Source: https://boc-cantabria.vlex.es/vid/ley-cantabria-1-2018-707174041
Timestamp: 2018-05-27 21:39:15
Document Index: 37959015

Matched Legal Cases: ['Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 14', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 32', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'Artículo 35', 'Artículo 36', 'Artículo 38', 'Artículo 39', 'Artículo 42', 'Artículo 44', 'Artículo 45', 'Artículo 47', 'Artículo 48', 'Artículo 52', 'artículo 24', 'artículo 35', 'artículo 5', 'artículo 104', 'artículo 4', 'artículo 28', 'artículo 17', 'artículo 14', 'artículo 4', 'artículo 9', 'artículo 4', 'artículo 17', 'artículo 38', 'artículo 12', 'artículo 18', 'artículo 15', 'artículo 18', 'artículo 15', 'artículo 33', 'artículo 15', 'artículo 15', 'artículo21', 'artículo 15', 'artículo 8', 'artículo 4', 'artículo 26', 'artículo 9', 'artículo 30', 'artículo 32', 'artículo 26', 'artículo 15', 'artículo 18', 'artículo 4', 'artículo 30', 'artículo 8', 'artículo 25', 'artículo27', 'artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 27', 'artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 8', 'artículo 26', 'artículo95', 'artículo 6', 'artículo 4', 'artículo 7', 'artículo 25', 'artículo 24', 'artículo 40', 'artículo 40', 'artículo 4', 'artículo 40', 'artículo 38', 'artículo 9', 'artículo 38', 'artículo 121', 'artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 6', 'artículo 43', 'artículo 5', 'artículo6', 'artículo 43', 'artículo 4', 'artículo 43', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 6', 'artículo 8', 'artículo 15', 'artículo 39', 'artículo 36', 'artículo 37', 'artículo 17', 'artículo 38', 'artículo 4', 'artículo 24']

Ley de Cantabria 1/2018, de 21 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública. - BOC. Boletín Oficial de Cantabria - Legislación - VLEX 707174041
CAPÍTULO I. Objeto, sujetos y principios generales. - arts. 1 a 6
CAPÍTULO II. Ejercicio del derecho de acceso a la información pública. - arts. 7 a 18
CAPÍTULO III. De la reutilización de la información. - arts. 19 a 22
CAPÍTULO IV. Publicación de estadísticas. - art. 23
CAPÍTULO I. Caracteres generales de la transparencia. - art. 24
CAPÍTULO II. Áreas y materias sujetas a transparencia. - arts. 25 a 32
TÍTULO III. Auditoría, seguimiento y control de la transparencia. - arts. 33 a 41
TÍTULO IV. Régimen Sancionador - arts. 42 a 52
TÍTULO III. - arts. 33 a 41
TÍTULO IV. - arts. 42 a 52
TÍTULO I Disposiciones Generales. Artículos 1 a 23
CAPÍTULO I Objeto, sujetos y principios generales. Artículos 1 a 6
Artículo 6 Obligación de suministrar información.
CAPÍTULO II Ejercicio del derecho de acceso a la información pública. Artículos 7 a 18
Artículo 7 Derecho de acceso a la información pública.
Artículo 8 Límites al derecho de acceso a la información pública.
Artículo 9 Solicitud de acceso a la información pública.
Artículo 10 Solicitudes incompletas o imprecisas.
Artículo 11 Información previa.
Artículo 12 Causas de inadmisión a trámite.
Artículo 14 Afectación de los derechos e intereses de terceros.
Artículo 16 Formalización del acceso a la información pública.
Artículo 17 Gratuidad en el acceso a la información.
Artículo 18 Reclamación en materia de acceso a la información pública.
CAPÍTULO III De la reutilización de la información. Artículos 19 a 22
Artículo 19 Reutilización de la información pública.
Artículo 20 Objetivos de la reutilización.
Artículo 21 Condiciones para la reutilización.
Artículo 22 Interoperabilidad.
CVE-2018-2886
CAPÍTULO IV Publicación de estadísticas. Artículo 23
Artículo 23 Información estadística.
TÍTULO II Publicidad Activa. Artículos 24 a 32
CAPÍTULO I Caracteres generales de la transparencia. Artículo 24
CAPÍTULO II Áreas y materias sujetas a transparencia. Artículos 25 a 32
Artículo 25 Transparencia organizativa e institucional.
Artículo 26 Transparencia política.
Artículo 27 Transparencia en la contratación pública.
Transparencia en los convenios de colaboración, encomiendas de gestión, encargos de ejecución a medios propios y subvenciones.
Artículo 29 Transparencia en las cuentas bancarias.
Artículo 30 Transparencia en la gestión económica, presupuestaria y patrimonial.
Transparencia en la ordenación del territorio, urbanismo y medio ambiente.
Artículo 32 Transparencia en la información de relevancia jurídica.
TÍTULO III Auditoría, seguimiento y control de la transparencia. Artículos 33 a 41
Artículo 33 Consejo de Transparencia de Cantabria.
Artículo 34 Régimen jurídico del Consejo de Transparencia de Cantabria.
Artículo 35 Competencias del Consejo de Transparencia de Cantabria.
Artículo 36 Integración de la transparencia en la gestión.
Artículo 38 Órgano competente en materia de transparencia.
Artículo 39 Portal de Transparencia de Cantabria.
Transparencia en la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Información específica sobre las relaciones del Gobierno de Cantabria con elParlamento de Cantabria.
TÍTULO IV Régimen Sancionador Artículos 42 a 52
Artículo 42 Régimen jurídico sancionador.
Artículo 44 Infracciones de carácter disciplinario.
Artículo 45 Infracciones de otras entidades.
Infracciones de los sujetos con obligación de suministrar información.
Artículo 47 Sanciones disciplinarias.
Artículo 48 Sanciones no disciplinarias.
Artículo 52 Prescripción de infracciones y sanciones.
Disposición adicional primera Portal de Transparencia de Cantabria y Portal de ParticipaciónCiudadana.
Disposición adicional segunda Plazo para el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa.
Disposición adicional tercera Medidas de sensibilización y formación para el personal alservicio de las Administraciones públicas y otros.
Disposición adicional cuarta Simplificación de los trámites y accesibilidad.
Disposición adicional quinta Adecuación de los datos y la información pública a la Ley.
Disposición adicional séptima Datos compresibles.
Disposición adicional octava Reglas de supletoriedad.
Disposición adicional novena Colaboración con entidades locales.
Disposición adicional décima Adaptación de la Ley de Cantabria 1/2008 de 2 de julio, reguladora de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y los altos cargos de laAdministración de Cantabria.
Disposición adicional décimo primera Aplicación de la Ley por el Parlamento de Cantabria.
Disposición transitoria primera Solicitudes de acceso a la información en trámite.
Disposición transitoria segunda Consejo de Transparencia de Cantabria.
En un contexto de cambio permanente y profundo, gobernar no puede significar solo ejercerel poder legítimo emanado de las urnas. Gobernar debe significar también mejorar lo público,hacerlo más profundo, compartido y asumido por todos los actores sociales. Gobernar hoy endía requiere de la evolución hacia un modelo de gobierno abierto, hacia una administraciónrelacional que refuerce su legitimidad y eficacia con la apertura a la ciudadanía. Se hace necesario desarrollar modelos colaborativos basados en una mayor transparencia en los asuntospúblicos como mecanismo para promover el interés general y fortalecer nuestra democracia.
La transparencia en la gestión pública y el acceso a la información son condiciones necesariaspara un gobierno abierto. Permiten a todos los ciudadanos conocer la gestión de los asuntos públicos y formarse una opinión informada sobre los mismos. Con ello podrán participar de maneramás eficaz en las decisiones que les atañen, controlar y exigir cuentas, contribuyendo así a reducirla arbitrariedad y la opacidad e incrementando la legitimidad de los poderes públicos. Además,la transparencia permite la reutilización de la información del sector público para impulsar la innovación y el desarrollo económico. En este sentido, los países que cuentan con mayores nivelesen materia de transparencia cuentan con instituciones más fuertes, favoreciendo el crecimientoeconómico y el desarrollo social. En definitiva, la transparencia ofrece un conocimiento sobre losprocedimientos y decisiones, su legalidad y oportunidad, reduce el peligro de que exista desviaciónde poder y estimula a su vez la participación ciudadana en los asuntos públicos.
El conocimiento que proporciona el acceso de la ciudadanía a la información pública, esnecesario para la formación de la opinión crítica en la ciudadanía que redunde en la mejor participación de todos los cántabros y cántabras en la vida política, económica, cultural y social.Esto constituye una prioridad que los poderes públicos están obligados a fomentar.
Las nuevas tecnologías, por otro lado, coadyuvan a hacer posible la transparencia. Enefecto, Internet se revela como un instrumento fundamental para la difusión de la información,que está produciendo la aparición de una nueva cultura en la que cada vez más personas seinterrelacionan. La red, progresivamente, se está convirtiendo en un lugar de encuentro, deinterrelación y de transmisión de ideas, opiniones e información a modo de una moderna ágoravirtual que nos reconduce al origen de la democracia.
En definitiva, la transparencia se considera un elemento imprescindible en cualquier acciónde gobierno. Ya no es solo porque propicia el acceso a la información, sino porque permite hacerefectivo el derecho a conocer la actividad de la Administración que tiene cualquier ciudadano,estimulando además su participación en la gestión precisamente por ser conocedor de aquella.
Corresponde a la Comunidad Autónoma de Cantabria, de acuerdo con el artículo 24.1 dela Ley Orgánica 8/1981, de 30 de diciembre, del Estatuto de Autonomía para Cantabria, lacompetencia exclusiva para la "organización, régimen y funcionamiento de sus institucionesde autogobierno". Asimismo, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35.3 del citadoEstatuto de Autonomía, en el ejercicio de dicha competencia de organización, régimen y funcionamiento, y de acuerdo con la legislación del Estado, "la elaboración del procedimientoadministrativo derivado de las especialidades de su organización propia".
Con las materias que se regulan en la presente Ley, se pretende promover un modelo degobierno abierto y socialmente responsable, generando así una nueva forma de relación delGobierno y la Administración pública con la ciudadanía, basada en la transparencia de la actividad pública y la promoción de la participación en las políticas públicas que impulse el Gobierno de Cantabria. Se avanza así en el cumplimiento del Estatuto de Autonomía que en supreámbulo expone que "Cantabria encuentra en sus instituciones la voluntad de respetar losderechos fundamentales y libertades públicas, a la vez que se afianza e impulsa el desarrolloregional sobre la base de unas relaciones democráticas". Además, el artículo 5.2 del Estatutoatribuye a las instituciones de la Comunidad Autónoma la tarea de "facilitar la participación detodos ciudadanos y ciudadanas en la vida política, económica, cultural y social".
La regulación de medidas que promuevan la transparencia tanto administrativa como referida a los representantes políticos, se ha ido perfilando en los últimos años a nivel europeo,tanto en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea proclamada por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 7 de diciembre de 2000, como en el Libro Blancosobre la Gobernanza Europea, aprobado por la Comisión el 25 de julio de 2001. Asimismo, deespecial relevancia resultan los parámetros definidos por el convenio 205 de 2009, del Consejode Europa, sobre Acceso a los Documentos Públicos, que en su preámbulo resalta la importancia de la transparencia de las autoridades públicas en una sociedad democrática y pluralista.
Recientemente, la legislación básica estatal reguladora del procedimiento administrativocomún establece que el acceso a la información pública, archivos y registros se regula deacuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a lainformación pública y buen gobierno, y el resto del ordenamiento jurídico.
