Source: https://es.scribd.com/document/350630856/Sentencia-tsj-378-31517-2017-17-0519
Timestamp: 2019-04-25 01:05:04
Document Index: 288081554

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Expediente número 2017­0519
El 9 de mayo de 2017, el abogado LEOPOLDO PITA MARTÍNEZ, titular de la cédula de identidad
número V­9.204.455 e inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 127.826 y ante el
Tribunal Supremo de Justicia bajo el N° 241, actuando en nombre propio, interpuso demanda de interpretación
de los artículos 347 y 348 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo
establecido en el Preámbulo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en los artículos 5, 7,
62, 70, 266 cardinal 6, 335 y 336 cardinal 7 y 11 eiusdem, en concordancia con lo previsto en el artículo 25,
cardinal 17 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.
El 16 de mayo de 2017, se dio cuenta en Sala y se designó Ponente al Magistrado Arcadio Delgado
En la misma fecha, la Sala acordó asumir el asunto como ponencia conjunta de todas las Magistradas y
todos los Magistrados que la componen, quienes con tal carácter suscriben el presente fallo.
Realizado el estudio individual de las actas que conforman el presente expediente, esta Sala pasa a
decidir, previas las siguientes consideraciones:
El abogado Leopoldo Pita Martínez demandó la interpretación de los artículos 347 y 348 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con base en las siguientes consideraciones:
Indicó que el artículo 347 de nuestra Carta Magna establece que “El pueblo de Venezuela es el
depositario del poder constituyente originario. En ejercicio de dicho poder, puede convocar una Asamblea
. que nos obliga a acudir a esta instancia Constitucional visto la majestuosidad de la sala (sic) y la capacidad que tiene por mandato Constitucional de ser último y único interprete de la Constitución jurídicamente valido (sic) (…)” (mayúsculas del escrito). crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución”. (sic) la aceptación y emitir una consulta al soberano como poder originario para que se manifieste en mayoría si está de acuerdo que se realice o no el proceso Constituyente. En ese sentido. el facultado activo solo puede realizar es la iniciativa o solicitud al C­N­E (sic) como poder electoral para que realice la consulta al poder originario. alegó que “(…) visto que el procedimiento de realización de una asamblea (sic) Nacional Constituyente realizada en 1999. llámese pueblo. Ciudadano Nicolás Maduro Moros que junto con sus Ministros como el ciudadano ARISTOBULO (sic) ISTURIZ (sic) Ministro hoy de las Comunas. como legitimado activo que realizo (sic) la iniciativa de activar la realización de la Asamblea Nacional Constituyente. pues nosotros como pueblo de Venezuela vivimos en este momento una constante incertidumbre al no entender el mensaje del Presidente de la República. por solicitud del Ciudadano Presidente de la República para la época HUGO RAFAEL CHAVEZ FRIAS.Nacional Constituyente con el objeto de transformar el Estado. se eligieron. atendiendo al artículo Constitucional de 1961. eso entendemos nosotros una gran parte del pueblo que hoy tenemos esa incertidumbre. su consentimiento a la realización de una nueva Constitución a través de una asamblea (sic) Nacional Constituyente. en alocución por el canal Globovisión dijo que ya no hacía falta la manifestación del pueblo en cuanto a la activación de la Constituyente. se conformaron discutieron la necesidad pertinencia y motivos al punto de crear la hoy nuestra Constitución Nacional que el pueblo como poder originario ratifico (sic) su aprobación en el referéndum consultivo. invitando a todos a inscribirse para su elección (…)” (mayúsculas y resaltado del escrito). Que “(…) como parte del poder originario y como profesional del derecho. En ejercicio de dicho poder. crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución (…)” (mayúsculas del escrito).N. que es requisito indispensable Primero: presentar la solicitud de iniciativa de conformidad con lo expuesto en el artículo 348 Constitucional que lo legitima para realizar la iniciativa ante el Consejo Nacional Electoral. y que además como quien realizo (sic) la iniciativa era el presidente (sic) de la República pues es el (sic) quien debe presentar los candidatos realizar la escogencia de los mismos. Mientras existe otras parte incluido el Presidente de la República. ahora bien en el caso incomento (sic) tenemos la letra del artículo 347 Constitucional donde ratifica que el pueblo de Venezuela es el depositario del poder Constituyente originario. con la intención de realizar una nueva Constitución Nacional. realizo (sic) en principio la consulta popular o referéndum consultivo a los fines de que el soberano como poder originario emitiera o no. posteriormente se hizo el llamamiento a los postulados asambleístas. en ese momento fue aprobado. Que “(…) ESTA ES LA FUENTE DE LA INCERTIDUMBRE JURIDICA (sic) CONSTITUCIONAL. puede convocar una asamblea (sic) Nacional Constituyente con el objeto de transformar al estado (sic). Segundo: recibir del C. pues una parte del pueblo como poder originario entendemos que siendo el pueblo el que puede convocar una constituyente.E.
