Source: https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/20190904s00275838837.html
Timestamp: 2020-08-03 12:39:32
Document Index: 275812951

Matched Legal Cases: ['artículo 198', 'artículo 13', 'artículo 198', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 98', 'artículo 15', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 7', 'artículo 72', 'artículo 8', 'artículo 16', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 6', 'artículo 35', 'artículo 4', 'artículo 6', 'artículo 7', 'artículo 8', 'artículo 70', 'artículo 180', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 229', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 19', 'artículo 3', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 3', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 28', 'artículo 28', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 12', 'artículo 13', 'artículo 14']

27ª Sesión Ordinaria del 4 de setiembre de 2019
N.º 27 - TOMO 600 - 4 DE SETIEMBRE DE 2019
27.ª SESIÓN ORDINARIA
4)	Proyecto presentado
–	Varios señores senadores presentan un proyecto de ley por el que se modifica el artículo 198 de la Ley n.º 19307, sobre servicios de comunicación audiovisual.
6) y 19) Solicitudes de licencia e integración del Cuerpo
–	El Senado concede las licencias solicitadas por los señores senadores Tourné, Garín y Michelini.
–	Quedan convocados los señores senadores Pardiñas, García (Graciela) y Gallicchio.
7)	80.º aniversario del Instituto Uruguayo de Normas Técnicas
–	Manifestaciones del señor senador López Villalba.
•	Por moción del señor senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras a las autoridades de UNIT.
8)	Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
–	Proyecto de ley por el que se hacen modificaciones al convenio que la establece.
9)	Estatuto del Funcionario de la Cámara de Senadores
–	Por moción de varios señores senadores, el Senado resuelve declarar urgente y considerar de inmediato el proyecto de resolución por el que se lo modifica.
•	Aprobado.
10)	Obelisco-Batalla de Las Piedras
–	Proyecto de ley por el que se designa con ese nombre el Liceo n.º 3 de la ciudad Las Piedras, departamento de Canelones.
11)	Enriqueta Compte y Riqué
–	Proyecto de ley por el que se designa con ese nombre el Jardín de Infantes n.º 115 del barrio Delta del Tigre, Ciudad del Plata, departamento de San José.
12)	Romario de la Rosa Méndez
–	Proyecto de ley por el que se designa con ese nombre la Escuela n.º 104 de Tres Puentes, departamento de Rivera.
13)	Profesora Nilda Irazoqui
–	Proyecto de ley por el que se designa con ese nombre el Liceo n.º 2 de Santa Lucía, departamento de Canelones.
14)	Carmen Descoins
–	Proyecto de ley por el que se designa con ese nombre la Escuela n.º 63 de Pueblo Nuevo, departamento de San José.
15)	Ramón da Rosa Echebarne
–	Proyecto de ley por el que se designa con ese nombre la Escuela n.º 131 de la localidad de Tierras Coloradas, departamento de Tacuarembó.
16) y 18) Detenidos desaparecidos
–	Proyecto de ley por el que se comete su búsqueda a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo.
•	Por moción del señor senador Otheguy, el Senado resuelve prorrogar la hora de finalización de la sesión hasta culminar el tratamiento del tema.
«Montevideo, 3 de setiembre de 2019
La CÁMARA DE SENADORES se reunirá en sesión ordinaria mañana miércoles 4 de setiembre, a las 09:30, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente
1.º) por el que se aprueban las modificaciones al convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, adoptadas por unanimidad el 24 de setiembre de 1999 y el 1.º de octubre de 2003 por la Conferencia de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y las asambleas competentes de ciertas uniones administradas por esta organización;
Carp. n.º 1363/2019 - rep. n.º 917/19
2.º) por el que se designa Obelisco-Batalla de las Piedras el Liceo n.º 3 de la ciudad de Las Piedras, departamento de Canelones, dependiente del Consejo de Educación Secundaria, Administración Nacional de Educación Pública;
Carp. n.º 1388/2019 - rep. n.º 920/19
3.º) por el que se designa Enriqueta Compte y Riqué el Jardín de Infantes n.º 115 del barrio Delta del Tigre, Ciudad del Plata, departamento de San José, dependiente del Consejo de Educación Inicial y Primaria, Administración Nacional de Educación Pública;
Carp. n.º 832/2017 - rep. n.º 924/19
4.º) por el que se designa Romario de la Rosa Méndez la Escuela n.º 104 de Tres Puentes, ubicada en el kilómetro 62 de la ruta nacional n.º 27, departamento de Rivera, dependiente del Consejo de Educación Inicial y Primaria, Administración Nacional de Educación Pública;
Carp. n.º 1118/2018 - rep. n.º 928/19
5.º) por el que se designa Profesora Nilda Irazoqui el Liceo n.º 2 de Santa Lucía, departamento de Canelones, dependiente del Consejo de Educación Secundaria, Administración Nacional de Educación Pública;
Carp. n.º 1338/2019 - rep. n.º 927/19
6.º) por el que se designa Carmen Descoins la Escuela n.º 63 de Pueblo Nuevo, departamento de San José, dependiente del Consejo de Educación Inicial y Primaria, Administración Nacional de Educación Pública;
Carp. n.º 1362/2019 - rep. n.º 926/19
7.º) por el que se designa Ramón da Rosa Echebarne la Escuela n.º 131 de la localidad de Tierras Coloradas, departamento de Tacuarembó, dependiente del Consejo de Educación Inicial y Primaria, Administración Nacional de Educación Pública;
Carp. n.º 1370/2019 - rep. n.º 925/19
8.º) por el que se comete a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo la búsqueda de las personas detenidas y desaparecidas en el marco de la actuación ilegítima del Estado ocurrida entre el 13 de junio de 1968 y el 26 de junio de 1973, así como durante el terrorismo de Estado desplegado entre el 27 de junio de 1973 y el 28 de febrero de 1985.
Carp. n.º 1389/2019 - rep. n.º 932/19 y anexo I
9.º) Mensaje del Poder Ejecutivo por el que solicita la venia correspondiente a los efectos de destituir de su cargo a una funcionaria del Ministerio de Educación y Cultura, Fiscalía General de la Nación. (Se incluye en el orden del día por vencimiento del plazo reglamentario). (Plazo constitucional vence el 1.º de octubre de 2019).
Carp. n.º 1361/2019 - rep. n.º 931/19
ASISTEN: los señores senadores Amorín, Aristimuño, Aviaga, Ayala, Baráibar, Besozzi, Bordaberry, Camy, Cardoso, Carrera, Coutinho, Draper, García, Garín, Heber, Iturralde, Lazo, López Villalba, Martínez Huelmo, Michelini, Mieres, Moreira, Otheguy, Passada, Saravia, Tourné, Vassallo, Vellozas y Xavier.
FALTAN: con licencia, los señores senadores Alonso, Castillo, De León, Delgado y Larrañaga; y, con aviso, el señor senador Bianchi.
(Son las 09:33).
«El Poder Ejecutivo remite un informe técnico de la Dirección Nacional de Energía del Ministerio de Industria, Energía y Minería, relacionado con la solicitud de iniciativa legislativa remitida por este Cuerpo a los efectos de agregar un primer inciso al artículo 13 del proyecto de ley sobre parques industriales y parques científico-tecnológicos.
•	por el que se declara de interés nacional la promoción y desarrollo de parques industriales y parques científico-tecnológicos;
•	por el que se promueve la inocuidad y la transparencia en la comercialización de carnes;
•	por el que se establecen normas que regulan la profesión del trabajo social o servicio social.
La Comisión de Constitución y Legislación eleva informado un proyecto de ley por el que se comete a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo la búsqueda de las personas detenidas y desaparecidas en el marco de la actuación ilegítima del Estado ocurrida entre el 13 de junio de 1968 y el 26 de junio de 1973, así como durante el terrorismo de Estado desplegado entre el 27 de junio de 1973 y el 28 de febrero de 1985.
HA SIDO REPARTIDO Y ESTÁ INCLUIDO EN EL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN DE HOY.
La Corte Electoral comunica que ha designado, a partir del día 2 de setiembre del corriente, a la doctora María Virginia Cáceres Batalla como secretaria letrada de dicha corporación.
TÉNGASE PRESENTE».
4) PROYECTO PRESENTADO
(Asunto entrado fuera de hora remitido al Cuerpo de Taquígrafos por parte de la Secretaría del Senado).
«Varios señores senadores presentan, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se modifica el artículo 198 de la Ley n.º 19307, de 29 de diciembre de 2014, sobre servicios de comunicación audiovisual.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- En la sesión ordinaria del 3 de setiembre no se registraron inasistencias.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 3 de setiembre de 2019
A través de la presente, solicito al Cuerpo me conceda licencia al amparo del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004, por motivos personales, por el día 5 de setiembre del corriente.
–12 en 13. Afirmativa.
A través de la presente, solicito al Cuerpo me conceda licencia, al amparo del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, el día 5 de setiembre, por motivos personales.
Daniel Garín. Senador».
–13 en 13. Afirmativa. UNANIMIDAD.
Se comunica que las señoras Susana Pereyra, Lucía Etcheverry y Zulimar Ferreira han presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocada la señora Graciela García, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.
Tiene la palabra el señor senador López Villalba.
SEÑOR LÓPEZ VILLALBA.- Muchas gracias, señora presidenta.
En el día de hoy se está festejando el ochenta aniversario del Instituto Uruguayo de Normas Técnicas, UNIT, por lo que creo que vale la pena resaltar lo que ha hecho este organismo en la historia del país. Son ochenta años de promoción de la calidad.
UNIT es el resultado de la responsabilidad social de una serie de organizaciones y personas que tempranamente entendieron que, al igual que el resto del mundo, Uruguay necesitaba un organismo que hiciera de la calidad el centro de su accionar. Ministerios, asociaciones profesionales, facultades, empresas del Estado y privadas y la Intendencia de Montevideo aunaron esfuerzos en pos de este ideal.
Es así que en 1939 UNIT comienza su actividad a través de la elaboración de normas técnicas, es decir, de especificaciones establecidas por consenso entre las partes interesadas, que deben cumplir los productos o servicios para ser seguros y aptos para su uso. Inicialmente, las normas técnicas se utilizaron en sectores vinculados a la construcción, pero poco a poco fueron ampliando su radio de acción para abarcar más y diversas áreas del quehacer humano.
Simultáneamente con esta actividad, UNIT puso a disposición del público las normas elaboradas por los organismos internacionales y por sus pares nacionales, en particular las de aquellos países con los que se tenía mayor vinculación, documentos imprescindibles para exportadores, empresas, reglamentadores, la academia y los propios comités de estudio de normas que funcionaban en UNIT. A través del instituto, se tiene acceso a dos millones de normas de los más diversos orígenes que son de uso en muchas transacciones comerciales, así como también en la formación de los recursos humanos, todo lo que permite a los organismos estatales disponer de un sustrato técnico consensuado a la hora de establecer reglamentaciones o pliegos de condiciones.
En 1971, comienza por primera vez en Uruguay la formación en calidad en su más amplio sentido, permitiendo a las personas acceder a conocimientos que hasta ese momento eran privativos de quienes trabajaban en empresas trasnacionales o se formaban en el exterior. Hoy en día llama la atención, tanto a propios como a extraños, la cantidad de personas que han adquirido y continúan adquiriendo esos conocimientos en las aulas de UNIT, ya que sus cursos han tenido más de 120.000 participantes, lo que representa un porcentaje muy por encima de la media internacional, circunstancia que ha permitido a Uruguay disponer de un voluminoso capital humano motivado y formado en estos temas.
Posteriormente, en 1984, al iniciar la certificación de productos en Uruguay, UNIT ofrece a las empresas la posibilidad de diferenciar sus productos; a los consumidores, la de orientar sus compras de acuerdo con la calidad establecida en las normas, y a los reglamentadores, la de tener la certeza de que sus exigencias son cumplidas. Esta certificación se ha otorgado a más de dos mil productos de diferentes países.
El inicio de la certificación de los sistemas de gestión como resultado de la adopción de las respectivas normas internacionales –otorgando en 1995 esta distinción a las seis primeras empresas– fue otro paso trascendental, ya que permite a las organizaciones demostrar el cumplimiento de la correspondiente norma. Hoy en día son más de seiscientos los certificados emitidos.
Son ochenta años de esfuerzos con un objetivo: la promoción y el mejoramiento de la calidad en beneficio de la comunidad a través de sus distintas actividades. Se trata de un esfuerzo que fue realizado por innumerables personas, muchas de ellas honorarias, como los integrantes de su Consejo Directivo y del Comité General de Normas, que han conformado un instituto transparente, serio, sólido, que goza del máximo reconocimiento a nivel nacional e internacional.
Es una enorme satisfacción ver los cientos de personas que participan en sus comités de normalización, poniendo a disposición lo mejor de sí; los más de 6500 alumnos que año a año confían su formación a UNIT y que posteriormente realizan el esfuerzo de concurrir a sus cursos a dedicar horas de trabajo o estudio; y los cientos de empresas que ven en la certificación, tanto de productos como de sistemas de gestión, una manera de demostrar su cumplimiento de las normas.
El papel de la normalización en la industria 4.0, la economía circular, la Internet de las cosas, la urgencia en los temas ambientales, la creatividad de los innovadores, la inteligencia artificial, etcétera, sin duda llevarán a plantear nuevos desafíos a la normalización que cada día opera más a nivel global a través del sistema ISO, que promueve el acuerdo y el hacer que las cosas funcionen con soluciones reales y concretas.
–Ya termino, señora presidenta.
Todos estos desafíos llevan a que UNIT deba mantener ante ellos una actitud especialmente proactiva, tanto a nivel nacional como internacional, y a estar atento a las demandas de un mundo en constante cambio.
Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a las autoridades de UNIT.
Adelanto que en el día de hoy el secretario general de ISO, señor Sergio Mujica, disertará sobre «ISO y sus normas para sistemas de gestión», en conmemoración de los ochenta años de UNIT.
8) ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
SEÑORA PRESIDENTE.- El Senado ingresa al orden del día con la consideración del asunto que figura en primer término: «Proyecto de ley por el que se aprueban las modificaciones al convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, adoptadas por unanimidad el 24 de setiembre de 1999 y el 1.º de octubre de 2003 por la conferencia de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y las asambleas competentes de ciertas uniones administradas por esta organización. (Carp. n.º 1363/2019 - rep. n.º 917/19)».
SEÑOR OTHEGUY.- Señora presidenta: el proyecto de ley que estamos considerando en el plenario propone la aprobación de las modificaciones al convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, adoptadas por unanimidad el 24 de setiembre de 1999 y el 1.º de octubre de 2003 por la conferencia de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y las asambleas competentes de uniones administradas por esta organización.
Cabe dar cuenta de que el proyecto de ley que estamos considerando en el día de hoy fue aprobado por la Cámara de Representantes el 2 de julio del corriente año.
En nuestro país, por el Decreto Ley n.º 14910, de 19 de julio de 1979, se aprueba el Acta de Estocolmo, de 14 de julio de 1967, modificativa del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, de 20 de marzo de 1883; el Acta de París, de 24 de julio de 1971, relativa al Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, de 9 de setiembre de 1886; y el Convenio firmado en Estocolmo el 14 de julio de 1967, que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI.
Los intentos de reforma estatutaria, que comenzaron a finales de la década de los noventa, lograron la aprobación por parte de los Estados miembros de una modificación en 1999, y culminaron en 2003 con la aprobación de un paquete de modificaciones de varios tratados administrados por la OMPI.
Las modificaciones consistían en: 1) la disolución de la Conferencia de la OMPI; 2) la oficialización en los tratados de un sistema de contribución única y de los cambios en las clases de contribución que han venido aplicándose desde 1994; 3) un cambio en la frecuencia de los períodos ordinarios de sesiones de la Asamblea General de la OMPI y de las demás Asambleas de las Uniones administradas por la organización, de una vez cada dos años, a una vez al año.
También se establecen limitaciones al mandato del director general. Actualmente, el Convenio de la OMPI no limita durante cuántos mandatos puede ejercer el director general. El texto actual del artículo 9.3) dispone lo siguiente: «El Director General será designado por un período determinado que no será inferior a seis años. Su nombramiento podrá ser renovado por otros períodos determinados. La duración del primer período y la de los eventuales períodos siguientes, así como todas las demás condiciones de su nombramiento, serán fijadas por la Asamblea General».
En setiembre de 1999, la Conferencia de la OMPI y las Asambleas de las Uniones de París y Berna aprobaron por unanimidad el texto propuesto para modificar el artículo 9.3) del Convenio de la OMPI, luego de varias propuestas de modificación con relación a las prácticas y políticas para la designación y el nombramiento de directores generales.
