Source: http://www.escuelamagistratura.gov.ar/opinion-justicia-salta.php?IdOpinion=27
Timestamp: 2016-12-08 02:03:08
Document Index: 80012524

Matched Legal Cases: ['artículo 210', 'artículo 86', 'artículo 5', 'artículo 239', 'artículo 5', 'artículo 642', 'artículo 399', 'artículo 253', 'artículo 326', 'artículo 239']

Algunas reflexiones en torno al rol del acusador privado en la etapa intermedia | Opinión de Dr. Rubén A. Chaia, Salta, Argentina
Dr. Rubén A. Chaia
Algunas reflexiones en torno al rol del acusador privado en la etapa intermedia
El juez de Cámara de Entre Ríos expone las distintas etapas del proceso hasta llegar a fundar o desestimar una acusación.
Como sabemos, en el concierto de regulaciones procesales provinciales, no todas incluyen la llamada “etapa intermedia”, “crítica” o de “control”, sin embargo, es unánime –al menos eso se escucha en todos los congresos- la opinión que la considera absolutamente imprescindible a la hora de garantizar un juicio oral en manos de un tribunal imparcial, no contaminado con decisiones que pueden llevarlo a adoptar, prematuramente, una posición en relación a una de las teorías partitivas.
Pero este control no es nuevo, se remonta a la antigüedad, tanto Grecia como Roma, a su manera, tenían procedimientos mediante los cuales se procuraba verificar los términos de la acusación, evitando llevar a juicio a personas inocentes. En nuestro territorio nacional, vertebrado en su mayoría a partir de procesos “mixtos”, la acusación es controlada por medio de la oposición de elevación a juicio, permitiendo su reiteración en una instancia posterior, una vez radicado el expediente ante el Tribunal oral.
Ahora bien, ante el arribo de procesos decididamente adversariales con la introducción de una clara fase crítica en manos de un juez de control o garantías, es preciso fijar los límites de cada uno de los sujetos que intervienen en ella.
En la oportunidad, ante la ausencia de una legislación uniforme y más acentuado aún, desarrollo doctrinario, me propongo analizar, de modo muy sintético, el rol y las facultades que detenta el acusador privado en el ámbito específico de la etapa intermedia, particularmente, en el control del pedido de remisión de legajo a juicio.
II-Remisión del legajo a juicio: ¿control formal o real?:
Partiendo de la base que la investigación preparatoria es el origen de un proceso cuyo objetivo es recoger la evidencia probatoria necesaria para fundar o bien desestimar una acusación, es claro que la instancia intermedia coloca al fiscal –actor principal- en la disyuntiva de solicitar el sobreseimiento o formular acusación, pero que más allá de esas dos nítidas situaciones, pueden darse una infinidad de alternativas.
Desde esta perspectiva, el éxito o fracaso del juicio dependerá, en buena medida, de la preparación y por qué no depuración, que se realice en esta instancia, de allí que se la conozca como etapa de “saneamiento”, o “depuración”, pues tiene como propósito evitar llevar a juicio legajos inconsistentes, que no presenten las condiciones técnicas o legales requeridas. Por otra parte, fuera de la disyuntiva vinculación / desvinculación del sospechado, esta instancia es óptima para resolver cuestiones fundamentales en materia probatoria toda vez que la admisibilidad o inadmisibilidad de la prueba que deberá producirse en el plenario debe ser debatido aquí.
Un tema controvertido es el tipo de control que debe practicarse respecto de la acusación. Así se distinguen el control “real” y el control “formal”; el primero ingresa al terreno sustancial y aprecia el mérito de las pruebas, facultando –en algunos códigos así se prevé- al juez, de oficio o, a pedido de parte, para sobreseer al imputado. En el control “formal” en tanto, el magistrado no se expide sobre el merito de los elementos reunidos para formular acusación, tampoco controla la seriedad de la acusación, limitándose a verificar si se dan los recaudos “formales” para pasar a la instancia siguiente.
Indudablemente este último es el más adecuado a nuestras aspiraciones de instalar un modelo acusatorio respetuoso del estado constitucional de derecho y en particular, de la división de roles entre los actores del sistema de persecución penal, máxime cuando estamos consustanciados en desterrar el expediente reemplazándolo por un legajo deformalizado, llamando “evidencias” o “información” a los datos contenidos en el legajo y “prueba” sólo a aquella acordada o rendida en juicio, lo que implica dejar al juez en un estado de absoluta orfandad a la hora de tener que decidir sobre el contenido “real” de la acusación.
