Source: http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/PopUpCGI?CMD=VERLST&BASE=pu10&DOCS=1-1&DOCORDER=LIFO&QUERY=%28BOCG-10-D-425.CODI.%29
Timestamp: 2019-10-23 16:01:19
Document Index: 4450904

Matched Legal Cases: ['artículo 1316', 'artículo 194', 'artículo 193', 'artículo 16', 'artículo 20', 'artículo 20', 'artículo 20', 'artículo 193', 'artículo 5', 'artículo 208', 'artículo 193', 'artículo 1316']

BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 425, de 21/03/2014
cve: BOCG-10-D-425
162/000898 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, de rechazo al acuerdo comercial entre la Unión Europea y los Estados Unidos llamado Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión ... (Página3)
162/000899 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la ejecución de un Plan para resignificar la función del Valle de los Caídos... (Página6)
162/000900 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre el establecimiento de un mecanismo de bono social para la bombona de butano ... (Página8)
162/000901 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre la modificación del catálogo de acontecimientos deportivos de interés general ... (Página9)
162/000902 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, relativa a la devolución de ingresos excesivos o duplicados a los contribuyentes en la Agencia Estatal de Administración Tributaria ... (Página11)
162/000903 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre medidas para facilitar el empleo de las personas con discapacidad eliminando las trabas autonómicas que dificultan la actuación de los centros especiales de empleo ... (Página13)
162/000905 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre continuación del impulso ante las autoridades europeas de la implementación eficiente de la tasa sobre las transacciones financieras, incorporando exenciones, particularmente en los mercados financieros destinados a las Pymes ... (Página14)
162/000906 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre el establecimiento de una tarifa eléctrica basada en el carácter estacional de la agricultura de regadío ... (Página15)
162/000907 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre reforma de la jubilación anticipada ... (Página16)
162/000908 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el reparto de las cuotas de jurel y caballa en el caladero nacional Cantábrico-Noroeste ... (Página17)
120/000023 Acuerdo de la Mesa de la Cámara admitiendo el escrito presentado por don Jaime Sanz Fernández-Soto, por el que se ejercita el trámite inicial de la iniciativa legislativa popular sobre reforma del artículo 1316 del Código Civil... (Página18)
162/000898
Proposición no de Ley de rechazo al acuerdo comercial entre la Unión Europea y los Estados Unidos llamado Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión.
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno, admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo 194 del Reglamento, entendiendo que la celebración de un Pleno monográfico a la que se alude en su punto 3 se acordaría, en su caso, por el cauce reglamentario pertinente, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara, dando traslado aI Gobierno y publicarla en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario autor de la iniciativa.
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley de rechazo al acuerdo comercial entre la Unión Europea y los Estados Unidos llamado Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión, para su debate en el Pleno.
El pasado 25 de febrero durante su intervención en el debate sobre el estado de la nación celebrado, el presidente Mariano Rajoy afirmó: "España seguirá apoyando la consecución del acuerdo comercial entre la Unión Europea y los Estados Unidos, la llamada Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión que, de llegar a buen término, constituirá un impulso muy notable para la economía europea que vería incrementadas sus exportaciones a los Estados Unidos por encima del 25 por ciento."
El acuerdo comercial entre la Unión Europea y los Estados Unidos al que hacía referencia Mariano Rajoy, el Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP por sus siglas en inglés) va mucho más allá del comercio. Haciendo una lectura al borrador tal como está redactado ahora, el acuerdo tendrá un impacto amplio e irreversible en muchos aspectos de nuestra vida cotidiana. Especialmente en la salud, la alimentación, el trabajo, la seguridad de los productos, el medio ambiente, los derechos laborales y las políticas de privacidad. Incluso podría cambiar profundamente la manera en que usamos las instituciones democráticas para establecer regulaciones en todos estos campos, asaltando, por tanto, derechos de la ciudadanía.
A pesar de la importancia de la cuestión, los negociadores de la Comisión Europea mantienen el obscurantismo sobre la dimensión de las negociaciones y sobre el impacto real que supondrían los acuerdos. El pasado 18 de febrero se cerró la primera fase de negociación con una reunión en Washington entre el comisario De Gucht y el representante de comercio estadounidense Michael Froman. Durante el
mes de marzo de 2014 se inicia la fase negociadora. Si el calendario continúa según lo previsto actualmente, las negociaciones deben durar hasta mediados de 2016.
Los acuerdos de "libre comercio" suelen ser defendidos por una teoría según la cual al reducir los aranceles, se amplía el comercio, permitiendo el acceso a importaciones más baratas, con grandes beneficios para la economía que superan las desventajas. Pero los aranceles entre los EE.UU. y la UE ya son muy bajos -un 3 % de promedio-. Por lo tanto, los promotores del TTIP están centrando sus predicciones económicas positivas en la "eliminación, reducción o prevención de las innecesarias políticas post-fronteras". Es así como denominan a las barreras comerciales no arancelarias. Los estudios más optimistas han asumido que el TTIP podría suponer un aumento de 0,5 a 1 por ciento del producto interno bruto (PIB). Estas estimaciones carecen de base técnica o económica y se olvidan de mencionar que la gama completa de beneficios sólo se proyecta para ser alcanzados en 2027. Los promotores del tratado hablan de un supuesto beneficio de 500 euros por familia. Pero según un análisis realizado por el Observatorio de Comercio Global de la entidad Public Citizen (un grupo defensor de los consumidores norteamericanos), los beneficios del TTIP ascenderían a menos de 40 euros por familia al año. Y eso sin tener en cuenta los costes adicionales por la debilitación de las garantías en materia de salud, financiera, ambiental y otras regulaciones de interés público. No está claro de dónde salen esos puestos de empleo ni como los países de la UE se beneficiarían.
La falta de transparencia que están caracterizado las negociaciones del TTIP es una vulneración en el derecho de todo ciudadano a saber lo que se está negociando en su nombre. El mandato de negociación que el Consejo de la UE dio a la Comisión todavía está clasificado como un documento secreto. Incluso a los miembros del Parlamento Europeo que desempeña un papel importante en las relaciones comerciales de Europa, ya que puede vetar los acuerdos comerciales (corno hizo con el Acuerdo Comercial Antifalsificación, ACTA), sólo se les permite el acceso limitado a los textos de negociación.
