Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-c-373-de-abril-27-de-2004?documento=jurcol&contexto=jurcol_75992041f44af034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-12-13 02:41:40
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﻿ SENTENCIA C-373 DE ABRIL 27 DE 2004
SENTENCIA C-373 DE 27 DE ABRIL DE 2004
CONTENIDO:PLAN NACIONAL DE DESARROLLO. COMPETENCIAS EN MATERIA DE EVALUACIÓN ASIGNADAS POR LA CONSTITUCIÓN Y LA LEY ORGÁNICA DEL PLAN DE DESARROLLO. SE DECLARA INEXEQUIBLE LAS EXPRESIONES "PARTE DEL" CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 11 DE LA LEY 812 DE 2003.
TEMAS ESPECÍFICOS:PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
Sentencia C-373 de abril 27 de 2004
Sentencia C-373 de 2004
Ref.: Expediente D-4840
Actores: Claudia Blum de Barberi, Rafael Pardo Rueda, Andrés González Díaz.
Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 6º y 11 (parciales) de la Ley 812 de 2003 “por la cual se aprueba el plan nacional de desarrollo 2003-2006, hacia un Estado comunitario”.
A continuación se transcribe el texto de las normas demandadas de conformidad con su publicación en el Diario Oficial 45.321 del 27 de junio de 2003. Se resalta lo demandado.
Departamento Valores
ART. 11.—Evaluación del plan de desarrollo. Para fortalecer la gestión pública orientada al logro de los resultados del plan de desarrollo, el Gobierno Nacional, en el marco del sistema nacional de evaluación reglamentará los esquemas de seguimiento, evaluación, incentivos y difusión de resultados, que garanticen la eficiencia, eficacia y transparencia en la asignación de recursos. En todo caso el Congreso de la República, a través de las comisiones económicas, nombrará dos (2) miembros de cada una de ellas que harán parte del seguimiento y la evaluación del plan, y presentarán a cada una de las cámaras un informe semestral de sus resultados. Así mismo, concertarán con el Gobierno Nacional la inclusión de las inversiones contenidas en el rubro de “inversiones regionales por sectorizar” de que trata el artículo 6º de la presente ley, que puedan ejecutarse en el presupuesto de la vigencia 2003.
2. Incidencia del fenómeno de la cosa juzgada en el presente caso.
2.1. Existencia de cosa juzgada constitucional absoluta en relación con las expresiones “y del Congreso Nacional” contenida en el artículo 6º numeral 4º de la Ley 812 de 2003 y, “concertarán con el Gobierno Nacional la inclusión de las inversiones contenidas en el rubro de inversiones regionales por sectorizar de que trata el artículo 6º de la presente ley, que puedan ejecutarse en el presupuesto de la vigencia 2003”, contenida en el artículo 11 de la citada Ley 812 de 2003 “por la cual se aprueba el plan nacional de desarrollo 2003-2006, hacia un Estado comunitario”.
La Corte constata que en el presente caso en relación con las expresiones “y del Congrego Nacional” contenida en el artículo 6º numeral 4º de la Ley 812 de 2003 y “concertarán con el Gobierno Nacional la inclusión de las inversiones contenidas en el rubro de inversiones regionales por sectorizar de que trata el artículo 6º de la presente ley, que puedan ejecutarse en el presupuesto de la vigencia 2003”, contenida en el artículo 11 de la citada Ley 812 de 2003 “por la cual se aprueba el plan nacional de desarrollo 2003-2006, hacia un Estado comunitario”, demandadas en este proceso, la Corte profirió la Sentencia C-022 del 20 de enero de 2004, magistrado ponente Alfredo Beltrán Sierra.
“3.4.2.1.4. Es extraño por completo a las funciones del Congreso de la República ordenar por medio de una ley su participación con los alcaldes en la definición de proyectos específicos de inversión regional para que esta aparezca como “el resultado de su concurrencia con el ejecutivo nacional, departamental y de Bogotá”. Las funciones del Congreso de la República se ejercen directamente por él, tanto cuando ejerce la atribución de dictar las leyes como cuando realiza el control político o cualquiera otra función pública. El Congreso ejerce su competencia como legislador únicamente con sujeción a la Constitución o a las leyes orgánicas que regulan la función legislativa. No puede, en consecuencia, la ley del plan, imponerle una concurrencia obligada con el ejecutivo, ni con la participación de los delegados de los alcaldes, ni previa la realización de audiencias consultivas, para que pueda definir proyectos específicos de inversión regional.
