Source: https://www.scribd.com/doc/92225111/derecho-humanitario-internacional-primera-parte-2011
Timestamp: 2016-08-27 09:43:56
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Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 19', 'Artículo 19', 'Artículo 19', 'Artículo 5', 'Artículo 19', 'Artículo 19', 'Artículo 19', 'Artículo 19', 'Artículo 19', 'Artículo 13', 'Artículo 19', 'Artículo 19', 'artículo 109', 'Artículo 19', 'Artículo 19', 'Artículo 19', 'Artículo 19', 'Artículo 19', 'Artículo 19', 'Artículo 19', 'Artículo 19', 'Artículo 19', 'Artículo 19', 'Artículo 19', 'Artículo 19', 'Artículo 19', 'Artículo 19', 'Artículo 19', 'Artículo 19']

derecho humanitario internacional primera parte (2011)
BrowseUploadSign inJoinBooksAudiobooksComicsSheet MusicWelcome to Scribd! Start your free trial and access books, documents and more.Find out moreINTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DEL DERECHO HUMANITARIO INTERNACIONAL.Este curso pretende dar al alumno de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, y sobre la base de lo estudiado en el curso de Sistemas de Derecho, los elementos necesarios para comprender el concepto de los Derechos Humanos; tanto en su dimensión nacional, conociendo los textos legales que consagran su protección interna, la Constitución y leyes que los establecen y las acciones constitucionales que los cautelan; como su dimensión internacional, que nos lleva al estudio somero de los textos en que se consagran, tratados y declaraciones, y los mecanismos de protección universal y regional, en particular en americano, y como el Estado de Chile se encuentra vinculado y sujeto a este control internacional, lo que implica dar al alumno nociones del Derecho Internacional Público, dado que los Derecho Humanos Internacionales constituyen una parte de esta rama del Derecho. Finalmente, y como complemento y cierre de o anterior, se avanza en el estudio del Derecho Internacional Humanitario, que es una rama del Derecho Internacional que se conoce como el “Derecho de Guerra” y que, aunque pueda sonar contradictorio, regula el comportamiento que se debe tener por parte de los estados y beligerantes en un conflicto armado, y las obligaciones que deben cumplir, en particular respecto de la población, bienes y prisioneros en dichas situaciones. 1. LOS DERECHOS HUMANOS. “Son Títulos que todo individuo tiene por el sólo hecho de ser persona”, siendo persona, como ya lo veíamos: “todos los individuos de la especie humana, cualquiera que sea su edad, sexo, estirpe o condición.” (Art. 55 C.C.) Así, el Primer Considerando de la Declaración Universal de Derechos Humanos que dice: “Considerando que la libertad, la Justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana;”, y los artículos de la Declaración que siguen: Artículo 1° de la Declaración Universal de Derechos Humanos que dice: “Todos los seres humanos nacen libre e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.”, y Artículo 2° 1. de la Declaración Universal de Derechos Humanos que dice: “Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.”
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De lo anterior se deduce que lo único que cabe al Estado y sus órganos, respecto de estos derechos es proclamarlos, otorgarles su protección y promoverlos. El FUNDAMENTO de los Derechos Humanos se encuentra pues en la NATURALEZA DEL HOMBRE y TIENEN COMO FIN GARANTIZAR LA DIGNIDAD DE TODAS LAS PERSONAS. 1.1. CLASIFICACION. Los Derechos Humanos tienen el mismo valor entre sí, esto es no hay uno más importante que otro, ya que en definitiva todos procuran amparar el mismo bien que es la persona y su dignidad como tal; esto es son INTERDEPENDIENTES E INDIVISIBLES, para operar unos deben estar operando los demás (Ej. Derecho a la Vida, va a requerir que operen el Derecho a una Vivienda o al Agua Potable). Sin perjuicio de lo anterior, se les suele clasificar, por un asunto metodológico atendido su reconocimiento en el tiempo en: a) Derechos Humanos de PRIMERA GENERACION, que son los derechos CIVILES Y POLITICOS, y que son reconocidos desde el Bill of Rights británico de 1689, en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América de 1776, la Constitución que le siguió de 1787 y las primeras diez Enmiendas Constitucionales de 1791 –que se conocen como el Bill of Rights americano-, y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Este conjunto de Derechos Humanos, son los más conocidos y aspiran a la LIBERTAD de las Personas en todos sus aspectos, y en particular los políticos y económicos (se indica que son los que interesarían a las clases económicas dominantes –principios ideológicos-). El Rol del Estado respecto de esta categoría de Derechos es de ABSTENCION, esto es debe evitar violarlos o entorpecerlos. b) Derechos de SEGUNDA GENERACION, que son los derechos ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES, que son recogidos por primera vez a comienzos del siglo XX, en las Constituciones de la U.R.S.S., la Constitución Mexicana y la Constitución de la República del Weimar. En el ámbito internacional debieron pasar cincuenta años antes de ser reconocidos por un instrumento legal, lo que recién ocurriría en 1966 con el “PACTO DE DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES” de la O.N.U.; que es un conjunto de Derechos Humanos que se orientan a reconocer y procurar la IGUALDAD de las personas. El Rol del Estado respecto de esta categoría de Derechos es de ACCION, el Estado debe crear condiciones para que cada persona los pueda gozar. c) Derechos Humanos de TERCERA GENERACION o DERECHOS DE LOS PUEBLOS. Son un conjunto de derechos que buscan la SOLIDARIDAD entre las personas y los pueblos de la Tierra y la PRESERVACION DE LA CASA COMUN que es nuestro planeta.
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Procuran, asimismo, el reconocimiento del Derecho al Desarrollo, el Derecho a la Autodeterminación, a la preservación del Patrimonio Cultural, del Medio Ambiente, etc. En este ámbito se ha avanzado muy poco ya que son derechos conceptualizados hace muy poco tiempo, mediados desde la década de los setenta del siglo pasado; y que, en general, se han materializado en normas protectoras del Medio Ambiente en diversos Protocolos de carácter limitado, pero no se han podido universalizar en un pacto de carácter amplio (por ej.: Protocolo de Kioto) por la oposición tenaz de algunos países que percibirían estas restricciones como un freno a su desarrollo económico. El Rol del Estado respecto de esta categoría de Derechos es de ACCION, el Estado debe crear condiciones para que cada pueblo los pueda gozar. Como dato importante, de este conjunto de Derechos Humanos, el único que ha sido recogido por nuestra Constitución, es el N°8 del Artículo 19 que reconoce “El derecho de vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza.” 1.2. RECEPCION DE LOS DERECHOS HUMANOS. Finalmente, hay que entender que el reconocimiento de estos derechos, se ha hecho por los Estados y para los Estados, frente a la persona humana; por lo que su reconocimiento es PROGRESIVO, ya que son los Estados los principales afectados por este reconocimiento. Baste pensar que el primer tribunal para perseguir la responsabilidad de personas naturales por delitos que lesionan Derechos Humanos, es la Corte Penal Internacional creada al amparo del Pacto de Roma de 1998. Así tenemos que existen Etapas de Recepción por parte de los estados bastante definidas, y que son muy parecidas a la Clasificación de los Derechos Humanos que distingue entre derechos de Primera, Segunda y Tercera generación. Primera Etapa que es la Positivación (esto es que se le reduzca a un texto, ya sea legal, constitucional, una declaración o un tratado), el paso de la Filosofía de los Derechos Fundamentales a los instrumentos legislativos Ej. Declaración de Independencia de U.S.A. y Declaración de los Derechos del Hombre y del ciudadano, Segunda Etapa que es la Generalización, que va a implicar su recepción en los textos legales y Constitucionales de diversos estados, y Tercera Etapa que es la Universalización, que es el nacimiento de la Teoría de los Derechos Humanos con la creación de la O.N.U. –Carta de San Francisco de 1945-, momento en el cual se van a constituir como una rama separada dentro del Derecho Internacional Público, en que por primera vez se considera al individuo, persona natural, como sujeto de derecho. 1.3. SISTEMA DE PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS. El concebirlos como un Sistema Básico de Valores, implica establecer la tolerancia a las diferencias que puedan existir entre las personas.
