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Timestamp: 2019-08-23 14:18:51
Document Index: 196855574

Matched Legal Cases: ['Artículo 5', 'Artículo 1', 'Artículo 7', 'Artículo 3', 'Artículo 5', 'Artículo 13', 'Artículo 7', 'Artículo 10', 'artículo 40', 'artículo 3', 'artículo 32', 'artículo 75', 'artículo 75', 'artículo 11', 'artículo 4', 'artículo 1']

Sentencia de 25 de noviembre de 2004. Serie C No. 119, párr. 62; Caso Carpio Nicolle y otros
. Sentencia de 25 de noviembre de 2004. Serie C No. 119, párr. 62; Caso Carpio Nicolle y otros. Sentencia de 22 de noviembre de 2004. Serie C No. 117, párr. 54; y Caso Masacre Plan de Sánchez. Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 19 de noviembre de 2004. Serie C No. 116, párr. 27.
11 Cfr. Caso Lori Berenson Mejía, supra nota 10, párr. 64; Caso Carpio Nicolle y otros, supra nota 10, párr. 55; y Caso Masacre Plan de Sánchez. Reparaciones, supra nota 10, párr. 28.
12 Cfr. Caso Lori Berenson Mejía. supra nota 10, párr. 77; Caso Carpio Nicolle y otros., supra nota 10, párr. 70; y Caso Masacre Plan de Sánchez. Reparaciones supra nota 10, párr. 39.
13 Cfr. Caso Lori Berenson Mejía, supra nota 10, párr. 78; Caso Carpio Nicolle y otros, supra nota 10, párr. 71; y Caso Masacre Plan de Sánchez. Reparaciones, supra nota 10, párr. 46.
14 Declaración Universal de Derechos Humanos (Artículo 5); Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (Artículo 1); Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Artículo 7); Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (Artículo 3); Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos (Artículo 5) y Carta Árabe de Derechos Humanos (Artículo 13).
15 Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, adoptadas el 30 de agosto de 1955 por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, U.N. Doc. A/CONF/611, annex I, E.S.C. res. 663C, 24 U.N. ESCOR Supp. (No. 1) p. 11, ONU. Doc. E/3048 (1957), enmendado E.S.C. res. 2076, 62 U.N. ESCOR Supp. (No. 1) p. 35, U.N. Doc E/5988 (1977). La Regla 31 prevé específicamente que “[l]as penas corporales, encierro en celda oscura, así como toda sanción cruel, inhumana o degradante quedarán completamente prohibidos como sanciones disciplinarias”.
16Cfr. Caso Lori Berenson Mejía, supra nota 10, párr. 100; Caso De la Cruz Flores. Sentencia de 18 de noviembre de 2004. Serie C No. 115, párr. 125; y Caso Tibi, Sentencia de 7 de septiembre de 2004. Serie C No. 114, párr. 143.
17 “Cuestión de los Derechos Humanos de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, y en particular: la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”. Informe del Relator Especial, Sr. Nigel S. Rodley, presentado de conformidad con la resolución 1995/37 B de la Comisión de Derechos Humanos, 10 de enero de 1997, E/CN.4/1997/7.
18 Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (en adelante “Comité de Derechos Humanos”). Observación general Nº 20, Artículo 7 (44º sesión, 1992), Compilación de los Comentarios Generales y Recomendaciones Generales adoptadas por los Instrumentos de Derechos Humanos, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev. 1 a 14 (1994), párr. 5; y Comité de Derechos Humanos. Observación general Nº 21, Artículo 10 (44º sesión, 1992), Compilación de los Comentarios Generales y Recomendaciones Generales adoptadas por los Instrumentos de Derechos Humanos, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev. 1 a 14 (1994), párr. 3.
 Comité de Derechos Humanos. Examen de los informes presentados por los estados partes de conformidad con el artículo 40 del Pacto. Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos: Trinidad y Tobago. 17ª sesión, 3 de noviembre de 2000, CCPR/CO/70/TTO, párr. 13.
 George Osbourne v. Jamaica, Comunicación No. 759/1997, Informe del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 13 de abril de 2000, CCPR/C/68/D/759/1997, párr. 9.1. Ver también Comité de Derechos Humanos. Boodlal Sooklal v. Trinidad and Tobago, Comunicación No. 928/2000, Informe del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 8 de noviembre de 2001, CCPR/C/73/928/2000, párr. 4.6; y Matthews v. Trinidad and Tobago (569/1993), Informe del Comité de Derechos Humanos, 29 de mayo de 1998, CCPR/C/62/D/569/1993, párr. 7.2.
