Source: http://indigenas.bioetica.org/archi/anteproyecto1.htm
Timestamp: 2017-09-22 22:33:29
Document Index: 45911885

Matched Legal Cases: ['Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'artículo 1', 'artículo 8', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 19', 'artículo 33']

Ante proyecto de Ley marco de los Pueblos Aborígenes
Presentada por la Dra. Teodora Zamudio por especial encargo del Señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación (Argentina)
con Dictamenes de los honorables Doctores
Catherine Lussier (Antropóloga - Canadá)
Alejandra Siffredi y Ana María Spadafora (Antropólogas - Argentina)
Esteban Urresti (Abogado - Argentina)
Joseph Henry Vogel (Economista - Estados Unidos)
Inciso 17. Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos.
Capítulo I. DEL OBJETO DE ESTA LEY
Capítulo II. DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS PUEBLOS ABORÍGENES
Artículo 2. Codificación
Artículo 3. Patrimonio
Artículo 4. Territorio
Artículo 5. Tierras
Artículo 6. Disposición de los bienes del patrimonio del Pueblo .
Artículo 7. Exenciones impositivas.
Artículo 8. Concurrencia
Artículo 9. Derechos y deberes civiles y políticos
Capítulo III. DE LA REPRESENTACIÓN DE LOS PUEBLOS ABORÍGENES
Artículo 10. Representación de los Pueblos
Artículo 11. Consejo de Representantes de los Pueblos Aborígenes
Artículo 12. Registro de Pueblos aborígenes
Artículo 13. Registro de Propiedad de Recursos Tradicionales
Artículo 14. Oposiciones
Artículo 15. Conciliación
Artículo 16. Acción judicial
Capítulo V. DE LA AUTORIDAD DE APLICACIÓN
Artículo 17. Autoridad de aplicación
Artículo 18. Facultades y deberes.
Artículo 19. Competencia judicial.
Capítulo VI. DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y DEROGATORIAS
Artículo 20. Modificaciones y derogaciones
Declárase a los Pueblos Aborígenes de la República Argentina personas jurídicas de carácter público no estatal, a condición de que:
Acrediten su presencia histórica y actual en el territorio de la República;
a) Sometan a la sanción legislativa por el Congreso de la Nación, los códigos de sus usos y costumbres de acuerdo con esta ley.
A los efectos de esta ley se entiende que el Pueblo o la Nación Aborigen define al conjunto socialmente organizado, con un origen cultural común, cuya evolución y desenvolvimiento viene dándose en el territorio de la República Argentina desde la época anterior a la constitución del Estado Nacional.
La presentación de la propuesta que cumplimente lo exigido por el artículo 1° inciso b) de esta ley deberá ser hecha por las autoridades de cada Pueblo y contener las reglas para determinar al menos:
a) El modo de reconocimiento o adquisición de la identidad aborigen en cada Pueblo ;
b) Los derechos y deberes que tal identidad conlleva dentro de cada Pueblo ;
c) La inscripción de sus miembros en el Registro que el Pueblo especialmente disponga a este fin, lo cual dará derecho a los inscriptos al uso oficial del nombre nativo;
d) La organización de la educación en el idioma, historia y tradiciones propios que se deberá impartir conjunta y armónicamente con los programas oficiales de educación obligatoria.
e) La atención sanitaria de sus miembros, en lo que pudiera incumbir al resguardo de su integridad e intimidad;
f) La organización de sus instituciones de decisión sobre las cuestiones propias del Pueblo , modos de convocatoria, competencias y participación;
g) Los órganos que lo representen, modo de su designación y alcances de su legitimación;
h) El sistema de participación de sus miembros y comunidades en la gestión y usufructo del patrimonio común;
i) El sistema de acceso científico, educativo, comercial y turístico a los bienes de su patrimonio por parte de los individuos y organizaciones que no sean miembros del Pueblo .
El patrimonio de cada Pueblo Aborigen de la República Argentina inscripto está integrado por:
a) Los símbolos, emblemas, alegorías, signos gráficos, musicales o de cualquier otro tipo, que fueran creados o usados ancestralmente por el Pueblo ;
b) Los restos arqueológicos: humanos, documentales, arquitectónicos y artísticos, del Pueblo ;
c) Las tierras efectivamente registradas o a registrarse en su favor o en el de sus comunidades, sus frutos y productos;
d) Los recursos naturales tradicionalmente domesticados por el Pueblo ; incluyendo los recursos genéticos.