Así, la presente Ley tiene por objeto desarrollar, completar y ampliar las obligaciones quecontiene la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información públicay buen gobierno en materia de transparencia, así como establecer los mecanismos para garantizar la efectividad de los derechos que reconoce al conjunto de los ciudadanos.
Cantabria carecía de una norma específica que desarrollase la materia, habiéndose regulado la misma de manera parcial, fragmentada y sectorizada. Así, tenemos la Ley de Cantabria6/2002, de 10 de diciembre, de régimen jurídico del Gobierno y de la Administración de laComunidad Autónoma de Cantabria, que establece que la organización de la Administraciónde la Comunidad Autónoma observará, entre otros, los principios de simplicidad, claridad yproximidad a los destinatarios de los servicios. Asimismo, ajustará su actuación a, entre otros,los principios de servicio efectivo a la ciudadanía y objetividad y transparencia de la actuaciónadministrativa.
El artículo 104 de la citada Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, establece quela actuación de la Administración de la Comunidad Autónoma se realizará con el máximo respeto al principio de publicidad, con el objeto de garantizar la efectividad de los derechos quela legislación atribuye a la ciudadanía, sin perjuicio de que, en ocasiones, y por afectar a laintimidad de las personas, ese principio de publicidad se vea restringido de acuerdo con lasexigencias de cada procedimiento.
En aplicación de dichos preceptos, se aprobó el Decreto 152/2005, de 9 de diciembre, por elque se aprueba la Carta de Derechos de la Ciudadanía y se crea el Observatorio de Calidad delos Servicios en la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria. Los compromisoscontenidos en dicha Carta de Derechos responden a la voluntad del Gobierno de Cantabria de
avanzar en el proceso de mejora continua en la calidad de los servicios públicos que ofrece a laciudadanía. En esa Carta de Derechos, la Administración General de la Comunidad Autónomade Cantabria y sus organismos públicos dependientes se comprometen con la ciudadanía aconstruir una Administración moderna, transparente y abierta a la ciudadanía. Reconoce elderecho de los ciudadanos a recibir información clara, completa y precisa sobre los serviciosprestados por la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria y sus organismospúblicos, a acceder a los registros y archivos públicos, con las limitaciones legalmente establecidas y sin vulnerar el derecho a la intimidad de las personas.
En suma, las disposiciones de la presente Ley pretenden avanzar en un modelo de Gobiernoy Administración pública que genere confianza en los ciudadanos y ciudadanas e incentive suparticipación, garantizando su derecho a ser informados y, en consecuencia, permitiendo elcontrol de la actuación pública y la exigencia de responsabilidades.
El título I se dedica a las disposiciones generales precisando el objeto de la norma, que espromover los principios de transparencia en las relaciones del Gobierno y de la Administraciónpública con la ciudadanía. Establece los principios que, con carácter general, deben informar laaplicación de esta Ley, que se enmarca en una estrategia de impulso del modelo de gobiernoabierto, y define los conceptos claves para la adecuada interpretación de la norma. El títuloconsta, además, de cuatro capítulos.
El capítulo I reconoce un amplio y extenso ámbito de aplicación, siguiendo las recomendaciones del convenio 205 del Consejo de Europa, que incluye a la Administración General de laComunidad Autónoma de Cantabria, las entidades locales y cualesquiera organismos públicosy entidades de derecho público o privado vinculadas o dependientes de las mismas. Así mismoafecta a la universidad pública, a los consorcios y a aquellas otras entidades que, con personalidad jurídica propia, se pudieran crear para satisfacer necesidades de interés general queno tengan carácter industrial o mercantil, siempre que uno o varios sujetos públicos financienmayoritariamente su actividad, controlen su gestión o nombren a más de la mitad de losmiembros de su órgano de administración, dirección o vigilancia.
El Parlamento de Cantabria, así como cualquier órgano estatutario que se pudiera crear,también estará sujeto al contenido de esta Ley en relación con sus actividades sujetas a derecho administrativo.
La Ley somete a las obligaciones de transparencia a los prestadores de servicios públicosy a las personas privadas que ejerzan potestades administrativas, teniendo que aportar todala información necesaria para el cumplimiento por aquéllos de las obligaciones previstas en laLey. Esta obligación se extenderá a los adjudicatarios de contratos del sector público en lostérminos previstos en el respectivo contrato.
También se establecen obligaciones de transparencia para los partidos políticos, federaciones, coaliciones y agrupaciones de electores, organizaciones sindicales y organizacionesempresariales, así como las asociaciones y fundaciones vinculadas a los mismos, cuando cualquiera de ellos perciba ayudas o subvenciones de las Administraciones públicas de Cantabria,así como para las entidades privadas y de iniciativa social que se financien con fondos públicosa partir de ciertos umbrales.
El capítulo II regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, ordenandoel procedimiento para su ejercicio en el ámbito de la Comunidad Autónoma, con respeto a lodispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. En aras de facilitar el derecho de acceso, la Ley fomenta la tramitaciónelectrónica. El régimen de la formalización del acceso y la reclamación potestativa en materiade acceso constituyen otros elementos configuradores del espíritu incentivador de la transparencia hacia el ciudadano individual.
Por su parte, el capítulo III introduce la reutilización de la información pública, sus objetivosy condiciones, instando a que los sujetos afectados por esta Ley faciliten el acceso a la información pública o, en su caso, la suministren; y que, además, sea en formato accesible con elfin de generar iniciativa privada al fomentar la reutilización de la información pública.
El título II regula y garantiza la publicidad activa y consta de dos capítulos. El primero desarrolla las características generales mientras que el segundo concreta las áreas y materiassujetas a transparencia, estableciendo la obligación de difundir una amplia información, demanera obligatoria, gratuita y en condiciones de veracidad, accesibilidad, objetividad, a travésde medios electrónicos. Se parte de las obligaciones que establece en materia de publicidadactiva la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información públicay buen gobierno, cuya estructura se mantiene, y se amplían aspectos como los relativos a latransparencia política, la información sobre el empleo público y sobre la ejecución de los contratos, entre otros.
El título III regula la organización, el fomento y control de la transparencia. Se prevé lacreación del Consejo de Transparencia de Cantabria como entidad que, actuando con independencia orgánica y funcional, tendrá encomendada la promoción de la transparencia de laactividad pública en la Comunidad Autónoma y la resolución de las reclamaciones sobre elderecho de acceso.
Además, con objeto de dar efectivo cumplimiento a las obligaciones que marca la Ley enmateria de transparencia en el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma, seprevé la existencia de un órgano competente en materia de transparencia, al que le corresponderá el diseño, la coordinación, la evaluación y el seguimiento de las políticas en materiade transparencia, con el apoyo de las secretarías generales de las diferentes Consejerías. Seestablece el Portal de Transparencia de Cantabria, en el que se incluirá toda la información exigida en el régimen de publicidad activa, así como aquella otra que se considere de interés, incluyendo el Portal de Participación Ciudadana. Finalmente, se dedica un precepto a establecerlos mecanismos de control para el efectivo cumplimiento de las obligaciones de transparencia.
El título IV regula el régimen sancionador. Se trata de dar respuesta a una cuestión ampliamente demandada por las organizaciones promotoras de la transparencia y por la ciudadanía. LaComunidad Autónoma de Cantabria arbitra así los mecanismos necesarios y adecuados para quela nueva cultura de la transparencia no quede en una mera declaración de intenciones. El decididocompromiso de nuestra Comunidad con la transparencia, la democracia y la ciudadanía se traduceen el establecimiento de este régimen, que persigue no tanto actuar como mecanismo coercitivo orepresor, sino garantizar y hacer efectivo el derecho de la ciudadanía a la transparencia.
Finalmente, la Ley contiene las disposiciones necesarias para establecer los distintos regímenes transitorios y de habilitación para su desarrollo reglamentario e incluso anuncia la necesidad de adaptar la normativa autonómica al ámbito del buen gobierno. Se prevé su entradaen vigor a los seis meses de su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.
Esta Ley tiene por objeto regular la transparencia de la actividad pública en Cantabriaen su doble vertiente de publicidad activa y de derecho de acceso a la información pública porparte de todos los ciudadanos, así como la reutilización de ésta, siendo un instrumento parafacilitar el conocimiento por la ciudadanía de la actividad pública tanto de las entidades públicas como de las privadas con financiación o participación pública.
La transparencia de la toma de decisiones y de la propia actividad de la AdministraciónGeneral de la Comunidad Autónoma y el sector público autonómico.
El derecho de acceso a la información que obra en poder de la Administración Generalde la Comunidad Autónoma de Cantabria y el sector público autonómico, de forma accesible,comprensible y a través de datos procesables, así como el derecho a la veracidad y objetividadde esa información.
Principio de transparencia, en cuya virtud toda la información pública es en principioaccesible, y sólo puede ser retenida para proteger otros derechos e intereses legítimos deacuerdo con la Ley.
Principio de libre acceso a la información pública, en cuya virtud cualquier persona puedesolicitar el acceso a la información pública.
Principio de accesibilidad universal y diseño para todos, en virtud del cual la informaciónestará a disposición de las personas en una modalidad suministrada por medios o en formatosadecuados de manera que resulten accesibles y comprensibles, sin merma de derechos de losciudadanos ni restricciones o discriminaciones de cualquier naturaleza.
Principio de responsabilidad, en cuya virtud los sujetos sometidos a lo dispuesta en lapresente Ley son responsables del cumplimiento de sus prescripciones, asumiendo de formaexpresa sus obligaciones ante la ciudadanía, las responsabilidades derivadas de sus decisionesy promoviendo la cultura de la evaluación.
Principio de cooperación, colaboración y lealtad entre las diferentes AdministracionesPúblicas para hacer posible la efectiva aplicación de esta Ley.
Principio de veracidad, en virtud del cual la información pública ha de ser cierta y exacta,asegurando que procede de documentos respecto de los que se ha verificado su autenticidad,integridad, disponibilidad y conservación de su contenido.
Principio de utilidad, en cuya virtud la información pública que se suministre, siempreque sea posible, ha de ajustarse rigurosamente al contenido de la petición del solicitante.
Principio de gratuidad, en cuya virtud el acceso a la información y las solicitudes de acceso serán gratuitas, sin perjuicio de las exacciones que puedan establecerse por la expediciónde copias o trasposición de la información a soporte diferente al original.
Principio de simplicidad, facilidad y comprensión, en cuya virtud la información se facilitará de la forma que resulte más simple e inteligible atendiendo a la naturaleza de la misma ya las necesidades concretas de las personas.
Principio de interoperabilidad, en cuya virtud la información será publicada conforme alEsquema Nacional de Interoperabilidad, aprobado por el Real Decreto 4/2010, de 8 de enero,por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica.
Principio de reutilización, en cuya virtud se fomentará que la información sea publicadaen formatos que permitan su reutilización, de acuerdo con la legislación aplicable en materiade reutilización de la información del sector público.
Principio de neutralidad tecnológica, apostando por la utilización y promoción de softwarede código abierto en su funcionamiento, así como por el uso de estándares abiertos y neutralesen materia tecnológica e informática, favoreciendo esas soluciones abiertas, compatibles y reutilizables en la contratación administrativa de aplicaciones o desarrollos informáticos.
Principio de calidad y mejora continua, configurando procesos que permitan evaluarlos servicios públicos, tanto por los usuarios, los profesionales que los gestionan, así como lostécnicos que los implementan, con el fin de detectar sus deficiencias y corregirlas a los efectosde poderles garantizar unos servicios públicos eficaces, eficientes y de calidad.
