986. para llegar a la conclusión de que «parece inevitable que si el TC quiere amparar eficazmente la presunción de inocencia tendrá que acabar por exigir que obre en la causa la prueba adecuada que racionalmente enerve y desplace la presunción. En el mismo
sentido. no se le podía exigir lo contrario. 357. Ed. suplemento. ha repetido su respeto a la libre apreciación y ha afirmado que no le concierne revisar la valoración de la prueba (56). p. Sin embargo. En otro momento habla de la «insuficiencia de la construcción» del Tribunal Constitucional con base en la sentencia de 28 de julio de 1981. Bosch. p. Presunción de inocencia del imputado e íntima
convicción del Tribunal. cit. cit. BEGUE. por las sentencias aquí citadas y aun por otras que quedan al margen del campo acotado. el trabajo de GUERRA. y que eran: a) el dogma de la «íntima convicción» entendido como equivalente a «la más absoluta e irrefrenable soberanía» en la apreciación. dogmas todos ellos extraídos. afirmaba en un pasaje notable que la citada sentencia «ha supuesto el hundimiento de los viejos dogmas sobre los que férreamente se venía apoyando la jurisprudencia». dos recientes y casi simultáneas sentencias de la Sala 1. como es no menos evidente. presidida por GAR-
CÍA-PELAYO.*. BELLOCH y TORRES en su muy ponderado trabajo (55). en nota 24. 1203. La insuficiencia evidente de la doctrina contenida en aquella primera sentencia.
que los hechos cuya certeza resulte de la prueba practicada acrediten la culpabilidad del acusado» (STC 174/85.FRANCISCO TOMAS Y VALIENTE
Expondré en síntesis su contenido para reflexionar después sobre su. aquella que se dirige a mostrar la certeza de unos hechos (indicios) que no son los constitutivos de delito.. como se ha dicho. fundamento jurídico 2). fundamento jurídico 3). se señala que al juez penal le corresponde apreciar en conciencia la prueba. la delimitación de la competencia del Tribunal Constitucional no presenta dificultades. sus respectivos razonamientos no ofrecen diferencias importantes ni casi matices relevantes salvo en un punto. Su esquema es el siguiente: a) Se reitera la vigencia del artículo 741 L. No hubo en ellas votos particulares. la valoración de la prueba que haga el Tribunal penal. pero de los que se puede inferir éstos y la participación del acusado por medio de un razonamiento basado en el nexo causal y lógico existente entre los hechos probados y los que se trata de probar» (STC 174/85. cuando la prueba recae inmediatamente sobre los hechos relevantes para la condena del acusado» (STC 174/85. es decir. por consiguiente. ¿qué sucede? El Tribunal Constitucional no puede revisar. «es decir. ante una actividad que conduce razonablemente a dar por ciertos unos hechos determinados que incriminan al
vas citas reproduciré textos de una y otra indicando sólo entre paréntesis la sentencia a la que corresponden (174/85 o 175/85). pp. Cuando la única prueba practicada es la indiciaría puede surgir el problema de si nos encontramos ante una verdadera prueba de ese tipo. es decir. que en el momento oportuno indicaré. E. fundamento jurídico 3). y. es decir. «El resultado de la prueba ha de ser tal que pueda racionalmente considerarsede cargo.a) y de la misma fecha (17 de diciembre de 1985). pero éstas surgen cuando en el juicio penal sólo hubo «prueba indiciaría o circunstancial. 519 a 530 (STC 174) y pp. d) Cuando las pruebas practicadas son directas. significado. Cri. c) Tal valoración ha de versar sobre una actividad probatoria de cargo. Pueden verse ambas sentencias en fC XIII.. b) Al Tribunal Constitucional no le corresponde «revisar la valoración de la prueba hecha por el juzgador». Siendo del mismoórgano (Sala 1. 531 a 542 (STC 175). e) Si sólo ha habido prueba indiciaría. pero debe verificar si esa prueba ha existido y si puede calificarse como prueba de cargo. 28
. Ambas sentencias se dan en sendos recursos de amparo frente a sentencias penales condenatorias basadas en pruebas indiciarías.
