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Timestamp: 2017-06-28 15:40:27
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[Sentencia C-0123-12] – Constitucionalidad Ley 1449 de 2011 – Acuerdo – Promoción – Protección – Inversiones – Colombia – India | laboralparatodos.com
[Sentencia C-0123-12] – Constitucionalidad Ley 1449 de 2011 – Acuerdo – Promoción – Protección – Inversiones – Colombia – India
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Revisión de constitucionalidad del “Acuerdo para la Promoción y Protección de Inversiones entre la República de Colombia y la República de la India, firmado en la ciudad de Nueva Delhi el día 10 de noviembre de 2009”y de la Ley aprobatoria número 1449 de 2011.
Bogotá D. C., veintidós (22) de febrero de dos mil doce (2012). La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y una vez cumplidos los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, profiere la siguiente SENTENCIA
En desarrollo del mencionado precepto constitucional, el Magistrado Sustanciador en proveído del 13 de julio de 2011, dispuso: i) avocarel conocimiento del “Acuerdo para la Promoción y Protección de Inversiones entre la República de Colombia y la República de la India, firmado en la ciudad de Nueva Delhi el día 10 de noviembre de 2009” y de la Ley aprobatoria número 1449 de 2011; ii) decretar la práctica de algunas pruebas; iii) fijar en lista el asunto y simultáneamente correr traslado al Procurador General de la Nación, para que rindiera el concepto de rigor; iv) comunicar inmediatamente la iniciación del asunto al Presidente de la República; al Presidente del Congreso de la República; al Ministro de Relaciones Exteriores; al Ministro del Interior y de Justicia; al Ministro de Hacienda y Crédito Público y al de Comercio, Industria y Turismo, de conformidad con los artículos 244 de la Constitución y 11 del Decreto 2067 de 1991; e invitar a v) la Asociación Nacional de Industriales -ANDI-, a la Federación Nacional de Comerciantes -FENALCO-, a la Academia Colombiana de Jurisprudencia, a la Comisión Colombiana de Juristas y a las Universidades Nacional, de los Andes, Externado de Colombia, Libre, Javeriana, Sergio Arboleda y Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, para que aportaran sus opiniones sobre el asunto de la referencia.
l. Las inversiones de inversionistas de una Parte Contratante en el territorio de la otra Parte Contratante no serán sometidas a nacionalización, expropiación, ni a cualquier otra medida de efectos similares (en adelante “expropiación”) excepto por razones de utilidad públicade acuerdo con la ley, de manera no discriminatoria, y acompañada del pago de una indemnización justa y equitativa.
6. El establecimiento de monopolios por parte de cualquiera de las Partes Contratantes deberá estar en conformidad con las obligaciones de este artículo.
3. No obstante cualquier otra disposición de este Acuerdo, a una Parte no se le podrá impedir adoptar o mantener medidas relacionadas con servicios financieros por razones prudenciales. Si dichas medidas no están de conformidad con las disposiciones de este Acuerdo, estas no deberán ser usadas en el sentido de evadir los compromisos u obligaciones de la Parte Contratante bajo tales disposiciones, en particular aquellas obligaciones bajo los artículos 5 (Transferencias) y 6 (Expropiación).
III.	INTERVENCIONES.
1.	Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
El representante del Ministerio solicita a la Corte que declare exequible el Acuerdo y la Ley mediante la cual fue aprobado. Después de referirse a la importancia de esta clase de Instrumento y en general a los relacionados con inversiones internacionales, el interviniente menciona las bondades del mismo en cuanto al crecimiento y desarrollo económico del país debido a que la atracción de inversión extranjera directa representa uno de los elementos más importantes con que cuentan los países para obtener beneficios tales como generación de empleo, transferencia de tecnología y complemento del ahorro, entre otros. Para el vocero del Ministerio, este Acuerdo es benéfico por cuanto pretende establecer un marco jurídico destinado a la protección de inversiones de los nacionales colombianos o de la India en territorio nuestro, en términos equitativos y transparentes, generando confianza y mayor flujo de inversiones entre ambos países. 2.	Ministerio de Relaciones Exteriores
3.	Asociación Nacional de Empresarios de Colombia –ANDI-
4.	Universidad del Rosario
Explica la profesora investigadora que el Acuerdo establece las características que debe tener una inversión, precisa el alcance de las expresiones trato justo y equitativo, delimita los alcances del estándar de protección y seguridad plenas, identifica los elementos que deben ser tenidos en cuenta para calificar que una medida pueda ser considerada como una expropiación indirecta y plantea la forma como se pueden proteger los objetivos legítimos de utilidad pública sin que se considere que hay lugar a una expropiación. En suma, la Universidad estima que el Acuerdo se aviene a lo establecido en los artículos 9º, 100, 226 y 227 de la Carta Política.
Para la Academia el Acuerdo y su Ley aprobatoria son exequibles, por cuanto sus disposiciones en materia de promoción y protección de inversiones se ajustan a lo establecido en los artículos 29, 58, 59 y 100 de la Constitución Política. Sin embargo, considera que el artículo 17.3 del Instrumento es inexequible, toda vez que en virtud del mismo el Acuerdo puede ser modificado en cualquier momento posterior a su entrada en vigor por consentimiento mutuo, lo que significa que después de someterse a debates parlamentarios, a revisión ante la Corte, las partes podrían modificar lo pactado y acordar nuevas obligaciones convencionales que podrían ir en contra de las disposiciones constitucionales, sin que exista mecanismo para controlar lo actuado por el Gobierno en al ámbito internacional. En el mismo sentido, el representante de la Academia considera que el artículo 17.4 del Acuerdo es inexequible porque prorroga la aplicación de un tratado así sea para cobijar inversiones efectuadas con anterioridad a la fecha de terminación del Acuerdo, desconociendo el carácter excepcional de una terminación por denuncia a la que se refiere el párrafo 2 del artículo 17. A los diez (10) años de su periodo de vigencia, puede prorrogarse automáticamente, salvo que cualquiera de las partes haya notificado por escrito a la otra a través de canales diplomáticos su intención de darlo por terminado. Si la intención de una de las partes es darlo por terminado, además de esperar que esa terminación sea efectiva al año de la presentación de la denuncia escrita, no se entiende la obligación de seguir aplicando un tratado sin vigencia para el país, según lo dispuesto en la Ley 7 de 1944.
