Source: https://www.scribd.com/document/201371437/sentencia-corte-espanola
Timestamp: 2018-10-20 06:25:34
Document Index: 11603033

Matched Legal Cases: ['e contrario', 'artículo 18', 'artículo 24', 'artículo 24', 'artículo 24', 'artículo 52', 'artículo 24', 'artículo 14', 'artículo 24', 'artículo 24', 'artículo 24', 'artículo 24', 'artículo 18', 'artículo 24', 'artículo 49', 'artículo 50', 'artículo 49', 'artículo 44', 'artículo 117', 'artículo 44', 'artículo 4', 'artículo 90', 'artículo 24', 'artículo 24', 'artículo 24', 'artículo 306', 'artículo 24', 'artículo 24', 'artículo 306', 'artículo 24', 'artículo 24']

principio de inmaculacion de la prueba
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por doña Adela Asua Batarrita, Presidenta, don Fernando Valdés
Dal-Ré, don Juan José González Rivas, don Pedro José González-Trevijano Sánchez y don Enrique López y López, Magistrados, ha pronunciado
SENTENCIA En el recurso de amparo con número de registro 5.790/2012, promovido por Da Liliana del Cisne Romero Salas, representada por el procurador don Jesús María Escribano Rueda y asistida por el letrado don Joaquín Belles Muñoz, contra las sentencias recaídas en el procedimiento número 823/2010, en fechas 2 de diciembre de 2010 y 8 de julio de 2011, que fueron dictadas, respectivamente, por el Juzgado de lo Social n° 14 de los de Madrid y la Sección Primera de la Sala de lo Social del TSJ de Madrid (Recurso 1888/2011), y contra el Auto de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de fecha 5 de julio, en cuya virtud se inadmite el Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina interpuesto contra la última de las sentencias citadas (Recurso 3388/2011) . Han sido parte las entidades SIGLA S.A y SIGLA IBÉRICA S.A., representadas por el procurador don Manuel Lanchares Perlado y asistidas por el letrado don Jorge Sarazá Granados. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido ponente el Magistrado don Pedro González-Trevijano Sánchez, quien expresa el parecer de la Sala.
a) En fecha 9 de junio de 2010, la recurrente interpuso demanda por despido nulo y subsidiariamente improcedente contra su empleadora “SIGLA, S.A” y “SIGLA IBÉRICA, S.A”. En dicho escrito, además de la nulidad y subsidiaria improcedencia del despido, se interesó el abono de una indemnización por la supuesta lesión de su derecho fundamental a la intimidad personal. La demanda fue turnada al Juzgado de lo Social n° 14 de Madrid, que incoó el procedimiento número 823/2010.
b) El despido impugnado por la demandante trajo causa de unos hechos denunciados ante la Policía por su empleadora, concretamente en fecha 15 de abril de 2010. Dicha denuncia fue turnada al Juzgado de Instrucción n° 41 de los de Madrid, que acordó la incoación de diligencias previas n° 2.519/2010. Los extremos de la denuncia fueron, en síntesis, los siguientes: en los días 22 y 23 de marzo de 2010, la demandante extrajo sendos sobres que contenían, cada uno de ellos, mil euros procedentes de la recaudación del establecimiento VIPS de la zona de Azca. Los sobres se habían depositado en una caja configurada como buzón, que estaba ubicada en una dependencia de los locales del establecimiento antes referido. En ese habitáculo se hallaba instalada una cámara de vigilancia que grabó las imágenes de la sustracción, las cuales se incorporaron a un DVD que se adjuntó con la denuncia.
c) Por auto de fecha 21 de julio de 2010, el Juzgado de lo Social estimó el recurso de reposición interpuesto por la demandante y acordó librar exhorto al Juzgado de Instrucción n° 41 para que procediera a remitir testimonio de las actuaciones y, en concreto, copia del DVD en el que se contenían las citadas grabaciones de la cámara de seguridad. El órgano exhortado remitió testimonio de los particulares interesados, entre los que figuraban ocho fotogramas
la demandante comunicó al Juzgado de lo Social que en las grabaciones contenidas en el DVD se encontraban algunos pasajes en los que se apreciaba que la dependencia en cuestión era utilizada por la actora y otros trabajadores como vestuario. considerando que ése era el único aspecto relevante para el litigio. d) Por escrito de fecha 26 de noviembre del 2010. ninguno de los testigos propuestos por la parte demandada admitió que los trabajadores se cambiaran de ropa en el habitáculo antes indicado. como prueba documental. Dicha sentencia consideró probada la sustracción de los sobres que contenían el dinero -hecho este que motivó el despido-. La parte demandada negó que dicha oficina se utilizara como vestuario. La Magistrada admitió expresamente la incorporación. de la copia del DVD remitido por el Juzgado de Instrucción n° 41 de Madrid.como algunos otros trabajadores se cambiaban de ropa en dicha oficina. declaró procedente el despido de la demandante y absolvió a las empresas demandadas de todos los pedimentos deducidos de contrario. El letrado de la parte demandante interesó. aduciendo que los fotogramas positivados en soporte de papel reflejaban los momentos en que se produjo la extracción de sobres de la caja de seguridad. En el trámite de conclusiones. la recurrente y otros compañeros aparecían en ropa interior. en fecha 2 de diciembre de 2010. en consecuencia. . facilitando el detalle de la identificación horaria.3 correspondientes a algunos pasajes de la grabación. que se exhibieran determinados pasajes de la grabación de la cámara de seguridad. g) El Juzgado de lo Social dictó. sentencia desestimatoria de la demanda y. al ser dicha prueba lesiva para el derecho a la intimidad. pues la empresa lo tenía expresamente prohibido. de hecho. f) Durante la práctica de la prueba testifical. e) El acto del juicio tuvo lugar el día 1 de diciembre del 2010. la parte demandante reiteró la nulidad de la grabación. en base a lo acreditado por la prueba documental. concretamente referidos a los momentos en que se produjo la extracción de los sobres que contenían el dinero. La Magistrada denegó tal visionado. no obstante. con la finalidad de constatar que tanto la recurrente -de quien dijo que aparecía en ropa interior. La parte demandante interesó la nulidad de las grabaciones obtenidas con la cámara de seguridad. pues manifestó que la oficina donde se hallaba la caja en que se guardaban los sobres con dinero era usada por el equipo gerencial como vestuario.
