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Timestamp: 2019-02-18 08:48:19
Document Index: 98780345

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 16', 'ARTÍCULO 6', 'artículo 241', 'artículo 83', 'artículo 83', 'artículo 29', 'artículo 6', 'artículo 125', 'artículo 125', 'artículo 125', 'artículo 125', 'artículo 6', 'artículo 8', 'artículo 9', 'artículo 16', 'artículo 83', 'artículo 209', 'artículo 19', 'artículo 20', 'artículo 27', 'artículo 13', 'artículo 22', 'artículo 13', 'artículo 125', 'artículo 23', 'artículo 10', 'artículo 23', 'artículo 23', 'artículo 39', 'artículo 39', 'artículo 39', 'artículo 6', 'artículo 16', 'artículo 22', 'artículo 22', 'artículo 23', 'artículo 39']

﻿ SENTENCIA C-942 DE OCTUBRE 15 DE 2003
SENTENCIA C-942 DE 15 DE OCTUBRE DE 2003
CONTENIDO:CARRERA ADMINISTRATIVA. SE DECLARA INEXEQUIBLE ALGUNAS EXPRESIONES CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 16 Y EXEQUIBLE CONDICIONALMENTE LA EXPRESIÓN "SUPERIOR" DEL INCISO PRIMERO DEL ARTÍCULO 6 Y EXEQUIBLES LAS EXPRESIONES ACUSADAS DE LOS ARTÍCULOS 8, 9, 11, 22, 23, 24 Y 29 DE LA LEY 443 DE 1998.
TEMAS ESPECÍFICOS:EMPLEADO DE CARRERA ADMINISTRATIVA, FUNCIÓN PÚBLICA, NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD, ASCENSO EN LA CARRERA ADMINISTRATIVA, CARRERA ADMINISTRATIVA, PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, CLASES DE CARRERA ADMINISTRATIVA
Sentencia C-942 de octubre 15 de 2003
Ref.: Expediente D-4584
Demanda de inconstitucionalidad en contra de los artículos 6º, 8º, 9º, 11, 16, 22, 23, 24, 39, parciales, de la Ley 443 de 1998 “por la cual se expiden normas sobre carrera administrativa y se dictan otras disposiciones”.
A continuación, se transcribe el texto de las disposiciones acusadas, se subraya lo demandado. Texto tomado del Diario Oficial 43320, de 12 de junio de 1998.
ART. 6º—Cambio de naturaleza de los empleos. El empleado de carrera cuyo cargo sea declarado de libre nombramiento y remoción, deberá ser trasladado a otro de carrera que tenga funciones afines y remuneración igual o superior a las del cargo que desempeña, si existiere vacante en la respectiva planta de personal; en caso contrario, continuará desempeñando el mismo cargo y conservará los derechos de carrera mientras permanezca en él.
ART. 8º—Procedencia del encargo y de los nombramientos provisionales. En caso de vacancia definitiva, el encargo o el nombramiento provisional sólo procederán cuando se haya convocado a concurso para la provisión del empleo.
ART. 9º—Provisión de los empleos por vacancia temporal. Los empleos de carrera, cuyos titulares se encuentren en situaciones administrativas que impliquen separación temporal de los mismos, sólo podrán ser provistos en forma provisional por el tiempo que duren aquellas situaciones, cuando no fuere posible proveerlos mediante encargo con empleados de carrera.
ART. 11.—Empleados de carrera en empleos de libre nombramiento y remoción. Los empleados de carrera podrán desempeñar empleos de libre nombramiento y remoción hasta por el término de tres (3) años, para los cuales hayan sido designados en la misma entidad a la cual se encuentran vinculados, o en otra. Finalizados los tres (3) años, el empleado asumirá el cargo respecto del cual ostente derechos de carrera o presentará renuncia del mismo. De no cumplirse lo anterior, la entidad declarará la vacancia del empleo y lo proveerá en forma definitiva. De estas novedades se informará a la comisión del servicio civil (respectiva)*.
* la palabra respectiva fue declarada inexequible en la Sentencia C-372 de 1999.