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Estos “valores” se basan en un “piso de humanidad”, de consenso. Ej.: No matar, no torturar, etc. Lo anterior, se basa en la idea de que hay principios en los que todos deben estar de acuerdo. No son tampoco una ideología, sino que serían “trans-ideológicos”, y se han ido conformando a través del tiempo con avances y retrocesos. Un ejemplo de lo anterior, es que hay un conflicto profundo con el mundo Islámico, y se hacen esfuerzos a través de O.N.U., para mejorar la situación de países como Irán, Egipto o Pakistán, acusados de violar masivamente los Derechos Humanos. Aunque lo ideal sería sancionarlos, para forzar su respeto, los países occidentales en general tratan de no forzar la situación. El cumplimiento, o la intención de respetar los Derechos Humanos se mide por el número de tratados firmados por el país, ya que esto implica asumir un compromiso internacional. Los tratados son pocos relativamente y pueden pasar años entre la firma y la ratificación del mismo. 1.4. PRINCIPIOS QUE RIGEN LOS DERECHOS HUMANOS. a) PRINCIPIO DE LA IGUALDAD. Todas las personas por ser tales, y sin relación su edad, sexo, estirpe o condición, tienen los mismos derechos y por igual. b) PRINCIPIO DE LA SUBSIDARIEDAD. Que responde a la interrogante de: ¿Cuándo se les debe amparar?, siendo la obvia respuesta, cuando sufren violación o menoscabo en su ejercicio; y ¿Cuándo operan lo mecanismos internacionales de protección? Así, cuando dentro de un Estado, que tiene la obligación jurídica de ampararlos, se agotan o no hay recurso para procurar su protección efectiva, se puede recurrir a los mecanismos que franquea el Derecho Internacional de los Derechos Humanos para lograr su protección efectiva (En nuestro sistema el catálogo de Derechos Humanos está en el Artículo 19 de la Constitución, y se contemplan dos acciones de carácter constitucional que velan por ellos, los mal llamados Recursos de Protección y el Recurso de Amparo). c) PRINCIPIO de la JURISDICCIÓN UNIVERSAL. d) PRINCIPIO, consagrado en la Declaración Universal, de que no hay libertad para los violadores de los Derechos Humanos. e) Otro principio es, que NADA justifica la violación de los Derechos Humanos de las personas. Lo anterior implica la prohibición de la tortura, obtener confesiones por medio de drogas, etc. Las personas sometidas a proceso deben serlo con las debidas medidas de protección, que implican el Derecho a Defensa, Debido Proceso, Bilateralidad, etc.
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f) Pero sin perjuicio de lo anterior, existe un Principio General de Derecho, que es que: el goce de todos los derechos tiene limitaciones, incluso los Derechos Humanos; siendo estas limitaciones: los derechos de los demás, la Ley, las Buenas Costumbres, el Orden Público, la Seguridad del Estado y la Sociedad, y el Bien Común, definiéndose este último como: “un conjunto de condiciones materiales, espirituales, culturales necesarias para que una sociedad pueda realizar sus fines propios y con ello establecer un orden justo, que permita a cada persona desarrollarse como individuo. Lo anterior, exige siempre el reconocimiento de los derechos esenciales de las personas. 1.5. CARACTERISTICAS DE LOS DERECHOS HUMANOS. Como ya se indicaba, los Derechos Humanos, los tiene la persona por el hecho de serlo; de lo que se deduce que: a) Son INTRINSECOS, su posesión no depende de ninguna otra cualidad o circunstancia. b) Son UNIVERSALES, todos los seres humanos los poseen. c) Son IGUALITARIOS, esto es, no sólo que los tienen todos, sino que tienen el mismo valor para todos. d) Son ABSOLUTOS, no pueden ser objeto de comercio o regateo; la Ley es la única que los puede restringir. e) Son INTERDEPENDIENTES o INDIVISIBLES, para gozar de uno se debe gozar de todos, son todos iguales. f) Son IMPRESCRIPTIBLES, esto es, no se pierden por el paso del tiempo por no ejercerse. g) Son INALIENABLES. No se pueden transferir. h) Son INTERNACIONALES. Trascienden a los Estados. 1.6. EL ROL DEL ESTADO frente a los Derechos Humanos. Frente a los Derechos Humanos el Estado tiene tres Roles – Deberes que son: a) PROCLAMARLOS, esto es, debe darlos a conocer, reconocerlos y declarar su existencia. b) PROMOVERLOS, esto es, debe crear condiciones para que se practiquen. c) PROTEGERLOS, esto es, debe crear acciones o recursos para reclamarlos en caso de violación de los mismos.
