Source: http://boletinlegalve.blogspot.com/2016/08/
Timestamp: 2017-10-23 09:46:11
Document Index: 235316723

Matched Legal Cases: ['artículo 7', 'Artículo 1', 'artículo 7', 'Artículo 2', 'artículo 1', 'Artículo 3', 'artículo 1', 'Artículo 4', 'artículo 4', 'Artículo 6', 'artículo 1', 'artículo 8', 'artículo 26', 'artículo 257', 'artículo 87', 'artículo 453', 'artículo 251', 'artículo 251', 'artículo 243', 'artículo 243', 'artículo 251', 'artículo 243']

Boletín Legal Venezuela: agosto 2016
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Reforma de la demanda y casación (modifica criterio)
Sentencia: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/Junio/188464-RH.000385-22616-2016-16-167.HTML
Mediante sentencia N° 385 del 22 de junio de 2016, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, estableció, a partir de la publicación de ese fallo, que si se reforma la demanda y su cuantía esta deberá ser la que se tome en cuenta a los efectos de la admisión del recurso extraordinario de casación y se tomará como fecha la de la presentación de la reforma, con lo cual se abandonó el criterio establecido en la sentencia N° 252 del 16 de junio de 2011 (caso: Frankyelis René Gutiérrez López). Al respecto, se señaló que:
“En tal sentido considera esta Sala, que en aplicación de los artículos 2, 26, 49 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se hace necesario un cambio de criterio al respecto, que permita a los sujetos procesales tener una mayor protección constitucional con respecto al ejercicio de los recursos y su admisión, así como de un debido proceso, derecho a la defensa y a la implementación de una justicia que garantice la admisión e interposición del recurso extraordinario de casación.
En consideración a todo lo antes expuesto, la Sala abandona el criterio hasta ahora aplicado desde su sentencia Nº 252 de fecha 16 de junio de 2011, expediente Nº 2010-504, y fija a partir de la fecha de publicación de este fallo este nuevo criterio, para determinar la admisibilidad del recurso extraordinario de casación en los casos que se haya reformado la demanda. Así se decide” (énfasis añadido por la Sala).
Valoración de pruebas que se encuentren en cuadernos distintos al principal (modifica criterio)
Sentencia: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/agosto/190164-RC.000547-11816-2016-15-627.HTML
Mediante sentencia N° 547 del 11 de agosto de 2016, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, estableció, a partir de la publicación de ese fallo, que en lo sucesivo ya no es necesario ratificar el medio probatorio que se encuentre en un cuaderno distinto al principal, siempre que esas piezas reposen en el Tribunal (abandonando el criterio que había sido sostenido desde la sentencia N° 334 del 27 de abril de 2004, caso: Compañía Anónima Ingeniería Venezolana (CAINVE) y otras). En caso de que las pruebas se encuentren en un cuaderno separado y que se halle en un Tribunal distinto al que debe emitir la decisión el Juez podrá solicitar traslado probatorio. Al respecto, se señaló que:
“De sustentarse tal criterio, se estaría concluyendo, que los cuadernos separados y su sustanciación responden a una autonomía total, respecto de las verdades de una misma causa. Los cuadernos “autónomos” son considerados así, por su sustanciación, separada del juicio principal, pero no constituyen una moneda que pueda tener dos caras y de los cuales, respecto del juicio principal se obtengan dos (02) verdades, pues el proceso es uno sólo y responde a un mismo fin.
Se mantiene en vigencia el criterio referido a la imposibilidad material que tiene el juzgador de instancia de valorar los medios probatorios que se hallen en cuadernos separados o piezas que no se encuentren en el órgano jurisdiccional al momento de dictar el fallo, siempre pudiendo el Juez solicitar traslados probatorios para tener por norte la verdad y lograr que la litigación no está de espaldas a la realidad, inclusive de los autos. Y así se establece” (énfasis añadido por la Sala).
