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Timestamp: 2018-08-16 00:54:00
Document Index: 28547764

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 209', 'artículo 116', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 820', 'artículo 17', 'artículo 8', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 85', 'artículo 19', 'artículo 868', 'artículo 829', 'artículo 18', 'artículo 348', 'artículo 826', 'artículo 568', 'artículo 9', 'artículo 827', 'artículo 567', 'artículo 831', 'artículo 832', 'artículo 565', 'artículo 651', 'artículo 836', 'artículo 839', 'artículo 839', 'artículo 681', 'artículo 837', 'artículo 516', 'artículo 682', 'artículo 839', 'artículo 839', 'artículo 686', 'artículo 507', 'artículo 393', 'artículo 521', 'artículo 840', 'artículo 529', 'artículo 529', 'artículo 530', 'artículo 537']

﻿ RESOLUCIÓN 67 DE 2008
RESOLUCIÓN 67 DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008
CONTENIDO:ENTIDADES PÚBLICAS. SE EXPIDE EL REGLAMENTO INTERNO DEL RECAUDO DE CARTERA DE LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS. DEROGA LA RESOLUCIÓN 10 DE 2007.
TEMAS ESPECÍFICOS:ENTIDAD PÚBLICA, FUNCIÓN PÚBLICA, PROCESO ADMINISTRATIVO, PLANEACIÓN Y DESARROLLO, RECAUDO DE LA CARTERA FISCAL, HACIENDA PÚBLICA
RESOLUCIÓN 67 DE 2008
“Por la cual se expide el reglamento interno del recaudo de cartera de la Comisión de Regulación de Energía y Gas”.
en uso de sus facultades legales, en especial las que le otorgan el artículo 2º de la Ley 1066 de 2006, el Decreto 4473 de 2006 y el Decreto 1894 de 1999,
Que el artículo 209 de la Constitución Política establece que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones;
Que la Constitución Política en su artículo 116 dispone que excepcionalmente la ley podrá atribuir función jurisdiccional en materias precisas a determinadas autoridades. Sin embargo no les será permitida la instrucción de sumarios ni juzgar delitos;
Que el artículo 2º de la Ley 6ª de 1992 confirió a las entidades públicas del orden nacional, entre ellas, a los organismos adscritos a los ministerios, la facultad para hacer efectivos los créditos exigibles a su favor por jurisdicción coactiva, de conformidad con los artículos 68 y 79 del Código Contencioso Administrativo;
Que el numeral 1º del artículo 2º de la Ley 1066 de 2006, impone para las entidades públicas que tengan cartera a su favor, la obligación de establecer el reglamento interno de recaudo de cartera;
Que en el numeral 3º ibídem estableció que es deber de las entidades públicas “Exigir para la realización de los acuerdos de pago garantías idóneas y a satisfacción de la entidad”;
Que la precitada ley, establece las disposiciones para la normalización de la cartera pública, y en su artículo 5º establece la obligatoriedad de la aplicación del procedimiento descrito en el estatuto tributario para las entidades públicas que tienen a su cargo la facultad de cobro coactivo;
Que la Ley 1066 de 2006 determinó en el parágrafo 2º del artículo 5º que los representantes legales de las entidades referidas en el mismo artículo quedan facultados para dar aplicación a los incisos 1º y 2º del artículo 820 del Estatuto Tributario, para efectos de dar por terminados los procesos de cobro coactivo;
Que con base en lo establecido por el artículo 17 de la Ley 1066 de 2006; lo dispuesto en los artículos 8º y 9º ibídem, se aplicará también a los procesos administrativos de cobro que adelanten otras entidades públicas, asignando la competencia para decretar la prescripción de oficio al jefe de la respectiva entidad; la que igual se podrá decretar de oficio con base en lo dispuesto por el artículo 8º de la Ley 1066 de 2006;
Que el Decreto 4473 del 15 de diciembre de 2006, por el cual se reglamentó la Ley 1066 de 2006, señaló en su artículo 2º los aspectos mínimos que debe contener el reglamento interno del recaudo de cartera, y en su artículo 3º definió los criterios para el otorgamiento de las facilidades de pago y señaló los aspectos mínimos a considerar;
Que se cobran por jurisdicción coactiva los títulos ejecutivos que contengan una obligación clara, expresa y actualmente exigible a favor de la entidad que, para el caso de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, corresponden a los actos administrativos debidamente ejecutoriados que imponen la obligación de pagar una suma de dinero a favor de la entidad, que deben cancelar las empresas que prestan el servicio de energía eléctrica y gas combustible y sus actividades complementarias, en todo el territorio nacional, de conformidad con lo establecido en el artículo 85 de la Ley 142 de 1994;
Que para la ejecución del cobro de las deudas a favor de la CREG, se atiende en su integridad el trámite del procedimiento administrativo coactivo del estatuto tributario o de las normas a que este remita, lo correspondiente al proceso ejecutivo contenido en el Código de Procedimiento Civil y las normas especiales del Código Contencioso Administrativo;
Que la jurisdicción coactiva es una facultad exorbitante de la administración, que exime de su conocimiento al juez, el cual es reemplazado por un funcionario investido legalmente para ejercerla en cada entidad;
Que mediante Resolución 10 del 16 de febrero de 2007, la Comisión de Regulación de Energía y Gas expidió el reglamento interno de recaudo de cartera;
Que en ejercicio de la jurisdicción coactiva se pudo establecer que es necesario realizar unas modificaciones al reglamento interno de recaudo de cartera que actualmente rige en la entidad, con el propósito de hacer este procedimiento más eficaz y efectivo;
Que en mérito de lo expuesto, el Director Ejecutivo de la Comisión de Regulación de Energía y Gas,
ART. 1º—Objeto. La presente resolución tiene por objeto establecer el “reglamento interno de recaudo de cartera” para el procedimiento de los acuerdos y facilidades de pago y el ejercicio de la jurisdicción coactiva en su fase persuasiva y cobro coactivo en la Comisión de Regulación de Energía y Gas.
ART. 2º—Definición. La jurisdicción coactiva ha sido definida por la jurisprudencia de la Corte Constitucional como “…un privilegio exorbitante de la administración, que consiste en la facultad de cobrar directamente, sin que medie intervención judicial, las deudas a su favor, adquiriendo la doble calidad de juez y parte…”, la cual comprende una serie de actuaciones tendientes a lograr el cobro y recaudo de una suma de dinero a favor de la entidad, que no han sido pagadas por las entidades sometidas a la regulación de la Comisión de Regulación de Energía y Gas.