El cercenamiento de las atribuciones del Congreso por vía legislativa, o el incluir en leyes distintas de su reglamento requisitos adicionales para la expedición de las leyes, es contrario al principio democrático. Cuando la Constitución así lo dispone, es ella la norma superior y bien puede, dada su jerarquía, limitar de esa manera las atribuciones del legislador. Así sucede, por ejemplo, con respecto a las leyes a que se refieren los numerales 3º, 7º, 9º, 11 y 22 y los literales a), b) y e) del numeral 19 del artículo 150 de la Carta; o, con las leyes que ordenen la participación en las rentas nacionales o su transferencia a las entidades territoriales; o con aquellas que versen sobre la autorización de aportes o suscripciones del Estado a empresas industriales o comerciales; o con las que decreten exenciones de impuestos, contribuciones o tasas nacionales, porque así lo establece expresamente el artículo 154 de la Constitución; o con el proyecto de presupuesto anual de rentas y ley de apropiaciones, que debe ser formulado por el Gobierno Nacional dentro de los primeros diez días de cada legislatura, por expreso mandato del artículo 346 de la Carta.
3.4.2.1.5. De la misma manera resulta contrario a la Carta Política ordenarle al Congreso de la República la designación de dos miembros de cada una de las comisiones económicas para que, por su conducto, ellos cumplan el mandato según el cual “concertarán” con el ejecutivo nacional “la inclusión de las inversiones contenidas en el rubro de ‘inversiones regionales por sectorizar’ de que trata el artículo 6º de la presente ley, que puedan ejecutarse en el presupuesto de la vigencia 2003”.
Además, ha de observarse que esa atribución otorgada por la ley al Congreso coincide con la aprobación de otros proyectos de ley de iniciativa gubernamental, entre ellos el del presupuesto anual de rentas y ley de apropiación para el año 2003 al cual en apariencia le serviría como título jurídico para decretar esos gastos la ley del plan, sin que se especifique a cuáles proyectos concretos se refiere, pues se trata de partidas para inversiones regionales por sectorizar asignadas a cada departamento sin que en ninguna se señale proyecto concreto al que deba ser aplicada.
3.4.2. Fluye entonces de lo expuesto que las expresiones acusadas de los artículos 6º y 11 de la Ley 812 de 2003 quebrantan el artículo 150 de la Constitución Política, así como los artículos 339, 346 y 349 y 352 de la Carta Política, pues sujeta la expedición de las futuras leyes de presupuesto durante la vigencia de esa ley a requisitos no señalados en la Carta Política para el Congreso de la República, establece una concertación no prevista en ella para la ejecución de proyectos específicos de inversión regional, crea la institución novísima de unos delegados del Congreso para actuar como representantes de este en la aludida concertación con el Gobierno Nacional, nada de lo cual se encuentra previsto ni para la expedición del plan de desarrollo, ni para la expedición de la ley anual de presupuesto en las normas constitucionales mencionadas, así como tampoco en la Ley 152 de 1994, que es la ley orgánica del plan de desarrollo, ni tampoco en el estatuto orgánico del presupuesto nacional (D. 111/96)”.
En consecuencia la Corte decidió: “Declarar INEXEQUIBLES las expresiones “y del Congreso Nacional” contenida en el artículo 6º numeral 4º de la Ley 812 de 2003 y, “concertarán con el Gobierno Nacional la inclusión de las inversiones contenidas en el rubro de inversiones regionales por sectorizar de que trata el artículo 6º de la presente ley, que puedan ejecutarse en el presupuesto de la vigencia 2003”, contenida en el artículo 11 de la citada Ley 812 de 2003 “por la cual se aprueba el plan nacional de desarrollo 2003-2006, hacia un Estado comunitario””.
Ha operado entonces el fenómeno de la cosa juzgada constitucional respecto de los cargos formulados contra las expresiones aludidas contenidas en los artículos 6º y 11 de la Ley 812 de 2003, por lo cual habrá de estarse a lo resuelto en la citada sentencia y así se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.
