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Timestamp: 2018-06-19 00:45:55
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Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 447', 'artículo 78', 'artículo 65', 'artículo 447', 'artículo 447', 'artículo 447', 'artículo 447', 'artículo 446', 'artículo 19', 'artículo 447', 'artículo 447', 'artículo 447', 'artículo 447', 'artículo 447', 'artículo 447', 'artículo 447', 'artículo 447', 'artículo 447', 'artículo 446', 'artículo 447', 'artículo 447', 'artículo 447', 'artículo 447', 'artículo 447', 'artículo 447', 'artículo 447', 'artículo 447', 'artículo 447', 'artículo 447', 'artículo 8', 'artículo 72', 'artículo 56', 'artículo 62', 'artículo 62', 'artículo 56']

VII. ORDEN DEL DÍA
CONCESIÓN DE NACIONALIDAD CHILENA, POR ESPECIAL GRACIA, A DON LUIS ORTIGOZA MARCHISIO
ELIMINACIÓN DE PALABRAS "AMO" Y "CRIADO" DE ARTÍCULO 447 DE CÓDIGO PENAL
Sesión 1ª, en miércoles 12 de marzo de 2014
La señora ALLENDE (Presidenta).- Bienvenidos los señores Senadores y Senadoras que se incorporan en el presente período legislativo.
Corresponde dar cuenta, en primer lugar, de las comunicaciones dirigidas a la Corporación, según lo dispuesto en el artículo 78 del Reglamento.
Dos del entonces Presidente de la República señor Sebastián Piñera Echenique, con los que se da inicio a los siguientes asuntos:
1.- Proyecto de ley que establece un nuevo Código Penal (boletín N° 9.274-07).
2.- Proyecto que incorpora modificaciones, en materia de gobierno corporativo, a la ley que crea la Empresa Nacional de Minería (boletín N° 9.275-08).
Con el primero comunica la nómina de los señores Diputados designados integrantes de las Comisiones de Reja y de Pórtico para la ceremonia de transmisión del mando presidencial realizada el día de ayer.
Con el segundo informa que eligió Presidente y Primer y Segundo Vicepresidentes a los Diputados señores Aldo Cornejo González, Lautaro Carmona Soto y Rodrigo González Torres, respectivamente
Remite copia autorizada de la sentencia definitiva pronunciada en la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo cuarto, inciso quinto, de la ley N° 19.531, que reajusta e incrementa las remuneraciones del Poder Judicial, en su texto modificado por la ley N° 20.224.
Da respuesta a tres solicitudes, remitidas en nombre de la entonces Senadora señora Rincón, acerca de los asuntos que se enuncian a continuación:
1.- Otorgamiento de hora para efectuar intervención quirúrgica que necesita la señora Elizabeth Espinoza Valdés, derivada desde el consultorio Juan Pablo II al Hospital San Juan de Dios.
2.- Atención en establecimiento hospitalario de la Región del Maule a la señora Soledad Pauker Nogues, domiciliada en la comuna de San Javier, requirente de una operación de urgencia.
3.- Atención de cirugía para instalar una prótesis total de cadera al señor Carlos Vallejos Muñoz, vecino de la comuna de Parral, paciente del sistema GES.
Responde petición, cursada en nombre de la Honorable señora Allende, relativa al estudio de un proyecto que modifique el decreto ley N° 1.350, de 1976, que crea la Corporación Nacional del Cobre de Chile, con el objeto de establecer la aprobación de un presupuesto de tres años que contemple el aporte fiscal para la formación de fondos de capitalización y reserva.
Contesta petición, enviada en nombre del Honorable señor Prokurica, atinente a la posibilidad de proponer un proyecto de ley que establezca un presupuesto plurianual para la Corporación Nacional del Cobre de Chile.
Responde solicitud, formulada en nombre de los Honorables señores Prokurica, Horvath y Orpis y de los entonces Senadores señores Frei y Gómez, sobre la posibilidad de presentar un proyecto de ley en materia de sistema de capitalización plurianual para la Corporación Nacional del Cobre de Chile.
Da respuesta a dos acuerdos de la Corporación, dirigidos al entonces señor Presidente de la República, sobre la materia que en cada uno de los casos se indica:
1.- El propuesto por los Honorables señora Allende y señores Orpis, Pizarro, Prokurica y Zaldívar y los entonces Senadores señores Escalona y Gómez, en cuanto al estudio de una fórmula de financiamiento de largo plazo que permita a la Corporación Nacional del Cobre de Chile asumir su plan estratégico de inversión (boletín Nº S 1.553-12).
2.- El promovido por los Honorables señora Allende y señores Bianchi, Horvath, Lagos, Letelier, Prokurica, Rossi, Tuma y Zaldívar y por los entonces Senadores señora Rincón y señores Escalona, Gómez y Muñoz Aburto para autorizar la capitalización de las utilidades generadas por la Corporación Nacional del Cobre de Chile durante 2012 (boletín Nº S 1.593-12).
De la entonces Directora del Trabajo:
Atiende consulta, efectuada en nombre de la Honorable señora Allende, relativa a medidas adoptadas por las empresas mineras y los organismos administradores pertinentes para implementar las enmiendas introducidas al decreto supremo N° 594, de 1999, del Ministerio de Salud, sobre prevención y protección de la salud de quienes laboran expuestos a hipobaria intermitente crónica.
Del entonces Jefe de Gabinete del Subsecretario de Vivienda y Urbanismo:
Responde solicitud de información, cursada en nombre del Honorable señor Navarro, tocante al número de funcionarios de planta, a contrata y a honorarios en esa Secretaría de Estado durante el primer trimestre de 2011, 2012 y 2013 y la cantidad de vacantes provistas en esos años.
Del Honorable señor Chahuán y del entonces Senador señor Cantero, con la que dan inicio a un proyecto que modifica la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional para conservar a los ex parlamentarios su categoría y precedencia protocolares (boletín N° 9.268-07).
De los Honorables señores Larraín, García, Orpis, Pérez Varela y Walker (don Patricio), con la que se inicia un proyecto de reforma constitucional sobre negociación colectiva y derecho de huelga de los trabajadores del sector público (boletín N° 9.267-13).
Del entonces Senador señor Muñoz Aburto y del Honorable señor Navarro, con la que se da inicio a un proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo a fin de establecer medidas que aseguren el pago de las obligaciones que surjan de un procedimiento laboral (boletín N° 9.270-13).
Moción de la entonces Senadora señora Alvear, con la que propone un proyecto de ley que establece un sistema especial de exenciones fiscales y municipales para favorecer el tratamiento de residuos domiciliarios.
--Se declara inadmisible por tratarse de un asunto que debe tener su origen en la Cámara de Diputados, según lo establecido en el inciso segundo del artículo 65 de la Constitución Política, y contener normas de iniciativa exclusiva de Su Excelencia el Presidente de la República, conforme a lo dispuesto en el N° 1° del inciso cuarto de dicha disposición.
La señora ALLENDE (Presidenta).- De acuerdo con la citación, el segundo punto del Orden del Día es la designación de días y horas de las sesiones ordinarias semanales del Senado.
Si le parece a la Sala, podemos continuar con la tradición de fijar para tal efecto los martes y miércoles, de 16 a 20.
El señor BIANCHI.- No hay objeciones.
La señora ALLENDE (Presidenta).- A eso se suma la posibilidad de citar a sesión extraordinaria los jueves, de 10:30 a 13:30, cuando la Mesa lo estimare necesario.
El señor PROKURICA.- Bien.
La señora ALLENDE (Presidenta).- En la última sesión del período legislativo anterior quedó pendiente una tabla ordinaria a la cual se agregaron los proyectos correspondientes a los informes de los cuales se alcanzó a dar cuenta en esa misma oportunidad y que a estas alturas incluye 21 asuntos. Sería preciso darla por aprobada considerando solo el enunciado de cada materia.
Por supuesto, la Mesa tendrá que ordenar después conforme a la calificación de las urgencias. Según lo que hemos sabido, en la semana en curso no las hay.
Si le parece a la Sala, se acogerá dicha tabla.
El señor LARRAÍN.- Señora Presidenta, sobre esta misma materia, no sé si es la voluntad de la Mesa el que hoy día podamos aprovechar el tiempo, ya que estamos constituidos, en analizar proyectos probablemente de mero trámite -son muchos los que están pendientes- que no le generen dificultades en este momento al nuevo Gobierno y con motivo de los cuales no requiramos, desde luego, la presencia de alguna autoridad. Los Comités se podrían poner de acuerdo para determinar algunos que, si hubiera acuerdo, fuese posible despachar rápidamente. Hago referencia a materias que deberían ser de Fácil Despacho, pero podría configurarse una tabla de tres o cuatro iniciativas aprovechando que la Sala está constituida.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señora Presidenta, comprendo perfectamente la petición del Honorable señor Larraín, pero varios colegas vienen recién incorporándose y no conocen el contenido de las iniciativas. No sé si acaso algunas son de tan fácil despacho que su sola lectura permite aprobarlas.
Planteo lo anterior más que nada en consideración a los nuevos Senadores.
La señora ALLENDE (Presidenta).- En todo caso, iba a proponer que después de tratar el punto 4 del Orden del Día, referente a dar cuenta de la composición de los Comités, suspendamos la sesión por un momento para realizar una reunión de estos últimos a fin de ver si efectivamente encontramos algunos proyectos que sean, como dice el Honorable señor Zaldívar, "de tan fácil despacho". Porque cabe recordar que quienes se acaban de integrar no necesariamente vienen todos de la Cámara de Diputados, por un lado, y, por el otro, no han participado en las Comisiones ni adquirido, desde luego, un conocimiento previo de las materias. Estimo un poco injusto -digámoslo así- someter a discusión textos de los cuales ellos no han tenido la oportunidad de imponerse.
A continuación intervendrá el Senador señor Pizarro y luego el Honorable señor Prokurica, y después de dar cuenta de la composición de los Comités que se encuentran listos suspenderé la sesión.
El señor PIZARRO.- Señora Presidenta, iba a formular la misma sugerencia y a plantear, además, la posibilidad de avanzar con los Comités en un itinerario para hacer la propuesta de la conformación de las Comisiones, porque vamos a iniciar nuestro trabajo y, lógicamente, varios proyectos requieren el pronunciamiento de los órganos técnicos.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Puede intervenir el Senador señor Prokurica, y si no se ha inscrito alguien más, informaré en seguida sobre la composición de los Comités que están listos.
El señor PROKURICA.- En la misma línea, señora Presidenta, me parece que ha habido cambios en la composición de estos últimos y que es importante darlos a conocer.
Respecto de lo expuesto por el colega señor Pizarro, quien se me anticipó, estimo asimismo relevante trabajar en la integración de las Comisiones, de tal manera que podamos desde ya estudiar proyectos.
El Senador que habla, en representación del Comité Renovación Nacional, es partidario de que podamos tratar hoy día algunas iniciativas, como lo hizo presente el Honorable señor Larraín.
La señora ALLENDE (Presidenta).- El señor Secretario General dará cuenta de la composición de los Comités ya integrados.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Al día de hoy, los Comités son los siguientes:
Comité Unión Demócrata Independiente e Independiente, cuyos representantes son los Senadores señores Pérez Varela y García-Huidobro.
Comité Demócrata Cristiano e Independiente, cuyos representantes son los Senadores señor Pizarro y señora Goic.
Comité Renovación Nacional, cuyos representantes son los Senadores señores Espina y García.
Comité Independientes y MAS, cuyos representantes son los Senadores señores Navarro y Horvath.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Se suspende la sesión, para celebrar una reunión de Comités.
--Se suspendió a las 16:29.
--Se reanudó a las 16:51.
Tiene la palabra el señor Secretario para dar cuenta de la composición de otro Comité. El señor LABBÉ (Secretario General).- Señores Senadores, ha sido informada también a la Mesa la composición del Comité del Partido Por la Democracia e Independiente, cuyos representantes serán los Honorables señores Girardi y Lagos.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Señoras y señores Senadores, acabamos de celebrar una reunión de Comités, y como ustedes saben, de acuerdo al Reglamento, la Corporación estaba citada para abordar los puntos específicos que él contempla, que son la composición de los Comités, los horarios de sesiones, etcétera. Pero quiero recabar la unanimidad de la Sala -esto fue lo que conversamos ahí- para ver tres proyectos que nosotros consideramos posibles de analizar porque no presentan mayor complejidad.
Sabemos que hay Senadores y Senadoras que recién se vienen incorporando a la labor legislativa y, por lo tanto, no han tenido la oportunidad de conocer esas materias. Sin embargo, los Comités estimaron que respecto de tres proyectos era factible hacer una referencia rápida por parte de algún integrante de la respectiva Comisión para después someterlos a discusión y votación, a fin de aprovechar un poco esta tarde y reducir la tabla, que está muy larga.
Pido al señor Secretario que individualice los tres proyectos para que Sus Señorías sepan sobre qué se va a recabar la unanimidad.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Las iniciativas acerca de las cuales la señora Presidenta solicitará la unanimidad de la Sala para tratarlas en esta sesión son las siguientes:
1) Proyecto de reforma constitucional, iniciado en moción de los Senadores señores Larraín Fernández, Escalona, Novoa y Zaldívar, en primer trámite constitucional, que establece la obligación de las autoridades del Congreso Nacional de rendir una cuenta pública anual, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento (discusión general).
2) Proyecto de ley, iniciado en moción del Senador señor Orpis, en primer trámite constitucional, que suprime las palabras "amo" y "criado" en el artículo 447 del Código Penal, con informe de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía.
3) Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que concede la nacionalidad chilena, por especial gracia, al artista bailarín señor Luis Ortigoza Marchisio, con informe de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía.
La señora ALLENDE (Presidenta).- ¿Habría acuerdo para tratar estas tres iniciativas? Evidentemente, podríamos ver solo una y, si nos alcanza el tiempo, también las otras dos.
Se le solicitaría a un miembro de la Comisión correspondiente que informara, por lo cual el informe sería oral. No sé si están disponibles los documentos escritos, pero, si así fuera, por supuesto que se harían llegar.
Antes de someter a votación la propuesta, ofrezco la palabra al Senador señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señora Presidenta, lo único que le pediría es que ordenara distribuir los informes, porque no los podemos ver en la pantalla del computador. Es preciso conocer su contenido, qué fue lo que pasó, cuáles son los méritos de la persona a la cual se pretende concederle la nacionalidad chilena por gracia, los antecedentes de por qué se desea eliminar las palabras "amo" y "criado". Necesitamos los documentos para poder resolver y votar con conocimiento.
El señor LETELIER.- Señora Presidenta, entiendo que lo que se va solicitar es la unanimidad para comenzar a tratar las iniciativas de la tabla ordinaria en el orden que ha señalado el Secretario, pero sin compromiso para su despacho.
La señora ALLENDE (Presidenta).- El acuerdo de los Comités consiste en discutir tres proyectos cuyo tratamiento sería relativamente sencillo. Se estimó posible iniciar su análisis y, si lo consideraba pertinente la Sala, también votarlos. Pero la idea es al menos comenzar el debate. Y, en todo caso, para mayor conocimiento de cada uno de los señores y señoras Senadoras, un integrante de la Comisión respectiva emitiría un informe oral.
Mientras tanto, si se acogiera la propuesta de los Comités, se haría el esfuerzo para poner en pantalla el documento respectivo para quienes quisieran irlo siguiendo a través de ese medio.
El señor MONTES.- Iba a plantear lo mismo que señaló el Senador Zaldívar, señora Presidenta. No voy a repetirlo.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Entonces, tiene la palabra el Senador señor Rossi.
El señor ROSSI.- Señora Presidenta, entiendo que algunos colegas han manifestado aprensiones para tratar y despachar el proyecto de reforma constitucional, por lo que podríamos partir discutiendo las otras dos iniciativas, que efectivamente son de fácil despacho: la que otorga la nacionalidad chilena por especial gracia a un artista y la que elimina las palabras "amo" y "criado" del artículo 447 del Código Penal. Después se podría iniciar el debate de la otra iniciativa, pero sin votarla.
La señora ALLENDE (Presidenta).- ¿Habría acuerdo sobre la propuesta del Senador señor Rossi?
Por consiguiente, entraremos a analizar, en primer lugar, el proyecto que otorga la nacionalidad chilena por especial gracia.
Boletín N° 9123-17
La señora ALLENDE (Presidenta).- Conforme a lo recién acordado, corresponde ocuparse en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que concede, por especial gracia, la nacionalidad chilena al artista bailarín don Luis Ortigoza Marchisio, con informe de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía.
--Los antecedentes sobre el proyecto (9123-17) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 72ª, en 26 de noviembre de 2013.
Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía: sesión 87ª, en 21 de enero de 2014.
La señora ALLENDE (Presidenta).- El proyecto es bastante sencillo. Le pediría a la Senadora señora Lily Pérez que hiciera un informe oral, omitiendo por ahora, si le pareciera a la Sala, el hecho de no disponer del documento escrito.
Si no hay objeción, tiene la palabra Su Señoría.
Quisiera aprovechar la oportunidad de saludarla y felicitarla nuevamente. Es un orgullo contar por primera vez en este Senado con una Presidenta mujer en este cargo, así que felicitaciones. ¡Muchas felicitaciones desde Amplitud!
También deseo agradecer a la bancada de la UDI por su invitación a integrar dicho Comité, en mi calidad de Senadora independiente, para poder mantenerme en las Comisiones en las que me he desempeñado estos últimos años. En la de Derechos Humanos he trabajado muy duro y he presentado proyectos que están en pleno desarrollo o que ya son leyes.
Por tanto, mis agradecimientos a la Unión Demócrata Independiente.
Dicho eso, paso a informar, de manera muy breve, el proyecto mencionado por la señora Presidenta.
La Comisión de Derechos Humanos, que hasta marzo funcionó bajo la presidencia del Honorable señor Orpis, estudió dicha iniciativa, que busca conceder la nacionalidad chilena, por especial gracia, al artista y bailarín de origen argentino don Luis Ortigoza Marchisio.
El señor Ortigoza forma parte del Ballet de Santiago del Teatro Municipal y, cada vez que realiza una presentación, dice representar a Chile. Él ha entregado grandes, no triunfos: alegrías y satisfacciones -eso es- a nuestro país desde el punto de vista cultural, pues siempre señala que se siente muy orgulloso de representar a Chile en toda muestra de ballet que se efectúa.
Además, él es hombre, y sabemos que hasta el día de hoy son escasos los bailarines de género masculino que integran el Ballet del Teatro Municipal de Santiago.
Por lo tanto, posee todas las características de alguien que se ha ganado, con su propio mérito, esfuerzo y trabajo, en el ámbito de la cultura, el poder representar bien a nuestro país.
La votación de los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos (el Senador Juan Pablo Letelier formó parte de ella antes), señores Mariano Ruiz-Esquide, Jaime Orpis -que la presidía- y quien les habla, fue unánime en orden a conceder la nacionalidad chilena por gracia al señor Ortigoza.