ART. 3º—Naturaleza. La jurisdicción coactiva es un procedimiento administrativo encaminado a producir y hacer efectivo un título ejecutivo, conforme a las previsiones de los artículos 68 del Código Contencioso Administrativo y 488 del Código de Procedimiento Civil, sin que medie intervención judicial.
ART. 4º—Ámbito de aplicación. El procedimiento que se establece en la presente resolución se aplicará a las entidades sometidas a la regulación de la Comisión de Regulación de Energía y Gas que le adeuden a la entidad una suma de dinero que por su naturaleza sea objeto de cobro por medio del procedimiento administrativo coactivo.
ART. 5º—Competencia. El cobro de los créditos a favor de la entidad, lo adelantará la Comisión de Regulación de Energía y Gas en el ámbito nacional.
La competencia para adelantar el trámite de recaudo de cartera en las etapas de cobro persuasivo y coactivo de las obligaciones en dinero a favor de la entidad, estará en cabeza del coordinador administrativo y financiero.
ART. 6º—Principios orientadores. Las actuaciones del proceso de cobro coactivo por jurisdicción coactiva en la entidad, se desarrollarán con arreglo a los principios de economía, celeridad, eficacia, imparcialidad, publicidad, contradicción, y se fundamentarán en las garantías constitucionales de legalidad, debido proceso y derecho a la defensa; realizando la gestión de manera ágil, eficaz, eficiente y oportuna.
PAR.—La Comisión de Regulación de Energía y Gas aplicará para el cobro de sus obligaciones, el procedimiento descrito en las normas del estatuto tributario de manera general; los vacíos que se presenten en la interpretación de sus normas se resolverán con las normas del Código Contencioso Administrativo y supleto
riamente con las del Código de Procedimiento Civil, salvo en aquellos temas en los que expresamente el estatuto tributario remite al Código de Procedimiento Civil, como es el caso preciso de las medidas cautelares”.
Del recaudo persuasivo
ART. 7º—Finalidad del recaudo persuasivo. El recaudo persuasivo es la etapa en la cual se invita al deudor, a través de un requerimiento, a cancelar las sumas que se encuentran en mora, mediante el desarrollo de actividades tendientes a obtener su cumplimiento, de una manera ágil y eficiente.
ART. 8º—Cobro persuasivo. Se adelantará como etapa previa al cobro coactivo, procurando obtener el pago inmediato y voluntario de los créditos a favor de la entidad. Pagada la obligación o acreencia se ordenará su desanotación y archivo del expediente.
ART. 9º—Etapas del recaudo persuasivo. El funcionario encargado del área financiera remitirá al Coordinador Administrativo y Financiero, el acto adminis
trativo que preste mérito ejecutivo, acompañado de la liquidación de los intereses a que haya lugar.
El coordinador administrativo y financiero, formará los expedientes con los documentos recibidos e iniciará la labor de cobro persuasivo. En cada expediente anexará una constancia que contenga:
1. Plena identificación de la entidad deudora: Nombre y número de identificación tributaria (nit) de la entidad sometida a regulación de la Comisión de Regulación de Energía y Gas.
2. Nombres y apellidos del representante legal y número del documento de identidad.
3. El valor de la contribución, con relación de los intereses adeudados desde la obligación del pago y hasta la fecha de expedición de la constancia.
4. Constancia en la que se indique que la resolución se encuentra debidamente ejecutoriada y la fecha de ejecutoria.
La labor de cobro persuasivo, se realiza desde el día en que se reciba la providencia administrativa debidamente ejecutoriada y contará con un término máximo de treinta (30) días hábiles, vencido el cual, si no se ha logrado acuerdo de pago, se expedirá el auto de mandamiento ejecutivo y dará inicio a las gestiones de impulso del ejercicio de jurisdicción coactiva.
ART. 10.—Procedimiento. Una vez recibido el acto administrativo que contiene el valor a solicitar a la entidad deudora, el funcionario encargado, deberá realizar un primer requerimiento escrito de pago, sin perjuicio de las comunicaciones telefónicas que con el deudor se tenga, el cual deberá contener en todo caso, por lo menos la siguiente información:
1. El concepto de la obligación.
2. El valor del capital de la obligación y sus respectivos intereses.
3. La tasa de interés vigente.
4. Número telefónico donde el deudor se puede comunicar con el funcionario designado para cobro persuasivo para conocer el monto de la liquidación a la fecha de pago.
5. Lugar y datos donde debe realizar el pago, identificando los bancos y los números de las cuentas en los cuales se puede hacer la consignación.
6. Señalar que si el deudor efectúa el pago de conformidad con dicho reque
rimiento deberá remitir copia del recibo de pago al Coordinador Administrativo y Financiero.
7. Si como consecuencia de la gestión en la etapa de cobro coactivo persuasivo o en su desarrollo, el deudor cancela la obligación, una vez reciba el reporte de pago, se ordenará el archivo del expediente.
ART. 11.—Primer requerimiento al deudor. Una vez enviado el primer requerimiento, si el deudor no responde dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su envío, procederá un segundo requerimiento escrito del cual se dejará constancia de sus resultados y se abrirá un periodo adicional de diez (10) días hábiles de espera; transcurridos los cuales sin obtener resultados positivos se procederá a pasar el expediente a cobro coactivo.
ART. 12.—Investigación de bienes. El funcionario encargado de la etapa persuasiva, solicitará de las distintas dependencias privadas y públicas, tales como, las oficinas de instrumentos públicos, Cámara de Comercio, oficinas de tránsito y transporte y entidades bancarias, entre otras, las informaciones necesarias que permitan establecer los bienes o ingresos del deudor, de la siguiente manera:
1. Comunicación a las oficinas de instrumentos públicos de las ciudades y los círculos registrales en las cuales se encuentren direcciones reportadas del deudor, solicitando información respecto de los bienes inmuebles que a nombre de la empresa deudora se encuentren registrados en esa oficina y con remisión además de los correspondientes certificados de tradición.
2. Comunicación a la Cámara de Comercio de la ciudad correspondiente al domicilio del deudor, solicitando expedición del certificado de existencia y representación legal de la empresa contribuyente.
3. Comunicación a los diferentes bancos para que se sirvan informar respecto de las cuentas corrientes, de ahorros y certificados de depósito a término que la empresa deudora posea en dichos establecimientos.
4. Se impulsarán las demás medidas que se encuentran idóneas para el recaudo del valor debido, las que se documentarán debidamente, incorporando en el expediente del cobro persuasivo los informes que den cuenta de las gestiones adelantadas y su resultado.
