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Timestamp: 2019-11-19 23:26:04
Document Index: 9578079

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 2', 'artículo 42', 'artículo 43', 'artículo 44', 'artículo 42', 'artículo 42']

Ley 8/06, de 20-12-2006, de las Cortes de Castilla-La Mancha, que establece el régimen jurídico aplicable a la Resolución Administrativa en determinadas materias
Publicado en DOCM núm. 271 de 30 de Diciembre de 2006 y BOE núm. 89 de 13 de Abril de 2007
Vigencia desde 31 de Diciembre de 2006. Revisión vigente desde 31 de Diciembre de 2006
Artículo 1 Duración máxima de los procedimientos
Artículo 2 Efecto desestimatorio del silencio
Primera Simplificación administrativa
L 7/2013 de 21 Nov. CA Castilla-La Mancha (adecuación de procedimientos administrativos y reguladora del régimen general de la declaración responsable y comunicación previa)
Ley [CASTILLA-LA MANCHA] 8/2006, 20 diciembre, derogada por el número 1 de la disposición derogatoria única de la Ley [CASTILLA-LA MANCHA] 7/2013, 21 noviembre, de adecuación de procedimientos administrativos y reguladora del régimen general de la declaración responsable y comunicación previa («D.O.C.M.» 29 noviembre), el 19 de diciembre de 2013.
El artículo 42.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada al mismo por la Ley 4/1999, de 13 de enero, establece que el plazo en que debe notificarse la resolución expresa de un procedimiento no puede exceder de seis meses.
Por su parte, el artículo 43.2 de la citada Ley, igualmente tras su modificación, establece la regla general del silencio positivo en los procedimientos iniciados a solicitud de los interesados, de la que se exceptúan, con carácter general, los procedimientos de ejercicio del derecho de petición, aquéllos cuya estimación tenga como consecuencia la transferencia de facultades relativas al dominio público o al servicio público, los procedimientos de impugnación de actos y disposiciones y los de responsabilidad patrimonial.
Se excepcionan también de lo previsto en ambos preceptos los supuestos en los que una norma con rango de ley o norma de Derecho Comunitario Europeo establezcan lo contrario.
En cuanto a los efectos de la falta de resolución expresa en los procedimientos iniciados de oficio debe estarse a lo dispuesto en el artículo 44 de la misma Ley.
La adecuación de los procedimientos administrativos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en cumplimiento de lo dispuesto por la disposición adicional primera de la Ley 4/1999, de 13 de enero, se efectuó mediante la Ley 10/2001, de 22 de noviembre. Los cambios producidos en la estructura de la Administración de la Junta de Comunidades en el tiempo transcurrido desde su aprobación aconsejaban la revisión de los procedimientos administrativos afectados por las citadas previsiones para proceder a su actualización.
En la elaboración de las nuevas relaciones se ha partido del dato más invariable del sector de la actividad administrativa al que se adscriben los procedimientos en lugar del de la denominación del órgano que lo tramita, y se ha incluido una referencia precisa a la correspondiente normativa reguladora, para facilitar su localización, aunque prescindiendo, porque resultaría demasiado prolijo, de las eventuales rectificaciones y normas de modificación.
En la Ley no se incluyen referencias a los procedimientos en los que los ciudadanos deben comparecer personalmente ante las oficinas públicas por entender que, en las situaciones en que existe un auténtico deber de comparecencia de aquéllos ante las oficinas públicas, dicha obligación, o bien aparece directamente establecida en normas de rango legal o bien se está ante supuestos en los que la identificación personal del interesado en el procedimiento resulta indispensable y la necesidad de su comparecencia se deriva del carácter legalmente intransferible del documento acreditativo de su identidad.
La presente Ley se dicta con base en la competencias exclusivas para la regulación de la organización, régimen y funcionamiento de sus instituciones de autogobierno y del procedimiento administrativo derivado de las especialidades de dicha organización, atribuidas a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha por los artículos 31.1.1ª y 28ª y 39.3 de su Estatuto de Autonomía así como, en determinados casos, en los títulos competenciales referidos a las materias sustantivas a cuyos procedimientos se refiere.
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en cualquier otra norma estatal o autonómica con rango de ley, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución en los procedimientos administrativos que se recogen en el anexo 1 será el que en cada caso se indica.
2. La resolución de los procedimientos abreviados en materia de responsabilidad patrimonial y simplificados para el ejercicio de la potestad sancionadora deberá notificarse en el plazo máximo de tres meses desde su iniciación.
3. El plazo para dictar y notificar la resolución de los procedimientos de concesión de subvenciones o ayudas públicas será, como máximo, de un año, salvo que una norma con rango de ley establezca uno mayor o así venga previsto en la normativa comunitaria europea.
1. En los procedimientos recogidos en el anexo 2, sin perjuicio de la obligación de la Administración de dictar resolución expresa en todos los casos, los interesados podrán entender desestimadas sus solicitudes por silencio administrativo una vez transcurrido el plazo máximo fijado por la norma reguladora del procedimiento o, en su defecto, el de tres meses establecido con carácter general por el artículo 42.3 de la Ley 30/1992, del que serán informados en los términos previstos en el párrafo segundo de su apartado 4.
2. La falta de notificación de la resolución expresa, dentro del plazo aplicable en cada caso, en los procedimientos de concesión de subvenciones o ayudas públicas, legitimará a los interesados para entender desestimadas sus solicitudes en todos los casos en los que las normas reguladoras no prevean un efecto distinto.
Quedan derogados los artículos 1 a 3 y la disposición final primera de la Ley 10/2001, de 22 de noviembre, de adecuación de procedimientos administrativos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y de cesión de datos personales, y el Decreto 182/1993, de 11 de noviembre, por el que se adecuan procedimientos de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
1. Todas las Consejerías de la Administración regional deberán establecer un programa anual de simplificación de los procedimientos administrativos de competencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que tramitan, tanto ellas como los organismos y entidades de Derecho Público con personalidad jurídica propia que de ellas dependan, y designar la unidad encargada de su puesta en práctica. Corresponderá a dicha unidad el mantenimiento actualizado de las relaciones de los procedimientos administrativos tramitados, para su publicación, a efectos informativos, con indicación del plazo máximo de su duración y de los efectos que en cada caso produzca el silencio administrativo.
2. La Consejería de Administraciones Públicas regulará la forma en la que se efectuará la coordinación de los responsables de las unidades designadas y fijará los criterios para la emisión de la comunicación a los interesados prevista en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.