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Timestamp: 2020-06-04 19:10:30
Document Index: 74785831

Matched Legal Cases: ['artículo 82', 'artículo 4', 'artículo 84', 'artículo 8', 'artículo 50', 'artículo 8', 'artículo 50', 'artículo 42', 'artículo 5', 'artículo 107']

DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 609, de 26/09/2018
cve: DSCD-12-CO-609
Año 2018 XII LEGISLATURA Núm. 609
- Sobre evaluación y reforma del régimen laboral de las empleadas y empleados del hogar. Presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. (Número de expediente 161/000883) ... (Página2)
- Sobre la adopción de medidas dirigidas a controlar las retribuciones salariales y percepciones extrasalariales abonadas sin consignarse en la nómina, así como garantizar el abono al trabajador de todas las cuantías que le sean adeudadas, evitando la vulneración del derecho a la percepción del salario por el trabajador por la mera firma de la nómina o del finiquito. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001794) ... (Página7)
- Sobre el impago de las pensiones a los venezolanos residentes en España y a pensionistas emigrantes retornados españoles. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/001834) ... (Página11)
- Relativa a dignificar las pensiones de aquellos jubilados anticipados con largas carreras de cotización. Presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. (Número de expediente 161/003309) ... (Página15)
- Por la que se insta al Gobierno a comunicar y difundir el Plan Estatal de Formación de trabajadores en competencias digitales y a realizar un seguimiento de la eficacia y cumplimiento del mismo. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/003403) ... (Página19)
- Sobre condiciones de vida y trabajo de las aparadoras del calzado. Presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 161/003529) ... (Página23)
- Por la que se insta al Gobierno a crear una pensión de orfandad no contributiva. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente. (Número de expediente 161/003393) ... (Página27)
Votación ... (Página31)
- SOBRE EVALUACIÓN Y REFORMA DEL RÉGIMEN LABORAL DE LAS EMPLEADAS Y EMPLEADOS DEL HOGAR. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS. (Número de expediente 161/000883).
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión, dedicada al debate y votación de proposiciones no de ley, que no votaremos antes de las dos y media.
En primer lugar, debatimos la proposición no de ley sobre evaluación y reforma del régimen laboral de las empleadas y empleados del hogar, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. Para su defensa tiene la palabra el señor Del Campo por un tiempo no superior a siete minutos.
El señor DEL CAMPO ESTAÚN: Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías.
En el debate sobre el empleo en el hogar, desde nuestro punto de vista, lo primero que tenemos que destacar es que nosotros estamos a favor de que se produzca una mejora y una igualación de derechos, y por eso hemos apoyado la ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, así como su Recomendación 201, cada vez que ha habido una iniciativa que ha pasado por esta Comisión o por el Pleno del Congreso. No obstante, siempre hemos defendido, frente a dichas propuestas, que la ratificación de este convenio y esta recomendación no está exenta de dificultades, sobre todo en materia de modificaciones normativas, ya que se trata de una relación laboral con unas características y unas condiciones muy singulares y muy específicas, y prueba de ello es que está regulada en la actualidad desde el año 1985 como una relación laboral de carácter especial.
Entre estas características y condiciones singulares que hacen muy complicada la igualación de derechos en la relación laboral común... (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Disculpe, señor Del Campo. Si puede haber un poco de silencio, todo será más fluido.
El señor DEL CAMPO ESTAÚN: Como decía, entre esas especificidades, debemos destacar algunas de ellas, como es el lugar donde se lleva a cabo la prestación de servicios, que en este caso es en el domicilio privado o el hogar familiar. Esta característica hace que el lugar de la prestación de servicios, como no ocurre en otras relaciones laborales, esté vinculado totalmente al derecho constitucional, a la intimidad personal y familiar, y eso hace que todo el ámbito de la relación laboral se mueva entre lo público y lo privado, entre lo personal y lo profesional, con las dificultades que conlleva. Otra de las dificultades es que el empresario no lo es en sentido estricto, porque, al final, se trata del titular del hogar familiar, y, por otro lado, en la actividad tampoco hay ánimo de lucro por parte del mismo.
Para terminar, como todos ustedes saben, es un sector que está poco valorado, poco profesionalizado, lo cual ha hecho que, históricamente, se trate de un sector con bajos salarios y condiciones de trabajo
bastante precarias, un sector que está feminizado y damnificado ya que, aproximadamente, de las más de seiscientas mil personas, el 90 % son mujeres, siendo el 50 % extranjeras. También debemos destacar que, en la actualidad, tenemos una cobertura de actividad de en torno al 70 %, y, por lo tanto, con niveles de fraude por encima de otros sectores de actividad.
Creo que se ha avanzado mucho desde el año 1985, hay un parón legislativo, pero es verdad que con el Decreto 1620/2011 se avanzó en materia laboral, en cuanto a derechos en materia de información, en cuanto al salario o el tiempo de trabajo. También en materia de Seguridad Social, destacando la obligatoriedad de la inclusión en el sistema de Seguridad Social con independencia de las horas de prestación de servicios. También es destacable la modificación del sistema de cotización, para, poco a poco, ir equiparándolo al Régimen General de la Seguridad Social, etcétera.
No obstante, es cierto -y probablemente de ahí vienen las dificultades de que ni el Partido Popular, ni el PSOE ahora, parece que tengan intención de ratificar este convenio de la OIT- que quedan cuestiones pendientes y que no se han trabajado. Son, en primer lugar, el sistema de extinción del contrato de trabajo, en el que sigue existiendo la posibilidad de desistimiento por parte del empresario. Esto es una anomalía comparado con el régimen laboral común, pero es cierto que hay que entender -como decíamos antes- que al tratarse de una relación laboral basada en la confianza y moverse entre lo público y lo privado, la solución para este problema no es sencilla.
Es una relación laboral que también está excluida de la aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, tanto por la ley como por el propio decreto que la regula, están excluidos de la protección del Fogasa, y están excluidos también del acceso a la protección por desempleo. El derecho a la negociación colectiva, aunque se prevé en su normativa no se ha desarrollado, en la práctica no existe, debido probablemente a la ausencia de partes negociadoras, y creemos que ahí sí se puede avanzar vía acuerdo marco del artículo 82 del Estatuto de los Trabajadores o disposición adicional séptima del estatuto, sobre regulación de las condiciones por rama de actividad.
Para finalizar -y no menos importante sino que quizá sea el más importante de todos-, está el problema en relación con la comprobación del cumplimiento de la normativa en este ámbito por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, ya que es necesaria una autorización judicial o un consentimiento del titular del domicilio, lo que hace que en la práctica los funcionarios de inspección no entren en esos domicilios y, por tanto, no puedan comprobar ni la normativa en materia laboral ni lo que se dice en materia de prevención de riesgos laborales.
Desde nuestro punto de vista, y de esto va nuestra iniciativa, la clave está en la disposición adicional segunda del Decreto 1620/2011, en la que, en primer lugar, decía que deberíamos hacer una evaluación de cómo esta normativa ha impactado en la relación laboral de carácter especial del empleo del hogar y, teniendo en cuenta esa evaluación, constituir un grupo de expertos para que nos digan cómo podemos salvar estas dificultades que, desde nuestro punto de vista, son las que han hecho que a día de hoy no tengamos una igualación de derechos entre el empleo del hogar y la relación laboral común. Sobre todo, se hablaba en esa disposición adicional segunda de aplicar la viabilidad plenamente del régimen de extinción del contrato de trabajo y de establecer un sistema de protección por desempleo que garantice los principios de contributividad, solidaridad y sostenibilidad financiera. Por lo tanto, lo que hacemos con esta proposición no de ley es actualizar ese decreto de 2011 incumplido por el Gobierno del Partido Popular. Entendemos que es un decreto que se aprobó por un Gobierno socialista, ahora gobierna el Partido Socialista y creemos que sería un buen momento para actualizar esa disposición adicional segunda.
En España se evalúa poco y se evalúa mal en materia de políticas de empleo y, por eso, lo que nosotros proponemos en relación con esta relación laboral del empleo del hogar es que, en el plazo máximo de seis meses, se produzca esta evaluación. En el año 2011 se hablaba del decreto 2011, ha habido decretos posteriores del Partido Popular en el año 2012, pues que se evalúe lo que han supuesto estas dos normativas respecto al régimen del empleo del hogar y que se constituya ese grupo de expertos para que nos diga, en un plazo máximo de seis meses, cuál debe ser la propuesta de reforma legislativa para poder ver, sobre todo, la viabilidad para que España pueda proceder a la ratificación del Convenio 189 de la OIT y, entre otras cosas, ver la viabilidad de aplicar plenamente el régimen de extinción del contrato de trabajo, ver la viabilidad de establecer un sistema por desempleo, aunque incluimos la posibilidad de establecer la obligatoriedad de realizar los pagos de la actividad en el hogar familiar a través de transferencia bancaria para evitar y prevenir el fraude fiscal y laboral, y también sumar a lo que ya decía esta normativa de 2011 la posibilidad de desarrollo de una normativa específica en materia de prevención de riesgos laborales para las empleadas del hogar, que, como decíamos, no existe.
Creo que este es un paso previo si queremos ratificar los convenios de la OIT. España es uno de los países que más convenios ha ratificado y sería importante que ahora el Gobierno socialista cumpla con lo que ellos mismos establecieron en el año 2011 respecto al empleo del hogar.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Del Campo. Tienen la palabra ahora los grupos parlamentarios que han presentado enmiendas, por un tiempo no superior a cinco minutos. Ha presentado dos enmiendas el Grupo Mixto.
Intervengo para expresar mi respaldo a la proposición no de ley que ha defendido y explicado el portavoz del Grupo Ciudadanos y para dar por defendidas, ante la ausencia de mis colegas del PDeCat, las dos enmiendas de adición presentadas por este grupo.
A continuación, los grupos parlamentarios que no han presentado enmienda. Tienen un tiempo de tres minutos y les rogaría que se ciñeran al mismo.
Por el Grupo Vasco, el señor Barandiaran no se encuentra en la sala. Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, el señor Salvador no interviene.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, la señora Vidal.
La lucha por la dignificación de las condiciones del colectivo de trabajadoras del hogar, en este caso, viene de lejos, tanto dentro del Congreso de los Diputados como fuera, en la calle. Se trata de un trabajo que tiene rostro de mujer, de mujer precaria y, además, mayoritariamente migrante. La mayoría de esas trabajadoras carecen absolutamente de salarios o tiempos de descanso reglados o de prestaciones de baja por maternidad, sin ir más lejos. Las condiciones que padecen estas compañeras, en este caso, son, probablemente, de las peores en los sectores de trabajo en nuestro país. Son trabajadoras triplemente discriminadas: por el hecho de ser trabajadoras, por el hecho de ser mujeres y, mayoritariamente, por el hecho de ser inmigrantes.
El 8 de mayo de 2013, la Comisión de Empleo y Seguridad Social aprobó por unanimidad una enmienda donde se instaba al Gobierno a, en un plazo razonable -repito, plazo razonable-, evaluar la posibilidad de someter a ratificación el Convenio 189 y la Recomendación 201. Evaluar y estudiar. El Pleno del Congreso de los Diputados del 15 de marzo de 2016, aprobó a instancia, en este caso, de nuestro grupo confederal, una proposición no de ley donde se instaba al Gobierno a ratificar, sin más demoras, el Convenio 189, así como la Recomendación 201. Se aprobaba, además, que su entrada en vigor no se demorara más allá del mes de marzo de 2017. Se aprobó por unanimidad y estamos a septiembre de 2018. El ejecutivo de Mariano Rajoy no solo no respetó el compromiso adquirido en sede parlamentaria, sino que, además, incluyó una enmienda en los Presupuestos Generales del Estado de 2018 por la que se demora la integración de estas trabajadoras al Régimen General de la Seguridad Social hasta 2024, cuando, en este caso, la ley establecía que tenía que producirse en 2019.
Hoy nos llega esta propuesta de Ciudadanos. Un poco marciana, si me lo permiten, marciana, corta y, además, se queda tremendamente antigua. Da la impresión de que Ciudadanos necesita trasladar una imagen de preocupación hacia estas trabajadoras y hacia el sector. Preocupados, pero no demasiado, porque nos proponen, en este caso, un retorno a 2011, y, además, una profunda incoherencia respecto a lo que ellos mismos votaron en los Presupuestos Generales de 2018.
¿Dónde está la bolita señores de Ciudadanos? Porque es trilerismo político lo que ustedes están practicando, cuando uno, desde la política, pretende no hacer nada, pero da la impresión de que le preocupa algo muchísimo, propone la creación de un grupo de expertos, les llama, se reúnen un ratito y luego no les vuelve a llamar nunca más, y así vamos dando vueltas y jugando con la pelotita. Lo cierto es que ya se han pedido grupos de expertos y este Parlamento ha tenido años y años para recoger, en este caso, sus aportaciones y para legislar. Y no se ha hecho absolutamente nada. Miento, sí se ha hecho, con su ayuda, con la de Ciudadanos y el Partido Popular, se aprobó en los presupuestos generales una
enmienda, en este caso con el Partido Nacionalista Vasco, la triste y conocida enmienda 6777, por la que se aplazaba la plena integración de las trabajadoras domésticas en el Régimen General de la Seguridad Social. Y fíjese qué cosa más curiosa, porque allí no necesitaron ningún tipo de comité de expertos, allí no hubo contubernios de sabios, no necesitaron nada para laminar y posponer los derechos de las trabajadoras del hogar, ahí sí pudieron hacerlo rápido, veloz y aprobar esa fatídica enmienda, pues pusieron, por ejemplo, por detallar, el poder integrar las lagunas de cotización por la base mínima en el cálculo de la pensión de jubilación, como tenemos, por cierto, todos los trabajadores y trabajadoras reconocidos de este país.
Su propuesta, básicamente, es repetir otra vez la secuencia de 2013 y es que estamos en 2018, por si alguno no se ha dado cuenta. Su propuesta, además, ignora la cuestión referida a la enmienda 6777 de forma absolutamente consciente, así como los trabajos que ha desarrollado esta Comisión pronunciándose en innumerables ocasiones a favor de la ratificación, tanto del convenio como de la Recomendación 201. Es prioritario que se reconozcan los derechos de las trabajadoras domésticas con carácter urgente y su integración en el ámbito del Régimen General de la Seguridad Social, un compromiso que ustedes han impedido y hoy tienen la desfachatez de traernos esta proposición no de ley...
El señor PRESIDENTE: Tiene que concluir ya.
La señora VIDAL SÁEZ: Termino con esto, presidente.
Si se preguntan por qué este colectivo, precisamente, no está igualado al resto de trabajadores, yo les puedo dar una pista, por machismo y por racismo, esas podrían ser dos buenas explicaciones. Si quieren hacer ver ustedes que les importan, den un paso y que sus palabras vayan acordes con sus votos, deroguen, ayúdennos a trabajar para que esa fatídica enmienda caiga, para que esas trabajadoras estén en el Régimen General y para que sus derechos sean, por lo menos, iguales que los que tienen el resto de trabajadores y trabajadoras en este país.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, la señora González Bayo.
Hoy, de nuevo, vienen a esta Comisión de Empleo los derechos y deberes de las empleadas de hogar y de los empleadores. Hace tan solo cuatro meses, con el verano en medio, que esta Comisión aprobó con 19 votos a favor, 14 en contra y 1 abstención una iniciativa que trajo el Grupo Parlamentario Socialista y que se aprobó con una transaccional que recogía el sentir de la mayoría de esta Comisión, con lo cual, no entendemos hoy a qué viene esta PNL, ya que nos parece muy poco práctico e ilógico que se vuelva a traer este tema a esta Comisión.
Vemos que viene de la mano de Ciudadanos, que insiste nuevamente -aunque ya lo discutimos en mayo, que fue cuando trajo el Grupo Socialista esa proposición- en estudios e informes, y, de nuevo, nos demuestra en sus iniciativas que esta está obsoleta. Dicen ustedes en el punto número 1 que se lleve a cabo una evaluación del impacto en el empleo y las condiciones de trabajo de las personas al servicio del hogar familiar, previsto en el Real Decreto 1620/2011. Había que haberlo hecho con anterioridad al 31 de diciembre de 2012, porque así lo mandataba la disposición adicional. Estamos totalmente de acuerdo con este punto número 1. Pero, como usted dice, este es el primer punto y la clave de la iniciativa, pero en el resto de la iniciativa demostráis que lo que queréis son estudios y retrasar de nuevo el tiempo para que las soluciones en este colectivo, mayoritariamente de mujeres, no sean rápidas y efectivas. Hemos tenido siete años de un Gobierno de derechas, en estos últimos cuatro apoyado por su grupo, por Ciudadanos, que no ha favorecido nada a las empleadas de hogar, porque ninguna de las propuestas traídas a esta Comisión ha sido tenida en cuenta durante el Gobierno del Partido Popular, y han sido muchas, como ha repetido la diputada de Podemos.
