Source: http://composi.info/articulacin-de-polticas-pblicas-dirigidas-a-las-cooperativas-p.html?page=37
Timestamp: 2020-01-25 20:19:11
Document Index: 393166742

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 3', 'Artículo 58', 'artículo 68', 'Artículo 333']

Articulación de políticas públicas dirigidas a las cooperativas Propuestas para el caso colombiano en el marco de la convivencia pacífica y la internacionalización - Página 37
Ámbito de actuación de los entrevistados
PREGUNTA 2: ¿Considera usted que el despliegue de organismos que actúan con las organizaciones solidarias, está concatenado
Fuente: Elaboración propia con base en los informes de gestión 2014 a 2015 y los planes institucionales de cada organismo (en sus páginas web).
Cuestionarios diligenciados sobre la percepción de articulación de políticas públicas dirigidas al cooperativismo (y la economía solidaria)
Rol en el desarrollo del cooperativismo
Historiador especialista en políticas públicas. Líder gremial del movimiento cooperativo antioqueño
Investigador y asesor de varias cooperativas antioqueñas. Líder de la Confederación de cooperativas de Antioquia.
Abogado, especializado en administración financiera y derecho. Asesor del movimiento cooperativo colombiano.
Presidente Ejecutivo de la Confederación Colombiana de Cooperativas. Ha sido Director Ejecutivo de ASCOOP y Superintendente delegado (SUPERSOLIDARIA)
Economista y máster en administración de empresas. Gerente de varias cooperativas y profesor universitario.
Presidente Ejecutivo de la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito. Ha sido Superintendente de la Economía Solidaria.
Ingeniero industrial especializado en gestión de productividad.
Director de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias.
Contador y economista con maestría en ciencias financieras. Profesor e investigador universitario.
Ex director de Investigaciones Económicas del Centro de Investigación del Cooperativismo – CENICOOP-. Funcionario de DANCOOP y Director del Departamento de Análisis Económico de CONFECOOP.
Administrador de empresas, especializado en dirección empresarial.
Director del Instituto de Estudios del Ministerio Público. Ha sido Director de Regionalización del Ministerio de Agricultura, Director Regional del Fondo DRI de Santander y Presidente de la Asociación de Agricultores de Santander.
Trabajadora social con maestría en educación comunitaria. Gestora de organizaciones solidarias y líder social.
Ha sido asesora del Instituto para la Economía Social – IPES-, Comisión VII del Senado de la República y del frente para el desarrollo, protección y defensa de la economía solidaria. Actual Directora de la Escuela de Economía Solidaria de la Corporación Minuto de Dios.
Abogado y doctor en derecho. Profesor emérito, investigador y especialista en derecho cooperativo, mutual y solidario comparado
Director Científico de la Asociación Iberoamericana de Derecho Cooperativo, Mutual y Solidario. Ha sido asesor de leyes cooperativas en Colombia, Ecuador y México.
Comunicadora social y directora de la Emisora REDESONICA. Ha sido Jefe de prensa del Consejo de Bogotá
Líder de la Red de Comunicación Cooperativa, especializada en la divulgación de temas del sector de la Economía Solidaria en Colombia.
Administrador de empresas, director y gerente de entidades como el Instituto Departamental de Deportes de Antioquia, Beneficencia de Antioquia, Empresas Públicas de Medellín, División de Cooperativas y Proyectos Rentables del Departamento de Antioquia
Ex – Superintendente Nacional de la Economía Solidaria. Ha sido Gerente de importantes entidades solidarias como la Cooperativa de los Seguros Sociales y ha actuado como interventor de empresas cooperativas como FEBOR y CONSUMO.
Miguel Fajardo Rojas
Filósofo y licenciado en ciencias sociales, especialista e teoría y métodos de investigación. Cofundador, Rector, Vicerrector Académicos y Director del Departamento de Investigación y Desarrollo de la UNISANGIL.
Líder del CONES y del movimiento social solidario de San Gil. Líder de redes de economía solidaria y activo pensador del movimiento social santanderano.
Los entrevistados provienen de seis grupos de interés de proximidad en la formulación de políticas públicas para el sector cooperativo (y solidario) colombiano.
