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Timestamp: 2017-05-29 15:20:19
Document Index: 114230420

Matched Legal Cases: ['artículo 24', 'artículo 384', 'artículo 384', 'in dubio', 'artículo 24', 'artículo 24', 'artículo 741', 'artículo 24']

Sentencia Penal Nº 170/2011, AP - Las Palmas, Sec. 1, Rec 4/2011, 25-05-2011 | Iberley
InicioJurisprudencia PenalAP - Las Palmas2011Parramon i Bregolat, Miquel AngelDesestimaSentencia170/20114/2011
Sentencia Penal Nº 170/2011, Audiencia Provincial de Las Palmas, Sección 1, Rec 4/2011 de 25 de Mayo de 2011
Jurisprudencia Sentencia Penal Nº 70/2012, AP - Las Palmas, Sec. 1, Rec 164/2011, 25-03-2012 Órden: Penal
Num. Recurso: 164/2011
PRIMERO: La pretensión impugnatoria actuada por la defensa del acusado D.
Mateo contra la sentencia condenatoria se basa en los motivos de error en la valoración de la prueba y vulneración del derecho a la presunción de inocencia establecido por el
artículo 24 de la Constitución Espanola, alegando en síntesis el recurrente que de la prueba practicada en el acto del juicio no se desprenden evidencias incriminatorias suficientes de la autoría del apelante en los hechos que se le imputan,... Sentencia Penal Nº 25/2013, AP - Las Palmas, Sec. 1, Rec 267/2011, 21-01-2013 Órden: Penal
Num. Sentencia: 25/2013
Num. Recurso: 267/2011
Victoriano contra la sentencia condenatoria se basa en los siguientes motivos invocados por el apelante:
1º.- . La vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva por falta de motivación en la sentencia condenatoria por no pormenorizar todos y cada uno de los puntos debatidos y por no especificar en base a que prueba llega a la conclusión para declarar probados los hechos por los que se le condena.
2º.- El de... Sentencia Penal Nº 133/2014, AP - Badajoz, Sec. 3, Rec 60/2014, 06-05-2014 Órden: Penal
Bobadilla Gonzalez, Jose Antonio
HURTO (CONDUCTAS VARIAS)
Sentencia Penal Nº 523/2015, AP - Leon, Sec. 3, Rec 771/2015, 12-11-2015 Órden: Penal
Num. Sentencia: 523/2015
Num. Recurso: 771/2015
Sentencia Penal Nº 106/2013, AP - Murcia, Sec. 5, Rec 2/2013, 09-04-2013 Órden: Penal
El término juicio oral se refiere, tanto a una fase concreta del proceso (Libro III de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), que se refiere a los escritos de calificación provisional, artículos de previo pronunciamiento y prueba anticipada, como al juicio oral en sentido estricto, a través del cual, teniendo en cuenta los principios de inmediación, publicidad y contradicción, se practicarán las pruebas propuestas por las partes y admitidas por el Tribunal con base en las cuales se dictará ... Los medios de impugnación en el orden penal Órden: Penal
De lo anteriormente expuesto, pueden extraerse una serie de características del procesamiento que, en síntesi... Fases del proceso de prueba en el juicio ordinario y verbal Órden: Civil
Recurso... Recurso de apelación en materia de accidentes de circulación Fecha última revisión: 12/05/2016 NOTA: Son apelables las sentencias dictadas en toda clase de juicio, los autos definitivos y aquéllos otros que la ley expresamente señale, con excepción de las sentencias dictadas en los juicios verbales por razón de la cuantía cuando ésta no supere los 3.000 euros.
2.° Las Audiencias Provinciales, cuando las resol... Recurso de apelación por error en la apreciación de la prueba Fecha última revisión: 16/03/2016 NOTA: Según el art. 846 bis) LECrim: "Pueden interponer el recurso tanto el Ministerio Fiscal como el condenado y las demás partes, dentro de los diez días siguientes a la última notificación de la sentencia.
