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Timestamp: 2019-02-23 23:30:43
Document Index: 132144959

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 26', 'ARTÍCULO 3', 'artículo 241', 'artículo 26', 'artículo 26', 'artículo 26', 'artículo 39', 'artículo 26', 'artículo 39', 'artículo 26', 'artículo 39', 'artículo 26', 'artículo 26', 'artículo 3', 'artículo 25', 'artículo 1', 'artículo 13', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 26', 'artículo 3', 'artículo 11', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 26', 'artículo 3']

﻿ SENTENCIA C-177 DE MAYO 6 DE 1993
SENTENCIA C-177 DE 06 DE MAYO DE 1993
CONTENIDO:LÍMITES CONSTITUCIONALES A LAS COMPETENCIAS DEL LEGISLADOR EN MATERIA DE REGLAMENTACIÓN DE LAS PROFESIONES Y EXIGENCIA DE TÍTULOS DE IDONEIDAD. SE PRECISA QUE SI BIEN EL LEGISLADOR ESTÁ AUTORIZADO CONSTITUCIONALMENTE PARA REGULAR EL EJERCICIO DE CIERTAS ACTIVIDADES CON MIRAS A PROTEGER DERECHOS DE TERCEROS O EL INTERÉS DE LA COMUNIDAD, EL ALCANCE DE SU POTESTAD, POR DECISIÓN DEL CONSTITUYENTE, SE CONTRAE A REGLAMENTAR SOLO AQUELLO QUE LE PERMITE LA CARTA, SIN -DESDE LUEGO- VULNERAR EL CONTENIDO ESENCIAL DEL DERECHO CONSAGRADO EN EL ARTÍCULO 26 DEL ORDENAMIENTO SUPERIOR Y DE LOS QUE LE SON CONEXOS, COMO POR EJEMPLO, EL DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD, EL DERECHO AL TRABAJO Y EL PRINCIPIO DE IGUALDAD, ENTRE OTROS. DE IGUAL FORMA, LA FACULTAD CONSTITUCIONAL DE EXIGIR TÍTULOS DE IDONEIDAD, Y LA LIBERTAD PARA REGULAR EL EJERCICIO DE LAS PROFESIONES, NO FACULTA AL LEGISLADOR PARA VIOLAR EL CONTENIDO ESENCIAL DE LOS DERECHOS QUE SE REGLAMENTAN, IMPONIENDO REQUISITOS QUE CIERTAMENTE SUPEREN LO RAZONABLEMENTE NECESARIO PARA LA PROTECCIÓN DEL INTERÉS GENERAL Y DE OTROS BIENES Y DERECHOS CONSTITUCIONALMENTE PROTEGIDOS. FINALMENTE, SE DECLARAN INEXEQUIBLES LOS APARTES DE SU LITERAL B) DEL ARTÍCULO 3º DE LA LEY 19 DE 1990.
TEMAS ESPECÍFICOS:PROFESIÓN DE TÉCNICO ELECTRICISTA, TÉCNICO ELECTRICISTA, CONSEJO NACIONAL DE TÉCNICOS ELECTRICISTAS, DERECHO AL TRABAJO, PROFESIÓN, DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD, ASOCIACIONES PROFESIONALES, DEMANDA DE CONSTITUCIONALIDAD
Sentencia C-177 de mayo 6 de 1993
Norma acusada: Ley 19 de 1990
Aprobada por Acta 35
Santafé de Bogotá, D.C., mayo seis de mil novecientos noventa y tres.
EXTRACTOS: «II. La ley demandada
El texto de la Ley 19 de 1990, cuya constitucionalidad es objeto de examen en esta oportunidad, es el siguiente, de acuerdo a lo publicado en el Diario Oficial Nº 39.157 del 24 de enero de 1990.
“LEY 19 DE 1990
ART. 1º—Definición. Entiéndese como Técnico Electricista a la persona que se ocupa en el estudio y las aplicaciones de la electricidad y ejerce a nivel medio o como auxiliar de los ingenieros electricistas o similares.
