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Timestamp: 2019-07-21 23:54:55
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Decreto Legislativo de Finanzas de las Illes Balears 2005 (Decreto Legislativo 1/2005, de 24 junio) - Normativa de Baleares - Legislación - VLEX 74123167
Decreto Legislativo de Finanzas de las Illes Balears 2005 (Decreto Legislativo 1/2005, de 24 junio)
Publicado en: BO Illes Balears de 28 de Junio 2005
ANEXO. Texto Refundido de la Ley de Finanzas de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears
CAPÍTULO II. Competencias - arts. 6 a 10
CAPÍTULO I. De los derechos - arts. 11 a 22
CAPÍTULO II. De las obligaciones - arts. 23 a 27
CAPÍTULO III. Revisión de actos en vía económico-administrativa - art. 28
CAPÍTULO IV. Del endeudamiento - arts. 29 a 32
CAPÍTULO IV. Presupuestos de las entidades públicas empresariales, de las sociedades mercantiles públicas y de las fundaciones del sector público - arts. 64 a 68
CAPÍTULO I. De la tesorería - arts. 69 a 73
CAPÍTULO II. De los avales - arts. 74 a 78
CAPÍTULO I. De la intervención y del control interno - arts. 79 a 81
CAPÍTULO II. De la función interventora - arts. 82 a 86
CAPÍTULO III. Del control financiero - art. 87
CAPÍTULO IV. De la contabilidad pública - arts. 88 a 94
CAPÍTULO V. Utilización de medios electrónicos, informáticos y telemáticos - art. 95
TÍTULO V. De las responsabilidades - arts. 96 a 99
TÍTULO VI. Relaciones institucionales - art. 100
Norma citada en: 22 sentencias, 4 disposiciones normativas
Decreto Legislativo desarrollado por el Decreto 62/2006, de 7 julio, publicado en el BO Islas Baleares del 15 de Julio de 2006.
La delegación legislativa se realiza en virtud de lo dispuesto en el artículo 27.1 del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, según el cual: «El Parlamento podrá delegar en el Gobierno de la Comunidad Autónoma la potestad de dictar normas con categoría de ley, en los mismos términos y supuestos de delegación previstos en los artículos 82 , 83 y 84 de la Constitución». En este sentido, el artículo 19.4 de la Ley 4/2001, de 14 de marzo, del Gobierno de las Illes Balears, establece que corresponde al Consejo de Gobierno aprobar los decretos legislativos, previa delegación del Parlamento, en los términos previstos en el Estatuto de Autonomía.
Las referencias a la Consejería o al Consejero de Economía y Hacienda o de Hacienda y Presupuestos contenidas en las normas dictadas con anterioridad al presente Decreto Legislativo se entenderán referidas a la Consejería o al Consejero competente en materia de hacienda y presupuestos, respectivamente.
Las referencias a la Ley 1/1986, de 5 de febrero, de Finanzas de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, contenidas en la normativa vigente deben entenderse referidas al presente Decreto Legislativo.
Las normas contenidas en los artículos 33 , 34 , 38 , 67 , 91 , 92 y 94 de este Decreto Legislativo en relación con las fundaciones del sector público autonómico no serán de aplicación a estas entidades hasta el ejercicio presupuestario del año 2008, con excepción del apartado 4 del artículo 92 relativo a los consorcios, el cual se aplicará a estas entidades. En todo caso, serán de aplicación a estas entidades las normas contenidas en los artículos 74.4 , 75 , 86 , 87 y 90 del presente Decreto Legislativo.
Disposición Transitoria Segunda, añadida, pasando la anterior Disposición Transitoria Única a ser Disposición Transitoria Primera, por la Ley 9/2011, de 23 de diciembre, de presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears para el año 2012, publicada en el Boletín Oficial de las Islas Baleares, el 30 de Diciembre de 2011.
Disposición transitoria segunda, modificada por la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears para el año 2013, publicada en el Boletín Oficial de las Islas Baleares, el 29 de Diciembre de 2012.
Disposición transitoria segunda, modificada por la Ley 13/2014, de 29 de diciembre, de presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears para el año 2015, publicada en el Boletín Oficial de las Islas Baleares, el 30 de Diciembre de 2014.
Disposición transitoria segunda, modificada por la Ley 12/2015, de 29 de diciembre, de presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears para el año 2016.
Quedan derogadas expresamente las siguientes Leyes:
La Ley 1/1986, de 5 de febrero, de Finanzas de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
Los artículos 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 y 23 de la Ley 5/1986, de 6 de junio, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para 1986.
Los artículos 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 y 25 de la Ley 6/1987, de 27 de marzo, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para 1987.
Los artículos 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 17 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 26 y 27 de la Ley 10/1987, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para 1988.
Los artículos 4 , 5 , 10.3 , 12 , 13 , 15 , 16 y la disposición adicional novena de la Ley 13/1988, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para 1989.
Los artículos 4 , 5 , 12 , 13 , 15 y 16 de la Ley 11/1989, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para 1990.
Los artículos 4 , 5 , 12 , 14 , 15 , 17 , 18 y la disposición adicional octava de la Ley 14/1990, de 20 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para 1991.
Los artículos 4 , 5 , 12 , 14 , 15 , 17 , 18 y el segundo apartado de la disposición adicional segunda de la Ley 11/1991, de 13 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para 1992.
Los apartados primero y segundo del artículo 3 , los artículos 6 , 7 , 9 , 10 , 21 , 22 , 23 , 27 , 29 , 30 , 31 , 35 y los apartados segundo y tercero de la Disposición adicional segunda de la Ley 6/1992, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para 1993.
Los artículos 3 , 6 , 7 , 9 , 10 , 23 , 24 , 28 , 30 , 31 y la Disposición adicional primera de la Ley 11/1993, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para 1994.
Los artículos 3 , 6 , 7 , 9 , 10 , 23 , 24 , 29 , 31 , 32 y la Disposición adicional primera de la Ley 3/1994, de 29 de noviembre de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para 1995.
Los artículos 3 , 6 , 7 , 9 , 10 , 22 , 23 , 26 , 28 , 29 , 30 y la Disposición adicional primera de la Ley 9/1995, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para 1996.
Los artículos 5 , 6 , 8 , 9 , 10 , 21 , 22 , 25 , 26 , 27 y la Disposición adicional primera de la Ley 4/1996, de 19 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para 1997.
Los artículos 6 , 8 , 9 , 22 y 23 de la Ley 10/1997, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para 1998.
Los artículos 6 , 7 , 8 y 18 de la Ley 15/1998, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para 1999.
Los artículos 6 , 7 , 8 , 16 , 17 y 20 de la Ley 11/1999, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para el año 2000.
Los artículos 5 , 6 , 7 , 12 , 16 , 17 y 20 de la Ley 15/2000, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para el año 2001.
Los artículos 5 , 6 , 7 , 12 , 16 y 19 de la Ley 19/2001, de 21 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para el año 2002.
Los artículos 5 , 6 , 7 , 15 y 18 de la Ley 10/2002, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para el año 2003.
Los artículos 4 , 7 , 8 , 9 , 18 y 21 de la Ley 9/2003, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para el año 2004.
Los artículos 7 , 10 , 19 y 22 de la Ley 7/2004, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de les Illes Balears para el año 2005.
Asimismo, quedan derogadas todas las normas de rango igual o inferior que se opongan a este Decreto Legislativo.
Se autoriza al Gobierno para que, dentro del ámbito de su competencia, dicte las disposiciones que sean necesarias para desarrollar este Decreto Legislativo.
El presente Decreto Legislativo y el Texto Refundido que aprueba entrarán en vigor el día siguiente de su publicación en el «Butlletí Oficial de les Illes Balears».
ANEXO Texto Refundido de la Ley de Finanzas de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears Artículos 1 a 100
TÍTULO PRELIMINAR Principios generales Artículos 1 a 10
Constituye el objeto de esta Ley la regulación, la contabilidad y el control de la actividad económico-financiera del sector público de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
A los efectos de la presente Ley, se entiende por actividad económico-financiera el conjunto de actuaciones dirigidas a la liquidación y obtención de derechos e ingresos y a la realización de gastos y pagos para el desarrollo de las funciones o finalidades propias de la Comunidad Autónoma.
A los efectos de la presente ley, integran el sector público de la comunidad autónoma de las Illes Balears:
Los órganos de la comunidad autónoma de las Illes Balears regulados en el Estatuto de Autonomía, sin perjuicio del régimen particular que establecen las normas que regulen su funcionamiento y autonomía presupuestaria.
Los organismos autónomos vinculados a la Administración de la comunidad autónoma o dependientes de ella.
El Servicio de Salud de las Illes Balears, el cual ha de sujetarse al régimen aplicable a los organismos autónomos a que se refiere la letra c) anterior, sin perjuicio de las especialidades contenidas en la presente ley y en el resto de las normas aplicables a esta entidad.
La Agencia Tributaria de las Illes Balears, que se rige por lo establecido en la normativa específica reguladora de esta entidad y, supletoriamente, por el régimen aplicable a los organismos autónomos a que se refiere la letra c) anterior.
Las entidades públicas empresariales vinculadas a la Administración de la comunidad autónoma o dependientes de ella.
Las sociedades mercantiles públicas de la comunidad autónoma de las Illes Balears.
Los consorcios de la comunidad autónoma de las Illes Balears han de aplicar las normas establecidas en la presente ley para los organismos autónomos en todo lo que sea compatible con la naturaleza jurídica de estos entes y su normativa específica.
Artículo 1 apartados 3 y 4 modificado por Ley 7/2010, de 21 de julio, del sector público instrumental de la comunidad autónoma de las Illes Balears, publicada en el BO Islas Baleares del 29 de Julio de 2010.
Integra la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears el conjunto de derechos y obligaciones de contenido económico-financiero, cuya titularidad le corresponda a la Administración de la Comunidad Autónoma y a sus entidades autónomas.
La Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears, los organismos autónomos y el resto de entidades que integran el sector público administrativo de la comunidad autónoma gozan del mismo tratamiento que la ley establece para la Administración del Estado por lo que respecta a las prerrogativas, a la inembargabilidad de los bienes y de los derechos, y a los beneficios fiscales. El resto de entidades instrumentales de la comunidad autónoma gozan de las prerrogativas y de los beneficios fiscales que, en su caso, las leyes establecen, con el alcance que corresponda en cada caso.
Artículo 2, apartado 2, modificado por la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears para el año 2013, publicada en el Boletín Oficial de las Islas Baleares, el 29 de Diciembre de 2012.
Sin perjuicio de lo que establezca la legislación general del Estado que resulte aplicable de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, la actividad económico-financiera de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears se regula por la presente Ley, por las leyes especiales sobre la materia emanadas del Parlamento de las Illes Balears, y por los preceptos que contengan las Leyes de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma en cada ejercicio.
Supletoriamente serán de aplicación la Ley General Presupuestaria y el resto de normas complementarias y de desarrollo de dicha Ley.
La Comunidad Autónoma de las Illes Balears organizará y desarrollará su actividad económico-financiera con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho y servirá con objetividad a los intereses generales en el marco del Estatuto de Autonomía.
Los gastos públicos, incluidos en el presupuesto de la Comunidad, realizarán una asignación equitativa de los recursos públicos. Su programación y ejecución responderá a los principios de eficiencia y economía, así como a los principios de solidaridad, equilibrio y territorialidad, y procurará la objetividad y transparencia exigibles en la administración de los recursos públicos.
La Comunidad Autónoma de las Illes Balears estará sometida al siguiente régimen:
De presupuesto anual. No obstante, se podrán elaborar los planes de inversión plurianuales que sean necesarios para el adecuado cumplimiento de los planes económicos regionales y de los planes comarcales específicos, que se integrarán anualmente en los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma, una vez aprobados dichos planes de inversión por el Parlamento.
De unidad de caja, mediante la centralización de todos los fondos y valores generados por operaciones presupuestarias y extrapresupuestarias.
De presupuesto bruto. Los derechos liquidados y las obligaciones reconocidas se aplicarán a los presupuestos por su importe íntegro, sin que puedan atenderse obligaciones mediante minoración de los derechos a liquidar o ya ingresados y viceversa, salvo en los casos previstos en esta Ley o debidamente autorizados en normas de rango legal.