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Cabe señalar que dentro de los ordenamientos internos, los Derechos Humanos, reciben el nombre de Garantías Constitucionales, Derechos Esenciales, Derechos Fundamentales, etc. En Chile, como ya vimos, tenemos un Catálogo de Derechos Esenciales o Garantías Constitucionales, que son los contenidos en el Artículo 19 de la Constitución Política del Estado, y contamos con cuatro Catálogos Internacionales aplicables en virtud de lo establecido en el Artículo 5° inciso Segundo de la Constitución que dice: “El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.” Los Derechos contenidos en ciertos tratados son los Derechos Esenciales o Derechos Humanos, los que se han codificado a partir de 1948 con la DECLARACIÓN DE DERECHOS Y DEBERES INTERAMERICANA de la O.E.A., la DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS de la O.N.U. del mismo año, la Convención Europea de Salvaguarda de Derechos Fundamentales de 1950, el PACTO DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS y el PACTO DE DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES de la O.N.U. de 1966 (estos junto con la Declaración Universal son el NÚCLEO, la cabeza del Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos), la CONVENCIÓN INTERAMERICANA o PACTO DE SAN JOSE de 1969, y la Carta Africana de 1981. 2. LA CONSTITUCION DE 1980 FRENTE A LOS DERECHOS HUMANOS. La pregunta es como enfrenta la problemática de los Derechos Humanos la Constitución de 1980, para lo cual han de analizarse las correspondencias entre la doctrina de los Derechos Humanos y lo que dispone el texto positivo de nuestra Constitución y la leyes conexas. Lo que debemos tener en todo caso claro desde ya, es que el Art. 19 de la Constitución, bajo el nombre de “Derechos y Deberes Constitucionales”, ha establecido un Catálogo de Derechos Humanos, que es lo MINIMO que nuestra legislación garantiza a los habitantes de Chile. 2.1. Constitución y Jerarquía Normativa. Antes de avanzar, revisando los derechos humanos consagrados en nuestra Constitución, conviene recordar la estructura normativa del Estado, para comprender cabalmente, la relevancia que tiene dentro del Ordenamiento Jurídico la proclamación y protección de los Derechos Humanos. Así, se señala tradicionalmente que las normas que forman el Ordenamiento Jurídico de un Estado se encuentran sujetas a una jerarquía en que, la cabeza de esta jerarquía es la Constitución, que no es otra cosa que una ley, y se define simplemente como la Norma Suprema del Estado; o sea, aquella norma que establece la estructura del Estado mismo, fijando sus órganos, definiendo sus
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atribuciones, derechos y obligaciones, y reconociendo los derechos y los deberes de los ciudadanos. Bajo esta Norma Suprema, se encuentra el conjunto de leyes, que son las normas emanadas, por lo general, del poder legislativo, que regulan en todo ámbito, las conductas deseadas de los ciudadanos, prohibiendo las que se consideran inadecuadas o contrarias a la moral, orden público y buenas costumbres, y dan cuerpo a los órganos estatales y definen la forma de cumplir sus fines. Las leyes han de supeditarse a lo establecido por la Constitución que fija el marco general de la legislación, y que no puede ser excedido por estas, so pena de ser declaradas inconstitucionales en el control que al efecto realizan los tribunales de justicia y en particular el Tribunal Constitucional. Finalmente, y bajo las normas legales, se encuentran los reglamentos (decretos), que son normas que siguiendo los lineamientos fijados por el legislativo, hacen posible la administración del Estado, administración que es una de las principales funciones del Ejecutivo junto con la conducción política del mismo; reglamentos que deben sujetarse al marco legal, en particular de la ley que pretenden ejecutar, y el marco dado por la legislación en general. Lo anterior implica que, los reglamentos se encuentran sujetos a un control de legalidad, que en principio es realizado por la Contraloría General de la República pero que puede ser y es complementado por los tribunales de justicia y el Tribunal Constitucional en algunos casos. Todo lo anterior, establece una jerarquía normativa que tiene en su cima a la Constitución Política del Estado, bajo ella a las diversas leyes existentes y vigentes (unas 10.000.- actualmente), que deben sujetarse al marco dado por la Constitución, y bajo las anteriores los reglamentos emanados del ejecutivos que hacen posible la aplicación de las anteriores. 2.2. DERECHO A LA VIDA. Art. 19 N° 1 “El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona. La ley protege la vida del que está por nacer. La pena de muerte sólo podrá establecerse por delito contemplado en ley aprobada con quórum calificado. Se prohíbe la aplicación de todo apremio ilegítimo.” Sin el respeto a este derecho, los otros carecen de sentido. Bajo la Doctrina de los Derechos Humanos su respeto en cuanto su extensión y vigencia debe ser ABSOLUTO, no encontrándose explicación por las corrientes “humanistas” al aborto, eugenesia, eutanasia, etc. Hoy prevalece el respeto a este derecho, y en principio cualquier limitación es inaceptable, pero algunas doctrinas aceptan limitaciones calificadas, como serían el aborto en el caso del embarazo producto de una violación y el aborto terapéutico. El respeto al Derecho a la Vida, consiste en no aceptar la privación arbitraria de la misma. La Convención Americana, señala los requisitos a los estados para permitir la aplicación de la Pena de Muerte, siendo que exista antes de ratificar dicho tratado, y que siendo éste ratificado, y posteriormente es abolida, no puede
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ser reinstaurada nuevamente (en el caso chileno se abolió parcialmente, ya que se mantiene en el Código de Justicia Militar, para ciertos delitos en tiempo de guerra; siendo reemplazada por el Presidio Perpetuo Efectivo). Hoy dentro del concepto de respeto al Derecho a la Vida, no solo se contempla el ser privado arbitrariamente de ella, sino que contempla el derecho a tener una Vida Digna (ONU). En atención a lo anterior, se entiende que los estados deben tomar todas las medidas necesarias para disminuir la mortalidad infantil, eliminar la malnutrición, etc. La pobreza en su versión extrema se considera un atentado al Derecho a la Vida, definiéndose a la Pobreza, como “un estado que se caracteriza por la privación continua o crónica de los recursos y bienes necesarios para disfrutar de un nivel de vida adecuado.” Lo anterior, es más que una falta de ingresos, se incorporan otros conceptos, como “el sentimiento de exclusión”, “sentimientos de humillación por encontrarse privado de bienes esenciales” ; en general es la privación de los de Derechos Humanos de tercera generación, que se entiende afecta el Derecho a la Vida. Por ejemplo, al aplicar un Programa de Ajuste Económico se debería tener presente como afectará a la población, debiendo procurarse por el Estado no vulnerar estos derechos (justificación de los Grupos de Antiglobalización). En definitiva la protección del Derecho a la Vida es ovni-comprensivo, cubriendo todos estos aspectos. ¿Qué ocurre en Chile? Nuestra legislación aparte de las normas contenidas en la Constitución, contempla otro conjunto de normas protectoras. Aborto. Se castiga en todas sus formas, no está autorizado el Aborto Terapéutico, en un Servicio Público de Salud no se puede practicar. Existe un proyecto para reincorporar esta última figura. En este sentido, las normas el Código Civil prohíben la aplicación de penas que impliquen un menoscabo físico a la embarazada. Art. 75 Código Civil establece que: “La ley protege la vida del que está por nacer. El juez, en consecuencia, tomará, a petición de cualquiera persona o de oficio, todas las providencias que le parezcan convenientes para proteger la existencia del no nacido, siempre que se crea que de algún modo peligra. Todo castigo de la madre, por el cual pudiera peligrar la vida o la salud de la criatura que tiene en su seno, deberá diferirse hasta después del nacimiento.” Excepcionalmente en otras legislaciones se autoriza el aborto cuando corre peligro la vida de la madre o el embarazo es producto de una violación. Legítima Defensa. Está autorizada por prácticamente todas las legislaciones, justamente en base a la defensa del Derecho a la Vida de la víctima.
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Apremios Ilegítimos. Desde 1998 está sancionado el delito de Apremios Ilegítimos, en los artículos 150 A y 150 B del Código Penal. 2.2.1. Derecho a la Integridad Física. Muy relacionado con el respeto al Derecho a la Vida, implica que todo ser humano tiene total propiedad de su estructura física y su funcionamiento. 2.2.2. Derecho a la Integridad Psíquica. Implica que nadie puede alterar el funcionamiento de la mente de otro por ningún medio. La mente es tan sagrada como la vida y se debe proteger su violación, la que se puede producir por medio del Delito de Tortura, Apremios Ilegítimos, los tratos degradantes. Se puede dañar la mente por medio de factores exógenos u endógenos. Tortura. Se encuentra contemplado este delito, en 2 Convenciones suscritas por Chile; la Internacional ratificada en 1988 por Chile, con reservas, que fueron retiradas desde el gobierno de Aylwin; y la Interamericana, cuya Corte ha establecido que constituyen formas de Tortura estar encerrado en una habitación sin luz, sin ventilación, en una celda subterránea, etc. Además Chile abrió competencia al Comité Permanente en contra de la Tortura de la ONU desde el 15 de marzo de 2004 (en teoría puede acudir cualquier persona natural a esta instancia). 2.2.3. Derecho a la Alimentación. Cada persona tiene derecho para proveer su alimentación y la de su familia. El Estado en tanto debe proveerla a quienes están impedidos para obtenerla por sí mismos. Ej.: los presos, los sujetos a pensiones mínimas o asistenciales, etc. 2.2.4. Derecho a Descanso. El Estado debe garantizar a las personas un descanso (normas laborales relacionadas con la jornada laboral diaria y semanal, y las vacaciones). Desde otro punto de vista los trabajos forzados son contrarios a los Derechos Humanos. Excepción a lo anterior. Se contiene en la Convención Interamericana, y es el trabajo a que está obligada una persona por una Sentencia Condenatoria. También esta Convención establece que es lícito el cumplimiento del Servicio Militar Obligatorio. Ambos ejemplos son excepciones autorizadas para los estados que contemplan figuras como la anterior en sus legislaciones. Asimismo, se consideran como excepciones a la regla del descanso, los trabajos que se pueden imponer por la autoridad en circunstancias de calamidad o amenaza social, Ej.: Terremoto; y los trabajos impuestos como una “carga civil”, Ej.: Ser Vocal.
