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Timestamp: 2019-02-21 00:18:15
Document Index: 400767283

Matched Legal Cases: ['artículo 6', 'artículo 2', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 121', 'artículo 6', 'artículo 29']

﻿ Sentencia 2003-00464 de mayo 21 de 2009
SENTENCIA 2003-00464 DE 21 DE MAYO DE 2009
CONTENIDO:SISTEMA DE NOTIFICACIÓN DE DECISIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. LA IDONEIDAD PARA PERMITIR A LOS ADMINISTRADOS EL CONOCIMIENTO DE DECISIONES ADOPTADAS POR LA SUPERINTENDENCIA, CONFORME A LAS NORMAS COMUNITARIAS EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:NOTIFICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO, NORMAS DE LA COMUNIDAD ANDINA
Sentencia 2003-00464 de mayo 21 de 2009
Rad.: 11001 0325 000 2003 00464 01
Se demanda en este proceso la nulidad de lo dispuesto en la Resolución 19959 del 22 de julio de 2003, expedida por el Superintendente de Industria y Comercio, “por la cual se modifica el numeral 5.2 del capítulo quinto del título I de la circular única, cuyo texto es del siguiente tenor:
“Resolución 19959 del 22 de junio de 2003.
“Por la cual se modifica el numeral 5.2 del capítulo quinto del título 1 de la circular única”.
ART. 1º—Adicionar el literal d) del numeral 5.2 del capítulo quinto, título primero de la circular única en los siguientes términos:
d) Las resoluciones proferidas por la división de signos distintivos que deciden los recursos de reposición confirmando la decisión impugnada y concediendo el recurso de apelación subsidiariamente interpuesto por el interesado, se notificarán mediante fijación en lista , de conformidad con lo establecido en el literal h) del presente numeral. Las resoluciones así notificadas estarán disponibles en texto completo en la página web de la entidad el mismo día de la fijación en lista, para que los interesados, desde un computador con acceso a internet puedan imprimir la providencia o, si estos lo prefieren, se les entregue copia completa y gratuita en papel, en la sede de la entidad (negrilla y resaltado fuera de texto).
ART. 2º—Modificar los literales e), f) y g) del numeral 5.2 del capítulo quinto, título primero de la circular única en los siguientes términos:
— A quien carezca de esta facilidad, mediante fijación en lista (negrilla y resaltado fuera de texto).
ART. 4º—La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial”.
El problema jurídico a resolver consiste en determinar si el Superintendente de Industria y Comercio era o no competente para dictar la Resolución 19959 del 22 de julio de 2003, “por la cual se modifica el numeral 5.2 del capítulo quinto del título I de la circular única, y si los procedimientos de notificación y comunicación previstos en el acto demandado contravienen o no las disposiciones constitucionales y legales que fueron invocadas por el actor.
Antes de entrar a analizar los cargos propuestos en la demanda, es del caso mencionar, a manera de premisa, que en la Resolución 19959 del 22 de julio de 2003 dictada por el Superintendente de Industria y Comercio, se invocan las facultades conferidas por el artículo 6º de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones y por el numeral 6º del artículo 2º del Decreto 2153 de 1992, cuyo texto es del siguiente tenor:
ART. 6º—La oficina nacional competente podrá establecer un sistema de notificación que permita comunicar adecuadamente sus decisiones a los interesados (resaltado fuera de texto).
6. Administrar el sistema nacional de la propiedad industrial y tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma”.
Es bien conocido que la República de Colombia es signataria del Acuerdo de Cartagena del 26 de mayo de 1969, mediante el cual se constituyó la Comunidad Andina de Naciones. En tal virtud, son aplicables en nuestro medio las disposiciones del mencionado acuerdo, sus protocolos e instrumentos adicionales; el tratado constitutivo y sus protocolos modificatorios; las decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y la Comisión de la Comunidad Andina; las resoluciones de la Secretaría General de la Comunidad Andina; y los convenios de complementación industrial y otros que adopten los países miembros entre sí en el marco del proceso de integración subregional.
“ART. 2º—Las decisiones obligan a los países miembros desde la fecha en que sean aprobadas por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o por la Comisión de la Comunidad Andina (negrilla y resaltado fuera de texto)
“ART. 3º—Las decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o de la comisión y las resoluciones de la secretaría general serán directamente aplicables en los países miembros a partir de la fecha de su publicación en la gaceta oficial del acuerdo, a menos que las mismas señalen una fecha posterior (negrilla y resaltado fuera de texto).
“ART. 4º—Los países miembros están obligados a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina (negrilla y resaltado fuera de texto).