A los efectos de este inciso se entiende por recursos domesticados a aquéllos cuyo uso y explotación se viene realizando en sus territorios, sobre la base del conocimiento de sus propiedades o efectos;
e) Los conocimientos y prácticas culturales;
f) Las contribuciones de sus miembros;
g) Las ganancias que en cualquier concepto se devenguen de la explotación de los bienes de su patrimonio;
h) La suma que el Congreso de la Nación les deberá fijar en el Presupuesto Anual de la Nación.
La disposición de estos bienes queda sujeta a su efectiva inscripción en el Registro de Propiedad de los Recursos Tradicionales.
A los efectos de esta ley se entiende por territorio el área geográfica de influencia histórica y tradicional donde se viene desarrollando la cultura de cada Pueblo Aborigen y habitan sus miembros y sus comunidades.
La presencia de dos o más Pueblos en un mismo territorio no obsta a la aplicación de este criterio, la que se ciñe a lo dispuesto por en el artículo 8° de esta ley.
Las tierras otorgadas a las comunidades aborígenes pasan a ser registradas a favor su Pueblo al cumplir lo dispuesto en el artículo 2° de la presente ley, y su uso y ocupación queda regulado por esta ley y los códigos de sus usos y costumbres respectivos, efectivamente sancionados. Las futuras reivindicaciones que se presenten deberán ser tramitadas por las autoridades del Pueblo , exclusivamente. Los trámites en curso al momento de la promulgación de la presente ley continuarán con la intervención de dichas autoridades, las que deberán hacerse cargo dentro de un plazo no mayor a los sesenta días desde la entrada en vigencia de la presente ley.
El derecho sobre las tierras reconocido a cada Pueblo no se agota ni caduca, en tanto sus miembros y sus autoridades habiten en territorio de la República Argentina y observen las normas referidas en el párrafo anterior.
La aptitud y extensión de las tierras debe garantizar el desarrollo de los modos de vida tradicionales y actuales de cada Pueblo , según el caso.
Las legítimas autoridades, debidamente inscriptas, disponen sobre los bienes del Pueblo a través de sus órganos de representación de acuerdo con los códigos propios sancionados legalmente.
El uso de los bienes inscriptos como fuera de comercio sólo está permitido con la autorización expresa de las autoridades legítimas de cada Pueblo .
Todo acto que contraríe esta norma se considera nulo, de nulidad absoluta, y hace solidariamente responsables a quienes lo cometan, faciliten, permitan, contribuyan o de cualquier modo participen en él.
Los recursos que componen el patrimonio del Pueblo están exentos de tributos a condición de que su uso sea:
a) Desarrollado por los miembros del Pueblo para sí y no con, o para, terceros;
b) Sostenible de acuerdo con las normas ambientales dictadas o a dictarse;
c) En beneficio de todos los miembros del Pueblo.
La inscripción de los derechos de propiedad a favor de los Pueblos aborígenes en los registros pertinentes está exenta de tributo, tasas o cualquier otro pago.
Las inscripciones no están sujetas a renovación para mantener su vigencia.
En caso de concurrir más de un Pueblo en la propiedad de un mismo recurso inscripto, las decisiones sobre su producción, disposición, gestión y distribución de beneficios será resuelta a través de un pacto expreso entre los interesados, el cual deberá ser inscripto en el Registro de Propiedad de Recursos Tradicionales.
A tal fin, el Pueblo que tuviese una oferta de terceras partes no podrá disponer del recurso sin notificar al o a los Pueblos copartícipes por medio fehaciente al efecto de que concurra o concurran, según el caso, a las negociaciones. Tal comunicación deberá indicar el precio y las modalidades de dicha oferta y el plazo para expresar la voluntad. La oposición al negocio de que se trate sólo podrá estar fundada en el incumplimiento de los términos del acuerdo de coparticipación o el perjuicio que la disposición del recurso ocasione al medio ambiente.
En caso de ausencia de acuerdo inscripto, se entenderá que el recurso es compartido en partes iguales por los Pueblos que hubieran inscripto el recursos como propio. La disposición hecha por uno de ellos se presume realizada en representación e interés de los demás.
