Source: https://boe.vlex.es/vid/decreto-ley-foral-2-842729162
Timestamp: 2020-07-05 14:23:34
Document Index: 340531736

Matched Legal Cases: ['artículo 21', 'Artículo 2', 'artículo 153', 'artículo 15', 'artículo 143', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'artículo 22', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'artículo 68', 'artículo 68', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13']

Decreto-ley Foral 2/2020, de 25 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19). - BOE. Boletín Oficial del Estado - Legislación - VLEX 842729162
Fecha de Entrada en Vigor: 26 de Marzo de 2020
Marginal: BOE-A-2020-4382
TÍTULO I. Medidas extraordinarias para la gestión eficiente de la Administración pública de la Comunidad Foral de Navarra y su sector público institucional foral - arts. 2 a 6
TÍTULO II. Medidas extraordinarias en materia de vivienda - arts. 7 a 11
TÍTULO III. Medidas extraordinarias de carácter fiscal - arts. 12 y 13
Por otro lado, la Orden SND/275/2020, de 23 de marzo, por la que se establecen medidas complementarias de carácter organizativo, así como de suministro de información en el ámbito de los centros de servicios sociales de carácter residencial en relación con la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 («Boletín Oficial del Estado» número 81, de 24 de marzo de 2020), faculta en su apartado tercero a la autoridad competente de la comunidad autónoma, en función de la situación epidémica y asistencial de cada centro residencial o territorio concreto y siempre atendiendo a principios de necesidad y de proporcionalidad, a intervenir los centros residenciales objeto de esta Orden. Entre otras actuaciones, esta intervención podrá conllevar ordenar por motivos de salud pública justificados el alta, la baja, reubicación y traslado de los residentes a otro centro residencial de su territorio, con independencia de su carácter público o privado; establecer las medidas oportunas para la puesta en marcha de nuevos centros residenciales y la modificación de la capacidad u organización de los existentes y, en los casos en los que un centro residencial cuente con pacientes clasificados en los grupos b), c) y d) del apartado segundo.1 de la Orden SND/265/2020, de 19 de marzo, designar a un empleado público para dirigir y coordinar la actividad asistencial de estos centros.
También debe tenerse en cuenta la Orden SND/232/2020, de 15 de marzo, por la que se adoptan medidas en materia de recursos humanos y medios para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, que dispone en su apartado 8 que «Durante el tiempo en que por la progresión o afectación de la epidemia de COVID-19 no se pueda atender adecuadamente la asistencia sanitaria de la población con los medios materiales y humanos adscritos a cada Comunidad Autónoma, estas tendrán a su disposición los centros y establecimientos sanitarios privados, su personal, y las mutuas de accidentes de trabajo».
En otro orden de cosas, el Decreto Foral 253/2019, de 16 de octubre, por el que se regula el Registro de Planeamiento de Navarra y el formato de presentación de los instrumentos de planificación urbanística y territorial de Navarra en su disposición final segunda dispone que el mismo entrará en vigor a los seis meses desde su publicación en el «Boletín Oficial de Navarra». El mencionado decreto foral fue publicado en el «Boletín Oficial de Navarra» número 216, con fecha 31 de octubre de 2019, por lo que entrará en vigor el día 1 de mayo.
En virtud de todo ello, y haciendo uso de la autorización contenida en el artículo 21 bis de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, a propuesta del Consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, y de conformidad con la decisión adoptada por el Gobierno de Navarra en sesión celebrada el día veinticinco de marzo de dos mil veinte, decreto:
TÍTULO I Medidas extraordinarias para la gestión eficiente de la Administración pública de la Comunidad Foral de Navarra y su sector público institucional foral Artículos 2 a 6
Artículo 2 Medidas en el ámbito de la contratación pública y los conciertos sociales.
Los contratos públicos de servicios y de suministros de prestación sucesiva, vigentes a la entrada en vigor de este Decreto-ley Foral, celebrados por las entidades sometidas a la normativa de contratación pública vigente en la Comunidad Foral de Navarra en el momento de la adjudicación de cada contrato, cuya ejecución devenga total o parcialmente imposible como consecuencia de la situación creada por el COVID-19 o de las medidas adoptadas por las Administraciones Públicas para combatirlo, quedarán automáticamente suspendidos, en la parte cuya ejecución devenga imposible, desde que se produjera la situación de hecho, o de derecho, que impide su prestación y hasta que dicha prestación pueda reanudarse. A estos efectos, se entenderá que la prestación puede reanudarse cuando, habiendo cesado las circunstancias o medidas que la vinieran impidiendo, el órgano de contratación notificara al contratista el fin de la suspensión.