ART. 2º—Será lícito el ejercicio de la profesión de Técnico Electricista en el territorio nacional, de conformidad como lo establece la presente ley.
a) Los egresados de las instituciones autorizadas por el Ministerio de Educación Nacional o Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, ICFES, deberán solicitar matrícula por intermedio del Consejo Nacional de Técnicos Electricistas o de los Comités Seccionales. Para el efecto deberán acreditar: Certificado de haber cursado y aprobado íntegramente el plan de estudios de las facultades o escuelas técnicas de enseñanza de la electricidad, debidamente reglamentadas y aprobadas por el Gobierno Nacional;
ART. 4º—En Bogotá, funcionará el Consejo Nacional de Técnicos Electricistas con las siguientes atribuciones:
ART. 5º—El Consejo Nacional de Técnicos Electricistas estará integrado así:
PAR.—El Consejo Nacional de Técnicos Electricistas tendrá Comités Seccionales Departamentales con las mismas calidades del Consejo Nacional. El Gobierno Seccional, las escuelas o institutos técnicos seccionales y las filiales de Fenaltec, nombrarán sus respectivos representantes en dichos comités seccionales.
ART. 6º—Los miembros del Consejo Nacional de Técnicos Electricistas serán nombrados para un período de dos (2) años y podrán ser reelegidos para otro período subsiguiente. Así mismo, será de dos (2) años, el período de los miembros de los comités seccionales, que también podrán ser reelegidos para un período inmediato.
ART. 7º—En su órbita los comités seccionales y el Consejo Nacional de Técnicos Electricistas tendrán las mismas funciones.
ART. 8º—Los cargos de los miembros del Consejo Nacional y de los comités seccionales de Técnicos Electricistas no serán remunerados.
ART. 9º—Los Técnicos Electricistas con matrícula, de acuerdo con la presente Ley, podrán inscribirse como tales en las entidades oficiales, semioficiales, descentralizadas, empresas industriales o comerciales del Estado y de economía mixta y serán admitidos en las licitaciones de obras eléctricas.
ART. 10.—Los Técnicos Electricistas con matrícula, conforme a lo dispuesto en la presente Ley, podrán ser nombrados para cargos relacionados con la profesión, en las entidades públicas nacionales, departamentales, regionales y municipales, siempre que la disposición que crea el cargo no exija que el titular del mismo sea ingeniero titulado y matriculado.
ART. 11.—Queda prohibido el ejercicio de la profesión de Técnico Electricista a quienes no posean la correspondiente matrícula. Obtenida (sic) de acuerdo con la presente Ley. A los infractores se les aplicarán las sanciones que impongan los decretos reglamentarios de la presente Ley.
Quien siendo Técnico Electricista matriculado, incurra en el ejercicio de su actividad en conductas tipificadas como faltas en el correspondiente Código de Ética Profesional, será sometido a las sanciones contempladas en dicho Código, de acuerdo con los procedimientos que allí se establezcan.
ART. 12.—Las empresas electrificadoras del país para conectar el servicio a los usuarios, deben exigir a éstos el paz y salvo del Técnico Electricista por los servicios contratados y ejecutados cuando el tipo de obra requiera la contratación de un Técnico Electricista.
ART. 13.—Esta Ley regirá desde la fecha de su sanción y deroga las disposiciones que le sean contrarias.
Margarita Mena de Quevedo”.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 241-4 de la Carta, la Corte Constitucional es competente para decidir definitivamente sobre la demanda de inconstitucionalidad que dio lugar al presente proceso, dado que versa sobre presuntos vicios de fondo contra la Ley 19 de 1990.
B. La temática constitucional a considerarse para el examen de los cargos.
El artículo 26 de la Constitución colombiana reconoce a favor de toda persona la libertad de escoger profesión u oficio y el derecho, dentro de ciertos límites —tanto internos cuanto externos— a ejercer la actividad escogida.
Como ya esta Corte(1) ha tenido oportunidad de precisarlo, el alcance y contenido de los derechos fundamentales no está dado por su mera definición, sino por la relación existente entre el derecho que se estudia y los otros derechos de la Carta. La libertad de escoger profesión u oficio consagrada en el artículo 26 debe interpretarse entonces en estrecha relación con el principio de dignidad humana, el respeto al desarrollo autónomo de la personalidad, el derecho al trabajo y las libertades y derechos que de éstos se derivan.
El derecho a escoger profesión u oficio, en lo que tiene que ver con el derecho al trabajo se encuentra protegido por las mismas garantías —de libertad e igualdad— que amparan el ejercicio de este derecho en el sistema constitucional colombiano.