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Aumento del beneficio de alimentación (septiembre 2016)
Mediante Decreto Nº 2.430 publicado en la Gaceta Oficial Nº 40.965 del 12 de agosto de 2016, la Presidencia de la República, ajustó la base de cálculo para el pago del Cestaticket Socialista para los trabajadores que presten servicios en los sectores público y privado, a ocho Unidades Tributarias (8 U.T.) por día, a razón de treinta (30) días por mes, pudiendo percibir hasta un máximo del equivalente a doscientas cuarenta Unidades Tributarias (240 U.T.) al mes sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7º del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Cestaticket Socialista para los Trabajadores y Trabajadoras. El contenido del referido Decreto es el siguiente:
Artículo 1: Se ajusta la base de cálculo para el pago del Cestaticket Socialista para los Trabajadores y Trabajadoras que presten servicio en los sectores públicos y privados, a ocho Unidades Tributarias (8 U.T.) por día, a razón de treinta (30) días por mes, pudiendo percibir hasta un máximo del equivalente a doscientas cuarenta Unidades Tributarias (240 U.T.) al mes sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7º del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Cestaticket Socialista para los Trabajadores y Trabajadoras.
Artículo 2: Las entidades de trabajo del sector público y privado, ajustarán de conformidad a lo establecido en el artículo 1º de este Decreto, el beneficio de Alimentación denominado “Cestaticket Socialista” a todos los trabajadores y trabajadoras a su servicio.
Artículo 3: El ajuste mencionado en el artículo 1º de este Decreto, es de obligatorio cumplimiento por parte de los empleadores y empleadoras de todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela.
Artículo 4: Las entidades de trabajo del sector público y privado, que mantienen en funcionamiento el beneficio establecido en el artículo 4º numerales 1 al 4 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Cestaticket Socialista para los Trabajadores y Trabajadoras, adicionalmente y en forma temporal mientras dure la emergencia económica, deberán otorgar el beneficio de la cestaticket mediante la provisión de cupones o tickets o de una tarjeta electrónica de alimentación emitida por una entidad financiera o establecimiento especializado en la administración y gestión de beneficios sociales.
Artículo 6: Este Decreto entrará en vigencia a partir del 1º de agosto de 2016.
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Resolución: http://historico.tsj.gob.ve/informacion/resoluciones/sp/resolucionSP_0002436.html
Mediante Resolución N° 2016-0018 del 10 de agosto de 2016, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, acordó que ningún Tribunal despachará desde el 15 de agosto hasta el 15 de septiembre de 2016, ambas fechas inclusive. Durante ese período permanecerán en suspenso las causas y no correrán los lapsos procesales. El contenido de la referida Resolución es el siguiente:
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Lineamientos para el levantamiento del velo corporativo y responsabilidad de los dueños y principales
Sentencia: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/Junio/188453-RC.000381-22616-2016-15-679.HTML
Mediante sentencia N° 381 del 22 de junio de 2016, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, reiteró el criterio establecido en la sentencia N° 632 del 15 de octubre de 2014 (caso: Adolfredo Pulido Mora), relativo a la interpretación del artículo 1.191 del Código Civil (responsabilidad del dueño, principal o director por el hecho ilícito del dependiente). En la decisión que se ratificó se señaló que la elación de dependencia es una subordinación o vínculo que puede derivar o no de una relación laboral entre el dueño y el dependiente. Para que exista esa subordinación no es necesaria la existencia de una remuneración o un contrato de trabajo, pues lo determinante es que pese en cabeza del principal el poder de dirección respecto de la labor que se ejecuta, sin que pueda excusarse el principal por ser “negligente en emplear la autoridad de la cual es depositario”. En consecuencia, si el acto ejercido se traduce en una competencia natural, fin, medio, vehículo o canal del acto dañoso, sin lugar a dudas se configurará la responsabilidad objetiva del dueño o principal.
Adicionalmente, la Sala fijó un criterio a los fines de que los jueces analicen las causas en las que se alegue el uso abusivo de la forma societaria o en fraude a la ley (para proceder al levantamiento del velo corporativo), los parámetros establecidos por la Sala son los siguiente: (i) analizar todas las relaciones que unen a las diferentes personas actuantes; (ii) evidenciar si con esas relaciones se utilizó la forma societaria para lesionar a terceros o en fraude a la ley y; (iii) establecer si existen indicios para proceder al levantamiento del velo corporativo, como por ejemplo: que existan varias sociedades con un solo socio, que no se haya realizado la producción de dividendos, la ausencia de giro independiente, entra otros. Al respecto, se señaló que:
“Según la jurisprudencia citada supra, la responsabilidad civil extracontractual por hecho ajeno, en particular la del dueño o principal, es una responsabilidad que no admite prueba en contrario siendo por tanto una presunción iure et de iure, responsabilidad que deviene de la autoridad que desempeña el principal respecto a su dependiente, entendiéndose a aquél como vigilante de los actos que este desempeña por encontrarse precisamente bajo su cargo, por lo que si se encuentra bajo la dirección del dueño en el cumplimiento de sus funciones e incurre en un ilícito civil nace la responsabilidad por imperio de la ley.
