Source: http://aguasgrancanaria.com/servicios/legislacion/canarias/ley_aguas.php
Timestamp: 2018-09-23 15:07:28
Document Index: 168608634

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'artículo 10', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'Artículo 35', 'Artículo 36', 'Artículo 37', 'Artículo 38', 'Artículo 39', 'Artículo 40', 'Artículo 41', 'Artículo 42', 'Artículo 43', 'Artículo 44', 'Artículo 45', 'Artículo 46', 'Artículo 47', 'Artículo 48', 'Artículo 49', 'Artículo 50', 'Artículo 51', 'Artículo 52', 'Artículo 53', 'Artículo 54', 'Artículo 55', 'Artículo 56', 'Artículo 57', 'Artículo 58', 'Artículo 59', 'Artículo 60', 'Artículo 61', 'Artículo 62', 'Artículo 63', 'Artículo 64', 'Artículo 65', 'Artículo 66', 'Artículo 67', 'Artículo 68', 'Artículo 69', 'Artículo 70', 'Artículo 71', 'Artículo 72', 'Artículo 73', 'Artículo 74', 'Artículo 75', 'Artículo 76', 'Artículo 77', 'Artículo 78', 'Artículo 79', 'Artículo 80', 'Artículo 81', 'Artículo 82', 'Artículo 83', 'Artículo 84', 'Artículo 85', 'Artículo 86', 'Artículo 87', 'Artículo 88', 'Artículo 89', 'Artículo 90', 'Artículo 91', 'Artículo 92', 'Artículo 93', 'Artículo 94', 'Artículo 95', 'Artículo 96', 'Artículo 97', 'Artículo 98', 'Artículo 99', 'Artículo 100', 'Artículo 101', 'Artículo 102', 'Artículo 103', 'Artículo 104', 'Artículo 105', 'Artículo 106', 'Artículo 107', 'Artículo 108', 'Artículo 109', 'Artículo 110', 'Artículo 111', 'Artículo 112', 'Artículo 113', 'Artículo 114', 'Artículo 115', 'Artículo 116', 'Artículo 117', 'Artículo 118', 'Artículo 119', 'Artículo 120', 'Artículo 121', 'Artículo 122', 'artículo 119', 'Artículo 123', 'Artículo 124', 'Artículo 125', 'Artículo 126', 'Artículo 127', 'artículo 107', 'Artículo 128', 'artículo 12']

Creada el 19/03/2001 Título Ley de Aguas de Canarias
Descripción L. 12/1990 de 26 de julio, sobre Normas Reguladoras de Aguas
Agua Ley Canarias
LEY 12/1990 de 26 de julio, sobre Normas Reguladoras de Aguas (B.O.C núm.94, de 27 de julio de 1990)
El agua en Canarias es un recurso natural escaso y valioso, indispensable para la vida y para la mayoría de las actividades económicas.
El tradicional régimen especial del Derecho de Aguas canario se ha concretado en la asunción por la Comunidad Autónoma de las competencias en esta materia vía Estatuto de Autonomía (LCAN 1982\836), y Ley Orgánica 11/1982, de 10 de agosto (LCAN 1982\837), de Transferencias Complementarias a Canarias, sin perjuicio de la normativa básica estatal. De ahí la importancia de esta Ley, cuyo objeto es la regulación integral de los aprovechamientos y recursos hídricos y la ordenación de todo el dominio público hidráulico.
Se configura como principio legal básico la subordinación de todas las aguas al interés general, sobre la base de que se trata de un recurso que debe estar disponible en la cantidad y calidad necesarias, en el marco del respeto al medio ambiente de las islas. Objetivo que se persigue con las directrices de la planificación regional y se materializa en las prescripciones de los Planes Hidrológicos Insulares y demás instrumentos de la planificación.
Siendo el agua, además, un recurso unitario y constituyendo cada isla una cuenca hidrográfica, con notorias diferencias entre unas y otras, se ha querido establecer una Administración insular, especial y participada por todos los sectores, públicos y privados, que intervengan en su ordenación, aprovechamiento, uso y gestión. De ahí la creación de los Consejos Insulares de Aguas, organismos autónomos adscritos a los Cabildos, funcionalmente independientes en la adopción de las principales decisiones relativas a los sistemas hidráulicos insulares.
La ordenación, el aprovechamiento -en su sentido más amplio-, el transporte del agua, y el régimen económico del dominio público hidráulico se regulan, asimismo, detalladamente en la Ley. Igualmente se establece el régimen de auxilios económicos de la Comunidad Autónoma a obras hidráulicas y de regadío, sobre las bases principales reguladas en los títulos anteriores. El régimen sancionador se establece en consonancia con el rechazo social que las infracciones generan, por la importancia del recurso en la actividad económica del Archipiélago. Especial mención merece el Derecho Transitorio.
En este apartado se pretende respetar el contenido económico de los derechos nacidos al amparo de la anterior legislación, por los titulares de aprovechamiento en efectiva explotación, así como por los de autorizaciones no caducadas ni revocadas a la entrada en vigor de la presente Ley; y la adaptación de los aprovechamientos a la nueva naturaleza jurídica del recurso, mediante fórmulas optativas a favor de los actuales titulares.
Esta Ley aspira a cerrar en Canarias un período polémico y difícil en materia hidrológica, abriendo una nueva etapa en la que el agua no debe ser un obstáculo para la convivencia de todos los canarios, cuyas diferencias deben dejarse a un lado ante la tarea común de ordenar y aprovechar racionalmente un recurso vital para todos, en cada isla con sus especificidades.
TITULO PRELIMINAR.-DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. 1. La presente Ley tiene por objeto la regulación de las aguas terrestres superficiales y subterráneas, cualquiera que sea su origen, natural o industrial, en las Islas Canarias, así como el ejercicio de las competencias de la Comunidad Autónoma en las materias relacionadas con el dominio público hidráulico.
2. El ejercicio de las competencias administrativas atribuidas a la Comunidad Autónoma de Canarias por el Estatuto de Autonomía y por la Ley Orgánica 11/82, de 10 de agosto, de Transferencias Complementarias a Canarias, se ajustará a lo previsto en la presente Ley, en todo lo relativo a la producción, uso, aprovechamiento, transporte y distribución de agua.
3. Las aguas minerales y termales, en tanto se utilicen como tales, se regularán por su legislación específica. En cuanto sean utilizadas para unir a las restantes aguas se regirán por lo dispuesto en la presente Ley.
Artículo 2. 1. La Comunidad Autónoma de Canarias asume en su plenitud la ordenación de los recursos y aprovechamientos hidráulicos del Archipiélago, salvo lo dispuesto en aquellos preceptos de la Ley 29/1985, de 2 de agosto (RCL 1981\2429 y ApNDL 412), de Aguas, que le sean de aplicación por definir el dominio público estatal o suponer una modificación o derogación de las disposiciones contenidas en el Código Civil.
2. Las obras e inversiones hidrológicas, que sean consideradas de interés general de la nación, con arreglo a lo dispuesto en la Constitución (RCL 1978\2836 y ApNDL 2875), serán financiadas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
Artículo 3. 1. El agua en Canarias es un recurso escaso protegido por la Ley, Quienes de cualquier modo intervengan en su captación, producción, transporte, almacenamiento, distribución, consumo y depuración tienen el deber de no desperdiciarla ni deteriorar su calidad.
Artículo 4. 1. Corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias la ordenación y regulación de los recursos hidráulicos existentes en la misma con el fin de protegerlos tanto en su calidad como en su disponibilidad presente y futura.
1.º) Unidad de gestión, tratamiento integral, economía del agua, desconcentración, descentralización, coordinación, eficacia y participación de los usuarios, todo ello dentro de una adecuada planificación del recurso.
2.º) Respeto de los sistemas hidráulicos y del ciclo hidrológico.
3.º) Optimización del rendimiento de los recursos hidráulicos, a través de la movilidad de los caudales en el seno de los sistemas insulares.
4.º) Planificación integral, básicamente insular, que compatibilice la gestión pública y privada del agua con la ordenación del territorio y la conservación, protección y restauración medioambiental.
5.º) La compatibilidad del control público y la iniciativa privada respecto de los aprovechamientos hidráulicos.
Artículo 5. Al objeto de cumplir los principios enumerados en el artículo anterior y en relación con el dominio público hidráulico, la Comunidad Autónoma de Canarias declara como servicios públicos, las actividades consistentes en:
1.º) La producción industrial de agua, mediante técnicas de potabilización, desalación, depuración u otras semejantes, en los términos previstos en la presente Ley.
2.º) El transporte del agua en los términos que de forma específica establece la presente Ley.
3.º) La recarga artificial de los acuíferos.
TITULO I.-DE LA ADMINISTRACION HIDRAULICA
Artículo 6. Las competencias y funciones administrativas de la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de aguas serán ejercidas por:
CAPITULO I.-De las competencias del Gobierno de Canarias.
Artículo 7. Corresponden al Gobierno de Canarias:
b) La elaboración del Plan Hidrológico de Canarias.
h) El impulso y fomento de las mejoras hidrológicas así como la investigación y desarrollo tecnológico en esta materia.
i) Cualesquiera otras competencias que le confíen las leyes así como las que no sean atribuidas a otras entidades u órganos de la Administración hidráulica, sin perjuicio de lo que, en cuanto a la Administración insular de aguas, dispone el artículo 10, apartado h) de la presente Ley.