De no afectación de los ingresos. Los recursos de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma se destinarán a satisfacer el conjunto de sus obligaciones económicas, salvo que por Ley se establezca su afectación a fines determinados.
De control interno, que será ejercido por la Intervención General en los términos previstos en esta Ley.
De contabilidad pública, tanto para reflejar toda clase de operaciones y de resultados de su actividad como para facilitar cuantos datos o información en general sean necesarios para el desarrollo de dicha actividad.
Las cuentas de la Comunidad Autónoma se rendirán a la Sindicatura de Cuentas y al Tribunal de Cuentas, de acuerdo con las disposiciones que regulen las funciones de estos órganos, y se someterán al examen y aprobación del Parlamento de las Illes Balears de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28.7 del Estatuto de Autonomía.
CAPÍTULO II Competencias Artículos 6 a 10
Deben ser reguladas por Ley del Parlamento de las Illes Balears las siguientes materias relativas a la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma:
Las modificaciones de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma, a través de la concesión de créditos extraordinarios y de suplementos de crédito.
El establecimiento, modificación y supresión de tributos propios.
El ejercicio de competencias normativas en relación con los elementos esenciales de los tributos cedidos, con el alcance que establezca la legislación del Estado.
El establecimiento, modificación y supresión de recargos sobre tributos estatales.
La autorización para la emisión y conversión de deuda pública, sin perjuicio de la autorización del Estado cuando proceda.
La creación y regulación del régimen general y especial en materia económico-financiera de las entidades autónomas y de las empresas públicas definidas en el apartado 1 del artículo 1.b) de la Ley 3/1989, de 29 de marzo, de Entidades Autónomas y Empresas Públicas y Vinculadas a la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
La sujeción de nuevas materias al régimen de tutela financiera sobre los entes locales, sin perjuicio de su autonomía reconocida por la Constitución.
La creación y regulación de instituciones de crédito propias de la Comunidad Autónoma.
El régimen del patrimonio de la Comunidad Autónoma.
Aquellas otras cuestiones en materia económico-financiera que, según las leyes, deban ser reguladas por normas de rango legal.
Constituyen también competencias del Parlamento de las Illes Balears las siguientes:
Aprobar los planes de inversiones que hayan de presentarse al Estado para su inclusión en los fondos de compensación interterritorial, así como la modificación de estos planes.
Aprobar las disposiciones necesarias para su aplicación.
Aprobar el proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma y su remisión al Parlamento.
Aprobar los proyectos de leyes de créditos extraordinarios y de suplementos de créditos y remitirlos al Parlamento.
Prestar o denegar la conformidad a la tramitación de proposiciones de ley que supongan incremento de los gastos o disminución de los ingresos.
Autorizar y disponer los gastos en los supuestos que determine la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma u otra norma de rango legal.
Autorizar previamente a los titulares de las secciones presupuestarias la autorización y disposición de gastos que sean de su competencia en los supuestos que así lo establezca la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma u otra norma de rango legal.
Determinar las directrices de política económica y financiera de la Comunidad Autónoma.
Proponer al Consejo de Gobierno las disposiciones y los acuerdos que procedan.
Elaborar y someter al acuerdo del Consejo de Gobierno el anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma.
Dictar las disposiciones y resoluciones que le correspondan.
Organizar los servicios de gestión, liquidación, recaudación, inspección y revisión en materia tributaria.
Velar por la ejecución del presupuesto y por el cumplimiento de las disposiciones referentes a la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma.
Aprobar las modificaciones presupuestarias, en los términos previstos en esta Ley.
Ejercer la superior autoridad sobre la ordenación de pagos de la Administración de la Comunidad Autónoma y de sus entidades autónomas.
Ejercer, a tenor de lo previsto en el artículo 72 e) del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, la tutela y el control financiero sobre cuantas instituciones y organismos tenga reservadas competencias la Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo establecido en el Título II del Estatuto de Autonomía.
Efectuar el seguimiento y el control de las decisiones de las que se deriven consecuencias económicas en materia de retribuciones y efectivos de personal.
Artículo 8 letra c) declarada vigente por Disposición derogatoria única.2 de la Ley 3/2008, de 14 abril, Agencia Tributaria de las Illes Balears, publicada en el BO Islas Baleares del 24 de Abril de 2008.
Artículo 8 letra c) modificado por Disposición final 2.2 de la Ley 3/2008, de 14 abril, Agencia Tributaria de las Illes Balears, publicada en el BO Islas Baleares del 24 de Abril de 2008.
Artículo 8 letra d) declarada vigente por Disposición derogatoria única.2 de la Ley 3/2008, de 14 abril, Agencia Tributaria de las Illes Balears, publicada en el BO Islas Baleares del 24 de Abril de 2008.
Artículo 8 letra d) modificado por Disposición final 2.2 de la Ley 3/2008, de 14 abril, Agencia Tributaria de las Illes Balears, publicada en el BO Islas Baleares del 24 de Abril de 2008.
Artículo 8 letra f) modificado por Disposición final 2.2 de la Ley 3/2008, de 14 abril, Agencia Tributaria de las Illes Balears, publicada en el BO Islas Baleares del 24 de Abril de 2008.
Son funciones de las consejerías y demás órganos de la Comunidad Autónoma con dotaciones diferenciadas en los presupuestos generales:
Preparar el anteproyecto de presupuesto anual de sus secciones presupuestarias en la forma prevista en el artículo 38 de la presente Ley.
Autorizar y disponer los gastos que no sean de la competencia del Consejo de Gobierno y elevar a la aprobación de éste los que sean de su competencia.
Reconocer obligaciones económicas y proponer el pago.
Sin perjuicio de lo que dispone la letra c) del apartado anterior, las consejerías y otros órganos de la Comunidad Autónoma requerirán la autorización previa del Consejo de Gobierno para autorizar y disponer los gastos que no sean competencia de éste cuando así se establezca en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma u otra norma de rango legal.
Preparar el anteproyecto de presupuesto anual de la entidad autónoma en la forma prevista en el artículo 38 de la presente Ley.
La administración, gestión, recaudación e inspección de los derechos económico-financieros de la propia entidad autónoma.
Autorizar y disponer los gastos que no sean competencia del Consejo de Gobierno y elevar a la aprobación de éste los que sean de su competencia.
Las otras que les asignen las leyes.
Estas funciones se desarrollarán de acuerdo con las normas que las regulen en el ámbito de la Comunidad Autónoma.
Sin perjuicio de lo que dispone la letra c) del apartado 1 de este artículo, las entidades autónomas de la Comunidad Autónoma requerirán la autorización previa del Consejo de Gobierno para autorizar y disponer los gastos que no sean competencia de éste cuando así se establezca en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma u otra norma de rango legal.
TÍTULO I De la hacienda pública de la comunidad autónoma de las Illes Balears Artículos 11 a 32
CAPÍTULO I De los derechos Artículos 11 a 22
Los ingresos derivados de las actividades que pueda ejercitar en régimen de derecho privado.
Los recargos sobre los tributos del Estado.
Las participaciones en ingresos del Estado.
Las transferencias que procedan de los fondos regulados en la legislación estatal de financiación de las Comunidades Autónomas.
Cualesquiera otros que pudieran serle atribuidos u obtenerse en virtud de las leyes.
La administración de los recursos de la Hacienda de la Comunidad Autónoma a que se refiere el artículo 2.1 de esta Ley corresponde al Consejero competente en materia de hacienda y presupuestos; y la administración de los recursos del resto de entidades integrantes del sector público autonómico, a sus presidentes o directores, salvo que careciesen de personalidad jurídica propia, en cuyo caso su administración corresponde también al Consejero competente en materia de hacienda y presupuestos.
Las personas que tengan a su cargo la administración de derechos económicos de la Hacienda de la Comunidad Autónoma dependen del Consejero competente en materia de hacienda y presupuestos, o, en su caso, del órgano superior de administración de la correspondiente entidad, en todo lo relativo a la gestión, entrega o aplicación de dichos recursos, y a la rendición de las respectivas cuentas.
Están obligados a la prestación de fianza los funcionarios, entidades o particulares que manejen o custodien fondos o valores de naturaleza pública, en la cuantía y forma que determinen las disposiciones reglamentarias.
La gestión, liquidación, recaudación, inspección y revisión de los tributos propios de la Comunidad Autónoma corresponde a los órganos competentes de la Comunidad Autónoma, ajustándose, en todo caso, a lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía, en las leyes del Parlamento de las Illes Balears y en las disposiciones de desarrollo aprobadas por el Consejo de Gobierno y por el Consejero competente en materia de hacienda y presupuestos, sin perjuicio de la aplicación de las normas del Estado en todos los casos en que sean procedentes.
En el caso de tributos cedidos, la Comunidad Autónoma, a través de la Consejería competente en materia de hacienda y presupuestos, asumirá, por delegación del Estado y según los casos, la gestión, liquidación, recaudación, inspección y revisión de los mismos, sin perjuicio de la colaboración que pueda establecerse entre ambas administraciones de conformidad con la Ley que fije el alcance y condiciones de la cesión.
Respecto a la gestión, liquidación, recaudación, inspección y revisión de los demás tributos del Estado recaudados en la Comunidad Autónoma, ésta tendrá las facultades que, en su caso, se deriven de la delegación que pueda recibir de aquél, así como las de colaboración que puedan establecerse.
Artículo 13 modificado por Disposición final 2.3 de la Ley 3/2008, de 14 abril, Agencia Tributaria de las Illes Balears, publicada en el BO Islas Baleares del 24 de Abril de 2008.
La gestión de los bienes patrimoniales y los rendimientos que se obtengan, tanto si pertenecen a la Comunidad Autónoma como a las entidades integrantes del sector público autonómico, han de ajustarse a lo dispuesto en las leyes aplicables en cada caso.
Las participaciones de la Comunidad Autónoma y de las entidades integrantes del sector público autonómico en el capital de sociedades mercantiles forman parte de sus respectivos patrimonios.
No podrán ser enajenados, gravados ni arrendados los derechos de la Hacienda de la Comunidad Autónoma, excepto en los supuestos regulados por las leyes. Tampoco se concederán exenciones, condonaciones, rebajas ni moratorias en el pago de los tributos y de los demás ingresos de derecho público, salvo en los casos y en la forma que determinen las leyes.
No se puede transigir judicial ni extrajudicialmente sobre los derechos de la Comunidad Autónoma ni someter a arbitraje las contiendas que se susciten en relación con los mismos, sino mediante acuerdo del Consejo de Gobierno, previo dictamen del Consejo Consultivo de las Illes Balears.
La extinción total o parcial de las deudas que cualquier persona física o jurídica, privada o pública, tenga con la comunidad autónoma se podrá realizar por vía de compensación con los créditos reconocidos a su favor, cuando se trate de deudas y créditos vencidos, líquidos y exigibles, en los términos establecidos en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria, y en el Reglamento general de recaudación, aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio.
Artículo 15, apartado 3, modificado por la Ley 8/2013, de 23 de diciembre, de presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears para el año 2014, publicada en el Boletín Oficial de las Islas Baleares, el 31 de Diciembre de 2013.
La Hacienda de la comunidad autónoma de las Illes Balears goza de las prerrogativas establecidas legalmente a favor de la Hacienda del Estado para el cobro de los tributos y el resto de ingresos de derecho público que haya de percibir, y actuará, en su caso, de acuerdo con los correspondientes procedimientos administrativos.
Sin perjuicio del régimen aplicable a los tributos, serán responsables solidarios en el pago de otros derechos de naturaleza pública a favor de la Hacienda de la comunidad autónoma de las Illes Balears, hasta el importe del valor de los bienes o derechos que se hubieran podido embargar o enajenar, las personas o entidades en las cuales concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 42.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria.
El régimen jurídico aplicable a la exigencia de las responsabilidades a que se refiere el apartado anterior será el mismo que se contiene en la Ley general tributaria y en su normativa reglamentaria de desarrollo.
Artículo 16, modificado por la Ley 8/2013, de 23 de diciembre, de presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears para el año 2014, publicada en el Boletín Oficial de las Islas Baleares, el 31 de Diciembre de 2013.
El pago de las deudas correspondientes a tributos y otros ingresos de derecho público se realizará en período voluntario o en período ejecutivo.
