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Timestamp: 2020-07-09 14:25:50
Document Index: 236614978

Matched Legal Cases: ['artículo 51', 'artículo 246', 'artículo 63', 'artículo 286', 'Artículo 329', 'Artículo 330', 'artículo 56', 'artículo 329', 'Artículo 356', 'artículo 357', 'artículo 357', 'artículo 357', 'artículo 356', 'artículo 357', 'artículo 356', 'artículo 39', 'artículo 41', 'artículo 29', 'artículo 94', 'artículo 49', 'artículo 211', 'artículo 212', 'artículo 157', 'artículo 12', 'artículo 14', 'artículo 25']

Consejero ponente: SUSANA MONTES DE ECHEVERRI - Resguardos indígenas naturaleza de las ips indígenas / ips indígena...
Resguardos indígenas naturaleza de las ips indígenas / ips indígena naturaleza jurídica
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Consejero ponente: SUSANA MONTES DE ECHEVERRI
Bogotá D. C., agosto quince (15) de dos mil dos ( 2002 )
Radicación número: 1443
Actor: MINISTRO DEL INTERIOR
El Señor Ministro del Interior, a solicitud del Coordinador Nacional de EPS-I, formuló consulta ante esta Sala, con el fin de obtener concepto jurídico respecto de la contratación de las ARS del régimen subsidiado con IPS indígenas conformadas por cabildos y otras autoridades tradicionales de los pueblos indígenas. La consulta es del siguiente tenor literal :
“A la luz del artículo 51 de la ley 715 de diciembre 21 de 2001, se genera el interrogante de si las IPS creadas por las autoridades de los pueblos indígenas, pueden contratar con las administradoras del régimen subsidiado el 40% del valor de la unidad de pago por captación subsidiada ?
Para dar respuesta a la consulta, la Sala hace las siguientes CONSIDERACIONES:
Normas sobre asuntos indígenas, grupos étnicos, aspectos territoriales y su diversidad cultural en el ordenamiento jurídico tanto nacional como internacional.
1.1 Orden constitucional
Por mandato de la Carta Fundamental, el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana1, y es obligación de aquel y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación, según lo disponen los artículos 7 y 8 superiores.
Las lenguas y dialectos de los grupos étnicos son idiomas oficiales en sus territorios, además del castellano el cual es el idioma oficial en Colombia. Y es obligatorio impartir enseñanza bilingüe en las comunidades donde tengan sus propias tradiciones lingüísticas (art. 10 C.P). El artículo 246 de la Constitución reconoce la existencia de la jurisdicción especial indígena, ejercida por las autoridades de los pueblos indígenas dentro de su ámbito territorial, según sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios al orden constitucional y legal de la República.
Las tierras comunales de grupos étnicos y las tierras de resguardo, son inalienables, imprescriptibles e inembargables, conforme lo determina el artículo 63 de la Constitución Política.
Los territorios indígenas son entidades territoriales, tal como lo dispone el artículo 286 de la Constitución Nacional, regulados especialmente por las siguientes disposiciones constitucionales:
“Artículo 329. La conformación de las entidades territoriales indígenas se hará con sujeción a lo dispuesto en la ley orgánica de ordenamiento territorial, y su delimitación se hará por el gobierno nacional, con participación de los representantes de las comunidades indígenas, previo concepto de la comisión de ordenamiento territorial.
“Los resguardos son de propiedad colectiva y no enajenable.
“La ley definirá las relaciones y la coordinación de estas entidades con aquellas de las cuales formen parte.
“Parágrafo. En el caso de un territorio indígena que comprenda el territorio de dos o más departamentos, su administración se hará por los consejos indígenas en coordinación con los gobernadores de los respectivos departamentos. En caso de que este territorio decida constituirse como entidad territorial, se hará con el cumplimiento de los requisitos establecidos en el inciso primero de este artículo.
