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Matched Legal Cases: ['artículo 71', 'artículo 31', 'artículo 31', 'artículo 31', 'artículo 10', 'artículo 57', 'artículo 73', 'artículo 71', 'artículo 205', 'artículo 207', 'artículo 208']

#1 · 19/Feb/2013, 20:47 · Editado por BOIRA_A
Equívocos comunes en torno a términos usados en el argot de los juristas sobre estadios del proceso penal
LUIS ROCA PROFESOR DE DERECHO PENALQué tienen en común Marta Domínguez y José Luis Iglesias Riopedre? Y ¿Baltasar Garzón y Gerardo Díaz Ferrán? Y ¿José María Ruiz-Mateos y Francisco Camps? E ¿Isabel García (mujer de Santiago del Valle, condenado como autor de la muerte de la niña Mariluz Cortés) y Miguel Carcaño (presunto autor confeso de la muerte de Marta del Castillo)? En principio, diríamos que nada. Sin embargo, da la casualidad que todos ellos tienen procesos judiciales abiertos por la posible comisión de hechos previstos en la ley como delito. Los delitos que han motivado la actuación de la Administración de Justicia son muy diferentes: asesinato, violación, encubrimiento, cohecho, prevaricación, tráfico de sustancias dopantes, blanqueo de capitales, fraude fiscal, falsedad documental, alzamiento de bienes? Pero, aunque nos cueste reconocerlo, hay algo que todas estas personas tienen en común: a día de hoy son inocentes, pues ningún Tribunal les ha condenado todavía.
He puesto como ejemplo estos personajes, que todos conocemos, para poner de relieve que también todos, más o menos, nos hemos formado ya una opinión acerca de si son o no culpables de los delitos que presuntamente han cometido. Y ello sucede, porque muchas veces el uso del lenguaje, sin conocer exactamente el significado técnico de las palabras, nos puede inducir a error, o nos puede llevar a formarnos una opinión no del todo ajustada a la realidad. Cuando uno estudia una carrera como Derecho se da cuenta de la enorme trascendencia que tiene emplear bien los términos técnicos exactos en cada momento. Por poner un ejemplo, es evidente que no es lo mismo hurto que robo. En el lenguaje coloquial, en cambio, se confunden. Nadie dice: «Me han hurtado la cartera»; lo normal es decir: «Me han robado la cartera». Sin embargo, en el lenguaje jurídico con tales términos se alude a dos comportamientos delictivos distintos, que tienen en común la sustracción de cosas muebles ajenas, pero que se diferencian en los medios comisivos (el robo se comete «empleando fuerza en las cosas para acceder al lugar donde éstas se encuentran o violencia o intimidación en las personas»). Para los juristas esta diferencia es importante, pues entre otras cosas, implica penas diferentes o que la cobertura de un seguro sea también diferente ante estos comportamientos.
Cuando se trata de la apertura de actuaciones policiales y judiciales para la investigación, esclarecimiento y enjuiciamiento de unos hechos constitutivos de infracción penal, sucede otro tanto. Las confusiones son también habituales y muchas veces utilizamos indistintamente palabras con significados diversos. Este fenómeno normalmente no tiene mayor importancia, pero cuando nos movemos en un terreno muy técnico (piénsese también en Medicina, Ingeniería, Economía, Química?) acaba produciendo ambigüedad, imprecisión, vaguedad, incertidumbre, etcétera. Y aunque cada vez se es menos preciso en el lenguaje que se emplea, no deberíamos renunciar a ello.
Antes al contrario, como especialista en Derecho Penal, uno se siente incómodo, por decirlo suavemente, cuando por el mero hecho de que la Policía detenga a una persona como sospechosa de haber cometido un delito, ya se la considere culpable del mismo. O que cuando por llamar a alguien a declarar como imputado, automáticamente ya se le considere acusado o incluso, lo que es totalmente inaceptable, responsable del delito en cuestión. Muchas veces podemos leer en periódicos, o ver en la televisión o escuchar en la radio titulares como éste: «Fulanito acusado de?». Luego en el desarrollo de la noticia se dice: «La Policía ha detenido, en el transcurso de la operación "X" a fulano?»; o «El titular del Juzgado de Instrucción n.º? de tal localidad ha abierto diligencias previas contra mengano por un posible delito de?». Y todas estas expresiones, sin conocer el significado exacto de los términos empleados, nos pueden llevar a formarnos una opinión que no se ajusta a la realidad.