ART. 13.—Criterio para el otorgamiento de las facilidades o acuerdos de pago. Como fórmula de pago se podrán celebrar acuerdos de pago, en el marco de lo dispuesto en el presente capítulo, previa solicitud escrita del deudor que deberá contener, entre otros datos, el plazo solicitado, la periodicidad de las cuotas, la descripción de la garantía ofrecida y la denuncia de los bienes de su propiedad o de un tercero que se ofrezcan para embargo, en caso de proceder este último; todo lo anterior de acuerdo a los parámetros establecidos en el presente reglamento.
El solicitante deberá acreditar la calidad en la que actúa y si se trata de persona jurídica, aportará el certificado de existencia y representación legal, así como los estados financieros.
A la solicitud deberá acompañar la certificación expedida por la Contaduría General de la Nación, en la que conste que no se encuentran reportados en el boletín de deudores morosos.
Se podrán suscribir acuerdos de pago en cualquier momento aun estando en trámite el proceso de cobro coactivo.
La comisión se abstendrá de celebrar acuerdos de pago con deudores catalogados como reincidentes, renuentes, y con aquellos que aparezcan reportados en el boletín de deudores morosos por incumplimiento de acuerdos de pago, salvo que se subsane el incumplimiento y la Contaduría General de la Nación expida la correspondiente certificación.
La facilidad de pago se concede mediante acto administrativo que debe contener por lo menos, la identificación del acto administrativo que contiene la obligación, estableciendo los intereses de mora y los de plazo concedido, se indicarán las causales para declarar incumplida la facilidad de pago, y las consecuencias de dicho incumplimiento.
Cuando se concede la facilidad de pago respaldando la obligación con una relación de bienes detallada o con garantías reales o personales, se debe mencionar en la citada resolución, la relación de bienes denunciados y/o el perfeccionamiento de la garantía aceptada.
Los costos que represente el otorgamiento de la garantía para la suscripción de la facilidad de pago, deben ser cubiertos por el deudor o el tercero que suscriba el acuerdo en su nombre.
ART. 14.—Condiciones de otorgamiento de plazo. Para la determinación y el otorgamiento de los plazos se tendrán en cuenta, además, las condiciones especiales que se señalan en el artículo siguiente; pero en ningún caso el plazo estipulado para la facilidad del pago superará los tres (3) años.
El acuerdo de pago debe comprender el capital, los intereses correspondientes y las posibles costas que resulten del proceso, si hubiere lugar a ellas.
ART. 15.—Clases de plazo. Para la cancelación de lo adeudado por parte de la entidad deudora se establecen los plazos que a continuación se determinan:
1. Plazo hasta doce (12) meses: Este plazo se otorgará en principio, sin consideración a la cuantía, al deudor que así lo solicite, pero no se podrá conceder plazo superior a los deudores cuyas cuantías o acreencias, sumado capital e intereses no superen los quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
2. Plazo hasta dieciocho (18) meses: Este plazo se otorgará en principio, al deudor que así lo solicite, siempre y cuando su acreencia sumado capital más intereses no sea igual o inferior a quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
3. Plazo hasta veinticuatro (24) meses: Este plazo se otorgará en principio, al deudor que así lo solicite, siempre y cuando su acreencia sumado capital más intereses no sea igual o inferior a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
4. Plazo hasta treinta y seis (36) meses: Este plazo se otorgará en principio, al deudor que así lo solicite, siempre y cuando su acreencia sumado capital más intereses no sea igual o inferior a treinta (30) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
PAR. 1º—Una vez suscritos los acuerdos de pago, el funcionario ejecutor deberá remitir una copia al funcionario responsable de llevar la contabilidad de la Comisión de Regulación de Energía y Gas para lo de su competencia.
ART. 16.—Incumplimiento de los acuerdos o las facilidades. Cuando el deudor incumpliere dos (2) cuotas por no cancelar en las respectivas fechas de vencimiento las obligaciones surgidas con posterioridad a la suscripción del acuerdo, acaece el incumplimiento y deja sin vigencia el plazo concedido automáticamente, sin necesidad de acto que así lo declare; y en el evento de haberse otorgado garantías se ordenará hacerlas efectivas hasta la concurrencia del saldo insoluto; y para el caso de aquellas facilidades de pago que han sido otorgadas con base en una rela
ción detallada de bienes se ordenará el embargo, secuestro y avalúo de los bienes denunciados por el deudor para su posterior remate.
Si la garantía o los bienes del deudor no fueren suficientes para cubrir la obligación, se continuará con el proceso de cobro.
En todo caso es deber de la comisión reportar a la Contaduría General de la Nación de conformidad con lo dispuesto por la Ley 901 de 2004, aquellos deudores que hayan incumplido los acuerdos de pagos, con el propósito de que dicha entidad los identifique por esa causal en el boletín de deudores morosos del Estado.
ART. 17.—Clases de garantías. Para la suscripción de los acuerdos a que se refiere el capítulo III de este reglamento, el deudor prestará garantía que consistirá en pólizas expedidas por compañías de seguros legalmente autorizadas para funcio
nar en Colombia o garantía bancaria; las cuales deberán cubrir de forma suficiente, tanto el valor de la obligación principal como el de los intereses y las sanciones a que haya lugar más las posibles costas si hubiere lugar a ellas, sujetándose a los parámetros que se establecen en el presente acto administrativo.
Los costos que genere el otorgamiento de la garantía en la suscripción de los acuerdos o facilidad de pago, serán cubiertos por el deudor o tercero que suscriba el acuerdo.
ART. 18.—Parámetros para la exigencia de garantías. La CREG exigirá las garantías para cubrir la obligación de acuerdo con los parámetros que se determinan a continuación:
1. Monto de la obligación. Las garantías que se relacionan a continuación, se exigirán para la suscripción de cualquiera de los acuerdos a suscribirse con la CREG con independencia de la cuantía y del plazo concedido, con excepción de aquellos a suscribirse en las condiciones señaladas en el artículo 19 del presente reglamento.
1.1. Pólizas de compañía de seguros.
1.2. Garantías bancarias
2. Naturaleza de la obligación. Las garantías señaladas en el numeral anterior se exigirán para cada una de las siguientes acreencias:
2.1. Contribuciones
2.2. Intereses corrientes y de mora
3. Capacidad de pago de los deudores. Teniendo en cuenta los estados financieros de las empresas que soliciten o se sometan a los acuerdos de pago, se tendrán en cuenta los siguientes indicadores:
3.1. Razón de liquidez.
3.2. Razón de endeudamiento.
ART. 19.—Suscripción de acuerdos sin garantías. Se podrá suscribir acuerdos de pago sin que el deudor preste garantía en los términos señalados sobre las obligaciones que cumplan las siguientes condiciones:
• El plazo concedido no supere los doce (12) meses.
