Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-40891-de-enero-30-de-2013?documento=jurcol&contexto=jurcol_d6500731651e01b2e0430a01015101b2&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-09-19 15:26:03
Document Index: 350017860

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 5', 'artículo 18', 'artículo 76', 'artículo 1', 'artículo 17', 'artículo 1', 'artículo 18', 'artículo 76', 'artículo 1', 'artículo 5', 'artículo 18', 'artículo 17', 'artículo 60', 'artículo 1', 'artículo 3041', 'artículo 65', 'artículo 64', 'artículo 260']

﻿ Sentencia 40891 de enero 30 de 2013
SENTENCIA 40891 DE 30 DE ENERO DE 2013
CONTENIDO:COMPATIBILIDAD DE PENSIONES. EN PRINCIPIO, LAS PENSIONES EXTRALEGALES RECONOCIDAS ANTES DE LA VIGENCIA DEL ACUERDO 029 DE 1985, APROBADO POR EL DECRETO 2879 DEL MISMO AÑO, SON COMPATIBLES CON LAS CONCEDIDAS POR EL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. LA RESOLUCIÓN DE RECONOCIMIENTO DE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN CONVENCIONAL NO PUEDE REFORMAR LO DISPUESTO SOBRE LA COMPATIBILIDAD.
TEMAS ESPECÍFICOS:PENSIÓN DE JUBILACIÓN, ISS, CONVENCIÓN COLECTIVA, PROCESO ORDINARIO LABORAL, COMPATIBILIDAD PENSIONAL
Sentencia 40891 de enero 30 de 2013
Rad. 40891
Fue interpuesto por el apoderado de la parte demandada, concedido por el tribunal y admitido por la Corte. Pretende el recurrente que se case totalmente la sentencia recurrida y que, en sede de instancia, “... revoque del ad - quem y la del ad - quo (sic) y absuelva a la demandada Centrales Eléctricas del Norte de Santander ESP, de todas las pretensiones e (sic) la demanda y condene en costas a la parte demandante”.
Con tal propósito, formula tres cargos, por la causal primera de casación laboral, que fueron oportunamente replicados y que pasan a ser analizados por la Corte.
Acusa la sentencia del tribunal por haber incurrido en una “... violación directa, en la modalidad de falta de aplicación de los artículos 17, ordinal b de la Ley 6ª de 1945; 3º y 9º de la Ley 65 de 1946; 72 y 76 de la Ley 90 de 1946 y en relación con los artículos 68 y 70 del Decreto 1848 de 1968 y 27 del Decreto 3135 de 1968; artículo 1º Ley 33 de 1985; artículos 259, 260, 467, 470 y 471 del Código Sustantivo del Trabajo; 37 y 38 del Decreto 2351 de 1965; 59, 60 y 61 del Acuerdo 224 de 1966, aprobado por el Decreto 3041 de 1966; artículo 5º del Acuerdo 29 de 1985, aprobado por el Decreto 2879 de 1985; artículo 18 del Acuerdo 49 de 1990, aprobado por el Decreto 785 de 1990”.
Afirma el censor que en el cargo no discute el hecho del reconocimiento de las pensiones sino su compatibilidad, “... por ser unas pensiones legales las otorgadas por la empresa demandada, tal como se desprende de las propias resoluciones de otorgamiento de la misma (sic)”. Precisa que la equivocación del tribunal habría consistido en que “... la empresa demandada había reconocido la pensión legal de jubilación a cada demandante y no pensión convencional o voluntaria como lo determinó el juzgador de primera instancia y confirmado por el tribunal y este error radica en que, no se toma en consideración por parte de los juzgadores de instancia, las normas legales que se han mencionado como vulneradas y dentro de las cuales se determina el régimen pensional aplicable para efectos del reconocimiento de la pensión de los servidores públicos como es el caso de los demandantes, de la misma manera se hace caso omiso al hecho de que los demandantes cumplían requisitos para acceder a la pensión de jubilación solicitada esto es tener cincuenta y cinco (55) años de edad y veinte (20) años de servicio, lo cual conlleva a desvirtuar lo afirmado por el tribunal en el sentido de que la pensión otorgada lo era una pensión convencional o voluntaria como fue el planteamiento de las pretensiones del apoderado de los actores”.