El texto de la modificación adoptada en setiembre de 1999, pero que aún no ha entrado en vigor, es el siguiente: «El Director General será designado por un período determinado de seis años. Su nombramiento podrá ser renovado únicamente por otro período determinado de seis años. Todas las demás condiciones del nombramiento serán fijadas por la Asamblea General».
En octubre de 2003, los Estados miembros de la OMPI aprobaron una serie de modificaciones propuestas a los tratados administrados por la organización para oficializar el sistema de contribución única y los cambios en las clases de contribución que se venían aplicando desde 1994; disolver la Conferencia de la OMPI y modificar la frecuencia de los períodos ordinarios de sesiones de la Asamblea General de la OMPI y las demás Asambleas de las Uniones administradas por la organización, de manera que se celebrasen una vez al año en lugar de una vez cada dos años.
En cuanto a la oficialización de los cambios en materia de finanzas, el artículo 11 del Convenio de la OMPI es la principal disposición normativa en materia de finanzas. De acuerdo con el planteamiento original, la organización tendría dos presupuestos distintos: el presupuesto de los gastos comunes a las uniones y el presupuesto de la conferencia, artículo 11.1.
El presupuesto de los gastos comunes a las uniones se financiaría en parte con las contribuciones de los Estados miembros de la OMPI a las uniones individuales de las que fueren miembros.
El presupuesto de la conferencia se financiaría en parte con las contribuciones de los Estados miembros de la OMPI que no fuesen miembros de una de las uniones, artículo 11.3.
En 1993, la secretaría señaló tres inconvenientes del sistema de financiación en vigor: era innecesariamente complicado, desincentivaba la pertenencia a más de una de las seis uniones financiadas mediante contribuciones y, por último, no era equitativo para la mayoría de los países en desarrollo. Para minimizar esos problemas se propuso establecer un sistema de contribución única y clases de contribución adicionales para reducir aún más las contribuciones de los países en desarrollo.
En cuanto a la disolución de la Conferencia de la OMPI, voy a mencionar lo siguiente. En virtud del cambio de las circunstancias históricas, la Conferencia de la OMPI cayó en desuso, no desempeñando en la práctica ninguna función de utilidad. Para dar respuesta a las consecuencias de la disolución de la Conferencia de la OMPI, se acordó que los Estados miembros de la organización que no fuesen miembros de ninguna unión participarían en la Asamblea General de la OMPI, aunque sin derecho de voto respecto de cualquier asunto relativo a un tratado en el que el Estado no fuese parte.
Sobre la frecuencia de los períodos ordinarios de sesiones, el artículo 6.4) del convenio de la OMPI dispone: «a) La Asamblea General se reunirá una vez cada dos años en sesión ordinaria, mediante convocatoria del Director General».
De igual manera, en la mayoría de los tratados administrados por la OMPI se prevé la celebración bienal de períodos ordinarios de sesiones de sus asambleas y de la mayor parte de sus órganos.
Las prácticas de la OMPI han confirmado que la celebración bienal de períodos ordinarios de sesiones no resulta adecuada y es un intervalo demasiado largo entre la celebración de dos períodos ordinarios de sesiones.
En consecuencia, la nueva propuesta de redacción del artículo 6.4) del convenio de la OMPI es la siguiente: «a) La Asamblea General se reunirá una vez al año en sesión ordinaria, mediante convocatoria del Director General».
Cabe poner de relieve que las enmiendas de referencia codifican políticas y prácticas que la OMPI ya está aplicando y son el resultado de ajustes naturales al funcionamiento de los órganos de la organización, al sistema de contribución única y a la práctica de las Naciones Unidas en cuanto a limitar los mandatos de los directores generales. Tal como señaló la secretaría, la brecha entre el funcionamiento de hecho de la OMPI y su estructura institucional es fuente de complicaciones en la administración y el funcionamiento de la organización. Entonces, con la conclusión del proceso de ratificación de estas modificaciones, los Estados miembros de la OMPI establecerían una base jurídica más coherente para las operaciones de la organización y permitirían la plena aplicación de las medidas aprobadas hace más de una década tras largas deliberaciones.
Por estas consideraciones recomendamos al pleno que dé su voto afirmativo a este proyecto de ley, que fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Senadores.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Artículo único.- Apruébanse las modificaciones al Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, adoptadas por unanimidad el 24 de setiembre de 1999 y el 1º de octubre de 2003; por la Conferencia de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y las Asambleas competentes de ciertas Uniones administradas por esta Organización».
(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado por ser igual al considerado).
9) ESTATUTO DEL FUNCIONARIO DE LA CÁMARA DE SENADORES
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Mocionamos para que se trate con carácter urgente la carpeta n.º 1399/2019 - Proyecto de resolución presentado por la señora presidenta del Senado, por el que se establecen modificaciones al Estatuto del Funcionario de la Cámara de Senadores». (Firman los señores senadores Saravia, Garín y Bordaberry).
Se pasa a considerar, pues, el asunto cuya urgencia fue votada: «Proyecto de resolución presentado por la señora presidenta del Senado, por el que se establecen modificaciones al Estatuto del Funcionario de la Cámara de Senadores. (Carp n.º 1399/2019 - rep. n.º 934/19».
Tiene la palabra el miembro informante, señor senador Garín.
SEÑOR GARÍN.- Gracias, señora presidenta.
En realidad esta es una pequeña modificación del Estatuto del Funcionario de la Cámara de Senadores, que fue aprobado hace algunas semanas. La presidencia detectó un error en su artículo 98, concretamente en lo relativo al escalafón C, Secretaría Financiero-Contable, en el que se expresa que los cargos correspondientes van a ser ocupados por los funcionarios que hayan egresado de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, pero el espíritu del texto es que puedan concursar por esos cargos los funcionarios con tales calificaciones.
En virtud de ello, se propone un texto sustitutivo que enmienda ese error y deja sentado que para esos cargos del escalafón C podrán concursar –insisto en que podrán concursar– los funcionarios que hayan egresado de una carrera, no menor a cuatro años, de una facultad de Ciencias Económicas.
Ese sería el fundamento de la modificación propuesta.
SEÑORA PRESIDENTE.- Léase el artículo único.
SEÑOR GARÍN.- Pido la palabra para una moción de orden.
SEÑOR GARÍN.- Formulo moción en el sentido de que se suprima la lectura del artículo sustitutivo.
En consideración el artículo sustitutivo, que fue repartido.
–21 en 24. Afirmativa.
Se harán las comunicaciones pertinentes.
10) OBELISCO-BATALLA DE LAS PIEDRAS
SEÑORA PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en segundo término del orden del día: «Proyecto de ley por el que se designa Obelisco-Batalla de las Piedras el Liceo n.º 3 de la ciudad de Las Piedras, departamento de Canelones, dependiente del Consejo de Educación Secundaria, Administración Nacional de Educación Pública. (Carp. n.º 1388/2019 - rep. n.º 920/19)».
SEÑOR CAMY.- Señora presidenta: la Comisión de Educación y Cultura del Cuerpo me ha conferido el honor de informar este proyecto de ley que tiene como cometido designar con el nombre Obelisco-Batalla de las Piedras el Liceo n.º 3 de la ciudad de Las Piedras, ubicado en el departamento de Canelones.
La iniciativa se remite con el correspondiente beneplácito de las autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública. El propósito de la designación es honrar un momento trascendente de nuestra historia nacional y, fundamentalmente, una obra emblemática que lo recuerda en la ciudad de Las Piedras. Concretamente, se trata del monumento llamado Obelisco, ubicado en la ciudad de Las Piedras –departamento de Canelones–, que fue inaugurado el 25 de mayo de 1911, en conmemoración del centenario de la Batalla de las Piedras.
Esta es una obra realizada por el escultor uruguayo Juan Manuel Ferrari y, reitero, conmemora una de las victorias sin duda más resonantes y de mayor importancia que obtuvo el ejército de nuestro prócer, el general José Gervasio Artigas, ante las tropas españolas durante la Batalla de Las Piedras, el 18 de mayo de 1811.
El Obelisco se sitúa en el Parque Nacional Artigas Batalla de Las Piedras, donde ocurrió tan emblemático enfrentamiento. Tal como expresé, es una obra del escultor Juan Manuel Ferrari, nacido en 1874 en Montevideo. Ferrari vivió y falleció en la República Argentina en donde, al igual que en nuestro país, realizó destacadas obras que creo conveniente citar para dar cabal magnitud a este monumento y aquilatar su trascendencia e importancia artística. Fueron obras del escultor nacional Juan Manuel Ferrari, por ejemplo, el monumento a Juan Antonio Lavalleja, que se inauguró en la ciudad de Minas, departamento de Lavalleja, y el Monumento al Ejército de Los Andes del general San Martín, ubicado en la provincia de Mendoza, que fuera encargado por la gobernación de la provincia.
Por lo tanto, en esta designación se conjugan el valor artístico que representa la obra de este escultor y, fundamentalmente, el hecho histórico de la Batalla de Las Piedras.
Este es un proyecto de ley con un artículo único que reza: «Desígnase con el nombre “Obelisco-Batalla de las Piedras” al Liceo N° 3 de Las Piedras, Departamento de Canelones, dependiente del Consejo de Educación Secundaria de la Administración Nacional de Educación Pública». Solicito al Cuerpo que respalde esta iniciativa, que fue aprobada por unanimidad en la Comisión de Educación y Cultura del Senado, y sugiero, señora presidenta, que se modifique el texto del artículo único para que, en lugar de expresar: «al Liceo Nº 3 de Las Piedras», diga «el Liceo Nº 3 de Las Piedras», ya que creo que es lo que corresponde.
Era cuanto quería informar.
Léase el artículo único con la modificación sugerida por el señor senador.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Artículo Único.- Desígnase con el nombre “Obelisco-Batalla de las Piedras” el Liceo N° 3 de Las Piedras, Departamento de Canelones, dependiente del Consejo de Educación Secundaria de la Administración Nacional de Educación Pública».
SEÑORA PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en tercer término del orden del día: «Proyecto de ley por el que se designa Enriqueta Compte y Riqué el Jardín de Infantes n.º 115 del barrio Delta del Tigre, Ciudad del Plata, departamento de San José, dependiente del Consejo de Educación Inicial y Primaria, Administración Nacional de Educación Pública. (Carp. n.º 832/2017 - rep. n.º 924/19)».
SEÑOR CAMY.- Señora presidenta: tal cual se señaló por parte de la presidencia, el presente proyecto de ley ha sido aprobado por la Comisión de Educación y Cultura, y tiene como objetivo designar con el nombre Enriqueta Compte y Riqué el Jardín de Infantes n.º 115 del barrio Delta del Tigre, Ciudad del Plata, departamento de San José.
El proyecto fue aprobado en la Cámara de Representantes, pero previamente fue remitido por el Ministerio de Educación y Cultura con opinión favorable de la Administración Nacional de Educación Pública. A nuestro juicio, este tipo de iniciativas tiene la importancia de proveer identidad y sentido de pertenencia a un centro de educación por medio de su designación con determinado nombre.
La Comisión de Educación y Cultura recomienda al plenario aprobar el presente proyecto de ley, que designa con el nombre Enriqueta Compte y Riqué el Jardín de Infantes n.º 115, que es el primer jardín de infantes de una zona muy populosa del sur del departamento de San José, como es el barrio Delta del Tigre de Ciudad del Plata. Sin duda, en la actualidad es una institución educativa de referencia para las familias de la zona; brinda atención educativa a una población infantil que se caracteriza por estar inserta en un área de situación socioeconómica vulnerable, y por ese motivo desde el año 2015 el jardín forma parte del Programa Aprender. Actualmente tiene una matrícula integrada por noventa y tres niños y niñas en el nivel inicial de tres años; ciento uno en el nivel de cuatro años y noventa en el nivel de cinco años.
Fue la comunidad educativa la que decidió proponer el nombre de la conocida teórica Enriqueta Compte y Riqué, que fue una docente de referencia en el país. Estuvo influenciada por los principios directrices de la escuela nueva, que aportó, sin duda, ideas de vanguardia en la materia y tuvo una influencia sustantiva en el proceso de la educación nacional.
En ese sentido, la directora, el cuerpo docente y referentes de la familia y del barrio que están vinculados a la actividad de la comunidad educativa del Jardín n.º 115 elaboraron un proyecto denominado «Un nombre para mi Jardín: Enriqueta Compte y Riqué. Veinte años recorridos en pro de garantizar aprendizajes de calidad y una transformación social y educativa». A partir de esa actividad surgió la iniciativa que, como relaté al inició de mi exposición, cuenta con el beneplácito de la ANEP, que ha remitido al Parlamento la iniciativa, y también la aprobación, en primera instancia, de la Cámara de Representantes.
Por todo lo expuesto, señora presidenta, sugerimos al Cuerpo la aprobación de este proyecto de ley compuesto por un único artículo que designa con el nombre Enriqueta Compte y Riqué el Jardín de Infantes n.º 115 del barrio Delta del Tigre, Ciudad del Plata, departamento de San José.
Es cuanto tengo para informar.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Artículo único.- Desígnase con el nombre “Enriqueta Compte y Riqué” el Jardín de Infantes Nº 115 del barrio Delta del Tigre, Ciudad del Plata, departamento de San José, dependiente del Consejo de Educación Inicial y Primaria, Administración Nacional de Educación Pública».
Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo
12) ROMARIO DE LA ROSA MÉNDEZ
SEÑORA PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en cuarto término del orden del día: «Proyecto de ley por el que se designa Romario de la Rosa Méndez la Escuela n.º 104 de Tres Puentes, ubicada en el kilómetro 62 de la ruta nacional n.º 27, departamento de Rivera, dependiente del Consejo de Educación Inicial y Primaria, Administración Nacional de Educación Pública. (Carp. n.º 1118/2018 - rep. n.º 928/19)».
Tiene la palabra la miembro informante, señora senadora Passada.
SEÑORA PASSADA.- Señora presidenta: creo que es un reconocimiento importante a Romario de la Rosa, quien tuvo una importante incidencia en la educación desde el momento en que cede parte de su predio con ese fin.
Romario de la Rosa Méndez fue un poblador de la zona que donó parte de su galpón, en el año 1966, para que la localidad pudiera tener una escuela. Al inicio esta contó con treinta niños y niñas que comenzaron a recibir la formación de la educación pública gracias a esa donación de este reconocido señor de la zona. Los pobladores quisieron hacerle un reconocimiento y fue así que la comisión de fomento –al momento de inauguración de la escuela el señor Romario de la Rosa integró y presidió esa comisión– propuso que la escuela llevara su nombre. Como bien sabemos los senadores, muchas de las primeras escuelas públicas del país surgieron a través de donaciones de los habitantes de la zona que estaban comprometidos con las transformaciones sociales de los poblados, generalmente constituidos por un pequeño número de habitantes. Este es el caso de Romario de la Rosa Méndez.
Por lo tanto, solicitamos que la Escuela n.º 104 de Tres Puentes, ubicada en el departamento de Rivera lleve su nombre, iniciativa que además ya cuenta con media sanción de la Cámara de Representantes.
Era cuanto tenía para decir.
SEÑOR ARISTIMUÑO.- Pido la palabra.
SEÑOR ARISTIMUÑO.- Señora presidenta: es con satisfacción que vamos a votar el proyecto de ley por el que se designa Romario de la Rosa Méndez la Escuela n.º 104 de nuestro departamento.
Simplemente deseo remarcar que esto tuvo un proceso que ha durado nueve años. El proyecto fue presentado en noviembre del 2010 y votado en setiembre del 2014 por la Cámara de Representantes, pero luego finalizó la legislatura, por lo que en su momento hubo que desarchivar la iniciativa para poder continuar el trámite. Por lo tanto, han pasado nueve años desde la presentación de este proyecto de ley.
Don Romario de la Rosa Méndez fue un hombre de características dignas de destacar. Fue un comerciante que cedió el galpón del predio en el que vivía para que empezara a funcionar la primera escuela. También fue el primer presidente de la Comisión pro-Escuela, y en menos de tres años logró la construcción definitiva en un predio muy cercano a su casa, cedido por los hermanos Berrutti, donde funciona la escuela hasta el día de hoy.
Es tanta la importancia, las ganas de hacer cosas y el protagonismo que tuvo don Romario de la Rosa en la comunidad –era el que organizaba las rifas, hacía los asados para vender, organizaba campeonatos de fútbol en los que hacía de juez o jugaba–, que eso se siguió transmitiendo a las siguientes generaciones.
Al respecto, creo que vale la pena rescatar una anécdota que contó quien impulsó esta denominación en nombre de la comunidad, el señor diputado Richard Sander. En su exposición de motivos –creo que es bueno recordarlo– él señaló que, en función de ese protagonismo que tuvo don Romario de la Rosa en la sociedad, cuando hace unos años la maestra preguntó quién había sido el reformador de la escuela, el mejor alumno rápidamente respondió que había sido don Romario de la Rosa.