CAPITULO II.-De las competencias de los Cabildos Insulares.
Artículo 8. 1. Los Cabildos Insulares, en los términos de la legislación autonómica, asumen las siguientes competencias y funciones:
CAPITULO III.-De los consejos insulares de aguas.
Sección 1.ª-Configuración y funciones.
Artículo 9. 1. Se crea en cada isla un Consejo Insular de Aguas, como entidad de Derecho Público con personalidad jurídica propia y plena autonomía funcional, que asume, en régimen de descentralización y participación, la dirección, ordenación, planificación y gestión unitaria de las aguas en los términos de la presente Ley.
2. Los Consejos Insulares de Aguas tienen naturaleza de organismos autónomos adscritos a efectos administrativos a los Cabildos Insulares. Esta adscripción orgánica en ningún caso afectará a las competencias y funciones que se establecen en la presente Ley.
3. Los Consejos Insulares tienen capacidad para adquirir, poseer, regir y administrar los bienes y derechos que constituyen su patrimonio, así como para contratar, obligarse y ejercer ante los Tribunales todo tipo de acciones, sin más limitaciones que las establecidas en las leyes.
4. Contra los actos administrativos y disposiciones generales de los Consejos Insulares de Aguas podrán los interesados interponer los recursos de reposición, alzada y revisión, así como el recurso contencioso-administrativo, en los mismos casos, plazos y formas que determinan las Leyes de Procedimiento Administrativo (RCL 1958\1258, 1469, 1504; RCL 1959\585 y NDL 24708), y de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (RCL 1956\1890 y NDL 18435). Los recursos de alzada y extraordinario de revisión se interpondrán siempre ante el Presidente del Consejo Insular.
Contra los actos de la Junta General del Consejo Insular sólo cabe el recurso de reposición previo al contencioso-administrativo.
Artículo 10. Son funciones de los Consejos Insulares de Aguas:
Artículo 11. 1. El Gobierno de Canarias podrá, a través de sus órganos competentes, ejercitar las atribuciones de los Consejos Insulares anteriormente descritas, siempre que así se solicite por los mismos y se acuerde mediante Decreto.
Sección 2.ª-Organos de Gobierno y administración.
Artículo 12. 1. El Estatuto orgánico de los Consejos Insulares se aprobará para cada isla, en función de sus características particulares, por Decreto del Gobierno, a propuesta del Cabildo respectivo y previo informe de su Consejo Insular.
Artículo 13. La composición de la Junta General de los Consejos Insulares se determinará estatutariamente; en todo caso deberán estar representadas en la misma las siguientes entidades.
e) Las entidades concesionarias y titulares de aprovechamiento que resulten de la aplicación de la presente Ley, así como sus respectivas organizaciones.
2. Las entidades descritas en los apartados a), b), c) y d) tendrán una representación del cincuenta por ciento. El Gobierno de Canarias contará con un representante. La referida en el apartado d) no podrá exceder del cinco por ciento.
3. Las entidades descritas en el apartado e) tendrán una representación del veinticuatro por ciento.
4. Las entidades descritas en los apartados f) y g), tendrán conjuntamente una representación del veintiséis por ciento, atendiendo a las peculiaridades de cada isla en cuanto a los usos del agua.
Artículo 14. La Junta de Gobierno estará integrada por una representación proporcional de todas la entidades presentes en el Consejo Insular. Su composición se determinará estatutariamente.
Artículo 15. El Presidente del Consejo Insular será el del Cabido Insular correspondiente.
Artículo 16. 1. Corresponde a la Junta General del Consejo Insular:
c) Aprobar el Proyecto de Presupuestos, para su remisión al Cabildo Insular correspondiente.
c) Concertar, en su caso, las operaciones de créditos necesarios para las finalidades concretas relativas a su gestión, conforme a los acuerdos de la Junta General.
3. Corresponderá al Presidente:
Artículo 17. Los acuerdos de la Junta General y de Gobierno se adoptarán por mayoría simple, siendo exigible para la adopción de acuerdo la asistencia de la mayoría de sus miembros.
Artículo 18. 1. El Gerente del Consejo Insular dirigirá la administración del mismo y ejercerá las funciones que el Estatuto le confiera. En todo caso se responsabilizará de la preparación de los acuerdos que corresponda adoptar a los órganos directivos del Consejo y de la ejecución de éstos.
Será nombrado por el Presidente del Consejo, en los términos que determine el Estatuto.
Artículo 19. El personal al servicio de cada Consejo Insular de Aguas estará constituido por:
Sección 3.ª.-Régimen económico-financiero.
Artículo 20. 1. Los Consejos Insulares de Aguas se financiarán con los ingresos previstos en la legislación general para los organismos de cuenca y, en especial, con las dotaciones económicas que al efecto les sean transferidas por la Comunidad Autónoma y el respectivo Cabildo Insular.
Artículo 21. 1. Los Consejos Insulares de Aguas elaborarán el proyecto de su Presupuesto anual, que será elevado al respectivo Cabildo para su aprobación definitiva dentro del Presupuesto de la Corporación Insular.
2. Además de lo establecido en el apartado anterior, los Consejos Insulares de Aguas someterán su régimen presupuestario, en relación con el Cabildo Insular, a lo que la Ley 7/1984, de 11 de diciembre (LCAN 1984\2978), de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias establece respecto de sus organismos autónomos.
CAPITULO IV.-Otros órganos administrativos.
Artículo 22. En los términos previstos en la legislación reguladora de las Administraciones Públicas Canarias, el Gobierno podrá crear los órganos consultivos o de investigación de nivel regional para el mejor cumplimiento de los fines de la presente Ley. En tales órganos estarán necesariamente representados los Consejos Insulares de Aguas.
Artículo 23. La Consejería competente en materia hidráulica mantendrá los equipos técnicos adecuados al ejercicio de las competencias que la presente Ley confiere al Gobierno y a la propia Consejería, así como a la labor de apoyo que los Consejos Insulares puedan demandar.
TITULO II.-DE LA PARTICIPACION EN EL APROVECHAMIENTO Y GESTION DEL AGUA
Artículo 24. 1. Sin perjuicio de las peculiaridades establecidas en la presente Ley, se reconoce la personalidad jurídica de los Heredamientos y Comunidades de Aguas Canarias, constituidos al amparo de la Ley de 27 de diciembre de 1956 (RCL 1956\1910 y NDL 1077), y de las Comunidades de Usuarios previstas en la legislación estatal de aguas.
2. Las Comunidades de Usuarios que se creen al amparo de la legislación estatal de aguas tienen la consideración de corporaciones de Derecho Público. Las Comunidades de Aguas ya existentes podrán adquirir también esta condición si la solicitaren.
3. Los usuarios de aguas vinculadas entre sí por utilizar las procedentes de una misma concesión o aprovechamiento, transportarlas por una misma red o usarlas para el riego de una zona común, podrán constituirse en Comunidades de Usuarios. Cuando el destino dado al agua fuera primordialmente el riego, tales comunidades adoptarán la denominación de Comunidades de Regantes.
4. Las Comunidades de Usuarios, cuya estructura interna será democrática y representativa, serán reguladas por vía reglamentaria.
Artículo 25. 1. Las Comunidades de Usuarios serán beneficiarias de la expropiación forzosa y de la imposición de las servidumbres que exijan sus aprovechamientos y el cumplimiento de sus fines.
3. Las Comunidades podrán ejecutar por sí mismas y con cargo al usuario, los acuerdos incumplidos que supongan una obligación de hacer. El coste de la ejecución subsidiaria será exigible por la vía administrativa de apremio.
Artículo 26. 1. La agrupación o concentración de comunidades existentes podrá adoptar las siguientes modalidades:
a) Fusión, en la cual la nueva entidad sucede a las fusionadas en la titularidad de los derechos y obligaciones que legitiman las explotaciones hidráulicas afectadas, así como en la de los activos o pasivos patrimoniales a ellas incorporados, extinguiéndose la personalidad de las comunidades preexistentes. Las fusiones han de ser siempre voluntarias.
b) Consorcio, en el que las comunidades participantes se agrupan únicamente a los efectos que ellas mismas hayan señalado, conservando cada una su propia personalidad. El consorcio posee personalidad jurídica propia y capacidad de relacionarse autónomamente con terceros. Las relaciones entre las comunidades consorciadas serán las que libremente se señalen en el pacto de constitución.
3. Las resoluciones administrativas aprobatorias de los convenios de fusión, consorcio o agrupamiento, serán publicadas en el Boletín Oficial de Canarias, prensa y tablones de anuncios de los Ayuntamientos en cuyo término radiquen las obras y acuíferos afectados.
4. El Consejo Insular no podrá denegar la aprobación, ni introducir variantes en los Estatutos, sin previo dictamen del Consejo Consultativo de Canarias.
Artículo 27. 1. Se reconoce a todos los titulares de derechos y usuarios de aguas, individual y colectivamente, el derecho a participar en la gestión pública del agua.
3. El Gobierno habilitará reglamentariamente mecanismos para que los interesados y las organizaciones sociales, científicas o de opinión, puedan conocer y aportar sugerencias sobre los trabajos de la planificación hidrológica.
Artículo 28. 1. Los Consejos Insulares de Aguas impulsarán la constitución de Mancomunidades de municipios, consorcios o entidades análogas, en orden a la mejor gestión o máxima protección del recurso, singularmente en lo referente al abastecimiento y saneamiento de las poblaciones.
