Source: https://corte-constitucional.vlex.com.co/vid/-43560502
Timestamp: 2020-08-09 20:09:03
Document Index: 343789608

Matched Legal Cases: ['artículo 241', 'artículo 24', 'artículo 24', 'artículo 1', 'artículo 30', 'artículo 365', 'artículo 37', 'artículo 83', 'artículo 365', 'artículo 31', 'artículo 39', 'artículo 17', 'artículo 150', 'artículo 29', 'artículo 79', 'artículo 82', 'artículo 150', 'artículo 37', 'artículo 370', 'artículo 370']

Sentencia de Constitucionalidad nº 066/97 de Corte Constitucional, 11 de Febrero de 1997 - Jurisprudencia - VLEX 43560502
II.TEXTO DE LAS NORMAS ACUSADAS
1. LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
2. EL MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
3. EL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
4. EL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
5. EL MINISTERIO DE COMUNICACIONES
1. LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
3. EL CONTROL FISCAL DE LOS APORTES ESTATALES A EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
4. REGIMEN JURIDICO DE LOS ACTOS Y CONTRATOS DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
5. DESESTIMACION DE LA PERSONALIDAD INTERPUESTA
Sentencia citada en: 52 sentencias, 4 artículos doctrinales, 4 disposiciones normativas
Actor: A.S.V..
S. de Bogotá, D.C., febrero once (11) de mil novecientos noventa y siete (1997)
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad consagrada en el artículo 241 de la Constitución Política, el ciudadano A.S.V. solicitó a esta Corporación la declaratoria de inexequibilidad de los referidos artículos de la ley 142 de 1994, por medio de la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dicta otras disposiciones.
Por auto del 22 de julio de 1996, el Magistrado Sustanciador decidió admitir la totalidad de la demanda contra la mencionada ley, salvo en cuanto al artículo 24 cuya impugnación rechazó, en vista de que esta Corporación en sentencia C-419 de 1995, lo declaró exequible. Ordenó entonces su fijación en lista, el traslado del expediente al señor P. General de la Nación para efectos de recibir el concepto fiscal de su competencia y enviar las comunicaciones respectivas al señor P. de la República, a los señores Ministros de Hacienda y Crédito Público, Desarrollo Económico, Minas y Energía, Comunicaciones, y al señor Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios.
Después de transcribir apartes de las sentencias T-540 de 1992 y C-263 del año en curso, proferidas por esta Corporación, el J. de la Oficina Jurídica de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios argumenta que es perfectamente posible que la administración esté sometida al ordenamiento jurídico que rige las actuaciones de los particulares, como señal de evolución del derecho administrativo.
Por último y para solicitar a esta Corporación la declaratoria de exequibilidad de los apartes demandados de la ley 142 de 1994, el J. de la Oficina Jurídica de la Superintendencia afirma que:
La proscripción de criterios partidistas en la administración de las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, obedece a la intención del legislador de dar primacía a un elemento técnico en su gestión, que la aleje de la corrupción en detrimento de los intereses de los usuarios;
No obstante la naturaleza jurídica del régimen establecido por el legislador, una interpretación armónica de la ley sub exámine da cuenta de la conservación del control fiscal y ciudadano sobre la gestión de estas empresas, los cuales son evidentes con la lectura del artículo 24.4 de la ley 142 de 1994 y el artículo 1° del decreto 1429 de 1995;
El artículo 30 impugnado no registra vicio de constitucionalidad alguno, pues con él, acatando el artículo 365 constitucional, el legislador no quiso más que establecer principios de libre competencia en la prestación de los servicios públicos domiciliarios, que permita su optimización, y la interpretación armónica de sus disposiciones conforme al título preliminar de la misma ley;
La equiparación de lo dispuesto en la ley 80 de 1993, con respecto a las entidades oficiales del sector financiero, y del régimen de prestación de servicios públicos domiciliarios, forma parte de la intención del legislador de dotar su contratación de agilidad que permita una prestación ininterrumpida del servicio;
El artículo 37 acusado no es otra cosa que reafirmación del principio de buena fe contenido en el artículo 83 de la Carta que, por ende, no es contrario a ella; el 38, referente a las acciones de nulidad, constituye un tema propio de la legislación contencioso administrativa que no llega a nivel constitucional; el constituyente de 1991 previó la posibilidad de que los servicios públicos fueran prestados por particulares, como claramente lo dispone el artículo 365 de la Constitución; y finalmente, la norma acusada debe aplicarse prevalentemente a una anterior y general, como claramente lo dispone la ley 153 de 1887.
