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Timestamp: 2019-10-19 12:46:23
Document Index: 282930808

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 17', 'ARTÍCULO 14', 'artículo 75', 'artículo 220', 'artículo 17', 'artículo 14', 'artículo 17', 'artículo 232']

﻿ Sentencia SP17058-2015 de diciembre 10 de 2015
SENTENCIA SP17058-2015 DE 10 DE DICIEMBRE DE 2015
CONTENIDO:DECLARACIONES DE DESMOVILIZADOS EN JUSTICIA Y PAZ NO CONTIENEN UNA VERDAD INCONTRASTABLE. LAS MANIFESTACIONES RENDIDAS POR LOS DESMOVILIZADOS SOMETIDOS AL PROCESO TRANSICIONAL DE LA LEY 975 DEL 2005 NO OSTENTAN PER SE UN VALOR DADO, UNA CALIDAD ESPECIAL, NI ESTÁN MARCADAS POR UNA ESPECIE DE TARIFA LEGAL. DE ESE MODO, SUS TESTIMONIOS NO ESTÁN DOTADOS DE UN CONTENIDO DE VERDAD ABSOLUTO, NI SIQUIERA RELATIVO, PUES EN TODO CASO ESTÁN SOMETIDAS A DEMOSTRACIÓN, PREVISTA EN EL INCISO TERCERO DEL ARTÍCULO 17 DE LA CITADA LEY, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 14 DE LA LEY 1592 DEL 2012. SE CONCLUYE QUE, LA VERSIÓN RENDIDA POR EL DESMOVILIZADO, Y LAS DEMÁS ACTUACIONES ADELANTADAS EN EL PROCESO DE DESMOVILIZACIÓN, SERÁN OBJETO DE ESTUDIO POR EL FISCAL DELEGADO ASIGNADO PARA INICIAR LA INVESTIGACIÓN, COMPROBAR LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA Y ESCLARECER ESOS HECHOS Y TODOS AQUELLOS DE LOS CUALES TENGA CONOCIMIENTO DENTRO DEL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA.
TEMAS ESPECÍFICOS:LEY DE JUSTICIA Y PAZ, PROCESO PENAL, DECLARACIÓN DE TESTIGO, PRUEBA EN EL PROCESO PENAL, PERSONA DESMOVILIZADA
Sentencia SP17058-2015 de diciembre 10 de 2015
Rad.: 42245
(Aprobado Acta 437)
Bogotá D.C., diez de diciembre de dos mil quince.
1. La Corte es competente para conocer y fallar sobre la presente acción de revisión, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 75-2 de la Ley 600 de 2000 (L. 906/2004, art. 32), por estar dirigida contra una sentencia dictada por un Tribunal Superior de Distrito Judicial.
2. La acción de revisión bien puede ser definida como el instrumento de control previsto en la ley, a través del cual se pretende superar los efectos de una cosa juzgada que se entiende injusta, inicua, por estar basada en supuestos que contradicen abiertamente la realidad.
Justicia y verdad deben estar siempre acompasadas, es lo ideal. Sobre el particular la Corte Constitucional ha destacado la materialización del valor justicia y la prevalencia de la verdad material como fin último o razón de ser de la acción de revisión, en cumplimiento de los propósitos esenciales del Estado conforme a la Carta Política de 1991, así:
“En este sentido puede afirmarse que la revisión se opone al principio “res iudicata pro veritate habertur” para evitar que prevalezca una injusticia, pues busca aniquilar los efectos de la cosa juzgada de una sentencia injusta y reabrir un proceso ya fenecido. Su fin último es, entonces, buscar el imperio de la justicia y verdad material, como fines esenciales del Estado” (Sent. C-871/2003)(8), (negrilla fuera del texto original).
3. En esta ocasión, el demandante invoca la causal tercera de revisión que consagra la Ley 600 de 2000 en su artículo 220, numeral 3º, que corresponde al 192 de la Ley 906 de 2004, cuyo tenor es el siguiente:
Como se advierte, prevé la causal para configuración el surgimiento de hechos nuevos o de pruebas nuevas, no conocidas al tiempo de los debates, que demuestren la inocencia o la inimputabilidad del procesado. La novedad de la prueba o de los hechos no deviene del momento en que surgen o adquieren el carácter óntico, sino desde el momento en que se produce su descubrimiento, lo que da en suponer que los hechos y las pruebas por lo general coexisten con el suceso objeto de juzgamiento, de allí la necesidad de explicar siempre las causas por las cuales no se las recaudó o llevó al proceso para que fuesen valoradas en el desarrollo de los debates probatorios.
