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Timestamp: 2017-06-25 14:05:02
Document Index: 308928201

Matched Legal Cases: ['artículo 53', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 121', 'artículo 28', 'artículo 59', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 28', 'artículo 59', 'artículo 88', 'artículo 99', 'artículo 121', 'artículo 99', 'artículo 99', 'artículo 99', 'artículo 59', 'artículo 1', 'artículo 8', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 1', 'artículo 15', 'artículo 92', 'artículo 16', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 77']

FChahuánC 0.,
Sesión 45ª, en martes 9 de septiembre de 2014
Concurrieron, además, los Ministros de Relaciones Exteriores, señor Heraldo Muñoz Valenzuela; de la Secretaría General de la Presidencia, señora Ximena Rincón González; el Secretario General de Gobierno, señor Álvaro Elizalde Soto; de Economía, Fomento y Turismo, señor Luis Felipe Céspedes Cifuentes, y de Vivienda y Urbanismo, señora Paulina Saball Astaburuaga. Asimismo, se encontraban presentes el asesor jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores, señor Claudio Troncoso, y los asesores del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, señora Jeannette Tapia Fuentes y señor Enrique Rajevic Mosler. Actuó de Secretario el señor Mario Labbé Araneda, y de Prosecretario, el señor José Luis Alliende Leiva.
Las actas de la sesiones 42ª, ordinaria, en 2 de septiembre; 43ª, especial, y 44ª, ordinaria, ambas en 3 de septiembre, todas del año en curso, se encuentran en Secretaría a disposición de las señoras y señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
Con el primero hace presente la urgencia, en el carácter de "discusión inmediata", para la tramitación del proyecto de ley que crea el Consejo de Estabilidad Financiera (boletín N° 9.178-05).
Proyecto de ley que crea el Administrador Provisional y Administrador de Cierre de Instituciones de Educación Superior y establece regulaciones en materia de administración provisional de sostenedores educacionales (boletín N° 9.333-04).
Proyecto de ley que crea el acuerdo de vida en pareja (boletines Nos 7.873-07 y 7.011-07, refundidos).
Proyecto de ley que sustituye el sistema electoral binominal por uno de carácter proporcional inclusivo y fortalece la representatividad del Congreso Nacional (boletín N° 9.326-07).
Proyecto de ley que precisa normas vigentes para asegurar los derechos de las manipuladoras de alimentos de establecimientos educacionales (boletín N° 8.048-13).
Proyecto de ley que establece excepción para la pesca artesanal con línea de mano de la especie jurel y que modifica la regulación para establecimiento de ampliación de régimen de áreas de manejo y exploración de recursos bentónicos (boletín N° 9.097-21).
Con el undécimo hace presente la urgencia, en el carácter de "simple", respecto del proyecto de ley que reconoce como deporte nacional a los juegos deportivos ancestrales de los pueblos originarios (boletín N° 9.057-04).
Con los nueve últimos retira y hace presente la urgencia, calificándola de "simple", respecto de las siguientes iniciativas:
Proyecto que modifica el decreto con fuerza de ley N° 5, de 2003, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley General de Cooperativas (boletín N° 8.132-26).
Proyecto que modifica la ley N° 18.046 para exigir que en las sociedades anónimas abiertas los aportes de capital no consistentes en dinero sean aprobados por la mayoría de los accionistas minoritarios (boletín N° 8.480-03).
Proyecto de ley que protege la libre elección en los servicios de cable, Internet o telefonía (boletín N° 9.007-03).
Proyecto de ley sobre probidad en la función pública (boletín N° 7.616-06).
Proyecto de ley sobre tenencia responsable de mascotas y animales de compañía (boletín N° 6.499-11).
Proyecto de ley que adecua la legislación nacional al estándar del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco (boletín N° 8.886-11).
Proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (boletín N° 9.404-12).
Proyecto de ley que incorpora en el Código del Trabajo el contrato de teleoperadores (boletín N° 8.263-13).
Proyecto de ley que regula el alzamiento de hipotecas que caucionen créditos hipotecarios (boletín N° 8.069-14).
Con el primero informa que aprobó la proposición formulada por las Comisiones Mixtas constituidas durante la tramitación de los proyectos de ley que reconocen a la rayuela como deporte nacional, correspondientes a los boletines Nos 8.097-04 y 8.404-29.
Con el segundo expone que aprobó, en los mismos términos en que lo hizo esta Corporación, el proyecto de ley que establece el Día Nacional de Gendarmería de Chile (boletín N° 8.611-07).
Con el último comunica que aprobó la enmienda propuesta por esta Corporación al proyecto que modifica y perfecciona la ley que rige al Ministerio de Energía (boletín N° 9.421-08).
Envía copia de la resolución dictada en la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los artículos 129 bis 5, 129 bis 6 y 129 bis 9 del Código de Aguas.
Acusa recibo del acuerdo de la Corporación, adoptado a proposición de los Senadores señor Letelier, señora Allende y señores Chahuán, García-Huidobro, Guillier, Lagos y Pizarro, y expresa su reconocimiento por el apoyo dado a la declaración pública del Gobierno de Chile en torno a la reciente publicación de una Carta de límite exterior -sector sur- del dominio marítimo del Perú (boletín N° S 1.703-12).
Atiende petición de antecedentes, efectuada en nombre del Senador señor Navarro, sobre la sequía que afecta al lago Laja y el monto de inversiones contempladas por esa Secretaría de Estado para hacer frente a la escasez de recursos hídricos en la Región del Biobío.
Responde solicitud de información, realizada en nombre del Senador señor Horvath, acerca de la posibilidad de que con cargo a los fondos del Programa de Protección al Patrimonio Familiar se regularicen viviendas levantadas de manera informal o por autoconstrucción en sectores urbanos o semiurbanos, como ocurre en los cerros de Valparaíso y en Caleta Tortel, en la Región de Aysén.
Contesta acuerdo de la Corporación, adoptado a proposición de los Senadores señores De Urresti, Harboe, Horvath, Navarro y Quinteros, para consultar, en el Presupuesto 2015, recursos que financien diversas acciones y medidas inherentes al Plan de Descontaminación Atmosférica, Estrategia 2014-2018 (boletín N° S 1.660-12).
Da respuesta a solicitud de información, enviada en nombre del Senador señor Moreira, relativa a la determinación exacta del gasto de los recursos adicionales que se obtengan del nuevo modelo de recaudación fiscal.
Atiende petición de información, expedida en nombre del Senador señor Orpis, respecto del total de gastos asociados a la reconstrucción de las zonas afectadas por las catástrofes ocurridas en la zona norte del país y en la ciudad de Valparaíso.
Contesta acuerdo adoptado por la Corporación, a proposición de los Senadores señores De Urresti, Harboe, Horvath, Navarro y Quinteros, relativo a la consideración, en el Presupuesto 2015, de recursos para financiar diversas acciones y medidas inherentes al Plan de Descontaminación Atmosférica, Estrategia 2014-2018 (boletín N° S 1.660-12).
Atiende petición de información, cursada en nombre del Senador señor Navarro, acerca de la posibilidad de iniciar un proceso de evaluación de la Ley General de Pesca y Acuicultura.
Responde petición de antecedentes, remitida en nombre del Senador señor Navarro, respecto de la fiscalización del cumplimiento de la normativa laboral aplicable a los conductores del Transantiago.
Contesta solicitud de información, formulada en nombre del Senador señor Chahuán, respecto de la situación que aqueja a los vecinos de Villa Esperanza, comuna de Algarrobo, al no haberse concluido las reparaciones de los daños que la empresa contratista Inatec causó a un colector del alcantarillado.
Responde petición, cursada en nombre del Senador señor Espina, relativa a la necesidad urgente de adoptar medidas que aumenten provisoriamente la dotación de personal de esa entidad en la Región de La Araucanía y a la incorporación en la discusión presupuestaria para el año 2015 del incremento permanente de fiscalizadores.
Del señor Intendente de la Región de Tarapacá:
Contesta solicitud de información, enviada en nombre del Senador señor García, concerniente a la disminución del clasificador presupuestario "Iniciativas de Inversión", de ese Gobierno Regional, desde un monto inicial de M$ 22.006.631 al vigente de M$ 19.503.503, publicado por la Dirección de Presupuestos el 31 de julio pasado.
Corrige respuesta entregada a una solicitud de información, efectuada en nombre del Senador señor Prokurica, referida a la construcción del Hospital de Huasco.
Da respuesta a petición de información, enviada en nombre del Senador señor García, sobre la disminución del clasificador presupuestario "Iniciativas de Inversión", de ese Gobierno Regional, desde un monto inicial de M$ 61.699.709 al vigente de M$ 42.990.190, publicado por la Dirección de Presupuestos el 31 de julio pasado.
Del señor Presidente accidental del Consejo Regional de Atacama:
Del señor Jefe de la División de Análisis y Control Financiero, Gobierno Regional de Los Lagos:
Absuelve solicitud de información, cursada en nombre del Senador señor García, relativa a la disminución del clasificador presupuestario "Iniciativas de Inversión", de ese Gobierno Regional, desde un monto inicial de M$ 35.365.833 al vigente de M$ 33.424.459, publicado por la Dirección de Presupuestos el 31 de julio pasado.
Segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento recaído en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la Ley de Tránsito en lo que se refiere al delito de manejo en estado de ebriedad causando lesiones graves gravísimas o con resultado de muerte (boletín N° 9.411-15) (con urgencia calificada de "suma").
Segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que aumenta la penalidad al delito de homicidio simple en el catálogo de los delitos contra la vida (boletines Nos 8.216-07 y 8.609-07, refundidos).
Informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la planta de personal de la Junta Nacional de Jardines Infantiles y otorga facultades que indica (boletín N° 9174-04).
Del Senador señor Bianchi, con la que inicia un proyecto de reforma constitucional que modifica la Carta Fundamental en lo concerniente al remplazo de parlamentarios en caso de vacancia de sus cargos (boletín N° 9.549-07).
Del Senador señor Chahuán, con la que inicia un proyecto de reforma constitucional que modifica el párrafo cuarto del numeral 1) del artículo 53 de la Carta Fundamental con el fin de reducir el período en que la persona destituida no podrá desempeñar ninguna función pública (boletín N° 9.551-07).
Del Senador señor Bianchi, para iniciar un proyecto que modifica la ley N° 18.700 con el fin de sustituir el sistema electoral de los cargos parlamentarios por uno denominado "mayoritario uninominal" (boletín N° 9.552-07).
De los Senadores señores Bianchi y Prokurica, con la que se da inicio a un proyecto que modifica la Ley Orgánica del Congreso Nacional para establecer la celebración de un mínimo de dos sesiones de Sala por semana en cada Corporación (boletín N° 9.555-07).
De los Senadores señor Bianchi, señora Muñoz y señor Prokurica, con la que se da inicio a un proyecto que incorpora en la ley N° 20.422 una norma que permite al Servicio Nacional de la Discapacidad disponer de clases diferentes de bastones, en función del nivel de ceguera del usuario (boletín N° 9.550-11).
De los Senadores señores De Urresti, Horvath, Moreira, Quinteros y Tuma, con el que solicitan al señor Ministro de Agricultura que promueva mesas de trabajo en las regiones del sur de Chile donde haya presencia de visón americano (Neovison vison), destinadas a concordar las medidas más adecuadas para aplicar en cada territorio un plan de control y erradicación de este depredador de diversas especies de fauna nativa, y que se consideren en el Presupuesto de 2015 los recursos necesarios para su ejecución (boletín N° S 1.708-12).
De los Senadores señor Harboe, señora Muñoz y señores De Urresti y Quintana, con el que solicitan a Su Excelencia la Presidenta de la República se instruya a la Dirección de Presupuestos poner a disposición de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena los recursos necesarios para su correcto funcionamiento (boletín N° S 1.709-12).
Tratar como si fuera de Fácil Despacho, en la sesión ordinaria de hoy, en primer lugar, el proyecto de ley que modifica la planta de personal de la Junta Nacional de Jardines Infantiles y otorga las facultades que indica (boletín N° 9.174-04). Y en segundo término, la iniciativa que establece el 20 de septiembre de cada año como feriado en la Región de Coquimbo con motivo de la celebración de la Fiesta de La Pampilla (boletín N° 8.992-06), siempre que se dé cuenta del informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización; en caso contrario, este proyecto será tratado en la tabla de Fácil Despacho de la sesión ordinaria de mañana, miércoles 10.
Colocar en el primer lugar del Orden del Día de la sesión ordinaria de hoy el proyecto de acuerdo que aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de Chile y el Gobierno de los Estados Unidos de América en materia de incremento de la cooperación en la prevención y combate del delito grave, suscrito en Washington, D.C., el 30 de mayo de 2013 (boletín N° 9.243-10).
Discutir en el primer y segundo lugares del Orden del Día de la sesión ordinaria de mañana, respectivamente, los siguientes proyectos:
a) El que modifica la Ley de Tránsito en lo que se refiere al delito de manejo en estado de ebriedad causando lesiones graves gravísimas o con resultado de muerte (boletín N° 9.411), y
Colocar en el Orden del Día de la sesión ordinaria de mañana el proyecto de ley que crea el Consejo de Estabilidad Financiera (boletín N° 9.178-05), autorizándose a la Comisión de Hacienda para emitir un certificado.
Modificar la denominación de la Comisión Especial sobre Recursos Hídricos por la de "Comisión Especial sobre Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía".
Autorizar a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología para sesionar en paralelo con la Sala cuando se celebren sesiones especiales del Senado.
7.- Por último, autorizar a la Comisión Especial destinada a analizar la situación de Valparaíso producto de los incendios para que sesione simultáneamente con la Sala a partir de las 18:30 de hoy.
En la tabla de esta sesión figura el proyecto de acuerdo que aprueba el Acuerdo con Estados Unidos en materia de incremento de la cooperación en la prevención y combate del delito grave.
Aprovecho de saludar al Ministro de Relaciones Exteriores, don Heraldo Muñoz, quien nos acompaña, y solicito autorización para que ingrese a la Sala el Director de Asuntos Jurídicos de la Cancillería, señor Claudio Troncoso.
Conforme a lo acordado, se procederá a tratar como si fuera de Fácil Despacho el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la planta de personal de la JUNJI.
La señora Presidenta¿
Al señor que ha hablado desde la tribuna, a quien saludo con respeto, debo decirle que nosotros comprendemos su dolor.
Nos solicitó tratar el proyecto sobre conducción en estado de ebriedad, y lo hizo con respeto.
Al respecto, me permito señalar que hoy se tomó la decisión de conformar la tabla en virtud de una serie de puntos que se hallaban pendientes. Se nos pidió oficialmente que la iniciativa mencionada fuera discutida en el primer lugar del Orden del Día de la sesión ordinaria de mañana. Y así quedó establecido.
Desconozco el origen de lo que se ha expresado. Se lo digo en verdad, como Mesa.
No había ninguna formalidad -yo no puedo basarme en la información de un diario, fuente mencionada por quien habló desde la tribuna- en orden a que dicha iniciativa se iba a tratar ahora. Si hubiese existido un acuerdo de Comités en tal sentido, se habría respetado. Sin embargo, no medió ninguna resolución previa en cuanto a que sería analizada hoy. De lo contrario -reitero-, por cierto que lo habríamos hecho.
La Mesa no se informa por los diarios.
Insisto: no existía ningún acuerdo previo en tal sentido. El que se adoptó fue en cuanto a discutir ese proyecto en el primer punto de la tabla de la sesión ordinaria de mañana.
Sinceramente, lo lamento.
Por lo menos, puedo garantizar que mientras estuve presidiendo la reunión de Comités no surgió ningún acuerdo previo sobre el particular.
Tiene la palabra al Presidente de la Comisión de Constitución, Senador señor Harboe.
Señora Presidenta, en primer lugar, deseo manifestar también mi preocupación por lo que dijo acá don Benjamín Silva, en representación de las familias afectadas.
Al respecto, debo señalar que en la Comisión de Constitución hicimos un trabajo de manera transversal. Ayer tuvimos una sesión extraordinaria bastante larga, durante la cual pudimos desentrañar varios de los puntos que se habían observado en la discusión general. Y logramos incluso el despacho en particular del proyecto, en el entendido de que el Gobierno -lo conversamos a través del Ministerio Secretaría General de la Presidencia- se comprometería a ponerle "discusión inmediata" a la iniciativa, para que pudiera debatirse hoy.