Los pilares sobre los que se asienta esta instancia –más allá de los generales del proceso- tienen que ver con garantizar un paso transparente, rápido y público a la siguiente instancia. De allí que todo el esfuerzo del sistema, lo que incluye lógicamente a los letrados en su rol de acusadores o defensores, debe estar puesto en la ejecución y no en la suspensión de la audiencia, en cuyo caso importará una frustración de los propósitos del sistema.
III-El trámite en la etapa intermedia:
La secuencia hasta la fijación de la audiencia oral es la siguiente:
1-Concluida la IPP., el fiscal decide enviar la investigación a juicio, pudiendo incluso peticionar el sobreseimiento total o parcial de uno o varios imputados.
2-Remite el escrito a la Oficina de Gestión o al Juez de Garantías.
3-La Oficina de Gestión fija audiencia de control y convoca a las partes por cualquier medio fehaciente.
La dirección de la audiencia esta a cargo del juez de garantías y tiene por cometido:
1) Dirimir planteos no formulados anteriormente sobre excepciones previas y prejudiciales.
2) Debatir cuestiones de competencia del tribunal, si eventualmente existirían dudas del juzgamiento unipersonal o colegiado del delito.
3) Desplegar la acusación penal, bajo el principio “nemo iudex sine actore”.
4) Discutir la calificación legal, sólo cuando su modificación incida sobre la libertad del imputado.
5) Controlar y fijar la prueba que será introducida y/o producida en debate.
6) Ordenar anticipos probatorios.
7) Perfeccionar convenciones probatorias.
8) Otorgar prórrogas para concretar diligencias o pruebas anticipadas que por motivo fundado no pudieron materializarse con anterioridad, fijándose en el momento, un plazo para su producción.
9) Tratar planteos en torno a la continuidad o cese de medidas cautelares.
10) Excepcionalmente y con acuerdo de partes, arribar a salidas alternativas.
Además, y como parte de los ítems señalados, se pueden ventilar las siguientes cuestiones: 1) corrección o saneamiento de defectos sobre actos de investigación, 2) depurar la prueba, 3) admitir la acusación y la prueba que la sustentará, como también la que hará valer la defensa.
La audiencia debe ser registrada por cualquier medio que permita su reproducción.
IV-Las partes ante la acusación del fiscal:
Enfocados en el objeto del presente, esto es, analizar el rol del querellante debo señalar que aquí, cada parte juega sus intereses y expectativas en el marco de una audiencia preliminar preparatoria siendo el juez el garante de los derechos fundamentales de los involucrados y por tanto, debe evaluar imparcialmente toda la actividad expurgando los actos viciados, corrigiendo o mandando a corregir los defectuosos, fijando los alcances de los acuerdos celebrados entre las partes y resolviendo, motivadamente, todas las cuestiones, pertinentes, planteadas por los intervinientes.
Al fiscal le permite cerrar definitivamente la investigación e iniciar el tránsito hacia el plenario o bien peticionar el sobreseimiento. A la defensa, conocer en detalle la imputación dirigida, la prueba con que se cuenta y las alternativas que el caso presenta a fin de arribar a algún acuerdo.
El querellante particular en tanto[2], al igual que el fiscal, deberá esbozar la acusación –que contendrá, al menos: generales del imputado, circunstancias de hecho y tipificación- y ofrecer las pruebas que intente hacer valer en juicio.
Aquí, puede darse que el acusador privado adhiera sin reservas a la acusación del Ministerio Público Fiscal o bien, que esgrima una participación distinta del imputado, o un hecho similar con diversa calificación legal, en este tema debemos hacer hincapié en resaltar que no es importante debatir –furiosamente- la calificación legal por cuanto, lo que se lleva a juicio es el debate sobre un hecho, y es esa circunstancia la que debe estar debida y precisamente limitada.
Incluso, la figura típica puede variar en el transcurso del debate, por tanto, no es prudente perder esfuerzo y tiempo y este tema, salvo que de ello dependa la libertad del acusado, caso contrario, el juez de garantías deberá tratar el tema como una incidencia y luego ajustar el auto de remisión a la calificación que crea más conveniente, sin perjuicio, reitero, de lo provisorio que significa encasillar un hecho en este ámbito.
V-El querellante ante el pedido de sobreseimiento del fiscal:
Otro tema que puede suscitar controversia entre acusador público y privado es el pedido de sobreseimiento que realice el primero a favor de uno o más imputados.
Tengamos presente que esta es otra de las alternativas que tiene el fiscal una vez concluida la labor investigativa, al considerar que no existen elementos que permitan establecer que el sospechado ha cometido el hecho delictivo.
La medida, en el marco de esta audiencia, deberá ser adoptada por el juez de garantías por pedido del fiscal, quien tendrá como sustento la certeza que:
1-El hecho objeto de investigación no fue cometido.
