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Timestamp: 2020-01-24 05:41:02
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Matched Legal Cases: ['artículo 104', 'artículo 135', 'artículo 6', 'artículo 149', 'artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 2', 'artículo 6', 'artículo 86', 'artículo 1', 'artículo 1']

BOCG. Senado, serie II, núm. 20-a, de 16/03/2001
Núm. 20 (a) (Cong. Diputados, Serie A, núm. 19 Núm. exp. 121/000019)
Con fecha 16 de marzo de 2001, ha tenido entrada en esta Cámara el texto aprobado por la Comisión de Medio Ambiente del Congreso de los Diputados, con competencia legislativa plena, en relación con el Proyecto de Ley de modificación del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental (procedente del Real Decreto-Ley 9/2000, de 6 de octubre).
Al amparo del artículo 104 del Reglamento del Senado, se ordena la remisión de este Proyecto de Ley a la Comisión de Medio Ambiente.
Declarado urgente, se comunica, a afectos de lo dispuesto en el artículo 135.1 del Reglamento del Senado, que el plazo para la presentación de enmiendas terminará el próximo día 20 de marzo de 2001, martes.
Palacio del Senado, 16 de marzo de 2001.--P. D., Manuel Alba Navarro, Letrado Mayor del Senado.
En este sentido, la Directiva 85/337/CEE, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones
de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente representó el instrumento jurídico que mejor respuesta daba a esta necesidad, integrando la evaluación de impacto ambiental en la programación y ejecución de los proyectos de los sectores económicos de mayor importancia, en consonancia con lo que establece el actual artículo 6 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, según el cual las exigencias de la protección del medio ambiente deben incluirse en la definición y en la realización de las demás políticas y acciones de la Comunidad, con el objeto de fomentar un desarrollo sostenible.
La incorporación de la Directiva 85/337/CEE al Derecho interno estatal se efectuó mediante norma con rango de Ley, al aprobarse el Real Decreto legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental, cuyos preceptos tienen el carácter de legislación básica estatal, a tenor de lo dispuesto en el artículo 149.1.23 de la Constitución, siendo objeto de desarrollo por el Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, que aprobó el Reglamento para la ejecución del Real Decreto legislativo citado.
Con posterioridad, la Directiva 97/11/CE del Consejo, de 3 de marzo, por la que se modifica la Directiva 85/337/CEE, ha introducido diversas disposiciones destinadas a clarificar, completar y mejorar las normas relativas al procedimiento de evaluación, conteniendo cuatro modificaciones principales.
En primer lugar, la Directiva 97/11/CEE amplía sustancialmente el anexo I (proyectos sujetos a evaluación de impacto obligatoria), al mencionar 21 categorías de proyectos en vez de los nueve relacionados en la Directiva 85/337/CEE. En segundo lugar, modifica el artículo 4, con la introducción de un procedimiento que, basándose en los criterios de selección del anexo III, permita determinar si un proyecto del anexo II debe ser objeto de evaluación mediante un estudio caso por caso o mediante umbrales o criterios fijados por los Estados miembros. En tercer lugar, innova el artículo 5, posibilitando que, si el promotor o titular del proyecto lo solicita, la autoridad competente facilite su opinión sobre el contenido y alcance de la información que aquél debe suministrar. Y, por último, incorpora a la legislación comunitaria, por lo que se refiere a las relaciones entre Estados miembros, las principales disposiciones del Convenio sobre Evaluación de Impacto en el Medio Ambiente en un contexto transfronterizo, hecho en Espoo (Finlandia) y ratificado por España el 1 de septiembre de 1997.
Igualmente, en aplicación de las modificaciones establecidas en la nueva Directiva comunitaria, el artículo 2 regula expresamente la posibilidad de solicitar con carácter previo a su elaboración la opinión
del órgano ambiental en relación con el alcance del estudio de impacto ambiental, y el artículo 6 introduce las nuevas exigencias establecidas para la evaluación de impacto ambiental de proyectos en un contexto transfronterizo.
Dado que la Comisión Europea interpuso el 14 de diciembre de 1999 ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas una demanda contra el Reino de España por la inadecuada incorporación de la Directiva 85/337/CEE, por no incluir el Real Decreto legislativo 1302/1986 dentro de su ámbito de aplicación a varios de los grupos de proyectos que figuraban en el anexo II de la norma comunitaria, y que, asimismo, el 15 de septiembre de 2000 ha presentado una nueva demanda por la no transposición de la Directiva 97/11/CE en el plazo en ella fijado, resulta justificada la regulación de esta materia mediante Real Decreto-ley, de acuerdo con lo establecido en el artículo 86.1 de la Constitución.
