Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-17659-de-marzo-21-de-2012?documento=jurcol&contexto=jurcol_bd6f07da986501bce0430a01015101bc&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-01-18 20:34:29
Document Index: 76020133

Matched Legal Cases: ['artículo 633', 'artículo 98', 'artículo 110', 'artículo 112', 'artículo 116', 'artículo 98', 'artículo 498', 'artículo 503', 'artículo 167', 'artículo 498', 'artículo 499', 'artículo 500']

﻿ Sentencia 17659 de marzo 21 de 2012
SENTENCIA 17659 DE 21 DE MARZO DE 2012
CONTENIDO:RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS. ELEMENTOS PROPIOS DEL RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE A LAS SOCIEDADES DE HECHO.
TEMAS ESPECÍFICOS:SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA, CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD COMERCIAL DE HECHO, DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD COMERCIAL DE HECHO, TRANSFORMACIÓN SOCIETARIA, RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS
Sentencia 17659 de marzo 21 de 2012
Exp.: 17.659
Demandado: Sociedad Piscícola San Silvestre S.A.
Bogotá., D.C. veintiuno de marzo de dos mil doce.
“Piscícola San Silvestre S.A.
Fecha: Dic.-15-94
Hora: 9:35 A
d. Carta suscrita por Mauricio Pinillos Álvarez y dirigida a “Estación Piscícola San Silvestre S.A. Atn. Dra. María Victoria Ramírez P.”, de fecha 4 de julio de 1995, en la cual se expresó lo siguiente:
“Teniendo en cuenta que en repetidas ocasiones, luego de recibir su comunicación (PSS-96-95) he solicitado verbalmente a usted la disponibilidad de los estanques en mampostería para efectuar la reparación de los mismos, luego de identificar las fallas que presentó el material por su inadecuada recomendación debido a las características del agua utilizada, no conocidas por SIKA inicialmente, una vez más pido a usted desocupar estos para realizar dicha reparación, ya que los materiales se encuentran en su poder desde el 10 de mayo de 1995, según memorando MPSS-135-95” (fl. 14, c. 1)
2. Que por lo anterior y con el fin de definir la cancelación de su orden de trabajo se hace necesario un peritazgo que determine con base en los ítems de la cotización Nº 001-95, cuáles de dichos ítems se realizaron en forma idónea y cuáles no para así valorar la suma proporcional a pagar.
g. Copia auténtica de la escritura pública Nº 200 del 26 de enero de 1996, otorgada en la Notaría Segunda de Barrancabermeja por la gobernación de Santander, el municipio de Barrancabermeja, la Fundación para el Desarrollo Social del Magdalena, Fundesmag, la Asociación de Pescadores y Acuicultura de El Llanito, APALL, y la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena, con el propósito de constituir la sociedad de economía mixta del orden departamental denominada Piscícola San Silvestre S.A., vinculada a la Secretaría de Agricultura del Departamento de Santander, con un capital social porcentualmente integrado de la siguiente manera (fls. 55-72, c. 1):
Fundación para el Desarrollo Social del Magdalena Medio, Fundesmag 35%
h. Certificado de existencia y representación legal de la sociedad Piscícola San Silvestre S.A., expedido por la Cámara de Comercio de Barrancabermeja, en el cual consta que la mencionada escritura pública Nº 200 del 26 de enero de 1996, otorgada en la Notaría Segunda de Barrancabermeja, fue inscrita en dicha cámara de comercio el día 28 de febrero de 1996 (fl. 2, c. 1).
Adicionalmente, se ha diferenciado entre la legitimación de hecho y la legitimación material en la causa(1). La primera se refiere a la relación procesal que se establece entre el demandante y el demandado por intermedio de la pretensión procesal, es decir, se trata de una relación jurídica nacida de la atribución de una conducta en la demanda y de la notificación del libelo inicial al demandado, por manera que quien cita a otro y le endilga la conducta, actuación u omisión que dan lugar a que se incoe la acción, está legitimado de hecho por activa y aquel a quien se cita y se le atribuye la referida acción u omisión resulta legitimado de hecho y por pasiva, después de la notificación del auto admisorio de la demanda(2).
