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Timestamp: 2020-04-03 18:36:32
Document Index: 347294765

Matched Legal Cases: ['Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 14', 'Artículo 14', 'Artículo 14', 'Artículo 14', 'Artículo 14', 'Artículo 14', 'Artículo 14', 'Artículo 14', 'Artículo 14', 'Artículo 14', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'artículo 16', 'artículo 17', 'artículo 1']

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c) reunión física con personal específico de la autoridad competente. En esas reuniones, el informante tendrá derecho a estar acompañado por un representante de su elección. El representante del empleado estará obligado a proteger la información relativa a la denuncia y al proceso y a preservar su confidencialidad.
c bis) asesoramiento y apoyo jurídico gratuitos e independientes garantizados para informantes e intermediarios.
2 bis. Dichos cauces preservarán el anonimato del denunciante, así como sus datos personales.
a) el modo en que la autoridad competente podrá requerir al informante que aclare la información presentada o facilite información adicional a la que tenga acceso, protegiendo al mismo tiempo su anonimato;
b) un plazo razonable y adecuado, no superior a dos meses, o a cuatro meses en casos debidamente justificados, para informar al informante sobre la tramitación de la denuncia y el tipo y contenido de dicha información;
Artículo 9 – apartado 1 – letra c bis (nueva)
c bis) que se brinde al informante la posibilidad, sin obligarlo a ello, de leer, examinar y comentar el proyecto de informe durante la investigación, así como, al término de esta, el informe final antes de su publicación y, en su caso, que se tengan en cuenta sus comentarios.
Denuncia de corrupción de alto nivel
Los informantes en posesión de información relacionada con corrupción de alto nivel podrán presentar una denuncia directamente ante un órgano judicial establecido y autorregulado por el poder judicial de un Estado miembro. Este órgano judicial será completamente independiente de otras ramas del gobierno y tendrá competencia para brindar protección física y jurídica al informante, así como para adoptar las medidas necesarias para garantizar que las infracciones se investiguen exhaustivamente y las personas implicadas sean llevadas a los tribunales.
Artículo 10 – párrafo 1 – letra b – inciso i
i) los números de teléfono, indicando que las conversaciones mantenidas se graban;
1 bis. La protección se extiende a las personas que informan de infracciones al Derecho de la Unión, independientemente del cauce utilizado. Las circunstancias individuales de cada caso determinarán cuál es el cauce más apropiado.
2. Se considerará que la denuncia externa es el cauce más adecuado cuando se cumpla, en particular, alguna de las condiciones siguientes:
c) con la utilización de cauces internos de denuncia no se habrían logrado los mismos resultados;
4. La persona que revele públicamente información sobre infracciones que entren en el ámbito de aplicación de la presente Directiva tendrá derecho a protección en virtud de la presente Directiva, en particular cuando:
b) no podía esperarse razonablemente que recurriese a los cauces de denuncia internos o externos debido, por ejemplo, a un peligro inminente o manifiesto para el interés público, o a las circunstancias particulares del caso, o cuando exista un riesgo de daños irreversibles.
c) cambio de puesto de trabajo o restricción de las funciones, cambio de ubicación del lugar de trabajo, reducción del salario y las prestaciones, cambio o reducción del horario de trabajo y la organización del tiempo de trabajo;
d) denegación de formación y formación profesional;
i) no conversión de un contrato de empleo temporal o no estándar en permanente;
Artículo 14 – párrafo 1 – letra n bis (nueva)
Artículo 14 – párrafo 1 – letra n ter (nueva)
n ter) toma de represalias o amenaza o intento de tomarlas;
Artículo 14 – párrafo 1 – letra n quater (nueva)
n quater) obstaculización o cancelación de las prestaciones de jubilación;
Artículo 14 – párrafo 1 – letra n quinquies (nueva)
n quinquies) pérdida de beneficios o estatus, retirada de funciones;
Artículo 14 – párrafo 1 – letra n sexies (nueva)
n sexies) represalias en forma de investigaciones;
Artículo 14 – párrafo 1 – letra n septies (nueva)
n septies) incapacidad de los directivos de realizar esfuerzos razonables para evitar represalias;
Artículo 14 – párrafo 1 – letra n octies (nueva)
n octies) iniciación de demandas o acciones judiciales como represalia;
Artículo 14 – párrafo 1 – letra n nonies (nueva)
n nonies) ignorancia deliberada por parte de un superior o un organismo de supervisión de las represalias de que sea objeto la persona protegida;
Artículo 14 – párrafo 1 – letra n decies (nueva)
n decies) denegación de los derechos de defensa, incluidos retrasos excesivos en la tramitación de los asuntos en el lugar de trabajo;
Artículo 14 – párrafo 1 – letra n undecies (nueva)
n undecies) todas las acciones restantes que podrían disuadir a los empleados de ejercer sus derechos al amparo de la Directiva;
Artículo 14 – párrafo 1 – letra n duodecies (nueva)
n duodecies) inobservancia de la confidencialidad y del anonimato del informante y de las demás personas protegidas por la presente Directiva.
