Source: http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=20016163
Timestamp: 2019-07-21 06:32:06
Document Index: 311962403

Matched Legal Cases: ['artículo 474', 'artículo 474', 'artículo 241', 'artículo 474', 'artículo 474', 'Artículo 260', 'artículo 474', 'artículo 474', 'artículo 3', 'artículo 158', 'artículo 474', 'artículo 474', 'artículo 474', 'artículo 68', 'artículo 26', 'artículo 10', 'artículo 28', 'artículo 29', 'artículo 474', 'Artículo 474', 'artículo 68', 'artículo 26', 'artículo 29', 'artículo 25', 'artículo 259', 'artículo 189', 'artículo 10', 'artículo 28']

C-226 de 2002
200Corte ConstitucionalCorte Constitucional20020016163CC-SENTENCIAC226200202/04/2002CC-SENTENCIA_C_226__2002_02/04/2002200161632002Sentencia C-226/02 LEY -Interpretación, derogación y modificación /CONGRESO DE LA REPUBLICA -Potestad derogatoria de legislación existente PRINCIPIO DEMOCRATICO Y SOBERANIA POPULAR -Potestad derogatoria de legislación existente NORMA PRECEDENTE -Competencia del Congreso para derogación PRINCIPIO DEMOCRATICO -Legislador actual y del mañana /LEY ACTUAL -No prohibe derogación por un parlamento posterior /LEY -Derogatoria LEY -Adaptación a las nuevas realidades históricas CONGRESO DE LA REPUBLICA -Potestad derogatoria de legislación no es absoluta /LEY -Potestad de derogación no es absoluta /PRINCIPIO DE SOBERANIA PARLAMENTARIA -Inexistencia en nuestro ordenamiento /CONGRESO DE LA REPUBLICA -Sujeción a la Constitución /LEY -Derogación sujeta a la Constitución E n el constitucionalismo colombiano, la potestad derogatoria del Congreso, que es amplia y dinámica, no es absoluta, puesto que nuestro ordenamiento no establece el principio de soberanía parlamentaria, como si lo han hecho otros países, como Inglaterra. El Legislador se encuentra entonces vinculado a la Constitución, que es norma de normas, y por consiguiente, al derogar una disposición, debe respetar los preceptos constitucionales. CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE NORMA DEROGATORIA/DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD DE NORMA DEROGATORIA/NORMA DEROGATORIA ACUSADA -Modifican el ordenamiento jurídico CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE CLAUSULA DEROGATORIA NORMA DEROGATORIA ACUSADA -Contenido propio CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE NORMA DEROGATORIA -Procedencia /SENTENCIA DE INEXEQUIBILIDAD DE NORMA DEROGATORIA -Efectos Es procedente un control constitucional de las disposiciones derogatorias, no sólo por cuanto el Congreso, al ejercer esa potestad, debe acatar los mandatos constitucionales, sino además porque la declaración de inexequibilidad de un cláusula derogatoria tiene un efecto preciso, que consiste en reincorporar al ordenamiento aquellos contenidos normativos que habían sido derogados. Esta Corporación, en reiterada jurisprudencia y en armonía con una sólida tradición del derecho público colombiano, ha indicado que en principio la declaratoria de inexequibilidad de una norma, que había derogado o subrogado otras disposiciones, tiene como efecto revivir los artículos que habían perdido vigencia, como consecuencia de la cláusula derogatoria. NORMA DEROGATORIA ACUSADA -Integral de estatuto anterior /NORMA DEROGATORIA GENERICA NORMA DEROGATORIA GENERAL -Especificación BIGAMIA Y MATRIMONIO ILEGAL -Derogación CLAUSULA GENERAL DE COMPETENCIA LEGISLATIVA -Alcance La Corte ha sido enfática en reconocer el amplio margen con el que cuenta el legislador para el desarrollo de las políticas públicas en las diferentes materias sometidas a su regulación mediante leyes de la república. El ejercicio de dicha facultad genérica, tiene fundamento en la denominada cláusula general de competencia según la cual corresponde al órgano legislativo "hacer las leyes", lo que a su vez comporta la posibilidad de interpretarlas, modificarlas y derogarlas. CLAUSULA GENERAL DE COMPETENCIA LEGISLATIVA EN POLITICA CRIMINAL DEL ESTADO/CLAUSULA GENERAL DE COMPETENCIA LEGISLATIVA EN CONDUCTA PUNIBLE LEY PENAL -Representación popular en elaboración /LEY PENAL -Elaboración democrática POLITICA CRIMINAL DEL ESTADO -Adopción de estrategias por legislador sujeta a Constitución /POLITICA CRIMINAL Y DERECHO PENAL -Desarrollo legislativo CLAUSULA GENERAL DE COMPETENCIA LEGISLATIVA EN MATERIA PENAL/PRINCIPIO DE REPRESENTACION POPULAR EN POLITICA CRIMINAL -Definición PRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL -Alcance PRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL -Descripciones legales claras TIPO PENAL -Descripción legal clara NORMA PENAL -Definición clara de hecho punible o sanción /NORMA PENAL -Inconstitucionalidad por no definición clara de hecho punible y sanción NORMA PENAL -Inconstitucionalidad por no precisar con suficiente rigor penas impuestas PRINCIPIO DE IGUALDAD EN PENA LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN DERECHO PENAL -Sujeción a la Constitución /LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN DERECHO PENAL -Control de límites El Legislador tiene un amplio margen de apreciación y una libertad de configuración para determinar el contenido concreto del derecho penal, en desarrollo de