Principio de seguridad, en cuya virtud la información será pública conforme al EsquemaNacional de Seguridad, aprobado por el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que seregula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica.
Información pública: Cualesquiera contenidos o documentos, independientemente de suformato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos sometidos a la presente Ley,y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.
Publicidad activa: la obligación de los sujetos mencionados en los artículos 4 y 5 de estaLey de hacer pública y en los términos previstos en la Ley, de forma permanente, veraz y objetiva la información pública de relevancia que garantice la transparencia de la actividad pública.
Acceso a la información pública: posibilidad de acceder a la información pública que obreen poder de los sujetos obligados por la presente Ley en cualquier tipo de soporte, incluido elsoporte digital que será estandarizado y abierto, que seguirá una estructura clara que permitasu comprensión y reutilización y con seguridad sobre su veracidad y sin más limitaciones quelas contenidas en esta Ley y en la normativa estatal.
Reutilización: publicación de la información en formatos que permitan nuevas utilidades,productos o servicios sin más limitaciones de las que se deriven de la normativa autonómicay estatal.
Solicitante: cualquier persona física o jurídica, que solicite información pública, requisitosuficiente para adquirir, a efectos de lo establecido en el Título I, la condición de interesado.
Evaluación: proceso integral de observación, análisis y consideración de la intervenciónpública, encaminado a valorar su diseño, desarrollo y ejecución, el cumplimiento de los objetivos, su impacto y las correcciones necesarias para la mejora de las estrategias públicas.
Interoperabilidad: capacidad de los sistemas de información y de los procedimientos alos que éstos dan soporte, de compartir datos y posibilitar el intercambio de información yconocimiento entre ellos, sin perjuicio del Esquema Nacional de Seguridad, aprobado por RealDecreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en elámbito de la Administración Electrónica.
Información accesible: Obligación de la Administración de facilitar a las personas con discapacidad el acceso a la información mediante el uso de instrumentos, herramientas y dispositivos que hagan que la misma sea comprensible, utilizable y practicable por todas las personasen condiciones de seguridad, comodidad y de la forma más autónoma y natural posible, lo queincluye la posibilidad de acceder a la información mediante el uso del braille, auto descripción,lengua de signos o lectura fácil.
Cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculadas o dependientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
La Universidad de Cantabria y las entidades vinculadas o dependientes de ella.
Las corporaciones de Derecho público y entidades asimilables, como federaciones y clubes deportivos, en lo relativo a las actividades sujetas al Derecho administrativo.
El Parlamento de Cantabria, así como cualquier órgano estatutario que se pueda crear,en relación con sus actividades sujetas al derecho administrativo.
Los consorcios dotados de personalidad jurídica propia en que participen cualesquiera delas entidades que conforman el sector público de la Comunidad Autónoma de Cantabria cuandouno o varios de los sujetos enumerados en este artículo hayan participado en su financiaciónen un porcentaje igual o superior al cincuenta por ciento, cuando se hayan comprometido, enel momento de su constitución, a financiar mayoritariamente dicha entidad, o cuando sus actos estén sujetos directa o indirectamente al poder de decisión de un órgano de la ComunidadAutónoma.
Las entidades constituidas por las Administraciones, organismos y entidades previstosen este artículo. Se incluyen los órganos de cooperación previstos en la legislación básica estatal sobre régimen jurídico del sector público, en la medida en que, por su peculiar naturalezay por carecer de una estructura administrativa propia, le resulten aplicables las disposicionesde este título. En estos casos, los cumplimientos de las obligaciones derivadas de la presenteLey serán llevadas a cabo por la Administración que ostente la secretaría del órgano de cooperación.
Las entidades con personalidad jurídica propia creadas específicamente para satisfacernecesidades de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil siempre que unoo varios sujetos públicos financien mayoritariamente su actividad, controlen su gestión o nombren a más de la mitad de los miembros de su órgano de administración, dirección o vigilancia.
Las entidades que integran la Administración Local en el ámbito territorial de Cantabria,así como cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público y privado vinculados o dependientes de aquellas, en los términos establecidos en el apartado anterior.
A los efectos de lo previsto en este título, se entiende por Administraciones Públicas laAdministración General de la Comunidad Autónoma de Cantabria, la de las Entidades que integran la Administración Local en el ámbito territorial de Cantabria, así como los organismospúblicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las mismas.
Los partidos políticos, federaciones, coaliciones y agrupaciones de electores, las organizaciones sindicales y organizaciones empresariales, así como las asociaciones y fundacionesvinculadas a ellas.
Las entidades privadas y las entidades de iniciativa social que perciban durante el períodode un año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 25.000 euros o cuando almenos el 40 por ciento del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 euros.
Las personas físicas y jurídicas distintas de las referidas en los artículos anteriores quepresten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas, estarán obligadas a suministrar al sujeto mencionado en el artículo 4 de la presente Ley al que se encuentren vinculadas,previo requerimiento, toda la información necesaria para el cumplimiento por aquel de lasobligaciones previstas en esta Ley, en un plazo de quince días hábiles sin perjuicio de los plazosque puedan establecer las entidades locales en el ejercicio de su autonomía.
Esta obligación se extenderá a los adjudicatarios de contratos del sector público, deconciertos para prestación de servicios públicos y a los beneficiarios de subvenciones. A estosefectos, los pliegos de cláusulas administrativas particulares o el documento contractual, asícomo las bases reguladoras de la concesión de subvenciones, las resoluciones de concesióno los convenios que instrumenten la concesión de subvenciones, recogerán de forma expresaesta obligación. Respecto a los beneficiarios de subvenciones o ayudas públicas, se estará a lodispuesto en el artículo 28.6 de la presente Ley.
CAPÍTULO II Artículos 7 a 18
Para hacer efectivo el derecho de acceso a la información pública, las personas físicas yjurídicas podrán ejercer los siguientes derechos:
Acceder a la información pública que, en cumplimiento de las obligaciones establecidasen el presente título, deba estar a disposición de la ciudadanía.
Obtener, previa solicitud, la información pública que obre en poder de los sujetos afectados por esta Ley, sin que para ello se esté obligado a declarar interés alguno, y sin más limitaciones que las contempladas en esta Ley y en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,de protección de datos de carácter personal.
Ser informados de los derechos que les otorga la normativa vigente en materia de transparencia y su correcto ejercicio.
Recibir la información que soliciten, dentro de los plazos máximos establecidos en estetítulo y en el formato elegido, en los términos previstos en esta Ley.
Obtener resoluciones motivadas por las que se inadmite a trámite una solicitud o no sefacilita la información, total o parcialmente en el formato solicitado.
Conocer, con carácter previo, el listado de las tasas que sean exigibles para la obtenciónde la información solicitada en un soporte concreto, así como las causas de exención en lostérminos del artículo 17 de la presente Ley.
Usar la información obtenida sin necesidad de autorización previa y sin más limitacionesque las contenidas en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datosde carácter personal.
Cuando las entidades locales celebren sesiones plenarias, facilitarán, salvo que concurran causas justificadas de imposibilidad técnica o económica, su acceso a través de Internet,bien transmitiendo la sesión, bien dando acceso al archivo audiovisual grabado una vez celebrada la misma.
Para ejercer el derecho de acceso a la información pública se aplicarán los límites establecidos en el artículo 14 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y los establecidos en las Leyes de carácter sectorial. En todo caso,su aplicación se llevará a cabo según lo dispuesto en la legislación básica estatal, debiendo serinterpretados, siempre que sea posible, en sentido favorable al acceso a la información pública.
Cuando la información solicitada contuviera datos de carácter personal tanto de lapersona solicitante como de terceras personas se estará a lo dispuesto en la Ley Orgánica15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.
En el caso de que a la información solicitada le resulte de aplicación alguno de los límitesa que se refiere el apartado primero de este artículo se otorgará, siempre que sea posible, elacceso parcial a la información pública, de conformidad con lo previsto en la normativa básicade acceso a la información pública.
Todas las personas, tanto a título individual y en su propio nombre, como en nombre yrepresentación de las personas jurídicas legalmente constituidas, tienen derecho a acceder ala información pública mediante solicitud previa.
El procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso se iniciará con la presentación dela correspondiente solicitud, que deberá dirigirse al titular del órgano administrativo o entidadque posea la información. Cuando se trate de información en posesión de personas físicas o
jurídicas que presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas, la solicitud sedirigirá a la Administración, organismo o entidad de las previstas en el artículo 4 de la presenteLey a las que se encuentren vinculadas.
En su caso, el formato que se prefiera para acceder a la información solicitada.
El solicitante no está obligado a motivar su solicitud de acceso a la información. Sin embargo, podrá exponer los motivos por los que solicita la información y que podrán ser tenidosen cuenta cuando se dicte la resolución. No obstante, la ausencia de motivación no será por sisola causa de rechazo de la solicitud.
Cuando la solicitud se formule de forma oral, sea por comparecencia en las unidadesadministrativas o en las oficinas de información, o mediante comunicación telefónica, la mismaserá recogida en formato electrónico haciendo constar los extremos señalados en el apartado3 del artículo 9 de la presente Ley.
El solicitante tiene derecho a recibir orientación y asesoramiento para el ejercicio de estederecho a través de la Oficina de Atención a la Ciudadanía y del Servicio de Atención Telefónicade Cantabria.
Los sujetos mencionados en el artículo 4 de la presente Ley promoverán la presentaciónde las solicitudes por vía electrónica y en todo caso, tendrán disponibles en sus respectivas sedes electrónicas, portales o páginas web, los modelos normalizados de solicitud, que deberánincluir un apartado relativo a la situación económica del solicitante para los casos previstos enel artículo 17.3 de la presente Ley.
Las solicitudes de información se contabilizarán y clasificarán para lo previsto en el apartado 3 del artículo 38 de la presente Ley con el objeto de detectar las más frecuentes y reiterativas. Esta información pasará a ser considerada información pública de relevancia que deberáser sometida a publicidad activa, siempre que la solicitud se resuelva concediendo el acceso.
Si la solicitud no identificara de forma suficiente la información, se advertirá al solicitantede tal circunstancia y se le concederá un plazo máximo de diez días hábiles para su concreción,con indicación de la suspensión del plazo para dictar resolución y que, en caso de no hacerlo,se le tendrá por desistido. Para la concreción de la solicitud se ofrecerá asistencia.
Transcurrido el plazo sin haber concretado la solicitud se procederá a su archivo por desistimiento. Esto no será obstáculo para presentar una nueva solicitud.
Presentada la solicitud, el órgano competente para su tramitación informará al solicitantede la recepción de la misma con indicación de:
Número de referencia que permita su seguimiento.
El órgano competente para resolver la solicitud.
Los derechos que le asisten como solicitante al amparo tanto de esta Ley como de lalegislación básica estatal reguladora del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas.
Si la información solicitada no obra en poder del sujeto al que se dirige, este deberáremitir la solicitud al competente, si lo conociera, e informará de esta circunstancia al solicitante, con indicación de la fecha de remisión e identificación del órgano al que se ha dirigidola solicitud.
Si la información solicitada no existiera, se comunicará al interesado a fin de aclarar lapetición y, si persistiera la inexistencia, se atenderá al artículo 12 de la presente Ley.
Serán inadmitidas a trámite, mediante resolución motivada y notificada al solicitante,las solicitudes de acceso a la información pública en los supuestos del artículo 18 de la Ley19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno:
Referidas a información que tenga carácter auxiliar o de apoyo como la contenida ennotas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganoso entidades administrativas. Los informes preceptivos no podrán ser considerados como de carácter auxiliar o de apoyo para justificar la inadmisión de las solicitudes referidas a los mismos.
Relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración. No se estimará como reelaboración la información que pueda obtenerse mediantetratamiento informatizado de uso corriente.
Dirigidas a un órgano en cuyo poder no obre la información cuando se desconozca elcompetente.
Que sean manifiestamente repetitivas o tengan un carácter abusivo no justificado con lafinalidad de transparencia de esta Ley.
En el caso en que se inadmita la solicitud por concurrir la causa prevista en la letra d),el órgano que acuerde la inadmisión deberá indicar en la resolución el órgano que, a su juicio,es competente para conocer de la solicitud, remitiéndola a la entidad u órgano que dispongade la información solicitada.
La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitantey a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde larecepción de la solicitud por el órgano competente para tramitar.
Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidadde la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante.
Transcurrido el plazo máximo para resolver y notificar sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, se entenderá que la solicitud ha sido desestimada.
Cuando la información solicitada pudiera afectar a derechos o intereses de terceros,identificables o debidamente identificados, se les concederá un plazo de quince días hábilespara que puedan realizar las alegaciones que estimen oportunas.
El traslado de la solicitud deberá indicar los motivos de la misma, si se han expresado, sinrevelar la identidad del solicitante, y producirá la suspensión del plazo máximo para resolvery notificar hasta que se reciban las alegaciones o transcurra el plazo para su presentación acontar desde su notificación. Si el tercero no responde en el plazo requerido se presumirá queno está conforme con que se otorgue el acceso a la información solicitada.
Se deberá informar al solicitante del traslado de la solicitud a terceros y de la suspensióndel plazo máximo para resolver y notificar hasta que se hayan recibido las alegaciones o hayatranscurrido el plazo para su presentación.
Se podrá poner en conocimiento del solicitante la existencia de alegaciones y su contenido. En este caso, se le concederá un plazo de quince días hábiles para que pueda realizarlas alegaciones que estime oportunas, quedando suspendido el plazo máximo para resolvery notificar hasta que se hayan recibido las alegaciones o haya transcurrido el plazo para supresentación a contar desde el día siguiente de la notificación.
El órgano competente, sobre la base de lo manifestado de forma expresa o presunta porlos terceros y atendiendo a lo recogido en esta Ley, emitirá la resolución que estime procedente.
Si la resolución dictada por el órgano competente o cualquier actuación administrativase fundamentara en el artículo 15 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia,acceso a la información pública y buen gobierno, no podrá contener datos o circunstancias quesupongan conocimiento directo o indirecto de los datos personales cuya protección motive ladenegación del acceso.
La resolución que se adopte podrá inadmitir la solicitud, conceder o denegar el accesototal o parcial y, en su caso, fijar la modalidad de acceso a la información solicitada.
Serán motivadas, en todo caso, las resoluciones que inadmitan a trámite las solicitudes,las que denieguen el acceso o lo concedan de forma parcial, las que concedan acceso a travésde una modalidad diferente a la solicitada o que permitan acceso con la oposición de terceroafectado. En caso de que la negativa a facilitar la información esté fundada en la existencia dederechos de propiedad intelectual o industrial de terceros, se incluirá la referencia a la personafísica o jurídica titular de los derechos cuando esta sea conocida o, alternativamente, a la persona cedente de la que se haya obtenido la información solicitada.
Cuando la mera indicación de la existencia o no de la información suponga incurrir enalguna de las limitaciones al derecho de acceso, se pondrá de manifiesto para desestimar lasolicitud. Si la resolución estimara en todo o en parte la solicitud, indicará la modalidad de acceso y el plazo y condiciones del mismo, garantizando la efectividad del derecho y la integridadde la información solicitada.
En el caso de que la información ya haya sido publicada, la resolución podrá limitarse aindicar al solicitante cómo puede acceder a ella.
La competencia para resolver las solicitudes de información corresponde a las personastitulares de los departamentos o a quienes ostenten la alcaldía, presidencia, dirección, gerencia o cargo asimilado en la entidad a la que se solicita la información. Cuando la solicitud deinformación se dirija al Gobierno de Cantabria, corresponderá al titular correspondiente porrazón de materia. En el caso de organismos públicos vinculados o dependientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Cantabria, la competencia se ejercerá por suspresidentes o directores.
Las resoluciones en esta materia ponen fin a la vía administrativa y son recurribles antela jurisdicción contencioso-administrativa, sin perjuicio de la posibilidad de interponer la reclamación potestativa prevista en el artículo 18 de la presente Ley.
No obstante, contra las resoluciones dictadas por el Parlamento de Cantabria y otrosórganos estatutarios que se pudieran crear, solo cabrá la interposición de recurso contenciosoadministrativo.
Las resoluciones que se dicten se publicarán por medios electrónicos en la página web dela institución, previa disociación de los datos de carácter personal que contuvieran.
Cuando la resolución de una solicitud sea estimatoria, total o parcialmente, se adjuntarácomo anexo la información solicitada.
Si esto no fuera posible debido a su tamaño, extensión o naturaleza, se indicará el soportede la información, el plazo, no superior a diez días hábiles, y las circunstancias del acceso quedeberán garantizar la efectividad del derecho y la integridad de la información.
Si ha existido oposición de tercero, el acceso sólo tendrá lugar cuando, habiéndoseconcedido dicho acceso, haya transcurrido el plazo para interponer recurso contencioso-administrativo sin que se haya formalizado o haya sido resuelto confirmando el derecho a recibir lainformación.
Se deberá poner a disposición la información en el soporte o modalidad solicitada, a menos que concurra alguna de las circunstancias que se indican a continuación, que deberán serdebidamente justificadas en la resolución:
Que la información ya haya sido difundida previamente en otro soporte y el solicitantepueda acceder a él fácilmente. En este caso, se deberá informar al solicitante de dónde y cómopuede acceder a dicha información o, en su caso, remitírsela en el soporte disponible. Cuandoeste fuera en papel y pudiera convertirse en electrónico sin costes excesivos ni grandes dificultades técnicas, y el solicitante hubiera manifestado su opción por ese soporte, se procederá asu conversión y se facilitará en el mismo.
Que se considere más adecuado poner a disposición del solicitante la información en otrosoporte, cuando, entre otras razones, el acceso in situ pueda ocasionar la pérdida o deteriorodel soporte original, no sea posible la copia en un soporte determinado debido a la inexistenciade equipos técnicos disponibles, cuando la modalidad de acceso solicitada pueda afectar alderecho de propiedad intelectual, o cuando otro soporte resulte más sencillo o económico parael erario público.
En todo caso, si la información que se proporcionase en respuesta a una solicitud de acceso a la información pública fuese en soporte electrónico, deberá suministrarse en estándarabierto o, en su defecto, deberá ser legible con aplicaciones informáticas que no requieranlicencia comercial de uso.
A estos efectos, los sujetos sometidos a esta Ley procurarán conservar la informaciónpública que obre en su poder, o en el de otros sujetos en su nombre, en formas o soportes defácil reproducción y acceso mediante medios electrónicos.
El examen de la información solicitada se hará en el sitio en que se encuentre.
Se podrá entregar información por correo electrónico o sistema electrónico equivalente.
La expedición de copias o la trasposición a formatos diferentes al original en que secontenga la información podrá someterse al pago de una tasa que no exceda del coste real dereproducción y distribución. Para el establecimiento de la misma, se estará a lo previsto en lanormativa vigente en materia de tasas autonómica o local que corresponda.
Quedarán en todo caso exentos del abono de las tasas quienes acrediten percibir larenta social básica, una pensión no contributiva, la renta activa de inserción y aquellos cuyosingresos de la unidad familiar sean iguales o inferiores en cómputo anual a 1,5 veces el ÍndicePúblico de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).
Frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso, salvo las dictadas porel Parlamento de Cantabria y otros órganos estatutarios que se pudieran crear, que estarán alo dictado en el apartado 7 del artículo 15 de la presente Ley, podrá interponerse una reclamación ante el Consejo de Transparencia de Cantabria previsto en el artículo 33 de esta Ley, con
carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa, ya sea porel solicitante del acceso como por terceros afectados en la solicitud.
La reclamación se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al dela notificación del acto impugnado. La presentación de una reclamación frente a la desestimación de una solicitud de acceso a la información por silencio, no estará sujeta a plazo.
La tramitación de la reclamación se ajustará a lo dispuesto en materia de recursos enla legislación básica estatal reguladora del procedimiento administrativo. Cuando la denegación del acceso a la información se fundamente en la protección de derechos o intereses deterceros, se otorgará, previamente a la resolución de la reclamación, trámite de audiencia alas personas que pudieran resultar afectadas para que aleguen lo que a su derecho convenga.
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de tres meses, transcurridoel cual, la reclamación se entenderá desestimada.
Las resoluciones del Consejo de Transparencia de Cantabria se publicarán, previa disociación de los datos de carácter personal que contuvieran, por medios electrónicos en el Portalde Transparencia del Gobierno de Cantabria y en la sede electrónica, portal o página web correspondiente, una vez se hayan notificado a los interesados.
En el caso en que la resolución del órgano competente se fundamente en lo dispuestoen el artículo 15 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, aquella no podrá contener datos o circunstancias que suponganconocimiento directo o indirecto de los datos personales cuya protección motive la denegacióndel acceso, al objeto de evitar una posible indefensión.
Asimismo, en el caso de cualquier actuación administrativa que se tramite frente a unadenegación de acceso que se fundamente en lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 19/2013,de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, no podrácontener datos o circunstancias que supongan conocimiento directo o indirecto de los datospersonales cuya protección motive esa denegación.
El Consejo de Transparencia de Cantabria comunicará al Defensor del Pueblo del Estadoo, si lo hubiera, al Defensor del Pueblo Cántabro, las resoluciones que dicte en aplicación deeste artículo.
CAPÍTULO III Artículos 19 a 22
Los sujetos afectados por esta Ley deberán facilitar el acceso a la información públicao, en su caso, suministrarla, en formatos que permitan su reutilización por personas físicaso jurídicas para la creación de valor mediante nuevos productos y servicios, siempre que serespeten los límites establecidos en la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización dela información del sector público, y que dicho uso no constituya una actividad administrativapública.
Toda la información publicada o puesta a disposición pública por los sujetos afectados poresta Ley será reutilizable sin someterse a ninguna licencia previa o condición específica parafacilitar su reutilización, sin perjuicio de las condiciones generales establecidas en el artículo21 de la presente Ley.
La reutilización de documentos que contengan datos de carácter personal se regirá por lodispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácterpersonal.
En ningún caso, podrá ser objeto de reutilización, la información en la que la ponderacióna la que se refieren los artículos 5.3 y 15 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, arroje como resultado la prevalenciadel derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal, a menos que el acceso
se efectúe previa disociación de los datos de carácter personal de modo que se impida la identificación de las personas afectadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 15.4 dela citada Ley.
El incumplimiento de estas obligaciones se regirá por el régimen sancionador recogido enla Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público.
Publicar toda la información sometida a publicidad activa de los sujetos afectados poresta Ley, con pleno respeto a las restricciones de privacidad, seguridad y propiedad en lostérminos establecidos en la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público.
Favorecer la creación de productos y servicios de información basados en los datos delibre disposición que obren en poder de los entes públicos.
La reutilización de la información publicada en la correspondiente sede electrónica, portal o página web de los sujetos mencionados en los artículos 4 y 5 de la presente Ley, estarásometida a las siguientes condiciones generales:
Cuando la información contenga datos de carácter personal, la finalidad o finalidadesconcretas para las que es posible la reutilización futura de los datos.