Vale la pena entonces recordar que, como lo ha señalado ya esta Corporación(2)
“El derecho al trabajo es elemento estructural del orden político y social que instituye la Constitución colombiana de 1991... Lo anterior significa que además de ser un derecho fundamental, el trabajo tiene en la Carta política una dimensión objetiva o estructural que vincula, de manera prioritaria, al poder público. ...En consecuencia, las reglamentaciones que se establezcan al derecho al trabajo no pueden en ningún caso desconocer la garantía constitucional que de su dimensión objetiva se desprende. En esta materia la intervención estatal tiene que estar a tal punto legitimada, que con ella se protejan bienes cuya jerarquía constitucional merezca, al menos, igual nivel de protección que el que se ofrece a los derechos fundamentales en su dimensión objetiva, y particularmente al derecho al trabajo, el cual, según lo dispone el artículo primero de la Carta, es principio fundante del Estado.
“Ahora bien, el derecho al trabajo no sólo encarna una dimensión objetiva como elemento estructural del orden constitucional sino que, además, cuenta con una dimensión subjetiva de especial importancia en nuestro derecho constitucional. Se trata entonces de un derecho social, cuyo contenido complejo encuentra en el derecho constitucional del Estado social de derecho, al menos dos garantías: la igualdad y la libertad del titular del derecho al trabajo frente a la regulación y vigilancia del Estado.
“El contenido de este derecho se concreta entonces en el respeto a las condiciones de igualdad para acceder a un puesto de trabajo, siempre que se cumplan los requisitos de capacitación que exige cada tarea en particular. Así mismo, dichos requisitos deben ser fijados de tal manera que obedezcan a criterios estrictos de equivalencia entre el interés protegido y las limitaciones fijadas, pues una excesiva, innecesaria o irrazonable reglamentación violaría el contenido esencial del derecho. Por último, es necesario anotar que, de una parte, los requisitos que condicionen el ejercicio de una profesión u oficio deben ser de carácter general y abstracto, vale decir, para todos y en las mismas condiciones; y de otra, la garantía del principio de igualdad se traduce en el hecho de que al poder público le está vedado, sin justificación razonable acorde al sistema constitucional vigente, establecer condiciones desiguales para circunstancias iguales y viceversa.
“El sistema de protección del derecho que se estudia, exige entonces que las intervenciones del poder público que tiendan a limitar la garantía general de libertad respecto a su ejercicio, así como la garantía de igualdad de todos a un puesto de trabajo, fundadas en el respeto a la dignidad humana, cuenten con una legitimación clara, razonable y explícita” (resalta la Corte).
“Acorde con todo lo anterior, esta Corte considera que en materia de reglamentación del derecho fundamental a escoger profesión u oficio, el legislador debe imponer los requisitos estrictamente necesarios para proteger el interés general, toda vez que el ejercicio de una profesión u oficio debe permitir el mayor ámbito de libertad posible, para que en su interior se pueda dar un desarrollo espontáneo de la personalidad, en congruencia con el principio de la dignidad humana”.
En la medida en que el ejercicio del derecho sub examine pueda lesionar otros bienes o derechos constitucionalmente protegidos, el poder público, en ejercicio de las competencias constitucionales de que es titular puede entrar a limitarlo.
Así lo reconoció esta Corporación en las tantas veces aludida Sentencia C-606 de 1992, con ocasión de demanda intentada contra algunas disposiciones de la Ley 70 de 1979 que reglamentó la profesión de topógrafo y que, por razón de la materia, involucraba acusaciones análogas a las que en esta oportunidad se plantean; esta Corte precisó como los derechos fundamentales encuentran en el ordenamiento un conjunto de límites internos —aquellos que conforman la propia definición del derecho— y externos —aquellos impuestos por el propio texto constitucional—.
Estas limitaciones encuentran su razón de ser en la protección de los derechos de terceros y en general, en la tutela del interés general, garantizados en todo el ordenamiento jurídico y, en especial, en los artículos 1º y 2º de la Constitución colombiana.
Así, por ejemplo, en la sentencia 16 de febrero 7 de 1991 ese Tribunal(3) dijo:
“... La facultad de reglamentación de las profesiones tanto como el exigir títulos de idoneidad tienen varias finalidades:
b) Proteger a la colectividad en general para que no resulte afectada por el inadecuado ejercicio de estas profesiones, asegurando que las personas que se anuncian para ello están en la capacidad suficiente para desempeñarse en ese campo, es decir son idóneas y proteger así a toda la sociedad controlando las profesiones para que con esas labores o actividades no se cause daño o perjuicio a terceros y no se atente contra las buenas costumbres, la salud o la integridad física de las personas”.