Lo anterior lleva a concluir que en un sujeto procesal que se encuentra legitimado de hecho en la causa no necesariamente concurrirá, al mismo tiempo, legitimación material, pues esta solamente es predicable respecto de quienes participaron realmente en los hechos que han dado lugar a la instauración de la demanda. En consecuencia, el análisis sobre la legitimación material en la causa se contrae a dilucidar si existe, o no, relación real de la parte demandada o de la demandante con la pretensión que esta formula o la defensa que aquella propone, pues la existencia de tal relación constituye condición anterior y necesaria para dictar sentencia de mérito favorable a una o a otra(4). De manera ilustrativa, así lo ha explicado la Sección Tercera:
Huelga señalar, en este punto, que no ofrece discusión alguna que la sociedad de economía mixta Piscícola San Silvestre S.A., en cuanto entidad pública descentralizada demandada, se encuentra legitimada de hecho en el presente litigio; sin embargo, resta por definir todavía si, a su turno, le asiste legitimación material en la causa, cuestión cuyo examen impone la necesidad de analizar si, para el momento en que ocurrieron los hechos en los cuales se origina el presente litigio, la entidad accionada constituía el centro jurídico de imputación llamado a hacer frente a las pretensiones formuladas por la parte actora en el sub judice.
2.4.1. De conformidad con lo preceptuado por el artículo 633 del Código Civil —C.C.—, persona jurídica es aquel sujeto ficticio capaz tanto de ejercer derechos y de contraer obligaciones civiles, como de ser representado judicial y extrajudicialmente; a su turno, el artículo 98 del Código de Comercio —C.Co.—, después de definir el contrato de sociedad como aquel en el cual dos o más personas se obligan a efectuar un aporte en dinero, en trabajo o en otros bienes apreciables pecuniariamente con el propósito de repartirse entre sí los réditos derivados de la actividad social, dispone que la sociedad, una vez se ha constituido legalmente —mediante escritura pública, a voces de lo normado por el artículo 110 del mismo estatuto mercantil—, forma una persona jurídica diferente de los socios individualmente considerados, agrega que ha de tenerse en cuenta, asimismo, que el contrato de sociedad solamente resultará oponible a terceros cuando la referida escritura social sea registrada en la cámara de comercio correspondiente al lugar del domicilio principal de la sociedad —artículo 112 C.Co.—. Ello implica que si bien es verdad que la sociedad adquiere personalidad jurídica desde el momento en el cual el contrato societario se eleva a escritura pública, no es menos cierto que solo podrá iniciar sus actividades en desarrollo de la empresa social tras la realización de la inscripción de la escritura en comento en el registro mercantil, pues de lo contrario los administradores responderán solidariamente ante los asociados y ante terceros por las operaciones que realicen sin que se haya satisfecho la exigencia del registro —artículo 116 ejusdem—.
Entonces, es la constitución de la sociedad como persona jurídica el elemento que determina la separación entre el patrimonio de la sociedad y el de los asociados que la integran, con la consecuente limitación de la responsabilidad asumida por los socios como resultado de la actividad del ente ficticio hasta el monto de cuanto aportan al fondo social, por manera que es este último el que ha de responder por el cumplimiento de las obligaciones contraídas por la sociedad frente a terceros, del mismo modo que los mencionados socios no estarán llamados —salvo que en la escritura de constitución o en virtud del régimen legal aplicable se les asigne expresamente esa función— a hacer las veces de voceros y/o de representantes de la organización sino que esta actuará por intermedio de sus propios órganos; el acto constitutivo de la sociedad mercantil, por consiguiente, en tanto fuente de surgimiento para esta de una personalidad distinta de la de sus integrantes, comporta la adquisición de unos atributos que acompañan al ente colectivo desde dicho momento y hasta su disolución, cuales son el nombre, el domicilio, el patrimonio, la nacionalidad y, por supuesto, la capacidad jurídica. A este respecto se ha expresado que
En el caso sub examine se encuentra demostrado que la sociedad de economía mixta Piscícola San Silvestre S.A., fue constituida mediante escritura pública Nº 200 del 26 de enero de 1996 otorgada en la Notaría Segunda de Barrancabermeja y que la orden de trabajo Nº 001 de 1994, cuya existencia como contrato estatal y posterior incumplimiento reclama el accionante, fue impartida el día 12 de noviembre de 1994; asimismo, el intercambio epistolar mantenido entre el señor Mauricio Pinillos Álvarez y su contratante, con el propósito de solicitar el pago de los trabajos por aquel realizados y de exponer diversos puntos de vista respecto de si el objeto de la mencionada orden de trabajo había sido cabalmente satisfecho, o no, según se refirió en el acápite en el cual fueron relacionados los medios de prueba a valorar en el presente pronunciamiento, da cuenta de que las respetivas comunicaciones entre los aludidos interlocutores fueron cruzadas a lo largo del año 1995.
