Source: https://www.scribd.com/document/190511473/boletin-08-1
Timestamp: 2017-11-24 06:27:37
Document Index: 327032778

Matched Legal Cases: ['artículo 119', 'artículo 120', 'artículo 121', 'artículo 122', 'artículo 123', 'artículo 124', 'artículo 125', 'artículo 119']

08 | Noviembre 2013
El Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos presenta su último boletín de 2013. Queremos brindar en esta ocasión a nuestros lectores un análisis sobre el derecho a la participación que tienen los pueblos indígenas en el que se resalta la gran diferencia entre las normas nacionales y la práctica o implementación real de las mismas. En nuestro tópico específico presentamos la situación estructural de impunidad en Venezuela tanto para los delitos ordinarios como para las violaciones a los derechos humanos. Terminamos nuestro Boletín con un análisis sobre las facultades extraordinarias otorgadas al Presidente Maduro por parte de la Asamblea Nacional para que legisle por decreto debilitando así la función legislativa propia del parlamento Nuestro boletín está disponible en Español, Portugués, Inglés y Francés en nuestro sitio web http://www.derechos.org.ve. Agradecemos sus sugerencias y comentarios al e-mail boletin@derechos.org.ve.
Derecho a la participación y pueblos indígenas
Según el investigador y defensor de los derechos de los pueblos indígenas Luis Bello la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV, 1999) dio el paso fundamental de reconocer no sólo los derechos específicos y colectivos de los pueblos indígenas de forma amplia, sino de hacer una ruptura con el modelo integracionista-asimilacionista consagrado en las constituciones anteriores: “Por primera vez, en Venezuela, no sólo se definen derechos indígenas de manera amplia, sino que se confirmó a los pueblos indígenas como sujetos plenos de derechos colectivos y específicos. Se trata del reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos colectivos con identidades culturales y sociales propias”. El Capítulo VIII de la CRBV está consagrado a los derechos de los pueblos indígenas, contando con 8 artículos que protegen los derechos a la demarcación de sus territorios (artículo 119); el derecho a la consulta previa, libre e informada (artículo 120); mantener y desarrollar su identidad étnica y cultural, cosmovisión, valores, espiritualidad y sus lugares sagrados y de culto (artículo 121); derecho a una salud integral que considere sus prácticas y culturas (artículo 122); derecho a mantener y promover sus propias prácticas económicas basadas en la reciprocidad, la solidaridad y el intercambio (artículo 123); protección de la propiedad intelectual colectiva de los conocimientos, tecnologías e innovaciones de los pueblos indígenas (artículo 124) y, por último, el derecho a la participación política y representación indígena en la Asamblea Nacional y en los cuerpos deliberantes de las entidades federales y locales con población indígena (artículo 125). Además, la disposición duodécima de la Carta Magna establecía que “La demarcación del hábitat indígena, a que se refiere el artículo 119 de esta Constitución, se realizará dentro del lapso de dos años contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de esta Constitución”.
Foto: Soberanía.org
El avance jurídico respecto al reconocimiento de los derechos indígenas presentes en la CRBV fue profundizado con la aprobación de otras normativas. En el año 2001 fue aprobada la Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat y las Tierras de los Pueblos Indígenas. En el 2005, por su parte, fue sancionada la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas. Dos años más tarde, en el 2007, fue creado el Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas (MINPI). En el año 2001 se ratificó el Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo, en el año 2008 se aprobó la Ley de Idiomas Indígenas, mientras que en el año 2009 se acordó la Ley de Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas. Las inmensas expectativas generadas por la formalización e institucionalización de un amplio catálogo de derechos, entre
