Source: https://www.slideshare.net/aldolopez432/segundo-informe-hemisferico-convencion-belem-do-para-mesecvi
Timestamp: 2018-02-21 13:57:50
Document Index: 30257863

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 9', 'artículo 1', 'Artículo 7', 'artículo 1', 'Artículo 21', 'artículo 9', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 2', 'Artículo 6', 'artículo 132', 'Artículo 9', 'Artículo 45', 'Artículo 46', 'Artículo 48', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 21', 'Artículo 103', 'Artículo 104', 'Artículo 61', 'Artículo 65', 'Artículo 390', 'Artículo 107', 'artículo 108', 'artículo 2', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 7']

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Teresa Bautista , Docente en Universidad de El Salvador at Universidad de El Salvador
1. Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) Segundo Informe Hemisférico sobre la Implementación de la Convención de Belém do Pará Abril de 2012
2. La Organización de los Estados Americanos (OEA) reúne a los países del hemisferio occidental para promover la democracia, fortalecer los derechos humanos, fomentar el desarrollo económico, la paz, la seguridad, la cooperación y avanzar en el logro de intereses comunes. Los orígenes de la Organización se remontan a 1890, cuando las naciones de la región formaron la Unión Panamericana con el objetivo de estrechar las relaciones hemisféricas. Esta unión se convirtió en la OEA en 1948, luego que 21 naciones adoptaran su Carta. Desde entonces la Organización se ha expandido para incluir a las naciones del Caribe de habla Inglés y Canadá, y hoy todas las naciones independientes de Norte, Sur y Centroamérica y el Caribe conforman sus 35 Estados miembros. El Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará es un sistema de evaluación entre pares consensuado e independiente para examinar los avances realizados por los Estados Parte en el cumplimiento de los objetivos de la Convención. El Mecanismo esta financiado por contribuciones voluntarias de los Estados Parte de la Convención y otros donantes, y la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) de la OEA actúa como su Secretaria Técnica. Segundo Informe Hemisférico sobre la Implementación de la Convención de Belém do Pará Copyright ©2012 Todos los derechos reservados Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) 1889 F Street NW Washington, DC, 20006 Estados Unidos Tel: 1-202-458-6084 Fax: 1-202-458-6094 Correo electrónico: mesecvi@oas.org Página Web: http://www.oas.org/es/mesecvi Diseño y diagramación: Sughey Abreu • Diseño Gráfico / Ilustración Fotos de portada: www.flickr.com/photos/pedrosimoes7/396421310/in/set-72057594051572928 www.flickr.com/photos/mexicosolidarity/304538277/in/photostream/ Inter-American Commission of Women. Follow-up Mechanism to the Belém do Pará Convention (MESECVI). Segundo informe hemisférico sobre la implementación de la Convención de Belém do Pará. p. ; cm. (OEA documentos oficiales ; OEA/Ser.L) ISBN 978-0-8270-5777-7 1. Women’s rights-- America. 2. Women--Violence against--America. I. Title. II. Inter-American Convention on the Prevention, Punishment and Eradication of Violence against Women, Convention of Belém do Pará. III. Series. OAS Official Records Series ; OEA/Ser.L. OEA/Ser.L/II.6.10
3. Prefacio Antecedentes Introducción Capítulo 1: Legislación 1.1.	Incorporación de la Convención de Belém do Pará en la normativa naciona 1.2.	Disposiciones que incluyen la definición de violencia contra las mujeres de la Convención de Belem do Pará 1.3.	Disposiciones civiles, legales y administrativas que incorporen la violencia física, psicológica, sexual, económica o patrimonial u otras contra las mujeres 1.4.	Legislación sobre trata de personas, incluso mujeres 1.5.	Legislación sobre prostitución forzada 1.6.	Legislación sobre acoso sexual en los ámbitos laboral, de salud, educativo u otros	1.7.	Legislación sobre violencia sexual dentro del matrimonio o unión de hecho 1.8.	Prohibición expresa de la conciliación, mediación o cualquier otro que busque la solución extrajudicial 1.9.	Legislación sobre femicidio 1.10.	Legislación sobre violencia contra las mujeres proveniente del Estado 1.11.	Legislación que proteja los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres 1.12.	Campañas nacionales de divulgación sobre derechos de las mujeres Capítulo 2: Planes Nacionales 2.1.	Plan/Acción/Estrategia Nacional para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres 2.2.	Violencia contra las mujeres en otros planes/acciones/estrategias 9 11 13 14 15 16 19 20 22 24 26 27 29 33 38 46 48 49 51 Contenidos
4. 2.3.	Planes de formación continuos sobre violencia contra las mujeres y derechos de las mujeres destinados a funcionarios públicos y otros 2.4.	Participación de la sociedad civil en el diseño, monitoreo y ejecución del Plan Nacional de Violencia contra las Mujeres, u actividades conjuntas 2.5.	Acuerdos de cooperación con los medios de comunicación y agencias de publicidad para difundir los derechos de las mujeres, en especial la Convención de Belém do Pará Capítulo 3: Acceso a la Justicia 3.1.	Aumento de entidades encargadas de recibi las denuncias de violencia contra las mujeres 3.2.	Medidas para facilitar el acceso a la justicia de las mujeres y garantizar el debido proceso 3.3.	Mecanismos para hacer efectivas las medidas de protección a favor de las mujeres, sus familiares y/o testigos/as 3.4.	Evaluaciones y/o estudios sobre la aplicación y efectividad de las medidas de protección 3.5.	Protocolos de atención a las víctimas de violencia, en el idioma oficial y en el de los pueblos indígenas (policía, fiscalías, operadores de salud) 3.6.	Uso de la Convención de Belém do Pará y otros tratados internacionales por jueces y fiscales 3.7.	Evaluaciones o estudios sobre el uso de estereotipos, prejuicios o el uso negativo de la historia personal o experiencia sexual de la víctima en sentencias y dictámenes Capítulo 4: Servicios Especializados 4.1.	Aumento de refugios, casas de acogida y centros de apoyo integral estatales para mujeres afectadas por la violencia 4.2.	Servicios gratuitos especializados proporcionados por el Estado 4.3.	Campañas de difusión de los servicios especializados 4.4.	Evaluación de los servicios y de la satisfacción de las usuarias 52 55 56 58 59 62 65 67 69 71 72 74 75 77 80 81
5. 82 83 86 88 89 90 91 92 93 96 97 Capítulo 5: Presupuesto 5.1.	Porcentaje del presupuesto destinado a violencia contra las mujeres en los último cuatro años 5.2.	Porcentaje del presupuesto nacional asignado a órganos receptores de denuncias; capacitación de funcionarios/as; servicios especializados; campañas de prevención, y servicios de salud Capítulo 6: Información y Estadísticas 6.1.	Estudios e investigaciones desde el Estado sobre violencia contra las mujeres y/o la aplicación de la Convención de Belém do Pará 6.2.	Promoción de la investigación sobre violencia contra las mujeres, en coordinación con las organizaciones de la sociedad civil y los centros académicos del país 6.3.	Encuestas periódicas especializadas en los últimos cuatro años sobre violencia contra las mujeres, conocimiento de las mujeres sobre sus derechos y conocimiento de los servicios estatales	disponibles 6.4.	Registros sobre el número y/o características de los casos de violencia contra las mujeres accesibles al público, tanto en la policía y entidades receptoras de denuncias, como tribunales y servicios de salud 6.5.	Información sobre el número de mujeres víctimas de violencia; procesos de violencia contra las mujeres; procesos sentenciados de violencia contra las mujeres; víctimas de femicidio y procesos de femicidio con sentencia 6.6.	Existencia de mecanismo u órgano de coordinación entre los institutos de las mujeres y las entidades públicas que elaboran y recopilan estadísticas nacionales Recomendaciones del Comité de Expertas/os del MESECVI a los Estados Parte
6. Anexos Cuadro 1:	Legislación sobre violencia contra las mujeres Cuadro 2:	Legislación sobre algunas formas de violencia contra las mujeres Cuadro 3:	Legislación sobre violencia contra las mujeres en el ámbito estatal (I) Cuadro 4:	Legislación sobre violencia contra las mujeres en el ámbito estatal (II): Derechos sexuales y reproductivos Cuadro 5:	Planes nacionales, planes de acción o estrategias para enfrentar la violencia contra las mujeres Cuadro 6:	Acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia (I) Cuadro 7:	Acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia (II): Medidas administrativas Cuadro 8:	Acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia (IV): Mecanismos para hacer efectivas medidas de protección Cuadro 9:	Servicios especializados para las mujeres víctimas de violencia (I): Tipos de servicio Cuadro 10:	Servicios especializados para las mujeres víctimas de violencia (II): Promoción y evaluación de servicios Cuadro 11:	Presupuesto destinado a la prevención y sanción de la violencia contra las mujeres Cuadro 12:	Información y estadísticas sobre violencia contra las mujeres (I): Encuestas periódicas en los últimos cuatro años Cuadro 13:	Información y estadísticas sobre violencia contra las mujeres (II): Registros sobre número y características de la violencia contra las mujeres, accesibles al público Cuadro 14:	Información y estadísticas sobre violencia contra las mujeres (III): Datos estadísticos por edad, estado civil, tipo de violencia y ubicación geográfica 103 104 111 121 124 131 142 152 156 162 173 175 180 182 186
7. 9Segundo Informe Hemisférico sobre la Implementación de la Convención de Belém do Pará Prefacio Los países de América Latina y el Caribe han ido adaptando gradualmente su legislación nacional al marco jurídico internacional e interamericano sobre los derechos de las mujeres. De acuerdo a la OECD, en el mundo en vías de desarrollo, América Latina y el Caribe es la región que más ha avanzado en el reconocimiento formal de los derechos de las mujeres. La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará) estableció por primera vez el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. Este acuerdo histórico – el primero en el mundo que aborda la violencia contra las mujeres – ha dado pauta para la adopción de leyes y políticas sobre la violencia contra las mujeres en los Estados Parte de la Convención, así como un marco político y estratégico para su implementación. Desde su entrada en vigor – el 5 de marzo de 1995 - la Convención ha inspirado campañas de acción y de información, normas legales y procedimientos, modelos de atención, procesos de sensibilización y capacitación con personal legal, de salud y de seguridad, iniciativas de monitoreo, evaluación y seguimiento, y servicios de asesoría y de atención para mujeres víctimas. En cada país del Hemisferio existen ejemplos de estas acciones. No obstante estos avances significativos, la violencia sigue siendo una realidad diaria para las mujeres de la región: en las calles, en las escuelas, en el trabajo y, peor aún pero con mayor frecuencia, en sus propios hogares. La violencia se utiliza de manera rutinaria para callar, oprimir, sujetar y matar a las mujeres. Afecta la realización de los derechos de las mujeres – su salud, su potencial económico, su participación en la política y su contribución a la sociedad en general – y es un obstáculo al desarrollo humano, a la democracia y a la paz en los países de la región. En 2004, se creó el Mecanismo de Seguimiento de Implementación de la Convención de Belém do Pará, denominado MESECVI, sistema de evaluación entre pares consensuado e independienteparaexaminarlosavancesrealizadosporlosEstadosParteenelcumplimiento de los objetivos de la Convención. El MESECVI es una metodología de evaluación multilateral sistemática y permanente, fundamentada en un foro de intercambio y cooperación técnica entre los Estados Parte de la Convención y un Comité de Expertas, para analizar cuál ha sido el impacto de la Convención en la región, los logros de los Estados Parte en materia de prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, y los desafíos existentes en la implementación de políticas públicas en esta materia.
