Source: http://www.franciscosantana.net/2014/12/comite-olimpico-venezolano-tribunal-de.html
Timestamp: 2017-09-25 13:30:48
Document Index: 248806284

Matched Legal Cases: ['artículo 346', 'e contrario', 'artículo 258', 'Artículo 253', 'Artículo 49', 'Artículo 51', 'in fine', 'Artículo 53', 'ARTÍCULO 1', 'in fine', 'artículo 62', 'artículo 258', 'artículo 1424', 'artículo 26', 'Artículo 253', 'Artículo 258', 'Artículo 1', 'in fine', 'Artículo 20', 'Artículo 47', 'Artículo 27']

Cómite Olímpico Venezolano, Tribunal de Arbitraje Deportivo y la falta de jurisdicción del Poder Judicial venezolano (Sala Electoral) ~ Jurídicas de Interés
Cómite Olímpico Venezolano, Tribunal de Arbitraje Deportivo y la falta de jurisdicción del Poder Judicial venezolano (Sala Electoral)
En fecha 29 de enero de 2014, el ciudadano MANUEL ANTONIO RONDÓN NIEVES, titular de la cédula de identidad número 8.909.192, actuando con el carácter de“…Elector Pasivo miembro integrante de la Plancha N° 01 para el proceso de elección de las nuevas autoridades del Comité Olímpico Venezolano…”, asistido por la abogada Ingrid Reyes Centeno, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 65.158, presentó ante esta Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, recurso contencioso electoral conjuntamente con solicitud de amparo cautelar contra “…las actuaciones materiales y vías de hecho del órgano de la COMISIÓN ELECTORAL del COV que rige el proceso electoral de sus nuevas autoridades para el período 2014-2018…”.
Mediante escrito de fecha 5 de febrero de 2014, el abogado Antonio Quintero Viloria, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 15.633, actuando como representante judicial de la Comisión Electoral del Comité Olímpico Venezolano, opuso “…las cuestiones previas, previstas en el artículo 346 del Código de Procedimiento Civil…”.
En la misma fecha, el ciudadano Manuel Antonio Rondón Nieves otorgó poder apud acta a la abogada Ingrid Reyes Centeno, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 65.158.
El 26 de febrero de 2014, la abogada Ingrid Centeno, antes identificada, consignó escrito de oposición a la cuestión previa opuesta.
El 5 de marzo de 2014, el abogado Antonio Quintero Rodríguez, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 130.893, consignó escrito contentivo de observaciones al escrito presentado por la abogada Ingrid Centeno.
El 1° de abril de 2014, el abogado Antonio Quintero Rodríguez, ya identificado, presentó diligencia a los fines de consignar documentación que describe en la misma.
El 10 de abril de 2014, el mencionado abogado Antonio Quintero Rodríguez, consignó mediante diligencia “la traducción de la Carta del Director de Departamento de Relaciones con los Comités Olímpicos Nacionales del Comité Olímpico Internacional.”
El 15 de mayo de 2014, compareció ante esta Sala la abogada Ingrid Reyes Centeno, identificada anteriormente, a los fines de solicitar mediante escrito “pronunciamiento sobre la oposición de cuestiones previas ejercida por el apoderado judicial de la Comisión Electoral del Comité Olímpico Venezolano”, pedimento que fue ratificado el 12 de junio de 2014.
El 11 de junio de 2014, se dictó auto en el cual se dejó constancia que: “Por cuanto el proyecto de sentencia presentado por el Magistrado FERNANDO RAMÓN VEGAS TORREALBA, no alcanzó la mayoría requerida para su aprobación, se reasignó la ponencia del presente expediente al Magistrado OSCAR J. LEÓN UZCÁTEGUI”.
El 14 de julio de 2014, el abogado Antonio Quintero, identificado anteriormente, presentó escrito de argumentaciones.
