Source: https://es.scribd.com/document/29498169/Delito-de-retencion-indebida-de-cuotas-obreras-estudio-en-Costa-Rica
Timestamp: 2017-11-21 12:14:27
Document Index: 378362622

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Descripción: Tesina sobre el delito y su realidad en Costa Rica
Tesina sobre el delito y su realidad en Costa Rica
UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA MAESTRÍA EN DERECHO DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL SISTEMA DE ESTUDIOS DE POSGRADO TRABAJO PARA OPTAR POR EL GRADO DE MASTER EN DERECHO DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL TEMA
“DELITO DE RETENCIÓN INDEBIDA DE LAS CUOTAS OBRERAS” ALUMNO: GIOVANNI ANDRÉS RODRÍGUEZ MEJÍA AGOSTO 2009 TUTOR: DR. CARLOS CHINCHILLA SANDÍ
A Papi y Mami por enseñarme a luchar y amar A Magie y Giova por ser inspiración! A Xioma por motivarme a terminarla, sacar tiempo para revisarla y además ser la inspiración A Pi por las porras A don Carlos por despertar el interés por el tema, apoyarme y guiarme
“Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa…” Mohandas Karamchand Gandhi
Indice I.- Introducción ................................................................................................ 4 II. Antecedentes............................................................................................ 10 2.1 Ley constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social .................. 12 2.2. Reforma del año 1975 ........................................................................... 14 2.3.- Reforma introducida por la Ley de Jurisdicción Constitucional............ 17 2.4.- Texto vigente (reforma introducida por la Ley de Protección al Trabajador) ............................................................................................... 28 III.- Elementos constitutivos del delito de retencion indebida de cuotas obreras. ..................................................................................................... 32 3.1.- Sujeto activo......................................................................................... 32 3.2.- Sujeto pasivo........................................................................................ 39 3.3 Tipicidad ................................................................................................. 40 3.3. A) tipo objetivo....................................................................................... 40 3.3. B) tipo subjetivo ..................................................................................... 51 3.4.- Sanción ................................................................................................ 56 3.5.- Prescripcion de la acción penal............................................................ 59 3.6.- Bien jurídico tutelado............................................................................ 63 3.7.- Inscripción en el registro de delincuencia. ........................................... 65 Iv.- Propuesta de reforma............................................................................. 70 V.- Conclusión. ............................................................................................. 72 Vi.- Bibliografía ............................................................................................. 74
EL DELITO DE RETENCIÓN INDEBIDA I.- INTRODUCCIÓN La intersección que crea el delito estudiado entre el Derecho Laboral y el Penal, no es muy común en nuestro ordenamiento1. En cambio, en países como España2 y Francia3, por citar algunos, hay un punto de encuentro mayor entre estas disciplinas. En Costa Rica no hay, entonces, un desarrollo de un verdadero derecho penal laboral y, usualmente, son perseguibles los delitos comunes cometidos dentro de la ejecución de una labor subordinada, ya sea por el empleador o el trabajador. La retención indebida de cuotas obreras, es una excepción4 a esa regla y nos ubica en la posibilidad de comisión de un delito derivado, precisamente
La experiencia, cuando sea ha verificado, no ha sido la más feliz, por ejemplo el caso del delito respecto de la huelga que por muchos años mantuvo a nuestro país al margen del cumplimiento del convenio 87 de la OIT (artículos 335 y 336 del Código Penal hoy derogados). Podría también incurrirse dentro de una relación laboral en el supuesto del artículo 373 del Código Penal en cuanto a una acción discriminatoria.
Con el código penal español de 1995 se establece un capítulo completo dedicado a los delitos con ocasión de la relación laboral. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre. Título XV.
En Francia el Código Penal , Libro II, Título II, Capítulo V, Sección III, ha sufrido recientes modificaciones, precisamente en cuanto a la protección a los trabajadores mediante las leyes N°916-2000 del 19 de setiembre y 239-2003 del 18 de marzo de 2003.
Otras podrían ser el artículo 172 del Código Penal “Quien promueva, facilite o favorezca la entrada o salida del país de personas de cualquier sexo, para que ejerzan la prostitución o para mantenerlas en servidumbre sexual o laboral, será sancionado con pena de prisión de tres a seis años. La pena será prisión de cuatro a diez años, si media alguna de las circunstancias enumeradas en el proxenetismo agravado.” Y también aún cuando es un delito común, pero que puede darse con facilidad dentro de una relación laboral el artículo 373 “Será sancionado con veinte a sesenta días multa, la persona, al gerente o director de una institución oficial o privada, administrador de un establecimiento industrial o comercial, que aplicare cualquier medida discriminatoria perjudicial, fundada en consideraciones raciales, de sexo, edad, religión, estado civil, opinión pública, origen social o situación económica.”
de la existencia misma de una relación laboral. Sin embargo, tampoco constituye la respuesta al incumplimiento de algún elemento intrínseco al contrato de trabajo, sino que, emerge más bien como la falta a una obligación del empleador para con la seguridad social. El derecho Penal laboral deambula el ámbito difícil de penalidad de lo que algunos denominan “delincuencia de cuello blanco”5, además o talvez por esa razón, algunas sanciones no son lo suficientemente intimidantes, el aparato judicial no está preparado o diseñado para esta clase de delincuencia6 y existe, si se quiere, cierta valoración social positiva hacia los empresarios, que al fin de cuentas arriesgan en favor del progreso, respecto de los delincuentes comunes. Esos son hechos reales que en nada invalidan la legitimidad de la incriminación7, pero sin duda la complican. Sin embargo, debemos estar concientes de que la delincuencia económica y social no es un fenómeno menor o marginal8, sino que, los intereses en juego y afectados por ésta, son muchas veces más nefastos que la delincuencia común por la repercusiones sociales, la experiencia en Centroamérica sobre este particular es sencillamente terrible y por supuesto que nuestro país no está exento de ella. Como hemos arriba mencionado, el delito de retención indebida de cuotas perjudica, sin duda, a la seguridad social, la cual es uno de los pilares del
Terradillos Basoco, Juan, “Delitos societarios”, Madrid, 1987, pp. 23-35
Cabe indicar que en los últimos años el Poder Judicial ha tenido que lidiar con una mayor cantidad de imputados de delitos socio-económicos, que ha permitido una mejor atención, sin que sea la mejor, subsisten la trabas y problemas antes indicados.
Baylos Antonio y Terradillos Juan, Derecho Penal del Trabajo, Madrid, 1997, p. 38
Cohen, Maurice, “Las sanciones penales en el derecho laboral”, en Revista Internacional del Trabajo, Vol. 95 Num. 1, Ginebra, enero febrero de 1997.
sistema democrático de nuestro país y una forma en que el Estado busca equilibrar las fuerzas del mercado para la protección de la población en general. Adicionalmente, la Seguridad Social, como sistema que tiende a una cobertura de protección colectiva cada vez más generalizada, exige a su vez el establecimiento de mecanismos de control cada vez más depurados y eficaces. El análisis de los aspectos financieros del Sistema pone de manifiesto la interrelación entre el sistema económico y su capacidad para llevar a cabo el cumplimiento de sus fines en la diversas contingencias protegidas, lo que significa que, estando demostradas las dificultades de financiación, se hace necesaria la intensificación de las acciones de control respecto del cumplimiento de las obligaciones de contenido económico imputables a los sujetos responsables. En este sentido, los ordenamientos jurídicos intentan perfeccionar las cautelas para asegurar el cobro de las deudas, no sólo estableciendo procedimientos tendentes a garantizar este extremo, sino además, ampliando el elenco de los sujetos a imputar9. La Seguridad Social, es un derecho fundamental de los trabajadores, así lo declara la Organización Internacional de Trabajo: La Conferencia reconoce la obligación solemne de la Organización Internacional del Trabajo de fomentar, entre todas las naciones del mundo, programas que permitan: (...) f) extender las medidas de seguridad social para garantizar ingresos básicos a quienes los necesiten y prestar asistencia médica completa; g) proteger adecuadamente la vida y la salud de los trabajadores en todas las
Mateos Beato, Alfredo y Martin Jiménez, Rodrigo. La Derivación de Responsabilidad por Deudas de Seguridad Social. Valladolid España. 2003. Pág. 15
ocupaciones...10 Asimismo, el derecho a la seguridad social es uno de los componentes esenciales11 de lo que la OIT ha denominado el “trabajo decente”12 que, ni más ni menos, es la aspiración mínima que debe tener cualquier Estado en el que se respete los derechos de sus ciudadanos. En una reciente declaración este organismo ha reforzado la importancia y atención que debe darse a la Seguridad Social en tiempos de cambios económicos, señalando que en el contexto de cambios acelerados, los compromisos y esfuerzos de los Miembros y de la Organización para poner en práctica el mandato constitucional de la OIT, en particular mediante las normas internacionales del trabajo, y para situar el empleo pleno y productivo y el trabajo decente como elemento central de las políticas económicas y sociales adoptar y ampliar medidas de protección social – seguridad social y protección de los trabajadores – que sean sostenibles y estén adaptadas a las circunstancias nacionales, con inclusión de: — la ampliación de la seguridad social a todas las personas, incluidas medidas para proporcionar ingresos básicos a quienes necesiten esa protección, y la adaptación de su alcance y cobertura para responder a las nuevas necesidades e incertidumbres generadas por la rapidez de los cambios tecnológicos, sociales, demográficos y económicos; — condiciones de
Declaración de Filadelfia. Organización Internacional del Trabajo. Biblioteca Electrónica de Normas Internacionales del Trabajo 2002. Otros instrumentos internacionales que explicitan la importancia de la seguridad social como derecho humano son: la Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948, se afirma que «Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social [...]» (artículo 22), y se hace referencia específicamente al derecho a la asistencia médica y a los servicios sociales necesarios, a la seguridad en el caso de enfermedad, discapacidad, viudez, vejez y desempleo, y a los cuidados y asistencia especiales a la maternidad y a la infancia (artículo 25). En el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1966, se reconoce «el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social» (artículo 9).
Otros son el respeto a los derechos fundamentales de los trabajadores establecidos en la Declaración de la OIT de 1998, mayores y mejores condiciones de empleo e ingresos, el fomento del diálogo social y la mencionada protección social.
OIT. Somavía Juan, “Memoria del Director General” 87 Conferencia Internacional del Trabajo, Ginebra, 1999.
trabajo saludables y seguras13. Por otra parte, Costa Rica pone de manifiesto la trascendencia de la seguridad social, en la propia Constitución Política, en su numeral 73: “se establecen los seguros sociales en beneficio de los trabajadores manuales e intelectuales, regulados por el sistema de contribución forzosa del Estado, patronos y trabajadores, a fin de proteger a éstos contra los riesgos de enfermedad, invalidez, maternidad, vejez, muerte y demás contingencias que la ley determine. La administración y el gobierno de los seguros sociales estarán a cargo de una institución autónoma, denominada Caja Costarricense de Seguro Social. No podrán ser transferidos ni empleados en finalidades distintas a las que motivaron su creación, los fondos y las reservas de los seguros sociales”. Para nadie es un secreto que en los últimos años el sistema de seguridad social de nuestro país ha enfrentado vientos de crisis por distintas razones1415, lo que ha motivado una constante revisión de los dispositivos de cobro y de gestión de administración del seguro social. Como uno de los “mecanismos de cobro” por excelencia, también sujeto a ese vaivén, encontramos al delito de retención indebida de cuotas obreras. Esta figura ha tenido el inconveniente de que sus últimas modificaciones han sido parte de dos reformas legislativas de gran magnitud e importancia,
OIT. Junio 2008. Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa. www.ilo.org/public/spanish/bureau/dgo/download/dg_announce_es.pdf
Entre otras se citan: problemas de cobertura, mala gestión de las inversiones de la CCSS, cambios en los índices demográficos (transición demográfica), etc.
Situación que no ha sido exclusiva de nuestro país, sino más bien una tendencia internacional, “Las crisis económicas iniciadas a mediados de los años setenta han afectado gravemente a la Seguridad Social cuya financiación, a su vez, ejerce un influjo desequilibrador sobre el conjunto del sistema económico”>. Montoya Melgar, Alfredo. Derecho del Trabajo. 27 edición 2006.
como lo son la creación de la Sala Constitucional, “Ley de Jurisdicción Constitucional” y la “Ley de Protección al Trabajador”, por lo que, a nuestro juicio, el debate parlamentario no fue el ideal. Pretendemos con este estudio analizar la figura con el objeto de entender su naturaleza y provocar una discusión sobre su aplicación adecuada, permitiéndonos también sugerir una modificación que permita mejorar su incidencia.
II. ANTECEDENTES Como es sabido, las empresas están obligadas a cancelar sus contribuciones a la seguridad social pero, además, sirven como agentes retenedores de las cuotas correspondientes a los trabajadores. Es por ello que podemos afirmar que existe una interrelación entre el sistema de seguridad social y la participación de la empresa, la cual se refleja no sólo como contribuyente directo, sino que, también. aparece ésta como el anillo intermedio entre el destinatario de esa zona de la seguridad que son los seguros sociales y los órganos gestores de los mismos16. El papel de la empresa es de relevancia extrema en el sistema de la seguridad social ya que depende de ésta que los trabajadores puedan disfrutar de una forma efectiva de los beneficios que el sistema prevé. Es claro también que el derecho a la seguridad social, como lo vimos líneas atrás, es un beneficio con carácter de fundamental por lo que su aplicación y cumplimiento no puede quedar a la buena fe de los representantes de las empresas y se requiere de mecanismos que coadyuven a la vigilancia y cumplimiento de este deber del empleador. La empresa tiene una doble obligación con la seguridad social: una como contribuyente directo y otra como “intermediario” de sus trabajadores y el sistema. Ambas relaciones jurídicas son diferentes y deben quedar bien delimitados sus ámbitos de acción. Debe, por lo tanto, permanecer debidamente clara la idea de que, si el empresario no hace efectivas esas cantidades a la entidad aseguradora, incurre en dos tipos de infracciones distintas: una la que se desprende del incumplimiento de una obligación, la que mantiene con la entidad aseguradora, y otra la que se deduce de la
Herrero Nieto Bernardino, “Aspectos Patrimoniales del Derecho del Trabajo”. En Revista de Derecho Privado. Madrid, España, 1958, Tomo XLII, Pág. 135.
retención indebida o, mejor dicho, de la privación o apropiación de una cosa que no es suya.17 Para nuestro trabajo interesa la segunda relación de la empresa con respecto a la seguridad social. En efecto, trataremos de dilucidar las consecuencias del incumplimiento de la empresa de su responsabilidad frente a la seguridad social como agente retenedor. Esta doble función con su consecuente diferencia de trato que, naturalmente es esencial respecto del análisis del artículo 45 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (en adelante LCC) no siempre fue tan evidente, dado que en un principio las consecuencias del incumplimiento de estos deberes estuvo sujeto a una misma sanción, es decir, eran “censurables” con la misma medida.
