Source: https://www.slideshare.net/fanetin/alegacin-adta-pgou-guillena-2011-resumen
Timestamp: 2018-01-22 15:19:46
Document Index: 304266093

Matched Legal Cases: ['artículo 45', 'Artículo 64', 'artículo 77', 'Artículo 66', 'Artículo 67', 'Artículo 68', 'Artículo 71', 'Artículo 72']

La rehabilitación de edificios en l... by Arquitecto Daniel... 358 views
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1. Asociación para la Defensa del Territorio del AljarafeResumen.1. - La justificación. El PGOU no contiene ningún estudio de las necesidades reales de viviendas de la población, por lo que nojustifica el crecimiento propuesto. El PGOU clasifica como Suelo Urbanizable No Sectorizado, una enorme cantidad de suelo, 744 hectáreas,más de lo que se clasifica como urbano. Esa clase de suelo no lo computa la Junta de Andalucía a efectos del cálculode los límtes máximos, pero el PGOU, toma esa “flexibilización” de una forma espúrea, como una especie de cartablanca para poder clasificar todo el suelo que desee de forma más o menos arbitraria, sin la necesaria justificación. Resulta revelador, respecto a la filosofía que inspira este PGOU el siguiente comentario: “Según la Norma 45 del POTA, los nuevos crecimientos en los municipios, no podrán suponer un incremento mayor del 30% de la población actual, ni más del 40% del suelo urbano existente. La aplicación de esta normativa ha supuesto en la realidad un freno al crecimiento de viviendas en todos los municipios de Andalucía. La adaptación a esta norma implica el cumplimiento de un crecimiento limitado en el número de viviendas nuevas en un municipio.” A la vista del enorme crecimiento de suelo urbanizable ocioso, de la enorme cantidad de viviendas vacías o amedio construir y la enorme crisis inmobiliaria, que podemos ver en toda Andalucía y especialmente en Guillena (verreportaje fotográfico del Anexo2), esta filosofía resulta realmente ilustrativa de la sinrazón que no ha llevado aldisparate en el que nos encontramos. Y además es contraria a nuestro ordenamiento jurídico, como ha denunciado elDefensor del Pueblo en el informe sobre Ordenación del Territorio y Urbanismo de 2009, resultando además injusto(ver Nota Final 5 5 )2.- El desorden en la clasificación del suelo. El PGOU incluye como suelo urbano, suelo que no reúne las condiciones legales para ello, alterando de estaforma las cifras a efectos de la justificación del crecimiento. Lo mismo hace con otros suelos que incluye de formaimpropia en el Suelo Urbanizable No Sectorizado, que tampoco computan a los efectos de la justificación delcrecimiento, que se une a la falta de justificación general del crecimiento propuesto en esa clase de suelo. El PGOUusa la técnica de clasificación de suelo de forma espúrea para alterar las cifras de crecimiento y clasificar más suelodel permitido por las normas. Para ilustrar nuestro análisis incorporamos en el Anexo 2 un reportaje gráfico sobre elestado de algunas de las unidades que se citan a continuación. Especialmente grave es la inclusión de la actuación Lagos del Serrano, segunda fase situada junto a laprimera, a orillas del Embalse de Cala, que forma parte de la Red de Abastecimiento de Sevilla.. El PGOU incluyeesta enorme unidad de 178 hectáreas, en el Suelo Urbanizable No Sectorizado, Estos suelos están incluídos en lasZonas y Elementos de Protección Territorial del POTAUS (ver Nota Final 8 8 ), para los que establece que “tendránla consideración de suelo no urbanizable de especial protección por la planificación territorial...” ADTA Inscrita en Registro Andaluz de Asociaciones, nº 9.041 Sección primera. 1 Domicilio: Calle Cruz del Sur, 8. 41928. Palomares de Río. (Sevilla) Tlf: 955763591 Correo electrónico: adta@adta.es Página web: http://www.adta.es CIF G-91184226