Pero la falta de transparencia en las negociaciones no es el único menosprecio a las instituciones democráticas que supone el TTIP. Uno de los puntos más preocupantes es la inclusión del mecanismo de solución de controversias inversionista-estado (ISDS por sus siglas en). El ISDS permite a los inversores extranjeros eludir a los tribunales nacionales y presentar sus quejas directamente a los tribunales internacionales de arbitraje, a menudo compuestos por abogados de las mismas empresas. Se trata de un privilegio para las empresas más poderosas inconcebible e injustificable entre dos sujetos políticos con tribunales de justicia desarrollados y plenamente operativos. Así, si un tribunal de arbitraje concluye que las políticas decididas democráticamente podrían reducir las ganancias proyectadas de un inversor, éste ISDS podría obligar a un gobierno a pagar miles de millones en daños y perjuicios. Esto limitaría la libertad democrática para legislar sobre asuntos ambientales, de salud y financieros, entre otros. Este tipo de mecanismos ya existen en otros acuerdos comerciales y los resultados han sido desastrosos: sanciones millonarias a Australia por su legislación antitabaco, sanciones a Argentina por impuestos sobre la Energía, a Canadá por una moratoria al fracking, a Alemania por su política energética, a Eslovaquia por paralizar privatizaciones de hospitales. Ejemplos que demuestran que es un pseudo tribunal formado por defensores de los intereses de las empresas que las antepone a las leyes y a la propia democracia.
El debilitamiento del poder legislativo democrático para regular una amplia variedad de sectores, se vería aún más afectado por una de las ideas favoritas sobre el TTIP del Comisario de Comercio de la UE De Gucht: el establecimiento de un Consejo de Cooperación Regulatoria (CCR) entre los EE.UU. y la UE. El concepto básico es simple: antes de elaborar la nueva legislación (en alguna de las materias afectadas por el TTIP, como la materia ambiental o de consumo, derechos laborales o preocupaciones agrícolas, etc) un organismo bilateral de los gobiernos de los EE.UU. y la UE y de representantes de ernpresas, tienen la oportunidad de "analizar" previamente posibles impactos de dicha legislación en los intereses de sus negocios. Los lobbies empresariales, por lo tanto, podrán coordinar estrategias para bloquear los esfuerzos legislativos, incluso antes de que se pongan en marcha.
Varios grupos empresariales han manifestado explícitamente su intención de utilizar el TTIP para atacar el principio de precaución que guía la legislación medioambiental europea. Casi cada lobby industrial tiene sus propias solicitudes preferidas para negociar nuevas normas transatlánticas más convenientes para sus negocios. Las empresas químicas quieren debilitar REACH, la legislación europea revolucionaria en la evaluación y la restricción de productos químicos. Algunos grupos de presión quieren que el TTIP evite las leyes sobre pesticidas y regulaciones regionales sobre fracking.
Los EE.UU. no tienen ratificadas seis de las ocho normas fundamentales del trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), incluida la Convención sobre la libertad sindical y el derecho de negociación colectiva. La agenda de negociación del TTIP muestra que no hay ninguna ambición de avanzar en mayor protección de los derechos laborales.
La Comisión Europea ha prometido una y otra vez que no va a negociar una reducción de las normas de la UE. Pero la aplicación de conceptos como el "reconocimiento mutuo" de los estándares y otras estrategias, pueden tener indirectamente el mismo efecto, aunque sin cambiar formalmente ningún reglamento de la UE. Sobre la base del "reconocimiento mutuo", las empresas transnacionales podrían utilizar sus empresas subsidiarias en el otro continente para aprovechar las ventajas de las diferencias en la regulación. A la práctica, se anularía de manera efectiva el derecho de regular y se fomentaría un dumping desregulador sin precedentes.
Uno de los efectos del TTIP sería el debilitamiento de las normas europeas establecidas para los servicios de interés público. Por ejemplo, facilitaría la privatización de los servicios de agua, o limitaría fuertemente las opciones para la adjudicación de las licitaciones públicas en función de criterios ecológicos o sociales. También pone en riesgo el desarrollo de políticas favorables a las PYME a ambos lados del Atlántico. Creemos que es un ataque inaceptable a las cláusulas sociales y ambientales en la contratación pública, la protección de determinados sectores económicos son esenciales y la defensa de bienes públicos.
La protección de la excepción cultural ha hecho que la industria audiovisual sea un pilar de la identidad europea. Sin embargo, el hecho de que no se incluya la excepción cultural en los borradores, a pesar de que Francia se ha posicionado a favor, podría perjudicar a la industria del cine. Por ejemplo, en Corea del Sur a raíz de su tratado comercial con EE.UU. se ha reducido notablemente la diversidad y la producción en la industria del cine, ya que su mercado se ha abierto completamente a los inversores de Hollywood.
Con las negociaciones comerciales recién concluidas del Tratado de Libre Comercio Canadá-UE (CETA), el TTIP promovería la carrera mundial de acuerdos comerciales bilaterales de profundo alcance, de los que la UE ha sido una fuerza impulsora desde el año 2005, socavando el multilateralismo comercial. Del mismo modo, EE.UU. evita el multilateralismo allá donde haya sido desafiado y ahora quiere formar un club exclusivo con la UE. En el medio plazo, esto podría incluso debilitar la posición de la UE en el mundo. Podría suponer la formación de bloques económicos rivales, sometiendo a los países más débiles y más pobres a normas en las que no han tenido ninguna manera de influir, amenazando a la cooperación mundial y debilitando las iniciativas de reforma del sistema de comercio global para enfrentar mejor los desafíos globales comunes, especialmente el cambio climático y la protección del medio ambiente.
1. Insta al Gobierno a mostrar formalmente ante la Comisión Europea y el Consejo su rechazo del actual texto de propuesta de Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión entre la Unión Europea y Estados Unidos.
2. Insta al Gobierno a enviar a los grupos parlamentarios la información completa correspondiente a cada ronda de negociación.
3. Acuerda celebrar un pleno monográfico sobre el contenido de la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión y el estado de las negociaciones."
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de marzo de 2014.-Joan Josep Nuet Pujals y Laia Ortíz Castellví, Diputados.-Chesús Yuste Cabello, Joan Coscubiela Conesa y José Luis Centella Gómez, Portavoces del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
162/000899
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa a la ejecución de un Plan para resignificar la función del Valle de los Caídos, para su debate en Pleno.
Con fecha 1 de abril de 1940 se aprobó un Decreto por el régimen franquista en el que se proponía la construcción de un conjunto monumental con una basílica en la finca de Cuelgamuros situada en el municipio de San Lorenzo de El Escorial, conocido como el Valle de los Caídos. El propósito de aquel proyecto era el de "perpetuar la memoria de los que cayeron en nuestra gloriosa cruzada", con intención de dedicarlo a los que fueron los vencedores de la Guerra Civil. Tardaron diecinueve años en construirlo, trabajando personas contratadas pero también presos políticos republicanos. Y desde hace años se trasladaron allí los restos de 33.847 personas, de las cuales 21.000 están identificadas y 12.000 sin identificar, lo que convirtió al Valle de los Caídos en el mayor cementerio de víctimas de la Guerra Civil española.
