Source: https://www.slideshare.net/JUANGONZALEZ498/el-rgimen-de-las-nulidades-en-el-paraguay
Timestamp: 2019-06-18 14:50:30
Document Index: 353075481

Matched Legal Cases: ['Artículo 17', 'in fine', 'artículo 165', 'artículo 12', 'artículo 17', 'artículo 17', 'artículo 16', 'artículo 19', 'artículo 8', 'artículo 141', 'artículo 112', 'artículo 22', 'artículo 24', 'artículo 12', 'artículo 359', 'artículo 29', 'artículo 27', 'artículo 432', 'in fine', 'Artículo 432', 'in fine', 'artículo 165', 'artículo 245']

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, Docente Universitario. Tratadista y Conferencista.
Desarrolla el régimen de las nulidades en el Paraguay
1. Juan Marcelino González Garcete César Daniel Ortega G. 2
2. El Régimen Legal de las Nulidades en el Proceso Penal 3 Juan Marcelino González Garcete César Daniel Ortega G. El Régimen Legal de las Nulidades en el Proceso Penal Visión Constitucional, Legal, Doctrinaria y Jurisprudencial. 2015
3. Juan Marcelino González Garcete César Daniel Ortega G. 4
4. El Régimen Legal de las Nulidades en el Proceso Penal 5 Al llamado del deber, Sentí que la vida me marcaba un camino: cultivar la ciencia del derecho. Esta obra no alienta vanidades. Quizá sea un testimonio de servicio a la cultura. (Prof. Dr. Miguel Ángel Pangrazio)
5. Juan Marcelino González Garcete César Daniel Ortega G. 6
6. El Régimen Legal de las Nulidades en el Proceso Penal 7 DEDICATORIA ESPECIAL DE LOS AUTORES PROF. ABOG. SELVA ANTONIA MOREL DE ACEVEDO Abogada (1977) y Escribana Pública (1978) por la Universi- dad Nacional de Asunción, Especialista en Docencia Superior Universitaria (2000), Doctoranda por la UNA, Maestranda en Derecho Procesal por la Universidad Nacional de Rosario Direc- tor: Adolfo Alvarado Velloso, ha realizado varios cursos a nivel nacional e internacional.- Ha escrito varias monografías sobre distintas ramas del De- recho como: Derecho de la Niñez y Adolescencia, Derechos Inte- lectuales, la aplicación de las figuras penales en los Derechos Intelectuales, etc.- Fue nombrada en el Poder Judicial en el año 1971 como dactilógrafa, en 1974 ascendió a Oficial de Secretaria. En AN- TELCO con antigüedad de 17 años en la Asesoría Jurídica, Direc- ción de Recursos Humanos, Gerencia Interior entre otras depen- dencias.- Primera Directora de la Cárcel de Mujeres de Ciudad del Este “Juana María de Lara” 1992-1993.-
7. Juan Marcelino González Garcete César Daniel Ortega G. 8 Abogada de la Asesoría Jurídica de Administración Nacio- nal de Aduanas.- Desde 1999 es Profesora Asistente escalafonada de la asig- natura Derechos Intelectuales de la Facultad de Derecho y Cien- cias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción, Filial San Juan Bautista de las Misiones, hasta la actualidad.- Es egresada de la Octava Promoción de la Escuela Judicial.- Integró varias ternas del Consejo de la Magistratura para distintos cargos jurisdiccionales.- En noviembre de 2004 ha sido designada por la Corte Su- prema de Justicia como Defensora General Adjunta en lo Penal de la República del Paraguay. En Diciembre de 2012 ha sido con- firmada por la Corte Suprema de Justicia como Defensora Gene- ral Adjunta en lo Penal de la República del Paraguay.- Desde el año 2007 es designada como Coordinadora de la Comisión Observatorio de Cárceles del Ministerio de la Defensa Pública.- El Área Mujer de la Fundación Paz Global la ha galardona- do con el Premio "Vivir por el Bien de los Demás," en el año 2012, por su liderazgo audaz en áreas de educación, servicio social, cultura y acción social.- Desde 2012 es Profesora Asistente escalafonada de la asig- natura Derecho de la Integración de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción, Filial San Estanislao, hasta la actualidad.- Desde 2014 es Profesora Encargada de Cátedra de la asig- natura Derechos Intelectuales de la Facultad de Derecho y Cien- cias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción, Filial San Estanislao, hasta la actualidad.- Integrante de la Delegación Nacional para el 13º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal llevado a cabo
8. El Régimen Legal de las Nulidades en el Proceso Penal 9 AGRADECIMIENTOS DE JUAN MARCELINO GONZALEZ  A la Red Internacional de Juristas para la Integración Americana, por haberme aceptado como Miembro per- manente de esta prestigiosa organización.  Al Prof. Dr. Javier Barnes, catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad de Huelva (España) por haberme distinguido como representante y miembro permanente del Consejo de Redacción de la Sección de Derecho Administrativo Comparado, con sede en Espa- ña.  Al Prof. Dr. Roberto Carlés, Presidente de la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología (AL- PEC).  A la Asociación Paraguaya de Derecho Procesal Consti- tucional, por haberme distinguido como miembro per- manente de dicha asociación.  Al Dr. Eduardo Andrés Velandia, Presidente de la Aso- ciación Mundial de Justicia Constitucional, por haberme distinguido como miembro permanente de dicha nu- cleación internacional.  Al jurista Luis Alberto Petit Guerra, por brindarme su amistad y por haberme dado la oportunidad de realizar obras conjuntas sobre temas de Derecho Constitucional.  Al Director de la Facultad de Derecho y Ciencias Socia- les—Filial Santani, Prof. Dr. Narciso Ferreira, por haberme dado la oportunidad de ejercer la docencia en esa prestigiosa Institución.  A la Editorial LEXIJURIS, en la persona del Dr. Esteban Orué.
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10. El Régimen Legal de las Nulidades en el Proceso Penal 11 DEDICATORIAS DE CESAR DANIEL ORTEGA  A mis padres Alberto y Rosa, quienes me enseñaron dar valor a la vida y alcanzar objetivos con perseverancia, ejemplo, humildad, sacrificio, esfuerzo y dedicación.  A mi esposa Raquel, a mis hijas Yanina, Johanna y Jessi- ca quienes son mi fuerza y estímulo, por el cariño que me brindan y por el apoyo constante  A mis hermanos y hermanas por apoyarme siempre  A los profesionales y estudiantes de derecho para quie- nes con esfuerzo y dedicación se ha sido realizado este material, esperando que estas páginas den frutos en la formación y contribuya a alcanzar satisfacciones en la constante lucha por el derecho. A Dios, por la vida… por todo
11. Juan Marcelino González Garcete César Daniel Ortega G. 12
12. El Régimen Legal de las Nulidades en el Proceso Penal 13 DEDICATORIA DE JUAN MARCELINO GONZÁLEZ GARCETE  A mi querida madre, Viviana Garcete de González
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14. El Régimen Legal de las Nulidades en el Proceso Penal 15 PRÓLOGO El régimen de las nulidades en el proceso penal Alfredo Enrique Kronawetter Zarza Asunción, 11 de agosto de 2015 Las presentaciones de obras jurídicas presentan caracterís- ticas similares como acto trascendental del producto de meses o quizás años de los autores: el señalamiento de las principales virtudes con relación a la institución abordada, las características de una posición ensayada por los responsables de dicha labor y las congratulaciones por el esfuerzo y el sacrificio que merecen puntualizarse en tiempos en los que es más fácil decir, criticar y no plasmarlas en documentos que adquieren –al decir de Euge- nio Raúl Zaffaroni- vida propia, ya que lo afirmado o negado en aquéllos, difícilmente se pueda contrarrestar, siempre que se deje abierta la veta para que traspase la sabia que impone una doctri- na actualizada y afinada por los vaivenes de la praxis (sin mani- queísmos) o una jurisprudencia que ahonde con pulcritud y pru- rito académico aspectos que hasta el momento de la publicación del libro no se perfilaban; en fin, el sacrificio del tiempo precioso dedicado a la labor intelectual con el atrevimiento de exponerlas al público y someterse a un escrutinio facilista de los que de tanto esperar, no plasman una postura que, al fin de cuentas, es la ma- nifestación existencial del pensamiento. Dar continuidad a esta suerte de “lógica” de una presenta- ción es una tentación difícil de evadir, no porque lo exija un pro- tocolo consuetudinario, sino porque por encima de esta ductili- dad, me siento espiritualmente satisfecho por el tema elegido y la honestidad intelectual desplegada por los autores, a quienes con- sidero abogados estudiosos, interesados y enamorados por la ciencia jurídica, sin reparar en cuestiones ideológicas o sectoriales
15. Juan Marcelino González Garcete César Daniel Ortega G. 16 que fácilmente eclipsan una obra por la impronta de esa visión facciosa de una falaz dicotomía entre “garantía” y “eficiencia”. No caer en esa tentación que se instaló en el campo jurídico como una moda derivada, principalmente, de la confusión entre los niveles discursivos de la política “a secas” y la política criminal como expresión global de un modelo de respuesta penal compa- tible con los postulados inmarcesibles de la forma republicana de gobierno, constituye una evidencia con esta obra de que en el presente todavía se puede ensayar una visión acendrada con la autenticidad del modelo de garantías derivado de la misma revo- lución francesa de 1789 y aplicada –con mayor acentuación en el reconocimiento de derechos humanos de segunda y tercera gene- ración- con matices que en esencia no difieren de lo proclamado por los libertarios del estado moderno hasta nuestros tiempos. Y es por ello que felicito especialmente a los autores, por- que despegándose de la construcción facilista del conservadu- rismo judicial, del mantenimiento indiscutible del status quo, de que la obra omita el rosario de doctrinas harto descifradas en colosales tratados y se circunscriba al pensamiento más localista, de la problemática derivada de la cotidianeidad judicial, de po- ner en el tapete interpretaciones variadas respecto a una institu- ción y sostener con las deficiencias de nuestro sistema penal que “vale la pena” seguir discutiendo, profundizando y reinventar- nos en torno a la garantía del debido proceso penal auténtica- mente republicano, como un limitador del ejercicio abusivo del poder y con unos ingredientes que develan la urgencia de una mejor formación de los operadores de justicia, apostando –sin mencionarlo directamente- a las nuevas generaciones de aboga- dos que aprehendan lo experimentado y reconstruyan la institu- cionalidad procesal con una doble coherencia: con las exigencia constitucionales y con las necesidades imperiosas de una justicia penal que atienda los reclamos de todos.