2. Asociación para la Defensa del Territorio del Aljarafe3.- Los errores en la justificación de los criterios de crecimiento. El PGOU no hace correctamente el cálculo del crecimiento, porque entre otras razones, no incluye lasviviendas previstas en el suelo urbano no consolidado, que son más de 800. El PGOU tampoco justifica el importantecrecimiento propuesto, en relación con el grado de ejecución del actual planeamiento, que tiene una capacidad muyimportante. (ver en Anexo 2 un estudio fotográfico).4.- El enorme crecimiento propuesto. Con los datos del PGOU, hemos elaborado los cuadros de cifras que se incluyen en el Anexo 1 “Cifras delPGOU de Guillena”. Respecto a la población, tomando el coeficiente de 2,4 habitantes por vivienda, y teniendo encuenta las “flexibilidades” aplicadas por la Junta de Andalucía, se incrementaría un 44,65. Pero teniendo en cuenta lasconsideraciones efectuadas en los puntos anteriores e introduciendo las correcciones correspondientes, llegaría hasta el60%. Si los porcentaje tienen en cuenta la situación final de la población con respecto a la situación actual, lapoblación se incrementaría hasta el 111%, que se elevaría hasta más del 400% si se considera el Suelo Urbanizable NoSectorizado. En cualquiera de los casos superior al límite del 30% permitido en el apartado 4 a) del mencionadoartículo 45 del POTA. Y además el crecimiento no tiene porque ser ese máximo, sino que debe ser congruente con lasnecesidades de la población actual, con la evolución de la población y la capacidad del actual planeamiento, como yahemos indicado anteriormente. El PGOU merced a los artificios en la clasificación de suelo y las “flexibilidades” aplicadas por la Junta deAndalucía, crecería el 6%, que se elevaría al 20% con las correcciones que creemos deben introducirse.. Pero enrealidad, supone un incremento de casi el 160% del suelo urbano consolidado y no consolidado actual, y llegaríahasta casi el 250% si el cálculo se hace con respecto al urbano consolidado, sin las flexibilidades aplicadas por la Juntade Andalucía. La propuesta clasificar tanto suelo, que tiene que dejar el Área de Oportunidad residencial “R12-ElMolinillo” prevista en el POTAUS, como suelo urbanizable no sectorizado, lo que prueba que no existe demandametropolitana de viviendas.5.- El desorden del crecimiento propuesto. El presente PGOU propone una desproporcionada cantidad de Suelo Urbanizable No Sectorizado sin ladebida justificación, como hemos señalado en el punto primero. Además de la proporcionalidad, la propuestacarece de la debida racionalidad. Los sectores de Suelo Urbanizable No Sectorizado forman parte de la estructuradel Modelo de Ciudad, estructura que no quedaría completa sin los mismos. Dicho al revés, la estructura del modelopropuesto es incoherente e incompleto, necesitando de la ejecución de los sectores de Suelo Urbanizable NoSectorizado para completar su ordenación estructural. Por otra parte, el PGOU plantea varios Sistemas Generales cuya ubicación no es adecuada al estardesvinculados del suelo urbano y urbanizable sectorizado, unos sistemas generales que no son ni idóneos, niracionales, ni coherentes, ni funcionales y tendrían problemas de accesibilidad. También contradice los criterios delPOTAUS para el Área de Oportunidad “E-13 El Esparragal”. Por último, el criterio para la delimitación de unidades no obedece a razones técnicas urbanísticas, ni a unaorganización racional, plantea además una urbanización enfocada a continuar el crecimiento, dejando bolsas de suelono urbanizable o suelo urbanizable no sectorizado entre suelos urbanos y urbanizables, los bordes urbanos no seterminan, incrementa la dispersión de la urbanización etc... En resumen, el modelo de crecimiento adoptado nomejora ni es coherente con la ordenación estructural y aumenta la dispersión. ADTA Inscrita en Registro Andaluz de Asociaciones, nº 9.041 Sección primera. 2 Domicilio: Calle Cruz del Sur, 8. 41928. Palomares de Río. (Sevilla) Tlf: 955763591 Correo electrónico: adta@adta.es Página web: http://www.adta.es CIF G-91184226
