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Recepción de don Emilio Bello Codecido como miembro académico de la Facultad de Derecho| | Anales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Recepción de don Emilio Bello Codecido como miembro académico de la Facultad de Derecho
El 3 de septiembre de 1956 se reunió en sesión solemne la Facultad de Ciencias jurídicas y Sociales, con asistencia de numerosos profesores, alumnos y publico, con el objeto de recibir como Miembro Académico de la corporación a don Emilio Bello Codecido.
El nuevo académico diserto sobre 'El Arbitraje en Derecho Internacional. La reforma de la Constitución de 1925'.
El discurso de recepción estuvo a cargo del profesor de Derecho Internacional Publico don Ernesto Barros Jarpa.
El arbitraje en Derecho Internacional. La reforma de la Constitución de 1925.
Los conocimientos generales del Derecho y en especial del Derecho Público, adquiridos en las aulas universitarias, dan sin duda una base provechosa de preparación a quienes circunstancias determinadas, no 'previstas, llevan al desempeño de funciones públicas de responsabilidad en las diversas ramas de la administración, en la vida política, la diplomacia y a veces, con la representación del país en el campo de las relaciones internacionales. En este orden de actividad me ha cabido alguna participación en el, estudio, defensa y aplicación de los principios a que se hall ajustado en todo tiempo las normas de nuestra política exterior en cuanto se han relacionado con los delicados problemas, acuerdos o controversias de carácter internacional. Los modestos esfuerzos que he podido dedicar en estas eventualidades del servicio público, han merecido muy benévola apreciación de parte de la Facultad de Ciencias jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile al señalarme honroso sitio entre los Miembros Académicos por ella designados. Para corresponder a esta inesperada distinción en la medida de mis actuales capacidades y dar cumplimiento a las disposiciones del Estatuto Orgánico respectivo, he creído del caso referirme a los principales problemas de política internacional cuya consideración y estudio han sido objeto de personales actividades; y también, a las cuestiones o problemas suscitados en la vida nacional con la reforma de nuestro régimen político. Entre los más importantes temas o tesis considerados en las Conferencias Panamericanas referentes a los medios más eficaces para prevenir o solucionar pacíficamente los conflictos internacionales, ha merecido atención preferente el principio del Arbitraje. Este principio ha tenido en Chile constante y decidida aplicación; pero, no ha aceptado que esta aplicación se la imponga con desmedro de su Soberanía y dignidad. A este respecto cabe recordar lo ocurrido en la Segunda Conferencia Internacional Panamericana reunida en la ciudad de México en octubre de 1901 a febrero de 1902. En esa ocasión me correspondió formar parte de la delegación de nuestro país, en Unión de los señores Alberto Blest Gana, Augusto Matte y Joaquín Walker Martínez, encontrándome a la sazón acreditado como Ministro Plenipotenciario ante el Gobierno mexicano. Allí se congregaron diecinueve naciones Americanas y el tema del arbitraje, que figuraba en el primer número del Programa del Congreso, dió lugar a serias dificultades y discusiones llamadas a perturbar la armonía en los procedimientos y acuerdos de la Asamblea, y a producir el posible fracaso de la Conferencia por la insistente iniciativa de cierto grupo de delegaciones para promover el problema del arbitraje obligatorio y retrospectivo para todas las cuestiones pendientes o futuras entre los países del continente con el deliberado propósito de dar a otros países injustificada intervención en las cuestiones derivadas de la Guerra del Pacifico que Chile tenia pendientes con las Repúblicas del Perú y Bolivia. Esto podía tener el alcance de llegar a la posible revisión de los Tratados que pusieron termino a esa grave contienda internacional. Las cuestiones derivadas de la Guerra del pacifico, crearon a la política de nuestro país dificultades y conflictos que en definitiva habrían de solucionarse por medio del arbitraje de acuerdo con la tradicional norma seguida por nuestra República desde los primeros actos de su vida independiente y soberana. Ya entonces, antes de ese conflicto, Chile había sometido al arbitraje la cuestión de limites con la República Argentina, demostrando así su devoción a este principio, para solucionar una de las más graves cuestiones que pueden perturbar la paz entre países limítrofes. En México, un pacto de arbitraje obligatorio y retrospectivo fue suscrito por diez delegaciones que constituían mayoría, sin que de ello dieran conocimiento a la Conferencia. Simultáneamente estas mismas delegaciones firmaron otro convenio de adhesión al arbitraje facultativo consagrado en el Congreso de la Haya de 1899, al cual agregaron su firma otras seis delegaciones. Con este extraño procedimiento quedaban excluidas de estos acuerdos la delegación de Chile, que no había sido consultada, y la de Ecuador, que se negó a suscribirlos, como si ambas fueran contrarias al principio del arbitraje. Así se conseguía el propósito de eliminar el principal tema del programa de las deliberaciones y resoluciones de la Conferencia. En tal situación, no ajustada a las Prácticas usuales de las Conferencias Internacionales, Chile por su parte presentó un fundado proyecto de Arbitraje Facultativo concorde con las conclusiones a que en esta materia había llegado el Congreso de la Haya. La delegación de Chile debió oponer invencible resistencia a estos inusitados procedimientos con los cuales se pretendía sancionar oficialmente por la Conferencia, y sin debates, proyectos de tratados celebrados fuera de ella, aun cuando de este modo se creía por algunas delegaciones, principalmente por las invitantes al Congreso, Estados Unidos y México, poder conciliar las opiniones en pugna y el único medio de evitar la discusión en el seno de la Conferencia del problema del arbitraje convertido en enojosa cuestión política ocasionada a frustrar los elevados fines que inspiraron la convocatoria del Congreso. En esta resistencia, nuestra delegación, acompañada del Ecuador, mantuvo incansable su proyecto de arbitraje durante las memorables sesiones consagradas