De hecho -son testigos los familiares de las víctimas que nos acompañaron en la Comisión-, estudiamos el proyecto hasta su total despacho. Y luego de ello, en un esfuerzo adicional, la Secretaría de dicho órgano técnico elaboró el informe, documento que estuvo disponible hoy.
Pero, en verdad, lo que se ha planteado excede nuestra competencia.
Como Presidente de la Comisión de Constitución, debo aclarar que despachamos el informe para que pudiese ser conocido por la Sala en esta sesión. Pero desconozco por qué al proyecto no se le puso "discusión inmediata", asunto que escapa a mi decisión.
Es importante la aclaración del Presidente de la Comisión de Constitución. Y me parece bien que la haya hecho.
Efectivamente, no se ha cambiado la calificación de la urgencia a "discusión inmediata". Por tanto, la iniciativa se mantiene con "suma" urgencia.
Por lo menos hasta ahora no ha llegado ningún cambio en la calificación por parte del Gobierno (se lo digo especialmente a quienes nos acompañan en las tribunas). Y solo el Ejecutivo tiene atribución para modificarla. No es facultad de los Senadores, ni siquiera del Presidente de la Comisión.
La iniciativa no tiene "discusión inmediata". Si hubiese recibido esta calificación, a lo mejor la decisión habría sido distinta. Pero, como dije, lamentablemente, desde el Ejecutivo no ha llegado ninguna propuesta para cambiar la urgencia.
Que eso sirva de información.
Es lo que puedo expresar a quienes nos visitan. Y está bien que el Honorable señor Harboe haya aclarado el punto.
El Senador señor Ossandón solicita recabar el asentimiento de la Sala con el objeto de fijar un nuevo plazo para presentar indicaciones al proyecto, en primer trámite constitucional, que modifica la Ley General de Telecomunicaciones para establecer la obligación de determinar una velocidad mínima garantizada de acceso a Internet.
El plazo actual vence el 15 de septiembre. No sé si a Su Señoría le parece bien que lo dejemos para el lunes siguiente a la semana regional.
¿Habría acuerdo para extender el plazo hasta el lunes 22 de septiembre, a las 12?
9174-04
Conforme a lo resuelto por los Comités, corresponde discutir en particular, como si fuera de Fácil Despacho, el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la planta de personal de la Junta Nacional de Jardines Infantiles y otorga las facultades que indica, con informe de la Comisión de Hacienda.
Hacienda: sesión 45ª, en 9 de septiembre de 2014.
La Sala aprobó en general esta iniciativa en sesión de 23 de julio de 2014.
Se abrió plazo para presentar indicaciones, pero no se formuló ninguna, por lo que el proyecto pasó a la Comisión de Hacienda a cumplir el trámite reglamentario de rigor.
Este órgano técnico, por la unanimidad de sus miembros (Senadores señores Coloma, García, Lagos, Montes y Pizarro), aprobó en particular la iniciativa en los mismos términos en que la despachó la Honorable Cámara de Diputados.
La señora ALLENDE (Presidenta).- En la discusión particular, tiene la palabra el Senador señor García.
Señora Presidenta, en sesión de esta mañana la Comisión de Hacienda trató este proyecto, que concede incrementos remuneracionales a funcionarias y funcionarios de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.
Con esta iniciativa se busca avanzar en materia de estipendios para dicho sector, y particularmente, en el caso de las directoras de los jardines infantiles y en el de quienes cumplen labores como supervisoras, al otorgar una asignación por responsabilidad directiva del orden de 95 mil pesos mensuales, la que será recibida por poco menos de 800 personas.
La Comisión de Hacienda conoció los detalles del proyecto, cuyo costo anual asciende en régimen a algo más de 3 mil millones de pesos, y resolvió aprobarlo por unanimidad, posición que los Senadores de Renovación Nacional mantendremos en la Sala.
En definitiva, pedimos que se despache en esta misma sesión y que ello se haga por consenso.
Saludo a las funcionarias de la JUNJI de la Octava Región que se hallan en las tribunas.
Esperamos sacar su proyecto hoy.
Señora Presidenta, solo quiero ratificar lo que señaló el Senador García.
Este proyecto emanó de una discusión relativamente larga, que ha tenido distintos espacios de entendimiento.
A mi parecer, es bueno cuando se llega a acuerdos razonables para todos los lados, por así decirlo.
Por eso el trámite en la Comisión de Hacienda fue breve, con relación al de otras iniciativas, pues sabíamos que había detrás toda una historia.
Aquí se hace un esfuerzo en la lógica de otorgar igualdad de oportunidades en las diversas instancias.
Entonces, yo simplemente quería, en nombre de los parlamentarios de la UDI, señalar que no solo vamos a aprobar este proyecto, sino que, además, saludamos que en esta materia puedan existir espacios de acuerdos transversales y que, obviamente, tienen que ver con el Chile más justo que es fundamental construir.
Saludo al Concilio Nacional de Iglesias Evangélicas, a cargo de don Eduardo Castro.
Asimismo, a la Mesa Ampliada, a cargo del Pastor don Emiliano Soto.
Por último, al Consejo Nacional de Obispos y Pastores, a cargo del señor Jorge Méndez.
Señora Presidenta, esta iniciativa fue analizada en la Comisión de Educación, y quienes participamos en su discusión damos cuenta de la unanimidad registrada en torno de ella.
Creo que se ha hecho justicia respecto de un acumulado histórico que ya no daba para más. Es decir, se prevén beneficios y se efectúan regulaciones que permitirán contar con un servicio de jardines infantiles donde los primeros en tener la mejor disposición y el mejor trato del Estado serán los funcionarios.
Se llegó a un acuerdo -uno siempre aspira a más- tanto con los funcionarios cuanto con el Gobierno.
Hay cuestiones pendientes, las cuales quedarán para debates posteriores.
Es necesario perfeccionar la legislación y seguir mejorando las condiciones de los empleados públicos, particularmente las de aquellos que trabajan con la primera edad, con la formación de nuestros niños, con la enseñanza a los hijos pequeños de miles y miles de mujeres y hombres de nuestro país: las funcionarias y los funcionarios de la JUNJI.
Voy a votar a favor. Espero de esta forma contribuir a la unanimidad y a que la iniciativa se despache cuanto antes (por eso se está tratando como si fuera de Fácil Despacho).
Las tareas pendientes en educación seguirán siendo complejas. Esta ha tenido consenso. Y fue motivo de un proyecto que ha contado con el apoyo de los parlamentarios tanto de Gobierno cuanto de Oposición.
Señora Presidenta, me sumo a lo dicho por quienes me antecedieron.
Yo debo agregar que el Estado siempre se ha mantenido al debe con las funcionarias y los funcionarios de la JUNJI. Ha sido una lucha constante para, en justicia, hacer los cambios que se han solicitado en forma reiterada.
Ahora, uno percibe que uno de los aspectos pendientes en el caso de dichos servidores es la situación que deberán enfrentar al término de su entrega laboral, al momento de jubilar. Yo sigo sosteniendo que para realizar la labor de las funcionarias y los funcionarios de la JUNJI no solo se requiere una enorme vocación: su trabajo con nuestros hijos en sus primeros años de vida, como señaló el Senador Navarro, les significa un gran esfuerzo físico; y por eso permanentemente uno escucha planteamientos de dichos servidores en el sentido de que debería haber una jubilación, si no más temprana, con otro tipo de incentivos.
Hay una situación de salud derivada de los años de servicio, de las obligaciones vinculadas con la educación de los niños en esa relevante etapa de su existencia.
Entonces, hoy estamos asistiendo a un acontecimiento del todo justo. Lo que se hace nos parece tremendamente meritorio. Pero aún el Estado se halla al debe en el mejoramiento de las cuestiones pendientes con la importante institución que es la JUNJI.
Voy a votar a favor, señora Presidenta.
Señora Presidenta, Honorable Sala, este es un proyecto largamente anhelado por las dirigentas de la JUNJI, quienes estaban luchando desde hacía bastante tiempo por el ajuste de su planta de personal. Y, sin duda, constituye un avance muy significativo la respuesta que se les da desde el Parlamento.
Se están tomando dos medidas que me parecen importantes: la modificación de las plantas, que es el tema central, pero también el encasillamiento, que a la vez permitirá un mejoramiento remuneracional.
Yo siempre he señalado que el Estado es el peor empleador de Chile. El 80/20 no se cumple casi en ningún servicio público (yo diría que en ninguno).
Por eso mismo es tan importante avanzar en este ajuste, que, aparte mejorar las expectativas de los funcionarios de planta, posibilitará que mucho personal a contrata o incluso a honorarios pase a los estamentos profesionales.
La ley en proyecto le otorga facultades especiales a la Presidenta de la República para que regule diversas materias.
Sin lugar a dudas, estamos ante un avance sustantivo en términos de dignificación de la labor que desempeñan las funcionarias de la JUNJI.
Por ello, y porque conozco la labor abnegada que realizan esas mujeres, voto a favor.
Señora Presidenta, como señalaron quienes me antecedieron, la iniciativa que nos ocupa viene a hacer justicia al interior de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.
Este proyecto, que recoge un anhelo expuesto desde hace mucho tiempo, plantea básicamente dos cosas, de manera simultánea.
Por una parte, da igualdad de oportunidades en el desarrollo de la carrera funcionaria a los técnicos informáticos y a profesionales del sistema -a ambos se les da un tratamiento uniforme-, quienes hoy, desde el punto de vista legal, entran en grados inferiores y, además, tienen techo en su desarrollo laboral.
Y por otra -esto no es menos importante-, permite que reciban asignaciones tanto los directores o directoras de los jardines infantiles (directoras en la mayoría de los casos) cuanto los supervisores y supervisoras de la Junta Nacional.
En resumen, señora Presidenta, se otorga un trato igualitario.
Desconozco el origen de las diferenciaciones que hubo en su momento. No me cabe duda de que deben de tener larga data. Sin embargo, cualquiera que haya sido el fundamento, esa situación ha quedado superada por la realidad. Lo que requerimos hoy es que los responsables de educar a nuestros hijos desde la primera infancia logren una retribución adecuada y, al mismo tiempo, cuenten con la posibilidad de desarrollarse profesionalmente en plenitud.
Desde esa perspectiva, doy mi apoyo entusiasta a este proyecto de ley. Además, quiero agradecer a los miembros de la Comisión de Hacienda por haber despachado esta iniciativa en una sola sesión y de ese modo permitido que la Sala la tratara esta tarde, como era el deseo de muchas de las representantes de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.
Igualmente, agradezco la participación que tuvieron en dicho órgano técnico del Senado las dirigentas de la AJUNJI, encabezadas por la señora Julia Requena.
Señora Presidenta, el Senador Lagos ya dijo lo esencial acerca de esta iniciativa.
Por mi parte, quiero hacer una muy breve reflexión.
Estamos tramitando una reforma educacional que es la gran reforma -valga la redundancia- que va a sacar adelante este Gobierno. Y, precisamente, en el Senado estamos analizando un proyecto (esta tarde proseguiremos su estudio en Comisión) destinado al fortalecimiento de la educación parvularia. Mediante él se crea una nueva institucionalidad y se pretende potenciar un ámbito de la educación que es crucial para el desarrollo de nuestros niños.
Empero, más allá de que en el discurso todos señalamos la importancia de la educación parvularia, en reiteradas oportunidades descuidamos la situación laboral de quienes, con grandes dificultades, y muchas veces con enorme precariedad, la sacan adelante y posibilitan su existencia.
Basta ver las condiciones en que se desenvuelven las educadoras, las técnicas; o bien, analizar lo que está pasando en los jardines administrados vía transferencia de fondos (VTF), donde hay evidentes diferencias en el valor de las subvenciones, en fin.
Por lo tanto, considero del caso dar señales en el sentido de que actuamos de forma coherente con lo que planteamos.
Si queremos fortalecer la educación parvularia; si sabemos que ella es relevante para nuestros hijos; si somos conscientes de que una buena educación inicial marca el futuro de un niño, me parece significativo que estemos discutiendo y sacando adelante proyectos como este, que se hacen cargo justamente de las necesidades del servicio pertinente; en este caso, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.
Así que espero que aprobemos unánimemente este proyecto, que es muy importante y que ha sido largamente esperado por las funcionarias y los funcionarios de la JUNJI.
Finalmente, saludo a los dirigentes y a las dirigentas que, encabezados por doña Julia Requena, nos acompañan en la tribuna.
--Se aprueba en particular el proyecto (33 votos favorables).
Votaron las señoras Allende, Goic, Lily Pérez, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Bianchi, Chahuán, Coloma, Espina, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Horvath, Lagos, Hernán Larraín, Letelier, Montes, Moreira, Navarro, Orpis, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quinteros, Rossi, Tuma, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
El proyecto queda despachado en este trámite.
9243-10
Corresponde ocuparse en el proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de Chile y el Gobierno de los Estados Unidos de América en materia de incremento de la cooperación en la prevención y combate del delito grave, suscrito en Washington D.C. el 30 de mayo de 2013, con informe de la Comisión de Relaciones Exteriores. --Los antecedentes sobre el proyecto (9.243-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Sesión 44ª, en 3 de septiembre de 2014 (se aplaza su votación).
Respecto de esta iniciativa, en sesión de 3 de septiembre último se solicitó aplazamiento de la votación.
Cabe recordar que la Comisión deja constancia en su informe de que los artículos 16 y 17, numeral 2, del Acuerdo deben aprobarse con quórum calificado, porque establecen la facultades de las Partes para restringir o denegar la difusión de la información que manejan. Por tanto, para la aprobación de esas normas se requieren 20 votos favorables.
La señora ALLENDE (Presidenta).- En votación el proyecto de acuerdo.
Yo quiero hacer una solicitud, señora Presidenta. Y me habría gustado que se hubiese resuelto sobre ella antes de comenzar la votación.
Hicimos el debate en la sesión anterior, y quedó pendiente la respuesta a una consulta. En esa ocasión, por razones de coordinación con la Cancillería, no pudieron estar presentes sus personeros.
En la Comisión de Relaciones Exteriores -y lo planteo como Presidente de ella- el asesor jurídico de la Cancillería¿
Les pido a mis colegas que me permitan intervenir.
Les ruego a Sus Señorías que guarden silencio para que podamos escuchar al Senador señor Letelier.
Señora Presidenta, decía que en la Comisión de Relaciones Exteriores el asesor jurídico de la Cancillería precisó, primero, que el acuerdo no es autoejecutable y requiere una ley especial para su vigencia.
Lo segundo es que me parece muy importante que quede en la historia de la normativa -y, como está presente el señor Canciller, puede explicitarlo antes de la votación- que las bases de datos consultables en el proceso de las relaciones a partir del tratado van a quedar especificadas en la iniciativa por enviarse, entendiéndose, por el momento, que son las administradas por el Registro Civil.
Ello, sin perjuicio de comprenderse que nuestro país necesita, además, la ley de protección de los datos de las personas, para que exista una cierta armonía.
Son consultas que estimo oportuno que el señor Ministro o el señor asesor jurídico puedan clarificar antes de pronunciarnos.
Señora Presidenta, todo instrumento internacional que signifique una alianza entre países para combatir delitos graves no puede ser sino aprobado. Constituye la cooperación mínima y básica en la búsqueda del bien en común.
En el caso particular de la firma de Chile con los Estados Unidos del convenio que permite el intercambio de información en materia de datos personales, cabe consignar que el concepto de reciprocidad va a mediar siempre. ¿Quién establecerá esta correspondencia y cómo ha sido la experiencia registrada?
Todos conocemos el comportamiento de la nación del norte en muchos ámbitos. No siempre está dispuesta a facilitar sus bases de datos. Desde ya, chilenos perseguidos por crímenes tan crueles como el asesinato de Víctor Jara se mantienen por más de 35 años dentro de sus fronteras, sin que haya sido posible lograr su extradición.
