Source: https://issuu.com/revistasecuador/docs/sie-com-09-11
Timestamp: 2017-03-23 04:48:39
Document Index: 383582096

Matched Legal Cases: ['artículo 52', 'artículo 66', 'artículo 336', 'artículo 213', 'artículo 226', 'artículo 4', 'artículo 47', 'artículo 50', 'artículo 55', 'artículo 583', 'artículo 22', 'artículo 54', 'artículo 431', 'artículo 433', 'artículo 54', 'artículo 354', 'artículo 432', 'artículo 361', 'artículo 446']

http://www.edicioneslegales.com/sie/SIE-COM-09-11 by LA ERA DIGITAL - issuu
SIE Comercio y Compañías, SIE-COM-09/11
FUENTE: Registro Oficial 640, 23-VII-2009
ASUNTO: Tasas máxima de cobro en tarjetas de consumo, descuento, crédito, etc de las casas comerciales, bajo el control de la Superintendencia de Compañías.
Resolución No. DSC.Q.09­01 de la Superintendencia de Compañías: Siempre atentos a las necesidades de nuestros suscriptores y considerando la importancia que contiene la norma en referencia, remitimos a usted su texto completo:
“No. DSC.Q.09.01
Marcelo Icaza Ponce
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑIAS, SUBROGANTE
Que el artículo 52, primer inciso, de la Constitución de la República, publicada en el Registro Oficial No. 449 del 20 de octubre del 2008, establece que las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa sobre su contenido y características;
Que el artículo 66 de la precitada Constitución, en los numerales 16 y 25, reconoce y garantiza a las personas el derecho a la libertad de contratación y el acceso a bienes, servicios públicos y privados de calidad, con eficiencia, eficacia y buen trato, así como a recibir información adecuada y veraz sobre su contenido y características;
Que el artículo 336 de la misma Constitución señala que el Estado impulsará y velará por el comercio justo como medio de acceso a bienes y servicios de calidad que minimice las distorsiones de la intermediación y promueva la sustentabilidad que asegure la transparencia y eficiencia en los mercados y fomente la competencia en igualdad de condiciones y oportunidades;
Que el artículo 213 de la Norma Suprema establece que las superintendencias son organismos técnicos de vigilancia, auditoría, intervención y control de las actividades económicas, sociales y ambientales, y de los servicios que prestan las entidades públicas y privadas, con el propósito de que estas actividades y servicios se sujeten al ordenamiento jurídico y atiendan al interés general;
Que el artículo 226, de la norma ibídem, en su parte segunda, establece el deber de las instituciones del Estado de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución;
Que el artículo 4 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 116 del 10 de julio del 2000, en sus numerales 2, 4 y 5, señala como derechos fundamentales del consumidor que proveedores públicos y privados le oferten bienes y servicios competitivos de óptima calidad y a elegirlos con libertad; a una información adecuada, veraz, clara, oportuna y completa sobre los bienes y servicios ofrecidos en el mercado, así como sus precios, características, calidad, condiciones de contratación y demás aspectos relevantes de los mismos, incluyendo los riesgos que pudieren presentar; y, a un trato transparente, equitativo y no discriminatorio o abusivo por parte de los proveedores de bienes o servicios, especialmente en lo referido a las condiciones óptimas de calidad, cantidad, precio, peso y medida;
Que el artículo 47 de la ley referida en el considerando anterior dispone que cuando el consumidor adquiera determinados bienes o servicios mediante sistemas de crédito, el proveedor estará obligado a informarle en forma previa, clara y precisa sobre el precio al contado del bien o servicio materia de la transacción, el monto total correspondiente a intereses, la tasa a la que serán calculados, así como la tasa de interés moratoria y todos los demás recargos adicionales; el número, monto y periodicidad de los pagos a efectuar y la suma total a pagar por el referido bien o servicio; prohibiendo dicha norma el establecimiento y cobro de intereses sobre intereses, debiendo calcularse los intereses en las compras a crédito exclusivamente sobre el saldo del capital impago;