“Artículo 330. De conformidad con la Constitución y las leyes, los territorios indígenas estarán gobernados por consejos conformados y reglamentados según los usos y costumbres de sus comunidades y ejercerán las siguientes funciones:
6. Coordinar los programas y proyectos promovidos por las diferentes comunidades de su territorio.
“Parágrafo. (...) ”
Por su parte el artículo 56 transitorio de la Constitución, estableció:
“Mientras se expide la ley a que se refiere el artículo 329, el gobierno podrá dictar las normas fiscales necesarias y las demás relativas al funcionamiento de los territorios indígenas y su coordinación con las demás entidades territoriales”.
Las anteriores facultades constitucionales, se desarrollaron mediante la expedición de los decretos 1809 de 1993 y 1088 de 1993.
1.1.1 Acto legislativo 01 de 2001. Las entidades territoriales indígenas son beneficiarias del sistema general de participaciones, de acuerdo con la reforma constitucional establecida por el acto legislativo 01 de 20012, el cual modificó los artículos 356 y 357 sobre situado fiscal y creó el sistema general de participaciones en los recursos fiscales de las entidades territoriales, así:
“Artículo 356. Salvo lo dispuesto por la Constitución, la ley, a iniciativa del Gobierno, fijará los servicios a cargo de la Nación y de los departamentos, distritos y municipios. Para efecto de atender los servicios a cargo de éstos y a proveer los recursos para financiar adecuadamente su prestación, se crea el Sistema General de Participaciones que establezca la ley.
“Para estos efectos, serán beneficiarias las entidades territoriales indígenas, una vez constituidas. Así mismo, la ley establecerá como beneficiarios a los resguardos indígenas, siempre y cuando éstos no se hayan constituido en entidad territorial indígena. ( Destaca la Sala con negrilla).
“Los recursos del Sistema General de Participaciones de los departamentos, distritos y municipios se destinarán a la financiación de los servicios a su cargo, dándole prioridad al servicio de salud y (...) garantizando la prestación de los servicios y la ampliación de cobertura.
“Teniendo en cuenta los principios de solidaridad, complementariedad y subsidiariedad, la ley señalará los casos en los cuales la Nación podrá concurrir a la financiación de los gastos, en los servicios que sean señalados por la ley como de competencia de los departamentos, distritos y municipios.
“La ley reglamentará los criterios de distribución del Sistema General de Participaciones de los departamentos, distritos y municipios, de acuerdo con las competencias que le asigne a cada una de estas entidades; y contendrá las disposiciones necesarias para poner en operación el Sistema General de Participaciones de éstas, incorporando principios sobre distribución que tengan en cuenta los siguientes criterios:
Para educación y salud: población atendida y por atender, reparto entre población urbana y rural, eficiencia administrativa y fiscal, y equidad;
“No se podrá descentralizar competencias sin la previa asignación de los recursos fiscales suficientes para atenderlas.
“Los recursos del Sistema General de Participaciones de los departamentos, distritos y municipios se distribuirán por sectores que defina la ley.
“El monto de recursos que se asigne para los sectores de salud y educación, no podrá ser inferior al que se transfería a la expedición del presente acto legislativo a cada uno de estos sectores (...)
El artículo 357 en el texto derogado3 por el acto legislativo 01 de 2001, señalaba la participación de los municipios en los ingresos corrientes de la Nación y decía:
“Para los efectos de esta participación, la ley determinará los resguardos indígenas que serán considerados como municipios”.
La modificación del artículo 357, no reprodujo dichas expresiones y se refiere a la forma de liquidar el monto de la participación asignado a los departamentos, distritos y municipios en el nuevo sistema general de participaciones.