Lo establecido en el párrafo anterior no será de aplicación a aquellos proyectos para los que la normativa de las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus competencias, bien exija evaluación de impacto ambiental, en todo caso, bien haya fijado umbrales, de acuerdo con los criterios del anexo III, para determinar cuando dichos proyectos deben someterse a evaluación de impacto ambiental.
f)Resumen del estudio y conclusiones en términos fácilmente comprensibles. Informe, en su
caso, de las dificultades informativas o técnicas encontradas en la elaboración del mismo.
Asimismo, el órgano ambiental dará al titular del proyecto, a solicitud de éste, su opinión en cuanto al alcance específico, atendiendo a cada tipo de proyecto del estudio señalado en el apartado 1.
3.Los titulares de proyectos comprendidos en el anexo II deberán presentar ante el órgano ambiental la documentación acreditativa de las características, ubicación y potencial impacto del proyecto, a fin de que dicho órgano pueda adoptar la decisión a que se refiere el artículo 1.2.
2.Cuando se trate de proyectos distintos a los señalados en el apartado 1 será órgano ambiental el que determine cada Comunidad Autónoma en su respectivo ámbito territorial.
b)El incumplimiento o transgresión de las condiciones ambientales en que debe realizarse el proyecto de acuerdo con la Declaración de Impacto Ambiental, así como las correspondientes medidas protectoras y correctoras.
d)El incumplimiento de la obligación de recabar
el parecer del órgano medioambiental, que se impone en el apartado 2 del artículo 1 a los promotores de proyectos del anexo II.
5.Una vez iniciado el procedimiento sancionador, el órgano competente para resolver podrá, en cualquier momento y mediante acuerdo motivado, disponer la suspensión de la ejecución del proyecto y adoptar otras medidas de carácter provisional, que aseguren la eficacia de la resolución final que pudiera recaer.
a)En el caso de infracción muy grave: Multa de hasta 40.000.001 hasta 400.000.000 de pesetas.
b)Corta de arbolado con propósito de cambiar a otro tipo de uso del suelo, cuando no esté sometida a planes de ordenación y afecte a una superficie mayor de 20 hectáreas. No se incluye en este apartado la corta de cultivos arbóreos explotados a turno inferior a cincuenta años.
e)Concentraciones parcelarias de más de 300 hectáreas.
f)Instalaciones de ganadería intensiva que superen las siguientes capacidades: 1.ª40.000 plazas para gallinas y otras aves.
2.ª55.000 plazas para pollos.
3.ª2.000 plazas para cerdos de engorde.
4.ª750 plazas para cerdas de cría.
5.ª2.000 plazas para ganado ovino y caprino.
6.ª300 plazas para ganado vacuno de leche.
7.ª600 plazas para vacuno de cebo.
8.ª20.000 plazas para conejos.
g)Instalaciones de acuicultura intensiva que tengan una capacidad de producción superior a 500 toneladas al año.
5.ªExplotaciones visibles desde autopistas, autovías, carreteras nacionales y comarcales o núcleos urbanos superiores a 1.000 habitantes o situadas a distancias inferiores a 2 kilómetros de tales núcleos.
8.ªExplotaciones que se hallen ubicadas en terreno de dominio público hidráulico, o en la zona de policía de un cauce, y además la superficie sea mayor de 5 hectáreas.
3.ªAquellas cuyos minados se encuentren a menos de 1 kilómetro (medido en plano) de distancia
de núcleos urbanos, que puedan inducir riesgos por subsidencia.
1.ºExtracción de minerales mediante dragados, cuando se realicen en zonas húmedas protegidas: lagos, lagunas, humedales y embalses clasificados; y en el resto de embalses, cuando el volumen de lodos extraídos sea mayor de 100.000 metros cúbicos.
a)Refinerías de petróleo bruto (con la exclusión de las empresas que produzcan únicamente lubricantes a partir de petróleo bruto), así como las instalaciones de gasificación y de licuefacción de al menos 500 toneladas de carbón de esquistos bituminosos (o de pizarra bituminosa) al día.
1.ºCentrales térmicas y otras instalaciones de combustión con potencia térmica de al menos 300 MW.
e)Instalaciones industriales para la producción de electricidad, vapor y agua caliente con potencia térmica superior a 100 MW.
b)Instalaciones destinadas a la extracción de amianto, así como el tratamiento y transformación del amianto y de los productos que contienen
amianto: para los productos de amiantocemento, con una producción anual de más de 20.000 toneladas de productos acabados; para los usos del amianto como materiales de fricción, con una producción anual de más de 50 toneladas de productos acabados; para los demás usos del amianto, una utilización anual de más de 200 toneladas.