Con esa anécdota quiero decir que votaremos con satisfacción este proyecto de ley.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Artículo único.- Desígnase con el nombre “Romario de la Rosa Méndez” la Escuela Nº 104 de Tres Puentes, ubicada en el kilómetro 62 de la Ruta Nacional Nº 27, departamento de Rivera, dependiente del Consejo de Educación Inicial y Primaria, Administración Nacional de Educación Pública».
13) PROFESORA NILDA IRAZOQUI
SEÑORA PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en quinto término del orden del día: «Proyecto de ley por el que se designa Profesora Nilda
Irazoqui el Liceo n.º 2 de Santa Lucía, departamento de Canelones, dependiente del Consejo de Educación Secundaria, Administración Nacional de Educación Pública. (Carp. n.º 1338/2019 - rep. n.º 927/19)».
Este proyecto de ley por el que se designa Nilda Irazoqui el Liceo n.º 2 de la ciudad de Santa Lucía, departamento de Canelones, fue aprobado por la Cámara de Representantes.
La iniciativa parte del movimiento de mujeres de Santa Lucía llamado Profesora Nilda Irazoqui y es respaldada por organizaciones y colectivos de la ciudad y también por la comunidad educativa.
Nilda Irazoqui nació el 26 de mayo de 1900, en la ciudad de Santa Lucía, en el seno de una familia de viejo arraigo en la localidad. Se recibió de química farmacéutica y trabajó en farmacias de la ciudad. En 1947 comenzó a dar clases en el primer liceo público de la ciudad, y fue una de sus grandes impulsoras. Ejerció este cargo durante más de treinta años.
El informe de la Cámara de Representantes señala: «Estudiosa y excelente investigadora, como docente inspiraba respeto y cariño en sus estudiantes. Manejaba el proceso educativo dentro y fuera del aula, otorgaba gran relevancia a la observación de la naturaleza, para lo que organizaba constantemente paseos educativos con propósitos pedagógicos.
Es recordada por sus pares como una incansable buscadora de las herramientas metodológicas que mejor aplicasen a las realidades de cada contexto educativo, teniendo en todo momento al estudiante como centro».
Quienes promueven esta iniciativa destacan su calidez humana, su vocación clarificadora a la hora de expresarse y explicar los temas, buscando la síntesis entre los valores humanísticos y científicos.
También es muy destacada por su tarea gremial: presidió la Asociación de Docentes del Liceo de Santa Lucía, lugar en el que militó veinticinco años, siempre en beneficio de los más perjudicados social y económicamente.
Nilda falleció el 9 de diciembre de 1985, a los ochenta y cinco años –nació cuando comenzaba el siglo–, «dejando tras de sí –señala el informe que nos lega la Cámara de Representantes– un reguero de enseñanzas y una impronta en la comunidad educativa santalucense que nos llega hasta nuestros días».
Por estos motivos, recomendamos vivamente su aprobación.
SEÑORA XAVIER.- Gracias, señora presidenta.
Sin duda, Nilda Irazoqui es una de las más dignas exponentes de esa comunidad de santalucenses, que tiene tanta identidad.
Recientemente visité la ciudad, donde me pidieron que no termine la legislatura sin concretar esta designación.
Como decía la señora senadora Moreira, además del legado que Nilda Irazoqui dejó a la comunidad educativa, también dejó un legado en todos los aspectos con los que tenía un compromiso social y humano muy importante. Este es un homenaje a la propia Nilda –sin lugar a dudas–, pero también a toda la comunidad santalucense, que expresa estos valores en diversas organizaciones de la sociedad, valores que reivindica y mantiene como los mejores indicadores de la comunidad.
Para nosotros es una inmensa alegría poder satisfacer, fundamentalmente, un reclamo de esas mujeres, que están organizadas en un grupo que tiene como uno de sus objetivos principales lograr esta denominación. Pero los otros aspectos que ellas trabajan –como la difusión de todos estos valores en la sociedad– son esenciales y llevados adelante con protagonismo, convicción y vitalidad.
Por lo tanto, quiero sumarme al beneplácito de votar afirmativamente esta designación en el día de hoy.
Como santalucense y como alumno de la profesora Nilda Irazoqui, la «señorita Nilda», es más que una alegría aprobar esta designación del Liceo n.º 2 de Santa Lucía, instalado en la vieja Escuela n.º 104, la más antigua, justamente en el solar que da nacimiento a nuestra ciudad.
Hablar de Nilda me emociona mucho, y puedo testificar que todo lo que se ha dicho es verdad. Fue de las que marcó –tema del que hoy se habla mucho– nuestro pasaje de primaria a secundaria. Nos recuerdo, en primer año de liceo, con pantalones cortos –hoy eso ya no se ve– rodeando a Nilda, con la que nos quedábamos conversando aun después de que terminara el horario.
Fue una mujer que trasmitió ese humanismo, ese amor por la vida, a pesar de su discapacidad física –tenía problemas de movilidad–, y les puedo asegurar que en Santa Lucía ninguno de los que tuvimos oportunidad de conocerla, como alumnos o como vecinos, piensa diferente.
Proviene de una familia muy tradicional –hermanos médicos, abogados; ella fue química farmacéutica–, y algo fundamental de su persona es que fue fundadora del liceo. Nilda ya estaba en 1947, cuando el liceo de Santa Lucía era el liceo popular. Formó parte de ese grupo de vecinos que logró que Santa Lucía se caracterizara por su alto nivel cultural y su amor a la naturaleza que, por las características de nuestro río y por el lugar en el que está establecida la ciudad, tuvimos la posibilidad de disfrutar.
Reitero que para mí es una gran alegría y una emoción que el Liceo n.º 2 lleve el nombre de la profesora Nilda Irazoqui porque si hay algo que es merecido, es esto. ¡Se lo merece! Ojalá muchos de los docentes actuales y futuros tengan ese carisma, esa forma y ese humanismo a la hora de formar a las mujeres y a los hombres de los que tanta necesidad tiene la sociedad actual.
Es por eso que vamos a votar con gran alegría este proyecto de ley. Sé que hoy va a ser un día de fiesta en Santa Lucía porque el liceo va a llevar el nombre de una de sus hijas predilectas.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Artículo único.- Desígnase con el nombre “Profesora Nilda lrazoqui” el Liceo Nº 2 de Santa Lucía, departamento de Canelones, dependiente del Consejo de Educación Secundaria, Administración Nacional de Educación Pública».
14) CARMEN DESCOINS
SEÑORA PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en sexto término del orden del día: «Proyecto de ley por el que se designa Carmen Descoins la Escuela n.º 63 de Pueblo Nuevo, departamento de San José, dependiente del Consejo de Educación Inicial y Primaria, Administración Nacional de Educación Pública. (Carp. n.º 1362/2019 - rep. n.º 926/19)».
SEÑOR CAMY.- Gracias, señora presidenta.
La Comisión de Educación y Cultura del Senado me honra al nombrarme miembro informante de este proyecto de ley para designar Carmen Descoins la Escuela n.º 63 de Pueblo Nuevo, departamento de San José. Este proyecto de ley cuenta con media sanción de la Cámara de Representantes.
Queremos destacar que hablamos de una maestra que fue la primera directora de la Escuela n.º 63 de Pueblo Nuevo, departamento de San José, y esta es la razón por la cual se la honra al designar con su nombre ese centro de enseñanza.
El 19 de setiembre del pasado año dicha escuela cumplió setenta años. Esta iniciativa que hoy está tratando el Senado de la república responde al anhelo del personal docente y no docente, de padres, alumnos y vecinos de la zona del centro educativo que tienen la expectativa –y la cumplen– de impulsar la designación de la escuela con el nombre de quien tanto hizo por su creación.
Este centro educativo comenzó a funcionar como escuela rural el 9 de abril 1935 en un local que perteneció a la familia Garibotti, ubicado muy cerca de donde la escuela se encuentra en la actualidad, a poco más de una cuadra.
En abril de 1941, la escuela asciende a la categoría de urbana, acompañando no solo el crecimiento del pueblo, sino también de una zona del sur del departamento de San José, limítrofe con Canelones y Florida, que se caracteriza por la presencia de viñedos, tambos y, además, por las colonias psiquiátricas doctor Bernardo Etchepare y doctor Santín Carlos Rossi que, sin duda, le han dado una dinámica laboral y de crecimiento demográfico muy importante a este centro poblado.
Como consecuencia de ese crecimiento, la escuela fue quedando pequeña: aumentó la matrícula de estudiantes y también se requería servicio de comedor. Estas razones llevaron a que el 19 de setiembre de 1948 se inaugurara la nueva escuela ubicada en el predio actual.
En ese momento, precisamente, era directora la maestra Carmen Descoins de Fernández y logró, mediante contactos y movilizaciones permanentes –asumiendo inclusive un rol que iba más allá de lo estrictamente vinculado al ejercicio de la docencia–, gestionar e impulsar el crecimiento de la escuela, la incorporación de infraestructura deportiva, etcétera.
En mérito a todo esto, las fuerzas vivas y la comunidad educativa sugieren y solicitan que se designe con su nombre la Escuela n.º 63 de Pueblo Nuevo. Este proyecto de ley obedece al propósito de plasmar en la realidad ese reconocimiento.
Por estas razones, sugerimos al Cuerpo la aprobación de este proyecto de ley, que fuera apoyado unánimemente por los integrantes de la Comisión de Educación y Cultura del Senado de la república.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Artículo único.- Desígnase con el nombre “Carmen Descoins” la Escuela Nº 63 de Pueblo Nuevo, departamento de San José, dependiente del Consejo de Educación Inicial y Primaria, Administración Nacional de Educación Pública».
15) RAMÓN DA ROSA ECHEBARNE
SEÑORA PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en séptimo término del orden del día: «Proyecto de ley por el que se designa Ramón da Rosa Echebarne la Escuela n.º 131 de la localidad de Tierras Coloradas, departamento de Tacuarembó, dependiente del Consejo de Educación Inicial y Primaria, Administración Nacional de Educación Pública. (Carp. n.º 1370/2019 - rep. n.º 925/19)».
Tiene la palabra el miembro informante, señor senador Cardoso.
SEÑOR CARDOSO.- La Comisión de Educación y Cultura del Senado propone al Cuerpo designar Ramón da Rosa Echebarne la Escuela n.º 131, ubicada en la localidad de Tierras Coloradas, departamento de Tacuarembó.
Esta propuesta cuenta con el beneplácito del equipo de la dirección, los vecinos –que ven con buenos ojos esta designación–, los docentes, los alumnos y la comunidad de este centro, quienes coinciden totalmente con esta denominación.
Ramón da Rosa Echebarne fue un vecino que prestó su propia casa para albergar a un total de cuarenta y siete alumnos. Este es el origen de la escuela. Su iniciativa –obviamente, muy generosa– fue fundamental para defender el derecho de esos niños que no podían estudiar por no contar con un edificio acorde; problema que solo podía resolverse si se trasladaban a cinco kilómetros de distancia, lo que implicaba un gran sacrificio para las familias y los propios niños.
En el año 1967, Ramón da Rosa Echebarne compró una chacra de veintinueve hectáreas donde se radicó con su esposa y sus cinco hijos. Era una persona de medianos recursos y, a pesar de contar con una pequeña extensión de tierra, donó una hectárea de su propiedad para que se construyera un edificio adecuado y funcionara allí la escuela. Sin duda, fue una actitud destacable para alguien que también dio un empujón a la educación.
Por lo expuesto, solicitamos que este proyecto de ley se apruebe y se designe Ramón da Rosa Echebarne la Escuela n.º 131 del departamento de Tacuarembó.
SEÑORA PRESIDENTE.- Damos la bienvenida a los alumnos de la Escuela n.º 116 de Santiago Vázquez, San José, y de la Escuela n.º 3 de Aguas Corrientes, Canelones. Estos alumnos cursan 4.º, 5.º y 6.º año de primaria y están alojados en la Colonia de Vacaciones Malvín.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Artículo único.- Desígnase con el nombre “Ramón da Rosa Echebarne” la Escuela N° 131 de la localidad de Tierras Coloradas, departamento de Tacuarembó, dependiente del Consejo de Educación Inicial y Primaria, Administración Nacional de Educación Pública».
16) DETENIDOS DESAPARECIDOS
SEÑORA PRESIDENTE.- Corresponde considerar el asunto que figura en octavo término del orden del día.
SEÑOR SARAVIA.- Pido la palabra para una cuestión de orden.
SEÑOR SARAVIA.- La bancada del Partido Nacional solicita un cuarto intermedio de veinte minutos.
(Así se hace. Son las 10:29).
(Son las 11:01).
–Se pasa a considerar el asunto que figura en octavo término del orden del día: «Proyecto de ley por el que se comete a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo la búsqueda de las personas detenidas y desaparecidas en el marco de la actuación ilegítima del Estado ocurrida entre el 13 de junio de 1968 y el 26 de junio de 1973, así como durante el terrorismo de Estado desplegado entre el 27 de junio de 1973 y el 28 de febrero de 1985. (Carp. n.º 1389/2019 - rep. n.º 932/19 y anexo I)».
SEÑOR MICHELINI.- Señora presidenta: la Comisión de Constitución y Legislación me ha dado el honor de presentar este proyecto de ley, que no es uno más: es muy importante y tiene un texto y un contexto que vamos a tratar de identificar y de hablar de él para que ello nos permita reflexionar también acerca de ese contexto y de lo que nosotros llamamos la historia reciente.
Quiero recalcar, primero, que los candidatos de los principales partidos –si pudiéramos llamarlos así–, o con determinadas chances, o los candidatos de los partidos que están representados en esta sala, han trasmitido en los últimos días y horas, frente a un nuevo hallazgo de los restos de un desaparecido en el entonces Batallón de Infantería n.º 13, que hay que seguir buscando. Refiriéndonos a esto, señora presidenta, deberíamos decir: por suerte, pero no podríamos usar el término «por suerte» porque estamos hablando de un acto de humanidad; lo que han dicho los candidatos ha sido un acto de humanidad. Alguno de ellos ha trasmitido: «La familia lo va a seguir buscando, tenemos que ayudarlos». Y este proyecto de ley trata de eso, es decir, de dar una institucionalidad para seguir buscando los restos de los desaparecidos.
La pregunta es: ¿por qué demoramos tanto? Y la hago para la izquierda que ha tomado esta bandera con mucha fuerza, pero también para el resto de la sociedad, para todos. ¿Por qué recién a cuarenta años de los hechos –para poner alguna medida– damos una institucionalidad para aliviar el dolor de las víctimas? Esto nos interpela como sociedad. No es que no fuéramos a hacerlo, ¡hay que hacerlo! –más vale tarde que nunca–, pero nos interpela porque lo que vivimos fue un horror y quizás no todos supimos llevar esa mochila de la misma manera o de la mejor forma.
Me he preguntado, por ejemplo, por qué se demoró tanto en recibir a los familiares de los desaparecidos, ya que recién los recibió el presidente Jorge Batlle. ¿Por qué se demoró tanto? No sucedió en el primer Gobierno de Sanguinetti, ni en el de Lacalle ni en el segundo de Sanguinetti, y eso no fue porque Lacalle o Sanguinetti sean malas personas o no sean inteligentes. No hay una explicación lógica, señora presidenta, salvo que recurramos a una figura que conocí a través del tiempo, primero en el liceo, después por comentarios de prensa y más tarde porque me tocó ser el presidente de la comisión que se ocupó del homenaje a Rodó a los cien años de su fallecimiento. Una de las cosas que caracterizaba a Rodó era la piedad y creo que los uruguayos –y me incluyo, aunque permanentemente me excluyo de esto– no tuvimos piedad por las víctimas ni por sus familiares. Esto lo digo con tranquilidad de espíritu, pero interpelándonos. Me interpelo, aunque sé que hice muchas cosas ––yo encontré a Simón Riquelo, señora presidenta–, porque no tuvimos piedad y confundimos la discusión de los delitos que se cometieron en dictadura –y antes de ella– por parte de los aparatos represivos con lo que era aliviar el dolor de las víctimas. Hablo de aquello que se conoce como la tregua. En las guerras de antes –no en las de ahora–, cuando dos ejércitos estaban peleando se daban una tregua para levantar los cadáveres. Incluso en las peores guerras se hacía un alto el fuego para levantar los cadáveres de los compañeros de armas que estaban caídos.
Creo que toda la sociedad uruguaya confundió esas dos cosas. Algunos creían que la solución era insistir más por la paz –por supuesto, yo no estaba de acuerdo– y, entonces, propusieron una suerte de amnistías que nunca terminaron de cuajar. Después eso cuajó en la ley de caducidad. Y nosotros creíamos que, vuelta la democracia, el Estado uruguayo recuperaba todas sus acciones y que si no marcábamos a fuego lo que se había hecho, para terminar con la impunidad, esta podía volver.
