Source: http://paramedicos.forumshealth.com/t416-consideraciones-respecto-de-la-situacion-legal-en-la-prestacion-de-servicios-de-emergencia
Timestamp: 2017-10-20 15:58:10
Document Index: 32132550

Matched Legal Cases: ['artículo 15', 'artículo 29', 'Artículo 29', 'ARTÍCULO 16', 'ARTÍCULO 18', 'ARTÍCULO 19', 'ARTÍCULO 29', 'Artículo 335', 'Artículo 340', 'Artículo 341', 'ARTÍCULO 156', 'ARTÍCULO 157', 'ARTÍCULO 158', 'artículo 150', 'ARTÍCULO 158', 'artículo 156', 'artículo 158', 'Artículo 250', 'artículo 5', 'Artículo 25', 'artículo 26', 'artículo 250', 'artículo 26', 'artículo 33', 'artículo 52', 'ARTÍCULO 207', 'ARTÍCULO 208', 'Artículo 343', 'Artículo 344', 'Artículo 345', 'artículo 343']

Consideraciones Respecto de la Situación Legal en la Prestación de Servicios de Emergencia
por Zero 2 el Dom 17 Oct 2010 - 18:48
Hace tiempo nuestro buen amigo el Lic. José Luis Cardoso Gayol escribió este texto que me permito transcribir; esperando que se encuentre bien de salud donde quiera que esté ya que no responde a nuestros mensajes.
Algunas Consideraciones Respecto de la Situación Legal en la Prestación de Servicios de Emergencia.
Todo en la vida y en toda actividad humana se crea, establece y mantiene bajo un equilibrio social o individual y legal.
Los bienes y las infraestructuras se usan y conservan bajo un orden o equilibrio. Cuando se sucede una emergencia, además de los daños que se causan a las personas o a sus bienes, o a las infraestructuras se rompe el orden o el equilibrio establecidos. Y se presenta una serie de conflictos entre bienes jurídicamente protegidos.
El derecho tiene como finalidad encauzar la conducta humana para hacer posible que la vida social se mantenga bajo un oden y un equilibrio que garanticen la paz y la seguridad. Y se manifiesta con un conjunto de normas que rigen la conducta externa de los hombres en sociedad, es decir, Leyes.
Estas leyes o conjuntos de normas pueden llegar a imponerse a sus destinatarios mediante el empleo de la fuerza de que dispone el Estado, así existen leyes constitucionales, civiles, mercantiles, laborales, fiscales, administrativas, penales, etc. que regulan y protegen las diversas fases de la actividad humana.
Todos los intereses o bienes que el Derecho intenta proteger son de importancia incalculable. Sin embargo, de entre ellos hay algunos intereses o bienes cuya protección debe ser asegurada a toda costa por ser fundamentales para garantizar el orden y la seguridad social, originándose así la necesidad y la justificación del Derecho Penal cuya naturaleza es escencialmente punitiva.
Dicho de otra manera, la mayor protección que un sistema jurídico le puede brindar a los bienes de una persona y a la sociedad en la que vive es la tutela penal, y por ello, en los diversos códigos penales se establecen ciertas conductas humanas que por atentar o afectar a bienes jurídicamente protegidos tales como: la vida, la salud y la integridad corporal, el patrimonio, la libertad, el honor y la dignidad, la paz y la inviolabilidad del domicilio, la paz y seguridad social, la moral y las buenas costumbres, la debida administación de la justicia, etc, sus autores son castigados por el Estado, y esas conductas se conocen como "delitos".
