Source: https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=sesionessala&ac=getDocumento&teseid=63182&legiid=490
Timestamp: 2019-08-19 08:03:38
Document Index: 180082184

Matched Legal Cases: ['Artículo 553', 'Artículo 49', 'Artículo 387', 'Artículo 1', 'artículo 17', 'Artículo 4', 'Artículo 294', 'Artículo 17', 'artículo 44', 'Artículo 162', 'Artículo 1', 'artículo 17', 'Artículo 196', 'artículo 222', 'artículo 4', 'artículo 44', 'artículo 44', 'artículo 127', 'artículo 361', 'artículo 389', 'artículo 361', 'artículo 389', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 25', 'artículo 6']

TRAMITACIÓN DE PROYECTO APROBATORIO DE TPP11
FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE SISTEMA DE INTELIGENCIA DEL ESTADO
Sesión 12ª, en martes 23 de abril de 2019
(De 16:22 a 19:23)
PRESIDENCIA DE SEÑOR ALFONSO DE URRESTI LONGTON, VICEPRESIDENTE
Concurrieron, además, los Ministros de Defensa Nacional, señor Alberto Espina Otero, y Secretario General de la Presidencia, señor Gonzalo Blumel Mac-Iver.
Asimismo, se encontraban presentes los Subsecretarios de Hacienda, señor Francisco Moreno Guzmán, y General de la Presidencia, señor Claudio Alvarado Andrade, y el Jefe de Gabinete del Ministro de Defensa Nacional, señor Pablo Urquiza.
El señor QUINTANA (Presidente).- Las actas de las sesiones 10ª y 11ª, ordinarias, en 16 y 17 de abril de 2019, respectivamente, se encuentran en Secretaría a disposición de las señoras y los señores Senadores hasta la sesión próxima para su aprobación.
El señor FADIC (Prosecretario subrogante) da lectura a la Cuenta, documento preparado por la Secretaría de la Corporación que contiene las comunicaciones dirigidas al Senado:
Con el primero, hace presente la urgencia, calificándola de "suma", para la tramitación del proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Boletín N° 9.404-12).
Con el segundo, hace presente la urgencia, calificándola de "simple", para la tramitación del proyecto de ley sobre administración del borde costero y concesiones marítimas (Boletín Nº 8.467-12).
Con los trece siguientes, retira y hace presente la urgencia, calificándola de "suma", para la tramitación de los siguientes proyectos de ley:
Con los tres últimos, retira y hace presente la urgencia, calificándola de "simple", para la tramitación de las siguientes iniciativas:
--Se tienen presenten las calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Solicita la opinión del Senado a fin de proceder a la denuncia, por razones de Estado, del "Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas", suscrito en Brasilia, República Federativa de Brasil, el 23 de mayo de 2008 (Boletín N° S 2.061-14).
Informa que ha prestado su aprobación al proyecto de ley que modifica el Código Procesal Penal para imponer a las autoridades religiosas o eclesiásticas que indica, la obligación de denunciar hechos que revistieren caracteres de delito, contra menores de edad y personas impedidas de ejercer con autonomía sus derechos, y de que tomaren conocimiento en virtud de sus funciones (Boletín N° 11.768-07).
-Artículo 553, inciso segundo, frase final, del Código Civil.
-Artículo 49 ter, incisos primero y segundo, del Código Penal.
-Artículo 387, inciso segundo, del Código Procesal Penal.
-Artículo 1° de la Ley Nº 18.216, y artículo 17 B), inciso segundo, de la ley Nº 17.798.
-Artículo 4° de la ley N° 19.186.
-Artículo 294 del Código del Trabajo.
-Artículos 193, 205, 318, 338, 334, 351 y 352 del Código de Procedimiento Penal.
-Artículo 17° de la ley 20.027 y artículo 44 del Reglamento de la Ley N° 20.027.
-Artículo 162, inciso séptimo, del Código del Trabajo.
-Artículo 1° de la ley Nº 18.216 y artículo 17 B), inciso segundo, de la ley Nº 17.798.
-Artículos 5°, inciso segundo, y 10, inciso segundo, de la Ley Nº 20.285, sobre Acceso a la Información Pública.
-Artículos 176 y 195, incisos tercero y cuarto, de la ley N° 18.290.
-Artículo 196 ter, inciso primero, en la parte que indica, e inciso segundo, parte primera, de la ley N° 18.290.
-Relativa a las medidas de seguridad aplicables a las instalaciones diplomáticas de Chile en el exterior.
-Respecto de antecedentes sobre denuncia y búsqueda de personas desaparecidas.
-Sobre el origen académico de los ingresados a la Escuela de Oficiales de Carabineros en los últimos cinco años.
Remite antecedentes solicitados por el Honorable Senador señor Sandoval, sobre las políticas y programas que impulsan las Cajas de Compensación para las personas mayores de 80 años.
De la señora Directora Nacional de Pesca y Acuicultura:
Del señor Director de Obras de la Ilustre Municipalidad de Concón:
De las Comisiones de Economía y de la de Hacienda, recaídos en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que establece medidas para impulsar la productividad y el emprendimiento (Boletín N° 12.025-03) (con urgencia calificada de "suma").
De la Comisión de Minería y Energía recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, sobre eficiencia energética (Boletines N°s 12.058-08 y 11.489-08) (con urgencia calificada de "suma").
De la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento recaído en el proyecto de reforma constitucional, en segundo trámite constitucional, que modifica la Carta Fundamental para sustituir la denominación del territorio especial de Isla de Pascua por la de Rapa Nui (Boletines N°s 10.685-07 y 10.692-07, refundidos) (con urgencia calificada de "simple").
De los Honorables Senadores señores García-Huidobro y Sandoval, para ausentarse del país a partir del día 23 del mes en curso.
La señora BELMAR (Secretaria General subrogante).- Los Comités, en reunión realizada el día de hoy, adoptaron los siguientes acuerdos:
1.- Considerar, en segundo y en tercer lugar del Orden del Día de esta sesión ordinaria, los siguientes asuntos:
-Proyecto de ley, signado con el número 4 de la tabla, que modifica el Código de Procedimiento Civil para eliminar privilegios procesales en favor de autoridades eclesiásticas (boletín N° 10.324-07).
-Proyecto, signado con el número 5 de la tabla, que modifica la Ley General de Educación y la ley sobre subvención del Estado a establecimientos educacionales en el sentido de prohibir que se condicione la permanencia de estudiantes al consumo de medicamentos para tratar trastornos de conducta (boletín N° 11.662-04).
2.- Tratar, en el Orden del Día de la sesión ordinaria de mañana, miércoles 24, en primer, segundo y tercer lugar, los siguientes asuntos:
-Proyecto de ley sobre eficiencia energética (boletín N° 12.058-08 y 11.489-09, refundidos).
-Proyecto de ley que establece medidas para impulsar la productividad y el emprendimiento (boletín N° 12.025-03).
-Proyecto que modifica la ley N° 19.928, sobre fomento de la música chilena, para establecer los requisitos que deben cumplir los conciertos y eventos musicales que se presenten en Chile (boletín N° 6.110-24).
3.- Disponer que el proyecto de acuerdo que Aprueba el "Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico" entre Australia, Brunéi Darussalam, Canadá, los Estados Unidos Mexicanos, Japón, Malasia, Nueva Zelandia, la República de Chile, la República del Perú, la República de Singapur y la República Socialista de Vietnam, y las cartas intercambiadas en el contexto del mismo, todos suscritos en Santiago, Chile, el 8 de marzo de 2018 (boletín N° 12.195-10), sea informado por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
4.- Adelantar, en la tabla de las sesiones ordinarias del martes 7 y miércoles 8 de mayo, el tratamiento de los siguientes asuntos:
-Proyecto sobre máquinas de juego fuera del ámbito de la ley de casinos (boletines Nos 10.811-06, 11.892-07, 12.028-06, 12.029-06, 12.030-06, 12.119-06, 12.179-06, 12.194-06 y 9.068-06, refundidos).
-Proyecto de ley que modifica la ley N° 19.300, de Bases Generales del Medio Ambiente, para someter el transporte, recepción, acopio y embarque de minerales al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, y establece normas para el desarrollo de dichas actividades (boletín N° 10.629-12).
-Proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señora Rincón y señores Girardi, Gómez, Navarro y el ex Senador señor Rossi, en primer trámite constitucional, que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura en lo relativo a las licencias transables de pesca e incorpora normas para prevenir la pesca ilegal (boletines Nos 11.704-21, 10.190-21, 11.642-21 y 7.926-03, refundidos).
-Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que fortalece al Servicio Nacional de Aduanas (boletín N° 11.627-05).
-Proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señora Provoste y señores Latorre, Montes y Quintana, en primer trámite constitucional, que modifica la ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, con el objeto de prohibir que se informe sobre las deudas contraídas para financiar la educación en cualquiera de sus niveles.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Sí, señor Senador.
El señor GIRARDI.- Quiero solicitarle que recabe la autorización de la Sala para que el proyecto sobre el TPP, muy relevante y que va a tener una discusión muy interesante -lo importante es que ella se haga fuera de todo tipo de prejuicios, ya sea a favor o en contra-, pase a la Comisión de Medio Ambiente para que sea analizado por esta.
Soy partidario de que ojalá todas las Comisiones que puedan verse afectadas tengan la oportunidad de estudiar los contenidos de ese tratado con el objeto de que pueda ser discutido a fondo.
El señor CASTRO.- Pido la palabra.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- ¿Por el mismo tema, señor Senador?
El señor CASTRO.- Así es, señor Presidente.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Puede hacer uso de ella.
El señor CASTRO.- Quiero ver la posibilidad de que este famoso TPP11 también pase a la Comisión de Agricultura.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Ya tenemos dos solicitudes para que el proyecto sea visto igualmente por dos Comisiones especializadas.
Me ha pedido la palabra la Senadora señora Goic.
La señora GOIC.- Señor Presidente, creo que también contiene aspectos relativos a salud que justifican que sea visto por la Comisión del ramo.
El señor LETELIER.- ¡Y de Trabajo!
El señor ARAYA.- ¡También de Defensa y de Gobierno!
El señor COLOMA.- ¡No se va a ver nunca...!
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Ya tenemos tres propuestas para que sea visto por igual número de Comisiones especializadas.
El señor OSSANDÓN.- Pido la palabra, señor Presidente.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- La tiene, señor Senador.
El señor OSSANDÓN.- ¿Por qué no buscamos una fórmula -no sé si corresponde, reglamentariamente- para que otras Comisiones específicas puedan sesionar en conjunto con la de Relaciones Exteriores para ver el asunto? Porque, si no, no vamos a terminar nunca. Es una materia complicada, que tiene distintos capítulos, de tal manera que la Comisión de Relaciones Exteriores pueda sesionar en conjunto con la de Salud, cuando se vea el capítulo de salud; lo mismo con la de Agricultura.
Se podría intentar algo así.
El señor COLOMA.- ¿Cuál fue el acuerdo de los Comités?
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Me ha pedido la palabra el Senador señor Pérez Varela.
El señor PÉREZ VARELA.- Señor Presidente, en la reunión de Comités entendí que habíamos llegado a una especie de acuerdo en el sentido de que la Comisión de Relaciones Exteriores iba a sesionar todas las veces que fuese necesario y que, cuando fuera a tratar temas relacionados con medioambiente o agricultura, se iba a invitar a los integrantes de las Comisiones especializadas, a fin de despachar el proyecto dentro de un tiempo razonable.
Además, tengo entendido que el Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores ya invitó a un grupo de personas que, en caso de que el asunto fuera visto en Comisiones separadas, van a volver a ser requeridas.
Por lo tanto, creo que ese trabajo se puede llevar a cabo bajo el liderazgo de la Comisión de Relaciones Exteriores. Y ese es, entiendo yo, el acuerdo al que llegaron los Comités.
El señor BIANCHI.- Señor Presidente, en la misma línea del Senador Pérez Varela.
No soy miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, pero hoy concurrí a ella, precisamente por el interés que tengo por el tema que se está sometiendo a discusión.
Ahora, en cuanto a que vaya a tantas Comisiones, me parece bien que haya un especial interés al respecto, pero yo hoy día fui testigo de cómo se trató el asunto en la Comisión de Relaciones Exteriores, liderada por el Senador Insulza, en la que estaban personeros de Gobierno y a la cual están invitados todos los expertos, y se estableció un cronograma completo para el análisis de la materia. No sé bien de qué forma se podría ver con alguna otra Comisión, en conjunto por último, pero, como digo, el proyecto ya se comenzó a tratar ahí, señor Presidente.
Por lo tanto, derivarlo a tres, cuatro, cinco o seis Comisiones solamente nos va a llevar a una dilatación que, en mi opinión, no es deseable para nada ni para nadie.
El señor INSULZA.- Señor Presidente, los dichos de los Senadores Pérez Varela y Bianchi me ahorran muchos comentarios.
Nosotros ya fijamos un cronograma en virtud del cual hoy día hemos escuchado extensamente, en primer lugar, a los representantes del Gobierno, incluso del Gobierno anterior, que negociaron el tratado. La actuación del señor Lopeandía, Director de Relaciones Económicas subrogante, muestra que él fue, en realidad, uno de los negociadores del tratado. Lo vimos al detalle.
La próxima semana vamos a continuar la discusión con el Gobierno y esperamos poder terminarla, para, posteriormente, pasar a los expertos. Entre ellos van a venir, por cierto, los jefes de la negociación del Gobierno anterior, el ex Canciller Heraldo Muñoz y el ex negociador señor Rebolledo. Y después queremos escuchar a otra cantidad de expertos que los mismos Senadores miembros de la Comisión van a presentar.
Naturalmente, hay una cantidad de aspectos que dicen relación con muchas áreas. Estos instrumentos tocan distintas áreas comerciales, etcétera. Y yo creo que todas pueden ser absueltas ahí. Ahora, claro, si queda alguna pregunta, alguna cuestión, alguien podrá plantear el tema agrícola, etcétera. Todos los temas están ahí. De alguna manera, esto tiene que ver con todo. Pero creo que pasarlo por cuatro o cinco Comisiones sería un poquito exagerado.
Nuestro calendario, en todo caso, llega hasta principios de junio, cuando esperamos votar el tratado y traerlo a la Sala.
Yo invito a todos los señores Senadores que quieran formular alguna pregunta específica o proponer un aspecto concreto a que vayan a la Comisión la próxima semana, que es cuando vamos a discutir algunas temas específicos y resolver algunas interrogantes relacionadas con ciertas áreas.
Vamos a sesionar los días martes, de 12:30 a 14. Y también habrá sesiones especiales los días lunes a partir de las 11 de la mañana, salvo en el período del 21 de mayo, para el cual tendremos que ver qué horario fijamos.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Hay tres Senadores inscritos para hablar sobre el mismo asunto.
Yo les pediría que acotáramos la discusión.
Hoy día en la reunión de Comités se estableció el criterio que hemos planteado: sin perjuicio de que los miembros de las distintas Comisiones pueden concurrir a la de Relaciones Exteriores, si allí surgiera algún problema particular relativo a una de ellas, se podría solicitar que el proyecto pasara posteriormente a uno u otro órgano especializado.
Ese fue el acuerdo que hoy día se adoptó por unanimidad en la reunión de Comités.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, yo voy a alegar en la línea contraria.
La verdad es que la Comisión de Relaciones Exteriores tiene que ver con lo que Chile hace con el resto de los países, pero son las Comisiones especializadas las que deben medir el impacto del TPP al interior del país. Esa fue la argumentación central que yo escuché hoy día en la Comisión de Relaciones Exteriores: que el asunto atañe a medioambiente, a educación, al ámbito de las AFP, al ámbito de las inversiones.
Todos los tratados impactan y así lo indica la experiencia de más de treinta tratados de libre comercio firmados por nuestro país. Y la Región del Biobío, a la cual represento, así lo sabe: ¡impactan, de manera negativa o positiva! Y algunos tienen que "mamarse" los efectos negativos.
Entonces, yo reclamo el derecho en materia medioambiental y en materia de educación, pues la propiedad intelectual forma parte de las once áreas temáticas que quedaron pendientes. Si a Estados Unidos se le ocurre volver al TPP, va a pedir que vuelvan a actualizarse. Y yo estimo que los Senadores que representan a ciertos sectores de sus regiones tienen derecho a saber qué va a pasar con este tratado, cómo va a impactar en el área de las personas que representan. Eso no lo resuelve solo la Comisión de Relaciones Exteriores, que para estos efectos se transforma, igual que la de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, en la Comisión madre que todo lo absorbe.
Aquí hay especialización en las Comisiones, y yo pido que el proyecto vaya a la Comisión de Medio Ambiente, porque los impactos en ese ámbito son evidentes y claros.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Está inscrito para intervenir a continuación el Honorable señor Pizarro. Luego le daré la palabra a usted, Senador Coloma.
El señor PIZARRO.- Señor Presidente, si me permite, quiero hacer una sugerencia.
Yo entiendo que el acuerdo de Comités fue adoptado por unanimidad, después de haberse sostenido una conversación, lo cual implica que, en estricto rigor, reglamentariamente ninguno de nosotros puede cuestionarlo. Sin embargo, todos queremos que el proyecto vaya a nuestras respectivas Comisiones. He escuchado a colegas que dicen que tendría que ir a la Comisión de Pesca, porque hay un acápite respecto de los temas que les son propios.
El señor BIANCHI.- ¡Y a Defensa!
El señor PIZARRO.- Ahora hay un señor Senador que dice que también tendría que ir a Defensa. A mi juicio, hay igualmente un problema delicado con telecomunicaciones. En fin, el proyecto podría pasar por todas las Comisiones.
Lo que me atrevo a sugerir, señor Presidente, es que, sobre la base del acuerdo que entiendo que ustedes conversaron, la Comisión de Relaciones Exteriores sea como el chasís y, cuando vea cada capítulo del tratado, lo haga en conjunto con la Comisión especializada. O sea, si va a analizar temas de agricultura, que en ese momento el señor Presidente de la Comisión, Senador Insulza, cite, convoque o invite a los miembros de la Comisión de Agricultura para analizar los temas relativos a la agricultura. Ocurrirá lo mismo con la Comisión de Medio Ambiente, e iremos trabajando y avanzando; porque alguien tiene que estructurar el proceso. Lo que no puede suceder -todos los asuntos son importantes- es que pasemos el TPP por quince Comisiones.
Es lo que sugiero, señor Presidente.
Además, como hay un Acuerdo de Comités sobre esta materia, a lo mejor para ordenar y tener una propuesta más inteligente, podría citar a una reunión de Comités extraordinaria a fin de ver cómo arreglar esta situación.
Me ha solicitado la palabra para un tema de reglamento el Senador señor Coloma. Luego, le corresponde intervenir al Senador señor Girardi.
El señor COLOMA.- Señor Presidente, para algo existe el Reglamento, no solamente para adornar los puestos, y ahí se establece categóricamente que los acuerdos de Comités -y este es uno de ellos- son obligatorios, como decía el Senador que me antecedió en el uso de la palabra.
Yo sé que estos temas siempre son complejos, son difíciles. Pero para algo existen los acuerdos, para algo existen las Comisiones; porque, si no, todos podríamos ver todos los proyectos. Y justamente para evitarlo hay una Comisión especializada, lo que no obsta a que cualquiera pueda asistir a sus sesiones y oír el debate.
Si hay acuerdo de Comités, yo le pido que lo respetemos. Esto está resuelto, y no puede haber una excepción.