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2.3. DERECHO AL HONOR Y A LA DIGNIDAD. Art.19 N°4 “El respeto y protección a la vida privada y pública y a la honra de la persona y de su familia. La infracción de este precepto cometida a través de un medio de comunicación social, y que consistiere en la imputación de un hecho o acto falso, o que cause injustificadamente daño o descrédito a una persona o a su familia, será constitutiva de delito y tendrá la sanción que determine la ley. Con todo, el medio de comunicación social podrá excepcionarse probando ante el tribunal correspondiente la verdad de la imputación, a menos que ella constituya por sí misma el delito de injuria a particulares. Además, los propietarios, editores, directores y administradores del medio de comunicación social respectivo serán solidariamente responsables de las indemnizaciones que procedan;” Toda persona por ser tal tiene derecho a que se respete su condición de persona conforme su dignidad, y su honor. Se relaciona con el principio de Igualdad, dado que se entiende que todos tenemos el mismo honor. Los tipos penales que cautelan y protegen el Derecho al Honor son la Calumnia y al Injuria, figuras penales que se pueden cometer no sólo verbalmente sino que se pueden producir por la difusión de imágenes. El Derecho a la Dignidad Personal y Familiar, se tiene por el sólo hecho de ser persona no importando su condición de hombre, mujer, niño u anciano. Lo anterior, se encuentra íntimamente ligado al Derecho a la Privacidad personal y familiar, y al Derecho a la Soledad y el Derecho de Elegir con quien queremos relacionarnos. En definitiva en este número del Art. 19 de la Constitución se consagra la protección del Derecho a la Vida Privada, Pública y el Derecho al Buen Nombre. 2.3.1. Derecho al Nombre y a la Identidad Personal. Toda persona, desde su nacimiento y hasta su muerte, tiene derecho a ser identificado por su nombre e identidad. El nombre se puede modificar conforme lo establece la Ley, y tiene el carácter de PERSONAL e INTRANSFERIBLE, y se adquiere por nacimiento o adopción. 2.4. DERECHO A LA INVIOLABILIDAD DEL HOGAR. Art. 19 N°5 “La inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada. El hogar sólo puede allanarse y las comunicaciones y documentos privados interceptarse, abrirse o registrarse en los casos y formas determinados por la ley:” “Hogar” es un ejemplo de recinto privado por excelencia, y se entienden comprendidos dentro de este término el hogar familiar, la oficina, el cuarto del hotel, y en general, toda aquella edificación que no tenga el carácter de pública. La regla general es que es INVIOLABLE, y la excepción es que por orden de “autoridad competente” se puede entrar.
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En Chile se sanciona con la figura de la “violación de domicilio”. Los Tribunales de Justicia pueden ordenar el Allanamiento. Art.155 del C.P., Art. 156 del antiguo C.P.P. y Art. 205 del Código Procesal Penal. Asimismo existen disposiciones que autorizan el allanamiento en la Ley de Quiebra, el Código Sanitario y la Ley de Municipalidades. La norma, por lo demás es que el allanamiento debe estar autorizado por la Ley. 2.4.1. Inviolabilidad de la Comunicaciones Privadas. Son aquellas comunicaciones que tengan este carácter, las que no pueden ser abiertas, interceptarse, oírse, verse o registrarse, salvo en los casos autorizados por la ley. Excepciones más señaladas, la Ley de Drogas, Ley Antiterrorista, Unidad de Análisis Financiero (Servicio autónomo del Ministerio de Hacienda), etc. En los casos anteriores se entiende que se cautela un bien superior, cual sería el Bien Común. 2.4.2. Inviolabilidad de los Documentos Privados. Ampara la totalidad de los documentos, tanto los que se llevan consigo, como aquellos de los que se es dueño o poseedor legítimo. 2.5. IGUALDAD o NO DISCRIMINACION. Art. 19 N°2 “La igualdad ante la ley. En Chile no hay persona ni grupo privilegiados. En Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre. Hombres y mujeres son iguales ante la ley. Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias;” Es la concreción dentro de nuestro sistema interno del Principio del DD.HH. Internacional de la Igualdad o No discriminación, y que se concretiza en una Igualdad ante la Ley; y que en Chile ha significado reformas en la Ley de Filiación, que modificando las antiguas normas del Código Civil implicó que todos los hijos nacidos en Chile tiene iguales derechos, y que se manifiesta también en la protección de la madre adolecente y del que está por nacer. 2.5.1. Igualdad en la protección en el ejercicio de sus Derechos. Art. 19 N°3 inciso 1° “La igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos.” Lo anterior es una consecuencia de la “Igualdad ante la ley”, y se concreta en una “igualdad jurídica” que comprende: -Derecho a una Defensa Jurídica (asesoría de un letrado); -Juicio ante un Tribunal previamente establecido; -Una Sentencia con fundamentos; -Garantía de un debido proceso; -Prohibición de Presunción de culpabilidad penal; -Irretroactividad de la Ley Penal, y -Descripción de la Conducta Punible (tipificación penal).
