Source: http://www.slideshare.net/mosobi/ley-sinde-proyecto
Timestamp: 2016-05-29 11:00:38
Document Index: 406660135

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'Artículo 35', 'Artículo 36', 'Artículo 37', 'Artículo 38', 'Artículo 39', 'Artículo 40', 'Artículo 41', 'Artículo 42', 'Artículo 43', 'Artículo 44', 'Artículo 45', 'Artículo 46', 'Artículo 47', 'Artículo 48', 'Artículo 49', 'Artículo 50', 'Artículo 51', 'Artículo 52', 'Artículo 53', 'Artículo 54', 'Artículo 55', 'Artículo 56', 'Artículo 57', 'Artículo 58', 'Artículo 59', 'Artículo 60', 'Artículo 61', 'Artículo 62', 'Artículo 63', 'Artículo 64', 'Artículo 65', 'Artículo 66', 'Artículo 67', 'Artículo 68', 'Artículo 69', 'Artículo 70', 'Artículo 71', 'Artículo 72', 'Artículo 73', 'Artículo 74', 'Artículo 75', 'Artículo 76', 'Artículo 77', 'Artículo 78', 'Artículo 79', 'Artículo 80', 'Artículo 81', 'Artículo 82', 'Artículo 83', 'Artículo 84', 'Artículo 85', 'Artículo 86', 'Artículo 87', 'Artículo 88', 'Artículo 89', 'Artículo 90', 'Artículo 91', 'Artículo 92', 'Artículo 93', 'Artículo 94', 'Artículo 95', 'Artículo 96', 'Artículo 97', 'Artículo 98', 'Artículo 99', 'Artículo 100', 'Artículo 101', 'Artículo 102', 'Artículo 103', 'Artículo 104', 'Artículo 105', 'Artículo 106', 'Artículo 107', 'Artículo 108', 'Artículo 109', 'Artículo 110', 'Artículo 111', 'Artículo 112', 'Artículo 113', 'Artículo 114', 'Artículo 115', 'Artículo 116', 'artículo 107', 'artículo 149', 'artículo 60', 'artículo 8', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'artículo 9', 'artículo 12', 'artículo 13', 'artículo 15', 'artículo16', 'artículo 19', 'artículo 20', 'artículo 21', 'artículo 24', 'artículo 15', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'artículo 12', 'artículo 17', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'artículo 13', 'Artículo 18', 'artículo 55', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'artículo 3', 'artículo 24', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'artículo 17', 'Artículo 25', 'artículo 61', 'artículo 61', 'Artículo 26', 'Artículo 27']

MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDAPROYECTO DE LEY DE ECONOMIA SOSTENIBLE ÍNDICE Título Preliminar Artículo 1. Objeto. Artículo 2. Economía sostenible. Artículo 3. Principios. Título I. Mejora del entorno económico Capítulo I. Mejora de la calidad de la regulación Artículo 4. Principios de buena regulación aplicables a las iniciativas normativas de las Administraciones Públicas. Artículo 5. Instrumentos de las Administraciones Públicas para la mejora de la regulación. Artículo 6. Adaptación de la regulación vigente a los principios de sostenibilidad y buena regulación. Artículo 7. Transparencia y seguimiento de la mejora regulatoria. Capítulo II. Organismos Reguladores Sección 1ª Disposiciones generales sobre los Organismos Reguladores Artículo 8. Naturaleza jurídica y régimen de funcionamiento de los Organismos Reguladores. Artículo 9. Relación con las entidades públicas y privadas, e independencia funcional. Sección 2ª Del objeto de los Organismos Reguladores Artículo 10. Objeto de la actuación de los Organismos Reguladores. Sección 3ª De los órganos de dirección de los Organismos Reguladores Artículo 11. Organización de los Organismos Reguladores.
Artículo 12. El Consejo y su Presidente. Artículo 13. Nombramiento y mandato de los miembros del Consejo. Artículo 14. El Presidente del Organismo Regulador. Artículo 15. Funciones e incompatibilidades de los miembros del Consejo. Artículo 16. Causas de cese en el ejercicio del cargo. Sección 4ª Del personal de los Organismos ReguladoresArtículo 17. Personal directivo. Artículo 18. Personal no directivo. Artículo 19. Obligación de informar y garantías para la actuación. Sección 5ª De la transparencia y la responsabilidad social de los Organismos ReguladoresArtículo 20. Publicidad de las actuaciones de los Organismos Reguladores. Artículo 21. Control parlamentario. Artículo 22. Impugnación de las decisiones de los Organismos Reguladores. Sección 6ª De los mecanismos de colaboración y cooperación de los Organismos ReguladoresArtículo 23. Cooperación interinstitucional.Artículo 24. Cooperación entre los Organismos Reguladores y con la Comisión Nacional de la Competencia.Capítulo III. Mercados financierosSección 1ª Transparencia y Gobierno CorporativoArtículo 25. Principios de buen gobierno corporativo y adecuada gestión del riesgo en relación con las remuneraciones de los ejecutivos.Artículo 26. Mejora de la supervisión financiera.Artículo 27. Responsabilidad en el crédito y protección de los usuarios de servicios financieros.Sección 2ª Mercados de seguros y fondos de pensionesArtículo 28. Mercados de seguros y fondos de pensiones.Sección 3ª Mecanismos de protección de los clientes de servicios financieros.Artículo 29. Protección de clientes de servicios financieros a través de los servicios de reclamaciones de los supervisores financieros.Capítulo IV. Sostenibilidad financiera del sector públicoArtículo 30. Sostenibilidad presupuestaria de las Administraciones Públicas. Artículo 31. Cooperación con otras Administraciones Públicas. Artículo 32. Plan de austeridad de la Administración General del Estado 2
Artículo 33. Sostenibilidad en la gestión de las empresas públicas.Artículo 34. Incumplimiento por las Entidades locales de la obligación de remitir información relativa a la liquidación de sus presupuestos a la Administración General del Estado.Capítulo V. Contratación pública y colaboración público privadaArtículo 35. Impulso a la eficiencia en la contratación pública y financiación de la colaboración público-privada.Artículo 36. Fomento de la contratación pública de actividades innovadoras.Capítulo VI. Responsabilidad social de las empresasArtículo 37. Promoción de la responsabilidad social de las empresas.Título II. CompetitividadCapítulo I. Simplificación administrativaSección 1ª Agilización de la constitución de empresas y la adopción de actos societariosArtículo 38. Medidas para agilizar y simplificar la constitución de sociedades mercantiles de capital.Artículo 39. Modificación del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos documentados, aprobado por el Real Decreto legislativo 1/1993, de 24 de septiembre.Artículo 40. Reducción de cargas administrativas en los actos societarios.Sección 2ª De la ampliación del ámbito del silencio positivoArtículo 41. Ampliación del ámbito del silencio positivo.Sección 3ª De los supuestos de licencias locales de actividadArtículo 42. Modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.Artículo 43. Reforma del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo.Capítulo II. Simplificación en el régimen de tributaciónArtículo 44. Modificación de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.Artículo 45. Simplificación de las obligaciones formales de los grupos fiscales en el Impuesto sobre Sociedades.Artículo 46. Adaptación de la normativa tributaria a la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. 3
Capítulo III. De la actividad catastralArtículo 47. Principios rectores de la actividad catastral.Capítulo IV. Telecomunicaciones y sociedad de la informaciónArtículo 48. Utilización de las nuevas tecnologías en la banda de frecuencias de 900MHz. y 1.800MHz.Artículo 49. Ampliación de las bandas de frecuencia en las que se puede efectuar la transferencia de títulos habilitantes o cesión de derechos de uso del dominio público radioeléctrico.Artículo 50. Redes de telecomunicación de acceso ultrarrápido. Artículo 51. Reducción de la tasa general de operadores de telecomunicaciones. Artículo 52. Reorganización del espectro radioeléctrico en la banda de frecuencias 790­ 862Mhz.Artículo 53. Inclusión, como parte integrante del servicio universal, de una conexión que permita comunicaciones de datos de banda ancha a una velocidad de 1Mbit por segundo.Capítulo V. Ciencia e innovaciónSección 1ª Transferencia de resultados en la actividad investigadoraArtículo 54. Ámbito de aplicación.Artículo 55. Titularidad y carácter patrimonial de los resultados de la actividad investigadora y del derecho a solicitar los correspondientes títulos de propiedad industrial e intelectual para su protección.Artículo 56. Aplicación del derecho privado a los contratos relativos a promoción, gestión y transferencia de resultados de la actividad investigadora.Artículo 57. Cooperación de los agentes públicos de ejecución con el sector privado a través de la participación en empresas innovadoras de base tecnológica.Sección 2ª Promoción de los derechos de propiedad industrial Artículo 58. Difusión de la propiedad industrial. Artículo 59. Modificación de la cuantía de las tasas. Artículo 60. Medidas para incrementar la eficacia y agilizar la concesión de derechos de la propiedad industrial.Sección 3ª. Formación, investigación y transferencia de resultados en el sistema universitarioArtículo 61. Objetivos en materia universitaria.Artículo 62. Formación universitaria y economía sostenible. Artículo 63. Competitividad universitaria. Artículo 64. Agregaciones estratégicas en campus universitarios. Artículo 65. Investigación y transferencia del conocimiento. 4
Sección 4ª. Fiscalidad de las actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológicaArtículo 66. Mejora de las deducciones en el Impuesto sobre Sociedades por actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica y para el fomento de las tecnologías de la información.Capítulo VI. Internacionalización Artículo 67. Internacionalización de las empresas. Artículo 68. Incorporación de nuevas líneas directrices a la política de internacionalización. Artículo 69. Instrumentos del sistema español de apoyo financiero oficial a la internacionalización.Artículo 70. Creación de un mecanismo de evaluación y control del sistema de apoyo financiero a la internacionalización.Artículo 71. Modificación de la Ley 10/1970, de 4 de julio, por la que se modifica el régimen del Seguro de Crédito a la Exportación.Artículo 72. Impulso de la red española de convenios para evitar la doble imposición.Capítulo VII. Formación profesionalArtículo 73. Objetivos en materia de formación profesional. Artículo 74. La calidad en la formación profesional. Artículo 75. Participación de los interlocutores sociales.Artículo 76. Colaboración con las empresas privadas. Artículo 77. Instalaciones y equipamientos docentes. Título III. Sostenibilidad medioambiental Capítulo I. Modelo energético sostenible Artículo 78. Principios de la política energética. Artículo 79. Objetivos nacionales en materia de ahorro y eficiencia energética y energías renovables.Artículo 80. Planificación energética indicativa.Artículo 81. Planificación energética vinculante.Artículo 82. Cooperación entre Administraciones Públicas.Artículo 83. Fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación en el ámbito de energías renovables y el ahorro y la eficiencia energética. Artículo 84. Transparencia e información a los consumidores. Artículo 85. Simplificación de procedimientos administrativos. Artículo 86. Ahorro energético de las Administraciones Públicas. Artículo 87. Seguimiento y evaluación. Artículo 88. Inversión del factor de agotamiento en el régimen de la minería. Capítulo II. Reducción de emisionesArtículo 89. Objetivo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Artículo 90. Aumento de la capacidad de absorción de los sumideros españoles. Artículo 91. Compensación de emisiones. 5