En esa confusión, no supimos hacer la tregua por el dolor de las víctimas, por los caídos, por los que perdieron su vida en todo esto. ¡Incluso, no lo supimos hacer con los niños desaparecidos que estaban vivos! Lo digo con propiedad: en algún momento se estigmatizó a Sara Méndez. ¡Se la estigmatizó! Casi se la trató como a una persona desnorteada porque buscaba a su hijo. ¿Una madre va a dejar de buscar a su hija o a su hijo, señora presidenta? Ahora la comprendemos, ahora entendemos; ¡ahora es abuela!
Comisión para la Paz; ¿por qué se le puso ese nombre? ¿Alguien entiende que estábamos en guerra en ese momento? ¿Por qué Jorge Batlle propuso la Comisión para la Paz? Era la paz para los corazones, la paz para los ánimos, la paz para las víctimas; fue un acto de piedad.
Por supuesto que antes habíamos hecho muchas cosas, como el plebiscito –que perdimos– para derogar la ley de caducidad. Las presidentas de la comisión que apoyaba ese plebiscito –entre ellas, mi madre– dijeron que el pueblo se había pronunciado y habíamos perdido; y cuando muchos retomamos, en el año 1995, la bandera de los derechos humanos, se nos acusó de estar con los ojos en la nuca, cuando lo que estábamos pidiendo era un acto de piedad. ¡Me tocó a mí ser protagonista! En la primera reunión que tuve con el doctor Sanguinetti después de las reuniones protocolares, en su segundo mandato –ya había sido electo y visitó a determinadas figuras–, le pedí permiso formalmente para hablar con el comandante en jefe y los generales del país. No sé si esto se sabe, pero en esa reunión pedí un gesto de piedad –todavía no tenía en mis venas toda la sabiduría de Rodó–, y no lo tuvieron. Y cuando le insistí al presidente Sanguinetti –repito, en su segundo mandato nos encontramos, en más de una oportunidad– le planteé trabajar sobre dos líneas: los niños desaparecidos –todavía no sabíamos de Macarena Gelman, pero sí de Simón Riquelo– y el tema vinculado con los desaparecidos que estaban en los cuarteles, que era la información que nosotros teníamos. Sanguinetti que, como sabemos, es un hombre de carácter al que no se lo lleva por delante, dijo: «Sobre los niños no, empecemos con el tema de los desaparecidos. Yo hablo con los generales en actividad, tú habla con los generales en retiro». Así, empezaron las conversaciones con varios generales en retiro, entre ellos, el general Ballestrino. Fue ahí que me nombró el tema de la «Operación zanahoria» y la presentamos ante la Justicia, cuando el presidente dijo: «Hasta aquí llegué». Tendría sus razones.
No quiero hacer de esto una controversia política, señora presidenta, quiero interpelar a todos, incluida la izquierda, porque recién estamos dando institucionalidad a esto. Veinte años de gobierno de los partidos tradicionales, quince años de la izquierda y recién le estamos dando institucionalidad. Interpelo al conjunto de la sociedad.
Y cuando presentamos la denuncia, el juez Reyes –hoy presidente de la Asociación de Magistrados del Uruguay– supo separar la persecución a quienes habían cometido delitos de lesa humanidad y crímenes aberrantes, de lo que era el rescate de los restos de los desaparecidos que estaban dentro de los cuarteles, para dar paz a las víctimas y a sus familiares. ¡Él sí supo separar! Quizás fue uno de los adelantados. Quizás fue el primero que entendió que los restos no podían estar en la ley de caducidad, que si había restos debían ser identificados y entregados a sus familias; que teníamos que tener ese acto de piedad.
Por supuesto que después vinieron presiones de todo tipo y en el Tribunal de Apelaciones se perdió. Yo puedo hacer toda la historia, pero no es eso lo que quiero recalcar hoy. Lo que quiero recalcar es que hemos llegado a un momento en el que nos tenemos que interpelar por qué ahora estamos de acuerdo, todos juntos, con que se siga buscando y antes no lo estábamos. Estamos todos de acuerdo porque en nuestros corazones entró la piedad. No se puede, no se puede más; que alguien siga buscando, cuarenta años después, a su familia. No tiene tranquilidad de espíritu, siente que está traicionando a su hermano, a su padre, a su madre o a su hijo y le pide al Estado, una y otra vez, que responda. ¿Es que Simón Riquelo no tenía el derecho de conocer su identidad? ¡Claro que sí! ¿Es que Macarena Gelman no tenía derecho a su identidad? ¡Claro que sí!
Cuando en su primer discurso, el 1.º de marzo de 2005, el presidente Tabaré Vázquez anunció que se iba a entrar a los cuarteles y que se iba a buscar a los desaparecidos, sé que en el Uruguay hay gente que lo vivió desde la perspectiva de la pulseada política. Estoy convencido de eso, señora presidenta, porque cuando él lo anunció a mí se me cayó una lágrima pues era un acto de piedad. Tabaré daba un paso más en un acto de piedad, diciendo: hay una humanidad dentro de nosotros que está por encima de nuestras controversias. Y, sinceramente, creo que hay que seguir por ese camino.
Cuando un país tiene los conflictos que tuvimos –y no entro hoy en la polémica de quién tiene razón–, cuando las instituciones no funcionan, cuando el Estado es el que genera terror, cuando el Estado es el que te manda botellas de vino a tu casa, engañándote, no ya para asesinar a quien quería, sino al conjunto de la familia, las víctimas y sus familiares tienen que recibir toda nuestra piedad, sin importar en qué lugar de la sociedad estemos ni a qué partido político votemos.
Cuando convocamos a la primera marcha del 20 de mayo –la Marcha del Silencio es convocada todos los años por los familiares de los detenidos desaparecidos–, lo hicimos por los diarios, en un reportaje que me hizo El Observador. Y cuando salió, llamé al hoy diputado Jorge Pozzi y a mi hermano, Felipe Michelini, y ante su sorpresa les dije: «Vamos a marchar; vamos a marchar en silencio. Tenemos que construir un camino que va a ser largo, pero que alivia el dolor de las víctimas». Y le pedí a Jorge Pozzi que hablara con las organizaciones sociales, ya que tenía más comunicación con ellas –usted sabe, señora presidenta, que nosotros no teníamos capacidad de movilización– y a Felipe Michelini le pedí que hablara con Marina Arismendi.
El día de esa primera marcha –en esta última hubo mucha agua, pero en todas las otras no, salvo en la primera que cayó una garúa– con mi madre llegamos muy temprano y no había nadie. Yo estaba muy nervioso, muy preocupado, no sabía si iba a tener el respaldo de la gente y le pregunté: «¿Y vendrán?». Y ella me contestó: «No te preocupes, Rafa» –ella me decía así– «vamos a estar todos». Nunca le pregunté si ese «vamos a estar todos» significaba que éramos ella y yo o «todos» era la inmensa cantidad de gente que se fue volcando por las calles de Montevideo en silencio. Nunca expliqué por qué se hizo en silencio, pero fue porque lo peor que podía pasar era que en una marcha por las víctimas, por los desaparecidos, consignas de un sector u otro arruinaran el valor sustancial de ir, en silencio, todos los uruguayos que tuvieran piedad. Me di cuenta después que también la marcha del 20 de mayo es una marcha que reclama piedad: piedad para los que no están, piedad para los desaparecidos, piedad para las víctimas de la Dictadura. Sé que en la consideración de leyes anteriores hubo mucha controversia con respecto a los períodos, en el sentido de si hubo o no terrorismo de Estado en unos y otros. Hay toda una discusión con respecto a esto, pero no hay dudas de que hubo víctimas, antes del 27 de junio de 1973, y después. Este proyecto de ley refiere a las víctimas y a la piedad para con ellas y sus familiares. Y ahí sí, no podríamos diferenciar, de ninguna manera, respecto de buscar sus restos, entre una víctima producto de una situación represiva –como en el caso de Gomensoro, que ocurrió algunas semanas antes del golpe de Estado; por suerte un médico mantuvo algunas partes del esqueleto– y una víctima posterior al 27 de junio.
Este proyecto de ley trata de todo eso; de institucionalizar todos los esfuerzos que se han hecho. Los primeros fueron muy leves, pero simbólicamente de gran importancia, y se hicieron durante el Gobierno de Batlle y luego durante el primer Gobierno de Tabaré, cuando se empiezan a encontrar restos. Posteriormente, se continuó en el período de gobierno de Pepe Mujica, cuando se encontraron los restos de Julio Castro, caso con el que nos llevamos una sorpresa, porque siempre habíamos pensado que como este maestro excepcional era una persona de cierta edad, habría muerto por algún golpe o plantón. No pensábamos que pudiera haber sufrido alguna tortura o tormento drástico porque ¿qué podría aportar Julio Castro a la «lucha contra la sedición», como lo veían los militares? Uno pensaba en un plantón, en un momento de frío o en una piña mal pegada que podría haberle costado la vida a una persona de edad. Sin embargo, en ese momento nos enteramos de que había sido asesinado. No sé qué ganaron sus victimarios; no tengo idea de qué ganaron sus victimarios segando la vida de una persona maravillosa, pero esa es la verdad.
Este proyecto de ley cuenta con dieciséis artículos, y el primero de ellos compete a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo que se encargue de este tema. ¿Por qué? Porque si estamos todos de acuerdo, lo mejor es sacar este asunto de cualquier institución u organismo que tenga carácter político. Si ahora asumimos esto como un compromiso de todos, lo mejor es que tenga una institucionalidad, para así continuar con la búsqueda de los restos de los desaparecidos.
El fin de semana pasado, mi hermano, que es coordinador de la comisión que se disuelve y que se suma a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo –si se aprueba este proyecto de ley–, me decía que está convencido de que los vamos a encontrar y que luego de los hallazgos en el entonces Batallón de Infantería n.º 13 –los restos de Miranda y los últimos que se encontraron ahora–, hay dos líneas que pueden ser un patrón de enterramiento y que lo mejor es que se trabaje en forma sistemática. Me contaba acerca de todos los esfuerzos que se han hecho, como el del Estado en un momento difícil, cuando se pusieron dos retroexcavadoras, y del esfuerzo económico, a pesar de que mucha gente podría no haberlo comprendido y pensar que eran una pérdida de tiempo. Entonces, este proyecto de ley da una institucionalidad al tema y lo ubica como un compromiso de todos, sacándolo del ámbito político-partidario, reencontrando a la sociedad uruguaya con esa piedad que nunca debimos perder.
Señora presidenta: mire que soy admirador de José Batlle y Ordóñez, pero cuando no le quiso dar honores a Julio Herrera y Obes, Enrique Rodó, como legislador, le levantó el veto –¡mire hasta dónde me voy!– y como argumento dijo: «Murió. ¡Ya está!». Nosotros tenemos que aprender que nuestros conflictos existen mientras estamos vivos, pero cuando las personas mueren, ya está. ¡Había que enfrentarse a Batlle y Ordóñez en ese momento! Pero le levantaron el veto y tuvo que permitir que se rindieran los honores de Estado.
El artículo segundo impone las decisiones orgánicas del Instituto Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo con respecto a la temática, y los que van del tercero al noveno establecen los poderes más amplios para garantizar el eficaz y autónomo cumplimiento de sus cometidos. Sé que sobre esto pueden surgir algunas preocupaciones y controversias; el senador Heber me planteó algunas dudas y quizás tengan razón, pero lo miro desde este ángulo: estamos dando las mayores competencias a un organismo que no va a depender, por ejemplo, del Poder Ejecutivo, que es una institución netamente política. Además, la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo va a trabajar con la Justicia. En la actualidad, el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia está a lo que diga la Justicia. Es más: hubo una denuncia pública de un periodista porque hace unos años se habían dado ciertos datos a una figura pública y eso no había avanzado, pero el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia llegó a esa información, se relevó, se habló con la testigo y el periodista, se juntaron los datos, y la Justicia marcó un lugar. Se dijo entonces que cuando terminara todo el proceso judicial se avanzaría allí. Para mí no hay dudas, pero entiendo que puede plantearse alguna situación.
En los artículos que van del décimo al décimo tercero se establecen las condiciones de continuidad de las tareas que hoy tiene el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia y los convenios con la Universidad. Luego, en los restantes, se dispone que el Ministerio de Educación y Cultura haga un seguimiento de las actuaciones que se están llevando adelante para las causas nacionales e internacionales.
El artículo 15 refiere a la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, y en el último artículo se establece que los recursos ya asignados en el presupuesto por parte de Presidencia de la República se derivarán a esta entidad para continuar con los trabajos, hasta que el próximo Gobierno, a través del Parlamento, determine los nuevos recursos, en función de las mayorías correspondientes. Sé que la parte jurídica siempre puede ser controversial, pero me basé en los conceptos políticos. Estoy convencido de que esta ley nos ennoblece, nos reconcilia como sociedad y recupera esa piedad perdida en la que tanto insistí en mis intervenciones. Podremos seguir discutiendo sobre la verdad, sobre los acontecimientos, sobre las circunstancias de lo que fueron los hechos acaecidos en los años setenta pero, por suerte, hay una voluntad común, conjunta, de seguir buscando a los desaparecidos, de tener piedad con ellos y su familia. Tener un gesto de piedad con ellos es lo que nos salva de ser una sociedad que no encuentre su camino y que perdure en las peores prácticas conocidas.
Es por ello que, con toda mi fuerza y todo mi calor, aspiro a que este Senado hoy vote este proyecto de ley.
SEÑOR MIERES.- Durante todos estos años, siempre, desde el Partido Independiente y en lo que me es personal, hemos sostenido que la búsqueda de la verdad con respecto al destino de los desaparecidos es un imperativo categórico, una deuda ética que se ha generado por parte del Estado, no solo hacia los familiares sino hacia nuestra historia, porque la historia del país, nuestro pasado, nuestra trayectoria como comunidad obliga a que podamos acceder a la verdad sobre lo ocurrido y a los restos de las personas desaparecidas y, por lo tanto, responder a las madres y familiares es absolutamente indispensable. No se puede dar vuelta la página sin terminar de leer todo lo que está escrito en ella y no se ha terminado de revelar.
Por lo tanto, sin duda nosotros acompañamos esta iniciativa. Estamos totalmente convencidos de que es necesario continuar con todos los esfuerzos en ese sentido. En todo caso, el hallazgo de los otros días aparece nuevamente como una señal de posibilidad. Pero aun antes, hubiera ocurrido ese hallazgo o no, nuestra postura sería la misma, es decir, la de apoyar el camino de la búsqueda de la verdad.
Creo que ha habido otras institucionalidades. La Comisión para la Paz fue un camino institucional, hizo su aporte y, por cierto, fue bienvenido ya que, a mi juicio, se trató de una señal importante.
Pienso también que era correcta la interpretación de la ley de impunidad que hizo el presidente Vázquez cuando comenzó su primer mandato. Eso abrió una serie de puertas y posibilidades que permitieron realizar nuevos avances.
Asimismo hubo una segunda institucionalidad, que es el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia al que, ciertamente, no le ha ido bien. Esa es la realidad de los hechos. Si estamos optando ahora por un nuevo camino es porque ese grupo de trabajo se fue desmembrando. Madres y familiares se retiraron de ese grupo porque estaban desconformes con la gestión. O sea que acá también ha habido errores y falta de respuesta. Pero lo cierto es que me parece importante que exista ahora este otro camino en el que la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo queda investida, con este proyecto de ley, de los cometidos y de las potestades necesarias para poder avanzar, esperemos que con éxito. Estamos convencidos de que esos resultados son imprescindibles para que toda la sociedad, para que todos los uruguayos nos sintamos en paz con nuestra historia y en un sentido de construcción.
Hemos tenido la posibilidad de contactar a los familiares para corroborar que, efectivamente, hay una opinión muy favorable a esta solución. Además, hemos hecho el análisis jurídico para confirmar que, efectivamente, esta norma proyectada está en línea con la Constitución de la república y, por lo tanto, dentro de los cometidos de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, a fin de poder avanzar en esta dirección.
Por lo tanto, señora presidenta, vamos a votar con total convicción este proyecto de ley. Creo que es una señal importante, valiosa y que mira hacia el futuro de una manera convincente.
SEÑOR HEBER.- El miembro informante del proyecto de ley hace una narración histórica de la situación en la cual nos cuestiona, se autocuestiona y nos hace cuestionar a todos por lo que pasó. Creo que acierta en esa reflexión, porque la salida de la Dictadura siguió un camino –nosotros, los blancos, lo hicimos sin reproches y no queremos reeditar esa vieja discusión– que generó condiciones, cuestionamientos y dudas.
