Source: https://www.hcdn.gob.ar/proyectos/proyectoTP.jsp?exp=0924-D-2019
Timestamp: 2020-07-11 20:17:15
Document Index: 225692925

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'artículo 13', 'Artículo 13', 'artículo 2', 'Artículo 2', 'artículo 13', 'Artículo 13', 'Artículo 3', 'Artículo 4']

Expediente 0924-D-2019
Sumario: DEFENSORIA DEL PUEBLO - LEY 24284 -. MODIFICACION DEL ARTICULO 13, SOBRE DEFENSORES ADJUNTOS DE LOS DERECHOS DE LOS INQUILINOS.
Artículo 1º.- Incorpórese el artículo 13 ter a la ley N°24.284, y sus modificatorias, de Defensoría del Pueblo, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 13 ter - A propuesta del Defensor del Pueblo, la Comisión Bicameral prevista en el artículo 2° inciso a) de la presente ley, designará al otro de los adjuntos como Defensor Adjunto de los Derechos de los Inquilinos.
El Defensor Adjunto de los Derechos de los Inquilinos tendrá por misión exclusiva la defensa de los intereses de los inquilinos frente a conductas abusivas de los locadores que puedan resultar lesivos de sus derechos. El Defensor Adjunto deberá acreditar suficiente conocimiento y experiencia en el área de su competencia.
Artículo 2º.- Incorpórese el artículo 13 quáter a la ley N°24.284, y sus modificatorias, de Defensoría del Pueblo, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 13 quáter – Los principales objetivos del Defensor Adjunto de los Derechos de los Inquilinos, serán:
a)	Prestar asesoramiento legal a los inquilinos en la relación locativa con el propietario y/o inmobiliaria.
b)	Promover la participación del Estado en la protección de los derechos del inquilino.
c)	Ofrecer una instancia de conciliación voluntaria para problema suscitados entre inquilinos y propietarios y/o inmobiliarias
d)	Recibir denuncias de inquilinos contra propietarios y/o inmobiliarias derivados de los respectivos contratos de locación.
e)	Crear y organizar un registro de inquilinos y propietarios de inmuebles que deberá ser actualizado anualmente.
Artículo 3º.- Créase la Oficina Nacional de los Derechos de los Inquilinos, integrado por el Defensor Adjunto de los Derechos de los Inquilinos, y por un (1) representante del Poder Ejecutivo, cuatro (4) del Poder Legislativo, dos por cada cámara representando uno a la mayoría y otro a la primera minoría opositora, tres (3) representantes de las Asociaciones Civiles constituidas legalmente que tengan como objeto la defensa de los inquilinos como así también tres (3) representantes de los Colegios de Martilleros, uno por la Capital Federal y dos por el interior del país, de conformidad a como la reglamentación de la presente disponga.
Artículo 4º.- La Oficina Nacional de los Derechos de los Inquilinos, considerando los datos arrojados por el registro de inquilinos y las necesidades de insatisfechas de los inquilinos podrá elaborar proyectos de leyes para ser presentados por el Defensor del Pueblo ante del Congreso de la Nación.
Además, la Oficina Nacional de los Derechos de los Inquilinos diseñará e implementará campañas de difusión de los derechos de los inquilinos y sobre las herramientas que brinda la presente ley.
El presente es un proyecto de la Unión de Inquilinos de Rionegrinos y de la Federación Nacional de Inquilinos, adaptado a la realidad y a las instituciones nacionales.
El mundo de los inquilinos y de los locatarios es un mundo en su mayoría desconocido. No se conoce con precisión el número exacto ni de inquilinos ni de propiedades en alquiler, solamente se sabe que es un terreno salvaje: hay poca regulación, pocos controles y grandes excesos. Hay sin duda también una parte débil y otra parte poderosa en la relación contractual, esta situación obliga al Estado a intervenir, a fin de equiparar las fuerzas de las partes.
En mi provincia, Gervasio Muñóz, presidente de la Federación Nacional, nos cuenta que hay “datos estadísticos que son preocupantes para la provincia de Río Negro: el 21% de las familias alquila, el 40,5% del salario se destina al alquiler, el 97% cree que no se realizan controles sobre las inmobiliarias, y el 87% está preocupado por los precios y aumentos”.
El referente provincial de los inquilinos, Roberto Díaz, “la encuesta realizada en Río Negro refleja que los inquilinos están empujados lentamente hacia el abismo: con aumentos en los contratos entre el 35% y 65%, servicios cada vez más caros, combustibles en alza, así como los alimentos y ropa, es insostenible para cualquier familia vivir dignamente. Hoy ya tenemos un 40% del salario afectado al pago del alquiler, imaginen que pasará dentro de dos años con salarios a la baja y contratos subiendo permanentemente”.