En cuanto se refiere al alcance de la acción del legislador al restringir el ejercicio de un derecho fundamental con base en la protección de la comunidad o en el llamado interés general, en la multicitada Sentencia 606 esta Corporación precisó:
“En el texto constitucional colombiano, el interés general, definido por el legislador se opone al interés particular, salvo cuando este último está protegido por un derecho fundamental. En este caso, como lo dijimos arriba, ha de entenderse que la dimensión objetiva de tales derechos los convierte en parte estructural del sistema jurídico y por lo tanto dejan de ser meros derechos subjetivos para integrar la parte dogmática del complejo concepto de interés general.
“En este sentido, la doble relación de subordinación y libertad que tiene el legislador frente al texto constitucional hace que este pueda reglamentar el ejercicio del derecho al trabajo, pero siempre tendiendo a protegerlo y a asegurar el máximo de libertad e igualdad real de los individuos como expresión de su dignidad humana”.
La primera significa que sólo el legislador está autorizado por la Carta política para reglamentar el ejercicio de este derecho. En consecuencia, la ley es el único instrumento legítimo para exigir a quienes pretendan ejercer determinadas actividades que requieran de capacitación técnica, académica o científica el título de idoneidad correspondiente así como el procedimiento y los requisitos básicos para obtenerlo. De la misma forma, sólo el legislador puede crear las normas básicas sobre las cuales las autoridades competentes vigilen e inspeccionen el ejercicio de las actividades que exijan formación académica o que impliquen riesgo social.
Así lo precisó la Corte Constitucional en la Sentencia 606 citada, cuando dijo:
“La exigencia de títulos de idoneidad está limitada en primera instancia a las profesiones u oficios que exijan realmente estudios académicos, así como por los alcances de la tarea a realizar y el interés concreto que se pretende proteger”. Dichos títulos deben estar directamente encaminados a certificar la cualificación del sujeto para ejercer la tarea. Así, las normas que regulen tal cualificación no pueden establecer exigencias que superen los requisitos que en la práctica se requiere para proteger los derechos de otras personas. Cuando la reglamentación del derecho lo somete a requisitos innecesarios, o lo condiciona más allá de lo razonable, o disminuye las garantías necesarias para su protección, se estará frente a una clara violación del contenido esencial del derecho”.
En conclusión, puede decirse que si bien el legislador está autorizado constitucionalmente para regular el ejercicio de ciertas actividades con miras a proteger derechos de terceros o el interés de la comunidad, el alcance de su potestad, por decisión del Constituyente, se contrae a reglamentar solo aquello que le permite la Carta, sin —desde luego— vulnerar el contenido esencial del derecho consagrado en el artículo 26 del Ordenamiento Superior y de los que le son conexos, v. gr., el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el derecho al trabajo y el principio de igualdad, entre otros.
c) “Profesiones” y “oficios” en la Carta de 1991.
Como bien se sabe, el artículo 39 de la Constitución vigente hasta 1991 traía una significativa diferencia entre los conceptos de “profesión” y “oficio”.
Esta sensible diferenciación entre oficios y profesiones, tenía como fundamento la clasificación clásica en virtud de la cual era profesión todo aquello que para su ejercicio requiriera de estudios intelectuales científicos o humanistas, mientras se entendía por oficio, aquella tarea que bien podía ser aprendida en la práctica y perfeccionada con la experiencia, para la que en general lo determinante era el “don natural” o “innato” y no el conocimiento.
El artículo 26 de la Constitución actualmente en vigor parece haber obviado —o al menos— disminuido la diferencia radical entre los conceptos que se estudian.
“Vale la pena mencionar, que mientras a partir del artículo 39 —de la Constitución de 1886— era posible establecer una diferencia entre profesiones y oficios, con base en las facultades de reglamentación y en las aptitudes necesarias para desarrollar debidamente cada una de estas actividades; el artículo 26 actual, no sólo por su contenido intrínseco, sino por el contexto constitucional dentro del cual se encuentra inmerso, introduce nuevos criterios de diferenciación y regulación de los oficios y profesiones.
A diferencia de lo que puede inferirse del artículo 39 de la Carta de 1886, la Constitución vigente señala que la ley podrá exigir títulos de idoneidad, no sólo para el ejercicio de las profesiones, sino, para el ejercicio de los oficios. Igualmente, cualquier actividad que se clasifique como “profesional”, y las ocupaciones, artes y oficios que exijan formación académica o impliquen riesgo social, pueden ser objeto de inspección y vigilancia. Sólo las ocupaciones, artes y oficios que no exijan formación académica y que no impliquen riesgo social, son de libre ejercicio en el territorio nacional.