Pues bien, aunque sea una obviedad jurídica lo que voy a decir, creo que no está de más recordar que no todo detenido es imputado o procesado (luego aclararé los términos), que no todo imputado o procesado es acusado, y que no todo acusado es condenado o culpable. Y aunque pueda sorprender, incluso no todo condenado tiene por qué ir preso a la cárcel, pues existen en nuestro ordenamiento jurídico diversas alternativas a la misma. Es este un tema muy interesante, pero en el que no puedo ahora detenerme. Quizás en otra ocasión.
Toda esta disquisición viene a propósito de que el otro día en clase un alumno mío curioso me preguntó: «¿Qué diferencia hay entre un acusado y un imputado?». Yo le contesté: «Esto lo verán con mayor detenimiento en Derecho Procesal, porque ellos son los especialistas en esta materia, pero le puedo decir que la diferencia estriba en el estadio en que nos encontremos del procedimiento judicial abierto contra una persona».
Creo que para evitar algunos equívocos resulta importante que tengamos claro lo que significan algunos términos empleados en el argot de los juristas, que aluden a distintos estadios del proceso penal. Así, y por explicarlo brevemente y en términos generales, imputado o procesado alude, según el procedimiento que se siga, a aquella fase del procedimiento en la cual el juez investiga si hay base para sostener una acusación por la existencia de un presunto hecho punible. Si sigue un procedimiento abreviado se habla de imputado (art. 775 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), si se trata de un procedimiento ordinario o común, entonces, estamos ante la figura del procesado (art. 384 LECr). Hay que aclarar que el procedimiento común se sigue si el delito que se investiga tiene prevista en la ley una pena privativa de libertad de más de 9 años; si, por el contrario, la pena privativa de libertad no supera los 9 años o la ley prevé otra pena que no sea privativa de libertad, entonces el procedimiento que corresponde es el abreviado (art. 757 LECr).
A esta fase se la denomina de instrucción, que en el procedimiento abreviado se inicia con la incoación de unas diligencias previas y en el procedimiento común con la apertura de un sumario. Con la instrucción se pretende investigar y averiguar los hechos que pueden dar lugar a una responsabilidad penal: se determina su naturaleza, las circunstancias, las personas que hayan intervenido, en definitiva se fija lo que va a ser el objeto de enjuiciamiento, si es que ha lugar. Pero también en esta fase de instrucción se persiguen otros fines, como la protección de las víctimas a través, por ejemplo, de las conocidas órdenes de alejamiento o también se pretende el aseguramiento de posibles responsabilidades pecuniarias mediante la imposición de las correspondientes fianzas, entre otras cosas.
Es a partir de la conclusión de esta fase procesal cuando en puridad se puede hablar, en su caso, de acusado. En términos estrictamente jurídicos no hay acusados en la fase de instrucción, sino sólo en la fase intermedia o de preparación del juicio y en la última fase, que es la del juicio oral. Asimismo, en estas fases posteriores no sería correcto hablar ya de imputados o procesados, que sólo corresponden a la fase de instrucción.
Una persona es acusada únicamente en el momento en que se haya determinado el objeto de la acusación y esto tiene lugar cuando el fiscal o la acusación particular solicitan la apertura del juicio oral mediante el llamado escrito de acusación en el procedimiento abreviado (art. 781 LECr) o el llamado escrito de calificación en el procedimiento común (art. 650 LECr).
Por tanto, aunque en términos coloquiales se suelen utilizar como términos sinónimos acusado e imputado, se debe ser consciente de la fase en la que nos encontramos y de las connotaciones que implican, a saber: una persona imputada o procesada es una persona que está siendo investigada, y una persona acusada es una persona que ya ha sido investigada y que va a ser o está siendo juzgada. Y, por supuesto, nunca debe uno olvidarse que hasta que se dicte sentencia, dicha persona, por mucho que haya sido imputada o acusada, sigue siendo inocente (art. 24.2 de la Constitución española).
