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Timestamp: 2019-01-24 00:49:36
Document Index: 169397575

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 4', 'artículo 241', 'artículo 241', 'artículo 50', 'artículo 42', 'artículo 4']

﻿ SENTENCIA C-592 DE OCTUBRE 21 DE 1998
SENTENCIA C-592 DE 21 DE OCTUBRE DE 1998
CONTENIDO:SER CIUDADANO EN EJERCICIO ES REQUISITO ESENCIAL PARA PRESENTAR DEMANDAS DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA CORTE ANALIZA EL DERECHO A LA IGUALDAD ANTE LA LEY PENAL, LA FUNCIÓN RESOCIALIZADORA DE LA PENA Y LOS LÍMITES CONSTITUCIONALES A LA FACULTAD DE LEGISLADOR DE NORMAR LA POLÍTICA CRIMINAL. (DECLARA EXEQUIBLES LOS SEGMENTOS ACUSADOS DE LOS ARTÍCULOS 1, 2 Y 3, ASÍ COMO EL ARTÍCULO 4 DE LA LEY 415 DE 1997 "POR LA CUAL SE CONSAGRAN NORMAS DE ALTERNATIVIDAD EN LA LEGISLACIÓN PENAL Y PENITENCIARIA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES TENDIENTES A DESCONGESTIONAR LOS ESTABLECIMIENTOS CARCELARIOS DEL PAÍS".)
TEMAS ESPECÍFICOS:DERECHOS POLÍTICOS, PENA, DEMANDA DE CONSTITUCIONALIDAD, FUNCIÓN DE LA PENA, EXEQUIBILIDAD DE LAS NORMAS, FALLO DE EXEQUIBILIDAD
Sentencia C-592 de octubre 21 de 1998
Ref.: Expedientes D-1959, D-1961, D-1963 y D-1977 (acumulados)
Actores: Jaime Enrique Lozano, Aldemar Bustos Tafur, Pedro Pablo Camargo, Jorge Eliécer Pineda Largo y otros internos en la cárcel del distrito judicial de Armenia, condenados por la justicia regional.
Acción pública de inconstitucionalidad en contra de la totalidad normativa de la Ley 415 de 1997 y contra sus artículos 1º, (parcial), 2º, (parcial) y 3º, (parcial), respectivamente, “por la cual se consagran normas de alternatividad penal y penitenciaria y se dictan otras disposiciones tendientes a descongestionar los establecimientos carcelarios del país”.
• El recluso condenado y la condición de ciudadano en ejercicio de los derechos políticos, presupuesto sustancial de procedibilidad de la acción de inconstitucionalidad.
• Los regímenes diferenciados de concesión de beneficios penitenciarios frente a la igualdad ante la Ley Penal y la función resocializadora de la pena.
Sentencia aprobada en Santafé de Bogotá D.C., a octubre veintiuno de mil novecientos noventa y ocho, mediante Acta 43.
El ciudadano Jorge Eliécer Pineda Largo y otros internos recluidos en la cárcel del distrito judicial de Armenia, condenados por la justicia regional (exp. D-1977), solicitan a la Corte declarar inexequible en su totalidad la Ley 415 de 1997 “por la cual se consagran normas de alternatividad en la legislación penal y penitenciaria y se dictan otras disposiciones tendientes a descongestionar los establecimientos carcelarios del país”.
Por otra parte, los ciudadanos Jaime Enrique Lozano (exp. D-1959), Aldemar Bustos Tafur (exp. D-1961), Pedro Pablo Camargo (exp. D-1963), en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad consagrada en la Constitución Política de 1991 piden a la Corte declarar inexequibles algunos apartes de los artículos 1º (parcial), 2º (parcial) y 3º (parcial) de la antecitada Ley 415 de 1997.
Una vez admitidas las demandas por separado, la Sala Plena de esta corporación, mediante auto de fecha 11 de febrero de 1997, decidió acumular los expedientes para ser decididos en una misma sentencia.