En la historia del Acto Legislativo 01 de 2001, se constata que el proyecto fue presentado por el Gobierno al Congreso y la comisión primera del senado avocó su conocimiento. Para el primer debate, se presentaron dos ponencias, una mayoritaria presentada por los Senadores Carlos Arturo Angel, como coordinador; Juan Martín Caicedo Ferrer, Gustavo Guerra Lemoine y Jesús Angel Carrizosa, y otra minoritaria, por la Senadora Viviane Morales Hoyos. Las dos ponencias se pusieron a consideración y no fue acogida la proposición minoritaria; sin embargo, para nuestro análisis es necesario destacar que en esta ponencia para segundo debate del proyecto de acto legislativo 012 de 2000, la mencionada senadora dijo :
“En la reforma al artículo 357, los resguardos indígenas dejan de ser considerados municipios para efectos de la participación en los ingresos corrientes de la Nación ...” 4
La ponencia mayoritaria para segundo debate en el Senado del mencionado proyecto de acto legislativo 012, explicó :
“La honorable Comisión Primera tuvo la oportunidad de discutir y debatir el proyecto, aprobando el articulado propuesto por la ponencia mayoritaria con algunas modificaciones (...).
Otra modificación surtida en el debate en la comisión al texto del proyecto, fue la inclusión propuesta por el honorable senador Carlos Arturo Angel, en el sentido que la ley determinaría los resguardos indígenas que serían considerados como municipios para los efectos del inciso primero del artículo 356 de la Carta.
De igual forma, el senador Jesús Piñacué, propuso la inclusión de un parágrafo transitorio en el artículo 357, del siguiente tenor: ‘Para los efectos de la participación en los ingresos corrientes de la Nación, los Resguardos y Cabildos Indígenas serán considerados como municipios, mientras se expide la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial. La ejecución de estos recursos se realizan directamente por parte de las autoridades indígenas del respectivo resguardo y cabildo indígena ‘. Sin embargo, la anterior propuesta fue rechazada por la Comisión, debido a que el tema principal ya había sido incorporado en la propuesta del senador Carlos Arturo Angel, antes mencionada”.5
En la Gaceta del Congreso 223 del 17 de mayo de 2001, se publicó el texto definitivo aprobado para segunda vuelta en sesión plenaria del Senado y en la redacción del artículo 356 modificado, podía leerse en el inciso 3º:
“Para estos efectos la ley determinará los resguardos indígenas que serán considerados como municipios”.
Texto muy similar al definitivo del acto legislativo, fue propuesto el 6 de junio de 2001 en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, según consta en el acta de Comisión publicada en la Gaceta del Congreso Nro. 470 del 20 de septiembre de 2001 en el informe de ponencia hecha por el Honorable Representante Antonio José Pinillos, para el primer debate, de la segunda vuelta en dicha Cámara. Dice:
“Para garantizar la participación de los resguardos indígenas y conservar el mandato constitucional de que los territorios indígenas son entidades territoriales proponemos el siguiente inciso:
“Para estos efectos, serán beneficiarias las entidades territoriales indígenas, una vez constituidas. Asimismo, la ley establecerá como beneficiarios a los resguardos indígenas que sean considerados como municipios, siempre y cuando éstos no se hayan constituido en entidad territorial indígena”6.
1.2 Orden jurídico interno de carácter legal de los territorios indígenas.
1.2.1 Ley 89 de 1.890.
El legislador desde el 25 de noviembre 1890 expidió la ley 89, por medio de la cual “creó un fuero legislativo especial para los indígenas”7; desde entonces, los pueblos indígenas en Colombia gozan del fuero especial indígena, que les ha permitido tener la posibilidad de conservar una legislación propia, conforme con los usos y costumbres de la comunidad y poseer tierras comunales mediante la institución de los resguardos.
Esta ley determina que las comunidades indígenas en asuntos de resguardos no se rigen por las leyes generales de la República, sino por las disposiciones especiales contenidas en dicha ley, entre las cuales se previó que:
“Art. 3º. En todos los lugares en que se encuentre establecida una parcialidad de indígenas habrá un pequeño cabildo nombrado por éstos conforme a sus costumbres (...).
“Art. 4º. En todo lo relativo al Gobierno económico de las parcialidades tienen los pequeños cabildos todas las facultades que les hayan transmitidos sus usos y estatutos particulares, con tal que no se opongan a lo que previenen las leyes, ni violen las garantías de que disfrutan los miembros de la parcialidad en su calidad de ciudadanos. (Destaca la Sala con negrilla).