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Derecho a Obtener Justicia. Artículo 19 N°3 inciso 4°. Sólo se puede ser juzgado por un Tribunal preestablecido y no por comisiones especiales. Limitación, el FUERO, que se funda en la materia en disputa o la naturaleza de lo que se investiga, y NO en las personas involucradas. Cuando una persona tiene fuero, lo que se persigue es asegurar la imparcialidad e independencia del Tribunal que juzga. Presunción de Inocencia. Art. 19 N°3 inciso 6°. Termina con la Sentencia Ejecutoriada en que se declara la culpabilidad. La simple imputación, recursos o procesamiento no hacen presumir la culpabilidad. Juicio Público y Normas del Debido Proceso. Artículo 19 N°3 inciso 5°. Lo primero es para cautelar el Debido Proceso y que la Sentencia que se dicte se conforme a Derecho. Excepción, el Juez puede decretar el secreto o pedir el desalojo de la Sala (por razones de moral o Seguridad Nacional). Negarse a declarar en Causa Penal. Artículo 19 N°7 letra f). “En las causas criminales no se podrá obligar al imputado o acusado a que declare bajo juramento sobre el hecho propio; tampoco podrán ser obligados a declarar en contra de éste sus ascendientes, descendientes y demás personas que, según los casos y circunstancias señale la ley.” Norma que ampara el “Secreto Profesional” (por esto es muy importante la Boleta de Honorarios). Libertad Provisional. Artículo 19 N°7 letra e). En la Convención Interamericana es la regla general. Libertad bajo fianza, es un Beneficio Procesal. Las excepciones son: Pena atribuida al delito, Número de delitos cometidos por la persona imputada, Número de condenas del imputado, que el imputado sea considerado un peligro para la Sociedad. Su denegación debe basarse en resolución fundada. No confundir con la Libertad Condicional que es un beneficio carcelario. Se basa en una recomendación de una Comisión de Gendarmería y que ve el SEREMI. Se otorga a reos rematados que han cumplido la mitad de la condena (se asocia a otros beneficios que otorga Gendarmería directamente, que son la Salida Dominical y la Salida Diaria). La Constitución no establece delitos in-excarcelables. Derecho a pedir Indemnización de Sometido a Proceso o Condenado Arbitrariamente. Artículo 19, Número 7°, letra i). Es el derecho que tiene la persona sometida a proceso o condenada por resolución que la Corte Suprema declare
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injustificadamente errónea o arbitraria; a ser indemnizada de los daños materiales y morales que esta situación le ha causado. Se presenta una demanda ante la Corte dentro del plazo de 6 meses contados desde la última resolución que absolvió definitivamente. Procedimiento Sumario y la prueba se aprecia en conciencia. Conoce la Corte Suprema como juez en Pleno. 2.5.2. Igualdad en la Postulación a cargos Públicos. Art. 19 N°17 “La admisión a todas las funciones y empleos públicos, sin otros requisitos que los que impongan la Constitución y las leyes;” Siendo la excepción los cargos de exclusiva confianza. 2.5.3. Igual Repartición en la Cargas Públicas. Art. 19 N°20 inciso 1° “La igual repartición de los tributos en proporción a las rentas o en la progresión o forma que fije la ley, y la igual repartición de las demás cargas públicas.” Carga: Es una prestación de carácter personal y toda obligación de carácter patrimonial que no consista o constituya un tributo, y que se impone a la generalidad para el cumplimiento de ciertos fines. Ej.: Cargas Personales = Servicio Militar Obligatorio, ó cargo de Vocal en las Elecciones. Cargas Patrimoniales = Las multas. Tributo: Es toda obligación pecuniaria que la ley impone a las personas para cumplir los fines del Estado, siendo la Ley la única que los establece (impuestos y contribuciones). Se aplican a todas las personas pero en proporción a la capacidad de cada uno, y la igualdad está dada por tener que soportarlos en forma equivalente. Los tributos entran al patrimonio del Estado (FISCO) , sin estar afectos a un fin determinado. Se aplican a todos en forma Proporcional Ej.: IVA, Contribuciones; en forma Progresiva, esto es la tasa o porcentaje crece en la medida que crece la base imponible Ej.: Renta; y en forma Legal, Ej.: Las tasas de Aduana, que están fijadas por ley en atención al bien que se internan. 2.6. LIBERTAD PERSONAL. Esta Libertad se manifiesta en varios ámbitos, como son la Libertad Espiritual, de Opinión y la Personal. 2.6.1. LIBERTAD ESPIRITUAL. Art. 19 N°6 “La libertad de conciencia, la manifestación de todas las creencias y el ejercicio libre de todos los cultos que no se opongan a la moral a las buenas costumbres o al orden público.” Se manifiesta de tres maneras que son la llamada Libertad de Conciencia, la Libertad de Creencia, y la Libertad de Culto.
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Libertad de Conciencia. Es el rasgo más privado de la persona, es ABSOLUTA y es ABSOLUTAMENTE LIBRE, nadie puede manipularla. Es el ámbito de creencias privado de la persona, y dado que la Ley sólo puede regular conductas externas, no está sujeta al imperio legal; sin perjuicio de lo anterior, se podrá vincular con la Libertad de Expresión una vez que estos pensamientos se exterioricen. Libertad de Creencia. La libre manifestación de cualquier creencia tiene como correlato el asumir por quien las exprese, la responsabilidad por los daños que su expresión pueda causar a los terceros. Libertad de Culto. Es la externalización de la primera en su aspecto religioso, y es perfectamente válida en tanto no se oponga a la moral, a las buenas costumbres o al orden público. Hasta 1999, sólo la Iglesia Católica Romana, y la Ortodoxa de Antioquía tenían personalidad de Derecho Público, y la totalidad de las otras confesiones tenían personalidad de Derecho Privado (Corporaciones). Ese año se dictó una Ley de Culto que permite, acogiéndose a sus normas, obtener personalidad de Derecho Público a las otras confesiones, si lo desean. 2.6.2. LIBERTAD DE OPINION Y DE SER REPARADO. Art. 19 N°12 “La libertad de emitir opinión y la de informar, SIN CENSURA PREVIA, en cualquier forma y por cualquier medio, sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de esas libertades, en conformidad a la ley, la que deberá ser de quórum calificado.” Se concreta en que ninguna autoridad puede decidir previamente lo que se puede opinar, siendo su limitación la Responsabilidad por los daños que se puedan causar. Es la fuente interna del principio de la Libertad de Expresión consagrada en la Convención Interamericana. Está expresamente mencionada en el Artículo 13° de la Convención Interamericana, como el Derecho a opinar, comentar, comunicar o difundir ideas por cualquier medio. Derecho de Informar y De ser Informado. Es coherente con el DEBER de publicidad que tiene el Gobierno y el Poder Judicial. Se concretaría en el Mensaje del 21 de Mayo, la transparencia en los Procedimientos, Mensaje Anual del Presidente de la Corte Suprema. Derecho de Respuesta y Rectificación. Artículo 19 N°12 inciso 3°. Toda persona injustamente aludida u ofendida tiene derecho a que se publique una rectificación.
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Censura Cinematográfica. En Julio de 2001 quedó abolida en virtud de la dictación de la Ley 19.742, quedando regulada sólo la Calificación Cinematográfica en función de la edad. Existe una Sentencia de la Corte de San José que obligó al estado de Chile a poner fin a la Censura Cinematográfica. 2.6.3. DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL. Art. 19 N°7 “El derecho a la libertad personal y a la seguridad individual.” Comprende además, los derechos de residir don de se quiera, y de transitar libremente por el territorio nacional ya salir y volver libremente de este. Toda persona legalmente capaz está facultada para decidir por sí misma todos los actos de su vida; teniendo la seguridad de no ser detenida en forma arbitraria, no hay limitaciones a nuestra libertad física. Excepción: Los casos señalados en la Constitución y las leyes y realizadas por funcionario competente o facultado, y por orden de Tribunal competente. Art. 19 N°7 “b) Nadie puede ser privado de su libertad personal ni ésta restringida sino en los casos y en la forma determinados por la Constitución y las leyes; c) Nadie puede ser arrestado o detenido sino por orden de funcionario público expresamente facultado por la ley y después de que dicha orden le sea intimada en forma legal. Sin embargo, podrá ser detenido el que fuere sorprendido en delito flagrante, con el solo objeto de ser puesto a disposición del juez competente dentro de las 24 horas siguientes. Si la autoridad hiciere arrestar o detener a alguna persona, deberá, dentro de las 48 horas siguientes, dar aviso al juez competente, poniendo a su disposición al afectado. El juez podrá, por resolución fundada, ampliar este plazo hasta por 5 días, y hasta por 10 días, en el caso que se investigaren hechos calificados por la ley como conductas terroristas.” Normas que son extensamente desarrolladas en el nuevo Código Procesal Penal, que dice: Art. 139 “Procedencia de la Prisión Preventiva. Toda persona tiene derecho a la libertad personal y a la seguridad individual. La prisión preventiva procederá cuando las demás medidas cautelares personales fueren estimadas por el juez como insuficientes para asegurar las finalidades del procedimiento, la seguridad del ofendido o de la sociedad.” Art. 129 “Detención en caso de flagrancia. Cualquier persona podrá detener a quien sorprendiere en delito flagrante, debiendo entregar inmediatamente al aprehendido a la policía, al ministerio público o a la autoridad judicial más próxima.”; en relación al Art. 130 que define las hipótesis de flagrancia; y los anteriores en relación a lo dispuesto en los artículos 131 que dice “Plazos de detención. Cuando la detención se practicare en cumplimiento de una orden judicial, los agentes policiales que la hubieren realizado o el encargado del recinto de detención conducirán inmediatamente al detenido a presencia del juez que hubiere expedido la orden. Si ello no fuere posible por no ser hora de despacho, el detenido podrá permanecer en el recinto policial o de detención hasta el momento de la primera audiencia judicial, por un período que en caso alguno excederá las 24 horas.
