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Timestamp: 2017-05-24 07:57:24
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Matched Legal Cases: ['artículo 16', 'artículo 16', 'in fine', 'artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 16']

El art. 16 de la ley 25.561
a. Procedencia 1 a 11. b. Rubros que comprende 12 a 28.
c. Decreto 50/02 Improcedencia de la doble indemnización 29 a 41. Procedencia de la doble indemnización 42 a 43. d. Trabajadores de la Construcción. Improcedencia 44 a 49
e. Prórroga de la duplicación. Constitucionalidad 50 a 54. f. Oportunidad de la pretensión 55.
g. Impuesto a las ganancias 56 a 57.
h. Momento en que cesa la vigencia de la indemnización agravada 58 a 70. i. Aplicabilidad a trabajadores agrarios 71 a 78.
j. Aplicabilidad a trabajadores regidos por otros estatutos especiales 79 a 85.
k- Autonomía a los efectos del cálculo del tope del art. 245 L.C.T. 86.
1. “Resulta aplicable la duplicación de la indemnización contemplada en el artículo 16 de la ley 25.561 en los casos de despido indirecto”. (Plenario C.N.A.T. N° 310, 01/03/06, “RUIZ, VÍCTOR C/UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA UADE S/DESPIDO”, Expte N° 33043/02.)
2. Tanto en los casos de despido directo como en lo de despido indirecto, resulta aplicable la duplicación indemnizatoria dispuesta por el art. 16, ley 25561. (Trib. Sup. Just. Córdoba, sala Lab., 10/04/2008, “GÓMEZ, ROQUE I. C/LUCENTI, JAVIER Y OTROS”).
3. El art. 16 ley 25561 no veda al empleador la posibilidad de despedir, pues simplemente agrava las indemnizaciones derivadas del distracto a fin de desalentar los despidos en un contexto de emergencia declarada por ley. (CNTrab. S. IV, setiembre 30-2003, "GAITÁN, LUISA O. V. FEOLA, DANIEL C."). LNL 2004-2-108.
4. El art. 16 de la ley 25.561 se refiere a al decisión unilateral del empleador de resolver el vínculo, quedando excluida la denuncia del contrato de trabajo que decida y comunique el trabajador, aún cuando le asista legitimación, porque la situación es diferente a la que contempla la norma, cuya finalidad es evitar que aquél despida impulsado por los efectos de la crisis. (CNTrab. Sala VIII, julio 15-2003, "ROJAS, ROLAN A. C. ASOC. MUTUAL EMP. DE CORREOS PRIVADOS"), TYSS 03-734
5. Si se circunscribiera la procedencia de la reparación agravada a los casos de despido directo se limitaría irrazonablemente la ratio legis, dejando en manos del empleador la posibilidad de someter al trabajador a injurias graves que tornen intolerable la continuidad de la relación laboral, con el solo objeto de que sea el trabajador el que se considere en situación de despido y así burlar la excepcional protección legal emergente del art. 16 ley 25561. (CNTrab. Sala IX; julio 15-2003 ; " HENRÍQUEZ, JUAN G. V. LI HONG MA "). LNL 2003-14-934.
6. No existe motivo alguno que habilite apartarse de la duplicación establecida por la ley 25561 en los casos de despido indirecto, puesto que este instituto produce idénticos efectos que los derivados del despido decidido directamente por el empleador tal como lo prevé la Ley de Contrato de Trabajo. (CNTrab. Sala X, abril 11-2003 "ALVAREZ, HERNANDO C/ AG LIMPIEZA INTEGRAL S.A.").
7. Es procedente la aplicación de la indemnización del art. 16 de la ley 25.561 respecto de un despido indirecto, ya que caso contrario, el empleador burlaría dicha agravación por el simple trámite de tornar imposible la continuación del vínculo laboral. (T. Trab. TRENQUE LAUQUEN, mayo 13-2003, "RUIZ, SERGIO F. C. DELFITTO, SANDRA M.") LLBA, 2003, 1403.
8. La duplicación de la indemnización por despido motivada en razones de emergencia económica, previstas en el art. 16 de la ley 25.561, es aplicable al despido indirecto originado en el hecho injuriante del empleador -en el caso, por no encontrarse registrado y adeudarle salarios y sueldo anual complementario-, pues de lo contrario sería muy simple vulnerar la prohibición legal bastando con la realización de actos disvaliosos hacia el trabajador, como impedirle el ingreso a lugar de tareas, dejar de abonarle la remuneración, para forzarlo a darse por despedido y abonarle la indemnización simple. (Cám. del Trabajo de CÓRDOBA, sala 10; marzo 18-2003; "HEREDIA, LEONARDO P. C. AGROPARQUE MOTORS S.R.L.") LLC, 2003, 1455
9. No resulta procedente el reclamo fundado en el art. 16 ley 25561, si el vínculo se extinguió bajo alguna de las modalidades previstas por el art. 212 LCT. (CNTrab. Sala II, 21/11/06, "POLLAROLO ARZA, VALERIA E. C/GOYA CORRIENTES S.R.L.").
10. Resulta procedente la duplicación indemnizatoria consagrada por el art. 16 ley 25561 en casos de despido indirecto. (C. Civ. Com. Familia y Trab. Río Tercero, 19/10/2006, “DÍAZ, ILDA M C/CLÍNICA APRISA O APRISA S.R.L. Y OTROS”).
11. Las empresas que se encuentran en cesación de pagos no están exentas del pago de la indemnización establecida en el art. 16 de la ley 25561. (C. Nac. Com., sala D, 11/11/2005, “ARMANDO PETTOROSI E HIJOS S.A. S/CONCURSO PREVENTIVO S/INC. DE REVISIÓN”).
b. Rubros que comprende
12. “Para el cálculo del recargo dispuesto por el art. 16 de la ley 25.561 no corresponde incluir la sanción establecida por el art. 80 L.C.T. último párrafo (texto según art. 45 de la ley 25.345)” (Plenario C.N.A.T. N° 314, 09/10/07, “BUSQUIAZO, GUILLERMO C/GATE GOURMET ARGENTINA S.A. s/despido”, Expte N° 20829/04.).
13. “No está sujeta al recargo previsto por el art. 16 de le ley 25.561 la indemnización por vacaciones no gozadas regulada por el art. 156 L.C.T.” (Plenario C.N.A.T. N° 316, 14/11/07, “TARTAGLINI, GUSTAVO MARIO c/LA PAPELERA DEL PLATA S.A. s/despido”, Expte N° 12403/05.).
14. La indemnización del art. 16 ley 25561 debe calcularse duplicando la indemnización por antigüedad y el preaviso más el SAC. (CNTrab. Sala I, marzo 20-2003; "IKEI, SEBASTIÁN J. c. GALDAR S.A.") .LNL 2003-09-601.
15. No corresponde, en los términos del art. 16 ley 25561, acceder a la duplicación de indemnizaciones como las del art. 15 LNE. o del art. 45 ley 25345, toda vez que las mismas son de diferente naturaleza y responden a causas y objetivos distintos de los que se producen con motivo de la extinción de la relación laboral. (CNTrab. Sala I, marzo 20-2003; "IKEI, SEBASTIÁN J. c. GALDAR S.A.") .LNL 2003-09-601.