Artículo 92. Constitución de un Fondo para la compra de créditos de carbono.Artículo 93. Incremento de la deducción por inversiones medioambientales.Capítulo III. Transporte y movilidad sostenibleSección 1ª Regulación del transporteArtículo 94. Principios de la regulación del sector del transporte. Artículo 95. Promoción de la competencia y clasificación de los mercados de transporte. Artículo 96. Servicios de transporte de interés público. Artículo 97. Autonomía de gestión. Sección 2ª Planificación y gestión eficiente de las infraestructuras y de los servicios del transporteArtículo 98. Objetivos y prioridades de la planificación estatal de las infraestructuras del transporte.Artículo 99. Sistema de información sobre la red estatal de infraestructuras del transporte y de análisis y evaluación de la demanda de los servicios de transporte.Sección 3ª Movilidad sostenibleArtículo 100. Principios en materia de movilidad sostenible.Artículo 101. Objetivos de la política de movilidad sostenible.Artículo 102. Los Planes de Movilidad Sostenible.Artículo 103. Fomento de los Planes de Movilidad Sostenible.Artículo 104. Elaboración de los planes de transporte en empresas.Artículo 105. Modernización tecnológica y uso eficiente de los medios de transporte.Artículo 106. Promoción del transporte por carretera limpio por parte de los poderes adjudicadores.Artículo 107. Adquisición, por los poderes adjudicadores, de vehículos de transporte por carretera limpios y energéticamente eficientes.Capítulo IV. Rehabilitación y viviendaArtículo 108. Fines comunes de las políticas públicas para un medio urbano sostenible.Artículo 109. Información al servicio de las políticas públicas para un medio urbano sostenible.Artículo 110. Rehabilitación y renovación para la sostenibilidad del medio urbano.Artículo 111. Actuaciones de renovación y rehabilitación urbanas.Artículo 112. Obras e instalaciones necesarias para la mejora de la calidad y sostenibilidad del medio urbano.Artículo 113. Modificación de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.Título IV. Instrumentos para la aplicación y evaluación de la Ley de Economía Sostenible 6
Artículo 114. El Fondo de Economía Sostenible.Artículo 115. Coordinación administrativa en el seguimiento y evaluación de la aplicación de la ley.Artículo 116. Informe del Gobierno sobre el desarrollo de la economía sostenible. Disposición adicional primera. Responsabilidad por incumplimiento de normas de Derechocomunitario. Disposición adicional segunda. Acceso a la información del Registro Nacional de TítulosUniversitarios y Registro Nacional de Títulos académicos y profesionales no universitarios. Disposición adicional tercera. Clasificación de los mercados de transporte Disposición adicional cuarta. Actualización del Plan Estratégico de Infraestructuras yTransportes. Disposición adicional quinta. Centros de formación profesional y Campus de ExcelenciaInternacional. Disposición adicional sexta. Metodología para el cálculo de los costes de utilización durantela vida útil de los vehículos contemplados en el artículo 107 de esta ley. Disposición adicional séptima. Implantación de sistemas telemáticos en las ComunidadesAutónomas. Disposición adicional octava. Evaluación de la normativa existente sobre licencias locales deactividad. Disposición adicional novena. Adaptación de la composición del número de miembros delConsejo de los Organismos Reguladores y de la Comisión Nacional de la Competencia. Disposición transitoria primera. Adaptación de las agencias de suscripción. Disposición transitoria segunda. Norma provisional sobre el seguro de responsabilidad civilprofesional para ejercer como agencia de suscripción. Disposición transitoria tercera. Adaptación de los comercializadores de planes de pensionesindividuales y de los contratos de comercialización. Disposición transitoria cuarta. Régimen transitorio de los recursos propios de las entidadesgestoras de fondos de pensiones. Disposición transitoria quinta. Procedimiento de presentación de reclamaciones ante el Bancode España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Dirección General de Seguros yFondos de Pensiones. Disposición derogatoria única. Derogación normativa. Disposición final primera. Título competencial. Disposición final segunda. Modificación de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de laSociedad de la Información, el Real Decreto legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que seaprueba texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual y la Ley 29/1998, de 13 de julio,reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, para la protección de la propiedadintelectual en el ámbito de la sociedad de la información y de comercio electrónico. Disposición final tercera. Modificación de la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas. Disposición final cuarta. Modificación de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de laCompetencia. Disposición final quinta. Adaptación de la normativa de los Organismos Reguladores a estaley. Disposición final sexta. Organismo regulador del sector transporte. Disposición final séptima. Modificación de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado deValores. Disposición final octava. Modificación de la Ley 26/2003, de 17 de julio, por la que semodifican la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, y el texto refundido de la Ley 7
de Sociedades Anónimas, aprobado por el Real Decreto legislativo 1564/1989, de 22 dediciembre, con el fin de reforzar la transparencia de las sociedades anónimas cotizadas. Disposición final novena. Modificación de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de institucionesde inversión colectiva. Disposición final décima. Modificación de la Ley 25/2005, de 24 de noviembre, reguladora delas entidades de capital riesgo y de sus sociedades gestoras. Disposición final undécima. Modificación de la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de coeficientesde inversión, recursos propios y obligaciones de información de los intermediarios financieros yotras normas del sistema financiero. Disposición final duodécima. Modificación de la Ley 26/1988, de 29 de julio sobre Disciplina eIntervención de las Entidades de Crédito. Disposición final décimo tercera. Modificación de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, deMedidas de Reforma del Sistema Financiero. Disposición final décimo cuarta. Modificación de la Ley 26/2006, de 17 de julio, de Mediaciónde Seguros y Reaseguros Privados. Disposición final décimo quinta. Modificación del texto refundido de la Ley de regulación delos planes y fondos de pensiones, aprobado por el Real Decreto legislativo 1/2002, de 29 denoviembre. Disposición final décimo sexta. Modificación del texto refundido de la Ley de Ordenación ySupervisión de los Seguros Privados, aprobado por el Real Decreto legislativo 6/2004, de 29de octubre. Disposición final décimo séptima. Régimen fiscal de los Organismos públicos que setransformen en Agencias estatales. Disposición final décimo octava. Modificación de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, deContratos del Sector Público. Disposición final décimo novena. Reforma de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, GeneralPresupuestaria. Disposición final vigésima. Modificación del texto refundido de la Ley del CatastroInmobiliario, aprobado por Real Decreto legislativo 1/2004, de 5 de marzo. Disposición final vigésimo primera. Modificación del texto refundido de la Ley de SociedadesAnónimas, aprobado por el Real Decreto legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre. Disposición final vigésimo segunda. Modificación de la Ley 2/1995, de 23 de marzo, deSociedades de Responsabilidad Limitada. Disposición final vigésimo tercera. Modificación de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, deMarcas. Disposición final vigésimo cuarta. Modificación de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, delas Cualificaciones y de la Formación Profesional. Disposición final vigésimo quinta. Energías renovables. Disposición final vigésimo sexta. Responsabilidad civil de las instalaciones de energíanuclear. Disposición final vigésimo séptima. Adaptación del régimen de titularidad de las centralesnucleares. Disposición final vigésimo octava. Modificación de la Ley 16/1987, de 30 de julio, deOrdenación de los Transportes Terrestres. Disposición final vigésimo novena. Modificación de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, delSector Ferroviario. Disposición final trigésima. Modificación de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, deEducación. 8
Disposición final trigésimo primera. Modificación de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, delImpuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de losImpuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio. Disposición final trigésimo segunda. Desarrollo normativo. Disposición final trigésimo tercera. Entrada en vigor. ANEXO a la Disposición adicional sexta. Datos para el cálculo de los costes de utilización delos vehículos de transporte por carretera durante su vida útil. 9
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS I. La crisis financiera y económica internacional, la más grave en muchas décadas, haafectado también con intensidad a la economía española interrumpiendo el largo periodo decontinuo crecimiento experimentado por la misma durante tres lustros. En nuestro país, la crisis ha tenido el efecto singular de precipitar con inusitadabrusquedad el ajuste del sector de la construcción que se había iniciado en 2007. Comoconsecuencia de ello, y de ser éste un sector muy intensivo en mano de obra, se ha producido unfuerte aumento del desempleo en un lapso muy corto de tiempo. En consonancia con las pautas adoptadas por el grupo de países del llamado G20 y conlas decisiones de la Unión Europea, el Gobierno ha impulsado, en primer término, un conjunto deacciones dirigidas a reforzar nuestro sistema financiero y a contener la acentuada caída de laactividad, paliando sus consecuencias tanto en el ámbito económico como en el social. Eseconjunto de acciones ha integrado el Plan Español para el Estímulo de la Economía y el Empleo,el Plan E, que ha comportado un esfuerzo fiscal muy considerable. Paralelamente, el Ejecutivo ha elaborado una Estrategia de recuperación de la economíaespañola que descansa en la convicción, reafirmada por la propia incidencia de la crisis ennuestro país, de que es necesario acelerar la renovación del modelo productivo que se puso enmarcha en 2004. Este nuevo paso en la modernización de la economía española responde al reto dereforzar los elementos más sólidos y estables de nuestro modelo productivo. Con ello podráreducirse la excesiva dependencia de unos pocos sectores sometidos a la coyuntura y, encambio, se impulsan al máximo las posibilidades abiertas por el avance de nuevas actividadesque ofrecen una mayor estabilidad en su desarrollo, especialmente en cuanto a la generación y elmantenimiento del empleo y que, por esa misma razón, exigen una cualificación superior en sustrabajadores. Actividades, además, en las que las empresas españolas se han implicado confuerza y han llegado ya a ocupar posiciones de liderazgo internacional. Esa es la EconomíaSostenible que la presente ley quiere impulsar. La Estrategia para una Economía Sostenible, aprobada por el Consejo de Ministros ennoviembre de 2009, articula, así, un ambicioso y exigente programa de reformas, que profundizaen la dirección de algunas de las opciones estratégicas adoptadas desde la anterior legislatura,como la prioridad otorgada al incremento en la inversión en investigación, desarrollo einnovación, o al fomento de las actividades relacionadas con las energías limpias y el ahorroenergético; o ya en esta legislatura, dentro del propio Plan E, a la trasposición rigurosa de laDirectiva de Servicios. La Estrategia incluye un variado elenco de iniciativas legislativas, reglamentarias yadministrativas, así como la promoción de reformas en ámbitos específicos de la economíaespañola como el laboral, o el de la Comisión del Pacto de Toledo. Todas ellas pretenden servir aun nuevo crecimiento, a un crecimiento equilibrado, duradero: sostenible. Sostenible en tressentidos: económicamente, esto es, cada vez más sólido, asentado en la mejora de lacompetitividad, en la innovación y en la formación; medioambientalmente, que haga de laimprescindible gestión racional de los medios naturales también una oportunidad para impulsarnuevas actividades y nuevos empleos; y sostenible socialmente, en cuanto promotor y garante dela igualdad de oportunidades y de la cohesión social. La presente Ley de Economía Sostenible es una de las piezas más importantes de laEstrategia ya que aborda, transversalmente y con alcance estructural, muchos de los cambiosque, con rango de ley, son necesarios para incentivar y acelerar el desarrollo de una economía 10
más competitiva, más innovadora, capaz tanto de renovar los sectores productivos tradicionalescomo de abrirse decididamente a las nuevas actividades demandantes de empleos estables y decalidad. La ley se estructura en un Título preliminar, donde se define su objeto, el concepto deeconomía sostenible y los principios resultantes de actuación de los poderes públicos, y en tresTítulos que contienen el conjunto de reformas de impulso de la sostenibilidad de la economíaespañola. El primero de ellos se centra en la mejora del entorno económico, entendiendo por tallas actuaciones del sector público que determinan el contexto de desarrollo de la economía; elTítulo II introduce una serie de novedades directamente vinculadas con el impulso de lacompetitividad del modelo económico español, eliminando obstáculos administrativos ytributarios, actuando específicamente sobre tres ejes de mejora de la competitividad de lasempresas españolas: el desarrollo de la sociedad de la información, un nuevo marco de relacióncon el sistema de I+D+i y una importante reforma del sistema de formación profesional, que selleva a cabo mediante esta ley, y mediante una ley orgánica complementaria, que efectúa lasmodificaciones de carácter orgánico necesarias en las disposiciones vigentes. El Título III,finalmente, contiene una serie de reformas que, desde la sostenibilidad medioambiental, incidenen los ámbitos centrales del modelo económico: la sostenibilidad del modelo energético, lareducción de emisiones, el transporte y movilidad sostenible, y, especialmente relevante en elcaso español, el impulso del sector de la vivienda desde la perspectiva de la rehabilitación. Almargen del contenido de la ley quedan las reformas correspondientes a la sostenibilidad social,esencialmente en materia de empleo y de seguridad social, pues las exigencias específicas deacuerdo en estos ámbitos, en el marco del Diálogo Social y del Pacto de Toledo,respectivamente, aconsejan tramitar las propuestas en textos y procedimientos diferenciados. ElTítulo IV, finalmente, contiene los instrumentos para la aplicación y evaluación de la Ley deEconomía Sostenible. La ley tiene nueve disposiciones adicionales, cinco transitorias, treinta ytres finales, y una disposición derogatoria. II. El Título preliminar define el objeto de la ley, el concepto de economía sostenible, y recogeuna serie de principios de acción de los poderes públicos que están en la base de su acciónsobre el modelo de crecimiento económico y su desarrollo, tanto mediante la obligación deimpulsar determinadas finalidades en la actuación propia y de los particulares, desde el ahorro yla eficiencia energética, la promoción de las energías limpias a la racionalización de laconstrucción residencial, como mediante deberes de mantenimiento de un entorno públicoeficiente para el desarrollo económico, a lo que apuntan claramente los principios de mejora de lacompetitividad o de estabilidad de las finanzas públicas. III. El Título I concentra las reformas en el sector público que se orientan a garantizar unentorno económico eficiente y de apoyo a la competitividad de la economía española. Encoherencia con esa finalidad general, el Título adopta reformas que se proyectan sobre laactuación de todas las Administraciones Públicas, en ejercicio de las competencias estatalessobre procedimiento administrativo común y sobre ordenación general de la economía. Así, el Capítulo I, relativo a la mejora de la calidad de la regulación, recoge los principiosde buena regulación aplicables a las iniciativas normativas y los instrumentos para la mejoraregulatoria, con especial atención a la transparencia y la evaluación previa y posterior de dichasiniciativas y la formalización de instrumentos a ese fin: los nuevos informes periódicos sobre lasactuaciones de mejora regulatoria y el trabajo del Comité para la Mejora de la Regulación de lasActividades de Servicios. 11
El Capítulo II aborda la reforma de los organismos reguladores, introduciendo por primeravez en nuestro ordenamiento un marco horizontal, común a todos ellos, que asume suscaracterísticas de independencia, frente al Gobierno y frente al sector correspondiente, y suactuación de acuerdo con principios de eficiencia y transparencia. Así, se reduce el número demiembros de los Consejos con el fin de mejorar la gobernanza de las instituciones, y seestablecen nuevos mecanismos de rendición de cuentas, a través de la comparecencia delMinistro proponente y de los candidatos a Presidente y a Consejeros del organismo reguladorante el Parlamento y de la elaboración de un informe económico sectorial y un plan de actuacióndel organismo. La propia ley determina su ámbito de aplicación a la Comisión Nacional deEnergía, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y la Comisión Nacional del SectorPostal, y declarando aplicables buena parte de sus preceptos a la Comisión Nacional de laCompetencia. Quedan por ahora fuera de este marco común los organismos vinculados al ámbitofinanciero, que deberán adecuarse a las reglas resultantes del proceso de discusión sobre surégimen que actualmente se desarrolla en el ámbito internacional y europeo. El Capítulo III incluye las medidas de reforma del mercado financiero, en la línea asentadapor los acuerdos internacionales de incremento de la transparencia y mejora del gobiernocorporativo, con la correspondiente modificación de la Ley 24/1998, de 28 de julio, del Mercadode Valores para que las sociedades cotizadas pongan a disposición de los accionistas un informesobre remuneraciones que será aprobado en la Junta General, y de la Ley 13/1985, de 25 demayo, de coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de información de losintermediarios financieros y otras normas del sistema financiero, que permitirá al Banco deEspaña exigir a las entidades de crédito políticas de remuneración coherentes con una gestióndel riesgo prudente y eficaz. Como mecanismos de protección de los usuarios de serviciosfinancieros y con el fin de asegurar la práctica de un crédito responsable, las entidades de créditodeberán evaluar la solvencia del prestatario, a la vez que aumentar la información proporcionadasobre los productos financieros y bancarios que se le ofrecen. El cumplimiento de estas medidas destinadas a incrementar la transparencia de lasentidades que operan en los mercados financieros puede suponer el tratamiento de datos decarácter personal. Además de garantizarse el cumplimiento en materia de protección de datospor la intervención de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y, en su caso, el Banco deEspaña en dicha publicación, hay que señalar que estas iniciativas se impulsan siguiendo, poruna parte, la Recomendación de la Comisión Europea que complementa las Recomendaciones2004/913/CE y 2005/162/CE en lo que atañe al sistema de remuneración de los consejeros delas empresas que cotizan en bolsa, publicada el 30 de abril de 2009; y, por otra, las conclusionesde foros económicos internacionales como el G-20. De forma coherente con el objetivo de buscar una mayor transparencia en las retribucionesde las instituciones financieras, y a la vez respondiendo al principio de equidad fiscal, se modifica,mediante una disposición final, la fiscalidad de las rentas obtenidas de forma notoriamenteirregular en el tiempo. Para ello se modifica la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuestosobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestossobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio. En la Sección 2ª del Capítulo III se incluyen medidas de reforma de los mercados deseguros y fondos de pensiones para mejorar la tutela de los derechos de los asegurados yfomentar el desarrollo de la actividad económica en este sector mediante la transparencia en lamediación de seguros y reaseguros, simplificar y agilizar los trámites y aumentar la protección delos ahorradores y los tomadores de seguros; para ello se modifican la Ley 26/2006, de 17 de julio,de Mediación de Seguros y Reaseguros Privados y el texto refundido de la Ley de regulación delos planes y fondos de pensiones, aprobado por el Real Decreto legislativo 1/2002, de 29 de 12
noviembre y, el texto refundido de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados,aprobado por el Real Decreto legislativo 6/2004, de 29 de octubre. En la Sección 3ª del Capítulo III se desarrollan los mecanismos de protección de losclientes de servicios financieros, permitiendo la actuación de los servicios de reclamaciones delos supervisores financieros mediante la modificación de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, deMedidas de Reforma del Sistema Financiero. El Capítulo IV introduce principios de actuación, reglas y mecanismos de sanción yevaluación que permitan contribuir al logro de la sostenibilidad financiera del sector público, comoelemento de apoyo a la solidez del modelo productivo que, tras los efectos de la crisis, necesitade un impulso especial. Estas medidas incluyen la aplicación por parte de las AdministracionesPúblicas, de políticas de racionalización y contención del gasto, de acuerdo con los objetivos deestabilidad presupuestaria. En el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera y de laComisión Nacional de la Administración Local, la Administración General del Estado informará alas Comunidades Autónomas y a las Entidades locales de las medidas adoptadas. La ley regulaun instrumento específico de especial relevancia en el ámbito de la Administración General delEstado, el Plan de Austeridad, que permita mantener el equilibrio presupuestario de acuerdo conla normativa de estabilidad presupuestaria, y que podrá llevar en última instancia a laracionalización de las estructuras de la Administración General del Estado y el sector públicoempresarial. La ley contiene un instrumento específico de aseguramiento de la información ytransparencia en materia de disciplina presupuestaria de las Entidades locales, como elementofundamental para la coordinación de las Haciendas Públicas en el pleno respeto a su autonomía,pues se habilita al Ministerio de Economía y Hacienda a que, bajo determinadas condiciones,retenga el importe de las entregas mensuales a cuenta de la participación en los tributos delEstado que le corresponda, cuando las Entidades locales incumplan la obligación de remitir laliquidación de sus respectivos presupuestos de cada año, modificando con este fin el textorefundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decretolegislativo 2/2004, de 5 de marzo. En el Capítulo V se impulsa la eficiencia en la contratación pública y la colaboraciónpúblico privada, como elementos fundamentales de relación entre la Administración Pública y eltejido empresarial y, a la vez, como ámbitos en los que debe reforzarse la vinculación aparámetros de sostenibilidad económica. La adopción de estas medidas conlleva la reforma de laLey 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, modificada en la disposición finaldécimo octava. En especial, se modifica por completo la normativa de los modificados de obras,de acuerdo con las prácticas recomendadas por la Unión Europea, y teniendo en cuenta,especialmente, la postura manifestada por la Comisión sobre modificaciones no previstas en losdocumentos de licitación y sobre el carácter de alteración sustancial de aquellas que excedan enmás de un 10 por ciento el precio inicial del contrato. Asimismo, se establece una mayortransparencia de la información en la contratación pública, se fomenta la realización de contratosde investigación y desarrollo, y se impulsa la participación de pequeñas y medianas empresas enla contratación pública. Además, se centraliza el acceso a la información contractual en unaplataforma electrónica en la que se difundirá toda la información relativa a las licitacionesconvocadas por el sector público estatal. Asimismo, se simplifican los trámites administrativos enlos procesos de contratación disminuyendo el coste que para los empresarios implica participaren procedimientos de adjudicación de contratos públicos. Se establecen reglas específicas parala denominada “contratación precomercial”, considerada por la Comisión Europea como uninstrumento imprescindible para impulsar la innovación y proporcionar servicios públicos decalidad y sostenibles, permitiendo una mayor implicación de la contratación pública en laimplementación de la política de investigación, desarrollo e innovación. Por último, se incluyen 13
ciertas previsiones que completan el régimen jurídico de las fórmulas contractuales einstitucionales de colaboración entre el sector público y el sector privado, para potenciar estasfiguras y facilitar su empleo por el sector público, al tiempo que se regulan los términos en que losadjudicatarios de estos contratos pueden concurrir a los mercados de capitales para obtenerfinanciación para la ejecución de los mismos. El Capítulo VI se dedica a la promoción de la responsabilidad social de las empresas,introduciendo la adopción de un conjunto de indicadores para la autoevaluación en esta materiaque facilitará, especialmente a las pequeñas y medianas empresas, el desarrollo de este ámbitoempresarial. IV. El Título II recoge las reformas que la ley realiza con la finalidad de incidir directamente enla mejora de la competitividad del tejido económico español. De este modo, la Ley de EconomíaSostenible viene a continuar el esfuerzo de remoción de obstáculos administrativos iniciado conlas normas de transposición de la Directiva de Servicios, pero, además, asume la necesidad deincidir en otros aspectos que resultan en la actualidad negativos para la situación de nuestraeconomía o que son susceptibles de simplificación y agilización. Junto a esta perspectiva agilizadora, la ley pretende reforzar tres ejes fundamentales en lacompetitividad de los agentes económicos españoles: el desarrollo de la sociedad de lainformación, la vinculación con las actuaciones de I+D+i y la formación de nuestros trabajadores,con especial atención al sistema de formación profesional. El Capítulo I introduce medidas de simplificación administrativa en tres ámbitos. En primerlugar permitiendo la agilización de la constitución de sociedades y de la adopción de actossocietarios. La reforma permitirá la tramitación telemática de las operaciones y de lasobligaciones de publicidad de los actos del tráfico mercantil, y que todos los trámites necesariospara la constitución de sociedades de responsabilidad limitada puedan llevarse a cabo, concarácter general, en un plazo máximo de uno o cinco días, exceptuando sólo aquellos casos enque la elevada cuantía del capital o la complejidad de la estructura societaria exijan un examenmás detallado. En el ámbito fiscal se modifica el Real Decreto legislativo 1/1993, de 24 deseptiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido del Impuesto sobre TransmisionesPatrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, para eliminar la sujeción al impuesto dedeterminados actos societarios. En segundo lugar, en la Sección 2ª del Capítulo I se establece laobligación, para el Gobierno y las Comunidades Autónomas, de impulsar reformas normativaspara ampliar el ámbito de aplicación del silencio administrativo positivo. Por último, en la Sección3ª, se modifica la Ley 7/1985, de 2 de abril, Ley de Bases de Régimen Local, para restringir laposibilidad de exigir licencias a aquellas actividades en las que concurran razones imperiosas deinterés general, vinculadas con la protección de la salud o seguridad públicas, el medioambienteo el patrimonio histórico-artístico. Se habilita a las Haciendas Locales, a través de la reforma delReal Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la LeyReguladora de las Haciendas Locales, a cobrar tasas por las actividades de verificación paraaquellas actividades no sujetas a autorización o control previo, y se prevé en la Disposiciónadicional octava un procedimiento de clarificación de la situación resultante en cuanto a laslicencias exigibles tras la reforma. El Capítulo II del Título II se centra en la simplificación del régimen de tributación. Se llevaa cabo la incorporación de la figura del trabajador autónomo económicamente dependiente en laLey 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y demodificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de noResidentes y sobre el Patrimonio. Esta definición permite ampliar el ámbito de la reducción delrendimiento neto de actividades económicas. Para los grupos fiscales se incorpora la 14
simplificación en la comunicación de sus variaciones. Finalmente, para impulsar los mediostelemáticos en las relaciones con la Administración tributaria, se sustituyen determinadasobligaciones de publicación de las administraciones tributarias en boletines oficiales por laposibilidad de publicación en sede electrónica. En el Capítulo III se aborda la reforma de la actividad catastral mejorando su coordinacióncon el Registro de la Propiedad Inmobiliaria y agilizando la tramitación, todo ello mediante lamodificación del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por el Real Decretolegislativo 1/2004, de 5 de marzo. Se reducen así las cargas administrativas que soportan losciudadanos, mediante el refuerzo en la colaboración que prestan al catastro los notarios yregistradores de la propiedad, al ampliarse los supuestos en los cuales la información quecomunican suple la obligación de presentar declaración y al incorporarse la posibilidad demejorar, tras la intervención notarial, la conciliación entre la base de datos catastral y la realidadfísica inmobiliaria. Y, además, se pone a disposición de la sociedad la cartografía digital catastralmediante acceso telemático, de forma gratuita y en un formato operable. El impulso a la sociedad de la información se aborda en el Capítulo IV, tomando enconsideración el carácter transversal de este ámbito sobre todos los elementos de nuestromodelo productivo y su modernización. Se regula la utilización de las nuevas tecnologías en labanda de frecuencias de 900MHz., permitiéndose el uso de esta banda, no sólo por lostradicionales sistemas GSM, sino también por los sistemas UMTS. Se habilita más espacio en elespectro radioeléctrico para prestar servicios de comunicaciones electrónicas aprovechando laliberación de la banda de frecuencias de 790-862MHz. Al mismo tiempo se avanza en laampliación de las bandas de frecuencia en las que se puede efectuar la transferencia de títuloshabilitantes o la cesión de derechos de uso del dominio público radioeléctrico, dándose un nuevoimpulso al mercado secundario del espectro. Se reduce la tasa que los operadores detelecomunicaciones han de satisfacer conforme a la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, general detelecomunicaciones, hasta el 1 por mil. Por último, se introduce como elemento integrante delservicio universal la conexión a banda ancha a una velocidad de 1Mbit por segundo, provista através de cualquier tecnología. Las condiciones de prestación del servicio de acceso de bandaancha a la red pública se establecerán antes del 1 de enero de 2011. El Capítulo V incorpora medidas de impulso a la actividad investigadora y a la innovación,y muy especialmente a su vinculación con la actividad empresarial. La Sección 1ª del Capítulo Vse dedica a la transferencia de los resultados de la actividad investigadora, facilitando que loscentros de investigación puedan transferir conocimientos al sector privado y fomentando lacooperación de los agentes públicos y privados a través de la participación en empresasinnovadoras de base tecnológica. Por otra parte, en la Sección 2ª de este capítulo, se impulsa laarticulación de mecanismos que permitan una tramitación preferente de las solicitudes depatentes relativas a los objetivos de sostenibilidad a los que se refiere la ley, y se establece unareducción del 18 por ciento en tres años, de diversas tasas en materia de propiedad industrial. LaSección 3ª, finalmente, favorece la investigación universitaria, estableciendo al mismo tiempomedidas que faciliten la transferencia de sus resultados al sector productivo. Fiscalmente, seincrementa la deducción en el Impuesto sobre Sociedades, del 8 al 12 por ciento, de lasactividades de innovación tecnológica. La importancia de la actuación de las empresas españolas en el ámbito internacional hallevado a recoger en el Capítulo VI nuevas líneas directrices de la política de internacionalización,que guiarán el apoyo público y la gestión de la política de internacionalización de la empresa, yque a la vez definen las operaciones de especial interés para la política económica y comercial.Se incorporan así elementos como la imagen de marca, la transferencia de tecnología o impactode la actividad de la empresa en el medioambiente, que vienen a completar el conceptotradicional de exportación. 15
El Capítulo VII introduce importantes reformas en el sistema de formación profesional. Losaspectos de carácter orgánico de esta reforma se llevan a cabo a través de una ley orgánicacomplementaria de la Ley de Economía Sostenible. El objetivo es facilitar la adecuación de laoferta formativa a las demandas del sistema productivo, ampliar la oferta de formaciónprofesional, avanzar en la integración de la formación profesional en el conjunto del sistemaeducativo y reforzar la cooperación de las administraciones educativas. En concreto, lasiniciativas que se aprueban mediante la ley orgánica complementaria permiten relajar lasexigencias formales requeridas para la aprobación y actualización del Catálogo Nacional deCualificaciones y los módulos formativos e introducen la posibilidad de crear cursos deespecialización y una plataforma de educación a distancia para todo el Estado. Por otra parte, seadoptan los cambios normativos necesarios para fomentar la movilidad entre la formaciónprofesional y el bachillerato, así como entre la formación profesional y la universidad. Por último,a través de esta ley, se fomenta una oferta integrada de formación profesional, así como laparticipación de los interlocutores sociales y una mayor colaboración con las empresas privadas. V. El Título III de la ley recoge disposiciones relativas a distintos ámbitos de la sostenibilidadambiental, desde la que se abordan algunas reformas globales de los sectores afectados. Estosámbitos son el modelo energético, la reducción de emisiones, el transporte y la movilidadsostenible y, en especial por su importancia en el modelo económico español, la rehabilitación yla vivienda. El Capítulo I, dedicado a sostenibilidad del modelo energético, recoge los grandesprincipios aplicables en la materia, esto es, la garantía de la seguridad del suministro, la eficienciaeconómica y el respeto al medio ambiente, así como los objetivos nacionales para 2020 sobreahorro y eficiencia energética y sobre utilización de energías renovables, coherentes con losestablecidos en la Unión Europea y de los que se deriva un modelo energético que, mediante losinstrumentos de planificación previstos en la propia ley, buscará aumentar la participación de lasenergías renovables, reforzar la previsibilidad y la eficiencia de las decisiones de políticaenergética y en especial del marco de incentivos y reducir la participación de las energías conmayor potencial de emisiones de CO2. Por otra parte, se impulsa la cooperación entreAdministraciones Públicas, en el marco de la Conferencia Sectorial de Energía, y se fomenta lainvestigación, el desarrollo y la innovación en materia de energías renovables y ahorro yeficiencia energética, con atención especial a nuevas obligaciones para las AdministracionesPúblicas. Se adoptan medidas para que la información llegue a los usuarios y que éstos puedanconocer los costes del modelo de suministro energético y su composición. El Capítulo II atribuye al Gobierno la tarea de impulsar las actuaciones precisas para quenuestro país cumpla su parte del objetivo asumido por la Unión Europea sobre reducción degases de efecto invernadero. Con ese fin, se impulsa el incremento en la capacidad de absorciónpor sumideros, en particular, los vinculados al uso forestal, la compensación voluntaria deemisiones de CO2, en sectores que deben reducirlas y no están sujetos al comercio de derechosde emisión y, también, la constitución de un fondo público para adquirir créditos de carbono,obtenidos por empresas españolas y para impulsar su actividad en sectores asociados a la luchacontra el cambio climático, mejorando además el régimen fiscal de deducción de los gastosefectuados en inversiones destinadas a la protección del medioambiente. El Capítulo III impulsa decididamente la transformación del sector del transporte paraincrementar su eficiencia económica y medioambiental y la competitividad en el mismo. LaSección 1ª establece los principios aplicables a la regulación del transporte, como son la garantíade los derechos de los operadores y usuarios, la promoción de la competencia, la gestióneficiente y el fomento de los medios de transporte de menor coste ambiental y energético; y prevé 16
llevar a cabo una clasificación periódica de los mercados de transporte, para evaluar su grado decompetencia y proponer medidas que la promuevan, lo que concreta la disposición adicionaltercera exigiendo una evaluación del grado de competencia existente en cada uno de losmercados y la propuesta de medidas para aumentar la competencia. Es objeto de definición elconcepto de servicios de transporte de interés público susceptibles de ser subvencionados; y semodifica, mediante la disposición final vigésimo octava, la Ley 16/1987, de 30 de julio, deOrdenación de los Transportes Terrestres, en lo que se refiere a los servicios públicos detransporte regular interurbano de viajeros por carretera, para acortar el plazo máximo de duraciónde las concesiones y promover una mayor competencia en los concursos para adjudicar laslíneas. Por su parte, la Sección 2ª aborda medidas relativas a la planificación y gestión eficientede las infraestructuras y servicios del transporte, incorporando como objetivos la promoción de lacompetitividad, la cohesión territorial y la movilidad sostenible y las prioridades de la planificaciónestatal en la materia, que se centran especialmente en el desarrollo del transporte ferroviario. La Sección 3ª se ocupa de la movilidad sostenible. Son principios de esta política elfomento de los medios de transporte de menor coste social, ambiental y energético, laparticipación de la sociedad en la toma de decisiones que afecten a la movilidad y elcumplimiento de los tratados internacionales relativos a la preservación del clima y la calidadambiental. La consideración de esos principios deberá realizarse en los planes de movilidadsostenible, que la ley regula en cuanto a su naturaleza, posible ámbito territorial (autonómico,supramunicipal o municipal), contenido mínimo, vigencia y actualización, supeditando laconcesión de subvenciones estatales al transporte público urbano o metropolitano a la puesta enmarcha de estos planes. Se avanza también en el fomento de la movilidad sostenible en lasempresas, dando rango legal a la previsión de planes de transporte. En materia de promoción deltransporte por carretera limpio por parte de los poderes adjudicadores, se transpone la Directiva2007/46/CE, de 5 de septiembre, del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se crea unmarco para la homologación de los vehículos de motor y de los remolques, sistemascomponentes y unidades técnicas independientes destinados a dichos vehículos que se ejecutenpor los poderes adjudicadores y por los operadores que ejecuten obligaciones de servicio público. Las previsiones de la ley en esta materia obligan a actualizar el Plan Estratégico deInfraestructuras y Transportes, para lo que la disposición adicional cuarta fija el plazo de un año. Por otra parte, la disposición final sexta prevé la creación de un Organismo regulador delsector transporte que integrará las funciones atribuidas al Comité de Regulación Ferroviaria y laregulación del resto de modos de transporte. El Gobierno remitirá al Parlamento un proyecto deley al efecto cuando así lo aconsejen las condiciones de competencia en los mercados detransporte, y, en particular, los avances en el proceso de liberalización del sector ferroviario. Entretanto, la disposición final vigésimo novena modifica la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, delSector Ferroviario, para dar mayor independencia al Comité de Regulación Ferroviaria, dotarle demayores competencias y establecer que sus resoluciones pondrán fin a la vía administrativa,reforzando, de este modo, el papel de este órgano regulador en el impulso de la competencia enel mercado del transporte ferroviario. El Capítulo IV se dedica al impulso de la recuperación del sector de la vivienda medianteuna serie de reformas centradas en el impulso a la rehabilitación y la renovación urbanas y alalquiler. Junto al nuevo marco normativo de impulso de las actuaciones de rehabilitación yrenovación, la ley prevé que la Administración General del Estado, en el ámbito de suscompetencias propias y en colaboración con las Administraciones competentes en materia deordenación del territorio y urbanismo, impulse las acciones de rehabilitación y renovación de laciudad y los demás núcleos existentes y la coordinación de las medidas, los fondos, las ayudas ylos beneficios, incluidos los previstos en programas comunitarios, destinados a tales objetivos. 17
Asimismo, para asegurar la obtención, actualización permanente y explotación de la informaciónnecesaria para el desarrollo de las políticas y las acciones anteriores, las AdministracionesPúblicas podrán establecer un sistema informativo general coordinado. Con el fin de racionalizar las políticas de impulso del acceso a la vivienda, se modifican enla ley las deducciones fiscales por adquisición de vivienda y por alquiler de vivienda. Con efectosdesde el 1 de enero de 2011, se modifica la deducción por inversión en vivienda habitual en elImpuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que sólo será aplicable a los contribuyentescuya base imponible sea inferior a 24.170,20 euros anuales. Se modifica también, potenciándola,la deducción por alquiler de la vivienda habitual. VI. El Título IV de la ley establece los instrumentos necesarios para la aplicación y evaluaciónde la misma. Como instrumento financiero se recoge el Fondo de Economía Sostenible cuyo fines apoyar a los particulares en el desarrollo de los principios y objetivos contenidos en la ley. Seprevén igualmente instrumentos de coordinación entre la Administración General del Estado y lasComunidades Autónomas, así como con las Entidades locales, en el seguimiento y evaluación dela aplicación de la ley. Estas administraciones intercambiarán información sobre las actuacionesllevadas a cabo en el ejercicio de sus competencias. Igualmente, se introducen mecanismos departicipación de los interlocutores sociales en las tareas de evaluación y seguimiento y,especialmente, en el informe que, al menos cada dos años, debe aprobar el Gobierno sobre eldesarrollo de la economía sostenible, que incorporará las recomendaciones de actuación para elperíodo siguiente. VII. La Disposición adicional primera regula la responsabilidad por incumplimiento de lasnormas de Derecho comunitario, generalizando la regulación ya presente en parte de lanormativa sectorial. La Disposición final segunda modifica la Ley 34/2002, de 11 de julio, deServicios de la Sociedad de la Información, el Real Decreto legislativo 1/1996, de 12 de abril, porel que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual y la Ley 29/1998, de 13 dejulio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa. El objeto de estas reformas esintroducir un régimen de protección de la propiedad intelectual coherente con las previsiones dela Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de ComercioElectrónico, y que tome en consideración tanto las necesidades de una actuación ágil y efectivafrente a las vulneraciones de la misma realizadas mediante la puesta a disposición de contenidosen la web, como las garantías de los derechos que pudieran verse afectados y, muyespecialmente, la intervención judicial en garantía de la libertad de expresión e información. LaDisposición final cuarta flexibiliza las condiciones que obligan a comunicar las operaciones deconcentración económica a la Comisión Nacional de la Competencia, eliminando cargasadministrativas y facilitando los procesos de concentración empresarial. Las disposiciones transitorias primera a quinta detallan el régimen de adaptaciónaplicables a las medidas de reforma de los mercados financieros recogidas en el Capítulo III delTítulo I y en las disposiciones finales séptima a décimo sexta. La Disposición final primera establece que la ley se dicta al amparo del artículo 149.1.13ªde la Constitución Española y detalla los títulos competenciales específicos de diversospreceptos. Por último, en virtud de la Disposición final trigésimo tercera, la ley entrará en vigor al díasiguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, excepto lo previsto en el artículo 60.3del texto refundido de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados y en el 18
artículo 8 de la Ley 26/2006, de 17 de julio, de Mediación de Seguros y Reaseguros Privados,que entrará en vigor el 1 de enero de 2013. TITULO PRELIMINARArtículo 1. Objeto. Esta ley tiene por objeto introducir en el ordenamiento jurídico las reformas estructuralesnecesarias para crear condiciones que favorezcan un desarrollo económico sostenible.Artículo 2. Economía sostenible. A los efectos de la presente ley, se entiende por economía sostenible un patrón decrecimiento que concilie el desarrollo económico, social y ambiental en una economía productivay competitiva, que favorezca el empleo de calidad, la igualdad de oportunidades y la cohesiónsocial, y que garantice el respeto ambiental y el uso racional de los recursos naturales, de formaque permita satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer lasposibilidades de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades.Artículo 3. Principios. La acción de los poderes públicos para impulsar la sostenibilidad de la economía española,en los términos definidos en el artículo anterior, estará guiada por los siguientes principios: 1. Mejora de la competitividad. Las Administraciones Públicas impulsarán el incremento de lacompetitividad de las empresas, mediante un marco regulatorio que favorezca la competencia yla eficiencia en los mercados de bienes y servicios, facilite la asignación de los recursosproductivos y la mejora de la productividad, en particular a través de la formación, la innovación yel uso de nuevas tecnologías, e incremente la capacidad para competir en los mercadosinternacionales. 2. Estabilidad de las finanzas públicas. Las Administraciones Públicas garantizarán laestabilidad en el tiempo de sus finanzas para contribuir al mejor desenvolvimiento de la actividadeconómica y al adecuado funcionamiento del Estado. 3. Fomento de la capacidad innovadora de las empresas. Las Administraciones Públicasdesarrollarán una política de apoyo a la innovación que favorezca tanto a las empresas eindustrias innovadoras, como la renovación de los sectores tradicionales, con el fin de aumentarsu competitividad. 4. Ahorro y eficiencia energética. El ahorro y la eficiencia energética deben contribuir a lasostenibilidad propiciando la reducción de costes, atenuando la dependencia energética ypreservando los recursos naturales. 5. Promoción de las energías limpias, reducción de emisiones y eficaz tratamiento deresiduos. Las Administraciones Públicas adoptarán políticas energéticas y ambientales quecompatibilicen el desarrollo económico con la minimización del coste social de las emisiones y delos residuos producidos. 6. Racionalización de la construcción residencial. Las Administraciones Públicas adoptaránpolíticas que favorezcan la racionalización de la construcción residencial para conciliar la 19
atención a las necesidades de la población, la rehabilitación de las viviendas y de los núcleosurbanos, la protección al medio ambiente y el uso racional de los recursos económicos. 7. Extensión y mejora de la calidad de la educación e impulso de la formación continua. LasAdministraciones Públicas favorecerán la extensión y mejora de la educación y de la formacióncontinua, como instrumentos para la mejora de la cohesión social y el desarrollo personal de losciudadanos. 8. Fortalecimiento y garantía del Estado social. Las Administraciones Públicas conciliarán elavance paralelo y armonizado del progreso económico con la mejora de las prestaciones socialesy la sostenibilidad de su financiación. TÍTULO I Mejora del entorno económico CAPÍTULO I Mejora de la calidad de la regulaciónArtículo 4. Principios de buena regulación aplicables a las iniciativas normativas de las Administraciones Públicas. 1. En el ejercicio de la iniciativa normativa, las Administraciones Públicas actuarán deacuerdo con los principios de necesidad, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia,accesibilidad, simplicidad y eficacia. 2. En virtud del principio de necesidad, la iniciativa normativa debe estar justificada por unarazón de interés general. 3. En virtud del principio de proporcionalidad, la iniciativa normativa que se proponga deberáser el instrumento más adecuado para garantizar la consecución del objetivo que se persigue,tras constatar que no existen otras medidas menos restrictivas y menos distorsionadoras quepermitan obtener el mismo resultado. 4. A fin de garantizar el principio de seguridad jurídica, las facultades de iniciativa normativase ejercerán de manera coherente con el resto del ordenamiento para generar un marconormativo estable y predecible, creando un entorno de certidumbre que facilite la actuación de losciudadanos y la adopción de sus decisiones económicas. 5. En aplicación del principio de transparencia, los objetivos de la regulación y su justificacióndeben ser definidos claramente. 6. Para garantizar el principio de accesibilidad, se establecerán los mecanismos de consultacon los agentes implicados que estimulen su participación activa en el proceso de elaboraciónnormativa, así como instrumentos de acceso sencillo y universal a la regulación vigente. 7. El principio de simplicidad exige que toda iniciativa normativa atienda a la consecución deun marco normativo sencillo, claro y poco disperso, que facilite el conocimiento y la comprensióndel mismo. 8. En aplicación del principio de eficacia, la iniciativa normativa debe partir de unaidentificación clara de los fines perseguidos, estableciendo unos objetivos directos y evitandocargas innecesarias y accesorias para la consecución de esos objetivos finales. 20
9. En todo caso, los poderes públicos procurarán el mantenimiento de un marco normativoestable, transparente y lo más simplificado posible, fácilmente accesible por los ciudadanos yagentes económicos, posibilitando el conocimiento rápido y sencillo de la normativa vigente queresulte de aplicación y sin más cargas administrativas para los ciudadanos y empresas que lasestrictamente necesarias para la satisfacción del interés general.Artículo 5. Instrumentos de las Administraciones Públicas para la mejora de la regulación. Para contribuir al objetivo de mejora de la calidad regulatoria y a la aplicación de losprincipios de sostenibilidad y buena regulación, las Administraciones Públicas: 1. Impulsarán los instrumentos de análisis previo de iniciativas normativas para garantizarque se tengan en cuenta los efectos de todo tipo que éstas produzcan, con el objetivo de nogenerar a los ciudadanos y empresas costes innecesarios o desproporcionados, en relación alobjetivo de interés general que se pretenda alcanzar. 2. Prestarán la máxima atención a los procesos de audiencia pública en la elaboración de susproyectos normativos, fomentando la participación de los interesados en las iniciativasnormativas, con el objetivo de mejorar la calidad de la norma. Para ello darán un plazo de tiemposuficiente, pondrán a disposición de los interesados todos los canales de comunicaciónnecesarios, especialmente a través de medios telemáticos, y asimismo aportarán la informaciónadecuada para la mejor comprensión y valoración de los efectos esperados de las iniciativasnormativas. 3. Promoverán el desarrollo de procedimientos de evaluación a posteriori de su actuaciónnormativa, disponiendo el establecimiento de los correspondientes sistemas de información,seguimiento y evaluación.Artículo 6. Adaptación de la regulación vigente a los principios de sostenibilidad y buena regulación. 1. Las Administraciones Públicas revisarán periódicamente su normativa vigente paraadaptarla a los principios de buena regulación y a los objetivos de sostenibilidad recogidos enesta ley. 2. A los efectos de lo previsto en el presente Capítulo, en el marco del Comité para la Mejorade la Regulación de las Actividades de Servicios, se acordarán e impulsarán criterios parapromover la aplicación de los principios de buena regulación por parte de las AdministracionesPúblicas y evitar la introducción de restricciones injustificadas o desproporcionadas alfuncionamiento de los mercados.Artículo 7. Transparencia y seguimiento de la mejora regulatoria. Con la periodicidad que se acuerde en el Comité para la Mejora de la Regulación de lasActividades de Servicios, la Administración General del Estado y las AdministracionesAutonómicas publicarán un informe sobre las actuaciones de mejora regulatoria que hayanrealizado, incluyendo una referencia a los avances en el programa de reducción de cargas, asícomo el programa de trabajo en materia de mejora regulatoria para el período siguiente. 21
