Source: http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1113810
Timestamp: 2019-08-22 23:40:02
Document Index: 105958876

Matched Legal Cases: ['artículo 4', 'artículo 31', 'artículo 11', 'artículo 12', 'artículo 5', 'artículo 38', 'artículo 9', 'artículo 71', 'artículo 42', 'artículo 22', 'artículo 29', 'artículo 33', 'artículo 14', 'artículo 30', 'artículo 16']

Este Decreto tiene por objeto garantizar los Servicios del Sistema de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia en Castilla-La Mancha mediante la regulación del procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).
DECRETO 26/2013, DE 23/05/2013, DEL PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN DE DEPENDENCIA Y DEL DERECHO A LAS PRESTACIONES DEL SISTEMA DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA EN CASTILLA-LA MANCHA
El Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, aprobado por Ley Orgánica 9/1982, de 10 de agosto, determina en su artículo 4.2 que “corresponde a los poderes públicos regionales promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas, remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social de la Región”.
A su vez, el artículo 31.1.20.ª del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha atribuye competencias exclusivas en materia de asistencia y servicios sociales, de promoción y ayuda a los menores, jóvenes, tercera edad, personas con discapacidad y demás grupos sociales necesitados de especial atención.
La Ley 39/2006, de 14 de diciembre , de promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, en su artículo 11.1, atribuye a las Comunidades Autónomas las funciones de planificación, ordenación, coordinación y dirección, en sus ámbitos territoriales, de los servicios de promoción de la autonomía personal y de atención a las personas en situación de dependencia.
Asimismo, el Real Decreto 727/2007, de 8 de junio , sobre criterios para determinar las intensidades de protección de los servicios y la cuantía de las prestaciones económicas de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, señala en su artículo 12 que “los requisitos y condiciones de acceso a las prestaciones económicas se establecerán por las Comunidades Autónomas o Administración que, en su caso tenga la competencia, teniendo en cuenta lo dispuesto en el acuerdo adoptado por el Consejo Territorial del Sistema para la autonomía y atención a la dependencia”.
Al amparo de dichas disposiciones fue aprobado el Decreto 176/2009, de 17 de noviembre , del procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la dependencia, y de la composición y funciones de los equipos de valoración, así como otras disposiciones jurídicas de ámbito inferior e instrucciones.
Al igual que la Ley 39/2006 estableció en el punto 3 de su disposición final primera una evaluación general de la Ley, Castilla-La Mancha ha realizado un diagnóstico de la aplicación de la Ley, así como de la consecución de los objetivos de eficacia y eficiencia pretendidos en el Decreto 176/2009, de 17 de noviembre , y otras disposiciones relacionadas con éste. Dicho diagnóstico era especialmente urgente, en el marco de poder garantizar la aplicación del Plan de Garantía de los Servicios Sociales Básicos de Castilla-La Mancha, que ha sido aprobado por el Consejo de Gobierno de esta Comunidad.
Una vez realizada la evaluación de resultados definitiva de la Ley 39/2006 en el seno del Consejo Territorial para la mejora del sistema para la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, se ha estimado por dicho Consejo la necesidad de la adopción de criterios mínimos y comunes para todo el territorio nacional, que garanticen el principio de igualdad y la propuesta de las modificaciones en el Sistema de Atención a la Dependencia que sean necesarias, incluidas las normativas, lo que se ha traducido en la aprobación de la Resolución de 13 de julio de 2012, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia para la mejora del sistema para la autonomía y atención a la dependencia y del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio , de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.
Varios años después de la entrada en vigor de la Ley 39/2006 , se constata cómo el acceso prioritario a los servicios del catálogo sigue condicionado por la utilización de prestaciones económicas que reciben algo más del 50% de los usuarios, (cuando la propia Ley 39/2006 , establece el carácter excepcional de las mismas) generando en algunos casos perjuicio no sólo para la persona dependiente con prestación económica reconocida, a quien dicha prestación no mejora la calidad de los apoyos recibidos, sino también con grave repercusión de carácter económico para la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha al incidir negativamente en los ingresos que recibe de la Administración del Estado para la aplicación de la Ley, cuyo criterio de distribución esta encaminado a priorizar los servicios del catálogo del SAAD y no las prestaciones económicas de carácter excepcional.
1. Este Decreto tiene por objeto garantizar los Servicios del Sistema de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia en Castilla-La Mancha mediante la regulación del procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).