la política criminal del Estado, pero también que dichas decisiones legislativas deben sujetarse a los principios establecidos por la Constitución. Esto explica por qué el control que el juez constitucional ejerce sobre esas definiciones legislativas es un control de límites, a fin de que el Legislador permanezca en la órbita de discrecionalidad que la Carta le reconoce, esto es, que no incurra en desbordamientos punitivos, pero que tampoco desproteja aquellos bienes jurídicos que por su extraordinario valor, la Constitución excepcionalmente haya ordenado una obligatoria protección penal. NORMA PENAL DEROGATORIA -Descriminalización de comportamientos LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN TIPO PENAL -Retiro por razones de conveniencia o necesidad JUICIO DE PROPORCIONALIDAD SOBRE LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN MATERIA PUNITIVA LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN MATERIA PUNITIVA -Diversas penas a distintos hechos punibles JUICIO DE PROPORCIONALIDAD EN MATERIA PUNITIVA -Desarrollos legales que incurren en excesos LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN MATERIA PUNITIVA -Desproporcionalidad e irrazonabilidad LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN MATERIA PUNITIVA -Determinación de comportamientos punibles RESPONSABILIDAD PENAL OBJETIVA -Proscripción /DERECHO PENAL DEL ACTO -No de autor DERECHO PENAL DEL ACTO -Alcance LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN MATERIA PUNITIVA -Margen de acción /LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN MATERIA PUNITIVA -Prescindencia de criminalización CONSTITUCION POLITICA -Deberes de sanción FAMILIA -Protección constitucional especial FAMILIA MATRIMONIAL -No implica criminalización de comportamientos que la afecten /FAMILIA MATRIMONIAL -Formas de protección como las sanciones civiles La Carta en ninguna parte establece que la protección a la familia matrimonial deba obligatoriamente pasar por la criminalización de los comportamientos que la afecten. Bien puede la ley recurrir a otras formas de protección de esa modalidad de familia matrimonial, como pueden ser las sanciones civiles, consistentes en la declaratoria de nulidad de ciertos matrimonios, que no reúnan los requisitos legales. En tales circunstancias, no teniendo el Legislador la obligación imperativa de criminalizar esos comportamientos, bien podía el Congreso, al expedir el nuevo estatuto penal, despenalizar esas conductas, sin violar por ello la Constitución. BIGAMIA Y MATRIMONIO ILEGAL -Despenalización de conductas Referencia: expediente D-3695
Carlos Humberto Gómez A.CONSTITUCIONALIDADÁlvaro Tafur GalvisDemanda de inconstitucionalidad contra el artículo 474 de la Ley 599 de 2000, "Por la cual se expide el Código Penal."D3695Identificadores20020016164true29666Versión original20016164Identificadores
Norma demandada: Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 474 de la Ley 599 de 2000, "Por la cual se expide el Código Penal."
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, prevista en el artículo 241 numeral 4º, el ciudadano Carlos Humberto Gómez Arámbula demanda el artículo 474 de la Ley 599 de 2000, "por el cual se expide el Código Penal", por derogar los artículos 260 y 261 del antiguo Código Penal (Decreto 100 de 1980).
El proceso fue repartido inicialmente al Magistrado Eduardo Montealegre Lynett, quien presentó a consideración de la Sala Plena de esta Corporación proyecto de fallo en el que propuso "Declarar EXEQUIBLE el artículo 474 de la Ley 599 de 2000, pero únicamente en cuanto derogó los artículos 260 y 261 del Decreto 100 de 1980", lo cual fue aprobado por unanimidad; no obstante la Sala Plena, por mayoría, acordó que se suprimieran algunos de los considerandos y por ello se encomendó esa labor al nuevo ponente. En esas condiciones y en la medida en que las modificaciones efectuadas para acomodar la ponencia a lo acordado en Sala Plena consistieron, básicamente, en la supresión de los argumentos expuestos en el capítulo del proyecto original que hacía referencia, de manera abstracta, a los límites máximos y mínimos del poder punitivo del Estado, es preciso advertir que la presente sentencia conserva la totalidad de los antecedentes, así como el resto de la parte motiva del proyecto original para sustentar la constitucionalidad de la norma acusada.
ARTICULO 474. DEROGATORIA. Deróganse el Decreto 100 de 1980 y demás normas que lo modifican y complementan, en lo que tiene que ver con la consagración de prohibiciones y mandatos penales."
Artículo 260. Bigamia. El que ligado por matrimonio válido contraiga otro, o el que siendo libre contraiga matrimonio con persona válidamente casada, incurrirá en prisión de uno (1) a cuatro (4) años.
El ciudadano Carlos Fradique Méndez interviene en representación de la Academia Colombiana de Jurisprudencia. Según su concepto, la Corte debe declarar exequible el artículo 474 de la Ley 599 de 2000.
El Procurador General de la Nación, Edgardo Maya Villazón, mediante concepto No. 2697, recibido el 24 de Octubre de 2001, se opone a los cargos formulados en contra del artículo 474 de la Ley 599 de 2000.
