Source: http://www.agmeruruguay.com.ar/constitucioner.htm
Timestamp: 2018-01-16 17:17:47
Document Index: 262038114

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'artículo 43', 'artículo 67', 'artículo 118', 'artículo 88', 'artículo 115', 'artículo 81', 'artículo 107', 'artículo 48', 'artículo 24', 'artículo 135', 'artículo 81', 'artículo 51', 'artículo 233']

Artículo 1°: La Provincia de Entre Ríos, como parte integrante de la Nación Argentina, organiza su gobierno bajo la forma republicana representativa, como lo establece esta Constitución y en el ejercicio de su soberanía no reconoce más limitación que la Constitución Federal que ha jurado obedecer y las leyes y disposiciones que en su conformidad se dictaren.
2. - El territorio de la Provincia queda dividido en catorce departamentos denominados: Paraná, Diamante, Victoria, Gualeguay, Gualeguaychú, Uruguay, Colón, Concordia, La Paz, Villaguay, Tala, Nogoyá, San José de Feliciano y Federación, con los límites que les acuerdan las leyes vigentes y sin perjuicio de la facultad legislativa de crear otros y modificar la jurisdicción territorial y administrativa.
3. - Las autoridades que ejercen el gobierno residirán en la ciudad de Paraná, Capital de la Provincia.
4. - Todo poder público emana del pueblo; pero éste no gobierna ni delibera, sino por medio de sus representantes y con arreglo a lo que esta Constitución establece. Todos los habitantes de la Provincia gozan de los derechos de petición y reunión pacífica. Es nula cualquier disposición adoptada por las autoridades a requisición de fuerza armada o de reunión sediciosa.
6. - Los derechos, declaraciones y garantías enumerados en la Constitución Nacional y que esta Constitución da por reproducidos; no serán entendidos como negación de otros derechos y garantías no enumerados, pero que nacen del principio de la soberanía del pueblo, de la forma republicana de gobierno y que corresponden al hombre en su calidad de tal.
8. - El registro del estado civil de las personas será uniformemente llevado en toda la Provincia por las autoridades civiles, sin distinción de creencias religiosas en la forma que lo establezca la ley.
10. - La libertad de la palabra escrita o hablada, es un derecho asegurado a los habitantes de la Provincia, sin que en ningún caso puedan dictarse medidas preventivas para el uso de esta libertad, ni restringirla ni limitarla en manera alguna.
Los que abusen de esta libertad serán responsables ante la justicia ordinaria o ante el jurado, en la forma que lo prescriba la ley.
11. - La Legislatura dictará la ley especial sobre los delitos de imprenta, estableciendo las penas, procedimientos ante el jurado o la justicia ordinaria, según los casos, y la procedencia de la apertura a prueba, debiendo admitirla siempre que se trate de la conducta oficial o de la capacidad de los funcionarios públicos.
13. - Todo ciudadano domiciliado en la Provincia tiene la obligación de armarse a requisición de las autoridades constituidas, salvo las excepciones que las leyes de la materia determinen.
14. - Ningún magistrado o empleado público podrá delegar, sin autorización legal, sus funciones en otra persona; ni un poder delegar en otro sus facultades constitucionales, siendo nulo, por consiguiente, lo que cualquiera de ellos obrase a nombre de otro ya sea por autorización suya o con cargo de darle cuenta, excepto los casos previstos por esta Constitución.
16. - Los funcionarios y empleados públicos, no sujetos al juicio político ni al jurado de enjuiciamiento son enjuiciables ante los tribunales ordinarios, sin que puedan excusarse alegando orden o aprobación superior.
17. - El funcionario o empleado público, a quien se impute delito cometido en el desempeño de sus funciones, está obligado a acusar para vindicarse, bajo pena de destitución y gozará del beneficio del proceso gratuito.
18. - No podrán acumularse en una misma persona dos o más empleos, aunque el uno sea de la Provincia y el otro de la Nación o municipal, con excepción de los del magisterio y los de carácter profesional técnico cuando la escasez del personal haga necesaria la acumulación. Fuera de estos casos, la aceptación del nuevo empleo hace caducar el anterior.
19. - Los funcionarios y empleados permanentes, provinciales y municipales, o en su caso, los herederos que determine la ley de la materia, tendrá derecho a jubilación, pensión o seguro. La ley será dictada con sujeción a normas técnicas que tengan en cuenta el principio de la proporcionalidad entre los aportes y beneficios, el tiempo de los servicios y la edad de los beneficiados, sin excluir los aportes del Estado y de las municipalidades. La ley establecerá bases especiales para el caso de accidentes ocurridos con motivo de la prestación del servicio.
21. - Ningún empleado de la Provincia o de las municipalidades con más de un año consecutivo de servicio, podrá ser separado de su cargo mientras dure su buena conducta, sus aptitudes físicas y mental, y su contracción eficiente para la función encomendada, a excepción de aquellos para cuyo nombramiento o cesantía se haya previsto, por esta Constitución o por las leyes respectivas, normas especiales. La ley reglamentará esta garantía y los deberes y responsabilidades del empleado o funcionario y determinará las bases y tribunales administrativos para regular el ingreso, los ascensos, remociones, traslados e incompatibilidades.
22. - No podrán ser empleados, funcionarios, ni legisladores, los deudores de la Provincia, que ejecutados legalmente, no hayan pagado sus deudas, los inhabilitados por sentencia, los quebrados fraudulentos no rehabilitados y los afectados por incapacidad física o mental.
24. - Ninguna persona puede ser detenida sin orden escrita emanada de autoridad competente y sin que preceda indagación sumaria que acredite indicio de su intervención en un hecho punible, salvo el caso de infraganti delito, en que podrá ser aprehendida por cualquier habitante y conducida inmediatamente ante la autoridad respectiva. En ningún caso la simple detención ni la prisión preventiva se cumplirá en las cárceles públicas destinadas a penados, ni podrá prolongarse por más de veinticuatro horas sin ser comunicado al juez o autoridad competente, poniendo a su disposición al detenido y los antecedentes del hecho.
25. - Toda persona detenida sin orden en forma de juez competente; por juez incompetente o por cualquier autoridad o individuo; o a quien se le niegue alguna de las garantías establecidas en la Constitución Nacional o Provincial o las leyes, podrá ocurrir, por sí o por conducto de otro y valiéndose de cualquier medio de comunicación, ante el juez letrado inmediato, sin distinción de fueros ni instancias, para que se ordene su inmediata libertad se lo someta al juez competente, o se le acuerde la garantía negada, según el caso. El juez o tribunal ante quien se presente este recurso queda facultado para requerir toda clase de informes, para hacer comparecer al detenido a su presencia y deberá resolver en definitiva en un término sumarísimo que fijará la ley.
29. - Queda prohibida toda especie de tormentos y vejámenes, bajo pena de destitución inmediata y sin perjuicio de las responsabilidades en que incurren los empleados o funcionarios que los aplique, ordenen o consientan. Las cárceles y colonias penales agrícolas de la Provincia serán sanas y limpias, para seguridad y no para mortificación de los recluidos, debiendo constituir centros de trabajos.
Si fuera condenado al pago de una deuda, podrá ser ejecutada en la forma ordinaria y embargadas sus rentas, si transcurrido un año, desde la fecha en que el fallo condenatorio quedó firme, la Legislatura no arbitró los recursos para efectuar el pago. Exceptúanse de esta disposición las rentas o bienes especialmente afectados en garantía de una obligación.
31. - Los actos oficiales de toda la administración, y en especial, los que se relacionen con la percepción e inversión de la renta, deberán publicarse periódicamente en la forma que la ley lo establezca.
32. - No podrá dictarse ley ni decreto que tenga por objeto acordar remuneraciones extraordinarias a miembros de los poderes públicos y ministros secretarios, por servicios hechos o que se les encargaren durante el ejercicio de sus funciones.
33. - Es de ningún valor toda ley de la Provincia que viole o menoscabe la prescripciones establecidas por la ley suprema de la Nación y por esta Constitución, así como todo esto, contrato, decreto u ordenanza que contravenga a las mismas o a las leyes dictadas en su consecuencia, pudiendo los interesados demandar o invocar su inconstitucionalidad o invalidez ante los tribunales competentes.
34. - En caso de intervención del Gobierno Federal, los actos administrativos que el representante nacional practique durante el desempeño de su función, serán válidos para la Provincia, si hubieren sido realizados de acuerdo con esta Constitución y las leyes de la Provincia.
Régimen Económico y del Trabajo
37. - El Estado fomentará y protegerá la producción y, en especial, las industrias madres y las transformadoras de la producción rural; a cuyo objeto podrá conceder, con carácter temporario, primas, recompensas de estímulos, exoneración de impuestos y contribuciones u otros beneficios compatibles con esta Constitución; o concurrir a la formación de sus capitales y al de los ya existentes, participando de la dirección y de la distribución de sus beneficios.
Igualmente fomentará y orientará la aplicación de todo sistema, instrumento o procedimiento, que tienda a facilitar la comercialización de la producción aunque para ello deba acudir con sus recursos o créditos.
38. - Promoverá la inmigración, la colonización, la construcción de ferrocarriles, canales y otros medios de comunicación y de transporte y la implantación y explotación de industrias o empresas que interesan el bien público.
40. - Estimulará la inversión de los capitales privados y en especial de los ahorros populares, en las empresas que exploten servicios públicos, en las entidades económico-financieras, en el establecimiento de las industrias que se asienten en la Provincia, e iniciará esta evolución sometiendo las explotaciones oficiales al régimen mixto y fortaleciendo las iniciativas particulares con la participación y el aporte del Estado.
41. - Estimulará la tendencia cooperativista y protegerá las organizaciones de ese carácter.
a) La jornada y seguridad del trabajo con relación a la exigencia de la vida higiénica y a las condiciones del trabajo industrial y de las faenas agropecuarias;
b) Los seguros y el socorro mutuo en caso de enfermedad, maternidad, muerte, niñez desvalida, vejez o invalidez;
c) Las otras formas de previsión y asistencia social;
d) El salario mínimo para los obreros del Estado, el que se fijará en base al costo de la vida;
e) La inembargabilidad del hogar de familia;
f) El fomento de la construcción de viviendas higiénicas, con el concurso del Estado, sea en forma de desembolsos directos, de otorgamientos de créditos o garantías o de liberación de gravámenes;
g) El asociacionismo gremial, debiendo fomentarlo y orientarlo;
h) El funcionamiento de tribunales de arbitraje, de los que formarán parte representantes de asociaciones patronales y gremiales, legalmente autorizadas, para resolver los conflictos suscitados entre patronos y obreros.
43. - La Legislatura, al dictar las leyes de carácter tributario, propenderá a la eliminación paulatina de los impuestos que pesen sobre los artículos de primera necesidad, debiendo evolucionar hacia la adopción de un régimen impositivo basado en los impuestos directos y en los que recaigan sobre los artículos superfluos.
44. - Toda enajenación de los bienes del fisco o del municipio, compras y demás contratos susceptibles de licitación se harán en esta forma y de un modo público, bajo pena de nulidad y sin perjuicio de las responsabilidades emergentes.
45. - Cuando para la fundación de colonias o para otros fines de utilidad pública, se considere necesario la enajenación de los bienes del fisco en venta directa o la cesión gratuita, podrá la Legislatura, con dos tercios de votos presentes, autorizar estas formas de enajenación, tomando en cuenta cada caso y dictando una ley especial para cada uno. El Poder Ejecutivo dará cuenta del uso que haya hecho de cada autorización una vez cumplida la ley respectiva.
1° El sufragio electoral será universal, secreto y obligatorio.
2° Tendrán voto en las elecciones provinciales los ciudadanos argentinos mayores de diez y ocho años que se hallen inscritos en el padrón electoral de la Nación, por el que deberán celebrarse las elecciones de la Provincia. Cuando el padrón electoral de la Nación, no se ajuste a los principios fundamentales establecidos en esta Constitución para el ejercicio del sufragio, la Legislatura mandará confeccionar el registro cívico de Entre Ríos, bajo la dirección del tribunal electoral.
3° El reconocimiento del derecho de sufragio a la mujer, en el orden provincial o municipal, o en ambos a la vez, podrá ser hecho por la Legislatura con carácter facultativo u obligatorio.
4° Se considerará que ha habido elección en un círculo, distrito o sección y la elección se reputará válida, cuando haya sido legal en la mayoría de las mesas receptoras de votos.
A pedido de cualesquiera de los partidos políticos y dentro del plazo que la ley señale, en toda clase de elecciones, se convocará a nueva elección, en las mesas no constituidas o anuladas, cuantas veces sea necesario, hasta que haya una elección válida.
5° Ningún ciudadano podrá inscribirse sino en el distrito de su domicilio.
6° Las elecciones ordinarias se verificarán en las fechas que fije la ley y las extraordinarias en cualquier tiempo, previa convocatoria que se publicará con treinta días, por lo menos, de anticipación en la capital y departamentos. Para las elecciones complementarias este término se reduce a ocho días.
7° Las mesas receptoras de votos estarán constituidas por un funcionario denominado presidente del comicio. El Tribunal electoral insaculará también dos suplentes que reemplazarán a aquél en los casos que la ley determine.
8° Durante las elecciones y en el radio del comicio no habrá más autoridad policial que la del presidente del mismo, cuyas órdenes y resoluciones deberán cumplir la fuerza pública y los ciudadanos.
9° Toda elección debe durar ocho horas como mínimo y terminarán en el día, si que las autoridades y particulares puedan suspenderlas por motivo alguno.
10° El escrutinio provisorio será publico, debiendo hacerse enseguida de terminar la elección y consignarse el resultado en la misma acta del comicio, firmando el presidente y demás personas que quieran hacerlo.
11° Toda elección se hará por listas que serán oficializadas por el tribunal electoral. Se considerarán una sola lista las que tengan la mayoría de los candidatos comunes, aunque difiera el orden de colocación de los mismos.
A los efectos del escrutinio definitivo, el orden de colocación de los candidatos lo determinará la lista que tenga la mayoría de la totalidad de votos, y si ninguna tuviera, el de la lista oficializada.
12° Los electores no podrán ser arrestados durante las horas de la elección, excepto en el caso de flagrante delito.
13° No podrá votar la tropa de línea, ni la guardia nacional movilizada, desde sargento para abajo, ni, hasta pasado dos meses de haber cesado en el puesto, los gendarmes de policía terrestre, fluvial o marítima, bomberos y guardias cárceles.
14° Un Tribunal Electoral compuesto del presidente y un miembro del Superior Tribunal de Justicia, de uno de los jueces de primera instancia de la capital, del vicepresidente primero del Senado y del presidente de la Cámara de Diputados, o sus reemplazantes legales, tendrá a su cargo:
b) Decidir, en caso de impugnación, si concurren en los electos los requisitos constitucionales para el desempeño del cargo;
d) Calificar las elecciones de gobernador y vicegobernador, de convencionales, de senadores y diputados, juzgando definitivamente y sin recurso alguno, sobre su validez o invalidez y otorgando los títulos a los que resulten electos;
e) Establecer el suplente que entrará en funciones conforme a lo que se establece en los artículos 50 y 51, debiendo comunicarlo a la cámara respectiva;
15° Toda falta grave, acto de fraude, coacción, soborno, cohecho o intimidación, ejercido por los empleados o funcionarios públicos, de cualquier jerarquía como también por cualquier persona contra los electores, antes, durante o después del acto eleccionario, serán considerados como un atentado contra el derecho y la libertad electoral y serán penados con arreglo a lo que disponga la ley de la materia.
16° La acción para acusar por faltas o delitos electorales será popular y se podrá ejercer hasta tres meses después de cometidos aquéllos. La Legislatura no podrá dictar leyes de amnistía en esta materia y los actos de procedimiento judicial contra el acusado, interrumpirán las prescripciones de la acción y de la pena.
17° Los funcionarios y empleados públicos deberán abstenerse, bajo pena de destitución, de formar parte de comisiones o comités políticos, de suscribir manifiestos de partidos, y en general, de ejecutar cualquier otro acto público de carácter político, salvo el del voto.
18° La ley determinará las limitaciones y prohibiciones al ejercicio del sufragio, respetando los principios establecidos en esta Constitución.
48. - El Poder Ejecutivo sólo podrá suspender la convocatoria a elecciones en caso de conmoción, insurrección, invasión o movilización de milicias.
51. - Los diputados serán elegidos directamente por el pueblo de la Provincia, en distrito único, por un sistema de representación proporcional; pero que asegure al partido mayoritario la mayoría absoluta de la representación. La ley determinará la forma de distribuir el resto de la representación. Se elegirán también listas de suplentes por cada partido o agrupación para reemplazar a los que cesen en su mandato por muerte, renuncia o cualquier otra causa. Tratándose de los elegidos por las minorías se incorporarán los candidatos titulares de las listas proclamadas que no hayan resultado electos.
54. - El mandato de los representantes durará cuatro años, a contar desde el día que se fija para la inauguración del período de las sesiones ordinarias, y ambas cámaras se renovarán totalmente al final de dicho término.
En caso de vacancia de un cargo de representante, por muerte, renuncia u otra causa, entrará en ejercicio el suplente respectivo.
a) Con el funcionario o empleado público a sueldo de la Nación, de la Provincia o de las municipalidades, con excepción del profesorado nacional y de las comisiones honorarias eventuales, debiendo estas últimas ser aceptadas con el consentimiento previo de la cámara a que pertenezca;
b) Con todo otro cargo de carácter electivo nacional, provincial, municipal o de otra provincia;
1° Ciudadanía natural en ejercicio o legal después de cuatro años de obtenida.
2° Veinticinco años de edad.
3° Ser nativo de la Provincia o tener en ella domicilio inmediato de dos años.
58. - Es de competencia exclusiva de la Cámara de Diputados acusar ante el Senado a los funcionarios sujetos a juicio político.
59. - En cada período ordinario, la Cámara de Diputados, designará un presidente, un vicepresidente primero y un vicepresidente segundo, los cuales entrarán a desempeñar la presidencia por su orden, y durarán en sus funciones hasta la iniciación del período ordinario siguiente.
1° Ciudadanía natural en ejercicio o legal después de seis años de obtenida.
2° Tener por lo menos treinta años de edad.
3° Haber nacido en el departamento por el que sea elegido o tener dos años de domicilio inmediato en él.
1° Juzgar en juicio público a los acusados por la Cámara de Diputados.
2° Prestar o negar acuerdo al Poder Ejecutivo para el nombramiento de los miembros del Superior Tribunal de Justicia, fiscal y defensor de menores del mismo, jueces de primera instancia, fiscal de Estado, contador, tesorero, miembros del Tribunal de Cuentas, director general de escuelas, vocales del Consejo General de Educación, jefes militares desde teniente coronel y los demás funcionarios para los cuales la ley establezca esta forma de nombramiento.
64. - Ambas cámaras se reunirán en sesiones ordinarias cada año desde el primero de julio. El período ordinario de sesiones durará cuatro meses y podrá ser continuo o discontinuo según lo determine la ley.
66. - Pueden ser prorrogadas las sesiones por el Poder Ejecutivo, o por sanción legislativa, con el voto de la tercera parte de los miembros de cada cámara.
67. - Cada cámara sesionará con la mayoría absoluta de sus miembros.
Cuando por falta de quórum, fracasaran dos sesiones consecutivas de las establecidas por cada cámara, éstas podrán sesionar con la tercera parte de sus miembros.
68. - Ambas cámaras empiezan y concluyen sus sesiones legislativas simultáneamente. Ninguna de ellas mientras se hallen reunidas, podrán suspender sus sesiones por más de tres días sin consentimiento de la otra.
71. - Cada cámara podrá, con dos tercios de la totalidad de sus miembros, corregir y aún excluir de su seno a cualesquiera de ellos por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones o por indignidad y removerlo por inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación; pero bastará la mayoría de uno sobre la mitad de los presentes, para decidir de la renuncia que hiciere de su cargo.
73. - Los miembros del Poder Legislativo no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados, por opiniones que emitan en el desempeño de su mandato.
76. - Cada cámara, con aprobación de un tercio de sus miembros presentes, puede llamar a su seno a los ministros del Poder Ejecutivo para recibir las explicaciones e informes que crea conveniente, citándolos por lo menos con un día de anticipación, salvo caso de urgente gravedad y comunicándoles al citarlos, los puntos sobre los cuales hayan de informar.
78. - Los servicios de los miembros de la Legislatura, serán remunerados por el tesoro de la Provincia con una dotación que fijará la ley, la que no podrá ser alterada en el período del mandato.
79. - Las sesiones de ambas Cámaras serán públicas, a menos que un grave interés, declarado por ellas mismas exigiere lo contrario.
80. - Cada cámara tendrá autoridad para corregir, con arresto que no pase de un mes, a toda persona de fuera de su seno que viole sus privilegios, con arreglo a los principios parlamentarios, pudiendo además pasar los antecedentes a la justicia.
1° Aprobar o desechar los tratados con las otras provincias para fines de administración de justicia, de intereses económicos y trabajos de utilidad común.
2° Legislar sobre todas las materias consignadas en la sección segunda, Régimen Económico y del Trabajo, con las orientaciones determinadas en la misma.
3° Legislar sobre la organización de las municipalidades y policía, de acuerdo con lo que establece al respecto la presente Constitución.
4° Dictar planes y reglamentos generales sobre enseñanza pública.
5° Legislar sobre enseñanza y cualquier otro objeto de interés común o municipal, dejando a las respectivas municipalidades su aplicación.
6° Determinar las formalidades con que se ha de llevar uniformemente el registro del estado civil de las personas.
7° Dictar la legislación impositiva observando lo dispuesto por el artículo 43 y a esos fines y efectos establecerá impuestos, tasas y contribuciones cuyo monto fijará, en forma equitativa, proporcional o progresivamente, de acuerdo con el objeto perseguido y con el valor o el mayor valor de los bienes o de sus réditos, en su caso.
8° Fijar el presupuesto de gastos y cálculo de recursos. La ley presupuesto será la base a que debe sujetarse todo gasto de la administración general de la Provincia y en ella deberán figurar todos los ingresos y egresos ordinarios y extraordinarios de la administración, aun cuando hayan sido autorizados por leyes especiales. Si los recursos para cumplir estas leyes no se incluyeran en la de presupuesto, se considerarán derogadas, si no hubiesen tenido principio de ejecución y suspendidas si lo hubiesen tenido.
En ningún caso podrá la Legislatura aumentar el monto de las partidas del cálculo de recursos presentado por el Poder Ejecutivo, ni autorizar por la ley de presupuesto una suma de gasto mayor que la de recursos, salvo el derecho del Poder Legislativo de crear nuevos impuestos o aumentar las tasas.
9° El número de puestos y el monto de los sueldos proyectados por el Poder Ejecutivo en la ley de presupuesto, no podrán ser aumentados en ésta y dichos aumentos sólo se harán por medios de proyectos de ley que seguirán la tramitación ordinaria.
10° En el caso de que el Poder Ejecutivo no remitiera el proyecto de ley de presupuesto general de la administración antes de terminar el tercer mes de sesiones ordinarias de la Legislatura y ésta considere necesario modificar el que rige, procederá a hacerlo tomando éste por base. Pronunciada tal resolución, corresponde a la Cámara de Diputados formular el proyecto de ley de presupuesto.
Si el Poder Ejecutivo no remitiera el proyecto de ley de presupuesto general dentro de los tres primeros meses de las sesiones ordinarias y si la Legislatura en el resto del período de dichas sesiones, no resolviera usar de la facultad acordada precedentemente se tendrá el presupuesto en vigencia, como ley de presupuesto para el año siguiente.
11° Las leyes impositivas regirán en tanto la Legislatura no las derogue ni las modifique; debiendo estas modificaciones hacerse por medio de ley especial.
12° Crear impuestos transitorios, especificando este carácter y determinando el objeto de su creación. Su producido se aplicará exclusivamente al objeto que lo motiva y su recaudación cesará tan pronto como éste quede cumplido. Pero si producida la liquidación resultare un saldo excedente, éste pasará a rentas generales.
13° Aprobar, observar o desechar las cuentas de inversión que le remitirá el Poder Ejecutivo en todo el mes de julio de cada período ordinario, abrazando el movimiento administrativo hasta el 31 de diciembre próximo anterior.
14° Crear o suprimir empleos para la mejor administración de la Provincia, siempre que no sean de los establecidos por esta Constitución, determinando sus atribuciones, responsabilidades y su dotación.
15° Dictar leyes estableciendo los medios de hacer efectivas las responsabilidades civiles de los funcionarios y, especialmente de los recaudadores de renta, tesorero de la Provincia y demás administradores de dineros públicos.
16° Fijar las divisiones territoriales para la mejor administración.
17° Conceder amnistía por delito de sedición en la Provincia.
18° Autorizar la reunión y la movilización de las milicias o parte de ellas en los casos permitidos por la Constitución Nacional y aprobar o desaprobar la movilización que en cualquier tiempo hiciese el Poder Ejecutivo sin autorización previa.
19° Autorizar la cesión de parte de territorio de la Provincia, con dos tercios de votos de los presentes en sesión, para objetos de utilidad pública nacional o provincial; y con unanimidad de votos de la totalidad de ambas cámaras, cuando dicha cesión importe desmembramiento del territorio o abandono de jurisdicción dentro de los límites prescriptos por la Constitución Nacional.
20° Legislar sobre tierras públicas de la Provincia debiendo dictarse una ley general sobre la materia.
21° Dictar todas las leyes y reglamentos necesarios para poner en ejercicio los poderes y autoridades que establece esta Constitución.
22° Calificar los casos de expropiación por causa de utilidad pública.
23° Autorizar la ejecución de obras públicas exigidas por el interés de la Provincia.
24° Dictar las leyes de organización y de procedimientos de los tribunales ordinarios y la del juicio por jurados.
25° Autorizar el establecimiento de bancos dentro de las prescripciones de la Constitución Nacional.
26° Facultar al Poder Ejecutivo, con la mitad más uno de los miembros de cada cámara, para contraer empréstitos o emitir fondos públicos con bases y objetos determinados, no pudiendo ser autorizados para equilibrar los gastos ordinarios de la administración. Los papeles de créditos públicos emitidos, llevarán transcriptas las disposiciones de la ley autorizante. En ningún caso la totalidad de los servicios de los empréstitos comprometerán más de la cuarta parte de las rentas de la Provincia y, ni el numerario obtenido de los mismos ni los fondos públicos que se emitan, podrán ser aplicados a otros objetos que los determinados por la ley de su creación.
27° Dictar la ley de elecciones generales de la Provincia.
28° Conceder o negar licencia al gobernador y vicegobernador para salir temporalmente fuera de la Provincia, o de la capital por más de quince días.
29° Crear reparticiones autárquicas pudiendo darles facultad para designar su personal y administrar los fondos que se les asigne, dentro de las prescripciones de la ley de creación.
30° Reglamentar el uso público de símbolos o distintivos que no pertenezcan a la nación argentina o a países extranjeros.
31° Legislar sobre asistencia social con ira a racionalizar la administración de los diversos servicios, o coordinarlos y a organizar el contralor de las inversiones de dineros públicos hechos por intermedio de las asociaciones benéficas privadas.
32° Dictar todas aquellas leyes necesarias para el mejor desempeño de las anteriores atribuciones y para todo asunto de interés público y general de la Provincia, que por su naturaleza y objeto no corresponda privativamente al Congreso Nacional.
82. - Las leyes pueden tener origen en cualesquiera de las cámaras, por proyectos presentados por sus miembros o por el Poder Ejecutivo.
83. - Para que un proyecto de ley sea sancionado sobre tablas, será necesario dos tercios de votos de los presentes y esa sanción no podrá recaer en general y particular en un mismo día, en ambas cámaras.
84. - Aprobado un proyecto por la cámara de su origen, pasa para su discusión a la otra cámara. Aprobado por ambas pasa al Poder Ejecutivo para su examen, y si también lo aprueba, lo promulga como ley.
86. - Si antes del vencimiento de los diez días hubiese tenido lugar la clausura de las Cámaras, el Poder Ejecutivo deberá, dentro de dicho término remitir el proyecto vetado a la secretaría del Senado, sin cuyo requisito no tendrá efecto el veto.
87. - Ningún proyecto de ley desechado totalmente por una de las cámaras podrá repetirse en las sesiones de aquel año, sino cuando vuelva a presentarse y fuera apoyado por dos tercios de votos de los miembros presentes de la cámara que lo rechazó. Si sólo fuera adicionado o corregido por la cámara revisora, volverá a la de su origen y si en ésta se aprobaran las adiciones o correcciones por mayoría absoluta, pasará al Poder Ejecutivo. Si las adiciones o correcciones fueran desechadas volverá por segunda vez el proyecto a la cámara revisora, y si aquí fueren nuevamente sancionadas por una mayoría de dos terceras partes de sus miembros, pasará el proyecto a la otra cámara, y no se entenderá que ésta reprueba dichas adiciones o correcciones, si no concurre para ello el voto de dos terceras partes de sus miembros presentes.
Transcurrido dicho término y aunque la comisión no se hubiere expedido dentro de las cuarenta y ocho horas subsiguientes, las secretarías de ambas cámaras citarán para un término no mayor de tres días a sesión plenaria de la Legislatura, la que deberá pronunciarse dentro de los quince días a contar de la fecha establecida en la primera convocatoria. A este efecto, regirán las disposiciones contenidas en el artículo 67.
Si la Asamblea no se expidiera dentro del plazo señalado, se considerará rechazado el proyecto, en caso de veto total y se tendrán por aprobadas las proposiciones del Poder Ejecutivo, si el veto fuera parcial.
Si se insiste en la primera sanción por dos tercios de votos presentes, o se aceptan por mayoría absoluta de los presentes la observaciones del Poder Ejecutivo, el proyecto será comunicado a éste para su cumplimiento.
Las votaciones serán nominales y, tanto los nombres de los sufragantes como los fundamentos que hayan expuesto y las observaciones del Poder Ejecutivo, se publicarán inmediatamente por la prensa.
El veto parcial no invalida el resto de la ley que podrá ser puesta en las partes no afectadas por el mismo.
89. - Toda ley modificada en parte se publicará íntegra incorporando a su texto las modificaciones, con excepción de los códigos de procedimientos u otras leyes que por su larga extensión hagan inconveniente la reimpresión en cuyo caso, esta prescripción se cumplirá en cada nueva edición.
90. - Cuando se haga la publicación oficial de las leyes de la Provincia se enumerarán ordinalmente y, en adelante, se mantendrá la numeración correlativa por la fecha de promulgación.
91. - En la sanción de las leyes, se usará la siguiente fórmula: "La Legislatura de la Provincia de Entre Ríos, sanciona con fuerza de ley".
1° Apertura de las sesiones ordinarias.
2° Recibir el juramento de ley del gobernador y vicegobernador de la Provincia.
3° Tomar en consideración la renuncia de los mismos funcionarios.
4° Declarar, con dos tercios de los votos presentes de cada cámara, los casos de impedimento del gobernador, vicegobernador o de la persona que ejerza el Poder Ejecutivo.
5° Elegir senadores nacionales y considerar las renuncias de los electos.
6° Realizar la elección de gobernador y vicegobernador que prevé el artículo 118.
7° Considerar el veto del Poder Ejecutivo en la forma prescripta por el artículo 88.
95. - Las reuniones de la Asamblea General serán presididas por el vicegobernador, en su defecto, por el vicepresidente primero del Senado o por el presidente de la Cámara de Diputados; a falta de ambos, por el legislador que designe la Asamblea.
96. - No podrá funcionar la Asamblea sin la mayoría de la totalidad de los miembros que la forman, salvo para la apertura del período legislativo y para recibir juramento del gobernador y vicegobernador, en cuyos casos, podrá hacerlo con la presencia de cualquier número.
98. - La acusación de los funcionarios sujetos a juicio político, será formulada ante la Cámara de Diputados, por cualesquiera de sus miembros o por cualquier particular.
99. - La acusación se hará por escrito, determinando con toda precisión los hechos que sirven de fundamento a aquélla.
101. - El acusado tendrá derecho de ser oído por la Comisión de Investigación, de interpelar por su intermedio a los testigos y de presentar los documentos de descargo que tuviere. Tendrá también el deber de contestar a todas las preguntas que la comisión le dirija respecto a acusación.
102. - La Comisión de Investigación consignará por escrito todas las declaraciones e informes relativos al proceso y terminado que haya su cometido, pasará a la cámara, con todos sus antecedentes, un informe escrito en que hará mérito de aquéllos y expresará su dictamen en favor o en contra de la acusación.
103. - La cámara decidirá sin más trámite si se acepta o no el dictamen de la Comisión de Investigación, necesitando para aceptarlo dos tercios de votos de la totalidad de sus miembros, cuando el dictamen fuera favorable a la acusación. El quórum para esta sesión se compondrá de tres cuartos de los miembros de la cámara.
104. - Desde el momento en que la cámara haya aceptado la acusación contra un funcionario público, éste quedará de hecho suspendido en el ejercicio de sus funciones, gozando de medio sueldo.
107. - El Senado constituido en Corte de Justicia será presidido por el presidente del Superior Tribunal de Justicia, o por su suplente legal, cuando el acusado sea el gobernador, el vicegobernador o un ministro del Poder Ejecutivo, y por el vicepresidente primero del Senado o por el vicepresidente segundo en su defecto, cuando el acusado sea un miembro del Poder Judicial.
110. - La pena en el juicio político deberá concretarse a la separación del funcionario acusado, y aún a la inhabilitación para ejercer cargos públicos por tiempo determinado. Pero cuando del proceso resulte constatado un crimen o delito común, el reo será entregado a la Justicia ordinaria con todos los antecedentes de su causa, para que le aplique la pena respectiva.
113. - Cualquiera que sea la sentencia del Senado, será inmediatamente publicada.
114. - El Poder Ejecutivo será desempeñado por un ciudadano con el título de Gobernador de la Provincia.
115. - Para ser elegido gobernador o vicegobernador, se requiere:
1° Tener treinta años de edad.
2° Ser ciudadano natural o hijo de argentino que haya optado por la ciudadanía de sus padres.
3° Estar domiciliado en la Provincia, el ciudadano no nacido en ésta, cuando menos dos años inmediatos a la elección, a no ser que la ausencia hubiese sido por servicios de la Nación o de la Provincia.
117. - En caso de acefalía del cargo de gobernador sus funciones serán desempeñadas por el vicegobernador, que las ejercerá durante el resto del período constitucional. Cuando se trate de un impedimento temporal, hasta que cese dicho impedimento.
118. - En caso de acefalía simultánea del gobernador y vicegobernador el Poder Ejecutivo, será ejercido por el vicepresidente primero del senado y, en defecto de éste, por el presidente de la Cámara de Diputados y, en el de ambos, por el presidente del Superior Tribunal de Justicia, quienes, convocarán a elección para reemplazarlos dentro de tres días, siempre que faltaran más de dos años para terminar el período constitucional. Si faltara menos de dos años aquellos funcionarios asumirán el Poder Ejecutivo interinamente y la legislatura, reunida en Asamblea, por mayoría absoluta de los presentes designará gobernador y vicegobernador, pudiendo ser electo un miembro de la Legislatura o cualquier ciudadano que reúna las condiciones del artículo 115. A este objeto, la Asamblea deberá ser citada especialmente por su presidente en ejercicio con anticipación de cinco días por lo menos y para un plazo no mayor de diez días.
120. - El gobernador y vicegobernador no pueden ser reelectos sino con el intervalo de un período legal ni sucederse recíprocamente.
121. - El tratamiento oficial del gobernador y vicegobernador cuando desempeñen el Poder Ejecutivo, será el de Excelencia.
122. - El gobernador y el vicegobernador en ejercicio de sus funciones, residirán en la capital y no podrán ausentarse del territorio de la Provincia sin permiso de la Legislatura, o de la capital por más de quince días.
En el receso de las Cámaras, sólo podrán ausentarse por un motivo urgente y por el tiempo indispensable, dando cuenta a aquéllas oportunamente.
123. - Al tomar posesión del cargo el gobernador y vicegobernador prestarán juramento por la Patria y sus creencias o principios, ante el presidente de la Asamblea Legislativa, en los términos siguientes: "Yo, N.N. juro por la Patria y... cumplir y hacer cumplir la Constitución Nacional y la de la Provincia y desempeñar con lealtad y honradez el cargo de gobernador o (vicegobernador). Si así no lo hiciera, la Patria y... me lo demanden".
124. - Los servicios del gobernador y del vicegobernador, serán remunerados por el tesoro de la Provincia y esta remuneración no podrá ser alterada en el período de su nombramiento. Durante éste, no podrán ejercer otro empleo ni recibir otro emolumento de la Nación o de la Provincia. El sueldo del gobernador y del vicegobernador será fijado por la ley.
125. - El gobernador y vicegobernador deberán recibirse el día designado por la ley considerándose dimitentes si no lo hicieran.
129. - Los ministros secretarios despacharán de acuerdo con el gobernador y refrendarán con sus firmas las resoluciones de éste, sin cuyo requisito no tendrán efecto, ni se les dará cumplimiento.
133. - Los ministros tendrán el tratamiento de Señoría y gozarán por sus servicios de un sueldo establecido por la ley, que no podrá ser alterado durante el tiempo que desempeñen sus funciones.
1° Participar de la formación de las leyes, con arreglo a esta Constitución, iniciándolas por medio de proyectos, proponiendo la derogación o modificación de las existentes o concurriendo a las discusiones de la Legislatura por medio de sus ministros.
2° Promulgar y hacer ejecutar las leyes de la Provincia facilitando su cumplimiento por reglamentos y disposiciones especiales que no alteren su espíritu.
3° Vetar las sanciones de la Legislatura, expresando en detalle los fundamentos del veto.
4° Indultar o conmutar las penas impuestas, dentro de la jurisdicción provincial, previo informe favorable del Superior Tribunal, excepto en los casos de delitos electorales y con respecto a los funcionarios sometidos al procedimiento del juicio político o del jurado de enjuiciamiento.
5° Usar en caso de receso de las Cámaras y de no poder ser oportunamente convocadas, de las atribuciones conferidas al Poder Legislativo en el inciso 18 del artículo 81.
6° Representar a la Provincia en las relaciones oficiales con el Poder Ejecutivo Nacional y demás gobernadores de Provincia.
7° Celebrar y firmar tratados parciales con otras provincias para fines de administración de justicia, de intereses económicos y trabajos de utilidad común, sometiéndolos a la Legislatura para su aprobación, y oportunamente, al Congreso de la Nación, conforme al artículo 107 de la Constitución Nacional.
8° Instruir a las Cámaras con un mensaje, a la apertura de sus sesiones sobre el estado general de la administración.
9° Presentar dentro de los tres primeros meses de sesiones ordinarias de las Cámaras, el proyecto de ley de presupuesto general de la administración y de las reparticiones autárquicas, acompañado del plan de recursos, el que no podrá exceder del mayor ingreso anual del último quinquenio, salvo en lo calculado por nuevos impuestos o aumentos de tasas. Dicho plazo se considerará improrrogable.
10° Dar cuenta a la Legislatura, dentro de los tres primeros meses de sus sesiones ordinarias, del uso y ejercicio del presupuesto anterior.
11° Decretar la inversión de la renta con arreglo a las leyes, debiendo hacer público mensualmente el estado de la tesorería.
12° Hacer recaudar los impuestos y rentas de la Provincia debiendo los funcionarios encargados de la recaudación ejecutar administrativamente el pago en la forma que determine la ley, quedando libre al contribuyente su acción de ocurrir a los tribunales para la decisión del caso, previa constancia de haber pagado.
13° Prorrogar las sesiones ordinarias de las Cámaras.
14° Convocar a sesiones extraordinarias a la Legislatura, especificando el objeto o determinando los asuntos comprendidos en la convocatoria.
15° Expedir las órdenes convenientes para toda elección popular en la oportunidad debida y sin poder por motivo alguno diferirlas sin acuerdo de las Cámaras, salvo lo dispuesto en el artículo 48.
16° Nombrar a los ministros secretarios y demás empleados de la administración, cuyo nombramiento no esté acordado a otro poder. Expedir títulos y despachos a los que nombre.
17° Nombrar, con acuerdo del Senado, los miembros del Superior Tribunal de Justicia, Fiscal y Defensores de Menores del mismo, Jueces de Primera Instancia, Fiscal de Estado, Contador, Tesorero, miembros del Tribunal de Cuentas, director general de escuelas, vocales del Consejo General de Educación, jefes militares desde teniente coronel y los demás funcionarios para los cuales la ley establezca esta forma de nombramiento.
18° Exonerar a los ministros secretarios de Estado y, en la forma que determine la ley respectiva, a los demás funcionarios y empleados cuyos nombramientos le esté atribuido, con excepción de los sujetos a juicio político y al jurado de enjuiciamiento.
19° Nombrar los jueces de paz letrados, agentes fiscales defensores de pobres y menores y nombrar jueces de paz legos a propuesta en terna de las municipalidades para los de sus respectivas jurisdicciones.
20° Nombrar los oficiales de la Guardia Nacional y alcaldes de campaña.
21° Prestar el auxilio de la fuerza pública a los tribunales de justicia, a los presidentes de las Cámaras Legislativas, a las Municipalidades de la Provincia y demás autoridades, conforme a la ley y cuando lo soliciten.
22° Ordenar arresto o detenciones con las limitaciones del artículo 24.
23° Tomar las medidas necesarias para conservar la paz y el orden público, por todos los medios que no estén expresamente prohibidos por esta Constitución y leyes vigentes.
24° Movilizar las milicias de uno o varios puntos de la Provincia durante el receso de las Cámaras, cuando un grave motivo de seguridad y de orden lo requieran, dando cuenta oportunamente de ello; y, aún estando en sesiones, podrá usar de la misma atribución siempre que el caso no admita dilación, dando cuenta inmediatamente a las Cámaras y, en uno y otro caso, al Gobierno de la Nación.
25° Ejercer la policía de la Provincia y la vigilancia e inspección de los establecimientos públicos de la misma.
26° Ejercer inspección sobre las oficinas del registro del estado civil de las personas, exigiendo y promoviendo la corrección inmediata de las irregularidades y deficiencias que se noten.
27° Conceder pensiones y jubilaciones conforme a la ley de la materia.
28° Conocer originariamente y resolver en las causas contencioso-administrativas, siendo sus resoluciones apelables por ante el Superior Tribunal.
138. - El gobernador y el vicegobernador, en su caso, y los ministros en los actos que legalicen con su firma o acuerdos en común, son solidariamente responsables y pueden ser acusados ante el Senado.
Fiscal de Estado, Contador y Tesorero de la Provincia
139. - Habrá un fiscal de Estado encargado de defender el patrimonio del fisco, que será parte legítima en los juicios contencioso-administrativo y en todos aquellos en que se controviertan intereses del Estado.
La ley determinará los casos y la forma en que ha de ejercer sus funciones, siendo inamovibles en ellas mientras dure su buena conducta.
141. - El contador y el tesorero serán nombrados en la forma prescripta por el artículo 135, inciso 17 y durarán ocho años, pudiendo ser reelectos.
142. - La contaduría intervendrá preventivamente en las órdenes de pago y las que autoricen gastos, sin cuyo visto bueno no podrán cumplirse, salvo en lo que se refiere a los últimos, cuando hubiere insistencia por acuerdo de ministros, debiendo la contaduría, en el caso de mantener sus observaciones, dar inmediatamente publicidad a su resolución y dentro de los quince días subsiguientes a la misma, poner todos los antecedentes en conocimiento del Tribunal de Cuentas.
143. - Sin perjuicio de la atribución conferida por el inciso 13 del artículo 81 de esta Constitución, la aprobación o desaprobación de la percepción e inversión de caudales públicos, hecha por todos los funcionarios y administradores de la Provincia y de las municipalidades, estará a cargo de un Tribunal de Cuentas, cuya ley orgánica deberá sancionar la Legislatura en el primer período de sesiones que celebre después de la sanción de esta reforma.
El Tribunal de Cuentas estará compuesto de un presidente, el que deberá tener título de abogado y dos vocales que deberán tener título de contador, nombrados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado y serán inamovibles.
144. - La policía de la ciudad y campaña, estará, en cada departamento, a las órdenes de un jefe de policía nombrado por el Poder Ejecutivo.
1° Ciudadanía natural o legal después de seis años de obtenida.
3° No estar en servicio militar activo.
148. - El Superior Tribunal se compondrá, por lo menos de seis miembros. Se dividirá en salas que entenderán en las distintas materias del derecho en el número que lo requieran las necesidades judiciales. En caso de creación de nuevas salas, la ley determinará su jurisdicción y competencia y la forma en que se distribuirá el trabajo entre las de la misma materia y la de la constitución y funcionamiento del tribunal, en los casos previstos por esta Constitución cuando deba actuar como tribunal pleno.
149. - Para ser miembro del Superior Tribunal, fiscal o defensor del mismo, se requiere ser ciudadano argentino, tener título nacional de abogado, treinta años de edad, seis por lo menos en el ejercicio activo de la profesión de abogado o de la magistratura.
150. - Los miembros del Superior Tribunal serán inamovibles mientras dure su buena conducta y sólo podrán ser removidos mediante el juicio político, en la forma establecida en esta Constitución.
151. - Para ser juez de primera instancia se requiere ser ciudadano argentino, tener título de abogado nacional, veintisiete años de edad y cinco por lo menos, en el ejercicio activo de la profesión o en la magistratura.
154. - Los miembros del Superior Tribunal, fiscal y defensor de menores del mismo y los jueces de primera instancia, serán designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado.
155. - Los funcionarios letrados de la administración de justicia serán inamovibles, mientras dure su buena conducta, y los no sujetos a juicio político, sólo podrán ser removidos por el jurado de enjuiciamiento, en la forma establecida en esta Constitución.
156. - Los funcionarios judiciales letrados, percibirán por sus servicios, una compensación que determinará la ley, la cual será pagada en época fija y no podrá ser disminuida mientras permaneciesen en sus funciones.
157. - Los funcionarios judiciales y los empleados de la justicia no podrán formar parte de corporación o centro político, inmiscuirse, en grado o en forma alguna en actividades políticas, ni podrán ejercer su profesión en ningún fuero ni ante ningún tribunal.
159. - El tratamiento del Superior Tribunal de sus salas será el de Excelencia, y el de cada uno de los miembros de dicho tribunal y de los jueces de primera instancia, el de Señoría.
161. - No podrán ser simultáneamente miembros del Superior Tribunal los parientes o afines dentro del cuarto grado civil, ni conocer en asuntos que hayan resuelto como jueces, parientes o afines, dentro de dicho grado. En caso de parentesco sobreviniente el que lo causare, abandonará el cargo.
162. - Los representantes del ministerio fiscal y ministerio pupilar en todas las instancias, quedarán equiparadas a los miembros del Poder Judicial, en cuanto a las garantías establecidas en su favor y en cuanto a las obligaciones especiales que les impone esta Constitución, no pudiendo ser removidos sino por el Jurado de Enjuiciamiento, en la forma prevista en la misma.
165. - El Poder Judicial, conoce y decide en los casos contenciosos o voluntarios del derecho común, en las causas criminales, en las contencioso administrativas y en los demás casos previstos en esta Constitución, siendo su potestad, en tal sentido, exclusiva, no pudiendo el Poder Legislativo o Ejecutivo, en ningún caso, arrogarse atribuciones judiciales ni hacer revivir procesos fenecidos, ni finalizar los existentes.
166. - El Superior Tribunal de Justicia tendrá las siguientes atribuciones generales, conforme a la reglamentación de las leyes respectivas.
e) Hacer saber al Poder Ejecutivo las necesidades que se señalen en el ejercicio de la administración de justicia, a efecto de que se solicite de la Legislatura la sanción de las leyes respectivas.
f) Evacuar con carácter obligatorio los informes relativos a la administración judicial que le requiriesen el Poder Ejecutivo o cualesquiera de las Cámara.
1° Ejercerá jurisdicción, originaria y exclusiva de los siguientes casos:
b) En los conflictos internos de las municipales y en los que se susciten entre ellas, y entre éstas y las autoridades de la Provincia.
c) En las gestiones acerca de la constitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas, resoluciones o reglamentos, que estatuyan en materia regida por esta Constitución, que se promuevan directamente ante el mismo por vía de acción.
f) En los recursos por retardo o denegación de justicia interpuesto contra sus salas.
h) En la recusación de sus miembros.
2° Ejercerá jurisdicción, como tribunal de última instancia.
3° Conocerá y resolverá en las causas contencioso-administrativas, previa denegación o retardación de la autoridad administrativa competente, al reconocimiento de los derechos gestionados por parte interesada, en la forma en que lo determine la ley respectiva.
169. - Los funcionarios judiciales letrados a que se refieren los artículos 155 y 162, no sujetos a juicio político, podrán ser acusados, por faltas o delitos cometidos en el desempeño de sus funciones, ante el Jurado de Enjuiciamiento, que estará integrado por tres miembros del Superior Tribunal, dos legisladores y dos abogados inscriptos en la matrícula de la Provincia y domiciliados en la misma, que reúnan las cualidades requeridas para ser miembro del Superior Tribunal de Justicia; todos ellos, sorteados o designados con la antelación suficiente para que el tribunal esté constituido el primero de enero de cada año.
171. - La ley respectiva determinará los delitos y faltas de los funcionarios que autoricen la acusación de los mismos ante el jurado y reglamentará el procedimiento a que debe ajustarse la sustanciación de las causas promovidas.
172. - Los miembros del jurado podrán ser recusados y excusarse por causa fundada, debiendo, en tal caso, integrarse en la forma que prescriba la ley respectiva.
174. - El jurado pronunciará su veredicto dentro de un término perentorio de treinta días desde que la causa quedare en estado, absolviendo o destituyendo al empleado. En el primer caso, el funcionario quedará restablecido en la posesión de su cargo y, en el segundo, separado definitivamente del mismo, sujeto a la ley ordinaria, debiendo el jurado comunicar tal hecho a la autoridad correspondiente a efectos de que se proceda a la designación de su reemplazante, en la forma prevista en esta Constitución.
175. - Vencido el término legal sin que medie un pronunciamiento del jurado, tal omisión crea una presunción, que no admite prueba en contrario en favor de la inocencia del acusado, quien se reintegrará a la posesión de su cargo, sin que se le puedan oponer los efectos de una condena dictada con posterioridad.
178. - Los funcionarios judiciales, enjuiciables ante el jurado, acusados de delitos ajenos a sus funciones, serán juzgados en la misma forma que los demás habitantes de la Provincia, no pudiendo ser detenidos sin suspensión previa decretada por el jurado, salvo el caso de infraganti delito.
180. - Todo centro de población de más de mil quinientos habitantes dentro del ejido, constituye un municipio, que será gobernado por una corporación municipal, con arreglo a las prescripciones de esta Constitución y de la ley orgánica que, en su consecuencia, se dicte por la Legislatura.
181. - Los municipios serán de dos categorías, a saber: primera, ciudades de más de cinco mil habitantes; y, segunda, villas o pueblos de menos de cinco mil habitantes y más de mil quinientos, dentro de sus ejidos respectivos.
Los censos nacionales, provinciales o municipales, legalmente practicados y aprobados, determinará la categoría de cada municipio.
182. - Los municipios de la primera categoría, serán gobernados por municipalidades, las que estarán compuestas de dos departamentos: uno deliberante y otro ejecutivo, cuyos miembros serán elegidos directamente por el pueblo. Los municipios de segunda categoría, estarán gobernados por juntas de fomento electivas. Las municipalidades y juntas de fomento tendrán jurisdicción sobre sus respectivos ejidos.
183. - Formarán el cuerpo electoral de los municipios.
1° Los electores del municipio inscriptos en el registro cívico provincial.
2° Los extranjeros inscriptos, que sepan leer y escribir en idioma nacional, mayores de diez y ocho años, con dos por lo menos de residencia inmediata en el municipio al tiempo de su inscripción y que comprueben, además, algunas de las siguientes cualidades:
Al efecto se confeccionará un padrón suplementario de extranjeros.
185. - Para ser vocal de las municipalidades o juntas de fomento será necesario tener veintidós años, ser vecino del municipio con residencia anterior mínima de dos años, saber leer y escribir y pagar impuesto o ejercer alguna profesión o industria lucrativa.
186. - La rama deliberativa de las municipalidades, se compondrá del número de miembros, titulares y suplentes, que establezca la ley orgánica de los municipios y serán elegidos según el principio de la representación proporcional, en la forma que establece el artículo 51. Será presidida por uno de sus miembros y éstos durarán cuatro años en el ejercicio de sus funciones. Su renovación se hará totalmente pudiendo ser reelectos.
187. - Las municipalidades tendrán rentas y bienes propios, siendo exclusiva su facultad de imposición respecto de personas, cosas o formas de actividad sujeta a jurisdicción municipal, la que ejercitará conforme a su ley orgánica y con las limitaciones que ella establezca, respecto de sus bases o para impedir se sancionen gravámenes incompatibles con los nacionales o provinciales.
190. - Las municipalidades y juntas de fomento, como personas civiles, pueden ser demandadas ante los tribunales ordinarios, sin perjuicio de lo dispuesto por las leyes de competencia federal, sin necesidad de autorización previa y sin privilegio alguno.
Si fueran condenadas al pago de una deuda, podrán ser ejecutadas en la forma ordinaria y embargadas sus rentas, si transcurrido un año desde la fecha en que el fallo condenatorio quedó firme, los respectivos cuerpos deliberantes no arbitraran los recursos para efectuar el pago. Exceptúanse de esta disposición, las rentas o bienes especialmente afectados en garantía de una obligación.
191. - El presidente y miembros de las municipalidades, son responsables civilmente por los daños que causare con sus faltas u omisiones en el ejercicio de su mandato.
193. - La Ley orgánica de las corporaciones municipales podrá otorgar al electorado de cada municipio, y para casos expresamente enumerados, los derechos de iniciativa, referéndum y destitución de los funcionarios electivos.
194. - En los casos de acefalía de cualesquiera de las ramas del gobierno municipal, la ley orgánica de las municipalidades adoptará un procedimiento breve para la suplencia de sus autoridades, no pudiendo ejercer, las que lo hagan provisoriamente sino los actos indispensables para llenar las necesidades urgentes del servicio.
195. - Los municipios de primera categoría, serán gobernados por municipalidades, las que funcionarán con arreglo a las siguientes bases.
1° Las municipales se compondrán de un Concejo Deliberante y un Departamento Ejecutivo. El primero, tendrá por objeto sancionar ordenanzas y dictar resoluciones en los asuntos contencioso-administrativos que ante la municipalidad se promuevan. El departamento ejecutivo, tendrá por objeto hacer cumplir las ordenanzas y resoluciones de la municipalidad y representar a ésta en todos sus actos externos.
2° El departamento ejecutivo estará a cargo de una sola persona con el título de Presidente de la Municipalidad, el que durará cuatro años en sus funciones y gozará de una remuneración, pagada por el tesoro municipal, que no podrá ser alterada en el período de su nombramiento.
3° Para ser nombrado Presidente de la Municipalidad, se requiere tener treinta años de edad y las demás condiciones exigidas para ser vocal del Concejo Deliberante, siendo incompatible el cargo de presidente con el de miembro del Concejo y con el de empleado o legislador nacional o provincial.
4° Corresponde a las municipalidades:
b) Proponer ternas al Poder Ejecutivo de la Provincia para el nombramiento de los jueces de paz legos de su jurisdicción.
g) Contraer empréstitos con objetos determinados, con dos tercios de votos de la totalidad de los miembros del Concejo. En ningún caso el servicio de la totalidad de los empréstitos podrá comprometer más de la cuarta parte de la renta, ni el fondo amortizante a aplicarse a otros objetos.
h) Enajenar en subasta pública o gravar los bienes municipales con dos tercios de votos de la totalidad de los vocales.
j) Fomentar la enseñanza común y especial, estableciendo dentro del municipio las escuelas que sus recursos les permitan, con sujeción a las leyes y planes generales de la materia.
198. - Las Juntas de Fomento tendrán, en general las mismas atribuciones y deberes que las municipalidades, no pudiendo contraer empréstitos.
200. - Las Juntas de Fomento someterán sus presupuestos, cuentas de inversión de sus rentas y ordenanzas impositivas, a la aprobación legislativa.
Si la Legislatura no se manifestara sobre la aprobación o desaprobación de las ordenanzas a que se refiere este capítulo, cuarenta días después de haberle sido sometidas, podrán dárseles ejecución. Dicho término, se contará desde la entrada del asunto a la secretaría de la cámara respectiva.
201. - Es obligación primordial del Estado proveer lo conducente al establecimiento y organización de un sistema de educación que comprenda la enseñanza primaria común. Podrá también organizar y sostener escuelas primarias, complementarias de perfeccionamiento e institutos especiales.
202. - El mínimo de enseñanza primaria que el Estado se obliga a dar y los habitantes están obligados a recibir, deberá impartirse en las escuelas oficiales o particulares que ofrezcan garantías de estabilidad y eficiencia educacional, las que estarán sujetas al mínimo de enseñanza oficial y a las leyes escolares.
203. - La obligación escolar se extiende a todo el ciclo de enseñanza primaria común, en las condiciones y bajo las penas que la ley establezca. La enseñanza en las escuelas del Estado será gratuita, laica y obligatoria. La gratuidad puede extenderse a las demás enseñanzas dadas por el Estado.
206. - La organización y dirección técnica y administrativa de la enseñanza común, será confiada a un Consejo General de Educación autónomo en sus funciones, compuesto de un Director General de Escuelas, que ejercerá su presidencia y de cuatro vocales, nombrados, uno y otros por el Poder Ejecutivo, con acuerdo del Senado, por un período de cuatro años.
Sus atribuciones será deslindadas por la ley.
207. - El Director General de Escuelas, es el jefe del departamento de educación. Aparte de las condiciones que se establezcan por la ley, deberá ser argentino nativo o naturalizado con cinco años de ejercicio y tener, por lo menos, treinta años de edad.
208. - Habrá en cada departamento un Consejo Escolar compuesto de cinco miembros nombrados, ad-honórem, por el Consejo General de Educación de una lista de diez vecinos formulada por las corporaciones municipales. Tendrán las atribuciones que determine la ley.
210. - El fondo de la educación común estará formado por el veinticinco por ciento, como mínimo, de las rentas generales de la Provincia y con los demás recursos que se establezcan.
211. - Las rentas escolares de toda la Provincia serán administradas por el Consejo General de Educación a cuyo efecto, los recaudadores deberán depositarla directamente a su orden en el banco que designe el Poder Ejecutivo.
212. - La renta destinada al sostenimiento de la educación común, no podrá tener otra aplicación que la de pagar los gastos y sueldos que aquélla demande, comprendidos en el presupuesto del ramo.
213. - El Consejo General de Educación rendirá cuenta cada año, conforme a la ley, ante el Tribunal de Cuentas, de la administración e inversión de los fondos que le fueren entregados para sus gastos.
214. - La obligación escolar se considerará subsistente mientras no se haya acreditado poseer el mínimo de enseñanza que la ley exija.
215. - La Legislatura dictará leyes fomentando las bibliotecas fijas o circulantes y subvencionando a toda persona que fuera de las radios urbanos diera a los niños en edad escolar, el mínimo de enseñanza elemental.
216. - La presente Constitución, no podrá ser reformada en todo o en parte, sino por una Convención especialmente nombrada para ese efecto por el pueblo de la Provincia, en elección directa.
217. - La Convención será convocada por una ley en que se declare la necesidad o conveniencia de la reforma, expresándose al mismo tiempo, si ésta debe ser general o parcial y determinando, en caso de ser parcial los artículos o la materia sobre los cuales ha de versar la reforma. La ley que se dé con ese objeto, deberá ser sancionada con dos tercios de votos del número total de los miembros de cada cámara; y si fuese vetada, será necesario para su promulgación que la Asamblea insista con igual número de votos.
218. - La Convención no podrá comprender en la reforma otros puntos que los especificados en la ley de convocatoria; pero no estará tampoco obligada a variar, suprimir o completar, las disposiciones de la Constitución cuando considere que no existe la necesidad o conveniencia de la reforma declarada por ley.
219. - En el caso del artículo anterior, la Legislatura no podrá insistir, dictando nueva ley de reforma, mientras no hayan transcurrido por lo menos dos períodos legislativos sin contar el que correspondiera a la ley de la reforma.
220. - Para ser Convencional se requiere: ser argentino, con ciudadanía natural en ejercicio o legal después de cuatro años de obtenida y tener veinticinco años de edad. El cargo de Convencional, es compatible con cualquier otro cargo público nacional o provincial, que no sea el de gobernador, vicegobernador, ministro, presidente de municipalidad o jefe de policía.
221. - La Convención se compondrá de un número de miembros igual al de la totalidad de senadores y diputados. Serán elegidos en la misma forma que estos últimos y gozarán de las mismas inmunidades y remuneración mientras ejerzan su cargo.
Tendrá facultades para designar su personal y confeccionar su presupuesto.
En los períodos subsiguientes, regirán los términos de duración establecidos en esta Constitución, a contar desde el primero de julio de mil novecientos treinta y cinco.
225. - Los senadores actualmente en ejercicio, continuarán en el desempeño de sus cargos hasta completar el período para el que han sido electos y las renovaciones se harán en la siguiente forma:
226. - Los diputados cesarán en su mandato el treinta de junio de mil novecientos treinta y cinco, con excepción de los representantes de los círculos electorales Paraná-Campaña, Villaguay y Diamante, cuya renovación debe realizarse en mil novecientos treinta y cuatro. La elección de estos diputados se hará por el régimen electoral vigente en la anterior Constitución y el mandato durará para los electos hasta el treinta de junio de mil novecientos treinta y cinco.
227. - La Legislatura sancionará las leyes orgánicas y las reformas a las leyes existentes que fueran menester para el funcionamiento de las instituciones creadas por esta Constitución y las modificaciones introducidas por la misma. Si transcurriere más de un año sin sancionarse alguna de esas leyes o reformas, el Poder Ejecutivo quedará facultado para dictar, con carácter provisorio, los decretos reglamentarios que exija la aplicación de los nuevos preceptos constitucionales. Dichos reglamentos quedarán sin efecto con la sanción de las leyes respectivas que producirán la derogación automática de aquéllos.
228. - Las actuales leyes orgánicas continuarán en vigencia, en lo que sean compatibles con esta Constitución, hasta que la Legislatura sancione las que correspondan a las disposiciones de este estatuto constitucional.
229. - Hasta tanto no se dicte la ley que organice el Jurado de Enjuiciamiento, los jueces serán enjuiciables por el procedimiento de juicio político.
231. - Los actuales miembros de los Concejos Deliberantes y de las Comisiones Municipales, constituidos en Comisión Administradora, desempeñarán las funciones de aquéllos, con todas las facultades que la ley orgánica les confiere, hasta el primero de abril de mil novecientos treinta y cinco.
La integración de las Comisiones Administradoras se harán de acuerdo con la actual ley orgánica de las corporaciones municipales.
232. - La Legislatura prolongará sus sesiones de mil novecientos treinta y tres, hasta el treinta de junio de mil novecientos treinta y cuatro, en la forma que lo estime conveniente, a fin de dictar las leyes que fueren necesarias para responder a esta Constitución.
233. - Una comisión compuesta del señor presidente y de dos señores convencionales, revisará la forma en que se ha recogido y registrado la sanción de esta Convención, hecho lo cual, la firmarán el presidente, los secretarios y los convencionales que deseen hacerlo y, sellado con el sello de la Convención, se pasará al archivo de la Legislatura, remitiéndose copias, al Poder Ejecutivo y al Superior Tribunal de Justicia.
Dada en la Sala de Sesiones de la Convención Constituyente, en la ciudad de Paraná, capital de la Provincia de Entre Ríos, a los diez y ocho días del mes de agosto de mil novecientos treinta y tres.
E. Laurencena
E. J. Salgado - Secretario - Angel Gómez del Río - Secretario -
Enrique V. Acebal - José Aguerre - Miguel A. Aguirrezzabala - Héctor E. Ardoy - Carlos F. Barbiero - José Adán Blanda - Osvaldo M. Calderón - José R. Carulla - Max Consoli - Luis M. Daneri - Atanasio Eguiguren - Arturo J. Etchevehere - José Benjamín Gadea - Mario César Gras - Luis Jaureguiberry - Juan Labayén - Justo G. Medina - Alberto Méndez Casariego - Leopoldo Melo - Sebastián Mundani - David O'Connor - Antonio Petrozzi - Juan Ravagnán - Ernesto E. Sammartino - Eduardo Tibiletti - Roberto Vilar.
La comisión especial a que alude el artículo 233, designada para revisar la forma en que se ha recogido y registrado la sanción de esta Convención, certifica que la presente es copia fiel de lo sancionado por ella.
E. Laurecena - O. M. Calderón - Justo G. Medina