Source: https://corte-constitucional.vlex.com.co/vid/-371187922
Timestamp: 2019-09-21 10:58:10
Document Index: 191988955

Matched Legal Cases: ['artículo 241', 'artículo 241', 'artículo 6', 'artículo 13', 'artículo 8', 'artículo 5', 'artículo 9', 'artículo 5', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 10', 'artículo 49', 'artículo 245', 'artículo 12', 'artículo 12', 'artículo 13', 'artículo 20', 'artículo 24', 'artículo 9', 'artículo 150', 'artículo 6', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'artículo 226', 'artículo 7', 'artículo 189', 'artículo 123', 'artículo 9', 'artículo 10', 'Artículo 1', 'artículo 12', 'artículo 226', 'Artículo 1', 'artículo 241', 'artículo 241', 'artículo 129', 'artículo 157', 'artículo 1', 'artículo 21', 'Artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 4', 'artículo 363', 'Artículo 2', 'artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 471', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 5', 'Artículo 6', 'artículo 6', 'Artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 363', 'Artículo 8', 'artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'artículo 10', 'artículo 1', 'Artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 12', 'artículo 13', 'artículo 18', 'artículo 48', 'artículo 18', 'Artículo 21', 'artículo 21', 'artículo 9', 'Artículo 22', 'artículo 22', 'Artículo 23', 'artículo 23', 'artículo 9', 'Artículo 24', 'artículo 24', 'artículo 23', 'artículo 9', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'artículo 27', 'artículo 9', 'artículo 28', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 241', 'artículo 3', 'Artículo 123']

Sentencia de Constitucionalidad nº 295/12 de Corte Constitucional, 18 de Abril de 2012 - Jurisprudencia - VLEX 371187922
Revisión de constitucionalidad del “convenio entre canadá y la república de colombia para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con el impuesto sobre la renta y sobre el patrimonio” y su “protocolo”, hechos en lima el 21 de noviembre de 2008, al igual que de la ley 1459 de 2011 aprobatorio del mismo. La corte realiza el control integral y automático de todo el contenido material del instrumento internacional referido y de su ley aprobatoria y, no encuentra reparo alguno de constitucionalidad. Se declara la exequibilidad del convenio entre canadá y la república de colombia para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con el impuesto sobre la renta sobre el patrimonio, de su protocolo y de la ley 1459 de 2011, por medio del cual se aprueba.
C-295-12 REPÚBLICA DE COLOMBIA Sentencia C-295/12
Referencia: expediente No. LAT-372.
Revisión de constitucionalidad del Convenio entre Canadá y la República de Colombia para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con el impuesto sobre la renta y sobre el patrimonio y su protocolo, hechos en Lima, a los 21 días del mes de noviembre de 2008, y de la Ley 1459 del 29 de junio de 2011, aprobatoria del mismo.
En el proceso de revisión automática del Convenio entre Canadá y la República de Colombia para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con el impuesto sobre la renta y sobre el patrimonio y su protocolo, hechos en Lima, a los 21 días del mes de noviembre de 2008, y de la Ley 1459 del 29 de junio de 2011, aprobatoria del mismo.
La Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, mediante oficio recibido el cinco (5) de julio del año 2011, remitió a esta Corporación copia auténtica de la Ley 1459 de 2011 Por medio de la cual se aprueba el Convenio entre Canadá y la República de Colombia, para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con el impuesto sobre la renta y sobre el patrimonio, y su Protocolo, hechos en Lima a los 21 días del mes de noviembre de dos mil ocho (2008) , para que, de conformidad con lo previsto en el artículo 241, numeral 10 de la Constitución, la Corte decida sobre la exequibilidad del tratado internacional y su ley aprobatoria.
Mediante Auto del primero (1º) de agosto de 2011, el Magistrado Sustanciador avocó el conocimiento del proceso de la referencia. Con el fin de contar con los elementos de juicio necesarios para proferir una decisión de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 241 superior, dispuso la práctica de pruebas en relación con los antecedentes legislativos. Recibidas éstas, dictó auto de continuación de trámite el 27 de octubre de 2011, mediante el cual ordenó dar cumplimiento a lo dispuesto en los numerales, cuarto y siguientes del Auto del primero (1º) de agosto de 2011.
Vencido el término de fijación en lista el 16 de noviembre de 2011, cumplidos los trámites propios de esta clase de procesos, y previo el concepto del Procurador General de la Nación, procede la S.P. de la Corte Constitucional a decidir acerca del asunto de la referencia.
LEY 1459 DE 2011
en el caso de Canadá a los impuestos fijados por el Gobierno de Canadá bajo la Ley del Impuesto de Renta (de ahora en adelante impuesto canadiense);
ii. el Impuesto de orden nacional sobre el patrimonio (en adelante denominado impuesto colombiano).
el término Canadá significa el territorio canadiense, incluyendo su porción terrestre, aguas internas y territorio marítimo, el espacio aéreo sobre estas áreas, y también la zona económica exclusiva y la barrera continental, como está definido por su legislación interna, de conformidad con la legislación internacional;
el término Colombia significa la República de Colombia;
los términos un Estado Contratante y el otro Estado Contratante significan, según lo requiera el contexto, Canadá o Colombia;
el término persona comprende las personas naturales, las sociedades, fideicomisos (trust), sociedades de personas y cualquier otra agrupación de personas.
el término sociedad significa cualquier persona jurídica o cualquier entidad que se considere persona jurídica para efectos impositivos;
el término empresa aplica a la realización de cualquier actividad o negocio;
el término empresa de un Estado Contratante y empresa del otro Estado Contratante significan, respectivamente, una empresa explotada por un residente de un Estado Contratante y una empresa explotada por un residente del otro Estado Contratante;
la expresión tráfico internacional significa todo transporte efectuado por un buque o aeronave explotada por una empresa de un Estado Contratante, salvo cuando dicho transporte se realice principalmente entre puntos situados en el otro Estado Contratante;
la expresión autoridad competente significa:
en Canadá, el Ministro de la Renta Nacional o su representante autorizado; y
el término nacional, en relación con el Estado Contratante, significa:
cualquier persona natural que posea la nacionalidad de ese Estado Contratante; y
el término negocio incluye la prestación de servicios profesionales y de otras actividades de carácter independiente.
1. Para los propósitos de este Convenio, la expresión residente de un Estado Contratante significa:
toda persona que, en virtud de la legislación de ese Estado, esté sujeta a imposición en el mismo por razón de su domicilio, residencia, sede de dirección, lugar de constitución o cualquier otro criterio de naturaleza análoga. Sin embargo, esta expresión no incluye a las personas que estén sujetas a imposición en ese Estado exclusivamente por la renta que obtengan de fuentes situadas en el citado Estado, o por el patrimonio situado en el mismo, y
ese Estado y cualquier subdivisión política o autoridad local del mismo o cualquier agencia o instrumento de dicho gobierno, subdivisión o autoridad.
dicha persona se considerará residente solo del Estado donde tenga una vivienda permanente a su disposición; si tuviera vivienda permanente a su disposición en ambos Estados, se considerará residente solo del Estado con el que mantenga relaciones personales y económicas más estrechas (centro de intereses vitales);
si no pudiera determinarse el Estado en el que dicha persona tiene el centro de sus intereses vitales, o si no tuviera una vivienda permanente a su disposición en ninguno de los Estados, se considerará residente solo del Estado donde viva habitualmente;
si viviera habitualmente en ambos Estados, o no lo hiciera en ninguno de ellos, se considerará residente solo del Estado del que sea nacional;
1. Para los propósitos de este Convenio, la expresión establecimiento permanente significa un lugar fijo de negocios mediante el cual una empresa realiza toda o parte de su actividad.
2. La expresión establecimiento permanente incluye, de manera especial:
los talleres, y
3. La expresión establecimiento permanente también incluye:
una obra o proyecto de construcción, instalación o montaje, incluyendo la planificación y los trabajos preparatorios, así como las actividades de supervisión relacionadas con ellos, pero solo cuando dicha obra, proyecto de construcción o actividad tenga una duración superior a seis meses, y
la prestación de servicios incluidos los servicios de consultorías, por parte de una empresa de un Estado Contratante por intermedio de sus empleados u otras personas naturales encomendadas por la empresa para ese fin en el otro Estado Contratante, pero solo en el caso de que tales actividades prosigan en ese Estado por un periodo o periodos que en total excedan de 183 días, dentro de un periodo cualquiera de doce meses.
4. No obstante lo dispuesto anteriormente en este artículo, se considera que la expresión establecimiento permanente no incluye:
el mantenimiento de un lugar fijo de negocios con el único fin de realizar para la empresa cualquier otra actividad de carácter preparatorio o auxiliar; o
el mantenimiento de un lugar fijo de negocios con el único fin de realizar cualquier combinación de las actividades mencionadas en los literales a) a e), a condición de que el conjunto de la actividad del lugar fijo de negocios que resulte de esa combinación conserve su carácter auxiliar o preparatorio.
2. Para los efectos de este Convenio, la expresión bienes inmuebles tendrá el significado que se le atribuye en las disposiciones tributarias relevantes del Estado Contratante en que los bienes estén situados. Dicha expresión incluye en todo caso los bienes accesorios a los bienes inmuebles, el ganado y el equipo utilizado en explotaciones agrícolas y forestales, los derechos a los que sean aplicables las disposiciones de derecho general relativas a los bienes raíces, el usufructo de bienes inmuebles y el derecho a percibir pagos variables o fijos por la explotación o la concesión de la explotación de yacimientos minerales, fuentes y otros recursos naturales.
el término beneficios comprende los ingresos brutos que se deriven directamente de la explotación de buques o aeronaves en tráfico internacional, y
la expresión explotación de buques o aeronaves por una empresa comprende también:
4. Las disposiciones de los párrafos 1o y 2o se aplican también a los beneficios procedentes de la participación en un consorcio pool, en una explotación en común o en una agencia de explotación internacional.
unas mismas personas participen directa o indirectamente en la dirección, el control o el capital de una empresa de un Estado Contratante y de una empresa del otro Estado Contratante, y en uno y otro caso las dos empresas estén, en sus relaciones comerciales o financieras, unidas por condiciones aceptadas o impuestas que difieran de las que serían acordadas por empresas independientes, los beneficios que habrían sido obtenidos por una de las empresas de no existir dichas condiciones, y que de hecho no se han realizado a causa de las mismas, podrán incluirse en los beneficios de esa empresa y someterse a imposición en consecuencia.
5 por ciento del importe bruto de los dividendos si el beneficiario efectivo es una sociedad que controla directa o indirectamente al menos el 10 por ciento de las acciones con derecho a voto de la sociedad que paga los dividendos; y
3. El término dividendos en el sentido de este artículo significa las rentas de las acciones, de las acciones o bono s de disfrute, de las participaciones mineras, de las partes de fundador u otros derechos, excepto los de crédito, que permitan participar en las utilidades, así como las rentas de otras participaciones sujetas al mismo régimen fiscal que las rentas de las acciones por la legislación del Estado de residencia de la sociedad que hace la distribución.
6. Nada en este Convenio se interpretará como un impedimento para que un Estado Contratante imponga a las ganancias de una sociedad atribuidas a un establecimiento permanente en aquel Estado, o a las ganancias atribuibles a la enajenación de propiedad inmueble situada en aquel Estado, por una sociedad que se dedica al comercio de bienes inmuebles, un impuesto adicional al que se cobraría sobre las ganancias de una sociedad nacional de ese Estado, salvo que cualquier impuesto adicional así exigido no excederá del 5 por ciento del monto de tales ganancias y las mismas no hayan sido sujetas a este impuesto adicional en los años fiscales anteriores. Para los fines de esta disposición, el término ganancias significa las ganancias atribuibles a la enajenación de tales bienes inmuebles situados en un Estado Contratante que puedan ser gravadas por dicho Estado al tenor de lo dispuesto en el artículo 6o o del párrafo 1o del artículo 13, y las utilidades, incluyendo cualquier ganancia, atribuida a un establecimiento permanente en un Estado Contratante en un año o años previos, después de deducir todos los impuestos, distinto del impuesto adicional aquí mencionado, que fueron impuestos sobre dichas utilidades en ese Estado.
3. El término intereses, en el sentido de este artículo significa las rentas de créditos de cualquier naturaleza, con o sin garantía hipotecaria, y en particular, las rentas de valores públicos y las rentas de bonos y obligaciones, incluidas las primas y premios unidos a esos valores, bonos y obligaciones, así como cualquier otro ingreso que la legislación del Estado de donde procedan los intereses asimile a las rentas de las cantidades dadas en préstamo. Sin embargo, el término interés no incluye las rentas comprendidas en los artículos 8 o 10.
