Source: https://legislacion.vlex.es/vid/ley-gobierno-abierto-extremadura-437645121
Timestamp: 2019-09-17 22:49:13
Document Index: 280056408

Matched Legal Cases: ['Artículo 2', 'artículo 2', 'ARTÍCULO 5', 'ARTÍCULO 6', 'ARTÍCULO 7', 'ARTÍCULO 8', 'ARTÍCULO 9', 'ARTÍCULO 9', 'Artículo 9', 'ARTÍCULO 10', 'ARTÍCULO 11', 'ARTÍCULO 12', 'ARTÍCULO 14', 'ARTÍCULO 15', 'artículo 2', 'Artículo 15', 'ARTÍCULO 16', 'ARTÍCULO 17', 'ARTÍCULO 18', 'ARTÍCULO 19', 'ARTÍCULO 20', 'ARTÍCULO 21', 'artículo 15', 'ARTÍCULO 22', 'ARTÍCULO 23', 'ARTÍCULO 24', 'ARTÍCULO 25', 'ARTÍCULO 26', 'ARTÍCULO 27', 'ARTÍCULO 28', 'Artículo 29', 'ARTÍCULO 29', 'artículo 37', 'ARTÍCULO 31', 'ARTÍCULO 32', 'ARTÍCULO 33', 'ARTÍCULO 34', 'ARTÍCULO 35', 'ARTÍCULO 36', 'ARTÍCULO 37', 'ARTÍCULO 38', 'ARTÍCULO 39', 'ARTÍCULO 40', 'artículo 7', 'ARTÍCULO 41', 'ARTÍCULO 42', 'ARTÍCULO 43', 'ARTÍCULO 44', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 9', 'artículo 33']

Ley de Gobierno Abierto de Extremadura (Ley 4/2013, de 21 de mayo) - Normativa de Extremadura - Legislación - VLEX 437645121
TÍTULO PRELIMINAR. Ámbito y principios generales - arts. 1 a 4
CAPÍTULO I. Transparencia en la actividad administrativa - arts. 5 a 14
SECCIÓN 1ª. Régimen general - arts. 15 a 18
SECCIÓN 2ª. Ejercicio del derecho de acceso a la información pública - arts. 19 a 26
SECCIÓN 3ª. Reutilización de la información administrativa - arts. 27 y 28
SECCIÓN 4ª. Información estadística - art. 29
TÍTULO II. Del buen gobierno - arts. 30 a 35
CAPÍTULO I. Condiciones básicas - arts. 36 a 39
CAPÍTULO II. Derechos específicos de participación y colaboración - arts. 40 a 42
TÍTULO IV. Régimen de garantías - arts. 43 y 44
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. Plan de Simplificación Administrativa
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. Portal de la Transparencia y Participación Ciudadana
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. Asamblea de Extremadura
DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA. Plan de Formación
DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA. De las responsabilidades en el ejercicio del gobierno abierto
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA. Regulaciones especiales para las obligaciones de transparencia y el derecho de acceso
DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA. Presentación de declaraciones anuales de la situación financiera y patrimonial del Presidente de la Junta de Extremadura, resto de miembros del Consejo de Gobierno y diputados de la Asamblea de Extremadura
Norma citada en: 38 artículos doctrinales, 87 disposiciones normativas, 15 resoluciones administrativas
Existe una nueva cultura de cambio social, sustentada en unos profundos cambios tecnológicos, que impulsará a las administraciones (de todos los niveles) y a las organizaciones (profesionales, económicas, políticas, culturales académicas...) a ofrecer una respuesta organizada, fiable y solvente ante las expectativas de cambio y demanda de mayor democratización por parte de la ciudadanía. Son cada vez más voces las que apuntan a la necesidad de crear una cultura mucho más horizontal de colaboración y comunicación entre los ciudadanos y sus representantes.
El 19 de junio de 2012 la Mesa de la Asamblea de Extremadura acordó, a solicitud conjunta de los Grupos Parlamentarios Popular-Extremadura Unida (PP-EU), Socialista (PSOE-Regio -nalistas) e Izquierda Unida (IU-Verdes-SIEx) la creación de una Comisión No Permanente de Estudio para la Elaboración de una Propuesta de Ley de Gobierno Abierto de Extremadura, como futuro instrumento que posibilitara una nueva forma de relación entre la Administración pública y la ciudadanía.
Inició así su andadura la comisión, a la que se incorporaron representantes de la Adminis -tración regional con el objetivo de elaborar una propuesta de ley conjunta, fruto del consenso de los tres grupos políticos con representación en la Asamblea.
TÍTULO PRELIMINAR Ámbito y principios generales Artículos 1 a 4
Es objeto de esta ley, conforme a lo establecido en los artículos 37 y 39 del Estatuto de Autonomía, la implantación de una nueva forma de relación del Gobierno y la Adminis -tración pública con la ciudadanía basada en la transparencia y orientada al establecimiento del llamado gobierno abierto. La pretensión es garantizar de forma efectiva:
La plena transparencia de la toma de decisiones y de la propia actividad de la Adminis -tra ción regional, así como de los organismos y entidades que la integran.
El derecho de los extremeños a acceder a la información que obre en poder de la Ad -mi nistración regional y de los organismos y entidades que la integran.
La veracidad y objetividad de la información referida en el punto anterior.
La participación ciudadana como mecanismo de impulso de la democracia representativa para conseguir una efectiva conectividad de los ciudadanos con sus representantes. Esa participación se fomentará en la definición de las políticas públicas y en la toma de decisiones, que deberán basarse en un proceso de gobierno abierto tal y como define esta ley.
Forman parte del contenido de esta ley, como complementos necesarios para el establecimiento del gobierno abierto, mecanismos para que el Gobierno y la Administración pública se doten de estructuras y procedimientos simplificados e innovadores que los hagan más cercanos y accesibles a la ciudadanía.
La Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, sus organismos públicos, sociedades y empresas públicas, consorcios, fundaciones del sector público autonómico y demás entidades de derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de la misma.
Los órganos con dotación diferenciada en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura que, careciendo de personalidad jurídica, estén formalmente integrados en la Administración autonómica.
Las entidades que integran la Administración local en Extremadura y sus entes y organismos vinculados o dependientes.
La Asamblea de Extremadura, en el ejercicio de aquellas actividades sometidas a derecho administrativo.
Las personas físicas y jurídicas que presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas estarán obligadas a suministrar a la Administración a la que se encuentren vinculadas toda la información necesaria para el cumplimiento por aquella de las obligaciones previstas en esta ley.
Las organizaciones sindicales y las organizaciones empresariales, que deberán publicar en el Portal de la Transparencia y Participación Ciudadana la información a la que se refieren los artículos 8 y 10 de esta ley cuando se trate de contratos o convenios celebrados con la Junta de Extremadura o cualquier organismo o entidad perteneciente al sector público autonómico. Asimismo, habrán de publicar la información prevista en la letra 11 de esta ley en relación a las subvenciones que reciban cuando el órgano concedente sea de la Junta de Extremadura o cualquier organismo o entidad perteneciente al sector público autonómico
Artículo 2, letra h), añadida por el Ley 1/2015, de 10 de febrero, de medidas tributarias, administrativas y financieras de la Comunidad Autónoma de Extremadura, publicada en el Diario Oficial de Extremadura, el 11 de Febrero de 2015.