En términos generales para que se configure un delito se necesita que la conducta o hecho cometido por un individuo reúna los siguientes requisitos:
Que sea una conducta o hecho típico; es decir que la conducta o el hecho esté tipificado o previsto en la ley penal, esto es que, tal hecho o conducta exista previsto en la ley penal como un delito y que la conducta realizada se ajuste a esa descripción;
Que la conducta desplegada sea antijurídica; es decir que sea un hecho injusto o un ilícito, que lesione o ponga en peligro un bien jurídico protegido que vaya y que esté en oposición a la ley;
Que la conducta o hecho cometido pueda imputarse objetiva, subjetiva y personalmente a su autor; esto es que exista culpabilidad, y la culpabilidad reviste dos formas; dolo y culpa; existe dolo cuando el agente deliberadamente dirige su voluntad a la ejecución del delito, y existe culpa cuando se causa el delito sin que el agente haya previsto su resultado.
Sin embargo, puede ocurrir que una conducta típica que esté en aparente oposición a la ley y sea imputable a un sujeto, no sea "antijurídica" por mediar alguna causa de justificación.
Así los ordenamientos jurídicos no solamente se componen de prohibiciones, sino también de preceptos "permisivos" que autorizan a realizar un hecho que en principio está prohibido considerando que algunos comportamientos están justificados, otorgándole "permiso" al autor de la conducta para proceder como obró, así la ley reconoce que existen ciertas causas de justificación o de licitud, las que bajo Ciertas Codiciones, anulan que un hecho sea considerado como delito, para convertirlo en un hecho perfectamente lícito y aprobado por la misma ley.
Son varias las causas de exclusión de delitos previstas en la ley, pero ahora solamente analizaremos aquellas causas en las que el fundamento del permiso para actual ilícitamente proviene de la especial situación en que se encuentra el autor del hecho o el bien jurídico en el momento de la acción. Por ello, a continuación, solamente revisaremos dos causas que son las que nos interesa conocer: el Estado de Necesidad, y el Consemtimiento del Titular o del Interesado u Ofendido.
EL Estado de Necesidad está previsto y regulado en la fracción V del artículo 15 del Código Penal Federal que dice:
V.- Se obre por la necesidad de salvaguardar un bien jurídico propio o ajeno, de un peligro real, actual o inminente, no ocasionado dolosamente por el agente, lesionando otro bien de menor o igual valor que el salvaguardado, siempre que el peligro no sea evitable por otros medios y el agente no tuviere el deber jurídico de afrontarlo.
Y en el Nuevo Código Penal para el Distrito Federal en su artículo 29 fracción V señala:
Artículo 29.- El delito se excluye cuando:
V.- Se obre por la necesidad de salvaguardar un bien jurídico propio o ajeno, de un peligro real, actual o inminente, no ocasionado dolosamente por el sujeto siempre que el peligro no sea evitable por otros medios y el agente no tuviere el deber jurídico de afrontarlo.
Respecto al Consentimiento del Titular o del Interesado u Ofendido basta con que haya tenido la necesidad inminente ante un peligro para actuar en consecuencia en caso de que no pueda explresarlo de viva voz, pero si el Titular o interesado puede expresar su consentimiento, es de vital importancia que lo exprese para evitar la sanción que corresponde ante la destrucción de un bien jurídico en aras de salvaguardar otro de mayor valía o su vida misma.
Esperamos sus comentarios amigos.
Re: Consideraciones Respecto de la Situación Legal en la Prestación de Servicios de Emergencia
por Frederick el Lun 18 Oct 2010 - 13:49
Buen tema Zero 2, valga para el enriquecimiento del foro.
Ese artículo apareció en una revista del Dalinde en el año de 2008, creo.
Ojalá alguien pudiera tener la segunda parte porque no termina ahí.
por Invitado el Jue 18 Nov 2010 - 14:13
Ha sido una verdadera friega leer todas las leyes que se describen con respecto a esto pero he hecho una recopilación para que puedan conocer a fondo lo que integra el marco legal, son muchos los puntos así que trataré de poner solo los de mayor relevancia.
Código Penal del Distrito Federal 2010
ARTÍCULO 16 (Omisión impropia o comisión por omisión). En los delitos de resultado material será atribuible el resultado típico producido a quien omita impedirlo, si éste tenía el deber jurídico de evitarlo, si:
I . Es garante del bien jurídico;
II . De acuerdo con las circunstancias podía evitarlo; y
III . Su inactividad es, en su eficacia, equivalente a la actividad prohibida en el tipo.
