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Timestamp: 2020-08-04 11:58:19
Document Index: 354861402

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 16', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'Artículo 34', 'Artículo 35', 'Artículo 96', 'Artículo 97', 'Artículo 98', 'Artículo 108', 'Artículo 115']

TÍTULO I. Régimen económico del sistema portuario de titularidad estatal
CAPÍTULO I. Principios y objetivos del régimen económico
Artículo 1 Principios y objetivos generales
Artículo 2 Autonomía de gestión económico-financiera de los organismos públicos portuarios
Artículo 3 Autofinanciación del sistema portuario
Artículo 4 Optimización de la gestión económica
Artículo 5 Solidaridad entre los organismos públicos portuarios
Artículo 6 Competencia entre los puertos de interés general
Artículo 7 Libertad tarifaria
Artículo 8 Mejora de la competitividad de los puertos de interés general
Artículo 9 Fomento de la participación de la iniciativa privada
CAPÍTULO II. De los recursos económicos del sistema portuario
Artículo 10 Recursos económicos del sistema portuario
Artículo 11 Recursos económicos de Puertos del Estado
Artículo 12 Recursos económicos de las Autoridades Portuarias
CAPÍTULO III. Del Fondo de Compensación Interportuario
Artículo 13 Fondo de Compensación Interportuario
CAPÍTULO IV. De las tasas portuarias
SECCIÓN 1. ÁMBITO DE APLICACIÓN Y REGLAS GENERALES
Artículo 16 Reglas generales
Artículo 18 Gestión, revisión y garantías de cobro de las tasas
SECCIÓN 2. TASA POR OCUPACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO PÚBLICO PORTUARIO
Artículo 19 Tasa por ocupación privativa del dominio público portuario
SECCIÓN 3. TASAS POR UTILIZACIÓN ESPECIAL DE LAS INSTALACIONES PORTUARIAS
Artículo 21 Tasa del buque
Artículo 22 Tasa de las embarcaciones deportivas y de recreo
Artículo 23 Tasa del pasaje
Artículo 24 Tasa de la mercancía
Artículo 25 Tasa de la pesca fresca
Artículo 26 Coeficientes correctores
SECCIÓN 4. TASA POR APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO EN EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS
Artículo 28 Tasa por aprovechamiento especial del dominio público en el ejercicio de actividades comerciales, industriales y de servicios
SECCIÓN 5. TASAS POR SERVICIOS
Artículo 29 Tasa por servicios generales
Artículo 30 Tasa por servicio de señalización marítima
CAPÍTULO V. De los precios privados por servicios prestados por las Autoridades Portuarias
Artículo 31 Tarifas por servicios comerciales prestados por las Autoridades Portuarias
Artículo 32 Exigibilidad de las tarifas
Artículo 34 Suspensión del servicio
Artículo 35 Reclamación previa a la vía judicial civil
TÍTULO II. Régimen de planificación, presupuestario, tributario, de funcionamiento y de control
CAPÍTULO I. Régimen de planificación de los puertos de interés general
CAPÍTULO IV. Régimen de fiscalización y control
CAPÍTULO V. Régimen tributario
CAPÍTULO VII. Régimen de los recursos humanos
TÍTULO III. La prestación de servicios
CAPÍTULO I. De los servicios
CAPÍTULO II. De los servicios portuarios
SECCIÓN 1. CONCEPTO Y CLASES DE SERVICIOS PORTUARIOS
SECCIÓN 4. AUTOPRESTACIÓN E INTEGRACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS BÁSICOS
SECCIÓN 5. LA REGULACIÓN DE LA COMPETENCIA EN LOS SERVICIOS PORTUARIOS BÁSICOS
SECCIÓN 6. DISPOSICIONES PARTICULARES
CAPÍTULO III. De los servicios comerciales y otras actividades
CAPÍTULO IV. Servicio de señalización marítima
CAPÍTULO I. Modelo de gestión
CAPÍTULO II. De los bienes que lo integran
CAPÍTULO III. De la utilización del dominio público portuario estatal
CAPÍTULO IV. El Plan de utilización de los espacios portuarios
Artículo 96 El Plan de utilización de los espacios portuarios
Artículo 97 Modificación del Plan de utilización de los espacios portuarios
Artículo 98 Efectos del Plan de utilización de los espacios portuarios sobre las concesiones
CAPÍTULO V. Autorizaciones
SECCIÓN 1. CLASES DE AUTORIZACIONES
SECCIÓN 2. AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO PORTUARIO
CAPÍTULO VI. Concesiones demaniales
SECCIÓN 2. PROCEDIMIENTO DE OTORGAMIENTO DE LAS CONCESIONES
Artículo 108 Iniciación del procedimiento
SECCIÓN 3. DISPOSICIONES APLICABLES A LAS CONCESIONES
Artículo 115 División de concesiones
CAPÍTULO VII. Extinción de autorizaciones y concesiones
