Source: https://do.vlex.com/vid/sentencia-no-322-segunda-725615513
Timestamp: 2020-07-09 23:07:39
Document Index: 48552457

Matched Legal Cases: ['artículo 166', 'artículo 335', 'artículo 417', 'artículo 69', 'artículo 335', 'artículo 66', 'Artículo 1382', 'artículo 166', 'artículo 40', 'artículo 69', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 69', 'artículo 23', 'artículo 426', 'artículo 1', 'artículo 337', 'artículo 69', 'artículo 23', 'artículo 426', 'Artículo 1382', 'artículo 14', 'artículo 44', 'artículo 2', 'artículo 44', 'artículo 398', 'artículo 44', 'artículo 44']

Sentencia nº 322 de Suprema Corte de Justicia, del 9 de Abril de 2018. - Jurisprudencia - VLEX 725615513
Sentencia núm. 322
en la ciudad de Santo Domingo de G., Distrito Nacional, hoy 9 de
abril de 2018, años 175° de la Independencia y 155° de la Restauración,
Sobre los recursos de casación interpuestos por Petróleos Nacionales,
por A., con domicilio social en la Ave. Independencia núm. 1177,
Jardines del Sur, Santo Domingo, Distrito Nacional, con registro mercantil
núm. 51688SD, registro nacional de contribuyente núm. 1-30-40085-7, Fecha: 9 de abril de 2018
dominicano, mayor de edad, casado, comerciante, titular de la cédula de
identidad y lectoral núm. 078-0003189-5, con domicilio en la calle Juan
Antonio Alix núm. 13, apartamento 103, barrio D.B., municipio de
Moca, provincia E.; y E.R.M., dominicano, mayor
de edad, comerciante, casado, titular de la cédula de identidad y electoral
núm. 047-0119610-9, con domicilio en la calle C. núm. 31, detrás del
play, Jima Abajo, La Vega, imputados y civilmente demandados; contra la
sentencia núm. 203-2016-SSEN-00009, dictada por la Cámara Penal de la
Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega el 5 de enero de
2017, cuyo dispositivo ha de copiarse más adelante:
Dr. J.M.F.J. y el Licdo. R.A.M., en
representación de la recurrente Petróleos Nacionales, C. por A., depositado
en la secretaría de la Corte a-qua el 15 de marzo de 2017, mediante el cual
Dr. J.M.F.J. y el Licdo. R.A.M.M.,
en representación del recurrente Juan Ignacio del Carmen Espaillat
Taveras, depositado en la secretaría de la Corte a-qua el 15 de marzo de
2017, mediante el cual interpone dicho recurso; Fecha: 9 de abril de 2018
Licdos. Domingo A.C. y Y.S.L., en
representación del recurrente E.R.M., depositado en la
secretaría de la Corte a-qua el 16 de marzo de 2017, mediante el cual
Visto el escrito de contestación al recurso de Petróleos Nacionales, C.
por A., suscrito por los Licdos. O.A.R.H., Julio
César Camejo Castillo, R.A.S.G. y el Dr. Kharim
Maluf Jorge, en representación de Isla Dominicana de Petróleo
Corporation, debidamente representada por William Bienvenido Graciano
Mateo, depositado en la secretaría de la Corte a-qua el 20 de abril de 2017;
Visto la resolución núm. 3584-2017, dictada por esta Segunda Sala
de la Suprema Corte de Justicia el 8 de septiembre de 2017, mediante la
cual se declaró admisible, en la forma, los aludidos recursos, fijándose
audiencia a fin de debatirlo oralmente, fecha en la cual se suspendió a los
fines de que las partes depositaran por escrito un acuerdo al que afirman
haber llegado, fijándose nuevamente para el 17 del mes de enero de 2017;
Visto la instancia de fecha 17 del mes de enero de 2018, mediante la
cual Isla Dominicana de Petróleo Corporation, acusador privado, en su Fecha: 9 de abril de 2018
condición de querellante constituido en actor civil, a través de sus
abogados, depositan acuerdo de desistimiento de acción penal y
documentos de conciliación;
Visto la Constitución de la República, los Tratados Internacionales
sobre Derechos Humanos, de los cuales la República Dominicana es
signataria, y los artículos 2, 393, 398, 399, 400, 418, 419, 425, 426 y 427 del
Código Procesal Penal, la Ley 10-15, de fecha 10 de febrero de 2015;
que en ella se refieren son hechos constantes los siguientes:
que el 10 del mes de diciembre de 2015, el Tribunal Colegiado de
la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de
S.R., dicta la sentencia núm. 00118-2015, cuya parte
dispositiva establece lo siguiente:
“PRIMERO: Declara al señor E.R.M. y al señor J.I. delC.E.T. (este último en su condición de presidente de la compañía PETRONAN, culpables de violar el artículo 166 letra “c” de la Ley núm. 20-00 sobre Propiedad Industrial. En consecuencia, les condena a ambos a sufrir la pena de seis (6) meses de prisión y al pago de una multa de cincuenta (50) salarios mínimos del sector público vigente al momento de la emisión de la presente sentencia, cada uno; SEGUNDO: En relación al señor A.A.M. Fecha: 9 de abril de 2018
dicta sentencia absolutoria en su provecho, por las razones precedentemente expuestas. En consecuencia, ordena el cese de cualquier medida de coerción que pueda pesar en su contra como consecuencia del presente proceso; TERCERO: Condena a los señores E.R.M. y J.I. delC.E.T., al pago de las costas penales del proceso; CUARTO: En cuanto al aspecto civil, condena de manera conjunta y solidaria al señor E.R.M. por su hecho personal así como al señor J.I. delC.E.T. y a la compañía Petróleos Nacionales (PETRONAN) al pago de los siguientes valores: a) la suma de cinco millones de pesos (RD$5,000,000.00) por concepción de lucro cesante; y b) la suma de diez millones de pesos (RD$10,000,000.00) por concepto de los perjuicio ocasionados a Isla Dominicana de Petróleo Corporation; QUINTO: Condena al señor E.R.M. así como al señor J.I. delC.E.T. y a la compañía Petróleos Nacionales (PETRONAN), al pago de las costas civiles del proceso, ordenando su distracción en favor y provecho de los Licdos. O.R.H., J.C.C.C., R.A.S.G. y L.A.A.G., abogados de la parte querellante, quienes afirman haberlas avanzado”;
Vega, quien dictó la sentencia núm. 203-2016-SSEN-0009 el 5 de enero de
2017, objeto del presente recurso de casación, cuyo dispositivo dispone lo
siguiente: Fecha: 9 de abril de 2018
“PRIMERO: Rechaza los recursos de apelación interpuestos, el primero por Isla Dominicana de Petróleo Corporación, representada por el querellante W.B.G.M., representado a su vez por los Licdos. O.A.R.H., J.C.C.C., L.A.A.G. y R.A.S.G.; el segundo por J.I. delC.E.T., imputado, dominicano, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 078-0003189-5, con domicilio en la calle J.A.A., núm. 13, apartamento 102, B.D.B., Moca, representado por J.M.F.J. y R.A.M.M., dominicanos, abogados privados, con domicilio Ad-hoc, en la calle D. núm. 55, La Vega, (oficina del Lic. L.L.F.R.); el tercero Petróleo Nacionales, C. por A., imputado, representado por su presidente J.I. delC.E.T., representado por los Licdos. J.M.F.J. y R.A.M.M.; y el cuarto por E.R.M., imputado dominicano, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 047-0119610-9, con domicilio en la calle C. núm. 31, J.A., detrás del Play, La Vega, representado por Y.S.L., dominicana, abogada privada, con domicilio en la Av. Universitaria, núm. 6, detrás antigua Factoría de Quita Sueño, Cotuí, en contra de la sentencia numero 00118 de fecha 10/12/2015, dictada por el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de S.R., en consecuencia, confirma la referida sentencia por las razones precedentemente expuestas; SEGUNDO: Compensa las cotas del proceso, por todas las partes haber sucumbido en sus pretensiones; TERCERO: La lectura en audiencia pública de la presente decisión de manera íntegra, vale notificación para todas las partes que quedaron convocadas para Fecha: 9 de abril de 2018
este acto procesal, y copia de la misma se encuentra a disposición para su entrega inmediata en la secretaría de esta Corte de Apelación, todo de conformidad con las disposiciones del artículo 335 del Código Procesal Penal”;
Considerado, que el recúrrete Petróleos Nacionales, C. por A., alega
“ Primer Motivo: Sentencia manifiestamente infundada (artículo 417 numeral 2, del Código Procesal Penal), vulneración del artículo 69 de la Constitución, en su vertiente del Derecho a la tutela judicial efectiva y debido proceso, referida al derecho a obtener una sentencia fundada en derecho; al decidir sobre el medio de apelación relativo a la violación de lo previsto por el artículo 335 del Código Procesal Penal, y de los principios políticos del procedimiento penal; Segundo Motivo: Exceso de poder y violación a la ley, al mantener la Corte a qua una condena contra los imputados, fuera de los límites fijados por la ley que define el tipo penal perseguido. Violación al derecho a una tutela judicial efectiva, en su vertiente del derecho a una decisión