Source: http://www.normamorandini.com.ar/?p=11606
Timestamp: 2017-03-29 19:07:57
Document Index: 369992976

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'in fine', 'In dubio', 'Artículo 6', 'artículo 43', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'artículo 27', 'artículo 23', 'artículo 19', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'Artículo 35', 'Artículo 36', 'Artículo 37', 'Artículo 38', 'Artículo 39', 'Artículo 40', 'artículo 5', 'in fine', 'Artículo 41', 'artículo 38', 'Artículo 42', 'Artículo 43', 'Artículo 44', 'artículo 44', 'Artículo 45', 'Artículo 46', 'Artículo 47', 'Artículo 48', 'Artículo 49', 'Artículo 50', 'Artículo 51', 'Artículo 52', 'Artículo 53', 'Artículo 54', 'artículo 42', 'Artículo 55', 'Artículo 56', 'Artículo 57', 'artículo 51', 'Artículo 58', 'Artículo 59', 'Artículo 60', 'Artículo 61', 'Artículo 62', 'Artículo 63', 'Artículo 64', 'Artículo 65', 'Artículo 66', 'Artículo 67', 'Artículo 68', 'Artículo 69', 'Artículo 70', 'Artículo 71', 'Artículo 72', 'Artículo 73', 'artículo 1', 'artículo 15', 'Artículo 19', 'Artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 86', 'artículo 85', 'artículo 86', 'artículo 114', 'artículo 120', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'artículo 43']

LEY DE DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | NORMA MORANDINI
LEY DE DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA
Artículo 1º. Objeto. La presente ley tiene por objeto fijar los principios, bases y procedimientos para asegurar a toda persona física o jurídica el derecho al libre acceso a la información pública, de manera de garantizar la transparencia en la función pública, promover la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones e impulsar la rendición de cuentas de quienes son responsables de administrar los asuntos públicos.
Artículo 2º. Alcance. Toda persona física o jurídica, pública o privada, tiene derecho a requerir, buscar, difundir, acceder y recibir información pública en forma comprensible, completa, veraz, oportuna y adecuada. El derecho que regula esta ley es un derecho humano fundamental y por tal motivo no puede ser objeto de restricciones que le resten eficacia o de interpretaciones que lo limiten.
Artículo 3º. Definición. A los fines de la presente ley se entiende por información pública a todo dato o conocimiento que conste en un documento, cualquiera sea su soporte, que hubiere sido o debiera ser creado u obtenido por los sujetos obligados por esta ley, o que obrare o debiere obrar en su poder o bajo su control, cuya producción hubiera sido financiada total o parcialmente con fondos públicos, o que sirviere de base para una decisión de naturaleza administrativa.
Propósitos y principios básicos
Artículo 4º. Propósitos. Son propósitos de la presente ley:
a)	Garantizar a toda persona el acceso a la información pública;
b)	Proveer procedimientos eficaces y expeditos para el ejercicio de los derechos regulados por la presente ley;
c)	Promover la transparencia en los procedimientos, contenidos y decisiones que se adoptan en el ejercicio de la función pública;
d)	Permitir la efectiva participación e incidencia de la ciudadanía en la toma de decisiones públicas;
e)	Sentar las bases para la práctica de rendición de cuentas por parte de los sujetos obligados;
f)	Fomentar una correcta gestión, organización, clasificación y manejo de la información pública.
Artículo 5º. Principios Básicos. El cumplimiento de lo que establece la presente ley se rige por los siguientes Principios Básicos:
a)	Máxima apertura de la información: toda información pública es accesible y está sujeta a un sistema restringido de excepciones, que se aplicarán de acuerdo a las normas vigentes y deberán ser fundadas por el funcionario que la invoque;
b)	Transparencia activa: toda información pública debe estar actualizada y a disposición permanente de la ciudadanía, para hacer efectivo el derecho de las personas a conocer y vigilar la gestión de los intereses públicos;
c)	Promoción de gobierno abierto: el derecho de acceso a la información pública debe estar garantizado por los organismos públicos a través de la promoción activa de la apertura gubernamental y de la conciencia pública respecto a los alcances de la presente ley;
d)	Alcance limitado de las excepciones: los límites al derecho de acceso a la información pública son excepcionales, establecidos únicamente por ley de la Nación y formulados por el sujeto responsable en términos claros y precisos;
e)	Informalidad y eficiencia en el acceso: la solicitud de acceso a la información pública debe tramitarse de manera oportuna y justa, en términos de igualdad, con la mínima formalidad que la haga procedente e identificando la información que se requiere sin necesidad de acreditar legitimación o motivación alguna, así como tampoco requiere exigir patrocinio alguno. Los sujetos obligados garantizarán celeridad y economía procesal, sencillez y eficacia en las respuestas y en las restantes instancias de tramitación del pedido de acceso a la información pública. Cualquier rechazo, negativa o silencio en la respuesta contará con la disponibilidad de una expedita actuación judicial;
f)	Información parcialmente pública. Sistema de tachas: Si algún datoo contenido de un documento que haya sido solicitado por un tercero reviste el carácter de secreto, reservado o confidencial en los términos previstos por esta ley, deberá ser tachado u ocultado para facilitar el acceso al resto de la información requerida;
g)	Gratuidad: el acceso a la información pública es gratuito, en tanto no se requiera copias físicas de la respuesta, en cuyo caso los costos no excederán los reales de reproducción y entrega de la información y serán a cargo del solicitante, de igual modo que, en su caso, los costos de envío. Los parámetros serán fijados por la reglamentación, que además establecerá un parámetro reducido de costos cuando el pedido de acceso a la información pública haya sido interpuesto por instituciones educativas, científicas, sin fines de lucro o vinculadas con actividades de interés público, siendo plenamente gratuitos para quienes acrediten certificado de pobreza;
h)	No discriminación: El acceso a la información pública está garantizado a todas las personas en condiciones de igualdad, no pudiéndose exigir expresión de causa o motivo de la solicitud;
i)	Responsabilidad: Los funcionarios públicos que incumplieran las obligaciones previstas por la presente ley estarán sujetos a las sanciones disciplinarias o penales que les correspondan;
j)	Conservación: La información es un bien público y por ello debe ser conservada y resguardada de manera adecuada durante el transcurso del tiempo. La digitalización de la información deberá ser prioritaria en los organismos públicos;
k)	Interés público superior: Ninguna autoridad pública puede negarse a indicar si un documento obra o no en su poder o negar la divulgación de un documento, de conformidad con las excepciones contenidas en la presente ley, salvo que el daño causado al interés protegido sea mayor al interés público de obtener acceso a la información;
l)	Precedencia de la transparencia (In dubio pro petitor): la interpretación de las disposiciones de esta ley y/o sus normas complementarias deberá ser efectuada en caso de duda siempre a favor del mayor alcance del derecho de acceso a la información pública.
Artículo 6º. Sujetos Obligados. Los sujetos obligados de la presente ley son:
a)	Los Organismos de la Administración Pública Nacional, conformada por la Administración Central y los Organismos Descentralizados, comprendidas las Instituciones de Seguridad Social;
b)	El Poder Judicial de la Nación y el Consejo de la Magistratura de la Nación, con las limitaciones establecidas en la presente ley;
c)	El Poder Legislativo de la Nación;
d)	La Auditoría General de la Nación;
e)	La Defensoría del Pueblo de la Nación;
f)	El Ministerio Público de la Nación;
g)	Los Entes reguladores de servicios públicos;
h)	Las Universidades nacionales, institutos y colegios universitarios;
i)	Las Empresas del Estado, las Sociedades del Estado, las Sociedades Anónimas con Participación Estatal Mayoritaria, las Sociedades de Economía Mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado nacional tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias, sólo en lo que respecta a los fondos públicos comprometidos en la participación del Estado;
j)	Los Entes Públicos excluidos expresamente de la Administración Nacional, comprendida cualquier organización estatal no empresarial, con autarquía financiera, personería jurídica y patrimonio propio, donde el Estado nacional tenga el control mayoritario del patrimonio o de la formación de las decisiones, incluyendo aquellas entidades públicas no estatales donde el Estado nacional tenga el control de las decisiones.
k)	Los Fondos Fiduciarios integrados total o mayoritariamente con bienes y/o fondos del Estado Nacional en lo que respecta a los fondos públicos comprometidos;
l)	El Banco Central de la República Argentina, el Banco de la Nación Argentina, el Banco de Inversiones y Comercio Exterior, el Banco Hipotecario y las entidades bancarias que se creen con posterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley en el ámbito del Sector Público Nacional;
m)	Las instituciones privadas a las que se les haya entregado subsidios o aportes proveniente del Estado Nacional de manera directa o indirecta, o a quienes se les haya otorgado mediante permiso, licencia, concesión o cualquier otra forma contractual la prestación de un servicio público o la explotación de un bien de dominio público;
n)	Las asociaciones empresariales, sindicales, partidos políticos y entidades u organizaciones privadas a las que se les haya otorgado de otorgaren subsidios o aportes creados por el Estado Nacional, en lo atinente a la utilización o actividades desarrolladas con dichos subsidios o aportes.