TITULO III.-DE LA PLANIFICACION HIDROLOGICA
CAPITULO I.-De los instrumentos de la planificación hidrológica.
Artículo 29. 1. La ordenación del dominio público hidráulico se realizará mediante los Planes Hidrológicos, que tendrán por objetivos generales conseguir la mejor satisfacción de las demandas de agua y equilibrar y armonizar el desarrollo insular y sectorial, incrementando las disponibilidades del recurso, protegiendo su calidad, economizando y racionalizando sus usos en armonía con el medio ambiente y los demás recursos naturales.
3. Todos los instrumentos de planificación hidrológica estarán debidamente coordinados con las demás planificaciones territoriales, especiales y sectoriales y deberán ir precedidos de una Memoria, estudios económicos, sociales, técnicos y financieros que justifiquen su existencia y faciliten su realización.
Artículo 30. 1. Los instrumentos de planificación no crean por sí solos derechos en favor de los particulares y las limitaciones que en ellos se establezcan al ejercicio de los derechos de propiedad, o de carácter administrativo, se considerarán como una determinación del contenido de éstos; en consecuencia ni su aprobación ni su revisión darán lugar a indemnización.
2. Se exceptúan de lo anterior los supuestos en que la aprobación o revisión de un instrumento de planificación hidrológica restrinja las facultades que ya estuvieran ejercitándose al amparo de la legislación, la planificación o actos administrativos anteriores en cuyo caso habrá de indemnizarse a los afectados por los daños o perjuicios que se les produzcan, salvo los que se deriven, en cantidad o calidad, de las variaciones naturales del acuífero.
Artículo 31. 1. Los Planes Hidrológicos vinculan a la Administración y a los particulares, debiéndose ajustar a sus disposiciones los actos administrativos y las actuaciones públicas y privadas, referidas al dominio público hidráulico y a la utilización de las aguas.
Artículo 32. Una vez aprobados definitivamente los Planes Hidrológicos, su contenido deberá integrarse en la planificación territorial y económica de las islas, gozando de prioridad en todo lo que resulte esencial al eficaz cumplimiento de sus previsiones. Estos planes se considerarán condicionantes de la ordenación territorial, a los efectos previstos en la Ley 1/1987, de 13 de marzo (LCAN 1987\811), de los Planes Insulares de Ordenación.
CAPITULO II.-Del plan hidrológico de Canarias.
Artículo 33. 1. El Plan Hidrológico de Canarias comprenderá, como mínimo, los siguientes extremos:
f) Directrices a seguir en las zonas sobreexplotadas, zonas con riesgo de contaminación y zonas de reserva de recursos hídricos.
Artículo 34. 1. El Plan Hidrológico de Canarias será elaborado por el Gobierno de Canarias. Su aprobación definitiva corresponde al mismo, previo el correspondiente trámite de examen por el Parlamento.
CAPITULO III.-De los planes hidrológicos insulares.
Artículo 35. 1. El Plan Hidrológico Insular es el instrumento básico de la planificación hidrológica, destinado a conseguir la mejor satisfacción de las demandas de agua y a racionalizar el empleo de los recursos hidráulicos de la isla, protegiendo su calidad y economizándolos en armonía con el medio ambiente y los demás recursos naturales.
Artículo 36. 1. Los Planes Hidrológicos Insulares deberán ajustarse a los criterios de preferencia y definición de prioridad para usos y demandas.
1.º) Abastecimiento de la población, incluidas las industrias de poco consumo de aguas conectadas a la red municipal, dentro de los módulos que reglamentariamente se establezcan en base a la población de derecho.
2.º) Regadíos y usos agrícolas dentro de los módulos de consumo según cultivos y zonas, en los términos que reglamentariamente se establezcan.
3.º) Usos industriales y turísticos.
4.º) Usos recreativos.
5.º) Otros usos y aprovechamientos.
Artículo 37. Los Planes Hidrológicos Insulares deberán adaptarse a las disposiciones del Plan Hidrológico de Canarias.
Artículo 38. Los Planes Hidrológicos Insulares, en sus respectivos ámbitos, contemplarán los siguientes extremos:
1.º) Inventario general de los recursos en explotación, indicando zonas de captación y aprovechamiento, así como la energía necesaria para su producción, elevación o transporte a los lugares de consumo.
2.º) Inventario general de los Heredamientos, Comunidades y Entidades de Gestión del Agua.
3.º) La delimitación de la zonas hidrológicas de la isla y, en la medida en que técnicamente sea posible, de los siguientes extremos:
4.º) Zonas cuyos recursos hídricos, superficiales o subterráneos, se declaren reservados para destinos determinados, así como las de protección especial.
5.º) Definición de obras necesarias para la consecución de los objetivos previstos, así como previsiones de financiación, pública o privada, de las mismas.
6.º) Medidas legales y técnicas acerca de las siguientes cuestiones:
7.º) Los criterios sobre estudios, actuaciones y obras a llevar a cabo para prevenir y evitar daños por inundaciones, avenidas y otros fenómenos hidráulicos.
8.º) Los Planes Hidrológico-forestales y de conservación de sueltos que hayan de ser realizados por la Administración.
9.º) Cualesquiera otros, de carácter técnico o legal, encaminados a lograr la aplicación de los principios inspiradores de esta Ley y que, reglamentariamente, se determinen.
Artículo 39. Aquellas zonas que el Gobierno de Canarias, previo informe favorable del respectivo Consejo Insular de Aguas, declare como de Especial Protección Agraria, gozarán de un estatuto de adscripción del agua a la agricultura, según módulos de riego que habrán de establecerse en los Planes Hidrológicos Insulares. Tal condición ha de ser recogida en los Planes Hidrológicos.
Artículo 40. 1. La elaboración de los Planes Hidrológicos Insulares compete a los Consejos Insulares de Aguas, que actuarán con sometimiento a las directrices establecidas en el Plan Hidrológico Regional.
Artículo 41. 1. La aprobación definitiva de los Planes Insulares compete al Gobierno de Canarias, que la otorgará salvo que aprecie en su texto vulneración de disposiciones legales, inadecuación al Plan Hidrológico Regional o defectos formales graves, en cuyo caso procederá la devolución del proyecto, con expresión motivada de la causa, al Cabildo que, cuando proceda, lo remitirá al Consejo Insular.
CAPITULO IV.-De los planes parciales y especiales.
Artículo 42. 1. Los Planes Insulares podrán ir precedidos o complementados por Planes Parciales y Planes Especiales.
Por razones de urgencia, previo informe del Consejo Insular respectivo, el Gobierno de Canarias podrá instaurar Planes Especiales, mediante procedimiento que se establecerá reglamentariamente.
CAPITULO V.-De las actuaciones hidrológicas de protección del dominio público hidráulico.
Artículo 43. 1. Con independencia de la confección de los planes y antes de su aprobación, el Consejo Insular de Aguas podrá realizar las siguientes Actuaciones Hidrológicas:
b) Declaración de zonas sobreexplotadas o en riego de estarlo.
c) Declaración de acuífero o porción del mismo en proceso de salinización.
Sección 1.ª.-De los perímetros de protección.
Artículo 44. 1. Los perímetros de protección tienen por finalidad defender el ciclo hidrológico natural y las captaciones de agua en zonas sensibles a la actividad humana. En ellos se exigirá autorización del Consejo Insular de Aguas para la realización de obras de infraestructura, extracción de áridos, vertidos y cualquier otra actividad con capacidad de afectar sustancialmente a las aguas superficiales o subterráneas.
Sección 2.ª.-De las zonas sobreexplotadas.
Artículo 45. 1. La declaración de zonas sobreexplotadas se producirá cuando, constatada la sobreexplotación de los recursos hidráulicos en un perímetro determinado, el Consejo Insular de Aguas así lo determine.
Artículo 46. En el programa de regularización forzosa que se elabore para las zonas sobreexplotadas podrán introducirse las siguientes determinaciones:
Artículo 47. No se consolida el derecho a sobreexplotar. Cuando se produzca una reducción o redistribución equitativa en la ejecución de un programa de regularización de zona sobreexplotada, la correspondiente reducción de extracción no otorga derecho a indemnización, aunque afecte a derechos de carácter privado preexistentes a la presente Ley.
Artículo 48. La declaración de riesgo de sobreexplotación implicará una situación de vigilancia especial para la zona así calificada, con controles periódicos de las extracciones y seguimiento inmediato de la evolución del equilibrio hidrológico de la zona.
Sección 3.ª.-De la declaración de acuífero en proceso de salinización.
Artículo 49. 1. La declaración de un acuífero costero, o porción del mismo, en proceso de salinización por intrusión marina equivale a todos los efectos a la de zona sobreexplotada.
TITULO IV.-DE LA ORDENACION DEL DOMINIO PUBLICO HIDRAULICO
Artículo 50. 1. La ordenación de las aguas canarias contempla la existencia de aprovechamientos de aguas públicas y de aprovechamientos de aguas calificadas como privadas por la legislación anterior.
2. Los aprovechamientos de aguas públicas se rigen por la presente Ley y, en lo que les sea de aplicación, por la Ley de Aguas nacional de 1985 (RCL 1985\1981, 2429 y ApNDL 412).
CAPITULO I.-Del registro y del catálogo de aguas.