al tema más importante de la Conferencia, alcanzando por fin el deseado resultado de obtener como única y solemne resolución en materia de arbitraje el acuerdo unánime de adhesión a las Convenciones adoptadas en el Congreso de la Haya. La actitud de Chile evito, en el caso de México; que el principio del Arbitraje se desnaturalizara para hacerlo servir otros fines que no fueran los de asegurar la paz y solidaridad entre los Estados y prevenir conflictos que pudieran perturbar las buenas relaciones entre ellos. Grande y favorable influencia tuvo en las relaciones Políticas de las Repúblicas Americanas la solución dada en México a la discutida cuestión del arbitraje. A las controversias que entonces amenazaban debilitar las bases en que descansa la Unión, solidaridad y progreso común de ellas, sucedió una era de paz, de mutua consideración y mayor armonía en bien de sus recíprocos intereses. De ello dan muestra elocuente los importantes pactos sobre Arbitraje y Limitación de Armamentos celebrados entre Chile y la República Argentina en mayo de 1902, poco después del Congreso de México, en cuyas bases esenciales se consulta la necesidad de establecer que la Argentina no intervendría en la Ramada cuestión del pacifico y consecuencialmente, por parte de Chile, que no existía ningún propósito de expansión territorial que le diera mayores expectativas sobre las que podían derivarse de los Tratados que pusieron termino a la Guerra del pacifico Posteriormente, en 1904, hallándome a cargo de la cartera de Relaciones Exteriores, me correspondió dar termino a las negociaciones con la República de Bolivia para la celebración de un Tratado de Paz definitiva, que se celebro y suscribió en Santiago el 20 de octubre de aquel año. Conforme a sus disposiciones el arbitraje se establece para la solución de todas las cuestiones que puedan suscitarse sobre su cumplimiento. Los progresos del Arbitraje en la época moderna han extendido su aplicación para prevenir y solucionar las controversias internacionales que puedan amenazar la paz de las naciones, ampliando considerablemente el radio de acción señalado a la justicia arbitral y otorgando a los Tribunales encargados de ejercerla, facultades que les permitan fundar sus resoluciones, no solamente ajustándose al derecho estricto sino también al principio de la equidad o amigable composición en los casos en que no haya una base cierta para dar un fundamento jurídico a la resolución o fallo arbitral. Puede en efecto citarse lo dispuesto en virtud del artículo 38 del Estatuto de la Corte Permanente de Justicia Internacional, instituida por la Sociedad de las Naciones, que da a la Corte la facultad de decidir ex aequo et bono, siempre que las partes consientan en ello. Si esta condición se realiza, la Corte cambia de carácter, dejando de ser una Corte de Justicia ligada por las normas jurídicas internacionales, para constituirse en un amigable componedor colectivo. En el artículo 28 del Acta General votada por la Asamblea de la Sociedad de las Naciones durante su novena sesión en 1928, en materia de conciliación, de arbitraje y reglamento judicial, dispone que en el silencio del compromiso, el Tribunal Arbitral aplicara las reglas de fondo enumeradas en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Permanente de Justicia Internacional. En tanto que no existan tales reglas aplicables al diferendo, el Tribunal juzgará ex aequo et bono. Asimismo, en diversos tratados de arbitraje y conciliación, celebrados por países europeos en 1925, 1927 y 1928, se consulta que si las partes consienten en ello, el Tribunal Arbitral podrá, en vez de fundar su fallo en principios jurídicos, estatuir según consideraciones fundadas en la equidad. Probablemente por haber concurrido como delegado de Chile a diversas Conferencias Panamericanas y en algunas ocasiones actuar en el desempeño de la Cartera de Relaciones Exteriores en momentos de trascendental importancia para nuestra política exterior, y la continuidad prolongada por varios años de mis actividades en este campo de la vida internacional, me ha permitido recibir la mayor honra y prueba de confianza de los Gobiernos de las Repúblicas de Guatemala y Honduras al designarme para formar parte de un Tribunal Especial de Limites, que funcionó en Washington, presidido por el eminente jurisconsulto y hombre de Estado norteamericano, Mr. Charles Evans Hughes, por el cual sometieron a su decisión arbitral una antigua y enojosa controversia limítrofe. El Tratado por el cual las Repúblicas de Guatemala y Honduras someten a la decisión de un Tribunal Arbitral esta importante cuestión de limites, celebrado en Washington el 16 de julio de 1930, es tal vez en el que mayor extensión se ha dado en los últimos tiempos al principio del Arbitraje. En virtud de sus estipulaciones, se dió al Tribunal la facultad de fijar la línea jurídica de fronteras conforme a la doctrina del utti possidetis, adoptada generalmente en las cuestiones limítrofes Americanas, y también, para resolver ex aequo et bono, en la parte del litigio en que esa línea jurídica no pueda establecerse, siendo este probablemente el único caso en que se reviste de las facultades de amigable componedor a un Tribunal encargado de dirimir una casi secular y complicada controversia de limites que había sido desde 1845 constante amenaza de perturbación de la paz y armonía entre los dos países. Es, pues, de interés considerar este caso en que el arbitraje se extiende a resoluciones que salen del marco señalado a los fallos de jure para ajustarlas a los principios de la equidad, revistiendo al arbitro del carácter de amigable componedor en un litigio internacional de limites. La amigable composición se caracteriza como una base de juicio imparcial y equitativo, que no puede apartarse de las reglas del derecho al fundar su resolución conforme con el principio de la equidad. En el estudio de este nuevo aspecto del arbitraje presentado al Tribunal Especial de Límites, constituido por el Tratado celebrado por las mencionadas Repúblicas, había que considerar la base del derecho en que podría fundarse un fallo en equidad; y la naturaleza de los actos de ocupación producidos en el terreno litigioso, inexplorado a inhabitado en la época del dominio español, dando lugar a una posesión de facto no autorizada por títulos ni autoridades coloniales. Dada