las normas jurídicas correspondientes y que fundamentan el fallo. fundamento jurídico 5).1 CE las resoluciones judiciales han de ser fundadas en Derecho. una prueba de cargo capaz de desvirtuar la presunción de inocencia consagrada por la Constitución. Cri. h) Todo lo dicho hasta aquí «no se opone al principio de libre valoración de la prueba ni tan siquiera a su valoración en conciencia».75/85. no «habría manera de que el Tribunal Constitucional determinase si el proceso deductivo es arbitrario. por tanto. o ante un simple conjunto de sospechas o posibilidades que no pueden desvirtuar la presunción de inocencia» (STC 174/85.. porque ésta «no equivale a valoración de indicios carente de razonamiento alguno» (STC 175/85. 29
. fundamento jurídico 5). pues en este tipo de prueba es imprescindible una motivación expresa para determinar. porque «no se impone al juzgador regla alguna sobre le valor de cada medio de prueba. asimismo. no ha logrado más que arrojar sospechas o sugerir conjeturas sobre la culpabilidad del acusado. f) Es decir. y. a pesar de su finalidad probatoria. a pesar del silencio al respecto del artículo 242 de-la L. porque el artículo 120. g) Esto es así. y no suponen. como antes se ha dicho. E.3 de la Constitución exige que las sentencias sean motivadas. es decir.«IN DUBIO PRO REO»
acusado. porqué la motivación exigida por el artículo 120. y el Tribunal ha reiterado que en virtud del artículo 24. si nos encontramos ante una verdadera prueba de cargo. La respuesta es afirmativa. declarados sin más probados. pero que no constituyen una base suficientemente firme para que de ellas pueda inferirse razonablemente la culpabilidad del acusado. De no ser expreso el razonamiento. fundamento jurídico 7). ó si las conclusiones a que se pueda llegar por esta vía no pasan de ser sospechas o datos. irracional o absurdo». fundamento jurídico 5).de los que se desprenden visos o apariencias más o menos acusadoras de que una persona ha podido cometer un delito.3 de la CE ha de entenderse que «en el caso de la prueba indiciaría tiene por finalidad expresar públicamente no sólo el razonamiento jurídico por medio del cual se aplican a unos determinados hechos. «en este caso surge la cuestión de determinar si el órgano judicial debe razonar su actividad deductiva» (STC 175/85. sino también las pruebas practicadas y los criterios racionales que han guiado su valoración. y no «meramente interno». El Tribunal Constitucional debe enfrentarse en estos casos con la difícil tarea de verificar si ha existido una verdadera prueba indiciaría o si lo único que ha producido es una actividad que. aunque sea indiciaría. hipótesis en que se habría vulnerado la presunción de inocencia «al estimar que la actividad probatoria puede entenderse de cargo» (STC 1.
