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Timestamp: 2019-10-23 18:44:17
Document Index: 336950409

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 73', 'ARTÍCULO 21', 'ARTÍCULO 73', 'ARTÍCULO 21', 'ARTÍCULO 21', 'artículo 60', 'Artículo 105', 'Artículo 105', 'Artículo 105', 'artículo 105', 'Artículo 41', 'Artículo 30', 'Artículo 35', 'artículo 105', 'Artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 32', 'artículo 29', 'artículo 105', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 105', 'artículo 1', 'artículo 19', 'Artículo 105', 'artículo 20', 'artículo 105', 'artículo 29', 'artículo 73', 'artículo 29', 'artículo 29', 'artículo 72', 'Artículo 105', 'artículo 105', 'artículo 105', 'artículo 105', 'artículo 105', 'artículo 105', 'artículo 31', 'artículo 105', 'artículo 31', 'artículo 6', 'artículo 31', 'artículo 105', 'artículo 1', 'artículo 21', 'artículo 129', 'artículo 27', 'artículo 21', 'artículo 7', 'artículo 10', 'artículo 30', 'artículo 73', 'artículo 89', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 105', 'artículo 62', 'Artículo 105', 'artículo 10', 'Artículo 4', 'Artículo 6', 'artículo 7', 'Artículo 26', 'artículo 19', 'Artículo 105', 'artículo 73']

Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno - Jurisprudencia - VLEX 800370709
Localizacion: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 67, Junio de 2019, Tomo I, página 311.
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 6/2018 Y SUS ACUMULADAS 8/2018, 9/2018, 10/2018 Y 11/2018. DIVERSOS DIPUTADOS Y SENADORES INTEGRANTES DE LA LXIII LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL PARTIDO POLÍTICO MOVIMIENTO CIUDADANO.I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA LEGITIMACIÓN DEL DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES ESTÁ LIMITADA A LA INSTRUCCIÓN RECIBIDA POR EL PLENO DE ESE ÓRGANO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA LEGITIMACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA SU PROMOCIÓN, SE ENCUENTRA ACOTADA PARA IMPUGNAR ÚNICAMENTE LEYES DE CARÁCTER FEDERAL O LOCAL Y TRATADOS INTERNACIONALES QUE VULNEREN EL DERECHO AL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. NO SE ACTUALIZA SU IMPROCEDENCIA AL IMPUGNARSE UNA OMISIÓN LEGISLATIVA SI ÉSTA ES DE CARÁCTER RELATIVA O PARCIAL Y NO ABSOLUTA. IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. NO SE ACTUALIZA LA IMPROCEDENCIA DE LA PROMOVIDA POR UNA MINORÍA LEGISLATIVA POR EL HECHO DE QUE LOS LEGISLADORES QUE LA INTEGRAN NO HAYAN CUESTIONADO O VOTADO EN CONTRA DE LA LEY IMPUGNADA DURANTE EL PROCESO LEGISLATIVO. V. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. POSIBILIDAD DE PLANTEAR EN ÉSTA LA INVALIDEZ DE LEYES POR INVADIR LA ESFERA DE COMPETENCIA DE UNA ENTIDAD, PODER U ÓRGANO, SIN QUE ELLO SEA MATERIA EXCLUSIVA DE UNA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. VI. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS. VII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE LEGITIMACIÓN DE UN PARTIDO POLÍTICO PARA IMPUGNAR NORMAS GENERALES QUE NO SON DE NATURALEZA ELECTORAL (INVALIDEZ DEL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE SEGURIDAD INTERIOR). VIII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LO RESUELTO EN UN RECURSO DE RECLAMACIÓN SOBRE LA NO ACTUALIZACIÓN DE UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE DE AQUÉLLA NO IMPIDE DETERMINAR LO CONTRARIO EN LA SENTENCIA QUE LA RESUELVA (INVALIDEZ DEL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE SEGURIDAD INTERIOR). IX. COMPETENCIA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO DE LA UNIÓN. SÓLO INCLUYE LAS CUESTIONES PROPIAS DEL CONTENIDO MATERIAL ESPECÍFICO DE LA ATRIBUCIÓN CONFERIDA (INVALIDEZ DEL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE SEGURIDAD INTERIOR). X. COMPETENCIA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO DE LA UNIÓN. LA ATRIBUCIÓN CONFERIDA EN LA FRACCIÓN XXXI DEL ARTÍCULO 73 CONSTITUCIONAL SÓLO LE PERMITE EMITIR LEGISLACIÓN QUE GUARDE UNA RELACIÓN MEDIO-FIN ENTRE LO DISPUESTO EN ÉSTA Y EL OBJETO MATERIAL DE SU COMPETENCIA EXPRESA (INVALIDEZ DEL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE SEGURIDAD INTERIOR). XI. SEGURIDAD PÚBLICA. EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL PÁRRAFO DÉCIMO DEL ARTÍCULO 21 CONSTITUCIONAL, ES UNA FUNCIÓN QUE SÓLO PUEDE REALIZARSE POR AUTORIDADES CIVILES (INVALIDEZ DEL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE SEGURIDAD INTERIOR). XII. SEGURIDAD NACIONAL. LOS SUPUESTOS DE AMENAZAS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 73 CONSTITUCIONAL QUE CONFIGURAN UN PROBLEMA DE ESA MATERIA SON DISTINTOS A LOS DE SEGURIDAD PÚBLICA PREVISTOS EN EL DIVERSO 21 CONSTITUCIONAL Y AUN CUANDO TENGAN UNA CONEXIÓN SON DIVERSOS, AL TENER FINES Y ÁMBITO DE ACCIÓN DISTINTOS (INVALIDEZ DEL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE SEGURIDAD INTERIOR). XIII. SEGURIDAD PÚBLICA. AL LEGISLAR MATERIALMENTE SOBRE ÉSTA SOSTENIENDO QUE SE LEGISLA SOBRE SEGURIDAD NACIONAL SE GENERA UNA DISTORSIÓN CONSTITUCIONAL QUE DA LUGAR A INTRODUCIR CUESTIONES AJENAS A LAS CONDICIONES ORGÁNICAS Y PARÁMETROS QUE RIGEN AQUÉLLA (INVALIDEZ DEL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE SEGURIDAD INTERIOR). XIV. SEGURIDAD PÚBLICA. AL LEGISLAR MATERIALMENTE SOBRE ÉSTA CON EL OBJETO DE REGULAR LA SEGURIDAD NACIONAL EN SU VERTIENTE DE SEGURIDAD INTERIOR SE MODIFICA LA GARANTÍA CONSTITUCIONAL DE QUE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA SEAN EN TODO MOMENTO DE CARÁCTER CIVIL, DISCIPLINADO Y PROFESIONAL, ESTABLECIDA EN LOS PÁRRAFOS NOVENO Y DÉCIMO DEL ARTÍCULO 21 CONSTITUCIONAL (INVALIDEZ DEL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE SEGURIDAD INTERIOR). XV. SEGURIDAD INTERIOR. LA LEY RELATIVA EXPEDIDA POR EL CONGRESO DE LA UNIÓN VIOLA EL ARTÍCULO 21 CONSTITUCIONAL AL PERMITIR LA PARTICIPACIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS EN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA (INVALIDEZ DEL DECRETO PUBLICADO EL VEINTIUNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE). XVI. SEGURIDAD INTERIOR. LA LEY RELATIVA EXPEDIDA POR EL CONGRESO DE LA UNIÓN, POR SU CONTENIDO, EXCEDE EL ÁMBITO CONSTITUCIONAL FEDERAL EN MATERIA DE SEGURIDAD NACIONAL (INVALIDEZ DEL DECRETO PUBLICADO EL VEINTIUNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE). XVII. SEGURIDAD INTERIOR. LA LEY RELATIVA EXPEDIDA POR EL CONGRESO DE LA UNIÓN REGULA UNA VERTIENTE DE LA SEGURIDAD NACIONAL, POR LO QUE CORRESPONDE A UNA FACULTAD EXCLUSIVA FEDERAL, NO CONCURRENTE, ANTE LO CUAL EN ELLA, VÁLIDAMENTE, NO ES FACTIBLE DISTRIBUIR FUNCIONES ENTRE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (INVALIDEZ DEL DECRETO PUBLICADO EL VEINTIUNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE). XVIII. SEGURIDAD PÚBLICA. EXISTEN CIERTOS CASOS EN QUE LAS FUERZAS ARMADAS PUEDEN INTERVENIR EN ESTA MATERIA DE MANERA EXCEPCIONAL Y EN AUXILIO DE LAS AUTORIDADES CIVILES, SIEMPRE DE MANERA TEMPORAL. XIX. SEGURIDAD PÚBLICA. REQUISITOS DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS CUANDO EJERCEN FUNCIONES EN ESA MATERIA (INVALIDEZ DEL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE SEGURIDAD INTERIOR). XX. SEGURIDAD PÚBLICA. LA LEY DE SEGURIDAD INTERIOR EXPEDIDA POR EL CONGRESO DE LA UNIÓN NO CUMPLE CON LAS CONDICIONES DE EXCEPCIONALIDAD Y TEMPORALIDAD DE PARTICIPACIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS EN FUNCIONES PROPIAS DE ESA MATERIA (INVALIDEZ DEL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE SEGURIDAD INTERIOR). XXI. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS AL CONGRESO DE LA UNIÓN (INVALIDEZ DEL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE SEGURIDAD INTERIOR).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 6/2018 Y SUS ACUMULADAS 8/2018, 9/2018, 10/2018 Y 11/2018. DIVERSOS DIPUTADOS Y SENADORES INTEGRANTES DE LA LXIII LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL PARTIDO POLÍTICO MOVIMIENTO CIUDADANO. 15 DE NOVIEMBRE DE 2018. PONENTE: J.M.P.R.. ENCARGADO DEL ENGROSE: E.M.M.I. SECRETARIO: ETIENNE LUQUET FARÍAS.
Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día quince de noviembre de dos mil dieciocho.
VISTOS para resolver los autos relativos a las acciones de inconstitucionalidad promovidas respectivamente por diversos diputados(1) y senadores(2) integrantes de la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso de la Unión, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales,(3) la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,(4) y el Partido Político Movimiento Ciudadano;(5) y
1. PRIMERO.—Presentación de las acciones. Por escritos recibidos el dieciocho(6) y diecinueve(7) de enero de dos mil dieciocho,(8) diversos diputados y senadores integrantes de la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso de la Unión; el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Partido Político Movimiento Ciudadano, promovieron acciones de inconstitucionalidad en las que solicitaron la invalidez de las normas generales que más adelante se identifican, emitidas y promulgadas por las autoridades que a continuación se indican:
• Órganos que emitieron y promulgaron las normas generales que se impugnan: Congreso de la Unión, a través de las Cámaras de D. y Senadores, y Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
• Normas generales cuya invalidez se reclaman. Los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34; así como primero, segundo, tercero, cuarto y quinto transitorios de la Ley de Seguridad Interior,(9) publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete.
Ello, sin perjuicio de que también se solicita la invalidez, en lo general, del decreto que expide la propia Ley de Seguridad Interior.
2. SEGUNDO.—Artículos constitucionales y de instrumentos internacionales que se estiman violados. Los promoventes señalaron que los artículos cuya invalidez demandan, resultan violatorios, fundamentalmente, de las siguientes disposiciones de orden constitucional y convencional:
• Artículos 1o., 6o., apartado A, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII, 7o., 8o., 9o., 14, 16, 17, 21, 22, 29, 31, 35, 36, 40, 41, 49, 73, fracción XXIX-S, 76, 78, 80, 89, 90, 99, 115, 116, 119, 124, 129 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
• Artículos 1, 2, 5.1, 8, 9, 11, 13, 14.1, 15, 16, 23, 25, 26, 27, segundo párrafo, 28, 29, 30, 31 y 32 numeral 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, incluidos los tratados y recomendaciones internacionales formuladas por los organismos internacionales sobre derechos humanos que han señalado los riesgos para los derechos humanos de la militarización.
• Artículos 1, 2, 4, 5, 9, 19, 21, 22 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
• Artículos 1, 2, 3 y 4 de la Carta Democrática Interamericana.
3. TERCERO.—Registro y turno de la demanda promovida por los diputados integrantes de la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso de la Unión. Por acuerdo de dieciocho de enero de dos mil dieciocho, el Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad promovida por diversos diputados integrantes de la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso de la Unión, con el número 6/2018; y ordenó turnarla al Ministro J.M.P.R., a efecto de instruir el procedimiento respectivo.(10)
4. CUARTO.—Acumulación de acciones de inconstitucionalidad. Mediante diversos proveídos, todos ellos dictados el diecinueve de enero de dos mil dieciocho, el Ministro presidente de este Máximo Tribunal ordenó la formación y registro de los expedientes relativos a las acciones de inconstitucionalidad promovidas por diversos senadores integrantes de la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso de la Unión; el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con los números de expedientes 8/2018, 9/2018 y 11/2018, respectivamente; decretando en los propios proveídos, su acumulación al expediente 6/2018 referido en el resultando anterior.
5. QUINTO.—Admisión y trámite de las acciones de inconstitucionalidad 6/2018, 8/2018, 9/2018 y 11/2018. Mediante proveídos de fecha diecinueve(11) y veintidós(12) de enero de dos mil dieciocho, el Ministro instructor J.M.P.R., admitió a trámite las acciones de inconstitucionalidad 6/2018, 8/2018, 9/2018 y 11/2018 y requirió al Poder Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión por conducto de las Cámaras de D. y Senadores, para que rindieran sus informes respectivos.
6. En dichos acuerdos, según el caso, se tuvieron por designados autorizados y delegados, y por ofrecidas las pruebas documentales exhibidas; además de que se requirió a las citadas autoridades el envío de los antecedentes legislativos de la norma impugnada y se dio vista a la Procuraduría General de la República a fin de que antes del cierre de instrucción, formulara el pedimento correspondiente.
7. SEXTO.—Desechamiento, recurso de reclamación 12/2018-CA y posterior admisión, trámite y acumulación de la acción de inconstitucionalidad 10/2018. En el caso de la acción de inconstitucionalidad 10/2018, la misma se desechó inicialmente mediante acuerdo de fecha veintidós de enero de dos mil dieciocho; sin embargo, previa resolución el veintitrés de mayo siguiente, del recurso de reclamación 12/2018-CA, se acordó su admisión mediante proveído de fecha tres de julio, en el cual, además, se tuvo por designados como delegados a las personas mencionadas en el escrito de demanda, por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones, por ofrecidas como pruebas las documentales que se acompañaron al escrito, así como la presuncional en su doble aspecto, legal y humana.
8. De igual forma, en el propio proveído, se solicitaron los respectivos informes a las autoridades demandadas, se precisó la existencia de la acumulación entre la acción 10/2018 y las diversas 6/2018, 8/2018, 9/2018 y 11/2018, se dio vista a la Procuraduría General de la República, se formuló requerimiento al Instituto Nacional Electoral y se solicitó opinión al presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
9. SÉPTIMO.—Contestación de la demanda (Informes). En acuerdos de diecinueve(13) y veinte(14) de febrero de dos mil dieciocho, el Ministro instructor tuvo a las Cámaras de D. y de Senadores del Congreso de la Unión, así como al Ejecutivo Federal, rindiendo los informes que les fueron solicitados con respecto a las acciones de inconstitucionalidad 6/2018, 8/2018, 9/2018 y 11/2018.
10. Además, en dichos proveídos quedaron los autos a la vista de las partes para que formularan los alegatos que a sus intereses conviniesen.(15)
11. En el caso de la acción de inconstitucionalidad 10/2018, los respectivos informes se tuvieron por rendidos mediante proveído de fecha trece de julio de dos mil dieciocho.