Si se tiene en cuenta que de conformidad con lo previsto en el artículo 6º numeral 2º del Decreto 2153 de 1992, la Superintendencia de Industria y Comercio es la “oficina nacional competente” en materia de propiedad industrial, resulta fácil inferir que lo preceptuado en el artículo 6º de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones le es aplicable. Por lo mismo, la superintendencia fue investida por el artículo 6º de la precitada decisión, para “establecer un sistema de notificación” encaminado a dar conocer sus decisiones a los interesados.
Así las cosas, es indiscutible que el Superintendente de Industria y Comercio, al dictar la resolución acusada, obró dentro del marco de sus competencias funcionales, lo cual llevará a la Sala a declarar que el vicio de incompetencia es inexistente. En ese orden de ideas, no es válido predicar que la Resolución 19959 del 22 de julio de 2003 dictada por el Superintendente de Industria y Comercio, sea violatoria del artículo 121 de la Carta.
En ese mismo orden de ideas y partiendo del presupuesto de que las normas del derecho comunitario relativas a la propiedad industrial tienen fuerza vinculante en nuestro país, mal puede inferirse que los actos dictados por el Superintendencia de Industria y Comercio en desarrollo de tales disposiciones puedan ser calificados como contrarios a los artículos 11 de la Ley 58 de 1982 y 1º, 2º, 3º, 35 inciso 4º, 43, 44, 45, 48, 51, 60 y 61 del Código Contencioso Administrativo.
Como complemento de lo expresado hasta acá, es oportuno mencionar que esta corporación, mediante sentencia del 12 de diciembre de 2004, expediente 2002-00102, actor Emilio Guerrero Williamson, consejero ponente Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, acogiendo los términos de la interpretación prejudicial realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se expresó sobre el particular en los siguientes términos: “El artículo 6º de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunicad Andina, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 600 del 19 de septiembre de 2000, en vigencia desde el 1º de diciembre de 2000, atribuye a la oficina nacional la competencia de establecer un sistema de notificación de las decisiones que pronuncie en materia de propiedad industrial. Por tanto la disciplina normativa será la que establezca la legislación interna del respectivo Estado miembro. Sin embargo, el sistema que se implante deberá satisfacer la exigencia que la disposición comunitaria citada consagra en forma expresa, cual es que tales notificaciones hagan posible que las decisiones de la oficina nacional sean comunicadas apropiadamente a los interesados”.
Por otra parte, la Sala considera que en el asunto sub examine no se presenta tampoco ninguna violación del artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, pues el sistema de comunicación de que trata el acto demandado, constituye un medio idóneo y adecuado para dar a conocer a los interesados el contenido de las decisiones que son de su incumbencia, sin que ello entrañe una violación al debido proceso o un desconocimiento del legítimo derecho de defensa.
En ese mismo contexto, al disponerse la adición y modificación de la circular única proferida el 19 de julio de 2001, en la cual se reúnen todas las reglamentaciones e instrucciones generales vigentes emitidas por esa superintendencia, no se está haciendo nada distinto a establecer una forma de notificación y comunicación que a juicio de la Sala es idóneo para permitir a los administrados el conocimiento de las decisiones adoptadas por la Superintendencia del Ramo, pues el uso del “casillero” o de la “fijación en lista” a los cuales se alude en la norma demandada, no comporta ninguna violación al debido proceso ni determina el establecimiento de obstáculos al ejercicio del derecho de defensa. Antes por el contrario, se trata de un mecanismo que propende el adecuado conocimiento de las decisiones administrativas que se dicten por la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de propiedad industrial.
Es pertinente destacar además que en el numeral 5.4 de la circular única emitida por la Superintendencia de Industria y Comercio, en donde se reglamenta el uso del casillero, se determina que este “se asignará previa solicitud escrita del interesado”, quien asume “la obligación de recoger diariamente su correspondencia” y el uso del mismo “tendrá un carácter meramente informativo y su publicidad se efectuará de la manera legalmente establecida”. Por lo mismo, no es válido señalar que ese, sistema de comunicación previamente consentido por el administrado pueda llegar a significarle un desconocimiento de su derecho de audiencia o de defensa o represente un obstáculo que le impida contradecir o impugnar aquellas decisiones administrativas que sean lesivas de sus derechos. Lo mismo se puede predicar de las comunicaciones realizadas mediante el procedimiento de la fijación en lista, pues el aplica para aquellos administrados que no cuenten con un casillero asignado.
En suma, ha de concluirse que el procedimiento de notificación y comunicación adoptado por la Superintendencia de Industria y Comercio, no desconoce ninguna de las disposiciones constitucionales y legales invocadas por el actor, por estar debidamente sustentado en el ordenamiento jurídico comunitario.
1. Niéganse las pretensiones de la demanda de simple nulidad presentada por el ciudadano Ramiro Rodríguez López, contra la Resolución 19959 del 22 de julio de 2003, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, “por la cual se modifica el numeral 5.2 del capítulo quinto del título I de la circular única” de acuerdo con las consideraciones señaladas en la parte considerativa de esta providencia.