La ley 89 mencionada señala las competencias del cabildo de cada parcialidad (art. 7º) y determina que en la secretaría de la respectiva alcaldía municipal debe llevarse un libro de registro de los acuerdos hechos por el Cabildo que sean de carácter permanente y deben ser exhibidos a los indígenas que lo soliciten (art. 8º).
Los artículos 9 a 13 regulan los procedimientos e instancias para definir las controversias que surjan con ocasión de la posesión de los resguardos, de los cuales resulta importante resaltar que el legislador en algunos casos de controversias por el uso de los resguardos o de los límites de las porciones que gocen, prevé procesos ante las autoridades judiciales y en otros asuntos la competencia es de las autoridades administrativas mediante procesos policivos. En el título III de la ley, comprendido por los artículos 14 a 22, se regula lo referente a los resguardos para determinar cuáles son los indígenas o descendientes que tienen derecho al resguardo; las competencias del manejo de bosques y fuentes de aguas, de los concejos municipales y de la Nación. El capítulo IV titulado “Protectores de indígenas”, integrado por los artículos 23 a 29, entre los cuales se destaca: el arbitramento y transacción que el legislador de 1890 estableció para las controversias de los indígenas entre sí, por asuntos del resguardo. Así como la prohibición del arbitramento e intransigibilidad de los pleitos entre las comunidades indígenas y otros particulares por razón del resguardo (art. 26); el amparo de pobreza (art. 27); derecho de publicidad a favor de los indígenas y deber de los empleados sobre las copias de los títulos constitutivos de sus resguardos y de los documentos relacionados con ellos. El capítulo V relativo a la división de terrenos de resguardos, integrado por los artículos 30 a 39, en los cuales se señala el procedimiento para tal efecto y el mandato para la conformación del padrón o lista de indígenas de la parcialidad respectiva que conforme el cabildo, el examen, revisión y aprobación del gobernador del departamento; el término de prescripción de 50 años, prorrogables por los gobernadores para la formación del padrón de cada comunidad, ya que mientras dure la indivisión, los indígenas continuarán en calidad de usufructuarios, con sujeción de las prescripciones de dicha ley.
El artículo 39 de la citada Ley 89 previó:
“Hecha la división de los terreros de Resguardo, cesarán las funciones de los cabildos de las parcialidades.
Y, finalmente el artículo 41 de la misma estableció:
“Los gobernadores de departamento quedan encargados de dictar los reglamentos necesarios en desarrollo de esta ley y llenar los vacíos de la misma sin contravenir sus prescripciones.”
1.2.2 Leyes de Reforma Agraria
Además de la mencionada ley 89 de 1890 en cuanto a territorios y asuntos indígenas, las leyes de reforma agraria se han referido al tema de los resguardos indígenas, cuya última reforma fue hecha por la ley 160 de 1994.
Las siguientes son normas legales y reglamentarias que con posteridad a ella se han referido a asuntos indígenas: leyes 60 de 1916, 81 de 1958, 135 de 1961 (Reforma Agraria; derogada por la ley 160 de 1994, actualmente vigente); ley 1 de 1968, decreto 2117 de 1969, ley 30 de 1988, decreto 2001 de 1988 “Por el cual se reglamentan el inciso final del artículo 29, el inciso 3º, y el parágrafo 1º del artículo 94 de la ley 135 de 1961 en lo relativo a la constitución de Resguardos Indígenas en el territorio nacional”. (Derogado por el art. 28 del decreto reglamentario 2164 de 1995- que reglamenta la ley 160 de 1994). Decreto 1088 de 1993, ley 60 de 1993, art. 25 (derogada por la ley 715/01). Decreto 1809 de sept. 13/93 expedido en ejercicio de las facultades del art. 56 transitorio por el cual se dictan normas fiscales relativas a los territorios indígenas. Decreto 2680 de 1993 (Derogado el capítulo IV y el art. 33 por el art. 11 del decreto reglamentario 1386 de 1994). Decreto 1386 de 1994, decreto 804 de 1995, decreto 2164 de 1995, decreto 1320 de 1998 y decreto 982 de 1999.