3. Asociación para la Defensa del Territorio del Aljarafe La Zona Guillena-Pajanosas. En esta zona el PGOU plantea un desproporcionado crecimiento, con la contradicción de incluir un SistemaGeneral Sistema General de Espacio Libre, el más importante en superficie, denominado SGEL-TER-1, totalmentedesvinculado del suelo urbano y urbanizable sectorizadourbanizable. Además, el crecimiento no sólo se orienta haciala unión del núcleo principal de Guillena con Las Pajanosas, uno de los objetivos del PGOU, sino que orienta elcrecimiento hacia el noreste en el caso del núcleo principal (SUNS-03) y hacia el sur en el caso de Las Pajanosas(SUNS-08), lo que incrementaría injustificadamente la dispersión y no se orienta hacia un modelo de ciudadterminada. La Zona sur de Guillena. En esta zona el PGOU planteauna unidad de Suelo Urbanizable NoSectorizado discontínua y el SistemaGeneral de Equipamiento “SGEQ-G1Recinto Ferial” desvinculado del suelourbano y urbanizable, del que lo separa elSuelo Urbanizable No Sectorizado. Además, el recinto ferialpropuesto, se situaría al oeste del arroyoGalapagar, lo que afectaríainnecesariamente a dicho arroyo ydificultaría el acceso a dicho sistemageneral. Hay suelo suficiente en otraszonas mejor situadas con respecto al suelourbano para ese equipamiento. ADTA Inscrita en Registro Andaluz de Asociaciones, nº 9.041 Sección primera. 3 Domicilio: Calle Cruz del Sur, 8. 41928. Palomares de Río. (Sevilla) Tlf: 955763591 Correo electrónico: adta@adta.es Página web: http://www.adta.es CIF G-91184226
4. Asociación para la Defensa del Territorio del Aljarafe La Zona de El Esparragal. El PGOU plantea la concreción del Área deOportunidad “E13 El Esparragal (Ampliación)” prevista enel POTAUS, vulnerando sin justificación alguna, los criteriosestablecidos en la correspondiente Ficha del Área deOportunidad. Dicha Área de Oportunidad se justifica en elPOTAUS como una ampliación hasta las 200 hectáreas, delactual Polígono Industrial El Esparragal, y de hecho incluyeen el nombre la palabra “Ampliación”. El Área deOportunidad del POTAUS incluye el actual Polígono y no loplantea aparte, como hace el PGOU, y lo sitúa al oeste de laA-66, y no al este como plantea el PGOU. Podemosobservar la imagen de la ficha del POTAU, que en sujustificación dice: “El municipio de Guillena cuenta con unaimportante bolsa de suelo productivo en la campiña deGerena formada por el polígono El Esparragal,....Comoreserva de suelo para posibles ampliaciones de estos suelosindustriales se plantea la conveniencia de prever unafutura expansión del polígono El Esparragal, apoyado enla carretera N-630 (al oeste de la A-66). [hasta las 200hectáreas, según la propia ficha] ” En lugar de una ampliación hasta las 200hectáreas del PI El Esparragal el PGOU planteaotra cosa muy distinta. Propone una unidad deSuelo Urbanizable Sectorizado, la SUS-10 (151,4hectáreas), totalmente desvinculada del suelourbano, y otra de Suelo Urbanizable No Sectorizadocontigua a esta, la SUNS-14 (123 hectáreas), quetambién estaría desvinculada del actual suelourbano. Ambas están situadas al este de la A-66 ysuman un total de 274,4 hectáreas. Además de todo ello, el PGOU clasificaotros suelos contiguos al Polígono Industrial ElEsparragal. El resultado de toda esa ordenaciónsuma una espectacular cifra de suelo, como seobserva en la tabla siguiente. Y todo ello a pesar de que el Polígono ElEsparragal está vacío (ver Anexo 2) y de laafirmación del PGOU (MO Pág.18): “Tal y comopropone el Plan de Ordenación del Territorio de laAglomeración Urbana de Sevilla, se propone laampliación del Polígono Industrial existente, conlas condiciones establecidas para dicha Área deOportunidad Empresarial E13. El Esparragal Crecimiento El Esparragal(ampliación).” Actual 115,00 Fundiciones Caetano 9,00 ARI-06 9,40 SUS-10 151,40 SUS-11 19,40 SUS-12 3,20 SUNS-14 123,00 SUN-15 9,00 Total 439,4 ADTA Inscrita en Registro Andaluz de Asociaciones, nº 9.041 Sección primera. 4 Domicilio: Calle Cruz del Sur, 8. 41928. Palomares de Río. (Sevilla) Tlf: 955763591 Correo electrónico: adta@adta.es Página web: http://www.adta.es CIF G-91184226
