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Timestamp: 2018-01-23 07:23:34
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teoria y filosofía del derecho
LAS MEDIDAS CAUTELARES EN CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL Y EN CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO
Con la expedición y futura entrada en vigencia de la Ley 1564 de 2012 “Código General del Proceso”, sin duda se entrevén cambios y nuevos trámites en la práctica judicial que sin duda afectaran el trámite procesal de la solicitud y la aplicación de las Medidas Cautelares que se emplean hoy en Colombia con la actual norma procesal Decreto 1400 de 1970 “Código de Procedimiento Civil, empezando por pronunciar pequeñez pero trascendente como el hecho a que el artículo que dispone la actual norma no va a ser el mismo en la nueva norma procesal y su contenido varia, lo que motiva a que con el presente artículo se plantee como problema de investigación la repercusión de la entrada en vigencia del Código General del Proceso frente a las Medidas Cautelares que se desarrollan con el actual ordenamiento procesal.
Analizar la normatividad, jurisprudencia y doctrina que se ha dispuesto para las Medidas Cautelares que incluyan situaciones que se susciten por la transición de la Ley 1564 de 2012 “Código General del Proceso y el Decreto 1400 de 1970 “Código de Procedimiento Civil.
1. Abordar la posición de diferentes doctrinantes respecto de las normas que rigen y que regirán las medidas cautelares y su aplicación con la entrada en vigencia del Código General del Proceso,
2. Hacer un comparativo normativo con el que se exponga los cambios en la redacción de los artículos involucrados y por supuesto la interpretación para su aplicación.
3. Establecer el tratamiento legal y jurisprudencial que se le ha dado a la institución de las medidas cautelares con relación a las modificaciones del Código General de Proceso frente al actual código de procedimiento civil con el objeto de definir su evolución y vigencia.
ANALISIS LEGAL Y JURISPRUDENCIAL
Los Cambios que Ofrece La Nueva Legislación Procesal
No se trata de invención que resulte de la sapiencia de unos pocos, sino que se construye con base en los principios propios del debido proceso de raigambre Constitucional procurados por su artículo 29 y que se encuentran también plenamente establecidos en el Decreto 1400 de 1970, que al momento de su elaboración se debieron a los aportes brillantes de los maestros de derecho Devis Echandia, Estanislao Zuleta y Hernando Morales entre otros, quienes fueran los ponentes de estos principios en el Decreto Procesal y que a la fecha se encuentran plenamente vigentes, mereciéndoles por tanto todo el reconocimiento y prevalencia en el ordenamiento Jurídico actual.
Los cambios establecidos en la ley 1564 de 2012 “Código General del Proceso”, no hacen referencia al fondo de los principios rectores de la anterior normatividad, (celeridad, publicidad, eficacia, inmediación, economía procesal, acceso a la administración de justicia, debido proceso, garantías constitucionales, prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal, entre los más relevantes), sino que en procura de los mismos, busca hacer una efectiva materialización de estos principios, adaptándolos a las necesidades actuales que demanda la sociedad evolutiva, en especial a lo que tiene que ver en materia de implementación de nuevas tecnologías, celeridad y eficacia así como fácil acceso a una administración de Justicia eficaz y pronta, por tal motivo es que se han dejado intactos los principios anteriormente descritos, en aras de buscar por mismo mandato de la Honorable Corte Constitucional quien se ha referido en bastantes oportunidades a la necesidad imperiosa de que la evolución del pensamiento Jurídico debe estar encaminado a las necesidades propias de la sociedad que es cambiante y que requiere de una pronta pero eficaz administración de justicia.
Estas se conciben como:
· Mecanismos idóneos para garantizar cumplimiento de una eventual sentencia
· Mecanismos de anticipación material del fallo (tutela anticipada de derechos)
· Enriquece el inventario de medidas cautelares mediante la consagración de la medida cautelar innominada (para todos los procesos declarativos).
· Prevé la posibilidad de decretar medidas cautelares extraprocesales, en los casos expresamente previstos en la ley.
· Dispone medidas cautelares en la práctica de pruebas extraprocesales.
El maestro Anzula Camacho en su obra “MANUAL DE DERECHO PROCESAL Tomo IV Procesos Ejecutivos” refiere que las medidas cautelares en el proceso ejecutivo “pueden concebirse como los medios establecidos por la Ley para evitar que los resultados perseguidos por el demandante en el proceso sean ilusorios”
Agrega, “El objeto de las medidas cautelares es evitar que los bienes se sustraigan del patrimonio del deudor y que sea ilusoria la obligación reclamada en el proceso, cumpliendo de esa manera el principio de que ellos constituyen la prenda general de los acreedores”. pie de página 1. JAIME ANZULA CAMACHO, Manual de Derecho Procesal, t. IV procesos ejecutivos, 5a. ed., Bogotá Edit. 2009 Temis 2009 pág.117. 2. Ramón Antonio Peláez Hernández, Elementos Teóricos del Proceso t.1 Parte General, Bogotá Edit. 2013, Ediciones Doctrina y Ley Ltda. 2013 pág.447.
Otro notable autor, el Doctor Ramón Antonio Peláez Hernández concibe en su obra “ELEMENTOS TEÓRICOS DEL PROCESO TOMO 1 PARTE GENERAL” que las medidas cautelares constituyen las mejores alternativas con las que se cuenta en el proceso para no hacer ilusoria la intensión que tiene el accionante de logra obtener un beneficio de carácter patrimonial como consecuencia de la obligación que le asiste al demandado de satisfacer la acreencia que se busca hacer efectiva por virtud de la declaración judicial o mandamiento ejecutivo según el caso, proferido en dicha actuación, atendiendo la naturaleza jurídica del proceso.
Ahora la Corte Constitucional en sentencia C-054 del 6 de febrero de 1997 bajo la ponencia del honorable magistrado Antonio Barrera Carbonell se refirió al contexto de la institución jurídica de las medidas cautelares en el siguiente sentido: “en nuestro régimen jurídico, las medidas cautelares están concebidas como un instrumento jurídico que tiene por objeto garantizar el ejercicio de un derecho objetivo, legal o convencionalmente reconocido, (por ejemplo el cobro ejecutivo de créditos), impedir que se modifique una situación de hecho o de derecho ( secuestro preventivo de sucesiones) o asegura el resultado de una decisión judicial o administrativa futura, mientras se adelante y concluye la actuación respectiva, situaciones que de otra forma quedarían desprotegidas ante la no improbable actividad o conducta maliciosa del actual o eventual obligado” pie de página 3 Corte Constitucional en sentencia C-054 del 6 de febrero de 1997. Magistrado ponente Antonio Barrera Carbonell
Así lo anterior, queda claro que la institución de las medidas cautelares, es la herramienta legal por excelencia que sirve para garantizar el cumplimiento de sentencias proferidas a favor de los titulares del derecho, o mientras se decide en desarrollo del pleito judicial.
Clase de Medidas Cautelares
Para continuar con el avance del presente artículo se ha de precisar que en el actual Código de Procedimiento Civil, no hay norma que expresamente disponga cuáles pueden ser las medidas cautelares que judicialmente son de aplicación pero si se apunta a que se puede disponer de distintas formas de cautela de bienes e incluso de personas, subsistiendo formas de cautela de carácter patrimonial y de carácter personal frente a las diferentes contiendas judiciales o clases de proceso.
El Código de Procedimiento Civil aplica y regula de acuerdo con la clase de proceso, la inscripción de la demanda, la guarda y aposición de sellos, el embargo y secuestro de bienes que impone al solicitante la obligación de prestar caución para garantizar a su vez la reparación de daños y perjuicios que cause al ejecutado cuando no prosperan las pretensiones; también puede incluirse como medida cautelar la adopción de medidas de precaución necesarias para evitar perjuicios, ejemplo medidas para evitar que una patente o una licencia de invención usurpada, infrinja los derechos del dueño de la patente o invención que regulado en las Leyes 23 de 1982 y 44 de 1993 sobre derechos de autor. Otro ejemplo de medida cautelar es la suspensión provisional o total de decisiones de asambleas o juntas de socios.
En cuanto a las medidas de aseguramiento personales están el depósito de personas (menores, dementes, sordomudos, cónyuges): el arraigo de personas; medidas penales de aseguramiento; examen pericial de la mujer separada para establecer el estado de embarazo.
Podría entenderse entonces que la institución jurídica de las medidas cautelares fueron dispuestas por el legislador según la exposición que se ha hecho en este artículo. Es decir que por fuera del embargo y secuestro de bienes, la guarda y la aposición de sellos, la inscripción de la demanda, la exigencia de prestar caución, etc., no existe posibilidad de otras medidas, sin embargo la ley no limita la solicitud que se haga de ellas, porque podría darse una medida cautelar que no está prevista expresamente en el ordenamiento jurídico.
