Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/Autos/2009/A237-09.htm
Timestamp: 2017-11-17 17:14:06
Document Index: 403908260

Matched Legal Cases: ['artículo 416', 'artículo 16', 'artículo 4', 'artículo 10', 'artículo 16', 'artículo 243', 'artículo 34', 'artículo 36']

A237-09
Auto 237/09
NULIDAD SENTENCIA DE REVISION DE TUTELA-Procedencia excepcional por notoria, flagrante, significativa y trascendental violación del debido proceso
SOLICITUD DE NULIDAD SENTENCIA DE REVISION DE TUTELA-Requisitos formales y materiales
SOLICITUD DE NULIDAD SENTENCIA DE REVISION DE TUTELA-Puede ser ejercida por intermedio de agente oficioso
AGENTE OFICIO-Necesidad de indicar las razones para agenciar derechos fundamentales a menos que estas se infieran
SOLICITUD DE NULIDAD SENTENCIA DE TUTELA-Habilitación por el avance de la tecnología con el uso de medios de transmisión de datos a pesar de no encontrarse en el lugar de la sede de la Corte Constitucional
SOLICITUD DE NULIDAD SENTENCIA DE TUTELA-Improcedencia en sentencia T-077/09 por falta de legitimación en la causa por activa y haber sido presentada extemporáneamente
Expediente: T-1’842.367.
Peticionario: Carlos Eduardo Tobón Borrero, quien actúa como agente oficioso de Martha Liliana Guevara Gallego.
Bogotá, D. C., quince (15) de julio de dos mil nueve (2009).
Mediante el cual resuelve la solicitud de nulidad presentada por Carlos Eduardo Tobón Borrero, quien actúa como agente oficioso de Martha Liliana Guevara Gallego, contra la sentencia T-077 de 2009, dictada por la Sala Novena de Revisión.
Actuando por intermedio de apoderado judicial, el representante legal de la sociedad Acociviles S. A., instauró acción de tutela contra la Fiscalía 22 Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá, por considerar vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia e igualdad, con ocasión de la providencia dictada el 26 de septiembre de 2007, que declaró precluida la investigación penal (expediente N° 639.449), seguida contra Carlos Humberto Isaza Rodríguez, Luis Alfredo Baena Riviere y Martha Liliana Guevara Gallego.
La denuncia penal formulada por Acociviles S. A., que dio lugar a la resolución interlocutoria objeto de la acción de tutela, buscaba determinar la juridicidad de algunas operaciones contables efectuadas por Superview S. A., derivadas del contrato de cesión de acciones realizado entre sus propietarios como cedentes, y como cesionarios Manuel Arturo Rincón Guevara y Luis Alfredo Baena Riviere.
La Sala Novena de Revisión, mediante sentencia T-077 del 12 de febrero de 2009, consideró que los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de la sociedad Acociviles S. A., fueron vulnerados con la decisión dictada por la Fiscalía 22 Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá, razón por la que decidió:
“(…) SEGUNDO.- REVOCAR la sentencia dictada por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, el 31 de enero de 2008, que a su vez confirmó el fallo proferido por la Sala de Casación Penal de la misma Corporación, el 20 de noviembre de 2007, que negó el amparo constitucional solicitado, y en su lugar, CONCEDER la tutela de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso efectivo a la administración de justicia de la sociedad Acociviles S. A.
TERCERO.- DEJAR SIN EFECTOS la providencia dictada por la Fiscalía 22 de la Unidad Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 26 de septiembre de 2007, dentro del proceso penal N° 639.449, que dispuso precluir la investigación penal seguida contra los señores Carlos Humberto Isaza Rodríguez, Luis Alfredo Baena Riviere y Martha Liliana Guevara Gallego.
QUINTO.- Por la Secretaría General, DEVUÉLVASE a la Fiscalía 157 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Bogotá, el expediente penal identificado con el N° 639.449, remitido a esta Corporación en calidad de préstamo.”
