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Timestamp: 2019-10-20 22:38:29
Document Index: 367516133

Matched Legal Cases: ['Artículo 12', 'artículo 65', 'artículo 35', 'artículo 67', 'artículo 65', 'artículo 12', 'artículo 37', 'artículo 37', 'artículo 65', 'artículo 25']

El Tribunal Constitucional resuelve sobre el consumo de drogas en la conducción. | SEGURIDADPUBLICA.es
Fecha de creación: 23 enero, 2018 9:47 pm Tamaño de archivo: 249 KB Descargas: 498
Inicio Destacados El Tribunal Constitucional resuelve sobre el consumo de drogas en la conducción.
Auto 174/2017, de 19 de diciembre de 2017. Cuestión de inconstitucionalidad 6562-2016. Inadmite a trámite la cuestión de inconstitucionalidad 6562-2016, planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Vitoria-Gasteiz en relación con varios artículos del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley de tráfico y seguridad vial.
1. Por escrito registrado en este Tribunal el 21 de diciembre de 2016, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Vitoria-Gasteiz remitió testimonio del Auto de 22 de noviembre de 2016 por el que el referido Juzgado plantea cuestión de inconstitucionalidad en relación con los artículos 12, 65.5 c), 67.2 a) y los puntos 2 y 3 del anexo II del texto articulado de la Ley de tráfico y seguridad vial aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, en la redacción dada por la Ley 6/2014, de 7 de abril, que constituyen en la actualidad los artículos 14, 77 c) 80.2 y los puntos 2 y 3 del anexo II del texto refundido de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por entender que infringen los artículos 9.3, 14 y 25.1 CE. Junto con el testimonio del referido Auto se acompaña también testimonio de las actuaciones.
«Artículo 12. Bebidas alcohólicas y drogas.
1. No podrá circular por las vías objeto de esta ley el conductor de cualquier vehículo con tasas de alcohol superiores a las que reglamentariamente se establezcan.
2. Todos los conductores de vehículos quedan obligados a someterse a las pruebas para la detección de alcohol o de la presencia de drogas en el organismo, que se practicarán por los agentes encargados de la vigilancia del tráfico. Igualmente, quedan obligados los demás usuarios de la vía cuando se hallen implicados en un accidente de tráfico o hayan cometido una infracción conforme a lo tipificado en esta Ley.
3. Las pruebas para la detección de alcohol consistirán en la verificación del aire espirado mediante dispositivos autorizados y, para la detección de la presencia de drogas en el organismo, en una prueba salival mediante un dispositivo autorizado y en un posterior análisis de una muestra salival en cantidad suficiente.
4. El procedimiento, las condiciones y los términos en que se realizarán las pruebas para la detección de alcohol o de drogas se establecerán reglamentariamente.
5. A efectos de contraste, a petición del interesado, se podrán repetir las pruebas para la detección de alcohol o de drogas, que consistirán preferentemente en análisis de sangre, salvo causas excepcionales debidamente justificadas. Cuando la prueba de contraste arroje un resultado positivo será abonada por el interesado.
«Art.67.2 a) Las infracciones previstas en el artículo 65.5 c) y d) serán sancionadas con multa de 1.000 euros. En el supuesto de conducción con tasas de alcohol superiores a las que reglamentariamente se establezcan, esta sanción únicamente se impondrá al conductor que ya hubiera sido sancionado en el año inmediatamente anterior por exceder la tasa de alcohol permitida, así como al que circule con una tasa que supere el doble de la permitida.»
2. Conducir con presencia de drogas en el organismo. 6 puntos.
3. Incumplir la obligación de someterse a las pruebas de detección de alcohol o de la presencia de drogas en el organismo. 6 puntos.»