El señor CHAHUÁN.- "Si le parece", señora Presidenta.
La señora ALLENDE (Presidenta).- No hay nadie inscrito, de modo que¿
Se acaba de inscribir el Senador señor Letelier, a quien le cedo el uso de la palabra.
El señor LETELIER.- Señora Presidenta, tiendo a ser, como algunos saben, más liberal que otros en estos debates donde se busca entregar la nacionalidad chilena por especial gracia.
Con relación a este tema, nosotros nunca nos hemos puesto de acuerdo, como Senado, en términos históricos -este es el primer proyecto sobre la materia que discute la Corporación con su nueva integración-, en definir la existencia de ciertos criterios.
¿Cuál sería el criterio para conceder la nacionalidad por especial gracia: la actividad que desarrolla la persona; la persistencia en el tiempo de un aporte a la sociedad? Lo pregunto no porque me esté fijando en la edad de las personas que se postulan para obtener el beneficio. No obstante, se trata de entregar la nacionalidad por gracia en un país que otorga todos los derechos a quienes se avecindan en su territorio: se les da cédula de identidad; obtienen la residencia, que es muy simple para quienes vienen a quedarse en Chile; pueden participar en nuestros procesos electorales cuando han permanecido aquí cierto tiempo.
El otorgamiento de la nacionalidad chilena por gracia, por tanto, debería tener un sentido adicional.
El ex Senador Silva Cimma cuestionó en su momento la facilidad con la cual se entregaba a los religiosos. La pregunta, desde el punto de vista de él, que más bien era agnóstico, era: "¿Qué aporte me hace a mí, como chileno, una persona religiosa, que con su deber no más cumple, que solo hace su pega? ¿Se le debería dar la nacionalidad únicamente por eso?". Se supone que tendría que ser por más que realizar simplemente su actividad.
Y creo que en esta oportunidad viene al caso recordar esa reflexión.
A mí me encantan las artes y la diversidad que estas ofrecen, pero no me llama la atención que haya un hombre bailarín. Solamente quienes evidencian falta de amplitud de criterio podrían discutir al respecto, pues el baile es algo inherente a nuestra especie, desde siempre, y se ha manifestado en diferentes formas o formatos. ¡No todos son tan versados en este ámbito como nuestro colega Ricardo Lagos, quien ha dado sus primeros pasos en las tablas y ha avanzado mucho¿!
El punto de fondo, señora Presidenta, dice relación con si la entrega de la nacionalidad chilena por especial gracia tiene un alcance que va más allá. Por ello, les pido a quienes apoyan la iniciativa que entreguen algunos antecedentes adicionales. El informe es bastante escueto. No tengo nada en contra de la persona propuesta. Sin embargo, no fui uno de los que votaron a favor en la Comisión.
En lo que a mí concierne, creo que debemos tener criterios un poquito más amplios. Y lo digo yo, que soy más bien liberal en este asunto, porque soy de los que piensan que la nacionalidad, en este mundo globalizado, ha perdido el valor que tenía en épocas pretéritas.
Por eso, señora Presidenta, me parece que, antes de pasar a votar, sería útil que nos explicaran si en la actualidad basta con ser primer bailarín de un ballet, con hacer la pega, con efectuar un tremendo aporte a la cultura; si eso es suficiente para entregar a alguien la nacionalidad chilena por gracia, o si el criterio será esperar el desarrollo de una trayectoria de vida.
Lo planteo como interrogante antes de que el proyecto sea sometido a votación, señora Presidenta.
El señor ORPIS.- Señora Presidenta, Honorable Senado, comparto que en el tema del otorgamiento de la nacionalidad chilena por gracia el Senado no ha fijado un criterio específico. Por lo mismo, existen mayores espacios de flexibilidad y libertad para adoptar una decisión en este plano.
Uno de los criterios que muchas veces se han discutido es que, junto con el aporte que realice un extranjero, se debería exigir un determinado tiempo de permanencia en el territorio para los efectos de constatar y consolidar el vínculo.
En mi concepto, lo más importante para otorgar la nacionalidad por gracia es el aporte real que una persona haya efectuado al país y el compromiso que esta haya adquirido con Chile. Y, analizados los antecedentes y considerando los nombres de quienes respaldan la solicitud -aprobada en forma unánime por la Cámara de Diputados-, concuerdo plenamente en que el candidato es acreedor a la nacionalidad por gracia.
Para los efectos del debate, me gustaría mencionar a algunas de las personas que apoyan la postulación de Luis Ortigoza, primer bailarín del Ballet del Teatro Municipal de Santiago. Son: doña Marcia Haydee y doña Luz Lorca, Directora y Subdirectora, respectivamente, de dicha agrupación; don José Luis Domínguez, Director de la Orquesta del Teatro Municipal; don Andrés Rodríguez, Director del Teatro Municipal; doña Carmen Gloria Larenas, periodista crítica de arte; don Javier Ibacache, Director del GAM y periodista; doña Marietta Santi, crítica de arte, entre otras. Son personas cuya seriedad en las actividades que realizan no puede ser puesta en duda.
De ahí que el proyecto haya sido despachado relativamente rápido por nuestra Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, porque es indudable que Luis Ortigoza ha realizado un gran aporte a la cultura de nuestro país. Así lo avalan quienes respaldan la solicitud y, por consiguiente, solicitamos a la Sala acceda al otorgamiento de la nacionalidad chilena por especial gracia respecto de este artista.
El señor CHAHUÁN.- Señora Presidenta, el proyecto que busca conceder por especial gracia la nacionalidad chilena al bailarín Luis Ortigoza Marchisio fue ampliamente respaldado por la Comisión de Derechos Humanos, sobre todo por la larga trayectoria que él ha desarrollado en nuestro país.
Quiero recordar que se trata del Primer Bailarín Estrella del Ballet de Santiago del Teatro Municipal. Ha dedicado 25 años de su vida a esa compañía, enalteciendo su nivel y haciendo que sea reconocida internacionalmente como una de las mejores en el mundo.
Tal cual expresó el Senador Orpis, esta concesión de nacionalidad por gracia ha sido también apoyada por sus pares. Y, claramente, cuando uno revisa en el informe los antecedentes de don Luis Ortigoza advierte que tiene todos y cada uno de los merecimientos para recibir esa distinción. En ello lo avalan su trayectoria y su desempeño en el Ballet de Santiago del Teatro Municipal.
Asimismo, es importante destacar que ha sido nominado en dos oportunidades para recibir el prestigioso Premio Benois de la Danse, por su interpretación del Príncipe, en Cascanueces, entre otras actuaciones relevantes.
Por lo mismo, apoyo esta solicitud, pues, a nuestro juicio, se dan todas y cada una de las condiciones para otorgar la nacionalidad por gracia al señor Ortigoza.
El señor LARRAÍN.- Señora Presidenta, seré muy breve, ya que las explicaciones dadas por los Senadores Orpis y Chahuán, sumadas a lo que señaló al inicio la Senadora Lily Pérez, me ayudan a ahorrar parte de lo que quería decir ante la inquietud que planteó el Senador Letelier, y que me dejó preocupado.
Nosotros quizás hemos estado llevados por un criterio muy estrecho en esta materia. En general, otorgamos nacionalidades por gracia a "curitas" extranjeros que han realizado una labor muy bonita a lo largo de décadas. Y me parece bien, porque hay un testimonio muy profundo allí.
Pero no podemos circunscribirnos a esa situación. Hay muchos otros ámbitos respecto a los cuales deberíamos tener mayor flexibilidad. Lo que se exige, como lo ha señalado por lo demás la Comisión, es que se trate de personas que tengan notabilidad en algún área específica a cuyo desarrollo en Chile hayan contribuido.
En mi opinión, guardamos deudas muy grandes con numerosos extranjeros en el ámbito de las artes, las letras, la cultura, a quienes no les hemos entregado los reconocimientos debidos y oportunos.
Por lo tanto, no voy a repetir lo que se ha dicho del señor Ortigoza, el Primer Bailarín Estrella de su compañía, cuyo trabajo en Chile ha provocado un impacto en el ballet de nuestro país y del extranjero. Cada vez que él es invitado a bailar afuera pide hacerlo con una bailarina chilena. De manera que él tiene compromisos muy reales con lo que ocurre en nuestra nación.
Además, se trata de un reconocimiento -aquí hay numerosos ex Diputados que recién inician sus tareas como Senadores- aprobado por unanimidad en la Cámara Baja. Imagino que muchos de los que hoy día han llegado desde esa Corporación conocen esta situación y, por ende, también le darán su respaldo.
Por todas esas razones, creo que hace bien nuestro país en reconocer a esta persona. Y no tenemos que esperar que le den un Premio Nobel para entregarle la nacionalidad por gracia. Porque no se requiere tener méritos universales para poder ser nacionalizado chileno; basta con haber destacado fuertemente en determinada área durante largo tiempo.
Pienso que Luis Ortigoza cumple con creces tal exigencia, y ojalá que la unanimidad del Senado pueda así reconocerlo.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Antes de seguir ofreciendo la palabra, quiero saludar al Club Adulto Mayor Oasis, de Rengo, invitado por el Senador señor Letelier.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Hago presente a la Sala que el Comité Renovación Nacional ha solicitado abrir la votación.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Coloma, para fundamentar el voto.
El señor COLOMA.- Señora Presidenta, la verdad es que me motivó a intervenir lo planteado por un Senador que se autocalificó de liberal en temas como este, porque yo, que poseo una visión más conservadora -no tengo ningún problema en decirlo-, comparto la inquietud genérica que existe sobre este asunto.
La nacionalidad por gracia no es algo que se compre en el supermercado, que deba ser muy fácil de obtener. Yo creo que hay que ser exigente, pues, obviamente, no solo es una superexcepción constitucional, sino que además está llena de significados.
En otras ocasiones no he tenido dudas en rechazar nacionalizaciones por gracia, porque considero que para ello deben juntarse dos elementos centrales.
El primero es haber desarrollado una acción relevante en algún ámbito de acción, cuestión que a mi juicio se cumple en este caso. Yo no voy al ballet como el Senador Lagos, aparentemente, pero sí he oído hablar de la participación de este bailarín, y creo que ha sido una persona muy destacada en esta área.
Alguien podrá decir que es joven, porque efectivamente no tiene mucha edad, pero sí posee una trayectoria por más de 25 años en el desempeño de su labor. Y ese es el segundo elemento que a mi parecer le da contenido a la excepción constitucional.
Es decir, debe tratarse de una acción relevante. Puede ser en el ámbito religioso; ¡bienvenido sea que haya acciones relevantes en ese ámbito! Puede ser en lo deportivo, en lo cultural. Hay bastantes personas que legítimamente, siendo extranjeras y sin querer renunciar a su nacionalidad, hacen un aporte importante al país. Y estimo que este debe reconocerlas en la medida que haya continuidad en el tiempo y no sea algo meramente circunstancial.
En tal sentido, me acuerdo de haber rechazado la nacionalidad por gracia que se pretendía dar a un deportista, que llevaba tres años en Chile, para que defendiera los colores nacionales. Esa no es una lógica adecuada para abordar estos temas. Pero alguien que ha realizado una actividad destacada por más de 25 años y que cuenta con el patrocinio de quizás los más relevantes en este ámbito merece ser objeto de esta excepción constitucional.
Yo me siento contento cuando una persona que ha desarrollado una acción en nuestro país quiere ser adicionalmente chileno. Eso hay que estimularlo en la medida que se cumplan los requisitos y que no se extienda de manera indeterminada, porque obviamente eso haría perder todo el sentido de este reconocimiento.
Por eso, señora Presidenta, después de hacer una reflexión, y siendo exigente en general en estas materias, porque comparto que esto no puede ser simplemente un trámite, creo que aquí por lo menos se cumplen los dos requisitos necesarios desde mi perspectiva para hacer esta excepción constitucional.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señora Presidenta, este debate no es el primero que realizamos en el Senado sobre este tema. Varias veces hemos analizado a quién le corresponde o no recibir este reconocimiento por parte del país: la nacionalidad por gracia.
Efectivamente, la concesión de la nacionalidad por gracia era más restringida en tiempos pasados. El número de personas a las cuales se les otorgó hasta el año 1970 es muy menor. Después -por supuesto, estoy de acuerdo con lo sucedido- se ha ampliado el espacio para otorgar este reconocimiento y se ha entregado por prestar un aporte importante en el ámbito religioso, cultural, empresarial, deportivo, etcétera. Y es muy bueno que así sea.
No voy a entrar a emitir juicios en este caso, porque el informe de la Comisión, que se aprobó por unanimidad, es muy lógico e incluye diversos antecedentes que dan mérito para otorgar el beneficio. Pero quiero llamar la atención del Senado sobre algo que ya pasó aquí una vez -no sé si también en otra oportunidad-: llega un proyecto de nacionalidad por gracia aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados -no me pongo en este caso ahora, pero podría producirse nuevamente-, y nosotros lo rechazamos.
Eso significa someter a un agravio a la persona en cuestión, porque se llega a una decisión favorable en la Cámara Baja y después aquí, en el Senado, nosotros votamos en contra. Y ella queda en una situación realmente dramática, injusta.
Entonces, ¿qué hay que hacer? A mi modo de ver, debiéramos corregir el procedimiento.
Por consiguiente, en el próximo tiempo voy a proponer que veamos la forma de que esto sea tratado en una comisión bicameral, que emita un informe sobre las concesiones de nacionalidad por gracia. Ello, a fin de que no nos quedemos solo con la discusión de la Sala, ya que en ella podría surgir en algún momento una objeción para dar este reconocimiento a una persona que hubiera entregado muchos aportes al arte o a la cultura.
Por tal razón, voy a votar a favor. Pero quisiera que nos preocupáramos, como Parlamento, de contar con un procedimiento para otorgar este beneficio a quienes realmente corresponde, mediante un análisis serio de todos los antecedentes. De manera que cuando llegue acá el proyecto no provoquemos una situación del todo contradictoria: que una iniciativa de este tipo sea aprobada por unanimidad en la Cámara Baja y rechazada en el Senado, o al revés.
Espero que nunca suceda eso y que resolvamos el problema.
El señor LETELIER.- Señora Presidenta, en alguna ocasión me ha tocado votar en contra de proyectos que conceden por especial gracia la nacionalidad chilena precisamente por una cuestión de criterios, por cómo uno evalúa los parámetros para su entrega.
Quise provocar esta discusión porque en un Parlamento que recién se instala, con nuevos Senadores, resulta muy importante hacer esta reflexión.
Esta iniciativa propone entregar, por especial gracia, la nacionalidad chilena a una persona de 48 años cuya carrera está en pleno desarrollo, que no ha terminado de aportar al país, que no ha culminado de realizar una labor como la llevada a cabo por tremendos bailarines; artistas; sacerdotes, con una vocación social extraordinaria, o conservacionistas de larga trayectoria.
En esta materia existen ciertos requisitos constitucionales, como señaló uno de los Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra: que el beneficiario tenga cierta trayectoria (dos décadas parece ser un tiempo adecuado).
Entiendo que no estamos aplicando parámetros relativos a si se trata de arte u otra actividad. Imagino que tampoco se halla en cuestión si a uno le gusta o no el tipo de disciplina, pues quizás algunos consideran -no es mi caso- poco masculino el ballet, o tal vez no representativo de lo popular.
Uno puede tener otro punto de vista, pero comprendo que ese aspecto no se está evaluando.
Señora Presidenta, la razón de mi reflexión es que no quiero que mañana, cuando algún parlamentario presente un proyecto de otorgamiento de nacionalidad por especial gracia, se apliquen criterios distintos, ya que pienso que en esta materia la consistencia es tremendamente importante.
Por ejemplo, si en el futuro se quisiera favorecer a un gran conservacionista o ambientalista, ¿alguien podría cuestionarlo porque no le gustan los temas ambientales?
No pretendo agraviar en lo más mínimo a la persona a quien se quiere beneficiar. Solo intento que se definan bien los criterios.
No soy quién para cuestionar esta concesión de nacionalidad por especial gracia. Lo manifesté al principio: "Tiendo a ser muy liberal en este sentido". Pero sé que muchos de mis colegas no.
Parece que vamos a contar con un Senado más liberal respecto de tales parámetros, lo cual considero bueno en un mundo globalizado. Me gusta que adoptemos ese criterio.
La única vez que voté en contra en una iniciativa como esta fue en el caso de un empresario muy connotado de nuestro país, pues consideré que la forma como se quiso definir su trayectoria era discutible, pero no su persona.
Por tanto -lo digo por quien me antecedió en el uso de la palabra-, no porque otros voten a favor de este proyecto uno tiene que sentirse obligado a hacer lo mismo para no provocar un desencuentro con la persona de que se trata.
Voy a votar que sí, señora Presidenta. Y espero que vayamos madurando en la fijación de criterios en este tipo de materias.
Entiendo que hoy esta Corporación -como expresaron los Senadores Coloma y Orpis- tiene una postura más amplia que en otros momentos, y ojalá que también sea así en futuros debates.
--Se aprueba en general el proyecto (29 votos a favor y 3 abstenciones); por no haber sido objeto de indicaciones, se aprueba también en particular, y queda despachado en este trámite.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Goic, Muñoz, Pérez (doña Lily), Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Bianchi, Chahuán, Coloma, Espina, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Horvath, Lagos, Larraín (don Hernán), Letelier, Orpis, Ossandón, Pérez Varela, Prokurica, Quintana, Rossi, Tuma, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
Se abstuvieron los señores Montes, Pizarro y Quinteros.
El señor DE URRESTI.- Señora Presidenta, pido que se incluya mi voto.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Se deja constancia de la intención de voto favorable del Honorable señor De Urresti.
El señor LABBÉ (Secretario General).- En este momento ha llegado a la Mesa una solicitud de permiso constitucional de los Senadores señora Goic y señor Rossi para ausentarse del país a contar del 17 del mes en curso.
--Se accede a lo solicitado
Boletín N° 9086-17
La señora ALLENDE (Presidenta).- Proyecto de ley, iniciado en moción del Senador señor Orpis, en primer trámite constitucional, que suprime las palabras "amo" y "criado" en el artículo 447 del Código Penal, con informe de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía.
--Los antecedentes sobre el proyecto (9086-17) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción del Senador señor Orpis):
En primer trámite, sesión 51ª, en 3 de septiembre de 2013.
Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía: sesión 80ª, en 17 de diciembre de 2013.
El señor LABBÉ (Secretario General).- El objetivo de la iniciativa es eliminar las mencionadas palabras del Código Penal, con el fin de adecuar la legislación a la realidad actual y a lo prescrito por la Constitución Política de la República y los tratados internacionales suscritos por Chile que se encuentran vigentes.
La Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía discutió este proyecto en general y en particular, por tratarse de aquellos de artículo único, y lo aprobó en general por la unanimidad de sus miembros presentes (Senadores señora Pérez San Martín y señores Gómez y Orpis) y en particular por la unanimidad de sus integrantes presentes (Honorables señoras Alvear y Pérez San Martín y señor Orpis).
El señor ORPIS.- Señora Presidenta, tuve la motivación de presentar esta moción parlamentaria ya que muchos de nuestros Códigos son muy antiguos. De hecho, el Código Penal fue dictado el 12 de noviembre de 1874.
Y si uno analiza tanto el Código Civil como el Penal, observa que contienen una serie de términos que no solo son anacrónicos, sino que conllevan un atentado en contra de la dignidad de las personas.
Estamos frente a un caso de tales características: el artículo 447 de la referida normativa se refiere al hurto agravado cuando lo cometen personas de confianza y establece que se aplica la pena inmediatamente superior en grado, tratándose de lo contemplado en el artículo 446..
¿Qué señala el numeral 1° del 447? "Si el hurto se cometiere por dependiente, criado o sirviente asalariado, bien sea en la casa en que sirve o bien en aquella a que lo hubiere llevado su amo o patrón".
Lo que pretende cambiar esta iniciativa no es la penalidad, sino los términos, porque afectan la dignidad de las personas.
Si uno se remite al Diccionario de la Real Academia Española, observa que la palabra "amo" se define como "Dueño o poseedor de algo"; "Hombre que tiene uno o más criados".
Además, nuestra Constitución Política, en el número 1º del artículo 19, asegura: "El derecho a la vida y la integridad física y psíquica de la persona". Y en el número 2º expresa: "En Chile no hay personas ni grupos privilegiados. En Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre".
Pero no solo el Texto Fundamental se refiere a la materia en esos términos; también hemos suscrito un conjunto de tratados internacionales sobre el particular.
Entonces, señor Presidente, si la Carta garantiza que "En Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre", las normativas tanto del Código Penal como del Código Civil deben hacer lo mismo. Pero actualmente en estos se usan las palabras "amo" y "criado", lo cual no se condice con nuestra institucionalidad.
Por eso se presentó esta moción. Y no debería ser la única, porque -vuelvo a repetir- hay expresiones de estas mismas características en otros códigos.
La iniciativa busca reemplazar el número 1º del artículo 447 del Código Penal -precisamente ahí se usan las palabras "amo" y "criado", referido al hurto agravado (debido a la relación de confianza)-, por una nueva redacción, del siguiente tenor: "Si el hurto se cometiere por un dependiente, bien sea en la casa en que sirve o bien en aquella a que lo hubiere llevado su empleador.".
Tal agravante se basa en la existencia de una relación de confianza, de dependencia, pero no de esclavitud, de propiedad, como actualmente expresa el número 1º del precepto mencionado.
Ese es, básicamente, el propósito del proyecto en debate.
El señor ESPINA.- Señora Presidenta, en primer lugar, quiero desearle el mayor de los éxitos en su gestión y manifestarle que, por supuesto, va a contar con la colaboración de todos los parlamentarios de Renovación Nacional y -entiendo- del resto de las bancadas, a fin de que podamos hacer un buen trabajo en estos años.
La moción presentada por el Senador Orpis es de mucho sentido común: busca adecuar la redacción del número 1º del artículo 447 del Código Penal, por no corresponder a la realidad actual del país. En definitiva, reemplaza los términos "amo" y "criado" por "empleador" y "dependiente", respectivamente, fundado en las razones que él ha dado clara y nítidamente.
Es indudable que esa disposición queda mucho mejor con las enmiendas propuestas por el colega.
Deseo aprovechar esta oportunidad, señora Presidenta, para referirme al espacio que se nos abre -puede ser una gran contribución para el país- a propósito de un proyecto que el Presidente Sebastián Piñera ingresó al Parlamento el último día de su mandato, cuya finalidad es sustituir íntegramente el Código Penal.
Por cierto, el texto de esa iniciativa podrá ser modificado y objeto de discusión y análisis, como corresponde en sus trámites legislativos. Pero, sin duda, nuestro Código Penal requiere, de todas maneras, un cambio de fondo. Lo que hemos venido haciendo nosotros durante años es parcharlo.
Si uno fuera extraterrestre, viniera a Chile y mirara nuestra legislación sobre la materia, se daría cuenta de que los juicios de reproche sobre determinadas conductas no dicen relación con el valor que ese bien tiene para la sociedad. Muchas veces a delitos que son menos graves, desde el punto de vista del reproche social, corresponden penas altas, y viceversa.
Eso hay que adecuarlo.
Además, es una cuestión de Estado. No importa si se es de Derecha o de Izquierda. Nuestro Código está absolutamente sobrepasado, parchado. Y gran parte de los problemas que existen en materia penal se produce porque sus normas no obedecen a realidades que la gente, legítimamente, estima que corresponden a los actos por los cuales una persona debe ser sancionada.
Uno de los cambios que contiene el proyecto de nuevo Código Penal es terminar con las penas que no son reales. Las contempladas actualmente son solo un marco de referencia.
Por ejemplo, un delito puede tener, en teoría, una pena que va de 3 años y un día a 5 años. Es lo que corresponde hoy día a un accidente de tránsito causado por una persona que conduce en estado de ebriedad, con resultado de muerte. Pero aquella no es la pena que se le aplicará al autor del delito. Eso dependerá de cómo el tribunal juzgue atenuantes y agravantes, lo cual bajará o subirá la penalidad.
El proyecto de nuevo Código Penal propone algo que todas las legislaciones modernas incorporan: que cuando la ley fija un marco referencial (de 3 años y un día a 5 años, como el caso referido), el juez puede sancionar pero moviéndose dentro de ese marco. Una vez determinada la existencia del delito, será posible estimar que el imputado está sujeto a una serie de circunstancias atenuantes, por haber elementos que aminoran su responsabilidad; pero resulta ridículo que se establezca un parámetro penal en nuestro Código que finalmente nunca se aplica, ni para arriba ni para abajo.
Y un último ejemplo: el encubrimiento, como etapa de desarrollo del delito, no dice relación con una figura delictiva específica, sino con la obstrucción a la justicia. Una persona que lo encubre e impide que se investigue no se transforma en autor; solo comete un acto cuyo objetivo es evitar que la justicia pueda aclarar un hecho.
Todos esos elementos se corrigen en el proyecto mencionado. A mi juicio, se trata de un trabajo estupendo, el cual estará sujeto, naturalmente, a todo tipo de modificaciones.
Tenemos una gran oportunidad, como Senado -entiendo que el Ejecutivo ingresó la iniciativa por esta Corporación-, de efectuar todas las correcciones pertinentes para actualizar nuestro Código Penal: incorporar figuras delictivas, eliminar otras que carecen de sentido, contemplar penas reales.
De esa manera podremos lograr un avance enorme en un tema muy sensible: el de la seguridad ciudadana en el país, que es una de las fases que deberíamos abordar.
En cuanto al proyecto en debate, votaremos a favor, por las razones que señalé.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Se encuentra inscrita a continuación la Honorable señora Lily Pérez.
Antes de darle la palabra, deseo agradecer al Senador señor Espina su ofrecimiento de colaboración. Espero que ello dé como resultado un trabajo bueno y fructífero.
Y, de paso, quiero señalarle al Senador señor Orpis que va a tener que acostumbrarse -entiendo que es difícil- a decir "señora Presidenta". ¡Le sale muy a menudo el "señor Presidente"¿!
El señor ORPIS.- No me di cuenta.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Estoy segura de que poco a poco Sus Señorías irán adquiriendo esa cultura.
El señor ORPIS.- Disculpe.
La señora ALLENDE (Presidenta).- De a poco me dirán "señora Presidenta".
La señora PÉREZ (doña Lily).- Señora Presidenta,¿
La señora ALLENDE (Presidenta).- ¡Eso!
La señora PÉREZ (doña Lily).- ¿ como las palabras significan mucho más que lo que dice el papel, este es el típico proyecto que probablemente algunos considerarán irrelevante, por ser bastante corto o por tratar sobre algo muy obvio: toda la gente piensa que es lógico y de sentido común eliminar los términos "amo" y "criado", que se establecen en el Código Penal.
El Senador Orpis el año pasado me preguntó: "Lily, ¿tú sabías que en el número 1º del artículo 447 de nuestro Código Penal todavía se usan las palabras `amo' y `criado'?". Y yo, en verdad, lo desconocía. Y me imagino que lo mismo le ocurre a la mayoría de los Senadores y Senadoras presentes. En efecto, cuando se reforman y modernizan las normas legales, se da por obvio que este tipo de cosas deben ir siendo superadas.
La esclavitud, ¡gracias a Dios!, terminó hace muchos años en el mundo entero, aunque tal vez a algunos les gustaría que se hubiera perpetuado.
Señora Presidenta, este es uno de los típicos proyectos que, quizá por ser breves, no generan un debate político ni técnico, pero sí implican algo muy de fondo: tomar conciencia de lo que significan las cosas y las palabras y, en este caso, del imperativo de eliminar del Código Penal los vocablos anacrónicos, que son poco dignificantes para las personas a las que se alude. Además, como están expresamente en la ley, son mucho más vejatorios.
Creo que es realmente muy importante suprimir esos términos.
Me imagino que hay Senadores a quienes no les interesan estos temas. Pero yo, con mucha fuerza, deseo decir que estos son los proyectos de ley que nos calientan el espíritu y el corazón. Entre cosas cotidianas, elementales, de razón, surge este asunto que encierra tanta pasión.
Por ello doy gracias -por su intermedio, señora Presidenta- una vez más al Senador Orpis por habernos iluminado con esta moción tan simple pero, a la vez, tan profunda.
Obviamente, votaré a favor de esta iniciativa, la cual, además, fue aprobada por unanimidad en la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía. Esperamos que la Sala proceda de la misma manera el día de hoy.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Antes de seguir ofreciendo la palabra, quiero saludar a la delegación de adultos mayores "Pampa Ilusión", de Sierra Gorda y Baquedano, que nos visita, invitada por el Honorable señor Pedro Araya.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señora Presidenta, a mi juicio, el mérito del proyecto, en todo su sentido, obedece al hecho de poder reflexionar sobre algo que viene desde muy antiguo en nuestra legislación: la terminología con que se designaba cierto tipo de dependencia.
El Código Penal fue dictado en 1870. En ese tiempo había criados, sirvientes, inquilinos, y se usaba un montón de palabras que hoy nos parecen bastante peyorativas y nos provocan contradicción.
Por eso está bien efectuar el cambio propuesto al número 1º del artículo 447.
Sin embargo, si leemos el número 2º, observaremos que se habla de "obrero". Y hace bastante tiempo que ese término ya no se emplea. Se dice "trabajador", para no discriminar entre empleado y obrero, como ocurría hasta no muchos años atrás.
En realidad, nuestra legislación está plagada con esa clase de situaciones.
Estoy de acuerdo en modificar lo propuesto. Pero también comparto lo planteado por el Senador Espina, en el sentido de que pronto discutiremos un proyecto sobre nuevo Código Penal, oportunidad en la que tendremos mucho que revisar. Estoy seguro de que entonces nos encontraremos con diversas contradicciones de lenguaje y nominaciones que no corresponden al tiempo actual. Y si revisamos otros códigos, veremos que en ellos sucede lo mismo.
Sinceramente, a lo mejor, podríamos incluir en este proyecto la enmienda al número 2º del artículo 447. Si solo modificamos lo relativo al número 1º, nos quedaremos con la sensación de no haber actualizado el término "obrero", a sabiendas de que se encontraba en esa norma. Debiéramos hacer ese cambio.
Pero yo iría más allá en esta propuesta.
Pido, señora Presidenta, que remita un oficio a la Biblioteca del Congreso Nacional para solicitarle un estudio a fondo sobre las contradicciones en la legislación entre el lenguaje del mundo actual y el del pasado; de tal manera que nos hagan llegar proposiciones para solucionar otros temas pendientes.
Desde ya, agradezco al Senador Orpis que haya provocado esta discusión con la moción que presentó, y pido que, por lo menos en el artículo 447, hagamos la corrección pertinente.
Por otra parte, mientras se debatía esta materia, reflexionaba si es realmente una agravante la dependencia entre patrón y empleado para castigar el hurto con un grado mayor que otro en que los involucrados tienen una relación diferente. A mi juicio, esa agravante se encontraba dentro de nuestras costumbres en épocas pasadas: era grave que un criado le robara al patrón; era más grave que si lo hiciera un extraño.
Entonces, debemos revisar todo este tema. Estamos viviendo otro tiempo.
En resumen, doy gracias al Senador Orpis por haber provocado esta discusión; segundo, si vamos a corregir el número 1º -con esto me doy por satisfecho-, también incluyamos, por lo menos, lo relativo al número 2º, y, tercero, pidamos a la Biblioteca del Congreso Nacional que nos ilumine con antecedentes para eliminar todo tipo de lenguaje anacrónico en nuestra legislación.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Considero factible solicitarle a la Biblioteca del Congreso Nacional el estudio que Su Señoría señala.
El señor DE URRESTI.- Gracias, compañera Presidenta.
Junto con felicitarla, quiero valorar este proyecto de ley.
Conversé con el Senador Orpis al respecto, y me parece muy bien que avancemos en borrar o corregir estos anacronismos. Claramente, las expresiones "amo" y "criado" en el Código Penal están absolutamente desfasadas de la realidad. Reflejan un período bastante oscuro de las relaciones labores y de la sociedad.
Pero quiero hacer presente el siguiente punto. Creo que ya lo consignó el Senador Zaldívar.
Hay un conjunto de normas en el Código Penal cuya terminología es de la época en que fue publicado: 1874.
En la norma que nos ocupa no solo figuran los términos a que ha hecho referencia la iniciativa, sino también el de "obrero", lo cual corresponde a una relación diferente de la que hoy día rige para los trabajadores. Tal distinción puede generar discriminación. De hecho, muchas veces, al aplicar tales disposiciones legales, los jueces tienen inconvenientes para establecer quién es obrero, quién es trabajador o quién es empleado.
Incluso, en varios proyectos de ley en materia previsional se consignan en este ámbito diferencias que no hacen aplicable determinada disposición a un sector de la población.
Difícilmente uno votaría en contra de esta iniciativa. Pero me permito sugerir que ella vaya a la Comisión de Constitución, para analizar el conjunto de normas que mantiene tales expresiones anacrónicas.
También se ha sugerido enmendar el número 2º del artículo 447. Y con el informe de la Biblioteca podremos saber en qué otros artículos del Código Penal se utilizan esos conceptos, a fin de adecuarlos armónicamente.
Más aún, señora Presidenta, anteayer la Administración anterior presentó un proyecto sobre la materia, que busca, además de reformar una serie de tipos penales, establecer un nuevo Código Penal.
Entonces, considero que estamos haciendo un esfuerzo valorable, y reconozco la pertinencia de este proyecto, a pesar de que apunta exclusivamente a un solo aspecto: reemplazar dos palabras en un artículo.
Por lo tanto, junto con respaldar la solicitud del Senador Zaldívar referida al estudio de la Biblioteca del Congreso Nacional, pido que la iniciativa sea enviada a la Comisión de Constitución. De este modo, podremos contar con una visión más completa del asunto y corregir ese tipo de anomalías, de anacronismos. Es necesario entender también que el objetivo fundamental es cambiar tales conceptos en todo el Código Penal y, de ser posible, en otros textos legales.
El señor HARBOE.- Señora Presidenta, ante todo, me sumo a los mejores deseos de que tenga una exitosa Presidencia en el Senado.
En segundo lugar, valoro la moción presentada por el Honorable señor Orpis, cuyo objetivo es la actualización de nuestro Código Penal, mediante la eliminación de términos que no solo demuestran una falta de actualidad, sino que, además, se generaron en un tiempo que, obviamente, no es extrapolable al día de hoy.
Don Manuel Rengifo, destacado abogado que participó en la creación del Código Penal, en 1875 señaló que en el artículo 447, relativo al hurto agravado, se consignaba una pena mayor a la establecida en el artículo inmediatamente anterior en función, principalmente, de la relación de confianza que existía entre quien cometía el delito y la víctima de ello.
Para ejemplificar el punto, los legisladores de la época usaron los términos que se utilizaban en esas relaciones de confianza. Y, efectivamente, se habla de "criado o sirviente" en el numeral 1° de dicha norma, el cual pretende modificar el Honorable señor Orpis.
No obstante, al observar los numerales que le siguen, puede apreciarse que se encuentran igualmente desactualizados, y me parece que debiésemos aprovechar la oportunidad, por eficiencia legislativa, de modificarlos. Por ejemplo, el número 2° establece también esta pena agravada cuando el delito es cometido por el "obrero, oficial o aprendiz"; el 3°, utiliza las expresiones "el posadero, fondista", y el 4°, habla del "carruajero, carretero o arriero".
Como usted comprenderá, señora Presidenta, se trata de términos que, probablemente, en 1875, año en que comienza a regir el Código Penal, tenían clara aplicación, pero que hoy día se hallan absolutamente desactualizados, razón por la cual sugiero que este proyecto vuelva a Comisión.
Además, voy a plantear un segundo argumento para modificar dichas normas, y, en definitiva, complementar la moción del Senador Orpis, cambiando las expresiones que, a mi juicio, también afectan la dignidad de las personas.
En tal sentido, ha habido un esfuerzo permanente no solo de Diputados y Senadores, por ejemplo, para eliminar el concepto de "obrero" de todas aquellas disposiciones contenidas en el Código del Trabajo; y en materia de pensiones se está trabajando al respecto.
Sin embargo, quizás lo más complejo del artículo en análisis tiene que ver con la desproporcionalidad.
La ley penal supone que la sociedad, representada por nosotros, precisa el establecimiento de sanciones más graves de acuerdo al valor que le otorga a ciertos bienes jurídicos protegidos. Por eso es de toda lógica que los delitos contra la vida, contra la libertad sexual de las personas reciban penas mayores, pues el bien jurídico agredido es de los más altos.
También resulta lógico que los atentados contra la propiedad tengan una sanción determinada, que no puede, a mi juicio, exceder las que, por ejemplo, afectan la vida o la libertad sexual, porque -es legítimo que haya opiniones diversas al respecto- la vida, la integridad física y la libertad sexual de las personas constituyen un bien superior al de la propiedad.
Tal reflexión la hago porque el artículo 447 en su encabezado señala: "En los casos del artículo anterior podrá aplicarse la pena inmediatamente superior en grado:", según los cuatro numerales que a continuación especifica. Pero cuando uno observa la penalidad del artículo 446, lo primero que surge de la sanción aplicable, de acuerdo a su numeral 1°: "presidio menor en sus grados medio a máximo y multa de¿", es que podemos estar hablando de un presidio entre 541 días y cinco años. Y si le aplicamos la regla del artículo 447, es decir, para el hurto agravado por la relación de confianza, podríamos llegar a la pena superior en un grado, es decir, a los diez años.