5. Asociación para la Defensa del Territorio del Aljarafe6- La afección al Sistema Hidrológico. El PGOU, no hace un análisis integral de las cuencas de los ríos y arroyos incluida en el término de Guillena,desde la consideración de las funciones ecológicas y territoriales, y la necesidad de establecer la protección de esosespacios fluviales. Tampoco incorpora el preceptivo Informe de inundabilidad. El PGOU propone la urbanización Lagos del Serrano 2ª Fase en suelo Especialmente Protegido en elPOTAUS, que inscribe la zona dentro del Sistema Hidrológico, siéndole de aplicación sus directrices, especialmentelas referentes a “Embalses y cuencas alimentadoras” que obliga a “proteger los embalses del ámbito como espaciosen los que se ha de preservar la calidad de las aguas, en especial en los casos de los embalses integrados en lossistemas de abastecimiento urbano de la aglomeración.”. Y el embalse de Cala forma parte de red de abastecimientode agua de Sevilla y su área metropolitana, a la que abastece, en casos de sequía. El PGOU propone la ocupación y obras de “encauzamiento” en el arroyo de los Prados, y “obras deadecuación” en el arroyo Galapagar. Las medidas propuestas por el PGOU para la prevención de avenidas, se basanen una concepción reduccionista y caduca de los cauces limitados a simples desagües, que se contrapone a las nuevasnormas dictadas en base a la Directiva Europea Marco del Agua. Hay formas de prevenir los riesgos de las avenidas,que respetan las nuevas normas, son más eficaces y puede que hasta más económicas, desde una ordenación territorialadecuada, que pasa por recuperar espacio para el arroyo, no ubicar las viviendas cerca de los arroyos, ubicar las zonasverdes junto a ellos, etc. El PGOU tampoco propone medidas suficientes dirigidas a prevenir y evitar los procesos de deterioro quepueden afectar al dominio público hidraúlico. Como por ejemplo, el desarrollo de actuaciones de recuperación ymejora del paisaje fluvial, tanto en su tramo urbano, incluyendo la ordenación del uso público y recreativo, como en elmedio rural. O actuaciones para restaurar los cauces actualmente ocupados ó degradados.. Los arroyos constituyenuna oportunidad para la mejora de la ordenación estructural de la ciudad existente, la integración de nuevos desarrollosen la misma y la dotación de Sistemas Generales. Tampoco propone ninguna medida correctora del incremento de escorrentía y su incidencia en la erosión delterritorio, especialmente en el sistema hidrológico que provocará el incremento del sellado del suelo. El PGOUdebería proponer medidas correctoras del sellado de los suelos que palíen el aumento de las escorrentías como lossistemas de retención y/o infiltración de agua en el suelo (suelos permeables, franjas filtrantes, pozos y zanjas deinfiltración, drenes filtrantes, cunetas verdes, depósitos de infiltración, depósitos superficiales de detención, depósitosenterrados de detención, estanques de retención, humedales artificiales, limpieza de la red hidrológica, educación yparticipación ciudadana, incentivos para el no sellado de los suelos mediante medidas por ejemplo fiscales, incentivosa la construcción de aljibes privados, cubiertas vegetales, etc).7.- El paisaje y el patrimonio. El PGOU no aborda un análisis y tratamiento justificado del paisaje urbano y rural afectado, como es el casode los arroyos citados en el punto anterior o el Castillo de Guillena, cuyo entorno clasifica directamente como urbanosin determinaciones que preserven el paisaje asociado.8. Las cifras económicas del PGOU. Las cifras económicas del PGOU revelan que la participación de la comunidad en las plusvalías generadas,que exige la ley, es prácticamente nula y el PGOU será una carga para las arcas públicas.9.- La participación pública. El Ayuntamiento de Guillena no ha promovido la participación ciudadana y se ha limitando a la publicacióndel anuncio de exposición al público. ADTA abril 2011 ADTA Inscrita en Registro Andaluz de Asociaciones, nº 9.041 Sección primera. 5 Domicilio: Calle Cruz del Sur, 8. 41928. Palomares de Río. (Sevilla) Tlf: 955763591 Correo electrónico: adta@adta.es Página web: http://www.adta.es CIF G-91184226
