Source: http://www.slideshare.net/politikomico/1-entre-mitines-consultas-y-refrendos-ciudadanos-manriquez-1er-lug-essay-nal-transparncy-12764691
Timestamp: 2016-06-30 02:40:02
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Entre mitines consultas y refrendos ciudadanos. Responsabilización ci…
Entre mitines consultas y refrendos ciudadanos. Responsabilización civica como motor democrático d transparencia en la toma de decisiones Manriquez 1er lugar Ensayo Nacional
by Pedro Galindo Lopez
Premio de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública, (COMAIP). Ganador del Primer Certamen Nacional “Universitarios por la transparencia”. Ensayo: “Entre mítines, consultas, y refrendos ciudadanos. La responsabilización cívica como motor democrático de transparencia en la toma de decisiones.”. México. 30 de Octubre de 2011. Ensayo ganador del 1er lugar Nacional. Omar Manríquez de la UACM.
s por la Transpa ido renUn cia ANUIES Al servicio y fortalecimiento de la educación superior
Prólogo 3I.	Primer lugar 5 Entre mítines, consultas, y refrendos ciudadanos. La responsabilización cívica como motor democrático de transparencia en la toma de decisiones.II.	Segundo lugar 72 La privacidad en la era de la transparencia. Logros y desafíos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares. decisiones.III.	Tercer lugar 104 Un pasado oscuro, los esfuerzos en un presente opaco y la educación para construir un futuro transparente Educación, Transparencia y Acceso a la Información
La Conferencia Mexicana para el Acceso a la InformaciónPública (COMAIP), la Asociación Nacional de Universidades eInstituciones de Educación Superior (ANUIES), la BeneméritaUniversidad Autónoma de Puebla (BUAP) y la UniversidadAutónoma de Yucatán (UADY) convocaron al 1er ConcursoNacional de Ensayo “Universitarios Construyendo Transparencia”con el objetivo de promover el conocimiento y la investigacióndentro de la comunidad universitaria de nivel licenciatura entemas relacionados con el derecho de acceso a la informaciónpública, la protección de datos personales y la rendición decuentas en nuestro país. Este certamen recibió un total de 105 trabajos provenientes dediversas entidades de la República, de los cuales 7 ensayos fueronlos finalistas dadas sus destacadas aportaciones y análisis al temade acceso a la información y protección de datos personales en elcontexto nacional. Agradecemos especialmente a los integrantes del JuradoCalificador: el Lic. Roberto Rock L., Director Editorial de ElUniversal; la Dra. Lourdes Morales Canales, Profesora Asociadadel CIDE; y el Lic. Miguel Pulido Jiménez, Director Ejecutivo deFUNDAR, en calidad de especialistas externos, así como al Lic.Miguel Castillo Martínez, como Presidente de la COMAIP y delInstituto Estatal de Acceso a la Información Pública de Yucatán(INAIP), por su compromiso de coadyuvar en la promoción dederechos fundamentales y quienes hicieron posible desarrollareste trabajo.
Primer Concurso Nacional de Ensayo Nuestras más sinceras felicitaciones a los ganadores de los tres primeros lugares de este concurso: Omar Elí Manríquez Santiago (Milligan), con el trabajo “Entre mítines, consultas y refrendos ciudadanos. La responsabilización cívica como motor democrático de transparencia en la toma de decisiones” de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM); Selene López Sánchez, con el trabajo “La privacidad en la era de la transparencia” de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL); y Florencia Deyanira Pech Cárdenas (Nikte), con el trabajo “Un pasado oscuro, los esfuerzos en un presente opaco y la educación para construir un futuro transparente”, de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY). No dejamos de lado nuestro reconocimiento a la labor por parte Oscar Ruíz Tovar (Augusto Pérez) y de Adán Eduardo Pedraza Moreno (Mandrake) como finalistas de este certamen. Estos trabajos son acreedores a la mención honorífica que otorgará el Comité Organizador dada la calidad de sus trabajos ensayísticos. Por último, agradecemos a los órganos garantes de transparencia de todo el país y al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, y particularmente a la Comisión para el Acceso a la Información Pública de Puebla y al Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública de Yucatán, dada la oportuna y eficiente difusión que hicieron tanto de este certamen como del 2º Concurso Nacional de Spot de Radio en Materia de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, ya que fueron los órganos garantes que aportaron más trabajos a estos proyectos. LIC. AGUSTÍN MILLÁN GÓMEZ Comisionado Ciudadano del InfoDF y Coordinador de Comunicación Social de la COMAIP4
Primer lugar 1Entre mítines, consultas,y refrendos ciudadanos.La responsabilización cívica como motordemocrático de transparencia en la tomade decisiones. Omar Elí Manríquez “Julian Milligan”ÍndiceResumen ejecutivo 7Introducción 12I.	Democracia y transparencia 12II.	Participación ciudadana y rendición de cuentas en democracia 17 a. Participación cívica como motor democrático y de transparencia 19III.	Responsabilización cívica y rendición democrática de cuentas 20IV.	Complicaciones alrededor del proceso decisorioy la participación ciudadana. Racionalidad limitada y asimetrías de información 26
Omar Elí Manríquez Santiago - “Julian Milligan” a. La complejidad: Informatividad y exigibilidad 28 b. Problemas en el proceso de toma de decisiones 31 V.	Participación ciudadana, el marco normativo 35 VI.	La experiencia del Distrito Federal 41 a. Desarrollo del marco normativo de participación cívica en el D.F. 43 VII.	La consulta sobre la reforma energética del 2008 44 VIII.	La articulación de la sinergia cívica como factor político, en torno a la reforma energética 51 Conclusiones 53 a. Ventajas 55 b. Riesgos 57 c. Oportunidades 58 d. Propuestas 59 Bibliografía 61 Normatividad 68 Otras fuentes 69 Anexos 706
Primer Concurso Nacional de EnsayoResumen ejecutivo En el presente ensayo se analiza la complejidad que tiene elejercicio gubernamental y la toma de decisiones bajo principios La responsabilización cívica como motor democrático de transparencia en la toma de decisiones.democráticos; y con una mayor transparencia. A partir de lo cual,se demuestra con evidencias y argumentos que la participaciónde los ciudadanos bajo distintas modalidades en dichas funcionesde gobierno incide y mejora el proceso en la lógica de aquellosparámetros de análisis. La exposición de argumentos parte delrazonamiento de que la democracia como forma de gobiernointegra un conjunto de condiciones que garantizan derechos Entre mítines, consultas, y refrendos ciudadanos.fundamentales a los ciudadanos.1 En este sentido, diversos autoreshan recalcado que en la concepción de democracia está implícitala dotación de capacidades y facultades a los ciudadanos paraejercer y exigir la representación política responsable. A través de laadecuación de procedimientos que lo permitan. Ello consiente unsano equilibrio del sistema político debido a la continua inversióndel poder, acotado por derechos de las minorías y configurado porla soberanía popular. Por lo tanto, el trabajo parte de la premisa de que un régimendemocrático se interpreta como el ejercicio de la soberanía populardotada del conjunto de derechos que configuran la ciudadanía, através de las instituciones garantes del acceso a la configuracióndel poder público. Al respecto, existe una tensión entre gobernar y representar,con lo cual surge un dilema. En torno a dicha complicación en estetrabajo se diserta respecto a dicha dicotomía y la validez de suspremisas. En este sentido, este trabajo plantea que la intervenciónde los ciudadanos en los procesos de toma de decisiones mejora1 En este tenor, la ciudadanía está integrada por un conjunto de derechos, quegarantizan la racionalidad de la democracia; políticos, civiles y sociales, segúnla clasificación de Marshall. 7
Omar Elí Manríquez Santiago - “Julian Milligan” el desempeño de los procesos políticos, la transparencia y rendición de cuentas de la función pública; y fomenta a la vez las prácticas democráticas en el desarrollo institucional. Dicha disertación aquí planteada, concibe la acción cívica como motor democrático y la funcionalidad de la gestión pública en la toma de decisiones. Ambos fenómenos son cruzados por la rendición de cuentas. Ante este razonamiento surgen varias cuestiones respecto al tipo de relación que guardan la acción social y la función pública. Para plantear argumentos y esbozar propuestas ante estos razonamientos, se estudia la complejidad de las interacciones entre ciudadanos y entes públicos, que surgen durante los procesos de toma de decisiones relevantes. En la que la acción estratégica de los ciudadanos y sus colectivos –sean estos, movimientos sociales, organizaciones de la sociedad civil, asociaciones, prensa y demás grupos sociales– permiten crear condiciones de exigibilidad para la transparencia en la toma de decisiones y la función pública responsable con el interés general. Este proceso contemporáneo de exigibilidad de transparencia y rendición de cuentas tiene sus fundamentos históricos en la enérgica participación de los ciudadanos. La cual se ha vinculado a lo largo de la historia reciente para impulsar los procesos de democratización y que actualmente ha sido coronada con la jerarquización constitucional de los derechos; entre ellos el de la información. Este proceso social e histórico, hoy ocurre a través de las diversas dinámicas y sinergias entre los colectivos de la sociedad civil. A través de la demanda y retroalimentación de los insumos para la información útil al escrutinio público; el refuerzo de los mecanismos de sanción intragubernamental y cívica; la producción social de entornos adecuados para la accesibilidad a dicha información; y la deliberatividad de los tópicos relevantes de la toma de decisiones. En esta complejidad, emergen una gama de problemas que es vital identificar si deseamos ampliar las fronteras de las políticas de8