Insiste en que el tribunal dejó de tener en cuenta que a los actores les fue reconocida la pensión de jubilación una vez que acreditaron el cumplimiento de los requisitos legales previstos para los servidores públicos, a la vez que dejó de analizar la naturaleza de la entidad demandada y la clase de trabajadores que eran los demandantes.
De igual forma, que “... no se tuvo en cuenta la subrogación de las pensiones de jubilación del sector oficial que dejaron de estar a cargo de la empresa y pasaron de acuerdo con el artículo 76 de la Ley 90 de 1946 a cargo del Seguro Social y en donde se tenía previsto una transición de régimen pensional a cargo del empleador para derivar la asunción de riesgo por el seguro, pero esta transitoriedad se tenía única y exclusivamente para el sector particular, por tanto siguieron subsistiendo los estatutos pensionales que se tenían previstos para los trabajadores oficiales; estas circunstancias fueron omitidas por los falladores de primero y segundo grado y conlleva necesariamente a que se cometió una inaplicación de normas por parte del juzgado y del tribunal de instancia que lo llevaron a confundir las disposiciones legales en materia pensional del sector público y del sector público”.
Cita una decisión emitida por esta Sala de la Corte y reitera que las pensiones reconocidas a los actores tenían un carácter legal y, por ello, no podían ser compatibles con las de vejez que les otorgó el Instituto de Seguros Sociales.
Estima que el cargo carece de requisitos de técnica puesto que el censor no señala las normas sustanciales que debieron haber sido aplicadas por el tribunal. Asimismo, que en la decisión recurrida se asumió correctamente que la pensión de los actores tenía un carácter voluntario, ya que podía ser obtenida con una edad inferior a la legal, además de que la convención colectiva es ley para las partes y no podía ser modificada unilateralmente por una de ellas, por lo que la pensión allí estatuida es legalmente compatible con la que otorga el Instituto de Seguros Sociales.
Recalca finalmente que las premisas del tribunal fueron fácticas y provinieron de la apreciación de la convención colectiva, por lo que el cargo no podía dirigirse por la vía directa.
Ataca la sentencia recurrida por haber incurrido en una “... violación directa en la modalidad de aplicación indebida, de los artículos 5º del acuerdo 29 de 1985, aprobado por el artículo 1º del Decreto 2879 de 1985; artículo 17, ordinal b de la Ley 6ª de 1945, 3º y 9º de la Ley 65 de 1946, 72 y 76 de la Ley 90 de 1946 y en relación con los artículos 68 y 70 del Decreto 1848 de 1968 y 27 del Decreto 3135 de 1968; artículo 1º Ley 33 de 1985; artículos 259, 260, 467, 470 y 471 del Código Sustantivo del Trabajo; 37 y 38 del Decreto 2351 de 1965; 59, 60, 61 del acuerdo 224 de 1966, aprobado por el Decreto 3041 de 1966; artículo 18 del Acuerdo 49 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990”.
En el desarrollo del cargo, el censor reitera que el tribunal dejó de tener en cuenta que la pensión concedida a los demandantes es de carácter legal, por cuanto cumplieron los requisitos de 55 años de edad y 20 de servicios, establecidos para los servidores públicos, además de que no analizó en debida forma las resoluciones de reconocimiento de las prestaciones, en las que se consagró expresamente que serían asumidas por el Instituto de Seguros Sociales. Afirma que “... el tribunal aplicó indebidamente las disposiciones en mención toda vez que, la empresa liquidó y pagó la pensión de los demandantes, cumpliendo los requisitos legales y por ello, mal puede venir a determinar que la pensión reconocida era voluntaria como en forma imprecisa lo determina el tribunal”.