6. 5 Nota Final 5 Informe Defensor Pueblo ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO EN LOS INFORMES DE LA OFICINA DEL DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ NOVIEMBRE - 2009 1. Valoraciones. 10 Un modelo de desarrollo insostenible. El desarrollo que ahora se critica, en bastantes supuestos ha estado amparado en planes aprobados por los Ayuntamientos y los órganos competentes de la Comunidad Autónoma. En este Informe hemos dedicado amplios comentarios a algunos de los problemas que el desarrollo urbanístico, amparado en planes formalmente aprobados, ha generado, no digamos cuando éste ha tenido lugar al margen de los mismos, lo que por lo demás ha sido moneda común en algunos de los municipios de Andalucía. De ello, dejamos constancia en el Informe Anual al Parlamento de Andalucía del año 2006. En primer lugar, recordábamos los importantes derechos y valores que, cuando hablamos de ordenación territorial y urbanística, entran en juego, pues el Texto Constitucional dedica a ellos, entre otros, los arts. 33; 38; 43, aptdos. 1 y 3; 45; 46; 47; 51, aptdo. 1; 128, aptdo. 1; 130.1 y 131 CE. Ello, sin más, justifica las diversas intervenciones que el Defensor del Pueblo Andaluz ha realizado en este ámbito y las valoraciones contenidas en torno al tardío ejercicio de las competencias en los ámbitos de la Ordenación del Territorio y el Urbanismo. Los derechos constitucionales afectados. La autonomía no es soberanía y aún ésta tiene límites. En segundo lugar, señalábamos que el necesario respeto a la autonomía local, garantizado constitucionalmente, es plenamente compatible con el ejercicio de las competencias que corresponden al Estado y las Comunidades Autónomas, a tenor de lo previsto, respectivamente, en los arts. 149.1.13º; 23º y 148.1.3º. Y es que, como señaló en su día nuestro Tribunal Constitucional en su Sentencia 4/1981, de 2 de Febrero, (Fundamento Jurídico 3º) “la autonomía hace referencia a un poder limitado. En efecto, autonomía no es soberanía -y aún este poder tiene sus límites-“. De ahí que el art. 137 CE delimite el ámbito de los poderes autónomos contemplados en el precepto a la «gestión de sus respectivos intereses», que deberán ejercerse, lógicamente, tal y como señala la mencionada Sentencia, en el marco del ordenamiento, concluyendo ésta que “por lo que es la Ley, en definitiva, la que concreta el principio de autonomía de cada tipo de Entes, de acuerdo con la Constitución”. Un mercado inmobiliario sobredimensionado y, al mismo tiempo, injusto. Pues bien, el modelo de planificación urbanística municipal ha llevado a que, de las 20.946.554 viviendas existentes, según el INE, en nuestro país en el año 2003, 3.106.621 fueran inmuebles vacíos, sin contar las aproximadamente 3.000.000 viviendas de segunda residencia que sólo temporalmente se ocupan. Y, mientras tanto, un amplísimo sector de la ciudadanía no puede acceder a este bien básico, que constituye un derecho constitucional, ni en el mercado libre ni en el protegido. En el año 2005, la Red de Análisis Europea Euroconstruct ponía de manifiesto que el 28,4 % del total de viviendas nuevas construidas en Europa se concentraba en España, pese a que la población española sólo representaba un 9,7 % de la población total europea. Una impensable e injustificada ocupación del suelo no urbanizable. El Observatorio de la Sostenibilidad en España realizó, en 2005, una prospectiva para observar cuales podían ser los porcentajes de cambio de ocupación del suelo en España hasta los años 2005 y 2010. Así, si en el año 1987, las hectáreas ocupadas eran 814.150 (con un índice 100), en 2000 eran ya 1.054.316 (índice 129), por lo que las estimaciones en 2005 eran 1.146.687 (índice 141) y en el año 2010, 1.239.059 hectáreas (índice 152). Gran parte de estas nuevas construcciones se han concentrado en el litoral