CAPÍTULO II Organismos Reguladores SECCIÓN 1ª.DISPOSICIONES GENERALES SOBRE LOS ORGANISMOS REGULADORESArtículo 8. Naturaleza jurídica y régimen de funcionamiento de los Organismos Reguladores. 1. A los efectos de lo previsto en este Capítulo, tienen la consideración de OrganismoRegulador las actuales Comisión Nacional de Energía, Comisión del Mercado de lasTelecomunicaciones y Comisión Nacional del Sector Postal. 2. Sin perjuicio de lo anterior, serán de aplicación a la Comisión Nacional de la Competencia,en tanto que organismo horizontal de promoción y protección de la competencia efectiva en todoslos sectores productivos y en todo el territorio nacional, el apartado 2 del artículo 9, los apartados2, 3, 5, 6, 7, 8 y 9 del artículo 12, el artículo 13, los apartados 1, 3 y 4 del artículo 15, el artículo16, el artículo 19, el apartado 3 del artículo 20, el artículo 21 y el artículo 24 de la presente ley. ElDirector de Investigación de la Comisión Nacional de la Competencia, dada su condición de altocargo de la Administración General del Estado, estará sometido al régimen establecido en elartículo 15.3. 3. Los Organismos Reguladores están dotados de personalidad jurídica propia y plenacapacidad pública y privada. Actúan en el desarrollo de su actividad y para el cumplimiento desus fines con autonomía orgánica y funcional, plena independencia de las AdministracionesPúblicas y de los agentes del mercado. Asimismo están sometidos al control parlamentario yjudicial. 4. Los Organismos Reguladores se regirán por las normas del presente Capítulo, por sulegislación específica, en lo que no resulte afectado por la presente ley, y por sus estatutos,aprobados mediante el correspondiente Real Decreto. En lo no previsto en las anteriores normas,se regirán por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las AdministracionesPúblicas y del Procedimiento Administrativo Común, por la Ley 6/1997, de 14 de abril, deOrganización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, de acuerdo con loprevisto en su disposición adicional décima, por la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, GeneralPresupuestaria y por el resto del ordenamiento jurídico.Artículo 9. Relación con las entidades públicas y privadas, e independencia funcional. 1. En el ejercicio de sus funciones, los Organismos Reguladores se relacionarán con elGobierno y la Administración General del Estado, a través del titular del Ministerio competente, yactuarán en el desarrollo de su actividad y para el cumplimiento de sus fines con independenciade cualquier interés empresarial o comercial. 2. En el desempeño de las funciones que les asigna su legislación específica, y sin perjuiciode la colaboración con otros órganos y de las facultades de dirección política general delGobierno ejercidas a través de su capacidad normativa, ni el personal ni los miembros de losórganos rectores de los Organismos Reguladores o de la Comisión Nacional de la Competenciapodrán solicitar o aceptar instrucciones de ninguna entidad pública o privada. 22
3. A los efectos de lo previsto en esta ley, la Comisión Nacional de Energía y la Comisión delMercado de las Telecomunicaciones se relacionarán con el titular del Ministerio de Industria,Turismo y Comercio; y la Comisión Nacional del Sector Postal se relacionará con el titular delMinisterio de Fomento. SECCIÓN 2ª. DEL OBJETO DE LOS ORGANISMOS REGULADORESArtículo 10. Objeto de la actuación de los Organismos Reguladores. 1. Los Organismos Reguladores tendrán como objeto prioritario de su actuación velar por eladecuado funcionamiento del sector económico regulado para garantizar la efectivadisponibilidad y prestación de unos servicios competitivos y de alta calidad en beneficio delconjunto del mercado y de los consumidores y usuarios. Con tal fin, los Organismos Reguladorespreservarán y promoverán el mayor grado de competencia efectiva y transparencia en elfuncionamiento de los sectores económicos regulados, sin perjuicio de las funciones atribuidas ala Comisión Nacional de la Competencia o a los órganos equivalentes de las ComunidadesAutónomas con competencias en materia de defensa de la competencia. 2. Para el cumplimiento de los anteriores objetivos, los Organismos Reguladores ejercerán,según disponga su normativa sectorial, las funciones de supervisión, otorgamiento, revisión yrevocación de los títulos correspondientes, inspección, sanción, resolución de conflictos entreoperadores, arbitraje en el sector y aquellas otras que les atribuya la ley. SECCIÓN 3ª. DE LOS ÓRGANOS DE DIRECCIÓN DE LOS ORGANISMOS REGULADORESArtículo 11. Organización de los Organismos Reguladores. Los Organismos Reguladores ejercerán sus funciones a través de un Consejo. Larepresentación legal del Organismo corresponderá a su Presidente.Artículo 12. El Consejo y su Presidente. 1. El Consejo es el órgano colegiado de decisión en relación con las funciones atribuidas alOrganismo Regulador, sin perjuicio de las delegaciones que pueda acordar. Entre sus facultadesindelegables se encuentran la aprobación de los presupuestos del Organismo, y de su memoriaanual y sus planes anuales o plurianuales de actuación en que se definan sus objetivos y susprioridades, así como, si las tuviese atribuidas, las funciones de arbitraje y la potestad de dictarinstrucciones de carácter general a los agentes del mercado objeto de regulación o supervisiónen cada caso. 2. Serán miembros del Consejo el Presidente del Organismo, que también lo será delConsejo, y cuatro Consejeros. 3. A las reuniones del Consejo podrá asistir con voz, pero sin voto, el personal directivo, ycualquier persona del personal no directivo, que determine el Presidente. No podrán asistir a lasreuniones del Consejo los miembros del Gobierno ni los altos cargos de las AdministracionesPúblicas. 4. Corresponde a la presidencia del Consejo el ejercicio de las siguientes funciones: 23
a) Ejercer, en general, las competencias que a los Presidentes de los órganos colegiadosadministrativos atribuye la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de lasAdministraciones Públicas y del procedimiento Administrativo Común. b) Convocar al Consejo por propia iniciativa o a petición de, al menos, la mitad de losConsejeros, y presidirlo. c) Establecer el criterio de distribución de asuntos entre los Consejeros. 5. El Consejo se entenderá válidamente constituido con la asistencia del Presidente y dosConsejeros. La asistencia de los Consejeros a las reuniones del Consejo es obligatoria, salvocasos justificados debidamente. 6. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos de los asistentes. En caso de empatedecidirá el voto de quien presida. 7. En caso de vacante, ausencia o enfermedad del Presidente, le suplirá el consejero demayor antigüedad y, a igualdad de antigüedad, el de mayor edad. 8. El Consejo, a propuesta del Presidente, elegirá un Secretario no Consejero, que tendrávoz pero no voto, al que corresponderá en todo caso, y sin perjuicio de las demás funciones quele resulten atribuidas, asesorar al Consejo en derecho, informar sobre la legalidad de los asuntossometidos a su consideración, así como las funciones propias de la secretaría de los órganoscolegiados. El servicio jurídico del organismo dependerá de la Secretaría del Consejo. 9. El Consejo aprobará el Reglamento de funcionamiento interno de su Organismo, en el quese regulará la actuación de sus órganos, la organización del personal, el régimen detransparencia y de reserva de la información y, en particular, el funcionamiento del Consejo,incluyendo su régimen de convocatorias y sesiones, y el procedimiento interno para la elevaciónde asuntos para su consideración y su adopción. La aprobación del Reglamento requerirá el votofavorable de, al menos, cuatro de los miembros del Consejo.Artículo 13. Nombramiento y mandato de los miembros del Consejo. 1. El Presidente y los Consejeros serán nombrados por el Gobierno, mediante Real Decreto,a propuesta del titular del Ministerio competente, entre personas de reconocido prestigio ycompetencia profesional, previa comparecencia del Ministro y de las personas propuestas comoPresidente y Consejeros ante la Comisión correspondiente del Congreso de los Diputados, queversará sobre la capacidad de los candidatos. La comparecencia del Presidente, además, seextenderá a su proyecto de actuación sobre el organismo y sobre el sector regulado. 2. El mandato del Presidente y los Consejeros será de seis años sin posibilidad de reeleccióncomo miembro del Consejo. La renovación de los Consejeros se hará parcialmente para fomentarla estabilidad y continuidad del Consejo.Artículo 14. El Presidente del Organismo Regulador. Corresponde al Presidente del Organismo Regulador, que también lo será de su Consejo: a) Representar institucionalmente al organismo 24
b) Velar por el adecuado desarrollo de las actuaciones del Organismo, de acuerdo con elordenamiento jurídico. c) Mantener el buen orden y gobierno de la organización del Organismo Regulador. d) Impulsar la actuación del Organismo Regulador y el cumplimiento de las funciones quetenga encomendadas. En particular, la propuesta de los planes anuales o plurianuales deactuación, en los que se definan sus objetivos y prioridades. e) Ejercer funciones de jefatura en relación con los directivos y el resto del personal delOrganismo Regulador, de acuerdo con las competencias atribuidas por su legislación específica. f) Dirigir, coordinar, evaluar y supervisar las distintas unidades del Organismo Regulador. g) Dar cuenta al titular del Ministerio competente de las vacantes que se produzcan en elConsejo del Organismo Regulador. h) Dirigir la ejecución de los presupuestos del Organismo Regulador. i) Dirigir la contratación del Organismo Regulador. j) Cuantas funciones le delegue el Consejo. k) Efectuar la rendición de cuentas del Organismo Regulador.Artículo 15. Funciones e incompatibilidades de los miembros del Consejo. 1. El Presidente y los Consejeros del Consejo del Organismo ejercerán su función condedicación absoluta. 2. Sin perjuicio de su función como ponentes de los asuntos que les asigne el Presidente, enaplicación de lo previsto en el artículo 12.4.c), los Consejeros no podrán asumir individualmentefunciones ejecutivas o de dirección de áreas concretas del Organismo, que corresponderán alpersonal directivo a que se refiere el artículo 17 de la presente ley. 3. El Presidente y los Consejeros del Organismo estarán sometidos al régimen deincompatibilidad de actividades establecido para los altos cargos de la Administración General delEstado en la Ley 5/2006, de 10 de abril, de Regulación de los Conflictos de Intereses de losMiembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado y en susdisposiciones de desarrollo, así como en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 18 de febrero de2005, por el que se aprueba el Código de Buen Gobierno y de los Altos Cargos de laAdministración General del Estado. 4. Durante los dos años posteriores a su cese, el Presidente y los Consejeros no podránejercer actividad profesional privada alguna relacionada con el sector regulado, tanto enempresas del sector como para empresas del sector, en el caso de los Organismos Reguladores.En el caso de la Comisión Nacional de la Competencia, al cesar en su cargo, y durante los dosaños posteriores, el Presidente y los Consejeros no podrán ejercer actividad alguna relacionadacon la actividad de la Comisión. En virtud de esta limitación, el Presidente y los Consejeros de losOrganismos, al cesar en su cargo por renuncia, expiración del término de su mandato oincapacidad permanente para el ejercicio de sus funciones, tendrán derecho a percibir, a partirdel mes siguiente a aquel en que se produzca su cese y durante un plazo igual al que hubierandesempeñado el cargo, con el límite máximo de dos años, una compensación económicamensual igual a la doceava parte del ochenta por ciento del total de retribuciones asignadas alcargo respectivo en el presupuesto en vigor durante el plazo indicado.Artículo 16. Causas de cese en el ejercicio del cargo. 25