El 18 de septiembre de 2014, la abogada Ingrid Reyes Centeno, ya identificada, solicitó mediante diligencia el pronunciamiento de esta Sala Electoral, sobre las cuestiones previas opuestas.
Por auto de fecha 29 de septiembre de 2014, se dejó constancia de la incorporación de la Magistrada Suplente Indira Maira Alfonzo Izaguirre, a fin de suplir la falta absoluta del Magistrado Oscar J. León Uzcátegui. La Sala quedó integrada de la siguiente manera: Presidente, Magistrado Fernando Ramón Vegas Torrealba, Vicepresidente, Magistrado Malaquías Gil Rodríguez, Magistrado Juan José Núñez Calderón, Magistrada Jhannett María Madriz Sotillo y Magistrada Suplente Indira Maira Alfonzo Izaguirre, Secretaria, Patricia Cornet y Alguacil Ricardo Garrido.
El 5 de noviembre de 2014, se dictó auto en el cual se dejo constancia que: “Por cuanto el proyecto de sentencia presentado por el Magistrado JUAN JOSÉ NUÑEZ CALDERON, no alcanzó la mayoría requerida para su aprobación, se reasignó la ponencia del presente expediente al Magistrado FERNANDO RAMÓN VEGAS TORREALBA”.
Afirmó que contrario a lo que alega la parte recurrente, el Comité Olímpico Venezolano “…no pretende crear una confrontación con el Máximo Tribunal de Justicia. Por el contrario [pretende] hacer valer [su] derecho Constitucional al arbitraje establecido en el artículo 258 de nuestra Carta Magna, para sí cumplir con la Carta Olímpica y evitar ser sancionados de alguna manera poniendo en riesgo a los atletas que representan a nuestro país de forma innecesaria” (corchetes de la Sala).
Narró que el 14 de febrero de 2014, el ciudadano Eduardo Álvarez Camacho, actuando con el carácter de Presidente del Comité Olímpico Venezolano, se dirigió mediante correo electrónico al Comité Olímpico Internacional “…buscando un pronunciamiento que le sea beneficioso pero en perjuicio de la justicia venezolana…” y el día 15 del mismo mes y año recibió respuesta de un miembro del referido órgano internacional, a través de la cual, “…sin ningún tipo de juicio de valor sobre la presente causa, garantiza el apoyo y reconocimiento que solicita el profesor Eduardo Álvarez”.
Afirmó que la Ley Orgánica de Deporte, Actividad Física y Educación Física acabó “…con todo el tradicionalismo deportivo excluyente y discriminatorio del pasado, donde en un proceso electoral deportivo, tan solo participaban delegados de la dirigencia nacional (…) por lo tanto, el COV obligatoriamente y previo al aquí denunciado proceso electoral de sus nuevas autoridades debe apegarse a todo el nuevo contexto jurídico deportivo nacional, que refiere principalmente a : 1) Contar con unos Estatutos actualizados y adecuados al ordenamiento jurídico deportivo nacional (…); 2) Como organización Social Promotora del deporte tipo asociativo, el COV debe estar inscrito en el Registro Nacional del Deporte, la Actividad Física y la Educación Física, asegurándole del mismo modo el registro e inscripción a todo gremio (atletas, entrenadores (as), árbitros (as), jueces (zas), y dirigentes deportivos), y así poder contar con un certificado de registro sellado y firmado por el presidente del Instituto Nacional de Deportes; y su incumplimiento no sirve de excusa para justificar la solicitud de intervención del COI, y mucho menos, buscando una confrontación con nuestro Máximo Tribunal de Justicia, pretendiendo argumentar falsos conflictos de competencias”.
“Artículo 253. (…) El sistema de justicia está constituido por el Tribunal Supremo de Justicia, los demás tribunales que determine la ley, el Ministerio Público, la Defensoría Pública, los órganos de investigación penal, los o las auxiliares y funcionarios o funcionarias de justicia, el sistema penitenciario, los medios alternativos de justicia, los ciudadanos que participan en la administración de justicia conforme a la ley y los abogados autorizados para el ejercicio” (resaltado de la Sala).
