Source: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/mayo/187937-00557-24516-2016-2013-1740.HTML
Timestamp: 2019-06-25 12:49:37
Document Index: 74156310

Matched Legal Cases: ['artículo 15', 'artículo 17', 'in fine', 'in fine', 'artículo 15', 'artículo 17', 'artículo 14', 'artículo 14', 'in fine', 'in Fine', 'artículo 14', 'artículo 15', 'artículo 17', 'in fine', 'artículo 14', 'artículo 2', 'artículo 3', 'in Fine', 'artículo 14', 'Artículo 17', 'artículo 15', 'in fine', 'in fine', 'artículo 14', 'in fine', 'artículo 17', 'artículo 72', 'artículo 86']

Exp. N° 2013-1740
Adjunto al Oficio N°. 276-2013 de fecha 6 de noviembre de 2013, recibido en esta Sala el día 9 de diciembre de ese año, el Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, remitió en consulta el expediente signado bajo el N° AP41-U-2012-000285 (de su nomenclatura) contentivo del recurso contencioso tributario interpuesto en fecha 11 de junio de 2012, por la ciudadana Emma Reyna Sánchez, titular de la cédula de identidad N° V-3.657.368, asistida por la abogada Carmen Sulbarán Villamizar, INPREABOGADO N° 81.869, en su carácter de Directora General de la UNIDAD EDUCATIVA COLEGIO MATER SALVATORIS (antes denominada Instituto Araguaney), inscrita el 29 de diciembre de 1997 en el Registro Inmobiliario del Tercer Circuito del Municipio Libertador del Distrito Capital, bajo el N° 77, tomo 1°, protocolo 1°, folio 257.
El 11 de febrero de 2015 fue elegida la Junta Directiva del Tribunal Supremo de Justicia y quedó conformada esta Sala Político-Administrativa de la siguiente manera: Presidente, Magistrado Emiro García Rosas; Vicepresidenta, Magistrada María Carolina Ameliach Villarroel; las Magistradas Evelyn Marrero Ortíz y Bárbara Gabriela César Siero y el Magistrado Inocencio Antonio Figueroa Arizaleta. Igualmente se reasignó como Ponente a la Magistrada BÁRBARA GABRIELA CÉSAR SIERO.
En fecha 23 de diciembre de 2015, se incorporaron a esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia el Magistrado Marco Antonio Medina Salas y la Magistrada Eulalia Coromoto Guerrero Rivero, designados y juramentados por la Asamblea Nacional en esa misma fecha. La Sala quedó constituida, conforme a lo dispuesto en los artículos 8 y 20 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, de la forma siguiente: Presidenta, Magistrada María Carolina Ameliach Villarroel; Vicepresidenta, Magistrada Eulalia Coromoto Guerrero Rivero; la Magistrada Bárbara Gabriela César Siero; y los Magistrados Inocencio Antonio Figueroa Arizaleta y Marco Antonio Medina Salas.
De la norma parcialmente trascrita [artículo 15 y 17 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES)], y a los fines del otorgamiento de la correspondiente calificación como aportante INCES, esta Administración observa que el solicitante no demostró mediante los documentos legales que reposan en el correspondiente expediente administrativo de la asociación civil ‘UNIDAD EDUCATIVA COLEGIO MATER SALVATORIS’, que esta se encuadre en algunas de las excepciones previstas en el artículo 17 ejusdem, por cuanto y en base a su fundamentación de ser una asociación sin fines de lucro, la misma no cumple con los condicionantes previstos en la norma al establecerse (…) y cualquier otro tipo de asociación sin fines de lucro y que desarrolle los principios y valores de la economía social, solidaria, participativa y comunal, (…); evidenciándose así mismo mediante informe fiscal que da ocupación a mas de cinco (05) trabajadores conforme lo previsto en el artículo 15 ejusdem, en consecuencia, en criterio de quien suscribe, no llena los requisitos exigidos por el artículo 17 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES), para calificarla como no aportante; quedando así obligada a cancelar el aporte del dos por ciento (2%), y del medio por ciento (1/2%) previsto en el artículo 14 numerales 1 y 2 ejusdem.
Por las razones de derecho expuestas se DECLARA SIN LUGAR la solicitud de calificación de no aportante interpuesta por la asociación civil UNIDAD EDUCATIVA COLEGIO MATER SALVATORIS, (…) y en consecuencia se declara OBLIGADA (…) como sujeto al aporte del dos por ciento (2%) y del medio por ciento (1/2%) previsto en el artículo 14 numerales 1 y 2 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES), en los términos y razonamientos precedente expuestos”. (Mayúscula, negrillas y subrayado del original).
1.- Vicio de falso supuesto de derecho por errónea interpretación de los artículos 15 y 17 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista de 2008.