1. La competencia. En virtud de lo dispuesto por el artículo 241-4 de la Carta Política, la Corte Constitucional es competente para decidir definitivamente sobre las demandas de inconstitucionalidad que dieron lugar al presente proceso, dado que versan sobre presuntos vicios de fondo contra la Ley 415 de 1997.
2. El examen de las acusaciones. a) La acusación contra la Ley 415 por supuesta transgresión a la igualdad ante la ley a la función resocializadora de la pena.
1. Consideraciones previas sobre la temática constitucional a considerarse para el examen de los cargos. Previamente al examen de las acusaciones formuladas contra la Ley 415 de 1997, esta Corte considera oportuno hacer unas someras consideraciones sobre los temas fundamentales que se relacionan con el juicio de constitucionalidad que es materia del presente fallo.
En sentencia C-536 de octubre 1º de 1998, esta corporación(1) se ocupó de dilucidar el punto relativo a la interpretación de las normas constitucionales referentes al ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, cuando el actor es un recluso condenado y suspendido en el ejercicio de sus derechos políticos.
El primer derecho de todo nacional es el que tiene a la vigencia efectiva y cierta de la Constitución Política. Y el mecanismo del control de constitucionalidad, que en Colombia tiene una de sus expresiones en los procesos que ante esta Corte se surten a partir del ejercicio de la acción pública (C.P., arts. 40, num., 6º y 241), busca hacer efectiva la supralegalidad de la Constitución y posibilita el libre ejercicio de ese derecho ciudadano.
La Corte Constitucional, que tiene definidas sus competencias en el propio texto de la Carta, en sus estrictos y precisos términos, como lo subraya el artículo 241, carece de competencia para decidir sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma si el conflicto no le es planteado por quien puede planteárselo, de conformidad con los expresos mandatos constitucionales, salvo que la propia Constitución haya dado lugar a su actividad oficiosa, como acontece con el control sobre los decretos presidenciales que declaran y desarrollan los estados de excepción (C.P., arts. 212, 213 y 215).
De conformidad con lo estatuido en el artículo 50 del Código Penal, la interdicción de derechos y funciones públicas —pena accesoria, cuando no se establezca como principal, según lo establece el artículo 42 Ibídem— “priva de la facultad de elegir y ser elegido, del ejercicio de cualquier otro derecho político (subraya la Corte), función pública u oficial y dignidades que confieren las entidades oficiales e incapacita para pertenecer a los cuerpos armados de la República”.
“...nosotros los internos de la cárcel de distrito judicial de Armenia; condenados por la justicia regional de nuestro país, recurrimos a su honorable Corte, con el fin de demandar la Ley 415...”.
Y en la parte final del escrito, consta que el interno Jorge Eliécer Pineda Largo fue condenado por la justicia regional de Cali, Martín Murcia Forero por la regional de Cali, y que en a título de anexo de la demanda siguen “... las firmas de los condenados por la justicia regional” que se encuentran recluidos en el mencionado centro carcelario.
“...la misma Carta Política ha condicionado el acceso, en el caso de la acción pública de inconstitucionalidad, a la posesión actual del estado de ciudadanía y al requisito de no haber sido suspendido el ciudadano en el ejercicio de ella.
1. Declárase INHIBIDA para proferir decisión de mérito en cuanto a la demanda de inconstitucionalidad promovida por Jorge Eliécer Pineda Largo y otros internos de la cárcel del distrito judicial de Armenia, en su condición de condenados por la justicia regional.
2. Decláranse EXEQUIBLES los segmentos acusados de los artículos 1º, 2º, y 3º, así como el artículo 4º de la Ley 415 de 1997 “por la cual se consagran normas de alternatividad en la legislación penal y penitenciaria y se dictan otras disposiciones tendientes a descongestionar los establecimientos carcelarios del país”.