12. OCTAVO.—Cumplimiento de requerimientos relacionados con la acción de inconstitucionalidad 10/2018. Por acuerdo de seis de julio de dos mil dieciocho, se tuvo por desahogado el requerimiento formulado al Instituto Nacional Electoral; consistente, fundamentalmente, en remitir copia certificada de los estatutos vigentes del Partido Político Movimiento Ciudadano, así como de la certificación de su registro vigente y en precisar quiénes ejercen la representación legal de dicho partido y quienes integran su órgano de dirección nacional.
13. Por otro lado, en acuerdo de diecisiete de julio de dos mil dieciocho, se tuvo a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, formulando opinión en relación con la acción de inconstitucionalidad 10/2018.
14. NOVENO.—Alegatos. Mediante oficios recibidos los días dos y cinco de marzo de dos mil dieciocho, el delegado del Poder Ejecutivo Federal, el director general de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, así como los delegados de las Cámaras de D. y Senadores del Congreso de la Unión y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cuya personalidad tienen reconocida en autos, formularon alegatos con relación a las acciones de inconstitucionalidad registradas con los números 6/2018, 8/2018, 9/2018 y 11/2018; los cuales fueron acordados mediante proveído de fecha seis de marzo siguiente.
15. En lo que se refiere a la acción de inconstitucionalidad 10/2018, por acuerdo del diecisiete de julio de dos mil dieciocho, se determinó agregar a los autos las documentales a partir de los cuales, las Cámaras de D. y de Senadores; el Poder Ejecutivo Federal y el Partido Político Movimiento Ciudadano, formularon alegatos.
16. DÉCIMO.—Pedimento de la Procuraduría General de la República. En acuerdo de seis de marzo de dos mil dieciocho, se tuvo a la Procuraduría General de la República, formulando opinión en el presente asunto, en lo que se refiere a las acciones de inconstitucionalidad 6/2018, 8/2018, 9/2018 y 11/2018.
17. Dicha opinión, también se formuló en oficio de fecha dieciséis de julio de dos mil dieciocho, con respecto a la acción de inconstitucionalidad 10/2018, la cual se acordó en proveído de fecha diecisiete de julio siguiente.
18. DÉCIMO PRIMERO.—Amicus Curiae. En acuerdos de primero de febrero y veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, se tuvieron por presentados escritos formulados, en su calidad de amicus curiae, por las siguientes organizaciones:(16)
• Por México Hoy.
• Asociación Nacional de Abogados Democráticos, Asociación Civil.
19. DÉCIMO SEGUNDO.—Cierre de instrucción. Una vez recibidos los informes y alegatos de las partes, así como la opinión de la Procuraduría General de la República, mediante proveído del Ministro instructor de fecha veinte de septiembre de dos mil dieciocho, se decretó el cierre de la instrucción, a efecto de elaborar el proyecto de resolución respectivo.
20. PRIMERO.—Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad y sus acumuladas, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, incisos a), b), g) y h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que los promoventes de las acciones plantean la posible contradicción entre la Constitución Federal y normas de carácter general, contenidas en la Ley de Seguridad Interior.
21. SEGUNDO.—Oportunidad. Las cinco demandas de acción de inconstitucionalidad objeto de este asunto, fueron presentadas de manera oportuna.
22. El artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que el plazo para la presentación de la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales y el cómputo respectivo deberá hacerse a partir del día siguiente al en que se hubiere publicado la norma impugnada en el correspondiente medio oficial. El decreto por medio del cual se expidió la Ley de Seguridad Interior, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el jueves veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete; por consiguiente, el plazo de treinta días naturales para promover acciones de inconstitucionalidad en contra de la misma inició el viernes veintidós de diciembre del mismo año y venció el sábado veinte de enero del dos mil dieciocho; por lo que si las acciones en cuestión,(17) se presentaron los días dieciocho y diecinueve de enero de dos mil dieciocho, puede concluirse que resulta oportuna su presentación.
23. TERCERO.—Legitimación. En el caso, es posible reconocer la legitimación de los integrantes de las Cámaras de D. y de Senadores del Congreso de la Unión, así como del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quienes formulan las distintas acciones de inconstitucionalidad objeto de este fallo; toda vez que:
• La acción de inconstitucionalidad 6/2018, se formuló por ciento ochenta y ocho (188) D. del Congreso de la Unión, quienes representan un treinta y siete punto seis por ciento (37.6) de la totalidad de los integrantes de dicho órgano legislativo compuesto por quinientos diputados,(18) lo que permite acreditar los supuestos jurídicos contemplados en los artículos 105, fracción II, inciso a),(19) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 62(20) de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la propia Carta Magna.
• La acción de inconstitucionalidad 8/2018, se formuló por cuarenta y cuatro (44) integrantes del Senado de la República, quienes representan un treinta y cuatro punto tres por ciento (34.3) de la totalidad de los integrantes de dicho órgano legislativo, compuesto por ciento veintiocho senadores,(21) lo que permite acreditar los supuestos jurídicos contemplados en los artículos 105, fracción II, inciso b),(22) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 62 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 del Pacto Federal.
• La acción de inconstitucionalidad 11/2018, se formuló por L.R.G.P., presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien de conformidad a los artículos 15, fracción I,(23) de la ley de la citada comisión y 18(24) de su reglamento interno, cuenta con facultades para representar a dicho organismo protector de los derechos humanos, mismo que en términos del artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Federal, está legitimado para formular acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes que vulneren los derechos humanos.
24. La legitimación de los accionantes antes citados se reconoce, no obstante que la misma es cuestionada por las autoridades demandadas; sin embargo, dichos planteamientos de "falta de legitimación" se desestiman con base en las consideraciones que se expresan en el siguiente apartado, referido al estudio de causales de improcedencia.
25. Por cuanto hace a la acción de inconstitucionalidad 9/2018, la demanda está suscrita por P.F.M.D., director general de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, quien actúa en suplencia por ausencia de F.J.A.L., comisionado presidente y representante legal del mencionado Instituto.
26. Para la interposición de dicha demanda, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales emitió el acuerdo ACT-PUB/16/01/2018.04, correspondiente a la sesión pública de dieciséis de enero de dos mil dieciocho, donde, entre otras cosas, instruyó al representante legal de dicho Instituto para la presentación del escrito de acción de inconstitucionalidad, relativa a la impugnación de diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Interior, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete, ante esta Suprema Corte.
27. En ese sentido, de conformidad con los artículos 41, fracción VI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 35, fracción XVIII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, es al Pleno del Instituto Nacional, como máxima autoridad, a quien corresponde decidir sobre la interposición de las acciones de inconstitucionalidad en el ámbito de su especialidad, y de conformidad con los artículos 30 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 16 del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la representación legal se le atribuye al comisionado presidente.
28. En efecto, dichos preceptos a la letra dicen:
"Artículo 41. El instituto, además de lo señalado en la Ley Federal y en el siguiente artículo, tendrá las siguientes atribuciones:
"... VI. Interponer, cuando así lo aprueben la mayoría de sus comisionados, acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes de carácter federal, estatal o del Distrito Federal, así como de los tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren el derecho de acceso a la información."
"Artículo 30. El instituto será presidido por un comisionado, quien tendrá la representación legal del mismo. Durará en su encargo un periodo de tres años, renovable por una ocasión."
"Artículo 35. Son atribuciones del Pleno, las siguientes:
"... XVIII. Interponer, por el voto de la mayoría de sus integrantes, las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad de conformidad con lo previsto en el artículo 105 de la Constitución y su ley reglamentaria."
"Artículo 16. Las funciones del comisionado presidente son las siguientes:
"I.R. legalmente al instituto; otorgar, sustituir y revocar poderes generales y especiales con las facultades que le competan, entre ellas las que requieran autorización o cláusula especial. Tratándose de actos de dominio sobre inmuebles destinados al Instituto o para otorgar poderes para dichos efectos, se requerirá la autorización previa del Pleno;
"II.R. al instituto ante cualquier autoridad de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos; órganos e instituciones públicas y privadas del ámbito federal, estatal y municipal, personas físicas, morales o sindicatos, así como cualquier ente público o privado de carácter internacional;
"A la oficina del comisionado presidente se encuentran adscritas las Direcciones Generales de Administración; de Asuntos Jurídicos; de Comunicación Social y Difusión; y de Planeación y Desempeño Institucional; y la Oficina de Control Interno."