La Constitución confiere al Congreso la posibilidad de interpretar, derogar y modificar la legislación existente (CP art. 150 ord 1º). No hay pues duda de esa amplia facultad que ha sido reconocida por esta Corte en innumerables sentencias[1]. Es más, esta Corporación ha resaltado que esa potestad derogatoria del Congreso no es una facultad menor del cuerpo legislativo sino que es consustancial a su existencia misma, en la medida en que es una expresión necesaria del principio democrático y de la soberanía popular, que son valores fundantes del Estado colombiano (CP arts 1º y 3º). Y es que sólo en virtud de su posibilidad de expulsar del ordenamiento, por razones de conveniencia, la legislación existente, pueden las mayorías actuales, representadas en el Congreso, autogobernarse. Por ello, dijo al respecto esta Corte:
"La competencia del Congreso para derogar las normas precedentes encuentra sustento no sólo en el hecho de que expresamente la Carta le confiere esa posibilidad a las cámaras (CP art. 150 ord. 1) sino en el propio principio democrático y en la soberanía popular (CP art. 1 y 3), que hacen que las potestades legislativas, siempre y cuando no violen normas superiores, deben ser consideradas inagotables. El Legislador actual no puede atar al Legislador del mañana, pues esto anularía el principio democrático, ya que unas mayorías ocasionales, en un momento histórico, podrían subordinar a las mayorías del futuro. Esto explica que en el Reino Unido, en donde se considera que el Parlamento es soberano, y por ende ese cuerpo representativo puede hacer todo, salvo cambiar un hombre en mujer, sin embargo la doctrina y la práctica judicial consideran que una ley actual no puede prohibir su derogación por un parlamento posterior, pues admitir esa posibilidad acabaría precisamente con la soberanía misma del parlamento. La derogación de las leyes encuentra entonces sustento en el principio democrático, en virtud del cual las mayorías pueden modificar y contradecir las regulaciones legales precedentes, con el fin de adaptarlas a las nuevas realidades históricas, con base en el juicio político de conveniencia que estas nuevas mayorías efectúen. En materia legislativa, debe entenderse que la última voluntad de los representantes del pueblo, manifestada por los procedimientos señalados en la Carta, prevalece sobre las voluntades democráticas encarnadas en las leyes previas"[2].
Es pues procedente un control constitucional de las disposiciones derogatorias, no sólo por cuanto el Congreso, al ejercer esa potestad, debe acatar los mandatos constitucionales, sino además porque la declaración de inexequibilidad de un cláusula derogatoria tiene un efecto preciso, que consiste en reincorporar al ordenamiento aquellos contenidos normativos que habían sido derogados. En efecto, esta Corporación, en reiterada jurisprudencia[3] y en armonía con una sólida tradición del derecho público colombiano[4], ha indicado que en principio la declaratoria de inexequibilidad de una norma, que había derogado o subrogado otras disposiciones, tiene como efecto revivir los artículos que habían perdido vigencia, como consecuencia de la cláusula derogatoria. En desarrollo de esa doctrina, esta Corte no sólo ha analizado si determinadas disposiciones derogatorias desconocían o no el principio de unidad de materia, sino que incluso ha declarado la inexequibilidad de algunas de ellas. Por ejemplo, la sentencia C-659 de 2000, MP Fabio Morón Díaz, declaró la inconstitucionalidad parcial del artículo 3º de la ley 54 de 1983, por violar el artículo 158 de la Carta sobre unidad de materia, ya que concluyó que no existía ninguna relación directa, causal o conexa, entre las normas derogadas, y la materia general de la ley 54 de 1983[5].
La disposición atacada (el artículo 474 de la Ley 599 de 2000) no deroga específicamente los tipos penales de bigamia y matrimonio ilegal sino que deroga en su integridad el anterior estatuto punitivo (Decreto 100 de 1980), y todas las demás normas, que lo hubieren modificado y complementado, "en lo que tiene que ver con la consagración de prohibiciones y mandatos penales." Es pues claro que incluso si el cargo del actor fuera acertado, su acusación no podría tener como efecto la declaratoria de inexequibilidad del artículo 474 de la Ley 599 de 2000. Sin embargo, de esa constatación no se sigue que la demanda haya sido inepta. En efecto, en caso que se afirmara que el actor no debía haber atacado el artículo 474 de la Ley 599 de 2000, por ser ésta una disposición derogatoria genérica, una obvia pregunta surge: ¿cuál hubiera sido entonces el otro artículo o inciso que el actor hubiera debido demandar si su voluntad era impugnar la derogación de esos dos tipos penales Y no parece existir ninguna respuesta clara a esa pregunta, por la sencilla razón de que la expulsión del ordenamiento de los delitos de bigamia y matrimonio ilegal proviene de dos hechos normativos relacionados: de un lado, la derogación integral del anterior estatuto punitivo, que contenía esos tipos penales, y que es realizada por el artículo demandado; y de otro lado, la no previsión de esos delitos en el nuevo Código Penal. En tales circunstancias, si el ciudadano quería atacar la derogación de esos tipos penales, al parecer podría tener dos vías: de un lado, demandar una suerte de omisión legislativa, en la medida en que el capítulo pertinente del nuevo estatuto punitivo no previó esos tipos penales. O, de otro lado, atacar la cláusula derogatoria general, pero especificando, como efectivamente lo hizo, que su cargo se dirige únicamente contra la derogación de dos tipos penales particulares. En sentido estricto, esta segunda vía es procesalmente la adecuada, por cuanto el actor no está impugnando que el ordenamiento nunca haya previsto la criminalización de esos comportamientos, sino que su demanda cuestiona que en el pasado la ley hubiera previsto esos delitos, y que el nuevo Código Penal los hubiera derogado. Por ello, es acertado que su ataque se dirija contra la cláusula de derogación del anterior estatuto penal, como efectivamente lo hizo el actor.