16. El Régimen Legal de las Nulidades en el Proceso Penal 17 Es por ello que me siento entusiasmado personalmente por la obra puesta a la consideración pública, porque la misma se involucra con el instituto de las nulidades no como una expre- sión meramente ritualista, de expresión despectiva con eso que se nos atribuye corrientemente a los abogados que apostamos por la chicana, el chamuyo que se parecen más a una reivindicación de la insensatez y ratificación –al mismo tiempo- de que los aboga- dos sólo ensayamos todo, menos el sentido común, sino, por el contrario, utilizando un sistema de lo básico hacia lo complejo, nos deleita con lo descriptivo de la historia reciente del trata- miento de las nulidades, de la convencionalidad americana y los problemas urticantes en torno a ciertos actos procesales, princi- palmente vinculados con la violación de derechos procesales esenciales y el resultado de la nulidad como una exigencia deri- vada de la parte final del art. 137 de la CN. De la lectura de la obra de los respetados colegas se infiere una decantación de tópicos que seguramente se erigirá en el re- sultado de esta vida propia del presente libro, ampliando, refor- mulando y hasta quizás, con suma legitimidad, incorporar otros ítems que seguramente se añadirán, porque entiendo que la tarea de los mismos no se circunscribe a la autoafirmación de una eru- dición, sino a la honestidad intelectual de contribuir coherente- mente en la construcción de una doctrina nacional pluralista, cuestionando el “espacio reservado” a los connotados por la tra- dición de unos juristas que a lo mejor, exigiendo un poco, hace bastante tiempo ocupan un espacio en el mundo académico por la sola “ascendencia del abolengo”, cuando que poco o nada aportaron para repensar auténticamente la visión de los cambios a nivel constitucional y procesal que se dieron en los últimos veinte años. Doblemente orgulloso, entonces, porque el desafío de la obra pretende incursionar en un ámbito que tradicional- mente fue abordado por un puñado de abogados que tácitamente son considerados como “gurúes”, pero apenas evaluamos con
17. Juan Marcelino González Garcete César Daniel Ortega G. 18 cierta holgura la insistencia en la capacitación de nuevas genera- ciones de abogados, nos percataremos que el aporte fue casi nulo, dato sumamente trascendente si es que lo llevamos al campo de la consolidación de una generación de abogados y abogadas comprometidos y conscientes de los principios republicanos del sistema acusatorio. Obviamente que ante este escenario, la obra de los colegas sobre el régimen de nulidades tiene un agregado positivo a lo ya señalado: instalar y confrontar con la solvencia del esfuerzo intelectual conjugado en la obra hoy presentada la actualización de la difícil noción y alcance de las nulidades, con un arrebato de irreverencia con la postura local cuasi-petrificada de considerar que lo que dicen uno, dos o tres juristas con reso- nancia académica y alta presencia mediática equivale a una ver- dad incontrovertible. Soy del humilde parecer que la construc- ción de un pensamiento jurídico-procesal contemporáneo y con- comitante con valores republicanos y democráticos amplios tiene que venir desde la cátedra con resonancia social, con el deseo de difusión nacional, con un equilibrio entre teoría y realidad, y, con la producción de obras que permitan a los demás a emprender la travesía de promover el atrevimiento para consolidar el hacer antes que el decir. Entiendo que en la cátedra uno dice e insiste en que lo que se dice se debe hacer, pero en una sociedad alta- mente comprometida con la trasmisión oral, es importante traba- jar en la cultura de la lectura, la cual, obviamente sólo es posible si existen obras que valgan la pena leer y que el incentivo surja de los nuevos abogados que obviando las diferencias generacio- nales, entiendan que el abordaje de ciertas instituciones procesa- les como un punto neurálgico de lo que conlleva la nulidad por el incumplimiento de la garantía al debido proceso penal es una respuesta de lógica antes que de simple petulancia individual del “jurista” que aparentemente quiere trasmitir un mensaje claro a los profanos: “teman a las nulidades, porque sólo los abogados pueden echar por tierra las ansias de acceso a la justicia de la
18. El Régimen Legal de las Nulidades en el Proceso Penal 19 gente, según de qué lado estén”, visión distorsionada y humillan- te para los abogados que queremos un litigio limpio, trasparente y sin formulismos y que cuando planteamos la nulidad como defensa se entienda perfectamente el mensaje sencillo y elocuen- te: que el poder coercitivo en alguna de sus expresiones incum- plió con su deber constitucional y que ante los abusos no cabe otra respuesta que la invalidez de la pretensión punitiva y nada más. La esencia del poder coercitivo es la privación de libertad y todo ámbito en el que se pone en riesgo serio y evidente de que una persona pueda perder la cabeza –antes- o la libertad –ahora-, restringe severamente la regla del avance estatal sobre la perso- nalidad humana con su rasgo esencial de la protección de la vida, la integridad, y, por ende, la libertad. Cuando nos oponemos a este rol hegemónico del Estado, del uso indiscriminado de la fuerza punitiva, de liberar al Leviat- han de los cauces señalados por el domador predilecto que es el poder constituyente, queremos trasmitir un mensaje claro y sen- cillo: los derechos humanos como derechos públicos subjetivos se ejercen no sólo como facultad, sino con la contracara de una au- tocensura del Estado de naturaleza –reiteramos, el Leviathan- de limitarse por el Derecho y sólo conforme a éste escudo protector se repelen las agresiones constantes del alma intemperada de los gobernantes de turno que, después de todo, son personas como cualquiera que al ejercer el poder se muestran enteramente pro- clives a las bajezas humanas, como a las expresiones altruistas que hacen especial e irreemplazable al ser humano. Es como una suerte de Dr. Jekyll y Mrs. Hyde, en una lucha interna e intensa que se da entre lo correcto que proyecta el espíritu fortalecido por la razón y el abuso del poder conferido que propone el senti- do de confort inmediato de torcer las cosas a nuestro favor por mero placer.
19. Juan Marcelino González Garcete César Daniel Ortega G. 20 El Estado de Derecho en un modelo republicano exige que dividamos la frontera entre el principio de la libertad frente a la privación –núcleo rector del paradigma de los derechos humanos frente al Estado en su faceta amoral- con una acentuación que pergeña ciertas derivaciones propias de esa prevalencia: la pre- sunción de inocencia, la duda a favor del afectado por la priva- ción de la libertad, el juicio previo, la defensa en juicio, etcétera, etcétera. Y una prolija devaluación de tal acentuación, cuando el que reclama algo precisamente es un miembro que integra la función pública concerniente al gobierno estatal para prevalerse de una situación de privilegio que, per sé, refleja el ejercicio puro del poder fáctico, aunque sea mínima esa dosis del “ser” por so- bre el “deber ser”. Es aquí donde mengua ostensiblemente la regla de que la regla es la libertad y la excepción la privación. Algunos marcan una frontera –aunque en la praxis y según la conveniencia de los doctos de la mal llamada jurisprudencia re- gional- entre lo propio del derecho individual y lo impropio del derecho público. Se ensayan así algunos axiomas como “lo que expresamente no está prohibido, está permitido” para el ámbito del derecho subjetivo público y para el ejercicio del poder objeti- vado por la norma se invierte el axioma no sólo con alteraciones gramaticales sino con sustanciales consecuencias respecto al pri- mero: “lo que expresamente no está permitido, está prohibido”. Y esta selectividad del axioma, genera toda una controversia que muchas veces, irónicamente, resuelve el propio poder constituido de contramano al poder constituyente. Ensayan jurisprudencia para todos los gustos y temas, se olvidan de la coherencia y con la gama amplísima de facultades ordenatorias e instructorias que no se sonrojan en aplicar en todos los procesos –sin diferencia- ciones de materias o destinatarios, aquí sí llegó la igualdad pro- cesal!!!-, reclaman cuando son cuestionados o censurados por sus conductas desde la perspectiva del poder, olvidándose que cuando son los afectados por la ilógica aplicación del Leviathan
20. El Régimen Legal de las Nulidades en el Proceso Penal 21 que por tanto tiempo cobijaron, alimentaron y orgullosos lo rei- vindicaron a los cuatro vientos, contradictoriamente y hasta gro- seramente con la civilidad de los ciudadanos que tantos padeci- mientos sufrieron por su conducción autoritaria, y, por ende con- traria a la democracia republicana, exigen el cese del hostiga- miento estatal y se convierten como la simbiosis del Dr. Jekyll y Mrs. Hyde en los celosos guardianes del debido proceso. No está demás hacer una pausa de la idea hilada hasta aquí y refrescar la elocuencia de unas metas básicas del sistema repu- blicano de gobierno, tomando la perspectiva de nuestra Ley Fundamental. Nuestra Constitución es republicana, porque: a) No sólo postula la división de funciones del poder o es- tablece un sistema de frenos y contrapesos. b) Es republicana, también, porque establece unos princi- pios sin los cuales no puede hablarse de este modelo: postula la idoneidad para el acceso a los cargos públicos, establece un sistema de responsabilidad en la función pública, proyecta la publicidad de los actos, determina la duración limitada en el tiempo de los actos de gobier- no y exige que los actos de gobierno sean razonados, es decir, rija la fundamentación de sus actos que destruya cualquier presunción de arbitrariedad que es propio del modelo autocrático y en su versión histórica a la que precedió, la monarquía absolutista. c) Idoneidad, publicidad, responsabilidad, sistema de fre- nos y contrapesos, razonabilidad de las decisiones, limi- tación del poder, limitación del tiempo de los actos de gobierno y racionalidad de la expresión del poder coer- citivo y punitivo, entonces constituyen una combinación de axiomas que al decir de Ferrajoli, permiten entender el carácter republicano de una decisión política o juris- diccional, porque tales presupuestos deben verificarse
21. Juan Marcelino González Garcete César Daniel Ortega G. 22 en todos los niveles del ejercicio del poder estatal, pero con mayor énfasis y protección en el ámbito punitivo por las razones que sobradamente hemos explicado. Es por ello que el punto que llama mi reflexión con motivo de esta obra es la elocuencia y contundencia de explicar lo tras- versal del tema de las nulidades, porque su declaración con rela- ción a uno, varios o todo el proceso penal no es un tema que afec- ta sólo a las partes, sino a la misma administración de justicia, porque flagrantemente se aproxima con la impunidad y la falta de respuesta judicial a los reclamos de la gente es sinónima de más confrontación y hasta es posible que en un examen simbóli- co del ADN del infortunio de la gente, sea responsable de una paternidad irresponsable de la justicia por mano propia. Es por ello que debemos ahondar el alcance de las nulidades más allá de las controversias en torno a su normativa, evaluando de manera prudente el rol de los actores que se muestran afectados por el poder coercitivo en el sentido de que muchas veces la crítica es hechura de quien se pone de crítico y que las normas por más perfectibles que sean, descansan en la actividad humana en la que preponderantemente se postula la razón. Si la razón es la premisa básica de los encargados de aplicar las leyes que hacen al poder coercitivo y su expresión más dura que es la punitiva, entiendo que se convertirá en la dosis necesaria para combatir esa lucha constante entre el bien y el mal de una máquina que exalta las instituciones construidas por todos nosotros y que cuando aquélla funciona contra “nuestros” derechos (¿o inter- eses?), no pretendamos que por arte de magia se convierta en obra que destelle perfección por su precisión y ausencia de con- tradicción. Enfrentar al Leviathan, parodiando la obra del Dr. Je- kyll and Mrs. Hyde, requiere una sustancia difícil de encontrar y compleja de reunir para curarnos de ese mal endémico: usar el Derecho como expresión de la razón y la norma en la medida que sea compatible con el Derecho y cuando esa mezcla es insuficien-
22. El Régimen Legal de las Nulidades en el Proceso Penal 23 te, inocular, en momentos críticos, la sabia de la prudencia y la contundencia argumental para domar la tentación del placer del poder omnímodo, con la templanza de los principios republica- nos que se convertirán así, en la indiscutida receta para que la historia no sea repetida y trágica de que cada vez nos recordemos de las reglas del debido proceso, hayan perdido la libertad y la vida muchas personas, en tanto y en cuanto, no seamos nosotros. Ese individualismo que orilla con la cultura de los privilegios – contrario al sentido republicano-, tenemos que denostar y mien- tras no sea la expresión genuina de republicanos de corazón, combatámosla como una hipocresía jurídica que sólo se preocupa de las formas y no de lo sustancial para los demás, más cuando se trata de uno, sólo impera la auténtica titulación nobiliaria de los derechos individuales, pero tan inhumanos por su contrarie- dad casi absoluta con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es decir, de todos, sin distinción alguna. Exigir el debido proceso para unos cuantos, cuando nunca nos ocupamos de esta garantía esencial en un sistema democráti- co, republicano, participativo y pluralista para el resto de la so- ciedad es tan nefasto como el que defiende el modelo autocrático o autoritario sin intermitencias que, a mi modesto modo de ver, hasta son más coherentes que el encargado de aplicar la ley que precisamente no se apercibió del compromiso social de respon- der a las expectativas de la mayoría con una administración de justicia que fomente la paz social. Empezando por ahí, construiremos republicanismo y con una base republicana sostenida por hombres comprometidos con la vigencia de la legalidad y la legitimidad de los actos públicos, se edificarán las estructuras de una sociedad legalizada y amante de la ley, porque esa consonancia con la norma y su aplicación, apasiona favorablemente el alma de los ciudadanos y con ese ejemplo de republicanismo podríamos empezar a encontrar la fórmula -en ese edificio portentoso- para erradicar las culpas que
23. Juan Marcelino González Garcete César Daniel Ortega G. 24 echamos a otros y que nos hacen ambivalentes como el Dr. Jekyll and Mrs. Hyde. No queremos ni al Dr. Jekyll ni a Mrs. Hyde, queremos personas comprometidas que a la luz del día y en la oscuridad de la noche, haya sol o haya sombra por los nubarro- nes, tenga luz propia por el destello de la razón, iluminando el camino para todos y para que todos se conduzcan rectamente hacia la razón y por la razón de la legitimidad auténtica. Felicitaciones a los autores por tan inmensa comprensión de su rol como abogados en esta sociedad que tanto necesita de ejemplos académicos y muchas gracias por la honra que me dis- pensaran, lo que humildemente creo no merecer. Muchas gracias.