“El `acuerdo de arbitraje´ es un acuerdo por el cual las partes deciden someterse a arbitraje todas o algunas de las controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto de una relación jurídica contractual o no contractual. El acuerdo de arbitraje puede consistir en una cláusula incluida en un contrato, o en un acuerdo independiente. En virtud del acuerdo de arbitraje las partes se obligan a someter sus controversias a la decisión de árbitros y renuncian a hacer valer sus pretensiones ante los jueces. El acuerdo de arbitraje es exclusivo y excluyente de la jurisdicción ordinaria” (resaltado de la Sala).
“En definitiva, sobre la base de las consideraciones expuestas respecto al principio de competencia-competencia y a las relaciones de coordinación y subsidiariedad de los órganos del Poder Judicial frente al sistema de arbitraje, los órganos del Poder judicial sólo pueden realizar un examen o verificación‘prima facie’, formal, preliminar o sumaria de los requisitos de validez, eficacia y aplicabilidad de la cláusula arbitral, que debe limitarse a la constatación del carácter escrito del acuerdo de arbitraje y se excluye cualquier análisis relacionado con los vicios del consentimiento que se deriven de la cláusula por escrito, en los términos expuestos ut supra, y así expresamente se declara.
Ahora bien, es de hacer notar, que el anterior criterio no comporta la negación de las competencias del Poder Judicial relativas a la interposición de los recursos o consultas establecidas en el ordenamiento jurídico adjetivo aplicable, por lo que en aquellos casos en los cuales ante una demanda o acción interpuesta ante los tribunales se plantee la falta o regulación de jurisdicción, resulta plenamente aplicable el contenido de los artículos 62 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. Así se declara.”
“En Venezuela, esta Sala advierte que la inclusión del arbitraje dentro del sistema de justicia, puso fin a la aparente contradicción que desde el punto de vista doctrinal y jurisprudencial se generó entre arbitraje, orden público, normas imperativas y el principio tuitivo o protector de la legislación especial en áreas ‘sensibles’ como laboral, arrendamiento, consumo, operaciones inmobiliarias, entre otras.
“1. Solo se podrá denegar el reconocimiento y la ejecución de la sentencia [laudo arbitral], a instancia de la parte contra la cual es invocada, si esta parte prueba ante la autoridad competente del país en que se pide el reconocimiento y la ejecución:
b) Que el reconocimiento o la ejecución de la sentencia serían contrarios al orden público de ese país” (corchetes de la Sala).
“Artículo 49. El reconocimiento o la ejecución de un laudo arbitral, cualquiera que sea el país que lo haya dictado sólo se podrá denegar:
g) Que el acuerdo de arbitraje no sea válido en virtud de la Ley a la cual las partes lo han sometido”.
“Artículo 51. El Comité Olímpico Venezolano, es la organización social creada bajo las formas de derecho privado sin fines de lucro, para promover, desarrollar y difundir los valores, principios y reglas técnicas del movimiento mundial olímpico en la República; así como para representación internacional del movimiento olímpico del país, sus valores, principios de identidad nacional. Constituye el órgano asociativo superior de las federaciones deportivas nacionales de disciplinas incluidas en el programa olímpico, en materias propias del movimiento olímpico nacional e internacional y se regirá de acuerdo con los principios y normas del Comité Olímpico Internacional y por lo preceptuado en esta Ley y su Reglamento, por sus propios estatutos y reglamentos internos, los cuales deben publicarse en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela al igual que la designación de sus directivos y de acuerdo con los principios y normas del Comité Olímpico Internacional.
Artículo 53. La elección de las autoridades del Comité Olímpico Venezolano, se realizará de conformidad con lo previsto en sus estatutos y reglamentos, con observancia y sujeción a principios democráticos y en armonía con los principios del movimiento olímpico” (Resaltado de la Sala).
