Source: https://www.iberley.es/resoluciones/resolucion-teac-00-4485-1999-22-02-2001-30511
Timestamp: 2019-09-23 00:46:51
Document Index: 127802775

Matched Legal Cases: ['artículo 72', 'artículo 72', 'artículo 13', 'artículo 72', 'artículo 72', 'artículo 72', 'artículo 13', 'artículo 37', 'artículo 72', 'artículo 37', 'artículo 72']

Resolución de TEAC, 00/4485/1999, 22-02-2001 | Iberley
Fecha: 22 de Febrero de 2001
Núm. Resolución: 00/4485/1999
Se confirma la existencia de sucesión empresarial no solamente por los datos de hecho contenidos en el expediente, sino porque el hecho de que exista una subrogación en una concesión municipal de servicio público equivale a un título jurídico de transmisión. Todo ello sin perjuicio de que, por aplicación de la Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de julio de 2000, se retrotraiga el expediente al momento de declaración de fallido de la empresa deudora y se declare la responsabilidad subsidiaria de la sucesora.
PRIMERO.- La Sociedad con fin social de realización de servicios públicos de limpieza y demás servicios análogos, constituida el 2 de septiembre de 1988 por era deudora de la Hacienda Pública en virtud de Actas de disconformidad, por los conceptos y cuantías siguientes:
Clave Liquidación Concepto Importe pendiente
1760095010004870 Acta Soc. 90 7.454.123
A1760095010004881 Acta Soc. 91 2.134.533
A1760095010004892 Acta Soc. 92 3.430.063
A1760095010004903 Acta IVA 89/92 5.643.379
A1707295500009330 Sanc.Trib. 30.000
A1780195070000666 Sanc.Trib.Expdte.94 1.200.000
A1780195070000677 Sanc.Trib.Expdte.94 720.000
A1780195070000688 Sanc.Trib.Expdte.94 720.000
A1760095020008370 Acta Soc. 89 188.510
A1760095020008380 Acta Soc. 90 2.454.306
A1760095020008391 Acta Soc. 91 676.379
A1760095020008402 Acta Soc. 92 2.742.098
A1760095020008413 Acta IVA 89/92 2.426.525
Las sanciones incluidas en la relación anterior se deben a sendos expedientes por uso indebido de gasóleo, que obran en el expediente.
SEGUNDO.- La entidad deudora era concesionaria del servicio público de limpieza del Ayuntamiento de el cual, en esta condición, tenía derecho preferente sobre los vehículos propiedad de lo que hizo imposible el embargo de los mismos intentado por la Delegación de la Agencia Tributaria de . No consta que la empresa tuviese otros vehículos ni ejerciera actividad singular en cualquier otro municipio. El mismo Ayuntamiento, en respuesta a petición de información de la Oficina gestora, manifiesta que la deudora era adjudicataria del citado servicio público desde 10 de octubre de 1988; que la concesión caducaba el 31 de diciembre de 1996 y que el 15 de febrero de este último año el Pleno municipal había aprobado la subrogación en la concesión por parte de la empresa .
TERCERO.- Habiendo sido infructuosas las gestiones de cobro realizadas por la Administración en vía ejecutiva, la Dependencia de Recaudación de inició expediente de exigibilidad de pago de las deudas de a y una vez formuladas alegaciones emitió el 26 de junio de 1996 acuerdo por el que se declaraba la exigibilidad a esta última del pago de las deudas reseñadas. El Acuerdo venía fundamentado en que la Sociedad se había constituido el 1 de junio de 1995 con el objeto social de prestación de servicios públicos o privados de limpieza, saneamiento y análogos, siendo sus fundadores D.
CUARTO.- Interpuesta reclamación económico-administrativa contra el acuerdo anterior, el Tribunal Económico-Administrativo Regional de , en sesión de 17 de febrero de 1999, acordó estimarla, anulando el acuerdo impugnado, con devolución en su caso de los ingresos indebidos y levantamiento de embargo preventivo. El Tribunal fundamentaba su fallo en que "en el presente supuesto queda probado que el capital social de las dos sociedades está conformado por accionistas coincidentes en parte, todos miembros de una misma familia y que las dos se dedican a la misma actividad, subrogándose una de ellas en la posición de la otra como concesionario de un contrato de gestión de servicios públicos como es el de recogida de basura. Ahora bien, en absoluto prueba la Administración que ambas sociedades formen la misma empresa, por más que haya un elemento de inmovilizado inmaterial (la concesión) transmitido de una a otra, con la anuencia de la otra parte contratante, pues falta en el expediente la instrucción necesaria en lo referente a los activos materiales, elementos personales y organizativos con que cada compañía ejerció y ejerce la actividad. Debe considerarse, por tanto, que no resulta probado el supuesto de hecho subyacente en el artículo 72 de la L.G.T., sino que la Agencia tributaria presenta meras conjeturas o indicios."
