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Timestamp: 2019-09-23 18:21:51
Document Index: 285654383

Matched Legal Cases: ['artículo 220', 'artículo 220', 'artículo 220', 'artículo 232', 'artículo 227', 'artículo 222', 'artículo 75', 'artículo 220', 'artículo 220', 'artículo 220']

﻿ SENTENCIA SP2868-2018/46456 DE JULIO 18 DE 2018
SENTENCIA SP2868-2018 DE 18 DE JULIO DE 2018
CONTENIDO:RETRACTACIÓN DE UN TESTIGO NO ES ADMISIBLE PARA PROMOVER LA ACCIÓN DE REVISIÓN. SE EXPLICA QUE NO SE LE DA TRÁMITE A UNA ACCIÓN DE REVISIÓN, POR EL SOLO HECHO DE LA RETRACTACIÓN DE UNO O VARIOS DE LOS TESTIMONIOS VERTIDOS EN EL PROCESO COMOQUIERA QUE NO EXISTE CERTIDUMBRE SOBRE EN DÓNDE FUE QUE EL DECLARANTE RESPETÓ LA VERDAD, CONTINUANDO EL FALLO EN CONSECUENCIA, EN POSICIÓN PRIVILEGIADA POR LA DOBLE PRESUNCIÓN DE ACIERTO Y LEGALIDAD CON LO QUE ESTÁ AMPARADO. POR CONSIGUIENTE, ADMITIR QUE LA RETRACTACIÓN PUEDA SER CONSIDERADA COMO HECHO O PRUEBA NUEVA, SERÍA ATENTAR CONTRA LA SEGURIDAD JURÍDICA EN CUANTO LA FUERZA DE LA COSA JUZGADA DE UNA DECISIÓN QUEDARÍA AL ARBITRIO DEL QUERER DE UNA PERSONA, DE SU ESTADO DE ÁNIMO O DE SU CAMBIO DE PARECER.
TEMAS ESPECÍFICOS:COSA JUZGADA, TESTIMONIO, RECURSO DE REVISIÓN, PRUEBA NUEVA, ACCIÓN DE REVISIÓN DE LA SENTENCIA, RETRACTACIÓN DEL TESTIGO, DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA
Sentencia SP2868-2018/46456 de julio 18 de 2018
Rad.: 46456
(Aprobado acta Nº 238)
Con base en la causal tercera de revisión del artículo 220 de la Ley 600 de 2000, el defensor de N.D.C.S.A. promueve acción de revisión la cual apoya en el surgimiento de prueba nueva no conocida al tiempo de los debates.
Señaló como fundamentos de hecho de la pretensión que en la sesión de audiencia de juzgamiento celebrada el 21 de julio de 2000, la defensa de S.A. refirió a la existencia de un manuscrito signado por J.A.B. dirigido a A.Q.G., a través del cual lo conminaba a que advirtiera a la justicia del montaje en contra de N.D.C. y “E.M.”; también solicitó se recibieran los testimonios del citado A.B. y el abogado H.I.M.T., quienes tenían conocimiento de los verdaderos autores intelectuales del homicidio de A.H.M.C., peticiones que negó el a quo y el tribunal ratificó al desatar la apelación.
Agregó que con posterioridad a la emisión de la sentencia de segunda instancia A.F.H. y J.A.B., este último en declaración extra juicio rendida ante el Juzgado 41 Penal del Circuito de Bogotá, informaron cómo, dónde y quién tuvo la idea de llevar a cabo el plan criminal, señalando como único determinador a J.A.H.P. y por autores materiales a A.A.P.B. y A.Q.G., acorde con lo que se estableció en el juicio y, en el caso del segundo en mención, al emitirse en su contra sentencia anticipada por aceptación de cargos.
Además, adujo que A.F.H.P. en el testimonio que rindió dentro de la investigación por el homicidio de J.H.M., ocurrido hace más de 20 años, habló del origen de la vinculación de N.S. al proceso por el homicidio del exgobernador M.C., todo coordinado desde la Cárcel Nacional Modelo donde se encontraban detenidos los autores intelectuales y materiales del crimen, de lo cual se desprende la ajenidad de aquella con los hechos.
Como fundamentos de derecho invocó la causal tercera del artículo 220 de la Ley 600 de 2000 y jurisprudencia de la Corte acerca del concepto de prueba nueva.
En apoyo de la pretensión el actor allegó copias de: (i) el escrito signado por J.A.B., (ii) el acta de la audiencia donde se negó la práctica del testimonios de este y de H.I.M.T.; (iii) el informe secretarial del Juzgado 41 Penal del Circuito de Bogotá y del auto señalando fecha para recibir los testimonios de J.A.B. y A.F.H.P.; (iv) las declaraciones extraprocesales rendidas por estos mismos; (v) la declaración A.F.H.P. ante la Fiscalía Segunda Seccional de Quibdó en la investigación allí adelantada por el homicidio de J.H.M.
Igualmente aportó el poder otorgado para promover la acción, copias de las sentencias de primera y segunda instancia, del auto de 18 de julio de 2003 mediante el cual el tribunal declaró desierto el recurso de casación, y la constancia de ejecutoria del fallo de segundo grado.
Con base en todo lo anterior expresó, tras requerir la práctica de diferentes pruebas, que con la demanda se ofrecen a la Corte elementos de juicio que llevan a estimar que se está ante una condena injusta, que de haberlos conocido el tribunal otra habría sido la decisión respecto de la responsabilidad de N.D.C.S.A.
Por tanto, solicitó valorar los testimonios pedidos que, a la luz de la jurisprudencia, son susceptibles de calificarse como novedosos y en su opinión resultan trascendentes en la medida que provienen de personas cercanas a los partícipes del delito que fueron destinatarias de infidencias y comentarios así como órdenes y amenazas provenientes de J.A.H.P., quien se develó es el verdadero y único autor intelectual del homicidio del ex gobernador M.C.
De otra parte, destacó que el juzgado de conocimiento no halló estructurado el grado de conocimiento exigido en la ley para condenar y que la revocatoria de la absolución se fundó en la particular manera de analizar la prueba respecto de la señora S.A., lo cual sirve de referente para decir que se está frente a una injusticia.
1. Cumplidos los requerimientos de ley, mediante auto de 20 de octubre de 2015 se admitió la demanda de revisión presentada por el defensor de N.D.C.S.A. y se requirió el expediente original de la causa, a cuyo recibo se emitió proveído de 5 de abril de 2016 por el cual se ordenó surtir traslado para que las partes solicitaran pruebas, término dentro del cual hicieron uso del derecho el apoderado demandante y la Fiscalía delegada para el caso.
