Source: http://absta.info/resolucin-mediante-la-cual-el-pleno-del-instituto-federal-de-t-v2.html
Timestamp: 2019-09-22 22:51:04
Document Index: 165214556

Matched Legal Cases: ['artículo 28', 'artículo 42', 'artículo 6', 'artículo 7', 'artículo 41', 'artículo 42', 'artículo 38', 'ARTÍCULO 18', 'artículo 31']

ANTECEDENTES Concesión de Teléfonos de México, S.A.B. de C.V.
Concesión de Teléfonos del Noroeste, S.A. de C.V.
Concesión de Alestra, S. de R.L. de C.V.
Solicitud de Resolución de condiciones de interconexión no convenidas.
Respuesta de Telmex y Telnor
Aprobación del Modelo de Costos Fijo .
Integración del Instituto.
Cierre de la instrucción.
Publicación de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
Publicación del Estatuto Orgánico del Instituto Federal de Telecomunicaciones.
CONSIDERANDO PRIMERO.- Competencia del Instituto.
SEGUNDO.- Importancia de la interconexión e Interés Público.
RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL EL PLENO DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES DETERMINA LAS CONDICIONES DE INTERCONEXIÓN NO CONVENIDAS ENTRE ALESTRA, S. DE R.L. DE C.V. Y LAS EMPRESAS TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B DE C.V. Y TELÉFONOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. APLICABLES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.
Concesión de Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. El 10 de Marzo de 1976, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (en lo sucesivo, la “Secretaría”) otorgó a Teléfonos de México, S.A.B de C.V. (en lo sucesivo, “Telmex”), un título de concesión para construir, operar y explotar una red de servicio telefónico público. El 10 de diciembre de 1990, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la “Modificación al Título de Concesión de Teléfonos de México, S.A. de C.V.”, para construir, instalar, mantener, operar y explotar una red pública telefónica por un periodo de cincuenta (50) años contados a partir del 10 de marzo de 1976, con cobertura en todo el territorio nacional, con excepción del área concesionada a Teléfonos del Noroeste, S.A. de C.V. (en lo sucesivo, la “Concesión de Telmex”).
Concesión de Teléfonos del Noroeste, S.A. de C.V. El 26 de mayo de 1980, la Secretaría otorgó a Teléfonos del Noroeste, S.A. de C.V. (en lo sucesivo, “Telnor”) un título de concesión para construir, operar y explotar una red de servicio telefónico público. El 7 de diciembre de 1990, la Secretaría emitió la modificación al título de concesión de Telnor, para construir, instalar, mantener, operar y explotar una red pública telefónica con cobertura en todo el estado de Baja California, del municipio de San Luis Río Colorado, así como la ciudad de Sonoita y sus áreas aledañas, en el estado de Sonora (en lo sucesivo, la “Concesión de Telnor”).
Concesión de Alestra, S. de R.L. de C.V. El 6 de diciembre de 1995, la Secretaría otorgó en favor de Alestra, S. de R.L. de C.V. (en lo sucesivo, “Alestra”), un título de concesión para instalar, operar y explotar una red pública de telecomunicaciones con autorización para prestar el servicio público de telefonía básica de larga distancia nacional e internacional (en lo sucesivo, la “Concesión de Alestra”).
Mediante oficio 2.-268/00 del 30 de mayo de 2000, la Secretaría otorgó el Anexo “C” de la Concesión de Alestra, en el que se autorizó a dicha concesionaria a prestar diversos servicios adicionales, entre otros, el de telefonía local a usuarios residenciales y comerciales.
Solicitud de Resolución de condiciones de interconexión no convenidas. El 22 de mayo de 2013, el representante legal de Alestra presentó ante la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones (en lo sucesivo, la “Comisión”), escrito mediante el cual solicitó su intervención a efecto de que procediera a resolver las condiciones de interconexión no convenidas entre dicho concesionario y las empresas Telmex y Telnor consistentes, entre otras, en la determinación de tarifas de interconexión por servicios de originación, terminación y tránsito para el periodo comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2013, (en lo sucesivo, la “Solicitud de Resolución”).
Para tal efecto, el representante legal de Alestra manifestó que notificó a Telmex y Telnor el inicio de negociaciones para establecer los términos, condiciones y tarifas de interconexión entre sus redes públicas de telecomunicaciones el 6 de diciembre de 2012, (en lo sucesivo, la “Solicitud de Negociaciones”).
