Source: https://corte-constitucional.vlex.com.co/vid/-208168483
Timestamp: 2020-07-06 13:07:12
Document Index: 125124889

Matched Legal Cases: ['artículo 208', 'artículo 21', 'artículo 208', 'artículo 21', 'artículo 74', 'artículo 207', 'artículo 207', 'artículo 208', 'artículo 29', 'artículo 213', 'artículo 33', 'artículo 208', 'artículo 208', 'artículo 195', 'artículo 95', 'artículo 210', 'artículo 214', 'artículo 33', 'artículo 33', 'artículo 25', 'artículo 33', 'artículo 95', 'artículo 33', 'artículo 33', 'artículo 33', 'artículo 33', 'artículo 8', 'artículo 33', 'artículo 33']

Sentencia de Constitucionalidad nº 559/09 de Corte Constitucional, 20 de Agosto de 2009 - Jurisprudencia - VLEX 208168483
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 208 (parcial) del código de procedimiento civil, modificado por el artículo 21 de la ley 794 de 2003, el artículo regula la práctica de interrogatorio, el aparte acusado se refiere a cuando el interrogado se negare a contestar o diere respuestas evasivas y la facultad del juez de amonestarlo para que responda, los demandantes consideran que el aparte demandado vulnera los artículos 1, 2, 29. 33 y 74, ya que dicho aparte no consagro de manera directa la expresión “salvo las excepciones legales”, violando de esta manera garantías constitucionales como la del secreto profesional, a la no auto incriminación y a no declarar contra sus familiares más cercanos. La corte realiza el estudio de cada cargo y concluye que el aparte demandado no vulnera ningún derecho constitucional. Exequible.
Sentencia citada en: 12 sentencias, 6 artículos doctrinales
C-559-09 Sentencia C-559/09 Sentencia C-559/09
Referencia: expediente D-7592.
Demandantes: K.M.J.R. y M.J.P.B..
Bogotá, D.C., agosto veinte (20) de dos mil nueve (2009).
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad consagrada y regulada en los artículos 241 y 242 de la Constitución Política, los ciudadanos K.M.J.R. y M.J.P.B., demandaron parte del artículo 208 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el artículo 21 de la Ley 794 de 2003.
Por auto de febrero 11 de 2009, el Magistrado sustanciador admitió la demanda de la referencia y ordenó su fijación en lista. Así mismo, dispuso dar traslado al Procurador General de la Nación para que rindiera su concepto y comunicó la iniciación del asunto a los señores Presidente de la República y del Congreso, al igual que al Ministro del Interior y de Justicia e invitó a la Academia Colombiana de Jurisprudencia, al Instituto Colombiano de Derecho Procesal y a las facultades de derecho de las Universidades Nacional de Colombia, J., Andes, Externado de Colombia, del Rosario, Industrial de Santander y de Antioquia, para que si lo estiman pertinente, conceptuaran sobre la constitucionalidad de los apartes acusados.
En el acta se copiarán las preguntas que no consten por escrito y todas las respuestas, con las palabras textuales que pronuncien las partes y el juez.
Aseguran que la disposición constriñe u obliga al testigo a contestar todas las preguntas que se le realicen durante la práctica de la prueba testimonial por parte del juez ya sea de oficio o de parte o ya sean realizadas por las partes; pues la norma debe obligar al testigo solo cuando las preguntas realizadas al mismo se encuentren ajustadas al régimen procesal y probatorio colombiano, cuando no afecten derechos y cuando no contravengan el Sistema Normativo de la Constitución Nacional Vigente.
Estiman que la interpretación sistemática del artículo acusado no resuelve el problema de inconstitucionalidad, pues si bien las excepciones al deber de responder lo que perjudique al declarante, o mediando el secreto profesional, o en lo que comprometa la responsabilidad penal del mismo o de sus parientes, se encuentran consagradas en otras normas del Código de Procedimiento Civil, el precepto bajo examen debió preverlo de forma directa con las excepciones al deber de absolver las preguntas en el interrogatorio o, de manera indirecta, utilizando la expresión salvo las excepciones legales.
