Source: https://elderecho.com/posibilidad-de-debatir-la-fecha-de-disolucion-de-la-sociedad-de-gananciales-en-procedimiento-separacion-divorcio-o-nulidad
Timestamp: 2020-07-12 00:09:29
Document Index: 221208319

Matched Legal Cases: ['artículo 95', 'artículo 1', 'artículo 95', 'artículo 7', 'artículo 232', 'e contrario', 'artículo 1392']

Posibilidad de debatir la fecha de disolución de la sociedad de gananciales en procedimiento separación divorcio o nulidad - El Derecho
Posibilidad de debatir la fecha de disolución de la sociedad de gananciales en procedimiento separación divorcio o nulidad
Foro 24-06-2019 Coordinador: José María Prieto Fernández-Layos
En los diálogos jurídicos que he tenido el placer de mantener con nuestro colaborador Juan Pablo González del Pozo, ha surgido, entre otros, el debate sobre qué procedimiento es el adecuado para decidir la fecha de disolución del régimen económico matrimonial.
Sabido es que dicha disolución, en especial en el caso de la sociedad de gananciales, suele producirse generalmente cuando se materializa la separación de hecho de los cónyuges o cuando se acuerda la separación legal, se disuelve el matrimonio o éste es declarado nulo (arts. 95, 1392 y 1393 CC).
Ahora bien, las discrepancias sobre el momento en que se produce tal extinción (particularmente entre la fecha de la separación de hecho o la de la sentencia firme) vienen encauzándose en la práctica del foro a través del proceso de formación de inventario (arts. 808 y 809 LEC), cuando realmente según algunos operadores jurídicos dicho momento debería conocerse antes, para de esta manera poder estructurarse debidamente las partidas que conforman ese inventario.
Este momento anterior no puede determinarse sino a través de un procedimiento específico accionado al efecto (arts. 1393 y 1394 CC y 808.1 LEC) o aprovechando el propio proceso matrimonial de separación, divorcio o nulidad, tanto si se entiende en este último caso que la disolución se ha producido con anterioridad a la fecha en que se va a dictar la sentencia, como si se estima que ha de ser la firmeza de ésta la que la marque (arts. 95 y 1392 CC, ya citados).
Centrándonos en este postremo supuesto, la pregunta que se hace a nuestro Consejo de Redacción, sería la siguiente:
¿Cabe pedir, enjuiciar y resolver en el procedimiento de separación, divorcio o nulidad, de forma expresa y específica, cuál sea el momento o fecha en que se ha producido o va a producir la disolución de la sociedad de gananciales?
Este foro ha sido publicado en la "Revista Derecho de Familia", el 1 de mayo de 2019.
Antes de dar contestación a la pregunta formulada, no está de más llevar a cabo una serie de consideraciones relacionadas con el tema a analizar, que servirán para comprender mejor la respuesta a ofrecer. Así, en este sentido, hemos de recordar que el art. 1392 CC -EDL 1889/1 establece los supuestos en que judicialmente la comunidad concluirá de pleno derecho, norma que ha venido siendo interpretada jurisprudencialmente en el sentido de que la libre separación de hecho excluye el fundamento de la sociedad de gananciales que es la convivencia mantenida hasta el momento de la muerte de uno de los cónyuges -SSTS de 13 de junio de 1986 -EDJ 1986/4070 y de 17 de junio de 1998 -EDJ 1998/14182--.
La sociedad de gananciales debe entenderse subsistente entre tanto no recaiga el específico pronunciamiento judicial declarativo de su extinción o se produzca uno de los supuestos de disolución por ministerio de la ley previstos con carácter taxativo en el art. 1392 CC, los cuales operan por sí solos ope legis o de pleno derecho, pero es el caso que en el art. 1393 CC se recogen otras posibilidades de poder dar por finalizada la sociedad de gananciales, supuestos entre los que se encuentra detallado en su número 3º el de “llevar separado de hecho más de un año por mutuo acuerdo o por abandono de familia”, caso éste en el que se requiere decisión judicial a petición de uno de los cónyuges, según expresa la Sentencia del TS de 14 de febrero de 2000 -EDJ 2000/866-.
Ahora bien, es reiterada la doctrina jurisprudencial -STS de 23 de febrero de 2007 -EDJ 2007/10519-, entre otras-, que expone que dicha normativa no entra en colisión con la afirmación, como se ha dicho, de que la libre separación de hecho de los cónyuges excluye el fundamento de la sociedad conyugal, que es la convivencia de los esposos hasta el momento de la muerte de uno de ellos, pues entenderlo de otro modo sería acto contrario a la buena fe con manifiesto abuso de derecho que no puede ser acogido por los tribunales en una interpretación acorde con la realidad social -art. 3.1 CC-, de manera que, rota la convivencia conyugal, no cabe que se reclamen, por un cónyuge, derechos sobre unos bienes a cuya adquisición no contribuyó, pues tal conducta es contraria a la buena fe y conforma uno de los requisitos del abuso del derecho, al ejercitar un aparente derecho más allá de sus límites éticos -consistentes en la protección del matrimonio conviviente-, teleológicos y sociales -esto es, la seguridad en la relaciones mantenidas por el afecto de los cónyuges-.
Pero la literalidad del número 3º del art. 1393 CC requiere, como elementos indispensables, para que pueda contemplarse la disolución tácita, anticipada y extrajudicial de la sociedad legal, de un consentimiento por ambas partes en la separación de hecho o, lo que es lo mismo, el cese defectivo de la convivencia conyugal mutuamente aceptado -no a una interrupción de la convivencia-, es decir, de una inequívoca voluntad de poner fin, con la separación de hecho al régimen económico matrimonial, del transcurso de un largo período de tiempo, doctrina ésta que se asienta en el hecho de haberse producido una ruptura real y comprobada de la economía matrimonial, lo cual exige el oportuno despliegue de actividad probatoria a cargo de quien alega dicha situación.
Así, es la separación de hecho la que determina, por exclusión de la convivencia conyugal, que los cónyuges pierden sus derechos a reclamarse como gananciales bienes adquiridos por éstos después del cese efectivo de la convivencia, siempre que ello obedezca a una separación fáctica -no a una interrupción de la convivencia seria, prolongada y demostrada por los actos subsiguientes de formalización judicial de la separación y siempre que los referidos bienes se hayan adquirido con caudales propios o generados con su trabajo o industria a partir del cese de aquella convivencia. Entenderlo de otra manera significaría un acto contrario a la buena fe, doctrina ésta que, no obstante, debe aplicarse con cierta cautela, sobre todo cuando ambos cónyuges siguen vinculados al cumplimiento de las cargas matrimoniales -pagos de hipotecas, gastos alimenticios, gastos de vivienda, etc.-.
Si, a pesar de la separación de hecho, durante ese intervalo los cónyuges adquieren un bien y hacen confesión o manifestación de su carácter ganancial en la escritura pública y así lo inscriben, tendrá la consideración de ganancial -SSTS de 6 de julio de 1998 -EDJ 1998/7897--.
En la reforma introducida en el CC en 1981 el Grupo Parlamentario Socialista propuso la adición al art. 1397 CC de un segundo párrafo que decía:
“…sin perjuicio de los derechos de terceros, ninguno de los cónyuges podrá pretender del otro que incluya en el activo de la sociedad los bienes adquiridos con el producto de su trabajo personal desde la cesación de la vida en común”.
Esta enmienda, que encontraba su razón de ser en que, en ocasiones, la prolongada tramitación de los procedimientos judiciales que han de concluir con la disolución de la sociedad de gananciales, producen incertidumbre y situación de bloqueo, fue finalmente rechazada en el Pleno del Congreso, quedando sin regularización legislativa las consecuencias de la separación de hecho en la sociedad de gananciales.
Nada determina el legislador acerca de cuánto tiempo debe transcurrir desde la separación de hecho para que se puedan producir los efectos señalados. La separación de hecho, per se, no conlleva automáticamente, sin más, que proceda tener por disuelta la sociedad de gananciales. No se puede hacer una interpretación simplista de la doctrina jurisprudencial en los pronunciamientos expresados y considerar que toda separación de hecho mutuamente consentida -o por abandono de hogar conlleva, en todos los casos, la expresada disolución de la sociedad de gananciales, por cuanto que los términos literales de los arts. 1392.3, 1393.3 y 1394 CC no parecen admitir una interpretación contra legem, claramente correctora o rectificadora del tenor literal claro y preciso de la ley, excepción hecha, quizá, según doctrina jurisprudencial reiterada, del supuesto en que la situación de separación de hecho va seguida de la formación de otra unidad familiar extramatrimonial, por uno de los cónyuges, contando con la inequívoca voluntad de poner fin a la misma con tal conducta y que se dé un largo período previo de separación en el que ha habido una absoluta independencia económica en la relación interna entre los cónyuges.
Por ello, en general y sin perjuicio del examen aislado de cada caso concreto, los presupuestos genéricos que deben concurrir son:
Previa y significativa separación fáctica con plena desvinculación patrimonial.
Seria, demostrada y prolongada separación fáctica. No cabe que se produzcan los efectos de la disolución de la sociedad de gananciales como consecuencia de una separación de hecho conyugal que tan solo ha durado meses -SAP Toledo de 16 de mayo de 2005 –EDJ 2005/70067--.
Con efectiva e inequívoca voluntad de romper la convivencia conyugal. La STS de 26 de abril de 2000 -EDJ 2000/10342 señala quem además de la separación de hecho duradera en el tiempo, “se requiere, como elemento indispensable, de una inequívoca voluntad de poner fin, con la separación de hecho, al régimen económico matrimonial”. En análogos términos se pronuncia la STS de 27 de enero de 1998 -EDJ 1998/16-.