la facultad que se otorgaba al Tribunal para resolver con arreglo a la equidad sobre las ocupaciones de ambos países en la zona territorial respecto de la cual carecían de título derivado de los actos de dominio y de control administrativo de las autoridades coloniales españolas, se hace necesario establecer cuales de estas ocupaciones podían dar legitimo título de posesión en virtud de antecedentes y razones que pudieran servir de fundamento a una resolución en equidad respecto de ellas. Las modificaciones de la línea jurídica, o utti possidetis que el Tribunal podía efectuar, según el Tratado, en atención a los intereses creados por una y otra parte más allá de esa línea jurídica, constituían la sección del litigio que se dejaba sometida a un fallo en equidad. Para llegar a este fin, había que buscar la base de derecho que permitiría legitimar la posesión de facto allí existente y encontrar en la posesión de buena fe, atribuyéndola a las ocupaciones anteriores al litigio, el. título de dominio que el país ocupante podría obtener en conformidad a la equidad. En la proposición de fallo que por mi parte me correspondió presentar al Tribunal, expuse esta doctrina como base de derecho para un fallo de equidad, de acuerdo con la facultad que le había sido otorgada para modificar la línea jurídica de fronteras y resolver en el carácter de amigable componedor. El Laudo dictado por el Tribunal Arbitral en 23 de enero de 1933, poniendo termino definitivo a este interesante y trascendental problema de limites, dió al fallo en equidad la base justa a imparcial propuesta, mereciendo la amplia a inmediata aprobación de las partes. Quedó así, en este caso, enaltecido y fortificado el principio del arbitraje en la solución pacifica de los conflictos internacionales. Paso ahora a los actos de la vida nacional en que he tenido obligada intervención y no poca responsabilidad. Ellos se relacionan con las circunstancias y acontecimientos que impulsaron la reforma de nuestro régimen constitucional en 1925. La Constitución de 1833, llamada a robustecer el. principio de autoridad, asegurar la paz interna y dar estabilidad al Gobierno, no dejó claramente establecida la separación a independencia de los poderes del Estado. Creó un Ejecutivo fuerte. El Presidente de la República, según sus disposiciones, es el jefe Supremo de la Nación. Le confía la administración y gobierno del Estado y su autoridad la extiende a todo cuanto tiene por objeto la conservación del orden público en el. interior y la seguridad exterior; guardando y haciendo guardar la Constitución y las Leyes de la República. También lo faculta para nombrar y remover a su voluntad a los Ministros del Despacho y oficiales de sus secretarias. No es acusable por el Congreso durante el ejercicio de sus funciones. En otras de sus disposiciones, la Constitución del 33 deja subordinado a la aprobación o rechazo del Congreso la ley anual de presupuestos, las leyes que autorizan el cobro de las contribuciones y la permanencia de las fuerzas del ejercito en el lugar de las sesiones del Congreso y hasta diez leguas de su circunferencia. Podía así llegarse al extremo de que no solamente una ocasional mayoría, sine una simple minoría consiguiera obstruir o postergar la aprobación de estas leyes constitucionales con grave perturbación de la marcha regular de la Administración y del orden constitucional de la República. Además establece que no son incompatibles las funciones de Ministro del Despacho con las de Senador o diputado, lo que. es de la esencia del régimen parlamentario, que consagra el predominio del Congreso sobre el. Ejecutivo. Ahora bien, ya en el curse de 1890, al aproximarse la elección de Presidente de la República; se inició un periodo de agitada lucha política entre los partidos que se disputaban la preeminencia en las influencias del Gobierno a favor de las candidaturas a la sucesión presidencial de los elementos que formaban la mayoría parlamentaria. La imposibilidad de armonizar esas corrientes que dividían a los partidos de gobierno en cuanto a la designación del candidato que los uniera patrióticamente en el común propósito de servir ante todo los primordiales intereses del país intensifico la lucha en el seno mismo del gobierno entre los representantes de los partidos que constituían la mayoría del Congreso. Uno de estos partidos rompió sus relaciones con el Presidente de la República, abandono su situación en las esferas oficiales, que consideró desmedrada y desfavorable a sus aspiraciones presidenciales. Retirando su apoyo al Gobierno no tardo en engrosar la corriente opositora aportando a ella las fuerzas Políticas que le conquistaban, desde luego, la mayoría parlamentaria, al mismo tiempo que se destruía la mayoría que sustentaba en el Congreso la acción y labor administrativa del Presidentes de la República, al aproximarse ya el termino de su mandato constitucional. La ruptura de esta mayoría debía traer fatales consecuencias y produciría. inevitablemente un grave conflicto de atribuciones entre el Poder Ejecutivo y el Congreso. Tal fue, en mi concepto, el origen de la revolución de 1891, y de la desgraciada guerra civil que sacudió los cimientos de la vida institucional del País con sus funestos y dolorosos resultados. Producido el conflicto entre el Congreso y el Ejecutivo, la mayoría opositora asumió una actitud francamente revolucionaria, imposibilitando la marcha del Gobierno con la postergación indefinida de las leyes que autorizan el cobro de las contribuciones y la permanencia de fuerzas del ejercito, en las cercanías del Congreso. Igual postergación se resolvió respecto de la ley de presupuestos, aplazando indefinidamente su despacho. Era el principio de una revolución que llevo al país a una enconada y sangrienta guerra civil cuyo desenlace final aseguro al Congreso su predominio sobre el Ejecutivo, dejando en el hecho consagradas en favor de su causa la interpretación y aplicación de los principios y disposiciones de la Carta Fundamental. Esta supremacía adquirida por el Congreso después del grave trastorno que convulsiono al país en 1891, dió la fisonomía de régimen parlamentario al establecido por la Constitución del 33, sin que se hubiera reformado ninguna de sus disposiciones para que ellas se adaptaran a dicho régimen. De esta anormal situación derivo la existencia del