Yo entiendo que la relación de confianza agrava la falta, en este caso el delito, pero no parece proporcional¿
Le vamos a dar un minuto adicional para que pueda terminar.
No me parece lógico que un delito de hurto, donde no media la violencia en las personas o la fuerza sobre las cosas, reciba una pena similar incluso al piso del homicidio simple, que es de cinco años.
Por lo tanto, en razón de lo anterior, y con el ánimo de contribuir a que esta moción sea eficiente legislativamente y haya proporcionalidad en la aplicación, le pido -por su intermedio, señora Presidenta- al autor de la iniciativa allanarse a la posibilidad de que vuelva a la Comisión de origen, a efecto de introducirle dichas correcciones.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Le ofreceremos la palabra al Senador señor Orpis.
Pero me gustaría que él, como autor de la moción, se pronunciara sobre la factibilidad de que el proyecto vaya a la Comisión de Constitución, aunque originalmente haya sido vista por la de Derechos Humanos, pues se han hecho un par de peticiones al respecto, con el objeto de realizar una revisión más amplia y una adecuación de las normas pertinentes, que parecen bastante necesarias.
Así que, de todas maneras, deseo saber su opinión sobre el particular.
Entonces, vamos a escuchar a Su Señoría y después veremos si hay acuerdo en la Sala para aprobar en general la iniciativa y luego enviarla a la Comisión de Constitución.
El señor ORPIS.- Señora Presidenta, en primer lugar, debo señalar que no fue mi intención proferirle ningún tipo de agravio. Creí haber dicho "Señora Presidenta", pero si no fue así, que se corrija en la Versión Oficial, y le pido las excusas correspondientes.
En cuanto a la moción en análisis, me parece que se ha producido un debate tremendamente interesante.
Sin embargo, lo que ella busca no es cambiar una norma sustantiva, porque el entrar a discutir una enmienda al Código Penal no implica solo actualizar la terminología que utiliza, sino también modificar sus disposiciones sustantivas. Y de alguna manera lo señalado por el Senador Harboe apunta a eso, cuando se refiere a la proporcionalidad de las penas, que imagino estará presente al momento de estudiar las enmiendas a dicho Código, que deberá abordar el reemplazo de una serie de términos, pero también la modificación de sus normas sustantivas.
Por eso, no estoy de acuerdo con el envío del proyecto a la Comisión de Constitución, porque en él no se propone modificar una norma sustantiva, sino, simplemente, cambiar la terminología usada en ciertas disposiciones, que no solo son anacrónicas -como se ha señalado aquí-, sino que tienen un significado peyorativo e, incluso, pueden afectar la dignidad de las personas.
Por tal razón, soy partidario de que se mantenga en la Comisión de Derechos Humanos.
Dicho lo anterior, estoy plenamente de acuerdo en aprobar la idea de legislar, y que se le pida un informe a la Biblioteca relativo a la existencia de otro tipo de términos en el Código Penal necesarios de actualizar por afectar también la dignidad de las personas e incluirlos en la modificación propuesta. Y desde ya manifiesto mi total disposición a enmendar los numerales señalados, considerando el referido por el Senador Zaldívar en su intervención, en el que se menciona el concepto de "obrero".
No obstante, insisto, sería justificable que esta moción fuera a la Comisión de Constitución si se modificaran normas sustantivas. Pero no en este caso, porque solo se trata de actualizar cierta terminología usada. Todos sabemos la cantidad de proyectos que hay en la Comisión de Constitución, lo cual lleva, muchas veces, a eternizar el trámite de mociones que son de sentido común, como la que ahora debatimos.
Así que sugiero, en definitiva, aprobar la idea de legislar, y que modifiquemos el resto de los numerales del artículo 447 sobre hurto agravado, basándonos en el trabajo de la Biblioteca, que debiéramos tener antes del segundo informe que se emita a la Sala.
Por lo menos yo he detectado en el Código Civil expresiones similares, las cuales requieren ser actualizadas.
Al respecto, quisiera señalar cuál fue mi motivación para presentar esta moción, porque no obedece a una ocurrencia mía.
En un viaje en avión me encontré con un juez que me dijo: "Senador, a mí me violenta tener que aplicar el artículo 447 del Código Penal en los términos en que se halla redactado". Es decir, a los propios magistrados les resulta violento emplear una norma de tales características.
Por eso, en definitiva, mi sugerencia es que se mantenga la iniciativa en la Comisión de Derechos Humanos, porque es una materia que a ella le compete: el hurto basado en la confianza entre amo y criado; hacer extensiva la modificación de términos en desuso al resto de los numerales de dicha disposición; esperar el informe de la Biblioteca por si hay otras expresiones de tales características, y, cuando se enmienden las normas sustantivas del Código Penal, analizar el proyecto respectivo en la Comisión de Constitución.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra al Honorable señor Hernán Larraín.
El señor LARRAÍN.- Señora Presidenta, creo que la iniciativa del Senador Orpis ha provocado una discusión muy interesante, pero, en cierto sentido, quizás está yendo demasiado lejos.
Si uno analiza no solo el Código Penal, sino muchos otros cuerpos legales, nos vamos a encontrar -como alguien ya señaló- con muchas disposiciones anacrónicas y no podemos pretender, a propósito de una iniciativa que busca solucionar un problema en concreto, resolver todas las dificultades.
Pienso que ahí hay un tema bastante complejo.
Por eso, estimo que no significa desencaminar la iniciativa lo planteado por el Senador Zaldívar en cuanto a encargar a la Biblioteca realizar un estudio acerca de qué lenguaje en nuestra legislación no corresponde a la época actual, y tal vez promover una discusión de esta naturaleza. Puede hacerlo también el Ejecutivo, pero si nosotros tenemos una Biblioteca que ha estado trabajando cada vez mejor en estas materias, con un muy buen departamento de estudios, quizás realizaremos una contribución legislativa de mucha relevancia.
Dicho esto, vuelvo al proyecto del Senador Orpis.
¿Cuál es el valor que a mi juicio tiene esta iniciativa? Uno simbólico: dar una señal en el sentido de que debemos impulsar un cambio del lenguaje de nuestra legislación. Y se parte con un ejemplo particular.
Desde luego -y esto lo señalaron los Senadores Harboe y Espina-, hay un proyecto que modifica el Código Penal que probablemente revisaremos en esta legislatura. En ese momento tendremos la oportunidad de revisar todas las expresiones lingüísticas que han quedado desfasadas y espero que en otras áreas también hagamos lo propio, sobre todo si seguimos el camino propuesto de encomendar a la Biblioteca del Congreso Nacional un determinado estudio sobre la materia.
En consecuencia, sugiero que adoptemos el acuerdo, en lo legislativo, de aprobar la presente iniciativa, que me parece clara, precisa y contundente -si se pretende revisar y analizar un poco más el artículo 447 del Código Penal es posible hacerlo-, porque ir más allá nos saca de la idea matriz del proyecto y podemos incurrir en una inadmisibilidad, quitándole además el valor simbólico que tiene. Si eso lo complementamos con el acuerdo de revisar tales materias en nuestra legislación, creo que cumpliremos el objetivo.
Por lo tanto, propongo que aprobemos en general la iniciativa del Senador Orpis.
Si se quieren introducir cambios específicos dentro del ámbito del artículo 447 del Código Penal, propongo que el proyecto vuelva a la Comisión para que se presenten modificaciones a expresiones de lenguaje y no para hacer cambios sustantivos, y dejémoslo ahí porque ese es el propósito de esta iniciativa, tal como lo han explicado su autor y la Comisión de Derechos Humanos.
En ese sentido, tampoco tiene justificación que la iniciativa vaya a la Comisión de Constitución. Todos saben que siempre he reclamado que los asuntos vinculados a su esfera de competencia -y desgraciadamente tenemos una deuda con usted, señora Presidenta- deben ir a el referido órgano técnico, aun cuando esté sobrecargado de trabajo, pues ello forma parte de nuestra responsabilidad.
En esta ocasión, tratándose de una cuestión de lenguaje mediante la cual se busca dar una señal, si se pretenden modificar dentro del artículo 447 otras materias, entonces el proyecto debe pasar a la Comisión de Derechos Humanos para tal propósito, no para un cambio sustantivo de tipo normativo en el ámbito penal.
Finalmente, me sumo a la proposición de pedir un estudio completo a la Biblioteca del Congreso Nacional sobre el particular.
Estoy seguro de que si examinamos el Código del Trabajo nos encontraremos con una cantidad importante de disposiciones similares. Incluso me atrevo a pensar que el Código Civil tiene más de algún término o varias acepciones que reflejan un espíritu distinto, que no fueron peyorativos en su momento, pero que probablemente, a la luz de lo que ocurre hoy día en nuestra cultura, de los cambios sociales, antropológicos, etcétera, se sienten o se perciben en forma muy negativa.
Sugiero ese camino para que avancemos.
El señor LETELIER.- Señora Presidenta, estimados colegas, el Código Civil, al igual que nuestro Código Penal, contiene un lenguaje propio de la época en la cual se redactaron sus normas. De ahí la existencia de conceptos como "amo" o "criado" que corresponden, más bien, a un lenguaje propio de un país esclavista.
Sin embargo, el problema en el artículo 447 no es solo el lenguaje, sino también el hecho de establecer como agravante que el hurto se cometa en perjuicio de un superior que presuntamente ha dado confianza, pues la magnitud de la pena respectiva -como me indicó el Senador Harboe, pues no soy abogado- llega a un nivel similar a la de homicidio.
En consecuencia, la discusión no versa únicamente sobre el lenguaje: el problema de fondo, en términos conceptuales, es que el robo o el hurto de una especie se sanciona con una pena similar a la de homicidio cuando el delito es cometido por un subordinado en perjuicio del superior -eso dice el artículo que estamos discutiendo-, y se establecen diferentes circunstancias.
Por ello, cuando el Senador Harboe llama la atención sobre las expresiones utilizadas con motivo de otras relaciones de dependencia tiene razón: debemos abordar el tema del lenguaje.
Sin embargo, el problema de fondo es sustantivo, por lo que propongo que aprobemos en general el proyecto para que, por cierto, pueda ser analizado por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, toda vez que esto sí altera, no un principio verbal, sino un sistema de gradualidad de penas y ese aspecto sí debe verlo dicho órgano técnico.
El texto, curiosamente, contempla como agravante el hecho de que el autor del delito sea un subordinado y medie una relación de confianza, pero no se sanciona al superior que hurta cosas al dependiente y mantiene similar grado de confianza.
En consecuencia, soy partidario de votar en general el proyecto y le pido al Senador Orpis que se allane a la posibilidad de que -ojalá esto se acoja por unanimidad- la Comisión de Constitución lo estudie, porque la magnitud de las penas es absolutamente distorsionada y también debe corregirse.
El señor NAVARRO.- Señora Presidenta, en primer lugar, no me parece necesario que esta iniciativa sea remitida a la Comisión de Constitución -con todo respeto al Senador Letelier-, porque la verdad es que hemos convertido a ese órgano técnico ¡en la sacrosanta Comisión de Constitución...! ¡Todo va a ella y allí queda! ¡Debe ser la que tiene más proyectos de ley y, por tanto, la inmoviliza!
Además, tengo la certeza de que si el proyecto va a dicha Comisión morirá. ¡Ahí quedará por los tiempos de los tiempos...!
Por lo tanto, me parece bien aprobar en general esta iniciativa, toda vez que su idea está bien orientada.
Resulta claro que la motivación para actualizar los términos de esta legislación da cuenta de una situación relacionada con los derechos humanos.
No obstante, si uno revisa el artículo 447 bis del Código Penal vigente (página 2 del informe comparado) llegaremos a la conclusión de que su texto está superactualizado -le daré lectura y se entenderá el porqué de ello-, pues no observo términos anacrónicos que digan relación con la Colonia, con los carruajes ni la época de la Independencia.
El referido precepto dispone: "El hurto de cosas que forman parte de redes de suministro de servicios públicos o domiciliarios, tales como electricidad," -queda claro que se halla actualizado- "gas, agua, alcantarillado, colectores de aguas lluvia" -esta terminología es supernueva y, además, existen bastante pocos- "o telefonía, será castigado con presidio menor en sus grados medio a máximo.
"Si con ocasión de alguna de las conductas señaladas en este artículo se produce la interrupción o interferencia del servicio, la pena se aplicará en su grado máximo.".
Por lo tanto, el Código Penal lo hemos ido actualizando solo en aquellas materias que dicen relación con el pago y la interrupción de los servicios básicos -ahí figuran la electricidad, la telefonía, y en el evento de producirse una interferencia del servicio a manos del usuario la pena se aplicará en su grado máximo-, en circunstancias de que todos sabemos que cuando el teléfono deja de funcionar o la electricidad se corta los usuarios jamás o muy raramente reciben compensación.
El Senador Tuma, quien presidió la Comisión de Economía en múltiples oportunidades y ha impulsado modificaciones a la Ley del Consumidor para fortalecer el SERNAC, sabe perfectamente que lograr que los usuarios reciban una compensación a la que se refiere el artículo siguiente al 447 siempre es un desafío.
Por lo tanto, está claro que en algunos aspectos de relación económica el Código Penal se ha actualizado.
Sin embargo, el artículo 447, en su número 2º, dispone:
"Cuando se cometiere por obrero," -aclaro que la palabra "obrero" sigue siendo escasa, ni siquiera figura en los contratos laborales y ya no se utiliza; en la actualidad se usan "jornalero", "carpintero". Además, provoca grandes dificultades en el Servicio Social, pues en algunos casos aparece el vocablo "obrero" y en otros no- "oficial o aprendiz en la casa, taller o almacén¿".
La modificación propuesta por el Senador Orpis recae solo en el numeral 1o. Los números 2o, 3o y 4o no son objeto de enmiendas. Pero, a mi entender, el 4o requeriría una revisión.
Señala dicho precepto: "Cuando se cometiere por patrón o comandante de buque, lanchero, conductor o bodeguero de tren, guarda-almacenes, carruajero," (está claro que carruajeros ya no hay) "carretero o arriero en cosas que se hayan puesto en su buque, carro, bodega, etc.". Y se dejan fuera los aviones, en circunstancias de que las líneas aéreas violentan cada día más los servicios básicos.
Los medios de transporte modernos también son susceptibles de ese tipo de situaciones. De hecho, en ellos se registran hurtos: ¡a veces uno se queda dormido y los computadores desaparecen por acción del "llevador"...!
Entonces, considero importante la idea de que la Comisión realice una evaluación.
Señor Presidente, la Cámara de Diputados cuenta con una Comisión que evalúa las leyes; nosotros, no. Después de cierto tiempo (diez años, quizá), ya hay que corregir la legislación.
Entonces, revisar la terminología del Código Penal me parece adecuado.
Que la iniciativa en debate fuera a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia sería un error. En mi concepto, habría que aprobar la idea de legislar, devolver el proyecto a la Comisión de Derechos Humanos y allí establecer la cabeza de playa para discutir una reforma más profunda de la terminología del Código Penal.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Señores Senadores, propongo aprobar en general el proyecto.
En seguida, me parece adecuado el planteamiento del Honorable señor Zaldívar -fue aceptado también por otros Senadores- en el sentido de, en el entretanto, pedirle a la Biblioteca del Congreso Nacional que haga una revisión más detallada, cuidadosa, para ver si hay en el Código Penal otras expresiones inadecuadas o indignas respecto del trato a las personas.
De aprobarse la idea de legislar, el proyecto regresaría a la Comisión original: la de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía.
Si hubiese Senadores que, ejerciendo su derecho, insistieran en que la iniciativa pasara además a la Comisión de Constitución -aquí se ha manifestado voluntad al respecto-, tendríamos que someterlo a votación.
Esa es la sugerencia de la Mesa.
¿Le parece a la Sala proceder de la manera expuesta?
El señor PIZARRO.- ¡Yo!
La señora ALLENDE (Presidenta).- ¡Muestre sus condiciones atléticas, señor ex Presidente¿!
Votaron las señoras Allende, Goic, Pérez (doña Lily) y Van Rysselberghe y los señores De Urresti, Espina, García-Huidobro, Guillier, Harboe, Larraín (don Hernán), Letelier, Moreira, Navarro, Orpis, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quinteros, Tuma, Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
El señor CHAHUÁN.- Señora Presidenta, ¿puede agregar mi voto a favor?
El señor MONTES.- Y también el mío.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Se dejará constancia de la intención de voto favorable de los Senadores señores Chahuán y Montes.
Se le solicitará a la Biblioteca del Congreso Nacional el informe pertinente.
La iniciativa vuelve a la Comisión de origen: la de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Se debe fijar plazo para presentar indicaciones, señora Presidenta.
La señora ALLENDE (Presidenta).- ¿Hay alguna sugerencia en tal sentido?
El señor PIZARRO.- ¿Cuánto demorará la Biblioteca?
El señor ORPIS.- Existen dos alternativas, señora Presidenta: primera, fijar el plazo para formular indicaciones, el cual, desde mi punto de vista, debería ser de aproximadamente dos semanas; y segunda, esperar el informe de la Biblioteca del Congreso Nacional.
Sin embargo, la motivación básica de esta iniciativa es modificar el artículo 447 del Código Penal. De manera que el estudio de la Biblioteca debería emitirse a propósito de una moción distinta, para introducir otras enmiendas.
El señor LARRAÍN.- Señora Presidenta, creo que se trata de dos temas distintos.
Revisar la legislación para buscar expresiones anacrónicas, odiosas, innecesarias o inadecuadas debiera demorar algunos meses.
Entonces, una cosa es el estudio que se encargará a la Biblioteca del Congreso Nacional -después la Mesa podrá sugerir qué hacer con su resultado-, y otra diferente, seguir con la iniciativa en debate.
Para los efectos de las indicaciones, sugiero el plazo normal (una o dos semanas), y luego el proyecto volverá a la Sala para la discusión y la votación en particular.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Si les parece a Sus Señorías, se fijará como plazo para formular indicaciones el lunes 31 de marzo, hasta las 12.
El señor LABBÉ (Secretario General).- En este momento ha llegado a la Mesa una solicitud de permiso constitucional del Senador señor Letelier para ausentarse del país a contar del 14 del mes en curso.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Conforme al acuerdo unánime de la Sala, corresponde ocuparse en el proyecto de reforma de la Carta Fundamental, iniciado en moción de los Senadores señores Hernán Larraín, Escalona, Novoa y Andrés Zaldívar, en primer trámite constitucional, que establece la obligación de las autoridades del Congreso Nacional de rendir una cuenta pública anual, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Proyecto de reforma constitucional (moción de los Senadores señores Larraín Fernández, Escalona, Novoa y Zaldívar, don Andrés):
El señor LABBÉ (Secretario General).- El objetivo de este proyecto es establecer que el Presidente del Senado y el Presidente de la Cámara de Diputados deberán dar ante el país, el 4 de julio de cada año, una cuenta pública del estado de avance y desarrollo de las actividades realizadas por las Corporaciones que presiden.