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Cuando la detención se practicare en virtud de los artículos 129 y 130, el agente policial que la hubiere realizado o el encargado del recinto de detención deberán informar de ella al ministerio público dentro de un plazo máximo de 12 horas. El fiscal podrá dejar sin efecto la detención u ordenar que el detenido sea conducido ante el juez dentro de un plazo máximo de 24 horas, contado desde que la detención se hubiere practicado. Si el fiscal nada manifestare, la policía deberá presentar el detenido ante la autoridad judicial en el plazo indicado. Cuando el fiscal ordene poner al detenido a disposición del juez, deberá, en el mismo acto, dar conocimiento de esta situación al abogado de confianza de aquel o a la Defensoría Penal Pública. Para los efectos de poner a disposición del juez al detenido, las policías cumplirán con su obligación legal dejándolo bajo la custodia de Gendarmería del respectivo tribunal” y el 132 “Comparecencia Judicial. A la primera audiencia judicial del detenido deberá concurrir el fiscal o el abogado asistente del fiscal. La ausencia de éstos dará lugar a la liberación del detenido. En la audiencia, el fiscal procederá directamente a formalizar la investigación y a solicitar las medidas cautelares que procedieren, siempre que contare con los antecedentes necesarios y que se encontrare presente el defensor del imputado. En el caso de que no pudiere procederse de la manera indicada, el fiscal podrá solicitar una ampliación del plazo de detención hasta por 3 días, con el fin de preparar su presentación. El juez accederá a la ampliación del plazo de detención cuando estimare que los antecedentes justifican esa medida.” Como dice la norma constitucional si la autoridad arrestar o detener a alguna persona, deberá, dentro de las 48 horas siguientes, dar aviso al juez competente (de garantía), poniendo a su disposición al afectado. El juez podrá, por resolución fundada, ampliar este plazo hasta por 5 días, y hasta por 10 días, en el caso que se investigaren hechos calificados por la ley como conductas terroristas. Arresto: No es una institución propia del Procedimiento Penal, ya que es un APREMIO para que una persona realice o de cumplimiento a algo a lo cual se encuentra obligado. Ej.: Arresto por Deuda de Pensión Alimenticia. Detención: Esta es una institución propia del Procedimiento Penal, que persigue el asegurar la persona del eventual delincuente o imputado. Se puede estar detenido por haber sido sorprendido cometiendo un delito flagrante, o por orden de la autoridad competente; estando autorizados para detener u ordenarla el Juez de Garantía, Intendente, Gobernador, las policías, y cualquier persona (en este último caso solo frente a la comisión de un delito flagrante). Preso: Es aquella persona que se encuentra privada de libertad, en cumplimiento de una Sentencia Condenatoria Ejecutoriada. Existe hoy en el Código Procesal Penal un listado de los Derechos de Detenido, que es complementado por lo señalado por la Constitución, y que dice que el Detenido o Imputado (Art. 93 y 94 C.P.P.) tiene derecho a:
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1.- Ser informado de sus derechos; 2.- Motivo de la detención, ver la orden correspondiente (salvo delito flagrante); 3.- Derecho a guardar silencio; 4.- Si declara tiene derecho a que NO se le tome juramento, ni estar sujeto a presiones; 5.- Ser llevado a un lugar público de detención; 6.- Que se informe a un familiar o la persona que él indique; 7.- No ser sometido a tratos crueles; 8.- Que no se le trate como culpable hasta que exista una sentencia Condenatoria ejecutoriada; 9.- Solicitar un Abogado (Art. 96 C.P.P.); 10.- Recibir visitas sino se encuentra incomunicado (El Fiscal puede pedir la incomunicación hasta por 10 días, pero esta incomunicación no obsta al Tribunal, el Abogado y atención médica); 11.- Derecho a la Defensa Jurídica; 12.- Ser puesto a disposición del Tribunal dentro de las 24 horas, plazo que el Juez puede prolongar hasta por 3 días; 13.- El juez debe ver la legalidad de la detención, condiciones de la misma, ver si lo mantiene detenido o lo deja en libertad, por medio del Control de Detención, y 14.- Poder pagar pensionado si sus recursos lo permiten. Control de Identidad. Se origina en una Ley de 2004, que reemplazó la antigua “detención por sospecha” y que se desarrolla en los artículos 85 y 86 del C.P.P., que implica que cuando una persona sea abordada en la vía pública por funcionarios policiales, deberá llevar una identificación clara, ya que la policía está facultada para exigirla sin autorización previa del fiscal, si se puede presumir que cometió delito o se apresta a cometerlo o puede entregar informaciones útiles para la indagación de un delito. Durante este registro la policía puede proceder al registro de las vestimentas, equipaje o vehículo de la persona cuya identidad se controla. Si no se puede acreditar la identidad o se niega la persona, esta podrá ser conducida al respectivo cuartel para establecerla, no pudiendo exceder este procedimiento las 6 horas, no pudiendo colocársele en un calabozo. Se pueden sacar huellas digitales, pero éstas una vez obtenida la identificación deberán ser destruidas. No puede ser sometido a un control médico sin autorización del Juez de Garantía. Los Carabineros, no requieren autorización alguna para practicar el Alcoholtest (Normas de la Ley del Tránsito y de Alcoholes), pudiendo ser las personas detenidas ebrias en la vía pública retenidas hasta por 4 horas y sujetas a una multa de hasta 1 U.T.M. Derechos de las Víctimas. Se han reforzado, con la última reforma constitucional 24 de junio del presente año, ya que se ha agregado el siguiente párrafo tercero al Nº3 del Artículo 19 que señalan: “La ley señalará los casos y establecerá la forma en que las personas
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naturales víctimas de delitos dispondrán de asesoría y defensa jurídica gratuitas, a efecto de ejercer la acción penal reconocida por esta Constitución y las leyes”. Al efecto, los derechos de la Víctima se encuentra ya señalados en el C.P.P. en su artículo 109, y se pueden resumir en: 1.- Ser recibida por las policías, fiscales y jueces; 2.- Recibir un trato digno; 3.- denunciar el delito a las policías, fiscales y jueces, 4.- Ser informada del estado del proceso, de sus derechos y de las acciones necesarias para resguardar sus derechos; 5.- Solicitar protección frente a probables hostigamientos, amenazas o atentados en contra suya o de su familia; 6.- Obtener reparación, restitución de los perdido y que los fiscales promuevan medidas para obtener la reparación del daño e indemnización; 7.- Ser escuchada por el fiscal o juez de garantía antes de ser suspendido el procedimiento o de ponerle término; 8.- Interponer querella a través de Abogado; 9.- Participar en el proceso y ser apoyado para realizar los diversos trámites, y 10.- Reclamar ante el fiscal o el juez de resoluciones que por su naturaleza impliquen poner fin al proceso. 