3. Respuestas sintetizadas de los entrevistados
A continuación se presentan los principales resultados de la aplicación de las respuestas.
PREGUNTA 1: ¿A su juicio la economía solidaria en Colombia es reconocida por el Estado en tanto forma jurídica, capacidad de operar en todos los sectores de actividad económica y reconocimiento como actor político?
Formalmente, vía legislativa, sí se la reconoce, en especial, mediante la ley 454. Sin embargo, por vía administrativa subordinada (decretos, resoluciones ministeriales) tal y como la ha evidenciado la Confederación de Cooperativas de Antioquia, se desconoce la especificidad de la ES, se le impide actuar en determinados campos de la economía, o se crean obstáculos muchas veces producto de interpretaciones “caprichosas” de la normativa, casi siempre no por mala intención, sino porque se desconoce la naturaleza propia del sector.
A pesar de que en la Ley 79 de 1988 se define al sector cooperativo como parte fundamental de la economía nacional, la Constitución de 1991 también lo tiene en cuenta; y que puede actuar en toda actividad social, económica y cultural lícita, en la práctica no se le reconoce como un actor político respetable y representativo; permanentemente debe defenderse de normatividades que atentan contra su naturaleza jurídica, en temas tributarios, educativos por no decir otros. En suma no se le conoce como interlocutor válido, participan funcionarios públicos en los congresos cooperativos, pero no se pasa de promesas que finalmente se incumplen.
Existen las normas jurídicas que son reconocidas por el estado, en cuanto a la capacidad de operar en la actividad económica, existen algunas limitaciones sobre todo en el ahorro y crédito como en el caso de operaciones con terceros no asociados; la actividad de seguros, algunas limitaciones en zonas geográficas, etc. Como reconocimiento, como actor político no se le reconoce.
A pesar del reconocimiento Constitucional y que, en su debido momento, fueron expedidas leyes que promocionan y protegen el sector solidario, tal como se enunció anteriormente, es necesario emprender el Estudio y revisión de la ley 79 de 1988, ley que “dotó al sector cooperativo de un marco propicio para su desarrollo como parte fundamental de la economía nacional, norma que es anterior a la expedición de la Constitución política colombiana (1991). Por lo tanto, la ley marco de las cooperativas deberá adaptarse a las nuevas exigencias sociales, políticas y económicas del país y del mundo que le permita ampliar sus acciones en favor de los colombianos y participar en igualdad de condiciones con todos los actores de la economía.
A su vez, la Constitución Política obliga al Estado a promoverlo y protegerlo y su sostenibilidad se garantizará con normas modernas y una Superintendencia de la Economía Solidaria fortalecida y transparente. Es por ello que se debe emprender la reforma a la Superintendencia de la Economía Solidaria para dotarla de una estructura organizacional que esté en capacidad de realizar las labores de supervisión, vigilancia y control de todas las organizaciones solidarias: cooperativas, fondos de empleados y asociaciones mutuales existentes.
Igualmente, las demás superintendencias que existen en Colombia deberán obligar la aplicación de la legislación cooperativa a aquellas empresas que ellas vigilan y que están constituidas como entidades solidarias.
El Estado sí reconoce esta forma jurídica e incluso intenta promoverla como paliativo a los grandes obstáculos que enfrenta el desarrollo nacional virtud a prácticas muy instaladas de inequidad social, exclusión, concentración de la riqueza y tantos otros aspectos frente a los cuales la sociedad civil organizada bajo el modelo asociativo solidario, ha demostrado una respuesta contundente. Sin embargo, pese a que la Constitución Nacional le confiere ese reconocimiento, los estamentos gubernamentales desconocen o ignoran deliberadamente la identidad del sector, la razón de ser de su práctica asociativa, sus experiencias y potencialidades, dejando su desarrollo al libre albedrio de la dirigencia gremial que no ha tenido tampoco la capacidad para insertarse apropiadamente como interlocutor válido y actor político en la agenda nacional; pero, hay que decirlo es el propio sector que se ha quedado a la vera del camino esperando le sean reconocidos y otorgados los espacios de participación como una dádiva, casi buscando en el gobierno la reafirmación de su propia identidad y en eso falla su capacidad como actor político.