Todos los que vivimos ese proceso consideramos que fue muy traumático; sin dudas, se trató de una situación muy traumática. Dividió el país, dividió a la oposición democrática. Nos dividió; dividió al Partido Nacional y dividió a las familias.
Todavía retumban en mi cabeza las palabras del ministro de Defensa Nacional de entonces, el general Medina, cuando afirmó que nadie entrega todo a cambio de nada, y que las citaciones del Poder Judicial iban a ser archivadas en la caja fuerte del ministerio. Fueron momentos muy duros.
En lo personal, ni puedo contarles. Creo que nadie podrá imaginarse los insomnios que vivimos en aquel momento y cuánto nos costó tomar decisiones al respecto. En definitiva, pienso que se trató de un tema muy traumático para la sociedad uruguaya y para los partidos políticos.
Después vinieron tiempos de silencio. El señor senador Michelini señalaba que recién en 1985 empezaron las marchas del silencio. Nunca me expliqué por qué se mantuvo ese silencio durante tantos años, al punto que el presidente Lacalle nos había informado que no tenía ninguna solicitud, ningún expediente de investigación en su Administración. Quizás habrá sido el shock que produjo la definición de un plebiscito muy duro para la sociedad lo que generó una inacción en ese sentido y llevó a que hubiera un silencio muy prolongado en el país. Como confiesa el señor senador Michelini, recién en el segundo mandato del presidente Sanguinetti se empieza a retomar la acción frente a la necesidad de saber qué es lo que pasó, sin tener una explicación lógica de lo ocurrido en años anteriores y por encima del resultado del plebiscito que iba contra la ley de caducidad.
Es una situación que a nosotros nos interpela, como también nos interpela el proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo. Creo que todo el mundo aplaudió, en su momento, el esfuerzo que hizo el doctor Batlle por iniciar una suerte de reconciliación con el alma –no hubo nadie que dijera lo contrario; si lo pensaban no lo dijeron–; es más, creo que hasta hablaba del estado del alma. Todos nos sentimos muy identificados, y lo apoyamos. Sobre este tema se hizo una gran labor en la Comisión para la Paz, pero después se institucionalizó en la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia de la República. Hoy, después de quince años de mandato de la misma fuerza política, el Gobierno nos plantea su necesidad de sacar este tema de la Secretaría de Derechos Humanos e instalarlo en la órbita de la propia Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo.
¡Todos queremos que se encuentren los restos y todos queremos que se sepa la verdad! Ese es un derecho humano indispensable, no solamente para los familiares de los detenidos, sino para toda la sociedad. ¡Yo quiero saber! ¡Todos queremos saber! Ni que hablar que comprendemos a los familiares –y junto a ellos estamos– en cuanto a ese derecho humano de saber dónde están los restos de sus familiares, poder llorarlos, poder enterrarlos. Es una herida que todavía no cerró en nuestra sociedad. Y ha habido comentarios felices e infelices de distintos actores políticos que han dicho que esto lo resuelve el tiempo o que esto no se puede saber.
Lo cierto es que en la exposición de motivos del proyecto de ley se expresa: «La experiencia acumulada hasta la fecha, que transcurre por diferentes ejercicios que –por múltiples razones– resultaron insuficientes o inadecuados para alcanzar la investigación de la verdad sobre las circunstancias de desaparición y la ubicación de los restos...». Me hubiera gustado que esta confesión fuese mucho más clara en ese sentido porque, ¿cuál es la razón por la que sacamos el tema de la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia de la República y lo instalamos en la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo? Bueno, la razón es esta: «… que –por múltiples razones– resultaron insuficientes o inadecuados para alcanzar la investigación de la verdad sobre las circunstancias de desaparición y la ubicación de los restos».
El señor senador Michelini habla de que hubo muchos avances, pero el argumento de sacar este asunto del Poder Ejecutivo y trasladarlo al Parlamento para que se lo incluya en la órbita de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo es que se cree que allá no funcionó bien o –para usar las mismas palabras– fueron «insuficientes o inadecuados para alcanzar la investigación».
Hubo noticias que involucraron a jerarcas que recientemente estuvieron al frente de la Secretaría de Derechos Humanos. Sin ánimo de entrar en polémica sobre el particular, quiero decir que esto lo vimos con preocupación porque ¿cómo?, ¿no se abrieron las denuncias concretas que fueron recibidas? ¿Acaso las denuncias no se leyeron por un tema de sensibilidad del jerarca que está al frente del órgano? Realmente no me parecieron buenas las explicaciones que se dieron. ¡Y me quedo ahí!, porque no se trata de generar una discusión de carácter político-partidario. Ahora bien, a suerte de ser honesto en mis reflexiones, no me quiero quedar con nada en el buche, como decimos en campaña. Según afirmaciones que han trascendido públicamente sobre la responsabilidad que se tiene al frente de la Secretaría de Derechos Humanos, esa explicación fue notoriamente insuficiente como para investigar derechos denunciados por periodistas de larga trayectoria en nuestro país.
Se nos dice: «Bueno, vamos a llevarlo a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo». Nosotros vamos a dar nuestro voto en general, porque lo que queremos es que se encuentren los restos y que se sepa la verdad, pero, para mí, que el tema esté en la órbita del Poder Ejecutivo o de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo no va a variar los resultados. ¡Ojalá que sí! Ni me lo cuestiono. Reitero que vamos a acompañar el proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo, más allá de que tenemos cierta reserva con dos artículos que analizaremos en la instancia de la discusión en particular. Lo que queremos es que se encuentren los restos. Ahora bien, el hecho de dar institucionalidad al tema ¿puede llevarnos a tener garantías? Bueno, yo no las tengo; no sé si va a ser más eficaz o no, pero como no podemos quedarnos con la duda y lo que queremos es que se sepa la verdad, vamos a acompañar este proyecto de ley, por más que no estemos seguros de que ello sea fundamental para lograrlo. Vuelvo a decir que vamos a acompañarlo porque nuestra voluntad es dar un mensaje a la sociedad.
El senador Michelini hablaba de piedad; yo creo que sí, estamos junto a los familiares en cuanto a la necesidad de saber qué les pasó y dónde están los restos.
A mi juicio, el inciso primero del artículo 1.º corrige una discusión que se ha reiterado aquí, en esta sala, con otros proyectos de ley, pues diferencia en forma muy clara los períodos. En él se establece: «Cométese a la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) la búsqueda de las personas detenidas y desaparecidas en el marco de la actuación ilegítima del Estado ocurrida entre el 13 de junio de 1968 al 26 de junio de 1973, así como durante el terrorismo de Estado desplegado entre el 27 de junio de 1973 al 28 de febrero de 1985». Se diferencian claramente dos períodos. ¿Por qué? Porque no son iguales en ningún sentido, y si no se diferenciaran, de alguna manera se estaría justificando la ruptura institucional, que no es lo mismo que vivir en democracia y tener un Parlamento, por más que este estuviera siendo sometido, con una discusión muy fuerte, como ocurrió a fines de la década de los sesenta. Pero ese Parlamento existía; y fuimos a elecciones, y pudimos hablar, y pudimos discutir y pudimos denunciar, como lo hicimos en las elecciones de 1971. Recuerdo que en los años previos y posteriores a esa elección, el Partido Nacional tuvo una participación muy directa, muy concreta, muy contundente en este sentido por parte de connotados legisladores. Uno de ellos fue nada más y nada menos que Wilson Ferreira, quien brilló en esta casa defendiendo los derechos humanos.
Por lo tanto, para mí es muy importante que el artículo 1.º diferencie etapas de convulsión, de mucho enfrentamiento, de violencia. Vivíamos en un país violento y creo que eso, en la democracia, generó respuestas que se entendió que no generaba y, por lo tanto, se fue por el horroroso camino de la ruptura institucional y la disolución del Parlamento. Entonces, es clave señalar que sí hubo actuaciones ilegítimas del Estado, y que lo otro fue otra cosa: el desamparo, el miedo, el terrorismo de Estado que se instauró en los años que siguieron al golpe de Estado del 27 de junio de 1973.
El señor senador Michelini señaló que hemos tenido esta discusión muchas veces en esta sala, pero nos parece muy importante hablar del tema para conocer la visión que todos tienen de un período que para nosotros es diferente, si bien tuvimos en el Parlamento una actuación de duro cuestionamiento al Poder Ejecutivo de entonces. Los legisladores del Partido Nacional –lo recordará el señor senador Baráibar, que fue legislador de la época– sabemos que realmente fueron enfrentamientos de largas horas, de muchas discusiones, de muchos cuestionamientos. Aquí hubo grandes enfrentamientos, como los hubo también en la Cámara de Representantes y en la Asamblea General. No olvidemos que lo que dividió aguas en aquel momento fue el famoso desafuero de Erro y lo que significó para lo que estaba detrás de eso. Recuerdo cuando el escribano Dardo Ortiz –aquel excelente senador del Partido Nacional, que brilló como nadie en esta casa–, en oportunidad de visitar una unidad militar y tomar la escritura a Amodio Pérez, comprobó que mucho de lo que se había escrito contra los principales líderes del Partido Nacional no era más que un invento de este señor que recientemente ha tenido notoriedad, y que eso fue utilizado para tratar de denostar, tirar, enchastrar y cuestionar a principales dirigentes políticos del Partido Nacional de la época.
Ese pasado sigue estando vivo hoy, señora presidenta, porque las heridas no se cerraron. Esa es la razón: nosotros queremos que las heridas se cierren. Todos hemos tenido dificultades en conseguir la información para dársela a los familiares. No ha sido fácil. Los distintos partidos tienen su explicación de por qué esto no ha sido fácil; nosotros tenemos la nuestra. No pretendemos reeditar esa discusión, pero a fuerza de decir qué es lo que queremos frente a este proyecto de ley, bueno, lo que queremos es que se sepa la verdad. ¡Ojalá que este traslado de competencias sirva!
Y vuelvo a decir, señora presidenta, que en la discusión particular vamos a hacer preguntas sobre algunos artículos que nos generan dudas. Pero el fin último es que se sepa la verdad. Tenemos dudas acerca de que este cambio de institucionalidad pueda lograr el objetivo y llegar a ese fin. ¡Ojalá que sí! ¡Ese es nuestro deseo! Recién a partir de ahí empezarán a cerrar –ya no a cicatrizar– las heridas que están abiertas.
Señora presidenta: con estas consideraciones adelanto que el Partido Nacional va a acompañar en general el proyecto de ley, porque habilita el pasaje –como dice el reglamento– a su discusión particular. Será en esa instancia, entonces, en la que formularemos preguntas sobre el alcance de algunos artículos que nos tienen preocupados, relativos al ordenamiento legal que tiene el país sobre distintas esferas y competencias que el Estado se ha dado a sí mismo. Por tal motivo, nos anotamos para que, cuando se considere artículo por artículo, podamos formular las preguntas que nos generan dudas y así estar en condiciones de votar el proyecto de ley.
La prudencia política, por ahí, recomendaría callar y no hablar, no decir nada hoy; pero eso sería traicionarse a uno mismo.
Desde esta bancada queremos ser bien claros: debe seguirse, debe continuarse con la búsqueda. En eso creo que hay una coincidencia entre todos los que estamos hoy acá, señora presidenta; creo que ninguno de los legisladores aquí presentes está en desacuerdo con que deba seguir la búsqueda. Entendemos que hay un derecho de toda persona, de todo ser humano, de saber qué pasó con su familiar y hacer el duelo correspondiente. Pensamos que es bueno, necesario y justo para la sociedad, para el Uruguay, conocer lo que sucedió. Entendemos que hay coincidencia en eso. Para lo demás, está la Justicia.
Lo que sucede es que en este proyecto de ley no se está discutiendo eso; en la norma no se discute si debe seguirse adelante o no con la búsqueda, sino quién sigue adelante con la tarea: si esa búsqueda debe seguir siendo realizada por el Poder Ejecutivo, como ha sucedido durante los últimos veinte años –Comisión para la Paz, Secretaría de Derechos Humanos, Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia–, o debe pasar a la órbita de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. O sea que lo que se propone la discusión en ese cambio es, exclusivamente, quién va a seguir adelante con las tareas. Desde hace veinte años, reitero, quien las viene llevando adelante es la Presidencia de la República, con dos etapas bien claras: una primera con la Comisión para la Paz, y la segunda con la Secretaría de Derechos Humanos y otros grupos que se instalaron en la presidencia.
Reconocemos y agradecemos, desde nuestra bancada, las palabras del señor senador Michelini sobre el trabajo de la Comisión para la Paz y la tarea que en esta materia llevó adelante el presidente Jorge Batlle. A mi juicio, ello marcó un hito en estos temas y en este trabajo, como bien se dijo. Tuve el honor de integrar ese Gobierno.
Se hizo referencia al nombre de la Comisión para la Paz. Creo que al llamarla así, «Comisión para la Paz», no solamente se buscaba ese estado del alma, sino unir, porque perseguir la paz era un paraguas, un objetivo sobre el que todos los uruguayos nos podíamos unir. ¡Todos queremos la paz! No creo que haya alguien en el Uruguay –y menos en aquellos tiempos– que no quiera la paz.
Eso fue complementado con la forma en que se integró la Comisión para la Paz. La Comisión para la Paz se integró con ciudadanos prestigiosos de distintos partidos y diferentes organizaciones de la sociedad. La integraba el arzobispo de Montevideo, Nicolás Cotugno; la integraba José D’Elía, líder histórico del movimiento sindical; la integraba Luis Pérez Aguirre, integrante del Servicio Paz y Justicia; la integraba José Claudio Williman, abogado y político del Partido Nacional; la integraba el doctor Gonzalo Fernández, abogado y representante del Frente Amplio, y en aquel entonces asesor de su candidato y luego presidente, doctor Tabaré Vázquez; y la integraba el doctor Carlos Ramela, abogado y representante del Partido Colorado, y asesor del presidente Batlle. Es decir, desde el primer día, desde el primer minuto, se buscó que esa Comisión para la Paz estuviera integrada por la mayor cantidad de representantes de toda la sociedad.
En 2005 esto se cambió; por motivos que pueden ser valederos y de opinión política, se dejó la integración que había tenido y se optó por otra. La Secretaría de Derechos Humanos está presidida por el secretario de la Presidencia de la República e integrada por ministros, y el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia no tiene representación de otros partidos, como sí la tenía la Comisión para la Paz. Desde ese punto de vista, parecería que trasladar estas tareas a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo puede tener como fin darle una representatividad política mayor que la que tiene hoy, lo que parece ser algo bueno. Todos sabemos cómo se designa a los integrantes de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo: el mecanismo prevé, en primera instancia, una mayoría especial, y en segunda instancia, una mayoría simple. Lamentablemente, en las dos oportunidades de designación no pudo lograrse esa mayoría especial. Pero no voy a ingresar ahora en la discusión acerca de cómo o quién propone a los miembros de la institución, porque no hace a la cuestión.
Ahora bien, cabe preguntarse: si durante veinte años, incluyendo tres períodos de gobierno del Frente Amplio, pareció adecuado que este asunto estuviera bajo la órbita de Presidencia de la República, ¿por qué al final del período de gobierno se plantea sustraerlo de allí? Es decir, no se hace este planteamiento ni al comienzo ni a la mitad, sino al final de estos quince años de gobierno del Frente Amplio, en que parecería que se va a establecer un sistema hacia adelante. Repito que uno se pregunta por qué no se planteó esto antes, hacia atrás. La propia exposición de motivos hace referencia a este punto, ya que expresa: «acercándose el cumplimiento del período de gobierno, el Poder Ejecutivo entiende necesario dar un paso en el desarrollo y consolidación institucional en la materia, que permita cumplir cabalmente con la responsabilidad estatal pendiente que conlleva dar una respuesta satisfactoria a las familias de los detenidos desaparecidos, dentro y fuera de fronteras». Al leer esto, uno se pregunta: ¿no hubo desarrollo ni consolidación?, ¿no se pudo cumplir cabalmente con la responsabilidad estatal pendiente y ese es el motivo por el que hay que cambiar la forma en la que se trabajó en los últimos quince años? Llama la atención que esto se cambie ahora. Parecería ser mejor dejar esto en la Presidencia de la República y que la nueva Administración, que asumirá el 1.º de marzo, y el propio Parlamento, que asumirá el 15 de febrero, se lo replanteen, en lugar de que al final de este período se traslade a otro sitio algo que funcionó los últimos veinte años en un determinado lugar. Esa es nuestra opinión.
Reitero que el objetivo es compartido; continuar la búsqueda es algo compartido. Esta discusión es exclusivamente acerca de quién la va a llevar adelante.
