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Timestamp: 2020-05-31 05:18:42
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Portafolio Año I N 2
T-196-11 DEBIDO PROCESO EN LOS COLEGIOS.doc
EL DERECHO A LA EDUCACIÓN EN COLOMBIA, DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS DERECHOS HUMANOS
THE RIGHT TO EDUCATION IN COLOMBIA FROM THE PERSPECTIVE OF RIGHTS HUMANOSN
LE DROIT À L’ÉDUCATION EN COLOMBIE DE LA PERSPECTIVE DES DROITS DE L’HOMME
Fecha de recepción: 2 de mayo de 2016 Fecha de aprobación: 15 de junio de 2016
Alba Marcela Jaimes-Reyes 1
1 Docente, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Grupo GIGAS de la UPTC. Abogada, Magíster en Derecho Administrativo, especialista en derecho Administrativo, USTA Tunja, Especialista en derecho Probatorio, Universidad Sergio Arboleda, Especialista en derecho Comercial, Universidad Libre. Ph.D. (c) en Derecho, Universidad de Baja California. Contacto: alba.jaimes@uptc.edu.co
Revista Principia Iuris, ISSN Impreso 0124-2067 / ISSN En línea 2463-2007 Julio-Diciembre2016, Vol. 13, No. 26, pp. 243-260
Este artículo se propone como objetivo realizar un análisis reflexivo sobre el derecho a la educación en Colombia, desde la perspectiva de los derechos humanos. La metodología implementada es analítico descriptiva utilizando como fuentes de información los pronunciamientos de la Corte Constitucional, Convenciones Internacionales, normas, artículos resultados de investigación alojados en bases de datos especializadas y libros. Se aborda el tema desde la perspectivas del derecho humano y fundamental así como también desde el marco normativo constitucional y legal; concluye que si bien se ha avanzado considerablemente en el ajuste normativo para garantizar el derecho a la educación en Colombia este aún es lento e insuficiente en cuanto a las demandas del país; como quiera que para la satisfacción del derecho a la educación primaria obligatoria y gratuita, es urgente que se aplique efectivamente la normatividad internacional y se cumplan las reiteradas recomendaciones de los órganos de protección de los derechos humanos. Además, es necesario que se acate la jurisprudencia que, en materia educativa, ha desarrollado la Corte Constitucional.
Derecho Humano, Educación, Colombia, Calidad.
This article aims to make a thoughtful analysis of the right to education in Colombia, from the perspective of human rights. The descriptive analytical methodology is implemented using as sources of information pronouncements of the Constitutional Court, international conventions, rules, articles housed research results in specialized databases and books. the issue is approached from the perspectives of human and fundamental right as well as from the constitutional and legal regulatory framework; concludes that while progress has been made in the regulatory adjustment to ensure the right to education in Colombia this is still slow and inefficient in terms of the demands of the country; however it for the satisfaction of the right to free and compulsory primary education, it is urgent that effective implementation of international standards and repeated recommendations of the organs of
protection of human rights are met. In addition, it is necessary that the case law that, in education, has developed abide by the Constitutional Court.
Human rights, Education, Colombia, Quality
Revista Principia Iuris, ISSN Impreso 0124-2067 / ISSN En línea 2463-2007 Julio-Diciembre 2016, Vol. 13, No. 26
Alba Marcela Jaimes-Reyes
Cet article vise à faire une analyse approfondie du droit à l’éducation en Colombie, du point de vue des droits de l’homme. La méthode d’analyse descriptive est implémenté en utilisant comme sources d’information des déclarations de la Cour constitutionnelle, les conventions internationales, des
règles, des articles logés résultats de la recherche dans les bases de données et des livres spécialisés. la question est abordée du point de vue humain et droit fondamental, ainsi que du cadre réglementaire constitutionnel et juridique; conclut que si des progrès ont été réalisés dans l’ajustement réglementaire pour garantir le droit à l’éducation en Colombie cela est encore lent et inefficace en termes de demandes du pays; mais pour la satisfaction du droit
à l’enseignement primaire gratuit et obligatoire, il est urgent que la mise en œuvre effective des normes internationales et les recommandations répétées des organes de protection des droits de l’homme sont respectés. En outre,
il est nécessaire que la jurisprudence qui, dans l’éducation, a mis au point demeure par la Cour constitutionnelle.