21 Eur. Court. H.R., Tyrer v. United Kingdom, (5856/72), Judgment of April 25, 1978, Series A, No. 26, párr. 33. (traducción libre de la Secretaría) En el caso de A v. United Kingdom, la Corte Europea determinó de forma similar que la golpiza de un niño de 9 años con una vara de jardín, que fue aplicada con una fuerza considerable en más de una ocasión, constituía una violación del artículo 3 de la Convención Europea (Eur. Court. H.R., A v. United Kingdom, (100/1997/884/1096), Judgment of September 23, 1998). Por su parte, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes ha especificado que las leyes domésticas que prevén un castigo corporal se encuentran en “contradicción flagrante con las Reglas Europeas sobre Prisiones, y generalmente muy anticuadas” o son “claramente inaceptables por los estándares actuales”. (Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes, Report to the Maltese Government on the visit to Malta (CPT) from July 1 to 19, 1990, October 1, 1992, CPT/Inf (92) 5, at 16 and 23).
22 Con respecto a las normas aplicables en los conflictos armados internacionales, la Tercera Convención de Ginebra de 12 de agosto de 1949 relativa al tratamiento de prisioneros de guerra, 75 U.N.T.S. 135, en vigor el 21 de octubre de 1950, artículos 87.3, 89 y 108. La Cuarta Convención de Ginebra de 12 de agosto de 1949 relativa al tratamiento de prisioneros de guerra, 75 U.N.T.S. 135, en vigor el 21 de octubre de 1950, artículo 32, 118 y 119. De forma más general, el artículo 75 del Protocolo Adicional I de la Convención de Ginebra establece que el castigo corporal es y debe permanecer prohibido en cualquier momento y en cualquier lugar, ya sea cometido por civiles o por agentes militares (Protocolo Adicional I de la Convención de Ginebra relativa a la Protección de Víctimas de Conflictos Internacionales Armados, 1125 U.N.T.S. 3, en vigor el 7 de diciembre de 1978, artículo 75.2b). Ver también artículo 11.4. En el caso de los conflictos armados de carácter no internacional, el artículo 4 del Protocolo Adicional II de la Convención de Ginebra prohíbe los castigos corporales en cualquier momento y lugar. (Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados de carácter no internacional. 8 de junio de 1977).
23 Ejemplos de los cambios legislativos recientes: Abolition of Corporal Punishment Ordinance 1998 (Anguilla), Corporal Punishment (Abolition) Act 2000 (Islas Vírgenes Británicas), Prisons (Amendment) Law 1998 (Islas Caimán), the Criminal Law (Amendment) Act (Act No 5 of 2003) (Kenya), the Punishment of Whipping Act 1996 (Pakistán) (pero aún permitido para crímenes de “Hadood”), y Abolition of Corporal Punishment Act 1997 (Sudáfrica).
24 Cfr. State v. Ncube 1987 (2) ZLR 246 (SC); 1988 (2) SA 702 (Zimbabwe Supreme Court); Court of First Instance of the Netherlands Antilles, citado por el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes, Report to the Government of the Netherlands on the visit to the Netherlands Antilles from 7 to 11 December 1997, December 10, 1998, CPT/Inf (98)17 [Part 1], at 10; and Hope v. Pelzer, 122 S. Ct. 2508, No. 01-309, Supreme Court of the United States of America 122 S. Ct. 2508; Gates v. Collier 501 F. 2d 1292 at 1306 (5th Cir.); Ex parte Attorney General of Namibia, In re Corporal Punishment by Organs of the State, 1991 (3) SA 76 (Namibia Supreme Court), at 95F; State v. Williams and Others, 1995 (3) SA 632 (South Africa Constitutional Court), párr. 11; Simon Kyamanywa v. Uganda, Constitutional Reference No. 10/2000, 1 December 2001 (Constitutional Court of Uganda); Naushad Ali v. State, Criminal Appeal No. HAA 0083/2001L, March 21, 2002 (Fiji High Court); y John Banda v. The People, HPA/6/1998 (High Court of Zambia).
25 Cfr. Eur. Court H.R., Ireland v. United Kingdom, No. 25 (1979-1980), Judgment of January 18, 1978, párrs. 162-163.
26 ICTFY, Prosecutor v. Delalic et al. (Celebici case), Case No. IT-96-21-T, Judgment of November 16, 1998, párr. 552. Ver también Prosecutor v. Kunarac, Kovac and Vukovic, Case No. IT-96-23-T and IT-96-23/1-T, Judgment of February 22, 2001, párr. 514; Prosecutor v. Blaskic, Case No. IT-45-14-T, Judgment of March 3, 2000, párr. 186; y Prosecutor v. Jelesic, Case No. IT-95-10-T, Judgment of December 14, 1999, párr. 41.
