Source: http://www.asesoriayempresas.es/jurisprudencia/JURIDICO/46767/sentencia-ts-sala-3-de-23-de-diciembre-de-2010-responsabilidad-patrimonial-deduccion-del-iva
Timestamp: 2017-10-24 09:31:35
Document Index: 95184065

Matched Legal Cases: ['artículo 49', 'e contrario', 'artículo 141', 'artículo 141', 'artículo 139', 'artículo 62', 'e contrario']

Responsabilidad patrimonial: deducción del IVA soportado, correspondiente a las subvenciones percibidas. Regla de prorrata a los sujetos pasivos totales del impuesto. Sólo permite limitar el derecho a deducción, mediante la toma en consideración de las subvenciones que no estén vinculadas con el precio del bien o servicio suministrado. Ley 37/1992 declarada contraria al Derecho Comunitario. Estimación.
Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Sexta por los Excmos. Srs. Magistrados arriba anotados, el recurso contencioso-administrativo número 535/07, interpuesto por la Procuradora D.ª María del Carmen Hijosa Martínez, en nombre y representación de "Friobás Basilio, S.L.", contra el Acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 8 de junio de 2007, por el que se desestima la solicitud de indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado legislador derivado de la limitación del derecho a la deducción del IVA soportado correspondiente a bienes y servicios financiados mediante subvenciones. Se ha personado, como parte recurrida, LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, representada por el ABOGADO DEL ESTADO.
Primero.-La Procuradora D.ª María del Carmen Hijosa Martínez, en nombre y representación de "Friobás Basilio, S.L.", mediante escrito de fecha de presentación 25 se septiembre de 2007, interpuso recurso contencioso- administrativo contra el Acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 8 de junio de 2007, desestimatorio de indemnización por responsabilidad del Estado legislador derivada de la limitación del derecho a la deducción del IVA soportado correspondiente a bienes y servicios financiados mediante subvenciones.
Segundo.-Admitido a trámite el recurso, por providencia de fecha 26 de octubre de 2007, se requirió a la Administración demandada la remisión del expediente administrativo, ordenándole que practicara los emplazamientos previstos en el artículo 49 de la LJCA.
Tercero.-En el momento procesal oportuno la parte actora formalizó la demanda mediante escrito presentado el 7 de marzo de 2008, en el cual, tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimó procedentes, terminó suplicando a la Sala se dictara sentencia por la que "a) se declare contrario a Derecho el Acuerdo del Consejo de Ministros de 8 de junio de 2007, con la referencia I-933/06, por el que se resuelve la solicitud de indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado Legislador presentada por FRIOBÁS BASILIO, S.L., y en su consecuencia se anule dicha resolución. b) Se reconozca a mi representada, FIROBÁS BASILIO, S.L., su derecho a percibir en concepto de indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado Legislador la cantidad de 180.875,79 € más los intereses legales correspondientes, resultante de la suma del daño de 63.903,54 € producido como consecuencia de la minoración ilegal en el ejercicio de 2000 y el de 116.972,25 €, por el mismo concepto, en el ejercicio de 2001. c) Se acuerde a efectos de actualización de la indemnización prevista en el artículo 141.3 de la Ley 30/1992 que el daño o lesión correspondiente al ejercicio del año 2000 se produjo el 30 de julio de 2001, y que el correspondiente al ejercicio del año 2001 se produjo el 30 de julio de 2002 por corresponder al último día del plazo legal de devolución por la Administración Tributaria de las cuotas del IVA deducibles. d) Acuerde el abono del interés de demora que proceda, de conformidad con el artículo 141.3 de la Ley 30/1992 . e) Se condene a la Administración al pago de las costas procesales derivadas de este proceso en virtud de lo dispuesto en el artículo 139.1 de la LJCA ".
Por medio de Otrosí Segundo Digo solicita el recibimiento a prueba del presente recurso, fijando los puntos de hecho sobre los que ha de versar dicha prueba.
Por medio de Otrosí Tercero Digo, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 62 LJCA, suplica a la Sala se acuerde el trámite de conclusiones.
Cuarto.-El Abogado del Estado, en representación y defensa de la Administración General del Estado, contestó a la demanda mediante escrito presentado el 17 de julio de 2008, en el cual, tras alegar los hechos y los fundamentos jurídicos que estimó oportunos, terminó suplicando se dictara sentencia por la que se desestime íntegramente el recurso, con expresa condena en costas a la parte recurrente.
Quinto.-Por Auto de 3 de septiembre de 2008, la Sala acordó recibir el presente proceso a prueba, confiriendo a las partes el plazo de quince días para que pudieran proponer todos los medios de prueba de que intentaran valerse, habiéndose practicado toda la prueba propuesta por la parte actora, con el resultado que es de ver en los autos.
Sexto.-Por providencia de 7 de enero de 2009, la Sala declaró terminado el período probatorio, y acordó dar traslado para conclusiones a la parte recurrente, trámite que evacuó mediante escrito presentado el 2 de febrero de 2009, en el cual solicitó la suspensión del procedimiento, una vez concluso, hasta tanto se resuelva la cuestión prejudicial planteada por esta Sala en el recurso n.º 153/07.