si está de acuerdo o no. como funcionario público anuncio (sic) que la votación se haría por sectorización de las comunas y otros entes constituidos que el pueblo tampoco logra interpretar. LA URGENCIA DEL CASO EN CONSEGUIR EL PRONUNCIAMIENTO DE ESTA MAXIMA (sic) INSTANCIA JUDICIAL. mediante el voto de las dos terceras partes de los mismos; y el quince por ciento de los electores inscritos o electoras inscritas en el Registro Civil y Electoral”. que deberíamos entender? ­Será que el termino (sic) la iniciativa deba entenderse como un todo. Que “(…) visto la tempestividad con que se realizó la iniciativa pues ya el ciudadano Presidente de la República presento (sic) la iniciativa y el tiempo trascurre en contra del pueblo (poder originario) que tiene la duda razonable y no entiende con certeza si la no realización de la consulta podría encuadrar como una violación flagrante de la constitución (sic) o si por el contrario ese es el procedimiento jurídico aplicable a los nuevos tiempos. esto requiere a petición de quien hoy recurre ante ustedes quien además no tengo dudas de la legitimidad activa que me asiste en presentar la presente solicitud de interpretación. con una nueva Constitución. todas esas . ­Será que solo emitirá el voto de aprobación o no al proyecto ya presentado por quien ejerció la iniciativa. mediante acuerdo de la dos terceras partes de sus integrantes; los Consejos Municipales en cabildos. a entender del demandante surgen las siguientes dudas e interrogantes: “(…) ¿Aquí nace esta duda jurídica Constitucional. afín (sic) de que colme la incertidumbre en lo que algunos interpretan como oscuridad en la letra e inteligible por no ser preciso el termino (sic) (se debe realizar la consulta al pueblo soberano antes de activar la Constituyente o ya no es necesario como lo aseguro (sic) el Ministro ARISTOBULO (sic) ISTURIZ) (sic)” (mayúsculas del escrito). A tal efecto señaló que el artículo 348 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que “La iniciativa de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente podrá hacerla el Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros; la Asamblea Nacional. ­[E]l Ministro Aristóbulo Isturiz (sic). Ahora bien. Que “(…) con relación a la duda razonable en que estamos inmersos tanto en condición de integrantes del poder originario como en mi caso de profesional del derecho y atendiendo el clamor de muchos de los ciudadanos que pudiéramos decir hoy la mayoría del pueblo venezolano no entiende con certeza y esto nos lleva obligatoriamente a recurrir antes ustedes ciudadanos Magistrados como máxima instancia judicial a los fines [de] solicitar su debida aclaratoria con relación a lo estipulado en el presente artículo 348 Constitucional especialmente con relación a que si como dice el inicio del artículo ‘LA INICIATIVA DE CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE PODRÁ TOMARLA EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA’ (sic)” (mayúsculas del escrito). y que solo lo indispensable sería entonces aprobar o no el proyecto que presente de modelo de Constitución luego de discutida. ­[S]erá que no se requiere que el soberano poder originario evalué (sic) si acepta.
que no sea ustedes ciudadanos Magistrados de esta sala (sic) Constitucional. Conocer la demanda de interpretación de normas y principios que integran el sistema constitucional”. esta Sala se declaró competente para conocer de las demandas de interpretación acerca del contenido y alcance de las normas y principios constitucionales. conforme a lo establecido en el artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. De manera ilustrativa hizo referencia a los criterios jurisprudenciales contenidos en las sentencias Nros. que solo ustedes como máxima instancia judicial pueden darnos a favor del pueblo soberano (…)” (mayúsculas del escrito). es por esto la necesidad pertinencia y URGENCIA ante todo de que se nos ilustre y aclare esta duda Constitucional.dudas razonables [que] existen hoy día en el pueblo Venezolano del cual no tenemos otra fuente que nos aclare esta incertidumbre. de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. con fundamento en su cualidad de garante máxima del respeto del Texto Fundamental. En el presente caso. Son competencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia: (…) 17. y a tenor de lo dispuesto en el artículo 25. solicitó que la presente demanda de interpretación fuese admitida. cardinal 17. cardinal 17 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. así como en los poderes que expresamente le han sido atribuidos para la interpretación vinculante de sus normas. se observa que a la Sala corresponde la competencia para el conocimiento de las demandas de interpretación sobre el alcance e inteligencia de normas constitucionales. según el criterio jurisprudencial expuesto (caso: “Servio Tulio León”). en concordancia con el artículo 336 eiusdem. ha sido planteada la interpretación sobre el sentido y alcance de los artículos 347 y 348 del Texto Fundamental y. III . observa que en sentencia Nº 1077. sustanciada y declarada con lugar en la sentencia definitiva. del 20 de febrero de 2001 y 1684. En consecuencia. Con fundamento en las anteriores consideraciones y visto que la resolución de interpretación es de mero derecho. II DE LA COMPETENCIA Corresponde a esta Sala determinar su competencia para conocer de la interpretación constitucional solicitada y. del 22 de septiembre de 2000 (caso: Servio Tulio León). al respecto. 226. de conformidad con lo establecido en el artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. del 4 de noviembre de 2008. de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25. al efecto. esta Sala se declara competente para el conocimiento de la demanda de interpretación ejercida. el cual señala: “Artículo 25. Así se decide.