Artículo 51. 1. Se constituye un Registro de Aguas para cada isla en el que se inscribirán los títulos legitimadores de todos los aprovechamientos de aguas en régimen concesional y de los aprovechamientos temporales de aguas privadas que se constituyan, así como las incidencias propias de su tráfico jurídico, con los efectos previstos en la Ley Estatal de Aguas.
3. A instancia de los interesados la Administración protegerá los derechos y situaciones derivados de los títulos administrativos inscritos en el Registro de Aguas, sin que pueda oponerse acción interdictal contra las medidas que al efecto se adopten.
Artículo 52. 1. Se creará también para cada isla un Catálogo de Aguas calificadas como privadas por la legislación anterior, destinado a recoger los derechos de esta naturaleza adquiridos conforme a las previsiones de la Ley de Aguas de 1879 y del Código Civil.
CAPITULO II.-Del uso del agua.
Artículo 53. 1. Todas las aguas del Archipiélago quedan vinculadas al abastecimiento de la población en las situaciones de emergencia previstas en la presente Ley. Las aguas, además, están vinculadas por el contenido de su título administrativo, por la planificación hidrológica y por la prioridad de usos definida en esta Ley.
Artículo 54. Los titulares de derechos de cualquier clase sobre el agua están obligados a:
b) Ceder sus caudales para un uso prioritario de interés público mediando justa compensación, en los términos previstos en esta Ley.
Artículo 55. 1. El uso del agua contrario a las prescripciones de la presente Ley o de la planificación hidrológica debidamente acreditado en expediente contradictorio y previa conminación a su cese, será causa suficiente para:
2. Además incurrirán en las previsiones de este artículo, acciones tales como: el abuso de una posición de dominio en el mercado, los consumos inútiles y ostentosos en situaciones de escasez, la introducción en las aguas de elementos que dificulten su reutilización cuando ésta sea posible.
CAPITULO III.-De la protección del dominio público hidráulico.
Sección 1.ª.-De la protección de las aguas y sus cauces.
Artículo 56. 1. Los objetivos de protección de aguas, cauces y terrenos acuíferos de la legislación general del Estado se extienden en las Islas Canarias a:
a) Evitar el deterioro de los sistema naturales de recepción, condensación o infiltración del agua atmosférica y, en lo posible, incrementar su rendimiento.
Artículo 57. Todos los planes que se realicen en el ámbito de la Comunidad Autónoma, tanto territoriales como referidos a las actividades económicas o subsectores relacionados con el agua, atenderán prioritariamente a la economía y protección de los recursos hidráulicos. Los Planes de Ordenación del territorio y urbanísticos atenderán, además, a la conservación de los cauces y adecuada ordenación de su entorno, evitando que puedan dañarlos.
Artículo 58. 1. En Canarias el dominio privado de los cauces por los que ocasionalmente discurren aguas pluviales no se interrumpe por el hecho de cruzar en vía pública, pero no permite hacer obras que puedan variar el curso natural de las aguas sin autorización administrativa del Consejo Insular de Aguas, que será previa a cualquiera otra que se precise.
Artículo 59. El Consejo Insular de Aguas exigirá autorización para las obras que se especifiquen reglamentariamente en la zona de policía de los cauces públicos. Las edificaciones, excepto en suelo urbano, la apertura de canteras, la extracción de áridos y las obras que alteren sustancialmente el relieve en dicha zona, en todo caso, quedan sujetas a autorización.
Artículo 60. El Consejo Insular de Aguas, de oficio o a instancia de parte, procederá a efectuar el deslinde de aquellos cauces en que se prevean o aprecien acciones capaces de proyectarse sobre el cauce o su zona de servidumbre y, en su caso, ejercerá la potestad de recuperación de oficio para preservar la integridad del dominio público hidráulico superficial.
Sección 2.ª-De la protección de la calidad de las aguas.
Artículo 61. Son objeto de la protección del dominio público hidráulico:
Artículo 62. 1. Toda actividad susceptible de provocar la contaminación o degradación del dominio público hidráulico y, en particular, el vertido de líquidos y de productos susceptibles de contaminar las aguas superficiales y subterráneas, requiere autorización administrativa.
2. A los efectos de la presente Ley, se considerará vertido la aportación de líquidos o sólidos solubles o miscibles en el agua, que se realice directa o indirectamente en todo el territorio insular, independientemente de que se trate de cauces públicos o terrenos particulares, y cualquiera que sea el procedimiento utilizado.
Artículo 63. 1. Las autorizaciones de vertido concretarán todos los extremos que por vía reglamentaria se exijan.
Artículo 64. Cuando el vertido pueda dar lugar a la infiltración o almacenamiento de sustancias susceptibles de contaminar los acuíferos o las aguas subterráneas, solo podrá autorizarse si el estudio hidrogeológico previo demostrase su inocuidad.
Artículo 65. 1. Las autorizaciones administrativas sobre establecimiento, modificación o traslado de instalaciones o industrias que originen o puedan originar vertidos, se otorgarán condicionadas a la correspondiente autorización del vertido.
Artículo 66. El Consejo Insular podrá suspender temporalmente las autorizaciones de vertido, o modificar sus condiciones, cuando las circunstancias que motivaron su otorgamiento se hubiesen alterado, o sobrevinieran otras que, de haber existido anteriormente, habrían justificado su denegación o el otorgamiento en términos distintos. Correspondería al Gobierno de Canarias la revocación de la autorización, a propuesta del Consejo Insular.
Artículo 67. Las autorizaciones de vertido podrán ser revocadas por incumplimiento de sus condiciones.
En casos especialmente cualificados de incumplimiento de condiciones, de las que resultasen daños muy graves al dominio público hidráulico, la revocación llevará consigo la caducidad de la correspondiente concesión o autorización de aprovechamiento de aguas, sin derecho a indemnización.
Artículo 68. 1. El Consejo Insular de Aguas ordenará la inmediata suspensión de las actividades que den origen a vertidos no autorizados. Asimismo, requerirá a sus causantes la adopción de las medidas precisas para su corrección, sin perjuicio de la responsabilidad civil, penal y administrativa en que hubieran podido incurrir.
2. Si, además, el vertido fuese contaminante y no susceptible de corrección, el Gobierno de Canarias decretará la clausura de las instalaciones. A este fin, y mediante Reglamento, se arbitrará un procedimiento especial sumario que incluirá las necesarias garantías formales y de audiencia al interesado.
3. Se prohíbe expresamente la introducción y vertido a las redes de alcantarillado de sustancias o productos que dificulten la depuración o la reutilización de las aguas. El Consejo Insular supervisará el cumplimiento de esta prohibición y podrá dictar normas técnicas al efecto, incluso sobre las características que deberán reunir las aguas de abastecimiento. De su incumplimiento se derivarán análogas actuaciones a las previstas en el número 1 para vertidos no autorizados.
Artículo 69. 1. El Consejo Insular podrá hacerse cargo directa o indirectamente, por razones de interés general y con carácter temporal, de la explotación de las instalaciones de depuración de aguas residuales cuando no fuera procedente la paralización de las actividades que producen el vertido y se derivasen graves inconvenientes del incumplimiento de las condiciones autorizadas.
2. En el supuesto previsto en el número anterior el Consejo Insular reclamará del titular de la autorización, incluso por vía de apremio:
Artículo 70. 1. Los entes y organismos públicos, titulares de instalaciones de depuración de aguas residuales deberán garantizar su correcto funcionamiento para conseguir los objetivos de protección de calidad de las aguas, establecidos en esta Ley.
Artículo 71. 1. Podrán constituirse empresas de vertidos para conducir, tratar y verter aguas residuales de terceros. Las autorizaciones de vertido que se otorguen a su favor, incluirán además de las condiciones exigidas con carácter general, las siguientes:
Artículo 72. El Gobierno de Canarias establecerá las condiciones básicas que habrán de tener en cuenta los Planes Insulares para la reutilización directa de las aguas, en función de los procedimientos de depuración, su calidad y los usos previstos. En el caso de que la reutilización se lleve a cabo por personas distintas del primer usuario de las aguas, se considerarán como independientes ambos aprovechamientos, y serán objeto de concesiones distintas.
TITULO V.-DEL APROVECHAMIENTO DEL DOMINIO PUBLICO HIDRAULICO
CAPITULO I.-De la captación y alumbramiento de aguas.
Artículo 73. 1. El agua puede ser producida y aprovechada por personas y entidades públicas o privadas, con arreglo a lo dispuesto en la presente Ley.
Artículo 74. Todos los actos y negocios jurídicos de gestión de las aguas se ajustarán a la planificación hidrológica. En defecto de Plan o Actuación Hidrológica en la zona para la que se soliciten, las concesiones y autorizaciones se otorgarán, si no afectan a caudales apropiados, a concesiones o autorizaciones preexistentes o a reservas hidrológicas.
Artículo 75. El alumbramiento de aguas subterráneas se realizará a través de los permisos de investigación y concesiones previstos en la legislación general, con las particularidades que se establecen en la presente Ley.
Artículo 76. 1. Los permisos de investigación se otorgarán por un plazo máximo de dos años. Transcurrido este término, la Administración hidráulica podrá, en función de la dificultad de los trabajos, otorgar un nuevo permiso.
Artículo 77. El propietario del suelo carece de título para impedir el alumbramiento de las aguas existentes en el subsuelo, ostentando tan sólo las preferencias establecidas por esta Ley.
CAPITULO II.-De las concesiones y autorizaciones.
Sección 1.ª.-Requisitos generales.