Refiere la jurisprudencia bajo comentario que para que opere tal responsabilidad especial, es menester la verificación previa de dos circunstancias a saber: 1) la condición de dependiente del agente del daño, y 2) que quede establecida la culpa de este, en virtud que la presunción de culpa iure et de iure solo procede contra el principal o dueño, si es demostrada a su vez la culpa directa e inequívoca del dependiente o sirviente, caso en el cual operará tal presunción legal dejándose en consecuencia establecida la culpa del principal o dueño, la cual no exige prueba.
Por otra parte, aclara la decisión jurisprudencial bajo comentario que no es requisito sine qua non que la relación de dependencia sea entendida en el marco de una relación laboral en los términos de la Ley Orgánica del Trabajo. Tampoco dicha relación debe necesariamente pactarse o tenerse una contraprestación o remuneración a cambio del encargo, pues basta que la función o encargo conferido por el principal de donde dimana para este su poder de ordenar o girar instrucciones al dependiente, la que además no necesita tener carácter permanente, pues basta tener una relación temporal y aun ocasional.
De forma tal que, la relación entre el dueño o principal y dependiente o sirviente no tiene que ser necesariamente laboral, por lo que no es menester demostrar las características de este tipo de relación, basta entonces solo con que se demuestre la relación de dependencia entre el dependiente y entre el que da las órdenes -principal- la culpa y el daño de aquél para que surja la presunción a la que se ha hecho referencia, en consecuencia la responsabilidad objetiva del dueño o principal.
Ahora bien, el constituyente de 1999 consagró el derecho a una justicia, accesible, imparcial, oportuna, autónoma e independiente; Aspectos que integran la definición de la tutela judicial efectiva según la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), cuyo artículo 8 dispone que el derecho de acceso a los órganos de justicia consiste en “...la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. (Sentencia SCC, de fecha 12 de abril de 2005, caso: Mario Castillejo Muelas, c/ Juan Morales Fuentealba).
En este orden de ideas, la Sala Constitucional estableció que todos los jueces de la República deben velar por la supremacía y eficacia de las normas y principios constitucionales, obligándolos siempre a la interpretación de las instituciones procesales al servicio de un proceso cuya meta es la resolución del conflicto de fondo, de manera imparcial, idónea, transparente, independiente, expedita y sin formalismos o reposiciones inútiles (ex artículo 26), para el logro de que la justicia no sea sacrificada por la omisión de formalidades no esenciales, como lo ordena el artículo 257 del Texto Fundamental (Sentencia SC Nro. 889, Exp. 07-1406 de fecha 30 de mayo de 2008).
En tal sentido, los jueces en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, deben procurar la determinación de los derechos de las partes, prevaleciendo la justicia por encima de cualquier tecnicismo o apariencia de derecho, buscando siempre aplicar una justicia lo más cercana a la realidad posible.
Por ello, cuando los juzgadores se encuentren en un caso en el que se alegue el uso abusivo de la forma societaria o en fraude a la ley, los jueces deben observar los siguientes lineamientos: Analizar el conjunto de relaciones que unen a las diferentes personas jurídicas y naturales actuantes; Verificar si de esas relaciones se evidencia que se utilizó la forma societaria para lesionar intereses de terceros o en fraude a disposiciones de orden público; Atender a ciertos hechos indiciarios que permitan establecer la procedencia del levantamiento del velo corporativo, como por ejemplo cuando se verifique una o más sociedades donde una de ellas tenga un solo socio, el control de una de las empresas sobre otra u otras, la insuficiencia del capital social, la no producción de dividendos, la ausencia de giro independiente, el control accionario entre dos o más empresas del grupo, el funcionamiento en establecimientos comunes y dependientes unos de otros, la confusión patrimonial, cuando existan contratos conexos o enlazados por el objeto o por la causa; En fin todos aquellos elementos que puedan conllevar a deducir la falta de independencia de una o varias de las sociedades frente a otra empresa o persona natural” (énfasis añadido por la Sala).