El período voluntario será el establecido en las normas aplicables a los diferentes recursos o, en defecto de éstas, el establecido en la Ley General Tributaria y en la normativa reglamentaria de desarrollo en materia de recaudación.
El período ejecutivo se inicia al día siguiente de la conclusión del período voluntario de pago.
El inicio del período ejecutivo determina:
El devengo de los recargos e intereses establecidos por las leyes.
La ejecución de la deuda por el procedimiento administrativo de apremio sobre el patrimonio del obligado al pago.
El procedimiento de apremio se iniciará mediante providencia notificada al deudor en la que se identificará la deuda pendiente y se le requerirá para que efectúe su pago con el recargo correspondiente, advirtiéndole que, de no hacerlo así en el plazo reglamentariamente establecido, se procederá al embargo de sus bienes y derechos.
La providencia de apremio expedida por el órgano competente tiene la misma fuerza ejecutiva que la sentencia judicial para proceder contra los bienes y derechos de los obligados al pago.
El procedimiento de apremio no se suspenderá por la interposición de acciones, recursos o reclamaciones de cualquier índole, cualquiera que sea el motivo de impugnación, si no se garantiza el pago de la deuda tributaria en la forma prevista en la normativa de aplicación o se consigna su importe.
Cuando un tercero pretenda el levantamiento del embargo por entender que le pertenece el dominio de los bienes o derechos embargados o por considerar que tiene derecho a ser reintegrado del crédito con preferencia a la Hacienda Pública, formulará reclamación de tercería ante el órgano administrativo competente.
Podrá aplazarse o fraccionarse el pago de las cantidades adeudas a favor de la Comunidad Autónoma, tanto en período voluntario como ejecutivo y previa solicitud de los obligados al pago, cuando la situación de la Tesorería de éstos, discrecionalmente apreciada por la Administración, les impida transitoriamente efectuar el pago de sus débitos. La resolución del expediente de aplazamiento o fraccionamiento corresponde al Consejero competente en materia de hacienda y presupuestos o al órgano en quien delegue. Las cantidades aplazadas devengarán el interés de demora previsto en el artículo 21 de la presente Ley.
El pago de las cantidades respecto a las cuales se solicite el aplazamiento o fraccionamiento deberá garantizarse en la forma prevista en la normativa de aplicación, excepto en los siguientes casos:
Cuando la deuda sea inferior a la cifra que fije el Consejero competente en materia de hacienda y presupuestos.
Cuando el deudor carezca de bienes suficientes para garantizar el pago de la deuda y la ejecución de su patrimonio afecte sustancialmente al mantenimiento de la capacidad productiva o al nivel de ocupación del sector económico en el que desarrolle su actividad, o cuando de dicha ejecución pudiera derivarse un quebranto para los intereses de la Hacienda Pública.
Artículo 20 modificado por Disposición final 2.2 de la Ley 9/2008, de 19 diciembre, de Presupuestos de las Illes Balears 2009, publicada en el BO Islas Baleares del 27 de Diciembre de 2008.
ARTÍCULO 21 Interés de demora de deudas tributarias y otras de derecho público a favor de la comunidad autónoma y derechos económicos de baja cuantía.
Las cantidades adeudadas a la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma producirán interés de demora desde el siguiente día del vencimiento del plazo establecido para el pago de la deuda. El interés de demora será el resultante, para cada año o fracción que integre el período de cálculo, de la aplicación del interés legal que fije la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
No obstante, no se practicará liquidación por intereses de demora, tanto en periodo voluntario de recaudación como en periodo ejecutivo, cuando la cuantía resultante por este concepto sea inferior a 30 euros o a la cuantía que establezca la persona titular de la consejería competente en materia de hacienda como mínima para cubrir el coste que implique su exacción y recaudación. Esta limitación no ha de aplicarse a los intereses que resulten de la concesión de aplazamientos y fraccionamientos de deudas.
Lo establecido en esta disposición, ha de entenderse sin perjuicio de las especialidades en materia tributaria contenidas en la Ley General Tributaria.
Artículo 21, rúbrica y apartado 2 modificados por la Ley 9/2011, de 23 de diciembre, de presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears para el año 2012, publicada en el Boletín Oficial de las Islas Baleares, el 30 de Diciembre de 2011.
Salvo lo establecido por las leyes reguladoras de los distintos recursos, prescribirá a los cinco años el derecho de la Hacienda de la Comunidad Autónoma:
Al cobro de los créditos reconocidos o liquidados, que se contarán desde la fecha de su notificación, o, si ésta no fuera preceptiva, desde su vencimiento.
La prescripción de los derechos de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma se interrumpirá conforme a lo establecido en la Ley General Tributaria.
Los derechos de la Hacienda de la Comunidad Autónoma declarados prescritos serán dados de baja en las respectivas cuentas, previa tramitación del oportuno expediente, en el que se deducirán las responsabilidades en que puedan haber incurrido los funcionarios encargados de su gestión.
CAPÍTULO II De las obligaciones Artículos 23 a 27
El cumplimiento de las obligaciones económico-financieras solamente podrá exigirse de la Hacienda de la Comunidad Autónoma cuando resulten de la ejecución de su presupuesto, de sentencia judicial firme o de operaciones de Tesorería legalmente autorizadas.
Si dichas obligaciones tienen por causa la entrega de bienes o la prestación de servicios a favor de la Comunidad Autónoma, el pago no podrá realizarse hasta que el acreedor haya cumplido o garantizado su correlativa obligación.
Sin perjuicio de las responsabilidades que, en su caso, puedan exigirse, son nulos de pleno derecho los actos, resoluciones y disposiciones de carácter general emanados de cualquier órgano de la Comunidad Autónoma en virtud de los cuales se pretendan adquirir compromisos de gastos por cuantía superior al importe de los créditos autorizados con carácter limitativo en los estados de gastos del Presupuesto General de la Comunidad Autónoma.
En todo caso, los compromisos de gasto a que se refiere el apartado anterior de este artículo deben imputarse a los créditos presupuestarios que resulten más adecuados en cada caso. A tal efecto, el Consejero competente en materia de hacienda y presupuestos podrá proponer o autorizar, según los casos, la modificación presupuestaria que considere más conveniente de entre las previstas en el artículo 46.1 de la presente Ley.
El cumplimiento de las resoluciones judiciales que determinen obligaciones a cargo de la Comunidad Autónoma o de sus entidades autónomas, se llevará a cabo por la autoridad administrativa que sea competente por razón de la materia, la cual acordará el pago dentro de los límites y en la forma que el presupuesto respectivo establezca.
Si para ello se necesitara un crédito extraordinario o un suplemento de crédito, uno u otro deberán solicitarse al Parlamento dentro de los dos meses siguientes al día de la notificación de la resolución judicial.
Si la Comunidad Autónoma no paga al acreedor dentro de los tres meses siguientes al día de la notificación de la resolución judicial o del reconocimiento de la obligación, deberá abonarle, además, el interés legal del dinero, desde que el acreedor, una vez transcurrido dicho plazo, reclame por escrito el cumplimiento de la obligación.
El interés se calculará desde el día en que tenga lugar el requerimiento del acreedor, siempre que haya transcurrido el plazo de tres meses a que se refiere el apartado anterior, y hasta el día en que se ordene el pago de la obligación.
Lo establecido en este artículo se entenderá sin perjuicio de las especialidades en materia tributaria, de contratación administrativa y de expropiación forzosa, que se regirán por lo dispuesto en su legislación específica.
Salvo lo establecido por las leyes reguladoras de las distintas obligaciones, el derecho al reconocimiento de las obligaciones y al pago de las ya reconocidas prescribirá al cabo de cinco años desde el nacimiento de las obligaciones o desde su reconocimiento, respectivamente.
La exigencia del reconocimiento de la obligación o de su pago por parte de los acreedores legítimos o de sus causahabientes mediante la presentación de los documentos justificativos de su derecho, producirá la interrupción del plazo de la prescripción.
CAPÍTULO III Revisión de actos en vía económico-administrativa Artículo 28
Recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto impugnado.
Reclamación económico-administrativa ante la Junta Superior de Hacienda de las Illes Balears.
CAPÍTULO IV Del endeudamiento Artículos 29 a 32
El Gobierno de las Illes Balears podrá realizar operaciones de crédito por plazo inferior a un año, con el objeto de cubrir sus desfases transitorios de tesorería, siempre que la suma total de estas operaciones no sea superior al 20% de los créditos que para gastos autorice el presupuesto de la Comunidad Autónoma del mismo ejercicio, o a la cuantía que, a este efecto, se establezca en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de cada ejercicio.
También se podrán realizar operaciones de crédito por plazo superior a un año, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
Que el importe total del crédito sea destinado, exclusivamente, a la financiación de operaciones de capital.
Que el importe total de las anualidades de amortización, por capital e intereses, no exceda del 25% de los ingresos corrientes de la Comunidad Autónoma.
Mediante una Ley del Parlamento se puede autorizar la creación y conversión de deuda pública de la Comunidad Autónoma. Dicha Ley determinará, en todo caso, el importe máximo de la deuda, así como sus características, pudiendo delegarse la determinación de estas últimas en el Consejo de Gobierno, que la ejercerá a propuesta del Consejero competente en materia de hacienda y presupuestos.
Para concertar operaciones de crédito en el extranjero y para la emisión de deuda o cualquier otra apelación de crédito público, se precisará autorización del Estado.
El Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero competente en materia de hacienda y presupuestos, podrá:
Acordar o concertar operaciones voluntarias de amortización, cambio, conversión, prórroga, intercambio financiero, cambio en la forma de representación y otras análogas que supongan modificaciones de cualesquiera condiciones de las operaciones que integran las operaciones de endeudamiento de la Comunidad Autónoma.
Convenir, en las operaciones de endeudamiento exterior, las cláusulas y condiciones usuales en estas operaciones, así como, excepcionalmente, el sometimiento a arbitraje o la remisión a una legislación o a tribunales extranjeros.
De acuerdo con las condiciones que se determinen reglamentariamente, las operaciones acordadas por el Consejo de Gobierno de amortización anticipada por renegociación o refinanciación de operaciones de endeudamiento de la Comunidad Autónoma, se contabilizarán transitoriamente, tanto las operaciones nuevas que se concierten como aquéllas que se cancelen anticipadamente, en las cuentas no presupuestarias que la Intervención General de la Comunidad Autónoma determine. En todo caso, deberá traspasarse el saldo neto de éstas al presupuesto de la Comunidad Autónoma al cierre del ejercicio, con las adaptaciones presupuestarias previas necesarias.
Las operaciones de crédito de la Comunidad Autónoma deberán coordinarse con la política de endeudamiento del conjunto del Estado español en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
La deuda pública y los títulos-valores de carácter equivalente tendrán la consideración de fondos públicos y estarán sujetos, en lo no establecido por la presente Ley, a las mismas normas y gozarán de los mismos beneficios y condiciones establecidos por el ordenamiento jurídico que resulte de aplicación según la modalidad y las características de los mismos.
Los capitales de la deuda pública prescribirán a los veinte años si su titular no hubiese percibido su interés ni realizado acto alguno ante la Administración de la Hacienda de la Comunidad Autónoma que suponga o implique el ejercicio de su derecho.
Prescribirá a los cinco años la obligación de pagar los intereses de la deuda pública y la de devolver los capitales llamados a reembolso, contados, respectivamente, a partir del vencimiento de los intereses y del día de llamamiento a reembolso.
Las entidades autónomas, previa autorización de la Consejería competente en materia de hacienda y presupuestos, podrán hacer uso de la deuda en cualquiera de sus modalidades.
La Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, o, en su caso, las leyes de créditos extraordinarios o suplementarios, fijarán el importe máximo del endeudamiento y su destino, así como sus características, pudiendo delegarse la determinación de estas últimas en el Consejo de Gobierno, que la ejercerá a propuesta del Consejero competente en materia de hacienda y presupuestos.
TÍTULO II De los presupuestos generales Artículos 33 a 68
CAPÍTULO I Contenido y aprobación Artículos 33 a 41
SECCIÓN I Contenido y estructura Artículos 33 a 37
Los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma constituyen la expresión cifrada, conjunta y sistemática de:
Las obligaciones que, como máximo, pueden reconocer la Administración de la Comunidad Autónoma y sus entidades autónomas de carácter administrativo, así como los órganos estatutarios regulados en el Estatuto de Autonomía, y los derechos que se prevea liquidar durante el ejercicio correspondiente.