Afirman, la norma bajo examen es violatoria de los artículos 29 y 74 de la Carta, pues se desconocen las garantías procesales de las personas a las cuales se les debe guardar secreto profesional, ya que obliga al testigo a través de amonestación por parte del juez a que responda dicho interrogatorio y en un eventual juicio sobre la persona la cual debe guardarse secreto profesional se puede usar tal medio probatorio como prueba trasladada; además, se violan las disposiciones del artículo 74 de la Constitución, que consagra la inviolabilidad del secreto profesional.
A través de la Jefe de la División Jurídica, el Senado intervino solicitando la exequibilidad del inciso acusado al señalar que se entiende apenas con media inteligencia que este no vulnera desde ningún punto de vista derecho fundamental alguno.
En su opinión, no puede haber inconstitucionalidad de la norma atacada por los demandantes, por cuanto la jurisprudencia solamente le da alcance al tema relativo a la responsabilidad penal propia, autoincriminación y secreto profesional, por lo tanto es responsabilidad del interrogado cumplir con lo preceptuado en la norma civil y responder cada una de las preguntas solicitadas por el juez, sin respuestas evasivas.
Concluye afirmando que, contrario a las apreciaciones de los demandantes, al no contemplar la norma demandada una facultad al juez del proceso para que obligue al declarante a responder todas las preguntas que él considere pertinentes, de forma completa, clara y sin evasivas, no resulta necesario puntualizar de manera expresa en la norma que el declarante tiene dicha obligación salvo las excepciones constitucionales y legales, pues como se precisó, no existe tal obligación para el declarante.
Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario.
Por el contrario, aduce que enfrentados a la prueba testimonial tenemos que, en primer lugar no son admisibles preguntas asertivas; en segundo término, bajo ninguna circunstancia la deposición del testigo tiene por objeto que confiese hechos que lo perjudican sino que el propósito de este medio de prueba es que declare sobre circunstancias de las que ha tenido conocimiento y que interesan al proceso y, finalmente, como tercer aspecto encontramos que al decir del inciso 3° del artículo 207 del C.P.C. El juez rechazará las preguntas que recaigan sobre hechos que perjudiquen al testigo, caso de que éste se oponga a contestarlas.
De otro lado, afirma que en lo que atañe a quien es citado a absolver un interrogatorio de parte, aunque en principio y con apoyo en el segmento de la norma cuya declaratoria de inexequibilidad se demanda, él sí está obligado a contestar el cuestionario que le planteen, so pena de que el juez lo amoneste para que responda en debida forma, esa previsión legal también deja a salvo su derecho constitucional de no declarar contra sí mismo si no lo desea, ya que el penúltimo inciso del artículo 207 del C.P.C. preceptúa que las preguntas relativas a hechos que impliquen responsabilidad penal se formularán por el juez sin juramento, con la prevención al interrogado de que no está en el deber de responderlas.
En consecuencia, considera que si se armoniza este precepto con el del artículo 208, y a ello se le suma lo consagrado en el artículo 29 superior, en cuanto es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso, no se advierte de qué manera la norma acusada puede resultar violatoria del preámbulo y de los artículos constitucionales citados en la demanda, puesto que aún en el evento de que se quisiera hacer valer lo declarado (en el caso del testimonio), o lo confesado (si se trata de interrogatorio de parte) como prueba trasladada en otro proceso, si uno cualquiera de esos medios probatorios arrojara una prueba obtenida con desconocimiento del debido proceso y en contravía de la ritualidad que se acaba de indicar, el resultado que de allí surgiría estaría viciado de nulidad y por ende sin ningún poder de valoración y mucho menos de convicción.
Finaliza afirmando que si bien es cierto que el artículo 213 del C.P.C. dispone que Toda persona tiene el deber de rendir el testimonio que se le pida, excepto en los casos determinados por la ley y que los artículos 214 a 216 ibídem, contemplan las excepciones y las inhabilidades en torno a ese compromiso, dentro de unas y otras no quedó incluida la previsión del artículo 33 superior, pues esta norma sólo tiene aplicación en el campo penal y no en el civil.
Por último, señala que no es cierto que, según los actores, el juez pueda violar el debido proceso y de contera atentar contra el secreto profesional, al dar aplicación a la parte demandada del artículo 208, existiendo norma especial dentro de la práctica de la prueba que permite al profesional (abogado, ministro de culto religioso, médico, bacteriólogo, etc.) guardar silencio en relación con dicho secreto.