ART. 16.—El empleado que haya desempeñado un cargo de carrera en calidad de provisional, podrá participar en igualdad de condiciones en el concurso del respectivo empleo sin que se le puedan exigir requisitos diferentes a los que acreditó al momento de tomar posesión de aquel cargo.
PAR.—En los concursos que se realicen en el Ministerio de Defensa Nacional, en las Fuerzas Militares y en la Policía Nacional con excepción de sus entidades descentralizadas, antes de la conformación de las listas de elegibles se efectuará a cada concursante un estudio de seguridad de carácter reservado, el cual, de resultar desfavorable, será causal para no incluirlo en la respectiva lista de elegibles. Cuando se trate de utilizar listas de elegibles de otras entidades, al nombramiento deberá preceder el respectivo estudio de seguridad. En el evento de ser éste desfavorable no podrá efectuarse el nombramiento.
ART. 23.—Período de prueba e inscripción en la carrera administrativa. La persona seleccionada por concurso abierto será nombrada en período de prueba, por un término de cuatro (4) meses, al cabo del cual le será evaluado su desempeño laboral. Aprobado el período de prueba, por obtener calificación satisfactoria en el desempeño de sus funciones, el empleado adquiere los derechos de carrera y deberá ser inscrito en el registro público de la carrera administrativa.
Cuando el empleado de carrera, sea seleccionado para un nuevo empleo por concurso, sin que implique cambio de nivel, le será actualizada su inscripción en el registro público. Cuando el ascenso ocasione cambio de nivel jerárquico, el nombramiento se hará en período de prueba; en este evento, si el empleado no obtiene calificación satisfactoria en la evaluación de su desempeño, regresará al empleo que venía desempeñando antes del concurso, y conserva su inscripción en la carrera administrativa. Mientras se produce la calificación del período de prueba, el cargo del cual era titular el empleado ascendido podrá ser previsto por encargo o mediante nombramiento provisional.
La convocatoria a estos concursos se realizará en la circunscripción territorial que determine la Constitución Nacional del Servicio Civil y las listas de elegibles serán obligatorias para las entidades que se encuentren en dicha circunscripción. Estas listas generales serán prevalentes sobre las listas conformadas por concursos abiertos en las entidades.
3. La personas así incorporada continuará con los derechos de carrera que ostentaba al momento de la supresión de su empleo y le será actualizada su inscripción en la carrera.
PAR. 2º—En el evento de que el empleado opte por la indemnización o la reciba, el acto administrativo en que ésta conste prestará mérito ejecutivo (y tendrá los mismos efectos jurídicos de una conciliación)*. Los términos de caducidad establecidos en el Código Contencioso Administrativo para instaurar la acción de nulidad y restablecimiento del derecho se contarán a partir de la declaratoria de nulidad del acto administrativo que originó la supresión del empleo.
En virtud de lo dispuesto por el artículo 241, numeral 4º de la Constitución, la Corte Constitucional es competente para conocer de esta demanda, pues, los artículos acusados son de carácter legal.
De acuerdo con los cargos resumidos en los antecedentes de esta providencia, son varios los asuntos que la demandante reprocha de las normas acusadas: de una parte, el establecimiento de privilegios a favor de los empleados de carrera en detrimento del acceso a los cargos de la administración por parte del resto de los ciudadanos, lo que implica vulneración de los artículos 13, 125 y 40, numeral 7º de la Constitución, principalmente, y, respecto de algunos de los preceptos acusados, la actora acusa violación del artículo 83 de la Carta, en lo relativo al principio de la buena fe. De contera, también, señala la demandante, se vulneran las disposiciones de la Carta sobre el orden justo. De otra parte, la actora acusa algunas disposiciones de violar el principio de la buena fe, artículo 83, en la utilización de listas de elegibles. Y, finalmente, considera que el estudio de seguridad de carácter reservado de las listas de elegibles de los concursos del Ministerio de Defensa viola, además, el artículo 29 de la Carta.
En efecto, las bases de la carrera consisten en “la prevalencia y generalidad de la misma, la igualdad de oportunidades para acceder al servicio público, la eficiencia y la eficacia que deben orientar a la administración pública, la capacitación de los funcionarios, la estabilidad en el empleo y, la disponibilidad de ascenso de los servidores públicos” (Sent. C-109/2000, M.P. Dr. Alfredo Beltrán Sierra).
