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Timestamp: 2018-11-21 08:46:41
Document Index: 106972152

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 134', 'ARTÍCULO 129', 'artículo 130', 'artículo 130', 'artículo 128', 'artículo 134', 'artículo 129']

﻿ SENTENCIA C-636 DE MAYO 31 DE 2000
SENTENCIA C-636 DE 31 DE MAYO DE 2000
CONTENIDO:SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS. PERSONAS DIFERENTES AL PROPIETARIO DE UN INMUEBLE QUE HABITE O LO UTILICE DE MODO PERMANENTE A CUALQUIER TÍTULO, PUEDE CELEBRAR UN CONTRATO QUE TENGA POR OBJETO LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS, CONSERVANDO LA SOLIDARIDAD DE LA OBLIGACIÓN CON EL DUEÑO DEL INMUEBLE. SE DECLARA EXEQUIBLES EL ARTÍCULO 134 Y LAS EXPRESIONES ACUSADAS DEL ARTÍCULO 129 DE LA LEY 142 DE 1994.
TEMAS ESPECÍFICOS:SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, PROPIEDAD DE BIEN INMUEBLE, CONTRATO DE OPERACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, CONTRATO DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
Sentencia C-636 de mayo 31 de 2000
Sent. C-636 de 2000
Ref.: Expediente D-2628. Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 129(p) y 134 de la Ley 142 de 1994.
Santafé de Bogotá D.C., treinta y uno de mayo de dos mil.
EXTRACTOS: «A continuación se transcribe el texto de la disposición demanda conforme a su publicación en el Diario Oficial 41.433 del 11 de junio de 1994, resaltando en negrilla lo demandado.
ART. 129.—Celebración del contrato. Existe contrato de servicios públicos desde que la empresa define las condiciones uniformes en las que esta dispuesta a prestar el servicio y el propietario, o quien utiliza un inmueble determinado, solicita allí recibir el servicio, si el solicitante y el inmueble se encuentran en las condiciones previstas por la empresa.
Vll. Consideraciones y fundamentos
Según los cargos de la demanda, las intervenciones registradas en el curso del proceso y el concepto emitido por el Procurador, la Corte determinará si las normas acusadas, en cuanto señalan que personas diferentes al propietario puedan celebrar el contrato de servicios públicos, y acceder a la prestación de éstos, violan los artículos 2º, 29 y 58 de la Constitución. Para ello, la Corte habrá de establecer el alcance de la obligación constitucional del Estado en lo que concierne con la prestación de los servicios públicos domiciliarios y la determinación de los usuarios.
2.1. El artículo 130 de la Ley 142 de 1994 estableció que son partes del contrato de servicios públicos, tanto la empresa como los usuarios. Y el usuario (art. 14.33), es la persona natural y jurídica que se beneficia con la prestación de un servicio público, bien como propietario del inmueble donde éste se preste, o como receptor directo del servicio, esto es, como consumidor.
2.2. En el inciso 2º del artículo 130 se consagró el principio de la solidaridad, para efectos de las obligaciones y derechos emanadas del referido contrato, en los siguientes términos:
La Corte en la Sentencia C-493 de 1997 (2) se pronunció sobre la exequibilidad de dicho segmento normativo en los siguientes términos:
“Las relaciones entre los usuarios de los servicios públicos domiciliarios y las empresas que de ellos se encargan tienen por base un contrato que, en términos de la Ley 142 de 1994, es uniforme y consensual, “en virtud del cual una empresa de servicios públicos los presta a un usuario a cambio de un precio en dinero, de acuerdo a estipulaciones que han sido definidas por ella para ofrecerlas a muchos usuarios no determinados”.
Debe precisarse, sin embargo, que en materia de servicios públicos domiciliarios, de acuerdo con lo regulado por el legislador y con el propio contenido de la Constitución Política, algunos de cuyos aspectos más relevantes se han destacado, la naturaleza de la relación jurídica entre la empresa que los presta y el usuario no es solamente contractual sino también estatutaria, “debido a que su prestación involucra derechos constitucionales —salud, educación, seguridad social, etc.— y su reglamentación administrativa obedece a intereses públicos determinados, quedando reservada su gestión, control y vigilancia a los organismos del Estado” (3) .
(3) Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-540 de 1992, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
Cabe destacar que tanto de la noción que del contrato de servicios públicos de la ley como del régimen constitucional de los mismos, se desprende una característica importante y es el carácter oneroso de esos servicios. Ya la Corte ha hecho énfasis en que pese a quedar “supérstite en pocos servicios”, actualmente la idea de gratuidad ha sido abandonada, siendo los servicios públicos, por regla general onerosos y “surgiendo la obligación para las personas y los ciudadanos de contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado, dentro de conceptos de justicia y equidad (art. 95, num. 9º y art. 368 ibídem)” (4) .
(4) Cfr. Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-580 de 1992, M.P. Fabio Morón Díaz.