parlamentarismo chileno que continuó dominando en la vida política y administrativa de la República pasta 1924, en que las exageraciones y esterilidad de la acción parlamentaria, la inestabilidad de los gabinetes, la consiguiente anarquía política y el desorden en la Administración Pública, produjeron la crisis del anárquico sistema que la opinión pública condenaba en forma do general protesta y descontento. Un movimiento de rebelión contra este estado de cosas se produjo en la oficialidad joven del Ejercito y esta fue la manifestación inicial del movimiento revolucionario militar que impulsó a las Fuerzas Armadas a tomar la responsabilidad de la situación y que una junta Militar se encarga de encauzarla hacia el patriótico objetivo de la reforma, del régimen constitucional, situación que motivó la salida del país del Presidente Alessandri. El primer acto realizado en el sentido de la Reforma que señalaba la finalidad perseguida por la revolución al constituir una Junta de Gobierno, fue la disolución del Congreso: El manifiesto lanzado por la junta Militar Revolucionaria el 11 de septiembre de 1924, en el cual se dejaron consignados los móviles y aspiraciones de orden exclusivamente patrióticos, que inspiraban la revolución, dice en su parte esencial: 'Este movimiento ha sido fruto espontáneo de las circunstancias. Su fin es abolir la política gangrenada; y su procedimiento enérgico pero pacifico es ahora de cirujia y no de venganza y castigo. Se trata de un movimiento sin banderas de sectas o partidos, dirigido igualmente contra todas las tiendas Políticas que deprimieron la conciencia pública y causaron nuestra corrupción orgánica'. 'Ninguno de los bandos podrá arrogarse la inspiración de nuestros actos, ni deberá esperar para si la cosecha de nuestro esfuerzo. No hemos asumido el poder para conservarlo. No hemos alzado ni alzaremos un caudillo, porque nuestra obra debe ser de todos y para todos'. 'Mantendremos las libertades públicas, porque de su ejercicio racional nace toda creación y porque bien sabemos que de ella arranca su existencia la mas augusta de las conquistas: el reconocimiento de la soberanía popular de creación y no de reacción, es el momento. Nuestra finalidad es la de convocar a una libre Asamblea Constituyente, de la cual surja una Carta Fundamental que corresponda a las aspiraciones nacionales'. Hasta aquí el manifiesto. Como puede verse, este documento dió desde el principio la verdadera significación y alcance al movimiento militar de 1924, que, lógicamente, no podía ser sino el que imponía la opinión pública; el de la reforma del régimen anárquico que por largos años soportaba el país. Confirma el objetivo de la reforma perseguido por este primer movimiento, el hecho de que habiéndose apartado la junta de Gobierno de septiembre de 1924 de este rumbo, y abandonado la idea de concretar y realizar las aspiraciones de reforma, se produjo un segundo movimiento militar en 23 de enero de 1925, organizándose una nueva junta de Gobierno que me correspondió presidir por acuerdo de las Fuerzas Armadas, la cual encamino sus esfuerzos a restablecer la situación constitucional del Gobierno civil y a confiar al Presidente Alessandri, devuelto al ejercicio normal del poder, la realización de la Reforma, o sea, dar cumplimiento a los elevados fines de la revolución militar. Concuerda con estos antecedentes innegables la declaración oficial hecha al iniciar sus funciones por el Ministerio organizado por la nueva junta. En ella se dice: 'que su acción se empeñara en el cumplimiento del manifiesto del 11 de septiembre y da comienzo al desarrollo del plan de Reforma contenido en dicho manifiesto'. Fue así como se genero y realizo, en 1925, la reforma de nuestra Carta Fundamental, sometida a una votación plebiscitaria que le dió la amplia y solemne aprobación de la voluntad nacional libremente manifestada en uno de los actos más trascendentales de nuestra vida republicana y democrática. Estos antecedentes cuya exactitud histórica no puede desconocerse sin incurrir en voluntario error, caracteriza en forma inequívoca la crisis constitucional de 1924, cuya solución debía encontrarse en la reforma del régimen anárquico que soportaba el país desde 1891, siendo este el objetivo primordial que inspirara a las Fuerzas Armadas al encauzar hacia este fin patriótico los movimientos militares de 1924 y 1925. Sin entrar a considerar en detalle la reforma constitucional de 1925, puede afirmarse que ella no tuvo por objeto destruir los cimientos del sólido edificio de la Carta del 33, sino que se limito a modificar algunas de sus disposiciones, agregar o suprimir otras, y en el conjunto, a establecer un régimen constitucional bien definido, sobre las mismas bases de aquel sabio organismo constitucional dado a la República en la primera etapa de su vida independiente. Conservando a este su estructura general, la reforma tiende primordialmente a dejar claramente establecido el régimen presidencial de gobierno sobre la base esencial de la separación a independencia de los poderes del Estado, poniendo termino al parlamentarismo criollo que desde 1891 había prevalecido en la vida política del país, debilitado el principio de autoridad y creado una situación de desgobierno y anarquía. Caracteriza a este nuevo régimen la modificación del artículo 81 de la Constitución del 33, en virtud de la cual establece la incompatibilidad de las funciones de los miembros del Parlamento con las que corresponden a los Ministros de Estado, que son ahora solamente Secretarios del Presidente de la República, cuyo mantenimiento en el cargo no esta sujeto a la censura de las inestables a ocasionales mayorías parlamentarias. Con arreglo al nuevo texto constitucional únicamente procede la acusación de los Ministros por la Cámara de Diputados, por los graves delitos indicados en el artículo 39, letra b. El Presidente de la República, que no podía ser acusado durante su gobierno, lo es ahora de acuerdo con el artículo 39, letra a. Entre las principales innovaciones introducidas en la Carta vigente, pueden citarse las siguientes Creación de las Asambleas Provinciales, llamadas a asegurar la descentralización administrativa y una mayor autonomía a las provincial, cuya organización se deja subordinada a la dictación de una Ley especial sobre la materia. Establecimiento del Tribunal