“El régimen de carrera administrativa, tal como lo concibió el constituyente de 1991, impulsa entonces la realización plena y eficaz de principios como el de igualdad y el de imparcialidad, pues se sustenta en la promoción de un sistema de competencia a partir de los méritos, capacitación y específicas calidades de las personas que aspiran a vincularse a la administración pública; sólo cumpliendo esos objetivos, que se traducen en captar a los mejores y más capaces para el servicio del Estado, éste, el Estado, está en capacidad de garantizar la defensa del interés general, pues descarta de manera definitiva la inclusión de otros factores de valoración que repugnan a la esencia misma del Estado social de derecho, tales como el clientelismo, el favoritismo y el nepotismo, entre otros, y en cambio fomenta la eficacia y eficiencia de la gestión pública” (Sent. C-563/2000, M.P. Fabio Morón Díaz).
Desde la órbita de la justificación en cuanto a la estabilidad laboral de los empleados de carrera frente a los de libre nombramiento y remoción, la Corte la ha explicado en razón de que las personas que aspiran a ingresar a la carrera deben someterse a unos requisitos y condiciones más rigurosos que los de libre nombramiento y remoción, que son vinculados por un acto legal y reglamentario. Señaló la Corte:
“Se debe recordar que la finalidad misma de la carrera administrativa es reclutar un personal óptimo y capacitado para desarrollar la función pública. Con el propósito de garantizar el cumplimiento de los fines estatales, la carrera permite que quienes sean vinculados a la administración bajo esta modalidad, ejerzan de manera calificada la función pública que se les asigna, ya que dicho sistema está diseñado para que ingresen y permanezcan en él aquellas personas que tengan suficientes calidades morales, académicas, intelectuales y laborales para asumir con eficiencia y honestidad dicho servicio. Existe entonces una estrecha relación entre el cumplimiento de los fines del Estado y la prioridad que el constituyente otorga a la carrera administrativa, que se explica en la naturaleza del sistema y en los principios que lo fundan.
La mayor estabilidad laboral que la Constitución y la ley brindan a los empleados de carrera frente a la que se predica de los empleados de libre nombramiento y remoción, se justifica en el hecho de que las personas que aspiran a los empleos de carrera deben someterse a unos requisitos y condiciones más rigurosos para acceder a ellos, que los que se exigen a los de libre nombramiento y remoción, quienes serán nombrados por un acto legal y reglamentario, dictado con fundamento en la potestad discrecional del nominador” (Sent. C-954/2001, M.P. Jaime Araújo Rentería).
Bajo la perspectiva constitucional anotada en éstas y en la numerosa jurisprudencia que ha desarrollado la Corte en lo concerniente a la carrera administrativa, se examinarán cada una de las disposiciones legales acusadas objeto de este proceso.
a) Análisis del inciso primero del artículo 6º de la Ley 443 de 1998.
Para la actora el establecer que el servidor de carrera, en este evento, deba ser trasladado a otro cargo de carrera “superior” viola los artículos 125 y 40, numeral 7º de la Constitución, pues significa que se está ante un nombramiento automático en carrera por ascenso y sin mediar concurso. Recuerda que la Corte en la Sentencia C-266 de 2002, declaró inexequibles el concurso cerrado y el ascenso automático. Esto impide que los ciudadanos que están por fuera de la carrera administrativa puedan ascender por concurso público de méritos. De otro lado, considera la actora que se viola el artículo 125, inciso primero, de la Constitución, al permitir que un servidor público de carrera continúe con los derechos de carrera en un cargo que fue declarado de libre nombramiento y remoción. En estos casos, lo procedente es que al empleado de carrera que se le varíe la naturaleza del cargo, se le reconozca el derecho a la indemnización.
Sin embargo, la Sala observa que la disposición, ante el cambio de naturaleza del cargo —pasa de cargo de carrera a de libre nombramiento y remoción—, ofrece las siguientes posibilidades para el empleado de carrera que lo desempeña: (1) traslado a otro cargo de carrera con funciones afines y remuneración igual a las del cargo que desempeña; (2) traslado a otro cargo de carrera con funciones afines y remuneración superior a las del cargo que desempeña; y, (3) si no existe la vacante en la planta de personal, continuará desempeñando el mismo cargo y conservará sus derechos de carrera.
No hay, entonces, violación de los artículos 40, numeral 7º y 125, inciso primero, de la Constitución, en lo concerniente a las posibilidades que se han denominado 1º y 3º.
En cambio, la segunda de las opciones —traslado a otro cargo de carrera con funciones afines y remuneración superior a las del cargo que desempeña—, ofrece la siguiente dificultad de interpretación, en cuanto a si se está ante la hipótesis de un ascenso automático, como lo afirma la demandante.
“El artículo 125 de la Constitución consagra dos reglas generales: los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera, salvo las excepciones constitucionales y legales; además, el nombramiento de los funcionarios debe hacerse por concurso público, salvo que el sistema de nombramiento no haya sido determinado por la Constitución o la ley, lo que no se aplica a los empleos de carrera. En consecuencia, el nombramiento de funcionarios en cargos de carrera debe hacerse, salvo excepciones constitucionales o legales, mediante concurso público. La disposición constitucional no distingue si se trata de nombramientos para ingresar o ascender en la carrera al establecer el concurso público como condición del nombramiento del funcionario que pretende ocupar un cargo de carrera. Si la Constitución no distingue entre el ingreso a la carrera y el ascenso a la misma —sino que por lo contrario impone, en ambos casos, que se cumplan “los requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos y las calidades de los aspirantes” (C.P., art. 125)—, no corresponde al intérprete distinguir entre estas dos eventualidades para efectos de determinar el alcance de la regla general sobre el nombramiento por concurso público. El concurso público tiene como función no sólo la escogencia según los méritos y calidades del aspirante (C.P., arts. 125 y 209), sino el aseguramiento de la igualdad de oportunidades (C.P., art. 13) en el acceso a las funciones y cargos públicos (C.P., art. 40, num. 7º). De limitarse el mecanismo de nombramiento de funcionarios de carrera por vía del concurso público sólo al ingreso a la carrera y excluirlo, así sea parcialmente, del ascenso en la carrera, no sólo se desconocería el texto del artículo 125 de la Carta, sino que se vulnerarían los derechos fundamentales a la igualdad de oportunidades y a acceder al desempeño de funciones y cargos públicos” (Sent. C-266/2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).
De acuerdo con la jurisprudencia, la posibilidad de que el empleado de carrera cuyo cargo se declare de libre nombramiento y remoción, sea trasladado a otro cargo de carrera “superior”, es exequible si se entiende que no se trata de un ascenso automático, sino que implica para el servidor de carrera el cumplimiento de los requisitos de mérito que exige cualquier ascenso en la carrera administrativa, porque, como lo señaló la Corte en el aparte de la sentencia que se transcribió, el artículo 125 de la Constitución estableció el mérito, tanto en el ingreso como en el ascenso, como elemento indispensable para ocupar un cargo de carrera.
Bajo este entendimiento, de que el traslado a otro empleo de carrera que tenga funciones afines y remuneración superior no implica ascenso automático, se declarará la exequibilidad del inciso primero del artículo 6º de la Ley 443 de 1998.
b) Análisis de los apartes demandados de los artículos 8º, 9º y 11 de la Ley 443 de 1998.
El artículo 8º establece, en lo demandado, que mientras se surte el proceso de selección convocado para proveer un cargo de carrera, los empleados de carrera tendrán derecho preferencial a ser encargados, si acreditan los requisitos para su desempeño. Lo propio ocurre en las vacantes de las sedes regionales.
Lo acusado del artículo 9º consagra que la provisión de empleos de carrera por vacancia temporal de su titular deben ser provistos mediante encargo, con empleados de carrera. Sólo cuando esto no fuere posible, se podrá nombrar en provisionalidad.
La actora considera que las partes acusadas de estas disposiciones constituyen un privilegio odioso a favor de los empleados de carrera en desmedro del resto de ciudadanos que tienen derechos constitucionales de ingresar mediante concurso a la carrera administrativa. Ello viola los artículos 40, numeral 7º y 125 de la Constitución.