“ARTÍCULO 1.- El Comité Olímpico Venezolano (COV), es una Asociación Civil sin fines de lucro, Autónoma, de carácter no gubernamental y con Personalidad Jurídica propia, fundada el 23 de diciembre de 1935 e inscrita en la oficina Subalterna del Segundo Circuito de Registro del Departamento Libertador del Distrito Federal bajo el N° 19, Protocolo 1ro, Tomo 18, afiliado al Comité Olímpico Internacional (COI) por lo cual se apega a las normas y el espíritu de la Carta Olímpica y se somete al dictamen de la Corte Internacional de Arbitraje para el deporte de Lausanne, para solucionar cualquier discrepancia surgida en o con relación a los Juegos Olímpicos, a su conformación, a la carta olímpica, a la Elección de sus Autoridades o a cualquier problema que pudiera surgir conforme a la dinámica del Movimiento Olímpico. Está constituido por las Federaciones Deportivas Nacionales afiliadas, cuyos deportes forman parte del programa olímpico y por aquellas que sin tener esta condición, hayan sido aceptadas dentro del seno del Comité y bajo las condiciones establecidas en estos estatutos (resaltado de la Sala).
PRIMERO: CON LUGAR la cuestión previa de falta de jurisdicción opuesta por el abogado Antonio Quintero Viloria, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 15.633, actuando como representante judicial de la Comisión Electoral del Comité Olímpico Venezolano.
SEGUNDO: El Poder Judicial NO TIENE JURISDICCION para conocer la acción ejercida por el ciudadano Manuel Antonio Rondón Nieves, titular de la cédula de identidad número 8.909.192, actuando con el carácter de “…Elector Pasivo miembro integrante de la Plancha N° 01…”, contra “…las actuaciones materiales y vías de hecho del órgano de la COMISIÓN ELECTORAL del COV que rige el proceso electoral de sus nuevas autoridades para el período 2014-2018…”.
En diecinueve (19) de noviembre del año dos mil catorce (2014), siendo la una y cuarenta y cinco de la tarde (1:45 p.m.), se firmó la anterior sentencia y se difirió su publicación por cuanto hubo anuncio de voto salvado del Magistrado Juan José Núñez Calderón y de la Magistrada Jhannett María Madriz Sotillo.
Quien suscribe, Magistrado JUAN JOSÉ NÚÑEZ CALDERÓN, en virtud de la facultad que le confiere el artículo 62 del Reglamento Interno del Tribunal Supremo de Justicia, consigna su opinión disidente al contenido decisorio del fallo que antecede, en los términos siguientes:
La razón que conduce a este Magistrado a disentir de la mayoría sentenciadora radica en el hecho de haber declarado esta Sala Electoral “…CON LUGAR la cuestión previa de falta de jurisdicción opuesta por el abogado Antonio Quintero Viloria (…), actuando como representante judicial de la Comisión Electoral del Comité Olímpico Venezolano…” y, en consecuencia, que el “…Poder Judicial NO TIENE JURISDICCIÓN para conocer la acción ejercida por el ciudadano Manuel Antonio Rondón Nieves…” (destacado del fallo).
Expuesto lo anterior, observa quien disiente que, efectivamente, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha dictado una serie de sentencias con carácter vinculante en relación con la interpretación e implementación de los artículos 253 y 258 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que hacen referencia al arbitraje como medio alternativo para la resolución de conflictos. De dichas sentencias se desprende que aun cuando el arbitraje es concebido como un derecho fundamental, no se le confiere el carácter de derecho absoluto, pues la referida Sala ha señalado que“…a él tendrá derecho el titular de esa situación [controvertida], siempre, claro está, que se cumpla, además, con las condiciones de procedencia de esos medios alternos…” (Vid. sentencia Nro. 192 del 28 de febrero de 2008) y que “…la procedencia y validez de los medios alternativos de resolución de conflictos y, en particular del arbitraje, se verifica en la medida en que éstos respondan a los principios y límites que formal y materialmente el ordenamiento jurídico ha establecido al respecto…” (Vid. sentencia Nro. 1541 del 17 de octubre de 2008), por lo que es indispensable precisar cuáles son esos principios y límites, cómo se constatan y cuáles son sus implicaciones para casos como el de autos (corchetes y destacado de quien disiente).