Los bienes han de haberse adquirido con caudales propios o generados con su trabajo o industria. La SAP Asturias de 15 de mayo de 2003 dice que los presupuestos inexcusables para estimar que efectivamente se ha producido la disolución y una liquidación tácita, anticipada y extrajudicial de la sociedad conyugal son: a consentimiento por ambas partes den la separación de hecho b transcurso de un largo período de tiempo y c ruptura económica debidamente justificada, con vidas económicas independientes.
Exégesis de lo expuesto es que, en tales casos, producida de forma irreversible la ruptura de la convivencia, los bienes obtenidos por cada uno de los cónyuges no se integran en la sociedad de gananciales situación que nos lleva a diferenciar los efectos que la separación de hecho produce en la relación interna entre los cónyuges y la que deriva frente a terceros:
1. Relación interna entre los cónyuges.
En estos casos, cuando se lleve a cabo la liquidación de la sociedad de gananciales, los efectos de su disolución habrán de retrotraerse a la fecha de inicio de la separación de hecho en lo que al activo patrimonial se refiere, de manera que todos los gastos generados por la administración de la masa ganancial existente hasta el momento de la disolución, deberán computarse como deuda a cargo de la sociedad, dando derecho al cónyuge que los haya abonado a su reintegro en la liquidación teniendo la misma condición el pago de deudas de la sociedad de gananciales desde la separación de hecho. Dispone en este sentido el art. 1368 CC que “también responderán los bienes gananciales de las obligaciones contraídas por uno sólo de los cónyuges en caso de separación de hecho para atender a los gastos de sostenimiento, previsión y educación de los hijos que estén a cargo de la sociedad de gananciales”. En ese período de separación de hecho conyugal la doctrina mayoritaria considera que las deudas que se contraigan tendrán carácter privativo, teniendo tan solo la consideración de gananciales cuando se acredite que se actuó en interés de la familia.
Dispone en tales términos la SAP Zaragoza de 26 de junio de 2007 -EDJ 2007/165828 que “La aplicación del Código Civil, sin embargo, no hubiese producido efectos diferentes de los recurridos. el art. 1392.3 dice que la disolución de la sociedad conyugal se produce en el momento en que recae sentencia firme de separación, precepto cuyo rigor literal ha sido mitigado por la doctrina jurisprudencial, que para adaptarlo a la realidad social y al principio de buena fe declara que la libre separación de hecho excluye el fundamento de la sociedad de gananciales -…-”, pero matiza con mayor precisión la SAP Asturias de 18 de mayo de 2000 -EDJ 2000/20980 que “es oportuno recordar que en principio la simple separación de hecho no origina por sí la disolución de la sociedad de gananciales, como se desprende de lo dispuesto en los arts. 1368 y 1393.3 del Código Civil, sino cuando se produzca uno de los supuestos previstos en los arts. 1392 y 1393 citado, del mismo Código, -… mediante la sentencia disolutoria del vínculo por causa de divorcio -… En consecuencia, procede aplicar la presunción “iuris tantum” de ganancialidad de los bienes que establece el 1361 del Código Civil a los discutidos en el incidente, pues no se ha cumplido la exigencia de la doctrina jurisprudencial de la necesidad de darse prueba en contrario suficiente, satisfactoria y convincente, respecto al desplazamiento a la situación de privacidad, particularmente en los casos de supuesta adquisición con dinero exclusivo de la esposa como viene a suceder con el presente…”.
2. Relación externa frente a terceros.
La separación de hecho nunca podrá perjudicar a terceros de buena fe, por lo que hasta que no se dicte resolución judicial acordando la disolución de la sociedad de gananciales y se inscriba en los Registros correspondientes, será de aplicación íntegro el régimen de responsabilidad que existe cuando está constante la convivencia entre los cónyuges.
La SAP Pontevedra de 29 de octubre de 2002 -EDJ 2002/67304 trata un supuesto de reclamación de deuda generada por concesión de préstamo a la esposa, constante el matrimonio, en el que se opone como motivo de exoneración de pago el de la separación de hecho previa a la concesión del préstamo y divorcio posterior, disponiendo al respecto:
“Antes de nada conviene precisar que la doctrina jurisprudencial invocada por la Juzgadora de instancia, referida a supuestos de separaciones fácticas de mutuo acuerdo, serias y prolongadas, hay que entender tan sólo alcanza a desplegar sus efectos interpartes, esto es entre los propios cónyuges, al objeto, por ejemplo, de considerar privativos los bienes adquiridos tras la separación de hecho por uno solo de los cónyuges a costa de su trabajo perdiendo el otro su derecho a reclamarlos en atención a su carácter ganancial, ya que lo contrario supondría un atentado contra la buena fe con manifiesto abuso de derecho, más en todo caso respetando siempre el derecho de terceros acreedores.”
Llegados a este punto, analizando la cuestión desde una perspectiva procesal, presentada demanda de separación, divorcio o nulidad matrimonial y dictado auto de medidas provisionales, debemos entender que el régimen de la sociedad de gananciales vigente rige hasta el momento en el que se dicte sentencia definitiva y alcance firmeza el pronunciamiento principal de separación, divorcio o nulidad matrimonial, lo que plantea el problema de qué sucede con todos aquellos pagos que en el ínterin comprendido entre el dictado de medidas provisionales y el de la sentencia definitiva sean abonados exclusivamente por uno de los cónyuges.
Durante la tramitación parlamentaria de la Ley 11/1981, de 13 de mayo, el Grupo Parlamentario Socialista hizo propuesta de enmienda para que en el art. 1393 CC se incluyera en su texto “podrá también solicitarse la disolución por haber entablado el peticionario o el otro cónyuge medidas provisionales de separación conyugal o nulidad matrimonial, y haber sido admitidas dichas medidas mediante el correspondiente auto judicial”, pretendiendo con ello anticipar los efectos de la disolución de la sociedad de gananciales al dictado de la sentencia del procedimiento matrimonial, propuesta que encontraba su fundamento en que la comunicación continua de bienes que produce la sociedad de gananciales no puede operar cuando quiebra la unión personal. Esta enmienda fue rechazada, cabiendo dar solución a través de dos tesis al respecto:
1. Una, por la que en base al art. 1347 CC al ser bienes gananciales “los obtenidos por el trabajo o industria de cualquiera de los cónyuges”, imposibilita adoptar decisión alguna en la fase liquidatoria de incluir la partida como deuda -SANTANA PÁEZ, E. La liquidación del régimen económico matrimonial. Cuestiones prácticas. Considera que en tales casos no existe derecho de reintegro, ya que en esta fase y hasta la disolución, los ingresos del cónyuge siguen siendo gananciales-.
La SAP Logroño de 29 de febrero de 2008 -EDJ 2008/156753 resuelve en esta línea, afirmando que los efectos del art. 95 CC no pueden retrotraerse a la fecha del auto de medidas provisionales, que autoriza el cese de la vida en común y de la posibilidad, salvo pacto en contrario, de vincular bienes privativos del otro cónyuge en el ejercicio de la potestad doméstica.
2. Otra, que, en aplicación de la doctrina sentada por el TS acerca de las separaciones de hecho, considerar que desde el dictado del auto de medidas provisionales todos los ingresos tienen carácter privativo, originando así el derecho al momento de la liquidación de reintegrarse de la deuda. Esta tesis es acogida en la SAP Valencia de 10 de enero de 2005 -EDJ 2005/10830 y la SAP Madrid de 20 de diciembre de 2007 -EDJ 2007/310976-. Esta última resuelve lo siguiente:
“…ha recaído auto de medidas provisionales en -… con ruptura de la vida en común de los cónyuges, esta situación no se concilia con que, para determinar el inventario ganancial ...haya de atender única y exclusivamente a la fecha de la sentencia -… -fecha legal de la disolución de la sociedad de gananciales haciendo caso omiso al período inmediatamente anterior, -… máxime cuando escindida ya la vida en común de los esposos, ha transcurrido un período de tiempo suficientemente prolongado desde que se dictaron las medidas provisionales hasta la sentencia de separación, en el que el patrimonio ganancial ha podido sufrir avatares diversos, por lo que, -… las actuaciones individuales de cada uno de los cónyuges posteriores al auto de medidas provisionales no pueden tener la misma trascendencia jurídica que si de un matrimonio en normal convivencia se tratara a los efectos de la aplicación del régimen de gananciales pues cesa la posibilidad de vincular bienes propios ... En méritos a los razonamientos expuestos, sin discutir en demasía la fecha de la disolución ipso iure de la disolución de la sociedad de gananciales, no obstante, a efectos de la liquidación hay que partir de la fecha del auto de medidas provisionales…”.
Tesis ésta que no es aceptada por ALEJÁNDREZ PEÑA -La liquidación de bienes gananciales: aspectos prácticos, procésales y sustantivos, Ed. Lex Nova, 2ª Edición 2007, pág. 291 quien afirma que, a pesar de la doctrina jurisprudencial sentada para la separación de hecho, lo cierto es que legalmente ello no es aplicable cuando los cónyuges no conviven juntos como consecuencia de la resolución judicial consistente en el auto de adopción de medidas provisionales -arts. 102, 103 y 104 CC-, pues la sociedad de gananciales sigue vigente hasta el momento de la fecha de la sentencia firme, en aplicación del art. 95 CC. Problemática que, dice, se extiende a la tramitación de todo el proceso matrimonial, incluida la segunda instancia, en su caso, ya que se precisa sentencia firme para disolver legalmente la sociedad de gananciales.
