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Timestamp: 2019-01-18 14:17:12
Document Index: 273340271

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 320', 'ARTÍCULO 330', 'artículo 320', 'artículo 140', 'artículo 1580', 'artículo 2512', 'artículo 144', 'artículo 8', 'artículo 90', 'artículo 90', 'artículo 90', 'artículo 90', 'artículo 35', 'artículo 40', 'artículo 368', 'artículo 368', 'artículo 140', 'artículo 330', 'artículo 330', 'artículo 140', 'artículo 368', 'artículo 140', 'artículo 320', 'artículo 330', 'artículo 140', 'artículo 320', 'artículo 140', 'artículo 320', 'artículo 330', 'artículo 65', 'artículo 330', 'artículo 70', 'artículo 330', 'artículo 330', 'artículo 10', 'artículo 330', 'artículo 3330', 'artículo 90', 'artículo 8', 'artículo 320', 'artículo 90', 'artículo 8', 'artículo 374', 'artículo 368', 'artículo 368', 'artículo 368', 'artículo 368', 'artículo 10', 'artículo 10', 'artículo 42', 'artículo 2', 'artículo 83', 'artículo 8', 'artículo 90', 'artículo 8', 'artículo 90', 'artículo 1580', 'artículo 90', 'artículo 8', 'artículo 90', 'artículo 8', 'artículo 2513', 'artículo 374']

﻿ SENTENCIA SC18555-2016/2005-00757 DE DICIEMBRE 16 DE 2016
SENTENCIA SC18555-2016 DE 16 DE DICIEMBRE DE 2016
CONTENIDO:NOTIFICACIÓN POR CONDUCTA CONCLUYENTE. DE ACUERDO CON LOS ARTÍCULOS 314, 315 Y 505 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, EL CONOCIMIENTO DEL AUTO ADMISORIO DE LA DEMANDA, ENTRE OTROS, DEBE SURTIRSE AL DEMANDADO EN FORMA PERSONAL O POR EL AVISO DE QUE TRATA EL ARTÍCULO 320 DE LA MISMA NORMA. NO OBSTANTE LO ANTERIOR, TAL NOTIFICACIÓN TAMBIÉN PUEDE DARSE POR CONDUCTA CONCLUYENTE, SEGÚN LO PREVÉ EL ARTÍCULO 330 IBÍDEM, MODIFICADO POR EL 33 DE LA LEY 794 DE 2003. LA NOTIFICACIÓN POR CONDUCTA CONCLUYENTE ES UNA FICCIÓN LEGAL, PUES SIN HABERSE SURTIDO LA COMUNICACIÓN DE UNA PROVIDENCIA JUDICIAL A QUIEN DEBE SER INFORMADO DE ELLA, YA SE TRATE DE UNA DE LAS PARTES, O DE UN TERCERO, SE PRESUME QUE EL INTERESADO LA CONOCE EN LOS SIGUIENTES SUPUESTOS: A) CUANDO ASÍ LO RECONOCE EXPRESAMENTE. B) CUANDO LA MENCIONA EN UN ESCRITO FIRMADO POR ÉL O EN AUDIENCIA O DILIGENCIA, HABIENDO QUEDADO CONSTANCIA DE LO ÚLTIMO. C) CUANDO RETIRA EL EXPEDIENTE, EN LOS CASOS AUTORIZADOS POR LA LEY. D) CUANDO OTORGA PODER A UN ABOGADO. E) Y CUANDO SE DECRETA LA NULIDAD DEL PROCESO, POR INDEBIDA NOTIFICACIÓN.
TEMAS ESPECÍFICOS:NOTIFICACIÓN AL APODERADO JUDICIAL, NOTIFICACIÓN, CLASES DE NOTIFICACIÓN, CONTENIDO DE LA NOTIFICACIÓN, EFECTOS DE LA NOTIFICACIÓN, REQUISITOS DE LA NOTIFICACIÓN, NOTIFICACIÓN POR CONDUCTA CONCLUYENTE, NOTIFICACIÓN POR AVISO, NOTIFICACIÓN PERSONAL, PRÁCTICA DE LA NOTIFICACIÓN PERSONAL, NOTIFICACIÓN INDEBIDA, NOTIFICACIÓN DE LA DEMANDA, FALTA DE NOTIFICACIÓN PERSONAL, DILIGENCIA DE NOTIFICACIÓ, TÉRMINO DE LA NOTIFICACIÓN DE LA PROVIDENCIA JUDICIAL, IRREGULARIDAD EN LA NOTIFICACIÓN, DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN, NOTIFICACIONES
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:544 DE ABRIL DE 2017, PÁG.541
Sentencia SC18555-2016/2005-00757 de diciembre 16 de 2016
SC18555-2016
Rad.: 68001-31-10-001-2005-00757-01
(Aprobado en sesión de siete de septiembre de 2016)
Decide la Corte el recurso extraordinario de casación que interpusieron los accionados Carlos Alberto Leal Niño, Adriana Leal Niño, Ariel Leal Niño, Martha Rocío Leal Niño, Abelardo Leal Fuentes, Ariel Leal Fuentes, Luz Stella Leal Fuentes y Gladys Yaneth Leal Fuentes, frente a la sentencia proferida el 9 de agosto de 2012 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, Sala Civil - Familia, en el proceso ordinario que Gloria Stella Pinzón Amaya adelantó en contra de los impugnantes y de Claudia Patricia Leal Sarmiento, E.E.J.L.A., menor de edad representado por su progenitora Yubeli Liliana Almeida Guevara, Adriana Stella Leal Pinzón, Diana Carolina Leal Pinzón y Juan Carlos Leal Pinzón, incapaz representado por curador ad litem, todos herederos del señor Ariel Leal Serrano.
1. En la demanda con la que se dio inicio al presente asunto, militante en los folios 1 a 7 del cdno. 1, su promotora solicitó, en síntesis, que se declarara que ella y el señor Ariel Leal Serrano, ya fallecido, “fueron compañeros permanentes y constituyeron una unión marital de hecho desde el día 16 de [n]oviembre de 1978, hasta el día 12 de [j]ulio del año 2004, (…), dando con ello lugar a una sociedad patrimonial en los términos de la Ley 54 de 1990”; que se decretara la disolución y consiguiente liquidación de esta última; y que se condenara en costas a los convocados.
2. En el campo de los hechos, se adujo que la actora y el nombrado causante, ambos solteros y sin impedimento para contraer matrimonio, “conformaron una unión marital de hecho, estable, permanente y singular”, desde noviembre de 1978 y hasta el 12 de julio de 2004, cuando el señor Leal Serrano murió; que durante todo ese tiempo, se “dispensaron el trato propio de marido y mujer (…) ante sus familiares, amigos y la sociedad en general”; que de su unión nacieron tres hijos, Adriana, Juan Carlos y Diana Carolina, todos reconocidos por el padre extramatrimonial; y que el último domicilio de la pareja, estuvo ubicado en Bucaramanga.
3. La demanda fue admitida, inicialmente, por el Juzgado Cuarto de Familia de la prenotada ciudad, mediante auto del 14 de junio de 2005 (fl. 40, cdno. 1), en frente del cual, dicha autoridad, luego de verificar su notificación a algunos demandados, declaró próspero el recurso de reposición interpuesto por Gladys Yaneth, Luz Stella, Abelardo y Ariel Leal Fuentes; como consecuencia de ello, dispuso, además, el rechazo de plano del libelo y su envío, por competencia, al Juzgado Primero de Familia de la misma capital, que venía conociendo del proceso sucesoral del causante Leal Serrano (autos del 13 y 27 de septiembre de 2005, fls. 73 a 77 y 81 a 84, respectivamente, del cdno. 1).
4. La última de tales oficinas, emitió un nuevo auto admisorio el 16 de noviembre de 2005 (fls. 88 y 88 vuelto, cdno. 1), en el que, además de las decisiones propias de esa clase de pronunciamientos, designó curador ad litem al incapaz demandado Juan Carlos Leal Pinzón, como quiera que su representación legal la tenía la propia actora.
5. La precedente providencia se notificó a los demandados de la siguiente manera:
5.1. Personalmente a E.E.J.L.A., menor de edad, por intermedio del apoderado judicial que su progenitora nombró para representarlo (jun. 12/2006, fl. 105, cdno. 1); Diana Carolina y Adriana Stella Leal Pinzón (jun. 14/2006, fl. 106 cdno. 1); Juan Carlos Leal Pinzón, incapaz, por intermedio de la curadora ad litem que se designó para asistirlo (16 de noviembre de 2006, fl. 204 cdno. 1); Carlos Alberto Leal Niño, por intermedio del apoderado judicial que escogió (12 de junio de 2007, fl. 234, cdno. 1); y Abelardo Leal Fuentes (18 de junio de 2008, fl. 364, cdno. 1).
5.2. Por aviso del artículo 320 del Código de Procedimiento Civil a Ariel Leal Fuentes (8 de septiembre de 2006; fl. 165, cdno. 1); Adriana Leal Niño (8 de septiembre de 2006; fl. 189, cdno. 1); Martha Rocío Leal Niño (sep. 5/2006; fl. 191, cdno. 1); Claudia Patricia Leal Sarmiento (sep. 6/2006; fl. 193, cdno. 1); Ariel Leal Niño (sep. 6/2006; fl. 195, cdno. 1); y Luz Stella Leal Fuentes (mar. 28/2007; fl. 222, cdno. 1).
5.3. Por conducta concluyente a Gladys Yaneth Leal Fuentes, “a partir del 30 de abril de 2007”, según auto del 17 de noviembre de 2007 (fls. 332 a 335, cdno. 1).
6. Partiendo de las fechas de enteramiento atrás relacionadas, los accionados ejecutaron las siguientes actividades defensivas:
6.1. E.E.J.L.A. contestó oportunamente la demanda, escrito en el que se opuso a sus pretensiones y se pronunció de distinta manera sobre los hechos en ella invocados (fls. 107 y 18, cdno. 1).
Por aparte, propuso la excepción previa de “Ineptitud de la demanda por falta de requisitos formales”; y la “Excepción de mérito de prescripción de la acción” (fls. 1 a 3, cdno. 3).
