Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2010-00285-42796-de-mayo-10-de-2017?documento=jurcol&contexto=jurcol_07b95c4d78d8467b83297724cdc28544&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-10-19 07:34:27
Document Index: 53043892

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 69', 'artículo 611', 'artículo 683', 'artículo 8', 'artículo 683', 'artículo 10', 'artículo 2', 'artículo 37', 'artículo 39', 'Artículo 683', 'artículo 1']

SENTENCIA 2010-00285 DE 10 DE MAYO DE 2017
CONTENIDO:ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA. EN EL CONCEPTO DE DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ESTÁN COMPRENDIDAS TODAS LAS ACCIONES U OMISIONES QUE SE PRESENTEN CON OCASIÓN DEL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL EN QUE INCURRAN NO SOLO LOS FUNCIONARIOS SINO TAMBIÉN LOS PARTICULARES INVESTIDOS DE FACULTADES JURISDICCIONALES, LOS EMPLEADOS JUDICIALES Y LOS AUXILIARES DE LA JUSTICIA, DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 69 DE LA LEY 270 DE 1996. ASÍ, EL COMPORTAMIENTO DE UN JUEZ AL OMITIR EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES COMO DIRECTOR DEL PROCESO, POR NO INTERVENIR NI VERIFICAR SI EL SECUESTRE ESTABA LLEVANDO A CABO SUS OBLIGACIONES, GENERA RESPONSABILIDAD. DE HABER DESARROLLADO SUS FUNCIONES A CABALIDAD, EL JUEZ HUBIERA DETECTADO LA NEGLIGENCIA Y LA ACTUACIÓN IRREGULAR DEL SECUESTRE, LE HUBIERA SOLICITADO OPORTUNAMENTE LA RENDICIÓN DE CUENTAS Y HUBIERA TOMADO LAS MEDIDAS TENDIENTES A RELEVARLO DE ESE CARGO DESDE ANTES.
TEMAS ESPECÍFICOS:PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD, RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, DEBERES DEL JUEZ, CLÁUSULA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO, RESPONSABILIDAD DEL JUEZ, ACTUACIÓN DEL JUEZ, CONDUCTA DEL JUEZ, RESPONSABILIDAD POR ERROR DEL JUEZ, CLASES DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD AL ESTADO, RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA
Sentencia 2010-00285 de mayo 10 de 2017
Rad. Nº: 73001-23-31-000-2010-00285-01 (42.796)
Actor: Imelda Muñoz de Melo y otros
Resuelve la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 27 de octubre de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, en la que se negaron las pretensiones de la demanda.
1. El 3 de junio de 2010, los señores Imelda Muñoz de Melo, Ana Delia Muñoz de Celis, Marleny Torres Galindo, Magnolia Muñoz Torres, Delmul Andrey Muñoz Torres y María Digna Silva Romero, actuando en nombre propio, a través de apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa, solicitaron que se declarara la responsabilidad patrimonial de la Nación – Rama Judicial, por la omisión en que incurrió el Juzgado Quinto de Familia de Ibagué al no exigirle al secuestre de los bienes embargados en el proceso de sucesión en el que también eran demandantes, la constitución de una póliza de garantía, ni la consignación en la cuenta judicial de las sumas de dinero producto de los arrendamientos de aquéllos, ni los informes mensuales sobre su gestión, con lo que les generó un detrimento patrimonial.
Solicitaron que, en consecuencia, se condenara a pagarles, por perjuicios materiales, la suma de $ 50’176.534 indexada, más los intereses moratorios que pudo generar dicha suma.
Como fundamento de sus pretensiones, narra la demanda que, el 16 de enero de 2004, en el Juzgado Quinto de Familia de Ibagué se inició el proceso de sucesión intestada del señor Deláscar Muñoz (q.e.p.d.), cuyos herederos son los aquí demandantes.
En dicho proceso, mediante providencias del 26 de marzo y 25 de abril de 2007, el juez designó como secuestre de los inmuebles identificados con los folios de matrícula inmobiliaria 350-13810 y 350-6498, ubicados en Ibagué, al señor Jaime Eliécer Suárez Flórez, los cuales se encontraban arrendados, por existir desacuerdo entre los herederos para el manejo de los mismos.
Los frutos mensuales de esos arrendamientos nunca fueron consignados por el secuestre en la cuenta de depósitos judiciales a la orden del juzgado de conocimiento y este último tampoco le pidió a aquél que rindiera informe mensual de su gestión, ni que constituyera la correspondiente póliza de garantía (pues manejaba dineros producto de los arrendamientos de los inmuebles puestos bajo su custodia, mientras que se profería la respectiva sentencia de partición).
El 28 de octubre de 2008, una de las herederas solicitó al Juzgado Quinto de Familia de Ibagué que, una vez aprobados los trabajos de partición, se requiriera al secuestre para que rindiera las cuentas de su administración.
El 10 de noviembre siguiente, el juzgado aprobó el trabajo de partición, dictó sentencia y requirió al secuestre para que rindiera las respectivas cuentas.