En atención a su propia finalidad. valores o principios constitucionales. la Sala estima conveniente reafirmar la doctrina que sobre este aspecto ha venido planteando desde que reconociera la existencia y relevancia de una especial acción mero declarativa destinada a precisar “el núcleo de los preceptos. el juez competente para conocerlo. Así pues. originadas en una presunta antinomia u oscuridad en los términos. como consecuencia inmediata de la incertidumbre que se origina con respecto al contenido y alcance de un precepto constitucional que afecta francamente la esfera de intereses del requirente. DE LA ADMISIBILIDAD Dilucidada su competencia. el peticionante debe ostentar un interés personal. cuando mediante su ejercicio. 1077/2000. sin la finalidad práctica de integrar o armonizar la Norma Fundamental. sentencias Nros. pueda aclarar la duda planteada. caso: “Francisco Encinas Verde”). cuya inteligencia sea pertinente aclarar a fin de satisfacer la necesidad de seguridad jurídica. como mecanismo judicial “esclarecedor y completivo y. caso: “Servio Tulio León”; 1347/2000. alcance y aplicabilidad de las normas constitucionales. respecto del supuesto fáctico en que se encuentra el accionante; (iii) Cuando la Sala haya resuelto la duda alegada en torno al mismo caso o uno similar. Esto es. no es posible que . a fin de evitar que la interpretación dada por la Sala se convierta en un mero ejercicio académico. persistiendo en ella ánimo de mantener su criterio; (iv) Cuando se utilice esta vía como mecanismo para adelantar un pronunciamiento sobre un asunto planteado ante otro órgano jurisdiccional o para sustituir algún medio ordinario a través del cual. De este modo. en atención a dudas razonables respecto a su sentido y alcance. en este estricto sentido. no virtual o hipotética. resulta necesario que dicho interés esté vinculado a una situación jurídica actual. entre otras. siempre y cuando tal duda nazca de actos. se ha dejado sentado que constituyen causales de inadmisibilidad de la acción de interpretación constitucional las siguientes circunstancias: (i) La falta de legitimación del accionante; (ii) Cuando no exista una duda razonable en cuanto al contenido. directo y actual que derive de una situación jurídica concreta. se pretenda desbordar su finalidad aclarativa; (v) Cuando se acumule a la pretensión interpretativa otra de naturaleza diferente o sometida a procedimientos que se excluyan mutuamente; (vi) Cuando no se acompañen los documentos indispensables para verificar si la solicitud es admisible; y (vii) Cuando el escrito sea ininteligible o contenga conceptos ofensivos o irrespetuosos. con el propósito de determinar la admisibilidad de la pretensión de autos. En lo que respecta a la legitimación requerida para intentar esta especialísima acción para procurar la interpretación de la Carta Fundamental. caso: “Ricardo Combellas” y 457/2001. hechos o circunstancias cuyo procesamiento o solución no le estén atribuidos a un órgano distinto” (véanse. judicialmente creador; [y] en ningún caso legislativo”.