2. Valga anotar que para la notificación de dichos proveídos a todos los demás coprocesados no accionantes, se adelantaron las diligencias necesarias a fin de que hicieran valer sus derechos dentro del presente diligenciamiento, cometido que no se logró respecto de A.A.P.B., J.A.B., J.E.V.C. y A.Q.G., en razón de su fallecimiento.
En efecto, se allegó reporte de la Registraduría Nacional del Estado Civil acerca de la cancelación por muerte de las cédulas de ciudadanía Nº XX.XXX.XXX de la cual era titular J.A.B., y XX.XXX.XXX correspondiente a J.E.V.C., cuyo registro de defunción también se anexó.
Así mismo, se recibió informe pericial de necropsia de A.A.P.B. realizada por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, seccional Cundinamarca, el 19 de noviembre de 2010; y la defensa informó del conocimiento que tenía del deceso de A.Q.G., aunque señaló desconocer el lugar y la fecha.
3. Reasignado el asunto, que inicialmente correspondió por reparto a otro despacho de la Sala, a través de auto de 4 de abril de 2017 se ordenó la práctica de las pruebas testificales que solicitaron las partes.
4. En el juicio de revisión fueron escuchados como deponentes A.F.H.P., H.I.M.T., J.A.H.M. y F.C.A.
De los demás ordenados renunció el actor a la práctica del testimonio de J.C.V.R. por la imposibilidad de ubicarlo y obtener su comparecencia; la Fiscalía declinó los de J.A.H.P. y M.C.M., y además se estableció el fallecimiento de J.M.C.
5. El 19 de diciembre de 2017, una vez agotada la etapa probatoria, se dio curso al término de traslado establecido en la ley para la presentación de alegaciones de conclusión.
1. El accionante indicó, después de aludir a los hechos, la actuación procesal, la causal tercera del artículo 220 de la Ley 600 de 2000 y lo que la jurisprudencia ha definido como prueba nueva, que al trámite se aportaron elementos de convicción de índole testimonial y se obtuvieron las declaraciones de A.F.H.P., H.I.M.T., F.C.A. y J.A.H.M., que además de su carácter ex novo, por su precisión y contundencia conducen a estimar razonable y fundadamente injusta la condena impuesta a N.D.C.S.A.
Precisó que en la audiencia pública de juzgamiento, sesión de 21 julio de 2000, surgió la posibilidad de demostrar que la acusación contra S.A. obedecía a un macabro “plan criminal” urdido desde la Cárcel Nacional Modelo por J.A.H.P., motivo por el cual el defensor para ese entonces de la incriminada solicitó la práctica de pruebas testimoniales y la introducción de un documento manuscrito de J.A.B. dirigido al autor material A.Q.G., por cuyo medio lo instaba a contar la verdad acerca de ese complot; petición que el a quo negó por estimar superada la etapa probatoria, de manera que tales elementos de convicción tienen el carácter de novedosos.
Añadió que luego de quedar en firme la sentencia de segunda instancia, J.A.B. y A.F.H.P. rindieron declaraciones extraprocesales en las que manifestaron que N.D.C. es inocente, ajena a la autoría intelectual que le fue enrostrada por la presión ejercida en la Cárcel Nacional Modelo por la persona que en realidad encarnaba esa condición.
Resaltó que el testimonio ofrecido por J.A.B. de manera voluntaria y espontánea, 13 años antes de presentarse la demanda de revisión, aporta fuerza de convicción acerca del injusto señalamiento del que fue objeto N.D.C.S.A., el cual se gestó desde la Cárcel Nacional Modelo bajo la coordinación de J.A.H.P. luego de que un abogado se presentara allí a llevar diversas sumas de dinero.
Por ende, es posible predicar su carácter novedoso y sobreviniente con la capacidad de controvertir la verdad del fallo objeto de revisión.
De igual manera calificó la declaración de H.I.M.T., quien fungiera como defensor de J.E.V.C., por su valioso conocimiento de hechos no conocidos en el proceso; es coherente, espontánea y desinteresada, y marca la pauta para determinar el origen, el motivo y los autores de la imputación a N.D.C., dado que no existe un nexo causal con la hipótesis delictiva expuesta por los autores materiales que la relacione como determinadora; ese móvil, fue quitarla del medio porque asumió la dirección de la empresa de licores tras el asesinato de su esposo.
Advierte el censor que en este testimonio aparece el nombre del personaje que mostró marcado interés en asumir la dirección de la empresa de licores, M.C., gerente del Banco de Bogotá sucursal Quibdó, a quien también señaló J.A.B. en la versión extrajuicio como determinador del homicidio del dueño de la empresa vinícola y de lo acaecido en Bogotá, pues en el Chocó no existía otra persona con un capital suficiente para financiar tales actos; infiere que fue él quien dispuso apartar a N.D.C.S.A. del camino, a través de los autores materiales en sus ampliaciones de indagatoria.
Sostiene que otro elemento probatorio sobreviniente es el relato que el 6 mayo de 2016 ofreció F.C.A. ante una notaría de Bogotá, en el que expuso, luego de señalar que visitaba en la cárcel con alguna regularidad a A.F.H. y tenía relaciones con A.A.P.B., A.Q.G. y J.A.H.P., que estas personas le comentaron que la señora y “E.M.” son inocentes.
Además, afirmó que la discusión que se suscitó entre estos ocurrió después de que se enteraron que J.A.H.P. cobró 160 millones por el homicidio y, ellos, los demás involucrados, no recibieron siquiera 8 millones de pesos.
Acotó que este testigo corroboró que la variación de la versión de A.Q.G. y A.A.P.B., obedeció a una influencia externa y a los dineros llegados a la cárcel, pues J.A.H.P. siempre habló de su patrón y que N.D.C. no tuvo participación en la muerte del exgobernador sino que querían inculparla para liberar la fábrica de licores.
Igualmente se refiere al testimonio de J.A.H.M., quien admitió que la declaración que rindió en el proceso adelantado por la muerte de M.C. obedeció a una maniobra de su hermano J.H. y M.C., socios con aspiraciones en la empresa vinícola, que lo convencieron de declarar contra N.D.C., reconociendo que a él lo utilizaron para incriminarla.
Observa que este testimonio muestra la injerencia de M.C. y el interés en adquirir la dirección de la empresa de licores, manipulando la intervención procesal de un testigo al punto de sugerirle el autor del delito de homicidio de su hermano y entregarle lo que debía decir en la declaración judicial.
Para el apoderado actor la prueba de carácter testimonial que debe conducir a la prosperidad de la acción es la declaración extrajuicio que A.F.H.P. rindió voluntaria y espontáneamente el 25 de julio de 2002 ante el Juzgado 41 Penal del Circuito, junto con J.A.B., después de recobrar su libertad, en la cual manifiesta que debe decir la verdad porque hay personas ajenas a los hechos; de dicha declaración solo se cuenta con el primero folio.