27 Cfr. Caso Loayza Tamayo. Sentencia de 17 de septiembre de 1997. Serie C No. 33, párr. 57. Ver también, Case of Ireland v. the United Kingdom, supra nota 25, párr. 167.
 Cfr. Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri, Sentencia de 8 de julio de 2004, Serie C No. 110, párr. 112; Caso Maritza Urrutia. Sentencia de 27 de noviembre de 2003, Serie C No. 103, párr. 92; y Caso Cantoral Benavides. Sentencia de 18 de agosto de 2000. Serie C No. 69, párrs. 102 y 103.
 Cfr., en el mismo sentido, Tyrer v. United Kingdom, supra nota 21. En el mismo sentido, el Relator Especial de Tortura de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (supra nota 17) ha manifestado que “las "sanciones legítimas" debe referirse necesariamente a las sanciones que constituyen prácticas ampliamente aceptadas como legítimas por la comunidad internacional, por ejemplo la prisión como forma de privación de la libertad, que es un elemento común a casi todos los sistemas penales. […] Por el contrario, el Relator Especial no puede aceptar el concepto de que la imposición de castigos como la lapidación, los azotes y la amputación […] se consideren lícitos sólo porque el castigo está legítimamente autorizado desde el punto de vista del procedimiento, es decir mediante la promulgación de leyes o normas administrativas o una orden judicial. Aceptar esta opinión equivaldría a aceptar que cualquier castigo físico, por muy torturante y cruel que sea, puede considerarse legítimo en la medida en que haya sido debidamente autorizado en virtud de la legislación interna de un Estado. Después de todo, el castigo es uno de los fines prohibidos de la tortura. […] Sin duda alguna, los castigos crueles, inhumanos o degradantes son, pues, ilegales por definición; por ello, no pueden de ninguna manera constituir "sanciones legítimas" en el sentido del artículo 1 de la Convención contra la Tortura.”
30 Declaración testimonial rendida por el señor Winston Caesar ante fedatario público el 23 de octubre de 2002 (expediente de anexos a la demanda de la Comisión, anexo 4).
31 Declaración testimonial rendida por el señor Winston Caesar ante fedatario público, supra nota 30.
32 Cfr. Trinidad and Tobago's Prison Rules (West Indian Prisons Act of 1838 (q & 2 Vict. C67).
33Cfr. Principios de ética médica aplicables a la función del personal de salud, especialmente los médicos, en la protección de personas presas y detenidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, G.A. Res.37/194, annex, 37 U.N. GAOR Sup. (No. 51) at 211, U.N. Doc. A/37/51 (1982).
34 Cfr. Caso Castillo Petruzzi y otros. Sentencia de 30 de mayo de 1999. Serie C No. 52, párr. 90; Caso de la ”Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros). Sentencia de 8 de marzo de 1998, Serie C No. 37, párr. 71; y Caso Suárez Rosero, Sentencia de 12 de noviembre de 1997. Serie C No. 35, párr. 37.
35 En el caso Tyrer v. United Kingdom (supra nota 21) la Corte Europea resaltó que “la legislación relevante prevé que en cualquier caso el azotamiento no debe llevarse a cabo después de los seis meses de emitida la sentencia. Sin embargo, esto no altera el hecho que haya habido un intervalo de varias semanas desde que la corte juvenil condenara al peticionario y una demora considerable en la estación policial donde el castigo fue llevado a cabo. En consecuencia, aunado al dolor físico que experimentó, el señor Tyrer fue sometido a la angustia mental de anticipar la violencia a la que iba a ser sometido” (traducción libre de la Secretaría).
36 Cfr. Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros, supra nota 7, párr. 113.
37 Cfr. Caso Lori Berenson Mejía, supra nota 10, párr. 102; Caso Tibi, supra nota 16, parr 150; y Caso “Instituto de Reeducación del Menor”, Sentencia de 2 de septiembre de 2004, Serie C, No. 112, párr. 151. Ver también ONU. Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, Adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955, y aprobadas por el E.S.C. res. 663C (XXIV) de 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) de 13 de mayo de 1977, Reglas 10 y 11.
38 Cfr. Caso Tibi, supra nota 16, párr. 129; Caso “Instituto de Reeducación del Menor”, supra nota 37, párr. 152; y Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri, supra nota 28, párr. 98.
39 Cfr. Caso Lori Berenson Mejía, supra nota 10, párr. 102; Caso Tibi, supra nota 16, parr 150; y Caso “Instituto de Reeducación del Menor”, supra nota 37, párr. 153.