El primer reparo constitucional que la Corte encontró en la decisión judicial dictada por el ente acusador, fue que frente a la reversión unilateral efectuada al libro de registro de accionistas de la sociedad Superview S. A., que entendió como una actuación arbitraria o de facto, dejó de lado lo previsto en los artículos 384 y 416 del Código de Comercio y las demás disposiciones aplicables al caso, “que probablemente la hubieran llevado a una decisión completamente diferente de la adoptada.”[1] Al respecto sostuvo:
“En ese orden de ideas, es claro que hubo una negociación accionaria entre Superview S. A. y Acociviles S. A., y que fue registrada en el libro de accionistas, la que de manera unilateral fue cancelada por el representante legal de Superview, actuación que resulta arbitraria y por ende violatoria del debido proceso, pues desconoce lo previsto en el artículo 416 del Código de Comercio, que establece como imperativo para los representantes legales de las sociedades comerciales, que no podrán negarse a efectuar las inscripciones en el libro de registro de acciones, sino por orden de autoridad competente, lo cual implica que una cancelación en el citado libro de comercio de manera unilateral, sin la garantía del debido proceso, constituye una negativa a efectuar la inscripción derivada del contrato de suscripción de acciones, como lo dispone la citada normativa.
En efecto, la excusa para la cancelación del registro accionario relacionado con la procedencia de los dineros utilizados por Manuel Arturo Rincón Guevara para efectuar la adquisición de acciones de la sociedad Superview, no tiene ninguna justificación, ni es razón suficiente que autorice deshacer el negocio jurídico celebrado, y por ende reversar los asientos efectuados en el libro de registro de accionistas, pues se trata de un procedimiento arbitrario que pone en vilo el derecho fundamental al debido proceso, en tanto que además de desconocerse lo dispuesto en la ley, vulnera el derecho de defensa de la sociedad demandante pues no tuvo oportunidad, en un escenario adecuado, como lo sería el judicial, de ejercerlo.
En consecuencia, estas actuaciones de facto realizadas por la sociedad Superview S. A., además de generar consecuencias de naturaleza civil, igualmente tienen la virtualidad de plantear la posible responsabilidad desde el punto de vista penal, pues en últimas el administrador de la citada sociedad está sustrayendo unos títulos valores, sin la existencia de un mandato judicial, ámbito en el que claramente tienen aplicación no solamente los artículos 384 y 416 del Código de Comercio, sino las demás disposiciones aplicables al caso, pues el hecho de que exista una apropiación indebida de unas acciones nominativas, de las que era titular la sociedad Acociviles S. A., daba lugar a que la Fiscalía General de la Nación, realizara una investigación penal exhaustiva, con el fin de determinar el grado de responsabilidad de los implicados, razón por la cual esta Corporación considera que la autoridad judicial demandada incurrió en claros defectos sustantivos, por pasar desapercibidos elementos normativos importantes, que probablemente la hubieran llevado a una decisión completamente diferente de la adoptada.”
De otra parte, identificó como asuntos de relevancia constitucional derivados de la falta de valoración de algunas pruebas allegadas al proceso penal que: (i) fue equivocada la conclusión a la que arribó la Fiscalía General de la Nación, en el sentido de que el representante legal de Acociviles S. A., no tenía la condición de accionista de la sociedad Superview S. A., desconociendo el dictamen pericial rendido en el proceso verbal sumario tramitado ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, la experticia efectuada por el Grupo de Contaduría Forense de la Fiscalía General de la Nación y documentos que le permitían tener una visión completa del asunto objeto de discusión como las actas N° 31 y JD-029 del 4 y 12 de enero, ambas de 2001; (ii) la determinación de que las acciones capitalizadas a nombre de Manuel Arturo Rincón Guevara correspondía al 8%, no obedeció a un riguroso análisis de las pruebas arrimadas a la investigación penal, pasando por alto lo dicho en el dictamen pericial trasladado, por lo que indicó esta Corporación, se trata de un documento que permite “decidir si todo lo que se derivó del giro efectuado por el señor Baena Riviere, puede configurar en un momento dado una conducta punible que exija la intervención del Estado”[2]; (iii) la reversión contable se efectuó sin los soportes de contabilidad necesarios y sin aval de la autoridad competente, tal como lo indicaron las pruebas técnicas legal y oportunamente allegadas al expediente penal “lo cual permite concluir que se trata de un acto arbitrario y violatorio del derecho fundamental al debido proceso”.[3]
Finalmente, consideró impróspero el cargo por violación del principio de igualdad, “por cuanto la actora no parte de supuestos fácticos similares, sobre los cuales el juez constitucional pueda efectuar un cotejo en un momento determinado, con el fin de establecer si realmente se encuentra frente a situaciones idénticas, a las que se ha dado un trato diferente, sino que se limita a realizar planteamientos generales y abstractos, que en nada contribuyen para realizar el estudio de la desigualdad alegada.”[4]
