Source: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=36632
Timestamp: 2018-07-18 01:15:28
Document Index: 297829023

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Sentencia C-1155 de 2008 Corte Constitucional
PARAGRAFO 2. En los casos que una enfermedad no figure en la tabla de enfermedades profesionales, pero se demuestre la relación de causalidad con los factores de riesgo ocupacionales será reconocida como enfermedad profesional, conforme lo establecido en el presente Decreto."
De la comparación del primer inciso de los artículos 200 y siguientes del Código Sustantivo del Trabajo (CST) con el primer inciso del artículo 11 del decreto acusado, se desprende que no hay cambios representativos, que los 3 artículos del código fueron recogidos en uno solo. En el tema de la tabla de clasificación de enfermedades profesionales se encuentra contenido en las normas del CST y en el decreto 1295 de 1994. En cuanto al concepto de causalidad de la enfermedad profesional con la clase de trabajo desempeñado tampoco no se modificó por el artículo 11 del decreto demandado el concepto del CST como lo argumenta el demandante.
En dicha facultad dada al gobierno y según el límite material, la potestad de organizar conferida por el legislador al ejecutivo fue con el fin de dictar las normas necesarias para organizar, que según el diccionario de la lengua española de la real academia, la expresión "organizar "significa: Establecer o reformar algo para lograr un fin, coordinando los medios y las personas adecuados. Disponer y preparar un conjunto de personas, con los medios adecuados, para lograr un fin determinado. Poner algo en orden, Preparar alguna cosa disponiendo todo lo necesario"
Con la expresión "la administración del sistema de riesgos profesionales", nos remitimos nuevamente al diccionario de la academia Española, que define el término administración como acción y efecto de administrar. El verbo administrar, se adiciona por parte de la interviniente, a su vez significa gobernar, ejercer la autoridad o el mando sobre un territorio o sobre las personas que lo habitan. Dirigir una institución.
En consecuencia, se afirma, el cargo no debe prosperar porque el gobierno nacional en el artículo 11 del decreto 1295 de 1994, no modificó la definición de enfermedad profesional contemplada en el artículo 200 del Código Sustantivo de Trabajo, el artículo 139 de la ley 100 de 1993, da la facultades al gobierno para organizar en un solo artículo el concepto de enfermedad profesional el cual estaba disperso en los artículos 200, 201 y 202 del Código Sustantivo de Trabajo.
Las intervenciones de Gustavo Morales Cobo, en representación de la Federación de Aseguradores Colombianos, FASECOLDA, Alfredo Toledo C. En representación de la Universidad del Atlántico y Joaquín Castro Rojas actuando en calidad de director del consultorio jurídico de la Universidad Santo Tomás, no serán tenidos en cuenta por cuanto fueron presentados de manera extemporánea como se evidencia en informes de la Secretaría General de esta Corporación.
"4. La definición contenida en el artículo 11 del Decreto-ley 1295 de 1994 excedió el marco de facultades otorgadas en la ley habilitante, pues al legislador extraordinario no le fue conferida por el numeral 11 del artículo 139 de la Ley 100 de 1993, autorización expresa para definir la enfermedad profesional y producir reformas en tal sentido al Código Sustantivo del Trabajo
4.2.1. Sobre el primero de los aspectos mencionados, ya existe pronunciamiento de la Corte Constitucional en el sentido de afirmar que las facultades otorgadas en el numeral 11 del artículo 139 de la Ley 100 de 1993, para la expedición de una norma con fuerza de ley, que a la postre se convirtió en el Decreto-ley 1295 de 1994 "por el cual se determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales" se hizo dentro del marco temporal impuesto, ello es, que la norma fue expedida dentro del término de seis (6) meses allí conferido (Sentencias C-046 de 1996).