QUINTO.- Con fecha 1 de junio de 1999, el Director del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria interpuso ante este Tribunal Económico-Administrativo Central recurso de alzada contra el acuerdo anterior, y puesto de manifiesto el expediente, formuló alegaciones por escrito de 5 de abril de 2000 en el que solicita la revocación del acuerdo impugnado y la confirmación de la resolución de la Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por considerar que se dan en el expediente elementos suficientes para entenderse producida la sucesión de empresa a los efectos del artículo 72.1 de la Ley General Tributaria. Puesto de manifiesto las alegaciones a la otra parte, remitió escrito con entrada en Oficina de Correos el 16 de junio siguiente señalando la extemporaneidad del recurso, ya que comunicada la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de a la administración lo más tarde el 21 de abril de 1999, según deducía de los datos obrantes en el expediente, había caducado ya el plazo para interposición de la alzada cuando se llevó a cabo el 1º de junio posterior.
PRIMERO.- Concurren en el presente recurso de alzada los requisitos procedimentales de competencia, legitimación, plazo y cuantía establecidos en el Reglamento rector de las actuaciones en esta vía, para su toma en consideración por este Tribunal Central.
SEGUNDO.- Procede examinar en primer lugar la extemporaneidad del presente recurso alegada por la otra parte. La alegación se funda en que la Delegación de solicitó el 21 de abril de 1999 a la sede central de la Agencia Estatal de Administración Tributaria la ejecución del acuerdo recurrido, de donde entiende la alegante que en esa fecha conocía la Oficina gestora dicha resolución del Tribunal Regional. Sin embargo, no consta en el expediente que la Dependencia de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria conociera en esa fecha la resolución propiamente dicha, ni que la solicitud de ejecución mencionada viniera acompañada del acuerdo de referencia, por lo que a falta de dato preciso sobre la fecha en que la Dependencia de Recaudación tuvo conocimiento del tal acuerdo, ha de estarse a la regla general, válida tanto para la particular como de la Administración, de que la notificación se entiende realizada con la interposición del recurso o dentro del plazo válido para su interposición, lo que conduce a la desestimación de lo alegado.
TERCERO.- Entrando en el fondo de la cuestión suscitada, ha de reiterarse la doctrina repetidamente mantenida por este Tribunal conforme a la cual de la aplicación conjunta de los artículos 4__h6_0083art>72 de la Ley General Tributaria y 13 del Reglamento General de Recaudación, pueden derivarse tres situaciones que permitan la exigibilidad de las deudas y responsabilidades tributarias consecuencia del ejercicio de explotaciones y actividades económicas a quienes sucedan por cualquier concepto en su titularidad o actividad. La primera es la existencia de un título de transmisión documentado, al que habrá normalmente de atenerse la exigencia de aquellas deudas sin necesidad de otras circunstancias concurrentes y para lo que se establece la posibilidad de la previa certificación por la Administración, a instancia de parte, de la situación tributaria de la empresa que va a ser adquirida (artículos 72.2 y 13.4 respectivamente de las normas citadas). La segunda es la sucesión que podría llamarse de facto de una empresa por otra, en la que la ausencia de título jurídico no es obstáculo para la apreciación del hecho sucesorio, practicado normalmente con la finalidad de eludir las obligaciones tributarias que gravitaban sobre la entidad primitiva; y la tercera, la señalada en el artículo 13.2 del Reglamento General de Recaudación, cuando se produce la adquisición de elementos aislados que normalmente no implican la sucesión en la actividad, pero que, por su naturaleza y extensión, permiten que se produzca aquélla.