La interrelación de ambos principios es descrita por el jurista mexicano Francisco González de Cossío de la siguiente manera:
Compétence hace que un árbitro pueda analizar su competencia y decidir que carece de la misma en forma jurídica y lógicamente congruente; y la autonomía permite determinar que el contrato es defectuoso sin desestabilizar los cimientos jurídicos de la decisión (el laudo). Pero y es aquí donde existe una sutileza que es importante notar si bien autonomía permite resistir una reclamación de que el acuerdo arbitral es inválido dado que el contrato es nulo, sin compétence dicho principio solo no permitiría que un árbitro proceda con el arbitraje cuando la reclamación versa sobre el acuerdo arbitral. Dicho resultado es propiciado por compétence. (…) Se trata de instancias de ingeniería jurídica inteligentemente utilizada para resolver un obstáculo que la trayectoria al objetivo deseado encontró (Vid. GONZÁLEZ DE COSSÍO, Francisco. “El Principio Compétence-Compétence Revisitado”. Anuario del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, N° 36. México, 2006, p. 90).
En relación con este último aspecto, la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal en sentencia Nro. 1067 del 3 de noviembre de 2010 destaca la inexistencia de un criterio uniforme en el Derecho Comparado en lo referente a los parámetros que debe analizar el Juez ante el cual es cuestionada una cláusula arbitral, pues por un lado se ubican posturas que se pronuncian a favor de un control a profundidad respecto a su validez, eficacia o aplicabilidad, en contraposición de quienes sostienen que dicho análisis debe ser preliminar o sumario (postura esta última que dicha Sala califica como mayoritaria), señalando además que “…es en esta última corriente que el ordenamiento jurídico venezolano se inscribe, lo cual no sólo se justifica desde un punto de vista jurídico conceptual, sino desde un enfoque utilitarista, en la medida en que la posibilidad que los órganos arbitrales se pronuncien sobre su propia competencia en ningún caso excluye el control de los tribunales, lo cual puede ocurrir de forma plena en el marco de un recurso de nulidad contra el laudo arbitral de conformidad con los artículos 43 y 44 de la Ley de Arbitraje Comercial…”.
3. El tribunal de uno de los Estados Contratantes al que se someta un litigio respecto del cual las partes hayan concluido un acuerdo en el sentido del presente artículo, remitirá a las partes al arbitraje, a instancia de una de ellas, a menos que compruebe que dicho acuerdo es nulo, ineficaz o inaplicable. (Destacado de quien disiente).
“el con­trol sumario protege la autonomía de los tribunales arbitrales para decidir preliminarmente acerca de su propia competencia. Sin embargo, no des­conoce la celeridad procesal, al facultar a los jueces para señalar, en un momento dado, que el pacto arbitral es manifiestamente nulo, lo cual les evita a las partes adelantar un proceso arbitral inútil. Así mismo, respon­de al espíritu de la Convención y al del artículo II.3 de la misma, los cua­les consisten, en esencia, en dotar de efectividad al arbitraje, sin perjuicio de unas limitaciones razonables, enderezadas a proteger las expectativas de las partes y unas garantías elementales del debido proceso (…).