Vuelvo a los datos que di en mayo. Según Comisiones Obreras, 700 000 personas trabajan en el sector doméstico, el 90 % mujeres, de las cuales 424 225 son mujeres dadas de alta en el Régimen de la Seguridad Social, un porcentaje muy pequeño con respecto al total. Y queremos que estas mujeres, todas, las 700 000 personas que trabajan en este sector, sepan que hoy tienen un Gobierno que quiere avanzar en eficacia y en efectividad, con medidas de protección de riesgos laborales e incorporando la perspectiva de género. Y así lo ha recogido el Gobierno socialista en su Plan director por un trabajo digno,
que aprobó en el Consejo de Ministros el pasado 27 de julio de 2018, concretamente en la medida 51. Las empleadas de hogar hoy ven en el Gobierno socialista que está dispuesto a solucionar los problemas de este sector. Y ha creado también la Mesa del Empleo y Relaciones Laborales, porque los socialistas creemos en el diálogo social. Y también el Grupo de Calidad del Empleo, en el que están sentados los sindicatos, Comisiones Obreras y UGT, y también las organizaciones patronales como CEOE o Cepyme. Y estos son los espacios donde se tienen que ver los problemas de este sector.
El señor PRESIDENTE: Tiene que ir terminando ya.
La señora GONZÁLEZ BAYO: Por eso, el Grupo Socialista va a abstenerse en esta iniciativa, porque está obsoleta y el Gobierno ya está en la senda de la resolución de los problemas de este sector.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora González Bayo. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Rojas.
Con la venia, quiero posicionar al Grupo Popular en esta proposición no de ley de Ciudadanos y anuncio nuestra posición favorable. Es una propuesta que apela al diálogo, podría tener otro marco, pero es verdad que este es un marco posible, el de las PNL. Se pide un plazo de seis meses y, previo diálogo con las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, que se lleve a cabo una evaluación del impacto en el empleo y en las condiciones de trabajo de las personas al servicio del hogar familiar previstas en el apartado 1 de la disposición adicional del Real Decreto 1620/2011, y que también en seis meses se elabore un informe de viabilidad del régimen de extinción, estableciendo, del mismo modo, la obligación de realizar los pagos mediante transferencia bancaria con la finalidad, dice la proposición, de prevenir el fraude fiscal y laboral. Destacan también en la proposición la petición de viabilidad de la ratificación del Convenio número 189 de la OIT y una normativa específica de prevención.
Es evidente, señorías, que hay que seguir profundizando y avanzando en la igualdad laboral y salarial. En España, en los últimos años, con el Gobierno del Partido Popular, han sido extraordinarios los avances en la generación de empleo y hemos sido el motor de la creación de empleo en toda Europa. España ha estado a la cabeza de esa creación de empleo, como ustedes saben, pero también a la cabeza de la equiparación de los salarios en toda Europa. Según Eurostat, España ha reducido en 4,5 puntos la brecha salarial desde el año 2012, situándose en el 14,2 %; es decir, por debajo de la media europea. Hay más mujeres que nunca trabajando en nuestro país, gracias a las políticas llevadas a cabo por el Partido Popular, más de 8,5 millones de afiliadas a la Seguridad Social.
Hay que decir, señorías, que en los últimos años se ha avanzado sensiblemente en la mejora de oportunidades de empleo y en el aumento de protección de los desempleados. Concretamente, quiero recordar aquí, señorías, que se convalidó -y por unanimidad de esta Cámara- el Real Decreto-ley 14/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la reactivación extraordinaria y por tiempo limitado del programa de recualificación profesional, es decir, el Plan Prepara, de las personas que agotan su protección por desempleo y otras medidas de orden sociolaboral, entre las que destaca, señorías, la disposición adicional... (Rumores).
El señor ROJAS GARCÍA: ... que recoge la reducción del 20 % en la cotización de los trabajadores del hogar integrados en el Sistema de Empleados de Hogar del Régimen General de la Seguridad Social con efecto del 1 de septiembre de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2018.
En resumen, señorías, nos parece bien seguir avanzando en esta materia en la línea en la que se venía haciendo con el Gobierno del Partido Popular. Nos parece positivo abrir el debate sobre cómo tiene que ser el camino que nos guíe en este avance, y vamos a apoyar la propuesta, con la advertencia al grupo proponente y a todas sus señorías de que el plazo de seis meses puede tornarse imposible de cumplimiento con un Gobierno que se cae a pedazos y que es posible que no dure ni seis meses.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rojas. El portavoz del grupo proponente tiene la palabra para decir si acepta o no las enmiendas presentadas.
El señor DEL CAMPO ESTAÚN: Sí, las aceptamos.
- SOBRE LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS DIRIGIDAS A CONTROLAR LAS RETRIBUCIONES SALARIALES Y PERCEPCIONES EXTRASALARIALES ABONADAS SIN CONSIGNARSE EN LA NÓMINA, ASÍ COMO GARANTIZAR EL ABONO AL TRABAJADOR DE TODAS LAS CUANTÍAS QUE LE SEAN ADEUDADAS, EVITANDO LA VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA PERCEPCIÓN DEL SALARIO POR EL TRABAJADOR POR LA MERA FIRMA DE LA NÓMINA O DEL FINIQUITO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001794).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate de la segunda proposición no de ley, sobre la adopción de medidas dirigidas a controlar las retribuciones salariales y percepciones extrasalariales abonadas sin consignarse en la nómina, así como garantizar el abono al trabajador de todas las cuantías que le sean adeudadas, evitando la vulneración del derecho a la percepción del salario por el trabajador por la mera firma de la nómina o del finiquito, presentada por parte del Grupo Parlamentario Socialista.
Para la defensa de la proposición no de ley tiene la palabra, por un tiempo no superior a siete minutos, la señora De Frutos.
Nuestro grupo trae una proposición que quiere una cosa muy simple, que se hagan cambios normativos, primero, para controlar la retribución que se abona al trabajador en B, y segundo, para evitar que el empresario haga firmar al trabajador nóminas o finiquitos por cuantías inferiores a las que percibe o que ni siquiera percibe.
Como dijimos en el momento que defendimos la proposición de ley sobre el registro de jornada, creemos que la medida que hoy proponemos es lo mínimo, lo esencial y lo básico para empezar a hablar de trabajo decente y justo. Afecta a algo esencial como es el medio de vida y de subsistencia de los trabajadores, y también a sus pensiones futuras. Y, como he señalado, las medidas que aquí proponemos, y que esperamos que nos apoyen, tratan de algo básico, primero, que el trabajador perciba el salario al que tiene derecho en la cuantía fijada en el contrato o en el convenio colectivo; segundo, que el trabajador cobre todas las cantidades que le son consignadas en la nómina, todas y cada una de las cantidades que se reflejan en sus recibos de salario; y, por otra parte, que el trabajador cobre por todo el tiempo de trabajo que realiza, por todas las horas trabajadas, y, además, que se cotice por ello.
Todos sabemos que el contrato de trabajo es sinalagmático; es decir, el trabajador no trabaja porque sí, trabaja por un salario, y el artículo 4 del Estatuto de los Trabajadores nos dice que es un derecho básico de los trabajadores la percepción puntualmente del salario legal o pactado. Estimamos que no solo es una conducta ilegal, sino casi delictiva e inmoral abonar a los trabajadores unas cuantías inferiores a aquellas que se dice que se les abona mediante la consignación de un recibo de salarios o de un finiquito.
Con la crisis económica se han agravado prácticas empresariales o procedimientos que ya estaban instalados en determinada gestión empresarial, como son el pago en B de horas extras, de sobresueldos, los finiquitos en blanco, que consideramos algo, repito, delictivo, y que con las medidas que proponemos se ataja. Es decir, entre ellas estaría hacer firmar al trabajador con carácter previo, en el momento de empezar la relación laboral, un finiquito como que ha percibido una indemnización y una liquidación que luego no se le abona. Y luego está el tema de firmar nóminas por encima del salario que realmente percibe. Estas prácticas empresariales, junto al deterioro de la negociación colectiva, derivada de la reforma laboral del Partido Popular del artículo 84 y siguientes, junto a los contratos a tiempo parcial fraudulentos, y junto al fraude en la contratación temporal y las prácticas de altas y bajas que se han ido instalando, han llevado a una precariedad salarial sin precedentes y a fraudes en cotización que afectan a la caja de la Seguridad Social.
La medida que proponemos no solo es buena para los trabajadores y es buena para la Seguridad Social, sino que es buena para toda la sociedad. Cuando una empresa paga en B lo está haciendo con un dinero que tiene en B. Y desde el punto de vista tributario, yo creo que es bueno que haya un seguimiento de todo el dinero que se maneja y que se paga en este país. Para atajar estas prácticas no solo son necesarias las actuaciones de la Inspección de Trabajo, sino cambios normativos concretos.
En este punto, vamos a aceptar la enmienda que nos propone Podemos. Básicamente, se trataría de hacer lo siguiente. En primer lugar, modificar la norma para evitar que se pueda pagar en mano cuantías superiores a 100 euros en el ámbito de una relación laboral; es decir, con esto se evitaría firmar recibos salariales por cuantías superiores a las realmente abonadas y firmar finiquitos en blanco. Por otra parte, proponemos que se modifique el artículo 8 del texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el
Orden Social, porque, hasta ahora, el impago de las indemnizaciones a los trabajadores no constituye una infracción, simplemente constituye una infracción el impago de salarios. Estimamos que el derecho a cobrar la indemnización en el momento de la extinción del contrato de trabajo, en el momento de un despido por causas objetivas, en el momento de un despido por causas económicas, el trabajador tiene derecho a una indemnización y el impago de la misma debe ser constitutivo de una infracción igual que lo es el impago de cualquier cuantía salarial. Asimismo -aceptando la enmienda que nos ha presentado Podemos-, estimamos que es necesario modificar el artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores para dejar claro que el impago de salarios a un trabajador, aunque solo sea de un mes, constituye una causa de extinción de la relación laboral a favor del trabajador.
Pedimos el apoyo de todos los grupos para atajar esas prácticas que, como he señalado en un primer momento, no se puede decir más que roban al trabajador. Si yo hago firmar una nómina a una persona y le estoy abonando menos salario del que le corresponde por su trabajo, más allá de una conducta ilegal y difícilmente demostrable actualmente por la Inspección de Trabajo si no se aborda este cambio normativo, casi es una conducta delictiva.
Termino. Pido el apoyo de los grupos y voy a aceptar las enmiendas de Podemos.
Por el Grupo Parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, que ha presentado enmienda, tiene la palabra la señora Vidal.
La señora VIDAL SAEZ: Casi la mitad de las horas extras que se trabajan en España no se pagan. Según Comisiones Obreras, las horas extraordinarias que se trabajaron en el segundo trimestre de 2018 equivaldrían a la creación de 170 600 puestos de trabajo a jornada completa, y casi la mitad de las horas extras trabajadas no habrían sido retribuidas ni compensadas con tiempo de descanso. Suponen 6,8 millones de horas extras a la semana en el segundo trimestre de 2018, la cifra más alta desde 2009. De ellas, el 56 % fueron abonadas a los trabajadores y el 44 % no fueron retribuidas ni compensadas. El 50,4 % de las horas extras realizadas por mujeres ni fueron compensadas ni pagadas, ahí también encontramos una brecha de género, explotación, abuso, precariedad, desequilibrio y fraude, y la propuesta del Grupo Socialista se centra, básicamente, en llamar la atención sobre el problema de la infradeclaración del pago de salarios y la picaresca en la declaración de percepciones extrasalariales. Compartimos su preocupación y además nos parece una iniciativa oportuna al respecto.
La opacidad y la picaresca en lo que se refiere a los pagos salariales perjudica, obviamente, al interés público, pero es obvio también que perjudica especialmente a los trabajadores y trabajadoras de nuestro país que, además, normalmente no tienen ningún tipo de margen para oponerse a las prácticas de la empresa. La relación entre empresario y trabajador siempre es conflictiva, nace del propio concepto, en este caso, del reparto de la plusvalía, pero es una evidencia que esta relación desigual lo es hoy muchísimo más gracias a las reformas laborales que nos han aplicado duramente, especialmente el Partido Popular, pero también el Partido Socialista en los último ocho años. Hoy, los contratos laborales son más cortos, las indemnizaciones por incumplimientos del empresario mucho más baratas, las posibilidades para la empresa de machacar a un trabajador son absolutamente inmensas, y lo son, básicamente, porque la ley lo facilita. Y lo facilita, por ejemplo, la toma de decisiones de movilidad funcional, las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, la movilidad geográfica, el descuelgue del convenio, y tantas otras. Hoy podríamos decir que un trabajador y una trabajadora en España tienen menos derecho en nuestro mercado laboral que un consumidor en el marco del derecho de consumo. Un trabajador o trabajadora se limita, básicamente, en la mayoría de las veces, a adherirse a las condiciones de trabajo que le ofrecen, sin mayor consideración, sin ningún tipo de oportunidad o capacidad de elección, sin ningún tipo de libertad en la práctica. Por eso, por ejemplo, el inspector de Trabajo Fermín Yébenes, portavoz de la Unión Progresista de Inspectores de Trabajo, calificaba recientemente el pago en B o en especies como un sinónimo de -básicamente- esclavitud.
Compartimos una buena parte de esta proposición no de ley, pero, señorías, lo que no podemos hacer bajo ningún concepto, en nuestra opinión, es hacer responsables por igual a empresarios y trabajadores de las prácticas fraudulentas, equiparar a aquellos que son de matriz profundamente diferentes es injusto. El impago de cantidades previamente reconocidas en un acto de conciliación es un engaño y, como tal, debería tener una respuesta contra el empresario, en este caso, desde el derecho penal. Su propuesta carga contra el trabajador o la trabajadora, y le hace, además, responsable de ese engaño, impidiéndole cobrar su prestación por desempleo cuando el jefe no cumpla lo pactado en la conciliación; una doble
sanción para el trabajador o trabajadora, puesto que no cobra la indemnización y además se queda sin prestación por desempleo.
Tampoco consideramos muy útil la propuesta que nos hacen ustedes para modificar la Lisos. Miren, en nuestro país se producen cientos de miles de impagos salariales al mes, miles de ellos se ven cada día en los juzgados de lo Social, y pese a estar acreditados por resolución judicial, no se inicia ningún tipo de expediente sancionador por la infracción de retraso o impago del salario, previsto además en el artículo 8.1 de la Lisos. La única manera efectiva para reducir esta problemática debe pasar, necesariamente, por dar mecanismos de autotutela y de protección a los propios trabajadores, por supuesto, derogando integralmente las reformas laborales habidas desde 2010. Pero, en lo que atañe específicamente a esta cuestión, debería facilitarse la acción de extinción del contrato por el trabajador por retraso en el pago de salarios que, de hecho, está previsto en el artículo 50 del Estatuto del Trabajador.
Hemos presentado cuatro enmiendas y hemos llegado, finalmente, a una transaccional, porque no puede exigirse a los trabajadores de nuestro país que continúen trabajando más horas cuando no reciben ningún tipo de retribución de la que les tocaría y porque, además, como les explicaba, es injusto hacer responsables a los trabajadores y trabajadoras de este país del fraude y de la explotación que ellos y ellas mismas sufren en su día a día, sobre todo, cuando ello puede terminar redundando en una sanción para ellos mismos.
Estamos convencidas, pues, de que la transacción en este caso es satisfactoria y votaremos favorablemente.
Ahora, los grupos que no han presentado enmienda. Por el Grupo Parlamentario Vasco, el señor Barandiarán.