3. El término regalías empleado en este artículo significa las cantidades de cualquier clase pagadas por el uso, o el derecho al uso, de derechos de autor sobre obras literarias, artísticas o científicas, incluidas las películas cinematográficas o películas, cintas y otros medios de reproducción de imagen y el sonido, las patentes, marcas, diseños o modelos, planos, fórmulas o procedimientos secretos u otra propiedad intangible, o por el uso o derecho al uso, de equipos industrial es, comerciales o científicos, o por informaciones relativas a experiencia industrial, comercial o científica. El término regalías también incluye los pagos recibidos por concepto de la prestación de asistencia técnica, servicios técnicos y servicios de consultoría. Sin embargo, el término regalías no incluye ingresos relacionados con el artículo 8o.
acciones cuyo valor se derive directa o indirectamente en más de un 50 por ciento de bienes inmuebles situados en el otro Estado Contratante,
una participación en una sociedad de personas, fondo fiduciario o en cualquier otra entidad cuyo valor se deriva directa o indirectamente en más de un 50% de bienes inmuebles situados en ese otro Estado, o
las acciones u otros derechos en el capital de una sociedad que es residente del otro Estado, si el residente del primer Estado mencionado fuese propietario, en cualquier momento dentro del período de doce meses anteriores a la enajenación, directa o indirectamente, de un 25 por ciento o más del capital de esa sociedad, podrán ser gravados en ese otro Estado.
2. No obstante las disposiciones del párrafo 1o, las remuneraciones obtenidas por un residente de un Estado Contratante en razón de un empleo ejercido en el otro Estado Contratante se gravarán exclusivamente en el primer Estado mencionado así:
las remuneraciones se pagan por, o en nombre de, una persona empleadora que no sea residente del otro Estado, y
las remuneraciones no se soportan por un establecimiento permanente que una persona empleadora tenga en el otro Estado.
15% del monto bruto del pago; y
la tasa determinada en relación con el monto del impuesto que el receptor del pago de otra forma hubiera tenido que pagar en el año, sobre el monto total de pagos periódicos de pensiones percibidas por esa persona física en el año, si dicha persona fuera residente del Estado Contratante del que procede el pago.
las pensiones y asignaciones de guerra (comprendidas las pensiones y las asignaciones pagadas a los veteranos de guerra o pagadas como consecuencia de los daños o heridas sufridas como consecuencia de una guerra) procedentes de un Estado Contratante y pagadas a un residente del otro Estado Contratante no serán sometidas a imposición en ese otro Estado en la medida en que no hubieran sido sometidas a imposición, de haber sido percibidas por un residente del Estado mencionado en primer lugar, y
el pago de alimentos y otros pagos de manutención similares procedentes de un Estado Contratante y pagados a un residente del otro Estado Contratante, que esté sujeto a imposición en ese Estado en relación a los mismos, sólo serán sometidos a imposición en ese otro Estado, pero el importe sobre el cual se aplican estos impuestos no puede exceder del importe sobre el que se aplicarían en el Estado Contratante mencionado en primer lugar, si el receptor fuese residente del mismo.
Sin embargo, dichos sueldos, salarios y otras remuneraciones similares sólo pueden someterse a imposición en el otro Estado Contratante si los servicios se prestan en ese Estado y la persona natural es un residente de ese Estado que:
sujeto a las disposiciones existentes en la legislación de Canadá en relación con la deducción sobre el impuesto a pagar en Canadá por concepto del impuesto pagado fuera de Canadá, y con cualquier modificación subsecuente a dichas disposiciones que no afecte sus principios generales y a menos que se otorgue una mayor deducción o beneficio en los términos de la legislación de Canadá, el impuesto pagado en Colombia sobre beneficios, rentas o ganancias procedentes de Colombia podrá ser deducido de cualquier impuesto canadiense a pagar respecto de dichos beneficios, rentas o ganancias;
sujeto a las disposiciones existentes en la legislación de Canadá respecto a la posibilidad de utilizar el impuesto pagado en un territorio fuera de Canadá como crédito tributario contra el impuesto canadiense y a cualquier modificación subsecuente de dichas disposiciones que no afecte sus principios generales cuando una sociedad que es residente de Colombia pague un dividendo a una sociedad que es residente de Canadá y que la misma controle directa o indirectamente al menos el 10 por ciento del poder de voto en la primera sociedad mencionada, el crédito deberá tomar en cuenta el impuesto pagadero en Colombia por la primera sociedad mencionada respecto a las utilidades sobre las cuales tal dividendo es pagado; y
cuando de conformidad con cualquier disposición del Convenio, los ingresos obtenidos por un residente de Canadá están exonerados de impuestos en Canadá, Canadá puede, no obstante, al calcular el monto del impuesto sobre otros ingresos, tomar en cuenta los ingresos exonerados de impuestos.
Cuando un residente de Colombia obtenga rentas o posea elementos patrimoniales que, con arreglo a las disposiciones de este Convenio, puedan someterse a imposición en el otro Estado contratante, Colombia permitirá, dentro de las limitaciones impuestas por su legislación interna:
la deducción (descuento) del impuesto sobre la renta de ese residente por un importe igual al impuesto sobre la renta pagado en el otro Estado;
Cuando con arreglo a cualquier disposición de este Convenio, las rentas obtenidas por un residente de Colombia o el patrimonio que posea estén exentos de impuestos en Colombia, Colombia podrá, no obstante, tomar en consideración las rentas o el patrimonio exentos para calcular el impuesto sobre el resto de las rentas o el patrimonio de ese residente.
5. En este artículo, el término imposición se refiere a los impuestos que son objeto de este Convenio.
suministrar información que no se pueda obtener sobre la base de su propia legislación o en el ejercicio de su práctica administrativa normal, o de las del otro Estado Contratante; o
1. Las disposiciones de los artículos 10,11 y 12 no se aplicarán si el propósito o uno de los principales propósitos de cualquier persona relacionada con la creación o atribución de una acción, crédito o derecho, en relación con los cuales los dividendos, intereses o regalías se pagan, fuera el obtener beneficios de uno o más de estos artículos mediante tal creación o atribución.
2. Ninguna disposición de este Convenio podrá interpretarse en el sentido de impedir que un Estado Contratante someta a imposición los montos comprendidos en la renta de un residente de ese Estado con respecto a sociedades de personas, fideicomisos (trust), sociedades u otras entidades en las que dicho residente posee participación.
Para los fines de este párrafo, plan de pensiones incluye el plan de pensiones creado conforme al sistema de seguridad social de cada Estado Contratante.
Respecto del párrafo 3o del artículo 5o, a los efectos del cálculo de los límites temporales a que se refiere este párrafo, el periodo durante el cual se realizan las actividades por una empresa asociada a otra empresa en el sentido del artículo 9o, se sumará al período durante el cual son realizadas las actividades por la empresa de la que es asociada, si las actividades de ambas empresas son idénticas o sustancialmente similares o son realizadas en conexión con el mismo sitio o proyecto.
Respecto del párrafo 3o del artículo 5o, la planificación, los trabajos preparatorios y las actividades de supervisión se deberán considerar asociadas a una obra o proyecto de construcción o instalación, solamente si dicho trabajo o actividad se realiza en la obra o en el proyecto de construcción o instalación.
Para propósitos del artículo 7o, las utilidades se le atribuirán a un establecimiento permanente según el párrafo 2o del artículo 7o como si el establecimiento permanente fuese una empresa que se maneja de manera independiente de la empresa de la cual hace parte. El párrafo 3o del artículo 7o establece el principio de que los gastos incurridos por la empresa, para propósitos del establecimiento permanente, indistintamente de donde hayan sido incurridos, se podrán deducir de las utilidades atribuibles al establecimiento permanente. Para aplicar este párrafo, la deducibilidad de estos gastos procederá siempre que se cumplan los requisitos, condiciones y limitaciones a las cuales están sujetos, de acuerdo con la legislación interna del Estado Contratante en el cual está ubicado el establecimiento permanente.
En el caso de Colombia, para los efectos de este Convenio, el término buques comprende todo tipo de naves.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2o del artículo 10, para el caso de Colombia, cuando una sociedad residente en Colombia no haya pagado el impuesto sobre la renta sobre las utilidades que se repartan a los socios o accionistas por tener una exención o por exceder el límite máximo no gravado contenido en el artículo 49 y en el párrafo 1o del artículo 245 del Estatuto Tributario, el dividendo que se reparta podrá someterse en Colombia a la tarifa del 15 por ciento, si el beneficiario efectivo del dividendo es un socio o accionista residente en Canadá.
Para mayor certeza, el término derecho en el párrafo 4o del artículo 12 incluye los derechos contractuales a recibir pagos relativos a la prestación de asistencia técnica, servicios técnicos o servicios de consultoría.
Si después de firmado el Convenio, Colombia suscribe con un Estado tercero un Convenio que estipule disposiciones respecto de asistencia técnica, servicios técnicos o servicios de consultoría que sean más favorables que aquellas dispuestas en el artículo 12 del Convenio, dichas disposiciones aplicarán automáticamente al Convenio, bajo las mismas condiciones, como si dichas disposiciones se hubieren establecido en el Convenio. Dichas disposiciones aplicarán a este Convenio a partir de la entrada en vigor del Convenio con el Estado tercero. La autoridad colombiana competente le deberá informar a la autoridad canadiense competente, sin demora, que se han cumplido las condiciones de aplicación de este subpárrafo.
Los párrafos 6o y 7o del artículo 13 son incluidos en el Convenio teniendo en cuenta la legislación interna de Canadá respecto de las reglas que aplican a la emigración de contribuyentes. En el momento de la firma de este Convenio, Colombia no tiene reglas similares en su legislación interna y, por lo tanto, se anticipa que estos párrafos solamente aplicarán, inicialmente, en casos de personas que dejan de ser residentes de Canadá.
Respecto del párrafo 2o del artículo 20, se acordó que este sólo aplica en el caso de Canadá bajo el entendido de que, según la legislación interna de Colombia, los ingresos de un fideicomiso mantienen la caracterización legal del ingreso subyacente generado por ese fideicomiso.
Para mayor certeza, el plazo límite de siete años a que se refiere el párrafo 3o del artículo 24 y el párrafo 3o del artículo 9o, será aplicable únicamente cuando en la legislación interna del Estado Contratante mencionado en primer lugar en dichos párrafos se prevea un plazo superior.
Ó.I.Z..
1. Dirección de Impuestos Nacionales DIAN-.
La representante de la DIAN, resalta la importancia de los acuerdos para evitar doble tributación en el contexto de una economía globalizada, en la medida que permiten alcanzar estándares de competitividad en favor de la inversión extranjera. Igualmente, señala que estos acuerdos evitan la evasión fiscal a través de reglas a partir de las cuales los Estados se distribuyen la competencia fiscal.
Afirma la representante de la DIAN, que la doble tributación constituye uno de los obstáculos a la inversión extranjera y al comercio internacional, puesto que una renta obtenida por el contribuyente está sometida simultáneamente a un mismo o similar impuesto en dos o más Estados; o, puede presentarse, a su vez, cuando dos jurisdicciones tributarias consideran que el ingreso se produjo en su territorio o cuando dos jurisdicciones afirman ser el país de residencia del sujeto generador del ingreso gravado. Sobre el punto desarrolla toda una argumentación respecto de la importancia de los tratados que evitan doble imposición.
Para la DIAN, se dio cumplimiento a los trámites formales exigidos en la Constitución por haberse agotado cada una de las etapas señaladas por los artículos 154, 157 y 224 superiores, así como la competencia indicada en el artículo 150 numeral 6 de la Carta.
Respecto del análisis material, afirma que ya la Corte Constitucional ha aprobado tratados de igual naturaleza con otros Estados como Chile, Suiza y España. Así, señala que el Convenio consta de treinta (30) artículos y un Protocolo que agrupó de la siguiente manera: i. Los artículos 1º a 2ª definen el ámbito de aplicación del Convenio: personas residentes de uno o de ambos Estados contratantes e impuestos comprendidos: renta y patrimonio). ii. Los artículos 3º, 4º y 5º enmarcan definiciones generales del convenio, así como el significado de expresiones que serán usadas de manera frecuente como residente y establecimiento permanente. iii. El artículo 6º, numerales 1º a 4º establecen los bienes considerados como inmuebles que generan renta. iv. Los artículos 7 a 13 estipulan eventos en los cuales se puede someter a imposición de un Estado Contratante los beneficios de una empresa como: intereses, regalías y ganancias de capital. v. Los artículos 14 a 22, determinan las actividades o hechos sujetos al convenio. vi. Los artículos 23 a 24 contienen disposiciones de aceptación del tratado tales como: la cláusula de no discriminación recíproca, el procedimiento amistoso entre los países contratantes, cuando una persona considere que las medidas adoptadas por cualquiera de los Estados no se adaptan al convenio. vii. Los artículos 25 a 26 precisan el intercambio de información, cláusulas antiabuso. viii. Artículo 27 directrices para no afectar privilegios fiscales de los que gozan las misiones diplomáticas y consulares. ix. Artículo 28. Medidas para no restringir los tratamientos de exención o desgravación, crédito o deducción establecida por un Estado contratante. x. Artículo 29. Notificación para le cumplimiento de los procedimientos requeridos por la respectiva legislación interna para la entrada en vigor del instrumento internacional. xi. Artículo 30. Establece el procedimiento de denuncia del tratado. xii. Por último, el Protocolo tiene como finalidad precisar y complementar los alcances del Convenio.