De ello resulta pues, que a juicio de esta Sala el alcance de la voz “compruebe” denota bajo una interpretación literal, teleológica y racional de la norma -conforme a la jurisprudencia vinculante de esta Sala según la cual “visto que el mandamiento constitucional a que se refiere el artículo 258 impone el desarrollo, promoción y sana operatividad de los medios alternativos para la resolución de conflictos en el foro venezolano (que compele tanto al legislador como al operador judicial), toda norma legal o interpretación judicial que lo contraríe debe considerarse reñida al texto fundamental y, por tanto, inconstitucional” (Cfr. Sentencia de esta Sala N° 1.541/08, publicada en la Gaceta Oficial Nº 39.055 del 10 de noviembre de 2008)-, que la misma no pueda comportar la realización de un examen judicial de fondo y detallado del pacto arbitral, sino una verificación “prima facie”, formal, preliminar o sumariade los requisitos de validez, eficacia y aplicabilidad de la cláusula arbitral; por lo que los órganos del Poder judicial al no advertir una manifiesta nulidad, ineficacia o inaplicabilidad, deberán remitir al arbitraje, las disputas sometidas a su conocimiento. (Destacado de quien disiente).
Continúa señalando la mencionada sentencia que el control sumario, preliminar o prima facie consistirá en “…(i) la constatación del carácter escrito del acuerdo de arbitraje y (ii) que se excluya cualquier análisis relacionado con los vicios del consentimiento que se deriven de la cláusula por escrito…”. No obstante, de lo expuesto por el jurista Santiago Talero en la obra citada en dicha decisión y de lo indicado por la propia Sala Constitucional en el párrafo siguiente a dicha cita, se desprende que si bien el control sumario constituye una garantía para la autonomía del tribunal arbitral en tanto se dirige a hacer efectivo el ejercicio del principio competencia-competencia, el mismo faculta a los Jueces a constatar -excepcionalmente- la nulidad, ineficacia o inaplicabilidad del pacto arbitral, en aras de la celeridad procesal y de “…evita[r] a las partes adelantar un proceso arbitral inútil…”, por cuanto una vez emitido el laudo arbitral como consecuencia de la remisión efectuada conforme a una cláusula manifiestamente nula, ineficaz o inaplicable, dicho laudo pudiera ser impugnado en sede judicial con amplias posibilidades de que sea declarado nulo (corchetes de quien disiente).
En relación con lo expuesto, es oportuno hacer referencia a lo indicado por Francisco González de Cossío -defensor del principio “competencia-competencia total” y de la tesis del análisis prima facie, cuya obra también es citada por la Sala Constitucional para fundamentar su decisión-, quien al analizar el contenido del artículo 1424 del Código de Comercio Mexicano (redactado en similares términos a lo previsto en el numeral 3 del artículo II de la Convención sobre Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras), en cuanto a la facultad del Juez para comprobar la nulidad, ineficacia o inaplicabilidad del acuerdo arbitral como impedimento para la remisión del asunto al arbitraje, sostiene lo siguiente:
Los ejemplos abundan, y la implicación de los mismos es que existen situaciones en las que el mecanismo arbitral no se justifica o puede (paradójicamente) utilizarse para obstaculizar el ejercicio de derechos. En dichos casos el juez cuenta con la facultad de no remitir. Pero se trata de un caso excepcional. Estirar dicha excepción para convertirla en regla (como lo hace la Teoría de la Compétence Parcial) es un error que obstaculiza la mecánica de la cual forma parte. Hace que la excepción devore la regla. (GONZÁLEZ DE COSSÍO, Francisco. “El Principio Compétence-Compétence Revisitado”. Anuario del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana”, No° 36, México, 2006, p. 89-108). (Destacado de quien disiente)
En sintonía con lo expuesto, la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal, en su sentencia Nro. 1541 del 17 de octubre de 2008, señaló que “[c]uando el legislador determina que conforme al principio tuitivo, una materia debe estar regida por el orden público, no deben excluirse per se a los medios alternativos para la resolución de conflictos, y entre ellos, al arbitraje, ya que la declaratoria de orden público por parte del legislador de una determinada materia lo que comporta es la imposibilidad de que las partes puedan relajar o mitigar las debidas cautelas o protecciones en cabeza del débil jurídico, las cuales son de naturaleza sustantiva…” (corchetes de quien disiente).