El señor BARANDIARAN BENITO: Muy brevemente. La falta de tiempo me ha impedido poder presentar una enmienda transaccional en términos parecidos a los que han expresado otros, al entender que la posibilidad de que pueda existir fraude derivado de formas tradicionales pero ya no deseables de pagos de cualquier tipo de deuda laboral, sea horas ordinarias, extraordinarias o indemnizaciones, nos parece que es un episodio que hay que superar. Nos parece bien intencionada la proposición no de ley, pero nosotros hubiéramos preferido que se pretendiera que el Gobierno legislara de modo que cualquier transacción laboral, es decir el pago de cualquier deuda derivada de la relación laboral, se realizara íntegramente y desde su primer euro mediante transacciones de las que quede constancia, electrónicas, digitales o de cualquier otro tipo. Por tanto, la apoyaremos y añadiré que nos hubiera gustado presentar una enmienda en los términos que acabo de expresar, para que el nivel de exigencia fuera aún mayor del señalado en la propia proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Barandiarán.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, el señor Del Campo por tres minutos.
El señor DEL CAMPO ESTAÚN: Muy brevemente también, para decir que apoyaremos esta iniciativa del Grupo Socialista. Se nota que la proponente viene de donde viene, porque es una de las cuestiones que en la Inspección más se ve como incumplimiento. La propuesta está muy bien, se suma a lo que nosotros decíamos cuando hablábamos del empleo del hogar, de intentar que todo el pago del salario, de las condiciones extrasalariales, se haga mediante algún método que deje constancia, ya que por lo menos es una traba más para impedir que no se les pague. Igualmente, nos parece correcto el incrementar las sanciones en este caso, porque no puede ser que, al final, el incumplimiento salga más barato que el cumplimiento. Esto es algo de lo que ya se hablaba también respecto a algunas otras medidas por el Gobierno anterior y parece que todos estamos de acuerdo.
Quizá lo único criticable es que lo traigan por medio de esta iniciativa, de una PNL y no de una proposición de ley, porque al Partido Socialista, mientras ha estado en la oposición, se le ha llenado la boca de hablar de la reforma laboral del PP, de que la iban a derogar y, al final, ahora que están en el Gobierno han regulado y dicen que no van a derogar la reforma laboral. Y, es más, estamos viendo cómo parece que algunas de sus iniciativas, como la reforma del artículo 42 del Estatuto, el establecimiento de
una renta básica o la proposición para regular el registro en el ámbito laboral ya no tienen tanta prisa en traerlas, probablemente por las dificultades que conlleva.
Por tanto, si criticamos algo la propuesta que, como digo, votaremos a favor porque es una traba más para luchar contra el fraude, es que siendo del Gobierno no la traiga como proposición de ley.
Finalmente, por el Grupo Parlamentario Popular el señor Acedo, por tres minutos también.
El señor ACEDO PENCO: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, a nosotros nos faltan algunos datos que hubiera sido conveniente aportar por parte del Gobierno, del Grupo Socialista proponente. La señora Vidal ha dado algunos datos sobre el 50 % de horas extraordinarias que calcula un sindicato que no se pagan, y de ese 50 % otro 50 % parece ser que se pierde en el limbo... Datos, en definitiva, en mi opinión, no muy a tener en cuenta si queremos ser serios. Por lo tanto, al Partido Popular nos gustaría mucho, para que se haga esta propuesta, saber esa aportación de datos: ¿cuántos empresarios son los que incumplen? ¿Cuántos empresarios son los tramposos? ¿Uno? ¿50 000? ¿Tres millones? Eso no hubiera estado mal.
Nosotros vamos a apoyar esta propuesta porque, aunque solo hubiera sido uno, y aunque hubiera sido político, que también los hay, e incluso hay alguno que tienen trabajadores o trabajadoras que no están en nómina, como todo el mundo sabe el hecho que se denunció y se demostró, eso es todavía peor, ya que ahí entra el tema que se ha dicho, y posiblemente con acierto, de que cuando esto ocurre al trabajador se le está robando también, es una esclavitud. La mayoría de los españoles está de acuerdo con todo lo que ha dicho la señora Vidal. Sin embargo, reitero, hay que ser serio. Al partido que hace la propuesta, al que vamos a apoyar, le diría que más preocupación real por el empleo, porque solo hay que ver las estadísticas sobre cuando ha estado gobernando la izquierda en este país, ¿qué ha ocurrido con el empleo? Vean, están los datos al servicio de todo el mundo, qué ha ocurrido en todos los años, cómo esos dientes de sierra, cómo ese baja y sube. Cuando ha gobernado el Partido Socialista ha subido siempre el paro, constantemente. Y ahora, desgraciadamente, vamos también por ese mismo camino, hay 200 000 parados más en España en casi cien días.
En fin, me parece bien la preocupación, me parece bien que se dejen de hacer tanto decretazo, tanto dedazo y adelante con la propuesta, con la ley que deben sacar adelante. Lo que ocurre es que también creo que es un brindis al sol, no hay tiempo, si el Gobierno actual está en la defensa de los ministros para no echarlos, para que no dimitan, el mismo presidente tiene problemas en ese sentido. Están intentando distraer a los medios, con avión para allá, con helicóptero para acá, con bodas de cuñados o familiares. Están en otras cosas, en defenderse de lo que les viene encima, de pactar con independentistas y amigos de los etarras para que los sigan apoyando y así, obviamente, se pierde el interés por el empleo que hay que tener. Y se rompe la senda de crecimiento de empleo que teníamos y hemos tenido en los últimos años.
En todo caso, y a falta de los datos reales de cuántos empresarios son los tramposos, los empresarios en este país son imprescindibles y la inmensa mayoría crean empleo y son buenos empresarios, pero habrá alguno como políticos, como funcionarios, como todo tipo de personas, que cometen errores, defraudan, o, directamente, roban. Ese número no lo sabemos. 30 000 inspecciones se hicieron con la ministra anterior, ese es un dato aportado por el ministerio hace unos meses. Y había una gran preocupación por detectar los fraudes y corregirlos, porque no se puede consentir.
En razón de todo esto, nosotros apoyamos la enmienda, aunque eso sí, nos gustaría que pusieran fecha. Yo creo que es un brindis al sol, pero pongan fecha, cuándo lo van a hacer, cuándo van a presentar la ley y cuándo se va a hacer esto, porque yo creo que no es la intención de fondo llevarlo a efecto.
El grupo proponente ya aceptó en su intervención la enmienda. Entiendo que no ha cambiado de criterio, ¿no?
La señora FRUTOS MADRAZO: La transacción.
- SOBRE EL IMPAGO DE LAS PENSIONES A LOS VENEZOLANOS RESIDENTES EN ESPAÑA Y A PENSIONISTAS EMIGRANTES RETORNADOS ESPAÑOLES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/001834).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate de la tercera proposición no de ley del orden del día, sobre el impago de las pensiones a los venezolanos residentes en España y a pensionistas emigrantes retornados españoles, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto y que defiende la señora Oramas por un tiempo de siete minutos.
Desde diciembre de 2015, el Gobierno de la República de Venezuela interrumpió el pago de pensiones a los beneficiarios en el exterior. El problema afecta a pensionistas venezolanos residentes en España y a pensionistas emigrantes retornados españoles, gran parte de los cuales, por nuestros vínculos con Venezuela, son canarios venezolanos que regresan a su tierra después de trabajar y cotizar una vida entera en Venezuela. En su mayoría se trata de personas de avanzada edad para quienes su pensión era la única fuente de ingresos y, como consecuencia de ello, se han visto abocadas a una situación de precariedad, sin posibilidades en su gran mayoría para afrontar sus necesidades más elementales como el pago de la vivienda o alimentos. Se trata de una situación injusta y dramática, agravada por el largo tiempo transcurrido, han pasado casi tres años sin cobrar, a lo que añaden la incertidumbre de no saber siquiera cuándo cobrarán o si las cantidades dejadas de percibir las podrán recuperar algún día.
Como ustedes sabrán, el Real Decreto de 29 de diciembre de 2015, determina que cuando el importe total de las prestaciones reconocidas por ambos países no alcance el mínimo previsto para la pensión de que se trate vigente en cada momento en España, se garantizará al beneficiario, en tanto resida en el territorio nacional y reúna los requisitos exigidos al efecto por las normas generales, la diferencia entre la suma de las pensiones reconocidas, española y extranjera, y el referido importe mínimo. Por todo ello, cabe solicitar que el Gobierno de España garantice desde los cero euros, que es lo que de facto percibe actualmente, hasta el importe mínimo de las pensiones previstas en la legislación española vigente, con carácter transitorio y sin carácter consolidable, hasta tanto el Gobierno venezolano reanude el abono de las prestaciones. En su virtud, estimamos que el Gobierno de España ha de emprender acciones para paliar la grave situación que sufren estos pensionistas y el retraso del Gobierno de Venezuela en el abono de sus pensiones.
Por ello, he presentado una enmienda de sustitución dada la evolución en los últimos meses de la situación de Venezuela. Por cierto, que no puse un tercer punto que recogiera con carácter transitorio y sin carácter consolidable hasta tanto el Gobierno venezolano reanude el abono de las prestaciones, que lo haré como transaccional a la mía propia y se la pasaré dentro de un momento a todos los portavoces. Mucho nos tememos que los ancianos, algunos en grave necesidad, no puedan acceder nunca a sus pensiones venezolanas. En todo caso, dada la devaluación de la moneda y la grave inflacción en Venezuela, ni siquiera conviene ahora que el Gobierno de Maduro les pague, puesto que podrían saldar su deuda de tres años con 30 o 40 euros y despachar así el abono de las pensiones pendientes. España debe reconocer que Venezuela no paga sus pensiones porque el problema con el que se encuentran los pensionistas residentes en España es que, al figurar como beneficiarios de una pensión de aquel país, sus solicitudes de ayudas o de una pensión no contributiva en España, son sistemáticamente rechazadas. Estos pensionistas figuran con ingresos y, por tanto, sin derecho a recibir pensiones en España. Sin embargo, los emigrantes retornados que han trabajado aquí antes de emigrar a Venezuela y, por tanto, han cotizado en España, han presentado demandas contra la Seguridad Social para que les abonasen los complementos y así alcanzar la pensión mínima española y ya existen sentencias en comunidades autónomas como Galicia o Asturias, cuyos tribunales han reconocido el derecho a los complementos a mínimos. Cobrar los complementos a mínimos supone para estas personas percibir hasta 630 euros al mes. Este es un asunto que debe responder el Gobierno de España, bien accediendo al abono de los complementos a mínimos, que es un derecho de los que han cotizado alguna vez en España, y en el resto de los casos accediendo a abonar una pensión asistencial no contributiva a este colectivo. Urge que el Instituto Nacional de la Seguridad Social garantice sus pensiones, o, al menos, reconozca una pensión del Sistema de Seguridad Social en su nivel mínimo.
Coalición Canaria siempre ha velado por los canarios que están viviendo en Venezuela y los que han tenido que regresar, durante todo este periodo hemos estado atentos, preocupados e implicados en la seguridad y la integridad de todos los canarios que viven en Venezuela. Siempre y en todo momento, la
formación nacionalista a la que pertenezco ha vivido y sigue viviendo con enorme preocupación los acontecimientos que se vienen sucediendo en el país hermano. Ante la inactividad del Gobierno de España, comunidades autónomas como la canaria, han realizado un esfuerzo para dar una respuesta positiva a estos ciudadanos. Se han adoptado medidas urgentes y extraordinarias para la atención de los canarios y de la ciudadanía residentes en Venezuela, con la finalidad de establecer una línea de ayuda humanitaria para la consecución de medicamentos y artículos de primera necesidad ante la situación de dramatismo que se está dando. No podemos olvidarnos de nuestros paisanos. Muchos de los canarios que hoy están padeciendo esta realidad fueron los que, con su esfuerzo personal y colectivo, contribuyeron desde aquel país al desarrollo económico en nuestra tierra durante los años sesenta y setenta del pasado siglo. Desde el Gobierno de Canarias se han reforzado los recursos destinados al convenio de España Salud, mediante la prestación de asistencia sanitaria a canarios residentes en Venezuela, mayores de sesenta y cinco años, que se encuentran en situación de necesidad y no perciben prestación por ancianidad. Desde el Parlamento de Canarias se han adoptado, a iniciativa de Coalición Canaria, pronunciamientos a favor del abono de las pensiones. Pero, lo más importante, en los Presupuestos Generales de la comunidad autónoma de este año se creó una ayuda económica transitoria para los emigrantes canarios venezolanos retornados mayores de sesenta y cinco años en situación de necesidad por un importe equivalente a la pensión no contributiva.
La enmienda que he presentado, por tanto, consta de dos puntos, primero, garantizar a los pensionistas venezolanos residentes en España y a los pensionistas emigrantes retornados españoles en los casos de totalización de periodos conforme al Sistema de Seguridad Social en España, los complementos a mínimos hasta alcanzar el importe mínimo de la pensión prevista en la legislación española vigente. Y segundo, garantizar a los pensionistas venezolanos residentes en España y a los pensionistas emigrantes retornados españoles en los supuestos no previstos en el apartado anterior, el acceso a una pensión no contributiva. A esto solicito una transaccional que diga: "...con carácter transitorio y sin carácter consolidable hasta tanto el Gobierno venezolano reanude el abono de las prestaciones".
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias a usted, señora Oramas.
Hay una enmienda del Grupo Mixto que entiendo que es del propio grupo proponente y la enmienda del Grupo Socialista ha sido retirada, con lo cual pasamos a las intervenciones de los portavoces que no han presentado enmiendas.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, el señor Ramírez.
El señor RAMÍREZ FREIRE: Lo importante es discutir una propuesta que nos presenta Coalición Canaria. Es verdad que no es la primera iniciativa que discutimos durante esta legislatura sobre la dramática situación que se vive en Venezuela, provocada claramente por la desastrosa gestión económica del país por parte del señor Nicolás Maduro y los chavistas; país, que como todo el mundo sabe, tiene una riqueza natural por doquier, recursos naturales abundantes. Y cuando uno tiene que saber por qué sigue este elemento de empobrecimiento sucesivo de la población es sencillo, podemos hablar con los economistas que estudian claramente, y por ejemplo -seguro que el señor presidente lo conoce (asentimiento)- el libro de Acemoglu Por qué fracasan los países, donde se ve claramente el porqué. Pues es, básicamente, por las políticas públicas que desempeñan y las decisiones que toman esos gobernantes.
Los vínculos que unen España con el pueblo venezolano son de hermandad y solidaridad, yo no voy a descubrir ahora nuestros vínculos, máxime en Canarias y, sobre todo, máxime en tiempos de dificultad. Nosotros, en Canarias, lo llamamos la octava isla, y después de la aprobación del estatuto de ocho islas, pasará a ser la novena isla, pero, desde luego, es un país que nos preocupa y nos ocupa, tenemos vínculos históricos. Y esta solidaridad no es entendida por todos de la misma manera, ya que mientras la mayoría de los grupos parlamentarios reprueban las políticas del señor Maduro, que lo que han hecho es empobrecer al conjunto de la sociedad, por desgracia Podemos vota siempre en sentido contrario, a favor de Maduro y con los bolivarianos. Maduro, desde luego, no es solo, y eso lo tenemos claro, una amenaza a los pilares de la democracia en su país, que está expulsando a su población, a los que primero asfixió negando prácticamente la libertad de expresión y quitándoles los derechos políticos, sino que ahora lo hace a base de hambre y miseria. Todos tenemos en la retina las imágenes que hemos visto de ese éxodo que se produce diariamente y que llena las fronteras de Colombia y Brasil, por desgracia.
La propuesta de Coalición Canaria, que compartimos, vaya por delante que apoyaremos esta propuesta, se basa en la crisis humanitaria que está suponiendo la pésima gestión del régimen presidido por el señor Maduro, que en diciembre de 2015, tal y como nos ha redactado el grupo proponente, interrumpió el pago de las pensiones a sus beneficiarios del exterior, afectando aproximadamente a 3800 personas, que sepamos al menos en España, porque seguramente serán más ya que desconocemos las cifras reales. Se trata de personas que llevan años sin percibir sus pensiones, lo que está dando lugar a episodios de gran dramatismo, si se tiene en cuenta que para muchas de estas personas es la única fuente de ingresos que tiene la familia. Por el Real Decreto 1170/2015, como nos ha redactado y comentado la portavoz del grupo proponente, España garantizará al beneficiario en tanto resida en el territorio nacional la diferencia entre la suma de las pensiones reconocidas en España y en el extranjero hasta llegar a la pensión mínima vigente en España en cada momento. Lo que ocurre es que hay gente que figura como que está percibiendo ingresos superiores a los que realmente está percibiendo, que son cero.
El pago de las prestaciones a los pensionistas venezolanos estaba previsto en un acuerdo entre la Seguridad Social española y venezolana. La solidaridad de España con los venezolanos debe probarse no solo con las palabras, sino con los hechos. No nos basta que esté escrito en tratados bilaterales, tienen que ser cumplidos claramente.
Quiero recordar que Ciudadanos llevó a la Comisión de Asuntos Exteriores, en su sesión del día 2 de noviembre de 2016, la proposición no de ley exigiendo, precisamente lo mismo que contempla esta proposición: Exigir al Gobierno venezolano el cumplimiento de las obligaciones con los pensionistas venezolanos residentes en España. Fue aprobada en sus propios términos con los votos a favor de todos; perdón, de todos no, menos un grupo, que espero que esta vez vote a favor, que fue Podemos.
Por el Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, el señor Rodríguez, por dos minutos.
El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Gracias, presidente.
Solo dejaré dos cosas claras, como ya hicimos en su momento hace meses, cuando el Grupo Socialista trajo una proposición no de ley muy parecida a esta y la apoyamos, como no podía ser de otra manera. Por un lado, el respeto a la soberanía de los diferentes países y los diferentes Gobiernos, tanto del nuestro como de terceros países, en este caso el Gobierno de Venezuela, el respeto a la legalidad internacional y, por lo tanto, exigir el cumplimiento de los acuerdos que se firman entre Estados, como los miles y miles de acuerdos entre Estados que se firman cada día y que se tienen que cumplir. Nosotros siempre hemos defendido el respeto a la soberanía y al cumplimiento de los acuerdos internacionales y aprovecho el día de hoy para volver a hacerlo.
Por supuesto, el segundo punto que quería clarificar es nuestro apoyo y nuestra defensa a un derecho fundamental como es el de las pensiones públicas, que consideramos un pilar del Estado del bienestar, que consideramos que es un derecho inalienable de los trabajadores y las trabajadoras, ya que al fin y al cabo se trata de un salario diferido. Nosotros lo hemos defendido y lo defenderemos en España, en Portugal, en Suecia, en Rusia, en Venezuela, en Estados Unidos, en Malaui, en Papúa Nueva Guinea, como dijimos en la proposición del Grupo Socialista. Creemos que la gente que ha trabajado durante toda su vida merece y tiene derecho a cobrar una pensión digna cuando llega a la edad de jubilación.
Conocemos la realidad de muchas personas que ahora mismo están sin ingresos. Por supuesto, vamos a apoyar la iniciativa y vamos un paso más allá, para eso estamos presionando al nuevo Gobierno del Partido Socialista de Pedro Sánchez, no solo para que estas pensiones existan y que se cobren sino para que se aumenten. Canarias, la tierra de dónde vengo y que está centrando el debate en este tema por la concentración de migración y por los vínculos históricos que hay de nuestra tierra con Venezuela, es la comunidad autónoma con el mayor porcentaje de pensiones no contributivas con respecto a la población. En Canarias 43 000 personas cobran la pensión no contributiva, que es una miseria, que va desde los 90 euros de mínima hasta en torno a los 380 euros. Si alguien cree que con esto y con las pensiones mínimas, que están por debajo del umbral de la pobreza que marca Eurostat, si alguien cree que una familia, ya sea canaria o venezolana, de Malaui o de donde sea, puede llegar a fin de mes y vivir en condiciones dignas en nuestro país, nosotros creemos que está equivocado. Ahí queda nuestro apoyo a la iniciativa, que esperemos que mejore la vida de miles de personas que ahora mismo están sin ingresos.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Alconchel.
La señora ALCONCHEL GONZAGA: Lo primero que quiero decir es que esta proposición no de ley llega pocos meses después de que se debatiera la proposición del Grupo Parlamentario Socialista, que nos anticipamos en este tema cuando ya éramos oposición y, afortunadamente, conseguimos unanimidad en la votación de la misma. De hecho, una vez que estamos en el Gobierno, estamos llevando a cabo todas las medidas que son posibles y viables en el tiempo en el que se está en la institución, y como grupo parlamentario seguimos manifestando la necesidad de dar una solución a este problema.
El Gobierno está manteniendo reuniones con el colectivo y esto demuestra que es un asunto que nos preocupa, al que damos prioridad y en el que somos conscientes que hay que seguir avanzando para encontrar por fin las soluciones. Lamentamos que sea un problema que viene de varios años, porque los presupuestos del Partido Popular, y que han sido apoyados por otros grupos, no contemplaban esas partidas y se olvidaban de exigir partidas para estas personas, lo que ha hecho que los pensionistas que no están cobrando lleven bastantes años pasando por malos momentos, y que se esté debatiendo y de manera tan reiterada, porque vuelvo a repetir que fue hace pocos meses cuando el Grupo Socialista trajo a esta Comisión esta proposición.
Sin entrar a discutir sobre esto, porque, al final, lo que importa y lo que preocupa son las personas que están siendo perjudicadas por el Gobierno de Venezuela, porque ha interrumpido el pago de las pensiones a las personas titulares beneficiarias que residen en el exterior, que está incumpliendo ese compromiso adquirido en un convenio bilateral de Seguridad Social entre España y Venezuela y que está vigente, estaba vigente y sigue vigente. Ha dejado sin cobertura económica a cerca de 5000 españoles residentes en España que, a pesar de su derecho a la pensión con cargo a la Seguridad Social de Venezuela y de recibir el importe de la misma en España, se ven privados de ella. Este hecho viene provocando verdaderas situaciones dramáticas. A esto se suma que desde hace algún tiempo, como consecuencia de la subida artificial por parte del Gobierno de Venezuela del tipo de cambio del bolívar, los pensionistas con residencia en España y con derecho a pensión por parte de Venezuela y pensión con cargo a la Seguridad Social española ven que su incremento es virtual, está totalmente inflado de manera artificial y el importe de la pensión venezolana ha provocado que se revise el derecho de esas personas al complemento a mínimos de pensión debido a que la suma de la pensión venezolana y la española supera el importe de la pensión mínima que se trate. Para colmo, como la Seguridad Social lleva a cabo esos controles periódicos respecto a los perceptores de complementos a mínimos de las pensiones contributivas con posterioridad al ejercicio en que los pensionistas han podido percibir tales complementos, cuando ha detectado esta circunstancia ha declarado la prestación como cobrada indebidamente, total o parcialmente, y ha solicitado el reintegro de las prestaciones, sin considerar que la subida de la pensión en Venezuela es totalmente artificial, como decía, y que en la mayoría de los casos ni siquiera se está percibiendo la pensión con cargo al Gobierno de Venezuela. Por tanto, queremos trasladar nuestra solidaridad a estas personas que después de su esfuerzo y de su trabajo se ven privadas de un derecho tan básico como es el derecho a la pensión y todos los derechos económicos derivados de ella. Es duro aparecer ante una Administración como persona perceptora de una pensión que no se está percibiendo; es duro tener que superar barreras y tener que luchar con los servicios sociales de los ayuntamientos y de las comunidades autónomas, porque el Gobierno anterior, para atender las situaciones de necesidad, derivó a estas administraciones autonómicas y locales, y las personas que aparecían como perceptoras tenían que pelear para conseguir lo que necesitaban, que son las cosas básicas, porque no están cobrando nada.
Para terminar, tengo que decir que seguimos preocupados por la situación de este colectivo tan vulnerable. El Gobierno ya está trabajando en la búsqueda de la solución. Fuimos sensibles cuando estábamos en la oposición y lo seguimos siendo en el Gobierno. Estamos ante una proposición que pide algo de justicia social y, por tanto, la vamos a apoyar.
Finalmente, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Merino.
Es un honor intervenir en nombre del Grupo Popular. La verdad es que uno, en esta legislatura, ya se sorprende de poco de lo que oye y de lo que ve, pero lo que hoy estamos viendo en esta PNL es un sinsentido por parte del Grupo Podemos y del Grupo Socialista, porque ninguno de los dos portavoces en sus intervenciones se ha dirigido a buscar al responsable de esta situación, que tiene nombre y apellidos,
es el señor Maduro, responsable del Gobierno de Venezuela; el señor Maduro y supongo que también sus asesores -algunos de los cuáles son líderes de Podemos que han estado asesorando al señor Maduro- han llevado al país a la ruina y han llevado a que, precisamente, los españoles o los venezolanos que han retornado a España se encuentren hoy en una situación de indigencia provocada por la política del régimen del señor Maduro.
Frente a eso, el Grupo Podemos y el Grupo Socialista se dedican a insultar y a atacar al Gobierno del Partido Popular, que intentó resolver esta situación antes incluso de las proposiciones del Grupo Socialista, ya que el Gobierno de España -el Ministerio de Empleo, a través del Instituto Nacional de la Seguridad Social- reclamó al Gobierno de Venezuela el 15 de septiembre de 2016, el 28 de diciembre de 2016, en marzo de 2017, en julio de 2017 y octubre de 2017 que abonara las pensiones que tenían obligación de pagar, como queda acreditado en el artículo 5 del convenio de 1988, firmado entre España y Venezuela. Sin embargo, el Grupo Podemos y el Grupo Socialista prefieren atacar al Gobierno del presidente Rajoy que a quien no paga las pensiones, que es el Gobierno del señor Maduro.
Lo más alucinante de esto es la intervención del portavoz de Podemos, que se dedica a hablar de las pensiones mínimas españolas pero no dice nada de las pensiones de Venezuela. Yo le pregunto: ¿Usted tiene verdaderamente la cara de mirar a los ojos a estos pensionistas venezolanos y españoles que no están cobrando ni un euro de pensión por culpa del Gobierno del señor Maduro? ¿De verdad es usted capaz de mirar a los ojos a estas personas o sigue en la demagogia de criticar todo lo de España y de defender al señor Maduro y las políticas que hace en Venezuela? Creo que ha llegado el momento de que ustedes salgan a la calle y vean la realidad de los españoles y de los venezolanos que están en España.
Debo agradecer a la portavoz de Coalición Canaria, señora Oramas, la presentación de esta PNL y el diálogo que hemos mantenido, que ha permitido incorporar ese tercer punto en la enmienda transaccional a la que hemos llegado, fruto del diálogo que hemos tenido entre el Grupo Popular y el Grupo de Coalición Canaria.
Quiero decirles una cosa muy clara tanto al Grupo Podemos como al Grupo Socialista. Los españoles y España no van a pagar las fiestas de Maduro ni sus comilonas, porque todas esas comilonas y esas fiestas son a costa de los pensionistas españoles que trabajaron en Venezuela y de los pensionistas venezolanos que han retornado a España. Por eso dejamos muy claro que si España, de forma temporal y excepcional, va a hacer frente a este problema humanitario que tienen estas cinco mil personas, el Grupo Popular exigirá que el Gobierno de Venezuela devuelva a los españoles el dinero que anticipemos para resolver este problema que han generado las políticas irracionales del Gobierno del señor Maduro, asesorado por los líderes de Podemos.
Entiendo que la portavoz del grupo proponente acepta las enmiendas que se han presentado.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Sí. Todos los grupos querían una redacción como esa, que fue a propuesta del Grupo Popular.
El señor PRESIDENTE: En cualquier caso, está ya distribuida entre los distintos grupos.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Sí.
- RELATIVA A DIGNIFICAR LAS PENSIONES DE AQUELLOS JUBILADOS ANTICIPADOS CON LARGAS CARRERAS DE COTIZACIÓN. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA. (Número de expediente 161/003309).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la proposición no de ley relativa a dignificar las pensiones de aquellos jubilados anticipados con largas carreras de cotización, presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. Tiene la palabra el señor Salvador, por un tiempo de siete minutos.
El señor SALVADOR I DUCH: Buenas tardes ya a todos y a todas.
La proposición no de ley que presenta Esquerra Republicana, como dice su enunciado, se presenta para dignificar las pensiones de aquellos jubilados anticipados con largas carreras de cotización, para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social. Se trata de una proposición no de ley pensada para
ser aplicada de manera urgente a los jubilados actuales y, por supuesto, a los del futuro. La propuesta está bien explicada en el texto que tenéis todos -ahí está la exposición de motivos y toda la base legal en la que se sustenta-, pero me gustaría resumirla de manera clara para que puedan entenderla las personas que nos están siguiendo, que me consta que son unos cuantos jubilados que viven este problema.
La mejor manera de explicar lo que queremos decir con esta proposición no de ley, para que se entienda, es utilizar un ejemplo. Esta mañana, a las nueve, me ha llamado un jubilado, que se llama Juan; el apellido no lo diré, lógicamente. Me ha llamado insistentemente, le han dado el número de teléfono y me ha alegrado la mañana, porque me ha dado las gracias por haber presentado esta proposición no de ley. Esta es una de las cosas bonitas que tiene la política. El señor Juan llevaba cuarenta y siete años cotizados -empezó a trabajar a los dieciséis- y, por infortunios de la vida, perdió el trabajo a los sesenta y dos o sesenta y tres y se le ha reducido la pensión hasta los sesenta y cinco. La idea es la siguiente: ¿cómo puede ser que el señor Juan, con cuarenta y siete años cotizados -creo que ha contribuido bien con sus aportaciones al Fondo de la Seguridad Social-, sea penalizado a partir de los sesenta y cinco años toda la vida. No lo podemos entender. En este caso están centenares y miles de personas con las que se está cometiendo una injusticia.
Por eso pedimos, ya de una manera más reglamentada, que se hagan todas las modificaciones necesarias en la Ley de la Seguridad Social, aprobada por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, con el fin de que a todos aquellos jubilados anticipados, voluntarios o forzosos -aunque la mayoría son forzosos-, cotizantes por el régimen general, como trabajadores por cuenta ajena, o por el de autónomos, con cuarenta o más años cotizados y que en el momento de promulgarse las correspondientes modificaciones de la Ley General de la Seguridad Social tuvieran ya cumplidos los sesenta y cinco años de edad o más se les dejen de aplicar los referidos coeficientes reductores y se les calcule la pensión conforme a su base contributiva y a los años cotizados -nos parece que esto es muy justo-; y que a todos aquellos trabajadores que hayan accedido a la jubilación anticipada derivada del cese en el trabajo por causa no imputable a la libre voluntad del trabajador, de conformidad con lo indicado en el artículo 107.1.d), que hayan percibido ayudas públicas como consecuencia de ello y que tengan ya cumplidos sesenta y cinco años de edad o más también se les dejen de aplicar los referidos coeficientes reductores y se les calcule la pensión conforme a su base contributiva y a los años cotizados.
Yendo a las enmiendas, no vamos a aceptar ninguna enmienda. Creemos que esta PNL tiene que aprobarse -y pienso que así va a ser, porque es de justicia- en sus propios términos, porque cualquier derivación al estudio a la AIReF o cualquier derivación al Pacto de Toledo hace que esto no tenga carácter de emergencia. Esto no se puede estudiar, porque esta gente necesita ya que les solucionen el problema, porque cada día que pasa están perdiendo dinero, dinero en muchos casos necesario para llegar a final de mes. Por tanto, no aceptamos las enmiendas e instamos al Gobierno a que de manera urgente, con la máxima celeridad, solucione este problema, porque es un tema de justicia.
Grupos que han presentado enmiendas. Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Rodríguez, por cinco minutos.
La señora RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ (doña Juana Amalia): Buenos días a todos y a todas. Gracias, presidente.
Es cierto que la situación en la que se encuentran las personas que se ven obligadas a acceder de forma anticipada a la jubilación se ha visto agravada en los últimos años como consecuencia de la reforma llevada a cabo en 2013; reforma en el ámbito del subsidio de desempleo en favor de personas que acreditasen el cumplimiento de todos los requisitos, salvo la edad, para acceder a la jubilación, al demorar en tres años, de los cincuenta y dos a los cincuenta y cinco, el reconocimiento del subsidio; reforma de endurecimiento de los requisitos de renta en orden a ese reconocimiento; reforma de minoración de la base por la que el Servicio Público Estatal de Empleo cotizaba en favor del desempleado y extinción del percibo del subsidio con la consiguiente extinción de cotización a la Seguridad Social en la fecha en que el perceptor del mismo podía acceder a cualquier modalidad de jubilación. Como consecuencia de lo anterior, a multitud de trabajadores que con anterioridad a la reforma de 2012 podían mantenerse en el subsidio de desempleo y en la cotización a la Seguridad Social hasta el cumplimiento de la edad ordinaria
de jubilación se les fuerza a acceder de forma anticipada a esa misma jubilación, con la consecuencia de ver reducido el importe de la pensión.