Es garante del bien jurídico el que:
a). Aceptó efectivamente su custodia;
b). Voluntariamente formaba parte de una comunidad que afronta peligros de la naturaleza;
c). Con una actividad precedente, culposa o fortuita, generó el peligro para el bien jurídico;
d). Se halla en una efectiva y concreta posición de custodia de la vida, la salud o integridad corporal de algún miembro de su familia o de su pupilo.
ARTÍCULO 18 (Dolo y Culpa). Las acciones u omisiones delictivas solamente pueden realizarse dolosa o culposamente.
Obra dolosamente el que, conociendo los elementos objetivos del hecho típico de que se trate, o previendo como posible el resultado típico, quiere o acepta su realización.
Obra culposamente el que produce el resultado típico, que no previó siendo previsible o previó confiando en que no se produciría, en virtud de la violación de un deber de cuidado que objetivamente era necesario observar.
ARTÍCULO 19 (Principio de numerus clausus para la punibilidad de los delitos culposos). Los delitos culposos solamente serán punibles en los casos expresamente determinados por la ley.
Sirva esto como precedente, explico: Toda persona que esté involucrada en una asociación de manera voluntaria, que haya recibido entrenamiento especial para afrontar situaciones especificas (Bomberos, en el caso de incendios o rescates y TUM’s o socorristas según sea el caso) podrán afrontar la ley por OMISIÓN incluso si no portan el uniforme correspondiente, toda vez que un testigo pueda situarlos en la escena y este esté en pleno conocimiento de que poseen dicho entrenamiento.
ARTÍCULO 29 (Causas de exclusión). El delito se excluye cuando:
I. (Ausencia de conducta). La actividad o la inactividad se realice sin intervención de la voluntad del agente;
II. (Atipicidad). Falte alguno de los elementos que integran la descripción legal del delito de que se trate;
III. (Consentimiento del titular). Se actúe con el consentimiento del titular del bien jurídico afectado,
o del legitimado legalmente para otorgarlo, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos:
Se presume que hay consentimiento, cuando el hecho se realiza en circunstancias tales que permitan suponer fundadamente que, de haberse consultado al titular del bien o a quien esté legitimado para consentir, éstos hubiesen otorgado el consentimiento.
Este punto es muy importante porque se integra la figura de consentimiento informado, esta figura aparecerá adelante en otras legislaciones que aplican en materia de prestación de servicios de atención médica.
Artículo 335.- Al que abandone a un niño incapaz de cuidarse a sí mismo o a una persona enferma, teniendo obligación de cuidarlos, se le aplicarán de un mes a cuatro años de prisión, sí no resultare daño alguno, privándolo, además, de la patria potestad o de la tutela, si el delincuente fuere ascendiente o tutor del ofendido.
Artículo 340.- Al que encuentre abandonado en cualquier sitio a un menor incapaz de cuidarse a sí mismo o a una persona herida, inválida o amenazada de un peligro cualquiera, se le impondrán de diez a sesenta jornadas de trabajo en favor de la comunidad si no diere aviso inmediato a la autoridad u omitiera prestarles el auxilio necesario cuando pudiere hacerlo sin riesgo personal.
Artículo 341.- Al que habiendo atropellado a una persona, culposa o fortuitamente, no le preste auxilio o no solicite la asistencia que requiere, pudiendo hacerlo se le impondrá de quince a sesenta jornadas de trabajo en favor de la comunidad, independientemente de la pena que proceda por el delito que con el atropellamiento se cometa.