También la versión que el mismo A.F.H.P. ofreció el 20 de junio de 2015 en desarrollo de una investigación adelantada por la Fiscalía Segunda Seccional de Quibdó, en la cual ahondó en detalles acerca de lo sucedido en torno a la muerte del ex gobernador M.C. y señaló la génesis de la incriminación en contra de N.D.C., precisando que a los pocos días de estar detenidos un abogado enviado por el señor C. visitó por lo menos durante cuatro semanas a J.A.H.P. y le llevó dinero que este entregó a A.A.P.B. y A.Q.G., tras lo cual se reunieron y planearon cómo involucrar a N.D.C.S.A. como responsable de ese homicidio y el de J. H., cambiando su versión en ampliación de indagatoria.
Señala el apoderado que H.P. en la declaración ante la Corte informó lo que supo acerca de la muerte del ex gobernador M.C. y del temor por su vida que despierta J.A.H.P. en vista de su historial y por la muerte de todas las personas que tuvieron nexo con la investigación y conocieron los episodios violentos.
Alega que el testigo ratificó, además, que un abogado visitó a J.A.H.P. y le entregó dineros enviados por un señor de apellido C., y que se percató cuando se planeó involucrar a N.D.C. y a J.E.V. como autores intelectuales, a lo que inicialmente se negaron los autores materiales del delito. También afirmó que, según se lo comentó H.P., C. tuvo que ver en los hechos.
De manera que, para evidenciar la credibilidad de los elementos de convicción aportados, en criterio del actor, basta contrastar las indagatorias iniciales de los autores materiales con sus ampliaciones y su alcance incriminatorio al cumplir lo pactado en la cárcel, como lo puso de presente A.F.H.P., lo cual comprueba que no falta a la verdad.
Reitera que la trascendencia de la prueba nueva radica en que proviene de personas muy cercanas a los partícipes del delito y, por tal razón, fueron depositarios de muchas infidencias y comentarios, órdenes y amenazas provenientes de J.A.H.P. condenado como único autor intelectual del homicidio de A.H.M.C.
Considera el apoderado que la valoración de esos medios de convicción, dada su fuerza y contundencia, conducirá a disponer razonable y fundadamente la revisión de la sentencia cuestionada porque “aparejan un significativo porcentaje de verdad” que impide proferir una sentencia de condena; o cuando menos debilitan la acusación al punto de hacer desaparecer la certeza sobre la responsabilidad de N.D.C.S.A., como lo exige el artículo 232 de la Ley 600 de 2000.
Consecuente con esos planteamientos pide a la Corte dejar sin efectos las sentencias de primera y segunda instancia, señalar el momento procesal a partir del cual debe reiniciarse la actuación y decretar la libertad provisional de la accionante de conformidad con lo previsto en el artículo 227-3 de la Ley 600 de 2000.
2. El Ministerio Público expresó que el censor se equivoca al citar la declaración de los condenados A.A.P.B. y A.Q.G., quienes fueron escuchados en el proceso, para que depongan sobre lo que ahora se especula, la ausencia de responsabilidad de N.D.C.S.A. en la muerte del exgobernador M.C., pues esta acción no está encaminada a reabrir un nuevo debate probatorio en el cual sea posible controvertir las pruebas recaudadas sino respecto de aquellas no conocidas en el proceso o que se pasaron por alto en el desarrollo de la actuación.
Por ende, estima pertinente tener en cuenta lo que indicó el a quo en relación con A.F.H.P. y J.A.B., a quienes se les recibió declaración en la sesión de audiencia realizada el 7 de febrero de 2000, y A.A.P.B.
Advierte, en relación con el manuscrito signado por quien se anuncia como “C.”, que ningún asunto concreto menciona aparte de las amenazas de J.A.H.P., quien habría ordenado la muerte de dos testigos, al parecer alias “L.M.” y alias “P.”; por ende, documento carece de capacidad para modificar los fundamentos probatorios del fallo del tribunal.
Para la delegada las razones por las cuales se condenó a N.D.C.S.A. no resultan desvirtuadas con los argumentos expuestos en esta acción, pues otros elementos de juicio obrantes en el proceso no permiten estimar como nuevos los traídos por el actor, cuya pretensión es debatir un argumento que fue planteado en las instancias y mostrar como hecho nuevo una situación que carece de esa condición.
Respecto de la retractación de los testigos, indica que hay pruebas demostrativas de la participación y grado de responsabilidad de S.A. como determinadora del homicidio en discusión, según quedó acreditado con los elementos probatorios valorados en segunda instancia.
Por consiguiente, solicita a la Corte declarar infundada la causal tercera del artículo 222 de la Ley 600 de 2000 y, consecuencialmente, dejar incólume el fallo del tribunal.
1. De conformidad con el artículo 75-2 de la Ley 600 de 2000, corresponde a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia conocer de la acción de revisión promovida contra el fallo mediante el cual una Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá condenó a N.D.C.S.A. como determinadora de los delitos de homicidio agravado cometido en la persona de A.H.M.C., en concurso con el de porte de armas de fuego de uso personal.
2. La acción de revisión, como tiene dicho la Corte, posibilita remover la cosa juzgada para hacer cesar la injusticia material contenida en una decisión cuya verdad procesal es diametralmente opuesta a la verdad histórica del acontecer objeto de investigación o juzgamiento, siempre y cuando se acredite la configuración de alguna de las causales establecidas de manera específica en la ley y desarrolladas por la jurisprudencia.
En el presente asunto se invoca la causal tercera prevista en el artículo 220 de la Ley 600 de 2000, la cual prevé la posibilidad de revisar las decisiones judiciales definitivas “[C]uando después de la sentencia condenatoria aparezcan hechos nuevos o surjan pruebas, no conocidas al tiempo de los debates, que establezcan la inocencia del condenado, o su inimputabilidad”.
La Corte ha explicado que se entiende como hecho nuevo
... aquel acaecimiento fáctico vinculado al delito que fue objeto de la investigación procesal, pero que no se conoció en ninguna de las etapas de la actuación judicial de manera que no pudo ser controvertido; no se trata, pues, de algo que haya ocurrido después de la sentencia, pero ni siquiera con posterioridad al delito que se le imputó al procesado y por el cual se le condenó, sino de suceso ligado al hecho punible materia de la investigación del que, sin embargo, no tuvo conocimiento el juzgador en el desarrollo del itinerario procesal porque no penetró al expediente.
Y por prueba nueva
… todo mecanismo probatorio (documental, pericial o testimonial) no incorporado al proceso, que da cuenta de un evento desconocido (se demuestra por ejemplo que fue otro el autor del hecho), o de una variante sustancial de un hecho conocido en las instancias, cuyo aporte ex novo tiene la virtualidad de derruir el juicio positivo de responsabilidad (o de imputabilidad) que se concretó en la decisión de condena.