3. asimismo. en el punto b) del fallo se reconoce que han violado a los recurrentes su derecho a la tutela judicial efectiva y su derecho a ser presumidos inocentes. dice. efectivo y con proyección sobre el ordenamiento infraconstitucional. El primer fundamento jurídico constitucional de ambas sentencias es el artículo 120. como en tantas otras. Hasta aquí el análisis de estas dos importantes sentencias en las que el Tribunal se ha esforzado. Coherentemente. fundamento jurídico 7). por no resultar garantizado que se haya desvirtuado la presunción de inocencia. E. Por su parte. Ahora bien: en la fase final de su propio razonamiento las sentencias 174 y 175 difieren entre sí. sino que se le pide únicamente que exprese los criterios que han presidido la valoración de los indicios» (STC 174/85. «de lo que se trata es de asegurar a la acusada la garantía formal de que el razonamiento hecho por el Tribunal ha formado. por lo mismo. en el fundamento jurídico 8 sólo considera vulnerado el derecho a la presunción de inocencia.FRANCISCO TOMAS Y VALIENTE
no se vuelve a ningún sistema de prueba legal o tasada. «al no estar fundada la prueba indiciaría». se busca un enlace con al30
. Es de notar que en el fallo «1 único derecho que se reconoce a la recurrente es el de obtener un fallo con ese razonamiento. otorgó el amparo y retrotrajo las actuaciones al momento anterior al de dictar sentencia. por dotar a los derechos fundamentales de un contenido real. pero como de su exigencia de motivación no se puede inferir directamente en caso de incumplimiento una lesión de un derecho fundamental. lo que vulnera el artículo 24. como ya anuncié. en un punto importante. su convicción sobre una prueba de cargo capaz de desvirtuar la presunción de inocencia». sino sólo en el 120. Cri. En este último aspecto es de destacar la exigencia de que la apreciación en conciencia del artículo 741 de la L. porque. supuesto que se da en las dos sentencias penales que están en la base de los dos procesos de amparo) por parte del juez penal de razonar su proceso de convicción de la culpabilidad del acusado. la Sala las anuló. se vulnera el artículo 24. La.2 de la Constitución.1 de la CE. para que se pronunciaran de nuevo. la sentencia 175 concluye (fundamento jurídico 6) que «la subsunción de la conducta probada en el tipo penal no se encuentra debidamente fundada. i) Como en las sentencias impugnadas no se recogió tal razonamiento.3 y en el 24. vaya acompañada de la obligatoriedad (al menos cuando la prueba practicada •sea toda ella indiciaría.merecedor del otorgamiento del amparo. primera de ellas no basa la exigencia del razonamiento de valoración de la prueba indiciaría en el artículo 24.1 de la Constitución y.2 y.
aunque en la práctica sean más frecuentes las pruebas circunstanciales o de indicios. Pero como la STC 175/85 no hace mayor hincapié en el artículo 24. lo que vulnera el artículo 24. El Tribunal ha dicho con reiteración que eí derecho a la tutela judicial efectiva implica el de obtener una resolución fundada en Derecho. fundamento jurídico 7). La STC 175/85 lo encuentra en el artículo 24. Con tal construcción el razonamiento de la STC 175/85 se desliza desde la exigencia de que la sentencia impugnada esté fundada en Derecho a la de que el juicio de subsunción esté debidamente fundado. fundamento jurídico 2. sino que ha de constar expresamente en la sentencia. lo que justificaría la necesidad de razonar expresamente la certeza de culpabilidad obtenida sobre su sola base. acaso tuviera más: lógica exigirlo en todo tipo de pruebas. Si no se expresa en ésta. Sobre esa doble base. 3T
. De otro modo se establecería una diferencia poco justificada entre ambos géneros de prueba. volvamos a la presunción de inocencia y a la exigencia de razonamiento expreso del juicio de certeza sobre los hechos. y ya había conectado.«IN DUBIO PRO REO»
guno de los derechos fundamentales. pueden coexistir en un mismo proceso. 211 y ss. JC X. Parece partirse también de una consideración de la prueba de indicios como dotada de menor fuerza de convicción.1. al menos en una ocasión. aunque cupiera pensar que en case de prueba directa su expresión fuese más fácil o más convincente. Como se reconoce al Tribunal Constitucional competencia para declarar si la fundamentación existente es o no debida. «la subsunción de la conducta probada en el tipo penal no se encuentra debidamente fundada.2. ya que se dice que «en. pp. fundamento jurídico 3 in fine). Llama la atención que esta exigencia se predica al parecer sólo en el caso de la prueba indiciaría y constituye una «peculiaridad» de la eficacia de tales pruebas (STC 174/85. que. parece claro que en este punto su función se aproxima mucho a la de un recurso de casación. la STC 175/85 concluye que el razonamiento en virtud del cual el Tribunal a quo pasa de los indicios a la conclusión de que el acusado ha realizado la conducta en que: consiste el tipo delictivo «no puede ser meramente interno». por otra parte.1 de la Constitución».este tipo de pruebas es imprescindible una motivación expresa» (ibídem.