IV.	CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN El Jefe del Ministerio Público, en este caso la Vice Procuradora General de la Nación actuando como Procuradora General encargada, inicia su intervención recordando la providencia mediante la cual la Corte avocó el conocimiento del presente caso, continúa con un examen minucioso del trámite de la Ley 1449 de 2011 en el Congreso de la República, para establecer que no se advierte vicio alguno en el procedimiento de formación de la misma.
1.	Competencia. La Corte Constitucional es competente para examinar la constitucionalidad del Acuerdo para la Promoción y Protección de Inversiones entre la República de Colombia y la República de la India, firmado en la ciudad de Nueva Delhi el día 10 de noviembre de 2009, y de la Ley aprobatoria No. 1449 de 2011, atendiendo a lo previsto en el numeral 10º del artículo 241 superior.
2.	Alcance del control de constitucionalidad sobre los acuerdos internacionales y sus leyes aprobatorias
La revisión constitucional que le corresponde efectuar a la Corte Constitucional sobre los acuerdos internacionales y sus leyes aprobatorias tiene las siguientes características: i) es previo a la ratificación del tratado, aunque posterior a la aprobación del Congreso y a la sanción del Gobierno; ii) es automático,por cuanto deben remitirse por el Gobierno dentro de los seis (6) días siguientes a la sanción de la ley; iii) es integral,toda vez que se examinan los aspectos formales y materiales de los actos frente al texto integral de la Constitución; iv) es preventivo,al buscar garantizar el principio de supremacía de la Constitución (art. 4º) y el cumplimiento de los compromisos del Estado colombiano frente a la comunidad internacional; v) la revisión es una condición sine qua non para la ratificación del instrumento internacional; y vi) tiene efectos de cosa juzgada constitucional. 2.1. El control de constitucionalidad formal persigue verificar el cumplimiento de los requisitos necesarios en el proceso de negociación y celebración del acuerdo, así como en el trámite legislativo desarrollado y la sanción presidencial del proyecto de Ley. Además, la Ley aprobatoria debe observar el procedimiento de una Ley ordinaria por no disponer lo contrario la Carta Política y así señalarlo la Ley Orgánica del Congreso, salvo lo concerniente a la iniciación del debate en el Senado de la República, por referir a las relaciones internacionales (Art. 154 superior), y a la remisión oportuna por el Gobierno del tratado y la Ley aprobatoria a la Corte (Art. 241, numeral 10 superior). De esta manera, la Corte ha manifestado que el examen formal comprende: i) la remisión oportuna del Instrumento internacional y la Ley aprobatoria a la Corte Constitucional; ii) la validez de la representación del Estado colombiano en los procesos de negociación y celebración del tratado, así como la competencia del funcionario que lo suscribió; iii) la iniciación del trámite en la cámara correspondiente; iv) las publicaciones efectuadas por el Congreso (Art. 157 C.Po.);v) la aprobación en primer y segundo debate respectivamente (Art. 157 C.Po.); vi) el cumplimiento de los términos que debe mediar para los debates en una y otra cámara (Art. 160 C.Po.); vii) el quórumdeliberatorio y decisorio, al igual que las mayorías con las que fue aprobado el proyecto; y viii) el anuncio previo a la votación (art. 160 C.Po.).
3. Constitucionalidad formal del Acuerdo para la Promoción y Protección de Inversiones entre la República de Colombia y la República de la Indiay de su Ley aprobatoria 3.1.	Oportunidad en la remisión
La Ley No. 1449 que aprueba el “Acuerdo para la Promoción y Protección de Inversiones entre la República de Colombia y la República de la India, firmado en la ciudad de Nueva Delhi el día 10 de noviembre de 2009”,fue expedida el 14 de junio de 2011, siendo recibida fotocopia auténtica en la Corte Constitucional, el día 15 de junio de 2011, proveniente de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República.
Es decir, el Gobierno remitió el texto de la ley junto con el acuerdo internacional, dentro del término de seis (6) días previsto en el numeral 10º del artículo 241 de la Constitución Política. 3.2.	Negociación y celebración del tratado internacional
3.2.1.	Competencia del funcionario que lo suscribió y confirmación por el Presidente de la República
El 5 de marzo de 2010 fue suscrita la Aprobación Ejecutiva por el Presidente de la República de la época, con el fin de someter el Acuerdo a consideración del Congreso de la República”.
La Sala encuentra que el Acuerdo fue suscrito atendiendo a las disposiciones constitucionales que regulan la celebración de Tratados internacionales por parte del Estado colombiano. Considera la Corte que se cumplieron las previsiones del artículo 7-2 a de la Convención de Viena sobre el derecho de los Tratados, en cuanto para la adopción y autenticación de un tratado, como también para manifestar el consentimiento del Estado en obligarse por un acuerdo internacional, se considera que una persona representa a un Estado si presenta los adecuados plenos poderes, como ocurre en el presente caso. En cuanto a la aprobación presidencial del Acuerdo, en el expediente aparece que el Presidente de la República cumplió con este requisito y ordenó la remisión del texto correspondiente al Congreso, para que fuera discutido y aprobado, cumpliéndose así lo previsto en los artículos 189-2 y 224 de la Constitución.
3.3.	Revisión formal de la Ley No. 1449 del 14 de junio de 2011, aprobatoria del Acuerdo para la Promoción y Protección de Inversiones entre la República de Colombia y la República de la India, firmado en la ciudad de Nueva Delhi el día 10 de noviembre de 2009
3.3.1.	Trámite en el Senado de la República al proyecto de Ley 235 de 2010
El Gobierno, a través de los ministros de Relaciones Exteriores y de Comercio, Industria y Turismo, radicó el 25 de marzo de 2010en la Secretaría General del Senado de la República el proyecto de Ley “Por medio de la cual se aprueba el Acuerdo para la Promoción y Protección de Inversiones entre la República de Colombia y la República de la India”, firmado en la ciudad de Nueva Delhi el día 10 del mes de noviembre de 2009. La iniciativa fue radicada bajo el número 235/10 Senado.