Tenemos algunas dudas, que ya planteamos en la comisión, sobre la constitucionalidad de esto. Hay un informe que realizó el senador Carrera, que creo que es profundo y fundado en muchos aspectos, pero con el que no termino de coincidir. Desde siempre, desde Montesquieu al menos, las tareas del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial han sido claras y están determinadas. La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo integra el Poder Legislativo, cuyas principales tareas son aprobar leyes y controlar. Nosotros tenemos comisiones investigadoras de dos tipos: las que investigan hechos para ver si se pueden hacer valer responsabilidades políticas, y las investigadoras para lograr una mejor legislación. Eso es lo que dice la ley. Quizás uno podría pensar que la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo también va a realizar una tarea investigadora, pero no se dice que ese sea el objetivo buscado.
Además, vamos a tratar un proyecto de ley que entró hace apenas un rato, que nos entregó el oficialismo. Si uno lee la exposición de motivos, ve que la propia bancada oficialista, refiriéndose a la Institución Nacional de Derechos humanos y Defensoría del Pueblo, dice que en una ley anterior «… se ha asignado en forma transitoria una competencia de administración activa […] a la Institución Nacional de Derechos Humanos. Dichos aspectos coliden con los Principios de París y la esencia de una Defensoría del Pueblo y que además, resulta ajena a la previsión general del artículo 3 de la Ley n.º 18446, por el que se dispone que las resoluciones de la mencionada institución, tienen carácter de recomendaciones, no siendo recurribles, tal como se dispone en el artículo 7 de su ley de creación». Parecería ser que el fundamento de este proyecto de ley –que la propia bancada oficialista nos ha entregado, reitero– colide con el fundamento de otorgar a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo las facultades que hoy se le quieren dar. Consideramos que esto puede generar algún tipo de inconveniente sobre el tema.
Por otro lado, quiero referirme a los artículos 8 y 9, que quizás sea lo más polémico o donde vemos que este proyecto de ley puede llegar a inmiscuirse en el terreno del Poder Judicial.
Es un principio pacíficamente aceptado –creo que por la amplia mayoría de toda la doctrina penalista y constitucionalista del Uruguay y de los Estados de derecho en el mundo– que una persona no puede estar obligada a declarar en su contra. Si uno niega este principio en un examen de Derecho Penal en la facultad, seguro lo pierde. Estos artículos 8 y 9 del proyecto de ley establecen la obligación –tanto para los funcionarios del Estado como para particulares– de prestar declaración ante la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, e incluso, yendo más allá, se los penaliza por falso testimonio. Este principio de autoincriminarse, que se establece en varios códigos, está previsto para los terceros, pero no para los posibles responsables, porque estos declaran ante un juez y tienen el derecho de no autoinculparse. Entonces, si se van a agregar estas obligaciones, debiera incluirse una norma que dejara claro que no se puede ir más allá y nadie va a estar obligado a autoinculparse, porque es un derecho constitucional.
Coincidentemente, este derecho constitucional fue puesto en duda en 2010 en Uruguay por una sentencia que fue rechazada absolutamente, revocada y criticada por toda la doctrina. Me refiero a una sentencia de la entonces jueza letrada Mariana Mota, hoy integrante de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. En esa sentencia, la doctora Mota concluyó que el principio que establece que nadie está obligado a autoincriminarse, en realidad era obsoleto, injusto y no aplicaba. Eso no solamente fue rechazado por los tribunales, sino que además fue criticado duramente por toda la doctrina.
La cátedra de Derecho Penal dijo que eso era inadmisible, que no era cuestión de opinión porque no hay dos bibliotecas. «El individuo tiene derecho a permanecer callado. Esa es una consecuencia directa de lo que se llama el bloque de constitucionalidad que está previsto en el artículo 72 de la Constitución y recogido expresamente en convenios internacionales que garantizan como normas básicas, elementales del debido proceso el derecho de las personas a no autoincriminarse. Nadie puede ser testigo contra sí mismo, eso es clarísimo, no puede ser opinable».
En ese sentido también opinó Martín Risso: «El artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos expresa en su apartado 2 que “toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad” y en el apartado “g” reconoce el “derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo [...]”. Esto no es más que un principio universal que tiene siglos de existencia y que no puede cuestionarse seriamente. Sostener que este principio es obsoleto e injusto implica razonar en contra de los derechos humanos. Se trata de principios propios de las garantías en materia penal».
Lo mismo opinó el profesor de Derecho Procesal Edgar Varela Méndez. Y el penalista Jorge Barrera dijo estar verdaderamente asombrado y que desconocer esto «es propio de los pensamientos totalitarios sea de derecha o de izquierda, que es donde se empiezan a recortar las garantías individuales». También sostuvo que lo que observa es que «poco a poco empieza a generarse un derecho penal donde lo que importa es el fin y no los medios».
Solo hubo una voz a favor de esa sentencia: la del exsenador Oscar López Goldaracena –nuestro colega en la legislatura pasada–, que dijo que esa era la postura que había que perseguir.
No dejar constancia de esto va a generar un vacío en este proyecto de ley, nos parece. ¿Por qué? Porque, obviamente, la garantía la da la fiscalía, la da el Poder Judicial; no la declaración ante una institución designada por el poder político, por el Estado de derecho. Estas garantías vienen desde Aristóteles y Cicerón; su desarrollo normativo viene de la carta magna de 1215, cuyo punto 39 dice: «No freeman shall be taken or imprisoned or disseised or outlawed or exiled [...] but by the lawful judgment of his peers or by the law of the land». De Inglaterra pasó a las constituciones de Massachusetts, de Maryland, de Pensilvania; de ahí las tomó el padre Artigas; de ahí las tomamos todos.
La historia nos da abundantes ejemplos del error de recurrir a tribunales con integraciones políticas para hacer estos interrogatorios o para juzgar, y creo que tenemos que evitarlo. Estoy hablando, señora presidenta, de esas normas que facultan a interrogar.
En la Biblioteca del Poder Legislativo hay un libro muy bueno –cuya lectura recomiendo–: Historia de la Revolución Francesa, de Thiers. Es un libro formidable sobre la Revolución francesa, y los capítulos relacionados con el juicio a Luis XVI son realmente espectaculares.
Luis XVI fue juzgado por una asamblea de 720 políticos y fue condenado a muerte por 361 votos; por un voto de diferencia en 720 lo condenaron a la guillotina. Los que llevaron adelante el proceso fueron Danton y Robespierre, dos personajes muy distintos: uno muy elocuente, muy grandote y picado de viruela; otro pequeño, que hablaba poco. Llevaron adelante el proceso con éxito, pero al poco tiempo ellos también sufrieron un proceso de ese tipo y terminaron condenados a muerte, a ser guillotinados. Si hubiera sido juzgado por jueces, quizá hubiera sido mejor.
Ese libro, que está en la biblioteca, relata las palabras de uno de los abogados que defendieron al monarca, De Sèze, que entra a la asamblea y dice: «Busco jueces y solo veo acusadores». Esto es tomado como el gran ejemplo de la necesidad de que estas cosas siempre estén contempladas dentro del Estado de derecho.
Quizá en los artículos 8 y 9 es en los que debiera trabajarse más, en cuanto podemos estar ingresando al campo del Poder Judicial, y en los que debiera dejarse claro que ese principio no se ve afectado. Lamento no haber podido plantear este tema ayer, en la comisión, pero la verdad es que cuando estuve preparando –luego de la comisión–, lo que iba a decir hoy, fui recordándolo.
Entendemos que hay algunos artículos del proyecto de ley que son buenos y, por lo tanto, vamos a acompañarlos. Me refiero a los artículos 11, 12, 13 y 14, y solicito que la secretaría tome nota, porque si el articulado se votara en bloque, pediremos que se desglosen para poder votarlos. Estos artículos no hacen más que adoptar medidas para seguir adelante con la tarea de la mejor forma posible, esté en el organismo en el que esté. Incluso, creo que sobre la lealtad de la discusión que dimos en la comisión no debe haber dudas, porque había un error en el artículo 16 –que no votamos, no acompañamos–, sobre el que advertimos, y se corrigió, porque implicaba que la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo iba a tener más tareas, pero no iba a tener más presupuesto, porque el presupuesto iba a seguir en la Secretaría de la Presidencia de la República. Pero, con lealtad, hicimos conocer nuestra opinión.
Por último, señora presidenta, reiteramos nuestro apoyo al trabajo iniciado por la Comisión para la Paz durante el Gobierno del presidente Jorge Batlle, continuado en estos años desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, de búsqueda y conocimiento de la verdad.
Estamos aprobando este proyecto de ley en unos días, en unas horas y en un tiempo en que el tema está muy sensible. Y me refiero, por supuesto, al hallazgo de los restos, que es bastante inédito; han sido muy poquitos los restos que se han hallado en este tiempo. Eso rompe los ojos.
El informe del proyecto señala que hay 196 detenidos desaparecidos, dentro y fuera de fronteras, de los que no se sabe nada de nada. No es ya solo una discusión sobre si debe o no haber justicia –creo que no es un tema en el que acá estemos de acuerdo–, sino que es una discusión sobre el tema de la verdad, que es en lo que sí parece que estamos de acuerdo. Y acá, señora presidenta, voy a hacer una precisión que me enseñó Mariana Mota, mencionada hoy. Ella me enseñó que cuando no hay justicia es muy difícil que haya verdad, porque los testimonios son los que se vierten en la Justicia. Y cuando se detiene el proceso judicial, cuando se obtura, cuando se trunca, cuando se aborta, es muy difícil avanzar en la verdad. Entonces, separar esta cuestión de verdad y justicia no está bien; eso va todo junto. Y lo que de verdad se sabe es porque hubo el proceso judicial correspondiente.
Son 196 detenidos desaparecidos. Hemos tenido información que nos ha proporcionado Argentina, que ha tenido un proceso de verdad y de justicia importante. Ya que tanto criticamos a Argentina, vamos a rescatar esto, que es importante y que ha colaborado con la Justicia uruguaya.
Una democracia no puede vivir con desaparecidos. No es un problema de que los familiares tengan derecho a enterrar a su familia; no es un problema de los familiares y el derecho al duelo, que sí importa, pero el problema no es solo ese. Los desaparecidos son los desaparecidos del Uruguay. Son los desaparecidos en dictadura y los desaparecidos en democracia. Son nuestros desaparecidos. Por eso vamos a la marcha del 20 de mayo. Son un símbolo de la represión salvaje que existió en este país y de la impunidad que prosiguió, porque las palabras «impotencia» e «impunidad» van juntas, señora presidenta. Hay impotencia para avanzar en la verdad porque hay impunidad. Es una pareja indisoluble.
Se pregunta por qué hay dificultades. ¿Qué pregunta es esa? ¿Es porque el Estado uruguayo es incompetente? No. Hay dificultades porque hay impunidad –que puede ser muchas cosas– con su brazo judicial, con su brazo jurídico, con su brazo político.
El problema de los desaparecidos no es solo el problema de los familiares de los desaparecidos, y digo esto porque siento que se ha instalado esta doctrina en el Uruguay de que la responsabilidad de aportar información y de abrir la investigación es de las organizaciones de los familiares. El propio Estado uruguayo tendría que haber sido el que abriera las investigaciones que están vinculadas con el terrorismo de Estado. Es una responsabilidad de todos nosotros. No puede legarse a los familiares todo este trabajo.
Y hoy vamos en dirección correcta, aunque sea en una partecita. Por lo menos, institucionalizamos la búsqueda de información con relación a los detenidos desaparecidos en la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, que tanto costó armar y que sí es un organismo político –lamento que el señor senador Bordaberry no esté en sala–, pero tanto como la Suprema Corte de Justicia, que es política y cuyos integrantes también se votan acá por mayorías especiales, al igual que ocurre con los integrantes de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo.
Me tienta el señor senador Heber a decir algo nada más que porque está terminando el período legislativo y no quiero que pase un día más sin decir algo sobre el pacto de impunidad que habría sido negociado en el Club Naval. No es así. No hay ningún contenido del pacto del Club Naval al que el Frente Amplio haya adherido que sea un puntapié para la impunidad. Y quiero agregar algo más, porque una democracia no puede vivir con desaparecidos y un país no puede vivir sin memoria. Quiero recordar –y nada más que porque me da un poco de rabia, señora presidenta– que en las elecciones de 1982 el que estaba proscripto era el Frente Amplio y que en las negociaciones del Parque Hotel el que estaba proscripto era el Frente Amplio. Sí, el líder del Partido Nacional estaba proscripto, pero también estaba proscripto el del Frente Amplio. Quiero recordar eso porque hay un relato histórico sobre cómo el Frente Amplio pactó la impunidad en el Club Naval que no puedo tolerar. No puedo soportarlo porque contraviene la verdad histórica, contraviene la historia del Frente Amplio y no me parece que pueda dejarse pasar. Este es nada más que un apunte pequeñito a una historia mucho más larga, y la historia que me ocupa ahora es la que construimos sobre la impunidad en democracia, o sobre la búsqueda de verdad y justicia en democracia.
Va a hacer medio siglo ya que estamos sin verdad ni justicia, o con muy poquita verdad y justicia. Quienes pensaban que cuando murieran los testigos, cuando murieran los protagonistas de los años de plomo, de los años de dictadura, de la década larga de oscuridad, esta historia se iba a acabar, se olvidaron de que los hijos de los desaparecidos están aquí entre nosotros. Macarena Gelman es, quizá, un ejemplo muy emblemático, porque integró este Cuerpo, pero es en la memoria de las generaciones subsiguientes que este tema está vivo, y está tan vivo que hoy estamos votando este proyecto.
Se preguntaba el señor senador Bordaberry: ¿por qué estamos votando este proyecto ahora? ¿Por qué no dejarlo en la secretaría? Es más: ¿por qué el Poder Ejecutivo se pone tan sincero que admite las dificultades que tuvo el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia?, porque esto no lo hace cualquiera, ¿eh? Todos siempre se tiran para arriba, pero acá el Poder Ejecutivo, en un gesto de humildad, dice que se avanzó poco.
Más allá de la respuesta que da el Poder Ejecutivo, quiero dar la mía propia, y es una posición institucional. Yo no quiero que las cosas estén colgadas de Presidencia de la República; quiero que las cosas estén institucionalizadas en las instituciones del Estado o, como en este caso, en la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, en esta institución pública, que es política, como todo es político.
También quiero decir que esa analogía que se hace de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo como una institución parlamentaria es una analogía prendida con alfileres. Se sabe que le encontramos esa ubicación institucional, hay un informe de Cajarville que dice que hay que hacerla lo más autónoma posible, y todas las recomendaciones internacionales apuntan a que la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo sea lo más autónoma posible de cualquier poder del Estado. Esa es su naturaleza, ese es su espíritu, por más que no hayamos podido plasmarlo convenientemente en estas normas, que la constriñen. Por eso los artículos 8.º y 9.º tienen que darle, sí o sí, a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo la capacidad de interrogar coercitivamente, por decirlo de alguna manera. Es decir: los testigos no pueden negarse a dar testimonio. Esto no quiere decir que los testigos se vayan a incriminar a sí mismos. Lo que se establece es que están obligados a dar testimonio. Están obligados a dar testimonio, no a incriminarse a sí mismos. Esto es un pequeño salto cualitativo que se introdujo en la cuestión y que para mí no es de orden.
En definitiva, es un razonamiento en tres partes. Entonces, si al parecer estamos de acuerdo con que las investigaciones deben continuar porque no se sabe nada o casi nada y los esfuerzos han sido inútiles o bastante inútiles, y si hoy estamos conmovidos porque aparecieron restos, la segunda parte de la cuestión debería ser cómo hacemos para continuar, qué evaluación tenemos de lo que hicimos y si la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo es competente o no en la materia. Bueno, si la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo no es competente en la materia, ¿quién lo será, no?, porque está en su propio nombre: Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Vela por todos los derechos humanos, pero muy y más especialmente por estos, y creo que su idoneidad en materia de denuncias, de recabar información; su independencia de los poderes del Estado –porque hay que recordar que el Poder Ejecutivo del Gobierno del Frente Amplio ha sido objeto de muchas quejas y demandas de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo– y su autonomía están suficientemente probadas como para asignarle esta tarea.
SEÑOR OTHEGUY.- ¿Me permite una interrupción, señora senadora?
SEÑORA MOREIRA.- Con mucho gusto.
SEÑOR OTHEGUY.- Gracias, señora presidenta y señora senadora.
Yo realmente estoy votando con mucha satisfacción este proyecto de ley, prácticamente al cierre del período parlamentario, porque es un avance más en la búsqueda del destino de los detenidos desaparecidos del Uruguay. No hay prensa hoy acá. Se ve que no es un tema tan relevante para que forme parte de las noticias más importantes del día de hoy. Eso habla mucho de nosotros mismos, de la situación del país, de la sociedad uruguaya.