2. Los hechos de los que trae causa la cuestión de inconstitucionalidad planteada son, en síntesis, los siguientes:
3. En el Auto de planteamiento, tras hacer una breve referencia a los hechos de los que trae causa la presente cuestión inconstitucionalidad, se exponen los razonamientos jurídicos en los que se fundamenta su formulación. Se pone de manifiesto, en primer lugar, que el órgano judicial, de acuerdo con lo previsto en el artículo 35 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), antes de suscitar esta cuestión de inconstitucionalidad, otorgó trámite de audiencia a las partes para que alegaran lo que estimaran pertinente sobre la conveniencia de plantearla. Se afirma también que las normas de cuya inconstitucionalidad se duda son aplicables y relevantes para el fallo, pues lo que se solicita en el proceso es la anulación de la sanción impuesta al recurrente al amparo del artículo 67.2 a) de la Ley 6/2014 por haber incurrido en la infracción muy grave tipificada en el artículo 65.5 c) de la Ley 6/2014 –conducir con presencia de drogas en el organismo–; conducta prohibida por el artículo 12 Ley 6/2014.
4. Por providencia 25 de abril de 2017, la Sección Tercera del Tribunal Constitucional acordó oír al Fiscal General del Estado para que, en el plazo de diez días, y a los efectos que determina el artículo 37.1 LOTC, alegase lo que considerase conveniente «acerca de la admisibilidad de la presente cuestión de inconstitucionalidad, en relación con el cumplimiento de los requisitos procesales (art. 35.2 LOTC) y por si fuese notoriamente infundada».
5. El Fiscal General del Estado evacuó el trámite conferido mediante escrito registrado en este Tribunal el 8 de junio de 2017. Tras exponer los antecedentes de los que trae causa la presente cuestión de inconstitucionalidad y resumir el Auto de planteamiento, examina si la cuestión planteada cumple los requisitos procesales para que pueda ser admitida a trámite. A su juicio, no se ha efectuado debidamente el juicio de aplicabilidad y relevancia pues, tanto la providencia por la que se otorgó trámite de audiencia a las partes como el auto de planteamiento se refieren indistintamente a dos textos legislativos: por un lado se alude a los artículos 12, 65.5 c), 67.2 a) y los puntos 2 y 3 del anexo II del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, en la redacción que le otorgó la Ley 6/2014, de 7 de abril; y por otro a los artículos 14, 77 c), 80.2 a) y los puntos 2 y 3 del anexo II del texto refundido de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre. Señala el Fiscal General que, si bien el órgano judicial parece considerar aplicable la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial en la redacción que le otorgó la Ley 6/2014, de 7 de abril, tanto en la providencia por la que se otorgó audiencia a las partes como en el auto de planteamiento se alude constantemente a la nueva redacción que otorgó a esta norma el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre. Esta circunstancia determina, a su juicio, que el órgano judicial esté cuestionando simultáneamente tanto los artículos 12, 65.5 c), 67.2 a) y los puntos 2 y 3 del anexo II del texto articulado de la Ley 6/2014 –derogados por la disposición derogatoria única Real Decreto Legislativo 6/2015– como los artículos 14,77 c), 80.2 a) y los puntos 2 y 3 del anexo II del texto refundido de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre. Según se aduce, el juicio de aplicabilidad podría entenderse cumplido respecto de los preceptos que han sido derogados, al ser estos preceptos los que fueron aplicados por la Administración al dictar las resoluciones sancionadoras impugnadas, pero no podría considerarse cumplido respecto de los artículos que contienen análogas previsiones en la norma actualmente en vigor. En relación con estos preceptos, sostiene el Fiscal General, el juicio de constitucionalidad que se solicita a este Tribunal sería un juicio abstracto, pues tales normas no han sido aplicadas en el proceso a quo. Por ello considera que en relación con estos preceptos no puede considerarse cumplido el juicio de relevancia.
1. La presente cuestión de inconstitucionalidad se plantea por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Vitoria-Gasteiz en relación con los artículos 12, 65.5 c), 67.2 a) y los puntos 2 y 3 del anexo II del texto articulado de la Ley de tráfico y seguridad vial aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, en la redacción dada por la Ley 6/2014, de 7 de abril, que constituyen en la actualidad los artículos 14, 77 c) 80.2 y los puntos 2 y 3 del anexo II del texto refundido de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre.
2. El artículo 37.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional establece que este Tribunal puede rechazar las cuestiones de inconstitucionalidad en trámite de admisión, mediante Auto y sin otra audiencia que la del Fiscal General del Estado cuando faltaren las condiciones procesales o fuere notoriamente infundada la cuestión suscitada.