ellos el más importante referido a la demarcación y entrega de los territorios indígenas a sus habitantes, estimularon que a partir del año 2000 las organizaciones indígenas trabajaran junto con el Ejecutivo para la materialización de los derechos. 15 años después, sin embargo, el balance del grado de ejecución de los mismos no es positivo. Sobre la principal demanda, la demarcación de tierras, apenas se ha realizado en un 5%. El investigador Esteban Emilio Mosonyi opinó sobre la política estatal de organización de los llamados consejos comunales dentro de las poblaciones indígenas: “Se le ha encasquetado (introducido) un conjunto de Consejos Comunales completamente eurocéntricos y centralizados en la capital de la República, inclusive en el aspecto financiero. Este nuevo “modelo” nada tiene que ver con el avanzado articulado de nuestra constitución”. En una reciente visita al estado Amazonas, el cual concentra la mayor cantidad de población originaria del país, Provea pudo constatar la situación del movimiento indígena. Gregorio Mirabal, quien fue electo como diputado indígena a la Asamblea Nacional y actualmente es Coordinador General de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas Amazónicos (ORPIA), lo resumió de la siguiente manera: “El movimiento indígena está en crisis. Cuando alcanzamos esos derechos creíamos que todo estaba a punto de realizarse. Y nos desmovilizamos”. A pesar que existe una organización nacional llamada Confederación Indígena de Venezuela (CONIVE), los diferentes voceros entrevistados coincidieron en que la misma ha perdido contacto con las bases indígenas y ha asumido las líneas de trabajo del gobierno. Reconociendo los avances simbólicos en materia de inclusión y los legislativos sobre los derechos presentes tanto en la CRBV como en las otras normativas, el movimiento indígena del país tiene el reto de retomar sus organizaciones tradicionales con independencia y autonomía. En Amazonas la ORPIA se encuentra en un proceso de reflexión interna, mientras 14 organizaciones de la región han creado un espacio llamado Coordinación de Organizaciones Indígenas de Amazonas (COIAM)
para articular sus demandas en una agenda común de trabajo. Además de organizaciones históricas existentes, esta articulación ha incorporado organizaciones más recientes, como el caso de la Organización Yanomami Horonami, con dos años de existencia y que en la práctica esta aprendiendo lo que significa el derecho a la participación.
Venezuela realizará elecciones municipales a elegir alcaldes y representantes a los consejos municipales y a los cabildos metropolitanos. Inicialmente las elecciones estaban previstas para el 14 de abril de 2013 pero fueron aplazadas a causa de la muerte del ex presidente Chávez y las consecuentes elecciones presidenciales realizadas en esa fecha. Los resultados de estas elecciones son vistos como un indicador de un eventual proceso de referéndum revocatorio que podría darse cuando el actual presidente, Nicolás Maduro, cumpla la mitad de su mandato. Este 8 de Diciembre se elegirán: 335 Alcaldesas o Alcaldes de Municipio; 2435 Consejos Municipales; 686 Concejalas o Concejales Municipales Listas; 1680 Concejalas o Concejales Municipales Nominales; 69 Representación Indígena; 2 Alcaldesas y Alcaldesas de Cabildo Metropolitano y Distrito Alto Apure; 20 Integración del Cabildo Metropolitano y Distrito Alto Apure; 5 Concejales y Concejalas al Cabildo Metropolitano y Distrito Alto Apure Listas; 14 Concejales y Concejalas al Cabildo Metropolitano y Distrito Alto Apure Nominales, 1 Representación Indígena. Según información tomada de http://www.eleccionesvenezuela.com/informacion-que-se-vota-elecciones-municipalesvenezuela-119.html
Impunidad estructural en Venezuela
La impunidad en Venezuela es un problema histórico y estructural. Más del 90% de los delitos quedan impunes. Las posibilidades de que el autor de un asesinato sea investigado, juzgado y sancionado penalmente son muy remotas: el sistema judicial no responde a las necesidades de justicia ni para las víctimas ni para las personas procesadas. El número anual de homicidios en el país se ha duplicado desde 1996, llegando a tasas anuales cercanas y superiores a los 50 homicidios por cada cien mil habitantes según las fuentes oficiales. La población reclusa es mayoritariamente procesada, es decir, se trata de personas detenidas sin tener sentencia sobre su responsabilidad en los hechos donde se encuentran presuntamente involucradas. A partir de 2008, entre un 60 y 70 % de la población carcelaria está compuesta por procesados, contra un 40 o 30 % que son penados (con sentencia condenatoria). Este fenómeno está vinculado con el retardo procesal de la administración de justicia.