"Artículo 139. Facultades extraordinarias.- De conformidad con lo previsto en el ordinal 10 del artículo 150 de la Constitución Política, revístase al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias por el término de seis meses contados desde la fecha de de publicación de la presente ley para:
11. Dictar las normas necesarias para organizar la administración del Sistema General de riesgos Profesionales como un conjunto de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes, que puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan. En todo caso, la cotización continuará a cargo de los empleadores".
De lo antes trascrito se infiere que el Congreso no confirió al Presidente de la República en el numeral 11 del artículo 139 de la Ley 100, facultades extraordinarias para regular íntegramente los aspectos relacionados con el Sistema General de Riesgos Profesionales y, por el contrario, circunscribió tal facultad a la labor de "organizar la administración del Sistema General de Riesgos Profesionales". Sobre el alcance de las expresiones "organizar" y "administración" en el contexto de la norma de facultades, mediante un análisis sistemático, hizo claridad la Corte Constitucional en la Sentencia C-452 de 2002, en ella, concluyó:
"La Corte en esta materia ha señalado que las facultades deben ser expresas y precisas, nunca implícitas y no admiten analogías, ni interpretaciones extensivas. Y por lo tanto, se viola la Constitución Política, cuando se entiende que una cierta facultad incorpora o incluye otras, que no se encuentran expresamente contenidas en la norma de facultades (C-498 de 1995)".
"Entonces, la definición contenida en el numeral 11 del artículo 139 de la Ley 100 de 1993 se refiere al Sistema, define que se entiende por "Sistema" y no que se entiende por "administración", como erradamente se indica por algunos intervinientes, para afirmar que el ejecutivo tenía facultades para replantear y rehacer todo el Sistema de Riesgos Profesionales lo cual como vimos no corresponde al contenido material y real de la norma habilitante".
"Las facultades fueron otorgadas al Presidente de la República por el legislador para "organizar la administración del Sistema General de Riesgos Profesionales" y no como erradamente se pretende afirmar para "organizar el Sistema General de Riesgos Profesionales". De tal manera, que es el término administración el que en definitiva nos precisará el contenido y límite material de la norma habilitante".
"De acuerdo al contenido material de la norma de facultades y a lo señalado en los anteriores numerales, no podríamos señalar como lo afirman algunos de los intervinientes en el presente proceso, que la acción de "organizar" recaía directamente sobre "el Sistema de Riesgos Profesionales" y no sobre "la administración del Sistema General de Riesgos Profesionales". Pues como se observó en el Libro III de la Ley 100 de 1993 por la cual se crea el Sistema de Seguridad Social Integral, se dejó previsto y regulado, lo concerniente al Sistema General de Riesgos Profesionales, por lo tanto, las facultades debían única y exclusivamente ejercerse para "organizar la administración" del Sistema General de Riesgos Profesionales, aspecto que no reguló el legislador para éste Sistema dejándolo al legislador extraordinario de acuerdo a la norma de facultades".
"Precisamente el legislador ordinario otorgó facultades extraordinarias al ejecutivo para regular lo concerniente a la "administración" del Sistema de Riesgos Profesionales por cuanto dentro del Libro III de la Ley 100 de 1993 dedicado a regular el Sistema General de Riesgos Profesionales no se trató ningún aspecto relacionado con la administración del sistema y esta es la razón de ser de las facultades; que a diferencia de los otros dos sub-sistemas, si previó el legislador ordinario lo concerniente a su administración en la forma como quedó expresada al analizar el contexto del término administración para el legislador ordinario en la ley de facultades".
Hechas las precisiones anteriores entrará la Corte a determinar si en efecto el Presidente de la República al definir en los artículos 9, 10 y 13 en cuanto a la expresión "en forma voluntaria" del D.L. 1295/94 qué es accidente de trabajo, cuáles son sus excepciones y de distinguir entre los regímenes de afiliación obligatorio y voluntario, rebasó las facultades precisas que le otorgó el legislador por medio del art. 139 No. 11 para "organizar la administración del Sistema General de Riesgos Profesionales" y con ello vulnerar los numerales 2 y 10 del art. 150 de la Constitución.