Droits de l’homme, l’éducation, la Colombie, la qualité
E l presente artículo pretende describir a grandes rasgos la importancia del derecho a la educación y su trascendencia como derecho humano fundamental haciendo énfasis en el desarrollo normativo colombiano
y así mismo busca resaltar la necesidad de una educación con calidad.
La educación ha sido definida como: “el proceso de facilitar el aprendizaje o
la adquisición de conocimientos, habilidades, valores, creencias y hábitos. Los métodos educativos incluyen la narración, la discusión, la enseñanza, la formación y la investigación dirigida” (Dewey citado en Kibasan y Singson, 2016, p. 17). En cuanto a la historia de la educación, es importante mencionar que siempre ha sido un aspecto importante para el progreso de las comunidades a nivel mundial y, como lo señala Guichot (2006, p. 13), “la historia de la Educación estudia diacrónicamente una parcela de la actividad
y del comportamiento humano, la actividad de educar, sin descuidar que
se trata de una actividad inserta en un todo más amplia que la condiciona sistemáticamente”.
Es así que, la educación aparece como algo inherente a la especie humana a través de su historia con miras a garantizar la supervivencia del individuo y
de la especie. En ella se construyen y a través de ella se desarrollan individuos
y sociedades. Como plantea Edgar Faure en el informe a la UNESCO:
“Aprender a Ser” (1972):
“Aunque parezca extraño, por lejos que nos remontemos en el pasado de la educación ésta aparece como inherente a las sociedades humanas. Ha
contribuido al destino de las sociedades en todas las fases de su evolución; ella misma no ha cesado de desarrollarse; ha sido portadora de los ideales humanos más nobles; es inseparable de las mayores hazañas individuales
colectivas de la historia de los hombres, historia cuyo curso reproduce
educación bastante fielmente, con sus épocas gloriosas y sus épocas de
decadencia, sus impulsos, sus atolladeros, sus confluencias y sus antinomias.”
(Faure Edgar y otros, citado en Turbay, 2000 p. 10)
Igualmente, en la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones como Derecho Humano n. º 26 se define así:
1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación será
gratuita, al menos en lo concerniente a la educación básica y a las etapas fundamentales. La educación básica será obligatoria. La educación técnica y profesional habrá de ser accesible en general
y el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos.
2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los
derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá
comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones
todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo
de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.
educación que habrá de darse a sus hijos (Alonso, 2001).
Aunque el derecho a la educación –como todos los derechos humanos– es
246 universal e inalienable, varios convenios y convenciones lo han consagrado en
derecho internacional, imponiendo con ello compromisos de obligatorio
cumplimiento a los Estados que los han ratificado; tales como:
• Tratados como la Convención de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza de 1960,
• El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 y
• La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 1989 contienen disposiciones referentes al derecho a una educación de calidad que recoja los valores de los derechos humanos.
Ahora bien, la educación no es un bien estático que se deba contemplar fuera de su contexto general, sino un proceso en curso y posee un valor intrínseco en tanto que es un derecho humano. La gente no solo tiene derecho a recibir una educación de calidad ahora, sino también a adquirir las competencias
y el conocimiento necesarios para asegurar el reconocimiento y el respeto
a largo plazo de todos los derechos humanos. Como observa el Comité de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales en las líneas iniciales de su Observación general nº 13, “(…) la educación es el principal medio que permite a adultos y menores marginados económica y socialmente salir de la pobreza y participar plenamente en sus comunidades” (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, “Panorama regional: América Latina y el Caribe”, documento preparado para el Informe de seguimiento de la EPT en el Mundo 2007, UNESCO, París, 2006, p. 2).