II. ESCRITO DE NULIDAD.
El 13 de abril de 2009, el señor Carlos Eduardo Tobón Borrero, actuando como agente oficioso de Martha Liliana Guevara Gallego, formuló incidente de nulidad contra la sentencia T-077 de 2009, proferida por la Sala Novena de Revisión de esta Corporación, por considerar “que la afectación al debido proceso se evidencia trascendental.”[5]
Indica el peticionario que en el trámite de revisión de la acción de tutela promovida por la sociedad Acociviles S. A. contra la Fiscalía 22 Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá, que buscaba determinar la constitucionalidad de la decisión de preclusión dictada dentro del proceso penal N° 639.449, la Sala Novena de Revisión de esta Corporación en providencia del 29 de agosto de 2008, dispuso poner en conocimiento de Carlos Humberto Isaza Rodríguez, Luis Alfredo Baena Riviere, Martha Liliana Guevara Gallego y Gloria Rodríguez, el contenido del expediente de tutela, para que, dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación del auto se pronunciaran respecto de las pretensiones de la solicitud de amparo constitucional.
Pone de presente que la Corte ofició a la señora Guevara Gallego a una dirección en la ciudad de Pereira, a donde jamás llegó la correspondencia, por lo que la magistrada sustanciadora insistió en su citación tras considerar “un imperativo constitucional, la garantía efectiva al derecho de defensa”[6], oficiándole a unas direcciones de la ciudad de Bogotá “que dicho sea de paso, correspondían a las direcciones desactualizadas del domicilio de la sociedad Superview”[7], ordenando igualmente a la Secretaría General hacer las averiguaciones correspondientes con el fin de efectuar la notificación.
Agrega que el 10 de octubre de 2008, el citador de la Secretaría General informó que el oficio librado no fue entregado a la destinataria porque en la dirección entregada no residía, ni la conocían, lo cual fue ratificado por el apoderado de la sociedad demandante al indicar la imposibilidad de establecer nuevas direcciones, continuando la Corte con el trámite “hasta proferir la sentencia de tutela cuya nulidad se reclama en este escrito, obviando los procedimientos legales previstos para aquellos casos en que se muestra ineficaz la localización personal del por enterar.”[8]
2. Fundamentos de la solicitud de nulidad.
El solicitante, apoyado en lo dicho por la doctrina y la jurisprudencia, hizo mención de la importancia de constituir correcta y escrupulosamente la relación jurídico procesal para entablar y proseguir los procesos judiciales con observancia del derecho constitucional de defensa, por lo que es necesario agotar todas las posibilidades para enterar a los interesados del resultado de un trámite judicial a través de una notificación efectiva, ya sea mediante citaciones, notificaciones y emplazamientos a las partes “pues sólo así cabe garantizar los imprescindibles principios de contradicción e igualdad entre las partes del litigio.”[9]
De igual forma, atendiendo lo establecido en el artículo 16 del Decreto 2591 de 1991, aseveró que las notificaciones en materia de tutela pueden hacerse “personalmente, por edicto publicado en un diario de amplia circulación, por carta, por telegrama, fijando en la casa de habitación del notificado un aviso”[10], de tal forma que la persona tenga un conocimiento real de la providencia para así garantizar el derecho de defensa y deje de ser la notificación un formalismo inútil.
Apoyado en el auto N° 031 de 1995 de este Tribunal, indicó que no es posible adelantar válidamente un proceso de tutela sin la integración de las partes o de la relación procesal, en tanto generaría una nulidad de raigambre constitucional y que de conformidad con lo establecido en el artículo 4° del Decreto 306 de 1992 las normas del Código de Procedimiento Civil resultan aplicables en el trámite de la acción de tutela, razón por la que “los jueces deben garantizar la efectividad de las notificaciones, valiéndose de los mecanismos legales consignados en las reglas procesales; esto es, procurando por el medio más expedito, como primera fórmula, la notificación personal; sin llegar a despreciar los otros métodos previstos por el legislador.”[11]
Así las cosas, manifestó el solicitante que la Sala Novena de Revisión vulneró el derecho al debido proceso de su prohijada al no permitir el ejercicio del derecho de defensa, no obstante la intención “y las atinadas expresiones que justificaron las correspondientes citaciones”[12] de la magistrada sustanciadora, dejando de lado el procedimiento previsto en la ley para las notificaciones, en el sentido de que omitió emplazar y designar curador ad litem en caso de que no compareciera al trámite tutelar con el fin de defender sus intereses, actuación que tiene como único remedio procesal posible la declaratoria de nulidad de la sentencia T-077 de 2009. Sobre el particular indicó[13]:
“En efecto, la Corte Constitucional dentro del presente asunto, dejó a medio camino la aplicación del régimen procesal de notificaciones, renunciando inexplicablemente a su propia argumentación jurídica, en torno a la efectividad que debe procurarse para enterar del trámite a quien pueda resultar afectado con una determinación judicial, y omitió el emplazamiento de mi defendida y de las demás personas cuya citación no fue posible por la imposibilidad de su ubicación.