6.2. Claudia Patricia Leal Fuentes presentó escrito en el que formuló, de un lado, las excepciones previas de “Ineptitud de la demanda por falta de los requisitos formales” y “falta de integración del litis consorcio necesario y carencia absoluta de poder para ello”; y, de otro, la “excepción de mérito de prescripción de la acción” (fls. 5 y 6, cdno. 3).
6.3. Ariel Leal Fuentes dio respuesta al libelo introductorio y, en desarrollo de ello, expresó su inconformidad con las súplicas en él elevadas; se refirió, como lo estimó pertinente, sobre los hechos aducidos en respaldo de las mismas; y formuló, con el carácter de meritorias, las excepciones que denominó “Prescripción de la acción por extemporaneidad de presentación de la demanda”, “prescripción de la acción por separación física y definitiva de los supuestos —por la demandante— compañeros permanentes” y “ausencia de requisitos para la existencia de la unión marital” (fls. 197 a 200, cdno. 1).
En memorial separado, solicitó que se declarara la nulidad de lo actuado, con apoyo en el numeral 8º del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil (fls. 1 a 3, cdno. 4).
6.4. La curadora ad litem que representó al incapaz Juan Carlos Leal Pinzón, expresó no constarle los hechos fundantes de la acción y atenerse a su demostración, para que puedan acogerse los pedimentos formulados en el escrito generador de la controversia (fls. 209 y 210, cdno. 1).
6.5. Gladys Yaneth y Luz Stella Leal Fuentes, dentro del término del traslado, se pronunciaron respecto de la demanda, en idénticos términos a como lo hizo su hermano Ariel Leal Fuentes, escrito atrás glosado (fls. 226 a 229, cdno. 1).
Posteriormente, de manera extemporánea, allegaron otra contestación de similar contenido (fls. 365 a 369, cdno. 1).
6.6. Ariel, Martha Rocío, Carlos Alberto y Adriana Consuelo Leal Niño contestaron la demanda en forma extemporánea (fls. 239 a 246, cdno. 1).
7. Las excepciones previas de ineptitud formal de la demanda y falta de integración de litisconsorcio necesario, planteadas por E.E.J.L.A. y Claudia Patricia Leal Fuentes, fueron desestimadas por el juzgado de conocimiento, mediante auto del 20 de octubre de 2008 (fls. 15 a 18, cdno. 3).
A su turno, el apoderado de Ariel Leal Fuentes solicitó el retiro de la solicitud de nulidad que en nombre de éste había formulado, petición que el Juzgado Primero de Familia de Bucaramanga aceptó con auto del 8 de julio de 2008 (fl. 9, cdno. 4).
8. Agotada la instancia, la precitada oficina judicial le puso fin con sentencia del 14 de mayo de 2010 (fls. 699 a 717, cdno. 1), en la que resolvió:
1. Declarar que entre Gloria Stella Pinzón Amaya y Ariel Leal Serrano existió unión marital de hecho durante el periodo de tiempo comprendido entre el 16 de [n]oviembre de 1978 hasta el día 12 de [j]ulio de 2004.
2. En consecuencia se presume y hay lugar a declarar para todos los efectos civiles, frente a los demandados Adriana Consuelo, Ariel y Martha Rocío Leal Niño, Claudia Patricia Leal Sarmiento, Ariel Leal Fuentes, E.E.J.L.A., Adriana Stella, Diana Carolina y Juan Carlos Leal Pinzón la existencia de la [s]ociedad [p]atrimonial de hecho que conformaron Gloria Stella Pinzón Amaya y Ariel Leal Serrano desde el 16 de [n]oviembre de 1978 hasta el día 12 de [j]ulio de 2004, fecha del deceso de Ariel.
3. Declarar en estado de disolución y liquidación, la [s]ociedad [p]atrimonial de hecho conformada por Gloria Stella Pinzón Amaya y Ariel Leal Serrano (q.e.p.d.).
4. Costas a cargo de los demandados Adriana Consuelo, Ariel y Martha Rocío Leal Niño, Claudia Patricia Leal Sarmiento, Ariel Leal Fuentes, E.E.J.L.A., Adriana Stella, Diana Carolina y Juan Carlos Leal Pinzón. Tásense.
Costas a cargo de los demandados Carlos Alberto Leal Niño, Abelardo Leal Fuentes, Luz Stella Leal Fuentes y Gladys Yanneth Leal Fuentes en un 60%, al prosperar parcialmente las pretensiones y excepciones propuestas. Tásense.
5. Declarar próspera la excepción de prescripción de la acción propuesta por Carlos Alberto Leal Niño respecto de la sociedad patrimonial demandada. No prosperan las excepciones 2 y 3 alegadas por las razones expuestas en la parte motiva.
6. Declarar próspera la excepción de prescripción de la acción, propuesta por Abelardo Leal Fuentes respecto de la sociedad patrimonial demandada, no prosperan las excepciones 2 y 3 alegadas por lo discurrido en la motiva.
7. Declarar próspera la excepción de prescripción de la acción, propuesta por las hermanas Luz Stella Leal Fuentes y L. Gladys Yanneth Leal Fuentes respecto de la sociedad patrimonial demandada, no probadas se tienen las excepciones 2 y 3 enlistadas por las razones expuestas en la parte motiva.
8. Declarar impróspera la excepción de prescripción alegada por E.E.J.L.A., por lo expuesto en la motiva.
9. Declarar impróspera la excepción de nulidad de la notificación propuesta por Adriana Consuelo Leal Niño, Ariel Leal Niño y Martha Rocío Leal Niño, en consideración a lo motivado.
10. Consúltese con la Sala Civil Familia del Honorable Tribunal [S]uperior, el presente fallo.
9. Inconformes, apelaron dicho proveído la demandante, los hermanos Leal Niño, Leal Fuentes y Leal Pinzón, así como E.E.J.L.A. y Claudia Patricia Leal Sarmiento, recursos que fueron concedidos por el a quo, salvo el de la última, que calificó de extemporáneo (auto del 21 de julio de 2010, fls. 731 y 732, cdno. 1).
10. El ad quem, mediante sentencia del 9 de agosto de 2012 (fls. 85 a 149, cdno. 10), adoptó las siguientes determinaciones:
1. CONFIRMAR los numerales primero, tercero[,] octavo y noveno de la sentencia proferida por el juzgado primero de familia de Bucaramanga, el 14 de [m]ayo de 2010, dentro del proceso ordinario de existencia de Unión Marital de Hecho y Sociedad Patrimonial, instaurado a instancia de la señora Gloria Stella Pinzón Amaya, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
2. MODIFICAR en numeral SEGUNDO de la sentencia impugnada, el cual quedará así:
2. En consecuencia se presume, y hay lugar a declarar para todos los efectos civiles, frente a la totalidad de los demandados, la existencia de la [s]ociedad [p]atrimonial de hecho que conformaron Gloria Stella Pinzón Amaya y Ariel Leal Serrano, desde el 16 de noviembre de 1978, hasta el día 12 de julio de 2004, fecha del deceso de Ariel.
3. MODIFICAR el numeral cuarto de la sentencia proferida por el Juzgado Primero de Familia de Bucaramanga, el 14 de [m]ayo de 2010, en el sentido que la condena en costas para todos los demandados se hace en un 100%, en consideración a lo motivado.
4. REVOCAR los numerales quinto, sexto, séptimo y décimo de la parte resolutiva de la sentencia apelada.
5. Condenar en costas en segunda instancia a la parte demandada.
Luego de historiar lo acontecido en el proceso y de compendiar tanto los argumentos en los que el juzgado del conocimiento soportó su fallo, así como aquellos con los que los apelantes sustentaron su protesta contra el mismo, el ad quem expuso los planteamientos que a continuación se compendian:
1. Identificó, como “[p]roblemas jurídicos”, los siguientes:
• ¿En este asunto, existe litisconsorcio necesario?
• ¿Es nula la notificación realizada a Adrian[a] Consuelo, Martha Rocío y Ari[e]l Leal Niño?
• ¿Opera en este asunto el fenómeno de la prescripción de la acción y en tal caso, ella tiene efectos frente a todos los demandados?
• ¿El requisito de procedibilidad del intento de audiencia de conciliación previa en este asunto era exigible para acudir a la jurisdicción de familia?
2. En relación con el primero de tales puntos, observó:
2.1. No es cierto que “nos hallamos frente a un litisconsorcio necesario, (…), pues imposible resulta afirmar la existencia de una comunidad de suertes, característica fundamental de este tipo de litisconsorcio”, aserto en relación con el cual, de un lado, invocó el artículo 1580 del Código Civil y, de otro, señaló que el carácter erga omnes del estado civil, no supone “demandarse a la generalidad de personas frente a las cuales produce tales efectos su declaratoria, porque tal efecto significa ‘respecto de todos’”.
2.2. Quedan así desvirtuados los razonamientos esgrimidos por el vocero de los hermanos Leal Fuentes, “por lo cual no era necesario notificar a todos los demandados dentro del año siguiente al auto admisorio de la demanda, para que la presentación de ésta hubiera interrumpido los términos de prescripción, pues, se reitera, no es posible afirmar la existencia de una comunidad de suertes”.
2.3. Como lo que aquí existe es “un litisconsorcio facultativo, el fenómeno prescriptivo opera por separado frente a los demandados, por lo que bien hizo el a-quo al definir de manera independiente respecto de cada pasivo si operó el fenómeno prescriptivo, debiendo entonces revisarse la decisión en cuanto a los efectos del mismo para cada uno de los demandados (sic)”.
3. Desestimó la nulidad pretendida por los hermanos Leal Niño (segundo problema jurídico), con apoyo en las siguientes razones:
3.1. En los casos de Adriana Consuelo y Martha Rocío, los avisos de notificación se fijaron en una dirección que no correspondía a la suya. En tal virtud, debe tenérseles por informadas del auto admisorio de la demanda por conducta concluyente, a partir del 7 de noviembre de 2006, puesto que en esa fecha:
3.1.1. Respecto de la primera, el apoderado que la asistió, doctor Gustavo Díaz Otero, “presentó un segundo poder que desde el 27 de julio de 2006” ella le había conferido, en el que se expresó: “(…) ‘Mi apoderado tiene la facultad especial de notificarse del auto que admite la demanda’ y, por ende, se entiende que conocía de la existencia, no solo del proceso, sino también del auto admisorio de la demanda”.