De manera que, atendiendo el alcance de la causal invocada, imperioso resulta demostrar para su configuración la aparición de una situación fáctica o probatoria novedosa que además resulte trascendente, es decir, que tenga la capacidad e idoneidad para desvirtuar el fundamento de la sentencia censurada o, cuando menos, para poner en entredicho la declaración de justicia con la que culminó la controversia procesal.
En otras palabras, acorde con la jurisprudencia de la Sala en la materia, la revisión de los fallos a partir de la aparición de pruebas novedosas procede cuando estas son conocidas “… después de la sentencia que le pone fin al proceso”; pero, además, siempre que dichos medios de conocimiento “… tengan idoneidad probatoria, es decir que su fuerza persuasiva conduzca a establecer la inocencia o inimputabilidad del condenado”.
Lo anterior porque la revisión, en cuanto a esta causal se refiere, no tiene por finalidad la continuación del juicio o revivir el debate jurídico-probatorio llevado a cabo en el proceso en las instancias comunes, sino establecer un posible acto de injusticia a partir de la controversia respaldada probatoriamente en elementos de prueba no conocidos al emitir el fallo cuestionado.
Para ese fin resulta indispensable acatar, en el marco del debido proceso probatorio, la ponderación integral de los medios de prueba en debida oportunidad y forma practicados, aducidos y debatidos en las fases de investigación y juzgamiento ordinarias, confrontarlos y contrastarlos con los que se aportan como nuevos medios de convicción. No puede, por tanto, aceptarse una evaluación aislada o asistemática de esta —la prueba nueva— con prescindencia de aquella -la original conocida-.
En esta misma línea de análisis, la Corte ha destacado que si lo que se plantea en un caso dado es que las pruebas nuevas son declaraciones de testigos de los hechos, se exige del actor exponer una carga argumentativa mayor para establecer la procedencia de la revisión; es así que:
… se le impone al demandante explicar quiénes son, sus relaciones pasadas y actuales con el condenado, con la víctima, con sus familias y allegados, si fueron mencionados dentro del proceso el por qué no declararon, o en el caso contrario el por qué nadie los citó ni hicieron contacto con el fiscal investigador … cuál fue el medio para contactarlos y saber del conocimiento que tenían sobre lo sucedido e igualmente los intereses en concreto que los motivan en el presente a prestar declaración. Ello para posibilitar el juicio sobre la procedencia de la acción que depende, como lo establece la ley, de la naturaleza novedosa del medio de prueba respectivo.
Si como es natural los nuevos testimonios (o cualquier otra prueba en general), se plantean como soporte demostrativo de una realidad distinta a aquella asumida por el juzgador, a la cual arribó sustentado en el conjunto probatorio obrante al momento del fallo, resulta claro que dicha contraposición de realidades debe ser enfrentada por el demandante, con miras a demostrar de qué manera los nuevos medios probatorios acreditan la inocencia o inimputabilidad del condenado. (CSJ AP, 5 dic. 1997, Rad. 13776).
3. Para resolver las pretensiones de la parte demandante la Sala considera de rigor partir por precisar que, de acuerdo con el fallo atacado, N.D.C.S.A. actuó como determinadora de los delitos de homicidio agravado en la persona de A.H.M.C., y del porte de armas de fuego de defensa de personal, por los cuales en consecuencia fue condenada.
Argumentó el juez colegiado como fundamento de esa decisión, revocatoria de la absolución, en los términos que a continuación se trascribe en extensión para su cabal comprensión, que:
… es claro que N.D.C.S.A. fue quien mandó asesinar al doctor M.C., envió a J.V., alias “E.M.”, a la ciudad de Medellín para que consiguiera los sicarios y, luego, canceló un dinero por ese hecho, sin que sea descartable que los delincuentes acudieran a la presión de secuestrarle un hijo para obtener el pago de otra parte o algo más de lo prometido.
Quién, si no ella, era la más interesada en la muerte de M.C., de esta manera quedarían en el limbo las millonarias deudas que afectaban su patrimonio, ya fuera por negocios directos, como los noventa millones que debía del apartamento ubicado en Bosques de Medina, o por las deudas pendientes que dejó su esposo J.H.M., primo de M.C., derivadas de la Licorera Vinícola Los Robles.
Decir que por la muerte del ex gobernador el negocio del apartamento se había dañado o entorpecido es esgrimir un argumento carente de peso, pues de público conocimiento es que cuando una persona muere, tanto sus obligaciones como derechos, se legan a los sucesores, entonces ningún problema tiene N.D.C. para que la compraventa del inmueble ubicado en Bosques de Medina se perfeccione una vez cumpla con el pago del mismo. En cambio, deudas de crecido valor, no respaldadas por documentos, sino por la palabra de entre M.C. y H.M., si tenían riesgo de no ser canceladas, ahora difícilmente se logrará con la muerte de M.C.
Entre ellos existían fuertes discrepancias de índole económico, por eso es que la negociación del apartamento no puede desdibujar los problemas en ese sentido. Así lo aclaran personas que tenían conocimiento sobre los negocios relacionados con la Vinícola Los Robles.
M.C.M., por ejemplo, es claro en manifestar que le consta las muchas discusiones suscitadas entre M.C. y N.D.C.S. por varias deudas. En igual sentido coincide con el anterior testigo el señor C.G., quien escuchó de propia voz de M. que la vinícola le debía grandes cantidades de dinero, le había hecho un préstamo a la firma de cien millones de pesos a través del esposo de N.D.C., cuyos pagos venían siendo incumplidos una vez falleciera su primo J.H.M.
Algo que no admite discusión es que J.E.V.C. fue la persona que de Quibdó viajó a Medellín y contactó a los sicarios, les prometió pago y anunció que se ejecutaba por orden de su patrona; para esa época (mediados de 1997) su empleadora era N.S.; alias “E.M.” le dijo a Q.G. que era su jefa la que mandaba ejecutar el homicidio, y el día que se cometió le manifestó que tenían que secuestrarle un hijo a N. para asegurar el pago.
Se ha querido poner en duda la historia del secuestro por parte del a quo, como también ha buscado la procesada hacerla creer; en uno u otro caso N.D.C. sale mal librada. Si no se llevó a cabo el secuestro, entonces la historia del plagio se esgrimió para justificar el desembolso de aproximadamente veinte millones de pesos a los pocos días de sucedida la muerte de M.C., con lo que se comprueba inequívocamente que ese dinero en realidad se destinó para el pago de los sicarios.
