Source: http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0152_ES.html
Timestamp: 2019-08-22 13:38:32
Document Index: 226330091

Matched Legal Cases: ['artículo 294', 'artículo 43', 'artículo 69', 'artículo 294', 'artículo 172', 'artículo 23', 'artículo 4', 'artículo 164', 'artículo 164', 'artículo 5', 'artículo 13', 'artículo 172', 'artículo 23', 'artículo 4', 'artículo 164', 'artículo 10', 'artículo 229', 'artículo 10']

Textos aprobados - Prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de suministro alimentario ***I - Martes 12 de marzo de 2019
Prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de suministro alimentario ***I
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 12 de marzo de 2019, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de suministro alimentario (COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD))
– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2018)0173),
– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 43, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C8-0139/2018),
– Visto el dictamen motivado presentado por el Parlamento sueco, de conformidad con lo dispuesto en el Protocolo n.º 2 sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, en los que se afirma que el proyecto de acto legislativo no respeta el principio de subsidiariedad,
– Visto el dictamen del Comité de las Regiones de 4 de julio de 2018(2),
– Vistos el acuerdo provisional aprobado por la comisión competente con arreglo al artículo 69 septies, apartado 4, de su Reglamento interno y el compromiso asumido por el representante del Consejo, mediante carta de 14 de enero de 2019, de aprobar la Posición del Parlamento Europeo, de conformidad con el artículo 294, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
– Vistos el informe de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural y las opiniones de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, de la Comisión de Desarrollo y de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (A8-0309/2018),
3. Aprueba la declaración común del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión adjunta a la presente Resolución;
Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 12 de marzo de 2019 con vistas a la adopción de la Directiva (UE) 2019/... del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de suministro agrícola y alimentario
(2) Tres publicaciones de la Comisión desde 2009 (la Comunicación de la Comisión de 28 de octubre de 2009 sobre la mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria en Europa, la Comunicación de la Comisión de 15 de julio de 12014 sobre cómo hacer frente a las prácticas comerciales desleales en la cadena de suministro alimentario entre empresas, y el Informe de la Comisión de 29 de enero de 2016 sobre las prácticas comerciales desleales en la cadena de suministro alimentario entre empresas), se han centrado en el funcionamiento de la cadena de suministro alimentario, en particular en la incidencia de prácticas comerciales desleales. ▌La Comisión ha propuesto una serie de elementos que convendría que incluyesen los marcos nacionales de gobernanza voluntaria para tratar las prácticas comerciales desleales en la cadena de suministro alimentario. No todos esos elementos han pasado a formar parte del marco jurídico o de los regímenes de gobernanza voluntarios de los Estados miembros y, por consiguiente, la incidencia de tales prácticas sigue ocupando el centro del debate político en la Unión.
(4) El Parlamento Europeo, en su resolución de 7 de junio de 2016 sobre prácticas comerciales desleales en la cadena de suministro alimentario(4), invitó a la Comisión a que presentara una propuesta de marco jurídico de la Unión sobre prácticas comerciales desleales. El Consejo, en sus conclusiones de 12 de diciembre de 2016 sobre el refuerzo de la posición de los agricultores en la cadena de suministro alimentario y la lucha contra las prácticas comerciales desleales, invitó a la Comisión a que llevara a cabo, de manera oportuna, una evaluación de impacto con miras a proponer un marco legislativo o medidas no legislativas de la Unión para hacer frente a las prácticas comerciales desleales. La Comisión preparó una evaluación de impacto, precedida de una consulta pública abierta, así como de una serie de consultas específicas. Además, durante el proceso legislativo, la Comisión aportó una información que demuestra que los grandes agentes representan una parte muy considerable del valor total de la producción.
(5) En la cadena de suministro agrícola y alimentario intervienen distintos agentes en las distintas fases de producción, transformación, comercialización, distribución y venta al por menor de dichos productos agrícolas y alimentarios. Dicha cadena es, con diferencia, el canal más importante para hacer llegar los productos agrícolas y alimentarios «de la granja a la mesa». Esos agentes comercializan productos agrícolas y alimentarios, es decir, los productos agrícolas primarios, incluidos los de la pesca y la acuicultura, enumerados en el anexo I del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE)▌, y ▌productos que no figuran en dicho anexo, pero que han sido transformados para su uso como alimentos utilizando productos enumerados en el mencionado anexo.
