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Timestamp: 2019-08-23 11:03:34
Document Index: 292131283

Matched Legal Cases: ['artículo 684', 'artículo 565', 'artículo 782', 'artículo 760', 'artículo 782', 'artículo 697', 'artículo 698', 'artículo 697', 'artículo 701', 'artículo 697']

Boletin Correspondiente a 2015-04-16Regresar
La relación jurídica tributaria es un vínculo jurídico complejo que surge entre el Estado y quienes realizan los hechos generadores de tributos, y que comprende tanto la prestación de dar, constitutiva de la obligación sustancial originada al realizarse el presupuesto o los presupuestos previstos en la ley como generadores del impuesto y cuyo objeto es el pago del mismo para atender las cargas públicas; como las prestaciones de hacer y no hacer, referentes a las obligaciones formales para asegurar el cumplimiento de la obligación tributaria principal de pago, generalmente asociadas a los deberes que tienden a facilitar y determinar la obligación tributaria sustancial, y a facilitar la recaudación de los tributos. Dentro de este contexto, la autoridad fiscal ostenta la potestad fiscalizadora para realizar todas las diligencias necesarias para la correcta y oportuna determinación de los impuestos, facilitando al contribuyente la aclaración de toda duda u omisión que conduzca a una correcta determinación.
Dicha potestad se materializa a través de las facultades de fiscalización establecidas en el artículo 684 del Estatuto Tributario. Tales facultades permiten a la Administración de Impuestos comenzar, por auto interno de apertura de investigación, las averiguaciones o indagaciones preliminares dirigidas a establecer si hay lugar a esa debida determinación a través de las liquidaciones oficiales que estableció el legislador, de acuerdo con el procedimiento regulado en el título IV del Estatuto Tributario (arts. 686 a 719-2).
Al amparo de esa regulación legal, la actuación para proferir liquidaciones oficiales de revisión, como la que aquí se demanda, presupone la formulación de un Requerimiento Especial como acto administrativo de trámite que contiene una propuesta de modificación de la declaración privada, concretamente orientada a adicionar impuestos, anticipos y retenciones e imponer la sanción correspondiente.
( 2015-04-16) Consultar
En consecuencia, siendo que el auto que abre la investigación es simplemente una forma de controlar el inicio de las investigaciones preliminares al comenzar la actuación tributaria, su expedición es meramente facultativa y su falta de notificación no vicia de nulidad el procedimiento de determinación oficial del impuesto a través de la liquidación oficial de revisión, ni viola el derecho de defensa del investigado, comoquiera que no es el acto administrativo que inicia la actuación tributaria de determinación en su contra, ni contiene decisión alguna que lo afecte y que, en esa medida, deba notificársele de acuerdo con el artículo 565 del Estatuto Tributario.
CONTADOR PUBLICO - Debe intervenir en la diligencia de inspección contable. Función. Objeto
NULIDAD DE LA DILIGENCIA DE INSPECCION CONTABLE - Lo hace cuando no la realiza un contador público. Valor probatorio
Dicho medio probatorio puede decretarse tanto en las investigaciones previas al inicio del proceso de determinación oficial del impuesto, derivando una actuación administrativa particular y concreta (Estatuto Tributario, art. 782, inc. 5); como posteriormente al requerimiento especial que marca dicho inicio (art. 710 ibídem).
Así, el artículo 782 del Estatuto Tributario facultó a la Administración para ordenar la práctica de la inspección y dispuso que de la misma debía extenderse un acta suscrita por los funcionarios visitadores y las partes intervinientes, sin que la reticencia de éstas a firmarla afecte el valor probatorio de la diligencia, aunque de tal hecho debe dejarse constancia en el acta respectiva.
ACTA DE INSPECCION CONTABLE - Valor probatorio.
COSTOS DEDUCCIONES E IMPUESTOS DESCONTABLES - Procedencia. Pruebas.