Que el artículo 50 de la Ley ibídem determina que el precio de bienes o servicios para el pago con tarjeta de crédito será el mismo precio que al contado; y el artículo 55 establece en su numeral 8 como práctica prohibida el redondeo de tiempos para efectivizar el cobro de intereses, multas u otras sanciones económicas en tarjetas de crédito, préstamos bancarios y otros similares, lo cual es aplicable a las tarjetas de consumo, descuento, crédito de casa comercial y otras similares de circulación restringida para adquisición de bienes o servicios en determinados establecimientos que emitan las compañías mercantiles;
Que la Disposición General Segunda de la Ley de Regulación del Costo Máximo Efectivo del Crédito, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 135 del 26 de julio del 2007, establece que las personas naturales o jurídicas dedicadas a actividades comerciales que realicen sus ventas a crédito, sólo podrán cobrar la tasa de interés efectiva del segmento de consumo, más los impuestos de ley, y de ninguna manera comisiones u otros conceptos adicionales. Dichos intereses no podrán exceder la tasa de interés efectiva del segmento; caso contrario, las personas naturales responsables de su fijación y/o cobro, incurrirán en el delito de usura que se sanciona de conformidad con el artículo 583 del Código Penal. La acción penal mencionada se iniciará sin perjuicio del pago de una multa de cinco veces el valor del crédito otorgado que será recaudada, en el ámbito de sus competencias, por la Superintendencia de Bancos y Seguros y por la Superintendencia de Compañías para los fines previstos en dicha norma;
Que la Disposición General Tercera de la Ley de Regulación del Costo Máximo Efectivo del Crédito dispone que la Superintendencia de Bancos y Seguros y la Superintendencia de Compañías controlarán, en el ámbito de sus respectivas competencias, el cumplimiento de las disposiciones de dicha ley;
Que el artículo innumerado agregado a continuación del artículo 22 de la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado por la Ley de Regulación del Costo Máximo Efectivo del Crédito establece que el Banco Central del Ecuador calculará y publicará mensualmente las tasas de interés activas efectivas referenciales para cada uno de los segmentos y subsegmentos de crédito: comercial, consumo, vivienda y microcrédito, en base a la información que reciba de las tasas de interés efectivas aplicadas a las operaciones de crédito concedidas por las instituciones del Sistema Financiero Privado; que las del segmento de consumo también son aplicables a las ventas a crédito que realicen las personas naturales o jurídicas dedicadas a actividades comerciales por lo dispuesto en la antes citada Disposición General Segunda de la Ley de Regulación del Costo Máximo Efectivo del Crédito;
Que los artículos 1, 3 y 5 de la Sección I, Capítulo V, Título I, Libro I de la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros, define que son tarjetas de crédito de circulación restringida las que se emiten para ser utilizadas exclusivamente por los clientes de un determinado establecimiento comercial, y que cuando son emitidas por compañías emisoras o administradoras de tarjetas de crédito que prestan servicios de carácter financiero requieren de la previa autorización de la Superintendencia de Bancos y Seguros, no así en el caso de las tarjetas de consumo, descuento, crédito de casa comercial y otras similares de circulación restringida para adquisición de bienes o servicios que pueden ser emitidas por establecimientos comerciales no financieros; Que en este caso, al tratarse de compañías emisoras de tarjetas no sujetas a la Superintendencia de Bancos y Seguros pero si al control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías, la Ley de Regulación del Costo Máximo Efectivo del Crédito ha conferido a esta última entidad el seguimiento de las compañías dedicadas a actividades comerciales que realicen ventas a crédito, para que cobren a sus clientes la tasa de interés efectiva del segmento de consumo fijada por el Banco Central del Ecuador, y de ninguna manera comisiones u otros conceptos adicionales; facultándole al ente de control a que aplique y recaude en el ámbito administrativo la sanción pecuniaria respectiva en caso de violación a las disposiciones de dicha ley;
Que los techos tarifarios por servicios que presten las compañías emisoras de tarjetas de consumo, descuento, crédito de casa comercial y otras similares de circulación restringida para adquisición de bienes o servicios pueden fijarse temporalmente mediante decreto ejecutivo, de conformidad con el inciso segundo del artículo 54 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, para lo cual periódicamente se requiere de información procesada y verificada por el organismo contralor de las compañías mercantiles;