16. No procede la petición del accionante de duplicar la indemnización que por vacaciones proporcionales prevé el art. 156 LCT., ya que no es debida "...con motivo de la extinción del contrato de trabajo..." sino que procede cualquiera fuera el modo de extinción. (CNTrab. Sala I, marzo 20-2003; "IKEI, SEBASTIÁN J. c. GALDAR S.A.") .LNL 2003-09-601.
17. La amplitud de los términos del art. 4 del decreto 264/02 según el cual "la duplicación prevista en el art. 16 de la ley 25561 comprende todos los rubros indemnizatorios originados con motivo de la extinción del contrato de trabajo", permite interpretar, siguiendo los lineamientos expuestos por Carlos A. Etala en "La duplicación de las indemnizaciones durante el período de emergencia" (Suplemento Especial de la revista Derecho del Trabajo, octubre 2002, pgs. 24 a 33) que la intención del legislador fue la de abarcar todas las especies, tipos o rubros de carácter indemnizatorio que nazcan con motivo del despido. Desde esta perspectiva corresponde incluir la indemnización del art. 156 LCT e incluso el incremento del art. 2 ley 25323 cuando se dan los presupuestos que autorizan su aplicación. (Del voto de la Dra. García Margalejo). (CNTrab. Sala V, junio 10-2003; "IGLESIAS, OMAR C/ ARMANDO AUTOMOTORES S.A. Y OTROS").
18. El art. 4 del decreto 264/02 es claro al expresar que "la duplicación prevista en el art. 16 de la ley 25561 comprende todos los rubros indemnizatorios originados con motivo de la extinción del contrato de trabajo". Esta precisión reglamentaria se exhibe compatible con el contexto, sentido y finalidad de la norma legal que suspendió transitoriamente el ejercicio del poder del empleador de denunciar el contrato sin causa justificada, tal como se lo hizo explícito a través de los párrafos 8 a 13 de los considerandos del citado decreto. (Del voto del Dr. Morell). (CNTrab. Sala V, junio 10-2003; "IGLESIAS, OMAR C/ ARMANDO AUTOMOTORES S.A. Y OTROS").
19. Interpretar que el art. 268 de la LCT no involucra la indemnización del art. 16 de la ley 25561, y las mejoras indemnizatorias comprometidas por el empleador, en el caco en Banco General de Negocios SA, no deviene correcto. En efecto, el dispositivo legal citado refiere a la indemnización por antigüedad o despido, en general y no únicamente a la prevista por el art. 245 LCT. Resulta por ende forzoso concluir que incluye todas las indemnizaciones que se establecen con posterioridad mediante normas legales como la del art. 16 citado o bien a través de convenios colectivos, estatutos profesionales o acuerdo de partes. (CNTrab. Sala VI, junio 11-2003; "SANTAMARINA, RICARDO Y OTROS C/ ESTADO NACIONAL Y OTROS")
20. La duplicación de las indemnizaciones a las que alude el art. 16 de la ley 25561 comprende no sólo a las previstas en la Ley de Contrato de Trabajo, sino también las expresadas en la Ley de Empleo (24013) y las leyes 25323 y 25345. (CNTrab. Sala VII, abril 25-2003; "MACHIN, RUBEN C/ CROCCO HERMANOS SOC DE HECHO Y OTROS")
21. En los casos de despido indirecto no cabe apartarse de la duplicación de indemnizaciones establecida por la ley 25.561, ya que en tal situación se producen idénticos efectos que los derivados del despido decidido por el empleador. (CNTrab. Sala X, abril 11-2003; "ALVAREZ, HERNANDO A. C. AG LIMPIEZA INTEGRAL SA. Y OTRO"). TYSS 03-538
22. Aunque el art. 4, decreto 264/2002 establece que la duplicación prevista en el art. 16 ley 25561 comprende todos los rubros indemnizatorios originados con motivo de la extinción del contrato de trabajo, el propósito de la norma se alcanza agravando las indemnizaciones derivadas directamente o como consecuencia inmediata de aquél y no otras como la prevista en el art. 182, LCT., que exceden el ámbito tenido en mira por el legislador. (Trib. Sup. Just. Córdoba, sala Lab, 27/05/2008, “GONZÁLEZ, MAGALÍ D. C/FAIN, MARCELO Y OTROS”)
23. Los rubros indemnizatorios cuya duplicación contempla el art. 16, ley 25561 son aquellos que tienen directa e inmediata vinculación con el despido arbitrario; las vacaciones no gozadas no deben ser incluidas en este ya que no guardan relación con la cesantía ya que su finalidad es reparar o compensar la imposibilidad práctica de gozar del descanso ya ganado en la medida y proporción de lo trabajado (Corte Sup. Just. Tucumán, sala Laboral y Cont. Adm., 26/02/2008, “LEGUIZAMÓN, VÍCTOR S. C/CASTILLO S.AC.I.F.I.A”).
24. La decisión de sumar las "vacaciones no gozadas" al monto de la sanción del art. 16, ley 25561, vulnera el dispositivo que prescribe que ésta debe comprender los rubros "indemnizatorios" originados con motivo de la extinción del contrato de trabajo. (Trib. Sup. Just. Córdoba, sala Lab., 20/12/2007, “POLO, CÉSAR F. C/CECCON, JORGE”)
25. La duplicación prevista en el art. 16, ley 25561 se aplica a la indemnización por antigüedad, ya sea despido por voluntad del empleador o indirecto fundado en justa causa y a la indemnización por falta de preaviso, pero no a las demás indemnizaciones agravadas. (C. Trab. Tucumán, sala 1ª, 26/06/2007, “SANTILLÁN, EMILIO DEL TRÁNSITO C/GARCÍA, HÉCTOR A.”)
26. La duplicación de las indemnizaciones prevista en la ley 25561 es aplicable respecto de aquellos rubros cuya fuente es el despido -como es el caso de la antigüedad, el preaviso y la integración de mes- mas no sobre los que tienen fuente en el distracto -sea su causa la muerte, la renuncia o la voluntad concurrente de las partes- como son el aguinaldo y las vacaciones proporcionales. (Trib. Trab. San Isidro, n. 6, 02/06/2006, “SUÁREZ, JOSÉ C/JEREZ, GUILLERMO”).
27. La duplicación indemnizatoria prevista en el art. 16 ley 25561, comprende exclusivamente las indemnizaciones por despido, sustitutiva de preaviso y, según sea el caso, la integración del mes de despido y no alcanza las indemnizaciones agravadas, como por ejemplo las contempladas en los arts. 178 y 182 LCT. o en el art. 52 ley 23551. (CNTrab. Sala III, 18/04/06; "ANDREANI, ANDREA L. C/CASINO BUENOS AIRES S.A.").