29. Asimismo, dentro de la estructura interna del Instituto, el citado estatuto orgánico, en su artículo 16, último párrafo, señala que la Dirección General de Asuntos Jurídicos, se encuentra adscrita a la oficina del comisionado presidente; el artículo 32, fracciones I y II,(25) atribuye a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, la representación legal del Instituto en asuntos jurisdiccionales; y, por último, el artículo 29, fracción XXXVII, establece que las direcciones generales tienen la función genérica de "suplir por ausencia a su superior jerárquico inmediato". Así, se estima que, en principio, P.F.M.D., en su carácter de director general de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, tiene legitimación suficiente para promover la presente acción de inconstitucionalidad, en términos del artículo 105, fracción II, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
30. No obstante, dicha legitimación, sólo puede reconocerse con respecto a la impugnación que se hace en la acción de inconstitucionalidad 9/2018 de los artículos 9 y 31 de la Ley de Seguridad Interior, mas no con respecto a lo previsto en el artículo 1 del propio ordenamiento.
31. Lo anterior porque se estima que el director general de Asuntos Jurídicos no está en condiciones de ir más allá del contenido del acuerdo tomado por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales sobre las normas generales que son impugnadas a través de la acción de inconstitucionalidad, pues es este órgano colegiado quien decide sobre ello; en términos de los artículos 41, fracción VI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 35, fracción XVIII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, arriba transcritos.
32. Por lo que, si bien en la presente demanda de acción de inconstitucionalidad también se impugna el artículo 1 de la Ley de Seguridad Interior, el referido acuerdo ACT-PUB/16/01/2018.04 del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, correspondiente a la sesión pública de dieciséis de enero de dos mil dieciocho, es bastante claro en cuanto a la instrucción dada al representante legal de las normas que tendrían que ser impugnadas.
33. Textualmente, tanto en el considerando como propiamente en el acuerdo, se señala lo siguiente:
"12. Que en términos de los artículos 31, fracción XII, de la LFTAIP; 12, fracción IV, 18, fracciones IV, XIV, XVI y XXVI, del estatuto orgánico, el comisionado presidente somete a consideración del Pleno el Proyecto de Acuerdo mediante el cual se instruye al representante legal del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales que interponga acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en contra de los artículos 9 y 31 de la Ley de Seguridad Interior, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete.
"ACUERDO.
"PRIMERO. Se instruye al representante legal del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, interponga acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en contra de los artículos 9 y 31 de la Ley de Seguridad Interior, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete.
"SEGUNDO. Se instruye a la Dirección General de Asuntos Jurídicos que elabore el documento por el cual el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales presenta acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en contra de los artículos 9 y 31 de la Ley de Seguridad Interior, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete."
34. Lo anterior, permite concluir que el acuerdo que sostiene y da origen a la demanda presentada por el director general de Asuntos Jurídicos, en suplencia del representante legal del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en ningún momento hace referencia a la impugnación del artículo 1 de Ley de Seguridad Interior.
35. Además, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de conformidad a lo señalado en el artículo 105, fracción II, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sólo cuenta con legitimación para ejercitar acciones de inconstitucionalidad, en contra de leyes de carácter federal y local, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren el derecho al acceso a la información pública y la protección de datos personales; y en el caso, no se desprende que el artículo 1 de la Ley de Seguridad Interior esté referido a dichos derechos, como sí ocurre en el caso de los artículos 9 y 31 relacionados con la naturaleza y entrega de la información que se genere o proporcione en términos de dicha ley.
36. Por tanto, debe estimarse que el director general de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y el propio organismo garante, no tienen legitimación para impugnar tal precepto ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
37. CUARTO.—Causas de improcedencia. Una lectura de los informes que rinden las autoridades demandadas, permite advertir que, en lo general, hicieron valer las causales de improcedencia que a continuación se enuncian y son objeto de estudio, destacando que, al respecto, la Procuraduría General de la República formuló pedimento,(26) solicitando su desestimación:
Ver causal de improcedencia No. 1. A
38. El Senado de la República, cuestiona que los conceptos de invalidez relacionados con la falta de regulación en la Ley de Seguridad Interior de la intervención que deben tener los Poderes Legislativo y Judicial en la aplicación de la ley, están referidos a una omisión legislativa, lo que actualiza una causa de improcedencia.
39. En efecto, se alega que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII,(34) de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 20, fracción II,(35) de la propia ley, y en el artículo 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.(36)
40. No obstante, dicha causal de improcedencia debe desestimarse; en principio, toda vez que si bien este Tribunal Pleno, ha sostenido que la acción de inconstitucionalidad es improcedente contra la omisión del legislador de expedir una ley, por no constituir una norma general que, por lo mismo, no ha sido promulgada ni publicada, lo cierto es que tal criterio no aplica cuando se alegue una omisión parcial resultado de una deficiente regulación de las normas respectivas.
41. Así, en la ejecutoria dictada en la acción de inconstitucionalidad 7/2003, resuelta en sesión de cuatro de marzo de dos mil tres, este Tribunal Pleno aclaró que la improcedencia de esta vía constitucional, se actualiza, únicamente, cuando se trate de una omisión total o absoluta en la expedición de una ley.
42. En el caso, lo que se alega en los conceptos de invalidez relativos, no es que el Congreso de la Unión dejó de expedir una ley teniendo el mandato para hacerlo, ni menos que teniendo una competencia legislativa de carácter potestativo, decidió no actuar ante la ausencia de mandato u obligación que así se lo imponga; sino que en realidad, lo que se cuestiona, es que al legislar en materia de seguridad interior, ello se hizo de forma incompleta o deficiente, al sólo asignarse facultades al Ejecutivo Federal para la aplicación de la ley, mas no a los otros Poderes (Legislativo y Judicial), lo que se dice, implica la falta de mecanismos que permitan limitar o controlar la ejecución de las acciones previstas en la Ley de Seguridad Interior.
43. Luego, ello sí puede ser materia de estudio de fondo en el presente asunto, pues lo que se controvierte, es la existencia de una omisión legislativa de carácter relativo, y no la existencia de una omisión de carácter absoluto.(37)
44. Además, el aspecto relativo a si el Pacto Federal, obliga o no al legislador a contemplar, en materia de seguridad interior, facultades de control a favor de otros poderes, distintos al Ejecutivo Federal, implica una cuestión íntimamente relacionada con el fondo del asunto, lo que también obliga a desestimar la causal de improcedencia que se hace valer.(38)
45. Por razones similares, la desestimación de la causal de improcedencia en cuestión, alusiva a que en las acciones de inconstitucionalidad señaladas, se hacen valer omisiones legislativas, se extiende a lo argumentado en relación con:
• La falta de regulación en la Ley de Seguridad Interior de la Guardia Nacional, y
• La falta de previsión en la Ley de Seguridad Interior de un esquema similar al previsto en el artículo 29(39) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de restricción o suspensión del ejercicio de derechos y garantías.
46. Ello con base en lo que a continuación se expone:
Ver causal de improcedencia No. 1. B
47. El senado invoca la causal de improcedencia citada, atendiendo a que indica, de lo que se duelen los accionantes, es de la omisión legislativa derivada de que, al legislarse en materia de seguridad interior, se omitió tomar en cuenta la facultad con la que cuenta el Congreso, para, en términos del artículo 73, fracción XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, "dar reglamentos con objeto de organizar, armar y disciplinar la Guardia Nacional".