Ibíd., 139
Así iniciamos el análisis de la norma original que introdujo la LCC, veamos: 2.1 LEY CONSTITUTIVA DE LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.18 La LCC originalmente previó una sanción de multa o de arresto cuando el patrono retuviera las cuotas y no las enterara a la Caja. De hecho, la sanción era la misma para una serie de incumplimientos relacionados con los otros deberes del empleador con respecto a la seguridad social. Así, la sección VI, artículo 44 de la LCC fijaba: “Será penado con multa de veinte a trescientos sesenta colones o arresto de diez a ciento ochenta días el patrono que cometa alguna de las faltas siguientes: a) b) Que no inscriba a sus trabajadores en el plazo reglamentario; Que en el acto de cancelar los salarios o sueldos de sus trabajadores
no descuente a éstos el monto de sus respectivas cuotas, sin perjuicio de la obligación de pagar por su cuenta el valor de ellas; c) d) e) Que descuente esas cuotas y no envié su monto a la Caja Que con el objeto de cubrir a costa de sus trabajadores la cuota que Que en cualquier forma directa o indirectamente, ocasiones daño a oportunamente; le corresponda a él, rebaje a éstos sus sueldos o salarios; los intereses económicos de la Caja o de sus asegurados, sin perjuicio de la devolución o pago, en su caso, de las sumas que hayan dejado de percibir la Institución; y f) Que por más de una vez incurra, después de haber sido apercibido al efecto, por un Inspector o mediante nota escrita del Gerente, en
inexactitudes en los informes, datos que presente o remita a la Caja.” (énfasis agregado)
Como elementos a resaltar de esta primera previsión de la sanción podemos señalar: - El hecho de que se sancionen de igual forma los incumplimientos de la empresa respecto de su obligación como contribuyente y su actividad como “agente retenedor” - Las sanciones de multa o arresto - La forma amplísima como se regula la posibilidad de punición a quien cause algún daño a los intereses económicos de la Caja o de sus asegurados. - La LCC fue también reformada en su artículo 44, en el año de 1951 por medio de la Ley N°1330 del 31 de julio de 1951, manteniendo la misma sanción anterior, y en cuanto a la conducta punible se modificó el supuesto a no remitir dentro de los ocho días siguientes la planilla y la cuotas.20 Dejando de lado la diferenciación entre cuotas del empleador y las retenidas al trabajador.
Sistema Costarricense de Información Jurídica. SCIJ. Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, versión original. Texto en línea: http://www.pgr.go.cr/scij (consultada noviembre 2002)
“Artículo 44.- Será sancionado con multa de veinte a trescientos sesenta colones o arresto de diez a ciento ochenta días, el patrono que cometa alguna de las faltas siguientes: a) b) c) Que no remita a la Caja, dentro de los ocho días primeros de cada mes, las planillas y cuotas correspondientes al mes vencido…”
2.2. REFORMA DEL AÑO 1975 Es por medio de la Ley N°5844 del 21 de noviembre de 1975, cuando la sanción por la retención de cuotas obreras pasa a ser el artículo 45 de la LCC, mismo numeral que en la actualidad. A propósito de una reforma que se planteaba al artículo 44 de la LCC en la Asamblea Legislativa tendiente a asegurar la prestación del servicio por parte de la Caja, aún cuando el empleador no hubiese satisfecho las cuotas correspondientes, en los documentos históricos de dicha reforma consta que se consultó a la Caja sobre dicha modificación, lo que motivó la respuesta de ésta en el sentido de que “la Caja (…) ha presentado ante esa Asamblea desde hace muchos años y en tres oportunidades distintas, un proyecto de ley en que se incluye hasta la idea del apremio corporal contra los patronos morosos, pero sus instancias no han tenido éxito en esa Asamblea por lo que no es culpa de la Caja sino por falta de instrumentos jurídicos adecuados que no le han querido otorgar, que la morosidad patronal subsiste…”21 Acompañado con esta vehemente solicitud se incluyó el nuevo texto de la norma que fuera aprobado en la Asamblea Legislativa incluyendo entonces una sanción más severa: “Artículo 45.- Se decretará apremio corporal contra el patrono, cualquiera que sea su edad, que no remita a la Caja dentro de los plazos reglamentarios las cuotas de los trabajadores correspondientes al mes vencido anterior, bastando para ese efecto, una certificación de la Caja que haga constar esa circunstancia. El apremio será efectivo del tercer día de efectuada la notificación del auto que lo ordena, siempre que dentro de ese término no se hubieren pagado las cuotas.
Expediente legislativo N°7094, folio N°10 de la Ley N°5844.
El apremio no cesará hasta tanto no se presente el escrito o telegrama respectivo en que la Caja haga saber al Tribunal competente que el patrono cumplió con la indicada obligación. La no deducción de la cuota obrera no libera al patrono de esta medida. Serán sancionados con multa de noventa a trescientos colones o arresto de cuarenta y cinco días a ciento ochenta días los patronos que resulten responsables de maniobras, declaraciones falsas o cualesquiera otros actos u omisiones tendientes a defraudar los intereses de la Caja.”22 Esta versión tiene una serie de particularidades que vale la pena analizar: - Al contrario de la versión anterior, en esta norma ya se van individualizando las diferentes conductas o responsabilidades de las empresas para con la seguridad social. Sin embargo, como adelante se comenta, existe todavía un igual castigo a la obligación de deducir la cuota obrera y la de enterar la misma a la seguridad social. - Sin duda alguna, esta norma hace mucho más severo el régimen, ya que permite aplicar el apremio corporal23 por todo el plazo que se mantenga vigente la infracción. Aunque técnicamente el apremio no era una sanción, sino un mecanismo de presión, en la realidad se convertía en una sanción, con la debilidad de no contar con un proceso escrupuloso para su imposición como lo es el proceso penal. “En efecto, para la persona recluida en un centro carcelario, su aflicción es la misma ya se trate de medida temporal
Centro de Estudios Superiores de Derecho Público, Costa Rica. Ley 5844 del 21 de noviembre de 1975. En Línea: http://www.cesdepu.com/leyes/5844.21-NOV-1975.htm (consultada noviembre 2002)
“Por apremio se entiende la facultad de compeler u obligar a una persona , bajo mandamiento de autoridad jurisdiccional a que dé o haga algo en virtud del derecho reconocido a otra persona o la propia autoridad, lo que normalmente ocurre sobre los bienes de la primera”. Enciclopedia Jurídica “OMEBA”, Bibliográfica Argentina, Buenos Aires, Argentina, 1954
para forzarla al pago que no ha hecho, o de una sanción por no haber pagado, sin posibilidades de redimirse”.24 - En el texto de los primeros párrafos parecía claro que únicamente se sancionaba la conducta de no enterar las cuotas obreras deducidas con anterioridad, pero al establecer el legislador que: “La no deducción de la cuota obrera no libera al patrono de esta medida”, nos plantea el problema de que el empleador era responsable, ya no sólo de no enterar lo retenido, sino de la no retención también. Se unifican ambas acciones bajo una misma sanción.
Arias Arias Juan Luis, “Síntesis de la evolución histórica”. Jornada Académica Sobre el Apremio Corporal. San José, Costa Rica. 1981. Escuela Judicial, Corte Suprema de Justicia.
2.3.- REFORMA INTRODUCIDA POR LA LEY DE JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. En la Ley número 7135 del 11 de octubre de 1989, en su numeral 112, inciso ch) , se reforma varias leyes entre las que se encuentra la LCC, respecto de la cual se indica: "Artículo 45: Constituye retención indebida y, en consecuencia, se impondrá la pena establecida en el artículo 216 del Código Penal, a quien no enterare a la Caja el monto de la cuota obrera establecido en el artículo 30 de esta ley. En el caso de la prevención señalada en el último párrafo del artículo 223 del Código Penal, el patrono podrá ofrecer garantía real suficiente por el monto de las cuotas obreras retenidas. Se aplicará de treinta a ciento ochenta días multa al patrono que no dedujere la cuota obrera que establece el artículo 30 de esta ley. Si el patrono fuere una persona jurídica, la obligación recaerá sobre su representante legal. El patrono deberá ser apercibido por el Jefe del Departamento de Gestión de Cobros y Créditos de la Caja Costarricense de Seguro Social para que, dentro del quinto día, contado a partir del recibo del comunicado, deposite en favor de la Caja Costarricense de Seguro Social, el monto de las cuotas no retenidas. Transcurrido ese plazo sin que se efectúe el pago, el hecho se denunciará al Ministerio Público para que se haga el requerimiento respectivo. Será sancionado con pena de sesenta a trescientos días multa el Patrono que realice maniobras, declaraciones falsas o cualesquiera otros actos u omisiones tendientes a defraudar los intereses de la Caja Costarricense de Seguro Social, tratándose de sus cotizaciones."25
Sistema Costarricense de Información Jurídica. SCIJ. Ley de la Jurisdicción Constitucional, Ley N°7135 11 de octubre de 1989. En línea: http://www.pgr.go.cr/scij/Busqueda/normativa/NORMAS/nrm_articulo.asp?nBaseDato=1&nN orma=38533&nVersion=2&nRecopilada=1&nArticulo=171476&strFechaVersion=11/10/1989 (consultada noviembre 2002)
El artículo 30 de la LCC que complementa el tipo objetivo instituye: “Artículo 30.- Los patronos, al pagar el salario o sueldo a sus trabajadores, les deducirán las cuotas que éstos deban satisfacer y entregarán a la Caja el monto de las mismas, en el tiempo y forma que determine la Junta Directiva. El patrono que no cumpla con la obligación que establece el párrafo anterior, responderá personalmente del pago de dichas cuotas; y si el culpable fuere un trabajador al servicio del Estado o de sus Instituciones, el incumplimiento será sancionado con suspensión del respectivo cargo, durante quince días, sin goce de sueldo.”26 Es por medio de esta reforma, en la que se incluye, por primera vez, la figura del delito de retención indebida en la LCC. Nace de la discusión en torno a la eliminación del apremio corporal por deudas que se establecía en el proyecto de creación de la Sala Constitucional. La Caja por medio de su presidente ejecutivo, el señor Guido Miranda, solicitó que se señalará en el inciso ch) del artículo 113 del proyecto “que tanto el apremio por deberes alimentarios como el apremio por no pago de las cuotas obreras del Seguro Social no constituyen violación a los principios constitucionales”27 por lo que sugirió establecer claramente esa excepción a la norma por cuanto “una eventual interpretación errada de las normas de referencia y la consiguiente eliminación del apremio corporal como mecanismo para compulsar el cobro de las cuotas obreras adeudas a la Caja, sería de tan funestas e irreparables consecuencias que con ello se estaría poniendo en juego la suerte de la Seguridad Social del país”28 (énfasis agregado).
Sistema Costarricense de Información Jurídica. SCIJ. Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, texto vigente, Ley N°17 del 22 de octubre de 1943. Texto en línea: http://www.pgr.go.cr/scij (consultada noviembre 2002)
Expediente legislativo 10.273, folios 1230-1231. Ibídem
No obstante, en relación con la seriedad de las consecuencias de eliminar el apremio corporal nos parece mucho más acertado el criterio esbozado por el ex magistrado Piza Escalante (q.d.D.g.) en cuanto que la discusión era bizantina porque Costa Rica ya había suscrito la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) “en esta ley estamos garantizando una verdad que ya existe en Costa Rica, pero que no ha habido forma de lograr que se cumpla”29, refiriéndose a la eliminación de la cárcel por deudas. Asimismo esta prerrogativa de la Caja atentaba contra lo establecido en el artículo 39 de la Constitución Política porque “no hay derecho al juez penal, ni derecho de defensa, ni cinco días para pagar, o sea, estamos convirtiendo no en un delito, sino en un superdelito, porque se está creando una prisión civil sin derecho a defensa”30. Finalmente, se introdujo una moción que propuso la redacción final del artículo donde se elimina el apremio corporal y se “crea” de forma compensatoria la figura de la retención indebida de las cuotas obreras. Al ser el antecedente más próximo a la norma actual y, regular ya como delito la retención indebida de cuotas obreras, nos ocuparemos con mayor detalle de los alcances de ésta. - Vale comentar que se individualizan claramente las distintas conductas que se pueden imputar al empleador: por un lado la obligación de enterar las cuotas a la seguridad social una vez deducidas al trabajador y por otro, el mandato de deducir. Primer cambio que podemos apuntar respecto de su predecesora.
Expediente legislativo 10.273, Acta Número 33 Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, folio 1294.
Ibíd., folio 1293
-Como ya lo adelantamos, el cambio fundamental de crear una figura delictiva, es sin duda, uno de los aportes más significativos en esta versión, abandonando la figura del apremio. -Si bien es cierto, se crea una delito por norma especial, éste no constituye una norma autosuficiente y remite al propio Código Penal (numeral 216) para efectos de establecer la penalidad correspondiente a su infractor. - La nueva versión del artículo 45 de la LCC, viene introducido por la norma que crea también la Ley de Jurisdicción Constitucional, por lo que vamos a tener la oportunidad también de conocer el desarrollo que ha tenido esta regla a la luz de este tribunal. Rasgos de relevancia que son desarrollados por la Sala Constitucional que, al resolver varias consultas y acciones pendientes sobre la constitucionalidad de esta norma y que, de ordinario, son de suma importancia para el presente análisis. Las que estudiaremos más adelante. - Otro aspecto importante de resaltar es la prevención, mediante la remisión al artículo 223 del Código penal, que ya establecía esta figura para la apropiación o retención indebida regulada en el Código Penal. - Finalmente cabe resaltar que introduce la posibilidad de sancionar a los representantes de las personas jurídicas, en caso de que la omisión sea realizada por una persona moral. El análisis jurisprudencial, respecto de esta norma, facilita sin duda el conocimiento respecto de su aplicación y de sus elementos. En primer término, como bien lo señala la Sala Constitucional, la reforma al artículo 45 de la LCC implica la creación de tres diferentes figuras, todas perseguibles desde la sede penal: “a) al patrono que no enterare a la Caja el monto de la cuota obrera, b) al patrono que no dedujere la cuota obrera, y c) al patrono que realice maniobras, declaraciones falsas o cualesquiera otros actos u omisiones
tendientes a defraudar los intereses de la Caja Costarricense de Seguro Social, tratándose de sus cotizaciones. -Cada una de esas conductas conlleva una sanción diferente y un procedimiento diverso. Así, para el caso del primer ilícito, se establece una prevención en sede judicial, conforme se realiza tratándose del delito de retención indebida establecido en el numeral 223 del Código Penal. Para el segundo delito se dispone la obligación de efectuar una prevención en sede administrativa y no se contempla prevención alguna en sede judicial. Para el último caso no se establece prevención alguna.”31 Por otra parte, este tipo hace una triple remisión a normas legales: por una parte, para imponer la sanción remite al artículo 216 del Código Penal, es decir, el monto de la pena a imponer por este delito es el que indica el Código Penal para el delito de estafa; al mismo tiempo, en cuanto a la determinación del objeto del delito, -sea la cuota no enterada o retenida-, envía a otra norma legal de igual rango, que es el artículo 30 de la misma LCC y finalmente, al artículo 223 del Código Penal respecto a la prevención. En este caso, “nos encontramos frente a un caso de ley penal en blanco”32 por estas se entienden aquellas normas “que, excepcionalmente, no expresan completamente los elementos específicos del supuesto de hecho de la norma secundaria, sino que remiten a otro u otros preceptos o autoridades para que completen la determinación de aquellos elementos33”. Lo anterior se asentó cuando fue cuestionada la norma en la vía constitucional, en virtud de que, según el accionante, el artículo impugnado
Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto N°6365-98 de las 16:24 horas del 2 de setiembre de 1998.
Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto N°3465-93 de las 15 horas del veinte de julio de 1993. 33 Mir Puig, Santiago, “Derecho Penal Parte General”, 7ma Edición Editorial IBdeF, Montevideo-Buenos Aires 2005, Página 76.
no contenía el enunciado de tipicidad tal y como lo exige el principio de legalidad. De igual forma, en esa misma acción de inconstitucionalidad fue cuestionada la denominación y la independencia o no de la norma respecto del delito establecido en el numeral 223 del Código Penal, resolviendo el punto la Sala en los siguientes términos: “En cuanto a la denominación que hace el legislador de la conducta delictiva que se pretende sancionar, al decir que: <Es retención indebida y, en consecuencia, se impondrá la pena establecida en el artículo ...>, se trata simplemente de un "nomen iuris" y si es o no la misma figura del artículo 223 del Código Penal, es un aspecto intrascendente en relación con la constitucionalidad de la figura analizada, porque se trata de un tipo autónomo, que, como ya se vio en el considerando anterior, contiene en sí mismo los elementos necesarios constitutivos del tipo, complementado con la remisión a otras normas legales. En todo caso, de haber algún cuestionamiento sobre la existencia de dos tipos penales que sancionan conductas similares, según lo alega la accionante, como lo son en este caso, el artículo 45 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, objeto de esta acción y el artículo 223 del Código Penal en el que tipifica la figura de la retención indebida, se trata de un asunto de mera legalidad, que el derecho penal soluciona a través de la figura del concurso aparente de normas, <cuando una misma conducta esté descrita en varias disposiciones legales que se excluyan entre sí, ...>, en este caso, la norma especial que prevalece sobre la general, pero lo que interesa es que una misma conducta, con todas sus circunstancias, esté descrita en dos tipos normas diferentes, no que a dos tipos penales se les haya puesto un mismo epígrafe.”34
Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto N°3465-93 de las 15 horas del veinte de julio de 1993
Dentro de ese mismo cuestionamiento a la norma, se alegó que el hecho de cobrar las cuotas obreras era una simple cuestión financiera y privada, que no era merecedora de una sanción penal, que al hacerlo así se estaría estableciendo una sanción penal por deudas y que, además, si dicha conducta fuera merecedora en realidad de una pena, estaba ya tipificada en el artículo 223 del Código Penal, por lo que sería innecesaria la existencia misma de la norma. La Sala Constitucional se pronunció respecto de dichos cuestionamientos en los siguientes términos: “en primer lugar, no es posible considerar, desde ninguna perspectiva, que el cobro de las cuotas que el patrono deduce al trabajador de su salario, destinadas a la seguridad social sea una cuestión de índole <financiero y privado>; todo lo contrario, lo que está en juego es el sistema de seguridad social del trabajador costarricense. No estamos ante un particular cobrando una deuda, sino ante una institución estatal cobrándole al patrono lo que él, como designado del Estado para ello, le deduce al obrero de su salario para contribuir con el sistema de seguridad social que garantiza su atención médica, incapacidades y pensiones de retiro, entre otras, como consecuencia de la garantía social establecida en el artículo 73 de la Constitución Política. En segundo lugar, no se trata de una <prisión por deudas>, en los términos del artículo 38 constitucional, al penalizar la conducta del patrono que no entrega a la Caja Costarricense del Seguro Social las cuotas que deduce del salario de sus trabajadores, si no estuviera expresamente penalizada en la ley comentada, lo estaría en la norma general del Código Penal que se refiere a la retención indebida, según lo acepta la propia accionante y obedece a una decisión político legislativa que encuentra justificación en el artículo 73 constitucional citado, en lo que interesa dice: <(...)> Resulta entonces que la norma cuestionada no es inconstitucional, sino que, por el contrario, lo que hace es dar efectividad a un principio contemplado en el artículo 73 de nuestra carta
trascendencia, al atentar contra bienes jurídicos tan relevantes como la salud y la vida misma del trabajador, merecen especial tutela por parte del ordenamiento jurídico. De lo expuesto resulta que el artículo 45 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social no es inconstitucional y por ello debe declararse sin lugar esta acción. El hecho de que el legislador haya estimado pertinente hacer un tipo especial para el caso, diferenciándolo del de retención indebida del Código Penal, se encuentra plenamente justificado en el caso, pues si bien es cierto existe gran similitud entre ambas figuras típicas, es lo cierto que la ahora en análisis contiene algunas circunstancias especiales que justifican el trato diferenciado, como lo son la materia de que se trata, la forma diversa en que puede hacerse la prevención de pago y la garantía de pago por parte del patrono, además se penaliza la no deducción de la cuota obrera.”35 La Sala Constitucional es concluyente en el análisis de los dos tipos penales y determina la autonomía del delito de retención indebida de cuotas obreras regulado en la LCC, respecto de la figura incluida en el Código Penal, indicando que el problema de la aparente doble tipificación podría, a lo más, ser un concurso aparente de normas, aunque en realidad se inclina más, al igual que nosotros, a pensar que con la utilización de un nombre similar se genera confusión, ya que en realidad, como lo veremos, y especialmente luego de la última reforma, son sin duda delitos distintos. Otro aspecto interesante respecto de esta versión del artículo 45, es el hecho de que, según pudimos observar, en el Voto 3465-93 la misma Sala deja ver que existe la posibilidad de “una prevención de pago” diferente a la establecida en el Código Penal para el artículo 223, al indicar respecto del artículo 45 que:
diferenciado, como lo son la materia de que se trata, la forma diversa en que puede hacerse la prevención de pago y la garantía de pago.” (énfasis agregado) Esto permitió cuestionarse, si como parte del tipo penal se requería o no, que se hiciera una prevención administrativa (la establecida en el párrafo tercero del artículo 45 LCC), o si bien, únicamente era necesaria la prevista en sede judicial instituida en el numeral 223 del Código Penal la aplicable al artículo 45 de la LCC. Al efecto y, pareciera ser que en contradicción con el referido tema de la especial o no prevención del 45 de la LCC, la Sala resolvió: “que si bien es cierto la redacción de la norma cuestionada no es del todo correcta, básicamente por las remisiones que hace y por la puntuación no muy rigurosa; es claro que la prevención en sede administrativa que dispone sólo debe hacerse en el supuesto de la denuncia que se planteé contra el patrono que no deduzca la cuota obrera; conducta que es completamente diferente a la que establece el primer supuesto de la norma que es no enterar a las arcas de la Caja los dineros que de la cuota obrera recibió. En este último caso, sí se efectúa la deducción, pero no se hace entrega del dinero a la Caja Costarricense de Seguro Social, dado que el sujeto activo del delito se apropia o retiene el monto en forma ilegítima.- El legislador quiso que sólo para el caso del patrono que no deduzca la cuota obrera, se cumpla con la condición o requisito de procedibilidad que consiste en efectuar un apercibimiento administrativo, previo envío del asunto al Ministerio Público. Ya en sede judicial, no debe realizarse prevención alguna, pues la norma no lo establece.- De manera que la norma cuestionada no vulnera en modo alguno algún derecho o principio constitucional, pues, conforme bien señala la Procuraduría General de la
República en su informe, se trata de conductas diferentes para las que el legislador otorgó un trato y procedimiento diverso, lo cual no infringe el principio de igualdad, ni el debido proceso que el accionante echa de menos. (...) El accionante cuestiona la jurisprudencia que interpreta que en el caso de la retención indebida de cuotas no opera como requisito de procedibilidad de la acción penal, la prevención de pago en sede administrativa, que contempla la norma impugnada. Ese criterio jurisprudencial no contiene roce alguno de constitucionalidad, sino que lo único que hace es aplicar la norma conforme fue diseñada por el legislador. Tal y como se indicó, es específicamente para el segundo delito tipificado en la norma, para el que se prevé como requisito de procedibilidad el realizar una prevención en sede administrativa, esto es, sólo para el caso de la no deducción de la cuota obrera. Para el caso de quien no enterare a la Caja el monto de la cuota obrera, únicamente se establece la prevención que contempla el artículo 223 del Código Penal36 Lo resuelto por la Sala Constitucional podría ser contradictorio con lo que, por otro lado, la Sala Tercera resolvió en un caso similar al indicar que “(...) Otro elemento que también se echa de menos, es el cumplimiento de la prevención administrativa de depósito. En efecto, según lo exige el artículo 45 de la Ley Constitutiva de la C.C.S.S., para que se pueda formular denuncia ante el Ministerio Público <... el patrono deberá ser apercibido por el jefe del Departamento de Gestión de Cobros y Créditos de la Caja Costarricense del Seguro Social para que, dentro del quinto día, contado a partir del recibo del comunicado, deposite en favor de la Caja Costarricense del Seguro Social el monto de las cuotas no retenidas. Transcurrido ese plazo sin que se efectúe el pago, el hecho se denunciará al Ministerio Público para que se haga el requerimiento respectivo ...> Al no
establecerse en el fallo impugnado que se hubiera cumplido con el requisito de la prevención administrativa, es claro que falta un elemento de procedibilidad. (...).”37 –el destacado no es del original– Desde nuestra perspectiva, si bien es cierto la redacción de la norma no es la más feliz, pareciera que la intención del legislador fue la de establecer tres conductas con sanciones y procedimientos diferentes, siendo que la prevención administrativa no cabía respecto de la retención de cuotas, sino únicamente respecto de la no retención de las mismas.
Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, Voto N° 604-97 de las 11:05 horas del 20 de junio de 1997.
2.4.- TEXTO VIGENTE (REFORMA INTRODUCIDA POR LA LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR) Resta entonces analizar el texto actual del artículo 45 de la social en Costa Rica. Como producto del largo camino del proceso de concertación se aprobó la Ley de Protección al Trabajador. Esta norma viene a reflejar el resultado de diferentes mesas de trabajo que tenían a su cargo aspectos sociales o económicos determinados. Es el resultado específico de, al menos, dos de las mesas de análisis, una que estudió las posibles modificaciones al régimen de cesantía y otra encargada del análisis de la problemática de los diferentes regímenes de pensiones, especialmente el de reparto. La Ley de Protección al Trabajador está compuesta por capítulos de materias distintas, vinculadas por esa necesidad de la sociedad de asegurar que el régimen de pensiones de reparto pueda hacer frente a los retos del futuro. La reforma a la Ley Constitutiva de la Caja fue puesta en la corriente legislativa con antelación a la configuración de la unidad del proyecto de Ley de Protección al Trabajador. La LCCSS procuró, desde un inicio, mejorar la forma en que se recaudaban y administraban los fondos de pensiones administrados por la Caja. En primer término, la reforma buscaba optimizar los sistemas de recaudación de la Caja, así como establecer sanciones más fuertes para los patronos que no cumplan con sus obligaciones para con el sistema del seguro social. LCC que penaliza la retención indebida de cuotas obreras del sistema de seguro
Es dentro de este paquete de reformas a la
LCC que se incluye la
modificación al artículo 45, siendo que la misma es aprobada el 18 de febrero del 2000, por Ley N°7983 “Ley de Protección al Trabajador”. El artículo 85 de la Ley de Protección al Trabajador establece, en lo que interesa: “Reformase la Ley Orgánica de la Caja Costarricense de Seguro Social, N° 17, del 22 de octubre de 1943, en las siguientes disposiciones: a) b) c) d) e) f) g) h) i) El Artículo 45, cuyo texto dirá: “Artículo 45. Constituye retención indebida y, en consecuencia, se impondrá la pena determinada en el Artículo 216 del Código Penal, a quien no entregue a la Caja el monto de las cuotas obreras obligatorias dispuestas en esta Ley.” Prima facie, corresponde señalar algunas diferencias que podemos observar respecto del texto anterior del delito, y que devienen de la reforma introducida.
En primer término, cabe evidenciar la “despenalización” de dos de las conductas antes sancionadas por este mismo numeral. Ciertamente, el antiguo artículo 45 sancionaba tres diferentes conductas: a) al patrono que no enterare a la Caja el monto de la cuota obrera, b) al patrono que no dedujere la cuota obrera, y c) al patrono que realice maniobras, declaraciones falsas o cualesquiera otros actos u omisiones tendentes a defraudar los intereses de la Caja Costarricense de Seguro Social, tratándose de sus cotizaciones.
Con la reforma verificada, algunos de las conductas reprochables al tenor del anterior numeral 45, pasaron a ser sancionadas únicamente en sede administrativa, según lo estipula el numeral 44 de la LCC: “Las siguientes transgresiones a esta ley serán sancionadas en la siguiente forma: a)… b) Será sancionado con multa equivalente al monto de tres salarios base, quien: 3.- No deduzca la cuota obrera mencionada en el artículo 30 de esta ley, no pague la cuota patronal o que le corresponde como trabajador independiente. c) Será sancionado con multa de cinco salarios base quien no incluya, en las planillas respectivas, a uno o varios de sus trabajadores o incurra en falsedades en cuanto al monto de sus salarios, remuneraciones, ingresos netos o la información que sirva para calcular el monto de sus contribuciones a la seguridad social.” Otro cambio a nuestro juicio, no menos importante, tiene que ver con la eliminación del párrafo referente a la prevención y al arreglo de pago. La redacción del artículo antes de la reforma indicaba “En el caso de la prevención señalada en el último párrafo del artículo 223 del Código Penal, el patrono podrá ofrecer garantía real suficiente por el monto de las cuotas obreras retenidas”. Esta modificación es sumamente relevante en cuanto a la configuración del delito, por lo que abordaremos sus posibles implicaciones cuando se analice la acción típica. Por otro lado, también se elimina la frase que señalaba “…Si el patrono fuere una persona jurídica, la obligación recaerá sobre su representante legal…”. Nos parece que la misma no implica una despenalización de la
conducta tratándose de personas jurídicas, sino que se aplicaría la teoría general de responsabilidad que será analizada al revisar el tema del sujeto activo del delito; no obstante es importante dejar anotado dicha modificación.