Ciudadano: toda persona que se relaciona con la Administración.
Gobierno abierto: aquel que es capaz de entablar una permanente conversación con los ciudadanos con el fin de escuchar lo que dicen y solicitan; que toma sus decisiones centrándose en las necesidades y preferencias de estos; que facilita la participación y la colaboración de la ciudadanía en la definición de sus políticas y en el ejercicio de sus funciones; que proporciona información y comunica aquello que decide y hace de forma transparente; que se somete a criterios de calidad y de mejora continua; y que está preparado para rendir cuentas y asumir su responsabilidad ante los ciudadanos a los que ha de servir.
Publicidad: medios de difusión de la información pública más relevante para garantizar la transparencia de la actividad de la Administración pública.
Información pública: aquella que viene definida como de libre acceso a cualquier ciudadano por ser información generada por el propio sector público en el ejercicio de su actividad, funcionamiento y organización.
Entidades ciudadanas: aquellas personas jurídicas sin ánimo de lucro constituidas de conformidad con el ordenamiento jurídico que persigan fines relacionados con el fomento de la participación y de la colaboración ciudadanas.
Solicitante: cualquier persona física o jurídica, así como asociaciones, organizaciones y grupos, que solicite información pública, requisito suficiente para adquirir, a efectos de lo establecido en el título I, la condición de interesado.
Gobernanza: proceso de toma de decisiones basado en la interacción de las instancias públicas tradicionales, los entornos cívicos y económicos y la ciudadanía. Se perseguirá la coordinación y la cooperación entre las diferentes administraciones públicas y en el interior de cada una, para hacer posible el desarrollo de un gobierno multinivel.
Eficacia: la consecución de los objetivos que se persiguen con el máximo de calidad posible, mediante la orientación a objetivos y resultados y la generalización de los sistemas de gestión.
Eficiencia: la utilización óptima de los medios para conseguir la eficacia, con introducción de la perspectiva económica en el análisis de esta.
Principio de gobierno abierto: supone canalizar el intercambio de información a través de procesos de escucha activa y diálogo con la ciudadanía, encaminados a la participación y a la implicación de esta en la toma de decisiones de carácter público, y comprende el derecho de toda persona a que la Administración trate sus asuntos, imparcial y equitativamente, dentro de un plazo razonable, y a acceder a la información en los términos previstos en esta ley.
Principio de orientación a la ciudadanía: la actuación de la Administración ha de estar dirigida a satisfacer las necesidades reales de los ciudadanos y ciudadanas, ha de perseguir siempre el interés general y se debe caracterizar por su voluntad de servicio a la sociedad.
Principio de transparencia pública: consiste en facilitar de oficio a la ciudadanía información constante, veraz y objetiva sobre la actuación de las entidades que define el artículo 2 de esta ley, potenciando su accesibilidad en tiempo real y sin tratar para que pueda, además, ser compartida de forma libre y gratuita o reutilizada por la ciudadanía respecto de aquellos datos puestos a disposición en formatos abiertos.
Principio de publicidad: la Administración debe proporcionar y difundir constantemente, de una forma veraz y objetiva, la información que obra en su poder y la relativa a su actuación.
Principio de participación y colaboración ciudadanas: la Administración pública ha de garantizar en el diseño de sus políticas y en la gestión de sus servicios que los ciudadanos y ciudadanas, tanto individual como colectivamente, puedan participar, colaborar e implicarse en los asuntos públicos.
Principio de eficiencia: la Administración pública ha de gestionar de forma óptima los medios de que dispone, posibilitando la consecución directa de los fines públicos perseguidos.
Principio de economía y celeridad: la Administración pública ha de actuar y velar por que la consecución de los fines públicos se alcance con el coste económico más racional y en el menor tiempo posible.
Principio de calidad y mejora continua: la Administración pública ha de instaurar procesos que permitan evaluar los servicios que presta, detectar sus deficiencias y corregirlas, a efectos de poder prestar unos servicios públicos de calidad.
Principio de simplicidad y comprensión: la Administración pública ha de actuar para lograr la disminución progresiva de sus tiempos de respuesta mediante la simplificación de trámites, la eliminación de cargas administrativas y el empleo de procesos y técnicas que fomenten la utilización de un lenguaje accesible.
Principio de calidad normativa: en el ejercicio de su función normativa, la Administración pública actuará de acuerdo con los principios de necesidad, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, accesibilidad, simplicidad y eficacia.
Principio de modernización: la Administración pública ha de impulsar el empleo de técnicas informáticas y telemáticas para el desarrollo de su actuación y para instaurar y mejorar la gestión del conocimiento en su propia organización.
Principios de integridad, responsabilidad y rendición de cuentas: la imparcialidad, la objetividad y la observancia de un comportamiento ético ausente de arbitrariedad en el ejercicio de las funciones públicas y en la satisfacción de los intereses generales definirán la actuación política y la gestión de los asuntos públicos. Con ello se persigue que el principio de transparencia pública que instaura esta ley permita articular la responsabilidad y la rendición de cuentas a los ciudadanos en la toma de decisiones, asumiéndose, junto con los tradicionales principios de objetividad y legalidad, el de eficacia, eficiencia y economía en el cumplimiento de los objetivos perseguidos.
Principio de accesibilidad: se garantizará la accesibilidad a los servicios y la información públicos, sin que la utilización de los medios tecnológicos y electrónicos impliquen, en ningún caso, merma de derechos de los ciudadanos, ni restricciones o discriminaciones de cualquier naturaleza en dicho acceso.
Principio de neutralidad tecnológica: la Administración pública ha de apostar por la utilización y promoción de software de código abierto en su funcionamiento, así como por el uso de estándares abiertos y neutrales en materia tecnológica e informática, y favorecer dichas soluciones abiertas, compatibles y reutilizables en la contratación administrativa de aplicaciones o desarrollos informáticos.
Principio de prevención: la Administración autonómica ha de prevenir situaciones de riesgo que pudieran materializarse en daños y perjuicios para los ciudadanos como consecuencia de la gestión administrativa, especialmente en aquellos sectores en los que el riesgo pueda ser mayor. Asimismo, toda persona tendrá derecho a ser reparada por los daños causados en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo dispuesto en las normas reguladoras de la responsabilidad patrimonial de la Administración pública.
TÍTULO I Administración abierta Artículos 5 a 29
CAPÍTULO I Transparencia en la actividad administrativa Artículos 5 a 14
ARTÍCULO 5 Actividad organizativa.
La Administración pública mantendrá permanentemente actualizadas y a disposición de los ciudadanos, en las unidades de información correspondientes y en sus sedes electrónicas, el esquema de su organización y el de sus organismos dependientes, con indicación de las funciones que desarrollan y la identificación de sus responsables.
Publicará guías informativas sobre los procedimientos administrativos, servicios y prestaciones de su competencia, e incluirá en sus respectivas cartas de servicios información acerca del contenido del derecho de acceso y del procedimiento para hacerlo efectivo.
Asimismo, publicará, en los términos de lo dispuesto en este artículo, sus directrices, instrucciones, circulares y las respuestas a consultas planteadas por los particulares u otros órganos en la medida en que supongan una interpretación de los derechos garantizados en esta ley, así como la información que sea solicitada con mayor frecuencia.
ARTÍCULO 6 Programación.
La Administración pública publicará planes y programas anuales y plurianuales de su actividad, en los que se definirán los objetivos concretos y las actividades y medios necesarios para ejecutarlos, así como el tiempo estimado para su consecución.
En las unidades de información y las páginas web oficiales correspondientes se expondrá públicamente la información sobre los planes y programas y sus objetivos, así como las formas de participación.
Los objetivos irán asociados a indicadores de calidad, que midan la relación entre los servicios prestados o actividades realizadas y los recursos empleados.
ARTÍCULO 7 Elaboración de disposiciones de carácter general.
ARTÍCULO 8 Contratos públicos.
Los contratos adjudicados, con indicación del objeto, el importe de licitación y de adjudicación, el procedimiento utilizado y la identidad del adjudicatario, así como las modificaciones, prórrogas y variaciones de plazo o de precio del contrato.
Los procedimientos que no conlleven publicidad en los diarios oficiales, cuando superen 12.000 euros para los contratos de suministro y servicios y 30.000 en los contratos obras. Los datos a publicar serán los siguientes:
Los contratos, incluyendo los menores cuya cuantía vaya de 6.000 a 12.000 euros, si son servicios o suministros, y de 6.000 a 30.000 euros, si son obras, con indicación de los licitadores, cuando se haya podido promover concurrencia, criterios de adjudicación, valoración y ofertas presentadas y el adjudicatario.
ARTÍCULO 9 Concesión de servicios.
La transparencia en la concesión de los servicios que tengan la consideración de públicos exigirá que los prestadores garanticen a los ciudadanos la información que les permita demandar la prestación de unos servicios de calidad y, en su caso, ejercitar sus derechos.
A estos efectos, la Administración pública recogerá en los pliegos de cláusulas administrativas las previsiones necesarias para garantizar, como mínimo, a las personas usuarias los siguientes derechos:
A obtener copia sellada de todos los documentos que presenten en las oficinas de la concesionaria en relación con la prestación del servicio.
A ser tratadas con respeto al principio de igualdad en el uso del servicio, sin que pueda existir discriminación, ni directa ni indirecta, por razones de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
ARTÍCULO 9 BIS Acuerdos de acción concertada o conciertos sociales.
Artículo 9 bis, añadido por la Ley 13/2018, de 26 de diciembre, de conciertos sociales para la prestación de servicios a las personas en los ámbitos social, sanitario y sociosanitario en Extremadura.
ARTÍCULO 10 Convenios de colaboración.
Deberán inscribirse en el Registro de Convenios, en el plazo de quince días a contar desde la fecha de su firma, aquellos convenios que celebre la Administración autonómica con entidades públicas y privadas.
Todos los convenios inscritos en el Registro de Convenios deberán publicarse en el Diario Oficial de Extremadura.
Los datos obrantes en el Registro de Convenios deberán ser accesibles a través del Portal Electrónico de la Transparencia y la Participación Ciudadana, en particular los siguientes datos:
ARTÍCULO 11 Subvenciones y ayudas.
Con independencia de la publicidad de las subvenciones y ayudas, obligatoria de conformidad con la normativa reguladora, la Administración autonómica deberá publicar en el Portal Electrónico de la Transparencia y la Participación Ciudadana:
Se entiende incluidos dentro del apartado anterior:
ARTÍCULO 12 Ordenación del territorio y urbanismo.
ARTÍCULO 14 Transparencia en el gasto público.
Las administraciones públicas darán publicidad a sus presupuestos y a los de sus entes dependientes; estados de ejecución; niveles de cumplimiento; principios de finanzas públicas; planes o programas que deban aprobarse con sus informes y memorias, variables de la situación económico-patrimonial de la entidad; cuenta de resultados; pérdidas y ganancias, estado del resultado presupuestario; remanente de tesorería; planes de saneamiento y económico-financieros de las haciendas locales. En particular, se reflejarán las partidas presupuestarias, así como la información trimestral del grado de ejecución, por secciones, capítulos y programas, con expresión pormenorizada, en su caso, del gasto público en publicidad institucional.
Se publicarán las retribuciones, actividades y bienes de los miembros de la Junta de Extremadura y altos cargos, así como las indemnizaciones percibidas cuando dejen de desempeñar sus cargos.
También se hará público el número de liberados institucionales existentes en los distintos departamentos y organismos públicos, así como los costes que estas liberaciones generan para la Administración pública.
Asimismo, la Administración pública deberá observar las demás normas de transparencia establecidas en la legislación presupuestaria y de estabilidad financiera que le sean de aplicación.
CAPÍTULO II Información pública Artículos 15 a 29
SECCIÓN 1ª Régimen general Artículos 15 a 18
ARTÍCULO 15 Derecho de acceso a la información pública.
El derecho de acceso se configura como una obligación de proporcionar y difundir de forma constante, veraz, objetiva y accesible la información, para garantizar la transparencia de la actividad política, de la gestión pública y fomentar con ello la implicación de la ciudadanía. Para el ejercicio de este derecho no será necesario motivar la solicitud ni invocar esta ley.
La información pública es aquella que viene definida como de libre acceso a cualquier ciudadano y ciudadana por ser información elaborada o adquirida por el propio sector público en el ejercicio de su actividad, funcionamiento y organización, siempre y cuando no afecte a la seguridad nacional, la defensa, las relaciones exteriores, la seguridad pública o la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios.
También tendrán la consideración de información pública de libre acceso para cualquier ciudadano, sin que precise ostentar la condición de interesado, los expedientes administrativos que estén concluidos. No obstante, en este caso, a diferencia de lo establecido en el apartado dos anterior, esta información no será publicada de oficio por la propia Administración, sino que deberá mediar solicitud previa para ello, y su acceso se producirá de conformidad con lo establecido en esta ley, en el marco de los principios generales del procedimiento administrativo común y con respeto a la normativa de protección de datos personales.
Que tenga carácter auxiliar o de apoyo, como la contenida en notas, borradores, opiniones, resúmenes, informes y comunicaciones internas o entre órganos o entidades administrativas.
Los sujetos comprendidos dentro del artículo 2 a), d) y e) publicarán información sobre sus cuentas bancarias.
Artículo 15, apartado 5, añadido por la Ley 18/2015, de 23 de diciembre, de Cuentas Abiertas para la Administración Pública Extremeña.
ARTÍCULO 16 Límites al derecho de acceso a la información pública.
El derecho de acceso a la información pública solo podrá ser limitado o denegado cuando de la divulgación de la información pueda resultar un perjuicio:
Para la igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva.
Para las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control.
Para el secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial.
Para la garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión.
Para la demás información protegida por normas con rango de ley, de conformidad con la legislación básica del Estado.
Para la confidencialidad de datos de carácter comercial e industrial, cuando dicha confidencialidad esté prevista en una norma con rango de ley o en la normativa comunitaria, a fin de proteger intereses económicos legítimos, incluidos el interés público de mantener la confidencialidad estadística y el secreto fiscal.
Las limitaciones deberán ser proporcionadas al objeto y finalidad de protección. En todo caso, deberán interpretarse de manera restrictiva y justificada, y se harán efectivas salvo que un interés público superior justifique la divulgación de la información. Las limitaciones mencionadas buscarán su ponderación con el derecho a la libertad de información veraz de los medios de comunicación, protegiendo la identidad de los afectados y, en especial, de los menores de edad.
Las limitaciones a que se refiere el punto uno de este artículo no podrán ser alegadas por la Administración pública para impedir el acceso del ciudadano o ciudadana a los documentos e informaciones que les puedan afectar de un modo personal, particular y directo, y en concreto si dicha afección se refiere a sus derechos e intereses legítimos.
ARTÍCULO 17 Protección de datos personales.
Para la resolución de las solicitudes de acceso a la información pública que contenga datos personales del propio solicitante, se estará a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
Se denegarán las solicitudes de acceso a información pública que contenga datos íntimos o que afecte a la vida privada de terceros, salvo que exista consentimiento expreso y por escrito del afectado que se acompañe a la solicitud, o una ley lo autorice. A estos efectos, se considerarán, en todo caso, íntimos los datos referidos a la ideología, afiliación sindical, religión, creencias, origen racial, salud y sexualidad.
Las solicitudes de acceso a una información que contenga datos personales de terceros que no tengan la consideración de íntimos ni afecten a la vida privada, se estimarán cuando se trate de información directamente vinculada con la organización, funcionamiento y actividad pública del órgano o entidad al que se solicite. No obstante, se denegará el acceso cuando se considere que concurren circunstancias especiales en el caso concreto que hacen prevalecer la protección de los datos personales sobre el interés público en la divulgación de la información.
No obstante lo anterior, prevalecerá la protección de datos personales sobre el derecho de acceso a la información pública en los casos en que la Administración competente considere que hay tal conflicto de derechos y que debe preservarse el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen.
Con carácter general, y salvo que en el caso concreto prevalezca la protección de datos personales sobre el interés público en la divulgación que lo impida, se concederá el acceso a información que contenga datos vinculados con la organización, funcionamiento o actividad pública del órgano.
ARTÍCULO 18 Acceso parcial.
En el caso de que la información solicitada esté afectada por alguna de las limitaciones establecidas en los artículos precedentes de esta ley o en la legislación básica del Estado, pero no se vea afectada la totalidad de la información, y siempre que sea posible, se concederá el acceso parcial, omitiendo la parte afectada por tal limitación, salvo que de ello resulte una información distorsionada que pudiera causar equívocos o carente de sentido.
Para aquellos casos en los que la información contenga datos personales de terceros, se concederá el acceso cuando se garantice de forma efectiva el carácter anónimo de la información sin menoscabo del objetivo de transparencia perseguido por la ley.
Cuando se conceda el acceso parcial, deberán garantizarse la reserva de la información afectada por las limitaciones y la advertencia y constancia de la reserva.
SECCIÓN 2ª Ejercicio del derecho de acceso a la información pública Artículos 19 a 26
ARTÍCULO 19 Solicitud.
Los ciudadanos tienen derecho a elegir los medios para relacionarse con las administraciones y sus organismos o entes dependientes.
Las solicitudes de información pública deberán dirigirse a la entidad o unidad en cuyo poder se encuentre la información y se resolverán por los superiores jerárquicos de las unidades en cuyo poder se encuentre la misma, siempre que tengan atribuidas competencias resolutorias.
La solicitud del interesado podrá hacerse por cualquier medio, incluidos los electrónicos, que permita que consten:
El solicitante podrá exponer, si así lo desea, las razones que justifican la publicidad de la información. Sin embargo, no podrá exigirse dicha motivación en ningún caso ni su ausencia podrá ser utilizada como excusa por el órgano competente para denegar o no resolver la solicitud.
A través del correspondiente Portal de Transparencia y Participación Ciudadana, al que se encuentran vinculados sus entes dependientes, el ciudadano y la ciudadana tendrán libertad de elección de medios para relacionarse con las administraciones y sus organismos o entes dependientes, y, por tanto, podrán optar por acceder a esta información pública previa solicitud.
ARTÍCULO 20 Solicitudes imprecisas.
Si la solicitud de información pública estuviera formulada de manera imprecisa, se advertirá al solicitante de tal circunstancia, concediéndole un plazo máximo de diez días hábiles para su subsanación y ofreciéndole asistencia para la concreción de su solicitud.
El desistimiento y el archivo de la solicitud se harán mediante resolución, y no será obstáculo para presentar una nueva solicitud en la que concrete su petición o la información demandada.
ARTÍCULO 21 Causas de inadmisión.
Cuyo objeto sea información exceptuada del derecho de acceso en los términos previstos en el artículo 15 de esta ley.
ARTÍCULO 22 Intervención de terceros y otros órganos y entidades.
Si la información solicitada pudiera afectar a derechos o intereses de terceros, debidamente identificados, se les concederá un plazo de quince días para que puedan realizar las alegaciones que estimen oportunas, siempre que estas pudieran ser determinantes del sentido de la resolución. El solicitante deberá ser informado de esta circunstancia, así como de la suspensión del plazo para dictar resolución hasta que se hayan recibido las alegaciones o haya transcurrido el plazo para su presentación.
Cuando la solicitud de acceso a la información pública se dirija a una entidad, órgano o unidad administrativa en los que no obre dicha información, se remitirá la solicitud al ór- gano o entidad que la posea, que vendrán obligados a tramitarla, y se dará cuenta de esa remisión al solicitante.
Cuando no sea posible remitir la solicitud al responsable de la información, por pertenecer a una Administración, entidad u organismo no incluidos en el ámbito de aplicación de esta ley, aquel organismo, Administración o entidad a la que se dirigió la solicitud deberá informar directamente al solicitante sobre la Administración a la que, según su conocimiento, ha de dirigirse para solicitar dicha información.
ARTÍCULO 23 Plazo para resolver.
Las resoluciones que resuelvan las peticiones de acceso a la información se adoptarán y notificarán con la mayor celeridad posible, y en todo caso en el plazo máximo de treinta días hábiles desde su recepción por el órgano competente.
En aquellos casos en los que el volumen o la complejidad de la información solicitada hagan imposible cumplir el citado plazo, este se podrá ampliar por otros treinta días más. El solicitante deberá ser informado de esta circunstancia en el plazo fijado para resolver.
La Administración está obligada a resolver la solicitud en el plazo indicado y notificarla al interesado.
ARTÍCULO 24 Resolución.
La resolución se formalizará por escrito y se notificará al solicitante y, en su caso, a terceros afectados. Cuando sea estimatoria, total o parcialmente, de la solicitud, indicará la forma o formato de la información y, cuando proceda, el plazo y las circunstancias del acceso, que deberán garantizar la efectividad del derecho y la integridad de la información en el menor plazo posible.
Cuando la resolución conceda el acceso total o parcial a una información que afecte a un tercero que se haya opuesto, el acceso solo se hará efectivo una vez transcurrido el plazo para recurrirla sin que se hubieran interpuesto por el tercero afectado los recursos, en su caso, procedentes. Esta condición suspensiva del ejercicio del derecho de acceso se hará constar expresamente en la resolución.