2-El hecho criminal fue cometido pero no por el imputado.
3-El hecho investigado no resulta típico.
4-El hecho resulta típico, pero concurre una causa de justificación.
5-El hecho resulta típico y antijurídico pero media una causa de inculpabilidad o de inexigibilidad.
6-La acción penal se ha extinguido.
7-El hecho es típico, antijurídico y culpable, pero no hay elementos para llevar a juicio a una persona.
El modo de arribar a esta resolución es mediante petición expresa del fiscal, pues se trata de un acto jurisdiccional y por más que el acusador público detente facultades discrecionales a la hora de dar curso a la acción penal, una vez que una persona ha sido imputada, solo el juez podrá desvincularla de manera definitiva.
El pedido se materializará por escrito o bien durante la celebración de la pertinente audiencia, motivando concretamente la solicitud en alguno de los supuestos analizados, forzando al magistrado a decidir, previo oír a las demás partes, en función de los argumentos expuestos por el titular de la acción pública.
En estos casos puede que el querellante particular se oponga fundadamente –caso contrario debe ser desestimada in límine- al pedido fiscal. Para el caso que se funde en actos adicionales de investigación, deberá interesar, bajo tenerlo por no presentado, el tipo de medida, el objeto y el medio de investigación pertinente. Todo será debatido en audiencia.
En estas circunstancias el juez, de acuerdo a la regulación específica en la materia -ello así, dado que no todos los códigos se manejan con identidad de criterios- y lo que estime más conveniente, resolverá:
1) Hacer lugar al pedido de la querella –rechazando el sobreseimiento instado por el fiscal- y mandar a producir los actos propuestos, fijando un plazo para su ejecución y para la concreción de la nueva audiencia a fin de discutir si, luego de esa prueba, se dispone el sobreseimiento o la acusación.
2) Rechazar el sobreseimiento interesado por el fiscal, por entender que no es ajustado a derecho, y en consecuencia elevar lo actuado en consulta al fiscal de Cámara, para que en un plazo de cinco días, se expida en un favor o en contra del sobreseimiento, esto es ratificando el pedido del fiscal o bien propiciando la postura del querellante; y una vez que haya dictaminado el funcionario resolverá: a) el sobreseimiento, primer supuesto, o bien el b) el apartamiento del fiscal y la continuidad de la investigación, según entienda el fiscal coordinador.
Ante la ausencia de previsión específica en la provincia de Entre Ríos, entiendo que este esquema es integrador de la normativa procesal y constitucional y además, resulta razonable y coherente con el sistema que se pretende dar cabida en esta reforma.
De esta forma, en todos los casos en que medie oposición del actor particular al pedido liberatorio del fiscal, el trámite, se asimilará a la apelación del archivo –artículo 210 del CPP. de Entre Ríos- y por tanto, quedará en manos del fiscal general el temperamento a seguir.
Así, se respeta plenamente la autonomía acusatoria del MPF., pero además, se permite al acusador particular, tomar intervención en un tema medular, como es la continuidad de la acción penal pública, respetando en todo momento y como debe ser en un estado democrático y republicano, la división entre los roles de acusar y decidir[3].
Si bien podría cuestionarse la falta de posibilidades que tendría la querella para continuar per se la actividad acusatoria, estimo que la misma resulta viable en casos en que este previsto en el ordenamiento procesal local, lo que, en general, no sucede[4].
Tal vez, por falta de maduración para aceptar la conversión de la acción penal pública en privada, pero y más allá de ese tema, tal como esta concebido en la mayoría de las provincias, el querellante particular sigue siendo un actor “adhesivo”[5] del MPF., quien por otra parte tiene constitucional y legalmente el monopolio del ejercicio de la acción penal pública.
Por tanto, bajo estos parámetros, es claro que la querella podrá ejercer su pretensión y en su caso vertebrar su trabajo, siempre y cuando el actor principal pueda y desee hacerlo.
Sin perjuicio de lo expuesto, quiero señalar que algunos ordenamientos[6], facultan al tribunal, en caso de no compartir el pedido de sobreseimiento de la acusación pública, a notificar a los ofendidos por el delito para que comparezcan a defender la acción y por tanto a interesar la apertura del juicio oral, lo que en caso de materializarse, habilita al tribunal a hacerlo y por el contrario, facultando el dictado de la extinción de la acción penal si así no sucediere.
Más allá de ello y de las diversas atribuciones conferidas a los actores públicos o privados, debemos entender que de ningún modo el juez puede, distorsionando la función constitucionalmente asignada, rechazar de oficio el pedido de sobreseimiento impetrado y mandar al fiscal a producir pruebas o investigar tal o cual hipótesis.