III.- ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL DELITO DE RETENCION INDEBIDA DE CUOTAS OBRERAS. 3.1- SUJETO ACTIVO El artículo 45 de la LCC no identifica al responsable, pues se limita a indicar “...quien no entregue a la Caja el monto de las cuotas obreras obligatorias dispuestas en esta Ley”. Por tanto se debe complementar la norma con el artículo 30 de la misma Ley, la cual establece el obligado a enterar a la Caja el monto de las cuotas obreras: “Artículo 30.- Los patronos, al pagar el salario o sueldo a sus trabajadores, les deducirán las cuotas que éstos deban satisfacer y entregarán a la Caja el monto de las mismas, en el tiempo y forma que determine la Junta Directiva. El patrono que no cumpla con la obligación que establece el párrafo anterior, responderá personalmente por el pago de dichas cuotas. Cuando el patrono fuere el Estado o sus instituciones, y el culpable de que no se haga la retención fuere un trabajador al servicio de ellos, la responsabilidad por el incumplimiento será suya y se le sancionará con suspensión del respectivo cargo, durante quince días, sin goce de sueldo. En caso del traspaso o arrendamiento de una empresa de cualquier índole, el adquiriente o arrendatario responderá solidariamente con el transmitente o arrendante, por el pago de las cuotas obreras o patronales que estos últimos fueren en deber a la Caja en el momento del traspaso o arrendamiento. Para que la Caja recupere las cuotas que se adeuden, se procederá de acuerdo con lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 53 de esta ley. (Así reformado por el artículo 1º de la ley No. 4189 de 10 de setiembre de 1968).”
Como “patrono” debemos entender, según nuestro Código de Trabajo, “...toda persona física o jurídica, particular o de Derecho Público, que emplea los servicios de otra u otras, en virtud de un contrato de trabajo, expreso o implícito, verbal o escrito, individual o colectivo.”38 Cuando el empleador o patrono, como lo denomina la LCC y el Código de Trabajo, es una persona física y es ella también la encargada personalmente de hacer las contribuciones no deberíamos encontrar mayor problema en determinar su responsabilidad como autor o sujeto activo del delito. Ahora bien, cuando la obligación de la entrega de las cuotas obreras a la Caja recae en una persona jurídica debe establecerse a quién le corresponde la responsabilidad penal por la omisión incurrida. Lo anterior, toda vez que ésta, la persona jurídica, no puede ser objeto de una pena de prisión al no constituir una persona39 corpórea, sino simplemente una “ficción legal”. Quien ostente la facultad de representar a la persona jurídica es quien debe ser el responsable penalmente, ello significa que los delitos cometidos en el ámbito de la empresa, sólo responden penalmente las personas individuales a las que puedan imputárseles, y en la medida en que pueda imputárseles,
Vargas Chavarría, Eugenio, “Código de Trabajo”, Investigaciones Jurídicas, 2001. p.39
Cabe señalar sin embargo que nuestro Código Penal establece una sanción aplicable a las personas jurídicas “Agiotaje artículo 238.- Será reprimido con prisión de seis meses a tres años o con treinta a cien días multa, la persona que con el propósito de obtener un lucro inmoderado para sí o para un tercero, tratare de hacer alzar o bajar el precio de mercaderías, valores o tarifas mediante negociaciones fingidas, noticias falsas, acaparamiento, destrucción de productos o mediante convenios con otros productores, tenedores o empresarios. La pena se elevará en un tercio si se lograre la alteración de los precios, y en el doble, si en el caso se tratare de artículos alimenticios de primera necesidad, se logre o no la alteración de sus precios. A la persona jurídica responsable, de cualquiera de los delitos comprendidos en la presente sección, se le impondrá una medida de seguridad consistente en la clausura del establecimiento, por un término de cinco a treinta días. El intermediario en dichos delitos será considerado como cómplice. (énfasis nuestro)
mientras que la corporación en sí no puede ser sometida a ninguna pena criminal.”40 41 La voluntad de la acción, en cambio, no parece posible imputarla a la persona jurídica, sino que queda exclusivamente en la esfera jurídica del representante actual42. Con respecto al caso de la transmisión de la propiedad de la empresa, si bien el artículo 30 de la LCCSSS establece la solidaridad del adquirente respecto a las cuotas adeudadas, no parece dable la posibilidad de que al adquirente también le sea imputable penalmente la retención indebida. Ahora en el supuesto de que el anterior propietario no haya entregado las cuotas obreras retenidas y que se notifique al nuevo empleador, nos parece que debe iniciarse el proceso contra el adquirente, pero no valiéndose del proceso anterior.
Silva Sánchez, Jesús María. Fundamentos de un Sistema Europeo de del Derecho Penal”, en Antología de UNED “Delitos en Contra de los Trabajadores”, recopilada por Doctor Carlos Cinchilla Sandí, San José, 2002.
Caso interesante prevé la legislación panameña reformada en el año 2000. En el numeral 195D del Código Penal, se establece no solo la responsabilidad penal de quien era obligado a enterar a la Caja de Seguro, sino que además para evitar cualquier posibilidad de impunidad indica: “…igual sanción se le aplicará al empleador, al representante legal o al que, en una u otra forma ordene al gerente, al administrador o contador retener la entrega de cuotas” en palabras de los legisladores “…de tal manera que se va a sancionar independientemente de la posición que ocupe el empleador o quien este al servicio del empleador, a efectos de que no se acepte, bajo ninguna circunstancia, el argumento de la obediencia superior. La norma se aplica a quien incurra en esta conducta punible por extensión al empleador, al empleador sustituto, en el caso de cambio de propietarios de empresas, al representante legal, (sic) las personas jurídicas a quien ordene a un subalterno de la empresa a retener la entrega de las cuotas obreros-patronales”. Así reformada por Ley N°60 de 29 de diciembre de 1999, publicada en la Gaceta oficial del lunes 3 de enero del 2000. Intervención del legislador Rubén Arosemena, Acta de la sesión ordinaria de la Asamblea legislativa (Panamá) del día 13 de diciembre de 1999.
Gracia Martin, Luis. La Cuestión de la Responsabilidad Penal de las Propias Personas Jurídicas en Responsabilidad Penal de las empresas y Sus Órganos y Responsabilidad por el Producto. Barcelona. 1996. Pág. 42
En este sentido, recientemente fue publicado el proyecto de Ley N°17.170 “Delitos Contra los Derechos de los Trabajadores” en el que se pretende introducir una serie de delitos. Nos llama la atención de la propuesta, que incluye un artículo donde trata de esclarecer a quién corresponde la responsabilidad penal en caso de las personas jurídicas señalando que: “Cuando el patrono fuere una persona jurídica, se impondrán las penas por los hechos previstos en los artículos anteriores, a los gerentes, administradores o personeros de la empresa que hubieren participado como autores, instigadores o cómplices de los mismos y a los socios que, teniendo conocimiento de tales hechos y contando con el poder para remediarlos, no hubieren adoptado medidas para ello43.” En la motivación de la propuesta podríamos inferir las razones para incluir una norma como la indicada. “El perjuicio para el trabajador se concreta cuando, a pesar de tratarse de una actividad económica de un volumen considerable, o con patrimonio visible, con bienes dedicados a su explotación, la sociedad que formalmente ejerce como patrono, quien da la cara frente a los trabajadores, no tiene bienes con que responder. Algo similar ocurre cuando varias sociedades vinculadas económicamente entre sí, pertenecientes a los mismos socios, son utilizadas para romper de forma ficticia la continuidad de la relación laboral, lesionando los derechos del trabajador derivados de su antigüedad. O cuando una sociedad suspende sus actividades, es cerrada o simplemente abandonada, <se le deja morir> sin cumplir con el pago de los derechos laborales de sus trabajadores, mientras que sus actividades y su patrimonio son trasladados a otra sociedad formalmente distinta, que inicia sus actividades sin deudas, como
Proyecto de Ley N°17.170 publicado en La gaceta Nº 216 del 07 de noviembre de 2008
si se tratara de una <empresa nueva>44”. La propuesta está apenas presentada, por lo que se desconoce cuál será su futuro; en todo caso, nos parece que al menos esta parte de la propuesta puede ser útil, aunque es claro que no se resuelven los problemas que pueden derivar de la aplicación del artículo 45 de la LCC. Una cuestión que se relaciona con el sujeto activo, tratándose de personas jurídicas, importante de determinar es ¿qué sucede con la responsabilidad penal? Por ejemplo cuando el responsable, una vez prevenido45, renuncia a su puesto en la empresa, ¿será siempre posible tenerlo como autor del delito? Estamos analizando como caso hipotético la situación de un representante que ha sido notificado de la necesidad de enterar a la Seguridad Social las cuotas que retuvo. En este supuesto ya ha sido penalmente requerido, no obstante ello, se separa de la empresa. Frente a esta pregunta vemos uno de los problemas interesantes que devienen en la aplicación de la norma. En efecto, nos cuestionamos si el incumplimiento por parte de un responsable de la empresa se extingue al separarse de la organización o si al salir de ella se mantiene la misma, esencialmente si ya ha sido notificado de la obligación de enterar las cuotas. Una posible respuesta nos las facilita la jurisprudencia que a continuación se expone: “…Lo anterior significa que para que surja la tipicidad de la conducta descrita en esa norma, es necesario que el sujeto activo incumpla
Asumiendo que sea necesaria la prevención del Art. 223 del Código Penal, a pesar de que la norma actual no la obliga a realizar, situación que será analizada cuando analicemos al tipicidad.
la prevención de devolver los bienes, pues mientras exista la posibilidad de devolver el delito no se habría configurado porque podría desaparecer con esa sola devolución, según la propia descripción que hace el Código Penal (...) Lo anterior significa que, aún cuando el aquí acusado ostentaba la condición de representante legal de la empresa cuando se verificó la retención de las cuotas obreras, todavía en ese momento no se había configurado delito alguno, pues la prevención para que se devolviera lo retenido no se había formulado ya no era quien mantenía bajo su poder o custodia el bien ajeno y por ello no era el obligado a realizar la devolución.”46 Esa misma resolución señala “En la sentencia de instancia – con base en lo dicho por el acusado y en la aludida protocolización de acta – se tuvo por plenamente acreditado que para enero de 1995 MG se había desligado de su empresa, independientemente de que dicho acto jurídico se le de publicidad registral. Lo cierto del caso es que – y esto es lo que interesa a efectos de establecer la tipicidad de la conducta – al momento en que se notifica al imputado la prevención para devolver lo que se dice retenido por la empresa, él ya había traspasado todas sus acciones de M y L S.A., por lo cual no tenía relación alguna con la misma. Lo anterior significa que, para efectos penales, no interesa que aquel formalmente aún aparezca como representante legal, pues dicha circunstancia (originada en que no se haya inscrito en el registro la documentación pertinente) no desnaturalizaría los efectos del acto. Debe tenerse en cuenta que en esta sede se juzga con base en una verdad material y no una formal. El delito de apropiación indebida o retención indebida lo comete quien no devuelve un bien estando obligado a hacerlo, y desde luego siempre que haya estado en posibilidad
Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, Voto N° 604-97 de las 11:05 horas del 20 de junio de 1997
real de devolver. Por todas estas razones, se declara sin lugar el recurso interpuesto…47” Según se desprende de esos extractos, podríamos afirmar que se requiere, para poder sancionar la conducta, que el individuo que representa a la persona jurídica, ostente tal mandato, tanto al momento de detectar la anomalía, en la prevención y hasta que venza el plazo que otorga la misma. Nos parece que dicha interpretación podría facilitar el incumplimiento y hacer inoperante la norma. Este es uno de los cambios considerados necesarios respecto de la interpretación de la norma, evitando así la impunidad, situación que está relacionada con la adecuación típica de la norma ya que parece desprenderse de la interpretación de la Sala Tercera que el tipo penal no está completo sin la prevención, misma que se echa de menos en la norma48.
Ibídem En éste mismo sentido la Sala Tercera se pronunció al señalar “Por último, que no se trata de un caso de responsabilidad penal objetiva, sino atribuible a las acciones personales del encausado, surge claramente del hecho de que, a pesar de haberse retenido las cuotas obreras, y de habérsele notificado personalmente la prevención para su pago a la Caja, el recurrente omitió cumplir con ese deber legal (folios 127 y 128) De ello se infiere que no fue simplemente, como acertadamente lo considera el a quo, que a Carazo Zeledón se le atribuye las calamidades financieras de la empresa, sino el haber retenido la cuota obrera del salario de los trabajadores y, una vez hecha la prevención para que efectuara la entrega correspondiente a la entidad, no haberlo hecho” (voto 116-04).
3.2.- SUJETO PASIVO Consideramos que el sujeto pasivo, -sea el titular del bien jurídico protegido-, es la Caja Costarricense de Seguro Social. Podría pensarse que el afectado sea el propio trabajador -cuya porción del salario fue deducida por el patrono-, sin embargo, a juicio nuestro, el dinero que aporta el trabajador debe entrar a las arcas de la Caja para que ésta la administre de conformidad con su mandato. Si bien es cierto, los dineros deducidos del salario del empleado implican su contribución para el régimen de seguridad social, nuestro régimen es de reparto y no de capitalización individual, lo que implica que los dineros aportados por el trabajador no se reflejarán directamente en una cuenta individual, sino que, pasan a ser utilizados de conformidad con el sistema. Finalmente, el hecho de que el empleador no entere esos dineros a la Caja no perjudica los derechos de los trabajadores respecto de la seguridad social.
