Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2006-08381-de-abril-9-de-2014?documento=jurcol&contexto=jurcol_fd522ad3d26e02d0e0430a01015102d0&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-10-14 19:30:18
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Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 18', 'artículo 3', 'artículo 2', 'artículo 20', 'artículo 23', 'artículo 3', 'artículo 2', 'artículo 23', 'artículo 3', 'artículo 2', 'artículo 36', 'artículo 36', 'artículo 11', 'artículo 17', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 36']

﻿ Sentencia 2006-08381 de abril 9 de 2014
SENTENCIA 2006-08381 DE 09 DE ABRIL DE 2014
CONTENIDO:PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD NO APLICA PARA COBIJAR A UN EX FUNCIONARIO DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA CON LOS BENEFICIOS DEL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN PENSIONAL. EL HECHO DE ESTIMARSE QUE ES MÁS BENEFICIOSO EL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN POR HABER SIDO EMPLEADO DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, NO ES ARGUMENTO SUFICIENTE PARA QUE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN DEBA LIQUIDARSE CON SUJECIÓN A EL REFERIDO RÉGIMEN, PUES ES INDISPENSABLE ACREDITAR LOS REQUISITOS LEGALES NECESARIOS COMO: EL DE HABER EJERCIDO LABORES EN LA ENTIDAD A LA FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA DE LA LEY 100 DE 1993 (1° DE ABRIL DE 1994), AUNADO A LA EDAD O A LA COTIZACIÓN O EL TIEMPO DE SERVICIOS (40 AÑOS O MÁS, SI ES HOMBRE, 35 AÑOS O MÁS, SI ES MUJERO LA COTIZACIÓN O TIEMPO DE SERVICIOS DE 15 AÑOS O MÁS). ASÍ, LA APLICACIÓN LLANA DEL PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD POR PARTE DEL INTÉRPRETE, EN DEFINICIÓN DE LITIGIOS JUDICIALES, IMPLICARÍA LA CREACIÓN DE UNA DISCRIMINACIÓN POSITIVA NO PREVISTA POR EL LEGISLADOR CON GRAVE DETRIMENTO DEL PRINCIPIO DE EQUIDAD Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD, RÉGIMEN DE TRANSICIÓN DE LA RAMA LEGISLATIVA, PENSIÓN DE JUBILACIÓN EN EL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN, FUNCIONARIO DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Sentencia 2006-08381 de abril 9 de 2014
Ref.: Expediente 25000-23-25-000-2006-08381-01 (1152-2009)
Actor: Darío Durán Restrepo C/ Fondo de Previsión Social del Congreso de la República —Fonprecon—
En esta oportunidad la cuestión litigiosa se contrae a establecer si al demandante, quien laboró en calidad de empleado del Congreso desde el 12 de septiembre de 1973 hasta el 9 de octubre de 1990, le asiste el derecho a que Fonprecon, le reliquide su pensión de jubilación en el 75% del salario que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio, según lo dispuesto por la Ley 33 de 1985.
El Legislador ejerció esta atribución mediante la expedición de la Ley 4ª de 1992, en la que señaló al Gobierno Nacional, tal como lo indica el literal c) de su artículo 1º y su artículo 2º; los objetivos y criterios que debe observar para fijar el régimen salarial y prestacional, entre otros, de los empleados del Congreso Nacional.
Fue así como en ejercicio de dichas facultades, el Presidente de la República, expidió el Decreto 1359 de 1993(2), que estableció el régimen especial de pensiones, reajustes y sustituciones aplicable a quienes a partir de la vigencia de la Ley 4ª de 1992, tengan la calidad de senador o representante a la Cámara, tal como lo estipula su artículo 1º(3). En concordancia, su artículo 18(4) indicó, que esta reglamentación no afectará el régimen prestacional de los demás empleados al servicio del Congreso.
El aludido decreto en el inciso 2º del artículo 3º en cuanto a los empleados del Congreso de la República y del Fondo de Previsión Social del Congreso, indica que cuando cumplan con alguno de los requisitos previstos en el artículo 2º para acceder al régimen de transición, tendrán derecho al reconocimiento de su pensión de jubilación al reunir los requisitos de edad, tiempo de servicios, número de semanas cotizadas y el monto de la pensión, establecidos en el artículo 20 del Acuerdo 26 de 1986 del Fondo de Previsión Social del Congreso, aprobado por el Decreto 2837 de 1986(9).