Veamos el artículo 568 del Código de Comercio, el cual faculta al juez de autorizar la práctica de medidas cautelares que garanticen los derechos al titular de una patente o invención y evitar que no se le infrinjan estos derechos a causa de conducta del usurpador. Lo anteriormente afirmado, tiene su fuente en el artículo 588 del ordenamiento de Comercio que a la postre dispone: "Las medidas cautelares podrán consistir en obligar al usurpador a prestar caución para garantizar que se abstendrá de realizar los hechos por los cuales ha sido denunciado; en el comiso de los artículos fabricados con violación de la patente y la prohibición de hacerles propaganda; en el secuestro de la maquinaria o elementos que sirven para fabricar los artículos con los cuales se infringe la patente, o en cualquiera otra medida equivalente". Pie de página 4 Código de Comercio articulo 568
Así entonces, podría darse una medida cautelar o de aseguramiento que sea diferente al embargo o secuestro de bienes, o de exigencia de caución, en la generalidad de los procesos judiciales, refiriéndola y porque no como innominadas, a excepción de los procesos ejecutivos porque en estos últimos se afecta el patrimonio del deudor.
A propósito del proceso ejecutivo para pago de sumas de dinero, de acuerdo con el Código de Procedimiento Civil, y diferente a lo que puede ocurrir en los procesos de conocimiento contenciosos o en los de liquidación, no existen medidas cautelares diferentes a las de prestación de caución, embargo y secuestro de bienes.
Uno de los argumentos más citados que se han utilizado en las aulas de derecho sobre medidas cautelares innominadas es la que planteara el maestro Piero Calamandrei, quien en su obra introducción al Estudio Sistemático de las Providencias Cautelares expuso la siguiente casuística: "El propietario de un centro de recreo nocturno de París había dado el encargo a un pintor de decorar la sala de baile con frescos que representaran las danzas de sátiros y ninfas; y el pintor, con el objeto de aumentar el interés de la decoración mural, pensó que podía presentar los personajes que en esta coreografía figuraban en trajes superlativamente primitivos, con las fisonomías, fácilmente identificables, de literatos y artistas muy conocidos en los círculos mundanos. La noche de la inauguración, una actriz que figuraba entre los numerosos invitados, tuvo la sorpresa de reconocerse en una ninfa que danzaba en ropas extremadamente ligeras; y considerando que esta reproducción era ofensiva para su decoro, inició contra el propietario del local un juicio civil al objeto de hacerlo condenar a que borrase la figura ultrajante y al resarcimiento de los daños; y de momento pidió que, ante la demora del juicio, se le ordenara que cubriese provisionalmente el trozo de fresco que reproducía su imagen en pose impúdica". Aunque el Profesor Florentino no supo cuál había sido la decisión del juez francés, y si el caso hubiese ocurrido en Italia no habría norma legal que autorizara la medida cautelar pedida, salvo en materia penal, si advierte que "la solución del caso sería en la vía civil mucho más fácil si se reconociese al juez civil el poder general de ordenar medidas cautelares aunque no estén expresamente previstas en la ley. pie de pagina 5 Piero Calamandre Iintroducción al Estudio Sistemático de las Providencias Cautelares
Debe entonces concluirse que las medidas cautelares innominadas o de naturaleza genérica como las llamaría yo, son aquellas que no se encuentran reguladas en ningún ordenamiento judicial, no están taxativas, mas por su propia esencia, su solicitud debe coincidir con la lógica real de la materia de la Litis debatida.
Analiza también el tema nuestro profesor de derecho procesal y derecho probatorio, pie de página 6 Doctor Ramón Antonio Peláez Hernández en su obra LA ORALIDAD EN EL SISTEMA JURÍDICO COLOMBIANO - CON EFASIS EN EL PROCESO CIVIL al expresar frente de la institución de las medidas cautelares en el Código General del Proceso: “Precisemos en señalar que el Código General del Proceso recogió la estructura que integro al código de Procedimiento Civil. Por consiguiente, en el nuevo ordenamiento, las medidas cautelares aparecen previstas en el “libro cuarto” como en la actualidad se encuentra en el actual código. pie de página 6 Doctor Ramón Antonio Peláez Hernández en su obra LA ORALIDAD EN EL SISTEMA JURÍDICO COLOMBIANO - CON EFASIS EN EL PROCESO CIVIL
El libro cuarto, está conformado a su turno por dos títulos, el primero dedicado a las medidas cautelares propiamente dichas, mientras que el segundo se ocupa de las cauciones”.
Veamos un comparativo de las normas que regulan las medidas cautelares que se alteran, modifican y adicionan con la transición del Código de Procedimiento Civil y el Código General del Proceso:
DECRETO 1400 DE 1970 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL
LEY 1564 DE 2012 CODIGO GENERAL DEL PROCESO
1. En los procesos contenciosos, salvo disposición legal en contrario, es competente el juez del domicilio del demandado. Si son varios los demandados o el demandado tiene varios domicilios, el de cualquiera de ellos a elección del demandante. Cuando el demandado carezca de domicilio en el país, será competente el juez de su residencia. Cuando tampoco tenga residencia en el país o ésta se desconozca, será competente el juez del domicilio o de la residencia del demandante.
2. En los procesos de alimentos , nulidad de matrimonio civil y divorcio, cesación de efectos civiles, separación de cuerpos y de bienes, declaración de existencia de unión marital de hecho, liquidación de sociedad conyugal o patrimonial y en las medidas cautelares sobre personas o bienes vinculados a tales procesos o a la nulidad de matrimonio católico, será también competente el juez que corresponda al domicilio común anterior, mientras el demandante lo conserve.
En los procesos de alimentos, pérdida o suspensión de la patria potestad, investigación o impugnación de la paternidad o maternidad, custodias, cuidado personal y regulación de visitas, permisos para salir del país, medidas cautelares sobre personas o bienes vinculados a tales procesos, en los que el niño, niña o adolescente sea demandante o demandado, la competencia corresponde en forma privativa al juez del domicilio o residencia de aquél.
Artículo 31. Código de Procedimiento Civil
ARTÍCULO 37 – Código General del Proceso
Artículo 31. Reglas generales. La comisión solo podrá conferirse para la práctica de pruebas en los casos que se autorizan en el artículo 181 y para la de otras diligencias que deban surtirse fuera de la sede del juez del conocimiento, y para secuestro y entrega de bienes en dicha sede en cuanto fuere menester.
Artículo 37. Reglas generales. La comisión sólo podrá conferirse para la práctica de pruebas en los casos que autoriza el artículo 171, para la de otras diligencias que deban surtirse fuera de la sede del juez del conocimiento, y para secuestro y entrega de bienes en dicha sede, en cuanto fuere menester. No podrá comisionarse para la práctica de medidas cautelares extraprocesales.
Artículo 70. Código de Procedimiento Civil
ARTÍCULO 77 – Código General del Proceso
Artículo 70. Facultades del apoderado. El poder para litigar se entiende conferido para los siguientes efectos:
Artículo 77. Facultades del apoderado. Salvo estipulación en contrario, el poder para litigar se entiende conferido para solicitar medidas cautelares extraprocesales, pruebas extraprocesales y demás actos preparatorios del proceso, adelantar todo el trámite de éste, solicitar medidas cautelares, interponer recursos ordinarios, de casación y de anulación y realizar las actuaciones posteriores que sean consecuencia de la sentencia y se cumplan en el mismo expediente, y cobrar ejecutivamente las condenas impuestas en aquélla.
vigente (1 smlmv) por cada infracción.
Artículo 71. Código de Procedimiento Civil Vigente
ARTÍCULO 78 - Aprobado en Segundo Debate
2 (…)…
14. Enviar a las demás partes del proceso después de notificadas, cuando hubieren suministrado una dirección de correo electrónico o un medio equivalente para la transmisión de datos, un ejemplar de los memoriales presentados en el proceso. Se exceptúa la petición de medidas cautelares. Este deber se cumplirá a más tardar el día siguiente a la presentación del memorial. El incumplimiento de este deber no afecta la validez de la actuación, pero la parte afectada podrá solicitar al juez la imposición de una multa hasta por un salario mínimo legal mensual
Artículo 76. Código de Procedimiento Civil
ARTÍCULO 83 – Código General del Proceso
Artículo 76. Requisitos adicionales de ciertas demandas. Las demandas que versen sobre bienes inmuebles, los especificarán por su ubicación, linderos, nomenclaturas y demás circunstancias que los identifiquen. No se exigirá la transcripción de linderos cuando estos se encuentren contenidos en alguno de los documentos anexos a la demanda.
Artículo 83. Requisitos adicionales. Las demandas que versen sobre bienes inmuebles los especificarán por su ubicación, linderos actuales, nomenclaturas y demás circunstancias que los identifiquen. No se exigirá transcripción de linderos cuando estos se encuentren contenidos en alguno de los documentos anexos a la demanda.
Cuando la demanda verse sobre predios rurales, el demandante deberá indicar su localización, los colindantes actuales y el nombre con que se conoce el predio en la región.
Las que recaigan sobre bienes muebles los determinarán por su cantidad, calidad, peso o medida, o los identificarán, según fuere el caso.
En los procesos declarativos en que se persiga, directa o indirectamente, una universalidad de bienes o una parte de ella, bastará que se reclamen en general los bienes que la integran o la parte o cuota que se pretenda.
ARTÍCULO 88 – Código de Procedimiento Civil
ARTÍCULO 92 – Código General del Proceso
Artículo 88. Sustitución y retiro de la demanda. Mientras el auto que admite la demanda no se haya notificado a ninguno de los demandados, el demandante podrá sustituirla las veces que quiera o retirarla, siempre que no se hubiera practicado medidas cautelares.