Finalizo como empecé. Todos tenemos que ser conscientes de las palabras que empleamos y si bien a veces hablamos como si fuésemos juristas, no siempre lo que decimos es técnicamente correcto, aunque nos lo parezca. Y lo que es mucho más importante, no se debe dejar de lado las consecuencias que pueden acarrear para alguien los llamados «juicios paralelos». Yo no voy a ser quien diga que no se informe de casos como los que he mencionado al principio. Al contrario, cuanta más información haya y de mayor calidad sea, tanto mejor. No obstante, sí que creo conveniente advertir que todos, y no me refiero sólo a los medios de comunicación, sino a la gente en general, entre la que me incluyo -repito- todos tenemos que ser prudentes y responsables de las opiniones que nos formamos acerca de alguien en estos asuntos. No debemos perder de vista, como dice un famoso teorema de Sociología, que, «si las personas definen las situaciones como reales, éstas son reales en sus consecuencias».
#2 · 19/Feb/2013, 21:02
Muchas veces ha salido en televisión que un político o un personaje conocido es imputado de algún delito cualquiera, delito que no nos interesa en este momento. Bien, la mayor parte de estas veces se alía el estar imputado con ser culpable o provoca que se crea que dicha persona ha cometido dicho delito, o incluso que cuando finalice el proceso penal el imputado acabará condenado.
Es en estos casos cuando el juez puede declararlo imputado, de forma que éste entra a formar parte del proceso y a poseer los derechos anteriormente comentados. Pero también deja de ser considerado testigo, que puede parecer insignificante, pero los testigos están obligados bajo juramento a decir la verdad, con lo que la imputación concedería al individuo la posibilidad de poder mentir o dicho de otro modo más sutil podrá no declararse culpable.
Y finalmente, algo que provoca aquello que denunciamos en el primer párrafo, sobre el mal uso del término imputado por los medios de comunicación, es el principio que todos conocemos como Presunción de inocencia, ya que un imputado simplemente es un sospechoso, que perfectamente puede ser declarado inocente en el caso de que no sea probable el delito que se le imputa.
Luego para concluir, imputado es un individuo que entra dentro de un proceso penal debido a las sospechas de que tenga implicación en la comisión del delito que en dicho proceso se trata.
#3 · 22/Feb/2013, 01:59
El artículo 71.1 de la Constitución Española de 1978 establece que los Diputados y Senadores gozarán de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones.
No se puede explicar concretamente el significado de la inviolabilidad sin mencionar el marco general en el que se encuadra, la jurisdicción penal, entendida como el ámbito o presupuesto para la actuación de los jueces y tribunales del orden penal. Podríamos decir que el concepto de jurisdicción es el interrogante ¿cuándo intervienen los jueces y tribunales del orden penal?
Ahora bien, la inviolabilidad se reduce a delitos que los parlamentarios pudieran cometer por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones. Es importantísimo ser conscientes del fundamento del límite, que es el garantizar al máximo la libertad de expresión del parlamentario, en esa especie de templo de la libertad de expresión que debe ser un Parlamento. El principio nació en Inglaterra como el freedom of speech en la Bill of Rights de 1689: the freedom of speech and debates or proceedings in Parliament ought not to be impeached or questioned in any court or place out of Parliament.
Se busca que el parlamentario electo manifieste su opinión con plena libertad. En palabras del Tribunal Constitucional, el interés a cuyo servicio se encuentra establecida la inviolabilidad es el de la protección de la libre discusión y decisión parlamentarias (en este sentido, Sentencia de la Corte Constitucional italiana de 27 de marzo de 1975, núm. 81 ), decayendo tal protección cuando los actos hayan sido realizados por su autor en calidad de ciudadano (de «político» incluso dice el Tribunal Constitucional), fuera del ejercicio de competencias y funciones que le pudieran corresponder como parlamentario y se orienta a la preservación de un ámbito cualificado de libertad en la crítica y en la decisión sin el cual el ejercicio de las funciones parlamentarias podría resultar mediatizado y frustrado, por ello, el proceso de libre formación de voluntad del órgano.