24. El Régimen Legal de las Nulidades en el Proceso Penal 25 A MODO DE INTROITO Compartimos plenamente las expresiones de Nelson Pes- soa en el sentido de que “Siempre he pensado que no tiene senti- do escribir para repetir cosas ya dichas, salvo alguna excepción posible –como puede ser un Manual‒, dada la finalidad docente de este tipo de obra, aunque también ello es discutible (para que reiterar lo ya dicho en obras similares).1 Iniciamos esta obra se dividirá en dos partes; en esta prime- ra parte abarcará algunos aspectos principales – sin que sea de- masiado detallista y profunda como quisieran los autores – los temas neurálgicos de las nulidades procesales en materia penal en nuestro País, fruto de experiencias nuestras como funciona- rios judiciales por más de 20 años, habiendo ejercido todos los cargos en el Poder Judicial y el Ministerio Público y ejerciendo ambos actualmente el cargo de Defensores Públicos en el fuero Penal y Adolescente Infractor, en la ciudad de Concepción y San Estanislao respectivamente, para poder dar luz y presentar algu- nas sugerencias sobre este importante tema, que suele ser el «pan caliente de todos los procesos» ya que es imposible encontrar –y a veces es rarísimo que no se utilice este “recurso”2 – en las ac- ciones penales. La metodología de esta obra, es presentar, en esta primera entrega, los temas básicos de las nulidades procesales —la parte doctrinaria, pero básica y elemental—, sus principales caracterís- ticas, y algunos casos emblemáticos de nulidades que resolvió la máxima instancia judicial; como asimismo una enumeración de las causales de nulidad en nuestro proceso penal. 1 PESSOA, Nelson R. La nulidad en el proceso Penal. Editora MAVE, pág.11 2 Esta expresión no es utilizada como un aspecto negativo en los procesos penales, o sea como una chicana; pues, en la mayoría de los casos su finalidad es que se respeten los derechos y ga- rantías de los imputados, o sometidos a un proceso penal, en donde pudiera derivarse una pena o sanción.
25. Juan Marcelino González Garcete César Daniel Ortega G. 26 La presente obra jurídica, pues, ha sido hecho con el afán de contribuir en el debate de esta institución procesal, y si este esfuerzo resultara útil a los estudiantes de derecho y profesiona- les del foro e incentivara su estudio, este modesto trabajo ya lo- graría su propósito. Por otro lado, suplico al público lector no vea en esta obra una pretensión de nuestra parte de presentarnos como autores de un nuevo libro sobre la materia, sino un simple dictado de esta disciplina, formado con los extractos sacados de los autores con- sultados y con los resúmenes de las clases impartidas en las Uni- versidades, para ayudar a los estudiantes a rendir el examen de rito, cuya bibliografía se encuentra al final de la obra; amen de la experiencia en el ejercicio de la profesión por más de 20 años en el fuero penal. Si bien en algunos casos es posible determinar la postura o posición personal del autor acerca de la solución más adecuada del caso sometido a examen, no es nuestra intención intentar trasmitir al lector un determinado punto de vista, sino, por el contrario, fomentar entre estudiantes de derecho, abogados, ju- ristas, jueces una actitud crítica y no dogmática de los problemas jurídicos que plantea la nulidad en los fallos analizados. Abogamos para que se realicen nuevas y prolijas investiga- ciones sobre las nulidades procesales, aportando y abriendo al debate nacional como también por ende contribuir a la biblio- grafía jurídica. Mucho celo y técnica fueron empleados en la edición de es- ta obra. No obstante, pueden ocurrir errores de digitación, im- presión o duda conceptual. En cualquiera de las hipótesis, solici- tamos las disculpas del caso. Por último, nuestro agradecimiento especial a la editora LEXISJURIS por encarar la publicación de la presente obra. LOS AUTORES
26. El Régimen Legal de las Nulidades en el Proceso Penal 27 CAPÍTULO I “ASPECTOS GENERALES DE LAS NULIDADES PROCESALES” 1. INTRODUCCIÓN Nos interesa, en primer lugar, establecer claramente que la finalidad del presente capítulo es intentar una investigación par- cial del tema de las nulidades procesales; y a la vez analizar el régimen de los mismos establecidos en el Código Procesal Penal.3 Dejamos en claro, antes de adentrarnos sobre los objetivos de la presente obra no es una indagación general sobre el «tema de las nulidades del proceso penal»; más bien, nuestra preocu- pación son puntos muy concretos de los actos que conforman el procedimiento penal, y sobre ellos queremos reflexionar; una de ellas, es la búsqueda de una fundamentación constitucional de las nulidades del proceso penal. 3 Jiménez Asenjo, E. en su obra Derecho Procesal Penal, Revista de Derecho Privado, Madrid, Tomo I, pág. 339, bajo el título “Ventajas del nuevo sistema”, dice: “Al estudiar la evolución histórica de las nulidades (capítulo XIII) se vio que el Derecho romano se caracterizaba por su extremo formalismo por el que cualquier inobservancia a las formas establecidas producía la invalidación de la actividad procesal sin que importara la entidad del defecto (en este régimen se llegó al límite en que la omisión de una palabra, de una sílaba o el empleo de una palabra por otra, acarreaba la nulidad del acto). Este, sistema luego trascendió a los germanos, quienes incluso acentuaron esta tendencia: pronunciar la sentencia sentado y no de pie producía su nu- lidad. El tiempo fue morigerando este estricto sistema para llegar, luego de la Revolución Francesa, a la consagración del sistema legalista que fuera aceptado por distintas legislaciones del orbe. Este régimen ha ido perfeccionándose a partir de la consideración de otros aspectos del acto, tales como la eficacia probatoria al orientarse a la consideración del destino concreto de la actividad reglada por la ley conforme a los fines del proceso, los intereses que protege y los poderes que se ejercitan; así se comienzan a distinguir las formas en sustanciales e insus- tanciales y los requisitos del acto en esenciales y no esenciales. Como consecuencia, fue nece- sario determinar cuándo en el proceso se está frente a la esencialidad, surgiendo, a partir de ahí, los tres sistemas legislativos conocidos en materia de nulidades: a) privatista, b) judicialis- ta y c) legalista, siendo precisamente este último el que adopta nuestro Código Procesal Pe- nal…”
27. Juan Marcelino González Garcete César Daniel Ortega G. 28 En otras palabras, el jurista argentino Nelson R. Pessoa, al respecto señala que: «En nuestra opinión, la investigación de las nulidades del proceso penal puede ser mucho más fructífera, desde el punto de vista teórico, si se basa sobre un estudio de los fundamentos constitu- cionales de las mismas»4; coincidimos en las sabias expresiones del Maestro Argentino. Creemos oportuno encarar una obra que tenga como obje- tivo establecer prioritariamente la elaboración de una fundamen- tación constitucional de las nulidades en el proceso penal. Dicha «fundamentación constitucional» es un instrumento o vía procesal idónea para entender y resolver un conjunto im- portante de cuestiones de la materia, teniendo en cuenta el prin- cipio de legalidad. Un acto procesal necesariamente debe contener los presu- puestos básicos establecidos en la ley, si es así, puede decirse que se trata de un acto procesal perfecto, es decir, desprovisto de todo vicio y, por lo tanto, plenamente eficaz para producir efectos jurídicos; por otro lado, cuando el acto procesal abandona o mejor dicho no reúne las formalidades establecidos por la Ley, se ingre- sa en un campo progresivo de imperfecciones que pueden asu- mir una relevancia mínima, como en el caso de la denominada «mera irregularidad», o de una gravedad que puede provocar la nulidad absoluta de dicho acto procesal, es decir, declarar su in- existencia.5 4 PESSOA, Nelson B. La nulidad en el proceso penal. Editorial Mave, Segunda Edición, pág. 19 5 Se entiende por actividad procesal defectuosa (nulidades) el acto procesal que no reúne los requisitos propios de su correspondiente especie al apartarse de la configuración legal. De acuerdo al concepto expresado, la nulidad viene a ser la sanción legal establecida para los ac- tos que se realizan con inobservancia de las garantías o formas procesales y que causen un gravamen substancial al desarrollo normal del procedimiento. La sanción, de este modo, vie- ne a constituirse en la declaración de ineficacia de un acto procesal por defecto de alguno de sus elementos esenciales, lo cual le impide cumplir con sus fines.
28. El Régimen Legal de las Nulidades en el Proceso Penal 29 A decir del Diccionario Jurídico de Manuel Osorio—la Nu- lidad es la “ineficacia de un acto jurídico como consecuencia de carecer de las condiciones necesarias para su validez, sean ellas de fondo o de forma, o, como dicen otros autores, vicio de que adolece un acto jurídico si se ha realizado con violación u omisión de ciertas formas o requisitos indispensables para considerarlo como válido, por lo cual la nulidad se considera ínsita en el mismo acto, sin necesidad de que se haya declara- do o juzgado”. Puede afirmarse que en el ámbito del derecho procesal pe- nal, especialmente en el campo legislativo, es un axioma prácti- camente indiscutible el principio que dice “no hay más nulidades que las consagradas en forma expresa por la Ley”.6 Compartimos plenamente el criterio de que las nulidades deben ser productos exclusivos de la Ley, es decir, solo el orden jurídico puede imponer, establecer, regular los requisitos de va- lidez de los actos jurídicos —en el caso objeto de estudio, actos procesales penales— y ordenar, en consecuencia, cuando un acto es nulo o carente de eficacia o valor jurídico. Sin embargo, creemos modestamente, es que se ha hecho y se una lectura o interpretación errónea del principio de legalidad de las nulidades en el ámbito jurisprudencial. Y esto se ve reflejado en los fallos de los Tribunales de la República, en donde fácilmente se observa que la errónea inter- pretación —conforme nuestra humilde opinión— del principio de legalidad de las nulidades lleva a reducir «incorrectamente» el ámbito de lo que debe ser declarado procesalmente nulo en ma- teria de la actividad procesal penal, y en algunos casos, tal meca- nismo riñe con principios o garantías de carácter constitucional. Tomaremos como base la regla consagrada en el Art. 165 Código Procesal Penal que dice: “…PRINCIPIO. NO PODRÁN 6 PESSOA, Nelson R. Las nulidades procesales en el derecho Penal, pág. 23
29. Juan Marcelino González Garcete César Daniel Ortega G. 30 SER VALORADOS para fundar una decisión judicial, ni utiliza- dos como presupuestos de ella, LOS ACTOS CUMPLIDOS CON INOBSERVANCIA DE LAS FORMAS7 y condiciones previstas en la Constitución, en el Derecho Internacional vigente y en este código, salvo que la nulidad haya sido convalidada”.8 En la opinión de los tratadistas, más allá de alguna pequeña dife- rencia de tipo lingüística o gramatical, el principio, en lo que hace a su contenido conceptual, tiene plena vigencia. Brevemente, desarrollaremos los fundamentos de este principio o axioma, como prefieren denominarlos algunos tratadistas. 2. El CONCEPTO DE LA NULIDAD PROCESAL9. Para tratar de conceptualizar el significado o la acepción terminológica de «nulidad procesal», es importante e irremedia- 7 Las mayúsculas son nuestras. 8 Artículo 17 - De los derechos procesales”. En el proceso penal, o en cualquier otro del cual pudiera derivarse pena o sanción, toda persona tiene derecho a: 1) Que sea presumida su ino- cencia; 2) Que se le juzgue en juicio público, salvo los casos contemplados por el magistrado para salvaguardar otros derechos; 3) Que no se le condene sin juicio previo fundado en una ley anterior al hecho del proceso, ni que se le juzgue por tribunales especiales; 4) Que no se le juzgue más de una vez por el mismo hecho. No se pueden reabrir procesos fenecidos, salvo la revisión favorable de sentencias penales establecidas en los casos previstos por la ley procesal; 5) que se defienda por sí misma o sea asistida por defensores de su elección; 6) Que el Estado le provea de un defensor gratuito, en caso de no disponer de medios económicos para solven- tarlo; 7) La comunicación previa y detallada de la imputación, así como a disponer de copias, medios y plazos indispensables para la preparación de su defensa en librecomunicación;8) Que ofrezca, practique, controle e impugne pruebas;9) Que no se le opongan pruebas obtenidas o actuaciones producidas en violación de las normas jurídicas…”. 9 Como veremos de todas las definiciones nos muestran claramente las seis características principales de la nulidad: a) es sanción, funciona como un castigo previsto por la ley cuando no se observan determinadas exigencias; b) es legal, su fuente debe ser siempre la ley, no ad- virtiéndose la imposición de una sanción de nulidad por vía reglamentaria; c) no se requiere que la conminación de nulidad éste prevista en forma expresa, sino que también puede ser táci- ta; el requisito se cumplirá de una u otra forma, según el sistema a aplicarse, ya se trate de un sistema judicial (sanción tácita) o del sistema legalista (sanción expresa); d) priva de sus efec- tos jurídicos al acto, cuando se declara nulo un acto, éste pierde eficacia dentro del proceso, es decir, que el acto resulta privado de los efectos jurídicos que debía producir; e) no se admite la nulidad de actos no realizados, ya que el instituto tiende a restablecer el buen orden el proceso y si el acto irregular no se cumplió, todavía no existe alteración a corregir.