CUARTO.- En el presente caso, si bien es cierto que el excesivo laconismo de la Dependencia provincial de Recaudación ha podido dar pie a interpretaciones contrarias a las conclusiones que llevaron al acuerdo anulado por el Tribunal Económico-Administrativo Regional de , no lo es menos que el examen del expediente arroja los siguientes datos: 1º) Las dos sociedades se constituyen con idéntico fin social, en fechas tales que la declarada sucesora empieza su existencia cuando las deudora, que se encontraba inmersa en un proceso ejecutivo por las deudas tributarias próximo a su fin, promueve su liquidación. 2º) La única actividad de la deudora registrada en el expediente es la de prestación del servicio de limpiezas del Ayuntamiento de . 3º) La sociedad declarada sucesora, que se constituye en el mismo término municipal, pasa a desempeñar esa misma actividad con carácter, al menos, preferente si no exclusivo. 4º) Los socios que constituyen la nueva sociedad son los mismos tres hermanos que constituyen la deudora. Es cierto que en esta última figuran igualmente los padres de los anteriores; pero no puede pasarse por alto la Diligencia de constancia de hechos expedida por Agente de Recaudación el 30 de mayo de 1996, a , que obra en el expediente, y que es recibida y firmada por la madre, Dª. , "en calidad de esposa del Gerente de ", es decir, que el Sr. , si no era fundador de , si era gerente de la misma como lo había sido de la deudora, señalando en dicho acto su esposa "que cualquier tema relacionado con es competencia exclusiva de su marido y sus hijos". 5º) A pesar de la evidente contundencia de los hechos anteriores, que en modo alguno pueden calificarse de "meras conjeturas o indicios" como quiere el Tribunal Regional, el elemento fáctico más determinante para justificar la aplicación del artículo 72.1 de la Ley General Tributaria a este caso es que la nueva empresa solicita y obtiene del Ayuntamiento de la subrogación en la concesión del servicio público de limpiezas municipal: subrogación -que no nueva concesión, pues sigue vigente la anterior hasta su caducidad en diciembre de 1996- que implica o bien el consentimiento de la empresa hasta entonces titular, o bien su extinción de derecho o de hecho, y es obviamente el título jurídico de sucesión en la titularidad de la explotación que requiere el citado artículo 72.1. Se está, por lo tanto, en el primero de los supuestos de sucesión antes reseñado, jurídica y documentalmente comprobado, y todas las demás circunstancias concurrentes no hacen sino corroborar ese hecho sucesorio, lo que hace innecesario acudir a los demás elementos de juicio que requiere el Tribunal Regional en su acuerdo y que, como él mismo señala, son necesarios a falta de la existencia del título sucesorio, pero no cuando existe éste, como es el caso. El recurso debe ser estimado consecuentemente en este extremo.
QUINTO.- No obstante lo anterior, que confirma la existencia de sucesión empresarial con las consecuencias previstas en el repetido artículo 72.1 de la Ley General Tributaria, este Tribunal ha de ratificar la anulación del acuerdo hecha por el Tribunal de instancia, si bien por razón del procedimiento seguido para la adopción de dicho acuerdo y ello en virtud de lo establecido por el Tribunal Supremo en su Sentencia de 15 de julio de 2000, conforme a la cual queda expulsado del ordenamiento jurídico la parte del núm. tercero del artículo 13 del Reglamento General de Recaudación que establecía la responsabilidad solidaria entre adquirente y transmitente en supuestos como el aquí contemplado. De esta forma y conforme a la doctrina allí sentada, la responsabilidad del sucesor ha de entenderse subsidiaria y por ende, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 37.5 de la Ley General Tributaria, su derivación queda condicionada a la previa Declaración de fallido del deudor principal y a la inexistencia o insolvencia de los demás posibles responsables solidarios. Ello determina que, sin perjuicio de entenderse probada en este caso la existencia de sucesión a los efectos del artículo 72 de la Ley General Tributaria y 13 del Reglamento General de Recaudación, así como la posibilidad de que por el Centro gestor se adopten las medidas cautelares que entienda procedentes al amparo del mismo artículo 37.5 de la Ley General Tributaria, el acuerdo impugnado debe ser anulado por esta causa retrotrayéndose el procedimiento al momento anterior a la declaración de fallido del deudor principal y de los demás solidarios, si los hubiere, sin que el alcance de la responsabilidad exigida se haga extensiva al recargo de apremio incluido en las diferentes liquidaciones, conforme al acuerdo del Pleno de este Tribunal de 14 de enero de 1999.
EL TRIBUNAL ECONOMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL, EN SALA, en el recurso de alzada interpuesto por el DIRECTOR DE RECAUDACIÓN DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, contra resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de de fecha de 1999, recaída en expedientes núms. y , en asunto relativo a sucesión de empresas, ACUERDA: Estimar parcialmente el recurso, declarando probada la existencia de sucesión empresarial a los efectos del artículo 72 de la Ley General Tributaria, si bien se confirma, por los motivos del presente acuerdo, la anulación del acto de gestión debiendo retrotraerse las actuaciones al momento previo a la declaración de fallida de la deudora principal.
Sentencia Administrativo Nº 469/2007, TSJ Cataluña, Sala de lo Contencioso, Sec. 1, Rec 1049/2003, 30-04-2007
Orden: Administrativo Fecha: 30/04/2007 Tribunal: Tsj Cataluña Ponente: Berberoff Ayuda, Dimitry Teodoro Num. Sentencia: 469/2007 Num. Recurso: 1049/2003
Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central Fecha: 09/04/2001 Núm. Resolución: 00/6128/2000