Calificador de Elecciones, con lo cual se pone termino a las calificaciones que de ellas hacían las Cámaras con criterio político. Facultad al Presidente de la República para pedir urgencia en el despacho de los proyectos sometidos por el Ejecutivo a la consideración del Congreso. Presentación del proyecto de ley de Presupuestos con 4 meses de anterioridad a la fecha en que debe empezar a regir y si a la expiración de este plazo no se hubiere aprobado regirá el proyecto presentado por el Presidente de la República. Creación de los Tribunales Administrativos. Con respecto a las supresiones de otras antiguas disposiciones de la Carta Fundamental, la de mayor importancia es la que se refiere a hacer desaparecer la institución del Consejo de Estado. Obedeció probablemente la supresión de dicho Consejo a la necesidad imperiosa de despojar a esta Corporación de la facultad de generar el Poder Judicial. Con el fin de asegurar la independencia de este poder entregándole la facultad, que le es propia, de intervenir directamente en la designación de los miembros de los Tribunales de Justicia y demás personal de la Judicatura, que antes era la principal atribución del Consejo, la reforma del 25 dispuso la supresión total de esta Institución. 'Tan importante innovación concordaba con el principio de la separación de poderes y con las aspiraciones de moralidad política y administrativa consignadas en el plan de acción del movimiento revolucionario de 1924, haciendo desaparecer la corporación generadora del poder judicial, la que había llegado a ser influenciada directamente por las encontrados y mutables intereses de los partidos políticos con representación en ella. Es de lamentar, sin embargo, la completa supresión del Consejo de Estado si se considera que, despojado de su intervención en la designación de los jueces, puede conservar otras funciones de gran importancia para el nuevo régimen de Gobierno. En el Régimen Presidencial, el Consejo de Estado constituiría un cuerpo asesor del Presidente de la República que prestaría su colaboración en el examen previo de los proyectos de Ley, de iniciativa del Ejecutivo, completando su estudio de modo que su presentación al Congreso no adolezca de precipitación inconveniente, ni quede subordinada únicamente a la presión de los partidos con representación a influencia en el Gobierno. Tema además el Consejo de Estado entre otras atribuciones la de conocer en las contiendas de competencia entre las autoridades administrativas y en las que ocurrieran entre estas y los Tribunales de Justicia; y también la de dar su dictamen lo todos los negocios en que el Presidente de la República juzgue conveniente consultar las opiniones del Consejo. Creo por tanto que el restablecimiento del Consejo de Estado para incorporarlo al nuevo régimen constitucional como cuerpo consultivo asesor del Ejecutivo, daría mayor confianza y prestigio a la acción política del Gobierno y le procuraría una mejor coordinación y armonía con el Congreso en la común tarea de dictar las leyes que necesite el país. En resumen, la Reforma Constitucional de 1925, conservó a nuestra Carta Fundamental el conjunto de disposiciones que dan a la aplicación y respeto del principio de autoridad la base esencial de nuestra organización política; y establece en forma bien definida el régimen presidencial de gobierno y pone al Ejecutivo a cubierto de los procedimientos de carácter revolucionario de otro poder público que detengan o paralicen la máquina administrativa, perturben gravemente la acción regular del Gobierno, y amenacen la existencia misma de, la vida institucional del país. Pongo aquí término a este discurso con el cual he procurado, en cuanto me ha sido posible, corresponder a la honra que me ha dispensado la Facultad de Ciencias jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile.
Don Emilio Bello Codecido
Pocas veces un Cuerpo Académico como nuestra Facultad tiene ocasión de enriquecerse con el ingreso de un nuevo miembro cuya larga existencia ha estado permanentemente consagrada a la aplicación de los principios jurídicos a ilustrada con una vida pública que es ejemplo de civismo y devoción patriótica. Don Emilio Bello Codecido, presenta en la historia de nuestro país el caso de un varón austero consagrado al estudio del Derecho Público, interno a internacional, que tuvo la fortuna de ser llamado al servicio de la patria en ambas disciplinas y de hacer, en cada una de ellas, un magnifico aporte de ciencia y experiencia. Perteneciente a la estirpe que dió a Chile el ilustre y polifacético maestro de maestros, don Andrés Bello, nació don Emilio en 1869 bajo un imperativo de jurista y hombre de Estado al que ha sabido hacer honor. El primer tratadista de Derecho de Gentes en América, en el orden cronológico y en el de la elevación y macicez de sus enseñanzas, tiene en el nuevo Académico a uno de sus seguidores más brillantes. Las virtudes cívicas y la chispa divina del talento de don Andrés, no se desvanecieron en este nieto que ha honrado sin claudicaciones tan alta tradición intelectual y ciudadana. No tenia aun veinte años cuando ya se había incorporado don Emilio Bello al servicio del Estado, en aquella administración ejemplar del gran repúblico don José Manuel Balmaceda. Los acontecimientos lo llevaron luego a desempeñarse coma Subsecretario de Marina durante el periodo trágico de la Revolución de 1891. Por esta circunstancia, a la que se agrego poco tiempo después su matrimonio con una de las hijas del Presidente, don Emilio estuvo antes, durante y después de la guerra civil, en el corazón del acontecimiento y su testimonio es por lo mismo de un valor indiscutible, especialmente si se encuentra, como en este caso, realzado por una inquebrantable serenidad de juicio. Presente en las alturas de la vida en que ahora tenemos la gran complacencia de verlo, en pleno brillo de sus facultades intelectuales, con una memoria prodigiosa que va hasta la capilaridad del suceso, tendremos siempre que lamentarnos de que una cruel enfermedad a la vista le haya impedido reunir papeles y testimonios Para darnos su propia y objetiva visión de todos los hechos en que le ha correspondido actuar. Sus numerosas obras -algunas como el sólido trabajo de incorporación que acabamos de oír, realizadas a base exclusiva de memoria - nos dan pruebas del poder de su