No existe una política para determinar las necesidades reales y establecer las prioridades para la administración de justicia, especialmente en el área penal. En la formulación de estas políticas no tienen participación los jueces, sino que se efectúa, en
todo caso, a través de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura y del Tribunal Supremo de Justicia. La falta de confianza en la administración de justicia, lleva a que los ciudadanos no denuncien los delitos. Es ilustrativo que las estadísticas que reflejan mejor la realidad en materia de delitos, son las relacionadas con robo de automóviles y los homicidios, es decir en aquellos casos en que la denuncia es necesaria para tramitar seguros por robo o para reclamar el cuerpo de una persona asesinada. En un contexto de impunidad generalizada, las violaciones a los derechos humanos no son la excepción. De acuerdo a la propia Fiscalía General de la Nación, los casos de violaciones a los derechos humanos que terminan impunes, representan el 97% de las denuncias: en 2009 de 9.610 denuncias de violaciones a derechos humanos la Fiscalía solo presentó 315 acusaciones y en 2010 de 9.131denuncias solo presentó 266 acusaciones. Estas cifras no incluyen los casos no denunciados por las víctimas, por sentir temor o por desconfianza en la justicia. La denuncia por parte del Estado venezolano de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que entró en vigor el pasado mes de septiembre, no ha hecho más que agravar la situación de las víctimas que no encuentran respuesta en la justicia venezolana. En efecto, aunque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos continuará conociendo sobre la situación en Venezuela, los casos nuevos no podrán ser llevados ante la Corte Interamericana (Corte IDH). Además, el Estado venezolano ha sido displicente al momento de cumplir con las sentencia de la Corte IDH, en especial al momento de sancionar penalmente a los responsables como ha sido el caso de la Masacre de El Amparo. En este caso, dos de los presuntos responsables han sido nombrados en cargos administrativos o de confianza dentro
del Estado y uno de ellos fue electo gobernador del Estado Guárico en representación de partido de gobierno en las últimas elecciones. El pasado 28 de febrero de 2013 la Asamblea Nacional juramentó a los miembros de la Comisión por la Verdad y la Justicia con el mandato de garantizar “el derecho a la verdad para sancionar a los responsables de los hechos de violaciones a los derechos humanos por razones políticas en el periodo 1958-1998”. Esta comisión ad-hoc cuenta con la participación de la Fiscal General y de la Defensora del Pueblo. Su mandato está limitado a ese periodo exclusivamente, con lo cual no cubre los hechos ocurridos durante el gobierno del expresidente Chávez, ni en el actual gobierno. Similares comisiones han sido creadas en otros países como en Argentina, El Salvador y Haití, en situaciones post-conflictuales y post dictatoriales. La iniciativa responde también al derecho de las víctimas a conocer la verdad y el paradero de los desaparecidos. En este sentido, es un esfuerzo de rescate de la memoria histórica del pueblo venezolano. Sin embargo, su carácter ad-hoc y su mandato limitado en el tiempo a un periodo de la historia del país, representa riesgos para el derecho a la justicia que tienen todas las personas víctimas de violaciones a los derechos humanos. Resulta un esfuerzo selectivo y por tanto discriminatorio para las víctimas por hechos posteriores a 1998 que no ven similar esfuerzo desde el Estado para garantizarles sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación. Con una impunidad del 97% esas víctimas merecen un esfuerzo también importante desde Estado, en especial desde la Fiscalía General de la Nación y de los tribunales nacionales. No pueden existir víctimas de primera y de segunda categoría.
Legislar por decreto debilitando función del Parlamento
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) establece en los artículos 203 y 236 que el Parlamento puede conceder facultades legislativas al Presidente de la República por un periodo de tiempo y en materias expresamente establecidas mediante una ley conocida como ley habilitante. Estas facultades no surgieron con la CRBV sino que ya existían en la Constitución anterior solo que se limitaban a materia económica y financiera. El ex presidente Hugo Chávez gobernó la mayoría del tiempo con un amplio control político sobre parlamento y solicitó en cuatro oportunidades esas facultades especiales. Así, el Parlamento que ya era débil por la limitada pluralidad que tenía, se debilitó aún más como escenario para el debate democrático y la búsqueda de consensos. Además los límites establecidos para legislar no fueron respetados, legislando mediante Decretos-Leyes en materias distintas a las facultades concedidas. En medio de la polarización política del país esa facultad de legislar se convirtió en un mecanismo para normar asuntos fundamentales de la vida económica,
política y social del país sin ninguna consulta y en ocasiones con un secretismo que impedía conocer los proyectos. Así, más de 200 Decretos-Ley fueron dictados mediante ese mecanismo.