El 11 de diciembre de 2008, el apoderado de los herederos solicitó al juez que requiriera al secuestre para que rindiera las cuentas de su gestión, solicitud reiterada el 16 de enero de 2009, por los herederos.
El 19 de enero de 2009, el secuestre presentó “el primero y único” informe de toda su gestión, en el que se observó que existía “un saldo (faltante) o cuenta definitiva” por valor de $ 50’176.534, cuenta que se aprobó mediante providencia del 9 de febrero de 2009, proferida por aquel juzgado.
El 23 de febrero de 2009, el secuestre le solicitó al juez el número de la cuenta en la que debía realizar la consignación y le solicitó un plazo de 10 días para llevarla a cabo.
El 26 de los mismos mes y año, el juez decidió extenderle el plazo por 5 días más para la consignación, pero ésta nunca ocurrió, como consecuencia de lo cual una de las herederas presentó una queja ante el Consejo Superior de la Judicatura, con el fin de que tanto el juez como el auxiliar de la justicia dieran razón de los dineros desaparecidos.
El 3 de abril de 2009, el Juez Quinto de Familia abrió incidente de exclusión e imposición de multas al secuestre, el cual terminó el 22 de mayo siguiente, con la exclusión del secuestre de la lista de auxiliares de la justicia y la imposición como sanción de una multa de 10 smlmv (fls. 64 a 67 del cdno. 1).
2. La demanda fue admitida mediante auto del 17 de junio de 2010, providencia notificada en debida forma a la parte demandada y al Ministerio Público (fls. 78 a 80 del cdno. 1).
3. La apoderada de la Rama Judicial se opuso a las pretensiones de la demanda, con fundamento en que no es responsable de los perjuicios materiales alegados por los demandantes, derivados de la actuación del Juzgado Quinto de Familia de Ibagué en el proceso de sucesión del señor Deláscar Muñoz, por cuanto en él no ocurrió ningún error judicial y, si los demandantes sufrieron algún perjuicio, eso sucedió por causa exclusiva de ellos mismos, porque no recurrieron los autos de designación del secuestre, ni solicitaron la constitución de la póliza de garantía.
Sostuvo que, a partir del Acuerdo 1518 de 2002 del Consejo Superior de la Judicatura, para que las personas naturales puedan conformar la lista de auxiliares de la justicia deben constituir una póliza de garantía, por lo que no resulta procedente solicitar una nueva para sus actuaciones.
Dijo que las partes están en el deber de colaborar con el buen funcionamiento de la administración de justicia y no pueden permanecer inactivas, pues de ellas se reclama un mínimo de interés y compromiso en la atención oportuna y diligente de los asuntos que se someten a consideración de la administración de justicia, interponiendo los recursos en contra de las decisiones judiciales.
Solicitó rechazar las pruebas documentales allegadas con la demanda, por cuanto debieron ser protocolizadas por los interesados ante la “Notaria 3ª de Ibagué” para que ésta expidiera las copias respectivas, pues ellos no tenían porqué conservar el expediente original del proceso de sucesión por causa de la muerte del señor Deláscar Muñoz y mucho menos utilizar como pruebas los documentos, actuaciones y diligencias que en él reposan, por cuanto ello configura la infracción penal de fraude procesal.
Con fundamento en lo anterior, propuso la excepción de falta de legitimación en la causa y, adicionalmente, la innominada, esto es, la que el juez encuentre probada (fls. 133 a 143 del cdno. 1).
Denunció el pleito al secuestre Jaime Eliécer Suárez Flórez, para que responda por una eventual condena en contra de la Rama Judicial, denuncia que fue admitida por el tribunal, mediante auto del 14 de septiembre de 2010 (fls. 1, 2 y 4 del cdno. 2).
El 24 de febrero de 2011(1), transcurridos los 90 días sin que se pudiera realizar la notificación personal de aquél, el tribunal reanudó el proceso.
4. Mediante auto del 9 de marzo de 2011, se abrió el proceso a pruebas y, el 24 de agosto siguiente, se corrió traslado para alegar de conclusión y rendir concepto (fls. 148, 149 y 154 del cdno. 1).
5. En el término del traslado para presentar alegatos de conclusión, la apoderada de la parte demandante reiteró lo expuesto en la demanda, a lo que agregó que la demandada incurrió en una falla del servicio, por cuanto el Juez Quinto de Familia de Ibagué no requirió en la debida oportunidad procesal al secuestre de los bienes que estaban bajo su custodia en el proceso de sucesión en el que los aquí demandantes eran parte, para que prestara la póliza de garantía, presentara los informe mensuales de su administración y consignara en la cuenta del juzgado mensualmente los dineros que tenía bajo su cuidado.
Dijo que, aunque algunos de los documentos aportados como prueba fueron allegados en original y no como prueba trasladada, cumplieron con el derecho de contradicción, pues obran en el expediente desde el principio para ser controvertidos, por lo que cualquier yerro derivado de la forma como se aportaron quedó subsanado (fls. 155 a 157 del cdno. 1).