En consecuencia, el trato privilegiado a favor de los servidores públicos de carrera establecido en los apartes acusados de los artículos 8º, 9º y 11 de la Ley 443 de 1998, serán declarados exequibles, pues se trata de vacancias temporales, que no implican exclusión de los ciudadanos de ingresar a la administración pública.
Por esta razón, se declarará inexequible la expresión “sin que se puedan exigir requisitos diferentes a los que acreditó al momento de tomar posesión de aquel cargo”, contenida en el artículo 16 de la Ley 443 de 1998, por vulnerar el principio de igualdad garantizado en la Carta.
La demandante considera que los apartes acusados constituyen una violación al artículo 83 de la Constitución, pues consagran un artilugio y un sofisma de distracción en la convocatoria, pues a pesar de no convocarse públicamente para un cargo, las vacantes pueden proveerse con quienes concursaron para otro cargo. De contera, se vulneran los artículos 40, numeral 7º y 125 de la Carta, y se da la posibilidad de la dualidad de convocatorias para un mismo cargo, lo que viola el principio de igualdad.
Como se dijo en un punto anterior, el esfuerzo administrativo y económico que significa para el Estado hacer las convocatorias, realizar los concursos y conformar las listas de elegibles, debe traducirse en que la administración saque el máximo provecho de las mismas, durante el término de su vigencia. Lo que redundará en la realización de los principios de la administración pública, en la forma establecida en el artículo 209 de la Constitución, en cuanto señala que “La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad...”.
La actora considera que estos informes reservados infringen el principio a la dignidad humana, el derecho a la defensa y al debido proceso. También se vulneran los artículos 40, numeral 7º y 125 de la Constitución, pues, el concurso no será público sino privado. Señala que en un Estado de derecho no pueden existir sanciones, como lo es la eliminación o exclusión del trámite del concurso, frente a las que no pueda defenderse el ciudadano y, menos, que las razones sean absolutamente desconocidas para el mismo interesado.
— El concursante con mayor puntaje tiene el derecho a ser nombrado.
— Sólo en razones objetivas, sólidas y explícitas puede fundarse el nominador para motivar la descalificación del concursante con mayor puntaje para ser nombrado.
— La jurisprudencia rechaza la reserva moral para negar el ingreso de un concursante. No se admiten las consideraciones subjetivas, ni los motivos secretos u ocultos para descalificar a un interesado.
— Los antecedentes penales y disciplinarios constituyen factores necesarios para los nominadores, con los que puede fundarse válidamente la descalificación de un concursante, no obstante que éste hubiere obtenido el mayor puntaje en conocimiento y experiencia.
Estos criterios están ampliamente desarrollados entre otras, en las siguientes sentencias: SU-86 de 1999; T-295 de 1998; T-537 de 2000; T-701 de 2000. Conviene transcribir algunos apartes de la Sentencia SU-89 de 1999:
“No se requiere un profundo análisis de los términos usados por el constituyente para concluir, entonces, que, salvo los casos expresamente definidos por el legislador o por la propia Carta, cuando alguien aspire a desempeñar un cargo al servicio del Estado, debe concursar; que los resultados del concurso son determinantes para los fines del nombramiento; que, por supuesto, la calificación obtenida dentro de aquél obliga al nominador, quien no podrá desatenderla para dar un trato inmerecido —a favor o en contra— a quienes han participado en el proceso de selección; y que, correlativamente, esos resultados generan derechos en cabeza de los concursantes que obtienen los más altos puntajes.
La reserva moral, que fue relevante y muchas veces decisiva en el pasado, no cabe hoy según los principios y mandatos constitucionales. La objeción respecto al nombre de un candidato o funcionario judicial, en cualquier nivel y para cualquier destino, no puede provenir de razones in pectore, guardadas en el fuero interno de uno o varios de los integrantes de la corporación nominadora. Tiene que proceder de hechos contundentes y efectivos, que puedan sostenerse ante el afectado, quien obviamente, en guarda de sus derechos a la honra y al buen nombre (C.P., art. 15), al debido proceso (C.P., art. 29) y a la rectificación de informaciones (C.P., arts. 15 a 20), al trabajo (C.P., art. 25) y al desempeño de cargos públicos (C.P., art. 40), debe poder defenderse” (Sent. SU-86/99).