• El deudor denuncie bienes para su posterior embargo y secuestro, para lo cual deberá presentar títulos de propiedad y certificados de tradición y libertad con término de expedición no mayor a un mes para los bienes que se encuentren sujetos a registro; así como el correspondiente avalúo de los bienes denunciados, con la información suficiente de ubicación, identificación, propiedad, de tal manera que se pueda verificar la existencia y estado de los mismos.
• Hacer el compromiso expreso de no enajenarlos ni afectar su dominio en cualquier forma, durante el tiempo de vigencia del acuerdo de pago.
En el evento de que el deudor, por razón de su actividad deba enajenar o afectar en cualquier forma el dominio del bien o bienes denunciados, deberá informar al coordinador administrativo y financiero, indicando el bien o bienes adicionales o complementarios que ofrecen en reemplazo del anterior o anteriores, para lo cual se verificará la propiedad de los nuevos bienes denunciados y su avalúo, con el fin de establecer que con dicha operación el deudor no queda en estado de insolvencia.
• Cuando se hubieren decretado medidas cautelares sobre bienes, con los cuales pueda garantizar el pago total de la obligación con la facilidad de pago otorgada.
PAR. 1º—En el evento de que el deudor, por razón de su actividad deba enajenar o afectar en cualquier forma el dominio del bien o bienes denunciados, deberá informarlo así a la coordinación administrativa y financiera, indicando el bien o bienes adicionales o complementarios que ofrece en reemplazo del anterior o anteriores, para lo cual se verificará la propiedad de los nuevos bienes denunciados y su avalúo, con el fin de establecer que con dicha operación el deudor no queda en estado de insolvencia.
ART. 20.—Cláusulas aceleratorias. En los textos de los acuerdos de pago que se suscriba con la CREG, se pactarán cláusulas aceleratorias en caso de incumplimiento; y que acaecido este, cuya mora ascienda hasta por dos (2) cuotas o más, dará derecho a la CREG, a declarar vencida anticipadamente la totalidad de la obligación y exigir el pago de la acreencia en su integridad.
El incumplimiento de la facilidad de pago se declara mediante acto administrativo motivado, el cual deja sin vigencia el plazo concedido y en el evento en que se hayan otorgado garantías, ordenará hacerlas efectivas hasta concurrencia del saldo insoluto.
En el caso de aquellas facilidades de pago que se otorgaron con base en una relación detallada de bienes, en el acto administrativo de incumplimiento de la facilidad de pago, deberá ordenarse el embargo, secuestro y avalúo de los bienes, para su posterior remate.
Igualmente en dicha resolución deberá dejarse constancia, cuando se constituyeron garantías personales, que la CREG se reserva el derecho de perseguir al garante y al deudor simultáneamente, a fin de obtener el pago total de la deuda.
El acto administrativo que declara incumplida la facilidad de pago y sin vigencia el plazo concedido, se notifica personalmente o por correo, y contra él procede el recurso de reposición, dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación; este deberá resolverse dentro del mes siguiente a su interposición en debida forma, y se notifica personalmente o por edicto.
De la clasificación de la cartera sujeta a cobro coactivo
ART. 21.—Criterios para la clasificación de la cartera sujeta a cobro coactivo. La cartera que estará sujeta al procedimiento de cobro coactivo será aquella que, independientemente a su naturaleza, haya superado los treinta (30) días hábiles de mora, y será prioritaria aquella que superando el término aquí señalado, la cuantía sea superior a diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes; sin embargo, se le dará prioridad a aquella que se encuentre más cercana a la prescripción.
PAR. 1º—Obligaciones irrecuperables. Obligaciones que reúnan cualquiera de las siguientes características o circunstancias:
1. Desde su exigibilidad cuenta con una antigüedad mayor de cinco (5) años, sin importar su cuantía.
2. No ha sido posible la ubicación del deudor ni de bienes que garanticen el pago de la obligación a pesar de las investigaciones realizadas.
3. Aquellas obligaciones menores de dos (2) salarios mínimos (smmlv) sumados sus intereses, siempre que tengan tres (3) o más años de antigüedad, esta cuantía será objeto de ajuste anual conforme al procedimiento establecido en el artículo 868 del estatuto tributario.
4. Inexistencia de la entidad deudora, siempre y cuando se posea el acto administrativo que así lo declara y se encuentre en Cámara de Comercio.
5. Cuando la entidad no ha renovado en los últimos tres (3) años su matrícula mercantil, ni ha presentado en el mismo tiempo declaración tributaria, ni se haya podido ubicar bienes de su propiedad que garanticen el pago de la obligación.
6. El deudor principal se encuentre fallecido, sin haber dejado bienes que garanticen la obligación, siempre y cuando se cuente con la partida de defunción, y no ha sido posible ubicar a los herederos o estos no poseen bienes para garantizar la obligación.
7. Obligaciones correspondientes a entidades en liquidación forzosa administrativa que terminaron su proceso de liquidación y sus activos no fueron suficientes para cancelar las obligaciones legalmente reconocidas. Para el efecto se debe contar con el acto administrativo mediante el cual se decidió su terminación y la respectiva constancia de registro en la Cámara de Comercio correspondiente.
ART. 22.—Cobro coactivo. Si surtida la etapa de cobro persuasivo, el deudor no cancela o suscribe un acuerdo de pago que respalde sus obligaciones o acreencias a la entidad, se iniciará de oficio el proceso de cobro coactivo.
ART. 23.—Capacidad y representación. En el proceso por jurisdicción coactiva el ejecutado podrá intervenir personalmente a través de su representante legal o por conducto de abogado en ejercicio, acreditando la calidad en la que actúa dentro del proceso y con poder debidamente otorgado.
No será posible la representación a través de curador ad lítem.
ART. 24.—Ejecutoria. El acto administrativo que sirve de fundamento al cobro coactivo en contra de las entidades sometidas al servicio de regulación de la CREG, se entiende ejecutoriado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 829 del estatuto tributario, en los siguientes casos:
1. Cuando contra ella no procede recurso alguno.
PAR. 1º—Para efectos del procedimiento de cobro coactivo, deberá entenderse por resolución debidamente ejecutoriada y, por tanto, que presta mérito ejecutivo, la que sea remitida a la oficina jurídica por la coordinación administrativa de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, con el cumplimiento de los requisitos legales exigidos para dicho efecto. Al acto administrativo deberá adjuntarse una constancia por parte de la coordinación administrativa en la que se indique lo siguiente:
1. Plena identificación de la entidad deudora: Nombre y número de identificación tributaria (NIT) de la entidad sometida a la regulación de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico.