Por tanto, quien suscribe considera que resultaba improcedente el alegato relacionado con la falta de jurisdicción esgrimido por la representación judicial de la Comisión Electoral del Comité Olímpico Venezolano y, en consecuencia, se ha debido declarar que el Poder Judicial venezolano sí tiene jurisdicción para conocer y decidir el recurso contencioso electoral interpuesto conjuntamente con solicitud de amparo cautelar por el ciudadano Manuel Antonio Rondón Nieves, asistido por la abogada Ingrid Reyes Centeno “…contra las actuaciones materiales y vías de hecho del órgano de la COMISIÓN ELECTORAL del COV que rige el proceso electoral…” mediante el cual serán electas sus autoridades para el período 2014-2018 (destacados del original).
Finalmente, visto que en el fallo del que se disiente se declaró la falta de jurisdicción del Poder Judicial venezolano para conocer y decidir la causa contenida en autos, quien suscribe considera que bajo dicho supuesto procedía la consulta obligatoria a la que hacen referencia los artículos 59 y 62 del Código de Procedimiento Civil, tal como lo ha indicado de manera reiterada la Sala Político Administrativa de este Máximo Tribunal, órgano competente para conocer de “[l]as consultas y recursos de regulación de jurisdicción” de conformidad con lo previsto en el numeral 20 del artículo 26 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (Vid. decisiones Nro. 6.270 del 16 de noviembre de 2005, Nro. 647 del 18 de mayo de 2011 y Nro. 1139 del 11 de agosto de 2011, emanadas de la referida Sala, entre otras). No obstante, el fallo del que se disiente no efectúa dicha remisión, con lo cual contraviene el precepto expreso contenido en las referidas normas del Código de Procedimiento Civil (corchetes de quien disiente).
Quien suscribe, Magistrada JHANNETT MARÍA MADRIZ SOTILLO, salva su voto por disentir del criterio sostenido por la mayoría sentenciadora en el fallo que antecede, mediante el cual se declaró CON LUGAR la cuestión previa de falta de jurisdicción alegada por el representante judicial de la Comisión Electoral del Comité Olímpico Venezolano y se declaró que el Poder Judicial NO TIENE JURISDICCIÓN para conocer el recurso contencioso electoral con solicitud de amparo cautelar que interpuso el ciudadano Manuel Antonio Rondón Nieves contra “las actuaciones materiales y vías de hecho del órgano de la COMISIÓN ELECTORAL del COV que rige el proceso electoral de sus nuevas autoridades para el período 2014-2018”.
“Artículo 253.La potestad de administrar justicia emana de los ciudadanos y ciudadanas y se imparte en nombre de la República y por autoridad de la ley.
El sistema de justicia está constituido por el Tribunal Supremo de Justicia, los demás tribunales que determine la ley, el Ministerio Público, la Defensoría Pública, los órganos de investigación penal, los o las auxiliares y funcionaros o funcionarias de justicia, el sistema penitenciario, los medios alternativos de justicia, los ciudadanos y las ciudadanas que participen en la administración de justicia, conforme a la ley y los abogados y abogadas autorizados y autorizadas para su ejercicio”
“Artículo 258. La Ley organizará la justicia de paz en las comunidades. Los jueces y las juezas de paz serán elegidos o elegidas por votación universal, directa y secreta, conforme a la ley.