La diferencia entre profesión u oficio no radica ya en la mayor o menor formación académica, ni en la necesidad de una especial cualificación técnica, pues la propia Carta señala que cualquier ocupación, arte u oficio puede requerir de dicha formación. De otra parte, queda expresamente consagrada la facultad de exigir títulos de idoneidad, así como de inspeccionar y vigilar tanto las profesiones como los oficios, artes y actividades en general que requieran para su ejercicio formación académica o que impliquen un riesgo social”.
a) Facultad del Legislativo para “profesionalizar” y regular la actividad del Técnico Electricista. Límites.
La demanda señala que la ley en cuestión es inconstitucional en la medida en que “profesionaliza” una actividad que por su propia naturaleza es un oficio. Tal transmutación es, para la actora un vicio de constitucionalidad que cubre la totalidad del texto de la Ley 19 de 1990.
Como arriba se manifestó, la Carta de 1991 no establece una diferencia radical entre las actividades catalogadas como oficios y aquellas entendidas como profesiones. Dicha clasificación —que dio lugar a importante jurisprudencia—, se encuentra hoy matizada por un texto constitucional que no permite perfilar su diferencia a partir de los criterios tradicionales.
Tales criterios, que se acuñaron a partir del mayor o menor peso específico atribuido a los dones naturales frente a los conocimientos teóricos, o al trabajo manual en relación con el intelectual, han sido desvirtuados por la práctica. Ciertamente, en la medida en que el artículo 26 de la Carta reconoce que ciertas actividades, artes u oficios pueden requerir formación académica o implicar un riesgo social y en tal virtud pueden ser objeto de reglamentación, inspección y vigilancia, la clasificación entre oficios y profesiones no presta ya la utilidad constitucional que se servía con dichos criterios bajo la vigencia de la Constitución anterior.
En primer lugar, es claro que se parte de la garantía fundamental a la libertad civil de escoger profesión u oficio. Ahora bien, con miras a proteger el interés general y la vida, honra y bienes de las personas, se establecen una serie de límites al ejercicio de ciertas actividades que podrían lesionarlos. Así, si una actividad se desenvuelve exclusivamente dentro de la órbita del individuo que la ejerce, sin que por su naturaleza pueda vulnerar derechos de otras personas, será de libre ejercicio en todo el territorio nacional, y cualquier intervención deberá ser declarada inconstitucional.
Del artículo 26 Constitucional también se infiere que para el ejercicio de ciertas profesiones u oficios el legislador —y solo él—, puede exigir títulos de idoneidad, exclusivamente cuando la actividad de que se trate exija cualificación académica. Así mismo, al reglamentar el ejercicio de ciertas actividades el legislador solo puede exigir el nivel de cualificación indispensable para la protección de los derechos de otras personas y del orden público constitucional, so pena de vulnerar el núcleo esencial del derecho que se protege.
Por último, es importante señalar que las autoridades competentes podrán inspeccionar y vigilar el ejercicio de las profesiones y de las ocupaciones, artes y oficios que exijan cualificación académica o que impliquen un riesgo social. Empero, tal inspección —en cuanto implique limitación en el ejercicio del derecho— debe ser fijada por la Ley, y no puede en ningún caso ir más allá de lo que sea razonablemente necesario para la protección de otros derechos o bienes constitucionalmente protegidos.
Por las razones expresadas esta Corte no comparte el criterio de la demandante en virtud del cual una presunta profesionalización de un oficio, y su consecuente reglamentación por parte del legislativo, entrañaría un vicio de inconstitucionalidad.
Como quedó expuesto, los conceptos de oficio y profesión no son estáticos y su diferenciación o clasificación no depende —como lo afirma la demanda— de la naturaleza de la propia actividad. Es el propio legislador, quien por razones de política —prevalentemente relacionadas con la orientación económica— y atendiendo criterios de importancia o contribución social o económica, así como de riesgo social decide elevar un oficio al rango de profesión. Las exigencias de mayor especialización y profesionalización —en razón de la mayor complejidad característica de las sociedades contemporáneas— hacen que una tarea que otrora requería, por ejemplo simplemente un aprendizaje práctico hoy, por el altísimo grado de sofisticación tecnológica aplicada a cualquier campo del quehacer humano demandan un significativo nivel de cualificación técnica o académica.