3.3 TIPICIDAD 3.3. A) TIPO OBJETIVO La acción típica, prevista en el artículo 45 LCC, es la omisión de la entrega de las cuotas obreras retenidas al salario del trabajador: “Constituye retención indebida (....) quien no entregue a la Caja el monto de las cuotas obreras obligatorias dispuestas en esta Ley” (énfasis nuestro) En este aspecto parece similar a la retención indebida estipulada en el Código Penal. En efecto, para la configuración de este delito (retención indebida) se requiere “quedarse con el bien mueble en forma ilegítima, no teniendo facultad para ello49”, siendo “presupuesto de la figura la entrega voluntaria de la cosa mueble al autor50, en virtud de un título que le obligue a entregarla a un tercero o a devolverla al que se la dio”.51 No obstante la afinidad puntualizada, corresponde llamar la atención de una diferencia clara respecto a la figura general de la retención indebida y la correspondiente de las cuotas obreras. Esta diferencia puede ser la razón que sostiene, talvez con mayor peso, la existencia de una figura autónoma al menos desde nuestra perspectiva. Justamente por el hecho de que el empleador no recibe materialmente las cuotas del trabajador, sino más bien es por medio de una ficción que el
Loría Luna, Leonel. “Apropiación Indebida y Retención Indebida”. Tesis de grado para optar al título de licenciado en Derecho, Universidad de Costa Rica. Facultad de Derecho, 1985, Pág. 62.
Soler Sebastian – Bayala Basombrío, Manuel A. Derecho Penal Argentino, t IV, p. 430; Núñez Ricardo C., Derecho Penal Argentino. Parte Especial. TV, p. 372; Fontán Balestra, Carlos, tratado de Derecho Penal, t VI, p.115; Rubianes Carlos J., El Código Penal y su interpretación jurisprudencial, actualización, t V, p. 355. Citados en Luis Leiva Fernández. “Derecho de Retención, 1991. p.377.
Breglia Arias, Omar, Código Penal y leyes complementarias. Comentado, anotado y concordado, p.609 citado en Luis Leiva Fernández. “Derecho de Retención, 1991. p.377.
mismo debe “retener” del pago a realizar el monto correspondiente a la cuota obrera. No obstante, no hay en realidad esa tradición de una cosa mueble, como sucede en la retención indebida, en la que es preciso que la persona haya recibido el bien objeto de retención. Por otro lado, cuando analizábamos algunos de los cambios que se verificaron en la redacción de este tipo penal, respecto de su versión precedente, llamábamos la atención en lo tocante a la eliminación de la referencia específica al artículo 223 del Código Penal, especialmente en lo atinente a la prevención de entrega del bien retenido. En efecto, según lo había advertido nuestra jurisprudencia, existía una cierta relación de dependencia o de integración respecto del artículo 45 de la LCC y el 223 del Código Penal. “Así para el caso del primer ilícito, se establece una prevención en sede judicial, conforme se realiza tratándose del delito de retención indebida establecido en el numeral 223 del Código Penal”52; La eliminación de esta prevención no es un asunto baladí, ya que como lo señalaba la Sala Tercera, la prevención en punto a la retención indebida era un presupuesto necesario para que se configurara el delito, al menos en la versión anterior. “De acuerdo con la figura que describe el numeral 223 del Código Penal en relación al 45 de la Ley Constitutiva de la C.C.S.S., a efectos de establecer la tipicidad de la conducta, no tiene ninguna importancia el que se determine quién fue la persona que recibió el bien retenido. En el artículo 223 citado se dispone que si después de prevenida por la autoridad la persona devuelve el bien retenido <...no habrá delito...>.- Lo anterior significa que para que surja
Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto N°6365-98 de las 16:24 horas del 2 de setiembre de 1998
la tipicidad de la conducta descrita en esa norma, es necesario que el sujeto activo incumpla la prevención de devolver los bienes, pues mientras exista la posibilidad de devolver el delito no se habría configurado porque podría desaparecer con esa sola devolución, según la propia descripción que hace el Código Penal. Lo anterior significa que, aún cuando el aquí acusado ostentaba la condición de representante legal de la empresa cuando se verificó la retención de las cuotas obreras, todavía en ese momento no se había configurado delito alguno, pues la prevención para que se devolviera lo retenido no se había formulado. Así las cosas, la descripción de hechos que contiene la sentencia no configura el delito de apropiación o retención indebida como lo pretende el Ministerio Público, toda vez que -como bien lo razonó el órgano de instancia- la prevención de pago se le notificó a una persona que, en ese momento, ya no era quien mantenía bajo su poder o custodia el bien ajeno y por ello no era el obligado a realizar la devolución.”53 (énfasis agregado) Menudo dilema presenta la nueva concepción del delito de retención de cuotas obreras. Este asunto puede verse desde dos perspectivas bien disímiles. Por una parte, podría considerarse que la prevención en vía judicial es siempre necesaria, o por el contrario, que la misma ya no lo es y que el delito se configura con el sólo hecho de estar en mora respecto a las cuotas obreras no entregadas. Trataremos de buscar una justificación en ambas vías y presentar luego nuestra conclusión. Para justificar la necesidad de la prevención en sede judicial podríamos iniciar diciendo que en materia penal rige el principio de la aplicación restrictiva de las normas, como lo indica el artículo 2 del Código Procesal
Penal: “Deberán interpretarse restrictivamente las disposiciones legales que coarten la libertad personal o limiten el ejercicio de un poder o derecho conferido a los sujetos del proceso. En esta materia, se prohíben la interpretación extensiva y la analogía mientras no favorezcan la libertad del imputado ni el ejercicio de una facultad conferida a quienes intervienen en el procedimiento.” Desde esta perspectiva, se podría entender, por ejemplo, que la norma al indicar que se configura el delito de “retención indebida” hace una remisión implícita al artículo 22354 del Código Penal con todas sus implicaciones; es decir, con la necesidad irremediable de realizar la prevención para que se configure el delito55. Nos parece importante hacer un pequeño paréntesis acá, para hablar de la prevención y su naturaleza. Asumimos en el presente análisis que la prevención funciona como una condición objetiva de procedibilidad; es decir, no afecta el tipo penal, sino que es un requerimiento de previo a entrar a analizar la tipicidad. Distinta eso si de la condición objetiva de punibilidad que hace donde una conducta típica, antijurídica y culpable se considera por política criminal no “merecedora” de penalidad, son circunstancias ajenas a
“Se impondrá la pena establecida en el artículo 216, según el monto de lo apropiado o retenido al que, teniendo bajo su poder o custodia una cosa mueble o un valor ajeno, por un título que produzca la obligación de entregar o devolver, se apropiare de ello o no lo entregare o restituyere a su debido tiempo, en perjuicio de otro. Si no hubiere apropiación sino uso indebido de la cosa, con perjuicio ajeno, la pena se reducirá, a juicio del juez. En todo caso, previamente el imputado será prevenido por la autoridad que conozca del asunto, para que, dentro del término de cinco días, devuelva o entregue el bien, y si lo hiciere no habrá delito, quedando a salvo las acciones civiles que tuviere el dueño.”
En línea: Bueno Díaz de León, Mario Antonio, En Revista Jurídica, N°36 1999, Merecimiento de Pena y Necesidad de Pena. http://www.stj-sin.gob.mx/Merecimiento.htm consultado en diciembre 2002.
lo injusto culpable de las cuales depende la celebración de un proceso penal56. En palabras de Schmidhäuser lo que posibilita la separación de las condiciones objetivas de punibilidad de los presupuestos de procedibilidad sería la vinculación de aquéllas al acontecer fáctico, cuya ausencia conllevará la impunidad del autor, mientras que éstos son elementos que se hallan al margen de ese acontecer fáctico y condicionan únicamente la persecución penal de datos relacionados exclusivamente con la esfera procesal y basados en una modificación posterior de las circunstancias57. De una forma excelente el tema de las condiciones objetivas de punibilidad es abordado por Mario Antonio Bueno Díaz de León, al indicar que “La condición objetiva de punibilidad excluye la punibilidad del hecho delictivo para todos los que hayan intervenido en el mismo, a pesar del carácter antijurídico y culpable del hecho realizado. Las condiciones objetivas de punibilidad no pertenecen al ámbito del injusto ni de la culpabilidad, se les ubica más allá de la culpabilidad, ya que son consideradas como presupuestos de la punición. Dicho en otros términos, un delito puede consumarse con independencia de que el mismo no pueda sancionarse mientras no se cumpla la condición o presupuesto de la pena. En síntesis, las condiciones objetivas de punibilidad propias o auténticas, son circunstancias completamente ajenas a los elementos del delito, que la ley consigna como necesarias para que el injusto culpable - delito- sea punible.” Continúa expresando: “Bajo el linaje de razones antes expresado, debemos asumir que si en el estado de Sinaloa, la punición se impone porque se constató la existencia de un delito y la responsabilidad penal; debemos admitir ahora, que la responsabilidad penal tiene como presupuesto: el
Mendes de Carvalho, Érika en Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología. 2005, núm. 07-10, p. 10:1-10:29 _Las Condiciones De Procedibilidad y su Ubicación Sistemática Una crítica al sistema integral del derecho penal. 57 Schmidhäuser, E. “Objektive Strafbarkeitsbedingungen”, ZStW, 1959, Citado por Érika Mendes de Carvalho en Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología. 2005, núm. 07-10, p. 10:1-10:29 _Las Condiciones De Procedibilidad Y Su Ubicación Sistemática Una crítica al sistema integral del derecho penal
merecimiento de pena (existencia de delito, es decir conducta, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad) y la necesidad de pena. Dos son los motivos hasta hoy conocidos por los que prescindimos de la punición (no de la punibilidad ya que ésta es inherente al delito, pues no puede hablarse, legalmente, dogmáticamente, de tipo perfecto sin pena), unas son las condiciones objetivas de punibilidad antes aludidas y otras son las excusas absolutorias también precisadas.” Por otro lado, respecto a la condición objetiva de procedibilidad nuestro Tribunal de Casación Penal señaló “La redacción del artículo 223 del Código Penal, contiene un error, situación que no incide en el contenido del tipo penal y que mantiene inalterable la prevención como una condición objetiva de procedibilidad58”. No obstante lo claro de la resolución del Tribunal, la Sala Tercera se refirió a la prevención con una naturaleza jurídica distinta “…En otras palabras, el sujeto activo recibe legalmente el objeto, con un titulo que le obliga a devolver, pero no lo hace cuando corresponde. Este último momento, no se debe considerar desde la perspectiva de la negociación que existía con el sujeto afectado, sino que se traslada al momento de la prevención judicial por la autoridad que ha recibido la denuncia. Por esto, la devolución del bien en los cinco días posteriores a la prevención se ha considerado como parte de los elementos del tipo59.” Consideramos que la prevención no es parte del tipo; de hecho, no se debería realizar ya que la norma no lo obliga. Como prevención podría
Tribunal de Casación Penal. Voto 936 de las 10:00 horas del 22 de setiembre de 2003 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Voto N°1079 de las 09:40 horas del 10 de setiembre de 2004. En ese mismo sentido los votos N°44 de las 10:05 horas del 25 de enero de 1991, Voto 604-97 de las 11:05 horas del 20 de junio de 1997 y Voto N°1060-02 de las 09:40 horas del 25 de octubre de 2002 todos de la Sala Tercera.
tomarse el proceso administrativo que inicia
la Caja cuando detecta la
anomalía. En todo caso, si el infractor cumple con su obligación evidentemente debe de finalizar el proceso penal. Esto es parte de las modificaciones que nos parece importante realizar. Volviendo al ejemplo de estudio, es decir, tomando al artículo 45 de la LCC como un modo de retención indebida del artículo 223 del Código Penal, pareciera ser que no constituye un delito autónomo. En todo caso, desde este punto de vista, los elementos constitutivos y la sanción penal del delito serían los mismos. La opción antes indicada, no parece tan clara ya que la descripción del tipo penal establecida en el artículo 45 de la LCC parece tener los elementos necesarios para definir un delito penal autónomo, como ha sido considerado por la jurisprudencia constitucional y penal antes citada. Si bien el tipo penal del artículo 45 no contiene todos los elementos para describir la acción penal, es un delito autónomo puesto que el legislador utilizó la técnica denominada en doctrina como “normas penales incompletas” por medio de la cual se completa, en este caso, la especial condición del autor (remisión artículo 30 LCCS y artículo 2 del Código de Trabajo), su penalidad (artículo 216 del Código Penal) y la misma acción delictiva (artículo 30 de la LCC). La anterior tesis podría verse reforzada por la opinión esbozada por la Sala Constitucional, antes comentada, pero que consideramos oportuno reseñar nuevamente: “En cuanto a la denominación que hace el legislador de la conducta delictiva que se pretende sancionar, al decir que: <Es retención indebida y, en consecuencia, se impondrá la pena establecida en el artículo ...>, se trata simplemente de un <nomen iuris> y si es o no la misma figura
del artículo 223 del Código Penal, es un aspecto intrascendente en relación con la constitucionalidad de la figura analizada, porque se trata de un tipo autónomo, que, como ya se vio en el considerando anterior, contiene en si mismo los elementos necesarios constitutivos del tipo, complementado con la remisión a otras normas legales.”60 El voto anotado, si bien fue realizado a la luz del texto de la norma anterior, bien puede ser válido para el nuevo. No consideramos que existan razones para que se modifique esa interpretación. Siguiendo esta teoría para constituir el delito se requiere entonces que exista una “mora” en la entrega de las cuotas obreras para poder determinar cuándo se incurre en el delito, ya que, como sucede en otras legislaciones61, podría no ser necesario una prevención de entrega del bien para que se configure el delito de retención, sino que éste se puede verificar cuando el autor no restituya en tiempo el bien. “La mora requerida se sigue del
Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto N°3465-93 de las 15 horas del veinte de julio de 1993.