motivada, en vista de la pseudo motivación dada por la Corte a qua para rechazar nuestro medio de apelación basado en la violación a la ley por errónea aplicación de una norma jurídica (Art. 417, numeral 4 del Código Procesal Penal), por haberse juzgado a la exponente y a los demás encartados condenados, como supuestos autores del delito previsto en el literal “c” del artículo 66 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial; Tercer Motivo: Violación de los artículos 69, numeral 2, 51 y 169 de la Constitución; 5, 22, 29 y 336 del CPP; Art. 1 LOMP, errónea aplicación de los artículos 85 y 296 CPP sobre la participación del querellante en el proceso penal. Error en la determinación de Fecha: 9 de abril de 2018
del Código Procesal Penal), por haber negado consecuencias procesales al retiro de la acusación y al intento de soborno que narró en estrado –como testigo- el fiscal adjunto H.B.M., que se refería a este mismo caso, y que dicho soborno fue intentado a través del testigo estelar de la parte querellante, el ex Procurador General de la República Adjunto, Dr. P.F.M. de Oca. Violación a los Arts. 15 y 19 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. (LOMP); Cuarto Motivo: Violación al derecho a una tutela judicial efectiva en su dimensión de derecho a una sentencia fundada en derecho (art. 69 Constitución). Violación artículos 24 y 417, numerales 2 y 4, del Código Procesal Penal. Artículo 1382 del Código Civil. Déficit de motivación. La Corte a qua no ofrece explicación alguna en cuanto a la indemnización civil impuesta al exponente, a la vez que viola la ley al considerar que una persona penal como autor de una falta delictual; Quinto Motivo: Violación al Art. 69, numeral 8, de la Constitución, por haber omitido sancionar irregularidades en el recogimiento de la prueba (artículos 26, 166 y 167 del CPP). Violación al Estatuto del Ministerio Público, la falta de jurisdicción del Ministerio Público actuante”;
Considerado, que el recurrente Juan Ignacio del Carmen Espaillat
Taveras, alega en su recurso de casación los medios siguientes:
“ Primer Medio: Violación a la Constitución, al no acoger el legítimo reclamo dirigido a la declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 166, párrafo I, de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, por contravenir el artículo 40, numerales 8 y 14 y el artículo 69 numeral 3 de la Constitución de la República; así como por contradecir el artículo 14, numeral 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y los Fecha: 9 de abril de 2018
artículos 5 numeral 3, y 8, numeral 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica). Desnaturalización de hechos. Falta de base legal por ausencia de motivos. Contradicción de motivos; Segundo Medio: Desnaturalización de los hechos para sostener una violación al principio de presunción de inocencia (Art. 69.3 de la Carta Sustantiva y artículo 14 del Código Procesal Penal), al presumir la culpabilidad del recurrente, al cual se le atribuye responsabilidad penal sin existir la más leve evidencia que lo implique en el alegado hecho punible, al tiempo en que se avala la comisión de una infracción penal que, a la luz de la evidencia aportada, sencillamente no se ha verificado; todo lo cual también viola frontalmente los artículos 172, 333 y 334 del Código Procesal Penal; TERCER MEDIO: Violación a la Constitución y a la ley, al admitir la incorporación y valoración de pruebas documentales durante el proceso que transgredieron los principios de oralidad y contradicción, permitiendo como evidencia un acto de comprobación notarial a pesar de que no se presentó a declarar como testigo el notario actuante, que había sido previamente ofertado; todo lo cual conspira contra el goce efectivo de la garantía fundamental descrita en el artículo 69, numeral 4, de la Constitución de la República, así como a los artículos 311 y 312 del Código Procesal Penal; Cuarto Medio: Violación a la Constitución y a la ley, configurada por la negativa de la Corte a-qua a salvaguardar la garantía constitucional que asiste a todo justiciable de obtener la tutela judicial efectiva (art. 69 de la CRD); la cual fuera conculcada por los jueces de Primer Grado cuando evadieron referirse –en su lamentable decisión. A los medios de defensa y argumentos presentados por los abogados del exponente; lo cual transgrede descaradamente el artículo 23 del Código Procesal Penal, al tiempo en que contradice precedentes jurisprudenciales de la Fecha: 9 de abril de 2018