A mí me conmovieron mucho las palabras del compañero Rafael Michelini. Él habló de piedad, de bondad. Son palabras importantes, poderosas. Si la piedad y la bondad fueran más abundantes, sin duda que tendríamos un país mejor, una sociedad más tolerante. No son tan abundantes, lamentablemente. Si serán poderosas que han alumbrado las mejores obras artísticas de la historia universal, como la Piedad de Miguel Ángel.
Ahora bien, sinceramente, hablamos de democracia, de Estado, de instituciones –en este caso, del Parlamento nacional–, pero no creo que lo central del debate pase por ahí. Creo que lo central del debate pasa por cuestiones que planteaba la señora senadora Moreira. Pasa por conceptos como la verdad y la justicia; pasa por conceptos que son fundantes de una república. Uno podría irse a la Revolución francesa: a la libertad, igualdad y fraternidad, pero yo me quiero detener en la verdad y la justicia porque creo que estos son los temas centrales que tenemos que debatir en esta institución, en el Parlamento, cuando hablamos de república. Y pienso que para que la democracia uruguaya sea vigorosa, para que podamos contrarrestar cierto retroceso que se viene dando en la política y en el valor que los ciudadanos le dan a la democracia, tenemos que poner el foco en estos conceptos: en la verdad, en la justicia. No hay democracia sin verdad. Los griegos en el siglo v decían que la democracia se sostiene en dos pilares: la palabra y la verdad. Y creo que tenemos que tratar de colocar esto en el centro del debate.
Estamos en un año electoral; estamos entretenidos en otras cosas. No estamos viendo que hay una realidad que nos está pasando por el costado, de una sociedad que cada vez cree menos en esto, y si no revalorizamos estos conceptos creo que flaco favor le hacemos a la política y a la democracia.
SEÑORA PRESIDENTE.- Puede continuar la señora senadora Moreira.
SEÑORA MOREIRA.- Señora presidenta: por supuesto que la búsqueda de los restos y de los desaparecidos comenzó con la Comisión para la Paz, pero creo que ni la palabra «paz» ni la expresión «cambio en paz» son adecuadas; ni «cambio en paz» ni «Comisión para la Paz». Cuando el pueblo uruguayo salió de la Dictadura, de la única paz de la que podía hablarse era de la paz de los sepulcros; ahí no había conflicto armado. Además, hablar de la paz es suponer que hubo una guerra, y en este país no hubo una guerra; hubo terrorismo de Estado. De manera que la palabra «paz» no compete; compete para la guerra, pero no para el terrorismo de Estado. Por eso no me gustan las expresiones «cambio en paz» ni «Comisión para la Paz», pero sí entiendo que hubo una tímida iniciativa allí y luego continuó, se reforzó. Y creo que con este proyecto termina de estar institucionalizada donde corresponde: en la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo.
Pero vuelvo al principio: la Justicia tiene lo suyo para hacer, porque sin ella no vamos a tener procedimientos. Esto es un apoyo a la Justicia; de aquí van a salir pruebas para presentar a los tribunales. Pero si los tribunales se niegan –en interpretación muy cuestionable sobre cómo prescribieron los delitos de lesa humanidad– a hacer ningún juzgamiento, vamos a seguir en fojas cero. Acá hacemos lo que podemos, como Poder Legislativo que somos y como Poder Ejecutivo que somos, pero luego el Poder Judicial tiene una parte, señora presidenta. Sin la parte del Poder Judicial no se avanza. E insisto con lo primero: verdad y justicia van juntas. Si no hay testimonios, si no hay jueces que no recurran a una sentencia de inconstitucionalidad para detener todo un proceso, como está sucediendo hoy en muchos tribunales que tienen causas de derechos humanos, este país no va a avanzar. Nosotros hacemos nuestra parte, pero el Poder Judicial tiene que hacer lo suyo.
Los artículos 6.º y 7.º, que le dan a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo el acceso irrestricto a los archivos y a los lugares y establecimientos que se consideren relevantes, así como los artículos 8.º y 9.º, son el corazón del proyecto, porque sin estas competencias específicas, ¿qué le estamos dando a la institución? Me encanta que voten algunos artículos del proyecto de ley, pero la verdad es que el corazón del proyecto son estos artículos. Sin estas competencias especiales, esto no sirve.
Hace diez años empecé una legislatura votando la ley que volvía imprescriptibles los delitos de lesa humanidad, al descontar el plazo durante el cual estuvo vigente la ley de caducidad, que la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional y que es la usada hoy como chicana jurídica en los tribunales. Diez años después, señora presidenta –y diez años en mi vida es mucho tiempo–, sigue habiendo 196 desaparecidos de los que no se sabe nada. Y este es un testimonio vital y concreto, que en el tiempo de mi vida es mucho. Para la sociedad quizás sea poco, pero no lo creo. Cincuenta años de impunidad es mucho tiempo.
SEÑOR CARRERA.- Señora presidenta: en primer lugar, compartimos en todo la exposición del señor miembro informante. El señor senador Michelini reconoció la deuda que tenemos como sociedad y por eso compartimos su informe. Además, quiero agregar –también lo dijo él– que la búsqueda de los detenidos desaparecidos es un deber de todo el Estado: del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial.
En la comisión tuvimos un importante intercambio, y agradezco que el señor senador Bordaberry reconozca el informe jurídico que hicimos, porque pusimos mucho empeño y consideramos que es correcto el camino que asumió el Poder Ejecutivo al remitirnos este proyecto de ley. Compartimos que la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo asuma estos cometidos referentes a la verdad y justicia, y a la búsqueda de información de los detenidos desaparecidos. Como dije, ello es un deber del Estado.
A través de este proyecto de ley lo que estamos haciendo –lo dije yo, pero también el compañero Michelini, como recordó el senador Otheguy– es reconocer que todavía existe una deuda pendiente con la memoria, con la verdad y con la justicia. Con este proyecto de ley seguimos generando instrumentos para continuar erosionando la impunidad, que todavía, desgraciadamente, persiste en nuestro país.
Estamos convencidos de que esta nueva institucionalidad, con los nuevos cometidos que se le asignan a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, nos permitirá seguir avanzando como sociedad, todo ello sumado a otras cosas que se han venido haciendo, porque no se puede decir que no se hizo nada.
El hecho de que haya aparecido –como decía el señor senador Michelini– el cuerpo de un detenido desaparecido en el entonces Batallón de Infantería n.º 13 realmente demuestra que debemos seguir luchando contra las graves consecuencias de las violaciones de los derechos humanos de la última dictadura cívico-militar.
Antes de referirme al contenido del proyecto de ley, quiero hacer algunas consideraciones. Es cierto lo que decía el señor senador Bordaberry cuando hablaba de Montesquieu y de la división de poderes; sí, es cierto. Conforme a nuestra Constitución tenemos una división en tres poderes: un poder que legisla, un poder que administra y un poder que juzga. Y la función de cada uno de esos poderes se asigna de acuerdo con un criterio orgánico formal. El Poder Legislativo legisla como función principal, pero también administra y, en algunas hipótesis, también tiene función jurisdiccional.
Como Poder Legislativo creamos la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo por la Ley n.º 18446 y en el artículo 2.º le dimos el grado máximo de autonomía que le podíamos dar. Concretamente, el artículo 2 dice: «La INDDHH» –que está en esta casa– «no se hallará sujeta a jerarquía y tendrá un funcionamiento autónomo no pudiendo recibir instrucciones ni órdenes de ninguna autoridad».
Entonces, el camino que sigue nuestro Poder Ejecutivo para continuar avanzando en esta materia –reconociendo esa deuda que tenemos como sociedad–, de cometer la búsqueda de los detenidos desaparecidos, en el marco de la actuación ilegítima de la violación de los derechos humanos, a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo es coherente con la asignación de cometidos que ya le habíamos dado en la Ley n.º 18446. Es coherente la política que está siguiendo el Poder Ejecutivo con la asignación de esos cometidos, porque tiene una relación con los cometidos previos que están definidos en esta ley, que son la defensa, la promoción y la protección en toda su extensión de los derechos humanos. Y es coherente con la declaración de los Principios de París del año 1991, que establece los marcos de actuación de las instituciones de derechos humanos en el mundo. Es decir que no le estamos dando cometidos nuevos a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, sino que le estamos reconociendo la especialización que tiene en nuestro país y le estamos diciendo que estos, que sí serían cometidos nuevos, están relacionados con esa especialización en materia de defensa y promoción de los derechos humanos en toda su extensión.
Este nuevo cometido de búsqueda de las personas desaparecidas será ejercido como función administrativa. Aquí voy a mencionar las palabras del profesor Cajarville, quien increíblemente hace dos o tres meses sacó el tercer tomo de Derecho Administrativo y estudia la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Claramente dice que la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo está dentro del Poder Legislativo, pero ejerce función administrativa. Y existió una discrecionalidad del legislador del año 2008, quien decidió ubicar la institución de derechos humanos en el Poder Legislativo y darle el grado máximo de autonomía conforme al artículo 2.º de la Ley n.º 18446.
Entonces, es constitucional el camino que siguió nuestro Poder Ejecutivo –en consulta con la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo y con las organizaciones sociales– a través de este proyecto de ley, la mayoría de cuyos artículos fueron aprobados ayer por siete votos en ocho. Creo que ya hay un consenso político en el sentido de que ese camino es el correcto.
Entonces, lo primero es dejar claro que la ubicación orgánica de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, con los nuevos cometidos que le vamos a asignar, no genera ningún conflicto con la Constitución de la república. Eso debe quedar bien claro; ya señalé que los artículos 1.º y 2.º de la Ley n.º 18446 se expresan claramente en ese sentido.
Quiero citar al profesor Cajarville porque creo que es importante que sus expresiones queden asentadas en las versiones taquigráficas del Parlamento nacional. El profesor Cajarville, cuando estudia el artículo 1.º de la Ley n.º 18446 define la entidad que se crea como «una institución del Poder Legislativo». Y respecto a la ubicación institucional señala: «Admitida la constitucionalidad de la creación de la INDDHH dentro del Poder Legislativo, y dada la inexistencia de previsiones constitucionales expresas al respecto, queda librado a la discrecionalidad del legislador integrarla en alguno de los sistemas orgánicos ya existentes dentro de dicho poder incluyéndola en su línea jerárquica, o por el contrario hacer de ella un nuevo sistema sin sometimiento jerárquico a otro órgano». Eso fue lo que hicieron los legisladores del año 2008.
En definitiva, la asignación de la nueva actividad de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, claramente en ejercicio de función administrativa –al igual que el resto de las actividades que tenía asignadas–, no supone contrariedad alguna con la distribución de funciones que establece la Constitución de la república.
Por otra parte, lógicamente, si estamos reconociendo que tenemos una deuda como sociedad –razón por la cual estamos discutiendo este proyecto de ley–, si estamos diciendo que vamos a dar estos nuevos cometidos a la institución, tenemos que darle otros poderes jurídicos, porque si no, ¿de qué sirve lo que estamos haciendo? En ese sentido, el proyecto de ley claramente establece cuáles son esos otros poderes jurídicos. El artículo 3.º dice que «no será de aplicación la inhibición prevista en el artículo 6º de la Ley Nº 18.446», porque si tiene que acometer la búsqueda de personas detenidas desaparecidas y si tiene que investigar la verdad sobre las circunstancias de la desaparición de esas personas y la ubicación de sus restos, lógicamente tenemos que darle poderes. La ley que refiere a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, en su artículo 35, ya establece claramente una serie de poderes que se reafirman a través de las modificaciones dispuestas en el artículo 4.º. En la mencionada ley están establecidas las facultades que ya tiene la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, entre ellas, la de efectuar, con o sin previo aviso, visitas de inspección a cualquier lugar o sector de actividad; la de entrevistarse con cualquier autoridad, pedir informes, examinar expedientes, archivos y todo tipo de documentos; y la de entrevistarse con cualquier persona y solicitarle aportes de informes o documentación.
A su vez, el artículo 6.º del proyecto de ley expresa claramente que tendrá acceso irrestricto a los archivos de los servicios de inteligencia y demás archivos, y que también podrá requerir copia de tales archivos, disponiendo un plazo y una fecha; y el artículo 7.º dispone que podrá exigir el acceso irrestricto a todos los lugares y establecimientos. Así llegamos al artículo 8.º, en el que se establece la obligatoriedad de la concurrencia de los funcionarios públicos citados por la institución, como así también de los particulares.
Esto es absolutamente constitucional, señora presidenta. Hoy, en nuestro país, ya existen instituciones que tienen facultades para citar a las personas. Y pongo un ejemplo: el literal G) del artículo 70 del Código Tributario establece que la administración tributaria tiene la facultad de citar y los particulares tienen la obligación de concurrir, todo lo cual tiene consecuencias. También está el artículo 180 del Código Penal, que tiene que ver con el falso testimonio: hacer declaraciones falsas ante organismos de la administración tributaria se considera un delito penal. Las facultades que le estamos brindando a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo son absolutamente constitucionales. Nosotros aquí estamos diciendo que hay un interés general, que es la búsqueda de nuestros detenidos desaparecidos, la búsqueda de verdad, memoria y justicia. Por eso estamos estableciendo las facultades previstas en el artículo 8.º, que son absolutamente constitucionales porque nuestra Constitución de la república dispone que solamente podemos limitar derechos, por razones de interés general, a través de una ley en sentido formal y material, y es esto lo que vamos hacer hoy. Entonces, tenemos la tranquilidad absoluta de que vamos por el camino correcto.
Lo mismo sostengo respecto a la obligatoriedad de la concurrencia y a que exista una sanción, como lo establecen los artículos 173 y 180 del Código Penal.
Como dije, es absolutamente constitucional lo establecido en el artículo 8.º respecto a estas nuevas facultades, estos nuevos poderes jurídicos que estamos brindando a la institución para que pueda desarrollar sus cometidos.
Además, esto debe relacionarse con la actual normativa de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo que, como ya señalé, posee fuertes potestades en materia de obtención de información referente a violaciones de derechos humanos. Estas facultades son para investigar, prevenir o evitar su violación, prohibiéndose expresamente que los organismos públicos y las entidades paraestatales, sociedades comerciales –tanto de propiedad del Estado como privadas– puedan invocar razones de secreto, reserva o confidencialidad para denegar la información relevante a la que refiere la Ley n.º 18446.
En suma, señora presidenta, nosotros acompañamos este proyecto de ley porque consideramos que es legítima la ampliación de cometidos prevista, puesto que no es un obstáculo para el ejercicio de la función administrativa que ya ejerce la institución. Consideramos que esta propuesta es constitucional y para afirmar esto nos basamos en la doctrina más calificada: la opinión del doctor Cajarville, quien en su tomo iii estudia la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Reitero: entendemos que las facultades especiales previstas en la norma son constitucionales. Así que, señora presidenta, vamos a acompañar con conciencia y voluntad este proyecto de ley.
Era cuanto tenía para manifestar.
SEÑOR AMORÍN.- Solicito que se rectifique la votación.
SEÑORA PRESIDENTE.- Se va a votar nuevamente en general el proyecto de ley.
SEÑOR MICHELINI.- Formulo moción en el sentido de que se suprima la lectura del articulado y se vote en bloque, desglosando los artículos que soliciten los señores senadores.
SEÑOR CAMY.- Pido la palabra.
SEÑOR CAMY.- Solicito que se desglosen los artículos 2.º, 3.º y 6.º.
SEÑORA PRESIDENTE.- A su vez, el señor senador Bordaberry había solicitado el desglose de los artículos 11, 12, 13 y 14.
En consideración el articulado, excepto los artículos desglosados.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el articulado, con excepción de los artículos 2.º, 3.º, 6.º, 11, 12, 13 y 14.
–24 en 27. Afirmativa.
En consideración el artículo 2.º.
SEÑOR GARCÍA.- Señora presidenta: quiero plantear dos o tres cuestiones antes de referirme al fondo del asunto.
Me parece que la facultad legal que da este artículo a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo es superabundante. La ley no tiene por qué decir a la institución que puede hacer lo que ya puede hacer, porque cualquier organismo determina de qué forma trata los problemas y los asuntos que tiene a su cargo. De la única forma que se entiende que la ley establezca que «La INDDHH podrá delegar en uno o más de sus directores, total o parcialmente, la implementación del cometido asignado por esta ley» es que en cierta medida se esté pensando en alguna persona en particular, porque cualquier organismo –en este caso, la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo– trata los temas de la forma que le parece oportuna: con una persona, con dos personas, con una comisión o como quiera. Que la ley diga que podrá delegar el cometido en una persona, hace pensar que quien redactó el artículo tiene el pensamiento dirigido a alguna personalidad –más que a una persona– en particular.