8. PresentamosaquíelSegundoInformeHemisféricosobrelaImplementacióndelaConvención de Belém do Pará, que da cuenta del los avances logrados por los Estados Parte, así como de los retos significativos que siguen existiendo en la región en cuanto a una respuesta apropiada, inmediata, oportuna, exhaustiva, seria e imparcial frente a actos de violencia contra las mujeres, dentro de un marco de derechos humanos. Esperamos que este informe pueda apoyar y generar iniciativas ambiciosas, contundentes y de impacto significativo en la erradicación de la violencia contra las mujeres. José Miguel Insulza Secretario General de la OEA
9. 11Segundo Informe Hemisférico sobre la Implementación de la Convención de Belém do Pará Antecedentes En el vigésimo cuarto período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA, la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) presentó un proyecto de “Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer”, que fue adoptada por aclamación y es conocida como Convención de Belém do Pará. La Convención entró en vigor el 5 de marzo de 1995 y hasta la fecha ha sido ratificada por 32 Estados. La Convención de Belém do Pará trata a la violencia contra la mujeres como una violación de sus derechos humanos y la enfrenta desde los ámbitos político, jurídico, social, económico y cultural. Cinco años después de la entrada en vigor de la Convención, la CIM hizo una investigación1 que mostró que los objetivos de la Convención no se estaban cumpliendo. Por esta razón, recibió el mandato2 de iniciar las acciones conducentes a la elaboración del Proyecto de Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención de Belém do Pará. Dicho mandato culminó con la convocatoria, por el Secretario General de la OEA, de la Conferencia de Estados Parte celebrada el 26 de octubre de 2004. En ella se aprobó el “Estatuto del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará” (MESECVI). Con la adopción del MESECVI, los Estados Parte expresaron la voluntad política de contar con un sistema consensuado e independiente que examinará los avances realizados en el cumplimiento de la Convención, aceptando implementar las recomendaciones que emanaran del mismo. El MESECVI fue diseñado a fin de dar seguimiento a los compromisos asumidos por los Estados Parte de la Convención, contribuir al logro de los propósitos establecidos en ella y facilitar la cooperación técnica entre los Estados Parte así como con otros Estados Miembros de la OEA y Observadores Permanentes. Se basa en los principios de 1. “Violencia en las Américas, Un análisis regional - Incluyendo una revisión de la implementación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. 2. La Asamblea General de la OEA adoptó las siguientes resoluciones relativas al MESECVI: 1) AG/RES. 1942 (XXXII-O/03): recibe el informe bienal sobre el cumplimiento de la Convención de Belém do Pará e insta al Secretario General a que convoque, en coordinación con la CIM, la Conferencia de los Estados Parte de la Convención de Belém do Pará para que adopte una decisión sobre la manera más apropiada de dar seguimiento a la misma; 2) AG/RES. 2012 (XXXIV-O/04): que insta a todos los Estados a continuar, inter alia, apoyando los esfuerzos de la CIM en el proceso de creación y puesta en marcha del Mecanismo de Seguimiento de la Convención; 3) AG/RES. 2138 (XXXV-O/05), instó a los Estados Miembros, inter alia, a continuar avanzando en el proceso de puesta en marcha del MESECVI. En los años subsiguientes y conforme a las regulaciones del MESECVI, la Asamblea General de la OEA recibe el informe anual sobre la implementación del MESECVI y adopta una resolución con los mandatos correspondientes, entre los cuales se insta a los gobiernos a fortalecer el Mecanismo.
10. Segundo Informe Hemisférico sobre la Implementación de la Convención de Belém do Pará12 soberanía, no intervención, e igualdad jurídica de los Estados y respeto a los principios de imparcialidad y objetividad en su operación, a fin de garantizar una aplicación justa y tratamiento igualitario entre los Estados Parte. El Mecanismo consta de dos órganos: la Conferencia de los Estados Parte, que es el órgano político, y el Comité de Expertas/os, que es el órgano técnico integrado por especialistas en la esfera que abarca la Convención. Las Expertas/os son designadas por los Gobiernos y ejercen sus funciones a título personal. La Secretaría de la Conferencia y del Comité es desempeñada por la Secretaría Permanente de la CIM, donde también se establece la sede del MESECVI. Los Estados Parte designan a las Autoridades Nacionales Competentes, que actuarían como el enlace entre la Secretaría y los gobiernos. El Comité de Expertas/os en cada ronda de evaluación multilateral adopta un cuestionario -basado en alguna/as de las disposiciones de la Convención- el cual se envía a las Autoridades Nacionales Competentes para que le den respuesta. A partir de estas respuestas, el Comité de Expertas/os adopta informes de país y les efectúa recomendaciones, a las que luego debe dar seguimiento. Además el Comité emite un Informe Hemisférico que, junto con los informes finales de país, son aprobados por la Conferencia de Estados Parte, luego de lo cual se publican y elevan a la Asamblea General de la OEA y a la Asamblea de Delegadas de la CIM.
11. 13 Introducción El Comité de Expertas/os del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención de Belém do Pará (MESECVI) presenta su segundo informe hemisférico, correspondiente a la fase de evaluación de la Segunda Ronda de Evaluación Multilateral (II REM) iniciada en abril de 2010. En él se analiza el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los Estados Parte al ratificar la Convención. El cuestionario elaborado por el Comité de Expertas/os para esta ronda tuvo en cuenta el diagnóstico de la primera ronda, y estructuró el cuestionario en seis secciones: legislación, planes nacionales, acceso a la justicia, servicios especializados, presupuesto e información y estadísticas. Ello, con el objeto de monitorear los avances y el trabajo realizado por los gobiernos en seguimiento de las recomendaciones del Comité. Además, incorporó preguntas sobre temas no considerados en la Primera Ronda,3 pero que emergieron de las respuestas de los gobiernos y de los informes sombra presentados en esa oportunidad. Finalmente, el proyecto de cuestionario fue sometido a consulta y recibió los aportes de la sociedad civil durante la Quinta Reunión del Comité de Expertas/ os, realizada en junio de 2009. El presente informe hemisférico está basado en 28 respuestas de las Autoridades Nacionales Competentes al cuestionario del Comité de Expertas/os.4 También en los comentarios y observaciones de 21 Estados Parte5 a los informes preliminares de país adoptados por el Comité de Expertas/os, y en 8 informes sombra de organizaciones de la sociedad civil pertenecientes al Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM).6 Este informe constituye un nuevo esfuerzo del Comité de Expertas/os para identificar los retos y los desafíos que enfrenta la lucha contra la violencia hacia las mujeres en América Latina y el Caribe, recomendando a los Estados medidas para superarlos. 3. Entre dichos temas se encuentran: la penalización de la violencia contra las mujeres proveniente del Estado o sus agentes; violencia en el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres; acceso a la justicia para mujeres rurales; investigaciones sobre el uso de la Convención de Belém do Pará en sentencias y dictámenes; e investigaciones desde el Estado o particulares auspiciadas por el Estado sobre violencia contra las mujeres. 4. Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belize, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Vicente y las Granadinas, St. Kitts y Nevis, Santa Lucía, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. 5. Argentina, Bahamas, Barbados, Belize, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Jamaica, México, Paraguay, Perú, República Dominicana, St. Kitts y Nevis, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. 6. Argentina, Brasil, Ecuador, El Salvador, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. Segundo Informe Hemisférico sobre la Implementación de la Convención de Belém do Pará
12. 14 CAPíTULO 1 • Legislación CAPÍTULO 1 Legislación Foto: www.flickr.com/photos/ adam_jones/3812998553/ sizes/o/in/photostream/
13. Segundo Informe Hemisférico sobre la Implementación de la Convención de Belém do Pará 15 1.1. Incorporación de la Convención de Belém do Pará en la normativa nacional El Comité de Expertas/os decidió incluir una pregunta sobre la incorporación de la Conven- ción de Belém do Pará en la legislación nacional debido a que, en algunas respuestas de los Estados durante la Primera Ronda, no quedaba claro el estatus ni la aplicabilidad de dicho tratado en la legislación nacional. Para algunos países la ratificación o adhesión a la Convención es suficiente para que sea aplicada. En otros, es necesaria su publicación o la promulgación de normas nacionales. Varios Estados del Caribe no brindan información sobre el proceso de incorporación a la legislación nacional; aunque destacan que el Parlamento debe adoptar leyes que implementen sus disposiciones. Algunos afirman que éstas pueden ser desarrolladas por el derecho común. El Comité encuentra de interés que algunos Estados reportaron sobre el rango y los efectos de la incorporación de la Convención de Belém do Pará en la normativa nacional. En algunos, como en Brasil y Argentina ésta tiene rango constitucional. Otros, como Chile, especifican que tiene rango de ley de la República. Otros Estados, sin señalar rango, establecen que la Convención y otros tratados de derechos humanos prevalecen en el orden interno (como Colombia, Guatemala o Paraguay) y que los derechos y garantías a allí contenidos son de aplicación directa (como Ecuador, México o Perú). En otros casos no es el tratado sino el derecho a vivir libre de violencia el que Además de la implementación a través de normas penales, civiles y administrativas, es necesario que los jueces realicen el “control difuso de convencionalidad” consagrado en el sistema interamericano con el fin de asegurar que las normas nacionales y actos procesales vayan de acuerdo con lo dispuesto en las convenciones interamericanas de derechos humanos.