3.1.2. Y en relación con la segunda, “su procurador judicial presentó ante el Juzgado Primero de Familia los poderes otorgados por Adriana Consuelo Leal Niño y Ariel Leal Niño, en las condiciones ya referenciadas, —no así el que nuevamente le había conferido Martha Rocío— (…), teniendo en cuenta que [él] ya venía actuando como su apoderado judicial desde el 8 de septiembre de 2005, cuando presentó ante el Juzgado Cuarto de Familia el poder que Martha Rocío Leal Niño le había otorgado desde el 18 de julio de 2005, —el cual obra en el proceso-, junto con el escrito en el que solicitaba le fuera notificado el auto admisorio de la demanda al que ese juzgado no le dio curso”.
3.2. En cuanto hace a Ariel Leal Niño, el Tribunal consideró que la notificación que se le hizo es válida, en la medida que el aviso de notificación, pese a no indicar la dirección de la agrupación donde aquél residía, fue entregado en la portería de la misma, sin que sea de recibo el reproche de su apoderado, de que tal entrega no se efectuó en el respectivo apartamento, como quiera que “en ningún conjunto residencial ni edificio de vivienda, se permite la entrada hasta el apartamento, a los empleados de empresas de correo, y toda la correspondencia dirigida a los ocupantes (…) se deja precisamente en portería”.
4. Pasó el sentenciador de segunda instancia al análisis de la prescripción extintiva (tercer problema jurídico), que definió con apoyo en el artículo 2512 del Código Civil, en que debe alegarse por quien quiera aprovecharse de ella (art. 2513 ib.) y en los siguientes razonamientos:
4.1. En el ámbito nacional, son cargas del actor “presentar la demanda dentro del término exigido en la ley (…) para el ejercicio de la acción”; “cumplir con los requisitos para que la presentación de la demanda despliegue su función de mecanismo de interrupción del término de prescripción (…)”; y “no errar en la selección de la jurisdicción y del juez con competencia funcional en la formulación de su reclamo”.
Advirtió que la insatisfacción de esos deberes, “puede acarrear la pérdida del derecho sustancial y la imposibilidad de volver a demandar por haberse consolidado la prescripción o la caducidad respectiva, derivadas del transcurso de tiempo (…)”.
4.2. Puso de presente que en este proceso, no hubo controversia sobre la existencia de la unión marital de hecho conformada por la demandante y el señor Ariel Leal Serrano; que el a quo declaró la sociedad patrimonial reclamada, pero sólo respecto de unos accionados; que la actora y sus hijas, las demandadas Diana Carolina y Adriana Stella Leal Pinzón, expresaron que “no operó la prescripción de la acción frente a ninguno de los demandados”; que los apelantes Leal Niño y Leal Fuentes, pidieron el acogimiento de dicha excepción en relación con la totalidad de los integrantes del extremo pasivo, “puesto que en su sentir, nos hallamos frente a un litisconsorcio necesario, motivo por el cual, lo que beneficia a uno, beneficia a todos”; y que Édgar Leal Almeida solicitó el reconocimiento de ese fenómeno jurídico, sin precisar a quiénes debía favorecer.
4.3. Después de memorar el impulso que al litigio le dio, inicialmente, el Juzgado Cuarto de Familia de Bucaramanga, el Tribunal calificó de equivocada la remisión que, por competencia, dicha autoridad hizo del mismo al Juzgado Primero de Familia de esa capital, donde estaba tramitándose el proceso sucesoral del señor Ariel Leal Serrano. Pese a ello, coligió, en definitiva, que como las partes no cuestionaron las decisiones que al respecto adoptaron dichas oficinas, la falta de competencia de la segunda quedó saneada en la forma prevista por el numeral 5º del artículo 144 del Código de Procedimiento Civil.
4.4. Con apoyo en el artículo 8º de la Ley 54 de 1990, estableció la oportuna presentación de la demanda, toda vez que ello tuvo ocurrencia el 3 de junio de 2005, es decir, antes de que venciera el año siguiente a la muerte del causante Leal Serrano, quien falleció el 12 de julio de 2004.
4.5. A continuación, el ad quem se ocupó de verificar si se cumplieron las exigencias del artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, a efecto de tener por interrumpida la prescripción de la acción con la formulación de la demanda, para lo cual estimó que debía “descontarse el tiempo que abarcó la actuación adelantada ante el Juzgado Cuarto de Familia, y que fue dejada sin efecto por el Juzgado Primero de Familia, esto es, deberá descontarse el periodo comprendido entre el 03 de junio de 2005, hasta el 18 de noviembre de 2005, debiendo entonces empezar a contarse el término de un año para notificar la demanda a partir de esta última fecha, en que se notificó el auto admisorio de la demanda proferido por este último estrado judicial, es decir, que la demanda debía ser notificada antes del 18 de noviembre de 2006”.
4.6. En ese orden de ideas, sobre cada demandado estableció:
4.6.1. Carlos Alberto Leal Niño se notificó del auto admisorio dictado por el Juzgado Primero de Familia de Bucaramanga a través del apoderado judicial que para entonces tenía su representación, por conducta concluyente, el 7 de noviembre de 2006, como quiera que en dicha fecha el último presentó el poder que le otorgó el demandado Ariel Leal Niño, en donde se hizo expresa mención al referido proveído, conocimiento que el togado ratificó en el poder que posteriormente recibió de Adriana Consuelo Leal Niño.
De lo dicho se infiere, por una parte, que el indicado enteramiento “se materializó dentro del término de que trata el artículo 90 Código de Procedimiento Civil”; y, por otra, que como la contestación de la demanda que en nombre de aquél se presentó, data del 25 de junio de 2007, era “extemporánea” y, por lo mismo, “no podía el juzgado reconocer la excepción de mérito, a su favor, al no haberse propuesto en tiempo, pues al juez no le está permitido de oficio analizar si opera o no, aunque su apoderado hubiese apelado con tal fin”.
Concluyó, en últimas, que “el a-quo erró al entrar a reconocer la excepción de mérito de prescripción, que no fue propuesta de manera oportuna, por lo que habrá de revocarse el numeral quinto de la parte resolutiva de la sentencia apelada, como así lo solicita la apoderada de la parte actora en su recurso de apelación, el que, por esta arista sale airoso”.
4.6.2. En cuanto hace a Ariel, Adriana Consuelo y Martha Rocío Leal Niño, en tanto que, como ya se registró, fueron vinculados al proceso, el primero, el 8 de septiembre de 2006 y las dos últimas, el 7 de noviembre del mismo año, consideró que la respuesta del escrito introductorio presentada en su nombre el 25 de junio de 2007 fue tardía e inatendible y que mal podía, entonces, reconocerse en favor de ellos, la comentada excepción.
4.6.3. De Claudia Patricia Leal Sarmiento acotó que ni contestó la demanda, ni le fue concedida la apelación que interpuso contra el fallo del a quo, por lo que “no se hará análisis alguno de la decisión tomada en primera instancia en el sentido de considerar que frente a esta demandada no operó el fenómeno de la prescripción”.
4.6.4. Abelardo Leal Fuentes fue noticiado del proveído admisorio, mediante aviso entregado en el sitio de su residencia el 7 de septiembre de 2006, sin que la validez de dicha actuación resulte comprometida porque la copia de ese auto y de la demanda fueran devueltas, toda vez que al mismo tiempo se entregó aviso similar para Ariel Leal Fuentes, que sí fue recibido con dichos anexos.
Así las cosas, la réplica de la demanda allegada en nombre del accionado de que ahora se trata, pese a que en su encabezamiento el apoderado dijo actuar en representación de Luz Stella y Gladys Yaneth Leal Fuentes, es igualmente extemporánea y, por consiguiente, “la prescripción de la acción no podía prosperar frente a [él], por no haberse alegado oportunamente”.
4.6.5. A Gladys Yaneth Leal Fuentes se le informó del auto admisorio de la demanda a través del aviso entregado el 9 de septiembre de 2006, recibido por su hermana y también demandada Luz Stella Leal Fuentes, sin que deba tenerse en cuenta la manifestación que esta última efectuó, de que aquélla no residía en ese lugar, pues el 9 de mayo anterior, en relación con la citación que precedió el referido enteramiento, expresó lo contrario, esto es, que la primera sí vivía allí.
Tampoco resulta inválida la comentada notificación, por el hecho de que la segunda de las nombradas se hubiese negado a recibir los anexos del mismo, lo que por sí descarta que el aviso no contara con ellos, amén que Gladys Yaneth los tenía en su poder, desde cuando se surtió la notificación del auto admisorio que al principio de proceso emitió el Juzgado Cuarto de Familia de Bucaramanga.
Partiendo de la aludida fecha —9 de septiembre de 2006—, el Tribunal determinó que la contestación de la demanda se allegó por fuera del término del traslado y que, así las cosas, no podía acogerse la excepción de prescripción allí planteada.
4.6.6. Luz Stella Leal Fuentes, no obstante que recibió aviso de notificación el 27 de marzo de 2007, tuvo conocimiento tanto de la demanda, como de los autos admisorios dictados por los Juzgados Primero y Cuarto de Familia de Bucaramanga, desde mucho antes de esta fecha, habida cuenta que se le enteró, por intermedio del apoderado judicial que la representó, el emitido por la segunda de tales autoridades y, además, recibió el aviso de notificación librado a Gladys Yaneth, como antes se registró.
Tal constatación condujo al ad quem a calificar de “extemporánea” la contestación formulada por esta demandada y a aseverar que, “por contera, no podía el juzgado en primera instancia reconocer a su favor la excepción de mérito de prescripción de la acción, al no haberse propuesto de manera oportuna”.