El discurso de la participación protagónica del pueblo quedó engavetado por lo menos en cuanto a su posibilidad de incidir en materia legislativa. El presidente Nicolás Maduro pareciera imitar a su predecesor. Aún cuando controla la mayoría parlamentaria solicitó poderes especiales que le fueron concedidos por 12 meses. La justificación fue la necesidad de legislar para combatir la corrupción y la especulación. Sin embargo, a última hora se incorporó la necesidad de legislar en materia de seguridad y defensa y protección de las instituciones del Estado y evitar atentados a la prestación de los servicios públicos. La lucha contra la corrupción y la especulación son necesarias para fortalecer la democracia y la justicia social. Pero es lamentable que no se haya optado por la búsqueda de consensos que permitieran sumar la mayor cantidad de voluntades y diseñar una estrategia en el marco de la Constitución y la ley para tener resultados efectivos. El camino escogido le resta fuerza y credibilidad, más aún cuando se ha emprendido por los senderos de la polarización política. Lo más preocupante son los poderes otorgados para legislar en materia de seguridad y defensa. En especial porque progresivamente la gestión de gobierno, el discurso y el comportamiento de la élite política gobernante se ha ido permeando de la Doctrina de la Seguridad Nacional. En este sentido, la seguridad del Estado está por encima de la seguridad ciudadana, se militariza la estructura del Estado en sus distintos niveles, se declara como un enemigo interno a la disidencia de cualquier grado a la cual se debe derrotar. A ello se suma, el desarrollo de una legislación que se aparta de la Constitución y restringe garantías y derechos, y el permanente discurso de amenaza. Finalmente, hay una lenta pero creciente represión selectiva incluso contra la protesta social pacífica
De esta tendencia no escapan las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). En efecto la máxima instancia judicial del país acaba de otorgar facultades a varios juzgados penales a nivel nacional para investigar los delitos previstos en la Ley para la Defensa de las Personas en el acceso a los Bienes y Servicios. En la parte motiva de la norma, el TSJ ha dicho que busca “la protección más eficaz frente a la diversidad de ilícitos penales con tendencias más graves y más peligrosas, que atentan contra la paz de la República y su pueblo, en la ejecución de cualquier actividad que entrañe gran peligrosidad para el Estado de Derecho y de Justicia, y sobre todo para sus ciudadanos y ciudadanas y desde luego sus instituciones nacionales…” (Resolución No. 2013-0025) El TSJ rememora así teorías peligrosistas ya superadas en las leyes penales desde el siglo pasado que convertían al autor del delito en un enemigo del Estado al que había que atacar, basándose en subjetivas consideraciones de peligrosidad. Bajo el discurso de enfrentar la denominada por el gobierno “guerra económica” también se ha adoptado una serie de medidas con lógica de operativo militar, que si bien parcialmente han dejado algún beneficio a sectores de la población (rebaja de precios en productos muy puntuales) pudiera indicar el inicio de un proceso de militarización igualmente de la actividad económica. En la sociedad venezolana quedan muchas reservas democráticas. Con seguridad desde las organizaciones sociales, partidos políticos e instituciones saldrán las contenciones necesarias para impedir que avance el creciente autoritarismo del gobierno. Hay un marco general que orienta las voluntades democráticas que es la Constitución de 1999 aprobada por la voluntad mayoritaria del pueblo venezolano. Es en ese marco general debe librase no solo la lucha contra la corrupción y la especulación, sino también contra la inseguridad, la crisis de los servicios públicos y reforzar la lucha contra la pobreza.
Ya disponible en nuestro sitio web www.derechos.org.ve el Informe Anual 2012 sobre la situación de los Derechos Humanos en Venezuela Programa Venezolano de Educación – Acción en Derechos Humanos Tienda Honda a Puente Trinidad, Bulevar Panteón, Parroquia Altagracia, Edif. Centro Plaza Las Mercedes, P.B. Local 6, Caracas, Venezuela Apartado Postal 5156, Carmelitas 1010-A Teléfonos: (58) 212-860.66.69 / 862.53.33 / 862.10.11 Sitio web: http://www.derechos.org.ve Twitter:@_provea E-mail: investigación@derechos.org.ve
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