Posteriormente, en el año 1957, se aprobó un Decreto de creación de una Fundación y se delegó el mantenimiento y la dirección de las diferentes partes del monumento a la comunidad religiosa benedictina que tiene reconocida la "competencia inviolable" sobre la basílica y los sepulcros de Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera.
En noviembre de 1975, el anterior régimen tomó la decisión de inhumar al hasta entonces Jefe del Estado, el general Francisco Franco, en un sepulcro cerca del altar mayor de la basílica. En aquel tiempo, y en ausencia de democracia, aquella determinación se impuso. Después, ya en el proceso de la transición política no se dieron las condiciones para que los grupos de la oposición democrática replantearan la cuestión por lo que la función excluyente del Valle de los Caídos y la presencia de Franco han permanecido como asignaturas pendientes.
En la actualidad el Valle de los Caídos es un conjunto arquitectónico que presenta graves deterioros de conservación, históricamente el más notorio del Estado español referido a la Guerra Civil, a la posguerra y la dictadura franquista. No hay ningún otro conjunto patrimonial e histórico de estas características y está asignado al ente Patrimonio Nacional.
Por su parte, el artículo 16 de la Ley de Memoria Histórica de 21 de diciembre de 2007, referido al Valle de los Caídos, fue aprobado prácticamente por unanimidad (304 votos a favor, 3 en contra y 18 abstenciones) y calificó este espacio como "un lugar de culto y cementerio público, sin que pudieran celebrarse actos de naturaleza política, ni exaltadores de la Guerra Civil, de sus protagonistas o del franquismo".
Como complemento de lo anterior, la disposición adicional sexta de la misma Ley estableció: "La Fundación Gestora del Valle de los Caídos incluirá entre sus objetivos honrar y rehabilitar la memoria de todas las personas fallecidas a consecuencia de la Guerra Civil de 1936-1939 y de la represión política que la siguió, con objeto de profundizar en el conocimiento de este período histórico y de los valores constitucionales. Asimismo, fomentará las aspiraciones de reconciliación y convivencia que hay en nuestra sociedad".
Los objetivos de la Ley de la Memoria Histórica tienen acogida en el Informe de los expertos sobre los problemas de conservación, el futuro y resignificado del Valle de los Caldos, entregado el 22 de noviembre
de 2011 y realizado por encargo del anterior Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero. Los objetivos se pueden resumir en los siguientes:
- Rehabilitar la memoria de todas las personas fallecidas a consecuencia de la Guerra Civil de 1936-1939 y de las víctimas de la represión política de los casi 40 años de dictadura porque supondrá un progreso moral para la convivencia.
Por tanto, el conjunto monumental deberá dejar de ser en la práctica un "espacio exclusivo" de homenaje a las víctimas de una de las partes implicadas en la Guerra Civil. Para ello y entre otras cuestiones, el citado Informe de los expertos recomienda: lograr consensos políticos y sociales para avanzar en la tarea de resignificar y reconvertir el sentido del Valle de los Caídos, dignificar el cementerio, frenar el deterioro general de edificaciones y esculturas, atender reclamaciones de familiares, crear un espacio de meditación a modo de memorial así como un centro de interpretación e investigación, cuidar el parque natural o que los restos mortales de José Antonio Primo de Rivera se trasladen a un lugar "no tan preeminente".
Pero es que además, el informe recomienda una propuesta que es compartida por la misión de trabajo de la ONU que ha visitado España para interesarse por los desaparecidos de la Guerra Civil y que dice: "el objetivo de resignificar el conjunto del Valle de los Caídos, despojándole de cualquier connotación ideológica y política, y atendiendo únicamente a la dimensión moral de la memoria, sólo será posible si los enterramientos se reservan, como estaba previsto, para los restos de las víctimas y los muertos de la Guerra Civil. Por ello, esta Comisión recomienda que los restos del general Francisco Franco sean trasladados al lugar que designe la familia o, en su caso, al lugar que sea considerado digno y más adecuado"
Es cierto que en esta etapa de crisis económica, con evidente carencia de recursos por la administración, no es posible abordar en poco tiempo todas las transformaciones que son objeto de recomendación y se necesitará un plazo amplio de tiempo y una planificación de las prioridades. Pero, en cambio, hay decisiones simbólicas y de ejecución sencilla que esperan desde hace años la formación de consenso parlamentario y que conllevan un gasto muy asumible. Son los casos de los enterramientos existentes en lugar dominante y privilegiado de la basílica y corresponden a Francisco Franco y a José Antonio Primo de Rivera.
Ha llegado el momento, por dignidad democrática, de que el conjunto sea "resignificado" para dar cumplimiento no sólo al espíritu de la Ley de Memoria Histórica sino también al contenido de la norma y a las recomendaciones del Informe de expertos. Es hora de que el Valle de los Caídos, un antiguo símbolo de la represión del nacional-catolicismo, se convierta en un espacio de dignificación, honor y homenaje a todas las víctimas de los dos bandos de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura, represente un lugar abierto a la convivencia democrática de toda la ciudadanía y un espacio de reconciliación y concordia.
Por tanto, el personaje máximo exponente de un régimen totalitario contrario a la libertad y a la dignidad de toda la ciudadanía, el enemigo de la democracia, no puede presidir un conjunto monumental que debe servir para homenajear la memoria de todas las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura posterior. Es más, resulta imprescindible poner fin a la actual jerarquía funeraria que ofrece la basílica del Valle de los Caídos porque constituye una ofensa y quiebra el principio de igualdad de tratamiento debido a los restos de todas las personas que allí reposan.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a ejecutar un Plan de acciones en el marco del Informe de los expertos, de acuerdo con las posibilidades presupuestarias, para resignificar y reconvertir la función del Valle de los Caídos, como un espacio para la cultura de la reconciliación, de memoria
colectiva democrática, dignificación y reconocimiento a todas las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura, que incluya la gestión ante la institución eclesiástica para efectuar la exhumación de los restos de Francisco Franco y su traslado fuera del Valle de los Caídos a un lugar a decidir con la familia o en su caso al que resulte más adecuado. Y en lo referente a José Antonio Primo de Rivera, su exhumación tendrá como objetivo su reubicación para que no ocupe un sitio preeminente en la basílica en el que destaque sobre las demás víctimas."
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de marzo de 2014.-Odón Elorza González, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000900
El Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia, a instancia de su portavoz doña Rosa Díez González y al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para establecer un mecanismo de bono social para la bombona de butano, para su debate en Pleno.