Estamos totalmente de acuerdo en que acceder a la pensión de jubilación de forma anticipada, al acreditar el cumplimiento de todos los requisitos que el ordenamiento de la Seguridad Social exige para estos supuestos, implica -como dice nuestro compañero- un grave perjuicio en orden a la suficiencia de la pensión, puesto que la misma se ve minorada de forma importante. Por ello, desde mi grupo, ya en abril de 2017, presentamos una PNL similar a la que hoy debatimos y acorde con la enmienda que hemos propuesto, ya que consideramos necesario que el Congreso de los Diputados sea conocedor en profundidad de esta problemática y se tomen las medidas necesarias para corregir esta situación de agravio y dificultad que tienen las personas que, de forma involuntaria y con frecuencia forzosa, se ven obligadas a acceder anticipadamente a la jubilación, en especial las personas que acrediten largas carreras de cotización. Ahora bien, desde mi grupo pensamos -por eso el sentido de nuestra PNL en aquellos momentos fue el que fue- que la anticipación de la edad de jubilación tiene unas consecuencias para el sistema de Seguridad Social, puesto que esa anticipación implica un mayor esfuerzo económico para sus arcas al tener que adelantar los pagos de pensión que en otro caso se retrasarían hasta el momento en que se cumpliesen las bajas ordinarias. Es fundamental la adopción de las medidas necesarias para corregir la situación de las personas que de forma involuntaria accedan anticipadamente a la jubilación, pero para ello se requiere un soporte documental y estadístico que permita cuantificar el impacto de las mismas, así como los recursos necesarios para llevar a cabo la mejora de la protección para los beneficiarios de pensiones de jubilación anticipada. Entre ellas, habrán de tenerse en cuenta los criterios que ya se recogían en la recomendación primera del Pacto del Toledo, en su formulación de 1995, al situar en la esfera de las aportaciones de los Presupuestos Generales del Estado a las Seguridad Social el coste de las actuaciones que en materia de anticipo de edad ordinaria de jubilación o de ayuda a sectores productivos pudieran producir distorsiones en el normal equilibrio financiero del sistema. En tal sentido, mi grupo considera necesario instar al Gobierno para que solicite de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal un estudio sobre la situación laboral de las jubilaciones anticipadas, la forma de acceso a las mismas, las carreras de cotización que se acreditan por los jubilados y otras variables que permitan cuantificar el impacto de las adopciones de las medidas que consideramos prioritarias en este tema.
Una vez recibido el estudio, en nuestra opinión, el Gobierno debería remitirlo a la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo, que tras el correspondiente análisis de la documentación y el oportuno debate parlamentario, procedería a elevar a la Comisión de Empleo y Seguridad Social del Congreso de los Diputados las propuestas en orden a la mejora de la cobertura social de las personas que acceden a la jubilación anticipada para su tramitación parlamentaria. No obstante, el proponente de esta iniciativa ya nos ha dicho que no tiene a bien aceptar nuestra enmienda. De todas maneras, nosotros vamos a votar favorablemente su propuesta.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Cano. Han presentado la enmienda fuera de plazo. Si el resto de grupos no tiene inconveniente, le damos los cinco minutos; si lo tiene, le damos solo tres.
El señor CANO FUSTER: Voy a ser breve. Lo bueno si breve dos veces bueno.
Señorías, lo cierto es que, leyendo la proposición no de ley, no sé si nombrar al señor Salvador diputado de las prejubilaciones -permítanme la ironía-, porque no hace mucho tiempo nos propuso eliminar las prejubilaciones de los toreros, como actividad laboral de riesgo, y ahora nos trae las prejubilaciones no solo de aquellas personas que forzosamente se ven obligadas a prejubilarse, sino de todas aquellas que tienen cotizados más de cuarenta años de vida laboral. Espero que el señor Salvador no se prejubile y nos continúe honrando con su presencia en esta Comisión, pero sí le quiero pedir que prejubilen los lazos amarillos que tienen extendidos por toda Cataluña, por su tierra, que tanta crispación y división crean.
El señor Salvador y Esquerra Republicana nos traen una proposición no de ley sin ningún número ni estudio sobre el impacto que tendría. Sin duda, queremos pensiones dignas para nuestros trabajadores, pero, señorías, tenemos un sistema de pensiones que cada año tiene un déficit de 20 000 millones de euros. En Ciudadanos pensamos que estas medidas deben abordarse en el seno del Pacto de Toledo, que es el que está trabajando en el sistema nacional de pensiones. Llevamos dos años de comparecencias, dos años de trabajo, y parece ser que ahora hay determinados partidos que quieren dinamitar o echar por tierra este Pacto de Toledo que tanto ha unido a los distintos grupos parlamentarios.
La señora Vidal, de Podemos, hablaba antes de trilerismo político. Trilerismo político es que tanto Podemos como el Partido Socialista, en la Ponencia de la ILP de rentas mínimas, no quisieran el informe de la AIReF -que este grupo, junto con otros, pedía, porque tenía un impacto de 15 000 millones- y querían que se implantase ya, y ahora, cuando están en el Gobierno, pidan el informe a la AIReF. Señorías del Partido Socialista, parece que teniendo un Gobierno que hace aguas, lo que desean es echar balones fuera y no sentarse en el Pacto de Toledo.
Es el turno de los grupos que no han presentado enmiendas. Por el Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Salud, por tres minutos.
Nuestro grupo coincide con algunas de las propuestas realizadas en esta proposición no de ley del Grupo Esquerra Republicana y, sobre todo, coincide de forma general con su espíritu. Coincidimos también en que las pensiones tienen que ser suficientes, públicas y de carácter universal. Por eso, nuestro grupo parlamentario, Unidos Podemos, ha elaborado una proposición de ley extensa, porque considera que el sistema de Seguridad Social constituye un pilar central y fundamental del Estado de bienestar y un instrumento redistributivo y de solidaridad intergeneracional.
En dicha proposición de ley planteamos revertir las reformas que han incidido en la edad de jubilación para volver a la regulación anterior, a la Ley 27/2011, o sea, a los sesenta y cinco años y a las edades y requisitos de cotización en jubilaciones anticipadas y parciales. Nuestra proposición de ley introduce una medida novedosa, importante y yo diría que inédita en nuestro país, que es considerar como edad ordinaria de jubilación la que tengan aquellas personas, a partir de los sesenta y un años, que alcancen la cuantía correspondiente al cien por cien de la base reguladora, es decir, los treinta y cinco años cotizados, posibilidad que se contempla en algunos países vecinos como es Francia.
Pero bien, centrándonos en el objeto de esta iniciativa que estamos debatiendo sobre jubilaciones anticipadas, tenemos que decir que si bien estamos de acuerdo con el planteamiento de reducir los coeficientes reductores, nuestro grupo apuesta por una reducción en algunos casos mayor y en otros casos diferente. En cualquier caso, coincidimos en que la jubilación anticipada está sujeta a la aplicación de coeficientes reductores que resultan muy penalizadores, al no tener en cuenta que su impacto afecta de manera definitiva y permanente a la pensión para toda su vida. Tampoco valora en su justa medida el esfuerzo contributivo realizado por aquellas personas que han cotizado a lo largo de su carrera laboral, por ejemplo, más años de los requeridos para alcanzar el cien por cien de la base reguladora. Por eso, planteamos regular de nuevo algunos de los requisitos exigidos actualmente para la jubilación anticipada y revisar, por supuesto, los coeficientes reductores. Los trabajadores y las trabajadoras no acceden a la jubilación anticipada alegremente, sino como una alternativa al paro, a la precariedad o a unos subsidios de desempleo de muy baja cuantía, por lo que se trata más bien de la única medida para poder sobrevivir en un mercado de trabajo hostil y excluyente de las personas de edad avanzada. Y mientras tanto, las empresas, a través de los expedientes de regulación de empleo, sustituyen mano de obra de edad avanzada por jóvenes en precario. La jubilación anticipada se ha convertido, básicamente, en una fórmula de regulación de empleo para facilitar el redimensionamiento no traumático de las plantillas de las empresas. Coincidimos también en revisar los coeficientes reductores de penalización por considerarlos excesivos, pues el porcentaje reductor aplicable tras las reformas de los años 2011 y 2013 es el más gravoso de los países de nuestro entorno. No nos parece justo que, por anticipar la jubilación unos años por cese involuntario, se recorte de por vida la pensión en la proporción en la que actualmente se hace.
Por todo esto, nuestro grupo, aun no coincidiendo exactamente con las cuantías recogidas en la proposición no de ley que hoy debatimos, va a votar a favor de la misma, porque camina, a nuestro entender, en la dirección adecuada.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Candón por tres minutos.
Es importante que sus señorías no confundan la jubilación anticipada voluntaria con la jubilación anticipada forzosa. Hoy en día está mucho más penalizada la voluntaria. Si lo que solicitan en esta iniciativa se llevara a cabo, lo que conseguirían sería una avalancha de jubilaciones anticipadas de forma voluntaria.
Por lo que respecta a la jubilación anticipada, las reformas operadas toman en cuenta la carrera de cotización de los trabajadores para determinar la edad de acceso a la jubilación anticipada -artículos 207.1 a) y 208.1 a)- según sea por causas no imputables al trabajador o por su voluntad, respectivamente; para cumplir el requisito de carencia genérico exigido, que también viene recogido en los artículos 207.1 c) y 208.1 d), respectivamente, y para determinar los coeficientes reductores aplicables, que vienen recogidos en los artículos 207.2 y 208.2, respectivamente. Esta circunstancia también se tiene en cuenta en los supuestos de jubilaciones anticipadas por causas no imputables a la libre voluntad del trabajador a las que se refiere la disposición transitoria cuarta en la jubilación anticipada mutualista.
La Comisión del Pacto de Toledo, que estudia la reforma de las pensiones, ya está trabajando la posibilidad de permitir a aquellos trabajadores que tengan largas carreras de cotización y sean expulsados del mercado laboral en la antesala de su jubilación que se calcule su pensión tomando toda su vida laboral y descartando aquellos años que hayan cotizado menos. Por tanto, debería ser en el seno de esa Comisión donde se debatieran este tipo de medidas, con un acuerdo conjunto de todos los partidos de la Cámara, ya que es la mejor manera de velar por el futuro de las pensiones y de nuestros pensionistas. El Gobierno del Partido Popular era partidario de que los trabajadores con largas carreras de cotización pudieran, para realizar el cálculo de toda su vida laboral, elegir de forma voluntaria, descartando los peores años de cotización.
No podemos votar a favor de esta iniciativa porque supondría una avalancha de jubilaciones anticipadas con un coste difícil de asumir. Por ello, emplazamos a que este tipo de medidas se estudie en el seno de la Comisión del Pacto de Toledo, que para eso está. Por todo lo expuesto, nuestro voto será negativo.
El portavoz del grupo proponente, señor Salvador, debe decidir si acepta las enmiendas del Grupo Socialista y del Grupo de Ciudadanos.
El señor SALVADOR I DUCH: Ninguna de las dos.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo, en sus términos.
- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A COMUNICAR Y DIFUNDIR EL PLAN ESTATAL DE FORMACIÓN DE TRABAJADORES EN COMPETENCIAS DIGITALES Y A REALIZAR UN SEGUIMIENTO DE LA EFICACIA Y CUMPLIMIENTO DEL MISMO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/003403).
El señor PRESIDENTE: A continuación, debatimos la proposición no de ley que ocupa el sexto lugar del orden del día que está distribuido inicialmente, por la que se insta al Gobierno a comunicar y difundir el Plan estatal de formación de trabajadores en competencias digitales y a realizar un seguimiento de la eficacia y cumplimiento del mismo. Es presentada por el Grupo Parlamentario Popular, por la señora Pilar Marcos, por un tiempo de siete minutos.
La señora MARCOS DOMÍNGUEZ: Muchas gracias, presidente.
En mayo de este año, hace solo cuatro meses, los agentes sociales firmaron con el Gobierno un acuerdo para poner en marcha un plan estatal de competencias digitales, y en esa firma los agentes sociales pidieron expresamente que se hiciera un seguimiento, porque está muy bien firmar cosas, pero
hay que hacer un seguimiento del cumplimiento y la eficacia del plan para poderlo adaptar al futuro de manera que sea lo más eficaz posible. Con esta petición de los agentes sociales, nosotros planteamos una proposición no de ley que pusimos en marcha y presentamos al Congreso antes de la moción de censura. Se ha producido un cambio radical, pero eso no implica que tengamos que negarnos a seguir defendiendo esta proposición no de ley. (El señor vicepresidente, Acedo Penco, ocupa la Presidencia). Porque el propósito del plan estatal va en beneficio de los trabajadores. Se trata de ver en lo posible y pese a las discrepancias que todos tenemos aquellas cosas en las que podemos llegar a un acuerdo, y esta es una de ellas.
Este plan, como ustedes saben, está dotado con 60 millones de euros para este primer año y ofrece formación en 400 especialidades relacionadas con los cambios tecnológicos. Está dirigido fundamentalmente a trabajadores que están ocupados, aunque sin dejar de lado a personas en desempleo, y tiene como prioridad el acceso a la formación para las mujeres, para personas con discapacidad, para personas con bajo nivel de cualificación y para mayores de cuarenta y cinco años. Es un plan pensado para reducir la brecha digital que tenemos en España, una brecha que va a seguir funcionando en la medida en la que no trabajemos por reducirla. ¿Qué queremos? Que no quede vacante ninguna oportunidad de empleo, y la evaluación periódica del plan es una buena idea si queremos conseguir este objetivo.
Sabemos, por estudios internacionales, que ya hoy por cada dos puestos de trabajo que se pierden en la economía real, la economía digital crea cinco, pero esos cinco nuevos empleos requieren competencias digitales que no siempre tienen los trabajadores. Ahora, pese a la tasa de desempleo que aún tenemos, hay plazas vacantes por falta de competencias específicas en formación digital. Esta debe ser una inversión continua y por eso es buena idea que se vea cuál es la eficacia del funcionamiento del plan. Para los próximos años, según la Unión Europea, el 90 % de los puestos de trabajo exigirán competencias digitales y ahora no todos los trabajadores las tienen. Estamos hablando de invertir en talento, de invertir en las personas, en su formación, y todo eso exige la colaboración de todos para comprometernos en la digitalización.
Como ustedes saben, España no fue capaz de apuntarse a las revoluciones digitales de los siglos XIX y XX. No estuvimos en la vanguardia ni en la puesta en marcha de los cambios económicos y sociales que acompañaron a la máquina de vapor o al ferrocarril en el XIX, ni tampoco, en el XX, en los avances que acompañaron al motor de explosión y a la electricidad. Ahora podemos intentar, al menos, no perder este tren de prosperidad, de crecimiento de empleo y de bienestar.
Yo sé que es muy difícil que todos los grupos voten con el Partido Popular, sé que algunos de ustedes tienen una cierta alergia a votar con el Partido Popular, pero yo les pido que en este caso piensen en la posibilidad de hacer una excepción. ¿Por qué? Porque fue una petición de los agentes sociales, porque el plan es en beneficio de los trabajadores y porque, a veces, podemos intentar aparcar nuestras diferencias en aras del interés general.
El señor Ramírez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra por un tiempo de tres minutos.