De haber sido coherente con su discurso jurídico y respetuosa de sus propios precedentes, la Sala Novena de revisión de la Corte Constitucional, debió proceder a emplazar a mi prohijada y designarle curador ad - litem, en caso de su no comparecencia, a fin de surtir con este último la correspondiente notificación.”
Con todo, concluyó que la nulidad puesta de presente es irrebatible por su trascendencia constitucional, máxime cuando la agenciada contaba con una decisión judicial favorable “que la redimía de toda responsabilidad penal; y que, DOS (2) años después resulta revocada sin su conocimiento e intervención”[14], recalcando en que se dio un quebrantamiento del régimen de citaciones, notificaciones y emplazamientos “por cuanto, tal como se ha dejado visto, se omitió deliberadamente el obligado emplazamiento de quien no pudo ser enterada personalmente de la actuación procesal.”[15]
3. Trámite surtido en la Corte Constitucional.
Mediante auto del 5 de mayo de 2009, el magistrado sustanciador avocó conocimiento de la solicitud de nulidad propuesta y dispuso por intermedio de la Secretaría General, correr traslado del escrito a las sociedades Acociviles S.A., Superview S. A. y a los señores Carlos Humberto Isaza Rodríguez, Luis Alfredo Baena Riviere y Gloria Rodríguez. Adicionalmente, ofició a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, para que remitiera en calidad de préstamo el expediente de tutela con radicación interna de este Tribunal T-1’842.367.
El 16 de abril de 2009, el peticionario allegó escrito firmado por Martha Liliana Guevara Gallego en el que ratificó y convalidó su actuación como agente oficioso, confiriéndole adicionalmente poder para continuar con el trámite respectivo.
La sociedad Acociviles S. A., mediante escrito radicado ante la Corte el 6 de mayo de 2009, que fue ampliado el 11 del mismo mes, solicitó negar la petición de nulidad elevada por considerar que: (i) el peticionario no está legitimado en la causa por activa para agenciar los derechos de Martha Liliana Guevara Gallego, por cuanto no “hay ni siquiera un leve indicio de que la persona presuntamente afectada esté en imposibilidad de hacer valer sus derechos”[16], tal como lo prevé el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 y lo ha sostenido la jurisprudencia del intérprete constitucional, no siendo de recibo la circunstancia de que la señora Guevara Gallego se encuentra fuera de la ciudad de Bogotá para la habilitación de la agencia oficiosa; (ii) la solicitud de nulidad no fue presentada dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de la sentencia T-077 de 2009, término establecido por la Sala Plena de esta Corporación en auto 232 de 2001, toda vez que la totalidad de las notificaciones de la decisión objeto de nulidad fueron realizadas por el juez de primera instancia el 11 de marzo de 2009, lo que significa que el término para presentarla venció el 16 de marzo del mismo año, mientras que la solicitud objeto de estudio fue presentada el 16 de abril de 2009 “por lo que es evidente la extemporaneidad”[17]; (iii) las providencias dictadas en el trámite de tutela de conformidad con lo establecido en el artículo 16 del Decreto 2591 de 1991 y los lineamientos fijados por esta Corte, se notificaron a las partes a través de telegramas en las direcciones suministradas en el proceso penal, inclusive en sede de revisión; (iv) no cualquier persona que pueda creerse afectada por una acción de tutela debe ser notificada, lo que no es óbice para que el interesado intervenga en el proceso, sin que esto implique el deber de notificación; (v) cuando se trata de tutela contra providencias judiciales proferidas en procesos que no son ejecutivos, no es un imperativo que los interesados en el proceso penal, civil, laboral o contencioso administrativo sean notificados pues “los vinculados a la tutela son las personas o persona accionante y las autoridades o autoridad judicial accionada, por ello, no se exige que los interesados en el proceso penal, en este caso, sean notificados en el trámite de tutela”[18]; (vi) la dirección de notificación de la señora Guevara Gallego no ha cambiado, es la misma que suministró en la diligencia de indagatoria rendida en el proceso penal, sin aportar una nueva en el poder otorgado al togado Tobón Guerrero, por lo que puede inferirse “que las múltiples notificaciones de la tutela de la referencia si llegaron a su destino y en ocasiones fue negada su recepción por no corresponder la dirección con el destinatario, como estrategia de defensa, mas no por corresponder a la realidad.”[19]