Por ejemplo el Código Penal Argentino que establece “Art. 173.- Sin perjuicio de la disposición general del artículo precedente, se consideraran casos especiales de defraudación y sufrirán la pena que él establece (...)2º el que con perjuicio de otro se negare a restituir o no restituyere a su debido tiempo, dinero, efectos o cualquier otra cosa mueble que se le haya dado en depósito, comisión, administración u otro título que produzca obligación de entregar o devolver ...”. El Código Penal Español: Artículo 252.Serán castigados con las penas del Artículo 249 ó 250, en su caso, los que en perjuicio de otro se apropiaren o distrajeren dinero, efectos, valores o cualquier otra cosa mueble o activo patrimonial que hayan recibido en depósito, comisión o administración, o por otro título que produzca obligación de entregarlos o devolverlos, o negaren haberlos recibido, cuando la cuantía de lo apropiado exceda de cincuenta mil pesetas. Dicha pena se impondrá en su mitad superior en el caso de depósito necesario o miserable. En Venezuela, Art. 468 del Código Penal “El que se haya apropiado, en beneficio propio o de otro, alguna cosa ajena que se le hubiere confiado o entregado por cualquier título que comporte la obligación de restituirle o de hacer de ella un uso determinado, será castigado con prisión de tres meses a dos años, por acusación de la parte agraviada.”
vencimiento del término fijado por la Ley, o del título conforme al cual se obtuvo la tenencia”.62 En el caso de las cuotas obrero patronales es el numeral 31 de la LCC el que establece el plazo, “Artículo 31.- Los patronos y los asegurados facultativos pagarán sus cuotas directamente en el tiempo y forma que establezca la Junta Directiva (...) Créase el Sistema Centralizado de Recaudación, para llevar el registro de los afiliados, ejercer el control de los aportes al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, de Pensiones Complementarias, de Enfermedad y Maternidad; a los Fondos de Capitalización Laboral; además de las cargas sociales cuya recaudación ha sido encargada a la CCSS y cualquier otra que la ley establezca. (...) El registro del Sistema Centralizado de Recaudación será administrado por la Caja. El Sistema Centralizado de Recaudación se regirá además por las siguientes disposiciones: a) La recaudación deberá ser efectuada por la Caja o por medio del sistema de pagos y transferencias del Sistema Financiero Nacional de manera tal que se garantice a los destinatarios finales, el giro de los recursos en forma directa. b) La Caja será responsable de realizar todas las gestiones administrativas y judiciales para controlar la evasión, subdeclaración o morosidad de los empleadores así como, de gestionar la recuperación de los aportes indebidamente retenidos por los patronos según lo establecido en la presente ley. Lo anterior, sin perjuicio de las gestiones que puedan realizar terceros de acuerdo con el artículo 564 del Código de Trabajo. El patrono girará las cuotas correspondientes a cada trabajador, dentro de un plazo hasta de veinte días naturales, siguientes al cierre mensual, por medio del sistema de recaudación de la Caja Costarricense de Seguro Social. Vencido dicho plazo, el patrono cancelará intereses conforme a la tasa básica pasiva calculada por el Banco
Leiva Fernández, Op Cit, p.377
Central, los cuales serán acreditados directamente a la cuenta de cada trabajador..." (énfasis agregado)
Desde nuestra perspectiva entonces la mora se presentaría desde el día siguiente al vencimiento del plazo establecido para la entrega de las cuotas obreras y el estado de retraso es necesario para la configuración del delito. Por lo tanto, la conducta no puede ser punible antes de que se verifique el estado de mora respecto de la obligación.
Estimamos también que existe un “margen de maniobra” respecto de la posibilidad de aplicar el principio de oportunidad que consagra el Código Procesal Penal63 que podría abrir la puerta para que, aún cuando se
Así consagrado en los artículos “ARTÍCULO 22.- Principios de legalidad y oportunidad El Ministerio Público deberá ejercer la acción penal pública en todos los casos en que sea procedente, con arreglo a las disposiciones de la ley. No obstante, previa autorización del superior jerárquico, el representante del Ministerio Público podrá solicitar que se prescinda, total o parcialmente, de la persecución penal, que se limite a alguna o varias infracciones o a alguna de las personas que participaron en el hecho, cuando: a) Se trate de un hecho insignificante, de mínima culpabilidad del autor o del partícipe o exigua contribución de este, salvo que afecte el interés público o lo haya cometido un funcionario público en el ejercicio del cargo o con ocasión de él. b) Se trate de asuntos de delincuencia organizada, criminalidad violenta, delitos graves o de tramitación compleja y el imputado colabore eficazmente con la investigación, brinde información esencial para evitar que continúe el delito o se perpetren otros, ayude a esclarecer el hecho investigado u otros conexos o proporcione información útil para probar la participación de otros imputados, siempre que la acción penal de la cual se prescinde resulte considerablemente más leve que los hechos punibles cuya persecución facilita o cuya continuación evita. c) El imputado haya sufrido, a consecuencia del hecho, daño físico o moral grave que torne desproporcionada la aplicación de una pena, o cuando concurran los presupuestos bajo los cuales el tribunal está autorizado para prescindir de la pena. d) La pena o medida de seguridad que pueda imponerse por el hecho o la infracción de cuya persecución se prescinde, carezca de importancia en consideración a la pena o medida de seguridad ya impuesta, o a la que se debe esperar por los restantes hechos o infracciones, o la que se le impuso o se le impondría en un procedimiento tramitado en el extranjero. En estos últimos casos, podrá prescindirse de la extradición activa y concederse la pasiva. La solicitud deberá formularse por escrito ante el tribunal, el que resolverá lo correspondiente, según el trámite establecido para la conclusión del procedimiento preparatorio.
considere un delito autosuficiente, si es válido el término, se desestimen las denuncias una vez, satisfechos los intereses de la Caja, por lo que el entuerto no tendría mayor complicación. Es decir aplicar, a manera de prevención, la etapa previa a la denuncia formal. Otro aspecto relevante respecto de la acción típica es que la misma no admite tentativa64, algo típico en los delitos de omisión. Se requiere en este caso estar en estado de mora para que se complete la acción punible. Existe además, una discusión ya presentada en nuestra jurisprudencia, con la salvedad antes reiterada, a propósito del texto predecesor Se analizó la posibilidad de un concurso aparente de normas respecto del tantas veces mencionado artículo 223, que es necesario traer a colación desde la perspectiva apuntada de considerar el nuevo artículo 45 como un delito autónomo e independiente del citado 223, presentándose, sin duda la necesidad de comentar el posible concurso aparente de normas y la solución a esta posibilidad: “En todo caso, de haber algún cuestionamiento sobre la existencia de dos tipos penales que sancionan conductas similares, según lo alega la accionante, como lo son en este caso, el artículo 45 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, objeto de esta acción y el artículo 223 del Código Penal en el que tipifica la figura de la retención indebida, se trata de un asunto de mera legalidad, que el derecho
ARTÍCULO 23.- Efectos del criterio de oportunidad Si el tribunal admite la solicitud para aplicar un criterio de oportunidad, se produce la extinción de la acción penal con respecto al autor o partícipe en cuyo beneficio se dispuso. Si la decisión se funda en la insignificancia del hecho, sus efectos se extienden a todos los que reúnan las mismas condiciones. No obstante, en el caso de los incisos b) y d) del ARTÍCULO anterior, se suspende el ejercicio de la acción penal pública en relación con los hechos o las personas en cuyo favor se aplicó el criterio de oportunidad. Esa suspensión se mantendrá hasta quince días después de la firmeza de la sentencia respectiva, momento en que el tribunal deberá resolver definitivamente sobre la prescindencia de esa persecución. Si la colaboración del sujeto o la sentencia no satisfacen las expectativas por las cuales se suspendió el ejercicio de la acción, el Ministerio Público deberá solicitar al tribunal que ordene reanudar el procedimiento.
Leiva Fernández Op. Cit p. 377
penal soluciona a través de la figura del concurso aparente de normas, <cuando una misma conducta esté descrita en varias disposiciones legales que se excluyan entre sí, ...>, en este caso, la norma especial que prevalece sobre la general, pero lo que interesa es que una misma conducta, con todas sus circunstancias, esté descrita en dos tipos normas diferentes, no que a dos tipos penales se les haya puesto un mismo epígrafe.”65 3.3. B) TIPO SUBJETIVO Consideramos que en este aspecto psíquico e intelectual del actuar del autor66 el delito no acepta la figura culposa y es necesario el dolo. Siendo la estructura de la figura dolosa, se requiere por parte del agente el conocimiento y querer de la realización del tipo, el incumplimiento del deber positivo que le corresponde. Y aquí debe tenerse presente la existencia de elementos normativos dentro del mismo cuyo conocimiento debe ser real para poder afirmar el dolo.- Con otras palabras, el sujeto activo debe saber que le incumbe un deber específico tributario (extrapenal) que lo erige en custodio del bien jurídico, ya que sin su violación no puede sostenerse que obró con dolo.- Obviamente que el conocimiento exigido por la ley es el correspondiente al profano, bastando con que conozca que es agente de retención ó percepción y cuales son los deberes a su cargo67.
Kindhäuser, Urs. El tipo subjetivo en la construcción del delito. Una crítica a la teoría de la imputación objetiva. En línea para Revista WWW. INDRET.COM. Consultada en enero 2009. http://www.indret.com/pdf/579_es.pdf
Falcone, Roberto. Defraudación de Agentes de Retención y percepción tributarios y previsionales. En línea consultada en diciembre 2008. http://procesalpenal.wordpress.com/2008/06/24/defraudacion-de-agentes-de-retencion-ypercepcion-tributarios-y-previsionales-roberto-falcone/
La Sala Tercera ha señalado como fundamental la prevención para poder configurar ese dolo, “en primer término, porque la responsabilidad que se le está achacando no es de carácter objetivo, sino que es la prevista explícitamente por la ley penal, cuando el mismo artículo 45 de la mencionada Ley Constitutiva señala que si: <...si el patrono fuera una persona jurídica, la obligación recaerá sobre su representante legal...> que en este caso era el imputado. De forma que es un vínculo obligatorio impuesto por la legislación misma. Luego, que el encartado incurrió conscientemente en la omisión que se reprime, consta en el hecho probado tercero, que en el cual los juzgadores dejan establecido que, pese a haber sido oportunamente percibido sobre el deber de realizar los pagos incumplidos, no lo hizo. En lo que concierne al otro extremo del recurso, a saber si se cumplen o no los requisitos del tipo penal de retención indebida contenido en el artículo 223 del Código Penal, la cuestión de si había entrado en posesión de los fondos o no, está fuera de discusión. Lo anterior porque el haber practicado las deducciones sobre el salario de los trabajadores también está explícitamente acreditado, así como que la especie típica recogida en el artículo 45 ya aludido es diferente a la del 223 del Código Penal, en el sentido de que este prevé como configurativa simplemente la conducta de omitir la entrega de la cuota obrera68”. Nos parece que para poder demostrar el dolo tiene un papel importante la prevención. Ahora bien, consideramos que la misma no necesariamente debe ser realizada por el Ministerio Público, como en el caso del delito de apropiación o retención y indebida. Nuestro criterio es que este conocimiento necesario de la infracción puede solventarse con la notificación por parte de la Administración del Seguro Social al empleador correspondiente.
Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Voto N°116 de las 10:18 del 20 de febrero de 2004, en igual sentido Voto 526, de las 9:45 horas del 16 de septiembre de 1993
El delito es detectado por la Caja y en ese sentido puede comunicar al patrono formalmente la omisión, siendo que de no acatar éste la prevención de esa institución. procedería la denuncia en su contra. Esto sin perjuicio de que aún iniciado el proceso, el encartado pueda pagar el adeudo y así extinguir la responsabilidad. Nos parece que no es necesario un ánimo de lucro de parte del autor, sino que basta con el incumplimiento de su deber69. Lo anterior es de suma importancia abordarlo, ya que usualmente cuando la empresa incurre en esta omisión es porque atraviesa momentos financieros difíciles. Usualmente sucede que contablemente realiza la retención pero materialmente el giro empresarial no está generando los ingresos necesarios para cubrir el pago correspondiente y la empresa decide mantener el giro a pesar de ello, por lo que no implica un ánimo de lucro, pero aún así es perseguible. Así lo establece en forma diáfana la Sala Tercera: “No lleva razón el recurrente: En primer término, porque las situaciones que menciona el recurrente entran dentro del análisis de si podía cumplir el acto ordenado por ley y, de no ejecutarlo, qué tan reprochable le resultaba la acción. Honrar el compromiso con la Caja Costarricense de Seguro Social, no sólo estaba entre las posibilidades de la empresa, que (aunque deficitariamente) continuó su giro comercial, asumiendo en consecuencia la necesidad de satisfacer ese deber, sino que a sus trabajadores les era descontada la suma correspondiente, entregándoseles el resto. Esto significa que aunque en condiciones limitadas, había fondos disponibles. El tema lleva a la segunda cuestión, de qué tan reprochable es haber omitido la
Un análisis distinto propone el Dr. Falcone cuando señala “Por último y para concluir con este aspecto de la tipicidad, corresponde señalar que si bien la figura no exige la realización de maniobra ardidosa alguna, la omisión de ingreso de los montos retenidos o percibidos, debe estar presidida por <ánimo de lucro>, consistente en una mejora patrimonial del autor emergente del impago de deudas tributarias y previsionales cuyo importe detentaba a nombre de la Hacienda Pública” Ibíd. “Falcone, Roberto. Defraudación de Agentes de Retención y percepción tributarios y previsionales…”
entrega a la Caja del dinero que se había descontado a los trabajadores. La respuesta es que resulta altamente reprochable, aún si, en el peor de los casos, la alternativa fuera tener que cometer la falta laboral de un pago incompleto del salario, lo cual constituye una infracción de la relación de trabajo, pues resulta mucho más dañoso no entregar la parte del salario del trabajador que le ha sido descontada y que tiene por finalidad garantizar su acceso a la salud y la seguridad social de él y sus dependientes, así como una pensión digna para el primero; amén, claro está, del propósito de solidaridad social que cumple en cuanto a los demás trabajadores y sus dependientes. Encima, se está infringiendo un bien penalmente tutelado por el legislador en razón de esos mismos elementos. Dicho de otra forma, de haberse incumplido el deber de entregar el salario neto a los trabajadores, se estaría violentando su derecho a percibir su pago y, por ende, el ordenamiento laboral; por el contrario, no consignando a la Caja la parte del salario que no había sido entregada a los obreros, no sólo al igual que en la hipótesis anterior se transgredía su derecho al salario y se irrespetaba el ordenamiento laboral, sino que también se perjudicaba la salud y seguridad social de él, sus dependientes y los demás asegurados. De tal suerte que, ni aún en dicha hipótesis extrema, era menos reprochable la omisión que se persigue. Por otra parte , partiendo otra vez del razonamiento expuesto por el recurrente en cuanto a la difícil realidad social del agro nacional y, en particular, de la agroindustria del banano, debe recordarse que esa situación pesa no sólo para los empresarios, patronos o sus representantes, sino ante todo para la parte más débil de la relación laboral: los trabajadores, quienes precisan del respeto y fiel cumplimiento de sus garantías mínimas (como obviamente es la seguridad social), especialmente en las veleidades desfavorables que refiere el impugnante, por lo que su acción es todavía menos admisible y conserva enteramente su recriminabilidad”70.
Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Voto N°116 de las 10:18 del 20 de febrero de 2004.