4.6.7. Llegado a este punto, el Tribunal concluyó que “se revocará la sentencia apelada en la parte que reconoció como próspera la excepción de mérito de la prescripción de la acción en relación con Abelardo Leal Fuentes, Gloria Yaneth Leal Fuentes y Luz Stella Leal Fuentes”.
4.6.8. Ariel Leal Fuentes “se notificó el 07 de septiembre de 2006, por aviso que recibió Julia Fuentes, habiendo conferido nuevamente poder el 14 de septiembre de 2006 al doctor Ciro Eduardo Goyeneche, quien contestó la demanda a su nombre el 09 de octubre de 2006, esto es, de manera extemporánea, pues el término con que contaba para ello venció el 05 de octubre de 2006, y de todas maneras, la notificación y la contestación de la misma ocurrieron dentro del término de que trata el artículo 90 Código de Procedimiento Civil (…). En tal virtud, no prospera en este sentido la apelación propuesta contra la sentencia atacada”, por lo que habrá de confirmarse la misma en lo tocante a dicho demandado.
4.6.9. “E.E.J.L.A., se notificó a través de su apoderado judicial el 12 de junio de 2006, es decir dentro del término legal con que contaba la demandante para notificar la demanda, por lo que en su favor no opera la prescripción de la acción, no pudiendo entonces revocarse la sentencia apelada en este sentido”.
4.6.10. Adriana Stella, Diana Carolina y Juan Carlos Leal Pinzón se informaron personalmente, el 14 de junio de 2006, las dos primeras, y el 16 de noviembre del mismo año, el último, del proveído admisorio del libelo. Ninguno formuló excepciones. Además, tales enteramientos se efectuaron “dentro del término contemplado en el artículo 90 Código de Procedimiento Civil, no saliendo avante el recurso de apelación presentado por el apoderado de los hermanos Leal Niño y Leal Fuentes en el sentido que en virtud del litisconsorcio necesario, la prescripción debe operar a favor de todos los demandados”.
5. Sobre la “excepción de falta de los requisitos formales de la demanda, en la que insiste el apoderado de Édgar Eduardo Leal Almeida en su escrito de apelación, en virtud que al no haber acudido la demandante a la audiencia de conciliación previa, debía tenerse como no intentada”, el sentenciador de segunda instancia afirmó que dicho acto preparatorio del proceso no era necesario, debido a que, con el escrito generatriz de la controversia, se elevó solicitud de medidas cautelares, sin que tal motivo de exoneración sea exclusivo de los procesos civiles, como quiera que está contemplado en el inciso 5º del artículo 35 de la Ley 640 de 2001; y, además, el artículo 40 ibídem, que hace referencia a los asuntos de familia, remite a esa precisa disposición.
6. Finalmente, el Tribunal infirió que debía “revocarse el numeral DÉCIMO de la parte resolutiva de la sentencia apelada”, como quiera que ella no era consultable, “al no ser Ariel Leal Serrano directamente demandado en este proceso, ni haber demandados representados por curador ad litem”.
Tres cargos propusieron los impugnantes en desarrollo del recurso extraordinario que formularon. Los dos primeros, sustentados en el motivo inicial contemplado en el artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, y el último, en el quinto.
La Corte asumirá su estudio empezando por el tercero, en la medida que refiere un error in procedendo; y continuara con los dos restantes, pero en orden inverso al de su proposición, debido a que, como se verá, la definición del segundo, incidirá en la solución del primero.
En nombre de los demandados Adriana Consuelo, Ariel y Martha Rocío Leal Niño, el casacionista, con apoyo en la última de las causales previstas en el artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, denunció la nulidad del proceso “por no haberse practicado en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda proferido por el Juzgado Primero de Familia de Bucaramanga el día 16 de noviembre de 2005 (fl. 88 cdno. 1), notificado por estado el 18 de noviembre de 2005, a los mencionados recurrentes, nulidad contemplada en el numeral octavo del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil”.
En sustento de la acusación, luego de disertar en abstracto, con invocación de distintos fallos de esta corporación, sobre la nulidad planteada y la importancia de la notificación del auto admisorio de la demanda, el censor expuso los razonamientos que a continuación se sintetizan:
1. Destacó que el enteramiento a los citados demandados se efectuó “mediante aviso así: Adriana Leal Niño el día 8 de septiembre de 2006 (fls. 188 a 189, cdno. 1); Ariel Leal Niño y Martha Rocío Leal Niño, el 11 de septiembre de 2006 (fls. 194 a 195 y 190 a 191 respectivamente)”.
2. Memoró que las direcciones suministradas en la demanda para la notificación de dichos accionados, fueron: Ariel Leal Niño, “Conjunto el Triángulo, Casa 9, Villavicencio. Meta (fl. 3 cuaderno 1)”; y Martha Rocío y Adriana Consuelo Leal Niño, “Carrera 35 A Nº 168-38, Conjunto Arcadia, Torre 1, int. 1, apartamento 201, Bogotá (fl. 3)”.
3. Puso de presente que las direcciones correctas, indicadas por los propios demandados al contestar el libelo introductorio, correspondían a las siguientes: Ariel Leal Niño, “Carrera 26 Nº 47-16, Conjunto el Triángulo, Casa 9, Barrio Caudal, Villavicencio (fl. 243)”; y Martha Rocío y Adriana Consuelo Leal Niño, “Calle 169 Nº 16 C - 10, torre 1, int. 1, apartamento 201, Bogotá (fl. 243)”.
4. Enseguida reprodujo los argumentos que el ad quem esgrimió para desestimar la invalidación del proceso por causa similar a la aquí invocada y añadió:
4.1. En el caso de Adriana Consuelo Leal Niño, “si el Tribunal da por cierto que las direcciones son equivocadas, concluye ilegalmente que se debe tener entonces por notificada esa demandada, no por aviso, sino por conducta concluyente, el día 07 de noviembre de 2006, conclusión errada y contraria a derecho, como quiera que el poder otorgado a su apoderado (fl. 203), nada dice respecto de darse por notificada del auto admisorio de la demanda proferid[o] por el Juzgado Primero de Familia el 16 de noviembre de 2005, y por supuesto no hubo auto que reconociera al Dr. Gustavo Díaz Otero, para que legalmente fuera viable la notificación por conducta concluyente, según lo indica el inciso tercero del artículo 330 del Código de Procedimiento Civil (…). Así pues, debe declararse nula la notificación de esa demandada”.
4.2. Respecto de Martha Rocío Leal Niño, “es evidente que existieron las irregularidades en la notificación por aviso puestas de presente en el trámite del proceso, aceptadas por el Tribunal, siendo ilegal igualmente su consideración de que [ella] (…) se notificó por conducta concluyente desde el día 7 de noviembre de 2006, cuando su apoderado presentó el poder para actuar en nombre de Adriana y Ariel Leal Niño, lo que resulta a todas luces exótico; de todas maneras, para que el efecto de la notificación por conducta concluyente se hubiera dado era menester, conforme lo indica el artículo 330 inciso tercero del Código de Procedimiento Civil, que se le hubiera reconocido personería para actuar al apoderado judicial que la representaba, cosa que no ocurrió. (…). Se debe entonces declarar la nulidad de la notificación de esta demandada”.
4.3. Y, finalmente, en cuanto hace a Ariel Leal Niño, que “[a]nte todo cabe decir que, como se ha puesto de presente, y lo admite el Tribunal[,] la dirección suministrada por el demandante es incompleta, y por consiguiente, existió ciertamente una irregularidad en la notificación por aviso, por lo que no puede considerarse válidamente realizada. Adicionalmente que lo hubiera recibido alguien que ni siquiera se puede decir que fuera el celador del conjunto, no puede suponerse que por esa razón lo hubiera recibido el señor Ariel Leal Niño. (…). Por lo expuesto debe considerarse nula la notificación de este demandado”.
5. Al cierre de la acusación, el recurrente solicitó casar la sentencia combatida y “ordenar al Juzgado de conocimiento renovar la actuación anulada”.
1. Como de forma reiterada lo ha sostenido esta corporación, los mismos principios que gobiernan las nulidades en el proceso, operan en tratándose de la causal quinta de casación, de donde su alegación debe provenir de la parte afectada con el vicio denunciado; éste debe subsumirse en uno de los taxativos motivos previstos en el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil y/o en el 29 de la Constitución Política, como causas de invalidación del proceso; y no debe haberse saneado.
Sobre el particular, tiene precisado la jurisprudencia de esta corporación:
(…) La ley procesal habilita en el numeral 5° del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, como razón de censura por esta vía extraordinaria, la incursión en una de las causales de nulidad a que se refiere el artículo 140 ibidem, siempre y cuando quien la alegue cuente con legitimación y el vicio aducido no haya sido saneado.
Su formulación está condicionada por los principios de taxatividad, convalidación y trascendencia, en la medida que no cualquier irregularidad es susceptible de alterar la actuación. Sólo aquella anormalidad que genera un grave traumatismo para el pleito, por su relevancia, expresa consagración legal y falta de regularización, justifica que se reconsidere lo que ya se encuentra finiquitado (CSJ, SC-15746 del 14 de noviembre de 2014, Rad. 2008-00469-01; se resalta).
2. El Tribunal, en cuanto hace a la vinculación al proceso de los demandados en nombre de quienes se propuso la acusación examinada, en síntesis, estimó:
2.1. Respecto de Ariel Leal Niño, que la notificación surtida de conformidad con el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, es válida.
2.2. Y en relación con Adriana Consuelo y Martha Rocío Leal Niño, que el enteramiento similar que se intentó, no es atendible, porque los avisos fueron entregados en unas direcciones distintas a las suministradas en el libelo introductorio, debiéndoseles tener por informadas del auto admisorio de la demanda, por conducta concluyente, a partir del 7 de noviembre de 2006.
3. En el cargo, se reprocharon esas actuaciones, porque en el aviso con el que se notificó a Ariel Leal Niño, no se indicó la dirección completa del sitio donde debía entregarse el mismo; y porque no se cumplieron las previsiones del artículo 330 del Código de Procedimiento Civil, para que se configurara la notificación por conducta concluyente de Adriana Consuelo y Martha Rocío Leal Niño.
