Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-sp5655-2016-47373-de-mayo-4-de-2016?documento=jurcol&contexto=jurcol_a7829e96beac4fc2bfc981d99b5c5531&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-11-14 12:37:28
Document Index: 254707642

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 51', 'ARTÍCULO 52', 'ARTÍCULO 52', 'artículo 52', 'artículo 52', 'artículo 59', 'artículo 92', 'artículo 53', 'artículo 51', 'artículo 187']

﻿ SENTENCIA SP5655-2016/47373 DE MAYO 4 DE 2016
SENTENCIA SP5655-2016 DE 04 DE MAYO DE 2016
CONTENIDO:INHABILITACIÓN PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS Y FUNCIONES PÚBLICAS. SE PRECISA QUE LA SANCIÓN MÁXIMA PARA LA INHABILITACIÓN PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS Y FUNCIONES PÚBLICAS CUANDO SE IMPONE COMO ACCESORIA Y NO SE ESTÁ FRENTE A UN SERVIDOR PÚBLICO CONDENADO POR DELITO CONTRA EL PATRIMONIO DEL ESTADO (INCISO 2º DEL ARTÍCULO 51), SERÁ DE 20 AÑOS, INCLUSO PARA AQUELLOS EVENTOS EN QUE EL INCISO 3º DEL ARTÍCULO 52 LEY 599/2000 AUTORIZA IMPONER HASTA “UNA TERCERA PARTE MÁS” DE LA PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD A LA QUE ACCEDE, YA QUE, EN TODO CASO, DEBERÁ RESPETARSE EL LÍMITE ESTABLECIDO POR EL INCISO 1º, DADA LA ESPECIFICIDAD Y CLARIDAD EN SU DEFINICIÓN, PUES NO DE OTRA FORMA SE EXPLICARÍA LA REITERACIÓN RELATIVA A QUE NO PODRÁ EXCEDER EL LÍMITE LEGAL EXPRESADA EN EL INCISO FINAL DEL ARTÍCULO 52 QUE A SU VEZ AUTORIZA A IMPONERLA POR ENCIMA DEL LAPSO ESTABLECIDO PARA LA RESTRICTIVA DE LA LIBERTAD.
TEMAS ESPECÍFICOS:SERVIDOR PÚBLICO, FUNCIÓN PÚBLICA, INHABILITACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, RECURSO DE CASACIÓN, PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD
Sentencia SP5655-2016/47373 de mayo 4 de 2016
SP5655-2016
Rad.: 47373
En la referida decisión del 10 de febrero de 2016, la Corte encontró necesario verificar si hubo menoscabo a las formas propias del juicio y las garantías que le asisten al procesado C. O., porque en el proceso de dosificación punitiva, se desconoció el principio de legalidad.
En efecto, del recuento objetivo de la actuación procesal advierte la Sala la concurrencia de irregularidad generadora de clara violación a garantías fundamentales del acusado, cual es la legalidad de la pena accesoria de la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, que activa la facultad oficiosa de la Corte para controlar el aspecto legal y constitucional de la sentencia.
Ello porque en la providencia condenatoria proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, revocatoria de la absolutoria dictada por el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de la misma ciudad, se impuso a C. O. dicha pena accesoria por un lapso de 314 meses, equivalentes a 26 años y 2 meses, lo cual desborda el límite máximo previsto en la ley para esta sanción.
La anterior apreciación permite concluir que, indefectiblemente, la sanción máxima para la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas cuando se impone como accesoria y no se está frente a un servidor público condenado por delito contra el patrimonio del Estado (art. 51, inc. 2), será de 20 años, incluso para aquellos eventos en que el inciso 3º del artículo 52 ídem autoriza imponer hasta “una tercera parte más” de la pena privativa de la libertad a la que accede, ya que, en todo caso, deberá respetarse el límite establecido por el inciso 1º, dada la especificidad y claridad en su definición, pues no de otra forma se explicaría la reiteración relativa a que no podrá exceder el límite legal expresada en el inciso final del artículo 52 que a su vez autoriza a imponerla por encima del lapso establecido para la restrictiva de la libertad.
Así las cosas, puede concluirse que el legislador ha dispuesto que: i) el juez penal está obligado a imponer como pena accesoria la de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, siempre que se imponga la pena de prisión; ii) la imposición de ésta sanción trae como consecuencia privar al penado de la facultad de elegir y ser elegido, del ejercicio de cualquier otro derecho político, función pública, dignidades y honores que confieren las entidades oficiales, iii) la duración de la pena podrá ser la misma de la de la pena de prisión impuesta y hasta una tercera parte más, sin exceder el máximo fijado en la ley, —es decir 20 años— sin perjuicio de lo que prevé la Constitución para el caso de la condena por delitos contra el patrimonio del Estado. iv) la imposición de la pena exige una fundamentación explícita sobre los motivos de la determinación cualitativa y cuantitativa de la misma, de conformidad con el artículo 59 de la Ley 599 de 2000, v) la persona condenada a la pena de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, como consecuencia de haber recibido pena de prisión, puede solicitar su rehabilitación para el ejercicio de dichos derechos y funciones en los términos del artículo 92 de la Ley 599 de 2000. vi) de acuerdo con el artículo 53 de la Ley 599 de 2000 la pena de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas se aplicará y ejecutará simultáneamente con la pena de prisión” (Sent. C-329, abr. 29/2003).
Bajo este entendimiento, es claro que los falladores se equivocaron al condenar al acusado B. G. C. O. a la sanción accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas “por un término igual al de la pena principal”, es decir, por el lapso de 26 años y 2 meses (314 meses), pues, este tiempo supera el tope máximo fijado para esta pena en el inciso 1º del artículo 51 de la Ley 599 de 2000.
Finalmente, atendiendo lo dispuesto en el artículo 187 de la Ley 906 de 2004, aunque la demanda de casación solo fue propuesta por el apoderado judicial de B. G. C. O., es necesario hacer valer los efectos del fallo a favor de L. E. M. H.
Por lo tanto, la Sala casará oficiosa y parcialmente el fallo de segundo grado y, en consecuencia, disminuirá a veinte (20) años la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, impuesta a los mencionados sentenciados.
1. CASAR de oficio y parcialmente la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Superior de Cali (Valle del Cauca), el 22 de julio de 2015, mediante la cual revocó el fallo absolutorio emitido el 2 de septiembre de 2013 por el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de esa misma ciudad, en el sentido de fijar en 20 años la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas que deben purgar los procesados B. G. C. O. y L. E. M. H. como coautores responsables del concurso de delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.