Se resalta, que el artículo 23 de este acuerdo, en cuanto al cálculo para la liquidación pensional informa, que se deben tener en cuenta como factores salariales, siempre que el afiliado tenga derecho a ellos y “hayan servido de base para los aportes al fondo durante el último año de servicio”, los siguientes: asignación básica mensual o dietas, gastos de representación, prima técnica, dominicales y feriados, horas extras, prima semestral, prima de navidad, trabajo suplementario, prima de antigüedad, bonificaciones.
Pues bien, entendido el régimen de transición como aquel que busca proteger expectativas pensionales a futuro, pero que se enmarquen en el régimen pensional vigente al momento de expedición de la nueva ley(10); se tiene, que en el caso de los parlamentarios, tal como en varias oportunidades lo determinó la sección(11), la transición debe extender su cobertura a quien siendo congresista para el 1º de abril de 1994 —vigencia de la L. 100/93—, además, cumpla con la edad —40 años o más si es hombre, o 35 años o más si es mujer— o la cotización o el tiempo de servicios de 15 años o más.
Ahora, partiendo del hecho incontrovertible de que el Decreto Reglamentario 1293 de 1994 en su artículo 3º, reúne la regulación tanto del régimen de transición de los Parlamentarios —inciso primero—, como del régimen de transición de los empleados del Congreso —inciso segundo-; es entonces posible predicar, que a estos últimos, es decir, a los empleados del parlamento en régimen de transición, les son aplicables las interpretaciones normativas que se han elaborado en torno al régimen de transición de los legisladores.
Por manera que, para ser destinatario del régimen de transición de los empleados del Congreso, se requiere de una condición imprescindible, que no es otra que ejercer la labor al interior del parlamento, para la fecha de vigencia de la Ley 100 de 1994 aunada al cumplimiento de la edad o la cotización o el tiempo de servicios de que trata el Decreto 1293 de 1994 en su artículo 2º, circunstancia que no puede ser omitida, tal como se definió para el caso de los congresistas.
Y, que se debe recalcar, encuentra igualmente soporte en el Acuerdo 26 de 1986, concretamente en su artículo 23(12) —al que remite de modo expreso el prementado inciso 2º del artículo 3º del Decreto 1293 de 1994—, cuando dispone, que para la liquidación de la pensión jubilatoria se deben tener en cuenta los factores salariales que enlista “siempre que el afiliado tenga derecho a ellos y hayan servido de base para los aportes al fondo durante el último año de servicio”.
En otras palabras, se debe establecer si el empleado del Congreso, reúne los requisitos de ley necesarios para ser beneficiario del régimen de transición creado para ellos y esto se torna en absolutamente indispensable, porque el hecho de estimar que se es favorecido del régimen con ocasión de haber sido empleado del Parlamento, no implica que la pensión jubilatoria se deba reliquidar con sujeción al mismo.
En efecto, históricamente la constitucionalidad de las modificaciones prestacionales y aún salariales atribuidas a la competencia del legislador, ha estado condicionada a la definición previa de los regímenes de transición en la aplicación de cualquier nueva regulación, que de manera sustancial afecte las situaciones jurídicas preestablecidas o en proceso de consolidación(13).
Con las anteriores precisiones en cuanto al régimen de transición de los empleados del Congreso, procede la Sala a definir la situación particular del demandante.
Está demostrado en el expediente que el actor prestó sus servicios en la Cámara de Representantes en el cargo de asistente auxiliar y luego como mensajero auxiliar desde el 1º de octubre de 1969 hasta el 1º de febrero de 1972; en la Contraloría Departamental del Tolima en calidad de docente del 1º de febrero de 1967 al 18 de agosto de 1969; en Minercol desde el 16 de mayo de 1972 hasta el 17 de julio de 1973; en el Senado de la República el 12 de septiembre de 1973 en el cargo de UJIER, el 23 de septiembre de 1974 en el cargo de oficial mayor, el 11 de septiembre de 1978 en el cargo de asistente del presidente de la Comisión Primera, el 4 de octubre de 1979 en el cargo de asistente administrativo de la división financiera, el 20 de octubre de 1982 en el cargo de jefe de la sección de contabilidad, el 8 de octubre de 1986 en el cargo de asesor economista unidad de presupuesto de la dirección general de asesoría técnica hasta el 9 de octubre de 1990, cuando fue declarada su insubsistencia (fls. 38, 27, 26, 14 a 16, cdno. 2).