Artículo 92. Retiro de la demanda. El demandante podrá retirar la demanda mientras no se haya notificado a ninguno de los demandados. Si hubiere medidas cautelares practicadas, será necesario auto que autorice el retiro, en el cual se ordenará el levantamiento de aquéllas y se condenará al demandante al pago de perjuicios, salvo acuerdo de las partes.
El trámite del incidente para la regulación de tales perjuicios se sujetará a lo previsto en el artículo 283, y no impedirá el retiro de la demanda.
Artículo 146 - Código de Procedimiento Civil
ARTÍCULO 138 – Código General del Proceso
Artículo 146. Efectos de la nulidad declarada.
La nulidad sólo comprenderá la actuación posterior al motivo que la produjo y que resulte afectada por éste. Sin embargo, la prueba practicada dentro de dicha actuación conservará su validez y tendrá eficacia respecto a quienes tuvieron oportunidad de contradecirla.
El auto que declare una nulidad indicará la actuación que debe renovarse, y condenará en costa a la parte que dio lugar a ella.
Artículo 138. Efectos de la declaración de falta de jurisdicción o competencia y de la nulidad declarada. Cuando se declare la falta de jurisdicción, o la falta de competencia por el factor funcional o subjetivo, lo actuado conservará su validez y el proceso se enviará de inmediato al juez competente; pero si se hubiere dictado sentencia, ésta se invalidará.
La nulidad sólo comprenderá la actuación posterior al motivo que la produjo y que resulte afectada por éste. Sin embargo, la prueba practicada dentro de dicha actuación conservará su validez y tendrá eficacia respecto de quienes tuvieron oportunidad de controvertirla, y se mantendrán las medidas cautelares practicadas.
Artículo 158 – Código de Procedimiento Civil
ARTÍCULO 149 – Código General del Proceso
Artículo 158. Competencia. De la solicitud de acumulación conocerá el juez que tramite el proceso más antiguo o el del proceso donde primero se practicaron medidas cautelares, según fuere el caso; pero si alguno de ellos se tramita ante un juez de mayor jerarquía, éste será el competente. La antigüedad se determinará por la fecha de notificación del auto admisorio de la demanda, del mandamiento ejecutivo, o de la práctica de las medidas cautelares.
Artículo 159 – Código de Procedimiento Civil
ARTÍCULO 150 – Código General del Proceso
Artículo 159. Tramite. INCISO 1: El solicitante expresará las razones en que se apoya, y si los otros procesos cursan en distintos despachos judiciales, acompañará certificados sobre la existencia de ellos y el estado en que se encuentran, así como de la fecha de la notificación del auto admisorio de la demanda o del mandamiento ejecutivo a cada uno de los demandados; también copia de la demanda, del escrito de excepciones de mérito contra aquélla y, si fuere el caso, de las medidas cautelares.
Cuando los procesos por acumular cursen en el mismo despacho judicial, la solicitud de acumulación se decidirá de plano. Si los otros procesos cuya acumulación se solicita cursan en distintos despachos judiciales, el peticionario indicará con precisión el estado en que se encuentren y aportará copia de las demandas con que fueron promovidos.
Artículo 327 – Código de Procedimiento Civil
Artículo 298 – Código General del Proceso
ARTÍCULO 327. CUMPLIMIENTO Y NOTIFICACION DE MEDIDAS CAUTELARES. Las medidas cautelares se cumplirán inmediatamente, antes de la notificación a la parte contraria del auto que las decrete. Si fueren previas al proceso, se entenderá que dicha parte queda notificado el día en que se apersona en aquél o actúe en ellas o firme la respectiva diligencia.
Artículo 298. Cumplimiento y notificación de medidas cautelares. Las medidas cautelares se cumplirán inmediatamente, antes de la notificación a la parte contraria del auto que las decrete. Si fueren previas al proceso se entenderá que dicha parte queda notificada el día en que se apersone en aquél o actúe en ellas o firme la respectiva diligencia.
Artículo 364 – Código de Procedimiento Civil
Artículo 341 – Código General del Proceso
El registro de la sentencia, la cancelación de las medidas cautelares y la liquidación de las costas causadas en las instancias, sólo se harán cuando quede ejecutoriada la sentencia del tribunal o la de la Corte que la sustituya.
Artículo 385 – Código de Procedimiento Civil
Artículo 360 – Código General del Proceso
ARTÍCULO 385. MEDIDAS CAUTELARES. Podrán decretarse como medidas cautelares el registro de la demanda y el secuestro de bienes muebles, en los casos autorizados en el proceso ordinario, si en la demanda se solicitan.
ARTÍCULOS 510-512 – Código de Procedimiento Civil
ARTÍCULO 443 - Código General del Proceso
Artículo 510.- Trámite de las excepciones. la Ley
1395 de 2010. El nuevo texto es el siguiente:> De las excepciones formuladas con expresión de su fundamento fáctico, se dará traslado al ejecutante por diez días, mediante auto, para que se pronuncie sobre ellas, adjunte y pida las pruebas que pretenda hacer valer.
3. La sentencia de excepciones totalmente favorable al demandado pone fin al proceso; en ella se ordenará el desembargo de los bienes perseguidos y se condenará al ejecutante a pagar las costas y los perjuicios que aquél haya sufrido con ocasión de las medidas cautelares y del proceso.
ARTÍCULO 575 – Código de Procedimiento Civil
ARTÍCULO 476 - Código General del Proceso
Artículo 575.- Guarda y aposición de sellos. Dentro de los treinta días siguientes a la defunción del causante, toda persona que pruebe al menos sumariamente su interés efectivo o presunto en el proceso de sucesión podrá pedir que los muebles y documentos del difunto se aseguren bajo llave y sello.
ARTÍCULO 576 – Código de Procedimiento Civil
ARTÍCULO 477 - Código General del Proceso
Artículo 576.- Práctica de la guarda y aposición de sellos. Para la práctica de la guarda y aposición de sellos, el juez procederá así:
ARTÍCULO 577 – Código de Procedimiento Civil
ARTÍCULO 478 - Código General del Proceso
Artículo 577.- Terminación de la guarda y orden de secuestro. Si dentro de los diez días siguientes a la diligencia no se hubiere promovido el proceso de sucesión, el juez declarará terminadas las anteriores medidas y decretará el secuestro provisional de los bienes, que se regirán por lo dispuesto en el artículo 578. Iniciado el proceso, se levantarán dichas medidas y se entregarán los bienes a quienes tengan derecho a administrarlos.
ARTÍCULO 578 – Código de Procedimiento Civil
ARTÍCULO 479 - Código General del Proceso
Artículo 578.- Medidas policivas. Las autoridades de policía podrán adoptar únicamente la medida sobre aposición de sellos, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 576; concluida la diligencia, lo actuado se remitirá al juez que fuere competente para el proceso de sucesión, quien levantará los sellos como lo dispone el artículo precedente y dará aviso al funcionario que los puso.
ARTÍCULO 579 – Código de Procedimiento Civil
ARTÍCULO 480 - Código General del Proceso
Artículo 579.- Embargo y secuestro provisional. A petición de cualquier persona que acredite siquiera sumariamente interés, el juez decretará el embargo y secuestro provisional de los bienes cuya propiedad se sujeta a registro, que estén en cabeza del causante, y solamente el embargo de los que pertenezcan al cónyuge sobreviviente y que formen parte del haber de la sociedad conyugal.
Artículo 480.- Embargo y secuestro. Aun antes de la apertura del proceso de sucesión cualquier persona, de las que trata el artículo 1312 del Código Civil, el compañero o compañera permanente del causante, que acredite siquiera sumariamente interés podrá pedir el embargo y secuestro de los bienes del causante, sean propios o sociales, y de los que formen parte del haber de la sociedad conyugal o patrimonial que estén en cabeza del cónyuge o compañero permanente.
Para la práctica del embargo y secuestro, además de lo previsto en las reglas generales, el juez procederá así:
También podrá decretarse el secuestro después de iniciado el proceso de sucesión y antes de proferirse la sentencia aprobatoria de la partición.
ARTÍCULO 580 – Código de Procedimiento Civil
ARTÍCULO 481 - Código General del Proceso
Artículo 580.- Terminación del secuestro. El secuestro provisional terminará:
ARTÍCULO 582 – Código de Procedimiento Civil
ARTÍCULO 483 - Código General del Proceso
Artículo 582.- Trámite. Cumplido lo anterior se procederá así:
7. Los acreedores provistos de títulos ejecutivos contra el causante y los que figuren en el testamento, podrán solicitar el reconocimiento de sus créditos, en cualquiera oportunidad. De su solicitud se dará traslado al administrador por tres (3) días, vencidos los cuales se decidirá sobre su aceptación.
8. El administrador podrá entregar a los legatarios las especies muebles y el dinero que se les legaron, conforme al artículo 1431 del Código Civil, previa autorización del juez a solicitud de aquél o del interesado. Cuando la solicitud no sea formulada por el administrador se le dará el traslado que ordena el numeral anterior.
ARTÍCULO 588 - Código General del Proceso
Artículo 588.- Pronunciamiento y comunicación sobre medidas cautelares. Cuando la solicitud de medidas cautelares se haga por fuera de audiencia, el juez resolverá, a más tardar, al día siguiente del reparto o a la presentación de la solicitud.