Señala que, en efecto, si se tiene en cuenta que el artículo 208 del Código de Procedimiento Civil en cuestión, regula el interrogatorio de parte practicado como mecanismo para obtener la confesión de manera provocada, las consideraciones de los accionantes en punto a que con la amonestación se constriñe al testigo, resultan equivocadas, pues es evidente que la norma en estudio no regula la prueba testimonial como los entiendan aquellos; equivocación que por contera lleva a concluir, también de manera equivocada, que el interrogado no tiene la carga de responder preguntas que le perjudiquen, pues es claro que, justamente, ese es el objeto del interrogatorio de parte, es decir, que la parte interrogada reconozca hechos que le produzcan consecuencias jurídicas adversas, o que favorezcan a la parte contraria (f. 73 cd. inicial).
Afirma que el juicio de constitucionalidad de la norma acusada debe hacerse dentro del contexto de la confesión judicial y no del testimonio la amonestación a la parte para que responda las preguntas que se le formulen, so pena de las consecuencias legales, no contraría las normas constitucionales invocadas por los actores, pues dicha amonestación corresponde a la naturaleza de la confesión, cual es lograr que el interrogado declare sobre hechos que le produzcan consecuencias jurídicas adversas, tal como lo prevé el numeral 2° del artículo 195 del Código de Procedimiento Civil, cuya constitucionalidad los actores no cuestionan.
Advierte que la carga que tiene el interrogado de contestar las preguntas que se le formulen, lejos de contrariar el numeral 7° del artículo 95 de la Carta, como lo sostienen los demandantes, propende por su cumplimiento, pues las partes también tenían el deber de colaborar para el buen funcionamiento de la administración de justicia, que es lo mínimo que se le puede pedir a quien accede a ella.
Un docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de dicha Universidad, en desarrollo de la delegación hecha por el respectivo Decano, solicitó declarar exequible el aparte demandado, aclarando la diferencia entre el interrogatorio de parte y el testimonio, para señalar que la norma acusada establece una facultad disciplinante, pues si el absolvente se niega a responder o diere respuestas evasivas o inconducentes, el juez lo debe amonestar, es decir, requerir para que responda y prevenirlo de los efectos que su conducta puede generar, los cuales están plasmados en el artículo 210 del C.P.C. y consisten básicamente en una confesión ficta o presunta, de suerte que el absolvente, una vez requerido por el juez, sabe las consecuencias de su conducta.
Esa consideración la extiende acerca de la posible violación de la garantía del secreto profesional, como mecanismo de protección de la vida privada de las personas, en cuanto el artículo 214 del Código de Procedimiento Civil señala que no están obligados a declarar sobre aquello que se les ha confiado o ha llegado a su conocimiento por razón de su ministerio, oficio o profesión: 1. Los ministros de cualquier culto admitido en la República; 2. Los abogados, médicos, enfermeros, laboratoristas, contadores, en relación con hechos amparados legalmente por el secreto profesional; 3. Cualquiera otra persona que por disposición de la ley pueda o deba guardar secreto.
En sentencia C-880 de agosto 23 de 2005, con ponencia del Magistrado J.C.T., esta Corte Constitucional precisó:
La naturaleza y finalidades del interrogatorio de parte.
La formulación del interrogatorio de parte en pliego cerrado, como una de las opciones que admite el legislador para la práctica de esta diligencia, debe ser analizada, en su razonabilidad, a partir de una aproximación a la naturaleza y finalidades de este instrumento de prueba mediante el cual una parte o presunta parte -si el interrogatorio es anticipado- provoca la confesión de su contraparte, mediante la formulación de un interrogatorio que se surtirá en actuación judicial.
se ordena mediante providencia en la que se debe señalar la fecha y la hora para su práctica (Art. 204 del C.P.C.) la cual será notificada, personalmente si se trata de actuación preprocesal, y por estado si es procesal (Art. 205 C.P.C.), en este último evento bajo el supuesto de que quien debe absolverlo se encuentra vinculado al proceso. La ordenación de la prueba es susceptible del recurso de reposición, y la negativa de reposición y apelación.