Primer Concurso Nacional de Ensayotransparencia y acceso a la información pública. Esto, para localizarlos obstáculos a esta labor democratizadora y ubicar las guaridasen donde cobran una cuota abusiva las facultades discrecionales.En ello, está “en juego” la capacidad de regulación mutua entre La responsabilización cívica como motor democrático de transparencia en la toma de decisiones.sociedad y gobierno; la cual está determinada por la publicidadde los actos de Estado y su margen de acción discrecional.2 Enotras palabras, la lógica de la rendición de cuentas democrática;cuya perspectiva sistémica, tiene un marcado carácter cívico-político, al contenerse dentro de un sistema político que tieneque integrar proactivamente la sinergia de los ciudadanos en laconformación conjunta de incentivos formales e informales para Entre mítines, consultas, y refrendos ciudadanos.la asignación de responsabilidad con transparencia. La diferenciacon la concepción mínima o funcional de rendición de cuentasradica en que ésta se ha reducido a los protocolos gerencialesde transparencia, siendo un instrumento organizacional queratifica legalmente responsabilidades, aislado de la propia lógicade conflictividad y politicidad de la relación entre gobernadosy funcionarios públicos.3 Mientras que la rendición de cuentasdemocrática más que un instrumento es una lógica deorganización de un sistema político que busca la consolidaciónde las instituciones democráticas a través de la ampliaciónparticipativa del demos en la integración de las mismas. En estesentido, la rendición de cuentas en democracia, se distingue deotros ejercicios de regulación y sanción practicados fuera de lasdemocracias liberales.2 Siguiendo la definición de “enjeu” de Touraine (2006), sobre la relaciónconflictual entre el movimiento social y su adversario en el poder institucional,que define la historicidad de la sociedad.3 Que en ocasiones se emplea para la obtención o la construcción delegitimidad de sus propias acciones o decisiones; y que se sustenta en laeficacia y certidumbre para la ejecución de las mismas. Se debe subrayar quedichos protocolos y legalidad pueden subsistir en las cadenas de mando deregímenes autoritarios, por lo que esta “transparencia” y “rendición de cuentas”son instrumentales. 9
Omar Elí Manríquez Santiago - “Julian Milligan” Por ello, es vital la intervención de los ciudadanos en la toma de decisiones transcendentales que afectarán las condiciones de ejercicio de otros derechos de ciudadanía. En consecuencia, la producción social de ciudadanía requiere del continuo fortalecimiento de los derechos fundamentales de libertad de expresión, asociación, e información; los derechos políticos de participación en la toma de decisiones y de autogobierno. El documento presenta un nuevo vocabulario para referir y operacionalizar conceptos teóricos que reflejen de mejor manera la realidad de los fenómenos de rendición de cuentas: responsabilización cívica, opacidad porosa, refrendabilidad e informatividad. Los cuales proporcionan un enfoque y una propuesta que busca fortalecer el análisis de la transparencia y rendición de cuentas en la función pública bajo una perspectiva democrática, política y sistémica. En virtud de que poco se ha abonado al diseño de soluciones que conjunten la sinergia social e institucional en la función pública con la debida refrendabilidad de los ciudadanos. Que además, no sean presas de los vicios del comportamiento individualista o predeterminado por este, y que generen resultados y nuevas sinergias positivas a la rendición de cuentas democrática. En nuestra investigación es toral el contraste de la dinámica de la participación cívica y su interacción con el marco normativo vigente durante la coyuntura de la reforma petrolera o energética de 2008 en México. De ello se recogen las experiencias que a nivel local y nacional demuestran las sinergias articuladas a un mejor desempeño institucional. En este sentido, hacemos una comparación de los mecanismos de democracia directa para la participación ciudadana y de las prácticas y aplicación de los mismos en el Distrito Federal, y en el caso que aplica para el nivel federal. Se destaca el desarrollo vanguardista de la legislación capitalina, pero también sus debilidades y distorsiones.10
Primer Concurso Nacional de Ensayo Ocupan un lugar primordial en la investigación, el análisishistórico y sociológico de los procesos ciudadanos en lademocratización institucional, a la vez que se presentanperspectivas para su desarrollo en su aplicación. La responsabilización cívica como motor democrático de transparencia en la toma de decisiones. En congruencia con nuestro argumento, el estudio descubrecómo es que la consulta ciudadana usada como dispositivo dedemocracia directa, ha sido útilmente empleado por el gobiernolocal y de cierta manera, por el gobierno federal. El cual, se haconvertido en un mecanismo de articulación entre la sinergiacívica y los presupuestos de legitimidad de la toma de decisiones. Entre mítines, consultas, y refrendos ciudadanos. Destacan en nuestra argumentación, las insuficiencias delmarco normativo en materia de participación ciudadana, o suuso oportuno e instrumental –a la vez– en el proceso de reformapetrolera de 2008, o en los procesos decisorios del gobiernocapitalino. Al respecto, encontramos que la consulta sobre lareforma energética fue un factor político significativo durantela coyuntura en torno al proceso de legislación de la reformapetrolera de 2008. Puesto que en este proceso, el inusual refrendocívico articuló sinergias y mecanismos cívicos de vigilancia ysanción desde la enérgica acción popular. Tal refrendación cívica,enfrentó con éxito el ejercicio opaco y discrecional con el que seconducía inicialmente la legislación de la reforma. Pero además, lo que el estudio encuentra en torno a laimplementación sistémica de las estrategias y la acción cívicaspermite sustentar que la responsabilización cívica es un motordemocrático para reconfigurar los procedimientos de toma dedecisiones, integrando un valioso elemento de transparencia yrendición de cuentas en democracia. 11
Omar Elí Manríquez Santiago - “Julian Milligan” Introducción I.	Democracia y transparencia En el presente trabajo se realiza una argumentación entorno a la complejidad que tienen los procesos gubernamental decisorios La democracia representativa es en la actualidad, una forma positiva del gobierno democrático; por ello, para abordar los problemas complejos que concurren en su diseño y operación –en medio de las recurrentes crisis económicas y los recientes cambios tecnológicos– es necesario distinguir las atribuciones esenciales que la distinguen de otras formas de gobierno no democráticas con el objetivo de fortalecer la democratización del gobierno y prevenir al menos las crisis políticas. Para empezar, se debe recordar que una democracia se constituye solamente a través de un conjunto de condiciones que deben de garantizar el ejercicio de la soberanía popular en los procesos de toma de decisiones; la protección de una amplia gama de derechos a los ciudadanos en condiciones de equidad; y el balance en el sistema político que evite el abuso de los poderes. Sean estos constituidos o fácticos. En este sentido, Norberto Bobbio (1984:53) señaló que la democracia es el “conjunto de reglas procesales para la toma de decisiones colectivas en el que está propiciada la más amplia participación posible de los interesados”. Ello, permite el ejercicio de la soberanía popular, acotada por los derechos de las minorías (Sartori, 1988). Ferrajioli (1999:50-52) añade, desde una perspectiva de derechos, que la democracia sustancial se compone por el orden jurídico que tiene la capacidad de garantizar activamente los derechos fundamentales de los ciudadanos. En consecuencia, la democracia representativa, es el régimen de gobierno en el que la soberanía popular está dotada12
Primer Concurso Nacional de Ensayode un conjunto de derechos fundamentales de ciudadanía;4 y quetambién está facultada para el acceso universal y equitativo a laconfiguración del poder público por mediación de las institucionesgarantes. En México, bajo esta lógica del principio democrático, La responsabilización cívica como motor democrático de transparencia en la toma de decisiones.nuestra forma de gobierno se constituyó como una RepublicaRepresentativa, Democrática, y Federal.5 En donde se presumedebieran existir condiciones que den facultad a los ciudadanospara configurar la toma de decisiones de su gobierno. Facultadque es ser ejercida por medio de los poderes de la Unión.6 En estesentido, nuestros entes de gobierno deben de actuar respetandoel principio democrático y el de soberanía popular.7 De manera que Entre mítines, consultas, y refrendos ciudadanos.deben conducirse con responsabilidad, definida como la propiaregulación de la conducta al prever los límites que sustentan dicharelación política democrática.8 Otra atribución que hoy distinguecon énfasis a la democracia, es la máxima publicidad de los actosdel gobierno, entendida así como transparencia. Debido a que4 Que resultan ser particulares para cierto régimen político como efecto de lasluchas de los actores que les van conquistando y del lienzo histórico, cultural,político, e identitario.5 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Titulo SegundoCapitulo I de la Soberanía Nacional y de la forma de gobierno. Artículo 40.6 Articulo 39. La soberanía nacional reside esencial y originariamente en elpueblo. Todo poder público dimana del pueblo [quien] tiene en todo tiempo elinalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Articulo 41.El pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión. Léase,Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.7 Un ejercicio débil de tales derechos de los ciudadanos o su anulación,desvanece la legitimidad de la democracia por el descontento de sus integrantes,los cuales sustentan al régimen. Léase PNUD (2011:42).8 En este sentido, Fornero (2004:922-923) define a la responsabilidad como“la posibilidad de prever los efectos del propio comportamiento y corregirlocon base en tal previsión; puesto que en efecto, la noción de responsabilidadpolítica se basa en la noción de elección y ésta es esencial al concepto de lalibertad limitada. El recalca que el primer significado del término fue político, enexpresiones tales como “gobierno responsable” o “responsabilidad de gobierno”que expresaban el carácter por el cual el gobierno obraba bajo el control de losciudadanos. 13