48. Sin embargo, nuevamente se está en presencia de una omisión legislativa de carácter relativo o parcial, pues de lo que, en realidad, se duelen los accionantes, no es de que el legislador hubiese dejado de emitir una ley o reglamento que regule a la Guardia Nacional, sino más bien, del hecho de que, la Ley de Seguridad Interior, no toma en cuenta lo previsto en los artículos 10, 31, fracción III, 34, fracción IV, 36, fracción II, 75, fracción XV, 78, fracción I y 89, fracción VII, de la Carta Magna, preceptos todos ellos que referidos a la Guardia Nacional implican, en opinión de los demandantes, que es ésta y no las autoridades contempladas en la Ley de Seguridad Interior, las que tendrían que intervenir para asegurar la tranquilidad y el orden interior, dado su carácter civil y no propiamente militar.
49. Por tanto, lo que se denuncia, es una incompleta o deficiente forma de regular la seguridad interior, sobre la base de que, en la ley impugnada, no se toma en cuenta la existencia de una Guardia Nacional prevista constitucionalmente; y que, tendría que ser ésta, la que, en principio, tuviere a su cargo la realización de acciones en materia de seguridad interior por tanto, no es propiamente una omisión legislativa absoluta lo que se denuncia.
50. Además, el tema nuevamente está íntimamente relacionado con el fondo del asunto, en lo referente a si, en efecto, la Guardia Nacional es competente en materia de seguridad interior, partiendo de la base de si el defender la tranquilidad y el orden interior, corresponde a una de las acciones que deben realizarse en el marco de ésta. Esto es, se trata de un aspecto relacionado con el análisis requerido de si existe o no correspondencia entre los términos "seguridad" y "orden" interior, lo que también involucra analizar si las facultades que la Constitución confiere a la Guardia Nacional tienen o no el carácter de exclusivas.
Ver causal de improcedencia No. 1. C
51. Similares consideraciones merecen los argumentos que invoca el senado para alegar la existencia de la causa de improcedencia aludida (omisión legislativa), relacionada con los conceptos de invalidez en los que los accionantes, se duelen de que la Ley de Seguridad Interior no regula a favor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una facultad similar a la que establece el artículo 29(43) constitucional para el caso de suspensión de garantías, ni parámetros afines al procedimiento correspondiente previsto en dicho numeral de la Carta Magna.
52. Sin embargo, nuevamente, lo que está en juego en el planteamiento de los accionantes, no es la inexistencia de una ley que regule los casos de restricción o suspensión de garantías contemplados en el artículo 29 constitucional, sino el si la Ley de Seguridad Interior reguló de forma deficiente o incompleta la materia de su objeto a la luz de dicho precepto; y ello conlleva analizar, entre otros puntos, si la ley en cuestión, contiene o no disposiciones que por sí mismas conlleven la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y garantías constitucionales.
53. Como se observa, no sólo se está ante cuestionamientos ajenos a los de una omisión legislativa absoluta, sino que, además, se trata de planteamientos que están vinculados íntimamente con el estudio de fondo del asunto, razón por la que, en este tema, también debe desestimarse la causal de improcedencia que se invoca.
Ver causal de improcedencia No. 2
54. En su respectivo informe, el Senado de la República, también hace valer como causal de improcedencia, la relacionada con el hecho de que no se agotó la vía prevista en el artículo 72 de la Constitución Federal, en el sentido de que los diputados actores, respectivamente, estuvieron en la posibilidad de plantear su disconformidad con el texto de la ley en varios momentos.
55. Esta causal, se invoca en relación con lo previsto en los artículos 19, fracción VI, 20, fracción II y 65 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, en suma, se aduce que, si los diputados actores formaron parte de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, entonces estuvieron en posibilidad de plantear, en varios momentos, su disconformidad con el texto de la ley impugnada.
56. Esta causa de improcedencia debe desestimarse, pues si bien es cierto que los integrantes del Congreso de la Unión, en el caso, los diputados señalados, tuvieron la oportunidad de participar en el proceso legislativo, externando en distintos momentos sus posturas –afines o contrarias– a una iniciativa de ley en estudio, dictamen o discusión, ello no puede ser considerado como un recurso o medio para subsanar una deficiencia legislativa. Ni menos aún, ello puede ser considerado como un instrumento o mecanismo para dirimir la posible contradicción entre una norma general y la Constitución.
57. Y, en todo caso, es posible que, durante el proceso legislativo, un integrante del Congreso de la Unión no presente dudas o inquietudes sobre la constitucionalidad de una norma general discutida; y que, incluso, vote a favor de ésta, lo que no impide que posteriormente, en conjunto con otros legisladores, haga uso de la acción que la Constitución Federal concede en su artículo 105, fracción II.
58. Lo anterior, máxime que ni el precepto constitucional señalado, ni su ley reglamentaria, contemplan como un recurso que necesariamente deben agotar los legisladores federales, el dirimir su disenso en el propio proceso legislativo y, por el contrario, el artículo 105, fracción II, incisos a) y b), de la Constitución Federal expresamente señalan, que los integrantes de los órganos legislativos (Cámara de D. o Cámara de Senadores) del Congreso de la Unión –que representen más del treinta y tres por cierto de la Cámara correspondiente–, están legitimados para ejercer su derecho a promover la respectiva acción de inconstitucionalidad que tenga por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y la Constitución.
59. Esto es, conforme a la doctrina constitucional,(46) la acción de inconstitucionalidad, en sus orígenes, tuvo precisamente su razón de ser en la posibilidad de que las minorías legislativas que de alguna manera habían sido vencidas por las mayorías parlamentarias, pudieran plantear ante el Tribunal Constitucional la no conformidad de las leyes expedidas con el Texto Constitucional, esto con el objeto de preservar la supremacía constitucional.
60. Luego, como lo externa la Procuraduría General de la República,(47) en su pedimento, debe desestimarse la causal de improcedencia en estudio.
61. En idénticas consideraciones descansa la desestimación de la causal de improcedencia que hace valer el Senado de la República, con respecto a que el grupo de senadores accionantes no agotó en sede legislativa la vía legalmente prevista para la solución de su desacuerdo con el Congreso de la Unión.
Ver causal de improcedencia No. 3
62. 1. Legitimación. Minoría de la Cámara de D.. Esta causal de improcedencia que hace valer en su informe el Senado de la República,(52) en contra de la acción de inconstitucionalidad formulada por el grupo de diputados actores, debe desestimarse, pues amén de que la misma está planteada únicamente de forma hipotética, lo cierto es que como se advierte de consideraciones previas, el escrito de demanda presentado por diversos diputados, sí está firmado por ciento ochenta y ocho (188) legisladores, debidamente identificados con sus respectivos nombres, mismos que representan un treinta y siete punto seis por ciento (37.6%) de la totalidad de los integrantes de la Cámara de D.; esto es, más del treinta y tres (33%) por ciento necesario para el ejercicio de la acción de inconstitucionalidad, en términos del artículo 105, fracción II, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
63. 2. Legitimación. Minoría de la Cámara de Senadores. De igual forma, la causal de improcedencia señalada que, con carácter hipotético, formula el Senado de la República,(53) también debe desestimarse, ya que como se desprende de lo previamente desarrollado en este fallo, la acción de inconstitucionalidad que plantea un grupo de senadores, está suscrita por cuarenta y cuatro (44) integrantes del Senado, debidamente identificados con sus respectivos nombres, y quienes representan un treinta y cuatro punto tres por ciento (34.3%) de la totalidad de los integrantes del Senado.
64. Por tanto, se supera el treinta y tres por ciento (33%) que exige el artículo 105, fracción II, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; con lo que puede afirmarse, como ya se hizo previamente en el apartado correspondiente, que se cumple el elemento de legitimación necesario para la presentación de la acción de inconstitucionalidad que nos ocupa.
65. 3. Legitimación. INAI. En el apartado correspondiente a la legitimación de quienes formulan las acciones de inconstitucionalidad que dan lugar al presente asunto, ya se examinó la legitimación de quien promueve a nombre del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), razón por la que la causal de improcedencia que con carácter hipotético formula el Senado de la República –en cuanto a que el director general de Asuntos Jurídicos, habrá de contar con la facultad de representar al organismo garante–, debe también desestimarse, con la reserva de lo que ya se expuso en el referido apartado.