andaluz, que ya arrastraba un deterioro importante en épocas anteriores a resultas del denominado “desarrollismo”. El Ministerio de Medio Ambiente denunció el descontrol urbanístico. La realidad contrastada de ese urbanismo depredador, denunciado por distintos grupos ecologistas e instituciones, medios de comunicación, etc., pero que, insistimos, en la inmensa mayoría de los casos obedece a un modelo aprobado por los Plenos de los Ayuntamientos del litoral y con la aprobación definitiva de los órganos competentes de las Comunidades Autónomas, ya que sin estas resoluciones asumidas por los poderes públicos todo este proceso desarrollista e insostenible no hubiera sido posible, llevó, en el 2006, a la entonces Ministra de Medio Ambiente a decir, no sin razón, que “Valencia, Murcia y Andalucía han urbanizado el litoral sin control”. Los poderes públicos no han sabido tutelar con la efectividad deseada los derechos y valores contemplados en los arts 45 y 47 CE. Hay, pues, una valoración general que, no por evidente, debemos dejar de subrayar en este Informe: en demasiadas ocasiones, los poderes públicos no han sabido ejercer, en un adecuado nivel de exigencia, sus competencias en ordenación del territorio y urbanismo, que tiene la naturaleza de función pública, para proteger el derecho constitucional a un medio ambiente adecuado (art. 45 CE), ni han regulado el uso del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación, ni han establecido las condiciones y las normas para hacer efectivo el derecho de todos los españoles a una vivienda digna y adecuada (art. 47 CE). Como decimos en otra parte de este Informe Especial, esta situación debe “hacernos reflexionar sobre el papel que los poderes públicos andaluces deben desarrollar, a través de la función publica en que, insistimos, consiste la ordenación del territorio y la urbanística, para que asuman sus competencias planificadoras de acuerdo con el interés general y no se limiten, como en tantos y tantos supuestos, a atender propuestas de crecimiento basadas en una demanda de un mercado inducido por los propios agentes que intervienen en la promoción del suelo y de la edificación que, en muchos casos, se convenia en los despachos de algunos representantes municipales (con lo que el proceso posterior de real y efectiva participación pública es muy limitado o inexistente) o a reaccionar tarde y con pocas probabilidades de éxito, cuando el territorio ha perdido sus valores ambientales o paisajísticos, o el desarrollo insostenible ha tomado carta de naturaleza y se ha producido el colapso de las infraestructuras”. 11 La financiación de las Haciendas Locales y el Urbanismo. El déficit crónico de las Haciendas Locales no puede justificar la apuesta por un modelo insostenible de desarrollo urbanístico. Los nuevos desarrollos urbanos a medio y largo plazo demandarán servicios públicos que no se autofinancian al cien por cien. La apuesta por un urbanismo que está hipotecando las posibilidades de hacer modelos de ciudad con otras características que garanticen su sostenibilidad y que sepan responder a las necesidades de una sociedad cada vez más exigente con la “ cuestión ambiental”, no puede justificarse en la necesaria financiación de las Haciendas Locales, por más que es evidente que las aportaciones actuales del sector público y privado son claramente limitadas para compensar los costes de los servicios e infraestructuras que, en la actualidad, prestan los municipios. En primer lugar, porque no es cierto que todos los municipios hayan actuado de la misma manera. En segundo, porque los ingresos extraordinarios de estos procesos urbanizadores permiten dar respuesta a corto plazo a las necesidades de financiación municipal, pero no sólo no resuelven el problema estructural presupuestario, sino que, a medio y largo plazo, los residentes de estas viviendas demandan también servicios y originan, por tanto, un coste mayor a la hora de asumir la prestación y mantenimiento de los servicios públicos.