Suprema Corte de Justicia (artículo 426.2 del CPP); todo lo cual fue planteado a la Corte a-qua, cuya decisión “santificó” todas estas violaciones al debido proceso de ley; Quinto Medio: Violación a la Constitución y a la ley. Contradicción de motivos. De manera aterradora, la Corte a-qua admite la posibilidad de que el Ministerio Público actuante en la investigación haya recibido sobornos, escandalosa situación que generó el retiro de la acusación por parte de dicho órgano, pero al mismo tiempo desdeña esta circunstancia con desoladora apatía, vulnerando de esta manera los artículos 69.3 y 69.8 de la Constitución, los artículos 166 y 167 del Código Procesal Penal y los artículos 15 y 19 de la Ley No. 133-11, Orgánica del Ministerio Público; Sexto Medio: Violación del principio de separación entre juez y acusación o “nullum iudicium sine accusatione” (artículos 69, numeral 2, 151 y 169 de la Constitución; 5, 22, 29 y 336 CPP; artículo 1 LOMP) y errónea aplicación de los artículos 85 y 296 CPP sobre la participación del querellante en el proceso penal, al haber rechazado medio de apelación tendente a censurar una sentencia condenatoria rendida en base a una acusación retirada expresamente por el Ministerio Público. Violación a la ley al omitir dictar sentencia absolutoria (artículo 337, numeral 1 CPP); S. Medio: Violación al derecho a una tutela judicial efectiva, al no haber dado respuesta a la excepción de inconstitucionalidad del artículo primero de la resolución número 2802-09, de fecha 25 de septiembre de 2009, emanada de la Suprema Corte de Justicia, por contravenir los artículos 4, 69 numeral 2 y 74 literales 2 y 4, 112 y 149 todos de la Constitución de la República. Violación artículos 148 y 149 del CPP, sobre el control de la duración máxima del proceso penal; Octavo Medio: Falta de motivos en torno a la condenación civil contra el señor J.I.E.T.. Violación a los artículos 24 y 345 del CPP. La sentencia objeto de crítica no proporciona ni Fecha: 9 de abril de 2018
explica bajo cuales parámetro de hecho, circunstancias y enmarcado en qué período procedió a fijar en su resolución el monto que el exponente habrá y tendrá que resarcir con una grandiosa suma a ISLA, ante los supuestos daños ocasionados. Una vaga apreciación subjetiva evidente carencia de motivos y, los insuficientes motivos que vierte la sentencia se contraen a ser contradictorios. Por demás desnaturalización de los hechos de la causa, interpretación, apreciación y valoración incorrecta de las pruebas de la causa”;
Considerado, que el recúrrete E.R.M., alega en su
“Primer Medio: Violación a la Constitución y a la ley, al admitir la incorporación y valoración de pruebas documentales durante el proceso que transgredieron los principios de oralidad y contradicción, permitiendo como evidencia un acto de comprobación notarial a pesar de que no se presentó a declarar como testigo al notario actuante, que había sido previamente ofertado; todo lo cual conspira contra el goce efectivo de la garantía fundamental descrita en el artículo 69 numeral 4 de la Constitución de la República, así como a los artículos 311 y 312 del Código Procesal Penal; Segundo Medio: Violación a la Constitución y la ley, configurada por la negativa de la Corte a qua a salvaguardar la garantía constitucional que asiste a todo justiciable de obtener la tutela judicial efectiva (Art. 69 de la CRD); la cual fuera conculcada por los jueces de la Corte a la omisión de estatuir o responder los puntos sometidos a su consideración en el recurso de apelación del señor E.R.M.; lo cual transgrede descaradamente el artículo 23 del Código Procesal Penal, al tiempo en que contradice Fecha: 9 de abril de 2018