inteligencia y salvan del olvido muchos acontecimientos fundamentales de la historia nacional; pero en el reposo de sus años, sin; preocupaciones de otro orden, don Emilio Habría podido darnos todavía un, cuadro de conjunto sobre la etapa histórica que el ha vivido,: cuyo valor no puede ponerse en duda. Con todo, sigue siendo un privilegio llegar hasta el y oírle en la Paz de su gabinete, discurrir con gran seguridad sobre hechos y circunstancias que protagonizo o presencio, y verificar que en la claridad mental del ilustre octogenario, reviven hombres y problemas de otro tiempo, sin que falte un detalle de importancia. Llegue -me dijo en una ocasión- a ser Subsecretario de Marina en circunstancias curiosas. Desempeñaba ese cargo don Manuel Salas Lavaqui persona que inspiraba al Presidente Balmaceda mucha confianza y por cuya lealtad le estaba muy reconocido. Ocurrió que poco antes de que estallara la revolución, el Presidente se dirigió en un buque de la Escuadra, en el que enarbolaba su insignia el, Almirante Williams Rebolledo, a inaugurar el dique de Talcahuano. Durante el viaje el Almirante mostró al Presidente un, anónimo que había recibido, como proveniente de altos jefes de la Marina; y en el cual se le instaba para que, aprovechando las circunstancias, ejecutase un acto histórico y resolviera el problema político de Chile apresando al Presidente Balmaceda y llevándoselo en tal carácter a Juan Fernández. El Presidente sufrió una verdadera impresión a la vista del extraño documento. El tenía conciencia de haber dado durante su Gobierno especial atención a. La Escuadra y, con adquisiciones de importancia, haberla puesto a un nivel antes desconocido. La fidelidad de la Marina la tenia por descontada. Pero ahora este mensaje anónimo, dirigido a un Jefe del prestigio y la respetabilidad de Williams Rebolledo, le producía una viva preocupación. Como medida de prudencia, terminada la inauguración del Dique, el Presidente comunicó su determinación de regresar a Santiago por tren, y tan pronto llegó a la Moneda convoco a sus hombres de confianza y les dió a conocer su resolución de desarmar de inmediato, temporalmente, la Escuadra. El Subsecretario señor Salas Lavaqui, que era el hombre de contacto entre el Presidente y la Marina, se horrorizo ante esta posibilidad y expreso en emocionada agitación que el Presidente iba a cometer el mas grave de los errores, infiriendo una ofensa al sector más leal y agradecido de su Gobierno. Fué tal el trastorno sentimental de Salas Lavaqui, que el Jefe del Estado acepto dar una nueva consideración al asunto. En esto estaba, cuando la Marina se pronuncio contra el Gobierno. Salas Lavaqui, abrumado por la sorpresa, presento de inmediato su renuncia. El Presidente, sin embargo, no perdió su aplomo. Se dispuso a hacer frente a lo que venia y llamo a don Emilio, quien servia bajo las ordenes del dimisionario, en la misma Subsecretaría. Para vencer sus vacilaciones el Presidente le dijo:
-Salas Lavaqui ira a la Caja Hipotecaria. Necesito que me acompañes en el cargo que el deja. Y así fue como el señor Bello Codecido paso a desempeñar al lado del Presidente Balmaceda en las horas trágicas del conflicto y lo con gran eficacia tanto en el Ministerio de Marina como en el de Guerra. Muchas veces pequeñas incidencias o hechos subalternos tienen una significación trascendental en un acontecimiento. Hay quien dice que si no hubiera volado un ave sobre los barcos de Colon, la América no Habría sido entonces descubierta. Cabría preguntarse ¿la equivocación de Salas Lavaqui, no fue un elemento esencial en el estallido de la cruenta lucha que siguió? Don Emilio guarda silencio; pero luego recuerda otro detalle: el General Velásquez, prestigioso Comandante en jefe del Ejercito, se quebró una pierna durante el conflicto y dejó a las fuerzas de tierra que sostenían al Gobierno constituído sin su valerosa y experta dirección. Puede todo esto no tener en el fondo gran importancia; pero yo salí esa tarde de la casa de don Emilio pensando en el valor trascendental que pueden adquirir los pequeños hechos . . . Caído el Gobierno de Balmaceda, trágicamente interrumpida la existencia del caudillo, el señor Bello Codecido se juntó con otro joven, también del circulo oficial más cercano al Presidente, don Guillermo Rivera, para ir a tentar suerte como abogado en Valparaíso. Tengo para mí que la clientela no se amontonó en el bufete de estos jóvenes juristas, porque a la vuelta de muy poco tiempo ambos eran Corredores de Frutos del país. Pero cada día que pasaba iba agrandando la figura del Presidente Balmaceda y, al amparo de ese aire de recuperación, el pueblo fue llamado en 1894 a elecciones, en las cuales la representación de Valparaíso recayó, con la primera mayoría, en el señor Bello Codecido. Por tres períodos consecutivos se le renovó este mandato. Su desempeño parlamentario fue brillante. Un día a del mes de abril del año 1898 el Presidente Errázuriz Echaurren llamo al señor Bello a su despacho para ofrecerle una Cartera Ministerial. Se trataba de organizar un Gabinete que presidiría uno de los lideres máximos de la Revolución de 1891, don Carlos Walker Martínez. En la Sala del Presidente había un grupo de caballeros, cuando el señor Bello llegó para excusarse: no se podía mezclar el agua con el aceite, después de todas las violencias empleadas por ambos bandos durante y después de la revolución. Pero un hombre fuerte, de voz campanuda y dominante, se acerco al joven candidato a Ministro y tomándole reciamente la mano le dijo: 'Señor, será un honor para mi compartir el Gobierno con usted.' Era don Carlos Walker Martínez quien, noblemente, ponía con este gesto, fin a una lucha enconada que tanto y tan largo luto había echado sobre la República. Antes que don Emilio se repusiera de su sorpresa, el Presidente, que era un gran hombre de mundo, cortó por lo sano y llamó al Subsecretario del Interior para que tomara los juramentos de rigor. En 1900 fue Ministro de justicia a Instrucción Pública y luego de Relaciones Exteriores, cargo este último que volvió a desempeñar el año 1904, durante cuya actuación le correspondió firmar el importante Tratado de Paz con Bolivia llamado por el nombre de sus Plenipotenciarios: Tratado Bello Codecido-Gutiérrez. Me permitiréis que vuelva sobre este trascendental documento un poco más adelante. El año 