1.ºLa producción de pasta de papel a partir de madera o de otras materias fibrosas similares; 2.ºLa producción de papel y cartón, con una capacidad de producción superior a 200 toneladas diarias.
d)Vías navegables y puertos de navegación interior que permitan el paso de barcos de arqueo superior a 1.350 toneladas.
e)Puertos comerciales, pesqueros o deportivos.
f)Espigones y pantalanes para carga y descarga conectados a tierra que admitan barcos de arqueo superior a 1.350 toneladas.
g)Obras costeras destinadas a combatir la erosión y obras marítimas que puedan alterar la costa, por ejemplo, por la construcción de diques, malecones, espigones y otras obras de defensa contra el mar, excluidos el mantenimiento y la reconstrucción de tales obras, cuando estas estructuras alcancen una profundidad de, al menos, 12 metros con respecto a la bajamar máxima viva equinoccial.
a)Presas y otras instalaciones destinadas a retener el agua o almacenarla, siempre que se dé alguno de los siguientes supuestos:
1.ºPresas de más de 15 metros de altura, siendo ésta la diferencia existente entre la cota de coronación y la cota del punto más bajo de la superficie general de cimientos.
2.ºPresas que, teniendo entre 10 y 15 metros de altura, respondan a una, al menos, de las características siguientes: Que la capacidad de embalse sea superior a 100.000 metros cúbicos, o que se den características excepcionales de cimientos o cualquier otra circunstancia que permita calificar la obra como importante para la seguridad o economía públicas.
3.ºPresas y otras instalaciones destinadas a retener agua o almacenarla permanentemente, cuando el volumen nuevo o adicional de agua retenida o almacenada sea superior a 10 millones de metros cúbicos.
b)Proyectos para la extracción de aguas subterráneas o la recarga artificial de acuíferos si el volumen anual de agua extraída o aportada es igual o superior a 10 millones de metros cúbicos.
d)Plantas de tratamiento de aguas residuales cuando se dé alguno de los siguientes supuestos:
1.ºCapacidad de la planta superior a 150.000 habitantes-equivalentes.
2.ºCuando el vertido del efluente afecte a un medio acuático calificado como sensible.
3.ºEn caso de río, cuando la ubicación del vertido del efluente esté próxima, aguas arriba, a tomas de abastecimiento humano.
c)Vertederos de residuos no peligrosos que reciban más de 10 toneladas por día o que tengan una capacidad total de más de 25.000 toneladas, excluidos los vertederos de residuos inertes.
b)Los siguientes proyectos correspondientes a actividades listadas en el anexo I, que, no alcanzando los valores de los umbrales establecidos en el mismo, se desarrollen en zonas especialmente sensibles, designadas en aplicación de las Directivas 79/409/CEE y 92/43/CEE, o en humedales incluidos en la lista del Convenio de Ramsar:
7.ºObras de encauzamiento y proyectos de defensa de cursos naturales, siempre que afecten a cauces que atraviesen áreas clasificadas o protegidas por la Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, o bien humedales incluidos en la lista del Convenio de Ramsar.
d)Instalaciones de acueductos de larga distancia, cuando la longitud sea mayor de 10 kilómetros y la sección cumpla alguno de los supuestos siguientes:
1.ºConducción en tubo, cuando el diámetro de éste sea superior a un metro.
2.ºConducción mediante varios tubos, cuando la suma de los diámetros de los mismos sea superior a 1,20 metros.
3.ºConducción en canal, cuando el caudal supere los 5 metros cúbicos por segundo.
Nota:El fraccionamiento de proyectos de igual naturaleza y realizados en el mismo espacio físico no impedirá la aplicación de los umbrales establecidos en este anexo, a cuyos efectos se acumularán las magnitudes o dimensiones de cada uno de los proyectos considerados.
a)Proyectos de concentración parcelaria de más de 100 hectáreas (excepto los incluidos en el anexo I).
c)Proyectos de gestión de recursos hídricos para la agricultura, con inclusión de proyectos de riesgo o de avenamiento de terrenos cuando afecten a una superficie mayor de 10 hectáreas (proyectos no incluidos en el anexo I), o bien proyectos de consolidación y mejora de regadíos de más de 100 hectáreas.
1.ªQue esté situada fuera de polígonos industriales; 2.ªQue se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial;
3.ªQue ocupe una superficie de, al menos, 1 hectárea.
Grupo5 Industria siderúrgica y del mineral.
c)Instalaciones de almacenamiento de productos
petroquímicos y químicos (proyectos no incluidos en el anexo I).
f)Tranvías, metros aéreos y subterráneos, líneas suspendidas o líneas similares de un determinado tipo, que sirva exclusiva o principalmente para el transporte de pasajeros.
a)Extracción de aguas subterráneas o recarga artificial de acuíferos cuando el volumen anual de agua extraída o aportada sea igual o superior a 300.000 metros cúbicos (proyectos no incluidos en el anexo I).
c)Construcción de vías navegables, obras de encauzamiento y proyectos de defensa de cursos naturales no incluidos en el anexo I.
d)Plantas de tratamiento de aguas residuales (proyectos no incluidos en el anexo I).
e)Instalaciones de acueductos de larga distancia (proyectos no incluidos en el anexo I).
c)La capacidad de carga del medio natural, con especial atención a las áreas siguientes: 1.ªHumedales.