3.2. Escrito de Carlos Humberto Isaza Rodríguez.
En comunicación del 11 de mayo de 2009, el señor Isaza Rodríguez coadyuvó el escrito de nulidad, argumentando que es inexplicable la falta de notificación en el trámite tutelar de la señora Martha Liliana Guevara Gallego, revisora fiscal de la empresa Superview S. A. para la época de los acontecimientos que dieron lugar a la denuncia penal promovida por la sociedad Acociviles S. A., impidiéndole ejercitar su derecho de defensa y la posibilidad de aportar pruebas y argumentos técnico-contables utilizados para autorizar la reversión de los asientos del libro de registro de accionistas, así como la interpretación dada a los artículos 384 y 416 del Código de Comercio.
Así mismo, señaló que la sentencia dictada por la Sala Novena de Revisión contiene un claro y abierto prejuzgamiento, en tanto no se limitó a amparar derechos fundamentales sino que provocó en la autoridad judicial accionada una variación sustancial en su determinación, “apartándose de la necesaria imparcialidad que debió conservar en su pronunciamiento”[20], haciendo caso omiso de todas las decisiones adoptadas con anterioridad por la justicia ordinaria que negaron siempre las pretensiones a Manuel Arturo Rincón Guevara, quien “en la actualidad se encuentra respondiendo, nuevamente, por el delito de ‘estafa agravada’, ante la Fiscalía 12 de Ibagué, en una causa diferente a la anteriormente mencionada.”[21]
3.3. Escrito de Luis Alfredo Baena Riviere.
El 13 de mayo de 2009, el señor Baena Riviere presentó escrito en esta Corporación, señalando que el primer argumento que busca robustecer la solicitud de nulidad, radica en que a pesar de que en el trámite de revisión se buscó remediar la anomalía en la que incurrieron los jueces de instancia, tal propósito fue frustrado deliberadamente por parte de la magistrada ponente “quien desistió de aplicar el trámite legal para eventos en los que se dificulta o imposibilita la notificación personal”[22], omisión que tiene relevancia constitucional no sólo para la señora Guevara Gallego, sino para los demás sujetos procesales comprometidos con la decisión de tutela, por lo que resulta “consustancial a la defensa de todos los afectados con la decisión de tutela, permitir que la revisora fiscal de la sociedad superview S. A., doctora MARTHA LILIANA GUEVARA GALLEGO, interviniera en el trámite, pues nadie mejor que ella para explicar detalladamente el cumplimiento de la normatividad sobre la que equivocadamente se sustentó la decisión de tutela.”[23]
De otra parte, sostuvo que la sentencia de la que se pretende la anulación, contrarió los principios constitucionales de autonomía funcional e independencia judicial, al sugerir a la Fiscalía General de la Nación el sentido de la decisión, desbordando el Tribunal Constitucional los límites impuestos por el ordenamiento jurídico, pues “ordenó cómo resolver la situación penal de los procesados al fiscal instructor”.[24]
2. Subreglas previstas por la jurisprudencia constitucional respecto de la procedencia de peticiones de nulidad contra sentencias dictadas por las Salas de Revisión. Reiteración de jurisprudencia.