Así las cosas, es preciso advertir que para la definición de la política criminal del Estado y, en particular, en materia penal para la configuración de las conductas punibles[6], el órgano legislativo tiene una competencia amplia y exclusiva que encuentra claro respaldo en el principio democrático y en la soberanía popular (C.P. arts. 1º y 3º), razón por la cual, corresponde a las mayorías políticas, representadas en el Congreso, determinar, dentro de los marcos de la Constitución Política, la orientación del Estado en estas materias. Sobre el punto la Corte ha expresado:
"La finalidad de esta representación popular en la elaboración de las leyes penales deriva no sólo del respeto de la separación de poderes, y de los controles que ésta supone para la protección de la libertad individual, sino que también debe permitir un proceso público de debate y aprendizaje en la concepción y ejecución de las políticas criminales, es decir una elaboración más democrática de la ley penal. Esta discusión pública debe permitir que la respuesta penal no sea un recurso contingente que el poder político utiliza a discreción, sin debate, para hacer frente a las dificultades del momento. La respuesta penal debe ser proporcional a la conducta objeto de la sanción, debe ser idónea, operar únicamente cuando no hay otras alternativas, y no debe ser criminógena, es decir, causar más problemas de los que resuelve. Esto sólo es posible si la definición de las políticas criminales se hace a través de una amplia discusión democrática, y no mediante una inflación de normas penales promulgadas apresuradamente. Como vemos, el respeto riguroso del principio de legalidad opera no sólo como un mecanismo de protección de las libertades fundamentales, sino que también obliga a la discusión colectiva y democrática de las políticas criminales a fin de evitar la intervención penal inútil y perjudicial. El principio de legalidad es expresión no sólo del Estado de derecho, sino también de las exigencias del Estado democrático, pues gracias a su riguroso respeto pueden llegar a estar representados los intereses de todos los miembros de la comunidad en la elaboración de la política criminal.[7]"
Esta circunstancia, permite que el legislador adopte distintas estrategias de política criminal, incluso contradictorias entre sí, siempre que la alternativa política aprobada, además de ser legítima en cuanto a la forma en que se configura, respete los valores, preceptos y principios constitucionales. Así las cosas, es evidente que la política criminal y el derecho penal no se encuentran definidos en el texto constitucional sino que corresponde al legislador desarrollarlos y, en el ejercicio de su atribución,"no puede desbordar la Constitución y está subordinado a ella porque la Carta es norma de normas (CP art. 4). Pero, en función del pluralismo y la participación democrática, el Legislador puede tomar diversas opciones dentro del marco de la Carta. Esto es lo que la doctrina constitucional comparada ha denominado la libertad de formación democrática de la voluntad o la libertad de configuración política del Legislador.[8]"
Entre los postulados que enmarcan la función legislativa en materia penal, es preciso destacar que, el principio de legalidad (CP art. 29), constituye una expresión del principio democrático, pues implica que la definición de cuáles comportamientos son delictivos debe ser hecha por los representantes del pueblo. Por ello, tal y como lo ha señalado la doctrina y lo ha reconocido esta Corte[9], el principio de legalidad se encuentra vinculado a otro principio, que es la "representación popular en la definición de las políticas criminales", en virtud de la cual "sólo los órganos de representación popular y origen democrático pueden definir conductas delictivas"[10].
Así mismo, el principio constitucional en comento, establece que la ley debe establecer previamente los hechos punibles (principio de legalidad en sentido lato o de reserva legal), lo cual implica que las conductas punibles y las penas deben estar "inequívocamente definidas por la ley, de suerte, que la labor del juez penal se limite a verificar si una conducta concreta se adecua a la descripción abstracta realizada por la ley" ya que "sólo de esa manera el principio de legalidad cumple verdaderamente su función garantista y democrática, pues sólo así protege la libertad de las personas y asegura la igualdad ante el poder punitivo estatal"[11]. En efecto, es claro que sólo si las descripciones legales son claras, pueden los ciudadanos comprender con antelación cuáles son los comportamientos prohibidos. De esta manera, pues, se garantiza la protección de la seguridad jurídica y de los derechos individuales en la medida en que se proscribe la existencia de tipos penales ambiguos o de aplicación retroactiva.
Con base en esta garantía, la Corte ha declarado la inconstitucionalidad de normas penales que no definían claramente el hecho punible o la sanción a ser impuesta. Por ejemplo, la sentencia C-559 de 1999 retiró del ordenamiento los incisos primero y quinto del artículo 68 de la Ley 488 de 1998, pues la descripción de los hechos punibles contenidos en esas disposiciones era tan antitécnica y ambigua, que resultaba imposible determinar con claridad cuál era el comportamiento sancionado. Por su parte, la sentencia C-843 de 1999 declaró la inconstitucionalidad del artículo 26 de la ley 491 de 1999, pues esa disposición no precisaba con suficiente rigor las penas que podrían ser impuestas, en ciertos casos de delitos cometidos por personas jurídicas. De igual forma, la potestad del legislador en cuanto a las penas atribuidas a los distintos comportamientos punibles, debe estar "de acuerdo con la valoración que haga de las diferentes conductas en el marco de la política criminal"[12], así como debe respetar el principio de igualdad (CP art. 13), y por ello no puede consagrar penas distintas para comportamientos que son de la misma naturaleza y gravedad, únicamente con base en ciertos rasgos irrelevantes de los sujetos activos del delito[13].