El texto original del proyecto de Ley y del Instrumento internacional, junto con la exposición de motivos elaborada por el Gobierno, fueron publicados en la Gaceta del Congreso número 79 del 25 de marzo de 2010 Senado.
3.3.1.1.La ponencia para dar primer debate en la Comisión Segunda del Senadode la República, fue presentada por el Senador Manuel Enrique Rosero. La ponencia para primer debate del proyecto de Ley No. 235/10 Senado, fue publicada en la Gaceta del Congreso número 233 del jueves 20 de mayo de 2010.
(…) Proyecto de ley número 235 de 2010 Senado, por medio de la cual se aprueba el Acuerdo para la promoción y protección de inversiones entre la República de Colombia y la República de la India, firmado en la ciudad de Nueva Delhi, el día 10 del mes de noviembre de 2009.
Publicaciones: Proyecto de ley:Gaceta del Congresonúmero 79 de 2010.
Ponencia primer debate: Gaceta del Congresonúmero 233 de 2010”. El proyecto de ley número 235 de 2010 Senado, fue aprobado el 9 de junio de 2010, en la Comisión Segunda del Senado. Según el Acta número 31 del 9 de julio de 2010, publicada en la Gaceta número 473 del 30 de julio de 2010, página 40: “Me permito informar señor Presidente, que ha sido aprobado con (6) votos a favor, (1) en contra, la omisión de la lectura del articulado, el articulado del proyecto, el título del proyecto y la voluntad de los miembros de esta Comisión de que este Proyecto de ley número 235 de 2010 tenga segundo debate.
3.3.2. La ponencia para dar segundo debate en la Plenaria del Senado de la República, presentada por el Senador Juan Lozano Ramírez, fue publicada en la Gaceta del Congreso número 534 del lunes 23 de agosto de 2010, Senado.
Conforme al Acta número 13 del martes 28 de septiembre de 2010, publicada en la Gaceta del Congreso número 787 del martes 19 de octubre de 2010, Senado. En dicha sesión se dio el aviso de votación, de la siguiente manera:
Según el Acta número 14 del 29 de septiembre de 2010, publicada en la Gaceta del Congreso 829 del jueves 28 de octubre de 2010, Senado, en esa sesión fue discutido y votado el proyecto de ley 235 de 2010, Senado. El quórum deliberatorio y decisorio fue de 56 Senadores. En el acta mencionada se lee:
La Presidencia indica a la Secretaría dar lectura al título del proyecto. Por Secretaría se da lectura al título del Proyecto de ley número 235 de 2010 Senado, por medio de la cual se aprueba el ¿Acuerdo para la promoción y protección de inversiones entre la República de Colombia y la República de la India, firmado en la ciudad de Nueva Delhi el día 10 del mes de noviembre de 2008.
El texto definitivo aparece publicado en la Gaceta del Congreso No. 731 del lunes 4 de octubre de 2010, Senado. 3.4.	Trámite en la Cámara de Representantes al proyecto de ley 117 de 2010 Cámara y 235 de 2010 Senado
3.4.1. La ponencia para dar primer debate en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes fue presentada por el Representante Eduardo José Castañeda Murillo, siendo publicada en la Gaceta del Congreso número 853 del miércoles 3 de noviembre de 2010, Cámara.
Conforme al Acta 20 del 9 de noviembre de 2010, publicada en la Gaceta del Congreso 1016 del miércoles 1º de diciembre de 2010, Cámara, en dicha sesión se dio el aviso de votación, en los siguientes términos:
“Sí, señor Presidente, hay dos proyectos de ley para anunciar el día de mañana. Fueron aprobados dos; el cual uno va a ser para el próximo lunes y el resto para mañana. Anuncio de proyectos de ley para aprobación en primer debate para dar cumplimiento al artículo 8° del Acto Legislativo número 01 de 2003.
Según el Acta 21 del 10 de noviembre de 2010, publicada en la Gaceta del Congreso 1017 del miércoles 1 de diciembre de 2010, Cámara, en esa sesión fue discutido y votado el proyecto de ley. El quórum deliberatorio y decisorio fue de 15 Honorables Representantes presentes. Las votaciones se llevaron a cabo de la siguiente manera: “Hace uso de la palabra el señor Presidente honorable Representante Albeiro Vanegas Osorio:
Se designó como ponente para segundo debate ante la Plenaria de la Cámara, nuevamente al Representante Eduardo Castañeda Murillo. 3.4.2. La ponencia para dar segundo debate en la Plenaria de la Cámara de Representantes, presentada por Eduardo Castañeda Murillo, fue publicada en la Gaceta del Congreso 985 del martes 30 de noviembre de 2010, Cámara.
Conforme al Acta número 45 del 22 de marzo de 2011, publicada en la Gaceta número 307 del martes 24 de mayo de 2011, Cámara, en esa sesión se dio el aviso de votación, de la siguiente manera: la Subsecretaria General de la Cámara mencionó los proyectos, entre ellos el 117 de 2010 Cámara, 235 de 2010 Senado, concluyendo:
Proyecto de ley número 117 de 2010 Cámara, 235 de 2010 Senado,por medio de la cual se aprueba el Acuerdo para la Promoción y Protección de Inversiones entre la República de Colombia y la República de la India, firmado en la ciudad de Nueva Delhi el día 10 de noviembre de 2009.
3.4.3. Según el Acta de plenaria número 47 del martes 29 de marzo de 2011, publicada en la Gaceta del Congreso número 347 del martes 31 de mayo de 2011, el proyecto de Ley fue discutido y aprobado con la asistencia de 154 Representantes a la Cámara. La votación tuvo lugar de la siguiente manera: “Dirección de la sesión por la Presidencia (doctor Carlos Alberto Zuluaga):
Aprobado señor Presidente el articulado, el Título y la pregunta si quiere la Cámara que este proyecto sea ley de la República”.