El señor RAMÍREZ FREIRE: La verdad es que el PP no ha mostrado excesivo interés ni atención en lo que vienen a llamar ellos mismos la Agenda Digital. Es interesante escuchar a la portavoz del Grupo Popular defender con tanto ahínco esa Agenda Digital, porque la actual, que está en vigor desde el 15 de febrero de 2013 y se planteó a partir de un informe de expertos, como bien conoce la portavoz, y de un análisis detallado de la situación, se realizó en 2012 con unos objetivos marcados hasta 2015. ¿Y después, qué pasó después? Desde 2015 España es el décimo país en producto interior bruto de la OCDE, carece de un rumbo claro a nivel de competencias de digitalización y de modernización tecnológica. En 2017, dos años después, la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital inició los procedimientos para redactar una nueva agenda digital con objetivos estratégicos más allá del 2020, con dos años de retraso. Por supuesto, ha cambiado la situación, esta nueva agenda se ha quedado en fase de estudio y España, como en tantas facetas, ha llegado al sector digital tarde, mal y, por desgracia, alguna vez nunca. Prueba de que no se ha hecho nada es que el Real Decreto-ley 11/2018 -uno más- es un popurrí de cosas entre las que se coló, casualmente, una modificación de la disposición final séptima de la Ley 39/2015, del 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
El PSOE ya nos ha dicho que, según sus previsiones, va a retrasar dos años la entrada en vigor de esa citada ley relativa al registro electrónico de apoderamientos, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo único electrónico. Es decir, el problema es que tanto antes el PP como ahora el PSOE ponen un plazo pero no concretan nada sobre el impulso que se quiere dar. Cuando están en la oposición dicen una cosa y cuando llegan al Gobierno hacen otra, y lo mismo pasa en un lado y en otro.
Con respecto al objeto de la presente PNL, estamos totalmente de acuerdo, y vamos a votar a favor, ya se lo adelanto a la portavoz del Partido Popular, cosa que, por cierto, ustedes no hicieron cuando Ciudadanos trajo a un debate como este una iniciativa muy similar en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital, para el desarrollo y retención del talento. Le voy a decir lo que se defendía en aquella propuesta: formar en competencias y habilidades digitales básicas a la ciudadanía, poniendo especial atención en personas y colectivos en riesgo de exclusión digital. Hablábamos de las mujeres, de las personas con discapacidad, de las personas trabajadoras con bajo nivel de cualificación y de los mayores de 45 años. Desarrollar en el Pacto Nacional por la Educación las vocaciones STEM, es decir, ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, y las competencias digitales. Promover la Agenda Digital en el marco de las universidades, que deben ser el faro que nos guíe por el siglo XXI, es decir, ese faro de desarrollo tecnológico, de conocimientos de última generación. Creación de un organismo independiente, llamado Instituto Estatal para el Talento en el Empleo, con competencias suficientes para evaluar de forma continuada las políticas activas. Potenciar políticas activas de empleo, que es también la idea de esta Agenda Digital, en el puesto de trabajo durante toda la vida laboral del trabajador, especialmente las relativas a formación continua, incluyendo la formación online, y conforme a un plan de formación de capacitación de tecnologías de la información y la comunicación para desempleados que facilitase su recuperación para el mercado laboral, porque a todos se nos llena la boca en esta Comisión al hablar de políticas activas, de reincorporación de personas que se han quedado descolgadas en la crisis, pero aquí no se hace nada. Seguir formando a los ciudadanos al término de su vida laboral en competencias tecnológicas, porque hay que recordar que los analfabetos del futuro no serán aquellos que no sepan leer ni escribir, sino los que no sean capaces en competencias tecnológicas. Y, por supuesto, realizar un seguimiento en aquellos sectores en los que la digitalización sea un instrumento esencial para la mejora de la productividad y de esta forma promover la formación continua de la empresa para el mantenimiento y la creación de los puestos relevantes en este campo. Hay que recordar, y eso lo ha dicho la portavoz del Partido Popular, que aproximadamente el 70 % de los puestos de trabajo del futuro todavía no se han creado. Creo que todos conocemos al señor Schumpeter y la famosa creación destructiva, la destrucción creativa y las tecnologías disruptivas.
Nuestra iniciativa fue aprobada en esa Comisión con el voto favorable de todos los grupos, con una excepción, esta vez la del Partido Popular. Nosotros sí apoyaremos esta medida.
El señor VICEPRESIDENTE (Acedo Penco): Muchas gracias, señor Ramírez.
Tiene la palabra, por parte de Podemos, el señor Montero.
Señora Marcos, entre los alérgenos que me provocan reacción no está el votar al Partido Popular (la señora Marcos Domínguez: ¿Seguro?-Risas), está el votar cosas que pueden ser incoherentes. Es incoherente que ustedes en 2015 modificaran la ley para excluir a los agentes sociales de los procesos del sistema de formación; es incoherente que ustedes los excluyeran y en la exposición de motivos digan que una de cada cuatro empresas afirma tener dificultades para encontrar perfiles profesionales adecuados a sus necesidades. Es decir, la participación de los agentes sociales en el proceso de articulación del sistema de formación, sobre todo cuando se trata de formación continua, es esencial porque permite identificar necesidades y carencias y, al mismo tiempo, dónde está la oferta. Es incoherente excluir a los agentes y que los agentes protesten, para al final acabar redactando un plan de formación que efectivamente incorpora una petición de los agentes sociales. Es decir, han tenido que corregir el rumbo que llevaban. Está bien, si ya lo han corregido, pues bien. Es incoherente también que se preocupen por la formación cuando durante los últimos años, 2015, 2016 y 2017, dejaron de ejecutar decenas de millones de euros que estaban destinados a la formación y que no se ejecutaron. En cualquier caso, insisto, es bueno que se preocupen por la formación. Es incoherente que se preocupen por la formación ahora que no están en el Gobierno y cuando estaban en él articularan recortes en los planes de educación,
que son una parte básica del proceso de educación. El plan presupuestado estaba en torno a 60 millones de euros, pero ustedes recortaron por valor de casi 6000 millones en educación durante esos años; o sea, que faltan todavía por recuperar 5940 millones, y les animamos a que insten al Partido Socialista a que los recupere. También votaremos en positivo si van por ahí.
Pasando a lo concreto del plan, hay algunas cosas que le traslado a usted personalmente y a los miembros del Grupo Socialista, porque nos han llegado desde distintos ámbitos. En primer lugar, no han variado el perfil de los solicitantes y sería necesario que lo hicieran para adaptarlo a los mismos, por ejemplo, no aparecen los centros públicos ni aparecen las empresas tecnológicas y no tiene mucho sentido, si se trata de digitalizar la Administración pública, que los centros públicos no puedan acceder a los recursos para la formación de su personal. Hay un grave problema también de concentración en las solicitudes, en torno a catorce grupos empresariales concentran un tercio del total de las solicitudes, y eso hace que el plan no se extienda en forma de red hacia el conjunto del territorio. Habría que acompañar la supervisión del plan con el análisis de cómo se distribuyen territorialmente las ayudas y cómo lo hacen estos grupos entre sí.
Hay una cierta preocupación también, en concreto del sindicato Comisiones Obreras, porque sectores como el comercio, la hostelería o la administración y gestión, que son espacios de creación de empleo fundamentales y que deben adaptarse al futuro, se encuentran con que muchas de las solicitudes alcanzan el baremo para acceder a la formación pero no hay suficiente dotación para ellos. Así que, en principio, no me va a provocar ningún sarpullido decir que es una medida positiva y que instamos a que entre en vigor.
Por parte del Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Serrano.
La señora SERRANO JIMÉNEZ: Muchas gracias, presidente.
Desde luego, alergia nos provoca a los diferentes grupos parlamentarios que aquí estamos oír determinadas cosas. Le doy la bienvenida a la señora Marcos a la defensa de los trabajadores, a que se preocupe por el bienestar de los trabajadores, por su formación, y a que, ahora que no están en el Gobierno hagan estas demandas.
Señora Marcos, tengo que decirle que el plan de formación en competencias digitales para los trabajadores llegó tarde, llegó en el año 2018, y estamos hablando de que España lleva un retraso considerable en todas las cuestiones que tienen que ver con la Agenda Digital y con la formación de trabajadores en estas competencias. Su Gobierno ha estado gobernando este país desde el año 2011 y hasta el año 2018 no hace este plan; un plan que podemos ver como positivo pero que tiene muchos aspectos que se deberían mejorar. Estamos de acuerdo en parte de las cuestiones que contiene la proposición no de ley, pero creemos que es una proposición que sobra puesto que ese plan ya está en marcha y el Gobierno actual está trabajando en mejorarlo y en dotar de los mecanismos necesarios para que sea conocido por los trabajadores, para que sea evaluado y para que sea eficaz. Se ha de poner en marcha de una vez la Agenda digital en este país y se ha de impulsar por parte de las administraciones para estar a la altura de lo que nos exige la sociedad, no solo la española, sino la sociedad global. Es una necesidad que tiene este país y que seguiremos impulsando. Lo mismo ocurre con la formación; es necesario que se formen en aquellos ámbitos que reclaman esas competencias digitales, para que las empresas puedan encontrar los perfiles necesarios que demandan, porque el mercado laboral ha cambiado.
Para terminar, es verdad que se necesitan recursos para formación, que es necesario ponerlos en marcha y evaluar esas políticas, pero también es necesario, de cara al bienestar de los trabajadores, acabar con la reforma laboral que aprobó el Partido Popular cuando gobernaba, que ha dañado tanto a los trabajadores y trabajadoras de este país.
El Partido Socialista seguirá impulsando que haya una legislación adecuada para que los trabajadores y trabajadoras puedan encontrar un empleo digno, de calidad y, sobre todo, para que no haya esa desigualdad entre los trabajadores y para que estos no sean trabajadores pobres. Porque les recuerdo que, con los salarios que tienen actualmente, muchos lo son. Y, por supuesto, impulsaremos la formación, la evaluación de la misma, las necesidades que tengan y sobre todo que se acabe con la brecha digital, pero también con la brecha de género.
- SOBRE CONDICIONES DE VIDA Y TRABAJO DE LAS APARADORAS DEL CALZADO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número de expediente 161/003529).
El señor VICEPRESIDENTE (Acedo Penco): Pasamos a la proposición no de ley número 7.º, sobre condiciones de vida y trabajo de las aparadoras del calzado. Tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, el señor Rodríguez. (El señor presidente ocupa la Presidencia).
La industria del calzado en España se sitúa principalmente en la Comunidad Valenciana, en el entorno de la provincia de Alicante, principalmente en las zonas de Elche y de Elda. Estamos hablando de unos 8900 empleos, mayoritariamente ocupados por mujeres. Estamos hablando de unos 2000 millones de euros en volumen de negocio, que no es poca cosa, que suponen el 1 % del PIB industrial del país y el 2 % del empleo. En los últimos años, en el periodo de 2008 a 2015, ha aumentado este volumen de negocio en un 10 %. Y con estas cifras, si todo va tan bien, ¿por qué les cuento todo esto? ¿por qué traemos esta iniciativa? Porque hay una realidad terrorífica e invisibilizada tras estas cifras macroeconómicas. A lo largo de las últimas décadas la fragmentación y la externalización del proceso de producción del calzado avanzó imparable, mientras diferentes administraciones o bien facilitaban este proceso con modificaciones legislativas, etcétera, o bien miraban para otro lado mientras ocurría. Las consecuencias de haber permitido esto son que el 50 % de la producción del calzado en nuestro país esté en la economía sumergida, según diferentes estudios, y soportada por un increíble 45 % de empleo sumergido; repito, un 50 % de la producción y un 45 % del empleo en economía sumergida. Esto es absolutamente inadmisible en cualquier lugar del mundo, pero mucho más en pleno corazón de la Unión Europea en 2018. Y es un disparate no solo en lo económico, con el desfalco que supone para las arcas de Hacienda y la Seguridad Social, que todos y todas aquí podemos suponerlo claramente, sino también en lo social y en lo laboral. Nos encontramos con una realidad en la que miles de trabajadoras -en su mayoría mujeres, como ya dije antes- trabajan a destajo en una red atomizada de pequeños talleres clandestinos o, en muchos casos, incluso en sus propias viviendas. Carecen de cobertura legal de todo tipo, no tienen contrato, no tienen Seguridad Social, obviamente no cumplen el convenio colectivo del sector y, por lo tanto, no tienen control alguno sobre su salario, sobre la jornada y su duración, y por supuesto ya no hablo de la salud laboral ni de la seguridad en el trabajo. Organizarse colectivamente y la participación sindical es prácticamente una utopía muy lejana para miles de trabajadoras en este sector. Trabajan a destajo y sufren dolores musculares, dolores en las articulaciones, migrañas, problemas circulatorios y cuadros de ansiedad, de estrés, depresión y una incertidumbre sobre su futuro, porque saben perfectamente que, sin la cotización y sin estos derechos que se suponen garantizados en nuestro país, no van a tener una pensión digna que les permita vivir.
Esto es el pan de cada día para miles y miles de trabajadoras en nuestro país. Como ya dije antes, esto es inadmisible en cualquier lugar del mundo, pero mucho más en una de las economías más potentes del planeta. Y esto que estoy comentando, desgraciadamente, no es una excepción, no es un hecho aislado, sino que es la norma. Tanto es la norma que las propias trabajadoras nos comentan cómo en estas regiones pueden acceder a un crédito o a un alquiler aunque no tengan contrato, porque está tan extendida la economía sumergida en la región que se ve de manera normal en los ámbitos económicos.
Nosotros creemos que esto es absolutamente inadmisible y por eso traemos la iniciativa de hoy, en la que hemos intentado sintetizar las aportaciones del resto de los grupos. Tenemos una transaccional y voy a resumirle tres de las medidas que incluye la iniciativa, y esperemos que sea votada a favor por los grupos y que pueda ayudar a mejorar la vida de estas trabajadoras. Una sería intensificar las labores realizadas por la Inspección de Trabajo reforzando las mismas mediante el desarrollo de un plan específico, dotándolo de medios humanos y materiales suficientes para que en el ámbito de estas empresas y en toda la cadena de su contratación se garantice el cumplimiento de la normativa laboral -o sea, el cumplimiento de la ley- y de la normativa de seguridad y salud laboral, así como el reconocimiento de los derechos laborales y salariales de las aparadoras y de todas las actividades relacionadas. Otro punto para nosotros también muy importante sería impulsar y trabajar en una propuesta de creación de una certificación en materia de calidad laboral en la industria valenciana del calzado, que cuando la gente compre calzado sepa que está hecho en condiciones laborales dignas. Eso sería en coordinación con el Gobierno de la Generalitat, obviamente. Y el otro sería encargar al Instituto Nacional de Seguridad, Salud
y Bienestar en el Trabajo la realización de un informe que aborde todos los riesgos psicosociales y de salud laboral de las aparadoras y de otras actividades relacionadas en la industria del calzado, dentro de la programación de actividades para este año.
Estas serían las medidas más importantes, junto con otras que vienen en la iniciativa y esperamos que puedan salir adelante y mejorar la vida de miles de trabajadoras que creemos firmemente que no merecen estar así.
Varios grupos han presentado enmiendas. Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Blanquer por cinco minutos.
Señorías, en primer lugar, quiero advertir que esta iniciativa se debate no solo hoy en esta Comisión del Congreso sino también en el Pleno del Senado a iniciativa del grupo parlamentario proponente. Desde el Grupo Parlamentario Socialista hemos trabajado de manera coordinada para que tanto en el Congreso como en el Senado reciba el visto bueno de todos los grupos parlamentarios. Porque, señorías, el tema que se plantea hoy por parte del grupo proponente es una realidad que no solo nos preocupa, sino que, además, nos ocupa, y por eso queremos llegar a acuerdos con todos los grupos parlamentarios para hacer realidad la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras y mejorar la vida de los ciudadanos y de las ciudadanas, especialmente en un territorio que me pilla cerca ya que es la provincia por la que me he presentado como diputada. Es, por tanto, una cuestión que no solo nos ha preocupado, sino que nos ha ocupado, y me gustaría poner en valor los antecedentes y las iniciativas locales, autonómicas y también del Gobierno de España, que no se han recogido en la exposición de motivos de estas iniciativas pero que sirven para poner el foco en la cuestión que se nos plantea. Estos antecedentes sirvieron para identificar los problemas, pero también, y lo más importante, para que en su día se iniciara el impulso de las medidas para conseguir abordar estos problemas de manera eficiente y de manera integral.