La cuestión abordada, nada baladí, fue tratada en las VII Jornadas de Magistrados/as de Familia celebradas en Málaga los días 29 de febrero y 1 y 2 de marzo de 2012 -EDO 2012/67708-, adoptándose por mayoría como conclusión que:
“Sería deseable llevar a cabo modificación legislativa del artículo 95 CC y disposiciones concordantes, en el sentido de que la disolución de la sociedad de gananciales se declare judicialmente al momento de la determinación de las medidas provisionales coetáneas, siempre que recaiga sentencia ulterior definitiva y firme de separación, divorcio o nulidad matrimonial, salvo que se acuerde otro efecto retroactivo diferente”.
Pues bien, efectuadas las anteriores consideraciones, que, en mi opinión, pueden contribuir en un mínimo grado a dar cobertura a la contestación a la cuestión abordada, el concretar el dies ad quem de la sociedad de gananciales como consecuencia de una separación de hecho conyugal parece ser cuestión a tratar en el curso del procedimiento de liquidación -arts. 808 y ss LEC -EDL 2000/77463--, no antes, al estar en íntima y muy directa relación con las partidas que deben integrar el activo y pasivo del inventario, careciendo de sentido práctico alguno que antes de que los cónyuges litigantes especifiquen propuesta de cuáles sean los bienes que deben integrar activo y pasivo, se discuta una cuestión desconocida como controvertida o no, produciendo un efecto negativo en el curso del procedimiento matrimonial en el que el debate debe quedar centrado específicamente en el pronunciamiento principal a emitir y en las medidas personales y económicas que afecten a cónyuges e hijos,. Pero no a otras materias, como la determinación del momento de disolución de la sociedad de gananciales que, inicialmente, por mor de lo previsto en el art. 95 CC, ya queda concretado por ley, sin perjuicio, como se ha dicho, de que posteriormente, en fase ya de liquidación de la sociedad, se abra fase a debate acerca del momento en que esos efectos puedan retrotraerse a otro anterior con las consecuencias que puedan generar sobre determinados bienes de uno u otro.
Se nos plantea la cuestión de si dentro del proceso matrimonial es posible plantear, y por ende solicitar una resolución judicial al respecto, cual es el momento en el que se ha producido la disolución de la sociedad de gananciales cuando exista una previa separación de hecho de los cónyuges y se pretenda por ello anticipar a este momento la disolución de dicha sociedad ganancial.
Entiendo que el proceso en que debe plantearse esta cuestión es el de formación de inventario y liquidación de la sociedad conyugal. El art. 95 CC -EDL 1889/1 recoge entre los pronunciamientos de la sentencia del proceso matrimonial, además del efecto legal de la disolución del régimen económico matrimonial, la aprobación de su liquidación si hubiera acuerdo de los cónyuges al respecto. En caso de no existir acuerdo sobre la liquidación deberán remitirse las partes al correspondiente procedimiento pero no podrán plantearse estas cuestiones, ni tampoco la del momento en que se produjo la disolución cuando exista disconformidad sobre ello, en el procedimiento matrimonial. Así el art. 806 LEC -EDL 2000/77463 dispone que “la liquidación de cualquier régimen económico matrimonial que, por capitulaciones matrimoniales o por disposición legal, determine la existencia de una masa común de bienes y derechos sujeta a determinadas cargas y obligaciones se llevará a cabo, en defecto de acuerdo entre los cónyuges, con arreglo a lo dispuesto en el presente capítulo y a las normas civiles que resulten aplicables”. En este procedimiento deben plantearse también cuantas otras controversias surjan entre los cónyuges sobre cuál fue el momento de su disolución.
Cosa distinta es que en el procedimiento matrimonial pueda quedar acreditado el momento de esta previa ruptura de los cónyuges, por poder afectar a alguna de las medidas que se dicten en la sentencia o porque sea un dato objetivo no cuestionado por las partes. Pero no puede ser la acreditación de ese momento de la ruptura de hecho a los efectos de la disolución de la sociedad conyugal objeto específico del procedimiento matrimonial ya que el contenido de la sentencia queda limitado por el art. 91 CC, y en este precepto no se recogen los pronunciamientos sobre la disolución y liquidación de la sociedad conyugal, salvo cuando exista acuerdo entre los cónyuges como contempla el art. 95 del mismo texto legal.
Se señala en la cuestión planteada que la fijación del momento de la disolución, cuando esta debe retrotraerse a la fecha de la separación de hecho, debería conocerse antes de procederse a la formación del inventario para de esta manera poder estructurarse debidamente las partidas que lo conforman, y por tanto no debería esperarse a la iniciación del proceso de liquidación para fijarlo sino hacerse en el procedimiento matrimonial. Sin embargo este inventario puede comenzarse en el momento mismo de la presentación de la demanda del procedimiento matrimonial, como dispone el art. 808 LEC, y en este momento tampoco podrían ajustarse las partidas si la disolución no se va a producir hasta el momento del dictado de la sentencia cuando sea esta la que determine la extinción del régimen económico matrimonial. En uno y otro caso se está procediendo a conformar las partidas del inventario sin tener el dato exacto del momento de la disolución. En los casos de separación de hecho hasta que no se determine judicialmente ese momento no se tendrá el dato cierto de la fecha. En los casos de separación o divorcio hasta la fecha de la firmeza de la sentencia no se podrá proceder a la liquidación -art. 810 LEC-. En ambos casos el inventario quedará pendiente del conocimiento de la fecha exacta de la disolución.
En la práctica es en el procedimiento de formación del inventario y posterior liquidación en el que se plantea la cuestión sobre el momento en que se produce la disolución de la sociedad conyugal. Ejemplo de ello, entre otras, la sentencia de la AP Madrid de 13 de marzo de 2015 -EDJ 2015/48172-. En dicha sentencia se resuelve el recurso de apelación interpuesto frente a la sentencia de primera instancia en la que en un procedimiento de formación de inventario y liquidación de la sociedad conyugal se plantea cual debe ser el momento de la disolución del régimen de sociedad de gananciales, si el de la separación de hecho de los cónyuges o el de la sentencia posterior que disolvió el matrimonio, para decantarse por aquel primer momento. Así en dicha resolución se dispone que:
“Cierto es que, conforme a lo prevenido en el artículo 1.392 del Código Civil, la sociedad de gananciales concluye de pleno derecho, entre otros supuestos, cuando se disuelve el matrimonio, lo que puesto en conexión con el artículo 95 del mismo texto legal, se condiciona a la firmeza de la sentencia que pone fin al procedimiento matrimonial.
No puede, sin embargo, ignorarse que, con independencia de dicha disolución formal, con eficacia erga omnes, el Tribunal Supremo viene manteniendo que la libre separación de hecho de los cónyuges supone de facto dicha consecuencia extintiva entre los mismos del régimen económico, pues su fundamento lo constituye la convivencia de los esposos, y una vez rota la misma, aun sin el refrendo de la sanción judicial, sería contrario a los más elementales principios de equidad que uno de los cónyuges se beneficiara de bienes y derechos adquiridos por el otro durante tal etapa de ruptura convivencial, pues no contribuyó, en modo alguno, a tal incremento patrimonial. La conducta procesal del litigante que, en tales circunstancias, pretende incluir en el haber ganancial los referidos bienes se revela contraria a la buena fe, conformando uno de los requisitos del prohibido abuso de derecho, al ejercitar el mismo más allá de sus límites éticos, teleológicos y sociales, lo que constituye un ejercicio anormal de aquél que los tribunales deben impedir, de conformidad con lo prevenido en el artículo 7°-2 del Código Civil -vid Ss. T.S. 13-6 1986, 17-6-1988 , 23-12-1992 y 11-10-1999, entre otras-. -… En consecuencia, sin perjuicio de la disolución formal de la sociedad de gananciales constituida por los esposos, en cuanto vinculada a la firmeza de la Sentencia que, en 2 de marzo de 2011, puso fin al procedimiento de divorcio que habían promovido en vía consensual, los pronunciamientos a realizar en la presente alzada han de quedar referidos al momento de la ruptura fáctica convivencial, al que, conforme a lo antedicho, se retrotraen, en las relaciones internas entre los esposos, los efectos de su disolución societaria”.
En el mismo procedimiento de liquidación de la sociedad de gananciales en grado de apelación se dictó la sentencia de la AP Madrid de 24 de abril de 2015 -EDJ 2015/72964-, que fija el momento de la disolución de la sociedad conyugal, al menos en cuanto a los efectos entre los cónyuges, en el de la fecha del auto de medidas provisionales y no en el de la sentencia de divorcio. Del mismo modo la sentencia de la AP Madrid de 21 de julio de 2017 -EDJ 2017/194170-, fue dictada en el procedimiento de liquidación de la sociedad conyugal y fija el momento de la disolución de dicho régimen en el de la separación de hecho de los cónyuges. También trae causa de un procedimiento de liquidación de la sociedad de gananciales la sentencia del TS de 13 de septiembre de 2017 -EDJ 2017/228942-, que fija en la fecha de la sentencia de separación el momento de disolución de la sociedad conyugal y no en la fecha de la posterior sentencia de divorcio, pese a que fue declarado nulo el convenio regulador de la separación.
En conclusión, entiendo que la sentencia que se dicta en los procedimientos de nulidad, separación o divorcio debe ceñirse a los pronunciamientos que recoge el art. 91 CC y no puede incluir los relativos a la disolución y liquidación de la sociedad conyugal en aquellos casos en que no exista acuerdo entre los cónyuges o no haya sido aprobado, no pudiendo extenderse el litigio a ningún otro tipo de cuestiones.
