Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-sc12024-2015-2009-00387-de-septiembre-9?documento=jurcol&contexto=jurcol_109b12fef95e4a3f9bf238c3ddd69824&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-09-18 20:09:04
Document Index: 233265366

Matched Legal Cases: ['artículo 368', 'artículo 374', 'artículo 368', 'artículo 140', 'artículo 144', 'artículo 31', 'artículo 140', 'artículo 357', 'artículo 357', 'artículo 31', 'artículo 368', 'artículo 368']

SENTENCIA SC12024-2015 DE 09 DE SEPTIEMBRE DE 2015
CONTENIDO:EN CASACIÓN DEBE CUMPLIRSE EL PRINCIPIO DE SEPARACIÓN O AUTONOMÍA DE LAS CAUSALES. EL POSTULADO DE SEPARACIÓN O AUTONOMÍA DE LAS CAUSALES DE CASACIÓN CONSISTE, POR LO GENERAL, EN QUE A CADA UNA DE ELLAS LA ACOMPAÑAN MOTIVOS PROPIOS Y DISTINTOS POR SU NATURALEZA. DE ESE MODO, LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS PARA CUESTIONAR EL FALLO DEBEN FORMULARSE POR SEPARADO, AL AMPARO EXCLUSIVO DE LA CAUSAL RESPECTIVAPOR TAL MOTIVO, AL CENSOR LE ESTÁ VEDADO ELABORAR PLANTEAMIENTOS MIXTOS O HÍBRIDOS CON EL PROPÓSITO DE COBIJAR EN UN MISMO CARGO VARIOS MOTIVOS. ASÍ, SE RECUERDA QUE QUIEN DECIDE IMPUGNAR UNA SENTENCIA EN CASACIÓN NO PUEDE LANZARSE A INVOCAR PROMISCUAMENTE LAS DIVERSAS CAUSALES, SINO QUE HA DE SABER CON EXACTITUD, EN PRIMER LUGAR, QUÉ TIPO DE YERRO COMETIÓ EL FALLADOR, Y EN SEGUNDO LUGAR, ADUCIR LA CAUSAL QUE PARA DENUNCIARLO ESTÁ PREVISTO EN LA LEY.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACTIVIDAD FINANCIERA, CONTRATO DE SEGURO, SINIESTRO, PRINCIPIO DE AUTONOMÍA, PRENDA SIN TENENCIA, CASACIÓN DE OFICIO, DENUNCIA PENAL, VEHÍCULO
Sentencia SC12024-2015/2009-00387 de septiembre 9 de 2015
SC12024-2015
Radicación 73001 31 03 003 2009 00387 01
1. Como bien se sabe, el recurso de casación, por lo extraordinario y, atendiendo su naturaleza, al momento de su formulación y posterior sustentación, imponen al censor el acatamiento de un mínimo de requisitos tanto de forma como de técnica que, al ser desconocidos, además de impedir que el fondo del debate sea abordado, lo condenan a la deserción. Su gestor, adicionalmente, no puede olvidar que este remedio procesal no atañe al aspecto fáctico de la controversia judicial (thema decidendum); menos está concebido como una nueva oportunidad para debatir el factum del litigio, tampoco constituye una tercera instancia. El objetivo principal es escudriñar el contenido del fallo proferido por el ad quem (thema decissus), tratando de visualizar los yerros denunciados y, así, en una confrontación idónea, quebrar la sentencia proferida.
2. También, ha enfatizado la Corte en multitud de providencias, que en este mecanismo impugnativo, al casacionista, con miras a derruir los cimientos del fallo adoptado, inexorablemente, una vez identificados los motivos de la disconformidad, le corresponde adecuar los mismos a una cualquiera de las causales que el legislador autorizó en el artículo 368 de la norma procesal civil; además, el escrito ha de corresponder a la naturaleza de la acusación; vale decir, las equivocaciones enarboladas no pueden transitar por una senda diferente de las previstas en las disposiciones vigentes, en el entendido que todas ellas sirven a un fin similar, cual es infirmar la decisión cuestionada, pero con autonomía e independencia propias, por tanto, según el error imputado, ese camino ha de ser el que se avenga al sentido del reproche, según se trate de errores de juicio o de actividad.
En esa perspectiva, los motivos que darían lugar a la acusación fincada en una de las causales, no se pueden agrupar indistintamente en una de aquellas; cada fundamento debe exponerse por separado y respetando la correspondencia con el dislate esgrimido.