30. El Régimen Legal de las Nulidades en el Proceso Penal 31 ble entrar en el laberinto de múltiples variantes doctrinarias, que trataremos de sintetizar de la manera más didáctica posible. a) La primera de esas variantes está dada por la distinta vi- sión o concepto con que se enfoque dicho término. b) La segunda variante genera dos posiciones doctrinarias antitéticas, según se limite la noción de nulidad procesal al quebrantamiento o inobservancia de las formas, o se considere que es una noción comprensiva de los vicios u omisiones de cualquiera de los elementos del acto pro- cesal (sujeto, objeto, forma). Luego de hacer estas precisiones doctrinarias, podemos de- cir que se ha definido a la nulidad como “la sanción expresa, implícita o virtual, que la ley establece cuando se ha violado u omitido las formas por ella preordenadas para la realización de un acto jurídico al que se priva de producir sus efectos norma- les”.10 Hugo Alsina la definió como “la sanción por la cual la ley priva a un acto jurídico de los efectos normales cuando en su ejecución no se han guardado las formas prescriptas para ello”.11 Couture, expresa que “siendo el derecho procesal, un con- junto de formas dadas de antemano por el orden jurídico, la nu- lidad consiste en el apartamiento de ese conjunto de formas ne- cesarias establecidas por la ley”.12 Devis Echandía, expresa que “la nulidad consiste en la au- sencia de los efectos jurídicos del acto”.13 Enseña el Profesor Luis de Gásperi que “la nulidad no es más que la consecuencia de la obligatoriedad de la Ley, es decir, 10 Eduardo B. Carlos. Enciclopedia Jurídica OMEGA, Tomo XX, Voz “Nulidades Procesales”, pág. 538 11 Tratado de Derecho Procesal Civil y Comercial. Buenos Aires, Tomo I, pág. 718. 12 Couture, Eduardo J. Estudios de derecho procesal civil. 3° edición. Bs. As. Editorial Depalma. 1979, pág. 45 13 Devis Echandía, Hernando. Derecho Procesal Civil. Madrid, Aguilar. 1966, pág. 694.
31. Juan Marcelino González Garcete César Daniel Ortega G. 32 inherente a la majestad de la Ley es su sanción”.14 Bonifacio Ríos Ávalos menciona “la nulidad se origina en aquellos actos que se alzan contra una prohibición legal. Esta afirmación nace igualmente del principio de que todo lo que no está expresamente prohibido por las leyes, está permitido”.15 El Diccionario jurídico igualmente refiere que «la Nulidad Procesal es la que pesa sobre los actos realizados en el curso de un proceso; implica privar de efectos a tales actos». Conforme lo expresa claramente el in fine del artículo 165 del Código Procesal Penal, no todo vicio o inobservancia de los actos procesales acarrea su nulidad absoluta; para ello se requiere, en la generalidad de los sistemas jurídicos contemporáneos, que la sanción de nulidad esté expresamente prevista por la ley o que el acto procesal carezca de los requisitos indispensables para cumplir con su finalidad; por regla general, la nulidad procesal puede ser declarada de oficio o a petición de parte, pero no pue- de ser pedido por la parte que hubiere dado lugar a la nulidad. 3. NUESTRA OPINIÓN CONCEPTUAL Habiendo leído y releído las distintas opiniones doctrina- rias, fruto de años de cavilación sobre este tema, creemos conve- niente también dejar sentado nuestro criterio jurídico acerca del concepto de la nulidad procesal. Por ello, sostenemos que la NULIDAD PROCESAL CON- SISTE EN EL ESTADO DE INOBSERVANCIA O CARENCIA DEL ACTO PROCESAL DE ALGUNOS DE SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS, O EN VICIOS PROCESALES INSUPERA- BLES, QUE POTENCIALMENTE LO COLOCA EN SITUACIÓN DE SER DECLARADO JUDICIALMENTE INVALIDO. 14 Anteproyecto del Código Civil Paraguayo. 15 Introducción a los Hechos y Actos Jurídicos. 1996
32. El Régimen Legal de las Nulidades en el Proceso Penal 33 4. CLASIFICACIÓN DE LAS NULIDADES16: Según la forma en que se hallen enunciadas y el lugar en que se ubiquen dentro del ordenamiento procesal: I. GENERICAS: La sanción de nulidad está prevista en una norma que no regula en particular un acto. Las nu- lidades genéricas pueden estar sistematizadas o no según se encuentren ordenadas en un capítulo o sección y bien se hallen esparcidas en todo el Código.17 II. ESPECÍFICAS: La sanción procesal se halla expresa- mente conminada en la norma que regula el acto en par- ticular.18 III. VIRTUALES O IMPLÍCITAS: Son nulidades que no están expresamente previstas en la norma procesal específica o genérica pero que son consecuencias del in- cumplimiento de formas impuestas por el orden jurídi- co.19 IV. ABSOLUTAS: Según los efectos que produjo el acto. Son la resultante de una «irregularidad procesal» que le- siona una garantía constitucional. a) Pueden ser declaradas de oficio o a petición de las partes en cualquier estado del proceso. 16 Al referirse a las nulidades relativas Juan Carlos Mendoca, expresa: “…se oponen a las absolu- tas en el sentido de que su característica es admitir subsanación, ya sea por confirmación o por el transcurso del tiempo. Es decir, porque expresa o tácitamente las partes interesadas les pre- stan su consentimiento o porque las pulga la preclusión, de donde, dos son los modos mediante las cuales se convalidan; por acto u omisión de los interesados o por obra de la Ley…”. 17 Son ejemplos de las nulidades genéricas, las concernientes al nombramiento, capacidad y constitución del Tribunal o el Ministerio Público, las concernientes a la intervención, asisten- cia y representación del imputado; las concernientes a las reglas de competencia, de la publici- dad en los debates, etc. 18 Serían sus ejemplos la aplicación de los Arts. 34 y 36 de la C.N.; arts. 161 (notificación), 200 (interceptación de correspondencia), art. 206 (deber de abstención del testigo) todos del Códi- go Procesal Penal. 19 Por el principio acusatorio es nulo el juicio en el que no se le ha dado intervención al Ministe- rio Público como órgano acusador. O se le obligue a acusar cuando él ha decidido no hacerlo. Aunque esto no esté expresa o genéricamente conminado en norma alguna, cualquier acto que se realice en violación de este principio provoca la nulidad del mismo. Otro ejemplo, sería la violación del principio nom bis id idem o doble juzgamiento.
33. Juan Marcelino González Garcete César Daniel Ortega G. 34 b) No son convalidables o subsanables (salo lo dispues- to en el artículo 12 del Código Procesal Penal)20 V. RELATIVAS: Son relativas todas las demás, es decir aquellos actos que no lesionan una garantía constitu- cional y pueden ser subsanados o convalidados. La re- gla dice que todas las nulidades son relativas porque pueden ser corregidas o rectificadas.21 5. CARACTERES: a) Pueden ser declaradas de oficio a petición de parte.22 b) No pueden plantearlas quien las haya provocado, salvo que sea el imputado.23 c) Sólo puede pedirlas quien tenga interés.24 20 Como ser los actos que violan las reglas que tengan relación con la intervención, asistencia y representación del imputado en el proceso penal y las que implican inobservancia de derechos y garantías previstas en la Constitución Nacional y Derecho internacional vigente. 21 Los mecanismos para recuperar el acto viciado son de dos formas: a) SANEAMIENTO. El Código busca que todas las nulidades sean inmediatamente saneadas por tres vías: 1. La reno- vación del acto viciado. 2. La rectificación del error. 3. El cumplimiento del acto omitido de oficio o a petición del interesado. B) CONVALIDACIÓN O SUBSANACIÓN: Ella se produ- cirá por no haberse solicitado su oportuno saneamiento, o cuando exista consentimiento expre- so o tácito de los interesados, o cuando haya alcanzado su finalidad respecto a todos los intere- sados, pese a su irregularidad. 22 La ley establece en forma clara que: “las partes sólo podrán impugnar las decisiones judiciales que les causan agravios, fundadas en el defecto, en los casos y formas previstos por éste Códi- go, siempre que no hayan contribuido a provocar la nulidad. Sin embargo, el imputado podrá impugnar una decisión judicial aunque haya contribuido a provocarla. Se procederá de igual modo cuando la nulidad consiste en la omisión de un acto que la ley prevé, debiendo proceder- se de igual modo cuando la nulidad consista en un acto cuya nulidad se halla prevista en la Ley”(Art. 165 del Código Procesal Penal). 23 El mismo imputado puede articular válidamente el incidente con la misma finalidad, sin importar de que el mismo haya contribuido al vicio; igualmente se halla legitimado para im- pugnar por la vía incidental un acto cuando considera que adolece de vicio que le priva de la posibilidad de producir sus efectos jurídicos. 24 De acuerdo al Código Procesal, las partes intervinientes en un proceso o causa tienen legitima- ción activa para deducir incidente de nulidad tendiente a lograr que un acto o determinadas ac- tuaciones judiciales sean declaradas nulas, o en su caso a que simplemente sean subsanadas o saneadas de acuerdo a la situación en que se dá, con la sola condición de que no haya contri- buido a provocarla, que sin duda debe ser así, por cuanto sería injusto que la parte que contri- buyó al acto viciado sea beneficiado con la posibilidad de que pueda intentar de nuevo su sa- nación, o lo que es peor, invalidarlo.