La enumeración precedente en ningún caso puede interpretarse como exclusión de sector alguno de la actividad estatal.
En lo que respecta a los sujetos comprendidos en los incisos b), c), d), e) y f) la obligación de proveer información pública queda restringida a la correspondiente a su actividad administrativa y a los fondos públicos comprometidos.
En el caso de los sujetos referidos en el inciso m) la obligación de proveer información queda restringida a la que hubiera sido producida total o parcialmente con fondos públicos, a la vinculada a los subsidios y aportes recibidos del Estado Nacional y a la atinente a las prestaciones de los servicios públicos o explotaciones de bienes públicos a su cargo.
En ningún caso el ejercicio del derecho de acceso a la información pública podrá restringir la libertad de prensa y el secreto de las fuentes periodísticas, conforme a lo establecido por el tercer párrafo del artículo 43 de la Constitución Nacional.
Obligación de transparencia activa
Artículo 7º. Sistematización de la información. Los sujetos obligados a brindar acceso a la información pública deben prever la adecuada organización, sistematización, disponibilidad e individualización de la información, como también su integración en línea a través de medios electrónicos, en los términos que dispone la presente ley y su reglamentación, a fin de asegurar un fácil y amplio acceso.
Los sujetos obligados deben, en los plazos que establezca la Autoridad de Aplicación, digitalizar la información que produzcan, obtengan, transformen o conserven.
Artículo 8º. Transparencia activa. Los sujetos obligados deben mantener la información pública a disposición de toda persona en forma permanente, completa, organizada, actualizada y asegurando su fácil identificación y acceso expedito, a través de sus respectivos sitios electrónicos. Dichos sitios deben disponer también de los medios electrónicos interactivos adecuados para recibir sugerencias, despachar consultar, entablar un vínculo de colaboración con los usuarios o requirentes de la información, incluyendo a las personas con capacidades especiales.
Artículo 9º. Información a publicar. Los sujetos públicos obligados difundirán en sus respectivos sitios electrónicos toda la información correspondiente a sus funciones, actividades y ejecuciones presupuestarias de cada uno de los actos que realicen sus dependencias. La publicación de la información deberá estar actualizada en los sitios electrónicos de los organismos en períodos no mayores a los tres meses, de forma oportuna, adecuada y comprensible y asegurando su fácil identificación y acceso expedito, y contendrá al menos la siguiente información:
a)	Marco normativo del organismo;
b)	Estructura orgánica, misiones, funciones y atribuciones;
c)	Nómina de autoridades y personal que cumplan funciones de manera permanente, transitoria o bajo cualquier otra modalidad contractual, con detalle de sus respectivas responsabilidades y escalafón.
d)	Planificación de proyectos, planes, programas, metas y acciones que correspondan, con detalle de fechas de inicio y finalización y su correspondiente estadio;
e)	El presupuesto asignado y su ejecución en los términos previstos en la Ley de Administración Financiera o el régimen que la sustituya y la Ley de Presupuesto General de cada año, desagregada como mínimo en las siguientes categorías programáticas: obra, programa, subprograma, proyecto y actividad;
f)	Detalle de toda transferencia de fondos públicos con especificación de sus beneficiarios, incluyendo todo aporte económico entregado a personas físicas o jurídicas, públicas o privadas;
g)	Detalle de contrataciones públicas con especificación de objeto y actos administrativos realizados para cada una de ellas;
h)	Nómina de permisos, concesiones y autorizaciones otorgadas con especificación de beneficiarios, objetos y actos administrativos realizados en cada caso;
i)	Estadísticas de acuerdo a la competencia de cada organismo;
j)	Indice de trámites y procedimientos que se realicen ante el organismo, como así también los requisitos y criterios de asignación para acceder a sus prestaciones;
k)	Publicidad de los mecanismos que faciliten la participación ciudadana en la toma de decisiones;
l)	Informes de auditorías o evaluaciones internas o externas referidas a los planes, programas, proyectos o actividades del propio organismo;
m)	Datos de contacto del o los funcionarios responsables de gestionar y responder las solicitudes de acceso a la información pública.
Toda la información publicada debe estar a disposición irrestricta de quienes soliciten el acceso a la información pública en cualquier tipo de soporte.
Se establece el acceso libre y gratuito vía Internet a la totalidad de las secciones del Boletín Oficial de la República Argentina, desde el día hábil administrativo de su publicación gráfica.
Artículo 10º. Exhibición de la Ley de Derecho de Acceso a la Información Pública. Los sujetos obligados, así como la Autoridad de Aplicación, deben exhibir en sus oficinas de acceso y atención al público, en lugar visible, el texto de la presente ley junto con los datos de contacto de dicha autoridad y de los Centros de Acceso a la Información Pública, así como los costos de reproducción o del soporte en el que conste la información solicitada y, de corresponder, de los costos de envío, conforme lo establezca la reglamentación.
Artículo 11. Excepciones. Los sujetos obligados a brindar información pública sólo podrán exceptuarse de proveer la información requerida en alguno de los siguientes supuestos:
a)	Cuando se tratare de información clasificada como secreta, reservada o confidencial por disposición expresa de una ley, o en los términos de la Ley 25.520;
b)	Cuando se tratare de información en poder de la Unidad de Información Financiera encargada del análisis, tratamiento y transmisión de información tendiente a la prevención e investigación de la legitimación de activos provenientes de ilícitos;
c)	Cuando se tratare de información producida por asesores jurídicos de la Administración Pública cuya publicidad pudiera revelar la estrategia a adoptarse en la defensa o tramitación de una causa judicial, o divulgare las técnicas o procedimientos de investigación, o cuando la información pudiera afectar el derecho de defensa de las partes o privare a una persona del pleno ejercicio de la garantía del debido proceso;
d)	Cuando se tratare de información referida a datos personales de carácter sensible, en los términos de la Ley 25.326, cuya publicidad constituyera una vulneración al derecho a la intimidad, salvo que se contara con expreso consentimiento de la persona a la que se refiriera la información solicitada;
e)	Cuando se tratare de información que pudiera ocasionar un peligro a la vida o seguridad de una persona;
f)	Cuando se tratare de información protegida por el secreto profesional;
g)	Cuando se tratare de información de carácter judicial cuya divulgación estuviera vedada por otras leyes o por compromisos contraídos por la República Argentina en convenciones internacionales.
Los supuestos previstos no podrán ser invocados como fundamentos de la denegatoria a una solicitud de acceso a la información pública cuando exista un interés público superior al tutelado por el presente artículo.
Toda la información que en algún momento fue secreta, reservada o confidencial, antes de ser destruida, debe ser digitalizada y puesta a disposición de la ciudadanía.
Artículo 12. Determinación de excepciones. La decisión que, conforme al artículo precedente, establezca excepciones al acceso a la información pública, sólo podrá adoptarse en acuerdo de ministros y refrendada por el o los ministros del área al que pertenece la información clasificada junto con el Jefe de Gabinete de Ministros. Si no se cumpliere dicho requisito cualquier reserva es nula de nulidad absoluta.
En el caso de los demás sujetos obligados, la decisión debe ser adoptada por la máxima autoridad de los mismos.
Artículo 13. Requisitos de la clasificación. La decisión que establezca excepciones al acceso a la información pública en los términos de la presente ley debe comunicarse al requirente con los siguientes datos:
a)	El organismo que dispuso la excepción;
b)	Las razones que fundamentan la clasificación y el mandato legal expreso que la habilita;
c)	La fecha o el evento establecido para el acceso público a la información solicitada;
d)	Las partes de la información que se encuentran sometidas a la reserva y las que están disponibles para el acceso público.
Artículo 14. Período de reserva. La información clasificada como secreta, reservada o confidencial tendrá tal carácter mientras subsistan las causas que dieron origen a su clasificación.
Una vez dada a publicidad ninguna información puede ser nuevamente declarada o reclasificada como secreta o reservada.
Artículo 15. Límites de la excepción. No podrá invocarse el carácter de información secreta, reservada o confidencial ante el requerimiento judicial realizado en el marco de una investigación sobre violaciones de los Derechos Humanos, o sobre genocidio, crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad.
Autoridad de Aplicación. Creación.
Artículo 16. Creación. Se crea en el ámbito del Poder Legislativo de la Nación la Defensoría del Acceso a la Información Pública, con el objeto de tutelar el derecho de acceso a la información pública y ejercer las funciones que establece la presente ley, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad.
El objetivo fundamental de esta institución es la de asegurar a toda persona física o jurídica el derecho al libre acceso a la información pública, de manera de garantizar la transparencia en la función pública, promover la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones e impulsar la rendición de cuentas de quienes son responsables de administrar los asuntos públicos.
Artículo 17. Titular y Adjunto. Elección. Los funcionarios Titular y Adjunto del organismo se denominan Defensor del Acceso a la Información Pública y Defensor Adjunto del Acceso a la Información Pública respectivamente, y son elegidos por Comisión Bicameral de Defensoría del Pueblo del Congreso de la Nación.
