Source: http://www.jorgetriassagnier.com/2009/03/02/la-legislacion-espanola-sobre-interrupcion-del-embarazo-el-escandalo-de-un-fraude-de-ley/
Timestamp: 2017-07-26 10:35:35
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LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA SOBRE INTERRUPCIÓN DEL EMBARAZO: EL ESCÁNDALO DE UN FRAUDE DE LEY | Jorge Trias Sagnier
LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA SOBRE INTERRUPCIÓN DEL EMBARAZO: EL ESCÁNDALO DE UN FRAUDE DE LEY
Intervención de Jorge Trias Sagnier en la Fundación “Concordia”, que preside Alejo Vidal-Quadras, en Madrid, 2 de Marzo de 2009
El equívoco que hay organizado sobre la interrupción voluntaria del embarazo, o sea el aborto, como algunos otros equívocos jurídicos, parte de la ambigüedad del propio texto constitucional. El Artículo 15 de la CE dice:
“Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer la leyes militares para tiempos de guerra”
En ese “todos” reside toda –perdonen la redundancia- la confusión legal, pues la palabra “todos” es como un cajón de sastre que se llena o vacía a conveniencia del legislador.
Gregorio Peces-Barba, socialista y ex Presidente del Congreso de los Diputados, fue uno de los ponentes de la Constitución y se manifestó de esta forma tan clara y rotunda ante el Pleno del Congreso de los Diputados en su sesión del 6 de junio de 1978:
“Desengáñense sus Señorías. Todos saben que el problema del derecho es el problema de la fuerza que está detrás del poder político y de la interpretación. Y si hay un Tribunal Constitucional y una mayoría pro abortista, todos permitirá una ley del aborto; y si hay un Tribunal Constitucional y una mayoría antiabortista, la persona impide una ley de aborto”.
Y es desde esa concepción utilitarista de la Ley o desde lo que ahora se denomina el “uso alternativo del derecho”, como se ha organizado uno de los mayores fraudes legales que se paga, anualmente en España, nada menos que con más de un centenar de miles de vidas humanas.
Ahora bien, como eso no dejaba suficientemente tranquilas las conciencias acomodaticias de tantos y tantos “progresistas”, que todavía tenían conciencia, se decidió inventarse un nuevo concepto jurídico para poder decidir desde que momento la vida humana es embrionaria o, por el contrario, carecía de ese carácter. Entonces surgió el término que denominamos “preembrión”. Y durante esas semanas que todavía no existe, según esa falsa terminología, un embrión, podemos manipular y trabajar sobre los preembriones a nuestro antojo.
En fin, señores, cada vez estoy más convencido, pues, que la cuestión legal del aborto no se trata sólo de un fraude legal sino, también, de una cuestión de tamaño. Los derechos fundamentales de la persona van disminuyendo a medida que la vida humana se va haciendo microscópica. Muy bonito. Como en el viejo refrán popular: “Ojos que no ven, corazón que no siente”, y desde esa ausencia de sentimiento nos estamos inventando una legislación de la muerte al margen de milenarias creencias. Es más fácil, sin duda, tener la manga ancha en esto del aborto, si no se cree en Dios, Señor de la vida, que si se cree en Él.
Si no creemos en valores superiores, incluso al propio ordenamiento constitucional, ocurrirá, como dice Peces Barba, que todo quedará en manos del intérprete constitucional y de la mayoría ideológica que conforme esa interpretación. Veamos, por lo tanto, cuál es esa interpretación que el Tribunal Constitucional español ha dado a ese precepto en el que se afirma que “todos tienen derecho a la vida”.
Pero antes de proseguir en la descripción del panorama jurídico que configura la despenalización del aborto en España, quisiera detenerme en eso que tan alegremente se afirma como el derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo. Esta afirmación es uno de esos lugares comunes del “argumentario” político progresista que está basado en una mentira y carece por completo de apoyatura legal. A veces se sustituye esa afirmación por otras más eufemísticas como “el derecho a decidir sobre la maternidad o a la salud o autonomía reproductiva”, todo ello con la única finalidad de que la materia salga del Código Penal.
Ha habido profesores de derecho, alquimistas jurídicos más bien, como Javier Pérez Royo, que critican la legislación actual sobre el aborto porque, según ellos, no garantiza el derecho a decidir o el denominado derecho “a la autonomía reproductiva” de las mujeres. Conviene recordar que esos derechos no aparecen reconocidos como tales en ningún texto internacional firmado por España. No existe como derecho en la Constitución de 1978, ni en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de 4 de Noviembre de 1950, ni en la reciente Carta de derechos fundamentales de la Unión Europea de 7 de Diciembre de 2000, en cuyos trabajos preparatorios me cupo el honor de participar, formando parte de la Comisión redactora, como Comisionado de las Cortes Generales.
Las consecuencias de la interpretación fraudulenta de la despenalización del aborto ha provocado en España la espantosa cifra de 112.138 abortos en el año 2007 y aproximadamente 1 millón desde 1985; y si se aprueba la nueva Ley, llamada “Ley de plazos” o, técnicamente, Ley de interrupción voluntaria del embarazo, esa cifra sufrirá un aumento considerable ya que si ahora las clínicas que practican abortos tienen pocas trabas, entonces prácticamente no tendrán ninguna puesto que supondrá la despenalización del aborto.
Hoy, la materia se regula en el Título II del Libro II del Código Penal de 1995 –“Del Aborto”- aunque para lo que nos interesa me voy a referir al artículo 417 bis del Código Penal de 1973 que permanece vigente por la disposición derogatoria 1.a) del nuevo Código:
1ª Que sea necesario para evitar un grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la embarazada y así conste en un dictamen emitido con anterioridad a la intervención por un médico de la especialidad correspondiente, distinto de aquel por quien o bajo cuya dirección se practique el aborto. En caso de urgencia por riesgo vital para la gestante, podrá prescindirse del dictamen y del consentimiento expreso.
3ª Que se presuma que el feto habrá de nacer con graves taras físicas o psíquicas, siempre que el aborto se practique dentro de las veintidós primeras semanas de gestación y que el dictamen, expresado con anterioridad a la práctica del aborto, sea emitido por dos especialistas de centro o establecimiento sanitario, público o privado, acreditado al efecto, y distintos de aquél por quien o bajo cuya dirección se practique el aborto.
En síntesis, el aborto está ahora despenalizado en tres supuestos:
a) Para evitar un grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la madre.
b) Que el embarazo sea como consecuencia de un hecho constitutivo de un delito de violación, siempre que el aborto se practique dentro de las 12 primeras semanas de gestación. Y,
c) Que se presuma que el feto habrá de nacer con graves taras físicas o psíquicas y siempre que el aborto se practique dentro de las 22 primeras semanas.
Se señalan, además, unas condiciones indispensables para que el aborto no constituya un hecho constitutivo de delito:
1) Que el sea practicado en un centro o establecimiento sanitario público o privado.
2) Que el establecimiento esté acreditado.
3) Que se practique con consentimiento expreso de la mujer embarazada. Y,
4) Necesidad de un examen médico por dos especialistas acreditados.
Detengámonos ahora, aunque sea brevemente, en como ha interpretado la jurisprudencia la despenalización de esos supuestos de aborto:
Como norma general, la jurisprudencia (STS/1721 de 5 de julio de 1993) ha afirmado que el artículo 417 bis no deroga las cláusulas generales de tipificación y sanción del acto abortivo de los artículos 144 a 146 del CP.
Se consideran como autores del delito de aborto, no sólo los que realizan el acto mecánico de la destrucción del feto, sino quienes cooperan con actos decisivos a esa destrucción, por ejemplo, el acompañamiento al lugar donde va a tener lugar la actividad criminal (STS de 7 de julio de 1982).
Sobre la constitucionalidad de la despenalización es preciso referirse a la Sentencia 53/1985 de 11 de abril del Tribunal Constitucional que declaró la inconstitucionalidad del artículo 417 bis del CP en su primitiva redacción, pero no por los supuestos en que se declaró no punible el aborto sino por incumplir en su regulación determinadas exigencias constitucionales derivadas del artículo 15 CE. La sentencia dejó la puerta abierta de la ambigüedad, por un lado afirmando que la protección que la Constitución dispensa al “nasciturus” implica para el Estado dos obligaciones: La de abstenerse de incumplir o de obstaculizar el proceso natural de gestación, y la de establecer un sistema legal para la defensa de la vida que suponga una protección efectiva de la misma y que, dado el carácter fundamental de la misma, incluya también, como última garantía, las normas penales. Y por otro lado, diciendo que ello no significaba que dicha protección hubiese de revestir carácter absoluto, ya que como sucede en relación con todos los bienes y derechos constitucionalmente reconocidos, en determinados supuestos puede y aun debe estar sujeta a limitaciones. Como, por ejemplo, en el caso de los supuestos en los cuales la vida del nasciturus” como bien constitucionalmente protegido, entre en colisión con derechos relativos a valores constitucionales de muy relevante significación, como la vida de la mujer.
Para completar el marco jurídico de la regulación de la despenalización del aborto en España habría que referirse al Real Decreto 2409/1986 de 21 de enero, sobre Centros Acreditados y Dictámenes Preceptivos para la práctica legal del aborto, que se dictó para adecuar la legalidad a la sentencia del TC que antes hemos mencionado aunque, como suele ocurrir en estas situaciones, el remedio fue peor que la enfermedad ya que se suprimió la Comisión de evaluación que había funcionado hasta ese momento con bastante rigor.
Y, por último habría que citar la Ley 42/1988 de 28 de diciembre, de donación y utilización de embriones y fetos humanos o de sus células, tejidos u órganos, pues ha servido, en el fondo, para aumentar el fraude legal en torno al negocio del aborto.
Hasta aquí los antecedentes. Pasemos ahora a analizar la propuesta socialista, de Esquerra Republicana de Catalunya y de Izquierda Unida para modificar la Ley penal y, por el arte de birlibirloque, convertir el aborto en un derecho, como quien se saca una muela o se hace una operación de cirugía estética. De entrada debo decirles que esa palabra tan fea, aborto, se convierte en una IVE. Sí, vamos a hablar en que consiste, para estos grupos políticos, la práctica de la IVE o, para aclararlo, la “interrupción voluntaria del embarazo”. Así queda más bonito y le quitamos, de entrada, todo ese tinte siniestro que tiene el aborto.
A lo largo de mi vida profesional y política he tenido que leer muchas proposiciones de Ley, muchos informes de comisiones o subcomisiones de todo tipo, pero les aseguro que nunca, nunca, había leído algo más inane, banal, frívolo e injustificado que ese informe elaborado por la Subcomisión creada en el seno de la Comisión de Igualdad para realizar un estudio y elaborar unas conclusiones sobre la aplicación de la legislación en materia de interrupción voluntaria del embarazo.
El punto 2 del Informe se refiere en el apartado primero a “las dificultades y los problemas planteados en la práctica de la IVE bajo su actual regulación”. Se llegan a afirmar verdaderas tonterías como eso de que “la inseguridad que se deriva del margen de interpretación inherente a los supuestos en los que se permite la IVE, afecta, ante todo, a las mujeres (sic) ya que pone la decisión sobre la IVE en manos de otras personas…” ¿Y en manos de quien debe ponerse un examen médico de un embarazo si no es en manos de médicos expertos en la evaluación de la necesidad de interrumpir ese embarazo por darse alguno de los supuestos contemplados es la ley penal?
O, por ejemplo, eso de que es injusto que las posibilidades de acceder a la IVE sea muy diferente según sea la Comunidad Autónoma. Y eso, que al fin y al cabo es responsabilidad del Estado, de decir que el principio de igualdad sea efectivo, ¿es acaso motivo para modificar una legislación y convertir la despenalización de un hecho delictivo en un derecho fundamental? Y así todo el resto del Dictamen: quienes han provocado que la despenalización se convierta en un auténtico fraude de ley, ahora se escudan en las consecuencias de ese fraude para proponer su modificación legislativa. Así, carencias a la hora de mantener la confidencialidad, la invocación de la objeción de conciencia, o que la mayoría de las IVEs se practiquen en centros privados y, lo más grave de todo, “las restricciones en relación con el acceso a la IVE de las mujeres menores de edad”… Por cierto, a las menores, en lugar de llamarlas niñas, que es lo que son, las llaman mujeres en su Informe para quedarse más tranquilos.
Sigamos. En lugar de reformar el sistema educativo, se escudan en las carencias en materia “afectivo-sexual” o en el déficit en el acceso a métodos anticonceptivos, todo ello por deficiente educación de nuestros jóvenes, para proponer esta reforma. Por todo ello, esos Grupos políticos proponen una ley de plazos que desde esa teoría del uso alternativo del derecho sería plenamente compatible con la Sentencia 53/1985 del Tribunal Constitucional.
Pero eso es imposible, a no ser que, como en el caso del Estatuto de Cataluña, retorzamos la Constitución hasta un punto que la convierta en algo irreconocible.
Para completar el panorama legislativo del que parte la propuesta de reforma, creo conveniente que fijemos nuestra atención en el riguroso Voto particular formulado por la portavoz del Grupo Popular del Congreso de los Diputados. A veces acusamos de indefinición política a este partido, nuestro partido para muchos de los aquí presentes, pero en este caso, por fortuna, ha dejado ese complejo progresista en el armario, para salir de él, sin complejos y con convicciones. Al fin y al cabo es la vida lo que está en juego y, como dice el artículo 15 de la Constitución “todos” –hayan nacido o no- tienen derecho a ella.
El Voto del PP parte de una premisa insoslayable: en España no existe hoy, ni constitucionalmente puede haberlo, un derecho al aborto. Existe, en cambio, un derecho a la vida, que constituye un derecho fundamental y troncal sin el cual los otros derechos carecerían de sentido. En consecuencia, lo que debe defenderse es la vida y los derechos humanos, incluidos los de los no nacidos. No un derecho a la muerte.
Por otro lado, el Voto particular parte de las siguientes premisas:
1ª No existe una demanda social en España que requiera esta modificación legal. En la última encuesta del CIS, barómetro Diciembre de 2008, el aborto como un problema para la mujer ocupa el puesto 27 de los 32 citados por los ciudadanos consultados.
2ª Por el contrario lo que le preocupa a la sociedad es el brutal incremento del número de abortos. Frente a países como Dinamarca, Hungría, república Checa y los países del Este, donde el número de abortos desciende notablemente, en el nuestro el aumento es considerable.
3ª El número de abortos reales es muy superior al de las estadísticas.
4ª El aborto es malo para la mujer. Por lo tanto resulta un contrasentido que algo tan malo para la mujer pueda llegar a ser considerado como un derecho. Y como un derecho ya lo hemos repetido varias veces esta tarde no está reconocido en ninguna norma jurídica vinculante para España, ni nacional ni internacional. Por último, considerar el aborto un modo de control de la natalidad, lesiona gravemente el derecho a la igualdad de la mujer embarazada y ha sido así reconocido expresamente en las Conferencias del Cairo y de Pekín.
5ª Está científicamente demostrado que existe un síndrome post-aborto.
6ª La mayoría de las mujeres abortan porque no se les ofrece otra alternativa.
7ª El fraude en la aplicación de la legislación vigente es amplísimo. El 97 % de las mujeres que abortaron en 2007, según el Informe IVE, se acogieron a la fórmula de “stress provocado por un embarazo no deseado”. El Voto particular del Grupo Popular afirma: “Posiblemente la legislación en materia de interrupción voluntaria del embarazo sea un ejemplo de fraude de ley masivo, hasta el punto de ponernos en evidencia ante otros países, como en el caso de la denuncia de una televisión sueca que destapó en caso del Dr. Morín”.
8ª La doctrina del Tribunal Constitucional es incompatible con una ley de plazos. Este es el aspecto fundamental y creo que conviene que profundicemos un poco más en cuál es esa doctrina.
Esencialmente se encuentra recogida en la Sentencia 53/85 y en alguna otra como la 212/1996, en el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 42/1988 de donación y utilización de embriones y fetos humanos o sus células, tejidos u órganos y la Sentencia 116/1999, al resolver el recurso contra la Ley 35/1998 sobre técnicas de reproducción asistida. Creo que no me dejo ninguna otra disposición legal o decisión jurisprudencial en el tintero y, por lo tanto, paso a resumir la Sentencia 53/85 en la misma línea del voto popular.
a) La vida humana concebida merece protección desde el primer momento y es distinta de la vida de la madre (Fundamento Jurídico 5)
b) El “nasciturus” está protegido por el artículo 15 de la CE aunque no sea titular derecho fundamental. Esta protección “implica para el Estado con carácter general la obligación de abstenerse de interrumpir o de obstaculizar el proceso natural de gestación, y la de establecer un sistema legal para la defensa de la vida que suponga una protección efectiva de la misma” (FJ. 7)
c) Dado el carácter fundamental de la vida “dicha protección incluye también como última garantía, las normas penales” (FJ. 7)
d) No es admisible un sistema que desconozca la vida del feto: “Se trata de graves conflictos de características singulares, que no pueden contemplarse tan sólo desde la perspectiva de los derechos de la mujer o desde la protección de la vida del nasciturus. Ni esta puede prevalecer incondicionalmente frente a aquellos, ni los derechos de la mujer pueden tener primacía absoluta sobre la vida del nasciturus, dado que dicha prevalencia supone la desaparición, en todo caso, de un bien no sólo constitucionalmente protegido, sino que encarna un valor central del ordenamiento constitucional. Por ello, en la medida en que no puede afirmarse de ninguno de ellos su carácter absoluto, el intérprete constitucional se ve obligado a ponderar los bienes y derechos en función del supuesto planteado, tratando de armonizarlos si ello es posible o, en caso contrario, precisando las condiciones y requisitos en que podría admitirse la prevalencia de uno de ellos” (FJ. 9)
Como concluye el Voto del Grupo Popular, “el conflicto que se plantea en los casos de aborto no es entre derechos, sino entre valores, y el de la vida del nasciturus es fundamental”.
Por último podemos afirmar que el tal “derecho”, no aparece, como ya hemos apuntado anteriormente, como tal ni en la Constitución de 1978, ni en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades fundamentales de 4 de Noviembre de 1950 ni en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 7 de Diciembre de 2000. Por otro lado la Conferencia del Cairo afirmó que “en ningún caso se debe promover el aborto como método de planificación de la familia.”
Hago míos, pues, los tres últimos párrafos del Voto del PP:
“Queremos concluir con las palabras del Sr. Jiménez Agrela: tres de cada cuatro mujeres que acuden a nuestra Fundación –Fundación Madrina- manifestando dudas sobre si continuar su embarazo o decididas a abortar, si encuentran apoyo, deciden seguir adelante.
En nuestra mano está conseguirlo, ofreciéndoles alternativas y no empujándolas, en palabras de la Ministra Aido, a “algo tan traumático para la mujer como el aborto”, porque como afirma la Ministra Chacón, “ser madre es algo maravilloso que no tiene explicación ni comparación con nada”.
El Grupo Parlamentario Popular ha presentado este voto particular para defender este derecho, el derecho a ser madre”.
No se puede decir más con menos palabras. Muchas gracias.
2 de Marzo de 2009 10 Comentarios
3 de Marzo de 2009 at 1:12 Hay seres humanos que no tiene derecho a nacer, tristemente vagan sus sombras por las calles de la ciudad, aquellos hombres que nunca tuvieron el derecho a nacer, se les privó de ese derecho, se les negó la vida; algún hombre sin derecho a nacer se pregunta desde algún lugar de nuestra imaginación ¿quien fue capaz de quitarme ese derecho? ¿quien?.
Hay muchas personas que así lo quieren, y es lo que han conseguido, arrebatar el derecho a nacer a muchos hombres, que no hubieran nacido los proabortistas hubiese sido lo justo.