De conformidad con lo establecido en el artículo 243 del Ordenamiento Superior, los fallos que la Corte Constitucional dicte en ejercicio del control jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional, es decir se trata de una institución de naturaleza procesal que como garantía del principio de seguridad jurídica blinda las decisiones dictadas por este Tribunal, haciéndolas definitivas, intangibles e inmodificables, teniendo “como función negativa, prohibir a los funcionarios judiciales conocer, tramitar y fallar sobre lo resuelto, y como función positiva, dotar de seguridad a las relaciones jurídicas y al ordenamiento jurídico.”[26]
La posibilidad de intentar una solicitud de nulidad, no implica per se la existencia de un recurso contra los fallos dictados por cualquiera de las Salas de Revisión, ni una posibilidad adicional para que se suscite un debate jurídico ya finalizado, sino solamente se trata de una competencia atribuida por el ordenamiento jurídico a la Sala Plena de la Corte Constitucional para “declarar las nulidades que se presenten en cualquier etapa del proceso. Y la sentencia es una de ellas.”[29]
Cambio de jurisprudencia: Atendiendo lo establecido en el artículo 34 del Decreto 2591 de 1991, los cambios de jurisprudencia deberán ser decididos por la Sala Plena de la Corte, razón por la cual “cuando una Sala de Revisión varía la jurisprudencia, se desconoce el principio del juez natural y se vulnera el derecho a la igualdad.”[33]
Incongruencia entre la parte considerativa y resolutiva de la sentencia: Lo cual genera incertidumbre respecto de la decisión adoptada, como es el caso de las decisiones “anfibológicas o ininteligibles, por abierta contradicción o cuando carece en su totalidad de argumentación en su parte motiva.”[35]
Tiene igualmente establecido la Corte que “los criterios que se utilizan para la adecuación de la sentencia, respecto de la redacción o de la argumentación no constituyen vulneración al debido proceso. Tampoco el estilo de los fallos más o menos extensos en el desarrollo de la argumentación, tienen trascendencia para efectos de una presunta nulidad, pues en las acciones de tutela la confrontación es entre los hechos y la viabilidad de la prosperidad de la protección constitucional y nunca respecto al formalismo de la solicitud como si se tratara de una demanda civil.”[36]
Con todo, la improcedencia general de la solicitud de nulidad contra sentencias dictadas por las Salas de Revisión, tiene asidero en el principio de seguridad jurídica y de necesidad de certeza del derecho, razón por la que únicamente procede cuando el debido proceso plantea una afectación “ostensible, probada, significativa y trascendental, es decir, que tenga repercusiones sustanciales y directas en la decisión o en sus efectos”.[40]
3. La solicitud de nulidad propuesta por Carlos Eduardo Tobón Borrero, debe ser rechazada por falta de legitimación en la causa por activa y por haber sido presentada extemporáneamente.
3.2. Un recuento de la jurisprudencia dictada por las distintas Salas de Revisión de esta Corporación, pone de presente la posición adoptada en relación con la posibilidad de buscar la protección de derechos fundamentales ajenos a través de la agencia oficiosa, “cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa.”[43]
En sentencia T-786 de 2003, la Corte consideró que cuando se trata de personas protegidas por medidas cautelares adoptadas por organismos internacionales, un tercero indeterminado puede buscar la protección iusfundamental, en tanto se presume que existe mayor grado de vulnerabilidad de los derechos a la vida y a la integridad personal, “aunado a que, usualmente, los sujetos que acuden ante instancias internacionales para demandar la protección de sus derechos humanos por parte del Estado pueden verse sometidos a amenazas por haber acudido a éstas”.
“Dada la condición de extrema vulnerabilidad de la población desplazada, no sólo por el hecho mismo del desplazamiento, sino también porque en la mayor parte de los casos se trata de personas especialmente protegidas por la Constitución -tales como mujeres cabeza de familia, menores de edad, minorías étnicas y personas de la tercera edad ‑, la exigencia de presentar directamente o a través de abogado las acciones de tutela para la protección de sus derechos, resulta excesivamente onerosa para estas personas.
Es por ello que las asociaciones de desplazados, que se han conformado con el fin de apoyar a la población desplazada en la defensa de sus derechos, pueden actuar como agentes oficiosos de los desplazados. No obstante, a fin de evitar que por esta vía se desnaturalice la acción de tutela, se promuevan demandas de tutela colectivas sin el consentimiento de sus miembros, o se emplee esta figura para desconocer las normas sobre temeridad, tal posibilidad debe ser ejercida bajo condiciones que a la vez que garanticen el acceso a la justicia a la población desplazada, impida posibles abusos. Por ende, tales organizaciones estarán legitimadas para presentar acciones de tutela a favor de sus miembros bajo las siguientes condiciones: 1) que se haga a través de su representante legal, acreditando debidamente su existencia y representación dentro del proceso de tutela; 2) que se individualice, mediante una lista o un escrito, el nombre de los miembros de la asociación a favor de quienes se promueve la acción de tutela; y 3) que no se deduzca de los elementos probatorios que obran en el proceso que el agenciado no quiere que la acción se interponga en su nombre. En esa medida si se percatan de la amenaza o violación de derechos fundamentales de una persona, pueden interponer la acción en nombre de sus asociados.”