Como prerrogativa parlamentaria que restringe el derecho a la tutela judicial efectiva de otros ciudadanos y el principio de igualdad, las prerrogativas parlamentarias han de ser interpretadas estrictamente a partir de una comprensión del sentido de la prerrogativa misma y de los fines que ésta procura, esto es, tanto en el sentido lógico de sujeción a los límites objetivos que le impone la Constitución como en el teleológico de razonable proporcionalidad al fin al que responden.
a) En cuanto a su duración, la prerrogativa de los parlamentarios no decae por la extinción del mandato  lógicamente, puesto que si se pudiera perseguir al exparlamentario, perdería su sentido la inviolabilidad;
e) el ejercicio de funciones lo es exclusivamente en cuanto lleve a cabo el diputado actos parlamentarios, lo expresa así el Tribunal Constitucional: El Diputado o Senador ejercitaría, pues, sus funciones sólo en la medida en que participase en actos parlamentarios y en el seno de cualesquiera de las articulaciones orgánicas de las Cortes Generales;
#4 · 22/Feb/2013, 02:01
En las sociedades primitivas, el Derecho -organizado y estructurado- , tal como hoy lo entendemos, no existía. Los delitos eran violaciones de prohibiciones previamente establecidas y vigentes en una tribu o grupo social determinados, originarias de un sentimiento religioso o de supersticiones mágicas y de hechicería. Las penas o sanciones por este tipo de conductas eran igualmente de carácter extraterrenal, encomendadas a divinidades y consistente en ritos ancestrales. Las prohibiciones del Tabú, primer código no escrito, eran de carácter negativo y cada una de ellas llevaba aparejada una sanción que repercutía en un daño al culpable, a su familia o a su grupo social entero. La venganza, ejecutada como una mal aun peor que el hecho delictivo, constituía la pena del delincuente. Más tarde encontró algunas limitaciones en el Código de Hammurabi (Babilonia, Siglo XXIII a.C), la Ley Mosaica (Israel, Siglo XIV a.C) o La Ley de las XII Tablas (Siglo V a.C) en ellas predominó la Ley del Talión (pena equivalente al crimen cometido).
En elAntiguo Derecho Romano, se consideró como delito toda acción en contra del Derecho castigada con una pena. Atendiendo a ello, y al tipo de conducta se distinguió entre delitos públicos y delitos privados.
Los Delitos Públicos (crimina) se perseguían en interés del Estado para preservar su orden y seguridad. Entre ellos encontramos las presiones ilícitas contra los magistrados, el asesinato de hombres libres, desfalco de erario, etc.
Los Delitos Privados eran los actos ilícitos que afectaban al interés de un particular o conjunto de ellos, bien fuera a derechos subjetivos o de la personalidad o a derechos patrimoniales. Estos son:furtum, rapina, iniuria, alienatio in fraudem creditorum, etc.
En laEdad Media, y ya desaparecido el Imperio Romano, empieza a cobrar importancia el Derecho canónico proveniente de la religión católica, en este contexto el delito se consideró como ofensa a Dios por lo que tuvo gran relieve la venganza divina. El proceso penal pasó a ser inquisitorial y la Iglesia se convierte en el poder que ejecuta la voluntad divina. Se intenta dejar a un lado la venganza, pero la dureza en las penas se hace manifiesta con carácter infamante e intimidatorio.
Las principales modalidades de penas que se aplicaban eran las siguientes:
1) Mutilaciones, entre ellas: a) castraciones: principalmente estaban dirigidas a los sodomitas que eran castigados y luego llevados a un obispo para ser encarcelados; b) desorbitación: en general para los delitos sexuales, por ser los ojos la puerta por la que penetra la pasión; c) amputación de miembros: como medio de castigo para hurtos, falsificaciones ( amputación de la mano), juramento falso (mutilación de la mitad de la cabeza), etc.; d) extirpación de la lengua: generalmente se aplicaba para la blasfemia.
2) Azotes, eran penas consecuencias de distintos delitos, injurias, robo, mentiras se imponía un número determinado de azotes para cada caso concreto.
Durante la Edad Modernala Inquisición o Santo Oficio juega un papel importantísimo en la impartición de las penas, se convierte en un instrumento de investigación contra los delitos religiosos y su jurisdicción era de gran extensión. La inquisición fue introducida por Sixto IV en 1478 con una Bula dada para Castilla, luego se dio otra Bula para Aragón en 1480. Las cárceles inquisitoriales eran mucho más decorosas que las de la jurisdicción ordinaria, por ello se dice que muchos de los delincuentes civiles inventaban delitos religiosos para ser condenados por el Santo Oficio.