Acude a la decisión proferida por esta Sala de la Corte el 7 de febrero de 2002, Radicación 16891, y asegura que la pensión de jubilación de los actores tenía un carácter legal, así se hubiera mencionado una condición voluntaria en las resoluciones de reconocimiento.
Indica que el cargo carece de los requisitos de técnica naturales al ejercicio del recurso, pues no se precisaron las disposiciones que se habrían dejado de aplicar ni se integró de manera completa la proposición jurídica, además de que el censor incurre en las mismas falencias anotadas respecto del primer cargo.
Los dos cargos se analizan de manera conjunta, por cuanto se encaminan por la misma vía y se valen, en lo fundamental, de los mismos argumentos. Adicionalmente, el censor incurre en varias falencias en la estructuración de los mismos que conducen a su desestimación.
El tribunal estructuró su decisión básicamente en las siguientes premisas: i) las pensiones de jubilación reconocidas a los actores tenían un carácter extralegal, por cuanto requerían de presupuestos diferentes a los dispuestos legalmente y podían perderse si no se reclamaban oportunamente; ii) siendo prestaciones extralegales, eran plenamente compatibles con las que concedió el Instituto de Seguros Sociales, pues fueron otorgadas antes de la vigencia del Acuerdo 29 de 1985, aprobado por el Decreto 2879 del mismo año, que fue la primera norma que estatuyó como regla la compartibilidad de pensiones convencionales o voluntarias.
A pesar de que el censor encamina los dos cargos por la vía directa, en su desarrollo y argumentos se concentra de manera inadecuada en atacar únicamente las premisas fácticas de la decisión del tribunal, como las que tienen que ver con el carácter extralegal de las pensiones de jubilación, la debida lectura de las resoluciones por medio de las cuales se dispuso su reconocimiento, el cumplimiento de los requisitos de edad y tiempo de las pensiones legales, la naturaleza jurídica de la entidad demandada y la condición de los trabajadores demandantes, temas estos últimos dos que, valga decirlo, nunca hicieron parte del debate desarrollado en las instancias.
En este punto debe recordarse que, como lo ha explicado con suficiencia esta Sala de la Corte, la vía directa de vulneración de la ley parte de la aceptación de las premisas fácticas de la respectiva decisión y se concentra en demostrar desaciertos en los razonamientos netamente jurídicos, bien porque se hubiese originado una infracción directa, una aplicación indebida o una interpretación errónea de disposiciones sustanciales laborales de alcance nacional.
En este evento, se insiste, el censor confunde el sendero por el cual dirige su ataque, pues acude a la vía directa de vulneración de la ley y se empecina en derruir únicamente las premisas fácticas de la decisión del tribunal, sin elevar alguna crítica frente a los raciocinios verdaderamente jurídicos, como los que tienen que ver con que la primera norma que posibilitó la compartibilidad de pensiones extralegales fue el Acuerdo 29 de 1985, aprobado por el Decreto 2879 del mismo año.
Vale la pena mencionar, por otra parte, que esta Sala de la Corte ha defendido la tesis jurídica asumida por el tribunal, por virtud de la cual las pensiones extralegales reconocidas con anterioridad a la vigencia del Acuerdo 29 de 1985, aprobado por el Decreto 2879 del mismo año, son por regla general compatibles con las que otorga el Instituto de Seguros Sociales. Tal orientación ha sido desarrollada en múltiples decisiones como las del 9 de septiembre de 2009, Radicación 35281, 23 de febrero de 2010, Radicación 36324, 29 de junio de 2010, Radicación 37010, 15 de marzo de 2011, Radicación 38653, 8 de junio de 2011, Radicación 46538, entre muchas otras.
Ahora bien, el tribunal no desestimó arbitrariamente las normas que gobiernan el régimen pensional de los servidores públicos, puesto que, dada su conclusión fáctica de que las pensiones eran de carácter extralegal, no consideró necesario realizar el análisis de transitoriedad y compatibilidad de las pensiones legales de jubilación con las que reconoce el Instituto de Seguros Sociales.