Omar Elí Manríquez Santiago - “Julian Milligan” la publicidad y transparencia son más usuales en las sociedades modernas; ello, como consecuencia lógica del desarrollo de los derechos y la mejora de ciertas condiciones de bienestar en los sistemas políticos liberales; además del vertiginoso incremento de los flujos de información, que hoy día, condicionan nuestros procesos cognitivos y su expresión conductual. Cambios que también deben situarse en un contexto de modernización tecnológica del ejercicio burocrático. Sin embargo, en la actuación gubernativa la discrecionalidad suele ser recursiva en la labor ejecutiva que requiere de ciertos márgenes para su funcionalidad. Debemos subrayar además que la calidad de los procesos de información junto con dicha discrecionalidad condicionan el desarrollo de estos fenómenos. Asimismo, en el plano de las interacciones entre la función pública y la participación ciudadana en los procesos decisorios, notamos que el problema es más evidente en la conducción de dicho proceso; en la gestión de la información pública dispuesta antes de las decisiones; y en la asignación de responsabilidades a la acción de gobierno. Por ello, la democracia analizada como un sistema de gobierno resulta bastante compleja. Puesto que debe de mantener un equilibrio entre la funcionalidad del poder de decisión y ejecución de los entes gobernantes y la construcción de mecanismos de acceso a la toma de decisiones que garanticen a los ciudadanos la capacidad de influir en dicha función ejecutiva. Por lo tanto, el gobierno representativo enfrenta un conflicto cuando hace uso de la discrecionalidad estando obligado a ser transparente ante el requerimiento de publicidad de sus actos. En este conflicto entre gobernar con transparencia y representar a la soberanía popular radica gran parte de la complejidad del diseño institucional. Puesto que existe una evidente tensión entre el ejercicio de los derechos de los ciudadanos; la ejecución de la función de gobierno; y el conducir14
Primer Concurso Nacional de Ensayodicho proceso con responsabilidad y publicidad al mismo tiempo.El cual, se podría pensar que se complica aún más cuando a lavez deseamos dar transparencia al funcionamiento de dichosdispositivos. Por lo que cabe preguntar: ¿por qué y cómo articular La responsabilización cívica como motor democrático de transparencia en la toma de decisiones.la participación cívica como motor de transparencia en la toma dedecisiones? Nuestro argumento postula que cierta participación objetivaayuda a la higiene del procesamiento de las corrientes de opiniónpública; a la gestión ciudadana e institucional de la informaciónpública; a la mejora de las políticas de transparencia y además funge Entre mítines, consultas, y refrendos ciudadanos.como contrapeso político frente al abuso de la discrecionalidaden la toma de decisiones. Por ello, deben de articularse lamovilización y las sinergias ciudadanas con los procesos decisoriosgubernamentales por medio del establecimiento de mecanismosque intensifiquen la interacción entre estos entes y actores queasí impulsarán la transparencia a través de la gestión activa de lainformación que se dispone a la sociedad, la deliberación públicay sanción conjuntas entre sociedad y gobierno. En consecuencia, en este trabajo marcaremos las característicasque existen en torno al diseño y la práctica del marco normativoque regulan la participación cívica en los procesos de toma dedecisiones. Para tal propósito habremos de hacer una breverevisión de algunos recientes procesos de toma de decisionesen contraste con aquel marco y a la luz de la rendición decuentas democrática.9 Esto tiene como objetivo comprender la9 Manríquez (2011:84-121), ha argumentado que la rendición de cuentasdemocrática tiene un carácter holístico, por contenerse dentro de un sistemapolítico que tiene que integrar proactivamente la sinergia de los ciudadanos enla conformación conjunta de incentivos formales e informales para la asignaciónde responsabilidad y representación política responsable con el interés público,y con la dotación de poder que ello implica. La diferencia con la concepciónmínima o funcional de rendición de cuentas radica en que ésta se ha reducidoa los protocolos gerenciales de transparencia, que siendo un instrumento 15
Omar Elí Manríquez Santiago - “Julian Milligan” complejidad del fenómeno y entonces proponer una forma de canalizar dicha participación cívica en los procesos decisorios – esto además, sin instrumentar tal intervención–. Por este motivo, nuestra indagación busca reconocer los elementos y relaciones útiles en la participación ciudadana que además mejoran la gestión de información pública, la asignación de responsabilidades y que así abonan a la transparencia y a la optimización del proceso decisorio del gobierno democrático. Lo cual es de suma relevancia en virtud de que en los actuales mecanismos institucionales no se establecen vínculos con la lógica informal y autónoma de la acción colectiva, ni con la sinergia ciudadana en funciones de información, vigilancia y sanción del ejercicio del poder; desaprovechando así la energía de aquel capital social de suma importancia para la rendición de cuentas. En la aventura de este viaje, el lector descubrirá léxicos de valoración y conceptos tales como: responsabilización cívica, informatividad, opacidad porosa y refrendabilidad; que podrá encontrar muy útiles para la interpretación del problema que surge entre el impulso cívico a la transparencia y la asignación de responsabilidad política, frente a la discrecionalidad operativa de los funcionarios públicos. Para el lector experto, estos nuevos vocablos tal vez puedan transgredir sus marcos conceptuales de referencia, pero bien vale la pena utilizar estas herramientas analíticas que han sido muy útiles en la búsqueda de referentes empíricos conceptualizables y operacionales en la valoración de los complejos fenómenos aquí descritos de manera sencilla. Al final de esta exposición, se proporcionará una propuesta en organizacional de ratificación legal de responsabilidades, está aislado de la propia lógica de conflictividad y politicidad de la relación entre ciudadanos y gobierno. Él subraya que dichos protocolos y legalidad pueden subsistir en las cadenas de mando de regímenes autoritarios, por lo que esta “transparencia” y “rendición de cuentas” son instrumentales y no adecuadas para distinguir, diseñar y progresar instituciones democráticas sólidas.16
Primer Concurso Nacional de Ensayodonde se van a esbozar los ejes para el diseño de dispositivosinstitucionales que faciliten dicha relación y den sustento a latransparencia y la rendición democrática de cuentas.10 La responsabilización cívica como motor democrático de transparencia en la toma de decisiones. II.	Participación ciudadana y rendición de cuentas en democracia Como ya se ha señalado, un ente de gobierno debe conducirsede manera responsable. Dicho comportamiento es responsablesi éste obedece a los principios que sustentan al régimendemocrático.	Pero además, este proceso debe realizarse con Entre mítines, consultas, y refrendos ciudadanos.la transparencia necesaria para que también sea legítimo ante laopinión pública –entendida como un mecanismo de sanción–. Eneste tenor, es pertinente señalar que la solidez de la democraciarepresentativa, de acuerdo al concepto de los teóricos de lademocracia fuerte, está indicada por la participación de susciudadanos en la deliberación en los actos de gobierno.11 Sinembargo, también existe un concepto de democracia minimista–postulado por Joseph Schumpeter–, en el cual, la participaciónde los ciudadanos se debe reducir al proceso electoral (Norris,2002:311). Es en torno a la definición de los límites de la acción ciudadanaen el ámbito de la toma de decisiones, donde se reúnen lastensiones entre la conceptualización de democracia fuerte yla de la democracia mínima. Tales fenómenos complejos sontotalmente cruzados por la teoría de la rendición de cuentas –accountability–;12 cuyo problema teórico resulta importante10 Fuera del contexto electoral.11 En ello coinciden diversos autores clásicos y contemporáneos como JamesMadison, John S. Mill, Robert Dahl, Benjamin Baber, David Held y John Dryzak.12 Vocablo en inglés sin traducción exacta que se ha traslado al español comorendición de cuentas. Los referentes de aquel término inglés, answerability yenforcement, tampoco tienen traducción exacta en español; en este sentido, elensayo contribuye a la construcción de un lenguaje propio de mayor utilidad en 17
Omar Elí Manríquez Santiago - “Julian Milligan” analizar. Puesto que debe de hallarse un sano equilibrio a la tensión que emerge cuando los procesos decisorios de gobierno –bajo un contexto social que demanda transparencia y rendición de cuentas– se enfrentan a la intervención de los diversos dispositivos de participación ciudadana activa e informal. Lo cual nos parece de la mayor importancia, en virtud de considerar que por lo regular son las acciones cívicas responsables las que determinan el desarrollo de la transparencia y el alcance de sus dispositivos, y en menor medida, en un sentido inverso. Esta perspectiva de la fenomenología obedece a la conceptualización de la rendición de cuentas como un sistema que procesa insumos o demandas sociales, para derivar productos o políticas públicas que permiten un equilibrio dinámico que sustenta la legitimidad y gobernabilidad democráticas con la responsabilidad política de la función pública. La cual es vital para distinguir estos fenómenos de otros dispositivos burocráticos legales o disciplinarios presentes en regímenes autoritarios; que pueden incluirse dentro de un concepto débil o ambiguo de rendición de cuentas (Manríquez, 2011:228). Recapitulando lo que se ha señalado hasta ahora, tenemos que un ente de gobierno toma una decisión con responsabilidad si ésta obedece a un proceso democrático y transparente que permita verificar que el mismo sea accesible (al grupo pertinente de ciudadanos al que afecte la decisión) y responsable con el interés general. Con base en la anterior premisa es necesario determinar hasta qué punto es deseable y práctica la participación ciudadana en los procesos decisorios; y también será importante establecer de qué manera dicha intervención mantiene una retroalimentación constante con la transparencia que fortalece el comportamiento responsable de los entes de gobierno. ciencia política y en el idioma español.18