28. Los rubros que integran la duplicación prevista por el art. 16 de la ley 25561 son todos aquellos considerado indemnizatorios, originados con motivo de la extinción del contrato de trabajo: indemnización por antigüedad, sustitutiva de preaviso, integración del mes de despido y vacaciones proporcionales. (C. Apels. Noreste Chubut, 08/04/2005, “MARTÍNEZ, JOSÉ M. C/PELECH HNOS. S.R.L.”)
c. Decreto 50/02 Improcedencia de la doble indemnización
29. El dec. 50/02, en tanto dispuso, invocando razones de necesidad y urgencia, que la ley 254.561 entrara en vigencia un día antes de su publicación, contraviene lo dispuesto por el art. 3º y concs. del C. Civil., vulnerando aspectos fundamentales del régimen constitucional modificando una ley por un decreto y estableciendo la vigencia de la misma retroactivamente a un día anterior a su publicación oficial, contraviniendo lo dispuesto por el art. 3° y ccdtes. del Cód. Civil (CNTrab. Sala I, diciembre 19-2002; "GAONA, MIRNA E. C. BANK BOSTON N.A."). TySS 03-231.
30. El dec. 50/02, en tanto dispuso, invocando razones de necesidad y urgencia, que la ley 254.561 entrara en vigencia un día antes de su publicación, contraviene lo dispuesto por el art. 3º y concs. del C. Civil., vulnerando aspectos fundamentales del régimen constitucional, resultando que no puede encuadrarse en lo previsto por el art. 99 inc. 3º de la Constitución Nacional pues el Congreso no estaba en receso sino que por el contero, la actividad legislativa era ardua. (CNTrab. Sala I, abril 16-2003; "MARTINEZ, RUBEN Y OTROS C. BANCO BANSUD"). DT 2003-B, 1222.
31.La invocación de las facultades que emergen del art. 99 inc. 3 CN. a los fines de dictar el decreto 50/2002 no resulta admisible, dado que el Congreso de la Nación no estaba en receso. (CNTrab. Sala II, julio 7-2003, "PANIAGUA, LEOCADIO C. V. DISCO S.A.") SJA 31/12/2003, SÍNTESIS.
32. El decreto 50/2002 avanza en un tópico reservado al legislador originario, en la medida en que no cabe presumir que, al no determinar en el texto de la norma una fecha especial de vigencia, se repudiara el sistema general consagrado en los Códigos de fondo e implícitamente se delegara en el Poder Ejecutivo Nacional la facultad de hacerlo a su criterio (CNTrab. Sala II, julio 7-2003, "PANIAGUA, LEOCADIO C. V. DISCO S.A.") SJA 31/12/2003, SÍNTESIS.
33. No puede aplicarse a un despido dispuesto con fecha 9 de enero de 2002, disposiciones legales como la ley 25561 que establecía la duplicación de la indemnización por despido, toda vez que dicha norma no tenía vigor al momento del hecho y el decreto 50/02 que fue publicado en tal fecha, resulta ineficaz para modificar derechos y obligaciones que irrevocablemente habían nacido en cabeza de las partes (arg. art. 3 del C. Civil y 17 de la C.N.). (CNTrab. Sala III, abril 21-2003; "FLORES, MARCELO C/ ARGENCARD S.A.")
34. No puede soslayarse que el decreto 50/02 fue dictado invocando la situación de emergencia declarada por la ley 25561 y las facultades establecidas en el art. 99, inc. 3º de la CN. Esta norma dispone que "el Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo", dicho apartado agrega que: "solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia.
Es criterio de este Tribunal, en cuanto a la constitucionalidad de dichos decretos de necesidad y urgencia, que la reforma de 1994 introdujo como principio general la facultad del Poder Ejecutivo Nacional de dictar los mencionados decretos con un criterio restrictivo, tendiente a no desvirtuar el principio de división de poderes. por lo tanto, la facultad de dictar decretos de necesidad y urgencia por parte del Poder Ejecutivo Nacional sólo puede ser ejercida en los casos excepcionales que prevé la Carta Magna, lo cual debe apreciarse con criterio sumamente estricto (en igual sentido SD 81181 del 25/8/00 "Oltra, Estela c/ Estado Nacional" entre otros).
Pero la conclusión que la Constitución no tolera es que, frente a una delegación con las limitaciones que ha efectuado el Congreso mediante la ley 25561, el Poder Ejecutivo ejerza facultades legislativas de naturaleza genuinamente excepcional que únicamente han sido reconocidas para ser desempeñadas en defecto de la actuación del Parlamento, pero no en forma concurrente con él y jamás al punto de sustituir o modificar el contenido de la declaración efectuada por el Congreso de la Nación. La delegación que la Constitución permite, exige que sea ejercida "dentro de las bases…que el Congreso establezca" (art. 76). La sanción de la ley 25561 que declara la emergencia y delega facultades para lograr su superación, es suficiente evidencia de que no concurre la hipótesis que habilita el mecanismo establecido en el art. 99 inc. 3º de la Ley Fundamental, en tanto el Poder Ejecutivo no invocó ni aludió a una diferente configuración fáctica que lo autorizase a ingresar en ese marco constitucional. (CNTrab. Sala III, abril 21-2003; "FLORES, MARCELO C/ ARGENCARD S.A.")
35. La ley 25561 (B.O. 7/1/02) fue sancionada y promulgada el 6 de enero de 2002 y de su texto no surge una fecha específica de entrada en vigencia, por lo que de conformidad con lo que determina el C. Civil (art. 2º), se concluye que comenzó a regir ocho días después, es decir el 15/1/02. El decreto 50/02 que estableció que la fecha de vigencia de la normativa en cuestión fue el 6 de enero de 2002 no fue dictado conforme las disposiciones del art 99 de la C.N. toda vez que en esa época el Poder Legislativo se hallaba en actividad, tal como lo prueban las distintas leyes dictadas en dicho lapso. Por ello, si el despido en el caso concreto se produjo antes de aquélla fecha (15/01/02), no procede la duplicación de la indemnización cuestionada. (CNTrab. Sala III, noviembre 21-2003; "RIVERO, RAQUEL C/ DISCO S.A. ") 36. El decreto 50/02 no se ajusta a las pautas establecidas por el art. 99 de la Constitución Nacional, que expresamente limita la facultad del Poder Ejecutivo de dictar normas por razones de necesidad y urgencia para "… cuando las circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes…". No es posible entender que la situación de emergencia que la ley reconoce y que se invoca como fundamento del decreto 50/02 se haya agravado apreciablemente entre la sanción de aquélla (6/1/02) y el dictado de éste (8/1/02), de modo que justificara la modificación de la decisión de los legisladores en relación con la fecha de entrada en vigencia de la ley citada (arts. 2 y 3 del C. Civil). (CNTrab. Sala III, febrero 14-2003; "VALENTE, DIEGO C/ BANK BOSTON N.A."
37. Corresponde rechazar la duplicación indemnizatoria con fundamento en el art. 16 de la ley 25.561 pretendida por quien fue despedido el mismo día que se publicó esta, pues el decreto 50/02 (DT, 2002-A, 321) que establece la fecha a partir de la cual la ley mencionada entrará en vigencia -6/01/02- es inaplicable, toda vez que este fue dictado cuando el Congreso se encontraba en sesiones extraordinarias, es decir que las facultades legislativas que se atribuyó el Poder Ejecutivo no fueron legítimamente ejercidas en atención al art. 99 de la Constitución Nacional. (CNTrab. Sala III, febrero 28-2003; "SOTELO, JUAN D. C. DISCO S.A.") DT, 2003-B, 1411.