Igualmente, cuando se trata de agenciar derechos fundamentales de menores de edad, la jurisprudencia constitucional ha sido consistente en indicar que no es necesario aplicar el rigorismo procesal que impone el señalamiento de las razones por las cuales el afectado no puede buscar la protección por su propia cuenta, por tratarse de una cuestión obvia cuando son niños, a lo que debe sumarse la posibilidad de que [c]ualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores” (C.P. Art. 44), pero siempre y cuando “conste la inminencia de la violación a los derechos fundamentales del niño, o la ausencia de representante legal”[44]. Al respecto esta Corporación en sentencia T-816 de 2007, señaló:
“De igual forma, la Corte ha confirmado que si se trata de agenciar derechos de menores de edad no se aplica el rigorismo procesal consistente en imponer al agente oficioso el deber de manifestar en la solicitud de tutela que el afectado en su derecho fundamental no está en condiciones de promover su propia defensa, aparte de que ello es obvio tratándose de los niños. En consecuencia, tratándose de la protección de los derechos fundamentales de los niños, la Constitución impone objetivamente la necesidad de su defensa, sin que interese realmente una especial calificación del sujeto que la promueve.”
Por otro lado, en sentencia T-1012 de 1999 la Corte encontró que cuando se trata de personas privadas de la libertad en razón del flagelo del secuestro, se configura la modalidad especialísima de la agencia oficiosa, por la elemental razón de que no están en posibilidad de ejercer el derecho de defensa de manera real, “pues una fuerza extraña se lo impide.”
Por último, esta Corte en sentencia T-483 de 2006, consideró que la circunstancia de que el titular de los derechos fundamentales se encuentre “fuera de la ciudad capital”, no es una razón suficiente para que se configure la agencia oficiosa, argumento que bastó para rechazar por improcedente el amparo constitucional deprecado en aquél entonces. Este Tribunal en esa oportunidad sostuvo:
“Manifiesta el actor que su agenciada no actúa directamente ‘pues se encuentra fuera de la ciudad capital’.
Es decir, que el actor no justifica el agenciamiento, si se considera que la señora Bueno Sánchez puede interponer la acción ante cualquier juez, durante el primer año de vida del menor.
De manera que la sentencia de instancia, en cuanto niega la protección, porque los derechos fundamentales no han sido negados, será revocada para, en su lugar, rechazar la acción por improcedente.”
3.3. Ahora bien, no sobra recordar que la jurisprudencia también ha establecido el cumplimiento concurrente de algunas condiciones para que en materia de tutela exista legitimación por activa derivada de la agencia oficiosa, lo cual permite que el juez resuelva de fondo el asunto puesto a su consideración: (i) que se efectúe una manifestación expresa del agente oficioso para actuar como tal; (ii) que se indique en el escrito de tutela o que se pueda inferir de él que el titular del derecho fundamental no está en condiciones físicas o mentales de promover su propia defensa, lo cual no implica un vínculo o relación formal entre el agente y los agenciados, pues “para la procedencia de la agencia oficiosa es indispensable no sólo que el agente afirme actuar como tal, sino que además demuestre que el titular del derecho amenazado o vulnerado se encuentra en imposibilidad de promover su propia defensa, bien sea por circunstancias físicas, como la enfermedad, o por razones síquicas que pudieren haber afectado su estado mental, o en presencia de un estado de indefensión que le impida acudir a la justicia”[45]; y (iii) que el sujeto o los sujetos agenciados se encuentren plenamente identificados.
3.4. Descendiendo al asunto objeto de estudio, la Sala encuentra que la solicitud de nulidad formulada por el señor Carlos Eduardo Tobón Borrero, debe ser rechazada por dos razones. La primera, de naturaleza sustancial, radica en que la agencia oficiosa en los términos en que fue invocada es improcedente, y la segunda de carácter formal, por cuanto el incidente fue propuesto tardíamente.