14. 16 CAPíTULO 1 • Legislación tiene carácter constitucional, como en el caso de Bolivia, y el derecho se garantiza tanto a hombres como a mujeres. Uruguay solo menciona que es de aplicación obligatoria y Trinidad y Tobago requiere de una norma que implemente el tratado, de lo contrario sus disposiciones solo tendrían carácter persuasivo. El Comité de Expertas/os recuerda que la ratificación o adhesión a los tratados y el alto rango otorgado a los mismos en el cuerpo jurídico nacional muestra la voluntad política de los Estados de cumplir con dichas disposiciones. Sin embargo, dichos tratados no son autoaplicables en la mayoría de países de la región, por lo que requieren de la adopción de normas penales, civiles o administrativas que implementen sus disposiciones, y/o de la armonización de las normas ya existentes con las disposiciones de dicho tratado. Además de la implementación a través de normas penales, civiles y administrativas, es necesario que los jueces realicen el “control difuso de convencionalidad” consagrado en el sistema interamericano7 con el fin de asegurar que las normas nacionales y actos procesales vayan de acuerdo con lo dispuesto en las convenciones interamericanas de derechos humanos, entre ellas la Convención de Belém do Pará. 1.2. Disposiciones que incluyen la definición de violencia contra las mujeres de la Convención de Belem do Pará El artículo 1 de la Convención de Belém do Pará define la violencia contra las mujeres como “cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”. Esta definición de violencia, en concordancia con el artículo 2 de la Convención abarca tanto la violencia perpetrada en la familia, unidad doméstica o cualquier relación interpersonal, la comunidad y el Estado. La Primera Ronda de Evaluación Multilateral el Comité de Expertas/os encontró que los Estados concentraban sus esfuerzos de prevención y sanción de la violencia contra las mujeres en la lucha contra la violencia familiar, intrafamiliar o doméstica.8 El Comité reconoce como un logro los avances estatales en la prevención y sanción de la violencia contra las mujeres en el ámbito privado; sin embargo, dichas acciones no cubren todas 7. Ver Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Almonacid Arellano v. Chile. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C No. 154, para. 124. 8. Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) (2008). Informe Hemisférico. Documento MESECVI-II- doc.16.rev.1.esp, 2008, p. 6.
15. 17Segundo Informe Hemisférico sobre la Implementación de la Convención de Belém do Pará las manifestaciones de violencia contra las mujeres, especialmente las producidas en el ámbito público. También mostró su preocupación por las normas genéricamente neutras adoptadas en el marco de la lucha contra la violencia familiar. Con ello se invisibilizaba el hecho que mujeres, niñas y adolescentes constituían el mayor número de víctimas de violencia, y que responde a una situación de desigualdad histórica entre hombres y mujeres que legitima la violación de sus derechos.9 Por ello, el Comité incluyó en el segundo cuestionario una pregunta sobre si la definición ampliadeviolenciacontralasmujerescontemplada en el artículo 1 de la Convención era recogida por el marco legal de los Estados Parte, a fin de que sirviera de guía para la ejecución de planes y programas de prevención, sanción y erradicación de la violencia contra ellas. En este caso, y en concordancia con el artículo 9 de la Convención, se entiende que “mujeres” incluye a las niñas y a las adolescentes. De las respuestas de los Estados se puede observar que la definición de violencia contra las mujeres del artículo 1 de la Convención fue incorporada, en forma total o parcial, principalmente en los países donde se han adoptado leyes integrales de violencia contra las mujeres o donde la legislación ha sido modernizada en los últimos cinco años. Las leyes integrales de violencia, como reconoció el Comité de Expertas/os durante la primera ronda, permiten dar un tratamiento unificado y coherente a diversas formas de violencia contra la mujer desde las políticas públicas, la justicia, la investigación y la recolección de datos y estadísticas. De esta manera, su implementación está basada en principios comunes y en la coordinación de los diversos actores encargados de su cumplimiento.10 En el caso de varios países del Caribe no se cuenta con leyes integrales de violencia contra las mujeres, se aprecia que algunos incluyen elementos de esta definición para establecer el concepto de violencia doméstica o familiar. En otros casos, la definición de violencia contra las mujeres de la Convención se incorpora en los planes nacionales o en las guías del Ministerio de Salud para el tratamiento de la violencia sexual en dicho sector y la atención a las víctimas, pero no en la legislación. En el caso de varios países del Caribe no se cuenta con leyes integrales de violencia contra las mujeres, se aprecia que algunos incluyen elementos de esta definición para establecer el concepto de violencia doméstica o familiar. 9. Ibid, p. 6 y 7. 10. MESECVI (2011). Informe de Seguimiento de las Recomendaciones del Comité de Expertas/os realizadas durante la etapa de evaluación de la Primera Ronda de Evaluación Multilateral. Documento MESECVI-II-doc.16.rev.1.esp, 2008, p. 3.
16. 18 CAPíTULO 1 • Legislación El Comité de Expertas/os ve con satisfacción el esfuerzo realizado para armonizar la legislación e incorporar los elementos de la definición de violencia contra las mujeres de la Convención, especialmente como el pilar de las leyes integrales de violencia. Hasta la fecha México (2007), Venezuela (2007), Guatemala (2008), Colombia (2009), Argentina (2009) y El Salvador (2010) cuentan con estas leyes, mientras que Paraguay y Perú reportan contar con proyectos de ley al respecto. Ecuador, aunque no cuenta con dicha ley, ha incorporado la definición de la Convención de Belém do Pará en su Constitución, donde consagra al mismo tiempo el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Costa Rica cuenta con una Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres, cuyo ámbito de aplicación se restringe a las relaciones de matrimonio o unión de hecho. El Comité de Expertas/os llama la atención a los Estados sobre el hecho de que todavía cuentan con disposiciones donde los términos “violencia contra las mujeres”, “violencia de género” y “violencia doméstica” o “violencia familiar” son tratados como sinónimos y usados en forma indistinta. Con ello se genera un marco legislativo confuso que obstaculiza su implementación. Asimismo, reitera su preocupación por el uso de nociones como “violencia doméstica” o “violencia familiar” en tanto excluye la violencia ocurrida a manos del compañero de hogar, novio, ex parejas o personas que, sin estar vinculadas legalmente con la mujer, mantiene una relación interpersonal con ella.11 En este sentido, el Comité nota con interés la noción de “persona asociada” presente en la legislación de Guyana, donde las normas sobre violencia doméstica protegen a quienes: están o han estado casados; han cohabitado o son actualmente convivientes; tienen o han tenido una relación de naturaleza sexual; viven o han vivido en el mismo hogar; son parientes; están comprometidos en matrimonio; o se encuentran en relación con un menor, cuando sea su padre o madre o tenga responsabilidad parental sobre él.12 También destaca que la Ley sobre el Femicidio y otras formas de violencia contra las mujeres de Guatemala, además de incluir las situaciones contempladas en la norma guyanesa incluye los casos donde la víctima y el agresor hayan mantenido un vínculo de “amistad, compañerismo o relación laboral, educativa o religiosa.”13 Por ello, el Comité destaca la tendencia positiva a incorporar la definición de violencia contra las mujeres contemplada en la Convención de Belém do Pará, e insiste en su recomendación de actualizar y armonizar el marco jurídico relativo a la prevención y sanción de la violencia contra las mujeres teniendo en cuenta dicha definición. 11 . MESECVI (2008), p. 6. 12 . Domestic Violence Act of Guyana, Chapter 11:09, Sec. 3. 13 . Artículo 7b) de la Ley contra el Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer de Guatemala, Decreto 22-2008, del 2 de mayo de 2008.
17. 19Segundo Informe Hemisférico sobre la Implementación de la Convención de Belém do Pará 1.3. Disposiciones civiles, legales y administrativas que incorporen la violencia física, psicológica, sexual, económica o patrimonial u otras contra las mujeres A fin de consolidar la incorporación en la legislación de la definición de violencia contra las mujeres del artículo 1 de la Convención de Belém do Pará, el Comité de Expertas/os incluyó una pregunta en el cuestionario relativa a la existencia de disposiciones legales que prevengan, sancionen y/o erradiquen la violencia física, psicológica, sexual, patrimonial o económica, así como otras dirigidas contra ellas. El Comité de Expertas/os nota que las violencias física, psicológica y sexual se encontraban en diversas disposiciones, desde leyes integrales de violencia contra las mujeres, leyes sobre violencia doméstica, códigos penales e incluso la Constitución, en los casos de Bolivia y Ecuador. También observa con interés que la violencia económica, patrimonial o financiera, que no fue mencionada expresamente por la Convención pero que ya es considerada una forma de violencia a nivel internacional,14 viene siendo incluida en las normas antes mencionadas. Asimismo, el Comité de Expertas/os nota favorablemente el reconocimiento de otras formas de violencia contra las mujeres que se producen en la región. Entre ellas tenemos la violencia moral, entendida como cualquier conducta que implique calumnia, difamación o injuria contra la mujer; y la violencia simbólica, que comprende mensajes, valores y símbolos que trasmiten y reproducen relaciones de dominación, desigualdad y discriminación contra las mujeres. También observa que en algunos países las leyes integrales de violencia contemplan la violencia feminicida, definida como: “la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres”15 14. De acuerdo al Estudio a Fondo del Secretario General de la ONU sobre todas las formas de violencia contra la mujer (2006), se entiende la violencia económica como la negación al acceso a los recursos básicos o control sobre ellos. En América Latina y el Caribe las leyes empieza a diferenciar violencia económica de violencia patrimonial, entendiéndose la primera como la limitación, control o impedimento del ingreso de las percepciones económicas de la mujer, mientras que la segunda implica la limitación de las mujeres a disponer de su patrimonio, incluyendo bienes comunes y propios (ver documento MESECVI/CEVI/doc.168.rev.1 –Informe Hemisférico – Cuadro de Referencia 1). 15 . Artículo 21 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de México (2007) y artículo 9b) de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres de El Salvador (2010).
18. 20 CAPíTULO 1 • Legislación El Comité de Expertas/os reconoce que en un número importante de Estados las violencias física, psicológica, sexual y patrimonial o económica se encuentran consideradas como formas de violencia doméstica o familiar. Ello configura un marco favorable para la prevención y sanción de la violencia en el ámbito privado; sin embargo, se requiere un marco similar para la violencia contra las mujeres dentro del ámbito público, El Comité, por tanto, reitera la urgencia de actualizar y armonizar el marco jurídico relativo a la prevención y sanción de la violencia contra las mujeres teniendo en cuenta la definición de violencia contra las mujeres de la Convención de Belém do Pará.. 1.4. Legislación sobre trata de personas, incluso mujeres16 En el primer Informe Hemisférico, el Comité de Expertas/os encontró que la mayoría de Estados contaban con disposiciones que sancionaban la trata de personas. Sin embargo, observó que en muchos casos dichas disposiciones no guardaban concordancia con la normativa internacional en la materia, especialmente con el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional, también conocido como Protocolo de Palermo.17 El Protocolo de Palermo define la trata de personas en su artículo 3 inciso a) como: »» la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, »» recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra; »» con fines de explotación, que incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos El Comité de Expertas/os nota con interés avances en el tratamiento de la trata de personas respecto de la ronda anterior. Algunos Estados modernizaron su legislación sobre trata de personas teniendo en cuenta el Protocolo de Palermo, ya sea criminalizando dicho delito o promulgando normas específicas sobre trata de personas. Dichas normas incluyeron 16 . MESECVI/CEVI/doc.168.rev.1. –Informe Hemisférico – Cuadros de Referencia 2. 17 . MESECVI (2008), p. 7.