De otro lado, no es suficiente demostrar la novedad del hecho o de la prueba, sino que es imprescindible dar cuenta de la potencialidad del uno o de la otra para poner en entredicho los juicios conclusivos de responsabilidad deducidos en el proceso objeto de demanda. A esto alude la norma cuando precisa que de los hechos o de las pruebas nuevas se establezca la inocencia o inimputabilidad del condenado(9), aunque en la preceptiva de la Ley 600 de 2000, acorde con lo declarado por la Corte Constitucional(10), la acción procede también contra decisiones absolutorias.
Sobre lo que debe entenderse por hecho nuevo, la Sala ha definido que es:
“(…) aquel acaecimiento fáctico vinculado al delito que fue objeto de la investigación procesal, pero que no se conoció en ninguna de las etapas de la actuación judicial de manera que no pudo ser controvertido; no se trata, pues, de algo que haya ocurrido después de la sentencia, pero ni siquiera con posterioridad al delito que se le imputó al procesado y por el cual se le condenó, sino de un suceso ligado al hecho punible materia de la investigación del que, sin embargo, no tuvo conocimiento el juzgador en el desarrollo del itinerario procesal porque no penetró al expediente”(11).
Y acerca de la prueba nueva sostuvo que:
“(…) aquel mecanismo probatorio (documental, pericial, testimonial) que por cualquier causa no se incorporó al proceso, pero cuyo aporte ex novo tiene tal valor que podría modificar sustancialmente el juicio positivo de responsabilidad penal que se concretó en la condena del procesado. Dicha prueba puede versar sobre el evento hasta entonces desconocido (se demuestra que fue otro el autor del delito) o sobre hecho conocido ya en el proceso (muerte de la víctima, cuando la prueba ex novo demuestra que el agente actuó en legítima defensa), por manera que puede haber prueba nueva sobre hecho nuevo o respecto de variantes sustanciales de un hecho procesalmente conocido que conduzca a la inocencia o irresponsabilidad del procesado”(12).
Finalmente, debe precisarse que a través de la acción de revisión no se pretende establecer en grado de certeza la verdad que deviene de los hechos o de las pruebas nuevas, sino tan solo arribar al convencimiento de que, con probabilidad, el recaudo de la prueba nueva o el conocimiento de los hechos expuestos como nuevos, en desarrollo del juicio correspondiente, hubiesen alterado la valoración y los juicios conclusivos de responsabilidad.
Como en pretérita oportunidad sostuvo la Corte:
(…) es claro que ambos supuestos siguen latentes en la nueva configuración de la causal, y que la prueba ex novo que legitima en consecuencia la revisión del juicio no puede ser solo la que establece en grado de certeza que el procesado es inocente, o inimputable, sino también, la que contrasta de tal manera la evidencia probatoria en la cual se fundamentó la decisión de condena que ha hecho tránsito a cosa juzgada, que de haber sido conocida antes de su proferimiento, la decisión hubiese sido opuesta (de absolución), o distinta (el procesado habría sido declarado inimputable).
Esta conclusión responde a dos fundamentos, uno de contenido lógico sustancial, derivado de las finalidades de la acción, y otro de carácter procesal: 1. Sabido es que la revisión tiene por finalidad remover los efectos de cosa juzgada de una decisión injusta, connotación que la sentencia adquiere no solo cuando logra probarse, más allá de toda duda razonable, que el sentenciado es inocente, o inimputable, sino cuando la evidencia ex novo tiene la entidad probatoria suficiente para tornar la condena en absolución, o el juicio positivo de imputabilidad en declaración de inimputabilidad. 2. De carácter procesal, porque si es aceptado que la revisión solo procede cuando logra demostrarse, en grado de certeza, que el procesado es inocente, o inimputable, el juicio rescisorio se haría innecesario, dado que ningún sentido tendría repetir la actuación para probar lo ya demostrado.
En síntesis, la causal se configura no solo cuando se obtiene conocimiento cierto de que el condenado es inocente, o que actuó en estado de inimputabilidad, hipótesis que implicaría llegar probatoriamente al extremo opuesto del que se presume debe sustentar la sentencia (acreditación, más allá de toda duda razonable que el procesado es responsable, o imputable), sino cuando dejan de cumplirse los presupuestos sustanciales requeridos para proferir el fallo de condena, esto es, cuando la nueva evidencia probatoria torna discutible la declaración de verdad contenida en el fallo, haciendo que no pueda jurídicamente mantenerse (Rad. 13602, jul. 25/2002).
