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Timestamp: 2019-01-20 06:30:18
Document Index: 320017395

Matched Legal Cases: ['artículo 67', 'artículo 2347', 'artículo 67', 'artículo 138', 'artículo 67', 'artículo 67', 'artículo 2347', 'artículo 69', 'artículo 48', 'artículo 67', 'artículo 139']

República de Colombia utela No. 11. 428 Dario gonzález valencia corte Suprema de Justicia
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utela No. 11.428
DARIO GONZÁLEZ VALENCIA
Aprobado Acta Nro. 64
Bogotá, D.C., dieciocho (18) de junio de dos mil dos (2002).
Se pronuncia la Sala sobre la acción de tutela interpuesta por DARÍO GONZÁLEZ VALENCIA, en protección de sus derechos constitucionales fundamentales al debido proceso y a la dignidad humana, cuya vulneración le atribuyó a las Fiscalías 18 Delegada ante los Juzgados Penales Municipales de Dosquebradas (Risaralda), y 2ª Delegada ante el Tribunal Superior de Pereira, en el proceso penal que se adelanta contra Wilmar Alfonso Cortés López por el delito de lesiones personales.
Fundamentos de la acción.
1. En horas del medio día del 14 de septiembre del pasado año, el menor Jonathan Javik Castañeda Restrepo fue atropellado por la camioneta Chevrolet Luv, conducida por Wilmar Alfonso Cortés López y de propiedad del actor DARIO GONZÁLEZ VALENCIA. La víctima en ese momento aseguraba la puerta de su residencia, ubicada el barrio Venus del municipio de Dosquebradas.
La Fiscalía 18 Delegada ante los Juzgados Penales Municipales de esa misma localidad inició la correspondiente investigación. Posteriormente, en providencia del 20 de septiembre de 2001, realizada la inspección judicial y establecida mediante prueba testimonial la titularidad del derecho de dominio, ordenó la entrega provisional del automotor al mencionado GÓNZALEZ VALENCIA, quien se comprometió a no disponer del bien sin autorización del despacho y a presentarlo cuando le fuera requerido. La medida fue inscrita además ante la oficina de Tránsito correspondiente.
En calidad de tercero incidental concurrió el actor GONZÁLEZ VALENCIA al proceso penal para demandar la cancelación de las referidas restricciones. Adujo que la actuación se adelantaba exclusivamente contra el sindicado Cortés López, e invocó las previsiones contenidas en los artículos 67 del Código de Procedimiento Penal y 100 del estatuto punitivo, en cuanto restringen el instituto del comiso a los bienes que tengan libre comercio y pertenezcan al sujeto penalmente responsable.
La Fiscalía 18 Delegada ante los Juzgados Penales Municipales de Dosquebradas denegó tal solicitud. El pronunciamiento se sustentó en el inciso 2º del precitado artículo 67 de la codificación procesal penal, de conformidad con el cual en los delitos culposos los vehículos automotores una vez sometidos a los experticios técnicos deben entregarse provisionalmente al propietario o tenedor legítimo, salvo que se hubiese solicitado y decretado su embargo y secuestro. Así mismo, en la eventual responsabilidad civil del propietario del vehículo frente al daño causado, al tenor del artículo 2347 del Código Civil.
Apelada la providencia por el tercero incidental, la Fiscalía 2ª Delegada ante el Tribunal Superior de Pereira la confirmó el 26 de abril del año en curso, decisión en la que de manera escueta avaló las consideraciones del a quo.
El 22 de marzo último, el instructor elevó resolución acusatoria en contra del sindicado Cortés López por el delito de lesiones personales, de manera que en firme el pliego de cargos se dio inicio a la etapa del juicio bajo la dirección del Juzgado 1º Penal Municipal de Dosquebradas.
2. No sin invocar el Preámbulo de la Carta Política y los fines del Estado (artículos 1º, 2º y 5º constitucionales), el solicitante sostiene que con las decisiones aludidas resultaron quebrantados sus derechos constitucionales fundamentales al derecho al debido proceso y a la dignidad humana. En primer término, por cuanto en la providencia de segunda instancia se omitió toda réplica a sus argumentos de inconformidad, pero fundamentalmente, porque con respaldo en la sentencia T-799 de julio 31 de 2001, M.P., Dr. Álvaro Tafur Galvis, estima que las restricciones al ejercicio de la propiedad en manera alguna pueden mantenerse en el presente asunto, pues el bien afectado no pertenece al sindicado.
Con los anteriores argumentos solicita del juez constitucional que cancele “la inscripción del pendiente que existe” sobre el automotor.
Respuesta de las autoridades accionadas y de los terceros legitimados.
1. La representante legal del menor que resultó víctima del delito de lesiones personales investigado se oponen a la pretensión del actor GONZÁLEZ VALENCIA, pues advierte que la camioneta afectada a las diligencias penales “es la única garantía que se tiene hasta el momento para garantizar los perjuicios” ocasionados.