2.2. Ausencia de cosa juzgada en relación con las expresiones “En todo caso el Congreso de la República, a través de las comisiones económicas, nombrará dos (2) miembros de cada una de ellas que harán parte del seguimiento y la evaluación del plan, y presentarán a cada una de las cámaras un informe semestral de sus resultados”, contenidas en el artículo 11 de la citada Ley 812 de 2003 “por la cual se aprueba el plan nacional de desarrollo 2003-2006, hacia un Estado comunitario”.
La Corte constata que los actores en el presente proceso demandaron igualmente las expresiones “En todo caso el Congreso de la República, a través de las comisiones económicas, nombrará dos (2) miembros de cada una de ellas que harán parte del seguimiento y la evaluación del plan, y presentarán a cada una de las cámaras un informe semestral de sus resultados” contenidas en el artículo 11 de la citada Ley 812 de 2003 “por la cual se aprueba el plan nacional de desarrollo 2003-2006, hacia un Estado comunitario” en relación con las cuales formulan un cargo sobre la supuesta vulneración de los artículos 343 y 344 superiores así como la ley orgánica del plan, que no fue analizado en la Sentencia C-022 de 2004 al hacer análisis de los apartes del mismo artículo que fueron declarados inexequibles en la referida sentencia (1) .
En consecuencia dado que se trata de expresiones diferentes a las que se analizaron en la referida sentencia y que el cargo igualmente es diferente de los que allí se estudiaron, deberá precederse por la Corte a efectuar el correspondiente examen de los argumentos expuestos por los demandantes en el presente proceso.
3. El cargo planteado por los demandantes.
Corresponde a la Corte en consecuencia examinar si las expresiones “En todo caso el Congreso de la República, a través de las comisiones económicas, nombrará dos (2) miembros de cada una de ellas que harán parte del seguimiento y la evaluación del plan, y presentarán a cada una de las cámaras un informe semestral de sus resultados”, contenidas en el artículo 11 de la Ley 812 de 2003 vulneran o no los artículos 343 y 344 superiores así como la ley orgánica del plan de desarrollo.
4. Las competencias en materia de evaluación asignadas por la Constitución y la ley orgánica del plan de desarrollo y el alcance de las expresiones acusadas.
Cabe señalar, de otra parte, que el legislador en desarrollo de los artículos 151 y 342 superiores (2) expidió la Ley 152 de 1994 “por la cual se expide la ley orgánica del plan de desarrollo” cuyo artículo primero estableció que dicha ley tiene como propósito “establecer los procedimientos y mecanismos para la elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y control de los planes de desarrollo, así como la regulación de los demás aspectos contemplados por el artículo 342, y en general por el capítulo 2 del título XII de la Constitución Política y demás normas constitucionales que se refieren al plan de desarrollo y la planificación”.
Dicha ley en la que se asigna en el artículo 8º al Congreso de la República la calidad de instancia nacional de planeación (3) , señaló en el capítulo VII relativo a la evaluación del plan lo siguiente:
ART. 29.—Evaluación. Corresponde al Departamento Nacional de Planeación, en su condición de entidad nacional de planeación, diseñar y organizar los sistemas de evaluación de gestión y de resultados de la administración, tanto en lo relacionado con políticas como con proyectos de inversión, y señalar los responsables, términos y condiciones para realizar la evaluación. Dichos sistemas tendrán en cuenta el cumplimiento de las metas, la cobertura y calidad de los servicios y los costos unitarios, y establecerán los procedimientos y obligaciones para el suministro de la información por parte de las entidades.
2. El Departamento Nacional de Planeación, organizará y pondrá en funcionamiento un sistema de evaluación posterior del plan nacional de desarrollo y de los planes de las entidades territoriales, que será coordinado, dirigido y orientado por el mismo departamento (...).
De dichas normas se desprende que corresponde al Departamento Nacional de Planeación, en su condición de entidad nacional de planeación, diseñar y organizar los sistemas de evaluación de gestión y de resultados de la administración, tanto en lo relacionado con políticas como con proyectos de inversión, y señalar los responsables, términos y condiciones para realizar la evaluación (art. 29). Así mismo que a dicha entidad se le asignan responsabilidades de apoyo técnico y administrativo consistentes en organizar y poner en funcionamiento un sistema de evaluación posterior del plan nacional de desarrollo y de los planes de las entidades territoriales, que será coordinado, dirigido y orientado por el mismo departamento (art. 49-2).