En los contratos públicos de servicios y de suministro distintos de los referidos en el punto anterior, vigentes a la entrada en vigor de este Decreto-ley Foral, celebrados por las entidades sometidas a la normativa de contratación pública vigente en la Comunidad Foral de Navarra en el momento de la adjudicación de cada contrato, siempre y cuando éstos no hubieran perdido su finalidad como consecuencia de la situación creada por el COVID-19, cuando el contratista incurra en demora en el cumplimiento de los plazos previstos en el contrato como consecuencia del COVID-19 o de las medidas adoptadas por las Administraciones Públicas para combatirlo, y el mismo ofrezca el cumplimiento de sus compromisos si se le amplía el plazo inicial o la prórroga en curso, el órgano de contratación le concederá una ampliación de plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido por el motivo mencionado, a no ser que el contratista pidiese otro menor. La ampliación del plazo se concederá previo informe de la unidad gestora del contrato, donde se determine que el retraso no es por causa imputable al contratista, sino que se ha producido como consecuencia del COVID-19.
En los contratos públicos de obras, vigentes a la entrada en vigor de este Decreto-ley Foral, que celebren las entidades sometidas a la normativa de contratación pública vigente en la Comunidad Foral de Navarra en el momento de la adjudicación de cada contrato, siempre y cuando éstos no hubieran perdido su finalidad como consecuencia de la situación creada por el COVID-19 o las medidas adoptadas por las Administraciones Públicas, y cuando esta situación genere la imposibilidad de continuar la ejecución del contrato, el mismo podrá suspenderse desde que se produjera la situación de hecho o de derecho que impide su prestación y hasta que dicha prestación pueda reanudarse. A estos efectos, se entenderá que la prestación puede reanudarse cuando, habiendo cesado las circunstancias o medidas que la vinieran impidiendo, el órgano de contratación notificara al contratista el fin de la suspensión.
– Que él mismo, los subcontratistas, proveedores y suministradores que hubiera contratado para la ejecución del contrato estaban al corriente del cumplimiento de sus obligaciones laborales y sociales, a fecha 14 de marzo de 2020.
– Que él mismo estaba al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones de pago a sus subcontratistas y suministradores en los términos previstos en el artículo 153 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, a fecha 14 de marzo de 2020.
En los contratos públicos de concesión de obras y de concesión de servicios vigentes a la entrada en vigor de este Decreto-ley Foral, celebrados por las entidades sometidas a la normativa de contratación pública vigente en la Comunidad Foral de Navarra en el momento de la adjudicación de cada contrato, la situación de hecho o de derecho creada por el COVID-19 y las medidas adoptadas por las Administraciones Públicas para combatirlo darán derecho al concesionario al restablecimiento del equilibrio económico del contrato mediante, según proceda en cada caso, la ampliación de su duración inicial hasta un máximo de un 15 por 100 o mediante la modificación de las cláusulas de contenido económico incluidas en el contrato.
Lo previsto en los apartados 1 y 2 de este artículo no será de aplicación en ningún caso a los siguientes contratos:
a) Contratos de servicios o suministro sanitario, farmacéutico o de otra índole, cuyo objeto esté vinculado con la crisis sanitaria provocada por el COVID-19.
b) Contratos de mantenimiento de sistemas informáticos.
c) Contratos de servicios o suministro necesarios para garantizar la movilidad y la seguridad de las infraestructuras y servicios de transporte.
En el caso en el que el órgano de contratación modifique un contrato para atender las necesidades derivadas de la protección de las personas y otras medidas adoptadas por el Gobierno de Navarra para hacer frente al COVID-19, al amparo de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 15 del Decreto-ley Foral 1/2020, de 18 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19), los precios de las nuevas unidades no comprendidas en el contrato inicial o cuyas características difieran sustancialmente de ellas se fijarán por el órgano de contratación y serán obligatorios para el contratista. Finalizado el estado de alarma, el expediente de modificación se tramitará conforme a lo previsto en el artículo 143.1 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos.
Las medidas previstas en los apartados anteriores serán de aplicación también a los conciertos sociales en los ámbitos de salud y servicios sociales.
Artículo 3 Medidas en materia de subvenciones públicas otorgadas por los Departamentos de Derechos Sociales y Políticas Migratorias y Justicia.
Los Departamentos de Derechos Sociales y Políticas Migratorias y Justicia podrán autorizar la modificación de las condiciones de concesión de las subvenciones otorgadas cuando la ejecución de las actividades o prestación de los servicios objeto de subvención devengan total o parcialmente imposibles como consecuencia del COVID-19 o de las medidas adoptadas por las Administraciones Públicas para combatirlo, en la parte cuya ejecución devenga imposible, desde que se produjera la situación de hecho que impide su ejecución o prestación y hasta que dicha ejecución o prestación pueda reanudarse.