Ciertamente, los artículos 14,77 c), 80.2 a) y los puntos 2 y 3 del anexo II del texto refundido de 2015 no han sido aplicados en las resoluciones impugnadas en el proceso a quo. No obstante, tal conclusión no determina en este caso que estas normas queden excluidas del presente proceso constitucional. Estos preceptos son parte del texto refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, elaborado por el Gobierno al amparo de la autorización que le otorgó la disposición final segunda de la Ley 6/2014, de 7 de abril, por la que se modifica el texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, y esta norma refundió en un solo texto legal la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial y las leyes que la habían modificado. En consecuencia, los referidos preceptos del texto refundido de 2015 reproducen los artículos de la Ley 6/2014 aplicados en las resoluciones sancionadoras. En estos casos, como ha señalado la STC 194/2000, de 19 de julio, FJ 11, no nos encontramos ante fenómeno de sucesión de normas en el que una norma se reproduce más o menos literalmente en una disposición o texto normativo posterior, sino que la reproducción literal se produce en un texto refundido que, en rigor, carece de capacidad innovadora propia.
Por ello este Tribunal ha entendido que, dadas las características propias de la refundición, la declaración de inconstitucionalidad y nulidad de preceptos que han sido incluidos en un texto refundido puede extenderse también a los preceptos contenidos en el texto refundido que los reproduce (SSTC 196/1997, de 13 de diciembre, FJ 4; 194/2000, de 19 de julio, FJ 11, y 102/2017, de 20 de julio, FJ 3). Otra conclusión, como sostiene la citada STC 194/2000, FJ 11, conllevaría mantener en el ordenamiento normas que son reproducción de otras que han sido declarados inconstitucionales y nulas, lo que introduciría un elemento de inseguridad jurídica que este Tribunal en el marco de sus competencias está llamado a evitar.
3. El concepto de cuestión notoriamente infundada, como sostienen, entre otros muchos, los AATC 37/2015, de 17 de febrero, FJ 2; 112/2015, de 23 de junio, FJ 2, y 111/2017, de 18 de julio, «encierra un cierto grado de indefinición, que se traduce procesalmente en otorgar a este Tribunal un margen de apreciación a la hora de controlar la solidez de la fundamentación de las cuestiones de inconstitucionalidad, existiendo supuestos en los que un examen preliminar permite apreciar la falta de viabilidad de la cuestión suscitada, sin que ello signifique un juicio peyorativo sobre la duda de constitucionalidad trasladada por el órgano judicial.» En el presente caso, por las razones que se van a exponer a continuación, puede apreciarse en este trámite liminar que la cuestión planteada es notoriamente infundada.
4. El órgano judicial considera también que el artículo 65.5 c) de la Ley 6/2014, al tipificar como infracción administrativa conducir «con presencia en el organismo de drogas» vulnera el artículo 25.1 CE al no respetar las exigencias de taxatividad que se derivan del principio de legalidad sancionadora que consagra el referido precepto constitucional. Según se sostiene en el auto de planteamiento, el citado precepto legal podría vulnerar el principio de taxatividad por dos motivos: por no concretar qué debe entenderse por «drogas», por lo que cabría entender incluidas dentro este concepto sustancias como el tabaco o el alcohol, que según la Organización Mundial de la Salud tienen esta consideración, y porque la conducta tipificada como infracción administrativa no toma en cuenta si las drogas detectadas en el organismo han tenido influencia en la conducción. El órgano judicial sostiene que, al estar acreditado científicamente que las drogas permanecen en el organismo más tiempo del que duran sus efectos, es contrario a este principio tipificar como infracción administrativa el conducir con presencia de esta sustancias en el organismo y no exigir, además, que el consumo de estas sustancias haya tenido influencia en la conducción, pues las sustancias detectadas pueden ser solo restos de las drogas consumidas que, en ese momento, han dejado ya de producir los efectos propios de este tipo de sustancias:
Por todo lo expuesto, el Pleno ACUERDA
Madrid, a diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete.
Más plenos del TC en: https://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/autos.aspx
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