La finalidad es la de suscitar mediante un interrogatorio provocado, la confesión judicial de la parte a la cual se dirige el cuestionario. Esta confesión puede ser explícita si la parte requerida atiende la citación para absolver el interrogatorio, o ficta si, existiendo pliego escrito, de manera injustificada se abstiene de comparecer, siempre y cuando concurran los requerimientos procesales de la confesión.
Esta finalidad es perfectamente compatible con los fines esenciales que orientan el proceso, básicamente con el referido a la búsqueda razonable de la verdad real.
En sentencia C-102 de febrero 8 de 2005, con ponencia del Magistrado A.B.S., la Corte se refirió al alcance del artículo 33 de la Constitución, haciendo una breve descripción del contenido de la jurisprudencia en relación con la prohibición de la autoincriminación.
En primer lugar, se encuentra la sentencia 129 del 17 de octubre de 1991, de la Corte Suprema de Justicia, en Sala Plena, en la que examinó una disposición del Código de Procedimiento Civil, y determinó que la garantía constitucional sólo rige en asuntos criminales, correccionales y de policía. Para llegar a esta conclusión, examinó los antecedentes que determinaron la adopción del actual artículo 33, las Gacetas Constitucionales que hasta la fecha de esa providencia se habían publicado, las intervenciones de los miembros de las comisiones.
De este estudio, la Corte Suprema de Justicia concluyó que Las publicaciones reseñadas no le permiten a la Corte concluir que hubiese en el constituyente el ánimo de modificar el texto del antiguo artículo 25 y dejar abierta la posibilidad de aplicar la prohibición de declarar a asuntos distintos. Agrega que a esta conclusión también se llega si, no obstante cuando se allegue la totalidad de las Gacetas, apareciere que la intención positiva hubiese sido la intención de eliminar la mención de los procesos penales, correccionales y de policía, esta única razón no sería suficiente para variar este entendimiento, pues el artículo 33 no puede hacerse tomando aisladamente uno solo de sus textos; ya que el genuino sentido de los mandatos constitucionales solamente resulta de una interpretación sistemática de todo su articulado de manera tal que no resulten jamás antinomias que destruyan la lógica y la coherencia interna que como norma de normas forzosamente debe tener la Constitución Política.
También señaló esta providencia que entender esta garantía aplicable a otros procesos distintos a los penales, correccionales o de policía desconocería los deberes y obligaciones que deben observar todas las personas en el ejercicio responsable y no abusivo de los derechos que les reconoce la Constitución Nacional y que puntualiza el artículo 95 en sus ordinales 1º y 7º.
En la sentencia C-403 de 1997, la Corte señaló que no se viola el principio del artículo 33 de la Carta, cuando el funcionario judicial competente ordena la captura del imputado que se niega a rendir indagatoria, pues, lo que pretende el artículo 33 de la Carta Política es proscribir toda actuación de las autoridades que pretenda la confesión involuntaria de quien es parte en un proceso. Ello, por supuesto, no afecta ni se contrapone a la obligación constitucional que tienen los ciudadanos de colaborar con la administración de justicia, ni al deber constitucional que tiene el funcionario judicial de comunicar al imputado, por todos los medios legales posibles, la existencia de una investigación penal en su contra. (Sentencia C-403 de 1997).
en la sentencia C-426 de 1997, al examinar los artículos 202 y 203 del Código de Procedimiento Civil -interrogatorio y careos de las partes por decreto oficioso y el interrogatorio a instancia de parte, respectivamente-, disposiciones que fueron acusadas por posible vulneración del artículo 33 de la Carta, la Corte Constitucional reiteró lo dicho por la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia 129 del 17 de octubre de 1991, a la que se hizo referencia en el punto 3.1. Consideró que, además de la interpretación sistemática del artículo 33 de la Carta con los artículos 13 y 95, pueden incluirse otras disposiciones constitucionales, como son los artículos 83, que consagra el principio de la buena fe, y el 228, que dispone la prevalencia del derecho sustancial en la búsqueda de la realización de la justicia, puesto que los procesos tienen como finalidad demostrar la verdad. Se refirió, también, al artículo 8 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, que consagra el derecho de toda persona a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable. Lo que está en concordancia con la interpretación restrictiva que, en momento, hizo la Corte Suprema de Justicia, y que ahora prohija la Corte Constitucional, coincide con la norma del Tratado.