En las subvenciones convocadas o concedidas a la entrada en vigor de este Decreto-ley Foral, siempre y cuando las actividades o servicios objeto de subvención no hubieran perdido su finalidad como consecuencia de la situación de hecho creada por el COVID-19, cuando la persona o entidad beneficiaria de la subvención incurra en demora en el cumplimiento de los plazos previstos en las bases o convenio regulador como consecuencia del COVID-19 o de las medidas adoptadas por las Administraciones Públicas para combatirlo, y la misma ofrezca el cumplimiento de sus compromisos si se le amplía el plazo inicial, el órgano concedente podrá concederle una ampliación de plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido por el motivo mencionado, a no ser que la persona o entidad pidiese otro menor. La ampliación del plazo se concederá previo informe de la unidad gestora de la subvención, donde se determine que el retraso no es por causa imputable a la beneficiaria, sino que se ha producido como consecuencia del COVID-19.
En los supuestos recogidos en el apartado 1 de este artículo no procederá el reintegro de la subvención y, además, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado siguiente, serán subvencionables los siguientes conceptos:
Los gastos salariales que efectivamente abone la beneficiaria de la subvención al personal encargado de la actividad o servicio objeto de subvención, durante el período de imposibilidad de ejecución o prestación de los mismos, con el límite máximo del 10 por 100 del importe de la subvención.
Los gastos de alquileres o costes de mantenimiento de instalaciones y equipos, siempre que la persona o entidad beneficiaria acredite que estos medios no pudieron ser empleados para otros fines distintos de la ejecución de la actividad o servicio que no cabe continuar y su importe sea inferior al coste de la resolución de tales contratos de alquiler o mantenimiento de instalaciones y equipos.
Los gastos correspondientes a las pólizas de seguro previstas en las bases o gastos análogos que estén vigentes en el momento de la aceptarse la imposibilidad de continuación de la actividad o servicio.
La aplicación de lo dispuesto en el apartado anterior solo procederá cuando el órgano concedente de la subvención, en el plazo de cinco días naturales desde que así lo inste la persona o entidad beneficiaria de la subvención, hubiera apreciado la imposibilidad de ejecución de las actividades o prestación de los servicios objeto de subvención en los términos de la concesión inicial, como consecuencia de la situación descrita en el apartado 1. Con esta finalidad la persona o entidad beneficiaria de la subvención deberá dirigir su solicitud al órgano concedente reflejando: las razones por las que la continuación de las actividades o los servicios objeto de subvención ha devenido imposible, el personal, las dependencias, los vehículos, las instalaciones y los equipos adscritos a la actividad o servicio objeto de subvención en ese momento; y los motivos que imposibilitan el empleo por la persona o entidad beneficiaria de la subvención de los medios citados en otra actividad. Las circunstancias que se pongan de manifiesto en la solicitud podrán ser objeto de posterior comprobación. Transcurrido el plazo indicado sin notificarse la resolución expresa a la persona o entidad beneficiaria de la subvención, esta deberá entenderse desestimatoria.
Artículo 4 Centros sociosanitarios provisionales.
El Departamento de Derechos Sociales podrá poner en funcionamiento nuevos centros sociosanitarios para reforzar o prestar de forma alternativa la atención precisa a sectores vulnerables o colectivos afectados por la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 o por las medidas adoptadas con motivo de dicha crisis.
Los citados centros dependerán orgánicamente de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas, como los centros propios previstos en el artículo 22.1 de los Estatutos de la misma aprobados mediante el Decreto Foral 301/2019, de 6 de noviembre.
Los puestos de Dirección de estos centros serán provistos por libre designación entre personal funcionario perteneciente o adscrito a alguna de las Administraciones Públicas de Navarra, mediante orden foral de la Consejera de Derechos Sociales.
Artículo 5 Puesta a disposición del Departamento de Salud de centros y establecimientos sanitarios privados y de las mutuas de accidentes de trabajo, así como de su personal.
Artículo 6 Tiempos máximos de estancia en los distintos recursos de acogida para víctimas de violencia de género.
TÍTULO II Medidas extraordinarias en materia de vivienda Artículos 7 a 11
Artículo 7 Vigencia de las cédulas de habitabilidad y plazos de finalización de obras de promoción y rehabilitación protegida.
Se habilita a la persona titular del Departamento competente en materia de vivienda para modificar las fechas y plazos anteriores mediante orden foral, que deberá publicarse en su caso en el «Boletín Oficial de Navarra».
Artículo 8 Importe del indicador Suficiencia Adquisitiva por Renta Adecuada (SARA).
Artículo 9 Promoción de vivienda protegida.
Artículo 10 Derecho subjetivo a la vivienda.
