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Timestamp: 2020-04-02 03:13:14
Document Index: 306504832

Matched Legal Cases: ['artículo 431', 'artículo 455', 'artículo 441', 'artículo 3', 'artículo 422', 'artículo 23']

2. presupuesto como bien sostiene el doctor Jorge Egas Peña en un artículo publicado en esta misma Revista, los Consorcios no son sociedades -ni civiles ni mercantiles- ni ostentan personalidad jurídica alguna
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título 2. presupuesto como bien sostiene el doctor Jorge Egas Peña en un artículo publicado en esta misma Revista, los Consorcios no son sociedades -ni civiles ni mercantiles- ni ostentan personalidad jurídica alguna
fecha de publicación 06.07.2016
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¿ESTAN LOS CONSORCIOS
DE COMPAÑIAS?
SUJETOS AL CONTROL DE LA
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS?
El presente trabajo ha sido preparado con base en una acción de amparo constitucional, presentada contra la Superintendencia de Compañías con motivo de una orden expedida por dicho organismo de control para inspeccionar un Consorcio, en los términos del Art. 440 de la Ley de Compañías.
Como bien sostiene el doctor Jorge Egas Peña en un artículo publicado en esta misma Revista, los Consorcios no son sociedades -ni civiles ni mercantiles- ni ostentan personalidad jurídica alguna.
3. ANTECEDENTES DE DERECHO
Con relación al tema tratado en este trabajo, principalmente existe la normativa siguiente:
El Art. 431 de la Ley de Compañías, que dice:
“La Superintendencia de Compañías tiene personalidad jurídica y su primera autoridad y representante legal es el Superintendente de Compañías.
La Superintendencia de Compañías ejercerá la vigilancia y control:
a) De las compañías nacionales anónimas, en comandita por acciones y de economía mixta, en general;
b) De las empresas extranjeras que ejerzan sus actividades en el Ecuador, cualquiera que fuere su especie;
c) De las compañías de responsabilidad limitada; y,
d) De las bolsas de valores y sus demás entes, en los términos de la Ley de Mercado de Valores”.
El Art. 432 de la Ley de Compañías, que dice:
“La vigilancia y control a que se refiere el artículo 431 será total o parcial, según el caso.
La vigilancia y control total comprende los aspectos jurídicos, societarios, económicos, financieros y contables. La vigilancia y control será parcial cuando se concrete a la aprobación o negación que la Superintendencia de Compañías debe dar a la constitución de las sociedades y a cualesquiera de los actos societarios mencionados en el Art. 33 de esta Ley, a la declaración de inactividad, de disolución y de liquidación y a todo lo relacionado con dichos procesos. En estos casos, la Superintendencia podrá ordenar las verificaciones que considerare pertinentes.
La Superintendencia de Compañías ejercerá la vigilancia y control total de las compañías emisoras de valores que se inscriban en el Registro del Mercado de Valores; las compañías Holding que voluntariamente hubieren conformado grupos empresariales; las sociedades de economía mixta y las que bajo la forma jurídica de sociedades, constituya el Estado, las sucursales de compañías u otras empresas extranjeras organizadas como personas jurídicas y las asociaciones que éstas formen y que ejerzan sus actividades en el Ecuador; las bolsas de valores, y demás sociedades reguladas por la Ley de Mercado de Valores, de las compañías que tengan una de las siguientes características: pasivos para con terceros que superen la cantidad de doscientos millones de sucres; la compañía anónima en la que el treinta por ciento del capital pagado pertenezca por lo menos a veinticinco accionistas; y aquellas que tengan por lo menos treinta trabajadores en relación de dependencia.
La Superintendencia ejercerá la vigilancia y control parcial respecto de las demás compañías no referidas en el inciso anterior. Las compañías sujetas al control parcial sólo deberán remitir anualmente a la Superintendencia de Compañías sus balances de situación y resultados.
No obstante, cuando en virtud de una denuncia y mediante inspección se comprobare que se ha violado los derechos de los socios o se ha contravenido el contrato social o la Ley en perjuicio de la propia compañía, de sus socios o de terceros, se dispondrá inmediatamente la intervención de la compañía.
Quedan exceptuadas de la vigilancia y control a que se refiere este artículo, las compañías que en virtud de leyes especiales se encuentran sujetas al control de la Superintendencia de Bancos”.
El Art. 440 de la Ley de Compañías, que dice:
“La inspección de las compañías tiene por objeto establecer la correcta integración del capital social, tanto al tiempo de la constitución como en los casos de aumento de capital; verificar si la sociedad cumple su objeto social; examinar la situación activa y pasiva de la compañía, si lleva los libros sociales, tales como los de actas de juntas generales y directorios, el libro talonario y el de acciones y accionistas o de participaciones y socios; si su contabilidad se ajusta a las normas legales; si sus activos son reales y están debidamente protegidos; si su funcio-namiento se ajusta a lo previsto en las leyes y en las cláusulas del contrato social; si las utilidades repartidas o por repartir corresponden realmente a las liquidaciones de cada ejercicio, y si se han producido las pérdidas previstas para su disolución.