Si es lo contrario, esto es, que en realidad uno de los hijos de N.D.C. fue arrebatado ilícitamente, entonces también es cierto que el autor del mismo fue J.E.V.C., quien manifestó la intención a Q.G. para poder asegurar el pago por el crimen que se cometiera contra el ex gobernador, los presuntos secuestradores exigieron a N.D.C. la presencia de J.E.V. para el pago, a él le entregó la procesada el dinero y a cambio le trajo el hijo; cuando “E.M.” le pide a Q.G. que no fuera a venderlo con su jefa, le quiso significar que si algo llegaba a ocurrir guardara el secreto que había sido idea suya plagiarle un hijo para obtener el pago.
Lo que si no se puede creer es que, coincidencialmente, a los pocos días de ultimado el ex gobernador un grupo de guerrilleros denominado V.B. plagiara al hijo de N.D.C., y obtuvieran el pago de veinte millones de pesos; los informes de policía son tajantes en el sentido que esa agrupación para la época de los hechos ya había sido desarticulada. Nunca puso N.D.C. en conocimiento de las autoridades lo del plagio y quedó la judicatura en espera que hiciera llegar misiva extorsiva del aludido grupo al margen de la ley.
Para el tribunal resulta contradictorio que la juez de primer nivel le conceda credibilidad a las narraciones de Q.G. cuando implica a otros procesados, y sobre estas imparte sendas condenas, pero hace una excepción al momento de ponderar la situación de N.D.C., a quien Q. también sindica de ser la autora intelectual del crimen, y solo en el caso de la citada mujer estima no ser por completo creíbles los dichos de Q., particular forma de evaluar la prueba. (Énfasis original).
En ese contexto, la condena impuesta a S.A. por su participación en calidad de determinadora del reato se sustenta en la ponderada sindéresis sobre:
(i) la existencia de obligaciones pecuniarias por importantes montos contraídas con A.H.M.C., no respaldadas por documentos, que afectaban el patrimonio de la procesada luego de la muerte de su esposo J.H.M.;
(ii) las fuertes discrepancias suscitadas entre ella y M.C. por el incumplimiento en los pagos por dichas acreencias desde el fallecimiento de J.H.M.;
(iii) el hecho de que J.E.V.C. fue la persona que contrató a los sicarios que habrían de atentar contra A.H.M.C., presentándose para ese fin como emisario de la orden dada por su patrona quien para esa época se estableció era N.D.C.S.A.; y
(iv) la credibilidad asignada al testimonio incriminatorio de A.Q.G.
4. Contra las conclusiones que expuso el ad quem, se esgrime la postulación del actor de demostrar, con los medios cognitivos allegados, que la inculpación contra N.D.C.S.A. no se aviene a la verdad real de lo acontecido sino que obedeció a un complot para incriminarla, fraguado desde su sitio de reclusión por J.A.H.P. y al cual contribuyeron A.Q.G. y A.A.P.B., siguiendo los designios de M.C., de quien se afirma, es, en palabras del accionante, el real autor intelectual del homicidio de A.H.M.C.
En respaldo de la tesis se han aportado con la demanda el documento manuscrito por J.A.B. dirigido a A.Q.G., en que lo insta a contar la verdad acerca del montaje en contra de N.D.C.S.A., así como copias de las declaraciones extraprocesales rendidas con posterioridad a la sentencia de segundo grado por el mismo A.B. y A.F.H.P., coprocesados, en las que refieren a dicha confabulación.
Con el mismo propósito, en el trámite del juicio de revisión se escucharon en esta sede las exposiciones de A.F.H.P., H.I.M.T., F.C.A. y J.A.H.M.
Atendiendo el sentido y alcance de la causal de revisión alegada, la Sala anticipa que los elementos de convicción invocados por el demandante no reúnen los presupuestos necesarios para socavar la sentencia atacada en revisión, en vista que algunos no pueden ser considerados como pruebas nuevas y ninguno de ellos tiene la potencialidad para modificar las conclusiones del fallo, en consonancia con el numeral 3º del artículo 220 del Código de Procedimiento Penal de 2000, conclusión que deviene consecuente con el análisis intrínseco como extrínseco de todos ellos y los medios de convicción regular y oportunamente aducidos en el procesamiento sometido a examen por medio de esta acción excepcional.
4.1. En relación con el escrito que firma J.A.B. dirigido a A.Q.G., no ostenta el carácter de prueba nueva en tanto se ha verificado que fue conocido en el proceso que cursó en contra de N.D.C.S.A. y otros, esto es, hizo parte de la prueba recopilada en la actuación ordinaria y se le sometió a escrutinio judicial.
En efecto, el documento en mención fue aducido en la sesión de audiencia pública celebrada el 26 de julio de 2000 y, por demás, sobre su contenido y autoría testimonió y ratificó el propio J.A.B., que en esa diligencia dio cuenta, además, del conocimiento que tuvo de un supuesto montaje urdido en contra de N.D.C. y “E.M.” en la cárcel donde estaba recluido J.A.H.P., quien lo organizó, y en el que intervinieron A.A.P.B., A.Q.G. y un desconocido abogado visitante, quienes se reunieron en varias ocasiones sin precisar cuándo.
Y agregó que de ese contubernio no había informado con antelación por temor a que su vida corriera peligro.
Ese medio suasorio, se verifica en la actuación revisada, por disposición de la juez de la causa fue incorporado al expediente y copias del mismo se entregaron a los partes procesales para su conocimiento.
De manera que es irrefutable afirmar que hizo parte del acervo probatorio de la causa y que la existencia de esa misiva era sabida al momento de emitir las sentencias de instancia por los funcionarios judiciales, los procesados y sus defensores.
En suma, no ostenta el carácter de prueba nueva que se exige para quebrar, con apoyo en el motivo tercero de revisión, la cosa juzgada de la sentencia de condena que ha hecho tránsito a cosa juzgada.
Con todo, lo único que podría probarse con esa carta es que A.B. pedía a Q.G. decir la verdad sobre el presunto montaje en perjuicio de N.D.C.S.A. y “E.M.”, lo cual no resulta suficiente para tener como cierto que así ocurrió y menos aún para colegir la predicada inocencia de la accionante que alega el promotor de esta acción.
4.2. Acerca de las exposiciones extraprocesales que J.A.B. y A.F.H.P. rindieron ante el Juzgado Cuarenta y Uno Penal del Circuito, con posterioridad al proferimiento de la sentencia de segundo grado, en las cuales se dice que manifestaron saber del pago de dádivas a A.Q.G. y A.A.P.B. para que variaran sus versiones previas e involucraran a N.D.C. S.A. y J.E.V.C. como “autores intelectuales” del homicidio del exgobernador de A.H.M.C., se concluye que tampoco satisfacen las exigencias para la prosperidad de la causal revisora impetrada.