en concordancia con el artículo 145 eiusdem. dictado el 1° de mayo de 2017. esta resulta admisible. Así se declara. Por lo tanto. caso: “Elba Paredes Yéspica”). vista la ambigüedad e incertidumbre jurídica de los artículos 347 y 348 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. el cual podría iniciarse a finales del mes de julio del año 2017. la Sala estima pertinente entrar a decidir sin más trámites el presente asunto. visto el Decreto N° 2. para que manifieste si está de acuerdo en que se efectúe o no el proceso constituyente. por una parte. que el presente asunto es de mero derecho. Sentencia Nº 1383/2008. Lo anterior refleja que la demanda planteada en esta causa se encuentra debidamente articulada con una situación fáctica. considerando. por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela. ciudadano Nicolás Maduro Moros. sino ­ en general­ como titulares del derecho al sufragio activo y pasivo (Vid. el demandante adujo que su legitimidad viene dada por su interés legítimo. en abstracto. Sentencia N° 2780/2003. En atención a tan especial relevancia. así como la iniciativa o solicitud al Consejo Nacional Electoral a los fines de que realice la consulta al poder originario.830. tuviere acerca de la interpretación de una norma constitucional (Vid. Así se decide. lo cual resulta un hecho notorio y comunicacional. como venezolano y profesional del derecho y ante el clamor popular. manifestada en la realización de la iniciativa y la consulta para la elección de los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente. En el caso autos. no sólo como actores fundamentales del proceso comicial. caso: “Luis Hueck Henríquez”). dirigida a obtener un dictamen aclaratorio respecto de una incertidumbre específica que resulta de especial interés para el pueblo venezolano. 1547/2011 y 2/2013. 1684/2008. V DE LA INTERPRETACIÓN . como parte del poder originario.cualquier particular pueda ocupar a esta Sala en resolver las dudas que. la Sala reconoce la legitimación del demandante para intentar la presente demanda de interpretación constitucional. en tanto no requiere la evacuación de prueba alguna al estar centrado en la obtención de un pronunciamiento interpretativo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 del Código de Procedimiento Civil. visto que la presente demanda no se encuentra incursa en ninguna de las causales de inadmisibilidad previamente mencionadas. IV DE LA URGENCIA DEL CASO Con fundamento en los precedentes jurisprudenciales contenidos en sentencias números 226/2001. aplicable por remisión supletoria del artículo 98 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.
En tal sentido. para velar por su uniforme interpretación y aplicación. el contenido y alcance de los principios y normas constitucionales cuya interpretación constitucional se insta a través de la acción extraordinaria correspondiente. como máxima y última intérprete del Texto Fundamental.) La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela prevé dos clases de interpretación constitucional. generalidad y permanencia de las normas. unas formales. París. reserva legal. pp. salvaguardar a la Constitución misma de toda desviación de principios y de todo apartamiento del proyecto político que ella encarna por voluntad del pueblo. Ello significa que la protección de la Constitución y la jurisdicción constitucional que la garantiza exigen que la interpretación de todo el ordenamiento jurídico ha de hacerse conforme a la Constitución (ver­fassungskonfome Auslegung von Gesetze). soberanía y autodeterminación nacional).. Esta jurisdatio es distinta de la función que controla concentradamente la constitucionalidad de las leyes. La primera está vinculada con el control difuso de la constitucionalidad de las leyes y de todos los actos realizados en ejecución directa de la Constitución; y la segunda. y para proferir sus interpretaciones sobre el contenido o alcance de dichos principios y normas. por lo que declara a esta Sala Constitucional su máximo y último intérprete. este órgano jurisdiccional. manifestó su intención de explicar el sentido de la interpretación constitucional. en atención al postulado del artículo 335 de la Carta Magna. una verdadera legislación negativa que . en la medida que se declara erga omnes y pro futuro (ex nunc). pues el carácter dominante de la Constitución en el proceso interpretativo no puede servir de pretexto para vulnerar los principios axiológicos en que descansa el Estado constitucional venezolano. la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela no duplica en estos artículos la competencia interpretativa de la Constitución. soberanía del orden jurídico. respecto de las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás tribunales de la República (jurisprudencia obligatoria). 1955. etc. 307 y ss]; y otras axiológicas (Estado social de derecho y de justicia. señalando al respecto lo siguiente: “…La interpretación constitucional hace girar el proceso hermenéutico alrededor de las normas y principios básicos que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela ha previsto. y la interpretación general o abstracta prescrita por el artículos 335. con carácter vinculante. el artículo 334 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela impone a todos los jueces la obligación de asegurar la integridad de la Constitución; y el artículo 335 eiusdem prescribe la competencia del Tribunal Supremo de Justicia para garantizar la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales. con relación a los planteamientos formulados en la presente demanda. Pero esta conformidad requiere el cumplimiento de varias condiciones. Como se sabe. Como puede verse. determine el alcance y el contenido de los artículos 347 y 348 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. por tanto. sino que consagra dos clases de interpretación constitucional. Interpretar el ordenamiento jurídico conforme a la Constitución significa. no retroactividad de las leyes. como lo ha dicho Kelsen. en sentencia Nº 1309 del 19 de julio de 2001 (caso: Hermann Escarrá). Les Forces créatices du droit.. con el control concentrado de dicha constitucionalidad. pues tal función monofiláctica es. La presente demanda de interpretación tiene por finalidad que esta Sala Constitucional. que es una verdadera jurisdatio. LGDJ. pluralismo político y preeminencia de los derechos fundamentales.) [Ripert. (. para lo cual interpretó la noción y alcance de su propia potestad interpretativa. a saber. como la técnica fundamental (división del poder. la interpretación individualizada que se da en la sentencia como norma individualizada.