1. El derecho humano a la educación
“Un niño, un profesor, un libro y una pluma pueden cambiar el mundo. La educación es la solución” (Yousafzai Malala)
El derecho a la educación figura en lugar preponderante en la doctrina de la comunidad internacional. Ha sido consagrado en numerosos tratados de derechos humanos y los gobiernos han reconocido que es fundamental en la procura del desarrollo y la transformación social. Este reconocimiento se plasma en los objetivos, las estrategias y las metas que se han fijado en los últimos 20 años. Los objetivos de la Educación para Todos fueron establecidos en Jomtien (Tailandia) en 1990 y reafirmados en el Foro Mundial sobre la Educación 2000 celebrado en Dakar (Senegal).
En “Un mundo apropiado para los niños”, el documento resultante del período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la infancia de 2002, los gobiernos reafirmaron esos compromisos y acordaron un conjunto de estrategias y medidas para alcanzarlos. En muchas regiones se han establecido objetivos más ambiciosos. Los países de América Latina y el Caribe, por ejemplo, están haciendo cada vez obligatoria la asistencia a la escuela de los niños de edad preprimaria. Estas distintas estrategias han surtido efecto: en 1948, cuando se reconoció que la educación es un derecho humano, solo una minoría de los niños del mundo tenía acceso a la enseñanza escolar; hoy día, la mayoría de ellos van
a la escuela y ha aumentado la participación en la enseñanza escolar más allá de las etapas elementales.
La educación goza oficialmente de la condición de derecho humano desde que se adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948. Desde entonces, se ha reafirmado en numerosos tratados mundiales de derechos humanos, comprendidos la Convención de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza de 1960, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 1966 y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de 1981.
Estos tratados establecen el derecho de todos los niños a la enseñanza primaria gratuita y obligatoria; la obligación de desarrollar la enseñanza secundaria, respaldada por medidas que la hagan accesible a todos los niños, y el acceso equitativo a la enseñanza superior, más la responsabilidad de proporcionar una instrucción básica a las personas que no hubieren completado la enseñanza primaria.
Además, afirman que la finalidad de la educación es promover la realización
personal, robustecer el respeto de los derechos humanos y las libertades, habilitar a las personas para que participen eficazmente en una sociedad libre
y promover el entendimiento, la amistad y la tolerancia. Desde hace largo
tiempo se reconoce que el derecho a la educación no solo abarca el acceso
a la enseñanza, sino además la obligación de eliminar la discriminación en
todos los planos del sistema educativo, establecer unas normas mínimas y mejorar la calidad. Además, la educación es necesaria para el cumplimiento de cualesquiera otros derechos civiles, políticos, económicos o sociales. La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 1989 refuerza y amplía todavía más el concepto del derecho a la educación, en particular mediante la obligación de tener en cuenta en su aplicación los cuatro principios fundamentales de la Convención.
La no discriminación; “el interés superior del niño”; el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo del niño en el mayor grado posible; y el
derecho del niño a expresar sus opiniones acerca de todas las cuestiones que
le afectan y a que se dé la debida importancia a sus opiniones en función de
su edad y madurez” (Santos, 1997, p. 427).
Estos principios sustentadores explicitan la existencia de un firme empeño en lograr que se reconozca a los niños en tanto que agentes activos de su aprendizaje y que se conciba la educación de manera tal que fomente
y respete sus derechos y necesidades. La Convención pormenoriza una
interpretación del derecho a la educación conforme a su universalidad,
participación, espeto e integración. Se ejemplifica este enfoque en el texto mismo y en su interpretación por el Comité de los Derechos del Niño, el órgano internacional instituido para supervisar los progresos de los gobiernos en lo tocante a la aplicación de los derechos del niño.
PERSPECTIVAS QUE FIGURAN EN LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO
• El derecho a la educación debe alcanzarse basándose en la igualdad de oportunidades.
• Hay que adoptar medidas para alentar la asistencia regular a la escuela
y disminuir el abandono de los estudios. También es necesario suprimir obstáculos como la pobreza y la discriminación e impartir educación de calidad suficiente, de manera que garantice que los niños puedan beneficiarse de ella.
• Se debe imponer la disciplina de manera tal que no menoscabe la dignidad
del niño y que sea compatible con el derecho a la protección frente a todas las formas de violencia, sosteniendo con ello el respeto hacia el niño en el entorno educativo.