No parece, desde un planteamiento estrictamente legal y jurídico, que no sea posible solicitar en la demanda, en la contestación o reconvención, una declaración expresa y específica al respecto del momento o la fecha en la que se ha producido o se va a producir la disolución de la sociedad a legal de gananciales. El art. 95 CC -EDL 1889/1 establece que -la sentencia firme -… producirán -… la disolución o extinción del régimen económico matrimonial...-, de manera que, si hubiera acuerdo entre las partes al respecto de la retroactividad de la fecha de disolución del régimen económico, en este caso podría entenderse la posibilidad de que la sentencia resuelva, de modo concreto y específico, sobre la fecha y momento en la que se produce el efecto retroactivo, en el tiempo, de la disolución de dicho régimen económico, con las consecuencias importantes y trascendentales que conlleva tan concreta y específica declaración, pero todo ello previa expresa petición y acuerdo entre las partes.
En los demás casos, si se plantea controversia sobre el momento del cese la convivencia, de un modo definitivo, permanente y estable, y con separación personal de cónyuges, de gestión de toda clase de bienes, obligaciones económicas y patrimonio, no parece que la sentencia que ponga fin al proceso de nulidad, separación o divorcio deba recoger pronunciamiento expreso y específico sobre la posible retroactividad y efectividad de la fecha de disolución del régimen económico, por cuanto que esta cuestión, ya establecida de modo litigioso por las partes, debe resolverse de modo conciso y concreto al momento en el que se dicta la sentencia que recaiga en el proceso de formación de inventario a tramitar conforme a las reglas de los arts. 808 y ss LEC -EDL 2000/77463-, sin perjuicio del pronunciamiento contenido del fallo, de carácter general, sin otra especificación alguna, de la disolución del régimen económico, en previsión de lo establecido en el citado art. 95, si antes no se hubiera disuelto conforme a ley el citado régimen económico.
Téngase en consideración que la pretensión planteada en los procesos matrimoniales al respecto de la disolución del régimen económico, planteada a través de los escritos rectores del procedimiento, formulados por la parte demandante y la parte demandada, no puede, salvo acuerdo entre dichas partes, articularse sobre el debate al respecto de la circunstancia fáctica relativa al cese de la convivencia, a menos que este relato sirva para fundamentar la petición de cualquier otro derecho o deber de cualquiera de las partes, relacionadas con la medida sobre la custodia, el régimen de visitas, pensión de alimentos, pensión compensatoria, el derecho de uso de la vivienda, etc., y puesto que, ciertamente, la prueba al respecto del cese de la convivencia, cuando se produce de manera definitiva, sirve para justificar la viabilidad de estas pretensiones antes aludidas, y aunque pudieran servir de base y pudiera constituir un obiter dicta que pudiera tenerse en consideración en un distinto y ulterior proceso de liquidación del régimen económico, en modo alguno tal declaración, sobre la separación de hecho o el cese la convivencia, condiciona los alegatos de las partes al momento de plantear la solicitud de la disolución del régimen económico, la formación de inventario y liquidación del régimen económico.
Por lo demás, se puede afirmar que la genérica declaración que se contengan el pronunciamiento de la sentencia que ponga fin al procedimiento matrimonial sobre la disolución del régimen económico, sin más concreciones y especificaciones, no condiciona que en el ulterior proceso de liquidación del régimen económico se pueda acreditar que los efectos de la disolución del régimen económico se deban retrotraer, en el tiempo, a la fecha que, ciertamente, han concurrido los condicionantes, de orden personal, familiar, material, patrimonial y económico, que fundamenten la solicitud, en los términos antes señalados.
No puede olvidarse que el TS viene manteniendo, de modo pacífico y reiterado, que la libre separación de hecho excluye el fundamento de la sociedad de gananciales, que es la convivencia de los cónyuges, pues entenderlo de otro modo significaría un acto contrario a la buena fe, que no puede ser acogido por los tribunales. Y se añade que producida de modo irreversible la ruptura de la convivencia ha de entenderse que los bienes obtenidos por cada uno de los cónyuges no se integran en la sociedad de gananciales, sin perjuicio del derecho de cualquiera de ellos a instar la extinción de dicho régimen.
En esta línea interpretativa, y conforme al sistema legal vigente, una vez interpuesta y admitida la demanda de separación, divorcio o nulidad, cesa la presunción de convivencia conyugal, según dispone el art. 102 CC, lo que ya constituiría un primer obstáculo al mantenimiento de la plena vigencia, durante la sustanciación del procedimiento, de la sociedad legal de gananciales.
Tales previsiones conllevan una tácita modificación, o al menos, matización de las contenidas en el arts. 95 y 1392 CC, pues, si bien la disolución formal de la sociedad ha de vincularse la firmeza de la sentencia dictada en el procedimiento matrimonial, los efectos de aquélla, al menos en las relaciones internas de los cónyuges, han de retrotraerse a la fecha en que se admite a trámite la demanda de dicho litigio, en que cesa la presunción de convivencia, que constituye el supuesto básico y necesario de la vigencia del referido régimen económico -doctrina mantenida por esta Sala, entre otras, sentencia de 14 noviembre 2008-.
Téngase en cuenta que el art. 808 LEC permite que el procedimiento liquidación del régimen económico se inicie una vez admitida la demanda de nulidad, separación o divorcio, sin esperar a que se dicte sentencia en la instancia ni, por ende, a la posible firmeza de la sentencia que se dicte en el proceso principal.
En consecuencia, no se descarta que en algunos supuestos se pueda resolver, de modo concreto y específico, en la sentencia que ponga fin al proceso matrimonial, sobre la fecha o momento en que se ha producido o se va a producir la disolución del régimen económico de la sociedad de gananciales.
Sin embargo, por regla general, tan concreto pronunciamiento es propio, en el ámbito procesal y sustantivo, del procedimiento de liquidación del régimen económico matrimonial.
Habitualmente, en la inmensa mayoría de los casos, ninguna de las partes intervinientes en el proceso matrimonial de separación, divorcio o nulidad formula en los escritos rectores del proceso pretensión alguna dirigida a que el juez declare disuelto el régimen económico matrimonial de sociedad de gananciales en un momento anterior al de la sentencia que recaiga en dicho proceso, o, en todo caso, se limitan a interesar que se declare disuelto el régimen económico matrimonial. Pero, en cualquier caso, pese a no formularse petición alguna en tal sentido en los escritos alegatorios de las partes, la casi totalidad de las sentencias matrimoniales dictadas en primera instancia incluyen en el fallo, como si se tratare de una cláusula de estilo, un pronunciamiento por el que se declara disuelto el régimen económico matrimonial y se hace saber a las partes que la efectiva liquidación del mismo podrá llevarse a cabo a instancia de cualquiera de ellas por los trámites previstos en la LEC -EDL 2000/77463-.
Como sabemos, esta declaración judicial de disolución del régimen económico matrimonial realizada en la sentencia de separación, divorcio o nulidad no es sino consecuencia del sistema legal de disolución del régimen económico matrimonial, que distingue entre disolución o conclusión automática u ope legis del mismo, que se produce cuando concurre una de las causas previstas en el art. 1392 CC -EDL 1889/1 en relación con el art. 95 CC, y no precisa declaración judicial, y disolución en virtud de resolución judicial, que se da cuando se declara existente una de las causas contempladas en el art. 1393 CC, y requiere expresa decisión judicial, produciéndose sus efectos desde la fecha en que se acuerde, conforme a las prescripciones del art. 1394 CC.
De este modo, cuando, sin suscitarse controversia en el proceso matrimonial sobre la fecha de la efectiva conclusión o extinción del régimen económico matrimonial, la sentencia declara la extinción del régimen de sociedad de gananciales, la misma no viene a realizar un pronunciamiento constitutivo que produzca el efecto extintivo declarado, pues tal efecto se produciría en todo caso aun cuando no se realizare tal pronunciamiento, sino que tal declaración viene a ser en realidad un mero recordatorio del efecto disolutorio producido por ministerio de la ley.
Se plantea así, en primer lugar, una cuestión interpretativa del alcance de ese pronunciamiento disolutorio, contenido en la sentencia matrimonial, pues una primer postura entiende que, al ser un mero recordatorio del efecto que se produce de manera automática y ex lege, carece de eficacia de cosa juzgada y no impide sostener en el ulterior proceso de formación de inventario del art. 809.2 LEC, pese a no haberse impugnado ese pronunciamiento extintivo de la sentencia, que la fecha de extinción del régimen de sociedad de gananciales es anterior a la de la sentencia matrimonial. En tanto que otra posición sostiene que sólo es posible plantear esa pretensión en el proceso de formación de inventario si se ha impugnado en el recurso de apelación correspondiente el pronunciamiento de la sentencia de 1ª instancia que declara disuelta la sociedad ganancial a partir de la fecha de firmeza de la sentencia o desde la fecha de ésta si no se impugnare el pronunciamiento referido al vínculo o la medida relativa al efecto extintivo del régimen económico, de conformidad con lo dispuesto en el art. 774.5 LEC.
Íntimamente ligada a esta cuestión, que no es objeto directo pero sí colateral de este Foro Abierto, se nos plantea por nuestro Director la interesante pregunta de si es o no viable jurídicamente, partiendo de la normativa legal tanto sustantiva como procesal en vigor, pedir, enjuiciar y resolver en el proceso matrimonial, de forma expresa y específica, cuál sea la fecha o momento en que se ha producido o se va a producir la disolución del régimen de sociedad de gananciales. Y ello sobre la base de las discrepancias existentes en la doctrina, las posturas divergentes de las Audiencias Provinciales y la ambigüedad de la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el momento en que se produce efectivamente la extinción del régimen de sociedad de gananciales, en los términos expuestos por nuestro Director en la pregunta formulada.
Pues bien, prescindiendo del examen de las distintas posturas mantenidas en la doctrina y la jurisprudencia menor de las Audiencias Provinciales sobre la fecha en que se ha de tener por efectivamente disuelta la sociedad de gananciales, que es cuestión de complejidad y enjundia de mérito suficiente para ser tratada con la debida extensión y profundidad en foro distinto del que nos encontramos, y ateniéndome exclusivamente a la pregunta formulada, mi opinión es claramente favorable a que en el proceso matrimonial de separación, divorcio o nulidad matrimonial se pueda pedir por las partes y decidir por el juez la fecha de la efectiva disolución del régimen de sociedad de gananciales.