El texto definitivo aparece publicado en la Gaceta del Congreso número 163 del jueves 7 de abril de 2011 Cámara.
3.3.	De la secuencia legislativa anterior la Corte puede concluir que el proyecto de ley:
– Inició su trámite en el Senado de la República (C.Po. art. 154). – Se cumplieron los términos de 8 y 15 días, que deben mediar entre los debates (C.Po. art. 160), ya que: i) en el Senado el primer debate en Comisión tuvo lugar el 9 de junio de 2010 y el segundo debate en la Plenaria del Senado el 29 de septiembre de 2010, y ii) en la Cámara el primer debate en Comisión tuvo lugar el 10 de noviembre de 2010 y la aprobación en la Plenaria de la Cámara el 29 de marzo de 2011. Además, entre la aprobación del proyecto en el Senado (29 de septiembre de 2010) y la iniciación del debate en la Cámara de Representantes (10 de noviembre de 2010), transcurrió un término no inferior a los quince días previstos en el artículo 160 de la Carta Política.
– Se efectuaron las publicaciones oficiales conforme al numeral 1 del artículo 157 de la Carta, por cuanto: i) se publicó el texto original del proyecto junto con la exposición de motivos en la Gaceta del Congreso número 79 del 25 de marzo de 2010 Senado, ii) en el Senado se publicó la ponencia para primer debate según Gaceta del Congreso número 233 del jueves 20 de mayo de 2010 y para segundo debate en la Gaceta del Congresonúmero 534 del lunes 23 de agosto de 2010, Senado, y iii) en la Cámara se publicó la ponencia para primer debate según Gaceta del Congreso número 853 del miércoles 3 de noviembre de 2010, Cámara y para segundo debate en la Gaceta del Congreso985 del martes 30 de noviembre de 2010, Cámara.
– Las células legislativas cumplieron con los anuncios previos a la votación, según lo establecido en el artículo 8º. del Acto Legislativo 1 de 2003. De las pruebas aportadas se concluye:
1.	El anuncio de discusión y votación en la Comisión Primera del Senado se llevó a cabo el día 8 de junio de 2010 y la votación tuvo lugar el 9 de junio del mismo año; el anuncio para votación en la Plenaria del Senado se llevó a cabo el martes 28 de septiembre de 2010 y la votación tuvo lugar el 29 de septiembre del mismo año.
2.	El anuncio para votación en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes se llevó a cabo el 9 de noviembre de 2010 y la votación tuvo lugar el 10 de noviembre del mismo año; el anuncio para votación en la Plenaria de la Cámara de Representantes se llevó a cabo el 22 de marzo de 2011 y la votación tuvo lugar el 29 de marzo del mismo año.
– Se cumplió con el quórum y las mayorías requeridas según certificaciones de los secretarios de Senado y Cámara (C.Po. art. 146).
En el trámite legislativo se dio cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 162 superior, según el cual“ningún proyecto de ley podrá ser considerado en más de dos legislaturas”. El proyecto fue radicadoen el Senado de la República el 25 de marzo de 2010 y fue aprobado por la Plenaria de la Cámara de Representantes el 29 de marzo de 2011.Es decir, su trámite en el Congreso de la República se llevó a cabo dentro del término estipulado por el artículo 162 superior.
Dentro de la evolución de los programas atinentes a la intervención económica del Estado viene apareciendo la figura de los Acuerdos Internacionales de Inversión -AII-, soportados cada vez más en cuanto a su equilibrio en la balanza comercial con cada uno de los Estados signatarios, como también respecto del régimen jurídico que les resulta aplicable. En el sistema económico internacional la Inversión Extranjera Directa -I.E.D.- se viene convirtiendo en una fuente dinámica de recursos útiles para financiar el desarrollo de los países con economías emergentes. En el caso colombiano esta inversión constituye una fuente de recursos para lograr un adecuado nivel de inversión extranjera, debido a que el ahorro doméstico no es suficiente para lograr las metas macroeconómicas. Instrumentos internacionales como el que se revisa, conocidos como Acuerdos Internacionales de Inversión -A.I.I.-, son una herramienta para atraer inversión al generar confianza al inversionista extranjero, bajo el entendido que tales instrumentos garantizan protección a las inversiones y derechos de los extranjeros que opten por traer sus bienes o sus capitales. El objetivo de estos Acuerdos no es otro que el de promover la prosperidad económica de los Estados signatarios, estimulando inversiones y garantizando que las mismas sean respetadas bajo los términos del derecho internacional.
Señores Congresistas, Colombia posee una posición geográfica estratégica en el continente, es un país favorecido por la naturaleza y contamos con un recurso humano excepcional. Sin embargo, factores de inseguridad física y jurídica han alejado la inversión extranjera de nuestro país. Por tal razón se debe avanzar en un esfuerzo conjunto para que la inversión extranjera existente se consolide y sirva de promoción a futuras inversiones, así como para proteger a los inversionistas colombianos que se han aventurado a abrir nuevos mercados en otros países como en el caso de la India”.
1.	En 1994, el Acuerdo de Promoción y Protección de Inversiones con el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, aprobado mediante Ley 246 de 1995, declarado conforme con la Constitución mediante la sentencia C-358 de 1996.
2.	En 1994, el Convenio sobre Promoción y Protección Recíproca de Inversiones con Cuba, aprobado mediante Ley 245 de 1995, declarado exequible mediante la sentencia C-379 de 1996.
3.	En 2000, el Acuerdo entre la República de Colombia y la República de Chile para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones y su protocolo, hechos en Cartagena de Indias el 22 de enero de 2000 y sus canjes de notas aclaratorios, de 22 de enero de 2000, y de 9 y 30 de marzo de 2000, aprobados mediante ley 672 de 2001, declarados exequibles en sentencia C-294 de 2002.