2.- Inmotivación del acto administrativo, al no haber señalado las razones de hecho y de derecho por las cuales calificó como aportante a la Unidad Educativa Colegio Mater Salvatoris, cuando es una asociación civil sin fines de lucro.
El 17 de octubre de 2012, la abogada Maribel Josefina Castillo Hernández, INPREABOGADO N° 59.533, representante judicial del ente Parafiscal tal y como se desprende de documento poder inserto a los folios 58 y 59 de las actas procesales, consignó expediente administrativo.
Vistos los términos en que ha quedado planteada la controversia, este Tribunal observa que la misma se circunscribe únicamente a determinar si la recurrente cumple con los requisitos exigidos por la Ley de Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES), para ser (sic) exenta del pago de dicha contribución, en razón de que ejerce una actividad de naturaleza civil, está constituida como Asociación Civil Sin Fines de Lucro y no reparte ningún tipo de dividendo o utilidad entre los asociados, por lo que no puede asemejarse a un establecimiento comercial o industrial, tal como lo establece el artículo 14 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES), y al respecto este Tribunal observa:
De manera que el artículo 15 establece quienes son los sujetos pasivos de la contribución parafiscal, pero el artículo 17 del Decreto con Rango, Fuerza y Valor de Ley del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES), prevé los supuestos de excepciones, entre los cuales se encuentra cualquier tipo de asociación sin fines de lucro y que desarrolle los principios y valores de la economía social, solidaria, participativa y comunal.
Respecto al argumento contenido en la sentencia de Sala Constitucional, parcialmente transcrita, que este Tribunal comparte, para que una persona jurídica califique como aportante del INCES según lo establece el artículo 14 de su Ley, tanto para el caso del ordinal 1º como para el caso del ordinal 2º, es necesario que dicha persona jurídica ejerza una actividad comercial o industrial y en el caso del ejercicio de la educación, que es una actividad esencialmente civil, por medio de una Asociación Civil que no percibe Fines de Lucro y que prohíbe expresamente en sus estatutos crear cualquier especie de compensación para sus asociados a modo de utilidades o beneficios, teniendo sus asociados sólo derecho a una vivienda, comida, vestuario, seguridad social y medicinas, no considera esta sentenciadora que tal actividad encuentre dentro de cualquiera de los supuestos de actos objetivos de comercio contenidos en el artículo 2 del Código de Comercio.
Mucho menos puede considerarse que la recurrente ejecuta los contenidos en el artículo 3 eiusdem, referidos a los actos subjetivos de comercio, pues una Asociación Civil Sin Fines de Lucro, como lo es la recurrente, lo cual ha quedado suficientemente demostrado en autos con la producción de los documentos contentivos de sus estatutos societarios y de sus actas de asambleas generales extraordinarias, registradas por ante la Oficina de Registro Público del Tercer Circuito del Municipio Libertador, suficientemente identificados en el capítulo de este fallo relativo a las pruebas y el de la valoración de las mismas, tiene naturaleza esencialmente civil y se rige por las reglas del Código Civil, razón por la cual este Tribunal encuentra que el acto impugnado está viciado de falso supuesto, siendo forzoso para esta sentenciadora decretar su nulidad absoluta por contener un vicio en su causa, estableciéndose al mismo tiempo que la recurrente ASOCIACION CIVIL UNIDAD EDUCATIVA COLEGIO MATER SALVATORIS se encuentra incluida en los supuesto de exención del aporte establecido en el artículo 14 (sic) de la Ley del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES). Así se declara.
PRIMERO: Se declara nula la Orden Nº MPCT-INCES-DRARJD-CA-OA-2012-0002, notificada en fecha 07-05-2012, emanada de la Gerencia General de Formación Personal del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES)”.
Igualmente, circunscribiendo el análisis a los aspectos de orden público, constitucional y de interés general señalados por esta Sala Político-Administrativa en sus sentencias Nos. 00812 y 00813, ambas de fecha 22 de junio de 2011, casos: C.A. Radio Caracas Televisión -RCTV- y Corporación Archivos Móviles Archimóvil, C.A., respectivamente; concatenados con la reconsideración del criterio consistente en los requisitos o condiciones exigidos para conocer en consulta obligatoria de las sentencias contrarias a las pretensiones del Estado, realizada en el fallo N° 01658 del 10 de diciembre de 2014, caso: Plusmetal Construcciones de Acero, C.A., donde se decidió la improcedencia del establecimiento de límites a la cuantía para someter a consulta las decisiones judiciales desfavorables a la República, vistos “los intereses patrimoniales del Estado debatidos en los juicios contencioso-tributarios, que denotan un relevante interés público y utilidad social, por estar íntimamente relacionados con la recaudación de tributos y la obligación de los particulares de contribuir con las cargas públicas para la protección de la economía nacional y la elevación del nivel de vida de la población”; considera esta Máxima Instancia menester el análisis de tal pronunciamiento, sobre el cual quedará circunscrita la presente consulta. Así se declara.