34. El Régimen Legal de las Nulidades en el Proceso Penal 35 d) Son subsanables o convalidables. Pero para el proceso sirva cumplidamente a sus fines de — asegurar la realización de la justicia— en los casos concretos, ga- rantizando la paz social, es preciso que, a su vez, se acomede a determinadas normas fundamentales; que constituya una activi- dad netamente legal, con exclusión de todo vicio que pudiera lugar a la simple sospecha de que la ley no se aplica correctamen- te. Seguidamente hablaremos del principio de legalidad. Este principio de la legalidad procesal se reconoce hoy por todos y, sobre todo, en materia penal tiene una extraordinaria importan- cia, ya que no puede desconocerse que es él, precisamente, el origen del otro principio legalista, el de la legalidad penal. Es por ello, el rol fundamental del Magistrado Judicial, co- mo encargado de controlar la actuación del Ministerio Público, que surge del <principio de control previo de afectación de dere- chos>, que no es otra cosa que garantizar el principio de inocen- cia; y lo más importante, el Juez Penal ordena la corrección de los vicios de forma procesales y contral la acusación fiscal, pudiendo rechazarla sobreseyendo definitivamente o denegando la no acu- sación. De aquí el juez se erija como garante de la legalidad de la actuación fiscal con relación a los justiciables.25 25 Sin pretender exponer todos y cada uno de las actividades del Juez Penal en la Etapa Prepara- toria, podemos citar: a) garantizar el cumplimiento de todos los principios y garantías de la Constitución Nacional, el Derecho Internacional vigente y el Código Procesal Penal (arts. 42 y 289 CPP); b) recibir el escrito de querella adhesiva o autónoma, según el caso, que presente quien tenga calidad de víctima y pronunciarse sobre admisibilidad, notificando al Ministerio Público o al imputado, según el caso (art. 291 y 292); c) recibir el requerimiento fiscal, y a pe- dido del Ministerio Público, podrá desestimar la denuncia, querella adhesiva o actuaciones po- liciales (art. 305 CPP), aplicar criterios de oportundiad, ordenar la suspensión condicional del procedimiento, llevar adelante los acuerdos conciliatorios (art. 301 CPP), d) decidir sobre los incidentes y excepciones (Arts. 329 y sgtes CPP), e) decidir sobre las medidas cautelares (art. 240 y siguientes del CPP), f) decidir sobre las peticiones de las partes (art. 282 CPP), g) otor- gar el sobresimiento definitivo o provisional (art. 359 y 362 CPP), h) oponerse al requerimien- to fiscal (art. 315 y 358 CPP), entre otros.
35. Juan Marcelino González Garcete César Daniel Ortega G. 36 6. EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD DE LAS NULIDADES EN EL PROCE- SO PENAL. Trataremos de ser prácticos y buscaremos a reglón seguido ahora destacar cuales son las razones —mejor dicho— que dan sustento a este difundido axioma o principio del proceso penal.26 En primer lugar, aunque pequemos de ser reiterativos, huelga decir, que en el fuero del derecho procesal penal, funda- mentalmente en el campo legislativo, es un axioma prácticamen- te indiscutible el principio que dice: «no hay más nulidades que las consagradas o establecidas en forma fehaciente por la ley». En doctrina se habla de que opera el principio que dice que no todo acto procesal irregular es nulo; solo habrá nulidad cuando la irregularidad esté referida a una forma procesal “esencial”, y no una forma procesal “accidental”. Esto nos obliga, a su vez, a encontrar criterios o pautas que permitan distinguir entre formas procesales “sustanciales o esen- ciales” y formas “accidentales”. Para explicar estos principios se han desarrollado varios sistemas, a saber, la privatista, judicialista y legalista, según la alegación o señalización del defecto procesal y su valor (esencial o accidental) esté respectivamente en manos de la parte afectada, del juez y o de la ley.27 26 En los desarrollos teóricos del derecho procesal penal se afirma que se ha superado el deno- minado criterio “formalista” en materia de nulidades que, como es sabido, considera como sinónimo de nulidad o irregular. 27 Estos principios penales se sustentan sobre la base de la DIGNIDAD HUMNA, por ello, hablaremos rápidamente sobre su evolución. 1. Origen de la concepción de la dignidad de la persona. Luis Recasens Siches aclara que “el pensamiento de la dignidad consiste en recono- cer que el hombre tiene fines propios suyos de cumplir por sí mismo”. Lo anterior evoca la fórmula de Kant sin que esté necesariamente ligada a la doctrina del filósofo. Desde la óptica del citado autor, lo que Kant expresó era ya aceptado desde siglos antes, desde el Antiguo Tes- tamento, adquiriendo mayor relevancia al ser el mensaje central del Evangelio. Efectivamente, la idea de la dignidad, sin que solo se presente en ella, es característica del cristianismo. Ya en la antigua China y en Roma (Epitecto, Séneca, Cicerón y Marco Aurelio) encontramos la idea de la dignidad de la persona como una idea universal, es decir, de la igualdad esencial de todos los hombres. Fue la escuela estoica, desarrollando el pensamiento aristotélico, la que llegó a la
36. El Régimen Legal de las Nulidades en el Proceso Penal 37 Actualmente, hoy día ya se habla solamente de dos crite- rios: el judicial o el legal y que en materia procesal penal pre- domina el sistema legalista. El principio de legalidad del proceso, es el criterio predo- minante en materia de nulidades, y es fácil de asimilar porque es así. En primer término, diríamos que para que el proceso sirva eficientemente a sus fines de asegurar la realización de la Justicia en los casos concretos, garantizando la paz social, es necesario que, a su vez, se acomode a determinadas normas fundamenta- les; que constituye una actividad netamente legal, con «exclu- sión» de todo vicio que pudiera dar lugar a la simple sospecha de conclusión de que todo hombre, por su naturaleza, es miembro de la comunidad universal del género humano, gobernado por la razón y, además miembro de una comunidad política que es donde nace. Esta idea es la que retoma el cristianismo. 2. Reflexión filosófica y su proyección en el derecho. La filosofía racionalista, dice Jorge Adame Goddard, apoyándose en las con- cepciones humanistas cristianas y renacentistas postuló la dignidad de la persona como límite al poder del Estado poniendo coto a las doctrinas de Maquiavelo y Montesquieu. El huma- nismo laico, refiere el mismo autor, representado por Hugo Grocio, Fernando Vázquez de Menchaca y Samuel Pufendorf, coloca en el centro de sus sistemas el concepto de la dignidad humana, fundado sobre la idea de libertad e igualdad de los derechos del hombre. Ignacio Burgoa al respecto dice que cualquier tipo de régimen, sea social, jurídico o político deberá te- ner en cuenta la dignidad de la persona pues es la única manera en la que será respetable y res- petado. Para Recasens Siches, destacan en la reflexión filosófica sobre la dignidad de la perso- na Max Scheler, Nicolai Hartmann, Stammler y Del Vecchio. Frente a lo que consideraron como una insuficiencia en el formalismo ético kantiano, refiere Agustín Basave Fernández del Valle, Scheler y Hartmann se dieron a la tarea de construir una ética material de los valores. Stammler, elaboró una serie de principios, saliéndose del rigorismo formalista, abandonando el formalismo e introduciendo ideas con valores concretos. Estos principios son cuatro y se agrupan en dos clases, tal y como enseguida se anotan: Principios del respeto recíproco: El querer de una persona, sus fines y sus medios que no deben quedar a merced del arbitrio subje- tivo o caprichoso de otra persona. Toda exigencia jurídica de tratar al obligado como un prójimo, esto es, como a una persona con dignidad. Principios de la participación: Nadie debe jamás ser excluido de una comunidad o de una relación jurídica por la decisión arbitraria o mero capricho subjetivo de otra persona. Todo poder jurídico de disposición concedido a una persona deberá hacerlo solo de tal modo que el excluido subsista como un ser con fin propio, es decir, como una persona con dignidad. Para Del Vecchio, la idea de la justicia, en función de la dignidad de la persona individual y de la paridad o igualdad jurídica implica la idea de “reciprocidad”, entendiendo por esto que un sujeto al obrar respecto de otros debe hacerlo sólo sobre la base que reconozca como legítima, en las mismas circunstancias, una conducta igual de los otros respecto de él.
37. Juan Marcelino González Garcete César Daniel Ortega G. 38 que la ley no se aplica correctamente.28 Por considerarlo de vital importancia para el acabado en- tendimiento del axioma estudiado, seguidamente desarrollare- mos sucintamente la importancia de las «formas» en el proceso penal. 7. NECESIDAD DE LAS FORMAS EN EL PROCESO PENAL. Las formas o procedimientos procesales son necesarios y a veces imprescindibles. Como diría —Alberto Luis Maurino— no nos referimos lógicamente a las formas simbólicas y rituales del derecho primitivo, sino a las establecidas en la actualidad para la tramitación y resolución de los procesos.29 Sería ya redundancia insistir en la importancia de las formas, ya que podemos resumir su función en la de establecer «reglas básicas para encauzar la defensa de las partes dentro de un pro- ceso penal». En otros términos, las ausencia de las formas produ- cirían desorden e incertidumbre; por el contrario su presencia es garantía de justicia, igualdad de oportunidades procesales, etcé- tera. Pero tampoco debemos sobredimensionar la importancia de las formas, puesto que, claro está que al exagerar el formalismo a ultranza, nos llevaría a la situación que con acierto describe Berizonce, que caeríamos en la “degeneración del formalismo en for- mulismo”.30 En la actualidad, el proceso está conformado por un «con- junto de actos destinados a un fin: hacer efectivo el carácter puni- tivo del Derecho Penal». 28 Porque, como dice el adagio, no basta ser bueno, sino que hay que parecerlo también, lo que, a nuestros efectos, podríamos traducir diciendo que no basta con que las conclusiones estableci- das en el acto final del proceso (la sentencia definitiva) sean correctamente legales, sino que es preciso, además, que también sea correctamente legal el camino seguido para llegar a él. 29 Maurino, Luis Alberto. Nulidades Procesales. Editorial Astrea. 1982, pág. 4 30 Berizonce, Roberto O. Las formas de los actos procesales. Sistemas, en “Estudios de nulidades procesales”, Bs. As., Editorial Hammurabi, 1980, pág. 29.
38. El Régimen Legal de las Nulidades en el Proceso Penal 39 La función del Derecho Procesal es regular a través de un conjunto de normas jurídicas, esta actividad dirigida a la deter- minación de las condiciones que hacen aplicable el Derecho Pe- nal sustantivo. Resumiendo en forma arbitraria podemos sintetizar de la siguiente manera: “El proceso, por su propia naturaleza, está compuesto de un conjunto de actos denominados ˂procesales˂ cuya misión es lograr, a través de una sucesión concatenada de diligencias pro- cesales, cuya finalidad es la obtención de un pronunciamiento jurisdiccional que decida un determinado conflicto”. 8. INTERPRETACIÓN DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD DE LAS NULI- DADES PROCESALES PENALES31 Es dable señalar, que el criterio dominante de interpreta- ción del principio de legalidad de las nulidades procesales, se construye sobre dos pilares conceptuales: a) Entiende por “ley”, en cuanto fuente determinante del criterio o invalidez de los actos procesales, solamente la “norma procesal”, y no el orden jurídico. Solamente es la “norma procesal” la que puede imponer la sanción de nulidad, como consecuencia del incum- plimiento de lo ordenado por ella en cuanto a los requi- sitos o formas de los actos procesales, bajo la condición de que dicha sanción esté expresamente prevista en la norma procesal, sea por vía de las denominadas “nuli- dades específicas” o de las denominadas “genéricas”. El incumplimiento de formas jurídicas impuestas por otras normas que integran el sistema jurídico positivo (aunque sean reglas constitucionales) no autoriza a anu- lar un acto procesal o, por lo menos, no deben estar im- 31 Por considerar de interés, y por resultar muy explícito y esclarecedor el desarrollo sobre este tema por parte de Nelson R. Pessoa, seguiremos a pie de la letra su razonamiento, en su obra citada precedentemente, pág. 29 y siguientes
39. Juan Marcelino González Garcete César Daniel Ortega G. 40 puestas bajo amenaza expresa de nulidad. Entender que la “ley” es norma procesal” (que consagra expresamente la sanción de nulidad), expresa o implíci- tamente, es la base para negar la existencia de las nuli- dades virtuales o implícitas y, de esa forma, reducir el ámbito o campo de las nulidades del proceso penal. Este puede considerarse el pensamiento o argumento bási- co de la tesis que estamos analizando. b) El segundo argumento o pensamiento es prácticamente una consecuencia del primero, y se manifiesta en la lec- tura que se hace de las llamadas “nulidades genéricas”. Este argumento funciona más o menos así: como no existen más nulidades que las consagradas en forma ex- presa por las normas procesales (y se toma como para- digma de ello las denominadas nulidades “específicas”) las denominadas “nulidades genéricas” son interpreta- das con sentido muy restringido, ya que no son regula- ciones particulares o individuales de determinado acto procesal, sino que son regulaciones con sentido más amplio o general. De esta forma, se produce una nueva reducción del campo de lo inválido jurídicamente en materia de actividad procesal penal. 9. LA FUNDAMENTACIÓN32 CONSTITUCIONAL DE LAS NULIDADES EN EL PROCESO PENAL.33 La amplitud del concepto nos obliga a delimitarlo pun- tualmente para así realizar el análisis desde una perspectiva que 32 “…. Debe declarar se la nulidad del auto interlocutorio que desestimó la denuncia que sirvió de base al proceso cuando él a quo se limitó a hacer referencia a los motivos que dieron origen al proceso, el requerimiento del Ministerio Público y al Código Procesal Penal, sin dar mayo- res fundamentos que sustenten su decisión…”. (Tribunal: Tribunal de Apelaciones en lo Cri- minal de Asunción, sala 1. Fecha: (A. I. Nº 4) 04/02/2011.Partes: Aquino Alvarenga, Juan Pablino s/ Producción de documentos no auténticos.) 33 En este punto pretendemos poner en claro cuáles son los fundamentos de las nulidades en el proceso penal. Es nuestra convicción que ello ayudará a la determinación del exacto contenido o ámbito de las mismas.
40. El Régimen Legal de las Nulidades en el Proceso Penal 41 se ajuste a los objetivos del trabajo y que consiste en emprender el funcionamiento de las mismas en el marco constitucional y procesal paraguayo. Conforme surge del contenido del acápite —pretendemos — establecer cuáles son los fundamentos o la ratio legis de las nulidades en el proceso penal, a los efectos de coadyuvar a la determinación del exacto contenido o ámbito de aplicación de los mismos. Para nuestro entender, las nulidades en el proceso penal, tienen un doble fundamento de tipo constitucional.34 Ese doble fundamento, que nos referíamos son los siguien- tes:35 a) garantizar36 la efectiva vigencia del debido proceso le- gal37; y 34 En cuanto a los fundamentos, debemos expresar también que el mismo Carrara, al referirse a las formas procesales a las que deben estar sujetos los actos realizados por las partes y el juez durante el desarrollo del proceso a fin de que surta todos sus efectos jurídicos legales, expresa- ba que el conjunto de modalidades y formalidades que conforman el rito procedimental fue instituido para frenar al órgano jurisdiccional (juez o tribunal) en sus propios actos. Es así, que en virtud de lo expresado, se tiene un Código Procesal Penal que prescribe ciertas formas de las que deben ser revestidos determinados actos, sin preverse una sanción de nulidad de los hechos realizados en contravención a ella, serían sostener una afirmación maliciosa por medio de la cual se pretendería hacer creer a la ciudadanía en general que se provea a la protección de las personas honradas en tanto que a nadie en verdad se protege. A ella se debe la observancia del rito (formas) que no solo es una garantía de justicia, sino también una condición necesaria, de tal suerte que los ciudadanos confíen en la justicia a través de los que tienen la difícil mi- sión de administrarla. 35 Criterio que compartimos con el Prof. Nelson R. Pessoa, expresada en su obra citada preceden- temente. 36 La Real Academia Española define el vocablo GARANTIA como: “Derechos que la Consti- tución de un Estado reconoce a todos los ciudadanos…”, mientras que para Manuel Ossorio son: “Las que ofrece la Constitución en el sentido de que se cumplirán y respetarán los dere- chos que la misma consagra, tanto en la que se refiere al ejercicio de los de carácter privado como al de los de índole pública…”. 37 DERECHOS Y GARANTÍAS DEL IMPUTADO: El Derecho de Defensa desde la Investiga- ción Preliminar. Derecho a conocer inmediatamente y por escrito de los cargos de imputación. Derecho a un tiempo razonable para preparar su defensa. Derecho a ejercer su autodefensa ma- terial. A intervenir en plena igualdad en la fase probatoria. A impugnar las resoluciones que no le favorecen.
41. Juan Marcelino González Garcete César Daniel Ortega G. 42 b) garantizar la efectiva vigencia de la regla de la defensa y la bilateralidad en el proceso del imputado especialmen- te (y de otros sujetos eventuales).38 En otras palabras, hasta aquí sabemos dos cosas: a) en primer lugar, que solo existen las nulidades que la ley determina o crea; la fuente generadora de las nulidades es única y exclusi- vamente la Ley, no lo es el juez ni las partes del proceso; y b) en segundo lugar, que solo se declara nulo un acto procesal en razón del incumplimiento de formas esenciales o sustanciales; no toda irregularidad o deficiencia procesal lleva a la nulidad del acto procesal. - CARACTERÍSTICA DEL SISTEMA. Es bueno hablar rápido sobre este tema, al señalar enfáticamente que los sistemas deno- minado legalista de las nulidades del proceso penal39 se caracte- 38 Ya que no nos detendremos en este punto, no obstante considero explicarlo brevemente. NULIDADES DEL PROCESO PENAL Y EL PRINCIPIO DEL “DEBIDO PROCESO LE- GAL”, y se fundamenta en el artículo 17 de la Carta Magna. El ius puniendi estatal, con todo lo que ello significa, vista desde su importancia en términos jurídicos formales de control so- cial, como por la importancia de su incidencia en la vida de los ciudadanos, no puede ejercerse o desplegarse sin regulación normativa alguna. Elementales razones de seguridad jurídica de- mandan que el mismo esté controlado, regido por reglas jurídicas, ya que en el proceso penal, en última instancia, se decide la inocencia o reprochabilidad de una persona a la que se le atri- buye un delito. NULIDADES DEL PROCESO PENAL Y LA GARANTIA DE LA “DEFEN- SA EN JUICIO”. Pero la presencia de un proceso legal previo llevado a cabo por el órgano constitucionalmente facultado para ello no es suficiente, sino que por su propia decisión de la Carta Fundamental, se requieren más requisitos que hacen a ciertas seguridades, protecciones o garantías que el proceso legalmente estructurado debe brindar al ciudadano sometido al po- der punitivo estatal. Sin pretender hacer una lista exhaustiva, sino simplemente apelando al camino de una enumeración que puede ser discutible (por incompleta o porque su contenido puede cambiarse), puede decirse que la garantía constitucional de referencia comprende: el principio de inocencia, de non bis in idem, el derecho a la defensa, que implica, a su vez, va- rias cosas, así, por ejemplo, el derecho a conocer la imputación, el derecho a ser oído o decir sus razones, probar, alegar, etc., prohibición de reformatio in peius, prohibición de declarar contra sí mismo, limitaciones probatorias del estado sin su actividad penal persecutoria, como ser la tortura, prueba ilegal, allanamientos, papeles privados, email, etc. 39 El mismo Carrara nos dice que no basta que el juicio haya alcanzado efectivamente su fin jurídico, o sea el de conducir al exacto conocimiento de la verdad, en cuanto se haya condena- do al verdadero culpable, y se le haya condenado tan sólo en la medida que merecía, sino que
42. El Régimen Legal de las Nulidades en el Proceso Penal 43 riza porque es exclusivamente la ley la que determina cuáles son las irregularidades de los actos procesales que traen como conse- cuencia las nulidades de los mismos.40 Es la propia ley la que determina cuáles formas procesales son esenciales y cuales secundarias; en función de esto último es que la ley dispone la invalidez de los actos del proceso por la vía de nulidad.41 - CONVENIENCIA DEL SISTEMA LEGALISTA. Para ser francos el sistema legalista de las nulidades tiene ciertas bondades que lo convierten en aconsejable o superior a los otros. Debemos decir que la lectura de las obras teóricas de la ma- teria nos permite observar lo siguiente: es común encontrar una explicación en torno al sentido o funcionamiento del sistema le- galista, pero se omite hacer un análisis de las razones que aconse- jan su vigencia, especialmente en el proceso penal. Para nosotros es importante y se fundamenta la convenien- cia de las nulidades en el sistema legalista en lo siguiente: “es una cuestión elemental de seguridad jurídica que las formas o requisitos de los actos jurídicos procesales, cuyo incumplimiento trae consigo la invalidez de los mismos, estén establecidos con el mayor rigor posible…”.42 Sería preocupante imaginarnos, verbigracia, que los requi- sitos para presentar el Acta de Imputación, la Acusación, el So- breseimiento Provisional o cualquier acto de carácter conclusivo, es preciso que esto sea creído por el pueblo. Siendo este el fin político de las formas procesa- les, y cuando estas formas no se observan, entonces la confianza pública en la justicia del fallo sería ya sino confianza en la sabiduría y la integridad del hombre que juzga y que no todos pueden tenerla, pero cuando esas formas se observan, la confianza pública se apoya racional- mente en esta observancia. 40 Pero esto no es suficiente. Es importante sabe cuál es la razón de ser de las nulidades en el proceso penal. 41 Esto es lo que se resume en ese axioma, que se encuentra plasmado en nuestro Código Proce- sal Penal. 42 Criterio sustentado por Nelson Ramón Pessoa, en la obra ya citada, pág. 26.
43. Juan Marcelino González Garcete César Daniel Ortega G. 44 la orden de allanamiento, de la forma de la sentencia, de la ins- pección de personas, vehículos o bienes, su secuestro, dependie- ran de la voluntad de las partes o del libre arbitrio judicial. Por eso no es difícil entender —que la única forma razona- ble de proteger la seguridad jurídica, en el sentido mencionado, es que las formas o requisitos esenciales y accidentales, de los cuales se depende la validez o nulidad de los actos procesales, estén legalmente consagradas. Es importante, mencionar que a nuestro parecer «desde nuestro modesto punto de vista», el problema gira en torno a la determinación de lo que podemos llamar el verdadero alcance o sentido del principio de “legalidad” del proceso penal. Y tal desnaturalización es la consecuencia de una lectura que podemos llamar arbitrariamente como “extremadamente limi- tadora” de las disposiciones contenidas en el Código Procesal Penal.43 En palabras de Nelson Pessoa, en rigor de verdad, como punto de vista compartimos en genérico, número y grado, cuan- do se estudian los fallos de los Juzgados y Tribunales, en función de la manera de razonar y de resolver situaciones concretas, puede decirse que el criterio en cuestión presenta dos variantes o modalidades: a) una que podemos llamar extrema, y b) una que podemos denominar moderada.44 43 Hacemos una aclaración que consideramos importante, trabajamos especialmente con los conceptos usados en la jurisprudencia de nuestros Tribunales, por la indiscutida razón de que son la expresión del derecho vigente, pues son los instrumentos con que nuestros jueces re- suelven los conflictos jurídicos a ellos sometidos. 44 En ese sentido, refiere Nelson Pessoa que: “… a) VARIANTE Y MODALIDAD EXTREMA: En términos resumidos, puede decirte que esta variante de interpretación de la regla o principio de legalidad de las nulidades del procesal penal no niega, desde el punto de vista teórica, la existencia de nulidades genéricas. Lo que sucede es que a la hora de la aplicación de esa regla general para resolver casos concretos, la misma es leída o interpretada de tal manera que, prácticamente, o no tiene la debida vigencia o se la reduce de forma tal que se la desnaturaliza. No se invalida con ello todo lo que la regla pretende privar de valor jurídico en materia de ac- tos del proceso penal. Esto es producto de ese pensamiento siempre latente que dice que no
44. El Régimen Legal de las Nulidades en el Proceso Penal 45 Sin embargo, antes de concluir este parte del capítulo, ahondaremos en los dos fundamentos constitucionales citados precedentemente, que sirven de fundamento a la sanción de in- validez o ineficacia de los actos jurídicos sancionados con la nu- lidad del acto procesal. a. NULIDADES DEL PROCESO PENAL Y EL PRINCIPIO DEL DE- BIDO PROCESO LEGAL La expresión o la terminología «debido proceso» adquirió gran connotación en nuestro País luego de la entrada en vigencia de la Constitución Nacional del año 1992, lo cual produjo —por utilizar la jerga popular—en un desarrollo del concepto tanto en la esfera doctrinario como a nivel jurisprudencial. Sin embargo, conviene realizar algunas precisiones antes de avanzar sobre este tema, advertir que referir al «debido proce- so» supone varias cosas y múltiples interpretaciones. Si bien es cierto, que en todos los ámbitos jurisdiccionales tuvo un desarrollo vertiginoso, no se ha limitado a la esfera pe- nal, existiendo uniformidad en los tribunales, sobre la postura de que todos los procesos deben observar las reglas establecidas en el Art. 17 de la Constitución Nacional. Es dable señalar, que en el periodo que se conoce como de «transición democrática», tras la caída del régimen dictatorial, comienza una era de adecuación legislativa a instrumentos inter- nacionales de protección de derechos humanos. Así justamente no es casualidad que la ratificación de la hay otras nulidades que las expresamente consagradas por la ley, existiendo “expresamente” únicamente a las establecidas por vía de las denominadas nulidades “específicas”. Parece que las nulidades “genéricas” no existen o, por lo menos, se desconoce toda su riqueza. b) VA- RIENTE MODERADA: Esta modalidad puede resumirse en estos términos: son nulos los ac- tos que al ser realizados incumplen las formas impuestas bajo amenaza expresa y específica de nulidad, como también lo son aquellos actos que incumplen formas impuestas por reglas gené- ricas de nulidad. El dato que importa destacar de esta variante es, podemos decir, su mayor ge- nerosidad para leer las reglas que consagran las denominadas nulidades “genéricas”. (pág. 32/33).