1.3 Orden jurídico constitucional y legal de carácter internacional sobre las comunidades indígenas.
Ley 21 de 1.991
El 4 de marzo de 1991, se expidió la ley 21 de 1991, por la cual se aprobó el convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales adoptada por la septuagésima sexta reunión de la conferencia general de la OCT, Ginebra, adoptado con fecha 27 de junio de 1989 para revisar el convenio sobre poblaciones indígenas y tribales de 1957.
El constituyente colombiano en la Carta Política promulgada el 7 de julio de 1991, prescribió:
“Art. 53. (...) Los convenios internaciones del trabajo debidamente ratificados hacen parte de la legislación interna.
“Art. 93. Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia.
La conferencia internacional de la O.I.T., en el texto del convenio 169, aprobado por la mencionada ley 21 de 1991, contempló la siguiente motivación:
“(...) Recordando los términos de la declaración universal de derechos humanos, del pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales, del pacto internacional de derechos civiles y políticos, y de los numerosos instrumentos internacionales sobre la prevención de la discriminación; (....)
Reconociendo las aspiraciones de esos pueblos a sumir el control de sus propias instituciones y formas de vida y de su desarrollo económico y a mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y religiones, dentro del marco de los estados en que viven;
Recordando la particular contribución de los pueblos indígenas y tribales a la diversidad cultural, a la armonía social y ecológica de la humanidad y a la cooperación y comprensión internacionales (...).”
De acuerdo con dicha motivación el convenio 169 adoptó normas relacionadas con “políticas generales” que los gobiernos de los Estados que ratifiquen el instrumento internacional se comprometen a efectuar; reglas sobre tierras; contratación y condiciones de empleo; formación profesional, artesanía e industrias rurales; educación y medios de comunicación; entre otros aspectos.
La parte V del convenio 169, sobre “seguridad social y salud”, prevé:
“Art. 24.- Los regímenes de seguridad social deberán extenderse progresivamente a los pueblos interesados y aplicárseles sin discriminación alguna.
Art. 25.- 1. Los gobiernos deberán velar porque se pongan a disposición de los pueblos interesados servicios de salud adecuados o proporcionar a dichos pueblos los medios que les permitan organizar y prestar tales servicios bajo su propia responsabilidad y control, a fin de que puedan gozar del máximo nivel posible de salud física y mental.
4. La prestación de tales servicios de salud deberá coordinarse con las demás medidas sociales, económicas y culturales que se tomen en el país.”
1.4 Orden jurídico constitucional y legal sobre el sector salud y de la prestación del servicio en las comunidades indígenas
1.4.1 Ley 10 de 1.990
Antes del actual régimen constitucional, el legislador dictó la ley 10 de 1990, por la cual se reorganizó el sistema nacional de salud y en ella se habían establecido las disposiciones sobre el valor del situado fiscal para salud y la forma de efectuar las transferencias de los recursos (cap. V, arts. 32 y ss).
Constitución Nacional de 1.991
El 7 de julio de 1991, se promulgó la actual Carta Política, en cuyos mandatos constitucionales se hacen, entre otras, las siguientes previsiones:
La seguridad social es servicio público de carácter obligatorio. Y,
es derecho irrenunciable de todos los habitantes del territorio nacional.
la seguridad social se garantiza por el Estado, al cual le corresponde la dirección, coordinación y control, con sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad.
Asimismo al Estado, con la participación de los particulares, le corresponde la ampliación progresiva de su cobertura.
Su prestación puede ser efectuada por entidades públicas y privadas, de conformidad con la ley.
Por disposición constitucional, los recursos de la seguridad social tienen destinación específica, pues, no se pueden destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la seguridad social para fines diferentes a ella.
Respecto de la salud, el constituyente en el artículo 49 estableció:
“La atención de salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud.
“Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. También, establecer las políticas para la prestación de servicios de salud por entidades privadas, y ejercer su vigilancia y control. Así mismo, establecer las competencias de la nación, las entidades territoriales y los particulares, y determinar los aportes a su cargo en los términos y condiciones señalados en la ley.
“Los servicios de salud se organizarán en forma descentralizada, por niveles de atención y con participación de la comunidad.
“La ley señalará los términos en los cuales la atención básica para todos los habitantes será gratuita y obligatoria.
“Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y la de su comunidad.
Ley 100 de 1.993
Bajo este contexto constitucional, se expidió la ley 100 de 1993, por la cual se creó el sistema general de seguridad social en salud para crear las condiciones de acceso de toda la población colombiana al servicio en todos los niveles de atención, el cual está integrado por dos regímenes para la vinculación de los individuos y las familias al sistema:
a) el contributivo para quienes tienen capacidad de pago para financiar su propia seguridad social y la de su familia, los cuales bajo el principio de solidaridad colaboran con los excedentes financieros del servicio, con los demás miembros del sistema. Y,
b) el subsidiado para aquellos individuos que requieren de la protección, colaboración y financiación del Estado y de los afiliados del régimen contributivo, definido por la ley 100 de 1993, en el artículo 211:
“El régimen subsidiado es un conjunto de normas que rigen la vinculación de los individuos al sistema general de seguridad social en salud, cuando tal vinculación se hace a través del pago de una cotización subsidiada, total o parcialmente, con recursos fiscales o de solidaridad de que trata la presente ley. “
La creación de dicho régimen tiene el propósito de financiar la atención en salud a las personas pobres y vulnerables y sus grupos familiares que no tienen capacidad de cotizar. La forma y las condiciones de operación de este régimen serán determinadas por el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud. Este régimen de subsidios será complementario del sistema de salud definido por la ley 10 de 1990, según lo determina el artículo 212 ibídem.
La administración del régimen subsidiado le corresponden a las direcciones locales, distritales o departamentales de salud, las cuales suscribirán contratos de administración del subsidio con las entidades promotoras de salud que afilien a los beneficiarios del subsidio. Estos contratos se financiarán con los recursos del Fondo de Solidaridad y Garantía y los recursos del subsector oficial de salud que se destinen para el efecto (art.215).
El artículo 157 numeral 2° de la Ley 100 de 1.993, incluye a las comunidades indígenas como parte integrante del régimen subsidiado.
Ley 691 de 2001
La Ley 691 del 18 de septiembre de 2001, reglamentó la participación de los grupos étnicos en el sistema general de seguridad social en Colombia. Dicha ley reguló y garantizó el derecho de acceso y la participación de los pueblos indígenas en los servicios de salud, aplicando el principio de la diversidad cultural.
El régimen de beneficios está constituido por el Plan Obligatorio de Salud, el Plan Obligatorio de Salud Subsidiado, el Plan de Atención Básica, Atención Inicial de Urgencias y la Atención en Accidentes de Tránsito y Eventos Catastróficos (Cap. III, arts. 6 y ss).
La financiación de la afiliación de los pueblos indígenas al régimen subsidiado se hace de los recursos del régimen subsidiado de seguridad social en salud; con aportes del Fosyga (Fondo de Solidaridad y Garantías), subcuenta de solidaridad, con recursos de las entidades territoriales y con aportes de los resguardos indígenas.
El parágrafo 2º del artículo 12, prevé que:
“El Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, podrá fijar el valor de la UPC (Unidad per capita) para los pueblos indígenas hasta en un cincuenta por ciento (50%), por encima del valor de la UPC normal, atendiendo criterios de dispersión geográfica, densidad poblacional, dificultad de acceso, perfiles epidemiológicos, traslados de personal y adecuación sociocultural de los servicios de salud.”