19. 21Segundo Informe Hemisférico sobre la Implementación de la Convención de Belém do Pará modificaciones en los Códigos Penales; políticas intersectoriales; medidas de protección y/o programas de asistencia para las víctimas, las y los testigos y/u otros intervinientes; y reparaciones para las y los afectados. Esta última alternativa permite encarar la estrategia para prevenir y sancionar la trata de personas con una visión integral. Se observaron también casos en que el tipo penal incluye algunos de los elementos de la definición del Protocolo de Palermo y otros, como el uso de la amenaza, de la fuerza o coacción o cualquier otro medio de intimidación, son considerados agravantes. En otros casos, el Comité encuentra que los Estados incorporan los elementos de captación, transporte y coerción, pero abarca parcialmente el elemento de la explotación como fin de dicha captación y transporte. En este sentido, algunas legislaciones mencionan la explotación sexual como objetivo de la trata de personas, dejando de lado los trabajos o servicios forzados, la servidumbre u o tras formas de explotación. En otros Estados se legisla la trata internacional o interna, mas no abarcan los dos ámbitos. En un caso el Comité de Expertas/os encontró confusión entre “trata de personas” y “tráfico de personas”. El Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, que también complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, definió el tráfico de personas en su artículo 3 inciso a) como: »» la facilitación de la entrada ilegal de una persona en un Estado Parte del cual dicha persona no sea nacional o residente permanente; »» con el fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio financiero u otro beneficio de orden material. En el caso de referencia, su norma de trata de personas se refiere en realidad a tráfico de personas, dado que solo se concentra en la captación o transporte de personas dentro o fuera del territorio nacional, sin mencionar su finalidad. En la trata de personas la captación, transporte o traslado puede ser internacional (si es que cruza una frontera entre dos o más países) o interna (si se produce dentro de las fronteras de un mismo país). En cambio, en el caso de tráfico de personas, ésta solo se configura cuando el traslado implica del cruce de una frontera entre Estados. Asimismo, en cuanto a la finalidad, en el caso de la trata de personas el objetivo final es la explotación de la Algunos Estados modernizaron su legislación sobre trata de personas teniendo en cuenta el Protocolo de Palermo, ya sea criminalizando dicho delito o promulgando normas específicas sobre trata de personas.
20. 22 CAPíTULO 1 • Legislación persona, mientras que en el tráfico es un beneficio económico directo o indirecto, como puede ser la cantidad cobrada por el traslado.18 El Comité de Expertas/os reconoce los esfuerzos estatales para adecuar su normativa a los estándares internacionales. Ahora más Estados cuentan con estas normas o se encuentran debatiendo proyectos de ley en este tema. Sin embargo, teniendo en cuenta las respuestas de los Estados, el Comité recomienda continuar con la labor de implementación teniendo en cuenta los estándares establecidos en el Protocolo de Palermo. 1.5. Legislación sobre prostitución forzada19 Durante la Primera Ronda el Comité indicó que existía confusión en los Estados respecto a las figuras de trata de personas y prostitución forzada,20 usando ambos términos de forma indistinta. Por eso el Comité de Expertas/os, en esta segunda ronda, solicitó información sobre si dicha figura se encontraba en la legislación nacional de acuerdo a los estándares del Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional y en forma separada de la trata de personas, incluso mujeres. Los Elementos del Crimen, complementario al Estatuto de Roma, establece las características del delito de prostitución forzada: 1.	Que el autor haya hecho que una o más personas realizaran uno o más actos de naturaleza sexual por la fuerza, o mediante la amenaza de la fuerza o mediante coacción, como la causada por el temor a la violencia, la intimidación, la detención, la opresión psicológica o el abuso de poder contra esa o esas personas u otra persona, o aprovechando un entorno de coacción o la incapacidad de esa o esas personas de dar su libre consentimiento. 2.	Que el autor u otra persona hayan obtenido, o esperaran obtener, ventajas pecuniarias o de otro tipo a cambio de los actos de naturaleza sexual o en relación con ellos…” En esta ronda el Comité de Expertas/os nota que, a diferencia de la legislación sobre trata de personas que ha sido armonizada en los últimos cinco años de acuerdo a los estándares 18. Más información en: Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Trata y Tráfico de Personas. Disponible en: http://www.acnur.org/t3/que-hace/proteccion/trata-y-trafico-de-personas/ 19. MESECVI/CEVI/doc.168 rev.1 –Informe Hemisférico – Cuadros de Referencia 2. 20. MESECVI (2008), p. 8.
21. 23Segundo Informe Hemisférico sobre la Implementación de la Convención de Belém do Pará internacionales, la legislación sobre prostitución forzada en la mayoría de Estados aún no ha sido modernizada y no consideran las características propuestas por los Elementos del Crimen del Estatuto de Roma. En este sentido, el elemento de la ventaja pecuniaria rara vez es mencionado, mientras que el del uso de la fuerza, amenaza de la fuerza o coerción contra la víctima suele ser usado como agravante mas no como elemento del delito. En varios Estados este crimen se contempla en los Códigos Penales como delitos contra la moral, el honor o las buenas costumbres, y no como un delito contra la vida o la libertad de las mujeres. En otros casos el Comité de Expertas/ os encontró que existe legislación adecuada en los casos en que la víctima de prostitución es menor de edad. El Comité advirtió que, a pesar de que 26 de los 32 Estados Parte de la Convención de Belém do Pará21 han ratificado o se han adherido el Estatuto de Roma, únicamente Colombia reportó criminalizar la prostitución forzada como crimen de guerra o de lesa humanidad en su legislación nacional, aunque en este caso limitado al marco de un conflicto armado. El Comité de Expertas/os reitera su preocupación de que en varios Estados siga existiendo confusión respecto al delito de trata de personas y prostitución forzada. Parte de la confusión radica en que la trata tiene a veces como fin la explotación sexual como la prostitución forzada. El Comité de Expertas/os recuerda a los Estados la importancia de adecuar sus normas sobre prostitución forzada, a los estándares internacionales para garantizar la plena protección de las mujeres y niñas frente a estos delitos. El Comité de Expertas/os considera como cumplimiento de su recomendación la adopción o modificación de normas nacionales que implementen las obligaciones del Estatuto de Roma en el territorio nacional. 21. El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Saint Kitts y Nevis no han ratificado ni se han adherido dicho instrumento. Haití y Jamaica lo han firmado, pero no lo han ratificado. El Comité de Expertas/os considera como cumplimiento de su recomendación la adopción o modificación de normas nacionales que implementen las obligaciones del Estatuto de Roma en el territorio nacional.
22. 24 CAPíTULO 1 • Legislación 1.6. Legislación sobre acoso sexual en los ámbitos laboral, de salud, educativo u otros22 La Convención de Belém do Pará, en su artículo 2.b), establece que la violencia física, sexual y psicológica que tenga lugar en la comunidad comprende, entre otros, el acoso sexual en el trabajo, instituciones educativas, centros de salud o cualquier otro lugar. En la Primera Ronda de Evaluación Multilateral, los Estados manifestaron contar con disposiciones que sancionan en forma completa o parcial el acoso sexual, especialmente en el ámbito laboral.23 Por esta razón, el Comité decidió continuar indagando sobre la prevención y sanción del acoso sexual en dichos ámbitos. En primer lugar, de los informes presentados en la segunda ronda, el Comité de Expertas/ os observa el uso de “acoso sexual” y “hostigamiento sexual” en la legislación, aunque no existe consenso sobre su uso. Algunos países los usan como sinónimos, mientras que otros los diferencian dependiendo de si se produce dentro de una relación de jerarquía (con lo cual sería hostigamiento sexual) o en una relación horizontal (con lo cual se configuraría el acoso sexual). Ello puede ser reflejo de un marco internacional escaso, que reconoce el acoso sexual como una forma de discriminación por sexo y afectación a la igualdad en el empleo24 mas no existen instrumentos internacionales que profundicen en sus contenidos y medidas para la protección y sanción. En segundo lugar, el Comité de Expertas/os observa que tampoco existe consenso en el medio legal utilizado para sancionar el acoso sexual en el trabajo, centro de salud o educativo, entre otros. El Comité observa que algunos Estados optaron por la criminalización del acoso sexual en el Código Penal, con lo cual se asegura la aplicación de pena de cárcel, sea efectiva o suspendida, así como su cobertura a cualquier ámbito y tipo de relación, porque se concentra en el efecto que causó en la víctima en vez del vínculo con el agresor. También observa con interés la adopción de normas específicas sobre el tema, lo cual ayuda a dar visibilidad al problema y a establecer una estrategia multisectorial para prevenirlo y erradicarlo. De entre ellas, en el caso del acoso sexual en el centro de labores, el Comité de Expertas/os destaca la disposición del Protection Against Sexual Harassment Act (1996) de Belize, donde si el supervisor o jefe conoce de un acto de acoso sexual y no procede con tomar las acciones necesarias para detener dichos actos, también se hace responsable del delito. 22. MESECVI/CEVI/doc.168.rev.1 – Informe Hemisférico – Cuadros de Referencia 2. 23. Ver Cuadro Nº 1 en MESECVI (2008), op. cit, p. 3 y ss. 24. En este sentido se pronuncia el Comité por la Eliminación de la Discriminación de la Mujer (CEDAW) en su Recomendación 19 sobre Violencia contra las Mujeres (1992), para. 17-18. Por su parte la Organización Internacional del Trabajo (OIT) no cuenta con convenios sobre el tema, sin embargo ha tratado este tema en el marco del Convenio 111 (1958) relativo a la discriminación en el empleo y la ocupación. Sobre el particular revisar http://www.ilo.org/public/english/bureau/inf/magazine/19/sexhar.htm
23. 25Segundo Informe Hemisférico sobre la Implementación de la Convención de Belém do Pará El Comité encontró también que en un número importante de Estados el acoso sexual es considerado en reglamentos administrativos o planes sectoriales como una falta, con lo cual la sanción respectiva es la suspensión o despido del agresor y/o el pago de una multa. Sin embargo, en lo que respecta al acoso laboral, observó con preocupación que todavía existen disposiciones que en casos de acoso sexual tienden a proteger al denunciado y no a la denunciante. Por ejemplo, en algunos Códigos de Trabajo colocan como causal de terminación justificada del contrato por parte del/de la trabajador/a el hecho que sea víctima de acoso sexual por parte del empleador. Esta disposición niega la naturaleza del acoso sexual como violación a los derechos humanos que tiene que ser investigada, sancionada y reparada, dejando desprotegida a la afectada y revictimizándola con la pérdida de su empleo. Asimismo, llamó la atención del Comité que, en el caso de un Estado, se configure acoso sexual en el ámbito laboral cuando el/ la empleado/a es quien acosa al/ a la empleador/a. Aunque en este caso no se brinda información sobre su aplicación, el Comité de Expertas/os advierte del potencial peligro de que dicha disposición se convierta en una herramienta para que el agresor reafirme su posición de poder frente a su trabajador/a y coloque a éste en mayor riesgo de vulneración de derechos. En tercer lugar, a pesar de que persiste la tendencia de los Estados a concentrar sus esfuerzos en el acoso sexual en el ámbito laboral, el Comité saluda el hecho de que existe un mayor número de disposiciones que sanciona el acoso sexual en los centros de salud, educativos u otros, como los alojamientos o el ámbito militar-policial. También destaca que en algunas legislaciones del Caribe el acoso sexual es una de las conductas que puede configurar violencia doméstica, cuando es perpetrada por uno de los miembros de la familia, y puede dar origen a la solicitud de una medida de protección. Al mismo tiempo nota que en una minoría de Estados el acoso sexual está sancionado explícitamente cuando el agresor es un funcionario público, no quedando claro el tipo de protección ofrecida a las víctimas de acoso sexual en el ámbito del sector privado o comunitario. El Comité resalta la importancia de la existencia de un marco legal que prevenga y sancione el acoso sexual. Con esta base, el Comité de Expertas/os recomienda a los Estados armonizar su legislación interna sobre acoso sexual cubriendo como mínimo los ámbitos descritos en la Convención de Belém do Pará. También derogar cualquier disposición que revictimice a las afectadas u obstaculice sus intentos de obtener sanción para los responsables y una reparación adecuada. La criminalización del delito en el Código Penal o una norma integral específica sobre acoso pueden servir para este propósito.
24. 26 CAPíTULO 1 • Legislación 1.7. Legislación sobre violencia sexual dentro del matrimonio o unión de hecho25 En el primer Informe Hemisférico el Comité de Expertas/os recomendó la tipificación de la violencia sexual dentro del matrimonio o unión de hecho en general. Ello porque encontró que, a pesar de la extensión de la pregunta referida a violencia sexual, la mayoría de Estados se refirió solamente a la violación sexual dentro del matrimonio y no a otras formas de violencia contra las mujeres que pueden darse dentro de una relación de matrimonio o unión de hecho. También mostró su preocupación por el hecho que aquellos Estados que aseguran juzgar la violación sexual en el matrimonio dentro de otros tipos penales, como los de violación sexual o lesiones, invisibilizan este problema, ignorando la situación histórica que legitima la violación de los derechos humanos de las mujeres en una relación consensuada.26 Durante la etapa de seguimiento de recomendaciones en la Primera Ronda, el Comité de Expertas/os encontró que si bien más Estados incluyen disposiciones para prevenir o sancionar este delito, lo regulan todavía con algunas limitaciones. Por ejemplo, algunos Estados penalizan la violación sexual dentro del matrimonio pero restringiendo la violación sexual al acceso oral, anal o vaginal. En otros casos se trata la violación sexual más no la violencia sexual u otros abusos sexuales dentro del matrimonio. Algunos Estados sancionan dicha violación cuando se da dentro del matrimonio sin incluir las uniones de hecho; o la criminalización de esta violación cuando se produce en procesos de separación o divorcio y no en casos de matrimonios o uniones de hecho vigentes.27 En esta Ronda, el Comité de Expertas/os encuentra un panorama muy similar al de la Primera Ronda. Por un lado, junto con la penalización de este crimen algunos Estados optan por incorporar la violación y violencia sexual dentro del matrimonio o unión de hecho como agravante del tipo genérico de violación sexual. En otro caso el Estado opta por la prohibición expresa de usar la relación marital o de otro tipo con la víctima, previa o existente, como defensa de los crímenes sexuales. La adopción de leyes integrales de violencia en los últimos cinco años ha contribuido a dar visibilidad a la violencia sexual dentro del matrimonio o unión de hecho. Queda pendiente la armonización entre lo dispuesto en algunas leyes integrales de violencia contra las mujeres y los códigos penales. Persiste la tendencia a no sancionar penalmente dicha forma de violencia sexual, o incorporarla con las limitaciones señaladas en el párrafo 25. MESECVI/CEVI/doc.168.rev.1 – Informe Hemisférico – Cuadros de Referencia 2. 26. MESECVI (2008), p. 7. 27. MESECVI (2011), p. 6.
25. 27Segundo Informe Hemisférico sobre la Implementación de la Convención de Belém do Pará anterior, siendo especialmente llamativa la exclusión de las uniones de hecho dentro del ámbito de protección de la norma en un número importante de Estados. El Comité encontró que un Estado penaliza la violación sexual dentro del matrimonio estableciendo expresamente que la esposa también puede ser perpetradora de dicho delito. Ello es consecuencia de la visión de violencia contra las mujeres limitada al ámbito familiar o doméstico, donde cualquiera de sus integrantes puede ser perpetrador o víctima, sin tomar en cuenta las desiguales relaciones de poder existentes entre hombres y mujeres. Asimismo, del análisis de las disposiciones pertinentes ofrecidas por cada Estado Parte, el Comité observó con preocupación que, aun existiendo normas que sancionen la violencia sexual dentro del matrimonio o de la unión de hecho, su cumplimiento puede verse obstaculizado por cuestiones procesales contempladas en las normas que regulan el procedimiento penal y la evidencia. Por ejemplo, en un Estado las normas procesales establecen que una mujer no puede ser testigo competente contra su esposo, salvo que se trate de un delito sexual en contra del padre de su hijo. En otras regulaciones los códigos de procedimientos penales todavía ordenan audiencias de conciliación para estos delitos. Por ello, el Comité de Expertas/os insiste a los Estados en su recomendación de tipificar, sea como delito independiente o como agravante, la violencia sexual dentro del matrimonio o unión de hecho en general y la violación sexual dentro del matrimonio o unión de hecho en particular. También recomienda a los Estados revisar sus normas de procedimiento penal a fin de remover los obstáculos que podrían impedir a las mujeres obtener justicia en estos casos. 1.8. Prohibición expresa de la conciliación, mediación o cualquier otro que busque la solución extrajudicial28 Aunque no formó parte del cuestionario de la Primera Ronda, en el Primer Informe Hemisférico el Comité de Expertas/os notó con preocupación que varios Estados reportaron contar con métodos de conciliación o avenencia entre el agresor y la víctima de violencia contra las mujeres, o exoneración de la pena para el agresor si contraía matrimonio con la víctima, o aplicación del principio de oportunidad. Reiterandosuanálisisrealizadodurantelaetapadeseguimientodesusrecomendaciones,29 el Comité de Expertas/os encuentra que la aplicación de estas medidas en los casos de violencia contra las mujeres tiene efectos contraproducentes en el acceso a la 28. MESECVI/CEVI/doc.168.rev.1 –Informe Hemisférico – Cuadros de Referencia 6.
26. 28 CAPíTULO 1 • Legislación justicia para las víctimas y en el mensaje permisivo enviado a la sociedad. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo hincapié en que, hacer este delito negociable o transable parte de la premisa que las partes involucradas se encuentran en igualdad de condiciones de negociación, lo cual generalmente no es el caso en el ámbito de la violencia intrafamiliar.30 Asimismo, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) encontró que este desequilibrio de poderes en los acuerdos de conciliación aumenta el riesgo físico y emocional de las mujeres, los acuerdos no son generalmente cumplidos por el agresor y no abordan las causas y consecuencias de la violencia en sí.31 Por ello, en esta Ronda, el Comité decidió incluir el tema en su cuestionario. A partir de las respuestas de los Estados, el Comité de Expertas/os destaca nuevamente la contribución de las leyes integrales de violencia para lograr la prohibición de la conciliación, mediación u otros medios de solución extrajudicial de la violencia contra las mujeres, quedando pendiente la armonización de las normas procesales respecto a esta disposición. Ello es de particular importancia dado que, si bien un número importante de Estados han reportado diversas formas de evitar el uso de dichos métodos para casos de violencia contra las mujeres en la sección de legislación, algunos de ellos han incluido en la sección de información y estadísticas cifras sobre casos de violencia doméstica o familiar resueltos vía conciliación. Ello indica que dichos métodos siguen siendo utilizados en el Poder Judicial. El Comité de Expertas/os también observó que, por lo general, los Estados cuentan con disposiciones que prohíben la conciliación, mediación u otros medios similares para los casos de violencia doméstica, mas no se refieren a otras manifestaciones de violencia contra las mujeres. Nuevamente el Comité reconoce los esfuerzos estatales para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres en el ámbito privado, sin embargo, con el objeto de no limitar el ámbito de aplicación de la Convención de Belém do Pará, se requieren acciones con el mismo fin en el ámbito público. Asimismo, en un número importante de casos, los Estados reportaron no contar con prohibiciones expresas, aunque sustentaron que la solución extrajudicial en los delitos de violencia contra las mujeres tampoco estaba contemplada en la norma y, por lo tanto, no era de aplicación en territorio nacional. El Comité de Expertas/os insiste en su recomendación de prohibir los métodos de conciliación, mediación y otros orientados a resolver extrajudicialmente casos de violencia contra las mujeres. En caso de que ya cuenten con dicha prohibición, 29. MESECVI (2011), p. 7-8. 30. CIDH (2007). Acceso a la Justicia para las Mujeres Víctimas de Violencia en las Américas. Documento OEA/Ser.L/V/II/Doc68, 20 de enero de 2007, para. 161. 31. OPS. Modelo de Leyes y Políticas sobre Violencia Intrafamiliar contra las Mujeres. Washington DC: OPS, 2004, p. 20.
27. 29Segundo Informe Hemisférico sobre la Implementación de la Convención de Belém do Pará recomienda a los Estados armonizar su legislación procesal con esta prohibición, a fin de evitar que en casos de violencia contra las mujeres se requiera la audiencia de conciliación. Finalmente, en casos donde dicha prohibición se haya dado en casos de violencia familiar, intrafamiliar o doméstica, el Comité de Expertas/os recomienda la ampliación de dicha prohibición a otros casos de violencia contra las mujeres, lo cual requiere como condición indispensable la incorporación de la definición de violencia de la Convención de Belém do Pará y la penalización de otras formas de violencia contra las mujeres distintas a la violencia familiar, intrafamiliar o doméstica. 1.9. Legislación sobre femicidio32 A pesar de las altas tasas de femicidio en la región, que en algunos casos alcanza niveles cercanos a los de pandemia de acuerdo al indicador de la Organización Mundial de la Salud (OMS),33 durante la Primera Ronda el Comité de Expertas/os recibió por parte de los Estados información escasa sobre políticas penales para su prevención y sanción. En el primer Informe Hemisférico, el Comité de Expertas/os propuso algunas líneas para una política penal de prevención y sanción del femicidio,34 y evidenció la falta de consenso respecto a las características de este crimen. A fin de contribuir con el debate y facilitar el seguimiento del cumplimiento de sus recomendaciones en este tema, el Comité de Expertas/os adoptó su Declaración sobre el Femicidio (2008) donde define este delito como: “…la muerte violenta de mujeres por razones de género, ya sea que tenga lugar dentro de la familia, unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal; en la comunidad, por parte de cualquier persona, o que sea perpetrada o tolerada por el Estado y sus agentes, por acción u omisión.”35 En el marco de la Segunda Ronda, el Comité de Expertas/os encuentra que el femicidio sigue siendo un tema ausente en la legislación de la mayoría de Estados Parte. En primer lugar, se observa que un grupo de Estados ha tratado el femicidio a través de 32. MESECVI/CEVI/doc.168.rev.1 –Informe Hemisférico – Cuadros de Referencia 2. 33. Carcedo, Ana. No Olvidamos ni Aceptamos: Femicidio en Centroamérica 2000-2006. San José: CEFEMINA, 2010, p. 35. De acuerdo a dicho estudio, en el año 2006 este país alcanzó los 12,7 homicidios por cada 100.000 mujeres, lo que lo coloca por encima de la tasa de 10 por 100.000 que la OMS considera como epidémica. Guatemala en ese mismo año se acercó a esa tasa epidémica pues llegó a 9 por 100.000. 34. MESECVI (2008), p. 35. 35. Declaración sobre el Femicidio del Comité de Expertas/os (documento MESECVI/CEVI/DEC. 1/08), del 15 de agosto de 2008, punto 2.