7. Además de la exención de las medidas, procedimientos y soluciones previstos en la Directiva (UE) 2016/943, en los procesos judiciales, incluidos los relativos a difamación, violación de derechos de autor, vulneración de la confidencialidad o solicitudes de indemnización basadas en legislación laboral privada, pública o colectiva, los denunciantes tendrán derecho a alegar que habían presentado una denuncia o efectuado una revelación de conformidad con la presente Directiva para solicitar el abandono del procedimiento.
Artículo 15 – apartado 8 bis (nuevo)
8 bis. Los informantes tendrán acceso a ayuda psicológica.
Se añadirá como apartado 9 (nuevo).
Los derechos y recursos previstos por la presente Directiva no podrán ser objeto de limitación o renuncia por medio de ningún acuerdo, política, forma o condición de empleo, incluido cualquier acuerdo de arbitraje anterior al litigio. Cualquier intento de limitar estos derechos y recursos o de renunciar a ellos se considerará nulo e inviable, y podrá estar sujeto a penalización o sanción.
Los Estados miembros podrán introducir o mantener disposiciones más favorables a los derechos de los informantes que los establecidos en la presente Directiva, así como establecer sistemas de denuncia en las disposiciones nacionales, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16 y en el artículo 17, apartado 2.
1. La aplicación de la presente Directiva no constituirá en ningún caso una razón válida para reducir el nivel general de protección ya concedido al denunciar infracciones distintas de las mencionadas en el artículo 1.
2. La presente Directiva se entiende sin perjuicio de los demás derechos concedidos a los informantes por otros actos jurídicos de la Unión.
Guillaume Balas, Brando Benifei, David Casa, Ole Christensen, Michael Detjen, Anna Hedh, Geoffroy Didier, Marian Harkin, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Lampros Fountoulis, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Javi López, Flavio Zanonato, Miroslavs Mitrofanovs, Marek Plura, Dennis Radtke, Enrique Calvet Chambon; Martina Dlabajová, Renate Weber, Anthea McIntyre, Jana Žitňanská, Robert Rochefort
Maria Arena, Georges Bach, Tania González Peñas, Eduard Kukan, Deirdre Clune, Birgit Sippel, António Marinho e Pinto, Helga Stevens, Amjad Bashir, Lynn Boylan, Monika Vana, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Csaba Sógor
Lynn Boylan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis
Georges Bach, David Casa, Geoffroy Didier, Deirdre Clune, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Dennis Radtke, Csaba Sógor
Maria Arena, Guillaume Balas, Brando Benifei, Michael Detjen, Ole Christensen, Anna Hedh, Agnes Jongerius, Javi López, Emilian Pavel, Birgit Sippel, Flavio Zanonato
Enrique Calvet Chambon; Martina Dlabajová, Renate Weber
{12/09/2018}12.9.2018
(COM(2018)0218– C8-0159/2018 – 2018/0106(COD))
Varios escándalos recientes en materia de inobservancia de la legislación, en particular en el ámbito financiero, pero también relación con el medio ambiente, la salud pública y el respeto de los animales, han podido descubrirse gracias a denunciantes de todo el mundo. Con frecuencia, esos denunciantes han decidido actuar, no para sí mismos sino en el interés general, corriendo un gran riesgo personal y sin protección alguna. Ahora bien, en la mayoría de los casos, los denunciantes reciben amenazas y son perseguidos, detenidos, acusados e incluso condenados, también en Europa.
Esta situación pone en evidencia las grietas de nuestros Estados de Derecho. Conviene colmar esas grietas y lagunas con ambición y responsabilidad, estableciendo un marco de protección eficaz para los denunciantes en toda la Unión.
Esta protección es tanto más urgente cuanto que la Directiva sobre los secretos comerciales ha restringido la capacidad de actuar, de hablar y de defensa de los denunciantes, a los que por ende debilita, al igual que a los periodistas, al exponerles a más posibilidades de sanción.
La libertad de informar es esencial en democracia. Proteger con exigencia a los denunciantes es avanzar hacia una democracia también más exigente. Este es el sentido de mis propuestas.
El texto que nos presenta la Comisión Europea representa un innegable avance, ya que colma un vacío. Pero, para alcanzar el objetivo compartido de protección de los denunciantes, es necesario reforzarlo en varios puntos.
Propongo, por tanto, mejorar la propuesta reforzando los derechos y garantías previstos en el marco de protección establecido:
Creación de una Oficina Europea de Protección de los Denunciantes
Propongo crear una Oficina Europea de Protección de los Denunciantes (OPD). Esta Oficina sería directamente accesible por los denunciantes y se sumaría a los demás procedimientos internos y externos de denuncia propuestos.
La OPD sería independiente, respondería a requisitos de imparcialidad y confidencialidad, y sería accesible en toda Europa. Se encargaría de recibir directamente las denuncias, tramitarlas y realizar investigaciones al respecto, y consultar, en su caso, a una autoridad independiente para adoptar las medidas adecuadas (TJUE, OLAF, fiscalías nacionales o Fiscalía Europea, etc.).
Al igual que las autoridades nacionales, la OPD tendría también un deber de información, asesoramiento y acompañamiento de los denunciantes.
Igualdad de acceso a los distintos cauces de denuncia
Se debe garantizar a los denunciantes (potenciales) la igualdad de acceso, sin orden ni jerarquía y sin ninguna condición especial, aparte de entrar en el ámbito de aplicación de la presente Directiva, a todos los cauces de denuncia (interna o externa por el cauce nacional o europeo a través de la OPD).
Derecho de denuncia y revelación
Toda persona que mantenga una relación profesional con una entidad pública o privada, entendiéndose dicha relación en sentido amplio, debe tener el derecho a notificar a una autoridad competente información relativa a una infracción cometida por dicha entidad, comprobada o supuesta, sobre actos ilícitos o lícitos pero contrarios al interés público o general. En todos los casos, independientemente de que hayan hecho uso o no de su derecho de denuncia, los denunciantes deben gozar del derecho de revelación.
Protección incondicional de los denunciantes
Cuando una persona haga uso de uno de esos derechos, deberá beneficiarse, sin condiciones, de la protección prevista por la presente Directiva, es decir, del reconocimiento de su estatuto de denunciante, la protección contra represalias durante el procedimiento y después de este y el acceso a asesoramiento y acompañamiento legal si lo desea. Esta protección es incondicional, válida incluso cuando la información resulte finalmente inexacta, y solo podrá reconsiderarse si se aportan pruebas suficientes de la mala fe del denunciante y su aviesa intención.
Ampliación del ámbito de aplicación material
Conviene no limitar el ámbito de aplicación material de la Directiva. Todo el Derecho europeo y las políticas europeas constituyen, en sí mismos, un interés público que se debe proteger.
Un procedimiento de denuncia garante de los derechos de los denunciantes
Conviene mejorar las condiciones y procedimientos internos y externos de denuncia para proteger al máximo a los denunciantes, durante todo el procedimiento.
Sanciones y medidas correctoras eficaces
Los Estados miembros y la Comisión deben garantizar, tras la denuncia y las investigaciones emprendidas, la aplicación de sanciones y medidas correctoras eficaces, remitiéndose en su caso a las autoridades nacionales y europeas competentes.
Visto -1 (nuevo)
Visto -1 bis (nuevo)
(1) Las personas que trabajan para una organización o están en contacto con ella en el contexto de sus actividades laborales son a menudo las primeras en tener conocimiento de amenazas o perjuicios para el interés público que se plantean en ese contexto. Al dar la voz de alarma desempeñan un papel clave a la hora de descubrir y prevenir las infracciones de la ley y de proteger el bienestar de la sociedad. Sin embargo, los potenciales denunciantes suelen renunciar a informar sobre sus preocupaciones o sospechas por temor a represalias o a largos procedimientos administrativos. Varios ejemplos recientes de denunciantes que han sufrido represalias han contribuido en gran medida a alimentar este temor. El objetivo de la presente Directiva es instaurar un clima de confianza que permita a los denunciantes comunicar las infracciones del Derecho observadas o supuestas, así como las acciones o actividades que pudieran suponer una amenaza para el interés público.
(2) A escala de la Unión, la información facilitada y las revelaciones divulgadas por los denunciantes constituyen uno de los componentes primarios del cumplimiento del Derecho de la Unión al aportar a los sistemas de aplicación de la legislación nacional y de la Unión información que desemboca en la detección eficaz, la investigación y el enjuiciamiento de infracciones del Derecho de la Unión.
(3) En determinados ámbitos, las infracciones del Derecho de la Unión pueden provocar graves perjuicios al interés público, en el sentido de que crean riesgos importantes para el bienestar de la sociedad. Cuando se detecten deficiencias de aplicación en esos ámbitos y los denunciantes se encuentren en una posición privilegiada para comunicar infracciones, es necesario potenciar la aplicación garantizando la protección efectiva de los denunciantes frente a represalias y velando por que existan cauces de denuncia eficaces.