El artículo 14 regula lo relativo a las ARS-I, así:
“Administradoras. Podrán administrar los subsidios de los pueblos indígenas, las entidades autorizadas para el efecto, previo cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley. Las autoridades de pueblos indígenas podrán crear administradoras indígenas de salud (ARSI), las cuales podrán en desarrollo de la presente ley:
Afiliar a indígenas y población en general beneficiarios del régimen subsidiado de seguridad social en salud;
El número mínimo de afiliados con lo que podrán operar las Administradoras Indígenas en Salud (ARSI), será concertado entre el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud (CNSSS) y los pueblos indígenas teniendo en cuenta sus especiales condiciones de ubicación geográfica y número de habitantes indígenas en la región, de los cuales por lo menos el 60% deberá pertenecer a pueblos indígenas tradicionalmente reconocidos;
Disponer de un patrimonio mínimo equivalente al valor de ciento cincuenta (150) smlmv (salarios mínimos legales mensuales vigentes) por cada cinco mil (5.000) subsidios administrados. Para efectos del cálculo del capital mínimo a que se refiere el presente artículo, los bienes que se aporten en especie solamente se computarán hasta por un valor que en ningún caso podrá superar el cincuenta por ciento (50%) del capital mínimo exigido, los cuales serán tomados por el valor en libros.”
Existe la exención en los servicios de salud que presten a los miembros de pueblos indígenas del régimen subsidiado, de las cuotas moderadoras y copagos (art. 20).
Respecto de los criterios de aplicación señala la norma, que los planes y programas de servicios de salud aplicables a los pueblos indígenas, tendrán en consideración el saber y las prácticas indígenas basados en los criterios del pluralismo médico, complementariedad terapéutica e interculturalidad. De esta manera, las acciones en salud deberán respetar los contextos socioculturales particularidades y por tanto, incluirán actividades y procedimientos de medicina tradicional indígena, en procura del fortalecimiento de la integridad cultural de los pueblos indígenas (art. 21).
El artículo 25 ibídem establece:
“De la contratación con IPS públicas. Para efectos de la contratación que de manera obligatoria deben efectuar las administradoras del régimen subsidiado con las IPS públicas, se entenderá como parte de la red pública, a las IPS creadas por las autoridades de los pueblos indígenas.”
Esta ley 691 de 2001, figuró en su trámite legislativo como el proyecto de ley número 67 de 1999 Senado, propuesto por el Senador Jesús Enrique Piñacué Achicué; en la exposición de motivos del proyecto, puede leerse lo siguiente:
“Presento a consideración de esta Corporación el proyecto de ley que pretende garantizarle a las comunidades indígenas su acceso a la seguridad social en salud en condiciones de equidad y con el debido respeto y reconocimiento a la diversidad étnica y cultural de la Nación Colombiana.
“En este proyecto de ley, pretendemos recopilar la doctrina, la jurisprudencia y toda la normatividad que sobre la materia se ha expedido en Colombia a través de la Corte Constitucional, expertos en el tema, el Consejo Nacional de Seguridad Social en salud, el Ministerio de Salud, la ley 100 de 1993 Y la Constitución Nacional.
“Es un compendio de normas que recoge, por un lado las aspiraciones de los pueblos indígenas frente a la salud y por otro lado, expresa con mucho cuidado los compromisos que el Estado colombiano debe cumplir en salud frente a las comunidades indígenas, de acuerdo a convenios internacionales y normas nacionales.
“Los pueblos indígenas de Colombia.
“En Colombia Habitan 85 grupos indígenas, de los cuales 64 conservan su lengua, con una población de 701.860 que representan aproximadamente el 2% de la población colombiana.
“Las comunidades indígenas habitan la cuarta parte de territorio nacional, en zonas caracterizadas por ser las grandes reservas ambientales, de biodiversidad, y multiculturalidad que poseemos los colombianos.
“También es cierto que las condiciones de vida de las comunidades indígenas no son las mejores, situación que es fácil de verificar observando el NBI de los municipios con población indígena, el cual oscila entre el 70% y el 100$. Esta cifra nos indica que nuestras comunidades carecen de los más elementales servicios públicos. Y entre los cuales se cuenta el de salud ....
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