Source: https://supremo.vlex.es/vid/patrimonial-tardia-incorrecta-transposicion-u-360618222
Timestamp: 2019-10-17 20:08:18
Document Index: 87463902

Matched Legal Cases: ['artículo 288', 'artículo 1', 'artículo 5', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 3', 'artículo 5', 'artículo 139']

STS, 5 de Marzo de 2012 - Jurisprudencia - VLEX 360618222
Número de Recurso: 789/2010
RECLAMACIÓN PATRIMONIAL. TARDÍA E INCORRECTA TRANSPOSICIÓN DE DIRECTIVA. Se reclama contra la Resolución del Ministro de Trabajo e Inmigración por la que desestimó la reclamación patrimonial por incorrecta y tardía transposición de Directiva 2004/23. Las Directivas, en principio no son directamente aplicables. Obligan al Estado miembro destinatario en cuanto al resultado que deba conseguirse dejando, sin embargo, a las autoridades nacionales la elección de la forma y los medios. Son, pues, los Estados miembros quienes eligen la forma de transposición ya que obligan en cuanto al resultado. No obstante, constante jurisprudencia del Tribunal de Justicia ha venido considerando directamente aplicable una Directiva cuando hubiere transcurrido el plazo prescrito para desarrollarla o hubiera sido transpuesta de forma deficiente, sus disposiciones sean de contenido suficientemente claro y confieran derechos al ciudadano individual. Es el llamado efecto útil que impide que un Estado oponga a los particulares el incumplimiento de las obligaciones que la Directiva comporta. No puede imputarse a la Directiva una incorrecta transposición ya que el Reino de España no ha sido condenado por el Tribunal de Justicia ni tampoco ha sido demandado ante el mismo por las correspondientes instituciones comunitarias. La transposición se hizo conforme a la Directiva por lo que las expectativas de una incorporación distinta a la efectuada carecen de fundamento para apoyar una pretensión como la ejercitada. Falta el nexo causal entre la transposición tardía de la Directiva y las inversiones efectuadas por la recurrente en la espera de que no hubiera restricción al ánimo de lucro de los establecimientos de células y tejidos. No se hace lugar al recurso de casación.
Visto por la Sección Cuarta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo el recurso de casación núm. 789/10 interpuesto por la Procuradora de los Tribunales Dª Rosa Sorribes Calle, en nombre y representación de Biostab Proresurgo, SL contra la sentencia de fecha 1 de diciembre de 2010, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, Sección 4ª, en el recurso núm. 3/10 , seguido a instancias de Biostab Proresurgo, SL contra la Resolución del Ministro de Trabajo e Inmigración de 26 de octubre de 2009 por la que se desestimó la reclamación patrimonial deducida con fecha 12 de diciembre de 2007. Ha sido parte recurrida la Administración del Estado representada por el Abogado del Estado.
En el recurso contencioso administrativo 3/10 seguido ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, Sección 4ª, se dictó sentencia con fecha 1 de diciembre de 2010 , que acuerda: "Desestimamos el recurso contencioso administrativo promovido por Biostab Proresurgo, SL, entidad representada por el Procurador don Manuel María Alvarez Buylla Ballesteros y defendida por el Letrado Don Pablo Bellver Capella, contra la Resolución del Ministro de Trabajo e Inmigración de 26 de octubre de 2009, por se conforme a derecho; sin pronunciamiento sobre las costas causadas".
Por Auto de aclaración de 20 de diciembre de 2010, en su FJ 2) y en la parte dispositiva se acuerda: "SEGUNDO. - Al amparo de dicho precepto procede corregir el error material cometido en el encabezamiento, Hechos Primero, Segundo y Fallo de la sentencia, en el sentido en el que donde se considera como Ministerio autor de la resolución recurrida al Ministerio de Trabajo debe leerse "Ministerio de Sanidad y Consumo." PARTE DISPOSITIVA.- LA SALA, para ante mí, la Secretaria, ACUERDA: recitificar el error material manifiesto producido en el encabezamiento, Hechos Primero, Segundo y Fallo de la Sentencia dictada por esta Sala con fecha 1 de Diciembre de 2010 en el Procedimiento Ordinario número 3/2010 , en el sentido señalado en el segundo de los Razonamientos Jurídicos que anteceden".
Notificada dicha resolución a las partes, por la representación procesal de Biostab Proresurgo, SL se prepara recurso de casación y teniéndose por preparado, se emplazó a las partes para que pudieran hacer uso de su derecho ante esta Sala.