3. El valor de la acreencia, con la relación de los intereses adeudados desde la obligación del pago hasta la fecha de expedición de la constancia.
PAR. 2º—Las resoluciones que sean remitidas a la oficina jurídica de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, para el cobro coactivo que no cumplan con los requisitos señalados en el parágrafo 1º del presente artículo, serán devueltas a la coordinación administrativa indicando las falencias por las cuales no se da inicio al trámite, a fin de que sean subsanadas.
ART. 25.—Título ejecutivo. Constituye título ejecutivo para el cobro por jurisdicción coactiva, el acto administrativo que determina la obligación de pago de cada una de las entidades sometidas al servicio de regulación por la comisión, debidamente ejecutoriada, de conformidad con lo señalado en los artículos 68 del Código Contencioso Administrativo y 829 del estatuto tributario.
ART. 26.—Mandamiento de pago. Para exigir por jurisdicción coactiva el cumplimiento de una obligación contenida en un título ejecutivo, el funcionario competente producirá el mandamiento de pago ordenando la cancelación de las obligaciones pendientes más los intereses respectivos.
PAR.—El mandamiento de pago podrá referirse a más de un título ejecutivo del mismo deudor.
ART. 27.—Requisitos y contenido del mandamiento de pago. El auto que ordena el mandamiento de pago requiere cumplimiento de los siguientes requisitos:
1. El título ejecutivo debe corresponder a uno de los señalados en el artículo 18 de la presente resolución en el que conste una obligación clara, expresa y actualmente exigible.
2. La fecha del auto de mandamiento de pago.
3. Identificar plenamente el deudor, indicando nombre o razón social y docu
mento de identidad o NIT según el caso.
4. Establecer con precisión la cuantía de la obligación, acreencia o aporte, más los intereses causados, tanto en letras como en números.
5. La orden expresa de pagar las obligaciones pendientes dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, incluidos los intereses y las costas procesales en que se haya incurrido.
6. El número de la cuenta bancaria de la CREG para que el deudor consigne la obligación.
7. El fundamento legal en que se sustenta la actuación.
8. El término para recurrir el auto y proponer excepciones dentro de los 15 días siguientes a la notificación del mandamiento de pago.
9. El nombre y firma del funcionario facultado para ejercer la jurisdicción coactiva.
10. Indicar que contra dicho auto procede el recurso de reposición a interponer dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación ante el funcionario que lo profirió o quien haga sus veces, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 348 del Código de Procedimiento Civil.
ART. 28.—Notificación. Es el acto mediante el cual se pone en conocimiento del ejecutado la orden de pago.
ART. 29.—Notificación personal. El mandamiento de pago se notificará personalmente al deudor de conformidad con lo previsto en el artículo 826 del estatuto tributario; y procede previa citación escrita enviada por el coordinador administrativo y financiero de la CREG o por correo certificado a la última dirección registrada en dicha coordinación para que comparezca en un término de diez (10) días hábiles, contados a partir del día siguiente al de su introducción al correo. Si vencido este término no comparece, el mandamiento ejecutivo se notificará por correo.
ART. 30.—Notificación por correo. Vencidos los diez (10) días hábiles, sin que se hubiese logrado la notificación personal, se procederá a efectuar la notificación por correo certificado, siguiendo el procedimiento indicado en los artículos 566, 567 y 568 del estatuto tributario, verificando siempre el envío de una copia del mandamiento de pago a notificar y copia de la resolución o resoluciones, acto o actos administrativos que reúnen los requisitos de título ejecutivo.
Cuando la notificación del mandamiento ejecutivo se haga por correo, deberá informarse de ello por cualquier medio de comunicación del lugar, la omisión de esta formalidad, no invalida la notificación efectuada.
ART. 31.—Notificación por aviso. Cuando de conformidad con el artículo 568 del estatuto tributario, la notificación sea devuelta por el correo, será necesario realizar la notificación mediante publicación de un aviso en un periódico de amplia circulación nacional. Si quien es citado no comparece al despacho del funcionario ejecutor a recibir la notificación personal dentro del término de quince (15) días, contados a partir de la publicación del aviso, o de la fecha de la certificación postal o de la entrega del oficio, se le nombrará curador ad lítem con quien se seguirá el proceso hasta cuando aquel se presente.
La designación del curador ad litem se efectuará de acuerdo con lo establecido en el artículo 9º del Código de Procedimiento Civil, y sus funciones y facultades se regirán por las normas de los auxiliares de la justicia.
ART. 32.—Notificación por publicación. Cuando no se hubiere localizado la dirección del deudor por ningún medio, la notificación del deudor se hará por publicación, que consiste en la inserción de la parte resolutiva del mandamiento en un diario de amplia circulación nacional. Esta notificación es autónoma, diferente a la publicación del aviso al que se refiere el artículo anterior, que es una formalidad de la notificación por correo.
Al expediente deberá incorporarse la hoja del diario donde se hizo la publicación y un informe del funcionario, sobre el hecho de no haberse localizado la dirección del deudor.
PAR. 1º—Será válida la notificación del mandamiento de pago por conducta concluyente; esto es, cuando el deudor manifiesta que conoce la orden de pago o lo menciona en escrito que lleva su firma o proponga excepciones. En este caso se tendrá por notificado el deudor, en la fecha de presentación del escrito respectivo.
PAR. 2º—La falta de notificación del mandamiento de pago o la efectuada en forma defectuosa, impide que el acto administrativo produzca efectos legales, lo que en este caso significaría que todas las actuaciones posteriores al mandamiento de pago sean nulas.
Las irregularidades podrán subsanarse en cualquier momento y hasta antes de aprobar el remate, la corrección de la notificación deberá subsanarse antes de que se produzca la prescripción.
Cuando la irregularidad hubiere recaído sobre la notificación del mandamiento de pago, una vez declarada, toda la actuación procesal se retrotraerá a la diligencia de notificación inclusive, lo cual significa que todas las providencias posteriores a ella son nulas y habrá necesidad de rehacerlas. Las únicas actuaciones que no se afectan por la irregularidad procesal mencionada son las medidas cautelares, las que se mantendrán incólumes, pues se tomarán como previas.
ART. 33.—Término de prescripción de la acción de cobro. La acción ejecutiva de cobro coactivo prescribe en el término de cinco (5) años, contados a partir de la fecha en que se hicieron legalmente exigibles. Los mayores valores u obligaciones determinados en actos administrativos, en el mismo término, contado a partir de la fecha de su ejecutoria.