3. Plasmadas las anteriores pautas, cumple decir, desde ya, que la sustentación del recurso extraordinario de casación no satisfizo las mínimas exigencias contempladas en el artículo 374 del Código de Procedimiento Civil, y en los precedentes de esta Corporación.
4. Se fundamentó el cargo, cual se dijo en precedencia, en la causal quinta del artículo 368 del Código Procesal Civil referente a “Haberse incurrido en alguna de las causales de nulidad consagradas en el artículo 140, siempre que no se hubiere saneado”; y esgrimió particularmente el motivo de anulación a que alude el numeral 3º del precepto ejusdem, según el cual, el proceso es nulo en todo o en parte “cuando el juez (...) pretermite íntegramente la respectiva instancia”.
Así mismo expuso como argumento de la nulidad propuesta la prohibición constitucional de reforma en peor y el desconocimiento de la competencia funcional que tenía el Tribunal, que lo limitaba a pronunciarse solamente sobre lo esbozado en el recurso de apelación.
4.1. La nulidad surge como uno de los principales mecanismos que procura la salvaguarda de las formas propias del juicio, siempre que afecten de modo importante la validez del mismo, por estar concebida excepcionalmente para aquellos casos en que el vicio no pueda corregirse de otra manera por no alcanzar el acto su finalidad. Constituye, en palabras de la Sala, “la sanción que produce la ineficacia de lo actuado en un proceso, cuando este no se ha ceñido a las prescripciones de la ley que regula el procedimiento” (CSJ SC Sent. Jun. 30 de 2006, radicación 2003 00026 01). Tiene su soporte en el debido proceso y el derecho de defensa, pues su razón de ser radica en asegurar la protección constitucional al interior de la actuación judicial, de acuerdo con lo consagrado en el canon 29 superior.
4.2. Tratándose del motivo de invalidez a que se refiere la pretermisión íntegra de la respectiva instancia, que es insubsanable por expresa disposición del inciso final del artículo 144 ejusdem, debe señalarse que la instancia corresponde a cada uno de los grados del litigio, el cual termina con un pronunciamiento de fondo y, por regla general, comprende dos etapas, la primera que se surte ante el funcionario encargado de dirimirlo y una posterior, consistente en la revisión que hace su superior jerárquico de lo decidido inicialmente, en garantía del principio previsto en el artículo 31 del Estatuto Fundamental, que señala: “toda sentencia podrá ser apelable o consultada, salvo las excepciones que consagra la ley”.
La causal tercera (3ª) de nulidad invocada, tiene dicho la Corte, para que se estructure, exige la omisión completa o íntegra y no parcialmente, por ignorancia, olvido o incuria de cada uno de los grados de competencia funcional asignada por la ley a los diversos fines en un proceso determinado, sean ambos o el único previsto en la ley, o solamente alguno de ellos, el primero o el segundo; dándose este último cuando no se surte la alzada frente la sentencia apelada, o el grado jurisdiccional de la consulta al tratarse de providencias consultables(1).
La ley de enjuiciamiento fue categórica al calificar el motivo de invalidación recurriendo al adverbio “íntegramente”, a fin de informar que no se trata de una preterición parcial ni relativa, sino referida a la totalidad de la instancia.
5. Otro de los aspectos protestados por el censor, también con fundamento en el numeral 3º del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, aludió a que se “pretermitió de manera absoluta la competencia asignada en segunda instancia” por cuanto se examinaron tópicos que ya habían sido zanjados por el fallador de primer nivel y que no se propusieron dentro del marco de la alzada.
5.1. Uno de los mecanismos instituidos para conseguir el doble grado de la jurisdicción es la apelación, que constituye un remedio procesal enderezado a “que el superior estudie la cuestión decidida en la providencia de primer grado y la revoque o la reforme” (CPC, art. 350), con miras a corregir los errores en que incurrió el juez de conocimiento. De igual manera, al decir del profesor HERNANDO MORALES MOLINA, con ese instrumento se salvaguarda la doble instancia desde tres puntos de vista así: “a) En cuanto un juzgamiento o juicio reiterado, o un reexamen de la providencia, hace por sí posible la corrección de los errores del inferior; b) En cuanto las dos instancias están confiadas a jueces diferentes, lo que propicia la imparcialidad; y c) En cuanto el superior se considera más idóneo que el inferior por su preparación y experiencia, pues debe reunir mayores requisitos para ejercer el cargo”(2).
5.2. Respecto de la competencia que le asiste al ad quem para desatar el recurso estudiado, se tiene que de conformidad con el primer inciso del artículo 357 ejusdem, la herramienta impugnativa se entiende interpuesta en lo desfavorable a quien la propone, y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en lo que no fue materia de inconformidad, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer alteraciones sobre puntos intrínsecamente vinculados con aquella. Continúa el precepto señalando que: “Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones”.