4.1. El escrutinio de la actuación procesal cuestionada por vía de la acción de revisión revela que las accionantes hermanas G. XXXX, fueron declaradas responsables del homicidio de su padre B. XXXX como determinadoras, con fundamento en la configuración de indicios de mayor o menor entidad, según los juzgadores de instancia, que corroboraban el testimonio de A. XXXX, otrora compañero sentimental de S. XXXX, quien la señaló a ella y a su hermana R. XXXX, de haberse concertado para ese fin.
Incriminación que no resultó debilitada, en criterio de las instancias judiciales, por la pretextada animadversión que él albergaba para con su expareja pues la carencia de prueba a ese respecto condujo a desestimar los cuestionamientos al testigo; en cambio, entre las inferencias realizadas se planteó que el móvil delictivo tenía origen en las graves disputas que de años atrás tenían S. XXXX y R. XXXX con su padre, agudizadas a raíz de la desaparición de F. XXXX y N. XXXX, madre y hermano suyos, en confusos hechos en que ellas creían estaba comprometido su procreador y que habían ocurrido dos meses antes del fatal ataque a B. XXXX.
La prédica de la existencia del móvil criminal surge de las versiones suministradas por las propias procesadas quienes aceptaron como cierta la conflictividad con su padre por diversos motivos, serias desavenencias ratificadas, además, por testigos de la causa como C. XXXX, M. XXXX y J. XXXX; en todos esos relatos, con mayor o menor riqueza descriptiva, se encuentran detalles de algunos de los muchos episodios de confrontación entre padre e hijas, y su trascendencia en el ámbito familiar.
Precisada la motivación, del análisis de la conducta de R. XXXX se dedujo que engañosamente hizo acudir a su padre al establecimiento de comercio que ella administraba en la ciudad de Villavicencio, en donde a la postre lo esperaría el sicario contratado para darle muerte.
El engaño que llevó a B. XXXX a ese sitio, consistió en hacerle creer que allí se encontraría con otro de sus hijos, Z. XXXX, para resolver asuntos sobre las tierras que mantenían en discordia a la familia, entre otras cosas; pero dicho descendiente no arribó al lugar, porque como él y su esposa Y.XXXX lo manifestaron, se desconocía la realización de ese encuentro, en franca contradicción con lo que a ese respecto expuso R. XXXX.
Fue así que llegados el día y la hora de la supuesta reunión, resultó propicia la ocasión para atentar en contra de B. XXXX, en el preciso momento que R. XXXX lo dejó solo a las afueras del establecimiento comercial hasta donde llegó el sicario que disparó el arma de fuego cuyos proyectiles le impactaron fatalmente, mientras ella estaba dentro del inmueble, a salvo y segura, fuera del alcance del aleve ataque.
A lo anterior se agregó que la actitud subsiguiente a ese atentado asumida por R. XXXX, resultaba contraria a las reglas de la experiencia porque antes de socorrer a su herido padre, decidió llamar a la policía para que se le prestara el auxilio que requería; a la par que salió a la calle para buscar quién había disparado contra su ascendiente sin que se explicara por qué asumió esa conducta entre tanto B. XXXX yacía mortalmente herido.
En la materialización de la idea preconcebida por parte de las hermanas G. XXXX de matar a su progenitor, se destacó el proceder asumido por S. XXXX que desde San José del Guaviare envió a su hermana R. XXXX, ubicada en Villavicencio, giros de dinero que no explicados satisfactoriamente dieron puntal a la conclusión de que se trataba del pago acordado con el actor homicida, conteste ello con lo narrado por A. XXXX a ese respecto.
Esta se reforzó con el acopio de una nota manuscrita desde la cárcel enviada por S. XXXX, ya en curso del investigativo mientras estaba afectada por medida cautelar, en la que pedía a J. XXXX o La negra, su esposa, que declarasen que esos caudales por ella remitidos tenían como finalidad la compra de ganado, pretendiendo de esa forma ocultar la verdadera razón de las remesas, cual era que servirían para el pago del asesinato.