En efecto, de conformidad con el artículo 128 de la Ley 142 de 1994, la empresa presta los servicios públicos al usuario, “a cambio de un precio” y, de otra parte, la misma Constitución, tratándose de los servicios públicos domiciliarios, alude a un régimen tarifario que ha de tomar en cuenta criterios de costos, solidaridad social y redistribución de ingresos. De igual manera, la Carta Fundamental dispone que atañe a la ley la determinación de las autoridades competentes para fijar las tarifas (art. 367) y autoriza a la Nación, a los departamentos, a los distritos, a los municipios y a las entidades descentralizadas para que, en sus respectivos presupuestos, concedan subsidios a las personas de menores impresos a fin de que “puedan pagar las tarifas de los servicios públicos domiciliarios que cubran sus necesidades básicas (C.P., art. 368)”.
“La segunda consideración se refiere a la naturaleza “domiciliaria” de los servicios públicos que se comentan. Lo domiciliario es, según el Diccionario de la Real Academia Española, lo “perteneciente al domicilio” o lo que “se ejecuta y se cumple en el domicilio del interesado” acepciones estas que sin perjuicio de la finalidad de los servicios públicos domiciliarios que es la satisfacción concreta de necesidades personales, sugieren una vinculación de los mentados servicios con el inmueble, aspecto que contribuye a explicar por qué el propietario puede ser llamado a responder aun cuando no sea consumidor directo y por qué existe también una solidaridad en los derechos, por cuya virtud los consumidores directos, así no sean propietarios, están habilitados para exigir que el servicio les sea prestado eficientemente o que la empresa prestadora repare un daño que se haya presentado.
En este sentido, aun cuando tienen sus características propias, bien vale la pena recordar la existencia de las llamadas obligaciones propter rem, denominadas también obligaciones reales por oposición a las obligaciones comunes que tienen vigencia en el derecho civil, y que implican una carga que se impone al que tiene el derecho de propiedad u otros derechos reales principales sobre una cosa, de donde le viene la denominación de obligaciones “propter rem”.
De otra parte, cabe anotar que una regulación pormenorizada que tuviera en cuenta la mayoría de los negocios jurídicos que una persona estaría en condiciones de realizar con un bien inmueble de su propiedad, para asignar en cada evento una consecuencia jurídica distinta en relación con el cumplimiento de las obligaciones anejas al contrato de servicios públicos, fuera de no ser exigible al legislador, en caso de resultar posible lo haría incurrir en un casuismo que, además de afectar la autonomía personal, incidiría en forma negativa sobre las condiciones de operación de unas empresas que necesitan recuperar los costos en los que han incurrido y que están abocadas a garantizar a los usuarios una prestación eficiente, contínua e ininterrumpida de los servicios a su cargo, sin tomar en consideración que las dificultades para obtener el pago de servicios ya prestados son enormes y que al hacerlas todavía más difíciles, sustrayendo al propietario de sus obligaciones, se surtiría un efecto contrario a las finalidades sociales que la Constitución y la ley, en consonancia con ella, le asignan a los servicios públicos, piénsese, por ejemplo, en el criterio de redistribución de ingresos.
Los inconvenientes que se derivarían de suprimirles a las empresas públicas la posibilidad de obtener el pago de personas que, como los propietarios, mantienen con el bien una relación más durable, permanente y de mayor entidad que la simple tenencia, serían más graves que los que eventualmente tendrían que soportar los titulares del derecho de dominio, quienes en el caso de ser compelidos a efectuar el pago, por obra de la solidaridad se subrogan en las acciones del acreedor, al paso que evitan el corte del servicio y el pago de los derechos de reconexión que les resultarían más gravosos”.
a) Es de la esencia de la filosofía política que inspira al Estado social de derecho la de asegurar, como cometido básico de éste, inherente a su finalidad social, la atención y satisfacción de las necesidades insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable, y otras, que aseguren el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida, con el fin de hacer efectiva la igualdad material entre todos los integrantes de la comunidad. De este modo, la realización y la eficacia sustantiva del Estado social de derecho se mide por la capacidad de este para satisfacer, a través de la prestación de los servicios públicos, las necesidades vitales de la población, mediante el suministro de concretas prestaciones que tiendan a ello y, consecuentemente, de lograr por esta vía la igualación de las condiciones materiales de existencia de las personas.
c) Resulta razonable, por lo anterior, que el legislador consigne lineamientos uniformes relativos a las condiciones requeridas para el perfeccionamiento y la validez del contrato, así como los efectos que se derivan del mismo, traducidos en los derechos del usuario, sea que quien lo solicite y reciba, actúe como propietario, arrendatario, comodatario, poseedor u ocupante del inmueble a cualquier otro título.
Declarar EXEQUIBLES el artículo 134 y las expresiones acusadas del artículo 129 de la Ley 142 de 1994.