esta Sala estima pertinente analizar el contenido de los artículos 347 y 348 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. ­[E]l Ministro Aristóbulo Isturiz (sic). a fin de que realice la consulta al poder originario. crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución”. ­[S]erá que no se requiere que el soberano poder originario evalué (sic) si acepta. como verdadera jurisdatio. así como la iniciativa o solicitud al Consejo Nacional Electoral. una interpretación cuasiauténtica y paraconstituyente. El pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. las sentencias de la Sala Constitucional en materia de amparo. específicamente lo relativo a la realización de la iniciativa y la consulta para la elección de los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente. Esas consecuencias se refieren al diverso efecto de la jurisdictio y la jurisdatio y ello porque la eficacia de la norma individualizada se limita al caso resuelto. incluso. decreta la invalidez de las normas que colidan con la Constitución. ­Será que solo emitirá el voto de aprobación o no al proyecto ya presentado por quien ejerció la iniciativa. ya que. con una nueva Constitución. A los fines de dar respuestas a tales interrogantes. que deberíamos entender? ­Será que el termino (sic) la iniciativa deba entenderse como un todo. que no sea ustedes ciudadanos Magistrados de esta sala (sic) Constitucional. puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar el Estado. todas esas dudas razonables [que] existen hoy día en el pueblo Venezolano del cual no tenemos otra fuente que nos aclare esta incertidumbre. si está de acuerdo o no. En ejercicio de dicho poder. como son. de otro modo. como funcionario público anuncio (sic) que la votación se haría por sectorización de las comunas y otros entes constituidos que el pueblo tampoco logra interpretar. tal como le fue demandado por el accionante. que sólo puede dar lugar a normas individualizadas. El recto sentido del artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela hace posible la acción extraordinaria de interpretación. mientras que la norma general producida por la interpretación abstracta vale erga omnes y constituye. aparte de la interpretación general o abstracta mencionada no versa sobre normas subconstitcionales sino sobre el sistema constitucional mismo. Precisado lo anterior. el contenido de los artículos 347 y 348 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. que profiere el contenido constitucionalmente declarado por el texto fundamental…” (subrayado del fallo). por lo cual se planteó las siguientes interrogantes: “(…) ¿Aquí nace esta duda jurídica Constitucional. (…) . y que solo lo indispensable sería entonces aprobar o no el proyecto que presente de modelo de Constitución luego de discutida. es por esto la necesidad pertinencia y URGENCIA ante todo de que se nos ilustre y aclare esta duda Constitucional. para que manifieste si está de acuerdo en que se efectúe o no el proceso Constituyente. dicho artículo sería redundante en lo dispuesto por el artículo 334 eiusdem. La diferencia entre ambos tipos de interpretación es patente y produce consecuencias jurídicas decisivas en el ejercicio de la jurisdicción constitucional por parte de esta Sala. esta Sala pasa a dilucidar. los cuales son del tenor siguiente: “Artículo 347. que solo ustedes como máxima instancia judicial pueden darnos a favor del pueblo soberano (…)”.
Ahora bien. el referéndum para que el pueblo se pronunciase sobre la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. La Sala Político Administrativa de la extinta Corte Suprema de Justicia. Artículo 348. La Roche. con ponencia del Magistrado Dr. se inició mediante la convocatoria. convocarse un referéndum consultivo para que el pueblo determinara si estaba de acuerdo con la convocatoria de una Asamblea Constituyente. mediante el voto de las dos terceras partes de los mismos; y el quince por ciento de los electores inscritos o electoras inscritas en el Registro Civil y Electoral”. el Presidente de la República convocó. artículo 4 y 50 de la Constitución de 1961). debemos inicialmente recordar que la Constitución de 1961 no contemplaba en su Título X (De las Enmiendas y Reformas a la Constitución). determinó “de conformidad con el orden constitucional vigente (Preámbulo. incluyendo la relativa a la convocatoria de una Asamblea Constituyente” (subrayado de este fallo). mediante Decreto N° 3 del 2 de febrero de 1999. Ante esta omisión. la figura de la Asamblea Constituyente para que el pueblo. que: “La interpretación que debe atribuirse al artículo 181 de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política. de un referéndum consultivo para que el pueblo se pronunciase sobre la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. con la finalidad de aclarar si era posible. el convocante propuso las bases para la elección de los integrantes del cuerpo encargado de la elaboración del nuevo texto fundamental. Asimismo. interpusieron ante la Sala Político Administrativa de la Corte Suprema