Ver causal de improcedencia No. 4
66. El Senado de la República, argumenta en su informe,(54) que debe operar la causal de improcedencia derivada del artículo 105, fracción II, inciso h), de la Constitución, en torno a la impugnación que hace en sus conceptos de invalidez el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), con respecto a la supuesta invasión de la esfera de sus competencias, derivada de lo señalado en el artículo 31(55) de la Ley de Seguridad Interior. Ello, toda vez que, en opinión del Senado, el citado instituto, sólo puede promover acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes, que vulneren el derecho al acceso a la información pública y la protección de datos personales, por lo que si lo que se aduce es la invasión de esferas competenciales, para ello existe otro medio de control constitucional, a saber, la controversia constitucional referida en el artículo 105, fracción I, inciso l), de la Carta Magna.(56)67. Esta causal, en principio, se desestima, toda vez que, cuando el referido Instituto habla en su demanda de la "invasión innecesaria a las facultades del organismo garante en materia de acceso a la información y protección de datos", ello se hace desde el enfoque de la afectación que se puede causar con la ley impugnada a los titulares de la información, en cuanto a la posibilidad de consentir o manifestar su oposición en la transferencia de sus datos sensibles, ya que, en opinión del Instituto accionante, al no estar plenamente establecido en el artículo 31 de la Ley de Seguridad Interior, qué autoridad y para qué finalidad se puede usar o utilizar la información, ello conculca tanto el artículo 6o. como el 16 constitucional, lo que sin duda, se esboza en torno a la transgresión al derecho constitucional de las personas al tratamiento de sus datos personales.
68. De ahí que, sin duda, la acción en cuestión, en cuanto a la impugnación que nos ocupa del artículo 31 de la Ley de Seguridad Interior, está dirigida a plantear una posible contradicción entre la Constitución y la referida norma general, relacionada con la vulneración al derecho de los individuos a la protección de sus datos personales.
69. Además, en cualquier caso, en opinión de este Tribunal Pleno, la controversia constitucional, por su propia naturaleza, constituye un verdadero juicio entre los Poderes, entes u órganos que se precisan en la fracción I del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y si bien es cierto que la litis por regla general versa sobre la invasión a la esfera de competencia o atribuciones que uno de ellos considera afectada por la norma general o acto impugnado, lo cual implica la existencia de un interés legítimo del promovente, también lo es que tal circunstancia no conlleva a establecer que ese tema sea exclusivo de ese medio de control de la constitucionalidad y que no pueda ser motivo de análisis en una acción de inconstitucionalidad, si las partes que hagan valer esta última están legitimadas y sus planteamientos involucran la confrontación de las normas impugnadas con diversos preceptos de la Constitución Federal.
70. Por tanto, basta el interés genérico y abstracto de preservar la supremacía constitucional, para realizar el examen aludido en una acción de inconstitucionalidad, sin que obste la circunstancia de que la violación al citado principio también pudo haber sido materia de estudio en una controversia constitucional.(57)
71. Lo anterior, tomando en cuenta que, en el caso, se busca preservar la supremacía de la Constitución con relación a sus artículos 6o. y 16, que tutelan los derechos a la protección de datos personales (acceso, rectificación, cancelación y oposición) y a la legalidad.
72. Aun y cuando se desestima lo aquí expuesto, es pertinente tomar en cuenta lo que con relación a la impugnación del artículo 1 de la Ley de Seguridad Interior, se expuso en el apartado previo de legitimación, y en el que no se reconoció ésta al organismo garante con respecto a tal precepto.
73. 4. Legitimación. CNDH. Debido a que, en el propio apartado de legitimación, ya se examinó el carácter de quien comparece a nombre de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se desestima también la causal de improcedencia que al respecto hace valer hipotéticamente el Senado de la República.
Ver causal de improcedencia No. 5
74. La causal de improcedencia que hace valer el Senado de la República, con relación a distintos aspectos impugnados en la acción promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, también debe desestimarse.
75. Lo anterior, atendiendo a que, de ninguno de los motivos expuestos para justificar la improcedencia que se solícita, puede advertirse una razón manifiesta e indudable que induzca a ello; y, al contrario, lo que se advierte, es que los puntos planteados, más bien tienen una íntima relación con el estudio del fondo del asunto, en lo referente a identificar qué derechos derivan de los artículos constitucionales que se aduce son vulnerados por distintos preceptos de la Ley de Seguridad Interior, y qué alcance, limitaciones y restricciones corresponden a dichos derechos.(65)
76. Esto es:
77. a) En lo que se refiere al artículo 21 constitucional, el estudio de la acción de inconstitucionalidad que plantea la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, tiene íntima relación con el derecho a la seguridad de que gozan las personas, y con la garantía de que, para la protección de este derecho, se dispone que las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, lo que obliga a estudiar la Ley de Seguridad Interior y las implicaciones que tiene el hecho de que se permita, bajo determinados supuestos, la intervención de las Fuerzas Armadas en acciones de seguridad interior, y las repercusiones que ello puede tener en la esfera de la seguridad pública, aspecto que hace indispensable el estudio del artículo 129 constitucional, y el mandato que contiene en cuanto a las labores que, en tiempo de paz, pueden y deben realizar las autoridades militares; cuestión que ilustra que los citados preceptos constitucionales no están acotados a disponer normas competenciales y orgánicas.
78. b) En lo que hace a la impugnación del artículo 27 de la Ley de Seguridad Interior, ello se hace nuevamente con relación a los derechos que derivan, entre otros, del artículo 21 constitucional, destacando que, lo que está en juego, es si el precepto, contraría el mandato constitucional en torno a lo que cualquier persona o autoridad debe hacer, al percatarse de la comisión de un delito. De ahí que nuevamente, es evidente la contradicción que se plantea entre una norma constitucional y una norma general, con respecto a distintos derechos que pueden resultar afectados de dicha contradicción, y si bien, en la acción de inconstitucionalidad, se refieren en contraste otras disposiciones legales de carácter ordinario, ello no resta el alcance del planteamiento de invalidez de la norma impugnada, en cuanto a que la misma vulnera, en opinión de la comisión accionante, distintos derechos consagrados en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los que México es Parte, mismos que se enuncian en el propio escrito de demanda, y que deben estudiarse como parte del análisis de fondo de la acción intentada.
79. c) En lo que se refiere a la impugnación del artículo 7 de la Ley de Seguridad Interior, lo que se plantea a análisis, entre otras cuestiones, es la ponderación de si basta o no que una ley indique que en su aplicación, "se deberán respetar, proteger y garantizar en todo momento y sin excepción, los derechos humanos y sus garantías, de conformidad con lo dispuesto por la Constitución, los tratados internacionales y los protocolos emitidos por las autoridades correspondientes", para que ello satisfaga el mandato constitucional, por lo que sin duda, se trata nuevamente de un tema que amerita un análisis constitucional relacionado precisamente con la posible vulneración a derechos humanos, cuestión que a la vez, tiene íntima relación con la resolución del fondo del asunto.
80. d) En lo que respecta a la impugnación del artículo 10 de la Ley de Seguridad Interior, el análisis de si lo dispuesto en la misma viola, entre otros, los derechos de seguridad jurídica y legalidad, al excluir de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo la materia de la seguridad jurídica, presupone nuevamente la necesidad de analizar ello como parte del estudio de fondo de la acción intentada, sin que pueda determinarse a priori, como alude el Senado de la República, que ello no provoca la violación a un derecho humano, ya que la conclusión de si el precepto aludido brinda o no certeza, es precisamente materia de fondo de la acción intentada.
81. e) Igual consideración debe hacerse en cuanto a la impugnación del artículo 30 de la Ley de Seguridad Interior, y en donde a priori, el Senado de la República propone se concluya por este tribunal que el precepto no vulnera la seguridad jurídica, aspecto que, sin duda, debe ser materia de un pronunciamiento de fondo, sin que pueda precipitarse este órgano jurisdiccional a determinar en un estudio de procedencia, si la norma resulta o no constitucional con base en si la misma viola o no un derecho humano, pues incluso, el análisis de si la norma, limita o no el derecho a la legalidad, al remitir a disposiciones legales que les son aplicables, es propio del análisis de validez de la norma, sin que dicha premisa sea suficiente para estimar desde este momento si la norma vulnera o no un derecho humano.