Es lo que quería plantear.
El señor GIRARDI.- Señor Presidente, yo no quiero cuestionar para nada el rol de la Comisión de Relaciones Exteriores; pero, por ejemplo, yo puedo afirmar que los temas de Salud son lo suficientemente complejos como para que trasciendan la dimensión de esa Comisión, y pueden tener consecuencias positivas o negativas para el país en función de cuáles sean sus contenidos. Además, son aspectos lo suficientemente técnicos para que ameriten al menos una sesión de la Comisión de Salud.
Me tocó estudiar el TPP cuando se discutió en su momento, y había normas que establecían, por ejemplo, derechos de autor sobre técnicas quirúrgicas, ¡sobre técnicas quirúrgicas!, que se utilizan en Chile. Es decir, son temas suficientemente complejos como para revisar la forma en que se abordan.
Además, en materia ambiental, hay temas tan técnicos que no pueda haber una mirada de vuelo rasante sobre ellos, porque finalmente nos vamos a tropezar.
¿Y cuál es el punto? En forma práctica, por ejemplo, los miembros de la Comisión de Salud, o de Medio Ambiente no podríamos participar en la Comisión de Relaciones Exteriores, porque tenemos sesiones a la misma hora.
Entonces, busquemos una manera de resolver esto. No estoy por forzar algo, pero veamos la forma de que las Comisiones participen en los temas específicos. Yo no tengo problemas en que sea la Comisión de Relaciones Exteriores la que lleve el proyecto, pero siempre que le dediquemos una sesión en profundidad a los temas controvertidos.
Tal vez hay algunos asuntos que no lo son, pero me tocó ver materias de telecomunicaciones, de salud y de medio ambiente que sí lo eran, y justamente porque esta discusión puede estar abonada por muchos prejuicios, a favor o en contra, ello amerita que vayamos a la letra chica del TPP11 y no nos dejemos llevar por una visión superficial, porque va a tener impactos de todo tipo.
Eso es lo que pido: que se haga una discusión en profundidad y no superficial como, a veces, se pueden tratar algunos proyectos de acuerdo. Yo creo que es necesario que sepamos exactamente el contenido de este.
Además, hay un texto de 600 páginas, no es un tema de Fácil Despacho, sino uno en que se requiere el análisis de expertos en las consecuencias que pueden producirse en salud, en medio ambiente.
Entonces, yo pido que organicemos esta discusión de manera que sea la Comisión de Relaciones Exteriores la que lleve el proyecto de acuerdo, pero que le dedique una jornada en profundidad a los asuntos que pueden ser controvertidos.
Y desde ya señalo que salud, telecomunicaciones y medio ambiente son asuntos que ameritan una visión más de fondo.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Hay tres oradores inscritos. Pero antes de seguir dando la palabra, quiero hacer una propuesta.
En la reunión de Comités se acordó por unanimidad un procedimiento; eso está aprobado. Se ha planteado acá el envío del proyecto de acuerdo a distintas Comisiones. Y, por los temas específicos y relevantes que cada uno está proponiendo, voy a citar a una reunión especial de Comités para abordar esta situación a fin de no discutir en la Sala todos y cada uno de los planteamientos.
Considero que está hecho el punto de los especialistas que quieren analizar este texto, entendiendo el protagonismo que han tenido tanto la Comisión de Relaciones Exteriores como la de Constitución.
¿Les parece que acordemos celebrar una reunión de Comités extraordinaria para ese motivo?
La señora VAN RYSSELBERGHE.- Señor Presidente, usted está en su derecho de llamar a una nueva reunión de Comités, pero opino que si las bancadas elegimos libremente a nuestros representantes tenemos que confiar en ellos. Conversaremos el tema antes de que se realice aquella, pero estar cambiando un acuerdo recién alcanzado para, posteriormente, volver a celebrar una reunión de Comités porque no se confía en nuestros propios representantes, me parece que es bastante poco serio y que no corresponde.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- La reunión de Comités no se hará inmediatamente, señora Senadora, sino que, adoptado el acuerdo de realizarla, veremos en qué momento se podrá llevar a cabo para resolver las inquietudes que se han planteado.
El señor INSULZA.- Señor Presidente, para obviar cualquier duda al respecto, a mí me es exactamente igual que después de que la Comisión de Relaciones Exteriores vea el proyecto lo hagan todas las Comisiones del Congreso. Ese es un problema, literalmente, de ustedes.
Creo que no es una buena práctica, simplemente porque considero que efectivamente la mayor parte de las cosas se pueden resolver como usted lo ha propuesto: es decir, que si algún Senador estima que existe un problema pueda pedirle al representante de su Partido que solicite una reunión especial de la Comisión. Y en la de Relaciones Exteriores analizaremos el punto con mucho gusto, y si nosotros consideramos que ese problema existe, o que hay una duda al respecto, celebraremos la sesión pertinente de Comisión.
Podemos dirigir bien este proceso, pero no vayamos con el proyecto entero a todas las Comisiones; porque, finalmente, cuando uno lo hace, terminan analizándose algunos puntos que no tienen que ver con salud, con trabajo o con educación, pues ya que está ahí el informe, ¡por qué no echarle una revisadita completa...!
Yo creo que lo mejor es el procedimiento que usted propone, señor Presidente, en el sentido de que la Comisión de Relaciones Exteriores analice el proyecto de acuerdo, como lo acordaron los Comités, y si otras Comisiones requieren su opinión sobre otras materias, la remitiremos con mucho gusto.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Habría consenso en eso.
Boletín N° 12234-02
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Proyecto de ley, iniciado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, en primer trámite constitucional, que fortalece y moderniza el sistema de inteligencia del Estado, con informe de las Comisiones de Defensa Nacional y de Seguridad Pública, unidas, y urgencia calificada de "simple".
--Los antecedentes sobre el proyecto (12.234-02) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En primer trámite: sesión 66ª, en 13 de noviembre de 2018 (se da cuenta).
Defensa Nacional y Seguridad Pública, unidas: sesión 3ª, en 19 de marzo de 2019.
La señora BELMAR (Secretaria General subrogante).- Las Comisiones de Defensa Nacional y de Seguridad Pública, unidas, discutieron este proyecto solamente en general y aprobaron la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Allamand, Araya, Bianchi, Elizalde, Harboe, Huenchumilla, Insulza, Pérez Varela y Pugh.
Se debe tener presente, asimismo, que las Comisiones consignan que la letra d) del numeral 3); el numeral 4); el numeral 7), y la letra b) del numeral 10) del artículo único tienen el carácter de normas de rango orgánico constitucional y requieren para su aprobación 23 votos favorables.
Por su parte, la letra a) del número 6), y el numeral 18) son de quorum calificado y requieren 21 votos favorables para ser aprobados.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- En primer término, quiero saludar al señor Ministro de Defensa Nacional.
Además, nos han solicitado recabar autorización para que ingrese a la Sala el asesor señor Pablo Urquiza, a fin de que acompañe la discusión de esta iniciativa.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Aprovecho de saludar a los integrantes del Club del Adulto Mayor "El Reencuentro", de la ciudad de Cauquenes, que se encuentran en las tribunas, quienes fueron invitados por el Senador señor Galilea.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- En segunda discusión en general el proyecto.
Se ha inscrito para informar la iniciativa el Senador señor Pérez Varela.
El señor PÉREZ VARELA.- Señor Presidente, vengo a informar el trabajo que realizaron las Comisiones unidas de Defensa Nacional y de Seguridad Pública en este trámite constitucional sobre este proyecto, que tiene origen en un mensaje presentado por el Presidente de la República.
El 7 de noviembre se dio cuenta del ingreso de esta iniciativa a la Corporación y fue derivada para su estudio a las Comisiones de Defensa Nacional y de Seguridad Pública, unidas. Tiene urgencia calificada de "simple".
Consta de un artículo único dividido en 19 numerales (que modifican diversas disposiciones de la ley N° 19.974, sobre Inteligencia del Estado, y crean la Agencia Nacional de Inteligencia), y de un artículo transitorio.
De conformidad con lo prescrito en los artículos 127, inciso segundo, y 36 del Reglamento de la Corporación, las Comisiones unidas discutieron el proyecto solo en general.
¿Cuál es su objetivo? Introducir cambios en el Sistema de Inteligencia del Estado en cuando a su organización y funcionamiento, de modo que sea integrado y funcional, con el propósito de actualizarlo y adecuarlo a los nuevos requerimientos de la sociedad, fundamentalmente en lo que dice relación con la protección de la soberanía nacional, la seguridad pública y el bienestar de la ciudadanía.
Los diversos actores deberán actuar preventiva, eficiente y coordinadamente ante amenazas externas e internas, y proveer información esencial a las autoridades para la toma de decisiones en los escenarios que enfrenten.
El mensaje que da origen a la iniciativa advierte que el Sistema de Inteligencia del Estado vigente obedece a premisas que no responden adecuadamente a las necesidades actuales. Por ello, al asumir este Gobierno se convocó a una mesa de trabajo que congregó a miembros de diversos sectores políticos y al mundo académico y civil, instancia que concluyó con la adopción del Acuerdo Nacional para la Seguridad Pública, uno de cuyos focos fue el fortalecimiento del Sistema de Inteligencia del Estado.
El Acuerdo propuso reformular este Sistema en su organización y funcionamiento. Para lograr este propósito se provee al Sistema de una orientación y conducción estratégica de objetivos y metas comunes a sus miembros; se incorporan nuevos organismos e instituciones afines al trabajo preventivo de inteligencia y se estimulan las competencias del personal a cargo de ella; se incrementa la capacidad de producir inteligencia del Estado por parte de todos los actores y niveles del Sistema, y se hace obligatorio un modelo colaborativo, sancionando el incumplimiento del deber de contribuir con información al Sistema y la violación de su secreto.
Como contrapartida al fortalecimiento de este Sistema de Inteligencia del Estado y del rol del Director de la Agencia Nacional de Inteligencia, el proyecto propone reforzar los mecanismos de control y de contrapeso que ejerce la Cámara de Diputados.
En cuanto a su contenido, este proyecto de ley persigue lo siguiente:
-Disponer la creación de un Consejo Asesor de Inteligencia, que estará constituido por el Ministro del Interior y Seguridad Pública, el Ministro de Defensa Nacional, el Subsecretario del Interior y los jefes de los organismos que conforman el Sistema de Inteligencia del Estado.
El Consejo tendrá como finalidad asesorar directamente al Presidente de la República en materias de inteligencia, para lo cual se reunirá al menos semestralmente.
-Incorporar al Sistema -y esto es muy importante- a los departamentos o unidades de inteligencia de Gendarmería de Chile y del Servicio Nacional de Aduanas. Los directores o jefes de los nuevos organismos formarán parte del Comité de Inteligencia, cuya función será orientar, regular, optimizar, revisar y evaluar el flujo e intercambio de la información de inteligencia.
-Establecer que la Unidad de Análisis Financiero (la famosa "UAF") y el Servicio de Impuestos Internos integren el Sistema de Inteligencia únicamente -lo que es muy importante precisar- para aportar análisis de la inteligencia estratégica sin comprometer la naturaleza de sus funciones, dejando a salvo sus misiones principales.
Señor Presidente, como me queda escaso tiempo, le solicito un poco más.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Continúe, señor Senador. Dispone de dos minutos adicionales.
El señor PÉREZ VARELA.- Muchas gracias.
-Diseñar una Estrategia Nacional de Inteligencia que contenga los objetivos estratégicos del Estado respecto a ello. La Estrategia será confeccionada cada cuatro años por el Director de la ANI, con la aquiescencia de los Ministros del Interior y Seguridad Pública y de Defensa Nacional, y deberá ser aprobada por el Presidente de la República.
-Prescribir la planificación de inteligencia del Estado, la que tendrá carácter secreto y será elaborada por la Agencia, con la colaboración del Comité de Inteligencia del Estado.
-Reforzar el marco de responsabilidades tanto de las instituciones que componen el Sistema como de todas las personas que, por la naturaleza de sus funciones, accedan a información de inteligencia.
-Crear el cargo de Subdirector de la Agencia Nacional de Inteligencia.
-Prohibir que el Director y el Subdirector de la Agencia y quienes tengan cargos directivos en la institución ejerzan otras labores profesionales, en fin.
Las Comisiones unidas escucharon a diversas autoridades y a exmiembros tanto de la Dirección de la ANI como de Investigaciones y al Presidente del Consejo para la Transparencia, quienes realizaron interesantes aportes y sugerencias que las Comisiones coordinarán en la discusión en particular.
Cabe destacar que durante la discusión del proyecto los señores Senadores manifestaron diversas inquietudes, entre otras, el rol de los nuevos integrantes del Sistema (Gendarmería y Aduanas); la capacidad operativa o consultiva de la ANI, y el concepto y uso de información residual.
El señor Ministro del Interior y Seguridad Pública se mostró llano a debatir e incorporar las sugerencias de los miembros de las Comisiones unidas mediante la presentación de las respectivas indicaciones en la discusión en particular.
En consideración a lo anterior, los miembros presentes de las Comisiones de Defensa Nacional y de Seguridad Pública, unidas, Senadores Allamand, Araya, Bianchi, Elizalde, Harboe, Huenchumilla, Insulza, Pugh y quien habla estuvieron por aprobar la idea de legislar en forma unánime y proponen a la Sala proceder de la misma manera.
El señor ARAYA.- Señor Presidente, antes de referirme al proyecto, quiero partir con una reflexión previa.
Hay que recordar que, cuando se creó la Agencia Nacional de Inteligencia, el Sistema Nacional de Inteligencia fue concebido en un marco político y social de profunda desconfianza: veníamos recién saliendo de la dictadura y todos teníamos fresco en la memoria lo que eran la CNI y la Dipolcar, entre otros organismos de la represión del Gobierno militar. Esto, sin duda, llevó a que el sistema de inteligencia en su conjunto fuera bastante débil en cuanto a su organización y a sus atribuciones, lo cual, a mi juicio, quedó ejemplificado en el rol de la ANI. Esta pasó más bien a ser un organismo de carácter colaborador y que podía recoger información a partir de fuente abierta. Pero todo lo que significara realizar alguna diligencia de carácter intrusivo o que requiriera un mayor nivel de investigación no lo pudo llevar adelante en atención a que no se le otorgaron esas herramientas.
Excepcionalmente, la ley le permitió poder solicitar algunas diligencias de carácter intrusivo a un ministro de corte de apelaciones, pero estas no se cumplían por la ANI, sino que había que hacerlo a través de las Policías.
En síntesis, nuestro sistema de inteligencia, en la práctica, es bastante débil. Pareciera ser de carácter integrado, pero no lo es. Lo que pasa es que termina siendo un sistema absolutamente compartimentado, donde los distintos actores, al final del día, no conversan entre sí.
¿Qué es lo que ocurre? Que el sistema de inteligencia debiera ser capaz de poder obtener y procesar la información con el fin último de poder entregar al conductor político del Estado, en este caso el Presidente de la República y ciertas autoridades, información para tomar decisiones en orden a proteger la seguridad interna del país.
Entonces, la inteligencia -y esto hay que precisarlo- busca obtener información para poder anticiparse a un conflicto, a los hechos.
¿Y por qué hago esta precisión? Porque aquí viene la primera diferencia fundamental respecto de la investigación penal.
Las actividades de inteligencia no buscan esclarecer delitos, sino otorgar información. Y de ahí que tengan ciertas características que son bien distintas a lo que es el actuar normal de los órganos del Estado.
Por lo pronto, señalemos que las actividades de inteligencia son secretas por su propia naturaleza. No se puede estar publicando qué se hace o quiénes trabajan en inteligencia, porque eso no les permitiría llevar adelante su función de recabar una información que permita a la autoridad superior tomar decisiones en materia de seguridad interior y, eventualmente, exterior del Estado.
Dicho eso, ¿cuál creo yo que debiera ser la finalidad de esta ley?
Sin duda, contar con un sistema de inteligencia moderno, eficaz, pero fundamentalmente legitimado social, política y democráticamente, de forma tal que se haga cargo de los desafíos de seguridad que tenemos para este Chile del siglo XXI. Y, además, que sea capaz de entregar información oportuna y veraz a las autoridades para que puedan tomar decisiones. Porque yo creo que una de las principales falencias de nuestro actual sistema es que no entrega esta información en forma oportuna.
¿Qué cosas destaco del proyecto de ley que presentó el Gobierno?
Primero, la creación de un Consejo Asesor de Inteligencia, que va a asesorar al Presidente de la República, donde van a estar las más altas autoridades que tienen que ver en inteligencia.
En segundo lugar, la creación de la Estrategia Nacional de Inteligencia, que va a elaborar el Director de la Agencia Nacional de Inteligencia -la aprueba el Presidente de la República-, en que se van a fijar claramente los objetivos estratégicos y qué resultados persigue el Estado a partir de los temas de inteligencia. Esta estrategia va a durar un período de cuatro años para hacerla coincidir con el período presidencial.
Un tercer tema apunta a fortalecer el rol del Director de la Agencia Nacional de Inteligencia para poder exigir información, rol que hoy día no tiene.
Asimismo, se establece la especialización de quienes van a trabajar en el área de inteligencia, donde hay una clara muestra de que hoy día nosotros debemos contar con agentes especializados que puedan llevar adelante esta tarea.
Y, finalmente, se contempla, frente a estas nuevas atribuciones, un mayor control del Congreso tanto por la Cámara de Diputados, en lo que respecta al control de la Agencia Nacional de Inteligencia, como también del Senado, en cuanto al control de la Estrategia Nacional de Inteligencia.
Dicho eso, hay un par de puntos que no puedo omitir y que, a mi juicio, no están bien resueltos en el proyecto.
El primer tema -y creo que es el fundamental- es que no se define el rol de la Agencia Nacional de Inteligencia.
La iniciativa que presentó el Gobierno, si bien es cierto presenta una serie de modificaciones importantes y otorga atribuciones a la ANI, en la práctica no resuelve una duda existente.
Nosotros queremos un organismo de inteligencia que cumpla un rol meramente coordinador, es decir, que recoja información, o vamos a querer realmente un organismo con funciones operativas que actúe con agentes propios a fin de que pueda recabar los antecedentes que le permitan entregarles información vinculada con inteligencia a las autoridades políticas al momento de la toma de decisiones.
Esa es una primera cuestión central, que a mi juicio va a cruzar la discusión de este proyecto.
Un segundo asunto no menor se relaciona con regular de una vez por todas la figura del agente encubierto.
Creo que la ley sobre el sistema de inteligencia del Estado es la oportunidad para establecer un estatuto jurídico en la materia, pues a mi juicio la figura del agente encubierto está muy mal tratada y bastante desperdigada en nuestra legislación. La referida ley no es la excepción, más allá de hacer una mera mención en el sentido de permitir el uso de los agentes encubiertos y establecer dos normas relativas a sus atribuciones. Sin embargo -reitero-, no existe un estatuto jurídico claro que distinga quiénes pueden ser agentes encubiertos, ni tampoco hay normas de protección, ni sanciones penales o administrativas en caso de que estos infrinjan sus deberes, entre otras cosas.
Un tercer tema central, en mi concepto, tiene que ver con qué pasa con la información residual.
Ya he señalado en mi intervención que el objetivo de las actividades de inteligencia es obtener información para aportársela a las autoridades políticas a fin de que puedan decidir con respecto a determinada situación.