Asimismo, cada parlamentario estará obligado a rendir, ante sus electores, cuenta de las labores legislativas y representativas efectuadas en el desempeño de su cargo.
La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento discutió esta iniciativa solo en general y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros, Senadora señora Alvear y Senadores señores Espina, Kuschel, Hernán Larraín y Patricio Walker.
El texto que se propone aprobar se transcribe en las páginas pertinentes del primer informe.
Cabe tener presente que para la aprobación de este proyecto de reforma constitucional se requieren tres quintas partes de los Senadores en ejercicio, esto es, 22 votos favorables.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señora Presidenta, esta reforma constitucional se orienta en el camino en que se halla nuestro país: aumentar la relación entre las autoridades y la ciudadanía. Y una manera de lograrlo es precisamente a través de lo que se llama "accountability", o sea, la cuenta que rinde el mandatario a sus mandantes, que son los ciudadanos.
Así como el Presidente de la República entrega su cuenta una vez al año, parece factible que tanto el Presidente de la Cámara de Diputados cuanto el del Senado -es lo que dispone la primera parte de la modificación constitucional- rindan cuenta de la gestión de cada Corporación. Y se fija como fecha el 4 de julio, que corresponde precisamente al aniversario de la fundación de nuestro Parlamento.
En la segunda parte de la reforma se agrega que la misma rendición de cuenta deberán efectuar cada Diputado y cada Senador con relación a su distrito o circunscripción, respectivamente. De esa manera se genera una obligación de comunicación entre la autoridad y la ciudadanía.
Se trata de una idea que se inserta dentro de la Ciencia Política actual, para ir abriendo ese tipo de canales de comunicación.
No es otro el objetivo de los autores de la moción, quienes, por lo demás, conformamos un abanico muy transversal. Y creemos que nuestra proposición va en beneficio de las nuevas relaciones que deben existir entre el Congreso Nacional y los ciudadanos que eligen a sus miembros.
Tal es la razón -insisto- por la que presentamos esta reforma constitucional, que, por supuesto, puede enriquecerse, modificarse o adecuarse, para que alcance la mayor eficacia.
El señor LARRAÍN.- Señora Presidenta, como ha señalado quien me antecedió en el uso de la palabra, desde hace ya algún tiempo Chile se encamina hacia una muy profunda modernización del Estado en el área de la transparencia y la probidad para incorporar una nueva cultura en la manera como nuestras autoridades públicas ejercen sus tareas en todos los ámbitos de la Administración.
Ello se orienta a poner fin a la cultura del secretismo, que formó parte de los hábitos con que se condujo nuestro país -y no solo Chile, sino también las restantes naciones del mundo- durante muchas décadas, lo que tal vez -lo discutíamos a propósito del proyecto anterior- corresponda a otros momentos en la historia de la Humanidad.
Pero el desarrollo de la educación, del conocimiento, de las redes de información, y, además, la necesidad de profundizar cómo se construye la democracia, cómo se ejercitan las tareas públicas, cómo se logran compromisos éticos, cómo se asegura el control ciudadano de la gestión de las autoridades han ido incorporando los conceptos de transparencia y probidad, que ya están incluidos en nuestro ordenamiento jurídico.
Efectivamente, mediante la última gran reforma constitucional, la del año 2005, se introdujeron aquellos conceptos en el artículo 8° de la Carta Fundamental. Y la ley sobre transparencia y acceso a la información pública, que empezó a regir el año 2009, tras publicarse en agosto de 2008, no solo logró establecer con mayor fuerza las bases en que se asentaban ambos principios, sino que asimismo, en lo principal, creó un Consejo para la Transparencia, ente que puede promover activamente el desarrollo de una y otro.
La situación en nuestro país ha cambiado de modo bastante positivo. Y si bien todavía hay mucho por recorrer, ya iniciamos un camino muy valioso y muy positivo, que no es susceptible de vuelta atrás.
A mi juicio, la labor del Parlamento en esa materia ha sido señera. De hecho, tanto los cambios constitucionales cuanto la ley sobre transparencia y acceso a la información pública emanaron de mociones. De modo que, en tal sentido, el rol que hemos tenido en el Congreso Nacional ha sido muy definitorio.
En esa línea, nos parece que debemos seguir dando pasos. Y, de hecho, diversas iniciativas de ley en trámite caminan en la dirección de profundizar los principios en comento.
El proyecto sobre probidad en la función pública, iniciado en mensaje del Ejecutivo, y el que modifica la Ley de Transparencia, originado en moción de Honorables Diputadas y Diputados -se encuentra en el Senado, y esperamos que pueda despacharse cuanto antes-, son pasos en la dirección descrita.
Sin embargo, hemos advertido un vacío en parte de ese desarrollo. Y es lo que deseamos corregir mediante el proyecto en debate. Lo presentamos hace algún tiempo con el apoyo muy entusiasta de dos Senadores que nos acaban de dejar, los señores Jovino Novoa y Camilo Escalona, y del Honorable señor Andrés Zaldívar. Y la Comisión de Constitución lo aprobó por unanimidad.
Se trata del concepto de rendición de cuenta, que está asociado precisamente al acceso a la información pública.
Las autoridades no solo deben ser transparentes y permitir el acceso cada vez que los ciudadanos así lo requieren, sino que además tienen que ser proactivas en esta actividad. Y una manera de serlo es la rendición de cuenta.
Accountability -así se llama en el mundo anglosajón- es una palabra que, quizás por la falta de hábito en la materia, no tiene traducción directa en castellano. Pero se trata de eso: de rendir cuenta, de hacerse responsable de la gestión desarrollada y de posibilitar que los ciudadanos ejerzan control sobre lo que están realizando sus autoridades.
En Chile ya se encuentra establecido, desde la tradición republicana, que el Presidente de la República rinda cuenta al país cada 21 de mayo. Y es una materia regulada por la Constitución.
El Presidente de la Corte Suprema, a su vez, también desde tiempos antiguos, debe dar a conocer el 1° de marzo de cada año, según lo dispone el Código Orgánico de Tribunales, las inquietudes y observaciones que surgen desde la judicatura y que pueden conducir a enmiendas legales o a políticas públicas destinadas a perfeccionar su funcionamiento; y al mismo tiempo, tiene que dar cuenta de la obra realizada por las Cortes en el período anterior.
La última modificación de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado estableció en el artículo 72 el deber de los órganos de la Administración del Estado de rendir cuenta pública anual.
Y, a su turno, la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades dispuso la obligación de los alcaldes de hacer lo propio.
Se trata, por lo tanto, de una cuestión que se ha ido incorporando en nuestros hábitos institucionales. Sin embargo, no ha logrado el objetivo pleno de la información, pues varias de las cuentas en comento son más bien relatos autocomplacientes de la gestión que realiza la autoridad, o muchas veces, simples datos estadísticos cuantitativos que no permiten reflejar la calidad de lo que se está llevando a cabo.
De otra parte, como Sus Señorías saben, el Poder Legislativo no tiene obligación de rendir cuenta. Por lo tanto, la democracia que se ejerce en nuestro país es formal y cada cuatro u ocho años se expresa en el control que los ciudadanos ejercen para ratificar o no a las autoridades que van a la reelección. Pero los parlamentarios no tenemos obligación de dar a conocer lo que estamos realizando.
El propósito de la moción que presentamos es precisamente llenar ese vacío, para obligar a transparentar la labor que efectúan el Senado y la Cámara de Diputados y cada uno de los parlamentarios que integran el Congreso Nacional.
Por un lado, se plantea que el 4 de julio de cada año -fecha de fundación del Congreso Nacional, que además tiene la ventaja de ser posterior a aquella en que entrega su cuenta el Presidente de la República; por lo tanto, inicia cierta secuencia- debe rendirse (imagino que en sesión solemne del Parlamento) una cuenta pública, cuantitativa y cualitativa, que describa el trabajo efectuado por ambas Corporaciones, tanto en sus aspectos positivos cuanto en los negativos, y que permita esclarecer los aciertos y los errores: lo que se realizó, por qué se hizo de determinada manera, qué gestión se desarrolló y qué beneficios pueden apreciarse de la labor concreta que se lleva a cabo en el ámbito legislativo.
De otra parte, se busca que cada parlamentario, a continuación de la cuenta institucional, y deseablemente en el mismo mes de julio, rinda cuenta en el respectivo distrito o circunscripción, según corresponda, de su gestión legislativa y de la efectuada en el ámbito local y dé a conocer los antecedentes económicos (ingresos y gastos, en líneas generales), para permitirles a los ciudadanos conocer lo que se ha hecho y formarse un juicio de mérito sobre los resultados alcanzados.
Creemos que una iniciativa de tal naturaleza posibilitaría transparentar efectivamente la labor del Poder Legislativo; permitiría facilitar el control que los ciudadanos deben tener sobre la gestión de Diputados y Senadores y, en particular, del Congreso Nacional; y haría factible enfatizar la responsabilidad que nos cabe a los parlamentarios frente al país, a nuestros electores y a la ciudadanía en general, de manera que se fuera conociendo más concretamente el trabajo que se lleva a cabo.
El proyecto, además, resulta muy propicio en el minuto en que vivimos. La clase política o el Poder Legislativo son mirados en forma muy crítica; son rechazados. Se cree que mucho de lo que hacemos tiene que ver más con intereses personales o políticos, o de poder, que con un efectivo servicio a la comunidad o al país. Por lo tanto, existe una opinión muy negativa.
Considero, por lo que conozco de la labor parlamentaria en forma transversal, que su imagen en la ciudadanía y el juicio que a esta le merece no corresponden a la realidad de lo que se realiza, infinitamente superior. Ella no es perfecta y a menudo dista de serlo, pero la regla o la línea general sobrepasa mucho ese parecer de que somos objeto.
En consecuencia, por numerosas razones, una norma de esta naturaleza que pudiera incorporarse en nuestro Estado de Derecho democrático sería absolutamente esencial para lograr los objetivos que se buscan a través de la transparencia y del acceso a la información pública.
Pienso, además, que damos un ejemplo, como parlamentarios, al promover la iniciativa y materializarla, con lo cual manifestamos nuestra voluntad de avanzar en sintonizar con la realidad ciudadana, en ponernos cada vez más a disposición de los ciudadanos.
Los cambios que proponemos van en línea con lo que estamos desarrollando desde la Comisión Bicameral pro Transparencia -de ella ya tendremos oportunidad de hablar en otra sesión- para transmitir que el Congreso chileno quiere ser de los más avanzados al respecto en el mundo, con la mayor transparencia y disposición para dar cuenta de su gestión y recibir el juicio ciudadano.
Por todas las razones expresadas, auspiciamos el apoyo en general a la iniciativa por parte de esta Corporación.
El señor CHAHUÁN.- Señora Presidenta, Honorable Senado, la ciudadanía efectivamente está pidiendo mayores niveles de transparencia en la gestión pública.
De hecho, en el año en curso me tocó iniciar un proceso de cuenta pública, habiendo verificado por cadena local de radio la primera que rinde un parlamentario en la Región.
Este es un aspecto del cual tenemos que preocuparnos para los efectos de informar a la ciudadanía acerca de nuestra actividad, y también para poder involucrarla, en la medida en que ella está cada vez más empoderada y se interesa en saber lo que hacen o dejan de hacer sus representantes.
En el mismo sentido, he estado tratando de ubicar el boletín que contiene un proyecto de ley de idéntica naturaleza que nosotros presentamos y que debería estar radicado en la Comisión de Constitución, porque quiero pedirle a la Sala que se vea la posibilidad de fusionar ambas iniciativas.
Claramente, creemos que es necesario avanzar en términos de dotar de mayor transparencia a la gestión pública y que la accountability finalmente debe instalarse como una cultura de las autoridades públicas. No hago referencia solo a los parlamentarios, sino también a todos quienes ejercen una labor de representación de la ciudadanía.
En ese contexto, quiero señalar que el texto en debate va en la dirección correcta. Una serie de normas legales han tendido a perfeccionar nuestro sistema político, como la relativa a la inscripción automática y el voto voluntario, así como también la atinente a la posibilidad de facilitar los plebiscitos comunales. A ello se suma un proyecto que presentamos en el Congreso para crear la iniciativa popular de ley, materia respecto de la cual la Presidenta Bachelet, en su oportunidad, prometió calificar la urgencia, lo que finalmente no ocurrió.
Esperamos que estos puntos vinculados al perfeccionamiento del sistema político se terminen por imponer y que cambie la percepción de la ciudadanía respecto de la actividad que ejercemos.
A nuestro juicio, es preciso aprobar el texto en examen, que busca crear una cultura de la accountability. Y pensamos que no solo le va a hacer bien a la ciudadanía, que va a encontrarse cada vez más empoderada, sino que también permitirá oxigenar el sistema político, lo que es absolutamente necesario.
Por tanto, pido votar a favor y que la Comisión de Constitución revise los proyectos de ley en la materia que se tramiten en ella, para que pueda tener lugar la fusión que mencioné.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Ofrezco la palabra al Honorable señor Letelier.
El señor LETELIER.- Señora Presidenta, estimados colegas, deseo valorar el esfuerzo de uno de los Senadores que intervinieron con anterioridad en orden a promover la transparencia y las normas conducentes a este fin. Me parece que sin duda se ha registrado un avance al respecto en el país.
Sin embargo, debo consignar que si quisiera acortar la discusión, pediría votar de inmediato, con el objeto de que la iniciativa se cayese, porque se trata de una reforma constitucional y no hay quórum para aprobarla.
Pero mi reflexión más de fondo es que, en términos formales, no se trata de una materia de rango constitucional. Quiero partir por exponerlo. Por ello, solicito que sus autores, en primer término, reconsideren la iniciativa, para que este tipo de normas tenga el nivel que corresponde.
En segundo lugar, no sé si la intención de los colegas logrará ser eficaz. Más de alguno de nosotros ha visto cómo la obligación de cuenta pública de los alcaldes termina hoy día siendo una mera formalidad y no necesariamente contribuye a la transparencia. Algunos jefes comunales y concejos municipales la asumen de cierta forma; otros, como un trámite burocrático más y respecto del cual no existe ninguna sanción si no se lleva a cabo en los plazos establecidos, en términos reales, ni con relación a la sustancia de la actividad. En consecuencia, si el objetivo son la transparencia y el acercamiento de la política a la gente, no sé si este es el instrumento más adecuado.
Por mi parte, he entregado cuentas públicas durante muchos períodos, pero no encuentro que reglamentar el punto en una norma legal sea el camino adecuado.
Represento a una Región con 107 kilómetros de costa, 33 comunas y tres provincias, y puedo asegurar que sus ciudadanos no tienen ningún interés en que el Senador que habla dé aquí una cuenta pública de su actividad en el Congreso Nacional. Y si ella se rindiera en Cachapoal, a los habitantes de Cardenal Caro tampoco les importaría mucho. Y los de Colchagua no irían.
En otras palabras, esto es como esas típicas ideas de arquitectos que resultan ser muy nobles, pero mal realizadas. Porque en muchas de nuestras regiones no existen canales ni medios de comunicación que las cubran por entero para los efectos de una obligación de rango constitucional que se quiere imponer.
Siendo de aquellos que estiman útil rendir cuenta de lo que hacen, no sé si el instrumento sugerido por mis colegas sea -repito- el más adecuado.
¿Sobre qué se rinde cuenta? ¿Exclusivamente de la actividad legislativa? ¿Acerca de la gestión que puede hacer una señora Senadora, en función de una comunidad, para que el Estado invierta en algo?
De repente, la cuenta pública legalmente obligatoria -algunos están sugiriendo establecerla con rango constitucional- puede prestarse para ciertas "rivalidades" entre dos parlamentarios representantes de cierto territorio.
Creo que es discutible su eficacia como instrumento de transparencia.
A mi juicio, es muy distinto de lo propuesto en esta ocasión el hecho de que el Ejecutivo, que recibe un mandato en la Ley de Presupuestos de cada año respecto de sus programas de gobierno y que se tienen que evaluar, dé cuenta al Congreso Nacional, que aprueba los recursos, sobre la marcha de la nación y la ejecución de los primeros, lo que se transmite a todo el país. Incluso resulta muy diferente de lo que hacen los municipios, que disponen de un presupuesto.
Sé que correspondería llamar a votar, señora Presidenta. Y quizás es lo que debemos hacer de una vez para que no se reúna el quórum suficiente. Pero parece que eso no sería muy gentil para los autores de la iniciativa. Por lo mismo, les solicito reconsiderar el debate, a fin de que no sea necesario que alguno de nosotros pida segunda discusión o un segundo informe. Me gustaría poner la cuestión en manos de ellos, en la medida en que son los que deberían encabezar la presente discusión y preocuparse de su desarrollo, a fin de ver si resulta o no oportuno seguir adelante en lo que estamos haciendo.
He dicho. La señora ALLENDE (Presidenta).- Cabe recordar que en la reunión de Comités se acordó tratar tres proyectos que estimamos -sobre todo, los dos primeros- de más fácil despacho. Con relación al que nos ocupa previmos que comenzaba la discusión.
El señor ESPINA.- ¿Hoy día no vamos a votarlo?
La señora ALLENDE (Presidenta).- No.
El señor ESPINA.- Eso es lo que quería saber.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Vamos a iniciar el debate y quedará pendiente el pronunciamiento.
El señor ESPINA.- Resulta claro como el agua.
El señor NAVARRO.- Señora Presidenta, el requerimiento de una mayor transparencia en el quehacer del Congreso es algo que revelan las estadísticas. En la evaluación nacional, los parlamentarios nos encontramos al final de la tabla, con un 9 a 11 por ciento, junto con los empresarios. Somos los peor calificados por la ciudadanía.
Hemos intentado descubrir la razón, porque, al final, realizamos una pega que la ciudadanía estima la más desprestigiada. Consignamos hace varios años que algunos niños preferían no decir en sus colegios que su papá era Diputado o Senador, porque se generaba un rechazo.
Uno de los elementos que hemos planteado es la necesidad de ennoblecer la política, de recuperar la potestad del Congreso. Y diría que, en materia de transparencia, de prestigio, un aspecto que resulta esencial no tiene que ver con la existencia o inexistencia de la cuenta pública, sino con la monarquía presidencial, con el presidencialismo extremo contemplado en la Constitución nauseabunda vigente, que es preciso cambiar, la cual margina a los ciudadanos de la posibilidad de decidir.
¡Es una Constitución que eliminó al 70 por ciento de los partidos tras las elecciones de noviembre recién pasado! Si tuviéramos noticias de cualquier país en el mundo que declarase ilegal a ese porcentaje de colectividades políticas al día siguiente de los comicios, diríamos que no se trata de una democracia, sino de una dictadura. Y en Chile, luego de las elecciones del 17 de noviembre de 2013, el 70 por ciento de los partidos -repito- dejaron de ser legales: ¡son ilegales!
