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Timestamp: 2018-08-19 17:08:31
Document Index: 102434086

Matched Legal Cases: ['artículo 85', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 267', 'artículo 25', 'artículo 20', 'artículo 23', 'artículo 20', 'artículo 23', 'artículo 27', 'artículo 13', 'artículo 515', 'artículo 100', 'artículo 1', 'artículo 28', 'artículo 100', 'artículo 2085', 'artículo 20', 'Artículo 2085', 'Artículo 100', 'artículo 20', 'artículo 23', 'Artículo 20', 'Artículo 23', 'artículo 20', 'artículo 23', 'artículo 20', 'artículo 23', 'artículo 25', 'artículo 23', 'artículo 23', 'artículo 24']

﻿ SENTENCIA 1323 DE MAYO 16 DE 1991
SENTENCIA 1323 DE 16 DE MAYO DE 1991
CONTENIDO:PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. MEDIANTE SOCIEDADES DE CARÁCTER CIVIL
TEMAS ESPECÍFICOS:SOCIEDAD, SOCIEDAD CIVIL, SERVICIOS PROFESIONALES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PROFESIÓN LIBERAL
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:235 DE JULIO DE 1991, PÁG.595
Sentencia 1323 de mayo 16 de 1991
MEDIANTE SOCIEDADES DE CARÁCTER CIVIL
Ref.: Exp. 1323
Bogotá, D. E., mayo dieciséis de mil novecientos noventa y uno.
La Sección Primera procede a dictar sentencia de única instancia para resolver la demanda que ha dado lugar al proceso de la referencia, instaurada por la sociedad Arthur Andersen y Cía. Colombia contra la Resolución EX 00143 del 26 de enero de 1988, el Oficio EX 00758 de la misma fecha y la Resolución EX 02674 del 20 de abril de 1989, expedidos por la Superintendencia de Sociedades.
a) El tipo de acción incoada y las pretensiones de la demanda.
La Sociedad Arthur Andersen y Cía. Colombia, en ejercicio de la acción consagrada en el artículo 85 del C. C. A., demandó el 29 de septiembre de 1989, ante esta Corporación, la nulidad de los actos administrativos preanotados y el restablecimiento del derecho violado con ellos, consistente en ordenar a la Superintendencia de Sociedades autorizar la solemnización de la reforma de los artículos 1º, 6º, 14 y 15 de sus estatutos sociales (fls. 26 y 27).
b) Los actos acusados.
Lo son, concretamente, el artículo 2 º de la Resolución Nº EX 00143 del 26 de enero de 1988, por la cual el Superintendente de Sociedades negó a la demandante la autorización para la modificación de las cláusulas 1ª, 6ª, 14 y 15 de sus estatutos sociales; el Oficio Nº EX 00758 de la misma fecha, en el cual se exponen los motivos de tal negativa, y la Resolución Nº EX 02674 del 20 de abril de 1989, expedida por el mismo funcionario, en cuanto confirma lo dispuesto en el artículo 2º de la Resolución EX 00143 mencionada (fls. 27 y 28).
c) Los hechos de la demanda.
Los hechos que la parte actora cita como fundamento de sus pretensiones son los siguientes (fls. 28 a 30):
1. La sociedad demandante fue constituida el 30 de diciembre de 1964 mediante escritura pública Nº 6616 de la Notaría Novena del Círculo de Bogotá, como colectiva comercial.
2. Teniendo en cuenta que su objeto social consiste exclusivamente en la prestación de servicios de las profesiones liberales, puesto que se dedica a prestar servicios de auditoría, contabilidad, revisoría fiscal y otros afines, se reformó su naturaleza comercial para convertirla en sociedad civil, lo cual consta en la escritura de reforma Nº 1745 del 22 de abril de 1975, corrida en la Notaría 7ª del Círculo de Bogotá.
3. La Superintendencia de Sociedades mediante Resolución Nº 00765 del 28 de febrero de 1975, otorgó autorización a la sociedad demandante para solemnizar tal reforma estatutaria, al encontrar que todas las modificaciones se ajustaban a las prescripciones legales.