ART. 34.—Interrupción y suspensión del término de prescripción. El término de la prescripción de la acción de cobro se interrumpe por la notificación del mandamiento de pago, y por el otorgamiento de prórrogas u otras facilidades para el pago.
Interrumpida la prescripción en la forma aquí prevista el término principiará a correr de nuevo desde el día siguiente a la notificación del mandamiento o del vencimiento del plazo otorgado para el pago.
El término de prescripción de la acción de cobro se suspende conforme lo establece el artículo 827 del estatuto tributario.
ART. 35.—El pago de la obligación prescrita, no se puede compensar, ni devolver. Cuando se pagan todas las obligaciones se procederá a la verificación de ello, mediante las confrontaciones del recibo de pago, luego de lo cual se da por terminado el proceso mediante auto en ese sentido, en el que además se ordena el levantamiento de las medidas cautelares que eventualmente se hubieren decretado, el archivo del expediente y se resolverá cualquier situación pendiente dentro del proceso, como la devolución de títulos de depósito judicial.
PAR. 1º—El pago de la obligación prescrita, no podrá ser materia de repetición, aunque el pago se hubiere efectuado sin conocimiento de la prescripción.
La prescripción será decretada de oficio o a petición de parte; igualmente podrá ser alegada como excepción por el ejecutado, de conformidad con lo establecido en los artículos 8º y 17 de la Ley 1066 de 2006 y 831 del estatuto tributario.
La interposición de la revocatoria directa o la petición de que trata el artículo 567 del estatuto tributario, no suspende el proceso de cobro, pero el remate no se realiza hasta que exista pronunciamiento definitivo.
ART. 36.—Recursos. Contra el mandamiento de pago sólo procede el recurso de reposición ante el funcionario que lo profirió y deberá interponerse dentro de los tres (3) días siguientes al de su notificación.
ART. 37.—Término para presentar excepciones. Dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, el deudor, por escrito, podrá proponer las excepciones que pretenda hacer valer.
ART. 38.—Excepciones procedentes contra el mandamiento de pago. Contra el mandamiento de pago proceden las excepciones de que trata el artículo 831 del estatuto tributario.
ART. 39.—Trámite de excepciones. El funcionario competente decidirá sobre las excepciones dentro del mes siguiente a la presentación del escrito mediante el cual se proponen, ordenando previamente la práctica de pruebas si es procedente.
Dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento ejecutivo, el ejecutado podrá proponer las excepciones que se señalan en el artículo precedente, expresando los hechos en que se funden. Al escrito deberá acompa
ñarse los documentos relacionados con aquellas y solicitarse las demás pruebas que se pretendan hacer valer.
Los hechos que configuren excepciones previas deberán alegarse mediante reposición contra el mandamiento de pago. De prosperar alguna que no implique terminación del proceso, el funcionario ejecutor adoptará las medidas respectivas para que el proceso pueda continuar.
Si el deudor propusiere excepciones contra el mandamiento de pago, el funcionario ejecutor dispondrá de un mes (1) para proferir la resolución que resuelva las excepciones de conformidad con lo dispuesto por el artículo 832 del estatuto tributario.
ART. 40.—Excepciones probadas. En el momento en que se encontrare probadas las excepciones propuestas, así se declarará por el funcionario encargado, ordenando además, la terminación del procedimiento si a ello hay lugar y se ordenará el levantamiento de las medidas preventivas cuando se hubieren decretado. De igual forma deberá procederse si en cualquier etapa del proceso el deudor cancela la totalidad de las obligaciones.
Cuando la excepción que se encontrare probada en el procedimiento, lo fuere de uno o varios de los títulos comprendidos en el mandamiento de pago, el procedimiento continuará en relación con los demás, sin perjuicio de los ajustes correspondientes.
ART. 41.—Recursos en el procedimiento administrativo de cobro. Las actuaciones administrativas que se realizan en el procedimiento administrativo de cobro coactivo, son de mero trámite y contra ellas no procede ningún recurso, con excepción de los que expresamente se señale en el procedimiento de cobro coactivo del estatuto tributario.
ART. 42.—Recursos contra la resolución que decide las excepciones. En la resolución que rechace las excepciones propuestas, se ordenará adelantar la ejecución y remate de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución tan solo procede el recurso de reposición ante el funcionario que la profirió, el cual deberá interponerse por escrito dentro del mes siguiente a su notificación.
Para desatar el recurso interpuesto contra la resolución que rechazó las excep
ciones, el funcionario ejecutor tendrá el término de un mes, el cual se contará a partir de la interposición en debida forma.
La resolución que resuelve el recurso se notificará personalmente o por edicto de conformidad con lo indicado por el inciso 2º del artículo 565 del estatuto tributario.
ART. 43.—Intervención del contencioso administrativo. Dentro del procedimiento de cobro administrativo coactivo, solo serán demandables ante la jurisdicción contencioso administrativa las resoluciones que fallan las excepciones y ordenan llevar adelante la ejecución; la admisión de la demanda no suspende el proceso de cobro, pero el remate no se realizará hasta que exista pronunciamiento definitivo de dicha jurisdicción.
Con base en lo anterior, implica que, la diligencia de remate deberá suspenderse, lo que se ordenará mediante auto, trayendo como consecuencia para el funcionario ejecutor, la abstención de dictar providencia que fija la fecha para su realización; pero si el evento ya hubiere ocurrido, la suspensión se producirá a más tardar antes de la diligencia de remate. La prueba de haberse demandado la resolución de excepciones será una copia autenticada del auto admisorio de la demanda, o en su defecto, una certificación sobre el hecho de haberse proferido dicha providencia de admisión de la demanda, siendo obligación del ejecutado aportarla al proceso.
ART. 44.—Medidas preventivas. De forma previa o bien simultáneamente con el mandamiento de pago, el funcionario competente podrá decretar el embargo y secuestro preventivo de los bienes del deudor que se hayan establecido como de su propiedad.
Para efectos del embargo y secuestro de los bienes del deudor, estos se podrán identificar por medio de informaciones tributarias, o de las informaciones suministradas por entidades públicas o privadas, las cuales se encuentran obligadas en todos los casos, a dar pronta, oportuna y cumplida respuesta a la solicitud, so pena de ser sancionadas de conformidad con lo dispuesto por el literal a) del artículo 651 del estatuto tributario.
En el evento de haber decretado medidas cautelares y el deudor demuestre que se ha admitido demanda contra el título ejecutivo y que esta se encuentra pendiente de fallo ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo se ordenará levantarlas.
Las medidas cautelares podrán levantarse también, cuando admitida la demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo contra las resoluciones que fallan las excepciones y ordenan llevar adelante la ejecución, se presta garantía bancaria o de compañía de seguros, por el valor de la acreencia.