Esto es así, en primer lugar, porque la declaración de A.F.H.P. se aportó incompleta y de ella solamente reposa el primer folio, lo cual impide conocer y valorar en integridad su contenido y autenticidad; por contera, queda relevada la Sala de profundizar el estudio al respecto por sustracción de materia.
En segundo orden, por cuanto la situación que en esa oportunidad pone de presente J.A.B. es la misma que él dio a conocer cuando fue interrogado en la audiencia de la fase de juzgamiento en desarrollo del proceso principal a que se aludió en precedencia, lo que de suyo impide tenerla como prueba ex novo o desconocida, no obstante ser posterior a la emisión de la sentencia de segundo grado como se advierte de la verificación de la fecha en que fue recibida.
4.3. En relación con el testimonio rendido el 27 de noviembre de 2017 dentro del presente trámite por A.F.H.P., en lo esencial se encuentra que manifestó, en adición a sus relatos originarios en la causa, que una persona distinta a N.D.C.S.A. y J.E.V.C., fue el autor intelectual de la acción delictiva de marras; asimismo, depuso el conocimiento que tuvo del ardid tramado en contra de los citados para involucrarlos en los hechos por los que a la postre se les impartió sentencia.
En ese sentido evidente resulta que no se trata de un medio de prueba nuevo porque H.P. también fue procesado en la causa materia del juicio de revisión, dentro de la cual rindió indagatoria y ampliación de la misma, esto es, fue escuchado en descargos e interrogado sobre los hechos en varias oportunidades en las cuales, como se verá más adelante con detalle, incurrió en insalvables contradicciones.
De otra parte, la adenda a las aseveraciones iniciales que rindió en el proceso no puede considerarse en estricto sentido como prueba nueva sino que constituyen variantes de lo que con anterioridad dijo, es decir, materialmente no reviste la condición de novedad que prevé la ley.
Por tanto, la Sala encuentra que el testimonio rendido por A.F.H.P. en el trámite de revisión carece de entidad suasoria para poner en entredicho los fundamentos de las sentencias atacadas.
Conclusión que se nutre al advertir que lo afirmado por él en el juicio rescindente difiere de plano de las manifestaciones expuestas en su indagatoria inicial y en la ampliación de la misma. Véase al efecto:
4.3.1. En la versión inicial rendida el 9 de septiembre de 1997, adujo que hospedó a A.A.P.B. en su casa donde permaneció dos días; luego este se trasladó a la casa de “L.M.”, lugar donde conoció a J.A.H.P. a quien vio en varias ocasiones.
Sobre lo acontecido el día de los hechos, dígase, el objeto de la investigación, indicó que P.B. le comentó que habían matado a una persona y cuando fue capturado escuchó que él —P.B.— confesó a un “coronel” que terceras personas habían contratado a J.A.H.P. y este a su vez había hecho lo mismo para acometer el ilícito con otro de los aprehendidos.
Agregó que un día indeterminado, escuchó al propio P.B. decir que iban a llamar a quien había contratado a H.P., un señor de Quibdó, porque este no les quería entregar la plata. E igualmente refirió cómo en la fecha del reato se produjo un encuentro cerca a la sede de Telecom con el fin de recibir dinero por el crimen cometido.
4.3.2. En sentido opuesto, el 11 de noviembre de ese mismo año, en ampliación de indagatoria, negó conocer y haber alojado en su casa a A.A.P.B.; explicó que afirmó haber ido a Telecom y conocer a J.A.H.P. porque escuchó a A.Q.G. hablar de ello; aseveró que a P.B. y Q.G. los conoció el día que los detuvieron, mientras que a J.A.H.P. y J.A.B. en la cárcel al igual que a los demás implicados, con excepción de “L.M.”.
Y rechazó enfáticamente haber sabido de alguna persona más inmiscuida en los hechos investigados.
4.3.3. Con posterioridad, en la declaración que ofreció el 20 de junio de 2015 ante la Fiscalía Seccional de Quibdó, manifestó que en el año 1992 conoció a J.A.B. y en 1993 a J.A.H.P.; indicó que este último, a finales de 1994, lo invitó al Chocó donde pudo darse cuenta que asesinó una persona en un establecimiento conocido como “el rincón vallenato”, víctima que tiempo después se enteró era J.H.
Adujo que en 1997 fue contactado por A.A.P.B., a quien hospedó en su casa junto con A.Q.G. por lapso de ocho días, ignorando que iban a matar al exgobernador M.C.; dijo que en la cárcel J.A.H.P. le confió en secreto que un individuo de apellido C., gerente de un banco, no había enviado la plata que tenía que dar a P.B. y Q.G., motivo por el cual habían tenido una discusión.
Explicó que ese dinero fue llevado días más tarde por un abogado, tras lo cual todos los mencionados se reunieron para incriminar a N.D.C.S.A. en los homicidios de J.H. y H.M.C., procediendo a cambiar sus versiones, incluso bajo amenazas contra sus familias.
Las divergencias advertidas en aspectos sustanciales tales como la forma en que conoció a los mentados procesados capturados en el marco de la investigación por la muerte de A.H.M.C.; las relaciones previas, coetáneas y posteriores al acontecer delictivo sostenidas con ellos; la información de otras personas involucradas en ese delito; las razones para inculpar a la aquí accionante en el crimen y el conocimiento —directo o mediado— que de ello obtuvo, hacen imposible otorgarle credibilidad pues no se sabe en cuál de todas las citadas intervenciones procesales narró la verdad de lo ocurrido.
En consecuencia, la Sala concluye que la prueba testimonial referida no cumple con las condiciones fijadas en la ley y la jurisprudencia para rebatir el fallo cuestionado como pretende el actor, porque a más de no tener el carácter de novedosa carece de la aptitud demostrativa necesaria para derruir sus conclusiones.
4.4. En lo que atañe al testimonio de H.I.M.T., si bien se trata de un elemento de convicción novedoso, pues no fue conocido ni aducido en el curso del proceso que culminó con la decisión de condena que se pretende derruir, carece de la fuerza persuasiva necesaria para establecer la inocencia de N.D.C.S.A., porque sus manifestaciones, según el mismo lo admitió, fueron producto de rumores y comentarios que percibió y le llevaron a realizar inferencias subjetivas, carentes de soporte objetivo.