CAPÍTULO VIII. Del contrato de concesión de obras públicas portuarias
CAPÍTULO IX. Medios de ejecución
CAPÍTULO X. Del medio ambiente y de la seguridad
Disposición adicional primera Rentabilidad del sistema portuario
Disposición adicional segunda Modificación del anexo I
Disposición adicional tercera Publicidad de los concursos
Disposición adicional cuarta Jornada laboral de los trabajadores en los servicios técnico-náuticos
Disposición adicional quinta Profesionalización de los trabajadores de los servicios portuarios básicos
Disposición adicional sexta Transformación de las sociedades estatales de estiba y desestiba en agrupaciones portuarias de interés económico
Disposición adicional séptima Régimen laboral aplicable al personal que realice las actividades que constituyen el servicio de carga, estiba, desestiba, descarga y transbordo de mercancías
Disposición adicional octava Suspensión de las normas que regulan el servicio de carga, estiba, desestiba, descarga, transbordo para la pesca congelada
Disposición adicional novena Aprobación de pliegos reguladores y prescripciones particulares de los servicios
Disposición adicional décima Garantías de prestación de los servicios portuarios esenciales
Disposición adicional undécima Zona geográfica de prestación del servicio de señalización marítima
Disposición adicional duodécima Reglamento de Explotación y Policía
Disposición adicional decimotercera Servicio de Policía Portuaria
Disposición adicional decimocuarta Autoprestación de servicios portuarios básicos por buques de Estado y buques y aeronaves afectados al servicio de la Defensa Nacional
Disposición adicional decimoquinta Adscripción de las Autoridades Portuarias
Disposición adicional decimosexta Limitaciones de la propiedad de los terrenos contiguos a la ribera del mar
Disposición adicional decimoséptima Prelación de créditos en los casos de venta judicial de buques
Disposición adicional decimoctava Buques abandonados
Disposición adicional decimonovena Régimen de protección del personal del servicio de practicaje
Disposición adicional vigésima Régimen económico y de prestación de servicios en los puertos insulares de interés general en cuanto al tráfico interinsular
Disposición transitoria primera Adaptación del canon por ocupación o aprovechamiento del dominio público portuario en concesiones otorgadas con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley
Disposición transitoria segunda Valoraciones de la zona de servicio de los puertos y de los terrenos afectados a la señalización marítima
Disposición transitoria tercera Aplicación de las tasas por utilización especial de instalaciones portuarias a las concesiones otorgadas con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley
Disposición transitoria cuarta Aplicación de coeficientes reductores en la tasa del buque
Disposición transitoria quinta Adaptación del canon por prestación de servicios al público y el desarrollo de actividades comerciales o industriales
Disposición transitoria sexta Tasa por servicios generales
Disposición transitoria séptima Contratos de gestión indirecta de servicios portuarios
Disposición transitoria octava Servicio de practicaje
Disposición transitoria novena Licencias otorgadas con anterioridad a la transformación de las sociedades estatales de estiba y desestiba de buques en las agrupaciones portuarias de interés económico
Disposición transitoria décima Actividades de pesca fresca, congelada y bacalao
Disposición transitoria undécima Enajenación de participación de las Autoridades Portuarias en sociedades
Disposición final segunda Modificación de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante
Disposición final tercera Modificación del Decreto 2864/1974, de 30 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de las Leyes 116/1969, de 30 de diciembre, y 24/1972, de 21 de junio
Disposición final sexta Autorización al Gobierno para dictar un texto refundido
ANEXO . Asignación de grupos de mercancías
Ley 48/2003, 26 noviembre rectificada por Corrección de errores y de erratas («B.O.E.» 3 febrero 2004). Ley 48/2003, 26 noviembre, derogada, salvo lo dispuesto en las disposiciones transitorias, por la letra c) de la disposición derogatoria única del R.D. Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante («B.O.E.» 20 octubre) el 21 de octubre de 2011.