Está claro que los Estados Unidos ha jugado un rol de policía mundial: secuestra personas en cualquier lugar, las lleva a su territorio, las mantiene en cárceles en el extranjero. En cuanto a delitos graves, solo expongo que soy de los que creen que ese país los comete en todas partes del orbe y cuenta con impunidad.
A diferencia de Chile, por cierto, no ha firmado el tratado sobre el Tribunal Penal Internacional. Dicho instrumento permite que cualquier dictador, asesino, torturador, sea extraditado desde cualquier sitio, menos, entonces, desde los Estados Unidos. Por lo tanto, la prevención e investigación de hechos delictivos y el intercambio recíproco de información enfrentan una limitante.
Nuestro país suscribió dicho convenio para poder perseguir a los violadores de los derechos humanos en cualquier lugar del mundo. Mi pregunta es si efectivamente, sobre esa base y frente a un abuso en este aspecto, la información fluirá de manera recíproca o los Estados Unidos va a sostener que, como no lo ha firmado, no tiene la obligación de proporcionarla a Chile.
Expongo lo anterior porque, con motivo del programa Visa Waiver, el acuerdo contempla algo inédito: determina que es posible pedir antecedentes sobre personas que pudieren llegar a cometer un delito. O sea, existiría una sentencia anticipada. Pienso que es una exageración, porque tal criterio no formaría parte de la actuación de ningún tribunal, sino de la subjetividad de la inteligencia de dicho país. Y no sé si se trata de algo recíproco y nosotros también podríamos pedir información sobre estadounidenses que se encontraran en la misma situación.
Por cierto, la aprobación en la Sala se encuentra garantizada, pero creo que una mayor claridad sobre estos dos aspectos de parte de nuestro Canciller, por quien mantenemos el mayor de los aprecios, nos haría votar a favor con más certeza que incertidumbre, como la que abrigamos en este momento.
Señora Presidenta, soy partidario de aprobar el proyecto de acuerdo en consideración a aspectos bastante prácticos.
Primero, se permite el ingreso rápido a los Estados Unidos de chilenos, sean turistas, académicos, empresarios, profesionales, con un margen garantizado de 72 horas, lo cual facilita, por cierto, el viaje al exterior. Solo se pide información caso a caso y de acuerdo con la normativa local. Es decir, se trata de un intercambio recíproco inserto en el programa de exención de visa de la Administración estadounidense, con una estadía que, por cierto, no supere 90 días.
Mas también se entiende comprendido el derecho a solicitar antecedentes cuando las circunstancias legalmente válidas en cada país lo ameriten. Como se aplicará el ordenamiento local, quedarán a buen resguardo el interés nacional y los derechos de los chilenos.
En seguida, el procedimiento se refiere solo a delitos que el instrumento en estudio califica de "graves", como lo son las conductas susceptibles de una pena privativa de libertad superior a un año conforme al derecho de las partes.
De todas maneras, valorándose todos estos logros, quedarían pendientes algunas preguntas que quisiera que el señor Ministro pudiese aclarar en su momento. Porque entiendo que el proyecto se incluye en el marco de propuestas que el Gobierno va a enviar al Congreso Nacional, entre ellas una iniciativa modificatoria de diversos cuerpos legales para facilitar el intercambio de información con otros gobiernos, de manera que el tratado que nos ocupa no sería único, sino que se hallaría comprendido dentro de una política del Estado, bajo el principio de reciprocidad.
Señora Presidenta, en el marco del acceso de Chile al programa Visa Waiver, de los Estados Unidos, como se ha manifestado, se ha suscrito entre ambos países el Acuerdo sobre cooperación en la prevención del delito grave.
Este tipo de convenio ha sido firmado por alrededor de 40 países, principalmente europeos.
Desde su implementación, miles de chilenos han postulado al sistema, con una tasa de rechazo de 1,9 por ciento, lo que es bastante significativo. Cabe mencionar que alrededor de un cuarto de millón de compatriotas visitan los Estados Unidos y serán los beneficiarios.
El instrumento no implica cesión alguna de soberanía. Se trata de la investigación de ilícitos que cruzan las fronteras, como ocurre, por ejemplo, con el crimen organizado transnacional.
El Acuerdo se compatibiliza con el respeto al derecho a la privacidad. Ello es señalado de manera categórica en el preámbulo, que siempre es un elemento de interpretación muy importante, como sabemos, de los tratados.
La cooperación se funda en la existencia en ambas partes de bases de datos que permitan la consulta automatizada de huellas digitales para la detección, prevención e investigación de delitos. No se trata, en consecuencia, de una identificación de carácter general -es decir, de todos los ciudadanos-, sino vinculada específicamente con antecedentes penales individuales.
Considero importante agregar que el Acuerdo dispone expresamente que las consultas solo podrán realizarse sobre la base de casos singulares y de conformidad con el derecho interno de la Parte consultante.
Asimismo, se determina que, para los efectos de la entrega de la información, el punto de contacto nacional que se designe proporcionará los datos conforme al derecho interno de la Parte que lo haya designado.
La posibilidad de efectuar la consulta se halla estrictamente circunscrita, por mandato del texto, solo a la detección, prevención e investigación del delito grave. Ello implica que el umbral de punibilidad que se exige es que el ilícito se castigue con privación de libertad superior a un año o una pena más alta, de modo que se trata de delitos especialmente serios.
El instrumento en examen contempla la comparación automatizada de perfiles de ADN. Sin embargo, la entrada en vigor de estas disposiciones se encuentra suspendida y condicionada a que en el futuro se celebren acuerdos de implementación.
Quisiera agregar que hay normas especiales para el caso de delitos terroristas o de participación en un grupo o una asociación criminal organizada. Con todo, se hallan sometidas a las siguientes limitaciones:
La entrega de datos tiene que realizarse con observancia del derecho interno y solo respecto a situaciones individuales.
Son disposiciones que se pueden aplicar siempre que sea necesario debido a circunstancias específicas que den motivo para considerar que el titular de los antecedentes está vinculado con la comisión de delitos terroristas o con un grupo o una asociación criminal organizada.
Los delitos terroristas, relacionados con el terrorismo o con grupos o asociaciones terroristas se definen según el derecho interno de la Parte que proporciona los datos. Por lo tanto, no es el país requirente el que califica la situación, sino el derecho interno del Estado requerido.
En cuanto a la consulta del Senador señor Navarro, el convenio opera bajo estricta reciprocidad y con pleno respeto al orden jurídico interno de cada Parte. De esta manera, una de ellas no puede requerir más información que la que está dispuesta a conceder respecto de sus propios nacionales.
De ningún modo se trata de posibilitar un acceso a los datos personales de los chilenos que viajen a los Estados Unidos utilizando el sistema Visa Waiver -ello tiene que quedar claro-, y menos aún a los de la ciudadanía en general. La solicitud se tiene que encuadrar en nuestro derecho interno, por lo que se deben respetar las garantías fundamentales establecidas en la Constitución, en los tratados internacionales y en la ley chilena.
El Acuerdo, además, regula la privacidad y la protección de la información. La Parte solicitante no puede entregarla a un tercer Estado sin previo consentimiento de aquella que la proporcionó, que puede establecer condiciones para tal efecto.
Como antes se señaló, una vez aprobado el instrumento en análisis es preciso tramitar en el Congreso una iniciativa que permita llevar a cabo el intercambio de antecedentes. En consecuencia, el texto no es autoejecutable, sino que requiere una ley de implementación y no puede aplicarse sin ella.
En conclusión, estimamos que el Acuerdo es muy importante para los chilenos y que fortalece la cooperación en el combate de delitos graves, particularmente de los vinculados a la delincuencia organizada transnacional. No importa de ninguna manera un atentado a la vida privada ni una falta de protección de los datos personales, los que se encontrarán debidamente resguardados.
Le agradecemos al señor Ministro sus aclaraciones.
Señora Presidenta, voy a votar a favor del proyecto aprobatorio del acuerdo entre el Gobierno de Chile y el Gobierno de los Estados Unidos en materia de incremento de la cooperación en la prevención y combate del delito grave.
Cabe recordar los hechos ocurridos ayer.
En un mundo globalizado como el actual, los Estados, incluidos los europeos, han tendido a establecer políticas para liberalizar las restricciones migratorias, suprimiendo barreras, pero sin descuidar la prevención de hechos delictivos, sobre todo considerando el fenómeno del crimen transnacional.
El convenio en análisis se celebró el 30 de mayo de 2013, para permitir el intercambio recíproco de información en materia de datos personales y, así, prevenir e investigar hechos delictivos. Lo anterior, en el marco de las negociaciones relativas al ingreso de Chile al Programa de Exención de Visa de la Administración estadounidense, conocido como Visa Waiver Program, que autoriza la entrada a los Estados Unidos, sin necesidad de visa, de los ciudadanos de naciones que mantienen una baja tasa de inmigración ilegal.
Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, España, Estonia, Finlandia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Japón, Países Bajos, Portugal, Suiza, entre otros, han suscrito tratados de la misma naturaleza con el país del norte.
El proyecto de acuerdo sigue muy de cerca la Convención de Prüm, suscrita en 2005 por miembros de la Unión Europea con la finalidad de profundizar la cooperación transfronteriza, en particular en materia de lucha contra el terrorismo, la delincuencia transfronteriza y la migración ilegal. Se ha perseguido el propósito de crear un marco de intercambio de datos personales para luchar conjuntamente contra los problemas señalados.
El instrumento que nos ocupa tiene como objetivo estrechar la cooperación entre Chile y los Estados Unidos para prevenir y combatir el delito grave, lo que llevará a permitir el intercambio recíproco de información en materia de datos personales.
Deseo llamar la atención, ya que el señor Canciller se encuentra en la Sala, en cuanto a la conveniencia de enfocar las mismas medidas con relación a países de donde vienen inmigrantes. Debiéramos tratar de ahondar acuerdos con la finalidad de que las Policías obtuviesen antecedentes no solo de delitos graves -los primeros son conocidos cuando se trata de ilícitos de esa índole cometidos en Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador, entre otros, de donde provienen grupos importantes-, pues no se cuenta con ellos respecto de delitos de menor envergadura, como los que cometen carteristas y microtraficantes, además de la prostitución.
Por lo tanto, juzgo que sería preciso avanzar en relación con esos países con los cuales se plantean estos nexos y de donde están llegando muchos inmigrantes, para que las instituciones policiales dispongan de un instrumento que permita filtrar a quienes ingresan a Chile.
El señor Canciller aclaró varias de las inquietudes planteadas por algunos colegas y puntualizó exactamente el sentido del texto: constituye un acuerdo de cooperación.
Cuando iniciamos el debate en la Comisión de Relaciones Exteriores, muchos pensamos que se trataba del convenio para la aplicación del Programa Visa Waiver. Y la verdad es que no tiene nada que ver, salvo que ese sistema, que se lleva adelante con varios países, contempla la necesidad de un acuerdo entre los firmantes respecto del incremento de la cooperación para la prevención del delito grave.
Extendimos muchas invitaciones. Vinieron expertos y representantes de la Cancillería y pedimos opiniones a instituciones como la Policía de Investigaciones y el Servicio de Registro Civil e Identificación. Preguntamos cómo opera, en términos prácticos, el intercambio de información y hasta qué niveles se podía correr un riesgo de invasión de la información sobre personas y del derecho a la privacidad. Expuestas estas aprensiones y ante las explicaciones y antecedentes recibidos, además de la forma como se aplica, en términos prácticos, el tratado de cooperación, no debiéramos enfrentar ningún problema en el sentido de que el Acuerdo no sea compatible con el respeto del derecho a la privacidad.
Lo que se busca es resaltar la importancia de prevenir y combatir el delito grave, en particular en lo referente a actos terroristas, y, por supuesto, al mismo tiempo resguardar los derechos y las libertades fundamentales de cada ciudadano, sobre todo en materia de privacidad.
En el órgano técnico acogimos por unanimidad el proyecto aprobatorio del acuerdo de cooperación con los Estados Unidos, y sería muy conveniente que la Sala hiciera otro tanto.
--Se aprueba el proyecto de acuerdo, dejándose constancia, para los efectos del quórum constitucional requerido, de que 30 señores Senadores se pronuncian a favor y de que se registran 3 abstenciones.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Goic, Muñoz, Lily Pérez, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Bianchi, Chahuán, Coloma, Espina, García, García-Huidobro, Guillier, Horvath, Lagos, Hernán Larraín, Letelier, Montes, Orpis, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quinteros, Rossi, Tuma, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
--Se abstuvieron los señores De Urresti, Navarro y Quintana.
Señora Presidenta, solo quiero agradecer a las distinguidas y distinguidos Senadores por la aprobación del proyecto, el que reviste mucha importancia para la inserción internacional de Chile.
Mediante este instrumento, accedemos a un programa en que participa un grupo muy selecto de naciones, situación que da cuenta de la buena imagen y el buen posicionamiento de nuestro país. Por tanto, lo consideramos de alto beneficio para nuestros intereses.
Por ello, reitero mis agradecimientos a las señoras y señores Senadores por su votación.
Quiero saludar a los alumnos de segundo medio y a los profesores del Liceo José Victorino Lastarria, de Rancagua, quienes nos acompañan hoy día en las tribunas.
Asimismo, saludo a la Ministra de Vivienda y Urbanismo, señora Paulina Saball, quien se encuentra en el Hemiciclo. Y aprovecho de solicitar la anuencia de la Sala para que ingresen los asesores que la acompañan, doña Jeannette Tapia y don Enrique Rajevic.
Antes de entrar al siguiente proyecto, ha solicitado hacer uso de la palabra el Honorable señor Lagos.
Señora Presidenta, pido que se recabe la autorización para que la Comisión de Hacienda pueda funcionar mañana, en forma paralela a la Sala, durante la sesión ordinaria de la tarde, a fin de despachar los dos únicos proyectos pendientes que le restan. La señora ALLENDE (Presidenta).-
No creo que haya problema en acceder a lo solicitado, pues resulta necesario despachar esas dos iniciativas, que son muy importantes.
Pasamos al siguiente proyecto.	Boletín N°
8828-14
Proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones en materia de afectaciones de utilidad pública de los planes reguladores, con segundo informe de la Comisión de Vivienda y Urbanismo, informe de la Comisión de Hacienda y urgencia calificada de "suma".
Sesiones 85ª, en 14 de enero de 2014 (vuelve a la Comisión para ser discutido en general y en particular); 25ª, en 17 de junio de 2014 (queda pendiente la discusión general); 26ª, en 18 de junio de 2014 (se aprueba en general); 44ª, en 3 de septiembre de 2014 (queda para segunda discusión).
Esta iniciativa fue aprobada en general por la Sala en su sesión del 18 de junio de 2014 y el 3 de septiembre se pidió segunda discusión para su debate en particular.
La Comisión de Vivienda y Urbanismo deja constancia, para efectos reglamentarios, de que el artículo 1°, números 1), 3), 4) y 9); el artículo 2°, números 2) y 3), y el artículo 3°, números 1), 2), 3) -que pasa a ser 4)- y 4) -que pasa a ser 5)- no fueron objeto de modificaciones ni de indicaciones. Estas disposiciones deben darse por aprobadas, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador, con el acuerdo unánime de los presentes, solicite su discusión y votación.
Cabe señalar que los artículos 2°, números 2) y 3), y 3°, números 1), 2), 3) -que pasa a ser 4)- y 4) -que pasa a ser 5)- son de rango orgánico constitucional, por lo que requieren para su aprobación 22 votos favorables.
La Comisión de Vivienda y Urbanismo, además, efectuó diversas enmiendas al texto aprobado en general, las que aprobó por unanimidad, con excepción de una de ellas, la que será puesta en discusión y votación oportunamente.
La Comisión de Hacienda, por su parte, deja constancia de que introdujo modificaciones al texto propuesto por la Comisión de Vivienda y Urbanismo para el artículo transitorio de la iniciativa, las que, en virtud del artículo 121 del Reglamento, aprobó por la unanimidad de sus miembros presentes.
