Source: https://www.hrw.org/es/news/2011/11/14/amicus-presentado-ante-la-corte-constitucional-del-ecuador
Timestamp: 2019-08-17 15:35:00
Document Index: 79011448

Matched Legal Cases: ['artículo 230', 'Artículo 10', 'Artículo 19', 'artículo 151', 'artículo 14', 'artículo 59', 'Artículo 309', 'Artículo 196', 'artículo 304', 'artículo 173']

Amicus presentado ante la Corte Constitucional del Ecuador | Human Rights Watch
Noviembre 14, 2011 1:46PM EST
Causa No.0026-11-IN
El 25 de mayo de 2011, la organización no gubernamental Fundamedios presentó ante este Honorable Tribunal una demanda de inconstitucionalidad del artículo 230 del Código Penal ecuatoriano, el cual establece que: “El que con amenazas, amagos o injurias, ofendiere al Presidente de la República o al que ejerza la Función Ejecutiva, será reprimido con seis meses a dos añosde prisión y multa de dieciséis a setenta y siete dólares de los Estados Unidos de Norte América.”
Conforme a estándares y jurisprudencia internacionales descriptos a continuación, este tipo de normas —que penalizan aquellas expresiones que ofenden, insultan o amenazan a un funcionario público en el desempeño de sus funciones oficiales— son conocidas como “leyes de desacato” y son violatorias del derecho a la libertad de expresión.
Existen estudios que explican que las leyes de desacato tienen su comienzo en los tiempos romanos. Las lesiones al honor del emperador o magistrados eran considerados delitos contra el Estado. En el lenguaje jurídico de los romanos, el delito contra el Estado tenía una denominación doble. Por un lado,perduellis o perduellio era el mal guerrero. En el entendimiento para los romanos que toda guerra era justa, el mal guerrero era el enemigo de la patria. En el campo militar, la deserción era incluida como perduellio. Para los civiles, cualquier hostilidad contra la patria también lo era. Por otro lado, maiestas designaba el orden superior o supremo al cual los súbditos debían mirar con respecto y reverencia. La ampliación de este concepto se produce a partir del surgimiento de la plebe como fuerza política dentro de la esfera del proceso penal. Los presidentes de la plebe no eran nobles, pero entraban dentro de la comunidad de magistrados de la comunidad romana. Las ofensas a los jefes de la plebe no entraban en el perduellio, hasta que la propia plebe reclamó que las ofensas a sus jefes fueran tratadas con el mismo respeto que las ofensas a los magistrados. En las palabras de Mommsen: “Las ofensas personales que si se causaran a un particular individuo darían origen a una acción publica por homicidio, o a una acción privada por injuria, eran consideradas y penadas como delitos contra el estado en el caso que las mismas recayeran sobre un magistrado”[1]. Así los daños causados contra el honor caían dentro de la ley de maiestas cuando eran causados contra un magistrado, fuera patricio o plebeyo, o contra el emperador.
Durante la época de la República, los daños causados contra el honor de los magistrados eran reprimidos generalmente por la vía de la coerción. Sin embargo, el ofendido siempre tenía el derecho de acudir a los tribunales penales. Durante el Imperio, incrementaron las causas por delitos relacionados con la ofensa al honor del emperador que “bajo el mando de algunos soberanos, produjeron mayores males que una guerra civil”[2]. Las penas que se imponían para quienes cometían estos delitos eran arbitrarias. Tratándose de ofensas al honor del emperador, se permitía tratarlo como un delito leve, o incluso no imponer sanción. Para los tribunos de la plebe, quienes durante la República intervenían en la persecución de estos delitos, era preferible aplicar este medio de fuerza con moderación pero en forma regular, que aplicarlo solo en algunos casos con penas muy graves, incluso la pena capital: “por eso se sirvieron preferentemente de las penas pecuniarias y muchas veces imponían estas mismas no dándoles esencialmente otro carácter ni sentido que el de la censura política”[3].
Desde mediados de los ‘90, se ha venido desarrollando un consenso internacional sobre la necesidad de abolir las leyes de desacato.El argumento principal para su abolición es que restringen indebidamente la libertad de expresión por el efecto de intimidación que genera la utilización del derecho penal para otorgar una protección especial a funcionarios públicos, quienes, por el contrario, deberían estar sujetos a un mayor escrutinio popular y deberían ser más tolerantes con las opiniones del público.
Las leyes de desacato son, por un lado, incompatibles con la Convención Americana porque imponen una responsabilidad ulterior innecesaria en una sociedad democrática. El principio 11 de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión, adoptada por la CIDH en 2000, establece específicamente que:“los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad” y que “las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos … atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información”[5]. Esto se debe a que las leyes de desacato sancionan la simple expresión de opiniones para proteger la reputación de organismos y autoridades públicas e imponen sanciones excesivamente severas, como penas de prisión y multas.
El Banco Mundial también ha dedicado un capítulo a los medios en un informe anual sobre desarrollo. Según este informe, “las leyes de desacato son particularmente restrictivas, y protegen a grupos selectos tales como la realeza, políticos y funcionarios del gobierno frente a las críticas… Un estudio de 87 países encontró que dichas leyes son sorprendentemente corrientes, en particular en los juicios por difamación... Aún así, en muchos países en desarrollo, son el medio favorito para acosar a los periodistas”[10].
Las organizaciones no gubernamentales y especialistas en temas de libertad de expresión coinciden con esta interpretación. Por ejemplo, la Declaración de Chapultepec, preparada por organizaciones no gubernamentales y suscrita por los jefes de Estado de 21 países de la región, incluido Ecuador, establece que “Ningún medio de comunicación o periodista debe ser sancionado por difundir la verdad o formular críticas o denuncias contra el poder público”[11]. En septiembre de 2002, se celebró la décima reunión general del Intercambio Internacional por la Libertad de Expresión (IFEX), en la cual organizaciones no gubernamentales de todo el mundo determinaron que las leyes diseñadas para dar protección especial a líderes nacionales, altos funcionarios y símbolos del Estado son anacronismos en las democracias y amenazan los derechos de los ciudadanos al acceso libre y pleno a información sobre sus gobiernos. La declaración insta a los Gobiernos a eliminar esas leyes[12]. En diciembre de 2002, en Londres, representantes de organizaciones no gubernamentales, UNESCO, asociaciones de periodistas y expertos en derechos humanos reiteraron la importancia de la libertad de expresión como un derecho humano y sostuvieron que “la difamación penal no es una restricción justificable de la libertad de expresión; debe derogarse la legislación penal sobre difamación y sustituirse, conforme sea necesario, por leyes civiles de difamación apropiadas”[13].
Específicamente sobre el Poder Ejecutivo, el Tribunal Europeo sostuvo que: “los límites de la crítica permisible son más amplios con relación a un gobierno que a un ciudadano privado, e incluso de un político. En un sistema democrático, las acciones u omisiones del gobierno deben estar sujetas a escrutinio no solo por parte de las autoridades legislativas y judiciales, sino también de la prensa y la opinión pública”[20].
En cuanto a la posibilidad de recurrir a procesos penales por difamación, el Tribunal ha dicho que debido a la posición “dominante” que ocupan los gobiernos, es necesario que las autoridades “desplieguen mayor restricción en recurrir a procedimientos por difamación, particularmente cuando existen otros mecanismos para responder a los ataques injustificados y críticas de sus adversarios o de los medios”[21]. Si bien la difamación no es técnicamente “desacato”, la argumentación en contra de la utilización de las leyes de difamación se aplica con toda claridad a casos de desacato.
A su vez, según el Tribunal, la reputación, el nombre, la imagen y fotografías de los individuos, incluidas las figuras públicas, están protegidas por el derecho a la intimidad. Sin embargo, según el Tribunal, los políticos no pueden alegar un supuesto daño a la reputación como violación de su integridad si ello vulnera la libertad de expresión. Según el Tribunal, “una limitación a la libertad de expresión para favorecer a [un político] sería desproporcionada a la luz del Artículo 10 de la Convención”[22].
[8] “Declaración conjunta,” firmada por Abid Hussain, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Libertad de Opinión y de Expresión, Freimut Duve, representante sobre Libertad de los Medios de Comunicación de la OSCE, y Santiago Canton, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, 26 de noviembre de 1999, disponible en:
[9]Comité de Derechos Humanos, Comentario General Número 34: “Artículo 19: Libertad de Opinión y Expresión”, CCPPR/C/GC/34 12 de septiembre de 2011, párrafo 38.
[19]La traducción es nuestra. El original en inglés dice: “the limit of acceptable criticism is wider with regard to a politician acting in his public capacity than in relation to a private individual, as the former inevitably and knowingly lays himself open to close scrutiny of his every word and deed by both journalists and the public at large, and he must display a greater degree of tolerance. A politician is certainly entitled to have his reputation protected, even when he is not acting in his private capacity, but the requirements of that protection have to be weighed against the interests of the open discussion of political issues”. Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Ukrainian Media Group v. Ukraine, Caso No. 72713/01, 29 de marzo de 2005, párrafo 39. Esta ha sido la posición de la Corte Europea de Derechos Humanos por más de 26 años. Ver Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Lingens v. Austria, sentencia del 8 de julio de 1986, Series A no. 103, p. 26, párrafo 42.
[20]La traducción es nuestra. El original en inglés dice: ““the limits of permissible criticism are wider with regard to a government than in relation to a private citizen, or even a politician. In a democratic system the actions or omissions of the government must be subject to the close scrutiny not only of the legislative and judicial authorities but also of the press and public opinion.” Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Ukrainian Media Group v. Ukraine, Caso No. 72713/01, 29 de marzo de 2005, párrafo 39.
[21]La traducción es nuestra. El original en inglés dice: “display restraint in resorting to libel proceedings, particularly where other means are available for replying to the unjustified attacks and criticisms of its adversaries or the media”. Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Dyuldin and Kislov v. Russia, Caso No. 25968/02, 26 de julio de 2007, párrafo 45.
[22] La traducción es nuestra. El original en inglés dice: “a limitation on freedom of expression for the sake of [a politician] would have been disproportionate under Article 10 of the Convention”.Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Karakó v. Hungary, Caso No. 39311/05,28 de abril de 2009, párrafo 28.
[25]El artículo 151 del Código Penal Paraguayo establece que: “1º El que afirmara o divulgara, a un tercero o ante éste, un hecho referido a otro, capaz de lesionar su honor, será castigado con ciento ochenta días-multa. 2º Cuando se realizara el hecho ante una multitud o mediante difusión de publicaciones conforme al artículo 14, inciso 3º, o repetidamente durante un tiempo prolongado, la pena podrá ser aumentada a pena privativa de libertad de hasta un año o multa. 3º La afirmación o divulgación no será penada cuando sea dirigida confidencialmente a una persona allegada o cuando, por su forma y contenido, no exceda los límites de una crítica aceptable. 4º La afirmación o divulgación no será penada cuando, sopesando los intereses y el deber de averiguación que incumba al autor de acuerdo con las circunstancias, se tratara de un medio proporcional para la defensa de intereses públicos o privados. 5º La prueba de la verdad de la afirmación o divulgación será admitida sólo cuando de ella dependa la aplicación de los incisos 3º y 4º. 6º En vez de la pena señalada, o conjuntamente con ella, se aplicará lo dispuesto en el artículo 59.” Código Penal paraguayo, fecha de modificación 26 de noviembre de 1998, disponible en:
http://www.gparlamentario.org/spip/IMG/pdf/Libro_Segundo_Parte_Especial_... .
[26] El artículo modificado dice lo siguiente: “Artículo 309.Amenaza a un funcionario público. Será reprimido con prisión de un mes a dos años quien amenazare a un funcionario público a causa de sus funciones, dirigiéndose a él personal o públicamente, o mediante comunicación escrita, telegráfica o telefónica o por la vía jerárquica.” Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH, Capítulo VI Leyes de Desacato y Difamación Criminal, disponible en: http://www.cidh.oas.org/relatoria/showarticle.asp?artID=330&lID=2.
[29]En su sentencia, el máximo tribunal guatemalteco aceptó las recomendaciones de la Relatoría y de la CIDH que habían instado a eliminar las leyes de desacato por considerar que contravienen los principios democráticos, otorgando un mayor nivel de protección a los funcionarios públicos, restringiendo así el debate público y disuadiendo las críticas. CIDH, Informe Anual 2006, disponible en: http://www.cidh.org/annualrep/2006sp/le%20anual%202006%20esp%206%20de%20..., página 112.
[30] CIDH, Caso Tristán Donoso vs. Panamá, 27 de enero de 2009, párrafos 133-134. El artículo relevante dice: “Artículo 196. En los delitos contra el honor, la retractación pública y consentida por el ofendido excluye de responsabilidad penal. Cuando en las conductas descritas en el articulo anterior, los supuestos ofendidos sean uno de los servidores públicos de que trata el artículo 304 de la Constitución Política, funcionarios de elección popular o gobernadores, no se impondrá la sanción penal, lo cual no excluye la responsabilidad civil derivada del hecho.Código Penal de la República de Panamá, disponible en: http://www.oas.org/juridico/mla/sp/pan/sp_pan-int-text-cp.pdf, página 35.
[31]El artículo 173 modificado establece que: “Se comete desacato, menoscabando la autoridad de los funcionarios públicos de alguna de las siguientes maneras: Por medio de ofensas reales ejecutadas en presencia del funcionario o en lugar de que este ejerciera sus funciones. Por medio de la desobediencia abierta al mandato legítimo de un funcionario público menoscabare su autoridad. El delito se castiga a dieciocho meses de prisión. Nadie será castigado por manifestar su discrepancia con el mandato de la autoridad.” Proyecto de Ley 16.099 del la República Oriental del Uruguay, disponible en: http://archivo.presidencia.gub.uy/_web/proyectos/2008/09/CM556_26%2006%2..., página 10.