La inteligencia no busca esclarecer delitos; no persigue hacer la tarea del Ministerio Público. No obstante, puede ocurrir que durante las labores de inteligencia se dé con antecedentes que permitan esclarecer un delito, o bien, que posibiliten precaver que se cometa cierto tipo de ilícito.
Entonces, las preguntas que surgen son qué se hace con esta información residual y cuál es el valor que tiene en el proceso penal.
El proyecto solo se limita a establecer un canal que señala la forma como la información sobre inteligencia, la cual es factible que sirva en una investigación penal, se entrega al Ministerio Público. Pero, a mi juicio, no se hace cargo de la cuestión más central, que es el valor probatorio que pueda tener esa información en una causa penal.
Por ejemplo, pensemos en qué ocurre en un caso tan simple como la interceptación de comunicaciones.
Cuando uno mira las normas del Código Procesal Penal en materia de interceptación de comunicaciones, sea telefónica, electrónica o de otro tipo, se da cuenta de que su artículo 222 regula el tema y establece una serie de requisitos a fin de que la evidencia que se obtiene con la interceptación tenga valor en el juicio. Por de pronto, la ordena el juez de garantía; se puede autorizar solo si existen sospechas fundadas, basadas en hechos concretos, de que una persona ha cometido o va a participar en la comisión de un hecho punible, que tenga pena de crimen.
Asimismo, se dispone que, una vez que termina la medida intrusiva, el Ministerio Público tiene que dar cuenta al juez de garantía, el cual debe citar a una audiencia al objeto de que el afectado conozca de ello y pueda hacer valer sus derechos y reclamar de la validez de tal medida o no.
Esa forma de realizar interceptaciones dista mucho de lo que se establece en la ley sobre el sistema de inteligencia.
La mencionada normativa señala que las medidas intrusivas las autoriza un Ministro de Corte y se deben solicitar cuando sean indispensables para el cumplimiento de los objetivos del sistema, es decir, cuando no está la persecución concreta de un delito.
Terminada la medida intrusiva, la única obligación que existe es que quien la pidió, que debe ser uno de los jefes de los servicios de inteligencia o el director de la ANI, solo dé cuenta a través de un escrito al Ministro de Corte de que se cumplió con la diligencia y de qué se hizo. Es decir, no hay una cautela de garantías respecto de aquella persona a la que eventualmente se le interceptó su teléfono.
Como podemos ver, esa simple comparación muestra que el estándar del Código Procesal Penal es muy distinto al de la ley sobre el sistema de inteligencia. Reitero: si la información residual, que puede ayudar a esclarecer delitos, va a tener o no validez en un proceso penal.
Yo soy de los que creen que esa es una materia que este proyecto no resuelve.
Porque en las labores de inteligencia, especialmente las que pueden hacerse en zonas como las de la Región que represento, la de Antofagasta, donde hoy vemos uno de los mayores tráficos de drogas debido a la extensa frontera que tenemos, el Ejército perfectamente puede levantar una serie de antecedentes que sirvan para esclarecer este tipo de delitos o delitos asociados.
Pienso que es un asunto que debemos analizar.
Por último, esta iniciativa hace necesario revisar las figuras penales que están contempladas en la ley sobre el sistema de inteligencia con otros tipos penales y con leyes especiales. Ello, con el objeto de evitar el concurso de leyes penales, que siempre producen problemas.
Por todo lo expuesto, señor Presidente, anuncio mi voto a favor.
El señor PUGH.- Señor Presidente, sin lugar a dudas, fortalecer al Estado mediante el nuevo Sistema de Inteligencia es fundamental para proteger a los conciudadanos de las amenazas y los riesgos a los que cada vez nos vemos envueltos.
Hoy las fronteras tradicionales están traspasadas por las ciberfronteras. Por eso se pueden generar situaciones indeseadas e insospechadas.
Por lo tanto, el discutir en esta oportunidad una iniciativa de tanta trascendencia para proteger precisamente lo más valioso que tenemos, no solo nuestra identidad, nuestra soberanía, nuestro patrimonio, sino también nuestra forma de vida, se halla vinculado con lo que se busca a través del establecimiento de leyes en materia de inteligencia.
Chile, entonces, quiere estar a la altura de ese desafío.
Y aquí se presenta el primer problema: el trabajo de inteligencia no puede hacerse solo. No puede haber una agencia exclusiva; no puede haber un primus inter pares; no puede existir esa dependencia jerárquica, porque los sistemas de inteligencia necesariamente son distribuidos. Y cada uno tiene una especificidad propia, un conocimiento particular. Por ello es una red.
¿Qué es aquello que el mundo ha encontrado como común denominador? La colaboración.
La colaboración interagencias es la solución para enfrentar las grandes amenazas. Hoy no existe ningún país en el planeta capaz de afrontar solo las ciberamenazas. Por ello Chile también debe tener la capacidad para poder actuar a través de sus organismos de inteligencia con el resto de los sistemas de inteligencia del orbe.
La inteligencia, pues, no es aislada; no es algo particular; no es una cosa que ocurre solo en nuestro país.
Lo que no es inteligencia es evidencia.
Por eso comparto plenamente las aprensiones que manifestó el Senador que me antecedió en el uso de la palabra. Asimismo, concuerdo totalmente con la visión de Su Señoría en cuanto a la necesidad de perfeccionar nuestro mecanismo legal, de tal forma de dotar al sistema de inteligencia nacional, a cada uno de los organismos vinculados en la materia, de las mejores capacidades humanas y técnicas.
Y quiero referirme a ese último elemento: a las capacidades técnicas del Estado.
La inteligencia técnica del Estado es fundamental. En la actualidad no se pueden enfrentar las amenazas si el Estado no la considera.
La NSA, GCHQ, Shmone Mataim, por citar algunos servicios de inteligencia del resto del mundo, son organizaciones técnicas de alto nivel jerárquico.
Yo me pregunto, entonces: ¿cuál es el equivalente en Chile?; ¿quién está realizando ese trabajo?
Ahora bien, dentro de la inteligencia está la contrainteligencia. Y en la contrainteligencia uno de los aspectos fundamentales es la seguridad de la información. ¿Dónde están nuestros sistemas criptográficos? Es decir, la capacidad para proteger nuestras comunicaciones, nuestra voz, todo lo que el Estado maneja y que, obviamente, ha de tener el carácter de secreto, que solo este puede saber.
Por lo tanto, esta iniciativa nos da la oportunidad de perfeccionar la ley sobre el sistema de inteligencia del Estado, para dejar a Chile a la altura de los sistemas de inteligencia de nivel mundial y, asimismo, para garantizarles a todos los ciudadanos que sus derechos personales no van a ser vulnerados.
Está en tramitación el proyecto que regula la protección y el tratamiento de los datos personales, lo que es fundamental para asegurarles a las personas que ese derecho constitucional va a ser respetado.
Por ello, la ética en el sistema de inteligencia es primordial, pues permite separar las cosas.
Algo fundamental en el caso de la ley sobre el sistema de inteligencia es que existe un proceso mediante el cual siempre un juez de la Corte de Apelaciones autoriza, por ejemplo, medidas intrusivas para un fin específico, del que se debe dar cuenta. Porque esas medidas efectivamente afectan la vida de las personas, si es que están bajo sospecha y no se tiene ningún antecedente al respecto.
Porque la información que se obtiene no es evidencia, sino inteligencia. Y la inteligencia es anticiparse a hechos. Si la anticipación ocurre de buena forma, se podrán prevenir incluso delitos. Pero también es factible que sirva como operaciones para lograr obtener esas evidencias, que les va a permitir a los fiscales perseguir los delitos asociados.
Por eso quiero invitar a mis Honorables colegas a apoyar en general este proyecto, para así permitirnos en particular poder trabajar cada uno de los artículos y entregarle a Chile la mejor ley sobre sistema de inteligencia del Estado.
Yo voy a aprobar la idea de legislar respecto de este proyecto.
Creo que, después de cerca de 15 años de funcionamiento de nuestra Agencia Nacional de Inteligencia, corresponde hacer una revisión para mejorar sustantivamente su labor.
Yo no soy de aquellos que piensan que la ANI no ha hecho bien su trabajo. Yo considero que lo ha hecho todo lo bien que podía realizarlo con las facultades que se le otorgaron, con los medios administrativos que se le dieron y con el personal que se le proporcionó.
Creo que esta iniciativa va muy bien en esa dirección. Y en tal sentido la voy a votar favorablemente.
Sin embargo, guardo aún dos preocupaciones muy fundamentales sobre el particular. Y las quiero mencionar acá, si bien estas cuestiones probablemente se podrán abordar y mejorar en la discusión particular.
La primera se refiere a que el proyecto -y lo señaló el Senador Araya- no define claramente cuál es la inteligencia que va a recoger este organismo.
Yo entiendo, por lo que se desprende de su texto, que no va a tener a su cargo la inteligencia militar, porque esa la llevan a cabo las Fuerzas Armadas.
Al parecer tampoco será la inteligencia de tipo policial, que supongo que es la relacionada con delitos que están en marcha o que se han cometido. Y se asemeja mucho a la investigación.
Tampoco pienso que vaya a recoger inteligencia en los países vecinos para traerla a Chile.
En realidad, creo que la definición es muy importante, porque la Agencia Nacional de Inteligencia está llamada a actuar dentro de nuestro país. Y ello inmediatamente pone el foco, la duda, la preocupación en cuanto a quiénes va a observar y con quiénes va a conseguir la información.
Yo pienso -y así lo dio a entender también el Senador Araya- que la Agencia debería ocuparse fundamentalmente de los asuntos vinculados con el crimen organizado, los cuales requieren ir mucho más allá de una pura investigación policial para formarse un cuadro bastante claro acerca de cómo operan las bandas criminales, de uno u otro tipo, en nuestro país; con el narcotráfico, y, naturalmente, con el terrorismo.
El crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo a mi juicio deberían ser sus funciones. Y, al mismo tiempo, habría que decir con mucha claridad que no es función de esta entidad buscar responsabilidades en materia de conflictos políticos o cosas por el estilo.
Señalo aquello, señor Presidente, pues quiero ser muy franco.
Yo fui Ministro del Interior, y lo primero que encontré encima de mi escritorio fue un boletín que me daba cuenta de las cosas que habían pasado en la semana, con un amplio capítulo sobre la actuación de grupos especiales tales como sindicatos, organizaciones no gubernamentales y otros.
En realidad, existe cierta visión respecto de quienes realizan actividades de inteligencia, que serán los mismos que la efectuarán ahora y que le entregarán la información a la ANI. Por lo tanto, a mí no me asegura mucho que aquello no se vaya a hacer, a menos que nosotros digamos claramente que no se trata de una policía política.
Estoy siendo lo más franco posible, señor Presidente.
Esa no es función de esta Agencia.
Entonces, si vamos a hacer las cosas bien, digamos qué es de su responsabilidad y, a la vez, qué no le corresponde.
La segunda inquietud -está en la legislación; se ha hecho en general con algunos alcances- tiene que ver con el Sistema Nacional de Inteligencia, que me parece bien que exista. En él se encuentran los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas, los servicios de inteligencia de Carabineros e Investigaciones. Y se agregan otros como aquellos que ven temas financieros (inteligencia financiera), así como de la Dirección Nacional de Aduanas, en fin.
Ello, que será presidido por el Ministro del Interior, con la participación del Ministro de Defensa -no estoy seguro de si está el de Relaciones Exteriores-, hace una síntesis de las cuestiones de inteligencia.
Eso lo considero correcto. Ahí llega la información que se recoge y se realiza la coordinación.
Pero, en verdad, más adelante, cuando nos referimos a qué tipo de información deben traspasar los servicios de inteligencia militar, hablamos de la "información residual", o sea, la que se genera por casualidad: por ejemplo, cuando se está investigando un asunto vinculado con temas militares o policiales y caen antecedentes sobre un grupo que está realizando actividades de narcotráfico. Esa información se traspasa inmediatamente a la ANI.
Aquello está bien.
Sin embargo, yo me pregunto qué pasa con la demás actividad de inteligencia de esos servicios. ¿Esa no se vierte al Sistema Nacional de Inteligencia?
Yo pienso que, con todos los resguardos necesarios, esa labor de inteligencia militar también tendría que entregarse a un mecanismo especializado de carácter civil que debería estar en la Agencia Nacional de Inteligencia.
Esos son los dos reparos que tengo respecto de esta materia, señor Presidente. Y para adelantar otro, puedo señalar que no veo razón alguna para la creación de un Subdirector de la Agencia, nombrado por el Presidente de la República. Porque, seguramente, en su primera pelea con el Director va a pasar lo mismo que ocurrió en la Contraloría.
Entonces, es mejor no crear esta especie de subrogancia legal, pues en la práctica provoca más problemas que los que resuelve.
Sin embargo, esas cosas las veremos en la discusión particular. Yo solo quería hacer algunos alcances sobre las dos cuestiones que mencioné.
Desde luego, voy a votar a favor de este proyecto.
La señora RINCÓN.- Manteniendo los tiempos, señor Presidente.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Entonces, si le parece a la Sala, se abrirá la votación, manteniendo los tiempos.
El señor HARBOE.- Señor Presidente, los países tienen la inteligencia que pueden y no necesariamente la que se merecen o la que quieren.
Digo aquello porque, en el caso chileno, el sistema de inteligencia en democracia ha estado condicionado por nuestra historia, que es compleja.
Durante un tiempo, en Chile el sistema de inteligencia del Estado se volcó contra sus ciudadanos. Por tanto, lo que ocurrió al final del día es que cualquier discusión que se generó con posterioridad al retorno a la democracia estaba condicionada por la experiencia traumática que vivieron miles de chilenas y chilenos.
Ahora hemos buscado un mecanismo en virtud del cual podamos tener una ley que actualice la institucionalidad sobre inteligencia a las nuevas realidades.
Sin embargo, previo al análisis del articulado, me parece relevante hacer presentes algunos elementos comunes a las instituciones de inteligencia.
La inteligencia tiene por objeto recolectar, coordinar, analizar información, y, luego de ese proceso, proveer a la máxima autoridad del país de información adecuada para prevenir o reaccionar: inteligencia preventiva e inteligencia reactiva.
La inteligencia preventiva permite alertar a las autoridades de eventuales hechos que pueden poner en riesgo la seguridad del Estado o la seguridad del orden constitucional. Y hablo de "la seguridad del Estado o la seguridad del orden constitucional" porque, de pronto, se confunde la idea de inteligencia, sea preventiva o reactiva, con la labor que realizan las policías en materia delictual, y se le exige a la Agencia Nacional de Inteligencia un rol que eminentemente es de inteligencia policial y que no se halla en el ámbito de sus competencias.
De hecho, el artículo 4º de la ley, que no se modifica sustancialmente en este proyecto, establece que el objetivo de esta información es contribuir a proteger la soberanía nacional y a preservar el orden constitucional.
Dicho lo anterior, entonces, dentro de ese ámbito se mueve la inteligencia de la que estamos hablando.
En segundo lugar, la inteligencia puede ser reactiva, que es cuando ya se han producido ciertos hechos que la inteligencia preventiva no logró advertir y evitar y se provee de información esencial a la autoridad para que reaccione adecuadamente, identificando a los responsables, deteniéndolos y sometiéndolos al procedimiento establecido en la legislación vigente (inteligencia reactiva).
La pregunta es por qué la inteligencia preventiva y la inteligencia reactiva en general no han dado buenos resultados en nuestro país.
No han dado buenos resultados si se mira desde el punto de vista de que la Agencia Nacional de Inteligencia debiera cumplir un rol en materia de seguridad ciudadana o de seguridad interior.
Porque, en verdad, como expresa la ley, su rol es distinto.
Sin perjuicio de ello, dicho organismo evidentemente debe entregar información adecuada a las autoridades -al Presidente de la República, al Ministro del Interior, al Subsecretario del Interior, en fin- con el objeto de evaluar si ciertos grupos pueden poner en riesgo el orden constitucional o buscan afectar la seguridad nacional.
Por esa razón se establece este sistema de inteligencia.
Dicho lo anterior, es del caso relevar que la ley en proyecto se hace cargo de uno de los principales problemas que ha tenido nuestro sistema: la compartimentalización de la información.
Lo que ocurre hoy día es que cada institución, legítimamente en cumplimiento de sus respectivas leyes orgánicas, maneja su propia información y la comparte bastante poco. Es decir, cada una le entrega a la Agencia Nacional de Inteligencia o a otras entidades aquella información que eventualmente no pondrá en riesgo sus propios objetivos institucionales.
Ese es un problema, porque dónde está la verdadera capacidad de decisión del Presidente de la República o de la autoridad pertinente cuando tiene un cúmulo de información que ha sido debidamente procesada y orientada a un objetivo determinado: prevenir o reaccionar.
En consecuencia, el esfuerzo del proyecto, cuando uno ve su articulado, apunta a crear de verdad el denominado "Sistema de Inteligencia del Estado", en donde todas las instituciones están obligadas -así lo establece la iniciativa- a disponer y a entregar esta información relevante a la Agencia Nacional de Inteligencia para que esta, con el conocimiento de todas y cada una de las instituciones y de otra información que pueda recabar por fuentes abiertas, realice un análisis, distinga entre información residual e información sustantiva y esté en condiciones de otorgar la asesoría debida al Presidente de la República o a la autoridad que corresponda.
Voy a votar a favor, señor Presidente, sin perjuicio de que en la discusión en particular vamos a presentar indicaciones para ir perfeccionando el sistema.
Desde ya, quiero comentarles que fue materia de debate en la discusión en general en las Comisiones unidas el aspecto relativo a la inclusión, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas en cierto tipo de funciones de seguridad interior. Y, en verdad, había cierta confusión en algunos, porque desconocían probablemente que la Armada cumple un rol en materia de seguridad en las costas y en el mar, en funciones relacionadas con el narcotráfico, entre otras. Lo que sucede es que se establecía, por ejemplo, que en materia de fronteras se podía hacer un convenio para que dichas instituciones participaran. Esto abría la puerta para incorporar a las Fuerzas Armadas en el control fronterizo, situación que se conversó con el Ejecutivo, el que señaló que no se tenía la intención de sumar a esas instituciones a dicho control, por todo lo que ello conlleva.
En consecuencia, señor Presidente, voto a favor de la idea de legislar y luego haré mis observaciones.
El señor DURANA.- Señor Presidente, el proyecto de ley que busca el fortalecimiento y modernización del Sistema de Inteligencia del Estado otorga nuevas herramientas a sus responsables para hacer más eficaz su labor en forma transparente, lo cual constituye un elemento preventivo esencial en la conservación del orden público.
Esta iniciativa presenta indudables avances. Entre estos, se encuentra la integración, como parte del Sistema de Inteligencia del Estado, de la Unidad de Análisis Financiero y del Servicio de Impuestos Internos, tomando, eso sí, la precaución de puntualizar el especial cuidado que deben tener estas entidades en la entrega y reserva de información, en el ámbito de su competencia.
De esta forma, se incorporan instancias técnicas al Sistema de Inteligencia que contribuirán a su labor con sus informes y análisis, debiendo tener adecuados resguardos legales en la entrega de la información.
Las principales debilidades en la actualidad se relacionan con aspectos tales como que el sistema vigente no congrega a todos los actores involucrados y que en su concepción contiene disposiciones centrífugas que hacen que los esfuerzos comunes tiendan a dispersarse sin que se generen las convergencias necesarias.
Este proyecto de ley, en definitiva, está enfocado en mejorar el Sistema de Inteligencia.