Artículo 78. Quienes soliciten una concesión deberán indicar el destino que pretenden dar al agua o someterse a los usos indicados por el Consejo Insular, ajustándose en ambos casos a lo dispuesto en los Planes Hidrológicos.
Artículo 79. El otorgamiento de concesiones para nuevas producciones y aprovechamientos de bienes de dominio público hidráulico se ajustará a las siguientes reglas:
1) El Consejo Insular, atendiendo a las previsiones de los Planes Hidrológicos, determinará el plazo de duración de toda concesión, que no será superior a setenta y cinco años.
2) La concesión contendrá la descripción de las obras a realizar y se referirá a unos caudales a aprovechar, que se entenderán como máximos. En el título concesional podrá exigirse que una vez realizadas las obras y en condiciones de explotación, el aprovechamiento sea obligatorio, siempre que técnicamente sea posible y económicamente viable.
3) Los usos de los caudales objeto de concesión se ajustarán a lo dispuesto en los Planes Insulares.
4) Tratándose de pozos y galerías, la concesión se extenderá a la utilización del subsuelo, y no siendo el titular el propietario del suelo donde se encuentre la bocamina y anejos, también se extenderá a esa superficie y conllevará, en su caso, la declaración de utilidad pública a los efectos de su expropiación e indemnización correspondiente.
5) El contenido de la concesión comprenderá la explotación de los recursos hídricos y la realización de obras e instalaciones, tanto subterráneas como superficiales, incluida la construcción de la conducción hasta el acceso a una red de transporte o punto de consumo y la ocupación de los terrenos necesarios, con las mismas garantías del punto anterior.
6) La concesión se otorgará sin perjuicio de tercero y no podrá perjudicar explotaciones preexistentes amparadas por esta Ley, salvo que el peticionario sea el titular de las mismas, o proceda legalmente la explotación consorciada.
Artículo 80. 1. La ampliación de las concesiones para el aumento del caudal precisa de un nuevo acto concesional complementario del anterior. Estas ampliaciones se extinguirán en el mismo momento que la concesión principal, teniendo carácter accesorio a ésta.
2. Las obras necesarias para alcanzar o mantener el caudal objeto de la concesión, no exigirán nuevo acto concesional, aunque sí la correspondiente autorización administrativa.
4. Cualquier caudal sobrante que pueda originarse, ha de ser puesto a disposición del Consejo Insular, para su mejor utilización.
Artículo 81. 1. La concesión está sujeta al cumplimiento de las obligaciones generales previstas por las leyes, reglamentos y planes y al de las condiciones especiales establecidas en el acto de su otorgamiento.
Sección 2.ª.-Procedimiento.
Artículo 82. 1. El otorgamiento de las concesiones será ofertado mediante concurso público, a iniciativa de la Administración o de los particulares interesados, a través de unas bases, sujetas al Plan Hidrológico Insular correspondiente, en las que se determinarán las condiciones técnicas, administrativas y económicas de la gestión, a las que habrán de adaptarse los proyectos que se presenten.
3. En cada convocatoria se individualizarán los criterios que serán tenidos en cuenta para la selección del concesionario, de acuerdo con la Ley y con los principios previstos en los planes, estableciéndose un orden de concurrencia o de prelación entre los factores que puedan alegar los peticionarios, como son: naturaleza jurídica, pública o privada del empresario; propiedad del suelo; adecuación a la prioridad de usos prevista en esta Ley; titularidad de otras concesiones conexas; puesta de una parte del agua a disposición de entes públicos; mejores condiciones de ofertas; compromiso de explotación consorciada; rentabilidad social; clase de cultivo a que se va a destinar, en su caso, el agua y otros de finalidad análoga.
4. Podrá precindirse del concurso público cuando las bases de la concesión supongan unas condiciones que excluyan la concurrencia por su propia naturaleza, o cuando se exija, al amparo del apartado dos del presente artículo, que los peticionarios sean todos los titulares de la zona afectada o cuando se imponga una explotación consorciada de los mismos.
Artículo 83. 1. Las concesiones podrán ser renovadas al término de su plazo, atendiéndose al procedimiento establecido en el artículo anterior, incluyéndose como factor de preferencia el hecho de haber sido anterior concesionario, siempre que no haya incurrido en caducidad por incumplimiento de sus condiciones esenciales.
2. Cuando el destino de las aguas fuese el abastecimiento a la población o al uso agrícola, el titular de la concesión podrá obtener una nueva con el mismo uso y destino, debiendo formular la solicitud en el trámite de audiencia previa en el expediente de declaración de extinción o durante los últimos cinco años de vigencia de aquélla.
Artículo 84. Por razones de interés general, el Consejo Insular podrá modificar las condiciones de la concesión, en resolución motivada y mediante expediente contradictorio con audiencia a los interesados, en los siguientes casos:
1) En la zona de acuíferos declarados sobreexplotados podrá reducirse con carácter temporal el caudal producible con objeto de conservar equilibradamente los recursos hidráulicos. Cuando esta medida no afecte a todas las explotaciones de la zona y con ella se ocasione un beneficie en favor de otros aprovechamientos, los titulares de éstos deberán indemnizar al perjudicado. A falta de acuerdo entre ellos, se decidirá la cuantía que corresponda por el procedimiento de expropiación forzosa urgente. Estas medidas subsistirán hasta que se declare que la zona o acuífero ha dejado de encontrarse en situación de sobreexplotación.
2) Con objeto de racionalizar la explotación de una zona, el Consejo Insular de Aguas, de oficio o a iniciativa de los particulares, podrá imponer la reordenación de las concesiones ya existentes, exigiendo una explotación coordinada, consorciada o común de varias de ellas. Las que pertenezcan a quienes no acepten las condiciones impuestas al efecto podrán ser expropiadas con la indemnización correspondiente, en beneficio de los demás.
3. Cuando se constate afecciones recíprocas entre varias concesiones existentes o se prevea la posibilidad de que se produzcan, podrán imponerse las medidas establecidas en el número anterior y con las mismas garantías a favor de los concesionarios.
Sección 3.ª.-Extinción.
Artículo 85. 1. Las concesiones y derechos sobre el dominio público hidráulico se extinguen por:
1.º) Expropiación forzosa o rescate de la concesión con la indemnización correspondiente, en su caso.
2.º) Expiración del plazo de la concesión o renuncia de su titular.
3.º) Caducidad de la concesión por la interrupción continuada de la explotación durante dos años consecutivos, siempre que dicha interrupción sea imputable al titular.
4.º) Revocación de la concesión por el incumplimiento de las condiciones esenciales previstas como tales en el documento concesional.
5.º) Mutuo acuerdo entre la Administración concedente y el concesionario.
Sección 4.ª.-Obras e instalaciones.
Artículo 86. 1. En cada título concesional habrá de precisarse las obras e instalaciones afectas al servicio que estén sujetas a reversión, así como los correspondientes plazos de amortización, que podrán ser revisados cada cinco años.
Sección 5.ª.-Concentración de Captaciones.
Artículo 87. Con el fin de conseguir un mejor aprovechamiento global de los recursos de una zona, el Consejo Insular de Aguas podrá condicionar el otorgamiento de nuevas concesiones a la constitución de los interesados en una comunidad general que agrupen todas las captaciones con valor efectivo, en los términos que se determinen.
Artículo 88. 1. La Administración hidráulica fomentará la fusión de captaciones en una comunidad única en aquellos puntos en los que sus dimensiones y volumen de interacciones lo hagan recomendable.
2. A tal fin, ofrecerá ayuda técnica para la redacción de los nuevos estatutos, además de los estímulos que puedan crearse en el seno de un programa de actuación tendente a impulsar estas fusiones en el que cooperaran el Gobierno de Canarias y los Consejos Insulares de Aguas.
CAPITULO III.-De la producción industrial de agua.
Artículo 89. 1. Los Consejos Insulares, atendiendo en su caso a lo establecido en la planificación, autorizarán la instalación de plantas de producción industrial de agua para posibilitar la satisfacción de las necesidades de consumo. Se considerará producción industrial la que no interfiera en el ciclo natural de agua en las islas.
Artículo 90. 1. Quienes pretendan instalar una planta de las mencionadas en el artículo anterior, aportarán al Consejo Insular de Aguas información suficiente sobre su tecnología, características de las aguas a tratar y puntos de toma, volumen de producción, consumo de energía, capacidad de expansión y vida útil, para que se pueda otorgar o denegar su autorización o concesión.
2. El Consejo Insular, a la vista de los datos mencionados y de las previsiones de la planificación o de otras instalaciones, podrá condicionar su autorización o concesión a la introducción en el proyecto de las adaptaciones necesarias para integrar la planta en el sistema hidráulico de la isla, o la utilización de fórmulas consorciales para la gestión conjunta de varias plantas.
Artículo 91. 1. El Consejo Insular, ante la insuficiencia de recursos y a través de los instrumentos de planificación previstos en esta Ley, impondrá a los usos de esparcimiento, turístico e industrial, la utilización de agua de producción industrial.
2. Se exceptúa de lo establecido en el apartado anterior, el uso industrial cuando se utilice el agua como materia prima en la elaboración de productos para consumo humano.
3. El Gobierno de Canarias, sobre la base de las condiciones concretas de cada isla y cada zona, desarrollará el mandato expresado en el apartado uno, señalando en el Plan Hidrológico Regional las condiciones técnicas, plazos y demás características necesarias para la implantación de sistemas de producción industrial. Se arbitrarán, asimismo, las medidas transitorias que procedan para adaptar situaciones anteriores a la entrada en vigor de la presente Ley.