El procedimiento inquisitorial, venía acompañado por un periodo de gracia, aquellos que hubieran cometido un delito inquisitorial podían hacer confesión voluntaria y eran perdonados. En 1500 se abolieron estos periodos.
El proceso se iniciaba por denuncia o por venganza, se detenía al sospechoso, este era arrestado sin saber por qué, se indagaba para que confesara, se le aplicaba la tortura y luego en un momento determinado se le explica la acusación que hay contra el.
El proceso se compone por varias Audiencias y de una Junta de teólogos; las características de este acontecimiento es la rectitud de los jueces y extralimitaciones jurisdiccionales; los delitos que se perseguían eran apostasía, herejía, reaceptación, simonía, poligamia, concubinato de clérigos, blasfemias, la brujería, sacrilegio, usura, adulterio, el robo de objetos sagrados
El Derecho penal iluminista del Siglo XVIIItrajo nuevas ideas sobre el ser humano y unos principios contrarestantes de las duras penas delictivas de los siglos anteriores. Surge filosóficamente de las ideas de los enciclopedistas, Diderot, DAlambert, Voltaire, y de otros muchos autores ilustrados como Locke, Hobbes, Bacon, etc.
El momento cumbre es la publicación de la obra Dei dellite delle pene en 1764 por Cesare Beccaria en el que se denuncia las atrocidades cometidas en la Historia de los delitos y su castigo a través de las penas en el Derecho Penal, suponiendo una revolución de nuevas ideas que dan la luz a siglos de oscurantismo. Estas ideas se difundieron por toda Europa para finalmente establecerse en un cuerpo jurídico escrito, La Déclaration des droits de lhomme et du citoyen de 1789.
Posteriormente surge la codificación penal en Europa y en el resto del mundo, encontrando tres puntos comunes: el Código Penal francés de 1810 impulsado y expandido por Napoleón a todos los países por él conquistados, el Código Penal de Feuerbach de 1813 de mejor técnica y estructura que siguieron los países antinapoleónicos en el que se introduce el principio nullum crime, nulla poena sine lege. Finalmente el Código de la Toscana de 1853 mucho más benigno hace que tome auge la escuela clásica, de un movimiento liberal que en décadas posteriores muchos otros países copiaron.
#5 · 22/Feb/2013, 02:02
Tradicionalmente sólo las personas físicas tenían capacidad para ser parte e intervenir en el procedimiento como imputado, así, en aplicación del principio societas delinquere non potest, esa posibilidad no la ostentaban, sin embargo, las personas jurídicas.
No obstante, con la aprobación de la L.O. 5 /2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, se establece como principal novedad la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Con anterioridad a esta modificación del Código Penal operada por la Ley mencionada, la responsabilidad de la persona jurídica por los delitos cometidos en el seno de su organización, era una responsabilidad meramente administrativa, que consistía en el pago, de manera directa y solidaria, de la pena de multa que se impusiese.
Tras la reforma acaecida tiempo atrás, más específicamente el 22 de junio de 2010 a través de la L.O. 5/2010 podemos constatar que, la responsabilidad de la persona jurídica deja de ser el pago directo y solidario de una multa, para pasar a ser una responsabilidad penal: la persona jurídica puede ser sujeto pasivo de penas específicas, si se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 31 bis del Código Penal. Debemos concretar, en el caso de las penas, que nunca será ésta de privación de libertad, sino de multa, que cómo máximo será de 9millones de euros.
Esta reforma utiliza como referencia el modelo ya implantado hace más de un centenar de años en Estados Unidos ( Corporate criminal liability), también ha sido acogido por otros tantos países como por ejemplo, Francia, la cual introdujo dicha responsabilidad penal de la persona jurídica en el año 1994, para una serie de delitos tasados, y posteriormente fue ampliada a todo tipo de delitos en el año 2005.
A continuación el artículo 31bis. del Código Penal, para situarnos en contexto:
1. En los supuestos previstos en este Código, las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su provecho, por sus representantes legales y administradores de hecho o de derecho.
En los mismos supuestos, las personas jurídicas serán también penalmente responsables de los delitos cometidos, en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en provecho de las mismas, por quienes, estando sometidos a la autoridad de las personas físicas mencionadas en el párrafo anterior, han podido realizar los hechos por no haberse ejercido sobre ellos el debido control atendidas las concretas circunstancias del caso ().
d. Haber establecido, antes del comienzo del juicio oral, medidas eficaces para prevenir y descubrir los delitos que en el futuro pudieran cometerse con los medios o bajo la cobertura de la persona jurídica ().
