Source: http://www.jdsupra.com/legalnews/contestacin-de-demanda-fuera-de-plazo-y-60225/
Timestamp: 2015-01-30 09:23:42
Document Index: 118430131

Matched Legal Cases: ['artículo 116', 'artículo 53', 'artículo 24', 'artículo 52', 'artículo 52', 'artículo 128', 'artículo 52', 'artículo 7', 'artículo 247', 'artículo 24']

Contestación de demanda fuera de plazo y motivos de casación.- María Luján López. | María Luján López - JDSupra
Contestación de demanda fuera de plazo y motivos de casación.- María Luján López.
Una estudiante de doctorado española que cuenta con una titulación de origen argentino se dispone a homologarla con el objeto de obtener una beca de formación de personal investigador. Una vez convalidada dicha titulación, intentó realizar la solicitud de dichas beca pero le fue denegada aun contando con todos los requisitos académicos necesarios para participar de la convocatoria. Esta situación dio lugar a una demanda en procedimiento de protección de los derechos fundamentales formulada contra la Conserjería de Educación de la Junta de Castilla y León.
En el presente artículo, se trata la problemática del cumplimiento de los plazos en la jurisdicción Contencioso Administrativa, más concreta-mente, cuando el traslado de la demanda por el interesado a la Administración demandada y la posterior contestación de la
misma en el plazo señalado por la LJCA es incumplido por la administración, y lo que debería ser una carga procesal para ofrecer la contestación, se convierte en una espera interminable para el demandante, con el consiguiente privilegio para la demandada de un plazo más amplio, a veces sine die para dar cumplimiento a sus deberes procesales, respetando el
principio de igualdad de armas, cuyo incumplimiento da lugar, a nuestro juicio a acudir a la vía
casacional. Publicado por primera vez en Revista digital del Ilustre Colegio de Abogados de Salamanca. Boletín Por Derecho. Número 3 Download PDF Resumen En el presente artículo, se trata la problemática del cumplimiento de los plazos en la Jurisdicción Contencioso Administrativa, más concreta-mente, cuando el traslado de la demanda por el interesado a la Administración demandada y la posterior contestación de la misma en el plazo señalado por la LJCA es incumplido por la administración, y lo que debería ser una carga procesal para ofrecer la contestación, se convierte en una espera interminable para el demandante, con el consiguiente privilegio para la demandada de un plazo más amplio, a veces sine die para dar cumplimiento a sus deberes procesales, respetando el principio de igualdad de armas, cuyo incumplimiento da lugar, a nuestro juicio a acudir a la vía casacional. Admisión de contestación de demanda fuera de plazo y motivos de casación: Análisis de las prerrogativas de la administración demandada en sede contencioso administrativa. Introducción: problemática y necesidad de abordar el tema propuesto.-El propósito artículo es poner de manifiesto la falta de cumplimiento de los plazos a los que se encuentran ceñidas las partes en los procesos ante la Jurisdicción contenciosoadministrativa, situación nada deseable desde la perspectiva del justiciable que comienza a reiterarse en la práctica de los tribunales, y ofrecer los argumentos por los cuales creemos que esta práctica judicial puede brindar al litigante razones de peso para acudir a la vía casacional. Dichos plazos funcionan como una carga que cada parte debe cumplir, y los juzgados controlar, pues lo contrario se traduce en una manifiesta violación del derecho de defensa. La cuestión es, si en litigios contra la Administración estatal o autonómica, estos plazos también deben ser respetados cuando la parte demandada es el Estado, la Comunidad Autónoma, u otras entidades de derecho público. OPINIÓN “La actitud pasiva por parte de quienes ejercemos la defensa letrada es debida a la creencia instalada de que es natural que se concedan a la Administración unos privilegios en sede judicial.” Autora: Mª Luján López Dallara Al parecer, el tema no se ha planteado con anterioridad, o al menos, esta circunstancia no se nos ha revelado como algo relevante a quienes ejercemos diariamente la abogacía. Más que por desconocimiento, interpreto que esta actitud, pasiva por parte de quienes ejercemos la defensa letrada de los administrados, es debida a la creencia instalada en la comunidad jurídica, de que es natural que se concedan a la Administración unos privilegios en sede judicial, con los que, de ordinario, un ciudadano común no contaría. 23 PorDerecho.com I.-La fase administrativa: silencio de la administración y argumentos básicos de la recurrente.