Alusivo al reproche formulado, ha manifestado la Sala:
“en tratándose de los procesos de que conoce el Tribunal como consecuencia del recurso de apelación interpuesto por uno solo de los extremos litigiosos, la competencia del ad quem ya no es panorámica o totalizadora, en la medida en que, como se acaba de ver, en ese supuesto el ámbito de sus atribuciones queda legalmente circunscrito a los aspectos con relación a los cuales el impugnador hubiese limitado en forma expresa o implícita su inconformidad (...) la competencia sin restricción de ninguna índole, dentro del contexto en que se haya hecho mover el pleito, desde luego aquel (juzgador) la tendrá únicamente en los asuntos en que el apelante no hubiese ceñido su recurso a unos determinados puntos del contenido de la providencia impugnada, de tal manera que le abriera la posibilidad para pronunciarse incluso sobre las decisiones que al inconforme le fueren favorables, cual lo ha sostenido la Sala(3), y en los que ambas partes hubieran apelado o en aquellos donde la que no lo hizo hubiese adherido al propuesto por la contraparte” (CSJ SC Sent. Mayo 8 de mayo de 2007, radicación 792201).
En el mismo sentido, posteriormente sostuvo la Corporación que “el recurso es el objeto mismo de la decisión del ad quem, limita objetivamente su competencia y la ausencia de impugnación o de adhesión a la apelación interpuesta, comporta la aceptación de la providencia y la imposibilidad de revisarla en los aspectos no comprendidos en la alzada”(4).
Lo anterior, por supuesto, sin perjuicio de que la restricción opera con una natural salvedad, esto es que el tema se encuentre íntimamente vinculado con la impugnación.
6. El otro puntal en que afinca el censor su ataque, es en la presunta violación al postulado de la no reformatio in pejus, dado que, según dijo, el juzgador plural revivió una discusión ya finalizada, con detrimento de la prohibición constitucional señalada.
6.1. El artículo 357 del Código de Procedimiento Civil consagra el principio prohibitivo de la reformatio in pejus, elevado a rango constitucional en el artículo 31 de la Carta Política y, consiste, fundamentalmente, en que el superior que conoce de una decisión judicial por apelación, tiene limitada su actividad de manera tal que lo resuelto por el inferior en beneficio del recurrente debe permanecer incólume, por cuanto no puede hacer más gravosa su situación, cuando la contraparte no ha impugnado, ni adherido a dicho recurso.
En punto a la especie que se examina, ha sostenido la Corte que: “La prohibición de la reforma peyorativa, limita ex naturalitir al tenor de la apelación interpuesta la competencia y facultades del superior tantum devolutum quantum appelatum (tanto se apela, tanto se devuelve; lo que no ha sido impugnado, no puede ser fallado de nuevo) y por ello no puede fallar más allá de lo pedido por las partes (non est iudex ultra petitum partium) encontrando una restricción en el agravio causado con la sentencia impugnada al apelante o a la parte en cuya protección se surtió la consulta, salvo las excepciones legales”(5).
7. Resumida la tesis del recurrente, observa la Sala que en el caso objeto de decisión, el juzgador a quo negó las pretensiones de la demanda puesto que, a pesar de que encontró demostrada la existencia del contrato de seguro, expresó que no ocurrió lo propio con el siniestro, pues dijo, estaba “acéfalo de prueba”; por tanto halló fundada la objeción oportuna de la Aseguradora.
El Tribunal ratificó la decisión del fallador de primer grado; no obstante, en su inteligencia y contrario a lo sostenido en la providencia acusada, negó el mérito probativo al acuerdo negocial, de manera que, expuso, no estando colmado “el primero de los presupuestos axiológicos de la acción bajo estudio”, debía confirmarse la sentencia apelada pero por esas razones.