El reclamo es uniforme, los inquilinos simplemente quieren alquilar de manera justa.
El año pasado vimos fracasar el debate de la Ley Nacional de Alquileres que contaba con media sanción del senado. Esa ley era una herramienta para empoderar también a los inquilinos frente a los abusos a los que son sometidos. Sin embargo, el Poder Ejecutivo, otra vez no tuvo en cuenta la necesidad de este enorme colectivo de gente que está sufriendo los excesos y abusos de la concentración económica. En Río Negro, son 110 inquilinos, pero a nivel país estamos hablando de millones de personas.
Según los resultados de la primera encuesta a Inquilinos Argentinos, organizada desde la Federación de Inquilinos Nacional, el 17% de los hogares de la Argentina accede a la vivienda a través del alquiler y en aglomerados Urbanos como CABA, Ushuaia y Rio Gallegos el porcentaje de inquilinos es del 38%, 35% y 29%.
Son considerables los temas que preocupan al inquilino, pero los más importantes son el precio, los requisitos económicos para ingresar, la comisión inmobiliaria, la garantía, la renovación y el tiempo de contrato, así como de contar con un recibo de sueldo para acceder.
El tema de las mujeres solas, junto con la problemática de las familias solas, también son desafíos que el Estado debe estar dispuesto a aportar soluciones concretas.
Nuestro proyecto propone incorporar dentro del esquema de la Defensoría del Pueblo un área específica para los inquilinos. A su vez crea un Oficina Nacional de acciones concretas con participación de los sectores involucrados.
Creemos que este proyecto viene a poner en agenda el problema habitacional que sufre nuestro país, los alquileres y la vivienda en su función social:
Es esencial entender el problema de alquileres como un problema social, enmarcado en el gran problema habitacional que sufre nuestro país. El mismo está caracterizado por una actividad de mercado que controla y maneja, mayoritariamente, el acceso a la tierra y la vivienda. Este proceso, generó consecuencias sociales: como la concentración de la tierra y vivienda, sobrevalorizacion del suelo habitable, expulsión e inestabilidad en la vivienda en amplios sectores poblacionales y altos niveles de hacinamiento y malas condiciones. En esta situación el régimen de tenencia de los hogares como inquilinos fue el de mayor crecimiento en los últimos 10 años.
Un aspecto esencial de esto este fenómeno es el constante aumento de los precios del alquiler y la creciente demanda de requisitos para acceder a este servicio. Es en esta situación general, que condiciona el acceso a la tierra y a la vivienda, que podemos afirmar que la mayoría de los inquilinos no alquila porque quiere, sino porque lo necesita.
Es fundamental considerar al inquilino como un sector vulnerable, expuesto a un mercado excluyente y que, al carecer de vivienda propia, su margen de acción es claramente limitado y en la relación locativa, es la parte desfavorable.
También debemos entender el acceso a la vivienda como un derecho social, reconocido por la constitución nacional y los pactos internacionales, y que éste acceso incluye a la vivienda en alquiler.
Consideramos que el acceso y la permanencia en la vivienda en alquiler es un derecho social garantizado por la Constitución. Sus oferentes y las instituciones del estado deben actuar para garantizar su cumplimiento.
Otro eje a considerar es que la situación de la relación locativa debe ser considerada desde una óptica social, y superar la mirada meramente legalista que la circunscribe a un contrato entre partes. Sin menospreciar los aspectos legales, una mirada social nos permite conocer la realidad de la relación locativa, a saber:
•	alquilar no solo es el contrato, incluye: la búsqueda de vivienda, la relación locativa y el cierre como etapas claves de la relación;
•	el precio no es lo esencial en el problema del inquilino, el inquilino busca un lugar para vivir, y valora más el acceso a diferentes servicios como las garantías de poder reproducir su modo de vida, es decir valora más la estabilidad, inclusive a costa de sacrificar más dinero;
•	hay que considerar que los problemas de alquiler, por más pequeños que parezcan, suelen afectar el cotidiano del hogar. Esto hace una problemática suele generar, ampliar o complicar otros aspectos de la vida. Esto se debe a que el alquiler no es un servicio más, sino que se basa en algo esencial como es la vivienda;
•	y por último, entender que en las relaciones locativas, el locador y el locatario son diferentes no solo porque intercambian bienes diferentes (una vivienda por dinero), sino que poseen intereses contrapuestos: uno busca la ganancia de su inversión y el otro busca satisfacer una necesidad básica, por ende las problemáticas son de urdimbre más profunda que el de un mero intercambio de bienes.
Es por ello que creemos que empoderar a los inquilinos es también una manera de garantizar el derecho a la vivienda, por ello solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de ley.