Source: http://piketes.com.ar/www/latinoamerica/argentina/consultapop.htm
Timestamp: 2017-03-28 17:39:22
Document Index: 16513084

Matched Legal Cases: ['Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 13', 'Artículo 16', 'artículo 183', 'Artículo 19', 'Artículo 40', 'Artículo 40', 'Artículo 39', 'artículo 22', 'artículo 25', 'artículo 9', 'artículo 9']

Artículo 2: Dicho seguro financiará la inclusión del beneficiario en circuitos de emergencia, de economía popular y/o desarrollo local; o bien permitirá que el beneficiario complete su nivel de formación. Artículo 3: Se crea por la presente ley el seguro de empleo y formación para todos los jefes de hogar desocupados que regirá en todo el territorio de Nación de conformidad con sus disposiciones y las normas reglamentarias que se dicten. Artículo 4: Las disposiciones de la presente ley serán de aplicación a todos los jefes de hogar que cumplan los requisitos legales y los que determine la reglamentación de la presente norma legal.
Artículo 13: El derecho a la prestación supone el cumplimiento de las siguientes obligaciones: a)Proporcionar a la autoridad de aplicación la documentación que la reglamentación determine, así como comunicar los cambios de domicilio;
Artículo 16 : Modifícase el artículo 183 de la Ley 24.241, - Institución del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones - , el que quedará redactado de la siguiente manera : ARTICULO 183º. - Fíjanse las siguientes edades para la obtención de las prestaciones no contributivas previstas en las normas legales que a continuación se indican, con la salvedad de lo que dispone el artículo siguiente: Ley
24.018, art. 3º 65 años
Articulo 17: Modifícase el art. 1, punto 1 inc. a) del Decreto 432/97, el que quedará redactado de la siguiente manera: Tener SESENTA Y CINCO (65) o mas años de edad los hombres y SESENTA (60) o más años de edad las mujeres, en el caso de pensión a la vejez.
Artículo 19: El Poder Ejecutivo Nacional arbitrará los medios adecuados para asegurar el alcance de las partidas presupuestarias necesarias que permitan la cobertura total de la pensión a la vejez dispuesta por el art. 9° de la Ley 13.478, - en las condiciones dispuestas por la modificación del artículo anterior de la presente -, a toda persona sin suficientes recursos propios, no amparada por un régimen de previsión. La suma percibida en concepto de la mencionada asignación, en ningún caso podrá ser inferior al haber mínimo previsional dispuesto por la legislación vigente.
1. ¿Está de acuerdo con la creación de un Seguro de Empleo y Formación para todo Jefe de Hogar Desocupado que fije una prestación uniforme de trescientos ochenta pesos ($ 380)? 2. ¿Está de acuerdo con establecer una asignación mensual fija de sesenta pesos ($ 60) por cada hijo menor de 18 años de edad, y una asignación mensual por hijo con discapacidad equivalente a la determinada por la legislación vigente?
Consulta Popular (Ley 25.432) -10 de diciembre de 2001-
SEGURO DE EMPLEO, FORMACIÓN, ASIGNACIÓN POR HIJO Y PENSION A LA VEJEZ
I. Presentación del Proyecto 1. Introducción
Este proyecto no aspira a formular un programa integral de política económica, ni a bosquejar una arquitectura social alternativa. Simplemente intenta, a partir de señalar y hacerse cargo de la emergencia, proponer una opción para el conjunto de la comunidad. Corresponde precisar, no obstante, que los lineamientos que aquí se plantean deben considerarse como parte de una propuesta donde la construcción de un orden económico mas justo se oriente, esquemáticamente, a la organización de tres subsistemas : a) Creación de un área de circuitos de emergencia, economía popular y/o desarrollo local articulados en torno a la satisfacción de las necesidades básicas.
b) Área de economía pública (presupuestos Nacional, provinciales y municipales) gestionada sobre la base de los criterios que plantea la experiencia de Presupuesto Participativo. c) Área de Economía privada, gestionada sobre la base de criterios de regulación pública que vía modificación de las rentabilidades relativas vigentes, sustituya las estrategias de inversión fundadas en la apropiación de rentas monopólicas o procedentes de recursos naturales, por estrategias que privilegien la incorporación y desarrollo del progreso técnico. Los fundamentos, objetivos e instrumentos que aquí se proponen requieren para su debida explicitación del desarrollo de dos reflexiones: una asociada a la situación internacional y otra vinculada con la realidad local.