Publicado por Carlos Reverón Boulton en 15:58 No hay comentarios:
Como denunciar en casación la errada interpretación del contrato
Sentencia: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/Junio/188620-RC.000401-29616-2016-15-603.HTML
Mediante sentencia N° 401 del 29 de junio de 2016, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, reiteró el criterio establecido en la sentencia N° 294 del 11 de octubre de 2001 (caso: Carlos Rodríguez Palomo contra Inversiones Visil C.A.), según el cual se afirmó que es competencia de los jueces de instancia realizar la interpretación del contrato sometido a su conocimiento, lo cual tiene por límite desnaturalizar su contenido.
La interpretación que realicen esos jueces podrá ser sometida al conocimiento de esa Sala a través del recurso de casación alegando error de derecho o suposición falsa. Al respecto, se señaló que:
“En este sentido, y dentro de la convención de voluntades contenidas en el contrato objeto principal de demanda, se desprende la cláusula penal como parte integrante del acuerdo, la cual sin lugar a dudas, fijó la intención de indemnizar al acreedor del derecho por el incumplimiento o por el cumplimiento defectuoso de la obligación generada por la otra parte, siendo dicha cláusula, la compensación de los daños y perjuicios que sufriera el contratante cumplidor, en virtud del acuerdo celebrado previamente entre las partes, en tal razón, el juzgador cognicente determinó asertivamente, que la referida cláusula, no era objeto de prueba dentro del juicio, ya que es una consecuencia lógica derivada de la voluntad de las partes, como apreciación anticipada de los susodichos perjuicios, que habían sido convenidos por los contratantes con el fin de facilitar su exigibilidad.
Finalmente, en armonía con lo expuesto por esta Sala, es menester señalar que en el sub iudice, el sentenciador con base a la soberanía ya mencionada, de manera inequívoca interpreto el contrato cuyo cumplimiento se demanda, lo cual dejó sobradamente expuesto en su fallo, de donde emanó la consecuencia interpretativa lógica del dispositivo, cuya resolución pone de manifiesto la justicia apegada a la expresión de voluntad de las partes contratantes, que en virtud de su incumplimiento dieron origen la decisión proferida por la instancia, atendiendo a las voluntad de las partes para su cumplimiento y a la justicia material” (énfasis añadido por la Sala).
Carácter irrenunciable de la estabilidad laboral absoluta
Sentencia: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/diciembre/1952-151211-2011-11-0236.HTML
Mediante sentencia N° 1952 del 15 de diciembre de 2011, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, señaló que la inamovilidad laboral absoluta especial que es decretada por el Ejecutivo Nacional es irrenunciable, aun en aquellos casos en que el trabajador haya aceptado y recibido el pago de sus prestaciones sociales o de alguna indemnización producto del despido, que sólo podría realizarse previo autorización de la Inspectoría del Trabajo a través del correspondiente procedimiento administrativo. Por lo que se reafirmó que la aceptación de prestaciones sociales por parte de un trabajador implica que renuncia a su derecho a reenganche, pero sólo en los casos de estabilidad relativa. Al respecto, se señaló que:
“Conforme al ordenamiento constitucional vigente, la estabilidad en la relación de trabajo, como noción general, es una garantía reconocida por el constituyente de 1999 en favor del trabajador con el propósito de impedir el ejercicio arbitrario del “derecho” que tiene el empleador de dar por concluida la misma, sin que medie causa establecida en la ley que así lo justifique. Dicho concepto se asocia a la nota de durabilidad o permanencia del trabajador en su empleo y constituye un atributo del derecho al trabajo -y del deber de trabajar- que establece el artículo 87 del Texto Constitucional.
De acuerdo con el criterio jurisprudencial transcrito supra, la “estabilidad absoluta o propia”, está concebida como una protección temporal de permanencia del trabajador en su empleo por circunstancias especiales o excepcionales que origina, en su favor, el derecho a no ser despedido del trabajo sino por las causales establecidas en la ley y con la autorización previa del Inspector del Trabajo, mientras que la “estabilidad relativa o impropia”, esta ideada como un sistema de protección básico, similar al de la estabilidad absoluta aplicable a la generalidad de los trabajadores, el cual se diferencia en que la obligación del patrono de reenganchar al trabajador es de carácter facultativo; por lo tanto, al momento de ordenarse la reincorporación y pago de salarios caídos de un trabajador despedido de manera injustificada, el patrono puede liberarse de dicha carga resarciendo pecuniariamente el daño generado, a través del pago de una indemnización por el despido.