4. Centrada la atención de la Corte en la nulidad deprecada en nombre del demandado Ariel Leal Niño, se establece:
4.1. No hay duda de que él está asistido de interés para alegarla, por ser el directo agraviado con ella; de que la anomalía procesal en que se apoya, se subsume en la causal 8ª del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil; y de que no fue saneada, toda vez que dicho accionado la planteó cuando intervino por primera vez en el proceso, esto es, en el escrito de contestación de la demanda que su apoderado presentó el 25 de junio de 2007 (fls. 239 a 243, cdno. 1), independientemente de que se lo califique o no de extemporáneo.
4.2. Cumplidas esas condiciones, se pasa a ver si el defecto denunciado, en verdad se produjo:
4.2.1. En la demanda que originó el proceso, se indicó, para la notificación del mencionado accionado, el inmueble ubicado en el “Conjunto El Triángulo casa # 9, Villavicencio - Meta”.
4.2.2. Con inclusión de idéntica dirección, se elaboró el aviso de notificación que en copia milita a folio 195 del cdno. principal, el cual, según la certificación expedida por “Postal Express S.S. Ltda.”, fue entregado allí mismo el 8 de septiembre de 2006, con copia informal del auto admisorio y de la demanda, que figura recibido por “Javier Alonso. PL 0113” (fl. 194, cdno. 1).
4.2.3. Ninguna inconsistencia se observa, entonces, en la notificación realizada, como quiera que ella se verificó en el lugar indicado por la actora para su práctica y con plena sujeción de las exigencias del artículo 320 del Código de Procedimiento Civil.
4.2.4. El apoderado del citado convocado, al responder la demanda, indicó que la dirección de su representado era “Carrera 26 Nº 47-16, Conjunto el Triángulo, casa Nº 9, Barrio Caudal, Villavicencio” y, con base solamente en la imprecisión de los datos que al respecto se suministraron en el libelo introductorio, solicitó la nulidad de dicho enteramiento.
4.2.5. Del cotejo de las direcciones atrás relacionadas, se infiere que así se admita que la señalada en la demanda y, por consiguiente, en el aviso de notificación, fue deficitaria, tal anomalía no impidió la efectiva entrega de dicha comunicación en el domicilio del demandado y que, por lo mismo, el acto de noticiamiento se verificara sin problemas.
4.2.6. Ahora bien, como no fue fundamento de la invalidación deprecada en la referida contestación del escrito de apertura del litigio, que el comentado aviso no hubiese sido entregado en el conjunto residencial a que se alude, o que dicha entrega debió hacerse en la casa donde habita el demandado y no en la portería de la agrupación, o que no puede identificarse a la persona que lo recibió, esas particulares deficiencias deben calificarse saneadas, en la medida que el accionado actuó sin alegarlas, y, por lo mismo, no resultan atendibles ahora para edificar sobre ellas la anulación de lo actuado.
Al respecto, tiene dicho esta corporación:
Particularmente, en lo que respecta al saneamiento de un vicio procesal susceptible de disposición, ello ocurre, entre otras hipótesis, cuando la ‘persona indebidamente representada, citada o emplazada actúa en el proceso sin alegar la nulidad correspondiente’ (CPC, art. 144, num. 3º), en cuyo caso ningún hecho que la configure puede ser alegado con posterioridad.
Como lo reiteró la Corte, ‘so pena de entenderlas saneadas’, lo dicho ‘impone a la parte agraviada con el vicio procesal la obligación de invocar, en la primera oportunidad que se le brinde, no sólo todas las causales anulatorias que a su juicio se han estructurado, sino también todos y cada uno de los hechos, motivos o razones que las configuran’ (CSJ, SC del 1º de marzo de 2012, Rad. 2004-00191-01; subrayas y negrillas fuera del texto).
4.2.7. Se colige así, que la nulidad deprecada por el señor Ariel Leal Niño, no está llamada a prosperar.
5. Para la definición de la invalidación suplicada por las señoras Adriana Consuelo y Martha Rocío Leal Niño, son pertinentes las siguientes apreciaciones:
5.1. Igualmente se cumplen los requisitos de legitimación, taxatividad y no saneamiento, toda vez que las nombradas eran las únicas habilitadas para protestar en frente de la notificación por conducta concluyente que, en relación con ellas, dedujo el Tribunal; el error imputado se ubica en la causal octava del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil; y como esa inferencia la predicó dicha autoridad solamente en el fallo de segunda instancia, la primera oportunidad que las interesadas tuvieron para alegar el vicio fue, precisamente, el recurso extraordinario de casación que interpusieron contra el mismo.
5.2. A modo de introducción, debe destacarse, en primer lugar, que el ad quem no le otorgó ningún efecto a la notificación que se intentó por aviso a las nombradas accionadas y que, por ello, no hay lugar a revisar aquí la validez de dicho enteramiento.
Y, en segundo lugar, que esa corporación dedujo que el conocimiento que ellas tuvieron del auto admisorio de la demanda se produjo por conducta concluyente, en síntesis, porque:
a) Adriana Consuelo Leal Niño, en el poder que le otorgó al apoderado que la representó, hizo expresa mención del señalado proveído.
b) El apoderado de Martha Rocío Leal Niño, en los poderes que le confirieron Adriana Consuelo y Ariel Leal Niño, dejó indicado su conocimiento de la mentada providencia, en tanto que allí, como ya se acotó, se hizo alusión a la misma.
5.3. Teniendo en la mira las precisiones precedentes, síguese a evaluar la ocurrencia de la nulidad acusada:
5.3.1. Según se desprende de los artículos 314, 315 y 505 del Código de Procedimiento Civil, el enteramiento del auto admisorio de la demanda, entre otros, debe surtirse al demandado en forma personal o por el aviso de que trata el artículo 320 de la misma obra.
No obstante lo anterior, tal notificación también puede darse por conducta concluyente, según lo prevé el artículo 330 ibídem, modificado por el 33 de la Ley 794 de 2003, que a la letra reza:
5.3.2. Como se aprecia, la notificación por conducta concluyente es una ficción legal, pues sin haberse surtido el enteramiento de una providencia judicial a quien debe ser informado de ella, ya se trate de una de las partes, ora de un tercero, se presume que el interesado la conoce en los siguientes supuestos:
a) Cuando así lo reconoce expresamente.
b) Cuando la menciona en un escrito firmado por él o en audiencia o diligencia, habiendo quedado constancia de lo último.
c) Cuando retira el expediente, en los casos autorizados por la ley.
d) Cuando otorga poder a un abogado.
e) Y cuando se decreta la nulidad del proceso, por indebida notificación.
En esas circunstancias, es dable deducir que la persona a quien debía notificarse una determinada providencia, la conoce, aunque en momentos diferentes, así:
a) En los supuestos de que el interesado admita expresamente que tiene conocimiento del respectivo proveído, o de que lo mencione, ya sea por escrito o en audiencia o diligencia, la notificación por conducta concluyente se entenderá surtida “en la fecha de presentación del escrito o de la audiencia o diligencia”.
b) Si la cuestión es el retiro del expediente, “desde el vencimiento del término para su devolución”.
c) En el caso del otorgamiento de poder, a partir del “día en que se notifique el auto que reconoce personería”.
d) Y cuando se declare “la nulidad por indebida notificación”, el “día siguiente de la ejecutoria del auto que la decretó o de la notificación del auto de obedecimiento a lo resuelto por el superior”.
5.3.3. Por lo que aquí habrá de decidirse, debe llamarse la atención sobre la segunda de tales hipótesis, esto es, el evento de que el interesado “mencione” la providencia que debe informársele.
Basta, pues, que él se refiera a ella en un escrito que lleve su firma, o en audiencia o diligencia, quedando constancia de ello en la respectiva acta, para que pueda afirmarse la presunción de que se trata, a partir de la fecha de presentación del respectivo documento o de realización de los indicados actos.
El analizado supuesto no puede confundirse con los restantes y, menos, con el cuarto —otorgamiento de poder-. Una cosa es mencionar una providencia en un escrito y otra conferir poder a un abogado, en procura de que él asuma la representación del interesado.
Lo primero puede darse en cualquier memorial. Lo segundo, exige la satisfacción de los requisitos del artículo 65 del Código de Procedimiento Civil, sin que en el poder deba indicarse providencia alguna. Ahora bien, para que opere la notificación por conducta concluyente por el sólo hecho de conferirse el mandato judicial, es necesario que se dicte auto en el que se reconozca personería al apoderado designado.
Cabe comentarse, que si en el poder se menciona una providencia que deba notificarse a quien lo confiere, tiene lugar la aludida forma de enteramiento, pero en aplicación de la segunda hipótesis que la autoriza. En tal caso, de un lado, ello tiene lugar en la fecha de presentación del respectivo escrito; y, de otro, no es necesario el auto de reconocimiento del apoderado.
5.3.4. Obra a folio 203 del cdno. principal el poder que confirió Adriana Consuelo Leal Niño al doctor Gustavo Díaz Otero, para que en su “nombre y representación conteste la demanda, haga valer [sus] derechos y lleve la vocería durante toda la etapa procesal”. En él, entre otras facultades, le concedió la “especial de notificarse del auto que admite la demanda” (se resalta).
Dicho mandato aparece firmado por la nombrada demandada y, según el sello que contiene, fue presentado personalmente y reconocido por ella, ante el Notario Séptimo de Bucaramanga, el 27 de julio de 2006.
La mención expresa que en dicho escrito efectuó la citada convocada del “auto que admite la demanda”, independientemente de se trate de un poder, permitía al Tribunal colegir que ella se notificó, por conducta concluyente, de ese proveído, a partir de la fecha de su presentación personal, inferencia que, por lo tanto, no constituye ningún defecto invalidante del proceso.
Como en relación con el supuesto de que se trata, el artículo 330 del Código de Procedimiento Civil solamente previó que el interesado “mencione en escrito que lleve su firma” la respectiva providencia, mal puede interpretarse que la alusión que deba hacerse de ella, comporte la identificación de la misma mediante la indicación de todos sus datos.
Se sigue de lo anterior, que la circunstancia de que en el referido poder se hubiere aludido solamente al “auto que admite la demanda”, no torna defectuosa la notificación, porque tal manifestación es suficiente para establecer la providencia en relación con la cual operó la figura que se comenta.