Para acreditar lo anterior, el representante legal de Alestra adjuntó los siguientes documentos a la Solicitud de Resolución:
Alestra – Telmex:
Copia certificada del escrito de fecha 5 de diciembre de 2012, en el que Alestra solicita a Telmex y Telnor dar inicio a las negociaciones de interconexión para el 2013.
Copia certificada del escrito de fecha 30 de enero de 2013, por el cual el representante legal de Telmex y Telnor dio respuesta a la Solicitud de Negociaciones.
Oficio de Vista. El 13 de agosto de 2013, la extinta Comisión notificó por instructivo a Telmex y Telnor el oficio CFT/D05/UPR/JU/425/2013, mediante el cual se le dio vista a dicho concesionario de la Solicitud de Resolución, para que en un plazo no mayor a 10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente a que surtiera efectos legales su notificación, manifestara lo que a su derecho conviniera e informara si existían condiciones que no hubieran podido convenir con Alestra y de ser el caso, señalara expresamente en qué consistían los desacuerdos, fijaran su postura al respecto y ofreciera los elementos de prueba que estimaran pertinentes (en lo sucesivo, el “Oficio de Vista”).
Respuesta de Telmex y Telnor. El 27 de agosto de 2013, el representante legal de Telmex y Telnor presentó ante la extinta Comisión escrito en el que manifestó su postura y ofreció pruebas respecto a la Solicitud de Resolución (en lo sucesivo, la “Respuesta de Telmex y Telnor”).
Aprobación del Modelo de Costos Fijo. El 10 de abril de 2013, el Pleno de la extinta Comisión en su XI Sesión Ordinaria mediante Acuerdo P/100413/209, aprobó el Modelo de Costos Fijo, el cual se publicó en la página de Internet de la extinta Comisión en la misma fecha en apego a los Lineamientos del 12 de abril de 2011.
Decreto de Reforma Constitucional. El 11 de junio de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (en lo sucesivo, el “DOF”), el “Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones” (en lo sucesivo, “Decreto”), mediante el cual se creó al Instituto Federal de Telecomunicaciones (en lo sucesivo, el “Instituto”), como un órgano autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuyo objeto es el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones conforme a lo dispuesto en la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en lo sucesivo, la “Constitución”) y en los términos que fijen las leyes, teniendo a su cargo la regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, así como del acceso a infraestructura activa, pasiva y otros insumos esenciales, garantizando lo establecido en los artículos 6o. y 7o. de la Constitución.
Asimismo, el párrafo décimo sexto del artículo 28 de la Constitución, establece que el Instituto es la autoridad competente en materia de competencia en los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones.
El órgano de gobierno del Instituto se integra por siete Comisionados, incluyendo al Comisionado Presidente, designados en forma escalonada a propuesta del Ejecutivo Federal con la ratificación del Senado de la República.
Integración del Instituto. El 10 de septiembre de 2013, quedó integrado el Instituto en términos de lo dispuesto por el artículo Sexto Transitorio del Decreto, mediante la ratificación por parte del Senado de la República de los nombramientos de los Comisionados que integran su órgano de gobierno y la designación de su Presidente.
Desahogo de pruebas. El 10 de septiembre de 2013 la extinta Comisión notificó por Instructivo a Alestra, Telmex y Telnor el oficio CFT/D05/UPR/JU/482/2013, mediante el cual se hizo del conocimiento de las partes, que Telmex y Telnor ofrecieron prueba pericial en materia de economía, telecomunicaciones y contabilidad por lo que la extinta Comisión admitió dicha prueba pericial y tuvo por designados a los peritos ofrecidos por Telmex y Telnor. Asimismo, se requirió a Telmex y Telnor para que en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles, contados a partir del día siguiente que surtiera efectos la notificación presentara a los profesionales en economía, telecomunicaciones y contabilidad ofrecidos como peritos de su parte a efecto de que protestaran y aceptaran su cargo.
En términos de lo anterior, se le corrió traslado al representante legal de Alestra del cuestionario en materia de economía, telecomunicaciones y contabilidad presentados por Telmex y Telnor para que en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles contados a partir de día siguiente en que surtiera efectos legales la notificación, designara a los profesionales en economía, telecomunicaciones y contabilidad para el desahogo de los cuestionarios presentados por Telmex y Telnor, y en su caso, adicionara las preguntas que considerara convenientes.
