Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/auto-2015-00129-de-julio-17-de-2015?documento=jurcol&contexto=jurcol_be772389dcc9480091df9736bac10d9d&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-01-17 18:08:18
Document Index: 278919921

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 1', 'ARTÍCULO 1', 'ARTÍCULO 333', 'artículo 229', 'artículo 231', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 231', 'artículo 1', 'artículo 333', 'artículo 29', 'artículo 5']

﻿ Auto 2015-00129 de julio 17 de 2015
AUTO 2015-00129 DE 17 DE JULIO DE 2015
CONTENIDO:APLICABILIDAD DE PROCEDIMIENTO PARA CALCULAR INGRESO AL PRODUCTOR DE GASOLINA MOTOR CORRIENTE. ANTE SOLICITUD DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE PROCEDIMIENTO PARA EL CÁLCULO DEL INGRESO AL PRODUCTOR DE LA GASOLINA MOTOR CORRIENTE, SE NIEGA LA MEDIDA CAUTELAR Y SE DETERMINA QUE EL PROCEDIMIENTO FIJADO POR EL MINISTERIO DE MINAS EN EL ARTÍCULO 1º (PARÁGRAFO) DE LA RESOLUCIÓN 181602 DEL 2011 NO VULNERA LA PROHIBICIÓN DE CELEBRAR ACUERDOS PARA LIMITAR LA PRODUCCIÓN, ABASTECIMIENTO, DISTRIBUCIÓN O CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS, MERCANCÍAS O SERVICIOS NACIONALES O EXTRANJEROS (CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 1º DE LA LEY 155 DE 1959). ADEMÁS SE ACLARA QUE DICHA ACTUACIÓN NO CONFIGURA LOS EFECTOS DE DESTRUCCIÓN DE LOS AHORROS DE LOS CONSUMIDORES QUE, SEGÚN LOS ACTORES, SE EVIDENCIABAN EN LA IMPOSICIÓN ARBITRARIA DE UN TOPE DEL 3 % DE VARIACIÓN MENSUAL DEL PRECIO DE LA GASOLINA, POR LO QUE SE DESCARTA LA VIOLACIÓN DE LA LIBRE COMPETENCIA SALVAGUARDADA POR EL ARTÍCULO 333 DE LA CONSTITUCIÓN.
TEMAS ESPECÍFICOS:MEDIDAS CAUTELARES, MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA, DERECHO A LA LIBERTAD ECONÓMICA, GASOLINA MOTOR, PRECIO DE LA GASOLINA, LIBRE COMPETENCIA
Auto 2015-00129 de julio 17 de 2015
Rad.: 11001 0324 000 2015 00129 00
Actor: Mario Alejandro Valencia Barrera y otro
Bogotá, D. C., diecisiete de julio de dos mil quince.
• El decreto de medidas cautelares no constituye prejuzgamiento. En efecto, con el ánimo de superar los temores y las reservas que siempre acompañaron a los jueces respecto del decreto de la suspensión provisional en vigencia de la legislación anterior, célebre por su escasa efectividad producto de las extremas exigencias que la jurisprudencia le impuso para salvaguardar su imparcialidad, el inciso segundo del artículo 229 CPACA expresamente dispone que “[l]a decisión sobre la medida cautelar no implica prejuzgamiento”. Lo que se busca, entonces, con esta norma, es brindar a los jueces “la tranquilidad de que se trata de mecanismos meramente cautelares, que en nada afectan ni influyen en la decisión final del fondo del asunto sub lite”(2). Una suerte de presunción iure et de iure sobre cómo acceder a la medida no afecta la imparcialidad del juez ni compromete su capacidad de discernimiento ni poder de decisión, que busca además promover la efectividad del nuevo régimen cautelar introducido por la Ley 1437 de 2011. La jurisprudencia ya ha señalado que este enunciado debe ser visto como un límite a la autorización que se otorga al juez para que analice los hechos, las pruebas y los fundamentos del caso, pues es evidente que por tratarse de una primera aproximación al asunto este análisis debe ser apenas preliminar, razón por la cual no puede suponer un examen de fondo o “prejuzgamiento” de la causa(3). La carga de argumentación y probatoria que debe asumir quien solicita la medida cautelar garantiza que el juez tenga suficientes elementos de juicio para emprender esta valoración sin tener que desplegar un esfuerzo analítico propio de la fase final del juicio ni renunciar ni relevarse del examen más profundo que debe preceder a la sentencia.
3.2.4. El CPACA(4) define un conjunto de requisitos para la procedencia de la medida de suspensión provisional —tanto en medios de control de nulidad simple como de nulidad y restablecimiento del derecho— y define de forma general los requerimientos que debe hacer el juez en los demás eventos. En efecto el inciso primero del artículo 231 del CPACA, ordena:
Lógicamente esta regulación especial de la suspensión provisional no puede significar que en los juicios promovidos en ejercicio de los medios de control de nulidad y nulidad y restablecimiento del derecho únicamente resulta procedente esta medida cautelar. Dado el principio general sentado por el código(7) respecto de la posibilidad de decretar las medidas que mejor se ajusten a las particularidades del caso cuando quiera que se cumplan los requisitos previstos para ello se impone entender que la suspensión provisional de un acto administrativo puede verse acompañada de otras medidas previas: sería el caso, por ejemplo, de una de tipo suspensivo de actuación si se está, por hipótesis, frente a la solicitud de suspensión de la licencia ambiental para la construcción de una obra, cuya paralización podrá también requerirse; o de tipo anticipativo si se está, por ejemplo, frente a una reclamación contra un acto que deniega el reconocimiento de un derecho, cuya suspensión se solicita, y se acompaña del pedido de anticipación de reconocimiento provisional del derecho.