la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid desestimó el recurso en su integridad. escenas pertenecientes a la esfera íntima de las personas que se cambian en ese cuarto. y en particular en la entrada. Por Sentencia. los citados testigos […]. la sentencia dispensa el siguiente razonamiento: “La actora. por lo que. amén de la pretendida vulneración del derecho a la intimidad. fundamenta básicamente su defensa en que tales grabaciones han sido realizadas vulnerando los derechos fundamentales de los trabajadores. la demandante interpuso recurso de suplicación. puesto que manifiesta fueron tomadas en un cuarto utilizado como vestuario por los trabajadores de la empresa. es que de los fotogramas que obran a los folios 151 a 156 y 323 a 354 de autos no se colige la . en el fundamento jurídico décimo sexto: “En este punto. que coinciden con las aportadas por la parte demandada. h) Respecto de la alegación. de fecha 8 de julio del 2011. relativa a la grabación de los hechos. i) Contra la referida sentencia. siendo tal hecho conocido por todos los trabajadores del centro.4 especialmente las grabaciones remitidas por el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid. la Sala ofreció el siguiente razonamiento. existen pegatinas en la pared advirtiendo de la existencia de cámaras de seguridad. y por lo manifestado por los testigos. manifestaron los citados testigos que en distintas partes del establecimiento. bajo juramento. si bien no niega que sea la persona que aparece en las citadas reproducciones fotográficas. existiendo otra habitación distinta del establecimiento destinada al uso exclusivo de vestuario. tal y como manifestaron. No obstante. formulada por la parte demandante. y a la propia imagen que se atribuye a las grabaciones obtenidas por la cámara de seguridad. y en el que estaba prohibido a los trabajadores comer o cambiarse de ropa. En relación con la solicitud de nulidad del juicio. donde cada uno de los trabajadores tenía su propia taquilla. alegado por la actora”. aparte de grabar lo que en él ocurre en relación con el buzón o caja de recogida de dinero. la recurrente hace hincapié en que el local donde está colocada la cámara de seguridad sirve de vestuario al personal. registró. la grabación fue efectuada en un cuarto exclusivamente dedicado como oficina del establecimiento. en el que se guardaba en las cajas de seguridad correspondientes la recaudación realizada. igualmente. Lo que sucede. relativa a la vulneración del derecho fundamental a la intimidad. por todo lo cual no cabe apreciar vulneración alguna de derecho fundamental. pegatinas estas con la ilustración aportada como documento número 13 por la demandada y reconocida por los testigos. con motivo de haberse postergado las normas y garantías del procedimiento hasta el extremo de producir indefensión. Igualmente.
1 de la CE). Dicho recurso fue inadmitido por auto de fecha 5 de julio del 2012. por lo que era hábil para desplegar los efectos probatorios que la Juez de instancia le atribuyó”. y a la propia imagen (artículo 18.5 realidad de esta afirmación. j) Contra la sentencia referida en el apartado anterior. habida cuenta que. . la demandante interpuso recurso de casación para la unificación de doctrina. personal y familiar. sobre la base de que la cámara de seguridad grabó imágenes de una habitación que el equipo gerencial usaba como vestuario. en los términos requeridos por la doctrina constitucional. aun cuando las grabaciones fueron remitidas por el Juzgado de Instrucción y admitidas como prueba. en la demanda se denuncia la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (artículo 24. habida cuenta que entre la sentencia recurrida y las aportadas a modo de contraste no se apreció la contradicción exigida legalmente. estando enfocada en todo momento la cámara de seguridad hacia las cajas o cofres en donde se recoge el dinero de la recaudación”. Más adelante. Desde luego.2). no incurrió en las lesiones constitucionales que se le achacan. pese a ser reiteradamente interesado por aquélla. por tal motivo. Por otra parte. sin embargo no se llevó a cabo su visionado en el acto del juicio. en el fundamento jurídico décimo octavo la Sala ad quem señala: “Resumiendo. En la demanda de amparo se alega la infracción del derecho fundamental a la intimidad. los derechos fundamentales antes reseñados.1 de la CE). sobre la base de que la decisión de la juzgadora de instancia no vulneró el derecho de defensa. la grabación que la actora impugna como prueba ilícita por vulnerar. la demandante alega que. la habitación en la que se produjeron los hechos no se asemeja de ninguna manera a un vestuario. al igual que todas aquellas relacionadas con las imágenes obtenidas. según ella. 3. al lesionar las grabaciones el derecho a la intimidad. tras el interrogatorio a que fue sometida por la parte demandada. se recogen escenas en que los trabajadores se están cambiando de ropa. en el fundamento jurídico vigésimo segundo de la sentencia de suplicación se desechó dicha queja. y del derecho a un procedimiento con todas las garantías y a utilizar todos los medios de defensa (artículo 24. dicha prueba debió declararse nula y sin eficacia alguna. Asimismo. Respecto de la queja referida a la inadmisión de las preguntas que pretendió formular su propio letrado.