El 11 de septiembre de 2013, comparecieron ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones (en lo sucesivo, “el Instituto”) a efecto de protestar los cargos de peritos, el profesional en economía, el profesional en telecomunicaciones y el profesional en contaduría que fueron designados por Telmex y Telnor.
El 18 de septiembre de 2013, el representante legal de Alestra designó al profesional en economía, al profesional de telecomunicaciones y al profesional de contaduría para desahogar la prueba pericial ofrecida por Telmex y Telnor y manifestó que no ampliaría los cuestionarios respectivos.
El 25 de octubre de 2013, el Instituto notificó por instructivo a Alestra, mediante el oficio IFT/D05/UPR/JU/156/2013, en el cual se tiene por cumplido el requerimiento formulado a Alestra, y se le requiere para que en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles, contados a partir del día siguiente en que surtiera efectos la notificación de dicho oficio, presentaran al profesional en economía, al profesional en telecomunicaciones y al profesional en contaduría ofrecidos como perito a efecto de que protestaran y aceptaran su cargo.
El 28 de octubre de 2013, compareció ante el Instituto a efecto de protestar y aceptar el cargo de perito, el profesional en telecomunicaciones que fue designado por Alestra.
El 29 de octubre de 2013, comparecieron ante el Instituto a efecto de protestar y aceptar el cargo de peritos, el profesional en economía y el profesional en contaduría que fueron designados por Alestra.
El 6 de noviembre de 2013, el Instituto notificó a Telmex, Telnor y a Alestra, respectivamente, el oficio IFT/D05/UPR/JU/195/2013 de fecha 1° de noviembre de 2013, mediante el cual se le concede un plazo de 10 (diez) días hábiles para que los peritos de las partes presentaran sus dictámenes periciales correspondientes.
El 19 de noviembre de 2013 el profesional en telecomunicaciones y el profesional en economía designados por Alestra, presentaron ante el Instituto sus dictámenes periciales correspondientes.
El 19 de noviembre de 2013 el profesional en telecomunicaciones designado por Telmex y Telnor, presentó ante el Instituto su dictamen pericial correspondiente.
El 20 de noviembre de 2013 el profesional en contabilidad designado Alestra, presentó ante el Instituto su dictamen pericial correspondiente.
El 20 de noviembre de 2013 el profesional en contabilidad designado por Telmex y Telnor, presentó ante el Instituto su dictamen pericial correspondiente.
El 21 de noviembre de 2013 el profesional en economía designado por Telmex y Telnor, presentó ante el Instituto su dictamen pericial correspondiente.
El 5 de diciembre de 2013, el Instituto notificó a Alestra, a Telmex y Telnor, respectivamente, el oficio IFT/D05/UPR/JU/353/2013, mediante el cual se les otorgó un término de tres (3) días hábiles contados a partir del día siguiente al que surtiera efectos la notificación de dichos oficios, para que los peritos de las partes ratificaran el contenido de sus dictámenes periciales.
El 6 de diciembre de 2013, el profesional en telecomunicaciones designado por Alestra, se presentó ante el Instituto a efecto de ratificar su dictamen pericial.
El 9 de diciembre de 2013, los profesionales en economía y el profesional en contabilidad designados por Alestra, se presentaron ante el Instituto a efecto de ratificar sus dictámenes periciales.
El 9 de diciembre de 2013, los profesionales en economía y en telecomunicaciones designados por Telmex y Telnor, se presentaron ante el Instituto a efecto de ratificar sus dictámenes periciales.
El 10 de diciembre de 2013, el profesional en materia de contaduría designado por Telmex y Telnor, se presentó ante el Instituto a efecto de ratificar su dictamen pericial.
Alegatos. El 7 de enero del 2014, se notificó a Alestra, Telmex y Telnor, respectivamente, el oficio IFT/D05/UPR/JU/374/2013, a través del cual se acordó que los respectivos procedimientos administrativos guardaban estado para que las partes formularan alegatos, para lo cual se les concedió un plazo no mayor de diez (10) días hábiles contados a partir del día siguiente al que surtiera efectos la notificación.
El 20 de enero de 2014, el representante legal de Telmex y Telnor presentó ante el Instituto escrito mediante el cual formuló sus correspondientes alegatos.
El 21 de enero de 2014, el representante legal de Alestra presentó ante el Instituto escrito mediante el cual formuló sus correspondientes alegatos.