A su vez que corresponde al Departamento Administrativo Nacional de Estadística, de acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación y los organismos de planeación departamentales y municipales, el establecimiento de un sistema de información que permita elaborar diagnósticos y realizar labores de seguimiento, evaluación y control de los planes de desarrollo por parte de las entidades nacionales y territoriales de planeación (art. 49-1).
Cabe precisar que la competencia asignada al Departamento Nacional de Planeación en el artículo 29 de la Ley 152 de 1994 —que corresponde a la atribución establecida en el artículo 343 superior—, alude al diseño y la organización de los sistemas de evaluación de gestión y de resultados de la administración, tanto en lo relacionado con políticas como con proyectos de inversión, en tanto que la competencia asignada en el artículo 49 de la Ley 152 de 1994 en materia de apoyo técnico y administrativo se refiere específicamente al plan nacional de desarrollo y a los planes de las entidades territoriales. Dichas competencias aunque guardan relación no cabe confundirlas.
Ahora bien, el artículo 11 de la Ley 812 de 2003 “por la cual se aprueba el plan nacional de desarrollo 2003-2006, hacia un Estado comunitario”, contenido en la sección uno sobre disposiciones de carácter general del capítulo IV sobre mecanismos para la ejecución del plan, tal como hoy rige luego del control de constitucionalidad efectuado por esta corporación en la Sentencia C-022 de 2004 (4) es del siguiente tenor:
ART. 11.—Evaluación del plan de desarrollo. Para fortalecer la gestión pública orientada al logro de los resultados del plan de desarrollo, el Gobierno Nacional, en el marco del sistema nacional de evaluación, reglamentará los esquemas de seguimiento, evaluación, incentivos y difusión de resultados, que garanticen la eficiencia, eficacia y transparencia en la asignación de recursos. En todo caso el Congreso de la República, a través de las comisiones económicas, nombrará dos (2) miembros de cada una de ellas que harán parte del seguimiento y la evaluación del plan, y presentarán a cada una de las cámaras un informe semestral de sus resultados (5) .
De dicho texto se desprende que en lo que respecta al plan nacional de desarrollo 2003-2006 hacia un Estado comunitario, el legislador decidió ordenar i) que para fortalecer la gestión pública orientada al logro de los resultados de dicho plan, corresponderá al gobierno en el marco del sistema nacional de evaluación reglamentar los esquemas de seguimiento, evaluación, incentivos y difusión de resultados, con el fin de garantizar la eficiencia, eficacia y transparencia en la asignación de recursos (6) , y ii) que se proceda a la nominación de dos miembros de cada una de las comisiones económicas del Congreso de la República, para que hagan parte del seguimiento y la evaluación de dicho plan, y presenten a cada una de las cámaras un informe semestral de sus resultados.
5. La intervención de los miembros de las comisiones económicas en el seguimiento y evaluación del plan nacional de desarrollo 2003-2006, para presentar un informe semestral de sus resultados frente al cargo planteado y la función de control político asignada al Congreso.
Así mismo, debe indicarse que la preceptiva contenida en el artículo 344 superior alude a la evaluación de gestión y resultados sobre los planes y programas de desarrollo e inversión de los departamentos y municipios, sin que en ninguno de estos casos la preceptiva contenida en el aparte acusado del artículo 11 de la Ley 812 de 2003 respecto de la participación del Congreso en la evaluación del plan nacional de desarrollo 2003-2006 esté desconociendo las competencias asignadas en dicho texto constitucional o en la ley orgánica de planeación al Departamento Administrativo de Planeación Nacional o a los organismos departamentales de planeación.
Dicha competencia en manera alguna inhibe la posibilidad de que el Congreso en ejercicio del control político que le asigna la Constitución pueda participar del seguimiento y evaluación del plan de desarrollo a través de los miembros de las comisiones económicas del Congreso que este designe con el único fin de que presenten a las respectivas corporaciones un informe sobre sus resultados.