• Las finalidades de la educación se definen conforme al potencial de cada
niño y al alcance del programa de estudios, estableciendo claramente que la educación debe ser un proceso preparatorio del fomento y el respeto de los derechos humanos. Se detalla este planteamiento en la Observación general Nº 1, relativa a los propósitos de la educación, en la que el Comité de los Derechos del Niño subraya que el artículo 29 exige que la educación gire en torno al niño, le sea favorable y lo habilite y que la educación es más que una escolarización oficial y engloba un amplio espectro de
experiencias vitales gracias a las cuales pueden darse un desarrollo positivo
• En su Observación general sobre la primera infancia, el Comité de los
Derechos del Niño interpreta el derecho a la educación como un derecho
que tiene su inicio al nacer y alienta a los gobiernos a que adopten medidas
y establezcan programas que mejoren las capacidades de los progenitores para promover el desarrollo de sus hijos.
Fuentes: Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, 1989; Comité de los Derechos del Niño, “Observación general Nº 1: los propósitos de la educación, párrafo 1 del artículo 29 (2001)’, CRC/ GC/2001/1, 2001; Comité de los Derechos del Niño, “Observación general Nº 7: Realización de los derechos del niño en la primera infancia’, CRC/C/ GC7 Rev. 1, 2005.
Aparte de las obligaciones asumidas oficialmente por los gobiernos al ratificar estos tratados de derechos humanos, varias conferencias mundiales han afirmado el derecho a la educación. Aunque carentes de la obligatoriedad jurídica de los tratados, estas conferencias han dado un nuevo impulso a la acción y han instaurado compromisos y calendarios detallados para su logro. La Conferencia Mundial sobre Educación para Todos (1990) estableció el objetivo de la enseñanza primaria universal en el año 2000, que no fue alcanzado, pero que se reafirmó para 2015 en el Foro Mundial sobre la Educación el año 2000, los participantes en el cual también se comprometieron a ampliar y mejorar la atención y la educación
de la primera infancia, eliminar las disparidades de género en la educación
y mejorar la calidad de la enseñanza. Además, la comunidad internacional y
las instituciones de desarrollo más importantes han acordado los Objetivos de Desarrollo del Milenio, expresados en la Declaración del Milenio, la cual les compromete a velar por que todas las niñas y todos los niños completen un ciclo entero de enseñanza primaria y por qué el año 2015
esté eliminada la disparidad de género en todos los niveles de la enseñanza. Más recientemente, la “Conferencia Internacional sobre el derecho a la educación básica como derecho humano fundamental y el marco jurídico de su financiación” (Yakarta (Indonesia), 2 a 4 de diciembre de 2005) adoptó la Declaración de Yakarta, en la que se pone el acento en que el derecho a la educación es un derecho reconocido internacionalmente en su interrelación con el derecho al desarrollo y en que para su plena realización es necesaria
la protección jurídica y constitucional de este derecho.
Reconocer la educación como derecho fundamental involucra modificar la
forma en que se concibe la relación entre sujetos activos de la educación
y el Estado – sujeto destinatario -. Esta mirada implica avanzar hacia el
estudio de la dinámica educativa desde un enfoque de derechos y ya no solo desde el diseño y la evaluación de una mera política pública que puede o no desarrollarse, o quedar bajo un contenido discrecional del Estado. Bajo este enfoque, la labor del Estado en la provisión de servicios básicos implica un desempeño esencial de construcción de ciudadanía.
De allí que también se hable en estos términos del “principio de ciudadanía”. Conforme éste, la titularidad de los derechos de los habitantes guía la
250 política pública, es decir, orienta el desarrollo de acuerdo con el marco normativo de los derechos humanos plasmado en normas tanto nacionales
2. El derecho a la educación en Colombia
“El saber es el único espacio de libertad del ser” (Michel Foucault).