(6) Aunque el riesgo comercial es inherente a toda actividad económica, la producción agraria sufre una inseguridad particular debido a su dependencia de los procesos biológicos y a su exposición a las condiciones meteorológicas. Dicha inseguridad es diversa, ya que los productos agrícolas y alimentarios son, en mayor o menor medida, perecederos y estacionales ▌. En un contexto en el que la política agrícola está claramente más orientada al mercado que en el pasado, la protección contra las prácticas comerciales desleales resulta cada vez más importante para los agentes que intervienen en la cadena de suministro agrícola y alimentario ▌.
(8) La mayoría de ▌los Estados miembros, aunque no todos, disponen de normas nacionales específicas que protegen a los proveedores contra las prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de suministro agrícola y alimentario. Aun cuando es posible recurrir al Derecho contractual o a iniciativas de autorregulación, el temor a represalias comerciales contra el denunciante, así como los riesgos financieros que supone el desafiar tales prácticas, limitan el valor práctico de esas vías de recurso. Algunos Estados miembros que disponen de normas específicas sobre prácticas comerciales desleales ▌confían por ello a las autoridades administrativas la responsabilidad de controlar su cumplimiento. No obstante, las normas sobre prácticas comerciales desleales de los Estados miembros (cuando existen) se caracterizan por las grandes divergencias que hay entre ellas.
(9) El número y el tamaño de los agentes varían en las distintas etapas de la cadena de suministro agrícola y alimentario. Las diferencias en el poder de negociación, que se corresponden con la dependencia económica del proveedor respecto del comprador, y es probable que conduzcan a que los agentes más grandes impongan prácticas comerciales desleales a los agentes más pequeños. Un planteamiento dinámico, basado en el tamaño relativo del proveedor y del comprador en términos de cifra de negocios anual, debe facilitar una mejor protección contra las prácticas comerciales desleales a aquellos agentes que más la necesitan. Las prácticas comerciales desleales son perjudiciales, en particular para las pequeñas y medianas empresas (pymes), de la cadena de suministro agrícola y alimentario. Las empresas más grandes que las pymes pero con una cifra de negocios anual inferior a 350 000 000 EUR, también deben ser protegidas contra las prácticas comerciales desleales, para evitar que el coste de dichas prácticas se traslade a los productores agrícolas. Las consecuencias en cascada sobre los productores agrícolas parecen ser particularmente significativas para las empresas con un volumen de negocios anual de hasta 350 000 000 EUR. La protección de los proveedores intermedios de productos agrícolas y alimentarios, incluidos los productos transformados, pueden también servir para evitar la desviación del comercio desde los productores agropecuarios y sus asociaciones, que producen productos transformados, hacia proveedores no protegidos.
(12) Los proveedores de la Unión deben estar protegidos no sólo contra las prácticas comerciales desleales de los compradores establecidos en el mismo Estado miembro que el proveedor o en otro , sino también contra las prácticas comerciales desleales de los compradores establecidos fuera de la Unión. Esa protección evitaría posibles consecuencias no deseadas como la elección del lugar de establecimiento en función de las normas aplicables. Los proveedores establecidos fuera de la Unión deben también disfrutar de protección contra las prácticas comerciales desleales cuando venden productos agrícolas y alimentarios en la Unión. Esos proveedores no solo pueden ser igualmente vulnerables frente a las prácticas desleales, sino que el hecho de estar cubiertos por un ámbito de aplicación más amplio evitará también el desvío no deseado del comercio hacia proveedores no protegidos, lo que iría en detrimento de la protección de los proveedores de la Unión.