Para apuntalar todo ello, se presentó el indicio denominado “contrato para matar” construido a partir de la información obtenida en la investigación acerca de que el arma usada para cegar la vida de B. XXXX, estaba comprometida en al menos otros seis homicidios por lo que propio resultaba colegir que en su caso se trató, en efecto, de un evento determinado por la intención de sus hijas de procurar su muerte.
4.2. Tiempo después de fenecido el proceso penal donde se declaró la responsabilidad penal de S. XXXX y R. XXXX como determinadoras de la muerte de su progenitor, compareció ante Fiscales de Justicia y Paz en el marco del proceso transicional reglado por la Ley 975 de 2005, B.P. XXXX, desmovilizado de las Autodefensas Unidas de Colombia, bloque Centauros o bloque Héroes del Llano y Guaviare, quien declaró que fue llamado por su jefe W. XXXX, para ordenarle que organizara un trabajo, por lo cual él acudió a N.B. XXXX, persona que recogió un arma y luego se reunió con alias “Caney”.
Juntos se dirigieron al sitio que se les indicó y una vez identificaron a la víctima, N.B. XXXX se le acercó por la espalda a esta y le disparó con la pistola, resultando herida otra persona desconocida; después se da su huida en la motocicleta conducida por alias “El Paisa”, quien esperaba a N.B. XXXX unos metros más adelante. Mientras esto ocurría B.P. XXXX presenciaba el acto desde la acera opuesta.
4.3. Dentro del mismo proceso transicional H.A. XXXX, alias “Martín” o “Toño”, sostiene que recibió órdenes de J.H. XXXX, alias “Carracho”, para “hacer una vuelta” en una finca a la cual se dirigieron junto con otros dos sujetos apodados “El Mono” y “Carranza”; allí, en la finca denominada XXXX, en el sector del caño XXXX, ejecutaron a F.E. XXXX, a su hijo N. XXXX, a L.M. XXXX, esposa del anterior, y a L.C. XXXX, trabajador de dicha finca.
Refiere cómo él y alias “Carranza” se hicieron cargo de L.M. XXXX y de L.C XXXX. degollándolos y cubriéndolos de tierra para ocultar sus cadáveres; al paso que J.H. XXXX y “El mono” dieron muerte a F.E. XXXX y a su hijo N. XXXX.
Sobre las razones de esas muertes, expone que las desconoce, que se limitó a cumplir la orden impartida por J.H. XXXX, pero que tiene entendido que esas personas habían sido señaladas como miembros de la guerrilla.
4.4. Para la Sala, el testimonio de B.P. XXXX reúne las características que precisa la norma para ser considerado como prueba nueva, toda vez que surge con posterioridad al juicio adelantado contra las hermanas G. XXXX.
Así, la primera constancia que se tiene del testimonio del supranombrado, en relación con los hechos objeto de juzgamiento, data de septiembre 12 de 2007 y asoma de manera totalmente ajena al proceso en tanto, tal como fueron planteados los hechos y las cargas probatorias, nada en la actuación adelantada indicaba la necesidad de la práctica de su testimonio.
De otro lado, aunque su valor probatorio es de menor connotación, en cuanto desconocen en sí las incidencias del homicidio de B. XXXX, también tienen el carácter de prueba nueva las declaraciones de J.H. XXXX y H.A. XXXX, en cuanto reconocen haber participado en la muerte de F.E. XXXX, su hijo, nuera y el empleado de su fundo, en cumplimiento de las órdenes impartidas por sus superiores en un contexto de acción inherente a la existencia y su pertenencia a un grupo delincuencial organizado al margen de la legalidad, dígase las denominadas Autodefensas.
4.5. Decantado el carácter novedoso de esa prueba nueva en el sub examine aducida, ha de centrarse atención en lo que atañe a su trascendencia, esto es, su incidencia en la valoración probatoria que se hizo por los juzgadores de instancia cuando se ocuparon de la materialidad del reato de homicidio perpetrado en la persona de B. XXXX, y la responsabilidad de S. XXXX y R. XXXX.
En ese contexto, se torna necesario y oportuno referir, primero, lo que acerca de las versiones de los postulados en Justicia y Paz ha explicado esta Corte para la configuración integral de la causal de revisión invocada, dígase como pruebas nuevas con la potencialidad de mutar la cosa juzgada imperante.