En la Sentencia T-295 de 1998 la Corte agrupó bajo la denominación “doctrina constitucional sobre reserva moral” las decisiones que sobre este tema había analizado la corporación. Lo propio se hizo en la Sentencia C-371 de 2002, en relación con el entendimiento constitucional del concepto “buena conducta”.
Despejada la inconstitucionalidad de las expresiones que se refieran a reserva moral en el Estado de derecho, hay que advertir que la disposición acusada, la reserva no la ubica explícitamente el legislador en los términos de reserva moral, sino bajo el concepto de “estudio de seguridad de carácter reservado”, referido al caso particular de los concursos que se realicen en el Ministerio de Defensa, en las Fuerzas Militares y en la Policía Nacional, salvo sus entidades administrativas.
Al respecto, la Corte en la Sentencia C-872 de 2003 estudió las disposiciones del Decreto 1799 de 2000, sobre las normas de evaluación y clasificación para el personal de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares y el carácter reservado que el legislador le imprimió a las evaluaciones, declarando la exequibilidad de las reservas frente a quienes no son partes en el proceso.
“En este orden de ideas, en una sociedad democrática, las excepciones legales al principio de publicidad de los documentos públicos sólo deben aplicarse en la medida estrictamente necesaria para proteger un derecho fundamental o algún bien de especial importancia.
Ahora bien, frente a la preocupación que planteó el ciudadano en el sentido de que los procesos de evaluación de los oficiales y suboficiales eran ajenos al adelantamiento de investigaciones penales y disciplinarias por violaciones graves a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, cabe precisar que tanto en el formulario número 1 “Información básica oficiales y suboficiales” como en el número 3 “Folio de vida”, las autoridades evaluadoras están en la obligación legal de dejar constancia del inicio de las mencionadas investigaciones, es decir, constituyen datos objetivos que alimentan el proceso de evaluación periódico de los miembros de las Fuerzas Militares, y por ende, deben ser tomados en consideración al momento de emitir los juicios de valor sobre el desempeño profesional de estos servidores públicos.
Aunado a lo anterior, es preciso señalar que la proporcionalidad y la razonabilidad de la medida se hallan respaldadas en que, de conformidad con el artículo 19 de la Ley 57 de 1985, “Por la cual se ordena la publicidad de los actos y documentos oficiales”, dispone que “Las investigaciones de carácter administrativo o disciplinario no estarán sometidas a reserva. En las copias que sobre estas actuaciones expidan los funcionarios, a solicitud de los particulares, se incluirán siempre las de los documentos en que se consignen las explicaciones de las personas inculpadas...” y su artículo 20 reza “El carácter reservado de un documento no será oponible a las autoridades que lo soliciten para el ejercicio de sus funciones”, es decir, que en el curso de un proceso penal o disciplinario la autoridad competente levanta el velo de la reserva y accede a la información secreta para los propósitos de la investigación. De allí que, que la reserva sobre los documentos a los que alude el artículo 27 del Decreto 1799 de 2000 no sea de carácter absoluto ni constituya un medio para evitar la remoción de sus cargos a los servidores públicos implicados en graves violaciones a los derechos humanos o al derecho internacional humanitario. Tampoco se trata de una medida de carácter intemporal, por cuanto de conformidad con el artículo 13 de la Ley 57 de 1985, la reserva sobre cualquier documento cesará a los treinta años de su expedición; cumplidos éstos, el documento adquiere carácter histórico y podrá ser consultado por cualquier ciudadano y la autoridad que esté en su posesión adquiere la obligación de expedir a quien lo demande copias o fotocopias del mismo.
Con todo, la prevalencia que en el presente asunto presentan el derecho a la intimidad y la seguridad nacional sobre el principio de publicidad y derecho de participación en los asuntos públicos, debe ser matizada en consideración de que, en una sociedad democrática, cualquier ciudadano cuenta con el derecho de proveer a las autoridades evaluadoras y revisoras de datos serios y confiables de que tenga conocimiento sobre determinados comportamientos de los miembros de las Fuerzas Militares que pongan en evidencia que éstos se han alejado gravemente del cumplimiento de sus deberes constitucionales, informaciones que deben ser tomadas en consideración como otra fuente de información durante el proceso de evaluación de estos servidores públicos.
En efecto, dado que el proceso de evaluación de los suboficiales y oficiales de las Fuerzas Militares persigue, entre otros fines, identificar el personal que reúne los requisitos profesionales exigidos para continuar en la carrera militar, condiciones que indudablemente van de la mano del estricto respeto del funcionario público por las normas internacionales sobre derechos humanos y derecho humanitario, la sociedad en general es titular de un interés legítimo en el sentido de que las Fuerzas Militares estén conformadas únicamente por personal respetuoso de la Constitución y de los compromisos internacionales asumidos por el Estado colombiano en las señaladas materias” (Sent. C-872/2003, M.P. Clara Inés Vargas Hernández).
De acuerdo con los anteriores parámetros, y siguiendo la jurisprudencia de la Corte, el parágrafo del artículo 22, resulta acorde con el ordenamiento constitucional, y la expresión “estudio de seguridad de carácter reservado”, debe entenderse que no opera para los directamente interesados, que son quienes concursen para cargos de carrera en el Ministerio de Defensa Nacional, en las Fuerzas Militares y en la Policía Nacional. Es decir, estas personas tienen derecho a ser informadas sobre los resultados del concurso y las razones para su exclusión, como es la regla general que rige la carrera. Y que la reserva sólo puede alegarse frente a terceros.
La demandante considera que se establece un trato preferencial y de privilegio a favor del servidor público inscrito en carrera, en detrimento del derecho de los particulares o de quienes no ostenten la calidad de inscritos en carrera, de acceder a la administración. Además, se privilegia al servidor al garantizársele que conserva los derechos de carrera en el cargo anterior, aunque hubiere aceptado y se hubiere posesionado en propiedad en un cargo superior. Es un privilegio odioso, que infringe el artículo 13 de la Constitución. Además, que si una de las causales de retiro del servicio público, según el inciso 1º del artículo 125 de la Carta, es la calificación no satisfactoria, lo que procede es el retiro y que se permita el ingreso a la carrera a los demás ciudadanos.
Sobre la parte acusada de este artículo, hay que hacer las siguientes precisiones: la expresión “Cuando el ascenso ocasione cambio de nivel jerárquico, el nombramiento se hará en período de prueba”; fue declarada exequible por la Corte en la Sentencia C-368 de 1999. La Corte analizó la exequibilidad de la previsión del legislador sobre que esta clase de nombramientos se hiciera en período de prueba.
En la misma Sentencia C-368 de 1999, la Corte se pronunció de fondo respecto de la razonabilidad del procedimiento previsto en el artículo 23 cuando el servidor público de carrera gana un concurso para proveer un cargo superior. Valga aclarar que el examen lo desarrolló la Corte al estudiar el artículo 10 de la Ley 443 de 1998, y lo armonizó con el 23, de allí que no se reflejó en la parte resolutiva de la misma sentencia. Dijo en lo pertinente esta providencia:
“En el artículo 23 de la ley se determina, con muy buen sentido, que el empleado de carrera que triunfa en un concurso destinado a proveer un cargo superior al que él desempeña tiene derecho a que la estabilidad que le asegura su pertenencia al sistema de carrera le sea respetada, en el caso de que no apruebe el período de prueba para la nueva posición. Esta situación exige que la administración se abstenga de asignar definitivamente el cargo que ocupa el empleado ascendido en prueba. Es decir, ese cargo debe permanecer libre para suplir el evento de que el funcionario de carrera no supere el período de prueba. Así las cosas, y puesto que el período de prueba tiene una vigencia igual a la del término máximo de duración de los nombramientos en encargo y provisionales —de 4 meses—, y que la realidad enseña que la calificación del período de prueba exige unos trámites determinados que implican tiempo, es apenas lógico que se consagre una excepción al término máximo de vigencia de los nombramientos en encargo y provisionales, para poder solventar estos casos” (Sent. C-368/99)
En consecuencia, se declarará la exequibilidad de la expresión “en este evento, si el empleado no obtiene calificación satisfactoria en la evaluación de su desempeño, regresará al empleo que venía desempeñando antes del concurso, y conserva su inscripción en la carrera administrativa. Mientras se produce la calificación del período de prueba, el cargo del cual era titular el empleado ascendido podrá ser provisto por encargo o mediante nombramiento provisional”, contenida en el inciso segundo del artículo 23 de la Ley 448 de 1998. Sobre la expresión del mismo inciso “Cuando el ascenso ocasione cambio de nivel jerárquico, el nombramiento se hará en período de prueba”; se estará a lo resuelto en la Sentencia C-368 de 1999.
“Esta breve presentación muestra que la expresión acusada, al limitar la incorporación a las entidades de la rama ejecutiva, no es caprichosa sino que tiene un fundamento objetivo, pues muchas de las otras entidades gozan de autonomía frente al gobierno, la cual puede verse afectada si la ley ordena que la supresión de un cargo en la rama ejecutiva pueda implicar la incorporación del empleado respectivo a una entidad que es autónoma frente a la rama ejecutiva, como puede ser una CAR o una universidad estatal. Por ende, esa restricción es razonable ya que se funda en el propio diseño estructural del Estado y en la protección de la autonomía de aquellos entes, que si bien se rigen por la carrera administrativa, gozan de autonomía frente a la rama ejecutiva. Además, la Corte destaca que ese mandato no se traduce en un sacrificio desproporcionado de los derechos de los empleados de carrera pues, como lo indica el propio artículo 39 de la Ley 443 de 1998, en caso de que no sea posible la incorporación, entonces el empleado de carrera a quien se le suprima el cargo, tendrá derecho al reconocimiento y pago de la correspondiente indemnización. Y este mecanismo es constitucional, pues por razones de interés general, el Estado puede legítimamente suprimir cargos y reestructurar sus instituciones, y en tal evento la indemnización “constituye un instrumento eficaz para resarcir el daño que el Estado le ocasiona al empleado público perteneciente a la carrera administrativa con ocasión de la supresión del cargo que venía desempeñando, sin interesar que esa decisión haya obedecido a claros fines de interés general o de mejoramiento del servicio”(1) (Sent. C-994/2000) (se subraya).
(1) Corte Constitucional, Sentencia C-370 de 1999, M.P. Carlos Gaviria Díaz, consideración 5. En el mismo sentido, ver, entre otras, las sentencias C-479 de 1992, C-104 de 1994, C-527 de 1994 y C-522 de 1995.
En consecuencia, se declararán exequibles los apartes demandados del artículo 39 de la Ley 443 de 1998, salvo la expresión “de la rama ejecutiva”, del numeral 1.4 del artículo 39, que fue declarado exequible en la Sentencia C-994 de 1999.
1. Declarar exequible del inciso primero del artículo 6º de la Ley 443 de 1998 la expresión “superior”, bajo el entendido de que si esta expresión implica el ingreso a un cargo de nivel de mayor jerarquía, debe el empleado de carrera cumplir el procedimiento previsto en la ley para los ascensos, como se explicó en la parte motiva de esta sentencia.
2. Declarar exequibles las expresiones acusadas de los artículos 8º, 9º y 11 de la Ley 443 de 1998, por los cargos estudiados.
3. Declarar inexequible la expresión “sin que se le puedan exigir requisitos diferentes a los que acreditó al momento de tomar posesión de aquel cargo”, contenida en el artículo 16 de la Ley 443 de 1998.
4. Declarar exequibles las expresiones acusadas del inciso segundo del artículo 22 de la Ley 443 de 1998, por los cargos estudiados.
5. Declarar exequible el parágrafo del artículo 22 de la Ley 443 de 1998, por lo expuesto en esta providencia.
6. Declarar exequible la parte acusada del inciso segundo del artículo 23 de la Ley 443 de 1998, salvo la expresión “Cuando el ascenso ocasione cambio de nivel jerárquico, el nombramiento se hará en período de prueba”; que fue declarada exequible en la Sentencia C-368 de 1999.
7. Declarar exequibles las partes acusadas de los artículos 24 y 39 de la Ley 443 de 1998 por los cargos examinados, salvo la expresión “de la rama ejecutiva”, del numeral 1.4 del artículo 39, que fue declarado exequible en la Sentencia C-994 de 1999.