Source: https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/c-1115_2004.htm
Timestamp: 2020-07-07 10:05:19
Document Index: 4873761

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 59', 'artículo 13', 'artículo 513', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 268', 'artículo 2', 'artículo 2']

Normograma Municipio de Medellin [C-1115_2004]
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"ARTICULO 10. POLICIA JUDICIAL. Los servidores de las contralorías que realicen funciones de investigación o de indagación, o que estén comisionados para la práctica de pruebas en el proceso de responsabilidad fiscal, tienen el carácter de autoridad de policía judicial.
PARAGRAFO. En ejercicio de sus funciones, los servidores de los organismos de control fiscal a que se refiere este artículo podrán exigir la colaboración gratuita de las autoridades de todo orden."
"ARTICULO 12. MEDIDAS CAUTELARES. En cualquier momento del proceso de responsabilidad fiscal se podrán decretar medidas cautelares sobre los bienes de la persona presuntamente responsable de un detrimento al patrimonio público, por un monto suficiente para amparar el pago del posible desmedro al erario, sin que el funcionario que las ordene tenga que prestar caución. Este último responderá por los perjuicios que se causen en el evento de haber obrado con temeridad o mala fe.
PARAGRAFO. Cuando se hubieren decretado medidas cautelares dentro del proceso de jurisdicción coactiva y el deudor demuestre que se ha admitido demanda y que esta se encuentra pendiente de fallo ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, aquellas no podrán ser levantadas hasta tanto no se preste garantía bancaria o de compañía de seguros, por el valor adeudado más los intereses moratorios."
En opinión de las demandantes, las disposiciones acusadas vulneran el artículo 2° de la Constitución Nacional, "por cuanto al establecer en la constitución los fines del estado a efecto de garantizar los principios, derechos, deberes que conlleva la prevalencia del orden justo, no es equitativo que los funcionarios de los organismos de control decreten medidas cautelares sin el amparo de la debida caución por cuanto éste dificulta al particular la declaración del daño ocasionado al mismo con la medida cautelar, teniendo que él acudir a un proceso ordinario y declarativo para que declare el daño que le infringió el Estado, cuando bien podría en condiciones de equidad simplemente ejecutar la garantía prestada si ésta fuese un imperativo de la ley, más aún cuando de conformidad con el artículo 59 de la Ley 610 de 2000 solamente es demandable ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo el acto administrativo con el cual se determina el proceso...".
En cuanto al principio de igualdad previsto en el artículo 13 Superior, consideran que el mismo se ve vulnerado por las normas demandadas, toda vez que mientras que en los procesos en los cuales los particulares pueden solicitar medidas cautelares se les exige constituir una caución como garantía de los posibles daños que puedan causar a la contraparte, tal y como lo prevé el artículo 513 del C.P.C., dicha caución no se exige a los funcionarios de los organismos de control que denuncian bienes en los procesos de responsabilidad fiscal, debiendo hacerlo "a efecto de que la igualdad real, efectiva de todos ante la ley se materialice en debido forma".
Según las demandantes, "La investidura del funcionario público del organismo de control no debe ser suficiente para decretar una medida cautelar sino que además se requiere se ampare por una caución que garantice un eventual daño, además en el proceso ejecutivo existe una obligación clara, exigible que no genera ninguna duda sobre la obligación a cumplir, lo que no acontece en el proceso de responsabilidad fiscal que es un proceso declarativo que apenas va a determinar la existencia o no de la responsabilidad a cargo de una persona".
Además, señalan que se vulnera el debido proceso del implicado, ya que "...inmediatamente se genera la medida cautelar no tiene el mismo respaldo inmediato que sería el que otorgue la caución, con lo cual se desconocen las garantías procesales de que todo juicio debe gozar de las herramientas mínimas que le otorguen a los individuos la posibilidad de la defensa de sus derechos...".
Finalmente, expresan que "...entendiendo el debido proceso como el conjunto de garantías que protegen a las personas a efectos de asegurar durante el proceso una pronta y cumplida justicia, nada más conveniente que al exigirse la caución a los organismos de control, los damnificados o lesionados con la medida cautelar ejecutaran la póliza y no verse obligados a adelantar un proceso largo y tedioso.".
Intervención de la Auditora General de la República.
Previo a la exposición de las razones por las cuales considera que las normas son constitucionales, la interviniente le aclara a la Corte que, a su juicio, "los argumentos de las demandantes carecen de sustentación lógica de los cargos de inconstitucionalidad, más bien plantean criterios subjetivos de la inconveniencia que genera la falta de una caución, en cuanto ésta agilizaría la reparación de un posible daño".
Respecto al primer cargo expuesto por las demandantes, referente al artículo 2° de la Constitución Política, la interviniente considera que uno de los fines del Estado, además de proteger los derechos fundamentales, es "buscar un orden justo, aumentando la eficacia del gasto social, mejorando la fiscalización de ese gasto y consolidando un sistema de protección social para todos sus nacionales con prioridad en los grupos mas vulnerables". Por lo tanto, todas las medidas que se adopten con el fin de recuperar y resarcir los daños ocasionados al patrimonio público, están encaminados a asegurar un orden justo, defendiendo los recursos con los que se construye la equidad social.
En cuanto al siguiente cargo, referente al desconocimiento del principio de igualdad, expresa la interviniente que difiere totalmente del mismo, toda vez que en los procesos de responsabilidad fiscal, el funcionario de un ente de control ostenta el papel del juez que actúa en la jurisdicción ordinaria, lo que implica que no es éste quien tiene la obligación de constituir la garantía, sino que esta función recae en cabeza del titular de la acción. "Por lo tanto en estricta aplicación del principio de igualdad, del mismo modo que un juez no está obligado a constituir caución para poder decretar medidas previas, tampoco el servidor público de los entes de control, que cumple idéntica función debe soportar esa carga"[1].
Finalmente, la interviniente aclara que en el proceso de responsabilidad fiscal, el juez no tiene un papel de tercero imparcial, como en los demás procesos judiciales, sino que, por el contrario, actúa como representante del Estado como juez y parte con el fin de "garantizar que el resarcimiento de los perjuicios causados al erario público por parte del gestor fiscal, no se hagan nugatorios, es decir, que el funcionario al proferir la medida no lo hace a título personal con el fin de beneficiarse frente a dicha medida"[2].
Intervención del Ministerio de Interior y de Justicia.
Después de realizar una breve explicación acerca del control fiscal, de las atribuciones del Contralor General de la República y de lo que son las funciones de Policía Judicial, expresó que cuando los servidores públicos de la Contraloría denuncian o decretan medidas cautelares sobre los bienes de los presuntos responsables de haber infringido un daño al patrimonio público, están dando cumplimiento al artículo 2° de la Carta Política, toda vez que la mencionada acción "se constituye en una forma de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución y del cumplimiento de los deberes de las autoridades de la República instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en si vida honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Es además un claro desarrollo de lo dispuesto en los ordinales 5 y 8 del artículo 268 constitucional."
Señala igualmente que el debido proceso tampoco se ve vulnerado cuando se decretan medidas de aseguramiento durante la investigación o juzgamiento después que ha ocurrido un daño al patrimonio público, pues el proceso contra los servidores públicos para determinar su responsabilidad tiene plenas garantías que permiten que el mismo se desarrolle "... en términos equilibrados, con las pruebas necesarias y evaluaciones que permitan concluir que deben tomarse precauciones temporales sobre sus propiedades acordes con la gravedad de la acusación".
Con respecto al orden justo, es claro que el mismo no se ve alterado al permitir el decreto de medidas cautelares sin la respectiva caución, pues para que se produzca el decreto de las medidas cautelares en los procesos de responsabilidad fiscal, es necesario que esté establecido el daño y que haya indicios de quiénes son los responsables del mismo, lo cual está expresamente contenido en la Ley 610 de 2000. Adicionalmente, el artículo demandado, también contiene claramente la carga que recae sobre el funcionario, en caso de que éste actúe de mala fe o con temeridad. "Es decir que la norma sigue los principios generales según los cuales cuando se cause un perjuicio ilegítimo éste debe ser indemnizado a la víctima y cuando un funcionario actúa con dolo o culpa grave, es también responsable por los daños causados"[3].
En relación con el cargo por violación del artículo 2° de la Carta, expresa el Ministerio Público que la Corte debe abstenerse de estudiarlo por cuanto las demandantes no argumentaron de una manera coherente, clara y precisa las razones por las cuales consideran que las expresiones demandadas atentan contra los fines del Estado. Expresa que "...el análisis de cargos de conveniencia, como son los cuestionamientos referidos a circunstancias operativas de la administración de justicia, específicamente en cuanto a la duración prolongada de los procesos ante la jurisdicción contenciosa, no es del resorte de un proceso de control de constitucionalidad, razón de más para solicitar a la Corte Constitucional se inhiba de pronunciarse sobre el cargo que por violación del artículo 2 de la Constitución plantea la demanda"[4].
Ahora bien, al unificar los criterios de interpretación definidos por la Corte en los distintos pronunciamientos alusivos al tema, en la Sentencia C-1052 de 2001 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), esta Corporación precisó que, sin incurrir en formalismos técnicos que contraríen la naturaleza pública e informal de la acción de inconstitucionalidad, se entiende que se ha formulado un verdadero cargo de inconstitucionalidad, esto es, un cargo concreto, cuando el mismo se apoya en razones "claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes"[5] . Ello significa que sólo hay lugar a activar el respectivo juicio, si la acusación presentada por el actor es (i) lo suficientemente comprensible y de fácil entendimiento (razones claras), (ii) recae directamente sobre el contenido de la disposición demandada y no sobre una proposición jurídica inferida o deducida por el actor (razones ciertas), (iii) define o muestra en forma diáfana la manera como la norma vulnera la Carta Política (razones específicas), (iv) utiliza argumentos de naturaleza estrictamente constitucional y no razones de orden legal, personal, doctrinal o de simple conveniencia (razones pertinentes), y (v) contiene todos los elementos de juicio-argumentativos y probatorios- que son imprescindibles para adelantar el juicio de inconstitucionalidad, de manera que despierte por lo menos una sospecha o duda mínima sobre la constitucionalidad del precepto impugnado (razones suficientes).
4.3. Finalmente, en punto al cargo por la aparente violación del derecho fundamental al debido proceso, las accionantes señalan que la no exigencia de una caución para garantizar la práctica de medidas cautelares en los procesos de responsabilidad fiscal, desconoce el citado derecho en cuanto implica una ausencia de las "herramientas mínimas que le otorguen a los individuos la posibilidad de la defensa de sus derechos".
Siguiendo la línea de interpretación fijada por esta Corporación, el derecho al debido proceso comprende "el conjunto de garantías que protegen al ciudadano sometido a cualquier proceso, que le asegura a lo largo del mismo una recta y cumplida administración de justicia, la seguridad jurídica y la fundamentación de las resoluciones judiciales conforme a derecho"[6]. Como parte integral del debido proceso se cuenta el derecho a la defensa, el cual se materializa en la posibilidad real y efectiva de quien es vinculado a un proceso, de conocer oportunamente la investigación que se adelanta en su contra, de asesorarse de un abogado, de controvertir las pruebas que lo afectan y de interponer los recursos reconocidos en la ley.
Por las razones expuestas, la Corte se inhibirá de hacer pronunciamiento de fondo sobre las expresiones "sin necesidad de caución" y "sin que el funcionario que las ordena tenga que prestar caución", contenidas en los artículos 10 y 12 de la Ley 610 de 2000, respectivamente.
Declararse INHIBIDA para emitir pronunciamiento de fondo respecto de las expresiones "sin necesidad de caución" y "sin que el funcionario que las ordena tenga que prestar caución", contenidas en los artículos 10 y 12 de la Ley 610 de 2000, respectivamente, por presentarse una ineptitud sustancial de la demanda.