7.1. Compendiados los basamentos de los fallos de los primeros niveles y realizadas las precisiones que antecedieron sobre la causal de nulidad en que se fundó la demanda de casación relativa a la pretermisión total de la instancia, por considerar que la competencia que tenía el Tribunal se limitaba a pronunciarse solamente sobre lo manifestado en el recurso de apelación, sin poder realizar reforma en peor, encuentra la Sala lo siguiente:
7.2. El censor entremezcló, sin que sea posible hacerlo, reproches que correspondían a la naturaleza de motivos de casación distintos, fusionándolos en uno solo, de manera que incumplió “el postulado de la separación o autonomía de las causales de casación, el cual consiste, por lo general, en que cada una de ellas la acompañan motivos propios, distintos por su naturaleza y ello implica que los argumentos esgrimidos para cuestionar el fallo deban formularse al amparo exclusivo de la causal respectiva; quiere ello significar, que le está vedado elaborar planteamientos mixtos o híbridos con el propósito de cobijar en un mismo cargo varios motivos, porque como tiene dicho la jurisprudencia ‘quien decide impugnar una sentencia en casación no puede lanzarse a invocar promiscuamente las diversas causales, sino que ha de saber con exactitud, en primer lugar, qué tipo de yerro cometió el fallador, y en segundo lugar, aducir la causal que para denunciarlo está previsto en la ley’ (auto de 11 de octubre de 2002, expediente 11001-310-3011-1997-09637) (...)” (Subraya fuera de texto) (Auto aprobado 27 de septiembre de 2012, radicación 2009-00359-01).
En efecto, en el asunto que se analiza, el inconforme, tras cimentar su demanda casacional en el motivo quinto del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, alusivo a la nulidad, transitó sin ningún rigor por la causal cuarta referente a “contener la sentencia decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apela (...)”, vale decir cuando el fallo violenta la prohibición de la reformatio in pejus, según lo planteó en el escrito sustentatorio del recurso, hiriendo las cargas de claridad y precisión exigibles(6) a quien promueve el recurso extraordinario.
De igual manera, soportó la causal 3ª de nulidad, única propuesta en su reclamación, en supuestos fácticos de la causal 2ª sobre falta de competencia funcional, la que de haber ocurrido, debió ser alegada en forma expresa, independientemente y con la claridad que exige el artículo 368.4 del Código de Procedimiento Civil.
7.3. Ahora bien, si se hiciera abstracción de lo anterior, para tratar de encauzar las diferentes observaciones por cualquiera de las alternativas expuestas, de todas maneras emergen al rompe infundadas.
7.3.1. En punto a la pretermisión absoluta de la instancia, no se explica suficientemente en qué consistió la misma; únicamente dijo que aquella se produjo por cuanto que, el Tribunal “no solo no se ocupó del único tema propuesto por el (...) apelante sino que, por el contrario, se dio a la tarea de examinar el único aspecto reconocido por el a quo a favor de mi poderdante”.
La disonancia entre lo que en estrictez supone la acusación fundada en la omisión total de la instancia y la razón en que se apoyó se muestra diamantina. Recuérdese que esa causal de casación y que a su vez constituye uno de los móviles que habilitan el decreto de nulidad total o parcial del proceso, se fundamenta en que aquella no puede fraccionarse(7), y por consiguiente la exclusión en su tramitación, solamente cuando es íntegra, genera la prenombrada consecuencia dispuesta por el ordenamiento.
Habida cuenta de lo dicho, sobre el yerro aquí deprecado, bajo ningún punto de vista puede válidamente predicarse la preterición de la instancia al abrigo del razonamiento esgrimido por la parte recurrente, consistente en que el Tribunal revisó el único tópico resuelto a favor del apelante, puesto que, valga decirlo, no se compadece con la esencia de la causal de nulidad invocada; menos aun cuando, en este específico asunto la instancia se llevó a cabo con todas las etapas propias de la apelación, produciéndose la sentencia respectiva.
Por ende, se itera, la nulidad cuya declaración busca el recurrente, no se configuró, en la medida en que al tramitar y fallar el Tribunal el recurso de apelación, por ese mero hecho él no pudo pretermitir íntegramente el segundo grado.
7.3.2. Sobre el tema de la prohibición de modificación peyorativa (art. 368, num. 4º), al margen de la deficiencia de técnica relacionada con la mixtura en que se incurrió, nótese que la sentencia del ad quem confirmó la desestimatoria del a quo, con una argumentación jurídica diferente y por ello la censura aun de haberse propuesto por la causal cuarta no estaría llamada a prosperar, toda vez que solo se genera la violación del postulado de la no reformatio in pejus, cuando el agravio se encuentra en su parte resolutiva.
En efecto, ha destacado la Sala que es en el decisium,
“donde debe buscarse el desbordamiento de la limitación que impide al juzgador hacer más gravosa la condición del único apelante, y no en su parte expositiva (...)” y “(...) si en dicho pronunciamiento se confirmó íntegramente la decisión de primer grado, es decir, se mantuvo por el ad quem lo allí resuelto, sin variación, no hay manera de afirmar que hizo más difícil, para el apelante, la situación establecida por el sentenciador de primera instancia, circunstancia que obvia y necesariamente excluye una acusación por esa causa” (CSJ CS Sentencias de Mayo 4/2005, radicación 2000-00052-01, Dic. 14/2006, radicación 2000-00194-01, Feb. 8 de 1963, CL, 65-66, cas. mayo 10/1989, entre otras).
