Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-c-385-de-mayo-13-de-2003?documento=jurcol&contexto=jurcol_75992041e143f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-09-19 02:56:24
Document Index: 51193072

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 10', 'artículo 287', 'artículo 10', 'artículo 95', 'artículo 209', 'artículo 210', 'artículo 150', 'artículo 10', 'artículo 11', 'artículo 10']

﻿ SENTENCIA C-385 DE MAYO 13 DE 2003
SENTENCIA C-385 DE 13 DE MAYO DE 2003
CONTENIDO:REGISTRO DE INFORMACIÓN DE MULTAS Y SANCIONES POR INFRACCIONES DE TRÁNSITO. SE DECLARAN EXEQUIBLES LOS ARTÍCULOS 10 Y 11 SALVO LAS EXPRESIONES "TODAS" Y "O EN AQUELLAS DONDE LA FEDERACIÓN LO CONSIDERE NECESARIO" CONTENIDAS EN EL PARÁGRAFO DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY 769 DE 2002, QUE SE DECLARAN INEXEQUIBLES.
TEMAS ESPECÍFICOS:CÓDIGO NACIONAL DE TRÁNSITO, PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, DEMANDA DE CONSTITUCIONALIDAD, MULTA DE TRÁNSITO, INFRACCIÓN DE LAS NORMAS DE TRÁNSITO, PAGO DE LA MULTA DE TRÁNSITO
Sentencia C-385 de mayo 13 de 2003
Sentencia C-385 de 2003
Ref.: Expediente D-4305
Demandante: Erika María Murcia Celedón
Bogotá, D.C., trece de mayo del año dos mil tres.
EXTRACTOS:«II. Normas acusadas
A continuación se transcribe el texto de las disposiciones demandadas, conforme a la Edición Oficial 44.893 de 7 de agosto de 2002.
“Por la cual se expide, el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones”.
ART. 10.—Sistema integrado de información sobre las multas y sanciones por infracciones de tránsito. Con el propósito de contribuir al mejoramiento de los ingresos de los municipios, se autoriza a la Federación Colombiana de Municipios para implementar y mantener actualizado a nivel nacional, un sistema integrado de información sobre las multas y sanciones por infracciones de tránsito, Simit, por lo cual percibirá el 10% por la administración del sistema cuando se cancele el valor adeudado. En ningún caso podrá ser inferior a medio salario mínimo diario legal vigente.
PAR.—En todas las dependencias de los organismos de tránsito y transportes de las entidades territoriales existirá una sede del Simit o en aquellas donde la federación lo considere necesario, con el fin de obtener la información para el consolidado nacional y para garantizar que no se efectúe ningún trámite de los que son competencia de los organismos de tránsito en donde se encuentre involucrado el infractor en cualquier calidad, si éste no se encuentra a paz y salvo.
ART. 11.—Características de la información de los registros. Toda la información contenida en el sistema integrado de la información Simit, será de carácter público.
Una vez implementado el sistema integrado de información sobre las multas y sanciones por infracciones de tránsito, Simit, la Federación Colombiana de Municipios entregará la información al Ministerio de Transporte para que sea incorporada al Registro Único Nacional de Tránsito, RUNT.
Considera la demandante que los artículos 10 y 11 de la Ley 769 de 2002 quebrantan los artículos 2º, 157, 158, 287, 313, 315 y 362 de la Constitución por cuanto con ellos se quiebra el principio de autonomía financiera de los entes territoriales. Así mismo, afirma que se desconoce la especial protección que la Constitución le prodiga a los bienes y rentas, tributarios y no tributarios de propiedad de las entidades territoriales y, además, agrega que los artículos acusados violan el principio de unidad de materia a que están sometidas las leyes y expresa que, a su juicio, no es claro que se hayan cumplido los debates reglamentarios para la aprobación de la Ley 769 de 2002.
De esta suerte, las entidades territoriales tienen el derecho a gobernarse por sus propias autoridades, así como a ejercer las competencias que específicamente les atribuye la Constitución. Mas, como quiera que la autonomía administrativa podría hacerse nugatoria ante la carencia de recursos económicos, la propia Constitución en el citado artículo 287 extiende la autonomía como un derecho de las entidades territoriales a la administración de sus recursos, a participar en las rentas nacionales y a establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones, desde luego con sujeción a la ley y dentro del marco de la propia Constitución Política.
3.3. Como se sabe, en virtud del Acto Legislativo 1 de 1968 (art. 11) se asignó al Congreso de la República como una de sus atribuciones la de “unificar las normas sobre policía de tránsito en todo el territorio de la República”, con lo cual se puso fin a la situación preexistente a esa reforma constitucional, esto es, al establecimiento de normas de tránsito por cada una de las entidades territoriales.
3.5. Conforme al Código Nacional de Tránsito Terrestre, expedido mediante Ley 769 de 2002, la Nación para fortalecer los ingresos de los municipios les asigna los dineros provenientes de multas por la comisión de faltas de tránsito en los territorios respectivos y, en el artículo 10 de ese código se establece que habrá un “sistema integrado de información sobre las multas y sanciones por infracciones de tránsito, Simit”, con lo cual no sólo puede registrarse el nombre y la identidad de quienes incurran en faltas a las normas reguladoras del tránsito, sino, también, el monto de las multas y demás sanciones que se les impongan, lo que permite, sin duda un mayor control por parte de las autoridades y facilita el cobro de las sumas debidas por ese concepto en cualquier parte del territorio colombiano.
3.9. Ha de recordarse ahora por la Corte que el artículo 95 de la Ley 489 de 1998, declarado exequible por esta corporación, con excepción de su parágrafo, mediante Sentencia C-671 de 1999, autoriza a las entidades públicas para que se asocien entre sí con el propósito de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se encuentren a su cargo, norma ésta de la cual se expresó entonces por la Corte que ese precepto tiene como soporte constitucional el artículo 209 de la Carta, cuyo inciso segundo “impone como un deber la coordinación de las actuaciones de las autoridades administrativas para el cumplimiento de los fines del Estado”.
De conformidad con el artículo 210 de la Carta se autoriza la creación de entidades descentralizadas por servicios del orden nacional, en virtud de una ley o por expresa autorización de ésta y, en todo caso, con acatamiento a “los principios que orientan la actividad administrativa”. Ello significa que las entidades descentralizadas indirectas, con personalidad jurídica, que puedan surgir por virtud de convenios de asociación celebrados con exclusividad, entre dos o más entidades públicas deben sujetarse a la voluntad original del legislador que, en ejercicio de la potestad conformadora de la organización —artículo 150, numeral 7º de la Constitución Política—, haya definido los objetivos generales y la estructura orgánica de cada una de las entidades públicas participantes, y los respectivos regímenes de actos, contratación, controles y responsabilidad.
Además, en todo caso, el ejercicio de las prerrogativas y potestades públicas, los regímenes de los actos unilaterales, de la contratación, los controles y la responsabilidad serán los propios de las entidades estatales según lo dispuesto en las leyes especiales sobre dichas materias”.
3.10. Se observa por la Corte que en el parágrafo del artículo 10 de la Ley 769 de 2002 se dispone que “en todas las dependencias de los organismos de tránsito y transportes de las entidades territoriales existirá una sede del Simit o en aquellas donde la federación lo considere necesario, con el fin de obtener la información para el consolidado nacional y para garantizar que no se efectúe ningún trámite de los que son competencia de los organismos de tránsito en donde se encuentre involucrado el infractor en cualquier calidad, si éste no se encuentra a paz y salvo”.
3.11. El artículo 11 de la Ley 769 de 2002, por su parte, establece cuáles serán las características de la información contenida en el sistema integrado de información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito, registro éste que por disposición legal será “de carácter público”; y agrega que las características, montaje operación y actualización de la información del sistema se determinarán por la Federación Colombiana de Municipios, para lo cual se le otorga un “plazo máximo de dos (2) años prorrogables por una sola vez, por el término de un (1) año, contados a partir de la fecha de la sanción” de la citada ley, información que deberá ser entregada “al Ministerio de Transporte para que sea incorporada al Registro Único Nacional de Tránsito, RUNT”.
3.13. No encuentra tampoco la Corte que las normas acusadas quebranten el derecho de asociación, pues a ninguno de los entes territoriales locales se le compete por la ley a formar parte de la Federación Colombiana de Municipios, ni se le impide a los que actualmente la integran retirarse de ella. Simplemente el legislador le asignó una función pública a la persona jurídica creada desde antes de la expedición de la ley, de manera voluntaria por las personas de derecho público que decidieron conformarla, y, en desarrollo de esa función descentralizada por colaboración, la federación aludida habrá de contribuir al mejoramiento de los ingresos de los municipios, aún de aquellos que no sean miembros de ella pues el mandato legal no hizo ninguna excepción al respecto; y porque, adicionalmente, ha de ser así para que se pueda mantener actualizado a nivel nacional el sistema integrado de información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito a que las normas en cuestión se refieren.
Declarar EXEQUIBLES los artículos 10 y 11 de la Ley 769 de 2002 “por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones”, salvo las expresiones “todas” y “o en aquellas donde la federación lo considere necesario” contenidas en el parágrafo del citado artículo 10 de la ley mencionada, que se declaran INEXEQUIBLES.