En lo que tiene que ver con la “falta de aplicación” del principio de transitoriedad del artículo 76 de la Ley 90 de 1946, que la Corte asimila a la infracción directa de dicha norma, el mismo censor se encarga de darle la razón al tribunal pues aduce que dicha norma era aplicable tan solo a pensiones legales de trabajadores particulares y, dado el carácter de servidores públicos de los actores y la naturaleza extralegal de las prestaciones, nunca pudo originarse alguna infracción jurídica de la misma.
Acusa la sentencia del tribunal de haber incurrido en una “... violación indirecta en la modalidad de aplicación indebida, de los artículos 17, ordinal b de la Ley 6ª de 1945; 3º y 9º de la Ley 65 de 1946; 72 y 76 de la Ley 90 de 1946 y en relación con los artículos 68 y 70 del Decreto 1848 de 1968 y 27 del Decreto 3135 de 1968; artículo 1º Ley 33 de 1985; artículos 259, 260, 467, 470 y 471 del Código Sustantivo del Trabajo; 37 y 38 del Decreto 2351 de 1965; 59, 60 y 61 del Acuerdo 224 de 1966, aprobado por el Decreto 3041 de 1966; artículo 5º del Acuerdo 29 de 1985, aprobado por el Decreto 2879 de 1985; artículo 18 del Acuerdo 49 de 1990, aprobado por el Decreto 785 de 1990”.
Manifiesta que la infracción descrita se produjo como consecuencia de los siguientes errores de hecho:
“1. Dar por demostrado sin estarlo, que la pensión otorgada a los demandantes era voluntaria.
2. No dar por demostrado estándolo, que la pensión concedida era de jubilación legal.
3. No dar por demostrado, estándolo que para efectos del reconocimiento de la pensión se tuvo en cuenta el cumplimiento de los requisitos de edad y tiempo, como se observa en la resolución que se otorga el beneficio pensional”.
Agrega que estos errores se produjeron, a su vez, por una equivocada valoración de la convención colectiva de trabajo, las resoluciones de reconocimiento de las pensiones de jubilación y aquellas en las que el Instituto de Seguros Sociales concedió las pensiones de vejez.
Para fundamentar el cargo, el censor expone que “[e]l carácter de la pensión otorgada a los demandantes de acuerdo con las probanzas mencionadas como mal valoradas tanto por el juzgador de primera como de segunda instancia, determinan que se trata de una pensión de jubilación que se otorgó con el cumplimiento de los requisitos legales establecidos para la pensión de jubilación cuales eran el de 20 años de servicio y 55 años de edad, es decir, los requisitos determinados en el artículo 17 de la Ley 6ª de 1945”.
Explica que el tribunal pasó por alto que en las resoluciones de reconocimiento de las pensiones de jubilación se dejó consignado que el Instituto de Seguros Sociales asumiría posteriormente su pago, así como que fueron otorgadas luego de haberse verificado el cumplimiento de las condiciones legales establecidas en el régimen pensional de los servidores públicos. Por ello, agrega, el error habría radicado en darles un alcance extralegal a las pensiones, cuando es claro que ostentaban una naturaleza legal, por haber respondido al cumplimiento de los presupuestos legales.
Señala también que “... los juzgadores tanto de primera como de segunda instancia omiten tener en cuenta que la pensión de los demandantes era una pensión de carácter compartida es decir, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 60 del Acuerdo 224 de 1966, que fue aprobado por el artículo 1º del artículo 3041 del mismo año, en el sentido que la pensión otorgada por la empresa tenía el carácter de compartida mas no de compatible, ya que, cuando entró en vigencia dicha norma el actor llevaba más de diez años y menos de veinte de ingreso a laborar y aportar a la seguridad social; también es bueno acotar que se vulneran los artículos 59 y 60 del Código Sustantivo del Trabajo, en atención a que estas pensiones que establecía el régimen laboral fueron subrogadas por las que concedía el seguro social a partir del acuerdo antes citado. Estas normas si hubiesen sido tenidas en cuenta de consuno con las analizadas anteriormente y con las pruebas que se allegaron al proceso hubiese el tribunal revocado la apreciación y el fallo del juzgado”.