Por diligencia de ordenación. como dato a tener en cuenta para apreciar la especial trascendencia constitucional. Mediante escrito presentado por el Procurador don Manuel Lanchares Perlado. de modo palmario. los cuales han desoído.6 También alega la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (artículo 24. también pone de relieve.A. Seguidamente.2 de la CE). Por escrito presentado el día 24 de julio del 2013. así como la práctica de los emplazamientos pertinentes. se acordó tener por personado al referido Procurador. se personaron en el procedimiento. y SIGLA IBÉRICA S. la doctrina constitucional establecida en relación con el derecho a la intimidad. se solicitó de los órganos judiciales que intervinieron en el proceso la remisión de certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes. el día 9 de septiembre del 2013. de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52. de fecha 3 de julio del 2013. Por último. a un proceso con todas las garantías (artículo 24. y los restantes derechos fundamentales cuya vulneración es objeto de denuncia. que el cumplimiento de este requisito exige de un razonamiento diferenciado respecto del empleado para justificar la vulneración de los derechos. se acordó la admisión a trámite de la demanda de amparo.1 de la CE).A. sin siquiera comprobar si eran pertinentes o no. Por providencia de la Sala Segunda. a su vez. de fecha 11 de abril del 2013.1 de la LOTC. en primer lugar. lo que denomina vulneración múltiple de derechos fundamentales en un mismo proceso 4. . la demandante ratificó íntegramente los términos del recurso de amparo interpuesto. las entidades SIGLA S. así como del derecho a la igualdad ante la ley contemplado en el artículo 14 de la Carta Magna. así como dar vista de las actuaciones recibidas a las partes personadas y al Ministerio Fiscal por plazo común de veinte días. la demandante argumenta. 6. En apoyo de la especial trascendencia constitucional del recurso. en la representación indicada. destaca los efectos negativos que se derivarían si el Tribunal Constitucional no reparara las vulneraciones de derechos cometidas por los órganos judiciales. En síntesis. la demandante denuncia el hecho de que a su representación letrada no le fuera permitido efectuarle preguntas tras el interrogatorio que llevó a cabo la parte demandada. 5.
En resumen. además. En apoyo del óbice procesal planteado. la juzgadora debió considerar innecesaria la práctica . cuyo contenido. la falta de transcendencia constitucional del recurso interpuesto. por otro lado. extremo este que fue debidamente comprobado a través de los fotogramas incorporados a las actuaciones. previsiblemente. habida cuenta que la empresa facilitó suficiente publicidad a la instalación de la cámara de seguridad. alega que las razones ofrecidas por la demandante no justifican la especial trascendencia constitucional del amparo solicitado y. cuestiona que la falta de visionado del DVD en el acto del juicio. la cámara fue colocada de manera que enfocara el lugar donde estaba instalada la caja fuerte. Por último. haya causado efectiva indefensión. realmente haya lesionado el derecho a un proceso con todas las garantías y. la parte demandada descarta la vulneración del derecho a la intimidad.7 7. añade. a criterio de la juzgadora. a lo que se suma el dato de que la recurrente no solicitó en tiempo y forma la exhibición del DVD. no lesionó el derecho a la intimidad de la recurrente. que la finalidad perseguida era legítima -la protección y vigilancia del patrimonio empresarial-. para lo cual la recurrente pudo hacer uso de otros elementos probatorios. haya supuesto una lesión material del derecho de defensa. Además. tampoco considera que el hecho de que la juzgadora impidiera a la recurrente contestar a las preguntas de su letrado. sólo resultaba relevante para acreditar la realidad de las sustracciones de los sobres. En primer lugar señala. toda vez que ambas partes procesales tenían cabal conocimiento de su contenido. La representación procesal de las entidades demandadas presentó escrito de alegaciones el día 9 de septiembre del 2013. además. En cuanto al fondo. que el habitáculo donde se ubicó dicha cámara no era un vestuario y. En cualquier caso. se apunta que el presente caso no es susceptible de ser incardinado alguno de los supuestos enunciados en el fundamento jurídico segundo de la STC 155/2009. dicho interrogatorio solamente habría tenido por objeto servir de instrumento de descargo. como causa de inadmisión. En tal sentido señala que. dado que la empresa tenía expresamente prohibido que dicho lugar se utilizara a modo de vestuario. en el hipotético caso de que la actora se hubiera cambiado de ropa en la oficina donde se hallaba la caja buzón. de 25 de julio. A su vez. la medida de vigilancia adoptada por la empresa fue proporcional y adecuada para el cumplimiento de una finalidad legítima y. tampoco cabría apreciar lesión del derecho a la intimidad. por ende.
el Ministerio Publico señala que los hechos probados. no recogen los extremos en que la demandante fundamenta la vulneración del derecho a la intimidad. es decir. si se hubieran visionado las partes del DVD que la demandante interesó. minuto y segundo. el Ministerio Fiscal considera. estando en juego la presunta vulneración de un derecho fundamental. Por escrito presentado el día 30 de septiembre el Ministerio Fiscal evacuó el trámite de alegaciones que le fue conferido. habida cuenta que no existió vulneración de los derechos fundamentales por parte de la empresa. desde las perspectiva del derecho fundamental invocado. resulta imposible pronunciarse sobre la vulneración del derecho aludido. había sido admitida mediante la incorporación del DVD a las actuaciones. la juzgadora estaba obligada a practicar la prueba en los términos interesados.8 de dicho interrogatorio. que algunos trabajadores se cambiaban de ropa en la oficina donde se hallaba el buzón de seguridad. a su vez. el Fiscal considera que el derecho fundamental a la prueba que reconoce el artículo .1 de la CE) y el derecho a la prueba (artículo 24. al margen de cuál fuera en realidad el contenido de lo grabado por la cámara de seguridad. que fueron fijados por los órganos judiciales. tras haber procedido al visionado del soporte en que fue grabado el juicio oral. A juicio del Fiscal. prueba que. habida cuenta de la divergencia existente entre la versión que ofrece la demandante y el relato fáctico que recogen las sentencias dictadas por los órganos judiciales. en los que figuraba la extracción de los sobres que contenían dinero. Por ello. En síntesis. 8. lo cierto es que.2 de la CE). No obstante. tratándose de un medio de prueba admitido y útil para demostrar los hechos alegados por la demandante y. bajo la alegación de que lo único que interesaba al proceso eran los pasajes reproducidos en fotogramas de papel. el órgano judicial de instancia denegó el visionado solicitado. si la lesión del referido derecho se produjo o no. las imágenes recogidas habrían sido objeto de valoración contradictoria por los intervinientes y. con notable relevancia para el resultado final del litigio. Por ello. además. el órgano judicial habría podido ponderar. En fin. con identificación exacta de la hora. por otra parte. Respecto de la pretendida vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías (artículo 24. que el letrado de la demandante propuso el visionado “in situ” de diferentes pasajes del material grabado por la cámara de seguridad.
