Source: http://www.asesoriayempresas.es/legislacion/JURIDICO/215420/directiva-2013-48-ue-del-parlamento-europeo-y-del-consejo-de-22-de-octubre-de-2013-sobre-el-derech
Timestamp: 2018-02-22 04:59:01
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Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'artículo 3', 'artículo 5', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'artículo 3', 'artículo 8', 'Artículo 17', 'Artículo 18']

Directiva 2013/48/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2013, sobre el derecho a la asistencia de letrado en los procesos penales y en los procedimientos relativos a la orden de detención europea, y sobre el derecho a que se informe a un tercero en el momento de la privación de libertad y a comunicarse con terceros y con autoridades consulares durante la privación de libertad - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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DIRECTIVA 2013/48/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO DE 22 DE OCTUBRE DE 2013 SOBRE EL DERECHO A LA ASISTENCIA DE LETRADO EN LOS PROCESOS PENALES Y EN LOS PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A LA ORDEN DE DETENCIÓN EUROPEA, Y SOBRE EL DERECHO A QUE SE INFORME A UN TERCERO EN EL MOMENTO DE LA PRIVACIÓN DE LIBERTAD Y A COMUNICARSE CON TERCEROS Y CON AUTORIDADES CONSULARES DURANTE LA PRIVACIÓN DE LIBERTAD (DOUE 294L DEL 6-11-2013)
Art. 3. Derecho a la asistencia de letrado en los procesos penales
Art. 4. Confidencialidad
Art. 5. Derecho a que se informe de la privación de libertad a un tercero
Art. 6. Derecho de la persona en situación de privación de libertad a comunicarse con terceros.-1
Art. 7. Derecho a comunicarse con las autoridades consulares
Art. 8. Condiciones generales para aplicar excepciones temporales
Art. 10. Derecho a ser asistido por un letrado en los procedimientos de la orden de detención europea
Art. 11. Asistencia jurídica gratuita
Art. 12. Vías de recurso
Art. 13. Personas vulnerables
Art. 14. Cláusula de no regresión
Art. 15. Transposición
Art. 16. Informe
Art. 18. Destinatarios
(6) El reconocimiento mutuo de resoluciones en materia penal solo puede funcionar eficazmente en un clima de confianza, en el que no solamente las autoridades judiciales, sino también todos los participantes en el proceso penal consideren las decisiones de las autoridades judiciales de otros Estados miembros equivalentes a las de su propio Estado, lo que implica no solo confianza en lo adecuado de las normas de los otros Estados miembros, sino también en que dichas normas se aplican correctamente. El refuerzo de la confianza mutua exige normas detalladas para la protección de las garantías y los derechos procesales derivados de la Carta, del CEDH y del Pacto. También requiere, a través de la presente Directiva y de otras medidas, un mayor desarrollo dentro de la Unión de las normas mínimas establecidas en la Carta y en el CEDH.ES 6.11.2013 Diario Oficial de la Unión Europea L 294/1
(9) El 30 de noviembre de 2009, el Consejo adoptó una Resolución relativa al plan de trabajo para reforzar los derechos procesales de sospechosos y acusados en los procesos penales (en lo sucesivo, «plan de trabajo») (3). Mediante un enfoque gradual, dicho plan reclama la adopción de medidas relativas al derecho a la traducción e interpretación (medida A), el derecho a ser informado de sus derechos y de la acusación (medida B), el derecho a asistencia letrada y asistencia jurídica gratuita (medida C) y el derecho a la comunicación con familiares, empleadores y autoridades consulares (medida D), así como a salvaguardias especiales para aquellos sospechosos o acusados que sean personas vulnerables (medida E). En el plan de trabajo se subraya que el orden en el que se mencionan los derechos es solamente indicativo, por lo que puede modificarse en función de las prioridades. El plan de trabajo está concebido para funcionar como un conjunto; solo cuando se ejecutan todos sus componentes se alcanzan plenamente sus beneficios.
(11) Hasta ahora se han adoptado dos medidas en virtud del plan de trabajo, a saber, la Directiva 2010/64/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010, relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales (5), y la Directiva 2012/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a la información en los procesos penales (6).