Véase cómo respondió el testigo al ser interrogado sobre los hechos en diligencia surtida ante esta Corporación, lo siguiente:
… No veo cuál sería la causal para que la señora N.A.S. (sic) tuviera la intención positiva de causar la muerte del doctor M.C., no había, antes por el contrario, pienso yo, puesto que N.S.A. no podía no debió, o sea, de participar en una situación de estas, es más porque la intención venía de otro lado para quitarla del medio, para nulitar totalmente a N. Entonces ahí es que yo pienso que no hay, no hubo nexo entre N. y la sociedad criminal aquí planteada …
… sigo sosteniendo doctor que la persona que actuaba tras de ello y que cumplía con los recursos económicos, tenía el objetivo claro que era dejar por fuera, dejar por dentro, perdón, a N.S.A. por cualquier circunstancia porque N. no podía aparecer como dueña … y como ya lo reiteré aquí la única persona era esa, M.C.M. (Enfatiza la Sala).
Asertos que más adelante ratificó al responder a interrogantes relacionados con el tema a probar en esta acción, diciendo que:
… en la exposición que hice fui claro cuando sostuve que la persona que estaba atrás de A.A.H. era el señor M.C.M., fui claro. Por qué, porque poseía los recursos y quería sacar del medio a N.S.A. ... que no fuera más la gerente de la empresa …
Preguntado en específico sobre la persona que incriminó a la procesada S.A., manifestó que fue:
… el señor M.C. … lo sé por el interés que él tenía en la empresa de licores y tenía necesidad de apartar a N.S.A. … lo sé, o sea (sic), ese es un hecho notorio en el Chocó … donde el señor estaba dando plata al gobernador posterior para que le cimentaran su contrato. M.C.M. daba la plata como gerente del banco para que como fuera quitaran a N. y él acceder a la empresa … es un comentario público en el Chocó … (Enfatiza la Sala).
Aparte de lo anterior refutó lo consignado en el acta de la audiencia de 21 de julio de 2000 llevada a cabo en la causa revisada, aclarando que en esa diligencia lo que en realidad transmitió al defensor de N.D.C.S.A. fue el comentario de J.A.B. acerca del motivo por el cual los implicados vinieron a Bogotá, pero no que él —el testigo H.I.M.T.— tuviera información acerca de los autores materiales e intelectuales del delito.
Y de igual manera negó haber conocido el escrito suscrito por A.B., a pesar de que en la susodicha acta se dejó constancia expresa de la entrega de copias del documento a las partes procesales allí presentes, incluido el deponente.
De lo anterior es dable colegir que la atestación de H.I.M.T. carece de entidad para derruir el fallo sancionatorio por cuanto es evidente que sus afirmaciones corresponden a la construcción subjetiva que hace a partir de comentarios ajenos, del particular crédito que asigna a un presunto hecho de público conocimiento arraigado en la región chocoana sobre las motivaciones que tendría M.C.M. para incidir ilegalmente en la inculpación de N.D.C.S.A. en el homicidio del exgobernador A.H.M.C.
Se suma la menguada credibilidad que se vislumbra en el testificante por cuanto niega, a conveniencia propia y sin ajustada explicación, los hechos procesales consignados en la mentada acta de audiencia pública cuyo tenor se presume auténtico por su origen, en un aspecto que ni él ni alguno de los demás sujetos procesales controvirtió en la actuación revisada a pesar de la importancia y trascendencia que, a no dudarlo, tendría haber inscrito alguna distorsión de lo realmente acontecido en esa diligencia.
4.5. En cuanto al testimonio de J.A.H.M., manifestó que la declaración por él rendida en el proceso en relación con la incriminación de N.D.C.S.A. fue producto de la creencia de que ella intervino en la muerte violenta de su hermano J.H.M., por la presión ejercida, principalmente, por su otro hermano J.H.M. que era apoyado por M.C.M.
En síntesis, afirma que se vio compelido, dadas las circunstancias, para declarar de manera infundada en contra de aquella, aceptando que mintió al testificar en la causa sometida a revisión.
Por manera que J.H.M. no es un testigo novedoso, sino que ahora se retracta de la deposición que otrora vertió en la causa materia de la acción revisora la cual, valga precisar, no fue tenida en cuenta como elemento de convicción en la sentencia de primer grado en tanto el a quo la desechó de plano, al igual que varios testimonios más, por su evidenciada animadversión contra N.D.C.S.A., debido a que “… se basaba en comentarios insidiosos, faltos de criterio, citas infundadas, carentes de juicio …” como se acotó en la sentencia de primera instancia.
La confesión del declarante H.M. en cuanto acepta haber mentido en la exposición que ofreció en el proceso revisado a causa de presiones ajenas para incriminar a N.D.C.S.A., ninguna virtualidad tiene para derruir las conclusiones del fallo de condena según la doctrina de la Sala.
Es así que de manera profusa y reiterada de tiempo atrás, se ha explicado cómo la retractación de un testigo no es admisible para promover la acción de revisión en el entendido que a través de esta mal puede propiciarse nuevo examen sobre las valoraciones que las instancias judiciales asignaron a los hechos y medios de prueba, en general, y, menos aún a lo declarado por un específico deponente que desdice de su anterior testificación.
Ese propósito resulta ajeno al medio de control extraordinario que tiende a la invalidación de una decisión judicial contentiva de injusticia material, a partir de la comprobación objetiva de alguna de las causales previstas por el legislador para derruir la fuerza de la cosa juzgada, mas no abre espacio para reanudar discusiones superadas que alcanzaron la entidad de cosa juzgada.
Para mayor ilustración, se rememora el criterio de la Sala en CSJ SP, 26 mar. 2008, rad. 26103, reiterando previos pronunciamientos elaborados al estudiar el tópico, a saber:
“No se le da trámite a una acción de REVISIÓN, por el solo hecho de la retractación de uno o varios de los testimonios vertidos en el proceso comoquiera que no existe certidumbre sobre en dónde fue que el declarante respetó la verdad, continuando el fallo en consecuencia, en posición privilegiada por la doble presunción de acierto y legalidad con lo que está amparado”.
Es evidente que la prueba que así se pretende introducir no se refiere a un hecho desconocido dentro del proceso, y menos podría considerarse como una variación sustancial de uno conocido dentro del mismo, sino a una enmienda o arrepentimiento que no brinda certeza sobre la verdad.
La doble presunción de acierto y legalidad que pesa sobre una sentencia, no puede ser desconocida bajo meras suposiciones o cambios de criterio de alguno de los declarantes. Solo podría tener lugar la revisión cuando luego de un amplio debate jurídico probatorio y dentro de un proceso legalmente adelantado, se establezca sin ambages y con una decisión definitiva, debidamente ejecutoriada, que se incurrió en falso testimonio.
Por consiguiente, admitir que la retractación pueda ser considerada como hecho o prueba nueva, sería atentar contra la seguridad jurídica en cuanto la fuerza de la cosa juzgada de una decisión quedaría al arbitrio del querer de una persona, de su estado de ánimo o de su cambio de parecer.