Cita nuevamente la decisión de esta Sala del 7 de febrero de 2002, Radicación 16891, y concluye que el tribunal habría basado su decisión en la premisa errónea de que las pensiones tenían un carácter voluntario, cuando es claro que tenían una naturaleza legal y, por lo mismo, compartible con las que otorga el Instituto de Seguros Sociales.
Considera que el cargo se asemeja más a un alegato de instancia, inadmisible en casación, además de que no se precisa cuáles habrían sido los errores que habría cometido el tribunal en el momento de apreciar los documentos que se consideran indebidamente analizados. Afirma finalmente que las pensiones concedidas a los demandantes son de carácter extralegal y, por lo mismo, la sentencia gravada no incurrió en las falencias por las cuales es impugnada.
El censor insiste en que las pensiones de jubilación de los actores deben ser asumidas como prestaciones legales, en la medida en que los requisitos por ellos cumplidos eran equivalentes a los que contemplaban las normas del régimen pensional de los servidores públicos.
Una vez analizados los documentos que el censor estima indebidamente apreciados, la Corte observa:
1. Por medio de la Resolución 20 de 1982, la entidad demandada le reconoció al señor Reinaldo Rojas una pensión de jubilación a partir del 25 de noviembre de 1982. En dicho documento se cita como fuente a la convención colectiva de trabajo y se deja constancia de que el trabajador cumplió los 75 puntos dispuestos en el acuerdo convencional, por sus servicios prestados y su edad, que, como lo concluyó el tribunal, era de 49 años.
2. Por medio de la Resolución 5 de 1980, la entidad demandada le reconoció al señor Román Medina Jaimes una pensión de jubilación a partir del 18 de febrero de 1980. En dicho documento se cita como fuente a la convención colectiva de trabajo y se deja constancia de que el trabajador cumplió los 75 puntos dispuestos en el acuerdo convencional, por sus servicios prestados y su edad, que, como lo concluyó el tribunal, era de 51 años.
3. Por medio de la Resolución 475 de 1984, la entidad demandada le reconoció al señor Luis Alfredo Flórez Cáceres una pensión de jubilación a partir del 17 de septiembre de 1984. En dicho documento se cita como fuente a la convención colectiva de trabajo y se deja constancia de que el trabajador cumplió los 75 puntos dispuestos en el acuerdo convencional, por sus servicios prestados y su edad, que, como lo concluyó el tribunal, era de 50 años.
4. Por medio de la Resolución 23 de 1982, la entidad demandada le reconoció al señor Gilberto Rojas Marciales una pensión de jubilación a partir del 23 de diciembre de 1982. En dicho documento se cita como fuente a la convención colectiva de trabajo y se deja constancia de que el trabajador cumplió los 75 puntos dispuestos en el acuerdo convencional, por sus servicios prestados y su edad, que, como lo concluyó el tribunal, era de 50 años.
Dicho lo anterior, lo primero que cabe destacar es que ninguno de los actores tenía la edad de 55 años para el momento en el que les fue concedida la pensión de jubilación y por ello, no es cierto que, como lo aduce el censor, los requisitos verificados por la demandada hubieran sido los propios de las pensiones de jubilación legales, ni que todos tuvieran 55 años de edad y 20 de servicios. Contrario a ello, en todas las resoluciones de reconocimiento, se dejó sentado el cumplimiento del presupuesto de “... los 75 puntos exigidos en el artículo 65 de la convención colectiva de trabajo vigente...”.