-Con fecha 28/05/2009, y dentro del plazo legal de un mes establecido al efecto, conforme a los arts.107, 110, 116 y 117 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y de la resolución administrativa citada, se interpuso recurso potestativo de reposición contra el citado acto por entender que el mismo no es ajustado a derecho, provocando una discriminación. Así se inició el correspondiente procedimiento contencioso de protección de los derechos fundamentales de la persona ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León el 18 de septiembre de 2009. II. La falta de contestación de la demanda, y su admisión fuera de plazo. Aun tratándose de un procedimiento de tramitación preferente, con fecha 7 de octubre de 2009 la interesada recibió, tardíamente, la contestación del recursos administrativo por parte de la Conserjería de Educación. Además, conforme al artículo 116.3 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y del expediente se desprende que una vez que ha transcurrido el plazo para la contestación de la demanda, ya no existe oportunidad procesal posible para que la administración objete motivos de inadmisión del procedimiento, como parece desprenderse del escrito de contestación, cuestión de la cual debió ocuparse la demandada en el momento procesal oportuno, es decir con la remisión del expediente administrativo al Tribunal. Por dicha razón, todas las alegaciones vertidas en la contestación realizada por parte de los Servicios Jurídicos de la administración autonómica, no serán de recibo una vez que ha transcurrido ya la oportunidad señalada por la LJCA para oponerse a la admisión del trámite, toda vez que la admisión ya hubo sido confirmada por la Sala al inicio del proceso. Nos encontramos frente al riesgo, siempre presente de que las Administraciones demandadas reciban privilegios que no le corresponden, violando el derecho de defensa de los interesados, y valiéndose de las prerrog Un caso concreto Una estudiante de doctorado española que cuenta con una titulación de origen argentino se dispone a homologarla con el objeto de obtener una beca de formación de personal investigador. Una vez convalidada dicha titulación, intentó realizar la solicitud de dichas beca pero le fue denegada aun contando con todos los requisitos académicos necesarios para participar de la convocatoria. Esta situación dio lugar a una demanda en procedimiento de protección de los derechos fundamentales formulada contra la Conserjería de Educación de la Junta de Castilla y León. “Nos encontramos frente al riesgo, siempre presente de que las Administraciones demandadas reciban privilegios que no le corresponden, violando el derecho de defensa de los interesados.” OPINIÓN rrogativas que les están dadas en razón de su pertenencia a los poderes públicos, realizando actos procesales tales como la contestación de la demanda extemporánea, sin cumplir los requisitos objetivos de tiempo y forma exigidos por la ley y por el Tribunal, y por otro lado pretendiendo que se revise de manera también extemporánea la procedencia o no de la admisión del recurso por parte del Magistrado actuante, intentando introducir la cuestión de la oposición a la admisión de la demanda como una cuestión relativa al fondo del asunto al argüir que la situación jurídica en la que se encuentra la demandante no se halla protegida por el artículo 53.2, cosa totalmente descabellada y traída a colación luego de haber precluído el momento procesal para discu ARTÍCULOS PorDerecho.com 30 PorDerecho.com 24 para discutir semejante tema. Esta situación no puede tolerarse sin violar el artículo 24 CE, y con él los principios que rigen el debido proceso y el derecho a un procedimiento sin dilaciones indebidas, violación que sitúa a la Administración en un lugar de privilegio y superioridad en relación a la situación del reclamante. Habiendo transcurrido los plazos en demasía, sin que se hubiera hecho efectiva la oportuna contestación, de conformidad con el artículo 52.2 LJCA, consta en los propios autos analizados que el día 2 de febrero se interesó del Tribunal el dictado dictase de auto ordenando la caducidad del plazo para presentar dicha contestación, ya que dicho artículo explica: “52.2 Si la demanda no se hubiere presentado dentro del plazo, el Juzgado o Sala, de oficio, declarará por auto la caducidad del recurso. No obstante, se admitirá el escrito de demanda y producirá sus efectos legales, si se presentare dentro del día en que se notifique el auto.” Pues bien, del recibimiento del escrito presentado por la parte actora, no se ha dictado resolución alguna teniéndolo por recibido, así como tampoco se ha dictado el auto resolviendo la caducidad de la oportunidad para practicar la contestación de la demanda. Del auto exigido por el artículo 52.2 LJCA, interpelando a la Administración a expedir su contestación al día siguiente de serle requerida por el Tribunal, tampoco existe constancia de existir notificación ninguna de que se haya expedido, así como tampoco la administración demandada dio cuentas de ello. LJCA, desvirtuando la calificación de preferente de el Procedimiento para la Protección de los Derechos Fundamentales de la Persona y con ella su propia finalidad). Cabe asimismo destacar que la voluntad del legislador en relación al plazo establecido en el artículo 128 LJCA y la redacción dada al artículo 52.2 del mismo cuerpo normativo, se refiera a que “si la demanda no se hubiese presentado dentro del plazo de 20 días que hay que entender hábiles, el Juzgado o la Sala, de oficio, declarará por auto la caducidad del recurso”, el cual por fuerza ha de evidenciar una adecuación objetiva y subjetiva con el escrito de interposición del