Source: https://www.scribd.com/document/276510229/Principios-Del-Codigo-Procesal-Penal
Timestamp: 2018-12-18 19:35:30
Document Index: 135107879

Matched Legal Cases: ['Artículo 139', 'Artículo 14', 'Artículo\n8', 'artículo 6', 'Artículo 2', 'Artículo 11', 'Artículo 8', 'Artículo 58', 'Artículo 139', 'Artículo 8', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'artículo 139', 'artículo 2', 'artículo 139', 'Artículo 103', 'in dubio', 'In dubio', 'artículo 139', 'In dubio', 'In dubio', 'In dubio', 'In dubio', 'In dubio', 'In dubio', 'In dubio', 'In dubio', 'In dubio', 'artículo 2', 'in dubio']

Uploaded by Jair Ríos
PRINCIPIOS DEL TÍTULO PRELIMINAR
ARTICULO I - "Potestad Jurisdiccional".- La justicia penal se
administra a nombre de la Nación por los Órganos Jurisdiccionales
competentes y en instancia plural. Los Jueces Penales son independientes en
el ejercicio de su función jurisdiccional y sólo están sometidos a la
Constitución y a la Ley. Deben garantizar la igualdad procesal.
Quien juzgue debe ser un juez o un órgano con potestad jurisdiccional, con lo
cual se garantiza que nadie sea enjuiciado por un juez excepcional, o por una
comisión especial creada ex profesamente para desarrollar funciones
jurisdiccionales, o que dicho juzgamiento se realice por comisión o delegación.
La naturaleza heterocompositiva del proceso penal exige como presupuesto
indispensable la imparcialidad del órgano jurisdiccional. Consiste en el
sometimiento del Juez al derecho y a las atribuciones propiamente
jurisdiccionales que la Constitución del Estado establece. Implica la ausencia de
todo interés en la resolución del proceso que sea la aplicación estricta del
ordenamiento jurídico. El Juez dictará sus fallos con entera libertad, los mismos
que no pueden ser desconocidos ni revisados por otros poderes del Estado.
Ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el órgano
jurisdiccional, ni interferir en el ejercicio de sus funciones. (Artículo 139º, inciso
2 de la Constitución).
La independencia del Poder Judicial no importa un privilegio para los jueces
sino, más propiamente, una libertad y una garantía para la producción de
resoluciones justas, arregladas a derecho. Tal independencia puede ser externa
o interna. La externa garantiza al magistrado su autonomía con respecto a
poderes ajenos a la estructura judicial; la interna su autonomía con respecto a
los propios órganos de la institución judicial.
La lucha por el estado de derecho, por la independencia del juez, por la división
de poderes, ha sido al mismo tiempo una lucha por el Juez legal y natural.
El ejercicio de esa libertad depende, en última instancia, de la conciencia del
Juez. De nada vale que se conceda independencia a los jueces si renuncia a ella
para obtener una mejor posición en su carrera o para establecer relaciones
políticas. Todos los mecanismos diseñados para preservar la independencia
significan muy poco si no existe por parte del Juez la férrea voluntad de hacerla
Para garantizar la independencia judicial en el proceso se han establecido las
figuras de la inhibición y la recusación.
En tal sentido se pronuncian el PIDCP Artículo 14º, inciso 1 y la CADH Artículo
8º, al establecer el derecho que le asiste a todos a ser juzgados por un Tribunal
"independiente e imparcial". Desde el punto de vista funcional la independencia
se manifiesta en la actuación exenta de cualquier tipo de presión o injerencia, ya
sea del Poder ejecutivo o del legislativo, y desde el punto de vista estructural
puede ser evaluada a través de una serie de criterios como el método de elección
y.La justicia penal es gratuita. La independencia alude al grado de relación que existe entre los magistrados de las diversas instancias del Poder Judicial. contradicciones ni impugnaciones. únicamente con arreglo a Derecho. en particular. no suelen presentar peticiones. (.El principio a la gratuidad de la administración de justicia y a la defensa gratuita para las personas de escasos recursos. De nada valen los principios si la búsqueda de la justicia ha de ser onerosa. los Jueces se encuentran obligados a dar respuesta a lo que se les pide. en gran cantidad de casos. y para todos. en concordancia con el Texto Único Ordenado del Poder Judicial (artículo 6°) que guarda estrecha relación con la búsqueda de la economía procesal. sino también contra el de igualdad de partes. el término de sus mandatos. sin retardo bajo responsabilidad. no presume la culpabilidad del acusado.A todo procesado se le considera inocente. inamovilidad de los cargos. El sostenía siempre. a firmar las actas de las diligencias sin haber tomado parte en ellas. Sólo mediante proceso legalmente realizado y en cumplimiento de sentencia firme. La imparcialidad supone que el Juez o Tribunal. y no hay razón para que le sea oneroso al imputado o agraviado. si la administración de justicia es un servicio público importante del Estado. Situación que atenta no solamente contra el principio de defensa. se aplicará la pena o medida de seguridad. Se imparte con sujeción a las garantías del debido proceso..  