Ahora bien, a pesar de que la redacción el artículo 33 de la Carta pareciera dar a entender que la garantía que contiene resulta aplicable a cualquier tipo de declaraciones en juicio, la jurisprudencia de esta Corporación, con fundamento en la interpretación histórica de la norma, y en otros argumentos complementarios, ha precisado que su alcance se restringe a las declaraciones que deben producirse en asuntos penales, correccionales y de policía. En efecto, al estudiar la constitucionalidad de los artículos 202 y 203 del Decreto 1400 de 1970 (Código de Procedimiento Civil), referentes al interrogatorio y careo de las partes por decreto oficioso del juez y al interrogatorio a instancia de parte, respectivamente, dentro del proceso civil, la Corte, en la Sentencia C-426 de 1997[1], descartó el cargo de inconstitucionalidad esgrimido en contra de dichas normas por desconocimiento del artículo 33 de la Constitución, considerando que esta disposición superior no resultaba aplicable a tal procedimiento. (Sentencia C-1287 de 2001, MP, doctor M.G.M.C..
De otra parte, sobre el alcance del secreto profesional esta corporación en sentencia C-062 de marzo 4 de 1998, M.P.C.G.D., afirmó:
La idea de secreto profesional ligada al ejercicio de ciertas actividades resalta la relación de confianza que surge entre peritos en determinada materia o área del conocimiento y las personas que descubren o dejan entrever ante ellos datos y hechos de su vida privada. El deber profesional de conservar sigilo o reserva sobre la información conocida es elemental correlato del vínculo personalísimo que emana de este tipo de relaciones y que tiene por objeto fomentar la confianza pública y el adecuado desarrollo de las actividades sociales.
Buena parte del prestigio, credibilidad y eficacia de la labor desarrollada por ciertos grupos profesionales depende de la manera como cumplan sus deberes y se preserve la confidencialidad de los datos obtenidos. Incluso se llega a sancionar a los miembros que se abandonan a la infidencia y a la divulgación de lo que siempre debe quedar confinado dentro del impenetrable espacio de lo absolutamente reservado.[2]
Ahora bien, la inviolabilidad del secreto profesional, presupone la previa delimitación de la intimidad del sujeto cuyos datos y hechos constituyen su objeto. Por otra parte, las profesiones no están todas en el mismo radio de cercanía de la intimidad personal o familiar, ni el control del Estado sobre ellas debe ser siempre idéntico.[3]
En este orden de ideas, es útil revisar la relación entre la sociedad-contador público o revisor fiscal-Estado, para efectos del análisis de la extensión y alcance del secreto profesional. Resulta claro que se trata de una actividad en la que se desarrolla una noción de confianza particular, diferente a la que se puede predicar en otros contextos (v.g. penitente-confesor-Estado), y que hace, por tanto, que las nociones de intimidad personal o familiar tengan un alcance radicalmente menor y un sentido distinto. Debemos ubicarnos pues, en el ámbito de las labores empresariales, del desarrollo de las sociedades comerciales, de su papel institucional y de su significado frente a otros sectores de la vida económica y social. El ente corporativo no puede metafóricamente aspirar a tener el derecho de estar solo[4]. Tratándose de las personas jurídicas la ley establece garantías que protegen su integridad pero que no conforman una esfera impenetrable de intimidad en el mismo sentido que se predica de las personas naturales.
Cabe recordar que en el procedimiento civil se encuentra admitido por la doctrina que, como medio de prueba, la confesión puede ser espontánea o provocada, caso en el cual el camino al efecto es el interrogatorio de parte, conocido en pretérita legislación procesal (cfr. Ley 105 de 1931, Código Judicial), como absolución de posiciones.
[1] M.P.J.A.M..
[2] Sentencia C-538 de1997 M.P.E.C.M.. Con provecho se puede consultar esta sentencia, cuya doctrina en algunos puntos se reiterará en el presente fallo.
[3] Ibidem. Esta relación entre intimidad y secreto profesional ya ha sido desarrollada por la Corte, entre otras, en las sentencias: T-414/92 M.P.C.A. y T-151/96 M.P.J.G.H..
[4] Ibidem.
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral nº 20403 de 30 de Julio de 2003