Artículo 18. Comisión Bicameral. En un plazo no mayor de treinta (30) días a contar desde la promulgación de la presente ley, la Comisión Bicameral de Defensoría del Pueblo debe proponer a las Cámaras los candidatos para ocupar los cargos de Defensor del Acceso a la Información Pública y Defensor Adjunto del Acceso a la Información Pública.
Artículo 19. Procedimiento de Elección. Los Defensores Titular y Adjunto del Acceso a la Información Pública serán elegidos de acuerdo con el siguiente procedimiento:
a)	En un plazo no mayor de treinta (30) días a contar desde la promulgación de la presente ley, la Comisión Bicameral de Defensoría del Pueblo debe proponer una nómina de candidatos para ocupar los cargos de Defensores Titular y Adjunto del Acceso a la Información Pública.
b)	El Poder Legislativo Nacional deberá publicar por el lapso de diez (10) días los nombres y los antecedentes curriculares de las personas propuestas por la Comisión Bicameral de Defensoría del Pueblo para ocupar los cargos de Defensores Titular y Adjunto de Acceso a la Información Pública, de manera de garantizar los mecanismos adecuados y suficientes para que los ciudadanos en general, las organizaciones no gubernamentales, los colegios y asociaciones profesionales, las entidades académicas y de derechos humanos, puedan presentar las posturas, observaciones y circunstancias que consideren de interés expresar respecto del o los candidatos. Las presentaciones de interés deberán realizarse dentro de un período de tiempo no mayor a los cinco (5) días de finalizada la publicación.
c)	Vencido el plazo que establece el inciso precedente, la Comisión Bicameral de Defensoría del Pueblo deberá reunirse nuevamente con el objeto de evaluar las consideraciones presentadas respecto de los candidatos y seleccionar a tres (3) de ellos para presentar ante ambas Cámaras.
d)	Dentro de los treinta (30) días siguientes al pronunciamiento de la Comisión Bicameral de Defensoría del Pueblo, ambas Cámaras elegirán por el voto de dos tercios de sus miembros presentes a dos de los candidatos propuestos. Resultará elegido Defensor del Acceso a la Información Pública quien mayor cantidad de votos haya obtenido y Defensor Adjunto del Acceso a la Información Pública quien haya resultado segundo en la votación.
e)	Si en la primera votación ningún candidato obtiene la mayoría requerida en el inciso anterior debe repetirse la votación hasta alcanzar la misma.
Artículo 20. Duración. La duración del mandato de los Defensores Titular y Adjunto del Acceso a la Información Pública es de cinco años, pudiendo ser reelegidos indistintamente por una sola vez según el procedimiento establecido en el artículo anterior.
Artículo 21. Calidades para ser elegido Defensor Titular y Adjunto del Acceso a la Información Pública. Puede ser elegido Defensor Titular y Adjunto de Acceso a la Información Pública toda persona que reúna las siguientes calidades:
a)	Ser argentino nativo o por opción;
b)	Tener 30 años de edad como mínimo;
c)	Acreditar trayectoria, compromiso y reconocimiento en la defensa de los valores republicanos y, en particular, del derecho de acceso a la información pública.
Artículo 22. Nombramiento. El nombramiento de los Defensores Titular y Adjunto del Acceso a la Información Pública se instrumenta en resolución conjunta suscripta por los presidentes de ambas Cámaras del Congreso de la Nación Argentina, la que debe publicarse en el Boletín Oficial y en el Diario de Sesiones del Poder Legislativo.
Los Defensores Titular y Adjunto del Acceso a la Información Pública toman posesión de su cargo ante las autoridades de ambas Cámaras del Congreso de la Nación Argentina prestando juramento de desempeñar debidamente el cargo.
Artículo 23. Del Defensor Adjunto. El Defensor Adjunto del Acceso a la Información Pública auxiliará al Defensor Titular en su tarea, pudiendo reemplazarlo provisoriamente en los supuestos de cese, muerte, suspensión o imposibilidad temporal.
Artículo 24. Remuneración. Los Defensores Titular y Adjunto del Acceso a la Información Pública perciben la remuneración que establezca el Honorable Congreso de la Nación Argentina.
Artículo 25. Incompatibilidades. Los cargos de Defensores Titular y Adjunto del Acceso a la Información Pública son incompatibles con el desempeño de cualquier otra actividad pública o comercial, docente o profesional y se encuentran vedados de ejercer actividad política partidaria.
Dentro de los diez (10) días siguientes a los nombramientos y antes de tomar posesión de los cargos, los Defensores Titular y Adjunto del Acceso a la Información Pública deben cesar en toda situación de incompatibilidad que pudiere afectarlos, presumiéndose en caso contrario que no aceptan el nombramiento.
Son de aplicación a los Defensores Titular y Adjunto del Acceso a la Información Pública, en lo pertinente, las normas en materia de recusación y excusación previstas en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
Artículo 26. Actividad. La actividad de la Defensoría del Acceso a la Información Pública no se interrumpe en el período de receso del Congreso de la Nación Argentina.
Artículo 27. Causales de cese. Los Defensores Titular y Adjunto del Acceso a la Información Pública cesan en sus funciones por alguna de las siguientes causas:
b)	Vencimiento del plazo de su mandato;
c)	Incapacidad sobreviviente;
d)	Haber sido condenado mediante sentencia firme por delito doloso;
e)	Notoria negligencia en el cumplimiento de los deberes del cargo o por haber incurrido en la situación de incompatibilidad prevista por esta ley.
Artículo 28. Cese. Formas. En los supuestos previstos por los incisos a) y d) del artículo 27, el cese será dispuesto por los presidentes de ambas Cámaras del Congreso de la Nación Argentina.
En los supuestos previstos por los incisos c) y e) del mismo artículo el cese se decide por el voto de los dos tercios de miembros presentes de ambas Cámaras del Congreso de la Nación Argentina, previo debate y audiencia del interesado. En el caso del inciso c) la incapacidad sobreviniente deberá acreditarse de modo fehaciente.
En caso de muerte de alguno de los Defensores Titular y Adjunto de Acceso a la Información Pública se debe proceder a su reemplazo provisorio según las normas establecidas en el artículo 23, promoviéndose en el más breve plazo una nueva designación conforme a lo previsto en el artículo 19 para completar el mandato inicial.
Artículo 29. Inmunidades. Los Defensores Titular y Adjunto del Acceso a la Información Pública no pueden ser arrestados desde el día de su designación hasta el de su cese o suspensión, excepto en el caso de ser sorprendido in fraganti en la ejecución de un delito doloso, de lo que se debe dar cuenta a los presidentes de ambas Cámaras del Congreso de la Nación Argentina con la información sumaria del hecho.
Cuando se dicte auto de procesamiento por la justicia competente contra un Defensor del Acceso a la Información Pública por delito doloso, el mismo puede ser suspendido en sus funciones por ambas Cámaras del Congreso de la Nación Argentina hasta que se dicte sobreseimiento definitivo a su favor.
De la Defensoría. Recursos humanos y materiales. Delegaciones.
Artículo 30. Estructura. Funcionarios y empleados. Designación. Dentro de los noventa (90) días de promulgada la presente ley la Comisión Bicameral de Defensoría del Pueblo debe establecer la estructura orgánico-funcional y administrativa de la Defensoría del Acceso a la Información Pública.
Para cubrir todos los cargos de funcionarios y empleados de la Defensoría, el Defensor del Acceso a la Información Pública debe proponer a los presidentes de ambas Cámaras la nómina del personal que desea se le asigne funciones en dicho organismo. Ese personal debe revistar con anterioridad en la planta permanente de cualquiera de las Cámaras del Congreso Nacional.
Artículo 31. Reglamento interno. El reglamento interno de la Defensoría del Acceso a la Información Pública debe ser dictado por su titular y aprobado por la Comisión Bicameral de Defensoría del Pueblo.
Artículo 32. Domicilio y delegaciones en el país. La Defensoría del Acceso a la Información Pública tendrá domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y establecerá al menos una (1) delegación en cada provincia de la República, debiendo ser la primera con domicilio legal en la ciudad capital de cada provincia.
Artículo 33. Presupuesto. Los recursos para atender todos los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley provienen de las partidas que las leyes de presupuesto asignan al Poder Legislativo de la Nación.
Competencias. Funciones. Informes.