No quisiera terminar este comentario sin sincerarme diciendo que llegado el caso de tener que tomar una decisión en un embarazo en el que peligrase la vida de mi mujer, tendría que pensarlo mucho, no deseo que jamás llegue ese día, pero espero dejar esta puerta abierta al debate, gracias Don Jorge por todo.
josepun opina:
3 de Marzo de 2009 at 10:57 Mas que le pese a usted el partido Popular es abortista, está de acuerdo con mantener la actual legislación del aborto, que ha matado ya a más de un millón y medio de niños en España, Madrid comunidad gobernada por el PP (por poner solo un ejemplo) tiene conciertos con las clínicas abortistas para que realicen estos crímenes, en Madrid se reparte la píldora del día después a menores sin el consentimiento de sus padres, (esta píldora también es abortiva), en Europa recientemente han votado a favor de las políticas proabortistas los eurodiputados del pp, en mayoría.
Un católico no puede votar a partidos como el psoe, pp o upd por que son contrarios a la vida, lo que hay que hacer es pedir la derogación de todos los supuestos, mientras se siga entrando al juego de ver si la nueva ley es más o menos descabellada, habremos entrado en su juego, ya está bien de monsergas y de las personas como usted que defienden lo indefendible en artículos como el que escribió el domingo en el ABC contando las verdades a medias.
Qué poca vergüenza tiene usted señor mío.
3 de Marzo de 2009 at 11:29 Si usted lee, amigo josepun, mi ponencia, se dará cuenta que el PP no es lo malo que usted se piensa. De todas formas respeto mucho su opinión y su indignación.
3 de Marzo de 2009 at 20:03 Me ha gustado el análisis y la reflexión. El texto de Peces de 1978 no tiene desperdicio para interpretar lo que está sucediendo en el Derecho Constitucional español, y lo que ha sucedido en casi-todas las cátedras de Filosofía del Derecho. No hay que descuidar el tema de las menores en el informe de la subcomisión parlamentaria, debería tener prioridad en nuestra agenda pública para seguir promoviendo una cultura de la Vida. Un saludo.
5 de Marzo de 2009 at 11:40 ¿tomarse la píldora del día después es aborto?
5 de Marzo de 2009 at 14:10 Claro, pues si ya ha habido fecundación, estaríamos matando al embrión, que es un ser vivo.
5 de Marzo de 2009 at 23:27 bueno, pues basta ya de matar gente ¿no?
5 de Marzo de 2009 at 23:28 bueno, ¡¡pues basta ya de matar gente ¿no?!!
8 de Marzo de 2009 at 14:41 Los seres humanos somos terminetor para sus propios congeneres :
Ya en el siglo I A.D.C.. se encontro por casualidad una carta de un romano dirigida a su esposa , y muestra como el infanticidio era visto .Has de saber que sigo en Alejandria , te pido y ruego que despues de parir si yo aun no he vuelto ,te hagas cargo de nuestro bebe hijo , y tan pronto como reciba el pago te lo enviaré . Si s varon mantenlo , y si es niña desechala .¡¡fuerte¡¡ .
El filosofo Filón fue el primero en pronunciarse publicamente en contra .
No hemos evolucionado nada ..
No hemos encontrado la formula para que las mujeres que se quedan embarazadas , NO SE SIENTAN DISMINUIDAS , no vean en ello una forma de freno ni un estigma , no se ayuda en nada , seguimos catalogando y enjuiciando a las mujeres solteras con hijos .Las mujeres han sido siempre las perdedoras de todos los conflictos , ¿ y los hombres ?¿ porque no se sienten parte de ese problema ,, de entrada cuando una mujer pide la prueba de partenidad , el hombre si no quiere no se la hace y menos cuado es famoso , el derecho de ese ser que defendemos con fervor , esta por encima del famoseo y si es asi ¿ porque no se les obliga a las pruebas de partenidad???y no que las mujeres que tienen el coraje de pedirlo , tienen que soportar determinados comentarios descalificativos hacia su persona ,por pedir algo que es un derecho adquirido despues de mucha lucha , que es el derecho del niño a saber sus origenes , y sus apellidos … hasta que eso no lo arreglemos ,no cambiará nada …
8 de Marzo de 2009 at 16:05 Hoy es el día de la mujer, pero ¿también es el día de la mujer que fue abortada? ¿o esa no cuenta? siento que este mensaje sea tan macabro, pero es lo que la sociedad me transmite al escuchar las facilidades que se dan para matar a alguien.