La entidad finaliza su intervención señalando que el Convenio cumple con los requisitos de reciprocidad y respeto a la soberanía consagrados en los artículos 9 y 224 de la Carta. Señala la DIAN que el Acuerdo que se revisa, prevé obligaciones recíprocas de las partes y contiene compromisos que permiten el acceso a la información, razón por la cual solicita declarar su exequibilidad.
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por medio de apoderada, afirma que el Convenio tiene como punto de partida el modelo propuesto por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en adelante OCDE- de gran importancia en la negociación, aplicación e interpretación de los convenios fiscales que corresponde al modelo dinámico, que permite su actualización y modificación periódica y puntual como resultado de continuos procesos de globalización y liberación de la economía mundial. Sin embargo, el texto recoge algunas modificaciones recogidas del modelo ONU y otras propias de Colombia, con el fin de tener un modelo más adecuado a nuestras necesidades.
El tratado bajo análisis señala- comprende los impuestos sobre la renta y el patrimonio para Colombia y Canadá y, a su vez, ampara ingresos correspondientes a actividades empresariales, de transporte aéreo y marítimo, de inversión, de rentas inmobiliarias, de servicios, de capital, artistas y deportistas, entre otros. En ese orden de ideas, considera que el texto del tratado, luego de describirlo artículo por artículo, respeta íntegramente los postulados constitucionales relativos a las relaciones internacionales y, en particular, responde a lo establecido en el artículo 226 de la Carta Política, según el cual, el Estado promoverá la internalización de las relaciones sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia. Finalmente, indica que este instrumento no se limita sólo a regular materias estrictamente impositivas, sino que establece cláusulas destinadas a prevenir la evasión fiscal y, por ende, incluye cláusulas anti-abuso, de forma que no se generan beneficios a quienes incurran en conductas impropias.
Por lo anterior, el Ministerio defendió la exequibilidad de este instrumento internacional.
3. Ministerio de Relaciones Exteriores.-
EL Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de representante, afirma que el Convenio en estudio proporciona mecanismos que favorecen la estabilidad jurídica, con miras a garantizar que las condiciones pactadas en materia tributaria pervivan de forma estable, pues Canadá es un socio estratégico prioritario en la política exterior de Colombia para efectos de atraer inversión.
De esta forma, sostiene que, en las disposiciones previstas en el Convenio y su Protocolo se establecen las rentas y beneficios empresariales; dividendos; intereses; regalías; ganancias de capital y pensiones, susceptibles de ser sometidos a imposición en uno y otro Estado. Así mismo, las citadas cláusulas determinan los impuestos aplicables al Convenio, a saber: (i) Los establecidos por la República de Colombia, impuesto a la renta y complementarios, y el impuesto nacional sobre patrimonio y (ii) Los consagrados por Canadá, bajo la Ley del impuesto a la renta. De igual manera, se consagran cláusulas anti-abuso, de no discriminación, de intercambio de información y de exclusión en lo que se refiere a miembros diplomáticos y oficinas consulares.
Advierte este Ministerio que, el Convenio y el Protocolo sub examine fueron suscritos con plenos poderes, de conformidad con lo previsto en el artículo 7º del Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, en el artículo 189, numeral 2º de la Constitución Política y mediante autorización ejecutiva de 21 de agosto de 2009, en la cual el entonces P. ordenó someterlo a aprobación del Congreso de la República. En concordancia con dicha autorización, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y en concordancia con los artículos 150, numeral 16; 189, numeral 2o; y 224 de la Constitución Política, presentó ante la Secretaria del Senado de la República el proyecto de ley aprobatoria del Convenio y el Protocolo, el día 26 de noviembre de 2009.
Por lo expuesto, solicita se declare su exequibilidad.
4. Instituto Colombiano de Derecho Tributario.-
El Instituto Colombiano de Derecho Tributario, pronunciándose sobre los aspectos de fondo de la norma objeto de examen determinó que Teniendo en cuenta que el Convenio aprobado a través de la Ley 1459 de 2011 tiene una estructura, contenido y alcance muy similar a los Convenios aprobados por las leyes ya declaradas constitucionales por la Corte y las diferencias que puedan contener en nada afectan el análisis de constitucionalidad, y teniendo en cuenta los argumentos expuestos en los conceptos anteriormente enviados por el ICDT como por la misma Corte Constitucional en las sentencias citadas, el Instituto considera que la Ley 1459 de 2011 es constitucional.
Es así como, recuerda el Instituto, que a propósito de la Sentencia C-383 de 2008, por la cual se declaró exequible la Ley 1261 de 2008, se establecieron aspectos que considera importantes y aplicables al presente tratado: i. Se recoge la tesis del monismo moderado en virtud de la cual las reglas del Convenio prevalecen sobre el derecho interno (punto 3.3. de la sentencia), ii. Se acepta que el Convenio puede crear situaciones que impliquen sacrificio fiscal (punto 3.1 de la sentencia), iii. Este tipo de convenios genera vacíos en su redacción que pueden afectar su aplicación, entre ellos: a. La mención al concepto de establecimiento permanente como elemento para establecer la jurisdicción que va a cobrar el impuesto tanto para rentas empresariales como para rentas por dividendos, intereses y regalías, en la medida que el mismo no ha sido desarrollado en Colombia por lo cual requiere una definición y reglas internas claras pues no debe confundirse con la definición que el Código de Comercio trae de establecimiento permanente. b. Dificultad para implementar de manera práctica las reglas antielusión y antiabuso. c. Dificultades en relación con la imposición sobre los dividendos pagados a los accionistas, en muchos casos exentos en el país, de forma que Colombia renuncia a ese recaudo de fuente nacional, que en todo caso si va a ser cobrado por el otro Estado.
El director del Centro de Estudios Fiscales (CEF) del Departamento de Derecho Fiscal de la Universidad Externado de Colombia, emitió concepto sobre la constitucionalidad de la Ley 1459 aprobatoria del Convenio y del Protocolo bajo examen.
En lo concerniente a los aspectos formales, sostuvo la importancia de atender a las directrices del anexo II de la Decisión 40 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), según el cual los convenios para evitar doble tributación que suscriban los países miembros con otros Estados ajenos a la subregión se deben guiar por el convenio tipo y, para su celebración, se realizarán consultas con lo demás miembros en el seno del Consejo de Política Fiscal. Por lo anterior, estima que el Convenio debe ser enviado por la Corte Constitucional al Tribunal de Justicia Andino en términos del artículo 123 de la Decisión 500 de la CAN[1] pues, de los argumentos presentados por el Gobierno en la exposición de motivos de la ley, se desprende que el CDI ha sido suscrito siguiendo las directrices del Modelo de Convenio de la OCDE. Argumenta que, de no aplicar dicha Decisión, se podría vulnerar el artículo 9° de la Constitución, pues Colombia no estaría cumpliendo de buena fe las disposiciones comunitarias y, por lo tanto, habría una vulneración del principio pacta sunt servanda, que la Constitución y la propia Corte han querido preservar.
En cuanto al fondo del asunto, el director del CEF considera que, en términos generales, los aspectos negativos de la aplicación de los tratados obedecen a un tema de la ley interna, lo cual genera de facto una falta de reciprocidad en la aplicación del tratado.
En primer lugar, señala que Colombia, en su Estatuto Tributario, establece criterios muy laxos para considerar residente a un sujeto extranjero, situación que contrasta con la mayoría de los Estados y con el hecho de que los Convenios para Evitar la Doble Tributación, elaborados desde el modelo de la OCDE, como lo son todos los celebrados por Colombia, otorguen prevalencia al criterio de la residencia. A título de ejemplo, mientras que en Colombia un extranjero sólo está sometido a tributar por renta mundial luego del quinto año de ser residente fiscal (en términos colombianos), en Canadá lo será a partir del primer momento en que se considere residente fiscal.
En lo que corresponde a los dividendos, según los artículos 48 y 49 del Estatuto Tributario, en buena parte no son gravados en Colombia, en virtud de la aplicación de un sistema para evitar la doble tributación sociedad-socio. La regla prevista por tales normas -y, por ende, del artículo 10 del Convenio- implicará que sea un beneficio tributario que otorga Colombia únicamente en favor de Canadá, pero no en beneficio del contribuyente, puesto que en últimas éste terminará soportando la misma carga económica cuando el tributo se grave en Canadá, más no en Colombia. Así, al final se trataría de un traslado de recaudo de Colombia a Canadá y el empresario no tendrá beneficio tributario alguno.
En razón de lo anterior, el CEF propone que los CDI no incluyan el método de imputación para eliminar la doble imposición, como se hace en el Convenio Colombia-Canadá, sino una cláusula de exención, que resulta mas neutral ante los beneficios tributarios otorgados por los Estados, ya que no considera dentro de la base gravable del impuesto las rentas de fuente extranjera, estimulando así, verdaderamente la inversión.
En segundo lugar, el CEF hace referencia al problema de la figura de Establecimiento Permanente (EP), considerando que la legislación interna colombiana no consagra una definición ni una regulación del mismo, lo que podría generar situaciones de pérdida de recaudación al estado colombiano por la imposibilidad de aplicar tal institución.. Por esta razón, el CEF sugiere a la Corte que exhorte al Congreso de la República para que éste incorpore una reforma tributaria en lo atinente al Establecimiento Permanente, so pena de poner en riesgo la seguridad jurídica que debe existir por mandato constitucional en el ámbito tributario (Arts. 338 y 363 CN) y socavar la reciprocidad y profundizar en una pérdida de recaudación que se genere por la inexistencia de regulación interna sobre la materia.. Se indica que la misma Corte Constitucional es consciente del asunto y así lo indicó en la sentencia C-640 de 2010, al señalar que ciertos aspectos instrumentales y administrativos del establecimiento permanente, como el régimen aplicable para el cumplimiento de obligaciones formales, no estaban incluidas en el tratado y, en consecuencia se requería reglamentar tales aspectos, pues de lo contrario la aplicación de la aludida disposición encontraría dificultades en Colombia en detrimento del recaudo fiscal. A pesar de ello, hoy día no se ha tramitado proyecto de ley alguno en tal sentido.
6. J.C.B..-
El ciudadano B. precisa que, a pesar de que el tema de doble tributación ha sido resuelto, en general, mediante reglas unilaterales de derecho interno, es evidente que tales problemas pueden ser resueltos con mayor eficiencia a través de acuerdos dirigidos a evitar la doble tributación.
De esta forma, el ciudadano hace una relación de las oportunidades en que la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre la constitucionalidad de estos tratados, para lo cual menciona la Sentencia C-249 de 1994 (Acuerdo entre Colombia y Brasil); Sentencia C-160 de 2000 (Acuerdo entre Colombia e Italia); Sentencia C-383 de 2008 (Convenio entre Colombia y España); Sentencia C-460 de 2010 (Convenio entre Colombia y Suiza). Sobre este último pronunciamiento, señaló que, pese a que estos acuerdos pueden significar sacrificios fiscales para los Estados, se deben establecer obligaciones recíprocas para las partes, de acuerdo con los principios internacionales de equidad y reciprocidad, con el fin de que no se traduzcan en una condición desfavorable o inequitativa.
Para este ciudadano el literal g) del Artículo 1º del Protocolo modificatorio del ADT suscrito entre Canadá y Colombia es inexequible por violación a los artículos 13 y 226 de la Constitución Política.
Dicha disposición incorpora la denominada cláusula de Nación más Favorecida en relación con el tratamiento de los ingresos generados por concepto de servicios de asistencia técnica, servicios técnicos o servicios de consultoría, en los siguientes términos:
g. Si después de firmado el Convenio, Colombia suscribe con un Estado tercero un Convenio que estipule disposiciones respecto de asistencia técnica, servicios técnicos o servicios de consultoría que sean más favorables que aquellas dispuestas en el artículo 12 del Convenio, dichas disposiciones aplicarán automáticamente al Convenio, bajo las mismas condiciones, como si dichas disposiciones se hubieren establecido en el Convenio. Dichas disposiciones aplicarán a este Convenio a partir de la entrada en vigor del Convenio con el Estado tercero. La autoridad colombiana competente le deberá informar a la autoridad canadiense competente, sin demora, que se han cumplido las condiciones de aplicación de este subpárrafo.
Sobre el punto, si bien la Corte Constitucional no ha efectuado ningún reproche a este tipo de cláusulas por considerar que pretenden un trato igualitario frente a los inversionistas, de forma que una vez el país receptor de la inversión concede una ventaja a un tercer Estado, el derecho de otros Estados a un tratamiento no menos favorable nace en forma inmediata. No obstante, esta cláusula establece la obligación de manera unilateral para Colombia, con lo cual se vulneran los principios de reciprocidad, equidad y conveniencia nacional en términos del artículo 226 de la Constitución Política. Es así como la finalidad de evitar una doble tributación internacional se logra gracias a la renuncia que hacen recíprocamente los países de su potestad de gravar, pero la misma debe ser recíproca, es decir, que si Canadá suscribe un convenio de doble imposición tributaria en que se fijen condiciones más favorables para los inversionistas de otro Estado no podrán tales beneficios ser extendidos a los inversionistas colombianos, en tanto los inversionistas de Canadá sí podrán beneficiarse, en el caso en que Colombia ofrezca condiciones tributarias más favorables a otro Estado.