(14) La presente Directiva debe aplicarse a las conductas comerciales que practican los agentes de mayor tamaño frente a los agentes que tienen menor poder de negociación. Una aproximación adecuada al poder de negociación relativo es el volumen de negocios anual de los distintos agentes. Aun tratándose de una aproximación, este criterio proporciona a los agentes una previsibilidad con respecto a sus derechos y obligaciones en virtud de la presente Directiva. Un límite superior debe impedir que se conceda protección a agentes que no sean vulnerables, o que lo sean significativamente menos que sus homólogos o competidores más pequeños. Por ello, la presente Directiva establece categorías de operadores basadas en la cifra de negocios, conforme a las cuales se concede protección.
(15) Habida cuenta de que las prácticas comerciales desleales pueden producirse en cualquier fase de la comercialización de un producto agrícola o alimentario, ▌ antes, durante o después de una transacción de venta, los Estados miembros deben asegurarse de que la presente Directiva se aplique a tales prácticas, sea cual sea la fase en que se produzcan.
(16) A la hora de decidir si una práctica comercial dada es desleal, es importante reducir el riesgo de limitar el uso de los acuerdos equitativos y generadores de eficiencia entre las partes. En consecuencia, conviene establecer una diferencia entre las prácticas previstas en términos claros e inequívocos en los contratos de suministro, o en acuerdos posteriores entre las partes, y las prácticas que tienen lugar después de que se haya iniciado la transacción y que no han sido acordadas de antemano ▌, de manera que solo estén prohibidos los cambios unilaterales y con carácter retroactivo de esos términos claros e inequívocos del contrato de suministro. No obstante, algunas prácticas comerciales se consideran desleales de por sí y no deben estar sujetas a la libertad contractual de las partes ▌.
(17) La morosidad en el pago de productos agrícolas y alimentarios, incluida la de productos perecederos, así como la cancelación con escasa antelación de los pedidos de productos perecederos, repercuten negativamente en la viabilidad económica del proveedor, sin aportarle compensación a cambio. Por ello deben prohibirse tales prácticas. En este contexto, a los efectos de la presente Directiva, es conveniente poner a punto una definición de productos agrícolas y alimentarios perecederos. Las definiciones utilizadas en los actos conexos de la legislación de la UE en materia de alimentos tienen objetivos diferentes, como la salud y la seguridad alimentaria, y, por lo tanto, no son apropiadas a los efectos de la presente Directiva. Debe considerarse un producto como perecedero cuando quepa esperar que no se considerará apto para la venta en el plazo de treinta días a partir del último acto de recolección, producción o transformación por el proveedor, con independencia de que el producto sea sometido a una nueva transformación o de que sea manipulado tras su venta de acuerdo con otras normas aplicables, en particular las relativas a seguridad alimentaria.	Los productos perecederos suelen consumirse o venderse con rapidez. No es compatible con el comercio leal efectuar el pago de productos perecederos más de treinta días después de la entrega, treinta días desde la expiración de un plazo de entrega acordado cuando los productos se entreguen de forma periódica o treinta días desde la fecha en que se fije el importe por pagar. Para facilitar mayor protección a los agricultores y a su liquidez, los proveedores de otros productos agrícolas y alimentarios no deben tener que esperar el pago durante más de sesenta días después de la entrega, o de la expiración de un plazo de entrega acordado cuando los productos se entreguen de forma periódica, o de la fecha de establecimiento del importe por pagar. Estas limitaciones deben aplicarse únicamente a los pagos relacionados con la venta de productos agrícolas y alimentarios, y no a otros pagos como los pagos adicionales de una cooperativa a sus miembros.	De conformidad con la Directiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo y del Consejo(5), debe también ser posible considerar la fecha en que se fije el importe por pagar durante un plazo de entrega acordado sea, a efectos de la presente Directiva, la fecha de emisión de la factura, o la fecha de su recepción por el comprador. .