En respuesta a este asunto considera la Corte que le asiste razón al Procurador cuando en su concepto afirma que las normas impugnadas "definen el accidente de trabajo, señalan cuales son las situaciones exceptuadas del mismo y determinan quienes pueden ser afiliados al Sistema General de Riesgos Profesionales en forma voluntaria, lo cual, a juicio de este Despacho, no tienen una relación directa de índole material con la creación, el establecimiento, la modificación o reforma de los organismos, los recursos o los bienes destinados a la función de administrar el Sistema General de Riesgos Profesionales; todo lo contrario, el objetivo que se persigue es el de regular sobre aspectos sustanciales de las circunstancias constitutivas del accidente de trabajo, así como del régimen de afiliación del referido Sistema, cuando se trata de trabajadores independientes (…).
El Ministerio Público advierte que la definición de enfermedad profesional adoptada por el legislador extraordinario, modificando lo estatuido en el Código Sustantivo del Trabajo y las demás previsiones consagradas en la disposición acusada, no guardan relación alguna con la administración del Sistema de Riesgos Profesionales y, por lo tanto, concluye, que el Presidente de la República, al expedir el artículo 11 del Decreto-ley 1295 de 1994, con el cual definió la enfermedad profesional excedió el límite de las facultades que le fueron otorgadas a través del artículo 11 de la Ley 100 de 1993, cuyo marco material sólo lo constituye la introducción de normas relativas a la organización del Sistema General de Riesgos Profesionales.
En virtud de lo analizado, el Procurador general de la Nación solicita la declaratoria de inexequibilidad de la norma que se acusa."
De igual manera, se afirma por el demandante, que la norma acusada es violatoria del artículo 13, 25,48 y 53 de la Constitución Política. Por ende, cuando el gobierno nacional modificó la definición de enfermedad profesional desequilibró la situación en la cual fueron calificadas las personas con la norma del código sustantivo de trabajo frente a quienes fueron cobijados por la nueva normatividad, colocando en desigualdad de condiciones a los trabajadores.
De otro lado, la apoderada del Ministerio de Protección Social fundamentó su intervención en el sentido de aseverar que como el sistema general de riesgos profesionales comprende un conjunto de normas y procedimientos, cuando se retoma el concepto de enfermedad profesional en una sola norma , sin modificar conceptos, se esta ordenando , organizando , reuniendo y armonizando en un texto los artículos 200, 201 y 202 del Código Sustantivo de Trabajo, para lo cual el gobierno estaba facultado, acorde con lo esbozado en el numeral 11 del artículo 139 de la ley 100 de 1993. En consecuencia, el cargo no debe prosperar porque el gobierno nacional en el artículo 11 del decreto 1295 de 1994, no modificó la definición de enfermedad profesional contemplada en el artículo 200 del Código Sustantivo de Trabajo, el artículo 139 de la ley 100 de 1993, da la facultades al gobierno para organizar en un solo artículo el concepto de enfermedad profesional el cual estaba disperso en los artículos 200, 201 y 202 del Código Sustantivo de Trabajo.
Se agregó que el gobierno nacional en el artículo 139 de la ley 100 de 1993 , estaba facultado para dictar las normas necesarias para organizar la administración del sistema general de riesgos profesionales en relación a las normas y procedimientos destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes. En consecuencia, se explica, mediante el decreto 1295 de 1994, artículo 11, se organizó pero no se reformó el concepto de enfermedad profesional, el cual se encontraba en los artículo ya indicados del Código Sustantivo de Trabajo. Como última solicitud, la interviniente requiere que en el evento de declarar la inconstitucionalidad de la norma acusada se acoja la definición de enfermedad profesional contenida en la decisión 584 de 2004 de la Comunidad Andina de Naciones.