4. Dicha escritura de reforma de estatutos de la sociedad demandante fue inscrita en el registro mercantil de la Cámara de Comercio de Bogotá, lugar donde se halla su domicilio principal.
5. La sociedad demandante ha ostentado desde entonces la calidad de sociedad civil.
6. En la reunión de la junta de socios de 4 de diciembre de 1987 se aprobó, con el lleno de los requisitos legales y estatutarios, una reforma del contrato social que afectó las cláusulas 2ª, 4ª,5ª, 6ª, 8ª, 10, 11, 12, 13 y 15. La sociedad aprovechó esta ocasión para hacer una compilación de sus normas estatutarias, ya que debido a las reformas sucedidas desde su constitución, se encontraban dispersas en varias escrituras, lo cual dificultaba su consulta.
7. La sociedad no modificó las cláusulas 1ª y 3ª de sus estatutos, en las cuales en su orden, se consagra la calidad de sociedad colectiva civil y el objeto social. Por lo tanto, dice, éstos se mantienen idénticos a las cláusulas iniciales, aprobadas por la Superintendencia de Sociedades en su oportunidad.
8. Para dar cumplimiento al artículo 267-2 del Código de Comercio, la sociedad demandante envió a la Superintendencia de Sociedades copia del Acta Nº 39 del 4 de diciembre de 1987 de la junta de socios para que autorizara la solemnización de la reforma estatutaria.
9. Mediante Resolución Nº EX 00143 del 26 de enero de 1988 se autorizó a la sociedad para solemnizar la reforma estatutaria, salvo las cláusulas 1ª, 6ª, 14 y 15, por las razones expuestas en el Oficio EX 00758 de la misma fecha, sosteniendo que ella tiene la calidad de sociedad comercial. De las cláusulas objetadas sólo fueron modificadas la 6ª y la 15.
10. La sociedad demandante interpuso en tiempo reposición contra la anterior resolución, la cual fue resuelta mediante Resolución Nº. EX 02674 del 20 de abril de 1989, la que confirmó la primera en todas sus partes y declaró agotada la vía gubernativa.
d) Las normas presuntamente violadas y el concepto de violación (fls. 30 a 44).
La parte actora señala como violadas las siguientes disposiciones:
Artículos 23—numeral 5º—, 25, 20—numeral 14—, 100, 13—numeral 2º—, 515 y 1º del Código de Comercio; y 27, 28 y 2085 del Código Civil.
Como resultado de su análisis sobre el concepto de violación, la parte actora expresa que al sostener la demandada que el artículo 25 del Código de Comercio define la empresa “para tomarla como criterio determinante de la mercantilidad”, está haciendo una interpretación errónea que implica su violación. Y es errónea, dice, porque empresa no equivale a comerciante ya que subsisten, conforme a nuestra legislación, empresas civiles que son precisamente las que tienen por objeto actos civiles, como lo son por excelencia la prestación de servicios inherentes a las profesiones liberales.
Al estimar la Superintendencia de Sociedades como fundamento de su decisión que el objeto social de la sociedad demandante se “ubica dentro del numeral 14 del artículo 20 del Código de Comercio, en cuanto se trata de la prestación de servicios”, interpretó erróneamente esta disposición y, por ende, la aplicó en forma indebida, configurándose así un quebrantamiento de la misma, pues olvidó la demandada que el objeto social de Arthur Andersen y Cía. Colombia es la prestación de servicios inherentes a las profesiones liberales, por lo cual no ha debido interpretarlo en forma aislada, sino armonizándolo con el artículo 23 ibídem, que excluye esta actividad de la categoría de actos mercantiles, sin condición ni distinción alguna, y como una excepción entre otras, a la relación meramente declarativa o ilustrativa que trae el artículo 20 del código mercantil.
Al afirmar la actora que la prestación de servicios no es acto mercantil en tanto quien los presta no se constituya como empresa, condición ésta que no fue establecida por la ley, está haciendo, igualmente, una interpretación errónea del numeral 5º del artículo 23 citado, e incurriendo de suyo en su violación, pues esta norma excluye claramente la prestación de servicios de las profesiones liberales de los actos de comercio; y, de contera, violó el artículo 27 del Código Civil al desatender el tenor literal de aquella disposición y el “principio de interpretación que establece que cuando la ley no hace distinción no puede hacerla el intérprete”.
En suma, expresa que al interpretar erróneamente la demandada los artículos 20-14 y 13-2º del Código de Comercio, la condujo a aplicar indebidamente el primero y a dejar de aplicar el segundo que es lo legalmente procedente, dándose de esta manera las infracciones advertidas.
A juicio de la Superintendencia de Sociedades “si la actividad empresarial se desarrolla mediante un establecimiento de comercio, en los términos del numeral 2º del artículo 13 del Código de Comercio, se presume que quien tenga establecimiento de comercio abierto, es comerciante”. En estos términos, la demandada está aplicando indebidamente dicha norma, ya que ésta se limita a consagrar unas presunciones sobre el ejercicio del comercio que son de naturaleza legal y no de derecho, por lo cual admiten prueba en contrario. Ello significa que quien tenga establecimiento de comercio puede no ser comerciante.
Ahora bien, continúa la actora, no puede afirmarse, como lo sugiere la Superintendencia d Sociedades, que el conjunto de bienes que ha destinado la demandante para el desarrollo de su objeto constituyan un “establecimiento de comercio”, noción que consigna el artículo 515 de código de la materia y se refiere a los “BIENES MERCANTILES”, cuya expresión, per se, está indicando que se trata de un conjunto de bienes organizados para desarrollar una actividad de naturaleza mercantil. De ahí que los conceptos de “empresario” y “empresa” que utiliza el legislador para definir “establecimiento de comercio” deben entenderse referidos a los comerciantes y empresas mercantiles.
Lo anterior quiere decir que es un contrasentido sostener, como lo hace la Superintendencia de Sociedades, que la sociedad demandante tiene establecimiento de comercio y por lo tanto es comerciante, comportamiento gubernativo este que conlleva la violación de los artículos 13, numeral 2º y 515 del Código de Comercio por aplicación indebida, y que, a su vez, entraña, por inaplicación, el quebrantamiento de su artículo 100 y del 2085 del Código Civil que consagran un criterio rigurosamente objetivo al otorgar el calificativo de civil o comercial a una sociedad según se haya constituido para ejercer actos de comercio o actos civiles, como en realidad, para este último evento—actos civiles—se constituyó la sociedad demandante.
Al considerar, pues, afirma la demandante, la Superintendencia de Sociedades a Arthur Andersen y Cía. Colombia como una sociedad comercial, le negó a ésta la autorización para solemnizar la reforma del artículo primero del estatuto social, infringiendo de esta manera las disposiciones preseñaladas como se acaba de explicar.
Termina expresando que, igualmente, al negarse por la demandada la autorización para solemnizar los artículos 6º, 14 y 15 del indicado estatuto, se infringió el artículo 1º del Código de Comercio, dado que se invocaron para ello normas que no son aplicables a una sociedad civil como lo es la demandante, por cuanto esta norma limita el campo de aplicación de dicho código
a los comerciantes y los asuntos comerciales, elementos que le son ajenos a la sociedad demandante.
Aunque la parte actora cita entre las disposiciones violadas el artículo 28 del Código Civil, la demanda no incluye ningún concepto sobre la presunta infracción de esta norma.
Finalmente, en apoyo de sus puntos de vista, la actora trae a colación opiniones de conocidos comercialistas colombianos.
A pesar de haber sido notificada personalmente la entidad demandada, a través del Superintendente de Sociedades, tal como aparece al folio 52 del expediente, dicha entidad no se hizo parte en el proceso, por lo cual no contestó la demanda, ni solicitó pruebas ni alegó de conclusión.
f) La actuación surtida.