Dicha representación procesal, por escrito presentado el 10 de marzo de 2011 formaliza recurso de casación e interesa la estimación de los motivos alegados y que se case la sentencia recurrida resolviendo conforme al suplico contenido en el recurso contencioso-administrativo.
El Abogado del Estado por escrito de 1 de septiembre de 2011 formalizan escrito de oposición interesando la desestimación del recurso.
Por providencia de 5 de enero de 2012 se señaló para votación y fallo para el 28 de febrero de 2012 , en cuya fecha tuvo lugar el referido acto.
La representación procesal de Biostab Proresurgo, SL interpone recurso de casación 789/2010 contra la sentencia desestimatoria de fecha 1 de diciembre de 2010, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, Sección 4ª, en el recurso núm. 3/10, deducido por aquella sociedad contra la Resolución del Ministro de Trabajo e Inmigración de 26 de octubre de 2009 por la que desestimó la reclamación patrimonial deducida con fecha 12 de diciembre de 2007.
Por lo tanto, no se trata de establecer una legislación armonizada, sino unificada en una materia que no es exclusiva de la Unión, y en la que el propio instrumento normativo deja un margen de apreciación a los Estados miembros, porque con carácter general obliga a los Estados a la consecución de un resultado ( artículo 288 TFUE). Por lo tanto, hemos de desechar el argumento que trata de poner de relieve que la nueva regulación establecida en el Real Decreto 1301/2006 quiebra la armonización que es finalidad de la norma comunitaria, porque el objetivo no es la armonización sino la consecución de una objetivo de forma suficiente a nivel comunitario mediante el establecimiento de unas normas comunes, que permiten un desarrollo posterior por parte de los Estados en el marco previamente delimitado, de acuerdo con los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. Por ello, el considerando (4) de la Directiva 2004723/CE señala que "Existe la urgente necesidad de disponer de un marco unificado a fin de garantizar unas normas elevadas de calidad y seguridad en cuanto a la obtención, evaluación, procesamiento, almacenamiento y distribución de tejidos y células en toda la Comunidad y de facilitar los intercambios para los pacientes que reciben cada año este tipo de terapia ....", a fin de lograr unos parámetros elevados de calidad y seguridad, en orden a salvaguardar la salud pública (considerando (5))".
Afirma en el SEXTO "Por lo que respecta a las normas que en materia de establecimiento dispone la Directiva 2004/23/CE, la misma prevé que :(6) Las células y los tejidos destinados a la producción industrial, incluidos los productos sanitarios, sólo deben ser regulados por la presente Directiva en lo que se refiere a la donación, obtención y evaluación, cuando el procesamiento, la preservación, el almacenamiento y la distribución se rijan por otras normas comunitarias. Las posteriores fases de fabricación están cubiertas por la Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre de 2001, por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano.
Finalmente en el SEPTIMO declara que "el precedente del Real Decreto 1301/2006, a saber, el Real Decreto 411/1996, de 1 de marzo, por el que se regulan las actividades de utilización de tejidos humanos (BOE 23 de marzo), cuyo ámbito de regulación se extendía a "todas las actividades relacionadas con la obtención y utilización clínica de los tejidos de origen humano, incluidas su donación, obtención, preparación, procesamiento, preservación, almacenamiento, transporte, entrada y salida de España, distribución, suministro e implantación" ( artículo 1 de dicho RD), partía de los mismos principios que cuestiona la demandante. En efecto, el RD 411/1996 , al igual que el RD 1301/2006 que transpone la Directiva 2004/237/CE parte de la gratuidad de las donaciones ( artículo 5 RD 411/1996 y artículo 3 del RD 1301/2006 ), así como de un principio de altruismo y voluntariedad ( artículo 4 RD 411/1996 y artículo 3.4 RD 1301/2006 ), que ha impuesto que las actividades de los establecimientos no sean lucrativas y que se imponga que puedan repercutirse exclusivamente los costes efectivos de los servicios prestados por el desarrollo de las actividades autorizadas ( artículo 5 RD 411/1996 y 3.5 RD 1301/2006 )".
1. Un primer motivo aduce que la sentencia infringe las normas de la jurisprudencia comunitaria sobre la transposición de las Directivas comunitarias, al sancionar restricciones que no pueden considerarse medidas de protección y que vulneran el principio de proporcionalidad.