Artículo 34. Competencias y funciones. Son competencias y funciones de la Defensoría del Acceso a la Información Pública:
a)	Coordinar, impulsar y garantizar la implementación de las disposiciones de la presente ley;
b)	Supervisar el correcto funcionamiento de los Centros de Acceso a la Información Pública;
c)	Recibir, analizar y remitir a los sujetos obligados las solicitudes de acceso a la información pública recibidas en sus dependencias;
d)	Orientar y asesorar a los requirentes acerca de las solicitudes de acceso a la información pública y del refinamiento de los criterios de búsqueda;
e)	Promover e instrumentar un sistema informatizado de solicitudes de acceso a la información pública en el plazo de ciento ochenta (180) días desde la sanción de la presente ley;
f)	Dictar las normas interpretativas de la presente ley y las instrucciones para su aplicación, requiriendo a los sujetos obligados, si fuese necesario, que se ajusten a sus procedimientos para su adecuado cumplimiento;
g)	Formular advertencias, recomendaciones y recordatorios respecto a los deberes legales y funcionales a los sujetos obligados por la presente ley, y propuestas para la adopción de nuevas medidas;
h)	Difundir los principios básicos establecidos en la presente ley, así como los resultados de los estudios que encare o promueva y las propuestas que formule;
i)	Publicar los resultados de las solicitudes de requerimiento de información, en especial de las más frecuentes;
j)	Elaborar información estadística acerca del perfil de los requirentes y las consultas realizadas;
k)	Recepcionar y centralizar las denuncias sobre infracciones a la presente ley, que deberá asentar en un registro público creado a tal efecto;
l)	Producir un informe actualizado de forma permanente acerca de los infractores y sancionados por incumplir lo dispuesto por la presente ley;
m)	Promover las acciones judiciales que correspondan, para lo cual tiene legitimación procesal activa en el marco de su competencia;
n)	Impulsar las sanciones administrativas que correspondan a los sujetos públicos obligados en el caso de incumplimiento a lo dispuesto por la presente ley;
o)	Imponer las multas que correspondan a los sujetos obligados cuyos órganos de gobierno o representantes legales no fueren funcionarios públicos en el caso de incumplimiento a lo dispuesto por la presente ley;
p)	Promover y ejecutar capacitaciones en materia de acceso a la información pública y protección de la información clasificada como secreta, reservada o confidencial;
q)	Colaborar con los sujetos obligados para contribuir en los procesos de adaptación de sus mecanismos a lo dispuesto por la presente ley;
r)	Dictar, ejecutar actos y celebrar contratos necesarios para el cumplimiento de sus funciones;
s)	Participar en conjunto con el Archivo General de la Nación en la elaboración y aplicación de criterios de mantenimiento y catalogación de la documentación;
t)	Informar a la ciudadanía acerca de los procedimientos de desclasificación de información;
u)	Intervenir en casos de conflictos interpretativos sobre los alcances de las disposiciones de la presente ley;
v)	Intervenir y resolver sobre los recursos presentados por los peticionantes.
Artículo 35. Informes. La Defensoría del Acceso a la Información Pública presentará anualmente antes del 31 de mayo de cada año un informe ante las Cámaras acerca de su labor realizada, que acompañará con los informes anuales producidos por los Centros de Acceso a la Información Pública.
El informe debe contener un anexo, cuyos destinatarias serán ambas Cámaras, en el que se debe hacer constar la rendición de cuentas del presupuesto de la institución en el período que corresponda.
Los informes mencionados deben ser enviados, para su conocimiento, al Poder Ejecutivo.
La Comisión Bicameral de Defensoría del Pueblo es la encargada de relacionarse con la Defensoría del Acceso a la Información Pública e informar a las Cámaras en cuantas ocasiones sea necesario acerca de su desempeño.
Centros de Acceso a la Información Pública
Artículo 36. Creación. Los sujetos obligados por la presente ley deberán crear en un plazo no mayor a los treinta (30) días de elegida la autoridad de la Defensoría del Acceso a la Información Pública sus respectivos Centros de Acceso a la Información Pública, que tendrán como objeto la tramitación de las solicitudes de acceso a la información pública y velar por el cumplimiento y consecución de los objetivos de la presente ley, de modo tal de garantizar el ejercicio pleno del derecho de acceso a la información pública como un derecho humano fundamental, así como también su difusión y publicidad.
Artículo 37. Competencias y funciones. Son competencias y funciones de los Centros de Acceso a la Información Pública:
a)	Recibir, analizar y tramitar las solicitudes de acceso a la información pública;
b)	Cumplir con el procedimiento que establece el Título III de la presente ley;
c)	Instrumentar un sistema informatizado de solicitudes de acceso a la información pública en el plazo de ciento ochenta (180) días desde la sanción de la presente ley en coordinación con la Defensoría del Acceso a la Información Pública;
e)	Remitir la solicitud de acceso a la información pública a la dependencia correspondiente y remitir al requirente la respuesta otorgada;
f)	Publicar los resultados de las solicitudes de requerimiento de información, en especial de las más frecuentes;
g)	Elaborar información estadística acerca del perfil de los requirentes y las consultas realizadas;
h)	Difundir y promover el derecho al libre acceso a la información pública como un derecho fundamental;
i)	Colaborar con el Archivo General de la Nación en la elaboración y aplicación de los criterios de mantenimiento y catalogación de los documentos, así como en la organización de dependencias y entidades;
j)	Elaborar anualmente un informe público de las actividades realizadas para garantizar el acceso a la información, el que debe ser remitido a la Defensoría del Acceso a la Información Pública;
k)	Conocer y resolver respecto de los recursos de incumplimiento interpuestos por los solicitantes, en la forma establecida en la presente ley;
l)	Cumplir con las resoluciones adoptadas por la Defensoría del Acceso a la Información Pública;
m)	Elaborar su reglamento interno y designar a su planta de agentes;
n)	Establecer su proyecto de presupuesto anual.
o)	Cuando correspondiere, informar al público acerca de la desclasificación de información.
Procedimiento Administrativo de Acceso a la Información Pública
Artículo 38. Solicitud de información. La solicitud de información pública se podrá instrumentar ante el sujeto obligado o ante la Defensoría del Acceso a la Información Pública mediante el correo electrónico puesto a disposición a tal fin, o bien entregada en sus sedes, conforme a lo establecido por la reglamentación.
a)	Nombre y apellido del requirente;
b)	Fecha y hora de la solicitud;
c)	Si se trata de una persona jurídica lo estipulado por la reglamentación;
d)	Información de contacto a fin de garantizar la entrega de la información pública solicitada;
e)	Descripción de la información solicitada, en forma clara y precisa, en lo posible de acuerdo a lo previsto en el índice elaborado por el sujeto obligado;
f)	Consentimiento del solicitante del pago del costo de reproducción, si correspondiere, fijado por el sujeto obligado.
La entrega de la constancia de la recepción del escrito firmado y sellado por el responsable de la recepción, o la confirmación fehaciente de la solicitud realizada por medios electrónicos, todos con el número de trámite asignado, es suficiente para iniciar el proceso de acceso a la información pública.
Artículo 39. Defectos formales. Facilitación. La presentación de las solicitudes de información no puede ser rechazada por defectos de forma; debiendo ser subsanados en el mismo acto por el requirente, a solicitud del sujeto obligado, quien debe brindar el asesoramiento y la colaboración pertinentes para reformular el pedido.
Los sujetos obligados, a través de sus Centros de Acceso a la Información Pública, deben instrumentar los procedimientos necesarios para que las personas con capacidades especiales puedan hacer uso de este derecho en condiciones de igualdad, así como auxiliar a los particulares en la elaboración de las solicitudes, en especial cuando el solicitante no sepa leer o escribir.
Artículo 40. Costo. En caso de reproducción de información, el importe a cobrarse al requirente se realizará de acuerdo a lo que establece el principio g) del artículo 5° de la presente ley.
La reglamentación establecerá una reducción en los costos cuando el pedido sea interpuesto por particulares, instituciones educativas, científicas, sin fines de lucro o vinculadas con actividades de interés público, que demuestren la carencia de recursos suficientes; siendo gratuitos para quienes acrediten certificado de pobreza.
Artículo 41. Consentimiento de pago. Conforme a lo establecido en el artículo 38 inciso f), se considera que el requirente ha consentido, al momento de solicitar la información, abonar el importe establecido por el sujeto obligado en concepto de reproducción de la información solicitada en el momento de recibirla, conforme a los criterios estipulados en el presente artículo.
En el caso de que el importe fijado signifique para el solicitante el pago de una suma considerable de dinero, el sujeto obligado deberá informarle tal situación a los efectos de que pueda modificar su solicitud y satisfacer el requerimiento a menor costo. La solicitud no se seguirá tramitando a menos que el requirente consienta en abonar el importe establecido.
Los sujetos obligados no podrán pedir el pago por adelantado de la información requerida, salvo que el solicitante haya incurrido en un incumplimiento anterior.
Artículo 42. Plazos. El sujeto obligado debe responder al requerimiento en un plazo máximo de diez (10) días hábiles. El plazo puede ser prorrogado en forma excepcional por otros diez (10) días. En ese caso, el funcionario responsable del Centro de Acceso a la Información Pública correspondiente debe comunicar la necesidad de prórroga al solicitante con copia a la Defensoría del Acceso a la Información Pública, fundada en alguna de las siguientes circunstancias y detallando los motivos concretos de la prórroga:
a)	Necesidad de buscar y reunir la información pública solicitada en otros establecimientos que están separados de la oficina que procesa el pedido;
b)	Necesidad de buscar, reunir y examinar apropiadamente una voluminosa cantidad de informes separados y/o distintos que se soliciten en un solo pedido;
c)	Necesidad de realizar consultas con otro organismo que tiene un interés directo en la determinación del pedido;
d)	Toda otra circunstancia que, por su relevancia, imposibilite la entrega de la información pública en el plazo total estipulado en el primer párrafo.