La parte que no haya apelado en el plazo indicado podrá formular apelación en e... Escrito al Juzgado de lo Social proponiendo la práctica de prueba Fecha última revisión: 02/05/2016 NOTA: Las partes, previa justificación de la utilidad y pertinencia de las diligencias que propuestas, podrán servirse de cuantos medios de prueba se encuentren regulados en la Ley para acreditar los hechos controvertidos o necesitados de prueba, incluidos los procedimientos de reproducción de la palabra, de la imagen y del sonido o de archivo y reproducción de datos, que deberán ser aportados por medio de soporte adecuado y poniendo a disposición del órgano jurisdiccional los medios ... Ver más documentos relacionados
Mientras uno de los administradores acompañaba al funcionario a la visita por el centro, el otro administrador conduce a cuatro de los trabajadores a la sala contigua procediendo posteriormente a ab... Caso práctico: La tipicidad del artículo 384.2 del Código Penal respecto a permisos de conducir extranjeros Fecha última revisión: 16/12/2014 La tipicidad del artículo 384.2 del Código Penal respecto a permisos de conducir extranjeros En la sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Nº Recurso: 20445/2012, del 20-06-2013, (TS, Sala de lo Penal, nº 507/2013, de 20/06/2013, Rec. 20445/2012) se resolvió un recurso de revisión contra una sentencia condenatoria por la comisión del delito tipificado en el 384.2 ,CP, por “nunca haber estado en posesión del Permiso de Conducción”.
Tras haberse dictado esta sentencia c... Análisis STS Nº 91/2015, rec. 531/2013, de fecha 26/02/2015, sobre resolución de precontrato de opción de compra Fecha última revisión: 07/02/2013 RESUMEN
La Sala desestima el recurso extraordinario por infracción procesal, y el recurso de casación. Considera que la recurrente no ha acreditado la existencia de error patente en la valoración de la prueba, ni existe problema de falta de prueba. Considera que no se ha infringido el art. 1124 del Código Civil, sino que se ha aplicado plenamente, por cuanto que la sentencia impugnada declaró la esencialidad, tanto en sentido físico como jurídico de estar previsto en el contrato que las f... Caso práctico: La nueva regulación de los expedientes para reanudación del tracto sucesivo Fecha última revisión: 24/11/2015 RESUMEN
La Ley 13/2015, de 24 de junio, de Reforma de la Ley Hipotecaria (en vigor desde el 1 de noviembre de 2015) responde, de la misma forma que hizo la Ley de Jurisdicción Voluntaria, al principio de desjudicialización. Este principio se cristaliza en la modificación de los artículos 198-210 de la Ley Hipotecaria “eliminando la intervención de los órganos judiciales sin merma alguna de los derechos de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva” y atribuyendo a los notarios la ... Ver más documentos relacionados
R.G. 7907/1997, R.B. 00/09... Resolución de TEAF Navarra, 030285, 08-09-2005 Órgano: Tribunal Economico Administrativo Comunidad Foral De Navarra
En la villa de Madrid, a 14 de septiembre de 2006 este Tribunal Económico-Administrativo Central, en Sala, ha visto la reclamación económico-administrativa, en única instancia, promovida por Doña ..., en nombre y representación X, ESPAÑA, S.A. con domicilio a efectos de notificaciones en ..., contra acuerdo de imposición de sanción dictado por el Inspector Jefe Adjunto Jefe de la ONI (...) el 30 de noviembre de 2004, en materia del Impuesto sobre la Ren... Resolución de TEAC, 00/4999/2000, 08-03-2001 Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central
I. ANTECEDENTES DE HECHOPRIMERO: Dª, solicitó en 17 de diciembre de 1999, pensión en aplicación del Título II de la Ley 37/84, como viuda de D. , Sargento del Ejército de la República durante la Guerra Civil, acompañando certificación de nacimiento a nombre de D. , certi... Ver más documentos relacionados
Núm. Sentencia: 170/2011 Núm. Recurso: 4/2011
Núm. Cendoj: 35016370012011100367
Encabezamiento SENTENCIA Iltmos. Sres. PRESIDENTE: D. MIQUEL ANGEL PARRAMON I BREGOLAT MAGISTRADOS: D. PEDRO JOAQUIN HERRERA I PUENTES D.a INOCENCIA EUGENIA CABELLO I DIAZ En Las Palmas de Gran Canaria, a 25/5/2011 Vistos en grado de apelación ante esta Audiencia Provincial, Sección Primera, los presentes autos de Procedimiento de Juicio Rápido no 55/2010, procedentes del Juzgado de lo Penal núm. 1 de Las Palmas por un delito de robo con fuerza en las cosas, contra D.