recurso que en su día inicia el trámite preferente. Por lo que del propio artículo se desprende que la caducidad del recurso es una consecuencia directa de la no presentación de la demanda, y no se refiere aquí la ley al acto de la contestación. En esta inteligencia, de la no presentación de la demanda se derivará la caducidad de dicho recurso, cosa que no puede predicarse del escrito de contestación que no fuera presentado oportunamente cuyo efecto inexorable implica la desestimación de sus pretensiones en todas y cada una de sus partes, y no la caducidad de las pretensiones instadas por el administrado. “La Administración no está en posición de realizar los actos procesales sujetos a plazo cuando le apetezca.” OPINIÓN Dicha omisión genera una seria indefensión en la persona de la demandante, ya que la Administración no está en posición de realizar los actos procesales sujetos a plazo cuando le apetezca, y entendemos que ha debido dictarse el auto de caducidad para la oportuna contestación. Entendemos que en lo que a este punto respecta, es de aplicación también el artículo 7 del Código Civil, y el artículo 247 de la LEC, de conformidad con los artículos 4.3 CC y Disposición Final Primera de la LJCA, que indican la aplicación supletoria del Código Civil y la LEC a esta Jurisdicción, que impiden ampararse en la ley para ejercer abuso del derecho. Dicho abuso viene dado por la Administración demandada, y la concesión a esta de un privilegio bajo la forma de un plazo indeterminado, dejando a un lado el principio de que los plazos en este tipo de procedimiento son improrrogables (art. 128 25 PorDerecho.com “La falta de contestación de la demanda en el plazo señalado por parte de la Administración demandada, nos permite tener acceso a la vía casacional.” OPINIÓN relación a cualquier otro, no hay un momento procesal concreto protección de sus derechos fundamentales pueda alegar esta circunstancia bajo una determinada forma procesal, dado que no existe en la LJCA un recurso o incidente procesal que habilite al recurrente de amparo ordinario para señalar al Tribunal a quo el error en que incurre salvo el escrito de conclusiones en que se ha denunciado nuevamente la infracción. Por esta razón, la parte demandante interesó del Tribunal la normalización de los plazos en dos oportunidades, quedando esto reflejado además en la propia sentencia en la que el TSJ se excusa por escrito de haberse producido demoras debido a la sobrecarga de trabajo del Tribunal, aunque esto no resulta creíble, dado que, el primer llamado de atención al Tribunal y la inacción que demostró respecto de la petición de la demandante como respuesta, indican que, existió una clara intención de beneficiar a la Administración demandada para que tuviese el tiempo que quisiera para contestar la demanda con la consiguiente indefensión de la parte actora. Hemos de señalar que, la jurisprudencia de la misma Sala, se ha expedido en el sentido que tenemos explicado más arriba, en sentencias emitidas con anterioridad, con lo cual esta falta de coherencia entre unos y otros fallos contradictorios, permitiría también fundamentar la preparación y posterior interposición de nuestro recurso en sede casacional, poco interés presentan otros pormenores del caso al cumplirse los requisitos para el acceso a casación, toda vez que el derecho al debido proceso queda conculcado. Evidentemente, al rehabilitarse el plazo para contestar demanda y ser admitida esta, excediendo sobradamente dicho plazo, el demandante queda así en situación de indefensión, provocando entre otras violaciones a las garantías procesales, una situación de manifiesta desigualdad entre ambas partes. III. Contestación fuera de plazo y motivos para acceder a la vía casacional. Esta falta de contestación de la demanda en el plazo señalado por parte de la Administración demandada, nos permite, más allá de otros pormenores del caso, tener acceso a la vía casacional, en virtud de que podría alegase la violación de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas que rigen las garantías procesales, tales como el artículo 24 CE, que consagra el derecho a la tutela judicial efectiva, del cual se derivan otras garantías del debido proceso. Las normas infringidas son las siguientes: art. 24 de la Constitución Española, 218 LEC, 33.2, 65.2 y 67.1, de la LRJCA, por infracción de las normas reguladoras de la sentencia por incon-gruencia entre lo pedido y lo resuelto por tratarse de incongruencia omisiva y aplicación retroactiva de la ley en perjuicio de la recurrente, sin que con-curra otra pretensión impugnatoria que justifique el agravamiento en la con-dición de la recurrente. En el caso de la demandante esta última exigencia queda cubierta por la presentación de copias de los escritos en los cuales se solicitó la subsanación de las faltas y transgresiones en el oportuno momento procesal. Dado que, por deberse las faltas y transgresiones producidas a las dilaciones indebidas en las que el Tribunal incurrió, en un procedimiento en el cual la preferencia es donde el demandante de absoluta en PorDerecho.com 32 PorDerecho.com 26
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