Cabe recordar que las enmiendas unánimes deben ser votadas sin debate, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador manifieste su intención de impugnar la proposición de la Comisión respecto de alguna de ellas o que existan indicaciones renovadas. De las enmiendas unánimes, las recaídas en el artículo 28 bis, propuesto por el numeral 2), y en el inciso segundo del artículo 59, reemplazado por el numeral 5), ambos del artículo 1°; en los números 1) y 4) del artículo 2°, y en el nuevo numeral 3) del artículo 3°, también tienen rango orgánico constitucional, por lo que requieren para su aprobación 22 votos favorables.
Las enmiendas recaídas en el artículo transitorio, norma que también es de rango orgánico constitucional, si bien son unánimes, difieren en su texto entre lo aprobado por la Comisión de Vivienda y lo despachado por la Comisión de Hacienda.
Sus Señorías tienen a la vista un boletín comparado que transcribe el texto aprobado en general, las enmiendas realizadas por la Comisión de Vivienda y Urbanismo, las modificaciones introducidas por la Comisión de Hacienda, y el texto final que resultaría de aprobarse estos cambios.
En definitiva, señores Senadores, en primer lugar correspondería dar por aprobados todos los artículos que no fueron objeto de modificaciones ni de indicaciones, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador, con el acuerdo unánime de los presentes, solicite su discusión y votación. Como señalé, algunos de ellos son de rango orgánico constitucional, por lo que se requieren para su aprobación 22 votos favorables.
Como hay normas de quórum, les voy a pedir a las señoras y señores Senadores que voten electrónicamente, para dejar constancia de la cantidad de votos.
--Quedan aprobadas las normas que no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones (30 votos), dejándose constancia de que se cumple el quórum constitucional requerido.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Goic, Muñoz, Lily Pérez y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Bianchi, Chahuán, Coloma, Espina, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Horvath, Lagos, Hernán Larraín, Letelier, Montes, Moreira, Navarro, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Rossi, Tuma, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
En la segunda discusión, tiene la palabra el Senador señor Montes.
Señora Presidenta, como titular de la Comisión de Vivienda, voy a hacer una introducción del tema que se va a debatir.
Quiero señalar que es muy importante la forma en que se construyan las ciudades de Chile. Se trata, ni más ni menos, de cómo se configuran las calles, las plazas.
Tenemos que, históricamente, los urbanizadores deben ceder espacios públicos en proporción al loteo. Esto no está en discusión. Lo que está en discusión es cómo se amplían los espacios de utilidad pública. Por ejemplo, hace 25 años Vicuña Mackenna tenía un ancho de 23 metros; ahora tiene 55 metros. Había una manera de ir haciendo las calles. Y ello, en todas las ciudades del país: las pequeñas y las grandes.
¿Cómo se llevó a cabo, históricamente, dicha ampliación? Los municipios, a través de los planes reguladores comunales y de los planes reguladores intercomunales, afectaban a utilidad pública, dejando una reserva de crecimiento para calles y otros espacios para plazas.
Sin embargo, pasaron años sin que se hiciera algo. El ejemplo que siempre se da es la calle Teatinos, que tenía afectación desde 1938.
Y además se reclamaba mucho que los dueños no recibían compensaciones y que sus propiedades quedaban congeladas.
Pues bien, el año 2004, creo, se cambió el sistema. Se dice que el plan regulador declara de utilidad pública un inmueble por un tiempo limitado. Vencido ese plazo, deja de tener ese carácter. Ahora bien, si en el período de declaración de utilidad pública el Estado o el municipio quiere que una calle se constituya, hay que expropiar. Si no lo hace, la afectación queda sin efecto.
En palabras muy simples, ese era el sistema.
En el Gobierno de Sebastián Piñera, el Ministro Pérez planteó que había que modificarlo, porque existían serios problemas en todas las calles, en todo Chile. Se iba a producir la caducidad en un tiempo por delante y, por lo tanto, iba a quedar sin efecto toda una manera de pensar el crecimiento y el desarrollo de las ciudades.
En ese contexto se inscribe el proyecto en discusión.
¿Qué hace el segundo informe de la Comisión de Vivienda? Introduce algunas enmiendas que paso a enumerar:
1) Se incorpora el principio de competencia de los instrumentos de planificación, que complementa los de jerarquía y supletoriedad. Ello supone algo tan obvio como que los aspectos de nivel comunal deben ser normados en los instrumentos de planificación comunal, y los intercomunales, en los planes intercomunales o metropolitanos.
2) Se crean los "planos de detalle" (nuevo artículo 28 bis), que permitirán graficar pormenorizadamente y de forma expedita los espacios declarados de utilidad pública. Se trata de una herramienta complementaria y permanente para el nivel de planificación intercomunal, porque un plan intercomunal señala los límites, pero no precisa los detalles. Y aquí hay lo que se define como "planos de detalle". Es una novedad muy valiosa que se incorpora en la Ley General de Urbanismo y Construcciones.
3) Se reemplaza el sistema compensatorio dispuesto originalmente en el proyecto de ley, que establecía la compensación al propietario por el detrimento ocasionado por la declaratoria en el valor del predio. En lugar de ese sistema, tan complejo, con la modificación introducida se pretende instaurar un sistema de compensación equilibrado entre el interés público y el privado, consistente en prescribir que, mientras se proceda a la expropiación o a la adquisición de los terrenos declarados de utilidad pública por el plan, los propietarios tendrán garantizado un nivel de aprovechamiento urbanístico que impida que sean privados del valor de su uso.
Para materializar este principio, se proponen ciertas reglas en el nuevo artículo 59 bis de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, dependiendo de si a la fecha de declaratoria existan o no construcciones en los terrenos.
a) En el primer caso, esto es, en terrenos con edificaciones, el propietario ya ha concretado las posibilidades de edificación que otorgaba el plan, por lo que se estima razonable asegurarle el derecho a mantenerlas en el mismo nivel en tanto no sea expropiado. En consecuencia, no podrá aumentar el valor constructivo, salvo en situaciones excepcionales. Además, se reconocen dos derechos adicionales:
i) Aumentar el volumen constructivo hasta dos pisos. ii) Reconstruir la edificación si esta hubiera quedado destruida por terremoto, incendio, etcétera.
b) En cuanto a los terrenos en que a la fecha de la declaratoria no existan construcciones, se permite la edificación de viviendas de hasta dos pisos de altura, conforme a las reglas que establezca la Ordenanza General (para el funcionamiento de pequeños talleres artesanales o el ejercicio de una actividad profesional).	4) Se refuerza el principio que originalmente contemplaba el artículo 88 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Se dispone que, tratándose de expropiaciones parciales, cuando una propiedad se valorice o desvalorice como consecuencia de este acto, deberá deducirse o imputarse en la indemnización el cambio de valor que adquiera la parte no expropiada a raíz de las nuevas obras que se realicen.
5) Se faculta a las direcciones de obras municipales para permitir nuevas construcciones en los terrenos afectos a utilidad pública, distintas de las autorizadas, siempre que el propietario del inmueble renuncie, por escritura pública, a toda indemnización o pago cuando se lleve a cabo la expropiación.
6) Se establece un sistema transitorio para afectar a utilidad pública los terrenos cuyas declaratorias caducaron en virtud de las disposiciones de las leyes N°s. 19.939 y 20.331, y que hayan sido destinados, como tales, por un plan regulador o seccional a vialidades, circulaciones, plazas y parques, incluidos sus ensanches. Por ley se establece como válida la afectación establecida en planes reguladores comunales o intercomunales.
El texto aprobado en general por la Sala fue objeto de 47 indicaciones, las cuales fueron analizadas por la Comisión de Vivienda en su segundo informe.
Las principales innovaciones introducidas por dicho organismo son tres:
Se modifica el artículo 99 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que también fue analizado por la Comisión de Hacienda, para establecer la exención del pago de contribuciones respecto de los terrenos declarados de utilidad pública, mientras la municipalidad o el Estado no haga efectiva la expropiación.
Se enmienda el artículo 121 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones a fin de facultar a las direcciones de obras municipales para permitir nuevas construcciones o alteraciones de las construcciones existentes en los terrenos afectos a utilidad pública, distintas de las autorizadas anteriormente.
Finalmente, el artículo transitorio fue modificado por ambas Comisiones. La de Vivienda y Urbanismo aprobó una disposición para establecer un sistema transitorio tendiente a afectar como de utilidad pública a terrenos cuyas declaratorias hayan caducado. Por ley se reviven las condiciones contenidas en planes reguladores comunales e intercomunales. Por su parte, la Comisión de Hacienda acordó agregar una oración con el objeto de prescribir que los anteproyectos aprobados y los permisos otorgados por las direcciones de obras municipales no se vean afectados por las declaratorias de utilidad pública. Por lo tanto, tendrán que sujetarse al régimen de expropiación en las nuevas condiciones.
Termino con una idea, señora Presidenta.
El proyecto resuelve la situación que hoy existe en cuanto a que pueden perder su condición de utilidad pública vialidades, ensanches, parques, plazas. Sin embargo, queda pendiente un problema que -deseo advertirlo- estará en el centro del debate en unos años más: cómo financia el Estado. El Estado no se halla en condiciones de financiar todos los ensanches, todos los espacios, de Arica a Punta Arenas. Por eso, varios países tienen un fondo para estos efectos (construcción de vialidades, plazas, etcétera), que muchas veces se forma a partir de las ganancias que obtiene el urbanizador a raíz de la plusvalía obtenida como consecuencia de las obras que otros realizan.
Tenemos que resolver ese problema, pues, de lo contrario, como los recursos son limitados, las pequeñas ciudades pueden verse perjudicadas al concentrarse los aportes públicos para expropiaciones en las grandes urbes.
Es cuanto puedo informar, señora Presidenta, de manera rápida y sintética.
No se preocupe, Su Señoría. Sin duda, ha dado un excelente informe en su calidad de Presidente de la Comisión de Vivienda.
A continuación, corresponde votar todas aquellas enmiendas aprobadas unánimemente en la Comisión.
En estricto rigor, no es necesario referirse a ellas, pero no quiero coartar la libertad de las señoras y los señores Senadores.
Eso sí, les pido que sean lo más breves posible, porque hay una larga lista de inscritos.
El señor Secretario explicará la votación que se llevará a cabo ahora.
Señores Senadores, reitero lo que indiqué en la relación: corresponde votar sin debate las enmiendas acordadas de manera unánime en la Comisión. Entre ellas, existen normas de quórum orgánico constitucional que requieren 22 votos favorables para su aprobación.
Votémoslas altiro.
Posteriormente, la Sala debe votar aparte una modificación aprobada solo por mayoría en la Comisión de Vivienda (cuatro votos a favor y una abstención), tal como se explicó en la relación.
Y, finalmente, otra enmienda acordada en forma unánime por la Comisión que la Sala también debe votar aparte es la recaída en el artículo transitorio del proyecto, pues el texto aprobado por la Comisión de Vivienda difiere del que despachó la de Hacienda.
De consiguiente, estamos hablando de tres votaciones.
Entonces, corresponde pronunciarse respecto a las normas acogidas unánimemente por la Comisión, algunas de las cuales son de quórum especial.
Señor Presidente, quiero defender este proyecto, sobre todo porque ya tengo cierta experiencia en la materia y pedí un informe a la Seremía de Vivienda acerca de lo que ocurre en la región completa.
Lo que nosotros vivimos en la Segunda Región es un desarrollo urbano muy vertiginoso, muy caótico, muy desordenado y contamos con una sola vía que cruza toda la ciudad de lado a lado. El resto de las calles terminan en nudos ciegos, producto de que no se ha tomado la prevención de reservar espacios para crecer.
Lo mismo se produce en la ciudad de Calama -por ejemplo, en la avenida Circunvalación o en la vía estructurante Topáter- y, a su vez, en Tocopilla, donde todas las declaratorias de utilidad pública han caducado.
No necesito puntualizar que en el caso de la comuna de Santiago 79 por ciento de los terrenos declarados como espacios públicos urbanos ya caducaron, lo que equivale a más de 4 mil 500 hectáreas. Esto agudiza el problema de un desarrollo urbano con una mínima armonía.
La dificultad fundamental no solo radica en la falta de espacios verdes en muchas ciudades de Chile, sino además en la existencia de calles y vías estructurantes interrumpidas.
Por consiguiente, estamos ante un problema urgente de abordar, y, de no efectuar una regulación, seguirá agudizándose.
En razón de la urgencia del tema y aun cuando hay una serie de aspectos que uno echa de menos en la presente iniciativa -entiendo que se va a completar más adelante con otro proyecto del Ministerio de Vivienda y Urbanismo-, solicito a la Sala que la apruebe en particular, más todavía considerando la situación que se vive en muchas ciudades del país.
Señor Presidente, nosotros vamos a aprobar este proyecto ya que, sin duda alguna, tiende a resolver un problema.
Antes de 2004, todo el desarrollo de las ciudades se hacía a través de declaratorias de utilidad pública absolutamente indefinidas, cuyo costo debía asumir el propietario del terreno.
En el 2004 se modifica sustancialmente la normativa y se establece un plazo de caducidad.
Claramente ese sistema fracasó, puesto que puso a todas las ciudades en una situación -como indicó el Senador Guillier- de nudo ciego, dado que, caducado dicho plazo, no había posibilidad alguna de resolver los problemas de ciudad.
Entonces, ¿cómo hacerlo para, atendiendo el bien común y el interés de la ciudadanía, no avasallar los derechos del propietario?
Ese punto debemos resolver.
A diferencia de lo que sucede en materia de obras públicas, respecto a las cuales el Ministerio del ramo puede expropiar, en lo referente a zonas urbanísticas ello es extremadamente difícil porque tenemos 380 comunas y, en consecuencia, se viven 380 situaciones distintas. Y aunque redujéramos esto a las 100 o 150 principales comunas del país, también resultaría inviable expropiar con recursos del Estado.
Por consiguiente, se llegó al acuerdo de dejar esas caducidades sin efecto para que los terrenos vuelvan a ser declarados de utilidad pública. Y mientras ello se tramita bajo una serie de precisiones, con los planos de detalle -como explicó el Senador Montes- y se procede en ese período a la expropiación, se establecen determinadas mitigaciones para el propietario. ¿Cuáles? Si existe alguna construcción en ese tramo, el dueño puede mantenerla y, por ejemplo, repararla -lo que antes no era posible-, a fin de realizar una actividad comercial. Aún más: de cumplirse una serie de requisitos, la Dirección de Obras Municipales puede autorizar construcciones adicionales.
¿Qué pasa en un terreno donde no existen edificaciones? La ley permite construir viviendas de hasta dos pisos y también, en virtud de la norma supletoria, esa Dirección puede autorizar edificaciones adicionales. Asimismo, en razón de una indicación que presentó el Gobierno a propósito de la discusión general, todas aquellas personas cuyas propiedades sean declaradas de utilidad pública quedarán exentas del pago de contribuciones de bienes raíces.
Esa es una manera de morigerar el impacto que sufre el propietario cuando, por razones de bien común, por razones de desarrollo de la ciudad, su propiedad o su terreno son declarados de utilidad pública.
La Comisión de Hacienda, a mi juicio certeramente, mejora el texto aprobado por la de Vivienda en el artículo transitorio, al expresar que las declaratorias de utilidad pública se mantendrán caducadas en el caso de aquellos propietarios que tengan anteproyectos o permisos de construcción aprobados por las direcciones de obras municipales y, por lo tanto, se respeta el derecho expresado en esos casos.
Algunos planteaban que la aprobación de un anteproyecto también requiere un procedimiento previo ante la municipalidad respectiva, muchas veces engorroso, pero la única manera de objetivar adecuadamente este beneficio era la utilización de anteproyectos o permisos de construcción ya aprobados.
Por lo tanto, la Comisión de Hacienda mejoró el texto que nosotros despachamos en la de Vivienda, al dar la oportunidad a los propietarios que realicen un trabajo de que su proyecto no será echado abajo en razón de la norma que hace que rija nuevamente la declaración de utilidad pública.
Esta iniciativa es indispensable en el breve plazo, debido a que la mayoría de las caducidades tendrán su expresión, si la memoria no me engaña, en el mes de febrero del próximo año y, por ende, no podemos condenar a nuestras ciudades.
Siempre es discutible y opinable cómo podemos mejorar las mitigaciones al propietario, pero creo que se ha llegado a una fórmula sensata que permite conjugar el interés de la ciudadanía con la protección adecuada de los derechos del propietario, quien, además, tiene todos los recursos legales, jurisdiccionales y administrativos para...