Primer Concurso Nacional de Ensayo a.	Participación cívica como motor democrático y de transparencia Como se ha indicado antes, las complicaciones surgen cuando La responsabilización cívica como motor democrático de transparencia en la toma de decisiones.el desarrollo de la transparencia y de la rendición de cuentas quees impulsado con la directa participación de los ciudadanos en lasdecisiones y que rebasa a las instituciones que pretenden acotardicha intervención. Las dificultades derivan del incremento de lasinteracciones entre ciudadanos y entes gobernantes; que ademássurgen en medio de un marco normativo inacabado al respecto;y por los límites que dicha intervención impone al ejercicio Entre mítines, consultas, y refrendos ciudadanos.ejecutivo. Sin embargo, se debe reconocer que la participación cívicaes un motor democrático de las prácticas de transparencia ypor ende, de la rendición de cuentas. Basta mencionar algunosejemplos que actualmente caracterizan este proceso complejodel desarrollo de la transparencia y rendición de cuentas. Así porejemplo, tenemos que buena parte del desarrollo del derecho ala información se debió al empuje de organizaciones sociales entorno al grupo Oaxaca, que derivó en la materialización de la LeyFederal de Acceso a la Información Pública Gubernamental, en2002. También, la implementación de la política de publicidadde los padrones de beneficiarios de programas federales,antes impensable, hoy responde a las enérgicas demandassociales de combate a la corrupción por el uso discrecional dedichos programas.13 Misma situación ocurre en la exigencia13 Como referencia, el lector puede indagar sobre el caso de Procampo,respecto de las denuncias cívicas del subsidio que dicho programa a dadoa empresas y familiares de narcotraficantes, hechas por periodistas en elUniversal y por investigadores de FUNDAR. A.C. Después de lo cual se hallamado coloquialmente al programa “pro-narco”. Hay información disponibleen los siguientes sitios: http://www.eluniversal.com.mx/graficos/especial/EU_procampo/historico.html; http://www.eluniversal.com.mx/primera/33368.html; yhttp://www.subsidiosalcampo.org.mx/mexico/estados/sinaloa//top/PT/. 19
Omar Elí Manríquez Santiago - “Julian Milligan” de transparencia en el manejo de fideicomisos y fondos gubernamentales (Sandoval, 2009). Asimismo, la transparencia en las contrataciones gubernamentales ahora debe sujetarse a las demandas cívicas de máxima publicidad14 en la toma de decisiones y ejecución del gasto, así como a las mejores prácticas comerciales sobre publicación de contratos de gobierno, y en tanto que es un requisito para el financiamiento de instituciones supranacionales.15 Por ello señalamos que el desarrollo de las políticas de transparencia y rendición de cuentas no son graciosos obsequios del Estado, sino el resultado de luchas cívico democráticas. III.	Responsabilización cívica y rendición democrática de cuentas Es menester ahora describir brevemente la importancia que la participación ciudadana tiene en aquellos procesos y relaciones, bajo la teoría de la rendición de cuentas; para entender la relación fundamental que guardan la gestión de la información pública; el proceso decisorio; y las interacciones entre ciudadanos y entes públicos. Para iniciar el estudio, debemos definir brevemente lo que comprendemos bajo la categoría de participación ciudadana. Para algunos autores que defienden un concepto amplio de 14 Según esta mandatado en nuestra Constitución Política, en el artículo 6º. 15 Por ejemplo, hay una mayor exigencia de transparencia en la información de contrataciones que Petróleos Mexicanos –la mayor empresa paraestatal del Estado– pone a disposición del público; ello se debe por una parte a las demandas de información hechas por ciudadanos, académicos, expertos y periodistas; y por el otro, a la emisión de los Criterios que el Instituto Federal de Acceso a la Información ha emitido al respecto y que obedecen a dichas demandas. El lector puede consultar los Criterios: 017-10, 020-10, 026-10, y 028-10, para tener un mejor panorama de referencia. Los Criterios están disponibles en http://www.ifai.org.mx/criterios20
Primer Concurso Nacional de Ensayoparticipación, este fenómeno es dinámico y proactivo, dichoactivismo construye la ciudadanía. Mientras que dentro de laconcepción minimista de democracia predomina el prototipo departicipación tutelada, que considera al ciudadano un súbdito La responsabilización cívica como motor democrático de transparencia en la toma de decisiones.irracional, incompetente, manipulable, apático, e ignorante.Noción que se refuerza o legitima en nuestros días, según lossondeos de cultura política (Peschard, 2002). Sin embargo, aquí recuperaremos elementos vitales quepermiten que la acción cívica en las democracias operativas seincorpore al ejercicio de gobierno. En esa lógica, según Robert Entre mítines, consultas, y refrendos ciudadanos.Dahl (1991:21) se requieren de condiciones sine quan non, talescomo una variedad de fuentes de información y la presencia deinstituciones que avalen la expresión de las preferencias de losciudadanos para su inclusión en las políticas del gobierno –pormedio del voto y otros mecanismos distintos– (Aguilar 2006:24).Dicho vínculo entre información, sanción y política, haría posibleque la rendición de cuentas fuera el fruto de la transparencia yla democracia; lo cual, demandaría de la activa participación delos ciudadanos y de sus facultades cognitivas que fungen comojueces de la función pública, como hace tiempo afirmó JeremíasBentham (Aguilar, 2006:28-29). En este tenor, abogamos por una participación cívica, ampliay activa, que hoy está en movimiento y que se enriquece con laconquista de espacios en los procesos de decisión, vigilancia yejecución del poder público; en los que se configura el interésy carácter de lo que se torna público. Participación cívica enel ejercicio de gobierno, que implica un complejo procesode transformación desde la base social (Álvarez, 1997:34-35). Pero que obliga a que los servidores públicos afirmen susresponsabilidades y representación política acordes al interésgeneral; logrando con ello una función superior de rendicióndemocrática de cuentas, a través de la responsabilización directa 21
Omar Elí Manríquez Santiago - “Julian Milligan” por vía de esta participación cívica entendida como motor democrático. Ahora bien, de acuerdo a la metáfora espacial de los recintos de acción de la rendición de cuentas (O’Donnell, 1998), existe un ámbito horizontal, o de relaciones institucionales de regulación y sanción del ejercicio de gobierno.16 Hay otro entorno vertical electoral, que refiere las relaciones de control de la sociedad hacia aquel a través de las elecciones; y un tercer ámbito, descrito por Peruzzotti y Smulovitz (2002:17-22), como categoría alterna a los controles intra gubernamentales y al control vertical- electoral, conocido como rendición de cuentas social o societal accountability.17 Este último tipo de ejercicios ciudadanos, consiste en la ordenación de estrategias para activar mecanismos de sanción institucional que buscan agilizar la capacidad de gobierno a través de acciones que imponen costos políticos y electorales, primordialmente; desarrollado en contextos de transición democrática y de retroceso de los regímenes autoritarios o delegativos (Peruzzotti y Smulovitz, 2002 y 2004; y Peruzzotti, 2008 y 2009). Por esta razón, ya sea que dicha intervención se conciba como vigilancia, sanción electoral o proceso de asignación de 16 De acuerdo a la metáfora espacial, ésta accountability, se integra por controles –mecanismos de regulación– que se verifican longitudinalmente en el ámbito estatal. “Gracias a la existencia de agencias estatales que tienen la autoridad […] fácticamente dispuestas y capacitadas para emprender acciones, que van desde el control rutinario hasta sanciones legales o incluso impeachment, en relación con actos u omisiones de otros agentes o agencias del estado que pueden, en principio o presuntamente, ser calificadas como ilícitos” (O’Donnell, 1998:18). 17 Ernesto Isunza, ha empleado el término “rendición de cuentas transversal” para comprender la participación directa de actores sociales como funcionarios en agencias estatales; otro concepto es el de Leonardo Avritzer, quien define a los ‘’públicos participativos” como dispositivos en los cuales los entes públicos incorporan al actor social (Monsiváis, 2005).22
Primer Concurso Nacional de Ensayoresponsabilidades, resulta imprescindible valorar las lógicas deinteracción de la participación ciudadana en los procesos deinformación, evaluación, y sanción que constituyen el esquemade la rendición de cuentas (Schedler, 2000). En virtud de que la La responsabilización cívica como motor democrático de transparencia en la toma de decisiones.relación entre los entes públicos obligados a rendir cuentas ylos actores sociales facultados para exigirlas debe acontecer enel espacio público, para así evitar que dicho acto devenga enprotocolo o trampa burocrática; puesto que dicha relación debepublicitarse para optimizar la calidad de la democracia (LópezAyllón y Merino, 2009:12-16). Entre mítines, consultas, y refrendos ciudadanos. Sin embargo, como ya hemos señalado, la rendición de cuentasdebe interpretarse como sistema, es decir, como un procesocomplejo; en el que se enfaticen las complicadas interaccionessistémicas de sus componentes y las propiedades emergentes quepermiten la autorregulación del mismo.18 Situando el centro delanálisis en la sinergia del conjunto de procesos entre ciudadanosy entes públicos; ya que es un fenómeno socio político de “lógicasistémica” (Gil-García, 2009) Por ello, definimos a la rendición de cuentas en democracia,como la sinergia entre ciudadanos y entes públicos paraasignar responsabilidad política hacia las funciones de gobiernorespecto a decisiones y acciones, los cuales se vinculan porrepresentación política o por otros dispositivos de afirmación dedicha responsabilidad. Por ende, aquí se ha llamado a este últimoproceso como responsabilización cívica, entendida como lasinergia de la participación cívica, para la construcción y asignaciónmutua de responsabilidades. Esto, en un marco de libertades de18 John Ackerman (2006:21-27) apela a un modelo de rendición de cuentas“coactivo” por medio del cual los servidores públicos informan y justifican susplanes de acción, su desempeño y sus logros y se sujetan a las sanciones yrecompensas correspondientes”; que incluye la participación de los ciudadanoscomo factor determinante, lo que lo hace “pro-activo”, dinámico y que rebasa la“temporalidad” de la sanción electoral. 23