tras el interrogatorio efectuado por la parte demandada. se acordó señalar. Dicha parte sostiene que la utilización como prueba de la grabación obtenida por la cámara de seguridad. Añade que la denegación. de fecha 2 de diciembre del 2010. Fundamentos jurídicos 1. el día 16 de diciembre del mismo año. el derecho a la tutela judicial efectiva sin padecer indefensión (artículo 24. Para la representación procesal de las empresas SIGLA S. en consecuencia. El presente recurso de amparo se dirige contra la Sentencia del Juzgado de lo Social número 14 de los de Madrid. 9.2 de la CE resultó lesionado y. II. . Por último. considera que inadmisión del interrogatorio de la demandante por parte de su letrado. a la sazón instalada en el habitáculo en que se hallaba el buzón que contenía la recaudación.1 de la CE). vulneró el derecho a la intimidad de la declarante y el derecho a un proceso contra todas las garantías.1 de la CE) y el derecho a un proceso con todas las garantías y a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa (artículo 24. se le impidió acreditar que la oficina donde estaba instalada la cámara de seguridad.2 de la CE). era utilizada por los miembros del equipo gerencial para cambiarse de ropa. interesa el otorgamiento del amparo por vulneración del derecho anteriormente citado. la demandante no ha acreditado la especial trascendencia constitucional del recurso de amparo y. Por providencia de fecha 12 de diciembre del 2013. puesto que.9 24. recaída en el procedimiento número 823/2010. Y SIGLA IBÉRICA S. para la deliberación y votación. conculcó el derecho su derecho de defensa. habida cuenta que dicha habitación era utilizada como vestuario por los trabajadores. en fecha 8 de julio 2011 (Recurso 1888/2011) y contra el Auto de inadmisión dictado en el Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina número 3388/2011. La parte demandante denuncia la vulneración del derecho a la intimidad y a la propia imagen (artículo 18. con tal denegación. la dictada en sede de suplicación por la Sección Primera de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. de fecha 5 de julio del 2012.A.A. por parte de la juzgadora de instancia. de la reproducción de determinados pasajes del DVD incorporado a las actuaciones vulneró el derecho de la demandante a un proceso con todas las garantías y a utilizar los medios de prueba para su defensa.
toda vez que los hechos que recogen las sentencias dictadas por los órganos judiciales difieren sustancialmente de lo alegado por la recurrente. al no acceder la juzgadora de instancia a la exhibición de los pasajes del DVD señalados por dicha parte. Y SIGLA IBÉRICA S. 2.10 además. Sin embargo. toda vez que la cámara de seguridad instalada enfocaba directamente sobre el buzón que contenía la recaudación. Por otro lado. los hechos que ésta última pretendía demostrar. en el presente caso no concurre esa significada trascendencia.A. Previamente a adentrarnos en el análisis del fondo de la cuestión sometida a enjuiciamiento. Según doctrina reiterada de este Tribunal. cumple decir que el análisis de la justificación de la especial trascendencia constitucional del recurso también puede verificarse en el trámite en que nos hallamos. en su caso. así como de la efectiva ausencia de dicha trascendencia. no se ha producido ninguna de las vulneraciones señaladas por la demandante. la comprobación de los presupuestos para la viabilidad del recurso pueden volverse a abordar o reconsiderarse en la Sentencia. dando lugar. cambiándose de ropa. respecto de la falta de justificación de la especial trascendencia constitucional del recurso de amparo. debe abordarse el óbice procesal señalado por la representación procesal de SIGLA S. ni sobre la consecuente nulidad de las grabaciones obtenidas por la cámara de seguridad. que la oficina antes mencionada era utilizada como vestuario y.A.2 de la CE). la oficina donde se ubicó la cámara no era ningún vestuario y la empresa tenía prohibido cambiarse de ropa en dicho lugar. en las imágenes incorporadas al DVD. Por consiguiente. que tanto la recurrente como otros trabajadores aparecían. por último. es decir. “los defectos insubsanables de que pudiera estar afectado el recurso de amparo no resultan sanados porque la demanda haya sido inicialmente admitida a trámite. el hecho de que al letrado de la parte demandante le fuera impedido repreguntar a esta última no le originó indefensión material. en tanto que a la demandante le fue impedido acreditar. de oficio o a instancia de parte. pues no reflejan que la oficina donde estaba instalada la cámara de seguridad fuera un lugar en el que se cambiaran de ropa los miembros del equipo gerencial. para el Fiscal sí ha existido vulneración del derecho fundamental a la prueba (artículo 24. En primer lugar. Para el Ministerio Fiscal no cabe pronunciarse con certidumbre sobre la vulneración del derecho a la intimidad. a un pronunciamiento de inadmisión por falta .
FJ 2 se identificaron. no parece que la recurrente haya justificado del mejor modo posible la concurrencia del requisito procesal tratado en este apartado. criterio que también rige cuando se trata de la carga de justificación de la especial trascendencia constitucional que corresponde al recurrente (STC 69/2011 de 16 de mayo. no sólo como una carga procesal de la parte. sin ánimo exhaustivo. FJ2)”. FJ 2. el demandado también planteó la inobservancia del requisito a que se ha hecho mención: “También debe considerarse que el deber de redactar la demanda con claridad y precisión (art. . de 26 de octubre. en lo que ahora interesa. 49. Su ausencia es insubsanable toda vez que “la interposición del recurso de amparo está sujeta a plazos de caducidad preclusivos. tiene un alcance instrumental. no cabe sino hacer un uso prudente de la facultad de inadmitir posteriormente la demanda por meros defectos en el modo de redactarla”.1 LOTC) y. FJ 3).1 b) de la LOTC ofrece”. Asimismo. También hemos de recordar que la justificación de ese requisito “se configura. el requisito exigido por el artículo 49. en cuanto se dirige a proporcionar al Tribunal elementos de juicio para decidir sobre la admisibilidad de la demanda.1 de la LOTC. habida cuenta de que el legislador ha querido que la valoración del Tribunal acerca de la especial trascendencia constitucional de cada recurso venga siempre precedida de la iniciativa y apreciaciones de la parte. si ab initio el Tribunal se consideró suficientemente ilustrado. ha de considerarse que la recurrente ha cumplimentado. de 15 de octubre. FJ 2 y STC 143/2011. que no pueden ser reabiertos para dar cumplimiento a un requisito que afecta directamente a la determinación misma de la pretensión deducida en el recurso de amparo” (STC 176/2012. tras la admisión a trámite de la demanda de amparo. FJ 3). de 28 de febrero. En fin. así como de los tres criterios que el artículo 50.1 de la LOTC. en un supuesto en que. sino también como un “instrumento de colaboración con la Justicia constitucional. hemos de señalar que en la STC 155/2009. determinados supuestos propiciadores de la apreciación de la especial trascendencia constitucional. siquiera sea mínimamente. sin perjuicio del perfil abierto de ese concepto. lo que posibilita la aplicación al caso de la argumentación expuesta en la STC 17/2011. de 25 de junio. Descendiendo al análisis del escrito de demanda. recogidas en su escrito de demanda” (STC 69/2011. es de apreciar el esfuerzo dialéctico realizado para satisfacer la carga impuesta por el artículo 49. incorporar de modo suficiente alegaciones tendentes a justificar la especial trascendencia constitucional del recurso.11 de tales presupuestos. No obstante. de 16 de mayo.
50. asimismo. Siguiendo el orden establecido en la demanda. la cual deja incólumes los hechos probados fijados en la instancia. Como con acierto pone de manifiesto el Fiscal. como la de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. en el fundamento jurídico cuarto de la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social.1 b) LOTC. el primer aspecto que la recurrente somete a la consideración de este Tribunal versa sobre la vulneración del derecho a la intimidad y la consiguiente nulidad de las grabaciones obtenidas por la cámara de seguridad. la flexibilidad con que debe de ser valorada la concurrencia de ese requisito y. en base a lo manifestado por los testigos. es a este Tribunal a quien corresponde apreciar si el contenido del recurso justifica una decisión sobre el fondo en razón de su especial trascendencia constitucional. FJ 2” (STC 183/2011. a “su importancia para la interpretación de la Constitución. En un estadio anterior del procedimiento. por ello. habida cuenta que tanto la sentencia del Juzgado de lo Social número 14. expresamente se indica.de 21 de noviembre. criterios que ha desarrollado la STC 155/2009. debe rechazarse la objeción planteada por la parte demandada sobre esta cuestión. Despejado el óbice procesal planteado por la demandada. el relato fáctico que los órganos judiciales han considerado probado difiere sustancialmente de la versión que ofrece la demandante. Por tanto. que el referido habitáculo estaba destinado . “En efecto. de 25 de junio.12 Por otra parte. en atención a la prudencia con que debe conducirse este Tribunal para apreciar la falta de ese requisito en el trámite actual. este Tribunal consideró acreditada la especial trascendencia del recurso de amparo sometido a enjuiciamiento y. según doctrina consolidada de este órgano. para su aplicación o para su general eficacia y para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”. principalmente por las singularidades que reviste el presente caso en relación con el derecho constitucional a la práctica de la prueba. procede a continuación abordar las diferentes cuestiones de fondo planteadas en el presente recurso. atendiendo. se acordó su admisión. sino que. si bien el recurrente debe satisfacer necesariamente la carga de justificar la especial trascendencia constitucional del recurso. no sólo no contemplan que el cuarto donde se encontraba el buzón de seguridad fuera utilizada por el personal para cambiarse de ropa. FJ 2). 3. El criterio entonces seguido por este Tribunal se mantiene inalterado. corresponde a este Tribunal apreciar la concurrencia de la especial trascendencia constitucional ad casum pues. conforme al art.