28. 30 CAPíTULO 1 • Legislación leyes integrales de violencia. De entre estos casos, solo en el de Guatemala se cuenta con una ley especial que aborda el femicidio como un delito36 y presenta las bases de una política pública para enfrentarlo.37 El Salvador define “violencia feminicida” como tipo de violencia en su ley integral para una vida libre de violencia para las mujeres,38 pero da un paso más no solo criminalizando el femicidio39 sino también el suicidio 36. Ley contra el Femicidio y Otras formas de Violencia contra la Mujer de Guatemala. Decreto 22-2008, 2 de mayo de 2008. Artículo 6: Femicidio Comete el delito de femicidio quien, en el marco de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, diere muerte a una mujer, por su condición de mujer, valiéndose de cualquiera de las siguientes circunstancias: a.	Haber pretendido infructuosamente establecer o restablecer una relación de pareja o de intimidad con la víctima. b.	Mantener, en la época en que se perpetre el hecho, o haber mantenido con la víctima relaciones familiares, conyugales, de convivencia, de intimidad o noviazgo, amistad, compañerismo o relación laboral. c.	Como resultado de la reiterada manifestación de violencia en contra de la víctima. d.	Como resultado de ritos grupales usando o no armas de cualquier tipo. e.	En menosprecio del cuerpo de la víctima para satisfacción de instintos sexuales, o cometiendo actos de mutilación genital o cualquier otro tipo de mutilación. f.	Por misoginia. g.	Cuando el hecho se cometa en presencia de las hijas o hijos de la víctima. h.	Concurriendo cualquiera de las circunstancias de calificación contempladas en el artículo 132 del Código Penal. La persona responsable de este delito será sancionada con pena de prisión de veinticinco a cincuenta años, y no podrá concedérsele la reducción de pena por ningún motivo. Las personas procesadas por la comisión de este delito no podrán gozar de ninguna medida sustitutiva. 37. Ibid, Capítulo VI, Obligaciones del Estado. 38. Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres de El Salvador. Decreto 520, del 25 de noviembre de 2010. Artículo 9 – Tipos de Violencia Para los efectos de la presente ley, se consideran tipos de violencia: (…) b) Violencia Feminicida: Es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que conllevan a la impunidad social o del Estado, pudiendo culminar en feminicidio y en otras formas de muerte violencia de mujeres. 39. Ibid, Título II, Delitos y Sanciones Artículo 45, Feminicidio Quien le causare la muerte a una mujer mediando motivos de odio o menosprecio por su condición de mujer, será sancionado con pena de prisión de veinte a treinta y cinco años. Se considera que existe odio o menosprecio a la condición de mujer cuando ocurra cualquiera de las siguientes circunstancias: a.	Que a la muerte le haya precedido algún incidente de violencia cometido por el autor contra la mujer, independientemente que el hecho haya sido denunciado o no por la víctima. b.	Que el autor se hubiere aprovechado de cualquier condición de riesgo o vulnerabilidad física o psíquica en que se encontraba la mujer víctima. c.	Que el autor se hubiere aprovechado de la superioridad que le generaban las relaciones desiguales de poder basadas en el género. d.	Que previo a la muerte de la mujer el autor hubiere cometido contra ella cualquier conducta calificada como delito contra la libertad sexual. e.	Muerte precedida por causa de mutilación. Artículo 46, Feminicidio Agravado El delito de feminicidio será sancionado con pena de treinta a cincuenta años de prisión, en los siguientes casos: a.	Si fuere realizado por funcionario o empleado público o municipal, autoridad pública o agente de autoridad. b.	Si fuere realizado por dos o más personas. c.	Si fuere cometido frente a cualquier familiar de la víctima. d.	Cuando la víctima sea menor de dieciocho años de edad, adulta mayor o sufriere discapacidad física o mental. e.	Si el autor se prevaleciere de la superioridad originada por relaciones de confianza, amistad, doméstica, educativa o del trabajo.
29. 31Segundo Informe Hemisférico sobre la Implementación de la Convención de Belém do Pará 40. Ibid, Título II, Delitos y Sanciones Artículo 48: Suicidio Feminicida por Inducción o Ayuda Quien indujere a una mujer al suicidio o le prestare ayuda para cometerlo, valiéndose de cualquiera de las siguientes circunstancias, será sancionado con prisión de cinco a siete años: a.	Que le preceda cualquiera de los tipos o modalidades de violencia contemplados en la presente ley o en cualquier otra ley. b.	Que el denunciado se haya aprovechado de cualquier situación de riesgo o condición física o psíquica en que se encontrare la víctima, por haberse ejercido contra ésta, cualquiera de los tipos o modalidades de violencia contemplados en la presente o en cualquier otra ley. c.	Que el inductor se haya aprovechado de la superioridad generada por las relaciones preexistentes o existentes entre él y la víctima. 41. Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de México. 1 de febrero de 2007. Artículo 21: Violencia Feminicida: Es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres. 42. Conforme a la respuesta del gobierno de México al cuestionario del Comité de Expertas/os, hasta julio de 2010, 18 estados y el Distrito Federal ya habían incluido la “violencia feminicida” en sus legislaciones internas. 43. Artículo 22 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de México. 44. Ley 8589 sobre la Penalización de la Violencia contra las Mujeres de Costa Rica, 25 de abril de 2007. Artículo 21: Femicidio Se le impondrá pena de prisión de veinte a treinta y cinco años a quien dé muerte a una mujer con la que mantenga una relación de matrimonio, en unión de hecho declarada o no. 45. Código Penal de Colombia. Ley 599 de 2000, del 24 de julio de 2000. Artículo 103: Homicidio El que matare a otro, incurrirá en prisión de doscientos ocho (208) a cuatrocientos cincuenta (450) meses. Artículo 104: Circunstancias de agravación La pena será de cuatrocientos (400) a seiscientos (600) meses de prisión, si la conducta descrita en el artículo anterior se cometiere: 1.	En los cónyuges o compañeros permanentes; en el padre y la madre de familia, aunque no convivan en un mismo hogar, en los ascendientes o descendientes de los anteriores y los hijos adoptivos; y en todas las demás personas que de manera permanente se hallaren integradas a la unidad doméstica. (…) 11. Si se cometiere contra una mujer por el hecho de ser mujer. feminicida.40 México también define la “violencia feminicida”41 en su norma y, como Estado federal, ha iniciado un proceso para tipificarla en los estados integrantes de la federación.42 Asimismo, determina algunas acciones específicas como la alerta de género, que viene a ser el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad.43 Por otro lado, Costa Rica criminaliza el femicidio cometido dentro del matrimonio o unión de hecho declarada o no, mas no se manifiesta por los femicidios cometidos en la comunidad o por el Estado.44 En otro número importante de casos los Códigos Penales sancionan el femicidio como agravante del homicidio. Por ejemplo, Colombia lo incorpora como un agravante de homicidio cuando éste se perpetra contra una mujer “por el hecho de ser mujer”.45 En Brasil, constituye agravante cuando se comete “prevaleciéndose de relaciones
30. 32 CAPíTULO 1 • Legislación domésticas, cohabitación u hospitalidad, o con violencia contra la mujer según la ley específica”.46 En Venezuela se configura como agravante de homicidio cuando es cometido por el “cónyuge, ex cónyuge, concubino, ex concubino, persona con quien la víctima tuvo vida marital, unión estable de hecho o relación de afectividad, con o sin convivencia”.47 Un número menor de Estados ha optado legislar el femicidio como una forma de parricidio, es decir, como homicidio de la cónyuge o conviviente del agresor. El Código Penal de Chile establece expresamente que dicho homicidio será llamado femicidio cuando “la víctima es o ha sido cónyuge o conviviente del autor”48 mientras que el Código Penal de Perú denominará feminicidio al homicidio de la mujer cuando “es o ha sido la cónyuge o conviviente del autor, o cuando estuvo ligada a él por una relación análoga.”49 Finalmente, en los países del Caribe la figura está ausente de las regulaciones, por lo que los homicidios de mujeres son juzgados como homicidio, homicidio agravado y asesinato. En esta Ronda, el Comité advierte la mayor visibilidad del femicidio y la necesidad de adoptar medidas para su prevención y sanción. Sobre esta base, enfatiza la necesidad de dar seguimiento a la aplicación de dicho tipo penal y sus agravantes por las y los 46. Código Penal de Brasil, Decreto Ley 2848 del 7 de diciembre de 1940; modificado por Ley 11340, que crea mecanismos para impedir la violencia doméstica y familiar contra la mujer, (Ley Maria da Penha) del 7 de agosto de 2006. Artículo 61: Circunstancias agravantes Son circunstancias que siempre agravan una pena, siempre que no constituyan o califiquen como crimen: (…) II. cuando el agente cometió el crimen: (…) f) Con abuso de autoridad o prevaleciéndose de relaciones domésticas, cohabitación u hospitalidad, o con violencia contra la mujer según la ley específica (traducción de la Secretaría) 47. Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Venezuela, del 16 de marzo del 2007. Artículo 65, Parágrafo Único En los casos de homicidio intencional en todas sus calificaciones, tipificados en el Código Penal, cuando el autor del delito previsto en esta Ley sea el cónyuge, ex cónyuge, concubino, ex concubino, persona con quien la víctima tuvo vida marital, unión estable de hecho o relación de afectividad, con o sin convivencia, la pena a imponer será de veintiocho a treinta años de presidio. 48. Código Penal de Chile, modificado por la Ley 20480 del 18 de diciembre de 2010. Artículo 390. El que, conociendo las relaciones que los ligan, mate a su padre, madre o hijo, a cualquier otro de sus ascendientes o descendientes o a quien es o ha sido su cónyuge o su conviviente, será castigado como parricida, con la pena de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado. Si la víctima del delito descrito en el inciso precedente es o ha sido la cónyuge o la conviviente de su autor, el delito tendrá el nombre de femicidio. 49. Código Penal Peruano, modificado por Ley 29819, del 27 de diciembre de 2011. Artículo 107: Parricidio / Feminicidio El que, a sabiendas, mata a su ascendiente, descendiente, natural o adoptivo, o a quien es o ha sido su cónyuge, su conviviente o con quien esté sosteniendo o haya sostenido una relación análoga será reprimido con pena privativa de libertad no menor de quince años. La pena privativa de libertad será no menor de veinticinco años, cuando concurran cualquiera de las circunstancias agravantes previstas en los numerales 1,2,3 y 4 del artículo 108. Si la víctima del delito descrito es o ha sido la cónyuge o la conviviente del autor, o estuvo ligada a él por una relación análoga el delito tendrá el nombre de feminicidio.