4. El Ministerio Público al momento de rendir su concepto solicita que la Corte Constitucional declare la inexequibilidad de la norma acusada. Los argumentos centrales de su intervención radican en que la definición de enfermedad profesional adoptada por el legislador extraordinario, modificando lo estatuido en el Código Sustantivo del Trabajo y las demás previsiones consagradas en la disposición acusada, no guardan relación alguna con la administración del Sistema de Riesgos Profesionales y, por lo tanto, concluye, que el Presidente de la República, al expedir el artículo 11 del Decreto-ley 1295 de 1994, con el cual definió la enfermedad profesional excedió el límite de las facultades que le fueron otorgadas a través del artículo 11 de la Ley 100 de 1993, cuyo marco material sólo lo constituye la introducción de normas relativas a la organización del Sistema General de Riesgos Profesionales.
Y respecto de éste especial tópico- la modificación de un código- debe señalarse que la prohibición constitucional de otorgar facultades extraordinarias al Ejecutivo para expedir códigos comprende lógicamente la prohibición de modificación de códigos; de otra forma "resultaría muy fácil para el Presidente de la República, a través de consecutivas modificaciones, variar completamente las materias de un código, fenómeno que, en últimas, perfectamente podría asimilarse a la expedición de un estatuto normativo de esa naturaleza"1.
" (…) La Corte Constitucional se ha ocupado de la determinación del alcance de la prohibición, de otorgar facultades extraordinarias al Presidente de la República o de hacer uso de ellas, para la expedición de Códigos, prescrita en el inciso tercero del numeral 10 del artículo 150 de la Constitución. La interpretación de la mencionada prohibición se ha desarrollado en la jurisprudencia de esta Corporación, a partir de una interpretación sistemática del citado numeral 10 del artículo 150 superior junto con su numeral 22, según la cual (i) resulta contrario al orden constitucional no sólo expedir códigos mediante decretos-leyes, sino modificarlos por medio de ellos de manera sustancial, en los temas que pretenden regular. Como consecuencia de esta interpretación, se ha sostenido también, entonces, (ii) que las modificaciones a disposiciones normativas contenidas en códigos, hechas por otras disposiciones contenidas en decretos expedidos en virtud de facultades extraordinarias, son en principio constitucionales, salvo que dichas modificaciones versen sobre la estructura y la esencia de un código. Esto por cuanto, precisamente, la prohibición en cuestión se extiende sólo a aquellas modificaciones que alteren la estructura y la esencia de la materia regulada por el código. (…)
(…) Metodología del Control de Constitucionalidad. Lo anterior quiere decir que el juez constitucional, ante la reforma o modificación de una disposición contenida en una ley que tiene por título "código", por parte de otra contenida en un decreto extraordinario dictado por el Ejecutivo, (i) debe revisar el contenido de la ley modificada y determinar si efectivamente se trata de un código, pues el título de ésta, si bien es un elemento necesario, no es suficiente para establecer su naturaleza y características de tales. Y, (ii) una vez establecido la condición de código de la ley modificada, se procede a establecer cuál es la materia principal; que en estas leyes es, por una parte, la relativa a los fines, valores, principios y bienes jurídicos que sirven de criterio teleológico de interpretación para todo el área del derecho que se regule, y de otra, las normas que tengan como contenido criterios o pautas de interpretación propias de sistema o subsistema jurídico que regule. En caso de que estas materias principales contenidas en la ley que contiene el código sean modificadas se verificará la infracción de la limitante contenida en el inciso tercero del artículo 150.10 de la Constitución en los términos expuestos por la jurisprudencia de esta Corporación. (…) "3