2. El Fiscal 2º Delegado ante el Tribunal Superior de Pereira se remite a las motivaciones de la providencia censurada. Agrega que ninguna vía de hecho se observa en ella, y que la solicitud de tutela refleja tan sólo la inconformidad del actor con el pronunciamiento adverso a sus intereses.
3. El Fiscal 18 Delegado ante los Juzgados Penales Municipales de Dosquebradas (Risaralda) destaca que para la fecha de la decisión frente a la cual se reclama el amparo, no había transcurrido el término de un año prescrito en el artículo 67, inciso 5º, del estatuto procesal penal, vencido el cual se habilitaría el levantamiento del pendiente judicial sobre el automotor que constituyó el medio comisivo del ilícito.
Reitera la viabilidad de la afectación del bien a la actuación penal, de conformidad con la disposición citada y dado que se investiga un delito culposo; asimismo, en el eventual compromiso del propietario de la camioneta como tercero civilmente responsable, al tenor de los artículos 140 del estatuto procesal penal y 2347 del Código Civil. Señala finalmente, que para el momento de tramitarse el incidente las diligencias se encontraba en la fase instructiva, de manera que no había finiquitado la oportunidad para que el perjudicado a través de sus representantes legales se constituyera en parte civil e intentara la vinculación de aquél en el mencionado carácter.
1. La improcedencia de la tutela contra las providencias judiciales constituye temática definida y consolidada de antaño en la jurisprudencia de esta Sala, particularmente, a partir de la sentencia C-543 del 1º de octubre de 1992, mediante la cual la Corte Constitucional declaró la inexequibilidad de los artículos 11º, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991, que consagraban la posibilidad de incoar esa acción pública frente a tales decisiones.
No obstante lo anterior, la Corporación en manera alguna desconoce que con carácter excepcional podría admitirse la viabilidad del control constitucional de la tutela respecto de las providencias judiciales que configuran vías de hecho y vulneran o amenazan derechos constitucionales fundamentales, esto es, cuando la decisión carece de fundamento objetivo y se muestra manifiestamente contraria a la Carta Política o a la Ley.
2. En el presente asunto, sin embargo, la Sala no encuentra configurada una decisión arbitraria, caprichosa o inmotivada de los funcionarios judiciales que habilite por lo tanto la concesión del amparo judicial reclamado en protección de los derechos constitucionales fundamentales al debido proceso y a la dignidad humana, como pasa a examinar.
2.1 Tratándose de la primera garantía atrás citada, téngase presente que los funcionarios judiciales permitieron la intervención del actor GONZÁLEZ VALENCIA en la actuación adelantada contra el sindicado Cortés López como autor del delito de lesiones personales, desde luego, en la única calidad que de él podía predicarse en ese momento de conformidad con el artículo 138 del Código de Procedimiento Penal, esto es, de tercero incidental, pues sin estar obligado a responder penalmente de la conducta punible, tenía afectado un derecho económico en tales diligencias.
La solicitud de GONZÁLEZ VALENCIA se sujetó además a las disposiciones pertinentes, de manera que agotado el trámite incidental de rigor, la Fiscalía 18 Delegada ante los Juzgados Penales Municipales de Dosquebradas dictó la providencia correspondiente, contra la que interpuso aquél el recurso de apelación decidido en forma oportuna por la Fiscalía 2ª Delegada ante el Tribunal Superior de Pereira.
Así las cosas, fuerza colegir que con competencia, satisfacción de las formalidades legales, respeto del derecho de defensa y a la doble instancia se profirieron las decisiones censuradas, excluyéndose entonces cualquier vicio de procedimiento en la adopción de las mismas.
2.2 Ninguna razón le asiste al accionante cuando asegura que el pronunciamiento de segunda instancia se ofrece manifiestamente inmotivado frente a los argumentos de inconformidad planteados en la apelación.
En primer término, porque en esta crítica pasa por alto que tal decisión, en cuanto confirmó la dictada por la Fiscalía a quo, integra con esta última unidad jurídica, de manera que las razones esbozadas en ellas para despachar negativamente la pretensión de GONZÁLEZ VALENCIA se complementan. Pero además, contrario a lo atestado en la solicitud de tutela, por cuanto el ad quem en réplica al apelante indicó los motivos por los cuales debía considerársele como tercero incidental, y en cuanto al fondo del asunto, no con la profundidad a la que aspiraba el demandante, el funcionario judicial reiteró en todo caso las consideraciones jurídicas que soportaban la providencia impugnada, por lo que mal puede admitirse que se muestre ausente de todo fundamento objetivo, conforme sugiere el actor.