En la situación del párrafo precedente, el adquirente del recurso quedará obligado a aplicar las mismas condiciones del negocio u operación respecto del Pueblo que no participó o no dio su conformidad a ella, debiendo depositar los importes proporcionales correspondientes en un banco público y a la orden de dicho Pueblo no participante dentro de las cuarenta y ocho horas de refrendado, por la autoridad de aplicación, el acuerdo con el Pueblo con el que lo hubiera celebrado, bajo de pena de nulidad y de aplicarse las sanciones penales pertinentes.
Los miembros de los Pueblos Aborígenes gozan de los derechos y deberes civiles y políticos que como ciudadanos o residentes de la República Argentina les reconocen las leyes y, en lo pertinente, se rigen por las normas comunes.
Cada Pueblo determinará en sus normas el modo de elección o determinación de sus representantes y el alcance de su legitimación.
Ellos serán inscriptos por la autoridad de aplicación en el registro pertinente y serán los únicos y legítimos representantes en las cuestiones y ante los organismos que determinen las normas correspondientes de cada Pueblo .
Sin perjuicio de las comunicaciones e informaciones que les puedan corresponder según el código propio de cada Pueblo , los representantes están obligados a dar cuenta a la autoridad de aplicación sobre los acuerdos y contratos que celebren en nombre de sus representados.
La autoridad de aplicación podrá convocar a la formación de un Consejo de Representantes de los Pueblos Aborígenes, con carácter permanente u ocasional para elaborar recomendaciones o brindar asesoramiento a las autoridades estatales. La convocatoria deberá ser cursada a las autoridades de los Pueblos .
El Consejo de Representantes de los Pueblos aborígenes puede auto convocarse a iniciativa de las autoridades de cualquier Pueblo , en cualquier tiempo y a los efectos señalados en el párrafo anterior.
Créase el Registro de Pueblos Aborígenes. Este registro es de carácter público. En él se deben inscribir:
a) Los Pueblos que hayan cumplimentado con lo dispuesto en el artículo 2° de la presente ley;
b) Los órganos que en cada Pueblo tenga a su cargo la gestión de los recursos e intereses del Pueblo y sus comunidades de acuerdo con la aplicación de las normas tradicionales receptadas en los códigos particulares sancionados;
c) Las personas designadas para integrar los órganos de disposición y gestión así como las legitimadas para ejercer la representación;
d) Las demarcaciones catastrales de los territorios de los Pueblos y de las tierras efectivamente ocupadas por sus comunidades;
e) Los datos provenientes de los censos internos que cada Pueblo lleve a cabo;
f) Las comunidades en que cada Pueblo se divida o integre. De ellas deberá dejarse asiento, por lo menos, de su
b. Ubicación geográfica,
c. Cantidad de miembros,
Los Pueblos están obligados a brindar a la autoridad de aplicación toda la información para que este registro pueda mantenerse actualizado.
Créase el Registro de Propiedad de Recursos Tradicionales. Este registro es de carácter público. La inscripción en dicho registro hará oponible de pleno derecho la titularidad sobre los bienes a los que se refiere el artículo 3°, sin perjuicio de otros registros en que se inscriban todos o algunos de los datos que en éste se asienten.
En este registro deben constar:
a) Los bienes del patrimonio de cada Pueblo comprendidos en los incisos a) y b) del artículo 3° de esta ley
b) Las tierras que cada Pueblo asentado en el Registro de Pueblos Aborígenes habite dentro del territorio o área de influencia histórica, distinguiendo las que el Pueblo posea regularmente y las que reivindique y efectivamente ocupen sus miembros o comunidades
c) Las inscripciones de los demás recursos -naturales, biológicos, genéticos, artísticos, musicales o de cualquier otro tipo en que sean clasificados para su mejor identificación-, que cada Pueblo asentado en el Registro de Pueblos Aborígenes reivindique. La inscripción respectiva deberá permitir la indubitable individualización del mismo.
d) Las prácticas y conocimientos tradicionales, de las que se detallarán las aplicaciones, los efectos y los recursos empleados.
En el caso, cada Pueblo podrá hacer el depósito de los datos mencionados en el inciso bajo sobre lacrado o código encriptado ante la autoridad de aplicación. Este depósito hace prueba de prioridad en la posesión del recurso desde la fecha del depósito, salvo prueba en contrario.
e) Los acuerdos sobre los recursos compartidos que los Pueblos informen haber celebrado.
f) Los convenios que se celebren con terceras partes, indicando la fecha de vigencia, el recurso involucrado y las contraprestaciones pactadas.
g) La autoridad de aplicación debe incorporar los datos a los que se refieren los incisos anteriores en un folio único –sea éste móvil o electrónico- habilitado para cada Pueblo , una vez transcurrido el plazo para la presentación de las oposiciones, o una vez que ellas fueran desestimadas o conciliadas.