Si nos atenemos estrictamente a la disposición constitucional y a las determinaciones incluidas en varias leyes, NO HAY DUDA que existe un reconocimiento estatal de las formas jurídicas de la economía solidaria. Veamos, a grandes rasgos, dichas normas:
En primer lugar encontramos dos artículos de la Constitución Política que tácitamente hacen dicho reconocimiento (artículos 58 y 333) y obligan al Estado a la protección, promoción y fortalecimiento de las formas asociativas y solidarias de propiedad.
De otro lado, a tono con las recomendaciones de la OIT, primero la Ley 79 de 1988 y luego la Ley 454 de 1998 hacen una declaratoria del interés común y fomento cooperativo (artículo 2, Ley 79/88) y de la protección, promoción y fortalecimiento (artículo 3, Ley 454/98).
Al respecto de la capacidad de operar en todos los sectores de la actividad económica, el artículo 2 de la Ley 79 de 1988 (último inciso) señala que el Estado “garantiza el libro desarrollo del cooperativismo, mediante el estímulo, la protección y la vigilancia, sin perjuicio de la autonomía de las organizaciones cooperativas”. El artículo 3 de esta ley también estipula que “”toda actividad económica, social y cultural puede organizarse con base en el acuerdo cooperativo”. Al respecto, es necesario señalar que en Colombia algunas actividades económicas se encuentran restringidas a procesos de autorización gubernamental previa (tales como: actividad financiera, servicios de salud, servicios de educación formal y no formal, vigilancia y seguridad privada, transporte de personas y carga, servicios públicos y domiciliarios, así como procesos registrales, tales como el notariado); en consecuencia, el poder desarrollarse con base en el acuerdo cooperativo estará dado por el cumplimiento de los requisitos que específicamente impongan las leyes para el ejercicio de estas actividades. También, en el parágrafo del artículo 3 de la Ley 454/98 se lee: “”El Estado garantizará el libre desarrollo de las entidades de economía solidaria, mediante el estímulo, promoción, protección y vigilancia, sin perjuicio de su natural autonomía”.
Finalmente, en la norma legal se puede identificar el reconocimiento como actor político. Del contenido de los artículos 8 a 12 de la Ley 454/98, se desprende el hecho del reconocimiento como actores en los procesos de planeación territorial y de la declaración como agentes y aliados privilegiados del Estado para adelantar los procesos de desarrollo económico y social.
1. La Constitución Nacional de Colombia y la Ley 454 han reconocido de manera explícita las empresas de la economía solidaria hasta llegar a afirmar que se trata de un sistema socioeconómico. Para la muestra unos breves ejemplos: El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad...”. (Artículo 58). “…El Estado contribuirá a la organización, promoción y capacitación de las asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, benéficas o de utilidad común no gubernamentales, sin detrimento de su autonomía con el objeto de que constituyan mecanismos democráticos de representación en las diferentes instancias de participación, concertación, control y vigilancia de la gestión pública que se establezca” (artículo 68). “… la empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresarial…” (Artículo 333).
La Constitución y la ley ordenan que el Estado “promueva, proteja, fortalezca y controle”. En esta dirección hubo una política de proteccionismo pues se establecieron regímenes tributarios especiales para el desarrollo de algunas empresas de economía solidaria. Por otra parte el Estado creó instrumentos jurídicos y estructuras estatales (UAEOS, y SUPERSOLIDARIA) para promover y controlar la economía solidaria. Se podría concluir que el Estado ha cumplido con la normas.