38. Corresponde declarar inconstitucional el decreto 50/2002, que establece la fecha de entrada en vigencia de la ley 25561 de emergencia económica, ya que el mismo viola el sistema de jerarquía de normas y la prohibición al Poder Ejecutivo de emitir decisiones de carácter legislativo, principios consagrados en la Constitución Nacional -arts. 31, 99, inc. Constitución Nacional, y arg. art. 2 Cód. Civil-. (CNTrab. Sala VII, noviembre 27-2002; "ETCHETTO, ANDRÉS M. C. ARGENCARD S.A.") 39. Resulta inconstitucional el decreto 50/2002 al pretender otorgarle a la ley 25.561 una fecha de vigencia anterior a la de su publicación, pues tal retroactividad afecta el derecho de propiedad consagrado -art. 17 de la Const. Nac.-, tornando por tanto inaplicable al caso el art. 16 de la ley de emergencia mencionada, que impone la duplicación indemnizatoria laboral. -. (CNTrab. Sala VII, noviembre 27-2002; "ETCHETTO, ANDRÉS M. C. ARGENCARD S.A.")
40. La ley 25561 que en su art. 16 establece la doble indemnización para los despidos incausados no establecía expresamente su fecha de entrada en vigencia, por ello al ser sancionada y promulgada el 6/1/02 y publicada en el B.O. el 7/1/02 debió regir desde el 16 de enero de 2002 (conf. arts. 2 y 3 del C. Civil). El decreto 50/02 que establece su vigencia retroactiva, a partir del 6/1/02 es inconstitucional toda vez que vulnera la garantía constitucional establecida en el art. 17 de la C.N. afectando derechos adquiridos anteriores a la sanción de la norma y las prescripciones del art. 99 inc. 3º, en cuanto el Poder Ejecutivo no puede asumir facultades legislativas sin que existan razones excepcionales para ello, limitándose al dictado de decretos de necesidad y urgencia que en el caso tampoco se justificaban toda vez que las cámaras estaban en actividad. (CNTrab. Sala IX, noviembre 19-2002; "RAPISARDI, MARIO C/ ARGENCARD S.A")
41. El artículo 16 de la ley 25.561 es inaplicable a la vinculación habida entre las partes, pues el 8 de enero de 2002, momento del distracto, el decreto 50/02 no se hallaba aún publicado. En modo alguno la empleadora estaba obligada a ajustar su conducta a lo determinado por dicha norma por cuanto al notificar fecha de entrada de vigencia no era obligatoria hasta el 15 de enero de 2002 (art. 2°, Código Civil). (T. Trab. Nº 2 de Bahía Blanca; junio 21-2002 "HERNANDORENA, CARLOS A. C. BANCO BANSUD") DT, 2002-B, 1560
Procedencia de la doble indemnización
42. La ley 25561 expresó una clara decisión en el sentido de delegar en el Poder Ejecutivo el dictado de medidas y programas que tiendan a proteger el nivel de empleo, por lo que el decreto reglamentario nº 50/02 que la pone en vigencia bien puede considerarse un modo de ejecución de la puesta en funcionamiento de los mencionados programas. Si además de lo expuesto se tiene en cuenta que la ley tuvo en miras la efectiva protección de la fuente laboral, la clara directiva al empleador para que, dentro de determinado período no procediere a despedir trabajadores, y en su caso abonase mayores indemnizaciones, no puede concluir que la puesta en vigencia inmediata de la norma en cuestión pudiera considerarse como un ejercicio irrazonable de la delegación aludida teniendo en cuenta la entidad y la importancia de los derechos protegidos. Especialmente si se tiene en cuenta que la actitud de la empresa demandada de despedir a parte de su personal en la misma fecha no constituye un caso aislado y no es conveniente que en casos de emergencia económica y social pueda dejarse en manos del principal decidir sobre el monto del resarcimiento que le corresponde al trabajador que fuera despedido sin causa justificante. (CNTrab. Sala IV, febrero 27-2004; "SZARFSZTEJN, CARLOS C/ ARGENCARD S.A.")
43. El art. 1º de la ley 25561, además de declarar la emergencia social, delega en el PEN y hasta el 10 de diciembre de 2003, las facultades comprendidas en la ley de que se trata, con la finalidad, entre otras, de "reactivar el funcionamiento de la economía y mejorar el nivel de empleo y la distribución de los ingresos".
"…existió en el legislador una clara delegación de facultades, positiva y expresa, en el sentido de proteger el nivel de empleo y sabido es arma importante contra el desempleo. Es por ello que bien puede entenderse que el decreto 50/02 es un reglamento de ejecución de un programa nacional de preservación del empleo.
".. si de grave emergencia se trata (extremo éste sobre el cual no parece que puedan caber dudas), no puede calificarse como un ejercicio irrazonable de esta delegación, el establecerla a partir de la fecha en que la norma se dictó y se promulgó; se adecua perfectamente a la situación creada en tanto no se comprende de qué modo se declara un estado de emergencia y se aprueba una serie de normas a aplicar… dentro de nueve días(?).
"…no puede dejarse en manos del principal decidir el monto de un resarcimiento, al extremo de poder oblar sólo el 50% de lo que podría corresponderle, con el simple expediente de apresurar una comunicación de cesantía sin causa, en las primeras horas del día 8 de enero de 2002, luego de jornadas parlamentarias que tuvieron en vilo al país, que por todos los medios de difusión se dieron a conocer, a grandes rasgos, las alternativas del debate y los lineamientos de la nueva ley en los muy diversos temas que se abordaron en la misma y -lo que es más trascendente aún- de que el 7 de enero de 2002 se publicara en el Boletín Oficial el texto de la ley.
"…se destaca asimismo que en el caso el despido ha sido incausado, que se ha admitido que comprendió a un buen número de trabajadores en la misma fecha y que no existe prueba alguna acerca de la necesidad impostergable en separar a todos ellos el fatídico día 8 de enero.
En esas condiciones, es decir ante una ley ya publicada que daba cuenta de que en escasos días más a lo sumo, el despido sin causa quedaba prohibido o, cuanto menos, su costo se iba a duplicar, la intención de la demandada de extinguir el vínculo constituye, a mi criterio, una conducta contraria a la buena fe y vedada por lo tanto por el art. 63 LCT y abusiva en los términos de los arts. 68 "in fine" LCT y 1071 segunda parte del C. Civil, el cual, como es sabido, dispone que se considerará un ejercicio abusivo de los derechos el que contraríe los fines que aquella tuvo en miras al reconocerlos o el que exceda los límites impuestos por la buena fe.