ARTICULO III – "Inocencia Presunta" . Se reconoce el derecho a una justicia penal gratuita y la defensa de oficio para los imputados insolventes.de los jueces. Todo lo cual pone en evidencia la vigencia de una justicia clasista.). respecto a los de órganos del Estado. y especialmente de pobreza extrema. y las incompatibilidades entre la función judicial y el ejercicio de otras funciones. en la que los que disponen de recursos para pagar una adecuada defensa. Juez o Sala Superior. y que muchas veces se ven involucrados en procesos penales en razón precisamente de sus carencias. no tiene opiniones preconcebidas sobre el caso subjudice. ningún. como lo es la educación y la salud.. no corren la misma suerte que aquellos que los tienen. Sabemos cuán numerosos son los casos de hombres y mujeres en situación de pobreza. se encontrarán sometidas a la voluntad de sus instancias superiores. En ese sentido. sin que existan otros acondicionamientos para tal efecto.. cuya participación se limita. debiendo en consecuencia mantener su independencia respecto a todos los demás órganos jurisdiccionales. Del mismo modo en el ejercicio de la actividad jurisdiccional. pronunciada por Juez competente. peor aún en un país donde la mayoría de la población apenas cuenta con recursos que le permiten sobrevivir. y que por éstas no pueden contar sino con abogados de oficio. La institución de la defensa oficiosa o de pobres se ha convertido en una formalidad ajena a los fines del favor defensionis..  ARTICULO II – "Gratuidad Judicial" . . Más aún. en los casos que la ley señala. preparación profesional.
y solo podemos perder esa calidad si conforme a ley nos declaran culpables. aunque tengas la certeza de que una persona ha cometido delito. Cuando una persona es citada por la autoridad sea ésta policía. letra e) Artículo 2º se consagra que toda persona tiene derecho (…) A la libertad y seguridad personales. A nadie puede imputársele. de condenarlo penalmente. Lo mismo sucede con la DUDH del 10 de diciembre de 1948. Para realizar una imputación policial.P. conforme a la ley y en juicio público en el que se le haya asegurado todas las garantías necesarias para su defensa" En nuestra Constitución Política en el inciso 24. no puedes imputarle cargo alguno tan fácilmente. sólo pierde esa condición si es declarad culpable por un juez.Conocido también como. y pienso que para lograr ello se necesita que. sin las cuales cualquiera de las investigaciones no tendrían el sustento jurídico necesario para denunciar a alguien la comisión de un delito y. presumírsele culpable y menos condenársele si previamente no se ha demostrado con pruebas objetivas su responsabilidad penal en ese delito y precisamente por eso existe el principio de inocencia. toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad. La presunción de inocencia se halla reconocido igualmente por el Artículo II del T. Respecto a las pruebas que debe existir en un proceso pues sin éstas. En algunos países muchos más desarrollados esto ya ha calado perfectamente en la conciencia de sus ciudadanos. ningún funcionario o autoridad pública puede presentar a una persona como culpable ni brindar información en tal sentido a los medios de comunicación social…". pero en los países aún en desarrollado se ha lograr al cabo de cierto tiempo. porque en forma increíble está enquistada en la mentalidad de muchas autoridades la presunción de culpabilidad. que dice: " a todo procesado se le considera inocente. conforme a la ley y al juicio público en . juez o fiscal. inclusive abogados y estudiantes de derecho. Sin embargo esto no ocurre en la práctica. del Proyecto de CPP de 1997. Este principio fundamental era denominado por Carnelutti. fiscal o judicial debemos contar con pruebas. desde el colegio se les inculque el valor que representa la persona humana como fin supremo de la sociedad y se le enseñe sus derechos y sus deberes. Sólo después de una sentencia firme se le aplicará la pena o medida de seguridad correspondiente. En consecuencia. que a donde vayamos nos acompaña y nos acompañará siempre la condición de inocentes. "favor rei". menos. debe tener muy claro que su condición es de inocente y en consecuencia debe exigir junto con su abogado que se le trate como tal. después de haber sido procesado. En nuestro país muchísimos ciudadanos. "favor inocentiae" que está oficializado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el Artículo 11º.1 cuando dice: "Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad. que señala: "Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se prueba su culpabilidad. esto significa que todos tenemos un grado de inocencia desde que nacemos. Hasta antes de la sentencia firme. y los que si conocen y entienden de que se trata se aprovechan en ocasiones de esta ignorancia para sus propios objetivos. no comprenden plenamente qué significa esto. a todos los niños.