Omar Elí Manríquez Santiago - “Julian Milligan” información y desarrollo de derechos democráticos; en donde emerge un sistema dinámico que conjunta diversas acciones y energías desde los distintos entornos sociales, cada cual con sus recursos particulares (Manríquez, 2011:114-117). Es importante distinguir las siguientes atribuciones sistémicas inscritas en el concepto de rendición de cuentas democrática: informatividad: que es la capacidad de los entidades públicas para la producción y gestión de información pública útil; y exigibilidad: es decir, la capacidad de ejercitar las facultades de sanción al ejercicio del poder público (Manríquez, 2011:87).19 Como se ha mencionado, el concepto de responsabilización cívica nos permite valorar las estrategias o acciones desde la sociedad civil para enfrentar su conflicto con el poder público, al participar de manera formal o informal del proceso decisorio por medio de la gestión de la información pública y los mecanismos de sanción formal e informal. Con el objeto de reforzar la institucionalización de dispositivos de asignación de responsabilidad y de sanción cívica al poder para una efectiva fiscalización de la política de gobierno. Con dicha actuación cívica se va construyendo la exigibilidad de la función pública responsable, que antes de la democratización, carecía de un poder adecuado y de apropiadas herramientas metodológicas, de las cuales hoy puede disponer a través de las legislaciones en materia de participación ciudadana, trasparencia y desarrollo del derecho de acceso a la información. En este tenor, la información útil permite al ciudadano discernir para debatir y deliberar de forma racional, con lo que su capacidad de discernimiento crece proporcionalmente a su capacidad 19 Existen otras atribuciones: la responsividad: entendida como la capacidad de respuesta de aquellas entidades; la responsabilidad: que es la capacidad de actuar aceptando límites y consecuencias; y la deliberatividad (Manríquez, 2011).24
Primer Concurso Nacional de Ensayosancionadora. Por ello se deben de acotar adecuadamente losmárgenes de discrecionalidad de los decisores para así poderevitar la opacidad y una mayor oportunidad para instrumentar lasinergia social. La responsabilización cívica como motor democrático de transparencia en la toma de decisiones. En resumen, la responsabilización a los funcionarios públicoses viable según el provecho que otorgue la informatividadalrededor de un proceso decisorio; la deficiencia de informacióndistorsiona la vigilancia y sanción de tal ejercicio. De esto sesigue que las demandas cívicas para ampliar la transparencia,junto a las sanciones informales a la toma de decisiones, quedan Entre mítines, consultas, y refrendos ciudadanos.estrechamente vinculadas y conforman nuestro importantemotor democrático.20 En este sentido, debemos recuperar nuestra premisa inicialque indicaba que una decisión responsable [obedecía] a unproceso democrático [que permitiera] verificar que el mismo[fuera] accesible y responsable con el interés general. Entonces,ahora tenemos certeza de que dicha participación conduceal refuerzo democrático, en virtud de que permite verificar elprincipio democrático del ejercicio de la soberanía popular alimpulsar con las acciones cívicas las garantías de acceso a lainformación a decisiones y actos de gobierno que luego permitenretroalimentar dichas acciones para influir en aquellos actosgubernativos. Ahora habremos de identificar las complicaciones que surgen20 Hace casi una década, Pippa Norris (2002:341-343), prescribió que enel contexto de transición de sociedades industriales a posindustriales, el“distanciamiento entre ciudadanos y los canales tradicionales de participaciónpolítica”, aunado al desarrollo de los niveles de educación, flujos de información,comunicaciones, y con ciudadanos más críticos “con formas más exigentes deexpresión, organización y movilización política”; se avizoraban para el caso deuna sociedad mexicana, ciudadanos construyendo otras formas de participacióny cierta confianza en los procesos políticos. 25
Omar Elí Manríquez Santiago - “Julian Milligan” alrededor del proceso decisorio y que además tienen que ver con la forma en que se determina lo que se entiende por “interés general”. Es decir, la forma en que se construye una decisión, y la forma en que se constituye en un acto responsable con el interés general. IV.	Complicaciones alrededor del proceso decisorio y la participación ciudadana. Racionalidad limitada y asimetrías de información Es preciso señalar, que aunque existe un avance en torno a los derechos de información, en su marco normativo y en las políticas de transparencia, estos tienen su contraparte en las prácticas discrecionales sofisticadas o abuso de la racionalidad de las organizaciones públicas para la acción ejecutiva. Lo que aquí se va a denominar opacidad porosa, que es la implementación táctica o tácita de dispositivos institucionales por el empleo intencional de métodos que impiden la oportunidad y el aprovechamiento de la información pública dispuesta a los ciudadanos o a otras entidades públicas. A esto habrá que agregar que habitualmente el proceso de toma de decisiones implica que los decisores deban confiar en sus asesores quienes son víctimas de sus propias subjetividades y de la asimetría de información que permea todo proceso decisorio (Tamayo, 1997:283-284). El mismo Charles Lindblom (Parsons, 2007:420), cuestionó la conveniencia y los limites de hacer una toma de decisión de una política, usando solo el método racional. Joan Subirats (2000) experto analista, señala que debido a la racionalidad burocrática se emplean algunas soluciones organizacionales a pesar de tener poca certeza de su aplicabilidad.21 En este sentido, Enrique Cabrero 21 Joan Subirats (2000:435-436), ha señalado que regularmente existen consultores, cual vendedores de soluciones listas para usar -llave en mano-26
Primer Concurso Nacional de Ensayo(2000:218), estudioso de la administración pública mexicana, hadescrito la dificultad que existe al querer aplicar herramientasorganizacionales diseñadas en contextos distintos al nuestro;por ejemplo, el modelo del policy sciences, el cual, presenta La responsabilización cívica como motor democrático de transparencia en la toma de decisiones.significativas limitantes para desarrollar mecanismos formalesque incluyan el monitoreo ciudadano de la política pública.También apunta Cabrero (2010:181), que respecto al tema de latransparencia y rendición de cuentas, lejos de abrirse espacios a laciudadanía para la evaluación del desempeño de sus funcionariosy del uso de los recursos que estos hacen; por el contrario,insiste, los dispositivos de transparencia se convierten en simples Entre mítines, consultas, y refrendos ciudadanos.procedimientos tendientes a cumplir obligaciones legales. Puestoque en el caso mexicano, no existe un vinculo entre la opiniónpública, las demandas ciudadanas, la inclusión de redes deactores y de las agencias no gubernamentales, en el diseño dela agenda de gobierno. Al respecto, Cabrero indica que aquellase induce a través del empleo de los medios de comunicación,más que a partir de la inclusión de la energía social expresa endemandas puntuales. Ello, dificulta la elaboración de la políticade gobierno, de forma democrática y deliberada. Al respecto, es importante reconocer las complicaciones quesurgen de la implementación de la transparencia al interior delas organizaciones gubernamentales, aplicables al proceso detoma de decisiones. Sobre este tópico, el Dr. David Arellano Gault(2007 y 2008), experto en estos temas, ha acuñado el conceptode “fallas de transparencia” para denotar el conjunto prácticasorganizacionales alrededor del manejo de la información –entanto que es un insumo costoso–, que colisionan con los criteriosnormativos de transparencia, y sin embargo, son funcionales aldesempeño organizacional. El objetivo de la teoría de Arellano,es identificar las anomalías o los usos estratégicos que puedenque luego son implementadas ignorando su real aplicabilidad y credibilidad,usándose como soluciones mágicas. 27
Omar Elí Manríquez Santiago - “Julian Milligan” solventarse con el diseño de incentivos externos e internos, así como a partir del aprendizaje organizacional de los usos y beneficios de la transparencia, como criterio organizacional, a fin de integrarse a la funcionalidad de la organización. No obstante, Arellano advierte, al igual que Cabrero y Subirats, que la solución no depende de recetas. Por ello, desde la perspectiva de complejidad sistémica que aquí se emplea, subrayamos que las propias características de la cultura política y organizacional, interiorizada entre ciudadanos y entes públicos, respectivamente, no pueden tenerse como factores determinantes pero tampoco deben desdeñarse. Por tanto habrá que buscar equilibrios en las tensiones ya señaladas, entre el empuje cívico de la transparencia y el uso funcional de asimetrías de información entre los decisores en cuyo equilibrio además, concurran insumos adecuados para transparentar y optimizar el proceso decisorio. a.	La complejidad: Informatividad y exigibilidad Como ya hemos adelantado, la participación cívica, como motor democrático, permite ampliar el campo de acción de la transparencia en la función pública. Sin embargo, este proceso es complejo y depende de muchos factores y coyunturas, que ya han sido ejemplificados; y que no obstante, después de analizar cierta evidencia empírica (Peruzzotti y Smulovitz, 2002 y 2004; y Manríquez 2011), nos han permitido identificar que gran parte de las complicaciones emergen durante el proceso de producción, acceso y empleo de la información pública. Por tal razón, la capacidad del gobierno para gestionar la información pública útil, es decir, la informatividad, es un factor en los procesos políticos que condiciona las facultades de los ciudadanos en sus labores de vigilancia y sanción (Manríquez, 2011:52-57). Asimismo, surgen problemas cuando se requieren mecanismos efectivos capaces28
Primer Concurso Nacional de Ensayode vincular responsabilidades al desempeño de los servidorespúblicos, es decir exigibilidad de una función pública responsablecon el interés público. La responsabilización cívica como motor democrático de transparencia en la toma de decisiones. Precisamente, Adam Przeworski (1998:17) señaló que “laresponsabilidad no es suficiente para inducir la representacióncuando los electores tienen información incompleta”; además,agregaba Przeworski (1998:27) “a menos que los políticos sepreocupen por la aprobación de los electores cuando vayan adejar el puesto en forma definitiva, los límites temporales privana los votantes de la posibilidad de crear incentivos para que los Entre mítines, consultas, y refrendos ciudadanos.políticos los representen.” Por estas razones, cuando se limita la participación alos mecanismos de elección o de participación ciudadanapreestablecidos, además de perder la energía social de su accióncívica, es muy probable que se instrumente dicha energía para lalegitimación de la toma decisiones. Para ello, basta con reducirlos canales informativos y acotar las lógicas de acceso ciudadanoa la información pública, manipular la misma, o construir ciertaopinión pública a través del manejo de información en mediosmasivos y sondeos. Bajo la lógica que ya ha señalado Przeworski.Esto quiere decir, que si la gestión de la información pública,necesaria para la construcción del juicio ciudadano sobre laacción y el desempeño de un cierto servidor público, depende deél mismo, es evidente que el proceso de evaluación y sanción sedistorsiona a favor del ente público por el manejo –oportuno ocasual– de la asimetría de información. Al respecto, baste señalarque el concepto gubernamental de contraloría social, entendidacomo participación ciudadana en el control administrativo;redujo las interacciones entre ciudadanos y gobierno a laatención de quejas ciudadanas, sugerencias, recomendaciones,revisión de obras publicas locales y de suministro de servicios 29