Por diligencia de ordenación de 2 de febrero de 2009 se acordó dar traslado de copia del escrito de conclusiones de la parte recurrente al Abogado del Estado, y conceder a éste el plazo de diez días para que presente las suyas y alegue sobre la suspensión del procedimiento interesada de contrario, trámite que ha sido evacuado mediante escrito presentado el 12 de febrero de 2009.
Séptimo.-Por providencia de 13 de febrero de 2009 se declararon conclusas las actuaciones y pendientes de señalamiento, así como la suspensión del recurso y estarse a lo resultado de la cuestión prejudicial ya planteada por la sala en otro recurso.
Por providencia de 5 de febrero de 2010, la Sala acordó unir a las actuaciones comunicación remitida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea junto con la copia de la sentencia del citado Tribunal recaída en la cuestión prejudicial planteada por esta Sala, dar copia a las partes, alzar la suspensión del recurso y conceder a las partes el plazo de diez días para alegaciones, trámite que ha sido evacuado por ambas partes, siendo declaradas nuevamente conclusas las actuaciones mediante diligencia de ordenación de 4 de marzo de 2010.
Octavo.-Cumplidas las prescripciones legales se señaló para votación y fallo la audiencia del día 22 de diciembre de 2010, fecha en la que el expresado trámite tuvo lugar con observancia en su tramitación de las reglas establecidas por la Ley.
Primero.-El presente recurso contencioso-administrativo tiene por objeto el Acuerdo del Consejo de Ministros, de fecha 8 de junio de 2007, por el que se desestima la solicitud de indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado legislador formulada por "Friobás Basilio, S.L." en fecha 5 de octubre de 2006, como consecuencia de la limitación del derecho a la deducción del IVA soportado correspondiente a las subvenciones percibidas en los ejercicios 2000 y 2001, y con fundamento en el incumplimiento por parte del Estado Español de las obligaciones que le incumben en esta materia en virtud del Derecho Comunitario y, en particular, de los arts. 17, apartados 2 y 5, y 19 de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977 (Sexta Directiva en materia de IVA).
Segundo.-El Abogado del Estado opone a la pretensión actora en primer lugar la falta de prueba sobre el alcance del derecho concedido al particular por la Directiva invocada y, más concretamente, que se haya acreditado ser sujeto pasivo total a los efectos de autos. En segundo lugar, niega la existencia de una "violación suficientemente caracterizada" del Derecho Comunitario por parte de la norma nacional para que de ello pueda derivarse una responsabilidad patrimonial. Tampoco acepta en este caso la necesaria relación de causalidad y la existencia de un daño antijurídico, por cuanto el administrado y hoy recurrente tenía el deber jurídico de soportar el daño. Finalmente, y con carácter subsidiario, alega prescripción de la acción por haberse superado el plazo de cuatro años fijado en el Ordenamiento para el ejercicio de las acciones de devolución de ingresos tributarios indebidos, falta de prueba completa acerca de la realidad y entidad del daño causado, e improcedencia de adicionar intereses de demora.
Cuarto.-Según consta en el Antecedente 1 del Acuerdo impugnado, "La entidad "Friobás Basilio, S.L." presentó las correspondientes declaraciones-liquidaciones en relación con el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) relativas a los ejercicios 2000 y 2001. En relación con el primero de los ejercicios citados, Practicada liquidación provisional por la Administración de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria competente, en aplicación, por lo que estrictamente atañe a la cuestión aquí suscitada (prorrata de deducción del IVA soportado por los sujetos que efectúan únicamente operaciones gravadas y limitación del derecho a la deducción correspondiente a la compra de bienes o servicios financiados mediante subvención), de lo establecido en los artículos 102 y siguientes de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (...), en su versión modificada por la Ley 66/1997, de 30 de diciembre , contra dicha liquidación interpuso la entidad interesada reclamación económico-administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional (TEAR) de Asturias. Desestimada la misma en virtud de resolución de 20 de febrero de 2004, frente a tal desestimación no se interpuso el pertinente recurso contencioso-administrativo, con lo que aquella liquidación devino firme por consentida. Por lo que atañe al ejercicio 2002, se practicó asimismo liquidación provisional en aplicación de los preceptos antes aludidos, deviniendo firme la misma al no ser impugnada por la entidad interesada".
Conocida la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 6 de octubre de 2005 (Asunto C-204/03) a la que nos hemos referido en el anterior fundamento, la parte hoy recurrente formuló, al amparo de los artículos 139 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado legislador, solicitando ser indemnizada en la cuantía de 180.875,79 €, a los efectos de resarcir los perjuicios económicos que entendía le habían sido ocasionados como consecuencia de la limitación que sufrió de su derecho a la deducción del IVA soportado, al haber incumplido el Estado Español las obligaciones que le incumbían en virtud del Derecho Comunitario y, en particular, de los artículos 17, apartados 2 y 5, y 19 de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de IVA.