Luis Andrés ; siendo parte el Ministerio Fiscal y pendientes ante esta Sala en virtud del recurso de apelación interpuesto por la representación del acusado referido contra la
sentencia dictada por el Juzgado con fecha 8/11/2010 , habiendo sido designado ponente el magistrado de esta Sala D. MIQUEL ANGEL PARRAMON I BREGOLAT.
Antecedentes PRIMERO: En dicha sentencia se condena al referido D.
Luis Andrés , como autor responsable de un delito de robo con fuerza, en casa habitada, previsto y penado en los
artículos 237, 238-2, 241-1 y 16 del Código Penal , en grado de tentativa, sin que concurran circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal a las pena de 1 ano y 3 meses de prisión, con inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo por igual tiempo; y, al pago de las costas procesales.
SEGUNDO: Contra la mencionada sentencia se interpuso recurso de apelación por la representación del acusado D.
Luis Andrés con las alegaciones que constan en el escrito de formalización, sin solicitar nuevas pruebas, que fue admitido en ambos efectos, y del mismo se dio traslado a las partes personadas, oponiéndose el Ministerio Fiscal a la estimación del recurso.
TERCERO: Remitidos los autos a esta Audiencia, y no estimándose necesario la celebración de vista, quedaron los mismos pendientes para sentencia. Se aceptan íntegramente los hechos probados de la sentencia recurrida.
Luis Andrés contra la sentencia condenatoria se basa en los motivos de error en la valoración de la prueba e infracción de normas del ordenamiento jurídico por vulneración del derecho a la presunción de inocencia y del principio de "in dubio por reo" del
artículo 24 de la Constitución Espanola.
SEGUNDO: Cuando la cuestión debatida por la vía del recurso de apelación - como en el presente caso - es la valoración de la prueba llevada a cabo por el Juez "a quo" en uso de las facultades que le confieren los artículos 741 y 973 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y sobre la base de la actividad desarrollada en el juicio, debe partirse, por regla general, de la singular autoridad de la que goza la apreciación probatoria realizada por el Juez ante el que se ha celebrado el juicio, núcleo del proceso penal y en el que adquieren plena efectividad los principios de inmediación, contradicción y oralidad, a través de los cuales se satisface la exigencia
constitucional de que los acusados sean sometidos a un proceso público con todas las garantías (artículo 24 de la Constitución), pudiendo el juzgador de instancia, desde su privilegiada posición, intervenir de modo directo en la actividad probatoria y apreciar personalmente sus resultados, así como la forma de expresarse y conducirse las personas que en él declaran (acusados y testigos) en su narración de los hechos y la razón del conocimiento de estos, ventajas de las que, en cambio, carece el Tribunal llamado a revisar dicha valoración en segunda instancia.
De ahí que el uso que haya hecho el Juez de su facultad de libre apreciación en conciencia de las pruebas practicadas en el juicio ( reconocida en el
artículo 741 citado ) y plenamente compatible con el derecho a la presunción de inocencia y a la tutela judicial efectiva, siempre que tal proceso valorativo se motive o razone adecuadamente en la sentencia, únicamente debe ser rectificado, bien cuando un ponderado y detenido examen de las actuaciones ponga de relieve un manifiesto y claro error del juzgador "a quo" de tal magnitud y diafanidad que haga necesaria, con criterios objetivos y sin en el riesgo de incurrir en discutibles y subjetivas interpretaciones del componente probatorio existente en los autos, una modificación de la realidad fáctica establecida en la resolución apelada.