Debido al reciente crecimiento de los precios de productos energéticos para los consumidores finales, tales como la electricidad y el gas natural, la factura energética es cada vez más costosa para ciertos hogares de colectivos menos favorecidos, que se están viendo incapacitados para costear este tipo de gastos. Los colectivos menos favorecidos acuden a la fuente de energía más accesible, la popular "bombona de butano" cuyo consumo se ha visto incrementado por la persistencia de la crisis económica que castiga nuestro país. El aumento de consumo no es más que la consecuencia del creciente nivel de la "pobreza energética" en nuestra sociedad.
El crecimiento de precios también incluye a la "bombona de butano", que aumentó su coste, antes de impuestos, en alrededor de un 50% para el período comprendido entre enero de 2010 y enero de 2014. Esta subida se ha debido principalmente a la subida de las cotizaciones de los gases butano y propano en los mercados internacionales. Adicionalmente, el precio final de venta al público se ha visto incrementado en mayor medida (casi un 60%) durante dicho período, debido principalmente al creciente aumento de la carga impositiva sobre este producto: aumento del IVA aplicable del 16% al 21% e introducción del Impuesto Especial de 1.5 cEur/kg desde enero de 2013.
Mes;Precio antes de impuestos (cEur/kg);Precio de Venta al Público (cEur/kg);Actualización del precio (Fuente: BOE)
ene-10;76,2713;88,4747;Resolución de 04/12/2009
ene-11;89,4769;105,5827;Resolución de 07/12/2010
ene-12;102,3073;120,7226;Resolución de 02/09/2011
ene-13;106,4506;130,6202;Real Decreto-ley 29/2012
ene-14;114,2025;140,0000;Resolución de 08/01/2014
ene-2010 vs ene-2014;49,7%;58,2%;
Por último, hay que mencionar que una liberalización del mercado GLPs (gases licuados de petróleo) eliminaría la regulación de los precios máximos de venta de estos productos y casi, con total probabilidad, encarecería el precio de venta al público aún más. Utilizando como referencia el precio de la tradicional bombona de butano en otros países del entorno de 12,5 kg, cuyo coste actual en España es de 17,5 euros, se podría incluso llegar a duplicar su precio.
Por lo tanto, el aumento de colectivos en situación de pobreza energética, la necesidad de una fuente de energía accesible, el crecimiento de las cotizaciones internacionales de GLPs, el reciente aumento de
la carga impositiva de la "bombona de butano" y la inminente liberalización del sector, es necesario articular un mecanismo que garantice el acceso a esta fuente de energía de los de colectivos más desfavorecidos.
Establecer un mecanismo de bono social para la bombona de butano (gases licuados del petróleo envasados, en envases de capacidad igual o superior a 8 kg, e inferior a 20 kg, excluidos los envases de mezcla para usos de los gases licuados del petróleo como carburante) que garantice el acceso a esta fuente de energía básica a los colectivos más desfavorecidos mediante el establecimiento de un precio máximo de venta para colectivos tales como:
1. Pensionistas que perciban pensión mínima por jubilación, incapacidad permanente o viudedad.
2. Familias numerosas con ingresos anuales inferiores a treces veces el IPREM.
3. Familias con renta anual inferior a dos veces el IPREM.
4. Otros afectados con ingresos inferiores al IPREM."
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo de 2014.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia.
162/000901
El Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia, a instancia de su portavoz doña Rosa Díez González y al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para modificar el catálogo de acontecimientos deportivos de interés general, para su debate en Pleno.
El 26 de junio de 1997 se aprobaba en las Cortes Generales la Ley Reguladora de Emisiones y Retransmisiones Deportivas con los votos del Partido Popular, Izquierda Unida y el Partido Nacionalista Vasco. Esta Ley -que entraría en vigor el 5 de julio de ese mismo año- permitía por primera vez en nuestro país la declaración de una serie de acontecimientos y competiciones como "de interés general" obligando a retransmitir en abierto aquellos que así fueran considerados e imponiendo a su vez la necesidad de retransmitir un encuentro por jornada de Liga o Copa en directo y en abierto para toda España. Esta Ley también otorgaba la obligación de dar acceso a los medios para elaborar sus resúmenes o breves extractos de los partidos de la jornada.
Estas exigencias se mantuvieron durante la tramitación y posterior aprobación de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, donde se conservó la exigencia del partido en abierto por jornada y el derecho de retransmisión gratuita de los resúmenes de los partidos de la jornada de fútbol. Esta delimitación de lo que es de "interés general" en cada momento es, sin duda, una cuestión difícil sujeta a diversas opiniones. Así, se establece que será el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales quien establecerá los acontecimientos deportivos de interés general dentro del listado que ofrece el artículo 20.1 de la citada Ley, que dicta lo siguiente:
"1. El Consejo Estatal de Medios Audiovisuales debe fijar mediante decisión motivada un catálogo con vigencia bienal donde se recojan los acontecimientos de interés general para la sociedad que han de emitirse por televisión en abierto y con cobertura estatal.
n) Grandes premios o competiciones nacionales e internacionales que se celebren en España y cuenten con subvención pública estatal o autonómica."
Teniendo en cuenta este artículo, lo cierto es que infinidad de deportes a priori minoritarios quedan excluidos de esta Ley y por tanto quedan relegados a un segundo plano. De esta manera, quedan fuera de este artículo deportes como el esquí -donde tenemos la española Carolina Ruiz participando con éxito en las competiciones del campeonato del mundo de esquí alpino-; la selección española de hockey patines -campeona del mundo en 16 ocasiones-; la selección española de fútbol sala -campeona del mundo en 2 ocasiones y de Europa en 6-; las competiciones de gimnasia rítmica o artística; los partidos de la selección española de rugby tanto en su versión de VII (deporte que será olímpico en los juegos de Río de 2016) como de XV o un hecho que todavía tiene menos sentido, los partidos de Wimbledon y el US Open quedan fuera mientras Roland Garros si está incluido, mientras que sí se promocionan deportes como el fútbol, el baloncesto o los relacionados con el motor, deportes ya de por sí de interés en nuestro país y con importantes apoyos públicos y privados.
Estas retransmisiones televisivas son importantes por infinidad de motivos siendo los más importantes, sin duda alguna, los motivos económicos y los ingresos que estas retransmisiones generan. Este impacto económico que pueden generar los ingresos por la venta de los derechos televisivos se complementan a su vez con el impulso que estas retransmisiones dan a la hora de obtener patrocinadores para estos deportes, hecho cada vez mas complicado para los deportes minoritarios.