7. Ello es especialmente cierto en municipios en los que el proceso urbanizador está sobredimensionado y ha crecido al margen de las necesidades y demandas de la población residente. ¿De verdad están saneadas, en la actualidad, las Haciendas Locales de los municipios cuyo desarrollo urbanístico ha crecido más en los últimos años?. En demasiadas ocasiones, la corrupción ha estado presente a la hora de tomar decisiones de trascendencia urbanística. En tercer lugar, no se puede obviar, con todo el carácter excepcional que se quiera, que detrás de ese urbanismo insostenible en demasiadas ocasiones ha estado presente la corrupción, que ha llevado a adoptar decisiones públicas injustificadas. El gran número de procesos judiciales abiertos en el estado español y en lo que, a aquí concierne, en Andalucía, son exponentes de esa realidad y puede estar detrás de que España sólo sea acreedora de un aprobado en el último informe de percepción de corrupción de la ONG Transparencia Internacional. La adecuada financiación de las Corporaciones Locales sigue siendo una cuestión no resuelta, que debe buscar respuesta en el denominado Pacto Local y en el marco del consenso entre las distintas fuerzas políticas.8 Nota Final 8 POTAUS Zonas y Elementos de Protección Territorial Artículo 64. Determinaciones generales para las Zonas y Elementos de Protección Territorial. (N) 1. Las Zonas y Elementos de Protección Territorial tendrán la consideración de suelo no urbanizable de especial protección por la planificación territorial, a excepción de aquellos suelos que el planeamiento urbanístico general incorpore al proceso de urbanización, de acuerdo con las determinaciones de este Plan, relacionados con: a) El crecimiento, ordenado y justificado, en contigüidad de los núcleos urbanos existentes según lo establecido en el artículo 77 de este Plan. b) La incorporación al planeamiento urbanístico de las determinaciones de este Plan relativas a las Áreas de Oportunidad Metropolitanas. c) La incorporación al proceso urbanizador por el planeamiento general de parcelaciones y urbanizaciones ubicadas en las Zonas de Protección territorial de los Espacios Agrarios de Interés. 2. La delimitación por el planeamiento urbanístico general de la Zonas de Protección Territorial a escala adecuada a su nivel de determinaciones supondrá el ajuste de Plan, sin que implique su modificación. Artículo 66. Objetivos del Sistema Hidrológico. (N) 1. Son objetivos del Plan en relación con el Sistema Hidrológico los siguientes: a) Protección de los recursos hídricos continentales y litorales. b) Preservación de las condiciones ambientales. c) Conservación de la calidad paisajística. d) Prevención de riesgos de inundación. 2. A efectos de este Plan, componen el Sistema Hidrológico los siguientes elementos: a) La red de drenaje. b) Los embalses y sus cuencas alimentadoras. c) Los acuíferos. Artículo 67. Red de drenaje y cuencas vertientes. (D) 1. Los instrumentos de planeamiento general considerarán las cuencas vertientes y sus cauces de forma integral, analizarán las repercusiones del modelo urbano previsto y de las transformaciones de usos propuestas sobre la red de drenaje y estimarán los riesgos potenciales, proponiendo la infraestructuras y medidas de prevención y corrección adecuadas para la minimización de los mismos. 2. Los instrumentos de planeamiento general incorporarán el deslinde del dominio público hidráulico, que les facilite el órgano competente, y sus zonas de servidumbre y policía, que deberán ser clasificadas como suelos no urbanizables o como espacios libres de uso y disfrute público en los suelos urbanizables colindantes con los cauces definidos como Ejes fluviales en el sistema de espacios libres regulado en esta normativa. 