Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/Autos/2008/A272-08.htm
Timestamp: 2017-11-19 19:57:22
Document Index: 213372169

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 86', 'artículo 37', 'artículo 86', 'artículo 86']

A272-08
Auto 272/08
CONFLICTO DE COMPETENCIA EN TUTELA-Conflicto de competencia Tribunal Superior de Distrito Judicial
Referencia: expediente ICC-1288
Conflicto de competencia suscitado entre el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla y el Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico.
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, adopta la decisión que en derecho corresponde, frente al aparente conflicto de competencia suscitado entre las autoridades judiciales de la referencia, con ocasión de la acción de tutela promovida por el señor Adalberto Rafael Cudry Gómez contra la Dirección Nacional de la Policía Nacional.
1. El trece (13) de junio de 2008 el señor Adalberto Rafael Cudry Gómez, a través de apoderado judicial, interpuso acción de tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable contra la Dirección Nacional de la Policía Nacional, con el fin de que se protejan sus derechos fundamentales a la vida, salud, mínimo vital, seguridad social y debido proceso, toda vez que dicha entidad ordenó su retiro del servicio sin tener en cuenta que se encontraba en estado de incapacidad por un accidente sufrido con ocasión de sus labores. El accionante solicita suspender la aplicación del acto administrativo que ordenó el retiro del servicio, y además, pretende el reintegro a un cargo de igual categoría al que venía ocupando, hasta tanto se expida acto administrativo de reconocimiento y pago de la pensión a la cual tiene derecho.
2. La acción de tutela correspondió por reparto al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, quien mediante auto de veinte (20) de junio de dos mil ocho (2008) decidió avocar el conocimiento de la acción de tutela y notificar a las partes en ella involucradas. Posteriormente, mediante auto del siete (7) de julio de dos mil ocho (2008) el tribunal resolvió decretar la nulidad de lo actuado a partir del auto admisorio y remitir la acción de tutela al Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico, tras considerar que de conformidad con el artículo 1° del Decreto 1382 de 2000 y por respeto a la especialidad fijada por el accionante en el escrito de tutela, dicha autoridad judicial es la competente para conocer de la acción constitucional.
3. En cumplimiento del auto del siete (7) de julio de dos mil ocho (2008) la oficina judicial remite la acción de tutela a la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura para lo de su competencia. Por lo anterior, dicha corporación mediante auto del veintidós (22) de julio de dos mil ocho (2008) ordena la devolución del expediente a la Sala de decisión Laboral del Tribunal Superior de Barranquilla, a quien en un principio le correspondió por reparto el conocimiento de la tutela.
La sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura manifiesta que la Sala de decisión Laboral del Tribunal Superior de Barranquilla debe tener en cuenta lo dispuesto en el acuerdo 018 del doce (12) de marzo de 2008, emanado de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura, que dispone en su artículo primero lo siguiente: “Establecer en la cabecera del Circuito de Barranquilla, Distrito Judicial de Barranquilla, el sistema de reparto de la acción de tutela de la primera instancia, bajo los lineamientos contemplados por el decreto 1382 de 2000, para lo cual la Oficina Judicial de Barranquilla a partir del martes 25 de marzo de 2008, debe ajustar el actual reparto sistematizado a la nueva modalidad a aplicar, teniendo en cuenta la categoría del despacho sin distingo de especialidad, tal como se contempla en los considerándoos antes esbozados(…)”.
4. En virtud de lo ordenado en el auto del veintidós (22) de julio de dos mil ocho (2008), le corresponde nuevamente el conocimiento de la acción de tutela al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, quien mediante auto del veinticinco (25) de julio de dos mil ocho (2008) declara conflicto negativo de competencia y ordena la remisión del expediente a la Corte Constitucional, quien a su juicio es la corporación encargada de dirimirlo.
5. Mediante oficio 431 del ocho (8) de agosto de dos mil ocho (2008), el secretario de la Sala de decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito de Barranquilla, remitió las presentes diligencias a la Corte Constitucional, para que fuera esta Corporación quien resolviera el presente conflicto de competencia.