1. Para que el órgano competente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha reconozca la situación de dependencia, las personas que puedan estar afectadas por algún grado de dependencia deberán cumplir los requisitos especificados en el artículo 5 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, así como residir y estar empadronadas en cualquier municipio del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha a la fecha de presentación de la solicitud.
La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en el ámbito de sus competencias, reconoce la oferta de servicios y prestaciones establecidos en la Ley 39/2006 , los cuales se integrarán en el Sistema Público de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha y se ofertarán de forma preferente a las personas que tengan reconocida la situación de dependencia.
Corresponderá a los Servicios Periféricos de la Consejería competente en materia de asuntos sociales la valoración de la situación de dependencia y la resolución del procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y la resolución de aprobación del Programa Individual de Atención.
1. La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha garantizará la necesaria colaboración entre sus organismos y entidades para la adecuada aplicación y desarrollo del SAAD en Castilla-La Mancha.
3. Las Entidades Locales de Castilla-La Mancha podrán participar mediante los instrumentos que se establezcan en el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia, en los términos establecidos en la Ley 39/2006 , en el presente Decreto y en las demás disposiciones concordantes.
4. La Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería competente en materia de asuntos sociales, podrá colaborar con la iniciativa privada en el ámbito de los servicios sociales, en base a lo establecido en Ley 14/2010, de 16 de diciembre , de Servicios Sociales, a través de las diferentes fórmulas de colaboración previstas en el ordenamiento jurídico para la prestación de los servicios incluidos en el catálogo del SAAD.
Capítulo II Equipos de valoración.
1. Los equipos de valoración serán los encargados de valorar el grado de dependencia de la persona solicitante y estarán formados por personal técnico adecuado. Cada equipo tendrá titulados universitarios de las áreas social y/o sanitaria y estará integrado en la estructura administrativa de la Consejería competente en materia de asuntos sociales.
Capítulo III Procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema.
1. El procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del SAAD se iniciará a instancia de la persona que pueda estar afectada por algún grado de dependencia o por quien ostente su representación. Su tramitación se ajustará a las previsiones establecidas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre , de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común, y la Ley 39/2006 , con las especificidades que resulten del presente Decreto y las que se establezcan en la normativa que la persona titular de la Consejería competente en materia de servicios sociales dicte para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en este Decreto.
1. La solicitud de reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del SAAD se formulará en el modelo normalizado que figura como Anexo a este Decreto.
g) Declaración responsable sobre las disposiciones patrimoniales realizadas en los últimos 4 años que contempla la Disposición adicional quinta de la Ley 41/2007, de 7 de diciembre , por la que se modifica la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario y otras normas del sistema hipotecario y financiero, de regulación de hipotecas inversas y el seguro de dependencia y por la que se establece determinada norma tributaria.
Las solicitudes podrán presentarse en los registros de los Servicios Periféricos de la Consejería competente en materia de asuntos sociales y en los demás registros y oficinas a los que se refiere el artículo 38 , apartado 4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común, y mediante los registros electrónicos, de acuerdo con los dispuesto en los artículos 6.1 y 24.2 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, y asimismo de acuerdo con los convenios que sobre esta materia suscriba la Administración de la Junta de Comunidades con la Administración Local.
1. Si la solicitud presentada no reúne los requisitos exigidos, o no se aporta la documentación que determina el artículo 9 de este Decreto, los Servicios Periféricos de la Consejería competente en materia de asuntos sociales requerirán a la persona interesada para que, en el plazo de quince días hábiles, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su petición, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley 30/1992, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42 del mencionado texto legal.
1. Una vez recibidas y registradas las solicitudes, y siguiendo lo estipulado en el apartado 8 del Anexo III del Real Decreto 174/2011, de 11 de febrero de 2011, por el que se aprueba el baremo de valoración de la situación de dependencia, se procederá por parte del servicio competente en materia de dependencia a revisar técnicamente la documentación aportada por el interesado, para valorar la existencia de fundamento de la necesidad de ayuda para la realización de las actividades básicas de vida diaria en base a razones derivadas de la edad, de la enfermedad o discapacidad y siempre ligadas a la falta o pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial de carácter permanente. En el caso de valorar que existe dicho fundamento, se procederá a comunicar a la persona solicitante el día y la hora en que se acudirá al lugar de residencia de ésta, para aplicar el baremo de valoración de la dependencia o la escala de valoración específica en el caso de menores de tres años.