Omar Elí Manríquez Santiago - “Julian Milligan” (Hevia, 2004:14).22 Por ello, para incorporar la sinergia cívica que impulsa la transparencia y rendición de cuentas es necesario re- conceptualizar a la participación ciudadana como un proceso dinámico, como un motor democrático. En esta lógica, debe superarse la conceptualización de dicha participación como apéndice corporativo o como instrumento de gestión de servicios públicos,23 para denotar bajo otro concepto las atribuciones que refieren de manera mejor la lógica dinámica que tienen los procesos de vigilancia y sanción cívica de la función pública en el vertiginoso desarrollo de los derechos en democracia. Siendo fundamental interpretar la participación como un fenómeno colectivo con la autonomía y el activismo necesario para el impulso de la transparencia y rendición democrática de cuentas. En este sentido, la responsabilización cívica recoge estos referentes conceptuales y empíricos, a la vez que permite englobar la lógica de la participación cívica como motor democrático. En consecuencia con lo que ya hemos razonado, la responsabilización cívica, es decir, las acciones cívicas para la gestión de información y vinculación de responsabilidades, puede ser articulada a la funcionalidad de los procesos de toma de decisiones para solventar los límites que encuentra en el diseño institucional; respecto a la gestión de la información pública, las fallas de transparencia, los vicios del proceso decisorio y la exigibilidad de responsabilidades. Por esto, cobran gran importancia en nuestras democracias representativas los procesos de producción de la 22 Felipe Hevia, señala que en México el concepto oficial de “contraloría social” se define como “un tipo de participación orientada al control, vigilancia, y evaluación de programas y acciones gubernamentales”; esta concepción de contraloría social le ha reducido a la atención de quejas y sugerencias para la gestión de obras y servicios, para indagar sobre ello, léase, Hevia, (2004:14). 23 John Ackerman (2004:448), señala que existen mecanismos institucionalizados o con mayor o menor grado de formalización, que tan solo están diseñados para recabar información para orientar la política, tales como las encuestas de opinión y otros.30
Primer Concurso Nacional de Ensayoinformación como insumo sistémico vital para el aprovechamientoy la conformación de opinión pública; ya que son vitales para elposterior proceso de responsabilización cívica.24 La responsabilización cívica como motor democrático de transparencia en la toma de decisiones. b.	Problemas en el proceso de toma de decisiones Ahora bien, debemos analizar respecto de la racionalidaddel proceso decisorio y la incidencia de los ciudadanos en este.Entendemos bien que la relación real entre la representaciónpolítica responsable y la responsabilización cívica depende demuchas condiciones que la afectan. Como ya se ha subrayado, la Entre mítines, consultas, y refrendos ciudadanos.misma sufre severas distorsiones por la mediatización de la política,la manipulación informativa o el abuso de la discrecionalidad. Porello abogamos por articular la sinergia ciudadana al proceso detoma de decisiones. Sobre todo en aquellas que por su relevanciaafectan de manera evidente el interés público. Esto deriva enventajas para la comunicación entre ciudadanos y gobierno,adecuando canales que fomenten una participación ciudadanapro-activa y no en la lógica cíclica de la resurrección electoral.Bernard Manin, señaló que el tener “una decisión legítima esproducto de la deliberación colectiva, más que la expresión deuna voluntad general” (Arias, 2007: 40-41). Dicha deliberación depende en gran medida de lainformatividad enmarcada en el proceso político, en este caso,de la toma de decisiones. Todo este proceso está vinculadoestrechamente a la información y publicidad del ejercicio depoder político. En este sentido, Sartori (1998), ha señalado quela debilidad de la capacidad de incidencia del ciudadano radicaen la pérdida de autonomía en la formación de opinión pública;24 Bernard Manin, destaca la importancia que cobra hoy día la opinión públicaen la “democracia de audiencias” para la asignación de responsabilidad en elmandato, cuando afirma que “poder discrecional no significa poder irresponsablecuando el electorado aparece, […] como una audiencia que responde a lostérminos que se le presentan en el escenario político”. Léase Manin (1998:72). 31
Omar Elí Manríquez Santiago - “Julian Milligan” que actualmente depende en gran medida de la conformación artificial de la misma a través de la instrumentación de sondeos. Lo que significa que, de acuerdo a lo que hemos considerado al momento, un proceso de toma de decisiones puede convertirse en un mero protocolo institucional, si los ciudadanos carecen de insumos y facultades para participar y deliberar en torno a dicho proceso. Por eso, “todo esfuerzo que se realice para aumentar o mejorar la calidad de la información debería servir a una mejor evaluación del cumplimiento del contrato de gestión entre principal y agente”, señala Oscar Oszlak (2009:21). Por tal motivo, es evidente que ante todo proceso de toma de decisión inclusiva y relevante que se presuma democrático, debe de integrarse en su desarrollo un amplio ejercicio de interacción con los ciudadanos. Que comience desde la publicidad de los motivos y justificaciones de un problema público, que articule las demandas de los afectados y de los interesados, previo a la implementación de los mecanismos de sanción cívica o de elección. Tomemos como ejemplo, los referidos en la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal: referendo, plebiscito y consulta. Esto significa que debe cobrar la mayor relevancia, el ¿qué?; y el ¿por qué?; además del ¿cómo? De no ser así, se corre el riesgo de mantener la participación ciudadana como instrumento de legitimación de una toma de decisiones preestablecida sin la deliberación social necesaria. Desperdiciando la capacidad transformadora que tiene la intervención cívica como motor democrático de las practicas y el diseño institucionales. Esto implica que aquellos procesos donde se somete una decisión a la elección o sanción de los ciudadanos, deben seguir un proceso que definimos aquí como de refrendación cívica.32
Primer Concurso Nacional de Ensayo Es decir, deben de arroparse en la publicidad y accesopúblico a toda información útil desde el principio mismo de laproblematización del asunto, con el fin de construir políticas y tomade decisiones que se determinen de manera responsable con el La responsabilización cívica como motor democrático de transparencia en la toma de decisiones.interés público y que así legitimen la acción del responsable en latoma de decisión, al incorporar democráticamente la participacióncívica. Lo cual permitirá reforzar la cultura participativa y lainteriorización de las prácticas democráticas de transparencia yrendición de cuentas en el ámbito de los tomadores de decisión. Un proceso de toma de decisiones que incorpore mecanismos Entre mítines, consultas, y refrendos ciudadanos.de publicidad, monitoreo, evaluación y refrendación, tendrá unvalioso capital de legitimidad y por supuesto, una mejora en latransparencia y rendición de cuentas. Un proceso así entendidogozará de refrendabilidad –cívica o institucional–; o dicho entérminos más académicos, tendrá accountability. A todo esto, debemos señalar algunos elementos vitalesque deben incorporarse a las prácticas de transparencia queobedecen a un mejor procesamiento entre la sinergia cívica y lafuncionalidad de los ámbitos de toma de decisiones. Por ejemplo, que todos los afectados reciban información útil;que sean integrados al desarrollo de la toma de decisiones y queexista la publicidad suficiente del proceso decisorio (Arellano,2007:41-45). Por otra parte, que los ciudadanos identifiquenal responsable; sean agencias o funcionarios encargados de latoma de decisiones y su ejecución; esto, por medio de un controlinterno, la evaluación, imputabilidad, y la continua mejora decapacidades a través de la gestión por desempeño (Guerrero,2000:23-24). En torno a estos señalamientos es necesario recalcar queestos procesos deben articular la sinergia y lógica cívicas, no 33
Omar Elí Manríquez Santiago - “Julian Milligan” instrumentarla, esta distinción es vital para no caer en la práctica de nuevos mecanismos demagógicos y legitimadores entre una clase burocrática poderosa y ciudadanos “súbditos”. La transparencia en dicha fase del proceso de toma de decisiones, implica además de los ajustes necesarios en el flujo organizacional y las lógicas funcionales de la entidad pública respectiva, una “distribución del poder político”, objetivo del derecho a la información, señala Alasdair Roberts (Sandoval, 2009:197). De esto se sigue que uno de los problemas de llevar la transparencia al proceso previo de toma de decisiones, –donde se problematiza y diseñan soluciones– sea el de lograr incentivos positivos entre los servidores públicos a fin de que estos consientan dicha transformación con el fin de evitar el recurrir a mecanismos coercitivos o normativos. Mismos que después puedan generar fallas de transparencia o practicas de opacidad porosa. Por otra parte, ya que la implementación temprana de la transparencia en la toma de decisiones es un proceso que lleva el riesgo de paralizar el ejercicio ejecutivo, se deben analizar con cuidado los mecanismos necesarios para mantener la responsabilización cívica dentro de los niveles adecuados de incidencia en la función pública que permitan el flujo adecuado de su ejercicio, sin excluir la vital función de refrendabilidad ciudadana, pero sin que ello signifique una licencia para hacer de la presión política una metodología de participación cívica. Este último señalamiento pretende subrayar que, no obstante la importancia de la responsabilización cívica como motor democrático, debe contar con métodos adecuados para no romper la dinámica ejecutiva de un gobierno con carácter democrático, una vez ampliado el alcance de la publicidad. Con34