3. Objetivos de la propuesta Frente al cuadro descripto se imponen dos objetivos:
- Garantizar que todo ciudadano argentino pueda acceder al mejor nivel de vida posible en términos sanitarios, educativos y de protección contra las contingencias de la vejez, la invalidez y la muerte. Esto supone independizar el acceso a las distintas coberturas sociales de la posición que se ocupe en el mercado laboral. Entendemos que el desempleo argentino es la resultante de una expansión acelerada de la población en condiciones de trabajar (PEA) y la afirmación simultánea de un perfil productivo con una escasa capacidad para generar empleo (baja elasticidad empleo-producto).
3. Reducir el tiempo de trabajo en todas sus manifestaciones. § Disminuir la permanencia de la gente en el mercado laboral de manera tal que el crecimiento de la población económicamente activa responda más a opciones de vida creadas con autonomía que a la coacción económica de la pobreza, favoreciendo así la capacidad de absorber con el dinamismo económico la oferta de fuerza laboral.
§ Asegurar la cobertura total de la prestación exhortando al Poder Ejecutivo Nacional, toda vez que el art. 187 de la Ley 24.241 establece que a partir de la promulgación de dicha ley el financiamiento de las prestaciones no contributivas (como es este caso), acordadas o a acordar se atenderá con fondos provenientes de rentas generales.- 4. Costos y Financiamiento
La creación del seguro de empleo y formación para todos los jefes de hogar desocupados de $380 requiere fondos por $3.569 millones. Este valor considera 13 pagos para 722.400 jefes (situación a Mayo de 2000). La creación de la asignación universal por hijo de $60 requiere fondos por $8.807,04 millones. Pero en tanto se pueden utilizar los fondos que hoy se destinan a las asignaciones familiares y otros programas asistenciales ($2.670 millones), el costo neto sería de $6.137,04 millones.
Sin contar la pensión a la vejez, la suma del seguro más la asignación por hijo asciende a $9.706,04 millones; incluyéndola, deben adicionarse $ 1.767,4 millones, totalizando entonces $ 11.473,4 millones. Los fondos requeridos se pueden obtener del siguiente modo:
A partir de la reforma del año 1994, se incorpora dentro del Capitulo Segundo de la Carta Magna -Nuevos Derechos y Garantías- el Artículo 40, que textualmente reza : Artículo 40- El Congreso, a iniciativa de la Cámara de Diputados, podrá someter a consulta popular un proyecto de ley. La ley de convocatoria no podrá ser vetada. El voto afirmativo del proyecto por el pueblo de la Nación lo convertirá en ley y su promulgación será automática. El Congreso o el Presidente de la Nación, dentro de sus respectivas competencias, podrán convocar a consulta popular no vinculante. En este caso el voto no será obligatorio. El Congreso, con el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, reglamentará las materias, procedimientos y oportunidad de la consulta popular. De esta manera queda consagrada la posibilidad de que el pueblo pueda tener una incidencia directa sobre la determinación de aquellas decisiones de política consideradas de vital importancia por sus consecuencias en el corto, mediano o largo plazo sobre la Nación. La alternativa de una Consulta Popular -junto con la de Iniciativa Popular expuesta en el Artículo 39 de la Constitución reformada- integra un sistema de participación ciudadana de excepcionales características. La reglamentación para determinar el ejercicio de dicho instituto fue sancionada por este Parlamento a través de la Ley 25.432 de junio de 2001. En la misma se establecen las categorías de Consulta Popular vinculante y no vinculante.
Por estas razones, cuya pertinencia se desprende del primer capítulo de los Fundamentos, se encuentra legitimada la importancia de obtener el acompañamiento del conjunto de los habitantes de la Nación, de manera que su intervención sea determinante en la indefectible decisión del Congreso y el Poder Ejecutivo para asumir la responsabilidad de direccionar los destinos de este país hacia una solución de desarrollo y de realización de largo plazo. En tal sentido, el reconocimiento del derecho de cada ciudadano a estar protegido de la pobreza y el hambre resulta indispensable para que se tornen operativos los principios y derechos consagrados por la Constitución Nacional. III. Anexos y otros documentos
En esta misma línea de pensamiento ha organizado nuestra constitución los sistemas de seguridad social, basado en los valores fundamentales de justicia, solidaridad, integralidad e irrenunciabilidad de los derechos sociales. En un importe fallo la Corte Suprema de Justicia Argentina interpretó la seguridad social dentro de la constitución como norma de convivencia social, siendo la justicia social la línea directriz diciendo que:  El objetivo preeminente de la Constitución, según expresa su Preámbulo, es lograr el bienestar general, lo cual significa decir la justicia en su más alta expresión, esto es, la justicia social, cuyo contenido actual consiste en ordenar la actividad ínter subjetiva de los miembros de la comunidad y los recursos con que ésta cuenta con vistas a lograr que todos y cada de sus miembros participen de los bienes materiales y espirituales de la civilización ...  ( Trabajo y Seguridad Social, 1975, Pág.93). Carlos Cossio decía que la solidaridad  consiste en la participación con que alguien corresponda o soporta lo que a otro le ocurre, de tal manera que en el primero incide algo de la suerte del segundo (Teoría Ecológica del Derecho, Abeledo Perrot, Bs.As., 1961). El principio de solidaridad constituye el punto de partida de todas las instituciones de seguridad social caracterizada por el recíproco apoyo que se prestan los seres humanos y justifica la recíproca responsabilidad que asumen. Esta iniciativa se inscribe en los mencionados principios constitucionales que consideran los derechos sociales, el trabajo, la educación y los derechos de la seguridad social como un derecho humano fundamental, de carácter universal.-