La noción de estabilidad absoluta se consolida como una modalidad del régimen de permanencia en el trabajo que autoriza la ley en supuestos que requieren de una tutela especial y, por tanto, en ausencia de norma expresa que confiera dicho alcance, la regla aplicable para garantizar la persistencia en el puesto de trabajo será la que orienta a la estabilidad relativa; en consecuencia, la regla general en las relaciones laborales es que los trabajadores gozan de una estabilidad relativa y la excepción es que disfrutan de estabilidad absoluta.
Por lo tanto, siendo ello así, y visto que la accionante se encontraba amparada por el Decreto de inamovilidad laboral especial señalado supra, la Asociación Civil Caja de Ahorro y Préstamos de los Empleados Públicos de la Gobernación del Estado Miranda (CAPEM), antes de proceder a su despido, debió haber tramitado ante la Inspectoría del Trabajo del Municipio Guaicaipuro del Estado Miranda, de acuerdo al procedimiento previsto en el artículo 453 de la Ley Orgánica del Trabajo, la autorización correspondiente para proceder a su retiro, asegurando de esta manera que la culminación de la relación laboral estuviese ajustada a derecho.
Tomando en cuenta las anteriores consideraciones y visto que, en el caso de autos, el despido de la parte actora se efectuó sin tomar en consideración el régimen especial de protección previsto a su favor por el Decreto N° 7.154 del 23 de diciembre de 2009 publicado en esa misma fecha en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.334, resulta forzoso para esta Sala declarar con lugar la acción de amparo incoada, pues la decisión accionada partió de un falso supuesto al desconocer que la accionante se encontraba tutelada por el régimen de estabilidad laboral especial dictado por el Ejecutivo Nacional, lo que vulneró su derecho al debido proceso, a la defensa y al principio de la irrenunciabilidad de los derechos laborales previstos en los artículos 49, cardinal 1 y 89, cardinal 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En consecuencia, anula la decisión dictada el 11 de noviembre de 2010 por el Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda y ordena que otro Juzgado Superior del Trabajo de la misma Circunscripción Judicial, una vez efectuada la distribución correspondiente, emita un nuevo pronunciamiento sobre el recurso de apelación ejercido contra la decisión emitida el 18 de octubre de 2010 por el Juzgado Tercero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, tomando en consideración el criterio expuesto en el presente fallo. Así se decide” (énfasis añadido por la Sala).
Publicado por Carlos Reverón Boulton en 18:01 No hay comentarios:
Incumplimiento de deberes formales y derecho a la defensa
Sentencia: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/noviembre/01867-211107-2007-2006-1728.HTML
Mediante sentencia N° 1867 del 21 de noviembre de 2007, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, señaló que el lapso probatorio que debe abrir la Administración Tributaria durante la sustanciación del Recurso Jerárquico no es con la finalidad de promover pruebas, sino con el objeto de evacuar las que hayan sido promovidas conjuntamente con el recurso. En virtud de ello, de no promoverse pruebas se prescindirá de esa fase en el procedimiento administrativo de segundo grado.
Adicionalmente, se reiteró el criterio establecido en la sentencia N° 2179 del 17 de noviembre de 2004 (caso: Mantenimiento Quijada, C.A.), según el cual no se viola el derecho a la defensa cuando se pretenda sancionar el incumplimiento de deberes formales, pues no existe la obligación de que la Administración Tributaria de realizar un acta fiscal en esos casos (que permitiría al interesado presentar descargos), ya que no se está determinando la existencia y cuantía de una obligación tributaria específica. Al respecto, se señaló que:
“La disposición normativa anteriormente citada pareciera llevar implícita la necesidad o el deber por parte de la Administración Tributaria de que una vez interpuesto el recurso jerárquico, abra un lapso probatorio que no debe ser inferior a quince (15) días hábiles, con independencia de que el recurrente haya anunciado, aportado o promovido medio de prueba alguno al momento del ejercicio del mencionado recurso administrativo.