Cabe preguntarse cuáles son los elementos que hay que fortalecer en beneficio de la transparencia. Uno de ellos es el fin de las donaciones secretas en las campañas políticas. Junto con el actual Ministro de Justicia, señor José Antonio Gómez, presentamos una iniciativa tendiente a clarificar dicho aspecto y ponerles término. Si las hay, bueno, pero que sepamos quiénes son los donantes. Porque en algunas de las campañas se recibieron ¡cientos y cientos y cientos de millones de pesos de parte de donantes anónimos y secretos!
El proyecto en discusión se encuentra bien orientado. Una cuenta pública del Congreso -Cámara de Diputados y Senado- y otra de los parlamentarios van en un sentido correcto. Pero tal vez la gente nos pregunte: "¿Por qué, en lugar de dar una cuenta pública de lo que están haciendo, no dicen quién les financió las campañas? ¿Por qué no dan una cuenta pública de dónde sacaron las platas para ser elegidos? Dan una cuenta pública, pero mantienen en secreto el financiamiento de sus campañas.".
No sé si la aprobación de la iniciativa va a contribuir realmente a mejorar la imagen ante la ciudadanía, porque parece que quisiéramos discutir proyectos con apariencia de transparencia, en circunstancias de que en definitiva no la tienen.
Una ley orgánica determinará cómo se dará la cuenta. Eso me parece correcto, porque esta última puede ser múltiple. La que proporcionan los alcaldes se transforma a veces en una maratón, de 42 kilómetros, o en una carrera de 100 metros planos. Eso depende del jefe comunal: algunos entregan una cuenta de media hora, y otros, de dos; algunos enumeran todos los actos de Gobierno, todas las obras, y otros, de verdad, ponen gestión. Pero nadie facilita documentos que puedan ratificar que lo dicho es cierto. Es posible realizar la diligencia, pero si después no se permite el acceso a los códigos basales, ¿qué cuenta pública es la que se lleva a cabo? ¡Se puede mentir en ella!
Por lo tanto, creo que el proyecto -reitero- está bien orientado. Pero, al igual que en el anterior. uno dice: "Si vamos a hacer un conjunto de modificaciones que buscan mejorar el prestigio, la imagen pública, el quehacer del Congreso Nacional, lo único que logra el debate parcelado -o sea, un mosaico, una reforma a cuadritos- es distraernos del objetivo central". ¿Y cuál es el objetivo central? Que la gente sienta que el Congreso la representa.
Aquí en la Sala, cuando discutíamos si aumentar o no el quórum para establecer plebiscitos o consultas municipales, algún Senador manifestó: "¡Pero estamos cediendo soberanía!". Es al revés: la ciudadanía nos entregó esta última para representarla. Y juzgo que recoger todos los proyectos que dicen relación con el mejoramiento de la transparencia, de la percepción del quehacer del Congreso Nacional, es tal vez más importante. Eso significa, entonces, dar cuenta de una reforma profunda.
Entiendo que el Senador señor Larraín es bienintencionado: demos una cuenta pública. Pero ¿qué vamos a responder cuando se levante la primera mano para plantear: "Señor Senador, señor Diputado, lo hemos escuchado atentamente, durante dos horas, en la cuenta de su circunscripción o de su distrito, mas lo único que no ha dicho es cómo financió su campaña, de modo que dónde puedo acceder a todo lo que usted sostiene para poder conocer su declaración de bienes, su asistencia al Congreso o cómo ejerce su tarea y cómo me lo puede comprobar"?
Entonces, bien, efectuemos una cuenta pública. A mí no me gusta la fecha que se establece al efecto: el 4 de julio de cada año. Coincide con el de la independencia de los Estados Unidos. Sería bueno que los autores del proyecto explicaran por qué la eligieron.
Cabe proponer fines de noviembre, cuando estamos en primavera y hay mejor ambiente, mejores vibras. Julio es un mes de invierno, más sombrío.
Además, ¿por qué fijar el mismo día de la independencia de los Estados Unidos?
Me señalan que corresponde a la inauguración del Congreso Nacional. En 2011 se celebró su aniversario número 200.
No sé si una fecha en mitad del año resulta la más adecuada, en un mes en el cual lo más probable es que llueva muy fuerte cuando se quiere que la gente concurra a escuchar una cuenta pública. Tal vez noviembre es más amigable para la presencia y participación ciudadana.
En mi opinión, se tendría que reflejar un elemento distinto. ¡Ya tenemos suficiente con el 11 de septiembre en Chile y en los Estados Unidos¿! Yo preferiría que la cuenta pública del Parlamento tuviera una fecha distinta al 4 de julio.
Por tanto, sin perjuicio de tratar esta reforma constitucional, pido una vez más a mis colegas Senadores -por su intermedio, señora Presidenta- que cuando discutamos en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia el proyecto de ley que elimina las donaciones secretas tengamos la misma facilidad que estamos teniendo ahora para traerlo a la Sala, debatirlo, establecer una mayoría y comenzar el proceso.
Yo voy a votar a favor en este caso, pero me voy a empeñar en que esa otra iniciativa venga también al Hemiciclo, porque creo que no va a ser bien visto ni va a tener total transparencia el dar cuenta pública de todo lo que hacemos si continuamos ocultando el financiamiento de nuestras campañas, que sigue siendo secreto.
Eso no es posible, e inhabilita una buena medida, como es una cuenta pública del Congreso Nacional, de los Presidentes de ambas Cámaras, de Senadores y Diputados, en fecha que será necesario establecer.
Estamos ante una buena idea, señora Presidenta, pero esta tiene que ir adosada de otros elementos de cuenta pública o de acceso a la información como el que he señalado.
¡Fin a las donaciones secretas en las campañas!
La señora ALLENDE (Presidenta).- El Senador señor Lagos no está.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señora Presidenta, voy a hacerme cargo de algunas observaciones que se han formulado aquí.
Creo que el sentido del proyecto no puede ser objetado. Que el Parlamento, el Presidente del Senado y el Presidente de la Cámara de Diputados rindan cuenta pública, una vez al año, sobre cuál ha sido el trabajo que han realizado ambas Corporaciones, es equivalente a lo que hacen el Presidente de la Corte Suprema el primer lunes de marzo de cada año y el Presidente de la República, en virtud de una disposición constitucional, cada 21 de mayo.
Puede ser norma constitucional o ley ordinaria. Depende de qué rango le queramos atribuir. ¿Le queremos dar realmente la importancia que le corresponde a este Poder del Estado, equivalente a lo que hace el Poder Ejecutivo, o preferimos otorgarle un rango de ley normal, no constitucional? Por supuesto, se puede tomar la decisión. El objeto es uno: que el Parlamento rinda cuenta pública una vez al año.
Ahora, ¿en qué fecha? Mi amigo el Senador Navarro decía que el 4 de julio coincidía con la independencia de Estados Unidos. ¡Bueno, a lo mejor podemos eliminar del calendario esa fecha, porque siempre nos va a molestar cuando coincida con cualquier tipo de actividad que queramos tener...! Precisamente, el aniversario del Parlamento se celebra el 4 de julio, siempre. Ese día hacemos aquí una recepción, compartimos con todo el personal, normalmente efectuamos un acto solemne en el Salón de Honor del Congreso.
¡Como digo, podríamos eliminar el 4 de julio y ponerlo en blanco, para no tener problemas¿! O sea, esa objeción yo no la recojo, pues no le encuentro mucho sentido. Muestra animadversión hacia los Estados Unidos. A mí no me gustaría mezclar una cosa con otra.
Se propone el 4 de julio porque tiene la simbología que he expresado. Corresponde a una fecha propia, no a una fecha ajena.
Luego está el tema de la cuenta de los parlamentarios. Personalmente, creo que aquí hay que distinguir dos cosas. La primera es la transparencia de la actividad parlamentaria, que ya está reglamentada. Cualquier persona puede entrar en el sitio web del Congreso a ver todo lo relacionado con nuestra propia actividad: los ingresos que recibimos, cuál es nuestro personal, cuál es nuestra asistencia. A lo mejor eso podría publicarse o entregarse por los parlamentarios en su momento. Eso lo podemos determinar más adelante, cuando discutamos la ley orgánica, por cuanto en la reforma que estamos estudiando precisamente se señala que la cuenta de los parlamentarios tendrá lugar de acuerdo con la normativa que se dicte al efecto y se incluya en aquella. Ahí veremos.
Incluso, estoy de acuerdo con el Senador Navarro en que a lo mejor cuando haya habido una elección la cuenta que el parlamentario dé al Servicio Electoral sobre la forma como efectuó sus gastos sea pública y se ponga en el sitio web del Parlamento o donde se quiera. Todo lo que sea transparencia es bueno y necesario. Pero creo que no podemos objetar lo que se persigue en virtud de este proyecto.
¿Qué rango queremos darle? Personalmente, prefiero que la cuenta del jefe del Parlamento chileno, de la Presidenta del Senado o del Presidente de la Cámara de Diputados, se halle establecida en la normativa constitucional y no en una ley ordinaria, pues creo que le da más rango, más fuerza. Y esa es la razón del proyecto.
Por cierto, este puede ser perfeccionado, y mucho; recoger todas las ideas que tengamos. Pero, si alguien quiere votar en contra, que diga que se opone a que el Parlamento dé cuenta, tal como ya lo hacen el Presidente de la República y el Presidente de la Corte Suprema. Y sigamos como estamos.
Por mi parte, me parece preferible que el Congreso se ponga en el mismo rango de obligaciones que esas dos altas autoridades. Y estimo importante y conveniente que los parlamentarios también asumamos tal responsabilidad, con todos los problemas que se han planteado y que tendremos que ver cómo solucionar: cómo darle publicidad al acto, cómo materializar la cuenta en la circunscripción o en el distrito respectivo, según corresponda. Eso lo veremos en la ley orgánica. Pero hagámoslo. E incluyamos no solo nuestra actividad legislativa, sino también nuestras acciones en relación con las fuerzas sociales, cuál ha sido nuestro planteamiento en determinadas materias que le interesan a la circunscripción o al distrito, o cuáles son nuestras inquietudes desde una perspectiva de visión nacional del país. Eso es importantísimo.
Por tanto, creo y sostengo, a pesar de que pueda ser algo sin mayor trascendencia para algunos, que esta normativa constitucional es positiva. Ahora, si se quiere hacer en base a una ley ordinaria, que se haga así. Si se quiere establecer más transparencia en la ley orgánica, incluyamos en ella toda la que sea necesaria. Lo fundamental es que el Parlamento se ponga a tono con lo que pasa hoy día en el mundo. La ciudadanía exige cada vez más transparencia. Estamos más cerca de la gente. Se requiere más participación. Ya no se trata solo de la democracia electoral en la cual aún seguimos viviendo.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Ahora sí, le ofrezco la palabra al Senador señor Lagos.
El señor LAGOS.- Señora Presidenta, pienso que este proyecto, tal como está presentado, requiere ser enriquecido, por decirlo de una manera suave. Las solas intervenciones que se han producido acá nos advierten sobre la conveniencia de darle un tratamiento más adecuado.
Me hago eco de lo que señalaban los Senadores Letelier y Navarro en algunos aspectos, pero lo medular es que requerimos un sistema que nos ponga en el mismo tono en que están los otros dos Poderes del Estado. Podemos discutir si la cuenta deben hacerla ambas Cámaras separadamente o la Corporación en su conjunto; si es una obligación que, como expresa el artículo 56 bis, ha de recaer en el Presidente del Senado y el de la Cámara de Diputados, o si además, como establece el artículo 62 bis, tiene que ser ejercida individualmente por cada Diputado y Senador.
Eso requiere un tratamiento bien especial. No es evidente cómo se hará. No sé si el resto de mis colegas parlamentarios hará lo mismo, pero yo trato de rendir una cuenta pública. Claro, uno efectivamente la hace en función de lo que inteligentemente cree que hizo las cosas, de los aportes que realizó, de cómo estima que benefició a la comunidad. Pero entre eso y considerar que se está en presencia de una propaganda personal hay un solo paso.
Entonces, cabe preguntar: ¿habrá alguien que interpelará? ¿Habrá alguien que tendrá la posibilidad de comentar la cuenta que se rinda? ¿Se hará públicamente, con notificaciones para que la gente, la sociedad civil, las juntas de vecinos, aquellos que uno recibe a diario y que le envían cartas para impulsar proyectos de ley o solucionar problemas puntuales puedan participar de aquello?
Todo eso requiere una regulación; todo eso requiere tal vez un tiempo, y hasta es posible que requiera recursos. Por tanto, hay que discutirlo. Pero, para ser bien franco, esas dudas, para mí, no son óbice, al final del día, para aprobar esta iniciativa tal como está.
Y quiero hacer otro alcance, señora Presidenta.
Algunos Senadores -no los voy a mencionar- han hablado de la necesidad de tener mayor transparencia, de disponer de accountability (fue la expresión que usó un colega, en un buen spanglish; no tengo nada que decir al respecto). Pues bien, quiero recordarle a ese señor Senador, que es de la vereda de enfrente, que hace 48 horas su Gobierno autorizó, poco antes de irse, la eliminación de todos los e-mails de los funcionarios salientes.
Entonces, yo pediría un mínimo de coherencia y de consistencia. Si vamos a exigir cuentas públicas a los Diputados y Senadores, por lo menos pidámosles a nuestros gobiernos que no anden borrando los mensajes electrónicos a menos de 24 horas de dejar el poder.
Doy el dato no más, para mantenerlo vivo en el debate, señora Presidenta.
Si se vota ahora el proyecto, encantado me pronunciaré a favor. Si la votación se pospone para otra oportunidad o se pide segunda discusión, quedaré del todo disponible mientras mantengamos la capacidad de contar con los votos necesarios para su aprobación.
El señor LARRAÍN.- Preferiría intervenir después del Senador Montes para poder contestar algunas interrogantes.
La señora ALLENDE (Presidenta).- En ese caso, tiene la palabra el Honorable señor Montes.
El señor MONTES.- Señora Presidenta, me sumo también a quienes valoran su llegada a la presidencia del Senado y desean que le vaya muy bien. Creo que los actos de ayer y de hoy son bastante potentes para todos, para el espíritu, para las ganas de hacer mejor las cosas.
Sobre la iniciativa, esto de las cuentas públicas fue discutido al menos en tres modificaciones a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. En esas ocasiones dijimos: una autoridad unipersonal como el alcalde tiene que darle cuenta de su gestión a la comunidad. Incluso una de esas normativas contempla los aspectos que debe contener dicha cuenta, de forma tal que no se eludan los temas fundamentales.
De lo que conozco de las cuentas municipales, su efecto real en cuanto a transparencia, motivación, es muy desigual entre unas comunas y otras y generan cierta frustración en la comunidad, que no puede opinar. O sea, a pesar de tratarse de una cuenta institucional de la gestión municipal, de cómo se mueve el municipio, no existe ninguna posibilidad de diálogo, ni de cuestionamiento. No se puede cuestionar, incluso, aspectos relativos a la convivencia institucional. Si a alguien se le ocurre pedir la palabra en una cuenta pública municipal es duramente criticado. Es como atentar contra el orden.
A mí me parece que en esta materia no basta con las ganas, con el espíritu, con el objetivo, que considero muy importante. Se debe buscar la manera de que la cuenta sea efectiva y constituya un momento de debate, de transparencia, de intercambio. De lo contrario, al final terminará siendo frustrante para los propios ciudadanos que asistan a su entrega. Y si la finalidad es que los ciudadanos sientan más cercana a la autoridad y eso no se da, la situación será bastante complicada. En el ámbito municipal, la cuenta no la conocen antes ni siquiera los concejales. O sea, se trata de una acción que no surte efecto.
El año pasado me tocó ver el caso de un alcalde que no quería dar cuenta de su gestión, pero, como la ley lo obligaba, dio una cuenta de exactamente un minuto y medio de duración.
El señor LAGOS.- ¡Pero fue completa¿!
El señor DE URRRESTI.- ¿En un municipio chico?
El señor MONTES.- Yo creo que no cumplió la ley en todo caso, y fue algo irritante para quienes pensaban distinto de él y para los ciudadanos que asistieron al evento.
Estimo que estas cosas hay que pensarlas más; considerar más la experiencia municipal, y tratar de perfeccionarla.
Estoy de acuerdo en lo que he oído acá en cuanto a la importancia que tendría una cuenta de ambas Cámaras, una cuenta institucional, anual o bianual. De hecho, en la Cámara de Diputados se estableció el principio de entregar una cada cuatro años, que es bastante completa. Se publica un libro con todos los detalles. No se discute nunca su contenido, pero existe. En mi opinión, es bastante institucional, y sirve a quienes van a seguir dirigiendo la entidad, por lo menos como una base de antecedentes para lo que se deba hacer.
No sé si el Senado hace lo mismo.
No tengo dudas de que eso es bueno. Y tiene que ver con lo señalado por el Senador Zaldívar en el sentido de que es conveniente estar al mismo nivel de la Presidencia de la república y de las distintas instancias centrales que realizan dicho acto.
Respecto de las cuentas individuales de los parlamentarios, salvo que encontremos un procedimiento adecuado, una forma de llevarla a cabo y un contenido para ellas, pueden constituir más una frustración que un aporte al debate y la transparencia.
A lo mejor debería ser institucional: que la efectuaran los dos parlamentarios de cada distrito, organizados incluso por la propia institución, en presencia de cierta cantidad de invitados, que se dialogara un rato sobre lo expuesto, que se entregara por escrito. En el caso de la cuenta municipal, lo peor es que no ocurre esto último, o a veces el documento se da a conocer tres meses después, con lo cual ya queda extemporáneo.
Yo tendría mucho cuidado de legislar sobre esta materia sin tomar en cuenta la experiencia municipal y sin buscar un dispositivo, una forma de presentación bastante más precisa, más completa, que asegure que daremos un paso adelante y no generaremos frustración.
En un sistema no binominal probablemente la cuenta institucional sería mucho más potente, pues la rendirían los cinco parlamentarios de la zona. Eso podría generar un momento de diálogo político sustantivo, o bien constituir, si no está bien pensado, un gran problema.
No sé si en el caso del Senado se dan cuentas individuales. Me imagino que debería realizarse en todas las comunas, en todos los distritos, o si tal vez tendría que ser una sola, de carácter general.
Desconozco cómo lo hace el Senador Lagos Weber, que da unas cuentas bastante precisas, como él ha dicho.
El señor LAGOS.- ¡En la Isla de Pascua, señor Senador! ¡Dos veces al año!
El señor MONTES.- ¿Sí?
El señor LAGOS.- Está en mi circunscripción.
El señor MONTES.- ¡Pero no se lo ha visto por allá¿!
Concluyo, señora Presidenta, manifestando que me parece bien el objetivo general, la intención, la idea. Por ahora, mantendría la cuenta a nivel institucional en ambas ramas del Congreso. Para entrar en una actividad más individual de los parlamentarios habría que perfeccionar la norma y generar un modo de realizarla que permitiera lograr el objetivo, para que no termine siendo contradictoria con este.