Artículo 43. Reenvío de la solicitud de información. Si el sujeto obligado requerido argumentare, de manera razonable y fundada, que no es el responsable de satisfacer la solicitud interpuesta, deberá reenviar el pedido a la Defensoría del Acceso a la Información Pública en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles para que, en otro plazo no superior a los cinco (5) días hábiles, identifique y reenvíe la solicitud al sujeto obligado que tuviere en su poder o bajo su control la información requerida.
Asimismo, el funcionario responsable del Centro de Acceso a la Información Pública comunicará al solicitante a qué sujeto obligado fue derivado su requerimiento, la fecha del reenvío y la de recepción de la solicitud por parte de aquél.
El sujeto obligado al que se le hubiere reenviado la solicitud de información debe responderla en los tiempos y en las formas estipuladas en el artículo anterior, contados desde la fecha de recepción de la solicitud que le remitieran.
Artículo 44. Solicitud de plazo menor. En caso de que el solicitante considere que el plazo establecido por el artículo 44 pusiere en riesgo la utilidad o la eficacia de la información pública solicitada deberá presentar la solicitud ante el sujeto obligado y ante la Defensoría del Acceso a la Información Pública acreditando las circunstancias que hicieren necesaria la respuesta en un plazo menor. La Defensoría del Acceso a la Información Pública resolverá en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles sobre el otorgamiento o no de lo peticionado. En caso de hacer lugar a lo solicitado comunicará al sujeto obligado, y notificará al requirente, el plazo dentro del cual deberá cumplir con lo peticionado.
Si el sujeto obligado no provee la información pública en el plazo menor acordado incurrirá en incumplimiento y le será aplicable la sanción correspondiente.
Artículo 45. Entrega de información pública. La información pública debe ser brindada en el estado y en el soporte en que se encuentra al momento de efectuarse la solicitud, no estando obligado el sujeto requerido a procesarla o reorganizarla, salvo que exista la obligación legal de hacerlo.
Artículo 46. Información parcialmente secreta, reservada o confidencial. En el caso de que exista un documento que contenga información parcialmente exceptuada, los sujetos obligados a proporcionar información deben permitir el acceso a la parte del documento requerido que no se encuentre alcanzada por la excepción respectiva, sin perjuicio de fundar el rechazo de los documentos o antecedentes exceptuados.
Artículo 47. Producción de información. El sujeto obligado debe proveer la información solicitada, siempre que no implique la obligación de crear o producir información con la que no cuente al momento de efectuarse el pedido, en cuyo caso debe informar dicha circunstancia al requirente mediante resolución fundada con copia a la Defensoría del Acceso a la Información Pública, salvo que exista la obligación legal de hacerlo.
Artículo 48. Información voluminosa, en vía o soporte alternativo. En caso de que la información pública solicitada por el requirente esté disponible en soportes distintos a los solicitados se le hará saber al requirente la fuente, el lugar y la forma en que puede tener acceso a dicha información; salvo que el requirente demuestre fehacientemente, conforme lo establezca la reglamentación, la imposibilidad de acceder a la misma en dichas condiciones.
Asimismo, el sujeto obligado podrá requerir al solicitante que modifique su pedido cuando el mismo resulte dificultoso, debidamente fundado en virtud del volumen, cantidad y dificultad para la reproducción de la información pública solicitada, a fin de poder cumplir con su requerimiento en tiempo y forma.
Artículo 49. Denegatoria. El sujeto obligado sólo puede negarse a brindar la información solicitada cuando la misma no existiere, y no exista la exigencia legal de producirla, o esté incluida dentro de alguna de las excepciones previstas en esta ley.
El silencio o la falta de motivación de la respuesta se presumen como negativa a brindarla y habilita la vía recursiva en sede administrativa o judicial.
Artículo 50. Motivación de las resoluciones. Las resoluciones que dicten los sujetos obligados por esta ley disponiendo la denegatoria de lo solicitado, en todos los supuestos establecidos por la presente ley, deben formularse por escrito, estar fundadas y remitirse copia a la Defensoría del Acceso a la Información Pública.
Tanto las resoluciones que concedieren la información como aquellas que la denegaren deberán indicar que si el solicitante no estuviere satisfecho con la respuesta que se le hubiere brindado podrá reclamar por las vías recursivas previstas en esta ley. Tal notificación deberá incluir la reproducción textual de esos artículos.
Artículo 51. Recurso de Incumplimiento. El requirente podrá interponer ante la Defensoría del Acceso a la Información Pública un recurso por incumplimiento dentro de los diez (10) días hábiles de la configuración de la denegatoria, conforme a los distintos supuestos previstos en esta ley.
Artículo 52. Transparencia activa. Cuando el recurso por incumplimiento tenga por objeto reclamar el cumplimiento de las normas sobre transparencia activa podrá ser interpuesto en cualquier momento.
Artículo 53. Requisitos formales. El recurso se formula por escrito y debe identificar al sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud de información y los datos de identificación del recurrente, fijando un domicilio procesal. Acompañará la constancia de la solicitud de información y, en caso de existir, la respuesta que hubiere recibido del sujeto obligado.
Artículo 54. Plazos para resolver. Improcedencia. La Defensoría de Acceso a la Información Pública tendrá diez (10) días hábiles para resolver la procedencia o improcedencia del recurso. Podrá declararlo improcedente sólo cuando:
a)	Se interponga en el transcurso del plazo establecido en el artículo 42;
b)	Ya hubiera resuelto anteriormente de manera definitiva la misma cuestión en relación al mismo requirente y a la misma información solicitada;
c)	El sujeto requerido por la información pública no sea un obligado por esta ley;
d)	El recurrente no sea quien presentó la solicitud de información que da origen al recurso;
e)	El supuesto que origina el recurso no sea alguno de los previstos en esta ley.
Artículo 55. Trámite de recurso procedente. Declarado procedente el recurso, la Defensoría del Acceso a la Información Pública iniciará las actuaciones administrativas correspondientes y notificará al sujeto obligado involucrado, en el plazo de tres (3) días hábiles, para que formule su descargo, el cual deberá ser presentado dentro de los diez (10) días hábiles.
Artículo 56. Datos personales. Si en la información pública solicitada, objeto del recurso interpuesto, se encuentran involucrados datos personales se dará vista del mismo a la Defensoría del Acceso a la Información Pública, que podrá solicitar la información complementaria que considere pertinente para resolver el recurso y, de considerarlo necesario, podrá celebrar audiencias con el recurrente.
Artículo 57. Plazo de resolución. Vencido el plazo para la presentación del descargo del artículo 51 o sustanciada la audiencia del Artículo anterior, la Defensoría del Acceso a la Información Pública resolverá el recurso en el plazo de diez (10) días hábiles; pudiendo ampliar dicho plazo por cinco (5) días hábiles, por única vez, mediante resolución fundada, notificando al recurrente y al sujeto obligado.
Artículo 58. Resolución. La Defensoría del Acceso a la Información Pública al resolver el recurso de incumplimiento podrá:
a)	Desestimarlo;
b)	Ordenar al sujeto obligado la entrega o acceso a la información pública al recurrente en un plazo de diez (10) días hábiles, el cual puede ampliarse por resolución fundada conforme a la complejidad del caso;
c)	Declarar que la información es secreta, reservada o confidencial, en cuyo caso las actuaciones tendrán el mismo carácter.
A posteriori notificará al recurrente y al sujeto obligado la resolución del recurso dentro del plazo de los tres (3) días hábiles de concluido el trámite, obligando en su caso al sujeto obligado a dar cumplimiento de la resolución dentro de los tres (3) días hábiles posteriores de producida.
Artículo 59. Acción judicial de Acceso a la Información Pública. El requirente cuyo derecho de acceso a la información se vea lesionado, restringido, alterado o amenazado por incumplimientos de la presente ley podrá interponer la acción de acceso a la información pública.
Las actuaciones judiciales que se inicien de conformidad con la presente ley en razón de un derecho o interés individual gozarán del beneficio de justicia gratuita. La parte demandada podrá acreditar la solvencia de la parte actora mediante incidente, en cuyo caso cesará el beneficio.
Artículo 60. Trámite de la acción. La acción de acceso a la información pública tramitará de acuerdo con las reglas del procedimiento sumarísimo del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en todo lo que no sea modificado por esta ley.