Considera que Biostab Proresurgo, SL podía asumir que, en uso de la habilitación concedida por la Directiva, España hubiera optado por adoptar tales medidas de fomento a través principalmente de subvenciones, ayudas, o vgr. la reserva en la captación de donantes del Sistema Nacional de Salud u otras medidas de fomento, únicamente a favor de establecimientos de tejidos públicos o no lucrativos, pero de ahí a adoptar la medida desproporcionada de prohibir su existencia, hay una distancia que el margen de apreciación de la norma comunitaria, por muy amplio que se pretenda en la resolución recurrida sea éste, no alcanza. Considera existe una clara vulneración del principio de proporcionalidad, una vulneración manifiesta y grave de los límites impuestos a su facultad de apreciación STJCE 37/1995 de 5 de marzo de 1996 .
Defiende que el informe del Comité de Ética en la Ciencia y Nuevas Tecnologías de la Comisión Europea de 16 de marzo de 2004 (apartado 2.2) señala que una prohibición estricta de estos establecimientos representaría una restricción indebida de la libertad de empresa y de la libertad de elección de los particulares, si bien entiende que deberán operar bajo una estricta regulación .
Mantiene la incorrecta la transposición de la norma por el Gobierno, con vulneración del sistema jurídico de fuentes instaurado por la Constitución ( arts. 15 , 38 , 43 , 53 CE ) y, además, incorrecta en el fondo, pues, aunque se hubiera utilizado el instrumento normativo adecuado (norma con rango de ley), no era posible imponer tal limitación.
3. Un tercer motivo aduce infracción de las normas del ordenamiento jurídico, arts. 1.1 , 15 , 38 y 53 de la CE y de la jurisprudencia por cuanto ante la falta de regulación de la actividad de crioconservación al no ser de aplicación del Real Decreto 411/1996, su ejercicio resultaba lícito.
Recuerda la Sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de setiembre de 2009, asunto 9/2009 , recaída en el recurso por incumplimiento al amparo del art. 226 CE interpuesto por la Comisión contra Reino de Bélgica que conforme al art. 31, párrafo 1, primera línea, de la Directiva 2004/23/CE, los Estados miembros debían poner en vigor las disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas necesarias para ajustarse a ella lo más tarde el 7 de abril de 2006.
En el caso de España la Disposición Final Segunda del RD 1301/2006, de 10 de noviembre , estatuye que mediante este Real Decreto se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2004/23/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, relativa al establecimiento de normas de calidad y de seguridad para la donación, la obtención, la evaluación, el procesamiento, la preservación, el almacenamiento y la distribución de células y tejidos humanos, así como la Directiva 2006/17/CE de la Comisión, de 8 de febrero de 2006, por la que se aplica la Directiva 2004/23/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a determinados requisitos técnicos para la donación, la obtención y la evaluación de células y tejidos humanos.
No existe discusión acerca de que las condiciones que han de acreditarse para la entrada en juego de la responsabilidad del Estado frente a los particulares por el incumplimiento del derecho comunitario por la no transposición de Directivas fueron fijadas por el Tribunal de Justicia de la entonces Comunidad Europea en la Sentencia de 19 de noviembre de 1991, asuntos acumulados C- 6/90 y 9/90 Francovich y otros/República Italiana.
Con posterioridad en la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sala Segunda de 24 de septiembre de 1998, asunto C- 319/96 , Brinkmann Tabakabriken GMBH y Skatteministeereiet se afirma en los puntos 24 y 25 y 26
24. Con carácter preliminar, procede recordar que, según reiterada jurisprudencia, el principio de la responsabilidad del Estado por daños causados a los particulares por violaciones del Derecho comunitario que le son imputables es inherente al sistema del Tratado (véanse, en particular, las sentencias de 5 de marzo de 1996, Brasserie du pêcheur y Factortame, asuntos acumulados C-46/93 y C-48/93, Rec. p. I-1029, apartado 31; de 8 de octubre de 1996, Dillenkofer y otros, asuntos acumulados C-178/94, C- 179/94, C-188/94, C-189/94 y C-190/94, Rec. p. I-4845, apartado 20 , y de 17 de octubre de 1996, Denkavit y otros, asuntos acumulados C-283/94 , C-291/94 y C-292/94, Rec. p. I-5063, apartado 47).