(artículo 426.2 del CPP); todo lo cual fue planteado a la Corte aqua, cuya decisión “santificó” todas estas violaciones al debido proceso de ley; Tercer Medio: Violación al derecho a una tutela judicial efectiva, al no haber dado respuesta a la excepción de inconstitucionalidad del artículo primero de la resolución número 2802-09, de fecha 25 de septiembre de 2009, emanada de la Suprema Corte de Justicia, por contravenir los artículos 4, 69 numeral 2 y 74 literales 2 y 4, 112 y 149, todos de la Constitución de la República, violación Arts. 148 y 149 del CPP, sobre el control de la duración máxima del proceso penal; Cuarto Medio: Violación a la Constitución. Falta en artículos 24 y 417, numerales 2 y 4 del Código Procesal Penal. Artículo 1382 del Código Civil. Déficit de motivación, la Corte a qua no da respuesta al medio planteado ni ofrece explicación alguna en cuanto a la indemnización civil impuesta al exponente; Quinto Medio: Desnaturalización de los hechos para sostener una violación al principio de presunción de inocencia (Art. 69.3 de la Carta Sustantiva y artículo 14 del Código Procesal Penal al presumir la culpabilidad del recurrente, al cual se le atribuye responsabilidad penal sin existir la más leve evidencia que lo implique en el alegado hecho punible al tiempo en que se avala la comisión de una infracción penal que, a la luz de la evidencia aportada, sencillamente no se ha verificado; todo lo cual también viola frontalmente los artículos 172, 333 y 334 del Código Procesal Penal”;
Considerando, que esta S. se encuentra apoderada de los recursos
de casación interpuestos por Petróleos Nacionales, C. por A., J.I. Fecha: 9 de abril de 2018
del C.E.T. y E.R.M., contra la
2017, fijándose audiencia pública a fin de conocer los méritos de los
recursos, para el día miércoles veintidós (22) de noviembre del año dos mil
diecisiete (2017), a las nueve horas de la mañana (9:00 a. m.), fecha en la
cual fue suspendida el conocimiento de la audiencia a los fines siguientes:
PRIMERO: Suspende el conocimiento de la presente audiencia a los fines de que
las partes puedan depositar por escrito el acuerdo al que afirman estar llegando
procediendo a fijar la próxima audiencia para el día 17 del mes de enero
Considerando, que para la audiencia de fecha 17 del mes de enero
de 2018, las partes concluyeron de la manera siguiente:
“Oído al Dr. J.M.F.J., expresar a la Corte lo siguiente: “Magistrados, en la audiencia pasada de fecha 22 de noviembre del año recién pasado también, las partes le solicitamos al tribunal una suspensión porque se había iniciado un proceso de acercamiento a la búsqueda de un acuerdo sobre la litis de que se trata. Al efecto, en el curso de este mes, en fecha 15, se llegó al acuerdo de tipo conciliatorio y el acuerdo integral y el acuerdo particular que toca a este proceso ha sido formalmente depositado por secretaría del tribunal, y por vía de consecuencia, vamos a concluir de la siguiente manera: Primero: Acoger como bueno y Fecha: 9 de abril de 2018
arribada por las partes envueltas en la litis que dio lugar a los recursos de que está apoderada esta honorable Suprema Corte de Justicia en su Segunda Sala; Segundo: Declarar la extinción del presente proceso por lo establecido en el numeral 10 del artículo 44 del C.P.P. compensar las costas; Tercero: Disponer el archivo definitivo del caso; Cuarto: Compensar las costas”. Oído al Licdo. R.A.S.G., expresar a la Corte lo siguiente: “Ciertamente, como señala el distinguido colega Dr. J.F., hemos arribado a un entendimiento entre las partes, hemos depositado el acuerdo en la secretaría general, y el mismo contiene un retiro de acusación por parte de nuestra representada Isla Dominicana de Petróleo Corporation y además, la renuncia a todo derecho emanado del proceso y de las decisiones judiciales incluyendo la decisión objeto del recurso de casación que nos ocupa. Por eso, de nuestra parte no tenemos ninguna objeción a que se dicte sentencia absolutoria en beneficio o, en su defecto, que se declare la extinción de la acción penal por efecto del acuerdo arribado entre las partes”. Oído al Licdo. C.C.D., Procurador Adjunto del Procurador General de la República, expresar a la Corte lo siguiente: “Único: Por cuanto a que el Ministerio Público en primera instancia hizo retiro de la acusación, en esta instancia el mismo va a dejar al criterio de esta honorable Segunda Sala de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, la solución de los recursos de casación y al acuerdo que han arribado las partes”;
Considerando, que en fecha 17 del mes de enero de 2018, los Licdos.