(58) STC 108/84. esta exigencia con el derecho a la presunción de inocencia (58). Si la expresión del juicio de certeza es una exigencia del derecho a la presunción de inocencia.1 de la CE y la STC 174/85 omite toda referencia a él y se centra en una construcción más limpia en el artículo 24.
pero no es menos cierto que este requisito impuesto al juzgador sólo en cuanto a la prueba de indicios. La distinción quizá se debilita en el fundamento 2 de la STC 174/85. que con la exigencia de un razonamiento expreso del juicio de certeza sobre los hechos en caso de pruebas indiciarias no se va en contra del principio de libre valoración ni se «impone al juzgador regla alguna sobre el valor de cada medio de prueba». donde.
(59) Cfr. ¿quién valora esa certeza. se añade lo transcrito en el punto c) de estas páginas. cuando menos. como ejemplo de sentencia que se detiene en el límite de tal distinción STC 101/85. volviendo con ello al sistema de prueba tasada.acrediten la culpabilidad del acusado». fundamentos jurídicos 6 y 7. quién distingue si el resultado produce sólo sospechas o verdadera y firme certeza? ¿Sólo el juez penal o también el Tribunal Constitucional? • Como las sentencias anuladas por el Tribunal en ambos recursos de amparo no contenían ese razonamiento de la propia certeza. discutible por su generalidad. siendo así que de ella o se obtiene certeza o lo que se infiere es irrelevante a efectos probatorios. Es cierto. como se advierte en el fundamento 7 de la STC 174/85. JC XIII. el de si con la exigencia de que el juzgador razone su certeza se ha avanzado demasiado o no por el camino que conduce a convertir al Tribunal Constitucional en un juez de revisión de la apreciación del resultado de ia actividad probatoria. como semi plena probatio o prueba incompleta o prueba de la duda. 25 y 26. Si «el resultado de la prueba» ha de ser tal que los hechos cuya certeza resulte de la prueba practicada «. la diferencia en un punto importante y con gran relevancia práctica. El problema más difícil es. ya que de una serie de indicios convergentes puede obtener el juzgador mayor grado de certidumbre que de una sola prueba directa. En la exigencia del juicio expreso del paso de la sospecha a la certeza se percibe el eco de la vieja construcción de la prueba indiciaría. 32
. con todo. después de repetir lo dicho en la sentencia de 28 de julio de 1981 sobre la actividad probatoria que pueda estimarse de cargo. Hasta ahora el Tribunal había distinguido con claridad entre actividad probatoria y resultado de la misma (59). Cabe pensar que la delimitación de la construcción a la prueba de indicios (por lo demás difícilmente diferenciable en la práctica de la prueba directa) sólo se debe al hecho fortuito de que en los procesos penales de los que ambos recursos de amparo traen causa sólo se dieran ese género de pruebas. pp. puede en principio pensarse que el Tribunal Constitucional sólo exige la expresión de aquél.FRANCISCO TOMAS Y VALIENTE
Pero tal valoración sería.
