Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/Autos/2008/A320-08.htm
Timestamp: 2017-11-23 22:01:08
Document Index: 99103372

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 256', 'artículo 37', 'artículo 18', 'artículo 18', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 8', 'Artículo 18']

A320-08
Auto 320/08
JUEZ DE TUTELA-No le corresponde determinar a priori contra quienes debe dirigirse la acción
ACCION DE TUTELA CONTRA AUTORIDAD DEL ORDEN NACIONAL-Competencia del Tribunal Superior, Administrativo y Consejo Seccional de la Judicatura
ACCION DE TUTELA-Competencia Tribunal Administrativo
Referencia: Expediente I.C.C. 1278
Conflicto de competencia suscitado entre el Tribunal Administrativo del Magdalena y el Tribunal Superior de Santa Marta.
Bogotá, D.C., diecinueve (19) de noviembre de dos mil ocho (2008).
Provee la Corte en relación con el conflicto de competencia suscitado entre el Tribunal Administrativo del Magdalena con funciones de conocimiento y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta –Sala Quinta de Decisión Civil- Familia-, en la acción de tutela promovida por el señor Antony de Jesús Fernández Camargo contra la POLICÍA NACIONAL –DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA GENERAL-.
1. El ciudadano Antony de Jesús Fernández Camargo interpone acción de tutela contra la POLICÍA NACIONAL, específicamente contra el DIRECTOR GENERAL de esa Institución, la cual por reparto correspondió al Tribunal Administrativo de Magdalena con funciones de conocimiento, con el fin de que se ordenara a las entidades demandadas disponer el amparo de sus derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo y al debido proceso, por haberle desvinculado de la Institución presuntamente por haber acumulado cuatro (4) sanciones disciplinarias en menos de cinco (5) años, siendo que en sus once (11) años de servicio a la POLICÍA NACIONAL había recibido más de nueve (9) felicitaciones.(Fls 1 a 35. Cuad # 1)
2. Mediante Auto del diecinueve (19) de junio de dos mil ocho (2008), el Tribunal Administrativo de Magdalena con funciones de conocimiento, remitió la demanda de tutela a la oficina de reparto, para que se le diera aplicación al artículo 1° del Decreto 1382 de 2002 pues, “advierte este colegiado que la Oficina de Reparto Judicial se (sic) ha remitido la presente solicitud de tutela a fin de que sea avocado sus conocimiento por parte de ésta jurisdicción. En efecto, el accionante en el encabezado de la solicitud tutelar expresamente dirigió la misma a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo (Tribunal) de tal suerte que, por así decirlo, escogió el Juez que eventualmente debía aprehender el conocimiento del asunto litigioso formulado. Empero, la Corporación no avocará sus examen hasta tanto no se colme el formalismo normado ene el artículo 1° del decreto 1382 del 12 de julio de 2000…”
Pues bien, en el caso sub iuris resulta palmar (sic) inferir que la Oficina de Reparto desatendió tan expresa ordenación legal puesto que sin justificación alguna sometió el asunto a reparto, pero única y exclusivamente entre los Honorables Magistrados que conforman esta corporación bajo el entendido, por demás equivocado, que bien podría el accionante radicar la solicitud tutelar ene l órgano judicial que a su arbitrio estimare, siendo lo cierto que esa no es la lectura que se desprende del texto referido.” (Fl 258, Cuad # 258)
3. A su turno, mediante Auto del dos (2) de julio de dos mil ocho (2008), el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta –Sala Quinta de Decisión Civil –Familia-, se declaró incompetente para conocer de la mencionada acción de tutela, por cuanto que el juez competente para conocer el sub examine es el Tribunal Administrativo del Magdalena toda vez que éste cayó en error al considerar que la Oficina de Apoyo de la Coordinación de la Administración Judicial pude alterar la voluntad del actor al realizar el reparto ya que, el mismo “ejerce un derecho constitucional consagrado en los artículos 86 de la Constitución Política de 1991 y el 37 del Decreto 2591 de 1991”[1] .