Que la Superintendencia de Bancos y Seguros y la de Compañías han suscrito un Convenio de Cooperación para la adopción de formatos de estructuras de transparencia de información, en los cuales se podrá registrar los valores que por tarifas de servicios con tarjetas de consumo, descuento, crédito de casa comercial y otras similares de circulación restringida para adquisición de bienes o servicios cobran a sus clientes las compañías mercantiles y, de esa manera, contar con metodologías de cálculo para una eventual fijación de techos tarifarios por parte de la autoridad competente señalada en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor;
Que el artículo 431 de la Ley de Compañías dispone que la Superintendencia de Compañías ejercerá el control y vigilancia de las compañías nacionales anónimas, en comandita por acciones, de economía mixta, de responsabilidad limitada y de las empresas extranjeras que ejerzan sus actividades en el Ecuador, cualquiera que fuere su especie;
Que el artículo 433 de la Ley de Compañías faculta al Superintendente de Compañías a expedir regulaciones, reglamentos y resoluciones para el buen gobierno y vigilancia de las compañías; y,
Artículo primero.­ Ámbito.­ Las disposiciones de la presente resolución se aplican a las compañías nacionales y extranjeras con actividades en el Ecuador sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías, cuando dentro del giro ordinario de sus negocios emitan a sus clientes tarjetas de consumo, descuento, crédito de casa comercial y otras similares de circulación restringida para adquisición de bienes o servicios, en cuyo caso cobrarán como tope la tasa de interés activa referencial efectiva del segmento de consumo fijada por el Banco Central del Ecuador, de conformidad con lo establecido en la Ley de Regulación del Costo Máximo Efectivo del Crédito, más los correspondientes impuestos de ley, de estar previstos; pero de ninguna manera cobrarán comisiones u otros conceptos adicionales que permitan superar dicha tasa. Artículo segundo.­ Registro y base de datos.­ El Registro de Sociedades generará un módulo de registro en su base de datos de las compañías señaladas en el artículo anterior, que contendrá la información prevista en esta resolución. Artículo tercero.­ Información mensual.­ Sin perjuicio de la información general que deben presentar al organismo de control, las compañías y sucursales a las que se refiere el artículo primero de esta resolución están obligadas a remitir mensualmente a la Superintendencia de Compañías, en medio magnético o por vía electrónica, luego del cierre de cada mes calendario y dentro de los diez primeros días del mes siguiente, la información que se establece a continuación:
1. Denominación o razón social de la compañía y dirección domiciliaria.
2. Nombres del representante legal y otros administradores o apoderado local, y dirección domiciliaria.
1. Origen de los ingresos de la compañía o sucursal, especificando montos y porcentajes de ingresos que obtiene de la actividad principal y de sus actividades complementarias de financiamiento directo o ventas a crédito.
2. Costo nominal y efectivo del crédito expresado en términos de una tasa anual.
3. Tipo de tarjetas emitidas (consumo, descuento, crédito de casa comercial y similares de circulación restringida para adquisición de bienes o servicios a crédito en determinados establecimientos mercantiles).
4. Número de tarjetahabientes a la fecha del reporte, por cada tipo de tarjetas emitidas.
5. Valor total de cuentas por cobrar, concedido en tarjetas.
6. Plazo promedio de las cuentas por cobrar en tarjetas.
7. Morosidad de la cartera de crédito proveniente de tarjetas.
8. Cupo promedio de las tarjetas.
9. Tipos de servicios prestados a clientes o usuarios de tarjetas.
10. Pliego tarifario de servicios por uso de tarjetas.
11. Monto de recaudación por tarifas provenientes de la utilización de tarjetas.
12. Costos: i. Costo de la tarjeta.
ii. Costo de la emisión del estado de cuenta.
iii. Recargos por pagos atrasados.
iv. Recargos por pérdida de tarjeta.
v. Comisiones.
vi. Honorarios por cobranza.
vii. Interés de financiamiento y de mora.