Debido a que en este caso, itérase, se ratificó la providencia de primer nivel que negó las súplicas incoadas, aunque con fundamentos jurídicos distintos, al mantener la sentencia su identidad sin notorio quebranto de los intereses de la parte apelante, cae entonces al vacío la exposición del recurrente.
7.3.3. La última parte del embate, que debió dirigirlo por la causal segunda de nulidad y no por la tercera como ya se dijo, y dejando de lado la falta de técnica presentada, la hizo consistir el opugnador en que el Tribunal “pretermitió de manera absoluta la competencia asignada en segunda instancia”, puesto que el fallador Colegiado se ocupó del único aspecto que no fue materia de inconformidad en la alzada, dado “que fue reconocido por el a quo a favor de mi poderdante”.
En el punto se recuerda que en la valoración realizada por el ad quem, no se colmaron las exigencias para hallar acreditada la existencia del contrato de seguro suscrito entre las partes, diferente a lo que concluyó el juzgado de primer grado, para quien sí se perfeccionó el negocio jurídico; no obstante que en ambos niveles, de todas maneras, se desestimaron las súplicas incoadas.
El reproche que se analiza, de entrada se muestra infundado porque, no puede hablar la censura de un aspecto reconocido a su favor en la sentencia, cuando la misma —se insiste— resolvió “PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda”, y lo que hizo el superior fue confirmarla aunque arguyendo fundamentos disímiles.
Además, y lo más importante, a pesar de que ese aspecto no fue invocado por la parte apelante cuando describió los motivos de su inconformidad, el Tribunal se encontraba habilitado para su examen por corresponder a temas íntimamente relacionados con lo basilar del debate, en este caso, la estructuración del contrato.
Baste decir, que era un punto de forzoso análisis, inclusive, teniendo en cuenta que ese Colegiado ubicó el litigio dentro de los contornos de la responsabilidad contractual, por lo que se imponía, cual lo advirtió, “establecer en primer término (...) la existencia del referido contrato de seguro”.
En una especie de características equivalentes, donde se discutía una reclamación dentro del marco de un contrato de seguro, la Corte anotó:
“(...), la sentencia del juez de primera instancia fue totalmente desestimatoria de las pretensiones de los actores, lo que, en otras palabras significa que los actores no tenían una situación mínimamente favorable que hubiese tenido que ser respetada por el Tribunal, (...).
Conviene memorarlo, (...) si bien es cierto que el Tribunal tenía limitada su atribución por cuanto la demandada no había apelado, ni adherido a la apelación de los actores, no lo es menos que al resolver el recurso estimó de cara a las probanzas obrantes en el plenario, que el siniestro no había sido demostrado, lo que impedía abrirle paso a las súplicas de la demanda y lo relevaba de analizar la excepción de prescripción.
Así las cosas, la sentencia apelada ningún agravio causó a los recurrentes, pues ella —al igual que la del a quo— también denegó las pretensiones de la demanda solo que por falta de la demostración del siniestro, perspectiva desde la cual no contiene o entraña ninguna específica desmejora” (Subraya fuera de texto).
Los dislates señalados, junto a la insuficiencia argumentativa, se tornan bastantes para dar al traste con el éxito buscado en punto a la prosperidad del cargo. Colofón de lo razonado, la acusación no prospera.
1. NO CASA la sentencia proferida el 27 de abril de 2012 por la Sala Civil del Tribunal Superior de Ibagué, dentro del proceso ordinario identificado en el encabezamiento de esta providencia.
(1) CSJ CS Sent. 290 del 14 de agosto de 1989, no publicada, reiterada en Sent. Nov. 4 de 1998, radicación 5201.
(2) MORALES MOLINA, Hernando. Curso de Derecho procesal Civil. Parte General. Octava Edición. Editorial ABA Bogotá. 1983, pág. 569.
(3) Sentencias de casación civil de 13 de diciembre de 2005. Exp. 00033-01 y de 19 de diciembre de 2006, Exp. 00011-01, entre otras.
(4) CSJ SC Sentencia de 9 de julio de 2008, radicación 2002-00017-01.
(5) CSJ CS Sent. 25 de enero de 2008, radicación 2002-00373-01.
(6) CSJ SC Auto de 11 de mayo de 2010, radicación 2000-00037.
(7) CSJ SC Sent. Oct. 2 de 1997, radicación 4850.