Sustento tal opinión favorable en una serie de argumentos, que expongo a continuación, unos relacionados con la normativa legal aplicable al caso, que, lejos de impedir la posibilidad de que ese pronunciamiento sea objeto del proceso matrimonial, abonan tal eventualidad, y otros asentados tanto en razones prácticas de conveniencia, utilidad e idoneidad del proceso matrimonial para efectuar tal pronunciamiento como en la mejor conformación o configuración procesal del proceso de formación de inventario previsto en el art. 809.2 LEC.
En primer lugar, debe tenerse en consideración, por así exigirlo el criterio hermenéutico de interpretación sistemática de las normas consagrado en el art. 3.1 CC, que el art. 95 CC está incluido en el Libro I, Título IV, capítulo IX del CC, que lleva por rúbrica “De los efectos comunes a la nulidad, separación y divorcio” y que en él se regulan todas las medidas o efectos derivados de la situación de crisis matrimonial, y entre ellas, la relativa a la extinción del régimen económico matrimonial, por lo que no se advierte la existencia de obstáculo legal alguno para que toda controversia entre las partes que afecte a la fecha en que debe entenderse producida la extinción del régimen económico del matrimonio pueda y deba resolverse en el proceso matrimonial en que se ventilan las restantes medidas definitivas referidas a los hijos, uso de la vivienda familiar, pensiones de alimentos, compensatorias o indemnizaciones del art. 1438 CC.
En segundo lugar, no puede obviarse que el párrafo 2º del art. 95 CC permite que en el proceso matrimonial de nulidad se realice un pronunciamiento de declaración de buena o mala fe de cada uno de los cónyuges que produce como efecto una eventual alteración de la liquidación del régimen económico matrimonial vigente entre los cónyuges, que se produce cuando el cónyuge que ha obrado de buena fe opta por aplicar en la liquidación del régimen económico matrimonial las disposiciones relativas al régimen de participación, sin que el cónyuge de mala fe tenga derecho a participar en las ganancias obtenidas por su consorte.
En otros términos, se permite que en el proceso matrimonial de nulidad se realice un pronunciamiento que permite al cónyuge de buena fe optar por sustituir la liquidación del régimen económico matrimonial vigente entre los cónyuges, que puede ser el de sociedad de gananciales, por el de participación en las ganancias, pero sancionando al cónyuge de mala fe con la pérdida de su derecho a participar en las ganancias obtenidas por el consorte de buena fe. O dicho de otro modo, lo que el CC permite es que la sentencia matrimonial contenga un pronunciamiento que en realidad sirve de determinación, preparación u ordenación del ulterior procedimiento de efectiva liquidación del régimen económico matrimonial, esto es, un pronunciamiento conexo al de liquidación del régimen económico. Obsérvese que el precepto contenido en el art. 95.2 CC no determina en realidad qué normativa deberá aplicarse en la liquidación del régimen económico del matrimonio declarado nulo, sino que otorga al cónyuge que obra de buena fe la opción de determinarlo. Y siendo esto así, no puede negarse la conexidad que existe entre el procedimiento de formación de inventario para la liquidación del régimen de sociedad de gananciales a que pueda estar sujeto el matrimonio declarado nulo y ese pronunciamiento anterior, hecho en el proceso de nulidad matrimonial, que sirve para resolver de forma anticipada una cuestión afectante a la liquidación del régimen económico matrimonial. Esto supone en realidad admitir, por esa razón de conexidad, que en el proceso matrimonial puedan ejercitarse pretensiones que guardan relación con la liquidación del régimen económico matrimonial como la determinación de la vecindad civil de las partes, que a su vez condiciona el régimen económico matrimonial aplicable, la fecha de sustitución de un régimen económico matrimonial por otro o la fecha de extinción real del régimen económico matrimonial, que guarda estrecha relación con el procedimiento de liquidación del mismo en cuanto es fundamental para llevar a cabo la efectiva liquidación no solo el régimen o los regímenes económicos que han estado vigentes durante el matrimonio, sino también las fechas de su inicio y terminación.
Claramente se percibe esa consideración en la Disp. Adic. 3ª de la Ley 25/2010, de 29 de julio, del Libro II del Código Civil de Cataluña, relativo a la persona y familia -EDL 2010/149454-, en relación a las “Especialidades procesales relativas a pretensiones liquidatorias de régimen económico ejercidas dentro de los procesos matrimoniales”, al disponer lo siguiente:
“1. Para determinar, en el procedimiento matrimonial, la compensación por razón de trabajo, así como la titularidad de los bienes, si es preciso para establecer la procedencia y cuantía de la compensación, deben aplicarse las siguientes reglas:
a La demanda o, en su caso, la reconvención debe acompañarse con una propuesta de inventario que incluya los bienes propios y los del otro cónyuge, con la indicación de su valor, y el importe de las obligaciones, así como con la documentación de relevancia patrimonial de que se disponga. A petición de la parte reconviniente, la autoridad judicial puede ampliar motivadamente el plazo de contestación a la demanda en diez días improrrogables, para que la parte reconviniente pueda preparar la propuesta de inventario.
b Si las partes no han podido tener acceso a información relevante para fundamentar sus pretensiones, antes de la vista pueden solicitar a la autoridad judicial que la obtenga utilizando los medios de que dispone.
2. Para determinar el crédito de participación o para liquidar los regímenes económicos matrimoniales de comunidad, debe seguirse el procedimiento establecido por los artículos 806 a 811 de la Ley del Estado 1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento civil. También debe aplicarse este procedimiento para dividir los bienes en comunidad ordinaria indivisa en el supuesto a que se refiere el artículo 232-12.2.”
En tercer lugar, el proceso matrimonial de separación, divorcio o nulidad se presenta, por razones objetivas, como el más idóneo para dilucidar la pretensión relativa a la fecha de la efectiva disolución de la sociedad de gananciales, que, como hemos dicho al comienzo, puede situarse en un momento anterior al de la sentencia matrimonial y ser coincidente con la fecha de la efectiva separación de hecho o cese de la convivencia siempre que el mismo sea mutuamente aceptado -no impuesto por uno al otro cónyuge-, definitivo, serio, prolongado y esté acompañado de una situación de gestión separada de sus respectivas economías, ingresos y gastos por cada uno de los cónyuges. Es indudable que las probanzas que se llevan a cabo en el proceso matrimonial para resolver las pretensiones contrapuestas sobre régimen de custodia y visitas y estancias de los hijos, forma de organización de la familia antes y después de la crisis matrimonial en relación con el cuidado y crianza de los hijos, ingresos y gastos de cada uno de los cónyuges, y aportaciones económicas de cada uno de los cónyuges para contribuir al sostenimiento de la familia, la prole y las cargas del matrimonio durante la crisis conyugal, son fundamentales para resolver también la controversia sobre la fecha de la efectiva extinción del régimen, hasta el punto de que, en la mayor parte de los casos, bastará con la práctica de aquellas pruebas para resolver sobre esta concreta controversia al coincidir en gran parte los hechos controvertidos en una y otras. Partiendo de este dato objetivo incontestable, el proceso matrimonial aparece como el más conveniente para realizar un pronunciamiento resolutorio de la controversia sobre la fecha de la efectiva extinción del régimen de sociedad de gananciales, máxime cuando, por razones de economía procesal, la decisión de esta discrepancia entre las partes apenas si exigirá la práctica de otras pruebas distintas a las que, de ordinario, aun cuando no se plantee esa discrepancia, suelen practicarse en el proceso matrimonial.
En cuarto y último lugar, también por razones eminentemente prácticas, resulta muy aconsejable que antes de proceder a la apertura del procedimiento de formación de inventario regulado en los arts. 808 y 809 LEC las partes conozcan de manera indubitada la fecha efectiva de la disolución del régimen de sociedad de gananciales, pues tal extremo es fundamental para, a partir del mismo, confeccionar en debida forma el inventario del activo y pasivo ganancial Habida cuenta que la comunicación de bienes entre cónyuges y la posible ganancialidad de las deudas contraías por uno de los cónyuges cesan a partir del momento de la extinción del régimen.
De no estar fijada de forma cierta y segura la fecha de disolución de la sociedad de gananciales y existir controversia entre las partes sobre tal extremo, la existencia de tal discrepancia obligaría a cada una de las partes a proponer un inventario del activo y pasivo relacionado con la fecha de extinción del régimen que propugna, y otro, con carácter subsidiario, para el caso de estimarse por el juez como fecha de extinción la propuesta por la contraparte, lo que, aparte de añadir complejidad, entorpece y dificulta extraordinariamente el proceso de formación de inventario al obligar a cada parte a un esfuerzo de alegación y prueba adicional que es contrario al más elemental principio de economía procesal al poder contribuir a dilatar el proceso y hacer precisa la práctica de determinadas pruebas finalmente inútiles.
En este sentido, es evidente que, si al tiempo de la apertura del proceso de formación de inventario regulado en los arts. 806 y ss LEC, ya existe una resolución judicial firme que determina la fecha exacta de la extinción del régimen económico de sociedad de gananciales, el procedimiento judicial de formación de inventario, tanto en su fase de “jurisdicción voluntaria” ante el Letrado de la Administración de Justicia como en su fase contenciosa del juicio verbal del art. 809.2 LEC ante el juez, se configurará procesalmente de forma más correcta y ordenada contribuyendo a simplificar las operaciones de conformación del activo y pasivo ganancial.