45. Juan Marcelino González Garcete César Daniel Ortega G. 46 Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, lleve el N° 1/1989. En este contexto de ade- cuación de normas de derechos humanos, surge un cambio cons- titucional y nace una constitución con paradigma garantista45, donde el Estado se estructura sobre la base de un estado social de derecho, con la adopción de un gobierno republicano, democráti- co, participativo, pluralista, y todo el ejercicio del poder sobre la base del “reconocimiento expreso del principio axiológico de la dignidad humana como valor fundante del orden jurídico consti- tucional. No solo el artículo 17 de la Carta Magna desarrolla las ba- ses del debido proceso, sobre una cláusula cerrada, pues existen varios otros artículos donde existen principios, consagrados que se refieren al debido proceso, por ejemplo el artículo 16 en cuanto a la inviolabilidad de la defensa, el artículo 19 donde se estable- cen los límites de la prisión preventiva entre otras disposiciones. Este es el contexto, histórico, político, normativo de las normas del debido proceso en nuestro país, que fue señalada al solo efecto ilustrativo y de ubicación, sin embargo la idea no es entrar en conceptualizaciones, ni hurgar sobre antecedentes históricos, sino cómo se aplica el debido proceso en la cotidianei- dad del fuero penal; y queremos ir más allá, nos proponemos trabajar sobre una visión ya no solo constitucional del debido proceso, sino una visión desde la perspectiva de los derechos humanos o, si se prefiere, desde el derecho procesal constitucio- nal. 45 Es a esta posibilidad de efectividad de las normas jurídicas constitucionales, que descansa en la base mínima del poder del Estado y que además cuenta con los órganos encargados del cumplimiento, a las que se conocen con el nombre de GARANTIA. En la práctica, es frecuen- te la confusión terminológica entre derechos y garantías, a tal punto que esa simbiosis se da no solamente en los textos constitucionales, sino incluso en las leyes y en los fallos jurispruden- ciales.
46. El Régimen Legal de las Nulidades en el Proceso Penal 47 El artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos tiene dos incisos que dividen claramente las garantías judiciales aplicables a todo tipo de procesos (primer inciso) y las que corresponden solamente al proceso penal (inciso segundo). Podemos resumir que conforme a la Convención Americana so- bre los Derechos Humanos, los contenidos del debido proceso penal son los siguientes (principios):46 a. El derecho a ser oído, que implica el acceso a la justicia sin restricciones personales ni económicas. b. El derecho al proceso, que se fracciona en puntualizacio- nes como las garantías de alegación, prueba y defensa de los derechos; dentro de un esquema confiable y que le garantice seguridad personal y jurídica; a través de un abogado idóneo y de confianza, y amparado en la publi- cidad del proceso. c. El derecho al plazo razonable, ya sea en el tiempo para ser oído, como en el tránsito por las distintas etapas judicia- les, acordando al afectado un derecho indemnizatorio cuando acredite los perjuicios sufridos por la demora in- justificada de los tiempos del proceso. d. El derecho al juez natural, y a que éste sea competente, inde- pendiente e imparcial, donde anida proyecciones sobre el ejercicio de la función jurisdiccional, especialmente, el derecho que la sentencia sea fundada y razonable, dan- do soluciones apropiadas al objeto de la pretensión. e. El derecho a la utilidad de la sentencia, que se enlaza con el 46 Los tratados internacionales se ubican inmediatamente debajo de la Constitución, lo que confiere especial fuerza al derecho internacional, debiendo sumarse incluso lo dispuesto por el artículo 141 de la Constitución Nacional. Inclusive nuestra Carta Magna habla incluso de la posibilidad de crear un orden jurídico supranacional, que “en condiciones de igualdad con otros estados…admite la creación de un orden jurídico supranacional que garantice la vigen- cia de los derechos humanos, de la paz, de la justicia, de la cooperación y del desarrollo, en lo político, económico, social y cultural”.
47. Juan Marcelino González Garcete César Daniel Ortega G. 48 último aspecto en cuanto a darle el sentido al pronun- ciamiento judicial a través de una decisión justa y efecti- va, que pueda ser cumplida también dentro de un plazo razonable. Circunstancias que deberán valorar los jueces en el momen- to de realizar la ponderación de las nulidades promovidas por los defensores técnicos de los imputados y/o acusados. Seguidamente, trascribiremos el análisis de algunos fallos relacionados al debido proceso, que fuera recopilada por la Abog. Marta Isabel Acosta Insfran.47 Hemos preferido, en cuanto a la metodología que el análisis de los fallos además de resguar- dar la identidad de las partes, lo mismo en cuanto a los magis- trados que dictaron la resolución. PRIMER CASO: PRESUNCIÓN DE INOCENCIA “…En resumen no surge ni del relato de hechos expuestos por la Fiscal, ni de los diagnósticos médicos, algunas de las consecuencias de lesión grave contemplado en el artículo 112 del Código Penal… y al no haber superado el análisis del primer escalón que corresponde a la de- terminación la tipicidad en su faz objetiva, ya no es posible avanzar en el análisis y por imperio de la ley este Juzgado absuelve de culpa y pena al procesado RBT., pues la parte acusadora no ha logrado destruir por pruebas válidas el estado de inocencia del que goza el adolescente…”. (S.D. N° 01/2010. Causa 9218/10. MP c/R.A.B.T. s/ SUP HP Le- sión Grave. Dictado por el Juzgado Penal de la Adolescencia de Ciudad del Este). Es importante entender la naturaleza jurídica de la figura. Evidentemente nos hallamos ante un derecho fundamental que 47 Acosta Insfrán, Marta Isabel. “Reflexiones sobre el debido proceso en la Justicia Penal de la Adolescencia”, en la obra colectiva “El interés superior del niño –Tomo II. Comentarios al Código de la Niñez y la Adolescencia. Publicado por la División de Investigación, Legislación y Publicaciones del Centro Internacional de Estudios Judiciales. Año 2010
48. El Régimen Legal de las Nulidades en el Proceso Penal 49 vincula a todos los poderes públicos y que es de aplicación in- mediata, sin admitir dilaciones o postergaciones, como derecho público subjetivo que es. Manuel Ayo Fernández define a la presunción de inocencia, en los siguientes términos: “el derecho a no ser condenado sin pruebas de cul- pabilidad o sin actividad probatoria realizada con las debidas garantías que en alguna forma pueda entenderse de cargo…”.48 Por ello creemos, que atento a esta definición y a los trata- dos internacionales, «la presunción de inocencia» se proyecta además como un límite de la potestad legislativa y, a su vez, co- mo criterio de interpretación de las normas vigentes, se presenta la doble vertiente: I. En el ámbito procesal, donde necesariamente implica una regla de tratamiento, a) que toda condena necesa- riamente deberá ir precedida de una actividad probato- ria, b) las pruebas que motiven la condena deberán ser constitucionalmente legítimas y c) la carga de la prueba corresponderá siempre a los acusadores. II. En las situaciones extraprocesales, el derecho consistiría en recibir la consideración y el trato de no autor o partí- cipe de los hechos delictivos o análogos a estos, disposi- ción que tiene además una norma expresa en el artículo 22 Constitución Nacional. 48 Ayo Fernández, Manuel. Jurisprudencia constitucional—penal del artículo 24 de la CE”, pág. 95 y ss.
49. Juan Marcelino González Garcete César Daniel Ortega G. 50 SEGUNDO CASO: FALTA DE FUNDAMENTACIÓN – DERECHO A LA DEFENSA “…En fin el cúmulo de elementos probatorios, demuestran que el adolescente B.A.M.N., ha cometido el hecho punible juz- gado…Según los informes psicológicos se desprende que el me- nor se encuentra en el tiempo espacial bien ubicado…tiene cono- cimiento de sus actos…además la estrategia de descargo no se basó en la irreprochabilidad del hecho…”. “…El fiscal ha solici- tado la pena privativa de ocho años…la defensa solicito la abso- lución…y en caso de condena…sea aplicada la medida socioedu- cativa…conforme al principio de subsidiariedad de medida pri- vativa de libertad…”. “…que dados los fundamentos de las par- tes en sus alegatos finales corresponde al tribunal subsumir la conducta desplegada por el menor, y dar una calificación fi- nal…por lo que se establece en el Art. 65 del CP que trata de la medición de la penal…el adolescente disparó…no quedó auxi- liar…hizo uso de un arma…teniendo en cuenta el marco pe- nal…el acusado es extremadamente joven…con posibilidad de reinsertarse en la sociedad…debe ser condenado a cuatro años de medida privativa de libertad”. (S.D. N° 123 MP C/ B.A.M.N. S/ HOMICIDIO. Tribunal de Sentencia de Ciudad del Este) Sin embargo, es dable señalar que en el presente caso, va- rios fueron los principios violados, pero se destaca por ser total- mente infundada para establecer porque consideró probada la conducta acusada, pues luego de hacer un relato de los medios probatorios desarrollados, los alegatos de las partes, no explica porque llegó a la certeza de la autoría, la defensa ha alegado una situación de disparo accidental y la acusación un disparo inten- cional. Además aplica directamente la pena privativa de libertad, y no explica por qué, y en cuanto a la medición de la pena utiliza los mismos elementos del hecho punible, utilizar arma por ejem- plo, totalmente violatorio del debido proceso.