Serán motivadas las resoluciones que nieguen total o parcialmente el acceso, las que lo concedan cuando haya habido intervención de un tercero afectado y las que prevean una forma o formato de acceso distinto al solicitado, conforme a lo dispuesto en la Ley 30/92.
La resolución indicará siempre los recursos administrativos que procedan contra ella y, en su caso, la procedencia del recurso contencioso-administrativo.
ARTÍCULO 25 Régimen de impugnaciones.
Las resoluciones dictadas serán objeto de los recursos administrativos y contencioso-administrativos previstos en la legislación que resulte de aplicación.
Frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso dictada de conformidad con el procedimiento regulado en el presente capítulo, así como frente a la resolución de los recursos administrativos que contra aquella sean procedentes, podrá interponerse una reclamación, con carácter potestativo y previo a la impugnación en vía contenciosoadministrativa, en los términos establecidos en la legislación básica del Estado.
ARTÍCULO 26 Formalización del acceso y costes.
El órgano competente deberá suministrar la información en la forma o formato solicitado, en el marco de la legislación básica del Estado, a menos que concurra alguna de las circunstancias que se indican a continuación:
A estos efectos, la Administración pública procurará conservar la información pública que obre en su poder, o en el de otros sujetos en su nombre, en formas o formatos de fácil reproducción y acceso mediante telecomunicaciones informáticas o por otros medios electrónicos.
Cuando el órgano competente resuelva no facilitar la información, parcial o totalmente, en la forma o formato solicitados, deberá comunicárselo al solicitante en la propia resolución en la que se reconozca el derecho de acceso, haciéndole saber el modo en que, en su caso, se podría facilitar la información solicitada.
El acceso a la información en supuestos en que no se haya dispuesto lo contrario.
El examen de la información solicitada allí donde se encuentre.
En el caso de los archivos, bibliotecas y museos, se atenderá, en lo que a gratuidad o pago de cantidad alguna se refiere, a lo que disponga su legislación específica.
La expedición de copias y la transposición a formatos diferentes al original en que se contenga la información podrán someterse al pago de una cantidad según las tasas recogidas en la Ley 18/2001, de 14 de diciembre, sobre Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Para el establecimiento de las tasas en el caso de la Administración pública, se estará a lo previsto en la legislación de tasas y precios públicos.
SECCIÓN 3ª Reutilización de la información administrativa Artículos 27 y 28
ARTÍCULO 27 Reutilización de la información administrativa.
Para mejorar la transparencia y generar confianza en la sociedad, las administraciones incardinadas en el ámbito de aplicación de esta ley procederán a una efectiva apertura de los datos públicos no sujetos a restricciones de privacidad, seguridad o propiedad que obren en su poder, para su reutilización por los ciudadanos con fines comerciales o no, siempre que dicho uso no constituya una actividad administrativa pública.
La disposición del conjunto de datos en formatos reutilizables se hará de manera ordenada y siguiendo criterios de prioridad. Así, se dará prioridad a la información mercantil y empresarial, la información geográfica, la información legal y la información estadística social.
La reutilización perseguirá como objetivos fundamentales los siguientes:
Favorecer la creación de productos y servicios de información basados en los datos de libre disposición que obren en poder de los entes públicos.
Los datos se ofrecerán por medios electrónicos bajo licencias de propiedad abierta que permitan su redistribución, reutilización y aprovechamiento.
En la aplicación de este precepto se observará lo dispuesto en la legislación básica del Estado.
ARTÍCULO 28 Condiciones para la reutilización.
SECCIÓN 4ª Información estadística Artículo 29
ARTÍCULO 29 Información estadística.
TÍTULO II Del buen gobierno Artículos 30 a 35
Las previsiones contenidas en este título, que vienen a hacer efectivos los principios contenidos en el artículo 37 del Estatuto de Autonomía, serán de aplicación a los miembros del Consejo de Gobierno de Extremadura y el resto de altos cargos de la Administración autonómica y de las entidades del sector público autonómico.
Asimismo, serán de aplicación a los cargos electos de las entidades locales de la Comu -nidad Autónoma de Extremadura y de la Asamblea de Extremadura en aquellos aspectos que vengan expresamente recogidos.
ARTÍCULO 31 Principios éticos y de actuación.
Las personas comprendidas en el ámbito de aplicación de este título observarán, en el ejercicio de sus funciones, lo dispuesto en la Constitución española y en el resto del ordenamiento jurídico, y promoverán el respeto a los derechos fundamentales y a las libertades públicas.
Transparencia en la gestión de los asuntos públicos, favoreciendo la accesibilidad y receptividad de la Administración a todos los ciudadanos.
Plena dedicación, profesionalidad y competencia, observando un comportamiento ético digno de las funciones, los cargos y los intereses que representan.
Ejemplaridad, eficacia, eficiencia, economía, austeridad, transparencia y contención en la ejecución del gasto público.
Plena imparcialidad, responsabilidad y lealtad institucional, velando siempre por la consecución de los intereses generales encomendados y absteniéndose de cualquier actividad que pueda comprometer su independencia o generar conflictos de intereses con el ámbito funcional público en el que actúan.
Trato igual y sin discriminaciones de ningún tipo en el ejercicio de sus funciones.
Buena fe y diligencia debida en el cumplimiento de sus obligaciones, fomentando la calidad en la prestación de los servicios públicos y la aplicación del principio de buena administración.
Reserva respecto a los hechos o informaciones de las que tengan conocimiento con motivo u ocasión del ejercicio de sus competencias, sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes sobre difusión de la información de interés público.
Asimismo, observarán los siguientes principios de actuación:
Se abstendrán de toda actividad privada que pueda suponer un conflicto de intereses con su puesto público.
Estarán obligados a poner en conocimiento de los órganos competentes cualquier actuación irregular de la cual tengan conocimiento.
No aceptarán para sí regalos que superen los usos habituales, sociales o de cortesía, ni favores o servicios en condiciones ventajosas que puedan condicionar el desarrollo de sus funciones. En el caso de obsequios de mayor importe al determinado en el Decreto 287/2007, de 3 de agosto, de indemnizaciones por razón de servicio para dietas de alojamiento o manutención, en su importe máximo y por día, se incorporarán de oficio al patrimonio de la comunidad autónoma.
Cada año, el órgano de gobierno competente de cada Administración y sus organismos y entidades públicas dependientes informarán sobre el grado de cumplimiento o los eventuales incumplimientos de los principios de conducta y éticos contemplados en este artículo o de los códigos de conducta que para sí mismos se hayan dado. Dicho informe será accesible a través del Portal de la Transparencia y la Participación Ciudadana co rres pondiente.
ARTÍCULO 32 Conflictos de intereses.
ARTÍCULO 33 Declaraciones de actividades, bienes, derechos e intereses.
Los diputados de la Asamblea de Extremadura, los altos cargos de la Junta de Extremadura y otros cargos públicos están obligados a presentar declaración de actividades, bienes, derechos e intereses, que se regulará por su normativa específica.
Por su parte, las declaraciones de bienes y derechos incorporadas en el correspondiente Registro de Bienes y Derechos o Intereses también serán públicas en el diario oficial del ámbito correspondiente, si bien en la declaración comprensiva de la situación patrimonial de los diputados, altos cargos y otros cargos públicos anteriormente señalados se podrán omitir aquellos datos referentes a su localización, a efectos de salvaguardar la privacidad y seguridad de sus titulares.