1923, ya bajo la Presidencia Alessandri, volvió a desempeñar esta cartera. Allí lo vemos también en las juntas de Gobierno, del conturbado período que se inicio el 5 de septiembre de 1924, hasta ser Presidente de la que restituyó el mando al señor Alessandri, en enero de 1925. El rol que jugó el señor Bello Codecido en este periodo fue de una ponderación tan equilibrada y de una acción tranquilizadora tan eficaz que la recuperación institucional de la República esta en deuda con él. En un libro claro, sencillo, sin estridencias ni alardes de ningún género, de ecuanimidad casi inverosímil, el señor Bello ha relatado esta etapa de nuestra historia. Leyéndolo se comprende que la materia explosiva que llevaban en su espíritu los jóvenes militares de aquellos movimientos, perdiera poco a poco su fuerza, ante la serenidad patricia de este hombre, que jugo en aquellos momentos su propia tranquilidad para devolvérsela al país que tanto la necesitaba. El Presidente Alessandri, que mucho respetaba a don Emilio, lo mantuvo a su lado en su segunda Presidencia desde 1933 a 1938, como Ministro de Defensa Nacional. De esta manera por espacio de más de 40 años figura don Emilio en lo que, con gran acierto, ha llamado un acucioso investigador: 'Los Anales de la República'. Si en el trabajo con que el señor Bello Codecido se incorpora a nuestra Facultad, el insiste en las ventajas de un moderado régimen presidencial de Gobierno, hay que reconocer que quien emite tal opinión lo hace desde la altura de una larga experiencia, muy poco común, adquirida, en todos los ángulos desde los cuales se puede mirar la dirección de los negocios públicos. A este respecto no es el señor Bello Codecido de los que creen que fueron el régimen parlamentario y el régimen presidencial los ideales por los cuales se combatió en la Revolución de 1891. Es verdad que se produjo una lucha de preeminencias entre el Ejecutivo y el, Congreso; pero ello provenía de desacuerdos políticos y personales con vistas a la próxima elección presidencial más que de una divergencia sobre el sistema de Gobierno. Sin embargo, como el lo dice, el triunfo del Partido del Congreso, hizo aparecer con una nueva fisonomía a la Constitución del 33; pero no se puede sostener que tal fisonomía parlamentaria, correspondiera al espíritu de esa Carta, en el cual descansaron Gobiernos fuertes como los de Bulnes, Montt, Errázuriz Zañartu y Santa Maria. Seguirá todavía por mucho tiempo la divergencia entre los partidarios de uno y otro régimen de Gobierno; pero es difícil desconocer que en una época en que los procesos sociales y económicos operan con extrema velocidad, un sistema que no pueda encauzarlos ágilmente,, sin dilatadas deliberaciones, no podría mantener con eficacia el orden social ni detener o corregir graves desequilibrios en la Economía general del país. Es justo atribuir al señor Bello Codecido buena parte de la responsabilidad en la inspiración de la Reforma Constitucional de 1925, pues encauzo la acción no siempre cautelosa de los jóvenes militares y compartió con el Presidente Alessandri y sus colaboradores, que estaban imbuídos de las mismas ideas, la tarea de, imponer un sistema equilibrado, con un Ejecutivo independiente controlado por el Congreso y en especial por la Cámara política.
Contemplemos ahora a grandes rasgos la obra de don Emilio Bello Codecido en el campo del Derecho Internacional Público y de la Diplomacia. Ya lo hemos visto dirigiendo el Ministerio de Relaciones Exteriores en diversos periodos. Ahora lo veremos en la Diplomacia, como Ministro Plenipotenciario en México y Delegado a la 2a Conferencia Panamericana en 1902, en la cual se desempeño con gran dinamismo y brillo al lado de don Joaquín Walker, don Augusto Matte y don Alberto Blest Gana. Las gestiones realizadas personalmente por el señor Bello Codecido con el Presidente de México don Porfirio Díaz, salvaron en un momento dado, durante el curso de la Conferencia, gravísimas dificultades resultantes de un Pacto de arbitraje general y compulsivo, que habían suscrito 10 naciones asistentes y que Chile tenia razón para considerar especialmente dirigido en su contra. Los efectos de esta concertación hostil fueron conjurados por la acción enérgica del señor Bello Codecido, y de sus colegas de Delegación en forma que el Pacto no fue sino un fuego fatuo que ninguno de los Estados comprometidos ratifico. Después encontramos al señor Bello en una importante Misión en Bolivia y más tarde en Francia. Posteriormente lo vemos honrado con la confianza de dos países Americanos integrando bajo la presidencia del ex-Secretario de Estado Charles E. Hughes, el Tribunal Especial de Límites que dirimió las dificultades entre Honduras y Guatemala. También sirvió la representación de Chile a la Sociedad de las Naciones y hasta hoy es miembro de la Corte Permanente de Arbitraje de la Haya. No se puede negar que es un brillante recorrido. Ha conocido las horas de lucha y ha hecho su papel; las de concordia y se ha desempeñado prestigiosamente. Ha visto nacer y morir organizaciones internacionales, como la Sociedad de Ginebra y transformarse los mecanismos de paz, como el arbitraje. En cada urea de estas experiencias ha recogido enseñanzas para su país y las ha. difundido en la prensa o el libro. Hoy nos ha dedicado reflexiones de profundo contenido filosófico y jurídico para decimos como el arbitraje ha hecho su camino en el mundo internacional hasta llegar a ser un recurso ilimitado, no solo para la aplicación del derecho estricto, sino aun para los fallos en conciencia o ex aequo et bono. La Corte Internacional de justicia, en función permanente, se alza como un noble refugio en donde pueden ir a morir todas las divergencias entre los Estados. La posición de don Emilio Bello frente al arbitraje se parece un poco a la que Chile ha mantenido ante este medio de solución pacifica. Mientras estuvo pendiente la liquidación de la Guerra de 1879 Chile se vio en la necesidad de desenmascarar numerosas tentativas que se decían en favor del arbitraje amplio y obligatorio y que no eran mas que intentos de arrebatar a este país los resultados de una contienda que no había provocado. Así lucho contra ese tipo de arbitraje en Washington en 1889, en México en 1902, en la Haya en 1907. Cuando el año 1921 el Presidente Alessandri asombro a los observadores de la