En ese orden de ideas para la Corte el aparte acusado del artículo 11 de la Ley 812 de 2003 en el que se ordena la designación de dos miembros de cada una de las comisiones económicas del Congreso para que participen del seguimiento y la evaluación del plan, y presenten a cada una de las cámaras un informe semestral de sus resultados, ha de entenderse enmarcado necesariamente dentro de la función de control político asignada al Congreso de la República por la Constitución, sin que dicha preceptiva pueda tener un alcance que vaya más allá del establecimiento de un mecanismo interno al Congreso de la República para adelantar y facilitar dicho control político sobre el desenvolvimiento y el cumplimiento de las metas fijadas en el plan de desarrollo.
Al respecto cabe recordar que de acuerdo con el artículo 138 superior corresponde al Congreso de la República en cualquier tiempo ejercer la función de control político que le es propia y que le permite por ejemplo i) solicitar al gobierno los informes que necesite, salvo sobre instrucciones en materia diplomática o sobre negociaciones de carácter reservado, ii) determinar la celebración de sesiones reservadas en forma prioritaria a las preguntas orales que formulen los congresistas a los ministros y a las respuestas de estos, iii) recabar del gobierno la cooperación de los organismos de la administración pública para el mejor desempeño de sus atribuciones, iv) citar y requerir a los ministros para que concurran a las sesiones, v) proponer moción de censura respecto de los ministros por asuntos relacionados con funciones propias del cargo, vi) emplazar a toda persona natural o jurídica, para que en sesión especial rinda declaraciones orales o escritas, que podrán exigirse bajo juramento, sobre hechos relacionados directamente con las indagaciones que la comisión adelante (C.P., arts. 135, 136 y 137).
No sobra precisar igualmente que la designación de los miembros de las comisiones económicas a que alude el aparte acusado y el informe que ellos presenten no puede entenderse tampoco como la única manifestación posible del ejercicio de dicho control político en relación con el plan de desarrollo, sino que este es apenas un simple mecanismo interno al Congreso, entre otros, para facilitar dicho control.
6. La inconstitucionalidad de las expresiones “parte del” contenidas en el artículo 11 de la Ley 812 de 2003.
Ahora bien, dado que como acaba de explicarse la intervención que pueda darse por parte del Congreso de la República en el seguimiento y evaluación del plan de desarrollo se enmarca exclusivamente dentro del ejercicio del control político que le asigna la Constitución, las expresiones “parte del” contenidas en el artículo 11 de la Ley 812 de 2003 deben ser declaradas inexequibles por cuanto estas pueden llegar a entenderse en el sentido de que los miembros de las comisiones económicas del Congreso designados por dichas corporaciones para hacer seguimiento y evaluación del plan forman parte de las autoridades administrativas a las que la ley orgánica del plan de desarrollo les atribuye competencias respecto del diseño y la organización de los sistemas de evaluación de gestión y de resultados de la administración, tanto en lo relacionado con políticas como con proyectos de inversión (art. 29), así como en materia de apoyo técnico y administrativo respecto del plan nacional de desarrollo y los planes de las entidades territoriales (art. 49).
Siendo competencias —las del Congreso en materia de control político y las de las autoridades administrativas en las materias señaladas por los artículos 29 y 49 de la ley orgánica del plan de desarrollo— con un contenido claramente diferente, ninguna duda debe haber sobre el alcance de cada una de ellas.
1. ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-022 de 2004, que declaró INEXEQUIBLES las expresiones “y del Congreso Nacional” contenida en el artículo 6º numeral 4º de la Ley 812 de 2003 y, “concertarán con el Gobierno Nacional la inclusión de las inversiones contenidas en el rubro de inversiones regionales por sectorizar de que trata el artículo 6º de la presente ley, que puedan ejecutarse en el presupuesto de la vigencia 2003”, contenidas en el artículo 11 de la citada Ley 812 de 2003 “por la cual se aprueba el plan nacional de desarrollo 2003-2006, hacia un Estado comunitario”.
2. Declarar INEXEQUIBLES las expresiones “parte del” contenidas en el artículo 11 de la Ley 812 de 2003 “por la cual se aprueba el plan nacional de desarrollo 2003-2006, hacia un Estado comunitario”.