Durante la primera mitad del siglo XX en Colombia, la educación se caracterizó por la baja tasa de escolaridad, la falta de maestros y su escasa o nula preparación, una alta tasa de analfabetismo, la poca inversión y prioridad en los diferentes gobiernos, la influencia de la Iglesia católica (aunque la reforma
constitucional de 1936 garantiza la libertad de enseñanza y permite la secularización de la educación, es marcada la influencia que la iglesia va a tener hasta finales de la década del ochenta y principios de la del noventa). La preponderancia de la educación privada (fundamentalmente en la secundaria) y la oscilación entre las políticas y reformas educativas descentralistas y centralistas. Las misiones del profesor Currie y el Padre Lebret en la década de 1950, así como la misión de la Organización Internacional del Trabajo a finales del sesenta, instalan una nueva idea de la educación como un sistema planeado
y organizado que responde a unos fines sociales. Dichas misiones develan,
entre otras carencias, los problemas de cobertura, la deficiencia de los establecimientos educativos, la baja capacitación de los docentes, la brecha entre la educación rural y la urbana.
Esta situación lleva a la formulación del primer Plan Quinquenal de Educación Integral; este plan contempla la unificación de la escuela primaria en cinco años en el área urbana y en la rural y la división de la secundaria en dos
ciclos, uno orientado a carreras prácticas y técnicas y el otro a la universidad
y escuelas normales.
Posteriormente, entre 1950 y 1976 la tasa de matrícula aumenta de manera significativa, también aumenta el número de establecimientos escolares
(ganando mayor participación el sector público), crece el número de docentes
y mejora la relación maestro-alumno. Este mejoramiento de los indicadores
se da en un contexto caracterizado por el incremento de la población, el
rápido proceso de urbanización y el crecimiento del sector industrial que demanda mano de obra –en algunos casos cualificada–. La planificación
y los diagnósticos se convierten en el soporte de la formulación de la
política pública educativa: aunque continúan, entre otros, los problemas de
cobertura, calidad, capacitación y/o formación de los docentes, los diferentes gobiernos buscarán resolverlos basándose en los modelos de la planificación
y en las directrices de los organismos internacionales.
Entre 1976 y 1991 la preocupación de los gobiernos se centrará en mejorar los indicadores poniendo el énfasis en la capacidad cuantitativa del sistema para responder y atender la demanda (número de establecimientos, número
de maestros, número de estudiantes matriculados, etcétera). Hacia 1991 el Estado colombiano ya había suscrito varios pactos y acuerdos internacionales que lo comprometían en la garantía de los derechos humanos, entre ellos:
• Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 29 de octubre de 1969.
• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 29 de octubre de
• Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 29 de octubre de 1969.
• Segundo Protocolo Facultativo destinado a abolir la pena de muerte, 5 agosto de 1997.
• Convención Internacional sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, 2 de septiembre de 1981.
• Convención Internacional sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra La Mujer, 19 de enero de 1982.
• Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, 8 de diciembre de 1987.
• Convención sobre Derechos del Niño, 28 de enero de 1991.
Tanto la sociedad como las políticas públicas eran renuentes ante el tema de
la garantía y el respeto de los derechos humanos más allá de las situaciones
que tenían que ver con el conflicto armado del país. Incluso para la guerrilla
el tema de los derechos humanos fue por mucho tiempo un resultado del
Estado burgués al cual manifestaban estar combatiendo. A comienzos de la década del ochenta, la Federación Colombiana de Educadores (FECODE) en su XII Congreso decide impulsar el movimiento pedagógico a nivel nacional el cual se proponía, entre otros, el estudio e investigación de las políticas públicas educativas y la problemática pedagógica. Este movimiento va a jugar un papel importante en la definición de la educación en el país,
especialmente a raíz de la participación de algunos de sus más reconocidos
252 activistas que aportan sus ideas en la asamblea que promulga la Constitución de 1991, y posteriormente en la elaboración de la ley general de educación
y del plan decenal de educación. A finales de la década del ochenta se
desde sectores de
la disminuida izquierda legal, que empató con la inconformidad de otros de procedencia liberal golpeados por el asesinato de Luis Carlos Galán (candidato presidencial del partido liberal)” (González, p. 17).
gesta el movimiento por la Constituyente, promovido “
3. El fundamento constitucional de la educación
En lo referido a la problemática educativa, la carta constitucional ha originado distintos debates que señalan, por el mismo hecho de originar, la entrada en forma masiva del tema del derecho a la educación en el país. En el texto de la Constitución Política de 1991 (C.P) la educación no está contemplada dentro del capítulo que habla de los derechos fundamentales, pero aparece en el capítulo de los derechos sociales, económicos y culturales, donde es considerada un derecho fundamental de los niños y niñas:
Artículo 44: Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación11 y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia. La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores. Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás.