Así, la retransmisión, por ejemplo, de los campeonatos del mundo de la Federación Internacional de Ski en su modalidad de Freestyle en 2012 en la estación de esquí Sierra Nevada generó -gracias a las más de doce horas de retransmisión en directo de Teledeporte- un impacto de alrededor de 3 millones de euros solamente en publicidad y patrocinadores asociados al campeonato, lo cual supuso casi un 50 % de los ingresos totales que recibió la estación por la celebración de dicho evento. Estos ingresos han supuesto que, para la temporada de esquí 2013/2014 Cetura S.A. -la empresa pública encargada de la explotación de la estación de esquí- haya podido realizar importantes inversiones en la estación atrayendo cada más esquiadores, mejorando su oferta y sobre todo generando un impacto económico en toda la provincia de Granada muy importante. Dadas las actuales circunstancias económicas, parece claro que no se hubiera logrado tal impacto económico sin la ayuda de estas retransmisiones televisivas y, si bien es cierto que estos datos son extremadamente positivos, de lo que no hay ninguna duda es que un impacto económico similar se podría conseguir con la retransmisión de otras modalidades deportivas.
Otro motivo de especial importancia para la retransmisión de estos eventos, es la cada vez mayor presencia de nuestros deportistas en las finales internacionales de estos eventos. Así, el pasado mes de septiembre nuestras gimnastas ganaban el oro en los campeonatos del mundo de Kiev en la modalidad de diez mazas sin que este evento fuera retransmitido en abierto en nuestro país. Esta misma situación se puede aplicar a otros casos de deportistas españoles que, aun llegando a finales de
campeonatos internacionales de diferentes modalidades, su hazaña no ha tenido cobertura alguna en nuestro país.
Las retransmisiones deportivas no son sólo importantes desde un punto de vista económico, sino que también ayudan a la promoción y divulgación de estos deportes minoritarios y sobre todo de los valores asociados a los mismos. Así, los valores promovidos, por ejemplo, por el rugby son muy valiosos para nuestra sociedad. En este caso, se trata de un deporte con mucho contacto físico pero con escasa violencia, exaltando valores como el trabajo en equipo, la lealtad o el respeto al contrincante y a los árbitros, de esta forma -y a diferencia de deportes que sí están incluidos en el catalogo de interés general-sólo el capitán del equipo se puede dirigir a los colegiados del encuentro -siempre de manera educada- o el equipo vencedor es el que tiene que hacer un pasillo al equipo perdedor como muestra de respeto y agradecimiento por el esfuerzo del equipo contrario. La gimnasia rítmica, por ejemplo, ensalza valores tales como la superación personal, el esfuerzo y el sacrificio por lograr unos objetivos. Valores que sin duda se deberían promover desde el sector público y desde el Estado y qué mejor manera para hacerlo que a través de retransmisiones deportivas.
En España disponemos, desde el año 1994, de un canal público dedicado exclusivamente al deporte y que parece, sin duda alguna, la plataforma perfecta para promocionar y divulgar este tipo de deportes minoritarios. Si bien es cierto que este canal viene retransmitiendo la mayoría de estas competiciones deportivas es más que deseable otorgar un marco regulatorio adecuado para promocionarlos, fomentar su divulgación y ofrecer una seguridad jurídica a los mismos.
No parece lógico que otros deportes que ya son de por sí muy populares en nuestro país sí reciban este apoyo mediático desde plataformas públicas y una obligación legal de ser promocionados, cuando ya no tienen esta necesidad y pueden obtener financiación y cobertura televisiva por sus propios medios. Desde nuestro punto de vista es más adecuada la promoción de otros deportes considerados como minoritarios para que puedan superar las actuales y difíciles circunstancias económicas a las que se enfrentan obteniendo una importante fuente de financiación con la venta de los derechos televisivos y los ingresos indirectos que estos generan a través de la publicidad y patrocinadores así como el reconocimiento adecuado para nuestros deportistas cuando logran éxitos a nivel internacional.
Sin duda alguna, el que estos deportes estuvieran recogidos dentro del citado artículo 20.1 de la Ley General de Comunicación Audiovisual daría un impulso sin precedente a los mismos y a los deportistas que lo practican.
Por todo ello el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia presenta la siguiente
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a modificar el artículo 20 de la Ley General de Comunicación Audiovisual para incluir en el catálogo de acontecimientos de interés general del Consejo Estatal de Medios todas aquellas finales nacionales e internacionales en las cuales participe un deportista o equipo español independientemente de la modalidad deportiva que se trate."
162/000902
El Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia, a instancia de la Diputada doña Rosa María Díez González y al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la devolución de ingresos excesivos o duplicados a los contribuyentes en la Agencia Estatal de Administración Tributaria, para su debate en Pleno.
Las Dependencias de Recaudación de las Delegaciones y Administraciones de la Agencia Estatal Tributaria (AEAT) tienen encomendadas la depuración y tramitación de devolución de los ingresos excesivos o duplicados realizados por los contribuyentes o recaudados por la Administración.
El ingreso excesivo o duplicado es aquel importe que no se ha podido aplicar por circunstancias varias a una liquidación de un contribuyente. Estas cuantías ligadas a personas físicas o jurídicas o, incluso, entes sin personalidad jurídica, quedan pendientes de aplicación hasta que la Administración (AEAT) las analiza y decide qué procede hacer en cada caso. En suma, y con carácter general, se las aplica a una deuda viva del contribuyente mediante la compensación o embargo (se genera la devolución pero no se devuelve la cantidad si el interesado tuviera deuda pendiente) o, caso de que no hubiera deuda o aquella fuera inferior a la cantidad del ingreso excesivo, se le debería devolver de oficio la totalidad o el sobrante, según el mandato de la Ley General Tributaria.
Los listados de ingresos excesivos pendientes deben verificarse por la Administración uno a uno y determinar su procedencia, la liquidación a aplicar si la hubiera, el importe correcto, la compensación o embargo, si el contribuyente tuviera en ese momento deudas pendientes de pago, o proceder a la devolución de oficio si se constatara que la cantidad está en poder de la Hacienda Pública de forma improcedente.
Estos ingresos son opacos para los contribuyentes, ya que éstos no pueden verificarlos en sede electrónica de la AEAT ni pueden acceder a consultarlos. En consecuencia, el contribuyente se debe fiar de que la Administración, en el supuesto de que tenga una cantidad a su favor, le devuelva correctamente de oficio esas cantidades, en un plazo que no lleve a su prescripción, ya que no puede acceder a esta información obrante en las bases de datos de la AEAT. Esta opacidad puede generar perjuicios a los contribuyentes y "beneficios" indebidos, por las no devoluciones, a la administración tributaria.