2.3 La decisión proferida tampoco se evidencia groseramente contraria a la Constitución o a la ley, a tal punto, que el actor sin endilgar la existencia de vías de hecho plantea una comprensión diversa de las normas con apoyo en las cuales las autoridades judiciales persistieron en mantener afectado el vehículo de GONZÁLEZ VALENCIA al proceso penal. En otros términos, la controversia gira en el presente asunto sobre el alcance del artículo 67 del Código de Procedimiento Penal.
Así las cosas, en eventos de esta naturaleza, la Sala tiene precisado que la tutela únicamente resulta viable ante la concurrencia de dos requisitos: En primer lugar, que en las decisiones judiciales censuradas se postule un entendimiento manifiestamente irrazonable; y finalmente, que el propugnado por el peticionario sea el único plausible a la luz de la Carta Política. Lo anterior, porque el principio democrático de la autonomía judicial, inspirado en la necesidad de garantizar la independencia de los jueces en el ámbito de sus competencias, armonizado además con el postulado de la seguridad jurídica, determinan un carácter restrictivo para el control de las vías de hecho que en manera alguna puede conducir al juez constitucional a descalificar las providencias judiciales con fundamento en simples discrepancias interpretativas de las normas llamadas a regular el caso concreto, que es lo pretendido de trasfondo por el solicitante GONZÁLEZ VALENCIA.
En efecto, en el entendimiento de los funcionarios judiciales no podía accederse a la entrega definitiva de la camioneta del actor por motivos que estimaron surgidos básicamente del tenor literal del artículo 67 del estatuto procesal penal, esto es, porque su utilización en el delito culposo investigado determinaba la afectación de dicho bien al proceso con miras a garantizar la indemnización de perjuicios, máxime que su propietario GONZÁLEZ VALENCIA podía ser convocado como tercero civilmente responsable en los términos del artículo 2347 del Código Civil, y sin que para ese momento hubiera finiquitado la oportunidad para dicho efecto (artículo 69 de la Ley 600 de 2000). Pero además, porque tampoco se había configurado alguna de la hipótesis del inciso 5º de la primera disposición citada, que permite la entrega definitiva “cuando se garantice el pago de los perjuicios, se haya embargado bienes del sindicado en cuantía suficiente para atender al pago de aquellos o haya transcurrido un año desde la realización de la conducta, sin que se haya producido afectación del bien”.
Por su parte, el actor en mera divergencia interpretativa propugna por un alcance del todo diverso, pues armonizando los artículos 60 y 67 de la codificación penal instrumental, sostiene que la afectación de los bienes de libre comercio empleados como medios comisivos de los delitos culposos sólo es posible respecto de aquellos que sean de propiedad del sindicado.
Invoca también la sentencia T-799 de julio 31 de 2001, M.P. Dr. Álvaro Tafur Galvis, de efectos obligatorios únicamente para las partes, al tenor del artículo 48-2º de la Ley 270 de 1996, donde en todo caso al abordarse un problema jurídico diverso del aquí examinado, se coligió la vulneración del derecho fundamental al debido proceso por haberse ordenado el comiso de un bien con fines indemnizatorios, es decir, la pérdida del derecho de dominio para ese específico fin, sin que el propietario del mismo hubiese sido vinculado a la actuación en calidad de tercero civilmente responsable.
En síntesis, con independencia del criterio que se adopte sobre el alcance de la disposición comentada, tratándose de una discrepancia puramente conceptual, en manera alguna puede atisbarse la existencia de vías de hecho que determinen la intervención del Juez constitucional.
2.3 Adicionalmente y afianzando la improcedencia de la tutela interpuesta, téngase presente que en las providencias judiciales censuradas no se ha adoptado un pronunciamiento definitivo respecto de la camioneta del actor GONZÁLEZ VALENCIA, de manera que fenecida como se encuentra la oportunidad para solicitar su vinculación como tercero civilmente responsable, o una vez vencido el término de un año al cual alude el artículo 67 de la Ley 600 de 2000, al tenor del artículo 139 ibídem tiene la posibilidad de promover nuevo incidente orientado a obtener su desafectación del proceso penal.
3. Resta añadir que entendido el derecho a la dignidad humana como el merecimiento a un trato acorde a dicha condición, desde ninguna perspectiva se atisba quebrantado en este asunto, donde las autoridades judiciales se limitaron a proferir las decisiones atrás comentadas dentro de la órbita de sus competencias y con los fundamentos jurídicos atrás precisados.
Por todo lo anterior, entonces, la tutela interpuesta por improcedente será denegada.
1. NEGAR por improcedente la tutela solicitada por el actor DARÍO GONZÁLEZ VALENCIA para sus derechos fundamentales al debido proceso y a la dignidad humana.
3. En firme el fallo, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
CARLOS E. MEJÍA ESCOBAR NILSON PINILLA PINILLA