1. Una vez emitido el dictamen sobre el grado de dependencia por parte del equipo de valoración de la dependencia, éste dará traslado del dictamen al jefe del servicio competente en materia de dependencia el cual, formulará la propuesta provisional de resolución que determinará el grado de dependencia de la persona solicitante, la cual establecerá, cuando proceda en función de las circunstancias concurrentes, el plazo máximo en que deba efectuarse la primera revisión del grado que se declare. De esta propuesta provisional se dará audiencia a la persona interesada durante un plazo de 10 días.
1. Una vez notificada la resolución del grado de dependencia a la persona interesada, si el grado resuelto tras dicha valoración se encuentra vigente de acuerdo con lo establecido en la disposición final primera de la Ley 39/2006 , en su redacción dada por el artículo 22 apartado diecisiete del Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, se procederá a elaborar el Programa Individual de Atención regulado en el artículo 29 de la citada Ley 39/2006.
En dicho programa se propondrán, de entre aquellos servicios y prestaciones contemplados en la Ley 39/2006 , aquellos que más se adecuen a las necesidades de apoyo de la persona solicitante en función de su grado y que sean compatibles conforme a la normativa reguladora. Excepcionalmente se podrán proponer prestaciones económicas siempre que se cumplan las condiciones específicas establecidas para las mismas, y en todo caso, para las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar, será preceptivo que las personas cuidadoras no profesionales acrediten previamente su idoneidad para tal cometido según se estipule por la normativa reguladora.
f) Participación económica que en la prestación pudiera corresponder a la persona beneficiaria en la financiación según el tipo y coste del servicio y su capacidad económica personal de conformidad con lo regulado en el artículo 33 de la Ley 39/2006 y en la normativa de desarrollo, siguiendo los criterios que se establezcan en los acuerdos del Consejo Territorial del SAAD.
1. Una vez elaborada la propuesta del Programa Individual de Atención, el equipo de valoración de los Servicios Periféricos competentes en materia de asuntos sociales dará audiencia sobre la misma, durante un plazo de 15 días, a la persona en situación de dependencia y simultáneamente la comunicará a los Servicios Sociales de Atención Primaria del Municipio de residencia de la persona interesada.
Una vez dado cumplimiento al trámite de audiencia, por parte del equipo de valoración se determinará el Programa Individual de Atención para garantizar la atención más adecuada a la persona en situación de dependencia y el responsable del Servicio competente en materia de dependencia elevará a la persona titular de los Servicios Periféricos de la Consejería competente en materia de asuntos sociales la propuesta de resolución conteniendo dicho Programa Individual de Atención con especificación de los servicios y/o prestaciones que se le proporcionarán.
1. La persona titular de los Servicios Periféricos de la Consejería competentes en materia de asuntos sociales emitirá la correspondiente resolución, que determinará el Programa Individual de Atención que recogerá los servicios y/o prestaciones más adecuadas para garantizar la atención de la persona en situación de dependencia de los contemplados en la Ley 39/2006 . En todo caso, el contenido mínimo será el regulado en el artículo 14.3 del presente Decreto.
La resolución del reconocimiento de la situación de dependencia así como la resolución del Programa Individual de Atención y Efectividad del Derecho, podrán ser recurridas en alzada ante la persona titular de la Consejería competente en materia de asuntos sociales, conforme a lo establecido en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992.
1. El grado de dependencia reconocido y el Programa Individual de Atención podrán revisarse, de modo singular cada uno de ellos o los dos conjuntamente, conforme a lo que se indica en los artículos siguientes.
1. El grado de la situación de dependencia será revisable por las causas establecidas en el artículo 30 de la Ley 39/2006, pudiendo iniciarse el procedimiento, de oficio por los Servicios Periféricos de la Consejería competente en materia de asuntos sociales o a instancia de la persona interesada o de su representante legal.
c) Incumplimiento de las obligaciones de la persona beneficiaria establecidas en la Ley 39/2006 .
Si la revisión diera lugar a la modificación del contenido o de la intensidad del servicio reconocido o a su extinción, la efectividad de dicha modificación o extinción, se fijará en la fecha de la resolución en que se declare.
1. Será de aplicación el régimen de infracciones y sanciones establecido en el Título III de la Ley 39/2006 .
2. Será competente para iniciar los procedimientos sancionadores que deriven de la Ley 39/2006 , la persona titular de los correspondientes Servicios Periféricos de la Consejería competente en materia de asuntos sociales.
