Source: http://www.pagina-libre.org/MPP-A/Textos/Gonzalo/HabeusCorpus.html
Timestamp: 2017-09-25 09:54:15
Document Index: 392930308

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 139', 'artículo 1']

Habeus Corpus del Dr, Abimael Guzmán: NOTA DE PRENSA
El Dr. Abimael Guzmán Reinoso, interno en el penal militar de la Base Naval del Callao, interpuso anteayer una acción de Hábeas Corpus contra el Estado peruano, contra el Poder Ejecutivo principalmente y contra el Fuero antiterrorista y el Ministerio Público.
El centro del hábeas corpus es el rechazo del decreto legislativo N° 922 dictado por el Gobierno como parte de la legislación antisubversiva; por haber excedido la materia de delegación legislativa del Congreso de la República otorgada en el artículo 1° de la ley N° 27913, violando el derecho constitucional de previa petición como condición de la acción penal para nuevo juzgamiento por presunto delito de terrorismo a quienes fueron procesados en tribunales militares por el falso delito de traición a la patria en guerra interna.
La petición previa como condición de la nueva acción penal fue reconocida por el Tribunal Constitucional en la sentencia exhortativa de fecha 3 de enero último en la Acción de Inconstitucionalidad de los decretos leyes del Gobierno de Fujimori demandada por el Movimiento Popular de Control Constitucional.
Dicha sentencia vincula (OBLIGA) a todos los Poderes del Estado. Por ese mandato, el Congreso debía haber dictado una nueva legislación en materia antisubversiva, ajustada a las recomendaciones y sentencias previas de los Organismo del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Sin embargo, el Ejecutivo solicitó facultades legislativas, y el Congreso se las otorgó sobre materias delimitadas de las cuales no puede excederse a riesgo de ser inaplicables, dentro de ellas: "regular la forma y modo como se tramitarán LAS PETICIONES DE NUEVOS PROCESOS Y LOS PROCESOS MISMOS a que se refiere la antes citada sentencia..."
El Dr. Guzmán sostiene que esas materias han sido excedidas por el Ejecutivo. Así mismo rechaza el nuevo juicio por no estar dadas las condiciones para ejercer su petición. Esas condiciones se darán cuando se aplique el Código Penal, El Código de Procedimientos Penales sin recortes y los jueces sean los jueces comunes.
La demanda fue presentada ante la Sala Penal de turno, la que ha derivado la causa al décimo sétimo Juzgado Penal que despacha la Jueza Irma Simeón Velasco, quien expidió el auto admisorio ordenando la notificación de los procuradores del Ejecutivo y del Fuero antiterrorista, habiendo ido a primera hora de ayer a la Base Naval a tomar el dicho del mismo demandante. Se espera la sentencia en las próximas horas.
Manuel Augusto Fajardo Cravero
ABOGADO (Reg. CAL N° 21191)
Copia de la Demanda:
Abimael Guzmán Reinoso, prisionero en el Centro de Reclusión de la Base Naval del Callao, sin documentos, señalando domicilio procesal en Jirón Carabaya N° 940, oficina 107, Lima, a Ud. con atención digo:
1. El Poder Ejecutivo, como principal demandado, por agresión al derecho constitucional de Petición y al debido proceso, configurada con la dación del Decreto Legislativo N° 922, excediendo las facultades del artículo 1° de la Ley N° 27913 con la cual el Congreso de la República delegó facultades al Ejecutivo por tiempo y materias específicas, entre las cuales no se encuentra la nulidad de oficio de los procesos y sentencias de los juicios militares a civiles por el inconstitucional delito de traición a la patria en guerra interna, ley autoritativa que traslada al Poder Ejecutivo la exhortación vinculante hecha por el Tribunal Constitucional al Poder Legislativo, recaída en la Acción de Inconstitucionalidad N° AI-10-TC-02; debiéndose citar con la demanda al Procurador Público .
2. La Sala Nacional Especializada en Terrorismo, por la aplicación indebida del decreto legislativo N° 922, sin la previa petición de parte donde ésta es condición de la acción, como lo establece el artículo 1° de la Ley N° 27913, ley autoritativa, y la sentencia exhortativa del Tribunal Constitucional, recaída en la Acción de Inconstitucionalidad N° AI-10-TC-02 al haber declarado la nulidad de oficio del proceso y sentencia recaída en el juicio militar sobre supuesta traición a la patria seguido contra el demandante y haber remitido también de oficio los autos al Ministerio Público.
3. El primer Juzgado Especializado en Terrorismo, por haber abierto instrucción penal aplicando indebidamente el decreto ley N° 922, sin la previa petición del recurrente donde ésta es condición de la acción, conforme está previsto en la Ley autoritativa, Ley N° 27913 y la sentencia exhortativa del Tribunal Constitucional, recaída en la Acción de Inconstitucionalidad N° AI-10-TC-02.