4.	En 2006, el Acuerdo entre la República de Colombia y el Reino de España para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, aprobado mediante Ley 1069 de 2006 y declarado exequible por la Corte Constitucional en sentencia C-309 de 2007.
5.	En 2006, el Convenio entre la República de Colombia y la confederación Suiza sobre la Promoción y la Protección Recíproca de Inversiones y su protocolo, celebrados en Berna, Suiza, el 17 de mayo de 2006 y aprobados por la Ley 1198 de 2008 y declarados exequibles en sentencia C-150 de 2009.
6.	En 2007, elAcuerdo entre el gobierno de la República del Perú y el gobierno de la República de Colombia sobre Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, suscrito en Lima, Perú, el 11 de diciembre de 2007, aprobado por la Ley 1342 de 31 de julio de 2009, declarado exequible en sentencia C-377 de 2010.
“Los acuerdos fundados en la promoción y protección de las inversiones son entonces herramientas usuales de integración internacional a las que acuden los Estados para estrechar lazos comerciales. Usualmente corresponden a tratados ‘tipo’, es decir, modelos preestablecidos de acuerdo internacional, de estructura estándar, que generalmente desarrollan temas vinculados con la definición de las inversiones protegidas; el tratamiento preferencial o no menos favorable del inversionista extranjero en contraste con el inversionista nacional o de un tercer estado; la protección frente a la discriminación; salvaguardas contra la expropiación y señalamiento de las indemnizaciones procedentes; la libre transferencia de inversiones y utilidades, y el establecimiento de mecanismos de solución de controversias. La doctrina especializada identifica este tipo de convenios como Acuerdos de Promoción y Protección de Inversiones –APPRI-, internacionalmente conocidos como BIT -Bilateral Investment Treaties-. Como ya se dijo, la Corte Constitucional se ha pronunciado en otras oportunidades acerca de la exequibilidad de este tipo de acuerdos y ha establecido que, en términos generales, los mismos se ajustan a las previsiones de la Constitución Política, pues satisfacen una necesidad de integración de la economía nacional que se impone como consecuencia de la globalización de la economía mundial. A juicio de la Corte, las exigencias del mundo contemporáneo “y la interdependencia de los Estados, el logro de mayores flujos de inversión extranjera que complementen el ahorro nacional, financien grandes proyectos de infraestructura y apoyen la expansión industrial, es una necesidad indispensable para alcanzar niveles adecuados de desarrollo económico y bienestar social”.
Incluye las de “inversionista”, “inversión”, “rentas” y “territorio”. La de inversionista comprende los sujetos así considerados, tales como la persona natural o jurídica, señalando que si es jurídica debe estar constituida bajo la Ley nacional y desarrollar actividades sustanciales en el territorio de las Partes. Precisa que el Acuerdo no se aplicará para aquellos inversionistas que ostenten doble nacionalidad. Como inversión se entienden los actos que revisten tal carácter, a lo cual se agrega una lista enunciativa, excluyendo ciertas operaciones por interés nacional, como las relacionadas con deuda pública. Las características mínimas de lo que constituye una inversión son: aporte de capital u otros recursos, expectativa de beneficios o utilidades, y asunción de riesgo para el inversionista. El artículo primero del Acuerdo se aviene al texto de la carta Política.
“El contenido del artículo 1° del convenio protege, por un lado, el principio de igualdad (Art.13 Superior) que en este caso rige las relaciones comerciales y la posición de quienes como inversionistas se regían por las prerrogativas del Acuerdo anterior y que no pueden verse afectados con la entrada en vigencia del nuevo acuerdo en estudio. Asimismo, respeta el principio de irretroactividad, en el sentido que no es aplicable a las controversias o situaciones consolidadas antes de su entrada en vigencia”.
Artículo 4. Trato nacional y trato de la nación más favorecida.
Según esta disposición, cada Parte brindará a los inversionistas o las inversiones de la otra Parte un trato no menos favorable que el que aplica a sus propios inversionistas, siempre que se encuentren en circunstancias similares en lo referente a la administración, mantenimiento, uso, disfrute, venta o disposición de las inversiones en su territorio. El objetivo de este artículo es el de impedir discriminaciones contra inversionistas de la otra Parte o sus inversiones frente a las inversiones de inversionistas de terceros Estados.
Sobre este tipo de cláusulas la Corte ha dicho que son compatibles con la Constitución, porque buscan “la igualdad fundamental sin discriminación entre todos los países interesados. La igualdad de tratamiento otorgada por una cláusula de la nación más favorecida, hace desaparecer toda diferencia entre las inversiones extranjeras beneficiarias de este trato. Por regla general, a partir del momento en el cual el país receptor de la inversión concede una ventaja a un tercer Estado, el derecho de otros Estados a un tratamiento no menos favorable nace en forma inmediata y se extiende a los derechos y ventajas concedidos antes y después de la entrada en vigor del Tratado que consagra la aludida cláusula (…) El efecto básico de esta cláusula consiste en hacer desaparecer, dentro del ámbito de materias reguladas por la Convención que la contiene, toda desigualdad jurídica presente o futura. En este orden de ideas, si una norma nacional establece diferencias entre categorías de inversiones, aquellas que estén cobijadas por el principio del trato nacional deberán sujetarse al mismo régimen que las inversiones nacionales”.
Esta disposición pretende agilizar la realización de transferencias, pero con el propósito de no alterar el escenario institucional del país en que se deposita la inversión, hace la salvedad de que las transferencias podrán ser restringidas temporalmente en circunstancias de dificultades macroeconómicas. Sobre esta materiala Corte precisa que estas transferencias constituyen típicas operaciones cambiarias y la aplicación del Acuerdo bajo estudio no implica la reducción de ninguna de las potestades que la Constitución Política y la ley confieren al Banco de la República en materia de política cambiaria y manejo de reservas internacionales, según lo prevé el artículo 372 superior y la Ley marco 9 de 1991.