Nació el 28 de junio de 1944 (fl. 40, cdno. 2).
En virtud de la Resolución 1182 de 17 de octubre de 2001, el fondo le reconoció su pensión de jubilación en calidad de asesor economista unidad de presupuesto de la dirección general de asesoría técnica del Senado de la República, en cuantía de $ 2.167.496,40 efectiva a partir del 29 de junio de 1999; porque estimó, que el actor cumplía con “... los requisitos establecidos en el artículo 2º del Decreto 1293/94 para acceder al Régimen de Transición, toda vez que a 1º de abril de 1994 contaba con 50 años de edad nació el 28 de junio de 1944; tenía más de 15 años de servicio al estado; por lo tanto el régimen aplicable... es el consagrado en la Ley 33 de 1985 que consagra la pensión mensual vitalicia de jubilación cuyos requisitos para acceder son 55 años de edad; 20 años de servicio en entidades de derecho público, los cuales el peticionario cumple...”. Y, efectuó la liquidación con fundamento en el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, es decir, con base en el promedio de los salarios devengados en el tiempo que le hiciere falta para adquirir el derecho, contado desde el 1º de abril de 1994, vigencia de la Ley 100 de 1993 y el 28 de junio de 1999 cuando cumplió la edad; determinando que el tiempo faltante era de 5 años, 2 meses y 28 días (fls. 7 a 14, cdno. ppal.).
Y, por Resolución 1046 de 7 de julio de 2006, le negó la reliquidación de la pensión jubilatoria con base en el 75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio; porque, como el reconocimiento tuvo lugar con base en lo establecido por la Ley 33 de 1995 —por ser beneficiario del régimen de transición—, la misma solo aplica en cuanto a la edad, tiempo y monto y, el resto de requisitos se rigen según lo dispuesto por el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 (fls. 2 a 6, cdno. ppal.).
De las anteriores probanzas la Sala infiere, que Fonprecon le reconoció la pensión de jubilación al demandante en aplicación del régimen de transición de los empleados del Congreso, de que trata el Decreto 1293 de 1994, porque prestó sus servicios al Estado por espacio de 21 años, 11 meses y 25 días y porque para el 1º de abril de 1994, fecha de vigencia de la Ley 100 de 1993, tenía 50 años de edad, habida cuenta que nació el 28 de junio de 1944.
Pues bien, no le asiste la razón al fondo al proceder a reconocer la pensión jubilatoria bajo el amparo de dicha normativa, porque el actor no cumple con los presupuestos de hecho requeridos para la aplicación del régimen de transición de los empleados del Congreso.
En efecto, tal como se infiere del análisis de los dispositivos que regulan la pensión de jubilación de los referidos empleados, aunque para el 1º de abril de 1994, fecha de vigencia de la Ley 100 de 1993, el demandante contaba con la edad de 40 años que exige dicha ley (no la de 50 como indica el acto acusado); lo cierto es, que en esa época no laboraba para el cuerpo legislativo, condición que como se analizó en apartado precedente, es indispensable para ser beneficiario de dicho régimen, pues está probado que dejó de trabajar en el parlamento desde el 9 de octubre de 1990, es decir, mucho tiempo antes de entrar en vigencia la aludida ley, y se debe recordar, tal como se estableció en párrafo antecedente, que el régimen de transición de los congresistas y de los empleados del parlamento, está encaminado a brindar protección a las expectativas de quienes se encontraban trabajando para el Congreso a la fecha de vigencia de la ley que regula el sistema general de pensiones de lo que da cuenta su cotización respectiva ante el fondo.
Lo anterior significa, que por esta razón y no por las que en su momento alegó el fondo, el actuante, es beneficiario del régimen de transición general, que no es otro, que el contenido en la Ley 33 de 1985 —vigente a partir de ene. 29/85—; por lo que con el tiempo de 20 años de servicios y 55 años de edad, adquirió el derecho al reconocimiento de su pensión jubilatoria, en el equivalente al 75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio, regla que encuentra su excepción, en aquellos empleados que por ley disfruten de un régimen especial de pensiones, que tal como quedó visto, no es el caso.
Ello sin que sea posible, tal como lo ha determinado la jurisprudencia de la sección, escindir la normativa para, en lo que concierne a la base de liquidación pensional, aplicar la Ley 100 de 1993, que como se advirtió, no es viable que regule esta situación en particular.