1.- La jurisprudencia de esta Corporación en numerosas oportunidades ha señalado que, por regla general, cada vez que se presenten conflictos negativos de competencia en el trámite de decisión de una acción de tutela la autoridad judicial sobre la cual radica la facultad de resolver dicha colisión es el superior jerárquico común de los jueces inmersos en la misma. Sin embrago, la Corte ha expresado que como órgano de cierre de la jurisdicción constitucional en materia de tutela, es competente para dirimir los conflictos de competencia que se presenten entre los jueces inmersos en el conflicto negativo, siempre que no tengan un superior jerárquico funcional común y pertenezcan a jurisdicciones distintas.[2]
Al respecto, se sostuvo: “De lo expresado se puede deducir, que los conflictos de competencia entre los jueces que integran la llamada jurisdicción constitucional, en razón del conocimiento de un proceso de tutela, o con ocasión de la ejecución de un fallo de esta naturaleza o de la liquidación de perjuicios, son cuestiones incidentales que le corresponde resolver a la Corte Constitucional, como supremo tribunal de dicha jurisdicción, pues aparte de ésta no existen entre los referidos jueces niveles jerárquicos de decisión, salvo en relación con la aplicación del principio de la doble instancia, que permitan dirimir dichos conflictos”[3]
No obstante, en Auto de Sala Plena No. 170 de 2006, se manifestó: “A pesar de que la Corte ha reconocido reiteradamente que su competencia es residual y que cuando los jueces en conflicto tengan un superior jerárquico común que pueda conocer del conflicto no le corresponde a esta Corporación hacerlo, en virtud de los principios de celeridad y sumariedad en el procedimiento de tutela, y del derecho al acceso oportuno a la administración de justicia, la Corte ha llegado a asumir de manera directa el conocimiento de conflictos de competencia teniendo en cuenta el objetivo de garantizar la mejor protección de los derechos fundamentales”.[4]
Corolario de lo anterior es que esta Corporación tenga una competencia de tipo residual para resolver los conflictos que se susciten entre los jueces para asumir el conocimiento de una acción de tutela y que la misma constituya una excepción al mandato constitucional contenido en el artículo 256, numeral 6° según el cual: “Corresponde al Consejo Superior de la Judicatura o a los Consejos Seccionales, según el caso y de acuerdo a la ley, las siguientes atribuciones: Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones.”
Ahora bien, el Decreto 1382 de 2000 reglamentó el artículo 37 del Decreto 2195 de 1991 y determinó que todos aquellos asuntos de tutela en los que esté inmersa una autoridad pública del orden Nacional, los jueces competentes, en primera instancia, serán los Tribunales Superiores del Distrito Judicial, los Tribunales Superiores Administrativos y los Consejos Seccionales de la Judicatura.
Sin embargo, en ciertas ocasiones el conocimiento de un asunto específico pude producir un conflicto de competencias negativo, esto es la consideración por parte de los jueces a quienes les ha correspondido ab initio el conocimiento del mismo de no ser competentes para fallar el caso determinado, es necesario que el superior jerárquico funcional de dichos jueces resuelva ese conflicto y dictamine sobre quién reside la competencia de conocimiento.
Ello, que tiene reglamentación específica en los asuntos civiles, penales, laborales y, aún, administrativos, no lo tiene en los asuntos de tutela. Por ello, le ha correspondido a esta Corte, en su función integradora e interpretativa del ordenamiento jurídico, principalmente en relación con la aplicación de normas de rango Constitucional, establecer criterios de resolución de conflicto de competencias entre los diferentes jueces de tutela.
Así las cosas, este Tribunal en materia de tutelas ha acogido la regla general de resolución de conflictos de competencia según la cual, aquellos que se susciten entre diversas instancias judiciales de la misma especialidad deben ser resueltos por el superior jerárquico común funcional, claro está, si existe.
Igualmente, ha establecido que si bien no hay norma expresa que lo disponga, es razonable acudir a la aplicación extensiva del artículo 18 de la Ley 270 de 1996[5], para solucionar los conflictos de competencia en materia de acciones de tutela. De allí, que la competencia de la Corte en esta materia sea residual, es decir, única y exclusivamente cuando no exista superior jerárquico para resolver el conflicto suscitado entre las dos autoridades; fungiendo como Tribunal vértice de la jurisdicción constitucional[6].
2.- Ahora bien, esta Corte en diferentes pronunciamientos[7] ha rechazado de plano la conducta de aquellos jueces de la república, quienes en el estudio preliminar correspondiente a la admisión de la demanda, deciden determinar contra quiénes ha debido impetrarse la acción y se fundamentan en ello para no darle trámite a la acción de tutela. Es decir, se abstienen de conocer el asunto por una indebida conformación el contradictorio.