31. 33Segundo Informe Hemisférico sobre la Implementación de la Convención de Belém do Pará 50. MESECVI/CEVI/doc.168.rev.1 –Informe Hemisférico – Cuadros de Referencia 3. jueces y fiscales, sobre todo en la valoración de los motivos de género o por el hecho de ser mujer, presentes en varias de las definiciones legales de femicidio en la región. Asimismo, dicho seguimiento debe incluir la remoción de los obstáculos judiciales que pueden impedir a los familiares de las víctimas obtener justicia, como por ejemplo las reducciones de pena para el agresor cuando alegue haber actuado bajo el imperio de una “emoción violenta”. Al mismo tiempo, el Comité de Expertas/os nota que los Estados han concentrado sus esfuerzos en penalizar el femicidio cometido por la pareja de la víctima, sea el esposo, novio o concubino, sean actuales o pasados, lo que es conocido como femicidio íntimo. Con ellos se deja de lado los femicidios ocurridos en el ámbito público, perpetrado ya sea por un conocido de la víctima, en la comunidad, o por el Estado. De las normas revisadas en pocos casos se cuenta como agravante de homicidio de mujeres o femicidio cuando el perpetrador es un funcionario público. Por ello recomienda a los Estados contar con disposiciones que sancionen a perpetradores de femicidios en el ámbito público. 1.10. Legislación sobre violencia contra las mujeres proveniente del Estado50 El artículo 2c) de la Convención de Belém do Pará establece que la violencia contra las mujeres incluye “la violencia perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, dondequiera que ésta ocurra.” Por ello, en el artículo 7.1, los Estados Parte convienen en “abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación.” Sin embargo, en la Primera Ronda de Evaluación Multilateral, el Comité recibió de parte de los Estados escasa información acerca de la violencia contra las mujeres proveniente del Estado, sus agentes o por actores no estatales que operan con la aquiescencia estatal. Por ello, para la presente ronda, el Comité de Expertas/os agregó una pregunta solicitando al Estado que especificara si entre los perpetradores se contaban tanto a los particulares como al Estado y sus agentes, con lo cual se podría garantizar la protección de las mujeres también en el ámbito público. También se solicitó especificar si existen disposiciones que sancionen la violencia sexual durante los conflictos armados, como tortura, crimen de
32. 34 CAPíTULO 1 • Legislación guerra y crimen de lesa humanidad, y la perpetrada en los hospitales, centros educativos, centros de privación de la libertad y otras instituciones del Estado. Respecto a la sanción de la violencia contra las mujeres perpetrada por el Estado o sus agentes, el Comité de Expertas/os encuentra que un grupo minoritario de Estados cuenta con algún tipo de sanción, señalada principalmente en el Código Penal, ya sea como delito separado; o sancionan como agravante del delito el hecho de que su perpetrador sea funcionario público. Algunas Constituciones y leyes integrales de violencia contra las mujeres contemplan la violencia perpetrada desde el Estado; o la consideran parte de la figura de “violencia institucional”51 Un número importante de Estados no cuenta con disposiciones específicas en el tema; sin embargo, algunos hacen hincapié en que, a pesar de dicha ausencia, los casos de violencia contra las mujeres provenientes del Estado pueden ser juzgados de acuerdo al Código Penal, dado que éste no hace distinción entre los perpetradores. Llama la atención del Comité de Expertas/os que estas disposiciones se concentren principalmente en funcionarios públicos, mientras que unas pocas hacen mención a las fuerzas armadas y/o policiales o a regímenes separados para dichos agentes. En las respuestas analizadas no se hace mención a la situación de quienes no siendo formalmente agentes estatales, actúan bajo su instigación, consentimiento o aquiescencia. Respecto a la sanción de la violencia sexual en conflicto armado, el Comité de Expertas/os nota con preocupación que solo Colombia y Chile cuentan con normas específicas sobre el tema. Igualmente nota que la mayoría de Estados no han penalizado la violencia sexual como crimen de guerra y crimen de lesa humanidad, lo que permitiría condenar estos crímenes no solo cuando se cometan en el marco de un conflicto armado (que sería el caso de los crímenes de guerra y violencia sexual en 51. Las leyes integrales de violencia actualmente vigentes consideran la violencia institucional como aquella perpetrada por un servidor público para discriminar o tenga como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce o disfrute de los derechos y libertades fundamentales de las mujeres, así como la que pretenda obstaculiza u obstaculice el acceso de las mujeres al disfrute de las políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar las manifestaciones, tipos y modalidades de violencia contempladas en la ley. Respecto a la sanción de la violencia sexual en conflicto armado, el Comité de Expertas/os nota con preocupación que solo Colombia y Chile cuentan con normas específicas sobre el tema. Igualmente nota que la mayoría de Estados no han penalizado la violencia sexual como crimen de guerra y crimen de lesa humanidad, lo que permitiría condenar estos crímenes...
33. 35Segundo Informe Hemisférico sobre la Implementación de la Convención de Belém do Pará 52 . Ver Informe Memoria del Silencio, Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH) de Guatemala (1999); Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Perú (2003). 53. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido tres fallos sobre casos donde se contempla violencia sexual en contextos de masacres y/o conflicto armado interno: Masacre Plan de Sánchez v. Guatemala-Reparaciones y Costas (2005), Penal Miguel Castro Castro v. Perú (2006) y Masacre de Dos Erres v. Guatemala (2009). En las dos últimas se contemplaron violaciones al deber de debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres, de acuerdo al artículo 7 b) de la Convención de Belém do Pará. Asimismo, la Corte ha admitido dos demandas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde también se analiza violencia sexual en contextos de conflicto y violación del artículo 7 de la Convención de Belém do Pará: Masacre de Río Negro v. Guatemala y Masacre de El Mozote y lugares aledaños v. El Salvador. En cuanto a violencia sexual en desastres naturales, el 22 de diciembre de 2010, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de todas las mujeres y niñas desplazadas en 22 campamentos para desplazados internos en Puerto Príncipe, Haití, producto del terremoto ocurrido el 12 de enero de 2010. En la solicitud se alegaba un patrón de violencia sexual y una serie de actos de violencia en contra de las mujeres y niñas que residen en los mencionados campamentos. La Comisión Interamericana solicito al Estado asegurar la disponibilidad de adecuados servicios médicos y psicológicos para las víctimas de violencia sexual en lugares que sean accesibles a las solicitantes; proveer seguridad adecuada en los campamentos de desplazados internos, incluyendo iluminación pública, patrullaje adecuado en los alrededores e interior de los campamentos y aumento de mujeres policías en los patrullajes y en las estaciones de policía cercanas; asegurar que los agentes públicos encargados de responder a incidentes de violencia sexual reciban una formación que les permitan dar respuestas adecuadas a las denuncias de delitos de violencia sexual así como proveer la seguridad necesaria en los campos; promover la creación de unidades especiales en la policía judicial y en la fiscalía para la investigación de casos de violación y otras formas de violencia sexual; asegurar que los grupos de base de mujeres tengan plena participación y liderazgo en la planeación y ejecución de políticas y prácticas encaminadas a combatir y prevenir la violación y otras formas de violencia sexual en los campamentos. 54. Véase Tribunal Federal Penal de Mar del Plata, Argentina. Causa Nº 2086 y acumulada Nº 2277 contra Gregorio Rafael Molina, Sentencia del 11 de junio de 2010, y Tribunal Federal Penal Nº 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Argentina. Causa 1668 y 1673, Miara et al. Sentencia del 21 de diciembre de 2010. También véase Cuarto Juzgado Penal Supraprovincial de Perú. Expediente 2007-00899-0 contra Rufino Donato Rivera Quispe, Vicente Yance Collahuacho, Epifanio Delfín Quiñones Loyola, Sabino Rodrigo Valentín Rutti, Amador Gutiérrez Lisarbe, Julio Julián Meza García, Pedro Chanel Pérez López y Martín Sierra Gabriel. Auto de apertura de instrucción, 3 de abril de 2009. 55. En este sentido, el Auto 92 de la Corte Constitucional de Colombia la Corte Constitucional ha identificado dieciocho (18) facetas de género del desplazamiento forzado, es decir, aspectos del desplazamiento que impactan de manera diferencial, específica y agudizada a las mujeres, por causa de su condición femenina en el caso colombiano. Estas dieciocho facetas de género del desplazamiento incluyen tanto (1) patrones de violencia y discriminación de género de índole estructural en la sociedad colombiana, preexistentes al desplazamiento pero que se ven potenciados y degenerados por el mismo, impactando en forma más aguda a las mujeres desplazadas, como (2) problemas específicos de las mujeres desplazadas, producto de la conjunción de los factores de vulnerabilidad que soportan, y que no afectan ni a las mujeres no desplazadas, ni a los hombres desplazados. En la categoría (1) se cuentan los riesgos acentuados de las mujeres desplazadas de ser víctimas de patrones estructurales de violencia y discriminación de género tales como (i) la violencia y el abuso sexuales, incluida la prostitución forzada, la esclavitud sexual o la trata de personas con fines de explotación sexual; (ii) la violencia intrafamiliar y la violencia comunitaria por motivos de género; (iii) el desconocimiento y vulneración de su derecho a la salud y especialmente de sus derechos sexuales y reproductivos a todo nivel, con particular gravedad en el caso de las niñas y adolescentes pero también de las mujeres gestantes y lactantes; (iv) la asunción del rol de jefatura de hogar femenina sin las condiciones de subsistencia material mínimas requeridas por el principio de dignidad humana, con especiales complicaciones en casos de mujeres con niños pequeños, mujeres con problemas de salud, mujeres con discapacidad conflicto armado) sino también en ausencia de los mismos, cuando se compruebe un patrón sistemático o generalizado contra la población civil (en el caso de los crímenes de lesa humanidad). El Comité de Expertas/os notó con interés que, en el caso de Chile, también se incluye la violencia sexual como acto conducente al genocidio. La proliferación de la violencia sexual en conflictos armados y violaciones masivas de derechos humanos en la región demuestra su uso masivo como arma de guerra y medio de sometimiento de los cuerpos y vidas de las mujeres. Sus características e impacto en estos contextos fueron documentados por mecanismos de justicia transicional como las comisiones de la verdad52 y, más recientemente, por el sistema interamericano de derechos humanos53 y los tribunales nacionales.54 La violencia sexual afecta de forma más aguda a las mujeres desplazadas por estas situaciones, quienes requieren de una protección acorde con sus necesidades y teniendo en cuenta las facetas de género de los desplazamientos forzados55 y los riesgos ante los cuales se encuentran expuestas.56