arbitrarios o carentes de todo apoyo en las actuaciones judiciales. y a los empleados les estaba prohibido comer o cambiarse de ropa. Es por tanto. el artículo 44. pueda ser o no acreditada la realidad de los hechos descritos en la demanda. en un futuro. les atribuye el artículo 117.1b) de la LOTC proscribe que el Tribunal Constitucional pueda entrar a conocer sobre los hechos que dieron lugar al proceso sustanciado ante el órgano judicial. sino que salvo casos excepcionales en que éstos sean irrazonables.1 b) de la LOTC exige que la violación del derecho o libertad sea imputable de modo inmediato y directo a una acción u omisión del órgano judicial con independencia de los hechos que dieron lugar al proceso acerca de los que en ningún caso entrará a conocer el Tribunal Constitucional. ya que aparte de otros requisitos. . Este aspecto es tributario de un tratamiento independiente respecto del anterior motivo y. De manera elocuente la STC 62/1982. corresponde a los Jueces y Tribunales en el ejercicio de la potestad jurisdiccional que. FJ5). Ante ese panorama.3 de la CE” (STC 7/1993. FJ 3 sostiene que “De ahí que la competencia del Tribunal Constitucional sea en este caso de carácter limitado. toda vez que el artículo 44. que se denuncia en la demanda. de los extremos en que la demandante funda la invocada vulneración del derecho a la intimidad y la consecuente nulidad de las imágenes obtenidas por la empresa demandada. de 12 de febrero. y la consiguiente nulidad de las grabaciones. este Tribunal ha afirmado que “El recurso de amparo no es una nueva instancia revisora de los hechos afirmados por los órganos judiciales. de 17 de noviembre. además. la apreciación y valoración de los mismos. de forma exclusiva y excluyente. Sobre ese particular. no cabe emitir pronunciamiento alguno sobre las referidas pretensiones. De conformidad con la doctrina trascrita y ante la falta de reconocimiento expreso por parte de los órganos jurisdiccionales. lo cual no obsta para que. la respuesta que sobre el mismo ofrezca este Tribunal será determinante para que. se aborde la temática suscitada en relación con la denegación del visionado de los pasajes del DVD interesados por la demandante en el juicio oral. obligado para nosotros el partir de los hechos que dieron lugar al proceso declarados probados por las sentencias impugnadas”. este Tribunal no puede emitir un pronunciamiento sobre la eventual vulneración del derecho a la intimidad. en relación con las imágenes grabadas con la cámara de seguridad.13 exclusivamente a servir de oficina. a continuación.
y 26/2000. 24. FJ 4. del que es inseparable (SSTC 131/1995. en lo no expresamente previsto.14 4. 1/1996. de 4 de julio. 50/1988. de 15 de enero. contemplada en su artículo 4. de 11 de septiembre. FJ 3 )”. FJ 3. FJ 2 )" (STC 19/2001. dada la expresa supletoriedad de esta última norma. “Este Tribunal ha puesto no obstante de relieve “las íntimas relaciones del derecho a la prueba con otros derechos garantizados en el art. de 22 de marzo. de 28 de mayo. en el mismo sentido. la que ha permitido afirmar que el contenido esencial del derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes se integra por el poder jurídico que se reconoce a quien interviene como litigante en un proceso de provocar la actividad procesal necesaria para lograr la convicción del órgano judicial sobre la existencia o . el contenido de dicho soporte no fue exhibido en el acto del juicio oral. Tal solicitud fue rechazada por la juzgadora. FJ 2. de 30 de junio.1 CE). Sin embargo. FFJ 3 y 4. STC 133/2003. de 1 de julio. FJ 2. 110/1995. cuyo alcance incluye las cuestiones relativas a la prueba (SSTC 89/1986.2 382 y concordantes de la LEC. En las reseñadas SSTC 19/2001 y 133/2003 apuntábamos que "ha sido justamente esta inescindible conexión (con los otros derechos fundamentales mencionados. en lo establecido en los artículos 299. que a los efectos del proceso sometido a enjuiciamiento sólo interesan los pasajes que reflejan la sustracción de los sobres del interior del buzón de seguridad. este Tribunal ha tenido ocasión de establecer doctrina sobre su alcance instrumental. de 31 de enero.2 CE ). de 7 de abril. de 29 de enero. en nuestra doctrina constitucional hemos hecho hincapié en la conexión de este específico derecho constitucional con el derecho a la tutela judicial efectiva (art. en particular el derecho a obtener una tutela judicial efectiva). FJ 4. y así se recoge en el acta del juicio oral. y 221/1998.1 del Real Decreto Legislativo 2/1995. quien expresamente manifestó. FJ. de 25 de noviembre.y. por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral -norma procesal aplicable en el tiempo. 24. pese a que la demandante señaló los concretos pasajes de la grabación que pretendía que fueran visionados. y con el derecho de defensa (art. Concretamente. Según establecimos en la STC 88/2004. FJ 2. de 24 de noviembre. 189/1996. En relación con el derecho a la prueba. La admisión y práctica de dicha prueba encuentra apoyatura legal en las previsiones contenidas en el artículo 90. 24 CE. El DVD a que se ha hecho mención fue admitido como prueba e incorporado a las actuaciones. y. FJ 3 ).
por tanto. FJ 2. STC 37/2000. la argumentación recae sobre el recurrente en amparo”. tanto la relación entre los hechos que se quisieron y no se pudieron probar y las pruebas inadmitidas o no practicadas. lo que exige que. este Tribunal ha destacado de manera reiterada que el alcance de dicha garantía queda condicionado por su carácter de derecho constitucional de naturaleza procedimental.2 de la CE. y 258/2007. como el hecho de que la resolución judicial final podría haberle sido favorable de haberse admitido y practicado dichas pruebas. de 18 de diciembre. como es notorio. FJ 2)”. FJ 4. Igualmente hemos sostenido que tal situación de indefensión debe ser justificada por el propio recurrente en amparo en su demanda. sino que exige que el solicitante de amparo haya alegado y fundamentado adecuadamente dicha indefensión material en la demanda. por ser potencialmente trascendente para el sentido de la resolución. para apreciar su vulneración. el ámbito material protegido por el derecho fundamental a utilizar los medios de prueba pertinentes no abarca las meras infracciones de la legalidad procesal que no hayan generado una real y efectiva indefensión (entre las últimas. De no constatarse la circunstancia de que la prueba inadmitida o no practicada era decisiva en términos de defensa. Desde la perspectiva del artículo 24. esto es. quede acreditada la existencia de una indefensión constitucionalmente relevante. SSTC 185/2007. la referida Sentencia añade que “Esta carga de la argumentación se traduce en la doble exigencia de que el demandante de amparo acredite. de 10 de septiembre. que no habría existido la lesión denunciada. puesto que. de 18 de noviembre. sin necesidad de ulterior análisis. recuerda cuál es el concreto contenido del derecho constitucional a la utilización de los medios de prueba pertinentes para el ejercicio del derecho de defensa: “En efecto. resultará ya evidente ab initio. la STC 76/2010. FJ 3 )". . que hubiera podido tener una influencia decisiva en la resolución del pleito. como hemos señalado. resultando necesario demostrar que la actividad probatoria que no fue admitida o practicada era decisiva en términos de defensa. pues la tarea de verificar si la prueba es decisiva en términos de defensa y. Más adelante. de 14 de febrero.15 inexistencia de los hechos relevantes para la decisión del conflicto objeto del proceso (por todas. constitucionalmente trascendente. no puede ser emprendida por este Tribunal Constitucional mediante un examen de oficio de las circunstancias concurrentes en cada caso concreto. habida cuenta de que. quedando obligado a probar la trascendencia que la inadmisión o la ausencia de la práctica de la prueba pudo tener en la decisión final del proceso.