En consecuencia, solicita la exequibilidad condicionada de la cláusula de nación más favorecida, consagrada en el literal g) del Artículo 1° del Protocolo.
En ejercicio de las competencias previstas en los artículos 242.2 y 278 del texto constitucional, el Procurador General de la Nación presentó concepto núm. 5269, dentro del trámite de la referencia, en el cual solicitó a la Corte lo siguiente:
Luego de hacer un análisis exhaustivo sobre el cumplimiento de los requisitos formales de la Ley 1459 de 2011, el Procurador no advierte la existencia de vicio alguno.
Con respecto al análisis material, señala que el Convenio y el Protocolo sub examine, al pretender evitar la doble imposición de tributos y la evasión fiscal en relación con el impuesto al patrimonio, responde a la misión de ambos estados parte de vigilar y controlar de manera adecuada el pago de tributos.
Finalmente, al analizar el contenido del Convenio y del Protocolo, sostiene que ambos se desarrollan dentro de un marco de reciprocidad, equidad y respeto, principios consagrados en los artículos 9, 226 y 227 del texto constitucional. Asimismo, afirma que se trata de un instrumento internacional idóneo para lograr un manejo tributario adecuado y razonable, acorde con los artículos 338, 345 y 363 de la Constitución.
Por lo anterior, el Ministerio Público solicita a la Corte declarar su exequibilidad.
La Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, mediante oficio recibido el 5 de julio del año en curso, remitió a esta Corporación copia auténtica de la Ley 1459 de 2011Por medio de la cual se aprueba el Convenio entre Canadá y la República de Colombia, para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con el impuesto sobre la renta y sobre el patrimonio, y su Protocolo, hechos en Lima a los 21 días del mes de noviembre de dos mil ocho (2008) , para que de conformidad con lo previsto en el artículo 241, numeral 10 de la Constitución, decida sobre la exequibilidad del tratado internacional y su ley aprobatoria.
En el caso bajo estudio, la Doctora Alejandra Valencia Gartner, Directora de Asuntos Internacionales (E), remitió copia certificada de la Aprobación Ejecutiva, de fecha del veintiuno (21) de agosto de 2009, suscrita por el entonces P. de la República, Á.U.V., mediante la cual se autorizó someter al Congreso de la República el Convenio entre Canadá y la República de Colombia, para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con el impuesto sobre la renta y sobre el patrimonio, y su Protocolo, hechos en Lima a los 21 días del mes de noviembre de dos mil ocho (2008)
En estos casos, tal y como lo consideró la Corte en sentencia C- 1710 de 2000, no hay lugar a que la Corte verifique el poder de los negociadores o firmantes del mismo, y de otra, como lo ha señalado en anteriores oportunidades, de la presente revisión depende, en los términos del artículo 241-10 de la Carta, la posibilidad de que el P. de la República manifieste la voluntad del Estado de obligarse a dicho instrumento adhiriendo al mismo. No se presentó, en consecuencia, vicio alguno de procedimiento.
Con fundamento en los antecedentes legislativos, las actas publicadas en las Gacetas del Congreso de la República y las certificaciones remitidas a la Corte Constitucional por el S. General del Senado de la República se pudo verificar que el trámite surtido en esa Corporación para la expedición de la Ley No.1459 de 2011, fue el siguiente:
5.1 Presentación del proyecto de ley aprobatoria y primer debate en la Comisión Segunda del Senado.
El proyecto de Ley núm. 205 de 2009 Senado, Por medio de la cual se aprueba el Convenio entre Canadá y la República de Colombia, para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con el impuesto sobre la renta y sobre el patrimonio, y su Protocolo, hechos en Lima a los 21 días del mes de noviembre de dos mil ocho (2008) , fue radicado el veintiséis (26) de noviembre de 2009 ante la Secretaría General del Senado por el Ministro de Relaciones Exteriores y el Ministro de Hacienda y Crédito Público. El texto aparece publicado en la Gaceta del Congreso núm.1207 del veintiséis (26) de noviembre de 2009, pp. 16 a 32.
El texto de la Ponencia para primer debate se encuentra publicado en la Gaceta del Congreso núm. 225 del diecinueve (19) de mayo de 2010, pp. 1 a 6.
La aprobación del proyecto en la Comisión II del Senado tuvo lugar el día nueve (9) de junio de 2010, según consta en el A. núm. 31 de la Sesión Ordinaria realizada en la Comisión II del Senado, la cual aparece publicada en la Gaceta del Congreso núm. 473 del treinta (30) de julio de 2010.
A su vez, el proyecto de ley había sido previamente anunciado el día ocho (8) de junio de 2010, según consta en el A. núm. 30, publicada en la Gaceta del Congreso núm. 473 del treinta (30) de julio de 2010 (pp 10, 12, 22-25), cuyo texto pertinente reza:
El señor P.M.E.R., informa:
Como se nos ha desbaratado el quórum, vamos a suspender la discusión de este proyecto [proyecto de ley 20 5 de 2009] en estos momentos. Vamos a convocar para mañana a las 9:00 a.m., le pido a los honorables Senadores, que mañana puede ser de pronto la última sesión, necesitamos definir varios proyectos, en ese orden de ideas vamos a anunciar los proyectos para la sesión siguiente de la Comisión Segunda, que quedaran pendientes, anunciando que se continuará con la discusión de este proyecto que ha sido suspendido temporalmente. Señor S., una vez que termine de anunciar los proyectos se levantará la sesión convocando para mañana a las 9 a.m.
El señor S. de la Comisión, doctor R.S., informa a la Presidencia:
 proyecto de ley número 205 de 2009 Senado, por medio del cual se aprueba el Convenio entre Canadá y la República de Colombia para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con el impuesto sobre la renta y sobre el patrimonio, y su Protocolo hechos en Lima, a los 21 días del mes de noviembre de 2008.
Ponente honorable S.N.P.G.C..
Publicaciones: Proyecto de Ley. Gaceta del Congreso número 1207 de 2009.
Ponencia Primer Debate: Gaceta del Congreso número 225 de 2010.
En cuanto al quórum y votación del proyecto de ley, el S. de la Comisión II del Senado certificó lo siguiente:
En relación a la solicitud del Honorable Magistrado de certificar con exactitud el quórum deliberatorio y decisorio, esta Secretaría informa que según como consta en el A. No. 31 del 09 de junio de 2010, publicada en la Gaceta No. 473 del 30 de julio de 2010 (págs.: 27, 28, 31-35, 39-40); el proyecto de ley fue aprobado de acuerdo al Acto Legislativo No. 1 de 2009, donde se exige votación nominal y pública, así:
Angarita Medellín Dario
López M. Cecilia
Restrepo Betancourt Luz Elena
Siguiendo con la votación y sometidos a consideración, discusión y votación la proposición mediante la cual se omitió la lectura del articulado, el texto del articulado propuesto, el título del proyecto y su quieren que éste pase a segundo debate en la Plenaria del Senado, tal como consta en el A. No. 31 del 09 de junio de 2010, publicada en la gaceta No. 473 del 30 de julio de 2010 (págs.: 27, 28, 31-35, 39-40); fueron aprobados por los honorables senadores al momento de abrirse el registro, conforme al Acto Legislativo No. 01 de 2009 con votación nominal y pública cuyo resultado fue el siguiente:
Constancia de esta votación queda registrada en el A. No.31 del 09 de junio de 2010, de sesión ordinaria de la Comisión Segunda del Senado de esa fecha publicada en la Gaceta No. 473 del 30 de julio de 2010, la cual se anexa (págs. 27, 28, 31-35, 39-40)
5.2.- Trámite en la Plenaria del Senado.
El texto del informe de ponencia para segundo debate aparece publicado en la Gaceta del Congreso núm. 366 del jueves diecisiete (17) de junio de 2010, pp. 1 a 6.
El anuncio para discusión y deliberación se realizó en la sesión ordinaria del día martes veintiocho (28) de septiembre de 2010, según A. número 13 publicada en la Gaceta del Congreso núm. 787 del martes diecinueve (19) de octubre de 2010, pp.61- 62, en los siguientes términos:
Por instrucciones de la Presidencia y de conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2003, por Secretaría se anuncian los proyectos que se discutirán y aprobarán en la próxima sesión.
S.P., los proyectos para la próxima sesión son los siguientes:
Proyecto de Ley número 205 de 2009, por medio del cual se aprueba el Convenio entre Canadá y la República de Colombia para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con el impuesto sobre la renta y sobre el patrimonio, y su protocolo, hechos en Lima a los 21 días del mes de noviembre de 2008
La discusión y aprobación de la ponencia para segundo debate se encuentra en el A. de Plenaria núm. 14 de la sesión ordinaria del día miércoles veintinueve (29) de septiembre de 2010, publicada en la Gaceta del Congreso núm. 829 del día jueves veintiocho (28) de octubre de 2010, pp. 7, 15, 17- 19, así
Proyecto de ley número 205 de 2009 Senado, por medio de la cual se aprueba el Convenio entre Canadá y la República de Colombia para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con el impuesto sobre la renta y sobre el patrimonio, y su¿ Protocolo¿, hechos en lima a los 21 días del mes de noviembre de 2008.
() La Presidencia indica a la Secretaría continuar con el siguiente proyecto de ley.
Proyecto de ley número 205 de 2009 Senado, por medio del cual se aprueba el Convenio entre Canadá y la República de Colombia para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con el impuesto sobre la renta y sobre el patrimonio, y su protocolo, hechos en Lima a los 21 días del mes de noviembre de 2008.
Por Secretaria se da lectura a la proposición positiva con que termina el informe de ponencia.
La Presidencia somete a consideración de la Plenaria la proposición positiva con que termina el informe de ponencia del Proyecto de ley número 205 de 2010 Senado, cierra su discusión y, de conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2009, abre la votación e indica a la Secretaria abrir el registro electrónico para proceder a la votación nominal.
La Presidencia cierra la votación e indica a la Secretaria cerrar el registro electrónico e informar el resultado de la votación.
Por el Sí : 53
TOTAL : 58 Votos
Votación nominal a la proposición positiva con que termina el informe de ponencia del Proyecto de ley número 205 de 2009 Senado, por medio de la cual se aprueba el Convenio entre Canadá y la República de Colombia para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con el impuesto sobre la renta y sobre el patrimonio, y su Protocolo, hechos en Lima a los 21 días del mes de noviembre de 2008.
Baena López Carlos A.
H. Giraldo Germán Darío
En consecuencia, ha sido aprobada la proposición positiva con que termina el informe de ponencia del Proyecto de ley número 205 de 2010 Senado.
Por Secretaria se da lectura el título del Proyecto de ley número 205 de 2010 Senado, por medio del cual se aprueba el Convenio entre Canadá y la República de Colombia para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con el impuesto sobre la renta y sobre el patrimonio, y su protocolo, hechos en Lima a los 21 días del mes de noviembre de 2008, hechos en Lima a los 21 días del mes de noviembre de 2008.
La Presidencia somete a consideración de la Plenaria la omisión de la lectura del articulado, el bloque del articulado, título y que surta su trámite en la honorable Cámara de Representantes el Proyecto de ley número 205 de 2010 Senado, cierra su discusión y, de conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2009, abre la votación e indica a la Secretaría abrir el registro electrónico para proceder a la votación nominal.
TO TAL: 59 Votos
Votación nominal a la omisión de la lectura del articulado, título y que surta su tránsito en la honorable Cámara de Representantes, el del Proyecto de ley número 205 de 2009 Senado, por medio de la cual se aprueba el ¿Convenio entre Canadá y la República de Colombia para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con el impuesto sobre la renta y sobre el patrimonio¿, y su¿ Protocolo¿, hechos en Lima a los 21 días del mes de noviembre de 2008.
En consecuencia, ha sido aprobada la omisión de la lectura del articulado, el bloque del articulado, título y que surta su trámite en la honorable Cámara de Representantes el Proyecto de ley número 205 de 2010 Senado.
La Presidencia indica a la Secretaría continuar con el siguiente proyecto de ley.
En últimas, analizados los textos de las Gacetas del Congreso se concluye que el proyecto de ley aprobatoria del tratado internacional: (i) fue anunciado el día 28 de septiembre de 2010 para ser votado la próxima sesión; (ii) la cual se realizó el día 29 de septiembre de 2010, fecha en que en efecto fue votado por la plenaria del Senado.
5.3.- Trámite en la Comisión II de la Cámara de Representantes.