Síntesis del criterio de la Sala sobre este tópico, es que las versiones suministradas por los desmovilizados sometidos al proceso transicional de la Ley 975 de 2005, no ostentan per se un valor dado, una calidad especial, ni están marcadas por una especie de tarifa legal; esto es, que las atestaciones de los individuos sometidos al proceso de Justicia y Paz, no están dotadas de un contenido de verdad absoluto, ni siquiera relativo, pues en todo caso están sometidas a demostración, acorde con lo previsto en el inciso tercero del artículo 17 de ese compendio normativo, modificado por el artículo 14 de la Ley 1592 de 2012.
Ha explicado esta corporación sobre el tópico que “(…) en los trámites que se adelanten bajo la Ley de Justicia y Paz (L. 975/2005) no opera la tarifa legal de prueba respecto a que las manifestaciones que haga el postulado en las versiones se deben tener como una verdad incontrastable (…)”, (CSJ SP, sep. 2/2010, Rad. 33904), porque se debe cumplir lo previsto en el aludido artículo 17 inciso tercero de la Ley 975 de 2005.
Tanto en la redacción original del mencionado precepto como en la modificada vigente en la actualidad, se recoge esa esencia, a saber, que la versión rendida por el desmovilizado, y las demás actuaciones adelantadas en el proceso de desmovilización, serán objeto de estudio por el Fiscal delegado asignado para que elabore el respectivo programa metodológico que llevará a cabo el órgano de policía judicial con el propósito de “(…) iniciar la investigación, comprobar la veracidad de la información suministrada y esclarecer esos hechos y todos aquellos de los cuales tenga conocimiento dentro del ámbito de su competencia.”, según la norma primigenia.
Y con las palabras de la reforma en vigor a la fecha, “(…) iniciar la investigación, comprobar la veracidad de la información suministrada y esclarecer los patrones y contextos de criminalidad y victimización”.
Deviene lógico decir, por tanto, que no se caracteriza la versión de los sometidos al procedimiento consagrado en la Ley 975 de 2005 y sus reformas, como un medio de comprobación, en sí mismo, dotado de mérito especial, prevalente o preferente, que imponga a la par el deber de tener por cierto lo narrado o afirmado por el sometido a la justicia; en cambio, todo aquello que el desmovilizado-postulado informe ante el Fiscal del caso ha de ser objeto de la consecuente y necesaria comprobación, en coherencia con el objeto de la justicia transicional que tiende a “(…) facilitar los procesos de paz y la reincorporación individual o colectiva a la vida civil de miembros de grupos armados al margen de la ley, garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación”.
Por consiguiente, en cuanto a la verdad se refiere, imperativo establecer en el decurso de la investigación que la información dada por un desmovilizado-postulado, sea corroborada a través del acopio de elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenidas, que permitan sustentar en su contra cargos mediante formulación de imputación; surtido ese trámite, previa aceptación de cargos y cumplida la identificación de las víctimas y sus afectaciones, proferir la sentencia que impondrá las condignas sanciones, incluida la pena alternativa, acorde con los supuestos fácticos y probatorios como jurídicos pertinentes debidamente constatados.
En ese escenario, ha dicho la Corte, ciertamente la versión en comento debe ser completa, cierta y veraz sin perjuicio de la correlativa obligación del ente persecutor de respaldarla en una investigación previa, concomitante y subsiguiente a la confesión del mismo, porque esta será la
“(…) única manera para asegurar siquiera medianamente que lo relatado por el desmovilizado sea la totalidad de lo que sabe y que corresponde a la verdad.
Esto porque la versión libre no se puede limitar al universo fáctico buenamente escogido y relatado por el justiciable, sino que por el contrario, debe ampliarse al que el fiscal construya con la información recolectada, con la que indagará, inquirirá y cuestionará al desmovilizado de manera que pueda constatar la veracidad y totalidad de su dicho” (CSJ SP, ago. 23/2011, Rad. 34423).
Así las cosas, los medios de convicción aducidos en el trámite de revisión dejan saber que la versión libre y el testimonio rendidos por B.P. XXXX dan cuenta de su participación en el homicidio de B. XXXX, cumpliendo órdenes de su jefe dentro de las Autodefensas Unidas de Colombia, bloque Centauros o bloque Héroes del Llano y Guaviare; su actividad concreta correspondió a organizar el “trabajo” —ese homicidio— cuya ejecución material desplegó N.B. XXXX que fue quien disparó un arma de fuego tipo pistola impactando por la espalda al inerme ciudadano que se encontraba a las afueras de una tienda en el barrio Jordán de la ciudad de Villavicencio.