 Cfr. Caso Hilaire, Constantine, Benjamin y otros, supra nota 7, párrs. 169 y 170.
41Cfr. Caso de las Hermanas Serrano Cruz. Excepciones Preliminares, supra nota 4, párrs. 60, 61 y 64; Caso Alfonso Martín del Campo Dodd. Excepciones Preliminares, supra nota 4, párr. 68; y Caso Cantos. Excepciones Preliminares. Sentencia de 7 de septiembre de 2001. Serie C No. 85, párr. 35.
42 Cfr. Caso Alfonso Martín del Campo Dodd. Excepciones Preliminares, supra nota 4, párrs. 79 a 84.
43 Cfr. Eur. Court H.R., Kudla v. Poland, Grand Chamber, (30210/96), Judgment of October 26, 2000, párrs. 102 y 103 y 119 - 123; Humen v. Poland, (26614/95), Judgment of October 15, 1999, párrs. 58-59. Ver también Ilaşcu v. Moldova and Russia, Grand Chamber, (48787/99), Judgment of July 8, 2004, párrs. 395-400.
44 Declaración pericial rendida por el señor Desmund Allum ante fedatario público el 26 de octubre de 2004 (anexos al expediente de fondo y las eventuales reparaciones y costas).
45 Prince Pinder v. The Queen, Privy Council Appeal No. 40/2001 (Bahamas), September 23, 2002, [2003] 1 AC 620, párr. 5.
46Cfr. Caso Lori Berenson Mejía, supra nota 10, párr. 230; Caso Carpio Nicolle y otros, supra nota 10, párr. 85; y Caso De la Cruz Flores, supra nota 16, párr. 138.
47Cfr. Caso Carpio Nicolle y otros, supra nota 10, párr. 86; Caso Masacre Plan de Sánchez. Reparaciones, supra nota 10, párr. 52; y Caso de la Cruz Flores, supra nota 16, párr. 139.
48Cfr. Caso Carpio Nicolle y otros, supra nota 10, párr. 87; Caso Masacre Plan de Sánchez. Reparaciones, supra nota 10, párr. 53; y Caso Tibi supra nota 16, párr. 224.
49Cfr. Caso Lori Berenson Mejía, supra nota 10, párr. 231; Caso Carpio Nicolle y otros, supra nota 10, párr. 87; y Caso De la Cruz Flores, supra nota 16, párr. 140.
50 Cfr. Caso Carpio Nicolle y otros, supra nota 10, párr. 89; Caso Tibi, supra nota 16, párr. 225; y Caso “Instituto de Reeducación del Menor”, supra nota 37, párr. 261.
51Cfr. Caso Masacre Plan de Sánchez. Reparaciones, supra nota 10, párr. 80; Caso De la Cruz Flores, supra nota 16, párr. 155; y Caso Tibi, supra nota 16, párr. 242.
52 Cfr. Caso Lori Berenson Mejía, supra nota 10, párr. 235; Caso Carpio Nicolle y otros, supra nota 10, párr. 177; y Caso Masacre Plan de Sánchez. Reparaciones, supra nota 10, párr. 81.
53Cfr. Caso De la Cruz Flores, supra nota 10, párr. 164; Caso Masacre Plan de Sánchez. Reparaciones, supra nota 10, párr. 52; y Caso “Instituto de Reeducación del Menor”, supra nota 37, párr. 310.
54 Cfr. Caso Lori Berenson Mejía, supra nota 10, párr. 238; Caso Masacre Plan de Sánchez. Reparaciones, supra nota 10, párrs. 106 y 107; y Caso De la Cruz Flores, supra nota 16, párr. 168.
55 Cfr. Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros, supra nota 7, párr. 152.c).
56 Cfr. Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros, supra nota 7, párr. 217.
57. Cf. Maarten Bos, "Theory and Practice of Treaty Interpretation", 27 Netherlands International Law Review (1980) pp. 3-38 and 135-170; W. Lang, "Les règles d'interprétation codifiées par la Convention de Vienne sur le Droit des Traités et les divers types de traités", 24 Österreichische Zeitschrift für öffentliches Recht (1973) pp. 113-173; C.H. Schreuer, "The Interpretation of Treaties by International Courts", 45 British Year Book of International Law (1971) pp. 255-301; Ch. de Visscher, Problèmes d'interprétation judiciaire en Droit international public, Paris, Pédone, 1963, pp. 9-264.