El peticionario afirma actuar como agente oficioso porque la señora Martha Liliana Guevara Gallego no se encontraba en esta ciudad para el momento en el que fue elevada la solicitud de nulidad. Sin embargo, considera la Sala que tal justificación no es suficiente para permitir el agenciamiento de los derechos, en la medida en que no está demostrada la existencia de una situación de imposibilidad física o de indefensión para estudiar de fondo el asunto puesto al escrutinio de esta Corporación.
“MARTHA LILIANA GUEVARA GALLEGO, mayor de edad, identificada con la CC No 42’096.671 de Pereira, comedidamente manifiesto que ratifico y convalido la actuación procesal adelantada por CARLOS EDUARDO TOBON BORRERO, abogado identificado con la CC No 17’327.499 y No 45.626 del CS de la J., en relación con el trámite del incidente de nulidad de la referencia y confiero a través de este mismo escrito poder al mismo, para que continúe con el trámite respectivo.”[47] (Subraya por fuera del texto original).
Además, si la persona puede iniciar la acción de tutela, el hecho de que un tercero lo haga por ella, a pesar de la apariencia de bondad del gesto, éste también puede tener un significado que lesiona la dignidad del propio interesado, pues, estaría siendo considerado, por dicho tercero, como alguien incapaz de defender sus propios derechos.” (Subrayas y negrillas por fuera del texto original).
Es más, la posibilidad de que la señora Guevara Gallego hubiera presentado directamente la solicitud de nulidad a pesar de no encontrarse en el lugar de la sede de esta Corporación, estaba habilitada por el avance de la tecnología con el uso de los medios de transmisión de datos, alternativa que este Tribunal avaló apelando a la prevalencia del derecho sustancial y a la necesidad de que exista un acceso efectivo a la administración de justicia en Auto A-015 de 2002, tras encontrar extemporánea la petición de nulidad presentada vía fax contra la sentencia T-1189 de 2001.
En efecto, la sentencia T-077 de 2009 fue notificada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia[49], a la señora Martha Liliana Guevara Gallego mediante telegrama N° 03721 del 11 de marzo de 2009[50], a la calle 2 este N° 11-60, torre A, apartamento 102 de la ciudad de Pereira, dirección a la que igualmente se libraron los correspondientes telegramas y comunicaciones, tanto en el proceso penal como en el trámite de revisión que surtió el expediente de tutela en esta Corporación y respecto de la cual no fue puesto de presente algún cambio en el escrito de nulidad, ni en el de convalidación y ratificación de la actuación procesal.
Esta especial circunstancia, no permite desvirtuar la supuesta falta de notificación de las providencias dictadas por la Corte el 29 de agosto y 6 de octubre de 2008[51], que dicho sea de paso, la Secretaría General de este Tribunal realizó ingentes esfuerzos para ponerlas en conocimiento de la señora Guevara Gallego.
3.7. Sobradas resultan las razones expuestas para concluir que el abogado Carlos Eduardo Tobón Borrero no está legitimado en la causa por activa y que a su turno el incidente fue propuesto extemporáneamente, por lo que deberá rechazarse la petición de nulidad formulada contra la sentencia T-077 de 2009, con la advertencia de que contra esta decisión no procede recurso alguno.
Tercero.- Por la Secretaría General de esta Corporación, REMÍTASE a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, el expediente de tutela T-1’842.367.
[5] Folio 4 del cuaderno de la nulidad.
[17] Folio 104 ibíd.
[18] Folio 111 ibíd.
[19] Folio 114 ibíd.
[20] Folio 117 ibíd.
[21] Folio 121 ibíd.
[22] Folio 125 ibíd.
[23] Folio 126 ibíd.
[24] Folio 128 ibíd.
[31] La disposición en cita señala: “Legitimidad e interés. La acción de tutela podrá ser ejercida en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos. // También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud. // También podrán ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales.”
[49] Respecto de la notificación de las sentencias dictadas por esta Corporación en sede de revisión, el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, dispone: “Efectos de la revisión. Las sentencias en que se revise una decisión de tutela sólo surtirán efectos en el caso concreto y deberán ser comunicadas inmediatamente al juez o tribunal competente de primera instancia, el cual notificará la sentencia de la Corte a las partes y adoptará las decisiones necesarias para adecuar su fallo a los dispuesto por ésta.” (Subrayas y negrillas por fuera del texto original).