13. Cualquier otra información que en cada caso particular requiera y notifique la Superintendencia de Compañías.
La Intendencia de Control e Intervención verificará periódicamente la veracidad de la información remitida por estas compañías.
Artículo cuarto.­ Tarifas.­ Las tarifas por los servicios que presten las compañías que se encuentren en el caso normado por la presente resolución podrán fijarse temporalmente de conformidad con el inciso segundo del artículo 54 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor.
Artículo quinto.­ Información al cliente o usuario.­ En función de la transparencia de precios finales de bienes y servicios que se adquieren con tarjetas de consumo, descuento, crédito de casa comercial y otras similares de circulación restringida, conforme a los artículos 47 y 50 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, las compañías mercantiles que emitan a sus clientes dichas tarjetas están obligadas a divulgar en sus anuncios publicitarios o información al cliente o usuario lo requerido en dicha ley y su reglamentación antes de formalizar cualquier transacción.
Artículo Sexto.­ Información al sector público.­ La Dirección de Estudios Económicos Societarios procesará la información dispuesta en esta resolución y remitirá a la Presidencia de la República y al Banco Central del Ecuador, para los fines legales pertinentes.
Artículo Séptimo.­ Sanción administrativa.­ La multa prevista en la Disposición General Segunda de la Ley de Regulación del Costo Máximo Efectivo del Crédito será impuesta por la Superintendencia de Compañías a las sociedades sometidas a su vigilancia y control que incumplan dicho precepto legal, y será recaudada directamente o mediante el ejercicio de la potestad coactiva establecida en el Art. 451 de la Ley de Compañías. El producto de esta multa se destinará al Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas ­IECE – para la concesión de becas para educación formal a todo nivel, según manda la Ley de Regulación del Costo Máximo Efectivo del Crédito.
Artículo Octavo.­ Delegación.­ Para los efectos contemplados en el artículo anterior se delega a los Intendentes de Control e Intervención en la Oficina Matriz e Intendencia de Compañías de Quito y a los intendentes de Compañías de Cuenca, Ambato, Portoviejo, Machala y Loja, para que, con base a los antecedentes respectivos de verificación y control, impongan dicha multa. Los funcionarios delegados para la recaudación de multas procederán de conformidad con las normas generales sobre la materia. Artículo Noveno.­ Intervención, disolución y liquidación de compañías incumplidas.­ El incumplimiento de las disposiciones legales señaladas en la presente resolución faculta al Superintendente de Compañías o a sus delegados para que, previo el procedimiento establecido en la Ley de Compañías, puedan declarar de oficio o a petición de parte la intervención de las compañías incumplidas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 354 numeral quinto, en relación con el artículo 432, inciso quinto de la Ley de Compañías; o su disolución y liquidación por las causales previstas en los numerales 11 y 12 del artículo 361 de la misma ley; sin perjuicio de que, en aplicación de lo que dispone la Disposición General Cuarta de la Ley de Regulación del Costo Máximo Efectivo del Crédito, en relación con el artículo 446 de la Ley de Compañías, si aparecieren hechos que pudieren ser punibles, se remita el informe respectivo para conocimiento de la Fiscalía General del Estado.
Artículo Décimo.­ Reserva de la facultad delegada.­ Sin perjuicio de las delegaciones conferidas, el Superintendente de Compañías conservará las facultades delegadas para ejercer personalmente todas las atribuciones que le otorga la ley.
Artículo Undécimo.­ Vigencia y ejecución.­ La presente resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial, y de su ejecución encárguense los señores intendentes de Compañías de Guayaquil, Quito, Cuenca, Ambato, Portoviejo, Machala y Loja.
La Superintendencia de Compañías en un plazo no mayor a noventa días efectuará el levantamiento de la información base y adecuará sus sistemas tecnológicos de procesamiento de datos y de control, para el cumplimiento de lo dispuesto en esta resolución.
Comuníquese y publíquese.­ Dada y firmada, en la Superintendencia de Compañías, en Quito, a 3 de julio del 2009.”.
http://www.edicioneslegales.com/sie/SIE-COM-09-11
http://www.edicioneslegales.com/sie/SIE-COM-09-11.doc