Sin embargo, en mi concepto, solamente se ha cumplido parcialmente y bajo criterios poco coherentes con lo que significa un sistema de economía solidaria. En esta dirección se puede afirmar que la intervención del Estado frente a la economía solidaria se puede caracterizar de la siguiente manera.
a) Incoherente: pareciera que los hacedores de política pública y legislación desearan que las empresas de economía solidaria fueran lo mismo que las empresas de capital.
b) De bajo impacto: La acción del Estado para la protección, promoción y fortalecimiento de la economía solidaria es insignificante en el contexto del presupuesto de la nación. En los últimos años el estado ha invertido ingentes recursos en subsidios, en lugar de invertir en la creación de organizaciones solidarias autónomas para resolver las necesidades de los sectores excluidos de la sociedad.
c) Impertinentes: No tienen en cuenta ni las realidades del sector ni las opiniones de sus líderes. Un solo ejemplo: la aplicación de las NIIF a las cooperativas y a las demás organizaciones sin ánimo de lucro.
d) Desarticuladas: Los Ministerios y los entes territoriales que deberían tener políticas para el desarrollo de las empresas de economía solidaria no se interesan por el sector, salvo algunas excepciones.
Si tiene el reconocimiento como forma jurídica, en teoría actúa en todos los sectores económicos.
Sin embargo en algunos casos se colocan trabas como por ejemplo la comercialización internacional. El reconocimiento como actor política.
A los gremios del sector se les reconoce la actuación política sin muchos logros a decir verdad. No sé si porque a la hora de la verdad se colocan cortapisas o si por el contrario ha faltado liderazgo del propio sector.
No, aunque exista legislación para el sector, esta no está actualizada ni adaptada a las nuevas necesidades del país. La falta de reconocimiento o conocimiento específico, por parte de altos funcionarios del estado, acerca del sector social y los beneficios que este modelo trae a las comunidades vulnerables, no ha permitido su crecimiento y desarrollo así como la articulación con otros entes estatales y su portafolio de servicios, así como la creación de un plan de gobierno nacional en beneficio del sector de la economía solidaria.
a) SÍ, es reconocida por el Estado en tanto forma jurídica.
b) NO, es reconocida respecto a su capacidad de operar en todos los sectores de actividad económica, por ejemplo como empresa exportadora.
c) NO, es reconocida como actor político para la concertación del desarrollo en los diferentes niveles territoriales, ni para la construcción de políticas públicas para implementar la normatividad entre ellas la Constitución Nacional, las Leyes 79/88 y 454/98, ni la Directiva 031 sobre educación solidaria.
El reconocimiento institucional tiene que ver también con las organizaciones de fomento y supervisión que se crean para tal fin, además incluya todos aquellos organismos que realizan actividades en pro del fortalecimiento de la economía solidaria o que, de forma instrumental, soportan sus metas operativas a través del desenvolvimiento con expresiones organizadas de la sociedad civil y en particular con las empresas solidarias.
Hay un reconocimiento formal de la economía solidaria por parte del Estado. La Constitución Política señala en varios de sus artículos que el Estado debe promover, proteger y fortalecer este tipo de organizaciones y señala su importancia para la construcción de una sociedad solidaria, con mayor democratización de la propiedad y la posibilidad de que los trabajadores urbanos y rurales puedan acceder a la propiedad colectiva.
La ley establece un marco institucional. Crea una entidad para la promoción y el fomento, una superintendencia encargada de la inspección, vigilancia y control y un fondo que asegura los ahorros de los asociados en cooperativas de ahorro y crédito. Hasta ahí.
Las normas de carácter general para regular actividades en las que las empresas de la economía solidaria pueden participar, generalmente desconocen a este tipo de entidades, restringen las operaciones y actividades económicas a las empresas de capital vigiladas por la superintendencia financiera o limitan la actividad con barreras de acceso, restricción normativa o, en muchos casos, a partir de normatividad de las entidades de supervisión y control.
La política pública encuentra su límite en los presupuestos públicos que no establecen partidas, ni a nivel nacional ni territorial (salvo contadas excepciones) para materializar los preceptos constitucionales.
El desconocimiento de las formas asociativas de economía solidaria es amplia en la mayor parte del espectro institucional del país. Es muy bajo el reconocimiento e impacto político del sector de la economía solidaria en el país. Múltiples causas llevan a ello: i) el modelo económico del país, ii) el modelo educativo derivado de ese modelo económico no enseña estas otras formas de inserción en la economía, iii) la falta de integración real y material de sus organizaciones de base, iv) la baja capacidad de incidencia social, cultural y económica de las entidades, v) la poca exposición sectorial en medios masivos de comunicación, vi) la debilidad de la cultura cooperativa y solidaria al interior de las propias entidades
PREGUNTA 2: ¿Considera usted que el despliegue de organismos que actúan con las organizaciones solidarias, está concatenado?
No existe una política general nacional que concatene las actividades de las diversas instituciones públicas relacionadas con la ES. Antes, por el contrario, son contradictorias, opuestas, dependiendo en gran medida de la discrecionalidad (que no arbitrariedad) de funcionarios sobre todo de nivel medio.
Así, las actividades de promoción y fomento que despliega la UAEOS se enfrentan con acciones de franca oposición en la Supersolidaria. O lo que hace un ministerio, lo contradice otro e, incluso, dentro de una misma repartición administrativa. Mucho menos hay concatenación entre los tres niveles territoriales de la Administración: nacionales, departamentales y municipales. Así, lo que una hace con las manos, el otro lo destruye con los pies.
Si están concatenados en ciertos casos, algunas entidades menores se concertan con los organismos de integración; en los planes estratégicos de organizaciones solidarias “Asociatividad Solidaria por un Nuevo País” el de la Superintendencia “Supervisión para el Crecimiento Social y Económico del Sector Solidario” se definen algunos aspectos de interés para el sector, lo mismo en las páginas Web de las mismas entidades; pero lo que preocupa realmente es que no hay el suficiente respaldo presupuestal para que los programas se lleven a cabo.
No están concatenados, en cuanto a actividades de fomento en supervisión, ni entre superintendencias que desarrollan supervisión.
La Constitución Política de Colombia obliga al Estado a promocionar y proteger al sector de la economía solidaria. La Promoción la realiza la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, entidad del Estado, adscrita al Ministerio del Trabajo, que tiene la tarea del fomento y el fortalecimiento de las organizaciones solidarias en Colombia (cooperativas, fondos de empleados, asociaciones mutuales, fundaciones, asociaciones, corporaciones, organismos comunales y grupos de voluntariado). Sus Objetivos:
1. Promover el desarrollo de una cultura de la solidaridad y la asociatividad entre los colombianos.
2. Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos a partir de sus prácticas
3. Recuperar la confianza en las organizaciones del sector solidario.
4. Fortalecer el sector solidario en las principales esferas de la economía nacional, su competitividad y participación en los mercados externos.
5. Fortalecer la infraestructura pública institucional del sector solidario, consolidando y/o redefiniendo la misión y funciones de las entidades conformadas en la Ley 454 de 1998.
La inspección, control y vigilancia la ejecuta la SuperSolidaria, entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Decreto 186 de 2004. De acuerdo con mi experiencia y conocimiento, y las funciones asignadas a la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias y a la Superintendencia de la Economía Solidaria no se puede decir que las mismas actúan en forma concatenada y coordinada; es más, cada uno es autónomo e independiente y en muy pocas ocasiones se trazan políticas, estrategias y programas conjuntamente. A nivel territorial: departamentos y municipios no se cuenta con una política pública en favor del sector de la economía solidaria.
Pues la verdad no. Existen instancias muy limitadas para la gestión operativa en ambos funciones: promoción y control y lo más grave es el impacto que cada una de ellas logra en la gestión… lo pongo en términos gráficos: Las que existen funcionan como instrumentos aislados de una orquesta, cada uno siguiendo su propio ritmo, interpretando su propia partitura y esperando que al final de la pieza musical logren empatar de tal manera que por lo menos en la última nota haya armonía. Pero por supuesto esto no funciona. Por un lado se intenta promover el modelo, se lanzan proyectos, se inyectan recursos, se traza política pública y por el lado de la fiscalización y control, no hay un real y efectivo acompañamiento para evitar casos como el que se han presentado con reconocidas cooperativas
En Colombia, desde los años treinta del siglo XX, existe una institucionalidad pública orientada hacia la promoción, protección y fortalecimiento del sector cooperativo y demás formas empresariales de economía solidaria. Hasta el año 1998, cuando se produce un cambio en la cultura del control y del fomento, esta institucionalidad estuvo centrada en la Superintendencia de Cooperativas; sin embargo, desde un comienzo, dicho espíritu legal se encontró mediatizado por un ejercicio intervencionista, de un lado, y paternalista, del otro. Obviamente, en los estudios del desarrollo del cooperativismo suramericano se han encontrado siempre unidas dichas mediaciones, fundamentalmente porque se ha apreciado (especialmente en Colombia, que no en países como los del Cono Sur) que se ha entendido a estas organizaciones como esquemas fácilmente utilizables para desarrollar especiales programas coyunturales de la política económico de los gobiernos de turno.