Artículo 61. Plazos de acción. La acción de acceso a la información pública deberá ser interpuesta dentro de un plazo no mayor a los treinta (30) días hábiles contados, según corresponda, a partir de:
a)	La notificación de la resolución que haya denegado la solicitud, del vencimiento de los plazos establecidos para la contestación de la solicitud o a partir de la verificación de cualquier otro incumplimiento de lo establecido por esta ley;
b)	La notificación de la resolución que declare improcedente, desestimado o resuelva desfavorablemente al acceso a la información el recurso por incumplimiento; el vencimiento del plazo establecido para resolver respecto del recurso por incumplimiento, de acuerdo con lo establecido por la presente ley.
Artículo 62. Competencia. A los fines de esta ley son competentes los tribunales del fuero contencioso administrativo federal cuando el sujeto obligado sea un ente u órgano estatal, y los tribunales del fuero civil y comercial federal, cuando el sujeto obligado sea un ente público no estatal o un ente privado.
Artículo 63. Responsabilidad de los funcionarios públicos. Los funcionarios que incumplieren los deberes impuestos por esta ley serán solidariamente responsables y pasibles de las sanciones disciplinarias que se establecen en el presente artículo, sin perjuicio de las demás responsabilidades que les correspondan.
Las conductas consideradas faltas y sus correspondientes sanciones son las siguientes:
a)	La falta de respuesta a una solicitud de información y la denegatoria al acceso o a la entrega de información, sin fundamento en las excepciones previstas en esta ley, serán sancionadas con suspensión sin goce de haberes de entre diez (10) y treinta (30) días;
b)	La entrega o puesta a disposición de la información en forma incompleta o defectuosa o con omisión de las formas, los plazos o las modalidades establecidas en esta ley y en sus reglamentaciones, será sancionada con suspensión sin goce de haberes de entre cinco (5) y veinticinco (25) días.
Cuando correspondiere la aplicación de una nueva suspensión y de ello resultare la acumulación de cuarenta (40) o más días de suspensión para el funcionario, será aplicada la cesantía por razón de reincidencia.
Las sanciones serán aplicadas por las autoridades competentes y de acuerdo con los procedimientos propios del régimen al que se encontrare sujeto el funcionario público.
El plazo de prescripción para aplicar todas las sanciones administrativas será de dos (2) años desde la comisión de la falta y únicamente será interrumpido por la comisión de una nueva falta o la iniciación del sumario.
Artículo 64. Excluidos. Quedan excluidos del régimen disciplinario del artículo precedente el Jefe de Gabinete de Ministros, los ministros del Poder Ejecutivo Nacional, los legisladores nacionales, los magistrados del Ministerio Público de la Nación, los Consejeros de la Magistratura de la Nación, los Auditores de la Nación y el Defensor del Pueblo de la Nación, los cuales quedan sujetos a las responsabilidades previstas en la Constitución Nacional, las normas orgánicas respectivas y el Código Penal de la Nación.
Artículo 65. Responsabilidad en los demás sujetos obligados. En el caso de los demás sujetos obligados cuyos órganos de gobierno o representantes legales no fueren funcionarios públicos, responsables de alguna de las conductas tipificadas se encontrarán sujetos a la sanción de multa de entre uno (1) y cien (100) salarios mínimo, vital y móvil.
Artículo 66. Publicidad de la sanción. Las sanciones firmes y definitivas previstas en los artículos anteriores serán publicadas en los sitios electrónicos de la Defensoría del Acceso a la Información Pública y del Centro de Acceso a la Información Pública del sujeto obligado correspondiente dentro del plazo de cinco (5) días a partir de su imposición.
Artículo 67. Caducidad. La información secreta, reservada o confidencial que, a la entrada en vigencia de la presente ley tenga más de diez (10) años, con las limitaciones establecidas en esta norma y a excepción de la expresamente reclasificada, será puesta de inmediato al acceso público.
Artículo 68. Fuentes documentales. El Estado debe abstenerse de contratar la explotación exclusiva de sus fuentes documentales.
Artículo 69. Vigencia del Decreto 1172/03. A partir de la entrada en vigencia de la presente ley deróguese el Reglamento General de Acceso a la Información Pública para el Poder Ejecutivo Nacional aprobado por el Decreto 1172 del año 2003.
Artículo 70. Derogación. Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a la presente ley.
Artículo 71. Adhesión. Se invita a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a adherir al régimen previsto en la presente ley.
Artículo 72. Reglamentación. El Poder Ejecutivo Nacional debe reglamentar la presente ley en un plazo no mayor a noventa (90) días de su entrada en vigencia.
Artículo 73. De forma. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
La Constitución argentina, al establecer en su artículo 1º el sistema republicano, considera al ciudadano en el centro de la vida pública. En la medida en que el sistema consagra la igualdad ante la ley, consagra igualmente la competencia del ciudadano a participar de la política, ya que la información y la participación son inseparables del derecho personal y subjetivo a buscar y recibir información pública, garantizado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, hoy ampliamente superado por el derecho colectivo de la sociedad a ser informada.
Ciudadanos informados y, por tanto partícipes, contribuyen a la transparencia, que constituye el corazón jurídico filosófico de la democracia. En tanto la mentira y el ocultamiento revelan una concepción autoritaria y un ejercicio de poder antidemocrático, la riqueza de la democracia radica en esa igualdad ante la ley y la aptitud para opinar y participar de las cuestiones que nos son comunes: la política. De modo que el acceso a la información es inherente a la vida republicana y al Estado democrático. El espacio público de las opiniones, el del debate y la prensa independiente, refleja quiénes somos como sociedad, en lo mejor y lo peor. Ese debate revela la fortaleza y calidad de la democracia.
El derecho de acceso a la información pública ha transitado un extenso proceso de reconocimiento y aplicación progresivo desde su formulación, en el Siglo de las Luces. En 1766 se sancionó la ley sobre libertad de prensa en Suecia, lo que le permitió constituirse en el primer país en favorecer el acceso a documentos públicos. Años más tarde, en 1789, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano definió en su artículo 15 el derecho de pedir a cualquier agente público dar cuenta de su administración, lo que favoreció en la misma Francia que una ley, en 1794, estableciera el derecho de acceso a la información pública como un derecho cívico.
Ya en el siglo XX, luego de la Segunda Guerra Mundial, las corrientes en favor de las libertades y los derechos humanos dieron origen al Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir información y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.
El primer país del siglo XX en reconocer en su legislación el derecho de acceso a la información pública fue Finlandia, en el año 1951. Luego le siguieron Estados Unidos que instrumentó el “Freedom of Information Act (FOIA)” en 1966; Dinamarca y Noruega en el año 1970; Francia y Países Bajos en el año 1978; Australia y Nueva Zelandia en el año 1982 y Canadá en el año 1983.
El derecho al acceso a la información pública está contemplado, entonces, entre los derechos devenidos del primer documento legal sobre protección de los derechos humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, que derivara posteriormente en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, y más tarde en la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969, y forma parte de los instrumentos que han fortalecido la legislación internacional sobre derechos humanos.
De igual modo ha sido definido por el Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que refiere a la Libertad de Pensamiento y Expresión, en su 1 ítem: “1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.”
El derecho de acceso a la información luego fue ratificado en nuestro continente mediante la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en sus Principios 1, 2 y específicamente el 3:
“1. La libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas. Es, además, un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática.
2. Toda persona tiene el derecho a buscar, recibir y difundir información y opiniones libremente en los términos que estipula el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. (…)
3. Toda persona tiene el derecho a acceder a la información sobre sí misma o sus bienes en forma expedita y no onerosa, ya esté contenida en bases de datos, registros públicos o privados y, en el caso de que fuere necesario, actualizarla, rectificarla y/o enmendarla.”
Con el mismo espíritu fueron suscriptas las declaraciones resultantes de las conmemoraciones anuales del Día Mundial de la Libertad de Prensa por parte de la UNESCO: la Declaración de Brisbane “Libertad de información – El derecho a saber” del año 2010; la Declaración de Maputo “Promover la libertad de expresión, el acceso a la información y la emancipación de las personas” del año 2008 y la Declaración de Dakar sobre medios de comunicación y buena gobernanza del año 2005.
Estas declaraciones, inspiradas en principios democráticos, instan a los Estados a participar no sólo de su elaboración o a adherir a sus definiciones sino que además se comprometan de forma decidida a trabajar para garantizarlos, cada uno en sus respectivas naciones. Así, en la Cumbre Extraordinaria de la ciudad de Monterrey, México, realizada entre el 12 y 13 de enero de 2004, los Jefes de Estado se reunieron para “avanzar en la implementación de medidas para combatir la pobreza, promover el desarrollo social, lograr el crecimiento económico con equidad y fortalecer la gobernabilidad de las democracias”. En esa oportunidad, se firmó la Declaración de Nuevo León, que concentró la atención en tres áreas: “crecimiento económico con equidad para reducir la pobreza, desarrollo social y gobernabilidad democrática.” Nuestro país, representado por el Presidente de la Nación, y los líderes allí reunidos reafirmaron el compromiso con la Carta Democrática Interamericana, que reitera la firme intención de continuar instrumentando los mandatos de las Cumbres de las Américas, así como los compromisos asumidos en la Cumbre del Milenio, la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo (Consenso de Monterrey) y la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible celebrada en Johannesburgo.