4.1. El acto administrativo cuya suspensión se pretende es el parágrafo del artículo 1º de la Resolución 18-1602 del 30 de septiembre de 2011 expedida por el Gobierno Nacional - Ministerio de Minas y Energía, por la cual se establece el procedimiento para el cálculo del ingreso al productor de la gasolina motor corriente.
4.2. Las normas que se consideran infringidas son los artículos 29 y 333 de la Constitución Política, el artículo 1º de la Ley 155 de 1959, los artículos 2º y 51 del Decreto 2153 de 1992 y el Decreto 1302 de 1964, los cuales son del siguiente tenor:
ART. 1º—(Modificado por el art. 1º, D. 3307/63.) Quedan prohibidos los acuerdos o convenios (sic) que directa o indirectamente tengan por objeto limitar la producción, abastecimiento, distribución o consumo de materias primas, productos, mercancías o servicios nacionales o extranjeros, y en general, toda clase de prácticas, procedimientos o sistemas tendientes a limitar la libre competencia y a mantener o determinar precios inequitativos.
PAR.—El Gobierno, sin embargo, podrá autorizar la celebración de acuerdos o convenios que no obstante limitar la libre competencia, tengan por fin defender la estabilidad de un sector básico de la producción de bienes o servicios de interés para la economía general.
1. (Modificado por el art. 3º, L. 1340/2009.) Velar por la observancia de las disposiciones sobre protección de la competencia; atender las reclamaciones o quejas por hechos que pudieren implicar su contravención y dar trámite a aquellas que sean significativas para alcanzar en particular los siguientes propósitos: la libre participación de las empresas en el mercado, el bienestar de los consumidores y la eficiencia económica.
ART. 51.—Integración de empresas. (Modificado por el art. 12, L. 1340/2009.) La autoridad nacional de competencia podrá no objetar una integración empresarial si los interesados demuestran dentro del proceso respectivo, con estudios fundamentados en metodologías de reconocido valor técnico que los efectos benéficos de la operación para los consumidores exceden el posible impacto negativo sobre la competencia y que tales efectos no pueden alcanzarse por otros medios.
PAR. 2º—En desarrollo de la función prevista en el número 21 del artículo 2º del Decreto 2153 de 1992, la autoridad de competencia podrá expedir las instrucciones que especifiquen los elementos que tendrá en cuenta para el análisis y la valoración de los estudios presentados por los interesados”.
4.3. En primer lugar es pertinente aclarar que como quiera que el demandante no especificó cuáles son los artículos del Decreto 1302 de 1964 que considera transgredidos, el despacho no podrá efectuar la confrontación prevista en el artículo 231 del CPACA respecto de esas normas.
En relación con el Decreto 2153 de 1992, no se advierte su vulneración en esta etapa procesal pues se trata de una norma por la cual se reestructura la Superintendencia de Industria y Comercio y se dictan otras disposiciones. Los artículos 2º y 51 se refieren específicamente a las funciones y facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio, las cuales en principio no tendrían por que verse vulneradas con la expedición de un acto administrativo del Ministerio de Minas y Energía que no hace referencia a ese organismo de inspección y vigilancia.
Sobre la transgresión del artículo 1º de la Ley 155 de 1959 el despacho observa que de la lectura del acto acusado no se advierte la configuración de ninguna de las conductas que allí se prohíben, sino la definición de la metodología para el cálculo del ingreso al productor de la gasolina motor corriente. Adicionalmente, los actores fundamentan su cargo en el argumento de que el tope del 3% destruye los ahorros de los consumidores y genera costos que merman la competitividad, lo cual no se encuentra acreditado en forma alguna para los efectos de esta providencia y en esa medida se descarta también la posible vulneración del artículo 333 de la Constitución Política, sin perjuicio de las consideraciones que deban efectuarse en la sentencia que ponga fin al proceso.
Finalmente y en relación con el artículo 29 de la Constitución Política, en este momento procesal no se advierte su vulneración pues dentro de los fundamentos del acto acusado se encuentra el artículo 5º numeral 19 del Decreto 70 de 2001, que confiere al Ministro de Minas y Energía la función de fijar los precios de los productos derivados del petróleo a lo largo de toda la cadena de producción y distribución, con excepción del gas licuado del petróleo. En esa medida, no se advierte en principio que la demandada haya incurrido en una arbitrariedad al establecer el tope de variación del precio de la gasolina, pues dicha actuación encuentra sustento en la norma anteriormente referida.
4.4. Visto el contenido de la solicitud de suspensión provisional, su contestación, y una vez confrontada la disposición demandada con las normas que se invocan como fundamento de dicha petición, se llega a la conclusión de que no hay razón que amerite suspender de forma provisional los efectos de la norma demanda.
(3) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, auto del 31 de julio de 2013, Radicado 110010324000 2013 00018 00. C. P. Guillermo Vargas Ayala.
(5) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, auto del 31 de julio de 2013, Radicado 110010324000 2013 00018 00. C. P. Guillermo Vargas Ayala.
(6) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, auto del 3 de diciembre de 2012, Radicado 11001-03-24-000-2012-00290-00. C. P. Guillermo Vargas Ayala.