En los casos de los bienes contemplados en los incisos a), c), d) y e) de este artículo, las inscripciones deberán identificar el carácter de en o fuera del comercio de cada bien, fundado en las tradiciones de cada Pueblo . Los bienes referidos en el inciso b) son inalienables e inembargables.
Las inscripciones, que correspondan en éste u otros registros competentes, están exentas del pago de tasa y no están sujetas a renovación.
A pedido de tercero interesado se emitirán certificaciones de las inscripciones obrantes en el mismo, previo pago del arancel que la autoridad de aplicación estipule. Asimismo se darán informes a requerimiento judicial o administrativo. En todos los casos se dejará asiento de los datos completos del o de los consultantes. No se permitirán consultas directas.
Toda persona con interés legítimo puede oponerse a la inscripción en los registros que esta ley crea. Las oposiciones deben efectuarse ante la autoridad de aplicación dentro de los treinta (30) días corridos contados desde la publicación de la solicitud de inscripción.
Las oposiciones deben deducirse por escrito, con indicación del nombre y domicilio real del oponente y los fundamentos de la oposición, los que no podrán ser ampliados en sede judicial. En dicho escrito debe constituirse domicilio especial, que será válido para todas las notificaciones. La autoridad de aplicación notificará al solicitante las oposiciones deducidas y las observaciones que correspondan.
En la misma notificación al solicitante, la autoridad fijará la fecha y lugar donde se celebrará la audiencia de conciliación entre las partes en conflicto, la cual será establecida entre los dos (2) y seis (6) meses contados a partir de la notificación cursada.
La autoridad de aplicación es responsable de la realización de la audiencia y determina agotada la instancia de acuerdo con los resultados concretos. Las negociaciones no podrán exceder el límite de un (1) año desde la primera publicación.
No presentada la parte oponente a la audiencia dispuesta conforme con el artículo precedente o fracasadas las negociaciones, la autoridad de aplicación girará las actuaciones al tribunal competente según el artículo 19 de esta ley.
El juez interviniente informará a la autoridad de aplicación sobre el resultado del juicio iniciado a los fines que correspondiere.
El [Ministerio de Interior de la Nación] tiene a su cargo la aplicación de esta ley, ella dicta las normas reglamentarias que sean menester para el cumplimiento de la presente ley y tiene a su cargo los registros que esta ley manda crear.
Las demás autoridades de control limitan su intervención a los aspectos pertinentes en la medida que no estén expresamente reglados por esta ley.
Es competencia de la Autoridad de aplicación:
a) Habilitar los registros obligatorios y voluntarios que organice cada Pueblo aborigen.
b) Realizar las publicaciones de las inscripciones que se soliciten en los registros dispuestos en esta ley
c) Mantener actualizados los registros a su cargo y solicitar periódicamente a los Pueblos los informes pertinentes
d) Establecer el régimen de consulta de los propios registros su cargo y de los registros llevados por los Pueblos aborígenes que no lo determinen por sí, expresamente.
e) Convocar a los Pueblos aborígenes a través de sus autoridades a formar el Consejo de Representantes de los Pueblos Aborígenes de modo permanente u ocasional.
f) Refrendar los convenios que celebren los Pueblos aborígenes con terceras partes.
g) Mediar por sí o a través de mediadores idóneos, en las instancias de conciliación de los conflictos en los que un Pueblo sea parte.
h) Asistir a los Pueblos Aborígenes en la defensa de los derechos emergentes de las inscripciones registradas, cuando aquéllos así lo requieran.
Los Tribunales Federales tendrán la competencia exclusiva en todos los conflictos en los que los Pueblos Aborígenes o sus intereses se vean afectados.
Modifícase el artículo 33 del Código Civil de la República Argentina, al que se agrega el inciso “4° los Pueblos Aborígenes de la República Argentina reconocidos legislativamente”.
Deróganse toda otra norma que se oponga a lo dispuesto en la presente ley.
Esta ley entrará vigencia a los treinta días de su publicación en el Boletín Oficial. El Poder Ejecutivo Nacional tomará las medidas pertinentes para atender a las obligaciones que esta ley pone a su cargo.