El ámbito de control en esta sede, se reduce entonces a realizar un juicio de proporcionalidad respecto del ejercicio de la potestad de configuración del Legislador en materia punitiva. Sobre el punto, la jurisprudencia constitucional ha deducido el principio de proporcionalidad o "prohibición de exceso'", de los artículos 1º (Estado social de derecho, principio de dignidad humana), 2º (principio de efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución), 5º (reconocimiento de los derechos inalienables de la persona), 6º (responsabilidad por extralimitación de las funciones públicas), 11 (prohibición de la pena de muerte), 12 (prohibición de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes), 13 (principio de igualdad) y 214 de la Constitución (proporcionalidad de las medidas excepcionales). La Corte ha concluido entonces que "sólo el uso proporcionado del poder punitivo del Estado, esto es acorde con el marco de derechos y libertades constitucionales, garantiza la vigencia de un orden social justo, fundado en la dignidad y la solidaridad humanas"[14]. Igualmente la Corte ha reiterado que el Legislador goza de discrecionalidad para establecer penas diversas a distintos hechos punibles, pero siempre y cuando "se fundamenten en criterios de razonabilidad y proporcionalidad que atiendan una valoración objetiva de elementos tales como, la mayor o menor gravedad de la conducta ilícita, la mayor o menor repercusión que la afectación del bien jurídico lesionado tenga en el interés general y en el orden social, así como el grado de culpabilidad, entre otros"[15].
Con fundamento en este principio de proporcionalidad, la Corte ha concluido que algunos desarrollos legales eran inconstitucionales, por cuanto incurrían en excesos punitivos. Por ejemplo, la sentencia C-364 de 1996, MP Carlos Gaviria Díaz, declaró la inconstitucionalidad del artículo 10 de la Ley 228 de 1995, que convirtió en contravención el hurto calificado, cuando el valor de lo apropiado fuera inferior a diez salarios mínimos legales mensuales, quedando clasificado como delito el mismo hecho cuando el valor de lo apropiado hubiera sido igual o superior a esa suma. La Corte consideró que esa definición legislativa era desproporcionada e irrazonable, por cuanto asignaba a la contravención un tratamiento punitivo más riguroso que al delito. Según la mencionada sentencia, si el legislador "consideraba que la conducta de hurto calificado, cuando el valor de lo apropiado es inferior a diez salarios mínimos legales mensuales, es un hecho de menor transcendencia sociojurídica, y lo calificó como contravención, debió ser consecuente con su valoración y, por tanto, debió otorgarle un trato punitivo menos gravoso que el fijado para el delito". Por su parte, la sentencia C-746 de 1998. MP Antonio Barrera Carbonell, declaró la inexequibilidad parcial de los incisos primero y tercero del artículo 28 de la ley 228 de 1995, pues consideró que esos apartes eran desproporcionados, al consagrar un trato más severo a las personas que cometieran la contravención especial de hurto simple agravado, en relación con las personas son vinculadas a un proceso penal por el delito de hurto simple agravado, pues "mientras a las primeras no se les permite la extinción de la acción penal por la reparación integral del daño causado a la víctima, sino simplemente la disminución de la pena, a las segundas si se les admite que puedan acudir al referido mecanismo procesal".
"Mediante el principio de proporcionalidad se introducen las categorías de la antijuridicidad y la culpabilidad en el derecho constitucional. La responsabilidad de los particulares por infracción de la Constitución o de las leyes (CP art. 6), requiere de un daño efectivo a los bienes jurídicos protegidos y no meramente una intención que se juzga lesiva. Esto se desprende de la razón de ser de las propias autoridades, a saber, la de proteger a las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades (CP art. 2). Sólo la protección de bienes jurídicos realmente amenazados justifica la restricción de otros derechos y libertades, cuya protección igualmente ordena la Constitución.[16]"
Por último, la Corte resalta que, como consecuencia del reconocimiento de la dignidad humana (CP art 1º), la Carta proscribe la responsabilidad penal objetiva, y prevé un derecho penal de acto y no de autor. En efecto, con claridad el artículo 29 superior establece que no puede haber delito sin conducta, al establecer que "nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes alacto que se le imputa" (subrayas no originales). Esta Corporación ha precisado la importancia de esta opción constitucional por un derecho penal de acto, en los siguientes términos:
Pero, además, un derecho penal del acto supone la adscripción de la conducta al autor, en cuanto precisa, además de la existencia material de un resultado, la voluntad del sujeto dirigida a la observancia específica de la misma. En otros términos, el derecho penal del acto supone la adopción del principio de culpabilidad, que se fundamenta en la voluntad del individuo que controla y domina el comportamiento externo que se le imputa, en virtud de lo cualsólo puede llamarse acto al hecho voluntario.
Por todo lo anterior, la Corte reitera los criterios expuestos en la sentencia C-659 de 1997, MP José Gregorio Hernández Galindo, que declaró la constitucionalidad de esos tipos penales. En esa ocasión, la Corte concluyó que el Congreso podía, en ejercicio de su discrecionalidad y potestad de configuración, criminalizar esas conductas, pero así mismo "bien podría el legislador no haber penalizado los enunciados comportamientos, optando por señalar a ellos sanciones puramente civiles".
DeclararEXEQUIBLE el artículo 474 de la Ley 599 de 2000, pero únicamente en cuanto derogó los artículos 260 y 261 del Decreto 100 de 1980.