58. M.K. Yasseen, "L'interprétation des traités d'après la Convention de Vienne sur le Droit des Traités", 151 Recueil des Cours de l'Académie de Droit International de La Haye (1976) p. 74; J.B. Acosta Estévez and A. Espaliat Larson, La Interpretación en el Derecho Internacional Público y Derecho Comunitario Europeo, Barcelona, PPU, 1990, p. 105, and cf. pp. 105-107.
59. A.A. Cançado Trindade, "The Interpretation of the International Law of Human Rights by the Two Regional Human Rights Courts, in Contemporary International Law Issues: Conflicts and Convergence (Proceedings of the III Joint Conference ASIL/Asser Instituut, The Hague, July 1995), The Hague, Asser Instituut, 1996, pp. 157-162 and 166-167.
60. A.A. Cançado Trindade, "Le développement du Droit international des droits de l'homme à travers l'activité et la jurisprudence des Cours Européenne et Interaméricaine des Droits de l'Homme" (Discours du Président de la Cour Interaméricaine des Droits de l'Homme), in CourEDH, Cour Européenne des Droits de l'Homme - Rapport annuel 2003, Strasbourg, CourEDH, 2004, pp. 41-50.
61. IACtHR, Blake versus Guatemala case (Reparations), Judgment of 22.01.1999, Series C, n. 48, Separate Opinion of Judge A.A. Cançado Trindade, pp. 52-53, par. 33, and cf. pars. 32-34.
62. E.g., cases Tyrer versus United Kingdom (1978), Airey versus Ireland (1979), Marckx versus Belgium (1979), Dudgeon versus United Kingdom (1981), among others.
63. Cf., in this sense, the obiter dicta in: Inter-American Court of Human Rights (IACtHR), Advisory Opinion OC-10/89, on the Interpretation of the American Declaration on the Rights and Duties of Man in the Framework of Article 64 of the American Convention on Human Rights, of 14.07.1989, pars. 37-38; IACtHR, Advisory Opinion OC-16/99, on the Right to Information on Consular Assistance in the Framework of the Guarantees of the Due Process of Law, of 01.10.1999, pars. 114-115, and Concurring Opinion of Judge A.A. Cançado Trindade, pars. 9-11; IACtHR, case of the "Street Children" (Villagrán Morales and Others versus Guatemala), Judgment (on the merits) of 19.11.1999, pars. 193-194; IACtHR, case Cantoral Benavides versus Peru, Judgment (on the merits) of 18.08.2000, pars. 99 and 102-103; IACtHR, case Bámaca Velásquez versus Guatemala, Judgment (on the merits) of 25.11.2000, Individual Opinion of Judge A.A. Cançado Trindade, pars. 34-38; IACtHR, case of the Community Mayagna (Sumo) Awas Tingni versus Nicaragua, Judgment (on the merits and reparations) of 31.08.2001, pars. 148-149; IACtHR, case Bámaca Velásquez versus Guatemala, Judgment (on reparations) of 22.02.2002, Individual Opinion of Judge A.A. Cançado Trindade, par. 3.
64. For example, in its judgments in the Wemhoff (1968), Belgian Linguistics (1968), Golder (1975), Ireland versus United Kingdom (1978) and Soering (1989) cases, among others.
65. ECtHR, Loizidou versus Turkey case (preliminary objections, Judgment of 23.03.1995, par. 75.
66. IACtHR, Advisory Opinions n. 1, on "Other Treaties" Subject to the Advisory Jurisdiction of the Court (1982), and n. 3, on Restrictions to the Death Penalty (1983), among others.
67. E.g., inter alia, IACtHR, Advisory Opinion n. 2, on Effect of Reservations on the Entry into Force of the American Convention (1982).
68. Cf., e.g., IACtHR, Advisory Opinion n. 4, on the Proposed Amendments to the Naturalization Provisions of the Constitution of Costa Rica (1984).
69. Thus, in its judgment in the Golder case (1975), the European Court of Human Rights clearly stated that there was no room for implied limitations (limitations implicites); the view has ever since prevailed that the only limitations or restrictions permissible are those for which the human rights treaty itself makes express provision. The obiter dicta of the Inter-American Court of Human Rights in its seventh Advisory Opinion, on the Enforceability of the Right to Reply or Correction (1986) reinforce the necessarily restrictive interpretation of restrictions to the exercise of rights recognised in human rights treaties.
70. Cf. A.A. Cançado Trindade, "Co-existence and Co-ordination of Mechanisms of International Protection of Human Rights (At Global and Regional Levels)", 202 Recueil des Cours de l'Académie de Droit International de La Haye (1987) p. 401.
71. Cf., e.g., IACtHR, Advisory Opinion n. 11, on Exceptions to the Exhaustion of Domestic Remedies