Después de reiterar lo anotado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y agregar que el artículo 31 de la ley 142 de 1994 no afecta el régimen de vinculación de los servidores públicos de las empresas prestadoras de tales servicios, sino que solamente se refiere al régimen de contratos especiales previstos en el artículo 39 de la misma ley, y que las facultades normativas de las Comisiones de Regulación, cuyos actos son expedidos por delegación del P. de la República, no son más que "desarrollos normativos de la ley que corresponden a actos de intervención de la economía", concluye el J. de la Oficina Jurídica del Ministerio de Desarrollo Económico que la demanda adolece de técnica, pues la mayoría de los cargos no son claros, y que la argumentación no es concreta, en razón de lo cual solicita a la Corte declarar exequibles los apartes demandados de la ley 142 de 1994.
En sendos escritos, los ciudadanos J.L.C.B., H.P.M. y L.A.R.R., este último por fuera del término de fijación en lista, esgrimieron sus razones jurídicas solicitando a esta Corporación declarar exequibles las disposiciones demandadas de la ley 142 de 1994, las cuales, en resumen, son las siguientes:
La expresión "ajeno a intereses partidistas" que utiliza el legislador en el artículo 17 acusado, no implica interferencia alguna con el régimen participativo y democrático que sirve de fundamento a esta república unitaria, sino que, por el contrario, expresa el reconocimiento de la prevalencia del interés general por encima de cualquier otro, como criterio para la administración de las empresas de servicios públicos domiciliarios.
La gran mayoría de los argumentos esgrimidos por el demandante en contra de la constitucionalidad de la norma acusada, son de carácter puramente subjetivo y no constituyen, en manera alguna, el análisis objetivo frente a la totalidad del ordenamiento Superior a que tantas veces la Corte se ha referido. Muchas de las acusaciones ni siquiera vinculan a una norma constitucional en concreto, lo cual muestra el grado de subjetividad de las mismas.
El inciso final del artículo 150 de la Carta Política, no ordenó al legislador agotar el tema de la contratación estatal en un solo estatuto, pudiendo perfectamente existir regímenes especiales, como el dispuesto en la ley 142 de 1994, que, acogiendo la fórmula contenida en la ley 80 de 1993, dejó en disposiciones del derecho privado los mecanismos contractuales de las empresas de servicios públicos domiciliarios. Dicha fórmula, además, se ajusta perfectamente a lo dispuesto por la Constitución en materia de igualdad, régimen de responsabilidad de los servidores públicos de tales empresas, que es el mismo de los demás, y regulación legal de su actividad.
Las Comisiones de Regulación no son entidades de vigilancia, sino precisamente entes facultados para expedir normas generales sobre prestación de los servicios públicos domiciliarios, destinatarios de los poderes propios del P. de la República para esos efectos, como suprema autoridad administrativa, quien delegó en ellas tales funciones por medio de los decretos 1524 y 2253 de 1994.
El sometimiento del régimen de servicios públicos domiciliarios a normas del derecho privado es consecuencia, no de su inconstitucionalidad, sino de la facultad constitucional del legislador para regular el tema que, además, garantiza un plano de igualdad tanto para las empresas con carácter oficial, como para las de carácter privado.
La desestimación de la personalidad interpuesta y la nulidad de los contratos y actos celebrados en desarrollo del objeto de la ley acusada, son simples criterios de interpretación, la primera, y regulación, la segunda, que no violan el artículo 29 de la Constitución política ni impiden la efectiva reparación de los perjuicios causados con ocasión de la prestación de los servicios públicos domiciliarios.
Considera el señor P. General de la Nación como apenas obvio que se exija a las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, ser ajenas a cualquier tipo de intereses partidistas, pues con ello se cumple los objetivos propios del Estado Social de Derecho, cuales son "servir a la comunidad y asegurar la prestación eficiente de los servicios públicos".
En cuanto al control de las personas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, régimen de los contratos y competencias de las Comisiones de Regulación en materia contractual, la vista fiscal niega que su normatividad adolezca de algún vicio de constitucionalidad, ya que el artículo 79 de la ley impugnada entrega a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios el control de tales personas, sin perjuicio del poder prevalente que en materia disciplinaria ejerce el Ministerio Público a través de la Procuraduría General y de las Personarías (artículo 82); el legislador está facultado constitucionalmente para dictar regímenes contractuales especializados, de acuerdo con el artículo 150.23 constitucional, y específicamente tratándose de servicios públicos, los artículos 365 y 367 de la Carta; además, como delegatarias de las facultades del P. de la República, las Comisiones Reguladoras pueden dictar reglamentaciones especiales ordenando la inclusión de cláusulas exorbitantes en ciertos contratos.