Tratándose de embargo o de inscripción de demanda sobre bienes sometidos a registro el juez la comunicará al registrador por el medio más expedito.
De la misma manera se comunicará el decreto de medidas cautelares a quien deba cumplir la orden
ARTÍCULO 589 - Código General del Proceso
Artículo 589.- Medidas cautelares en la práctica de pruebas extraprocesales. En los asuntos relacionados con violaciones a la propiedad intelectual, la competencia desleal y en los demás en que expresamente una ley especial permita la práctica de medidas cautelares extraprocesales, éstas podrán solicitarse, decretarse y practicarse en el curso de una prueba extraprocesal
El juez las decretará cuando el peticionario acredite el cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley.
Si para la práctica de la medida cautelar la ley exige prestar caución, el juez inmediatamente fijará su monto y ésta deberá prestarse después de la diligencia en el término que el juez indique, que no podrá exceder del establecido por la ley para la iniciación del respectivo proceso. Si la caución no se constituye oportunamente, el solicitante deberá pagar los daños y perjuicios que se hubieren causado, multa de hasta cien salarios mínimos legales mensuales vigentes (100 smlmv), y la medida cautelar se levantará. Mientras no sea prestada la caución, el solicitante no podrá desistir de la medida cautelar, salvo que el perjudicado con lo misma lo acepte.
ARTÍCULO 690 – Código de Procedimiento Civil
ARTÍCULO 590- Código General del Proceso
Artículo 690.- Medidas cautelares en procesos ordinarios. En el proceso ordinario se aplicarán las reglas que a continuación se indican:
6. En el auto admisorio de la demanda que verse sobre indemnización de perjuicios causados por accidente de tránsito, si el demandante presta caución que garantice el pago de los perjuicios que con la medida puedan causarse, el juez dispondrá el embargo y secuestro del vehículo con el cual se causó el daño. Tal medida se regirá por las normas del presente artículo, y se levantará si el demandado presta caución suficiente, o cuando se ejecutoríe la sentencia absolutoria, o si el demandante no promueve la ejecución en el término señalado en el artículo 335, o si se extinguen la obligación.
1395 de 2010. El nuevo texto es el siguiente:> En los procesos en los que se persiga el pago de perjuicios provenientes de responsabilidad civil contractual o extracontractual, desde la presentación de la demanda el demandante podrá pedir la inscripción de esta sobre bienes sujetos a registro, de propiedad del demandado. La medida será decretada una vez prestada la caución que garantice el pago de los perjuicios que con ella se causen.
Artículo 590.- Medidas cautelares en procesos declarativos. En los procesos declarativos se aplicarán las siguientes reglas para la solicitud, decreto, práctica, modificación, sustitución o revocatoria de las medidas cautelares:
Si la sentencia de primera instancia es favorable al demandante, a petición de éste el juez ordenará el secuestro de los bienes objeto del proceso.
Si la sentencia de primera instancia es favorable al demandante, a petición de éste el juez ordenará el embargo y secuestro de los bienes afectados con la inscripción de la demanda, y de los que se denuncien como de propiedad del demandado, en cantidad suficiente para el cumplimiento de aquella.
Así mismo, el juez tendrá en cuenta la apariencia del buen derecho, como también la necesidad, efectividad y proporcionalidad de la medida, y si lo estimare procedente podrá decretar una menos gravosa o diferente de la solicitada. El juez establecerá su alcance, determinará su duración y podrá disponer de oficio o a petición de parte la modificación, sustitución o cese de la medida cautelar adoptada.
2. Para que sea decretada cualquiera de las anteriores medidas señaladas el demandante deberá prestar caución equivalente al veinte por ciento (20%) del valor de las pretensiones estimado en la demanda, para responder por las costas y perjuicios derivados de su práctica. Sin embargo, el juez, de oficio o a petición de parte, podrá aumentar o disminuir el monto de la caución cuando lo considere razonable. No será necesario prestar caución para la práctica de embargos y secuestros después de la sentencia de primera instancia.
ARTÍCULO 591 - Código General del Proceso
Artículo 591. Inscripción de la demanda. Para la inscripción de la demanda remitirá comunicación a la autoridad competente de llevar el registro haciéndole saber quiénes son las partes en el proceso, el objeto de éste, el nombre, nomenclatura, situación de dichos bienes y el folio de matrícula o datos del registro si aquélla no existiere. El registrador se abstendrá de inscribir la demanda si el bien no pertenece al demandado.
El registro de la demanda no pone los bienes fuera del comercio pero quien los adquiera con posterioridad estará sujeto a los efectos de la sentencia de acuerdo con lo previsto en el artículo 303. Si sobre aquéllos se constituyen posteriormente gravámenes reales o se limita el dominio, tales efectos se extenderán a los titulares de los derechos correspondientes.
La vigencia del registro de otra demanda o de un embargo no impedirá el de una demanda posterior, ni el de una demanda el de un embargo posterior.
Si la sentencia fuere favorable al demandante, en ella se ordenará su registro y la cancelación de las anotaciones de las transferencias de propiedad, gravámenes y limitaciones al dominio efectuados después de la inscripción de la demanda, si los hubiere; cumplido lo anterior, se cancelará el registro de ésta, sin que se afecte el registro de otras demandas. Si en la sentencia se omitiere la orden anterior, de oficio o a petición de parte, la dará el juez por auto que no tendrá recursos y se comunicará por oficio al registrador.
ARTÍCULO 692 – Código de Procedimiento Civil
ARTÍCULO 592 - Código General del Proceso
Artículo 692.- Inscripción de la demanda en otros procesos. En el auto admisorio se ordenará de oficio la inscripción de la demanda en los procesos de pertenencia, deslinde y amojonamiento, servidumbres, expropiaciones y división de bienes comunes. Una vez inscrita, el oficio se remitirá por el registrador al juez, junto con un certificado sobre la situación jurídica del bien.
Artículo 546.- Inscripción de la demanda en otros procesos. En los procesos de pertenencia, deslinde y amojonamiento, servidumbres, expropiaciones y división de bienes comunes, el juez ordenará de oficio la inscripción de la demanda antes de la notificación del auto admisorio al demandado. Una vez inscrita, el oficio se remitirá por el registrador al juez, junto con un certificado sobre la situación jurídica del bien.
ARTÍCULO 681 – Código de Procedimiento Civil
ARTÍCULO 593 - Código General del Proceso
Artículo 681.- Embargos. Para efectuar los embargos se procederá así:
Si algún bien no pertenece al afectado, el registrador se abstendrá de inscribir el embargo y lo comunicará al juez; si lo registra, éste de oficio o a petición de parte ordenará la cancelación del embargo. Sin embargo, deberá tenerse en cuenta, cuando se trate de ejecutivo con garantía real, lo dispuesto en el parágrafo del artículo 554
Artículo 593. Embargos. Para efectuar embargos se procederá así:
1. El de bienes sujetos a registro se comunicará a la autoridad competente de llevar el registro con los datos necesarios para la inscripción; si aquellos pertenecieren al afectado con la medida, lo inscribirá y expedirá a costa del solicitante un certificado sobre su situación jurídica en un período equivalente a diez (10) años, si fuere posible. Una vez inscrito el embargo, el certificado sobre la situación jurídica del bien se remitirá por el registrador directamente al juez.
Si algún bien no pertenece al afectado, el registrador se abstendrá de inscribir el embargo y lo comunicará al juez; si lo registra, éste de oficio o a petición de parte ordenará la cancelación del embargo. Cuando el bien esté siendo perseguido para hacer efectiva la garantía real, deberá aplicarse lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 468.
3. El de bienes muebles no sujetos a registro y el de la posesión sobre bienes muebles o inmuebles se consumará mediante el secuestro de éstos, excepto en los casos contemplados en los numerales siguientes.
4. El de un crédito u otro derecho semejante se perfeccionará con la notificación al deudor mediante entrega del correspondiente oficio, en el que se le prevendrá que para hacer el pago deberá constituir certificado de depósito a órdenes del juzgado. Si el deudor se negare a firmar el recibo del oficio, lo hará por él cualquiera persona que presencie el hecho.
Al recibir el deudor la notificación deberá informar acerca de la existencia del crédito, de cuándo se hace exigible, de su valor, de cualquier embargo que con anterioridad se le hubiere comunicado y si se le notificó antes alguna cesión o si la aceptó, con indicación del nombre del cesionario y la fecha de aquélla, so pena de responder por el correspondiente pago, de todo lo cual se le prevendrá en el oficio de embargo.
La notificación al deudor interrumpe el término para la prescripción del crédito, y si aquel no lo paga oportunamente, el juez designará secuestre quien podrá adelantar proceso judicial para tal efecto. Si fuere hallado el título del crédito, se entregará al secuestre; en caso contrario, se le expedirán las copias que solicite para que inicie el proceso.
El embargo del crédito de percepción sucesiva comprende los vencimientos posteriores a la fecha en que se decretó y los anteriores que no hubieren sido cancelados.
5. El de derechos o créditos que la persona contra quien se decrete el embargo persiga o tenga en otro proceso se comunicará al juez que conozca de él para los fines consiguientes, y se considerará perfeccionado desde la fecha de recibo de la comunicación en el respectivo despacho judicial.