Tras una breve lectura del artículo 31 bis del C.P, en su apartado primero debido control, podemos apreciar dicha expresión que hace referencia a los programas de Corporate Compliance, estos programas carecen de una regulación general en nuestro ordenamiento,sin embargo, ciertas normas sectoriales de nuestro ordenamiento establecen algunas medidas que podrían tener cierta semejanza en la finalidad, aunque no tanto en la forma, a esos programas o planes preventivos, como la Ley reguladora del Blanqueo de Capitales.
En el siguiente artículo explicaremos en qué consisten estos programas de cumplimiento.( Corporate compliance).
#6 · 22/Feb/2013, 02:13
ElRegistro Civiles un organismo administrativo o servicio público, encargado de dejar constancia de loshechos o actos relativos al estado civilde las personas naturalesasí como otros que las leyes le encomienden.
Las diferentes instituciones registrales permiten a los agentes en el tráfico alcanzar posiciones deseguridad y confianzarecíproca, indispensables para el normal desarrollo de sus relaciones jurídicas.
Este Registro escompetenteparahechos que ocurran a españolesohechos que ocurran en España. También lo es parahechos acaecidos en el extranjero cuando su inscripción sirva de base para otra posterior(inscripción marginal) exigida por el Derecho español. Losregistros municipalestienencompetencia territorial(término municipal) y losregistros consularestienencompetencia estrictamente personal, es decir, lo que afecte a españoles en su zona.
En el Registro Civilse inscriben:
Conforme alartículo 10 de la Ley del Registro Civil, el Registro Civil estáintegrado por los Registros Municipales a cargo del Juez de 1ª Instancia, asistido del Secretario, por los Registros Consulares, a cargo de los Cónsules de España en el extranjero y por el Registro Civil Central.
Sin embargo, esta regulación ha sido objeto de modificación;la nueva ley de Reforma Integral de los Registros Jurídicospretende alcanzar unos objetivos de integración y uniformidadde todos los registros existentes, quedando todos ellos unitariamente organizados bajo un nuevo sistema de llevanza o gestión registral electrónica, y atribuyendo la llevanza de todos los Registros jurídicos a losRegistradores de la PropiedadyMercantilesde España. Corporación a la que también se atribuyen funciones esenciales, de coordinación, cooperación, vigilancia e inspección de los Registros y de los propios registradores, con el fin de lograr un incremento aún mayor de las economías organizativas, de gestión y de escala, así como unamayor eficacia, homogeneidadyceleridaden el funcionamiento de los sistemas registrales.
Sin embargo, con esta nueva ley, el Gobierno ha indicado que está estudiando en qué trámites habrá que aplicar unatasa, de la cual estaránexcluidosen todo caso losnacimientosydefunciones. Los honorarios que se establezcan los tendrá que aprobar el Gobierno, previo informe del Consejo de Estado, mediante Real Decreto a propuesta conjunta de los Ministerio de Justicia y Hacienda, que deberán acompañar una memoria económico-financiera.
#7 · 26/Mar/2013, 00:13
Laaplicación de la ley penalpuede diferir en función de la persona ante la que nos encontremos. Esto en principio puede chocar con el principio de igualdad (art 14 CE) y resultar un tanto de difícil comprensión. Elfundamentode estas inmunidades no debemos encontrarlo en razón del privilegio que tienen determinadas personas (como ocurría en el pasado) sino en lafunción que ciertas personas desempeñan en la sociedad, lo cual requiere que en ciertas circunstancias el Estado renuncie a su derecho a exigir la imposición de penas (ej.: Inviolabilidad del rey o de diputados y senadores) o lo condicione a ciertos requisitos o trámites.
Por aforadodebemos entender la persona que por razón del cargo goza del derecho a ser juzgado por un tribunal diferente(Tribunal Supremo o Tribunal Superior de Justicia) al que correspondería a todo ciudadano de a pie. A este derecho a ser juzgado por tribunal distinto a los ordinarios se le conoce comofuero o privilegio en materia de jurisdicción y se extiende acualquier delito cometido, sea o no en el ejercicio del cargo.