Es exequible la desestimación de la personalidad interpuesta contenida en el artículo 37 demandado, sostiene el P., en vista de que hace prevalecer la realidad sobre la forma, "en punto a determinar que los reales beneficiarios de los actos y contratos de las empresas de servicios públicos no sean aquellas personas sobre las cuales pesan inhabilidades e incompatibilidades". Finalmente, desestima el cargo en contra de los efectos de la nulidad de los contratos "únicamente bajo el entendido de que la anulación judicial de los actos administrativos relativa a servicios públicos domiciliarios, sólo produzca efectos hacia el futuro, cuando la sentencia sea meramente declarativa", pues si es de condena, so pena de violar el Preámbulo y los artículos 2°, 13 y 58 de la Carta Política, puntualiza, debe tener efectos ex tunc, en vista de que sería injusto que irrogado un perjuicio por la acción u omisión de las empresas de servicios públicos domiciliarios, su resarcimiento opere solo a partir de la expedición del fallo y no de la producción "del hecho dañoso hasta la producción de la sentencia".
LOS INTERESES PARTIDISTAS COMO CRITERIO DE ADMINISTRACION DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS.
Como claramente se observa en la ponencia para segundo debate, elaborada por los Senadores J.V.S. y J.R.L., la ahora ley 142 de 1994 fue aprobada con el propósito central de asegurar la eficacia y la eficiencia en la prestación de los servicios públicos domiciliarios, cuya constancia quedó expresada en el siguiente sentido:
"...Decíamos en la ponencia para primer debate que existían antecedentes que llevan a la necesidad de una Ley de Servicios Públicos Domiciliarios. Entre ellos, la pérdida de credibilidad de nuestras instituciones frente a la deficiente prestación de los servicios, la profunda crisis financiera y gerencial que enfrenta el sector y el inmenso costo que la prestación de los servicios ha tenido...es decir, el modelo actual de prestación de servicios públicos entró en crisis...Vistas las anteriores consideraciones resulta fácil deducir el propósito central de esta ley: estimular formas de gestión que, por hallarse supeditadas a las preferencias de los usuarios, aseguren la eficacia y la eficiencia en la prestación de los servicios públicos..."Gaceta del Congreso No. 220, 19 de junio de 1993, página 3..
Asímismo, lo relativo a la posibilidad de que las Comisiones de Regulación, de acuerdo con los artículos 31 y 35 de la ley 142 de 1994, determinen de manera general la inclusión facultativa u obligatoria de cláusulas exorbitantes en ciertos contratos y la celebración de licitaciones públicas u otros procedimientos que estimulen la concurrencia de oferentes, cuando las empresas de servicios públicos domiciliarios requieran bienes o servicios provistos por terceros. Dice el actor que tales disposiciones son inconstitucionales, pues "el legislador de la ley 142 de 1994 le creó al P. de la República, para que la ejerciera a través de las Comisiones de Regulación, una COMPETENCIA para, so pretexto de ejercer "el control, la inspección y vigilancia" de las entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios, REGLAMENTAR la GESTION CONTRACTUAL en dichas entidades. Sin embargo, ni expresa ni tácitamente dicha COMPETENCIA encuentra asidero en el artículo 370 de la Constitución Política".
En verdad, tal competencia no la dispone expresamente el artículo 370 Superior, pero en parte alguna la Constitución prohíbe que las Comisiones de Regulación dicten normas de carácter general que, no obstante no ser leyes, puedan constituir el parámetro objetivo por el actor reclamado. Así, teniendo en cuenta que las Comisiones de Regulación derivaron esa competencia directamente de la ley y ésta fue facultada por los artículos 365 y 367 de la Constitución para organizar lo relativo a los servicios públicos en general, y a los domiciliarios en particular, lo cual incluye, desde luego, la posibilidad de desarrollar dentro del marco legal lo referente a los contratos de manera independiente de la ley 80 de 1993, como tantas veces se ha sostenido en este pronunciamiento, no es admisible el cargo imputado por el actor, en razón a que no existe el traslado de competencias del legislador al P. de la República, sino que se trata, se repite, de una facultad atribuida por el legislador directamente a las Comisiones de Regulación, que en este sentido son instrumentos de realización de los intereses públicos consagrados en la Constitución y en la ley.
LOS EFECTOS DE LA NULIDAD SOBRE ACTOS Y CONTRATOS RELATIVOS A LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS.