Source: https://derechoecuador.com/juicio-politico
Timestamp: 2019-05-24 17:16:49
Document Index: 40077031

Matched Legal Cases: ['Artículo 129', 'artículo 129', 'artículo 86', 'Artículo 87', 'Artículo 129', 'Artículo 88', 'Artículo 91', 'Artículo 92', 'Artículo 93', 'Artículo 94', 'artículo 95', 'Artículo 95', 'Artículo 87']

Derecho Ecuador - JUICIO POLÍTICO.
"En el juicio político ?la decisión no se toma por la fuerza del Derecho sino de los votos?:
Se considera que el Juicio Político tiene su origen en el Parlamento Inglés y que la causa más invocada era la acusación de haberse incurrido en traición o felonía. La felonía tiene connotación solo política y no jurídica.
El nacimiento del juicio político tuvo lugar en Inglaterra; su elaboración teórica se realizó en Francia; y, su aplicación jurídica operó con la Constitución estadounidense de 1787.
Alexander Hamilton, uno de los redactores de la Constitución de Estados Unidos de Norte América de 1787, indica que la práctica del Juicio Político desarrollado por el Parlamento Inglés sirvió como modelo para las colonias inglesas en América del Norte.
El Juicio es una destreza principal de la dimensión cognitiva de la competencia cívica; es toda actividad mental que ejecuta una persona, comparando dos ideas con respecto a alguna circunstancia en particular, para obtener razonamientos determinados, de acuerdo con los valores que deban ser considerados para el caso específico.
Es un proceso Constitucional para hacer efectivo el principio de responsabilidad de los servidores públicos, especialmente de los más altos cargos o autoridades. El Juicio Político es de carácter mixto, por su origen político y, jurídico. No es un proceso penal. El juzgamiento, como acto contencioso sobrevendría cuando de los motivos de la censura se deriven indicios de responsabilidad penal y la Asamblea Nacional disponga que el asunto pase a conocimiento de la autoridad competente, conforme lo disponga el Artículo 129, inciso final de la Constitución vigente.
Los gobernantes son responsables de sus actos ante el pueblo, por lo que se hallan sometidos a la supervisión,control y evaluación.
En virtud del encargo del anterior mandatario, el Vicepresidente en funciones asumió la seria responsabilidad de coordinar las áreas estratégicas. Coordinar implica combinar medios técnicos y personas y dirigir sus trabajos para una acción común y, con tal efecto, debe establecerse si cumplió con las siguientes tareas:
1. Supervisión, mediante la vigilancia o dirección de un área estratégica
2. Control, que consiste en el examen u observación cuidadosa para comprobar, inspeccionar, fiscalizar o intervenir en una obra.
3. 3. Evaluación, que es la valoración de actitudes, conocimientos y rendimiento de un servicio.
4. Vigilar, es decir inspeccionar la actividad de los contratados.
5. Fiscalizar, esto es el monitoreo de las actividades, solicitando informes documentados a las autoridades estatales sobre lo que debía hacerse y no se hizo, pidiendo cuentas de los invertido, porque el dinero es del pueblo.
El Juicio Político tiene como finalidad investigar la conducta de los servidores públicos de alta jerarquía, para determinar su responsabilidad política y aplicar las sanciones correspondientes. El Juicio Político busca establecer la responsabilidad política de los funcionarios.
El Juicio Político es una institución de Derecho Público; un procedimiento jurisdiccional en que la relación jurídica procesal está perfectamente integrada y, que por su materia específica, la Función Jurisdiccional es ejercida por la Función Legislativa. Es un acto administrativo revestido de la solemnidad de un juicio.
La decisión de la Asamblea Nacional en materia de Juicio Político, al erigirse en jurado de sentencia es, en su forma, un acto meramente judicial en cuanto a los motivos en que se fundamenta, pero administrativo en cuanto a su objeto.
El Juicio Político es un acto jurisdiccional y no judicial por sus propias características. Es un procedimiento jurisdiccional que se ventila ante un órgano del Estado de índole política.
El Juicio Político es de naturaleza jurídico política, porque se trata de una politicidad del juicio.
La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 129, concede a la Asamblea Nacional la competencia para proceder al Juicio Político contra el Presidente o Vicepresidente de la República, enumerando los casos. La intervención de la Asamblea Nacional no se sustenta en motivos de Derecho, sino en razones de oportunidad. En tal virtud, la valoración se efectúa con razones y no con método jurídico. El Juicio Político busca comprobar si el funcionario al que se dirigió el juzgamiento ha cumplido sus funciones.
El artículo 86 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa señala que el Juicio Político se inicia con la solicitud, ?debidamente fundamentada y contendrá la formulación de los cargos? y el anuncio de la totalidad de la prueba que se presentará, acompañándose de la prueba documental de que se disponga en ese momento. Se formalizará con las firmas de al menos una tercera parte de los miembros de la Asamblea Nacional, en el formulario correspondiente, declarando que las firmas son verídicas y que corresponden a sus titulares?.
Conocimiento del Consejo de Administración Legislativa. El Artículo 87 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa manda que la solicitud de enjuiciamiento político se lleve a conocimiento del Consejo de Administración Legislativa. Una vez conocida la solicitud y verificado el cumplimiento de los requisitos, el Consejo de Administración Legislativa remitirá a la Corte Constitucional para que emita el dictamen de admisibilidad. Si el Consejo de Administración Legislativa estima que la solicitud no cumple con todos los requisitos de ley, dispone que los solicitantes la completen dentro del plazo de tres días y, de no hacerlo, dispondrá el archivo de la solicitud de juicio político.
En el trámite del enjuiciamiento político al Vicepresidente de la República, varios miembros del Consejo de Administración Legislativa adelantaron sus pronunciamientos públicos de que se debe archivar este Juicio. En su sesión de 16 de julio de 2017, excediéndose de sus atribuciones al formular una valoración de las pruebas, el CAL decidió archivar el juicio, con el argumento de que la solicitud no cumplía con los requisitos exigidos por la ley y afirmando que un documento presentado en el caso Caminosca no podía ser presentado como anuncio de prueba, ya que el mismo ?ha sido obtenido, probablemente, de manera ilegal y no puede constituir de acuerdo a nuestra Constitución y nuestra ley prueba alguna?. Se trataba de un archivo anunciado.
El CAL no consideró las demás pruebas, pero valorando las presentadas por los peticionarios del Juicio Político dispone el archivo del juicio político.
El Artículo 129, numeral 3, inciso segundo de la Constitución preceptúa que para iniciar el juicio político se requiere el dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional. En armonía con esta norma, el Artículo 88 de la invocada Ley Orgánica de la Función Legislativa consagra que una vez conocida la solicitud y verificado el cumplimiento de los requisitos, el Consejo de Administración Legislativa remitirá la misma a la Corte Constitucional para que emita el dictamen de admisibilidad.
Comisión de Fiscalización y Control Político.
El dictamen de admisibilidad y la documentación respectiva debe remitirse al Presidente de la Comisión de Fiscalización y Control Político para que avoque conocimiento y sustancie el trámite y notifique al Vicepresidente de la República para que, en el plazo de cinco días, ejerza su derecho a la defensa oral o escrita y presente las pruebas de descargo. También serán notificados los asambleístas solicitantes, para que presenten las pruebas de las que dispongan, en el plazo de cinco días.
La Comisión de Fiscalización y Control Político, en el plazo de cinco días, enviará a la presidencia de la Asamblea un informe para conocimiento del Pleno: Artículo 91 de la citada Ley. La presidencia de la Asamblea dispondrá la difusión del informe y dentro de 48 horas de dicha difusión, la presidencia de la Asamblea deberá incorporar en el orden del día para conocimiento del Pleno de la Asamblea, para proceder a la censura o destitución: Artículo 92 de la citada Ley.
Derecho a la defensa. El Artículo 93 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa se dispone que el enjuiciado ejerza su derecho a la defensa, alegando ante el Pleno de la Asamblea, en la fecha y hora señaladas en el orden del día.
Hasta dos asambleístas designados entre los solicitantes llevarán a cabo la interpelación y luego replicará el Vicepresidente de la República, quien, al terminar su intervención, se retirará del Pleno, declarándose abierto el debate, en el mismo que pueden participar todos los asambleístas, exponiendo sus razonamientos, en un tiempo máximo de diez minutos, sin derecho a réplica.
Sesión del Pleno.
Por mandato del Artículo 94 de la invocada Ley, una vez concluido el debate, en el plazo de cinco días, la presidencia de la Asamblea convocará a sesión del Pleno, para resolver de manera motivada con base de las pruebas de descargo del Vicepresidente sobre la censura o destitución. Si no existiera moción de censura y destitución, se archivará la solicitud.
Censura o destitución.
En el artículo 95 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa se contempla que para la censura se necesitan los votos favorables de por lo menos las dos terceras partes de los miembros de la Asamblea Nacional y se procederá a la destitución del enjuiciado. Además, si como consecuencia de la censura se producen indicios de responsabilidad penal, se dispondrá que el asunto pase a conocimiento de la autoridad competente. El inciso final del Artículo 95 prescribe que ?En ningún caso podrá volverse a proponer juicio político por los mismo hechos?.
Según el Artículo 87 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la solicitud de juicio político será:
1. Debidamente fundamentada;
2. Contendrá los cargos;
3. El anuncio de la totalidad de la prueba a presentarse;
4. Adjuntando la prueba documental de que se disponga ese momento;
5. Las firmas de por lo menos una tercera parte de los miembros de la Asamblea Nacional;
6. En el formulario correspondiente; y,
7. Declarando que dichas firmas corresponden a sus titulares.
El CAL debía revisar si se han cumplido estos requisitos y no pronunciarse sobre las pruebas.
La decisión de archivo ha sembrado desconfianza.
?CRONICA DE UN ARCHIVO ANUNCIADO?. Los habitantes de este hermoso Ecuador anhelamos el imperio de la Ética, la decencia, la honestidad y el brillo de los altos valores.
Hemos asistido a una nueva y repetitiva ?crónica de un archivo anunciado? de un Juicio Político, pero ya estábamos advertidos por Manuel Aragón Reyes que en el juicio político
?LA DECISIÓN NO SE TOMA POR LA FUERZA DEL DERECHO SINO DE LOS VOTOS?.