Así, pues, los criterios para definir si un trabajo es una profesión o un oficio, han ido transformándose con el tiempo hasta el punto de que hoy es imposible hacer una clasificación del todo certera y unívoca. De ninguna manera se puede sostener hoy, por ejemplo, una diferencia fundada en la mayor o menor proporción de trabajo intelectual versus trabajo físico o manual, propia de la edad media. Tampoco es posible aplicar de manera absoluta el criterio según el cual la clasificación depende de la relación entre los conocimientos intelectuales y los dones naturales o innatos, pues la sociología de la educación demuestra que es el desarrollo en la práctica de una determinada actividad la que la hace evolucionar. Parece en cambio más plausible, aunque también insuficiente, el criterio que se funda en la evaluación entre el mayor o menor nivel de experiencia práctica versus los conocimientos intelectuales, pero es evidente que este criterio tampoco es absoluto, pues una actividad que hoy puede ser desarrollada simplemente a partir de una experiencia práctica o empírica puede con el desarrollo tecnológico llegar a requerir de un alto grado de calificación.
Así las cosas, compete al legislador, con ayuda de criterios sociológicos, y consultando los principios de la justicia y el bien común, señalar cuando una actividad —que por no exigir cualificación académica puede ser considerada como un oficio—, debe ser reglamentada, estableciendo para su ejercicio determinados requisitos de capacitación, —vale decir “profesionalizándola”—.
Ahora bien, tal y como se dijo antes, el legislador se encuentra limitado por los cánones constitucionales al establecer las limitaciones al ejercicio de una determinada actividad, pues una reglamentación excesiva, innecesaria o irrazonable violaría el contenido esencial del derecho fundamental al trabajo y a escoger y ejercer profesión u oficio.
Sobre la base de las consideraciones precedentes, la Corte estudiará los cargos concretos contra el literal b) del artículo 3º en el orden que fueron planteados.
Como ya lo manifestó esta Corte en la Sentencia 606 antes citada los requisitos legales creados para poder ejercer legítimamente una profesión u oficio no pueden ser más de los estrictamente necesarios para proteger el interés general debidamente probado o los derechos de terceros.
En esta ocasión el legislador considera que para suplir los conocimientos básicos que otorga un título profesional el técnico que se hace en la práctica debe contar con un tiempo mínimo de cinco años de experiencia.
“en términos de la debida congruencia que debe haber entre el límite del derecho y la finalidad buscada por la norma. La finalidad de la Ley es la de exigir una determinada cualificación técnica (...). Dicha exigencia no es contraria al principio de igualdad, siempre que se aplique de manera general y abstracta a todo aquel que quiera desempeñar la profesión regulada y no vulnere el contenido esencial de los derechos consagrados en los artículo 25 y 26 de la Constitución” (C. Const., Sent. 606/92).
Por otra parte, parece que la ley desconfiara de la acreditación que una persona natural puede hacer sobre la realización de un trabajo, mientras que supone que las personas jurídicas ofrecen mayor fiabilidad. No es clara la razón de esta discriminación, que lleva sin duda a la violación del principio de igualdad, dado que no es razonable otorgar la tarjeta a una persona que trabajó para personas jurídicas y negarla a quien prestó sus servicios a personas naturales. Será el Consejo Nacional de Técnicos Electricistas, CONTE, el encargado de verificar la veracidad de las pruebas, pero en ningún caso es dable admitir como constitucional que la ley sustente una discriminación injusta.
“El lógico entendimiento debería ser que todas las personas que según la definición del artículo 1º de la ley acusada se ocuparan en el estudio y las aplicaciones de la electricidad y ejercieran a nivel medio como auxiliar de los ingenieros electricistas tuviesen la oportunidad de obtener la matrícula correspondiente”.
“En este caso la finalidad perseguida por la ley es la de que quien no tenga el título académico, posea, además de otros requisitos, una experiencia laboral de al menos cinco años, pero no puede ser la de que dicha experiencia haya sido adquirida sólo mediante cierto tipo de contratos. Es este un medio de prueba importante, pero existiendo otros medios razonables para obtener, y probar dicha experiencia, no se entiende ni justifica la restricción.
“Si bien entra dentro del ámbito de libertad del legislador establecer los requisitos que considere necesarios para el ejercicio de determinadas profesiones, también es cierto que el propio legislador se encuentra subordinado a los mandatos constitucionales. Por lo tanto, no puede condicionar el ejercicio de un derecho, —y menos del derecho al trabajo que es base estructural del orden constitucional—, hasta el punto de hacerlo impracticable, o establecer requisitos que lo condicionen más allá de lo razonable, o crear condiciones que impliquen, de manera injustificada, el acceso desigual a su ejercicio. En todo caso, los requisitos materiales exigidos y los medios de prueba deben ajustarse a los mandatos de la Carta, y en el análisis de este cargo, encuentra la Corte que hay una clara violación del artículo 13, al discriminar injustificadamente los medios válidos para adquirir y probar la experiencia exigida”.