sin referencia alguna al derecho o al proceso penal. El principio de inocencia influye en el proceso penal básicamente en la actividad probatoria. y tal estado ha de permanecer hasta que en forma definitiva se resuelva el proceso. pues impone al órgano estatal de persecución penal la carga de demostrar la culpabilidad del imputado mediante la actuación de pruebas indubitables. aclarando el debate. y..Nadie puede ser procesado o sancionado más de una vez por un mismo hecho constitutivo de una acción u omisión punibles. que la situación jurídica de un individuo frente a cualquier imputación es la de inocente. una presunción de inocencia. por su parte. mientras no exista una sentencia penal de condena.que se hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa". y plantea. Por su parte Julio Maier considera la crítica de Manzini como "una reacción fascista contra el liberalismo". es decir mantiene su validez hasta que no se exhiba prueba en contrario y se tiene que aplicar desde aquel momento en que a una persona se le imputa la autoría de un delito. en verdad.  ARTICULO IV – "Cosa Juzgada y Revisión de Fallo" . . El planteamiento tradicional de este principio dio lugar a serias críticas en cuanto a su validez. lo que significa que a partir de ese momento y durante todo el proceso ha de tener la condición de sospechoso. por ende. Pues la situación normal de los ciudadanos es la de "libertad". pues ella se asume. inocente. mientras no se declare formalmente su culpabilidad. según la cual no se puede comprender cómo quien es perseguido penalmente por sospechoso de un delito pueda tener a su favor. La "inocencia" es un concepto genérico referencial. que: "Toda persona debe ser tratada como inocente. que toma sentido sólo cuando existe la posibilidad de que tal o cual persona es culpable de un determinado delito. al menos en el plano teórico. que no puede ser considerado culpable hasta la decisión que pone fin al procedimiento. demuestran que forma parte de la conciencia universal un grado de reconocimiento del valor y dignidad la persona humana. por ello. al mismo tiempo. Es una presunción JURIS TANTUM. sino. Pero toma sentido cuando esa misma persona se ve involucrada en el ámbito regido por las normas procesales. En otras palabras. La excepción a esta norma es la revisión de una sentencia condenatoria y absolutoria por la Corte Suprema. ninguna consecuencia penal le es aplicable. La CADH de San José de Costa Rica. éste no está obligado a demostrar su inocencia. en su Artículo 8º. condenándolo. caso en el cual tiene sentido decir que es "inocente". "Nada más burdamente paradójico e irracional" señala. Correlativamente. desde el punto de vista del orden jurídico. permaneciendo su situación frente al derecho regida por las reglas aplicables a todos con prescindencia de la imputación deducida". Declaraciones que por su coincidencia y su aceptación general. como la célebre de Manzini. Por ello le parece más lógico hablar de una presunción de culpabilidad. antes bien. en los supuestos taxativamente permitidos. normalmente su ámbito básico es el de libertad. expresa: "Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad". Agrega el mismo autor que tal principio "no afirma que el imputado sea.
es el hecho que una sentencia se convierte en inmutable lo que hace que no sea prudente revisar lo ya resuelto. no puede ser sometida a un nuevo proceso por el mismo hecho. En virtud de este principio la persona cuya situación procesal haya sido definida por sentencia ejecutoriada. nacional o extranjera en un proceso seguido con las garantías del debido proceso y contra la misma persona. Literalmente COSA JUZGADA significa "cosa sobre la cual ha recaído la decisión del Juez". sobre ella no cabe recurso propiamente dicho. enmienda y aclaración del caso 2-AI-96. teniendo su fundamento esta garantía. El Tribunal sólo puede acudir a la figura de aclaración o enmienda. La autoridad de la cosa juzgada o res iudicata es el principal efecto de la actuación judicial concretada en la sentencia o declaración de certeza.EI Artículo 58º del Estatuto del Tribunal establece que la sentencia tendrá fuerza obligatoria desde el día siguiente al de su lectura en audiencia. pero cuidándose de no alterar la sustancia de la sentencia. más en la forma que en el fondo. o providencia (auto) que tenga la misma fuerza vinculante. que por razones de seguridad jurídica. en virtud de la cual una sentencia que no puede ser objeto de recurso alguno. Podemos decir que existirá cosa juzgada cuando el hecho denunciado ha sido objeto de una resolución firme. hará imposible que lo que en ella se resuelve pueda ser atacada dentro del mismo proceso o en otro diferente.. Es en razón a ello. ". y la expresión "non bis in idem" (o "ne bis in idem") significa . coincide con la noción de cosa juzgada formal. Lo primero que se puede pensar. es la exclusión de la posibilidad de volver a tratar y a decidir sobre el mismo asunto con firmeza. No se trata de que el juez entre a resolver puntos doctrinarios o lucubrativos de la solicitud de aclaración que puedan pertenecer más al ámbito académico. aunado a ello que el respeto a la cosa juzgada ya se expresaba en le viejo principio latino Non Bis In Idem (No dos veces sobre lo mismo). que precisa como una garantía en la administración de justicia. la prohibición de revivir procesos fenecidos con resolución ejecutoriada. ganándose con ello la certidumbre y estabilidad de los derechos. en la necesidad de poder poner término a los pleitos.. Esto significa que la cosa juzgada se constituye en un efecto procesal de la sentencia firme. para corregir cualquier error material. Gaceta Oficial Nº 291 de marzo 9 de 1997) y reitera ahora que: ".. es decir que a partir de ese momento hace tránsito a autoridad de cosa juzgada y al adquirir tal carácter. para precisar un concepto oscuro o para cubrir una omisión sobre las peticiones de las partes. la cual es el estricto cumplimiento del Artículo 139º inciso 13 de la Constitución. siendo inmutables. aunque se dé a éste una denominación diferente.. De allí que a la solicitud de aclaración enmienda y ampliación de la sentencia no pueda dársele el carácter de recurso. pero sin alterar las bases fundamentales del acto judicial.Ha dicho el Tribunal (Sentencia de ampliación. es susceptible de limitadísimas posibilidades de precisarse. es lo que denominaremos cosa juzgada. a fin de que no se den varias discusiones y se impida la multiplicación y eternización de los medios impugnatorios. "La situación creada por la norma estatutaria del Tribunal que admite la solicitud de enmienda y aclaración de la sentencia. que una vez que la sentencia queda firme y que es imposible su revisión.