El Superintendente y el personal a sus órdenes no podrán inmiscuirse en sus inspecciones a las compañías, en lo referente a procedimientos de fabricación, sistemas de propaganda o de venta y, en general, en nada de lo que constituya o afecte la reserva en relación con la competencia”.
El Art. 441 de la Ley de Compañías, que dice:
“El Superintendente de Compañías podrá disponer la inspección de oficio o a petición de parte de las compañías sobre las cuales la Superintendencia ejerce control total; y, únicamente a petición de parte sobre aquellas sujetas al control parcial.
En todos los casos en que se solicite inspección a una compañía, el Superintendente calificará la procedencia de tal petición, y de considerarla pertinente la dispondrá”.
La Resolución de la Superintendencia de Compañías número 93.1.1.3.018 del 24 de noviembre de 1993, publicada en el R.O. No. 330 del 3 de diciembre de 1993, que dice:
“No. 93.1.1.3.018
GUSTAVO ORTEGA TRUJILLO,
Que el artículo 455 de la Ley de Compañías prescribe que los fondos para atender a los gastos de la Superintendencia de Compañías se obtendrán por contribuciones señaladas por el Superintendente, y se impondrán sobre las diferentes compañías sujetas a su vigilancia, en relación a los correspondientes activos reales;
Que el artículo 441 de la Ley de Compañías dispone que la Superintendencia ejercerá la vigilancia y control total, entre otras, de las sucursales de compañías u otras empresas extranjeras organizadas, como personas jurídicas y las asociaciones que éstas formen y que ejerzan sus actividades en el Ecuador;
Que la vigilancia y control total comprende los aspectos jurídicos, societarios, económicos, financieros y contables;
Que el Decreto Supremo No. 986 de 25 de septiembre de 1979, publicado en el Registro Oficial No. 652 de 3 de octubre de 1979, manda en el artículo 3º, que las empresas o entidades públicas o semipúblicas que vayan a desarrollar actividades en el Ecuador, deberán comprobar o declarar, con la autorización debida, que están facultadas para someterse a las leyes ecuatorianas, así como para renunciar fuero, domicilio y cualquier reclamación de carácter diplomático;
Que el artículo 422 de la Ley de Compañías confiere al Superintendente de Compañías la facultad de resolver los casos de duda que se suscitaren en la práctica;
ARTICULO PRIMERO. Declarar que de conformidad con la Ley todas las sucursales de compañías u otras empresas extranjeras, estatales, paraestatales, privadas o mixtas, organizadas como personas jurídicas y a las asociaciones que estas formen, están sujetas a la vigilancia y control de esta Entidad.
ARTICULO SEGUNDO. Disponer que esas personas jurídicas y las organizaciones que ellas formen, cumplan con las obligaciones contempladas en los artículos 23, 424 reformado y 455 de la Ley de Compañías, lo que se traduce en los siguientes deberes:
Enviar los documentos mencionados en el artículo 23 de la Ley de Compañías;
Pagar por las contribuciones señaladas por el Superintendente de Compañías; y,
Aumentar el capital asignado al mínimo de cincuenta millones de sucres;
ARTICULO TERCERO. Ordenar que las personas jurídicas señaladas en el artículo primero de esta Resolución y las asociaciones que éstas formen cuyos activos excedan del monto fijado por Resolución de la Superintendencia de Compañías, cuenten con informe anual de auditoría externa sobre sus estados financieros.
ARTICULO CUARTO. El incumplimiento de esta Resolución por parte de las personas jurídicas mencionadas en los artículos anteriores, dará lugar a la aplicación de las normas contempladas en la Ley No. 31 Reformatoria a la Ley de Compañías, publicada en el Registro Oficial No. 222 de 29 de junio de 1989, atinente a la cancelación del permiso de operación y su liquidación.
ARTICULO QUINTO. Quedan derogadas las normas reglamentarias y resoluciones que se opongan a la presente, la misma que entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.
Comuníquese y publíquese.- Dada y firmada en la Superintendencia de Compañías, en Quito, a 24 de noviembre de 1993.
f.) Gustavo Ortega Trujillo, Superintendente de Compañías.
Es fiel copia del original.- Certifico, Quito, 25 de noviembre de 1993.
f.) Dr. Víctor Cevallos Vásquez, Secretario General”.*
Hace algún tiempo, se conformó en el país un Consorcio (que llamaremos en este trabajo “Consorcio X”) con el concurso de una compañía ecuatoriana (que llamaremos en adelante simplemente “la Compañía ecuatoriana Z”) y de una sociedad extranjera (que llamaremos en este trabajo “la Sociedad extranjera Y”). Con el tiempo, entre los accionistas de la compañía anónima ecuatoriana surgieron importantes diferencias, que movieron a unos de ellos a pedir a la Superintendencia de Compañías la intervención de la mencionada Sociedad. Ante tal pedido, la Superintendencia de Compañías procedió a la consiguiente inspección de la referida compañía ecuatoriana y, al terminar la misma, dispuso también -de buena fe- la inspección del Consorcio supradicho.1
Cuando esa última inspección fue ordenada, el Consorcio afectado, a través de su apoderado, presentó la correspondiente acción de amparo constitucional contra la Superintendencia de Compañías, oponiéndose a aquella inspección.
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