Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-c-558-de-agosto-20-de-2009?documento=jurcol&contexto=jurcol_76d749bdec2aa034e0430a010151a034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-01-19 11:14:24
Document Index: 388165649

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 294', 'ARTÍCULO 175', 'artículo 294', 'artículo 2', 'artículo 324', 'artículo 175', 'artículo 294', 'artículo 175', 'artículo 317', 'artículo 175', 'artículo 294', 'artículo 329']

﻿ SENTENCIA C-558 DE AGOSTO 20 DE 2009
SENTENCIA C-558 DE 20 DE AGOSTO DE 2009
CONTENIDO:SEÑALAMIENTO DE TÉRMINO PARA DESIGNACIÓN DE NUEVO FISCAL. NO AFECTA AL IMPUTADO Y NO HABRÍA LUGAR A UNA DILACION INJUSTIFICADA DEL PROCESO. SE DECLARA EXEQUIBLE EL ARTÍCULO 294 Y SE INHIBE DE PRONUNCIARSE CON RELACIÓN AL ARTÍCULO 175 DE LA LEY 906 DE 2004.
TEMAS ESPECÍFICOS:VENCIMIENTO DEL TÉRMINO PROCESAL, FUNCIONARIO JUDICIAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, SISTEMA PENAL ACUSATORIO, INDAGACIÓN, PROCEDIMIENTO PENAL
Sentencia C-558 de agosto 20 de 2009
Ref.: Expediente D-7608
Asunto: Demanda de inconstitucionalidad en contra de los artículos 175 y 294 (parcial) de la Ley 906 de 2004, "por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal".
ART. 175. —Duración de los procedimientos. El término de que dispone la fiscalía para formular la acusación, solicitar la preclusión o aplicar el principio de oportunidad, no podrá exceder de treinta (30) días contados desde el día siguiente a la formulación de la imputación, salvo lo previsto en el artículo 294 de este código.
2.2. Se ha puntualizado por la jurisprudencia constitucional que cuándo se plantea una demanda de inconstitucionalidad que se fundamenta en una pretendida omisión legislativa, para que la Corte pueda emitir un pronunciamiento de fondo es necesario que se trate de una omisión relativa, no absoluta, y que la demanda se dirija contra las normas de las cuales se extraiga en forma directa la materia que ha sido omitida por el legislador.
Por otra parte, la Corte también ha señalado que cuando se trate de una demanda por omisión legislativa, como presupuesto para el ejercicio del control de constitucionalidad, es necesario el cumplimiento de las siguientes condiciones: "(i) que exista una norma sobre la cual se predique necesariamente el cargo; (ii) que la misma excluya de sus consecuencias jurídicas aquellos casos que, por ser asimilables, tenían que estar contenidos en el texto normativo cuestionado, o que el precepto omita incluir un ingrediente o condición que, de acuerdo con la Constitución, resulta esencial para armonizar el texto legal con los mandatos de la Carta; (iii) que la exclusión de los casos o ingredientes carezca de un principio de razón suficiente; (iv) que la falta de justificación y objetividad genere para los casos excluidos de la regulación legal una desigualdad negativa frente a los que se encuentran amparados por las consecuencias de la norma; y (v) que la omisión sea el resultado del incumplimiento de un deber específico impuesto por el constituyente al legislador"(1).
La Corte ha precisado que sólo es posible entrar a evaluar la ocurrencia de una omisión legislativa relativa, cuando el actor ha dirigido la acusación contra la norma de cuyo texto surge o emerge la omisión alegada(2), y que "... la posibilidad de que el juez constitucional pueda emitir pronunciamiento de fondo, queda supeditada al hecho de que la omisión sea predicable directamente del dispositivo impugnado, y en ningún caso de otro u otros que no hayan sido vinculados al proceso"(3). Sobre el particular, esta corporación, de manera reiterada, ha señalado que "... la técnica utilizada en la formulación de las demandas de inconstitucionalidad, derivada de las exigencias contenidas en el artículo 2º del Decreto 2067 de 1991, le impone a quien pretende ejercer esta acción, la obligación de señalar con claridad las razones que sustentan la inexequibilidad del precepto impugnado, razones que, además, deben guardar correspondencia lógica con el texto acusado, de tal modo que le sean atribuibles directamente a este"(4). De este modo, ha dicho la Corte, "... al margen de las condiciones que son necesarias para determinar la ocurrencia de una omisión relativa, es claro que las demandas dirigidas contra normas de las cuales no se extraiga en forma directa la materia que ha sido omitida por el legislador, no pueden ser resueltas en sede del proceso de constitucionalidad. No solo por cuanto se ha desconocido el cumplimiento de un requisito de admisibilidad de la acción —acusar el precepto del cual surge la presunta violación a la Carta—, sino además, (y en plena concordancia con lo anterior) por cuanto la Constitución Política no le otorga a la Corte competencia para examinar, ex officio, aquellas disposiciones que no fueron formalmente acusadas por los ciudadanos mediante el ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad (C.P., art. 241-4-5)"(5).
En este contexto, es necesario tener en cuenta que la Corte ha afirmado que su atribución para integrar la unidad normativa, vinculando al proceso de inconstitucionalidad preceptos que no han sido materia de acusación, tiene un carácter excepcional y que para su ejercicio es indispensable la existencia de una demanda en forma, esto es, que la misma cumpla con los requisitos formales y sustanciales de procedibilidad de la acción pública de inconstitucionalidad, tal y como éstos han sido consagrados en la ley (D. 2067/91 , art. 2º) y precisados por la jurisprudencia constitucional. Ha dicho la corporación que ello es así porque la unidad normativa "... solo procede cuando ella es necesaria para evitar que un fallo sea inocuo, o cuando ella es absolutamente indispensable para pronunciarse de fondo sobre un contenido normativo que ha sido demandado en debida forma por un ciudadano"(6).