(18) Las disposiciones sobre mora que se establecen en la presente Directiva constituyen normas específicas para el sector agrícola y alimentario en relación con las disposiciones sobre los plazos de pago establecidas en la Directiva 2011/7/UE. Las disposiciones sobre mora que se establecen en la presente Directiva no deben afectar a los acuerdos relativos a cláusulas de reparto del valor a tenor del artículo 172 bis del Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo(6). A fin de preservar el correcto funcionamiento del programa escolar de conformidad con el artículo 23 del Reglamento (UE) n.º 1308/2013, las disposiciones sobre mora establecidas en la presente Directiva no deben aplicarse a los pagos efectuados por un comprador (esto es, un solicitante de ayuda) a un proveedor en el marco del programa escolar. Teniendo en cuenta el reto que supone para las entidades públicas que prestan servicios de asistencia sanitaria el priorizar la asistencia sanitaria de tal forma que se equilibren las necesidades de los distintos pacientes con los recursos financieros, dichas disposiciones tampoco deben aplicarse a las entidades públicas que presten servicios de asistencia sanitaria en el sentido del artículo 4, apartado 4, letra b), de la Directiva 2011/7/UE.
(19) Las uvas y el mosto para la producción vinícola tienen características especiales por cuanto, aunque las uvas se vendimian únicamente durante un período muy limitado en el año, se usan para la producción de vino, cuya venta puede no efectuarse hasta muchos años después. Con el fin de tener en cuenta esta situación especial, las organizaciones de productores e interprofesionales han venido elaborando contratos tipo para el suministro de dichos productos, en los cuales se prevén pagos fraccionados con plazos específicos. El uso de dichos contratos tipo por parte de proveedores y compradores en acuerdos plurianuales no solo proporciona a los productores agrícolas la seguridad de unas relaciones comerciales de larga duración, sino que contribuye también a la estabilidad de la cadena de suministro. Cuando dichos contratos tipo hayan sido elaborados por organizaciones de productores, organizaciones interprofesionales o asociaciones de organizaciones de productores reconocidas, y los Estados miembros hayan dispuesto que sean obligatorios con arreglo al artículo 164 del Reglamento (UE) n.° 1308/2013 («prórroga») antes del 1 de enero de 2019, o cuando los Estados miembros hayan prorrogado los contratos tipo sin haber efectuado modificaciones significativas de las condiciones de pago en detrimento de los proveedores de uvas y mosto, las disposiciones en materia de mora establecidas en la presente Directiva no deben aplicarse a los contratos entre proveedores de uvas y mosto para la producción vinícola y sus compradores directos. En virtud del artículo 164, apartado 6, del Reglamento (UE) n.° 1308/2013, los Estados miembros están obligados a notificar a la Comisión los respectivos acuerdos de organizaciones de productores, organizaciones interprofesionales y asociaciones de organizaciones de productores reconocidas.
(20) Se deben considerar desleales los anuncios de cancelación de productos perecederos con un plazo menor de treinta días, ya que el proveedor no estaría en disposición de encontrar una salida alternativa para dichos productos. No obstante, en el caso de los productos de determinados sectores, unos plazos de cancelación aún más cortos podrían dejar todavía tiempo suficiente para que los proveedores vendan los productos en otro punto o les den ellos mismos uso. Por tanto, los Estados miembros deberían tener la potestad de disponer para esos sectores unos plazos de cancelación más cortos en casos debidamente justificados.
(21) Los compradores que gozan de una posición más fuerte no deben modificar de forma unilateral las cláusulas contractuales acordadas: por ejemplo, suprimir productos objeto de un contratos de suministro. No obstante, ello no debe aplicarse a las situaciones en las que exista un contrato entre un proveedor y un comprador en el que se estipule expresamente que este último podrá especificar más adelante un elemento concreto de la transacción con respecto a pedidos futuros: por ejemplo, en relación con las cantidades encargadas. Los acuerdos no necesariamente se celebran en un momento dado para todos los aspectos de la transacción entre el proveedor y el comprador.
(28) Los Estados miembros deben designar autoridades de ejecución a fin de garantizar el cumplimiento efectivo de las prohibiciones establecidas en la presente Directiva ▌. Dichas autoridades deben poder actuar por propia iniciativa o en virtud de denuncias formuladas por las partes afectadas por las prácticas comerciales desleales en la cadena de suministro agrícola y alimentario, por denunciantes internos o por denunciantes anónimos. Las autoridades de ejecución podrían estimar que no existen motivos suficientes para instruir una denuncia. Dicha estimación puede deberse también a prioridades administrativas. Si la autoridad estima que no puede dar prioridad a la tramitación de una denuncia, debe informar al denunciante y justificarlo. Si un denunciante solicita que su identidad sea tratada confidencialmente por temor a represalias, las autoridades de ejecución de los Estados miembros deben tomar las medidas oportunas.