82. f) De igual forma, el analizar si la Ley de Seguridad Interior vulnera o no el derecho a la consulta de los pueblos indígenas, exige un análisis de fondo sobre el contenido y alcances del ordenamiento impugnado, y sobre el mandato constitucional o convencional de dicha consulta, por lo que evidentemente, se trata de un análisis de fondo que no puede descartarse desde este momento.
83. En suma, el definir la naturaleza y alcance de las normas constitucionales que se aducen violadas en la acción que nos ocupa, corresponde al ámbito de estudio de fondo de los conceptos de invalidez desarrollados en torno a la hipótesis de que la Ley de Seguridad Interior transgrede distintos derechos al permitir, entre otros supuestos, la participación de las Fuerzas Armadas en actividades de seguridad interior; lo que sin duda, amerita un examen minucioso de cada precepto impugnado a la luz de los conceptos de invalidez que se plantean y de los distintos argumentos de fondo que, en defensa de dichos preceptos, hacen valer las autoridades demandadas.
84. Luego, procede desestimar la causal de improcedencia que hace valer el Senado de la República, y que descansa en la idea de que las normas impugnadas no están referidas a derechos humanos, o que no los transgreden.
Ver causal de improcedencia No. 6
85. Este Alto Tribunal advierte de oficio que debe sobreseerse en la acción de inconstitucionalidad 10/2018, en virtud de que el Partido Movimiento Ciudadano carece de legitimación para impugnar el decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete; ello, porque las normas generales impugnadas no son de naturaleza electoral.
86. En efecto, los artículos 105, fracción II, párrafo segundo, inciso f), de la Constitución Federal(66) y 62, último párrafo, de su ley reglamentaria(67) disponen que los partidos políticos podrán promover una acción de inconstitucionalidad, cuando: a) cuestionen normas generales de carácter electoral; b) cuenten con registro definitivo ante la autoridad electoral correspondiente; c) la promuevan por conducto de su dirigencia (nacional o local, según sea el caso); y, d) quien las suscriba a su nombre y representación cuente con facultades para ello.
87. En relación con el primer requisito –que se trate de normas de carácter electoral– debe señalarse que, constitucionalmente, se prevé que los partidos políticos gozan de una legitimación restringida para promover acciones de inconstitucionalidad, puesto que, si no controvierten la constitucionalidad de normas generales en materia electoral, su acción no procederá.
88. Es en virtud de lo anterior que para determinar si los partidos políticos se encuentran o no legitimados en las presentes acciones, resulta necesario precisar previamente si el decreto impugnado puede o no ser considerado como una norma general en materia electoral para efectos de la procedencia de las acciones.
89. Desde la Novena Época este Alto Tribunal ha sostenido que para determinar si una norma es electoral, no es necesario atender a un criterio nominal ni a su "ubicación" o pertenencia a un "código electoral", sino que dicha categorización dependerá en parte de su contenido material. Esto es, la calificación de que una norma sea "electoral" para efectos de que los partidos políticos se encuentren legitimados para promover una acción de inconstitucionalidad depende de las cuestiones o supuestos que la propia norma regula. Bajo dicho entendido, este Tribunal Constitucional ha considerado por materia electoral no sólo a las normas que establecen directa o indirectamente el régimen de los procesos electorales, sino también a las que "deban influir en ellos de una manera o de otra"(68) o regulen aspectos vinculados con derechos políticos-electorales.(69)
90. En el caso concreto, el partido político accionante impugna el "Decreto por el que se expidió la Ley de Seguridad Interior". De su contenido se advierte que:
• La Ley de Seguridad Interior es de orden público y de observancia general en territorio nacional.
• Sus disposiciones son materia de seguridad nacional, en términos de lo dispuesto por la fracción XXIX-M del artículo 73 y la fracción VI del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de seguridad interior.
• Tienen por objeto identificar, prevenir, atender, reducir y contener riesgos y amenazas a la seguridad interior.
91. En atención a lo anterior, este Alto Tribunal considera que el decreto impugnado no es una "ley electoral" para efectos de la procedencia de las acciones ahora en estudio, toda vez que no incide ni directa, ni indirectamente en los procesos electorales para ocupar un cargo de elección popular, no reglamenta dichos procesos, su contenido ni incide indirectamente en ellos.
92. Por lo anterior, este Alto Tribunal concluye que toda vez que el decreto impugnado no es una ley electoral, el partido político promovente no está legitimado para interponer la acción de inconstitucionalidad 10/2018.(70)
93. No pasa inadvertido para este Tribunal Pleno que mediante resolución emitida en el recurso de reclamación 12/2018-CA, interpuesto por el partido político hoy promovente, la Primera Sala de este Alto Tribunal consideró fundado el citado medio de defensa, al estimar que no se advertía causa manifiesta e indudable de improcedencia. Además estableció que a primera vista el artículo 8 de la Ley de Seguridad Interior, podría tener incidencia, directa o indirectamente, en los procesos electorales, pues aparentemente afecta al ejercicio de la comunicación política con fines político-electorales, a través de movilizaciones y manifestaciones públicas, así como al derecho de reunión con esos objetivos; así como que dicha norma podría, en principio, incidir en el derecho a votar y ser votado, ya que la posibilidad de realizar movilizaciones públicas con fines político –electorales, está relacionada con la capacidad de obtener y transmitir información político electoral, necesaria para ejercer esos derechos.
94. Pues como se señaló por la Primera Sala, es en esta sentencia en la que se debe realizar una determinación definitiva de la legitimación del Partido Movimiento Ciudadano, ya que, únicamente, se pronunció respecto de lo manifiesto e indudable que resultaba la causa de improcedencia determinada en el auto de desechamiento.
95. Ahora, el artículo 8 de la ley impugnada a la letra dice:
96. Si bien de su contenido se advierte que hace mención de las movilizaciones de protesta social o las que tengan un motivo político-electoral; lo cierto es que, como se dijo, del articulado de la ley, se advierte que no regula en forma alguna algún aspecto que pudiera incidir en los procesos electorales, esto pues conforme a sus artículos 1 y 2, sus disposiciones son materia de seguridad nacional y tiene por objeto regular la función del Estado para preservar la seguridad interior, así como establecer las bases, procedimientos y modalidades de coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los Municipios, en la materia.
97. Asimismo, la seguridad interior es la condición que proporciona el Estado Mexicano que permite salvaguardar la permanencia y continuidad de sus órdenes de gobierno e instituciones, así como el desarrollo nacional mediante el mantenimiento del orden constitucional, el Estado de derecho y la gobernabilidad democrática en todo el territorio nacional.
98. Así, si bien el precepto transcrito –cuya constitucionalidad impugna de manera toral el partido político–, hace referencia a las movilizaciones que tengan un motivo político-electoral, lo cierto es que, no regula si podrán o no llevarse a cabo tales movilizaciones o bien, la forma en la que deberán realizarse, ni establece aspecto alguno respecto al derecho de los ciudadanos a manifestarse, sino que su señalamiento se dirige a regular la función del Estado para preservar la seguridad interior, estableciendo un límite para las acciones respectivas.
99. Así, es claro que no se trata de una norma de carácter electoral, al igual que la ley que lo contiene; en consecuencia, como se ha señalado el partido accionante carece de legitimación en este asunto.
100. Por tanto, derivado de todo lo anterior, el Partido Movimiento Ciudadano carece de legitimación debido a que las normas que impugna no son de naturaleza electoral para efectos de la procedencia de la acción de inconstitucionalidad, por lo que no se cumple el extremo del artículo 105, fracción II, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el sentido de que para que una acción de inconstitucionalidad promovida por un partido político nacional proceda debe tratarse de "leyes electorales federales o locales".