No obstante, acerca de la veracidad de ese uniforme relato se desconoce si en el respectivo proceso de Justicia y Paz adelantado en contra de B.P. XXXX se ha logrado comprobación de lo que él aduce; ni se sabe si por estos hechos, incluso otros también confesados, se ha producido imputación y formulación de cargos con su correlativa aceptación, menos aún se ha llegado al finiquito procesal de la sentencia.
De esta forma se puede colegir al revisar los informes suministrados por la Fiscalía delegada de justicia transicional, que reportan el estado de las diligencias allí seguidas a B.P. XXXX, sin aportar mayor ilustración sobre los avances del investigativo en su contra por estos hechos.
Ergo, menguada incidencia tiene la versión que aquí se ha conocido por su conducto, debiendo quedar en claro que igual acontece con el dicho de los postulados en Justicia y Paz, H.A. XXXX alias “Martín” o “Toño”, y J.H. XXXX, cuyas confesiones, por lo que se ha logrado esclarecer en este procedimiento excepcional, no han sido objeto de corroboración en desarrollo de la causa especial de justicia transicional.
4.6. Adicionalmente a lo precisado en precedencia, se encuentra que el examen conjunto de los medios de prueba que integran las instancias y lo allegado en sede de revisión, obliga a la sindéresis de todo ello para concluir que no resulta significativo en el esclarecimiento de la verdad y en la determinación de inocencia que se alega en favor de las hermanas G. XXXX, el testimonio de B.P. XXXX, en tanto confiesa ser uno de los varios involucrados en el asesinato de B. XXXX, en particular quien coordinó la ejecución del atentado mortal, impartiendo instrucciones al directo encargado de disparar.
Expone B.P. XXXX su participación en el homicidio de B. XXXX, haciendo descripción del lugar en que se produjo —una cafetería ubicada en el barrio Jordán de Villavicencio—; del occiso —que usaba sombrero—; de la situación en que se encontraba este —de espalda a la calle—; a la acción del sicario que dispara y luego huye en motocicleta conducida por otro miembro de la misma organización; a las heridas sufridas por otra persona presente en el sitio —que correspondería a Y.A. XXXX—; a las características del arma utilizada —tipo pistola, calibre 9 mm—, circunstancias todas que son coincidentes con la representación de los hechos que fue reconstruida en el proceso penal seguido contra las implicadas S. XXXX y R. XXXX.
Pero no resulta suficiente su explicación sobre lo acontecido para concluir de manera unívoca e inequívoca, que se excluye de toda participación en el homicidio de B. XXXX a sus hijas, respecto de quienes sostiene que apenas se enteró de su existencia en el curso de la diligencia llevada a cabo en la presente acción, cuando fue informado que se encontraban recluidas al ser condenadas como autoras del crimen de su padre.
Esta declaración no pone en entredicho ni desvirtúa el señalamiento directo que sobre ellas hiciera A. XXXX, quien en sede de revisión ratifica el testimonio dado en el juicio criminal ordinario, y reitera haber dicho la verdad y carecer de razones para inculpar falsamente a las hermanas G. XXXX porque no ha estado alentado por malsanos propósitos como se le ha reprochado; además, informa que fue presionado por la familia para modificar su versión sin acceder a lo que se le pedía, e incluso narra que recibió un escrito de retractación que estaba dirigido al Tribunal de Villavicencio, que él nunca suscribió ni presentó ante esa autoridad y del cual aporta copias simples. Su actitud invariable.
La simple confrontación de lo dicho por este testigo y el desmovilizado B.P. XXXX, deja en claro que aquél sí tuvo una percepción directa de las situaciones que narra y de la forma en que se enteró del plan criminal que fraguaron y llevaron a cabo las hermanas G. XXXX, sin que a ese nivel de conocimiento y percepción se oponga de manera relevante el segundo que acepta no haber conocido siquiera a las consanguíneas, menos aún al occiso y tampoco las vivencias que entre los miembros del grupo familiar se han evidenciado irrefutables y se han tenido como móvil del reato.
No se ignora que el desmovilizado aporta en su versión rendida en el proceso de Justicia y Paz, al igual que lo hace aquí, datos precisos y concretos sobre las razones y la forma como se produjo la fatal agresión contra B. XXXX, pero nada de eso conduce a concluir de manera irrefutable la inocencia de S. XXXX y R. XXXX, por su absoluta ajenidad con el homicidio de su padre si en cuenta se tiene la subsistencia no solamente de la directa incriminación comentada, sino de la cadena indiciaria razonada por los falladores de turno para la declaración de responsabilidad como determinadoras del parricidio.