De conformidad con las normas correspondientes previstas en el C.C.A., al proceso se le dio el trámite establecido para el proceso ordinario, dentro del cual merecen destacarse las siguientes actuaciones:
Mediante auto del 31 de octubre de 1989, se admitió la demanda (fls. 50 y 51).
Mediante proveído del 26 de enero de 1990 se abrió a pruebas este proceso y se decretaron algunas de las solicitadas por la parte actora en su libelo de demanda y se negaron otras (fl. 83).
Habiendo recurrido en súplica de este auto en cuanto le denegó algunas probanzas, la Sala de Decisión lo revocó parcialmente mediante providencia del 5 de abril de 1990 que obra a folios 92 a 96 del expediente.
Por auto del 6 de julio de 1990 se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y se ordenó que una vez venciera el término legal para tal efecto, se diera traslado al Fiscal Primero de la Corporación para que emitiera su concepto de fondo (fl. 108).
Sólo la apoderada de la parte demandante hizo uso de este traslado mediante memorial que obra a folios 109 a 111.
El señor fiscal, por su parte, emitió su Concepto Nº 869-90, en cumplimiento de su deber legal (fls. 113 a 116).
En su concepto, el señor Fiscal Primero de la corporación considera lo siguiente:
El Código de Comercio define la noción de “empresa” como “toda actividad económica organizada para la producción, transformación, circulación, administración o custodia de bienes, o para la prestación de servicios. Dicha actividad se realizará a través de uno o más establecimientos de comercio” (la subraya es de la Fiscalía). De esta descripción se verifica con claridad cómo las actividades allí referidas son comerciales, o mercantiles, no tanto por la forma de llevarlas a cabo sino por la índole misma de los actos ejecutados en forma organizada. Por otra parte, tanto el artículo 100 del mismo código como el artículo 2085 del Código Civil, determinan que son comerciales las sociedades que se forman para negocios que a ley califica como actos de comercio y que en todo caso predominará el carácter de la sociedad que desarrolla actos de comercio. De otro lado, el numeral 14 del artículo 20 del C. de Co. determina que los actos y operaciones de las empresas mercantiles son actos de comercio para todos los efectos legales.
Acoge, igualmente, el criterio expuesto por la Superintendencia de Sociedades en cuanto que es la formación o el aglutinamiento alrededor de una unidad de explotación económica lo que califica el carácter de comercial de determinada actividad.
Termina pidiendo, en consecuencia, que no se acceda a las pretensiones del actor.
III. Consideraciones del Consejo
Como se desprende claramente de la demanda y de los actos acusados, la controversia central de este proceso consiste en determinar si la sociedad demandante Arthur Andersen y Cía. Colombia es una sociedad civil o comercial.
En efecto, mientras para la Superintendencia de Sociedades la citada compañía es de carácter comercial, lo cual la llevó a negar la autorización para modificar las cláusulas 1ª, 6ª, 14 y 15 de sus estatutos sociales, para la parte actora su carácter es de sociedad civil, de donde emanaría la ilegalidad de los actos acusados.
Al respecto, dicen los artículos 2085 del Código Civil y 100 del Código de Comercio:
“Artículo 2085 del Código Civil. La sociedad puede ser civil o comercial. Son sociedades comerciales las que se forman para negocios que la ley califica de actos de comercio. Las otras son sociedades civiles”.
“Artículo 100 del Código de Comercio. Se tendrán como comerciales, para todos los efectos legales, las sociedades que se formen para la ejecución de actos o empresas mercantiles. Si la empresa social comprende actos mercantiles y actos que no tengan esa calidad, la sociedad será comercial.
Parágrafo.—Las asociaciones con fines culturales, recreativos, deportivos, de beneficencia u otros análogos, no son comerciales”.
De acuerdo con las anteriores normas, la naturaleza comercial de una sociedad depende de su objeto: que éste esté constituido por negocios que la ley califica de actos de comercio (Código Civil), o por actos o empresas mercantiles (Código de Comercio).
Se excluyen de la regla anterior las sociedades por acciones y las de responsabilidad limitada, las cuales siempre se rigen por las normas comerciales, cualquiera que sea su objeto. Además, si él objeto comprende actos mercantiles y otros que no lo son, la sociedad será comercial.
De acuerdo con el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá y que aparece a folios 2º y 3º del expediente, la sociedad demandante es una “sociedad civil colectiva”, cuyo objeto social es el de “prestar servicios de auditoría, contabilidad, asesoría para la organización y el manejo de empresas comerciales e industriales y las demás actividades que directamente se relacionan con los servicios antes mencionados”. La misma naturaleza y exactamente el mismo objeto social aparecen en el texto de los estatutos presentados a la Superintendencia de Sociedades para su autorización, que obran a folios 69 a 71 del expediente como parte de los antecedentes administrativos y que dieron lugar a los actos demandados que negaron la autorización en relación con algunos artículos, entre ellos el primero, que se refiere a la naturaleza civil de la sociedad, por considerar la Superintendencia como ya quedó dicho, que se trata de una sociedad comercial.
De tal manera que la controversia se traslada a determinar si el objeto de la sociedad demandante es civil o comercial, es decir, si los actos o empresa que constituyen dicho objeto son civiles o comerciales.
Al respecto, dicha controversia se centra en que para la Superintendencia de Sociedades el objeto de la sociedad demandante se ubica dentro de las empresas previstas en el ordinal 14 del artículo 20 del Código de Comercio, mientras que para la actora su objeto es de los previstos en el ordinal 5º del artículo 23 del mismo estatuto.
“Artículo 20.—Son mercantiles para todos los efectos legales:
14. Las empresas editoriales, litográficas, fotográficas, informativas o de propaganda y las demás destinadas a la prestación de servicios” (Subraya la Sala para resaltar la parte en que se fundamenta la Superintendencia de Sociedades).
“Artículo 23.—No son mercantiles:
5 La prestación de servicios inherentes a las profesiones liberales”.
Frente a las normas y circunstancias anteriores y de acuerdo con una interpretación sistemática y coherente de las mismas, la Sala encuentra que asiste razón a la sociedad demandante en el sentido de insistir en que su naturaleza es de carácter civil, por las siguientes razones:
1. Porque a pesar de que ni el Código Civil ni el Código de Comercio definen lo que debe entenderse por “profesiones liberales”, del Diccionario de la Real Academia de la Lengua, confrontando los conceptos de “profesión” y de “arte liberal” y de acuerdo con la concepción tradicional que se ha tenido de aquel concepto, puede afirmarse que son aquellas actividades en las cuales predomina el ejercicio del intelecto, que han sido reconocidas por el Estado y para cuyo ejercicio se requiere la habilitación a través de un título académico.
2. Porque la referencia que hace el ordinal 14 del artículo 20 del C. de Co. a “las demás (empresas) destinadas a la prestación de servicios”, no debe entenderse, como lo hace la Superintendencia de Sociedades, en el sentido de comprender absolutamente todas las empresas destinadas a la prestación de servicios, sino que deben lógicamente entenderse excluidos aquellos servicios que por otras normas son expresamente exceptuados de la naturaleza mercantil, como es el caso precisamente de “la prestación de servicios inherentes a las profesiones liberales”, de acuerdo con el ordinal 5º del artículo 23 del C. de Co., salvo lógicamente, que el servicio inherente a la profesión liberal esté, a su vez, tipificado en otra de las actividades o empresas que el artículo 20 del C. de Co. califica expresamente de mercantiles y que no es el caso de la sociedad demandante.
3. Porque para la Sala tampoco es cierto, como lo sostiene la Superintendencia en la motivación de los actos acusados, que el carácter no mercantil de “la prestación de servicios inherentes a las profesiones liberales” dependa de la forma de dicha prestación, de tal manera que si se presta a través de una empresa, como organización económica, o por medio de una sociedad, ello implique que adquiere el carácter comercial, ya que la norma excepcional contenida en el ordinal 5º del artículo 23 del C. de Co. no hace ninguna distinción al respecto y, según un principio generalmente aceptado, si la ley no hace distinción, no le es permitido hacerla al intérprete.
4. Porque los conceptos de empresa y de establecimiento de comercio a que se refiere el artículo 25 del C. de Co. deben entenderse condicionados a que la actividad que constituye su objeto sea de carácter comercial, de tal manera que si la actividad no tiene este carácter, ni la empresa ni el establecimiento podrán considerarse comerciales. Sobre este aspecto la Sala hace suyos los siguientes comentarios del tratadista Gabino Pinzón, quien expresa:
“... no puede afirmarse, como piensan algunos, que toda empresa, esto es, toda actividad económica organizada es mercantil, teniendo en cuenta la simple forma organizada de la actividad, independientemente del objeto de la misma. Por que el derecho del país sigue siendo rígidamente objetivo y para efectos de aplicar las leyes comerciales o las leyes meramente civiles no es del caso distinguir entre empresarios y no empresarios, sino entre comerciantes y no comerciantes, según que se desarrollen profesionalmente o no actos calificados o calificables como de comercio. Por lo cual puede hablarse de empresas comerciales y de empresas meramente civiles, ya que tanto los actos mercantiles como los que no tienen esa calidad pueden ser desarrollados en forma organizada.
Fruto de la confusión introducida con la calificación general de mercantiles para todas las empresas destinadas a la prestación de servicios, no han faltado los exégetas que han pretendido que son mercantiles las empresas destinadas a la prestación de servicios propios de las profesiones liberales, especialmente cuando se organizan en forma de sociedad. Se trata, sin embargo, de una dificultad derivada de una forma inadecuada de interpretar el sentido de las normas legales, sin ayuda del contexto de las leyes, es decir, en contra de lo preceptuado en los artículos 27 y 30 del Código Civil, sobre los cuales ya se hizo un comentario en otro lugar de esta obra (Núm. 33). Porque en el artículo 23 del Código de Comercio se prevé expresa y claramente que no es mercantil “la prestación de servicios inherentes a las profesiones liberales”; disposición que no hace excepción ninguna por razón de la forma como sean prestados dichos servicios, es decir, lo mismo es si se prestan en forma organizada, estable y permanente, mediante la utilización de los medios de toda clase que sean necesarios, que si se prestan en forma ocasional o aislada. La utilidad de la relación hecha en el artículo 23 estriba precisamente en que con ella —que tampoco es limitativa, sino meramente ilustrativa, según el artículo 24 del mismo código— es fácil ayudar a determinar cuáles son los actos y negocios mercantiles, con el criterio general de que las empresas, como formas de actividad económica organizada, son mercantiles o son civiles, según que los actos y negocios que constituyen su objeto sean mercantiles o meramente civiles”. (PINZÓN, Gabino. Introducción al Derecho Comercial. 3ª. edición. Editorial Temis S.A. Bogotá, 1985. Págs. 162 y 165).
Como consecuencia de lo anterior, la Sala, en desacuerdo con el Agente del Ministerio Público encuentra que la Superintendencia de Sociedades al expedir los actos acusados violó las normas indicadas en la demanda y en las consideraciones anteriores, por lo cual procede la declaratoria de su nulidad y el consiguiente restablecimiento del derecho, en los términos solicitados en la misma demanda.
En mérito de las consideraciones anteriores, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, a través de su Sección Primera, oído el concepto del señor Agente del Ministerio Público y administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
1. DECLARASE la nulidad de los siguientes actos administrativos, expedidos por el Superintendente de Sociedades:
a) El artículo segundo de la Resolución Nº EX 00143 del 26 de enero de 1988.
b) El Oficio Nº EX 00758 del 26 de enero de 1988.
c) La Resolución Nº EX 02674 del 20 de abril de 1989.
2. Como consecuencia de la declaratoria de nulidad anterior, y a titulo de restablecimiento del derecho, la Superintendencia de Sociedades autorizará a la Sociedad Arthur Andersen y Cía. Colombia la solemnización de la reforma de los artículos 1º, 6º, 14 y 15 de sus estatutos sociales.
Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en su sesión de fecha dieciséis de mayo de mil novecientos noventa y uno.