Estas facultades incluyen la de modificar la denominación de la Superintendencia. El Superintendente delegado para estas funciones, deberá reunir las mismas condiciones y requisitos que las exigidas para el Superintendente Bancario.4
2. Determinar, atendiendo a criterios técnico - científicos y de salud ocupacional, las actividades de alto riesgo para la salud del trabajador, que requieran modificación en el número de semanas de cotización y el monto de la pensión. Las demás condiciones y requisitos para acceder a la pensión, se regirán por las disposiciones previstas en esta Ley, sin desconocer derechos adquiridos y en todo caso serán menos exigentes. Quedando igualmente facultado para armonizar y ajustar las normas que sobre pensiones rigen para los aviadores civiles y los periodistas con tarjeta profesional. 5
"(…) 5. En concordancia con lo anterior y haciendo clara referencia al presunto desconocimiento de los derechos reconocidos a los servidores públicos por disposiciones precedentes a la Ley 100 de 1993, la Corte estimó en la misma sentencia que tal acusación resultaba infundada, no sólo porque es legítima la vinculación de los servidores públicos al nuevo sistema de seguridad social integral, sino también porque la Ley 100 garantiza en forma expresa los derechos adquiridos por los trabajadores con anterioridad a su expedición (art. 289), correspondiendo entonces a los operadores jurídicos determinar si en la práctica se dispensa el reconocimiento debido a tales prerrogativas. (…)
12. Así las cosas, es evidente que los criterios jurisprudenciales contenidos en las Sentencias citadas en este fallo se ajustan plenamente a los cargos formulados en la demanda y, en consecuencia, son suficientes para que la Corte, reiterando su jurisprudencia, proceda a declarar exequibles las normas y expresiones acusadas. Ello, por cuanto las disposiciones que protagonizan este juicio no desconocen ninguno de los preceptos constitucionales, en particular, aquellos que guardan relación con la vinculación de los servidores públicos al sistema de seguridad social integral y con la atribución legal de las Superintendencias para cumplir las funciones de inspección, vigilancia y control asignadas al presidente de la República por el artículo 189-24 de la Carta Política (…) "
16. Esta misma Corporación, mediante Sentencia de Constitucionalidad No 452 de 20026, donde estudió la constitucionalidad de los artículos 34 y parágrafos 1 y 2, 35 y parágrafo, 36, 37 y parágrafo 1 y 2, 38, 39,40 y parágrafo, 41, 42 y parágrafo, 44 y parágrafo transitorio, 45, 46, 47, 48 y parágrafos 1, 2, 3, 49, 50, 51, 52 parágrafo transitorio, 53 y parágrafo, 54, 55, 96 y 98 ; todos estos del Decreto Ley 1295 de 1994; analizó el límite material de las facultades extraordinarias otorgadas al Presidente de la República en el numeral 11 del artículo 139 de la ley 100 de 1993.
"En virtud del artículo 150 de nuestra Carta Política la función legislativa es propia del Congreso de la República y sólo excepcionalmente éste puede autorizar al Presidente de la República para legislar indicándole las facultades en forma expresa y precisa en la ley habilitante.
"10. Revestir, hasta por seis (6) meses, al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias, para expedir normas con fuerza de ley cuando la necesidad lo exija o la conveniencia pública lo aconseje.
... Estas facultades no se podrán conferir para expedir códigos, leyes estatutarias, orgánicas, ni las previstas en el numeral 20 del presente artículo, ni para decretar impuestos".
"ARTÍCULO 139. FACULTADES EXTRAORDINARIAS. De conformidad con lo previsto en el ordinal 10 del artículo 150309 de la Constitución Política, revístase al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias por el término de seis (6) meses contados desde la fecha de publicación de la presente Ley para:
...11. Dictar las normas necesarias para organizar la administración del Sistema General de Riesgos Profesionales como un conjunto de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos, destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes, que puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan. En todo caso, la cotización continuará a cargo de los empleadores."