La ley promoverá el arbitraje, la conciliación, la mediación y cualesquiera otros medios alternativos para la solución de conflictos”. (negrillas del voto salvado)
“Artículo 1.- El Comité Olímpico venezolano (COV) es una Asociación Civil sin fines de lucro, Autónoma, de carácter no gubernamental y con personalidad jurídica propia (…) afiliado al Comité Olímpico (COI) Internacional por lo cual se apega a las normas y al espíritu de la Carta Olímpica y se somete al dictamen de la Corte Internacional de Arbitraje para el deporte de Laussane, para solucionar cualquiera discrepancia surgida en o con relación a los Juegos Olímpicos, a su conformación a la Carta Olímpica, a la Elección de sus Autoridades o a cualquier problema que pudiera surgir conforme a la dinámica del Movimiento Olímpico.
8°) Agotada la Vía administrativa, cualquier impugnación a los Procesos Electorales del Comité Olímpico Venezolano sólo se hará por ante el Tribunal de Arbitraje deportivo de Laussane, cuyas decisiones serán definitivas e inapelables”.
“Artículo 20. La existencia, la capacidad, el funcionamiento y la disolución de las personas jurídicas de carácter privado se rigen por el Derecho del lugar de su constitución.
Se entiende por lugar de su constitución, aquél en donde se cumplan los requisitos de forma y fondo requeridos para la creación de dichas personas.”
“Artículo 47. La jurisdicción que corresponde a los tribunales venezolanos, según las disposiciones anteriores, no podrá ser derogada convencionalmente en favor de tribunales extranjeros, o árbitros que resuelvan en el extranjero, en aquellos casos en que el asunto se refiera a controversias relativas a derechos reales sobre bienes inmuebles situados en el territorio de la República, o se trate de materias respecto de las cuales no cabe transacción o que afecten los principios esenciales del orden público venezolano.
La norma señalada establece que la jurisdicción, que corresponde a los tribunales venezolanos, no podrá ser derogada en favor de tribunales extranjeros en caso de que afecten los principios esenciales del orden público venezolano, en éste sentido la Sala Constitucional en sentencia número 2201 del dieciséis (16) de septiembre de dos mil dos (2002) definió que "El orden público está integrado por todas aquellas normas de interés público, que son de cumplimiento incondicional, que no pueden ser derogadas por las partes y, en las cuales el interés general de la sociedad y del estado supedita el interés particular, para la protección de ciertas instituciones que tienen elevada importancia para el mantenimiento de la seguridad jurídica (…).”
“Artículo 27.Competencias de la Sala Electoral.
5. Como el deporte es una actividad que forma parte de la sociedad, las organizaciones deportivas en el seno del Movimiento Olímpico tendrán los derechos y obligaciones de autonomía, que consisten en controlar y establecer libremente las normas del deporte, determinar la estructura y gobernanza de sus organizaciones, disfrutar del derecho a elecciones libres de toda influencia externa y la responsabilidad de garantizar la aplicación de los principios de buena gobernanza.”.
“Estatuto de la Corte Internacional de Arbitraje Deportivo (CIAS) y del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).
•El Consejo Internacional de Arbitraje en materia de Deportes (CIAS) y
La sede de la CIAS y de la TAS es en Laussane, Suiza.”
“Reglamento de Procedimiento. A. Disposiciones Generales. R27 Aplicación del Reglamento de Procedimiento.
Estos conflictos pueden involucrar cuestiones de principio relativas al deporte o asuntos pecuniarios o de otro tipo relacionados con la práctica o desarrollo deportivo y puede incluir generalmente toda actividad o quehacer relativo al deporte.”
JUAN JOSE NÚÑEZ CALDERÓN
En veintiséis (26) de noviembre del año dos mil catorce (2014), siendo las ocho y treinta y cinco de la mañana (8:30 a.m.), se publicó y registró la anterior sentencia bajo el N° 210 con el voto salvado del Magistrado Juan José Núñez Calderón y de la Magistrada Jhannett María Madriz Sotillo.
http://www.tsj.gov.ve/decisiones/selec/noviembre/171987-210-261114-2014-AA70-E-2014-000005.HTML
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