de Justicia. así como según fallo del 13 de abril de 1999. Con base en este fallo. artículos 234 de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política y 42. los ciudadanos Raúl Pinto Peña. respecto del alcance del referéndum consultivo que consagra en cuanto se refiere al caso concreto objeto del recurso que encabeza las presentes actuaciones. Enrique Ochoa Antich y Viviana Castro. de lo expuesto se evidencia que el proceso constituyente que dio a luz la vigente Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. es que: a través del mismo puede ser consultado el parecer del cuerpo electoral sobre cualquier decisión de especial trascendencia nacional distinto a los expresamente excluidos por la propia Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política en su artículo 185. Humberto J. a fin de que fueran sometidas a la aprobación del pueblo en el referéndum convocado por el Consejo Nacional Electoral para el 25 de abril de 1999. el 10 de marzo del mismo año. En relación a la interpretación requerida. La iniciativa de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente podrá hacerla el Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros; la Asamblea Nacional. como poder constituyente originario. con base en el artículo 4 de la Constitución (1961) y el artículo 181 de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política. pudiera redactar un nuevo texto fundamental. Dichas bases fueron modificadas mediante sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 18 de marzo de 1999 y su aclaratoria del 23 de marzo del mismo año. por parte del Jefe de Estado. el convocante publicó la propuesta que fijó las Bases de la Convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente. . mediante acuerdo de la dos terceras partes de sus integrantes; los Consejos Municipales en cabildos. recurso de interpretación. en cuya oportunidad. ordinal 24 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia. en fecha 16 de diciembre de 1998.
como consecuencia del proceso de producción constituyente originaria. en el Diario de la Constituyente. con ciertas características que es preciso señalar. Ahora bien. como lo son la Enmienda (Capítulo I) y la Reforma Constitucional (Capítulo II). sin hacer uso en esta oportunidad. Efectivamente. tres modalidades de “revisión” constitucional: la enmienda. además. expeditas y de profundidad constitucional. 349) y el límite al producto de sus actuaciones o deliberaciones: el . lo que hizo necesaria la debida consulta interpretativa ante la antigua Corte Suprema de Justicia. como es la aguda situación de la crisis política actualmente enfrentada y que ha provocado el decreto de un estado de excepción no concluido aun. existen circunstancias objetivas sobrevenidas que ambientan el proceso de instalación de la Asamblea Nacional Constituyente. ambas contenidas en el Título IX de la Carta Magna. dentro de la cuales. la propuesta del Constituyente Manuel Quijada de que el pueblo pudiera convocar a la Asamblea Constituyente mediante un referéndum. que pueda en condiciones pacíficas poner de acuerdo al país en un nuevo Contrato Social. no hay previsión alguna sobre un referéndum acerca de la iniciativa de convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. La situación constitucional actual es totalmente diferente. Esta última se integra. por tales circunstancias. de lo previsto en el citado artículo 71. por iniciativa del Presidente de la República se ha resuelto iniciar la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. esta Sala observó que en el desarrollo del debate correspondiente. Esta ausencia de previsión es. por primera vez en la historia constitucional de Venezuela. Por el contrario. fue negada. la prohibición de que los poderes constituidos puedan impedir u objetar las decisiones constituyentes (art. es que en el mismo no estaba contenida esta modalidad de revisión constitucional (sensu lato). la Carta de 1999 la contempla expresamente. que ha motivado la toma de decisiones genéricas. a los efectos de resolver las dudas planteadas en el recurso de interpretación de autos: En primer lugar. al consultar el contenido de la sesión 41 del 9 de noviembre de 1999. En efecto. una de las razones fundamentales de que se hiciese necesario convocar un referéndum consultivo bajo la vigencia del texto constitucional de 1961. común a las otras modalidades de modificación constitucional. Tales circunstancias iniciales se debieron a la ausencia en la Carta de 1961 de mención alguna de esta modalidad de revisión constitucional (sensu lato). Por otra parte. se estableció en el Título IX de la Carta de 1999. aunque para conservar su característica de poder constituyente originario (y no constituyente derivado ­ enmienda y reforma ­ o constituido). la reforma y la Asamblea Nacional Constituyente. solo se precisa la iniciativa para su convocatoria. ciertamente el artículo 71 eiusdem contempla la posibilidad opcional o facultativa de convocar a referendo consultivo las “materias de especial trascendencia nacional”; sin embargo.