6. El de acciones en sociedades anónimas o en comandita por acciones, bonos, certificados nominativos de depósito, unidades de fondos mutuos, títulos similares, efectos públicos nominativos y en general títulos valores a la orden, se comunicará al gerente, administrador o liquidador de la respectiva sociedad o empresa emisora o al representante administrativo de la entidad pública o a la entidad administradora, según sea el caso, para que tome nota de él, de lo cual deberá dar cuenta al juzgado dentro de los tres (3) días siguientes, so pena de incurrir en multa de dos (2) a cinco (5) salarios mínimos legales mensuales. El embargo se considerará perfeccionado desde la fecha de recibo del oficio y a partir de ésta no podrá aceptarse ni autorizarse transferencia ni gravamen alguno.
El de acciones, títulos, bonos y efectos públicos, títulos valores y efectos negociables a la orden y al portador, se perfeccionará con la entrega del respectivo título al secuestre.
7. El del interés de un socio en sociedad colectiva y de gestores de la en comandita, o de cuotas en una de responsabilidad limitada, o en cualquier otro tipo de sociedad, se comunicará a la autoridad encargada de la matrícula y registro de sociedades, la que no podrá registrar ninguna transferencia o gravamen de dicho interés, ni reforma de la sociedad que implique la exclusión del mencionado socio o la disminución de sus derechos en ella.
A este embargo se aplicará lo dispuesto en el inciso tercero del numeral anterior y se comunicará al representante de la sociedad en la forma establecida en el inciso primero del numeral 4, a efecto de que cumpla lo dispuesto en tal inciso.
9. El de salarios devengados o por devengar se comunicará al pagador o empleador en la forma indicada en el inciso primero del numeral 4 para que de las sumas respectivas retenga la proporción determinada por la ley y constituya certificado de depósito, previniéndole que de lo contrario responderá por dichos valores.
10. El de sumas de dinero depositadas en establecimientos bancarios y similares, se comunicará a la correspondiente entidad como lo dispone el inciso primero del numeral 4, debiéndose señalar la cuantía máxima de la medida, que no podrá exceder del valor del crédito y las costas más un cincuenta por ciento (50%). Aquellos deberán constituir certificado de depósito y ponerlo a disposición del juez dentro de los tres (3) días siguientes al recibo de la comunicación; con la recepción del oficio queda consumado el embargo.
11. El de derechos proindiviso en bienes muebles se comunicará a los otros copartícipes, advirtiéndoles que en todo lo relacionado con aquellos deben entenderse con el secuestre.
Parágrafo primero. En todos los casos en que se utilicen mensajes de datos los emisores dejarán constancia de su envío y los destinatarios, sean oficinas públicas o particulares, tendrán el deber de revisarlos diariamente y tramitarlos de manera inmediata.
Parágrafo segundo. La inobservancia de la orden impartida por el juez, en todos los casos previstos en este artículo, hará incurrir al destinatario del oficio respectivo en multas sucesivas de dos (2) a cinco (5) salarios mínimos mensuales.
ARTÍCULO 648 - Código Procedimiento Civil
ARTÍCULO 594- Código General del Proceso
ARTÍCULO 684. BIENES INEMBARGABLES. Además de los bienes inembargables de conformidad con leyes especiales, no podrán embargarse:
3. Los bienes de uso público y los destinados a un servicio público cuando éste se preste directamente por una entidad descentralizada de cualquier orden, o por medio de concesionario de éstas; pero es embargable hasta la tercera parte de los ingresos brutos del respectivo servicio, sin que el total de embargos que se decreten exceda de dicho porcentaje.
Cuando el servicio público lo presten particulares, podrán embargarse lo bienes destinados a él, así como los ingresos brutos que se produzca y el secuestro se practicará como el de empresas industriales.
Recibida una orden de embargo que afecte recursos de naturaleza inembargable, en la cual no se indicare el fundamento legal para la procedencia de la excepción, el destinatario de la orden de embargo, se podrá abstener de cumplir la orden judicial o administrativa, dada la naturaleza de inembargable de los recursos. En tal evento, la entidad destinataria de la medida, deberá informar al día hábil siguiente a la autoridad que decretó la medida, sobre el hecho del no acatamiento de la medida por cuanto dichos recursos ostentan la calidad de inembargables. La autoridad que decretó la medida deberá pronunciarse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de envío de la comunicación, acerca de si procede alguna excepción legal a la regla de inembargabilidad. Sí pasados tres (3) días hábiles el destinatario no se recibe oficio alguno, se entenderá revocada la medida cautelar.
ARTÍCULO 682 – Código de Procedimiento Civil
ARTÍCULO 595 - Código General del Proceso
Artículo 682.- Secuestro. Para el secuestro de bienes se aplicarán las siguientes reglas:
3. Cuando se trate de derechos proindiviso en bienes inmuebles, en la diligencia de secuestro se procederá como se dispone en el numeral 12 del artículo precedente.
5. Si se trata de semovientes o de bienes depositados en bodegas, se dejarán con las debidas seguridades en el lugar donde se encuentren, hasta cuando el secuestre considere conveniente su traslado y éste puede ejecutar, en las condiciones ordinarias del mercado, las operaciones de venta o explotación a que estuvieren destinados, procurando seguir el sistema de administración vigente.
6. Los almacenes o establecimientos similares se entregarán al secuestre, quien continuará administrándolos, como se indica en el numeral anterior, con el auxilio de los dependientes que en ese momento existieren y los que posteriormente designe de conformidad con el numeral 6. del artículo 9., y consignará los productos líquidos en la forma indicada en el artículo 10. El propietario del almacén o establecimiento podrá ejercer funciones de asesoría y vigilancia, bajo la dependencia del secuestre.
12. Cuando no se puede practicar inmediatamente un secuestro o deba suspenderse, el juez o el comisionado podrá asegurar con cerraduras los almacenes o habitaciones u otros locales donde se encuentre los bienes o documentos, colocar sellos que garanticen su conservación, y solicitar vigilancia de la policía.
Artículo 595.- Secuestro. Para el secuestro de bienes se aplicarán las siguientes reglas:
1. En el auto que lo decrete se señalará fecha y hora para la diligencia y se designará secuestre, que deberá concurrir a ella, so pena de multa de diez (10) a veinte (20) salarios mínimos mensuales. Aunque no concurra el secuestre la diligencia se practicará si el interesado en la medida lo solicita para los fines del numeral 3.
2. Las partes, de común acuerdo, antes o después de practicada la diligencia, podrán designar secuestre o disponer que los bienes sean dejados al ejecutado en calidad de secuestre, casos en los cuales el juez hará las prevenciones correspondientes.
3. Cuando se trate de inmueble ocupado exclusivamente para la vivienda de la persona contra quien se decretó la medida, el juez se lo dejará en calidad de secuestre y le hará las prevenciones del caso, salvo que el interesado en la medida solicite que se le entregue al secuestre designado por el juez.
4. La entrega de bienes al secuestre se hará previa relación de ellos en el acta, con indicación del estado en que se encuentren.
5. Cuando se trate de derechos proindiviso en bienes inmuebles, en la diligencia de secuestro se procederá como se dispone en el numeral 11 del artículo 547.
6. Salvo lo dispuesto en los numerales siguientes y en el artículo 51, el secuestre depositará inmediatamente los vehículos, máquinas, mercancías, muebles, enseres y demás bienes en la bodega de que disponga y a falta de ésta en un almacén general de depósito u otro lugar que ofrezca plena seguridad, de lo cual informará por escrito al juez al día siguiente, y deberá tomar las medidas adecuadas para la conservación y mantenimiento. En cuanto a los vehículos de servicio público, se estará a lo estatuido en el numeral 9.
No obstante, cuando se trate de vehículos automotores, el funcionario que realice la diligencia de secuestro los entregará en depósito al acreedor, si éste lo solicita y ha prestado, ante el juez que conoce del proceso, caución que garantice la conservación e integridad del bien. En este caso, el depósito será a título gratuito.
7. Si se trata de semovientes o de bienes depositados en bodegas, se dejarán con las debidas seguridades en el lugar donde se encuentren hasta cuando el secuestre considere conveniente su traslado y éste pueda ejecutar, en las condiciones ordinarias del mercado, las operaciones de venta o explotación a que estuvieren destinados, procurando seguir el sistema de administración vigente.
8. Cuando lo secuestrado sea un establecimiento de comercio, o una empresa industrial o minera u otra distinta, el factor o administrador continuará en ejercicio de sus funciones con calidad de secuestre y deberá rendir cuentas periódicamente en la forma que le señale el juez. Sin embargo, a solicitud del interesado en la medida, el juez entregará la administración del establecimiento al secuestre designado y el administrador continuará en el cargo bajo la dependencia de aquél, y no podrá ejecutar acto alguno sin su autorización, ni disponer de bienes o dineros.
Inmediatamente se hará inventario por el secuestre y las partes o personas que éstas designen sin que sea necesaria la presencia del juez, copia del cual, firmado por quienes intervengan, se agregará al expediente.
9. El secuestro de los bienes destinados a un servicio público prestado por particulares se practicará en la forma indicada en el inciso primero del numeral anterior.
10. El secuestro de cosechas pendientes o futuras se practicará en el inmueble, dejándolas a disposición del secuestre, quien adoptará las medidas conducentes para su administración, recolección y venta en las condiciones ordinarias del mercado.