DELITOS DE PELIGRO PARA LA VIDA O LA SALUD DE LAS PERSONAS
OMISIÓN DE AUXILIO O DE CUIDADO
ARTÍCULO 156. Al que abandone a una persona incapaz de valerse por sí misma teniendo la obligación de cuidarla, se le impondrán de tres meses a tres años de prisión si no resultare lesión o daño alguno. Además, si el activo fuese ascendiente o tutor del ofendido, se le privará de la patria protestad o de la tutela,
ARTÍCULO 157. Al que después de lesionar a una persona, culposa o fortuitamente, no le preste auxilio o no solicite la asistencia que requiere pudiendo hacerlo, se le impondrá de quince a sesenta días multa, independientemente de la pena que proceda por el o los delitos cometidos.
ARTÍCULO 158. Al que exponga en una institución o ante cualquier otra persona a un incapaz de valerse por sí mismo, respecto del cual tenga la obligación de cuidar o se encuentre legalmente a su cargo, se le impondrá de tres meses a un año de prisión.
Los ascendientes o tutores que entreguen en una casa de expósitos a un menor de doce años que esté bajo su potestad o custodia, perderán por ese sólo hecho los derechos que tengan sobre la persona y bienes del expósito.
No se impondrá pena alguna a la madre que entregue a su hijo por ignorancia, extrema pobreza, o cuando sea producto de una violación o inseminación artificial a que se refiere el artículo 150 de este Código.
ARTÍCULO 158 Bis. En los supuestos previstos en el artículo 156 y primer párrafo del artículo 158, no integran los elementos del cuerpo del delito de omisión de auxilio o de cuidado, las conductas realizadas por el personal de salud para los efectos del cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley de Voluntad Anticipada para el Distrito Federal.
Tampoco integran los elementos del cuerpo del delito previstos en el párrafo anterior, las conductas realizadas conforme a las disposiciones establecidas en la Ley de Voluntad Anticipada para el Distrito Federal suscritas y realizadas por el solicitante o representante, en el Documento de Voluntad Anticipada o el Formato expedido por la Secretaría de Salud para los efectos legales a que haya lugar.
Aquí se determina que si el paciente está bajo tu custodia por cualquier motivo, ya sea por condición laboral, familiar o porque no haya nadie más que pueda asumir responsabilidad por él en virtud que se encuentra inconsciente o con algún tipo de discapacidad física o intelectual y está en tu competencia laboral prestarle auxilio no podrás abandonarle hasta que exista el relevo de un tercero que pueda hacerse cargo de él.
El artículo que presento a continuación es extraído del reglamento de los artículos 5° y 6° constitucionales en materia de profesiones, se discute más ampliamente este reglamento adelante pero si están cansados ya pueden llegar hasta acá y tomar un respiro.
ARTICULO 24.- Se entiende por ejercicio profesional, para los efectos de esta Ley, la realización habitual a título oneroso o gratuito de todo acto o la prestación de cualquier servicio propio de cada profesión, aunque sólo se trate de simple consulta o la ostentación del carácter del profesionista por medio de tarjetas, anuncios, placas, insignias o de cualquier otro modo. No se reputará ejercicio profesional cualquier acto realizado en los casos graves con propósito de auxilio inmediato.
Una más, esta en materia de la Ley General de Salud
También podemos añadir algunas otras implicaciones legales relativas a nuestra actividad profesional que muchas veces omitimos.
Revelación de secretos y acceso ilícito a sistemas y equipos de informática
La imposición de secreto profesional no es exclusiva potestad de los médicos y abogados, por lo tanto al proporcionar información a periodistas, información a terceros que van más allá de fines de docencia o toma y publicación de imágenes obtenidas en servicio, no solo se está faltando a los preceptos éticos que dicta la profesión, también se incurriendo en un delito de corte federal.
Algunos compañeros es bien sabido se dan atribuciones que no les corresponden, algunos se dicen médicos cuando no lo son y aún más grave, realizan procedimientos para los cuales no están autorizados ni cuentan con la debida capacitación para llevarlos a cabo sin perjuicio para el paciente.