Con lo expuesto encuentra la Sala que le asiste la razón al tribunal cuando declaró la nulidad parcial del acto de reconocimiento pensional y la nulidad integral del acto que negó la reliquidación, por lo que confirmará la decisión, pero por las razones expresadas en líneas anteriores.
CONFÍRMASE por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído, la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 12 de marzo de 2009, estimatoria de las súplicas de la demanda instaurada por el señor Darío Durán Restrepo contra el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República —Fonprecon—.
(6) “ART. 36.—Régimen de transición. La edad para acceder a la pensión de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.// La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente ley.// El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE. Sin embargo, cuando el tiempo que les hiciere falta fuese igual o inferior a dos (2) años a la entrada en vigencia de la presente ley, el ingreso base para liquidar la pensión será el promedio de lo devengado en los dos (2) últimos años, para los trabajadores del sector privado y de un (1) año para los servidores públicos (el aparte destacado inexequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-168 de 20 de abril de 1995). // Lo dispuesto en el presente artículo para las personas que al momento de entrar en vigencia el régimen tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, no será aplicable cuando estas personas voluntariamente se acojan al régimen de ahorro individual con solidaridad, caso en el cual se sujetarán a todas las condiciones previstas para dicho régimen. // Tampoco será aplicable para quienes habiendo escogido el régimen de ahorro individual con solidaridad decidan cambiarse al de prima media con prestación definida.// Quienes a la fecha de vigencia de la presente ley hubiesen cumplido los requisitos para acceder a la pensión de jubilación o de vejez conforme a normas favorables anteriores, aun cuando no se hubiese efectuado el reconocimiento, tendrán derecho, en desarrollo de los derechos adquiridos, a que se les reconozca y liquide la pensión en las condiciones de favorabilidad vigentes al momento en que cumplieron tales requisitos.// PAR.—Para efectos del reconocimiento de la pensión de vejez de que trata el inciso primero (1º) del presente artículo se tendrá en cuenta la suma de las semanas cotizadas con anterioridad a la vigencia de la presente ley, al Instituto de Seguros Sociales, a las Cajas, fondos o entidades de seguridad social del sector público o privado, o el tiempo de servicio como servidores públicos cualquiera sea el número de semanas cotizadas o tiempo de servicio”.
(11) Sentencia de 2 de abril de 2009, radicado 5678-03, actor: Jorge Manuel Ortiz Guevara, consejero ponente Gerardo Arenas Monsalve, que declaró la nulidad del parágrafo del artículo 11 y del inciso 1º del artículo 17 del Decreto 816 de 2002, este último artículo modificado por el artículo 1º del Decreto 1622 de 2002. En similar sentido sentencia de 7 de septiembre de 2006, radicado 9798-05, actor Paulina Consuelo Salgar de Montejo, C.P. Jaime Moreno García.
(12) Acuerdo 26 de 1986. ART. 23.—“Forma de cálculo. Para la liquidación de la pensión de jubilación se tendrán en cuenta los siguientes factores salariales, siempre que el afiliado tenga derecho a ellos y hayan servido de base para los aportes al fondo durante el último año de servicio: a) Asignación básica mensual o dietas, b) Gastos de representación, c) Prima técnica, d) Dominicales y feriados, e) Horas extras, f) Prima semestral, g) Prima de Navidad, h) Trabajo suplementario, i) Prima de antigüedad, j) Bonificaciones...”.
(13) Se debe recordar que la Ley 33 de 1985 en el parágrafo 2º de su artículo 1º determinó el régimen de transición en los siguientes términos: “Para los empleados oficiales que a la fecha de la presente ley hayan cumplido 15 años continuos o discontinuos de servicio, continuarán aplicándose las disposiciones sobre edad de jubilación que regían con anterioridad a la presente ley. // Quienes con 20 años de labor continua o discontinua como empleados oficiales, actualmente se hallen retirados del servicio, tendrán derecho cuando cumplan 50 años de edad si son mujeres o 55 años si son varones, a una pensión de jubilación que se reconocerá y pagará de acuerdo con las disposiciones que regían al momento de su retiro”. Y, por su parte la Ley 100 de 1993 en su artículo 36 lo estableció así: “Régimen de transición. La edad para acceder a la pensión de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.// La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente ley (...)”.