A priori el aforamiento puede ser considerado como un privilegio, no obstante doctrina constante del Tribunal Constitucional ha recalcado que debe concebirse comouna garantía del desarrollo libre e independiente de cargos o funciones considerados esenciales para la marcha del Estado.
Dado la relevancia de los cargos que estas personas ostentan, su enjuiciamiento criminal puede verse sometido a influencias o presiones. Por ello se entiende que confiriendo competencia a los tribunales que conforman la pirámide judicial en el ámbito estatal (Tribunal Supremo) y autonómico (TSJ) se estaría jugando a favor del mantenimiento de lamayor dignidad posible del cargo que se afora.
- La Constitución Españolaseñala que la responsabilidad penal del Presidente del Gobierno y los demás miembros del Ejecutivo será exigible ante la Sala II del Tribunal Supremo (art. 102 CE) y del mismo modo señala que este también será competente para conocer de las causas contra diputados y Senadores (art.71.3 CE).
- El artículo 57.1 LOPJ también deja en manos de la Sala II del TS el enjuiciamiento de las causas contra los Presidentes del Congreso y del Senado, Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Presidente del Tribunal Constitucional, miembros del Gobierno, Diputados y Senadores, Vocales del Consejo General del Poder Judicial, Magistrados del TC y TS, Presidente de la AN y de los TSJ, Fiscal General del Estado ().
- El artículo 73 LOPJseñala que la Sala de lo Penal de los Tribunales Superiores de Justiciaconocerán de las causas contra jueces, magistrados y miembros del Ministerio Fiscal por delitos y faltas cometidos en el ejercicio de su cargo en la comunidad autónoma siempre que esta atribución no corresponda al TS.
Centrándonos en el aforamiento de los diputados y senadores, debemos decir que este fuero junto con la inviolabilidad(Art. 71.1CE) y lainmunidad(Art. 71.2 CE) conforman el llamado Estatuto de los Parlamentarios.
1. Dada su condición deaforado, el órgano competente para conocer de la causa es laSala II del TS. Pero debemos tener en cuenta que el ámbito temporal del fuero sólo entra en juego mientras se mantenga la condición de diputado o senador, por lo que si se pierde será remitida al órgano judicial competente.
2. Según el artículo 71.2 CE antes de ser inculpado y procesado, la Sala II del TS debe pedir autorización(suplicatorio) a la Cámara respectiva. No será ello necesario en el supuesto deflagrante delito, esto es, en el caso que el Diputado se le pille con las manos en la masa como es en este caso, en dónde se le podría detener sin esa autorización. En caso contrario, si es fundamental este suplicatorio para poder detenerlo, pues de lo contrario se estaría incurriendo en un delito de detención ilegal (530 CP o 163 y siguientes).
3. La causa se sustanciaría ante laSala II del TS.
#8 · 29/Mar/2013, 00:09 · Editado por BOIRA_A
Para tener una primera aproximación no está de más acudir a la redacción que el actual código penal da de ambos delitos: los encontramos en el Título XI. Delitos contra el honor, del libro II. Delitos y sus penas, en losartículos 205 a 216 del Código Penal. Concretamente, el Capítulo I nos hablará de lascalumnias(arts. 205 a 207) y el Capítulo II trata lasinjurias(arts. 208 a 210); finalmente, el Capítulo Tercero versa sobre lasdisposiciones generales a ambos delitos(arts. 211 a 216).
En primer término, hablaremos de las calumnias, para abreviar, reproduciremos únicamente el artículo 205 que las define perfectamente al decir que es la imputación de un delito hecha con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad, esto es:
- Imputar (un delito), ya sea como autor, cooperador necesario, encubridor o cualquier otro tipo de autoría salvo la de omisión, ya que carecería de sentido pues requiere una actitud positiva.
- Un delito, esto es, cualquier suerte de delitos recogidos en nuestro código penal y no como antes (CP de 1973) que se hablaba de delitos perseguibles de oficio.
- A otro, es decir, a una persona física que somos las que tenemos honor y ello sin perjuicio de que las personas jurídicas o entes supraindividuales pueden gozar de buen nombre, consideración, prestigio, popularidad, crédito o reputación y, como tales, pueden verse afectadas por este delitos las personas individuales que las compongan pero jamás las instituciones en sí que tendrán otros cauces legales para hacer valer su derecho a buen nombre (en este sentido, entre otros, el Auto del TC, de fecha 16 de junio de 1990 que declara existente delito de calumnia contra lajudicatura pues entendieron que se veían afectados personas físicas individuales, jueces perfectamente identificables).
- Hecha con conocimiento de su falsedad o con temerario desprecio hacia la verdad, lo que quiere decir que no es necesario conocer a ciencia cierta que el delito que se le imputa es falso sino que basta con no conocer que este delito es cierto. Lo que va en concordancia con el artículo 207 cuando dice que el acusado por este delito  quedará exento de toda pena probando el hecho criminal que hubiereimputado.
Respecto del delito de injurias, también debemos hacer referencia al artículo 208 que, ad literam, dice: Es injuria la acción o expresión que lesionan la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación., en su segundo párrafo expone que sólo serán consideradas injurias los que  por su naturaleza, efectos y circunstancias, sean tenidas en el concepto público por graves. Y termina rezando que no se considerarán injurias la imputación de hechos  salvo cuando se hayan llevado a cabo con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad., sus notas son:
- Se trata de una acción o expresión, es decir, no sólo estaríamos frente a insultos como vulgarmente se entiende, sino que también se incluyen aquí gestos, etc
- La expresión o acción ha de lesionar la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación. Entendida como daño alhonor inherente a la persona y recogido en la Constitución Española (art. 18). La fama coincide con el concepto público, objetivo, de honor mientras que la propia estimación del individuo o autoestima hace referencia al concepto personal y por tanto subjetivo del propio honor o dignidad.
- Han de ser tenidas en el concepto público por graves. Supone un acotamiento del concepto subjetivo de honor con el fin de hacerlo objetivable y, por tanto, enjuiciable.
- Finalmente hacemos referencia al último punto de las calumnias pues también han de ser llevadas a cabo con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad.
Resumiendo, la diferencia básica consiste en que cuando alguien calumnia está imputando la comisión de un delito a otra persona sin que esto sea cierto, mientras que cuando alguien injuria lo que hace es perjudicar el honor de otro de palabra o hecho sin que lo que se haga o diga sea cierto. Un ejemplo claro de calumnia sería que una persona dijera: Fulanito es un violador; por su parte, una injuria, a priori, podría ser: Fulanito es un hijo de puta.
Como nota final, y respecto deambos delitos,es importante decir que se encuentran dentro de losdelitos contra las personas y sus Derecho Fundamentales, es decir, dentro de los delitos que se suponen más graves por el sujeto pasivo, es decir, por quien sufre el delito y, como no, por el bien jurídico protegido, el honor, y que, en consecuencia, se deberían tener en mayor consideración, pues, reiteramos, se protege un Derecho fundamental como es el del honor y la propia imagen recogidos en nuestra Carta Magna.
#9 · 04/Abr/2013, 17:22
que en el supuesto muy probable de que un Guardia Civil terminara sometido a expediente sancionador cuando fue interrogado en el curso de una información reservada en la que el conjunto de las preguntas formuladas estaba dirigido a obtener contestaciones que podían incriminarle, puede el militar imputado o que razonablemente va a serlo, a no declarar contra sí mismo y a no declararse culpable, ya que en dicho supuesto una condición se añade a la de militar: la de imputado actual o futuro, y es que en dicho caso lo que se pide al interrogado ya no es información sobre un asunto del servicio, sino datos por los que puede ser incriminado, «de ahí que la Sala declare que el recurrente tenía derecho a no declarar contra sí mismo y a no declarase culpable; derecho, cuya causa directa se encuentra en la Constitución, que, en esa confrontación con el deber militar de no ocultar nada que subyace en el planteamiento del Fiscal Togado (entiende que el recurrente tenía derecho sólo a guardar silencio, no a mentir) debe ser mantenido sin restricción alguna, con todo su contenido, esto es, con la posibilidad de callar o incluso de mentir.
luisbabiano@babiano.net
#10 · 04/Abr/2013, 17:24
IMPUTADO DERECHOS Y GARANTIAS
Todo imputado bajo el Código Procesal Penal, podrá hacer valer, hasta la terminación del proceso, los derechos y garantías que le confieren las leyes.