Del mismo modo, los Jefes de Estado y de Gobierno de las Américas declararon que “la corrupción y la impunidad debilitan las instituciones públicas y privadas, erosionan la moral de los pueblos, atentan contra el estado de derecho y distorsionan las economías y la asignación de recursos para el desarrollo. Por ello, nos comprometemos a intensificar nuestros esfuerzos para combatir la corrupción y otras prácticas no éticas en los sectores público y/o privado, fortaleciendo una cultura de transparencia y una gestión pública más eficiente. (…) El acceso a la información en poder del Estado, con el debido respeto a las normas constitucionales y legales, incluidas las de privacidad y confidencialidad, es condición indispensable para la participación ciudadana y promueve el respeto efectivo de los derechos humanos. Nos comprometemos a contar con los marcos jurídicos y normativos, así como con las estructuras y condiciones necesarias para garantizar a nuestros ciudadanos el derecho al acceso a la información.”
En este sentido y hasta el presente han avanzado con sus leyes en materia de acceso a la información pública países como Antigua y Barbuda, República Dominicana y Ecuador en el año 2004; Honduras en el año 2006; Nicaragua en el año 2007; Chile, Guatemala y Uruguay en el año 2008; Brasil y El Salvador en el año 2011 y Guyana en el año 2013. Con anterioridad ya lo habían hecho otro países de nuestro continente: EEUU en 1966 y Canadá en 1983; a los que le siguieron Colombia en el año 1985; Belice en 1994; Trinidad y Tobago en 1999; Jamaica, México, Panamá y Perú en 2002 y San Vicente y las Granadinas en 2003.
La incorporación de instrumentos legislativos modernos, consecuencia de la demanda ciudadana de las democracias desarrolladas, impulsó en nuestro país la inclusión del acceso a la información en la agenda pública. Con ese propósito, legisladores de diferentes pertenencias partidarias han aportado documentos y proyectos para garantizar el derecho. En la Cámara Baja son numerosos las iniciativas presentadas y que cuentan con estado parlamentario para abordar el debate, entre ellos las de los diputados Cuccovillo 9554-D-2014; De Ferrari 2993-D-2014; Bianchi 5549-D-2014; Bullrich 4570-D-2014; Lousteau y Carrizo 2993-D-2014; Zabalza y Ciciliani 2971-D-2014; Petri y Cobos 2691-D-2014; Stolbizer 1780-D-2014; Conti 1768-D-2014; Pais 1579-D-2014; Pérez 1476-D-2014; Carrió 1249-D-2014; Garrido 1091-D-2014; Camaño 1046-D-2014; Maldonado 4673-D-2013; Donda Pérez 4434-D-2013; entre otros. En tanto en la Cámara Alta también han presentado sus proyectos el Senador Giustiniani de la Provincia de Santa Fe, el Senador Naidenoff de la Provincia de Formosa, el Senador Morales de la Provincia de Jujuy, la Senadora Negre de Alonso de la Provincia de San Luis y el senador Solanas de la Ciudad de Buenos Aires, entre otros.
También es de destacar que numerosas organizaciones de la sociedad civil han impulsado a los poderes políticos a debatir, sancionar, reglamentar y aplicar una ley de acceso a la información pública, entre ellas, la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Fundación Ejercicio Ciudadano de Rosario, el Foro de Trabajadores de Prensa y Comunicación Social de Misiones (FoPreMi), el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), la Fundación Poder Ciudadano, la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM) y la Red Argentina por Ciudades Justas, Democráticas y Sustentables.
Sin embargo, a pesar de todas estas iniciativas, aún no ha sido posible consagrar el marco jurídico y normativo que les garantice a nuestros ciudadanos el derecho de acceso a la información. Si bien permanece vigente el Decreto 1172/2003, que aplica el derecho sólo respecto a la información del Poder Ejecutivo Nacional, su aplicación ha sido deficiente en la mayoría de los casos y todavía no ha encarnado como obligación de todos los funcionarios públicos.
Es necesario destacar que en septiembre de 2010 el H. Senado de la Nación dio media sanción a un proyecto de ley de acceso a la información pública. El proyecto se giró a la Cámara de Diputados, donde no fue tratado y perdió su estado parlamentario. Desaprovechada la oportunidad para debatir una norma que regulara el derecho de acceso a la información pública, nuestro país volvió a ser observado en el marco de los exámenes periódicos universales que realiza el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, entre ellos Noruega, Bélgica, Suiza y Canadá, quienes reclamaron específicamente a la Argentina sancionar una ley de acuerdo a los estándares internacionales en la materia.
Por confundir prensa con propaganda fue en esta década cuando este debate no sólo perdió intensidad sino que se fue cancelando el acceso a la información pública. Ya no tan sólo para la prensa, que media entre la información del Estado y el ciudadano, sino para la misma función de control que asigna la Constitución al Parlamento. Fueron estos años en los que la ley de acceso a la información fue “colgada”, en la creativa expresión de una decena de organizaciones que exhibieron trescientas perchas en las vallas frente al Congreso, en el año 2012. El que la ciudadanía y los mismos representantes legislativos deban acudir a la Justicia para obtener la información que el Estado oculta bajo siete llaves demuestra que, a más de treinta años de la democratización, Argentina ha quedado rezagada en relación al resto de los países de la región que promovieron la participación y el control ciudadanos. Un contrasentido de la época, ya que el mismo desarrollo de la informática ha favorecido ampliamente la búsqueda de datos y el acceso a la información. La cerrazón informativa y la propaganda personal de los funcionarios, en lugar de la obligatoria publicidad de sus actos, tergiversaron, también, la prensa y la política. Sin acceso a la información, las periodistas quedaron supeditados a las “operaciones” de los mercenarios de la información y a los malos políticos, que utilizaron la información personal, privada, como extorsión.
Como señalamos, la labor internacional ha sido ardua en torno a promover la sanción de una ley que regule en esta materia. La Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, a través de diversas y reiteradas resoluciones, han abordado en numerosas oportunidades el reconocimiento del derecho de acceso a la información como “requisito indispensable para el funcionamiento mismo de la democracia”; entre ellas, la Resolución 1932 (XXXIII-O/03) del 10 de junio de 2003, la Resolución 2057 (XXXIV-O/04) del 8 de junio de 2004, la Resolución 2121 (XXXV-O/05) del 7 de junio de 2005 y la Resolución 2252 (XXXVI-O/06) del 6 de junio de 2006.
En el mismo sentido, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos encomendó, mediante la Resolución 2514 (XXXIX-O/09) del 4 de junio de 2009, al Departamento de Derecho Internacional de la Secretaría de Asuntos Jurídicos, que elaborara y formulara un proyecto de “Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información Pública” y una guía de implementación para proporcionar la hoja de ruta necesaria a fin de garantizar su funcionamiento en la práctica, en conjunto y con la participación de los Estados Miembros, la Secretaría General y representantes de la sociedad civil. Con idénticos objetivos, “proporcionar el marco jurídico necesario para garantizar la participación ciudadana en un sistema democrático, el fortalecimiento de la rendición de cuentas, la confianza en las instituciones gubernamentales y garantizar los derechos humanos.”
Los resultados producidos por el grupo de expertos, dentro de los cuales participaron dos argentinos de reconocida trayectoria en la protección de estos derechos -la Dra. Karina Banfi y el Dr. Eduardo Bertoni-, fueron recogidos en dos instrumentos finales, presentados a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos del Consejo Permanente, que a su vez elevó una resolución y el texto de la Ley Modelo a la cuadragésima sesión ordinaria de la Asamblea General celebrada en junio de 2010. La Asamblea General finalmente aprobó la Ley Modelo Interamericana mediante la Resolución 2607 (XL-O/10) y encargó a la Secretaría General prestar apoyo a los Estados Miembros que lo soliciten en el diseño, ejecución y evaluación de sus normativas y políticas sobre el acceso a la información pública.
La “Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información Pública” establece claramente los estándares en los que se debe basar toda legislación moderna de acceso a la información pública. El proyecto que presentamos intenta contemplarlos en su integralidad y, sobre todo, en el principio insoslayable que la sustenta: el acceso a la información es un derecho humano fundamental y una condición esencial para todas las sociedades democráticas.
De igual modo, hemos considerado otros instrumentos internacionales que han fijado las pautas necesarias para la elaboración de legislaciones idóneas, entre ellos: la Resolución CJI/RES.147 (LXXIII-O/08) elaborada por el Comité Jurídico Interamericano en Río de Janeiro, Brasil, el 7 de agosto de 2008, sobre Principios del derecho de acceso a la información; la Declaración de Chapultepec de 1994; los Principios de Johannesburgo de octubre de 1995 sobre la Seguridad Nacional, la Libertad de Expresión y el Acceso a la Información; los Principios de Lima de noviembre de 2000; los Lineamientos para la elaboración de indicadores de progreso en materia de derechos económicos, sociales y culturales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del año 2008; o las reiteradas recomendaciones de la Relatoría de Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos.