50. El Régimen Legal de las Nulidades en el Proceso Penal 51 TERCER CASO: DERECHO A LA DEFENSA. NULIDAD DEL MEDIO PROBATORIO POR ILEGALIDAD “…al haber sometido al adolescente la directora de la CO- DENI a un interrogatorio en sede policial, donde supuestamente aquel confiesa haber realizado el hecho punible por el cual fue imputado…esta actuación es ilegal…además justamente la Direc- tora de la CODENI, quien ha permitido y ocasionado el acto ata- cado de nulidad…Se configura la conculcación del debido proce- so, basado en disposiciones contempladas en: art. 17 inc. 9 de la Constitución Nacional, y el artículo 12 inc. 2° de la CIN (derecho de ser escuchado conforme con las normas de procedimiento), 427 inc. 3° Código Procesal Penal (prohibición de interrogatorio sobre su participación en el hecho punible investigado por polic- ías)…”. (A.I. N° 77/2009. CAUSA N° 195/08 MP C/ R.S. S/ SUP HP DE HURTO AGRAVADO. JUZGADO DE CIUDAD DEL ESTE) CUARTO CASO: DERECHO A DEFENSA. DERECHO A SER ÓIDO ANTES DE LA ACUSACIÓN “…el acusado no fue oído antes de la presentación de la acusación…el Juzgado le ha hecho saber a la representante del Ministerio Público la insuficiente información acerca del domici- lio…en el acta de imputación no era claro el dato…se ha intima- do a la representante fiscal a que proporcione dicho actos…que debe considerar como una línea de su investigación…la correcta identificación…la fiscalía presenta la acusación aún en conoci- miento de que el imputado no fue ubicado para ser oído y decla- ración indagatoria…independiente a la responsabilidad del ujier…juzgado o fiscalía, lo cierto y concreto es que fue presenta- da una acusación sin darle la oportunidad al procesado de ser oído, esto viola el derecho a la defensa, contemplado en el artícu- lo 12 de la CIN…además no fueron realizados los exámenes per- tinentes…En este proceso las garantías tienen una fundamental
51. Juan Marcelino González Garcete César Daniel Ortega G. 52 importancia conforme al principio de interés superior, y el Fiscal como garante de derechos constitucionales debe actuar con crite- rio objetivo…por lo que mal puede presentar acusación, sin con- siderar elementos de descargo, aun cuando más no sea para des- estimarlos fundamentalmente y máxime aún en el contexto de un proceso penal adolescente donde debe existir un plus de garant- áis que hacen al debido proceso…”. CAUSA N° 8434/09 MP C/ J.C.A. S/ SUP HP ROBO”. JUZGADO DE CIUDAD DEL ESTE. Conforme se aprecia con el fallo trascripto, el A-quo dispu- so la nulidad del escrito de acusación que fue presentado sin que el adolescente preste declaración indagatoria o tenga oportuni- dad para ello, la fiscalía se opuso alegando que era deber del Juzgado convocarlo, sin embargo el dato que ha proporcionado en la imputación en cuanto a la dirección no era clara y se le in- timó a que presentara dicho dato, pero la fiscalía se guardó a silencio y el día fijado para la acusación presenta escrito acusato- rio. Se ha concedido el sobreseimiento definitivo solicitado por la defensa pública, al no ser posible llevar adelante un proceso en contra de ausentes, y existir el presupuesto de incertidumbre insuperable, conforme al artículo 359 inc. 2° del Código Procesal Penal. QUINTO CASO: EXCLUSIÓN PROBATORIA DE FOTO- GRAFÍAS QUE ATENTAN CONTRA PROTEC- CIÓN A LA INTIMIDAD. PRUEBA ILEGAL. DE- FENSA. “…corresponde la exclusión probatoria solicitada por la de- fensa de las placas fotográficas al comprobar que la víctima y denunciante fue la que proporcionó dichas fotografías a la fiscal- ía…los funcionarios policiales no tenía la facultad de proporcio- nar fotos que se encuentran en sus archivos a terceras personas, posibilitando con ella la exhibición ante los medios de prensa de dichas fotografías en prohibición a lo señalado en el artículo 29
52. El Régimen Legal de las Nulidades en el Proceso Penal 53 del CNA…pues la víctima refirió haber obtenido del Departa- mento de Investigación de Delitos dicha copia de la fotografía siendo esto irregular pues conforme al artículo 27 del CNA, tanto las autoridades judiciales como administrativas deben guardar la debida reserva sobre los casos en que intervengan…además jus- tamente la foto que aparece en dicha foja es la que fue exhibida por los medios de prensa, en consecuencia amén de decretar la exclusión probatoria de dicha placa fotográfica…corresponderá elevar un informe a la Jefatura de la Policía Departamental para la investigación administrativa correspondiente, así como una comunicación a la Mesa de Entrada del Ministerio Público, de- nunciando el hecho, para la investigación que pertinente fue- re…”. CAUSA N° 4075/09 MP C/ F.S.I. S/ SUP HP ROBO AGRAVADO. Luego del análisis de la jurisprudencia en el fuero especia- lizado de la niñez y la adolescencia, con relación al debido proce- so, seguidamente analizaremos los fallos en el fuero penal ordi- nario. PRIMER CASO: VIOLACIÓN DEL DEBIDO PROCESO “…todos estos extremos, amén de las desprolijidades e in- congruencias presentadas en las diligencias preliminares, la im- putación propiamente, la ausencia de una resolución sobre la rectificación sobre los datos correctos de la persona imputada, y las documentales analizadas precedentemente hacen fehaciente- mente que el acusado y la víctima eran Indígenas miembro de la etnia Pai Tavyterá y de la Comunidad Indígena Totora, a ese res- pecto el procedimiento para los hechos punibles relacionados con Pueblos Indígenas se encuentra legislado dentro de los procedi- mientos especiales del Código Procesal Penal, que en su artículo 432, exige que cuando tanto el imputado como la víctima sean miembros residentes de una Comunidad Indígena debe aplicarse la normativa establecida en el Título VI, en todas las etapas del
53. Juan Marcelino González Garcete César Daniel Ortega G. 54 procedimiento, surgiendo del expediente judicial que dicha cir- cunstancia, es decir, la asistencia obligatoria de un Consultor Técnico especializado en cuestiones Indígenas, no se ha dado en el procedimiento ni en las distintas actuaciones, asimismo debe remarcarse que dicha normativa tiene su sustento constitucional en las previsiones del Art. 63 in fine de la Constitución Nacional, que establece claramente: “..Que en los conflictos jurisdiccionales se tendrá en cuenta el derecho consuetudinario indígena”, en este caso, al presentarse el incidente analizado antes de la realización del pre- sente juicio y al enmarcarse los fundamentos esgrimidos por la defensa pública dentro de las previsiones mencionadas, conduce a éste Tribunal de Sentencia tal circunstancia configura nulidad absoluta del procedimiento, las actuaciones y la acusación, de conformidad a lo previsto en el Art. 165 del Código Procesal Pe- nal…”. (“Ministerio Público c/ Hilario Ramón Benítez s/ Homi- cidio Doloso en Calle 9-Alfonso Cue”. A.I. N° 99 de fecha 01 de Agosto de 2012 dictado por el Tribunal de Sentencia de la Cir- cunscripción Judicial de Concepción). SEGUNDO CASO: INCUMPLIMIENTO DE NORMAS PRO- CESALES DE CARÁCTER TAXATIVO. “…Una vez determinada la competencia, debe analizarse la procedencia de la acción penal, y habiéndose presentado en el presente juicio un incidente de nulidad de actuaciones y sobre- seimiento definitivo a favor del acusado JUAN CARLOS RAMI- REZ, que requiere un tratamiento como de previo y especial pro- nunciamiento, que fuera corrido debido traslado a la represen- tante del Ministerio Público quien se opuso al incidente plantea- do por la defensa a favor del acusado; por lo que el Tribunal de Sentencia debe analizar las constancias de autos, los fundamen- tos expuestos por las partes y las pruebas ofrecidas; en ese senti- do, efectivamente en la imputación formulada por la represen- tante del Ministerio Público en fecha 17 de agosto del 2008, con-
54. El Régimen Legal de las Nulidades en el Proceso Penal 55 tra JUAN CARLOS RAMIREZ; la Nota Policial N° 14/08, de la Sub Comisaría 23, de la Colonia Paso Tuya, que da cuenta del hecho punible; el acta de levantamiento de cadáver efectuado en la Colonia Indígena Vy´a Pave; la acusación formulada por el Ministerio Público en fecha 18 de febrero del 2009; el A.I. N° 419 de fecha 19 de agosto de 2008, emanada del Juzgado Penal de Garantías de Horqueta, todas estas instrumentales dan cuenta y consignan la condición de indígenas tanto del acusado como de la víctima y vivían en la Colonia Indígena Vy´a Pave, distrito de Horqueta; de dichas instrumentales surge claramente la condi- ción indígena de ambos; circunstancia que se encuentran previs- tas en el Artículo 432 del Código Procesal Penal, por lo que el procedimiento que le debe ser aplicado es el previsto en el Libro Segundo, Título VI del Código Procesal Penal, que se refiere a “Procedimientos para Hechos Punibles relacionados con los pue- blos indígenas”; de todo el análisis precedente y todas las demás constancias obrantes en el expediente, surge a prima facie que tanto en la etapa preparatoria como en la intermedia, no se ha efectuado la investigación fiscal con la asistencia obligatoria de un consultor técnico especializado en cuestión indígena, pues, el Juez de la causa necesariamente debió escuchar el parecer de dicho perito para la imposición de medidas, así mismo tampoco se ha dado cumplimiento con las reglas especiales establecido en la normativa aludida y que debe ser aplicables en la etapa inter- media; el informe elevado al Ministerio Público por la Asesora de Derechos Étnicos de dicha dependencia, de ninguna manera puede suplir las exigencias del procedimiento especial al que hace referencia, así mismo el Acta de apertura a juicio, surge que ha sido ofrecido como Consultor Técnico especializado al Dr. Hugo Medina Huerta, nominación absolutamente extemporánea, pues, como se viene diciendo, debió ser concretado en las etapas preparatoria e intermedia, por lo que tampoco dicha nominación puede suplir la obligación de contar con dicho perito consultor,
55. Juan Marcelino González Garcete César Daniel Ortega G. 56 como bien lo requieren los artículos 433 y 434 del Código Proce- sal Penal, que establecen la imperiosa asistencia del consultor técnico en todas las etapas del procedimiento penal, surgiendo del expediente judicial que dicha circunstancia, es decir, la asis- tencia obligatoria del Consultor Técnico especializado en cues- tiones Indígenas, no se ha dado en el procedimiento en todas las actuaciones, asimismo debe remarcarse que dicha normativa tie- ne su sustento constitucional en las previsiones del Art. 63 in fine de la Constitución Nacional; en este caso, al presentarse el inci- dente analizado antes de la realización del presente juicio y al enmarcarse los fundamentos esgrimidos por la defensa dentro de las previsiones mencionadas, conduce a éste Tribunal de Senten- cia tal circunstancia configura nulidad absoluta del procedimien- to, las actuaciones y la acusación, de conformidad a lo previsto en el artículo 165 del Código Procesal Penal…”. (Ministerio Público c/ Juan Carlos Ramírez s/ Homicidio Doloso en la Colo- nia Indígena Vy´a Pave- Horqueta- A.I. N° 10 de fecha 23 de fe- brero del 2010 dictado por el Tribunal de Sentencia de la Cir- cunscripción Judicial de Concepción) TERCER CASO: ERRÓNEA APLICACIÓN DEL DERECHO “…En esa inteligencia es dable advertir que el fallo impug- nado incurre en error de derecho (in iure) que lo conduce a inob- servar e inaplicar acertadamente las normas que la ley especial N° 1680/01 “Código de la niñez y la adolescencia”, al fundamen- tar su determinación en las disposiciones del Código Procesal Penal (arts. 242 y 244), al sostener que “el marco penal en la pre- sente causa se puede extender hasta 15 años de pena privativa de libertad por lo que según la expectativa de pena, lo convierte en grave, y el peligro de fuga, persiste, así como lo establece la Ley N° 2493/04 que modifica el artículo 245 de la Ley N° 1286/98)….En las condiciones señaladas no cabe otra que anular la resolución por estar fundada exclusivamente en las disposicio-
Denuncia de José Luis Simón G. - Paraguay
Responsabilidad penal para adolescentes infractores
SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES INFRACTORES