El reparto de roles implica la aceptación lisa y llana de una actividad exclusivamente de contralor constitucional que en modo alguno puede verse agraviada por la solicitud de desvinculación de una persona de una persecución penal, ello lógicamente, con la excepción apuntada, en punto a la oposición de la querella particular.
Por último, es preciso advertir que la resolución que hace lugar al sobreseimiento, como toda aquella que pone fin al proceso, es pasible de impugnación -por las partes legítimamente constituidas y legitimadas- por vía del recurso de apelación[7], destacándose además como consecuencia inmediata de su dictado, la puesta en libertad del imputado y/o el cese de las medidas precautorias dispuestas.
VII-Consideraciones conclusivas:
Como vemos, el tránsito hacia sistemas verdaderamente distintos abarca mucho más que un simple cambio de roles y genera un impacto en todo el esquema actual de trabajo. La etapa intermedia es imprescindible a fin de evitar el enturbiamiento del plenario oral y público, pero no debe ser utilizada para impedirlo. Recordemos siempre que el juicio es esencialmente el espacio más democrático que tiene el proceso penal, no permitamos que esa práctica sea impedida bajo el ropaje de articulaciones distorsivas que solo tienen como fin dilatar o interrumpir el trámite.
En otro orden, cuando se piensa en un fiscal que acusa o pide el sobreseimiento, no debe perderse de vista que su pretensión, más allá de impactar directamente en la defensa repercute también en la acusación privada, llegando incluso a vedar la continuidad del legajo.
Es por ello que debemos ser prudentes a la hora de definir los alcances de esta instancia crítica y sobre todo, en lo que hace a las posibilidades de control del juez y recursivas de las partes, por cuanto una excesiva permisividad puede llevarnos a creer que este es el verdadero juicio, alongando el proceso, al amparo de discusiones propias del juicio oral.
En definitiva, si la idea de suprimir las resoluciones de mérito tuvo mucho que ver con evitar autos inoficiosos y verdaderamente vacíos de contenido investigativo, evitemos que esta instancia ocupe ese lugar. Permitamos un paso certero y rápido al juicio oral.
[2] Aunque el artículo 86 del CPP. de Entre Ríos, sólo se considera que renuncia a la intervención cuando no comparezca a la primer audiencia del debate, se retire de esta y las subsiguientes sin autorización del tribunal o no formulare conclusiones en la discusión final, estimo que resulta necesaria la acusación en esta instancia, pues sabido es que la misma tiene es complementaria de la del juicio, además trasunta la voluntad inequívoca de persecución.
[3] Entre otros: artículo 5 del CPP. de Entre Ríos.
[4] Debo destacar que el proyecto conocido como “ALBRIEU”, del CPP. de Nación, permite la oposición del querellante y de la víctima. En el primer caso, si el juez considera que no procede el sobreseimiento esta facultado a acusar. En el segundo, dispone la remisión de las actuaciones al fiscal superior. ver artículo 239 y ss.
[5] Tal como expresamente lo regula el artículo 5 del CPP. de Entre Ríos, “La acción penal pública se ejercerá por el Ministerio Público Fiscal”.
[6] A modo de ejemplo: artículo 642 LECRIM, cuyo texto reza: “Cuando el Ministerio Fiscal pida el sobreseimiento de conformidad con lo dispuesto en los artículos 637 y 641, y no se hubiere presentado en la causa querellante particular dispuesto a sostener la acusación, podrá el Tribunal acordar que se haga saber la pretensión del Ministerio Fiscal a los interesados en el ejercicio de la acción penal para que dentro del término prudencial que se les señale comparezcan a defender su acción si lo consideran oportuno. Si no comparecieren en el término fijado, el Tribunal acordará el sobreseimiento solicitado por el Ministerio Fiscal”.
[7] El artículo 399 del CPP. de Entre Ríos, solo faculta al fiscal y al querellante a recurrir la medida. Así también lo resolvió el STJ. Entre Ríos, 22/12/10, "PEREYRA”, dejando sin efecto el sobreseimiento dictado en la causa. El artículo 253 del CPP. de Chile y el 315 del CPP. de Costa Rica, aunque incluye al actor civil. El artículo 326 del CPP. de Buenos Aires, dispone la elevación al Fiscal Superior. El proyecto conocido como ALBRIEU, del CPP. de Nación, permite la oposición del querellante y de la víctima. En el primer caso, si el juez considera que no procede el sobreseimiento esta facultado a acusar. En el segundo, dispone la remisión de las actuaciones al fiscal superior. ver artículo 239 y ss.
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