El Presidente y los Consejeros cesarán en su cargo: a) Por renuncia. b) Por expiración del término de su mandato. c) Por incompatibilidad sobrevenida. d) Por haber sido condenado por delito doloso. e) Por incapacidad permanente. f) Mediante separación acordada por el Gobierno por incumplimiento grave de losdeberes de su cargo o el incumplimiento de las obligaciones sobre incompatibilidades, conflictosde interés, y del deber de reserva. La separación será acordada por el Gobierno, conindependencia del régimen sancionador que en su caso pudiera corresponder, previa instrucciónde expediente por el titular del Ministerio competente. SECCIÓN 4ª. DEL PERSONAL DE LOS ORGANISMOS REGULADORESArtículo 17. Personal directivo. 1. Los Organismos Reguladores se organizarán en áreas de responsabilidad, cualquiera quesea su denominación, al frente de las cuales se designará al personal directivo. 2. Corresponde al personal directivo la dirección, organización, impulso y cumplimiento de lasfunciones encomendadas al área a cuyo frente se encuentre, de acuerdo con las instruccionesemanadas del Consejo y del Presidente del Organismo. 3. El personal directivo será nombrado por el Consejo del Organismo Regulador. Laselección se realizará mediante convocatoria pública y con procedimientos basados en losprincipios de igualdad, mérito y capacidad, de acuerdo con lo previsto en el artículo 13.2 de laLey 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. Dicho personal colaborarácon los miembros del Consejo para el mejor desempeño de sus funciones.Artículo 18. Personal no directivo. 1. El personal no directivo de los Organismos Reguladores desempeñará sus funciones conobjetividad y aplicando criterios exclusivamente profesionales. 2. Los Organismos Reguladores diseñarán una carrera profesional del personal no directivoque favorezca la dedicación, la superación y la formación continuadas. 3. La selección del personal no directivo se realizará mediante convocatoria pública y conprocedimientos basados en los principios de igualdad, mérito y capacidad, de acuerdo con loprevisto en el artículo 55 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del EmpleadoPúblico. El personal no directivo colaborará con los miembros del Consejo y con el personaldirectivo para el mejor desempeño de sus funciones.Artículo 19. Obligación de informar y garantías para la actuación. 1. El Presidente, los Consejeros, directivos y empleados que hayan prestado sus serviciosprofesionales en entidades del respectivo mercado regulado o sus representantes, y tenganfrente a las citadas entidades derecho, cualquiera que sea su denominación, a reserva orecuperación de las relaciones profesionales, a indemnizaciones o a cualesquiera ventajas de 26
contenido patrimonial, deberán notificar esta circunstancia al órgano rector del Organismo en quepresten servicios. 2. En aplicación de los principios de independencia y objetividad, los OrganismosReguladores y la Comisión Nacional de la Competencia garantizarán que sus empleados cuentenen sus actuaciones y en los procedimientos en que intervengan con reglas objetivas,predeterminadas y que delimiten adecuadamente las responsabilidades que les incumben. SECCIÓN 5ª. DE LA TRANSPARENCIA Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LOS ORGANISMOS REGULADORES Artículo 20. Publicidad de las actuaciones de los Organismos Reguladores. 1. El Organismo Regulador hará públicas todas las disposiciones, resoluciones, acuerdos einformes que se dicten en aplicación de las leyes que los regulan, preservando, en todo caso,aquellos aspectos que afecten a la confidencialidad a la que tienen derecho las empresas, y, enparticular: a) La organización y funciones del Organismo Regulador, incluyendo los curriculum vitaede los miembros del Consejo. b) Relación de los acuerdos adoptados en las reuniones del Consejo. c) Los informes en que se basan las decisiones del Consejo. d) La memoria anual de actividades que incluya las cuentas anuales, la situaciónorganizativa y la información relativa al personal y las actividades realizadas por el Organismo,con los objetivos perseguidos y los resultados alcanzados, que enviará a la Comisióncorrespondiente del Congreso de los Diputados y al titular del Ministerio competente. e) El informe económico sectorial, de carácter anual, en el que se analizará la situacióncompetitiva del sector, la actuación del sector público y las perspectivas de evolución del sector.En este informe se incluirán las observaciones y sugerencias del Organismo Regulador sobre laevolución del mercado, así como sus propuestas de reforma regulatoria, destinadas a reforzar elgrado de competencia efectiva en el sector. El informe se enviará a la Comisión correspondientedel Congreso de los Diputados y al titular del Ministerio competente. f) El plan de actuación del Organismo para el año siguiente, incluyendo las líneasbásicas de su actuación en ese año, con los objetivos y prioridades correspondientes. Este plande actuaciones se enviará también a la Comisión correspondiente del Congreso de los Diputadosy al titular del Ministerio competente. g) Las reuniones y sus conclusiones del Organismo Regulador con empresas del sector,con la Comisión Nacional de la Competencia y con otros organismos reguladores. h) La preparación y tramitación de las normas cuya aprobación les corresponda, asícomo, en su caso, de las propuestas normativas que deban formular. 2. Las disposiciones, resoluciones, acuerdos, informes y la memoria anual de actividades yel plan de actuación se harán públicos por medios electrónicos, una vez notificados a losinteresados, tras resolver, en su caso, sobre los aspectos confidenciales o meramentepreparatorios de su contenido y previa disociación de los datos de carácter personal a los que serefieren el artículo 3.a) de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datosde Carácter Personal y el artículo 24.2 de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje. 3. Cada tres años, los Organismos presentarán una evaluación de sus planes de actuacióny los resultados obtenidos para poder valorar el impacto del Organismo en el sector y el grado de 27
cumplimiento de las resoluciones dictadas. Estas evaluaciones se enviarán también a laComisión correspondiente del Congreso de los Diputados y al titular del Ministerio competente.Artículo 21. Control parlamentario. 1. Los Presidentes de los Organismos Reguladores y de la Comisión Nacional de laCompetencia deberán comparecer con periodicidad al menos anual ante la Comisióncorrespondiente del Congreso de los Diputados para exponer las líneas básicas de su actuacióny sus planes y prioridades para el futuro. 2. Las comparecencias anuales estarán basadas en las memorias anuales de actividades ylos planes de actuación de los Organismos y servirán para el examen anual de los Organismospor parte de la Cortes Generales. 3. Sin perjuicio de su comparecencia anual, el Presidente comparecerá ante la Comisióncorrespondiente del Congreso o del Senado, a petición de las mismas en los términosestablecidos en sus respectivos Reglamentos. 4. Cada tres años habrá una comparecencia especial para debatir la evaluación de losplanes de actuación y los resultados obtenidos por los Organismos.Artículo 22. Impugnación de las decisiones de los Organismos Reguladores. Los actos y resoluciones del Organismo Regulador dictadas en el ejercicio de sus funcionespúblicas pondrán fin a la vía administrativa, pudiendo ser recurridas ante la jurisdiccióncontencioso-administrativa en los términos establecidos en su Ley reguladora. SECCIÓN 6ª. DE LOS MECANISMOS DE COLABORACIÓN Y COOPERACIÓN DE LOS ORGANISMOS REGULADORESArtículo 23. Cooperación interinstitucional Con el fin de ampliar el conocimiento de sus sectores correspondientes y mejorar suscapacidades de decisión, así como contribuir activamente al perfeccionamiento del mercadoúnico europeo y el sistema económico internacional, los Organismos Reguladores deberánfomentar el contacto, la colaboración y la coordinación regular y periódica con los OrganismosReguladores de los Estados miembros de la Unión Europea, de la Comisión Europea, y de otrosEstados.Artículo 24. Cooperación entre los Organismos Reguladores y con la Comisión Nacional de la Competencia. 1. Los Organismos Reguladores cooperarán entre ellos y con la Comisión Nacional de laCompetencia en el ejercicio de sus funciones en los asuntos de interés común, respetando entodo caso las competencias atribuidas a cada uno de ellos. 2. Los Presidentes de todos los Organismos Reguladores y de la Comisión Nacional de laCompetencia se reunirán, con periodicidad al menos anual, para analizar la evolución de losmercados en sus respectivos sectores, intercambiar experiencias en relación con las medidas deregulación y supervisión aplicadas y compartir todo aquello que contribuya a un mejor 28
conocimiento de los mercados y unas tomas de decisiones más eficaces en el ámbito de susrespectivas competencias. Las reuniones previstas en el apartado anterior se convocarán deforma rotatoria, empezando por el Presidente del Organismo de mayor antigüedad. El Presidentedel Organismo convocante elaborará el orden del día y procurará la documentación pertinente,siempre previa consulta con los demás Presidentes. Las conclusiones de la reunión se haránpúblicas por los Organismos participantes 3. Los Organismos Reguladores y la Comisión Nacional de la Competencia acordarán yestablecerán los protocolos de actuación necesarios para facilitar el cumplimiento de lo previstoen el artículo 17 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia. CAPÍTULO III Mercados Financieros SECCIÓN 1ª. TRANSPARENCIA Y GOBIERNO CORPORATIVO Artículo 25. Principios de buen gobierno corporativo y adecuada gestión del riesgo en relación con las remuneraciones de los ejecutivos. En aplicación de los principios de buen gobierno corporativo emanados de los acuerdos yorganismos internacionales, y con el fin de reforzar su solvencia y asegurar una gestiónadecuada de los riesgos de las entidades por parte de sus directivos: a) Las sociedades cotizadas incrementarán la transparencia en relación con laremuneración de sus consejeros y altos directivos, así como sobre sus políticas de retribuciones,en los términos previstos en el artículo 61 bis de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado deValores. b) Adicionalmente, las entidades de crédito y las empresas de servicios de inversiónaumentarán la transparencia en sus políticas de remuneración, y la coherencia de las mismascon la promoción de una gestión del riesgo sólida y efectiva, en los términos previstos en losartículo 61 bis de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores y 10ter de la Ley13/1985, de 25 de mayo, de coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones deinformación de los intermediarios financieros y otras normas del sistema financiero.Artículo 26. Mejora de la supervisión financiera. Las autoridades financieras incorporarán al ejercicio de sus facultades de inspección ysanción los principios, normas y criterios de calidad incorporados en las Disposiciones finalesséptima, novena, décima, undécima y duodécima de esta ley.Artículo 27. Responsabilidad en el crédito y protección de los usuarios de servicios financieros. 1. Las entidades de crédito, antes de que se celebre el contrato de crédito o préstamo,deberán evaluar la solvencia del potencial prestatario, sobre la base de una informaciónsuficiente. A tal efecto, dicha información podrá incluir la facilitada por el solicitante, así como laresultante de la consulta de ficheros automatizados de datos, de acuerdo con la legislaciónvigente, especialmente en materia de protección de datos de carácter personal. 29