Cuando la información, aun siendo facilitada de forma disociada, contuviera elementossuficientes que pudieran permitir la identificación de los interesados en el proceso de reutilización, la prohibición de revertir el procedimiento de disociación mediante la adición de nuevosdatos obtenidos de otras fuentes.
La mencionada sede electrónica, portal o página web especificará el tipo de reutilizaciónaplicable a la información que contiene, y también debe incluir un aviso legal sobre las condiciones de la reutilización.
Se estará a lo dispuesto en el Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula elesquema nacional de interoperabilidad en el ámbito de la administración electrónica.
Los ciudadanos tienen derecho a solicitar la siguiente información estadística si la mismano estuviese publicada previamente en la correspondiente sede electrónica, portal o páginaweb de los sujetos mencionados en los artículos 4 y 5 de la presente Ley:
Tipo de contratos adjudicados por unidad de gasto, número y procedimiento.
La información estadística necesaria para valorar el grado de cumplimiento y calidad delos servicios públicos.
Ingresos por tributos.
Subvenciones concedidas de forma directa y de las concedidas previa convocatoria pública.
Las solicitudes de información pública recibidas, las admitidas a trámite, las que se encuentran en tramitación, las resueltas, las concedidas y las denegadas, así como el tipo deinformación solicitada, número de resoluciones, sentido de las mismas, plazos de resolución yen general cualquier información que permita conocer con exactitud la experiencia adquiridaen la aplicación de esta Ley, garantizando en todo caso la confidencialidad de los solicitantes.
El porcentaje en volumen presupuestario de contratos adjudicados a través de cada unode los procedimientos en la legislación de contratos del sector público.
Datos estadísticos sobre el importe global y el porcentaje en volumen presupuestario delas subvenciones concedidas de forma directa y de las concedidas en régimen de concurrenciacompetitiva.
Número de personas beneficiarias y tipo de servicios de los diferentes derechos reconocidos en el Sistema Público de Servicios Sociales de Cantabria. En el caso de los derechos delSistema para la Autonomía y Atención a Persona en situación de Dependencia, el sistema deinformación estadístico reconocerá al menos los mismos datos que los recogidos por el sistemade información del IMSERSO.
La información estadística facilitará las fuentes, notas metodológicas y modelos utilizados.
Los sujetos enumerados en los artículos 4 y 5 de la presente Ley publicarán de formaperiódica, veraz, objetiva, accesible, comprensible y actualizada, la información pública cuyoconocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad relacionada conel funcionamiento y el control de la actuación pública por parte de la sociedad, así como parafavorecer la participación ciudadana en las políticas públicas.
En este sentido, adoptarán las medidas oportunas para asegurar la difusión de la información pública y su puesta a disposición de la ciudadanía de la manera más amplia y sistemáticaposible, estructurada y compresible para las personas, garantizando la no discriminación tecnológica y accesibilidad universal.
Las obligaciones de transparencia contenidas en este título tienen carácter de mínimasy generales y se entienden sin perjuicio de la aplicación de otras disposiciones específicas queprevean un régimen más amplio en materia de publicidad.
La información se conservará en los términos establecidos en la normativa vigente, ydeberá presentarse en formatos abiertos que garanticen su longevidad, manteniendo la capacidad de transformarlos automáticamente en formatos de fácil reproducción y acceso.
Serán de aplicación, en su caso, los límites contemplados en el artículo 8 de la presenteLey. A este respecto, cuando la información contuviera datos especialmente protegidos, la publicidad sólo se llevará a cabo previa disociación de los mismos.
Toda la información estará a disposición de las personas con discapacidad en una modalidad adecuada, entendiendo por tal aquella suministrada por medios o formatos adecuadosde manera que resulten accesibles y comprensibles, conforme al principio de accesibilidad ydiseño para todos.
En la redacción de la información que tenga la consideración de publicidad activa, se prestará especial atención en lo referente a la utilización de lenguaje no sexista ni discriminatorio.
Los sujetos mencionados en los artículos 4 y 5 de la presente Ley publicarán informaciónrelativa a:
Las funciones que desarrollan y la normativa que les sea de aplicación y, en particular, losestatutos y normas de organización y funcionamiento de sus entes instrumentales.
Su estructura organizativa. A estos efectos, incluirán un organigrama actualizado queidentifique a las personas responsables de los diferentes órganos y su perfil y trayectoria profesional.
Su sede física, horarios de atención al público, teléfono y dirección de correo electrónico.
Asimismo, los sujetos a los que se refiere el artículo 4 de la presente Ley publicarán:
Delegaciones de competencias vigentes y régimen de sustituciones por ausencia deltitular.
La plantilla orgánica de plazas, la relación de puestos de trabajo o instrumento análogode planificación de los recursos humanos y retribución económica anual, indicando si está cubierto o vacante y con indicación del tipo de provisión por el que está ocupado y la fecha desu ocupación. De la misma forma, las plazas reservadas a personal eventual, la entidad, elnombre y apellidos de quienes las ocupan, el centro directivo u órgano al que se encuentrenadscritos y retribución íntegra anual, y las plazas cuyo titular se encuentra en servicios especiales o excedencia por prestación de servicio en el sector público o excedencia forzosa porejercer un cargo representativo, ya sea de elección directa o de designación política.
La oferta pública de empleo u otro instrumento similar de gestión de la provisión denecesidades de personal.
Los procesos de selección del personal con el fin de que permitan a cada aspirante conocer el puesto que ocupa en cada momento.
La identificación de las personas que forman parte de los órganos de representación delpersonal y el número de liberados sindicales, detallando el crédito horario anual del que disponen.
Las Administraciones Públicas publicarán, además, la siguiente información:
Las resoluciones de autorización y reconocimiento de compatibilidad que afecten a losempleados públicos, a los órganos directivos y a los altos cargos, o asimilados.
Con antelación diaria, las agendas institucionales de los gobiernos autonómicos, localesy los altos cargos o asimilados, atendiendo al artículo 26.5 de la presente Ley y siempre quetengan lugar en ejercicio de las funciones públicas que tienen conferidas y en su condición deresponsables públicos, permaneciendo dichas agendas publicadas al menos un año.
Las directrices, instrucciones, circulares, acuerdos y las respuestas a consultas planteadas por los particulares u otros órganos en la medida en que supongan una interpretación delos derechos garantizados en esta Ley. Asimismo, se publicarán las solicitudes de informaciónmás frecuentes y reiteradas a las que se refiere el artículo 9.6 de la presente Ley.
El informe anual de la Inspección General de Servicios sobre conflictos de intereses delos miembros del Gobierno y los altos cargos de la Administración de la Comunidad Autónomade Cantabria y las cartas de servicios.
Inventario de entidades del sector público administrativo, empresarial y fundacional.
Los bienes y derechos de las Administraciones Públicas, en los términos del artículo 30.2de la presente Ley.
Los anteproyectos de Ley y los proyectos de reglamentos cuya iniciativa les correspondacon indicación, al menos, de la fase de tramitación en la que se encuentra el proyecto, asícomo la fecha prevista para su aprobación definitiva.
Los informes públicos o privados recabados para la elaboración de cualquier proyectonormativo en los términos del artículo 32 de la presente Ley.
Los informes sobre mejora de la regulación y los de evaluación de las políticas públicas yde calidad de los servicios públicos.
Informe anual sobre consulta pública en la elaboración de los proyectos normativos.
Las resoluciones firmes elaboradas por la entidad que tenga la potestad en el ámbito de esta Ley.
La identificación de las personas que ejerzan cargo representativo de designación política, de confianza o asesoramiento especial, o de alto cargo o asimilado. Su identificación sehará en los términos del artículo 26.1 de la presente Ley.
Los planes y programas anuales y plurianuales de la actividad de sus distintos órganosen el plazo de un mes desde su aprobación y durante toda su vigencia, en los que se definiránlos objetivos concretos y las actividades y medios necesarios para ejecutarlos, así como eltiempo estimado para su consecución.
ñ) Su grado de cumplimiento y resultados deberán ser objeto de evaluación y publicaciónperiódica, al menos una vez al año, junto con los indicadores de medida y valoración, en laforma que se determine para cada entidad.
Las resoluciones a las que se refiere el artículo 15.8 de la presente Ley.
Las resoluciones del Consejo de Transparencia de Cantabria en los términos del artículo 18.5 de la presente Ley.
Los sujetos enumerados en el artículo 4 de la presente Ley deberán hacer pública, respecto de los miembros del Gobierno, altos cargos y asimilados de los entes integrantes delsector público, así como los miembros de las corporaciones locales y personas que desempeñan puestos considerados de confianza o de asesoramiento especial, según la Ley de Cantabria1/2008, de 2 de julio, reguladora de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno yde los altos cargos de la Administración de Cantabria y la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladorade bases de régimen local, respectivamente, la siguiente información:
Currículos profesionales y académicos.
Órganos colegiados y consejos de dirección y administración de organismos públicos ysociedades mercantiles en los que participe o haya participado en los últimos cuatro años, asícomo asociaciones, fundaciones y entidades privadas de cuyos órganos directivos forme parteo haya formado parte en los últimos cuatro años.
Retribuciones percibidas anualmente, indemnizaciones y dietas con indicación expresade los diferentes conceptos retributivos y el importe de los gastos de representación de los quehaya hecho uso, indicando el motivo, la fecha y el importe concreto de cada uno de ellos. En elcaso concreto de gastos y facturas de comidas se indicará el lugar, los comensales y la razóndel evento. Así mismo declararán los beneficios tales como teléfonos móviles u otros aparatoselectrónicos, vehículos o, en su caso, tarjetas de crédito.
Las indemnizaciones que, en su caso, han de percibir al dejar de ejercer su cargo, deconformidad con el artículo 30.1.c) de la presente Ley y, respecto al personal que desempeñapuestos considerados de confianza o asesoramiento especial, el órgano al que presta sus servicios y el coste que representa este personal para cada entidad.
Actividades públicas y privadas para las que se haya autorizado o reconocido la compatibilidad. Las declaraciones de bienes y derechos patrimoniales se harán públicas en la formaque se desarrolle reglamentariamente.
Las entidades integrantes de la Administración Local en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria tendrán el Registro de Actividades y el Registro de Bienes Patrimonialesde los miembros de la Corporación Local debidamente actualizado en los mismos términos queel existente para los miembros del Gobierno de Cantabria y de los altos cargos de la Administración de la Comunidad Autónoma.
El contenido de las declaraciones incluidas en ambos registros será público y fácilmenteaccesible en la sede electrónica o portal web correspondiente. De acuerdo con el artículo 8.1. e)de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, en todo caso, se omitirán los datos relativos a la localización concreta de los bienes inmuebles y se garantizará la privacidad y seguridad de sus titulares.
El Registro de Actividades e Intereses de los Altos Cargos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria quedará depositado en la Inspección General de Servicios.
En relación a la publicación de las agendas institucionales a las que se refiere al artículo 25.3.c) de la presente Ley, se estará a lo dispuesto en los artículos 14 y el 15.1 de la Ley19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
Se harán públicos los gastos realizados en campañas de publicidad, promoción y comunicación institucional, desglosando los criterios de planificación y ejecución de los distintos conceptos de la campaña y el gasto por cada uno de ellos, además de lo dispuesto en el artículo27 de la presente Ley. Asimismo, se publicará el detalle de cuáles son los medios concretos,ya sean de comunicación o de otro tipo, a través de los que el adjudicatario ejecuta las diferentes campañas de publicidad, promoción y comunicación institucional, así como el gasto quecorresponde a cada uno de ellos. Esta información se mantendrá de forma permanente.
Sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa reguladora de los contratos del sectorpúblico respecto de los procedimientos de adjudicación y modificación de los contratos, lossujetos comprendidos en el artículo 4 de la presente Ley deberán publicar, en sus respectivassedes electrónicas, portales o páginas web, la información relativa a los contratos que se citaa continuación:
Identidad del adjudicatario, así como su solvencia económica y financiera, y técnica oprofesional, o en su caso, clasificación.
En su caso, las cesiones del contrato y subcontrataciones, con identificación de los cesionarios y subcontratistas, así como la solvencia técnica y económica de estos y las condicionesde los acuerdos alcanzados entre estos y los contratistas siempre que la normativa sectoriallo permita.
Criterios de adjudicación, tanto los criterios cuantificables mediante la mera aplicación defórmulas como los criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor, previstos en lospliegos de cláusulas administrativas particulares.
Informe de valoración de las ofertas.
En su caso, las decisiones de desistimiento y renuncia de los contratos.
Listado de facturas de importe superior a 3.000 euros.
La publicación de la información relativa a los contratos menores podrá realizarse trimestralmente, debiendo cumplir al menos con lo establecido en los apartados anteriores, incluidaslas diferentes ofertas que se realizaron.
Se dará publicidad de la ejecución de los contratos y comprenderá al menos informaciónsobre las ampliaciones del plazo de ejecución, prórrogas del contrato, contratos complementarios, modificaciones del contrato, fecha de la recepción e importe de la liquidación practicada y,en su caso, de las penalizaciones previstas y las impuestas, de la cesión o resolución del contrato,así como la subcontratación, con indicación de la identidad de los subcontratistas, el importe decada subcontratación y el porcentaje en volumen de cada contrato que ha sido subcontratado.
Respecto a los proyectos y obras públicas de interés para la Comunidad Autónoma sedará publicidad a la siguiente información:
La declaración de proyecto y obra pública de interés para la Comunidad Autónoma.
Respecto de los proyectos y obras: los informes previos en los que se incluya informaciónsobre su coste estimado, los trámites realizados y los pendientes.
Respecto de los contratos formalizados: adjudicatario, plazo de ejecución, fechas previstas de inicio, de finalización y de puesta en servicio.
En los contratos de concesión de servicios, deberán hacerse público, además, los siguientes datos para facilitar su conocimiento a los usuarios:
Las condiciones y obligaciones asumidas por los gestores con relación a la calidad, elacceso al servicio y los requisitos de prestación del servicio.
Las facultades de inspección, control y sanción que puede ejercer la Administración conrelación a la prestación del servicio.
La exigencia de transparencia contenida en este artículo quedará expresamente incluidaen los pliegos de cláusulas administrativas particulares.
Los sujetos mencionados en el artículo 5 de la presente Ley deberán publicar toda lainformación que corresponda a los contratos celebrados con una Administración pública, en losmismos términos exigidos en los apartados anteriores.
Los sujetos comprendidos en el artículo 4 de la presente Ley deberán hacer públicos losconvenios suscritos con mención de las partes firmantes, su objeto, plazo de duración, modificaciones realizadas, obligados a la realización de las prestaciones y, en su caso, las obligaciones económicas convenidas. Asimismo, los sujetos mencionados en el artículo 5 de la presenteLey deberán publicar la información relativa a los convenios suscritos con una Administraciónpública en los términos expuestos.
Las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma de Cantabria deberán darpublicidad a las encomiendas de gestión que se firmen, con indicación de la actividad o actividades a que se refieran, naturaleza y alcance de la gestión encomendada, plazo de vigencia,supuestos en que proceda la finalización anticipada de la encomienda o su prórroga y, en sucaso, obligaciones económicas.
Las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma de Cantabria darán publicidada los encargos de ejecución a medios propios, con indicación de la actividad o actividades aque se refieran, naturaleza y alcance del encargo, plazo de vigencia, los supuestos en queproceda la finalización anticipada o su prórroga y, en su caso, obligaciones económicas, asícomo la demás información prevista en el artículo 27.1 de la presente Ley. Asimismo, indicaránanualmente el porcentaje de actividad realizada por el medio propio a favor de los órganos decontrol de la Administración Pública correspondiente.
Los sujetos enumerados en el artículo 4 de la presente Ley deberán hacer pública lasiguiente información:
Las subvenciones, avales y ayudas públicas concedidas, con indicación de su importe, objetivo o finalidad y personas o entidades beneficiarias. Las ayudas concedidas con cargo a fondosde la Unión Europea se regularán por la normativa de publicidad específica de cada fondo.
Los sujetos mencionados en el artículo 5 de la presente Ley deberán publicar toda la información que corresponda a las ayudas y subvenciones que hayan percibido cuando el órganoconcedente sea un sujeto mencionado en el artículo 4 de la presente Ley, con indicación delconcedente, objetivo o finalidad para la que se concede, plazo de ejecución, importe concedidoy porcentaje que la subvención concedida supone sobre el coste total de la obra o serviciosubvencionado, e indicación de si es compatible o no con otras ayudas o subvenciones y de sise han obtenido otras ayudas o subvenciones para ese mismo objetivo o finalidad.
Las bases reguladoras, las resoluciones de concesión o los convenios que instrumentenla concesión de subvenciones o ayudas públicas, deberán incluir la obligación de comunicar porlas personas jurídicas beneficiarias de subvenciones o ayudas públicas por importe mínimo de 10.000 euros, las retribuciones anuales e indemnizaciones de los titulares de los órganos deadministración o dirección, tales como presidente, secretario general, gerente, tesorero y director técnico, al efecto de hacerlas públicas. El incumplimiento de esta obligación dará lugar a larevocación de las ayudas o subvenciones y, en su caso, el reintegro de las cantidades percibidas.
Los sujetos mencionados en el artículo 4 de la presente Ley deberán publicar mensualmente los saldos de sus cuentas bancarias.
Los límites a esta publicación vendrán determinados por lo dispuesto en la Ley Orgánica15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal y por otras Leyesque reserven expresamente el carácter secreto de algún dato.
Entidad bancaria, financiera o de crédito y ocho últimos dígitos de la cuenta.
La información será presentada conforme a los estándares ordinarios de la actividad bancaria, favoreciendo en todo momento la fácil comprensión de los datos mostrados.
Todos los datos publicados lo serán en formato de datos abiertos, de manera que seandescargables y reutilizables.
La publicación de la información a la que se refiere este artículo se llevará a cabo previadisociación de los datos de carácter personal que pudieran incluirse en la misma, de formaque de esa información no pueda derivarse el acceso a datos relacionados con personas físicasidentificadas o identificables.
La transparencia de las cuentas bancarias del sector público se llevará a cabo de acuerdoa lo establecido en el Plan Nacional de Interoperabilidad y la legislación existente respecto dela reutilización de la información del sector público.
Los sujetos mencionados en el artículo 4 de la presente Ley deberán hacer pública lainformación con repercusión económica o presupuestaria que se indica a continuación:
Los presupuestos anuales, con descripción de las principales partidas presupuestarias.
La ejecución trimestral a nivel concepto o partida presupuestaria detallando aquellasdesviaciones significativas sobre los presupuestos aprobados.
Información mensual, elaborada por la Intervención General de la Comunidad Autónomade Cantabria sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las Administraciones Públicas. Este informe detallará, en su caso, las posiblesdesviaciones de estos objetivos, sus causas y las medidas destinadas a volver a la estabilidadpresupuestaria.
Las cuentas anuales que deban rendirse y los informes de auditoría de cuentas y defiscalización por parte de los órganos de control interno y externo que sobre ellos se emitanatendiendo a los límites del artículo 8.1 de la presente Ley.
Las retribuciones percibidas anualmente, indemnizaciones y dietas de sujetos mencionados en el artículo 26.1 de la presente Ley. Igualmente, se harán públicas las indemnizacionesque han de percibir al dejar de ejercer su cargo.
Los acuerdos de no disponibilidad detallados a nivel de concepto.
Las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma de Cantabria deberán hacerpública también la siguiente información:
La relación de los bienes muebles de carácter histórico, artístico o de considerable valoreconómico e inmuebles que sean de su propiedad o sobre los que ostenten algún derecho real,indicando, su ubicación, superficie, características principales, referencia catastral, órgano alque están adscritos y uso actual, salvo por razones justificadas de protección a las personas.
Informe de carácter trimestral sobre la deuda pública de los últimos 10 años que contenga los siguientes elementos:
Deuda pública según el Protocolo de Déficit Excesivo (PDE). Resumen general.
Deuda pública según el Protocolo de Déficit Excesivo (PDE). Por instrumentos.
Deuda pública según el Protocolo de Déficit Excesivo (PDE). Por agrupaciones institucionales, detallando de forma individual cada una de las entidades que conforman el SectorPúblico Empresarial y Fundacional.
Estadísticas en materia tributaria, conforme a parámetros geográficos, poblacionales oeconómicos, respetando el carácter reservado de los datos tributarios regulado en el artículo95 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Además, se publicará un informede periodicidad mensual con la recaudación, a nivel de concepto, de los capítulos I a VII deIngresos de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Las personas físicas y jurídicas que presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas, mencionadas en el artículo 6 de la presente Ley, deberán suministrar al sujeto delartículo 4 de esta Ley al que se encuentren vinculadas, previo requerimiento, las retribucionespercibidas por presidentes, directores o máximos responsables similares, así como su personaldirectivo.
Instrumentos de planeamiento territorial y urbanístico, y demás expedientes que, segúnla legislación sectorial vigente, deban estar sometidos a un período de información públicadurante su tramitación, así como las memorias, informes y alegaciones que conformen talesexpedientes. La publicación de la información a la que se refiere este apartado se llevará acabo previa disociación de los datos de carácter personal que pudieran incluirse en la misma,de forma que de esa información no pueda derivarse el acceso a datos relacionados con personas físicas identificadas o identificables.
Resoluciones firmes de expedientes de disciplina urbanística.
Informes de sostenibilidad ambiental, tanto previos como definitivos.
Informes de evaluación de impacto ambiental, alegaciones recabadas en período de información pública y la declaración definitiva de impacto ambiental.
Planes de protección medioambiental y animal.
Informes relativos a los seguimientos de estado de las masas de agua.
Informes relativos a la calidad del agua de los diferentes municipios.
Planes regionales y sectoriales de gestión de residuos.
Resoluciones firmes de expedientes de disciplina ambiental, así como sus actas de inspección ambiental.
Autorizaciones ambientales integradas y sus modificaciones.
Las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma de Cantabria estarán a lodispuesto en el artículo 7 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a lainformación pública y buen gobierno. En particular, la de la Comunidad Autónoma, en el ámbitode sus competencias, publicará:
Normativa vigente, incluyendo la versión consolidada de las normas.
Las directrices, instrucciones, acuerdos, circulares o respuestas a consultas planteadaspor los particulares u otros órganos que se indican en la forma prevista del artículo 25.3.d) dela presente Ley.
La relación circunstanciada y motivada de los procedimientos de elaboración de anteproyectos de Ley y de disposiciones administrativas de carácter general que estén en tramitación, a partir del momento en el que se produzca la aprobación del anteproyecto, indicandosu objeto y estado de tramitación, así como la posibilidad que tienen las personas de remitirsugerencias y la forma de hacerlo.
Los proyectos de disposiciones administrativas de carácter general cuya iniciativa lescorresponda, cuando se soliciten los dictámenes a los órganos consultivos correspondientes.
Las memorias, informes y dictámenes que conformen los expedientes de elaboración delos textos normativos con ocasión de la emisión de los mismos.
Los textos de las resoluciones judiciales firmes que afecten a la vigencia o interpretaciónde las normas dictadas por la Administración pública competente.
Los documentos que se sometan a consulta pública o a un período de información pública, según la legislación básica estatal reguladora del procedimiento administrativo comúnde las Administraciones Públicas y la legislación sectorial respectivamente, durante su tramitación, así como las alegaciones que se realicen durante ese trámite y la respuesta a las mismas.
Actas de reuniones, de liberatorias o decisorias, de órganos consultivos y de todos losórganos asesores o colegiados de dirección o supervisión.
El Plan Anual Normativo de las Administraciones Públicas.
Para el cumplimiento de lo dispuesto en el apartado anterior, se publicará una relaciónactualizada de los procedimientos de elaboración de normas que estén en curso, indicando suobjeto, los trámites exigibles y estado de los mismos, así como los mecanismos de participación ciudadana previstos, incluyendo, en su caso, las alegaciones que se hayan presentado,con indicación de quienes las presentaron y sus fechas de registro.
Para el efectivo cumplimiento de lo contenido en este artículo se creará una base dedatos pública, a través del portal de Transparencia del Gobierno de Cantabria, donde se podráacceder a toda la información contenida en las letras a) y b) del apartado primero de este artículo, de forma sistemática, actualizada e incluyendo las versiones consolidadas de las normas.
TÍTULO III Artículos 33 a 41
Una Ley de Cantabria creará el Consejo de Transparencia de Cantabria como órgano conpersonalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar. Actuará con autonomía y plena independencia en el cumplimiento de sus fines.
El Consejo tendrá como finalidad promover la transparencia de la actividad pública, garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información y velar por el cumplimiento de lasobligaciones de publicidad.
Su relación con la Administración de la Comunidad Autónoma se llevará a cabo a travésdel órgano directivo competente en materia de transparencia.
El Consejo de Transparencia de Cantabria, en cuanto a su régimen jurídico, atenderá a suLey de creación sin perjuicio de la Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, de régimenjurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Conocimiento y resolución de las reclamaciones que se presenten contra las resolucionesexpresas o presuntas en materia de acceso a la información.
Asesorar en materia de transparencia y acceso a la información pública en las cuestionesque se le planteen.
Evaluar el grado de aplicación y cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia. Para ello, elaborará anualmente una memoria en la que se incluirá información sobreel cumplimiento de las obligaciones previstas y que será presentada ante el Parlamento deCantabria. Esta memoria se publicará en el Portal de Transparencia de Cantabria.
Ejercer el control de la publicidad activa en los términos previstos en esta Ley.
Establecerán sistemas para garantizar la gestión de solicitudes de información de la ciudadanía en el funcionamiento de su organización interna.
En los términos del artículo 24.3 de esta Ley, conservarán la información pública queobre en su poder o en el de otras personas o entidades en su nombre, en formatos abiertosque garanticen su longevidad, manteniendo la capacidad de transformarlos automáticamenteen formatos de fácil reproducción y acceso.
Fomentarán la interoperabilidad de la información entre administraciones públicas yentidades.
Favorecerán los mecanismos de participación ciudadana mediante las nuevas tecnologías, entre otros medios, e implementación progresiva de procesos de participación a travésde medios electrónicos como foros de consulta, paneles ciudadanos o el propio Portal de Participación Ciudadana que, dentro del Portal de Transparencia, servirá de enlace para acceder alas acciones y mecanismos que en esta materia se promueven en cada momento por parte dela Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Las Administraciones Públicas incluirán planes de formación para los empleados públicos,en especial los que desempeñen funciones de información en el ámbito de la transparencia, asícomo los que tramiten las solicitudes formuladas en ejercicio del derecho de acceso.
El Gobierno de Cantabria atribuirá a la Dirección General competente en materia deatención a la ciudadanía las competencias de diseño, coordinación, evaluación y seguimientode las políticas de transparencia que se desarrollen por el Gobierno de Cantabria conforme alo dispuesto en esta Ley y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 40 de la presente Ley.
En concreto, corresponderá a este órgano directivo:
La dirección de todas las actuaciones precisas en materia de transparencia institucionale información pública de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
El impulso e iniciativa en la elaboración de la normativa de desarrollo necesaria en estamateria.
La adopción de las medidas dirigidas a garantizar el cumplimiento de las obligacioneslegales con relación a la transparencia de la actividad administrativa e informativa.
El fomento de la mejora y modernización de los canales de acceso a la información pública y participación ciudadana. La promoción de plataformas de gobierno abierto con el objetode impulsar la participación ciudadana en las actuaciones públicas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Además, creará un registro de las solicitudes de acceso a la información dirigidas a laAdministración General de la Comunidad Autónoma, así como a los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de la misma, a efectos del seguimientodel plazo de resolución y del carácter estimatorio o desestimatorio de las resoluciones. Esteregistro estará a disposición de las secretarías generales de la Administración General de laComunidad Autónoma de Cantabria para cumplimiento de lo establecido en el artículo 40 dela presente Ley.
El Portal de Transparencia de Cantabria se configura como un punto de acceso dentrodel portal web institucional cabecera de la Comunidad Autónoma de Cantabria, que tiene porobjeto poner a disposición de la ciudadanía toda clase de información relacionada con la Comunidad Autónoma de manera totalmente gratuita.
La Administración General de la Comunidad Autónoma, así como los organismos públicosy entidades de derecho público vinculadas o dependientes de la misma publicarán la información que les concierne en el Portal de Transparencia de Cantabria, de conformidad con elprocedimiento que se establezca reglamentariamente.
El resto de entidades mencionadas en el artículo 4 de la presente Ley publicarán la información en sus propios portales o páginas web, sin perjuicio de enlaces a los mismos desde elPortal de Transparencia de Cantabria.
Los sujetos mencionados en los artículos 4 y 5 de esta Ley publicarán de forma periódicay actualizada en la correspondiente sede electrónica, portal o página web, la información dela que dispongan y cuyo conocimiento se considere relevante para garantizar la transparenciade su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública, en lostérminos de lo dispuesto en los artículos 6 a 8 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y en la presente Ley.
La titularidad, gestión y administración del Portal de Transparencia de Cantabria corresponde al órgano competente en materia de transparencia, que garantizará la accesibilidad entodos sus ámbitos.
Las consejerías y los organismos públicos y entidades de derecho público vinculadas odependientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma deberán poner a disposición del órgano competente en materia de transparencia la información correspondiente parasu publicación en el Portal de Transparencia de Cantabria en la forma que se señale reglamentariamente pudiendo, asimismo, articularse el punto de acceso de los datos correspondientescon el portal a fin de optimizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas, como se indicaen el artículo 40 de la presente Ley.
Los sujetos mencionados en los artículos 5 y 6 de esta Ley deberán garantizar la publicación de la información a que están obligadas por esta Ley a través de sus páginas web en unapartado específico sobre transparencia, sin perjuicio de las medidas de colaboración interadministrativa que, en su caso, pudieran instrumentarse. En caso de no disponer de página webpropia, la publicarán en las páginas web de las federaciones a las que pertenecen; en últimocaso, remitirán la información al órgano mencionado en el artículo 38 de la presente Ley paraque la información sea incluida en el Portal de Transparencia del Gobierno de Cantabria.
Reglamentariamente se establecerán los criterios para incorporar al Portal de Transparencia de Cantabria la información que se solicite con mayor frecuencia de acuerdo con lasprevisiones del artículo 9.6 de la presente Ley.
El Gobierno de Cantabria pondrá en marcha todas las medidas necesarias para facilitarel acceso a la información pública en el Portal de Transparencia de Cantabria, implantando unsistema de búsqueda de información efectivo y promocionando con celeridad y eficiencia lainformación que los ciudadanos quieran consultar.
Las Secretarías Generales de las Consejerías de la Administración General de la Comunidad Autónoma coordinarán la transparencia con el fin de impulsarla en el ámbito de su Consejería y los organismos públicos y entidades de derecho público vinculadas o dependientes.
El órgano competente en materia de transparencia reclamará información a cada Secretaría General para su publicación en el Portal de Transparencia de Cantabria en la forma que seseñale reglamentariamente, pudiendo, asimismo, articularse un punto de acceso de los datoscorrespondientes con el portal a fin de optimizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas.
En materia de transparencia, las Secretarías Generales de las Consejerías de la Administración General de la Comunidad Autónoma deberán ejecutar las competencias siguientes:
Obtener y elaborar la información a que se refiere el título II, facilitando el acceso a la misma.
Recibir y tramitar las solicitudes de acceso a la información dirigidas a su Consejería.
Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información dirigidas tanto a su Consejería como a sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculadas o dependientes, efectuando su seguimiento y control, y comunicar al órgano competente en materia detransparencia del artículo 38.3 de la presente Ley los datos correspondientes a las solicitudesde acceso a la información.
Se establecerán sistemas de intercomunicación y coordinación entre este registro y el quelleve el órgano competente en materia de transparencia citado.
Proponer y, en su caso, poner en marcha las medidas que se consideren necesarias paradesarrollar en su área las previsiones contenidas en esta Ley.
El Gobierno de Cantabria publicará en el Portal de Transparencia de Cantabria la relaciónde los acuerdos aprobados en el Parlamento de Cantabria que afecten a sus competencias,detallando la fecha de aprobación y el organismo competente para su cumplimiento. A su vez,publicará aquellos acuerdos que la insten a dirigirse a otras entidades.
De forma trimestral, el Gobierno de Cantabria elaborará y publicará en el Portal de transparencia de Cantabria un informe respecto al grado de cumplimiento de los acuerdos aprobados por el Parlamento en ese año.
El Gobierno de Cantabria presentará ante el Parlamento de Cantabria un informe anualsobre el cumplimiento de la transparencia de la actividad pública en Cantabria.
TÍTULO IV Artículos 42 a 52
La potestad sancionadora respecto de las infracciones tipificadas en esta Ley se ejercerá deconformidad con lo dispuesto en ella y en la legislación básica estatal reguladora del procedimientoadministrativo común de las Administraciones Públicas, y del régimen jurídico del sector público.
Las infracciones disciplinarias se regirán por la normativa prevista para el personal funcionario, estatutario o laboral que resulte de aplicación en cada caso y podrán originar laincoación del correspondiente expediente disciplinario conforme a la normativa específica enmateria de función pública que resulte de aplicación para los funcionarios y la respectiva parael personal laboral.
Son responsables de las infracciones, las personas físicas o jurídicas, cualquiera que seasu naturaleza, que realicen acciones o que incurran en las omisiones tipificadas en la presenteLey con dolo, culpa o negligencia.
Los altos cargos o asimilados de la Comunidad Autónoma y de los municipios, de conformidad con lo previsto en la Ley de Cantabria 1/2008, de 2 de julio, reguladora de los conflictos deintereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración de Cantabriay el artículo 121 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, losmiembros de las corporaciones locales de las entidades que integran la Administración Local.
El personal al servicio de los sujetos incluidos en el artículo 4, apartados 1 y 2 de lapresente Ley.
Las personas jurídicas a las que se refiere el artículo 5 de esta Ley.
Las personas físicas y jurídicas a las que se refiere el artículo 6 de la presente Ley.
Son infracciones imputables a los responsables mencionados en el artículo 43.2.a) de lapresente Ley:
El incumplimiento de las obligaciones de publicidad activa previstas o de suministro deinformación pública que les sean de aplicación cuando se haya desatendido el requerimientoexpreso del Consejo de Transparencia de Cantabria.
El incumplimiento de las resoluciones dictadas en materia de acceso por el Consejo deTransparencia de Cantabria en las reclamaciones que se le hayan presentado.
El incumplimiento reiterado de la obligación de resolver en plazo la solicitud de acceso ala información pública.
La falta de colaboración reiterada en la tramitación de las reclamaciones que se presenten ante el Consejo de Transparencia de Cantabria.
El suministro de la información incumpliendo de forma relevante las exigencias derivadasdel principio de veracidad.
El incumplimiento de la obligación de resolver en plazo la solicitud de acceso a la información pública.
Cualquier otro incumplimiento reiterado de las obligaciones de esta Ley siempre que nosea calificado como infracción muy grave o grave.
Se entiende por reincidencia la comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa. Se entiende por reiteración la comisión de una infracción de la misma naturaleza, almenos, en dos ocasiones, sin que constituya reincidencia, al no haber sido declarado todavíapor resolución firme en vía administrativa el primer incumplimiento.
Son infracciones imputables a las personas jurídicas a las que se refiere el artículo 5 de lapresente Ley:
El incumplimiento de las obligaciones de publicidad activa previstas o de suministro deinformación pública que les sean de aplicación cuando se haya desatendido el requerimientoexpreso del Consejo de Transparencia de Cantabria o de las Administraciones Públicas competentes.
El retraso reiterado en el suministro de la información.
Son infracciones imputables a las personas físicas y jurídicas a las que se refiere el artículo6 de la presente Ley:
El incumplimiento de la obligación de suministro de información pública que les sea deaplicación y que haya desatendido el requerimiento expreso del Consejo de Transparencia deCantabria o de las Administraciones públicas competentes.
Cualquier otro incumplimiento de las obligaciones de esta Ley siempre que no sea calificado como infracción muy grave o grave.
A las infracciones disciplinarias cometidas por el personal funcionario, estatutario o laboral, se les aplicarán las sanciones que correspondan con arreglo a su régimen disciplinario.
Cuando las infracciones sean imputables a los responsables mencionados en el artículo 43.2.a) de la presente Ley se les aplicarán las siguientes sanciones:
En el caso de infracciones leves: amonestación.
Declaración del incumplimiento y publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.
Cese en el puesto de alto cargo o asimilado e imposibilidad de ocupar cargos similaresdurante un período entre uno y cinco años.
Cese en el puesto de alto cargo o asimilado e imposibilidad de ocupar cargos similaresdurante un período entre seis y diez años.
A las infracciones previstas en los artículos 45 y 46 de la presente Ley, les serán aplicableslas siguientes sanciones:
Las infracciones leves se sancionarán con multa desde 150 hasta 600 euros.
Las infracciones graves se sancionarán con multa comprendida entre 601 y 6.000 euros.
Las infracciones muy graves se sancionarán con multa comprendida entre 6.001 y 12.000 euros.
Las infracciones graves y muy graves podrán conllevar como sanción accesoria el reintegro total o parcial de la subvención concedida o, en su caso, la resolución del contrato,concierto o vínculo establecido. Para la imposición y graduación de estas sanciones accesorias,se atenderá a la gravedad de los hechos y su repercusión, de acuerdo con el principio de proporcionalidad.
Para la imposición de las sanciones establecidas en el presente título se seguirán lasdisposiciones previstas en la legislación básica estatal reguladora del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas y del régimen jurídico del sector público o,en el caso de infracciones imputables al personal al servicio de los sujetos mencionados en elartículo 4 de la presente Ley, el régimen disciplinario funcionarial, estatutario o laboral que encada caso resulte aplicable.
En todo caso, el procedimiento se iniciará de oficio, por acuerdo del órgano competente,bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, petición razonada de otrosórganos o denuncia.
El Consejo de Transparencia de Cantabria, cuando constate incumplimientos en estamateria susceptibles de ser calificados como alguna de las infracciones previstas en este título,instará la incoación del procedimiento. En este último caso, el órgano competente estará obligado a incoar el procedimiento y a comunicar al Consejo el resultado del mismo.
La competencia para la imposición de sanciones tanto disciplinarias como no disciplinarias, corresponderá al órgano que determine la normativa aplicable en la Administración oentidad a la que se encuentre vinculada la persona infractora.
En particular, respecto de los responsables mencionados en el artículo 43.2.a) de la presente Ley vinculados a la Comunidad Autónoma, se atenderá a la Ley de Cantabria 1/2008,de 2 de julio, reguladora de los Conflictos de Intereses de los miembros del Gobierno y de losaltos cargos de la Administración de Cantabria.
Respecto a las sanciones no disciplinarias, la competencia sancionadora la ejercerá:
La Consejería competente en materia de transparencia, respecto de los sujetos enumerados en el artículo 5.1 de la presente Ley.
Respecto de los sujetos del artículo 5.2 de la presente Ley, la entidad concedente de lasubvención o ayuda.
En el caso de los sujetos enumerados en el artículo 6 de la presente Ley, la entidad a laque se encuentren vinculados.
En las infracciones referidas a la reutilización de la información, se estará a lo dispuestoen la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público
En todo caso, es competencia de la Agencia Española de Protección de Datos sancionarlas infracciones referidas al acceso a la información pública que vulneren la previa ponderaciónexigida en el artículo 8.2 de esta Ley, y el artículo 15 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre.
En la Universidad de Cantabria, la competencia se establecerá de acuerdo con su propiosEstatutos.
El plazo de prescripción de las infracciones previstas en esta Ley será de cinco años paralas infracciones muy graves, tres años para las graves y un año para las leves.
Las sanciones impuestas por la comisión de infracciones muy graves prescribirán a loscinco años, las impuestas por infracciones graves a los tres años y las que sean consecuenciade la comisión de infracciones leves prescribirán en el plazo de un año.
Portal de Transparencia de Cantabria y Portal de Participación Ciudadana
El Portal de Transparencia de Cantabria definido en el artículo 39 de la presente Ley esun punto de acceso al que se puede acceder de forma independiente o a través del portal webinstitucional cabecera del Gobierno de Cantabria identificado por la URL www.cantabria.es. ElPortal de Participación Ciudadana, enunciado en el artículo 36.4 de la presente Ley, es otropunto de acceso que, dentro de aquel, favorecerá las consultas ciudadanas.
En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta Ley, se aprobará un reglamento que regule el funcionamiento del Portal de Transparencia de Cantabria y el Portal deParticipación Ciudadana.
Plazo para el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa
Sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa básica, los sujetos mencionados en los artículos 4 y 5 de la presente Ley adoptarán las medidas necesarias para que la información sujetaa las obligaciones de publicidad activa esté disponible en la correspondiente sede electrónica,portal o página Web, a partir de la entrada en vigor de esta Ley.
Medidas de sensibilización y formación para el personal al serviciode las Administraciones públicas y otros
Con independencia del mandato del artículo 37 de la presente Ley, el Gobierno de Cantabriaaprobará un plan formativo en el ámbito de la transparencia dirigido al personal al servicio delas Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma de Cantabria que lo soliciten.
Simplificación de los trámites y accesibilidad
Los sujetos mencionados en los artículos 4 y 5 de la presente Ley garantizarán la simplificación de los trámites y la utilización de un lenguaje y canales de comunicación oral y escritacomprensibles, con el adecuado apoyo y asistencia a la ciudadanía, y promoverán medidasefectivas para la plena accesibilidad de las personas con limitaciones visuales, motrices, auditivas o cognitivas para el ejercicio de los derechos amparados por la presente Ley.
Adecuación de los datos y la información pública a la Ley
Los datos e información informatizada ya existente a la entrada en vigor de esta Ley, seadecuarán a la misma priorizándose en base a los siguientes criterios: el menor coste de suadecuación y la relevancia pública de los mismos. En cualquier caso, se atenderá en funciónde los medios técnicos de que dispongan las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
A partir de la entrada en vigor de esta Ley, toda la información pública contenida en elcapítulo II del Título II deberá estar disponible.
En relación a las tasas a cobrar previstas en el artículo 17 de la presente Ley, se estará a lodispuesto, cada año, en la Ley de Cantabria de Medidas Fiscales y Administrativas que regulaslas tasas que con carácter general son aplicables en todas las consejerías, organismos públicosy entes de derecho público dependientes.
Con objeto de facilitar la publicación de datos en el Portal de Transparencia de Cantabriade la forma más compresible posible, en especial los de índole presupuestaria, el InstitutoCántabro de Estadística colaborará con el órgano competente en materia de transparenciaseñalado en el artículo 38 de esta Ley para facilitar su exposición.
De la misma forma, el Gobierno de Cantabria procurará, en colaboración con el Consejode Transparencia y Buen Gobierno y el resto de Comunidades Autónomas, y dentro de los términos que el Estado fije como mecanismos de coordinación, que la publicación de datos sea lomás homogénea posible en el conjunto del Estado.
Reglas de supletoriedad
Las obligaciones de transparencia y acceso a la información pública contenidas en esta Leyserán de obligado cumplimiento por los sujetos mencionados en los artículos 4, 5 y 6 de lapresente Ley sin perjuicio de la aplicación de otras disposiciones específicas que prevean unrégimen más amplio.
Apoyo y colaboración a las entidades locales para el cumplimientode sus obligaciones de transparencia
El Gobierno de Cantabria, a través del departamento competente en materia de Administración Local y en el plazo de seis meses desde la publicación de esta Ley en el Boletín Oficialde Cantabria facilitará, en colaboración con la Federación de Municipios de Cantabria, a lasentidades locales que lo soliciten, la herramienta web para cumplir con las obligaciones queesta Ley les impone en relación con la transparencia de la actividad pública.
Asimismo se prestará la asistencia necesaria a los sujetos reconocidos en el apartado 3del artículo 4 de esta Ley para el cumplimiento de las obligaciones que la misma establece,especialmente a las entidades locales menores y a los municipios de menor población, en particular en materia de publicidad activa.
Adaptación de la Ley de Cantabria 1/2008, de 2 de julio, reguladora de los Conflictosde Intereses de los Miembros del Gobierno y los Altos Cargosde la Administración de Cantabria
En atención al desarrollo de las obligaciones de buen gobierno establecidas en el Título II dela Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buengobierno, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la presente Ley se adaptará laLey de Cantabria 1/2008, de 2 de julio, reguladora de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y los altos cargos de la Administración de Cantabria.
Aplicación de la Ley por el Parlamento de Cantabria
Solicitudes de acceso a la información en trámite
Las solicitudes de acceso a información pública presentadas con anterioridad a la entradaen vigor de la presente Ley, continuarán su tramitación con arreglo a la normativa aplicable enel momento de su presentación.
Órgano independiente de Cantabria
Si de conformidad con lo establecido en el artículo 24.6 y la disposición adicional cuarta dela Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buengobierno, la Comunidad Autónoma de Cantabria decidiera crear un órgano independiente enmateria de transparencia, lo hará por Ley de creación del Parlamento de Cantabria con unamayoría de dos tercios de los diputados.
Se autoriza al Consejo de Gobierno y al Consejero competente en materia de transparencia para que en el ámbito de sus competencias dicten cuantas disposiciones reglamentariasestimen necesarias para el desarrollo y aplicación de la presente Ley.
El desarrollo reglamentario recogido en esta Ley estará aprobado en el plazo de seismeses desde la entrada en vigor de la Ley.
La presente Ley entrará en vigor a los seis meses de su publicación en el Boletín Oficial deCantabria.