El señor LARRAÍN.- Señora Presidenta, en verdad, mi interés era escuchar la mayor cantidad de opiniones sobre este proyecto para poder hacerme cargo de ellas o para esclarecer algunas inquietudes que hayan surgido.
En lo sustantivo, me quedo con lo expresado por el Senador Lagos Weber. No escuché todas las intervenciones, pero la suya la alcancé a oír entera.
En lo esencial, se trata de un compromiso que, a estas alturas de nuestro desarrollo cultural en materia de transparencia y probidad, considero ineludible: la rendición de una cuenta. Tienen que efectuarla el Congreso y los parlamentarios: el Senado y la Cámara de Diputados, ante el país, y nosotros, en el ámbito donde fuimos elegidos.
Me parece que algunos la realizan en forma sistemática; otros la hemos llevado a cabo de manera esporádica o del modo que hemos estimado mejor. Pero no hay un hábito republicano de ponernos a disposición de la comunidad diciendo: "Esto es lo que estamos haciendo; así es como estamos cumpliendo nuestras responsabilidades".
En lo esencial, se trata de eso. Y creo que tiene que ver con la responsabilidad de una democracia que no se agota en los actos electorales. Hoy, la democracia es crecientemente participativa. Pero, para eso, para que los ciudadanos puedan participar, deben contar con elementos de juicio. Sin información no hay participación. Y por muy insuficiente o defectuosa que sea una cuenta, considero esencial que la puedan rendir los parlamentarios y ambas ramas del Congreso a fin de garantizar que tal actividad realmente cumpla el objetivo de permitir un control ciudadano de la gestión y establecer una mayor responsabilidad en el ejercicio de las funciones. Porque, claro, uno no va a ir a inventar un cuento, ya que en la actualidad es posible rastrear los antecedentes y verificar si son veraces. Aunque haya o no diálogo en ese minuto, los medios de comunicación locales, las universidades, la sociedad civil podrán comprobar si las cuentas que se entreguen son verdaderas o no.
De manera que esta iniciativa exige transparencia, responsabilidad, madurez cívica y posibilita que nos esmeremos en desarrollar mejor nuestras funciones, nos acerquemos a la ciudadanía y busquemos recuperar la confianza y credibilidad que hemos perdido, por diferentes razones. Probablemente muchas no son de nuestra responsabilidad, pero varias otras sí lo son.
Por tanto, en lo sustantivo, me parece que debemos avanzar en esta materia. ¿Cómo? Entiendo que la forma está sujeta a debate. Lo importante es que no se trate de un cuento y que no sea un acto de propaganda, sino de responsabilidad.
Por eso, la cuenta tiene que ser rendida no solo con autoelogio, sino también con descripción de aciertos y errores, de avances y retrocesos, con materias pendientes, con la realidad. Porque al final, como dicen por ahí, "antes se pilla a un mentiroso que a un ladrón". Y si hoy día alguien miente y engaña a la ciudadanía, su versión no dura 24 horas.
¡Si la presión social no es un actor por casualidad! Lo es porque, en la actualidad, la gente obtiene información y reclama o protesta tan pronto algunos antecedentes le parecen mal. Y ya sabemos las consecuencias políticas que aquello genera, en todo ámbito de cosas.
¿Cómo rendir la cuenta? Considero correcto lo que he escuchado en cuanto a que esta materia es susceptible de perfeccionamiento. Sí estimo importante que la rindan no solo los presidentes de ambas Cámaras, sino también los parlamentarios. De manera que aquí podría haber una diferencia con algunos.
Pienso que nosotros igualmente debemos responder ante nuestra gente, en forma periódica. Y será preciso buscar la manera de que nuestra cuenta sea efectivamente pública, accesible y le llegue a la gente y de que institucionalmente tengamos el soporte para cumplir con ese deber.
En seguida, habrá que reglamentarla. Y tal vez se pueda aligerar un poco esta obligación e incluso incorporarla al Reglamento del Senado y al de la Cámara de Diputados; que ambas Corporaciones, en conjunto, acuerden la forma como deben rendir cuenta tanto el Presidente de cada una de ellas como los respectivos parlamentarios, en los lugares que representan -lo que sea más simple-, y dejar establecido en la Constitución el principio esencial con la misión fundamental.
Tal planteamiento lo puede trabajar, en el segundo informe, la Comisión de Constitución, si hubiera voluntad para aprobar en general el proyecto.
Eso se puede hacer, pero resulta primordial que quede incluido en la Carta. Porque, como bien decía el Senador Andrés Zaldívar, carece de sentido y de justificación que el Presidente de la República tenga la responsabilidad de dar cuenta al país del estado administrativo y político de la nación, consagrada en la Constitución, y no así el Congreso Nacional.
Repito: podemos sentar el principio, la obligación y el carácter de tal obligación, y dejarla entregada a nuestra Ley Orgánica Constitucional o al Reglamento de las dos ramas del Parlamento. Lo que estimemos más adecuado.
En todo caso, ello está abierto al debate.
¿Y por qué se fija como fecha para rendir esa cuenta pública el 4 de julio? Bueno, Senador Navarro -se lo señalo por su intermedio, señora Presidenta-, ¡no se me había pasado por la mente que esa fecha coincidiera con la del aniversario de la Independencia de Estados Unidos¿!
¡El día 4 de julio se fundó nuestro Congreso Nacional y me parece que debemos conmemorar ciertas tradiciones republicanas!
¡Este es uno de los Parlamentos más antiguos que existen!
Por tanto, el no reconocer esa identidad implica perder una oportunidad. A lo mejor no se nos va a olvidar que también es el Día de la Independencia del pueblo estadounidense. Pero va a ser tan fuerte el acontecimiento propiciado por el proyecto que contribuirá a forjar una cultura más nacionalista en ese sentido, si en realidad es a ello a lo que apunta.
Reitero que la fecha no tiene nada que ver con la Independencia de Estados Unidos. Y sería razonable que, así como se estableció la tradición de que el Presidente de la República diera cuenta al país el 21 de mayo de cada año, ¡por qué no crear también como tradición lo propuesto en la iniciativa que nos ocupa!
La cuenta presidencial del 21 de mayo es una tradición que no estaba contemplada en la Constitución de 1925 ni en ninguna otra anterior. Sin embargo, las normas consuetudinarias a veces tienen más fuerza que las escritas, y finalmente ella se recogió en el Texto Constitucional.
Es prudente que la rendición de cuenta pública anual por las autoridades del Parlamento, que se propone en este caso, se consagre en el ámbito de nuestra Carta Política.
Si hubiera acuerdo en lo fundamental, creo que podríamos avanzar, salvo que -como se ha dicho aquí- alguien no quiera que se rinda dicha cuenta, cualesquiera que sean las consideraciones que aduzca. Está bien. Pero podemos mejorar el texto, perfeccionarlo.
De eso se trata el trabajo legislativo: de que en la discusión en particular se formulen las indicaciones pertinentes y realicemos nuestro trabajo; que la Comisión lo recoja y traiga nuevamente el proyecto a la Sala, para su debate.
Constituiría una señal de mucho valor el que en este momento de fuerte cuestionamiento a la labor parlamentaria, tomáramos la iniciativa y dijéramos: "Sí, estamos dispuestos a rendir cuenta pública de nuestra actividad y trataremos de hacerlo lo mejor posible".
¿Y qué significa "lo mejor posible"? Este punto lo analizaremos en la discusión en particular.
Negarse a eso constituiría realmente una pésima señal -¡una pésima señal!-, que justificaría, una vez más, el rechazo ciudadano, porque daría la impresión de que queremos alimentar el secreto o la reserva de nuestras actuaciones.
Se ha avanzado bastante a través de las páginas web; pero esto todavía no genera la dinámica de una interacción verdaderamente ciudadana y masiva. Debemos buscar que así sea a nivel de cada una de las responsabilidades que tenemos en nuestros distritos o circunscripciones.
Y, de lograr que el acto de rendición de cuenta de los Presidentes de ambas Corporaciones sea transmitido -como se hace con la cuenta del Presidente de la República- en forma directa por televisión a nivel nacional, por cadenas de radio, en fin, estaremos contribuyendo fuertemente a acercarnos a los ciudadanos contándoles lo que hacemos.
¡Si el juicio de rechazo al Parlamento es un prejuicio, pues existe muy poca información! Porque más valen los escándalos que publica la prensa que la realidad de la labor que efectuamos cotidianamente.
Merece la pena que se rinda la cuenta pública anual en comento. Es un riesgo. Sin embargo, necesitamos asumirlo, por el bien de nuestra actividad legislativa, que requiere mayor compromiso y cercanía con la gente.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Ofrezco la palabra al Senador señor Prokurica.
El señor PROKURICA.- Señora Presidenta, el debate sobre esta materia ha sido muy bueno, pero muy irregular, porque algunos colegas postulan un preciosismo absolutamente imposible de cumplir.
Como planteó un Senador, estamos tratando una reforma constitucional y la discusión debe circunscribirse a ella. Por consiguiente, no corresponde discutir aquí los detalles sobre la manera en que se rendirá la cuenta pública, ni la fecha, ni si se transmitirá por radio o por televisión.
Todos sabemos que hay parlamentarios que tienen una mayor y mejor exposición pública y que efectúan permanentemente una especie de "rindo cuenta". No obstante, si consideramos que la legislación vigente contempla la obligación de que rindan cuenta los fiscales; los alcaldes; los defensores públicos; el Presidente de la República, cada 21 de mayo, y distintas otras autoridades, no está mal que los parlamentarios hagamos también una cuenta pública. ¡No está mal!
Los detalles y otros elementos orientados a implementar esa cuenta, bueno, los incorporaremos en la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional. No corresponde que estén en la Constitución.
Ahora, el debate que hemos de hacer respecto de esta reforma constitucional debe centrarse en si es positivo o no que los parlamentarios rindamos una cuenta pública cada cuatro años, una vez al año o al término de nuestro mandato. En lo personal, cuando finalizo un período elaboro un documento llamado "Rindo cuenta" y lo reparto.
A mi juicio, es sano que los legisladores demos cuenta de nuestra actividad de alguna manera, porque se nos paga con recursos fiscales y, además, porque los ciudadanos necesitan tener alguna fórmula para decidir si van a reelegir a un Diputado o Senador, o si van a apoyar su trabajo en algún minuto. Y si no acuden a escuchar esa cuenta pública o no la leen, eso será de su responsabilidad.
Señora Presidenta, comparto lo sostenido por algunos Senadores que han intervenido en cuanto a que parte del desprestigio del Parlamento obedece al desconocimiento total de lo que aquí se hace. Y seguramente muchas personas se preguntan: "¿Qué hace por mí este Diputado (o este Senador)?". O bien: "Estos tipos cobran su sueldo y no hacen nada", en circunstancias de que -como muy bien señaló un colega- hoy día es enormemente fácil saber si un Senador o un Diputado asiste a las sesiones; si interviene o no; qué opina sobre alguna materia; cómo votó un asunto. Para ello basta con meterse a la página web respectiva. Sin embargo, no es lo mismo -lo he comprobado a propósito de lo observado al final del Gobierno del Presidente Piñera- informar lo que sucede día a día y lo que uno pone en un documento o entrega en una ocasión, que dar la cuenta que por ley deben rendir los Ministros, los fiscales u otras autoridades.
A mí me da la impresión de que la reforma constitucional en debate es positiva; de que la rendición de una cuenta pública anual obligatoria va a ayudar a la transparencia.
Y la transparencia siempre es buena. El conocimiento por la gente del trabajo de sus autoridades o de los parlamentarios, a quienes se les paga con recursos del Estado, y en especial de quienes somos elegidos mediante el voto popular, es bueno, y va a ayudar a aumentar el prestigio tan escaso que hoy día tiene el Congreso Nacional.
Soy partidario de votar favorablemente la iniciativa.
Insisto: no corresponde entrar en el detalle de esta reforma constitucional -entiendo que hoy no se va a votar-; hay que hacer esa discusión en el momento oportuno.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Antes de ofrecer la palabra al Senador De Urresti, quiero señalar a Sus Señorías que la presente sesión debiera concluir a las 20, que es la hora de término habitual.
Dado que restan cuatro oradores -los Honorables señores De Urresti, Guillier, Horvath y Pizarro-, ojalá pudiésemos terminar a las 8. De no ser así, como el proyecto no se votará esta tarde y el debate continuará en la próxima sesión, los señores Senadores podrán intervenir entonces en el mismo orden de inscripción.
El señor DE URRESTI.- Señora Presidenta, al tenor del debate, resulta difícil negarse a la aprobación de este proyecto, porque rendir cuenta pública es hoy día una costumbre, una práctica que en buena hora sigue extendiéndose.
Un par de observaciones al proyecto propiamente tal.
A mi juicio, nosotros debemos consagrar en la Constitución la obligación de que ambas Mesas del Congreso Nacional y, particularmente los Senadores y los Diputados, rindan cuenta pública. Pero la forma establecida en el artículo 62 bis, inciso final: "Una ley orgánica regulará la forma de cumplir esta obligación", podría hacer diferir su aplicación y entregarle a dicha ley orgánica una materia que perfectamente podemos regular por la vía reglamentaria.
Con la capacidad institucional que posee cada una de las Cámaras del Parlamento perfectamente podemos estandarizar la rendición de esa cuenta, porque esta corresponde a lo que nosotros hacemos.
Habrá que consagrar la obligación de que los equipos parlamentarios de cada circunscripción entreguen información, especialmente sobre la labor de representación que realizamos en terreno, porque la ciudadanía, o mejor dicho la prensa, muchas veces no comprende que cuando no estamos presentes en la Corporación, nos hallamos ejerciendo una función propia de la representación parlamentaria.
Eso deberá ser un aporte desde el punto de vista particular de los equipos parlamentarios. Pero aquí, en el Senado, se encuentran los antecedentes objetivos y transparentes de la labor que realizamos: nuestras intervenciones, nuestras votaciones, nuestras asistencias.
¡Vaya que es complicado, señora Presidenta, cuando la ciudadanía centra su atención simplemente en si un parlamentario estuvo o no en una sesión, pero no pone el acento en cómo vota!
Lo importante es que los ciudadanos que nos eligen a través del sufragio popular puedan saber cómo uno los representa en el Parlamento; cómo nos pronunciamos; cómo protegemos sus intereses; si hay coherencia entre lo propuesto en el programa y lo que se vota en definitiva, y, también, que conozcan qué intereses se defienden.
En cuanto a lo último, en el debate de diversos proyectos de ley en los cuales claramente están en juego intereses el parlamentario fija una posición. Es esencial que el ciudadano lo sepa. No se trata de un juicio de valor, sino de uno político. Somos una Cámara que establece una posición política. Y creo que es vital transparentarlo.
Como concepto, resulta primordial estandarizar la rendición de las cuentas públicas. Por eso, es relevante que el Parlamento y el propio Senado colaboren en la redacción de esa memoria, de esa cuenta, para que se establezcan parámetros objetivos: obviamente, la obligación de transmitirla y comunicarla a la ciudadanía; que se coloque en todos nuestros soportes electrónicos -canal de televisión del Senado, página web-, a fin de que la gente pueda saber qué hizo y cómo votó su parlamentario; que se informe acerca del financiamiento de las campañas electorales; que exista transparencia acerca de las reuniones en que participa y su presencia en el territorio nacional.
En definitiva, se debe saber cómo ejercen los parlamentarios su trabajo en el Congreso Nacional.
Estoy de acuerdo con el proyecto y valoro la iniciativa de sus autores, porque me parece bien que se consagre esa obligación en la ley. Sin embargo, también considero importante que este tipo de discusiones se desarrolle en el marco del debate de una nueva Constitución. Es ahí donde tenemos que generar ese espacio de análisis.
Por otra parte, deseo señalar al Senador Hernán Larraín -con quien voy a integrar la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento- que dispone de mi respaldo para incorporar este tipo de proyectos, pero también para que discutamos una nueva Carta, que sea democrática, participativa, en donde los planteamientos serios y responsables de usted y los valores y principios que representa y pregona su sector estén legítimamente presentes, así como los nuestros y los de todos los ciudadanos.
Esperamos que esa Constitución sea producto de una Asamblea Constituyente o de la participación masiva de la ciudadanía.
Claramente, ello no ocurrió en la Constitución de 1980. Ese debate no se efectuó ni en las comisiones constitucionales ni menos en el plebiscito pertinente.
Como yo era menor de edad, no pude ir a votar. Pero recuerdo que no había registros electorales y se marcaba el carné de identidad.
El Senador Navarro me acota que se le cortaba un pedazo en una esquina. ¡Su Señoría debe haber ido a votar entonces...!
Por eso, pretendo que en la discusión de la nueva Constitución podamos incorporar esos valores y principios, propios de una sociedad democrática, que corresponden a elementos fundamentales para que la ciudadanía tenga mayor presencia, mayor vinculación, mayor control, a fin de que sepa cómo actúa su parlamentario.
Estoy absolutamente de acuerdo en eso: nada de ocultismo, nada de secretismo.
Asimismo, en la actualidad hay control cruzado. Porque lo que se publica o la información que se entrega perfectamente puede ser contrastado. Por eso estimo importante efectuar una cuenta.
Le comentaba al Senador Larraín, señora Presidenta, lo relevante que es estandarizar ciertos conceptos de la cuenta. En esto será de gran ayuda el conjunto de funcionarios, profesionales y técnicos del Senado, quienes serán su base, además del aporte particular, obviamente, que cada uno tiene en su circunscripción.
Entonces, valoro el proyecto y los principios que se han establecido. Tal vez se pueda avanzar en que vayan por una vía reglamentaria y no a través de una ley orgánica, porque esto significaría diferir su ejecución.
Invito a que esta materia, junto a muchas otras, las incorporemos en el debate de la iniciativa para una nueva Constitución democrática, representativa, que esperamos sea enviada al Parlamento por la Presidenta Bachelet lo antes posible.
El señor GUILLIER.- Señora Presidenta, antes de intervenir sobre este proyecto, quiero decir que para mí es muy satisfactorio que mi primer voto en el Senado haya sido para elegir a una mujer como Presidenta de la Corporación, particularmente por el simbolismo que usted representa.
Respecto al tema en debate, yo sugiero que se recuerde que, en cuanto al principio de la información, se corre el riesgo de que la sobreinformación o la falta de aquella sean una forma de manipulación. Es decir, en el descrédito puede operar una abundante información, pero carente de estructura. Y eso -reitero- es un riesgo.
Me parece que desde los tiempos de la Mesa integrada por el entonces Senador Gazmuri y por el Senador Hernán Larraín, acá presente, se trabajó bastante en transparentar la gestión parlamentaria. Sin embargo, las páginas web necesitan contar con un criterio de selección para determinar qué es relevante. Porque la cuenta pública de las autoridades no puede durar horas de horas, sino que tiene que ser breve, acotada y, por ende, especificar aspectos destacados de la labor del Congreso Nacional.