la Ley Orgánica de los Consejos Comunales. la libertad. el mantenimiento de los valores. por los órganos que ejercen el Poder Público. se advierte claramente el principio de la soberanía popular plasmado en el artículo 5 de los Principios Fundamentales (Título I) de la misma Constitución. En conclusión.carácter republicano del Estado. la Constitución de 1961 proclamaba en su artículo 3 que “El gobierno de la República de Venezuela es y será siempre democrático. la Ley Orgánica para la Gestión Comunitaria de Competencias. a través de los órganos que ejercen el Poder Público. En efecto. representativo. que en nuestro ordenamiento jurídico se manifiesta en los medios de participación y protagonismo contenidos en el artículo 70 de la Constitución y que fueron desarrollados fundamentalmente mediante las leyes del Poder Popular (como la Ley Orgánica del Poder Popular. se habrían creado límites que desnaturalizarían su carácter de poder constituyente originario y. en principio. Eso significa que el titular (o depositario) de la soberanía es el pueblo de la República Bolivariana de Venezuela; pero en lo que concierne a su ejercicio (de la soberanía) es necesario distinguir el ejercicio directo (democracia directa). la Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno. indirectamente. En efecto. el pueblo es titular de la soberanía y la ejerce directamente a través del poder popular. mediante el sufragio. ilimitado. la independencia (soberanía). es la opción por la democracia participativa y protagónica. pues. la paz. la Ley Orgánica de Comunas. en el debate constituyente prevaleció la tesis de acuerdo con la cual la Constitución no puede limitar la Asamblea Constituyente. mediante el sufragio. la Ley Orgánica de Contraloría Social. Servicios y otras atribuciones; entre otras normas). responsable y alternativo”. al ser ésta la expresión directa de la soberanía popular. Ello. esta disposición. . En estos casos. la Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular. quien la ejerce. Uno de los rangos fundamentales distintivos que hacen de la Carta de 1999 una Constitución Social de nuevo tipo. pauta que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. porque si hubiera sido regulado constitucionalmente el proceso de formación del texto fundamental y la actuación del cuerpo constituyente. que a la letra decía: “La soberanía reside en el pueblo. En tal sentido. y la progresividad de los derechos humanos (art. la Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal. principios y garantías democráticas. Esta disposición se complementaba con el artículo 4. la Ley Orgánica de la Jurisdicción Especial de la Justicia de Paz Comunal. el poder popular encarna la democracia directa y sería contradictorio pretender que sus “expresiones” sean elegidas como si se tratara de una “representación” del cuerpo electoral. La segunda modalidad de ejercicio de la soberanía es la indirecta. no admitía limitaciones. En lo que atañe concretamente al artículo 347 constitucional. 350). por los órganos del Poder Público”. quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley e. en su encabezamiento.
Los partidos políticos son mediaciones institucionales articuladas a la representación. Democracia participativa es democracia directa y sus expre siones son medios de participación y protagonismo del pueblo. que no es más que la concreción del ejercicio directo de la soberanía (artículo 5 constitu cional). de manera que un término enriquezca al otro y se definan mutuamente”. revocatorio. Sólo el artículo 246 eiusdem contempla ba en su ordinal 4° la previsión de un referéndum ratificatorio en caso de reforma general de la Constitución. 73 y 74 eiusdem. Como refiere Enrique Dussel. La participación crítica institucionalizada. Dussel acertadamente expresa: “La representación se institucionaliza como delegación; la participación se ejerce en acto. Se trata pues de una de mocracia representativa extrema o pura. la participación se origina en el buen juicio del sentido común ciudadano y no se identifica con los partidos (es anterior a ellos y mucho más que ellos). 6 y 66). en la nueva Carta el pueblo no solo es titular de la soberanía sino que. además. Es decir. En su tesis. Claro está. pero debe simultáneamente instituciona lizarse. aprobatorio y abrogatorio) y en el poder popular. que es imprescindible para la gestión diaria de los asuntos públicos. lo expuesto no significa que el modelo de democracia par ticipativa excluye la representación. mesianismo en acto en el sentido de W. es fiscalizadora (vi gila como un panóptico. Ello significa que en el texto de 1961 había una clara escisión en tre la titularidad de la soberanía (principio de soberanía popular) y su ejercicio (órganos del Poder Público). Benjamín. castiga o reconoce y premia los méritos) (momento formal de legitimación). al mejor estilo liberal. además. Estamos así en presencia de la democracia participativa y protagónica. si es necesario. la ejecución de contenidos (momento material); la participación es propositiva (da a conocer y exige el cumplimiento de las necesidades o de mandas de la comunidad política) y. el nuevo parti do revolucionario o posrevolucionario crítico. Hay entonces también una ‘potestas’ participativa. 6 y 72­ y rendición de cuentas ­ arts. la democracia participativa y la representativa no son términos antitéticos o contradictorios: “Deben ser articulados dialécticamente. Ello implicaría la desaparición del Estado­aparato. crea. La Constitución de 1999 consagra el principio de la soberanía po pular con las consecuencias políticas aludidas por Rousseau: el mandato imperativo (revocatoria del mandato ­arts. La democracia participativa se manifiesta en las distintas modalida des referendarias (referéndum consultivo. es decir. respaldo político del Estado democrático y social de derecho y de justicia (artículo 2 constitucional). sin mecanismos de democracia directa. no una representación del cuerpo electoral (democracia representativa). . puede ejercerlo directamente a través de los medios de participación contenidos en el artículo 70 eiusdem y las modalidades “referendarias” contempladas en los artículos 71. La función representativa es el gobierno. 72.