(31) Las denuncias de organizaciones de productores, de otras organizaciones de proveedores y de asociaciones de tales organizaciones, incluidas las organizaciones representativas, pueden servir para proteger la identidad de miembros concretos de la organización que ▌se consideren víctimas de prácticas comerciales desleales. Otras organizaciones que tengan un interés legítimo en la representación de proveedores deben tener la posibilidad de cursar una denuncia a instancias y en interés de un proveedor, siempre que dichas organizaciones sean personas jurídicas independientes sin ánimo de lucro. Las autoridades de ejecución de los Estados miembros deben, por tanto, tener la posibilidad de aceptar las denuncias presentadas por tales entidades y darles curso, protegiendo al mismo tiempo los derechos procesales del comprador.
(33) Los organismos de ejecución de los Estados miembros deben tener las atribuciones y los conocimientos técnicos necesarios para efectuar investigaciones. La atribución de competencias a dichas autoridades no significa que éstas estén obligadas a utilizarlas en cada investigación que realicen. Las autoridades de ejecución deben tener atribuciones que les permitan recopilar eficazmente cualquier información y tener la facultad de poner término a una práctica prohibida, si procede.
(37) Para facilitar el cumplimiento efectivo, la Comisión debe contribuir a la organización de reuniones periódicas entre los organismos de ejecución de los Estados miembros en las que puedan intercambiarse ▌ información pertinente, mejores prácticas, novedades, prácticas de ejecución y recomendaciones en relación con la aplicación de las disposiciones establecidas en la presente Directiva. ▌
(42) La Comisión debe tener una visión de conjunto de la aplicación de la presente Directiva en los Estados miembros. Por otra parte, debe poder evaluar la eficacia de la presente Directiva. A tal fin, es conveniente que las autoridades de ejecución de los Estados miembros presenten informes anuales a la Comisión. Dichos informes deben, cuando corresponda, proporcionar información cuantitativa y cualitativa sobre las denuncias, las investigaciones y las decisiones adoptadas. Con objeto de garantizar unas condiciones uniformes para la aplicación de la obligación de información, procede conferir a la Comisión competencias de ejecución. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo(7).
(43) Para lograr una aplicación efectiva de los principios de actuación con respecto a las prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de suministro agrícola y alimentario, la Comisión debe revisar la aplicación de la presente Directiva y presentar un informe al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. Dicha revisión debe evaluar, en particular, la eficacia de las medidas nacionales destinadas a luchar contra las prácticas comerciales desleales en la cadena de suministro agrícola y alimentario y la eficacia de la cooperación entre las autoridades de ejecución. Es importante que en la revisión se preste atención a si, en el futuro, estaría justificada la protección de los ▌ compradores de productos agrícolas y alimentarios en la cadena de suministro, además de a los ▌ proveedores. El informe debe ir acompañado, si procede, de propuestas legislativas.
(44) Dado que los objetivos de la presente Directiva, a saber, el establecimiento en toda la Unión de unas normas mínimas de protección mediante la armonización de las medidas divergentes de los Estados miembros en materia de prácticas comerciales desleales, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, y, por consiguiente, debido a su dimensión y efectos, pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de contrato con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos,
1. Con el objetivo de luchar contra las prácticas que se apartan manifiestamente de las buenas conductas comerciales, son contrarias a la buena fe y a la lealtad comercial y se imponen unilateralmente por una de las partes a la otra, la presente Directiva establece una lista mínima de prácticas comerciales desleales prohibidas en las relaciones entre compradores y proveedores en la cadena de suministro agrícola y alimentario y dispone normas mínimas en relación con el control del cumplimiento de esas prohibiciones, así como disposiciones para la coordinación entre las autoridades encargadas de ese control del cumplimiento .
2. La presente Directiva se aplicará a determinadas prácticas comerciales desleales que se producen en relación con las ventas de productos agrícolas y alimentarios por
El volumen de negocios anual de los proveedores y los compradores a que se hace referencia en las letras a) a e) del primer párrafo se determinará de conformidad con las partes correspondientes del anexo de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión(8) y en particular con sus artículos 3, 4 y 6, incluidas las definiciones de "empresa autónoma", empresa asociada" y empresa vinculada", así como otros aspectos relativos al volumen de negocio anual.
Como excepción al primer párrafo, la presente Directiva se aplicará a las ventas de productos agrícolas y alimentarios de proveedores que tengan un volumen de negocios anual de menos de 350 000 000 EUR a compradores que sean autoridades públicas
4. Los contratos de suministro celebrados antes de la fecha de publicación de las medidas de transposición de la presente Directiva de conformidad con el artículo 13, apartado 1, párrafo primero, se ajustarán a la presente Directiva en un plazo de doce meses a partir de la fecha de publicación.
(1) «productos agrícolas y alimentarios», los productos enumerados en el anexo I del TFUE ▌así como los productos no incluidos en ese anexo, pero que han sido transformados para su uso como alimento, que utilizan productos ▌enumerados en dicho anexo;
(2) «comprador», toda persona física o jurídica independientemente de su lugar de establecimiento, o cualquier autoridad pública en la Unión, que compre productos agrícolas y alimentarios ▌. El término «comprador» puede abarcar a un grupo de tales personas físicas y jurídicas;
(3) «autoridad pública», las autoridades nacionales, regionales o locales, los organismos de Derecho público o las asociaciones formadas por una o más de dichas autoridades o por uno o más de dichos organismos de Derecho público.
(4) «proveedor», todo productor agropecuario o cualquier persona física o jurídica, independientemente de su lugar de establecimiento, que vende productos agrícolas y alimentarios; el término «proveedor» puede abarcar a un grupo de tales productores agrícolas o de tales personas físicas y jurídicas, incluidas las organizaciones de productores, las organizaciones de proveedores y las asociaciones de tales organizaciones;
(5) «productos agrícolas y alimentarios perecederos», los productos agrícolas y alimentarios que por su naturaleza o por la fase de transformación en que se encuentran podrían dejar de ser aptos para la venta dentro de los treinta días siguientes a su recolección, producción o transformación.
a) que el comprador pague al proveedor ▌,
— para los productos agrícolas y alimentarios perecederos, más de treinta días después de que finalice el plazo de entrega acordado en que se hayan realizado las entregas, o más de treinta días después de la fecha en que se fije la cantidad pagadera para dicho plazo de entrega, eligiéndose la fecha que sea posterior de las dos;
— para otros productos agrícolas y alimentarios, más de sesenta días después de que finalice el plazo de entrega acordado en que se hayan realizado las entregas, o más de sesenta días después de la fecha en que se fije la cantidad pagadera para dicho plazo de entrega, eligiéndose la fecha que sea posterior de las dos;
a efectos de los plazos de pago contemplados en este inciso, los plazos de entrega acordados no excederán en ningún caso de un mes;
— para los productos agrícolas y alimentarios perecederos, más de treinta días después de la fecha de entrega o después de la fecha en que se fije el importe pagadero, eligiéndose la fecha que sea posterior de las dos;
— para otros productos agrícolas y alimentarios, más de sesenta días después de la fecha de entrega o después de la fecha en que se fije el importe pagadero, eligiéndose la fecha que sea posterior de las dos.
— los plazos de pago a que se hace referencia en el inciso i) empezarán a contar a partir del final del plazo de entregas acordado en el que se hayan realizado las entregas;
b) que el comprador cancele un pedido de productos agrícolas y alimentarios perecederos en un plazo tan breve que el proveedor no puede razonablemente esperar encontrar una alternativa para comercializar o utilizar esos productos; una notificación inferior a treinta días se considerará siempre un plazo demasiado breve. Los Estados miembros podrán establecer períodos inferiores a treinta días para sectores específicos y en casos debidamente justificados;
c) que el comprador modifique ▌unilateralmente los términos del contrato de suministro de productos agrícolas y alimentarios, en lo que se refiere a la frecuencia, método, lugar, calendario o volumen del suministro o la entrega de los productos agrícolas y alimentarios, las normas de calidad, las condiciones de pago o los precios, o en lo que se refiere a la prestación de servicios siempre que estos se mencionan explícitamente en el apartado 2;
f) que el comprador se niegue a confirmar por escrito los términos de un contrato de suministro que fueron acordados entre el comprador y el proveedor y cuya confirmación por escrito le haya solicitado el proveedor; esto no será aplicable cuando el contrato de suministro se refiera a productos que deban ser entregados por un miembro de una organización de productores, incluida una cooperativa , a la organización de productores de la que es miembro el proveedor, cuando los estatutos de dicha organización de productores o las normas y decisiones estipuladas en ellos o derivados de los mismos incluyan disposiciones que tengan un efecto similar a los términos del contrato de suministro;
g) que el comprador adquiera, utilice o divulgue secretos comerciales del proveedor ilícitamente en el sentido de la Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo(9);
— las consecuencias de las moras y los recursos establecidos en la Directiva 2011/7/UE, que se aplicarán, como excepción a los plazos de pago establecidos en dicha Directiva, basándose en los plazos de pago establecidos en la presente Directiva;
— la posibilidad de que un comprador y un proveedor acuerden una cláusula de reparto del valor a tenor del artículo 172 bis del Reglamento (UE) n.º 1308/2013.
— realizados por un comprador a un proveedor cuando dichos pagos se realizan efectúen en el marco del programa escolar contemplado en el artículo 23 del Reglamento (UE) número 1308/2013;
— realizados por entidades públicas que presten servicios de asistencia sanitaria en el sentido del artículo 4, apartado 4, letra b) de la Directiva 2011/7/UE;
i) los términos de pago específicos para las transacciones de venta se incluyan en los contratos tipo que hayan sido declarados vinculantes por el Estado miembro en virtud del artículo 164 del Reglamento (UE) n.º 1308/2013 antes del 1 de enero de 2019, y que los Estados miembros renueven esta ampliación de los contratos tipo a partir de esa fecha sin cambios significativos de los términos de pago que vayan en detrimento de los proveedores de uva y mosto; y
b) ▌ que se cargue al proveedor un pago como condición por el almacenamiento, la exposición o la inclusión en una lista de precios de sus productos agrícolas y alimentarios, o su puesta a disposición en el mercado;
Los Estados miembros velarán por que queden prohibidas las prácticas comerciales, a que se refiere la letra c) del párrafo primero, a menos que el comprador, antes de una promoción, iniciada por él, especifique la duración de la misma y la cantidad prevista de los productos agrícolas y alimentarios que vayan a encargarse a precio con descuento;
3. Cuando el comprador solicite un pago por las situaciones descritas en el apartado 2, párrafo primero, letras b), c), d), e) o f), el comprador facilitará al proveedor, ▌ en caso de que este así se lo solicite, por escrito una estimación de los pagos por unidad o de los pagos por el total, según proceda, y, además, si se trata de las situaciones descritas en el apartado 2, párrafo primero, letras b), d), e) o f), también le facilitará, por escrito, una estimación de los gastos y la base de dicha estimación.
2. Las organizaciones de productores, otras organizaciones de proveedores y las asociaciones de tales organizaciones tendrán derecho a presentar una denuncia a instancia de uno o más de sus miembros o, en su caso, a instancias de o más de los miembros de sus organizaciones miembros. cuando dichos miembros se consideren afectados por una práctica comercial prohibida.