Primer Concurso Nacional de Ensayoesto, no queremos abogar por la regulación de las expresionesciudadanas de inconformidad y cuestionamiento, es decir, regularlas movilizaciones sociales, mítines y toma de espacios públicos.Por el contrario, se requiere de la estructuración adecuada de La responsabilización cívica como motor democrático de transparencia en la toma de decisiones.dispositivos de vinculación y exigibilidad de responsabilidades delos funcionarios públicos que reduzca lo más posible la fuga deresponsabilidades y el incentivo a la función pública negligente oirresponsable, de manera tal que disminuya la necesidad de ocuparlos espacios públicos para la manifestación de inconformidades ola imputabilidad de responsabilidades. Entre mítines, consultas, y refrendos ciudadanos. Ahora bien, vamos a revisar cuál es el marco normativovigente que regula la participación ciudadana, con el objetivode analizar la lógica y contrastarla con su práctica. Esto nosva a permitir dilucidar las complicaciones que surgen en eldesarrollo de la participación cívica acorde a lo establecidonormativamente, una vez que ya hemos revisado la complejidadde los procesos funcionales de la toma de decisiones y la utilidadde la responsabilización cívica. V.	Participación ciudadana, el marco normativo. La participación ciudadana, está en el discurso y en las políticasde casi todo gobierno; ello, en virtud de considerar que la mismacoadyuva a solucionar la emergencia de la crisis política en lasdemocracias representativas construyendo legitimidad a travésde la confianza y publicidad que agrega la intervención cívica. Enesta materia, curiosamente no hay normatividad a nivel federal,aunque en la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadaspor las Organizaciones de la Sociedad Civil (LFFAROSC), se estableceque los “ciudadanos pueden, por medio de las organizaciones dela sociedad civil, participar en los mecanismos de contraloría socialque establezcan u operen dependencias y entidades”;25 y señala25 Léase el Artículo 6, de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas 35
Omar Elí Manríquez Santiago - “Julian Milligan” que dichas entidades facilitarán a las organizaciones el acceso a la información para dicha labor.26 En un sentido más amplio de la participación, el gobierno federal se ha comprometido en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, a transparentar su gestión y disponer información para el “escrutinio público” como “mecanismo de sanción” de la acción de gobierno para asumir la “consecuentemente responsabilidad” de ello.27 Además, dicho compromiso incluye el “promover los mecanismos para que dicha información gubernamental sea útil y de calidad, es decir, clara, veraz, oportuna y confiable”. Con lo cual se “permitirá evaluar al gobierno y realizar un ejercicio eficaz del derecho de acceso a la información. Al respecto, podemos destacar que la lógica de participación cívica inscrita en la legislación federal está reducida a la figura de “contraloría social”, y que cualquier otro tipo de intervención no es vinculatoria. Además, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no incluye mecanismos de democracia directa para solventar la participación cívica en las decisiones de gobierno. En contraste, en el Distrito Federal (D.F.), la legislación local en materia de participación ciudadana ha encabezado la vanguardia legislativa con la aplicación de la Ley de Participación Ciudadana desde el año de 1995, con lo cual puede ser considerada como la entidad federativa que ha guiado dicho desarrollo en la materia. Por esta razón nos detendremos a hacer una breve exploración de su lógica. La Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal (LPCDF), contempla los siguientes instrumentos de participación: por las Organizaciones de la Sociedad Civil. 2004 Última modificación 2011. 26 Artículo 9, del Reglamento de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil. 27 Eje “5.5 Transparencia y rendición de cuentas”; Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012.36
Primer Concurso Nacional de EnsayoI. Plebiscito; II. Referéndum; III. Iniciativa Popular; IV. ConsultaCiudadana; V. Colaboración Ciudadana; VI. Rendición de Cuentas;VII. Difusión Pública; VIII. Red de Contralorías Ciudadanas; IX.Audiencia Pública; X. Recorridos del Jefe Delegacional, y XI. La responsabilización cívica como motor democrático de transparencia en la toma de decisiones.Asamblea Ciudadana (artículo 4º, LPCDF). Respecto al Plebiscito y el Referéndum, hay minuciosidaden su regulación, pues se acotan las materias objeto de estosinstrumentos de democracia directa; los entes facultados para suconvocatoria, su organización –a cargo del Instituto Electoral delDistrito Federal, IEDF– y los plazos; las condiciones de vinculación; Entre mítines, consultas, y refrendos ciudadanos.respecto al computo de resultados; y resolución de controversias–Tribunal Electoral del Distrito Federal, TEDF–; aunque existeun vacío sobre la regulación de la intervención de los partidospolíticos (Méndez de Hoyos, 2010:34). El Plebiscito, se empleabásicamente para solicitar el refrendo ciudadano respecto a algúnacto o decisión del Jefe de Gobierno (artículo 12º, LPCDF). El Jefede Gobierno puede aceptar, rechazar o proponer modificacionesa la propuesta de Plebiscito elaborada por los ciudadanos (artículo13º, LPCDF). Dicho refrendo es vinculatorio si la opción puesta arefrendo se cuantifica en al menos la tercera parte del padrónelectoral inscrito del Distrito Federal (artículo 21º, LPCDF). Tocante al Referéndum, se emplea para que los ciudadanospuedan manifestar su “aprobación o rechazo sobre la creación,modificación, derogación o abrogación de leyes propias de lacompetencia de la Asamblea Legislativa” (artículo 23, LPCDF). Losresultados del Referéndum no son vinculatorios para la AsambleaLegislativa bajo ninguna circunstancia, ya que solamente seusaran como elementos de valoración para la autoridad (artículo32º, LPCDF). En ambos casos, se podrá solicitar a la autoridad competentela realización de dicho instrumento cuando lo soliciten por lo 37
Omar Elí Manríquez Santiago - “Julian Milligan” menos el 0.5% de las y los ciudadanos inscritos en el padrón electoral; aunque dicho requisito podría ser aun más accesible considerando que los ciudadanos no cuentan con recursos logísticos y monetarios para convocar un llamado y consenso de la materia de este tipo de refrendos. Hay que señalar también que no se pueden someter “actos de autoridad del Jefe de Gobierno relativos a materias de carácter tributario; fiscal o de egresos del Distrito Federal; régimen interno de la Administración Pública del Distrito Federal, o Regulación interna de la Asamblea Legislativa y de su Contaduría Mayor de Hacienda; los actos cuya realización sea obligatoria en los términos de las leyes aplicables; y los demás que determinen las leyes” (artículo 15º y 29º, LPCDF). Esto implica un sería restricción a los procesos de incidencia cívica, que al proteger la funcionalidad de la administración local, impide la evaluación sobre temas susceptibles a la sanción o la mejora. Sin embargo debe de anotarse, esta legislación es una de las más avanzadas en la ampliación y garantía de los derechos ciudadanos de participación política en la toma de decisiones. Debemos apuntar sin embargo, que aunque estos mecanismos de participación directa permiten la incidencia en la toma de decisiones, no es factible todavía una real intervención ciudadana en el proceso decisorio y ejecución de los actos de autoridad. En virtud de las restricciones vigentes en cuanto al carácter vinculatorio del Plebiscito, que pide una votación que registre el equivalente a la tercera parte del padrón electoral del D.F. Lo cual implica una cantidad mayor al número de votos obtenidos en el triunfo electoral del actual Jefe de Gobierno. Lo mismos puede decirse respeto al Referéndum, con su tácita instrumentación como dispositivo de sondeo de opinión. Además de que los facultados para resolver sobre la procedencia de estos refrendos encausados por los ciudadanos, son los mismos entes públicos a38
Primer Concurso Nacional de Ensayoquienes están dirigidos, es decir, la Asamblea Legislativa y el Jefede Gobierno. La iniciativa popular tiene una lógica similar a los anteriores La responsabilización cívica como motor democrático de transparencia en la toma de decisiones.instrumentos de participación directa, pero se acota a lapresentación de proyectos de creación, modificación, reforma,derogación o abrogación de leyes y decretos propios del ámbitolegislativo local (artículo 34º, LPCDF). Respecto a la ColaboraciónCiudadana, la Rendición de cuentas, la Difusión Pública, la Red deContralorías Ciudadanas, la Audiencia Pública, los recorridos delJefe Delegacional y la Asamblea Ciudadana; la regulación vigente Entre mítines, consultas, y refrendos ciudadanos.es insuficiente y no articula la sinergia que podría derivarse dela misma combinación de los instrumentos de participación(artículos 46º al 75º, LPCDF). Respecto al mecanismo de Consulta Ciudadana, es importantecomprender su lógica debido a que este instrumento ha sidoimplementado de forma frecuente en el D.F. Respecto de laConsulta Ciudadana, de acuerdo al artículo 42º de la LPCDF: “Es el instrumento a través del cual el Jefe de Gobierno, las instancias de la Administración Pública del Distrito Federal, la Asamblea Legislativa, la Asamblea Ciudadana y/o el Comité Ciudadano, por sí o en colaboración, someten a consideración de la ciudadanía por medio de preguntas directas, foros, o cualquier otro instrumento de consulta, cualquier tema que tenga impacto trascendental en los distintos ámbitos temáticos y territoriales en el Distrito Federal.” La Consulta, “podrá ser convocada por el Jefe de Gobierno,la Asamblea Legislativa, el Jefe Delegacional de la Demarcacióncorrespondiente, la Asamblea Ciudadana y/o el Comité Ciudadano” (artículo 44, LPCDF). Este instrumento tiene la siguiente lógica: 39