Tanto las declaraciones de actividades como las de bienes y derechos o intereses, en los términos señalados, así como las retribuciones y otras cantidades percibidas por los miembros de la Junta de Extremadura, altos cargos de la Administración y diputados de la Asamblea de Extremadura, se incorporarán a la sede electrónica corporativa correspondiente a través del Portal Electrónico de la Transparencia y la Participación Ciudadana.
Asimismo, se harán públicas las prestaciones económicas que se abonen a los exmiembros de la Junta de Extremadura o ex altos cargos de la Administración pública, a través del Portal de la Transparencia y la Participación Ciudadana correspondiente.
ARTÍCULO. 33 BIS. Declaraciones anuales de la situación financiera y patrimonial del Presidente de la Junta de Extremadura, resto de miembros del Consejo de Gobierno y diputados de la Asamblea de Extremadura.
Los miembros del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura y los diputados de la Asamblea de Extremadura, así como sus cónyuges, o personas con las que mantengan una relación análoga a la conyugal están obligados a realizar anualmente declaración de su situación financiera y patrimonial.
La declaración sobre la situación financiera y patrimonial deberá incluir información relativa a bienes inmuebles urbanos o rústicos, depósitos en cuenta corriente o de ahorro, a la vista o a plazo, cuentas financieras y otros tipos de imposiciones a cuenta, valores representativos de la cesión a terceros de capitales propios y valores representativos de la participación en los fondos de cualquier tipo de entidad, vehículos y embarcaciones, seguros de vida y planes de pensiones, rentas temporales o vitalicias, derechos reales de uso y disfrute, opciones contractuales y disfrute, concesiones administrativas, derechos derivados de la propiedad industrial e intelectual y obligaciones patrimoniales. Asimismo, será objeto de declaración el importe correspondiente a la cuota total a ingresar o a devolver de los impuestos declarados en el ejercicio anterior.
Estas declaraciones sobre situación financiera y patrimonial se efectuarán durante el mes siguiente a la finalización del correspondiente año natural, mediante los modelos oficiales que se aprobarán por el titular de la Consejería con competencias en materia de administración pública y por la Mesa de la Asamblea de Extremadura.
Los datos contenidos en el modelo de declaración sobre situación financiera y patrimonial serán objeto de publicación en el Portal de la Transparencia y Participación Ciudadana y en el Portal Electrónico de la Transparencia y la Participación Ciudadana de la Asamblea de Extremadura, en el plazo de tres meses desde la finalización del plazo previsto en el apartado anterior.
Artículo. 33 bis, añadido por la Ley 13/2015, de 8 de abril, de Función Pública de Extremadura, publicada en el Diario Oficial de Extremadura, el 10 de Abril de 2015.
ARTÍCULO 34 Gobierno en funciones.
ARTÍCULO 35 Transparencia en la acción de gobierno y rendición de cuentas.
Los miembros de la Junta de Extremadura asumirán el compromiso de ejercer la acción de gobierno de forma transparente y se obligarán a rendir cuentas sobre su gestión a los ciudadanos y ciudadanas.
A estos efectos, se regularán e implantarán instrumentos para que el Gobierno en su conjunto y cada uno de sus integrantes en su ámbito puedan:
Compartir con la ciudadanía las decisiones de política, logros y dificultades de la gestión e inversión públicas.
Dar cuenta de la forma en que se administran los recursos públicos y de su coherencia con la planificación aprobada.
Construir y desarrollar mecanismos de ajuste de las acciones de política para adaptarlas a las peticiones ciudadanas.
Facilitar el control ciudadano de toda la actuación del Gobierno y fortalecer la capacidad de los ciudadanos y ciudadanas para estimular y orientar esa acción.
TÍTULO III Participación y colaboración ciudadanas Artículos 36 a 42
CAPÍTULO I Condiciones básicas Artículos 36 a 39
ARTÍCULO 36 Concepto y ámbito de aplicación.
Se entiende por participación ciudadana la intervención, implicación y colaboración de los ciudadanos y ciudadanas, individual o colectivamente considerados, en los asuntos públicos, canalizadas a través de procesos de escucha activa, comunicación y conversación bidireccional.
La Administración pública impulsará la participación y colaboración ciudadanas a través de instrumentos o mecanismos adecuados que garanticen la interrelación mutua, tanto en el ámbito interno como en el externo. Para ello promoverá campañas de difusión de los distintos instrumentos de participación y colaboración y articulará planes de formación en la utilización de los mismos.
El derecho de participación en los asuntos públicos implicará a los efectos de esta ley:
Derecho a participar en la definición de los programas y políticas públicas.
Derecho a participar en la evaluación de políticas y calidad de los servicios públicos.
Derecho a formular alegaciones y observaciones en los trámites de exposición pública que se abran para ello.
Derecho a formular propuestas de actuación o sugerencias.
ARTÍCULO 37 Principios e instrumentos.
Con el fin de promover la participación ciudadana, las administraciones públicas en Extre -madura se regirán por los siguientes principios:
Fomento de la participación individual o colectiva en la vida política, económica, cultural y social, especialmente en los asuntos públicos referidos a la evaluación de las políticas públicas y la tramitación de nuevas leyes. En este sentido, los proyectos de ley tienen que incluir un proceso participativo y de consulta, y cada evaluación de las políticas públicas llevará asociada una acción de escucha de la ciudadanía.
Fortalecimiento del tejido asociativo y la sociedad civil, impulsándose la generación de la cultura y de los hábitos participativos entre la ciudadanía, y se favorecerá la reflexión colectiva sobre los asuntos que sean objeto de los procesos participativos, garantizando la pluralidad, el rigor, la transparencia informativa y la veracidad.
Promoción del diálogo social como factor de cohesión y de progreso económico y el fomento del asociacionismo, del voluntariado y de la participación social.
Establecimiento de vías de relación directa con la ciudadanía que posibiliten la adecuación de las políticas públicas a las demandas, necesidades e inquietudes de la ciudadanía.
Favorecimiento de los mecanismos de participación y de cultura democrática mediante las nuevas tecnologías, entre otros medios, e implementación progresiva de procesos de participación a través de medios electrónicos como foros de consulta, paneles ciudadanos o el propio Portal de Transparencia y Participación Ciudadana, como punto de enlace para acceder a las acciones y mecanismos que en esta materia se promueven en cada momento por cada Administración y sus entes dependientes en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Participación en la elaboración de los Presupuestos, sobre los que la ciudadanía opine y proponga alternativas en cuanto al orden de prioridades en los distintos capítulos del mismo, mediante mecanismos de democracia directa debidamente estructurados u otros procesos e instrumentos participativos. En este sentido, se deberá dar publicidad por vía electrónica al anteproyecto de Presupuestos junto con el estado de ejecución del presupuesto del ejercicio corriente, para que la ciudadanía pueda ejercer este derecho en un plazo concreto.
La ciudadanía tiene derecho a ser consultada de manera periódica y regular sobre su grado de satisfacción respecto de los servicios públicos. Con el fin de cumplir este derecho, se fomentará el uso de instrumentos adecuados, como las encuestas, los sondeos o los paneles ciudadanos. Los resultados de estas consultas se publicarán en sede electrónica a través del Portal de Transparencia y Participación Ciudadana.