Más adelante, en el artículo 67 se establece:
Artículo 67: La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a los
derechos humanos, a la paz y a la democracia y en la práctica del trabajo
la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico
para la protección del ambiente. El Estado, la sociedad y la familia
son responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco
y los quince años de edad y que comprenderá, como mínimo, un año
de preescolar y nueve de educación básica. La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos.
Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el
cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual
y física de los educandos, garantizar el adecuado cubrimiento del
servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo. La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y administración de los servicios educativos estatales, en los términos que señalen la Constitución y la ley.
4. La Ley de Educación nacional colombiana
La Ley General de Educación –Ley 115, del 8 de febrero de 1994– fue el resultado de una amplia discusión y buscó integrar en ella elementos consecuentes con el desarrollo constitucional, relacionados con la participación, la paz, los derechos humanos y la democracia.
La Ley señala las normas generales para regular el Servicio Público de la educación que cumple una función social. Al respecto, comenta Gustavo Dajer Chadid
se suscitó una polémica en torno a si el proyecto de ley debía
ser tramitado como (ley) estatutaria. Se decidió que, como la educación es un derecho y también un servicio público, al proyecto que continuó su curso en el Congreso se le sustrajo la parte concerniente a derechos y así siguió su trámite seguro como ley que regula el servicio público de la educación. Simultáneamente presentamos otro proyecto de ley al cual se le dio la categoría
segundo, por motivos que ignoramos, no logró ser tramitado en la Comisión Primera del Senado de la República (Dajer Chadid, 2001, p. 10).
de ley estatutaria que regulara el derecho a la educación
Los temas sobre los cuales trata la ley son los siguientes:
• Definición del servicio educativo.
• Fines de la educación.
• Competencias generales de la comunidad educativa, la familia y la
• Estructura del servicio educativo.
• Modalidades de atención a poblaciones.
• Organización para la prestación del servicio, dentro de la cual se destacan:
1. La preparación del Plan Nacional de Desarrollo Educativo – Plan decenal de educación–, el cual se hace en coordinación con
las entidades territoriales y tiene un carácter indicativo para la elaboración de los planes de desarrollo.
La elaboración e implementación del Proyecto Educativo
Institucional, cuya finalidad es armonizar los fines y reglamentos de las instituciones escolares con el ordenamiento constitucional
contextualizar la institución escolar en la comunidad local o regional.
La conformación del Gobierno Escolar, integrado por el rector, el consejo directivo y el consejo académico, buscando la participación de la comunidad educativa en la toma de decisiones de la institución escolar.
La creación de la Junta Nacional de Educación (JUNE) y las Juntas Departamentales y Municipales.
La organización periódica de foros educativos municipales, distritales, departamentales y nacionales.
La competencia del Congreso de la República, la nación y las entidades territoriales.
Las funciones del Ministerio de Educación en la prestación del servicio de educación.
La financiación de la educación (en consonancia con la Ley 60 de
Estímulos especiales para las instituciones escolares.
régimen laboral y de contratación.
Los derechos académicos.
Los desarrollos planteados por esta Ley han sido implementados de manera parcial en algunos casos y en otros quedaron desvirtuados por las dinámicas sociales, por ejemplo: la elaboración de Proyectos Educativos Institucionales sufrió un revés con la implementación de la política de integración de centros educativos que buscaba una mayor eficiencia de los recursos y la administración educativa; los foros educativos, cuyo propósito era el de reflexionar sobre el estado de la educación y hacer recomendaciones a las autoridades educativas para el mejoramiento y cobertura de la educación, han hecho énfasis en experiencias significativas y en los desarrollos de las áreas curriculares pero no han logrado incidir en la formulación de políticas educativas que conlleven el mejoramiento de la educación; el Gobierno Escolar no logró consolidarse como un espacio de participación e incidencia de la comunidad educativa.