Este período de desarrollo económico motivado, entre otras causas, por los anteriores procesos, está produciendo crecimientos importantes y sostenidos en la demanda de transportes, tanto a escala europea como mundial. Así, desde 1990, los tráficos portuarios han crecido en España desde 248 millones de toneladas hasta los 348,6 millones de toneladas en 2001, lo que representa un crecimiento en una década superior al 42 por ciento en términos absolutos y un crecimiento medio anual acumulado superior al 3,2 por ciento; es decir, valores superiores al aumento del producto interior bruto (PIB) nacional. A su vez, la cuota de participación de los tráficos import-export en los tráficos portuarios totales ha aumentado en esta década del 70 al 80 por ciento, lo que representa mayores porcentajes de crecimiento de los tráficos portuarios asociados al transporte internacional de mercancías. En la actualidad, casi el 59 por ciento de las exportaciones y el 82 por ciento de las importaciones españolas pasan por los puertos de interés general, lo que representa el 53 por ciento del comercio exterior español con la Unión Europea y el 96 por ciento con terceros países.
Estos procesos están permitiendo la existencia de una oferta portuaria diferenciada en los mercados, que han propiciado en los puertos la introducción de nuevas tecnologías, especialización y automatización de procesos. Ello se ha producido, en gran parte, gracias a la positiva interacción de la iniciativa pública y privada, en la medida en que esta última ha ido asumiendo progresivamente la prestación de los servicios portuarios. A este proceso, las Autoridades Portuarias han aportado un impulso decidido hacia el desarrollo de una nueva cultura portuaria, basada en una visión compartida del carácter global de la oferta portuaria y en el concepto de comunidad portuaria; y, por otro lado, aportando, igualmente, un impulso decisivo en el campo de la innovación y del fomento de la actividad portuaria, protagonizando la promoción de estrategias globales, basadas en la mejora continua de los procedimientos y de los servicios, en la permanente búsqueda de fórmulas que permitan mejorar la competitividad del conjunto del puerto. En definitiva, este modelo de colaboración público-privado, que permite aunar el interés general y los intereses privados, ha constituido y constituye un factor clave de dinamización de la actividad portuaria, que se debe consolidar y potenciar, posibilitando afrontar con mejores garantías el nuevo escenario de competencia intermodal e interportuario.
En lo relativo a las reglas generales de estos tributos, la ley establece la necesidad de que el importe de las tasas respondan al objetivo de coordinación del sistema de transportes de interés general y al principio de autosuficiencia del sistema portuario, de forma que cubran los gastos ordinarios de cada puerto y les asegure una rentabilidad suficiente para hacer frente a las inversiones futuras y a la devolución de las deudas. El objetivo de rentabilidad para el conjunto del sistema portuario se fija por ley y podrá ser revisado en función de criterios de política de transporte, de la previsible evolución de la demanda y de las necesidades inversoras del sistema. También se formula el principio de equivalencia, clásico en estos tributos. Así, el importe de las tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público se fija por referencia al valor de mercado o de la utilidad que represente en cada Autoridad Portuaria. La cuantía de las tasas por servicios no comerciales no puede exceder, en su conjunto, del coste de los servicios o, en su defecto, del valor de la prestación recibida.
Se diferencian en este capítulo las obligaciones en materia presupuestaria del organismo público Puertos del Estado y de las Autoridades Portuarias. En ambos casos, se ha adaptado la regulación establecida en la Ley de Puertos a las modificaciones operadas en el texto refundido de la Ley General Presupuestaria en virtud de la Ley 14/2000, de medidas fiscales, administrativas y del orden social para el año 2001.
Puertos del Estado elaborará anualmente los presupuestos de explotación y de capital y el programa de actuación plurianual consolidados del sistema portuario estatal. Es importante la mención a que dichos presupuestos y programa se habrán de ajustar a las disposiciones de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria que sean de aplicación, así como a las directrices de la política presupuestaria del Gobierno.
Por su parte, las Autoridades Portuarias aprobarán cada año los proyectos de presupuestos de explotación y capital y de programa de actuación plurianual, que se ajustarán a las previsiones económico-financieras acordadas en los planes de empresa y a los objetivos generales de gestión que establezca Puertos del Estado. Los proyectos serán remitidos a ese organismo público para su aprobación.
En cuanto al contenido de la ley, tras tipificar los servicios que se prestan en los puertos en su primer artículo, introduce como elemento central de la nueva regulación la calificación de los servicios portuarios, todos ellos, como actividades de interés general. Con dicha calificación desaparece cualquier residuo de «publicatio» llegado hasta nosotros a través de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante de 1992 y se reconoce paladinamente el protagonismo de la iniciativa privada en este tipo de actividades, en plena sintonía con la posición política común de la Unión Europea en cuanto al acceso al mercado de los servicios portuarios.