Otras organizaciones que ostenten un interés legítimo en la representación de los proveedores tendrán derecho a cursar una denuncia a instancia y en interés de un proveedor, siempre que dichas organizaciones sean personas jurídicas independientes sin ánimo de lucro.
e) la facultad de imponer o iniciar procedimientos con vistas a la imposición de multas y otras sanciones igualmente eficaces al autor de la infracción, , incluso en materia de medidas provisionales, de conformidad con las normas y los procedimientos nacionales;
2. Las autoridades de ejecución se reunirán al menos una vez al año para examinar la aplicación de la presente Directiva sobre la base de los informes anuales a que se refiere el artículo 10, apartado 2 ▌. Las autoridades de ejecución debatirán las mejores prácticas, los nuevos casos y los avances en el ámbito de las prácticas comerciales desleales en la cadena de suministro agrícola y alimentario, así como el intercambio de información, en particular sobre la aplicación de las medidas que hayan adoptado de conformidad con la presente Directiva y sus prácticas en materia de observancia. Las autoridades de ejecución podrán adoptar recomendaciones para promover una aplicación coherente de la presente Directiva y mejorar su ejecución. La Comisión organizará tales reuniones.
Elaboración de informes ▌
1. La Comisión estará asistida por el Comité de la Organización Común de Mercados Agrícolas, creado por el artículo 229 del Reglamento (UE) n.º 1308/2013. Dicho comité será un comité a tenor del Reglamento (UE) n.º 182/2011.
1. A más tardar el … [setenta y ocho meses después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva], la Comisión realizará la primera evaluación de dicha Directiva y presentará un informe sobre las principales conclusiones de dicha evaluación al Parlamento Europeo, al Consejo, así como al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. Dicho informe irá acompañado, en su caso, de propuestas legislativas.
3. La Comisión basará el informe a que se refiere el apartado 1 en los informes anuales a que se refiere el apartado 2 del artículo 10. En caso necesario, la Comisión podrá solicitar información adicional a los Estados miembros, incluida información sobre la eficacia de las medidas que se hayan aplicado a nivel nacional y la eficacia de la cooperación y de la asistencia mutua.
4. A más tardar el … [treinta meses después de la entrada en vigor de la presente Directiva], la Comisión presentará un informe intermedio sobre el estado de transposición y aplicación de la presente Directiva al Parlamento Europeo y al Consejo, así como al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones.
1. Los Estados miembros adoptarán y publicarán, a más tardar el … [veinticuatro meses después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva], las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva. Comunicarán inmediatamente ▌a la Comisión el texto de dichas disposiciones.
Aplicarán dichas disposiciones a más tardar el … [treinta meses después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva].
Declaración del Parlamento Europeo sobre las alianzas de compra
El Parlamento Europeo, si bien reconoce el posible papel que desempeñan las alianzas de compradores en la creación de eficiencias económicas en la cadena de suministro agrícola y alimentario, hace hincapié en que actualmente la falta de información no permite evaluar los efectos económicos de estas alianzas de compradores en el funcionamiento de la cadena de suministro.
A este respecto, el Parlamento Europeo pide a la Comisión que inicie sin demora un análisis en profundidad sobre el alcance y los efectos de estas alianzas de compra, nacionales e internacionales, sobre el funcionamiento económico de la cadena de suministro agrícola y alimentario.
Declaración conjunta del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre la transparencia de los mercados agrícolas y alimentarios
El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión recalcan que la transparencia de los mercados agrícolas y alimentarios es un elemento fundamental en el buen funcionamiento de la cadena de suministro agrícola y alimentario, para que los operadores económicos y los poderes públicos puedan fundamentar mejor sus decisiones y para facilitar a los operadores la comprensión de la evolución del mercado. Se anima a la Comisión a continuar con sus trabajos en curso encaminados a aumentar la transparencia del mercado. Esto puede incluir el reforzar sus trabajos sobre los observatorios del mercado de la Unión y mejorar la recogida de los datos estadísticos necesarios para analizar los mecanismos de formación de los precios en la cadena de suministro agrícola y alimentario.
(5) Directiva 2011/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales (DO L 48 de 23.2.2011, p. 1).
(6) Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.º 922/72, (CEE) n.º 234/79, (CE) n.º 1037/2001 y (CE) n.º 1234/2007 (DO L 347 de 20.12.2013, p. 671).
(8) Recomendación 2003/361/CE de la Comisión de 6 de mayo de 2003 sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas (DO L 124 de 20.5.2003, p. 36).