"En suma, sea porque se entienda que al dictar el decreto 50/02 el Poder Administrador se limitó a hacer uso de las facultades que se le delegaran por ley y- por lo tanto- no resulta violatorio de disposición constitucional alguna o, porque se trate de un claro ejemplo de un ejercicio abusivo por parte del empleador de su derecho a denunciar el vínculo en forma incausada, lo cierto es que el actor separado de su empleo luego de conocida la norma que prohíbe el despido y agrava la reparación. (CNTrab. Sala X; marzo 25-2003; "MIRANDA, GONZALO C/ ARGENCARD S.A.")
d. Trabajadores de la Construcción. Improcedencia
44. Atento a la naturaleza jurídica que reviste el Fondo de Desempleo (art. 17 de la ley 22250), no procede la duplicación reclamada con fundamento en el art. 16 de la ley 25561, en tanto ella se refiere a las "indemnizaciones" que, de conformidad a la legislación laboral vigente, corresponden a los trabajadores para el caso de despido sin causa justificada (resarcimientos que la ley 22250 no prevé). (CNTrab. Sala III, mayo 25-2003; "GUZMAN, LEOPOLDO C/ PETERSEN THIELE Y CRUZ S.A. DE CONSTRUCCIONES Y MANDATOS")
45. Corresponde el rechazo de la pretensión que persigue la duplicación indemnizatoria establecida en el art. 16 de la ley 25.561 ya que la situación contemplada en el mencionado artículo que suspende los despidos sin causa justificada, no se encuentra aprehendida en el régimen de la construcción puesto que en el mismo cualquiera de las partes se halla habilitada a denunciar el contrato de trabajo sin invocar una causa, bastando con notificar la decisión extintiva, que constituye el presupuesto del derecho del trabajador a percibir el fondo de desempleo, que no tiene naturaleza indemnizatoria (CNTrab. Sala X, 28/11/2005, “VARGAS, CLAUDIO D. C/SANTUCHO, MARCELA B.”).
46. Corresponde no hacer lugar a la duplicación de las indemnizaciones emergentes del despido del reclamante (art. 16 de la ley 25.561), toda vez que su contratación se llevó a cabo en el marco de lo dispuesto en el Estatuto para Trabajadores de la Industria de la Construcción, cuyo diseño legal expresamente desplaza el régimen indemnizatorio que rige por imperio de la ley de contrato de trabajo y como contrapartida establece un particular sistema de prevención y reparación ante un supuesto de extinción del contrato laboral conforme los artículos 15 y 35 de la ley 22.250 (CNTrab. Sala II, 30/06/2005, “CAMPO, MARTÍN N. Y OTROS C/EMPRESA CONSTRUCTORA BUENOS AIRES S.A. ECBA S.A. Y OTRO”).
47. Resulta improcedente la duplicación indemnizatoria dispuesta en el artículo 16 de la ley 25.561 a favor del obrero de la construcción despedido sin causa, toda vez que la creación de un Fondo de Desempleo por parte de la ley 22.250 ha sustituido el sistema de indemnización por despido, sin la cual no puede existir duplicación (Cámara de Apelaciones en lo Laboral de Posadas, sala I, 07/04/2005, “MORINIGO, JUAN R. C/CONSTRUCTORA DEL LITORAL”).
48. La duplicación de la indemnización por despido legislada en el art. 16 de la ley 25.561 es inaplicable a los obreros de la construcción en razón de que el régimen de la ley 22.250 no contempla la estabilidad en el empleo, y el trabajador de la construcción, en caso de ser despedido, tiene derecho a percibir el fondo de desempleo, cuya naturaleza jurídica no es indemnizatoria, sino salarial (CNTrab. Sala VIII, 31/05/2004, “MORO, HORACIO F. C/COMPAÑIA DE SERVICIOS A LA CONSTRUCCIÓN S.A.”).
49. La duplicación reclamada con fundamento en el art. 16, ley 25561 se refiere a las "indemnizaciones" que, de conformidad con la legislación laboral vigente, corresponden a los trabajadores para el caso de despido sin causa justificada, resarcimientos que la ley 22250 no prevé. (CNTrab. Sala III, 26/08/2008, “PERALTA, JORGE C. c/CONSTRUCSUR S.R.L. Y OTRO”).
e. Prórroga de la duplicación. Constitucionalidad
50. La proposición constitucional que provee que solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución Nacional para la sanción de las leyes no importa necesariamente que el Congreso no se halle ejerciendo sus propias facultades, sino que emerjan condiciones tales de apremio económico-político que precisamente tornaren imposible seguir los trámites ordinarios para la sanción de las leyes. Hecha esta distinción, la cuestión se reduce a la determinación misma de la situación de necesidad y urgencia que determinó el dictado del decreto 8883/02 que prorrogó el plazo establecido en el art. 16 de la ley 25561 (CNTrab. Sala II, noviembre 28-2003; "CARDOZO, VICTOR C/ CORPORACIÓN GENERAL DE ALIMENTOS"
51. La situación de emergencia reconocida por el Congreso Nacional, así como también la persecución de un fin público que consulte los superiores y generales intereses del país, en vistas a la transitoriedad de la regulación excepcional impuesta a los derechos individuales y sociales, procurando al efecto un mecanismo regulador del llamado despido arbitrario, en el ámbito del sistema de relaciones laborales en procura del restablecimiento del equilibrio transaccional en materia laboral, han sido los considerandos tenidos en cuenta para el dictado del decreto 883/02. Por tanto, y en atención a las variables económicas vigentes en el país y previas a la sanción de la ley 25561, que no resultaran superadas con posterioridad al plazo que el art. 16 de dicha norma fijara expresamente, emergerían las circunstancias que justificarían la decisión tomada en el decreto 883/02. (CNTrab. Sala II, noviembre 28-2003; "CARDOZO, VICTOR C/ CORPORACIÓN GENERAL DE ALIMENTOS")
52. El decreto 883/2002 fue publicado en el B.O. del 29/5/2002, dentro del período ordinario de sesiones del Congreso Nacional y más de un mes antes de que expirara la vigencia del art. 16 ley 25561, por lo que ningún obstáculo se presentaba para seguir el trámite ordinario que la Constitución Nacional prevé para la sanción de las leyes en vez de acudir al dictado del mismo. En consecuencia, corresponde acoger el planteo de inconstitucionalidad del decreto 883/2002, por el cual se prorroga el plazo establecido en el art. 16 ley 25561. (Trib. Trab. Nº 3 de MAR DEL PLATA, julio 15-2003, "COLLADO, OSCAR A. V. COMAR AUTOMOTORES S.A."). LNL 2003-16-1062.