Podría ocurrir que, iniciado el proceso de formación judicial del inventario inmediatamente después de admitirse a trámite la demanda matrimonial de separación, divorcio o nulidad, debiera celebrarse la comparecencia prevenida en el art. 809.1 LEC antes de que recayera sentencia firme en el proceso matrimonial en que una de las partes hubiere solicitado se declarase judicialmente disuelta la sociedad de gananciales en fecha anterior a la de la sentencia matrimonial, pero, en tal caso, el proceso matrimonial produciría prejudicialidad civil en el proceso de formación de inventario, a tenor de lo dispuesto en el art. 43 LEC, y quedaría en suspenso este último hasta la finalización del primero, salvo que las partes mostraren su conformidad sobre la fecha de la efectiva extinción del régimen en el procedimiento de formación de inventario, en cuyo caso podría continuar este último su curso con normalidad de manera simultánea y paralela al proceso matrimonial.
La cuestión incide en una de las problemáticas que plantea una separación de hecho, como situación más o menos prolongada en el tiempo, que puede despertar en los todavía cónyuges situaciones patrimoniales de compleja justificación o comprensión. Para los operadores jurídicos qué duda cabe que una respuesta afirmativa a la cuestión planteada allana de manera clara el procedimiento liquidatorio, posibilitando acuerdos.
No existe en la LEC -EDL 2000/77463 una norma expresa que recoja tal posibilidad, pero lo cierto es que tampoco hay una norma que lo prohíba. En cambio, razones de índole teórico-práctico y de economía procesal permiten considerar tal pronunciamiento en el propio cauce procesal de los arts. 770 y ss LEC, sin que los términos del CC -EDL 1889/1 lo impidan.
Hubiera sido deseable que con la reforma operada por la Ley 15/2015, de 2 de julio -EDL 2015/109914-, el legislador hubiera tenido en cuenta y positivizado, al redactar los arts. 95 y 1392 CC, la doctrina jurisprudencial reiterada en torno a la disolución conyugal tácita. El hecho de que no sea así no significa que la cuestión haya sido superada por el legislador cerrando tal posibilidad, basta ver al respecto las numerosas sentencias posteriores de la Audiencias provinciales y del Tribunal Supremo que la reiteran.
Entiendo, en cualquier caso, que tampoco era imprescindible. Una cosa es que la sentencia firme de divorcio o separación produzca la disolución del régimen económico, incluso en el supuesto del art. 1393.3º, y otra que los tribunales desconozcan la realidad económico patrimonial de un matrimonio cuando existe una separación de hecho prolongada en el tiempo, con una desvinculación económica total.
En el plano sustantivo el art. 103.4ª permite a la parte solicitar y al juez adoptar en sede de medidas provisionales: “…atendidas las circunstancias, los bienes gananciales o comunes que, previo inventario, se hayan de entregar a uno u otro cónyuge y las reglas que deban observar en la administración y disposición...”.
En este ámbito, es evidente que el juez en el auto de medidas puede dar razón justificada de la medida concreta que adoptada, de apreciar la existencia en el caso enjuiciado, de ese largo periodo separación de hecho con inequívoca voluntad de poner fin a la convivencia, con total y absoluta desvinculación e independencia económica de los cónyuges, que como requisitos reitera el TS.
Por su parte, el art 91 CC, al enumerar el posible contenido de la sentencia en el procedimiento contencioso, está abierto al pedimento concreto de que una parte realice en el suplico de la demanda o reconvención. Sobre éstos recoge: “...en defecto de acuerdo de los cónyuges o en caso de no aprobación del mismo, -… las medidas que hayan de sustituir a las ya adoptadas con anterioridad en relación -…-, liquidación del régimen económico y las cautelas o garantías respectivas, estableciendo las que procedan si para alguno de estos conceptos no se hubiera adoptado ninguna…”.
Por su parte y con más precisión, el art. 774.4º LEC, que reproduce casi literalmente el art. 91 CC, ya no habla de liquidación del régimen económico, sino de disolución del régimen económico.
La doctrina jurisprudencial en torno a la disolución conyugal tácita no exige de ninguna declaración judicial para considerar extinguida la sociedad de gananciales, pues se limita a reconocer una realidad a posteriori, cuando se liquida la sociedad, pero que sea así no impide que se pueda solicitar un pronunciamiento declarativo concreto que fije la fecha o momento en que ha de entenderse disuelto el régimen económico, máxime cuando de contrario se puede negar tal posibilidad, y no está de más recordar que en estas situaciones se esconden en muchas ocasiones actos contrario a la buena fe con manifiesto abuso de derecho.
En definitiva, el CC y la LEC contemplan como pronunciamiento de la sentencia la disolución del régimen de gananciales. Y entiendo que no hay razón de peso para dejar para un momento o fase posterior lo que es el eje neurálgico de dicho pronunciamiento, es decir, la fecha o el momento en que ha de considerarse disuelto el régimen económico, máxime cuando se ha solicitado de forma expresa y la falta de respuesta puede suponer una incongruencia omisiva.
La posibilidad de remitir a la parte al procedimiento de liquidación y dejar imprejuzgado el pronunciamiento solicitado puede suponer que nunca exista tal pronunciamiento de modo directo, y sí indirecto a resultas de los fundamentos de la sentencia del juicio verbal, al fijar el activo y pasivo ganancial. En cierto modo, se puede considerar que no existe en puridad una fase posterior para realizar tal pronunciamiento, pues la fase que se inicia con los arts. 808 y ss LEC es meramente liquidatoria, y debería tener como hecho ya discutido y resuelto la fecha de disolución. De hecho, esta fase comienza con una propuesta de formación de inventario que recoge las diferentes partidas que deben incluirse con arreglo a la legislación civil, a la que se pueden acompañar los documentos justificativos y no comienza con una verdadera demanda.
Existen, además, razones de orden práctico que justifican un pronunciamiento previo del momento o fecha disolutorio, antes de iniciar el procedimiento de liquidación. En este sentido y en primer lugar, la labor que puede desarrollar el secretario judicial se antoja más eficaz en orden a un posible acuerdo, en segundo lugar, la relación circunstanciada de hechos e hitos en la vida personal y económica del matrimonio se detallan en la demanda y contestación y no en la propuesta de inventario. Es en el procedimiento principal -art. 770 LEC donde el juzgador, con mayores garantías, toma mayor conocimiento de los hechos, incluida su fase probatoria, que le permiten determinar en su caso y, como indica la cuestión planteada, cuál debe ser el momento o fecha en que se ha producido o se va a producir la disolución de la sociedad de gananciales, pues la fase de formación de inventario no contempla una demanda circunstanciada de hechos que justifique el inventario propuesto.
Señaló el TS, Sala 1ª, en Sentencia 61/2006, de 3 de febrero -EDJ 2006/8426-, que, efectivamente, hay que acudir al “procedimiento específico” para llevar a cabo la disolución del régimen de gananciales. Pero no lo admite que en pacto entre cónyuges se pueda pactar una fecha de disolución de gananciales, sino que habría que llevarlo a cabo en el procedimiento de separación o divorcio, es decir judicializándolo, o bien después del mismo en procedimiento seguido a tal efecto conforme marca el art. 1393 CC -EDL 1889/1-.
Incluso hay que señalar que el art. 1394 CC señala que: “Los efectos de la disolución prevista en el artículo anterior se producirán desde la fecha en que se acuerde. De seguirse pleito sobre la concurrencia de la causa de disolución, iniciada la tramitación del mismo, se practicará el inventario, y el Juez adoptará las medidas necesarias para la administración del caudal, requiriéndose licencia judicial para todos los actos que excedan de la administración ordinaria.”
Esa fijación de la fecha de los efectos de la disolución de gananciales bien puede llevarse a cabo en el propio procedimiento de separación o divorcio, o en el seguido a tal efecto por la vía del art. 1393 CC, pero no por un pacto extrajudicial entre partes ex ante del judicial, como señala ey exige el art. 1394 CC en relación con la antes citada sentencia del Tribunal Supremo.
Con ello, el acuerdo de la fecha de eficacia de la disolución bien puede ser por acuerdo intrajudicial en el procedimiento de separación o divorcio, por decisión judicial en el mismo, o por ambos tipos de acuerdos en el procedimiento ad hoc seguido a tal efecto, con lo que el acuerdo entre partes judicializado, o la decisión judicial en defecto de acuerdo en ambos casos permite delimitar la fecha de eficacia de la sociedad de gananciales.
Se añade por el TS en esta sentencia que “exigiéndose para la disolución del régimen de gananciales una de las causas establecidas en el artículo 1392 del Código civil, cuando la disolución tenga lugar por voluntad de los cónyuges debe utilizarse la forma prescrita, para convenir un régimen distinto. Estos límites no podrán ser traspasados por los cónyuges cuando, en virtud de su autonomía, resuelvan en documento privado lo más conveniente para sus intereses.”
Cierto es que, conforme a lo dispuesto en el art. 1396 CC, una vez disuelta la sociedad legal de gananciales y fijada su fecha de efectos en el propio procedimiento de separación o divorcio, es cuando ha de procederse a su liquidación. No ha de ofrecer duda, por lo tanto, que presupuesto necesario para la liquidación de tal régimen matrimonial es su previa disolución. No existe problema alguno, por el contrario, en admitir que, una vez disuelta la sociedad legal de gananciales por alguna de las causas previstas en los arts. 1392 y 1393 CC, su liquidación se lleve a efecto en documento privado. No obstante, la disolución no nace jurídicamente del simple acuerdo entre los cónyuges al margen de los supuestos contemplados en los precitados arts. 1392 y 1393, sino que debe producirse, como propone la pregunta de forma específica, en el procedimiento de separación o divorcio o en el correspondiente al efecto con tal finalidad, no pudiendo fijarse de modo bilateral por las partes en documento privado.