5. La educación, ¿es o no es un derecho fundamental?; y, de ser así, ¿por qué no se incluyó en el capítulo de los derechos fundamentales?
La Corte Constitucional de Colombia mediante varias sentencias se ha pronunciado frente a la educación como derecho fundamental y para ello ha argumentado:
El criterio empleado en este momento para determinar si un derecho es fundamental o no consiste en que se otorga el calificativo de fundamentales en razón de su naturaleza, esto es, por su inherencia con respecto al núcleo jurídico, político, social, económico y cultural del hombre. Un derecho es fundamental por reunir estas características y no por aparecer reconocido en la Constitución Nacional como tal” (Sentencia T-418, 12 de junio de 1992).
La Educación es un Derecho Fundamental, por lo que es inherente, inalienable, esencial a la persona humana, que realiza el valor y principio material de la igualdad consagrada en el Preámbulo de la Constitución Nacional y en los artículos 5 y 13 de la misma carta política. La educación está reconocida en forma expresa en el artículo 44 cuando hace referencia a
los derechos fundamentales de los niños, señalando entre otros, el “Derecho
a la educación y a la cultura”. Y, aunque con estos argumentos parecieran
resueltas gran parte de la discusión, sucede lo contrario. Aspectos como la educación privada y pública, los fines y objetivos de la educación, los procesos de evaluación, los recursos financieros, la profesión docente, la promoción automática, el estatuto docente, la gratuidad de la educación, la ley estatutaria de educación, el proyecto alternativo de educación, entre otros muchos, que van exponiéndose desde la argumentación más global a la más específica relacionada con el aula, se convirtieron en temas obligados del quehacer educativo del país y en problemas ineludibles cuando se habla del derecho a la educación.
Dado el vacío señalado, ha sido la Corte Constitucional quien ha asumido 256 la defensa de la educación como un derecho fundamental; La Corte Constitucional ha declarado que la educación es un derecho fundamental
de aplicación inmediata en dos situaciones: cuando quien reclama es menor de edad, por cuanto la Constitución explícitamente reconoce la educación como derecho fundamental para este segmento de la población; y cuando la vulneración del derecho a la educación está vinculada con la amenaza
o violación de otro derecho de carácter fundamental, por conexidad con
otros derechos. En el primer caso se reconoce que existe una obligatoriedad del Estado para con sus menores en cuanto a su derecho a la educación y, por lo tanto, se debe garantizar la disponibilidad, el acceso, la permanencia
y la calidad de la misma. En el segundo caso, como dicha obligatoriedad
no es clara se la reconoce a través de la conexión con otros derechos, por ejemplo, en el caso de que un estudiante sea sancionado, expulsado o que se le aplique otro castigo sin justificación razonable por restricciones a su apariencia personal –llevar el cabello largo, usar aretes, pulseras, tener la uñas pintadas, etc.– o por decisiones de tipo personal –estar conviviendo con su pareja, estar embarazada–. Otros ejemplos son: cuando se le niega la participación, cuando se le imponen sanciones desconociendo su derecho a la defensa, cuando es víctima de tratos degradantes y se amenaza su integridad física, etc.
Aun cuando se ha considerado a la educación como un derecho fundamental, este no es absoluto y en algunos aspectos requiere, para hacer efectiva su garantía, un avance progresivo, por lo cual, la Corte Constitucional y los instrumentos internacionales han establecido un “núcleo esencial” del derecho a la educación:
c) Se denomina contenido esencial o núcleo esencial al ámbito necesario e irreductible de conducta que el derecho protege, con independencia de las modalidades que asuma el derecho o las formas en que se manifieste. El núcleo esencial de un derecho fundamental, entonces, no está sometido a la dinámica de coyunturas políticas.