Este opaco sistema para los contribuyentes, en algunos casos ha permitido que se dictaran instrucciones por responsables de la AEAT prohibiendo expresamente devolver de oficio estos ingresos a los contribuyentes. Es decir, que sólo se devolvieran en caso de solicitud expresa del contribuyente. Algo difícil, dado que no tienen instrumentos para llegar a conocer su existencia.
Para evitar que las devoluciones de los ingresos excesivos queden al albur de la actuación de la AEAT debería establecerse un sistema por el que, transcurrido un plazo razonable desde fa fecha del ingreso (se sugieren 3 meses), cada uno de los contribuyentes pudiera saber si tiene pendientes de depurar ingresos excesivos y su cuantía. Especial atención y diligencia en su tramitación merecen los ingresos excesivos o duplicados realizados por contribuyentes fallecidos (y otros supuestos de sucesión) respecto de los que ha de garantizarse que los beneficiarios tengan la seguridad jurídica de que se está aplicando la normativa en toda su extensión mediante la adopción de los preceptivos actos administrativos expresos una vez realizadas las comprobaciones oportunas.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a que en el plazo de seis meses apruebe la normativa necesaria para:
1. Establecer un sistema por el que cada uno de los contribuyentes pueda saber, en el caso de que lo desee, si tiene pendientes de depurar ingresos excesivos en la AEAT y su cuantía.
2. Que se dé prioridad a la tramitación de la devolución de estos ingresos excesivos y duplicados.
3. Que en el caso de que se hayan retrasado o no realizado las referidas devoluciones por actuaciones dolosas o culposas de la AEAT, se depuren las correspondientes responsabilidades."
162/000903
El Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia, a instancia de la Diputada doña Rosa María Díez González y al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para facilitar el empleo de las personas con discapacidad eliminando las trabas autonómicas que dificultan la actuación de los Centros Especiales de Empleo, para su debate en Pleno.
Esta Proposición no de Ley se limita a transcribir las razonables enmiendas presentadas por el CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad) a la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado.
Decía en dicho documento su justificación:
"Esta propuesta es coherente con los principios de la nueva Ley de Unidad de Mercado, en concreto con el de eficacia en todo el territorio nacional de las actuaciones administrativas.
El sector de los centros especiales de empleo da trabajo a casi 70.000 trabajadores con discapacidad, habiendo hecho un esfuerzo por mantener el empleo durante la crisis económica actual, gracias a sus constantes mejoras en materia de competitividad.
La propuesta, que se efectúa en el marco de las medidas dirigidas a garantizar la unidad de mercado en España, tiene como objeto que los centros especiales de empleo vean simplificados sus trámites de calificación y registro, necesarios para poder actuar en el mercado y, por consiguiente, puedan operar en el mercado español con menores trabas administrativas, lo que mejorará sus niveles de competitividad con otras empresas a las que se les están aligerando también de las mismas.
Por otra parte, se propone que los Centros Especiales de Empleo que operan en varias comunidades autónomas no precisen obtener una calificación en cada Comunidad Autónoma, como ocurre ahora, sino que solo se sometan a una en el Servicio Público de Empleo Estatal.
Finalmente, se trata de simplificar las medidas alternativas a la obligación de reserva de empleo en favor de las personas con discapacidad, de forma que las empresas que puedan y deseen acogerse a esa fórmula vean facilitado el cumplimiento legal, permitiéndoseles contratar con los centros especiales de empleo que operen en cualquier lugar del Estado y no solo en la Comunidad Autónoma en la que lo haga el centro. Así mismo, cuando la medida alternativa consista en una donación o acción de patrocinio, la entidad receptora de la misma deberá poder emplearlo en las acciones previstas en el Real Decreto 364/2007, en cualquier lugar del territorio del Estado.
Otra propuesta trata de clarificar el contenido común mínimo que tienen las medidas a favor del empleo a favor de las personas con discapacidad, cuando se financien con fondos estatales que se distribuyen territorialmente. El objeto de la disposición es evitar las desigualdades, en cuanto a nivel y demora en la recepción de las ayudas las personas con discapacidad beneficiarias. Dichas diferencias de trato por razón del lugar de residencia de las mismas resulta inaceptable cuando se trata de medidas financiadas por el Presupuesto del Estado."
"EI Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover las siguientes medidas para facilitar las actividades de los Centros Especiales de Empleo para personas con discapacidad en todo el territorio nacional:
Eficacia en todo el territorio nacional de las actuaciones administrativas relacionadas con los Centros Especiales de Empleo de personas con discapacidad.
1. Los Centros Especiales de Empleo que tengan un ámbito territorial superior a una Comunidad Autónoma serán calificados e inscritos en el Registro por el Servicio Público de Empleo Estatal.
Dichos centros podrán operar con dicha calificación en todo el territorio nacional.
Se creará un Registro Estatal de Centros Especiales de Empleo.
2. Las empresas que se acojan a las medidas alternativas para cumplir la obligación de reserva de empleo en favor de las personas con discapacidad, al amparo del Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, podrán celebrar un contrato mercantil o civil con un centro especial de empleo inscrito en cualquier Registro, bien del Estado o de las Comunidades Autónomas, aunque no coincida con lugar de domicilio de la empresa.
3. Las donaciones o acciones de patrocinio recibidas por una fundación o una asociación de utilidad pública, conforme al Real Decreto citado en el apartado anterior, se destinarán a acciones de formación profesional, de inserción laboral o de creación de empleo en favor de las personas con discapacidad, que pueden ejecutarse en cualquier lugar del territorio nacional, siempre que el objeto social de la entidad receptora lo permita.
Contenido mínimo de las ayudas al empleo de las personas con discapacidad.
Las medidas estatales de políticas activas de empleo dirigidas a favorecer la inclusión laboral de las personas con discapacidad, incluidas las destinadas a centros especiales de empleo, tendrán un contenido común mínimo en toda España, que deberá ser ejecutado por las Comunidades Autónomas. Una vez distribuidos territorialmente por el Estado los fondos aplicados a dichas medidas, las Administraciones de las Comunidades Autónomas deberán pagarlos a sus destinatarios últimos en el mismo ejercicio en el que se transfirieron por el Estado, respetando el contenido común mínimo regulado estatalmente."
162/000905
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante el Pleno del Congreso de los Diputados, una Proposición no de Ley para seguir impulsando ante las autoridades europeas la implementación eficiente de la tasa sobre las transacciones financieras, incorporando exenciones, particularmente en los mercados financieros destinados a las Pymes.
El pasado 3 de julio el plenario del Parlamento Europeo dio un paso significativo en aras a reducir la especulación excesiva y aprobó con holgada mayoría dar apoyo a la introducción de la tasa sobre las transacciones financieras en los 11 países que han manifestado su voluntad de llevarla a cabo, entre los cuales, España pero también Alemania y Francia.