ART. 45.—Procedencia de la orden de ejecución. Una vez se haya vencido el término para excepcionar y no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no hubiere cancelado la acreencia a favor de la comisión, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso alguno conforme lo establece el artículo 836 del estatuto tributario.
En el evento de que previamente a la orden de ejecución de que trata el inciso anterior no se hubiere propuesto medidas preventivas, deberá entonces, decretarse en la resolución que dispone la ejecución, el embargo y secuestro de los bienes del deudor si estuvieren identificados; y en caso de que estos se desconozcan, se deberá ordenar la identificación de los mismos para que una vez sean identificados, se proceda a su embargo y secuestro, prosiguiendo con el remate de dichos bienes.
Del embargo, secuestro y remate de bienes
ART. 46.—Registro del embargo. Para efectos del registro de los embargos se seguirá lo señalado en el artículo 839 del estatuto tributario.
ART. 47.—Trámite de algunos embargos. Para decretar el embargo de bienes sujetos a registro se procederá de conformidad con lo establecido en el artículo 839-1 del Estatuto tributario en concordancia con lo dispuesto por el artículo 681 del Código de Procedimiento Civil.
El funcionario ejecutor podrá solicitar a la oficina de registro del bien objeto de la medida, que expida y remita un certificado sobre la situación jurídica del bien en un período de veinte (20) años.
ART. 48.—Otras normas aplicables para el embargo, secuestro y remate de bienes. En lo relativo a los aspectos que no se contrapongan y que no estén contemplados en el estatuto tributario y el presente acto administrativo, deberán observarse en el procedimiento administrativo de cobro las disposiciones del Código de Procedimiento Civil que regulan el embargo, secuestro y remate de bienes.
ART. 49.—Límite de inembargabilidad. En lo concerniente al límite de inembargabilidad de cuentas de ahorro deberá observarse lo establecido por el artículo 837-1 del estatuto tributario, adicionado por la Ley 1066 de 2006:
“Para efecto de los embargos a cuentas de ahorro, librados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales dentro de los procesos administrativos de cobro que esta adelante contra personas naturales, el límite de inembargabilidad es de veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes, depositados en la cuenta de ahorros más antigua de la cual sea titular el contribuyente”.
No serán susceptibles de medidas cautelares por parte de la DIAN los bienes inmuebles afectados con patrimonio de familia inembargable.
La caución prestada u ofrecida por el ejecutado conforme con el párrafo anterior, deberá ser aceptada por la entidad”.
ART. 50.—Límite de los embargos. El valor de los bienes embargados no podrá exceder del doble de la deuda más sus intereses y si efectuado el avalúo comercial de los bienes, estos excedieren la suma antes mencionada, deberá reducirse el embargo si ello fuere posible, hasta dicho valor, de forma oficiosa o a solicitud del interesado.
Practicados el embargo y secuestro y en firme la sentencia que ordena seguir adelante la ejecución, se procederá al avalúo de los bienes conforme a las reglas siguientes:
El avalúo de los bienes embargados lo hará la comisión en cabeza del funcionario encargado del procedimiento administrativo de cobro coactivo, y para tal efecto tomará el valor comercial de los bienes y lo notificará personalmente o por correo.
Si el ejecutado no se encuentra de acuerdo con el avalúo realizado por la administración, podrá solicitar, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación del mismo, un nuevo avalúo con intervención de un perito particular designado por la comisión, cuyos honorarios deberá cancelar el ejecutado. Contra el avalúo solicitado por el deudor no procede recurso alguno.
ART. 51.—Avalúo y pago con productos. Para el procedimiento de avalúo y pago con productos se atenderá lo dispuesto por el artículo 516 del Código de Procedimiento Civil.
ART. 52.—Secuestro. Mediante el secuestro, el funcionario ejecutor sustrae al legítimo propietario y/o poseedor la tenencia, disfrute y goce de un bien mueble o inmueble, con el objeto de impedir que por obra del ejecutado sean ocultados, o menoscaben los bienes, se deterioren o destruyan, o disponga de sus frutos, productos y rendimientos, incluso arrendamientos.
En el momento de la diligencia el funcionario ejecutor deposita el bien en manos del secuestre, quien adquiere la obligación de cuidarlo y finalmente restituirlo cuando así sea ordenado, respondiendo hasta de culpa leve.
Para el secuestro de bienes se aplicarán las reglas previstas en el artículo 682 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.
PAR. 1º—El funcionario ejecutor previa la expedición del auto que decreta la diligencia de secuestro, deberá solicitar el certificado de disponibilidad presupuestal que autorice el pago de los honorarios provisionales del secuestre, una vez expedido este se procederá a proferir el auto que designe al secuestre y señale el lugar, fecha y hora de la diligencia.
De igual forma deberá proceder cuan se vayan a fijar los honorarios definitivos, esto es, previamente a expedir el auto que los señale, deberá solicitar el correspondiente certificado de disponibilidad presupuestal.
ART. 53.—Oposición al secuestro. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 839-3 del estatuto tributario, se debe, en la misma diligencia que ordena el secuestro practicar las pruebas conducentes y se decidirá la oposición presentada, salvo que existan pruebas que no se puedan practicar en la misma diligencia, caso en el cual se resolverá dentro de los cinco (5) días siguientes a la terminación de la diligencia.
En lo no regulado por el artículo 839-3 del estatuto tributario, se observará lo dispuesto por el artículo 686 del Código de Procedimiento Civil; siempre y cuando sea compatible.
PAR. 1º—Para el nombramiento de auxiliares la CREG podrá:
La designación, remoción y responsabilidad de los auxiliares de la CREG se regirá por las normas del Código de Procedimiento Civil, aplicables a los auxiliares de la justicia.
ART. 54.—Cumplimiento de la obligación, sentencia y condena en costas. Cumplida la obligación dentro del término señalado en el mandamiento ejecutivo, se condenará en costas al ejecutado, quien sin embargo, podrá pedir dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto que las imponga, que se le exonere de ellas si prueba que estuvo dispuesto a pagar antes de ser demandado y que el acreedor no se allanó a recibirle. Esta petición se tramitará como incidente, que no impedirá la entrega a la comisión del valor del crédito.
Si no se propusieren excepciones oportunamente, se dictará sentencia que ordene el remate y el avalúo de los bienes embargados y de los que posteriormente se embarguen, si fuere el caso, o seguir adelante la ejecución para el cumplimiento de las obligaciones determinadas en el mandamiento ejecutivo, practicar la liquidación del crédito y condenar en costas al ejecutado.