(16) En algunos Estados miembros una autoridad distinta de un tribunal con competencia en materia penal puede ser competente para imponer sanciones que no sean la privación de libertad cuando se trata de infracciones relativamente leves. Así puede suceder, por ejemplo, con las infracciones de tráfico que se cometen en gran número y de las que puede quedar constancia mediante un control de tráfico. En tales situaciones, no sería razonable que la autoridad competente garantice todos los derechos que ampara la presente Directiva. Por lo tanto, en los casos en que la normativa de un Estado miembro contemple que esas autoridades impongan una sanción con respecto a infracciones leves, y exista o bien el derecho de recurso, o bien, de no ejercerse este, la posibilidad de que el expediente se remita a un tribunal competente en materia penal, la presente Directiva se aplica únicamente al proceso incoado ante ese tribunal a raíz de dicho recurso o remisión.
(46) Sin demora injustificada a partir del momento en que tiene conocimiento de que la persona reclamada desea designar a un letrado en el Estado miembro emisor, la autoridad competente de dicho Estado miembro debe suministrar a la persona reclamada información destinada a facilitarle la designación de un letrado en dicho miembro. Esta información podría abarcar, por ejemplo, una lista vigente de letrados, o el nombre del letrado de guardia en el Estado miembro emisor, que pueda facilitar información y asesoramiento en asuntos relacionados con la orden de detención europea. Los Estados miembros podrían solicitar que la elaboración de esta lista corra a cargo del colegio de abogados correspondiente.
(55) La presente Directiva promueve los derechos de los menores, para lo que se tienen en cuenta las Directrices del Consejo de Europa sobre una justicia adaptada a los menores y, en particular, sus disposiciones en lo que respecta a la información y asesoramiento que deben darse a los menores. La Directiva garantiza que a los sospechosos y acusados, incluidos los menores, se les proporcione información adecuada para que comprendan las consecuencias de renunciar a alguno de los derechos previstos en la presente Directiva, y que la renuncia sea voluntaria e inequívoca. Cuando el sospechoso o acusado sea un menor la persona en quien recaiga la responsabilidad parental debe ser informada lo antes posible de la privación de libertad de aquel y de las razones que la han motivado. Si la comunicación de dicha información a la persona en quien recae la responsabilidad parental del menor es contraria a los intereses de este último, debe informarse en su lugar a otro adulto, como por ejemplo a un familiar. Este extremo se entiende sin perjuicio las disposiciones de la normativa nacional que exijan que determinadas autoridades, instituciones o personas específicas, en especial las que sean responsables de la protección o del bienestar de los menores, sean asimismo informadas de la privación de libertad de un menor. Excepto en circunstancias sumamente excepcionales, los Estados miembros deben abstenerse de limitar o aplazar el ejercicio del derecho de comunicación con un tercero en lo que respecta a menores sospechosos o acusados que se encuentren privados de libertad. En caso de que se aplique un aplazamiento en relación con el menor, no debe mantenerse incomunicado a este en ningún caso, sino que se le debe permitir comunicarse, por ejemplo, con una institución o una persona responsable de la protección o del bienestar de los menores.
(56) De conformidad con la Declaración política común, de 28 de septiembre de 2011, de los Estados miembros y de la Comisión, sobre los documentos explicativos (8), los Estados miembros se han comprometido a adjuntar a la notificación de sus medidas de transposición, en aquellos casos en que esté justificado, uno o varios documentos que expliquen la relación entre los elementos de una directiva y las partes correspondientes de los instrumentos nacionales de transposición. Por lo que respecta a la presente Directiva, el legislador considera que la transmisión de tales documentos está justificada.
Artículo 1. Objeto.—La presente Directiva establece normas mínimas relativas a los derechos de sospechosos y acusados en procesos penales y de las personas que sean objeto de procedimientos en virtud de la Decisión Marco 2002/584/JAI («procedimientos de la orden de detención europea») a ser asistidos por un letrado, a que se informe de su privación de libertad a un tercero y a comunicarse con tercero y con autoridades consulares durante la privación de libertad.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.—1. La presente Directiva se aplica a los sospechosos o acusados en procesos penales desde el momento en que las autoridades competentes de un Estado miembro hayan puesto en su conocimiento, mediante notificación oficial u otro medio, que son sospechosos o que se les acusa de haber cometido una infracción penal, y con independencia de si están privados de libertad. Se aplica hasta la conclusión del proceso, es decir, hasta la decisión definitiva que determina si el sospechoso o acusado ha cometido o no la infracción, incluidas, cuando proceda, la imposición de la condena y la resolución de cualquier recurso.
Artículo 3. Derecho a la asistencia de letrado en los procesos penales.—1. Los Estados miembros velarán por que los sospechosos y acusados tengan derecho a ser asistidos por un letrado en el momento y del modo que les permita ejercer sus derechos de defensa en la práctica y de manera efectiva.
Artículo 4. Confidencialidad.—Los Estados miembros respetarán la confidencialidad de las comunicaciones entre los sospechosos o acusados y sus letrados, en el ejercicio del derecho a la asistencia de letrado previsto en la presente Directiva. Dichas comunicaciones incluirán las reuniones, la correspondencia, las conversaciones telefónicas y otras formas de comunicación permitidas de conformidad con la normativa nacional.
Artículo 5. Derecho a que se informe de la privación de libertad a un tercero.—1. Los Estados miembros se asegurarán de que todo sospechoso o acusado que se vea privado de libertad tenga derecho a que se informe al menos a una persona que él mismo designe, como un familiar o un empleador, de su privación de libertad sin demora injustificada, si así lo desea.
Artículo 6. Derecho de la persona en situación de privación de libertad a comunicarse con terceros.—1. Los Estados miembros velarán por que los sospechosos o acusados que estén privados de libertad tengan derecho a comunicarse sin demora injustificada con, al menos, un tercero de su elección, por ejemplo un familiar.
Artículo 7. Derecho a comunicarse con las autoridades consulares.—1. Cada Estado miembro velará porque todo sospechoso o acusado que no sea nacional suyo y se vea privado de libertad goce del derecho a que se informe, sin demora injustificada, a las autoridades consulares del Estado del que sea nacional de que se encuentra privado de libertad, y a comunicarse con dichas autoridades, si así lo desea. No obstante, en caso de que el sospechoso o acusado tenga dos o más nacionalidades, podrá elegir a qué autoridades consulares debe informarse, en su caso, de que se encuentra privado de libertad y con quién desea comunicarse.
Artículo 8. Condiciones generales para aplicar excepciones temporales.—1. Las excepciones temporales previstas en el artículo 3, apartados 5 y 6, o en el artículo 5, apartado 3:
Artículo 9. Renuncia.—1. Sin perjuicio de si la normativa nacional exige la presencia o la asistencia obligatoria de un letrado, los Estados miembros garantizarán que, en lo que se refiere a toda renuncia a un derecho contemplado en los artículos 3 y 10:
a) se haya facilitado al sospechoso o acusado, verbalmente o por escrito, información clara y suficiente en un lenguaje sencillo y comprensible sobre el contenido de dicho derecho y las posibles consecuencias de renunciar a él,
Artículo 10. Derecho a ser asistido por un letrado en los procedimientos de la orden de detención europea.—1. Los Estados miembros se asegurarán de que toda persona reclamada tenga derecho a la asistencia de letrado en el Estado miembro de ejecución tan pronto como se produzca su detención en virtud de una orden de detención europea.
Artículo 11. Asistencia jurídica gratuita.—La presente Directiva se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa nacional en materia de asistencia jurídica gratuita, que se aplicará de conformidad con la Carta y con el CEDH.
Artículo 12. Vías de recurso.—1. Los Estados miembros velarán por que los sospechosos o acusados en procesos penales y las personas reclamadas en el marco de procedimientos relativos a la orden judicial europea dispongan de vías de recurso efectivas conforme a la normativa nacional en los casos en que se hayan vulnerado los derechos que les confiere la presente Directiva.
Artículo 13. Personas vulnerables.—Los Estados miembros garantizarán que, cuando se aplique la presente Directiva, se tomen en consideración las necesidades específicas de los sospechosos y acusados que sean vulnerables.
Artículo 14. Cláusula de no regresión.—Ninguna disposición de la presente Directiva se interpretará en el sentido de limitar o derogar los derechos o las garantías procesales que estén reconocidos al amparo de la Carta, del CEDH, del Pacto o de, otras disposiciones pertinentes de Derecho internacional o de la normativa de los Estados miembros que garantice un nivel de protección más elevado.
Artículo 15. Transposición.—1. Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva a más tardar el 27 de noviembre de 2016. Informarán inmediatamente de ello a la Comisión.2. Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas incluirán una referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.
Artículo 16. Informe.—A más tardar el 28 de noviembre de 2019, la Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un informe en el que evaluará en qué medida los Estados miembros han tomado las medidas necesarias para cumplir la presente Directiva, y que comprenderá una evaluación de la aplicación del artículo 3, apartado 6, en conjunción con el artículo 8, apartados 1 y 2, e irá acompañado, si fuera necesario, de propuestas legislativas.
Artículo 17. Entrada en vigor.—La presente Directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Artículo 18. Destinatarios.—Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros de conformidad con lo dispuesto en los Tratados.