El perfeccionamiento de la última propuesta, respecto a la medida aprobada en mayo, tiene por objetivo minimizar los daños colaterales sobre la economía real, acordando ciertas modificaciones en relación al planteamiento inicial de la Comisión Europea de aplicar uniformemente un tipo impositivo del 0,1% para las acciones y los bonos y del 0.01% para los derivados. De hecho, esta propuesta inicial de tasación había suscitado críticas por parte del Presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, quien había subrayado los efectos negativos que podría conllevar la introducción del gravamen en cuanto a las inversiones extranjeras en Europa, la política monetaria y la volatilidad en los mercados.
Precisamente por ello la nueva propuesta resulta especialmente interesante al crear exenciones en la aplicación de la tasa con el objetivo de minimizar el impacto negativo sobre la economía real, evitar inestabilidades y focalizar sus efectos sobre las actividades más especulativas.
La primera exención acordada en dicha propuesta ha sido para las transacciones que se llevan a cabo dentro de un mismo grupo financiero, como por ejemplo las transacciones entre dos filiales de un mismo banco, que se encuentren físicamente situadas en puntos diferentes del mundo. En segundo lugar, han sido eximidos los "creadores de mercados" necesarios para aquellos instrumentos financieros que cuentan con baja liquidez por sí solos. Así, los mercados más ilíquidos, como por ejemplo los mercados de deuda local y regional, pueden mantenerse estables y los inversores pueden comprar sin tener miedo de una gran volatilidad de precios. Por último, se ha acordado dejar fuera del gravamen aquellos mercados financieros que den crédito a pymes, siendo éste un claro ejemplo de estímulo a la financiación a través
de los mercados financieros como sucede en Estados Unidos, lo que a su vez reduce la dependencia entre Pymes y financiación bancaria.
Otro punto favorable de la nueva propuesta ha sido rebajar en un 50 % el tipo que grava las transacciones de compra-venta de deuda pública, que ahora será del 0,05 %. Esta menor tasación a la deuda pública, local y regional, resulta fundamental para evitar que la tasa no castigue a los mercados de deuda ya muy afectados por la coyuntura económica actual, lo cual sin duda se trasladaría en más recortes y subidas de impuestos.
Con estas exenciones y rebajas la recaudación prevista sobre los fondos de pensiones se ha reducido en un 75 %, es decir, desde los 3.000 millones de euros anuales hasta los 750 millones. No obstante, sería bueno seguir avanzando en esta línea y lograr una exención completa también para los fondos de pensiones para evitar que se vean perjudicados por la introducción de la tasa que, en última instancia, debe luchar no tanto por engrosar las arcas públicas comunitarias sino para desalentar la especulación sin que ello repercuta negativamente sobre la economía productiva.
Por todo ello, desde CIU se considera que esta última propuesta de gravamen añadido sobre movimientos, bien de compraventa de bonos o de contratos sobre derivados financieros pero con excepciones, supone un perfeccionamiento de una medida que se presta a ser eficaz para reducir la especulación y que debe introducirse en la Unión Europa aún cuando no haya quórum en los 27. Así, se considera que la implementación y defensa de la misma con las correcciones presentadas puede contribuir a minimizar la especulación, sin generar inestabilidad en los mercados ni perjuicios sobre la economía productiva, a la vez que permite incrementar el presupuesto comunitario y minorar la dependencia del mismo respecto de las aportaciones de los estados miembros.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a seguir impulsando y defendiendo, ante las autoridades europeas y de los estados miembros, la introducción de la tasa sobre transacciones financieras de forma que sea lo más eficiente posible, lo cual implica que la tasa tenga por finalidad reducir la especulación pero minimizando a su vez el impacto negativo que dicho gravamen podría generar sobre el resto de la economía productiva. Para ello resulta necesario que la nueva tasa garantice la estabilidad y contemple exenciones que eviten una sobrecarga para los instrumentos financieros que cuentan con baja liquidez por sí solos, y exenciones sobre la deuda soberana, local y regional, sobre los fondos de pensiones y sobre los productos financieros y mercados que se orientan al crédito para las Pymes."
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo de 2014.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
162/000906
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de la Diputada doña Rosa María Díez González y al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para establecer una tarifa eléctrica basada en el carácter estacional de la agricultura de regadío, para su debate en Pleno.
En 2008 desaparecieron las tarifas eléctricas específicas para los regadíos como resultado de la aplicación de la "Directiva 2003/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se deroga la Directiva 96/92/CE". La directiva se aprobó para establecer "normas comunes de generación, transmisión y distribución de electricidad. Define las modalidades de organización y funcionamiento del sector de la electricidad, el acceso al mercado, los criterios y procedimientos aplicables respecto de las licitaciones y autorizaciones, así como de explotación de las redes".
Este factor, añadido al encarecimiento del precio de los peajes en la factura y a las desproporcionadas subidas de las tarifas eléctricas ha provocado un encarecimiento del coste eléctrico en la agricultura de regadío. Este encarecimiento ha tenido consecuencias muy negativas para el sector, ya de por sí ahogado por el duro golpe de la crisis económica en un sector vulnerable. Desde el año 2007 el sector de los cultivos de regadío ha intentado buscar una solución pactada con los diversos ministerios de Medio Ambiente para que el impacto de las medidas anteriormente citadas sean las menos perjudiciales para la agricultura. En este sentido, una de las reivindicaciones más razonables ha sido la de plantear una tarifa eléctrica basada en el carácter estacional de la agricultura de regadío.
El objetivo de esta iniciativa es reconocer el carácter estacional de la agricultura de regadío y posteriormente implementar aquellas medidas necesarias para establecer una tarifa eléctrica que facture por la potencia real utilizada y no por la potencia teórica contratada. De esta manera se adaptaría a las necesidades reales de consumo de energía de las explotaciones. Esta medida se podría implementar a través de dos modificaciones anuales de la cuota de potencia y así adaptarla a las necesidades reales de consumo, mediante los contratos de temporada de forma flexible y sin penalizaciones.
Las consecuencias de aplicar los contratos de temporada serían muy favorables para el sector agrícola. Entre otros motivos porque supondría una considerable reducción de costes para los regantes, ya que podrían elegir los horarios de tarifa más económicos. Se trata de una medida justa que se adapta a las propias necesidades de un sector que ha realizado en los últimos años una importante innovación y modernización en lo que se refiere al ahorro del agua y disminución de la contaminación, que ha conllevado inevitablemente un coste energético.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a promover en el plazo de seis meses las modificaciones legales necesarias para establecer una tarifa eléctrica basada en el carácter estacional de la agricultura de regadío para que se facture por la potencia real utilizada y no por la potencia teórica contratada, adecuándola a las necesidades reales de consumo de energía de las explotaciones y agricultores."