En tal sentido, creo que sería bueno conversar con los propios medios de comunicación, con el objeto de determinar qué es de interés público y seleccionarlo de los informes de las páginas web de cada parlamentario y de la Corporación.
Entiendo que algunos lo hacen, pero durante la campaña electoral entré a sus sitios web, y créanme que había páginas y páginas de información, pero con muy poca sustancia.
En consecuencia, pido que al menos los informes que rindan los Presidentes de ambas Corporaciones se rijan por algunos criterios de relevancia, tales como número de proyectos de ley tramitados; grado de participación en su debate, y quiénes fueron invitados y escuchados, sobre todo para controlar un segundo fenómeno: el lobby.
Por otro lado, concuerdo con quienes proponen definir criterios generales con el fin de que la cuenta no sea muy larga, pues nadie la leería y no tendría la eficacia que buscamos. Acá no se trata de cumplir con un aspecto burocrático, sino de realizar una función que mejore la imagen corporativa.
En resumen, estoy de acuerdo en legislar, pero considero excesivo que una ley orgánica constitucional regule la forma de operar; para ello basta con un simple reglamento.
Eso sí, insisto en la necesidad de abrirse un poco más a la ciudadanía. Cada parlamentario debería tener la obligación de informar qué mociones presentó, cuál es su estado de avance y cómo votó los distintos proyectos de ley. Por lo menos esa debería ser la base. Además, tendría que comunicar en qué reuniones participó; con quiénes se juntó; qué temas debatió, y si adquirió algún compromiso al respecto. Ello tendría la finalidad de controlar el lobby, y vendría a complementar la legislación vigente.
El señor HORVATH.- Señora Presidenta, en primer lugar, esta es una materia que se ha ido planteando con cierta regularidad en el Congreso Nacional. Y existen varias iniciativas que apuntan en la misma línea. Es decir, a que la ciudadanía tenga información fidedigna sobre qué hace y, por descarte, qué no hace una persona o una institución en el Congreso Nacional.
De hecho, lo más fácil es llevar una suerte de hoja de vida parlamentaria, que permita saber la asistencia de un diputado o senador a las sesiones. Pero hablo de una asistencia efectiva, porque uno puede entrar por una puerta y salir por otra y quedar presente, igual que quienes permanecen en la Sala durante toda la sesión y participan en los debates.
Actualmente, no existe un filtro que permita conocer qué se hace en el Parlamento, aparte del registro que informa si se está o no presente en el Hemiciclo.
En una moción que presentamos en su minuto, planteamos que la cuenta pública la hicieran los ministros de fe del Congreso Nacional, no que cada uno dijera qué labor realizó. Esto último es habitual para nosotros, que informamos de ello en nuestras regiones y en los ámbitos en que nos movemos. Corresponde que los ministros de fe, que están en las Comisiones tanto del Senado como de la Cámara Baja, entreguen el detalle de la actividad parlamentaria.
¿Por qué planteamos eso? Porque normalmente se hace la siguiente crítica: "Determinada ley duerme en el Parlamento". Es habitual escuchar eso en distintos medios de comunicación. Pero no se indaga más allá.
Recuerdo el caso del proyecto de ley sobre bosque nativo, que estuvo 14 años en el Congreso Nacional. En verdad, la tramitación de tal propuesta no prosperaba por tratarse de una mala iniciativa: permitía que se sustituyeran las especies nativas por especies exóticas; no contaba con financiamiento para bonificaciones sobre buenas prácticas; no se cumplía con un compromiso de mejoramiento al personal de la CONAF, a fin de transformar dicha entidad en una institución pública. Sin embargo, paralelo a la situación en que se encontraba ese proyecto, se debatió sobre el particular; se hicieron trabajos con las ONG, con las distintas organizaciones; se realizaron talleres, seminarios, en cada una de las regiones.
Por lo tanto, ese "dormir" de la iniciativa permitió que finalmente saliera una ley que soluciona todos los problemas que he señalado.
Ahora, la actividad parlamentaria es poco conocida. Normalmente, la gente pide al diputado o senador cosas que están dentro de las funciones propias del Ejecutivo o de los alcaldes. Y si el parlamentario o su grupo de trabajo no proporciona alguna respuesta a ese tipo de requerimientos, ¡es objeto de escarnio público¿!
Por lo tanto, uno debe adicionar una serie de actividades que no corresponden a la función legislativa o parlamentaria.
A nosotros nos compete la presentación de mociones, de indicaciones, de enmiendas a proyectos; la búsqueda de acuerdos con el Ejecutivo; todo lo relativo a la participación en talleres y seminarios; el trabajo en Comisiones, que realizan una labor muy fructífera y profunda, las cuales han funcionado también fuera de esta sede, en las distintas regiones de Chile.
Creo que toda esa información, hasta el mínimo detalle, con las referencias pertinentes para que las personas puedan acceder a ella, puede enriquecer nuestra función, ¡y mucho!
Por lo tanto, concordamos tanto con el espíritu como con el objetivo de esta reforma.
Asimismo, solicitamos que en su análisis particular en la Comisión se aborden todas las otras iniciativas sobre la materia, para poderlas aunar. Así, será factible definir con mucha precisión cómo efectuar dicha cuenta pública, porque de ello dependerá que cumpla la función que se espera. De lo contrario, dará motivo para que se desvíe la verdadera información que requiere la gente.
De paso, vuelvo a insistir en la necesidad de impulsar un proyecto que posibilite la presentación de iniciativas legales por parte de la ciudadanía. Creo que esa reforma es muy importante. La participación ciudadana hasta la fecha ha sido meramente formal. Por más que las personas traten de lograr una definición vinculante en las decisiones del país, eso no ocurre. Y ello genera frustración en la gente.
Por lo tanto, estimo relevante que el Congreso pueda compartir con la ciudadanía la función de presentar proyectos, a través de las denominadas "iniciativas populares de ley".
El señor PIZARRO.- Señora Presidenta, quiero manifestar mi opinión positiva respecto a la necesidad de entregar una cuenta institucional por parte del Senado y de la Cámara de Diputados.
Considero esencial que la Corporación sea la que entregue una cuenta pública. Esa es la única forma de garantizar una información más objetiva, tal como han planteado algunos colegas, en cuanto a todo el trabajo legislativo y a las actividades de extensión.
Nosotros contamos con un centro de extensión, que nos colabora; que hace seminarios; que promueve encuentros con la ciudadanía; que participa en regiones, y que desarrolla una serie de proyectos.
Lo mismo sucede con la Biblioteca del Congreso, que forma parte del Poder Legislativo. En ella hay esfuerzo, trabajo, y entrega un servicio no solo al Senado, sino a la comunidad nacional. Tampoco es muy conocido ni aprovechado por todo el mundo; sin embargo, ha impulsado campañas con gran éxito.
Valoro la objetividad de la información institucional, pero, francamente, me entran muchas dudas respecto de la llamada "cuenta individual", tal como se propone en el proyecto.
¿De qué debería dar cuenta un parlamentario? En estricto rigor, los antecedentes proporcionados por cada uno tendrían que ser iguales a los entregados por la institución.
¿Cómo da cuenta uno de su participación en un proyecto de ley: por la cantidad de veces que opinó en la Sala; por el número de indicaciones presentadas en la Comisión; por la forma en que votó? Uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con lo propuesto. Entonces, ¿qué se evalúa? ¿Se evalúa si el trabajo realizado por determinado parlamentario fue arduo para aprobar o para echar abajo una iniciativa? Las dos cosas son parte de nuestra función.
Entonces, se les puede decir a los electores con cierta objetividad: "Miren, este parlamentario hizo una buena tarea y será bien evaluado, porque, desde su punto de vista, votó todos los proyectos en contra, si así ocurriera".
La subjetividad empezaría a generar un problema en términos de la veracidad de la información que se entrega.
Aquí algunos colegas han manifestado que realizan una cuenta pública. Es cierto; yo también la hago. La del período anterior me sirvió, además, de material de campaña. Pero fue más una cuestión comunicacional, informativa, de propaganda o publicidad que de cuenta. Y uno la presenta como tal. Así lo reconoció recién el propio Senador Prokurica. Porque, a lo mejor, eso es lo que a la gente le interesa.
Entonces, ¿qué pone uno en la cuenta? Coloca algunos proyectos en los que tuvo una participación positiva que pueden ser interesante para la opinión pública de la región respectiva; coloca muchas fotos con organizaciones de diferentes ámbitos (de la minería, del turismo, de la pesca, de la agricultura, de lo que sea); coloca eventos o hitos de tipo político nacional o internacional en los cuales participó o le cupo alguna función.
Pero una cuenta que realmente se precie de tal debe enfrentarse con la solemnidad que exige una reforma constitucional. Porque se trata de dejar establecida en la Carta Fundamental dicha obligación.
En consecuencia, me parece que lo fundamental aquí es, primero, lo relativo a la cuenta institucional. Eso es lo que nosotros deberíamos fortalecer.
Respecto de la rendición de la cuenta pública, en el artículo 56 bis propuesto se establece que en ella se deberá informar "del uso de los recursos públicos utilizados durante el período y de toda apreciación, juicio u opinión que contribuya al mejor desempeño institucional".
La segunda parte de la cita es subjetividad total y absoluta. Somos 38 Senadores. Puede haber igual o mayor cantidad de opiniones completamente distintas, lo que nada tiene que ver con la cuenta institucional, ni menos con la individual.
En cuanto a los recursos públicos, señora Presidenta, hemos avanzado en otorgar transparencia a fin de informar en qué se utilizan los fondos que recibe el Congreso Nacional para cumplir su función institucional y la de cada parlamentario. Además, hemos establecido un sistema objetivo, a cargo de un Consejo, que determina el monto de las asignaciones parlamentarias y define cómo se usan, cómo se gastan, cómo se transparentan, de qué manera se rinden, con qué objetivos se entregan, etcétera.
Entonces, el asunto del uso de los recursos públicos está resuelto.
¿Qué cuenta voy a dar yo al respecto? La misma que entrega el Consejo, con sus auditorías internas, incluidos los gastos.
A lo mejor, lo que se está pidiendo es informar los nombres de las personas en las que uno invierte esas platas para hacer asesorías. Pero esos antecedentes también se encuentran disponibles, y están respaldados por la institución, no por uno.
¿Qué otros recursos públicos usamos nosotros? Ninguno. ¡Ninguno! Solo las asignaciones, que están bajo un régimen claramente establecido, y que no decidimos nosotros, sino el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias, que es un ente autónomo para todos los efectos. ¡Absolutamente autónomo! Sus decisiones ni siquiera son discutidas por nosotros: se aplican tal como este organismo dispone.
Tampoco recibimos recursos públicos de los municipios, de los gobiernos regionales, de los ministerios. ¡No tenemos nada de eso!
Entonces, es complicado efectuar una cuenta por parlamentario.
Y hay otro elemento.
¿Vamos a dar cuenta de nuestras gestiones? Pero si, desde el punto de vista constitucional, no podemos cumplir roles de representación de intereses o de grupos; no podemos ni debemos participar en negociaciones de organismos gremiales o laborales, y tampoco podemos hacer un lobby al revés, a pesar de que somos objeto de él. Sin embargo, una buena parte de la gestión de un senador o de un diputado en la región o en el distrito con sus electores o con los distintos grupos de interés tiene que ver con estas cosas.
¿Vamos a colocar en nuestras cuentas públicas las actividades de tipo social o gremial que hacemos en las regiones?
Al final, uno en todo momento es parlamentario. No dejamos de serlo los viernes a las 5 de la tarde, por ejemplo, porque cumplimos el horario. ¡No! Porque en realidad no tenemos horario.
Entonces, a mí me complican la subjetividad y la amplitud de la cuenta individual que se ha planteado.
Se dice que una ley orgánica podrá regular esta materia. Pues bien, yo no creo que ese tipo de cosas puedan resolverse por esa vía. Al revés, estaríamos haciendo un daño mayor.
Institucionalmente, es posible llevar a cabo varias medidas: entregar información; mejorarla; buscar mecanismos de relación con la comunidad; impulsar mayor transparencia; hacer participar más a la gente en el proceso legislativo. Tenemos muchas posibilidades de fomentar la educación cívica -es lo que más se requiere, tal como han sostenido acá varios señores Senadores-, toda vez que la gente desconoce en qué consiste la función legislativa.
¿Vamos a medir la calidad de nuestro funcionamiento por la cantidad de mociones que presentamos, cuando todos sabemos que muchas de ellas, sin patrocinio del Ejecutivo, no pueden tramitarse por ser inconstitucionales; o por el número de proyectos de acuerdos formulados; o por las veces que intervenimos en la hora de Incidentes?
¿Cómo se mide el trabajo y la eficiencia legislativa: viendo quién presenta más mociones, a sabiendas de que nunca se aprobará ninguna?
También hay mociones que buscan levantar monumentos, lo cual no guarda relación con lo que le importa a la mayoría de la gente, al contrario de lo que ocurre, por ejemplo, con el proyecto que otorga el "bono marzo", enviado hoy día por la Presidenta Bachelet -lo conoceremos la próxima semana-, que sí beneficia directamente a millones de familias.
¡Ahí nuestra labor es fundamental! Como carecemos de iniciativa en esa materia, lo más probable es que solo nos quedará aprobar dicha propuesta. Y ese será nuestro aporte y nuestra contribución.
En consecuencia, me parece que la subjetividad es el problema mayor para dar una cuenta individual. Con ello se podría caer en el abuso de la información o en la desinformación, que lleva a la propaganda, al panfleto o al hecho comunicacional sin una real consistencia. Esto, a la larga, hará perder credibilidad y confiabilidad al Senado y al Congreso, en general, que ya están bastante a maltraer en ese sentido.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Finalmente, tiene la palabra el Senador señor Bianchi.
El señor BIANCHI.- Señora Presidenta, en primer lugar, deseo que su gestión y la Mesa que usted encabeza, que nos honra a todos, sean tremendamente exitosas. En el fondo, eso también asegurará el éxito de las labores que tenemos por delante en los próximos años.
Me estaba guardando para intervenir la próxima semana sobre este proyecto, pero cambié de opinión.
La verdad es que, entendiendo el espíritu de los autores de la moción (Senadores señores Hernán Larraín, Zaldívar, Escalona y Novoa), comparto absolutamente el deseo de buscar mecanismos que nos permitan acercarnos a una ciudadanía que cada día nos ve más distantes. Por tanto, me parece que la idea esbozada en esta iniciativa no produce ningún perjuicio. Todo lo contrario.
Sí recojo gran parte del discurso del colega que me antecedió en el uso de la palabra, Senador Pizarro, en el cual deja ver que, probablemente, habrá criterios que adolecen de mucha ambigüedad. Y eso es complejo.
Me motivé a intervenir ahora para dar a conocer la posición que tomé en este ámbito frente al trabajo que me toca realizar en la región que represento.
Creamos un espacio público en mi circunscripción que nos permite dar una cuenta pública mensual -lo denominamos "Es mi deber informar"- acerca de todo lo que ha sido nuestro accionar durante el mes de trabajo.
El drama está en cómo hacer una cuenta pública que convoque a la mayoría de la región que uno representa. No es fácil. Tanto es así que yo me veo en la obligación de contratar los servicios de canales regionales -obviamente, ello implican un costo no menor- para buscar una manera de masificar dicha cuenta. Otra alternativa sería elaborar un díptico, un tríptico o un documento que se les parezca. Pero cuesta captar el interés de la ciudadanía en la función que nosotros pretendemos llevar adelante.
Ahora, cuando se dice que el Senado y la Cámara de Diputados deben hacer una cuenta pública una vez al año, debo recordar que nuestra Corporación ha transparentado todo su accionar. ¡Todo su accionar! De hecho, fuimos los primeros en dar transparencia -bien lo indicó el Senador Pizarro- al uso de los recursos y a toda nuestra actividad senatorial. Cualquier persona que desee ver nuestros ingresos y gastos o saber qué personas trabajan con cada uno de nosotros, etcétera, tiene a su disposición esa información.
Entonces, me parece que este proyecto de ley apunta a otra cosa: a permitir que la gente aprecie que ambas ramas del Parlamento, al contrario de lo que algunas personas piensan, llevan adelante una labor muy importante.
Son muchas las iniciativas que debemos revisar; son muchas las intervenciones que realizamos. No tengo en mi poder la cifra exacta, pero el ejercicio del año pasado muestra que este Senado despachó ciento y tantos proyectos de ley.
¡Y cuesta que ese dato llegue a la gente! ¡No se conoce! ¡Pero es así: más de cien proyectos de ley fueron tramitados por este Senado! Comparado con la realidad de otras cámaras de diversos lugares del mundo, nuestra Corporación queda en un muy buen pie.
Entonces, entregar una cuenta pública anual de la gestión que lleva a cabo, en nuestro caso, el Senado a mí me parece razonable. En alguna medida, ello nos permitirá hacer ver el trabajo que efectuamos, el cual muchas veces no corresponde a lo que se dice y que, en definitiva, reviste una productividad importante, en aras de sacar adelante las iniciativas legales que el país espera.
La situación, sí, es un poco más dificultosa cuando se plantea que cada Senadora o Senador deberá rendir una cuenta pública, toda vez que ella debe ser masiva para que obviamente cumpla su objetivo. Y eso conlleva costos adicionales, tal como se los graficaba con mi experiencia personal.
Ahora, mi reflexión final -no quiero quitar más minutos, señora Presidenta- es que este ejercicio termina siendo tremendamente sano, tremendamente productivo.
El respeto a la labor que realizo como Senador, por lo menos en mi caso, en gran parte me lo he ganado haciendo una cuenta pública resumida todos los meses, a través de las instancias que señalé. Y eso hace que la gente conozca de primera fuente las funciones que uno cumple. Ahora bien, aquí se juntan lo social, las atenciones que uno realiza, las reuniones que sostiene con los personeros de los Ministerios, las mociones que ha presentado, los proyectos de ley y de acuerdo que, de una forma u otra, ha votado, etcétera. Entonces, hay mucho que informar.
En tal sentido, respaldo la presente iniciativa.
Es más, felicito que exista por parte de los señores Senadores que mencioné el interés de transparentar lo que más se pueda la función que llevamos adelante. Y, en esa línea, mi voto es favorable.
Sí entiendo que las cuentas públicas individuales de las Senadoras y los Senadores se dificultan bastante. Y no deja de ser un tema adicional que, en definitiva, la gente posee el conocimiento. El Canal del Senado también permite transparentar nuestra participación. Por lo tanto, algo más que posibilite informar sobre nuestro accionar me parece positivo y termina haciendo que exista una mayor noción de la labor que llevamos adelante.
He dicho. La señora ALLENDE (Presidenta).- Queda pendiente la discusión general del proyecto, la que continuará en las siguientes sesiones.
--Se levantó a las 19:51.