De este modo, ha dispuesto la Corte que el juez competente se determina según quién aparezca como demandado en el escrito de la demanda y, no a partir del análisis de fondo de los hechos de la tutela en el trámite de admisión. En efecto, no es aceptable para la autoridad judicial entrar a hacer un juicio a priori sobre el fondo del asunto planteado en la demanda, porque eso, precisamente, es el objeto de estudio en la sentencia.
Por ello, se repite, para esta Corte no es admisible que los jueces respaldándose en una indebida conformación del contradictorio –en el sentido explicado- rechacen dar trámite a las tutelas, so pretexto de no ser competentes para conocer del asunto; pues, como se expresó en líneas anteriores, la competencia se determina según quién aparezca como demandado en el escrito de la demanda y no, según lo determine el juez e reparto.
3.- En relación con lo anterior, en el caso concreto, se encuentra que según el mencionado artículo 18 de la Ley 270 de 1996 y el criterio funcional de la jurisdicción constitucional, el Tribunal Administrativo del Magdalena con funciones de conocimiento y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta –Sala Quinta de Decisión Civil –Familia- no tienen superior jerárquico común funcional, como quiera que, cada uno de los jueces en mención pertenece a jurisdicciones distintas: jurisdicción especial y jurisdicción ordinaria, respectivamente. Debido a esto, la Corte aplicará el criterio funcional[8] correspondiente a la jurisdicción constitucional, en atención a que los jueces mencionados obra en el presente proceso como jueces de tutela, luego su ejercicio se despliega dentro de la jurisdicción constitucional en comento. En este orden de ideas, es a la Corte Constitucional –como Tribunal vértice de la mencionada jurisdicción constitucional- a quien corresponde desatar el presente conflicto de competencia.
4.- El ciudadano Anthony de Jesús Fernández Camargo interpuso acción de tutela contra la POLICÍA NACIONAL, específicamente contra el DIRECTOR GENERAL de esa Institución, con el fin de que se ordenara a la entidad demanda disponer el amparo de sus derechos fundamentales al a la igualdad, trabajo, debido proceso y mínimo vital, por el presunto desconocimiento de sus derechos al debido proceso y a la defensa, por haber sido desvinculado de la Institución presuntamente por acumular cuatro (4) sanciones disciplinarias en menos de cinco (5) años.
Por reparto, dicha acción correspondió al Tribunal Administrativo de Magdalena con funciones de conocimiento, el cual mediante Auto del diecinueve (19) de junio de dos mil ocho (2008), se declaró incompetente y remitió la demanda a la oficina de reparto, para que fuera asignada a otro Tribunal en aplicación del artículo 1° del Decreto 1382, sustentando su decisión en que si bien, los demandados son entidades del orden Nacional, también lo es que el demandante no puede mutuo propio y de forma anticipada determinar la autoridad judicial a quien le corresponde el conocimiento del asunto.
A su turno, mediante Auto del dos (2) de julio de dos mil ocho (2008), el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta –Sala Quinta (5) de Decisión Civil- Familia- , se declaró incompetente para conocer de la mencionada acción de tutela. Explicó, que el juez competente para conocer el sub examine es el Tribunal Administrativo del Magdalena toda vez que éste se equivocó al considerar que la Oficina de Apoyo de la Coordinación de la Administración Judicial pude alterar la voluntad del actor al realizar el reparto ya que, el mismo “ejerce un derecho constitucional consagrado en los artículos 86 de la Constitución Política de 1991 y el 37 del Decreto 2591 de 1991”[9] . En razón de ello, planteó el conflicto de competencia negativo.
Resolución del Conflicto de Competencia.
5.- Conforme los planteamientos anteriormente señalados, la Sala encuentra que la acción de tutela interpuesta por el señor Anthony de Jesús Fernández Camargo, efectivamente, se dirige contra una entidad o del orden Nacional, lo que no puede derivar el desconocimiento del asunto por parte de los jueces de tutela por considerar, en el estudio de admisión, que la directamente responsable de solucionar las peticiones es otra entidad diferente a la que correspondió por reparto.