101. Asimismo, no se cumple lo exigido por el tercer párrafo del artículo 62 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que dice a la letra: "Se considerarán parte demandante en los procedimientos por acciones en contra de leyes electorales, además de las señaladas en la fracción I del artículo 10 de esta ley, a los partidos políticos con registro por conducto de sus dirigencias nacionales o estatales ..."
102. Similar consideración debe realizarse con respecto a los artículos 4, fracción III, 6 y 26 de la Ley de Seguridad Interior, también impugnados por el partido político Movimiento Ciudadano, mismos que como se advierte de su contenido, no actualizan hipótesis jurídica de naturaleza electoral, pues se limitan a definir lo que se entiende por riesgo a la seguridad interior, a facultar a las autoridades federales para atender dichos riesgos y empoderar al Consejo de Seguridad Nacional para emitir lineamientos para la participación de las entidades federativas en las acciones relativas y a establecer un esquema permanente de identificación, prevención y atención de dichos riesgos:
"Artículo 4. Para los efectos de esta ley, se entenderá por:
"... III. Riesgo a la seguridad interior: Situación que potencialmente puede convertirse en una amenaza a la seguridad interior."
"Artículo 6. Las autoridades federales incluyendo a las Fuerzas Armadas, en el ámbito de sus respectivas competencias, implementarán sin necesidad de declaratoria de protección a la seguridad interior, políticas, programas y acciones para identificar, prevenir y atender oportunamente, según su naturaleza, los riesgos contemplados en la Agenda Nacional de Riesgos a la que se refiere el artículo 7 de la Ley de Seguridad Nacional.
"Asimismo, el Consejo de Seguridad Nacional emitirá lineamientos para la participación de las entidades federativas en las acciones de seguridad interior, para la atención eficaz de la agenda nacional de riesgos y, en su caso, para el restablecimiento de la colaboración de las entidades federativas y Municipios en las tareas de preservación de la seguridad nacional."
"Artículo 26. Las autoridades federales, incluidas las Fuerzas Armadas, en el ámbito de sus competencias de acuerdo con la Constitución y las leyes aplicables, llevarán a cabo las acciones de seguridad interior que sean necesarias, pertinentes y eficaces para identificar, prevenir y atender riesgos en aquellas zonas o áreas geográficas del país, vías generales de comunicación e instalaciones estratégicas que lo requieran, así como para garantizar el cumplimiento del Programa de Seguridad Nacional y la Agenda Nacional de Riesgos.
"Las acciones que se realicen para identificar, prevenir y atender riesgos a la seguridad interior son de carácter permanente y no requieren de la emisión de una declaratoria de protección a la seguridad interior, pudiendo suscribirse los convenios que en su caso requieran."
103. Como se observa, los preceptos transcritos tampoco contienen una norma de carácter electoral, por lo que, con respecto a los mismos, el partido accionante carece también de legitimación en este asunto.
104. La consecuencia jurídica de lo anterior es sobreseer en la acción de inconstitucionalidad 10/2018, ante la actualización de la causal de improcedencia derivada de la falta de legitimación del accionante prevista en el artículo 19, fracción VIII, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
105. QUINTO.—Conceptos de Invalidez. Los promoventes de las acciones de inconstitucionalidad expusieron diversos argumentos los cuales se resumen y obran como nota al final de la presente ejecutoria para lograr la simplificación de la presente sentencia, con independencia de que al contestarse cada uno de ellos, se hará referencia en el apartado correspondiente.(71)
106. SEXTO.—Informes de las autoridades demandadas. Las distintas autoridades rindieron sus informes que obran de las fojas 1758 a 2953 del tomo II del expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad 6/2018 y sus acumuladas.
107. Para lograr la simplificación de la presente ejecutoria, la síntesis de dichos argumentos obra como nota al final del documento, con independencia de que sean tomados en cuenta en el estudio de fondo en donde se dará respuesta a los planteamientos.(72)
108. SÉPTIMO.—Pedimento de la Procuraduría General de la República. El pedimento que rindió el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República obra de las fojas 3896 a 3920 del tomo III del expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad 6/2018 y sus acumuladas.
109. En aras de simplificar la presente ejecutoria, los argumentos que hace valer, se sintetizan como nota al final de la presente ejecutoria, con independencia de que al momento de resolver los planteamientos de los accionantes los mismos se tomarán en cuenta para emitir la resolución.(73)
110. OCTAVO.—Precisión de la litis. Si bien de la lectura integral a los escritos que contienen las demandas de acción de inconstitucionalidad, se aprecia que se plantean diversos conceptos de invalidez, este Tribunal Pleno considera que se debe dar estudio preferente a los conceptos de invalidez en los cuales se alega que el Congreso se excedió en su competencia para legislar en materia de seguridad nacional y que la ley impugnada tiene incidencia en la seguridad pública, puesto que de resultar fundados llevarían a la invalidez total de la ley reclamada.
111. NOVENO.—Estudio de fondo.
112. Consideración previa.
113. La inseguridad lacerante que enfrentamos en México se ha hecho cada vez más aguda y compleja, principalmente por la presencia de la delincuencia organizada; su poder económico y su poder de fuego son un desafío que requiere y exige un enorme fortalecimiento de nuestras instituciones y una estrategia integral para enfrentarlo.
114. Ante la debilidad institucional de los cuerpos policíacos estatales y municipales para hacer frente a esta apremiante situación, ha propiciado que las Fuerzas Armadas coadyuven con las fuerzas civiles en tareas de seguridad pública.
115. El tema de la seguridad es una de las precondiciones necesarias para acceder a una situación virtuosa de crecimiento económico, para fortalecer la cohesión social y generar bienestar en la población.
116. Así, el análisis de la Ley de Seguridad Interior genera cuestionamientos trascendentes sobre la estructura misma del Estado Mexicano, así como para la definición de las funciones constitucionales de seguridad nacional, seguridad pública, seguridad interior y defensa exterior y sobre los órganos estatales encargados de dichas funciones.
117. Estudio de constitucionalidad.
118. Son fundados los conceptos de invalidez relativos a que la ley impugnada excede materialmente la competencia constitucional otorgada al Congreso para legislar en materia de seguridad nacional.
119. El Congreso de la Unión justifica su competencia para la expedición de la Ley de Seguridad Interior(74) en el artículo 73, fracción XXIX-M, constitucional que lo faculta para legislar en materia de seguridad nacional.
120. Esta facultad legislativa puede no agotarse en una sola ley, sino que puede desarrollarse en leyes diversas, por el plural "leyes" de la referida fracción XXIX-M; estas leyes, a su vez, pueden tratar la vertiente interna o externa de la seguridad nacional.
121. Esta Suprema Corte es deferente respecto del uso de competencias propias que hacen los demás Poderes de la Unión. Se entiende que el Congreso puede interpretar prima facie el alcance de sus competencias constitucionales para efectos de legislar en atención a las necesidades de la Nación.
122. No obstante, esta capacidad interpretativa no impide que esta jurisdicción constitucional pueda revisar si el ejercicio legislativo que se lleva a cabo es acorde al contenido material de la competencia que ha sido conferida.
123. Cada competencia constitucional que ha sido otorgada al Congreso de la Unión tiene un contenido material específico que se define en función de determinados sujetos, objetos, lugares, o actividades humanas.
124. El Poder Legislativo no puede ir más allá de lo que dice la Constitución General respecto de las competencias que le fueron explícitamente conferidas.
125. Todo aquello que no fue conferido expresamente al gobierno se entiende como atribuciones que residualmente ha decidido conservar el pueblo o las entidades federativas. El Poder Legislativo solamente puede legislar sobre cuestiones para los cuales existe una habilitación competencial expresa en la Constitución.
126. Este principio de facultades enumeradas, incluye la limitación a que solamente se legislen cuestiones que se relacionan con la materia u objeto de la competencia.
127. La Constitución, por principio, no es redundante. Se entiende que cada competencia tiene un contenido material específico, por lo cual no existen competencias repetidas o competencias que subsumen otras competencias.