Por otra parte, en el artículo 64 de la convención colectiva se dispone que:
“La pensión de jubilación o vejez de que trata el artículo 260 del Código Sustantivo de Trabajo, se concederá a los trabajadores que reúnan 75 puntos, en un sistema en el cual cada año de servicio a Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A., equivale a un (1) punto y cada año de edad equivale a otro punto, siempre y cuando el trabajador haya prestado sus servicios a Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A., por más de 20 años.
Esta jubilación se hará con el 75% del salario promedio.
PAR.—Se establece para darle estricto cumplimiento a este artículo, lo siguiente: el trabajador que llene estos requisitos, deberá solicitar la jubilación. Si no lo hiciere dentro del año siguiente al cumplimiento de tales requisitos, perderá este derecho convencional”.
El tribunal concluyó razonablemente que las pensiones ostentaban una condición extralegal, por ser diferentes los requisitos que allí se exigían, en comparación con los que se preveían legalmente. Además de ello, por cuanto “... el trabajador debe solicitar el reconocimiento de la pensión durante el año siguiente al cumplimiento de los requisitos so pena de perder el derecho, condición que le quita a esta pensión el carácter de legal”.
Las anteriores inferencias se deducen natural y obviamente de las resoluciones de reconocimiento de la pensión y de la convención colectiva de trabajo, de manera tal que el tribunal no incurrió en algún error de hecho ostensible y manifiesto, al asumir que las pensiones de los actores tenían un carácter extralegal. A esta misma conclusión ha arribado la Sala en anteriores decisiones que abordan situaciones similares a la que se estudia, en procesos seguidos en contra de la misma entidad recurrente. (Ver, entre otras, las sents. de sep. 29/2009, Rad. 36897; sep. 28/2010, Rad. 37643; jul. 12/2011, Rad. 39500).
De cualquier manera, si se aceptara el reproche del actor relacionado con que los requisitos necesarios para obtener la pensión de jubilación eran equivalentes a los que contempla la ley, de todas formas el cargo resultaría inane, pues la pensión está expresamente consagrada en la convención colectiva y esta Sala de la Corte ha precisado en reiteradas oportunidades que cuando un acuerdo convencional incorpora dentro de su normatividad alguna pensión consagrada en una norma legal sustancial, la prestación cobra vigencia por la imperatividad del acuerdo y no por virtud de la ley. Ha dicho la Sala que “... la inserción ex profeso de la dicha prestación pensional en el cuerpo convencional no podía generar consecuencia lógica y distinta a la de la creación de un derecho diferente y a la postre adicional al de la pensión legal...” sentencia del 17 de mayo de 2011, Radicación 39290.
Resta advertir que la Corte ha precisado que “... la resolución de reconocimiento de la pensión de jubilación convencional carece de idoneidad jurídica para reformar las estipulaciones de una convención colectiva en punto a la compatibilidad o incompatibilidad de una pensión de naturaleza convencional con la legal de vejez a cargo del Instituto de Seguros Sociales” (sent. sep. 9/2009, Rad. 35281. Ver también las sents. de feb. 23/2010, Rad. 36324, y jun. 8/2011, Rad. 46538, entre muchas otras). En ese sentido, el tribunal tampoco habría podido incurrir en algún desatino fáctico, al concluir que la resolución de reconocimiento de las pensiones no podía tener la virtualidad jurídica de disponer la compartibilidad.
Por lo expresado anteriormente, el cargo es infundado.
Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo de la parte recurrente. Se estiman las agencias en derecho en la suma de seis millones de pesos m/cte. ($ 6.000.000).
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 3 de diciembre de 2008 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, dentro del proceso ordinario laboral seguido por los señores Reinaldo Rojas, Román Medina Jaimes, Luis Alfredo Flórez Cáceres y Gilberto Rojas Marciales contra Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A.
Costas en el recurso extraordinario a cargo de la parte recurrente. Las agencias en derecho se estiman en la suma de seis millones de pesos m/cte. ($ 6.000.000).