En ese ámbito se encuentra que a lo que apunta la novedad probatoria es a refutar el móvil delictivo como lo enfatizan los alegatos de las partes, primordialmente, sin que sucumba la sindicación directa del testigo que depuso su percepción sobre las perversas intenciones de S. XXXX y R. XXXX, y lo que supo y conoció de la forma en que se desarrolló y materializó su ideación criminal; a la vez que nada se desdice sobre las pretéritas rivalidades familiares, conocidas no solo por su conducto sino de parte de las propias encausadas y de los también declarantes C. XXXX, M. XXXX y J. XXXX.
Tampoco se alcanza la refutación íntegra de las conclusiones derivadas de los indicios sobre la forma en que se propició la acción homicida tras lograr la presencia del padre en la ciudad de Villavicencio para acudir a una inventada reunión con su hijo Z. XXXX; ni de la forma en que fueron dispuestos los dineros para el pago del asesinato y menos en lo que se refiere a la misiva, aducida al expediente, que desde su sitio de reclusión envió S. XXXX orientada a que terceras personas dieran una versión acomodaticia favorable acerca del porqué de los giros dinerarios.
Ni qué decir sobre la inexplicable actitud asumida por R. XXXX luego de la acción armada ejecutada contra su padre, considerada como ajena a los cauces de las relaciones interpersonales, que en manera alguna aparece ahora justificada con la prueba nueva o desvirtuada su incidencia en la conjunta valoración de la prueba para condenar.
5. Por ende, visto como está que las argumentaciones de las instancias judiciales lejos están de ser derruidas por la prueba nueva, la discusión que plantea la demanda de revisión carece de mérito en cuanto sería lo requerido en esta acción que se llegase a la palmaria demostración de la inocencia por el influjo de dicha prueba nueva, que da lugar a la estructuración de distintas consideraciones y conclusiones sobre los hechos y/o la responsabilidad, en especial, ya declarados judicialmente.
Contrario sensu sí lo que surge es el planteamiento de hipótesis explicativas diversas que no copan en integridad ni desfiguran con igual alcance los razonamientos judiciales cuestionados, el debate no prospera para la declaración de injusticia perseguida con el ejercicio de la acción excepcional, habida cuenta que no es de su esencia constituirse en una instancia adicional para debatir el episodio criminal controvertido.
Siguiendo la línea de pensamiento que esta Sala ha explicado al examinar la causal impetrada, se torna imperativo iterar que debe ser de tal entidad la nueva prueba para llevar a un juicio de convicción en grado de certeza, que la persona procesada es inocente, ora inimputable; o, cuando menos, que deja de cumplirse alguno de los presupuestos sustanciales requeridos para proferir un fallo de condena, siempre que, claro está, la nueva evidencia probatoria haga discutible la declaración de verdad contenida al punto que no pueda jurídicamente mantenerse.
Habida cuenta que de acuerdo con lo analizado en líneas previas, ninguna de esas alternativas se presenta en este asunto, porque no se derruyen los pilares de la condena en términos de lo prevenido por el artículo 232 de la Ley 600 de 2000, y tampoco adolece la declaración de responsabilidad examinada de alguna deficiencia en su conformación que surja ostensible con base en la nueva prueba, es por lo que la Sala declarará infundada la causal invocada en el libelo promovido por la representación de S. XXXXy R. XXXX.
6. Las diligencias objeto de esta acción regresarán al Juzgado Tercero Penal del Circuito de Villavicencio, para los fines de su competencia.
7. Contra esta decisión no procede recurso alguno.
1. DECLARAR infundada la causal de revisión invocada en la demanda instaurada por R. XXXX y S. XXXX.
2. REMITIR el proceso al Juzgado Tercero Penal del Circuito de Villavicencio para los fines de su competencia.
3. Contra la presente decisión no procede recurso alguno.
8 Citada en la Sentencia T-442 de 2007 de la Corte Constitucional.
9 En este sentido, CSJ, AP, radicado 32653, 9 de diciembre de 2009.
10 C-04 de 2003.
11 Sentencia del 1º de diciembre de 1983, reiterada, entre otras, en la sentencia del 22 de abril de 1997 (Rad.12.460) y en el auto del 18 de febrero de 1998 (Rad. 9.901).