Ha de reiterarse que no todos los servicios que pueden desarrollarse en los puertos son necesariamente servicios portuarios; lo son los necesarios para el normal desenvolvimiento de los puertos, en su actividad intrínseca de atención a las necesidades del tráfico marítimo, servicios que la ley divide en dos tipos: los servicios «generales del puerto» y los que la ley califica como «servicios básicos». Cualquier otra actividad podrá desarrollarse en el puerto siempre que no perjudique a su buen funcionamiento y a partir de la correspondiente autorización, pero sin la regulación que la ley confiere a los servicios portuarios ni las responsabilidades que sobre ellos impone a las Autoridades Portuarias. Estas actividades se identifican en el texto de la ley con el calificativo genérico de «servicios comerciales», a los que se dedica una escueta regulación. Cierra este título un capítulo dedicado al servicio de señalización marítima, cuyas particularidades las hacen acreedoras de tal tratamiento.
Siendo las licencias el nuevo título habilitante para la prestación de los servicios portuarios básicos, la ley se ocupa de determinar con cierto detalle todos sus elementos: el plazo de duración, el procedimiento de otorgamiento, su clausulado, sus posibilidades de modificación y transmisión y sus formas de extinción. Es importante destacar que, con arreglo a los principios de objetividad y proporcionalidad, la ley declara modificables las licencias en dos supuestos: por alteración sustancial del estatuto normativo del servicio y a solicitud del interesado, conforme a los requisitos previstos en las prescripciones particulares del servicio; en ambos casos, la ley prevé fórmulas para evitar que se produzcan resultados injustos para los operadores o los usuarios de los servicios.
En las secciones 4.ª y 5.ª del capítulo II, la ley aborda dos regulaciones de gran interés, que representan interesantes novedades normativas. La primera es la integración de servicios y la autoprestación y la segunda los mecanismos de control de la competencia efectiva en los servicios portuarios. La integración de servicios se produce cuando una terminal privada, que opera exclusivamente buques de su propio grupo empresarial, pasa a prestar servicios técnico-náuticos a estos mismos buques. La autoprestación se produce cuando el usuario que pudiendo contratar la prestación de servicios portuarios con empresas autorizadas para la prestación del servicio en el puerto, opta por prestárselos a sí mismo con su personal embarcado y sus propios medios, sin celebrar contratos con terceros. La ley crea una licencia específica para ellas, estableciendo las circunstancias en que procede su otorgamiento y aquellas en que puede denegarse, así como las compensaciones económicas que, en su caso, procedan para los prestadores de los servicios abiertos al tráfico general que resulten perjudicados por la integración.
La ley encomienda a Puertos del Estado y a las Autoridades Portuarias la misión de salvaguardar la competencia en los servicios básicos. Esta misión se hace compatible con la de las demás autoridades en cuanto todos los actos detectados contrarios a la Ley 16/89, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia, deben ser puestos en conocimiento del Servicio de Defensa de la Competencia para su tramitación conforme a los preceptos de dicha ley. En el marco de esta misión, la ley instituye entre otras cosas, un Observatorio Permanente del mercado de los servicios portuarios básicos, órgano adscrito a Puertos del Estado con la participación de las Autoridades Portuarias y las organizaciones representativas de los prestadores, trabajadores y usuarios de los mismos, de cuya actividad podrán derivarse dos posibilidades: de una parte, la emisión de directrices con interpretaciones respecto a las conductas aceptables y rechazables y/o reglas de aceptación voluntaria por los operadores y Autoridades Portuarias españolas; de otra parte, la aprobación de circulares de carácter normativo, obligatorias tras su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Ambos instrumentos, inordinados a una competencia racional entre prestadores de servicios y entre puertos que atienden a los mismos tráficos, resultan de especial interés en tiempos de rápidos cambios, de continua aparición de nuevas técnicas y de constante apertura de nuevos mercados en el tráfico marítimo nacional e internacional.
El capítulo dedicado a los servicios portuarios generales y básicos finaliza con una sección dedicada a precisar exactamente qué debemos entender por cada uno de estos servicios. Rotulada «disposiciones particulares», en ella se definen, conceptual y técnicamente, los servicios de practicaje, remolque portuario, amarre y desamarre, servicios al pasaje, carga y descarga, estiba, desestiba y transbordo de mercancías, depósito, transporte horizontal y recepción de desechos. En algunos de ellos se especifica con cierto detalle su modo de operación, lo que afecta en especial al servicio de recepción de desechos, de singular importancia ecológica hoy día, como se pone de manifiesto a través del Real Decreto 1381/2002, de 20 de diciembre, sobre instalaciones de recepción de desechos generados por los buques y residuos de carga, que traspuso al ordenamiento interno la Directiva 2000/59/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de noviembre de 2000; en otros, se diferencia específicamente lo que queda incluido y excluido en el servicio, siendo de señalar las precisiones incluidas en este sentido en el servicio de carga y descarga, estiba, desestiba y transbordo de mercancías.