Esa situación hizo que se formara una cultura de la dependencia, sobre todo después de los años sesenta, y una simbiosis entre las dos funciones básicas del Estado frente al sector: fomento y control; eso llevó a la formación de una estructura amorfa que combinaba, bajo una misma institución gubernamental, dos funciones contrapuestas, generando ineficiencia en el logro de los objetivos de dichas funciones. Entre tanto, hasta finales de los años ochenta, también se incluyeron muchas otras instituciones públicas como agentes de promoción y fortalecimiento del sector cooperativo y solidario, sobre todo en campos como la formación, la asistencia técnica y el financiamiento: tales son los casos en su momento del INCORA, el IDEMA, el SENA, Banco de la República, Banco Popular, Caja Agraria, entre otros.
Pero… una vez se afianza el esquema neoliberal, durante los finales de la década de los ochenta, el ejercicio paternalista decrece enormemente, no porque se haya entendido que era una práctica insana para el desarrollo del sector, sino porque la política neoliberal exigió recortes en las estructuras gubernamentales y la eliminación paulatina de acciones de fomento económico. La Ley 79 de 1988, es considerada una de las primeras leyes que tratan de acomodar la estructura gubernamental a la nueva dinámica económica; y de ella surge el hecho de la eliminación del fomento económico de las cooperativas y la entrega de funciones de privatización a un segmento de ellas (las cooperativas de trabajo asociado). El paternalismo se eliminó pero también toda acción de fomento: prácticamente durante la década de los noventa la única institución que mantuvo programas dirigidos al cooperativismo y la economía solidaria fue el SENA (el DANCOOP, debido a su condición paquidérmica apenas alcanzaba a cumplir parciales funciones de vigilancia).
Hoy en día (pasados tres lustros del siglo XXI) no existe una gama amplia de instituciones públicas (por lo menos del orden nacional) que mantengan funciones específicas relacionadas con la promoción, el fomento y el fortalecimiento de la economía solidaria. Apenas se mantienen algunas áreas de intervención formativa (promoción cognitiva) desde el SENA, los antiguos organismos de intervención en el mundo rural (IDEMA, INCORA, ICA, etc.) o desparecieron o se transformaron, pero en ningún caso volvieron a tomarse acciones frente al sector.
A nivel nacional, a mi juicio, sólo el antiguo DANSOCIAL (formado mediante la Ley 454 de 1998, para separar las funciones de fomento y control en órganos especializados) mantuvo esta función gubernamental, la cual sólo alcanzó una mayor dinámica cuando este organismo fue eliminado para crear la UAEOS Organizaciones Solidaria del Ministerio del Trabajo. Acá es necesario exponer un punto de vista un poco apartado del concepto general: muchas personas (dirigentes) se quejan de la desaparición del DANSOCIAL y critican que el órgano de fomento sea una estructura de bajo perfil (UAE OS); pero… el DANSOCIAL poco hizo por dar cumplimiento (entre los años 1999 y 2011) a la función para la cual fue creado; considero que en estos cinco años de UAEOS se han realizado más acciones de fomento que en los doce del DANSOCIAL. De modo que, la acción de fomento nacional prácticamente desapareció y, a tono con la dinámica neoliberal, se pretendió trasladarla a los gobiernos locales; de ello surge que son rescatables los ejercicios que se han venido haciendo en algunos municipios y departamentos del país, aunque contados en los dedos de las manos.