De otra parte, la circunstancia de que dichas medidas deban ser compatibles con los acuerdos del FMI no las hace inconstitucionales, ya que siendo Colombia Estado Parte en el acuerdo constitutivo de dicho fondo -Ley 96 de 1945- y de sus enmiendas, los Acuerdos que en desarrollo del mismo se expidan deben estar acordes con los compromisos adquiridos por los Estados Parte del estatuto del FMI. La referencia a tales acuerdos es reconocimiento de lo pactado en el tratado del cual Colombia es Parte, que la obliga al cumplimiento de sus estipulaciones y a respetar las competencias que en él se asignan.
Artículo 6. Expropiación e indemnización.
Para garantizar que se respeten los parámetros del Acuerdo, las partes entienden que en el análisis de una expropiación indirecta, el tribunal de arbitraje debe tomar en cuenta las especialidades de cada caso y emplear los criterios del numeral 2 de este artículo. De otra parte, el precepto prevé los requisitos para la procedencia de la expropiación o la nacionalización directa o indirecta, los cuales estarán relacionados con motivos de utilidad pública o interés social; de acuerdo con la ley la medida no debe tener carácter discriminatorio y estará acompañada de una indemnización pronta, adecuada y efectiva. La segunda parte de este artículo establece las características de la indemnización, previendo que corresponda al valor justo del mercado antes de la expropiación, que sea pagada sin demora injustificada, y que sea liquidable y libremente transferible. Esta norma regula el pago de intereses y el tipo de cambio, manteniendo la capacidad del Estado de establecer monopolios, según las previsiones del artículo 336 de la Constitución.
“Artículo 58. (…) Con todo, el legislador, por razones de equidad, podrá determinar los casos en que no haya lugar al pago de indemnización, mediante el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de una y otra Cámara. Las razones de equidad, así como los motivos de utilidad pública o de interés social, invocados por el legislador, no serán controvertibles judicialmente”. (Se subraya).
Con fundamento en esta disposición, la Corte declaró en varias oportunidades la inexequibilidad de cláusulas similares a la que ahora es examinada.En esa época, hecho el cotejo con la disposición constitucional, la Corte sostenía que los compromisos internacionales que prohibían la expropiación sin indemnización desconocían abiertamente esa modalidad constitucional, por lo que no se entendían compatibles con el régimen interno. La Corporación decía:
En efecto: mientras el inciso 6 del artículo 58 de la Constitución establece que ‘…el legislador, por razones de equidad, podrá determinar los casos en que no haya lugar al pago de indemnización, mediante el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de una y otra Cámara’, el artículo 6 del Convenio que se examina, en su parte pertinente dispone:
‘1. Las inversiones de nacionales o compañías de cualquiera de las Partes Contratantes no serán sometidas, en el territorio de la otra Parte Contratante, a: (…)
Resulta, entonces, evidente que el Convenio prohíbe a las partes, de modo terminante, una forma de expropiación que el artículo 58 de la Carta expresamente autoriza”.
Esta misma postura jurisprudencial fue reiterada en las sentencias C-379 de 1996 y C-008 de 1997. El artículo 58 de la Carta Política fue modificado mediante el Acto Legislativo 01 de 1999, en el segmento que permitía la expropiación sin indemnización. Tal modificación atendió a críticas provenientes de inversionistas nacionales y extranjeros, en cuanto Colombia estaba desconociendo compromisos internacionales. Con la reforma el régimen constitucional proscribió la expropiación sin indemnización, haciendo viables las cláusulas contractuales que autorizan dicha medida. Respecto de las razones que justificaron el cambio la Corte sostuvo: “Así, expedida la Carta de 1991, las excepciones reseñadas fueron ampliamente criticadas, en especial las relativas a la expropiación sin indemnización y la prohibición expresa de controvertir los motivos de utilidad pública, interés social o equidad definidos por el legislador en la correspondiente ley. La primera, por cuanto desconocía tratados internacionales suscritos y ratificados por el Estado Colombiano, entre ellos, el Pacto de San José de Costa Rica y porque entrababa las relaciones internacionales, específicamente en el campo de la inversión extranjera en Colombia, dado que el Estado colombiano debía abstenerse de ratificar los tratados suscritos con otros Estados para la protección de la inversión extranjera (BIT’S) ya que estos acuerdos tienen como uno de sus fundamentos, el compromiso del Estado en donde se invierte, de reconocer una indemnización al inversionista extranjero que por un acto de Estado, pierda el derecho de domino sobre sus bienes. La segunda, por la ausencia de un control judicial que pudiera garantizar la legalidad de la decisión del legislativo y, por ende, la protección de los derechos de los particulares frente al Estado.
Estas dos situaciones, llevaron al Congreso de la República, en uso de su facultad para reformar la Constitución (artículos 114 y 374 de la Constitución), a eliminar el inciso final del artículo 58 de la Carta Política que preceptuaba: “Con todo el legislador, por razones de equidad, podrá determinar los casos en que no haya lugar al pago de indemnización, mediante el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de una y otra Cámara. Las razones de equidad, así como los motivos de utilidad pública o de interés social, invocados por el legislador, no serán controvertibles judicialmente”. Como se puede observar, la eliminación del mencionado inciso, hizo desaparecer la prohibición impuesta por el Constituyente de 1991 para controvertir judicialmente “los motivos de utilidad pública o de interés social” definidos por el legislador para sustentar una decisión de expropiación.