Julio C.C.C. y R.A.S.G., actuando en
nombre y representación de Isla Dominicana de Petróleo Corporation,
acusador privado, en su condición de querellante constituido en actor civil, Fecha: 9 de abril de 2018
depositaron una instancia donde consta el acuerdo de desistimiento de
acción penal, contentiva de retiro de acusación penal;
Considerando, que consta en el expediente el acuerdo de
desistimiento de la acción penal suscrito entre: 1) Isla Dominicana de
Petróleo Corporation, debidamente representada por su gerente general, el
señor A.J.D.; 2) E.R.M.; 3) Juan Ignacio
Espaillat Taveras; y, 4) la razón social Petróleos Nacionales, S.A.
(PETRONAN); mediante el cual establecieron lo siguiente: “Artículo I. En
virtud de lo convenido por las partes en el presente proceso, ISLA renuncia y
desiste, desde ahora y para siempre, y sin reservas de ningún tipo, a todo derecho e
intereses en relación directa o indirecta con las siguientes acciones, decisiones y
sentencias”. I.I E.R., J.I.E. y Petronan, en
virtud del presente contrato, y según corresponda, renuncian y “desisten,
desde ahora y para siempre y sin reservas de ningún tipo, a todo derecho e interés
en relación directa o indirecta con cualquier reclamación, demanda, derechos de
demanda, acción, interés, instancia, recursos, decisiones o sentencias, presentes o
futuras, de carácter civil, comercial, penal, administrativo o de cualquier otra
índole, que pudieran tener contra ISLA, sus sucursales, subsidiarias, entidades
vinculantes, directores, funcionarios, agentes y representantes, o que pudieran
dictarse u obtenerse en el futuro, relacionadas directa o indirectamente con los Fecha: 9 de abril de 2018
hechos que originaron las supraindicadas acciones, recursos, decisiones y
sentencias, descritas en el preámbulo del presente contrato, y declaran
formalmente que no tienen ningún tipo de reclamación, demanda, derechos de
demanda o interés en contra de ISLA, sus sucursales, subsidiarias, entidades y
vinculadas, directores, funcionarios, agentes y representantes, en relación con los
hechos y acciones que se identifican en el preámbulo de este convenio. (…) Las
partes acuerdan depositar el presente acto por ante la Segunda Sala de la Suprema
Corte de Justicia, en ocasión de los Recursos de Casación de Juan Ignacio
Espaillat, PETRONAN y E.R., contra la sentencia penal núm. 203-2016-SSEN-00009, a los fines de que se libre acta del desistimiento y retiro de la
acusación de ISLA contra E.R., J.I.E. y compartes”;
Considerando, que según el acuerdo conciliatorio depositado por los
recurrentes, “desisten, desde ahora y para siempre y sin reservas de ningún tipo,
a todo derecho e interés en relación directa o indirecta con cualquier reclamación,
demanda, derechos de demanda, acción, interés, instancia, recursos, decisiones o
sentencias, presentes o futuras, de carácter civil, comercial, penal, administrativo
o de cualquier otra índole, que pudieran tener contra ISLA, sus sucursales,
subsidiarias, entidades vinculantes, directores, funcionarios, agentes y
representantes, o que pudieran dictarse u obtenerse en el futuro, relacionadas
directa o indirectamente con los hechos que originaron las supraindicadas Fecha: 9 de abril de 2018
acciones, recursos, decisiones y sentencias, descritas en el preámbulo del presente
contrato, y declaran formalmente que no tienen ningún tipo de reclamación,
demanda, derechos de demanda o interés en contra de ISLA, sus sucursales,
subsidiarias, entidades y vinculadas, directores, funcionarios, agentes y
representantes, en relación con los hechos y acciones que se identifican en el