Ahora bien, desde la función de supervisión, a partir del año 1999 cuando se estructuró mejor la Superintendencia de Economía de Economía Solidaria (que reemplazó al DANCOOP en la función genérica de control) este organismo produjo cambios importantes en la cultura del ejercicio gubernamental en estas materias y en la formación de mejores estructuraciones de los controles internos de las organizaciones. Sin embargo, sabemos que el Estado central se ha negado a dar mejores instrumentos para el desempeño de este organismo y a trasladar funciones de autocontrol al sistema solidario.
Aunque se logró una dinámica de mejoramiento en el sector a través de un ejercicio estricto (en ciertos niveles), la verdad es que la tendencia es a desmejorarse (habida cuenta de la necesidad del Estado central de disminuir sus gastos) sino se produce urgentemente un acuerdo para trasladar funciones de autocontrol al sistema de integración. También hay que advertir que los años que van de 2000 a 2010 en la superintendencia de economía solidaria, que consolidaron el sistema de supervisión, fueron años de estricto intervencionismo, que recuerdan las épocas más tristes del sector durante la dictadura en los años cincuenta del siglo XX. Del 2010 al 2015 se ha mantenido un ejercicio en la SES absolutamente clientelista que no le permitió consolidarse. Estamos, en tal sentido, en un momento de coyuntura (2016 a 2020) en dónde –sino se producen acciones importantes del sector- desaparecerá la supervisión especializada y se fortalecerá el criterio de que las empresas de economía solidaria no son más que una subespecie de las sociedades comerciales.
Colombia no es el ejemplo paradigmático de la articulación de los organismos del Estado en la formulación y desarrollo de políticas públicas. El Sena, la UAEOS, algunos ministerios y entidades trabajan a través de asociaciones solidarias. Sin embargo, en general no coordinan con las organizaciones del sector de la economía solidaria. En el momento actual habría que observar el caso de la intermediación que hacen las cooperativas del crédito manejado por FINAGRO. Hubo un desarrollo interesante en torno al servicio de salud y la posibilidad que tuvo el sector cooperativo en esta materia. Diversos problemas han llevado al modelo de prestación de servicios de salud al fracaso. En el ámbito territorial la articulación de los entes públicos para el impulso a la economía solidaria es nula, más aún no hay interés en la formulación de planes de impulso a las economías solidarias.
No, definitivamente creo que la acción de las instituciones públicas es dispersa.
Las organizaciones de inspección, supervisión, control y regulación del sector no trabajan de manera articulada con el organismo de fomento. Al igual, el desconocimiento del sector, genera confusión y en la aplicación de las medidas de control y coercitivas y estas se toman como si se tratara de economía capitalista o más estrictas.
El Estado colombiano, NO, ha dispuesto las medidas de fomento, promoción, acceso a los mercados y su correspondiente vínculo presupuestal para garantizar que los objetivos trazados se cumplan, pues la economía solidaria, aunque se menciona, no es prioridad en el ejercicio de la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo. Creería que se asignan a las instituciones relacionadas con la economía solidaria, unos recursos por misionalidad, sin que ellos respondan realmente a un diagnóstico participativo con el Sector.
La institucionalidad pública para atender, promover, difundir, controlar al sector es precaria. Sus presupuestos son bajos lo que impide que pueda estructurarse un proceso sistemático de fortalecimiento sectorial. Una referencia, entre la Supersolidaria, UAEOS y Fogacoop hay alrededor de 200 funcionarios, para atender más de 7.000 entidades y 7 millones de asociados.
La institucionalidad actual no alcanza a permear adecuada y permanentemente a las restantes agencias públicas que pueden relacionarse con el sector de la economía solidaria. Los esfuerzos son puntuales, episódicos y no sostenibles en el tiempo. Al no ser una estrategia integral del Estado, los esfuerzos de algunas agencias públicas son puntuales y no alcanzan a consolidar un objetivo misional o estratégico en esas otras agencias.
El Ministerio de Trabajo, responsable de la política pública sectorial no tiene en su primer nivel directivo un responsable permanente de esa función. Se confunde la función de diseñar la política con la de ejecutar la de promoción y fomento. No hay una visión estratégica en ese Ministerio del papel de la economía solidaria, en un país que demanda con urgencia una mirada social, económica, cultural, ambiental y política en momentos en que se acerca posiblemente el fin del conflicto armado.