Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2015/C-229-15.htm
Timestamp: 2018-12-19 03:48:40
Document Index: 330820472

Matched Legal Cases: ['artículo 308', 'artículo 103', 'artículo 627', 'artículo 9', 'artículo 627', 'artículo 757', 'artículo 1053', 'artículo 88', 'artículo 69', 'artículo 25', 'artículo 36', 'artículo 7', 'artículo 54', 'artículo 62', 'artículo 49', 'artículo 58', 'artículo 194', 'artículo 62', 'artículo 5', 'artículo 111', 'artículo 25', 'artículo 80']

C-229-15
6. Universidad Autónoma de Bucaramanga
2.1 El alcance de la demanda y la disposición legal acusada
La derogación ha sido definida como la “abolición, anulación o revocación de una norma jurídica por otra posterior, procedente de autoridad legítima (…)”[1]. La Corte Suprema de Justicia al referirse al asunto concluía “(…) Es un principio universalmente reconocido que cuando un legislador emite dos voluntades diversas, la más reciente prevalece(…)”[2] . Se entiende entonces que se trata de una situación en la cual un enunciado legal es retirado del ordenamiento jurídico por voluntad de quien tiene la potestad para expedir tales mandatos y, opera bajo el supuesto según el cual, entre varias manifestaciones de voluntad vertida sobre el mismo asunto, ha de acogerse la última. Un aspecto adicional que se expone en la mencionada cita, hace relación a las bondades que, se supone, inspiran la Ley más reciente, pues se entiende que fue expedida para conjurar las dificultades suscitadas por las disposiciones precedentes o, que estas últimas en su momento no pudieron resolver.
- En el inciso primero, señala que, salvo los casos de interrupción o suspensión del proceso por causa legal, no podrá transcurrir un lapso superior a un (1) año para dictar sentencia de primera instancia, contado a partir de la notificación del auto admisorio de la demanda o mandamiento ejecutivo, ni un plazo mayor de seis meses para dictar sentencia de segunda instancia, en este último caso, contado a partir de la recepción del expediente en la Secretaría del Juzgado o Tribunal.
d. Desde la expedición de la Ley 1437 de 2011 la Jurisdicción Contencioso Administrativa “cuenta con la implementación del sistema mixto” por lo que “sería inocuo que se negara le entrada en vigencia del C.G.P., a partir del 1º de enero de 2014, en espera de unas condiciones físicas y logísticas que se supone ya deben existir”. Justamente, esta circunstancia ha permitido distribuir las labores entre despachos encargados del sistema escritural y despachos encargados del sistema oral. Se agrega en la providencia que al entrar a regir el CPACA desde el 2 de julio de 2012, se inició el desarrollo del sistema oral al interior de la justicia contenciosa, siendo incomprensible negar la vigencia del CGP so pretexto de la falta de implementación del sistema oral.
e. De admitirse la progresiva entrada en vigor de la normativa del CGP, se causaría un desmedro injustificado al derecho al acceso a la administración de justicia, pues, la justicia contencioso administrativa cuenta con los elementos requeridos para la marcha del sistema, a diferencia de la Jurisdicción Ordinaria Civil, la cual está pendiente de contar con tal logística. Una lectura distinta del precepto, reñiría con el principio del efecto útil. En tanto que la interpretación propuesta, es consonante con los principios de eficiencia y celeridad contemplados en la Ley 270 de 1996.