Más concretamente, la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha venido exigiendo, a fin de acoger el error en la apreciación de las pruebas, que exista en la narración descriptiva supuestos inexactos, que el error sea evidente, notorio y de importancia, que haya existido en la prueba un error de significación suficiente para modificar el sentido del fallo. TERCERO: Así planteados los términos del debate, esta Sala asume y hace suyos los irreprochables argumentos de la sentencia atacada y comparte totalmente la conclusión probatoria de la juzgadora de instancia, la cual no solo no resulta gratuita, artificial o caprichosa, sino que se estima completamente racional y fundada en virtud del acerbo probatorio dimanante del juicio oral. La defensa pretende sustituir la imparcial e independiente apreciación probatoria de la juez "a quo" por su particular, subjetiva e interesada versión de los hechos, lo que no deja de ser perfectamente legítimo y comprensible, pero obviamente no puede prosperar a la vista de la inconsistencia y endeblez de sus argumentos de descargo, que no logran contrarrestar la solidez y buen juicio de los fundamentos y evidencias incriminatorias que la sentencia apelada esgrime contra el acusado. La sentencia condenatoria da por cumplidamente acreditado que el inculpado es el autor material de un delito de robo con fuerza en casa habitada, en grado de tentativa, en base sobretodo al testimonio incriminatorio de D.
Alejandro , propietario de la vivienda sita en el Paseo
DIRECCION000 , k/m
NUM000 de la localidad de Arucas, donde ocurrieron los hechos y en la que entró el acusado luego de serrar los barrotes exteriores de la ventana de la cocina por donde se introdujo.
Y no aprecia esta Sala motivo alguno para revisar la convicción probatoria de la sentencia recurrida y la decisión de conceder especial relevancia probatoria al testimonio referido, partiendo de la inmediación y facilidad de percepción que por definición tiene la juzgadora de instancia para evaluar la credibilidad y fiabilidad del mismo, desde su posición de privilegio derivada del propio juicio oral donde se practica la prueba. Sin que por lo demás, se observe en el testimonio referido ni motivos espurios, ni mayores contradicciones, ambigüedades o renuncios destacables en su declaración que desmerezcan o desacrediten razonablemente la relevacia probatoria que pueda merecer. Pues bien, en el acto del juicio el testigo referido manifiesta, con toda rotundidad y sin ningún género de duda razonable, que vió perfecta y claramente al acusado, al que conoce de vista, dentro de su casa, con lo que la identificación del mismo como autor de la tentativa de apoderamiento viene prudentemente demostrada. Como también compartimos que al órgano sentenciador no le merezcan ninguna confianza los alegatos de descargo esgrimidos por el apelante respecto de que no estaba dentro de la casa, sino del terreno, ya que las explicaciones ofrecidas sobre este particular no resultan mínimamente satisfactorias, cuando no completamente inverosimiles. Luego y concluyendo, a la vista de la testifical referida y demás prueba practicada, se estima que ningún error se cometió en la instancia al examinar y valorar la misma, habiendo quedado desvirtuado el derecho a la presunción " iuris tantum " de inocencia que con rango fundamental se consagra en el
artículo 24 de la Constitución Espanola, pues se practicó cumplida prueba de cargo, de claro e inequívoco contenido incriminatorio, con pleno respeto a los principios de contradicción y defensa que rigen en el proceso penal, no siendo dicha valoración de la prueba irracional o arbitraria, ni se aparta de las reglas de la lógica, teniendo declarado pacíficamente la jurisprudencia que el derecho a la presunción de inocencia, según la doctrina de la Sala Segunda, alcanza solo a la total ausencia de prueba y no a aquellos supuestos, como es el caso, en que en los autos se halla reflejado un mínimo de actividad probatoria de cargo, razonablemente suficiente y producida en el juicio oral con las debidas garantías procesales -
STS fecha 28/3/2001 , por todas - .
CUARTO: Procede, por tanto, la desestimación del recurso y la imposición de las costas causadas en esta alzada, al recurrente, en virtud de lo dispuesto en los
Luis Andrés contra la
sentencia de fecha 8/11/2010 y confirmamos la misma íntegramente.
Con expresa condena al apelante de las costas de esta alzada Así por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.