Así las cosas en la parte resolutiva de la presente sentencia se declarará inexequible la parte del literal b) del artículo 3º que dice:
“...expedidos por empresas y, en general, personas jurídicas de carácter público o privado relacionadas directamente con las actividades de la construcción o la ingeniería eléctrica”.
Por otra parte, en cuanto concierne al término de dos (2) años, contados a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley... a que se contrae el derecho a la matrícula de quienes hayan adquirido el conocimiento a través de la experiencia práctica, según el mismo artículo 3º literal b) en estudio caben hacer las consideraciones siguientes:
Como quedó dicho, el artículo 26 de la Carta faculta al legislador para requerir títulos de idoneidad tanto en la órbita de las profesiones como de los oficios. Basta probar, de manera razonada, que la actividad que se “titula” requiere ciertamente de cualificación técnica o académica. No otra lectura puede hacerse de la norma constitucional citada en la que no solo se acepta de manera explícita que algunas actividades calificadas como “ocupaciones, artes y oficios” pueden exigir formación académica, sino que en la parte que autoriza al legislador para exigir títulos de idoneidad no discrimina entre una profesión o un oficio.
En el caso que ocupa la atención de la Corte es bien claro que los Técnicos Electricistas pueden aplicar su experiencia y conocimiento a diversos niveles y en distintos campos. Tan es así, que el Decreto 991 de 1991 del Ministerio de Minas y Energía, —reglamentario de la Ley que se estudia—, prevé diversas clases de matrículas según el grado de especialización y el campo de aplicación de la disciplina que se estudia.
Es también claro que para la aplicación básica del Técnico Electricista no se requieren conocimientos especializados, ni una suma de estudios y conocimientos teóricos solo aprehensibles en un programa técnico o de educación superior. Esta tarea —a un nivel básico— bien puede aprenderse en la práctica y perfeccionarse con la experiencia, sin que para ello sea necesario un conjunto de conocimientos científicos propios de grados más altos de especialización en esta disciplina o del ramo de la ingeniería eléctrica.
En tal sentido esta Corte considera que la exigencia de condiciones innecesarias para el ejercicio de una actividad cuya idoneidad puede ser probada a través de requisitos menos gravosos vulnera el contenido esencial del derecho fundamental al trabajo y de la libertad que de él se deduce de escoger profesión u oficio. De otra parte, una restricción injustificada al mercado de trabajo no se compadece con los principios rectores de un Estado social y democrático de derecho.
Por ello, la frase “Por el término de dos años contados a partir de la vigencia de la presente Ley”, contenida en el literal b) del artículo 3º de la Ley en comento también se declarará inexequible.
Cabe asimismo hacer una clarificación en torno a lo preceptuado en el artículo 11 de la Ley sub examine, conforme al cual el ejercicio de la profesión solo será lícito para quienes obtengan la correspondiente matrícula en las condiciones que la misma establece. Ciertamente podría pensarse que es incongruente que para poder ejercer la profesión lícitamente se demuestre —conforme a su artículo 3º— el ejercicio previo de esta por el término de cinco años. Debe entenderse que cuando el literal b) del artículo 3º exige una experiencia práctica, se está refiriendo al caso de quienes se desempeñan como asistentes, ayudantes o auxiliares de un Técnico Electricista matriculado, para connotar así el evento en que se encuentran quienes se han formado mediante la experiencia acumulada.
El servicio de luz y electricidad es un servicio público que, por sus especiales condiciones, requiere de permanente vigilancia y control. A pesar de que la aplicación de la ciencia de la electricidad puede darse a distintos niveles, lo cierto es que una falla en este servicio podría significar, no solo privar a un ciudadano de un servicio básico, sino posiblemente la producción de un daño que puede ser grave e irreparable, personal o patrimonial. Es evidente que un corto circuito, fruto de una conexión deficiente o errónea, puede dar lugar a un incendio y con él a daños irreparables. Así, la condición de servicio público y la previsible peligrosidad relativa de la actividad, legitiman la intervención de autoridades competentes, que con fundamento en normas legales vigilen o inspeccionen la actividad.
Con fundamento en estas normas legales las autoridades competentes, creadas para ello —como es el caso del Consejo Nacional de Técnicos Electricistas— o autorizadas por el legislador, podrán en ejercicio de la facultad de policía administrativa que compete al Estado, vigilar el cumplimiento de las normas que regulan el ejercicio de las actividades.