Cierre de la instrucción. El 18 de febrero de 2014, se notificó por instructivo a Alestra, Telmex y Telnor el oficio IFT/D05/UPR/JU/093/2014 de fecha 14 de febrero de 2014, mediante el cual se acordó, entre otros, el cierre de la instrucción, toda vez que los respectivos procedimientos administrativos habían concluido, y se ordenó pasar el expediente para resolución.
Publicación de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. El 14 de julio de 2014, se publicó en el DOF el “Decreto por el que se expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión” (en lo sucesivo, el “Decreto de la LFTyR”), entrando en vigor la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (en lo sucesivo, la “LFTyR”) el 13 de agosto de 2014.
Publicación del Estatuto Orgánico del Instituto Federal de Telecomunicaciones. El 4 de septiembre de 2014 se publicó en el DOF el “Estatuto Orgánico del Instituto Federal de Telecomunicaciones” (en lo sucesivo, el “Estatuto”), mismo que entró en vigor el 26 de septiembre de 2014.
PRIMERO.- Competencia del Instituto. De conformidad con los artículos 6°, 28, párrafo décimo quinto, décimo sexto y vigésimo de la Constitución y 7° de la LFTyR; el Instituto es un órgano público autónomo, independiente en sus decisiones y funcionamiento, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto regular y promover la competencia y el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones y la radiodifusión en el ámbito de las atribuciones que le confieren la Constitución y en los términos que fijan la LFTyR y demás disposiciones aplicables.
Con fundamento en los artículos 7°, 15 fracción X, 16, 17 fracción I de la LFTyR, el Pleno del Instituto está facultado para resolver y establecer los términos y condiciones de interconexión que no hayan podido convenir los concesionarios respecto de sus redes públicas de telecomunicaciones.
Asimismo, el artículo Sexto Transitorio del Decreto de la LFTyR establece que la atención, trámite y resolución de los asuntos y procedimientos que hayan iniciado previo a la entrada en vigor de la LFTyR, se realizará en los términos establecidos en el artículo Séptimo Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de telecomunicaciones, publicado en el DOF el 11 de junio de 2013.
Por lo anterior y de conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo Séptimo Transitorio del Decreto, el cual establece que los procedimientos iniciados con anterioridad a la integración del Instituto continuarán su trámite ante este órgano en términos de la legislación aplicable al momento de su inicio; el Instituto resulta competente para emitir la presente resolución que determina las condiciones de interconexión no convenidas entre concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones en términos del artículo 42 de la abrogada Ley Federal de Telecomunicaciones (en lo sucesivo, la “LFT”).
SEGUNDO.- Importancia de la interconexión e Interés Público.- El artículo 6° de la Constitución establece que las telecomunicaciones son servicios públicos de interés general, y el deber del Estado de garantizar que se presten en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, continuidad, acceso libre y sin injerencias arbitrarias.
De conformidad con estos dispositivos constitucionales, el Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, llevando a cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco que otorga la propia Constitución.
En este tenor, el Decreto establece el deber de garantizar la competencia en el sector telecomunicaciones, por lo tanto se requiere de una regulación adecuada, precisa e imparcial de la interconexión, que promueva y facilite el uso eficiente de las redes, fomente la entrada en el mercado de competidores eficientes, y permita la expansión de los existentes, incorpore nuevas tecnologías y servicios, y promueva un entorno de sana competencia entre los operadores.
Al respecto, las telecomunicaciones son estratégicas para el crecimiento económico y social de cualquier país. El desarrollo de la infraestructura y de las redes de comunicación se ha convertido en una prioridad inaplazable, particularmente para países como México, en el que se requiere un aumento en la tasa de penetración de los servicios de telecomunicaciones.
El desarrollo tecnológico y la marcada tendencia de globalización y convergencia de las telecomunicaciones, han promovido que las fuerzas del mercado asuman un papel más activo en la asignación de los recursos, incentivando el surgimiento de nuevas empresas las cuales requieren de un entorno regulatorio que permita la acción natural de las fuerzas de mercado y de la sana competencia entre todos los participantes, mediante la rectoría del Estado.