Por otra parte, esta Alzada no debe pronunciarse sobre el caso bajo estudio como si se tratara de un mero recurso ordinario de apelación, por lo que esta Sala, actuando como tribunal de segunda instancia se debe circunscribir a revisar el fallo solamente en referencia a los siguientes aspectos: a) Determinar si el pronunciamiento de instancia se apartó del orden público. b) Establecer si se violentaron normas de rango constitucional. c) Analizar si se inobservaron interpretaciones y criterios vinculantes sentados por la Sala Constitucional. d) Comprobar si la decisión quebrantó formas sustanciales en el proceso o de las demás prerrogativas procesales. e) Verificar si hizo una incorrecta ponderación del interés general. (Vid., fallo de la Sala Constitucional N° 1071 del 10 de agosto de 2015, caso: María del Rosario Hernández Torrealba; sentencia N° 01059 de esta Sala Político-Administrativa del 30 de septiembre de 2015, caso Productos Alimex C.A., ratificada el 8 de octubre de este mismo año por la decisión N° 01094, caso Johnson & Johnson de Venezuela S.A). Así se decide.
“Del Patrimonio del Instituto
2.- El medio por ciento (½%) de las utilidades anuales, aguinaldos o bonificaciones de fin de año, pagadas a los obreros y empleados, y aportadas por éstos, que trabajan para personas naturales y jurídicas, pertenecientes al sector privado, y todas aquellas formas asociativas cuya finalidad sea la prestación de servicios o asesoría profesional. (…)”.
“Contribuyentes
Son contribuyentes del aporte señalado en el numeral 2 del artículo anterior, los obreros y empleados que trabajan para las personas naturales y jurídicas, pertenecientes al sector privado, y quienes se desempeñen en todas aquellas formas asociativas cuya finalidad sea la prestación de servicios o asesoría profesional”. (Subrayados de la Sala).
Artículo 17. Quedan exceptuados de los aportes establecidos en el artículo 15 del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley los órganos y entes del Estado, los medios de producción de propiedad colectiva, cooperativa, fundaciones, unidades económicas asociativas, cajas rurales y mutuales, unidades productivas familiares, empresas de producción social, empresas de cogestión, bancos comunales, unidades comunales de producción y cualquier otro tipo de asociación sin fines de lucro y que desarrolle los principios y valores de la economía social, solidaria, participativa y comunal”.
1.- Por Resolución Nro. MPPCT-INCES-DRARJD-CA-OA-2012-00027 del 13 de marzo de 2012 (acto administrativo impugnado), la Administración Tributaria Parafiscal estableció que la Unidad Educativa Colegio Mater Salvatoris, es una asociación civil (folio 64).
2.- De acuerdo con su razón social, se evidencia que la naturaleza del Colegio es sin fines de lucro y no rige la distribución de ganancias entre sus asociados (folios 72 y 142).
3.- Según comunicación N° SNAT/GGSJ/GDA/DDT/2009/5042-7317 de fecha 6 de noviembre de 2009 dictada por la Gerente General de Servicios Jurídicos del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), la Unidad Educativa Colegio Mater Salvatoris fue exonerada del pago de impuestos sobre la renta y sobre donaciones, conforme al numeral 10 del artículo 14 de la Ley de Impuesto sobre la Renta (2007), y 67 de la Ley de Impuesto Sobre Sucesiones, Donaciones y Demás Ramos Conexos (1999), (folios 84 al 89).
Ahora bien, de los descritos elementos probatorios se evidencia que la accionante es una institución de carácter educativo, sin fines de lucro y no realiza distribución de ganancias entre sus asociados, sin embargo, el artículo 17 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES) de 2008, prevé como requisito adicional para exceptuar una asociación civil de las obligaciones tributarias contempladas en los artículos 14 (numerales 1 y 2) y 15 del referido Decreto Ley de 2008, que la misma “desarrolle principios y valores de la economía social, solidaria, participativa y comunal”; circunstancias estas que no se desprende de las pruebas consignadas por la accionante, razón por la cual se desestiman. Así se decide.
1.- PROCEDE la consulta de la sentencia definitiva N° PJ0082011000118 de fecha 2 de julio de 2013, dictada por el Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, conforme a lo dispuesto en el artículo 72 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República de 2008 (hoy artículo 86 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República de 2015).
2.- Se REVOCA el mencionado fallo y, por lo tanto, se declara SIN LUGAR el recurso contencioso tributario interpuesto por la UNIDAD EDUCATIVA COLEGIO MATER SALVATORIS, contra el acto administrativo contenido en la Resolución Nro. MPPCT-INCES-DRARJD-CA-OA-2012-0002 del 13 de marzo de 2012, emitida por el INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN SOCIALISTA (INCES), el cual queda FIRME.