Usurpación de funciones públicas o de profesión y uso indebido de condecoraciones, uniformes, grados jerárquicos, divisas, insignias y siglas
Artículo 250.- Se sancionará con prisión de uno a seis años y multa de cien a trescientos días a
I.- Al que, sin ser funcionario público, se atribuya ese carácter y ejerza alguna de las funciones de tal;
II.- Al que sin tener título profesional o autorización para ejercer alguna profesión reglamentada, expedida por autoridades u organismos legalmente capacitados para ello, conforme a las disposiciones reglamentarias del artículo 5 constitucional.
III.- Al extranjero que ejerza una profesión reglamentada sin tener autorización de autoridad competente o después de vencido el plazo que aquella le hubiere concedido.
En el tenor anterior existe el problema de los compañeros que en absoluto desconocimiento de las implicaciones que tiene, administran medicamentos sin autorización médica, eso es usurpación de funciones y también está regulado en el artículo anterior.
A continuación se encuentran los puntos más relevantes a mi consideración del ejercicio profesional, esto es muy importante para evitar incurrir en faltas que comúnmente se presentan por egotitis, disculpen el neologismo pero se entendería como “ego inflamado”.
Reglamento de los Artículos 5° y 6º constitucionales
ARTICULO 1o.- Título profesional es el documento expedido por instituciones del Estado o descentralizadas, y por instituciones particulares que tenga reconocimiento de validez oficial de estudios, a favor de la persona que haya concluido los estudios correspondientes o demostrado tener los conocimientos necesarios de conformidad con esta Ley y otras disposiciones aplicables.
ARTICULO 2o.- Las leyes que regulen campos de acción relacionados con alguna rama o especialidad profesional, determinarán cuáles son las actividades profesionales que necesitan título y cédula para su ejercicio.
ARTICULO 3o.- Toda persona a quien legalmente se le haya expedido título profesional o grado académico equivalente, podrá obtener cédula de ejercicio con efectos de patente, previo registro de dicho título o grado.
ARTICULO 5o.- Para el ejercicio de una o varias especialidades, se requiere autorización de la
Dirección General de Profesiones, debiendo comprobarse previamente: 1.- Haber obtenido título relativo a una profesión en los términos de esta Ley; 2.- Comprobar, en forma idónea, haber realizado estudios especiales de perfeccionamiento técnico científico, en la ciencia o rama de la ciencia de que se trate.
ARTICULO 6o.- En caso de conflicto entre los intereses individuales de los profesionistas y los de la sociedad, la presente Ley será interpretada en favor de esta última, si no hubiere precepto expreso para resolver el conflicto. Por lo que se refiere a las profesiones que implican el ejercicio de una función pública, se sujetarán a esta Ley, y a las leyes que regulen su actividad, en lo que no se oponga a este ordenamiento.
Condiciones que deben llenarse para obtener un título profesional
ARTICULO 8o.- Para obtener título profesional es indispensable acreditar que se han cumplido los requisitos académicos previstos por las leyes aplicables.
ARTICULO 9o.- Para que pueda registrarse un título profesional expedido por institución que no forme parte del sistema educativo nacional será necesario que la Secretaría de Educación Pública revalide, en su caso, los estudios correspondientes y que el interesado acredite haber prestado el servicio social.
Artículo 25.- Para ejercer en el Distrito Federal cualquiera de las profesiones a que se refieren los
Artículos 2o. y 3o., se requiere:
ARTICULO 29.- Las personas que sin tener título profesional legalmente expedido actúen habitualmente como profesionistas, incurrirán en las sanciones que establece esta Ley, exceptuándose, a los gestores a que se refiere el artículo 26 de esta Ley.
ARTICULO 33.- El profesionista está obligado a poner todos sus conocimientos científicos y recursos técnicos al servicio de su cliente, así como al desempeño del trabajo convenido. En caso de urgencia inaplazable los servicios que se requieran al profesionista, se prestarán en cualquiera hora y en el sitio que sean requeridos, siempre que este último no exceda de veinticinco kilómetros de distancia del domicilio del profesionista.
ARTICULO 36.- Todo profesionista estará obligado a guardar estrictamente el secreto de los asuntos que se le confíen por sus clientes, salvo los informes que obligatoriamente establezcan las leyes respectivas.
ARTICULO 42.- El anuncio o la publicidad que un profesionista haga de sus actividades no deberá rebasar los conceptos de ética profesional que establezca el Colegio respectivo. En todo caso, el profesionista deberá expresar la institución docente donde hubiere obtenido su título.
De los delitos e infracciones de los profesionistas y de las sanciones por incumplimiento a esta Ley
ARTICULO 61.- Los delitos que cometan los profesionistas en el ejercicio de la profesión, serán castigados por las autoridades competentes con arreglo al Código Penal.
ARTICULO 62.- El hecho de que alguna persona se atribuya el carácter de profesionista sin tener título legal o ejerza los actos propios de la profesión, se castigará con la sanción que establece el artículo 250 del Código Penal vigente, a excepción de los gestores señalados en el artículo 26 de esta Ley.
ARTICULO 63.- Al que ofrezca públicamente sus servicios como profesionista, sin serlo, se le castigará con la misma sanción que establece el artículo anterior.
ARTICULO 64.- Se sancionará con multa de cincuenta pesos por primera vez y duplicándose en cada caso de reincidencia, al que contravenga lo dispuesto en la parte final del artículo 33 de esta Ley.
La Dirección General de Profesiones, previa comprobación de la infracción, impondrá la multa de referencia sin perjuicio de las sanciones penales en que hubiere incurrido.
ARTICULO 65.- A la persona que desarrolle actividad profesional cuyo ejercicio requiera título, sin haber registrado éste, se le aplicará la primera vez una multa de quinientos pesos y en los casos sucesivos se aumentará ésta, sin que pueda ser mayor de cinco mil pesos.
Las sanciones que este artículo señala serán impuestas por la Dirección General de Profesiones, dependiente de la Secretaría de Educación Pública, previa audiencia al infractor. Para la aplicación de las sanciones se tomarán en cuenta las circunstancias en que la infracción fue cometida, la gravedad de la misma y la condición del infractor.
ARTICULO 66.- La violación del artículo 52 será sancionada con la cancelación de registro del
Colegio de Profesionistas que la haya cometido, y con multa hasta de cincuenta pesos que se aplicará a cada uno de los miembros del Colegio, asistentes a la junta, en la que se haya contravenido la prohibición contenida en el citado precepto.
ARTICULO 68.- La persona que ejerza alguna profesión que requiera título para su ejercicio, sin la correspondiente cédula o autorización, no tendrá derecho a cobrar honorarios.
ARTICULO 69.- Se exceptúan de las sanciones previstas en este capítulo a las personas que sin tener título profesional, ejerzan actividades que requieran el mismo, siempre que hayan sido autorizadas por la Dirección General de profesiones en los casos a que se refiere esta Ley.
ARTICULO 70.- Queda prohibido a los profesionistas el empleo del término "Colegio", fuera de las agrupaciones expresamente autorizadas par esta Ley. La infracción de esta disposición será castigada con multa hasta de mil pesos.
ARTICULO 71.- Los profesionistas será civilmente responsables de las contravenciones que cometan en el desempeño de trabajos profesionales, los auxiliares o empleados que estén bajo su inmediata dependencia y dirección, siempre que no hubieran dado las instrucciones adecuadas o sus instrucciones hubieren sido la causa del daño.
ARTICULO 73.- Se concede acción popular para denunciar a quien, sin título o autorización legalmente expedidos, ejerza alguna de las profesiones que requieran título y cédula para su ejercicio.
Es bien sabido que muchos compañeros utilizan los cadáveres de pacientes “para practicar” pues no hay mejor que un cadáver para practicar algunos procedimientos, sin embargo esto constituye un delito en materia penal y también está reglamentado por la Ley General de Salud como cito a continuación.