11. Cuando lo secuestrado sea dinero el juez ordenará constituir con él inmediatamente un certificado de depósito.
12. Cuando se trate de títulos de crédito, alhajas y en general objetos preciosos, el secuestre los entregará en custodia a una entidad especializada, previa su completa especificación, de lo cual informará al juez al día siguiente.
13. Cuando no se pueda practicar inmediatamente un secuestro o deba suspenderse, el juez o el comisionado podrá asegurar con cerraduras los almacenes o habitaciones u otros locales donde se encuentren los bienes o documentos, colocar sellos que garanticen su conservación y solicitar vigilancia de la policía.
Parágrafo. Cuando se trate del secuestro de vehículos automotores, el juez comisionará al respectivo inspector de tránsito para que realice la aprehensión y el secuestro del bien.
ARTÍCULO 686.- Código de Procedimiento Civil
ARTÍCULO 596 - Código General del Proceso
Artículo 686.- Oposiciones al secuestro. A las oposiciones al secuestro se aplicarán las siguientes reglas:
Parágrafo 1. Situación del tenedor. Si al practicarse el secuestro, los bienes se hallan en poder de quien alegue y demuestre siquiera sumariamente título de tenedor con especificación de sus estipulaciones principales, anterior a la diligencia y procedente de la parte contra la cual se decretó la medida, ésta se llevará a efecto sin perjudicar los derechos de aquél, a quien se prevendrá que en lo sucesivo se entienda con el secuestre, que ejercerá los derechos de dicha parte con fundamento en el acta respectiva que le servirá de título, mientras no se constituya uno nuevo.
Parágrafo 2. Oposiciones. Podrá oponerse al secuestro la persona que alegue posesión material en nombre propio o tenencia a nombre de un tercero poseedor; el primero deberá aducir prueba siquiera sumaria de su posesión, y el segundo la de su tenencia y de la posesión del tercero. La parte que pidió el secuestro podrá solicitar testimonios de personas que concurran a la diligencia, relativos a la posesión del bien. El juez agregará al expediente los documentos que se presenten relacionados con la posesión, ordenará el interrogatorio bajo juramento, del poseedor y tenedor, si hubiere concurrido a la diligencia, del poseedor o tenedor, sobre los hechos constitutivos de la posesión y la tenencia, y a éste último también sobre los lugares de habitación y trabajo del supuesto poseedor. La parte que solicitó el secuestro podrá interrogar al absolvente.
Parágrafo 3. Persecución de derechos sobre el bien cuyo secuestro se levanta. Levantado el secuestro de bienes inmuebles no sujetos a registro quedará insubsistente el embargo. Si se trata de bienes sujetos a aquél, embargados en proceso de ejecución, dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria del auto favorable al opositor, que levante el secuestro, o se abstenga de practicarlo en razón de la oposición, podrá el ejecutante expresar que insiste en perseguir los derechos que tenga el ejecutado en ellos, caso en el cual se practicará el correspondiente avalúo; de lo contrario se levantará el embargo.
Artículo 596. Oposiciones al secuestro. A las oposiciones al secuestro se aplicarán las siguientes reglas:
1. Situación del tenedor. Si al practicarse el secuestro los bienes se hallan en poder de quien alegue y demuestre título de tenedor con especificación de sus estipulaciones principales, anterior a la diligencia y procedente de la parte contra la cual se decretó la medida, ésta se llevará a efecto sin perjudicar los derechos de aquél, a quien se prevendrá que en lo sucesivo se entienda con el secuestre, que ejercerá los derechos de dicha parte con fundamento en el acta respectiva que le servirá de título, mientras no se constituya uno nuevo.
3. Persecución de derechos sobre el bien cuyo secuestro se levanta. Levantado el secuestro de bienes muebles no sujetos a registro quedará insubsistente el embargo. Si se trata de bienes sujetos a aquél embargados en proceso de ejecución, dentro de los tres (3) días siguientes a la ejecutoria del auto favorable al opositor, que levante el secuestro, o se abstenga de practicarlo en razón de la oposición, podrá el interesado expresar que insiste en perseguir los derechos que tenga el demandado en ellos, caso en el cual se practicará el correspondiente avalúo; de lo contrario se levantará el embargo.
ARTÍCULO 687 – Código de Procedimiento Civil
ARTÍCULO 597 - Código General del Proceso
Artículo 687.- Levantamiento del embargo y secuestro. Se levantarán el embargo y secuestro en los siguientes casos:
9. Cuando exista otro embargo o secuestro anterior, salvo lo dispuesto en el artículo 558. Si se levanta el secuestro y se trata de proceso de ejecución, se aplicará lo dispuesto en el parágrafo 3. del artículo precedente.
Artículo 597.- Levantamiento del embargo y secuestro. Se levantarán el embargo y secuestro en los siguientes casos:
1. Si se pide por quien solicitó la medida, cuando no haya litisconsortes o terceristas; si los hubiere, por aquél y éstos, y si se tratare de proceso de sucesión por todos los herederos reconocidos y el cónyuge o compañero permanente.
5. Si se absuelve al demandado en proceso declarativo, o éste termina por cualquier otra causa.
7. Si se trata de embargo sujeto a registro, cuando del certificado del registrador aparezca que la parte contra quien se profirió la medida no es la titular del dominio del respectivo bien, sin perjuicio de lo establecido para la efectividad de la garantía hipotecaria o prendaria.
8. Si un tercero poseedor que no estuvo presente en la diligencia de secuestro solicita al juez del conocimiento, dentro de los veinte (20) días siguientes a la práctica de la diligencia, si lo hizo el juez de conocimiento, o a la notificación del auto que ordena agregar el despacho comisorio, que se declare que tenía la posesión material del bien al tiempo en que aquélla se practicó, y obtiene decisión favorable. La solicitud se tramitará como incidente, en el cual el solicitante deberá probar su posesión.
Si el incidente se decide desfavorablemente a quien lo promueve, se impondrá a éste una multa de cinco (5) a veinte (20) salarios mínimos mensuales.
10. Cuando pasados cinco (5) años a partir de la inscripción de la medida, no se halle el expediente en que ella se decretó. Con este propósito, el respectivo juez fijará aviso en la secretaría del juzgado por el término de veinte (20) días, para que los interesados puedan ejercer sus derechos. Vencido este plazo, el juez resolverá lo pertinente
Siempre que se levante el embargo o secuestro en los casos de los numerales 1, 2, 4, 5, y 8 del presente artículo, se condenará de oficio o a solicitud de parte en costas y perjuicios a quienes pidieron tal medida, salvo que las partes convengan otra cosa.
ARTÍCULO 691 – Código de Procedimiento Civil
ARTÍCULO 598- Código General del Proceso
Artículo 691.- Medidas cautelares en proceso de nulidad y divorcio de matrimonio civil, de separación de bienes y liquidación de sociedades conyugales. En los procesos de nulidad y divorcio, de separación de cuerpos y de bienes, y de liquidación de sociedades conyugales, se aplicarán las siguientes reglas:
Artículo 598.- Medidas cautelares en proceso de familia. En los procesos de nulidad de matrimonio, divorcio, cesación de efectos civiles de matrimonio religioso, separación de cuerpos y de bienes, liquidación de sociedades conyugales, disolución y liquidación de sociedades patrimoniales entre compañeros permanentes, se aplicarán las siguientes reglas:
2. El embargo y secuestro practicados en estos procesos no impedirán perfeccionar los que se decreten sobre los mismos bienes en trámite de ejecución, antes de quedar en firme la sentencia favorable al demandante que en aquellos se dicte; con tal objeto, recibida la comunicación del nuevo embargo, simultáneamente con su inscripción, el registrador cancelará el anterior e informará de inmediato y por escrito al juez que adelanta el proceso de familia, quien, en caso de haberse practicado el secuestro, remitirá al juzgado donde se sigue el ejecutivo copia de la diligencia a fin de que tenga efecto en éste, y oficiará al secuestre para darle cuenta de lo sucedido. El remanente no embargado en otras ejecuciones y los bienes que en éstas se desembarguen, se considerarán embargados para los fines del asunto familiar.
3. Las anteriores medidas se mantendrán hasta la ejecutoria de la sentencia; pero si a consecuencia de ésta fuere necesario liquidar la sociedad conyugal o patrimonial, continuarán vigentes en el proceso de liquidación.
Si dentro de los dos (2) meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia que disuelva la sociedad conyugal o patrimonial, no se hubiere promovido la liquidación de ésta, se levantarán aun de oficio las medidas cautelares.
5. Si el juez considera conveniente, también podrá adoptar las siguientes medidas:
a) Autorizar la residencia separada de los cónyuges, y si éstos fueren menores, disponer el depósito en casa de sus padres o de sus parientes más próximos o en la de un tercero.
c) Señalar la cantidad con que cada cónyuge deba contribuir, según su capacidad económica, para gastos de habitación y sostenimiento del otro cónyuge y de los hijos comunes, y la educación de éstos.
6. En el proceso de alimentos se decretará la medida cautelar prevista en el literal c del numeral 5 y se dará aviso a las autoridades de emigración para que el demandado no pueda ausentarse del país sin prestar garantía suficiente que respalde el cumplimiento de la obligación hasta por dos años.