Artículo 92. 1. El Gobierno de Canarias impulsará la instalación de las plantas desaladoras y depuradoras que se precisen en las islas, así como la mejora de la tecnología aplicable mediante los oportunos planes de subvención y fomento, que podrán ser realizadas a través de convenios con las entidades locales interesadas.
2. Los Consejos Insulares adoptarán las medidas necesarias para garantizar el uso adecuado de todas las aguas depuradoras sobrantes.
CAPITULO IV.-Del almacenamiento del agua.
Artículo 93. 1. El almacenamiento de aguas propias en estanques, balsas o depósitos de cualquier tipo es libre, con la obligación de informar a la Administración, cuando lo solicite, sobre las características de la instalación y el destino de las aguas.
2. La instalación de depósitos de capacidad superior a mil metros cúbicos, de más de cinco metros de altura y los destinados al servicio de terceros, requiere autorización administrativa.
Artículo 94. Cualquiera que sea su destino, la Administración hidráulica podrá acordar la expropiación de los depósitos notoriamente infrautilizados, en cuanto sea necesario para incrementar la capacidad de almacenamiento del sistema hidráulico insular.
CAPITULO V.-Del servicio público de transporte del agua.
Sección 1.ª.-Normas generales.
Artículo 95. 1. Los Consejos Insulares establecerán, dentro de cada Plan Hidrológico, el servicio público de transporte del agua en la isla o en cualquiera de sus zonas, en que sea necesario. No tendrá carácter de servicio público el transporte de aguas proveniente de un aprovechamiento del que sea titular el dueño de las conducciones, siempre que el destino del agua fuera el consumo propio, salvo que por aquéllas se transporte simultáneamente agua a terceros.
Artículo 96. Cuando en una isla o zona de la misma se establezca el transporte del agua como servicio público, conforme a los criterios definidos en los artículos 97, 98, 99 y 100, para las conducciones sobre las que se haya declarado, se regularán de acuerdo con lo previsto en los artículos siguientes.
Artículo 97. Los Consejos Insulares de Aguas velarán para que el servicio público de transporte de agua se preste con arreglo a criterios de eficacia, economía y racionalidad. A tal fin se llevará a cabo:
Artículo 98. Todos los que dispongan de conducciones que sean utilizadas de forma permanente o temporal para transportar agua a terceros, están obligados a declararlas en los plazos y condiciones que se establezcan en esta Ley y su Reglamento.
Sección 2.ª-De la redes de transporte.
Artículo 99. 1. El Consejo Insular diseñará el trazado de las redes de transporte, aprovechando en lo posible las conducciones e instalaciones ya existentes, que deberán adaptarse a las condiciones técnicas fijadas en los Planes.
2. Cada red constituirá un sistema completo de conducciones referidas a una zona o zonas, de tal manera que permita el transporte de los caudales desde el lugar o lugares de su producción hasta donde vayan a ser aprovechados por los usuarios o consumidores. A tal efecto, antes de su aprobación se abrirá un período de información pública para que los interesados puedan ofrecer sugerencias o proyectos, proponiendo conexiones físicas y jurídicas que favorezcan la racionalidad de las redes y la transparencia del mercado de transporte.
3. No se incluirá en la redes:
Sección 3.ª.-De las conducciones.
Artículo 100. 1. La aprobación de una red en los términos previstos en los artículos anteriores, da derecho a los propietarios de la conducciones existentes incluidas en la misma a obtener la correspondiente concesión del servicio público de transporte del agua. Cada red será objeto de una concesión única, por lo que los propietarios habrán de acreditar que se ha constituido una entidad que disponga de todas las conducciones afectadas, tanto de propiedad pública como privada. La negativa del propietario de algunos de los tramos a integrarse en la citada entidad, o la no constitución de la misma en el plazo que reglamentariamente se señale o la no solicitud del otorgamiento de la concesión, serán causas suficientes para la expropiación de las conducciones afectadas.
3. Los Consejos Insulares establecerán las bases de los concursos en los que se especificarán las condiciones técnicas que deberá reunir cada red, las estructuras de aforos y medidas, los valores mínimos de eficiencia de transporte, la duración de la concesión, los usos previstos en el Plan Hidrológico y la cuantía mínima del canon cuando la conducción sea pública.
Artículo 101. El otorgamiento de la concesión de la explotación de una red de transporte de agua, conlleva la declaración de utilidad pública en cuanto a la ocupación del subsuelo o superficie necesarios, con el derecho a favor del propietario afectado a ser indemnizado de acuerdo con lo dispuesto en la legislación de Expropiación Forzosa.
Sección 4.ª.-Construcción de canales y conducciones.
Artículo 102. 1. En la programación de inversiones públicas para la construcción de canales y conducciones se dará preferencia a las que, apareciendo previstas en una red, no hayan sido ejecutadas, así como aquellas que modifiquen con ventaja los trazados existentes.
2. El Consejo Insular podrá imponer servidumbres forzosas de acueducto en beneficio de la construcción de los canales incluidos en las redes insulares.
Artículo 103. La construcción de nuevos canales o conducciones para el transporte de agua a terceros, precisará la autorización del Consejo Insular de Aguas, sin perjuicio de las demás licencias que, por razones urbanísticas o de utilización del dominio público, sean procedentes.
Sección 5.ª.-El contrato del transporte del agua.
Artículo 104. 1. Los concesionarios de una red de transporte de agua estarán obligados a contratar el transporte de los caudales que se les solicite dentro de la capacidad de la red y de los usos previstos en los Planes Insulares. El contrato de transporte para un caudal determinado será único desde el lugar de producción hasta el punto de destino, sin perjuicio de que los caudales puedan discurrir por conducciones de otra red en los supuestos previstos en esta Ley.
3. Los concesionarios estarán obligados a comunicar al Consejo Insular los contratos que efectúen. Asimismo, cobrarán los gravámenes que, como consumo excesivo fuera de los módulos previstos, puedan aplicarse, en el marco de la política de precios por los Consejos Insulares. Por este servicio tendrán derecho a la percepción del porcentaje sobre la recaudación que reglamentariamente se establezca.
Igualmente los concesionarios descontarán del precio del transporte las reducciones que pudieran establecerse, abonándoseles por la Administración la diferencia correspondiente.
Artículo 105. 1. Los contratos de transporte de agua puedan ser celebrados por:
4. En el supuesto de que existiesen caudales de agua que no hayan de ser aprovechados o almacenados, el concesionario del transporte estará obligado a transportar el aguas hasta los depósitos que el Consejo Insular le señale, percibiendo por ello la contraprestación correspondiente.
CAPITULO VI.-De las situaciones especiales y de emergencia.
Artículo 106. 1. El Consejo Insular de Aguas podrá declarar la reserva del agua contenida en acuíferos determinados o en parte de los mismos, con destino a los fines que se señalen en los Planes Hidrológicos.
Artículo 107. En caso de descenso grave de los caudales disponibles, o de las reservas hídricas, producido por circunstancia previsiblemente transitorias, que pongan en peligro la producción y el abastecimiento de agua en una isla o zona, el Consejo Insular, mediante el procedimiento que reglamentariamente se determine, podrá declarar para la totalidad de la isla o parte de ella la situación de emergencia por tiempo determinando, que podrá prorrogarse periódicamente mientras las circunstancias lo exijan.
Artículo 108. 1. Declarada la situación de emergencia, el Consejo Insular podrá efectuar asignaciones de aguas y usos y zonas específicos, imponer la venta forzosa de agua a determinados destinatarios al precio autorizado, determinar trasvases forzosos, acudir a la puesta en explotación de instalaciones no rentables, ordenar el empleo del agua almacenada y demás medidas conducentes a lograr la necesaria disponibilidad del agua. Los perjuicios singularizados que cause su actuación, se indemnizarán conforme a la legislación de Expropiación Forzosa.
3. En general, el Consejo Insular podrá adoptar las medidas, que para la superación de esta situación, sean precisas, con independencia del título de disfrute de los aprovechamientos.
Artículo 109. 1. Para atender a necesidades expresadas por los municipios de la isla, el Consejo Insular podrá determinar requisas de agua, hasta el límite que reglamentariamente se determine, que serán ejecutivas de inmediato. El Ayuntamiento beneficiario de la requisa abonará el justiprecio debido.
CAPITULO VII.-De las servidumbres legales.
Artículo 110. El Consejo Insular de Aguas podrá imponer las servidumbres forzosas que resulten de la planificación y Actuaciones Hidrológicas, correspondiendo al beneficiario el abono de la pertinente indemnización.
Artículo 111. Con las especificidades que a continuación se señalan, el régimen jurídico de las servidumbres hidráulicas será el general de la legislación del Estado:
TITULO VI.-DEL REGIMEN ECONOMICO DEL DOMINIO PUBLICO HIDRAULICO
Artículo 112. 1. Los derechos que otorga una concesión administrativa en materia hidráulica pueden transmitirse por actos intervivos y mortis causa.
Artículo 113. 1. Los criterios para la fijación de precios serán establecidos por el Gobierno de Canarias, conforme al régimen de precios autorizados.
3. A tal efecto, deberá coordinarse con las autoridades responsables del comercio interior de la Comunidad Autónoma, especialmente en lo que respecta a la fijación de los precios del servicio de abastecimiento domiciliario de agua, que deben ser proporcionales, en su caso, a los precios que se determinen para los caudales de agua en origen según los respectivos costos de transporte.