De ahí que desde este ángulo la Ley demandada encuentre pleno respaldo constitucional en el artículo 26 de la Carta, y que deban desestimarse los cargos que sobre tal supuesto, aduce la actora.
c) El Consejo Nacional de Técnicos Electricistas, CONTE.
1. En primer lugar, considera que la figura del Consejo Nacional de Técnicos Electricistas, CONTE, es inconstitucional en la medida en que se trata de un colegio profesional, permitido constitucionalmente para la agrupación de profesionales y no de quienes ejercen un oficio. En cualquier caso, a juicio de la demandante, aunque los colegios profesionales estuvieren permitidos para la asociación de quienes ejercen un oficio, estos deben ser democráticos, y el Consejo Nacional de Técnicos Electricistas, CONTE, no lo es, vulnerando así la norma fundamental (C.N., art. 26).
A juicio de esta Corte la demandante parte de una errónea separación entre profesiones y oficios que ya fue desvirtuada así como de una desacertada concepción de la naturaleza de los colegios profesionales.
Como se estableció en la Sentencia 606 de 1992 de esta Corporación, los colegios profesionales son asociaciones de personas que ejercen una misma labor u ocupación y cuya finalidad es defender, fortalecer y apoyar el desarrollo de este ejercicio. Se trata, pues, de entidades asociativas, representativas de intereses económicos o profesionales, cuya composición interna y funcionamiento tiene que ser democrático, justamente para que no se conviertan en agentes de un grupo o parte de quienes ejercen la actividad respectiva, sino para que velen por los intereses del conjunto de quienes realizan esa actividad.
Los colegios están integrados no por representantes de autoridades públicas, sino por todas aquellas personas que, cumpliendo con las condiciones para ejercer legalmente una actividad determinada, deciden asociarse.
Las anteriores premisas permiten establecer que el Consejo Nacional de Técnicos Electricistas, CONTE, es una típica entidad administrativa creada para vigilar y controlar el cumplimiento de la Ley 19 de 1990. Como tal, desarrolla la facultad de policía administrativa y no las tareas de capacitación, promoción, fomento, divulgación y en general desarrollo de cada actividad, tal y como debe hacerlo un colegio profesional al velar por los intereses de sus asociados.
Así pues, ni el origen del Consejo Nacional de Técnicos Electricistas, CONTE, ni su composición, ni sus funciones permiten válidamente afirmar que por su naturaleza sea un colegio profesional.
2. En segundo lugar, la demandante argumenta que el Consejo Nacional de Técnicos Electricistas, CONTE, tiene la facultad legal de disponer arbitrariamente si al interesado le asiste o no el derecho a ser matriculado y, que con ello se vulnera el derecho al trabajo y los derechos a la libre competencia económica y a la iniciativa privada, garantizados en los artículos 333 y 334 de la Carta.
No comparte la Corte en este punto la apreciación de la demandante, pues es claro que los artículos 3º literal c) y 4º literales a) y b) lo único que hacen es facultar al Consejo Nacional de Técnicos Electricistas, CONTE, para estudiar si las solicitudes de matrícula reúnen los requisitos creados por la Ley 19, lo cual en ningún caso, equivale a sostener que si el interesado reúne tales requisitos, pueda negarle la mencionada matrícula. Se trata simplemente de un trámite administrativo de verificación de la existencia de una serie de requisitos en cuya evaluación no cabe grado alguno de subjetividad por parte del mencionado Consejo. El cargo no prospera y así habrá de decidirse.
En relación con la Ley 19 de 1990 “por medio de la cual se reglamenta la profesión de Técnico Electricista en el territorio nacional”,
1. Declarar EXEQUIBLE en los términos de la presente sentencia el artículo 3º salvo los siguientes apartes de su literal b): “Por el término de dos (2) años contados a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley”; y “...expedidos por empresas y, en general, personas jurídicas de carácter público o privado relacionadas directamente con las actividades de la construcción o la ingeniería eléctrica” los cuales se declaran inexequibles.
2. Declarar EXEQUIBLES, en los términos de la presente sentencia, los artículos 1º, 2º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10, 11, 12 y 13 de la Ley 19 de 1990.
Notifíquese, publíquese, cópiese e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.»
1 Cfr. Corte Constitucional, Sala de Revisión Nº 1, Sentencia T-406 de junio 5 de 1992.
2 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-606 de diciembre 12 de 1992, M.P. Dr. Ciro Angarita Barón.
3 Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, Sentencia 16 de 1991, M.P. Dr. Jaime Sanín Greiffenstein.