Sentado lo anterior ha de afirmarse tiene razón el Abogado del Estado cuando objeta que la Comisión no ha deducido procedimiento alguno contra el Reino de España por transposición inadecuada de la Directiva 2004/23/CE.
No está de más recordar que en la Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 10 de abril de 2008, asunto C-442/06 Comisión de las Comunidades Europeas contra República Italiana , recurso por incumplimiento de Estado por adaptación incorrecta del Derecho interno se afirma en puntos 22 y 42.
22. A este respecto, es preciso recordar que, según reiterada jurisprudencia, la regularidad del procedimiento administrativo previo constituye una garantía esencial querida por el Tratado CE, no sólo para la protección de los derechos del Estado miembro de que se trate, sino también para garantizar que el posible procedimiento contencioso tenga por objeto un litigio claramente definido. De este objetivo resulta que el escrito de requerimiento tiene como finalidad, por un lado, delimitar el objeto del litigio e indicar al Estado miembro, al que se pide que presente sus observaciones, los elementos necesarios para preparar su defensa y, por otro lado, darle la posibilidad de poner fin al incumplimiento antes de que se interponga el recurso ante el Tribunal de Justicia, sentencias de 13 de diciembre de 2001, Comisión/Francia, C-1/00, Rec. p. I-9989, apartado 54 , y de 5 de noviembre de 2002 , Comisión/Alemania, C-476/98 , Rec. p. I-9855, apartados 46 y 47).
42. En cuanto a la causa de inadmisión planteada por la República Italiana, es preciso recordar que, según reiterada jurisprudencia, la existencia de un incumplimiento debe apreciarse en función de la situación del Estado miembro tal como ésta se presentaba al finalizar el plazo señalado en el dictamen motivado. Así, incluso en el caso de que haya cesado el incumplimiento con posterioridad a dicho plazo, subsiste un interés en que continúe el procedimiento, que consiste, en especial, en sentar las bases de la responsabilidad en que pueda incurrir un Estado miembro, a consecuencia de su incumplimiento, en particular frente a aquellos que poseen derechos afectados por el mencionado incumplimiento (véanse, en este sentido, las sentencias de 18 de marzo de 1992 , Comisión/Grecia, C?29/90 , Rec. p. I?1971, apartado 12 , y de 14 de abril de 2005 , Comisión/Luxemburgo, C?519/03 , Rec. p. I?3067, apartados 18 y 19).
Es relevante destacar que, en fecha reciente, Sentencia de 16 de febrero de 2012, el Pleno del Tribunal Constitucional ha resuelto el conflicto positivo de competencia 1301-2007 promovido entre el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid contra el Real Decreto 1301/2006, de 10 de noviembre, por el que se establecen las normas de calidad y seguridad para la donación, la obtención, la evaluación, el procesamiento, la preservación, el almacenamiento y la distribución de células y tejidos humanos y se aprueban las normas de coordinación y funcionamiento para su uso en humanos.
Aquí lo significativo no es el pronunciamiento desestimatorio sino lo reflejado en el FJ 8º.
"En cuarto lugar, nuestro enjuiciamiento versa sobre el art. 3.5 del Real Decreto 1301/2006 . Según lo dispuesto en este artículo:
Para la Comunidad de Madrid esta disposición limitará la posibilidad de que se establezcan empresas dedicadas al depósito de células sanguíneas de cordón umbilical, dado que no se prevé beneficio comercial para las mismas e indirectamente se está limitando la capacidad de libre empresa establecida en el art. 38 CE . Por su parte, el Abogado del Estado señala que basta con interesar su rechazo "ad limine" por cuanto tal objeción carece de fundamento competencial y su examen no resulta adecuado en este concreto procedimiento constitucional. No obstante, recuerda que el principio de gratuidad y carácter no lucrativo que recoge el art. 3.5 responde a lo establecido en la Directiva 2004/23/CE y que dicho principio aparece también recogido, entre otras, en la Ley 30/1979, de 27 de octubre, sobre extracción y trasplante de órganos y en el Real Decreto 1088/2005, de 16 de septiembre, sobre hemodonación, centros y servicios de transfusión.