Por ello, quiero decirles que, a nivel municipal, el 11 de octubre de 2016 se impulsó una mesa de agentes sociales contra le economía sumergida en la ciudad de Elche, con representación de todos los sectores económicos, sociales y sindicales, en la que se plantearon toda una serie de acuerdos que se resumen en diez, y que tampoco tenía mucho sentido que se vieran reflejados en la propuesta de acuerdo porque ya se están trabajando y ya se están impulsando, pero estoy convencida que todos los que formamos parte de esta Comisión los conocemos y estaríamos de acuerdo al cien por cien con ellos. Entre ellos, me gustaría destacar tres, uno que es mostrar el firme y contundente rechazo a la práctica de la economía sumergida por las nefastas consecuencias laborales, sociales y económicas, por las repercusiones negativas en el bienestar y la calidad de vida de la ciudadanía. Otro aspecto es potenciar la coordinación entre las distintas administraciones a todos los niveles, algo que, de hecho, se plasmó en convenios de colaboración y ahora entraré en ello. También se han planteado e impulsado campañas publicitarias sobre responsabilidad fiscal, se han impulsado acciones de formación sobre responsabilidad fiscal y emprendedurismo en las instituciones de educación secundaria de la ciudad. Por tanto, hay muchas cuestiones que se plantean hoy en la propuesta de acuerdo que ya se están llevando a cabo. De hecho, me gustaría advertir que las instituciones competentes en la materia ya están en ello y falta poco para que sea una realidad el que un centro de la ciudad de Elche se convierta en centro nacional de referencia de formación en el sector del calzado. Este grupo no será quien se oponga para que desde esta Comisión apoyemos las iniciativas que ya se están llevando a cabo, tanto por parte de los ayuntamientos de la provincia de Alicante como por parte de la Generalitat valenciana.
Con respecto a una de las cuestiones que se plantean por parte del Partido Popular que hace referencia a una iniciativa en la que lo que se pretende es sumar esfuerzos, quiero decirles que a nivel autonómico el Gobierno valenciano ha trabajado desde el primer día para aunar esfuerzos y sumar recursos para acabar con la economía sumergida. De hecho, impulsó y consiguió, después de más de dos años de insistencia al Gobierno del Partido Popular anterior, poner a disposición de la Inspección laboral a la Policía autonómica. Por eso, me llamaba la atención que el Partido Popular intentara exigir el cumplimiento de un convenio que quien sí lo está desarrollando es el Gobierno socialista de Pedro Sánchez. Por tanto, señores del Partido Popular, bienvenidos a que ahora exijan lo que está cumpliendo el Gobierno de Pedro Sánchez y que no desarrolló el anterior Gobierno del Partido Popular.
Señorías, es cierto que hablamos de economía sumergida, pero todas estas iniciativas, también las antecedentes como muy bien ha explicado el proponente de esta iniciativa, nos llevan a descubrir una realidad humana que es necesario atender. Basta con leer la iniciativa que nuestros compañeros presentaron en las Cortes valencianas en el mes de junio para entender la complejidad del problema, cómo cuando se reunieron con las afectadas estas contaban: somos mujeres invisibles en una industria que nos condena a vivir recluidas y dispersas, aisladas, solas ante la faena, por unos céntimos en jornadas inacabables. Por tanto, evidentemente, todas estas iniciativas están haciendo aflorar una realidad que lo que pretende, como bien decía, es acabar con esta economía sumergida, pero también atender la mejora de las condiciones laborales de todas estas mujeres. La precariedad tiene rostro de mujer, y en este caso lo hemos podido visualizar.
El señor PRESIDENTE: Señora Blanquer, tiene que concluir.
La señora BLANQUER ALCARAZ: Concluyo en dos segundos.
Por tanto, destaco que la colaboración y la implicación de todas las instituciones es muy importante, una implicación del Gobierno de España que se ha notado desde el primer minuto con el cambio de Gobierno, con la aprobación del Plan director por un trabajo digno 2018-2020, que se aprobó en el Consejo de Ministros el 27 de julio de 2018 y que recoge una serie de medidas en el ámbito al que se refiere a la moción, medidas operativas entre las que cabe destacar...
La señora BLANQUER ALCARAZ: ... las medidas para corregir los incumplimientos en materia salarial y los derivados de la externalización de actividades, ya que la descentralización productiva, unida a la prioridad explicativa de los convenios colectivos de empresas determina para determinados colectivos como el que nos ocupa una grave merma en sus ingresos salariales.
El señor PRESIDENTE: No, ya ha concluido sobradamente su tiempo. Despídase.
La señora BLANQUER ALCARAZ: ..., ya he dicho que era la del refuerzo de la colaboración y coordinación institucional que en este plan director se recoge. Espero que sea posible la aprobación de la enmienda transaccional en la que se recogen todas las aportaciones positivas de todos los grupos parlamentarios.
Muchísimas gracias al presidente por su benevolencia. (Risas y aplausos).
El señor PRESIDENTE: No, nada de benevolencia. El mismo exceso de tiempo se extiende al resto de grupos.
Señor Albadalejo, tiene usted siete minutos y medio.
El señor ALBADALEJO MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor presidente, tengo más tiempo del que pensaba y, por lo tanto, en nombre del Grupo Popular voy a empezar esta intervención en la Comisión de Trabajo mandando un mensaje -yo pensaba que después de dos horas y media no sería el primero, sino que sería el tercero o el cuarto- al único ayuntamiento de España en el que el equipo de Gobierno, el señor alcalde, no paga a sus 800 empleados. Me refiero al Ayuntamiento de la ciudad alicantina de Torrevieja. Desde el Grupo Popular en el Congreso de los Diputados queremos solidarizarnos con ese grupo mayoritario de mujeres empleadas que no están recibiendo el sueldo del Gobierno municipal en esa localidad. Este es el resultado del conjunto de decisiones políticas de seis formaciones que tomaron el acuerdo de castigar al Partido Popular y que están castigando a la ciudad de Torrevieja no pagándole el sueldo a 800 empleados públicos en estos instantes. (Varios señores diputados: ¡Qué barbaridad!-Rumores).
Quiero manifestarles a todos ustedes que tenemos la pretensión de cerrar una transacción con el grupo proponente, con Podemos, porque nosotros no somos del estilo del presidente de la Generalitat valenciana, que en la mañana de hoy ha mandado al corral al oponente político. Eso es lo que ha hecho con la líder de la oposición, doña Isabel Bonig, del partido político que ganó las elecciones en la Comunidad Valenciana, el Partido Popular. Somos del criterio de transaccionar, de hablar y de dialogar con todo el mundo, y lo hacemos con el grupo proponente y estamos por la labor de reconocer la sensibilidad social que tiene el problema de las aparadoras en la ciudad de Elche, de Elda y especialmente en la provincia
de Alicante. Somos conscientes. Y se ha intentado en la intervención del Grupo Socialista manipular cuál ha sido nuestra pretensión. Somos tan conscientes como que cerramos acuerdos como Gobierno de España con el Gobierno de la Generalitat valenciana del señor Ximo Puig, apoyado por el grupo proponente de la iniciativo, por Podemos. Estamos seguros de que en la Comunidad Valenciana desde el minuto uno se va a exigir al señor Puig que utilice todos medios que este convenio que cierra el Gobierno de España del Partido Popular, trabajo extraordinario de doña Fátima Báñez, sirva para que, efectivamente, la policía autonómica valenciana tenga la oportunidad de ejercer lo que ustedes durante muchísimo tiempo llevan diciendo en la provincia de Alicante.
Algunos datos no concuerdan. Ustedes dicen que la provincia de Alicante es la capital mundial de la economía sumergida en lo referente al tema del calzado. Es probable que haya una actividad sumergida que hay que ir a por ella y hay que atajarla, con la ley desde el minuto uno, pero lo que es cierto es que en el año 2017 han sido, por parte de Comisiones Obreras, ahí están los datos, 60 las denuncias vinculadas. Yo he dicho en muchas oportunidades, en debates, a formaciones políticas como la que representa Podemos y otras que no están aquí presentes en la tarde de hoy, que lo que hay que hacer es dar nombres y apellidos de quiénes son esos que están pagando en negro a esas aparadoras. Hay que dar la cara, sacar a esa gente de lo oculto. Aquí no hay que defender ni tapar a nadie. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que desde el Partido Popular estamos esperando, no solo desde la provincia de Alicante, sino a nivel nacional, que efectivamente se haga eso. Por ello, yo me refiero y agradezco, con independencia del verbo que tenga la transacción que hayamos cerrado, que ustedes tengan la oportunidad doble, como Podemos, de exigir al Gobierno valenciano, que lo han puesto ustedes y lo mantienen ustedes, que luche contra esa situación injusta que se está desarrollando en la provincia de Alicante. Y, además, como tienen ustedes una potencia -por lo visto- en Gobierno de España, también quiero manifestarles algo que es importante. Miren, en estos momentos se está celebrando la feria más importante en materia de calzado a nivel mundial, es en Milán. Hay casi cien empresas de la provincia de Alicante, de Elche, de Elda, de todo ese entorno, que están intentando vender lo mejor de la marca del calzado español y, por lo tanto, alicantino. Les pido, por favor, que hagan ustedes un esfuerzo importante, si de verdad estamos pensando en las aparadoras, en ese conjunto de mujeres que están en una situación complicada; no apoyen ustedes el impuestazo al diésel, no apoyen ustedes la subida de impuestos que va a hacer que las pequeñas y medianas empresas tengan mayor dificultad para generar empleo, no apoyen ustedes medidas económicas y fiscales que lo que van a hacer a continuación va a ser, por desgracia, poner en una peor situación laboral, social y económica a ese conjunto de mujeres que, desde el Grupo Popular, van a tener siempre todo el apoyo para que nunca jamás haya ningún tipo de empresario sin escrúpulo que se aproveche de ellas.
Sin embargo, también quiero manifestar que la provincia de Alicante es un sitio donde se desarrolla un calzado de primer nivel, extraordinario. Pido a todos que compren calzado español, si es alicantino muchísimo mejor; pero además les pido, en la medida de lo posible, que hagan el mejor servicio que pueden hacer todos ustedes a España en estos instantes: no permitir que siga ni un segundo más un Gobierno que no da ni seguridad ni estabilidad para generar empleo ni trabajo, porque como todos ustedes saben, la mejor política social es aquella que genera empleo.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Albadalejo.
El Grupo de Ciudadanos ha presentado probablemente la enmienda fuera de plazo. ¿Los portavoces aceptan la presentación de la enmienda? (Pausa.-Un señor diputado pronuncia palabras que no se perciben).
Señor Cano, tiene usted cinco minutos.
En primer lugar, vamos a apoyar la iniciativa de Podemos, pues se ha llegado a un texto transaccional con el resto de los grupos de la Comisión. (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Un segundo, señor Cano. Si tengo que ir interrumpiendo el debate pidiendo silencio tardaremos todos más.
El señor CANO FUSTER: Como diputado por Alicante, como ilicitano de adopción, me siento muy orgulloso de la industria alicantina y me siento muy orgulloso de la industria del calzado, que, como bien
ha dicho el señor Albadalejo antes, tiene unos niveles de calidad excepcionales, que exporta prácticamente a todos los países del mundo y tiene un reconocimiento excepcional. Y como dijo la ministra, no todos somos iguales, y las empresas no todas son iguales. Lo que quiero poner en relieve es que la ciudadanía no se lleve la sensación de que desde esta Comisión se esté lanzando un mensaje de ir en contra de las empresas, que todas las empresas, en este caso en particular del calzado Elche, Elda, no cumplen la legalidad vigente. Y aquellas que no lo hagan hay que ir cien por cien a por ellas.
Se ha comentado antes por la portavoz del Grupo Socialista sobre una mesa creada desde el Ayuntamiento para mejorar las condiciones de las aparadoras, de los trabajadores del calzado. Hay un estudio de la Universidad Miguel Hernández, de Elche, que saca a relieve unos porcentajes que ponen los pelos de punta, y es que el 78 % de los ilicitanos se consideran responsables del pago de sus impuestos, y lo más grave es que el 90 % opina que las prácticas de la economía sumergida en Elche son frecuentes, lo que demuestra que no ven la economía sumergida como un fraude, sino como algo arraigado y normal en la sociedad ilicitana o en determinadas sociedades. Es decir, hay que redoblar esfuerzos desde las empresas, para que cumplan la iniciativa de dar un certificado de calidad, de atención a los trabajadores de esas empresas y que cumplen la legalidad vigente -un certificado de calidad-, como también de parte de los ciudadanos que debemos ser responsables de denunciar aquello que ocurre y de unir esfuerzos por parte las aparadoras. De ahí una de las enmiendas que hemos presentado, que ha sido aceptada, que es incentivar a través de las administraciones la unión mediante cooperativas, del emprendimiento de estas aparadoras, para que puedan reivindicar esos derechos y pueda salir a la luz. Por parte de la sociedad, no se puede consentir convivir durante un espacio de tiempo con estas situaciones, porque habrá gente que sí haya denunciado, habrá gente que no y que preferiría eludir el pago de impuestos porque tenía una nómina mucho mayor y con mayor poder adquisitivo. Siempre que voy a Elche hay alguien que me lo comenta: que cuando llega la edad de jubilación, se encuentran con pensiones muy bajas que no son dignas, efectivamente, porque no han podido cotizar o no han querido cotizar a la Seguridad Social. Esto hay que erradicarlo, desde la sociedad y desde las empresas, los dos a una.
Nosotros presentamos una ley contra la corrupción laboral que no fue aceptada, y nosotros pensamos que solamente con trabajos dignos podemos tener pensiones dignas, y creemos que hay que continuar trabajando en este sentido. Sé que en Elda tienen una formación profesional impecable en todos sus circuitos formativos sobre este sector del trabajo, y pedimos que desde el ministerio se le otorgue a Elda, o a Elche -que también tiene unas carreras formativas del calzado impresionantes- el centro de referencia nacional del calzado. Y ha sido una enmienda que también ha sido aceptada.
Ahora los grupos parlamentarios que no han presentado enmienda, pero no hay ninguno. El portavoz del grupo proponente, entiendo que ha presentado un texto transaccional con las distintas enmiendas.
- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A CREAR UNA PENSIÓN DE ORFANDAD NO CONTRIBUTIVA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/003393).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate de la última proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Popular, que ocupaba la quinta posición en el orden del día: proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a crear una pensión de orfandad no contributiva. La defiende el señor Gerardo Camps por un tiempo de siete minutos.
El señor CAMPS DEVESA: Muchas gracias, presidente.
En primer lugar, quiero agradecer tanto a la Mesa de la Comisión como al resto de portavoces, la posibilidad que me han dado de atrasar el debate de esta proposición no de ley, para cumplir con el resto de las obligaciones parlamentarias, que les puedo asegurar que en el marco del Pacto de Toledo esta mañana han sido muchas.
Entrando ya en la cuestión, no tengo la menor duda, señorías, de que comparten los motivos que justifican esta propuesta. No tengo que hacer tampoco un recorrido histórico argumental de por qué se introdujeron en nuestro sistema prestaciones no contributivas en favor de aquellos ciudadanos que, encontrándose en situación de necesidad, carecían de los recursos económicos suficientes para su
subsistencia. Lo conocen, y creo que también lo comparten. De ello, justamente, se trata, señorías, de personas en situación de necesidad, de personas que carecen de recursos económicos suficientes y no tienen derecho a ningún tipo de prestación, y subrayo, no tienen derecho a ningún tipo de prestación, ni alta ni baja, con independencia, evidentemente, y ha sido apuntado muy bien por la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, de la asistencia social ya existente que se puede prestar por parte de las administraciones locales o autonómicas.
Señorías, si la prestación por orfandad de nivel contributivo se ha ido flexibilizando a lo largo del tiempo, de modo que hoy se da la posibilidad de ser beneficiario siempre que el causante estuviera en situación de alta o asimilada al alta, aunque no hubiera cubierto ningún periodo de cotización, o, igualmente, aunque no estuviera en situación de alta o asimilada al alta, siempre que tuviera quince años cotizados, la Seguridad Social -que todos coincidimos en que es una realidad dinámica-, no ha previsto nunca la protección de los huérfanos cuyo progenitor fallece sin que se den ninguna de las circunstancias a las que he hecho referencia.
Ello les coloca, sin lugar a dudas, en una situación de necesidad acuciante, no solo porque el fallecimiento del progenitor ya supone una situación de desprotección en sí misma, sino porque en estos casos va acompañada también de una precariedad económica que afecta a la franja más vulnerable y más dependiente de nuestra población, como es la infancia y las personas más jóvenes. Si lo que pedimos, una nueva prestación de orfandad no contributiva, está claramente dentro del alcance de la Seguridad Social y de su acción protectora, este grupo nunca lo solicitaría si fuera ajena a lo que hemos pactado en el Pacto de Toledo. No es así, señorías. -Leo textualmente-. Actual recomendación decimoquinta: cabe introducir nuevos ámbitos de protección en orden a colmar lagunas de cobertura que se detectan en el sistema, un ejemplo sería la creación de una prestación no contributiva de orfandad. Una recomendación del año 2011 que entonces no podía llevarse a cabo, dado el contexto económico que teníamos, pero que hoy, en la situación de recuperación económica en la que nos encontramos es posible y, a nuestro juicio, oportuna.