53. La ley 25820 (B.O. 4/12/03) que extendió la declaración de la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria, implicó el reconocimiento de la persistencia de la situación que determinó, oportunamente, el dictado del art. 16 de la ley 25561 por parte del Poder Legislativo Nacional y, finalmente, la ley 25972 (B.O. 17/12/04) dispuso “prorrogar la suspensión de los despidos sin causa justificada dispuesta por el art. 16 ya citado y sus modificatorias, hasta que la tasa de desocupación elaborada por el INDEC resulte inferior al 10%”, es decir que convalidó tácitamente los decretos del PEN que, con anterioridad, prorrogaron la vigencia del citado artículo 16. (CNTrab. Sala III, 10/08/07; "ROMERO, RAMÓN C/AQUINO, GLORIA")
54. El PEN no se ha excedido en la facultad de reglamentación al sancionar los decretos 883/02, 662/03 y 256/03, ya que toda vez que el art. 16 de la ley 25561 ha sido dictado en el marco de la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria dispuesta por el art. 1° de la misma norma, por lo que no cabe duda que el espíritu del legislador ha sido la extensión en el tiempo, de la sanción dispuesta por el citado art. 16, para el caso de despido en la época de crisis. Además, dicha situación de emergencia ha sido prorrogada por el art. 1° de la ley 25820, como asimismo por el art. 4° de la ley 25972 que prorrogó la suspensión de los despidos sin causa justificada dispuesta en el art. 16 citado, por lo cual no cabe duda que el PEN a la hora de reglamentar los decretos mencionados actuó de acuerdo a las directivas implícitas dispuesta por el Poder Legislativo y en el marco de la reglamentación prevista por el art. 99 inc 1 y 2 de la CN. (CNTrab. Sala IX, 23/05/08; "FERREIRA LOPEZ, MATEO C/ SUESSA SERVICIOS EMPRESARIOS SA Y OTROS")
f. Oportunidad de la pretensión
55. Resulta improcedente la indemnización prevista por el art. 16 de la ley 25.561 si la misma fue solicitada por el actor en oportunidad de producir los alegatos, toda vez que la aceptación de dicha pretensión indemnizatoria especial importaría la conformación de una sentencia que hace lugar a una petición "extra petita", posibilidad vedada por el art. 63 de la ley 7987 de la Pcia. de Córdoba (C.Civ. Com. Familia y Trab. Marcos Juarez, prov. de Córdoba, mayo 22-2003; "MANGOLD, JUAN CARLOS C. METALFOR S.A.") LLC, 2004-A, 78
g. Impuesto a las ganancias
56. Al reclamar el actor el cobro de los intereses por la retención que, en concepto de impuesto a las ganancias le hiciera la demandada al abonarle las indemnizaciones correspondientes a su despido, cabe analizar que el art. 16 de la ley 25.561 impone pagar el doble de la indemnización y este crédito es –claramente- un incremento de la reparación tarifada emergente del despido. Así, lo razonable indica que si la indemnización por despido incausado no está sujeta a carga impositiva, tampoco lo está la suma nacida de su duplicación, que no es sinó una indemnización agravada que participa de su misma naturaleza. (Compartiendo los términos del dictamen nro. 39.528 de F.G). (CNTrab. Sala VII. Exp. 22211/03, S.D. 38160, diciembre 12-2004. “DOMÍNGUEZ, Jorge Alberto c/WYETH WHITEHALL S.A. s/Despido”). 57. En este orden de ideas, se impone concluir que los demás rubros que se incrementan por aplicación del agravamiento indemnizatorio también mantienen su naturaleza primigenia y, en consecuencia, integran la base imponible a los efectos del impuesto a las ganancias (JNT Nº 6, marzo -2006, “HALLER PETER ANDREAS C/WESTERN GECO S.A. S/DIFERENCIAS DE SALARIOS”).
h. Momento en que cesa la vigencia de la indemnización agravada
58. La remisión del art. 4 de la ley 25972 no es tan precisa porque el Indec elabora varios índices sobre el desempleo, todos diferentes, y no siempre los da a conocer de una manera orgánica y de la misma forma. Por ello, se da una hipótesis de condición extintiva que requiere, en el ámbito de poder público, un acto expreso para darle eficacia y tal conclusión se ve respaldada por la lectura armónica de la ley 25972, pues el art. 2 de la disposición legal mencionada faculta al PEN para declarar la cesación, ya sea en forma total o parcial, del estado de emergencia pública en alguna o todas las materias comprendidas “…cuando la evolución favorable… así lo aconseje”, y esta iniciativa, que implica una delegación no cuestionada, parte de la premisa de la necesidad de una disposición expresa. Por lo expuesto, la suspensión de los despidos concluyó el día de la publicación del decreto 1224/07, o sea el 11/9/07, ello así por cuanto no rige el art. 2 del C. Civil, ya que no se trata de una disposición de carácter normativo, sino de una suerte de aquello que se denominara “decreto de ejecución” que se agota, en el caso, con la corroboración del hecho (Fiscalía General del Trabajo, Dictamen N° 45904, 31/03/08, “DE LA FUENTE, MÓNICA Y OTRO C/ SWISS MEDICAL SA S/ DESPIDO”).
59. El agravamiento indemnizatorio previsto en el art. 16 de la ley 25.561 perdió vigencia el día de la entada en vigor del decreto 1224/07, es decir, el 19/09/07.(Del voto del Dr. Rodríguez Brunengo) (CNTrab., Sala VII, 09/12/2008, “TALAMONA, FABIO ADRIÁN C/TROSMAN S.A.”).
60. El decreto 1224/2007 constituyó el acto administrativo necesario para declarar la finalización de la emergencia a los fines del art. 16 Ver Texto , ley 25561, por lo que la suspensión de los despidos sin causa finalizó el día de la publicación del decreto citado, o sea el 11/9/2007 (CNTrab., Sala VI, 16/10/2008, “FARFÁN, LUIS R. c/SOULE S.A.”).. 61. Corresponde confirmar la sentencia que acogió el reclamo del incremento indemnizatorio previsto en el art. 16 de la ley 25.561 respecto del despido operado con posterioridad al dictado el decreto 1224/07 que declaró el cese del referido incremento, pues, ante los distintos índices que fijó el Poder Ejecutivo para que el empleador abone por sobre la indemnización y mas allá de la de confiabilidad de los datos brindados por el INDEC, se plantean dudas en la interpretación y aplicación de las normas, ante lo cual debe prevalecer la mas favorable al trabajador conforme lo dispuesto en el art. 9 de la LCT (Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y Minería de Neuquén Sala III, 28/08/2008, “HERNÁNDEZ, HÉCTOR FABIÁN C/PRIDE INTERNACIONAL S.R.L.”).
62. El cese del agravamiento indemnizatorio dispuesto por el art. 16 de la ley 25.561 se operó recién al darse a publicidad el dec. 1224/07 —11/09/2007— porque la vigencia del régimen indemnizatorio agravado por la emergencia ocupacional, por disposición de la ley 25.972, quedó sujeta a que la tasa de desocupación elaborada por el INDEC resulte inferior al 10% y fue el decreto mencionado el que tuvo por cumplida esa condición (CNTrab, Sala II, 22/07/2008, “PAREDES, RODRIGO C/BANKBOSTON NATIONAL ASOCIATION”).
63. Es improcedente el incremento indemnizatorio previsto en el art. 16 de la ley 25.561 respecto del despido operado cuando la tasa de desocupación publicada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos era inferior al nivel establecido en el art. 4° de la ley 25.972 —en el caso, 10%— pues, si bien todavía no había sido dictado el decreto 1224/07 que declaró el cese del referido incremento, debe concluirse que éste se agotó en forma automática en la fecha en que se hizo pública la tasa de desocupación correspondiente al cuarto trimestre de 2006. (del voto en disidencia del Dr. Maza) (CNTrab, Sala II, 20/05/2008, “RESCHINI, SEBASTIÁN ALEJANDRO C/MASSUH S.A.”).