Comparte en términos generales, la Corte, los motivos aducidos por el Consejo de Estado en Sala Plena de lo Contencioso, pues, acorde con lo ordenado en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, desde el 2 de julio de 2012, entró en vigor un nuevo conjunto de mandatos que rigen tanto el procedimiento administrativo como el proceso contencioso administrativo. Disposiciones estas últimas que conforme con lo reglado en el artículo 103 del mismo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo “(…) tienen por objeto la efectividad de los derechos reconocidos en la Constitución Política y la Ley(…)” el artículo 627 condiciona la gradualidad de la vigencia a la presencia de una serie de elemento que permitan “el funcionamiento del proceso oral y por audiencias según lo determine el Consejo Superior de la Judicatura y en un plazo máximo de tres (3) años (…)”. Para la Corporación, desde la entrada en vigor de la Ley 1437 de 2011, en julio 2 de 2012, se han venido generando las condiciones requeridas para el funcionamiento del Proceso Oral y por Audiencias, pues, no de otro modo se podría entender el deber de cumplimiento de diversos mandatos contenidos en el nuevo Código Contencioso Administrativo, concebidos para realizar el proceso por audiencias y orientados por la oralidad. Disposiciones como las contenidas en los artículos 111, 164, 179, 180, 181, 182, 183, 192, 202, 210. 220, 233, 239, 243, 244, 247, 266, 269, 283, 285, 286, y 305; solo por mencionar algunos y, las cuales, se entiende, son de obligatorio cumplimiento, dan sustento a la afirmación, según la cual, gradualmente, se han venido dando las condiciones para aplicar el CGP y, por ende tiene lugar la vigencia de su cláusula derogatoria en detrimento del artículo 9º de la Ley 1395 de 2010.
c) A partir de la entrada en vigencia de esta ley, en los términos del numeral 6 del artículo 627, queda derogado el Código de Procedimiento Civil expedido mediante los Decretos 1400 y 2019 de 1970 Y las disposiciones que lo reforman; el Decreto 508 de 1974; artículos 151, 157 a 159, las expresiones "mediante prueba científica" y "en atención a lo consagrado en la ley 721 de 2001" del 214, la expresión "En el respectivo proceso el juez establecerá el valor probatorio de la prueba científica u otras si así lo considera" del 217, 225 al 230, 402, 404, 405, 409, 410, la expresión "mientras no preceda" y los numerales 1 y 2 del artículo 757, el 766 inciso final, y 1434 del Código Civil; artículos 6, 8, 9, 68 a 74, 804 inciso 1, 805 a 816, 1006, las expresiones "según las condiciones de la correspondiente póliza" y "de manera sería y fundada" del numeral 3 del artículo 1053, Y artículos 2027 al 2032 del Código de Comercio; artículo 88 del Decreto 1778 de 1954; artículos 11, 14 Y 16 a 18 de la Ley 75 de 1968; artículo 69 del Decreto 2820 de 1974; el Decreto 206 de 1975: artículo 25 de la Ley 9 de 1989; artículo 36 del Decreto 919 de 1989; el Decreto 2272 de 1989; el Decreto 2273 de 1989; el Decreto 2303 de 1989; artículos 139 al 147 y 320 a 325 del Decreto Ley 2737 de 1989; la expresión "Los procesos de disolución y liquidación de sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, se tramitará por el procedimiento establecido en el Título XXX del Código de Procedimiento Civil y serán del conocimiento de los jueces de familia, en primera instancia." del artículo 7 y 8 parágrafo de la Ley 54 de 1990; artículos 10, 11, 21, 23, 24, 41, 46 al 48, 50, 51, 56 Y 58 del Decreto 2651 de 1991; artículos 7 y 8 de la Ley 25 de 1992; artículos 24 al 30, y 32 de la Ley 256 de 1996; artículo 54 inciso cuarto de la Ley 270 de 1996; el artículo 62 y 94 de la Ley 388 de 1997; artículos 2 a 6, 9, 10 al 15, 17, 19, 20, 22, 23, 25 a 29, 103 Y 137; artículos 43 a 45 de la Ley 640 de 2001; artículo 49 inciso segundo, el parágrafo 3 del artículo 58, y la expresión "Será aplícable para efectos del presente artículo, el procedimiento consagrado en el artículo 194 del Código de Comercio o en las normas que lo modifiquen, adicionen o complementen" del artículo 62 inciso segundo de la Ley 675 de 2001; artículos 7 y 8 de la Ley 721 de 2001; la Ley 794 de 2003; artículos 35 a 40 de la Ley 820 de 2003; el artículo 5 de la Ley 861 de 2003; artículo 111 numeral 5 Ley 1098 de 2006; artículo 25 de la Ley 1285 de 2009; artículos 40 a 45 y 108 de la Ley 1306 de 2009; artículos 1 a 39, 41, 42, 44, 113, 116, 117, 120 Y 121 de la Ley 1395 de 2010; el artículo 80 de la Ley 1480 de 2011; Y las demás disposiciones que le sean contrarias."