Para determinar los límites materiales de dichas facultades se debe comenzar por definir en primer orden el término "organizar" en razón a que el legislador le confirió al ejecutivo las facultades con el fin de "dictar las normas necesarias para organizar"; organizar qué?, sobre qué debe recaer la acción de organizar?, la misma disposición señala que para organizar "la administración del Sistema General de Riesgos Profesionales", luego, una vez precisado qué debemos entender por organizar, debe la Sala entrar a precisar y definir en segundo orden, que se entiende por "la administración del Sistema General de Riesgos Profesionales" y en tercer orden que es y que abarca el "Sistema de Riesgos Profesionales" según el legislador. Así:
1º.) Según el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia, la expresión "organizar" significa: Establecer o reformar algo para lograr un fin, coordinando los medios y las personas adecuados. Disponer y preparar un conjunto de personas, con los medios adecuados, para lograr un fin determinado. Poner algo en orden. Preparar alguna cosa disponiendo todo lo necesario.
A su vez "establecer" se define como fundar, instituir. Ordenar, mandar, decretar.
El verbo "reformar" significa volver a formar, rehacer. Modificar algo, por lo general, con la intención de mejorarlo.
Así mismo el término "disponer" significa colocar, poner las cosas en orden y situación conveniente. Deliberar, determinar, mandar lo que ha de hacerse. Ejercitar en las cosas facultades de dominio, enajenarlas o gravarlas en vez de atenerse a la posesión y disfrute. Testar acerca de ellas. Valerse de una persona o cosa, tenerla o utilizarla por suya.
Y del vocablo "preparar" se dice que es prevenir, disponer o hacer una cosa con alguna finalidad. Hacer las operaciones necesarias para obtener un producto. Disponerse, prevenirse y aparejarse para ejecutar una cosa o con algún otro fin determinado.
De las anteriores acepciones del verbo rector "organizar" al que se contraen las facultades del legislador extraordinario podemos concluir que en su ejercicio podía dictar las normas necesarias y tendientes a crear, establecer, modificar, reformar o rehacer. Qué cosa? Sobre qué objeto debía recaer este tipo de acciones del ejecutivo?. La misma norma de facultades señala que el objeto de estas acciones debía dirigirse, orientarse, encausarse directamente sobre "la administración" para mejorarla, para lograr un fin determinado, coordinando los medios y las personas adecuados.
2º.) En relación con la expresión "la administración del Sistema de Riesgos Profesionales", nos remitimos nuevamente al Diccionario de la Academia Española, que define el término "administración" como acción y efecto de administrar. Casa u oficina donde el administrador y sus dependientes ejercen su empleo. Conjunto de organismos encargados de cumplir esta función. También se dice de cualquier cuerpo de bienes que por alguna causa no posee ni maneja su propietario, y que es administrada por terceras personas competentemente autorizadas por el juez.
El verbo "administrar" a su vez significa gobernar, ejercer la autoridad o el mando sobre un territorio o sobre las personas que lo habitan. Dirigir una institución. Ordenar, disponer, organizar en especial la hacienda o los bienes. Suministrar, proporcionar o distribuir alguna cosa. Graduar o dosificar el uso de alguna cosa, para obtener mayor rendimiento de ella o para que produzca mejor efecto.
Acorde a las anteriores definiciones podemos señalar que "la administración" hace referencia a la acción de administrar y al conjunto de organismos encargados de cumplir la función de administrar, así como también a los recursos y a los bienes destinados al cumplimiento de esa misma función, dosificando el uso de los mismos para obtener un mayor rendimiento o para que produzca mejor efecto.
3º.) En cuanto al "Sistema General de Riesgos Profesionales" el mismo precepto facultativo entra a definirlo para indicar que éste es entendido por el legislador "como un conjunto de entidades públicas y privadas (estructura orgánica), normas y procedimientos (estructura normativa), destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes, que puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan (objetivo o finalidad).
Lo anterior se corrobora con lo indicado por la misma ley de facultades en su artículo 8º, al definir el "Sistema de Seguridad Social Integral" como el conjunto armónico de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos y está conformado por lo regímenes generales establecidos para pensiones, salud, riesgos profesionales y los servicios sociales complementarios que se definen en la presente Ley.