4. La vigésimo octava Fiscalía Provincial de Lima. por ejercer indebidamente acción penal aplicando indebidamente el decreto ley N° 922 sin la previa petición del recurrente donde ésta es condición de la acción conforme está previsto en la Ley autoritativa, Ley N° 27913 y en la sentencia exhortativa del Tribunal Constitucional, recaída en la Acción de Inconstitucionalidad N° AI-10-TC-02
Que en sentencia firme el Órgano Jurisdiccional Constitucional declare: INAPLICABLE al recurrente el Decreto Legislativo N° 922; NULA la Resolución de Nulidad de la sentencia y proceso seguido en el Fuero Militar por jueces sin rostro, emitida por la Sala Nacional Especializada en Terrorismo, consecuentemente, NULA la remisión de los autos al Ministerio Público; INSUBSISTENTE la denuncia de la Fiscalía y NULO el Auto Apertorio de Instrucción, a cuyos efectos expongo los siguientes:
2. Esas condiciones se darán cuando se aplique el Código Penal, El Código de Procedimientos Penales sin recortes y los jueces sean los jueces comunes. Condiciones negadas por el decreto legislativo N° 922 y que contrarían la Convención Interamericana de Derechos Humanos y las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
5. Por otro lado, debe tenerse en cuenta lo expresado por la Comisión de Juristas internacionales, en el Informe Sobre la Administración de Justicia en el Perú [1]:
"El artículo 2 de esta Ley , también usa elementos descriptivos sin precisión semántica. En efecto la conducta criminal proscrita por esta disposición no necesita ser asociada en forma alguna con terrorismo. Por ejemplo, un atentado contra la vida , la salud o la libertad de un individuo puede ser cometido por un terrorista, pero, también puede ser perpetrado por un delincuente común. Igualmente, el daño causado por explosivos capaces de quebrantar gravemente la tranquilidad pública puede ser generado por un grupo disidente, pero también puede ser perpetrado por traficantes de drogas. En ambos casos , las actividades son idénticas, y en ambos supuestos , el resultado crea zozobra, alarma o terror en la población. Sin embargo en el primer caso, la intención final es subvertir al Estado ... Al no vincular la conducta prohibida al elemento subjetivo de la intención terrorista, el Decreto Ley 25745 puede ser interpretado ... considerar ... prácticamente cualquier acto de violencia como un delito de terrorismo..."
a. Mantiene vigente el inconstitucional decreto ley 25475, que fue dictado por un gobierno de facto contrariando la Constitución Política de 1979 y que transgrede el principio de Tipicidad, como lo reiteró la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su "2° Informe Sobre La Situación De Los Derechos Humanos En El Perú" de fecha 2 de junio de 2000, en los siguientes términos:
244. La CIDH llama al Estado peruano a asegurar de manera efectiva el principio de separación de poderes , y a abstenerse de tomar medidas que atenten contra la autonomía, independencia e imparcialidad del Poder Judicial .
(7) Terminar con el juzgamiento de civiles por tribunales militares
" 67. En el caso presente, la Corte observa que la señora María Elena Loayza Tamayo fue procesada en el fuero privativo militar por el delito de traición a la patria que está estrechamente vinculado al delito de terrorismo, como se deduce de una lectura comparativa del artículo 2, incisos a, b y c del Decreto-Ley Nº 25.659 (delito de traición a la patria) y de los artículos 2 y 4 del Decreto-Ley Nº 25.475 (delito de terrorismo).
7. Por Ley del Congreso de la República N° 27913 se delega al Poder Ejecutivo entre otras materias:
"Art. 1°.- Aprueba delegar facultades legislativas
"230. ...
En consecuencia, una vez que el Legislador regule el cauce procesal señalado en el párrafo anterior, la posibilidad de plantear la realización de un nuevo proceso penal, HA DE ESTAR CONDICIONADA EN SU REALIZACIÓN A LA PREVIA PETICIÓN DEL INTERESADO ..."
"El Presidente de la República por cuanto:
El Congreso de la República por artículo 1° de la Ley N° 27913 ha delegado en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia antiterrorista mediante decretos legislativos..., Y finalmente a regular la forma y modo como se tramitarán LAS PETICIONES DE NUEVOS PROCESOS Y LOS PROCESOS MISMOS a que se refiere la antes citada sentencia.
10. Empero, desde el mismo título del D. Leg. N° 922, su dador omite la regulación de las peticiones, y excediendo la materia de la delegación, en su articulado establece un procedimiento "de oficio", el cual no recoge el marco normativo de su ley autoritativa y de la sentencia del T.C, a pesar que ésta sostiene que:
11. Por su parte, la Constitución Política vigente reconoce el derecho de Petición en su artículo 139°, inciso 20 y el debido proceso en el inciso 3 del mismo artículo, siendo idónea la vía del hábeas corpus porque estos derechos están conexos al derecho de libertad, cuya extinción persigue la parte demandada.
12. En consecuencia, está claro que se ha violentado el derecho de Petición del recurrente, establecido en la Constitución, reconocido en la Sentencia del tribunal Constitucional como condición del nuevo proceso, materia delegada en el artículo 1° de la Ley 27913, Ley autoritativa transgredida por el Ejecutivo, determinándose la inaplicabilidad del decreto Legislativo N° 922 y la insubsistencia de todo lo actuado administrativa y judicialmente en el Fuero antiterrorista.
La Sala se servirá dar trámite, conforme al proceso regulado por la Ley N° 23506 y conexos, haciendo presente que la acciones de garantías proceden contra la aplicación de normas legales inconstitucionales y contra procesos judiciales irregulares.
Abimael Guzmán Reinoso (firmado)
Nota: [1]Instituto de Defensa Legal, Lima, 1993 pág.45. citada por la CIDH en : "2° Informe Sobre La Situación De Los Derechos Humanos En El Perú" de fecha 2 de junio de 2000, punto 80.