3.4.- SANCIÓN El artículo 216 del Código Penal establece la pena aplicable: “Quien induciendo a error a otra persona o manteniéndola en él, por medio de la simulación de hechos falsos o por medio de la deformación o el ocultamiento de hechos verdaderos, utilizándolos para obtener un beneficio patrimonial antijurídico para sí o para un tercero, lesione el patrimonio ajeno, será sancionado en la siguiente forma: 1) Con prisión de dos meses a tres años, si el monto de lo defraudado no excediere de diez veces el salario base71. 2) Con prisión de seis meses a diez años, si el monto de lo defraudado excediere de diez veces el salario base. Las penas precedentes se elevarán en un tercio cuando los hechos señalados los realice quien sea apoderado o administrador de una empresa que obtenga, total o parcialmente, sus recursos del ahorro del público, o por quien, personalmente o por medio de una entidad inscrita o no inscrita, de cualquier naturaleza, haya obtenido sus recursos, total o parcialmente del ahorro del público.” De ordinario la retención indebida de cuotas no se da en forma aislada, sino que la empresa o empresario que incumple lo hace en forma reiterada en un lapso, lo que resulta en omisiones reiteradas mes a mes al elaborar las planilla. Lo anterior implica, que cuando se llega a sancionar se debe
El Consejo Superior de la Corte Suprema de Justicia en sesión Nº 98-08 celebrada el 18 de diciembre de 2008, artículo LXXXV, de conformidad con el párrafo 3° del artículo 2° de la Ley N° 7337 de 5 de mayo de 1993, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 92 del 14 de ese mes, que reformó varios artículos del Código Penal, y con el Transitorio I de la Ley N° 8656 denominada “Modificación de varios artículos de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N° 8039” de 18 de julio del 2008, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 154 de 11 de agosto del 2008, acordó comunicarles que a partir del 1° de enero del 2009, el salario base a aplicar para definir las penas por la comisión de diversas figuras delictivas contenidas en el referido Código y la mencionada Ley, es de ¢269.800,00 (doscientos sesenta y nueve mil ochocientos colones exactos)
penalizar una o varias retenciones o bien podría ser una sola por la totalidad de la deuda con la Seguridad Social. Desde la perspectiva penal cabe cuestionarse la forma de fijar la pena, en especial porque según el monto de lo adeudado pueden caber dos diferentes sanciones. La situación debe resolverse según cuándo se consideren cumplidos los requisitos del tipo objetivo. Si consideramos que la prevención, por ejemplo, viene a completarlo, entonces todas la retenciones que se hayan realizado pueden considerarse como un todo. Así lo interpretó la Sala Tercera al indicar “…En el presente caso, el Tribunal sentenciador tuvo por acreditado que el imputado M M, en su condición de cobrador de la empresa ofendida (…) tenía la obligación de cobrar una cantidad determinada de facturas a los clientes de la empresa ofendida, que sumaban en dinero un total de 931,190 colones que debía luego depositar en la cuenta bancaria respectiva (Véase hechos probados b) y c) de folio 290 y el folio 296). Es así que no importa entonces, si esas facturas las cobró en diferentes ocasiones y a diferentes clientes, lo que importa es que tenía una obligación de devolver a la empresa todo el dinero que representaban las respectivas facturas y que resultó en una suma única y global. No es relevante tampoco, para este caso, si la obligación de devolver estos dineros se debía contar desde que el imputado hiciera los depósitos, o desde que se hicieran las liquidaciones respectivas, porque como se ha dicho, todas las facturas sumaban un total de dinero del que el imputado se apropió y que no hizo devolución una vez prevenido por la Autoridad judicial competente72”. (Énfasis agregado) Como hemos asentado al analizar el tipo objetivo, somos del criterio de que la prevención no viene a completar los requerimientos del tipo, por lo que
Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Voto N°1079 de las 09:40 horas del 10 de setiembre de 2004.
nos inclinamos a pensar que cada planilla mensual implicaría una retención de cuotas autónoma y que debería aplicarse entonces la regla establecida para el delito continuado en el artículo 77 del Código Penal para la determinación de la pena: “Cuando los delitos en concurso fueren de la misma especie y afecten bienes jurídicos patrimoniales, siempre que el agente persiga una misma finalidad, se aplicará la pena prevista para el más grave, aumentada hasta en otro tanto”. Finalmente, el tópico tiene relevancia también para determinar aspectos sobre la prescripción, en primer término, sobre el inicio del conteo del término, de tal forma que si se considera concretado el delito con la prevención ésta marcaría el inicio del plazo y no el hecho mismo de la retención. Además, implicaría la posibilidad de ampliar el término de la prescripción, en caso de que las retenciones sumadas sobrepasen el extremo regulado en el inciso primero del artículo 216 del Código Penal.
3.5.- PRESCRIPCION DE LA ACCIÓN PENAL. La LCCSS establece en su numeral 56, en lo que nos interesa “…La acción penal y la pena en cuanto a las faltas contempladas en esta ley, prescribirán en el término de dos años contados a partir del momento en que la Institución tenga conocimientos de la falta. El derecho a reclamar el monto de los daños y perjuicios irrogados a la Caja, sea que se ejercite la vía de ejecución de sentencia penal o directamente la vía civil, prescribirá en el término de diez años. (Así reformado por el artículo 1 de la ley No. 2765 del 4 de julio de 1961.)” Dos aspectos nos parecen cruciales de comentar sobre este tópico. Por una parte, el término de la prescripción ordenado en la LCC es menor al establecido en el Código Procesal Penal; en efecto, este cuerpo normativo señala en el artículo 31: “Plazos de prescripción de la acción penal. Si no se ha iniciado la persecución penal, la acción prescribirá: a) Después de transcurrido un plazo igual al máximo de la pena, en los delitos sancionables con prisión; pero, en ningún caso, podrá exceder de diez años ni ser inferior a tres. b) A los dos años, en los delitos sancionables sólo con penas no privativas de libertad y en las faltas o contravenciones”. Al ser un delito la retención de las cuotas obreras si aplicamos el CPP el término para prescriba la acción penal sería de 3 años, “artículo 31.- Plazos de prescripción de la acción penal Si no se ha iniciado la persecución penal, la acción prescribirá: a) Después de transcurrido un plazo igual al máximo de la pena, en los delitos sancionables con prisión; pero, en ningún caso, podrá exceder de diez años ni ser inferior a tres. b) A los dos años, en los delitos sancionables sólo con penas no privativas de libertad y en las faltas o contravenciones. No obstante la propia LCC como lo hemos transcrito establece un plazo de 2 años”. En este particular nos inclinamos por aplicar la prescripción que beneficie al imputado, es decir la menor de 2 años.
Por otro lado, cabe cuestionarse a partir de cuando corre la prescripción, en la LCC artículo 56, nos indica que a partir del momento que la Caja conoce de la retención “…La acción penal y la pena en cuanto a las faltas contempladas en esta ley, prescribirán en el término de dos años contados a partir del momento en que la Institución tenga conocimiento de la falta…” (énfasis nuestro) Mientras que por otro lado, el Código Procesal Penal señala en su numeral 32 “Cómputo de la prescripción. Los plazos de prescripción se regirán por la pena principal prevista en la ley y comenzarán a correr, para las infracciones consumadas, desde el día de la consumación; para las tentativas, desde el día en que se efectuó el último acto de ejecución y, para los delitos continuados o de efectos permanentes, desde el día en que cesó su continuación o permanencia. La prescripción correrá, se suspenderá o se interrumpirá, en forma individual, para cada uno de los sujetos que intervinieron en el delito. En el caso de juzgamiento conjunto de varios delitos, las acciones penales respectivas que de ellos resulten prescribirán separadamente en el término señalado a cada uno.” (Lo resaltado no pertenece al original). Desde nuestra perspectiva, es claro que no es aplicable lo señalado en la LCC, en el sentido de que la prescripción no correrá mientras la Caja no tenga conocimiento del delito, ya que tal situación permitiría mantener vigente la acción penal, en forma indefinida. Así que debe establecerse el inicio de la prescripción al momento de consumarse el delito. Lo anterior, nos lleva otra vez a cuestionarnos cuando se cumple el tipo objetivo, si lo es con la prevención o si se verifica con la omisión del pago de las cuotas. Hemos insistido que nuestra posición es que la simple omisión del pago perfecciona el delito por lo que es a partir de ese momento cuando iniciaría
el término de la prescripción. Un reciente Voto73 del Tribunal de Casación Penal reafirma esta interpretación respecto de la figura de la apropiación y retención indebida establecida en el Código Penal, sirve además para cambiar de criterio sobre el inicio del término de la prescripción “…El reclamo no es atendible.- Tal como lo advierte la representación del Ministerio Público (…), la acción penal sí ha prescrito en el presente asunto, aunque no por las razones expresadas por el tribunal de juicio, sino más bien porque tratándose de un delito de «Apropiación y retención indebidas» de menor cuantía, el plazo de prescripción corresponde a tres años, los cuales se vieron reducidos a la mitad en razón de la indagatoria al encartado, ocurrida el 18 de marzo de 2002 (…), de manera que el plazo de dieciocho meses para la prescripción se cumplió el día 18 setiembre de 2003. No fue sino hasta después de esa fecha que aconteció el siguiente acto que, según la ley, podría haber interrumpido aquel plazo, a saber, el señalamiento de la audiencia preliminar de fecha 11 de febrero de 2004 (…). Por otra parte, no consta en el acta de audiencia preliminar que el imputado hubiera renunciado expresamente a la prescripción (…), por lo que no son atendibles las pretensiones del impugnante. Es importante aclarar que aunque en otros casos relativos al delito de «Apropiación y retención indebidas» (artículo 223 del Código Penal) en la jurisprudencia de este Tribunal se ha afirmado que ese delito «... no se tiene por constituido sino hasta que vencido el término prevenido el agente omita devolver o entregar el bien, de lo que se sigue que el plazo de la prescripción no podría correr sino a partir de esa consumación, conforme a la regla que para el cómputo de la prescripción contempla el artículo 32 del Código Procesal Penal » (TCP, Nº 1113 de las 9:10 horas del 20 de octubre de 2006, en igual sentido la N º 1118 de las 15:20 horas del 27 de octubre de 2004), lo cierto es que en el presente caso no puede considerarse que el incumplimiento de la prevención (la cual fue hecha luego de la indagatoria), enerve o torne
Tribunal Casación Penal. Voto 978 de las 09:00 horas 26 de setiembre de 2008.
ineficaces las circunstancias de que el procedimiento se inició y de que el imputado fue indagado, desconociendo a este último acto el efecto jurídico de haber interrumpido la prescripción. Inicialmente el actor penal sostuvo que los hechos constituían el delito de «Apropiación irregular» ( cfr . solicitud de señalamiento de audiencia para conciliación, folio 67), pero posteriormente el actor recalificó a «Apropiación y retención indebida», e hizo la correspondiente prevención de devolución, a las 8:00 horas del 3 de julio de 2003 (…), esto sucede tiempo después de haberse practicado la indagatoria, por lo que no puede desconocerse –en perjuicio del imputado– el efecto jurídico de aquellos actos procesales, sobre todo si se tiene en cuenta que el fundamento de la prescripción es sancionar el incorrecto ejercicio de la acción penal. Por otra parte, la particular situación que aquí se presenta, nos ha hecho reflexionar sobre nuestros precedentes jurisprudenciales, en el sentido de que los elementos constitutivos de cada una de las modalidades previstas en el tipo penal denominado «Apropiación y retención indebidas» están previstas en los párrafos primero y segundo del artículo 223 del Código Penal, de manera que se consuma el delito cuando el agente se apropia de la cosa o valor ajeno, o no lo entrega o restituye al tiempo que indica el título que produce la obligación de entregar o devolver. La hipótesis prevista en el párrafo tercero del artículo 223 en realidad no es un elemento constitutivo del tipo penal, sino una condición que excluye el delito (la fórmula empleada por el legislador es «no habrá delito») y por eso quienes suscribimos este voto de mayoría recientemente habíamos considerado que la prevención de devolución del párrafo tercero del artículo 223 no tiene el mérito de variar el momento en que se configura el delito (TCP, Nº 601 de las 13:20 horas del 1º de julio de 2008). Por las razones indicadas se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto.”
3.6.- BIEN JURÍDICO TUTELADO. El bien jurídico tutelado en la retención indebida ordinaria o simple, regulada en nuestro Código Penal en su numeral 223 es la “propiedad”, afirmación sólo fundamentada en su ubicación en el título VII, “De los delitos contra la propiedad”, sino porque parece una aserción pacífica en la doctrina74. Ahora bien, una razón más que nos hace pensar que estamos frente a un delito autónomo es que la especial regulación que hace el legislador de este delito encuentra talvez su razón de ser, precisamente, en realzar el bien jurídico tutelado. Como bien lo recuerda la Sala Constitucional, aludiendo otra vez al texto del artículo 45 de la LCC, hoy reformado, “resulta entonces que la norma cuestionada no es inconstitucional, sino que, por el contrario, lo que hace es dar efectividad a un principio contemplado en el artículo 73 de nuestra carta fundamental, calificando como delito una conducta que por su trascendencia, al atentar contra bienes jurídicos tan relevantes como la salud y la vida misma del trabajador, merecen especial tutela por parte del ordenamiento jurídico”.75 De lo que podemos concluir que el bien jurídico no es en este caso particular la simple propiedad, sino que, más bien, lo constituye la salud y vida protegidas por el régimen de la seguridad social. Asimismo, lo ha establecido en forma acertada la Sala Tercera al resolver “Debe tenerse claro, entonces, que cuando se comete el ilícito de retención de cuotas obrero-patronales, quien lo perpetra está atentando directamente contra el
Ver Silva Castaño Silva, El Delito de Apropiación Indebida y la Administración Desleal. Curso de Derecho Penal Económico. En Antología de UNED “Delitos en Contra de los Trabajadores”, recopilada por Doctor Carlos Cinchilla Sandí, San José, 2002.
régimen de seguridad social previsto en el artículo 73 de la Constitución Política. En ese sentido, estima esta Sala que puede resultar inconstitucional que se deje en manos de la propia Caja Costarricense de Seguro Social la determinación de cuándo deben inscribirse estas condenas en el Registro Judicial, pues en realidad no importa si el monto retenido es alto o bajo, ya que en ambos casos se trata de conductas igualmente graves, pues cualquier suma retenida indebidamente significa un menoscabo a los seguros sociales . La cantidad retenida tendría importancia para la determinación de la pena en cada asunto específico, pero no incidiría en la tipicidad de la conducta, ni en la responsabilidad penal por el hecho. Así, a juicio de los suscritos Magistrados, la redacción actual del artículo 56 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social podría constituir un quebranto del principio de razonabilidad de las leyes . Esto porque –vale la pena reiterarlo- cualquiera que sea el monto de cuotas obrero patronales no pagado a la Caja, siempre se vulnera el principio de solidaridad en que se basan los seguros sociales y en todo momento se atenta contra el principio de universalidad de cobertura que orienta el sistema, de modo que siempre se trataría de un delito, lo que torna irrazonable que no se exija la inscripción de la condena en todos los casos76”.
Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Voto N°772 de las 10:15 horas del 18 de agosto de 2006.
3.7.- INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE DELINCUENCIA. La LCC establece en el artículo 56, en lo que nos interesa “Las sentencias condenatorias dictadas en los juicios a que se refiere este capítulo no se inscribirán en el Registro Judicial de Delincuentes, salvo el caso de que la Caja, dada la gravedad de la falta, así lo solicite expresamente al tribunal respectivo. Las multas impuestas con ocasión de la aplicación de esta ley ingresarán a los fondos de la Caja Costarricense de Seguro Social debiendo ser giradas de inmediato a dicha Institución una vez practicado el depósito respectivo”. Hasta hace apenas unos meses esta situación se había mantenido pacífica es decir sólo se inscribía en el Registro Judicial de Delincuentes las sentencias que la Caja señalara, sin embargo esta situación varió. En efecto, la Sala Tercera al resolver un recurso de casación77 consideró que el artículo 56 de la LCC, podría ser inconstitucional al permitir la no inscripción de las sentencias condenatorias, con interesantes argumentos que lo atinente transcribimos “Como único motivo, la recurrente alega que el Tribunal sentenciador se equivocó al aplicar en la especie el artículo 56 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social y, con base en el mismo, disponer que no se inscribiera esta condena en el Registro Judicial. Estima que la disposición legal de comentario fue derogada al promulgarse la Ley Nº 6723, de Registro y Archivo Judiciales, en la cual se dispone que toda sentencia condenatoria debe estar inscrita en el Registro Judicial. De previo a resolver el recurso de casación promovido por el Ministerio Público, estima esta Sala que debe consultarse a la Sala Constitucional la constitucionalidad del artículo 56 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social . En efecto, tal como lo menciona la recurrente, tanto al final del Considerando V (relativo a la sanción aplicable al caso concreto…) como en la parte dispositiva del fallo (…), consta que el a quo resolvió lo siguiente: <En
Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia Voto 772 de las 10:15 horas del 18 de junio de 2006.
aplicación del artículo 56 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social no se ordenará la inscripción en el Registro Judicia>. Así, como se ve, efectivamente el cuerpo juzgador determinó que no debía inscribirse la condena de GRV en el Registro Judicial, pese a que se le halló responsable de un delito, específicamente el de retención indebida de cuotas obrero patronales, previsto y sancionado en el artículo 45 de la Ley N° 17 de 22 de octubre de 1943, Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social. (…) Así las cosas, es evidente que la norma utilizada por el a quo para disponer la no inscripción en el Registro Judicial de la condena que aquí interesa, fue el artículo 56 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, tal cual fue reformada mediante Ley N° 2765 del 4 julio de 1961. Esta Sala no cuestiona la competencia de la Asamblea Legislativa para reformar la normativa que rige la Caja Costarricense de Seguro Social, siempre que se observe el procedimiento contemplado en el artículo 190 de la Constitución Política. Lo que sí genera una duda de constitucionalidad a esta Sala, es que en la primera oración del artículo 56 (…) se obligue la inscripción en el Registro Judicial de las condenas dictadas por los delitos establecidos en dicha ley, sólo cuando la Caja determine que se trata de un hecho grave. Observa esta Sala que, en esa primera oración del citado numeral, el legislador optó por dejar en manos de la propia Caja Costarricense de Seguro Social, la decisión de pedir o no la inscripción de tales condenas, según la magnitud del daño causado. Es en relación con esa específica potestad que surge la duda de este Despacho: Ello porque el artículo 73 de la Constitución Política es claro al establecer que el régimen de seguridad social constituye una medida para proteger a los trabajadores, contra los riesgos de enfermedad, invalidez, maternidad, vejez y muerte. El sistema de seguridad social se basa los principios de solidaridad, universalidad y justicia social, y se hace realidad gracias al sustento que se le da mediante contribuciones forzosas por parte del Estado, los patronos y los propios trabajadores. Por otra parte, la
administración y gobierno del sistema de seguros sociales compete, por definición constitucional, a la Caja Costarricense de Seguro Social, por lo que esta debe velar siempre y en todos los casos por el buen funcionamiento del mismo, para lo cual está obligada –entre otras muchas cosas- a llevar a cabo todas las acciones legales pertinentes para garantizar que se los obligados paguen las cuotas obrero-patronales que les corresponden. Ahora bien, de lo que se está hablando aquí es de la retención indebida de fondos que debieran haber sido entregados al régimen de seguros sociales y que por no haber sido transferidos oportunamente al mismo, sin que medie causa de justificación o exculpación alguna, implican una condena penal para el responsable. Debe tenerse claro, entonces, que cuando se comete el ilícito de retención de cuotas obrero-patronales, quien lo perpetra está atentando directamente contra el régimen de seguridad social previsto en el artículo 73 de la Constitución Política . En ese sentido, estima esta Sala que puede resultar inconstitucional que se deje en manos de la propia Caja Costarricense de Seguro Social la determinación de cuándo deben inscribirse estas condenas en el Registro Judicial, pues en realidad no importa si el monto retenido es alto o bajo, ya que en ambos casos se trata de conductas igualmente graves, pues cualquier suma retenida indebidamente significa un menoscabo a los seguros sociales. La cantidad retenida tendría importancia para la determinación de la pena en cada asunto específico, pero no incidiría en la tipicidad de la conducta, ni en la responsabilidad penal por el hecho. Así, a juicio de los suscritos Magistrados, la redacción actual (…) podría constituir un quebranto del principio de razonabilidad de las leyes. Esto porque –vale la pena reiterarlocualquiera que sea el monto de cuotas obrero patronales no pagado a la Caja, siempre se vulnera el principio de solidaridad en que se basan los seguros sociales y en todo momento se atenta contra el principio de universalidad de cobertura que orienta el sistema, de modo que siempre se trataría de un delito, lo que torna irrazonable que no se exija la inscripción de
la condena en todos los casos. Además, la potestad establecida en la oración inicial del artículo 56 (…) <tal como está vigente hoy día> se hace aún más irrazonable, si se aprecia que la inscripción de condenas facilita la determinación de la reincidencia y que esta última sirve de parámetro –en algunos supuestos- para fijar la sanción adecuada al caso particular, y si se considera que dicha inscripción también es útil para determinar en cada caso si es procedente conceder el beneficio de condena de ejecución condicional de la pena, razones por las cuales no se comprende por qué el registro de las condenatorias por el delito que aquí interesa resulta algo facultativo y no obligatorio. Asimismo, debe hacerse notar que al dejarse en manos de la propia Caja la posibilidad de decidir cuándo pide la inscripción o no, esto abre la posibilidad de que según quién sea el imputado que se trate, se solicite el registro o no, cosa que –de darse- implicaría un favorecimiento ilegítimo, un privilegio antidemocrático. Cabe agregar que, a juicio de esta Sala, no puede obviarse que la retención indebida de cuotas obreropatronales es un delito, por lo que resulta incomprensible, desde el punto de vista de razonabilidad de las leyes y de los principios de igualdad de las personas y de respeto de la dignidad humana, que en unos casos la inscripción de la condena dependa de lo que acuerde el órgano administrador de los seguros sociales <situación que podría ser catalogada como un privilegio inconstitucional a favor de algunos>, mientras que en la generalidad de las causas penales la inscripción sea obligatoria. Finalmente, debe destacarse que el registro de las condenas es una actividad propia del Poder Judicial, pues resulta esencial para la tramitación de las causas penales, para resolver sobre ellas y para ejecutar lo juzgado. En ese sentido, estima esta Sala (…) se le permitió a una institución autónoma, que no ejerce la jurisdicción, interferir en el adecuado funcionamiento de la Administración de Justicia, lo que constituiría una violación del artículo 153 de la Constitución Política. Es por lo expuesto, que a los suscritos Magistrados les surge una duda acerca de la constitucionalidad de lo
establecido en el hoy vigente artículo 56 (…) el cual parece podría contrariar la Ley Fundamental, por cuanto se estima que toda condena por delito debe inscribirse en el Registro Judicial. Con base en lo anterior, se formula consulta facultativa ante la Sala Constitucional, para que se pronuncie sobre la constitucionalidad de la oración inicial del artículo 56 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, N° 17, del 22 de octubre de 1943, tal cual fue reformado mediante Ley N° 2765 de 4 de julio de 1961.” (énfasis nuestro) La Sala Constitucional resolvió78 acoger la posición expresada por la Sala Tercera “…En ese contexto, encuentra esta Tribunal Constitucional que lleva razón la Sala consultante al dudar de la constitucionalidad de la primera oración del artículo 56 (…) pues no supera el juicio de razonabilidad de las leyes, que es requisito de su propia validez constitucional (...) Sobre el principio de razonabilidad de las leyes y otras normas o actos públicos y privados se dijo (…) <una norma o acto público o privado sólo es válido cuando, además de su conformidad formal con la Constitución, esté razonablemente fundado y justificado conforme a la ideología constitucional. De esta manera se procura, no sólo que la ley no sea irracional, arbitraria o caprichosa, sino además que los medios seleccionados tengan una relación real y sustancial con su objeto. Se distingue entonces entre razonabilidad técnica, que es, como se dijo, la proporcionalidad entre medios y fines; razonabilidad jurídica, o la adecuación a la Constitución en general, y en especial, a los derechos y libertades reconocidos o supuestos por ella; y finalmente, razonabilidad de los efectos sobre los derechos personales, en el sentido de no imponer a esos derechos otras limitaciones o cargas que las razonablemente derivadas de la naturaleza y régimen de los derechos mismos, ni mayores que las indispensables para que funcionen razonablemente en la vida de la sociedad.> En efecto, estima esta Sala que
Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto 3905 de las 14:44 horas del 21 de marzo de 2007.
es contrario a la ideología constitucional (normas, principios y valores del Derecho de la Constitución) que exista una ley que permita un trato diferente a personas que jurídicamente se encuentran en igualdad de condiciones, como sucede con las y los condenados a pena privativa de libertad como consecuencia de la comisión de un delito. En el caso que se somete a conocimiento de este Tribunal Constitucional, con el agravante que la ley deja al arbitrio de la Caja Costarricense de Seguro Social la aplicación de esa excepción que consiste en la no la inscripción en el Registro Judicial de Delincuentes de las sentencias condenatorias dictadas en los juicios a los que se refiere su Ley Constitutiva, mientras que a todas las demás personas, igualmente condenadas por conductas tipificadas como delito, se les debe anotar el antecedente penal en el Registro Judicial de Delincuentes según establece la Ley N° 6723 del tres de marzo de mil novecientos ochenta y dos <Ley del Registro y Archivo Judiciales>. Se crea, con esa posibilidad legal, un privilegio odioso a favor de algunas personas al eximirlas, con fundamento en el arbitrio de un ente público ajeno al Poder Judicial y sin justificación objetiva alguna, de una de las consecuencias del fallo condenatorio que apareja la comisión de todos los demás delitos que contempla nuestro Ordenamiento Jurídico Penal, en detrimento de los fines que cumple en nuestro Ordenamiento Jurídico el Registro Judicial de Delincuentes”. Con base al anterior Voto, es obligación entonces para todos los juzgadores solicitar la inscripción en el Registro Judicial de Delincuentes a todos los actores responsables del Delito de Retención de las Cuotas Obreras. IV.- PROPUESTA DE REFORMA. Con base a las observaciones que hemos realizado durante el presente estudio consideramos oportuno reformar el artículo 45 de la LCC para en
adelante diga: “Constituirá retención indebida y se sancionará con prisión, al empleador que, dentro de los veinte días naturales siguientes al cierre mensual, omitiere el depósito total o parcial del importe de las cuotas obreras establecidas
1.- Será reprimido con prisión de dos meses a tres años, siempre que el monto no ingresado sea inferior a diez veces el salario base (*) 2.- Será reprimido con prisión de cuatro a diez años cuando el monto no ingresado
De previo a la denuncia, en sede administrativa, la Caja deberá prevenir al empleador que, dentro del plazo máximo e improrrogable de 10 días naturales, cancele los montos que ha retenido. En caso de omisión de cumplimiento de dicha prevención, se procederá a interponer la denuncia respectiva representante legal.” (*) Salario base según el artículo 1º de la ley Nº 7337 de 5 de mayo de 1993.” en sede penal. Cuando el empleador fuere una persona jurídica, se impondrán la pena a su
V.- CONCLUSIÓN. Consideramos que una vez analizado el delito establecido en el artículo 45 de la LCC, surgen una serie de dudas respecto de su verdadero alcance. En efecto, se requerirá que la jurisprudencia desarrolle cuál es la naturaleza de este delito, si es dependiente del delito de retención indebida regulado en el 223 del Código Penal y, por consiguiente, requiere de una prevención en sede judicial, o si por el contrario es un delito autónomo y autosuficiente que modifica radicalmente la forma en que venía operando la figura para establecer una retención indebida carente de prevención en sede judicial. A manera de reflexión, consideramos que, de ser considerado una figura autónoma, tesis por la cual nos inclinamos, se pudo haber realizado un craso error con la reforma. El delito de retención de cuotas obreras ha venido funcionando en la práctica como un elemento de prevención con gran poder, pues la amenaza de que se pueda sancionar con prisión ha tenido un impacto importante, especialmente cuando se verificaba la prevención judicial. Sin embargo, si el delito se configura con el solo hecho de la mora, podría aumentarse el número de sanciones penales, que sin duda no es el objetivo que persigue la CCSS con este artículo. Parece obvio que la finalidad es simplemente una forma de coaccionar para lograr el pago. Asimismo, los procedimientos administrativos para poder proceder en estos casos deben ser establecidos con precisión especial, máxime tomando en cuenta las reforma en materia procesal penal, especialmente en lo atinente al principio de oportunidad. Puede ser este modelo el cual sustituya la prevención, es decir aun cuando se configure el
delito, una vez satisfechas las pretensiones de la CCSS, puede desestimarse con base a este criterio. Queda trabajo por realizar y se requiere un mayor análisis de las autoridades judiciales y administrativas para que se determinen con certeza los procedimientos a seguir y que se pueda evitar la incertidumbre que ahora nos ha heredado este análisis. Finalmente, proponemos una reforma legal que viene a palear, desde nuestra perspectiva, algunos de los problemas que hemos vislumbrado en este estudio.
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