Entonces, la definición contenida en el numeral 11 del artículo 130 de la ley 100 de 1993 se refiere es al Sistema, define que se entiende por "Sistema" y no que se entiende por "administración", como erradamente se indica por algunos de los intervinientes, para afirmar que el ejecutivo tenía facultades para replantear y rehacer todo el Sistema de Riesgos Profesionales lo cual como vimos no corresponde al contenido material y real de la norma habilitante. (…)
Las facultades fueron otorgadas al Presidente de la República por el legislador para "organizar la administración del Sistema General de Riesgos Profesionales" y no como erradamente se pretende afirmar para "organizar el Sistema General de Riesgos Profesionales". De tal manera, que es el término "administración" el que en definitiva nos precisará el contenido y límite material de la norma habilitante. (…)
De acuerdo al contenido material de la norma de facultades y a lo señalado en los anteriores numerales, no podríamos señalar como lo afirman algunos de los intervinientes en el presente proceso, que la acción de "organizar" recaía directamente sobre "el Sistema de Riesgos Profesionales" y no sobre "la administración del Sistema General de Riesgos Profesionales". Pues como se observó en el libro III de la ley 100 de 1993 por la cual se crea el Sistema de Seguridad Social Integral, se dejó previsto y regulado por el legislador ordinario, lo concerniente al Sistema General de Riesgos Profesionales, por lo tanto, las facultades debían única y exclusivamente ejercerse para "organizar la administración" del Sistema General de Riesgos Profesionales, aspecto que no reguló el legislador para éste Sistema dejándolo al legislador extraordinario de acuerdo a la norma de facultades.
Para delimitar aún más el contenido material de la norma habilitante, y acogiendo lo expuesto por el Ministerio Público debe esta Sala entrar a precisar que entendió en concreto el legislador ordinario por "administración" dentro del contexto de la misma ley 100 de 1993 al regular la administración para otros de los Sub- sistemas.
Observa la Sala que de lo anterior se desprende que el legislador ordinario al regular la administración de los otros Sub-sistemas no hizo cosa diferente a dar aplicación al concepto de "administración" en la misma forma como quedó definido y precisado gramaticalmente en el numeral 2) del punto 3.4. Que hace referencia al conjunto de organismos encargados de cumplir la función de administrar, así como también a los recursos y a los bienes destinados al cumplimiento de esa misma función.
Precisamente el legislador ordinario otorgó facultades extraordinarias al ejecutivo para regular lo concerniente a la "administración" del Sistema de Riesgos Profesionales por cuanto dentro del libro III de la ley 100 de 1993 dedicado a regular el Sistema General de Riesgos Profesionales no se trató ningún aspecto relacionado con la administración del sistema y esta es la razón de ser de las facultades; que a diferencia de los otros dos sub.-sistemas, si previó el legislador ordinario lo concerniente a su administración en la forma como quedó expresada al analizar el contexto del término administración para el legislador ordinario en la ley de facultades.
El numeral 11 del artículo 139 de la ley 100 de 1993 otorgaba facultades extraordinarias al Presidente de la República para dictar las normas necesarias y tendientes a crear, establecer, modificar, reformar, rehacer o poner en orden, el conjunto de organismos encargados, los recursos y los bienes destinados a la función de administrar el Sistema de Riesgos Profesionales, dosificando su uso para obtener un mayor rendimiento u optimización del Sistema de Riesgos Profesionales.
Las facultades fueron otorgadas al Presidente de la República por el legislador para "organizar la administración del Sistema General de Riesgos Profesionales" y no para "organizar el Sistema General de Riesgos Profesionales". De tal manera, que es el término "administración" el que en definitiva precisa el contenido y límite material de la norma habilitante.
19. La Corte Constitucional se ha pronunciado en varias ocasiones respecto al mencionado decreto ley7. Para el propósito de esta decisión se considera importante hacer mención a la Sentencia de Constitucionalidad No 858 de 2006. En dicha demanda se acusaron de inconstitucionales los artículos 9, 10 y 13 (parcial), del Decreto 1295 de 19948.