Quiero hacer referencia por anticipado, señor presidente, a las enmiendas que se han presentado por parte de otros grupos parlamentarios, en concreto el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo del PDeCAT, ambas, a mi juicio, acertadas. Les he propuesto a ambos portavoces la posibilidad de que ambas se incluyeran como una propuesta de adición, incluso eliminando un párrafo de nuestra propia proposición no de ley, lo cual ha sido aceptado por su parte. En este caso, la del PDeCAT, porque en el marco del Pacto de Toledo nos parece muy oportuno el que abramos una reflexión sobre el conjunto de la prestación de orfandad. Ya he dicho antes cómo se ha ido flexibilizando la contributiva, y tiene su sentido y su razón de ser el que, con carácter general, lo hagamos también en el marco del Pacto de Toledo, aunque pongamos en marcha una prestación no contributiva de orfandad para atender, justamente, a las personas que ahora tienen esa situación de necesidad y no la tienen cubierta. Además me ha parecido muy oportuno lo que se incluye en la enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista, en cuanto a la compatibilidad con la asistencia que se presta por parte de otras administraciones autonómicas.
Por lo tanto, señorías, respecto a esta propuesta, entiendo que hoy todos la entendemos justificada, posible y oportuna. Espero el apoyo del resto de los grupos y muchas gracias por su comprensión.
De los grupos que han presentado enmienda, en primer lugar, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Campuzano por un tiempo de cinco minutos.
Sobre las cuestiones de fondo, compartimos el planteamiento que nos formulaba el señor Camps en relación con la iniciativa que el Grupo Popular ha planteado. A nuestro entender, es cierto que un sistema de carácter contributivo como el que se configura en el sistema público de pensiones en el Estado español tiene sus límites, y los límites que se derivan de la lógica de la propia contributividad llevan a que niños y jóvenes que ven cómo sus padres o uno de sus padres fallecen, cuando las condiciones del causante no permiten el acceso a esa protección del sistema de la Seguridad Social, quedan sin ningún tipo de protección.
El señor Camps defiende, en la lógica que se contempla en el Pacto de Toledo que, frente a esa realidad, una respuesta convencional del Pacto de Toledo es ofrecer una nueva prestación de carácter no contributivo, en la que los límites que permiten no acceder a esa protección sean superados de esa forma. Es una buena respuesta ante el problema que existe, pero nosotros estamos convencidos de que, si queremos ir más allá, ser más eficaces y, sobre todo, si queremos que nuestro sistema de protección
social empiece a poner el acento en niños y en jóvenes, necesitamos que la pensión de orfandad supere esa lógica contributiva. Que por el solo hecho de ser un niño o un joven que se queda sin uno o sus dos progenitores, con independencia de las causas que expliquen el fallecimiento de estos, con independencia de la situación en materia de Seguridad Social de sus padres, le garanticemos una protección suficiente para su crianza y suficiente para su proceso de emancipación. Eso exige una reforma en mayor profundidad de la pensión de orfandad, que no podemos resolver en el trámite de esta proposición no de ley que estamos hoy tramitando, y seguramente tampoco la podemos resolver -con el portavoz del Grupo Vasco discutíamos de eso hace unos días en la ponencia- en un proyecto de ley que está tramitándose en esta Comisión de Trabajo, que establece una mayor cobertura de la pensión de orfandad en los supuestos de los niños víctimas de género, en un debate complejo que tuvimos hace unos días. Nuestro grupo entiende que, más allá de estas medidas que tomamos, que amplían el nivel de protección social de la pensión de orfandad, necesitamos un debate a fondo que garantice que la pensión de orfandad sea una prestación de carácter universal que llegue a todos los huérfanos, y con una cuantía suficiente que permita su crianza y su proceso de emancipación.
Yo agradezco al señor Camps que, con su estilo habitual, ha buscado el consenso y ha aceptado nuestra enmienda, lo que va a permitir, yo creo, que la mayoría de la Cámara hoy lance ese doble mensaje de una prestación de carácter no contributivo en cumplimiento del Pacto de Toledo, pero con una ambición superior, una revisión global de la pensión de orfandad.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, la señora Ramón, por cinco minutos.
La señora RAMÓN UTRABO: Gracias, presidente. La vigente prestación de orfandad de la Seguridad Social está establecida para los hijos o hijas, cualquiera que sea la naturaleza legal de su filiación, de las personas integradas en el sistema de la Seguridad Social afiliadas y en alta o en situación asimilada a la de alta. Esta prestación, al estar limitada al ámbito contributivo de la Seguridad Social, no da una cobertura total a la orfandad, quedando incluso excluidas las personas con escasos recursos propios o familiares.
Al igual que ocurre en el caso de las prestaciones de jubilación y de invalidez que están contempladas en ambos niveles, contributivo y no contributivo, compartimos que también exista una prestación no contributiva en materia de orfandad. Efectivamente, no existe protección por parte del sistema de la Seguridad Social para aquellas personas huérfanas que no pueden acceder a la pensión de orfandad contributiva, que es la única modalidad que actualmente existe para esta prestación, siendo su desprotección en particular evidente cuando se trata de huérfanos absolutos.
Mi grupo, el Grupo Socialista, está muy sensibilizado con esta materia y, de hecho, hemos presentado una proposición de ley de mejora de la pensión de orfandad de los hijos e hijas de víctimas de violencia de género, proposición de ley que se está tramitando en la actualidad. Lo que pretendemos es garantizar a todos los menores huérfanos de esta violencia criminal el derecho efectivo a una pensión de orfandad con una cuantía suficiente, atendiendo al mandato constitucional recogido en los artículos 39 y 41 de la Constitución. Una pensión contributiva, en este caso, inserta dentro de nuestro sistema público de pensiones. Pero la realidad es que son muchos otros menores los que también están expuestos al sufrimiento de orfandad, y encima, si carecen de recursos, afectará más aún esta situación a su desarrollo emocional y necesitan ayuda para su recuperación. Debemos asumir nuestras responsabilidades y no dejarlos en una indefensión absoluta, debemos primar el interés del menor y avanzar así en el sistema de protección.
Por ello, estamos de acuerdo y compartimos esta iniciativa. No obstante, antes de adoptar la decisión de incluir una nueva prestación no contributiva de orfandad en el sistema y modificar a ese objetivo el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, sería necesario disponer de un estudio acerca de cuál es la situación en nuestro país de la protección social pública de los huérfanos ajena a la Seguridad Social. Esto es, las que aportan las propias comunidades autónomas o corporaciones locales en el ejercicio de sus competencias, tanto en lo que se refiere a las prestaciones económicas a favor del huérfano o de quienes lo acogen, como en lo que atañe a centros de acogida, fomento de la adopción, etcétera. Este estudio indicaría si las medidas de protección social, actualmente establecidas al margen de la Seguridad Social, son suficientes para el cuidado y atención del huérfano o de la huérfana, y de no ser así, cómo podrían mejorarse dentro de las competencias autonómicas y locales y, en cualquier caso, si es necesario o conveniente, que seguro que lo será, establecer una pensión de orfandad no contributiva
y cuáles deberían ser las características, lo cual, lógicamente, podría obligar a replantearse la actual pensión contributiva.
Está claro que la participación del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social en este estudio sería imprescindible. En el caso de que a la vista del indicado estudio se considerase necesario establecer la nueva prestación no contributiva de orfandad, desde la perspectiva de la Seguridad Social habría que comprobar el número de huérfanos que se encuentran sin protección del sistema y qué previsiones hay de futuro al respecto.
Por esto, en esa línea, mi grupo, el Grupo Socialista, ha planteado enmiendas, y estamos ahora mismo en vía de hacer una transaccional con el resto de los grupos que han planteado enmiendas para contemplar esta propuesta de estudio y, evidentemente, la coherencia entre los requisitos que se exijan para, en su caso, implantar este sistema de pensión no contributiva en materia de orfandad y el resto de las pensiones no contributivas que actualmente existen en nuestro país.
A continuación, el resto de los grupos que no han presentado enmiendas tienen la palabra por un tiempo de tres minutos. Por el Grupo Parlamentario Vasco, señor Barandiarán.
El señor BARANDIARÁN BENITO: Muy brevemente. Ya comentaba el señor Campuzano una breve conversación al hilo de la existencia de una ponencia para huérfanos de víctimas de violencia de género, en la que ya se había anticipado, de alguna manera, este debate y, efectivamente, es una posibilidad respecto de la que, tanto en aquella proposición legislativa como fuera de ella, a través del estudio que proponen también las enmiendas del Grupo Socialista como las del propio proponente de la proposición no de ley del Grupo Popular, el señor Camps, se puede tener en cuenta. Es un fenómeno al que se supone que todos teníamos que haber prestado atención antes, pero que, seguramente, aunque con cierto retraso, lo pretendemos hacer.
En los términos en los que se ha planteado, solo puedo manifestar mi apoyo a la proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, tiene la palabra el señor Del Campo por tres minutos.
El señor DEL CAMPO ESTAÚN: Intervendré también muy brevemente, porque los motivos de fondo, después de haber escuchado a los portavoces del Grupo Popular, del PSOE, PNV y Grupo Mixto, ya están dichos.
Me referiré un poco a los motivos de forma. Nosotros vamos a votar a favor ya que el Pacto de Toledo, en su recomendación número 15, ya prevé la posibilidad de establecer un mecanismo de protección a los huérfanos que tenga carácter no contributivo. Lo único que, respecto a la forma, nosotros También participamos en la ponencia de esta proposición de ley sobre la pensión de orfandad de las hijas e hijos víctimas de la violencia de género, y ya defendimos nuestra postura que era trasladar lo que hoy se propone aquí a través de PNL a esta proposición de ley; es decir, abrir más el mecanismo teniendo en cuenta que, al final, el objetivo debe que ser proteger a quien lo necesita, independientemente de la circunstancia que se dé en el mecanismo de protección. Al final, aquí, de fondo, lo que subyace es crear una prestación para quien no tiene los periodos de cotización suficientes o no se encuentra en una situación asimilada al alta, y, por tanto, se pueda proteger dicha situación.
Nosotros seríamos partidarios de continuar con este debate en esta proposición de ley, ampliar el debate a la creación de una prestación no contributiva, sobre todo, por motivos de celeridad y de eficacia en la función legislativa.
El señor PRESIDENTE: Finalmente, por el Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea la señora Franco.
La señora FRANCO CARMONA: Mi grupo va a votar a favor de esta proposición no de ley, especialmente después de la incorporación de la enmienda del PDeCAT, de Carles Campuzano, por una cuestión muy básica; en primer lugar, creemos que hay que proteger a los hijos e hijas que quedan
huérfanos, y, en segundo lugar, creemos que el hecho causante tiene que ser, precisamente, el que dé lugar a la prestación, sin la necesidad de meter ningún otro requisito.
Hay una cuestión que, a mí, sinceramente, me da rabia. En primer término, vamos a votar a favor de esta iniciativa, pero, en segundo, nos gustaría dejar claro que a mi grupo lo que más rabia le puede dar es que se juegue con las necesidades de la gente y, sobre todo, de los niños y niñas que quedan huérfanos, igual que de las familias monoparentales, por cuestiones de oportunismo político. Ha dicho el señor Camps, portavoz del Grupo Popular, que no se ha hecho anteriormente, aunque las recomendaciones eran de 2011, porque en 2011 estábamos en la crisis y ahora estamos en la recuperación. Me gustaría recordarle al señor Camps que salieron del Gobierno hace solo cuatro meses y que lo podían hecho anteriormente si tanto les importaba esta iniciativa.
Vamos a votar a favor por ciertas cuestiones muy concretas. La pobreza infantil en nuestro país, está en el 29,6 %, de los menores de 18 años, y es la más alta de la Unión Europea después de Rumanía, porque la mayoría de las familias monoparentales están encabezadas por mujeres, es decir, son familias monomarentales y más de la mitad de estas son pobres. La pobreza afecta principalmente a las mujeres con hijo a cargo, a las mujeres con familia monomarental. Además vamos a votar a favor porque las mujeres pensionistas, a día de hoy en nuestro país, cobran 450 euros de media al mes menos que los hombres, por tanto, también necesitan los hijos e hijas que se encuentran en situación de orfandad que esta iniciativa se ponga en marcha.
Me gustaría hacer algunas aclaraciones. Primera. El Gobierno del Partido Popular, además de que podía haber hecho esto anteriormente, hasta hace cuatro meses, vetó junto con el Grupo Ciudadanos nuestra ley de prestación por hijo a cargo que lo que intentaba era hacer pasar de 24 a 100 euros al mes la prestación por hijo a cargo. Sin embargo, el Gobierno del Partido Popular lo vetó, en esos momentos no le parecía tan importante. Además, el Partido Popular, mientras estaba en el Gobierno, empobreció a los pensionistas con el factor odiado de sostenibilidad, y, además, ha bloqueado una vez tras otra negándole a los pensionistas la revalorización de las pensiones respecto al IPC, por tanto, a lo mejor, el Partido Popular se tiene que hacer ver esto.
En último lugar, me gustaría hacer una breve reseña sobre lo que se ha comentado aquí. No lo pensaba hacer porque no es, desde mi punto de vista, fruto de este tema específicamente, pero sí me gustaría hacer una última consideración. Se ha hablado de la proposición de ley sobre la prestación de orfandad para los hijos e hijas de las víctimas de violencia machista. Yo no creo que sea lo mismo. No creo, en absoluto, que sea lo mismo; esto ya lo expliqué en su momento en la ponencia y es por una cuestión fundamental: los hijos e hijas de las víctimas por violencia machista, es decir, de las mujeres asesinadas por la violencia machista en este país están doblemente desprotegidos, y, por tanto, se merecen más protección. Por eso creo que no es exactamente lo mismo y que hay que tratar con mucha delicadeza tanto una cuestión como la otra por separado, eso sí, teniendo en cuenta que lo principal es proteger a los hijos y a las hijas víctimas de orfandad, bien sea por orfandad de cualquier cuestión o de orfandad por las víctimas de violencia machista, que ya digo que es especialmente importante y especialmente doloroso.
Vamos a proceder a la votación en el orden inicial, no en el que se ha modificado como consecuencia de la alteración que solicitó el Grupo Popular.
En primer lugar, proposición no de ley sobre la evaluación y reforma del régimen laboral de las empleadas del hogar, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. Se somete a votación con la incorporación de la enmienda del Grupo Mixto.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 8; abstenciones, 10.
En segundo lugar, proposición no de ley sobre la adopción de medidas dirigidas a controlar las retribuciones salariales y percepciones extrasalariales abonadas sin consignarse en la nómina, así como garantizar el abono al trabajador de todas las cuantías que le sean adeudadas, evitando la vulneración del derecho a la percepción del salario por el trabajador por la mera firma de la nómina o del finiquito, del
Grupo Parlamentario Socialista. Se vota en los términos del texto transaccional que ha sido distribuido entre los distintos grupos.
En tercer lugar, proposición no de ley sobre el impago de las pensiones a los venezolanos residentes en España y a pensionistas emigrantes retornados españoles, del Grupo Parlamentario Mixto. Se vota en los términos de la transaccional que ha sido distribuida entre los distintos grupos.
En cuarto lugar, proposición no de ley relativa a dignificar las pensiones de aquellos jubilados anticipados con largas carreras de cotización, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. Se vota en sus términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 14; abstenciones 5.
En quinto lugar, proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a crear una pensión de orfandad no contributiva, del Grupo Parlamentario Popular. Se vota en los términos de la transaccional que ha sido explicada por el señor Camps in voce.
En sexto lugar, proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a comunicar y difundir el Plan estatal de formación de trabajadores en competencias digitales y a realizar un seguimiento de la eficacia y cumplimiento del mismo, del Grupo Parlamentario Popular. Se vota en sus propios términos.
En séptimo lugar, proposición no de ley sobre condiciones de vida y trabajo de las aparadoras del calzado, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-en Comú Podem-en Marea. Se vota en los términos de la transaccional que ha sido distribuida entre los distintos grupos.