inciso 4. La revisión de fallo o revisión penal nos exige aludir. como medio de reparar o subsanar errores judiciales . aunque sea brevemente. en tal caso. idem res e idem causa petendi). como en la CADH de San José de Costa Rica en su Artículo 8º. Así. d) Que dichos errores sean debidos a hechos nuevos. se procederá a la unificación o acumulación de procesos en uno solo. se debe tratar de la misma persona. Es decir. Se advierte que para hallar la revisión de fallo. c) Que únicamente procede en los casos en los que el error judicial haya conducido a la condenado del acusado en virtud del principio: favor rei. Los efectos procesales que este principio origina son. puede chocar o ir en detrimento de la justicia y el derecho. prohíbe procesar bajo una calificación jurídica diferente. siendo uno de sus efectos la prohibición del bis in idem. la invariabilidad de las resoluciones judiciales firmes. la imposibilidad de revisar una sentencia firme en contra del imputado."no dos veces por la misma causa". se podría afirmar que este principio establece que tras la expedición de una sentencia firme se cierra el proceso penal.El Ministerio Público tiene la responsabilidad del ejercicio público de la acción penal y el deber de la carga . Para que opere la cosa juzgada se requiere. Sus tres principales características son la inimpugnabilidad. lo cual significa que al imputado absuelto en un proceso no se le puede reabrir otro para condenarlo. recogida en el ámbito de instrumentos de Derechos Humanos. b) Sólo pueden considerarse como errores aquellos que se basan en alguno de los motivos establecidos en la ley procesal. por lo cual.. es decir que ya no se podrá volver a procesar a una misma persona por los mismos hechos. En segundo debe tratar del mismo hecho. es la revisión de las sentencias. según parecer unánime de la doctrina. por cuanto dicha sentencia constituye una verdad jurídica que imposibilita c contundentemente un nuevo pronunciamiento sobre el mismo tema. la cosa juzgada. es conveniente indicar: a) Que la revisión penal sólo sirve para impugnar errores de hecho. en primer término. o hechos falsos que fueron base para emitir el fallo. a dos elementos constitutivos del derecho con los que se encuentra vinculada la revisión penal: justicia y seguridad. o al que ha sido condenado con una pena menor se le reabra proceso para condenarlo con una pena más grave. y en primer lugar. mas no errores de derecho. el principio de la cosa juzgada impide que una persona pueda ser sometida a proceso penal por el mismo hecho y el mismo motivo (ne bis in idem). medios probatorios nuevos que sean determinantes para la inocencia del condenado. La revisión penal está prevista y ordenada para los supuestos en la que la seguridad jurídica. Y en tercero debe tratarse del mismo motivo de persecución. circunstancias nuevas del hecho. la concurrencia de tres "identidades" (idem persona. En segundo término. señala que la revisión sólo procede el caso se trate de sentencias condenatorias. esta garantía reconocida universalmente. La única excepción. En suma. etc. siempre que ello favorezca al imputado. contra la cosa juzgada.  ARTICULO V – "Acción Penal" . o suspensión de cualquiera de ellos. la Inmutabilidad y la coercibilidad. Por su parte el Proyecto de CPP de 1997.