2.6.4. Libertad de Residir donde se desee. Artículo 19, Número 7°, letra a). La gran excepción a este derecho lo constituye la Pena de Relegación, la que generalmente se ha aplicado cuando se investigan delitos contra la Seguridad del Estado. Relegación Administrativa. De acuerdo a la disposición 24ª Transitoria de la Constitución Política del Estado el Ministro del Interior tenía la facultad, cuando se era sorprendido en actos de desorden público de dictar una relegación administrativa por hasta 90 días. Era una excepción a la excepción, por cuanto no procedía recurso alguno contra esta resolución, salvo el escrito de Súplica ante la misma autoridad. Hoy no existe. 2.6.5. Libertad de Permanecer y Trasladarse donde se desee. Artículo 19, Número 7°, letra a). La excepción radica en algunas normas laborales que implican la obligación de permanecer en la faena por un lapso determinado, y desde luego en caso de arraigo o cumplimiento de la pena (excepciones contempladas en la ley conforme lo establece la letra b). Extranjero. Para salir al extranjero hay plena libertad, pero diferente es el caso de la entrada a otro país en que cada estado es soberano de establecer las limitaciones al ingreso de extranjeros, con base a sus normas de inmigración. Ej.: Exigencia de Visa para entrar a U.S.A. y Canadá, y Pasaporte a Bolivia. Una limitación es el Arraigo de Pleno Derecho que se origina en el encausamiento en un juicio penal (quedar sometido a proceso), o cuando se cumple con la Libertad Vigilada o Reclusión Nocturna.
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2.6.6. Derecho de Petición. Artículo 19 N°14. Consagra el Derecho de dirigir peticiones a la autoridad, siempre en términos respetuosos y convenientes. Excepcionalmente, hay leyes y Reglamentos que regulan la forma de pedir. Ej.: D.S. 110 para Constituir Corporaciones y Fundaciones; Ley 18.050 y su Reglamento para pedir un Indulto. 2.6.7. Derecho de Reunión. Artículo 19 N°13. Sin permiso previo PERO SIN ARMAS. Excepcionalmente se puede restringir en situaciones que amenacen la Seguridad Interna o la Seguridad Nacional. Ej.: Estado de Emergencia, Declaración del Estado de Sitio. Para hacer reuniones en lugares públicos, hay que hacer una solicitud a la Intendencia o Gobernador. Se autoriza mediante una resolución. La Policía lo regla. 2.6.8. Derecho a Asociarse sin permiso previo. Artículo 19 N°15. Excepcionalmente se prohíben las asociaciones contrarias a la moral, el Orden Público y la Seguridad del Estado. Se deben constituir de acuerdo a la Ley y nadie puede ser forzado a asociarse a la fuerza. 2.7. DERECHO DE PROPIEDAD. El Derecho de Propiedad es el Derecho que goza de mayor extensión en su tratamiento y más amplia protección en la actual Constitución por la inspiración claramente liberal de la misma, y su texto explica por sí solo la importancia que atribuyó el constituyente a su protección. Art. 19 Nº24. “El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales. Sólo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social. Esta comprende cuanto exijan los intereses generales de la Nación, la seguridad nacional, la utilidad y la salubridad públicas y la conservación del patrimonio ambiental. Nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae o de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio, sino en virtud de ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés nacional, calificada por el legislador. El expropiado podrá reclamar de la legalidad del acto expropiatorio ante los tribunales ordinarios y tendrá siempre derecho a indemnización por el daño patrimonial efectivamente causado, la que se fijará de común acuerdo o en sentencia dictada conforme a derecho por dichos tribunales. A falta de acuerdo, la indemnización deberá ser pagada en dinero efectivo al contado. La toma de posesión material del bien expropiado tendrá lugar previo pago del total de la indemnización, la que, a falta de acuerdo, será determinada provisionalmente por peritos en la forma que señale la ley. En caso de reclamo acerca de la procedencia de la expropiación, el juez podrá, con el mérito de los antecedentes que se invoquen, decretar la suspensión de la toma de posesión.
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El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas, comprendiéndose en éstas las covaderas, las arenas metalíferas, los salares, los depósitos de carbón e hidrocarburos y las demás sustancias fósiles, con excepción de las arcillas superficiales, no obstante la propiedad de las personas naturales o jurídicas sobre los terrenos en cuyas entrañas estuvieren situadas. Los predios superficiales estarán sujetos a las obligaciones y limitaciones que la ley señale para facilitar la exploración, la explotación y el beneficio de dichas minas. Corresponde a la ley determinar qué sustancias de aquellas a que se refiere el inciso precedente, exceptuados los hidrocarburos líquidos o gaseosos, pueden ser objeto de concesiones de exploración o de explotación. Dichas concesiones se constituirán siempre por resolución judicial y tendrán la duración, conferirán los derechos e impondrán las obligaciones que la ley exprese, la que tendrá el carácter de orgánica constitucional. La concesión minera obliga al dueño a desarrollar la actividad necesaria para satisfacer el interés público que justifica su otorgamiento. Su régimen de amparo será establecido por dicha ley, tenderá directa o indirectamente a obtener el cumplimiento de esa obligación y contemplará causales de caducidad para el caso de incumplimiento o de simple extinción del dominio sobre la concesión. En todo caso dichas causales y sus efectos deben estar establecidos al momento de otorgarse la concesión. Será de competencia exclusiva de los tribunales ordinarios de justicia declarar la extinción de tales concesiones. Las controversias que se produzcan respecto de la caducidad o extinción del dominio sobre la concesión serán resueltas por ellos; y en caso de caducidad, el afectado podrá requerir de la justicia la declaración de subsistencia de su derecho. El dominio del titular sobre su concesión minera está protegido por la garantía constitucional de que trata este número. La exploración, la explotación o el beneficio de los yacimientos que contengan sustancias no susceptibles de concesión, podrán ejecutarse directamente por el Estado o por sus empresas, o por medio de concesiones administrativas o de contratos especiales de operación, con los requisitos y bajo las condiciones que el Presidente de la República fije, para cada caso, por decreto supremo. Esta norma se aplicará también a los yacimientos de cualquier especie existentes en las aguas marítimas sometidas la jurisdicción nacional y a los situados, en todo o en parte, en zonas que, conforme a la ley, se determinen como de importancia para la seguridad nacional. El Presidente de la República podrá poner término, en cualquier tiempo, sin expresión de causa y con la indemnización que corresponda, a las concesiones administrativas o a los contratos de operación relativos a explotaciones ubicadas en zonas declaradas de importancia para la seguridad nacional. Los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos.” 2.7.1. Derecho a la Propiedad Artística e Intelectual. Artículo 19 N°25. Asegura el derecho de dominio de estas obras al autor al menos de por vida. Esta propiedad comprende la propiedad de las mismas y otros derechos, así como la paternidad, la edición y la integridad de la obra.