4.6. De la atestación de F.C.A., se extracta en lo pertinente que, por vínculos de amistad y por haber compartido en el sitio de reclusión con varios de los procesados en este caso, se enteró que quienes intervinieron en el homicidio de A.H.M.C., fueron A.Q.G., A.A.P.B. y J.A.H.P., desconociendo cómo y porqué se involucró en ese hecho a N.D.C.S.A. y “E.M.”.
Adicionalmente, afirma que en ningún momento en las conversaciones que con aquellos sostuvo se mencionó ni los oyó hablar de M.C. como verdadero responsable de la idea de dar muerte al exgobernador.
Explica el testigo ante la Corte que en las visitas que realizó a A.F.H.P. en la cárcel se enteró, conforme surgía de los conversaciones con los demás implicados, de las disputas que se presentaron entre ellos porque J.A.H.P. no aceptaba su responsabilidad ni señalaba a quienes sí habían intervenido en la ejecución de la conducta punible; también dijo que supo del no pago del dinero que correspondía a A.A.P.B. y A.Q.G. por cometer el homicidio, pero ignoraba las circunstancias que rodearon la preparación y perpetración del reato.
En ese contexto, este elemento de convicción ninguna repercusión tiene en cuanto a la responsabilidad atribuida a S.A. en los términos que se dejó visto en precedencia porque al fin y al cabo dice desconocer qué propició la inculpación en contra de ella.
5. Corolario de la reseña anterior surge palmario que ninguno de los medios de convicción en que se apoya la parte demandante tiene el mérito suasorio para acreditar la inocencia de N.D.C.S.A. ni la injusticia de la condena proferida en su contra, en atención a que no refutan los análisis y conclusiones derivados por el ad quem de los medios de convicción acopiados en el proceso regular.
Como se dejó visto, el juicio de responsabilidad efectuado por el tribunal se basó en la prueba acopiada en la actuación que daba cuenta de graves discrepancias entre A.H.M.C. y N.D.C.S.A. en razón de la falta de pago de obligaciones dinerarias por importantes cuantías que había contraído de manera personal J.H.M., cónyuge de esta, y que a raíz de su fallecimiento ella hubo de asumir; a la par que de otras a cargo de la empresa vinícola que dirigía en vida su esposo y de la que era principal accionista, también por préstamos que el mismo abogado M.C. le hizo antes de morir.
Así mismo, por encontrar establecido que J.E.V.C., jefe de seguridad de la procesada S.A. para ese entonces, fue quien contrató por su encargo a los sicarios que dieron muerte al exgobernador M.C., conforme lo reportó A.Q.G. que, por demás, aceptó cargos como autor material del delito y se acogió a sentencia anticipada por cuanto, valga acotar, no se le había cancelado la totalidad del dinero ofrecido pagar por el actuar punible, atestación digna de credibilidad para el juzgador colegiado.
El esquema argumentativo expuesto en la sentencia de condena, no es refutado o puesto en entredicho en este procedimiento exceptivo a través de los medios de prueba a instancias de la parte accionante allegados, visto que todos ellos tienden a sustentar la tesis de la confabulación para incriminar a N.D.C.S.A., aportando como explicación el interés que tendría M.C.M. en separarla del manejo de las millonarias negociaciones relacionadas con la distribución y venta de licor en el departamento de Chocó.
En cambio de propender por derruir las bases conceptuales, fácticas y probatorias, de la declaración de condena en los precisos términos que explicitó el proveído de segundo grado, se intenta hacer valer aquella propuesta que desde los albores de la investigación fue planteada infructuosamente por la propia N.D.C. en su injurada, habida cuenta que el instructor consideró acusarla y llamarla a responder en juicio con los mismos argumentos que a la postre recogió el fallo de condena en cuestión.
Tesis que su defensa retomó en las postrimerías del debate a partir de la declaración de J.A.B. y el manuscrito de su autoría, puesto de presente y conocido por todos los participantes y asistentes a una de las audiencias de juzgamiento, buscando dirigir la atención de nuevo a la oscura maquinación de varios de los coprocesados que pretendían afectar a la accionante S.A. a cambio del pago de dinero que recibirían por contribuir a la satisfacción de los planes de M.C.M. de alejarla del manejo de la razón social Vinícola El Roble y, se deduce, con el propósito de hacerse él a un fructífero negocio.
Desde esa perspectiva considera la Sala que no alcanza éxito la parte demandante en la acción de revisión prevista para derruir la fuerza de la cosa juzgada cuando se demuestra, en armonía con la causal impetrada, la existencia de prueba nueva de la inocencia de una persona que, por consiguiente, ha sido condenada de manera injusta; o bien, según la doctrina de la Corte, porque se establece con la prueba novel, manifiesta incongruencia sustancial entre la verdad real y la verdad procesal acreditada en la sentencia judicial.
Se ha orientado en este evento la censura antes que a acreditar cualesquiera de esos supuestos de viabilidad del potencial juicio rescisorio, a reanudar el debate sobre aspectos y situaciones que incluso el a quo, al absolver a N.D.C.S.A., desestimó expresamente el complot pregonado por la defensa y, en diverso sentido, al analizar los diferentes medios probatorios aducidos en el decurso procesal fundamentó esa decisión en la duda sobre la responsabilidad de la procesada, acorde con los cargos formulados a título de determinadora de los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego.
El presente debate está encaminado en sentir de la Sala, a hacer valer de nuevo planteamientos que las instancias judiciales no acogieron retrayendo el escrutinio a algunas pruebas que, ya se explicó, no son nuevas per se y otras que si bien lo son empero no aportan motivos para considerar la inocencia de la accionante o la inconsistencia estructural del fallo de condena.
Encuentra la Sala al respecto que, conforme quedó expuesto y ahora se itera, los elementos de prueba allegados como novedosos estudiados de manera singular y en conjunto, sistemáticamente, como un todo, no rebaten el juicio positivo de responsabilidad atribuido por el tribunal a N.D.C.S.A.
En ese estado las cosas, se impone a la Corte declarar infundada la demanda de revisión impetrada con remisión a la causal tercera del artículo 220 de la Ley 600 de 2000.
6. Para finalizar, la Sala no dispondrá la compulsa de copias para que se investigue a J.A.H.M. por la presunta comisión del delito de falso testimonio, en tanto admitió haber mentido en la declaración que rindió dentro del proceso objeto de esta acción, atendiendo que por el tiempo transcurrido desde entonces a la fecha se colige que la acción penal estaría prescrita.
1. DECLARAR INFUNDADA la demanda de revisión promovida por el defensor de la condenada N.D.C.S.A. contra la sentencia proferida en su contra el 14 de junio de 2002 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, que modificó la dictada el 19 de diciembre de 2000 por el Juzgado Cuarenta y Cinco Penal del Circuito de la ciudad.
2. Devuélvanse las diligencias al despacho judicial de origen.