El método aplicado está referido a la presunción de omisión de ingresos constitutivos de renta líquida gravable, regulada en el artículo 760 del Estatuto Tributario, frente a la comprobación de omisión de registro de compras destinadas a las operaciones gravadas, de acuerdo con el cálculo del respectivo margen de utilidad.
En este punto debe recordarse que, al tenor del mismo artículo 782 del Estatuto Tributario, los datos que aparecen en el acta se entienden fielmente tomados de los libros del contribuyente, y que ella - el acta -, como tal, forma parte de la actuación que en su contra origina la inspección, constituyendo una formalidad adicional que no suple el objeto específico de la prueba, cumplido en su integridad.
De igual forma, la norma mencionada dispuso que la falta de firma del acta porque alguna de las partes se niegue a suscribirla, no afecta el valor probatorio de la diligencia. Más allá de ello, es claro que el contribuyente atendió y participó en la diligencia de inspección entregando los documentos que le solicitaron los funcionarios comisionados (párrafo 2 de la pág. 1 del acta), conoció sus resultados cuando se le notificó el requerimiento especial dado que, se repite, el acta forma parte de la actuación iniciada, e inclusive aceptó parcialmente la adición de ingresos que propuso el requerimiento especial y en tal sentido corrigió la declaración de renta, el 15 de junio del 2004.
En consecuencia, los ingresos del cuarto bimestre del 2001 establecidos con base en el método de presunción y corroborados a través de la inspección contable que se practicó ($5.996.596.000), no merecen reparo alguno, como tampoco el margen de utilidad calculado a partir de los mismos, margen que, en todo caso, el contribuyente no desvirtuó; por el contrario, con base en dicho método adicionó ingresos en su declaración cuando presentó su respectiva corrección por la vigencia discutida.
Conforme con los hechos probados, precisa la Sala que, de conformidad con el artículo 697 del E.T., la liquidación de corrección aritmética tiene por finalidad corregir los errores aritméticos que presentan las declaraciones tributarias, que hayan originado un menor valor a pagar por concepto de impuestos, anticipos o retenciones a cargo del declarante, o un mayor saldo a favor para compensar o devolver.
Por su parte, el artículo 698 ibídem faculta a la Administración para corregir los errores aritméticos de las declaraciones tributarias que se encuadren en los presupuestos del artículo 697. Adicionalmente, el artículo 701 del E.T. prevé que cuando el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante no hubiere liquidado en la declaración las sanciones a que estuviere obligado o las hubiere liquidado de manera incorrecta, la administración las liquidará, incrementadas en un 30%.
En numerosas oportunidades esta Corporación ha establecido que la liquidación de corrección aritmética tiene como única finalidad corregir los errores resultantes de operaciones matemáticas y, en general, confusiones de orden numérico, que no alteran de fondo los datos básicos de la declaración.
También se ha considerado que mediante el procedimiento de corrección aritmética no pueden debatirse aspectos de fondo, pues, el sólo hecho de que la Administración tuviere que hacer planteamientos en relación con el origen y naturaleza de los valores declarados, implica que el error no era sólo aritmético, sino que se trataba de un asunto de fondo que no puede ventilarse mediante una liquidación de corrección aritmética.
En efecto, si bien el numeral 3º del artículo 697 del E. T. señala que se presenta error aritmético cuando al efectuar cualquier operación aritmética resulte un valor equivocado que implique un menor valor a pagar por concepto de impuestos, anticipos o retenciones a cargo del declarante, o un mayor saldo a su favor para compensar o devolver, debe partirse del supuesto de que hay una operación aritmética mal calculada, en primer lugar, y que ésta arroja como resultado un menor valor a pagar o el mayor saldo a favor, en segundo.
Si no se dan ambas condiciones no se configura ninguna de las causales de error aritmético. Por lo tanto, la Administración debe establecer ambos presupuestos para proceder a corregir el yerro por medio de la liquidación de corrección aritmética.