34. 36 CAPíTULO 1 • Legislación Por ello, el Comité encuentra indispensable la inclusión de disposiciones sancionando dicha violencia como delito autónomo, tal como lo estipula el Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional (1998). Ello constituye una medida de prevención, a fin de evitar que dichos eventos se repitan en el futuro. El Comité de Expertas/os llama la atención al hecho que un grupo de Estados reportó la ratificación del Estatuto de Roma para sustentar que cumplieron con incluir disposiciones que criminalicen la violencia sexual como tortura, crimen de guerra y crimen de lesa humanidad. El Comité encuentra que la ratificación o adhesión a dicho tratado muestra la voluntad política del Estado para tomar medidas que permitan prevenir y sancionar estos delitos. Sin embargo, el Estatuto de Roma señala qué conductas pueden ser consideras crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad o tortura mas no define tipos penales, penas de cárcel, agravantes o atenuantes, por lo cual no puede ser directamente aplicado. Por ello, la adopción de este tratado debe ir acompañada de normas de implementación que desarrollen dichas figuras en la legislación penal nacional conforme a lo arriba señalado y, en caso de que ya existan, armonizarlas a los estándares señalados en el Estatuto de Roma. o adultas mayores; (v) obstáculos agravados en el acceso al sistema educativo; (vi) obstáculos agravados en la inserción al sistema económico y en el acceso a oportunidades laborales y productivas; (vii) la explotación doméstica y laboral, incluida la trata de personas con fines de explotación económica; (viii) obstáculos agravados en el acceso a la propiedad de la tierra y en la protección de su patrimonio hacia el futuro, especialmente en los planes de retorno y reubicación; (ix) los cuadros de discriminación social aguda de las mujeres indígenas y afrodescendientes desplazadas; (x) la violencia contra las mujeres líderes o que adquieren visibilidad pública por sus labores de promoción social, cívica o de los derechos humanos; (xi) la discriminación en su inserción a espacios públicos y políticos, con impacto especial sobre su derecho a la participación; y (xii) el desconocimiento frontal de sus derechos como víctimas del conflicto armado a la justicia, la verdad, la reparación y la garantía de no repetición. La categoría (2) incluye (xiii) los especiales requerimientos de atención y acompañamiento psicosocial de las mujeres desplazadas, que se han visto gravemente insatisfechos; (xiv) problemas específicos de las mujeres ante el sistema oficial de registro de la población desplazada, así como ante el proceso de caracterización; (xv) problemas de accesibilidad de las mujeres al sistema de atención a la población desplazada; (xvi) una alta frecuencia de funcionarios no capacitados para atender a las mujeres desplazadas, o abiertamente hostiles e insensibles a su situación; (xvii) el enfoque a menudo “familista” del sistema de atención a la población desplazada, que descuida la atención de un altísimo número de mujeres desplazadas que no son cabezas de familia; y (xviii) la reticencia estructural del sistema de atención a otorgar la prórroga de la Atención Humanitaria de Emergencia a las mujeres que llenan las condiciones para recibirla.” CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Auto 92-2008: Protección de los Derechos Fundamentales de las Mujeres Víctimas del Desplazamiento Forzado por causa del conflicto armado,. 14 de abril de 2008, sección III.1. Disponible en: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/Autos/2008/A092-08.htm. 56. Ibid, sección IV.B.4. El Auto 92 también identificó diez factores de vulnerabilidad específicos a los que están expuestas las mujeres, por causa de su condición femenina, en el caso colombiano, que no son compartidos por los hombres. Estos riesgos son: (i) el riesgo de violencia sexual, explotación sexual o abuso sexual en el marco del conflicto armado; (ii) el riesgo de explotación o esclavización para ejercer labores domésticas y roles considerados femeninos en una sociedad con rasgos patriarcales, por parte de los actores armados ilegales; (iii) el riesgo de reclutamiento forzado de sus hijos e hijas por los actores armados al margen de la ley, o de otro tipo de amenazas contra ellos, que se hace más grave cuando la mujer es cabeza de familia; (iv) los riesgos derivados del contacto o de las relaciones familiares o personales -voluntarias, accidentales o presuntas- con los integrantes de alguno de los grupos armados ilegales que operan en el país o con miembros de la Fuerza Pública, principalmente por señalamientos o retaliaciones efectuados a posteriori por los bandos ilegales enemigos; (v) los riesgos derivados de su pertenencia a organizaciones sociales, comunitarias o políticas de mujeres, o de sus labores de liderazgo y promoción de los derechos humanos en zonas afectadas por el conflicto armado; (vi) el riesgo de persecución y asesinato por las estrategias de control coercitivo del comportamiento público y privado de las personas que implementan los grupos armados ilegales en extensas áreas del territorio nacional; (vii) el riesgo por el asesinato o desaparición de su proveedor económico o por la desintegración de sus grupos familiares y de sus redes de apoyo material y social; (viii) el riesgo de ser despojadas de sus tierras y su patrimonio con mayor facilidad por los actores armados ilegales dada su posición histórica ante la propiedad, especialmente las propiedades inmuebles rurales; (ix) los riesgos derivados de la condición de discriminación y vulnerabilidad acentuada de las mujeres indígenas y afrodescendientes; y (x) el riesgo por la pérdida o ausencia de su compañero o proveedor económico durante el proceso de desplazamiento.
35. 37Segundo Informe Hemisférico sobre la Implementación de la Convención de Belém do Pará Respecto a la violencia sexual cometida en establecimientos estatales como hospitales, centros educativos, de privación de libertad y otros, el Comité de Expertas/os nota con preocupación que la mayoría de Estados no cuenta o no reporta contar con disposiciones que sancionen este tipo de violencia. Asimismo, aunque no formó parte del cuestionario, en algunos informes de país se constata la proliferación de la violencia sexual contra mujeres, niñas y adolescentes durante desastres naturales. Recientemente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares para la prevención y sanción de dicha violencia en Haití.57 El Comité de Expertas/os recuerda a los Estados que en contextos como el de un desastre natural se exacerban los patrones pre-existente de violencia contra mujeres y niñas. Por ello, la respuesta estatal a dichos eventos debe tener en cuenta su protección y la prevención y sanción de cualquier tipo de violencia contra ellas. Respecto a la violencia sexual cometida en establecimientos estatales como hospitales, centroseducativos,deprivacióndelibertadyotros, el Comité de Expertas/os nota con preocupación que la mayoría de Estados no cuenta o no reporta contar con disposiciones que sancionen este tipo de violencia. Los pocos Estados que reportaron contar con normas al respecto se refirieron a las disposiciones sobre violencia institucional de sus leyes integrales de violencia (como fue el caso de Argentina); o al agravante de violación sexual cuando el perpetrador es funcionario o empleado público en ejercicio de sus funciones (como ocurre en Guatemala); o al establecimiento de un tipo penal específico solo en uno de los supuestos (como es el caso de Venezuela, donde está penalizada la violencia sexual por custodio cuando la víctima se encuentra detenida o condenada). El Comité de Expertas/os destaca el caso venezolano no solamente por la existencia de este tipo penal específico, sino por la penalización de la “violencia sexual” y no solo de la “violación sexual” como se ha presentado en otros casos. Algunos otros Estados sustentaron que en dichos casos se aplica la norma general, ya que no se distingue entre los perpetradores. 57. El 22 de diciembre de 2010, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de todas las mujeres y niñas desplazadas en 22 campamentos para desplazados internos en Puerto Príncipe, Haití, producto del terremoto ocurrido el 12 de enero de 2010. En la solicitud se alegaba un patrón de violencia sexual y una serie de actos de violencia en contra de las mujeres y niñas que residen en los mencionados campamentos. La Comisión Interamericana solicitó al Estado asegurar la disponibilidad de adecuados servicios médicos y psicológicos para las víctimas de violencia sexual en lugares que sean accesibles a las solicitantes; proveer seguridad adecuada en los campamentos de desplazados internos, incluyendo iluminación pública, patrullaje adecuado en los alrededores e interior de los campamentos y aumento de mujeres policías en los patrullajes y en las estaciones de policía cercanas; asegurar que los agentes públicos encargados de responder a incidentes de violencia sexual reciban una formación que les permitan dar respuestas adecuadas a las denuncias de delitos de violencia sexual así como proveer la seguridad necesaria en los campos; promover la creación de unidades especiales en la policía judicial y en la fiscalía para la investigación de casos de violación y otras formas de violencia sexual; asegurar que los grupos de base de mujeres tengan plena participación y liderazgo en la planeación y ejecución de políticas y prácticas encaminadas a combatir y prevenir la violación y otras formas de violencia sexual en los campamentos. En: http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/cautelares.asp#tab1
36. 38 CAPíTULO 1 • Legislación El Comité reconoce el impacto de las leyes integrales de violencia contra las mujeres en el reconocimiento de diversas modalidades de violencia, entre ellas la violencia institucional. Sin embargo, no todas las leyes integrales de violencia adoptan acciones concretas tales como establecer tipos penales sobre violencia institucional, o señalar agravantes cuando éstos son cometidos por funcionarios/as o empleados/as públicos; o, en establecimientos estatales. De no contarse con estas disposiciones concretas, presentar una denuncia en estos casos va a ser extremadamente difícil. El Comité de Expertas/os recomienda a los Estados que incluyan disposiciones en su legislación que sancionen la violencia sexual cometida en establecimientos estatales, ya sea como tipo penal o como agravante. En caso de contar con leyes integrales de violencia que contemplen la violencia institucional, recomienda a los Estados asegurarse de tomar medidas que permitan la prevención y sanción de dicha violencia. 1.11.	Legislación que proteja los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres58 Aunque los derechos sexuales o reproductivos no formaron parte del cuestionario de la Primera Ronda de Evaluación Multilateral, en el Primer Informe Hemisférico el Comité de Expertas/os encontró que: “…se evidencia una forma de violencia de género que nace de la negación de importantes derechos humanos vinculados a los derechos a la vida, salud, educación, seguridad personal, a decidir sobre la vida reproductiva, a decidir el número de hijos e hijas y cuándo tenerlos, a la intimidad y la libertad de conciencia y de pensamiento de las mujeres, entre otros derechos. En legislaciones donde los derechos sexuales y reproductivos no son protegidos ni reconocidos se puede incurrir efectivamente en graves violaciones a estos derechos, traducidas en el desconocimiento sobre sus derechos sexuales y reproductivos, la esterilización forzada, las altas tasas de morbilidad y mortalidad materna, entre otros. Quienes más arriesgan y corren peligro son las mujeres más vulnerables: mujeres empobrecidas, jóvenes, y mujeres de los sectores rurales respecto a quienes el acceso a la salud es un grave problema y deben recurrir a prácticas insalubres y peligrosas.”59 58. MESECVI/CEVI/doc.168.rev.1 –Informe Hemisférico – Cuadros de Referencia 4. 59. MESECVI (2008), p. 17.