El Proyecto de ley número 116 de 2010 Cámara 205 de 2010 Senado, por medio del cual se aprueba el Convenio entre Canadá y la República de Colombia para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con el impuesto sobre la renta y sobre el patrimonio, y su protocolo, hechos en Lima a los 21 días del mes de noviembre de 2008, fue publicado en la Gaceta del Congreso No.1008 del 1º de diciembre de 2010, páginas 7 a la 17.
El anuncio de este proyecto de ley se hizo el día veintitrés (23) de marzo de 2011, según consta en el A. No.29, el cual fue publicado en la Gaceta del Congreso núm. 177 del once (11) de abril de 2011, p. 27. El texto del anuncio es el siguiente:
Hace uso de la palabra la señora Secretaria, doctora P.R.A.:
S.P., está en el orden del día el Proyecto de ley 116 de 2010 Cámara, 205 de 2009 Senado ¿usted me ordena hacer el anuncio para la próxima sesión donde haya aprobación de proyectos de ley?.
Hace uso de la palabra el señor P.H.R.A.V.O.:
Hace uso de la palabra la señora Secretaria, doctora P.R.A.:
Anunciamos para la próxima sesión el siguiente Proyecto de ley número 116 de 2010 Cámara, 205 de 2009 Senado por medio del cual se aprueba el Convenio entre Canadá y la República de Colombia para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con el impuesto sobre la renta y sobre el patrimonio, y su protocolo, hechos en Lima a los 21 días del mes de noviembre de 2008.
Ponencia primer debate en Cámara Gaceta del Congreso 1008 de 2010.
La discusión y aprobación del proyecto de ley en la Comisión II de la Cámara de Representantes tuvo lugar el día veintinueve (29) de marzo de 2011, según consta en el A. núm. 30, la cual aparece publicada en la Gaceta del Congreso núm. 277 del diecisiete (17) de mayo de 2011, pp. 6 a la 11, en los siguientes términos:
Sí señor P.. Cuarto punto del orden del día; discusión y aprobación de proyectos de ley en primer debate, anunciados en sesión del miércoles 23 de marzo de 2011.
Hace uso de la palabra el señor P. honorableR., A.V.O.:
La ponencia de este proyecto de ley le corresponde al honorable Representante del Partido Conservador, J.C.S.F.. Antes de darle la palabra, señor Representante, conforme lo indica el procedimiento, señora secretaria, sírvase leer el informe con que termina la ponencia de este proyecto de ley.
Sí, P.. Por lo anteriormente expuesto y con base en lo dispuesto por la Constitución Política y la ley me permito proponer a los honorables Representantes de la Comisión Segunda Constitucional Permanente dar primer debate al Proyecto de ley 116 de 2010 C, 205 de 2009 S, por medio de la cual se aprueba el Convenio entre Canadá y la República de Colombia para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con el impuesto sobre la renta y sobre el patrimonio y su protocolo, hechos en Lima a los 21 días del mes de noviembre de 2008. En los términos aprobados por la plenaria del honorable Senado de la República. Del honorable R.J.C.S.F., Ponente.
Leída la proposición con que termina el informe de ponencia, señor P..
que está pidiendo dar primer debate al proyecto de ley. Tiene la palabra honorable Representante, J.C.S..
()
Hace uso de la palabra el P. de la Comisión Segunda, doctor A.V.O.:
Le agradecemos al doctor A.R.C.. Le ruego el favor al doctor A.R.C. llevarle el mensaje al Director de la Dian que en forma tan explícita y breve se lo expuso aquí el D.Ó. de J.M., en el sentido de que los Representantes de la Comisión Segunda quieren ser escuchados por el Director de la DIAN que si no estoy mal, estamos mañana con él presentes, mañana continuamos en ello.
Representantes estamos en la discusión del primer debate del Proyecto de ley número 116/010 Cámara, 205 de 2009 Senado, por medio de la cual se aprueba el convenio entre Canadá y la República de Colombia para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal, en relación con el impuesto sobre la renta y sobre el patrimonio y su protocolo, hecho en Lima a los 21 días del mes de noviembre de 2008. Estamos en ese proyecto de ley, y volvemos a tomar en consideración el informe de ponencia para preguntar si aprueban los honorables Representantes el informe de ponencia
Hace uso de la palabra la Secretaria General de la Comisión, doctora P.R.A.:
Ha sido aprobado el informe de ponencia señor P..
Anuncio que va a cerrarse la discusión de ese articulado que están en las Gacetas, queda cerrada la discusión, aprueba la comisión los artículos del proyecto de ley
Ha sido aprobado el articulado del proyecto señor P. por unanimidad.
Ha sido aprobado el título del proyecto leído señor P..
Ha sido aprobado por unanimidad señor P., el hecho de que los honorables Representantes han manifestado que quieren que pase a segundo debate y sea ley de la República.
De esta manera se aprueba en la Comisión segunda en primer debate el proyecto de ley en referencia y se designa como ponente para segundo debate en la plenaria de la Cámara al Doctor, J.C.S.F..
 que en sesión del día 29 de marzo de 2011, A. No. 30, publicada en la Gaceta del Congreso de la República No. 277 del 17 de mayo de 2011, se llevó a cabo la discusión y aprobación del referido proyecto de ley, en la sesión se hicieron presentes 17 Honorables Representantes quedando de la siguiente forma la votación:
Leída la proposición con que termina el informe de ponencia y escuchadas las explicaciones del ponente, Dr. J.C.S. franco, se sometió a consideración y se aprobó por unanimidad en votación ordinaria. P.ina 10.
Sometido a consideración, el articulado del Proyecto, publicado en la gaceta No. 1008 de 2010 se aprobó por unanimidad en votación ordinaria. P.ina 10.
Preguntada la comisión si quiere que este proyecto sea Ley de la República, se aprobó por unanimidad votación ordinaria. P.inas 10 y 11.
5.4.- Trámite en la Plenaria de la Cámara de Representantes.
El texto de la Ponencia para segundo debate en Cámara, aparece publicado en la Gaceta del Congreso núm. 313 del veinticinco (25) de mayo de 2011, pp. 1 a la 13.
El anuncio previo a votación se realizó el día siete (7) de junio de 2011, según A. de Plenaria núm. 69 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso núm. 717 de veintiséis (26) de septiembre de 2011, página 54, en la cual se lee lo siguiente:
S., doctora F.M.D.R.:
S.P., honorables Congresistas, se anuncian los siguientes proyectos para la sesión Plenaria del día de mañana, 8 de junio, o para la siguiente sesión Plenaria en la cual se debatan proyectos de ley o actos legislativos.
() Proyecto de ley número 116 del 2010 Cámara, 205 del 2009 Senado, por medio de la cual se aprueba el Convenio entre Canadá y la República de Colombia para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con el impuesto sobre la renta y sobre el patrimonio y su protocolo, hechos en Lima a los 21 días mes de noviembre del 2008.
Durante la sesión Plenaria de la Cámara de Representantes del día ocho (8) de junio de 2011, según consta en el A. de Plenaria núm. 70 publicada en la Gaceta del Congreso núm. 718 de veintiséis (26) de septiembre de 2011, páginas 31 a 34, fue aprobado el instrumento internacional, en los siguientes términos:
Proposición:
Por lo anteriormente expuesto, y conforme a lo dispuesto por la Constitución Política y la ley, me permito proponer a la de Plenaria de la Corporación dar segundo debate al Proyecto de ley número 116 de 2010 Cámara, 205 de 2009 Senado, por medio de la cual se aprueba el Convenio entre Canadá y la República de Colombia para evitar la doble imposición, y para prevenir la evasión fiscal en relación con el impuesto sobre la renta y sobre el patrimonio y su protocolo, hecho en Lima a los 21 días del mes de noviembre del 2008, en los términos aprobados por la Plenaria el honorable Senado de la República.
Dirección de la Presidencia, doctor C.A.Z.D.:
Jefe de Sección de Relatoría, doctor R.Á.H., informa:
Se abre el registro, P..
A.V. vota sí
C.P. vota sí
S., doctora F.M.D.R., informa:
O.Z. vota sí
H.P. vota sí
M.R. vota sí
C.A. vota sí
H.V. vota sí
V.V. vota sí
J.C. vota sí
J.R. vota sí
I.A. vota sí
H.E. vota sí
G.B. vota sí
R.H. vota sí
J.A. vota sí
D.B. vota sí
Dirección de la Presidencia, doctor C.A.Z.D.:C.C. vota sí
D.T. vota Sí
Y.A. vota Sí
J.D.G. vota sí
L.F.L. vota sí
M.A. vota sí
H.H. vota no
I.C. vota no
C.A. vota no
C.F. vota sí
O.V. vota sí
J.S. vota sí
L.A. vota sí
G.V. vota sí
Sí, P.. Se cierra la votación con el siguiente resultado:
S.P., ha sido aprobada la proposición con que termina el informe ponencia.
 Proyecto de ley número 116 de 2010
La suscrita S. General de la honorable Cámara de Representantes aclara que por un error involuntario por parte del funcionario que anunció la votación correspondiente a la ponencia del Proyecto de ley número 116 de 2010 Cámara, 205 de 2009 Senado, por medio de la cual se aprueba el Convenio entre Canadá y la República de Colombia para evitar la Doble Imposición y para prevenir la Evasión Fiscal en Relación con el Impuesto sobre la Renta y sobre el Patrimonio y su Protocolo, hechos en Lima, a los 21 días del mes de noviembre de 2008, se permite aclarar de la siguiente manera:
1. Que el funcionario que anunció la votación dijo que por el sí votaron 82, cuando en realidad se registraron 83 votos por el sí, con el voto del honorable R.C.A.C.M..
S.P., este proyecto de ley tiene tres artículos y ninguno tiene proposición.
Proyecto de ley número 116 de 2010 Cámara, 205 de 2009 Senado, por medio de la cual se aprueba el Convenio entre Canadá y la República de Colombia para evitar la Doble Imposición y para prevenir la Evasión Fiscal en Relación con el Impuesto sobre la Renta y sobre el Patrimonio y su Protocolo, hecho en Lima a los 21 días del mes de noviembre de 2008. S.P., ha sido leído el título.
Se abre el registro para hacer la votación, señor P..
S.P., en este momento se va a votar el articulado, el título y la pregunta si quieren que este proyecto sea Ley de la República.
Sí, P.. Se cierra con el siguiente resultado:
8 por el no.
En cuanto al quórum y votación del proyecto de ley, el S. General de la Cámara de Representantes certificó lo siguiente:
Que en la sesión plenaria de la H. Cámara de Representantes del día ocho (8) de junio de 2011, a la cual se hicieron presentes ciento cincuenta y ocho (158) H. Representantes, fue considerada y aprobada con las mayorías que exige la Constitución y la Ley el articulado y el título al Proyecto de Ley No. 116/2010 Cámara, 205/2009 Senado, convertido en la Ley No.1459 de Junio 29 de 2011 POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA EL CONVENIO ENTRE CANADÁ Y LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PARA PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN RELACIÓN CON EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y SOBRE EL PATRIMONIO Y SU PROTOCOLO, HECHOS EN LIMA A LOS 21 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2008 de la siguiente manera:
Si: 82 votos
El articulado, título del Proyecto y la pregunta si quieren que este Proyecto de Ley, sea Ley de la República, fueron aprobados a través de votación nominal:
Se discutió y se aprobó en segundo debate constituyéndose quórum decisorio.
6.- El cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales en el trámite legislativo de la Ley 1459 de 2011.
- Aprobación en Comisión II de Senado: nueve (9) de junio de 2010.
- Aprobación en Plenaria de Senado: veintinueve (29) de septiembre de 2010.
- Aprobación en Comisión II de Cámara: veintinueve (29) de marzo de 2011.
- Aprobación en Plenaria de Cámara: ocho (8) de junio de 2011.
6.3 Publicaciones oficiales.
- Proyecto de ley: Gaceta del Congreso núm. 1207 de veintiséis (26) de noviembre 2009.
- Texto de Ponencia para Primer Debate: Gaceta del Congreso núm. 225 del diecinueve (19) de mayo de 2010.
- Aprobación del Proyecto en Comisión II de Senado: Gaceta del Congreso núm. 366 del diecisiete (17) de junio de 2010.
- Texto de la Ponencia para Segundo Debate en Senado: Gaceta del Congreso núm. 366 del diecisiete (17) de junio de 2010.
- Aprobación del Texto en Plenaria de Senado: Gaceta del Congreso núm. 829 de veintiocho (28) de septiembre de 2010.
- Texto de la Ponencia para Primer Debate en Cámara: Gaceta del Congreso núm. 1008 del primero (1°) de diciembre de 2010.
- Aprobación del Texto del Proyecto de Ley en Comisión II de Cámara: Gaceta del Congreso núm. 277 del diecisiete (17) de mayo de 2011.
- Texto de la Ponencia para Segundo Debate en Cámara: Gaceta del Congreso núm. 313 del veinticinco (25) de mayo de 2011.
6.4.- Quórum y M..
En relación a la solicitud del Honorable Magistrado de certificar con exactitud el quórum deliberatorio y decisorio, esta Secretaría informa que según consta en el A. No. 31 del 09 de junio de 2010, publicada en la gaceta No. 473 del 30 de julio de 2010 (págs.7, 28,31-35, 39-40); el proyecto de ley fue aprobado de acuerdo con el Acto Legislativo No. 01 de 2009, donde se exige una votación nominal y pública, así:
Siguiendo con la votación y sometidos a consideración, discusión y votación la proposición mediante la cual se omitió la lectura del articulado, el texto del articulado, el título del proyecto y si quieren que este pase a segundo debate en la Plenaria del Senado, tal como consta en el A. No. 31 del 09 de junio de 2010, publicada en la Gaceta No. 473 del 30 de julio de 2010 (págs. 27, 28, 31-35, 39-40); fueron aprobados por los Honorables Senadores presentes al momento de abrirse el registro, conforme al Acto Legislativo No. 01 de 2009, con votación nominal y pública cuyo resultado fue el siguiente:
Constancia de esta votación queda registrada en el A. No. 31 del 09 de junio de 2010, de sesión ordinaria de la Comisión Segunda del Senado de esa fecha publicada en la Gaceta No. 473 del 30 de julio de 2011, la cual se anexa (págs.:27,28, 31-35, 39-40)
El S. General del Senado de la República certificó lo siguiente:
La discusión y aprobación del proyecto de ley en la sesión ordinaria del día miércoles 29 de septiembre de 2010 según A. número 14, publicada en la gaceta del congreso número 829 del jueves 28 de septiembre de 2010 paginas (sic) 7, 15, 17-19. La votación nominal fue de 59 votos así: 54 votos por el SI, y 05 votos por el NO. Adjuntamos fotocopia autenticada de la gaceta del Congreso.
En cuanto al quórum y votación del proyecto de ley, el S. de la Comisión II de la Cámara de Representantes certificó lo siguiente:
que en sesión de día 29 de marzo de 2011, A. No. 30, publicada en la Gaceta del Congreso de la República No. 277 del 17 de mayo de 2011, se llevó a cabo la discusión y aprobación del referido proyecto de ley, en la sesión se hicieron presentes 17 Honorables Representantes quedando de la siguiente forma la votación:
Como se nota la votación no se realizó en forma nominal y pública, sino de manera ordinaria. A pesar de ello, se presentó unanimidad en la votación y ninguno de los congresistas presentes solicitó votación nominal, razón por la cual no se presenta desconocimiento de las minorías, con lo cual se configura la hipótesis del numeral 16 del artículo 129 de la Ley 5ª de 1992[3].
La certificación emitida por el S. General de la Cámara de Representantes dice lo siguiente[4]:
Que en Sesión Plenaria de la H. Cámara de Representantes del día ocho (8) de Junio de 2011, a la cual se hicieron presentes ciento cincuenta y ocho (158) Honorables Representantes, fue considerada y aprobada con las mayorías que exige la Constitución y la Ley el articulado y el título al Proyecto de Ley No. 116/2010 Cámara, 205/2009 Senado, convertido en la Ley No. 1459 de Junio de 2011POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA EL CONVENIO ENTRE CANADÁ Y LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PARA PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN RELACIÓN CON EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y SOBRE EL PATRIMONIO Y SU PROTOCOLO, HECHOS EN LIMA A LOS 21 DÍAS DEL MES D ENOVIEMBRE DE 2008 de la siguiente manera:
7.- Sanción Presidencial.
Por último, el numeral 4º del artículo 157 de la Constitución establece que ningún proyecto será ley sin haber obtenido la Sanción por el Gobierno Nacional. En esta oportunidad, según fue reseñado, el P. de la República impartió la sanción correspondiente el veintinueve (29) de junio de 2011 y su publicación como Ley 1459 de 2011 se hizo en el diario oficial 48116 de treinta (30) de junio de 2011.
8.- Conclusión sobre la revisión formal de la ley.
Examinado el trámite surtido en el Congreso de la República al proyecto de Ley número 205 de 2009 Senado y 116 de 2010 Cámara, Convenio entre Canadá y la República de Colombia para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con el impuesto sobre la renta y sobre el patrimonio y su protocolo, hechos en Lima, a los 21 días del mes de noviembre de 2008, y de la Ley 1459 del 29 de junio de 2011, aprobatoria del mismo, la Corte advierte que el mismo cumplió a cabalidad con las exigencias previstas en la Constitución y en el Reglamento del Congreso (Ley 5ª de 1992) para la aprobación de este tipo de normas. En consecuencia, desde el punto de vista formal se declarará la exequibilidad de la Ley 1459 del 29 de junio de 2011.
9.- Análisis material sobre el contenido del Convenio aprobado mediante Ley 1459 de 2011.
9.1.- Objetivo y aspectos generales.
El Convenio entre Canadá y la República de Colombia para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con el impuesto sobre la renta y sobre el patrimonio y su protocolo, hechos en Lima, a los 21 días del mes de noviembre de 2008, y de la Ley 1459 del 29 de junio de 2011, aprobatoria del mismo, tiene como objetivos principales: (i) prevenir de manera efectiva conflictos de sobreimposición, los cuales afectan a personas que, simultáneamente, mantienen vínculos personales, laborales o de otro tipo con dos Estados diferentes; y, a su vez, (ii) pretende reforzar la colaboración entre las autoridades tributarias competentes de ambos países, reconciliando sistemas tributarios entre los Estados Contratantes, con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y, en consecuencia, el fortalecimiento de los instrumentos para evitar la evasión y la elusión en el tráfico internacional.
9.2.- Alcance y objetivos de los Convenios para evitar la doble imposición (CDI). Reiteración de la jurisprudencia.
Con la globalización económica, los Estados se han visto en la necesidad de modificar su legislación y política fiscal interna en razón de los conflictos de aplicación de la ley tributaria en el espacio y de la pluralidad de elementos de conexión[5], los cuales han generado doble tributación[6] para los nacionales de cada país. Así, cada Estado pretende aumentar su capacidad competitiva, atrayendo inversión extranjera, mediante el establecimiento de unas normas tributarias que ofrezcan las respectivas garantías de estabilidad y seguridad jurídica.[7]
Dentro de los más recientes e importantes que ha suscrito, se encuentran la Decisión 40 del Acuerdo de Cartagena, remplazada por la Decisión 578 del Convenio Multilateral de la Comunidad Andina de Naciones (CAN); el Convenio de doble imposición entre Colombia y España, aprobado por la Ley 1082 de 2006 (Sentencia C- 383 de 2008); el Convenio de doble imposición entre Colombia y Chile, aprobado por la Ley 1261 de 2008 (Sentencia C-577 de 2009); y, por último, el Convenio de doble imposición entre Colombia y Suiza, aprobado por la Ley 1344 de 2009 (Sentencia C-460 de 2010).
Estos Convenios son acuerdos solemnes entre Estados contratantes que tienen una naturaleza jurídica dual, pues son tratados internacionales y, al mismo tiempo, forman parte del ordenamiento jurídico interno, cuyo objeto principal es el de eliminar los conflictos positivos de tributación, originados por el ejercicio de la soberanía fiscal de los Estados. En este sentido, cada Estado autolimita su potestad tributaria con el fin de cederla, o mejor, de crear un micro-sistema fiscal entre ambos estados contratantes.[8]. En este sentido, estos acuerdos no implican necesariamente ceder en el propósito de conseguir mayores recursos como erróneamente se creyó en Colombia hasta hace muy poco- sino, por el contrario, fomentar la generación de mayores recursos a través de la vinculación de nuevas inversiones, adoptar medidas tendientes a la neutralidad del sistema tributario mediante la prevención de la doble imposición y fortalecer las herramientas de fiscalización como resultado del afianzamiento de las relaciones con autoridades de impuestos de otros países apoyados en medidas como la asistencia mutua en la recaudación de impuestos y el intercambio de información.[9] .
En conclusión, tal como se afirmó en la sentencia C-383 de 2008, por medio de estos Convenios  los Estados firmantes buscan ofrecer condiciones más favorables para el tráfico jurídico y de inversiones y negocios entre los dos países, que se espera redunden en el crecimiento de ambas economías, al tiempo que a través de la mutua cooperación, previenen que tales condiciones puedan generar perjuicios a la efectiva recaudación de las rentas tributarias legalmente debidas a cada uno de ellos.
9.3 Principales cláusulas de los ADT. Reiteración.
Como se ha explicado, los ADT tienen como objetivo delimitar la potestad tributaria de los Estados signatarios. Tal como expresamente se analizó en la sentencia C-577 de 2009, el fenómeno de la doble tributación internacional pasa por dilucidar el significado del llamado elemento de conexión, que consiste en las relaciones existentes entre las personas, los objetos y los hechos con los ordenamientos tributarios de dos o más Estados, pudiendo ser subjetivos, si se vinculan con las personas (nacionalidad o la residencia), u objetivos, si reportan a las cosas y a los hechos (fuente de producción o pago de la renta, lugar del ejercicio de la actividad, ubicación de los bienes, localización del establecimiento permanente o sitio de celebración del contrato).
De allí que se haga referencia al modelo de convención adoptado en el seno de la OCDE que, por regla general apunta a que las utilidades de las empresas son gravadas exclusivamente por el Estado de la residencia, y no donde se genera la fuente. De tal suerte que aparece la figura de establecimiento permanente, presente en diversos ADT, que surge como una excepción, atribuyendo una competencia a favor del Estado de la fuente, a condición de que en su territorio se encuentre realmente instalado aquél y únicamente en la medida en que las utilidades de la empresa le sean imputables. De allí que, el Estado de la fuente está excepcionalmente autorizado a tributar los resultados de las actividades que ejercen empresas extranjeras en su territorio con cierta intensidad, materializada en la instalación de un establecimiento estable, de suerte tal que aquéllas que son meramente accidentales u ocasionales, que no supongan la existencia de una base fija, escapan a su competencia tributaria[10].
Los Estados en vía de desarrollo, por su parte, han criticado la figura del establecimiento permanente, por su carácter restrictivo, por cuanto preferirían la mayor amplitud suministrada por el principio de territorialidad, en su acepción de Estado de la fuente, lo cual les permite gravar utilidades obtenidas en su territorio por empresas extranjeras, aunque éstas no dispongan de un establecimiento permanente ubicado en aquél[11].
En suma, los casos más frecuentes de doble imposición tienen lugar cuando un país grava con base en la fuente, usualmente donde se genera el enriquecimiento, y el otro lo hace con base en el sistema de residencia; es decir, se presenta un conflicto entre fuente y residencia[12]. En otras palabras, el fenómeno de la doble tributación internacional se explica por la inexistencia en el derecho internacional público de normas, con carácter general, que limiten el ejercicio de la soberanía tributaria de los Estados. De allí que cada uno de ellos, de manera autónoma, regule su sistema tributario, bien sea con base en el principio de la fuente o situs de la renta (principio de territorialidad) o de conformidad con la residencia o domicilio fiscal del sujeto pasivo de la obligación tributaria (principio de extraterritorialidad). La anterior situación conduce, en la práctica, a una coexistencia de normas aplicables a un mismo supuesto fáctico, afectando de esta manera la movilidad de capitales, tecnología, bienes y servicios. De allí la necesidad de adoptar un instrumento internacional o ADT, que resuelva el conflicto de leyes tributarias[13].
9.4 Descripción general del instrumento internacional y de su Protocolo.
El artículo 1° define el ámbito de aplicación personal del Convenio, esto es, las personas comprendidas: Serán entonces las personas residentes de uno o de ambos Estados Contratantes.
Los artículos 3º, 4º y 5° enmarcan las definiciones generales del Convenio, así como el significado de expresiones que serán utilizadas de manera frecuente como es el caso del residente de un Estado Contratante y de un establecimiento permanente.
A lo largo de los artículos 6 a 21 del ADT se regulan las rentas comprendidas por el instrumento internacional, en los siguientes términos: rentas de bienes inmuebles (art.6); beneficios empresariales (art.7); transporte marítimo y aéreo (art.8); empresas asociadas (art.9); dividendos (art.10); intereses (art.11); regalías (art.12): ganancias de capital (art.13); rentas de un empleo (art.14); participaciones de directores (art.15); artistas y deportistas (art. 16); pensiones (art. 17); remuneraciones por funciones públicas (art.18); estudiantes (art.19) y otras rentas (art.20).
Los numerales del artículo 21 hacen énfasis en los lineamientos que se deben tener en cuenta respecto a la imposición del patrimonio constituido por bienes muebles, inmuebles, explotación de buques y aeronaves, así como todos los demás elementos del patrimonio de un residente de un Estado Contratante que sólo puede someterse a imposición de ese Estado.
Bajo el título disposiciones finales, los artículos 29 y 30 regulan temas propios de la técnica de los tratados internacionales, referidos a la entrada en vigor del ADT y su correspondiente denuncia.
9.5 Examen de constitucionalidad del articulado del tratado internacional.
En este acápite la Corte abordará el análisis material de constitucionalidad del Convenio entre Canadá y la República de Colombia para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con el impuesto sobre la renta y sobre el patrimonio y su protocolo, hechos en Lima, a los 21 días del mes de noviembre de 2008.
Desde ya se advierte que en el juicio de constitucionalidad no corresponde a la Sala adelantar una valoración de aspectos de conveniencia, oportunidad o efectividad de los tratados, por ser un asunto ajeno a las funciones jurídicas asignadas a la Corte como garante de la supremacía e integridad de la Constitución (art. 241-10 CP). Dicha valoración compete al P. de la República en el ejercicio de la dirección de las relaciones internacionales (art. 189-2 CP) y al Congreso al decidir si aprueba o no un tratado mediante ley (art. 150-16 CP). En consecuencia, los reparos de orden práctico y en general de conveniencia que en este sentido han formulado algunos intervinientes no serán objeto de análisis respecto del Convenio y su Protocolo.
En cuanto a la referencia que la Universidad Externado de Colombia ha efectuado a la Decisión número 40 de la Comunidad Andina de Naciones, tal como la Corte lo advirtió en las sentencias C-383 de 2008, C-577 de 2009 y C-460 de 2010 por la cual se declaró exequible la Ley 1261 de 2008, se advierte que la misma no forma parte del bloque de constitucionalidad y por esa razón no es parámetro de confrontación en este caso particular. Sin embargo, debe precisarse que la misma fue remplazada por la Decisión 578 de la Comunidad Andina de Naciones que no contempla ningún tipo de consulta obligatoria de los Estados miembros, razón por la cual no encuentra la Corte fundamento alguno para remitir el texto del tratado a consulta del Consejo de Política Fiscal o a ningún otro organismo del sistema andino de integración.
9.5.1 Artículo 1º y 4º.-
De conformidad con el artículo 1°, este Convenio será aplicable a aquellas personas que sean residentes en uno o ambos de los Estados Contratantes, disposición que se complementa con el contenido del artículo 4° del mismo instrumento, por el cual se establecen reglas claras y precisas para determinar quiénes deben considerarse residentes de uno u otro Estado. Sobre este último punto la Corte advierte que las reglas señaladas en orden a determinar quién es residente para efectos tributarios se ajusta a lo dispuesto en el artículo 363 Superior. En términos del principio de universalidad, las personas domiciliadas en el país, en principio, son gravadas en la totalidad de sus rentas con independencia del lugar en el cual se producen, es decir, atendiendo un factor subjetivo (residencia) aunque el elemento objetivo (fuente) se localice en el exterior.
9.5.2 Artículo 2º.-
Por su parte el artículo 2º del tratado internacional precisa cuáles son los tributos nacionales comprendidos en el ADT: Para el caso colombiano el impuesto sobre la renta y el impuesto al patrimonio; en tanto para Canadá los impuestos fijados por el Gobierno de Canadá bajo la denominación Ley de impuesto de renta. No advierte la Sala vulneración alguna en relación con los gravámenes cubiertos por el presente convenio, más aún si como se precisa en el numeral 4º de este artículo, el Convenio aplica a impuestos de naturaleza idéntica o sustancialmente similar.
9.5.3 Artículo 3º.-
9.5.4 Artículo 5º.-
El artículo 5º del convenio define y regula una figura que ha encontrado objeción reiterada en el estudio de constitucionalidad de esta clase de Convenios y es la de Establecimiento Permanente (EP). Por virtud de esta figura de acuerdo con la doctrina internacional () el Estado de la fuente está excepcionalmente autorizado a tributar los resultados de las actividades que se ejercen en su territorio con cierta intensidad, materializada en la instalación de un establecimiento estable, de suerte tal que las actividades meramente accidentales, ocasionales o que no presupongan una base fija, escapan a su competencia tributaria. [14]. De esta forma, las utilidades podrán ser gravadas en el Estado donde se generaron y no en donde reside la empresa, pero solo en la medida en que sean imputables al establecimiento permanente situado allí.[15]
Asimismo, la Dirección de Impuestos y de Aduanas Nacionales -DIAN- ha establecido que el derecho a gravar las utilidades empresariales por parte del Estado de la fuente nace del hecho de acoger en su territorio un lugar fijo de negocios de una empresa de otro Estado que llega a hacer parte de su economía y por lo tanto debe contribuir con el pago de impuestos en el país de la fuente.[16]. Es así como el EP en el modelo OCDE, en el derecho comparado (vrg. Argentina) y en el presente Convenio, ha sido entendido como el lugar fijo de negocios mediante el cual una empresa realiza toda o parte de su actividad. Pues bien, a pesar de la adición realizada por Colombia con respecto a los establecimientos permanentes y, además, a pesar de existir una amplia definición a nivel internacional, la legislación interna colombiana, por su parte, no ha consagrado aún definición o regulación expresa respecto al EP.
Es así como hasta ahora para interpretar el alcance de tal definición se ha acudido al artículo 471 del Código de Comercio, del cual puede inferirse que las sociedades extranjeras sin domicilio en Colombia y que realicen actividades permanentes en el país, deben constituir una sucursal a la cual le serán aplicables los artículos 20 y 21 del Estatuto Tributario[17]. Por consiguiente, Colombia podrá gravar las rentas de fuente nacional que obtengan las sociedades extranjeras que realicen actividades permanentes en el país a través de sucursales. El anterior artículo es uno de los casos (por no decir el único) que evidencia que una sucursal es considerada establecimiento permanente.
En sentencia C-383 de 2008, la Corte consideró que el término establecimiento permanente, usado de manera reiterada, era análogo, aunque más amplio, al concepto de establecimiento de comercio y, determinó, a su vez, que esta figura permitía establecer el lugar en el cual deben cumplirse de manera preferente las obligaciones tributarias que un determinado negocio genere y que en principio se refieran a ambos Estados. Por su parte, en sentencia C-577 de 2009 se determinó que el EP precisa la existencia de una instalación material, con ánimo de permanencia, que esté a disposición de la empresa, la cual debe ejercer su actividad en esa instalación o mediante ella, no siendo requisito sine qua non la productividad o la rentabilidad..
Sin embargo, en sentencia C- 460 de 2010, la Corte argumentó que un EP no puede equipararse necesariamente a un establecimiento de comercio, ni a una sucursal, pues, como bien lo establece el artículo 5° del Convenio, se puede estar en presencia de ésta incluso en hipótesis como una obra o proyecto de construcción, instalación o montaje, las cuales no guardan simetría con las instituciones de derecho mercantil antes mencionadas. Por esta razón, advierte que ciertos aspectos instrumentales y administrativos del establecimiento permanente, como el régimen aplicable para el cumplimiento de las obligaciones formales, no están comprendidas en el texto del artículo 5° del presente tratado.. En consecuencia, indicó que era necesario reglamentar dichos aspectos, pues de lo contrario, la aplicación de la aludida disposición encontrará serias dificultades en Colombia en detrimento del recaudo fiscal.
La anterior conclusión resulta acertada si se tiene en cuenta que para el caso concreto el mismo artículo 5 del Convenio suscrito con Canadá, incluyó expresamente el concepto de EP, así: la prestación de servicios incluidos los servicios de consultorías, por parte de una empresa de un Estado Contratante por intermedio de sus empleados u otras personas naturales encomendadas por la empresa para ese fin en el otro Estado Contratante, pero solo en el caso de que tales actividades prosigan en ese Estado por un período o períodos que en total excedan de 183 días, dentro de un periodo cualquiera de doce meses. Esta adición proviene de las recomendaciones del modelo de la Organización de las Naciones Unidas en el que se justifica su inclusión en el hecho de que la prestación de servicios por parte de las empresas puede reportar beneficios significativos[18]. De igual manera, dentro de este artículo se encuentran establecidas figuras jurídicas que son consideradas establecimientos permanentes (sucursales, oficinas, minas, pozos de petróleos, entre otros) y las que no.
En es orden, la indefinición por parte del Estado Colombiano de la figura de establecimiento permanente no es argumento suficiente para declarar la inconstitucionalidad de la disposición en estudio, en la medida que el mismo instrumento internacional establece las pautas para su definición, razón por la cual su texto se encuentra exequible. Sin embargo, ello no significa que no se extrañe y reclame del legislador regulación interna en tal sentido ya que es claro que se hace necesario definir aspectos instrumentales y administrativos del establecimiento permanente, como el régimen aplicable para el cumplimiento de las obligaciones formales, pues de lo contrario, como tantas veces lo ha señalado la Corte, la aplicación de tal medida encontrará serias dificultades en Colombia en detrimento del recaudo fiscal.
9.5.5 Artículo 6º.
El artículo 6° por su parte, regula las rentas de bienes inmuebles, incluidas dentro de ellas la provenientes de explotaciones agrícolas o forestales, las rentas de bienes muebles, cuyo alcance será el que establezcan las normas internas del lugar donde estos se encuentren ubicados. Este artículo corresponde al tipo elaborado por la OCDE, por el cual se garantiza, como ya se estableció en la sentencia C-577 de 2009, la competencia acumulativa del Estado de la fuente (may be taxed), según el cual las rentas provenientes de bienes se somete a imposición en la jurisdicción tributaria de la fuente, es decir, en el lugar en donde aquellos están ubicados (locus rei sitae), de suerte que  debe entenderse que las rentas inmobiliarias son tributables por el Estado de la fuente, sean o no imputables al establecimiento permanente en él situado[19]. En consecuencia, no encuentra la Corte reproche constitucional frente a este artículo.
9.5.6 Artículo 7º.
El artículo 7º del modelo OCDE[20] estipula como objeto del Convenio los beneficios empresariales. Este artículo establece dos reglas en la materia: (i) Los beneficios de una empresa de un Estado contratante solamente pueden someterse a imposición de ese Estado, a menos que lleve a cabo actividades empresariales en el territorio de aquél mediante un establecimiento permanente situado en tal lugar, es decir, que el Estado de la fuente detenta poder tributario sobre la renta empresarial en la medida en que desarrolle actividades mediante la figura del establecimiento permanente. Adicionalmente, se garantiza el trato separado con la empresa a la cual pertenece el establecimiento permanente; y (ii) para la determinación de los beneficios del establecimiento permanente se permitirá la deducción de gastos.
De allí que el artículo 7 del ADT se ajuste a los principios tributarios fijados en el artículo 363 Superior.
9.5.7 Artículo 8º.
El artículo 8 del CDT, referente al transporte marítimo y aéreo, tampoco ofrece reparo de orden constitucional. La actividad de transporte marítimo y aéreo, ofrece complejidades en materia de tributación, razón por la cual usualmente se establece como principio la reserva del Estado de la residencia y permitir al otro Estado Parte tributar el tráfico efectuado exclusivamente dentro de sus fronteras.[21]
9.5.8 Artículo 9º.
9.5.9 Artículo 10º.
El artículo 10 del Convenio y el literal e) del artículo 1 del Protocolo, permiten a la jurisdicción tributaria de la fuente someter a imposición los dividendos pagados por sociedades que residen en un Estado a los socios residentes en el otro Estado contratante, aunque sometido al cumplimiento de ciertos requisitos. La importancia de los artículos mencionados deviene en que, son unas de las disposiciones de mayor relevancia para las empresas multinacionales y, en general, para la inversión extranjera directa internacional.[22]
9.5.10 Artículo 11.
Respecto al tema de los intereses (art. 11 del ADT), dispone que aquellos procedentes de un Estado Contratante y pagados a un residente del otro Estado Contratante pueden someterse a imposición en ese otro Estado. En tal sentido, cabe señalar que en el parágrafo 3 del artículo 11 del modelo de convenio OCDE, se define los intereses como toda renta de créditos de cualquier naturaleza, acompañados o no de garantías hipotecarias o de una cláusula de participación en las utilidades del deudor y, nominalmente, las rentas de los fondos públicos y de títulos, comprendidos los bonos ligados a aquéllos. A decir verdad, el elemento nuclear del concepto de interés es la contraprestación de los créditos de cualquier naturaleza.[23] Las anteriores previsiones no se oponen a la Constitución.
9.5.11 Artículos 12 y 13.
El artículo 12 del ADT, regulatorio de las regalías no ofrece reparo alguno de constitucionalidad. En efecto, aquéllas procedentes de un Estado contratante y pagadas a un residente del otro Estado Parte, pueden someterse a imposición en ese otro Estado, principio que igualmente prevé algunas excepciones, es decir, que una regalía puede también, bajo ciertas condiciones, puede verse sometida a imposiciones del Estado de procedencia y de acuerdo con su legislación interna.
No obstante lo anterior, conviene precisar que la noción misma de regalía ha sido de difícil encuadramiento por parte de la doctrina. En efecto, aunque el tema se encuentra regulado en los modelos de la OCDE, la ONU y la Decisión 578 de la CAN, lo cierto es que subsisten múltiples controversias referidas a la caracterización o calificación de determinadas operaciones sobre intangibles en tanto que regalías[24]. Sin embargo, tales discusiones de orden técnico escapan al alcance del control de constitucionalidad sobre los tratados internacionales, salvo que, de manera evidente, planteen realmente un problema de inconformidad con la Carta Política. Otro tanto puede afirmarse en relación con el artículo 13 del ADT referente a las ganancias de capital.