64. Es improcedente el incremento indemnizatorio previsto en el art. 16 de la ley 25.561 respecto del despido operado antes del dictado del dec. 1224/07 que estableció el cese del referido recargo, pues dicho incremento se agotó anteriormente cuando el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos informó que la tasa de desocupación publicada era inferior al nivel establecido en el art. 4° de la ley 25.972 —en el caso, 10%— esto es, el último día del primer trimestre del año 2007 (CNTrab., Sala III, 30/06/2008, “FERNÁNDEZ, PAOLA NANCY C/DISCO S.A.”).
65. El hecho de que la ley 25.972 haya excluido la expresión "de pleno derecho" que contenía el decreto 823/04 descarta la posibilidad de que se tenga por cumplida la condición mencionada en dicha norma, sin una declaración expresa del Poder Legislativo o del Poder Ejecutivo en tal sentido razón por la cual, el agravamiento indemnizatorio previsto en el art. 16 de la ley 25.561 perdió eficacia el día de la entrada en vigor del decreto 1224/07 (CNTrab., Sala VII, 30/06/2008, “HUANCA, MARÍA ROSA C/RINCÓN DEL ABASTO S.A. Y OTRO”).
66. Es improcedente el incremento indemnizatorio previsto en el art. 16 de la ley 25.561 respecto del despido operado cuando la tasa de desocupación publicada por el I.N.D.E.C era inferior al nivel establecido en el art. 4 de la ley 25.972 —en el caso, 10%— pues, si bien todavía no había sido dictado el decreto 1224/07 que declaró el cese del referido incremento, debe concluirse que éste se agotó en forma automática en la fecha en que se hizo pública la tasa de desocupación correspondiente al último trimestre del año 2006 (CNTrab. Sala IV, 09/04/2008, “VUTEFF, MARIANA C/WEATHERFORD INTER. DE ARG. S.A.”).
67. El art. 4° de la ley 25972 derogó con efecto diferido ligado al cumplimiento de una condición, la suspensión de los despidos injustificados dispuesta por la ley 25561 y la sanción aneja a su violación. Esa condición era que la tasa de desocupación medida por el INDEC descendiera hasta no más del 10%. El cumplimiento de la condición tuvo lugar al ser publicado el índice y en esa fecha quedó derogado el régimen del art. 16 de la ley 25561 (CNTrab. Sala VIII, 11/06/2008, “CONSTANTINI, MARGARITA C/TOLCA S.A. Y OTRO S/DESPIDO”).
68. Del texto normativo de la ley 25972 y su interpretación armónica cabe concluir que ha sido materia de delegación al PEN la reglamentación que disponga el cese de la situación de emergencia decretada, y por lo tanto, del agravamiento indemnizatorio establecido en consecuencia. Desde tal perspectiva se concluye que el cese formal del régimen de suspensión de despidos impuesto a través de la ley 25561 debe situarse a partir del dictado del decreto 1224/07 y si bien dicha norma no dispuso ninguna fecha de entrada en vigor, debe fijarse el 11/9/07 toda vez que no rige en el caso la última parte del art. 2° del C. Civil pues no se trata en el caso de una disposición de carácter normativo sino de un “decreto de ejecución” en cuanto se limita a tener por cumplido el “hecho-condición” al que se sujetó la vigencia de un régimen indemnizatorio agravado (CNTrab., Sala IX, 13/6/08, “CIUFIA, FERNANDO C/COTO CICSA S/ DESPIDO”).
69. Ese hecho al cual estaba supeditada la vigencia de la norma (la tasa de desocupación inferior al 10%) no era públicamente conocido -con real certeza- por los sujetos involucrados en la relación laboral individual y, en definitiva, por la sociedad toda, por lo cual era menester el dictado de un acto oficial que brinde seguridad jurídica en tal aspecto. Asimismo, cabe entender que el decreto 1224/2007 del PEN entró a regir el día en que fue publicado en el B.O. (reitero, el 11/9/2007) en la medida en que constituyó una mera declaración ("Declárase cumplida..."), sin que fuese necesaria la espera de los 8 días siguientes a la publicación (arts. 2 y 3, CCiv.). (CNTrab., Sala X, 28/11/08, “CENTURIÓN, JUAN R. c/ DISCO S.A. S/DESPIDO”).
70. Si la ley 25972 establece que el Instituto de Estadísticas y Censo es el organismo nacional que deberá elaborar el índice de desempleo, aun cuando el contrato de trabajo se haya celebrado en la Provincia de Mendoza, corresponde acudir al índice de desempleo elaborado por el organismo mencionado y no el provincial, a los fines de establecer la procedencia o no de la duplicación indemnizatoria del art. 16, ley 25561. (Sup. Corte Just. Mendoza, sala 2ª, 16/10/2007, “GUZMÁN, ELIO A. C/JOSÉ BONILLA S.A.”)
i. Aplicabilidad a trabajadores agrarios
71. Debe admitirse el incremento indemnizatorio previsto en el art. 16 de la ley 25.561 reclamado por el trabajador agrario que se consideró despedido ya que no está prevista su exclusión. (Cámara de Apelaciones del Trabajo y Minas de 4a Nominación de Santiago del Estero, 19/02/2008, “ALMARAZ, SERGIO ARIEL C/BORGNINO, ALBERTO RAMÓN Y/U RESP.”).
72. Resulta improcedente sostener que los trabajadores agrarios se encuentran excluidos de la duplicación indemnizatoria del art. 16 de la ley 25.561 al estar amparados por una normativa especial, ya que las circunstancias que motivaron la sanción de la ley de emergencia y sus sucesivas prórrogas afectan a todos por igual, en tanto la finalidad de dicha normativa era evitar los despidos injustificados sin que se excluyera específicamente de su aplicación a ningún trabajador (Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro, sala Laboral y Contencioso-Administrativo Laboral, 02/08/2007, “GERLACH CRUZAT, LUIS MARCELO C/COSENTINO, EDUARDO SERGIO”).
73. Es procedente la duplicación de las indemnizaciones derivadas de un despido en los términos del art. 16 de la ley 25.561 aun cuando se trate de un trabajador encuadrado en el régimen nacional del trabajo agrario y no en el general del contrato de trabajo, pues la citada norma de emergencia no hace distinción alguna en tal sentido, debiendo tenerse en cuenta que su finalidad es preservar el empleo (Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas y Laboral Nro. 2 de San Luis, 31/05/2007, “ORTIZ, ZOE C/FORRAJERÍAS AVANZADAS S.A. Y/U OTRO”).
74. La duplicación indemnizatoria prevista por el art. 16 de la ley 25.561 (Adla, LXII-A, 44) es inaplicable al despido de un trabajador encuadrado en el régimen nacional de trabajo agrario por cuanto dicha norma indica su aplicación a las relaciones laborales comprendidas en el régimen general de la ley de contrato de trabajo (Del voto en disidencia parcial del Dr. Funes) (Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas y Laboral Nro. 2 de San Luis, 31/05/2007, “ORTIZ, ZOE C/FORRAJERÍAS AVANZADAS S.A. Y/U OTRO”).