La segunda frase me parece de una extensión que no es conveniente. Aquí se establece: «La INDDHH dispondrá asimismo las contrataciones de personal necesarias para dar cumplimiento a la tarea encomendada por el artículo 1° de la presente ley». Esta es una facultad que no tiene fin, y que creo que puede llegar a terminar, por un lado, en una burocratización de la institución y, por otro, en una facultad ilimitada para la contratación de personal. Ningún organismo público tiene una facultad ilimitada en esta materia; precisamente, los presupuestos establecen cuál es la cantidad de funcionarios. Que una institución –en este caso, la de derechos humanos– pueda contratar ilimitadamente, de acuerdo con su criterio y su razonamiento, parece un poco llamativo y, aparte, no conveniente. A su vez, y unido a esto, se añade que las contrataciones no necesariamente son de funcionarios públicos.
Y agrego otro tema. Este artículo lleva implícita una inconstitucionalidad porque habilita a hacer contrataciones y estamos a dos meses del acto eleccionario. El artículo 229 de la Constitución de la república –como todos sabemos– dice lo siguiente: «El Poder Legislativo, las Juntas Departamentales, los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados no podrán aprobar presupuestos, crear cargos, determinar aumentos de sueldos y pasividades, ni aprobar aumentos en las Partidas de Jornales y Contrataciones, en los doce meses anteriores a la fecha de las elecciones ordinarias, con excepción de las asignaciones a que se refieren los artículos 117, 154 y 295». En el artículo 2.º del proyecto se está habilitando la contratación de personal. Estamos dentro del período en que, constitucionalmente, está expresamente prohibido. Se podrá decir que se da la facultad pero, en definitiva, se está creando, y esta creación de cargos está expresamente prohibida por la Constitución de la república.
En virtud de los argumentos planteados, no vamos a votar el artículo 2.º.
SEÑORA XAVIER.- Con respecto a lo que señaló el señor senador García, cuando se discutió largamente –también había referentes de su partido– sobre la conformación de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, se habló de la necesidad de que la institución tomara los temas tan vastos, como son los de los derechos humanos, en colectivo, pero se estuvo en contraposición con la posibilidad de que se armaran salas con las temáticas específicas. Por eso creo que no hay ninguna doble intención ni que la primera frase esté referida a nadie en especial, sino que es algo que se discute en la forma de organizar estas instituciones, tratando de que den cuenta de toda la problemática sin que por ello queden áreas sin tratar. Por otra parte, es lógico que el número sea reducido para analizar tan vasto campo.
Me parece que no hay ninguna doble lectura en esta frase, sino que es parte de los debates que se dieron en su momento; hoy no sé si sigue siendo parte del debate el cómo mejor disponer de un limitado grupo de integrantes. Por ejemplo, en lo que refiere a tortura, no eran todos quienes llevaban ese tema; siempre hay una mayor expertise de cada uno de los miembros en temas específicos.
Por tanto, quiero dejar meridianamente claro que eso no tiene otra razón que la de mejor disponer de los recursos humanos y el conocimiento con relación a los temas.
En segundo lugar, nosotros votamos el presupuesto y acá no se está creando, sino que se da una facultad cuando se dice: «… podrá asimismo hacerse asesorar…». Tampoco es una cuestión ilimitada. En primer término, lo va a limitar el propio presupuesto que le asignemos y, además, en ningún lugar se dice que serán ilimitados los recursos humanos contratados.
Me parece que queda bien claro que no hay una situación en la que no se esté determinando que quienes sean contratados serán aquellos necesarios para dar cumplimiento a la tarea encomendada por el artículo 1.º. Y cuando se refiere a expertos nacionales o internacionales, el «podrá» confiere el carácter de facultad para que el organismo lo determine, no habiendo, por tanto, ninguna creación de cargos en este momento, que constitucionalmente no corresponde.
SEÑORA PRESIDENTE.- Se va a votar el artículo 2.º.
SEÑOR HEBER.- Sobre este artículo tenemos algunas dudas. Me parece que estaríamos en una suerte de colisión de poderes del Estado. El artículo 3.º dice. «A los efectos del cumplimiento del cometido establecido en esta ley, no será de aplicación la inhibición prevista por el artículo 6° de la Ley Nº 18.446, de 24 de diciembre de 2008». Y el artículo 6.º de la Ley n.º 18446 expresa: «La INDDHH no tendrá competencia en asuntos que se encuentren en trámite de resolución en la vía jurisdiccional ante los organismos competentes o ante el Contencioso Administrativo». Uno supone que la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo puede recabar información para colaborar con la Justicia y darle elementos a los efectos de que realice las investigaciones. Pero si ya hay elementos que están en la Justicia, ¿la institución puede ingresar, mediante una resolución, en temas que están en la vía jurisdiccional? Y se dice que en caso de denuncia se procederá de acuerdo con lo establecido en el artículo 19, el cual establece: «Cuando la denuncia refiera a hechos que estén en trámite de resolución jurisdiccional ante los organismos competentes o ante el Contencioso Administrativo, la INDDHH no intervendrá en el caso concreto, pero ello no impedirá la investigación sobre los problemas generales planteados en la denuncia». O sea que acá se está tratando de que intervenga cuando está actuando un juez en una investigación. Me parece que eso colide con otro poder del Estado. No olvidemos que la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo pertenece a un poder del Estado y que va a intervenir en temas que tiene en carpeta otro poder del Estado. Parecería que terminamos cuestionando el rol de la Justicia en este caso. Son las dudas que tenemos y que si no se nos aclaran, estaríamos votando en contra del artículo. Lo lógico es que si el tema está en la Justicia –que es lo que queremos–, sea esta la que actúe y no la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Quizás alguien me puede ayudar a comprender la situación.
SEÑOR CARRERA.- Ya contesté este punto. Elaboré un informe jurídico, que está en la Comisión de Constitución y Legislación –que también integra el senador–, pero voy a tratar de hacer un esfuerzo por respeto al tema en particular.
A través de este artículo no se está interfiriendo de ninguna manera con la Justicia. Ya lo dije claramente. La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo va a actuar ejerciendo función administrativa, que es lo que hace hoy. Lo que estamos haciendo es darle nuevas facultades para que pueda desarrollar sus cometidos en lo que tiene que ver con la búsqueda de los detenidos desaparecidos e investigar acerca de su paradero.
Por lo tanto, el señor senador puede quedarse tranquilo porque no se está violando la independencia de poderes. La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo no está actuando en función jurisdiccional; lo que estamos proponiendo es que la institución desarrolle una tarea que tiene que ver con la búsqueda de los detenidos desaparecidos. Lamento muchísimo que se haya formulado una interrogante y no se me escuche. Por respeto, solicito que se me escuche.
Reitero, hay un informe jurídico que elevé a la comisión y creo que en la exposición que hoy realicé estas interrogantes ya fueron contestadas. Además, estos artículos tuvieron una votación de siete en ocho ayer, en comisión.
Es cuanto tenía para manifestar.
SEÑOR BORDABERRY.- Va a hablar el que perdió ayer siete a ocho en la comisión, porque no lo votó.
Descarto la falta de buena intención del senador Carrera; no tengo ninguna duda de que está procediendo de buena fe y de que quiere lo que dice. El problema es que lo que dice no es lo que establece el artículo que estamos considerando, y ese es un problema serio. Me deja tranquilo lo que él expresa –ojalá le renueven la banca en la próxima elección y esté aquí presente para expresar que esa fue su intención–, pero me recuerda al profesor doctor Sagunto Pérez Fontana, redactor de la ley de títulos-valores. Recuerdo que con Pérez Fontana un día nos enfrentamos en los estrados y su argumento fue que la interpretación de la ley era esa porque él la había redactado, aunque, en realidad, la norma establecía otra cosa diferente a lo que él defendía.
El artículo 3.º establece que a los efectos del cumplimiento del cometido establecido en esta ley, no será de aplicación la inhibición prevista por el artículo 6.° de la Ley n.º 18446. El artículo 6.º de la Ley n.º 18446, bajo el título «Inhibición», expresa: «La INDDHH no tendrá competencia en asuntos que se encuentren en trámite de resolución en la vía jurisdiccional ante los organismos competentes…». ¿Qué se está diciendo, a contrario sensu? Al no aplicarse esto, lo que se está diciendo es: «Tendrá competencia en los asuntos que estén pendientes de resolución en la vía jurisdiccional ante los organismos competentes». Claramente, es una inconstitucionalidad; además esto no acepta dos interpretaciones porque si establece que no será de aplicación la inhibición, ¿qué se está diciendo? Justamente, que va a tener competencia. Entonces, estará interviniendo el Poder Judicial y va a aparecer la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo diciendo que tiene competencia. De esa manera, se generará un problema de competencias y una inconstitucionalidad y el procedimiento se parará hasta tanto se resuelva. ¡Y no tengan duda de que se va a resolver a favor del Poder Judicial porque es el que tiene competencia en los asuntos judiciales y no el Parlamento nacional ni ninguna de las instituciones que lo integran!
En ese sentido, si bien puede estar bienintencionada la norma, parecería que está mal redactada y es inconstitucional.
SEÑORA PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 3.º.
SEÑOR CAMY.- Pido la palabra para fundar el voto.
SEÑOR CAMY.- Señora presidenta: quiero decir que voté positivamente este artículo en comisión y ahora lo voté de manera negativa. Corresponde que lo señale para no pasar agachado ante el tema. Me convencieron los argumentos expuestos por el senador Bordaberry. En su momento, la constitucionalidad de la norma fue analizada y se elaboraron informes muy serios, particularmente por el senador Carrera.
Entonces, en principio tenía una posición favorable, pero me parece contundente la argumentación del senador Bordaberry.
Era cuanto quería aclarar. Muchas gracias.
SEÑOR OTHEGUY.- Pido la palabra para una moción de orden.
SEÑOR OTHEGUY.- Señora presidenta: solicito que se extienda el horario de la sesión hasta aprobar el proyecto de ley en consideración.
SEÑORA PRESIDENTE.- Se va votar la moción formulada por el señor senador.
18) DETENIDOS DESAPARECIDOS
SEÑOR CAMY.- Señora presidenta: el Partido Nacional –como señaló el senador Heber en su primera intervención en el plenario y como oportunamente lo hicimos en la Comisión de Constitución y Legislación– está acompañando este proyecto de ley en general y el espíritu que persigue, que ha sido señalado unánimemente en el Cuerpo. No obstante haber acompañado la mayoría del articulado, no acompañamos el artículo 6.º en la comisión. Queríamos dejar constancia de por qué no lo vamos a votar y de cuáles son las razones que nos llevan a tener dudas en este aspecto puntual.
Me hago cargo y apoyo a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo en su rol de encargarse de la investigación de las personas desaparecidas, detenidas en el marco de la actuación ilegítima del Estado uruguayo. De hecho, esta norma consagra herramientas valiosas, que acompañamos: la posibilidad de celebrar convenios con instituciones nacionales y extranjeras, el acceso a la información documental y a los establecimientos que se consideran relevantes en el curso de una investigación, la posibilidad de citar a funcionarios y particulares a prestar declaración con un fuerte respaldo legal, la posibilidad de adoptar medidas cautelares de orden civil y el enlace directo con la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad.
Estamos de acuerdo con que para que exista investigación seria y búsqueda de desaparecidos debemos dar estas herramientas. Sin embargo, creemos que con el artículo 6.º damos un paso que nos genera dudas y que, de alguna manera, se extralimita.
En primer lugar, de él se desprende que hay un acceso irrestricto y sin ninguna limitación a los archivos de inteligencia y demás instituciones públicas o privadas. Existe la imposibilidad de que el organismo requerido se oponga al acceso a los mismos, sin importar su clasificación. También plantea la posibilidad de intimar –en un plazo discrecional– la entrega de copias de informes, y la escasa o tal vez nula responsabilidad de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo en el caso del manejo inadecuado de la información.
Creo que todos los organismos del Estado –aun los que dependen del Parlamento– deben tener alguna limitación en su actuación y ser responsables.
Este artículo, en parte, perfora la Ley n.º 16696, que crea el Sistema Nacional de Inteligencia del Estado –que fue aprobada por el Cuerpo–, y deja sin efecto algunas garantías establecidas en la Ley n.º 18381, Ley sobre el Derecho de Acceso a la Información Pública.
Entonces, creo que se coloca a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo en una situación de máximo privilegio, en su condición de investigadora administrativa, por encima de todas las instituciones públicas, sin controles, sin responsabilidades y sin necesidad de pedir autorización al Poder Judicial para manejar información que otros organismos puedan considerar reservada.
Pienso, por ejemplo, que en la búsqueda de información central se pueden encontrar hechos marginales que comprometan aspectos mayores. En ese caso, a nuestro juicio, el Poder Judicial es el que tiene que encargarse, medir la importancia y determinar si la información puede o no usarse de determinada manera. Es decir que la actuación de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo tiene que ir de la mano de la del Poder Judicial. Ningún investigador en la órbita administrativa puede dejar de lado las garantías mínimas en el uso de la información y, menos aún, sustituir en todo o en parte la labor del Poder Judicial.
Reitero que este aspecto nos generó dudas a la hora de acompañar el artículo 6.º, a pesar de que apoyamos en general la mayoría de los artículos y estamos a favor en un cien por ciento del espíritu del proyecto de ley que hoy vamos a aprobar.
SEÑOR BORDABERRY.- Señora presidenta: en el mismo sentido que el señor senador Camy, me permito señalar que en el inciso primero se habla de acceso irrestricto, no solo a los archivos de instituciones públicas sino también de privadas.
El artículo 28 de la Constitución dice: «Los papeles de los particulares y su correspondencia epistolar, telegráfica o de cualquier otra especie, son inviolables, y nunca podrá hacerse su registro, examen o interceptación sino conforme a las leyes que se establecieren por razones de interés general». Acá no hay ningún artículo que diga que esta ley es de interés general; para que lo fuera, ello debería establecerse a texto expreso en un artículo y señalarse que el pedido también lo es. No se puede decir que porque es ley es de interés general –si no, todas las leyes serían de interés general–: hay que decirlo a texto expreso. Eso lo dice la jurisprudencia.
¿Por qué este artículo dice: «… conforme a las leyes que se establecieren»? Porque hay que establecer un procedimiento. ¿Acaso va a llegar la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo a decir: «Esto es relevante»? ¿Entonces, golpea y dice: «¡Deme la documentación!»? Si le responden que no, ¿irá a un juzgado a requerirla? ¿Y cuál es el procedimiento requisitorio? ¡Me parece que no se ha pensado en esto!
En primer lugar, la defensa dirá que esto no es constitucional porque la ley no es de interés general –tal como lo establece el artículo 28 de la Constitución– y, por ende, los papeles de los particulares son inviolables. Creo que acá hay un error, quizás fruto del apuro con que se redactó este proyecto, y evidentemente una clara inconstitucionalidad –además de las ya señaladas–, porque debiera establecerse el procedimiento. Creo que ni el Ministerio del Interior ni quien sea puede llegar y decir: «¡Deme estos papeles!». Es necesario dar aviso al juez o al fiscal y pedirles su autorización, pero esto no se ha establecido. El artículo dice que «tendrá acceso irrestricto» –no solo acceso, sino acceso irrestricto– a los archivos de instituciones privadas. Repito: creo que a este proyecto de ley y a la actuación de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo les faltan algunas normas garantistas. Quizás estemos actuando de una forma que no es la adecuada.
SEÑOR MIERES.- Señora presidenta: simplemente quiero señalar que las argumentaciones presentadas en sala –que no se presentaron ayer en la comisión– tanto para el artículo 3.º como para el 6.º –que ayer voté en comisión– me convencen de que estos dos artículos tienen problemas de constitucionalidad. Por ese motivo no voté el artículo 3.º y tampoco votaré el artículo 6.º aunque, obviamente, estoy de acuerdo con el conjunto del proyecto de ley.
SEÑORA PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 6.º.
–23 en 26. Afirmativa.
En consideración el artículo 12.
En consideración el artículo 13.
En consideración el artículo 14.
19) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACIÓN DEL CUERPO
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 4 de setiembre de 2019
Por la presente y de acuerdo con la Ley n.º 17827, de fecha 14 de setiembre de 2004, solicito a Ud. se me conceda licencia por motivos personales, los días 4 de setiembre, a partir de las 14:00, y 5 de setiembre.
Sin otro particular, saludo a usted atententamente.
SEÑORA PRESIDENTE.- De acuerdo con lo oportunamente resuelto, se levanta la sesión.
(Así se hace, a las 13:26, presidiendo la señora Lucía Topolansky y estando presentes los señores senadores Amorín, Aristimuño, Ayala, Baráibar, Besozzi, Bordaberry, Camy, Carrera, Draper, Garín, Heber, Lazo, Martínez Huelmo, Michelini, Moreira, Otheguy, Passada, Saravia, Tourné, Vassallo, Vellozas y Xavier).