Las anteriores razones, expuestas por doctrinantes y tratadistas desde el momento mismo en que entró a regir la Constitución de 1991 nos llevan a proponer a los honorables Senadores respaldar la propuesta de los proyectos de Acto legislativo, pero en el sentido de derogar los incisos 5 y 6 del actual artículo 58 de la Constitución’. (Gaceta del Congreso No. 245, de 30 de octubre de 1998, págs 5 y 6). Posteriormente, en la sentencia C-1074 de 2002, la Corte reconoció que el cambio constitucional dispuesto por el Acto Legislativo 01 de 1999, garantizaba la protección de las inversiones amparadas por normas internacionales. En esta providencia se dijo:
“(…) dicho fundamento constitucional (el relacionado con la expropiación sin indemnización) subsistió hasta 1999, cuando a raíz de los fallos de inconstitucionalidad de las cláusulas indemnizatorias de varios tratados bilaterales de protección de la inversión extranjera, el constituyente decidió modificar el artículo 58 constitucional para derogar la posibilidad de expropiación sin indemnización. Al derogar integralmente el texto introducido en 1936, que autorizaba esa posibilidad, en lugar de reformarlo para permitir excepciones con base en tratados internacionales, no sólo protegió la inversión extranjera, sino los derechos de propiedad de todos los habitantes de Colombia, quienes no podrán ser expropiados sin previa indemnización”. Luego, en la sentencia C-294 de 2002, la Corporación reconoció que el cambio de orden constitucional respecto del instituto de la expropiación hacía exequibles las normas de protección a la inversión que prohibían la aplicación de la figura sin indemnización justa. En este proveído la Corte expresó: “El Acuerdo que aquí se examina se adecua a nuestro ordenamiento constitucional al establecer que para que un inversionista pueda ser privado de su inversión en el territorio de la otra parte contratante, se requiere que exista una ley que por motivos de utilidad pública o de interés social así lo disponga; que las medidas no sean discriminatorias; y que vayan acompañadas del pago de una indemnización pronta, adecuada y efectiva. De la legalidad de la medida y del monto de la indemnización se podrá reclamar ante las autoridades judiciales de la parte que la adoptó. Si bien en el Convenio no se señala expresamente que la indemnización debe ser previa y que la decisión debe ser autorizada en cada caso concreto por sentencia judicial, o por la vía administrativa si se trata de uno de los eventos que el legislador expresamente ha señalado, así habrá de entenderse pues en éste se dispone que las medidas serán adoptadas por los Estados contratantes, ‘según lo previsto en sus respectivas constituciones’”. En esta medida, el artículo 6º del Acuerdo se aviene a lo establecido en el artículo 58 de la Constitución, en cuanto permite la expropiación por razones de utilidad pública, de acuerdo con la ley, de manera no discriminatoria, y acompañada del pago de una indemnización justa y equitativa. De esta manera, el Acuerdo aporta a los inversionistas un especial atractivo, adecuado a los fines establecidos en el preámbulo del mismo. Artículo 7. Compensación por pérdidas.
Esta norma es consecuencia del principio de trato nacional y cláusula de nación más favorecida, en casos de grave perturbación del orden público o económico, siendo una garantía implícita del derecho a la igualdad contenido en el artículo 13 de la Constitución.En concordancia con la jurisprudencia, en especial con la sentencia C-358 de 1996, el reconocimiento de los principios y garantías consignados en el artículo 7 del Acuerdo bajo revisión, no excluye la posibilidad, derivada del artículo 100 de la Constitución Política, de que por razones de orden público, la ley subordine a condiciones especiales o incluso niegue el ejercicio de determinados derechos civiles a los extranjeros. Por ello, reitera la Corte, en un Tratado Internacional no se podría impedir al legislador colombiano hacer uso de esta atribución cuando se configuren las circunstancias que la norma constitucional contempla. De igual modo, la norma no excluye la hipótesis del artículo 59 constitucional, que consagra, en caso de guerra, la expropiación con indemnización posterior.
Esta disposición aplica un principio de derecho acorde con el cual si la Parte Contratante o una agencia de seguros emite pólizas para cubrir riesgos no comerciales, la Parte demandada, en caso depresentarse el siniestro afectando la inversión, reconocerá la transmisión de cualquier derecho, precisando que la Parte Contratante o su agencia designada como subrogada no tendrán derechos adicionales a los del inversionista original. Al avalar la constitucionalidad de una medida similar la Corte manifestó:
Además, el mecanismo de la subrogación no interfiere con ninguna facultad del Gobierno nacional relativa a la ejecución o cumplimiento del Acuerdo, toda vez que esta figura sólo regula las relaciones del inversionista extranjero con su Gobierno o con el organismo de Derecho Internacional que acuda al mecanismo de garantía correspondiente”. Esta disposición no contraviene lo estipulado en la Constitución Política.
Artículos 9 y 10. Solución de controversias entre una Parte Contratante y un inversionista de la otra parte contratante.
El sometimiento de eventuales desacuerdos a tribunales de arbitramento se ajusta a las disposiciones constitucionales. Sobre esta materia la jurisprudencia ha explicado: “Una visión integral de la Constitución permite concluir que ésta busca, como uno de sus propósitos fundamentales, la resolución pacífica de los conflictos. Para el logro de este objetivo consagra una serie de mecanismos que tienden a desconcentrar la administración de justicia y a establecer mecanismos alternativos de solución de controversias tales como las jurisdicciones especiales, los jueces de paz, la conciliación o el arbitramento. En razón de la naturaleza de las diferencias que pueden suscitarse con ocasión de las inversiones de que trata el Tratado sub examine, puede llegar a ser mucho más conveniente y pacífico que sea un organismo internacional especializado o un tribunal de arbitraje quien las solucione. Por otra parte, la Corte considera que la promoción de la internacionalización de las relaciones políticas, económicas, sociales y ecológicas de que trata el artículo 226 de la Carta no sería posible sin el recurso, en determinadas oportunidades, a los tribunales internacionales”. Posteriormente la Corte precisó:
En estas disposiciones se consagra la forma de resolver las controversias que se presenten entre una parte contratante y un inversionista de la otra parte; o entre las partes contratantes. En el primer caso, se señala que las controversias deben resolverse, en la medida de lo posible, por medio de consultas. Si mediante ellas no se soluciona el problema, el inversionista tiene tres opciones: 1. acudir a los tribunales competentes de la parte contratante en cuyo territorio se efectuó la inversión; 2. acudir a un tribunal ad-hoc que, salvo que las partes en la diferencia acordaren lo contrario, se establecerá de acuerdo con las normas de arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho mercantil Internacional; y 3. Acudir a arbitraje internacional del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), creado por el Convenio sobre arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados. Igualmente, se establece que las decisiones que adopten tales tribunales son definitivas y obligatorias, y que no se podrá por medio de canales diplomáticos tratar asuntos relacionados con controversias sometidas a procesos judiciales o a arbitraje internacional, hasta que los procesos correspondientes hayan concluido, salvo en los casos en que la parte obligada no haya dado cumplimiento a la sentencia judicial o a la decisión del tribunal arbitral, en los términos indicados en la sentencia o decisión correspondiente.