ART. 55.—Liquidación del crédito y de las costas. Ejecutoriado el acto administrativo de que trata el artículo 507 del Código de Procedimiento Civil, se practicará por separado la liquidación del crédito, la de las costas y gastos del proceso, lo cual comprende: avisos y publicaciones, honorarios de auxiliares de la justicia y otros gastos probados dentro del proceso. La liquidación quedará a disposición del ejecutado por tres (3) días, dentro de los cuales podrán ser objetadas. Si la liquidación no es objetada, será aprobada por auto que no admite recurso alguno. Para la liquidación de las costas se aplicará lo dispuesto en el artículo 393 del Código de Procedimiento Civil; la del crédito se sujetará a las reglas estipuladas en el artículo 521 del Código de Procedimiento Civil.
ART. 56.—Remate de bienes. Una vez en firme el avalúo, la comisión efectuará el remate de los bienes directamente o a través de entidades de derecho público o privado y adjudicará los bienes a favor de la Nación en caso de declararse desierto el remate después de la tercera licitación, en los términos que establezca el reglamento, de conformidad con lo señalado por el artículo 840 del estatuto tributario.
Los bienes adjudicados a favor de la Nación, se podrán entregar para su administración o venta a la Central de Inversiones S.A. o a cualquier entidad que establezca el Ministerio de Hacienda o Crédito Público, en la forma y términos que establezca el reglamento.
Para efectos de continuar con el remate de los bienes y en las materias no reguladas por el estatuto tributario, se seguirá lo dispuesto por los artículos 523, 527 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.
Cuando estuvieren sin resolver peticiones sobre levantamiento de embargos o secuestros; o recursos contra autos que hayan decidido sobre desembargos, o declarado que un bien es inembargable, o decretado la reducción del embargo; no se fijará fecha para el remate de los bienes comprendidos en ellos, sino una vez sean resueltos. Tampoco se señalará dicha fecha si no se hubiere citado a los terceros acreedores hipotecarios o prendarios.
ART. 57.—Aviso y publicaciones. El remate se anunciará al público por aviso que expresará:
2. Los bienes materia del remate con indicación de su clase, especie y cantidad, si son muebles; sin son inmuebles la matrícula de su registro si existiere, el lugar de ubicación, nomenclatura o nombre y a falta del último requisito, sus linderos.
El aviso se publicará por una (1) vez, con antelación no inferior a diez (10) días a la fecha señalada para el remate, en uno de los periódicos de más amplia circulación en el lugar y en una radiodifusora local si la hubiere; una copia informal de la página del diario y la constancia del administrador o funcionario de la emisora sobre su transmisión se agregarán al expediente antes de darse inicio a la subasta. Con la copia o la constancia de la publicación del aviso, deberá allegarse un certificado de tradición y libertad del inmueble actualizado, expedido dentro de los cinco (5) días anteriores a la fecha prevista para la diligencia de remate.
Cuando existieren bienes situados fuera de la sede del ejecutor y en el lugar donde estén ubicados no circule un medio de comunicación impreso, ni exista una radiodifusora local, la publicación se hará por cualquier otro medio, a juicio del funcionario ejecutor.
Es importante tener en cuenta, que en ningún caso podrá prescindirse de las publicaciones exigidas en este artículo.
ART. 58.—Depósito para hacer postura. Todo el que pretenda hacer postura en la postura en la subasta deberá consignar previamente en dinero en el Banco Agrario o en el que haga sus veces, el cuarenta por ciento (40%) del avalúo comercial del respectivo bien. Esta consignación deberá hacerse a órdenes de la CREG.
PAR.—En la misma diligencia serán devueltos los títulos de tales sumas depositadas a quienes las consignaron, excepto la que corresponda al rematante, que se reservará como garantía de sus obligaciones para los fines del artículo 529. Igualmente, debe procederse en forma inmediata a la devolución cuando por cualquier causa no se lleve a cabo el remate.
ART. 59.—Pago del precio e improbación del remate. La comisión o la entidad que se designe para tal efecto, se encargará de que el rematante consigne el saldo del precio, dentro de los tres (3) días siguientes a la diligencia de remate, conforme lo establece el artículo 529 del Código de Procedimiento Civil.
Efectuado el remate será elaborada un acta haciendo constar lo siguiente:
• Fecha y hora en que tuvo lugar la diligencia.
• Designación de las partes del proceso coactivo.
• Las dos (2) últimas ofertas realizadas y nombre de los postores.
• La designación del rematante, la determinación de los bienes rematados y la procedencia del dominio del ejecutado si son bienes sujetos a registro.
• Si la subasta quedare desierta por falta de postores, de ello quedará testimonio en el acta.
ART. 60.—Aprobación o invalidez del remate. Una vez se haya pagado el precio y cumplido lo establecido en el artículo 530 del Código de Procedimiento Civil; el funcionario ejecutor aprobará el remate y mediante auto dispondrá lo siguiente:
4. La entrega de los bienes por el secuestre al rematante de los bienes rematados.
5. La expedición o inscripción de nuevos títulos al rematante de las acciones o efectos públicos nominativos que hayan sido rematados y la declaración de que quedan cancelados los extendidos anteriormente al ejecutado.
6. La entrega del producto del remate a la comisión hasta concurrencia del crédito y las costas; y del remanente al ejecutado, si no estuviere embargado.
7. La cancelación de los impuestos y demás gravámenes sobre el bien.
ART. 61.—Para efectos de entrega del bien rematado, la citación de acreedores con garantía real, acumulación de demandas, acumulación de embargos en procesos de diferente jurisdicción, persecución en un proceso civil de bienes embargados en otro remate y adjudicación de bienes, se observará lo dispuesto en los artículos 531, 539, 540, 542, 543 y 557 del Código de Procedimiento Civil. Así mismo, lo que no se oponga a lo dispuesto en el estatuto tributario y este reglamento, se seguirá conforme lo establecido en el Código de Procedimiento Civil que regule lo concerniente al embargo, secuestro y remate de bienes.
ART. 62.—Terminación del proceso por pago. Si antes de rematarse el bien, se presentare escrito del ejecutado o de su apoderado, que acredite el pago de la obligación demandada y las costas, el funcionario ejecutor declarará terminado el proceso y dispondrá la cancelación de los embargos y secuestros, si no estuviere embargado el remanente; conforme lo dispone el artículo 537 del Código de Procedimiento Civil.
ART. 63.—Vigencia y derogatorias. La presente resolución rige a partir de su publicación en el Diario Oficial y deroga la Resolución 10 del 16 de febrero de 2007.
Dada en Bogotá, D.C., a 23 de septiembre de 2008.