" De conformidad a la línea jurisprudencial construida por esta Corporación el marco competencial preciso y expreso que determinó el legislador para el Presidente en el artículo 139 No. 11 de la ley 100 de 1993 se restringe, como tantas veces se ha afirmado, a Organizar la Administración del Sistema General de Riesgos Profesionales, dentro de lo cual, la unificación de definiciones mediante la derogación de las existentes y la determinación de conceptos, y contenidos normativos sobre accidentes de trabajo y formas de afiliación a regímenes, superan la mera gestión para la cual le fueron atribuidas las competencias legislativas.
Por las razones expuestas en ésta providencia la Corte declarará la inexequibilidad de los artículos 9, 10 y 13 (parcial) del D.L. 1295/94 por vulneración de los numerales 10º y 2º del artículo 150 de la Constitución Política. Al proceder el primer cargo de inconstitucionalidad no es necesario entrar a analizar los otros propuestos por el demandante."
21. Acorde con las consideraciones anteriores entrará la Corte a determinar si en efecto el Presidente de la República al definir - en el artículo 11 del decreto ley 1295 de 1994- que se considera como enfermedad profesional, quien determina las enfermedades que se consideran como profesionales y como se reconoce una enfermedad como profesional , excedió las facultades precisas que le otorgó el legislador por medio del art. 139 No. 11 para "organizar la administración del Sistema General de Riesgos Profesionales" y con ello vulnerar los numerales 2 y 10 del art. 150 de la Constitución Nacional.
23.3. En este orden de ideas, esta Corporación encuentra que definir que se considera como enfermedad profesional, quien determina las enfermedades que se consideran como profesionales y como se reconoce una enfermedad como profesional, son contenidos jurídicos totalmente ajenos al objetivo propuesto por las facultades extraordinarias, esto es "organizar la administración del Sistema General de Riesgos Profesionales".
Muy por el contrario, la norma jurídica atacada en el presente proceso de constitucionalidad, pretendió unificar definiciones mediante la derogatoria de las ya existentes, como lo reconoció la interviniente apoderada del Ministerio de Hacienda y Crédito Público al afirmar que "el gobierno no modificó en forma sustancial el concepto contenido en el Código Sustantivo de Trabajo , simplemente le hizo algunas aclaraciones"; determinó conceptos como el de enfermedad profesional y fijó contenidos normativos relacionados con la enfermedad profesional. Aspectos anteriores que en nada se relacionan con las determinaciones materiales señaladas en el numeral 11 del artículo 139 de la ley 100 de 1993 respecto a "organizar la administración del Sistema General de Riesgos Profesionales".
24. Ahora bien, debido a que se declarará la inexequibilidad del artículo 11 del Decreto Ley 1295 de 1994, la Corte deja establecido que de acuerdo con su línea jurisprudencial , debe revivir el ordenamiento jurídico anterior con sus modificaciones, esto es en relación al concepto de enfermedad profesional. Así las cosas, la presente declaración de inexequibilidad revive el artículo 200 del Código Sustantivo del Trabajo.
1 Sentencia C- 245 de 2001 Corte Constitucional.
2 Constitución Política de 1991. "Artículo 150. Corresponde al Congreso (...)
(...)" [Subrayas fuera de texto]
3 Sentencia C-577 de 2006 Corte Constitucional.
4 La Corte Constitucional declaró exequible este numeral a través de la Sentencia C- 711 de 1998.
5 La Corte Constitucional se declaró inhibida para pronunciarse respecto de la expresión "… y los periodistas con tarjeta profesional" contenida en este numeral, esto a través de la Sentencia C- 100 de 2007.
7 Sentencias C- 855/05, 1152 /05,189/96,164/00,013/02 ,313 / 07, 453 /02, 046 /96, 452 / 02, 250/04, 522/07, 773 / 98, 582 / 02 y 331 / 99 de la Corte Constitucional.
8 ART. 9º—Accidente de trabajo. Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte.