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Timestamp: 2018-02-25 09:35:15
Document Index: 313615845

Matched Legal Cases: ['artículo 111', 'artículo 111', 'artículo 84', 'artículo 128', 'artículo 131', 'Artículo 128', 'artículo 86', 'Artículo 128', 'Artículo 130']

Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria. TÍTULO TERCERO. La Gestión Tributaria (Vigente hasta el 23 de Julio de 1995).
Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria (Vigente hasta el 23 de Julio de 1995).
Vigencia desde 01 de Marzo de 1964. Esta revisión vigente desde 01 de Enero de 1992 hasta 23 de Julio de 1995
Los requerimientos relativos a los movimientos de cuentas corrientes, depósitos de ahorro y a plazo, cuentas de préstamos y créditos y demás operaciones activas y pasivas, incluidas las que se reflejen en cuentas transitorias o se materialicen en la emisión de cheques u otras órdenes de pago a cargo de la Entidad, de los Bancos, Cajas de Ahorro, Cooperativas de Crédito, y cuantas personas físicas o jurídicas se dediquen al tráfico bancario o crediticio, se efectuarán previa autorización del Director general o, en su caso del titular del órgano competente de la Administración Tributaria, y deberán precisar los datos identificativos del cheque u orden de pago de que se trate, o bien las operaciones objeto de investigación, los obligados tributarios afectados y el período de tiempo a que se refieren. La investigación podrá comprender la información relativa al origen y destino de los movimientos o de los cheques u otras órdenes de pago. Último inciso del número 3 del artículo 111 en la redacción dada por la Ley 31/1991, 30 diciembre, declarado inconstitucional y en consecuencia nulo, por sentencia del Tribunal Constitucional 195/1994, 28 junio («B.O.E.» 26 julio), con los efectos señalados en el Fundamento Jurídico 5.º, que establece que la publicación de la citada sentencia no entraña la nulidad de los actos administrativos firmes realizados en aplicación del citado inciso.
Número 3 del artículo 111 redactado por el número 2 del artículo 84 de la Ley 31/1991, 30 diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1992 («B.O.E.» 31 diciembre).Vigencia: 1 enero 1992
1. El procedimiento de apremio se iniciará cuando, vencido el plazo de ingreso en período voluntario, no se hubiese satisfecho la deuda tributaria.
El vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario determinará el devengo del recargo de apremio y de los intereses de demora, hasta la fecha de ingreso en el Tesoro de la deuda tributaria.
2. Cuando una declaración-liquidación o autoliquidación se presente dentro de plazo, sin que se efectúe simultáneamente el ingreso de la deuda tributaria, hallándose obligado a ello el sujeto pasivo o retenedor, la Administración, transcurrido el plazo establecido para la presentación de la declaración-liquidación o autoliquidación, procederá de inmediato al cobro por vía de apremio de la deuda o cantidad autoliquidada, exigiendo el correspondiente recargo de apremio y los intereses de demora devengados.
3. Cuando sin mediar suspensión, aplazamiento o fraccionamiento una deuda tributaria no ingresada se satisfaga antes de que haya debido procederse contra los bienes o derechos del deudor, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento General de Recaudación, no se exigirán los intereses de demora devengados desde el inicio del procedimiento de apremio.
4. El recargo de apremio será del 20 por 100 del importe de la deuda.
5. Los órganos de recaudación podrán comprobar e investigar la existencia y situación de los bienes o derechos de los obligados al pago de una deuda, para asegurar o efectuar su cobro, ostentando cuantas facultades reconocen a la Administración los artículos 110 a 112 de esta Ley. Primer párrafo del número 5 del artículo 128 en la redacción dada por la Ley 31/1991, 30 diciembre, declarado inconstitucional y en consecuencia nulo, por sentencia del Tribunal Constitucional 195/1994, 28 junio («B.O.E.» 26 julio), con los efectos señalados en el Fundamento Jurídico 5.º, que establece que la publicación de la citada sentencia no entraña la nulidad de los actos administrativos firmes realizados en aplicación del citado inciso.
Cuando la Administración tenga conocimiento de la existencia de fondos, valores u otros bienes entregados o confiados a una determinada entidad de crédito u otra persona o Entidad depositaria, podrá disponer su embargo en la cuantía que proceda, sin necesidad de precisar los datos identificativos y la situación de cada cuenta, depósito u operación. Tratándose de valores, si de la información suministrada por la persona o Entidad depositaria, en el momento del embargo, se deduce que los existentes no son homogéneos o que su valor excede del importe señalado en el apartado 1 del artículo 131 de esta Ley, se concretarán por el órgano de recaudación los que hayan de quedar trabados.
Artículo 128 redactado por el artículo 86 de la Ley 31/1991, 30 diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1992 («B.O.E.» 31 diciembre).Vigencia: 1 enero 1992
Artículo 128 redactado por el artículo único de la Ley 25/1995, 20 julio, de modificación parcial de la Ley General Tributaria («B.O.E.» 22 julio).
Artículo 130 declarado inconstitucional y en consecuencia nulo por sentencia del Tribunal Constitucional 76/1992, 14 mayo («B.O.E.» 16 junio), en la redacción dada al mismo por la Ley 33/1987, 23 diciembre.