Finalmente, la jurisprudencia constitucional también ha dejado en claro que cuando se pretenda la existencia de una omisión legislativa contraria a la Constitución deben satisfacerse los requisitos para que exista demanda en forma y sea posible que la Corte emita un pronunciamiento de fondo, lo cual implica, además de señalar en la demanda las normas que se acusan como inconstitucionales y las preceptivas superiores que se estiman violadas, que el actor formule por lo menos un cargo de inconstitucionalidad y este se encuentre respaldado en razones "claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes".
Tal como se ha señalado por la Corte, en el ámbito del sistema penal desarrollado en la Ley 906 de 2004, "... las actividades practicadas durante la 'indagación' tienen carácter reservado y el límite para llevarlas a cabo es el término de prescripción de la acción penal"(7). Es claro entonces, que la consecuencia de que el legislador no haya fijado de manera expresa un término para la actuación que se cumple por la fiscalía entre la notitia criminis y la formulación de imputación, no conduce a una indefinición temporal, sino que implica que dicho término es el de prescripción de la acción penal.
Sobre este particular se pronunció la Corte en Sentencia C-412 de 1993, al fallar sobre una demanda contra el artículo 324 del Decreto 2700 de 1991(8), y encontró que, en el contexto de esa disposición, a la luz de los principios procesales que inspiraban el sistema entonces vigente, no cabía que la etapa de investigación preliminar, careciese de término. En esa ocasión la Corte mostró las razones por las cuales, desde la perspectiva del sindicado y del derecho de defensa, resultaba desproporcionada la configuración de una etapa de investigación preliminar que podía prolongarse de manera indefinida en el tiempo. Previamente, en Sentencia C-411 del mismo año, la Corte había llegado a la misma conclusión en relación con la duración de la etapa de instrucción(9).
Así planteado el asunto resulta no solo que el cargo es insuficiente, sino que, además, da lugar una omisión absoluta, porque, en vez de cuestionar un déficit en la regulación del régimen de indagación e investigación, a la luz de los elementos que lo configuran, se limita a señalar que el legislador, al fijar en el artículo 175 de la Ley 906 de 2004, unos términos para ciertas actuaciones procesales, omitió establecer una duración determinada 'para la etapa que transcurre entre el inicio de la indagación y la imputación.
En efecto, la previsión del artículo 294 de la Ley 906 de 2004 se inscribe en el contexto del nuevo proceso penal, orientado por el principio de celeridad, de manera que si, a partir de la imputación, se dejan vencer los términos en detrimento de la celeridad, se contempla la separación del caso del fiscal que ha venido actuando en el mismo, sujeto a la correspondiente investigación disciplinaria, la necesidad de reemplazarlo y el nuevo término para proferir las decisiones. Para la Corte no se configura en este caso una omisión legislativa relativa contraria a la Constitución, atribuible a la ausencia de señalamiento de un término para que el superior designe un nuevo fiscal, porque la eventual demora en hacerlo no afecta los términos legalmente previstos para la correspondiente etapa procesal, puesto que, a partir de una consideración integral del artículo demandado, en concordancia con otras disposiciones del mismo estatuto procesal penal, es posible señalar que el tiempo para proferir la decisión se debe contabilizar desde la designación del nuevo fiscal, la cual debe producirse de inmediato, razón por la cual dicho término, en realidad, debe contarse a partir del momento en el que se venció el previsto en el artículo 175 de la Ley 906 de 2004, interpretación que, en los casos en los que el imputado se encuentre privado de la libertad, tiene confirmación expresa en el texto del artículo 317 del mismo ordenamiento, conforme al cual se producirá la libertad del imputado cuando transcurridos 60 días contados a partir de la fecha de la formulación de la imputación no se hubiere presentado el escrito de acusación o solicitado la preclusión, con la advertencia, en la misma disposición, de que dichos términos deben contabilizarse de manera ininterrumpida. De este modo, la mora en la designación del 'nuevo fiscal no afecta al imputado y no habría lugar a una dilación injustificada del proceso.
1. INHIBIRSE para emitir un pronunciamiento de fondo en relación con el artículo 175 de la Ley 906 de 2004, por ineptitud sustantiva de la demanda.
2. Declarar la EXEQUIBILIDAD, por el cargo estudiado, del artículo 294 de la Ley 906 de 2004.
(1) Cfr. las sentencias C-543 de 1996, C-427de 2000 y C-1549 de 2000, entre otras.
(2) Cfr. las sentencias C-543 de 1996 y C-1549 de 2001.
(3) Sentencia C-311 de 2003.
(4) Sentencia C-986 de 1999.
(5) Sentencia C-185 de 2002.
(6) Sentencia C-543 de 1996.
(7) Sentencia C-025 de 2009.
(8) El texto del artículo demandado era el siguiente: "ART. 324. Duración de la investigación previa. La investigación previa se desarrollará mientras no exista prueba para dictar resolución inhibitoria o mérito para vincular en calidad de parte al imputado. En este último caso se dictará resolución de apertura de instrucción".
(9) En esa sentencia la Corte resolvió: "SÉPTIMO. Declárase inexequible el artículo 329 del Decreto 2700 de 1991, en razón de las consideraciones antes expuestas, en el aparte acusado, que textualmente dice: `La instrucción podrá realizarse mientras no prescriba la acción penal'".