Merece, sin duda, un comentario más extenso el servicio de carga, descarga, estiba, desestiba y transbordo de mercancías, que se configura de forma independiente al de los otros servicios de manipulación de mercancías. El servicio público de estiba y desestiba regulado hasta ahora como servicio público de titularidad del Estado pasa a convertirse en la ley en un tipo de servicio portuario básico, concebido como una actividad comercial de interés general cuya iniciativa corresponde a los particulares.
Bajo la rúbrica «de los bienes que integran», el capítulo II se refiere a la determinación del dominio público portuario estatal. En primer lugar, afirma que los puertos de interés general forman parte del dominio público marítimo-terrestre, integran el dominio público portuario y se regulan por esta ley. Además, enumera como bienes demaniales los terrenos, obras e instalaciones fijas y espacios de agua incluidos en la zona de servicio de los puertos, sin olvidar que también tendrán la consideración de dominio público portuario los terrenos y obras destinadas a la señalización marítima.
A continuación, el capítulo VI se refiere a las concesiones demaniales, que son aquéllas otorgadas por la Autoridad Portuaria por la ocupación del dominio público portuario, con obras o instalaciones no desmontables o por plazo superior a tres años. A diferencia de la vigente Ley de Puertos y de la legislación de costas, el plazo máximo de vigencia de las concesiones se amplía hasta 35 años. Esta ampliación del plazo trata de dar cobertura e incentivar que la iniciativa privada pueda afrontar inversiones significativas en grandes obras de infraestructura portuarias, como diques, accesibilidad marítima, muelles o rellenos de grandes superficies, que con la Ley de Puertos de 1992 nunca se han acometido en los puertos españoles, por ser el plazo de 30 años insuficiente para permitir la amortización de la inversión que exigen estas obras.
Con mayor sistemática y profundidad se regula el régimen de transmisión y gravamen de las concesiones. Para que la Autoridad Portuaria autorice la transmisión de una concesión demanial se deberán cumplir las condiciones mínimas previstas en la nueva ley y, en particular, que se garantice la libre competencia.
El capítulo VII desarrolla el régimen de extinción de autorizaciones y concesiones. La regulación de las causas de extinción se mantiene en términos análogos a los establecidos en la legislación de costas. Destaca entre ellas el rescate de las concesiones. De la nueva regulación se debe hacer hincapié, por un lado, en el procedimiento y, por otro, en las reglas para la determinación del valor del rescate. En cuanto al procedimiento, al Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria le corresponderá la declaración de interés portuario, y al Presidente, el acuerdo de necesidad de ocupación. La declaración de urgencia de la ocupación, cuando proceda, corresponderá adoptarla al Ministro de Fomento. Por lo que respecta a la fijación del valor del rescate, la Autoridad Portuaria y el titular podrán convenir el valor del mismo. En caso de no llegar a acuerdo, el valor del rescate será fijado por la Autoridad Portuaria de conformidad con los criterios que específicamente se determinan. Corresponderá al Consejo de Administración dictar la correspondiente resolución.
El capítulo VIII consta de un único artículo relativo al contrato de concesión de obras públicas portuarias. La ley pretende con ello adaptar esta nueva modalidad de contrato a las obras públicas portuarias. Dicho contrato tendrá como objeto, siempre que se encuentren abierta al uso público o aprovechamiento general, la construcción de un nuevo puerto o de una parte nueva de un puerto que sean susceptibles de explotación totalmente independiente y la construcción de infraestructuras básicas de defensa, de abrigo, de accesos marítimos, de muelles y otras instalaciones de atraque.
Para finalizar, la ley regula con especial atención en el capítulo X los medios de prevención y lucha contra la contaminación en el dominio público portuario, así como la recepción de desechos y residuos procedentes de buques, con el fin de garantizar la protección medioambiental y la seguridad en los puertos. Junto a ello, se regulan las obras de dragado y el vertido de los productos del mismo en el dominio público portuario, que requerirán la autorización de la Autoridad Portuaria. Por último, se establece como novedad la regulación de los planes de emergencia y seguridad de acuerdo con lo previsto en la legislación vigente.