En efecto, la impugnación del art. 3.5 del Real Decreto 1301/2006 ha de ser desestimada. No es procesalmente posible utilizar el cauce del conflicto positivo de competencias para cuestionar en la demanda una indirecta limitación del derecho de libertad de empresa establecido en el art. 38 CE , pues ni estamos ante una verdadera reivindicación de competencias ocasionada por una previa invasión de atribuciones propias (entre otras, SSTC 67/1983, de 22 de julio, FJ 3 ; 166/1987, de 28 de octubre, FJ 2 ; y 220/1992, de 11 de diciembre , FJ 8), ni tampoco se desprende del razonamiento efectuado en la demanda que del precepto estatal cuestionado se derive -a causa del desbordamiento- una imposibilidad de ejercicio de las competencias autonómicas o un efectivo menoscabo de las mismas a causa de interferencias indebidas ( STC 104/1988, de 8 de junio , FJ 1)".
Avanzando en el recurso examinaremos el primer motivo que viene a reproducir las páginas 21, 24, 27, 28, 29, 31 de la demanda lo que no es propio de un recurso de casación.
No obstante, constante jurisprudencia del Tribunal de Justicia ha venido considerando directamente aplicable una Directiva cuando hubiere transcurrido el plazo prescrito para desarrollarla o hubiera sido transpuesta de forma deficiente, sus disposiciones sean de contenido suficientemente claro y confieran derechos al ciudadano individual. Es el llamado efecto útil que impide que un Estado oponga a los particulares el incumplimiento de las obligaciones que la Directiva comporta ( Sentencias Van Duyn, 4 diciembre 1974, asunto 41/1974 ; Ratti, 5 abril 1979, asunto 148/1978 y Becker, 19 de enero 1982, asunto 8/1981 ).
Para resolver el segundo motivo hemos de partir de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia expuesta en razonamientos precedentes.
Centrados en la existencia del retraso en la transposición hemos de tomar en consideración el aserto reflejado en la reciente Sentencia del Tribunal Constitucional de 16 de febrero de 2012 que pone de relieve que el sistema español de donaciones gira, sin fisuras, alrededor del principio de gratuidad. Cuestión a la que hacen mención también las Sentencias de esta Sala y Sección de 20 de mayo de 2008, recurso de casación 5104/2006 y 18 de junio de 2009, recurso de casación 5576/2006 .
Resulta plenamente aplicable la jurisprudencia esgrimida por el recurrente, esto es la Sentencia de 30 de abril de 2004, recurso de casación 8622/1999 que reproduce lo manifestado en la Sentencia de 12 de junio de 2.003 . Se dijo que "supuesto especial es el de la infracción del deber de transposición de una directiva en el plazo en ésta establecido ya que tal omisión constituye "per se" infracción manifiesta y grave y por tanto dará lugar a la obligación de indemnizar si se cumplen los otros dos requisitos, a saber, que estemos ante una norma que tenga por objeto conferir derechos a los particulares y que exista nexo causal entre la infracción y el daño". Situación aquí no acontecido en razón de todo lo argumentado en los párrafos precedentes.
Expresa la Constitución en su art. 106.1. que los tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, mientras el art. 23.2. de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre declara que los reglamentos no podrán infringir normas con rango de ley, y el apartado 4 reputa nulas las resoluciones administrativas que vulneren lo establecido en un reglamento, aunque hayan sido dictadas por órganos de igual o superior jerarquía que el que lo haya aprobado.
Las valoraciones anteriores obligan, conforme a lo dispuesto en el articulo 95 de la Ley de la Jurisdicción , a declarar no haber lugar al recurso de casación, con expresa condena en costas a la parte recurrente. Y al amparo del artículo 139 de la Ley de la Jurisdicción se señala como cantidad máxima a reclamar por el Letrado de la parte recurrida la cantidad de 3000 euros. Todo ello en atención; a), a que las costas se imponen por imperativo legal, y en tales casos esta Sala de acuerdo además con las normas del Colegio de Abogados de Madrid, exige una especial moderación; y b), a que la actividad de las partes no ha realizado especiales aportaciones. Obviamente sin perjuicio de que el Letrado pueda interesar de su cliente la cantidad que estime proceda.
No ha lugar al recurso de casación deducido por la representación procesal de Biostab Proresurgo, SL contra la sentencia desestimatoria de fecha 1 de diciembre de 2010, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, Sección 4ª, en el recurso núm. 3/10 , deducido por aquella sociedad contra la Resolución del Ministro de Trabajo e Inmigración de 26 de octubre de 2009 por la que se desestimó la reclamación patrimonial deducida con fecha 12 de diciembre de 2007. Sentencia que se declara firme. En cuanto a las costas estese al último fundamento de derecho.
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