Artículo 114. 1. La Administración establecerá un sistema de información puntual sobre el tráfico del agua que permita una vigilancia efectiva del mismo sin alterar la rapidez de las operaciones mercantiles.
2. La Administración velará porque no se produzcan situaciones oligopolísticas y ofrecerá alternativas a través de la iniciativa pública a la situaciones anómalas de los mercados de aguas, promoviendo, si fuera necesario, transportes de aguas desde otros puntos de la isla.
Artículo 115. 1. En general la ocupación o utilización de terrenos que requiera autorización o concesión del dominio público hidráulico, se gravará con un canon destinado a la protección y mejora del mismo. No obstante, los concesionarios de aguas estarán exentos del pago del canon por la ocupación o utilización de los terrenos de dominio público necesarios para llevar a cabo la concesión.
2. Los vertidos autorizados, conforme a lo establecido en esta Ley, se gravarán con un canon destinado a la protección y mejora del acuífero insular. El importe de esta exacción será el resultado de multiplicar la carga contaminante de vertido, expresada en unidades de contaminación, por el valor que se le asigne a la unidad. La definición de las unidades de contaminación se hará reglamentariamente.
Artículo 116. 1. Los beneficiarios por las obras de regulación de aguas superficiales o subterráneas, que reglamentariamente se determinen, realizadas total o parcialmente con fondos públicos, satisfarán un canon destinado a atender los gastos de explotación y conservación de tales obras.
Artículo 117. Los cánones y exacciones previstas en los artículos anteriores serán gestionados y recaudados por los Consejos Insulares de Aguas, pudiendo establecerse reglamentariamente la autoliquidación de los mismos. Su impago podrá motivar la suspensión o pérdida del derecho a la utilización o aprovechamiento del dominio público hidráulico y a los servicios regulados en la presente Ley.
TITULO VII.-DE LOS AUXILIOS A OBRAS HIDRAULICAS Y DE REGADIO
Artículo 118. 1. Las iniciativas públicas o privadas consistentes en la construcción, ampliación, mejora, reparación o mantenimiento de obras hidráulicas, podrán ser auxiliadas económicamente por la Comunidad Autónoma de Canarias en los términos de la presente Ley.
3. Si la obras supusieran un incremento de los caudales generales disponibles para la agricultura, o la mejora del rendimiento de la infraestructura destinada a tal fin, se considerarán obras de regadío y disfrutarán de las ventajas que la presente Ley, la planificación hidrológica o la legislación agraria general reconocen a este tipo de obras.
4. Quedan excluidos de la obtención de estos auxilios, en todo caso, los aprovechamientos de cualquier tipo a que se refiere el apartado 4 de la Disposición Transitoria Tercera de esta Ley, al no haber acreditado sus derechos los titulares de los mismos mediante inscripción en el Registro de Aguas.
Artículo 119. 1. Los auxilios a proyectos de iniciativa privada consistirán en una subvención a fondo perdido de hasta el cincuenta por ciento del costo de la inversión y, alternativa o complementariamente, en un préstamo de hasta el cincuenta por ciento del mismo coste, que habrá de devolverse, con el interés legal vigente en el momento de la concesión, en un plazo comprendido entre diez y veinte años a partir de la finalización de las obras en las condiciones determinadas en cada convocatoria.
2. El auxilio se referirá exclusivamente al coste del proyecto, sin que la suma de la financiación y la subvención pueda superar el setenta y cinco por ciento del mismo. En su valoración podrán incluirse todos los gastos directos e indirectos derivados de la ejecución de las obras, así como el beneficio del contratista, si existiere, computados conforme a las reglas habituales de formación de presupuestos de obras. En ningún caso se contabilizarán partidas derivadas del coste financiero o del de adquisición de terreno, ni gastos de cualquier otra naturaleza a ellos imputables, ni costes por redacción de proyectos o dirección, inspección y vigilancia de obras.
El auxilio para obras de regadío puede implicar también, la asistencia y asesoramiento técnico para la confección y desarrollo de los proyectos o actuaciones que fueran necesarios.
Artículo 120. 1. Conforme al procedimiento que se establezca reglamentariamente, se convocarán concursos públicos para la concesión de auxilios a proyectos de obras hidráulicas de iniciativa privada, que serán resueltos por el Consejo Insular de Aguas de acuerdo con el Plan Hidrológico y previo informe del órgano competente del Gobierno de Canarias, en razón del proyecto.
2. En los casos que indique el Plan Hidrológico, el auxilio estará condicionado a la transformación de las explotaciones preexistentes en una única explotación hidráulica. Tendrán preferencia para el otorgamiento de los auxilios, con carácter general, las solicitudes que se formulen conjuntamente por varios peticionarios que, utilizando aguas de una misma zona hidrológica, se produzcan con el compromiso de proceder a la integración en una sola entidad de todas aquellas a la que venga referida la solicitud.
3. En cada concurso que incluya obras de regadío, existirán créditos específicos, consignados en la Sección Presupuestaria de la Consejería de Agricultura y Pesca, cuya adjudicación corresponderá a dicha Consejería.
Artículo 121. 1. Cuando el auxilio sea solicitado para obras cuyo destino final sea, total o parcialmente, la cesión de caudales a terceros o el cobro de un canon por el trasvase de agua, su otorgamiento se realizará con la doble condición de que el agua sea utilizada para el uso prescrito en la planificación hidrológica y de que la tarifa de venta del agua o el canon de paso sean inferiores al máximo establecido para la zona en la citada planificación hidrológica o en otros instrumentos administrativos de control de precios.
Artículo 122. 1. El auxilio a un proyecto de obras hidráulicas o de regadío de iniciativa pública consistirá en una subvención a fondo perdido por un importe máximo del setenta y cinco por ciento de los costos de la obra proyectada, calculados según lo establecido en el artículo 119 de la presente Ley. Este límite no se aplicará a las obras que se califiquen de interés regional o insular en los Planes Hidrológicos, ni a las que tengan por finalidad la puesta en regadío de una determinada zona de la isla destinada a tal fin por la planificación hidrológica y territorial.
font size="4" face="Times New Roman">2. Reglamentariamente se establecerán normas objetivas de fijación de porcentajes de subvención a cargo de la Comunidad Autónoma para cada proyecto, en función de su necesidad, del estado general de la infraestructura de distribución de aguas agrícolas, abastecimiento de agua potable y red de saneamiento del término municipal, de aquellas obras que supongan un ahorro o una mejor gestión del agua, así como de las condiciones socio-económicas del municipio y de las subvenciones que haya recibido anteriormente en concepto de auxilio por obras hidráulicas.
Artículo 123. El otorgamiento de los auxilios para la realización de obras hidráulicas de iniciativa pública será resuelto por la Consejería del Gobierno de Canarias competente en materia hidráulica, previo informe del respectivo Consejo Insular.
El correspondiente proyecto se adaptará a la planificación hidrológica en lo que se refiere a las obras proyectadas, a las aguas que se utilizarán y al uso o destino de las mismas. El auxilio a las obras de regadío requiere, además, informe favorable de la Consejería de Agricultura y Pesca, que velará porque las obras que lo reciban no sean utilizadas con fines distintos a los que justificaron su otorgamiento.
TITULO VIII.-DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES
Artículo 124. Son infracciones administrativas:
b) La derivación de agua de sus cauces y el alumbramiento de aguas subterráneas, profundización de catas o sondeos o la elevación del caudal alumbrado, sin la previa autorización o concesión en los casos en que fuera preceptiva.
e) La ejecución de obras, siembras y plantaciones en terrenos de dominio hidráulico sin la correspondiente autorización.
f) Los vertidos que deterioren o puedan deteriorar la calidad del agua, superficial o subterránea, o a las condiciones de desagüe del cauce receptor, sin la correspondiente autorización.
Artículo 125. 1. El Gobierno procederá a calificar las infracciones en leves, menos graves, graves y muy graves, atendiendo a su repercusión en el régimen y aprovechamiento del dominio público hidráulico, a su trascendencia respecto a la seguridad de las personas y bienes, a las circunstancias, grado de malicia, participación y beneficio obtenido por el responsable, así como al deterioro producido en la calidad o cantidad del recurso.
3. Las sanción de las infracciones leves y menos graves corresponderá al Consejo Insular de Aguas. Las graves serán impuestas por el Consejero del Gobierno competente en materia hidráulica, y las muy graves por el Gobierno de Canarias.
4. El Gobierno de Canarias, mediante Decreto podrá actualizar el importe de las sanciones previstas en el número 2 de este artículo.
Artículo 126. 1. Con independencia de las sanciones previstas en la presente Ley, los infractores podrán ser obligados a restituir el dominio público hidráulico a su primitivo estado, y de no hacerlo, lo hará la Administración a su costa.
Artículo 127. Los órganos sancionadores podrán imponer multas coercitivas, en los supuestos considerados en el artículo 107 de la Ley de Procedimiento Administrativo (RCL 1958\1258, 1469, 1504; RCL 1959\585 y NDL 24708), cuya cuantía no excederá del diez por ciento fijado como sanción máxima aplicable a la infracción cometida.