Estos preceptos no vulneran la Constitución pues el arreglo directo y el arbitramento son mecanismos civilizados de dar solución en forma pacífica y pronta a los conflictos que se presentan entre las partes contratantes o entre un inversionista y una de las partes contratantes, en la aplicación, interpretación, desarrollo y ejecución del Instrumento Internacional que es objeto de revisión. Por otra parte, “la Corte considera que la promoción de la internacionalización de las relaciones políticas, económicas, sociales y ecológicas de que trata el artículo 226 de la Carta no sería posible sin el recurso, en determinadas oportunidades, a los tribunales internacionales”.
“La denegación de los beneficios del acuerdo también se extiende a inversiones que no tengan actividades comerciales sustanciales en ninguna de las Partes. Es consecuente esta disposición considerando que el objeto del acuerdo es la protección por la Parte receptora de las inversiones de nacionales de la otra Parte cuando éstas realmente provienen de actividades económicas sustanciales realizadas en alguna de las Partes y no son simplemente empresas de “papel”.
El Capítulo 12 del TLC establece diversas cláusulas convencionales, referentes a la entrada temporal de personas de negocios. Al respecto, se prevé el ingreso a cada país de hombres de negocios que cumplan con las medidas referentes a la salud, la seguridad pública y nacional. La Considera que el Capítulo 12 del TLC se ajusta a la Constitución por cuanto se encamina a facilitar la libre circulación de personas entre ambos países, aunque limitada a quienes ejercen actividades empresariales o comerciales. Se trata, en consecuencia, de flexibilizar el régimen migratorio, a fin de que los actores del mercado puedan realizar más fácilmente sus labores comerciales. Sobre este tema, esta Corporación tuvo la oportunidad de pronunciarse en sentencia C- 178 de 1995, en el contexto del denominado G-3: ‘También se garantiza la integridad de las competencias para evitar graves trastornos económicos y financieros en el territorio de una parte, para corregir las amenazas a la balanza de pagos de una parte y el estado de sus reservas monetarias, con el deber de proceder a las comunicaciones e informaciones pertinentes entre las partes; de otra lado también se regula la entrada temporal de personas de negocios con base en el principio de reciprocidad y transparencia, garantizando la seguridad de las fronteras, la protección al trabajo de los nacionales y el empleo permanente en los respectivos territorios’ (negrillas agregadas)”. Así las cosas, esta disposición resulta conforme con lo dispuesto en la Carta Política.
La norma precisa que los compromisos derivados del Acuerdo no menoscaban la potestad del Estado para la aplicación de medidas consideradas necesarias para cumplir sus objetivos de bienestar y desarrollo; tales medidas deben ser acordes con los objetivos planteados, no ser discriminatorias ni constituir una restricción encubierta al comercio o a la inversión. El artículo enlista materias no cubiertas por el Acuerdo, entre ellas asuntos tributarios e inversiones realizadas con capitales de origen ilícito. Las medidas cubiertas por esta excepción están relacionadas con la protección de la vida humana, animal o vegetal y garantizan el cumplimiento de leyes y normas que no sean incompatibles con el Acuerdo y la conservación de los recursos naturales vivos y no vivos no renovables, medidas prudenciales tomadas para la protección del sistema financiero, medidas para preservar el orden público y de seguridad esencial de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas. La Corte no encuentra que esta disposición desconozca el texto de la Carta Política.
En relación con el artículo 17.3 del Instrumento, según el cual “Este Acuerdo podrá ser modificado en cualquier momento posterior a su entrada en vigor por consentimiento mutuo”, la Corte reitera lo expresado en su jurisprudencia en materia de modificaciones a los Acuerdos Internacionales. Ha señalado la Corporación que tales Instrumentos deberán someterse a los procedimientos constitucionales de aprobación del Congreso de la República y revisión de la Corte Constitucional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 150-16, 189-2 y 241 de la Carta Política, siempre y cuando la enmienda cree nuevas obligaciones, modifique o adicione el Convenio inicialmente suscrito. Sin embargo, la Corte ha admitido la posibilidad de los Acuerdos simplificados cuando se trate de “acuerdos complementarios o de desarrollo de tratados ya incorporados a la legislación colombiana”, en cuanto se trate de “…instrumentos que buscan dar cumplimiento a las cláusulas sustantivas de un tratado vigente y que no dan origen a obligaciones nuevas”, ni excedan las ya contraídas por el Estado colombiano. Además, también resultan válidos los procedimientos simplificados, cuando se trate de “… aquellos acuerdos relativos a materias que son de la órbita exclusiva del Presidente de la República, directamente o por delegación, como director de las relaciones internacionales”. Así las cosas, las modificaciones que por consentimiento mutuo pueden ser introducidas al Acuerdo bajo examen en virtud de lo dispuesto en su artículo 17.3, deberán ser sometidas a aprobación interna, según los trámites previstos en la Constitución Política, cuando impliquen la asunción de nuevas obligaciones o la modificación de las convenidas en virtud del Instrumento internacional sub examine.
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, RESUELVE :
Primero. Declarar EXEQUIBLE la Ley No. 1449 del 14 de junio de 2011, “Por medio de la cual se aprueba el acuerdo para la Promoción y Protección de Inversiones entre la República de Colombia y la República de la India, firmado en la ciudad de Nueva Delhi el día 10 de noviembre de 2009”. Segundo. Declarar EXEQUIBLE el acuerdo para la Promoción y Protección de Inversiones entre la República de Colombia y la República de la India, firmado en la ciudad de Nueva Delhi el día 10 de noviembre de 2009.