La incorporación de los tratados internacionales con jerarquía constitucional incrementó el compromiso del Estado argentino con las políticas de protección al trabajo y de promoción de la seguridad social. ((Específicamente los mencionados derechos y la protección de la familia están contemplados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos en sus artículos 17 Protección a la familiaLa familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la Sociedad y el Estado y 26 Desarrollo progresivoLos estados partes se comprometen a adoptar providencias,para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educacióncontenidas en la Carta de la organización de los estados Americanos; en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en su artículo VI Derecho a la constitución y protección de la familia , en su artículo XIV Derecho al trabajo y a una justa retribución, y en su artículo XVI Derecho a la seguridad socialToda persona tiene derecho a la seguridad social que le proteja contra las consecuencias de la desocupación; en la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 22 Toda personatiene derecho a la seguridad social, y a obtener,la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad., en el artículo 25.1 Derecho a un nivel de vida adecuadoderecho a los seguros en caso de desempleo.
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su artículo 9 establece que "Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social". Recientemente la Argentina ha sancionado la ley 24.658 aprobando el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales- Protocolo de San Salvador, que en su artículo 9 reconoce el derecho de toda persona a la seguridad social, suscribiendo los Estados partes el "compromiso a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social". En el Preámbulo del mencionado Protocolo Adicional, luego de reafirmar el propósito de consolidar en el Continente, dentro del cuadro de las instituciones democráticas, un régimen de libertad personal y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos humanos esenciales del hombre, se dice que Considerando la estrecha relación que existe entre la vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales y la de los derechos civiles y políticos, por cuanto las diferentes categorías de derechos constituyen un todo indisoluble que encuentra su base en el reconocimiento de la dignidad de la persona humana, por lo cual exige una tutela y promoción permanente con el objeto de lograr su vigencia plena, sin que jamás pueda justificarse la violación de unos en aras de la realización de otros (párrafo cuarto)".
Los derechos sociales, junto con las libertades civiles y políticas son derechos fundamentales preferidos que requieren para su cumplimiento asignarle el máximo de recursos disponibles; no en función de topes arbitrarios, o subordinándolos a razones de estado, sino en consonancia con la formula política y los valores adoptados por el nuevo bloque constitucional. En el momento de aprobar el presupuesto se debe definir el máximo disponible de acuerdo con la escala axiológica constitucional distribuyendo de esa manera ingresos y gastos. En este caso lo más valioso, lo que debe tener preferencia es asignar el máximo de los recursos disponibles para asegurar el pleno desarrollo de la persona humana. Disponer el máximo de los recursos disponibles para posibilitar el desarrollo humanos es un estándar insoslayable para el legislador argentino. En el orden de prioridades está por encima de la deuda externa. Señala al respecto Bidart Campos que Todo radica, entonces, en diagramar y planificar con el más objetivo criterio de justicia que sea viable, el orden axiológico de los gastos públicos, y encabezarlos con las necesidades básicas que desde una valoración justa resultan vitales para las personas en orden a sus derechos sociales (El orden socioeconómico en la constitución, Pág. 344, EDIAR, 1999).
5).- La familia tipo en que se basan históricamente los seguros sociales tiene un jefe de familia (masculino, ahora también femenino) que obtiene sus ingresos de una relación laboral formal y que realiza sus aportes a la seguridad social. Los cambios en el trabajo y en el modelo de familia hacen imperioso ampliar los conceptos tradicionales de jefe de hogar. El preámbulo de la constitución de la OIT, aprobado en 1919, mencionaba "la lucha contra el desempleo", en cumplimiento de ese mandato constitucional la O.I.T. adoptó el Convenio sobre la seguridad social (norma mínima, 1952 núm. 102) que cubre las ramas clásicas en la materia: asistencia médica, prestaciones monetarias de enfermedad, prestaciones de desempleo, prestaciones de vejez, prestaciones en caso de accidente de trabajo y de enfermedad profesional, prestaciones familiares, prestaciones de maternidad, prestaciones de invalidez y prestaciones de sobrevivientes.