la Sala considera que no es necesario ni constitucionalmente obligante. le corresponde la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente. DECISIÓN .. “Democracia participativa. un referéndum consultivo previo para la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. mediante acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes; y los Concejos Municipales en cabildos. no deja de ser democrática y junto con los medios directos de ejercicio de la soberanía que ofrece la Constitución de 1999. sobre la Democracia representativa. Caracas (Versión digital). efectivamente la Democracia participativa posee una anterioridad absoluta. constituyen los rasgos característicos del modelo constitucional venezolano. La Revolución más profunda de nuestro tiempo. como advertimos. y atravesando toda la Modernidad. Pero el artículo 348 precisa que la iniciativa para ejercer la convocatoria constituyente le corresponde. será la liberación de las comunidades políticas organizadas en Estados democráticos representativos. Queda de esta manera resuelta la interpretación de los artículos 347 y 348 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En efecto. quien actúa en ejercicio de la soberanía popular. por regla general. Hasta hoy en día.. Así se decide. Mientras que b) el ideal de una plena democra cia participativa nunca ha llegado a institucionalizarse de una manera efectiva por estar [o haber estado] monopolizada por posiciones anarquistas que tienen probada su imposibilidad fáctica. cuya interpretación se solicita. En los términos expuestos anteriormente. Enrique. El artículo 347. debemos necesariamente articularlo con el artículo 348... a los órganos del Poder Público (el Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros; la Asamblea Nacional. mediante el voto de las dos terceras partes de los mismos) quienes ejercen indirectamente y por vía de representación la soberanía popular.” (Dussel. que lentamente institucionalizarán una democracia participativa de las mayorías. Ahora bien. anterior a toda delegación. como mediación para la transformación y la gobernabilidad de las instituciones de la representación del Estado y lo fiscaliza. porque ello no está expresamente contemplado en ninguna de las disposiciones del Capítulo III del Título IX. De tal manera que. por ser la esencia del ejercicio del poder. entre otros. Pero la iniciativa para convocarla le corresponde. Exposición efectuada en el momento de la entrega del Premio Libertador al Pensamiento Crítico. el artículo 347 define en quien reside el poder constituyente originario: en el pueblo como titular de la soberanía. a) la democra cia unilateral representativa liberal ha ido mostrando sus defectos de manera creciente hasta culminar en el presente en un fetichismo monopólico de partidos políticos que corrompen el ejercicio del poder delegado del Estado. La única excepción de iniciativa popular de convocatoria es la del quince por ciento de los electores inscritos y electoras inscritas en el Registro Civil y Electoral. en tal condición. fue la regla en la Constitución de 1961. y como titular de la soberanía. ambos del texto constitucional. del siglo XXI. el pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario y. es decir. La democracia participativa tiene prioridad absoluta sobre toda ‘delegación’ del poder. disolución del Estado y liderazgo político”. la representación que. órgano del Poder Ejecutivo. al “Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros”.
Juan José Mendoza Jover El Vicepresidente. firmada y sellada en la Sala de Audiencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.­ COMPETENTE para conocer de la demanda de interpretación constitucional de los artículos 347 y 348 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El Presidente. a los treinta y un días del mes de mayo de dos mil diecisiete (2017). Años: 207º de la Independencia y 158º de la Federación. esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Publíquese y regístrese.­ RESUELTA la interpretación de los artículos 347 y 348 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Carmen Zuleta de Merchán Calixto Ortega Ríos . Dada. administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la ley declara: 1. 5. ya identificado. Arcadio Delgado Rosales Los Magistrados y las Magistradas. en Caracas. 4. Por las razones expuestas.­ ADMITE la demanda de interpretación constitucional incoada por el abogado Leopoldo Pita Martínez. actuando en nombre propio.­ ORDENA publicar este fallo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y en la página principal del sitio web de este Tribunal se haga mención de la existencia del fallo y se remita a su texto íntegro. 2.­ La URGENCIA del caso. 3. Archívese el expediente.
Luis Fernando Damiani Bustillos Lourdes Benicia Suárez Anderson René Alberto Degraves Almarza .
Dixies Josefina Velázquez Reque Exp. La Secretaria. 2017­0519 .
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