217/1998 y 219/1998)”. 5. acaso. y así. pues sólo en tal caso -comprobado. habida cuenta que tales imágenes fueron obtenidas con vulneración del derecho a la intimidad. De la constatación de ese dato fáctico deriva. es doctrina de este Tribunal que la incorrecta practica de una prueba admitida puede revestir relevancia constitucional. lo cierto es que en su tenor queda reflejado cuál era el principal objetivo perseguido a través del visionado del DVD incorporado a las actuaciones. de 31 de mayo. la comprobación. “De ahí que para que este Tribunal pueda apreciar la referida lesión constitucional se venga exigiendo. haber sido otro si la prueba se hubiera admitido. que sea el recurrente quien demuestre la relación entre los hechos que se quisieron y no se pudieron probar y las pruebas inadmitidas o. debe examinarse si las decisiones impugnadas en el recurso de amparo han conculcado el derecho a la prueba reconocido en el artículo 24. objetivamente a una inadmisión y. la nulidad de la grabación efectuada por la cámara de seguridad de cuyas imágenes se sirvió la parte demandada para justificar la decisión extintiva de la relación laboral-. de que la oficina donde se hallaba instalada la cámara de seguridad era utilizada como vestuario por algunos empleados de la empresa. lógicamente no motivada o fundada. por otro. de haberse practicado la prueba omitida o si se hubiera practicado correctamente la prueba admitida. por una parte. dadas las circunstancias. la STC 101/1999. a saber.2 de la CE. FJ 3. entre otras. Aun cuando el esquema seguido en el recurso de amparo adolece de la deseable claridad y orden expositivo. La no práctica equivale. en el contexto del juicio oral.podrá apreciarse también el menoscabo efectivo del derecho del recurrente” (SSTC 147/1987. que argumente de modo convincente que. desde tiempo atrás este Tribunal ha proclamado que la inejecución de una prueba admitida a trámite equivale a su inadmisión. sostuvo que “el efecto de la inejecución de la prueba es o puede ser el mismo que el de su inadmisión previa. Asimismo. pues. la STC 147/87 de 25 de septiembre. la resolución final del proceso hubiera podido ser distinta. Partiendo de la doctrina transcrita en el apartado anterior. . no impide que sea aplicable al caso la doctrina reiterada del Tribunal sobre el derecho a utilizar los medios pertinentes para la propia defensa en cuya aplicación la cuestión se centra en valorar la relevancia de la omisión de la actividad judicial para el derecho constitucional mencionado”. pues como refleja. según el discurso seguido por la demandante. como ocurre en este caso indebidamente practicadas y. FJ 5. 357/1993.16 Por otra parte. que el fallo pudo. Tal peculiaridad. 1/1996.
De hecho. hemos de afirmar que. es acerca de la especial relevancia del dato que la demandante pretendía acreditar a través de la exhibición de las imágenes grabadas. respecto del local donde se efectuó la grabación. depusieron en el acto del juicio oral. e incluso. bajo la justificación anteriormente detallada. Como ya hemos apuntado anteriormente. la juzgadora de instancia rechazó que el DVD fuera visionado. dada la inejecución parcial de un medio probatorio que fue admitido e incorporado a las actuaciones. sobre lo que sí podemos y debemos pronunciarnos. al ser denegada dicha exhibición. no procede emitir pronunciamiento alguno sobre la posible lesión del derecho a la intimidad con base en los hechos que la demandante refiere. tesitura esta que resulta equiparable a los supuestos de inejecución de las pruebas cuya admisión ha sido acordada. a la postre. a instancia de la parte demandada. acerca del uso que se daba a la habitación donde se hallaba la cámara.17 Desde esa perspectiva. Es más. vista desde la perspectiva del derecho fundamental cuya lesión fue debidamente invocada. pues es necesario preservar a toda costa la subsidiariedad propia del recurso de amparo. la parte demandada y los dos testigos que comparecieron a declarar negaron tal extremo. particularmente puesta de manifiesto tras la declaración de uno de los testigos. Ciertamente. En ese sentido. Por otra parte. resulta inconcusa la relevancia del visionado del DVD. los pronunciamientos judiciales descartaron la lesión del derecho fundamental a la intimidad en virtud de lo declarado por los testigos que. se impidió a la recurrente la posibilidad de probar el sustrato fáctico en que fundamentó la referida lesión que. la proyección de las imágenes reclamadas por la parte demandante constituye un medio de notable potencial probatorio para dotar de verosimilitud a la afirmación sostenida por la actora. supuso una indebida restricción del derecho a la prueba. pese a la insistencia de la parte actora. Ahora bien. los hechos relatados en la demanda de amparo fueran ciertos. ni siquiera este Tribunal debe alumbrar conclusión alguna ante la hipótesis de que. el dato relativo a si la oficina donde se obtuvieron las imágenes era utilizada como vestuario no fue ajeno al debate entablado en el juicio oral. Según figura en la grabación del acto del plenario. Sin embargo. someter a escrutinio la credibilidad de los testigos . Tal decisión cercenó la posibilidad de acreditar cuál era el uso dado a la oficina donde estaba colocado el buzón de seguridad. pues en ninguno de los apartados de la sentencia figura mención alguna sobre la certeza o falsedad de lo afirmado. de cara a la acreditación del dato en que la demandante funda la vulneración del derecho a la intimidad. pero no tuvieron en cuenta el contenido de las imágenes a que se refiere la demandante. efectivamente. 6.