También hay que añadir que la disolución capitular de la sociedad legal de gananciales requiere como requisito imprescindible el otorgamiento de escritura pública, si bien no es óbice que la liquidación paritaria del patrimonio común se lleve a efecto en un documento privado, en el que, como manifestación de la libre autonomía de la voluntad de las partes -art. 1255 CC-, realicen las adjudicaciones que consideren oportunas distribuyendo los bienes gananciales. Lo que no es factible es que se disuelva el régimen de la sociedad legal de gananciales en documento privado, ni cabe liquidar si previamente no se ha disuelto el mismo en legal forma.
Hay que recordar también que el art. 95 párrafo 1º CC parece resolver la controversia en relación con la fecha en que se considera disuelta la sociedad de gananciales, cuando dispone que -La sentencia firme producirá, respecto de los bienes del matrimonio, la disolución del régimen económico matrimonial-, lo cual, por otra parte, no es sino una consecuencia de la previsión contenida en el art. 1393 del mismo cuerpo legal que, ya en el ámbito del régimen económico de gananciales, establece que la sociedad de gananciales concluirá de pleno derecho: -1º Cuando se disuelva el matrimonio 2º Cuando sea declarado nulo 3º Cundo judicialmente se decrete la separación de los cónyuges 4º Cuando los cónyuges convengan un régimen distinto en la forma prevenida en este Código-.
En definitiva, inicialmente y como regla general, la fecha a la que debe estarse es la establecida en la sentencia de separación o divorcio, conforme al art. 95 CC -Sentencias del TS de 14 de febrero de 2000 –EDJ 2000/866 y de 27 de febrero de 2007 –EDJ 2007/13381--. Cuestión distinta es que, si bien la separación de hecho querida o consentida por ambos cónyuges produce la extinción del régimen económico matrimonial de gananciales, dicha extinción ha de ser declarada por el Juez -art. 1393.3º CC-, que en la sentencia de separación o divorcio deberá concretar el momento en que esa ruptura se produjo a los efectos de retrotraer la disolución de la sociedad de gananciales.
Como señala la AP Pontevedra, Secc. 1ª, en Sentencia 361/2017, de 13 de julio -EDJ 2017/172610-, “En los restantes supuestos se abren dos posibilidades: o bien se interpreta que, al no plantearse debate alguno, ambas partes asumen la fecha prevista en el art. 95 CC, que devendrá así inmodificable, o bien se considera que, al no haber sido objeto de alegación y prueba, la previsión del art. 95 CC puede ser revisada en el posterior procedimiento de división judicial de patrimonios. Aun reconociendo que la cuestión no es pacífica, la Sala entiende que, con carácter general, debe estarse a lo acordado en la sentencia de separación o divorcio y, solo en el caso de que, constando en dicho procedimiento los elementos fácticos necesarios, el pronunciamiento judicial se limitase a ordenar la disolución por simple previsión del art. 95 CC y sin entrar en el fondo, podría cualquiera de las partes impetrar en el posterior procedimiento de división la retroacción del momento a partir del cual se considera disuelta la sociedad.”
Las causas de disolución de la sociedad de gananciales están reguladas en los arts. 1392 y 1393 CC. Y en el art. 1394 del mismo cuerpo legal se indica que -Los efectos de la disolución prevista en el artículo anterior se producirán desde la fecha en que se acuerde-.
Aparentemente, no tendría que plantearse ningún conflicto en relación a la fecha de disolución de la sociedad de gananciales, pues, en la mayoría de los casos ésta se concretará en la fecha de la sentencia de separación, divorcio o nulidad matrimonial. Sin embargo, bajo esta aparente -calma jurídica se esconde el problema de conceder efectos retroactivos a la disolución de la sociedad de gananciales. Se trata de un mecanismo de creación jurisprudencial que surgió para evitar actuaciones contrarias a la buena fe, constitutivas del abuso de derecho vedado por el art. 7 CC -EDL 1889/1-. En efecto, la sentencia del TS de 17 de junio de 1988 -EDJ 1988/5243-, siguiendo la línea marcada por las de 13 de junio de 1986 -EDJ 1986/4068 y 26 de noviembre de 1987 -EDJ 1987/8711-, declaró que la libre separación de hecho excluye el fundamento de la sociedad de gananciales, doctrina que se reitera en la sentencias de 23 de diciembre de 1992 -EDJ 1992/12804 y 24 de abril de 1999 -EDJ 1999/7209-, señalando ésta, con cita de la de 27 de enero de 1998 -EDJ 1998/16-, que -rota la convivencia conyugal, no cabe que se reclamen, por un cónyuge, derechos sobre unos bienes a cuya adquisición no contribuyó, pues tal conducta es contraria a la buena fe y conforma uno de los requisitos del abuso del derecho, al ejercitar un aparente derecho más allá de sus límites éticos-.
Pues bien, determinar la fecha en que puede considerarse disuelta la sociedad de gananciales por el cese de convivencia adquiere una especial importancia cuando la calificación de los bienes o las deudas, como gananciales o privativos, depende de este dato. Basta pensar en una indemnización recibida por un cónyuge por la extinción de la relación laboral, para comprender las dimensiones y la trascendencia del problema jurídico, pues puede tener carácter ganancial si los efectos de la disolución coinciden con la fecha del dictado de la sentencia de divorcio, o puede tener carácter privativo si los efectos de la disolución se retrotraen a la fecha del cese efectivo de la convivencia.
Decidir si la sociedad de gananciales puede considerarse disuelta en una fecha anterior a la fecha en que se dicta la sentencia de divorcio no es una cuestión fácil, dado que la doctrina jurisprudencial no es de aplicación automática. Debe acreditarse que se trata de una separación efectiva en lo personal y en lo económico y consolidada en el tiempo. Además, existe una amplia polémica doctrinal y judicial en relación a si la interposición de la demanda de divorcio motiva ya que se entienda disuelta la sociedad desde ese momento. Las órdenes de alejamiento han añadido un nuevo motivo de controversia al constituirse en una causa impuesta de cese de la convivencia.
Pero centrándonos en el aspecto procesal, que es la cuestión que se somete al foro, la respuesta ofrece pocas dudas: NO cabe pedir, enjuiciar ni resolver en el procedimiento de separación, divorcio o nulidad, la fecha en la que puede considerarse disuelta la sociedad de gananciales. Este pronunciamiento es propio del procedimiento de liquidación de la sociedad de gananciales, concretamente de la fase de inventario. La parte solicitante formulará su propuesta del activo y del pasivo en función de la fecha en la que considere disuelta la sociedad de gananciales, y si la otra parte no está conforme con dicha fecha, será una cuestión que resolverá la Sentencia del -juicio del inventario-.
La jurisprudencia menor es unánime al pronunciarse sobre esta cuestión:
La declaración de que la disolución de la sociedad de gananciales debe retrotraerse a la fecha de la separación de hecho no es un pronunciamiento que deba hacerse en el divorcio, sino en el procedimiento de liquidación -Sentencia de AP Huelva, Sec. 2ª, de 23 de noviembre de 2016 -EDJ 2016/279376--.
No es el procedimiento de divorcio el adecuado para declarar la fecha de la efectiva disolución del régimen económico matrimonial -Sentencia de AP Madrid, Sec. 22ª, de 16 de septiembre de 2016 -EDJ 2016/185135--.
No es el procedimiento de divorcio el cauce adecuado para determinar el momento en que debe considerarse disuelta la sociedad de gananciales -Sentencia de AP Madrid, Sec. 22ª, de 17 de diciembre de 2013 -EDJ 2013/290831--.
La aplicación de la doctrina del TS sobre la retroacción de efectos de la disolución de la sociedad de gananciales desde la fecha de la separación de hecho es una cuestión que debe resolverse en el proceso de liquidación de la sociedad y no en el proceso de divorcio -Sentencia de AP Madrid, Sec. 22ª, de 19 de febrero de 2013 -EDJ 2013/41314--.
Determinar la fecha de disolución de la sociedad de gananciales es una cuestión que debe dilucidarse en el procedimiento de liquidación y no en el juicio de divorcio -Sentencia de AP Valencia, Sec. 10ª, de 29 de abril de 2015 -EDJ 2015/109481--.
La fecha en la que quedó disuelta la sociedad de gananciales no puede ser objeto del pronunciamiento de la sentencia de divorcio -Sentencia de AP A Coruña, Sec. 4ª, de 7 de diciembre de 2011 –EDJ 2011/303040--.
No veo inconveniente a una respuesta afirmativa.
La sentencia del TSJ Cataluña de 3 de diciembre de 2018 -EDJ 2018/709231-, en la línea de la previa Sentencia del TS de 21 de diciembre de 2015 -EDJ 2015/709231-, considera el cauce del art. 806 y ss LEC -EDL 2000/77463 como un proceso universal en el que se puede discutir todo y el TSJ Cataluña admite que, como pieza separada, ya se pueda formar inventario al mismo tiempo que se tramita el divorcio.
En el ámbito de Cataluña, además, el art. 233-4.2 del Código Civil de Catalunya -EDL 2010/149454 prevé específicamente que, si alguno de los cónyuges lo solicita, pueda adoptarse en el seno del procedimiento matrimonial la liquidación del régimen económico matrimonial y la división de los bienes comunes o en comunidad ordinaria indivisa.
La sociedad de gananciales concluye de pleno derecho cuando se disuelva el matrimonio, cuando sea declarado nulo, cuando judicialmente se declare la separación de los cónyuges y cuando los esposos convengan un régimen económico distinto en la forma prevenida en éste, según determina el art. 1392 CC -EDL 1889/1-. Ésta es la única forma de que concluya la sociedad de gananciales concluya de pleno derecho.