Las estimaciones de gastos y previsiones de ingresos de las entidades autónomas de carácter comercial, industrial, financiero o análogo, de las empresas públicas y de las fundaciones del sector público autonómico.
Los presupuestos se adaptarán a las líneas generales de política económica que se establezcan y recogerán la anualidad de las previsiones contenidas en los programas plurianuales de inversiones que, en su caso, se acuerden.
Integran los presupuestos generales de la comunidad autónoma:
Los presupuestos de los organismos autónomos se integran en el presupuesto de la Administración de la comunidad autónoma en secciones separadas para cada entidad. No obstante, la ley de creación de cada organismo autónomo puede establecer que el organismo disponga de presupuesto propio, el cual no se integrará en el de la Administración de la comunidad autónoma.
Artículo 33 apartado 3 y 4 modificado por Ley 7/2010, de 21 de julio, del sector público instrumental de la comunidad autónoma de las Illes Balears, publicada en el BO Islas Baleares del 29 de Julio de 2010.
Los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma deberán contener:
Los estados de gastos de los órganos estatutarios, de la Administración de la Comunidad Autónoma y de sus entidades autónomas de carácter administrativo, con la debida especificación de los créditos necesarios para atender al cumplimiento de las obligaciones.
Los estados de ingresos de los órganos estatutarios, de la Administración de la Comunidad Autónoma y de sus entidades autónomas de carácter administrativo, que comprenderán las estimaciones de los diversos derechos económicos a reconocer o liquidar durante el ejercicio y la previsión de endeudamiento.
Los estados de recursos y dotaciones con las correspondientes estimaciones de cobertura financiera y evaluación de necesidades para el ejercicio, tanto de explotación como de capital, de las entidades autónomas de carácter comercial, industrial, financiero o análogo y de las empresas públicas.
Los estados presupuestarios de las fundaciones del sector público autonómico, de acuerdo con la normativa aplicable a estas entidades.
Los presupuestos de cada una de las entidades a que se refiere el artículo 33.3 de esta ley, que integran los presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears, han de aprobarse sin déficit inicial entre sus estados de gastos o de dotaciones, por una parte, y sus estados de ingresos o de recursos, por otra.
El Consejero competente en materia de hacienda y presupuestos deberá determinar la estructura de los presupuestos, teniendo en cuenta la organización del sector público de la Comunidad Autónoma, la naturaleza económica de los ingresos y de los gastos, y las finalidades u objetivos que con éstos se propongan conseguir, de acuerdo con el marco general establecido en esta Ley y, en su caso, lo que pueda delimitar el Consejo de Gobierno.
Artículo 34 apartado 2 modificado por Ley 7/2010, de 21 de julio, del sector público instrumental de la comunidad autónoma de las Illes Balears, publicada en el BO Islas Baleares del 29 de Julio de 2010.
La clasificación orgánica, que agrupa los créditos asignados por secciones presupuestarias, las cuales pueden subdividirse en órganos o centros gestores de nivel inferior.
La clasificación funcional, que agrupa los créditos en atención a las finalidades u objetivos que se pretenden conseguir. A estos efectos la Consejería competente en materia de hacienda y presupuestos establecerá un sistema de objetivos que sirva de marco a la gestión presupuestaria y que haga posible clasificar los créditos por programas.
La clasificación económica, que agrupa los créditos según la naturaleza económica del gasto, separando los gastos corrientes de los de capital.
Asimismo, y en relación con el capítulo de gastos en inversiones reales, se incluirá la clasificación territorial por ámbitos insulares y, cuando sea procedente, por comarcas y municipios.
La clasificación orgánica agrupa los ingresos previstos por secciones presupuestarias, las cuales pueden subdividirse en órganos o centros gestores de nivel inferior.
La clasificación económica agrupa los ingresos según la naturaleza económica de los mismos, separando los ingresos corrientes de los de capital.
Los derechos liquidados durante el mismo año, con independencia del ejercicio al que corresponda su nacimiento o devengo.
Las obligaciones reconocidas correspondientes a cualquier tipo de gastos realizados antes de concluir el ejercicio presupuestario con cargo a los respectivos créditos.
SECCIÓN II Procedimiento de elaboración Artículos 38 a 41
El procedimiento de elaboración del anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma se ajustará a las siguientes normas:
Los órganos estatutarios y las Consejerías de la Comunidad Autónoma remitirán al Consejero competente en materia de hacienda y presupuestos, antes del 31 de mayo de cada año, sus correspondientes anteproyectos de estados de gastos y estimación de ingresos, con la documentación anexa que se especifica en el artículo 39 de esta Ley, debidamente ajustados a lo establecido en la presente Ley y en las demás leyes que resulten de aplicación, y sometidos a las directrices aprobadas por el Consejo de Gobierno a propuesta del Consejero competente en materia de hacienda y presupuestos.
Las entidades autónomas, empresas públicas y fundaciones de sector público autonómico prepararán y remitirán, por medio de la Consejería de la cual dependan, los anteproyectos de los estados de los estados de gastos y estimación de ingresos, y de los estados de recursos y dotaciones, según los casos, que comprenderán todas sus actividades, con las mismas formalidades previstas en el párrafo anterior.
El anteproyecto del estado de ingresos será elaborado por la Consejería competente en materia de hacienda y presupuestos.
La Consejería competente en materia de hacienda y presupuestos, teniendo en cuenta los mencionados anteproyectos de gastos e ingresos, formulará el Anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, y lo someterá al acuerdo del Consejo de Gobierno.
Un estado consolidado de todos los anteproyectos de presupuestos que, de acuerdo con el artículo 33.3 de la presente Ley, deben integrar los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma.
Una memoria explicativa de su contenido y de las principales modificaciones que presente el anteproyecto, comparado con el presupuesto vigente.
Esta memoria deberá explicar los criterios a aplicar en las subvenciones corrientes y de capital. También incluirá una explicación sobre los aspectos presupuestarios de la función pública, su adecuación a la plantilla orgánica vigente y el detalle de las plantillas de todos los órganos estatutarios, Consejerías y entidades autónomas.
Un avance del estado de ejecución de los presupuestos del año en curso.
La clasificación por programas de todas las secciones presupuestarias.
La información que permita relacionar el saldo de los ingresos y de los gastos previstos en el presupuesto con la capacidad o necesidad de financiación.
Artículo 39, letra f), añadida por la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears para el año 2013, publicada en el Boletín Oficial de las Islas Baleares, el 29 de Diciembre de 2012.
Si la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, por cualquier motivo, no entrase en vigor antes del día uno de enero del ejercicio en que deba ser efectiva, se considerarán prorrogados los presupuestos del año anterior.
Las particularidades presupuestarias y contables de dicha prórroga, que regirá hasta la entrada en vigor de los nuevos presupuestos de la Comunidad Autónoma, han de regularse por Orden del Consejero competente en materia de hacienda y presupuestos.
CAPÍTULO II Régimen de los créditos presupuestarios y de sus modificaciones Artículos 42 a 57
SECCIÓN I Principios generales Artículos 42 a 45
ARTÍCULO 44 Especialidad cuantitativa
Vinculación de créditos.
Los créditos que se consignen en los estados de gastos de los presupuestos generales gozan de carácter limitativo y vinculante entre sí, y, en consecuencia, no se podrán autorizar gastos en cuantía superior a su importe.
Los niveles de vinculación serán los que por cada año se establezcan en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma.
Con cargo a los créditos consignados en los presupuestos generales sólo se podrán contraer obligaciones derivadas de gastos que se realicen durante el año natural del ejercicio presupuestario.
No obstante, se aplicarán a los créditos del presupuesto vigente en el momento de la expedición de sus órdenes de pago, las siguientes obligaciones:
Las que resulten de la liquidación de atrasos a favor del personal al servicio de la Comunidad Autónoma y de sus entidades autónomas o empresas públicas.
Las derivadas de ejercicios anteriores reconocidas durante el ejercicio de que se trate y que deberían haberse imputado a créditos ampliables, según lo que dispone el artículo 49 de esta Ley.
Las derivadas de ejercicios anteriores que se reconozcan con anterioridad al 31 de marzo de cada año, de acuerdo con el procedimiento que se establezca reglamentariamente.
En todo caso, la aplicación al presupuesto corriente con posterioridad al 31 de marzo de cada año de obligaciones derivadas de ejercicios anteriores requiere la previa autorización del Consejo de Gobierno.
SECCIÓN II Modificaciones de crédito Artículos 46 a 54
Los créditos y las previsiones iniciales de los estados de gastos e ingresos de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma pueden ser objeto de las modificaciones presupuestarias que se relacionan a continuación:
Incorporaciones por aplicación de remanentes.
Rectificaciones de créditos.
Reglamentariamente, se establecerán las normas generales de tramitación de las modificaciones de crédito a que se refiere el apartado anterior de este artículo, así como las especialidades que se deriven de la organización específica del Servicio de Salud de las Illes Balears.
Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 47 a 54 de esta Ley, corresponde al Consejero competente en materia de hacienda y presupuestos la aprobación de las modificaciones de crédito, así como la creación de partidas presupuestarias no previstas en los estados de gastos o de ingresos del presupuesto general. No obstante, corresponde a la Mesa del Parlamento y al Consejo de la Sindicatura de Cuentas la aprobación de las transferencias de crédito y de las incorporaciones de crédito que afecten a sus secciones presupuestarias.
En todo caso, corresponde al Consejo de Gobierno resolver los expedientes de modificaciones presupuestarias en los casos de discrepancia entre el informe de la Intervención General y la propuesta de modificación.
Artículo 46 apartado 2 modificado por Disposición final 2.5 de la Ley 3/2008, de 14 abril, Agencia Tributaria de las Illes Balears, publicada en el BO Islas Baleares del 24 de Abril de 2008.
Cuando por razones de urgencia e interés público deba efectuarse algún gasto con cargo al presupuesto de la Comunidad Autónoma que no pueda aplazarse hasta el ejercicio siguiente, y para el cual no exista el crédito adecuado, o bien el consignado resulte ser insuficiente y no ampliable, el Consejero competente en materia de hacienda y presupuestos someterá a la consideración del Consejo de Gobierno el acuerdo de remitir al Parlamento el correspondiente proyecto de Ley de concesión de crédito extraordinario en el primer supuesto, o de suplemento de crédito en el segundo. La propuesta de acuerdo que se formule al efecto deberá incluir los recursos concretos que hayan de financiar el mayor gasto público.
Cuando la necesidad de crédito extraordinario o de suplemento de crédito se produzca en el Servicio de Salud de las Illes Balears o en alguna entidad autónoma de la Administración de la Comunidad Autónoma con presupuesto propio y no signifique un aumento en los créditos de esta última, la concesión de uno u otro corresponderá al Consejero competente en materia de hacienda y presupuestos cuando su importe no rebase el 5% de los créditos para gastos del presupuesto de la entidad autónoma de que se trate, y al Consejo de Gobierno cuando dicho porcentaje exceda del 5% y no supere el 25%, previo informe, en ambos casos, de la Consejería correspondiente en el que se justifique la necesidad de la modificación y se especifique el medio de financiación del gasto. Estos porcentajes se aplicarán acumulativamente en cada ejercicio presupuestario.
El Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero competente en materia de hacienda y presupuestos, podrá acordar anticipos de tesorería para satisfacer pagos inaplazables, únicamente en los supuestos que se indican a continuación y con el límite máximo, en cada ejercicio, del 5% de los créditos para gastos consignados en el presupuesto de que se trate:
Cuando, una vez iniciada la tramitación de una ley de crédito extraordinario o suplementario, se haya emitido informe favorable de la Consejería competente en materia de hacienda y presupuestos.
Cuando de la promulgación de una ley o del contenido de una resolución judicial se deduzcan obligaciones cuyo cumplimiento exija la concesión de crédito extraordinario o de suplemento de crédito.
Si el Parlamento no aprobase la ley de crédito extraordinario o suplementario, el importe del anticipo de Tesorería será cancelado con cargo a los créditos del presupuesto de gastos del órgano estatutario, Consejería o entidad autónoma correspondiente cuya reducción ocasione el menor trastorno al servicio público.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 44 de esta Ley, tendrán carácter de ampliables aquellos créditos que específicamente queden delimitados como tales en la Ley de Presupuestos Generales de cada ejercicio. En todo caso, tendrán carácter de ampliables los créditos concernientes a gastos de clases pasivas y los relativos a servicios transferidos por el Estado durante el ejercicio.
El carácter ampliable de un crédito permitirá aumentar su dotación, con cargo al resultado del ejercicio corriente de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma, previo cumplimiento de los requisitos que se determinen reglamentariamente.
El carácter ampliable de un crédito puede ser revocado mediante resolución expresa del Consejero competente en materia de hacienda y presupuestos, siempre que hasta la fecha de dicha resolución el crédito no haya sido objeto de ninguna ampliación, a no ser que ésta se anule previamente conforme a lo previsto en el apartado siguiente de este artículo.
Las ampliaciones de créditos que se hayan contabilizado en una partida ampliable podrán ser anuladas mediante resolución expresa del Consejero competente en materia de hacienda y presupuestos, siempre que la disponibilidad presupuestaria lo permita.
No afectarán a partidas presupuestarias cuyos créditos hayan sido dotados mediante créditos extraordinarios o suplementos de créditos durante el ejercicio.
No podrán minorar las partidas presupuestarias cuyos créditos hayan sido dotados mediante ampliación, excepto si el carácter ampliable de la partida se revoca de acuerdo con el artículo 49.3 de esta Ley o si la partida cuyo crédito se ha de incrementar también es ampliable.
No podrán minorar los créditos presupuestarios que hayan sido dotados en virtud de las incorporaciones de crédito a que se refiere el artículo 52 de esta Ley, sin perjuicio de la posibilidad de transferir el crédito inicial de la partida objeto de la incorporación.
No podrán incrementarse los créditos relativos a operaciones corrientes con minoración de los créditos relativos a operaciones de capital, excepto en el supuesto en que se obtenga la autorización previa de la Comisión de Hacienda y Presupuestos del Parlamento de las Illes Balears, o se trate de créditos consignados para dotar el funcionamiento de nuevas inversiones que hayan concluido en el mismo ejercicio.
Artículo 50 letra b) párrafo 2º añadido por Disposición final 2.1 de la Ley 9/2008, de 19 diciembre, de Presupuestos de las Illes Balears 2009, publicada en el BO Islas Baleares del 27 de Diciembre de 2008.
Artículo 50, letra b), segundo párrafo, modificado por la Ley 9/2011, de 23 de diciembre, de presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears para el año 2012, publicada en el Boletín Oficial de las Islas Baleares, el 30 de Diciembre de 2011.
Sin perjuicio de lo que, en su caso, establezca anualmente la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, pueden generar créditos dentro del estado de gastos del presupuesto los ingresos derivados de las siguientes operaciones:
Cesiones de programas científicos e investigaciones.
Variaciones de activos financieros.
Enajenación de bienes de la Comunidad Autónoma o de sus entidades autónomas.
Créditos exteriores para inversiones públicas.
Aportaciones de personas físicas y jurídicas, privadas o públicas, para financiar, junto con la Comunidad o sus entidades autónomas, gastos que por su naturaleza estén comprendidos dentro de los objetivos o fines de las entidades citadas.
Transferencias correspondientes a servicios transferidos del Estado.
Reglamentariamente, han de establecerse los requisitos relativos al grado de ejecución que han de cumplir los ingresos susceptibles de generar créditos dentro de los estados de gastos del presupuesto, así como las normas procedimentales aplicables en cada caso.
Asimismo, los ingresos obtenidos en virtud de reintegros de pagos indebidos realizados con cargo a créditos de los estados de gastos del presupuesto corriente pueden originar la reposición de estos pagos. El Consejero competente en materia de hacienda y presupuestos establecerá, por vía reglamentaria, las condiciones en que esta reposición haya de efectuarse.
Al cierre del ejercicio presupuestario los créditos para gastos a que se refiere el apartado b) del artículo 37 de la presente Ley que no estuvieren vinculados al cumplimiento de obligaciones ya reconocidas, quedarán anulados de pleno derecho.
No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, por resolución expresa del Consejero competente en materia de hacienda y presupuestos y con la limitación del resultado positivo del remanente líquido de tesorería, podrán incorporarse al estado de gastos del ejercicio inmediato siguiente:
Los créditos que se enumeran en el artículo 51 de esta Ley.
Los créditos extraordinarios y los suplementos de créditos, así como las transferencias, incorporaciones y rectificaciones de crédito concedidas o autorizadas en el último trimestre del ejercicio presupuestario.
Los créditos que garanticen compromisos de gasto adquiridos antes del cierre del ejercicio presupuestario y que, por motivos justificados, no hayan podido realizarse durante el ejercicio.
Los créditos autorizados según la recaudación de derechos afectados.
Los remanentes de créditos que, en aplicación de lo previsto en el apartado anterior, resulten incorporados al nuevo ejercicio, serán destinados a las mismas finalidades que en cada caso causaron la autorización del crédito o su modificación, o el compromiso de gasto correspondiente.
Las incorporaciones de créditos deberán aprobarse una vez cuantificado definitivamente el remanente líquido de tesorería del ejercicio, con excepción de los remanentes de créditos correspondientes a los fondos finalistas, los cuales se pueden incorporar, en todo caso, con independencia del saldo del remanente líquido de tesorería.
Artículo 52, vigencia suspendida para el ejercicio 2014, por la Ley 8/2013, de 23 de diciembre, de presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears para el año 2014, publicada en el Boletín Oficial de las Islas Baleares, el 31 de Diciembre de 2013.
Artículo 52, vigencia suspendida para el ejercicio 2015, salvo los remanentes de crédito correspondientes a fondos finalistas a los que se refiere el artículo 52.5, que se podrán incorporar por resolución expresa del consejero de Hacienda y Presupuestos, por la Ley 13/2014, de 29 de diciembre, de presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears para el año 2015, publicada en el Boletín Oficial de las Islas Baleares, el 30 de Diciembre de 2014.
La diferencia entre el remanente líquido de tesorería y las incorporaciones de los remanentes de crédito a que se refiere el apartado segundo del artículo anterior podrá ser utilizada como fuente de financiación para incorporar los créditos que determine el Consejero competente en materia de hacienda y presupuestos.
Estas incorporaciones no se verán afectadas por la limitación contenida en el tercer apartado del artículo anterior.
SECCIÓN III Gastos plurianuales Artículos 55 a 57
Podrán autorizarse y comprometerse gastos que hayan de extenderse a ejercicios posteriores a aquél en que se autoricen, siempre que se subordinen al crédito que, para cada ejercicio presupuestario, autorice la correspondiente Ley de Presupuestos Generales.
Sólo podrán autorizarse y comprometerse gastos de carácter plurianual en los casos en los que su ejecución se inicie dentro del ejercicio presupuestario en que sean autorizados y siempre que su objeto sea financiar alguna de las siguientes actividades:
Inversiones reales y transferencias corrientes y de capital.
Gastos derivados de contratos administrativos sujetos al Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, siempre que el plazo de un año no pueda ser estipulado o resulte antieconómico para la Comunidad Autónoma.
Las autorizaciones y compromisos de gastos de carácter plurianual serán objeto de adecuada e independiente contabilización.
El número de ejercicios a que se pueden aplicar los gastos plurianuales no será superior a cinco, correspondientes al ejercicio corriente y a cuatro ejercicios futuros más.
Las limitaciones anteriores no serán de aplicación en los supuestos siguientes:
Cargas financieras derivadas del endeudamiento, las cuales se regirán por la normativa que resulte de aplicación en cuanto al procedimiento, competencia y límites.
Convenios suscritos con cualquiera de los agentes incluidos en el sector público, en cuyo caso prevalecerán los términos del propio convenio.
Reorganizaciones administrativas que afecten a diversas secciones presupuestarias.
Excepcionalmente, en casos especialmente justificados, el Consejo de Gobierno, a propuesta del consejero competente en materia de hacienda y presupuestos, puede exceptuar la aplicación de las limitaciones mencionadas en el apartado 1 anterior, o modificar los porcentajes y el número de anualidades máximas. El acuerdo del Consejo de Gobierno se tiene que pronunciar sobre cada uno de los expedientes correspondientes y requiere la petición previa y justificada del titular de la sección presupuestaria a la que se tenga que imputar el gasto, a la cual se tienen que adjuntar los informes que se estimen oportunos y, en todo caso, un informe de la dirección general competente en materia de presupuestos.
Artículo 56, apartado 2, letra d), añadida por la Ley 9/2011, de 23 de diciembre, de presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears para el año 2012, publicada en el Boletín Oficial de las Islas Baleares, el 30 de Diciembre de 2011.
Artículo 56, apartado 3, modificado por la Ley 9/2011, de 23 de diciembre, de presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears para el año 2012, publicada en el Boletín Oficial de las Islas Baleares, el 30 de Diciembre de 2011.
Corresponde al Consejero competente en materia de hacienda y presupuestos autorizar la imputación de gastos a ejercicios futuros, sin perjuicio de las competencias en materia de ejecución del presupuesto de gastos que, de conformidad con lo establecido en el artículo 60 de esta Ley, determine la correspondiente Ley de Presupuestos Generales.
En todo caso, la aprobación y modificación de autorizaciones y compromisos de gastos de carácter plurianual requerirá la toma en consideración previa por parte de la Dirección General competente en materia de presupuestos y la fiscalización correspondiente de la Intervención General.
CAPÍTULO III Ejecución y liquidación de los presupuestos Artículos 58 a 63
SECCIÓN I Gestión del presupuesto Artículos 58 a 62.bis
La gestión del presupuesto de gastos comprende las fases de autorización del gasto, de disposición o compromiso del gasto, de reconocimiento o liquidación de la obligación y de ordenación del pago.
La autorización del gasto es el acto por el que se acuerda la realización de un gasto a cargo de un crédito presupuestario determinado sin superar el importe del mismo disponible, calculado de modo cierto o aproximado por exceso, reservando a tal fin la totalidad o una parte de dicho crédito presupuestario disponible.
La disposición o compromiso del gasto es el acto por el que se acuerda, previo cumplimiento de los trámites legales que sean procedentes, la realización de un gasto a favor de un tercero y por un importe y condiciones exactamente determinados.
El reconocimiento o liquidación de la obligación es el acto por el que se acuerda contraer en cuentas un crédito exigible contra la Comunidad Autónoma, una vez acreditado o garantizado satisfactoriamente el cumplimiento de la prestación objeto de disposición.
La ordenación de pagos es el acto por el que se acuerda expedir, en relación con una o varias obligaciones, la orden de pago contra la Tesorería de la Comunidad Autónoma.
En los supuestos en que, atendiendo a la naturaleza de los gastos y a criterios de economía y agilidad administrativa, así se establezca por la Consejería competente en materia de hacienda y presupuestos, podrán acumularse en un solo acto varias fases de la ejecución del presupuesto de gastos indicadas en los apartados anteriores.
La Intervención General y la Tesorería General de la Comunidad Autónoma velarán por el correcto funcionamiento del procedimiento de ejecución del presupuesto de gastos, adecuando, a tal fin sus documentos contables en la forma que reglamentariamente se determine.
Artículo 58, apartdo 8, derogado por la Ley 13/2014, de 29 de diciembre, de presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears para el año 2015, publicada en el Boletín Oficial de las Islas Baleares, el 30 de Diciembre de 2014.
A la Mesa del Parlamento y al Síndico Mayor, en relación a la sección presupuestaria del Parlamento y de la Sindicatura de Cuentas, respectivamente.
Al Presidente del Gobierno, al Vicepresidente y al titular de la Consejería competente en materia de relaciones institucionales, indistintamente, en relación a la sección presupuestaria relativa a presidencia o relaciones institucionales; y a los consejeros, en relación a las secciones presupuestarias respectivas.
Al Presidente del Consejo Consultivo de las Illes Balears y al Presidente del Consejo Económico y Social de las Illes Balears, en relación a sus respectivas secciones presupuestarias.
A los presidentes y directores de las entidades autónomas en relación a sus respectivas secciones presupuestarias.
Al gerente del Servicio de Salud de las Illes Balears en relación al presupuesto de gastos de esta entidad.
Artículo 60 modificado por Disposición final 2.6 de la Ley 3/2008, de 14 abril, Agencia Tributaria de las Illes Balears, publicada en el BO Islas Baleares del 24 de Abril de 2008.
Los pagos se ordenarán mediante las respectivas órdenes que el ordenador de pagos librará a favor de los acreedores de la Comunidad Autónoma.
Estas órdenes de pago irán acompañadas de los documentos que acrediten el derecho del acreedor, de conformidad con el respectivo compromiso de gasto y reconocimiento de la obligación a cargo de la Comunidad.
Bajo la superior autoridad del Consejero competente en materia de hacienda y presupuestos, corresponde al Tesorero General o Director General competente en materia de tesorería las funciones de ordenador general de pagos de la Administración de la Comunidad Autónoma y de sus entidades autónomas.
Al objeto de agilizar la ordenación de pagos y el servicio de caja podrán crearse las ordenaciones de pagos secundarias que se estimen necesarias, y sus titulares serán nombrados por el Consejero competente en materia de hacienda y presupuestos.
La expedición de órdenes de pago a cargo de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma deberá ajustarse al plan de disposición de fondos de la Tesorería que establezca el Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero competente en materia de hacienda y presupuestos.
Las órdenes de pago correspondientes a subvenciones obligarán a sus perceptores a justificar la aplicación de los fondos recibidos a la finalidad que determinó su concesión, en la forma que reglamentariamente se determine.
Las órdenes de pago que en el momento de su expedición no puedan ir acompañadas de los documentos justificativos que acrediten el derecho del acreedor, tendrán el carácter de «pagos a justificar», sin perjuicio de su aplicación a los créditos presupuestarios correspondientes.
Los perceptores de estas órdenes de «pagos a justificar» estarán obligados a justificar la aplicación de las cantidades recibidas en el plazo máximo de tres meses. El Tesorero General o Director General competente en materia de tesorería podrá excepcionalmente ampliar este plazo a seis meses, a propuesta del órgano gestor del crédito, con el informe previo de la Intervención General.
En el transcurso del mes inmediato siguiente a la fecha de aportación de los documentos justificativos a que se refieren los apartados anteriores de este artículo, deberá producirse la aprobación o rectificación de la cuenta justificativa por el órgano competente.
Artículo 62 bis, añadido por el Ley 8/2013, de 23 de diciembre, de presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears para el año 2014, publicada en el Boletín Oficial de las Islas Baleares, el 31 de Diciembre de 2013.
SECCIÓN II Cierre del presupuesto Artículo 63
El presupuesto de cada ejercicio se cerrará, en cuanto al reconocimiento de derechos y obligaciones, el 31 de diciembre de cada ejercicio, siempre que se correspondan con ingresos liquidados y gastos realizados hasta el día 31 de diciembre del propio ejercicio.
Las operaciones de tesorería se aplicarán por años naturales cualquiera que sea el presupuesto a que correspondan.
Las operaciones de cierre del ejercicio presupuestario serán reguladas por Orden del Consejero competente en materia de hacienda y presupuestos.
CAPÍTULO IV Presupuestos de las entidades públicas empresariales, de las sociedades mercantiles públicas y de las fundaciones del sector público Artículos 64 a 68
Capítulo IV modificado por Ley 7/2010, de 21 de julio, del sector público instrumental de la comunidad autónoma de las Illes Balears, publicada en el BO Islas Baleares del 29 de Julio de 2010.
Las actividades de las entidades públicas empresariales y de las sociedades mercantiles públicas han de quedar reflejadas en un presupuesto de explotación y de capital, cuya estructura se determinará por la consejería competente en materia de hacienda y presupuestos. Este presupuesto, como mínimo, ha de tener el siguiente contenido:
El importe de las dotaciones destinadas a remuneraciones del personal al servicio de estos entes tiene carácter limitativo. Asimismo, el importe total de las dotaciones que correspondan a gastos corrientes, por un lado, y el importe total de las dotaciones correspondientes a gastos de capital, por otro, también tiene carácter limitativo.
No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, la persona titular de la consejería competente en materia de hacienda y presupuestos, a propuesta de la persona titular de la consejería de adscripción de la entidad, puede ampliar o reducir el límite máximo de las dotaciones para gastos de personal y de las dotaciones totales para gastos corrientes y de capital.
Artículo 64 modificado por Ley 7/2010, de 21 de julio, del sector público instrumental de la comunidad autónoma de las Illes Balears, publicada en el BO Islas Baleares del 29 de Julio de 2010.
ARTÍCULO 65 Anteproyecto de presupuesto de explotación y capital Las entidades y sociedades a que se refiere el artículo anterior elaborarán anualmente el anteproyecto de presupuesto de explotación y de capital, al cual ha de adjuntarse la documentación complementaria siguiente, de acuerdo con las previsiones plurianuales que se establezcan:
Artículo 65 modificado por Ley 7/2010, de 21 de julio, del sector público instrumental de la comunidad autónoma de las Illes Balears, publicada en el BO Islas Baleares del 29 de Julio de 2010.
Los anteproyectos de presupuestos de explotación y de capital y la documentación complementaria a que se refiere el artículo anterior deben remitirse a la consejería competente en materia de hacienda y presupuestos, a través de la consejería de adscripción de la entidad correspondiente, antes de la fecha que se determine mediante orden de la persona titular de la consejería competente en materia de hacienda y presupuestos.
Estos anteproyectos se someterán al acuerdo del Consejo de Gobierno de acuerdo con lo previsto en el artículo 38 de esta ley.
El ejercicio presupuestario coincidirá con el año natural, sin perjuicio de los ajustes que resulten necesarios cuando las operaciones a realizar por la entidad o la sociedad estén vinculadas a un proceso productivo de distinto ámbito temporal.
Artículo 66 modificado por Ley 7/2010, de 21 de julio, del sector público instrumental de la comunidad autónoma de las Illes Balears, publicada en el BO Islas Baleares del 29 de Julio de 2010.
Artículo 67 modificado por Ley 7/2010, de 21 de julio, del sector público instrumental de la comunidad autónoma de las Illes Balears, publicada en el BO Islas Baleares del 29 de Julio de 2010.
Artículo 68, dejado sin contenido por la Ley 7/2010, de 21 de julio, del sector público instrumental de la comunidad autónoma de las Illes Balears, publicada en el BO Islas Baleares del 29 de Julio de 2010.
TÍTULO III De la tesorería y de los avales Artículos 69 a 78
CAPÍTULO I De la tesorería Artículos 69 a 73
Constituyen la Tesorería de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears todos los recursos financieros, sean dinero, valores o créditos, tanto por operaciones presupuestarias como extrapresupuestarias, titularidad de la Administración de la Comunidad Autónoma y de sus entidades autónomas.
Las disponibilidades de la Tesorería y sus variaciones quedarán sujetas a intervención y al régimen de contabilidad pública.
Recaudar los derechos de la Comunidad Autónoma, pagar sus obligaciones y custodiar sus fondos.
Distribuir en el tiempo y en el territorio las disponibilidades necesarias para la satisfacción puntual de sus obligaciones.
Realizar las demás funciones que se decidan o se relacionen con las anteriormente enumeradas.
Asumir las relaciones con los organismos competentes de la Administración del Estado, referidas al ámbito monetario de las transferencias de dotaciones de los servicios transferidos.
La Tesorería General podrá situar sus fondos en el Banco de España y en las entidades de crédito legalmente autorizadas para operar en España.
Los servicios que se puedan concertar con las entidades indicadas en el párrafo anterior se determinarán reglamentariamente.
Todos los fondos de la Administración de la Comunidad Autónoma y de sus entidades autónomas se situarán en la Tesorería de la Comunidad Autónoma y podrán estar contablemente diferenciados entre sí.
Sin perjuicio de lo anterior, cuando se considere conveniente por razón de las operaciones o del lugar en que éstas deban efectuarse, las empresas públicas podrán abrir cuentas en cualquiera de las entidades de crédito legalmente autorizadas para operar en España de acuerdo con la legislación aplicable, previa autorización de la Consejería competente en materia de hacienda y presupuestos.
Artículo 72 apartado 1 desarrollado por la Orden de 8 noviembre 2005, publicada en el BO Islas Baleares del 10 de Noviembre de 2005.
Los ingresos a favor de la Tesorería podrán realizarse en el Banco de España, en las cajas de la Tesorería General de la Comunidad Autónoma y en las entidades de crédito colaboradoras o autorizadas para ello, mediante efectivo, giros, transferencias, cheques o cualquier otro instrumento de pago, bancario o no, reglamentariamente establecido.
La Tesorería General podrá, asimismo, pagar sus obligaciones por cualquiera de los medios a que se refiere el apartado anterior en los términos que se establezcan reglamentariamente, sin perjuicio de dar preferencia al sistema de pago mediante transferencia en las cuentas abiertas en las entidades de crédito para los respectivos perceptores.
CAPÍTULO II De los avales Artículos 74 a 78
Las garantías constituidas por la Comunidad Autónoma deberán revestir necesariamente la forma de aval de la Tesorería, que será autorizado por el Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero competente en materia de hacienda y presupuestos.
Los avales prestados a cargo de la Tesorería de la Comunidad Autónoma devengarán a favor de la misma la comisión que para cada operación determine el Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero competente en materia de hacienda y presupuestos.
Los avales deberán documentarse en la forma que reglamentariamente se determine y serán firmados por el Consejero competente en materia de hacienda y presupuestos.
La Tesorería de la Comunidad Autónoma responderá de las obligaciones garantizadas y, en su caso, de los intereses correspondientes, sólo cuando se acredite el incumplimiento voluntario por parte de su deudor principal. Asimismo, sólo podrá renunciarse al beneficio de excusión a que se refiere el artículo 1830 del Código Civil cuando el beneficiario del aval sea una Corporación local, una entidad autónoma o empresa pública dependiente de la Comunidad Autónoma, una fundación del sector público autonómico, o un consorcio sometido al ordenamiento autonómico.
La Comunidad Autónoma podrá avalar las operaciones de crédito que concedan las entidades crediticias legalmente establecidas a las Corporaciones locales, a las entidades autónomas y empresas públicas de la Comunidad Autónoma, a las fundaciones del sector público autonómico, o a los consorcios sometidos al ordenamiento autonómico. El aval podrá extenderse al importe total de la operación de crédito o limitarse a una parte de dicha operación teniendo en cuenta, especialmente, el grado de participación de la Comunidad Autónoma en la entidad avalada. Asimismo, la Comunidad Autónoma podrá prestar un segundo aval sobre los avales concedidos por sociedades de garantía recíproca a favor de empresas privadas o grupos de empresas, cuando tales empresas sean socios-partícipes de aquellas sociedades y, además, se cumplan las siguientes condiciones:
Que los créditos a avalar tengan como única finalidad financiar operaciones de reconversión, reestructuración o creación de empresas.
Que un plan de viabilidad demuestre, a juicio del Consejero competente en materia de hacienda y presupuestos, las posibilidades de la inversión.
La comunidad autónoma puede celebrar convenios de reafianzamiento con sociedades de garantía recíproca los socios partícipes de las cuales sean pequeñas y medianas empresas que realicen la actividad principal y estén domiciliadas en el territorio de las Illes Balears. El Gobierno, a propuesta de la persona titular de la consejería competente en materia de hacienda, establecerá reglamentariamente las condiciones de estos convenios, cuya eficacia quedará condicionada a la existencia y la suficiencia de los créditos que, en su caso, sean necesarios para atender el cumplimiento de las obligaciones que se deriven. En todo caso, la cuantía reafianzada no puede exceder, individualmente, el 75% de la garantía concedida por la sociedad de garantía recíproca para cada operación, ni tampoco, en conjunto, el 2% de la cifra total de los créditos iniciales por gastos de los presupuestos de cada año, sin que la cuantía mencionada compute a efectos del importe total de los avales a que se refiere el artículo 76 siguiente.
Artículo 75, apartado 2, modificado por el Decreto ley 5/2011, de 29 de agosto, de apoyo a los emprendedores y a la micro, pequeña y mediana empresa de las Islas Baleares, publicado en el Boletín Oficial de las Islas Baleares, el 30 de Agosto de 2011.
Artículo 75, apartado 2, modificado por la Ley 2/2012, de 4 de abril, de apoyo a los emprendedores y las emprendedoras y a la micro, pequeña y mediana empresa, publicada en el Boletín Oficial de las Islas Baleares, el 14 de Abril de 2012.
La Consejería competente en materia de hacienda y presupuestos tramitará el correspondiente expediente para acordar la procedencia del aval. La autorización corresponderá al Consejero competente en materia de hacienda y presupuestos o al órgano en quien expresamente delegue.
La Intervención General controlará mediante procedimientos de auditoría las actuaciones financiadas con créditos avalados por la Comunidad Autónoma.
Sin perjuicio de la información que, con carácter periódico y a tenor de los preceptos de esta Ley, deba remitirse al Parlamento, esta institución será inmediatamente informada de aquellos avales que, por concurso de la empresa avalada, deba responder la Comunidad Autónoma o sus entidades autónomas o empresas públicas.
Artículo 78 párrafo 2º añadido por Artículo 43.2 de la Ley 13/2005, de 27 diciembre, de Medidas de las Illes Balears 2006, publicada en el BO Islas Baleares del 31 de Diciembre de 2005.
Artículo 78 modificado por Disposición final 2.2 de la Ley 9/2008, de 19 diciembre, de Presupuestos de las Illes Balears 2009, publicada en el BO Islas Baleares del 27 de Diciembre de 2008.
TÍTULO IV De la intervención, del control financiero y de la contabilidad Artículos 79 a 95
Título IV desarrollado por el Decreto 32/2008, de 14 marzo, publicado en el BO Islas Baleares del 25 de Marzo de 2008.
CAPÍTULO I De la intervención y del control interno Artículos 79 a 81
La Intervención General de la Comunidad Autónoma, como órgano al cual se atribuyen las funciones a que se refiere el artículo 80 siguiente, se adscribe a la Consejería competente en materia de hacienda y presupuestos, sin perjuicio de su plena autonomía respecto a todos los órganos y entidades sujetas a fiscalización.
La Intervención General podrá proponer la creación de intervenciones delegadas en los centros, órganos y entidades que lo precisen.
Las competencias que se atribuyen en esta Ley a la Intervención General y en particular, la función interventora, ha de ejercerlas en el ámbito territorial de las Illes Balears el personal del cuerpo de Intervención de la Comunidad Autónoma.
Centro de control interno de la gestión económico-financiera de la Comunidad Autónoma, mediante el ejercicio de la función interventora y del control financiero.
Centro director de la contabilidad pública de la Comunidad Autónoma.
CAPÍTULO II De la función interventora Artículos 82 a 86
Todos los actos, documentos y expedientes de la Administración de la Comunidad Autónoma de los que puedan derivarse derechos u obligaciones de contenido económico, o movimiento de fondos o valores, serán intervenidos con arreglo a esta Ley y a las disposiciones que la desarrollen.
La función interventora tiene por objetivo controlar los actos, documentos y expedientes a los que hace referencia el apartado anterior, con la finalidad de asegurar que la Administración de la Comunidad Autónoma se ajusta a las disposiciones que resulten aplicables en cada caso.
La fiscalización previa de los expedientes de modificaciones de crédito.
La fiscalización previa de todos los actos, documentos o expedientes susceptibles de producir derechos u obligaciones de contenido económico o movimientos de fondos y valores.
La intervención de la aplicación o empleo de los fondos públicos, que comprende la comprobación material de las obras, suministros, adquisiciones y servicios, la comprobación material o, en su caso, documental de las subvenciones de capital en los términos que prevé la legislación específica, y el examen documental de las cuentas justificativas de los pagos a justificar.
La interposición de los recursos y reclamaciones en los supuestos que las leyes establezcan.
La petición al órgano u órganos competentes, cuando la naturaleza del acto, documento o expediente a intervenir lo requiera, de los asesoramientos o informes jurídicos y técnicos que estime convenientes, así como de los antecedentes necesarios para el buen ejercicio de la función interventora.
La comprobación, a efectos presupuestarios y de inventario, de los efectivos de personal y de las existencias de metálico, valores y demás bienes de la Comunidad Autónoma.
No se someterán a la intervención previa a que se refieren las letras b) y c) del artículo 82.3 de esta Ley los gastos de carácter periódico y de tracto sucesivo una vez intervenido el gasto correspondiente al período inicial del acto o contrato del cual deriven, ni tampoco los que así se determinen reglamentariamente por razón de su naturaleza o cuantía.
El Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero competente en materia de hacienda y presupuestos y con el informe previo de la Intervención General, puede limitar la fiscalización previa de determinados gastos a la comprobación de los siguientes puntos:
La existencia de crédito presupuestario adecuado y suficiente.
Que los gastos u obligaciones los genera el órgano competente.
El cumplimiento de las normas aplicables a los expedientes relativos a gastos de carácter plurianual.
El cumplimento de las normas sobre publicidad y concurrencia aplicables a los expedientes relativos a provisión de puestos de trabajo, subvenciones e inversiones reales.
Aquellos otros aspectos que, por su transcendencia en el proceso de gestión, así se determinen para cada tipo de expediente de gasto.
En el caso de que la Intervención discrepase con el fondo o con la forma de los actos, expedientes o documentos examinados, formulará sus objeciones y discrepancias por escrito.
Si el reparo afecta a la autorización o disposición de gastos, al reconocimiento de obligaciones o a la ordenación de pagos, se suspenderá además la tramitación del expediente, hasta que el reparo sea solventado, en los siguientes casos:
Cuando el reparo se refiera a expedientes de modificación de crédito.
Cuando el reparo se refiera a la insuficiencia o falta de adecuación del crédito.
Cuando el reparo se derive de irregularidades insubsanables en la documentación justificativa de las órdenes de pago o cuando el derecho del perceptor no quede suficientemente justificado.
Cuando el reparo se refiera a la falta de requisitos o trámites esenciales en el expediente, o cuando se aprecie la posibilidad de graves pérdidas económicas si el expediente sigue su curso.
Cuando el reparo se derive de comprobaciones materiales de obras, adquisiciones, suministros, servicios o programas de investigación.
Si el órgano afectado por el reparo a que se refiere el artículo anterior no estuviera de acuerdo con el mismo se seguirá el siguiente procedimiento:
En los casos en que haya sido formulado por una intervención delegada, corresponderá a la Intervención General conocer la discrepancia, siendo su resolución obligatoria para aquélla.
Cuando el reparo emane de dicho centro directivo o éste haya confirmado el formulado por una intervención delegada y subsista la discrepancia, corresponderá al Consejo de Gobierno adoptar la resolución definitiva.
Los informes de la intervención y especialmente, las objeciones y discrepancias que se hayan producido durante la tramitación de los expedientes, se unirán a éstos.
La Intervención podrá emitir informe favorable en los casos en que los requisitos o trámites incumplidos no se consideren esenciales para la resolución del procedimiento y sean subsanables, entendiéndose condicionada la eficacia del informe a la posterior subsanación de los mismos, de la cual deberá darse cuenta por escrito a la propia Intervención.
Reglamentariamente, se regulará el régimen aplicable a los expedientes en los que se haya omitido el trámite de fiscalización previa cuando éste sea preceptivo.
Las disposiciones contenidas en los artículos 79 a 85 de la presente ley son de aplicación a los organismos autónomos, excepto que la ley de creación del organismo prevea la aplicación, únicamente, del control financiero.
La intervención previa del resto de entidades del sector público instrumental de la comunidad autónoma, con inclusión de los consorcios, se sustituirá, en todo caso, por el control financiero regulado en el capítulo III de este título, sin perjuicio de los mecanismos específicos de control permanente de la gestión de estos entes que, en su caso, se establezcan en la legislación reguladora del sector público instrumental de la comunidad autónoma.
Artículo 86 modificado por Ley 7/2010, de 21 de julio, del sector público instrumental de la comunidad autónoma de las Illes Balears, publicada en el BO Islas Baleares del 29 de Julio de 2010.
CAPÍTULO III Del control financiero Artículo 87
La Intervención General de la Comunidad Autónoma ejercerá el control financiero de la Administración de la Comunidad Autónoma, de las entidades autónomas y empresas públicas, de las fundaciones del sector público autonómico y de los consorcios sometidos al ordenamiento autonómico.
El control financiero se extenderá a la comprobación de los siguientes aspectos:
El adecuado registro y contabilización de la totalidad de las operaciones realizadas por cada órgano o entidad, y su fiel reflejo en las cuentas y estados que, de acuerdo con las disposiciones aplicables, deban formar éstos.
La verificación de la buena gestión financiera, según los principios de economía, eficacia y eficiencia, así como la verificación del nivel de resultados obtenidos con relación a los medios utilizados y los efectos producidos.
El control financiero de las empresas públicas, de las fundaciones del sector público autonómico y de los consorcios sometidos al ordenamiento autonómico debe efectuarse de acuerdo con las reglas básicas siguientes:
Las personas físicas y jurídicas, privadas o públicas, que perciban subvenciones, préstamos, avales y otras ayudas de la Comunidad Autónoma o de cualquiera de las entidades a que se refiere el apartado 1 de este artículo, así como de las empresas vinculadas a una o a otras, serán objeto de control financiero en los términos que reglamentariamente se establezcan. El control financiero de las subvenciones, préstamos, avales y otras ayudas se podrá ejercer también respecto de las financiadas con fondos de la Unión Europea.
Corresponde al titular de cada consejería llevar a cabo el seguimiento de las deficiencias detectadas en los controles financieros de la consejería y de los entes instrumentales adscritos, así como de las medidas que deban adoptarse para solucionarlas.
Artículo 87.5 modificado por Ley 7/2010, de 21 de julio, del sector público instrumental de la comunidad autónoma de las Illes Balears, publicada en el BO Islas Baleares del 29 de Julio de 2010.
CAPÍTULO IV De la contabilidad pública Artículos 88 a 94
La Administración de la Comunidad Autónoma, las entidades autónomas y empresas públicas, las fundaciones del sector público autonómico y los consorcios sometidos al ordenamiento autonómico quedan sujetos al régimen de contabilidad pública que esta Ley determina, sin perjuicio del Plan general de contabilidad y el resto de normas contables que sean aplicables a cada uno de estos entes de acuerdo con su naturaleza jurídica.
La sujeción al régimen de contabilidad pública comporta la obligación de rendir cuentas de las respectivas operaciones, cualquiera que sea su naturaleza, al Parlamento, a la Sindicatura de Cuentas y al Tribunal de Cuentas.
Registrar la ejecución de los presupuestos de la Comunidad Autónoma.
Conocer el movimiento y la situación de la Tesorería.
Reflejar las variaciones, composición y situación del patrimonio de la Comunidad Autónoma, y del resto de entidades integrantes del sector público autonómico.
Proporcionar los datos necesarios para la formación y la rendición de la cuenta general de la Comunidad Autónoma, así como de otras cuentas, estados y documentos que deban ser elaborados o remitidos al Parlamento, a la Sindicatura de Cuentas y al Tribunal de Cuentas.
Facilitar los datos y antecedentes necesarios para la confección y posterior consolidación de las cuentas económicas del sector público de la Comunidad Autónoma, articulándolos de tal modo que sea posible su ulterior consolidación con las cuentas económicas del resto del sector público del Estado español.
Remitir la oportuna información económica y financiera que posibilite la toma de decisiones por parte de los órganos competentes de la Comunidad Autónoma.
Someter a la decisión del Consejero competente en materia de hacienda y presupuestos el Plan General de Contabilidad Pública de la Comunidad Autónoma, al cual se adaptarán las entidades autónomas y, si procede, el resto de entidades integrantes del sector público autonómico, de acuerdo con las características y peculiaridades de cada una de éstas, todo ello con la coordinación y articulación adecuadas con el Plan General de Contabilidad Pública del Estado español y sin perjuicio de la aplicación del Plan General de Contabilidad privado y sus adaptaciones a las entidades sometidas al derecho privado.
Someter a la decisión del Consejero competente en materia de hacienda y presupuestos los planes parciales o especiales de contabilidad pública que se elaboren conforme al Plan General.
Promover el ejercicio de la potestad reglamentaria en orden a la determinación de la estructura, justificación, tramitación, rendición de las cuentas y otros documentos relativos a la contabilidad pública.
Dictar las instrucciones que en desarrollo de su función le permitan las leyes.
Inspeccionar la contabilidad de las entidades autónomas, empresas públicas, fundaciones del sector público autonómico y consorcios sometidos al ordenamiento autonómico.
Definir los procedimientos en materia económico-financiera en lo que afecte el ejercicio de sus competencias en materia de control interno y contabilidad pública.
Examinar, formular las observaciones que estime necesarias y preparar las cuentas que hayan de rendirse al Parlamento, a la Sindicatura de Cuentas y al Tribunal de Cuentas.
Recabar la presentación de los documentos, estados y cuentas sometidos a su examen crítico.
Centralizar la información deducida de la contabilidad de las entidades autónomas, empresas públicas y fundaciones del sector público autonómico.
Vigilar e impulsar la actividad de las oficinas de contabilidad existentes en cualquier departamento, entidad autónoma o empresa pública de la Comunidad Autónoma.
Coordinar la planificación contable de las empresas vinculadas a la Comunidad.
Artículo 91 letra e) suprimido por Artículo 43.3 de la Ley 13/2005, de 27 diciembre, de Medidas de las Illes Balears 2006, publicada en el BO Islas Baleares del 31 de Diciembre de 2005.
Artículo 91 modificado por Disposición final 2.2 de la Ley 9/2008, de 19 diciembre, de Presupuestos de las Illes Balears 2009, publicada en el BO Islas Baleares del 27 de Diciembre de 2008.
La cuenta general de la comunidad autónoma comprenderá todas las operaciones presupuestarias, patrimoniales y de tesorería llevadas a cabo durante el ejercicio, y ha de formarse con los siguientes estados contables:
Cuenta de la Administración de la comunidad autónoma.
Cuentas anuales del Servicio de Salud de las Illes Balears, de la Agencia Tributaria de las Illes Balears y, en su caso, de cada uno de los organismos autónomos con presupuesto propio en los presupuestos generales de la comunidad autónoma.
Cuentas anuales de las entidades públicas empresariales.
Cuentas anuales de las sociedades mercantiles públicas.
Cuentas anuales de las fundaciones del sector público.
Cuentas anuales de los consorcios.
Asimismo debe incorporarse a la cuenta general de la comunidad autónoma cualquier otro estado que se determine por vía reglamentaria y, en todo caso, los informes de auditoría de las cuentas anuales de cada entidad, como también los estados que reflejen el movimiento y la situación de los avales concedidos por la comunidad autónoma.' 11. El apartado 4 del artículo 92 queda sin contenido.
La Cuenta General se presentará al Parlamento, a la Sindicatura de Cuentas y al Tribunal de Cuentas antes del día 31 de agosto del año siguiente al que se refiera.
Los consorcios sometidos al ordenamiento autonómico deberán poner a disposición del Tribunal de Cuentas sus cuentas anuales dentro de los treinta días siguientes a la fecha de su aprobación.
Artículo 92 apartados 1 y 2 modificados por Ley 7/2010, de 21 de julio, del sector público instrumental de la comunidad autónoma de las Illes Balears, publicada en el BO Islas Baleares del 29 de Julio de 2010.
La Cuenta de la Administración de la Comunidad Autónoma se formará y se rendirá de acuerdo con los principios y normas de contabilidad recogidos en el Plan General de Contabilidad Pública de la Administración de la Comunidad Autónoma, y su contenido se ajustará al establecido en el citado Plan o al que se determine mediante Orden del Consejero competente en materia de hacienda y presupuestos a propuesta de la Intervención General.
Las cuentas de las entidades autónomas que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 33.4 de esta Ley, sean incluidas en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma como secciones presupuestarias, han de integrarse en la Cuenta de la Administración de la Comunidad Autónoma.
Las cuentas a que se refieren las letras b) a f) del artículo 92.1 anterior las formará la Intervención General de acuerdo con las cuentas de cada una de las entidades que deban presentarse al Parlamento de las Illes Balears, a la Sindicatura de Cuentas de las Illes Balears y al Tribunal de Cuentas.
La falta de remisión de las citadas cuentas no será obstáculo para que la Intervención General pueda formar la cuenta general de la comunidad autónoma con las cuentas que haya recibido.' 13. Se añade un nuevo apartado, el apartado 3, al artículo 100, con la siguiente redacción:
'3. Asimismo, en el mes de septiembre de cada año el Gobierno de las Illes Balears debe remitir al Parlamento de las Illes Balears un avance de la cuenta de pérdidas y ganancias y del balance de situación a 30 de junio del año en curso de todas las entidades del sector público autonómico a que se refiere el capítulo IV del título II cuyo presupuesto de gastos o estado de dotaciones supere los 30 millones de euros.
Artículo 94 modificado por Ley 7/2010, de 21 de julio, del sector público instrumental de la comunidad autónoma de las Illes Balears, publicada en el BO Islas Baleares del 29 de Julio de 2010.
CAPÍTULO V Utilización de medios electrónicos, informáticos y telemáticos Artículo 95
En la iniciación, tramitación y terminación de los procedimientos relativos a la actividad o gestión económico-financiera y su control, la Administración de la Comunidad Autónoma podrá utilizar soportes, medios y aplicaciones electrónicas, informáticas y telemáticas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 45 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en las disposiciones que se dicten para su desarrollo.
La utilización de los soportes, medios y aplicaciones mencionados tendrá por finalidad:
Reemplazar en los trámites internos los sistemas de autorización y control formalizados mediante diligencias, firmas manuscritas, sellos u otros medios manuales, por autorizaciones y controles establecidos en los sistemas de información habilitados o que se habiliten para el tratamiento de los aspectos relativos a la gestión económico-financiera y su control, siempre que de esta forma se garantice el ejercicio de la competencia por el órgano que la tenga atribuida.
Los documentos emitidos en la gestión económico-financiera y en el control de esta gestión por la Administración a través de medios electrónicos, informáticos o telemáticos, cualquiera que sea su soporte, o los que se emitan como copias de originales almacenados por estos mismos medios, gozarán de la validez y eficacia de documento original, siempre que se cumplan las garantías y requisitos que exige el apartado 5 del artículo 45 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Los documentos contables relativos a las distintas fases del procedimiento de ejecución presupuestaria, incluidos los necesarios para la materialización del pago, así como los relativos a las operaciones no presupuestarias, se podrán tramitar mediante medios informáticos. En este supuesto la documentación justificativa permanecerá en aquellos centros en los cuales se reconocieron las correspondientes obligaciones y derechos.
Las actuaciones de comprobación material inherentes a la función interventora podrán ser realizadas de forma automática con medios y aplicaciones electrónicos, informáticos o telemáticos.
TÍTULO V De las responsabilidades Artículos 96 a 99
Los altos cargos, los funcionarios y el personal contratado al servicio de la Comunidad Autónoma o de sus entidades autónomas o empresas públicas que, con dolo o culpa, intervengan en acciones u omisiones que ocasionen perjuicio económico a la Hacienda de la Comunidad, quedarán sometidos a la responsabilidad patrimonial, disciplinaria, penal y civil subsidiaria que en cada caso corresponda de acuerdo con las leyes.
Están sujetos a la obligación de indemnizar a la Hacienda de la Comunidad Autónoma, además de los altos cargos, los funcionarios y el personal contratado que adopten la resolución o que realicen el acto determinante de aquella obligación, los interventores, el tesorero y el ordenador de pagos que, con dolo, culpa, negligencia o ignorancia inexcusable, deban participar en el expediente respectivo y no hayan salvado su actuación mediante observación escrita sobre la improcedencia o ilegalidad del acto o resolución.
La responsabilidad de quienes hayan participado en el acto o resolución será mancomunada, excepto en los casos de dolo, que será solidaria.
Cuando los superiores de los presuntos responsables o el ordenador de pagos, respectivamente, tengan noticia de un alcance, malversación, daño o perjuicio a la Hacienda de la Comunidad Autónoma, o hubiese transcurrido el plazo señalado por el artículo 62 de esta Ley sin haberse justificado las órdenes de pago, instruirán las oportunas diligencias previas y adoptarán con el mismo carácter las medidas necesarias para asegurar los derechos de la Hacienda de la Comunidad Autónoma.
Incurrir en alcance o malversación, afectando a la Hacienda de la Comunidad Autónoma.
Administrar los derechos económicos de la Hacienda de la Comunidad Autónoma incumpliendo las disposiciones reguladoras de su gestión, liquidación, inspección, recaudación o ingreso en la Tesorería de estos derechos.
Autorizar y disponer gastos, reconocer obligaciones y ordenar pagos sin crédito o con crédito insuficiente o infringiendo de otra manera las disposiciones vigentes sobre la materia.
Ocasionar pagos indebidos en el ejercicio de funciones encomendadas.
No justificar la aplicación de los fondos a que hace referencia el artículo 62 de esta Ley.
Cualesquiera otras acciones y omisiones que constituyan incumplimiento de las disposiciones de esta Ley o de cualquier otra norma aplicable a la administración y contabilidad de la Hacienda de la Comunidad Autónoma y que supongan perjuicio económico para la misma.
El incumplimiento de las obligaciones de suministro de información y de transparencia derivadas de la legislación en materia de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
Artículo 97, letra g), añadida por la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears para el año 2013, publicada en el Boletín Oficial de las Islas Baleares, el 29 de Diciembre de 2012.
En los supuestos de las acciones u omisiones tipificadas en los apartados b), c), d), e) y f) del artículo 97 de la presente Ley, y sin perjuicio de poner los hechos en conocimiento del Tribunal de Cuentas a los efectos establecidos en el artículo 41.1 de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, la responsabilidad será exigida en expediente administrativo.
El acuerdo de incoación del expediente, la resolución del mismo y el nombramiento de instructor corresponderá al Consejo de Gobierno cuando se trate de altos cargos de la Comunidad, y al Consejero competente en materia de hacienda y presupuestos, en los demás casos.
La resolución correspondiente deberá pronunciarse sobre los daños y perjuicios causados a los derechos económicos de la Hacienda de la Comunidad Autónoma y los responsables tendrán la obligación de indemnizar en la cuantía y plazo que proceda.
Los daños y perjuicios determinados por la resolución del expediente a que se refiere el artículo anterior tendrán la consideración de derechos económicos de la Hacienda de la Comunidad Autónoma. En su caso, se procederá a su cobro por vía de apremio.
La Hacienda de la Comunidad tiene derecho al cobro del interés legal sobre el importe de los daños y perjuicios a contar desde el día en que éstos se hayan producido.
Cuando a causa de la insolvencia del deudor principal se derive la acción hacia los responsables subsidiarios, el interés se contará desde la fecha en que éstos sean requeridos con este fin.
TÍTULO VI Relaciones institucionales Artículo 100
Trimestralmente, dentro del segundo mes de cada trimestre, el Gobierno remitirá al Parlamento de las Illes Balears información relativa a las siguientes operaciones:
Las modificaciones de crédito acordadas en el trimestre anterior.
El grado de ejecución de los fondos de compensación interterritorial, así como de sus modificaciones.
Las adquisiciones directas y las contrataciones mediante procedimiento negociado sin publicidad con cargo a los capítulos de inversiones, siempre que el importe de la adquisición o del contrato sea superior a 120.000,00 euros.
Las transferencias corrientes a empresas y a familias e instituciones sin fines de lucro, cuyo importe individualizado sea superior a 3.000,00 euros.
Las emisiones y conversiones de deuda acordadas por el Consejo de Gobierno durante el trimestre anterior, en uso de las facultades que le atribuyen los apartados tercero y quinto del artículo 29 de esta Ley.
Las concesiones de avales a cargo de la Tesorería de la Comunidad acordadas en el trimestre anterior.
El estado de ejecución del presupuesto de la Comunidad, así como de los movimientos y situación de la Tesorería.
Los compromisos de gastos de carácter plurianual.
Las demás operaciones de las que deba informar al Parlamento de acuerdo con lo que establezca, en su caso, la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma.
Anualmente, dentro de los seis meses siguientes al cierre del ejercicio, el Gobierno de las Illes Balears informará al Parlamento de cuantos acuerdos hubiere adoptado durante el año anterior en uso de las facultades que le atribuye el apartado segundo del artículo 31 de esta Ley.