Por otra parte, como lo ha señalado esta Corporación, en aplicación del criterio funcional para la resolución de conflictos de competencia y como Tribunal vértice de la jurisdicción constitucional, al juez de conocimiento no le es dado entrar a determinar a priori contra quiénes debe dirigirse la acción, sin haber realizado un análisis fáctico y jurídico del asunto. En otras palabras, solamente una vez se avoca el conocimiento de la acción, el juez puede entrar a definir contra quién o contra quiénes ha debido dirigirse la tutela y, si es el caso, conformará el contradictorio.
Ahora bien, visto que el Tribunal Administrativo de Magdalena le correspondió, por reparto, el conocimiento del asunto y que el mismo se declaró incompetente, por considerar que no se dio aplicación al artículo 1° del Decreto 1382 de 2000 y que, una vez llegado al conocimiento del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta –Sala Quinta (5°) de Decisión Civil -Familia, el mismo planteó el conflicto de competencias negativo; la Sala encuentra que en aplicación del artículo primero, inciso primero del Decreto 1382 de 2000, el juez a quien le corresponde dar trámite al asunto objeto de este pronunciamiento es el Tribunal Administrativo de Magdalena, por haberle correspondido, por reparto, su conocimiento desde un principio.
6.- Por las razones expuestas, la Sala encuentra que dentro del proceso de la referencia, obrando como demandados la POLICÍA NACIONAL, en cabeza de su Director General, el competente para resolver la acción de tutela promovida por el ciudadano Anthony de Jesús Fernández Camargo, es el Tribunal Administrativo del Magdalena, con funciones de conocimiento, de conformidad con el artículo 1º del Decreto 1382 de 2000.
Primero.- Remítase el expediente contentivo de la acción de tutela propuesta por el ciudadano Anthony de Jesús Fernández Camargo contra la POLICÍA NACIONAL, específicamente contra el Director General de dicha Institución, al Tribunal Administrativo del Magdalena con funciones de conocimiento, para que le dé trámite y decida en forma inmediata.
Segundo.- Por Secretaría General COMUNÍQUESE al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta –Sala Quinta de Decisión Civil- Familia-, la decisión adoptada en esta providencia, con el fin de que tenga conocimiento sobre lo aquí resuelto por la Corte Constitucional en relación con el conflicto de competencia
SALVAMENTO DE VOTO AL AUTO 320 DE 2008
Referencia: ICC-1278
Contrario, a lo que generalmente se piensa, este principio no opera sólo en materia penal, pues como se reitera en el artículo 8 numeral primero, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica", también tiene cabida en asuntos civiles, laborales o de cualquier otra índole.[10] Dice así la disposición citada:
[1] En cita del Auto 010 de 2003 de la Corte Constitucional.
[2] Corte Constitucional. Auto 116 de 2007; ICC 1214 de 2008.
[3] Corte Constitucional. Auto 086 de 2006 y Auto 346 de 2006.
[4] Corte Constitucional Auto 042 A de 2005.
[5] Ley 270 de 1996: Artículo 18: “Conflictos de Competencia. Los conflictos de competencia que se susciten entre autoridades de la jurisdicción ordinaria que tengan distinta especialidad jurisdiccional y que pertenezcan a distintos distritos, serán resueltos por la Corte Suprema de Justicia en la respectiva Sala de Casación que de acuerdo con la ley tenga el carácter de superior funcional de las autoridades en conflicto, y en cualquier otro evento por la Sala Plena de la Corporación.
Los conflictos de la misma naturaleza que se presenten entre autoridades de igual o diferente categoría y pertenecientes al mismo Distrito, serán resueltos por el mismo Tribunal Superior por conducto de las Salas Mixtas integradas del mismo modo que señale el reglamento interno de la Corporación.”
[6] Cfr. Corte Constitucional. Auto 044 de 1998; Auto 047 de 2002; Auto 067 de 2003; Auto 010 de 2007; Auto 054 de 2007.
[7] Cfr. Corte Constitucional. Auto 287 de 2007.
[8] Cfr. Corte Constitucional. Auto 031 de 2002; ICC-647 de 2003.
[9] En cita del Auto 010 de 2003 de la Corte Constitucional.
[10] Normatividad que de conformidad con la jurisprudencia de la Corte integran el denominado bloque de constitucionalidad .