5. Analizada la controversia procesal planteada, la sala observa que la acción de tutela fue presentada contra la Policía Nacional. Esta entidad, se debe advertir, es una autoridad pública del orden nacional, subordinada al Presidente de la República, quien ejerce esa función administrativa a través del Ministerio de Defensa y el Director General de la Policía[3].
Así pues, atendiendo lo establecido en el artículo 1, numeral 1, inciso primero del decreto 1382 de 2000, que señala: “las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad del orden nacional, (…) serán repartidas para su conocimiento, en primera instancia a los Tribunales Superiores del Distrito Judicial, Administrativos y Consejos Seccionales de la Judicatura”(negrilla fuera del texto original), se concluye que las dos autoridades judiciales involucradas en el presente conflicto, eran en principio competentes para conocer de la demanda de tutela.
Sin embargo, en el presente caso se tiene que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla decidió avocar el conocimiento de la acción de tutela y notificar a las partes mediante auto del veinte (20) de junio de dos mil ocho (2008), de tal manera que la competencia a prevención se radicó en dicho despacho judicial. No obstante, mediante auto del siete (7) de julio de dos mil ocho (2008) el tribunal resolvió decretar la nulidad de lo actuado a partir del auto admisorio y remitió la acción de tutela al Consejo Seccional de la Judicatura, desconociendo los principios de prevalencia del derecho sustancial, economía, celeridad y eficacia que informan el trámite de la acción de tutela, so pretexto, de la libertad que tiene el accionante de elegir la especialidad del juez de tutela competente.
Por lo anterior, es importante reiterar que de acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Política y conforme a lo dispuesto en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, todos los jueces tienen competencia a prevención para conocer de las acciones de tutela. Sobre esto, la Corte ha manifestado en reiteradas oportunidades[4] que conforme al principio “perpetuatio jurisdictionis” la competencia a prevención no puede ser alterada, pues en caso de que ello suceda, se pone en grave peligro la finalidad de la acción de tutela, cual es la protección inmediata de los derechos fundamentales de las personas.
En este sentido, y dada su importancia, cabe recordar la prohibición contemplada en el artículo 86, inciso cuarto de la Carta Política que advierte que “en ningún caso podrán transcurrir más de diez días entre la solicitud de tutela y su resolución”, razón por la cual ningún juez constitucional que tenga la competencia para conocer una acción de tutela puede demorar, suspender u obstaculizar el trámite de la misma, bajo pretextos meramente formales.
Así las cosas, la Sala considera que la autoridad judicial que debe asumir el conocimiento de la acción de tutela es el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, pues teniendo en cuenta el criterio jurisprudencial señalado, en dicha corporación se radicó inicialmente la competencia a prevención, en virtud del auto admisorio del siete (7) de julio de dos mil ocho (2008) que decidió avocar el conocimiento de dicha acción constitucional.
Por lo anterior, se dejará sin efecto el auto del siete (7) de julio de dos mil ocho (2008) proferido por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, y en su lugar se dispondrá que de forma inmediata se remita el expediente a ese organismo judicial para que continúe con el trámite de la acción de tutela de la referencia y profiera la decisión correspondiente, de acuerdo a lo contemplado en el artículo 86 de la Carta Política y del Decreto 2591 de 1991. Adicionalmente, se comunicará la decisión adoptada por la Sala Plena de esta Corporación, al ente judicial involucrado en el presente conflicto de competencia.
PRIMERO: Dejar sin efecto el auto del siete (7) de julio de dos mil ocho (2008) proferido por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla.
SEGUNDO: Remitir el expediente a la Sala de decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, para que continúe con el trámite de la acción de tutela de la referencia y profiera la decisión de instancia correspondiente.
TERCERO: Comunicar a la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico, lo aquí resuelto.
[3] Ley 62 de 1993. Artículos 9 y 10.
[4] Cfr. Autos 257 de 2007 y Auto 262 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.