Exequible Artículo 474 LEY_599_2000_24/07/2000
2- La supresión de esos apartes es desafortunada, pues puede sugerir que la libertad del Congreso para establecer delitos y señalar las correspondientes penas es muy amplia. Pero ello no es así; aunque el Congreso goza de una cierta libertad para desarrollar la política criminal, sin embargo ésta se encuentra limitada por la siguiente razón: el derecho penal es uno de los campos jurídicos más constitucionalizados, tal y como esta Corporación lo ha resaltado en numerosas oportunidades[17]. Y eso es así, porque tanto desde el punto de vista sustantivo como procedimental, la norma superior establece valores, principios y derechos, que tienen una incidencia decisiva en la configuración del derecho penal. Por consiguiente, el Legislador "no tiene una discrecionalidad absoluta para definir los tipos delictivos y los procedimientos penales, ya que debe respetar los derechos constitucionales de las personas, que aparecen así como el fundamento y límite del poder punitivo del Estado. Fundamento, porque el ius punendi debe estar orientado a hacer efectivos esos derechos y valores constitucionales. Y límite, porque la política criminal del Estado no puede desconocer los derechos y la dignidad de las personas"[18].
6- Algunas limitaciones son de contenido formal, pero no por ello dejan de ser trascendentales. Así, la Carta establece el principio de estricta legalidad en materia punitiva, en virtud del cual no sólo la ley debe establecer previamente los hechos punibles (principio de legalidad en sentido lato o de reserva legal), sino que además las conductas punibles y las penas deben estar "inequívocamente definidas por la ley, de suerte, que la labor del juez penal se limite a verificar si una conducta concreta se adecua a la descripción abstracta realizada por la ley" ya que "sólo de esa manera el principio de legalidad cumple verdaderamente su función garantista y democrática, pues sólo así protege la libertad de las personas y asegura la igualdad ante el poder punitivo estatal"[19]. En efecto, es claro que sólo si las descripciones legales son claras, pueden los ciudadanos comprender con antelación cuáles son los comportamientos prohibidos, y la labor de los jueces no es caprichosa, pues deben determinar si la conducta específica de la persona se adecua o no a los hechos punibles que se le imputan. Por ello, en desarrollo de este principio de estricta legalidad, la Corte ha declarado la inconstitucionalidad de normas penales que no definían claramente el hecho punible o la sanción a ser impuesta. Por ejemplo, la sentencia C-559 de 1999 retiró del ordenamiento los incisos primero y quinto del artículo 68 de la Ley 488 de 1998, pues la descripción de los hechos punibles contenidos en esas disposiciones era tan antitécnica y ambigua que, resultaba imposible determinar con claridad cuál era el comportamiento sancionado. Por su parte, la sentencia C-843 de 1999 declaró la inconstitucionalidad del artículo 26 de la Ley 491 de 1999, pues esa disposición no precisaba con suficiente rigor las penas que podrían ser impuestas, en ciertos casos de delitos cometidos por personas jurídicas.
"Mediante el principio de proporcionalidad se introducen las categorías de la antijuridicidad y la culpabilidad en el derecho constitucional. La responsabilidad de los particulares por infracción de la Constitución o de las leyes (CP art. 6), requiere de un daño efectivo a los bienes jurídicos protegidos y no meramente una intención que se juzga lesiva. Esto se desprende de la razón de ser de las propias autoridades, a saber, la de proteger a las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades (CP art. 2). Sólo la protección de bienes jurídicos realmente amenazados justifica la restricción de otros derechos y libertades, cuya protección igualmente ordena la Constitución.[20]"
1) En primer lugar, la ley penal no puede interferir en conductas que son expresión de la propia autonomía de las personas. En efecto, si el Estado reconoce la autonomía y la libertad, resulta contradictorio admitir que ese mismo Estado pueda penalizar comportamientos que, sin afectar derechos de terceros, son expresión de esa autonomía personal. Por ello, la sentencia C-221 de 1994, MP Carlos Gaviria Díaz, concluyó que el reconocimiento de "la persona como autónoma tiene sus consecuencias inevitables e inexorables, y la primera y más importante de todas consiste en que los asuntos que sólo a la persona atañen, sólo por ella deben ser decididos. Decidir por ella es arrebatarle brutalmente su condición ética, reducirla a la condición de objeto, cosificarla, convertirla en medio para los fines que por fuera de ella se eligen". La teoría de las acciones a propio riesgo, en la cual no es posible imputar un hecho a quien facilita o permite que otra persona ponga en peligro sus propios bienes jurídicos, quebrantando sus deberes de autoprotección, es un desarrollo del principio de autonomía.
12- Por último, pero no por ello menos importante, consideramos que, como consecuencia del reconocimiento de la dignidad humana (CP art 1º), la Carta proscribe la responsabilidad penal objetiva, y prevé un derecho penal de acto y no de autor. En efecto, con claridad el artículo 29 superior establece que no puede haber delito sin conducta, al establecer que "nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes alacto que se le imputa" (subrayas no originales). Esta Corporación ha precisado la importancia de esta opción constitucional por un derecho penal de acto, en los siguientes términos:
13- Es claro que el Legislador tiene una cierta discrecionalidad para determinar las penas atribuidas a los distintos comportamientos punibles, "de acuerdo con la valoración que haga de las diferentes conductas en el marco de la política criminal"[21]. Sin embargo, al definir la punibilidad, la ley debe respetar el principio de igualdad (CP art. 13), y por ello no puede consagrar penas distintas para comportamientos que son de la misma naturaleza y gravedad, únicamente con base en ciertos rasgos irrelevantes de los sujetos activos del delito[22]. El principio de igualdad, como límite al poder punitivo del Estado y a la libertad de configuración del Legislador, ha llevado entonces a la Corte a declarar la inexequibilidad de ciertas diferenciaciones punitivas injustificadas. Así, la sentencia C-287 de 1997, M.P. Carlos Gaviria, declaró la inconstitucionalidad del artículo 25 de la Ley 294 de 1996, que establecía una sanción considerablemente menor para los delitos de acceso y acto carnal violentos, si el acto era ejecutado contra el cónyuge o la persona con quien se cohabita. La sentencia consideró que era inaceptable que para los mismos delitos se impusieran penas diferentes, dependiendo de si existía o no una relación entre la víctima y el agente. Por su parte, la sentencia C-358 de 1997, MP Eduardo Cifuentes Muñoz, declaró la inconstitucionalidad parcial del artículo 259 del Código Penal Militar, que consagraba, sin ninguna justificación aparente, una pena menor para el homicidio, cuando éste era cometido por militares. La sentencia precisó entonces que "en relación con los delitos comunes contemplados en el Código Penal Militar, éste no puede, sin violar el principio de igualdad en materia punitiva, imponer penas principales inferiores a las previstas en la legislación penal ordinaria". Con el mismo criterio, la sentencia C-445 de 1998, MP Antonio Barrera Carbonell, declaró la inexequibilidad parcial del artículo 189 del Código Penal Militar, por cuanto establecía penas menores para el delito de peculado cometido por militares que para ese mismo comportamiento cometido por otros servidores públicos.
14- La Corte también ha señalado que la utilización del poder punitivo debe ser adecuada y razonable, por lo cual son contrarias a la Carta aquellas penalizaciones que establecen en el tipo distinciones sin fundamento, o que son contrarias a los propios propósitos de la disposición. Y es que tales distinciones irrazonables serían también contrarias al principio de igualdad, que prohíbe establecer diferenciaciones caprichosas entre situaciones semejantes. Por esa razón, por ejemplo, la sentencia C-173 de 2001, MP Alvaro Tafur Galvis, declaró la inexequibilidad de la expresión "en el término de un (1) año", contenida en la definición del tipo penal de usura, y según la cual ese delito sólo se configuraba si el sujeto activo durante 365 días o más, recibía o cobraba directa o indirectamente, de una o varias personas, a cambio de préstamo de dinero o por concepto de venta de bienes o servicios a plazo, utilidad o ventaja que exceda en la mitad del interés que para el período correspondiente estén cobrando los bancos por los créditos ordinarios de libre asignación. La Corte consideró que no era clara la diferencia entre quien realizaba ese comportamiento por 30 días y aquel que lo efectuaba por un año, por lo que "la restricción temporal deja sin punición conductas idénticas a las consideradas punibles, pero que no lo son, únicamente por no cumplir este elemento temporal señalado en la ley, sin que se encuentre justificación razonable", y así "termina sacrificándose en consecuencia el bien jurídico que la norma está llamado a proteger, lo que sin lugar a dudas hace que este elemento de temporalidad sea inconstitucional."
Y con criterios semejantes, la sentencia C-177 de 2001, MP Fabio Morón Díaz, declaró la inexequibilidad de la frase "que actúe dentro del marco de la Ley," contenida en el tipo penal de genocidio, que establecía que incurría en esa conducta quien "con el propósito de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial, religioso o políticoque actúe dentro del margen de la Ley, por razón de su pertenencia al mismo, ocasionare la muerte de sus miembros". La Corte concluyó que la distinción introducida por esa expresión era irrazonable "toda vez que desconoce en forma flagrante las garantías de respeto irrestricto de los derechos a la vida y a la integridad personal que deben reconocerse por igual a todas las personas, ya que respecto de todos los seres humanos, tienen el mismo valor".
15- Directamente vinculado a los principios de igualdad y razonabilidad, el principio de proporcionalidad también limita la libertad de configuración del Legislador en materia punitiva. Así, la jurisprudencia constitucional ha deducido el principio de proporcionalidad o "prohibición de exceso'", de los artículos 1º (Estado social de derecho, principio de dignidad humana), 2º (principio de efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución), 5º (reconocimiento de los derechos inalienables de la persona), 6º (responsabilidad por extralimitación de las funciones públicas), 11 (prohibición de la pena de muerte), 12 (prohibición de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes), 13 (principio de igualdad) y 214 de la Constitución (proporcionalidad de las medidas excepcionales). La Corte ha concluido entonces que el Legislador no tiene "la facultad de fijar cualquier pena con independencia de la gravedad del hecho punible y su incidencia sobre los bienes jurídicos tutelados" pues "sólo el uso proporcionado del poder punitivo del Estado, esto es acorde con el marco de derechos y libertades constitucionales, garantiza la vigencia de un orden social justo, fundado en la dignidad y la solidaridad humanas"[23]. Igualmente la Corte ha reiterado que el Legislador goza de discrecionalidad para establecer penas diversas a distintos hechos punibles, pero siempre y cuando "se fundamenten en criterios de razonabilidad y proporcionalidad que atiendan una valoración objetiva de elementos tales como, la mayor o menor gravedad de la conducta ilícita, la mayor o menor repercusión que la afectación del bien jurídico lesionado tenga en el interés general y en el orden social, así como el grado de culpabilidad, entre otros"[24].