La Constitución Política del Perú en el Artículo 1º señala: la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. El Código Procesal Penal de 1991 en el Artículo III del Título Preliminar. Este principio está expresado en nuestra Constitución Política del estado en el inciso 24 Artículo 2º. Para aplicar una pena a un ciudadano se requiere de un proceso previamente establecido en la ley y que ese proceso para que también sea válido. reglas y principios que lo rigen. Pablo Sánchez Velarde. Por su lado Mixan Máss enseñaba que: "La legalidad procesal entraña que el proceso se inicie. (Nemo danmetur nisi per legale iudicium). También conocido como el principio de legalidad. Los actos que realiza no constituyen función jurisdiccional. subsana esta omisión al consagrar el Principio de Legalidad Procesal cuando declara: "A todo procesado se le considera inocente. Asume la dirección de la investigación y la ejercita con plenitud de iniciativa y autonomía. abogado o un justiciable tengan la incertidumbre de ir a un proceso sin conocer cuáles son las normas. letra d) cuando dice: "Toda persona tiene derecho: (…) A la libertad y a la seguridad personales. porque ello daría lugar a abusos inimaginables por parte de quienes dictan las leyes y dirigen el proceso.de la prueba. la requerirá del juez penal que previene el caso. se desarrolle y culmine con la debida sujeción a las prescripciones legales pertinentes (…) Todo aquello que constituye grave infracción a la ley durante el desarrollo procesal determina la nulidad de éste. . se aplicará la pena o medida de seguridad". Sólo mediante proceso legalmente realizado y en cumplimiento de sentencia firme. puesto que de lo contrario será una conducta lícita y no reprochable penalmente. considera que: "El debido proceso es un principio general del derecho y que comprende a todos los demás derechos fundamentales de las personas así como a las garantías procesales y tiene base constitucional y supranacional. En materia de Derecho Penal para que una conducta sea calificada como delito tiene que estar previamente descrita en la ley penal como tal. pronunciada por juez competente. En consecuencia (…) Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley de manera expresa e inequívoca como infracción punible ni sancionado con pena no prevista en la ley. este principio es la columna vertebral del Derecho Penal y del Derecho Procesal Penal. ya sea en todo o en parte". Cuando fuera indispensable una decisión de esta naturaleza. bastará conocer cómo se desarrolla su proceso penal. es por eso que cuando se quiere conocer hasta que punto se respetan los derechos humanos en un país y cuán de democrático es un gobierno. El principio de legalidad es un derecho y una garantía indiscutible que protege a todo ciudadano de los abusos del poder punitivo. debe observar y cumplir plenamente las normas y formalidades procesales vigentes. No se concibe a un magistrado. motivando debidamente su resolución. esto en concordancia con el inciso 10 de artículo 139º que declara que son principios de la función jurisdiccional el principio de no ser penado sin proceso judicial.
es inviolable e irrestricto.Es competencia exclusiva del Órgano Jurisdiccional dirigir la etapa procesal del juzgamiento. Es cierto que el imputado o investigado.La detención por la comisión de un delito sólo procede en virtud de mandamiento escrito y motivado del Juez Penal competente o de la autoridad policial en caso de delito flagrante y con las formalidades previstas en el literal g) del inciso 20 del artículo 2º de la Constitución. en el cual no sólo habla de que nadie puede ser privado de este derecho. La asignación de la competencia judicial necesariamente debe haberse establecido con anterioridad al inicio del proceso. porque si el Estado puede recurrir a los órganos jurisdiccionales y a los órganos requirientes. con el derecho del Estado a ejercer su pretensión punitiva . Por un lado el deber estatal de represión del delito. como operadores del control penal. Este derecho lo reconoce ampliamente nuestra Constitución Política del Estado en su artículo 139º inciso 14. puede renunciar a este derecho pero nadie se lo puede imponer y la violación de este derecho generaría la violación de este derecho. ARTICULO VI – "Ámbito y Facultad Jurisdiccional" . sea cuales fueran las consecuencias. Este derecho busca también equilibrar la relación jurídica entre el Estado y los ciudadanos. y por otro la libertad del imputado. también es lógico que le procesado pueda acudir a un órgano como el Ministerio de la Defensa.. desde que es citada o detenida por la autoridad competente.. si quiere. Al frente se ubica el imputado. Y de lo que se trata es de "conciliar en el proceso penal el derecho del imputado a que se respete su libertad individual. sólo pueden dictarse por orden judicial en el modo y forma legalmente prescrito. Las demás medidas coercitivas que afecten de modo grave los demás derechos fundamentales. que como persona humana posee derechos fundamentales que se deben respetar antes. Se exceptúan aquellas medidas que la Constitución permite expresamente a la policía. puesto que se correría el riesgo de que se vulnere las garantías del debido proceso y se cometan actos arbitrarios contra los justiciables.  ARTICULO VII – "Causa Justificada para Detención" .. expedir las sentencias o resoluciones que importen sobreseimiento y las demás previstas en la Ley. o ius puniendi. durante y después del proceso.El derecho de la persona contra quien se formula una imputación a ser asistida por un Abogado Defensor de su elección.  ARTICULO VIII – "Asistencia Legal" . garantizándose así que nadie pueda ser juzgado por un tribunal ex post facto o ad hoc. Se enfrentan dos tipos de intereses. Por otra parte el ciudadano debe ser libre para escoger entre todos los abogados al que él considere que va a defenderlo. El proceso penal garantiza el ejercicio de los derechos que corresponden a la persona agraviada por el delito. Sin derecho a la defensa la administración de justicia seria sumamente injusta.
El derecho de defensa como garantía de un debido proceso penal comprende una serie de derechos derivados. con la oportunidad en que puede ser ejercido. en una situación disminuida. la doctrina establece que. Un derecho que se materializa en la facultad de ser oído en juicio. e incluso a que se halle. en principio. en general. o. de informar en forma clara y razonada los hechos que se atribuyen al procesado y el delito que supuestamente configuran (Causa justificada para la detención). por tanto. Es decir. el cual participa en el desarrollo de los actos procesales a través de sus alegatos y en la aportación de medios de pruebas. en forma abstracta. lo cual no implica que los demás sujetos procesales no gocen también de este derecho. por lo menos. como son los de conocer los fundamentos de la imputación. de invocar y probar los hechos que justifican una exclusión. el involucrado debe ser informado al momento de su . y. o citando únicamente determinados dispositivos legales. si fuera el caso. derecho reconocido por nuestra Constitución. Por tal razón se recomienda la eliminación de toda 'investigación policial autónoma". así como el fortalecimiento de todos los medios idóneos de control de la actividad policial. y por lo tanto intimidado. en la facultad (poder) de resistir y contradecir la imputación penal en el proceso. la defensa gratuita para las personas de escasos recursos económicos. por parte de la autoridad responsable. En cuanto a la oportunidad de la comunicación. a fin de que pueda ejercer su defensa de manera eficaz y logre recobrar su libertad lo más pronto posible. puesto que el arto 139. o. ya que. Hay dos clases de defensa. pues en ella se dispone la necesidad de ser asistido por un abogado libremente elegido por el acusado. pertinentes y útiles para probar los hechos afirmados (prueba) Su importancia tiene que ver. El derecho de defensa del imputado consiste. al menos en nuestro país. de bregar por conseguir lo más favorable para el acusado. de controlar la prueba de cargo. esencial para el debido proceso. y que consiste en que "nadie puede ser considerado condenado sin ser previamente oído (Inocencia Presunta) El ser oído no supone simplemente la posibilidad de argumentar. los motivos de su detención. atenuación de la responsabilidad. Es un derecho que debe cautelarse desde la etapa policial. que permite al imputado hacer frente al sistema penal en una formal contradicción y con igualdad de armas. en el proceso. una material y otra técnica. y. si el imputado se halla detenido. Por la Segunda se entiende la que es realizada por un abogado. El derecho a conocerlos se cautela con la obligación. Este derecho a conocer los fundamentos de la imputación es exigible también cuando el imputado se encuentra con mandato de detención y aún cuando pesando sobre el la detención no se encuentre materialmente en prisión. cinc. 14 de la Constitución señala que la garantía de la defensa puede hacerse valer en cualquier estado del proceso. sino que ha de comprender la capacidad de aportar al proceso todos los hechos que se estimen adecuados al objeto del mismo (alegación). lógicamente. como lo denomina Gimeno Sendra. el poder utilizar los medios de prueba legales. y. y no.Es un derecho fundamental. es en ella en donde se producen las más graves violaciones de los derechos humanos elementales. La Primera se refiere a la autodefensa que es ejercida de manera directa por el imputado. el derecho a la última palabra. ya que una defensa postergada puede dar lugar a serias violaciones de los demás derechos del imputado.