ARTÍCULO 38 Consejo Extremeño de Ciudadanos.
Se constituye el Consejo Extremeño de Ciudadanos como foro de consulta para el ejercicio de la participación ciudadana, vinculado a la Asamblea de Extremadura. El consejo incentivará y promoverá debates sobre cuestiones de actualidad e interés general, o formulará, dentro de los cauces y procedimientos legalmente establecidos en la normativa autonómica, propuestas ante las instituciones y autoridades públicas de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Asimismo, será uno de los garantes del cumplimiento efectivo del título III de esta ley en todo lo referido a la capacidad de iniciativa ciudadana en los distintos sectores de la acción pública a los que se refiere, realizando el seguimiento donde corresponda respecto de las distintas propuestas o sugerencias ciudadanas que se le formulen.
El Consejo Extremeño de Ciudadanos estará formado por todos los colectivos y ciudadanos que deseen formar parte del mismo y participen en sus reuniones, las cuales podrán celebrarse en las distintas localidades de la comunidad. A tal efecto, se creará el Registro de Participación y Colaboración Ciudadanas, donde deberán inscribirse los ciudadanos y entidades ciudadanas que voluntariamente quieran participar en dicho foro.
Reglamentariamente, se definirá el régimen interior y funcionamiento del Consejo Extre -me ño de Ciudadanos. El Consejo Extremeño de Ciudadanos podrá elegir, de entre sus miembros, a personas que coordinen los debates en el seno del mismo o las convocatorias de reuniones.
Anualmente, el consejo elevará a la Mesa de la Asamblea, para que esta lo dé a conocer públicamente y sea debatido en Pleno, un informe acerca del grado de satisfacción de la ciudadanía con el efectivo cumplimiento de los principios de participación ciudadana por parte de las instituciones que integran el sector público al que se refiere esta ley, estableciendo propuestas o sugerencias de mejora en dicho campo.
El Consejo Extremeño de Ciudadanos contará para el ejercicio de sus funciones con los medios materiales, técnicos y personales que se determinen. A sus reuniones o grupos de trabajo que se constituyan podrán asistir asesores especializados en la materia, tal y como establezca su reglamento de régimen interior y funcionamiento.
ARTÍCULO 39 Debate público.
CAPÍTULO II Derechos específicos de participación y colaboración Artículos 40 a 42
ARTÍCULO 40 Derecho a la participación en la programación y en la elaboración de disposiciones generales.
Los ciudadanos participarán en la elaboración de disposiciones de carácter general conforme a lo dispuesto en el artículo 7 de esta Ley. También las administraciones públicas publicarán, en las formas anteriormente señaladas, la relación de los procedimientos de elaboración de disposiciones administrativas de carácter general que estén en curso, indicando su objeto y estado de tramitación, así como la posibilidad que tienen las personas de remitir sugerencias y el procedimiento a seguir.
Lo previsto en este artículo no sustituye el trámite de audiencia pública en los supuestos en que sea preceptivo de acuerdo con la normativa de aplicación correspondiente.
ARTÍCULO 41 Iniciativas normativas.
Los ciudadanos tendrán derecho a presentar a la Administración pública, en las materias de la competencia de esta, propuestas de tramitación de iniciativas de carácter reglamentario sobre materias que afecten a sus derechos e intereses legítimos.
Las propuestas no podrán recaer sobre disposiciones de desarrollo de las materias excluidas por la legislación reguladora de la iniciativa legislativa popular en la comunidad.
Las propuestas deberán contener necesariamente, para ser valoradas y analizadas, el texto propuesto, acompañado de una memoria justificativa con explicación detallada de las razones que aconsejan la tramitación y aprobación de la iniciativa, y deberán estar respaldadas por las firmas de, al menos, dos mil personas.
Una vez acreditado el cumplimiento de los requisitos de presentación exigidos, el órgano que tenga atribuidas las funciones sobre la materia objeto de la iniciativa emitirá, en el plazo de tres meses, un informe que, previa valoración de los intereses afectados y de la oportunidad que para el interés público representa la regulación propuesta, propondrá al órgano competente el inicio o no de su tramitación como proyecto de disposición reglamentaria, tramitación que, en caso de acordarse, se ajustará a lo previsto en la legislación vigente.
La resolución emitida por el órgano competente sobre la iniciativa se comunicará a los proponentes. De conformidad con esta ley, los proponentes podrán interponer los recursos que procedan cuando consideren que se ha conculcado su derecho de propuesta o las garantías recogidas en esta norma para hacerlo efectivo; pero no podrán impugnar, por su propia naturaleza, una vez seguido el procedimiento previsto en esta ley, la decisión de iniciar o no la tramitación de la iniciativa reglamentaria propuesta.
ARTÍCULO 42 Proceso de racionalización administrativa y modelos de gestión.
De acuerdo con el marco general regulador que establece la legislación básica del Estado y los principios rectores de actuación administrativa que definen tanto el Estatuto de Autonomía como la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la Administración pública, como complemento necesario para la implantación del gobierno abierto, impulsará un proceso de racionalización y simplificación administrativa, tanto de sus procedimientos y de sus estructuras como de la normativa que los rige. Todo ello al objeto de promover una Administración más comprensible, cercana y accesible a la ciudadanía con la que ha de colaborar, y capaz de gestionar con mayor agilidad y eficiencia al servicio de esta, sin menoscabo en momento alguno de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas, de las garantías y de la seguridad jurídicas.
La Administración pública y demás entidades sujetas a la presente ley impulsarán la eficacia y la eficiencia de sus organizaciones mediante la implantación generalizada de los sistemas de gestión según los estándares reconocidos de calidad. Asimismo, promoverá el reconocimiento a los órganos y entes que configuran la Administración y el sector público autonómicos, y a las personas que hagan más esfuerzos y consigan mejores resultados en la mejora de los servicios públicos, mediante mecanismos de motivación.
La Administración pública procurará el mantenimiento de un marco normativo estable, transparente y lo más simplificado posible, fácilmente accesible por los ciudadanos y ciudadanas y agentes económicos, que posibilite el conocimiento rápido y comprensible de la normativa vigente que resulte de aplicación, sin más cargas administrativas para los ciudadanos y ciudadanas que las estrictamente necesarias para la satisfacción del interés general.
La Administración habrá de acometer una revisión, simplificación y, en su caso, una consolidación normativa de sus ordenamientos jurídicos. Para ello, habrá de efectuar los correspondientes estudios, derogar las normas que hayan quedado obsoletas y determinar, en su caso, la necesidad de introducir modificaciones, novedades o proponer la elaboración de un texto refundido, de conformidad con las previsiones constitucionales y legales sobre competencia y procedimiento a seguir, según el rango de las normas que queden afectadas.
TÍTULO IV Régimen de garantías Artículos 43 y 44
ARTÍCULO 43 Reclamaciones de acceso.
ARTÍCULO 44 Recursos y reclamaciones.