El presente proyecto tiene por objeto fijar los principios, bases y procedimientos para asegurar a todos los ciudadanos el derecho al libre acceso a la información pública, de manera de garantizar la transparencia activa en la función pública, promover la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones e impulsar la rendición de cuentas de quienes son responsables de administrar los asuntos públicos.
Definido el acceso a la información pública como un derecho fundamental, se establecen sus alcances, se precisa quiénes están obligados a suministrarla y se promueve una autoridad de aplicación novedosa en términos de la legislación local e internacional.
De este modo, se consagra el principio de legitimación activa, que garantiza la posibilidad de solicitar y acceder a la información pública a todo ciudadano sin discriminación; y el principio de transparencia activa, que exige a los sujetos obligados a mantener la información a disposición permanente de la ciudadanía, de manera de facilitar tanto la transparencia en los actos de gobierno como el ejercicio de derechos y el monitoreo de políticas públicas. Es importante destacar que la consagración de una ley de acceso a la información pública implica también una decidida acción del Estado Nacional para promover la transparencia en los actos de gobierno, tan necesaria en estos tiempos en los que los actos de corrupción parecieran haberse naturalizado.
A fin de garantizar el ejercicio pleno, amplio y dinámico del derecho de parte de la ciudadanía hemos replicado los principios básicos recomendados en la materia: máxima apertura de la información, transparencia activa, promoción de gobierno abierto, alcance limitado de las excepciones, informalidad y eficiencia en el acceso, gratuidad, acceso a la información parcialmente pública, no discriminación, responsabilidad de los funcionarios públicos, conservación de la información, interés público superior del derecho de acceso, precedencia de la transparencia.
Uno de los aspectos más relevantes en toda legislación sobre el derecho de acceso a la información pública es el concerniente a la autoridad de aplicación, que debe reflejar los estándares de entidad única, autonomía operativa y autarquía financiera, características que han sido, por otra parte, las que han predominado en los modelos de Latinoamérica. En tal sentido proponemos la creación de una autoridad de aplicación en el ámbito del Poder Legislativo de la Nación, que denominamos Defensoría del Acceso a la Información Pública, cuyo objeto es el de tutelar el derecho y ejercer las funciones que establecería la futura ley, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad. Se prevé que la Defensoría del Acceso a la Información Pública sea conducida por dos funcionarios: un titular y un adjunto, elegidos por la actual Comisión Bicameral de Defensoría del Pueblo del Congreso de la Nación creada por la Ley 24.284 y su modificatoria 24.379. Dicha Comisión tendrá la responsabilidad de llevar a cabo el procedimiento de elección de los funcionarios que conducirían la Defensoría, así como la de hacer cumplir los mecanismos de elección y selección, el tiempo de duración de los mandatos y las calidades que se deben reunir para conducir el organismo.
La Comisión Bicameral deviene de lo instituido en el artículo 86 de nuestra Constitución Nacional, que institucionaliza la figura del Defensor del Pueblo, y que le asigna entre sus misiones “la defensa y protección de los derechos humanos”.
La creación de una nueva Defensoría que proteja y promueva el derecho de acceso a la información pública complementaría aquella misión, en consonancia con el mandato constitucional. Se propone como órgano independiente, con plena autonomía funcional y sin recibir instrucciones de ninguna autoridad.
Respecto de los funcionarios a cargo deberán cumplir la función principal de hacer efectivo el derecho de acceso a la información y garantizar el debido cumplimiento por parte de los sujetos obligados de la futura ley.
A modo de ejemplos cabe mencionar que el órgano responsable de la aplicación de las normas referidas al derecho de acceso a la información pública en otros países cuenta con cuerpos colegiados o unipersonales. Chile, por caso, tiene un organismo conducido por cuatro funcionarios, Honduras por tres, México por cinco y Canadá por un organismo unipersonal.
En tanto la tutela del derecho se encuentra a cargo de la Defensoría del Acceso a la Información Pública, el proyecto propone la creación de los Centros de Acceso a la Información Pública por parte de los sujetos obligados, los que tendrán la responsabilidad de tramitar las solicitudes de acceso a la información pública y velar por el cumplimiento y consecución de los objetivos que establezca la ley, de modo tal de garantizar el ejercicio pleno del derecho, así como también su difusión y publicidad.
En razón de que la información a suministrar es pública, el presente proyecto define como sujetos obligados a los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y todos los organismos creados por nuestra Constitución Nacional, tales como la Auditoría General de la Nación (artículo 85 CN); la Defensoría del Pueblo de la Nación (artículo 86 CN); el Consejo de la Magistratura de la Nación (artículo 114 CN) y el Ministerio Público de la Nación (artículo 120 CN).
Además, se establece la condición de sujetos obligados a las entidades de naturaleza pública o privada respecto de la información que generan por la ejecución de fondos públicos, o a quienes se les haya otorgado mediante permisos, licencias, concesiones o cualquier otra forma contractual la prestación de un servicio público, o la explotación de bienes de dominio público.
En particular, hemos incorporado a las entidades de naturaleza privada como sujetos obligados cuando cuenten en su poder con información de carácter público, que es aquella que se genera o produce al ejercer una función, explotación o servicio que ha sido delegado, otorgado, concedido o autorizado por el Estado Nacional; o aquella información producida por la ejecución de un subsidio, fondo o aporte del Estado Nacional.
Cabe destacar que el criterio para definir a los sujetos obligados resultan en concordancia con lo definido en la primera parte del Artículo 1° de la “Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información Pública”:
“Artículo 1. Derecho de Información y de Acceso a los Expedientes y Actas de carácter administrativo. Toda persona tiene derecho a solicitar y a recibir información completa, veraz, adecuada y oportuna, de cualquier órgano perteneciente a la administración central, descentralizada de entes autárquicos, empresas y sociedades del Estado, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, empresas e instituciones autónomas, órganos desconcentrados de la administración, y en todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado tenga participación en el capital o en la formación de decisiones societarias; así como del Poder Legislativo y Judicial, salvo disposición en contrario, en cuanto a su actividad administrativa”.
Por otro lado, el proyecto especifica que en ningún caso el ejercicio del derecho de acceso a la información pública podrá restringir la libertad de prensa y el secreto de las fuentes periodísticas, conforme a lo establecido por el tercer párrafo del artículo 43 de la Constitución Nacional. De manera de garantizar no sólo la promoción del acceso a la información pública de la prensa sin ningún tipo de restricción, sino a la vez de que su acceso se ajuste a los principios reconocidos internacionalmente de libertad de expresión, derechos humanos y democracia.
El Título Tercero del proyecto está dedicado a formular las reglamentaciones y procedimientos administrativos del acceso a la información pública que se deben cumplir para garantizar el derecho. Se proponen las formas de solicitud de la información, los plazos, la gratuidad, los costos en caso contrario, los tiempos de respuestas, las denegatorias y todo el procedimiento que tanto los requirentes como los sujetos obligados deben cumplir. Del mismo modo, se prevé recursos administrativos y judiciales por incumplimientos de lo preceptuado en el procedimiento de acceso a la información pública. En igual sentido, el proyecto refiere a las responsabilidades y sanciones que pudieren comprenderles a los funcionarios públicos o sujetos obligados por incumplimientos, como así también la obligatoriedad de dar a publicidad las sanciones firmes y definitivas que eventualmente se impongan.
Por otra parte, en concordancia con la llamada “cláusula federal” establecida en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entendemos necesario convocar a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a adherir al régimen propuesto, de manera de garantizar a la ciudadanía toda, en igualdad de condiciones, el derecho de acceder a la información pública.
Nuestra historia trágica está marcada por el ocultamiento y la mentira. Para cancelar la crítica y las limitaciones al poder, los gobernantes han caído en la tentación de perpetuar esa forma oscura en el manejo de las cuestiones públicas. En democracia, la luz pública sobre los actos de gobiernos es el mejor antídoto contra las decisiones tomadas a espaldas de la ciudadanía, como la corrupción que corroe el sistema democrático y favorece la desafección de los ciudadanos en las cuestiones públicas.
Escribió Albert Camus: “La libertad no es sino la oportunidad de ser mejor”. Una frase sencilla para describir la evolución humana y el desarrollo de las sociedades. Así surgieron los derechos humanos, para dar respuesta al hombre sobre sus necesidades de libertad y protección de la prepotencia de los que utilizaron el Estado como poder contra esa libertad. En esa idea del derecho como expresión de la necesidad humana se entiende la importancia de dotar a la democracia argentina de un instrumento legislativo que, al garantizar a la ciudadanía su derecho a acceder a la información pública, dignifique su condición. Toda consagración de un derecho humano involucra aspectos éticos y filosóficos, ya que al reconocer la libertad de actuar, pensar y opinar que tienen los individuos obliga a la contrapartida jurídica para expresar esa libertad y esa necesidad.
Por estos motivos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.-