Si ésta obedece a una acusación formal. En términos procesales. la salud. La ley penal tiene fuerza y efecto retroactivos cuando favorece al reo (Artículo 103º de la Constitución) en virtud de ello el favor rei se manifiesta al señalar que en caso la ley vigente al momento de la comisión del delito y la vigente durante el juzgamiento y sentencia no sea la misma. también. Si el juez o el fiscal no encuentran pruebas objetivas que demuestren su responsabilidad no les quedará otra cosa que absolverlo en el caso del juez y no acusarlo en el caso del fiscal. El principio de que la duda favorece al reo y que. El principio de favorabilidad (favor rei) denominado también principio pro reo. Y en virtud de este principio que la condena sólo puede fundarse en la certeza y verdad de lo establecido durante el proceso..La ley procesal penal es de orden público y se aplica en el territorio nacional desde el comienzo de su vigencia. no podrá ser oído y ejercer a plenitud su derecho a la defensa. esta regla significa que cuando el Juez encuentre su decisión en suspenso sobre si concurren todos los presupuestos de hecho que justifique la aplicación de la penal. Pues se tratan de problemas existenciales que tienen que ver con bienes jurídicos importantísimos e invalorables materialmente. En buena cuenta. la libertad. es decir cuando exista tránsito de legislación respecto a un tipo penal determinado. Las disposiciones que restringen la libertad del imputado. protege al imputado en caso de conflicto de leyes. debe abstenerse de condenar a una persona. poniendo a luz la responsabilidad del acusado para aplicar la . este derecho prohíbe a los órganos jurisdiccionales emitir condena sin antes oír al procesado. como puede apreciarse. se materializa a través de la aplicación de lo más favorable al imputado. la que fluye del expediente no permite condenarlo. limitan el ejercicio de sus facultades o de un poder conferido a los sujetos procesales serán interpretadas restrictivamente. ante la falta de pruebas se les aplica el principio del in dubio pro reo. entre otros sin los cuales no puede vivir un ser humano. El principio de In dubio pro reo tiene como objeto la defensa de la libertad frente a la parcialización que pueda asumir el aparato penal en la persecución de sus fines. Existen muchos casos de gente que ha sido absuelta y no precisamente porque son inocentes sino que. como son la vida.detención. explícitos u ocultos. inclusive para lo que resta del proceso por un delito cometido con anterioridad y cuya sentencia no ha quedado firme.  ARTICULO IX – "Ámbito Territorial de la Ley Procesal" . se deberá comunicar ésta sin demora a la brevedad posible. está consagrado en nuestra Carta Política. esto es hacer uso de su derecho a la defensa. El derecho de defensa incluye también el de no ser condenado en ausencia. porque la verdad legal es decir. se debe aplicar la ley menos grave al imputado. en virtud del derecho genérico a ser oído en juicio. Este principio significa que siempre en caso de duda a de estarse a favor del procesado. de tal manera que si sobreviene alguna duda necesariamente deberá absolverse al acusado. El proceso penal tiene como objetivo generar en el Juez la convicción respecto al hecho delictivo. siempre que se trate de disposiciones más favorables la imputado. debe estarse a lo más favorable al reo. pues si el acusado no se halla presente en el proceso. En caso de duda sobre la responsabilidad penal o la ley aplicable. inciso 11 artículo 139º.
En suma. de un hecho cuya autoría se le atribuye. . 3. ante el problema de incertidumbre.pena que hubiere lugar. El In dubio pro reo es el reconocimiento jurisdiccional de la existencia de una duda. opera sólo en aquellos procesos en que aparece la duda insalvable para fallar. 2. El In dubio pro reo tiene presencia sólo cuando aparece una duda que afecte el fondo del proceso. Pero en muchos casos lo más justo constituye más bien el reconocimiento de la inocencia del imputado. El In dubio pro reo. que no permiten fallar con seguridad. pues no se encontraría en una disyuntiva de valorización. mientras que el principio de presunción de inocencia absuelve en ambos casos. el principio de In dubio pro reo debe imperar en todas las situaciones en que lo exijan el derecho de defensa o la tutela de las garantías procesales establecidas por la Constitución y las leyes. mientras que la Presunción de inocencia tiene presencia en todo el proceso.. que puede derivarse de la inexistencia de pruebas sobre la culpabilidad o de la incertidumbre subjetiva del juzgador.El Estado garantiza la indemnización por lo errores judiciales y las detenciones ordenadas o mantenidas de manera arbitraria o negligente. y la Presunción de inocencia es la garantía para considerar a todo procesado como inocente mientras no se pruebe su culpabilidad. pues los otros dos no tienen la fuerza que permite aplicar una condena al imputado. no despejada.  ARTICULO X – "Error por Indemnización Judicial y Detención Arbitraria" . La Presunción de inocencia. de un conflicto de pruebas de cargo y de descargo. De los tres grados de conocimientos que admite el proceso penal en la valoración de la prueba: certeza. En aquellos procesos penales en los cuales no se llegue a determinar con certeza la responsabilidad del imputado. Se podría afirmar que la incertidumbre ahí se convierte en certeza plena de inocencia. Diferencias entre el In dubio pro reo y el principio de Inocencia:  l. opera en todos los procesos. El In dubio pro reo tiene operancia ante una situación subjetiva: "la duda". probabilidad y duda. nos encontraremos ante un problema de incertidumbre fáctica por cuanto el juzgador no se puede manifestar en sentido condenatorio (porque no existe certeza sobre la existencia del supuesto de hecho legal) ni en sentido absolutorio (porque tampoco hay certeza de la inexistencia del supuesto de hecho legal). mientras que la Presunción de inocencia exige la actividad probatoria para que se le desvirtúe con seguridad. el In dubio pro reo presenta una respuesta sólo al segundo de ellos (decisión favorable al inculpado: absolución). La vinculación del In dubio pro reo con el principio de presunción de inocencia se sustenta en que éste garantiza al procesado a tenérsele como inocente mientras su culpabilidad permanezca en duda o incertidumbre. la Presunción de inocencia está cimentada sobre una condición objetiva: "el estado de inocencia". El In dubio pro reo se dirige la órgano jurisdiccional como elemento de valoración probatoria . 5. para que en los casos que aflore la duda se absuelva al sentenciado. el Juez sólo debe basar su fallo en la certeza. Así. además que se atentaría contra el principio de presunción de inocencia. 4.