Reitérase que como dicha notificación se fundamenta en el segundo de los motivos enlistados en la citada norma —mención de la providencia—, su ocurrencia no estaba, ni está, condicionada al proferimiento del auto de reconocimiento de personería del profesional designado por la demandada, toda vez que dicha formalidad solamente es exigible en la hipótesis cuarta del precepto —otorgamiento de poder—.
La nulidad deprecada en nombre de Adriana Consuelo Leal Niño, por consiguiente, no tuvo ocurrencia y, por lo mismo, no habrá de reconocerse.
5.3.5. Ya en lo que toca con Martha Rocío Leal Niño, es verdad que ella le otorgó poder al doctor Gustavo Díaz Otero para que la representara en el proceso, desde el 18 de julio de 2005, según escrito que milita a folio 71 del cdno. principal, cuando del asunto aún conocía el Juzgado Cuarto de Familia de Bucaramanga.
Al respecto, es necesario acotar que las circunstancias del cambio de competencia que del litigio se hizo (autos del 13 y 27 de septiembre de 2005, fls. 73 a 77 y 81 a 84, cdno. 1), independientemente de su acierto, y de invalidación de lo actuado ante el precitado juzgado, adoptada por el Primero de Familia de la misma ciudad mediante proveído del 30 de enero de 2006 (fl. 94, cdno. 1), no desvanecen el hecho del apoderamiento atrás aludido, ni lo enervan, en tanto que él, como acto jurídico autónomo que es, no quedó afectado por ese devenir procesal.
Añádase que a voces del inciso 3º del artículo 70 del Código de Procedimiento Civil, “[e]l poder para actuar en un proceso habilita al apoderado para recibir la notificación del auto admisorio de la demanda o del mandamiento ejecutivo y representar al poderdante en todo lo relacionado con la reconvención y la intervención de terceros” (se resalta).
Tomando como punto de partida la representación judicial aludida, se encuentra que el poder otorgado al mismo profesional por Adriana Consuelo Leal Niño, en el que, como viene de comentarse, se hizo mención expresa al “auto que admite la demanda”, fue igualmente firmado por el doctor Díaz Otero, quien además lo presentó personalmente y reconoció el 7 de noviembre de 2006 ante el Juzgado Primero de Familia de Bucaramanga, según el selló que aparece a folio 203 vuelto.
Se sigue de lo anterior que, por idénticas razones a las señaladas en el punto precedente de estas consideraciones, era factible, como lo resolvió el ad quem, tener al citado profesional como notificado, por conducta concluyente, del auto admisorio de la demanda desde la referida fecha; y, además, que en razón a que él, para entonces, ya había recibido poder de Martha Rocío Leal Niño, se estimara que ese enteramiento fue vinculante para ella.
La falta de reconocimiento expreso del nombrado abogado como apoderado judicial de la demandada de que ahora se trata, no altera la conclusión expuesta, pues como ya se precisó, no es aplicable aquí el inciso tercero del artículo 330 del Código de Procedimiento Civil; y porque las actuaciones de dicho profesional y la atención que se brindó a las mismas en el curso de las instancias, permiten inferir que a él se le tuvo como tal.
En un caso de características similares a este, la Corte conceptuó que como “el apoderado de las demandadas se refirió expresamente al auto de apertura del proceso para reclamar la nulidad de su indebida notificación, lo que da cuenta del conocimiento de su existencia”, con ese proceder él dio “lugar a que en forma inmediata” aquéllas “quedaran notificadas de manera personal de la providencia, tal y como lo ordena el inciso primero [hace alusión al artículo 330 del CPC], sin necesidad de aplicar la solemnidad indicada en el tercer apartado, en el cual se exige que se reconozca personería al apoderado y que la notificación en tal caso se surta por conducta concluyente precisamente el día en que tal actuación se realice, pues es claro que en este caso no se hizo solamente la presentación de un poder al despacho judicial sino que se aludió a una providencia en concreto, que era precisamente la que debía noticiarse a las accionadas” (CSJ, SC6505-2015 del 27 de mayo de 2015, Rad. 2007-00403-01).
En tal orden de ideas, no hay lugar a acoger tampoco la nulidad objeto de las precedentes apreciaciones.
6. La acusación, en definitiva, no prospera.
En nombre solamente de los señores Carlos Alberto Leal Niño, Abelardo Leal Fuentes, Gladys Yaneth Leal Fuentes y Luz Stella Leal Fuentes, se enrostró al sentenciador de segunda instancia la infracción indirecta de los artículos 1º, 2º, 4º a 8º de la Ley 54 de 1990, con las modificaciones que les hizo la Ley 979 de 2005; 90 del Código de Procedimiento Civil, reformado por el artículo 10 de la Ley 794 de 2003; y 2512, 2513, 2535, 2536 y 2539 del Código Civil, debido a los errores de hecho en que incurrió ese juzgador.
Como sustento de la queja, su autor expuso:
1. Tras reiterar los argumentos con base en los cuales el ad quem descartó la existencia en el proceso de un litisconsorcio necesario, precisó, con apoyo de la jurisprudencia, de un lado, la concordancia que existe entre los artículos 8º de la Ley 54 de 1990 y 90 del Código de Procedimiento Civil, cuya aplicación armónica se impone a efecto de verificar la interrupción civil de la prescripción prevista en el primero de tales preceptos; y, de otro, la importancia que en los litigios tiene, la correcta notificación del auto admisorio de la demanda a los accionados.
2. Insistió en la comisión, por parte del Tribunal, del yerro denunciado, “respecto de las notificaciones de los recurrentes en casación mencionados en este cargo, del auto admisorio de la demanda de fecha 16 de noviembre de 2005, del Juzgado Primero de Familia de Bucaramanga”, planteamiento en torno del que explicó:
2.1. En el caso de Carlos Alberto Leal Niño, es “manifiesto y evidente que la notificación de este demandado se produjo el 12 de junio de 2007 (fl. 234 cuaderno 1), por intermedio de su apoderado, doctor Gustavo Díaz Otero. Las disquisiciones del Tribunal para desconocer ese hecho, son contrarias a la realidad, si se tiene en cuenta que el mencionado apoderado (…), ciertamente presentó poder para actuar ante el Juzgado Primero de Familia de Bucaramanga el día 7 de [n]oviembre de 2006 (fl. 205 del cdno. 1), dado que este último juzgado había dejado sin valor y efectos todo lo actuado por el Juzgado Cuarto de Familia de Bucaramanga, lo que también es ley del proceso, hecho que no puede ser desconocido. Pero obsérvese que ese poder no está firmado por el señor Carlos Alberto Leal Niño pues solo lo firma Ariel Leal Niño, sin que se pueda concluir entonces, como equivocadamente lo dice el Tribunal, que a partir de esa fecha, Carlos Alberto Leal Niño sabía de la existencia del proceso ante ese juzgado y de contera del auto admisorio de la demanda. Igual ocurre con el poder presentado el 7 de noviembre de 2006 (fl. 203) por el Dr. Díaz Otero en representación de Adriana Leal Niño, pues este poder solo lo firma esta demandada”.
Si bien es verdad que en el mandato otorgado por el citado accionado al nombrado apoderado, aquél facultó a éste para notificarse del auto admisorio de la demanda, también lo es que no se especificó que se tratara del proferido el 16 de noviembre de 2005, “como lo exige el artículo 330 del Código de Procedimiento Civil, para que tenga lugar la notificación por conducta concluyente y sin que tampoco el Dr. Díaz Otero hubiera sido reconocido como apoderado del señor Carlos Alberto Leal Niño, como lo indica el mismo artículo 3330 (sic) del Código de Procedimiento Civil, en su inciso tercero”.
Aseveró que “es apartarse de la realidad del proceso, considerar, como equivocadamente lo hace el Tribunal, que no se podía desconocer actuaciones realizadas ante el Juzgado Cuarto de Familia de Bucaramanga, para deducir que no se requería nuevo poder y que el Dr. Díaz Otero para aquella fecha, 7 de noviembre de 2006, ya tenía conocimiento del auto admisorio de la demanda proferido por el Juzgado Primero de Familia y podía notificarse en su nombre. Por supuesto que el Tribunal no podía detenerse en estimar lo que ha debido hacer el Juzgado Primero de Familia ni tampoco considerar lo que ha debido hacer el Dr. Díaz Otero, pues estas son observaciones que caen en el campo de las elucubraciones, que desbordan la realidad del proceso”.
2.2. Sobre Abelardo Leal Fuentes, advirtió que los planteamientos del sentenciador de segunda instancia “riñe[n] abiertamente con la realidad obrante en autos y no se acompasan con el trámite de la notificación del auto admisorio de la demanda (…), comoquiera que obra a folio 364 cuaderno 1 del expediente que él se notificó personalmente el 18 de junio de 2008 y que la demanda fue contestada en tiempo por su apoderado judicial el día 24 de junio de 2008 (fls. 365 a 368), por lo que, contrario a la evidencia procesal tergiversada abiertamente por el Tribunal, se encuentra debidamente probada la excepción de prescripción respecto de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes”, en la medida que esa notificación se realizó por fuera del término de un año previsto tanto en el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, por lo que no operó la interrupción civil allí contemplada, como en el artículo 8º de la Ley 54 de 1990, de lo que se desprende la configuración de la aludida defensa.
Especificó que debe tenerse en cuenta, además, que en el auto del 10 de noviembre de 2006, el Juzgado del conocimiento resolvió no tener por notificado a dicho accionado, “ya que no se hizo entrega del aviso de notificación conforme lo dispone el inciso cuarto del artículo 320 del Código de Procedimiento Civil”, determinación en frente de la cual la parte actora no expresó ninguna inconformidad y que, por lo mismo, quedó ejecutoriada, convirtiéndose en “ley del proceso”, sin que, por ende, pudiera ser desconocida por el ad quem.
2.3. Con relación a Gladys Yaneth Leal Fuentes, estimó que la “rebuscada argumentación” del Tribunal “contradice abiertamente la evidencia procesal obrante en autos”, porque el a quo, mediante auto del 15 de noviembre de 2007, por un lado, invalidó el emplazamiento que se hizo de ella y, por otro, la tuvo como “notificada por conducta concluyente (…) el día 30 de noviembre de 2007”, decisiones que tampoco podían ser ignoradas por dicha corporación.
2.4. En lo tocante con Luz Stella Leal Fuentes expresó que el ad quem, respecto de ella, “se despreocupó del escenario del proceso, y de los autos que alcanzaron plena firmeza, para adoptar decisiones solo de acuerdo con su personal criterio, y en forma contraria a esa realidad, suponiendo un conocimiento del auto admisorio de la demanda que no ocurrió con anterioridad al mar. 28/2007”, pues en esa fecha fue que se la enteró, por aviso, de dicho proveído, resultando oportuna, entonces, la réplica del libelo introductorio, que presentó el 30 de abril siguiente. Como esa notificación fue posterior al vencimiento del término fijado en el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, no operó la interrupción de la prescripción excepcionada y, consecuentemente, por virtud de la prescripción contemplada en el artículo 8º de la Ley 54 de 1990, se extinguieron los efectos patrimoniales derivados de la unión marital de hecho que se reconoció en favor de la actora.
Al final, el recurrente insistió en rechazar la postura adoptada por el Tribunal, al deducir que la referida accionada “tuvo pleno conocimiento de la demanda y por ende del auto admisorio de la demanda con anterioridad al 27 de marzo de 2007, con base en actuaciones llevadas a cabo ante el Juzgado Cuarto de Familia de Bucaramanga, pues como con profusión se ha indicado, mediante auto del 16 de noviembre de 2005, se admitió la demanda por el Juzgado Primero de Familia de Bucaramanga (fl. 88 cuaderno 1), luego es absurdo considerar que con anterioridad a su proferimiento, pudiera considerarse como notificada de ese auto singular y concreto. De la misma manera, constituye una suposición inadmisible considerar que recibido el aviso por su hermana Gladys Stella Fuentes Leal, el 09 de septiembre de 2006, ella también debió conocer el auto admisorio de la demanda. Es pues un error manifiesto y trascendente, pues al haber sido contestada en tiempo la demanda, operaba plenamente la excepción de prescripción propuesta”.
3. En acápite separado, el recurrente reiteró la violación de las normas que indicó al inicio de la censura; solicitó “CASAR la sentencia de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga de fecha 9 de agosto de 2012”; y solicitó que la Corte, en sede de instancia, “proceda a declarar probada la prescripción de la acción para obtener la disolución y liquidación de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes de Gloria Stella Pinzón Amaya y Ariel Leal Serrano, respecto de los recurrentes Carlos Alberto Leal Niño, Abelardo Leal Fuentes, Gladys Yaneth Leal Fuentes y Luz Stella Leal Fuentes”.
1. Muchos son los elementos que integran los procesos civiles , entre otros, la demanda; su contestación; las pruebas; los memoriales que a lo largo de la controversia presenten las partes y/o los terceros intervinientes, directamente, si la ley los autoriza para actuar en causa propia, o por intermedio de los apoderados judiciales que los representen, en los demás supuestos; los alegatos de conclusión; los autos con los que el juzgado del conocimiento resuelve las distintas peticiones que se le formulan o impulsa el litigio; las sentencias que lo desatan, tanto en primera como en segunda instancia; y las notificaciones de esas providencias.
Sin desconocer la importancia que cada uno de esos actos tiene, el legislador, al estructurar como causal de casación la violación de la ley sustancial derivada de la comisión de errores de hecho, circunscribió la ocurrencia este específico defecto a la indebida apreciación “de la demanda o de su contestación, o de determinada prueba”, según el expreso mandato de la primera parte del inciso final del numeral 3º del artículo 374 del Código de Procedimiento Civil.
Significa lo anterior, que en el ámbito del referido recurso extraordinario, no cualquier desatino en el examen del proceso, da lugar a la configuración de yerro fáctico que sirve a la vía indirecta prevista en el numeral 1º del artículo 368 de la obra en cita. Solamente, la equivocada ponderación, se reitera, del libelo introductorio, o del escrito a través del cual se replicó el mismo, o de una prueba determinada, habilitan la ocurrencia de dicho defecto.
Y no se trata de que los sentenciadores de instancia no puedan incurrir en fallas al auscultar el litigio en aspectos distintos a los atrás señalados, ni que ellas carezcan de importancia en la decisión con la que ultiman los conflictos sometidos a su conocimiento, sino que esas anomalías, según sus particularidades y la incidencia que tengan en la solución adoptada, deben alegarse a la luz de los otros caminos que viabilizan dicha forma de impugnación, especialmente, de los motivos segundo y quinto del ya mencionado artículo 368, en tanto que estos son los únicos errores de linaje procedimental que permiten la formulación del recurso de que se habla.
De tiempo atrás, la Corte ha predicado que “los motivos de casación, además de taxativos, tienen asiento en yerros de juzgamiento o de procedimiento. Los primeros se refieren a las falencias en que se puede incurrir al aplicar la ley sustancial, bien en forma directa o como consecuencia de errores de hecho o de derecho en la apreciación probatoria, en tanto que los segundos atañen al comportamiento procesal del juez, entre los que se halla el concerniente a la consonancia de la resolución” (CSJ, SC del 8 de junio de 2001, Rad. C-5719) y, agrégase ahora, la nulidad.
2. En el cargo que se examina, el recurrente denunció, en primer lugar, la falta de apreciación por parte del Tribunal de las notificaciones que se hicieron del auto admisorio de la demanda a los demandados en nombre de quienes se propuso la acusación, así como de los autos dictados por el juzgado del conocimiento, relacionados con ese aspecto del proceso; y, en segundo término, que dicha autoridad, aparejadamente, supuso que el enteramiento de ese proveído, se realizó en forma distinta a como en verdad aconteció.
Es ostensible, entonces, que la indebida ponderación reprochada al sentenciador de segunda instancia, el casacionista la cifró en los actos de notificación del proveído de apertura del litigio a los recurrentes, ya sea porque pretirió los que efectivamente se realizaron, ora porque inventó unos distintos de ellos, que fueron los que hizo valer.
3. Siendo ello así, forzoso es colegir el fracaso de la acusación, en tanto que el blanco de ataque de la misma no corresponde a la ponderación que el Tribunal hizo de la demanda, de su contestación y/o de las pruebas recaudadas, únicas piezas del proceso en torno de las cuales puede configurarse el error de hecho previsto para el recurso extraordinario de casación.
4. Si el propósito del impugnante era establecer que la notificación del auto admisorio de la demanda se verificó a sus representados de manera diferente a como lo predicó el Tribunal, se imponía a él alegar la invalidez de los actos de enteramiento que esa corporación tuvo en cuenta, lo que sólo podía hacer con apoyo en la ya varias veces mencionada causal quinta del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil.
Solo así, es decir, únicamente luego de anularse esos mecanismos de noticiamiento, podían producir efectos jurídicos aquéllos que, en criterio del censor, eran los que debían tenerse en cuenta, entre otros, el de servir como punto de partida para la contabilización del término del traslado, circunstancia de la que, correlativamente, podía desprenderse la verificación de que las contestaciones de la demanda que se presentaron en nombre de los recurrentes, fueron oportunas, tornándose viable, entonces, el acogimiento de la excepción de prescripción extintiva por ellos alegada.
5. Equivocado, como fue, el camino escogido por el casacionista, no hay lugar a que la Corte, en desarrollo del cargo como fue planteado, esto es, dentro de la órbita de la causal primera de casación y, más exactamente, de la violación indirecta de la ley sustancial, pueda analizar la forma en la que los gestores de la acusación se notificaron del auto admisorio de la demanda; o definir si tales accionados contestaron oportunamente el libelo introductorio; o establecer si ellos, por lo tanto, propusieron en tiempo la excepción de prescripción extintiva de la acción dirigida a que se declarara la disolución y liquidación de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes constituida por la actora y el ya fallecido señor Ariel Leal Serrano.
6. Ningún acogimiento merece, entonces, el reproche en cuestión.
Como se dijo, con respaldo en la causal inicial del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, en nombre de todos los recurrentes, se denunció la sentencia del Tribunal por ser directamente violatoria de los artículos 1º, 2º y 4º a 8º de la Ley 54 de 1990, consideradas las modificaciones que a ellos les introdujo la Ley 979 de 2005; 50, 51, 83 y 90 del Código de Procedimiento Civil, incluidas las modificaciones que al tercero le hizo el artículo 10º, numeral 35, del Decreto 2282 de 1989, y al último, el artículo 10 de la Ley 794 de 2003; y 1580, 2512, 2513, 2535, 2536 y 2539 del Código Civil, todo “como consecuencia de errores puramente jurídicos, al no haber declarado la existencia de un litisconsorcio necesario entre los demandados”.
Luego de memorar los argumentos en los que el Tribunal soportó su fallo, el recurrente, con el propósito de sustentar la censura, esgrimió los planteamientos que pasan a relacionarse:
1. Con invocación del artículo 42 de la Constitución Política, el censor disertó sobre la familia y puntualizó, por una parte, que su origen también puede darse por la decisión de un hombre y una mujer de conformarla, sin mediar el vínculo jurídico del matrimonio; por otra, los requisitos para que en ese supuesto ella se configure; y, adicionalmente, que “a partir de la expedición de la Ley 54 de 1990, además de la sociedad conyugal regulada en el Libro 4º, Título XXII, capítulos II a VI del Código Civil, coexisten dos clases de sociedades: la reguladas por el Código de Comercio, que comprenden tanto las civiles como las comerciales y las sociedades patrimoniales entre compañeros permanentes, que requieren, para que puedan ser declaradas judicialmente, que se reúnan los requisitos establecidos en el artículo 2º de la ley señalada anteriormente”.
2. A continuación enfatizó que, en el presente caso, lo pretendido por la actora fue el reconocimiento tanto de la unión marital de hecho, como de la correspondiente sociedad patrimonial, que ella conformó con el señor Ariel Leal Serrano desde el 16 de noviembre de 1978, hasta el 12 de julio de 2004.
3. Con tal base, trajo a colación el contenido del artículo 83 del Código de Procedimiento Civil y, con ayuda de la jurisprudencia, se refirió en extenso al litisconsorcio necesario y al facultativo, tras lo cual observó:
3.1. El primero se da “en aquellos eventos en que el thema decidendum verse sobre relaciones jurídicas en las que una de las partes (o ambas) vinculan a varias personas, bien entendido que ese vínculo envuelve un interés que le corresponde a todas y cada una de esas personas, sin que el mismo pueda ser considerado como independiente en cada una de ellas, o como una unidad que se abstrae del conjunto formado por esas personas, de manera que no puede fallarse sin su presencia íntegra, pues de lo contrario se caería en el absurdo de que la relación se podría considerar extinguida para quienes concurrieron al proceso pero vigente para aquellos que no lo hicieron; de ahí que si alguna o algunas de ellas no han comparecido al proceso como demandantes o demandados, el juez debe disponer su citación”.
3.2. Por consiguiente, “esa vinculación depende necesariamente del tema decidendum, el cual queda delimitado por el petitum y, de alguna manera, también por la causae petendi planteados por el actor”.
3.3. Definido, como está, el marco establecido en la demanda, “resulta claro que las controversias que se debaten en este proceso giran alrededor de la configuración de una Unión Marital de Hecho y la conformación de una sociedad patrimonial entre compañeros permanentes y su consiguiente disolución y liquidación; por lo tanto, es claro que las pretensiones elevadas involucran a todos los demandados, en un vínculo que, repito, incluye un interés que le corresponde a todas y cada una de las personas demandadas, sin que el mismo pueda ser considerado como independiente en cada una de ellas como no podía ser de otra forma”.
4. Sentados esos lineamientos, el censor pasó a ocuparse de la prescripción de la acción dirigida a obtener la disolución y liquidación de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, así como de la “interrupción” de la misma “cuando existe litis consorcio necesario”, temáticas en relación con las cuales reprodujo del artículo 8º de la Ley 54 de 1990; resaltó la importancia que tiene “el momento a partir del cual comienza a correr el plazo de un año” contemplado en dicha norma; comentó la manera como opera su interrupción, esto es, “la aplicación del artículo 90 del Código de Procedimiento Civil”; y expuso:
4.1. Sobre lo primero —prescripción de la acción—, recabó en el contenido del artículo 8º de la Ley 54 de 1990, cuando dispone que el término de un año allí previsto se cuenta “a partir de la separación física y definitiva de los compañeros, del matrimonio con terceros, o de la muerte de uno o ambos compañeros”; y en que la jurisprudencia patria, ha dejado en claro que, por lo tanto, no es necesario para el aludido cómputo, el reconocimiento previo de la unión marital y/o de la existencia de la sociedad patrimonial.
4.2. Y, respecto de lo segundo —interrupción de la prescripción—, acotó que para establecerla, en el caso de las acciones encaminadas a que se disponga la disolución y liquidación de una sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, es imperiosa la aplicación armónica del referido mandato y del artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, pues la sola presentación de la demanda no es suficiente, inferencia que igualmente sustentó con uno de los fallos de esta corporación.
5. Así las cosas, el recurrente aseveró que “en este proceso existe litisconsorcio necesario entre todos los demandados” y que, por ende, “para que la presentación de la demanda incoada por la señora Gloria Stella Pinzón Amaya (…), tuviera la virtud de haber interrumpido la prescripción de un año a que se refiere el artículo octavo de la Ley 54 de 1990, era indispensable la notificación a todos los demandados del auto admisorio de la demanda dentro del término de (1) año contado a partir del día siguiente a la notificación al demandante de tales providencias (sic), por estado o personalmente”.
6. En últimas, concluyó que como el ad quem, en el caso sub lite, infirió la existencia de un litisconsorcio facultativo y, en tal virtud, estimó que el análisis de la prescripción debía realizarse por separado para cada accionado, “cometió un yerro de interpretación jurídica que incidió directamente en la conclusión a la que llegó alrededor de la prescripción de la citada acción (…), pues ha debido analizar el fenómeno prescriptivo no frente a cada uno de los demandados por separado, sino frente a todos (…) en su totalidad y en conjunto como integrantes de un [l]itisconsorcio necesario. Por supuesto que carece de pertinencia la cita que hace el Tribunal del artículo 1580 del Código Civil en la medida en que aquí no se trata de una deuda gerencial (sic) sino de los efectos de la existencia de una sociedad patrimonial entre compañeros permanentes y su posterior disolución y liquidación, que envuelve, insisto, un interés común e inescindible entre todos los demandados”.
1. El Tribunal estimó que la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes conformada por la actora y el señor Ariel Leal Serrano, produjo efectos en frente de todos los demandados, esencialmente, por las siguientes razones:
1.1. Las contestaciones de la demanda presentadas en nombre de Carlos Alberto, Ariel, Adriana Consuelo y Martha Rocío Leal Niño, así como de Abelardo, Gladys Yaneth, Luz Stella y Ariel Leal Fuentes fueron extemporáneas, por lo que no era atendible la excepción de prescripción extintiva por ellos alegada, sin que la misma pudiera declararse de oficio.
1.2. Los accionados, de un lado, Claudia Patricia Leal Sarmiento y, de otro, Adriana Stella, Diana Carolina y Juan Carlos Leal Pinzón, no replicaron el libelo introductorio y, por ende, no adujeron ninguna excepción en su favor.
1.3. La prescripción alegada por E.E.J.L.A. se interrumpió, de conformidad con el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, habida cuenta que él fue notificado del auto admisorio de la demanda, dentro del año a que se refiere esa norma.
2. Esos planteamientos del ad quem deben entenderse firmes y, por ende, vinculantes tanto para las partes como para la Corte misma, habida cuenta el fracaso de los cargos previamente estudiados —segundo y tercero—, pues como consecuencia de ese resultado decisorio, propio es entender que el enteramiento del auto impulsor de la contienda a los demandados, se surtió en la forma como esa autoridad lo definió y, por ende, que ninguna modificación cabe hacerse a su conclusión, de que los escritos de réplica presentados por los recurrentes, se allegaron por fuera del término del traslado y, por lo mismo, son inatendibles.
3. Así las cosas, se patentiza que en la decisión de conceder efectos económicos a la referida sociedad patrimonial en frente a todos los demandados, ninguna incidencia tuvo la calificación que el Tribunal hizo del litisconsorcio conformado por los accionados, pues la verdadera razón en que se soportó esa determinación fue que ninguno de los convocados, excepto E.E.J.L.A., propusieron, de manera atendible, la excepción de prescripción contemplada en el artículo 8º de la Ley 54 de 1990. Ahora bien, respecto de dicho demandado, el ad quem estimó que el señalado mecanismo defensivo se interrumpió en los términos del artículo 90 del Código de Procedimiento Civil.
4. Notorio es, por lo tanto, el absoluto desenfoque de la acusación, pues así fuera verdad que los demandados conforman un litisconsorcio necesario, esa vinculación entre ellos no sirve para remover los genuinos fundamentos en los que el sentenciador de segunda instancia cimentó los amplios alcances que le otorgó a la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes deprecada en la demanda, cuya existencia igualmente declaró.
5. Si, conforme el análisis del Tribunal, que se reitera, se mantiene enhiesto, ninguno de los recurrentes (hermanos Leal Niño y hermanos Leal Fuentes) propuso la excepción contemplada en el ya varias veces citado artículo 8º de la Ley 54 de 1990, esa sola circunstancia impide que ellos puedan beneficiarse con su reconocimiento, que es el fin último perseguido por el casacionista con la formulación del presente cargo, pues “[e]l que quiera aprovecharse de la prescripción debe alegarla; el juez no puede declararla de oficio”, según el expreso mandato del inciso 1º del artículo 2513 del Código Civil.
6. Es que, como incansablemente lo ha predicado esta corporación:
Sobre estos aspectos, la Sala ha expuesto que ‘el ordinal 3º del artículo 374 del CPC, establece como requisito formal de la demanda que sustenta el recurso extraordinario de casación, la formulación ‘de los cargos contra la sentencia recurrida... en forma clara y precisa’, es decir, con estricto ceñimiento a las razones o fundamentos del fallo impugnado, porque lógica y jurídicamente debe existir cohesión entre el ataque o ataques contenidos en la demanda de casación y la sentencia del ad quem (…), pues no de otra manera puede llegar a desvirtuarse, según el caso, la acerada presunción de legalidad y acierto con que llega amparada —a esta corporación— la sentencia recurrida. (…). El recurso de casación —ha dicho la Corte— ‘ha de ser en últimas y ante la sentencia impugnada, una crítica simétrica de consistencia tal que, por mérito de la tesis expuesta por el recurrente de manera precisa, y no por intuición oficiosa de la Corte, forzoso sea en términos de legalidad aceptar dicha tesis en vez de las apreciaciones decisorias en que el fallo se apoya…’ (Cas. Civ. sep. 10/91). (…). La simetría de la acusación referida por la Sala en el aparte anterior, debe entenderse no solo como armonía de la demanda de casación con la sentencia en cuanto a la plenitud del ataque, sino también como coherencia lógica y jurídica, según se dejó visto, entre las razones expuestas por el juzgador y las propuestas por el impugnante, pues en vano resulta para el éxito del recurso hacer planteamientos que se dicen impugnativos, por pertinentes o depurados que resulten, si ellos son realmente extraños al discurso argumentativo de la sentencia, por desatinada que sea, según el caso. No en balde, como se ha acotado insistentemente, el blanco privativo del recurso de casación es la sentencia de segundo grado, salvo tratándose de la casación per saltum, situación en la cual dicho blanco estribará en la sentencia de primera instancia (…)’ (Cas. Civ., sentencia de 10 de diciembre de 1999, exp. 5294).
7. El cargo, por lo tanto, no prospera.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia que el 9 de agosto de 2012 dictó el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, Sala Civil - Familia, en el proceso ordinario que se dejó plenamente identificado al inicio de esta providencia.