En el caso del derecho a la educación, no es posible negar injustificadamente
el acceso y la permanencia en el sistema educativo a una persona. (Sentencia
T-944 de 2000. (texto publicado por la Defensoría del Pueblo El derecho a la educación en la Constitución, la jurisprudencia y los instrumentos internacionales. Este texto desarrolla el análisis pormenorizado de los derechos que forman parte del núcleo esencial del derecho a la educación y de las obligaciones que el Estado tiene: Disponibilidad (asequibilidad), Acceso (accesibilidad), Permanencia (adaptabilidad), Calidad (aceptabilidad) y el Derecho de Libertad en la educación.
Por su parte, el artículo 67 de la Carta Política, que constituye el pilar esencial de la educación advierte que, ésta
es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social: con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura”, para la adecuada formación del ciudadano. Corresponde entonces al Estado garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los estudiantes las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo.
De acuerdo con el artículo 70 de la Constitución Política,
el Estado tiene el deber primordial de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional (lo destacado es de la Sala).
Así pues, a juicio de esta Sala, en su función de intérprete de los preceptos superiores a efectos de proteger adecuadamente, mediante el mecanismo de la acción de tutela, los derechos fundamentales constitucionales, es dable entender que, dentro de los objetivos fundamentales de la actividad del Estado y las finalidades sociales inherentes a este, encaminadas al bienestar general y al mejoramiento de la calidad de vida de la población, la salud, la educación, el saneamiento ambiental y el agua potable, constituyen servicios públicos esenciales de regulación constitucional.
Por consiguiente, el mismo Estado está en la obligación de asegurar su prestación eficiente y permanente para todos los habitantes del territorio nacional, dentro del espíritu de las finalidades sociales del Estado, referenciadas en el artículo 366 de la C.P., que para este caso permite la prevalencia del interés general sobre el particular por encontrarse en juego el valor del conocimiento, según se dijo por la Corte desde 1992, en la (sentencia No. T-02 de 1992).
De lo anterior se puede concluir que la norma más importante que considera la educación como derecho fundamental es la Constitución Política de 1991
y que gracias a dos desarrollos de esta Constitución –el establecimiento de la acción de tutela para reclamar los derechos fundamentales y la creación de la Corte Constitucional–, se ha podido construir en el país la argumentación
y hacer efectivo el cumplimiento del derecho a la educación. Sin embargo,
es notable el vacío provocado por la ausencia de una Ley Estatutaria de Educación, en especial porque muchas de las acciones de tutela que se han
instaurado se deben a un desconocimiento por parte de las autoridades o instituciones, tanto públicas como privadas, de sus responsabilidades frente
a la garantía del derecho a la educación.
La educación en Colombia al ser un servicio público de carácter coercitivo, enfocado a la coordinación, inspección y vigilancia del Estado debe hacerse extensible a toda la población nacional, debe ser resguardado, garantizado a todos los habitantes, permitiéndose concluir que es un derecho fundamental cuyo ejercicio se concreta en la dignidad humana, como quiera que permite adquirir conocimiento y consintiendo así el desarrollo de las personas.
La Corte Constitucional en Colombia es una herramienta necesaria para hacer efectivo el mandato de la igualdad del art 13 C.P. toda vez que fortalece la finalidad de oportunidades, permitiendo la proyección social del ser humano y la garantía de otros derechos fundamentales.
El derecho a la educación dignifica a las personas y es un elemento esencial para el desarrollo humano, social y económico siendo un instrumento para la construcción de la equidad social y pieza clave para el desarrollo de la sociedad.
Si bien, se ha avanzado considerablemente en el ajuste normativo para garantizar el derecho a la educación en Colombia este aún es lento e insuficiente en cuanto a las demandas del país; como quiera que para la satisfacción del derecho a la educación primaria obligatoria y gratuita, es urgente que se aplique efectivamente la normatividad internacional y se cumplan las reiteradas recomendaciones de los órganos de protección de los derechos humanos. Además, es necesario que se acate la jurisprudencia que, en materia educativa, ha desarrollado la Corte Constitucional.
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