Artículo 128. En los supuestos que las conductas tipificadas como infracciones pudieran ser constitutivas de delito o falta, la Administración pasará el tanto de culpa a los Tribunales, absteniéndose de continuar el procedimiento sancionador hasta la culminación de la actuación jurisdiccional. La sanción penal excluirá la imposición de multa administrativa. Si no se estimase por el órgano jurisdiccional la existencia de delito o falta, la Administración podrá continuar la tramitación del expediente sancionador, en base a los hechos que los Tribunales hayan considerado probados.
1.ª 1. A los efectos de su adaptación a la presente Ley, los particulares y organismos públicos que sean titulares de manantiales, pozos, galerías, embalses en todas sus variedades, conducciones e instalaciones de transporte y almacenamiento de aguas e instalaciones de producción industrial de agua, estarán obligados a facilitar información a los órganos de la Administración acerca de las características técnicas y legales en los caos que se establezcan reglamentariamente.
4. En los citados Registro y Catálogo podrán ser anotados preventivamente los datos obtenidos en los estudios de la planificación hidrológica y los aportados por los particulares. Estos datos serán incorporados en su fase de instrucción a cualquier expediente relativo a derechos hidráulicos que pueda verse afectados por ellos.
5. El Gobierno, dentro del año, siguiente a la entrada en vigor de la presente Ley, dictará las normas de aforos y controles de calidad y demás condiciones técnicas de las aguas e instalaciones, y dentro de los tres años siguientes a la promulgación de dicha normativa, deberán adaptarse a las mismas las explotaciones existentes.
2.ª 1. Sin perjuicio de la continuación de los trabajos de la planificación, los Consejos Insulares de Aguas podrán aprobar y publicar avances de los Planes Insulares, con los siguientes efectos:
b) El avance reduce la discrecionalidad administrativa, debiendo atemperarse a su contenido todos los actos y proyectos de la Administración hidráulica.
c) Podrá darse al avance el carácter de norma urgente, en cuyo caso actuará como un plan provisional, siempre de duración inferior a tres años. Para otorgarle este carácter deberán haberse seguido en lo sustancial los trámites necesarios para la aprobación del Plan, incluida la elevación al Gobierno para su aprobación definitiva.
2. Si en el plazo de dos años a partir de la publicación de la presente Ley no se ha presentado a información pública un proyecto de Plan Insular, los Consejos Insulares vienen obligados a aprobar, dentro del tercer año, un avance de Plan con los efectos previstos en el apartado anterior.
3.ª 1. En todo lo no regulado por la presente Ley y sus reglamentos de desarrollo se aplicará la legislación de aguas del Estado.
e) Al Organismo de Cuenca, Al Consejo Insular de Aguas.
4.ª 1. La planificación hidrológica deberá prever en cada isla las necesidades y requisitos para la conservación y restauración de los espacios naturales protegidos existentes en cada una de ellas, y en particular de sus zonas húmedas.
1.ª Hasta tanto sean aprobados los Planes Hidrológicos Insulares, las concesiones de aprovechamientos de bienes de dominio público hidráulico se otorgarán:
2. En su defecto, con arreglo a lo dispuesto en las normas provisionales reguladoras del régimen de explotaciones y aprovechamientos que sean aprobados por el Gobierno de Canarias a tal fin, con arreglo a los criterios de esta Ley.
2.ª 1. A partir de la entrada en vigor de la presente Ley, los derechos adquiridos sobre aguas y cauces públicos se conservarán durante un plazo máximo de setenta y cinco años, de no fijarse en el título correspondiente otro menor. Si el título no existiera o no pudiera ser hallado, el derecho podrá acreditarse mediante acta de notoriedad y legalizarse mediante inscripción en el Registro de Aguas en los términos previstos en la legislación general.
2. El Consejo Insular, atendiendo a lo dispuesto en la planificación, podrá establecer un clausulado de condiciones a los aprovechamientos. En el caso que la planificación conlleve una restricción en el régimen de éstos, se acordará la indemnización correspondiente a la efectiva minoración, salvo que la restricción viniese inducida por causas de origen natural, previsiblemente permanentes.
3. En cualquier caso, las explotaciones a que se refiere esta Disposición Transitoria, estarán sometidas a toda normativa referida a control de precios de agua y de transporte y demás condiciones inherentes al uso del dominio público y los servicios regulados en la presente Ley.
3.ª 1. Los titulares de aprovechamientos de aguas calificadas como privadas por la legislación anterior, en efectiva explotación mediante pozos, galerías o procedentes de manantiales, así como los titulares de autorizaciones de alumbramiento válidas a la entrada en vigor de la presente Ley, podrán acreditar en el plazo de tres años desde dicha entrada en vigor y ante el Consejo Insular de Aguas correspondiente, para su inscripción en el Registro de Aguas como aprovechamiento temporal de aguas privadas, tanto su derecho a la utilización del recurso como la no afección, acreditada mediante informe técnico, a otros aprovechamientos legales preexistentes.
2. La inscripción de derecho a:
a) Continuar en el aprovechamiento de los caudales aforados, según resulte de la inscripción, por un plazo de cincuenta años. Quienes al término de dicho plazo se encuentren utilizando los caudales en virtud de título legítimo, tienen derecho a la obtención de la correspondiente concesión administrativa, de conformidad con lo previsto en la presente Ley.
No cabrá reclamar el respecto del caudal registrado, en los casos de merma generalizada de acuífero, de la zona, subzona o sector sin perjuicio de lo dispuesto en el punto b).
b) La realización de obras de mantenimiento de los caudales aforados en los términos de la inscripción, previa la correspondiente autorización administrativa, que se otorgará siempre que se acredite su necesidad, no se realicen en perjuicio de terceros o del acuífero y resulte conforme con la planificación insular.
c) La realización de las obras autorizadas y todavía no ejecutadas, integrándose los caudales que con ellas se alumbren en el régimen previsto en el presente número dos de esta Disposición Transitoria.
f) La utilización del Registro como medio de prueba de la existencia y contenido de los derechos inscritos.
3. En cualquier caso, el incremento de los caudales aforados requerirá la oportuna concesión que ampare la totalidad de la explotación; a estos efectos no se considerarán incrementos los caudales derivados de los derechos reconocidos en los apartados c) y d) del anterior número dos.
4. Transcurrido el plazo de tres años previsto en el apartado 1, sin que los interesados hubiesen acreditado sus derechos, aquéllos mantendrán su titularidad en la misma forma que hasta ahora, pero no podrán gozar de la protección administrativa que se deriva de la inscripción en el Registro de Aguas. En este supuesto, el incremento de los caudales totales aforados, así como la modificación de las condiciones o régimen del aprovechamiento, requerirán la oportuna concesión que amparen la totalidad de la explotación según lo establecido en la presente Ley.
5. A los aprovechamientos de agua a que se refiere esta Disposición Transitoria les serán aplicables, igualmente, las normas que regulan la sobreexplotación de acuíferos, las situaciones de emergencia, la protección de la calidad de las aguas, el transporte del agua, el régimen de control de precios, las determinaciones de la planificación hidrológica que procedan, y en general las limitaciones del uso del dominio público hidráulico.
4.ª Quienes hubieren realizado obras de alumbramiento sin partir de autorización alguna, y lo soliciten en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente Ley, podrán legalizarlas a través de una concesión administrativa que ampare el aprovechamiento, siempre que éste no afecte a terceros ni contradiga las determinaciones de la planificación hidrológica, ni suponga una explotación irracional o abusiva de los recursos hidráulicos.
5.ª Lo dispuesto en el apartado c) de la Disposición Transitoria Tercera, punto dos, y en la Disposición Transitoria Cuarta, sólo se aplicará a las obras realizadas antes del 1 de enero de 1990.
6.ª 1. Para la aprobación de los Estatutos Orgánicos de los Consejos Insulares, antes de la constitución de éstos, se exceptúa el trámite de informe previsto en el artículo 12 de esta Ley.
2. Hasta tanto se constituyan los órganos rectores de los Consejos Insulares de Aguas y comience su actuación, el ejercicio de las competencias atribuidas a los mismos por la presente Ley se realizará por la Consejería de Gobierno de Canarias con competencia en materia hidráulica.
7.ª 1. Las conducciones e instalaciones de transporte del agua existentes a la entrada en vigor de esta Ley, podrán seguir siendo utilizadas por sus propietarios en las mismas condiciones que hasta ahora, en tanto no sean incluidas en una red de transporte por el Plan Hidrológico Insular.
8.ª 1. Los expedientes de autorización de alumbramiento de aguas en terrenos de propiedad privada, sustanciados conforme al Reglamento de 14 de enero de 1965 (RCL 1965\150, 278 y NDL 1099), que no se hubieran resuelto a la entrada en vigor de la presente Ley por causa imputable a la Administración, se concluirán por el procedimiento establecido en el citado Reglamento, salvo que los titulares pidan la aplicación de la nueva normativa y siempre que cumplan las previsiones establecidas en la presente Ley y en los Planes Hidrológicos.
2. Los citados expedientes serán tramitados y resueltos por la Consejería de Gobierno competente en materia hidráulica.
1.ª 1. En el plazo máximo de un año, el Gobierno de Canarias elaborará y aprobará los reglamentos necesarios para la aplicación de la presente Ley y, en su caso, los que precise la adaptación a Canarias del Derecho de Aguas del Estado.
2.ª La presente Ley entrará en vigor el mismo día de su publicación.
Queda derogada la Ley 10/1987, de 5 de mayo (LCAN 1987\1386), de Aguas. Asimismo, quedan derogadas las demás disposiciones de carácter general que se opongan a lo establecido en esta Ley.