Decía que el propietario tiene a su disposición todos los recursos legales, jurisdiccionales y administrativos para defender su interés, el cual, además, queda resguardado adecuadamente, toda vez que se exigirá, a diferencia de lo que ocurría en la normativa original, los respectivos planos de detalle, a fin de saber para qué se va a hacer el trazado y cuál será con exactitud.
Siempre las iniciativas son perfectibles. Pero, si esta logra ser aprobada y promulgada antes del mes de diciembre, creo que resolveremos los problemas que sobre esta materia tienen muchas de nuestras ciudades.
Señor Presidente, como señalé con motivo de la discusión en general de este proyecto, los efectos de la ley N° 19.939 han sido nefastos, puesto que el establecimiento de plazos para materializar las expropiaciones impide a los municipios y a los gobiernos regionales disponer de los terrenos necesarios para la vialidad y esparcimiento de la población, toda vez que por su falta de recursos opera la caducidad de la declaratoria de utilidad pública y, con ello, la desafectación de predios de alto valor para las ciudades.
En los hechos, con la ley vigente el Estado tiene menos atribuciones para regular el territorio, cuando lo que se requiere es dotar a los municipios y a los gobiernos regionales de herramientas eficaces para planificar su territorio sin estar condicionados a la disponibilidad de recursos.
La presente iniciativa repone el carácter indefinido de la declaratoria de utilidad pública, tal como existía hasta antes de 2004, pero agrega nuevos requisitos para que los dueños puedan utilizar y aprovechar sus propiedades mientras no se materialice la expropiación.
En general, estoy de acuerdo con tal criterio, más equilibrado con respecto a lo que regía con anterioridad. Sin embargo, debo manifestar mi disconformidad con una de las enmiendas aprobadas por la Comisión.
Se trata de la modificación al artículo 99 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones que exime del impuesto territorial a la parte de los terrenos afectos a expropiación. Este beneficio me parece demasiado amplio. Cabe señalar que el artículo 99 actual dispone la suspensión del pago del impuesto territorial, pero agrega: "siempre que dichos terrenos no generen renta alguna", frase que se elimina en el proyecto que se propone aprobar.
Tal como está, el cambio propuesto puede eximir en forma indebida a construcciones que se encuentren habilitadas y en plena explotación, probablemente por varios años.
La exención tendría sentido si el terreno no fuera explotado. No obstante, la nueva norma no distingue esos casos.
Debe recordarse que el impuesto territorial es un tributo de carácter patrimonial. Por lo tanto, si el avalúo se ve afectado por la declaratoria de utilidad pública, esto se verá reflejado en el impuesto por pagar. Pero, si el inmueble mantiene sus atributos para generar renta y los sigue produciendo, no veo razón alguna para eximirlo de aquel.
Hay que tener presente que muchas de estas líneas de expropiación normalmente se consagran para el ensanche de avenidas ya consolidadas cuyas propiedades sean de uso comercial o industrial, por lo que la exención propuesta beneficiaría principalmente a este tipo de contribuyentes y no a propietarios de viviendas.
Como se sabe, el impuesto territorial es uno de los pocos tributos de beneficio municipal. Por lo tanto, todo lo que incida en los ingresos propios de los municipios amerita el análisis de sus efectos presupuestarios, tal como ocurre cada vez que se afectan los recursos fiscales. En este caso, analizamos tal modificación sin estimación alguna de los menores ingresos que recibirían tanto los municipios involucrados como el Fondo Común Municipal con la aprobación de esta iniciativa.
Cabe consignar que esta exención es uno de los varios derechos que se reconocen en el proyecto de ley en favor de los propietarios de bienes raíces afectos por declaratorias de utilidad pública.
Estoy de acuerdo con el resto de los derechos establecidos, tal como construir una vivienda de hasta dos pisos, reconstruirla en caso de destrucción por caso fortuito y obtener que se fijen con exactitud los trazados de las superficies afectas a expropiación a través de los planos de detalle, entre otros beneficios.
Sin embargo, me parece un exceso consagrar una exención del impuesto territorial sin límite, aun cuando la propiedad sea explotada.
En consecuencia, atendida la urgencia de aprobar esta iniciativa, ya que varias declaratorias de utilidad pública caducarán en febrero próximo, solicito a la Sala que apruebe la agregación al inciso primero del artículo 99 de la frase: "siempre que dichos terrenos no generen renta alguna".
Señor Presidente, creo que este proyecto tiene bastante trascendencia. Y, efectivamente, la historia de lo sucedido con relación a la declaratoria de utilidad pública ya se ha contado acá.
En un principio era generalizado que se pudieran declarar de utilidad pública grandes extensiones, muchas veces porque no existían ni limitación ni plazo. Por ejemplo, me tocó recoger la reclamación de muchos vecinos de las comunas de Pudahuel, Lo Prado, Cerro Navia, con motivo de la declaratoria de utilidad pública de una avenida de más de 30 metros de ancho para el atravesado de torres de alta tensión, lo cual significaba que 3 mil a 4 mil viviendas sociales quedaran afectas a expropiación. Y el problema de las personas en ese tiempo era que con tal declaratoria no podrían disponer de sus viviendas: la expropiación era de plazo indefinido, como para poder remplazarla por otra; no se posibilitaba sacar permisos ni siquiera para instalar un pequeño negocio; no se permitía efectuar construcciones o ampliaciones de cualquier tipo. Se encontraban totalmente limitadas en sus derechos.
El reclamo no era de sectores de altos ingresos, sino de gente de muy bajos recursos.
Eso se hizo porque, en numerosas oportunidades, no coincidió la construcción de viviendas sociales o expansiones, como operaciones de sitio, etcétera, con otros tipos de declaratorias de utilidad pública.
Entonces, se promulgaron las leyes números 19.939 y 20.331 y se pasó a otro tema. Se dijo: "Mire, ahora va a existir un plazo, vencido el cual caducarán todas las declaratorias de utilidad pública". Y ello provocó la situación que hoy existe.
Esta iniciativa pretende regular nuevamente la situación, y creo que se ha logrado algo mucho mejor que lo existente antes de tales leyes, en el sentido de que ahora se establece un mecanismo que permite que la persona pueda gozar, mientras no sea afectada por la expropiación, de permisos municipales.
Pero, efectivamente -tenemos que reconocerlo-, la persona que se encuentre en esa situación quedará limitada en el derecho de su dominio, porque le será muy difícil transferir su propiedad o disponer de ella de cualquier forma. Eso sí, se permite la realización de construcciones de hasta dos pisos y, además -recojo lo que decía el Senador Montes-, en parte se establece que, si el día de mañana hay una declaratoria de utilidad pública y se debe proceder a la expropiación de parte de un terreno, se impute al valor de la expropiación, de la indemnización, el mayor valor que haya adquirido la propiedad en virtud de la obra pública de que se trate.
Eso sí, en la Comisión de Hacienda presenté una indicación -que fue patrocinada por todos los miembros de la Comisión-, en el sentido de respetar los anteproyectos aprobados y los permisos otorgados por la Dirección de Obras Municipales. Eso también fue aceptado, y recibió el apoyo de la propia Ministra de Vivienda.
Pienso que con eso se soluciona en parte importante lo que dispone el inciso primero del artículo transitorio, que revive las caducidades que se habían declarado por ambas leyes que citamos. Y creo que con la agregación de ese inciso, de ese párrafo, le damos una solución.
Ahora, respecto a lo señalado por el Senador Montes, creo que tiene razón.
Muchas veces aquí se realizan obras e inversiones públicas que elevan el valor de los terrenos o las propiedades. Por ejemplo, cuando se extiende una línea del metro. Indiscutiblemente, sabemos que todo eso adquiere un mayor valor.
Asimismo, si el día de mañana se declara urbano un sector rural, los predios que lo comprenden aumentarán su valor por ese solo hecho.
De otro lado, en la reforma tributaria se propuso establecer el impuesto a la ganancia de capital. Así, cuando las personas obtengan una ganancia por la venta de propiedades, habrá mayor rendimiento recaudatorio.
Si no encontráramos una solución desde una perspectiva constitucional, podríamos generar un fondo con los recursos provenientes de dicho gravamen para afrontar las expropiaciones que deben realizarse con el fin de ejecutar obras públicas en los terrenos con declaratoria de utilidad pública.
Ahora bien, nosotros no estamos habilitados para hacer eso. Las disposiciones consagradas en la Carta Fundamental no permiten la destinación de impuestos a propósitos específicos.
Habría que ver con el Ejecutivo, con ocasión del debate en torno al tributo a la ganancia de capital, la manera de crear dicho fondo con parte de esa recaudación tributaria, sin perjuicio de los perfeccionamientos que hagamos después para gravar¿
¡No lo corte, señor Presidente, sobre todo en esa parte del discurso!
Le doy un minuto adicional, Honorable señor Zaldívar, para que termine su exposición.
Decía que, a mi juicio, parte del impuesto a la ganancia de capital debiera destinarse al fondo mencionado. Habría que resolver de qué modo damos solución constitucional a esta materia. Pero tendríamos que establecer un mecanismo para que también vaya a ese fondo parte de la recaudación tributaria por ganancia de capital generada por obras públicas o por declararse urbano un terreno rural.
Debemos crear una legislación que haga factible lo que estamos despachando hoy. Si no, aquí quedará aprobado un principio solamente y el día de mañana habrá un montón de terrenos con declaratoria de utilidad pública en los que no será posible ejecutar las obras correspondientes.
Voto a favor, señor Presidente. Creo que esta iniciativa avanza en términos positivos.
Hago presente que hay cinco señores Senadores inscritos para intervenir.
Están en votación las enmiendas aprobadas unánimemente por la Comisión de Vivienda, algunas de las cuales requieren quórum especial para su aprobación, el que ya se logró.
Ante ello, pido la autorización del Senado para cerrar la votación, sin perjuicio de mantener la lista de parlamentarios inscritos, con el fin de permitir que los colegas concurran a las sesiones de las Comisiones autorizadas para funcionar en paralelo con la Sala.
O sea, ¿se hará una sola votación?
Una sola votación al final.
¡No! ¡Una sola votación ahora!
Bueno. Ello, sin perjuicio de que quienes quieran intervenir después lo puedan hacer.
Entonces, ¿cuántas votaciones quedan?
Dos más, señor Senador, luego de terminar esta.
El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario, para que explique qué estamos votando.
Ahora está en votación el conjunto de las enmiendas que fueron acordadas por unanimidad en la Comisión de Vivienda y Urbanismo, algunas de las cuales, como se señaló, requieren quórum especial para su aprobación. Y hago presente que este ya se alcanzó.
De otro lado, quedan dos votaciones, las que podrían reducirse.
Hay una modificación que se aprobó por 4 votos a favor y una abstención (página 12 del boletín comparado). Tal enmienda, como fue aprobada por mayoría, debe votarse aparte.
Y la otra, que sí podría incluirse en la votación en curso, si así lo quieren Sus Señorías, es la del artículo transitorio, donde existe diferencia entre el texto aprobado por la Comisión de Vivienda y el despachado por la de Hacienda. De lo observado en el debate, me parece que habría acuerdo para respaldar lo acordado por este último órgano técnico.
Si hubiera unanimidad, podríamos incluir en la presente votación todos los artículos individualizados por el señor Secretario.
--Se aprueban las enmiendas acordadas por unanimidad por la Comisión de Vivienda y Urbanismo; la letra b) del inciso primero del artículo 59 bis, contenido en el número 6) del artículo 1° del proyecto -acordada por 4 votos a favor y una abstención-, y el artículo transitorio aprobado por la Comisión de Hacienda (34 votos afirmativos), dejándose constancia de que se reunió el quórum constitucional exigido, y queda despachada la iniciativa en este trámite.
Votaron las señoras Goic, Muñoz, Lily Pérez, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Araya, Bianchi, Chahuán, De Urresti, Espina, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Horvath, Lagos, Hernán Larraín, Letelier, Montes, Moreira, Navarro, Orpis, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Quinteros, Rossi, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar. --(Aplausos en la Sala).
El señor TUMA (Vicepresidente).- Se dejará constancia de la intención de voto favorable de la Presidenta del Senado, señora Allende.
La señora SABALL (Ministra de Vivienda y Urbanismo).-
Señor Presidente, el 87 por ciento de los chilenos y las chilenas vive en ciudades. Y el proyecto de ley que se acaba de aprobar guarda relación con la integración, la inclusión social y la calidad de vida de nuestras ciudades.
Los espacios públicos, las vialidades, son los lugares por los cuales circulan cotidianamente todos nuestros compatriotas.
Quiero agradecer a cada uno de los Senadores que votaron a favor esta iniciativa, que participaron en su discusión y que enriquecieron sustantivamente la legislación urbana que hoy rige en Chile.
Después de la votación registrada esta tarde, tenemos mayores garantías de que nuestras ciudades seguirán siendo un espacio de inclusión social.
Asumo la responsabilidad como Ejecutivo en la tarea de continuar debatiendo sobre cómo ir concretando obras en esos espacios públicos y esas vialidades a través de inversiones.
Se halla en trámite en la Comisión de Vivienda del Senado otro proyecto de ley, muy vinculado al que ahora aprobó la Sala, que establece un sistema de aportes al espacio público. Creo que ahí se abre una discusión importante con respecto al financiamiento. Sin duda alguna, también nos cabe responsabilidad en la ejecución de las obras urbanas, en el uso de los recursos públicos y en la habilitación de los espacios que permitan la convivencia ciudadana.
Agradezco profundamente a los Senadores y las Senadoras, en especial a los integrantes de las Comisiones de Vivienda y de Hacienda, quienes enriquecieron la iniciativa.
El señor TUMA (Vicepresidente).- ¡Felicitaciones, señora Ministra!
Corresponde tratar el proyecto de reforma constitucional, iniciado en moción de los Senadores señores Harboe, Araya, Lagos, Larraín y Tuma, en primer trámite constitucional, que consagra el derecho a la protección de los datos personales, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
--Los antecedentes sobre el proyecto (9.384-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En primer trámite (moción de los Senadores señores Harboe, Araya, Lagos, Larraín y Tuma): sesión 24ª, en 11 de junio de 2014.
El objetivo de la iniciativa es consagrar constitucionalmente el derecho a la protección de los datos personales y el derecho a la autodeterminación informativa, esto es, la facultad de las personas a controlar sus datos personales.
La Comisión de Constitución deja constancia de que el proyecto de reforma, no obstante ser de artículo único, fue discutido solamente en general, y propone a la Sala proceder de la misma manera, con el objeto de otorgar a los señores Senadores que no participaron en su análisis la oportunidad de perfeccionar y enriquecer la iniciativa con ocasión del segundo informe.
Dicho órgano técnico aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables señores Araya, De Urresti, Harboe y Larraín.
El texto que se propone aprobar se transcribe en la página 24 del primer informe de la Comisión de Constitución y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición,
Cabe considerar que, para aprobar este proyecto de reforma constitucional, se requiere el voto conforme de las dos terceras partes de los Senadores en ejercicio, esto es, de 25 votos favorables.
Señora Presidenta, en representación de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, paso a informar sobre el proyecto de reforma constitucional que consagra el derecho a la protección de los datos personales.
A las sesiones del órgano técnico, durante la discusión general, asistieron especialmente invitados la señora Subsecretaria de Economía, el señor Contralor General de la República, el señor Presidente del Consejo para la Transparencia, el señor Presidente del Capítulo Chileno de la Organización de Transparencia Internacional y el Presidente de la Fundación Pro Acceso.
Igualmente, concurrieron el Subjefe de la División Jurídica de la Contraloría General de la República, señor Pedro Aguerrea; el Contralor Regional de Valparaíso; el Director General del Consejo para la Transparencia, y el Jefe subrogante de la Unidad de Normativa y Regulación del referido Consejo.
El artículo 8° de la Constitución Política establece: "Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional.".
Luego, el artículo 19, numeral 4°, asegura: "El respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia".
Los antecedentes legales son: -Ley Nº 19.628, sobre Protección de la Vida Privada.
