Source: https://archivoshistoriapatrimonio.blogspot.com/2017/08/sobre-el-buen-gobierno.html
Timestamp: 2018-08-20 00:49:11
Document Index: 72529272

Matched Legal Cases: ['Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'artículo 12', 'artículo 32', 'artículo 28', 'artículo 20', 'artículo 25', 'artículo 28', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'artículo 28', 'artículo 28', 'Artículo 31', 'Artículo 32']

La Ley 19/2013 de Transparencia, en su título trata sobre el Buen gobierno; en su Artículo 25 trata sobre el Ámbito de aplicación.
Las disposiciones de este título se aplicarán, en el ámbito de la Administración General del Estado, a:
- los miembros del Gobierno,
- a los Secretarios de Estado
- y al resto de los altos cargos de la Administración General del Estado
- y de las entidades del sector público estatal, de Derecho público o privado, vinculadas o dependientes de aquella.
Se considerar altos cargos los que tengan tal consideración en aplicación de la normativa en materia de conflictos de intereses.
Este título será pues de aplicación a los altos cargos o asimilados que, de acuerdo con la normativa autonómica o local, tengan tal consideración, incluidos los miembros de las Juntas de Gobierno de las Entidades Locales.
La aplicación a los sujetos mencionados en los apartados anteriores de las disposiciones contenidas en este título no afectará a la condición de cargo electo que pudieran ostentar, en ningún caso.
Principios de buen gobierno (Artículo 26)
Las personas comprendidas en el ámbito de aplicación de este título observarán en el ejercicio de sus funciones lo dispuesto en
- la Constitución Española y
- en el resto del ordenamiento jurídico y
- promoverán el respeto a los derechos fundamentales
- y a las libertades públicas.
Adecuarán su actividad a los siguientes:
1.º Actuarán con transparencia en la gestión de los asuntos públicos, de acuerdo con los principios de
con el objetivo de satisfacer el interés general.
2.º Ejercerán sus funciones con dedicación al servicio público, absteniéndose de cualquier conducta contraria a estos principios.
4.º Asegurarán un trato igual y sin discriminaciones en el ejercicio de sus funciones.
2.º Guardarán la debida reserva respecto a los hechos o informaciones conocidos con motivo del ejercicio de sus competencias.
3.º Pondrán en conocimiento de los órganos competentes cualquier actuación irregular de la que tengan conocimiento.
6.º No aceptarán para sí regalos que superen los usos habituales, sociales o de cortesía, ni favores o servicios en condiciones ventajosas que puedan condicionar el desarrollo de sus funciones. En el caso de obsequios de una mayor relevancia institucional se procederá a su incorporación al patrimonio de la Administración Pública correspondiente. (la ley aquí no debería ser tan ambigua)
8.º Gestionarán, protegerán y conservarán adecuadamente los recursos públicos, que no podrán ser utilizados para actividades que no sean las permitidas por la normativa de aplicación.
Sobre Infracciones y sanciones en materia de conflicto de intereses (Artículo 27 ). El incumplimiento de las normas
- de incompatibilidades
- o de las que regulan las declaraciones que han de realizar las personas comprendidas en el ámbito de este título,
será sancionado de conformidad con lo dispuesto en la normativa en materia de conflictos de intereses de la Administración General del Estado y para el resto de las Administraciones de acuerdo con su propia normativa que resulte de aplicación.
Sobre Infracciones en materia de gestión económico-presupuestaria (Artículo 28). Constituyen infracciones muy graves:
a) La incursión en alcance en la administración de los fondos públicos cuando la conducta no sea subsumible en ninguno de los casos siguientes.
b) La administración de los recursos y demás derechos de la Hacienda Pública sin sujeción a las disposiciones que regulan
su liquidación,
recaudación o
ingreso en el Tesoro.
c) Los compromisos de gastos, reconocimiento de obligaciones y ordenación de pagos sin crédito suficiente para realizarlos o con infracción de lo dispuesto
en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, o
en la de Presupuestos
u otra normativa presupuestaria que sea aplicable.
e) La ausencia de justificación de la inversión de los fondos
a los que se refieren los artículos 78 y 79 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria,
o la normativa presupuestaria equivalente de las administraciones distintas de la General del Estado.
f) El incumplimiento de la obligación de destinar íntegramente los ingresos obtenidos por encima de los previstos en el presupuesto a la reducción del nivel de deuda pública de conformidad con lo previsto en el artículo 12.5 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y el incumplimiento de la obligación del destino del superávit presupuestario a la reducción del nivel de endeudamiento neto en los términos previstos en el artículo 32 y la disposición adicional sexta de la citada Ley. Letra f) del artículo 28 redactada por la disposición final tercera de la L.O. 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público («B.O.E.» 21 diciembre).Vigencia: 22 diciembre 2013.
g) La realización de operaciones de crédito y emisiones de deudas que no cuenten con la preceptiva autorización o, habiéndola obtenido, no se cumpla con lo en ella previsto o se superen los límites previstos en
la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril,
la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas,
y en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
i) La suscripción de un Convenio de colaboración o concesión de una subvención a una Administración Pública sin el informe favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas previsto en el artículo 20.3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril.
n) La no adopción en el plazo previsto del acuerdo de no disponibilidad al que se refieren los artículos 20.5.a) y 25 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril , así como la no constitución del depósito previsto en el citado artículo 25 de la misma Ley, cuando así se haya solicitado. Letra n) del artículo 28 redactada por la disposición final tercera de la L.O. 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público («B.O.E.» 21 diciembre).Vigencia: 22 diciembre 2013.
En cuanto a Infracciones disciplinarias (Artículo 29). Son infracciones muy graves:
a) El incumplimiento, en el ejercicio de sus funciones, del deber de respeto a la Constitución y a los respectivos Estatutos de Autonomía de las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla.
b) Toda actuación que suponga discriminación por razón de
edad u
lugar de nacimiento o
cualquier otra condición o circunstancia personal o social,
así como el acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual y el acoso moral, sexual y por razón de sexo.
c) La adopción de acuerdos manifiestamente ilegales que causen grave perjuicio a la Administración o a los ciudadanos.
d) No guardar el debido sigilo respecto a los asuntos que se conozcan por razón del cargo, cuando
causen perjuicio a la Administración
o se utilice en provecho propio.
En lo referente a Sanciones (Artículo 30). Las infracciones leves serán sancionadas con una amonestación.
Sin embargo por una infracción grave se impondrán algunas de las siguientes sanciones:
En el caso de las infracciones muy graves, las sanciones serán las previstas en el apartado anterior; y los infractores sancionados serán destituidos del cargo, salvo que ya hubiesen cesado; y no podrán ser nombrados para ocupar ningún puesto de alto cargo o asimilado durante un periodo de entre 5 y 10 años.
En la graduación de las sanciones se valorará:
- la existencia de perjuicios para el interés público,
- la repercusión de la conducta en los ciudadanos,
- la percepción indebida de cantidades por el desempeño de actividades públicas incompatibles.
Cuando las infracciones pudieran constituir delito,
- la Administración pondrá los hechos en conocimiento del Fiscal General del Estado y
- se abstendrá de seguir el procedimiento mientras la autoridad judicial no dicte resolución que ponga fin al proceso penal.
Cuando los hechos estén tipificados como infracción en una norma administrativa especial,
- se dará cuenta a la Administración competente su instrucción de procedimiento sancionador,
- suspendiéndose las actuaciones hasta la terminación del mismo.
No se considerará normativa especial la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, respecto de las infracciones previstas en el artículo 28, pudiéndose tramitar el procedimiento de responsabilidad patrimonial simultáneamente al procedimiento sancionador.
La comisión de las infracciones previstas en el artículo 28 conllevará:
a) La obligación de restituir las cantidades percibidas o satisfechas indebidamente.
Por acuerdo del órgano competente el procedimiento sancionador se iniciará de oficio
- o denuncia de los ciudadanos (Artículo 31 Órgano competente y procedimiento).
La responsabilidad será exigida en procedimiento administrativo instruido al efecto, sin perjuicio de dar conocimiento de los hechos al Tribunal de Cuentas por si procediese la incoación del oportuno procedimiento de responsabilidad contable.
a) El Consejo de Ministros a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas cuando el alto cargo tenga la condición de miembro del Gobierno o de Secretario de Estado.
b)El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas cuando los presuntos responsables sean personas al servicio de la Administración General del Estado distintas de los anteriores.
En los supuestos previstos en las letras a) y b) la instrucción de los correspondientes procedimientos corresponderá a la Oficina de Conflictos de Intereses.
En el supuesto contemplado en el apartado c) la instrucción corresponderá al órgano competente en aplicación del régimen disciplinario propio de la Comunidad Autónoma o Entidad Local correspondiente.
a) Al Consejo de Ministros, cuando el alto cargo tenga la condición de miembro del Gobierno o Secretario de Estado.
c) Cuando el procedimiento se dirija contra altos cargos de las Comunidades Autónomas o Entidades Locales, los órganos que tengan atribuidas estas funciones en aplicación del régimen disciplinario propio de Administraciones en las que presten servicios los cargos contra los que se dirige el procedimiento o, -en su caso-, el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma o el Pleno de la Junta de Gobierno de la Entidad Local de que se trate.
Las resoluciones del procedimiento sancionador serán recurribles ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
El plazo de prescripción de las infracciones será de 5 años para las infracciones muy graves, 3 años para las graves y 1 año para las leves (Artículo 32 Prescripción). Paralelamente, las sanciones impuestas por la comisión de infracciones muy graves prescribirán a los 5 años, las impuestas por infracciones graves a los 3 años y las que sean consecuencia de la comisión de infracciones leves prescribirán en el plazo de 1 año.