Sin embargo, como quiera que el referido artículo 251 del vigente Código Orgánico Tributario de 2001, establece esa posibilidad de abrir un lapso probatorio, lo cierto es que el mismo fue previsto, no con la finalidad de promover pruebas, sino con el propósito de evacuar las que hayan sido anunciadas, aportadas o promovidas en el momento de la interposición del recurso jerárquico, lo cual se desprende de la ratio de la disposición contemplada en el citado artículo 251 de dicho Código, cuando consagra textualmente que: “…una vez admitido el recurso jerárquico, se abrirá un lapso probatorio, el cual será fijado de acuerdo con la importancia y complejidad de cada caso, y no podrá ser inferior a quince (15) días hábiles, prorrogables por el mismo término según la complejidad de las pruebas a ser evacuadas. Se prescindirá de la apertura del lapso para evacuación de pruebas en los asuntos de mero derecho, y cuando el recurrente no haya anunciado, aportado o promovido pruebas…” (Resaltado de la sala).
En efecto, el mencionado artículo condiciona la facultad de abrir dicho lapso cuando el recurrente haya anunciado, aportado o promovido pruebas, pues en caso contrario podrá prescindirse del mismo y precisamente el momento de anunciarse, aportarse o promoverse las pruebas respectivas tiene ocurrencia en la etapa de interposición del recurso jerárquico, tal como lo prevé el artículo 243 del vigente Código Orgánico Tributario.
De manera que a la redacción del citado artículo 243, por contener la palabra “podrá”, no debe considerársele como un hecho potestativo por parte del recurrente en sede administrativa de anunciar, aportar o promover pruebas, pues de acuerdo a lo precedentemente señalado, ese es el momento de la fase de promoción de dichas pruebas que se configura como una carga para quien hace uso del recurso jerárquico, y en caso de no llevarse a cabo, la Administración Tributaria prescindirá del lapso probatorio, tal como se encuentra contemplado en el artículo 251 previamente transcrito.
Así, circunscribiéndonos al caso bajo estudio, se observa que la representación legal de la contribuyente al momento de interponer el recurso jerárquico consignó “…copia del acta constitutiva que acredita [su] representación de la contribuyente Super Panadería la Linda, C.A., y 17 planillas contentivas de los actos administrativos recurridos jerárquicamente, conjuntamente con las planillas para pagar, fechadas en Maracaibo el 17 de marzo de 2004…”.
Ahora bien, como quiera que en principio no pueda descartarse la factibilidad de que el acto administrativo impugnado en sede administrativa pueda constituir, en algunos casos, un medio de prueba, sin embargo, no podría considerarse en forma absoluta que su acompañamiento al recurso jerárquico constituya un elemento suficiente para que la Administración Tributaria de inmediato deba abrir el lapso probatorio, pues en primer término ello constituye una carga para el recurrente al momento de desplegar el ejercicio del mencionado recurso, tal como lo dispone el artículo 243 del Código Orgánico Tributario de 2001, cuando señala que: “…Asimismo, deberá acompañarse el documento donde aparezca el acto recurrido o, en su defecto, el acto recurrido deberá identificarse suficientemente en el texto de dicho escrito…”; y en segundo lugar, porque en el caso bajo examen la consignación del acto impugnado en sede administrativa no fue utilizado como medio probatorio capaz de desvirtuar la voluntad plasmada en el mismo por el órgano fiscal.
De manera que conforme a lo anteriormente sostenido, el acto sancionatorio dictado con ocasión de la revisión de los libros especiales de compras y ventas, donde se constate que los asientos contables no cumplen con los requisitos de forma establecidos legalmente, y por vía de consecuencia el incumplimiento de deberes formales, hace que la fiscalización deba limitarse sólo a una verificación, pues por una parte esta función de verificar no implica una determinación de la existencia y cuantía de obligación tributaria alguna; y por la otra, porque la contribuyente se encuentra enterada de las circunstancias de hecho y de derecho que rodean su pretensión y sobre la cual versa la decisión de la Administración Tributaria.
En este contexto, al quedar evidenciado la inexistencia de vulneración del derecho a la defensa y al debido proceso, deviene igualmente la desestimación de los alegatos referidos al vicio de “incongruencia negativa, falso supuesto y motivación contradictoria”, pues los mismos tuvieron su fundamento en que la Administración Tributaria “…no aperturó (sic) el procedimiento contradictorio y la sustanciación del expediente, no practicó los actos de notificación procesal; y no permitió el acceso al administrado mediante la audiencia de sus alegatos…”, que tal y como se sostuvo precedentemente, el órgano fiscal no estaba en la obligación de efectuarlo, en razón de que su actuación obedeció a un procedimiento de verificación sobre los libros de la propia contribuyente, la cual estaba en conocimiento de dicha actuación” (énfasis añadido por la Sala).