DELITOS CONTRA LAS NORMAS DE INHUMACIÓN Y EXHUMACIÓN Y
CONTRA EL RESPETO A LOS CADÁVERES O RESTOS HUMANOS
INHUMACIÓN, EXHUMACIÓN Y RESPETO A LOS CADÁVERES O RESTOS
ARTÍCULO 207. Se impondrá prisión de tres meses a dos años o de treinta a noventa días multa,
al que:
I. Oculte, destruya o sepulte un cadáver, restos o feto humanos, sin la orden de la autoridad que
deba darla o sin los requisitos que exijan los Códigos Civil y Sanitario o leyes especiales; o
II. Exhuma un cadáver, restos o feto humanos, sin los requisitos legales o con violación de
Las sanciones se incrementarán en una mitad, a quien oculte, destruya, o mutile, o sin la licencia
correspondiente, sepulte el cadáver de una persona, restos o feto humanos, siempre que la muerte
haya sido a consecuencia de golpes, heridas u otras lesiones, si el agente sabía esa circunstancia.
ARTÍCULO 208. Se impondrá de uno a cinco años de prisión:
I. Al que viole un túmulo, sepulcro, sepultura o féretro; o
II. Al que profane un cadáver o restos humanos con actos de vilipendio, mutilación, brutalidad o
Si los actos de necrofilia se hacen consistir en la realización del coito, la pena de prisión será de
cuatro a ocho años.
Donación, Trasplantes y Pérdida de la Vida
Artículo 343.- Para efectos de este Título, la pérdida de la vida ocurre cuando:
I. Se presente la muerte cerebral, o
II. Se presenten los siguientes signos de muerte:
a. La ausencia completa y permanente de conciencia;
b. La ausencia permanente de respiración espontánea;
c. La ausencia de los reflejos del tallo cerebral, y
d. El paro cardiaco irreversible.
Artículo 344.- La muerte cerebral se presenta cuando existen los siguientes signos:
I. Pérdida permanente e irreversible de conciencia y de respuesta a estímulos sensoriales;
II. Ausencia de automatismo respiratorio, y III. Evidencia de daño irreversible del tallo cerebral, manifestado por arreflexia pupilar, ausencia de movimientos oculares en pruebas vestibulares y ausencia de respuesta a estímulos nociceptivos.
I. Angiografía cerebral bilateral que demuestre ausencia de circulación cerebral, o
II. Electroencefalograma que demuestre ausencia total de actividad eléctrica cerebral en dos ocasiones diferentes con espacio de cinco horas.
Artículo 345.- No existirá impedimento alguno para que a solicitud o autorización de las siguientes personas: el o la cónyuge, el concubinario, la concubina, los descendientes, los ascendientes, los hermanos, el adoptado o el adoptante; conforme al orden expresado; se prescinda de los medios artificiales que evitan que en aquel que presenta muerte cerebral comprobada se manifiesten los demás signos de muerte a que se refiere la fracción II del artículo 343.
Algunas veces olvidamos que los cadáveres de personas merecen respeto más aún por parte de los profesionales de la atención médica por lo que resalto el párrafo a continuación.
Esto implica que no se puede hacer uso de ningún tipo de un cadáver con fines de docencia o investigación sin autorización expresa del disponente, dígase familiar en línea directa o su responsable legal.
Espero sea de utilidad esta información, estoy trabajando en el desarrollo de una guía de procedimientos legales para los profesionales de la atención médica pero en tanto dejo esta recopilación para que puedan usarla de inmediato.
por Frederick el Jue 18 Nov 2010 - 14:18
Hola Dr. Solórzano
Muchas gracias. Excelente colaboración.
El tema da para mucho más a ver que opinan los demás compañeros.
A ese paso muy pronto te vas a ganar el ser "Usuario de 100".
Ni siquiera me atrevo a dudarlo.
Al ratón vaquero le damos una leída con más detenimiento para poder opinar al respecto.