Con efectos desde el 1 de abril de 2020, y durante dicho ejercicio, podrán optar a la deducción por arrendamiento para emancipación prevista en el artículo 68 quinquies, apartado A, del texto refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Decreto Foral Legislativo 4/2008, de 2 de junio, las personas empadronadas en Navarra que cumpliendo el resto de requisitos exigidos para ser beneficiarias de la misma, excepto el relativo a la edad, se inscriban como demandantes de empleo en situación de desempleo a partir del 14 de marzo de 2020, fecha en la que se declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Con efectos desde el 1 de abril de 2020, y durante dicho ejercicio, no será exigible el requisito de antigüedad mínima de un año de inscripción en el censo de solicitantes de vivienda protegida y en el contrato de arrendamiento visado para ser beneficiario de la deducción por arrendamiento para acceso a vivienda prevista en el artículo 68 quinquies, apartado B.1.a), del texto refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Decreto Foral Legislativo 4/2008, de 2 de junio, siendo suficiente la inscripción en el censo de solicitantes de vivienda protegida con anterioridad al 14 de marzo de 2020 en la modalidad de arrendamiento o arrendamiento con opción de compra, o ser arrendatario de una vivienda protegida con contrato visado administrativamente antes de dicha fecha.
Artículo 11 Subvenciones a inquilinos de viviendas protegidas.
Se renovarán de forma automática las subvenciones concedidas a los titulares de los contratos de arrendamiento de vivienda protegida o vivienda adscrita a la bolsa de alquiler, que deban solicitarse entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2020.
No obstante lo anterior, para todas aquellas unidades familiares o personas que sean beneficiarias de subvención a 31 de marzo de 2020, el porcentaje de subvención reconocido en todos los casos será el 75% de la renta para el período comprendido entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2020.
Las empresas arrendadoras que concedan una mora sin intereses en el pago de la renta, o procedan a la condonación total o parcial de las cantidades a pagar por parte de los inquilinos, podrán percibir la subvención por arrendamiento que corresponda al mes o meses en cuestión. En la solicitud periódica de abono de subvenciones, las empresas arrendadoras deberán especificar las familias y personas arrendatarias que han disfrutado de dicha mora o condonación.
TÍTULO III Medidas extraordinarias de carácter fiscal Artículos 12 y 13
Artículo 12 Suspensión de plazos en el ámbito tributario.
Durante el periodo comprendido desde el 14 de marzo de 2020 hasta el 30 de abril de 2020 se mantendrán las compensaciones de oficio de las devoluciones tributarias y de otros pagos reconocidos por la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, dictándose las providencias de apremio que de tales compensaciones se deriven.
El período a que se refiere el apartado 4 no computará a efectos de la duración máxima de los procedimientos tributarios, si bien durante dicho período podrá la Administración impulsar, ordenar y realizar los trámites imprescindibles.
Artículo 13 Aplazamiento excepcional de deudas tributarias.
A los efectos de lo dispuesto en la disposición 4.ª de la disposición adicional vigesimosexta de la Ley Foral General Tributaria, no se computarán en ningún modo los aplazamientos concedidos al amparo de la presente disposición, ni para su concesión ni para la concesión de aplazamientos futuros.
Disposición adicional primera Modificación del Decreto Foral 253/2019, de 16 de octubre, por el que se regula el Registro de Planeamiento de Navarra y el formato de presentación de los instrumentos de planificación urbanística y territorial de Navarra.
El presente decreto foral entrará en vigor a los dos meses contados desde el día en que finalice la vigencia del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, o, en su caso, las prórrogas del mismo.
Disposición adicional segunda Modificación del texto refundido del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por Decreto Foral Legislativo 129/1999, de 26 de abril.
26. Las escrituras públicas de formalización de las novaciones contractuales de préstamos y créditos hipotecarios que se produzcan al amparo del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, y del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, quedarán exentas de la cuota gradual de documentos notariales de la modalidad de actos jurídicos documentados.
Se deroga la disposición adicional primera del Decreto-ley Foral 1/2020, de 18 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19).
Este Decreto-ley Foral entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín Oficial de Navarra» y mantendrá su vigencia mientras el Gobierno de Navarra determine que persisten las circunstancias extraordinarias que motivan su aprobación, salvo lo dispuesto en los artículos 8, 9 y 11.3 de este Decreto-ley Foral. Asimismo, aquellas medidas previstas en este Decreto-ley Foral que tienen plazo determinado de duración se sujetarán al mismo.
Las medidas recogidas en los artículos 2 y 3 de este Decreto-ley Foral surtirán efectos desde el día 15 de marzo de 2020.
(Publicado en el «Boletín Oficial de Navarra» número 65, de 26 de marzo de 2020. Convalidado por Acuerdo del Parlamento de Navarra, publicado en el «Boletín Oficial de Navarra» número 72, de 3 de abril de 2020)
RESOLUCIÓ MAH/2284/2009, de 27 de juliol, de convocatòria del procés selectiu de nou accés per proveir set places en règim de personal laboral fix i de personal laboral fix de caràcter discontinu (convocatòria núm. L004/08).