Por su parte, la apoderada de la Rama Judicial reiteró lo expuesto en la contestación de la demanda y solicitó negar las pretensiones, por cuanto no se configuró el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia alegado, pues: i) no incurrió en omisión al no ordenarle al secuestre prestar caución, porque legalmente estaba exceptuado de hacerlo (art. 683 del CPC y num. 2.3 del art. 11 del Ac. 1518/2002), ii) no incurrió en omisión al no exigirle al secuestre consignar el dinero y rendir informe, por cuanto, en primer lugar, en la diligencia de secuestro no quedó plasmado que los bienes producían frutos y los interesados no le comunicaron al despacho que el secuestre administraba dineros, en segundo lugar, uno de los bienes secuestrados quedó “con tenencia gratuita a la cónyuge” y, en tercer lugar, los aquí demandantes y herederos de la sucesión mostraron tolerancia y aceptación respecto de la labor del auxiliar de la justicia durante año y medio y no objetaron ni rechazaron las cuentas rendidas por aquél, iii) no incurrió en falla al proferir sentencia aprobatoria de la partición sin haberse hecho efectiva la consignación del dinero recaudado por el secuestre, puesto que nadie formuló objeción al respecto, tal como lo dispone el numeral 2º del artículo 611 del Código de procedimiento Civil y, adicionalmente, porque el trabajo de partición sólo incluía los dos bienes inmuebles inventariados y no los dineros fruto de aquéllos.
Dijo que, si los interesados no interpusieron los recursos, el daño se entiende causado por la propia víctima, razón por la cual no resulta imputable a la demandada (fls. 158 a 163 del cdno. 1).
La sentencia del 27 de octubre de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, negó las pretensiones de la demanda, con fundamento en que el Juzgado Quinto de Familia de Ibagué no incurrió en defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, porque no era su deber ordenar al secuestre que prestara la caución dentro del proceso de sucesión en el que los aquí demandantes eran herederos, por cuanto la propia norma aludida por la demanda, esto es, el artículo 683 del Código de Procedimiento Civil (tercer inciso), exceptúa a Ibagué de las ciudades en las que los secuestres tienen la obligación de prestar caución, debido a que esa garantía debió constituirla previamente en el trámite de la licencia como auxiliar de la justicia, a favor del Consejo Superior de la Judicatura.
De otra parte, sostuvo que aunque el secuestre no consignó los dineros recaudados por concepto de arrendamiento, ni desde el 2 de mayo de 2007 rindió los informes de su gestión de administración de los inmuebles identificados con folios de matrícula inmobiliaria 350-13810 y 350-6498, no es posible dejar de lado la actitud permisiva de la parte demandante, pues apenas en diciembre de 2008 (1 año y 7 meses después) sus integrantes se pronunciaron respecto de la inactividad del secuestre y solicitaron al juzgado exigirle la consignación de los dineros, es decir, permanecieron inanes frente a las actuaciones irregulares del secuestre. Es más, en la diligencia de secuestro del inmueble con folio inmobiliario 350-6498 permitieron dejar el apartamento 102 en tenencia gratuita a favor de la cónyuge supérstite y no reclamaron del secuestre la consignación de los dineros percibidos del arriendo de los tres locales a los que se hizo referencia en dicha diligencia y ni siquiera objetaron las cuentas presentadas por aquél.
No puede atribuírsele responsabilidad por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia a la demandada, por cuanto el Juzgado Quinto de Familia de Ibagué “no desatendió las normas que rigen el cumplimiento de sus funciones”, pues confió en que las partes interesadas hacían una vigilancia de las actuaciones del auxiliar de la justicia; adicionalmente, “el daño bien podría imputarse a la propia parte demandante que falló en la vigilancia del auxiliar de justicia y desatendió su carga procesal dentro de las actuaciones judiciales”.
Ordenó compulsar copias a la Fiscalía para que investigara los delitos en los que pudo haber incurrido el señor Jaime Eliécer Suárez Flórez con su conducta irregular como auxiliar de la justicia (fls. 165 a 189 del cdno. ppal.).
En el término dispuesto por la ley, la apoderada de la parte demandante interpuso recurso de apelación, con fundamento en que el Juez Quinto de Familia de Ibagué incurrió en graves omisiones en el proceso de sucesión intestada del señor Deláscar Muñoz, al no exigir póliza judicial al secuestre y no requerirlo para que rindiera cuentas de su administración de forma clara y precisa, lo que llevó a que se produjera el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y se facilitara la pérdida de más de $ 50’000.000, producto de los arrendamientos de los inmuebles secuestrados dentro de ese proceso.
Sostuvo que el juez, como director de este último, tenía el deber de conocer lo que sucedía en el mismo (art. 37 del CPC) y, por tanto, debió advertir que el secuestre no estaba cumpliendo con sus deberes como auxiliar de la justicia, con lo que omitió sus deberes y obligaciones de prevención y control del proceso en relación con la conducta de aquél, puesto que no efectuó los requerimientos necesarios tendientes a evitar los malos manejos de aquél y tampoco lo sancionó a tiempo, por lo que su actuación fue negligente, demorada e inoportuna y ello causó que no se pagaran “los arriendos de los inmuebles objeto de secuestro”.
El juez tampoco hizo efectiva la garantía de cumplimiento de las funciones del secuestre, cuando observó que la actuación de este último era irregular, sino que permaneció impasible hasta cuando los herederos reclamaron por dicho incumplimiento, lo cual facilitó que el perjuicio sufrido por ellos se incrementara.
Como el juez tiene la obligación de impulsar el proceso y de hacer que en éste se cumplieran las garantías legales, no se puede escudar su actuación negligente en la conducta de las partes, ni mucho menos afirmar que él “confiaba” en que éstas vigilaban la actuación del secuestre (fls. 204 a 209 del cdno. ppal.).
El 24 de noviembre de 2011, el tribunal concedió el recurso de apelación y, el 10 de febrero de 2012, esta corporación lo admitió (fls. 210 y 215 del cdno. ppal.).
En el término del traslado común para presentar alegatos de conclusión, las partes guardaron silencio (fl. 230 del cdno. ppal.).
Por su parte, el Ministerio Púbico solicitó revocar la sentencia recurrida para, en su lugar, declarar la ocurrencia de una concausa en la producción del daño, derivada del defectuoso funcionamiento de la administración de justicia por parte del Juez Quinto de Familia de Ibagué —al omitir el cumplimiento de sus funciones— y de la actuación negligente de los aquí demandantes (fls. 219 a 229 del cdno. ppal.).
Ejercicio oportuno de la acción.
Lo pretendido en este caso es la reparación de los perjuicios derivados de la omisión en el cumplimiento de sus funciones por parte del Juzgado Quinto de Familia de Ibagué, que terminó con el detrimento patrimonial de los actores, por un monto de $ 50’176.534.
Así, el término de caducidad comienza a contarse desde cuando se le venció el plazo al secuestre para que consignara dicho saldo, esto es, desde marzo de 2009, por lo que se podía presentar la demanda hasta marzo de 2011; así, como se presentó en junio de 2010, ello ocurrió en tiempo.
En providencia del 26 de marzo de 2007(3), en el proceso 2003-483 adelantado por la sucesión intestada de Deláscar Muñoz, el Juzgado Quinto de Familia ordenó el secuestro del bien inmueble con matrícula inmobiliaria 350-13810 y el embargo del identificado con matrícula inmobiliaria 350-6498. El 25 de abril siguiente(4), decretó el secuestro de este último.
El 2 de mayo de 2007 se llevaron a cabo las diligencias de secuestro de ambos inmuebles, en las que se posesionó al secuestre Jaime Eliécer Suárez Flórez, quien hacía parte de la lista de auxiliares de la justicia y prometió cumplir “bien y fielmente” con los deberes que el cargo exigía.
En la del inmueble identificado con el folio de matrícula inmobiliaria 350-6498(5) se lee que es una edificación que consta de varios locales comerciales y dos apartamentos, en uno de los cuales residía la cónyuge del causante. De la diligencia se destaca:
“... el despachomprocede (sic) a declarar legalmente SECUESTRADO, (sic) el inmueble antes identificado y procede (sic) a hacer entrga (sic) al señor secuestre quien manifiesta que lo recibe a entera satisfacción y procedera (sic) con su administración dejando en tenencia gratuita a la conyuge (sic)”.
En la del inmueble identificado con el folio de matrícula inmobiliaria 350-13810(6), consta que se trata de un local comercial donde funcionaba el establecimiento de comercio denominado Alumfer Tolima Ltda., que contaba con un sótano y una bodega con tres habitaciones. De ella se destaca:
“... el despacho declara legalmente SECUESTRADO, (sic) el inmueble antes identificado y procede a hacer entrega al señor secuestre en forma real y material a quien sele (sic) concede el uso de la palabra y manifesto; (sic) Que (sic) lo recibo a entera satisfacción en el estado de uso y conservación que se encuntra (sic) y procedo a ejercer la administración del inmueble que (sic) rendiere (sic) los informes pertinentes al comitente”.
El 9 de mayo de 2007(7), en escrito dirigido al Juez Quinto de Familia, el señor Jaime Eliécer Suárez Flórez, en calidad de secuestre, dijo:
“...me permito manifestar a su señoría que ya se realizo (sic) la diligencia de embargo y secuestro de los bienes inmuebles, que a la fecha se han recaudado arrendamientos y que próximamente presentaré mensualmente, (sic) las cuentas debidamente relacionadas y con los soportes contables respectivos.
“Ruego a su señoría, (sic) se sirva fijarme como honorarios mensuales por la administración de los bienes, una suma de un salario mínimo y medio legal mensual.
“La anterior petición la realizo (sic) por cuanto son ocho locales y bodegas comerciales donde tengo de (sic) recibir arrendamientos y pagar servicios domiciliarios e impuesto (sic)”.
En consecuencia, mediante auto del 22 de mayo(8) siguiente, el juez le fijó honorarios mensuales por valor de $ 600.000 al secuestre.
El 28 de octubre de 2008(9), la señora Imelda Muñoz de Melo le solicitó a ese juzgado que, una vez se aprobara la partición, se requiriera al secuestre designado, con el fin de que rindiera las cuentas de su administración.
El 5 de noviembre de 2008(10), el apoderado de los herederos solicitó al juez pedir la rendición de cuentas al secuestre.
En providencia del 10 de noviembre de 2008(11), el Juzgado Quinto de Familia aprobó el trabajo de partición elaborado dentro del proceso de sucesión del causante Deláscar Muñoz al encontrarlo ajustado a la ley, luego de haberse corrido traslado del mismo a los interesados, quienes guardaron silencio.
Esa misma fecha, el juzgado requirió al secuestre para que rindiera cuentas de su gestión(12).
El 9 de diciembre de 2008(13), la señora Imelda Muñoz de Melo solicitó de nuevo al juzgado requerir al secuestre con el fin de que cancelara los impuestos adeudados de los dos predios que administraba, a sabiendas de que mantenía un flujo de capital suficiente para mantener al día dichas obligaciones.
En esa misma fecha, el secuestre Jaime Eliécer Suárez Flórez le solicitó al juez “concederme una prorroga (sic) si quiera (sic) de 10 días mas (sic) para organizar la documentación correspondiente al tiempo o época de mi gestión para los efectos consiguientes (sic) a la rendición de cuentas por (sic) mi parte”.
El 11 de diciembre de 2008(14), la señora Marleny Torres Galindo y otros de los aquí demandantes, a través de apoderado, hicieron al juez la misma solicitud indicada dos párrafos atrás, a lo que agregaron que diera por terminada la administración del secuestre.
El 18 de diciembre de 2008(15), el secuestre Jaime Eliécer Suárez Flórez le solicitó al juzgado requerir a los herederos de la sucesión para que autorizaran el pago del impuesto predial, correspondiente al periodo 2003, de uno de los inmuebles que administraba, teniendo en cuenta que dicha obligación se causó con anterioridad a su posesión como secuestre.
En esa misma fecha(16), el juzgado dio por terminada la gestión del secuestre y le negó las solicitudes de prórroga para presentar las cuentas y de requerir a los herederos.
El 16 de enero de 2009(17), la señora Marleny Torres Galindo y otros de los aquí demandantes solicitaron al juez exigirle al secuestre los dineros recaudados durante su administración de los inmuebles.
El 19 de enero de 2009(18), el secuestre presentó el informe de la gestión hecha de abril de 2007 a diciembre de 2008, con el fin de que las partes interesadas lo revisaran e indicó que quedaba un saldo de $ 50’176.354.
El 21 de enero siguiente(19), el juzgado corrió traslado a los herederos de las cuentas rendidas por el secuestre.
El 2 de febrero de 2009, la señora Imelda Muñoz de Melo(20) y otros de los aquí demandantes(21) solicitaron al juez Quinto de Familia de Ibagué que le pidiera al secuestre poner a disposición del juzgado la totalidad de los dineros que quedaron como saldo, estimados en $ 50’176.534, conforme lo indicó aquél en el “balance general”.
En auto del 9 de febrero de 2009(22), el juzgado aprobó las cuentas presentadas por el secuestre y le ordenó a éste consignar a favor de la sucesión el saldo indicado en la rendición de cuentas, para cuyo efecto le concedió un plazo de 8 días.
El 23 de febrero siguiente(23), el secuestre solicitó al juez el número de cuenta y el banco en el que debía realizar la consignación y, además, solicitó un plazo de 10 días hábiles para llevarla a cabo.
El día siguiente, esto es, el 24 de febrero de 2009(24), la señora Imelda Muñoz de Melo y otro de los aquí demandantes(25) pidieron al juez no concederle más prórrogas al secuestre para realizar la consignación del saldo adeudado a la sucesión, por ser renuente en el cumplimiento de sus obligaciones.
El 26 de febrero siguiente(26), el juzgado le concedió al secuestre 5 días hábiles para consignar los dineros adeudados a la sucesión, so pena de ser excluido de la lista de auxiliares de la justicia y de imponerle una multa de hasta 10 smlmv.
El 9 de marzo de 2009(27), uno de los aquí demandantes puso en conocimiento del juez el vencimiento del término otorgado al secuestre para realizar la consignación sin que hubiera cumplido con dicha obligación, por lo que solicitó hacer efectivas las sanciones a las que aquél se hizo acreedor.
El 13 de marzo siguiente(28), algunos de los demandantes presentaron una queja ante el Consejo Superior de la Judicatura, con el fin de que se investigara disciplinaria y penalmente la conducta omisiva del señor Jaime Eliécer Suárez Flórez, en su calidad de secuestre de los bienes inmuebles de la sucesión intestada de la que hacían parte.
Mediante auto del 17 de marzo de 2009(29), el Juzgado Quinto de Familia ordenó tramitar el incidente de exclusión e imposición de multas en contra del secuestre Jaime Eliécer Suárez Flórez y ordenó compulsar las copias del caso a la Fiscalía, con el fin de que investigara la posible comisión de un delito por parte de aquél y, el 3 de abril de 2009(30), le abrió el incidente disciplinario.
El 11 de mayo de 2009(31), la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima inició indagación preliminar en contra del Juez Quinto de Familia de Ibagué.
El 22 de mayo de 2009(32), el juzgado ordenó la exclusión de la lista de auxiliares de la justicia de Jaime Eliécer Suárez Flórez y le impuso la multa de 10 smlmv, al haber omitido la consignación del saldo de los dineros provenientes de los bienes dejados bajo su administración, con lo cual incumplió sin justificación uno de los deberes que le imponía la ley.
El 15 de abril de 2010(33), la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima se inhibió de iniciar investigación disciplinaria en contra del Juez Quinto de Familia de Ibagué y terminó dicho proceso, porque no pudo establecerse la comisión del presunto hecho disciplinario por porte de aquél. La providencia respectiva cobró ejecutoria el 3 de mayo siguiente(34).
Así las cosas, pasa a analizarse si el daño sufrido por los demandantes —consistente en la omisión del pago del saldo pendiente de la rendición de cuentas por parte del secuestre, por valor de $ 50’176.354— resulta atribuible a la Rama Judicial, aquí demandada.
En este punto, resulta procedente precisar que en el concepto de defectuoso funcionamiento de la administración de justicia están comprendidas todas las acciones u omisiones que se presenten con ocasión del ejercicio de la función jurisdiccional en que incurran no sólo los funcionarios sino también los particulares investidos de facultades jurisdiccionales, los empleados judiciales y los auxiliares de la justicia, según surge de los artículos 69 de la Ley 270 de 1996.
Ahora bien, según el artículo 8º del Código de Procedimiento Civil, los cargos de auxiliares de la justicia, como el de los secuestres, “son oficios públicos que deben ser desempeñados por personas idóneas, de conducta intachable, excelente reputación e incuestionable imparcialidad”, que tienen a su cargo la custodia, es decir, la preservación, vigilancia, cuidado y administración de los bienes puestos a su disposición y, cuando se trata de bienes productivos de renta, como es este el caso, cuentan con las facultades previstas en el Código Civil para los mandatarios(35).
Conforme a todo lo anterior, es claro para la Sala que le asistió la razón al tribunal al negar las pretensiones por estimar que el Juzgado Quinto de Familia de Ibagué no incurrió en defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, porque no era su deber ordenar al secuestre que prestara caución dentro del proceso de sucesión en el que los aquí demandantes eran herederos, pues la propia norma aludida al respecto en la demanda, esto es, el artículo 683 del Código de Procedimiento Civil (inciso tercero) dispone que cuando no se trate del caso previsto en los incisos cuarto y quinto del artículo 10 de ese mismo código(36), el secuestre deberá prestar la caución que el juez le fije, es decir, que como Ibagué es una ciudad con más de 200.000 habitantes, la garantía por parte del secuestre debió constituirla previamente en el trámite de la licencia como auxiliar de la justicia, a favor del Consejo Superior de la Judicatura y no ante el juez de conocimiento.
De otro lado, como viene de verse con todas las pruebas atrás relacionadas, Jaime Eliécer Suárez Flórez, secuestre a cargo de los bienes inmuebles de la sucesión intestada del señor Deláscar Muñoz (de quien los aquí demandantes eran herederos), identificados con los folios de matrícula inmobiliaria 350-13810 y 350- 6498, omitió consignar la totalidad de los dineros percibidos por concepto de los arrendamientos de aquellos inmuebles que administraba, concepto por el que quedó debiendo un saldo de $ 50’176.354, tal como él mismo lo reconoció en el informe del 19 de enero de 2009(37), rendido acerca de su gestión como secuestre.
Al respecto, debe recordarse que, si bien el señor Suárez Flórez fue relevado del cargo de secuestre el 18 de diciembre de 2008, para realizar la consignación correspondiente, el 23 de febrero de 2009 le pidió plazo al Juez Quinto de Familia de Ibagué y éste, quien ya le había otorgado antes un plazo de 8 días para ello, el 26 de los mismos mes y año le concedió 5 días más, pero aquél nunca la hizo.
Con lo expuesto hasta aquí, queda en evidencia la desidia y la negligencia de Jaime Eliécer Suárez Flórez en el cumplimiento de sus funciones como auxiliar de la justicia; no obstante, advierte la Sala que, si bien con su comportamiento dicho señor contribuyó a la causación del daño por el que aquí se demandó, el Juzgado Quinto de Familia de Ibagué también lo hizo, por cuanto omitió el cumplimiento de sus funciones como director de proceso, conforme pasa a exponerse.
Se acreditó que, ante el incumplimiento del secuestre Jaime Eliécer Suárez Flórez, el 18 de diciembre de 2008 el juzgado lo relevó de ese cargo y que, el 22 de mayo de 2009(38), ordenó su exclusión de la lista de auxiliares de la justicia y le impuso una multa de 10 smlmv, por encontrar que éste omitió la consignación del saldo de los dineros provenientes de los bienes dejados bajo su administración, incumpliendo así, sin justificación y en detrimento de los aquí demandantes, uno de los deberes que le imponía la ley. Lo primero (relevo del cargo) ocurrió 2 meses después de que una de las interesadas le solicitara (el 28 de octubre de 2008(39)) requerir al secuestre para que rindiera las cuentas de su administración y lo segundo (la exclusión y la sanción) ocurrió 7 meses después de la mencionada solicitud de la interesada.
No obstante lo anterior, no obra prueba de que, previo a las solicitudes de los interesados, el juzgado haya requerido por iniciativa propia al secuestre para ese efecto durante toda su gestión, la cual inició el 2 de mayo de 2007, fecha en la que éste se posesionó en las diligencias de secuestro de los bienes inmuebles, lo que quiere decir que el juez permaneció indiferente a la actividad del secuestre durante 18 meses —del 2 de mayo de 2007 al 10 de noviembre de 2008—, pues en esta última fecha el juzgado requirió por primera vez al secuestre de los inmuebles embargados y secuestrados en el proceso de sucesión, para que rindiera cuentas de su administración.
Resulta del caso señalar en este punto que, cuando el 9 de mayo de 2007(40) el secuestre le solicitó al juez fijarle honorarios mensuales, por cuanto eran “ocho locales y bodegas comerciales donde tengo de (sic) recibir arrendamientos y pagar servicios domiciliarios e impuesto (sic)”, también aseguró que “próximamente presentaré mensualmente, (sic) las cuentas debidamente relacionadas y con los soportes contables respectivos”; sin embargo, no lo hizo sino en enero de 2009 y el juzgado permaneció indiferente todo ese tiempo, al punto que solo en diciembre de 2008 dio por terminada la gestión del secuestre y a éste le inició incidente de exclusión de la lista de auxiliares de la justicia en marzo de 2009 y lo excluyó el 22 de mayo de ese mismo año, es decir, 2 años después de la mencionada solicitud.
Así la cosas, resulta evidente que, con su comportamiento, el Juzgado Quinto de Familia de Ibagué omitió el cumplimiento de sus funciones como director del proceso, como quiera que no intervino de ningún modo para verificar si el secuestre estaba llevando a cabo sus obligaciones, pues, no obstante que aquél no le rendía cuentas, tampoco lo requirió durante cerca de 18 meses para que lo hiciera, con lo que incumplió las obligaciones y deberes que le imponía el Código de Procedimiento Civil, a saber: i) artículo 2, que impone a los jueces la tarea de “adelantar los procesos por sí mismos y son responsables de cualquier demora que ocurra en ellos, si es ocasionada por negligencia suya”, ii) artículo 37, numeral 1º, “Dirigir el proceso, velar por su rápida solución, adoptar las medidas conducentes para impedir la paralización y procurar la mayor economía procesal, so pena de incurrir en responsabilidad por las demoras que ocurran” y iii) ejercer las potestades disciplinarias de que trata el artículo 39, numeral 1º, esto es, “Sancionar con multas de dos a cinco salarios mínimos mensuales a sus empleados, a los demás empleados públicos y a los particulares que sin justa causa incumplan las órdenes que les imparta en ejercicio de sus funciones o demoren su ejecución”.
De haber desarrollado sus funciones a cabalidad, el juzgado hubiera detectado la negligencia y la actuación irregular del secuestre, le hubiera solicitado oportunamente la rendición de cuentas y hubiera tomado las medidas tendientes a relevarlo de ese cargo desde antes, con lo que se hubiera evitado, por casi 18 meses, el daño por el que aquí se demandó.
Al respecto, en un caso en el que esta Subsección analizó la responsabilidad por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia con supuestos de hecho similares, se dijo:
“Tales irregularidades resultan particularmente graves, si se tiene en cuenta que se produjeron en torno al decreto, práctica y efectividad de las medidas cautelares ordenadas legalmente dentro de un proceso ejecutivo; máxime si se tiene en cuenta que éstas aseguran la efectividad del cobro ejecutivo, cumplen una función inmediata de protección frente a las contingencias que afectan el proceso y sirven para contrarrestar los riesgos derivados de su imperfección, es así como cualquier defecto en su trámite tiene implicaciones particularmente relevantes que conducen a la ineficacia de un derecho subjetivo, previamente demostrado, cierto y exigible”(41).
De este modo y en vista de que el secuestre no pudo ser vinculado a este proceso, se impone declarar la responsabilidad de la Rama Judicial, por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia en la que incurrió el Juzgado Quinto de Familia de Ibagué.
Por este concepto, la parte demandante solicitó la suma de $ 50’176.534 y, como se encuentra acreditado que ese es el saldo que dejó de pagar el secuestre a la sucesión del señor Deláscar Muñoz, tal como aquél mismo lo reconoció en la rendición de cuentas de su gestión, pasa la Sala a actualizarlo a la fecha de esta sentencia, con la fórmula:
Vp = Vh Índicefinal
Vh: valor a actualizar ($ 50’176.534).
Índice inicial: índice de precios al consumidor de la fecha en que el secuestre reconoció el saldo que debía a la sucesión (enero de 2009).
Vp = $ 50’176.534 136,75
Vp = $ 68’220.730,01
Dicho valor habrá de dividirse entre los 6 demandantes, a saber, Imelda Muñoz de Melo, Ana Delia Muñoz de Celis, Marleny Torres Galindo, Magnolia Muñoz Torres, Delmul Andrey Muñoz Torres y María Digna Silva Romero, al haber sido reconocidos como herederos del causante Deláscar Muñoz Torres, por el Juzgado Quinto de Familia de Ibagué, mediante autos del 26 de marzo(42) y del 25 de abril(43), ambos de 2007, por lo que se reconocerán $ 11’370.121,66 a cada uno de ellos.
REVÓCASE la sentencia del 27 de octubre de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima y en su lugar:
1. Declárase patrimonial y solidariamente responsables a la Nación – Rama Judicial, por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia en que incurrió con ocasión de las medidas cautelares practicadas en el proceso de sucesión adelantado por el Juzgado Quinto de Familia de Ibagué.
2. En consecuencia, condénase a la Nación – Rama Judicial a pagar, por concepto de perjuicios materiales, la suma de $ 11’370.121,66 a favor de cada uno de los demandantes, a saber:
Imelda Muñoz de Melo
Ana Delia Muñoz de Celis
Marleny Torres Galindo
Magnolia Muñoz Torres
Delmul Andrey Muñoz Torres
María Digna Silva Romero
1 Fl. 11 del cdno. 2.
2 Exp. 2008 00009.
3 Fls. 14 y 107 del cdno. 1.
4 Fls. 15 y 109 del cdno. 1.
5 Fls. 16 y 110 del cdno. 1.
6 Fls. 17 y 111 del cdno. 1.
7 Fls. 18 del cdno. 1 y 29 del cdno. 4.
8 Fls. 19 del cdno. 1 y 30 del cdno. 4.
9 Fls. 20 del cdno. 1 y 31 del cdno. 4.
10 Fl. 112 del cdno. 1.
11 Fls. 21 y 113 del cdno. 1.
12 Fls. 23 y 114 del cdno. 1.
13 Fls. 24 del cdno. 1 y 38 del cdno. 4.
14 Fls. 25 del cdno. 1 y 35 del cdno. 4.
15 Fls. 26 del cdno. 1 y 37 del cdno. 4.
16 Fls. 49, 88 y 115 del cdno. 1.
17 Fls. 28 del cdno. 1 y 39 del cdno. 4.
18 Fls. 29 y 30 del cdno. 1 y 40 y 41 del cdno. 4.
19 Fls. 50, 89 y 116 del cdno. 1.
20 Fls. 31 del cdno. 1 y 42 del cdno. 4.
21 Fls. 32 y 33 del cdno. 1.
22 Fls. 34 y 117 del cdno. 1.
23 Fls. 35 y 118 del cdno. 1.
24 Fls. 36 del cdno. 1 y 47 del cdno. 4.
25 Fl. 37 del cdno. 1.
26 Fls. 51, 90 y 119 del cdno. 1.
27 Fls. 38 del cdno. 1 y 49 del cdno. 4.
28 Fls. 47, 48, 86 y 87 del cdno. 1.
29 Fls. 40, 41, 120 y 121 del cdno. 1.
30 Fls. 52 del cdno. 1 y 63 del cdno. 4.
31 Fls. 94 y 95 del cdno. 1.
32 Fls. 54 a 56 y 122 a 124 del cdno. 1.
33 Fls. 126 a 130 del cdno. 1.
34 Fl. 132 del cdno. 1.
35 “Artículo 683. Funciones del secuestre y caución. <Artículo modificado por el artículo 1º, numeral 341 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:> El secuestre tendrá la custodia de los bienes que se le entreguen, y si se trata de empresa o de bienes productivos de renta, las atribuciones previstas para el mandatario en el Código civil, sin perjuicio de las facultades y deberes de su cargo.
36 “En las cabeceras de distrito judicial y ciudades de más de doscientos mil (200.000) habitantes, solamente podrán designarse como secuestres personas jurídicas o naturales que obtengan licencia expedida por la autoridad competente, de conformidad con la reglamentación que sobre el particular realice el Consejo Superior de la Judicatura, previa constitución de una garantía del cumplimiento de sus funciones a favor del Consejo.
37 Fls. 29 y 30 del cdno. 1 y 40 y 41 del cdno. 4.
38 Fls. 54 a 56 y 122 a 124 del cdno. 1.
39 Fls. 20 del cdno. 1 y 31 del cdno. 4.
40 Fls. 18 del cdno. 1 y 29 del cdno. 4.
41 Sentencia del 14 de marzo de 2013, Rad. 26.577.
42 Fl. 14 del cdno. 1.
43 Fl. 15 del cdno. 1.