La indemnización debe comprender el importe de lo indebidamente ingresado a favor de la Hacienda Pública, ciento ochenta mil ochocientos setenta y cinco euros con setenta y nueve céntimos de euro (180.875,79 €), cuya procedencia resulta justificada pues, como obra en el expediente, la parte hoy recurrente presentó reclamación de responsabilidad patrimonial el día 5 de octubre de 2006, y en ella se hacía constar que como consecuencia de la prorrata practicada por razón de subvenciones recibidas había dejado de deducir por IVA soportado la cantidad de 180.875,79 €. Dicha reclamación venía acompañada de diversos documentos, entre ellos copias de las resoluciones de concesión de subvenciones; copias de la declaración trimestral (Modelo 300) del Impuesto sobre el Valor Añadido relativa al cuarto trimestre de 2000 y de la declaración anual (Modelo 390) de dicho impuesto y año; copia de Acuerdo colectivo de devolución del Impuesto sobre el Valor Añadido, ejercicio 2000, junto con liquidación provisional relativa a los citados impuesto y ejercicio; copias de la declaración trimestral (Modelo 300) del Impuesto sobre el Valor Añadido relativa al cuarto trimestre de 2001 y de la declaración anual (Modelo 390) de dicho impuesto y año; copia de solicitud de rectificación de las citadas declaraciones del ejercicio 2001; y copia de la liquidación provisional relativa a los citados impuesto y ejercicio.
Por otra parte, en el Acuerdo del Consejo de Ministros impugnado no se niega en ningún momento que la parte recurrente era un sujeto pasivo total a los efectos de las deducciones de IVA soportado y que como consecuencia de la aplicación de la regla de prorrata dejó de deducirse la cantidad de 180.875,79 €, y el Abogado del Estado, en su escrito de contestación a la demanda, no cuestiona fundadamente dicha cantidad.
Además, el principio general en materia de indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado es el de la "restitutio in integrum" o reparación integral del daño, lo que obliga no solo al abono de la cantidad indebidamente satisfecha a las arcas públicas sino también, en aras de ese principio de plena indemnidad, reconocido en la jurisprudencia de esta Sala (SSTS de 5 de febrero y 15 de julio de 2000, entre otras muchas) y en la propia Ley 30/1992 (art. 141.3) al abono de los intereses legales de la cantidad a devolver desde el día en que se presentó la reclamación administrativa hasta la fecha de notificación de esta Sentencia, a partir de la cual se cuantificarán los intereses de acuerdo con lo establecido en el art. 106, apartados 2 y 3 de la Ley Jurisdiccional, todo ello teniendo en cuenta que la cantidad se reconoce en concepto de responsabilidad patrimonial y no de devolución de ingresos indebidos.
Y si bien es verdad que el art. 141.3 LRJ-PAC dispone que la cuantía de la indemnización, una vez calculada con referencia al día en que se produjo la lesión, se actualizará a la fecha en que finalice el procedimiento de responsabilidad con arreglo al índice precios al consumo y a la cifra así obtenida se añadirán los correspondientes intereses de demora, sin embargo, hay que tener en cuenta que la finalidad de este precepto legal es evitar las consecuencias de la depreciación monetaria: la indemnización no sería integral si la pérdida de valor del dinero acaecida desde que tuvo lugar la lesión hasta que se declara el derecho a la indemnización hubieran de pesar sobre el perjudicado. Esto significa que si la depreciación monetaria se ve compensada por otra vía, no tiene sentido llevar a cabo la actualización de la cuantía de la indemnización incrementándola con arreglo al índice de precios al consumo. No otra cosa ocurre en el presente caso: el daño consiste en sumas de dinero líquidas, correspondientes a lo indebidamente ingresado a favor de la Hacienda Pública, por lo que la determinación de la cuantía total de la indemnización exige una simple operación aritmética. Si a ello se añade que esas sumas de dinero producen los intereses legales establecidos en el párrafo anterior, sólo cabe concluir que la depreciación monetaria queda perfectamente compensada y, por tanto, que no es preciso hacer actualización alguna.
Primero.-ESTIMAR EN PARTE el recurso contencioso-administrativo interpuesto por "Friobás Basilio, S.L.", contra el Acuerdo del Consejo de Ministros, de fecha 8 de junio de 2007, por el que se desestima la solicitud de indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado legislador formulada por el recurrente, en fecha 5 de octubre de 2006, como consecuencia de la limitación del derecho a la deducción del IVA soportado correspondiente a las subvenciones percibidas. Acuerdo que anulamos por ser contrario a derecho.
R la responsabilidad patrimonial del Estado, reconociendo el derecho de "Friobás Basilio, S.L." a ser indemnizada en la cantidad de ciento ochenta mil ochocientos setenta y cinco euros con setenta y nueve céntimos de euro (180.875,79 €), más los intereses legales que procedan en los términos expresados en el fundamento undécimo de esta sentencia.