El art. 1393 CC establece otras formas de conclusión, pero en los supuestos que incluye es la decisión judicial la que determina su conclusión, pero siempre que medie petición de uno de los cónyuges. La causa tercera, necesaria para justificar la conclusión es llevar separado de hecho más de un año por acuerdo mutuo o por abandono de hogar, y los efectos, según el art. 1394, se producirán desde la fecha en que se acuerde.
Este precepto contempla la posibilidad de que existe un litigio sobre la concurrencia de la causa de disolución, lo cual, como en cualquier pleito, requiere la firmeza de la resolución del mismo y su firmeza para que cause efecto tal disolución.
Aunque se hayan perdido los efectos de la separación de hecho, a que se refieren los arts. 82 y 86 CC, como consecuencia de la modificación de la normativa en materia de separación y divorcio, de lo que no cabe duda es de que el cese de la vida en común, como cuestión de hecho, tiene la máxima trascendencia en el orden conyugal y, especialmente en su régimen económico, porque la sociedad de gananciales tiene como fundamento, la convivencia y la solidaridad . Por eso se mantiene en el art. 1393 CC la posibilidad de que el Juez disuelva la sociedad de gananciales “3º por llevar separado [en singular en el texto: el cónyuge que lo pida] de hecho más de un año por acuerdo mutuo o por abandono del hogar”. Por otra parte, determinadas prescripciones, antes citadas, ilustrativas de cuándo existe un cese de la convivencia y cuándo la interrupción de la vida en común debe conceptuarse real, aunque no sigan en vigor por las razones apuntadas, reflejan qué entendía el legislador de 1981, año en que se redactó el vigente art. 1393.3 CC, por la separación de hecho, causa de disolución de la sociedad de gananciales.
Esta causa de disolución es doble: “Llevar separado de hecho más de un año por acuerdo mutuo o por abandono de hogar”. Subrayemos que se trata de causas que instancia de uno de los esposos, provoca una resolución judicial extintiva del régimen gananciales, porque más adelante estudiaremos los efectos de la separación de hecho, por sí sola, sin que se pronuncie el decretando la disolución. Por lo tanto, sólo desde la firmeza de la resolución será efectiva la disolución.
La verdad es que consideramos suficiente el acuerdo o conformidad tácita, especialmente si consideramos que el segundo supuesto expuesto en el art. 1393.3 CC es el abandono del hogar, que, por definición, representa el cese de la convivencia por voluntad exclusiva de uno, que es el que deja el domicilio familiar. Si se puede disolver la sociedad de gananciales por la ruptura unilateral por uno de los esposos, con más razón lo será si esta voluntad cuenta con la aceptación, aunque sea tácita, del otro.
Al igual que con las causas 2ª y 4ª del art. 1393 CC, durante el pleito en el que se discuta la separación de hecho como determinante de la posibilidad de terminación de la sociedad conyugal de gananciales, desde el inicio del litigio se podrá practicar el inventario de los bienes que integran la sociedad conyugal de gananciales y el Juez «adoptará» las medidas necesarias para la administración del caudal. Desde el inicio de este pleito se requerirá licencia judicial para todo acto que exceda de la administración ordinaria -art. 1394 CC-. Además, de conformidad con el art. 1436 CC, la demanda así como la sentencia firme que la acuerde “se deberán anotar e inscribir, respectivamente, en el Registro de la Propiedad que corresponda, si recayere sobre bienes inmuebles. La sentencia firme se anotará también en el Registro Civil”.
Desde hace largo tiempo viene siendo una constante la tendencia a una mayor espiritualización del Derecho de familia y a una disminución de la formalización, permitiéndose una mayor eficacia de los actos de los esposos antes y después de contraer matrimonio. Dentro de esta línea doctrinal, se ha venido planteando la incidencia de la separación de hecho, aún sin haberse formalizado resolución judicial alguna, en una sociedad como la de gananciales, que como hemos reiteradamente expuesto, tiene como fundamento moral y ético, además de lógico, la convivencia de los esposos, de la que nace la solidaridad, que es esencial en el consorcio.
La Jurisprudencia ha ido creando un cuerpo doctrinal en evolución, partiendo inicialmente de la aplicación de la doctrina del abuso del derecho.
Aunque no se priva del carácter ganancial a los bienes que tuvieran tal carácter antes de separación de hecho -STS de 2 de diciembre de 1997 –EDJ 1997/9799--, y se mantiene con carácter general que los bienes adquiridos durante el proceso de separación son gananciales, se comienza a matizar las consecuencias de la separación de hecho con fundamento en la mencionada doctrina del abuso de derecho.
Y entre los supuestos que se han considerado jurisprudencialmente hábiles para destruir esta presunción de ganancialidad se encuentra la separación de hecho de los cónyuges en relación con los bienes adquiridos con posterioridad por cada uno de ellos al suponer que éstos lo han sido con bienes propios y o con el esfuerzo conjunto de ambos -SSTS 13 junio 1986 -EDJ 1986/4068-, de 26 noviembre de 1987 –EDJ 1987/8711-, de 17 de junio 1988 –EDJ 1988/5243-, de 2 de diciembre 1997 –EDJ 1997/9799-, de 6 julio de 1998 -EDJ 1998/7897-, y de 11 octubre 1999 -EDJ 1999/32569-, entre otras de plena aplicación al supuesto presente en que la convivencia conyugal se interrumpió a los dos años de la celebración del matrimonio, sin que con posterioridad, en los casi dieciocho años transcurridos hasta la demanda judicial de separación “se reanudara en momento alguno y en el que la vivienda litigiosa se adquirió por el esposo demandado transcurridos unos dos años desde aquella separación de hecho, sin que por la esposa demandante se haya acreditado que contribuyó a pagar el precio de la misma, bien de la cantidad que se pagó en efectivo en el momento de la celebración del contrato, bien del crédito hipotecario que gravaba la misma y en el que se subrogó el esposo comprador. Por lo que no puede declararse el carácter ganancial de tal vivienda -… así como tampoco de las rentas de ellas derivadas, sino que ha de afirmarse su carácter privativo del esposo demandado…”.
La Sentencia del TS de 14 de marzo de 1998 -EDJ 1998/1133 relaciona las condiciones necesarias para que se produzca esta calificación excepcional:
A En relación con la adquisición de los bienes:
1. Han de ser adquiridos por uno sólo de los esposos.
2. Con caudales propios o generados por su trabajo o industria posterior al cese de aquella convivencia.
B En relación con la separación de hecho:
1. Ha de constituir una separación fáctica –no una interrupción de la convivencia– seria y prolongada. Se da esta circunstancia, especialmente, cuando esa convivencia no llegó a instaurarse entre los cónyuges no obstante el nacimiento de una hija fruto de esporádicos encuentros entre ellos y sin que haya existido una colaboración entre los litigantes a la formación de un patrimonio común al que pueda calificarse de ganancial.
2. El cese de la convivencia ha de ser real, no bastando la sola ruptura de las relaciones íntimas y el mantenimiento de otras al margen del matrimonio.
3. Es indispensable la inequívoca voluntad de poner fin al régimen económico.
4. Ha de ser demostrada o acreditada por los actos subsiguientes de formalización judicial de la ruptura.
La Sentencia del TS de 24 de mayo de 2000, aunque deniega en el caso que los bienes adquiridos tuvieran carácter privativo, reitera las condiciones que deben concurrir en la separación de hecho, para la aplicación de la doctrina que excluye de la ganancialidad los bienes adquiridos durante ella.
La Sentencia del TS de 11 de octubre de 1999 -EDJ 1999/32569 va más allá e, incluso, llega a considerar extinguida la sociedad de gananciales en supuestos de separación de hecho, sin necesidad de declaración judicial.
En resumidas cuentas, considero que en el proceso de separación, divorcio o nulidad, además de la declaración de la existencia de dicha causa de ruptura del matrimonio, puede determinarse el momento de disolución de la sociedad de gananciales.
Se requiere a nuestros expertos colaboradores su opinión sobre si el proceso matrimonial puede resolver la fecha en la que queda disuelta la sociedad de gananciales, diferente a la de la sentencia de divorcio, requerida por la existencia previa de una separación de hecho, o es en el procedimiento de formación de inventario donde debe, en su caso, dirimirse esta controversia.
La mayoría de nuestros ponentes consideran que es posible aprovechar el propio proceso matrimonial de separación, divorcio o nulidad, si alguna de las partes solicita que se señale le fecha de la disolución del régimen económico del matrimonio porque entiende que se ha producido con anterioridad a la fecha en que se va a dictar la sentencia. Esta posibilidad, además de cobertura legal, debe poder acogerse por razones prácticas, siendo el momento en el cual el juzgador tiene mayor conocimiento de los hechos.
No obstante, alguno de nuestro ponentes se desmarcan de esta opinión en base a diferentes consideraciones. Para DIEZ NUÑEZ carece de sentido práctico discutir antes de que los cónyuges especifiquen sus propuesta sobre los bienes que deben integrar activo y pasivo, produciendo un efecto negativo en el curso del procedimiento matrimonial, que debe centrarse específicamente en la acción de estado y en las medidas personales y económicas que afecten a cónyuges e hijos. Por su parte, ESPINOSA CONDE considera que no es posible extender el litigio a otras cuestiones no recogidas en el art. 91 CC, como las relativas a la disolución y liquidación de la sociedad conyugal en aquellos casos en que no exista acuerdo entre los cónyuges o no haya sido aprobado. Tampoco para PÉREZ MARTÍN, que considera que quien pretenda una fecha distinta a la de la sentencia de divorcio formulará su propuesta del activo y del pasivo en función de la fecha en la que considere disuelta la sociedad de gananciales, y si la otra parte no está conforme con dicha fecha, será una cuestión que resolverá la sentencia que resuelva este procedimiento.