En este tenor, la competencia entre operadores de telecomunicaciones es un factor decisivo para la innovación y el desarrollo de los mercados de las telecomunicaciones. Un mercado en competencia implica la existencia de distintos prestadores de servicios, donde los usuarios pueden elegir libremente aquel concesionario que le ofrezca las mejores condiciones en precio, calidad y diversidad. Es en este contexto de competencia en el que la interconexión entre redes se convierte en un factor de interés público, en tanto que cualquier comunicación que inicie pueda llegar a su destino, independientemente de la red pública de telecomunicaciones que se utilice; evitando que una determinada empresa pueda tomar ventajas de su tamaño de red, y permitiendo que la decisión de contratar los servicios por parte de los usuarios sea por factores de precio, calidad y diversidad.
Uno de los elementos que el usuario considera para contratar los servicios de telecomunicaciones es el número de usuarios con los cuales podrá comunicarse. A medida que las redes interconectadas cuenten con un mayor número de usuarios suscritos, mayor será el beneficio que se obtenga de conectarse a la misma, lo que se conoce como externalidad de red en los servicios de telecomunicaciones. En caso de no existir interconexión, el usuario tendría que contratar necesariamente los servicios de telecomunicaciones con todas las redes que existieran para asegurar que su universo de llamadas llegue a su destino de esta forma, sólo podría establecer comunicación con los usuarios que también hayan contratado los servicios de telecomunicaciones con la red a la que él se encuentre suscrito. Esta situación repercutiría en la toma de decisión para adquirir dichos servicios, ya que estaría afectada sensiblemente por el tamaño de las redes, haciendo a un lado criterios relacionados con precio, calidad y diversidad y eliminando el beneficio social de la externalidad de red en los servicios de telecomunicaciones.
De lo anterior, se desprende que la falta de interconexión resultaría notoriamente contraria al objetivo plasmado en el artículo 7° de la LFT, consistente en promover el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones para que a través de la sana competencia en el sector, los usuarios tengan acceso a una mayor diversidad y oferta de servicios en mejores condiciones de calidad y precio, ya que al no existir interconexión entre redes públicas de telecomunicaciones los usuarios no podrían comunicarse, afectando de esta manera el interés público.
La interconexión de las redes públicas de telecomunicaciones constituye un elemento clave en el desarrollo de la competencia del sector. Para las empresas concesionarias, asegurar la interconexión con todas las demás redes públicas de telecomunicaciones representa la oportunidad de ampliar la oferta de sus servicios, lo cual permitiría incrementar la teledensidad y completar su infraestructura en materia de telecomunicaciones.
Por ello, el legislador estableció (i) la obligación de todos los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones de adoptar diseños de arquitectura abierta para permitir la interconexión e interoperabilidad de sus redes, contenida en el artículo 41 de la LFT, (ii) la obligación de los concesionarios de redes públicas de interconectar sus redes de conformidad con lo establecido en el artículo 42 de la LFT, y (iii) como causal de revocación inmediata de la concesión, la negativa de un concesionario a interconectar su red con la de otros concesionarios sin causa justificada, referida en el artículo 38 fracción V de la LFT.
La interconexión se ha convertido en los últimos años en un factor crítico debido al desarrollo tecnológico y al surgimiento de nuevos servicios, ya que ésta permite que los distintos concesionarios coexistan para ofrecer sus servicios a todos los usuarios y a su vez compitan por el mercado de las telecomunicaciones.
El principio a salvaguardar es el interés público, ya que otorga al usuario la oportunidad de adquirir servicios a menor precio, mayor calidad y diversidad, de ahí que los concesionarios estén obligados a entregar el tráfico a su destino final o a un concesionario o combinación de concesionarios que puedan hacerlo, proveyendo los servicios de interconexión a que los obliga la normatividad de la materia.
Dentro de los objetivos de la LFT está el de promover un desarrollo eficiente de las telecomunicaciones; ejercer la rectoría del Estado en esa materia para garantizar la soberanía nacional; fomentar una sana competencia entre los concesionarios y, permisionarios (servicios de interconexión) a fin de que se presten mejores servicios y se otorguen precios adecuados en beneficio de los usuarios, promoviendo una adecuada cobertura social.
Para llevar a cabo tales fines, el Instituto tiene dentro de sus facultades determinar las condiciones de interconexión que no hayan podido convenir los concesionarios de redes de telecomunicaciones.