75. Es procedente la duplicación de las indemnizaciones derivadas de un despido en los términos del art. 16 de la ley 25.561 aun cuando se trate de un trabajador encuadrado en el régimen nacional del trabajo agrario y no en el general del contrato de trabajo, pues la citada norma no hace distinción alguna en tal sentido, debiendo tenerse en cuenta que la finalidad que persigue es tutelar al trabajador contra el despido arbitrario, e indirectamente evitar el desempleo (Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Tucumán, sala laboral y contenciosoadministrativa, 12/03/2007, “GAUNA, MANUEL E. C/GEBAL S.A.”).
76. Es procedente la duplicación de las indemnizaciones derivadas de un despido en los términos del art. 16 de la ley 25.561 aun cuando se trate de un trabajador encuadrado en el régimen nacional del trabajo agrario -ley 22.248- y no en el general del contrato de trabajo -ley 20.744-, pues la citada norma de emergencia no hace distinción alguna en tal sentido, debiendo tenerse en cuenta que la finalidad de la norma es proteger el nivel de empleo, en tanto la indemnización por despido, además de tutelar al trabajador contra el despido arbitrario, secundariamente es una herramienta contra el desempleo (CNTrab., Sala X, 24/11/2004, “AQUINO, MANUEL A. C/DINALUCA S.A.”).
77. Es procedente la duplicación de las indemnizaciones derivadas de un despido en los términos del art. 16 de la ley 25.561,-aun cuando se trate de un trabajador encuadrado en el régimen nacional del trabajo agrario- y no en el general del contrato de trabajo, pues la citada norma de emergencia no hace distinción alguna en tal sentido, debiendo tenerse en cuenta que la finalidad de la norma es preservar el empleo como una política de Estado (Cámara del Trabajo de Córdoba, sala 10 unipersonal, 18/10/2004, “TORRES, RODOLFO C/ZEDDA DE BARBIERIS, ELINA M. A.”).
78. Corresponde hacer lugar al pedido de un trabajador rural relativo a la aplicación del artículo 16 de la ley 25.561 y su prórroga el art. 4° de la ley 25.972 en virtud del despido sin causa del que fuera objeto, pues, dicha norma es aplicable a todos los trabajadores, estén o no comprendidos en la ley de contrato de trabajo, ya que el fin perseguido era general y no parcial, por lo que no hay razón alguna para pensar que la ley de emergencia quiso excluir a algún ciudadano, o a algún trabajador de su protección (Cámara de Apelaciones Civil, Comercial y Laboral de Curuzú Cuatiá, 03/03/2006, “ROJAS, ROBERTO C/CEAGRO S.A. Y/O RESPONSABLE”).
j. Aplicabilidad a trabajadores regidos por otros estatutos especiales.
79. La circunstancia de que el estatuto del Periodista Profesional prevea un régimen indemnizatorio por despido sin causa distinto del establecido en la Ley de Contrato de Trabajo, no justifica su exclusión pues el art. 16 ley 25561 (según redacción vigente al momento del despido) dispone, para los casos de despidos sin causa justificada, el pago de un incremento sobre las indemnizaciones que correspondiese percibir al trabajador " De conformidad a la legislación laboral vigente", sin establecer exclusiones respecto de tales normas laborales. (CNTrab., Sala III, 06/12/2005, “CHAMORRO, MATÍAS c/TELEARTE S.A.”). 80. No cabe duda de que la norma convencional prevé un régimen indemnizatorio específico para el despido sin causa y, en consecuencia, considero que al personal sujeto a las disposiciones del estatuto del periodista no asiste derecho al cobro del incremento con sustento en el art. 16 ley 25561 (art. 4, ley 25972). (Del voto del Dr. Guibourg al que adhiere la Dra. Porta). (CNTrab., Sala III, 25/08/08, “URRUNAGA, ROBERTO c/EDITORIAL SARMIENTO S.A Y OTRO”).
81. El CCT 370/1971 prevé un régimen indemnizatorio específico para el despido sin causa y, en consecuencia, al personal sujeto a contrato de ajuste no asiste derecho al cobro del incremento con sustento en el art. 16, ley 25561, ante la claridad del texto del art. 4, ley 25972. (CNTrab., Sala III, 25/02/08, “MASPERO, JUAN E. C/ANTILLANA S.A.”).
82. La duplicación indemnizatoria dispuesta por el art. 16, ley 25561 no se aplica a los estatutos particulares que contienen una forma diferente de calcular la indemnización por cese a la estipulada por el art. 245, LCT (con referencia a los trabajadores del servicio doméstico). (C. Trab. San Francisco, 12/06/2007, “BUSTAMANTE, YANINA P. C/BRUSA, GLORIA N. Y OTRO”).
83. La figura del contratista de viñas y frutales cuenta con una regulación autónoma e independiente que no está comprendida en el régimen de negociación colectiva de la ley 14250 sino que tiene un sistema particular de comisión de paritarias (art. 36 ley 23154 y decreto provincial 2499/1988, título VIII, art. 17 y ss.), por lo que no resulta aplicable al caso lo dispuesto por el art. 16 ley 25561 y los decretos 392/2003 y 1347/2003, que los actores han invocado como fundamento de sus pretensiones. (C. Trab. Mendoza, sala 2ª, 31/08/2006, “COTIFANE, JOSÉ Y OTROS C/ SAN JUAN PABLO GALARRAGA LTDA.”).
84. Una vez establecida cuál es la reparación correspondiente al accionante en su calidad de viajante de comercio, con motivo del despido, ha de determinarse el agravamiento indemnizatorio previsto en el art. 16 de la ley 25561, para lo cual deben computarse todos los rubros (arts. 245, 232 y 233 de la LCT más SAC) incluida la indemnización por clientela. (CNTrab., Sala III, 19/10/07, “VALDÉZ, CARLOS C/COCA COLA FEMSA DE BUENOS AIRES SA S/ DESPIDO”).
85. En atención a lo dispuesto en el art. 4 del decreto 264/02 deben considerarse comprendidos en la duplicación prevista en el art. 16 de la ley 25561 todos los rubros indemnizatorios originados con motivo de la extinción del contrato de trabajo. Se debe incluir en este caso la indemnización por clientela, por tratarse de una trabajadora amparada en el Estatuto del Viajante (art. 14 ley 14546). (Del voto del Dr. Balestrini, al que adhiere el Dr. Scotti en la integración transitoria de la Sala). (CNTrab., Sala IX, 29/11/07, “SINISTRO, RENATA C/ CONSOLIDAR AFJP SA S/ DESPIDO”). k. Autonomía a los efectos del cálculo del tope del art. 245 L.C.T.
86. Las sanciones de la ley 25561 y sus prórrogas, sólo constituyen un castigo ante la violación de la normativa de emergencia social y, aunque se calculen como un porcentaje del resarcimiento por despido injusto, no forman parte de la indemnización propiamente dicha, por lo que no puede tenérselas en cuenta a los fines de merituar la constitucionalidad del tope aplicable en virtud del art. 245, LCT. (CNTrab., Sala II, 19/10/07, “MAFFEI, MARCELO L. C/ SUPERVIELLE ASSET MANAGEMENT S.A.”)