Quien considere que un acto, inactividad o vía de hecho imputable a la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura o sus organismos públicos ha vulnerado los derechos que le reconoce esta ley en materia de información y participación y colaboración públicas, salvo en los supuestos en materia de acceso previstos en el artículo anterior, podrá interponer los recursos administrativos regulados en la normativa básica sobre procedimiento administrativo común y en la Ley del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y, en su caso, el recurso contencioso-administrativo previsto en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Quien considere que un acto u omisión de las sociedades públicas y empresas públicas, consorcios, fundaciones del sector público autonómico y demás entidades de derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de la Administración autonómica o sus organismos públicos, así como las asociaciones previstas en la letra f) del artículo 2 de esta ley, realizado en el ejercicio de funciones públicas o sometidas a su tutela administrativa, ha vulnerado los derechos que le reconoce esta ley, salvo los supuestos en materia de acceso previsto en el artículo anterior, podrá interponer directamente una reclamación ante el órgano competente de la Administración de la comunidad autónoma bajo cuya autoridad ejerza su actividad.
El órgano competente deberá dictar y notificar la resolución correspondiente, la cual agotará la vía administrativa y será directamente ejecutiva, en el plazo de tres meses desde que entró la reclamación en su registro, de acuerdo con la Ley 30/92.
En caso de incumplimiento de la resolución, el órgano competente de la Administración de la comunidad autónoma requerirá a las entidades mencionadas en el apartado segundo, de oficio o a instancia del solicitante, para que la cumplan en sus propios términos.
La Administración pública elaborará, en el plazo máximo de un año a contar desde la entrada en vigor de esta ley, un Plan de Simplificación Administrativa cuya finalidad será, previa evaluación de los procedimientos y de las estructuras de su competencia, promover su racionalización, adoptando medidas a tal efecto.
El Plan de Simplificación Administrativa será sometido, antes de su aprobación, a un amplio proceso participativo, al objeto de verificar que el mismo se ajusta a las demandas de la ciudadanía y de los propios empleados públicos.
La aprobación del plan se hará por el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura y su contenido se publicará en el Diario Oficial de Extremadura y en la web de la Junta de Extremadura.
El Plan de Simplificación Administrativa será ampliamente difundido entre la ciudadanía y los empleados públicos, al objeto de que todos ellos se conviertan en los auténticos dinamizadores.
El Plan de Simplificación Administrativa deberá prever su propio plazo de ejecución, que se articulará sobre un plazo máximo en el que se irán desglosando por etapas las concretas y paulatinas medidas para su implantación.
La Junta de Extremadura creará una Comisión Interdepartamental en la que se integrarán representantes de todos los departamentos de la Administración de la comunidad, los representantes sindicales y, en su caso, las personas o entidades ajenas que se consideren precisas, al objeto de promover, planificar y coordinar el diseño y la propia ejecución del Plan de Simplificación Administrativa, así como de evaluar, de conformidad con los indicadores recogidos en el propio plan, en qué medida se van consiguiendo, con su efectiva implantación, los distintos objetivos perseguidos por él.
A efectos del cumplimiento de lo previsto en la presente ley, las administraciones públicas de Extremadura dispondrán de la web o sede electrónica corporativa, como puntos generales de acceso para los ciudadanos y ciudadanas a la información, a los servicios y a los trámites electrónicos de las mismas y sus entidades u organismos dependientes, a través de redes de telecomunicación cuya titularidad, gestión y administración corresponderá a cada Administración para el desarrollo de sus competencias.
La sede electrónica dispondrá de sistemas que permitan el establecimiento de comunicaciones seguras siempre que sean necesarias. La publicación en la sede electrónica de información, servicios y transacciones respetará los principios de accesibilidad y usabilidad, publicidad oficial, responsabilidad, calidad, seguridad, disponibilidad, neutralidad e interoperabilidad, de acuerdo con las normas establecidas al respecto, estándares abiertos y, en su caso, aquellos otros que sean de uso generalizado por los ciudadanos y ciudadanas.
La sede electrónica desarrollará la Plataforma de la Administración Electrónica, la cual incorporará los medios y las técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas que permitan alcanzar el ciclo completo de la tramitación electrónica, además de dar acceso a los ciudadanos y ciudadanas a los servicios de Administración electrónica y al ejercicio de los derechos previstos en la Ley 11/2007, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos. En dicha plataforma se integrará el Portal de Transparencia y Participación Ciudadana, el cual dispondrá de la información y de los sistemas tecnológicos adecuados para que pueda desarrollarse el efectivo cumplimiento de lo previsto en la ley.
El régimen de responsabilidades en el ámbito de la transparencia en la actividad administrativa y en el buen gobierno para la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y sus entes vinculados o dependientes, indicados en los apartados a) y b) del artículo 2 de esta ley, se complementará mediante la correspondiente normativa básica estatal en la materia y el Estatuto de Cargos Públicos del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, que regulará, entre otros, el régimen de infracciones y sanciones sobre las materias en las que la comunidad tenga competencias plenas y, en todo caso, los órganos competentes y el procedimiento sancionador.
Las consecuencias por la vulneración en materia de transparencia en que puedan incurrir los concesionarios de servicios, conforme a lo establecido en el artículo 9 de esta ley, deberán ser recogidas en los pliegos de licitación correspondientemente, dentro del régimen de penalidades a imponer conforme a las normas de contratación pública, y ello sin perjuicio del régimen sancionador que pueda serle de aplicación sectorialmente por incumplimientos de información en la materia a consumidores y usuarios de dichos servicios públicos.
Los miembros del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura y los diputados de la Asamblea de Extremadura, así como sus cónyuges, o personas con las que mantengan una relación análoga a la conyugal, que conforme a lo dispuesto en el artículo 33 bis de esta ley vengan obligados a presentar declaración anual de su situación financiera y patrimonial dispondrán del plazo de un mes desde la publicación de los modelos oficiales aprobados por los órganos competentes de la Junta de Extremadura y Asamblea de Extremadura, para efectuar dicha declaración.
Disposición transitoria única, añadida por la Ley 13/2015, de 8 de abril, de Función Pública de Extremadura, publicada en el Diario Oficial de Extremadura, el 10 de Abril de 2015.
ORDRE JUI/383/2002, de 13 de novembre, per la qual es modifica l'Ordre JUS/212/2002, de 20 de juny, per la qual s'adapten a les peculiaritats de la prestació de serveis utilitzant tècniques telemàtiques i telefòniques diversos procediments relacionats amb els tràmits que han de fer les entitats jurídiques.
ORDEN 8/2013, de 17 de mayo, de la Consellería de Hacienda y Administración Pública, por la que se convocan pruebas selectivas de acceso al subgrupo A2, sector administración especial, técnico/a medio especialista en menores, turno de promoción interna, Convocatoria 17/10, correspondientes a la oferta de empleo público de 2010 para el personal de la Administración de la Generalitat.
ORDEN IUE/31/2010, de 20 de enero, por la que se modifica el plazo de presentación de solicitudes de la Orden IUE/536/2009, de 3 de diciembre, por la que se convocan los Premios de la Generalidad de Cataluña a la Iniciativa Comercial y los Premios de la Generalidad de Cataluña a los Establecimientos Comerciales Centenarios.
Orden ECD/22/2012, de 2 de abril, por la que se modifica la Orden EDU/72/2009, de 24 de agosto, por la que se regula la prueba de acceso a la Universidad tanto para mayores de 25 años como para mayores de 45 años en la Universidad de Cantabria.