Con fundamento en este principio de proporcionalidad, la Corte concluyó que algunos desarrollos legales eran inconstitucionales, por cuanto incurrían en excesos punitivos. Por ejemplo, la sentencia C-364 de 1996, MP Carlos Gaviria Díaz, declaró la inconstitucionalidad del artículo 10 de la Ley 228 de 1995, que convirtió en contravención el hurto calificado, cuando el valor de lo apropiado fuera inferior a diez salarios mínimos legales mensuales, quedando clasificado como delito el mismo hecho cuando el valor de lo apropiado hubiera sido igual o superior a esa suma. La Corte consideró que esa definición legislativa era desproporcionada e irrazonable, por cuanto asignaba a la contravención un tratamiento punitivo más riguroso que al delito. Según la mencionada sentencia, si el legislador "consideraba que la conducta de hurto calificado, cuando el valor de lo apropiado es inferior a diez salarios mínimos legales mensuales, es un hecho de menor transcendencia sociojurídica, y lo calificó como contravención, debió ser consecuente con su valoración y, por tanto, debió otorgarle un trato punitivo menos gravoso que el fijado para el delito". Por su parte, la sentencia C-746 de 1998. MP Antonio Barrera Carbonell, declaró la inexequibilidad parcial de los incisos primero y tercero del artículo 28 de la ley 228 de 1995, pues consideró que esos apartes eran desproporcionados, al consagrar un trato más severo a las personas que cometieran la contravención especial de hurto simple agravado, en relación con las personas que son vinculadas a un proceso penal por el delito de hurto simple agravado, pues "mientras a las primeras no se les permite la extinción de la acción penal por la reparación integral del daño causado a la víctima, sino simplemente la disminución de la pena, a las segundas si se les admite que puedan acudir al referido mecanismo procesal".
[1] Ver, entre muchas otras, las sentencias C-055 de 1996, C-443 de 1997 y C-478 de 1998.
[2] Sentencia C-443 de 1997. MP Alejandro Martínez Caballero, fundamento 12.
[3] Ver, entre otras, las sentencias C-608/92, C-145/94, C-055/96 y C-1548 de 2000.
[4]Ver, por ejemplo, la sentencia del 22 de mayo de 1974 de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo. Consejero Ponente: Carlos Galindo Pinilla.
[5] Ver igualmente la citada sentencia C-055 de 1996, que estudió si la derogación de ciertas normas relacionadas con la Caja Agraria guardaban una conexidad temática razonable con el tema dominante de la Ley 48 de 1990, que contenía la cláusula derogatoria.
[6] Sentencia C-173 de 2001.
[7] Sentencia C-559 de 1999. MP Alejandro Martínez Caballero. Fundamento 21.
[8] Sentencia C-038 de 1995. Fundamento 4.
[9] Ver, por todos, a Beccaría, quien, al hablar del derecho de castigar, señaló que "sólo las leyes pueden decretar las penas sobre los delitos; y esta autoridad no puede residir más que en el legislador, que representa a toda la sociedad agrupada por un contrato social" (subrayas no originales). (De los delitos y las penas. Bogotá Temis: 1990, p 5-6)
[10] Sentencia C-559 de 1999. MP Alejandro Martínez Caballero. Fundamento 21.
[11] Corte Constitucional. Sentencia C-843 de 1999. MP Alejandro Martínez Caballero. Fundamento 8. En el mismo sentido, ver la sentencia C-559 de 1999.
[12] Corte Constitucional. Sentencia C-551 de 2001. MP Alvaro Tafur Galvis. Consideración 5.1.
[13] Ver, entre otras, las sentencias C-287 de 1997, C-358 de 1997, C-445 de 1998, C-368 de 2000, C-173 de 2001 y C-361 de 2001.
[14] Sentencia C-070 de 1996. MP Eduardo Cifuentes Muñoz. Fundamento 10. En el mismo sentido, ver las sentencias C-118 de 1996 y C-148 de 1998.
[15] Sentencia C-1404/2000. M.P. Carlos Gaviria Díaz y Alvaro Tafur Galvis
[16] Sentencia C-070 de 1996. MP Eduardo Cifuentes Muñoz, Fundamento 11.
[17] Ver, entre muchas otras, las sentencias C-038 de 1995, C-070 de 1996, C-239 de 1997, C-559 de 1999, C-177 de 2001, C-551 de 2001 y C-647 de 2001.
[18] Sentencia C-038 de 1995. MP Alejandro Martínez Caballero. Fundamento 4.
[19] Corte Constitucional. Sentencia C-843 de 1999. MP Alejandro Martínez Caballero. Fundamento 8. En el mismo sentido, ver la sentencia C-559 de 1999.
[20] Sentencia C-070 de 1996. MP Eduardo Cifuentes Muñoz, Fundamento 11.
[21] Corte Constitucional. Sentencia C-551 de 2001. MP Alvaro Tafur Galvis. Consideración 5.1.
[22] Ver, entre otras, las sentencias C-287 de 1997, C-358 de 1997, C-445 de 1998, C-368 de 2000, C-173 de 2001 y C-361 de 2001.
[23] Sentencia C-070 de 1996. MP Eduardo Cifuentes Muñoz. Fundamento 10. En el mismo sentido, ver las sentencias C-118 de 1996 y C-148 de 1998.
[24]Sentencia C-1404/2000. M.P. Carlos Gaviria Díaz y Alvaro Tafur Galvis