ARTÍCULO 599 - Código General del Proceso
Artículo 599. Embargo y secuestro. Desde la presentación de la demanda el ejecutante podrá solicitar el embargo y secuestro de bienes del ejecutado.
El juez, al decretar los embargos y secuestros, podrá limitarlos a lo necesario; el valor de los bienes no podrá exceder del doble del crédito cobrado, sus intereses y las costas prudencialmente calculadas, salvo que se trate de un solo bien o de bienes afectados por hipoteca o prenda que garanticen aquel crédito, o cuando la división disminuya su valor o su venalidad.
ARTÍCULO 517 - Código Procedimiento Civil
ARTÍCULO 600 - Código General del Proceso
Artículo 517. Reducción de embargos. la Ley
794 de 2003. El nuevo texto es el siguiente:> Practicado el avalúo y antes de que se fije fecha para remate, el ejecutado podrá solicitar que se excluyan del embargo determinados bienes, por considerarlo excesivo. De la solicitud se dará traslado al ejecutante por tres días, en la forma que establece el artículo 108.
Artículo 600.- Reducción de embargos. En cualquier estado del proceso una vez consumados los embargos y secuestros, y antes de que se fije fecha para remate, el juez, a solicitud de parte o de oficio, cuando con fundamento en los documentos señalados en el cuarto inciso del artículo anterior considere que las medidas cautelares son excesivas, requerirá al ejecutante para que en el término de cinco (5) días, manifieste de cuáles de ellas prescinde o rinda las explicaciones a que haya lugar. Si el valor de alguno o algunos de los bienes supera el doble del crédito, sus intereses y las costas prudencialmente calculadas, decretará el desembargo de los demás, a menos que estos sean objeto de hipoteca o prenda que garantice el crédito cobrado, o se perjudique el valor o la venalidad de los bienes embargados.
Cuando exista embargo de remanente el juez deberá poner los bienes desembargados a disposición del proceso en que haya sido decretado.
ARTÍCULO 515 - Código Procedimiento Civil
ARTÍCULO 601 - Código General del Proceso
Artículo 515. Secuestro de bienes sujetos a registro. El secuestro de bienes sujetos a registro, tanto el previo como el decretado en el proceso, sólo se practicará una vez se haya inscrito el embargo y siempre que en la certificación del registrador aparezca el demandado como su propietario. En todo caso, debe perfeccionarse antes de que se ordene el remate; en el evento de levantarse el secuestro, se aplicará lo dispuesto en el parágrafo 3. del artículo 686.
Artículo 601. Secuestro de bienes sujetos a registro. El secuestro de bienes sujetos a registro sólo se practicará una vez se haya inscrito el embargo. En todo caso, debe perfeccionarse antes de que se ordene el remate; en el evento de levantarse el secuestro, se aplicará lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 596.
El certificado del registrador no se exigirá cuando lo embargado fuere la explotación económica que el demandado tenga en terrenos baldíos, o la posesión sobre bienes muebles o inmuebles.
ARTÍCULO 519 - Código Procedimiento Civil
ARTÍCULO 602- Código General del Proceso
Artículo 519. Consignación para impedir o levantar embargos y secuestros. Desde que se formule demanda ejecutiva el ejecutado podrá pedir que no se le embarguen ni secuestren bienes, para lo cual deberá prestar caución en dinero o constituir garantía bancaria o de compañía de seguros por el monto que el juez señale, para garantizar el pago del crédito y las costas dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de la sentencia que desestime las excepciones, o del auto que acepte el desistimiento de ellas, o de la sentencia que ordene llevar adelante la ejecución, según el caso.
Artículo 602.- Consignación para impedir o levantar embargos y secuestros. El ejecutado podrá evitar que se practiquen embargos y secuestros solicitados por el ejecutante o solicitar el levantamiento de los practicados, si presta caución por el valor actual de la ejecución aumentada en un cincuenta por ciento (50%).
Cuando existiere embargo de remanente o los bienes desembargados fueren perseguidos en otro proceso, deberán ponerse a disposición de éste o del proceso en que se decretó aquél.
ARTÍCULO 678 – Código de Procedimiento Civil
ARTÍCULO 603 - Código General del Proceso
Artículo 678.- Clases, cuantía y oportunidad para constituirlas. Las cauciones que ordena prestar este Código pueden ser en dinero, reales, bancarias u otorgadas por compañías de seguros o entidades de crédito legalmente autorizadas para esta clase de operaciones. Si el juez considera necesario un dictamen de peritos para fijar la cuantía de la caución, podrá decretarlo y las expensas serán de cargo de quien deba prestarla.
Artículo 603.- Clases, cuantía y oportunidad para constituirlas. Las cauciones que ordena prestar la ley o este código pueden ser reales, bancarias u otorgadas por compañías de seguros, en dinero, títulos similares constituidos en instituciones financieras.
ARTÍCULO 679 – Código de Procedimiento Civil
ARTÍCULO 604 - Código General del Proceso
Artículo 679.- Calificación y cancelación. Prestada la caución, el juez calificará su suficiencia y la aceptará o rechazará, para lo cual observará las siguientes reglas:
1. La caución hipotecaria se otorgará a favor del respectivo juzgado o tribunal y dentro del término señalado para prestarla deberá presentarse un certificado del notario sobre la fecha de la escritura de hipoteca, copia de la minuta de ésta autenticada por el mismo funcionario, el título de propiedad del inmueble, un certificado de su tradición y libertad en un período de diez (10) años si fuere posible, y el certificado de avalúo catastral. Los notarios darán prelación a estas escrituras, y su copia registrada se presentará al juez dentro de los seis (6) días siguientes al registro.
2. Cuando se trate de caución prendaria, deberá acompañarse el certificado de la cotización de los bienes en la última operación que sobre ellos haya habido en una bolsa de valores que funcione legalmente, o un avalúo.
Los bienes dados en prenda deberán entregarse al juez junto con la solicitud para que se acepte la caución, si su naturaleza lo permite, y aquél ordenará el depósito en un establecimiento especializado; en los demás casos, en la misma solicitud se indicará el lugar donde se encuentren los bienes para que se proceda al secuestro, que el juez decretará y practicará inmediatamente, previa designación del secuestre y señalamiento de fecha y hora para la diligencia; si en ésta se presenta oposición y el juez la considera justificada, se prescindirá del secuestro.
Pie de pagina 6 ramiro bejarano – código general del proceso y código de procedimiento civil cuadro comparativo universidad externado
La Fomus Bonus Iuris de la Medida Cautelar Solicitada.
Conforme lo que se ha expresado a lo largo de este artículo, se han adoptado medidas en el nuevo estatuto procesal para efectivizar y agilizar los principios procesales invocados en materia de las Medidas Cautelares en procesos declarativos, ejecutivos, contencioso administrativos, Laborales y de familia, ya que al juez de conocimiento le corresponde establecer la petición de la medida cautelar agotando un examen ponderativo de con base a las reglas de la experiencia y la sana crítica frente a la necesidad de la misma, sin pueda hacerla más gravosa verificando que resulte imperiosa en el desarrollo del proceso, por lo cual no se trata de que la haga rigorista y excesiva de cargas probatorias para decretarla, pues el nuevo código apuesta mucho a la credibilidad y derecho de la buena fe de que gozan todas las personas, principio conocido doctrinalmente como la “Fomus Bonus Iuris”, por tal motivo si bien es cierto debe motivarse por el demandante la petición del decreto de medidas cautelares, este debe ser analizado por el Juez y reformado o ajustado si la encuentra desproporcionado a la necesidad de la medida cautelar frente al derecho pretendido, con la consecuencia de que salvo norma en contrario, dentro de los veinte (20) días siguientes a la práctica de la medida cautelar, el solicitante deberá presentar la demanda correspondiente, so pena de ser levantada inmediatamente. En todo caso el afectado conserva el derecho a reclamar, por medio de incidente, la liquidación de los perjuicios que se hayan causado en su contra como se vio en el artículo del nuevo estatuó procesal. Pie de pagina 7 código general del
Se establece el juramento estimatorio como requisito sine Quanum en todo tipo
Procesos para calcular sumas o pretensiones dinerarias o perjuicios.
Las medidas cautelares innominadas se pueden practicar como medio de prueba anticipado, se mantienen los criterios básicos del artículo 690 del CPC.(medidas cautelares), en el entendido de que el juez podrá decretar medida cautelar innominal pero siempre a petición de parte, nunca de oficio si la parte lo motiva debidamente, y el Juez no la puede hacer más gravosa, pero si la encuentra excesiva deberá regularla.(principio de proporcionalidad).
MEDIDAS CAUTELARES EN EL PROCESO DECLARATIVO
Las medidas cautelares son accesorias a un proceso y rogadas. A diferencia de las medidas cautelares extraprocesales que pueden existir sin un proceso, de modo general las demás acompañan a la demanda, son accesorias a una retención, con otras palabras, son instrumentales al proceso o un apéndice del mismo, de modo que el fin del proceso a ellas pone fin.
El Código General del Proceso regula con alguna precisión e individualidad las etapas o segmentos de solicitud, decreto, practica, modificación, sustitución o revocatoria de las medidas cautelares. La distinción de las distintas fases de la cautela tiene sentido, pues el código da un tratamiento diverso en esos distintos estadios, en tanto en unas etapas prima de manera descollante la oficiosidad, mientras que en otras se evidencia un rasgo de oficiosidad, es decir reaparece de nuevo el debate sobre el ius publicismo en el proceso civil Colombiano, lo cual muestra como en una sola institución: las cautelas, la hibridación es posible, sobre la conveniencia de esa mixtificación de concepciones acerca del proceso, se mantiene el debate.
Se dice lo anterior porque en lo que concierne al decreto de la medida cautelar, impera el talante dispositivo, pues sin excepción toda medida cautelar requiere petición de parte, es decir el juez no puede decretar cautelas oficiosamente, en conclusión, la cautela es eminentemente rogada.
Claro, hay casos, como el Código de la Infancia y la adolescencia, en los que irrumpe la oficiosidad. Así en el artículo 121, de dicho Código, el legislador con premura crea reglas especialísimas para la protección de la niñez y la adolescencia: “Los asuntos a que se refiere esta ley se iniciaran a instancia (…).
El juez podrá iniciarlos también de oficio. Al momento de iniciar el proceso el juez deberá adoptar las medidas de urgencia que la situación amerite para proteger los derechos del niño, niña o adolescente.” Este es entonces un caso en el que la cautela es genérica, es innominada y más que oficiosa es un deber del juez.
La Ley 1306 de 2009 sobre discapacidad dispone en el artículo 36 que “Mientras se decide la causa, el Juez de Familia podrá decretar la inhabilitación provisional. Dicha inhabilitación se limitara a ordenar que todos los actos de enajenación patrimonial cuyo valor supere los quince (15) salarios mininos legales mensuales sea autorizado por un consejero legitimo o dativo designado en el mismo acto de inhabilitación.” Y aunque la norma expresamente no dice que el juez pueda adoptar esa medida cautelar de oficio, el artículo 4o, sobre integración y que la Ley 1306 llama dimensión normativa, convoca la aplicación de las normas del C.I.A. a los juicios relativos a la discapacidad, de lo cual emerge que en estas materias el juez puede decretar de oficio las cautelas a contrapelo de lo que acontece de modo general con la cautela rogada.
Que de modo general la cautela sea rogada, podría explicarse porque el ámbito de las cautelas en el proceso civil, especialmente las cautelas patrimoniales, es a fin y se halla relacionado con el universo de las garantías, por tal razón, en línea de principio es el acreedor quien juzga si la obligación está suficientemente garantizada, en este caso si la obligación que apenas se halla en un estado germinal, pendiente de ser declarada en una sentencia, está suficientemente respaldada. Si el pretenso acreedor de la obligación en trance de ser declarada considera que carece de garantía, o que la garantía general que favorece a los acreedores es insuficiente, acude a la salvaguarda que le proveen las medidas cautelares.
La carencia de garantía para su derecho, la juzga en cada caso el acreedor, ya sea real o apenas potencial, razón bastante para que sea este el único llamado a pedir las referidas medidas cautelares, tema en el cual el juez debe mantenerse al margen.
De conformidad con el artículo 65 del Código Civil “Caución significa generalmente cualquiera obligación que se contrae para la seguridad de otra obligación propia o ajena.
Son especies de caución la fianza, la hipoteca y la prenda.” El articulo 65 menciona como una de las especies de caución la fianza, y la definición de este instituto del derecho civil reside en el articulo 2362, según el cual “La fianza puede ser convencional, legal o judicial. La primera es constituida por contrato, la segunda es ordenada por la ley, la tercera por decreto de juez. La fianza legal y la judicial se sujetan a las mismas reglas que la convencional, salvo en cuanto la ley que la exige o el Código Judicial dispongan otra cosa.” Como se aprecia, las medidas cautelares tienen arraigo y origen en el Código Civil, pues en verdad desarrollan el concepto de fianza judicial, en cuanto al Código Civil remite al Código de Procedimiento Civil, según el cual el juez, a petición de parte, impone al demandado ciertas restricciones, o inmoviliza la comerciabilidad de algunos bienes en función de asegurar el cumplimiento de una obligación, presente o futura.
Por lo mismo, el artículo 2374 del Código Civil establece que “Es obligado a prestar fianza a petición del acreedor, (…) 2. El deudor cuyas facultades disminuyan en términos de poner en peligro manifiesto el cumplimiento de su obligación. 3. El deudor de quien haya motivo de temer que se ausente del territorio, con ánimo de establecerse en otra parte, mientras no deje bienes suficientes para la seguridad de sus obligaciones.” En aquella parte de la regla comentada, en la que el legislador se refiere a que haya “motivo de temer” el Código Civil desarrolla el principio denominado suspectio debitoris, como premisa justificativa para que un acreedor pueda afectar a su deudor, en el poder de disposición sobre sus bienes, bien obligándole a prestar fianza en un proceso especialmente encaminad a ese efecto, o bien cautelando sus bienes anticipadamente, mediante el embargo o la inscripción de la demanda.
En el mismo sentido, en la prenda, el artículo 2417 del C.C. establece que “No se podrá tomar al deudor cosa alguna contra su voluntad para que sirva de prenda, sino por el ministerio de la justicia.”, lo cual significa sin más que a petición de parte, el juez si puede ordenar que se tome una cosa del deudor o se afecte un derecho para que sirva de prenda del cumplimiento de una obligación. Explorando esa raigambre sustancial de las cautelas, apreciamos que la modalidad del depósito nominada secuestro, prevista en los artículos 2273 y 2276 del Código Civil, son una forma de la fianza, pues se retiene una cosa en garantía del cumplimiento de una obligación de entregar que habrá de ser declarada. Lo dicho permite reafirmar la distinción de la fianza como una garantía personal, y el secuestro y la inscripción de la demanda, que en ese orden serian garantías reales, anudadas ambas al derecho de obligaciones.
En las medidas cautelares, el sedicente acreedor que apenas busca el establecimiento de la obligación, quiere una garantía y reclama que el juez la imponga, este ordena como una medida rogada la inscripción de la demanda por la que se restringe el derecho del deudor, en un estadio en el que apenas se busca la declaración del derecho. Por todo lo que acaba de decirse, es el demandante y no el juez, quien determina si la obligación por establecerse en el proceso declarativo está suficientemente respaldada, tarea en la que no puede ser substituido por el juez. Por lo demás, el juez que no conoce al demandado ni sus circunstancias, carece de información para saber si la obligación que será establecida en el proceso declarativo puede ser cumplida voluntariamente por el deudor, o si es menester tomar algunos recaudos especiales que sirvan de garantía de cumplimiento.
Es el acreedor y no el juez, quien tiene la perspectiva para juzgar la necesidad y utilidad de la cautela.
Pero es necesario aclarar que si bien el juez no puede decretar oficiosamente medidas cautelares y que estas solo proceden a petición de parte, ello no implica que el juez deba inexorablemente decretar todas las que le han pedido, de modo que podría negar dicho decreto. El ejercicio de esa facultad de negar algunas de las cautelas rogadas tiene un tinte publicista, pues hay injerencia del juez que restringe y gobierna la potestad cautelar que se otorga al demandante. Entonces, así como el juez carece en absoluto de iniciativa en cuanto a la proposición de la medida, que será siempre rogada, en lo que atañe al decreto mismo si ejerce un poder oficioso.
Así, el Código General del Proceso confiere poderes importantes al juez para disciplinar la actividad cautelar, de modo que el demandado no queda inexorablemente a merced del demandante, sino que aquel recibe cierta protección de parte del juez, cuando se advierta que la cautela puede ser instrumento de abuso del derecho o de daño injusto, innecesario o desproporcionado.
Así en la cautela innominada, el juez puede rechazar la cautela si es que considera que carece de razonabilidad, y en el momento de decretar cautelas en el proceso ejecutivo puede limitarlas, reducirlas y lo que es novedoso, en el caso de las innominadas ponerles término de duración.
El desarrollo de la presente investigación tuvo su motivación en la necesidad que implica profundizar sobre los cambio que se vienen con la entrada en vigencia del Código General del Proceso y el ritual procesal que actualmente se aplica con regulación del Código de Procedimiento Civil con el que los estudiantes de derecho, los operadores judiciales y los litigantes tendrán que habituarse rápidamente para sortear sin contratiempos ni improvisaciones el ámbito de la actividad litigiosa.
- Anzula Camacho Jaime. Manual de Derecho Procesal Tomo IV Procesos ejecutivos Quinta Edición - Editorial Temis 2009. Bogotá – Colombia.
- Peláez Hernández Ramón A. La Oralidad en el Sistema Jurídico Colombiano – Con énfasis en el proceso Civil Segunda Edición – 2013. Bogotá – Colombia.
- Bejarano Guzmán Ramiro. Código General del Proceso y Código de Procedimiento Civil Cuadro Comparativo Primera Edición - 2012 Universidad Externado de Colombia. Bogotá – Colombia.
- Peláez Hernández Ramón A. Elementos Teóricos del Proceso Tomo I Parte General – Ediciones Doctrina y Ley Ltda. Bogotá – Colombia.
- Antonio Barrera Carbonell Magistrado Ponente Sentencia C-054 del 6 de febrero de 1997.
Publicado por Carlos Arturo Hernandez Diaz en 13:39 No hay comentarios:
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