9.5.12 Artículos 14 a 20.
En materia de pensiones, el artículo 18 del ADT dispone que Las pensiones procedentes de un Estado Contratante y pagadas a un residente del otro Estado Contratante pueden someterse a imposición en el Estado mencionado en primer lugar, pero el impuesto así exigido no podrá exceder del 15% del importe bruto de las pensiones. Como se puede observar, el artículo examinado apunta a evitar los efectos de la doble tributación en relación con el pago de las pensiones, lo cual se ajusta al artículo 48 Superior. En efecto, si bien no se estipula una exención total, el porcentaje gravado del 15% resulta razonable.
Así mismo, el artículo 18 del CDT regula lo atinente a las funciones públicas, estableciendo como regla la siguiente: Los sueldos, salarios y otras remuneraciones, excluidas las pensiones, pagados por un Estado Contratante o por una de sus subdivisiones políticas o autoridades locales a una persona natural por razón de servicios prestados a ese Estado o a esa subdivisión o autoridad, sólo pueden someterse a imposición en ese Estado.
9.5.13 Artículo 21.
El artículo 21 del ADT consagra lo referente a la imposición del patrimonio, aspecto clave en materia de doble imposición, precisando que tal noción comprende bienes inmuebles, que posea un residente de un Estado Contratante y que esté situado en el otro Estado Contratante, puede someterse a imposición en ese otro Estado. Se trata, en esencia, de determinar unas reglas destinadas a limitar el ejercicio de la soberanía fiscal de los Estados Partes, y en consecuencia, conforme con los mandatos del artículo 9 Superior.
9.5.14 Artículo 22.
El artículo 22 del ADT fija los métodos y reglas mediante los cuales los Estados contratantes van a eliminar el fenómeno de la doble tributación internacional. En tal sentido, el Estado Canadiense se compromete a que el impuesto pagado en Colombia sobre beneficios, rentas o ganancias procedentes de Colombia podrá ser deducido de cualquier impuesto canadiense a pagar respecto de dichos beneficios, rentas o ganancias. De igual manera y en punto a solucionar el tema de los dividendos planteado en el numeral 9.5.9 de esta providencia, Canadá se obliga a reconocer como crédito tributario contra el impuesto canadiense el impuesto pagado en Colombia cuando una sociedad que es residente en Colombia pague un dividendo a una sociedad que es residente en Canadá y controle al menos el 10% del poder de voto en la primera sociedad, de forma que el crédito deberá tomar en cuenta el impuesto pagadero en Colombia por la primera sociedad respecto de las utilidades sobre las cuales el dividendo es pagado.
Tal como ya se señaló en la sentencia C-577 de 2009, los mencionados métodos y reglas se inscriben en la evolución que ha conocido la práctica de la fiscalidad internacional, encaminada a eliminar, o al menos atenuar, los efectos de la doble imposición tributaria, sea por medio de la suscripción de un ADT, como en el presente caso, o a falta de aquel, considerando la necesidad de colaboración y cooperación internacionales. En tal sentido, se han ideado sistemas tales como (i) exención de las rentas obtenidas en el exterior (exemptio method); (ii) crédito por impuestos exonerados (tax credit); (iii) crédito por impuestos exonerados (tax sparing credit); (iv) crédito por impuesto nacional (matching credit); (v) crédito por inversiones en el exterior (investment tax credit); (vi) reducción del impuesto (tax reduction); y (vii) sistema de aplazamiento (tax deferral).[25]
9.5.15 Artículo 23.
El artículo 23 del ADT desarrolla otro de los principios esenciales en materia de doble imposición, cual es, la no discriminación. En tal sentido dispone que Los nacionales de un Estado Contratante no serán sometidos en el otro Estado Contratante a ninguna imposición u obligación relativa a la misma que no se exija o que sea más gravosa que aquellas a las que estén o puedan estar sometidos los nacionales de ese otro Estado que se encuentren en las mismas condiciones, en particular con respecto a la residencia. Tal disposición se ajusta al principio de reciprocidad en las relaciones internacionales, y en consecuencia, es conforme con el artículo 9 Superior.
9.5.16 Artículo 24.
El artículo 24 del ADT regula un procedimiento de acuerdo mutuo, consistente en que Cuando una persona considere que las medidas adoptadas por uno o por ambos Estados Contratantes implican o pueden implicar para ella una imposición que no esté conforme con las disposiciones de este Convenio, con independencia de los recursos previstos por el derecho interno de esos Estados, podrá someter su caso a la autoridad competente del Estado Contratante del que sea residente o, si fuera aplicable el párrafo 1° del artículo 23, a la del Estado Contratante del que sea nacional una petición por escrito declarando los fundamentos por lo cuales solicita la revisión de dicha tributación. A renglón seguido dispone que la autoridad competente  si la reclamación le parece fundada y si no puede por sí misma encontrar una solución satisfactoria, hará lo posible por resolver la cuestión mediante un procedimiento de acuerdo mutuo con la autoridad competente del otro Estado Contratante, a fin de evitar una imposición que no se ajuste a este Convenio. Las autoridades competentes de los Estados Contratantes harán lo posible por resolver las dificultades o las dudas que plantee la interpretación o aplicación del Convenio mediante un procedimiento de acuerdo mutuo. La Corte considera que las anteriores disposiciones se ajustan a la Constitución, por cuanto sencillamente regulan un mecanismo de solución de controversias, propio de los tratados bilaterales, y por ende, conforme con el artículo 9 Superior.
9.5.17 Artículo 25.
9.5.18 Artículo 26.
9.5.19 Artículos 27 y 28
El artículo 27 del ADT prevé lo referente a los miembros de misiones diplomáticas y de oficinas consulares, disponiendo que Las disposiciones de este Convenio no afectarán a los privilegios fiscales de que disfruten los miembros de las misiones diplomáticas o de las oficinas consulares de acuerdo con los principios generales del derecho internacional o en virtud de las disposiciones de acuerdos especiales. La anterior previsión se ajusta a los dictados del artículo 9 Superior, en cuanto garantiza la vigencia de los privilegios fiscales que Colombia ha reconocido a otros Estados, en virtud de tratados y costumbre internacionales.
Tampoco ofrece reparo el artículo 28 del ADT titulado disposiciones varias, en la medida que sólo complementa el contenido y alcance del convenio.
9.5.20 Artículos 29 y 30.
9.6 El Protocolo.
Si bien en las intervenciones se planteó objeción en relación con la letra g) del artículo 1º del Protocolo, que establece la cláusula de nación más favorecida de carácter unilateral en cabeza de Colombia, en virtud de la cual en el evento en que el Estado colombiano suscriba un acuerdo de tipo impositivo con un tercer Estado que contemple mejores condiciones, éstas se entenderán extendidas automáticamente a la República del Canadá, país que por virtud de la misma cláusula no se obliga a garantizar la igualdad de trato. Al respecto, la Corte considera que esa circunstancia no representa un vicio de inconstitucionalidad por sí solo a la luz del principio de reciprocidad, porque tal como se señaló en a sentencia C-460 de 2010, el Convenio y su Protocolo no pueden valorarse a partir de una lectura independiente de cada uno de sus artículos, sino que se exige una interpretación conjunta e integral del Acuerdo, que en este caso armoniza con dicho principio al ser el resultado de los consensos alcanzados. Sin embargo, se reitera el llamado al Gobierno y al Congreso de la República para que, en el marco de sus atribuciones constitucionales y legales, evalúen la pertinencia de este tipo de cláusulas en los tratados internacionales y particularmente en los Acuerdos para evitar la doble tributación.
En cuanto al contenido de la Ley 1459 de 2011, por la cual se aprobó el Convenio entre Canadá y la República de Colombia para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con el impuesto sobre la renta y sobre el patrimonio y su protocolo, hechos en Lima, a los 21 días del mes de noviembre de 2008,, la Corte tampoco encuentra reparo alguno de constitucionalidad.
En efecto, el artículo 1º se limita a aprobar el Convenio y el Protocolo antes mencionados. El artículo 2º precisa que, conforme a lo previsto en el artículo 1º de la Ley 7 de 1944, sobre vigencia en Colombia de los Tratados Internacionales y su publicación[, el Convenio y su Protocolo obligarán al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo, norma que armoniza con lo previsto en el artículo 241-10 de la Constitución, según la cual el Gobierno sólo puede efectuar el canje de notas y perfeccionar el vínculo internacional, una vez se haya adelantado el control constitucional respectivo. Y el artículo 3º por el cual se señala la entrada en vigencia de la ley no plantea ninguna problemática de orden constitucional.
En mérito de lo expuesto, S.P. de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
PRIMERO.- Declarar la EXEQUIBILIDAD del Convenio entre Canadá y la República de Colombia para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con el impuesto sobre la renta y sobre el patrimonio y su Protocolo, hechos en Lima a los 21 días del mes de noviembre de 2008.
SEGUNDO.- Declarar EXEQUIBLE la Ley 1459 de 29 de junio de 2011, por medio de la cual se aprueba Convenio entre Canadá y la República de Colombia para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con el impuesto sobre la renta y sobre el patrimonio y su protocolo, hechos en Lima, a los 21 días del mes de noviembre de 2008.
TERCERO.- Disponer que se comunique esta Sentencia al P. de la República para lo de su competencia, así como al P. del Congreso de la República.
[1] Artículo 123 de la Decisión 500 de la CAN De oficio o a petición de parte, el juez nacional que conozca de un proceso en el cual la sentencia fuera de única instancia o última instancia, que no fuere susceptible de recursos en el derecho interno, en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico dela Comunidad Andina, deberá suspender el procedimiento y solicitar directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal
[3] LAT-377 de 2012.
[4] Folio 136 de cuaderno principal.
[5] En sentencia C-577 de 2009 se definió el elemento de conexión como aquél mediante el cual se tiende un puente entre el hecho descrito por el concepto-marco y el ordenamiento jurídico aplicable. De tal suerte que, los denominados elementos de conexión consisten en relaciones existentes entre las personas, los objetos y los hechos con los ordenamientos tributarios de dos o más Estados, pudiendo ser subjetivos, si se vinculan con las personas (nacionalidad o la residencia), u objetivos, si reportan a las cosas y a los hechos (fuente de producción o pago de la renta, lugar del ejercicio de la actividad, ubicación de los bienes, localización del establecimiento permanente o sitio de celebración del contrato).
[6] De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la doble imposición es aquella que se presenta cuando una renta obtenida por un contribuyente está sometida, simultáneamente, a un mismo o similar impuesto en dos o más Estados.
[7] Ver al respecto la sentencia C-577 de 2009.
[8] Instituto Colombiano de Derecho Tributario. Estudios de derecho internacional tributario. Los convenios de doble imposición. L.E.S.A.P.. 9.
[9] Instituto Colombiano de Derecho Tributario. Estudios de derecho internacional tributario. Los convenios de doble imposición. L.E.S.A. pp 67 y sg.
[10] Tomado de la sentencia C-577 de 2009, cita de L., M., Limposition des entreprises ayant des etablissements stables a létranger, París, 2003.
[11] Sentencia C-577 de 2009. Referencia a B., R., The taxation of permanent establishments, Amsterdam, 1993.
[12] J.S.G., Alcance general, impuestos cubiertos y definiciones en los convenios de doble imposición, Estudios de Derecho Internacional Tributario. Los Convenios de Doble Imposición, Bogotá, 2006, p. 77.
[14] XAVIER; A..Derecho tributario internacional. Editorial Ábaco de R.D.. Buenos Aires, Argentina. 2005. P.. 329.
[15] Concepto DIAN.
[16] Concepto DIAN.
[17] DIAN, Oficio 038958 del 18 de abril de 2008.
[18] Concepto DIAN.
[19] Sentencia C-577 de 2009.
[20] El articulo 7° del modelo OCDE consagra expresamente: Los beneficios de una empresa de un Estado contratante solamente pueden someterse a imposición en este Estado, a no ser que la empresa realice sus actividades en otro Estado contratante por medio de un establecimiento permanente situado en él. Si la empresa realiza sus actividades de dicha manera, los beneficios de la empresa pueden someterse a imposición en el otro Estado, pero sólo en la medida en que sean imputables a ese establecimiento permanente
[21] Sentencia C-577 de 2009, tomado de C., M.U. espece originale de traités fiscaux: les conventions internacionales sur les doubles impositions des entreprises maritimes et aériennes, París, 1970.
[22] Instituto Colombiano de Derecho Tributario. Estudios de derecho internacional tributario. Los convenios de doble imposición. L.E.S.A.P.. 330.
[23] X., A., Derecho Tributario Internacional. editorial Ábaco de R.D., 2005.
[24] H., C, Los cánones o regalías en los convenios de doble imposición, Estudios de Derecho Internacional Tributario. Los convenios de doble imposición, Bogotá, 2006, pp. 549 y ss.
[25] M., C, Manual de derecho tributario internacional, Ecuador, 2006.