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La Ley establece que la propiedad pertenecen al autor, la cónyuge, hijas solteras, viudas y casadas con personas impedidas. 2.7.2. Derecho a la Propiedad Industrial. Artículo 19 N°25 inciso tercero. Abarca las patentes de invención, marcas comerciales, modelos, procesos industriales o tecnológicos, y otros similares. La Ley establece que lo supervigila el Ministerio de Economía a través de su Departamento de Marcas y el Tribunal de Marcas. La Marca inscrita mantiene su vigencia por diez años pudiendo renovarse. 2.8. Recepción de los Derechos Humanos de Segunda Generación (Derechos Económico, sociales y Culturales) en nuestro sistema. Como ya se señalaba al clasificarlos no es que sean de inferior calidad, sino que reciben este nombre por el momento histórico en que se recepcionan, se reconocen y se proclaman (primeros 20 años del siglo XX). Aparecen proclamados en algunas revoluciones y son consagrados en las constituciones de la ex U.R.S.S., la mexicana y la de Weimar. Luego hubo una espera de 50 años hasta que en 1966, año en que en la O.N.U. se somete a la firma el Pacto correspondiente, luego pasan otros 10 años para su firma en Chile y se publica en el Diario Oficial recién en 1989. El Rol del Estado, a diferencia de los primeros en que su papel es de abstención; es aquí de ACCION, esto es el deber del Estado es crear las condiciones para que puedan ser gozados por sus pueblos. En los Derechos civiles y políticos miran al individuo, aquí se mira al individuo en el contexto de su comunidad. Su importancia, o más bien dicho la importancia de que se gocen, está dada por el hecho del carácter indivisible e interdependiente que tienen los Derechos Humanos, de tal manera que se requiere su cumplimiento, total no parcial. Ej.: El Derecho a la Vida requiere tener para comer, esto es, implica tener acceso a una vida digna. Los Organos de Protección han estado dictando resoluciones que están destinadas a asegurar la existencia de estos derechos. Ej.: Condena a Brasil por los niños abandonados. ¿Qué dice nuestra Constitución? Hace más bien una referencia superficial, cuando se refiere a estos derechos, se habla de la Libertad de Elección para poder gozarlos o satisfacerlos, pero no se refiere al deber del Estado para protegerlos y satisfacerlos. Ej.: Libertad para elegir un trabajo, pero no menciona la obligación de garantizar un trabajo, vacaciones, normas de higiene, etc. En realidad para los países subdesarrollados o en vías de desarrollo, es un simple código de buenas intenciones, ya que se encuentran sujetos a la posibilidad real de la economía de cada Estado (ya no hay papel protector del Estado).
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2.8.1. Libertad de Educación y Enseñanza. Artículo 19 N°10 y N°11. Educación, que es el plano de desarrollo de las personas en las distintas etapas de su vida. Se consagra con relación a ésta, la libertad de educarse, educar a los hijos, elegir el lugar para su educación. Reconoce en primer lugar a los padres en este Derecho – Deber. El Estado vigila y establece la obligación de una Educación Básica y Media, la que si tiene el deber de implementar. Se consagra la Libertad de Enseñanza que, “Consiste en la posibilidad de fundar Establecimientos de Educación, y que no reconoce otros límites que la moral, el Orden Público y la Seguridad Nacional”, debiendo el Estado cautelar que se cumpla con los requisitos mínimos en cada uno de los niveles de enseñanza. 2.8.2. Derecho a la Protección de la Salud. Artículo 19° N°9. Se establece que el Estado protege el acceso igualitario a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y de rehabilitación del individuo, y garantizará la ejecución de las políticas de salud, sea que se presten por privados o instituciones públicas. La ley puede establecer cotizaciones obligatorias, y cada persona puede elegir libremente el sistema de salud al que desee afiliarse. 2.8.3. Derecho a Desarrollar cualquier Actividad Económica. Artículo 19 N°21. Consiste en la libertad para desarrollar cualquier actividad económica en manos de particulares, no siendo contraria a la moral, al Orden Público o la Seguridad Nacional. Se establece además un marco restringido para el estado empresario, ya que requiere la autorización de una Ley de Quórum calificado que la permita. Establece el rol subsidiario del Estado en esta materia. 2.8.4. Libertad de Trabajo. Artículo 19 N°16. Toda persona tiene derecho a elegir su fuente laboral, prohibiéndose cualquier discriminación que no se base en las capacidad o idoneidad personal, sin perjuicio que la Ley pueda exigir cierta edad o nacionalidad chilena en ciertos casos. Quedan prohibidos los trabajos que se opongan a la moral, a la Seguridad o Salubridad Públicas. Nadie puede exigir una afiliación o desafiliación a alguna organización para desarrollar alguna actividad, pero la Ley puede exigir un título universitario para el desarrollo de ciertos trabajos. Huelga. Artículo 19 N°16 inciso sexto. La Constitución no reconoce el Derecho a la Huelga, y la prohíbe para ciertos funcionarios el poder declararla (públicos y municipales). Se prohíbe a trabajadores que laboran en servicios esenciales (existe una ponencia ideológica en contra de la huelga).
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Libertad de Contratación. Artículo 19 N°16 inciso segundo. “Toda persona tiene derecho a la libre contratación y a la libre elección del trabajo con una justa retribución.” Se basa en el principio de la Autonomía de Voluntad. El Estado debe velar porque no se cometan abusos. 2.8.5. Derecho a la Seguridad Social. Artículo 19 N°18. La Constitución asegura el libre acceso de todos los habitantes al acceso a los sistemas de Seguridad Social, y el Estado supervigila el buen funcionamiento de éstos. El rol de Estado aquí es claramente pasivo. 2.8.6. Derecho a Sindicarse. Artículo 19 N°19. La afiliación a las organizaciones será siempre voluntaria y la constitución de los Sindicatos siempre deberá hacerse conforme a la Ley. Es un corolario del N°5 (Libertad de Asociación). 2.9. Recepción de los Derechos Humanos de Tercera Generación. Como veíamos, son los más recientes datando los primeros reconocimientos de estos Derechos de los Pueblos, que guardan relación con la solidaridad que se deben los hombres y los pueblos entre sí, de mediados de los años ’70, e incluyen derechos como el de vivir en un ambiente libre de contaminación, la libre determinación de los pueblos (emana de la soberanía), a la paz y la solidaridad (paz dentro de su propio Estado y de la comunidad internacional). 2.9.1. Derecho a Vivir en un Medio Ambiente Libre de Contaminación. Artículo 19 N°8. Es el único derecho de tercera generación consagrado en nuestra Constitución. Se establece como un deber de Estado el velar porque este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza. Se podrán restringir ciertos derechos y actividades para procurar su protección. Patrimonio Común de la Humanidad. Se comprenden dentro de estos los Fondos Marinos, Espacios Aéreos y espacios internacionalizados (Antártica). La UNESCO, para preservar la riqueza del pasado, puede declarar algún monumento o área Patrimonio de la Humanidad (Casco histórico de Valparaíso).
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