Lo anterior evidencia, sin ambages, que todos los acontecimientos cuya ocurrencia invoca el demandante como fundamento fáctico de sus pretensiones, tuvieron lugar antes de que Piscícola San Silvestre fuera constituida, mediante la escritura pública de marras, como sociedad comercial regular o, en otros términos, antes de que la entidad estatal aquí demandada adquiriese, fruto de la protocolización del respectivo contrato de sociedad, la capacidad jurídica para ser sujeto de derechos y obligaciones, así como la posibilidad de ser representada judicial o extrajudicialmente; en el mundo del derecho, por tanto, como persona jurídica apta para celebrar contratos o a la cual reclamar el cumplimiento de sus obligaciones, la sociedad Piscícola San Silvestre S.A., aquí demandada, carecía de existencia cuando la precitada orden de trabajo Nº 001 de 1994 fue impartida, al igual que cuando los sujetos intervinientes en la misma como contratante y contratista se trenzaron en la controversia a la cual se hizo alusión en precedencia a través del anotado cruce de comunicaciones, previo a que por parte del aquí demandante se intentara la realización de una audiencia de conciliación y, posteriormente, se incoara la acción de controversias contractuales que dio inicio al presente encuadernamiento.
No resulta procedente, en consecuencia, sostener que la sociedad de economía mixta Piscícola San Silvestre S.A., legalmente constituida, fue la persona jurídica que participó en los hechos en los cuales el demandante soporta, desde el punto de vista fáctico, los pedimentos que formula en el libelo inicial del proceso.
2.4.2. Resta por establecer, no obstante, si pese a lo anteriormente expuesto la entidad demandada tiene la responsabilidad de hacer frente a las pretensiones elevadas por la parte actora, como lo entendió el Tribunal Administrativo de Santander en el fallo impugnado, al haber obrado frente al señor Mauricio Pinillos, con ocasión de la relación negocial cuya existencia e incumplimiento este reclama que sean declarados en el sub lite, en condición de sociedad de hecho que posteriormente se habría convertido o transformado en la sociedad regular que se constituyó mediante la aludida escritura pública Nº 200 del 26 de enero de 1996, otorgada en la Notaría Segunda de Barrancabermeja.
“Por su parte, la sociedad de hecho es aquella que se ha constituido sin el cumplimiento de las solemnidades legales, es decir, no obra en escritura pública y tampoco ha sido registrada ante la cámara de comercio. Sin embargo, no se puede confundir la sociedad con el contrato societario, pues este de conformidad con el artículo 98 del Código de Comercio, es consensual y en consecuencia, con el simple acuerdo de voluntades sobre los elementos esenciales, produce todos los efectos legales. Este hecho es importante, porque tratándose de sociedades de hecho el acto jurídico que produce efectos es el contrato societario y no la creación de un sujeto de derecho, pues como se indicó, la sociedad de hecho carece de personería jurídica individual.
“De manera que según lo dispuesto en el artículo 498 del Código de Comercio, que establece que la existencia de la sociedad de hecho podrá demostrarse por cualquiera de los medios probatorios previstos en la ley, y que según el artículo 503, su administración se hará como acuerden válidamente los socios, aunque su responsabilidad en todos los casos es solidaria, para la Sala es claro que habiéndose expedido liquidación oficial a nombre de la sociedad de hecho, esta, por intermedio de sus socios de hecho se encuentra capacitada para controvertir, judicial o extrajudicialmente la legalidad de los actos administrativos.
2.4.3. Resulta menester ahora efectuar una sucinta alusión a la figura de la transformación o conversión de sociedades, la cual estima el Tribunal Administrativo de Santander, en el fallo apelado, que operó en el presente caso habida cuenta de que, en criterio del a quo, la sociedad de hecho Piscícola San Silvestre que impartió la orden de trabajo que dio lugar al conflicto que mediante el presente pronunciamiento se dirime, se transformó posteriormente en la sociedad regular, constituida como sociedad de economía mixta bajo la forma de las sociedades anónimas denominada Piscícola San Silvestre S.A., de suerte que esta debe asumir la responsabilidad derivada del incumplimiento o de la inobservancia de las obligaciones a cargo de aquella, conclusión que se impondría si se atiende a lo preceptuado por el artículo 167 del Código de Comercio, cuyo tenor literal es el siguiente:
— La sociedad que se transforma ha de estar dotada de personalidad jurídica, la cual subsiste. Por consiguiente, el fenómeno de la transformación no puede llevarse a cabo en sociedades de hecho, donde la personalidad jurídica no existe (C.Co., art. 499).
2.4.4. Descendiendo al caso concreto y claro como se encuentra, por las razones ya anotadas en precedencia, que la sociedad de economía mixta constituida bajo la forma de las anónimas Piscícola San Silvestre S.A., no fue quien impartió al aquí demandante la orden de trabajo Nº 004 de 1994 varias veces referida en el presente pronunciamiento, resulta menester ahora concluir, con fundamento en todo lo hasta aquí expuesto en relación con las características que identifican a las sociedades de hecho y en consonancia con lo expresado en el concepto rendido por el Ministerio Público en la segunda instancia, que erró el Tribunal Administrativo de Santander al sostener, como presupuesto para acceder a las pretensiones elevadas en la demanda en la sentencia apelada, que
a. La sociedad comercial de hecho es aquélla que se constituye sin mediar la solemnidad de la escritura pública, por manera que resulta ontológicamente imposible que —como pareciera haberlo admitido el tribunal a quo— la existencia de dicho ente colectivo de hecho pueda acreditarse mediante la aportación de un instrumento público como lo es la escritura pública número 200 del 26 de enero de 1996, otorgada ante la Notaría Segunda de Barrancabermeja con el propósito de constituir la sociedad de economía mixta, bajo la forma de una sociedad anónima, denominada Piscícola San Silvestre S.A., persona jurídica esta completamente diferente de la pretendida sociedad de hecho que a juicio del tribunal a quo intervino en la relación contractual cuya existencia e incumplimiento pide el demandante que sean declarados en el presente proceso.
Para poder arribar a la conclusión a la cual llegó el Tribunal Administrativo de Santander, en el sentido de que fue una sociedad de hecho que luego mutó en la sociedad anónima Piscícola San Silvestre S.A., la que mantuvo una relación contractual con el señor Mauricio Pinillos en virtud de la multicitada orden de trabajo Nº 001 de 1994, debió haber quedado demostrada en el plenario “por cualquiera de los medios probatorios reconocidos en la ley” —según lo autoriza el antes comentado artículo 498 del estatuto mercantil— la existencia de la affectio societatis que vinculaba a los asociados de hecho en el ente colectivo irregular del cual se afirma que impartió la varias veces aludida orden de trabajo Nº 001 de 1994, así como todos los extremos de los que se hizo mención precedentemente dentro del presente proveído para poder tener por existente la respectiva sociedad de hecho como, por ejemplo, cuáles eran las personas asociadas, cuál el objeto social o que la organización no se encontraba ya disuelta o en trance de disolución y liquidación, situación esta que le habría impedido celebrar válidamente negocio jurídico alguno —salvo las actividades necesarias para finiquitar la liquidación—, como el que en el presente litigio refiere el accionante.
Sin embargo, en el expediente brilla por su ausencia elemento demostrativo alguno encaminado a acreditar los mencionados extremos, razón por la cual se hace forzoso concluir que no se halla probada en el plenario la existencia de la sociedad de hecho que el a quo estimó infundadamente no solo existente sino además, coincidente con Piscícola San Silvestre S.A., persona jurídica a la cual declaró responsable y condenó en el fallo impugnado.
b. Jurídicamente resulta muy discutible que pueda tener lugar, en el marco legal que en Colombia se ocupa de la materia, la existencia de una sociedad de economía mixta de hecho, modalidad de ente asociativo que implícitamente el Tribunal Administrativo de Santander consideró existente en el caso sub examine, pues como se refirió en el acápite relativo a los medios de prueba arrimados al proceso, Piscícola San Silvestre S.A., es una entidad pública que cuenta con aportes de capital tanto público como privado, organizada como sociedad de economía mixta del orden departamental.
c. Aunque en gracia de discusión se admitiera que fue una sociedad de hecho cuyos asociados son las mismas personas jurídicas de derecho público y privadas que posteriormente concurrieron ante la Notaría Segunda de Barrancabermeja, el 26 de enero de 1996, para constituir la Piscícola San Silvestre S.A. —cosa que, se insiste, no solo carece de sustento probatorio en el proceso sino que además devendría en abiertamente contraria a las previsiones tanto constitucionales como legales que informan la creación de entidades descentralizadas por servicios— la que mantuvo la relación contractual cuya existencia e incumplimiento el demandante solicita que se declaren en el presente proceso, la circunstancia consistente en que el marco normativo aplicable a las sociedades de hecho torna imposible separar el patrimonio social del de sus asociados, además de que dicho marco conduce a que sean tales asociados quienes deban ser directamente demandados por terceros que se consideren acreedores de la sociedad de hecho como resultado del desarrollo de las actividades propias de la empresa social acometida por esta, habida cuenta de que los socios son solidariamente responsables por dicho concepto, todo ello impone concluir que la parte demandante en el sub judice debió orientar sus pretensiones en contra de los pretendidos socios de hecho, esto es, contra todas las entidades públicas y/o privadas que habrían formado parte de la hipotética sociedad de hecho o contra aquel o aquellos asociados que prefiriere —dada la naturaleza solidaria de la responsabilidad de los socios de hecho—, pero nunca contra una persona jurídica completamente diferente y ajena a tales socios de hecho, que ni siquiera tenía existencia jurídica para cuando ocurrieron los hechos materia de debate en este pleito, como es la sociedad de economía mixta Piscícola San Silvestre S.A., convocada en el sub lite.
d. Finalmente, por las razones igualmente traídas a colación en precedencia, el procedimiento de transformación de un tipo de sociedad de los previstos en el estatuto mercantil en otro igualmente allí regulado, no resulta aplicable tratándose de las sociedades de hecho, toda vez que estas carecen de personalidad jurídica, la cual constituye presupuesto imprescindible para que pueda llevarse a cabo la conversión, razón de más para evidenciar lo insostenible del argumento esgrimido por el Tribunal Administrativo de Santander en el sentido de que la sociedad de hecho que contrató al señor Mauricio Pinillos, posteriormente se transformó en la sociedad Piscícola San Silvestre S.A., para sustentar la legitimación material de esta última en la presente causa.
Lo hasta aquí explicado excluye cualquier asomo de duda en el sentido de que la sociedad Piscícola San Silvestre S.A., no es el centro jurídico de imputación al cual corresponda resistir a las pretensiones formuladas en el libelo introductor del presente litigio, pues no participó ni menos aún tenía existencia jurídica en el momento en el cual ocurrieron los hechos en los cuales tiene su origen el conflicto ventilado en el proceso que culmina con este proveído.
(1) Ver, por ejemplo, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera sentencia de 15 de junio de 2000; Consejera Ponente: María Elena Giraldo Gómez; Expediente 10.171; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del veintiocho (28) de abril de dos mil cinco (2005), Consejero Ponente: Germán Rodríguez Villamizar, Radicación 66001-23-31-000-1996-03266-01(14178).
(2) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del treinta y uno (31) de octubre de dos mil siete (2007); Referencia: 13.503; Radicación: 110010326000199713503 00.
(3) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del veinte (20) de septiembre de dos mil uno (2001); Consejera Ponente: María Elena Giraldo Gómez; Radicación: 10973.
(4) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de diecisiete (17) de junio de dos mil cuatro (2004); Consejera Ponente: María Elena Giraldo Gómez; Radicación 76001-23-31-000-1993-0090-01(14452).
(5) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del quince (15) de junio de dos mil (2000); Consejera Ponente: María Elena Giraldo Gómez; Radicación 10171.
(6) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del veintidós (22) de noviembre de dos mil uno (2001); Consejera ponente: María Elena Giraldo Gómez; Expediente 13.356. Puede verse, en la misma dirección, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de veintisiete (27) de abril de dos mil seis (2006); Consejero Ponente: Ramiro Saavedra Becerra; Radicación 66001-23-31-000-1996-03263-01(15352).
(8) Peña Nossa, Libardo, De las sociedades comerciales, sexta edición, Editorial Temis-Universidad Santo Tomás, Bogotá, 2011, pp. 279-280. El autor incluye la cita referida en el texto de la providencia, también entre comillas e indica que corresponde a pronunciamiento efectuado por la Corte Suprema de Justicia publicado en la Gaceta Judicial, tomo XLII, número 1901, pág. 479.
(9) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 26 de marzo de 2009; Consejera Ponente: Ligia López Díaz; Radicación: 25000-23-27-000-2005-00392-01(16782); Actor: Technit International Construction Corp Tenco.
“Sobre la sociedad de hecho, cabe destacar que es aquella que no se constituye por escritura pública, artículo 499 del Código de Comercio, no tiene la calidad de persona jurídica, por lo que los derechos que se adquieran y las obligaciones que se contraigan para la empresa social se entenderán adquiridos y contraídas a favor y a cargo de todos los socios de hecho, artículo 500 del Código de Comercio”. Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 5 de febrero de 2004; Radicación 23001-23-31-000-2000-3009-01(13285); Consejero Ponente: Germán Ayala Mantilla; Actor: Consorcio Skanska Conciviles.
(11) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 12 de febrero 1999; Consejero Ponente: Germán Ayala Mantilla; Radicación 9198; Actor: Unión Temporal Kiuhan y Serna.
(15) Corte Constitucional, Sentencia C-953 de 1999; Magistrado Ponente: Alfredo Beltrán Sierra.