preámbulo de este convenio”;
Considerando, que el artículo 2 del Código Procesal Penal, establece
lo siguiente: “Los tribunales procuran resolver el conflicto surgido a
consecuencia del hecho punible, para contribuir a restaurar la armonía social. En
todo caso, al proceso penal se le reconoce el carácter de medida extrema de la
política criminal”;
Considerando, que el artículo 44 numeral 10 establece lo siguiente:
la acción penal se extingue por: 10. Conciliación
Considerando, que el artículo 398 del Código Procesal Penal,
establece lo siguiente: “Las partes o sus representantes pueden desistir de los
recursos interpuestos por ellas sin perjudicar a los demás recurrentes, pero tienen
a su cargo las costas”;
Considerando, que el principio rector en el que se inserta el proceso Fecha: 9 de abril de 2018
Principio número 2 del Código Procesal Penal, el cual prescribe lo
siguiente: “Los tribunales procuran resolver el conflicto surgido a consecuencia
del hecho punible, para contribuir a restaurar la armonía social. En todo caso, al
proceso penal se le reconoce el carácter de medida extrema de la política criminal”;
Considerando, que la conciliación tiene por finalidad, que las partes
puedan llagar a un acuerdo y ponerle fin al conflicto, por lo que tal como
fue expresado en parte anterior de esta decisión, los recurrentes y
recurridos, por conducto de sus representantes legales, llegaron a un
acuerdo, el cual fue depositado ante esta Suprema Corte de Justicia,
consistente en un acto contentivo de un acuerdo amigable y desistimiento,
intervenido entre éstos, mediante el cual ponen término a la litis judicial
surgida entre ellos, procediendo los recurrentes, E.R.M.,
J.I.E.T. y la razón social Petróleos Nacionales, S.A.
(PETRONAN), al igual que la parte recurrida, Isla Dominicana de Petróleo
Corporation a desistir de continuar con la acción, bajo las condiciones y
requisitos acordados por ellos en el referido acto;
Considerando, que en la especie, esta Segunda Sala admitió los
recursos de casación interpuestos, procediendo dichos recurrentes a
depositar el acuerdo, en la audiencia fijada para conocer el fondo de los Fecha: 9 de abril de 2018
mismos, tal y como se puede comprobar en sus conclusiones, estando
diferido el fallo, entendiendo esta alzada que procede acoger dicho
acuerdo, por las razones que arriba se indicadan, librando acta del mismo
y por tanto, se ordena la extinción del presente proceso en virtud de lo
establecido en el artículo 44 numeral 10 del Código Procesal Penal;
Primero: Admite como interviniente a Isla Dominicana de Petróleo Corporation, debidamente representada por W.B.G.M., en el recurso de casación interpuesto por Petróleos Nacionales, C. por A., representada por su P.J.I. delC.E.T., contra la sentencia núm. 203-2016-SSEN-00009, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega el 5 de enero de 2017;
Segundo: Acoge el acuerdo de desistimiento arribado entre las partes, depositado por ante la secretaría general de la Suprema Corte de Justicia en fecha 17 del mes de enero de 2018, librando acta del mismo y por tanto, declara extinguida la acción penal del proceso seguido a Petróleos Nacionales, C. por A., J.I. delC.E.T. y E.R.M., por aplicación del contenido del artículo 44 numeral 10 del Código Procesal Penal, conforme los motivos expuestos; Fecha: 9 de abril de 2018
Cuarto: Compensa las costas del procedimiento en atención al acuerdo arribado;
Quinto: Ordena que la presente decisión sea notificada a todas las partes y al Juez de la Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de La Vega.