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo de 2014.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia.
162/000907
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley de reforma de la jubilación anticipada, para su debate en el Pleno de la Cámara.
La Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social entre las muchas modificaciones introducidas, incorpora una modificación significativa de la jubilación anticipada en su artículo 5.
Esta nueva regulación ha sido posteriormente modificada por el Real Decreto-ley 5/2013 en la línea de establecer dos supuestos claramente diferenciados en sus condiciones de acceso. De un lado lo que se denomina jubilación anticipada forzosa como consecuencia del cese en el trabajo por causa no imputable a la libre voluntad del trabajador. De otra, la denominada jubilación anticipada voluntaria.
La nueva regulación endurece las condiciones de acceso a la jubilación anticipada con el argumento de "facilitar la continuidad de la vida laboral de los trabajadores" y el pomposo título de "promover el envejecimiento activo".
Un argumento que en momentos de elevado y cronificado nivel de desempleo se convierte en una burla hacia los trabajadores de más edad que, después de una larga vida trabajando y cotizando, al perder su empleo se encuentran en una situación de desamparo total. No tienen empleo ni esperanzas de obtenerlo, se les endurecen las condiciones de acceso a las prestaciones de desempleo y se les reducen las prestaciones. Y, por último, la normativa de Seguridad Social les alarga y dificulta el acceso a la jubilación anticipada.
Más allá de la grave injusticia que ello supone para el conjunto de trabajadores de más edad, la normativa hoy vigente contiene niveles de discriminación en el acceso a la jubilación anticipada forzosa y también a la jubilación anticipada voluntaria.
En el caso de la jubilación anticipada forzosa han quedado excluidos un gran número de colectivos que todos ellos tienen en común que se encuentran en situación de desempleo por causas que no les son imputables a ellos. Algunos ejemplos de esta exclusión de la jubilación anticipada forzosa, son las personas despedidas por causas disciplinarias con declaración judicial de nulidad o improcedencia; las personas despedidas por razones disciplinarias u objetivas en las que se haya reconocido la improcedencia en conciliación judicial o prejudicial; las personas despedidas por causas objetivas, cuyo despido haya sido reconocido como nulo o improcedente y la empresa haya optado por la indemnización; las personas que habiendo sido despedidas y teniendo derecho a una indemnización no pueden acreditar haberla cobrado o bien por incumplimiento empresarial o por situación de insolvencia de la empresa; y aquellas personas que, al final de su vida laboral solo pueden acceder a un contrato temporal, una vez este contrato se extingue por voluntad de la empresa.
En el supuesto de la jubilación anticipada voluntaria se excluyen de su acceso a aquellas personas cuya pensión resultante no sea superior a la pensión mínima.
Todos estos supuestos y otros, comportan una situación de tremenda injusticia para personas que al final de su vida laboral, queriendo trabajar no pueden hacerlo y además se les restringe el acceso a [a jubilación anticipada.
1. Proceder a la reforma del Real Decreto-ley 5/2013 para que puedan tener acceso a la jubilación anticipada forzosa todas aquellas personas que se encuentren en algunos de los supuestos previstos en el artículo 208.1.1 de la Ley General de Seguridad Social.
2. Proceder a la reforma del Real Decreto-ley 5/2013 para permitir el acceso a la jubilación anticipada voluntaria de las personas cuya pensión no supere la pensión mínima."
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo de 2014.-Laia Ortiz Castellví, Diputada.-Joan Coscubiela Conesa, Portavoz del Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
162/000908
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre el reparto de las cuotas de jurel y caballa en el caladero nacional Cantábrico-Noroeste, para su debate en Pleno.
La propuesta que contempla el borrador de la Orden del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, hecha pública el 7 de marzo, para el reparto de las cuotas de caballa y jurel para cerco y otras artes en el caladero Cantábrico-Noroeste ha generado una fuerte reacción entre la flota afectada, sobre todo en Galicia y Asturias.
El reparto de la cuota adjudicada a España tras el Consejo de Ministros de la UE de diciembre de 2013 (recientemente ampliada, en el caso de la caballa, en la reunión de Estados Costeros del Atlántico Noroeste), tras meses de negociaciones con representantes de las Comunidades Autónomas y de las flotas afectadas, se produce en un doble nivel. En un primer reparto por territorios, se atribuyen las cantidades que corresponden a las cuatro Comunidades Autónomas afectadas (Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco) y en un segundo reparto se ha de proceder a atribuir la cuota que corresponde a cada embarcación.
En ambos casos los intereses en juego han dado lugar a defender la aplicación de criterios distintos e, incluso, contrapuestos. Hay quien defiende un reparto por capturas históricas, hay quien ha defendido
un reparto lineal y los que defienden la aplicación de uno u otro criterio (en función del tamaño del barco, del número de tripulantes, de las capturas...) unos apuestan por la gestión individual de las cuotas, por embarcaciones, y otros por provincias.
Asimismo, de nuevo no sin polémica, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a través de la Dirección General de Recursos Pesqueros y Acuicultura, ha remitido una comunicación a los buques de cerco según la cual, quienes no indiquen por escrito su deseo de optar a una gestión individual de su cuota verán su consumo reducido de la cuota de gestión conjunta asignada a la provincia en la que tenga su puerto base.
Lo que resulta indiscutible es que todo este procedimiento de reparto ha sido ampliamente contestado, tanto por algunas Comunidades Autónomas como por el sector, quienes han advertido de la posibilidad de impugnar esta distribución ante las distintas Administraciones, incluida la europea, y los Tribunales.
Compartimos plenamente la necesidad de encontrar una solución equilibrada y justa al conflicto. Más si tenemos en cuenta que la decisión que se adopte puede afectar, de forma decisiva, a la continuidad de parte de la flota afectada, lo que supone un coste inasumible en términos, por ejemplo, de empleo.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a convocar a todas las partes -administraciones públicas y sector- para conseguir un mecanismo de reparto adecuado, suficientemente consensuado, equilibrado y justo de las cuotas de caballa y jurel para cerco y otras artes en el caladero nacional Cantábrico-Noroeste, entre los diversos territorios y en cada uno de ellos entre las flotas y embarcaciones."
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo de 2014.-María Consuelo Rumí Ibáñez, Laura Carmen Seara Sobrado, María Luisa Carcedo Roces, María del Puerto Gallego Arriola y Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputados.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
120/000023
Autor: Don Jaime Sanz Fernández-Soto.
Proposición de Ley sobre reforma del artículo 1316 del Código Civil.