3. Declarar EXEQUIBLES, por el cargo analizado en esta sentencia las expresiones “En todo caso el Congreso de la República, a través de las comisiones económicas, nombrará dos (2) miembros de cada una de ellas que harán seguimiento y la evaluación del plan, y presentarán a cada una de las cámaras un informe semestral de sus resultados”, contenidas en el artículo 11 de la Ley 812 de 2003 “por la cual se aprueba el plan nacional de desarrollo 2003-2006, hacia un Estado comunitario”.
(1) Téngase en cuenta en efecto que en la Sentencia C-022 de 2004 el problema jurídico analizado en relación con las expresiones “y del Congreso Nacional” contenida en el artículo 6º numeral 4º y, “concertarán con el Gobierno Nacional la inclusión de las inversiones contenidas en el rubro de inversiones regionales por sectorizar de que trata el artículo 6º de la presente ley, que puedan ejecutarse en el presupuesto de la vigencia 2003”, contenida en el artículo 11 de la Ley 812 de 2003 fue resumido por la Corte en los siguientes términos: “Habrá de analizarse si la concurrencia del Congreso Nacional para la definición de proyectos específicos y la prioridad de los mismos con anterioridad a la presentación de la ley general de presupuesto para la vigencia del año 2004, a la cual se refiere el numeral 4º del artículo 6º de la citada ley, así como la concertación a través de los dos miembros de las comisiones económicas del Congreso de la República, con el Gobierno Nacional, para incluir inversiones regionales a que se refiere el artículo 11 de la Ley 812 de 2003 que puedan ejecutarse en el presupuesto de la vigencia de 2003, en realidad constituyen una forma de otorgamiento de “auxilios parlamentarios”, lo cual sería violatorio del artículo 136, numeral 4º y del artículo 355 de la Constitución Política.
Por otra parte, la Corte habrá de examinar si la asignación de partidas para inversiones regionales por sectorizar de que trata el artículo 6º de la ley acusada, viola el derecho a la igualdad por la posibilidad de que los aspirantes a formar parte del Congreso queden en situación de desventaja con respecto a quienes ya forman parte del mismo, pero van a las elecciones con el privilegio de haber intervenido en la asignación de partidas regionales de inversión”. Sentencia C-022 de 2004, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
(2) ART. 151.—El Congreso expedirá leyes orgánicas a las cuales estará sujeto el ejercicio de la actividad legislativa. Por medio de ellas se establecerán los reglamentos del Congreso y de cada una de las cámaras, las normas sobre preparación, aprobación y ejecución del presupuesto de rentas y ley de apropiaciones y del plan general de desarrollo, y las relativas a la asignación de competencias normativas a las entidades territoriales. Las leyes orgánicas requerirán, para su aprobación, la mayoría absoluta de los votos de los miembros de una y otra Cámara.
ART. 342.—La correspondiente ley orgánica reglamentará todo lo relacionado con los procedimientos de elaboración, aprobación y ejecución de los planes de desarrollo y dispondrá los mecanismos apropiados para su armonización y para la sujeción a ellos de los presupuestos oficiales.
(3) ART. 8º—Autoridades e instancias nacionales de planeación. Son autoridades nacionales de planeación:
2. El Consejo Nacional de Política Económica y Social, Conpes y el Conpes social.
(4) Dicha sentencia declaró la inexequibilidad de las expresiones “Así mismo, concertarán con el Gobierno Nacional la inclusión de las inversiones contenidas en el rubro de “inversiones regionales por sectorizar” de que trata el artículo 6º de la presente ley, que puedan ejecutarse en el presupuesto de la vigencia 2003” contenidas en el aparte final de dicho artículo.
(5) Itálica fuera de texto que corresponde al aparte acusado por los actores.
(6) De conformidad con el mandato contenido en el aparte final del artículo 29 de la Ley 152 de 1994 el sistema nacional de evaluación, deberá reglamentarse por decreto.
Al respecto hasta el momento solamente ha sido expedida la Resolución 63 de 1994 del Consejo Nacional de Política Económica y Social, Conpes “por el cual se organiza el sistema nacional de evaluación de gestión y resultados y se establecen algunos procedimientos” en ejercicio de las facultades conferidas por el numeral 3º y los artículos 1º y 22 del Decreto 2167 de 1992 “por el cual se reestructura el Departamento Nacional de Planeación”.