» Si nos detenemos ahí parece admisible la hipótesis de que el Tribunal Constitucional sólo impone como condición sine qua non para estimar desvirtuada la presunción de inocencia la existencia de un juicio expreso de la certeza del juez penal.«IN DUBIO PRO REO»
y sólo anula las sentencias impugnadas por la carencia de tal razonamiento. o si de la prueba sólo resultan «sospechas» o «conjeturas» (STC 174/85). su contenido no sea «arbitrario.. versa sobre la interpretación del art. 849. la STC 175/ 85 declara que la operación deductiva a partir de la prueba indiciaría es necesario que se exprese. dicho de otro modo. en mera cláusula de estilo. Por el contrario. porque de no ser así no «habría manera de que el Tribunal Constitucional determinase si el proceso deductivo es arbitrario. A esa momentánea convicción conduce la primera mitad del párrafo final de la STC 174/85: «De lo que se trata es de asegurar a la acusada la garantía formal de que el razonamiento hecho por el Tribunal conste expresamente en la sentencia. si la actividad probatoria «conduce razonablemente a dar por ciertos» los hechos. De la lectura completa de ambas sentencias no se desprende esta interpretación. irracional o absurdo».2 de la L. De donde parece extraerse la conclusión de que la interpretación del derecho a la presunción de inocencia contenida en las dos sentencias glosadas conduce no sólo a la exigencia de que el juez penal exprese el razonamiento de su certeza sobre los hechos que resultan probados a raíz de prueba indiciaría. fundamento jurídico 5. De ser así. la expresión del razonamiento de la certeza se requiere para comprobar si hay «criterios racionales que han guiado su valoración» o. JC XIII. pp. irracional o absurdo» (60). Cri. irracionales o absurdas». en cuyo caso tampoco podría considerarse desvirtuada la presunción de inocencia. E. y refiere al Tribunal de Casación la tarea de revisar si el juez penal había realizado o no injerencias «arbitrarias. Con esta construcción el Tribunal Constitucional no se convierte en juez
(60) STC 175/85. Con mayor claridad. de 21 de octubre. en esta sentencia citada se trata de anular o no un auto de la Sala 2. 202 a 204. fundamento jurídico 3. que se contentaría con comprobar la existencia de aquel razonamiento aunque éste fuese de modo patente ilógico o absurdo o desmesurado. con previa invocación de la STC 140/85. el control del contenido de tal razonamiento escaparía al Tribunal. sino a la de que. La relevancia protectora para los titulares del derecho a la presunción de inocencia de una construcción que llegase sólo a la exigencia de la expresión del razonamiento sería en verdad muy escasa y aquél muy pronto podría convertirse en frases rituales. expresada dicha «garantía formal».' del TS.. 33
. a juicio del Tribunal Constitucional.
un juez sobre los hechos. La segunda dificultad que preveo guarda relación con la anterior. en mi opinión. esto es.1. Ante unas mismas pruebas practicadas un juez puede llegar a la certeza condenatoria porque le convenza lo que a otro no.prueba que a aquél o a un tercero puede haber dejado indiferente o sumido en la duda. 44. pero quizá resulte agravada cuando la necesaria expresión del proceso lógico desde la prueba hasta la certeza de la culpa deba referirse al juez de los hechos y de la prueba en el juicio por jurados. La primera creo que puede plantearse en los órganos judiciales penales colegiados. cuyo conocimiento (en el sentido de enjuiciamiento) le está vedado [art. Por último. LOTC]. aun apreciando unas mismas pruebas y aun llegando a la convicción de la culpabilidad del acusado. y éste puede valorar como decisivo el resultado de una. en el diferente proceso mental que cada juez puede recorrer para llegar a la certeza. sin entrar a ser lo que no puede ser. ni en revisor de la valoración de la prueba.
.FRANCISCO TOMAS Y VALIENTE
de los hechos. pero es innegable que al poder rechazar por «arbitrario. pues no la sustituye por otra. irracional o absurdo» el proceso deductivo construido sobre la actividad probatoria y expresamente contenido en la sentencia penal condenatoria. y consiste. b). Por este camino el Tribunal parece haber llegado hasta donde podía ir. el Tribunal Constitucional llega hasta el límite de su función definitoria del derecho fundamental. conviene reflexionar sobre dos dificultades derivables de la exigencia contenida en estas dos sentencias relativa a la explicitación del razonamiento concerniente a la valoración de la prueba. pues no los califica ni enjuicia.
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Indubio Pro Reo[1] por Hugo Eduardo Zenteno Ayaviri17 visitaInsertarDescargaLeer en Scribd móvil: iPhone, iPad y Android.Copyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)Precio de lista: $0.00Download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentMás informaciónMostrar menos