La emisión de las resoluciones en materia de desacuerdos de interconexión, como expresión de la rectoría que ejerce el Estado en materia de telecomunicaciones, tiende a procurar una sana competencia entre los concesionarios, sin dejar de considerar, de manera preponderante, los intereses de los usuarios o consumidores finales, en términos de lo establecido en los artículos 7º, 41 y 42 de la LFT.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los servicios de interconexión son considerados como básicos para el desarrollo del país y coadyuvan a mejorar las condiciones de vida en sociedad, además de beneficiar a las familias que necesitan utilizarlos y a los sectores más necesitados del país. Así lo estableció la Segunda Sala de ese Alto Tribunal al resolver los amparos en revisión 367/2002, 1154/2002, 722/2003, 818/2003 y 2412/2003, en los cuales se dilucidó si se transgredía el principio de equidad tributaria por la exención de pagar el impuesto especial sobre producción y servicios a las empresas que prestan servicios de radiolocalización móvil de personas, de telefonía, internet e interconexión.
Resulta inherente a estas resoluciones el interés público, pues al resolver las cuestiones no acordadas entre las partes sobre las condiciones de interconexión, obligación de interconectar y fijación de tarifas, no se debe hacer atendiendo preponderantemente al interés particular de los concesionarios, sino al del público usuario, ya que se deben tomar en consideración los principios establecidos en la LFT, entre los que destaca la sana competencia.
En efecto, las disposiciones de la LFT relativas a la interconexión son de orden público, no sólo porque la propia Ley atribuye ese carácter al ordenamiento en general, sino tomando en cuenta que el fin inmediato y directo de esas normas y el actuar del Instituto es tutelar los derechos de la colectividad para evitarle algún trastorno o desventaja, como sucedería con la falta de interconexión o con una interconexión carente de competitividad; y para procurarle la satisfacción de necesidades, o algún provecho o beneficio, como sería el desarrollo de nuevos concesionarios y servicios de comunicaciones, además de la posibilidad de tarifas mejores.
Asimismo el máximo Tribunal ha sostenido que los servicios de interconexión son considerados como básicos para el desarrollo del país y coadyuvan a mejorar las condiciones de vida en sociedad. Así mismo que los servicios de internet, telefonía e interconexión son consideradas como básicos para el desarrollo del país.
Dicha determinación encuentra sustento en la Tesis de Jurisprudencia 2a./J. 112/2004, con número de Registro 180524, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Localizada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Septiembre de 2004, Página 230, cuyo rubro y texto señala:
“PRODUCCIÓN Y SERVICIOS. EL ARTÍCULO 18, FRACCIONES I, II, III, V, VI, VII, X Y XI, DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL RELATIVO (VIGENTE DURANTE EL AÑO DE 2002), EN CUANTO CONCEDE EXENCIONES POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TELEFONÍA, INTERNET E INTERCONEXIÓN, MAS NO POR EL DE TELEVISIÓN POR CABLE, NO ES VIOLATORIO DEL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA. El precepto citado que concede exenciones por la prestación de diversos servicios del sector de telecomunicaciones no viola el principio de equidad tributaria consagrado en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no incluir en esos beneficios a las empresas que prestan el servicio de televisión por cable, a pesar de que también pertenecen al sector de telecomunicaciones, porque tanto en la exposición de motivos de la reforma a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1o. de enero de 2002, como en las deliberaciones legislativas, aparece que dicha distinción se halla plenamente justificada, pues obedece a que los servicios de internet, telefonía e interconexión son considerados como básicos para el desarrollo del país, característica de la que no goza el de televisión por cable que preponderantemente constituye un servicio de entretenimiento.”
Amparo en revisión 1154/2002. Telecable de Tecomán, S.A. de C.V. 25 de abril de 2003. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Sofía Verónica Ávalos Díaz.
Amparo en revisión 722/2003. Aire Cable, S.A. de C.V. 29 de agosto de 2003. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Jorge Luis Revilla de la Torre.
Amparo en revisión 818/2003. Telecable de Manzanillo, S.A. de C.V. 29 de agosto de 2003. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Marcia Nava Aguilar.
Amparo en revisión 367/2002. Telecable de Jerez, S.A. de C.V. y otro. 29 de octubre de 2003. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretaria: Martha Yolanda García Verduzco.
Amparo en revisión 2412/2003. Ricardo Mazón Lizárraga y otra. 23 de abril de 2004. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: María Dolores Omaña Ramírez.
Por lo anterior, es que este Instituto como órgano regulador del sector telecomunicaciones y radiodifusión, debe resolver el presente desacuerdo de condiciones no convenidas en materia de interconexión siempre en aras del interés general.
sesiones -> Versión estenográfica de la Octava Sesión Ordinaria del Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones, realizada en la sala del Pleno el día de hoy