Omar Elí Manríquez Santiago - “Julian Milligan” [Brindará] “elementos de juicio para el ejercicio de las funciones de la autoridad convocante.” […] La autoridad deberá informar acerca del modo en que el ejercicio de sus funciones fue afectado por los resultados de la misma. […] En el caso de que el ejercicio de las funciones de la autoridad no corresponda a la opinión expresada por los participantes en ella, la autoridad deberá expresar con claridad la motivación y fundamentación de sus decisiones”. (artículo 45, LPCDF). El uso de la Consulta, presenta las mismas restricciones en cuanto a la materia de los temas que se pueden someter a refrendo. Hay un vacío en cuanto a la definición de los entes facultados para la organización, computo de resultados y resolución de controversias. Dicha ausencia, pone en riesgo el cumplimiento de los principios democráticos que deben estar presentes en este tipo de instrumentos de participación cívica directa (Méndez de Hoyos, 2010:35). Los anteriores mecanismos de participación directa aunque incorporan la lógica de una ciudadanía proactiva, sin embargo minimizan en conjunto la potencialidad de dichos instrumentos de participación cívica directa en la toma de decisiones relevantes; ello, como efecto de los requisitos operativos del instrumento en cuestión, la racionalidad burocrática; la discrecionalidad que poseen el Poder Legislativo y el Ejecutivo locales para la acotación de los actos de autoridad que pueden incluirse en este tipo de refrendos, respecto al desarrollo del proceso y; los candados para la implementación de los resultados. Parte del problema reside también en difundir enérgicamente la información referente a los distintos instrumentos de participación directa; para hacer atractivo este ejercicio ciudadano e integrarse a la creciente cultura de la responsabilización cívica.40
Primer Concurso Nacional de EnsayoEvitando con ello, en lo posible, la captura del instrumento amanos de los entes públicos.VI.	La experiencia del Distrito Federal La responsabilización cívica como motor democrático de transparencia en la toma de decisiones. No obstante las insuficiencias de la consulta ciudadana, estemecanismo de participación directa en los procesos decisoriosha sido empleado en distintas ocasiones para poner a refrendodistintos tipos de decisiones relevantes que afectaban lascondiciones de bienestar de los habitantes en el Distrito Federal;o bien, para poner a consideración de los ciudadanos temas de Entre mítines, consultas, y refrendos ciudadanos.carácter político y económico, que aunque controversiales, seconsideró que afectaban el entorno social de los convocados yel sistema político y económico de la entidad (ver Cuadro 2 enAnexos). Lógica que escapa de la legislación local y federal vigentes.Por ejemplo, en el año de 1993, tiene lugar el Plebiscito parala Reforma política; en el 2001, la consulta respecto al horariode verano (telefónica); en 2002, se llevan a cabo el Plebiscitorespecto de la construcción de los Segundos niveles en lasvialidades de Viaducto y Periférico; la consulta telefónica sobreel transporte público y; respecto de la permanencia de Andrés M.López Obrador en la Jefatura de Gobierno (telefónica); en el 2003,tiene lugar otra consulta telefónica sobre el Segundo nivel. Durante la gestión del actual Jefe de Gobierno del DistritoFederal, Marcelo Ebrard, se organiza una consulta ciudadana, enel 2007, denominada “Consulta Verde”. En dicha convocatoria,figuraban diez preguntas, que estaban relacionadas con laregulación existente sobre el transporte público, el concesionadoy de carga; la captación y manejo de aguas, el manejo de residuossólidos y; la protección ambiental. 41
Omar Elí Manríquez Santiago - “Julian Milligan” En la consulta verde se trataron en general los temas que fueron la base para las políticas y la agenda de protección ambiental. A dicha consulta concurrieron 1,033,190 personas; quienes se pronunciaron a favor o en contra de las “acciones ecológicas” propuestas por el Gobierno del Distrito Federal. Se ha señalado que el sentido de la consulta y de las preguntas ya tenían un previo trabajo de posicionamiento en medios (Piñeyro, 2007). Sin embargo, destaca la participación de más de un millón de ciudadanos. En el año 2008, se realiza la “Consulta sobre la Reforma Energética”, que discutiremos mas a fondo líneas adelante. Por otro lado, a principios del año 2009, se realiza la consulta ciudadana “La policía que queremos”; de la cual deriva el documento de trabajo: “Propuesta general para una reforma integral de las policías del Distrito Federal.” La cual, fue convocada por el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. En la misma, concurren alrededor de 100 mil personas, incluidos elementos de los cuerpos policiacos; además de miembros de la sociedad civil, entre representantes, activistas académicos, y de otros sectores sociales.28 En dicha consulta, se recabaron un total 360 mil propuestas que se sistematizan e integran a la “Propuesta general (Insyde, 2009).29 Respecto de la consulta ciudadana sobre la Reforma Energética de 2008, realizada en el Distrito Federal, ha surgido un polémico debate alrededor de su legalidad, utilidad y lógica, con respecto 28 El lector puede consultar la “Propuesta general para una reforma integral de las policías del Distrito Federal. Resultados y compromisos de la consulta ciudadana la policía que queremos.” 29 En colaboración con Fundar, Centro de Análisis e Investigación, AC; el Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria”; e instituciones de educación media superior de la Ciudad de México. Léase, Resultados la Consulta Ciudadana «La policía que queremos», disponible en: http://www.insyde.org. mx/shownews.asp?newsid=11642
Primer Concurso Nacional de Ensayode la legislación vigente de participación ciudadana. Muchasopiniones de expertos constitucionalistas, académicos y políticosse han expresado en torno a la implementación de la ConsultaCiudadana y su capacidad como mecanismo de expresión cívica; La responsabilización cívica como motor democrático de transparencia en la toma de decisiones.o bien, de su instrumentación política en la coyuntura. a.	Desarrollo del marco normativo de participación cívica en el D.F. Para recapitular el aprendizaje de este apartado, es justoseñalar que la vanguardia legislativa en el Distrito Federal, en Entre mítines, consultas, y refrendos ciudadanos.materia de dispositivos de democracia directa e incidencia en latoma de decisiones, ha sido el reflejo de una lucha y movilizacióncívica local bastante activa y emblemática, que puede remontarseal menos, al movimiento estudiantil de 1968 (cuya trágica represiónderivó en la masacre cuya responsabilidad fue asumida por elentonces Presidente Gustavo Díaz Ordaz); que luego fue replicadoen 1971; y que por desgraciada, fue el costo que debieron pagaraquellos ciudadanos por la forzada apertura democrática a la quese obligó el gobierno del Partido Revolucionario Institucional, trasestos sangrientos hechos. Desde luego que aquí debemos mencionar la importantemovilización social del movimiento urbano popular de lasdécadas de los ochenta y noventa, que logró incidir en el diseñode las políticas de urbanización y vivienda a la vez que estimulóla conquista de espacios de toma de decisiones en los órganos deregulación del suelo y vivienda, por parte de las organizacionessociales del dicho movimiento. Destacan también las movilizaciones sociales posteriores alterremoto y sismos de 1985, que impulsaron el acceso a la ciudaden equidad y la reconfiguración del espacio público. Aperturademocrática que también por desgracia, sucedió después de 43
Omar Elí Manríquez Santiago - “Julian Milligan” la enorme pérdida de vidas por el gran terremoto, atribuida en parte, a la negligente acción del gobierno en turno. Además de estas grandes movilizaciones, existen una amplia gama de manifestaciones y movimientos que en las últimas décadas han sido representativas de la activa participación cívica en el país y en esta medida, hoy son el acervo organizacional e insumo vital de los procesos de responsabilización cívica que dentro de la perspectiva de derechos (sobre todo a la información) y de consolidación democrática, buscan ampliar los espacios institucionales para la incidencia cotidiana en los procesos decisorios relevantes. Por ejemplo, la sinergia en torno al colectivo de organizaciones ciudadanas en Alianza Cívica cuya acción cívica empujó la democratización de los procesos e instituciones electorales, iniciada en un principio con la vigilancia de las elecciones de 1994. Ello promovió la institucionalización de las prácticas democráticas y la ciudadanización del Instituto Federal Electoral (IFE). Estos casos emblemáticos de participación cívica activa, nos permiten hacer una crítica sustentada a las teorías y praxis de la democracia mínima y del ciudadano súbdito (ver Cuadro 2). Con ello, también demostramos que la participación cívica ha sido un motor en la democratización de las instituciones políticas. VII.	La consulta sobre la reforma energética del 2008 Durante el año de 2008, Felipe Calderón, titular del Poder Ejecutivo Federal, presenta la reforma energética. En la lógica de sus iniciativas de reforma planteó llevar a cabo una reforma petrolera, la cual, buscó legalizar la inversión privada en actividades de explotación de hidrocarburos –reservadas al Estado– en sus fases de exploración, extracción, refinación y en las labores de transporte y almacenamiento. Por otra parte44
Primer Concurso Nacional de Ensayopretendió ceder al “sector social” –privado– la propiedad deactivos tales como ductos, refinerías, equipos e instalacionesa través de la desregulación en la legislación que restringía talinversión por medio de un conjunto de iniciativas que cabildeaba La responsabilización cívica como motor democrático de transparencia en la toma de decisiones.ante miembros del Congreso General. Dicha reestructuración,según sus diseñadores, daría una mayor autonomía de gestióna Petróleos Mexicanos (Pemex) y a sus subsidiarias, para lacontratación y desarrollo en el sector.30 A raíz del posible impacto social, político y económico quetendría una reforma de este calado (ver tabla 1); surgió un Entre mítines, consultas, y refrendos ciudadanos.vigoroso movimiento ciudadano en el Distrito Federal. Ello se debió también a la dinámica de este tipo delegislaciones en el sector petrolero durante los pasados treintaaños (caracterizadas a partir de 1982, por proceso laxos o porcuasi decretos); los límites impuestos a la intervención cívica yaunado a la ausencia de información para ponderar las tesis de lareforma en comento. Cuyo proceso de elaboración y posterior deliberaciónparlamentaria sucedía sin una minuciosa exanimación de las tesisde la reforma, y sin la discusión pública de las mismas. No obstante que dicho acto legislativo afectaría las condicionessocio económicas de toda la población en México. Por lo que seconvertía en un asunto de interés público y general.30 El artículo 28 constitucional, en su párrafo cuarto establece la exclusividad delEstado para la explotación de áreas estratégicas, entre ellas petróleo y demáshidrocarburos; petroquímica básica; y otros sectores de energéticos. 45