diplomacia americana, aceptando someter al arbitraje del Presidente de los Estados Unidos la forma de dar cumplimiento al artículo 3º del Tratado de Ancón, se abrió para nosotros otra senda, caminando por la cual hemos llegado a subscribir un Pacto tan amplio de solución pacifica como la Carta de la NU y un Tratado como el de Bogotá, que alcanza las formas más extensas que ha conocida el arbitraje. Este último Pacto no ha sido aún ratificado por Chile, pero nadie discute que representa el instrumento más completo de ordenación pacifica que hay en el mundo. Nacionalismos ligeramente fuera de época resucitan de vez en cuando en nuestros Congresos los viejos argumentos en contra del arbitraje amplio; pero ya se darán cuenta de que mientras ese es un medio jurídico a través del cual se da a cada uno lo que le pertenece, el compromiso que tenemos vigente de entregar en última instancia al Consejo de Seguridad de la NU, en donde impera el derecho de veto, toda controversia de cualquiera clase que sea que no hayamos logrado resolver por otros medios pacíficos, nos obliga a entregarnos maniatados y a discreción, al criterio de un cuerpo político incontrolable. Respetando, por cierto, las opiniones ajenas, yo no puedo ocultar que tengo mas fe en el derecho y en jueces de derecho, que en la componenda arbitraria de componedores que no siempre tienen Dios y que nunca tienen ley. Los juicios sobre esta materia del nuevo académico, respaldan ahora con su autoridad el procedimiento arbitral amplio, después de haberlo combatido oportuna y victoriosamente para nuestro país, en la Conferencia Panamericana de México de 1902. Lo curioso es que mientras nosotros caminamos hacia una justicia internacional perfecta, muchos países que el año 1902 sonaban y luchaban por ella, ahora se asilan en restricciones y reservas. Así ocurre con el Perú y la República Argentina, cuyas reservas al Pacto de Bogotá de 1948 lo anulan sustancialmente. El señor Bello Codecido ha recordado en su discurso que le correspondió intervenir en las negociaciones y firmar el Tratado de Paz y Amistad con Bolivia de 1904. Su modestia ejemplar parece preocupada de no restar su mérito a don Agustín Edwards, a don Beltrán Mathieu, a don Luis Antonio Vergara y a otros hombres públicos eminentes, que cooperaron también con gran sabiduría en la solución final. Pero el hombre que no quiero dejar de nombrar al estudiar la génesis del Tratado de 1904 con Bolivia, es el ilustre Presidente de la República don Germán Riesco. Estoy convencido de que si no es por los Pactos de mayo de 1902 con la República Argentina, que alejaron para Chile el fantasma de un poderoso enemigo por el Oriente, en Bolivia no habría prevalecido una posición tan razonable para discutir y firmar el Tratado de 1904. Basta recordar que en 1895 los Tratados Barros Borgoño-Gutiérrez, cedían a Bolivia todas nuestras expectativas sobre Tacna y Arica, y, sin embargo, las Cámaras de ese país, ilusionadas con la tirantez de relaciones en que a la sazón vivíamos con la República Argentina, los repudiaron exigiendo cosas imposibles. Riesco selló la paz definitiva y completa con nuestros vecinos del Oriente. Entonces se produjo el milagro de que, desde Bolivia, empezaran a llegar los mensajeros de la nueva política: Aramayo, Gutiérrez y otros. No queremos Puerto propio, decían: queremos complementación y ayuda económica. Así lo afirma expresamente el negociador boliviano don Alberto Gutiérrez en el libro escrito para justificar su obra; y sobre tal base practicista, realizó su campaña presidencial en aquella época el General Montes. Eso fue el Tratado de 1904. La nostalgia marítima de Bolivia se transformó en una cosa más positiva: salida al mar, libremente, por vías férreas construidas por Chile o cuya construcción garantizaba nuestro Erario; algunos centenares de miles de libras esterlinas para pagar deudas pendientes y una amplísima servidumbre de libre tránsito por los puertos del literal chileno. Fué una Paz sin regateos. Bolivia conoció después de aquel Tratado épocas de prosperidad que difícilmente habría logrado tan pronto por otros medios, y los dos países trabajaron noblemente hermanadas abriéndose el camino de su futuro. Hemos vivido horas de controversia y períodos de enemistad con Bolivia después del Tratado de 1904. Son como tempestades de verano. El cimiento sólido de la buena amistad entre estos dos pueblos fue construído por hombres expertos y de grandes vistas y don Emilio Bello Codecido tendrá que ser honrado en Chile come uno de sus visionarios. En 1920 Bolivia pedía a la Sociedad de las Naciones que acogiese una demanda de revisión del Tratado de 1904. La resolución de aquella gran Asamblea no le fue favorable. Chile había enviado a la Paz una Misión Diplomática de alto prestigio, presidida por don Emilio Bello y en que iba como secretario un hombre de gran calidad: Emilio Rodríguez Mendoza, a quien correspondió seguir más tarde la labor de su jefe, con el encargo de llevar al Altiplano la convicción de que por el camino errado de Ginebra no se encontraría ninguna fórmula satisfactoria y que, en cambio, el espíritu conciliador del Tratado de 1904 mantenía ampliamente abierto, el ámbito de futuras inteligencias amistosas entre los dos países. Bolivia fue sensible a la alta jerarquía de estas Misiones y a la probada sinceridad de sus palabras fraternales.
Estoy muy distante de pensar que he logrado presentaros siquiera un bosquejo de la personalidad del eminente ciudadano que hoy se incorpora como Miembro Académico de la Facultad de Ciencias jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile. Me halaga sin embargo la idea de haber demostrado al señor Bello Codecido que su tarea de hombre de Estado no paso inadvertida, por lo menos en algunos puntos salientes, para esta Facultad, y que al darle la bienvenida en su nombre estamos conscientes del honor que ella recibe con poderlo contar entre sus miembros. Tal distinción adquiere en estos momentos resonancias especiales porque esta Casa esta llena de los ecos con que hemos venido celebrando el centenario del Código Civil Chileno y honrando al Maestro de Maestros don Andrés Bello, y no es el menor de los homenajes que podemos rendirle el de incorporar a una de las Facultades de la Universidad que el fundó a un retoño de su estirpe que ha sido digno de la sangre que lleva.