3. Los cauces, riberas y márgenes, y sus funciones de evacuación de avenidas deben estar amparados por una definición de usos que garantice la persistencia de sus condiciones de evacuación, tanto por sus características estructurales como por su nivel de conservación y mantenimiento. 4. Los cauces que drenen suelos urbanizables deberán garantizar la evacuación de caudales correspondientes a avenidas de 500 años de retorno, conforme a la sección transversal que determine el Organismo de Cuenca. 5. Las infraestructuras de drenaje evitarán los embovedados y encauzamientos cerrados, favoreciendo la pervivencia de la identidad territorial, la función natural de los cauces y la conservación y mejora de la biodiversidad acuática y de las especies asociadas. 6. Las administraciones públicas competentes deberán abordar un programa de inversiones para eliminar los estrangulamientos derivados de actuaciones que hayan disminuido la sección del cauce. Siempre que sea posible, estas modificaciones tenderán a reponer los cauces abiertos que hayan sido objeto de transformación anterior mediante embovedados o cubriciones. 7. Las administraciones públicas competentes verificarán la capacidad de desagüe de los arroyos e infraestructuras de drenaje que atraviesan suelos urbanos y zonas pobladas expuestas a riesgos, así como los vinculados a los suelos urbanizables previstos, y analizarán el nivel de respuesta ante las avenidas extraordinarias. 8. La Administración competente en materia de aguas, procederá a la implantación de los planes de emergencia de presas previstos en la legislación sectorial. 9. Se ejecutará un nuevo encauzamiento para el arroyo Tamarguillo con los siguientes objetivos: a) Garantizar la seguridad y calidad de vida de los ciudadanos afectados. b) Incorporar los caudales de arroyo Ranillas. c) Configurar un pasillo natural en los terrenos ocupados por el nuevo trazado. d) Incorporar el actual cauce del arroyo Tamarguillo a la red de espacios libres local. Artículo 68. Embalses y cuencas alimentadoras. (D) 1. Las actuaciones públicas tendrán como objetivo proteger los embalses del ámbito como espacios en los que se ha de preservar la calidad de las aguas, en especial en los casos de los embalses integrados en los sistemas de abastecimiento urbano de la aglomeración. 2. Los embalses y sus entornos tendrán la consideración de recursos para el uso público-recreativo, como un uso complementario y supeditado al mantenimiento de la calidad de las aguas y conforme a lo que establezca la normativa sectorial y a lo previsto en esta normativa. 3. Las cuencas alimentadoras delimitadas en el plano del Sistema de Protección Territorial se sujetarán a las restricciones necesarias para garantizar las óptimas condiciones de la cubierta vegetal, preferentemente forestal, así como evitar vertidos que puedan afectar a la calidad de las aguas embalsadas. Artículo 71. Objetivos de las Áreas Forestales. (N) Son objetivos del Plan en relación con las Áreas Forestales los siguientes: a) Regulación climática. b) Creación de sumideros de emisiones contaminantes.
8. c) Ubicación de espacios libres de uso público. d) Cualificación del paisaje. e) Protección de cuencas vertientes.Artículo 72. Ordenación de las Áreas Forestales. (D)1. La regulación de los usos y actividades necesarios para la conservación y aprovechamiento de las masas forestales se realizará a través de loscorrespondientes planes de ordenación de recursos naturales.2. La planificación forestal asegurará el mantenimiento de las masas forestales existentes en el área, garantizando la conservación de la cubiertaarbórea.3. El régimen de usos que los instrumentos de planeamiento urbanístico, de acuerdo con la normativa sectorial de aplicación, establezcan paraestos espacios asegurará el mantenimiento, la protección y, en su caso, la regeneración de sus características ambientales, al mismo tiempo quepromueva el uso público, recreativo y, excepcionalmente, el dotacional
La rehabilitación de edificios en la LOUA