Agregado a esto no siempre las diversas clasificaciones encontradas es la misma que tenemos en el título preliminar de nuestro código procesal penal. El error necesario y suficiente para la revisión penal ha de consistir por consiguiente. penal y procesal penal. si bien es cierto no están establecidos dentro del título preliminar del referido cuerpo de leyes. etc. dentro de las veinticuatro horas o en término de la distancia.sin perjuicio de la acción legal a que hubiere lugar contra los que resulten responsables. pero se abstiene de proponer clasificación alguna. Pues subsisten ciertas modalidades o han surgido otras nuevas. se ha recurrido y se recurre aún. Los errores que se pretenden comprobar o subsanar no se puede demostrar. sin embargo no podemos olvidar que a lo largo de la historia de nuestro país. necesario para la revisión. en casos claramente establecidos. En todo orden jurídico y específicamente en el nuestro la constitución y los códigos. aunque sus formas de aplicación sean diferentes. o bien en la existencia de otros elementos que no constaban en el proceso y que no fueron tenidos en cuenta al fallar. con tal frecuencia la tortura que bien puede decirse que constituye toda una constante. estaríamos frente a una detención arbitraria. debiendo en todo caso el detenido ser puesto. o bien en la demostración patente o innegable de que los hechos o que las pruebas constaban indebida o falsamente en la causa. El derecho a la defensa incluye también el de no ser condenado en ausencia en virtud del derecho genérico a ser oído en juicio. a disposición del juzgado que corresponde. ya que con dichos elementos no puede admitirse que el tribunal penal se equivocase. mas o menos encubiertas o toleradas por el poder público. exceptuando los casos de terrorismo. pero la misma contiene la excepción cuando sostiene que la persona sólo puede ser detenida por mandamiento escrito y motivado del juez o por las autoridades policiales en caso de delito flagrante delito. si el acusado no . espionaje y tráfico de drogas en que las autoridades pueden efectuar la detención preventiva de los presuntos implicados. Conclusiones:     En la doctrina existen numerosas clasificaciones de los principios procesales penales. Del mismo modo cabe indicar que existen principios generales como el de publicidad. celeridad procesal. artículo 2º). El imputado de la comisión de un delito por grave que sea no pierde de ninguna manera los derechos fundamentales que son inherentes a la persona. La Constitución del Estado consagra la libertad individual como un derecho fundamental de la persona (inciso "g" párrafo 20. En caso no se proceda sí. sin embargo hay también un sector de la doctrina que se ocupa de los principios. los encontramos en los diferentes artículos establecidos. La detención es una medida coercitiva. establecen con claridad los límites de la prueba. concretamente un mandato. Sólo puede ser restringidos. como acontece con el de libertad individual de desplazarse pero de ningún modo son anulados. con los datos obrantes en la causa penal.
presenta la alumna: Lourdes Violeta Agüero Guevara deaguero1[arroba]hotmail. El principio de favorabilidad es el género y el in dubio pro reo es la especie.pe Enciclopedia de la Ciencia Jurídica Amado Ezaine Diccionario Jurídico Para todos aquellos que se avocan por la investigación en el campo penal del derecho. el cual obviamente se verá limitado. Marco de la Cruz Espejo Volumen I o o www. procurando tener un sanción benigna o en todo caso la absolución. 2004 . César San Martín Castro Volumen I Cuestiones Generales. Nuestra Carta Magna sitúa la presunción de inocencia dentro de los derechos fundamentales a la libertad. El derecho a la defensa es la facultad que tiene cada persona para contar con el tiempo y los medios necesarios para ejercer su defensa en todos proceso donde se vea involucrado. 2002 o o Código Procesal Penal Dr. Rodolfo Vega Billán o Universidad Nacional Hermilio Valdizán – Hco.   se haya presente en el proceso no podrá ser oído y ejercer a plenitud su derecho de defensa. Gonzalo Gómez Mendoza Derecho Procesal Penal Dr.  Bibliografía Derecho Procesal Penal Dr. la cual evidentemente puede perderse o limitarse tan solo por la acción de los órganos jurisdiccionales pertinentes. Ambos protegen al imputado. Arsenio Oré Guardia II o Edición o Derecho Procesal Penal Dr.com UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI Facultad de Derecho y Ciencias Políticas Pucallpa.com. Manual de Derecho Procesal Penal Dr.google. esto implica contar con un abogado defensor. Trabajo que como parte del curso de Seminario de Administración de Justicia.
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