En fin. debe reconocerse la vulneración del derecho a utilizar los medios de prueba para su defensa (artículo 24.1 de la LEC.no adveran esa afirmación. El artículo 306. y la retroacción de las actuaciones al momento de resolver sobre la admisión y práctica de la prueba en el acto del juicio oral. porque los fotogramas incorporados a actuaciones -que fueron extraídos del DVD. la decisión adoptada por el órgano judicial de instancia abortó cualquier posibilidad de acreditar el elemento fáctico de la lesión del derecho fundamental denunciada. una vez finalizado el interrogatorio que llevó a cabo el letrado de la parte demandada. por ende. en tanto que.2). A su vez.2 CE) y. reconoce al abogado de la propia parte el derecho a formular nuevas preguntas que se reputen conducentes para determinar los hechos.18 que declararon en el acto del juicio. resulta obligado el otorgamiento del amparo. En consecuencia. También se denuncia la vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías (artículo 24. que se corresponde con la pretensión del legislador de que la declaración de las partes en el procedimiento se produzca sobre las preguntas formuladas en un interrogatorio libre de las mismas. principalmente porque los hechos probados recogidos en la instancia rechazan que la oficina fuera utilizada a modo de vestuario y. . de aplicación supletoria al caso. la juzgadora no permitió que el letrado de la demandante formulará pregunta alguna a su cliente. Este precepto supuso una innovación. las consecuencias de la decisión adoptada por la juzgadora a quo tuvieron reflejo en la sentencia dictada en suplicación.1) y del derecho de defensa (artículo 24. a fin de adoptar una decisión respetuosa con el derecho fundamental reconocido. todo ello sin perjuicio de la relevancia y significación jurídica que el órgano judicial hubiera podido otorgar a ese dato. la nulidad de las grabaciones efectuadas por la cámara de seguridad. en el acto del juicio oral. Por otra parte. para el caso de que su certeza hubiera quedado comprobada mediante el visionado del DVD. el razonamiento ofrecido por el órgano judicial para denegar la proyección del DVD no satisface el estándar de motivación reforzada exigido por la doctrina constitucional. 7. dado que la Sala refutó la vulneración del derecho fundamental a la intimidad. El restablecimiento de ese derecho requiere la anulación de las sentencias dictadas por el Juzgado de lo Social y la Sala de lo Social del TSJ de Madrid. además. pues no tuvo en cuenta que la solicitud formulada por la parte actora era esencial para acreditar la vulneración del derecho fundamental a la intimidad y. sin perjuicio de la facultad del juzgador para repeler las preguntas que no sean pertinentes o útiles. por ello.
como la estimación del motivo anteriormente analizado producirá la retroacción del procedimiento. especialmente con la pretendida vulneración del derecho a la intimidad. FALLO En atención a todo lo expuesto. el Tribunal Constitucional. la juzgadora le indicó que debía guardar silencio y no responder. de cara a la interposición de un recurso. sin siquiera valorar la eventual pertinencia y utilidad de las preguntas formuladas y. es más. reconocer el derecho que asiste a la demandante a ser interrogada por su letrado. POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA. Por ello. conforme a lo previsto en el artículo 306 de la LEC. debe reconocerse la vulneración del derecho defensa reconocido en el artículo 24. cuando la recurrente respondió a la primera de las preguntas que su letrado hizo constar. el órgano judicial privó de la posibilidad de ejercitar. lo cual no deja de ser un acontecimiento futuro e incierto. en consecuencia. a la parte demandante. basta con proclamar la vulneración del derecho mencionado y.19 Ciertamente. Ahora bien. es decir si la parte demandada volviera a solicitar el interrogatorio del demandante.2 de la CE. un derecho reconocido por la normativa de aplicación. Ha decidido . la reparación que podría otorgar este Tribunal sólo tendría efectividad real en la hipótesis de que se reprodujera el escenario del primer juicio. sin ofrecer una argumentación razonada sobre los motivos en que basó su decisión. asimismo. y dado que las preguntas que el letrado de la demandante pretendía realizar guardan relación con hechos concernidos por el debate procesal. Teniendo en cuenta la doctrina constitucional traída a colación en otros pasajes de esta sentencia. sin que ello suponga merma alguna de las facultades de control del órgano judicial reconocidas en la normativa procesal. En fin. al letrado de la parte demandante no le fue permitido efectuar ninguna pregunta a su cliente.
con observancia de lo establecido en los fundamentos jurídicos sexto y séptimo.2 de la CE). declarar la nulidad de las sentencias de 2 de diciembre de 2010 y 8 de julio de 2011 dictadas. Dada en Madrid. retrotrayendo las actuaciones al momento procesal oportuno.20 Otorgar el amparo solicitado por doña Liliana del Cisne Romero Salas y. 2º Restablecerla en su derecho y. eventualmente. Publíquese esta Sentencia en el “Boletín Oficial del Estado”. en su virtud: 1º Reconocer su derecho fundamental a la defensa y a utilizar los medios de prueba pertinentes (artículo 24. a tal fin. sobre las preguntas que le formule su propio letrado. por el Juzgado de lo Social de Madrid número 14 y la Sección Primera de la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. respectivamente. a fin de que el citado Juzgado se pronuncie sobre el visionado del DVD interesado por la recurrente y. a dieciséis de diciembre de dos mil trece .
Documents Similar To sentencia corte española