-Ley Nº 19.423, que modifica el Código Penal sobre los delitos contra el respecto y la protección de la vida privada y pública de la persona y la familia. -Ley Nº 20.575, que establece el principio de finalidad en el tratamiento de datos personales.
-Y ley Nº 20.285, sobre Acceso a la Información Pública.
Esta iniciativa tuvo su origen en una moción presentada por los Senadores señores Araya, Lagos, Hernán Larraín, Tuma y quien habla.
El propósito -reitero- es consagrar el derecho a la protección de los datos personales.
En la fundamentación de la moción señalamos que la normativa y los organismos que velan por la protección de datos personales en el país se han visto severamente cuestionados por la falta de certezas sobre el tratamiento del flujo de información referida a las personas. Agregamos que se carece de una institucionalidad específica e independiente que sirva para cautelar efectivamente los derechos asociados al tratamiento de esa información, lo que ha generado graves cuestionamientos por parte de la sociedad civil, el mundo académico y el periodismo de investigación.
Seguidamente, recordamos que las regulaciones en materia de datos personales son profusas y de larga data en la mayoría de los países pertenecientes a la Organización para el Comercio y el Desarrollo Económico (OCDE).
De hecho, se puntualiza que la expresión de lo anterior son las "Recomendaciones" de la OCDE de 1980 y la Convención N°108 del Consejo de Europa, de 1981. Y se añaden que en esta materia también ha intervenido la jurisprudencia europea frente a los problemas que generan los megaprocesadores de información personal para propósitos comerciales.
Así, la jurisprudencia ha ampliado el sentido primario del derecho de la privacidad hacia la protección de los datos personales o la llamada "autodeterminación informativa".
Asimismo, en el año 1995, mediante una directiva del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea relativa a la "protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos", se establecieron las bases para la legislación europea en esta materia.
Se recordó que la referida normativa ha tratado de compatibilizar el derecho a la vida privada con la libertad económica y ha definido que la protección de datos es un derecho de tercera generación.
Este criterio ya ha sido recogido en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional de España y del Tribunal Constitucional de Alemania, que en 1983, en el caso sobre la Ley del Censo, valoró como atendible el "riesgo que la informática, y las infinitas posibilidades que esta técnica ofrece para el tratamiento, almacenamiento y entrecruzamiento de datos personales, implica para la intimidad y el pleno disfrute de los derechos de los ciudadanos".
Esta reforma se vincula con el derecho a la autodeterminación informativa, esto es, la facultad de las personas a controlar sus datos personales, incluso si estos no se refieren a su intimidad.	Seguidamente, recordamos, por ejemplo, que el profesor Humberto Nogueira Alcalá, destacado constitucionalista nacional, define el habeas data como un derecho que asiste a toda persona a solicitar administrativa y judicialmente la exhibición de registros o bases de datos -públicos o privados- en los cuales estén incluidos antecedentes personales o de su familia para tomar conocimiento de su exactitud, para requerir su rectificación o superación, para complementarlos o para pedir su reserva. Este derecho, tal como se consideró en un proyecto del Senador señor Pizarro, debe ser legislado con rango constitucional, por encontrarse dentro de las más frecuentes amenazas al derecho a la vida privada y la honra de la persona y su familia, en especial en un mundo donde los negocios en gran escala cruzan con rapidez la esfera de las jurisdicciones de los países y la regulación legal no siempre puede ser lo suficientemente exhaustiva para garantizar su tutela.
Luego, hicimos presente que la Constitución chilena recoge, en su artículo 19, número 4º, "El respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia", lo que se conoce en términos generales como "el derecho a la intimidad". Recordamos que en el año 1999 se reguló de manera orgánica este derecho con la dictación de la ley Nº19.628, sobre protección de datos de carácter personal, y también con la publicación del artículo único de la ley Nº 19.423, que modifica el Código Penal sobre los delitos contra el respeto y la protección a la vida privada y pública de la persona y la familia.
Para alcanzar ese objetivo es importante consagrar en nuestra Carta la protección de los datos personales, tal como se desprende de la tendencia jurisprudencial de varias cortes constitucionales europeas y de nuestro propio Tribunal Constitucional. Al respecto, cabe mencionar las sentencias roles acumulados Nos 1732-10 y 1800-10, de fecha 21 de junio de 2011, mediante las cuales dicho Tribunal reconoce por primera vez -y marca una evolución de la jurisprudencia constitucional- que la vida privada "asegura a todas las personas el amparo de la injerencia de terceras personas, procurando así el pleno ejercicio de la libertad personal sin interferencias ni intromisiones o presiones indebidas" y que "la protección de la vida privada de las personas guarda una estrecha relación con la protección de los datos personales, configurando lo que la doctrina llama derecho a la autodeterminación informativa".
A partir de lo anterior, expresamos que se trata de un derecho constitucional autónomo, que, si bien reconoce su origen en el derecho a la intimidad, está dotado de un contenido diferente, tal como lo ha reconocido el artículo 1-51 del proyecto de constitución europea.
De igual forma, en el ámbito de los países latinoamericanos destacan: el artículo 15 de la Carta Fundamental colombiana, que consagra este derecho; el artículo 92 de la Constitución de Ecuador, y el artículo 16 del Texto Fundamental mexicano. Normativas similares se han establecido también en Uruguay, en la República Federal de Brasil y en Paraguay.
Por lo tanto, la tendencia moderna internacional es a la consagración constitucional del derecho a la protección de los datos personales.
En virtud de estas consideraciones, en la moción proponemos agregar el siguiente texto en el numeral 4º del artículo 19 de la Carta: "Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales y obtener su rectificación, complementación y cancelación, si estos fueren erróneos o afectaren sus derechos, como asimismo a manifestar su oposición, de acuerdo con las disposiciones establecidas en la ley.
"Su tratamiento sólo podrá hacerse por ley o con el consentimiento expreso del titular.".
Este proyecto llega a la Sala luego de haberse realizado la discusión general en la Comisión, donde se contó con la participación de representantes del Ejecutivo. Estos manifestaron su plena concordancia con la disposición constitucional que se pretende introducir por medio de esta iniciativa y con el anteproyecto de ley que se encuentra en consulta pública a través del Ministerio de Economía, que busca establecer una regulación basada, principalmente, en el principio de que la protección de los datos personales es un derecho que asiste a las personas y no necesariamente a las instituciones.
Se contó con la participación de abogados especialistas, como el ex Presidente del Consejo para la Transparencia don Juan Pablo Olmedo y el Presidente actual de dicho organismo, señor Jorge Jaraquemada, todos los cuales manifestaron su conformidad con esta reforma constitucional.
Finalmente, en la última sesión de la Comisión, tuvimos la comparecencia del señor Contralor General de la República, quien, además de manifestar su acuerdo con el proyecto, planteó algunos mecanismos para perfeccionarlo, a efectos de evitar que las labores propias de la Contraloría pudiesen verse afectadas por una interpretación extensiva del derecho en comento.
Por todo lo anterior, señor Presidente, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento aprobó la idea de legislar en esta materia por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Araya, De Urresti, Larraín y quien habla.
Por eso, le solicitamos a la Sala que apruebe la idea de legislar, a fin de iniciar pronto la discusión particular de la iniciativa.
Como este es un proyecto de reforma constitucional y para aprobarla se requiere un mínimo de 25 votos favorables, si le parece a la Sala, se abrirá la votación, ya que en este momento tenemos número suficiente de Senadores.
¡Siempre que votemos a favor¿!
Señor Presidente, solicito autorización para que la Comisión de Agricultura funcione simultáneamente con la Sala a partir de las 19. Hemos sufrido una serie de inconvenientes en la búsqueda de la mejor hora para reunirnos. La hemos cambiado para trabajar desde las 19 en adelante. Y tenemos muchos proyectos importantes para nuestro país que requieren que la Comisión funcione, y bien. De ahí mi petición, señor Presidente.
¿Accede la Sala a lo solicitado?
Señor Presidente, Honorable Senado, no puedo estar más de acuerdo con el proyecto de reforma constitucional para el cual se nos convoca en esta oportunidad, toda vez que en 2008, junto con otros nueve Diputados, presenté una iniciativa similar, la cual, como la gran mayoría de las mociones, aún se encuentra en tramitación (en este caso, en la Cámara Baja), con el boletín N° 5.883-07.
Tres de los parlamentarios que me acompañaron a suscribir esa iniciativa pertenecen hoy a esta Alta Corporación: los Senadores señores Patricio Walker, Jaime Quintana y Pedro Araya.
En la exposición de motivos del citado proyecto señalé lo siguiente: "El derecho a la protección a los datos personales, con la evolución tecnológica ha ido variando profundamente, por lo que resulta imperioso ampliar su ámbito de protección, así como establecer adecuados instrumentos de tutela jurídica, ya que con el advenimiento de la informática, que se ha convertido en un instrumento fundamental para el desarrollo de la sociedad, toda persona registrada en un banco de datos, se encuentra expuesta a una vigilancia continua e inadvertida que indudablemente afecta, o puede afectar, los aspectos más sensibles de su vida privada, por lo cual se comienza a exigir un reconocimiento sobre su uso y control de sus datos.
"La protección de la intimidad frente a los sistemas informáticos no implica de modo alguno impedir el proceso electrónico de intercambio de informaciones, absolutamente necesario, como se ha dicho, para el funcionamiento de todo Estado moderno, sino que busca el aseguramiento democrático y con pleno respeto de los derechos humanos, de la información tecnológica.
"De esta forma, si un derecho a la intimidad en la vida del ser humano ha sido perfectamente viable, el tratamiento y el almacenamiento tecnológico de sus datos, es también plenamente posible.
"El derecho a la protección de los datos personales de todo ser humano en la actualidad, debe ser reconocido entonces, con carácter fundamental, porque resulta insoslayable que el contacto permanente de las personas con sus semejantes al interior de la comunidad social de la cual forma parte, así como todos aquellos avances tecnológicos que se han ido desarrollando en la sociedad, han ido transgrediendo aquellos ámbitos que forman parte de la intimidad personal.
"El derecho a la intimidad, como el resguardo de injerencias arbitrarias en la vida privada o la de su familia, se encuentra reconocida en la gran mayoría de las normas constitucionales de las naciones. Sin embargo, el desarrollo tecnológico puede vulnerar -como de hecho ocurre actualmente- otros aspectos de la esfera íntima de la persona, como lo son, precisamente, sus datos personales.
"De este modo, el derecho fundamental a la intimidad, como un concepto de carácter estático, debe ser dejado de lado, ya que protege aspectos que no se encuentran vinculados con el desarrollo tecnológico. Se impone entonces, una concepción más dinámica y abierta, que permita la relación armónica de las nuevas tecnologías -absolutamente necesarias para el actual desarrollo humano- lo que implica el reconocimiento no solo de un derecho, sino que de nuevos instrumentos de protección, por lo que se hace indispensable su incorporación en sede constitucional.".
Cité en el mismo texto diversas cartas fundamentales de países europeos y latinoamericanos en relación con el derecho de protección de datos de carácter personal.
Asimismo, transcribí algunos apartados de la Constitución Europea, cuyo texto fue aprobado el 18 de junio de 2004 y ratificado el 23 de octubre de ese mismo año. Dicha carta establece que "Toda persona tiene derecho a la protección de los datos de carácter personal que la conciernan".
Ese principio supone la consagración del derecho fundamental a la protección de los datos personales no solo de los ciudadanos de la Unión Europea, sino de todos quienes dentro de ella comprueben que sus datos personales son sometidos a tratamiento.
Otro apartado de la normativa europea manifiesta: "Estos datos se tratarán de modo leal, para fines concretos y sobre la base del consentimiento de la persona afectada o en virtud de otro fundamento legítimo previsto por la ley. Toda persona tiene derecho a acceder a los datos recogidos que la conciernan y a obtener su rectificación".
Dichas prescripciones recogen los principios clásicos de la protección de datos.
Así, está el principio del consentimiento, que significa que el tratamiento de los datos de carácter personal requerirá el consentimiento expreso del afectado, salvo que la ley disponga otra cosa.
También se establece el principio de la calidad de los datos personales, que se traduce en que los datos suministrados por determinada persona solo podrán ser tratados para fines concretos -vale decir, para objetivos determinados, explícitos y legítimos sobre los cuales el responsable del banco de datos debe haber informado previamente-, no siendo posible que se destinen a fines distintos e incompatibles con los ya informados.
Asimismo, los datos personales han de ser exactos y actualizados, de modo que reflejen la veracidad de la situación del afectado.
La Constitución Europea consagra asimismo el principio de lealtad en el tratamiento de los datos, los que no podrán obtenerse por medios fraudulentos, desleales o ilícitos. Y el responsable del banco de datos respectivo debe guardar secreto sobre la información recogida, aun después de que haya finalizado la vinculación jurídica que hubiere motivado la recolección de datos de una persona concreta.
En lo que respecta a los derechos de los afectados -o sea, quienes han dado su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales-, en el apartado pertinente de la normativa europea se contempla el derecho de acceso sobre los datos.
Sin embargo, consideré que también debe existir un ente autónomo que vele por el pleno cumplimiento de esos derechos. Para ese efecto, propuse en el artículo único de la moción que "Una ley orgánica constitucional establecerá las normas para la debida aplicación de este derecho, como asimismo el órgano autónomo que velará por el cumplimiento de dicha ley y controlará su aplicación.".
Incluso, al actual Presidente del Capítulo Chileno de la organización Transparencia Internacional, don José Antonio Viera-Gallo, quien participó activamente en el debate de esta moción y entonces se desempeñaba como Ministro Secretario General de la Presidencia, le hice llegar una propuesta legislativa para crear una Agencia Nacional de Protección de Datos basada en la experiencia de otros países. Mi planteamiento, lamentablemente, no tuvo respuesta en esa oportunidad.
Por las consideraciones señaladas, expreso mi satisfacción por el hecho de que finalmente se esté avanzando en esta importante materia. Asimismo, me agradaría que se diera urgencia a la moción que presenté hace poco tiempo para consagrar el "derecho al olvido" en Internet, ya que muchos datos que circulan en los motores de búsqueda emanan de diversos bancos de datos que ya han perdido vigencia, por lo que sus titulares tienen el legítimo derecho a que se eliminen.
Por lo tanto, concurro con mi voto favorable a la reforma constitucional que se somete a nuestra consideración, aunque en su debate en particular presentaré algunas indicaciones destinadas a perfeccionarla.
Señora Presidenta, estamos frente a una reforma de la mayor importancia en un mundo que, como ya se señaló, ha hecho de la información su principal desarrollo. Y esa información, gracias al avance tecnológico, quizás está desbordando lo imaginable, lo que se podría haber pensado en otros tiempos, para llegar al nivel de conocimiento que se tiene en todos los ámbitos.
Lo anterior ha llevado a que haya un desarrollo muy completo en lo relacionado con la información que está en el ámbito público, la cual, de acuerdo a la tradición, siempre se mantenía en la esfera de lo reservado. Las autoridades eran dueñas de esa información y la ciudadanía se enteraba por excepción o salvo que aquellas lo estimaran conveniente.
Sin embargo, el desarrollo ha ido en una línea contraria en el último tiempo. La información que se encuentra en manos de las autoridades les pertenece a los ciudadanos, porque aquellas no son sino representantes de estos.
En tal sentido, deberíamos reconocer la importancia del cambio que se registra al entender que las autoridades no son las dueñas de la información y solo pueden mantener su reserva cuando así lo recomienda el interés superior del Estado o cuando se trata, por ejemplo, de datos personales que deben conservarse en la intimidad.
Ese predicamento es el que hemos desarrollado en forma muy consistente en nuestro país. Sin embargo, hemos advertido que el espacio para la reserva de datos personales no tiene la misma consagración en el ordenamiento constitucional.
Hemos creado dentro de nuestro ordenamiento el principio de transparencia, el derecho de acceso a la información. Y todo ello ha ido avanzando, además, con una institucionalidad que lidera el Consejo para la Transparencia, que ha hecho posible que la información pública sea efectivamente transparente. Pero no hemos establecido al otro lado un derecho de la misma jerarquía y una institucionalidad que asegure los datos que corresponden propiamente a la intimidad de las personas, a su privacidad. Y, para defenderla, solo se ha podido recurrir a la garantía que establece el artículo 19, número 4°, de la Carta ("El respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia"), la que probablemente, en un contexto anterior en el tiempo y en el espacio cultural, podría haber sido suficiente; pero ya no lo es.
La información personal ya no se encuentra en el ámbito propio, sino en múltiples bases de datos que circulan, que utilizan la información, que trafican con ella, que la manipulan a su real saber y entender, sin que las personas tengan derecho a enterarse siquiera de si están o no en ciertas bases, a conocer su uso y en último término, cuando se trata de datos personales, a autorizar su empleo.
Por cierto, hay que limitar el alcance de aquello.
Existe mucha información de las personas que, de hecho, es pública. Por ejemplo, toda la que aparece en los diarios. Están también los directorios que contienen números de teléfono personales y, por tanto, los hacen públicos.
No me refiero a la información personal pública, ni tampoco, por ejemplo, a la que en el ámbito de la salud pueda ser asimismo objeto de estudios por la importancia que reviste para la salud estatal.
Pero en ese ámbito se puede dar quizás con más claridad lo que quiero señalar.
Que se sepa públicamente que una persona innominada padece cierta enfermedad grave o contagiosa es relevante. Pero distinto es que se dé a conocer que una persona específica tiene esa enfermedad. Lo primero es público; lo segundo, privado. Hay que reconocer esa diferencia y saber delimitarla.
Por eso se plantea a través del proyecto en análisis la necesidad de consagrar la protección de datos personales dentro del esquema que se ha desarrollado internacionalmente como el derecho a la autodeterminación informativa, que procura, en último término -como lo plantea el texto de esta reforma-, el derecho a la protección de los datos personales.
Esa protección significa, primero, acceso a las bases de datos pertinentes. Y el ingreso de la persona a ellas implica la posibilidad de rectificar sus datos, complementarlos o cancelarlos si fueren erróneos o afectaren sus derechos, y la de manifestar su oposición cuando el uso de ellos excediera lo razonable.
Por cierto, esos son principios todavía muy generales. Habrá que regularlos. Y será necesario hacerlo a través de una legislación.
En seguida, es preciso resolver la tensión que se produce entre la información pública y la privada. Porque hay información privada que está en bases de datos públicas e ingresa al ámbito de lo público. Y al revés, como ya decía, existe en la esfera pública información o referencias a datos personales que pudieran estar en el ámbito de lo privado.
Esa tensión debe resolverse de manera precisa, para diferenciar con principios y derechos claros qué es propio de lo público y por lo tanto accesible y qué se encuentra más bien en la esfera de lo privado.
Para eso, se requiere una legislación complementaria que no solo permita precisar con más claridad cómo se protegerán los datos personales, sino que también contemple una institucionalidad que así pueda resolverlo.
De hecho, hoy existe una ley -ha quedado muy desfasada- sobre protección de datos personales: la Nº 19.628. Cuando hay denegación de entrega de datos, resuelve la situación el Consejo para la Transparencia.
En una sesión de la Comisión de Constitución el actual Presidente de dicho Consejo manifestó que cerca de un tercio de los casos que se resuelven allí se refieren precisamente a materias vinculadas con datos personales que obran en poder de entes públicos.
Por lo tanto, se debe buscar una institucionalidad que determine cuándo se está frente a un dato privado y cuándo no.
En el mundo existen distintas institucionalidades.
En algunos lugares se mantienen los dos ámbitos completamente separados.
En otros se ha tendido a fusionarlos en un solo organismo. Es el caso de Inglaterra y México.
Y en otros países -por ejemplo, Canadá; su modelo es el que me parece más razonable- se encuentran en una sola institución, pero, pese a estar unidos, existen salas especializadas, para resolver en una lo relacionado con la protección de datos personales y en la otra lo concerniente al acceso a la información pública.
Ambos aspectos son importantes, porque, de alguna manera, se trata de dos caras de la misma medalla. Y por eso la actuación conjunta resulta necesaria. Pero deben existir espacios diferenciados, para evitar la confusión.
El Gobierno está elaborando un proyecto de ley -así nos lo informó la Subsecretaria de Economía, doña Katia Trusich, quien participó en el debate de la Comisión-, que implementará -por así decirlo- la garantía que plantea esta reforma, una vez que sea recogida en nuestra legislación. Se someterá muy pronto a nuestro conocimiento.
Esperamos que así ocurra, porque de aquella manera podremos dar satisfacción a los ciudadanos en el sentido de que la Constitución les garantiza la protección de sus datos personales, para evitar la invasión de su intimidad y su privacidad, pero al mismo tiempo abriendo espacio para que lo privado que revista carácter público sea accesible, intercambiable.
A la vez, se podrá contar con una legislación que permita la integración de las bases de datos a nivel internacional, lo que hoy no ocurre precisamente porque en Chile no existe una protección adecuada de ellas.
A nuestro juicio, el establecimiento de esta garantía no solo apunta en la dirección correcta, sino que además defiende las bases de datos y la intimidad de manera bastante contundente.
Por las razones expuestas, hemos apoyado y suscrito esta iniciativa. Y esperamos que, así como se aprobó por la unanimidad de los presentes en la Comisión de Constitución, esta Cámara haga lo propio hoy.
Señora Presidenta, me parece una excelente iniciativa legislar en favor del derecho a la protección de los datos personales.
Nuestro país se encuentra muy atrasado en los estándares internacionales en esa materia. Por ello, es de la mayor urgencia entregar a nuestros ciudadanos una adecuada protección en esta nueva arista del derecho a la vida privada.
Pero puede existir un problema.
Esta modificación constitucional tendrá extensos efectos en la legislación de Chile. Por eso, me preocupa la inclusión del consentimiento expreso como regla basal en nuestra Carta Fundamental. Esto no nos dará libertad a nosotros, los legisladores, para incluir otros modelos, como el consentimiento inequívoco, que está mucho más acorde con la industria de las tecnologías de la información y es ampliamente utilizado en la legislación comparada.
No creo que sea necesario discutir eso hoy.
Pero quiero dejar el mensaje de que existe preocupación en cuanto a que este tipo de regulaciones a nivel constitucional podrían coartarnos a los legisladores, en otras leyes, la posibilidad de determinar la forma como se presta el consentimiento.
Eso es aplicable a muchos de los buscadores y sistemas a los que uno entra a sabiendas de que por el solo hecho de ingresar otorga su consentimiento.
A pesar de eso, señor Presidente, votaré a favor de la idea de legislar.
Esta iniciativa abre muchas puertas. Empero, deberemos estudiar el punto y resolver si la inclusión del consentimiento expreso es lo que Chile necesita o si somos capaces de determinar que hay que poner el consentimiento inequívoco, que hoy es lo más usado en la legislación comparada.
Estamos en votación, Su Señoría. Una vez finalizada le daré la palabra para tal efecto.
Puede fundar su voto el Senador señor Navarro.
Señor Presidente, estamos analizando un proyecto que modifica la vetusta, fenecida y completamente autoritaria Constitución del 80. Hemos elegido una vez más el camino de la reforma parcial de un Texto Fundamental agotado, que no interpreta a los chilenos. Y la práctica de ir parchándolo da cuenta de sus propias falencias.
Este nuevo parche refleja uno de los múltiples errores que tiene esta Carta añeja.
Se sigue parchando una Constitución que se cae a pedazos, porque es autoritaria, ratifica el presidencialismo monárquico y tiene un pecado de origen: nació en el seno de una dictadura, sin participación de la gente, con la exclusión completa del sujeto ciudadano. Por lo tanto, la no consagración del derecho en comento y la remisión a la intimidad parecerían ajustarse a ese modelo de Constitución.
Esto es igual que en la mecánica automotriz: ajustar un vehículo con repuestos de otras marcas de automóviles no arroja un buen resultado.
Aquí vamos a tener un engranaje para un vehículo gastado y agotado, que no da para más.
El artículo 19, número 4°, del Texto Fundamental, que consagra el derecho a la intimidad, es genérico.
La norma agregada según la cual "Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales" establece que estos no son de las empresas o instituciones que los tienen o los procesan, sino de los individuos.
Yo pregunto, entonces, cuál es la amplia gama del concepto "datos personales".
¿Serán las cuentas bancarias? ¿Serán los bienes cuantitativos que puedan tenerse? ¿Cuál es el límite de los datos personales cuando media el bien común?
Señor Presidente, si dicho precepto constitucional va a ser utilizado por aquellos que no quieren entregar datos personales para evitar el pago de impuestos, para impedir que se conozca la cuantía de su fortuna, para vedar el acceso a información beneficiosa para el bien público, estaremos incurriendo en un hecho que podríamos lamentar.
Llama la atención -y es una forma de legislar que no comparto- que a las audiencias de la Comisión para el estudio de este proyecto hayan asistido el Contralor General de la República; el Presidente del Consejo para la Transparencia; el Presidente del Capítulo Chileno de la Organización de Transparencia Internacional, señor José Antonio Viera-Gallo; la Subsecretaría de Economía, etcétera, pero ¡ni una sola organización ciudadana!
Si esa va a ser la práctica para reformar la Constitución, no solo la detesto, sino que además la rechazo.
Si vamos a modificar esta vetusta Carta en lo concerniente a datos que afectan a la ciudadanía y esta es excluida del debate legislativo, estaremos hablando de que gobierna y legisla la elite.
¡Ni una sola institución ciudadana! ¡Únicamente la elite de la burocracia!
Por cierto, podremos compartir algunas ideas. Empero, aquí se ha excluido la participación ciudadana.
En esta reforma, yo habría querido que instituciones ciudadanas nos dijeran cuán importante es la protección de los datos personales. Y asimismo, tener la certeza de que el tratamiento "con el consentimiento expreso del titular" no será argumentado por alguien para defender sus intereses, que, aunque legítimos, pueden ser mezquinos para con la sociedad.
El informe de la Comisión dice que se consagra el "derecho al acceso a la información propia"; el "derecho a la rectificación de la información propia"; el "derecho a la complementación" (no sé qué significa eso); el "derecho a cancelar la información propia que conste en una base ajena o derecho al olvido, tal como está consagrado en las economías más desarrolladas"; el "derecho de oposición", no en el sentido de que haya negación a entregar la identidad, sino "con el propósito de negarse a que un dato sensible y privado quede registrado, como por ejemplo la información genética".
Yo comparto aquello. Los derechos genéticos de los trabajadores son cada día un área más sensible, que debemos regular. En este sentido, mañana comenzaremos a tratar en la Comisión de Trabajo un proyecto que busca proteger tales derechos, para evitar que dicha información se use en contra de los trabajadores o se comercialice.
Por eso, si bien la iniciativa que nos ocupa está bien intencionada en la línea del derecho al resguardo de los datos personales, abrigo algunas dudas.
Sin embargo, pediría que tuviéramos la posibilidad de escuchar a las organizaciones ciudadanas.
También, la oportunidad de revisar lo planteado aquí respecto al alcance del inciso tercero que se agrega al número 4° del artículo 19 de la Carta, relativo al "consentimiento expreso del titular", pues envuelve una restricción extrema a las facultades legislativas. Porque se consagra constitucionalmente que "Su tratamiento solo podrá hacerse por ley". Es decir, cada vez que queramos acceder a alguna información que, aunque personal, sea del bien común y colectivo habrá que hacer una ley. No podrán ser el consenso ciudadano, ni la potestad del Gobierno, ni los órganos reguladores.
Aquello es como el derecho del Estado al emprendimiento. Esta Constitución nauseabunda restringe las actividades empresariales del Estado al señalar que solo por ley podrá acometerlas. Aun cuando en regiones la gente esté sin empleo y no haya ningún tipo de actividad económica, se le prohíbe al Estado emprender alguna, salvo mediación de ley.
Lo que yo leo en este caso es que deberíamos hacer una ley si alguien alegara ante los tribunales contra un derecho consagrado mediante esta modificación constitucional parcial, a través de este parche, respecto de una información, aunque sensible para él, muy importante para el bien común, para la sociedad.
Por ejemplo, si se plantea que hay que acceder a una vacuna para salvar miles de vidas, alguien podrá decir "Esa información es mía" aun cuando la negación de esa información impida salvar a numerosas personas.
El inciso tercero que se propone requiere una mayor revisión, participación ciudadana.
A mi entender, la mejor Constitución es la discutida con la ciudadanía y no la que se debate solo entre los especialistas.
Aunque felicito a los autores de la moción que dio origen al proyecto que nos ocupa pues permite avanzar en la materia, reitero que su debate en la Comisión se restringió a los especialistas. Eso constituye un pésimo precedente.
Si para reformar la Carta vamos a invitar solo a la elite burocrática del Estado y de la institucionalidad y excluiremos a la ciudadanía, yo me negaré rotundamente.
Voto a favor, con las observaciones que formulé. Y, por cierto, este voto afirmativo no garantiza mi respaldo si los aspectos que mencioné no se corrigen.
¡Nueva Constitución, ahora, de verdad!
Recuerdo que estamos votando la idea de legislar; que fijaremos plazo para presentar indicaciones, y que el proyecto volverá a la Comisión, donde se hará un debate más intenso, más inclusivo, con nuevos invitados.
Señor Presidente, la Carta Fundamental, en su artículo 19, numeral 4°, establece "El respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia.".
Lo que propone la reforma constitucional que nos convoca hoy es asumir que los datos personales son una dimensión moderna, contemporánea, de época, respecto a la protección de la vida privada.
Producto del desarrollo de la ciencia y de la tecnología, una dimensión de la vida privada ha cambiado. Habitualmente se consideraba que la vida privada era aquello propio de la familia, del hogar, y también, de los negocios. Y en todo momento se consideró que lo que uno hacía con su vida, en ejercicio de sus derechos fundamentales, siempre estaba resguardado.
Sin embargo, una parte esencial de la identidad de uno, que tiene que ver con sus datos, ha ido relativizándose o ha ido mutando de forma tal que termina separada del ser, de la persona, de su círculo familiar. Y esto, producto de la ciencia y la tecnología, pero muy particularmente del desarrollo de la computación, de un proceso de acumulación y transmisión de datos que ha sido una verdadera revolución al final del siglo XX y al principio del siglo XXI.
Por eso resulta necesario explicitar que todas las personas tienen derecho a la protección de sus datos personales.
Entonces, el primer elemento rector de esta reforma constitucional es el derecho a la protección de los datos personales como propios, como propiedad de uno. O sea, esos datos son inherentes a la persona y nadie tiene derecho a su uso, transmisión, acceso, y menos a su comercialización, sin que su dueño, que es uno, lo autorice.
Uno -reitero- tiene derecho a la protección de sus datos personales. Y esta será, sin duda, una de las dimensiones de la discusión del proyecto de ley orgánica que seguirá al principio constitucional que se consagrará: ¿Son personales todos los datos? ¿Qué entendemos por "personal"? ¿Es el RUT? ¿Es la genética, como lo planteó un Senador aquí, en la Sala? ¿Son sus antecedentes de salud? ¿Son sus antecedentes patrimoniales?
Sabemos que los antecedentes patrimoniales ya escaparon del ámbito de lo privado y que algunos órganos públicos tienen derecho a cierta dimensión de ellos. Porque el Estado impone los tributos conforme a un pacto social, a un acuerdo entre todos nosotros en el sentido de que el patrimonio debe declararse.
¿Pero qué dimensión del patrimonio debe ser pública y cuál no?
Hay aspectos propios de la identidad que en algunas oportunidades uno quiere proteger y en otras está disponible para socializarlos.
¿Cómo se pedirá el acceso a esa información?
Son cuestiones de tremenda importancia.
El principio de la autodeterminación, que no se halla explicitado en esta reforma constitucional, sin duda requiere, a mi juicio, una mayor expresión.
Empero, junto con el acceso a los datos que se les permite a otros, ¿tienen esos otros derecho para transmitirlos a terceros?
Es decir, si yo me afilio a una compañía de seguros y me hago exámenes en sus dependencias, ¿tiene ella derecho a socializar con otro los datos pertinentes sin autorización expresa?; ¿a quiénes, dentro de esa institución, puede entregarlos?