1. La resolución de reconocimiento de la situación de dependencia de las personas que tengan reconocido el complemento de la necesidad de concurso de otra persona, determinado según el baremo del anexo 2 del Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre , del procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía, se limitará a declarar el grado de dependencia que les corresponda, en función de la puntuación específica otorgada por el citado baremo, de acuerdo con la tabla contenida en el Anexo I del Real Decreto 174/2011, de 11 de febrero , por el que se aprueba el baremo de valoración de la situación de dependencia establecido por la Ley 39/2006.
Aquellas personas que, por razones de edad o discapacidad, se hallen en el momento de entrada en vigor de este Decreto en centros o servicios propios , convenidos o concertados de la red pública, cuyo ingreso en los mismos no haya sido determinado en atención a su grado de dependencia deberán solicitar la valoración de su situación de dependencia. En el supuesto de que no lo solicite el interesado, la Administración podrá de oficio hacer su valoración. El establecimiento del Programa Individual de Atención que corresponda a estas personas incorporará aquellos servicios de que disfruten en el momento de entrada en vigor de este Decreto, sin perjuicio de las circunstancias que puedan motivar su revisión futura en condiciones de igualdad con los restantes beneficiarios.
1. La documentación y actuaciones que obren en los expedientes de reconocimiento de la situación de dependencia iniciados en otras Comunidades o Ciudades Autónomas, de aquellas personas que trasladen su residencia al ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en el transcurso del procedimiento, podrán tener validez en ésta, previa petición del expediente a la Administración de origen. Dicha petición estará condicionada al consentimiento expreso de la persona interesada de acuerdo con lo regulado en la normativa vigente sobre protección de datos de carácter personal.
1. Para la prestación de los servicios incluidos en el catálogo del SAAD la Consejería competente en materia de asuntos sociales podrá suscribir conciertos de plazas o servicios con la iniciativa privada, teniendo en consideración criterios de mayor necesidad de plazas, equilibrio territorial, solvencia técnica, profesional y económica, garantías de calidad en la atención, así como el cumplimiento de los requisitos de autorización o acreditación exigidos en la normativa específica que se determine para cada tipo de centro o servicio teniendo en cuenta lo estipulado en el artículo 16.2 de la Ley 39/2006.
Cuando tras la valoración técnica realizada por el equipo de valoración, a la persona solicitante le sea reconocido el grado I, la resolución que lo reconozca solamente determinará el grado de la situación de dependencia. El Programa Individual de Atención se elaborará en los tres meses anteriores a la fecha en la que se deban ser efectivas las prestaciones de este grado I y sus correspondientes niveles, de acuerdo con el calendario establecido por la disposición final primera de la Ley 39/2006 , en su redacción dada por el articulo 22, apartado diecisiete, del Real Decreto-Ley 20/2012 .
1. Todas aquellas personas que a la entrada en vigor de esta norma estuvieran disfrutando de un servicio o prestación de los contemplados en el catálogo del SAAD y no hubieran solicitado el reconocimiento de la situación de dependencia deberán hacerlo en el plazo máximo de un mes de cara a garantizar la protección de sus derechos, teniendo en cuenta que la valoración resultante, sea cual sea su grado de dependencia, no supondrá la merma de los derechos que ya tuviese reconocidos previamente a dicha valoración.
A efectos de la presente norma, se considerarán acreditados los Centros y Servicios autorizados conforme al procedimiento regulado en el Decreto 53/1999, de 11 de mayo, por el que se desarrolla reglamentariamente la Ley 3/1994, de 3 de noviembre , de protección de los usuarios de entidades, centros y servicios sociales de Castilla-La Mancha, en tanto se proceda a la adecuación del Anexo 3 de la Orden de 31 de marzo de 1992, reguladora de la acreditación de establecimientos de tercera edad, personas con discapacidad, infancia y menores y de la Orden de 21 de mayo de 2001, por la que se regulan las Condiciones Mínimas de los Centros destinados a las Personas Mayores en Castilla-La Mancha, a los criterios comunes de acreditación de Centros que se fijen en el ámbito del Consejo Territorial del SAAD.
Queda derogado el Decreto 176/2009 , de 17/11/2009, del procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la dependencia, y de la composición y funciones de los equipos de valoración, así como cuantas otras normas de igual o inferior rango contradigan o se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto.