Source: http://www.slideshare.net/Redmujeresciudadanas/proyecto-de-ley-contra-manutencin-alimentaria
Timestamp: 2017-01-23 09:19:51
Document Index: 247266641

Matched Legal Cases: ['Artículo 13', 'Artículo 54', 'Artículo 54', 'Artículo 51', 'Artículo 50', 'Artículo 49', 'Artículo 48', 'Artículo 11', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 16', 'Artículo 13']

Tema 1. resumen y analisis de las ...
un retroceso muy grave para el Paraguay de parte del Diputado Morel Pintos y los demás proyectistas! Una Ley a la medida de padres "hombres" irresponsbles.
<ul><li>Honorable Cámara de Diputados </li></ul><ul><li>Asunción - Paraguay </li></ul><ul><li>Comisión de Legislación y Codificación </li></ul>2011 2.
ANTE PROYECTO DE LEY (FORMATO DE LECTURA RAPIDA) 3.
<ul><li>REGLAMENTACION DEL ARTICULO Nº 13 Y DEL CAPITULO IV DE LA CONSTITUCION NACIONAL </li></ul><ul><li>Diputado de la Nación, MARIO MOREL PINTOS (cel: 0991 714 560) </li></ul><ul><li>Lic. Prof. OSCAR R. AGUAYO MEAURIO. (CEL. 0981 516 188) </li></ul><ul><li>A. Ledesma (0971 593 902-0981 420. 020) </li></ul>
INTRODUCCION <ul><li>“ La modificación de la figura del castigo: Que la pena carcelaria sea cuasi-sustituida por una pena de servicio comunitario social, pues, el problema de la manutención alimentaria no puede entenderse bajo el enunciado de “crimen-castigo, sino como irresponsabilidad-castigo. En caso de extrema gravedad, la pena carcelaria no deba ser cumplida por padres o madres de familia en penitenciarias destinadas a condenados por delitos de mayor gravedad”. </li></ul>
LA FAMILIA <ul><li>Fundamentos filosóficos, antropológicos y sociales </li></ul><ul><li>El ser humano es bio-psicosocial que vive una sola vez. Desde la perspectiva biológica se halla inmerso en un proceso establecido por la concepción, nacimiento, crecimiento, desarrollo y muerte. Además, vive en un espacio y un tiempo determinado. Psicosocialmente deberá ir aprendiendo, interactuando y adaptándose, en su relación con los demás. A ello se suma la influencia del contexto ambiental natural y tecnológico. Posee una estructura soma-fisiológica cuya naturaleza para sobrevivir tiene prioridades básicas esenciales: sueño, alimentos, protección, entre otros. </li></ul>
<ul><li>Por razones natural y social, el “hombre” se relaciona con los demás, y una de ellas se da en el ámbito de la afectividad y de la sexualidad, que permiten en ciertas circunstancias la concepción y la presencia de los hijos, y, de ese modo la continuidad de la especie humana. </li></ul>
<ul><li>La estructura de una familia está dada por medio de costumbres, normas, leyes, creencias e incluso mitos; prejuicios y tabúes. Es decir, sometido a aspectos consensuales, co-sanguíneos jurídicos y experienciales. </li></ul>
<ul><li>A través de la historia de la humanidad se han conformado diversos tipos de familias, donde evidentemente la mujer (matriz de la vida) siempre ha cumplido un rol fundamental en el sostenimiento de la prole. Los pueblos ancestrales tribales han dividido las funciones laborales, considerando el tipo de sexo. Esto implica que la mujer cumplía con las actividades del cuidado y la educación del niño, la cocción de los alimentos, la recolección de frutos, hierbas; en algunos casos el cultivo y los trabajos de artesanía. </li></ul>
<ul><li>Sin embargo, el varón se dedicaba a la cacería y a la pesca, a la recolección de la miel y a la protección ante ciertos peligros, sea de animales o de otros pueblos enemigos. Esta dinámica se dio principalmente en las sociedades patriarcales y con algunas variables en las matriarcales. Además de la gran importancia de la figura de la mujer en el hogar, es igual de relevante la figura paternal como símbolo de seguridad, de protección ante ciertos peligros externos que fueran a acechar a la familia (imaginario ancestral). Debido a factores sociales, políticos, ambientales y económicos se han producido cambios en la historia referente a las estructuras y funciones familiares, emergiendo diferencias, analogías e identidades.. </li></ul>
<ul><li>Así han aparecido hipótesis, teorías y aplicaciones que plantearon un nuevo tipo de sociedad y comunidad. Por ejemplo, hubo épocas y sociedades en las que, las mujeres, simplemente cumplían una función procreativa, marginadas de ciertos privilegios que gozaban los varones. Por ejemplo, el de Platón, quien consideraba que lo correcto era una relación sexual que se orientaba solo hacia lo procreativo y temporal (principalmente para aquellos que iban a formar parte del gobierno) y que de los hijos debía encargarse el Estado. Esta concepción es similar a lo planteado por algunos pensadores (posteriores) socialistas y marxistas, pues, los mismos consideraban que la propiedad privada es la que genera una sociedad altamente egoísta y que finalmente es circunstancia desarrollaba seres humanos en situación de opresión y sin respuesta de parte de un Estado liberal </li></ul>
<ul><li>Los Estados que se hallan enmarcados en los principios de la Democracia Republicana, representativa, participativa y pluralista exigen que los padres, en condición de igualdad, sean responsables del cuidado, de la manutención y de la educación de la prole. Además, el Estado también es corresponsable de velar por la armonía y el bienestar de las familias. Hoy, en nuestra sociedad, se establece la idea de la igualdad de condiciones entre el varón y la mujer, y esta idea tiene fuerza constitucional (Capitulo IV. Constitución Nacional del Paraguay. “De los Derechos de la Familia”) </li></ul>
<ul><li>En cualquier grupo humano social la crianza de los hijos siempre ha estado bajo la responsabilidad de los padres. En caso de separación de los padres generalmente queda a cargo de uno de ellos, sea de la madre o del padre, cuestión que, no pocas veces, genera situaciones complejas para los niños (téngase en cuenta las excepciones). Debe rescatarse la importancia de velar por el niño, considerando sus derechos de manera que se viva una juventud y una adultez sana y satisfactoria, pues, ello tiene sus implicancias para las próximas generaciones que fueran a aparecer en la continuidad histórica existencial humana. </li></ul>
<ul><li>De ahí la siguiente premisa: si un individuo se encuentra consigo mismo en condiciones emotivas normales y en equilibrio con las exigencias normativas y valorativas culturales de su grupo social, se tendrá un ser humano proactivo y satisfactorio, dando lo que es propio desde sus fueros internos; forjar de ese modo un “Humanismo Altruista”: El altruismo es Humanismo. El hombre (varón y mujer), si quiere permanecer en equilibrio con sus fueros internos y el entorno natural, social y cultural precisa introyectarse valores que evitan la desintegración de sí y de los demás, en la búsqueda diaria de permanecer en una situación donde se conjugan de manera adecuada elementos disyuntivos que puedan disgregar, lesionar y socavar su dignidad y su intimidad, proyectándose hacia una sociedad menos destructiva y nihilista. Un humanismo que urde un tejido social capaz de sortear las trampas que se instalan en un mundo donde los intereses egoístas desintegradores intentan dejar bajo los pies al ser humano. (“Reflexiones Invasivas”, Oscar Aguayo.). </li></ul>
<ul><li>Desde la perspectiva psicológica, el niño siempre tendrá algún tipo de ansiedad o angustia cuando se disgrega la relación de los padres, ruptura que afecta su yo-afectivo, cuyo impacto varía según la personalidad de cada individuo-niño. Así también depende del por qué de las separaciones de los padres y, de los mecanismos de contención de su entorno familiar. Debe advertirse que un niño cuyo padre se encuentra procesado, recluido, por problemas intrafamiliares, es más probable que fuera a sufrir desequilibrios emocionales, que finalmente, afectará su salud mental y social, incidiendo de manera negativa en su vida futura, cuando fuera a conformar una relación-pareja. Estas son las maneras de provocar los consabidos efecto dominó , negativo, proyectándose a las futuras generaciones. </li></ul>
ARGUMENTACION <ul><li>La aplicación del Código Penal y la realidad del sistema judicial </li></ul><ul><li>“ El empleo en Paraguay: El Estado exige por un lado lo que, por el otro, no ofrece” </li></ul><ul><li>El Código Penal Ley Nº 1160/97, introdujo en el sistema penal nacional el denominado delito de &quot;incumplimiento del deber legal alimentario&quot;, que hoy, a la luz de la realidad del Paraguay y ante el alto índice de desempleo, que los sucesivos gobiernos declaran de imposible solución para satisfacer la demanda de la sociedad, impone una revisión de urgencia. </li></ul><ul><li>Los conflictos por causa del incumplimiento del deber legal alimentario han aumentado, demostrándose que la armonía familiar no ha sido la esperada con la aplicación de la mencionada ley. Por el contrario, se ha vuelto peligrosamente más conflictiva. El código aplicado hasta 1996 y parte de 1997, del Prof. Dr. Teodosio González, no incluía la tipificación que hoy rige en el sistema reglamentario. En este momento es imposible negar el desacierto del sistema judicial en la aplicación de la normativa en cuestión. </li></ul>
<ul><li>El Capítulo Nº 225 de dicha ley, que aborda el delito de “Incumplimiento del deber legal alimentario”, en su Artículo Nº 1 ESTABLECE: “ El que incumpliera un deber legal alimentario y con ello produjera el empeoramiento de las condiciones básicas de vida del titular, o lo hubiera producido de no haber cumplido otro con dicha prestación, será castigado con pena privativa de libertad de hasta dos años o con multa”. </li></ul><ul><li>El Artículo Nº 2 AÑADE: “El que incumpliera un deber alimentario establecido en un convenio judicialmente aprobado o en una resolución judicial, será castigado con pena privativa de libertad de hasta cinco años o con multa”. </li></ul><ul><li>Demás está decir que para tan agresiva carga punitiva se ha desarrollado muy escueta escritura. </li></ul><ul><li>Hoy sabemos del Código Penal vigente que cualquiera que haya cometido un robo agravado puede estar libre tras dos meses de privación de libertad. La sola circunstancia expuesta debe hacer reflexionar sobre el peligro que representa el hecho de que para un procesado por incumplimiento del deber alimentario resulte más beneficioso recurrir al robo para evitar los 5 o 2 años de cárcel. </li></ul>
<ul><li>Por otro lado, queda claro que, contraviniendo otras normas constitucionales del Capítulo 4to -por anteponer el Artículo 13- quienes propusieron la aprobación de esta normativa no han tenido en mínima cuenta los preceptos generales y mayoritarios de la Carta Magna del Paraguay. </li></ul><ul><li>El artículo Primero del capítulo Nº 225 del Código Penal impone toda la carga de la responsabilidad de la prestación alimentaria únicamente sobre uno de los alimentantes, contraviniendo el principio de igualdad, tanto de obligaciones como derechos establecidos, incluyendo la corresponsabilidad del Estado en el cuidado del niño o adolescente. </li></ul><ul><li>LA REALIDAD DE LA APLICACIÓN DE LA LEY EN PARAGUAY </li></ul><ul><li>EL CONFLICTO , COMO MOTIVACION PRINCIPAL DEL SISTEMA JUDICIAL, Y NO EL NIÑO </li></ul><ul><li>Debido a que la propia Constitución Nacional estableció la pena privativa de libertad para estos casos, es necesaria una reglamentación más clara y determinante del artículo Nº 13 y del capítulo IV de nuestra Carta Magna. </li></ul>
<ul><li>Al penalizar una falta de carácter civil, es innegable mencionar que las decisiones de los ciudadanos Convencionales, en 1992, estuvieron más influenciados por los conflictos políticos del momento, descuidando el flanco de los derechos civiles. A esto se sumó la puesta en vigencia de una normativa de origen alemán, ajena a la realidad paraguaya y considerada incluso desfasada por los propios juristas alemanes. </li></ul><ul><li>Actualmente, las condenas por estas faltas, que no pasan de ser conductas de irresponsabilidad, se cumplen en recintos destinados a criminales procesados y sentenciados por delitos de mayor peso, tales como el asesinato o el robo agravado; el narcotráfico o delitos de lesa humanidad, entre otros. Nuestras cárceles no cuentan con pabellones diferenciados de manera específica y selectiva según los casos. </li></ul>
<ul><li>Abordar el tema y obtener una reglamentación mas humanizada para los delitos de incumplimiento del deber legal alimentario tiene carácter urgente porque existen actualmente centenares de procesos judiciales que claramente han perdido el horizonte de una aplicación justa. Tal como el sistema judicial hoy concibe las resoluciones judiciales sobre obligaciones de este tipo, lejos de lograrse el objetivo, se ocasiona mayor daño, ya que las sentencias dejan a su paso más familias disgregadas. </li></ul><ul><li>La Constitución establece en el capítulo 4to que el Estado promoverá y protegerá la familia, garantizando una convivencia armónica, velando por el interés superior del niño. Sin embargo, en la aplicación de la ley, estas letras pasan a ser menos que enunciaciones, pues, las sentencias terminan priorizando motivaciones orientadas por resentimientos. Hoy es difícil saber si el reclamo de tenencia de un padre está justificada o si la demanda de prestación alimentaria de una madre está o no motivada en la necesidad real del niño. Es por esto que algunos de los conflictos no llegan a la justicia, sino que se diluyen en entidades como el CODENI, donde las parejas acuerdan arreglar sus diferencias. Demás está decir que esto evita enormes gastos al Estado y más saturación al régimen penitenciario. </li></ul>
<ul><li>Sin embargo, cuando la motivación no son los menores, los juicios transcurren en tribunales y las sentencias mal aplicadas contribuyen a la existencia de hijos con padres en la cárcel, en innumerables casos sólo por el objeto de satisfacer actitudes u objetivos irascibles de quienes usan el sistema judicial y sus normativas, para fines que nada tienen que ver con la protección del niño. Una nueva legislación que otorgue equilibrio e impulse a una convivencia más armónica podrá poner fin a estos conflictos, que están modificando y socavando el tejido social del país. </li></ul><ul><li>El 10 de junio de 2011, al evaluar la situación de la violencia intrafamiliar, la Ministra de la Mujer, Gloria Rubín, destacó que “con tristeza” debía informar que las estadísticas, lejos de mejorar, han empeorado. Señaló que no entendía cómo las mujeres golpeadas por sus esposos y en proceso de divorcios por estos hechos, podían nuevamente volver al seno de sus hogares. Destacó que estas conductas intrafamiliares son “una cuestión cultural” que para entender requerirá de estudios. </li></ul>
<ul><li>Es de preguntarse si es que algunas mujeres, arriesgando su propia integridad para evitar una ruptura conyugal, serian o no capaces de recurrir al uso de sus hijos menores para castigar a quienes hayan resuelto abandonar el hogar, y si la ley sobre delitos de prestación alimentaria pudiera abrir la ventana para estos fines. </li></ul><ul><li>Es común actualmente escuchar en los estudios jurídicos y juzgados o en las organizaciones de promoción de los derechos de la mujer y del niño, que la mayoría de los juicios están originados NO en las necesidades del niño sino en conflictos conyugales y familiares, eventualmente con el objetivo de satisfacer animadversiones. El Estado debe extremar sus esfuerzos para evitar que los resortes legales no sirvan para fines que NO sean el mejoramiento de la condición de vida del menor de edad, y que para ese fin las obligaciones sean compartidas en igualdad de condiciones, tal como lo enuncia el Capítulo Cuarto de la Constitución Nacional. </li></ul>
<ul><li>Actualmente, lejos está una aplicación adecuada de la legislación. La Fiscalía no ha mostrado efectividad en la investigación de las denuncias y no ha sido el filtro para estos casos. En un 99 por ciento han imputado y acusado a los padres de familia. En estas investigaciones no se tienen en cuenta aspectos como la salud del alimentante, sus condiciones laborales o si está o no asistiendo a otros familiares de edad avanzada, cuya protección también exige la Constitución Nacional. Una deficiente investigación puede desviarse del hilo conductor que se orienta a la protección de los derechos del niño y su real situación. </li></ul><ul><li>Las estadísticas judiciales sobre estos asuntos mostraron que un alto porcentaje, tanto de madres como de padres, eludieron sus responsabilidades de aportar a sus hijos menores. Algunas madres lograron esconder el delito trasfiriendo su obligación a los abuelos. El padre, sin embargo, por virtud del Artículo Nº 225, está expuesto a un proceso. </li></ul>
<ul><li>Una sentencia judicial con pena privativa de libertad deja a su paso profundas heridas, más niños con padres en las cárceles, afectando la historia existencial y la reputación del menor de edad. </li></ul><ul><li>Estas resoluciones tienden a generar mas dolor y mayor contrariedad en los niños, ocasionándoles desorientación para resolver sus asuntos en el futuro, de manera más sensata si fuera a encontrarse envuelto en algún conflicto de similar naturaleza. En las actuales condiciones estamos construyendo una sociedad donde el Estado está ausente, aparentando estar presente, y donde el dinero y la ira pudieran ser los móviles de estos procesos. </li></ul>
<ul><li>Es común hoy ver a mujeres de solvencia económica reclamando prestación alimentaria de sus ex parejas, también con poder económico. Muchos de estos casos se hacen públicos. No es posible ocultar que a motivación en estos casos no es la necesidad del menor, sino, una crisis conyugal. </li></ul><ul><li>De este modo se afecta la historia del niño, considerando que su existencia es única en todo sentido, y que en el futuro nunca tendrá otra oportunidad de ser niño; alegre, confiable y que se prepara para un porvenir saludable para sí mismo y los demás. Uno puede preguntarse, qué niño estamos forjando cuando ve a sus padres o en prisión o en situación de rencor, ira y venganza. </li></ul>
<ul><li>Las sentencias judiciales con pena privativa de libertad ahondan una mayor indiferencia entre el niño y el padre, que está en prisión, purgando condena entre asesinos o narcotraficantes. Esta situación no sólo representa la consabida violación de DD.HH sino que configura el trauma de las familias involucradas; mancha la historia del menor, que debe lidiar en sus círculos con esta reputación, amén del tempranero aprendizaje que adquiere sobre cómo habrá de resolver en el futuro un conflicto de esta naturaleza. El ciclo se cerrará cuando la historia se repita después de unos años, ésta vez teniendo como protagonistas a los niños que sufrieron estos atropellos. </li></ul>
<ul><li>“ Nadie educa a nadie, nos educamos entre sí” (PAULO FREIRE, en “Una Educación para la Libertad”) </li></ul><ul><li>Aspectos como los que nos llevan hoy a plantear este ante proyecto de Ley de reglamentación del artículo Nº 13 de nuestra Constitución y de su Capítulo 4to, tienen un carácter urgente porque existen actualmente centenares de procesos judiciales –que van en aumento- orientados a otros fines o a metas deshumanizadoras. Esta cuestión no está relacionada al hecho de ser varón o mujer sino a la pervivencia equilibrada en la interacción humana. </li></ul>
<ul><li>En la búsqueda de la correcta aplicación de la ley respecto de la protección de los derechos del niño, lejos de lograr ese objetivo se ocasiona mayor daño, aumentando el número de familias trastornadas. La ley, tal como la aplican no pocos jueces, no permite que el Estado “promueva la familia”, sino más bien la debilita y la disuelve. </li></ul>
<ul><li>Cabe señalar que en el proceso judicial se incluye la figura de la Fiscalía, que generalmente actúa como acusadora, sin embargo, ello no debe implicar la falta de “prudencia”: ver y decir como las cosas son, no como las creo, ni como las quiero o deseo . Recuérdese que la aplicación de la prudencia irá conformando una sociedad más fuerte y justa. Algunos agentes del Ministerio Público, en ciertos casos, convierten las denuncias de incumplimiento del deber legal alimentario en la cabeza de sus procesos, sin miramientos, sólo con el afán de subyugar (coacción) al padre hasta su encarcelamiento, un hecho que si bien traerá alivio de la actitud despectiva de una de las partes (bien puede ser varón o mujer), también causará daño al futuro del menor. PARA SOLUCIONAR UN CONFLICTO SE GENERA OTRO CONFLICTO -UN CÍRCULO CONTRADICTORIO - configurándose así una sociedad incapaz de restaurarse de manera equilibrada, conduciendo a las familias a un callejón de opresión y de sufrimiento. Por consiguiente, cualquier investigación mesurada y eficaz debe leer el texto (la realidad) dentro de un contexto, que generalmente es complejo, antes que simple. </li></ul>
<ul><li>Silenciosamente, algunas sentencias judiciales están generando un ciclo de infortunios de nunca acabar. Demostraron, además, que no han mejorado a las estadísticas. </li></ul>
EL DESPOJO DE LOS BIENES <ul><li>Existen casos conocidos en el ámbito judicial donde los padres fueron despojados de sus bienes, estando el niño asistido en “su educación, en su salud y en su bienestar general y básico” (que es el objetivo principal del espíritu de la ley). En muchos de estos casos, las demandas judiciales por incumplimiento del deber legal alimentario terminaron enriqueciendo a una o más partes, y a abogados, dejando otras familias en quiebra. Todo esto mientras el niño crece con “salud, educación y hogar, básicos para su supervivencia”. </li></ul><ul><li>Esta coyuntura se da por el mandato del capítulo Nº 225 de la Ley 1160/97, Código Penal, que incluso presupone que el incumplimiento del deber legal alimentario –sin producirse- pudiera haberse “producido de no haber cumplido otro con dicha prestación”. La ley no especifica a quien refiere el término de marras “otro” , ya que en no pocos casos los abuelos se hacen cargo de estos menores, eludiendo la obligación de ambos alimentantes. Es por esta razón que una institución como la Defensoría del Pueblo debe involucrarse como dictaminadora vinculante y vigilante de estos conflictos. </li></ul>
<ul><li>Está demostrado que varios procesos judiciales por incumplimiento del deber legal alimentario NO SE HAN enfocado en investigar si el niño está o no asistido, por ambas o por una parte, obligados por igual (porque si una parte no pudiera, la otra debe…). </li></ul><ul><li>En la mayoría de los casos se ha privilegiado las demandas civiles y el intento de privar de su libertad solo a la parte que la ley rotula como responsable principal, y esto, mientras los niños no sufren las necesidades, aludidas en los juicios, ya que “ otro ”, obligado por igual en la Constitución, está coadyuvando a la crianza del menor. </li></ul>
<ul><li>La ley Nº 1160/97 o Código Penal, señala que para abrir el proceso judicial por incumplimiento del deber legal alimentario debe demostrarse que el niño ha sufrido un “empeoramiento de las condiciones básicas de vida” . Ningún magistrado ha explicado por qué esta normativa, al no estar basada en otros preceptos constitucionales que exigen tener en cuenta la obligación compartida de los cónyuges, les ha permitido obrar en exclusividad sobre papeles, sin conocer los detalles de la vida de los menores. En este punto, nuevamente se expone la necesidad de un dictaminador, en este caso, la Defensoría del Pueblo. </li></ul><ul><li>Esta situación ha hecho que la mayoría de los procesos judiciales culminen con padres encarcelados pero con niños en sus hogares y escuelas, con salud y asistencia básicas satisfechas. Este escenario del sistema judicial, de embarcarse en procesos judiciales con investigaciones desde las oficinas, tiene no solo impacto en el alimentante condenado y en el niño, sino también en las arcas del Estado. </li></ul>
<ul><li>Jean Piaget, en su obra “ Seis Estudios de Psicología” dice: “ Las transformaciones de la acción surgidas de los inicios de la socialización del niño no interesan sólo a la inteligencia y al pensamiento sino que repercuten con la misma profundidad en la vida afectiva”. </li></ul>
LA NECESIDAD DE QUE SE RECONOZCAN LAS EVIDENCIAS <ul><li>La justicia no ha logrado demostrar esfuerzo interesado en dar solución a estas circunstancias. No evalúa las evidencias para evitar el trauma al menor. Los recibos, facturas legales, talones de pagos bancarios o de giros de dinero en efectivo que podrían evitar un conflicto traumático no han servido de prueba en los juicios. Estos documentos no han impedido la cárcel de algunos. Son arbitrariamente desechadas por algunos representantes de la ley, no sólo cuando se disponen a dictar sentencia sino también a la hora de emitir resoluciones de fijación de montos por prestaciones alimentarias en los juzgados del fuero de la niñez y la adolescencia. Si el padre está desempleado y no cuenta con abogado, el drama y el desenlace son peores. </li></ul>
<ul><li>Lejos de sopesar si los juicios promovidos están justificados; para evitar gastos innecesarios al Estado, los encargados de la aplicación de la ley hacen caso omiso a estos elementos probatorios, fijando sentencias muchas veces arbitrarias, en innumerables casos, para satisfacer otros objetivos que no son los niños. Los reclamos judiciales por prestación alimentaria han aumentado, pero organizaciones como el CODENI están obteniendo mayor éxito en el arreglo de estos impasses, antes que lleguen a tribunales. </li></ul>
<ul><li>La necesidad de que el PODER POLITICO revise esta cuestión está justificada, eventualmente por la sobrecarga de trabajo de la Corte Suprema de Justicia, que no ha logrado supervisar u orientar estos juicios, que con mayor frecuencia abonan los diarios capitalinos. </li></ul>
MANDATOS CONSTITUCIONALES <ul><li>En su Artículo Nº 60 , la Constitución señala que “El Estado promoverá políticas que tengan por objeto evitar la violencia en el ámbito familiar y otras causas destructoras de su solidaridad”. </li></ul>
<ul><li>El Artículo 54 establece que “la familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de garantizar al niño su desarrollo armónico e integral” y que “los derechos del niño, en caso de conflicto , tienen carácter prevaleciente” . La Constitución no otorga carácter prevaleciente a las ambiciones personales o ansias de ninguna de la partes. </li></ul><ul><li>Nuestra Carta Magna estableció esta corresponsabilidad de manera a evitar la aplicación traumática de la ley, poniendo en la cárcel, entre delincuentes con causas penales graves, a padres de familia que no han tenido sino deberes incumplidos en ámbitos del derecho civil. Y protege al niño de abusos contra su propia historia, dejando en manos de estos magistrados la obligación de garantizar la asistencia, tanto del hombre como de su cónyuge en equilibrio según la situación de empleo de ambos), y al propio Estado. </li></ul>
<ul><li>El proyecto de ley en cuestión no tiene por objetivo despenalizar este delito sino salvaguardar a quienes no lo cometen. Y establece mecanismos más específicos que podrán identificar a quienes pretenden eludir la ley y a los que buscan usar para sus fines los resortes legales vigentes. </li></ul><ul><li>Al buscar las causas de estas inequidades en la aplicación de la ley surge el hecho llamativo de que –por ejemplo- el ciento por ciento de los jueces del fuero del menor son mujeres. Algunas de estas magistradas han sufrido penosos procesos de divorcios y, en medio de su propio drama familiar están administrando justicia, tocándoles juzgar casos donde los protagonistas bien pudieran haber sido ellas mismas. Es de temer que estas magistradas pudieran identificarse con estos procesos, abiertos contra padres de familia en conflicto. </li></ul>
<ul><li>Los jueces han adoptado azarosamente el concepto de que un padre procesado bajo amenaza de cárcel, consigue el dinero DE CUALQUIER PARTE . El sistema judicial desconoce y no se interesa en saber de dónde, el alimentante coaccionado, logra obtener el dinero. Ningún juez sabe qué mecanismos se utilizó para lograrlo. El juez desconoce si el alimentante recurrió o no a otro delito para librarse de la cárcel. </li></ul><ul><li>Ante la ausencia de la Corte Suprema de Justicia en vigilar estos conflictos de intereses, es de vital importancia que el PODER POLITICO inicie una revisión. </li></ul>
LA REALIDAD DEL DESEMPLEO EN EL PARAGUAY <ul><li>En un país con alto índice de desempleo y disminuida capacidad de crear condiciones para la inversión, es inconcebible que un Estado EXIJA DE LOS CIUDADANOS POR UN LADO LO QUE POR EL OTRO LADO ES INCAPAZ DE OFRECER. Esta situación empuja a no pocos a recurrir a más delitos para mantener su libertad. </li></ul>
<ul><li>La última estadística dada a conocer el 9 de junio de 2011 en la Encuesta Permanente de Hogares, encarada por la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos de la Secretaría Técnica de Planificación (STP), indica: </li></ul><ul><ul><li>“ De los más de 6 millones de paraguayos, solo un poco más de 3 millones de habitantes (3.094.307) representa la población económicamente activa”. </li></ul></ul>
<ul><li>Y agrega otro dato: </li></ul><ul><ul><li>“ Además, la encuesta constató que aproximadamente la mitad de los asalariados (49,4 %) percibe menos de un salario mínimo en su ocupación principal, existiendo una diferencia entre empleados públicos y privados, ya que en el sector público el 18,8 % de los asalariados no llega a percibir el salario mínimo vigente, mientas que en el sector privado esta cifra llega a 57,0 %” . </li></ul></ul>
<ul><li>Sigue diciendo el informe: </li></ul><ul><ul><li>“ La tasa general de desempleo abierto disminuyó durante el 2010 (5,7 %), en comparación al 2009 (6,4 %) y se mantuvo igual en relación al 2008 (5,7 %). Este índice muestra la proporción de la fuerza de trabajo que no tiene empleo, pero que desea tenerlo e hizo alguna gestión para obtenerlo. </li></ul></ul>
<ul><li>Este informe del Gobierno del Presidente Fernando Lugo bien puede tomarse como uno de carácter político, ya que reconoce que se construyó a base de apenas el 2 por ciento de la población total del país. Y agrega que “del total de empleados, el 22,9 % representa la población sub ocupada”. </li></ul><ul><li>Los datos oficiales de un Estado que exige con amenaza de cárcel solo a uno de los alimentantes lo que por el otro lado no es capaz de ofrecer, debe llamar a una seria reflexión. </li></ul><ul><li>Esta realidad está empezando a producir sus estragos y últimamente son tema de publicación, sin más miramiento que el espectáculo de las consecuencias de un proceso judicial por incumplimiento del deber legal alimentario. </li></ul>
<ul><li>Se está llegando al punto de condenar a algunos alimentantes y no poder aplicar la condena. Este hecho se puede evidenciar en un caso que tuvo eco en la prensa. (ABC Color. Ver enlace digital: http :// www.abc.com.py /nota/137235-condena-por-incumplir-asistencia-alimentaria/ ). Al emitir sentencias de imposible cumplimiento, la justicia alcanzó un estatus de ceremonia de rito. </li></ul><ul><li>Este es el caso dictado el 3 de junio de 2011, en el cual el encausado HUGO FRANCISCO ORUE fue sentenciado a 3 años de cárcel, acusado por la fiscal Gilvi Quiñónez. Sin embargo, la condena fue declarada materialmente imposible de cumplir, terminando el Juzgado por suspender los efectos de su sentencia “hasta tanto se establezcan las condiciones de pago de la deuda”, por el delito de incumplimiento del deber legal alimentario, que fue establecida en 60 millones. El acusado está obligado a pagar una cuota de 1.666.666 guaraníes, más una asistencia alimentaria de guaraníes 2.436.000 mensuales. Los jueces entendieron que para un obrero chofer esta circunstancia es de cumplimiento imposible, reconociendo que el padre “no va a ser útil a sus menores hijos estando en la cárcel”. Por consiguiente, después de un costoso y largo proceso, el condenado está finalmente libre. Pero este chofer, ahora enfrentará el peligro del remate sobre sus bienes familiares. </li></ul>
<ul><li>Este ejemplo demuestra claramente el desatino de la aplicación de esta ley, que ocasionó gastos evitables al Estado. Tanto el sistema judicial como el encausado fueron sometidos a un largo y extenuante proceso que termina con la destrucción de la familia y de sus lazos armónicos, tan consagrados por nuestra Constitución. </li></ul><ul><li>Al igual que este caso, otros innumerables procesos están en curso y solo la intervención del PODER POLITICO habrá de poner fin a estos desaciertos de los agentes de la ley. </li></ul>
<ul><li>Es importante reiterar que el presente proyecto no despenaliza el delito, ya que la Constitución lo establece. Pero el PODER POLITICO está obligado a reglamentar en qué casos un juez deberá aplicar la gravosa medida. </li></ul><ul><li>Debido al agravamiento en la forma de uso de las NO REGLAMENTADAS NORMATIVAS sobre el deber legal alimentario y ante el inminente encarcelamiento y posterior confiscación de bienes bajo métodos del todo no consentidos por la Ley -pero con el mismo efecto- tramitadas en este momento en distintos juzgados del país, se propone los siguientes artículos de aplicación inmediata, bajo los basamentos expuestos seguidamente: </li></ul>
BASAMENTOS CONSTITUCIONALES E INTERNACIONALES PARA REGLAMENTAR EL ARTICULO 13 Y EL CAPITULO IV DE LA CONSTITCUION NACIONAL 50.
(LETRA CONSTITUCIONAL: PREMBULO DE LA CONSTITUCION NACIONAL : <ul><li>&quot; El pueblo paraguayo, por medio de sus legítimos representantes reunidos en Convención Nacional Constituyente, invocando a Dios, reconociendo la dignidad humana con el fin de asegurar la libertad, la igualdad y la justicia, reafirmando los principios de la democracia republicana, representativa, participativa y pluralista, ratificando la soberanía e independencia nacionales, e integrado a la comunidad internacional, SANCIONA Y PROMULGA esta Constitución&quot;. Asunción, 20 de junio de 1992. </li></ul>
<ul><li>Artículo 54 - DE LA PROTECCIÓN AL NIÑO.- “La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de garantizar al niño su desarrollo armónico e integral , así como el ejercicio pleno de sus derechos protegiéndolo contra el abandono, la desnutrición, la violencia, el abuso, el tráfico y la explotación. Cualquier persona puede exigir a la autoridad competente el cumplimiento de tales garantías y la sanción de los infractores. Los derechos del niño, en caso de conflicto, tienen carácter prevaleciente”. </li></ul>
<ul><li>Artículo 51 - DEL MATRIMONIO Y DE LOS EFECTOS DE LAS UNIONES DE HECHO.- “ La ley establecerá las formalidades para la celebración del matrimonio entre el hombre y la mujer, los requisitos para contraerlo, las causas de separación, de disolución y sus efectos, así como el régimen de administración de bienes y otros derechos y obligaciones entre cónyuges”. </li></ul><ul><li>Artículo 50 - DEL DERECHO A CONSTITUIR FAMILIA. -Toda persona tiene derecho a constituir familia, en cuya formación y desenvolvimiento la mujer y el hombre tendrán los mismos derechos y obligaciones” . </li></ul>
<ul><li>Artículo 49 - DE LA PROTECCIÓN A LA FAMILIA.- “ La familia es el fundamento de la sociedad. Se promoverá y se garantizará su protección integral . Esta incluye a la unión estable del hombre y de la mujer, a los hijos y a la comunidad que se constituya con cualquiera de sus progenitores y sus descendientes . </li></ul><ul><li>Artículo 48 - DE LA IGUALDAD DE DERECHOS DEL HOMBRE Y DE LA MUJER.- El hombre y la mujer tienen iguales derechos civiles , políticos, sociales, económicos y culturales”. </li></ul>
<ul><li>Artículo 11 - DE LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD.-- Nadie será privado de su libertad física o procesado, sino mediando las causas y en las condiciones fijadas por esta Constitución y las leyes”. </li></ul><ul><li>Artículo 20 - DEL OBJETO DE LAS PENAS.- “Las penas privativas de libertad tendrán por objeto la readaptación de los condenados y la protección de la sociedad. Quedan proscritas la pena de confiscación de bienes y la de destierro.”. </li></ul><ul><li>Artículo 21 - DE LA RECLUSIÓN DE LAS PERSONAS.- “ Las personas privadas de su libertad serán recluidas en establecimientos adecuados (…). </li></ul><ul><li>Artículo 16 - DE LA DEFENSA EN JUICIO.-“ La defensa en juicio de las personas y de sus derechos es inviolable . Toda persona tiene derecho a ser juzgada por tribunales y jueces competentes, independientes e imparciales” ). </li></ul>
ARTICULO CONSTITUCIONAL A REGLAMENTAR <ul><li>“ Artículo 13- “No se admite la privación de la libertad por deuda, salvo mandato de autoridad judicial competente dictado por incumplimiento de deberes alimentarios (…)”. </li></ul><ul><li>VISTO: </li></ul><ul><li>La necesidad de revisar la normativa vigente sobre incumplimiento del deber legal alimentario a manera de ajustarla a los compromisos de la nación con los convenios internacionales firmados, </li></ul>
<ul><li>La obligación del Estado de reglamentar los artículos constitucionales para establecer reglas justas de protección de los derechos de la familia y de los menores, consagrados en los artículos Nº 13, capítulo IV y concordantes, a los compromisos de promoción de la armonía y del bienestar de la familia, </li></ul><ul><li>La necesidad de especificar mejor los conceptos enunciados en los artículos Nº 1 y Nº 2 d el capítulo Nº 225 de la Ley Nº 1160/97, Código Penal vigente, </li></ul><ul><li>Honorable Cámara de Diputados </li></ul><ul><li>Comisión de Legislación y Codificación </li></ul>
<ul><li>LEY Nº……..- </li></ul><ul><li>DE REGLAMENTACION DE LOS ARTICULOS Nº 13 Y CAPITULO IV Y CONCORDANTES DE LA CONSTITUCION NACIONAL </li></ul><ul><li>------------------------------------- </li></ul><ul><li>TITULO 1 </li></ul><ul><li>DE LA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD POR INCUMPLIMIENTO DEL DEBER LEGAL ALIMENTARIO </li></ul><ul><li>EL CONGRESO DE LA NACION SANCIONA CON FUERZA DE LEY: </li></ul>
ANTEPROYECTO <ul><li>Art. 1: Los padres alimentantes del niño o adolescente menor de edad serán pasibles de penas privativas de libertad solo cuando: </li></ul><ul><li>El menor de edad haya quedado huérfano de madre o padre, produciéndose el abandono del alimentante responsable, probado en juicio. </li></ul><ul><li>Ocurriere la muerte del menor por inasistencia de sus alimentantes, obligados por igual, a cubrir sus necesidades de salud, alimentación, vestimenta o seguridad, probados en juicio. </li></ul><ul><li>Abandono de las dos partes ocasionando la imposibilidad del menor de ser satisfecho en sus necesidades básicas de salud, educación, alimentación y vestimenta, probado en juicio. El menor de edad será asistido por una de las partes cuando otra esté imposibilitada. </li></ul>
ANTEPROYECTO <ul><li>Art. 2. La presentación al juez de la causa de recibos, facturas legales y/ó recibos de depósitos bancarios, giros o copias autenticadas ante Escribano Público de talones de cheques o de depósitos de cualquier índole en el sistema financiero a favor del menor, en proporción de sus necesidades mensuales, serán suficientes para impedir la pena privativa de cualquiera de los alimentantes. Para evaluar el empeoramiento de las condiciones básicas de vida del titular menor de edad será necesario el dictamen del Defensor del Pueblo. </li></ul><ul><li>Art 3. Ningún juez podrá decretar prisión del alimentante a base de juicios abiertos por hijos no reconocidos legalmente. No se dictará sentencia condenatoria sin antes contar con estudios de identificación de ADN del alimentante y de su consanguíneo hijo menor, salvo conformidad previa del procesado. El Estado arbitrará las medidas necesarias para la realización de los estudios de rigor en los laboratorios públicos, para cuyo efecto se requerirá el acompañamiento del Defensor del Pueblo. </li></ul>
ANTEPROYECTO <ul><li>Art. 4. La Defensoría del Pueblo dará participación a la Secretaría de la Niñez y de la Adolescencia, a fin de coadyuvar su labor y garantizar los derechos del menor y de los alimentantes, en equilibrio. En todos los casos se priorizará la investigación sobre las condiciones de vida del menor. </li></ul><ul><li>Art. 5 Ninguna deuda originada por incumplimiento del deber legal alimentario, comprobada en juicio, será ejecutada por ningún juez del fuero civil o penal, en contra del patrimonio del alimentante, sino, que la misma será saldada por el condenado en beneficio del Estado y la Sociedad, realizando el afectado obras sociales a favor de hospitales públicos, entidades estatales de asistencia a personas con capacidades disminuidas, escuelas públicas, municipios o gobernaciones de la República, hasta cubrir el monto adeudado. </li></ul><ul><li>Art. 6. No se aplicará condena contra ningún alimentante cuando solidariamente otro haya estado en condiciones de sobrellevar la obligación de asistencia del menor, habiéndose producido el desempleo de cualquiera de los padres. </li></ul>
ANTEPROYECTO <ul><li>Art. 7. Si se produjere la incapacidad de los padres de proveer al menor de la asistencia elemental de solventar sus necesidades básicas alimentarias y de subsistencia, el Estado, a través de la Defensoría del Pueblo, prestará temporalmente una pensión básica de hasta seis jornales mínimos mensuales. La Defensoría del Pueblo arbitrará los mecanismos pertinentes para el cumplimiento de este mandato, así como los mecanismos, regímenes y periodos de duración de la asistencia pública, como también el mecanismo de devolución de la deuda acumulada mientras dure el auxilio estatal. El Ministerio de Hacienda proveerá los recursos, previo dictamen de la Defensoría del Pueblo. En todos los casos, las cuotas de devolución de la deuda por parte del condenado no excederán la capacidad razonable del trabajador, para el cual será tenido en cuenta sus ingresos. </li></ul><ul><li>Art. 8. Las condenas de pena social serán cumplidas en establecimientos mencionados en el Artículo Nº 5 de la presente ley, respetando el arraigo del condenado. Los responsables de los establecimientos mencionados dispondrán de la infraestructura básica para el cumplimiento del presente mandato y la aplicación de los horarios de las labores del condenado, así como sus horas de descanso. </li></ul>
ANTEPROYECTO <ul><li>Art. 9. El período de privación de libertad por incumplimiento del deber legal alimentario no sobrepasará 1 año, en cualquiera de los casos. </li></ul><ul><li>Art 10. Ningún juez dictará sentencia ni mandato judicial de ejecución de deuda por incumplimiento del deber alimentario en contra de los bienes patrimoniales de los alimentantes. Los hijos menores reconocidos son herederos naturales de los bienes patrimoniales, comerciales y empresariales de los alimentantes. </li></ul>
ANTEPROYECTO <ul><li>Art. 11. Ningún Juez negará la salida del país de un procesado cuando la razón para la misma sea de carácter laboral y temporal. </li></ul><ul><li>Art. 12. Los condenados por incumplimiento del deber legal alimentario que guardan reclusión en cárceles ordinarios serán inmediatamente introducidos al régimen de cumplimiento de penas establecido para el efecto, en la presente ley. </li></ul><ul><li>Art. 13. Ningún condenado con pena privativa de libertad por incumplimiento del deber legal alimentario será enviado a ninguna cárcel destinada a otros delitos de acción penal pública. </li></ul><ul><li>Art. 14. Toda legislación contraria a la presente ley queda derogada. </li></ul><ul><li>Art. 15 . De forma… </li></ul>
Tema 1. resumen y analisis de las principales teorias del derecho