Hoy numerosas farmacias, únicamente digitando el RUT de un cliente, no solo saben si está en una isapre o en FONASA, sino que, además, muchas veces conocen su historial de salud, las compras que ha hecho. ¡Y, encima, les ofrecen rebajas a él y a sus familiares...! La constitucionalidad de aquello es altamente discutible.
Señora Presidenta, me parece que reviste una importancia fundamental lo concerniente al acceso a las bases de datos: cuáles son privadas, cuáles requieren consentimiento expreso. Y, como indicaba un Senador, una vez despachada la reforma será necesario reglamentar los procedimientos.
¿Qué pasa, por ejemplo, en la banca? ¿Va a poder imponerle a uno la obligación de permitirle el acceso a sus datos personales para obtener un crédito, por ejemplo?
¿Les será factible a las empresas privadas fijar condiciones para el ejercicio de este derecho constitucional? ¿Podrán relativizar la protección que uno quiere para sus datos personales?
¿Podrán las empresas que otorgan tarjetas de crédito socializar qué hace uno con ese medio de pago?
Señora Presidenta, creo que aquí hay un debate de época de tremenda relevancia.
Existe una segunda dimensión rectora, cual es, aparte el derecho de toda persona a la protección de sus datos personales, el derecho a "obtener su rectificación, complementación y cancelación si estos fueran erróneos o afectaren sus derechos".
¿Se va a aplicar eso también a los medios de comunicación cuando hagan mención de datos personales en forma ofensiva o que uno considere inadecuada?
¿Qué va a poder publicar Wikipedia sobre uno?
Sin duda, todo ello tendrá que ser parte del debate que dará origen a una nueva ley.
Señora Presidenta, estos son los temas fundamentales de los derechos humanos de cuarta generación, de los derechos contemporáneos que la humanidad ha ido precisando. Y, en este mundo global, considero de la mayor importancia que tengamos la legislación en proyecto.
Estamos llegando más tarde que otros países a esta discusión. Pero eso puede ser virtuoso, porque de la experiencia de otros podemos saber cuáles han sido los aciertos y cuáles los vacíos.
Vamos a votar a favor de esta reforma constitucional. Y nos parece muy significativo que avancemos en su discusión, sin perjuicio del otro debate: el de una nueva Constitución Política para nuestro país.
Señora Presidenta, con los Senadores Araya, Lagos, Larraín y Harboe presentamos este proyecto de reforma porque nos parece indispensable actualizar nuestra Constitución en cuanto a los derechos de las personas, especialmente cuando hemos tenido un avance tecnológico muy relevante, que va mucho más rápido que las leyes y que el propio Texto Fundamental.
El artículo 19, número 4°, de la Carta consagra "El respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia". Nosotros estamos proponiendo agregar dos incisos, segundo y tercero. Y en el tercero decimos: "Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales...".
No es desconocido que hoy, con el avance de la ciencia y la tecnología, las personas tienen acceso universal a la información, la que se deposita en muchos sitios web y a veces se usa para fines no previstos.
Cuando una persona ingresa datos personales a esos sitios no sabe en qué van a emplearse. A veces se entregan con determinada finalidad, pero no se cumple el principio según el cual deben utilizarse solo para el propósito previsto. No hay ningún control al respecto. No existe regulación alguna. Cualquiera puede usar datos personales de un tercero como quiera, en cualquier parte, e inclusive, comercializarlos.
Asimismo, sabido es que muchas veces ni siquiera entregamos voluntariamente nuestros datos, sino que ellos se obtienen a través de nuestra dirección IP, la que esta codificada en nuestro sistema computacional, el cual tiene una identificación única, personal, a través de la que es factible conectarse con el resto de los computadores de todo el mundo. En esa dirección damos todos nuestros datos; ellos se almacenan en un programa, y de ese modo es factible seguir nuestra actividad en cualquier parte del mundo.
Eso no está regulado. Y, como no está regulado, hay instituciones y personas que se dedican a comercializar la información. Sin embargo, muchas veces comercializan información caduca, o información inexacta, o información que ya perdió su vigencia.
Es indispensable, entonces, aprobar un cuerpo normativo sobre la materia.
Por consiguiente, primero, en la garantía constitucional, al mismo tiempo que se protege la vida privada de las personas, se van a resguardar sus datos privados, para que nadie los comercialice.
Seamos francos: la información sobre las personas a través de bases de datos de consumo o de Internet ha generado una industria que no resguarda los derechos de los titulares. Estos antecedentes, gran parte de ellos de carácter sensible, circulan libremente por el mercado. Se pueden adquirir y transferir, y, de este modo, es posible acceder a números telefónicos, correos electrónicos y otras informaciones, aun cuando sean personalísimas y privadas.
Aún más, persiste la sospecha de la existencia de bases de datos clandestinas referidas a la historia comercial de los consumidores. No es desconocido que en este ámbito se sigue manejando, transmitiendo, difundiendo y vendiendo información caduca o vencida, lo que está expresamente prohibido por la ley.
Es claro que nuestra legislación resulta absolutamente insuficiente, que no disponemos de una institucionalidad pública de protección y que no existe una arquitectura jurídica que le dé un amparo legal adecuado a los antecedentes de los ciudadanos. La información es de titularidad de las personas y en ella se comprometen la intimidad y la honra, y es preciso garantizar el derecho al uso de la rectificación y también al olvido.
Proponemos agregar al número 4° del artículo 19 de la Constitución, como decía, los siguientes párrafos segundo y tercero:
"Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales y a obtener su rectificación, complementación y cancelación, si estos fueren erróneos o afectaren sus derechos, como asimismo a manifestar su oposición, de acuerdo con las disposiciones establecidas en la ley.
La reforma busca consagrar en la Carta el derecho a la protección de los datos personales.
El proyecto es de artículo único. Esperamos que en la presente sesión se apruebe en general y que sea posible contar con tiempo suficiente para formular indicaciones y para que en la Comisión se lleve a cabo una discusión particular a la que podamos invitar a instituciones y a ciudadanos, como lo planteó un señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra.
Estimo indispensable, entonces, acoger la iniciativa, que consagra el derecho a obtener la protección de los datos personales, y avanzar posteriormente en ese debate en el órgano técnico.
Señor Presidenta, parto por manifestar que esta es una reforma superinteresante. Quizás es de las más breves que he visto: son cinco líneas. Uno tendería a decir: "Bueno, es algo menor, de una naturaleza fácil". No obstante, es de las más complejas, pero también de las que más generan atención, porque hace nacer una garantía constitucional, y eso no es muy común.
Es preciso ser sumamente cuidadoso, pero también muy abierto para entender que la evolución exige que el legislador vaya creando instituciones que permitan a los ciudadanos, cuya protección finalmente es la importante, disponer de garantías en ámbitos muy diferentes. Ello, desde la vida, la propiedad, que han sido los elementos tradicionales considerados en el mundo o formado parte de la historia constitucional, a derechos más complejos, respecto del espacio aéreo, o del subsuelo, o del mar, que han configurado la progresión en la materia.
Ahora nos ocupa algo que tiene que ver con los tiempos modernos, que son los datos personales. Probablemente, si a alguien se le hubiera ocurrido lo anterior hace algunas décadas, habría sido imposible comprender que simbolizaba una garantía constitucional. Pero, obviamente -y valoro la iniciativa-, hay un minuto en que es necesario abordar el asunto.
Me parece correcto hacerlo en función de una garantía con tres dimensiones diferentes, lo que creo que habrá que determinar en particular después de manera más precisa.
La primera de ellas es el derecho a la protección de datos personales. Voy a hacerme cargo de algunas preguntas que se han hecho, por lo menos en lo que corresponde a un mero parlamentario. No soy miembro de la Comisión, pero algunos aspectos impactan.
La segunda es la obtención de una rectificación, complementación y cancelación si los antecedentes fueran erróneos o afectasen derechos. En sí misma, ya es una cuestión la relativa a qué afectación de derechos puede ameritar una rectificación, o una complementación, o una cancelación.
Y la tercera es la manifestación de oposición.
En las cinco líneas, entonces, aparece una garantía que aborda tres aspectos diferentes.
La protección de datos personales es el eje. Hasta ahora, era una garantía implícita. Si se leen algunos fallos del Tribunal Constitucional, es posible darse cuenta de que el respeto y la protección de la vida privada y de la honra de la persona y su familia han sido de alguna manera una vertiente del derecho. Incluso, en determinado momento se utilizó como una argumentación para defender derechos determinados que se pedían, pero ello no estaba explicitado. Creo que había llegado la hora de explicitar la existencia de aquel atinente a los datos personales y qué hacer en caso de que estos sean vulnerados.
Ello no dice relación con la mera voluntad de alguien -porque también eso es interesante-, sino que tiene que ver con la afectación de derechos. O sea, tampoco se entiende como algo tan absoluto, sino que se vincula también con un elemento que lo afecte -repito- en la dimensión de los derechos. Eso es lo que se requiere precisar.
Y para qué señalo que la oposición, en el fondo, es el derecho a que la información no se difunda o a que permanezca en el ámbito personal.
He expuesto la perspectiva positiva.
Pero el asunto asimismo enciende debates: cómo se armoniza la libertad de expresión o el derecho al acceso a la fuente; cuál es el límite a la propia imagen. Surgen muchas preguntas, pero al menos se abordan a partir de una declaración de principios que estimo correcta. Las dos primeras interrogantes son bienvenidas, porque forman parte del debate que se tiene que llevar a cabo.
He escuchado varias intervenciones de mis colegas y concuerdo con muchas de ellas, transversalmente. ¿Hasta dónde llega el derecho de la persona y qué pasa con los terceros? Porque, en un momento determinado, algunos pueden decir que se trata de un negocio. Por otro lado, puede ser una necesidad.
Es relevante que un país sepa, por ejemplo, cuántas personas presentan determinada enfermedad. Eso puede servir para el diseño de políticas públicas. Pero es algo que puede dar lugar a una situación muy compleja cuando, a partir del dato, alguien sea segregado o enfrente inconvenientes propios de tal información.
El justo medio es algo muy complejo, pero apasionante.
Con algunos de los Senadores que presentaron la moción hemos sostenido discusiones. Ante el planteamiento del principio de la transparencia, que entiendo que ya se insertó en el acontecer diario, reconozco que, más allá de algunas dudas que sigo manteniendo, también existían méritos. A mí me parece que la garantía constitucional de la protección de los datos personales es armónica con esta materia, y quizás pudo haber sido coetánea.
Un antecedente que aparece en algunos de los informes es que el Consejo de la Transparencia expresa que aproximadamente entre un cuarto y un tercio de las peticiones de información tienen que ver con datos de esa naturaleza. O sea, a propósito de la transparencia, se está abordando un aspecto que tiene que ver muy profundamente con la garantía.
Por último, creo que también es muy importante y ojalá quede establecido -entiendo que se dictaría una ley, pero no sé si procedería una normativa de esa índole o una disposición constitucional complementaria- cuál va a ser el órgano que va a velar por el cumplimiento.
En cuanto a la transparencia, sabemos que al final hay un Consejo. Mi Honorable colega Larraín explicó con anterioridad que hay modelos diferentes, como en Canadá, según entendí. En algunos casos, se trata del mismo organismo; en otros, de entidades diferentes. Eso formará parte de la discusión. Pero se tiene que abordar cuál se ocupará en que estas garantías se ejerzan y exijan con la misma fuerza que en otras instancias ocurre con la transparencia, porque se entiende que es un derecho ciudadano moderno.
Juzgo que se inicia -no se agota- un debate potente, que tiene que ver con el ciudadano; con los derechos, pero también con los deberes. A mí me gusta que se instale en la lógica constitucional, no solo lo relativo a los primeros, sino también a los últimos, y a cómo se pueden armonizar los derechos que a veces entran en litigio.
Cuando estudié para llegar a ser abogado, se mencionaba la jerarquía constitucional, la jerarquía de los derechos. Las clases tradicionales eran muy claras, nítidas: decían relación con la vida, con la propiedad, y después se iban descolgando otros valores. Ahora se plantean la transparencia, el derecho de las personas, la intimidad. Surge un nuevo relato sobre cómo se va conformando el ciudadano moderno. Así que me parece que con la iniciativa apuntamos en el sentido correcto.
Ojalá algunas de las preguntas planteadas reciban, en lo posible -porque también es preciso creer en los fallos, en el desarrollo del derecho-, una respuesta, para dar certezas acerca de cómo construir el futuro en la áspera tarea de armonizar derechos y deberes, intimidad y transparencia, lo que quizás es lo más difícil. Gracias.
--Se aprueba en general el proyecto, dejándose constancia, para los efectos del quórum constitucional exigido, de que 32 señores Senadores se pronuncian a favor.
Votaron las señoras Allende, Goic, Muñoz y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Chahuán, Coloma, De Urresti, Espina, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Horvath, Lagos, Hernán Larraín, Letelier, Montes, Moreira, Navarro, Orpis, Ossandón, Pérez Varela, Prokurica, Quintana, Quinteros, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Mañana se fijará plazo para la presentación de indicaciones.
Tiene la palabra al señor Secretario.
Acaba de llegar a la Mesa un oficio de la Excelentísima Corte Suprema, con el que esta emite su parecer, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 77 de la Constitución Política de la República, respecto de las indicaciones formuladas, en el trámite de la Comisión de Hacienda, al proyecto de ley de reforma tributaria que modifica el sistema de tributación de la renta e introduce diversos ajustes en el sistema tributario (boletín N° 9.290-05). --Se toma conocimiento y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Por haber llegado a su término el Orden del Día, se levanta la sesión, sin perjuicio de darse curso reglamentario a las peticiones de oficios que han llegado a la Mesa.
Al señor Ministro del Interior y Seguridad Pública, solicitando información acerca de ESTADO DE RESOLUCIÓN SOBRE BENEFICIOS A SEÑOR GUILLERMO DÍAZ ORTIZ, EN CALIDAD DE EXONERADO POLÍTICO.
A los señores Ministro de Bienes Nacionales y General Director de Carabineros, requiriendo informar sobre EVENTUAL CONVERSIÓN DE CENTRO DE ATENCIÓN INMEDIATA DE LAS ÁNIMAS, VALDIVIA, EN RETÉN, y al señor Ministro del Medio Ambiente, pidiéndole antecedentes sobre IMPUGNACIÓN POR BOSCA S.A. DE LICITACIÓN DE CALEFACTORES Y SITUACIÓN DE EMPRESA AMESTI COMO ADJUDICATARIA DE LICITACIÓN EN COYHAIQUE.
A los señores Ministro de Hacienda y Ministro de Educación, para consultar acerca de INVERSIÓN EN EDUCACIÓN PARA 2015 Y AÑOS SIGUIENTES; a la señora Ministra del Deporte y al señor Alcalde de Coronel, para que se informe sobre TRABAJOS EN ESTADIO DE SCHWAGER, COMUNA DE CORONEL, Y RECURSOS COMPROMETIDOS, y al señor Alcalde de Coronel, a fin de preguntar por SOLICITUD DE COMODATO DE TERRENO MUNICIPAL POR ASOCIACIÓN DE FÚTBOL DE LAGUNILLAS.
A la señora Ministra de Vivienda y Urbanismo, en cuanto a NÚMERO E IDENTIDAD DE BENEFICIARIOS DE DECRETO SUPREMO N° 12, DE 2011, DE VIVIENDA.
Al señor Ministro de Justicia, con el objeto de que remita antecedentes sobre ESTADO DE AVANCE DE PROYECTO DE ESCUELA MATRIZ DE GENDARMERÍA EN COMUNA DE TRAIGUÉN, y al señor Ministro de Obras Públicas, pidiendo informe acerca de NECESIDAD DE CONFORMACIÓN DE MESA DE TRABAJO POR JUNTA DE VECINOS N° 146, SECTOR LOS PLACERES, COMUNA DE VICTORIA, PARA CONECTIVIDAD Y PAVIMENTACIÓN DE CAMINO RURAL, y de MEDIDAS ANTE PROBLEMAS DE AVENIDA RECABARREN, TEMUCO.
A los señores Ministro de Hacienda y Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos, pidiendo considerar PLANTEAMIENTO DE ALCALDE DE QUELLÓN SOBRE INSTALACIÓN DE OFICINA DE SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS.
Manuel Ocaña Vergara, Jefe