Adicionalmente, la ANI debiera tener contacto con organizaciones afines a nivel internacional para obtener alertas de amenazas transnacionales, como el crimen organizado y el terrorismo internacional. Solo así el análisis de la Agencia gozará de la profundidad, riqueza y complejidad que demanda el tomador de decisiones y que da cuenta de amenazas tan variadas como la delincuencia informática, el ecoterrorismo, el terrorismo islámico, entre otros.
En este ámbito, quizá la tarea prioritaria para modernizar el Sistema de Inteligencia del Estado sea la de asegurar la existencia de un flujo continuo, seguro y efectivo de informaciones hacia la ANI y entre las organizaciones de inteligencia ya existentes en nuestro país, construyendo canales procedimentales, informáticos y físicos necesarios para asegurar tal intercambio, que hoy es prácticamente inexistente en nuestro marco legal y reglamentario.
En cuanto a las responsabilidades, el actual artículo 44 establece una sanción al que viole la obligación de guardar secreto, en los términos establecidos en los artículos 39 y 40 de la ley. Dicha obligación de guardar secreto involucra a las autoridades y funcionarios que hubieren tomado conocimiento de antecedentes y a aquellos que, sin ser funcionarios de los organismos de inteligencia, tomen conocimiento de esta información porque intervienen en el delicado proceso de su generación.
Por su parte, el nuevo artículo 44 ter busca sancionar a los Diputados y a los Senadores que eventualmente violen los deberes de guardar secreto de los informes o antecedentes obtenidos en el marco de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados y de las Comisiones unidas de Defensa y de Seguridad Pública del Senado.
En cuanto a esta eventual sanción legal a Diputados y a Senadores, si no es rigurosamente descrita cuál es la conducta a sancionar, a futuro se podría extremar su interpretación y dañar la labor fiscalizadora de los parlamentarios, lo cual nos acarrearía problemas de constitucionalidad.
Una interpretación amplia de lo que se entiende como conducta que implique una violación de guardar secreto puede transformarse en un elemento dañino para la función parlamentaria.
Voto a favor de la idea de legislar. Pero, obviamente, en la discusión particular esta situación debe ser analizada con mucha precisión por las Comisiones unidas, de forma tal de no empañar la eficacia que persigue la iniciativa que discutimos.
El señor HUENCHUMILLA.- Señor Presidente, con este proyecto estamos colocando al día nuestra legislación sobre servicios de inteligencia, porque la última ley que los rige fue dictada en 2004 y, por lo tanto, "ha pasado mucha agua bajo el puente" -como se dice-, en relación con los cambios que ha sufrido Chile y el resto del mundo. Por consiguiente, se vuelve necesario colocar al día esta legislación. Por lo demás, en la historia política, el país no tuvo una ley sobre la materia sino hasta 2004, ya que antes se hacía inteligencia, pero no existía ninguna legislación escrita, concreta, que regulara lo que hacían los servicios de inteligencia, salvo la normativa excepcional que hubo durante la dictadura.
¿De qué se trata esencialmente, señor Presidente, lo que estamos discutiendo?
Todas las personas y los Estados se ven enfrentados a tomar decisiones complejas, difíciles, en el curso de su competencia o en el curso de su vida. Con relación al tema de la inteligencia, de lo que estamos hablando es de que el Jefe del Estado y las máximas autoridades puedan tomar las mejores decisiones con los elementos de juicio que se supone los servicios de inteligencia les van a entregar respecto de situaciones que afectan a la soberanía nacional, al orden público, a los objetivos políticos del Estado.
En consecuencia, es lógico que coloquemos al día nuestra legislación cuando asistimos a la revolución de las telecomunicaciones y del transporte; cuando vemos al mundo globalizado comunicado por internet, por la inteligencia artificial; cuando el mundo se ha achicado, y donde hay nuevos riesgos.
Por lo tanto, es bueno que nosotros tengamos claro que lo que perseguimos con esta legislación es que el Jefe del Estado y las instituciones policiales y de las Fuerzas Armadas puedan anticiparse a los posibles riesgos y, asimismo, tomar las mejores decisiones que les corresponden en sus responsabilidades políticas.
Sin embargo, creo que es bueno tener presente, porque el nombre a lo mejor nos puede conducir a error -y quiero que me escuche el señor Ministro de Defensa, que está a mis espaldas con otros Senadores, porque nos encontramos aquí debatiendo y se supone que nos estamos escuchando-, que la mayor cantidad de información que se obtiene por los servicios de inteligencia se realiza a través de fuentes abiertas: el 95 por ciento proviene de tales fuentes.
Por consiguiente, en cuanto al rol que pueden jugar los analistas en el análisis de la información, al esfuerzo de búsqueda de la información direccionada no solo por los altos mandos de las Fuerzas Armadas y de las direcciones de inteligencia policial, sino también por el mundo civil, es fundamental que quede establecida, como se hace en este proyecto, una mayor participación del sector civil en el direccionamiento de la búsqueda. Y no solo en la búsqueda, sino también en el establecimiento de los objetivos que persigue el Estado con estos servicios de inteligencia.
Por lo tanto, el tratamiento de las fuentes cerradas es lo excepcional, porque solo un cinco por ciento de toda la información se busca en aquellas fuentes.
En consecuencia, es menester tratar acuciosamente todo lo que significa medidas intrusivas, que es lo excepcional en un Estado democrático, porque todo el resto -yo diría la mayoría- de la información se busca mediante fuentes abiertas, que hoy día están en todas partes: en los teléfonos, en internet, en los computadores, en las revistas, en las fuentes de información.
Hoy día todo es transparente; todo está ahí.
Por ende, se requiere simplemente un gran esfuerzo de búsqueda y, además, contar con buenos analistas, que es lo que le hace falta a Chile para que podamos disponer de una buena información.
Termino, señor Presidente -y le pido un minuto más-, señalando que no confundamos los planos.
Hay un plano político (porque aquí se preguntó: "¿Qué va a hacer la ANI?"), en el marco del cual se tiene que buscar la información para que el Jefe del Estado pueda tomar mejores decisiones. Aquella es la inteligencia política.
Existe un plano estratégico, que es la inteligencia estratégica, en virtud del cual se debe buscar información para los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas y los Directores Generales de la Policía para que ellos, a su vez, puedan hacer la planificación correspondiente.
Y, por último, hay una inteligencia táctica, que se refiere a las operaciones concretas que deben acometer los distintos sectores de la Policía y de las Fuerzas Armadas según los requerimientos que les demanden sus jefes.
Señor Presidente, los puntos mencionados están considerados en este proyecto de ley, y además se establece el resguardo correspondiente mediante los controles pertinentes.
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, el objetivo de este proyecto de ley, que por cierto voy a respaldar en general, es introducir cambios al Sistema de Inteligencia del Estado (SIE) en cuanto a la organización y funcionamiento, de modo que sea integrado y funcional. Los diversos actores deberán actuar preventiva, eficiente y coordinadamente ante amenazas -como lo ha dicho mi colega Insulza- externas e internas y proveer información esencial a las autoridades para la toma de decisiones en los escenarios que enfrenten.
Sin lugar a dudas, nadie podría estar en contra de la idea propuesta. La intención del Ejecutivo con esta iniciativa es fortalecer la actividad y la coordinación de los organismos del Sistema de Inteligencia del Estado, así como los controles que recaen sobre aquellos.
Sin perjuicio de lo anterior, no se contemplan necesarias reformas de fondo en el proyecto, que creo que debemos abordar en la discusión en particular.
Primero, no se modifican los objetivos y, por ende, las misiones de los diferentes organismos para estar a la altura de los tiempos y de las amenazas, que cambian y adquieren nuevas formas. Varios de mis colegas ya han relatado de qué estamos hablando. El Senador Francisco Huenchumilla ha señalado puntos esenciales en esta materia.
Así lo han manifestado en el Senado, por lo demás, Gustavo Villalobos y Gonzalo Yuseff, directores del Sistema durante 13 años.
Villalobos opina que la propuesta del Gobierno desaprovecha la coyuntura para revisar las misiones de la Agencia. Refiere como ejemplo la ciberseguridad y considera relevante determinar de mejor forma qué debe hacer la Agencia en esta área (informe de las Comisiones de Defensa Nacional y de Seguridad Pública, unidas, página 31).
Por otro lado, señala que "tanto las instituciones de inteligencia militar como policial desarrollan un esquema abierto de tareas, limitado por lo que dictamina el mando y por `sus funciones propias'. Por lo tanto, es necesario debatir si cabe conservar este diseño que, si bien entrega una buena dosis de libertad de acción a las entidades, deja un margen muy amplio a la discrecionalidad " (página 31 del informe ya citado). Sabemos que cuando las facultades no están bien definidas, la fiscalización y la rendición de cuentas se ven obstaculizadas, vale decir, no se puede hacer accountability.
En lo relativo a la operativa del Sistema de Inteligencia del Estado, tampoco se abre la discusión sobre una alternativa operativa, al menos acotada, de contrainteligencia -tema tremendamente importante-, de manera de contribuir a la anticipación y prevención en asuntos sensibles.
Villalobos destaca que "en América Latina, se ha extendido el tráfico de drogas, de personas y de armas, y el narcotráfico se ha abierto a otros negocios como la minería ilegal, causando estragos ambientales en Ecuador, en Perú y en Brasil, entre otros. Algunas de estas realidades ya afectan al país y otras se están acercando" (informe ya mencionado).
Lo ha señalado, por lo demás, el colega Insulza en su intervención.
Otro tema que también considero de fondo, y tiene que abordarse, es lo que dice relación con mejorar los objetivos, la coordinación, las misiones y la labor de contrainteligencia, pero, además, con optimizar la defensa de la democracia.
Señor Presidente, creo que una eficaz protección del Estado de Derecho y de los derechos fundamentales de las personas tiene que ser parte también de este debate.
Atendiendo a las Buenas prácticas para promover el respeto al Estado de Derecho y de los derechos humanos en la labor de los servicios de inteligencia, recopiladas por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el año 2010, existen 35 mecanismos institucionales y jurídicos que considerar en la materia que nos ocupa.
Y nombro algunos:
-El mandato y la base jurídica del sistema de inteligencia.
-Las instituciones de supervisión.
-Las denuncias y reparación efectiva por abusos.
-La imparcialidad y la no discriminación de los objetivos y acciones.
-La responsabilidad del Estado respecto de la acción de los servicios de inteligencia.
-La responsabilidad individual y la rendición de cuentas.
-El profesionalismo.
-Salvaguardas de los derechos humanos.
-La recopilación de información, gestión y utilización de datos personales.
-El ejercicio de las facultades de arresto y detención, la relación con el Ministerio Público y los tribunales de justicia.
-El intercambio de información y la cooperación internacional.
En lo relativo al Mandato, la Práctica 1 recalca que los servicios de inteligencia no solo han de estar centrados en la protección de la seguridad nacional, sino también en la defensa del Estado de Derecho. Y agrega que en el concepto "seguridad nacional" se encuentra incluida la protección de la población y de sus derechos humanos.
El Sistema de Inteligencia del Estado chileno carece de la mayoría de los marcos jurídicos e institucionales que sirven para promover el respeto al Estado de Derecho y los derechos humanos en la labor de los servicios de inteligencia . Así:
-No contempla instituciones de supervisión independientes en la materia, mecanismos de denuncias ni vías de reparación efectiva.
-No regula la responsabilidad del Estado respecto de la acción de los servicios de inteligencia.
-No establece reglas de imparcialidad y no discriminación.
-No contempla salvaguardas específicas de los derechos humanos, por ejemplo, con relación al ejercicio de las facultades de arresto y detención.
-Nada señala acerca de la recopilación de información de las personas ni sobre la gestión y utilización de datos personales.
-No se delimita finalmente, como lo ha resuelto varias veces el Consejo para la Transparencia, el alcance del secreto en materia de inteligencia policial frente a requerimientos del Ministerio Público o de autoridades políticas.
En relación con lo anterior, es de público conocimiento, señor Presidente, que en el marco de la Operación Huracán se habrían negado antecedentes a la Fiscalía so pretexto de la reserva impuesta por la ley N° 19.974.
Compartiendo, por tanto, el objetivo y la necesidad de modernizar el Sistema de Inteligencia del Estado -lo reitero, como lo dije al inicio de mi intervención-, votaré en general a favor del proyecto de ley. Pero es evidente que muchos más elementos son necesarios para que la iniciativa sea una ley de alto nivel, de acuerdo con los tiempos que corren.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Moreira.
El señor MOREIRA.- Señor Presidente, no me cuente todavía los minutos de intervención. Quiero plantear primero un asunto reglamentario.
Le pido, por una necesidad urgente, que recabe la autorización pertinente para que ingrese a la Sala el Subsecretario General de la Presidencia, Claudio Alvarado, porque necesitamos su asesoría urgente.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- ¿Habría acuerdo en otorgar la autorización?
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Puede intervenir, señor Senador.
El señor MOREIRA.- Señor Presidente, y especialmente a la Nueva Mayoría, no intento hacer una caricatura de este asunto, pero sí me gustaría decir las cosas como son y por qué fueron así.
¿Por qué señalo esto? Porque creo que desde el retorno a la democracia se hizo "inteligencia sin inteligencia".
¿Y por qué? Porque era un tema difícil, porque había sensibilidades y porque había un complejo por el pasado y por el régimen militar. Entonces, hablar de inteligencia era algo demasiado duro para la Concertación en aquella época.
Y en los sucesivos gobiernos no se avanzó, porque esta es una cuestión muy pero muy sensible.
Dicho lo anterior, con la finalidad de no repetir lo mismo que han expresado aquí el Senador Pérez, el Senador Insulza, el Senador Harboe y el Senador Huenchumilla, pero en afinidad con ellos -cada uno ha anunciado su voto a favor porque entienden que debemos hacer una reforma buena, seria y responsable-, quisiera profundizar en algo que nos dijo el Senador Durana.
Él indicó que, a modo de conclusión, se hacía necesario agregar que, en la dimensión de los servicios de inteligencia militar, "las principales debilidades se relacionan con aspectos tales como que el Sistema vigente no congrega a todos los actores involucrados y que, en su concepción, contiene disposiciones centrífugas que hacen que los esfuerzos comunes tiendan a dispersarse, sin que se generen las convergencias necesarias".
A lo que ha señalado el Senador Durana agregaría que influye en ello la asignación de objetivos a los servicios de inteligencia militar por parte de los respectivos mandos institucionales y la falta de una clara dirección en la producción de la inteligencia en sus diferentes niveles.
Es en la producción de inteligencia donde se evidencia más claramente la necesidad de continuar profundizando "lo conjunto", en lo que, por diversas razones, solo se avanzó en la medida de lo posible cuando se promulgó el Estatuto del Ministerio de Defensa Nacional.
Ello solo se logrará si se empodera aún más al Estado Mayor Conjunto, ya que este es el pivote en torno al cual se articulan las demandas de inteligencia y si se continúa avanzando en la implementación de las estructuras y organizaciones que, como los Destacamentos Especiales de Inteligencia, se orientan a ese fin.
Como bien se ha señalado aquí, la iniciativa está enfocada en mejorar el Sistema de Inteligencia Nacional. Y quizás en este ámbito la tarea prioritaria para modernizarlo sea la de asegurar la existencia de un flujo continuo, seguro, objetivo y efectivo de informaciones hacia la ANI y entre las organizaciones de inteligencia ya existentes en nuestro país, construyendo canales procedimentales, informáticos y físicos necesarios para asegurar tal intercambio, hoy prácticamente inexistentes en nuestro marco legal y reglamentario.
Voto a favor porque considero que este es un avance. Todos debemos madurar en lo que significa la inteligencia -es una defensa para el país- y los beneficios que pueda traer, pero siempre generando las contenciones necesarias para que no se produzcan abusos de poder y faltas a la ley.
La señora ARAVENA.- Señor Presidente, deseo iniciar estas breves palabras recordando el atentado que sucedió en estos días en Sri Lanka, en el que fallecieron 320 personas y hubo quinientos heridos.
Esto que uno ve tan lejano perfectamente puede suceder en Chile. El mundo ha cambiado, como lo han señalado muchos de mis antecesores. Y claramente las últimas cifras de consumo de drogas en nuestro país indican que no hemos derrotado el tráfico de uno de los peores cánceres que tiene la humanidad hoy día, que genera muchas muertes. El crimen organizado requiere ser prevenido.
En ese sentido, durante los últimos años hemos advertido que existen numerosas amenazas y ataques en forma de ejecución que eran muy desconocidos, sobre todo, para un país como el nuestro, que ve que este tipo de situaciones ocurren muy lejos de sus fronteras.
Lamentablemente, en La Araucanía hemos tenido actos de violencia rural. El año pasado fueron alrededor de doscientas causas las que se informaron en la Fiscalía regional. De ellas, solo el 5 por ciento tiene responsables actualmente.
Claramente, la inteligencia no ha funcionado.
Nuestro país no está libre de estos fenómenos, particularmente bajo las modalidades de crimen organizado y espionaje internacional. Por tal motivo, resulta imperativa la existencia de un sistema funcional y coordinado de inteligencia, capaz de recolectar, reunir, producir y sistematizar información de inteligencia para ser puesta a disposición de la autoridad central que tiene a su cargo el resguardo de la infraestructura crítica del Estado, pero principalmente el bienestar de todas las personas que habitamos el país.
Un país que está en vías de desarrollo no puede descuidar algo tan importante como su inteligencia, para poder perseguir situaciones que están fuera de toda norma, como lo son el narcotráfico y, por qué no decirlo, los crímenes tan violentos que han ocurrido en La Araucanía y las situaciones de atentados terroristas.
Espero que este proyecto de ley sea un aporte en ese sentido.
Sabemos que es perfectible, que existen muchas cosas por mejorar y que es un inicio, pero también es una buena noticia. Porque muchos han señalado que la historia de Chile tiene episodios amargos con relación a la inteligencia. Y un ejemplo muy cercano es la Operación Huracán, una situación que nos volvió a fojas cero en La Araucanía con relación a la persecución de delitos. Y se vuelve a dejar en tela de juicio a la institucionalidad pública respecto a la persecución del crimen.
En tal sentido, espero que esto nos ayude a reunir información, a coordinar los servicios relacionados y a enviar una señal clara a quienes hoy día están en el otro lado de la vereda para prevenir la ocurrencia de este tipo de situaciones; y que, de una vez por todas, estos casi trescientos atentados terroristas que hubo en la Región de La Araucanía puedan tener, por lo menos, un 50 por ciento de culpables. Porque un 5 por ciento en un universo de trescientos de verdad es un porcentaje muy bajo. Y claramente no basta con incorporar una cantidad gigantesca de carabineros en el territorio: lo que se requiere es inteligencia.
Respaldaré el proyecto y espero que entre todos podamos mejorarlo.
El señor COLOMA.- Señor Presidente, me gustaría aportar al debate información sobre el contexto en el que se da este proyecto, que fortalece y moderniza el Sistema de Inteligencia del Estado.
A principios del año pasado, cuando recién asumió el Gobierno del Presidente Piñera, se planteó la necesidad de generar un acuerdo nacional respecto de materias vinculadas a la seguridad.
Ese fue el origen de la iniciativa y lo que de alguna manera motivó a que distintos sectores -aquí hay varios que estuvieron en ese acuerdo- nos reuniéramos por un período largo de tiempo -me refiero al Gobierno, las policías, el Parlamento, los municipios, los expertos- para tratar de asumir, con un sentido de grandeza, los temas relacionados con la seguridad. Ese era el gran "paraguas" -por así decir- con el que se fue enfrentando y abordando esta dinámica.
Recuerdo bien que se partió por un tema muy sensible, que hoy está contenido en distintos proyectos y que tiene que ver con cómo se modernizan las policías, lo cual parecía ser un elemento central cuando se hablaba de la seguridad.
Asociado a ello, rápidamente se incorporó el concepto de "transparencia" respecto de todo lo que ocurre en esta materia, particularmente en el caso de las policías.
Se abordó el control de armas como un elemento central, a la luz de antecedentes que evidencian que en Chile existen armas ilegales o hechizas, o no inscritas. Y ello ha sido un elemento explosivo en materia de la violencia que se ejerce en los actos delictuales.
Y se aportó el rol del fortalecimiento de los municipios en la acción pública para enfrentar las problemáticas relacionadas con la seguridad. Pero al final se consideró un elemento central -y recuerdo bien cómo surgió- en cualquier esfuerzo serio que debía hacer un país respecto de la seguridad: cómo se usaba el Sistema de Inteligencia.
Por lo menos para mí, ese tema se abordó de forma incipiente y después, de alguna manera, fue invadiendo todo el campo de acción respecto de entender que si algunos países no tienen sistemas modernos de inteligencia, no solo en cuanto a seguridad interna, sino también externa, con elementos que nunca nadie habría supuesto, pueden quedar en jaque.
Entonces, es mejor contar con esos sistemas que no contar con ellos.
Uno no saca mucho con tener una policía modernizada, con actos de transparencia claros, con municipios realmente incorporados a la lucha en favor de la seguridad, o con un sistema de control de armas mucho más eficiente si no aglutina estos elementos en un buen sistema de inteligencia. Los ejemplos de países que afrontaron algunos de los temas iniciales sin abordar lo relativo a la inteligencia muestran que esos esfuerzos son completamente marginales.
Por tanto, recuerdo que de ahí nace este propósito de incorporar tales elementos. Afortunadamente, había muchos estudios al respecto. Y fueron surgiendo ideas que hoy día se hallan plasmadas en la iniciativa. Obviamente, se pueden mejorar, pero estamos hablando de un Consejo Asesor de Inteligencia y estamos incorporando organismos que no se hallaban integrados al Sistema de Inteligencia, como Impuestos Internos, el Servicio de Aduanas, Gendarmería (institución clave en lo que pueda hacer respecto de la seguridad interna del país). El que antes no se consideraran era una debilidad.
Que no existiera una Estrategia Nacional de Inteligencia era, también, un problema muy severo. Uno se sorprende de que no haya existido, después de un largo período, algo tan importante.
Se genera, también, un marco de responsabilidades para quienes componen el Sistema de Inteligencia.
Entonces, señor Presidente, en este breve tiempo de que dispongo deseo valorar todo lo que representa el proyecto de ley en análisis. No quiero dar las razones que siempre pueden existir para decir: "Me interesa que en la discusión particular...". No. Yo deseo que valoremos el tremendo esfuerzo que significa construir esto entre todos, porque se trata de políticas de Estado a larguísimo plazo. Aquí no estamos hablando de que son para este Gobierno ni para el otro ni para el subsiguiente. Se trata de ver si somos capaces de crear un sistema que de alguna manera remeza y exprese todo el potencial que tenemos en esta materia.
Por eso, valoro esta iniciativa, la subrayo, y me alegro de que estemos al fin discutiendo un tema tan relevante para el futuro de Chile.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- No hay más inscritos para intervenir.
--Se aprueba en general el proyecto (34 votos a favor), dejándose constancia de que se cumple con el quorum constitucional exigido, y se fija el 27 de mayo como plazo para presentar indicaciones.
Votaron las señoras Allende, Aravena, Ebensperger, Goic, Muñoz, Órdenes, Rincón y Van Rysselberghe y señores Allamand, Araya, Bianchi, Castro, Chahuán, Coloma, De Urresti, Durana, Elizalde, Galilea, García, Girardi, Harboe, Huenchumilla, Insulza, Kast, Latorre, Letelier, Moreira, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prohens, Pugh, Quinteros y Soria.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Se deja constancia de la intención de voto favorable de la Senadora señora Provoste y del Senador señor Navarro.
Tiene la palabra el señor Ministro de Defensa Nacional.
El señor ESPINA (Ministro de Defensa Nacional).- Señor Presidente, en primer lugar, quiero agradecer muy sinceramente a todos los señores Senadores y señoras Senadoras, porque he tomado nota atentamente de las sugerencias que han formulado para mejorar y perfeccionar este proyecto; y también, muy especialmente, a los integrantes de las Comisiones de Defensa Nacional y de Seguridad Pública, los Senadores Allamand, Araya, Bianchi, Elizalde, Harboe, Huenchumilla, Insulza, Pérez Varela y Pugh, quienes conocieron este proyecto durante su tramitación y lo aprobaron en general.
Yo tengo ciertas convicciones que quisiera transmitirles, comenzando por una afirmación: este proyecto contiene materias que deben ser abordadas como una política de Estado. Por lo tanto, que los señores Senadores ayuden a su perfeccionamiento es fundamental. Eso nos va a permitir tener una iniciativa que cubrirá las actuales deficiencias que presentan las normas que rigen todo el funcionamiento del área de la inteligencia en nuestro país.
El mundo ha cambiado en muchas cosas, pero si en algo ha cambiado durante el último tiempo, y en forma vertiginosa, es en que el instrumento principal y cada vez más complejo para defender la seguridad externa, en el ámbito de las Fuerzas Armadas, o el orden público, en el de Carabineros e Investigaciones, es el buen uso de la inteligencia.
Ahí está la clave en la modernización de los sistemas de control del orden público, que corresponde a las policías, y de resguardo de la soberanía y la integridad territorial, que incumbe a las Fuerzas Armadas.
Por lo tanto, tener un diseño con la capacidad de obtener la información que se requiere y, sobre todo -como decían el Senador Huenchumilla y el Senador Harboe-, de analizar esa información para proporcionársela a las autoridades civiles que toman las decisiones en la conducción del país es, realmente, fundamental.
La inteligencia no consiste solo en recibir información, que cada vez más proviene de fuentes abiertas -como indicaba un señor Senador-, sino también en tener analistas que sean capaces de tomar esta información, hacer un buen análisis de ella y obtener conclusiones para poder prevenir hechos que puedan afectar gravemente en los ámbitos externo o interno de un país, o, como se manifestó, para reaccionar frente a esos hechos.
Por lo tanto, debo señalar que este es un proyecto al que el Gobierno le da la mayor importancia, pues constituye un cambio de fondo en nuestra legislación, que está profundamente atrasada. Si la modernizamos, lograremos avanzar en dar altos grados de tranquilidad en materia de orden público interno, que corresponde a las policías; y de seguridad, al mantener nuestra capacidad de disuasión, a cargo de nuestras Fuerzas Armadas, en cuanto al resguardo de la patria, de la soberanía y de la integridad territorial.
Por esas consideraciones, señor Presidente, quiero agradecer sinceramente los puntos que se han indicado -he anotado cada uno de ellos- y pedir que este proyecto se apruebe de la manera más expedita posible, porque los déficits que existen en esta materia -uno los conoce, yo fui Senador y ahora veo lo que ocurre desde el lado del Ministerio de Defensa-, a pesar de que las Fuerzas Armadas chilenas tienen una inteligencia de alto nivel, requieren con urgencia una normativa que permita flexibilizar y actuar siempre dentro del marco de la ley y con respeto irrestricto de los derechos humanos.
Así que agradezco esta votación, señor Presidente, y esperaremos el análisis en particular del proyecto.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Gracias, señor Ministro.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el Código de Procedimiento Civil para eliminar privilegios procesales en favor de autoridades eclesiásticas, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Sesión 10ª, en 16 de abril de 2019 (queda pendiente su votación).
La señora BELMAR (Secretaria General subrogante).- Cabe recordar que la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento discutió este proyecto en general y en particular, en atención a lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento de la Corporación, y que lo aprobó por la unanimidad de sus miembros en los mismos términos en que fue despachado por la Cámara de Diputados.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Este proyecto se comenzó a discutir en una sesión anterior. En ese momento no hubo más inscritos para intervenir, por lo que correspondería ponerlo en votación.
Pero se ha inscrito el Senador señor Navarro.
Señor Presidente, quiero señalar que este proyecto es oportuno, necesario y urgente. Claramente, no puede haber dos tipos de justicia. Nadie puede eximirse de sus responsabilidades frente a delitos cometidos.
Recuerdo a la Sala, aprovechando que está aquí el Diputado Saffirio, autor de esta moción, que el 17 de mayo del 2010 ingresé un proyecto que buscaba un objetivo similar: establecer que ninguna autoridad religiosa puede estar sobre la ley y que los delitos de abuso sexual contra niños no deben ser denunciados a la misma orden a la que pertenecen quienes los cometieron.
La Constitución dispone que ninguna autoridad puede atribuirse más funciones que las que expresamente ella le hubiera conferido.
Así que parece absurdo y terrible que, habiendo delitos calificados, como el abuso sexual en contra de niños, aquellos tengan que ser denunciados a la orden eclesiástica y no a la Fiscalía o a la autoridad competente.
¡Tiene que haber igual una orden!
Yo he cuestionado y criticado la creación de la oficina vaticana. En efecto, el Vaticano es un Estado y crea una oficina en Chile para que los delitos más perversos en contra de los niños sean denunciados ¡a esta entidad privada! y no a la autoridad que corresponde; o sea, a la Fiscalía, a Carabineros, a la Policía de Investigaciones; en definitiva, a los tribunales de justicia.
A mi juicio, el proyecto va en la línea correcta y es muy necesario.
El Estado se separó de la Iglesia por allá por el 25.
La iniciativa está en segundo trámite constitucional, pero no sé si habrá posibilidad de presentar indicaciones, señor Presidente.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Es importante aclarar que hay dos proyectos en esta materia analizándose en paralelo.
Sugiero que el Presidente de la Comisión de Constitución, Senador señor Harboe, quien intervendrá después de Su Señoría, informe sobre el estado de la tramitación.
El señor NAVARRO.- Quiero escuchar al Presidente del órgano técnico.
La iniciativa que he mencionado, de mi autoría, va en la línea que he señalado, y creo que es importante su consideración, particularmente lo relativo a la denuncia: no puede una entidad privada, y, más aún, representante de otro Estado, recibir denuncias penales por delitos de la gravedad que conocemos. No hay garantía de que esas acusaciones vayan a llegar a manos de la justicia.
Ese ha sido mi punto de vista durante el último año.
A mi juicio, en ese sentido avanzamos con este proyecto de ley.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- A continuación, está inscrito el Senador señor Coloma, pero propongo darle la palabra primero al Senador señor Harboe, Presidente de la Comisión de Constitución.
El señor COLOMA.- Si me permite, señor Presidente, quiero explicar un punto brevemente.
El señor COLOMA.- Señor Presidente, la historia de la ley es para fijar el marco del proyecto.
Con todo el respeto que me merece el Senador que me antecedió en el uso de la palabra -discrepamos respetuosamente en muchas cosas, pero aquí estamos hablando no acerca del contenido, sino sobre hechos-, hago presente que esta iniciativa no tiene que ver con la responsabilidad de los eclesiásticos. Lo único que se busca es precisar dónde deben declarar.
Se propone derogar la excepción de comparecencia de autoridades eclesiásticas en su calidad de testigos y absolventes en los tribunales.
En el fondo, la ley vigente señala que esas personas no están obligadas a comparecer en el tribunal, sino que se les fija un domicilio a ese efecto.
Entiendo el criterio expresado por el señor Senador, pero hace referencia a otro proyecto.
Volviendo a la iniciativa que nos ocupa, creo que es razonable. Establece el término de una excepción, la cual, a la luz de los antecedentes que se han planteado, no parece tener mucha justificación.
Pero la propuesta es básicamente de carácter procesal. Es lo que quiero decir. No tiene que ver con una figura penal o con la responsabilidad de las congregaciones, sino con un tema procesal: cómo comparecen de autoridades eclesiásticas ante los tribunales.
Estimé importante hacer esa aclaración, señor Presidente, porque creo que es lo que corresponde.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- A continuación, tiene la palabra el Senador señor Harboe, en su condición de Presidente de la Comisión de Constitución.
El señor HARBOE.- Señor Presidente, este proyecto...
El señor MOREIRA.- ¡Abra la votación, señor Presidente!
El señor HARBOE.- Están pidiendo la apertura de la votación. Yo no tengo problemas, señor Presidente.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Después.
El señor HARBOE.- Bueno.
Señor Presidente, este proyecto se analizó en la Comisión de Constitución e inició su discusión en la Sala en la sesión anterior.
Cabe recordar -a algunas personas se les puede olvidar- que la iniciativa en estudio, originada en una moción del Diputado Saffirio, quien se encuentra con nosotros hoy día acá, busca poner fin a un privilegio procesal de ciertas autoridades eclesiásticas en materia civil.
Hoy gozan de ese privilegio los arzobispos, los obispos, los vicarios generales, los provisores, los vicarios y provicarios capitulares, los párrocos, dentro del territorio de la parroquia a su cargo y los religiosos, incluidos los novicios.
Ellos, de acuerdo al artículo 361 del Código de Procedimiento Civil, quedan eximidos de tener que concurrir a la sede del tribunal civil. Y se les establece la facultad de fijar un domicilio dentro del territorio jurisdiccional del tribunal.
Ese es el primer privilegio.
El segundo consiste en lo mismo, pero dice relación con la confesión en juicio.
El artículo 389 del Libro Segundo, Título XI, párrafo 4, del Código de Procedimiento Civil señala que se encuentran exentos de comparecer ante el tribunal a prestar declaración las mismas autoridades eclesiásticas.
La moción plantea dar por finalizado este privilegio, para que esas personas concurran, como cualquier ciudadano, a prestar declaración en el tribunal civil.
Es importante señalar eso para que no haya confusión.
El proyecto no se mete en temas penales. ¿Por qué? Porque dichas autoridades hoy día no tienen tales exenciones en materia penal: en tal caso deben concurrir.
Lo segundo -también resulta relevante- es que el mismo mocionante, el Diputado Saffirio, presentó otra iniciativa, que está actualmente en tramitación en la Comisión de Constitución, que se suma a la del Senador Navarro, respecto de las denuncias.
La moción del Diputado Saffirio busca eliminar este mismo privilegio a otras autoridades. Se trata, como indica el mismo Código, de "los Senadores y Diputados, los Subsecretarios; los Delegados Presidenciales Regionales, Delegados Presidenciales Provinciales y los Alcaldes, dentro del territorio de su jurisdicción; los jefes superiores de Servicios, los miembros de la Corte Suprema o de alguna Corte de Apelaciones, los Fiscales Judiciales de estos Tribunales, los Jueces Letrados, el Fiscal Nacional y los fiscales regionales; los Oficiales Generales en servicio activo o en retiro, los Oficiales Superiores y los Oficiales Jefes" de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad.
La idea es terminar con estos privilegios para todas las autoridades, con el fin de que todos tengamos que concurrir, como corresponde, al oficio del tribunal civil cuando seamos debidamente requeridos.
En consecuencia, el proyecto que estamos votando ahora solo se circunscribe a las autoridades eclesiásticas, en razón de que la otra iniciativa se envió en consulta previa a la Excelentísima Corte Suprema, porque involucra a miembros del Poder Judicial. De acuerdo con la Ley Orgánica Constitucional del Congreso, tenemos la obligación de solicitar su pronunciamiento antes de cualquier tipo de aprobación al respecto.
Creo que esta propuesta legislativa es un avance importante, pues avanza en la lógica de la igualdad ante la ley en materia procesal.
A mi juicio, también es relevante mirar en algún minuto lo que ocurre con ciertos privilegios de algunos representantes de iglesias evangélicas. Lo digo porque, a propósito de situaciones procesales que han tenido que vivir algunos pastores, se ha producido una discusión en tribunales: no es lo mismo ser religioso de la Iglesia católica, que tiene personalidad jurídica de derecho público y es conocida, a que aparezca un señor que se autodenomina "pastor", no siéndolo, e invoca un privilegio procesal.
Es importante hacerse cargo de esa realidad.
No se intenta discriminar negativamente, sino, más bien, establecer el principio de igualdad, para que todas las personas tengan la misma obligación de concurrir ante el tribunal civil en caso de algún tipo de demanda.
Señor Presidente, voy a votar favorablemente.
Felicito al autor de la moción, porque creo que avanza en la línea correcta de ir terminando con ciertos privilegios.
A propósito de lo mismo, se ha discutido mucho respecto del fuero parlamentario, de cuál es el rol que juega este en materia de acciones penales. La verdad es que se está dando esa discusión. Hay proyectos de ley que buscan eliminar tal privilegio.
Haciendo el símil con lo que está ocurriendo hoy día, no olvidemos otro privilegio: la querella de capítulos, que es el procedimiento previo que se requiere para enjuiciar a un miembro del Poder Judicial.
En consecuencia, cuando uno analiza los privilegios, debería verlos en su conjunto a efectos de terminar con ellos y establecer la igualdad de condiciones para todas las autoridades, igual que los ciudadanos.
Por esas consideraciones, señor Presidente, voy a votar a favor de esta iniciativa.
El señor MOREIRA.- Señor Presidente, ¿podría abrir la votación?
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Nos han solicitado la apertura de la votación.
La señora ALLENDE.- Señor Presidente, como se ha explicado muy bien -además, nos acompaña el Diputado Saffirio, autor de esta moción-, lo que da origen al proyecto de ley que en este momento estamos votando es el Código de Procedimiento Civil.
Se destaca la regla general en el procedimiento civil, mediante el cual toda persona debiera testificar ante un tribunal. Sin perjuicio de lo anterior, determinadas autoridades, supuestamente en razón de su cargo o función pública, quedan exentas de comparecer ante el tribunal civil.
Ya sabemos que están eximidas el Presidente de la República, los Ministros de Estado, las principales autoridades de gobierno, incluso los alcaldes, etcétera.
Aquí el objetivo de la iniciativa, que se aprobó en la Cámara de Diputados, es -como se ha explicado- privar al arzobispo, a los obispos, a los vicarios generales, a los provisores, a los vicarios y provicarios capitulares, a los párrocos, dentro del territorio de la parroquia a su cargo, y a los religiosos, incluidos los novicios, del privilegio procesal de declarar en el domicilio que fijen dentro del territorio jurisdiccional del tribunal.
Es muy importante que demos un paso en la dirección señalada. Estamos en pleno siglo XXI y creemos que no existe razón ni justificación alguna para que los miembros del clero mantengan el privilegio procesal del que estamos discutiendo ahora, menos aún en un Estado laico, como es hoy día el de nuestro país.
Obviamente, estos son rezagos legales de otros tiempos. Basta recordar que nuestro Código de Procedimiento Civil fue dictado en 1902. En esa época aún vivíamos en un Estado confesional, donde claramente no había una separación de la Iglesia.
Hay que recordar también que veinte años después de su publicación se dictaron las leyes laicas, durante el Gobierno del Presidente Santa María, que causaron gran polémica en su momento. Una de ellas decía relación con los cementerios laicos, ya que en esa época solo podían enterrarse a católicos en dichos espacios.
Además, se le pudo quitar a la Iglesia el monopolio para celebrar matrimonios y llevar a cabo registros.
Pese a que en el año 1925 la Constitución Política estableció la separación de la Iglesia del Estado, al reconocer la libertad de conciencia y el ejercicio de los cultos, la verdad es que la influencia de la Iglesia dentro del debate público continuó siendo muy importante, como si fuera una institución más del Estado.
Ello implicó, en mi mirada, señor Presidente, el retraso de importantes reformas.
Por ejemplo, quienes fuimos autores de la moción sobre el divorcio no podemos olvidar los ataques que recibimos y las declaraciones que hicieron distintos personeros, quienes nos decían que estábamos terminando con la familia y nos calificaban de "divorcistas", en fin. No fue fácil. Obviamente, esas personas tenían todo el derecho a expresar su opinión, pero tal influencia fue muy evidente, incluso llamaron directamente a los parlamentarios a votar en contra de la referida iniciativa. A mi juicio, siempre debemos votar en conciencia, de acuerdo a nuestras convicciones y creencias, y nunca olvidar que legislamos para el bien público.
Por ello, me parece importante esta reforma. Aunque pequeña, es simbólica: las autoridades eclesiásticas deben testificar y confesar en un procedimiento civil como cualquier otro ciudadano, y no solo en su domicilio.
En ese sentido, señor Presidente, quiero manifestar mi voto a favor.
Esto representa un pequeño pero necesario paso para establecer la igualdad ante la ley.
Sin embargo, si fuéramos consecuentes con la separación de la Iglesia del Estado, deberíamos avanzar en una serie de otros ámbitos distintos del proyecto que estamos discutiendo. Por lo mismo, no voy a entrar en esa materia.
Claramente, es necesario empujar diversas reformas laicas que garanticen, de verdad, la libertad de culto y conciencia para todos los ciudadanos, que creo que es de la esencia de cualquier sistema democrático.
No se trata de perseguir o impedir las expresiones u opiniones que emitan las diferentes iglesias, sino de dar igualdad de condiciones a todos los credos en nuestro país, incluidos también los agnósticos. Queremos que no haya un trato distinto. A mi modo de ver, muchas veces esas diferencias se deben a privilegios que se arrastran desde una época ya bastante pasada. A estas alturas, debiéramos ir dejando atrás un Código de Procedimiento Civil que fue dictado en 1902.
Solo deseo valorar la iniciativa del Diputado Saffirio y agradecer al Senador Harboe su explicación en detalle, que permitió entender también que existe otro proyecto que va a asegurar la disminución de privilegios, que es, en mi opinión, lo que la ciudadanía justamente espera de nosotros: que los privilegios no existan.
Entendemos que hay cargos, como el de Presidente de la República, entre otras altas autoridades, que evidentemente son de complejidad a la hora de ir a declarar a un tribunal. Pero los Senadores y Diputados, al igual que otros servidores públicos, podemos perfectamente dejar de asistir a una sesión o a una Comisión para atender temas que no son tan complejos, como los de naturaleza judicial.
Yo celebro esta iniciativa y, sobre todo, espero que pronto discutamos el resto de las propuestas para eliminar los demás privilegios en este ámbito. Son pequeños proyectos, pero grandes señales para la ciudadanía.
La señora ÓRDENES.- Señor Presidente, el Código de Procedimiento Civil hace referencia claramente, a lo menos, a dos tipos de privilegios para autoridades eclesiásticas.
Primero, el artículo 361 les otorga la posibilidad de prestar declaración judicial en sus domicilios, en vez de acudir al tribunal y, segundo, el artículo 389 los exime de comparecer ante tribunales de justicia a prestar declaración en juicio.
Estas normas tienen su origen en el año 1903, cuando nuestro país tenía otro panorama político y social. Además, debemos tomar en cuenta que desde 1925 -casi cien años-, con la Constitución respectiva, la Iglesia se separó del Estado. A la fecha, Chile es un Estado laico. Por tanto, debemos adoptar una actitud neutral en materia religiosa y respetar, entre otras cosas, la libertad de conciencia de quienes conformamos el territorio nacional.
Considero que esas disposiciones son absolutamente anacrónicas en los tiempos actuales.
Quiero felicitar y reconocer el trabajo del Diputado Saffirio, porque requeríamos un nuevo marco de referencia que garantice el principio de igualdad ante la ley para todos los habitantes de nuestro territorio.
Creo que terminar con privilegios también es una buena señal para los tiempos que corren.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Por último, tiene la palabra el Senador señor Moreira.
El señor MOREIRA.- Señor Presidente, seré muy breve, pues no deseo repetir lo que ya se ha dicho.
En realidad, los privilegios cada día son menos, porque los que puedan tener algunas autoridades políticas o eclesiásticas, entre otras, que estén protegidos por ley, la verdad es que hoy día no sirven de nada.
Pero está muy bien el sentido de este proyecto de ley, y voy a votarlo a favor.
¿Por qué? Porque hoy día todo se sabe.
Probablemente, en el pasado ocurrían esas situaciones: declarar en un lugar determinado, cuidadosamente, poco menos que en secreto. Ahora eso ya no corre. Los tiempos han cambiado. ¡Todo se sabe! Está Twitter; están los medios de comunicaciones.
Yo mismo, cuando tuve alguna dificultad, nunca me amparé en una disposición de esa naturaleza para que me fueran a tomar una declaración privadamente. ¡Yo iba y daba la cara!
Por eso me parece importante este avance.
Obviamente, esta propuesta se origina -digamos las cosas como son- principalmente por los hechos que han ocurrido en la Iglesia católica y por todo lo que se conoce sobre los abusos. En verdad, la Izquierda, la Derecha, el Centro, todos vamos a coincidir en que este tipo de delitos, de los cuales están acusados algunos sacerdotes, no tiene perdón de Dios.
En virtud de lo señalado anteriormente, compartimos la idea que llevó adelante el Diputado Saffirio, y considero que en forma transversal -por no decir "todos"- vamos a votar a favor de este proyecto de ley.
--Se aprueba en general la iniciativa (25 votos a favor y 2 pareos) y, por no haberse presentado indicaciones, queda aprobada también en particular y despachada en este trámite.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Ebensperger, Muñoz, Órdenes, Provoste, Rincón y Van Rysselberghe y los señores Castro, Chahuán, De Urresti, Durana, Harboe, Huenchumilla, Insulza, Kast, Lagos, Latorre, Letelier, Moreira, Navarro, Pérez Varela, Pizarro, Prohens y Soria.
No votaron, por estar pareados, los señores Coloma y Ossandón.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Se deja constancia de la intención de voto favorable de los Senadores señores Elizalde y Quinteros.
Quiero felicitar al Diputado señor René Saffirio, autor de la moción, quien ha estado presente en la discusión del proyecto.
El señor DE URRESTI (Vicepresident
e).- Me ha pedido la palabra el Senador señor Kast.
El señor KAST.- Señor Presidente, quiero solicitar a la Sala que el proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Protección a la Niñez, hoy en la Comisión Especial de Infancia, pueda ser visto allí en general y en particular. Es una iniciativa de mucha urgencia, pues Sus Señorías saben lo importante que es avanzar rápido en reemplazar al Sename.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la Ley General de Educación y la ley sobre subvención del Estado a establecimientos educacionales en el sentido de prohibir que se condicione la permanencia de estudiantes al consumo de medicamentos para tratar trastornos de conducta, con informe de la Comisión de Educación y Cultura.
Sesión 10ª, en 16 de abril de 2019 (queda para segunda discusión en general).
La señora BELMAR (Secretaria General subrogante).- Cabe recordar que la Comisión de Educación y Cultura discutió la iniciativa en general y en particular, en virtud del acuerdo adoptado por los Comités con fecha 8 de enero del presente año; aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros, Senadores señoras Provoste y Von Baer y señores García, Latorre y Quintana, y despachó en particular el proyecto con las votaciones y enmiendas que consigna en su informe.
Se hace presente que el artículo único propuesto por la Comisión es de rango orgánico constitucional y requiere para su aprobación de 23 votos favorables.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Me ha solicitado la palabra la Senadora señora Rincón.
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, en la Comisión Especial de Infancia, que presido, todos los Senadores y el Ejecutivo adoptamos el acuerdo de ver en general el proyecto que crea el Servicio de Protección a la Niñez y votarlo en general el 20 de mayo, para luego comenzar su discusión particular. Por lo tanto, no entiendo la solicitud de mi colega el Senador Kast, quien ha ido a las sesiones de la Comisión y ha participado en el debate, en orden a discutirlo en general y en particular.
Por eso, pido reconsiderar la decisión adoptada por la Sala hace unos momentos, a la cual no me pude oponer porque me encontraba fuera de la Sala y no alcancé a llegar.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Kast.
El señor KAST.- Señor Presidente, me extraña lo que dice la Presidenta de la Comisión, siendo que la misma petición la planteé en ese organismo y hubo un solo Senador que se opuso.
Claramente, estamos frente a un proyecto de urgencia nacional que perfectamente se puede aprobar en general y en particular en la Comisión, tal como se ha hecho con otros tan apremiantes como este. Eso ahorra que la iniciativa deba venir a la Sala y después volver a la Comisión.
Sabemos la cantidad de proyectos que tenemos y, en consecuencia, pido mantener el acuerdo adoptado sobre el particular.
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, esto está conversado con el Ejecutivo. No hay un problema de tiempo. Estamos viendo el proyecto, escuchando a expertos, y el 20 de mayo se vota en general para luego empezar la discusión particular. Con la solicitud del Senador Kast únicamente vamos a dilatar su aprobación general y particular, porque tendremos que alargar las sesiones.
Es solo un tema de procedimiento.
Por lo tanto, pido revocar el acuerdo. Yo no alcancé a llegar a la Sala. Sin embargo, escuché lo que se estaba planteando y traté de llegar a tiempo, pero usted, señor Presidente, justo tocó la campana y no me pude oponer a lo que estaba pidiendo el Senador Kast.
Es -repito- un tema de procedimiento y no de urgencia. Si queremos que la iniciativa sea tratada en general y en particular por la Comisión, la idea de legislar no se podrá votar antes del 20 de mayo, pues tendremos que dilatar la votación para enfrentar los períodos de indicaciones y de adecuaciones a cada uno de los artículos.
Creo que estamos trabajando bien en la Comisión, con el Ejecutivo, y existe consenso en cuanto a la necesidad de legislar sobre la materia. Ese no es el punto. Lo que queremos, obviamente, es hacerlo bien, porque estamos hablando de los niños. Como Presidenta de esa instancia, soy la más interesada en que el proyecto salga.
Termino, señor Presidente, reiterando que solo se trata de un asunto de procedimiento.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Solicito un poco de capacidad de entendimiento.
El Senador Kast hizo una solicitud formal. Eso hay que aclararlo, Senadora Rincón.
Me parece inadecuado generar este debate respecto de algo que nos convoca a todos. No debiera ser materia de la Sala propiamente tal.
Claramente, hay dos posiciones que son antagónicas.
Le voy a dar la palabra al Senador Kast, para luego tomar una decisión sobre cómo vamos a obrar. Pero, sin emitir mi opinión previamente, insisto en que peticiones de este tipo deben ser planteadas formalmente por las Comisiones y no simplemente por determinada situación.
En este caso, hemos accedido de buena fe. Sin embargo, esta Mesa va a instar para que exista una tramitación adecuada, ecuánime, participativa y acordada, y no como la que estamos observando en esta oportunidad.
El señor KAST.- Señor Presidente, primero quiero resaltar que por reglamento tenía el derecho, como Senador, de efectuar la solicitud que formulé hace un rato y que ya se aprobó. Por lo tanto, no estoy haciendo una improvisación.
Segundo, hablé el asunto en la Comisión y hubo un solo Senador que se opuso, sin dar ninguna explicación.
Tercero, el Ejecutivo sí quiere que el proyecto sea tratado en general y en particular, porque lo he conversado con sus representantes.
Cuarto, el acuerdo ya adoptado no cambia en lo más mínimo las fechas de trabajo que se han establecido. No impide que la iniciativa sea votada el 20 de mayo, tal como estaba convenido.
Por consiguiente, no veo ningún problema para que el proyecto sea visto en general y en particular por la Comisión. Es más, ello impide que tenga que venir a la Sala y luego volver a la Comisión, pues también se podría votar en general y en particular en la Sala.
Por lo tanto, señor Presidente, le pido mantener el acuerdo y, adicionalmente, ojalá entender que, por desgracia, no se han cumplido muchas de las urgencias. Comprendo que se quiera hacer una buena legislación, y no me opongo a ello, pero aquí lo único que estamos pidiendo es acortar el trámite, de forma tal que, respetando la discusión que soberanamente se debe dar en la Comisión, se considere la angustia y la indignación que hoy día genera la tardanza y la demora del Congreso para despachar las iniciativas relacionadas con la infancia.
Por eso, ojalá que este proyecto lo podamos elaborar bien y aprobarlo en forma oportuna.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Honorable colega, la Senadora Rincón se ha acercado a la testera para solicitarme formalmente reconsiderar la decisión. Insisto: no corresponde a la Mesa abrir un debate. Sin embargo, la Presidenta de la Comisión de Infancia está realizando una petición diametralmente distinta de la que usted plantea.
La Mesa no está en conocimiento preciso de la tramitación del proyecto y no es la encargada de llevar su discusión, pero yo me veo en la necesidad de efectuar una votación porque la está pidiendo la Presidenta de la Comisión afectada.
El señor Senador hizo un planteamiento, se adoptó un acuerdo al respecto. No obstante, la Secretaría me informa que la Sala puede reconsiderar su decisión.
Por lo tanto, en votación.
El señor KAST.- ¿Qué se está votando, señor Presidente? ¿Me puede explicar?
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Se vota la revocación del acuerdo adoptado hace unos minutos respecto de la fusión de la votación en general y en particular del proyecto.
Quienes votan que sí son partidarios de mantener el acuerdo; quienes votan que no quieren que la situación se mantenga tal como estaba al comienzo.
La señora RINCÓN.- ¿Cuál fue el acuerdo?
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Le voy a dar la palabra a la señora Secretaria General.
La señora BELMAR (Secretaria General subrogante).- Quienes votan que sí están a favor de mantener la discusión general del proyecto; quienes votan que no quieren que este sea votado en general y en particular.
La señora ARAVENA.- Señor Presidente, puede que esté fuera de todo protocolo, pero a mí me parece muy complejo que nosotros tengamos que decidir por una Comisión. De verdad, considero poco ético que debamos tomar una decisión de este tipo.
Yo no estoy en la Comisión Especial de Infancia; aquí hay algunos colegas que son miembros de dicho organismo; no sé si lo será solo la Senadora Rincón, pero creo que votar y tomar una decisión por una Comisión no es adecuado. A mí no me gustaría que la Asamblea tomara decisiones por mis Comisiones. No estoy de acuerdo en votar, señor Presidente.
La señora ALLENDE.- Señor Presidente, fui parte de la Comisión Especial de Infancia; ahora ya no lo soy como miembro titular, pero quiero decir algo.
Es muy complejo -en eso tiene razón la Senadora Carmen Gloria Aravena, que acaba de intervenir- que nosotros votemos aquí algo que, entiendo, fue un acuerdo de la Comisión. Si sus integrantes resolvieron en determinado sentido, pienso que la Sala debe respetar esa decisión. Por alguna razón la habrán tomado.
Me parece un poco arbitrario que nosotros procedamos a votar, no solo porque se debe respetar el acuerdo adoptado por una Comisión, sino porque resulta complejo que en el trasfondo se diga -lo escuché cuando venía entrando a la Sala después de haber ido a atender un llamado- que algunos quieren retrasar el proyecto, que no están preocupados por los niños, que no quieren avanzar en la discusión, porque eso significa adjudicar, a algunos integrantes de la Comisión o incluso a algunos miembros del Senado que no votan para que haya inmediatamente una discusión general y particular, una intencionalidad que no corresponde. Nadie en esta Sala está por retrasar o no preocuparse de los temas de infancia.
Si la Comisión adoptó un acuerdo, yo me imagino que hubo razones para ello -acá está su Presidenta para que nos las explique-, pero no me parece razonable que aquí se afirme que quienes no están de acuerdo en votar inmediatamente en general y en particular el proyecto tienen la intención de retrasar una iniciativa de esa significación.
Creo que no corresponde que la Sala se pronuncie sobre una materia que ya resolvió la Comisión. Hay que respetar ese acuerdo.
Esa es la impresión que al menos tengo yo, señor Presidente. Y quiero dejar constancia de que, por lo que alcancé a escuchar, no considero apropiado, ni para la Sala ni para los Senadores presentes, rever el acuerdo adoptado por la Comisión.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Señoras y señores Senadores, estamos en votación.
Se ha propuesto la opción "sí", para mantener la discusión general, y la opción "no", para que haya una discusión general y particular.
Me ha pedido la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, quizás los Senadores señora Rincón y señor Kast podrían hacer un esfuerzo para llegar a un acuerdo y evitar la votación. No sería necesario que nos pronunciáramos inmediatamente. Y, si no lo hubiere, procederíamos a votar.
Esa es la petición que hago, señor Presidente, para evitar este debate en la Sala.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Ossandón.
El señor OSSANDÓN.- Señor Presidente, dado que el tema es muy complicado y lo estamos trabajando muy bien, los miembros de la Comisión Especial llegamos a un acuerdo, que era aprobar el proyecto primero en general y luego en particular. Esto, para enriquecer su texto y evitar equivocaciones. Pero ello no significa que estemos en contra de los niños. Todo lo contrario: se trata de hacer bien las cosas.
Ese es el acuerdo que tomamos, estando presentes la Senadora Von Baer, el Senador Montes reemplazando a la Senadora Allende -no sé si sigue él-, y también la Presidenta de la Comisión. Estábamos todos.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, estamos en votación.
Yo voy a votar que sí, para que el proyecto solo sea votado en general, porque se trata de una iniciativa que tiene una importancia tremenda. A quienes les gusta legislar para los medios de comunicación, o para la galería, no entenderán, quizás, lo profundo de este proyecto.
Hoy en día el porcentaje de niños con medicamentos en nuestro país, según indican todos los estudios, está muy por sobre los que se registran en la gran mayoría de los países del mundo. Tenemos un problema de sobremedicación.
Y quienes plantean un criterio...
La señora ALLENDE.- ¡Ese es otro proyecto!
El señor LETELIER.- ¡Disculpen!
En definitiva, soy partidario de votar en general y respetar así la decisión de la Comisión.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Les recuerdo a Sus Señorías que estamos en votación.
El señor KAST.- Señor Presidente, primero quiero explicarle al Senador Letelier que no se trata del proyecto que él mencionó, sino de otro que tiene que ver con el Sename.
Nadie está buscando hacer ninguna legislación a la rápida. Lo que queremos es que respecto de una iniciativa tan sensible como esta, repitiendo lo que se ha hecho en muchas otras ocasiones -me ha tocado aprobar solicitudes similares en innumerables oportunidades-, podamos tener un trámite serio.
Ojalá se hubiesen cumplido las urgencias, cosa que no ocurrió. Y las urgencias también son parte de nuestra Constitución. En el caso del proyecto que reemplaza al Sename por el Servicio de Protección, algunas ya vencieron.
Me parece que uno puede llegar a ciertos acuerdos, pero no se puede decir, sin haber tenido siquiera la delicadeza de leer el Reglamento, que solicitar que un proyecto sea tramitado en general y en particular -algo completamente legítimo- significa legislar a la loca.
Y quiero decir que afirmar que existe un acuerdo de la Comisión sobre el particular es falso. El único que se opuso, cuando planteé la medida, fue el Senador Ossandón. Todos los demás estuvieron de acuerdo, hasta que él se opuso. Después, por supuesto, todos se sumaron, cosa que me parece lamentable.
Por lo tanto, pido que la votación se haga y se haga como corresponde, votando "sí" para mantener el acuerdo que ya adoptó la Sala, o "no", para que no se mantenga, que es como debe procederse según el Reglamento.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Señor Senador, le reitero que la votación ya se abrió en los términos en que la Secretaría ha informado, en que "sí" es para mantener la discusión general, y "no", para realizarla en general y en particular.
Queda un solo inscrito.
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, de verdad lamento lo que ha pasado, porque no representa el ánimo que hay en la Comisión. Allí estamos trabajando muy bien, escuchando al Ejecutivo y a todos quienes tenemos que escuchar en relación con esta materia, que es altamente sensible.
Nadie puede decir que la Comisión Especial ha demorado el proyecto. Por lo tanto, pido que recompongamos el ánimo y el ambiente dentro de un organismo que tiene un objetivo y un mandato: sacar adelante la iniciativa, que es de interés del Gobierno y también de nosotros como Oposición.
En consecuencia, pido a mis colegas que respalden lo acordado por la Comisión, donde todos estábamos en la misma línea. Además, los tiempos ya se hallan fijados: el 20 de mayo para la aprobación general, luego de lo cual debemos empezar a votar rápidamente en particular.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- No habiendo más inscritos, terminada la votación.
--Se revoca el acuerdo anterior de la Sala y el proyecto que crea el Servicio de Protección a la Niñez solo será discutido en general por la Comisión Especial de Infancia (19 votos a favor, uno en contra, una abstención y un pareo).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Ebensperger, Órdenes, Provoste y Rincón y los señores Castro, De Urresti, Durana, Elizalde, Galilea, García, Huenchumilla, Insulza, Latorre, Letelier, Navarro, Ossandón, Pizarro y Pugh.
Votó por la negativa el señor Kast.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Además, se deja constancia de la intención de voto favorable del Senador señor Soria.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Continuamos con el tratamiento del proyecto que prohíbe que se condicione la permanencia de estudiantes al consumo de medicamentos para tratar trastornos de conducta.
La Secretaria General ya hizo la relación.
La señora PROVOSTE.- Señor Presidente, la tramitación de esta iniciativa la iniciamos hace una semana, cuando me tocó rendir el informe correspondiente.
Se trata de una moción parlamentaria cuya autora principal es la Diputada Cristina Girardi, con coautores muy transversales, y que ya fue aprobada por unanimidad tanto por la Cámara de Diputados como por la Comisión de Educación y Cultura del Senado.
Nuestra esperanza era que pudiese estar lista en el mes de marzo, a fin de superar una situación bien dramática y compleja que afecta a muchas familias, tal como lo planteó la propia Superintendencia de Educación, dado que algunos establecimientos educacionales han condicionado la permanencia de estudiantes a determinado consumo de medicamentos.
El Parlamento ya aprobó una disposición similar durante el debate del proyecto de Ley de Nueva Educación Pública. Sin embargo, ella solo rige para los establecimientos que forman parte de un Servicio Local. Entendiendo que la puesta en marcha debe ser gradual, la iniciativa viene a cubrir una necesidad que va más allá de los Servicios Locales, a fin de proteger a todos los estudiantes, de modo que no se condicione su permanencia a la circunstancia mencionada anteriormente.
La semana recién pasada ya recibimos los comentarios de los miembros de la Comisión de Educación, Senadores señores García, Latorre y señora Rincón. Ahora solo queremos reiterar nuestra altísima valoración del trabajo desarrollado en la otra rama del Congreso, encabezado por la Diputada Cristina Girardi, el cual nos permite estar el día de hoy en la segunda discusión de este proyecto de ley.
Termino, señor Presidente, solicitando que abra la votación.
El señor LETELIER.- Por supuesto.
La señora RINCÓN.- Ciertamente.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Acordado, entonces.
La señora EBENSPERGER.- Señor Presidente, quiero manifestar mis felicitaciones a los autores de esta moción parlamentaria, la cual, en mi opinión, va por el camino correcto, en el sentido de establecer que ningún colegio podrá condicionar la incorporación, la asistencia ni la permanencia de los estudiantes a que estos consuman algún tipo de medicamentos para trastornos de conducta tales como déficit atencional o hiperactividad.
Creo que el fundamento de querer contribuir a la calma del ambiente escolar no se condice con el hecho de que se obligue a los menores a tomar cierto tipo de medicamentos.
Soy una convencida de que las únicas personas que tienen la facultad de determinar que los niños tomen o no ciertos medicamentos son sus padres en conjunto con los médicos que estos escojan, y no lo que les imponga un colegio. La obligación de todo colegio es educar, y no les corresponde a ellos ser médicos o dictaminar que un menor tome este u otro remedio.
Considero muy importante, por tanto, la aprobación de este proyecto para resguardar la integridad de los niños y promover, como primera solución, terapias alternativas antes que el uso de cualquier medicamento y frente a algún trastorno que un niño pueda sufrir.
Y vuelvo a decir: esa decisión solo les corresponde a los padres o a quienes tengan la tuición de los niños, en conjunto con el médico que ellos hayan determinado, y en ningún caso puede corresponderles a los establecimientos educacionales.
Dicho lo anterior, voto favorablemente este proyecto.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, ayer era considerado una opción para los niños que se diagnosticaban como inquietos (con pidulles les decían, porque no se estaban tranquilos en sus asientos) el aplicarles Ritalin.
No sé si algún Senador en su infancia era tan inquieto que le aplicaron Ritalin; pero la medicina avanza y ahora está claro, según diferentes estudios nacionales (de la Universidad de Chile y de los doctores Marc Zeise y Bernardo Morales, del Laboratorio de Neurociencias de la Usach) y de diversos centros internacionales, como la Universidad de Princeton, que este medicamento produce un efecto contrario: inhibe el desarrollo cognitivo y, por lo tanto, provoca un aprendizaje menor.
Hay un tema de fondo que no hemos abordado y que esta prevalencia en los niños refleja. Si durante el año 2015 se registraron 78 mil 891 ingresos por atenciones de servicios públicos de salud de niños de cero a 16 años con diagnóstico de trastorno hipercinético, trastorno disocial, trastorno de ansiedad de separación, trastorno del comportamiento, trastorno de ansiedad, trastorno generalizado del desarrollo, ello da cuenta de un hecho que hemos venido repitiendo: que como el Plan Nacional de Salud Mental data del 2001, vamos a cumplir 18 años sin un plan nacional de salud mental.
Y eso no se da solo en los niños, sino también en la actividad laboral. El 40 por ciento de las licencias médicas laborales son por problemas de carácter mental, de cansancio, de estrés, de situaciones traumáticas.
Por tanto, poner como condición de no exigible para que un niño permanezca en clases el consumo de medicamentos, me parece lo más adecuado.
Habrá casos clínicos en que exista una presentación del médico, pero que un establecimiento, sin tener la experticia, ponga como condición un tratamiento farmacéutico o de medicamento, sin importar de qué tipo, no me parece lo más adecuado. Esta es una resolución que tienen que tomar los padres con los especialistas médicos, no el colegio y a la luz de estos antecedentes.
Siempre pensé que cuando se daba Ritalin a los niños se los calmaba para poder impartir la clase más tranquilo. Pero hoy día, claramente, no es la idea hacer la clase más tranquilo sino preocuparse por la salud integral del niño y las condiciones básicas que este deba tener, y no inhibirlo mediante un producto farmacéutico.
Yo creo que el proyecto está muy bien orientado, señor Presidente, y debiéramos tener un diagnóstico mucho más veraz y sincero, porque el informe señala claramente que el número de casos aumentó de 77 mil, el año 2011, a 192 mil, el año 2014. Se trata de un crecimiento extraordinario. Y, como el trastorno de déficit atencional era causal de subvención de necesidad educativa especial, se registró un aumento de esta.
Ello también revela lo que ya se daba en las escuelas de lenguaje: explotó, se expandió el número de niños con dificultades -dislexia- porque la subvención subió a casi el doble.
Entonces, hay que sincerar esto por el bien de los niños y para establecer su verdadera condición de salud mental.
El proyecto hace no exigible a un tratamiento farmacéutico la permanencia del niño, pero yo creo que debemos tener un diagnóstico mucho más cercano de lo que pasa hoy día en el aula, y particularmente de cuáles son los niños que pueden representar déficit atencional o hiperactividad. Y eso requiere una salud pública de carácter mental que se aplique a los establecimientos escolares por especialistas, y no por profesores.
A los profesores se les exige de todo: ser orientadores, ser padres, ser apoderados, cumplir múltiples funciones; pero creo que hay una función que no les podemos exigir: ser, además, médicos de problemas de comportamiento. Para eso se requieren especialistas.
Y la pregunta que yo me hago -hay doctores en la Sala, ¿no?- es si vamos a tener los recursos para cubrir estas situaciones. Está el Ministro Blumel y, además, la Senadora Yasna Provoste, que fue Presidenta de la Comisión de Educación y Ministra de esa Cartera.
El problema existe: no hay negacionismo al respecto. Lo que hacemos es evitar que en un colegio, cualquiera que sea -privado, particular pagado, subvencionado, municipal-, alguien en la sala, la profesora, realice un diagnóstico y formule una exigencia sin tener el debido respaldo profesional que, en este caso, es médico.
Yo voy a votar a favor del proyecto de ley, porque creo que pone orden y da protección al menor. Si alguien quiere resguardar al niño no puede obligarlo a medicamentarse o a establecer una presión sin un diagnóstico adecuado que, necesariamente, tiene que ser médico.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, este es un tema que a algunos de nosotros nos preocupa, nos apasiona. Por eso quiero partir agradeciéndole a la Diputada Girardi que, junto con otras personas que se sumaron a esta iniciativa, hayan traído al Congreso Nacional un tema tan tan relevante, pero tan oculto.
Vivimos en un país donde los porcentajes de niños que toman medicamentos son altísimos, y hay absoluta ignorancia respecto de sus efectos, de lo nocivos que son para la salud. Los padres, como lo ha indicado muchas veces la Diputada Girardi, no tienen derecho a la información o no saben lo que les están dando a sus niños.
En nuestro país hay establecimientos que, para tener niños no hiperactivos (o sea, no inquietos) les piden a los padres medicarlos. Es una situación brutal.
Yo entiendo el drama de muchos profesores hoy en día. Entiendo que los niños viven sobreestimulados, en una sociedad en donde andan con celulares a partir de los dos o tres años y pasan enchufados a los televisores. Es evidente que educar a menores con ese tipo de estímulos desde muy chicos es bastante más complejo de lo que era el proceso educativo cuarenta, cincuenta años atrás.
Pero la solución no es medicar a los niños, y mucho menos permitir que los establecimientos lo exijan para que puedan matricularse o permanecer en un establecimiento.
Esto apunta al corazón de un país que cree en los menores, apunta al corazón de confrontarse con una industria que produce volúmenes millonarios de medicamentos que consumen los niños de nuestro país. ¡No seamos ingenuos, por favor! No seamos ingenuos acerca de lo que hay detrás del consumo tan masivo en Chile de este tipo de drogas, que está generando estragos tremendos.
Yo quiero, en ese sentido, anunciar mi voto a favor y agradecerle a la Diputada Girardi y a los demás Diputados por haber traído este debate al Congreso.
Señor Presidente, en otro momento he dicho que soy muy crítico del sistema educacional de nuestro país. Por eso, yo opté por educar a mis hijos fuera del sistema tradicional, y elegí una educación antroposófica, a través de colegios Waldorf, donde la competencia y las notas no existen, sino que se sigue un proceso educativo donde se incentiva a que los niños no vean televisión, en particular durante su primer septenio de vida, precisamente para evitar los efectos secundarios que eso trae.
Por cierto, esa fue mi opción. Lo pude hacer. Lo hice porque tenía una percepción de lo que pasaba con los niños en nuestra sociedad contemporánea. Creo que en nuestro país estamos en una situación muy crítica respecto de la sociedad en la cual educamos a nuestros niños, de los incentivos, de los sobreestímulos que les damos. Y necesitamos buscar otras soluciones.
Vuelvo a decir: entiendo a los profesores. Ser profesor en el mundo de hoy es bastante más complicado. Para qué hablar de la agresividad posterior que se genera. Uno tendría que preguntarse cuánta de esa agresividad está asociada al hecho de que en sus primeras etapas formativas esos niños consumían este tipo de drogas.
Pero me parece que la solución va por el camino que nos han propuesto. De ahí que votaré a favor.
Espero que podamos buscar estudios complementarios para ver cuál es el daño que van a tener aquellas generaciones de nuestro país a las que se les administraron en forma excesiva, por no decir "abiertamente abusiva", paquetes de drogas cuyos efectos secundarios los están padeciendo las nuevas generaciones.
¿Falta el Senador señor Insulza?
El señor INSULZA.- Perdón, señor Presidente. Creí que me había inscrito. Lamento mucho el error.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor INSULZA.- Señor Presidente, yo también manifiesto mi voto a favor de este proyecto.
Solamente quiero agregar que Chile presenta una prevalencia de trastornos por déficit de atención con hiperactividad que excede con creces la cifra que ha propuesto la OMS, la Organización Mundial de la Salud; la triplica en realidad.
Sin embargo, no hay ninguna razón ni evidencia neurobiológica de la población chilena que explique esta altísima prevalencia. Y, por lo tanto, estimo que aquí hay un tema de vulneración de derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Por cierto, los niños que realmente presentan el síndrome o el trastorno requieren fármacos y ello debe ser acompañado por un tratamiento más completo, que involucra también aspectos ambientales. Pero el problema no se puede resolver simplemente sobre la base de fármacos que en realidad muchas veces los niños no necesitan. A lo mejor los profesores requieren mayor calma para hacer sus clases; sin embargo, eso no justifica causarles daños.
Quisiera agregar, señor Presidente, que el examen de este tema no solo nos lleva a concluir que hay problemas de sobrediagnóstico, malos instrumentos de screening, personal no competente, sobredemanda al sistema de salud, exigencias del sistema escolar, etcétera, sino además que existe un grave problema de salud mental infanto-juvenil poco tratado en nuestro país.
Chile tiene una realidad dramática en materia de salud mental de niños, niñas y adolescentes: uno de cada cinco presenta algún problema de salud mental, a veces acompañado de discapacidad, lo que interfiere con su desarrollo en esa etapa de la vida y en las posteriores.
El 2009 el suicidio se convirtió en la primera causa de muerte externa de jóvenes, superando la mortalidad por accidentes de tránsito, incluso. Y esta es, ciertamente, una de las consecuencias más graves de no atender oportunamente la salud mental de esas personas.
En esto, obviamente, hay involucrado una serie de factores económicos, sociales, en fin. No vamos a analizar acá este problema, pero hay que tomar en cuenta que la tasa de suicidio juvenil se duplicó en Chile entre los años 2000 y 2010.
Espero, señor Presidente, que la aprobación de este proyecto de ley nos lleve realmente a examinar el problema de la salud mental. El Estado tiene la obligación ética de garantizar ese derecho y de asegurar que con ello no se imponga una barrera al desarrollo de las personas, grupos y comunidades.
La salud mental es un obstáculo para el desarrollo de los países, y es importante atenderla oportunamente para no bloquear ese desarrollo, sobre todo cuando se trata del caso de niños.
Por lo tanto, llamo aquí, junto con votar a favor de este proyecto, no tan solo a resolver el problema de que les estén dando Ritalin a los niños de manera excesiva en las escuelas, cosa que efectivamente existe, sino también a invertir en salud mental respecto de la infancia y la adolescencia.
La mitad de los trastornos mentales que sufre la población adulta provienen de la infancia y generan a lo largo de la vida graves afectaciones al desarrollo emocional, intelectual y social de quienes los padecen, dañando su autoestima, el desempeño y la adaptación al sistema escolar, y alteran profundamente la dinámica familiar.
¿Qué razón tiene el Estado para no priorizar este asunto? No lo sé, señor Presidente.
El gasto en salud mental en Chile ya es insuficiente. El 2,1 por ciento que se reportó el 2012 es inferior al 3,1 que se reportó el 2008 y está por debajo de la meta del Plan Nacional de Salud Mental y Psiquiatría, que era de 5 por ciento.
No entiendo, en realidad, por qué razón no se llevan adelante estas recomendaciones.
Nosotros necesitamos más investigación sobre este asunto, como también más estudios, tratamientos y atención asociados para desarrollar finalmente políticas públicas pertinentes y eficientes frente a esta situación crítica de la niñez que existe en nuestro país.
--Se aprueba en general y en particular el proyecto (25 votos favorables), dejándose constancia de que se reúne el quorum constitucional exigido, y queda despachado en este trámite.
Votaron las señoras Allende, Aravena, Ebensperger, Órdenes, Provoste y Rincón y los señores Castro, Chahuán, De Urresti, Durana, Elizalde, Galilea, García, Huenchumilla, Insulza, Kast, Lagos, Latorre, Letelier, Navarro, Ossandón, Pizarro, Pugh, Quinteros y Soria.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Saludamos a la Diputada señora Cristina Girardi, presente en esta Sala.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Proyecto, iniciado en mensaje, en primer trámite constitucional, que modifica las leyes N°s 18.045 y 18.046 para establecer nuevas exigencias de transparencia y reforzamiento de responsabilidades de los agentes de los mercados, con segundo informe de la Comisión de Hacienda y urgencia calificada de "suma".
Hacienda (segundo): sesión 5ª, en 2 de abril de 2019.
Sesión 15ª, en 16 de mayo de 2017 (se aprueba en general).
La señora BELMAR (Secretaria General subrogante).- La Comisión de Hacienda deja constancia, para los efectos reglamentarios, de que no hay artículos que no hayan sido objeto de indicaciones ni de modificaciones.
La Comisión efectuó diversas enmiendas al texto aprobado en general, todas las cuales fueron aprobadas por unanimidad.
Cabe recordar que las modificaciones unánimes deben ser votadas sin debate, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador manifieste su intención de impugnar la proposición de la Comisión respecto de alguna de ellas o existan indicaciones renovadas.
De las enmiendas unánimes, la recaída en la letra a) del número 1) del artículo 6° incide en una norma de quorum calificado, por lo que debe ser aprobada por 21 votos favorables.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- ¿Habría acuerdo para dar por aprobadas las enmiendas unánimes?
--Se aprueban las modificaciones acogidas por unanimidad en la Comisión de Hacienda, salvo la recaída en la letra a) del número 1) del artículo 6°.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- En la discusión particular, tiene la palabra el Senador señor Lagos.
El señor LAGOS.- Señor Presidente, voy a tratar de ser lo más breve posible, a pesar de que es un proyecto que cubre distintas materias. No es una ley miscelánea propiamente tal, pero comprende diferentes tipos de normativas.
Este proyecto establece nuevas exigencias de transparencia y reforzamiento en la responsabilidad de los agentes de mercado.
Sus objetivos apuntan básicamente a lo siguiente.
1.- Dar protección a los inversionistas de carácter minoritario.
2.- Entregar mayor transparencia en el mercado de valores en general.
3.- Establecer una mayor fiscalización sobre las entidades que ofrecen productos y servicios de inversión.
4.- Considerando que el proyecto de ley apunta al interés de los participantes menos sofisticados y protegidos de los mercados financieros, lo cual es una disciplina crecientemente compleja, la iniciativa trata de hacer menos difícil digerir la forma en que operan los mercados financieros para aquellas personas menos preparadas que participan en estos.
5.- Se estima que las modificaciones que se plantean en esta iniciativa legal contribuyen a elevar los estándares de nuestros mercados, para favorecer el desarrollo financiero y, al mismo tiempo, fortalecer indirectamente la competitividad internacional.
En cuanto a los contenidos generales de este proyecto, puedo señalar lo siguiente.
Se establecen modificaciones relativas a la transparencia y responsabilidad para los agentes del mercado de capitales. Esto se relaciona con los corredores de bolsa y agentes de valores y, además, con la interconexión de las distintas bolsas en Chile.
Se hace cargo de la entrega de información falsa al mercado.
Se pronuncia sobre las transacciones de valores de empresas que estén en insolvencia.
Se aborda lo relativo a operaciones con partes relacionadas.
Se plantean enmiendas a la ley N° 18.046 en materia de directores independientes.
Se pronuncia sobre las asesorías de inversión: con el fin de resguardar la fe pública y proteger a los inversionistas se somete a los asesores de inversión a la vigilancia de la Comisión para el Mercado Financiero. Esto es significativo, pues hay un número importante de sociedades, empresas o consultoras que llevan a cabo asesorías en estas materias, y mediante este proyecto se trata de regular eso para dar más garantías a quienes escuchan y contratan esos servicios.
Aquello se vincula con las asesorías previsionales de carácter masivo, que es a lo que me referí recién.
Se establecen enmiendas al decreto con fuerza de ley N° 251 en materia de agentes de venta de rentas vitalicias.
Por último, se plantean modificaciones a la ley N° 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero, la cual permite realizar supervisión basada en riesgos para la UAF; se dispone la prescripción de los actos administrativos, y se establece una regulación relativa al giro bancario.
Todo ello aborda esta iniciativa, señor Presidente.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Solicito autorización para que ingrese a la Sala el Subsecretario de Hacienda, señor Francisco Moreno.
Asimismo, se me ha pedido abrir la votación.
Les recuerdo que ya se dieron por aprobadas las modificaciones que fueron acordadas por unanimidad en la Comisión, salvo aquella que es de quorum calificado, para la que se necesitan 21 votos favorables.
El señor LAGOS.- Señor Presidente, ¿se va a realizar una sola votación? Ello, en la medida que se reúna el quorum exigido, ciertamente.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Sí. Señor Senador.
El señor LAGOS.- ¡Perfecto!
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Entonces, ¿habría acuerdo para abrir la votación?
En votación la enmienda a la letra a) del número 1) del artículo 6° propuesta por la Comisión de Hacienda.
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, en primer lugar, quiero que me aclare lo siguiente.
Entiendo que todos los artículos vienen aprobados por unanimidad. Lo que pasa es que hay una norma de quorum especial, que sería la que tendríamos que votar adicionalmente, porque lo otro ya se aprobó.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Precisamente esa es la norma que se está votando, señor Senador.
El señor GARCÍA.- Gracias.
Señor Presidente, quiero recordar a la Sala que este proyecto inició su tramitación en el año 2015. Luego, en 2018 la retomamos con una nueva indicación sustitutiva del actual Gobierno.
Nuestra recomendación, como integrantes de la Comisión de Hacienda, es votar favorablemente esta iniciativa en todos sus artículos, dado que concita un apoyo transversal muy grande, bastante importante, pues justamente busca resolver problemas que se han venido presentando en nuestra sociedad.
Al respecto, deseo señalar que este proyecto incluye propuestas del informe del Consejo Asesor Presidencial Contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de Influencias y la Corrupción, conocido como "Comisión Engel", instancia que fue creada durante el gobierno anterior, de la Presidenta Bachelet.
También incorpora propuestas de la Comisión investigadora de fraudes financieros de la Cámara de Diputados establecida en 2016. Asimismo, contempla aportes del Consejo Consultivo del Mercado de Capitales y de la Comisión para el Mercado Financiero.
Son todas entidades que han trabajado técnicamente, rigurosamente para dar vida a esta iniciativa.
Además, deseo recordar que aquí se modifica la ley N° 18.045, de Mercado de Valores, con el fin de aumentar la transparencia y responsabilidad para los agentes del mercado de capitales.
También se modifica la ley N° 18.046, sobre Sociedades Anónimas, en materia de gobiernos corporativos, elevando las exigencias respecto de los directores independientes.
Por otra parte, se regulan las asesorías de inversión y se crea un registro especial de asesores de inversión.
Se aumenta la fiscalización de asesorías previsionales mediante la modificación del decreto ley N° 3.500.
Se mejora la fiscalización en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo a través de la modificación de la ley N° 19.913.
Se imponen, además, nuevas obligaciones, por ejemplo, a las empresas auditoras, de tal forma que un informe de auditoría respecto de un estado financiero adquiera para el mercado todavía mucha más importancia, bastante más relevancia.
Por todas esas razones, señor Presidente, consideramos que este proyecto, de larga tramitación (ya lleva prácticamente cuatro años en el Parlamento), debe ser aprobado, pues precisamente busca fortalecer los mercados; dar mayor confianza y más seguridad a la ciudadanía, y, sobre todo, evitar que se produzcan algunas prácticas que hemos visto en reiteradas ocasiones.
Por ejemplo, quiero recordar las estafas piramidales, que fueron tema público durante dos o tres años, en que todo el tiempo estábamos conociendo de nuevas estafas de esta índole.
Entonces, señor Presidente, al regular mejor los mercados, al tener instrucciones más precisas, al contar con normativas más específicas ayudaremos a que los ciudadanos, los actores en definitiva estén mucho más informados, mucho más regulados y también mucho más protegidos.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, este proyecto es de naturaleza compleja no solo por el volumen del informe, sino además por el alcance financiero: afecta a la banca y, particularmente, a las AFP, al sistema de pensiones.
Se habla de regular a los agentes de venta de rentas vitalicias, a los asesores previsionales.
Yo he estado tratando de leer el informe de la Comisión. Entiendo que este es el primer trámite constitucional. Y habrá oportunidad para presentar indicaciones.
Sin embargo, quiero llamar la atención sobre una modificación que considero muy muy importante de tener en cuenta, que tiene que ver con el traspaso de la facultad de iniciar acciones legales desde la Fiscalía Nacional Económica al Ministerio Público, entidad que podrá determinar si inicia o no acciones penales en contra de quienes hayan incumplido la ley.
El artículo 25 del decreto ley N° 3.500 señala: "Ninguna persona natural o jurídica que no se hubiere constituido conforme a las disposiciones de esta ley como Administradora de Fondos de Pensiones podrá arrogarse la calidad de tal.".
En seguida, expresa que les estará prohibido efectuar publicidad, en fin.
Lo importante es que se señala que será el Ministerio Público el que determine si inicia o no las acciones legales correspondientes.
Señor Presidente, hay un tema pendiente en los tribunales, un conflicto que no ha terminado de cerrarse en materia tributaria, referido al uso del goodwill, que ocasionó que tanto Cuprum (Argentum) como Provida (Acquisition) iniciaran la construcción de AFP fantasmas, que nunca existieron. Son AFP que jamás se llegaron a constituir y que, en materia tributaria, han involucrado un monto de 430 millones de dólares.
He escuchado el informe del Presidente de la Comisión de Hacienda. No sé dónde lo vieron Sus Señorías. El informe corresponde a dicho órgano técnico.
Yo solo quiero advertir que si pretendemos realizar cualquier modificación que afecte a las AFP, debemos hacer siempre audiencias ciudadanas que nos permitan medir los efectos en sus usuarios, en sus afiliados, los cuales, conforme al decreto ley N° 3.500, no tienen voz alguna ni posibilidad de ser escuchados.
Reitero: se habla de regular a los agentes de venta de rentas vitalicias, quienes en muchos casos les han causado graves daños a las personas: en períodos largos, cuando no había información, otorgaban -entre comillas- asesorías en la materia para que los afiliados invirtieran sus fondos, pero luego, a poco andar, estos se quedaban sin ni uno, desnudos, en el más absoluto desamparo.
En particular, me refiero al tema vinculado con las AFP.
Yo no tengo la certeza, por lo que leo del informe, de que este mecanismo de traspaso de facultades desde la Fiscalía Nacional Económica al Ministerio Público sea beneficioso para aquellos que queremos que las AFP, si cometen delitos que dañan los fondos previsionales de los trabajadores, puedan ser perseguidas.
Y lo digo por lo siguiente.
El Ministerio Público archiva el 70 por ciento de las causas: no investiga. Por eso la gente ya no denuncia: ¡robos en los vehículos, robos en las casas, hurtos! Las víctimas ya no hacen las denuncias pertinentes, porque el Ministerio Público, sobrepasado por el número de delitos cometidos, archiva el 70 por ciento de las causas.
Por ello, frente a causas tan importantes como ilícitos cometidos a la luz del accionar de las AFP, que involucran el ámbito penal, la verdad es que uno esperaría también la opinión del Fiscal Nacional. Y no vemos en el informe la opinión del jefe superior del Ministerio Público, sino la del Fiscal Nacional Económico, en cuanto a los efectos que esta modificación va a producir cuando causas derivadas de la Fiscalía Nacional Económica, en la persecución de ilícitos cometidos por las AFP, sean derivadas al Ministerio Público.
Señor Presidente, en lo que respecta al Servicio de Impuestos Internos, todavía tenemos pendiente el hecho de que para que el Ministerio Público pueda intervenir se requiere una denuncia del Director del referido Servicio. De lo contrario, no habrá investigación.
Entonces, si me señalan que al final la Fiscalía Nacional Económica va a trasladar los antecedentes respectivos al Ministerio Público, la garantía de que los delitos sean perseguidos tendrá que ser aclarada.
No existe en el informe de la Comisión la opinión del Ministerio Público que establezca cuál será el procedimiento: fiscal para delitos importantes, fiscal especial, etcétera.
Porque en esta materia lo que está en juego no son los 210 mil millones de dólares que acumulan las AFP como capital de todos los trabajadores chilenos -14 millones de afiliados-, sino el problema de las pensiones.
Todo lo que signifique atentar contra las pensiones, como las asesorías previsionales dadas por expertos que a veces no aconsejan bien a las personas, no resulta aceptable.
Muchos parlamentarios han tenido la ocasión de recibir en sus oficinas a afiliados mal asesorados, quienes han terminado con una miserable pensión no solo porque tenían poco dinero, sino también porque fueron mal aconsejados.
Por ello, en este caso particular, a mí me gustaría conocer la opinión del Ministerio Público en torno a la facultad que le estamos dando: investigar en el ámbito penal los ilícitos cometidos por las AFP.
La Fiscalía Nacional Económica tiene trabajo especializado; ha dado muestras muy claras de que es capaz de perseguir los delitos económicos.
Sin embargo, al no contar con la opinión del Fiscal Nacional, señor Jorge Abbott, y solo tener la del Fiscal Nacional Económico, se abren dudas respecto de cómo va a ser abordada esta situación por el Ministerio Público. En particular, a mí me interesa que los delitos cometidos por las AFP sean investigados siempre, en cualquier condición, y perseguidos, pues se trata del manejo de los fondos previsionales de los trabajadores.
Tal vez el Senador Lagos, quien es el Presidente de la Comisión de Hacienda, pueda ilustrarnos sobre el particular. He buscado en el informe, y no está aquello.
Entiendo que nos encontramos en el primer trámite constitucional, y habrá espacio para presentar indicaciones,...
El señor LAGOS.- Estamos en la discusión particular, señor Senador.
El señor NAVARRO.- ... de modo que podremos profundizar en la materia.
El proyecto de ley -tiene un título complejo, pero involucra a las AFP- modifica las leyes Nos 18.045 y 18.046 para establecer nuevas exigencias de transparencia y reforzamiento de responsabilidades de los agentes de los mercados.
Hasta donde yo sé, las AFP no son agentes de los mercados, sino administradoras de fondos de pensiones. Sin embargo, están incorporadas. Y estándolo requieren muchísima atención de todos nosotros, porque claramente tenemos un sistema que está causando un grave perjuicio a miles de trabajadores que reciben pensiones miserables.
Queremos que esos fondos se resguarden debidamente ante cualquier acción ilegal y que el Ministerio Público pueda responder frente a ello.
Hasta ahora es tarea de la Fiscalía Nacional Económica y de la Superintendencia de Pensiones. Pero aquí estamos ante un cambio sustantivo que me gustaría conocer en profundidad.
Me voy a pronunciar favorablemente, señor Presidente. Y espero que en el curso del debate tengamos acceso a mayor información y que podamos introducir las modificaciones correspondientes.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Restan dos Senadores por intervenir.
Les pido a Sus Señorías que voten, pues está abierta la votación.
El señor GALILEA.- Señor Presidente, me parece que este proyecto, que aborda varios aspectos para establecer mayores exigencias de transparencia y reforzamiento de los agentes de los mercados, apunta absolutamente en la dirección correcta.
La iniciativa contiene distintas normas.
Algunas tienen que ver con la protección a inversionistas minoritarios; otras se relacionan con la transparencia en el mercado de capitales, o buscan evitar cualquier tipo de estafa piramidal.
Hay una disposición, que forma parte del principio de este cuerpo normativo, que establece la interconexión entre las bolsas de valores.
También hay normas vinculadas con los directores independientes, con los auditores.
Sin embargo, quiero detenerme un minuto en la disposición que determina la interconexión de las bolsas de valores.
Ojalá esa norma hubiera existido antes en la forma como se propone hoy, pues si bien existe una norma sobre interconexión, esta nunca había sido mandatoria para las bolsas de comercio.
Tradicionalmente, en Chile llegaron a existir tres bolsas de comercio: la de Valparaíso, la de Santiago y la electrónica. Lamentablemente, hace poco tiempo la Bolsa de Valparaíso dejó de funcionar.
En verdad, resultaba muy difícil funcionar cuando las operaciones no eran totalmente simultáneas, y se registraba un desfase de al menos tres minutos entre lo que pasaba en la principal bolsa de nuestro país, la de Santiago, y las órdenes de compra que podían cursarse desde la Bolsa de Valparaíso.
Ahora, la Comisión para el Mercado de Valores va a poder exigir y dictar normas de carácter general para que esto sea completamente vinculante. De esa manera, aunque hoy existen solo dos bolsas de valores, el día de mañana podrá haber otras, pues al final lo que importa es que todo el sistema sea transparente y conveniente para los clientes de las bolsas de valores.
Eso solo es factible de asegurar en la medida en que ellas compitan en una plataforma integrada que dé garantías, que dé simultaneidad y que permita, cumpliendo todos los demás requisitos de capitalización y seguridad que exige la ley, que desde Valparaíso, desde Concepción o desde Puerto Montt, sea donde fuere que se organice una bolsa de valores, se pueda competir, dando garantías para que cualquier comprador o vendedor de valores opere ahí.
Entonces, espero que la referida Comisión dicte las normas pertinentes y que esto entre a operar lo antes posible. Y ojalá la Bolsa de Valparaíso vuelva a nacer. Me gustaría que también existiera una en el sur de Chile, pues todo eso da transparencia y competitividad a nuestro mercado de valores.
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, Honorable Sala, si bien este proyecto de ley aumenta la protección de los inversionistas minoritarios y otorga mayor transparencia en el mercado de capitales, mediante el establecimiento de medidas destinadas a impedir estafas piramidales e incrementar la competencia entre las bolsas de valores y facilitando la implementación de la interconexión vinculante entre las bolsas -exigencia ya presente en la legislación vigente-, la normativa sobre la materia no ha podido ser reforzada.
Por eso quiero señalar que esta iniciativa llegó tarde, sobre todo para la Bolsa de Valores de Valparaíso.
La Bolsa de Valores de Valparaíso pidió reiteradamente que las transacciones comerciales pudieran estar interconectadas. Y no obstante hallarse establecido en la norma legal respectiva, ciertamente aquello no se cumplía.
Eso llevó a que la Bolsa de Valores de Valparaíso disminuyera su eficacia y fuera perdiendo cada vez más agentes. Y terminó finalmente cerrando sus puertas.
Por eso hago este llamado de atención. Se trata de un tema que hablamos en su oportunidad con el Subsecretario -está presente en la Sala- y con el Ministro de Hacienda, en el sentido de velar por que las bolsas, como la de Valparaíso, pudieran seguir subsistiendo.
Lamentablemente, al ser una norma escrita pero no cumplida, ello finalmente terminó con el cierre de la Bolsa de Valparaíso. Espero que en el futuro -hoy día existen tan solo dos bolsas- eso no vuelva a ocurrir.
Ciertamente, creemos que hay que generar competencia. ¿Por qué? Porque, frente a la ausencia de ella, el riesgo es que pierdan los pequeños inversionistas, que aumenten las comisiones. Por eso era tan importante la interconexión y que esto no fuese solo letra muerta, como era en la actualidad.
Por lo tanto, si bien esta norma es necesaria, creemos que llegó tarde para la Bolsa de Valparaíso, y esperamos que en algún minuto ello sea remediado.
--Se aprueba la enmienda a la letra a) del número 1) del artículo 6° (25 votos favorables), dejándose constancia de que se cumple el quorum constitucional requerido, y el proyecto queda aprobado en particular y despachado en este trámite.
Votaron las señoras Aravena, Ebensperger, Muñoz, Órdenes, Provoste y Rincón y los señores Allamand, Castro, Chahuán, De Urresti, Durana, Elizalde, Galilea, García, Harboe, Huenchumilla, Insulza, Kast, Lagos, Latorre, Letelier, Moreira, Navarro, Ossandón y Pugh.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Subsecretario.
El señor MORENO (Subsecretario de Hacienda).- Señor Presidente, en primer lugar, quisiera saludarlo a usted y, por su intermedio, a los Senadores y las Senadoras presentes en la Sala.
En segundo término, agradezco el voto favorable a este proyecto de ley, que fue iniciado por la Administración anterior, de la ex Presidenta Michelle Bachelet, y que el Gobierno del Presidente Piñera ha querido continuar, de modo tal de establecer nuevas exigencias de transparencia y reforzamiento de responsabilidades de los agentes del mercado.
Reitero lo que señalaron el Senador Ricardo Lagos, actual Presidente de la Comisión de Hacienda, y el Senador José García en el sentido de que acá existe un trabajo transversal desde el punto de vista político, en el que han participado distintas instituciones y se han considerado las conclusiones no solo del Consejo Consultivo del Mercado de Capitales, sino también las de la Comisión para el Mercado Financiero y de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados sobre fraudes financieros, de 2016, y, asimismo, las sugerencias del Consejo Asesor Presidencial contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de Influencias y la Corrupción, más conocida como "Comisión Engel".
Por lo tanto, nuevamente agradezco el voto favorable de los Senadores y las Senadoras en el primer trámite constitucional de esta iniciativa, que, sin lugar a dudas, establece mayores exigencias de transparencia y reforzamiento de responsabilidades de los agentes del mercado.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- A usted, señor Subsecretario.
Al General Director de Carabineros, consultándole por ESTADO DE PROYECTO DE REPOSICIÓN DE CUARTEL DE SEXTA COMISARÍA DE CARABINEROS LONCOCHE (REGIÓN DE LA ARAUCANÍA).
A los Ministros de Hacienda y de Salud, solicitándoles informar DETALLE DE PRESUPUESTO ASIGNADO Y ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PARA IMPLEMENTACIÓN DE LEY QUE REGULA LA DESPENALIZACIÓN DE LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO EN TRES CAUSALES.