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Timestamp: 2019-11-11 23:29:14
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﻿ DECRETO 462 DE 2008
DECRETO 462 DE 23 DE DICIEMBRE DE 2008
CONTENIDO:ENTIDADES DISTRITALES DEL SECTOR MEDIO AMBIENTE. SE ADOPTA LA POLÍTICA PARA EL MANEJO DEL SUELO DE PROTECCIÓN EN EL DISTRITO CAPITAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:DERECHO AMBIENTAL, ENTIDAD PÚBLICA, FUNCIÓN PÚBLICA, GESTIÓN ADMINISTRATIVA, PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE BOGOTÁ, GESTIÓN URBANA, INTERVINIENTES EN EL DERECHO AMBIENTAL, CONTROL AMBIENTAL, POLÍTICA AMBIENTAL, GESTIÓN AMBIENTAL
DECRETO 462 DE 2008
“Por el cual se adopta la Política para el manejo del suelo de protección en el Distrito Capital”.
en uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial de las contenidas en los artículos 65 numeral 2º de la Ley 99 de 1993 y 38 numeral 4º del Decreto-Ley 1421 de 1993, y,
Que la Constitución Política colombiana establece en el artículo 79 el deber del Estado de conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines, y en el artículo 80 que es el deber del Estado de planificar el manejo y el aprovechamiento de los recursos naturales.
Que igualmente, los artículos 8º y 95 numeral 8º de la Carta Política, contemplan el deber del Estado y del ciudadano de proteger y preservar los recursos y riquezas naturales del país.
Que así mismo, de acuerdo con el artículo 58 de la misma Carta Fundamental, la propiedad es una función social, y como tal le es inherente una función ecológica.
Que el artículo 35 de la Ley 388 de 1997 establece que el suelo de protección está constituido por las zonas y áreas de terrenos localizados dentro del suelo rural, urbano o de expansión urbana, que por sus características geográficas, paisajísticas o ambientales, o por formar parte de las zonas de utilidad pública para la ubicación de infraestructuras para la provisión de servicios públicos domiciliarios o de las áreas de amenazas y riesgo no mitigable para la localización de asentamientos humanos, tiene restringida la posibilidad de urbanizarse.
Que el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, Decreto-Ley 2811 de 1974, así como la Ley 99 de 1993, determinan el manejo y la defensa de los recursos naturales renovables y del ambiente contra la acción nociva de fenómenos naturales, tales como la remoción en masa y las inundaciones, así como el control y la orientación de los elementos ambientales creados por el hombre que inciden en el deterioro ambiental, siendo estos aspectos fundamentales de la política adoptada por el presente.
Que la Ley 99 de 1993, en su artículo 61, declara la sabana de Bogotá, sus páramos, aguas, valles aledaños, cerros circundantes y sistemas montañosos como de interés ecológico nacional, cuya destinación prioritaria será la agropecuaria y forestal.
Que con el fin de dar cumplimiento a todas las normas anteriormente citadas, el Distrito Capital de Bogotá, D.C., a través de sus entidades ha adelantado el análisis y los estudios pertinentes para expedir una política de manejo del suelo de protección en el área de su jurisdicción.
Que por lo anterior, el documento de política para el manejo del suelo de protección ha sido desarrollado dentro del marco de los objetivos consignados en el artículo 1º del plan de ordenamiento territorial, Decreto Distrital 190 de 2004, principalmente en cuanto hace referencia a los siguientes objetivos “1) Planear el ordenamiento territorial del Distrito Capital en un horizonte de largo plazo”, “2) Pasar de un modelo cerrado a un modelo abierto de ordenamiento territorial”, “3) Vincular la planeación del Distrito Capital al sistema de planeación regional”, “4) Controlar los procesos de expansión urbana en Bogotá y su periferia como soporte al proceso de desconcentración urbana y desarrollo sostenible del territorio rural” y “6) Reconocimiento de la interdependencia del sistema urbano y el territorio rural regional y de la construcción de la noción de hábitat en la región”.
Que de conformidad con lo previsto en el artículo 146 del plan de ordenamiento territorial, Decreto Distrital 190 de 2004, forman parte del suelo de protección en el Distrito Capital las siguientes áreas:
“1. Las componentes señaladas como tal, en la estructura ecológica principal: sistema de áreas protegidas del Distrito Capital, parques urbanos y la ronda y zona de manejo y preservación ambiental del río Bogotá (integrantes del área de manejo especial del valle aluvial del río Bogotá). Los elementos que componen esta estructura, clasificados de acuerdo a la definición precedente, están identificados en detalle en el capítulo correspondiente a la estructura ecológica principal.
2. Las zonas declaradas como de alto riesgo no mitigable las cuales se encuentran identificadas en el plano Nº 6, denominado “suelo de protección por riesgo de remoción en masa e inundación”, el cual hace parte del presente plan.
3. Las áreas reservadas para la construcción de las plantas de tratamiento en la desembocadura de los ríos Fucha y Tunjuelo y el correspondiente suelo para el amortiguamiento y la protección ambiental de las mismas las cuales se encuentran identificadas en los planos números 8 y 9 denominados “Clasificación del suelo”, los cuales hacen parte del presente plan.
4. Las 130 hectáreas para la expansión del actual relleno sanitario de Doña Juana”.
Que en este sentido, se consideró necesario elaborar una política que oriente, de manera clara, el manejo sobre cada componente del suelo de protección, en el marco de las competencias legales e institucionales, así como definir las principales acciones y los responsables para cumplir los objetivos que trace esta política.
Que la política que se adopta por el presente acto, pretende hacer un llamado de atención a la comunidad en general y a las instituciones, sobre una de las categorías de suelo menor, atendida y comprendida por todos los habitantes del Distrito Capital, categoría sobre la cual descansa la sostenibilidad de varios de los procesos económicos, políticos, sociales y ambientales y sin la cual no sería posible el desarrollo futuro de la ciudad.
Que los planteamientos de la política que así se adopta, se fundamentan en el plan de ordenamiento territorial —POT— y en el plan de desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas 2008 - 2012 “Bogotá positiva: para vivir mejor”, en el cual está incluido el proyecto de “Recuperación y conservación del suelo de protección” en el programa ambiente vital, dentro del objetivo estructurante “Derecho a la ciudad”, y se prevé la ejecución de la presente política pública.
Que de acuerdo con el artículo 209 de la Constitución Política: “la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones” y “las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado”.
Que en virtud del artículo 3º de la Ley 489 de 1998 son principios de la función administrativa la buena fe, igualdad, moralidad, celeridad, economía, imparcialidad, eficacia, eficiencia, participación, publicidad, responsabilidad y transparencia.
Que en virtud del principio de coordinación y colaboración, consagrado en el artículo 6º de la Ley 489 de 1998, las autoridades administrativas deben garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de lograr los fines y cometidos estatales.
Que por todo lo señalado es pertinente adoptar la política para el manejo del suelo de protección en el Distrito Capital, teniendo en cuenta los fundamentos constitucionales y legales antes referidos, así como la realidad administrativa del Distrito Capital y la situación de los suelos de protección del mismo.
ART. 1º—Adoptar la “Política para el manejo del suelo de protección del Distrito Capital - Proteger para un mejor futuro”, como un instrumento de orientación de las intervenciones de la administración distrital, a fin de que el Distrito Capital logre un equilibrio armónico entre el desarrollo de las actividades, las necesidades, las demandas y las dinámicas propias de los suelos urbano, de expansión urbana y rural, del suelo de protección existente en cada uno de ellos y las limitaciones y afectaciones que el mismo comprende.
Principios, funciones y condiciones
ART. 2º—Principios. Los principios de la política para el manejo del suelo de protección del Distrito Capital se asocian a los de su territorio en el largo plazo, según el plan de ordenamiento territorial de Bogotá, D.C.
En consecuencia, su implementación estará orientada por tres (3) principios básicos:
1. Suelo de protección para la tutela y la protección del ambiente, de los recursos naturales renovables y del suelo de protección por riesgo, cuya valoración y sustrato básico serán la plataforma del ordenamiento territorial para todas las clases de suelo.
2. Suelo de protección para la infraestructura de servicios públicos domiciliarios y sociales para todos los ciudadanos del Distrito Capital con perspectiva regional.
3. Suelo de protección para la integración socio-económica y espacial del territorio urbano-rural y con la red de ciudades prevista para la región Bogotá-Cundinamarca y departamentos vecinos.
ART. 3º—Funciones del suelo de protección. Las siguientes funciones se cumplen, no de forma exclusiva, sino de modo privilegiado en el suelo de protección; es decir, que pueden desarrollarse, además, fuera del suelo de protección, en razón al cumplimiento de la función social y ecológica de la propiedad, en todo el territorio del Distrito Capital:
1. Provisión de servicios ambientales para la calidad de vida y la sostenibilidad de la producción en el suelo urbano, de expansión y rural.
2. Conservación y disfrute colectivos del paisaje y la biodiversidad, como factores claves de la calidad de vida y el desarrollo del individuo y la colectividad.
3. Conexión física de los procesos ecológicos a través del territorio distrital, a escala local y regional.
4. Integración de los elementos del espacio público con los componentes del suelo de protección entre la ciudad y el campo.
5. Protección de la población, la infraestructura y la economía frente a amenazas naturales y antrópicas no intencionales.
6. Provisión y aumento de espacio público accesible e incluyente, para el encuentro de los ciudadanos, la valoración de las diferencias y la construcción de identidad colectiva.
7. Provisión de suelo reservado específicamente para el desarrollo futuro de servicios y espacios públicos.
8. Estructuración y orientación del crecimiento urbano, constituyendo el primer determinante del patrón espacial para condicionar lo que se ocupa y como se ocupa.
ART. 4º—Condiciones del suelo de protección. Para el cumplimiento de sus funciones como parte del territorio distrital, en el suelo de protección deben crearse y mantenerse las siguientes condiciones:
1. La integridad ecológica, en cuanto capacidad de auto-mantenimiento y auto-regeneración de los ecosistemas y de las poblaciones biológicas y procesos ecológicos que los constituyen.
2. La conectividad física entre las áreas que generan y conducen los procesos ecológicos esenciales, sea continua o discontinua, pero siempre suficiente para mantener dichos procesos y contener las fuerzas físicas involucradas, entre áreas y dentro de cada área.
3. La diversidad, tanto a nivel de poblaciones y comunidades biológicas representativas de la biota regional, como de paisajes y modos de apropiación sostenible de dicha biodiversidad.
4. La salubridad y la seguridad, que minimicen los riesgos para la vida humana derivados de la calidad y la estabilidad de: el agua, el aire, el suelo, las geoformas, el clima, etc.
5. La riqueza sensorial en formas, ambientes y sensaciones que favorezcan el disfrute, el desarrollo de la sensibilidad y el enriquecimiento recíproco entre la naturaleza y la cultura, siendo ambas diversas, dinámicas y fluctuantes.
6. El reconocimiento y la apropiación colectivos por parte de la ciudadanía, basados en el conocimiento exacto de la oferta, las restricciones, la localización, así como, de los derechos y las formas adecuadas de acceso y disfrute.
7. La accesibilidad física y social que garantice y oriente su apropiación colectiva y sostenible por la ciudadanía, en la extensión suficiente y la forma adecuada para reforzar el cumplimiento de las funciones del suelo de protección.
8. La legibilidad de los espacios y de los elementos que los conforman, de modo que se facilite la identificación de los límites y las funciones del suelo de protección, así como de los comportamientos apropiados para su conservación y disfrute.
9. La armonía territorial con la cual cada área constitutiva del suelo de protección se inserta en las formas y las funciones del territorio urbano o rural, en modo tal que beneficia y se beneficia de las formas y las funciones vecinas, fortaleciendo las condiciones para su propio funcionamiento y viabilidad social.
Objetivos de la política para el manejo del suelo de protección en el Distrito Capital
ART. 5º—Objetivo general. Consolidar la gestión sobre el suelo de protección, como parte integral del ordenamiento territorial del Distrito Capital, en todas las clases de suelo, a las formas más convenientes para el cumplimiento de sus funciones, asegurando su apropiación colectiva.
ART. 6º—Objetivos específicos. Son objetivos específicos de la política para el manejo del suelo de protección en el Distrito Capital, los siguientes:
1. Inventario y delimitación: Identificar y mantener un inventario completo de los inmuebles en el terreno y en instrumentos públicos de los predios y los límites del suelo declarado como de protección.
2. Restricción y orientación del uso: Promover y controlar la adecuada ocupación, transformación y uso del suelo de protección en cumplimiento de las restricciones al desarrollo reglamentadas para cada categoría de suelo.
3. Funcionalidad ecológica: Adelantar el manejo del suelo de protección necesario para mantener o restablecer la biodiversidad, la conectividad, los procesos ecológicos esenciales y la seguridad frente a amenazas naturales en el territorio distrital.
4. Incorporación al desarrollo urbano: Promover la adecuada incorporación del suelo de protección en la planificación, el diseño y la realización del desarrollo urbano, potenciando el beneficio recíproco entre su conservación y la calidad del urbanismo.
5. Visibilidad social y corresponsabilidad: Aumentar la visibilidad social del suelo de protección y del papel jugado por entidades, comunidades locales, sector privado y particulares en su manejo, y promover la apropiación social de su defensa y sus beneficios.
6. Predominio del interés general: Promover el predominio del interés general por medio de la función social y ecológica de la propiedad privada dentro del suelo de protección.
7. Distribución equitativa de cargas y beneficios: Procurar una distribución equitativa de cargas y beneficios, resultado de la generación y el manejo del suelo de protección.
8. Actualización de normas y procedimientos: Actualizar y mejorar las normas y los procedimientos necesarios para asegurar la defensa institucional, económica, jurídica y logística del suelo de protección.
ART. 7º—Estrategias. La política para el manejo del suelo de protección del Distrito Capital tiene dos (2) estrategias básicas:
1. Identificación, delimitación, alinderamiento y registro de las áreas del suelo de protección.
2. Manejo del suelo de protección en los bordes urbanos.
Identificación, delimitación, alinderamiento y registro de las áreas del suelo de protección
ART. 8º—Identificación, delimitación, alinderamiento y registro. Cada una de las áreas que compone el suelo de protección del Distrito Capital requiere una definición espacial precisa que permita mediar la relación entre el interés general y el particular, así como una gestión sobre superficies y límites ciertos.
Dicho proceso abarca tres (3) etapas:
1. Identificación y categorización: Especificando la denominación por la que en adelante se reconocerá y referirá el área, junto con la categoría o tipo de componente de la estructura ecológica principal o del suelo de protección por riesgo o de reserva de servicios públicos que corresponda.
2. Localización: La localización general en relación con la división administrativa del territorio distrital y la clasificación del suelo, lo cual se define en el plan de ordenamiento territorial, POT, para cada área integrante del suelo de protección, o en los actos administrativos de declaratoria de nuevas áreas protegidas por parte de las autoridades ambientales competentes, o de delimitación de suelo de protección por riesgo por parte de la dirección de prevención y atención de emergencias, DPAE, junto con la delimitación que específica, en textos y coordenadas, la ubicación de los límites y las áreas que se incluyen o excluyen.
3. Alinderamiento: Implica el registro cartográfico preciso y el levantamiento topográfico detallado de los linderos, así como el amojonamiento en el terreno, en el caso en que no correspondan a límites naturales.
A esta definición espacial debe agregarse, posteriormente, el registro de los predios cuya urbanización se encuentra restringida por la condición de suelo de protección, ante las oficinas de registro de instrumentos públicos, de manera que tal restricción conste en los folios de matrícula inmobiliaria de los predios correspondientes.
ART. 9º—Criterios de localización y delimitación de nuevas áreas del suelo de protección. Los siguientes criterios orientarán la localización y la delimitación de los elementos constitutivos del suelo de protección:
1. Balance: Debe mantenerse una proporción viable entre la asignación espacial a distintos procesos socioeconómicos o ecológicos. El balance se enfoca aquí entre funciones: producción/preservación/restauración. Este balance espacial y funcional debe procurar hacerse a cada una de las distintas escalas del ordenamiento.
2. Integración: Debe diseñarse e implementarse la simbiosis entre áreas con distintas funciones, es decir, su integración funcional por intercambios. La integración debe también seguir las escalas de cuencas, microrregiones y predios, procurando incrementar y mantener el ciclado interno y la autarquía o capacidad de autorregulación en cada nivel. La integración debe darse entre compartimentos, así como entre compartimento y conjunto.
3. Conectividad: Es el equivalente espacial de la integración. Debe haber un claro acople estructural entre elementos cuya integración funcional así lo requieran. Por ejemplo: bosque-páramo, entre relictos, áreas protegidas-malla verde urbana o parques o mosaicos de parches sucesionales a través de una ecoclina.
4. Amortiguación: Deben establecerse franjas frente a focos de alteración expansiva, para la prevención y mitigación de impactos urbanos y rurales, evitando su dinámica de degradación-expansión-multiplicación. La amortiguación frena los procesos de degradación mismos, previniendo, mitigando, corrigiendo o compensando sus efectos.
5. Aislamiento: Similar a la amortiguación, pero enfocado hacia las áreas no alteradas y que por su fragilidad o valor natural deben contar con barreras que las separen de los focos y radios de alteración; tales barreras deben estar reforzadas por la restricción a la conexión vial. El aislamiento se diferencia de la amortiguación en que es más pasivo y se ocupa de rechazar y desviar el avance de las alteraciones sobre ciertas áreas.
6. Protección: Enfocada directamente a los elementos que sostienen funciones ecológicas o socioeconómicas vitales o valores claves de diversidad biológica o cultural, los cuales deben ser alinderados para tratamientos de prevención u orientación de las alteraciones exógenas.
ART. 10.—Incorporación o sustracción de suelo de protección. Cuando por situaciones de riesgo, por la necesidad de atender el cubrimiento de servicios públicos domiciliarios y/o la atención y el manejo de zonas de importancia ambiental, o porque la realización de estudios científicos y técnicos adelantados por instituciones privadas o públicas determinen la necesidad de incorporar nuevo suelo de protección, o en su defecto, sustraerlo, será necesario adelantar tal procedimiento a través de alguna de las siguientes alternativas:
1. En el nuevo plan de ordenamiento territorial.
2. En una modificación o revisión del plan de ordenamiento territorial.
3. Mediante acuerdo del Concejo de Bogotá, D.C., previo concepto de la entidad competente para el tema, según el componente del suelo de protección que se vaya a incorporar o a sustraer.
ART. 11.—Criterios para el alinderamiento del suelo de protección. El alinderamiento de las áreas integrantes del suelo de protección debe contemplar, siempre que sea posible, los siguientes criterios:
1. Límites precisos, de claro control sobre el terreno; fácil y consistentemente verificables por terceros.
2. Emplear siempre, como base cartográfica la oficial de la unidad administrativa especial de Catastro Distrital, de modo que los linderos sean comparables con los de los predios y la georreferenciación sea acorde con dicho sistema cartográfico.
3. Involucrar a la comunidad tan pronto como sea posible en el proceso de identificación, delimitación y alinderamiento, procurando alcanzar la mayor concertación con propietarios y usuarios del área, basada en el intercambio activo de información y la construcción conjunta de conocimiento, que den la mayor legitimidad y funcionalidad a los límites y al manejo del área.
4. No emplear referentes (hitos) cuya toponimia no sea bien conocida por las entidades y las comunidades locales. Se preferirá el uso de la toponimia de la cartografía oficial, siempre y cuando esta no genere confusiones con la toponimia de uso local.
5. Emplear, siempre que sea posible, hitos y límites arcifinios (naturales): picos, ríos, vías carreteables, divisorias de aguas, etc., que faciliten el reconocimiento y la verificación por terceros, así como el control por parte de las autoridades sobre el terreno.
6. Si se emplea como límite un curso de agua y no una divisoria de aguas es necesario aclarar, en la memoria técnica de la delimitación, los motivos por los cuales se abarca una sola vertiente y no ambas de la cuenca en cuestión.
7. Si se emplea la margen de un cuerpo de agua como límite, es necesario aclarar las condiciones de tal margen: aguas mínimas, línea media del cauce, etc.; así mismo, tener en cuenta las posibles alteraciones hidráulicas futuras, tanto antrópicas como naturales.
8. Cuando se emplee un límite que pueda sufrir variaciones (por ejemplo: corrección de un cauce, nuevo trazado de una vía, redefinición de un límite oficial etc.) deberá anotarse la información precisa, vigente a la fecha del alinderamiento respectivo.
9. No emplear referentes poco permanentes, incluyendo hitos y límites tales como:
a. Límites de coberturas, las cuales cambian con la deforestación, la sucesión ecológica y la construcción.
b. Nomenclatura urbana, que cambia con las actualizaciones.
c. Predios y límites de predios, los cuales están sujetos a conflictos o indefiniciones de linderos (detectables solo por un estudio de títulos) y que pueden cambiar con la tradición de propiedad.
d. Perímetros urbanos o sanitarios, límites entre clases de suelo, que no estén georreferenciados sobre cartografía oficial del Catastro Distrital.
Manejo del suelo de protección en los bordes urbanos
ART. 12.—Lineamientos. En consideración a la alta presión de desarrollo informal sobre el suelo de protección, concentrada en áreas periurbanas, se adoptan los lineamientos estratégicos para el manejo del suelo de protección en los bordes urbanos, contemplados en los siguientes artículos, como instrumentos de la presente política.
ART. 13.—Ordenamiento en el contexto urbano–regional. Los instrumentos de planificación del territorio y los reglamentos derivados, en su formulación o en el proceso periódico o extraordinario de ajuste y actualización, tendrán en cuenta los siguientes lineamientos:
1. Concertación regional de la continuidad del suelo de protección a través de los límites político-administrativos, manteniendo la homologación de las categorías y los tratamientos aplicados, así como la naturaleza y la severidad de las restricciones.
2. Desarrollo conceptual, metodológico y normativo para la adecuada planificación y manejo del suelo de protección en distintas tipologías de expansión y rural, que reconozcan la complejidad y la diversidad de las diferentes formas de transformación del territorio dentro del sistema urbano-regional.
3. Vinculación activa de las comunidades locales, los propietarios particulares y el sector privado en los procesos locales de conformación y planificación del suelo de protección, buscando conjuntamente fórmulas para dar cumplimiento a los objetivos específicos de la presente política.
4. Ajuste del régimen de usos y la planificación del manejo en cada área integrante del suelo de protección.
ART. 14.—Control de la ocupación y el desarrollo informales. Para el control de la ocupación y de desarrollos informales sobre el suelo de protección se seguirán los siguientes lineamientos:
1. Exclusión del desarrollo informal mediante la potencialización de espacio público y equipamientos colectivos en las áreas de mayor presión de ocupación, con arreglo al régimen de usos de cada área y previa adquisición del predio.
2. Fortalecimiento del marco normativo y los procedimientos administrativos correspondientes aplicables a la defensa del suelo de protección frente a la ocupación informal y a otras formas de abuso urbanístico, de manera que se haga efectiva la restricción que poseen los predios ubicados en suelo de protección.
3. Información a los propietarios particulares, especialmente en áreas de alta presión informal, sobre el adecuado manejo, respecto del régimen de usos de cada área, y manteniendo las funciones públicas privilegiadas en cada caso.
4. Rigurosidad en la vigilancia, control, procesos de sanción, y en la puesta en conocimiento de la autoridad competente, por parte de las empresas operadoras de las redes de servicios públicos domiciliarios, de la extensión de las coberturas dentro del suelo de protección más allá de lo correspondiente al régimen de usos, para prevenir y corregir la conducta.
5. Fortalecimiento de la sostenibilidad y la legitimidad de las decisiones de ordenamiento, a través de la coordinación interinstitucional, en la que el papel de las comunidades trascienda la denuncia de la ocupación y profundice en términos de planeación, gestión y control del territorio.
6. Capacitación y fortalecimiento de las instituciones responsables y de los organismos de control sobre la reglamentación y los alcances legales del control sobre la ocupación del suelo de protección.
7. Fortalecimiento de las instituciones responsables del adecuado manejo del suelo de protección, en concordancia con su papel respecto de la implementación y adopción de los mecanismos de gestión del suelo que buscan desarrollar la responsabilidad de los particulares a la que se refiere la Ley 388 de 1997.
8. Generación de mecanismos de participación comunitaria, de incentivo al control comunitario y desincentivo a la connivencia, dentro de la gestión de las entidades ejecutoras de inversiones de beneficio barrial y zonal.
ART. 15.—Provisión de servicios públicos domiciliarios. La provisión de servicios públicos domiciliarios dentro y en torno al suelo de protección se ceñirá a los siguientes lineamientos:
1. Ajuste de los diseños de las redes periféricas a soluciones de remate, que restrinjan, por capacidad y conectividad, las posibilidades de expansión de las redes al suelo de protección.
2. Claridad en las obligaciones de prevención de la ocupación ilegal del suelo de protección dentro de los contratos o concesiones de servicios públicos y el refuerzo de su exigibilidad.
ART. 16.—Líneas de acción. Las líneas de acción atienden a un objetivo específico y se desarrollan de manera precisa en el documento “Política para el manejo del suelo de protección en el Distrito Capital - Proteger para un mejor futuro” que hace parte integral del presente decreto.
A través de estas líneas se materializan los principios y los objetivos de la presente política, ellas son:
1. Inventario, delimitación, demarcación y registro del suelo de protección. Objetivo: Inventario y delimitación confiables.
2. Consolidación del sistema de áreas protegidas del Distrito Capital. Objetivos: Restricción y orientación del uso; funcionalidad ecológica; visibilidad social y corresponsabilidad.
3. Refuerzo de la estructura ecológica principal. Objetivos: Restricción y orientación del uso; funcionalidad ecológica; e incorporación en el desarrollo urbano.
4. Manejo integrado de las áreas de alta amenaza y alto riesgo no mitigable. Objetivos: Restricción y orientación del uso; incorporación al desarrollo urbano; visibilidad social y corresponsabilidad; y predominio del interés general.
5. Manejo de bordes urbanos en el suelo de protección. Objetivos: Funcionalidad ecológica; incorporación al desarrollo urbano; visibilidad social y corresponsabilidad; y predominio del interés general.
6. Armonización urbanística en torno al suelo de protección. Objetivos: Incorporación al desarrollo urbano; visibilidad social y corresponsabilidad; y predominio del interés general.
7. Desarrollo instrumental de la gestión del suelo de protección. Objetivos: Predominio del interés general; distribución equitativa de cargas y beneficios; y actualización de normas y procedimientos.
8. Educación y divulgación colectiva del suelo de protección. Objetivos: Restricción y orientación del uso; visibilidad social y corresponsabilidad; y predominio del interés general.
9. Fortalecimiento del control de la ocupación ilegal del suelo de protección. Objetivos: Restricción y orientación del uso; predominio del interés general; y visibilidad social y corresponsabilidad.
10. Fortalecimiento de la capacidad administrativa sobre el suelo de protección. Objetivos: Visibilidad social y corresponsabilidad; y actualización de normas y procedimientos.
ART. 17.—Entidades coordinadoras. Con el fin de gestionar y hacer seguimiento a la presente política, las siguientes entidades distritales estarán a cargo de la coordinación de cada componente de la misma, de acuerdo con sus competencias:
1. Coordinación general y componente ambiental: Estará en cabeza del sector ambiente, a través de la Secretaría Distrital de Ambiente.
2. Coordinación del componente de riesgo: Estará en cabeza del sector gobierno, seguridad y convivencia, a través de la dirección de prevención y atención de emergencias de la Secretaría Distrital de Gobierno.
3. Coordinación del componente hábitat: Estará en cabeza del sector hábitat en cabeza de la Secretaría Distrital del Hábitat.
4. Coordinación del componente de parques: Estará en cabeza del sector de cultura, recreación y deporte, a través del Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte.
ART. 18.—Responsabilidades. Las entidades encargadas de coordinar el cumplimiento de la política tendrán las siguientes responsabilidades, en el marco de sus funciones institucionales:
1. Planificar la gestión y el desarrollo de la política.
2. Orientar y coordinar las inversiones de las distintas entidades para el desarrollo de la política.
3. Promover la estructura y el desarrollo de los escenarios de gestión con los distintos actores.
4. Alertar a las entidades ejecutoras sobre las acciones urgentes de intervención para defensa del suelo de protección según las respectivas competencias.
5. Determinar, con soportes científicos, técnicos y normativos, la necesidad de crear nuevas áreas de suelo de protección o realinderar las existentes.
6. Desarrollar los marcos normativos de planeación, gestión, financiación y sociales necesarios para el adecuado manejo del suelo de protección.
ART. 19.—Coordinación interinstitucional y ejecución. La coordinación interinstitucional para el desarrollo de la presente política se dará en el marco de las comisiones intersectoriales, reglamentadas mediante el Decreto Distrital 546 de 2007, o la norma que lo modifique, adicione o sustituya, las cuales podrán sesionar conjuntamente para el seguimiento y la coordinación de las líneas de acción que integran la presente política.
Son entidades ejecutoras aquellas a las que corresponde el desarrollo de acciones dentro de cada una de las líneas de acción de esta política.
ART. 20.—Acciones y responsables. Las acciones mínimas que deberán coordinarse o adelantarse para la ejecución de la política, que se detallan en la “Política para el manejo del suelo de protección en el Distrito Capital - Proteger para un mejor futuro”, la cual hace parte integral del presente decreto, según la entidad responsable, son las siguientes:
1. Inventario, delimitación, demarcación y registro del suelo de protección. Entidades ejecutoras: Secretaría Distrital de Ambiente, Secretaría Distrital de Planeación, Secretaría Distrital de Gobierno, Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, unidad administrativa especial de Catastro Distrital, Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte, Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, empresas prestadoras de servicios públicos.
2. Consolidación del sistema de áreas protegidas del Distrito Capital. Secretaría Distrital de Ambiente, Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.
3. Refuerzo de la estructura ecológica principal. Secretaría Distrital de Ambiente, Secretaría Distrital de Gobierno, Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte, Jardín Botánico “José Celestino Mutis”, Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal, Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, alcaldías locales, Policía Metropolitana.
4. Manejo integrado del suelo de protección por riesgo. Secretaría Distrital de Ambiente, Secretaría Distrital del Hábitat, Dirección de Prevención y Atención de Emergencias, Caja de Vivienda Popular, Instituto Distrital para Recreación y el Deporte, Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, Jardín Botánico “José Celestino Mutis”.
5. Manejo de bordes urbanos en el suelo de protección. Secretaría Distrital del Hábitat, Secretaría Distrital de Planeación, Secretaría Distrital de Ambiente, Jardín Botánico “José Celestino Mutis”.
6. Armonización urbanística en torno al suelo de protección. Secretaría Distrital de Planeación, Secretaría Distrital del Hábitat, Secretaría Distrital de Movilidad.
7. Desarrollo instrumental de la gestión del suelo de protección. Secretaría Distrital de Hacienda, Secretaría Distrital de Ambiente, Secretaría Distrital de Planeación, unidad administrativa especial de Catastro Distrital.
8. Investigación, educación y divulgación colectiva del suelo de protección. Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, Secretaría Distrital de Ambiente, Secretaría Distrital del Hábitat, Secretaría de Educación Distrital, Dirección de Prevención y Atención de Emergencias, Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte, Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, alcaldías locales.
9. Fortalecimiento del control de la ocupación ilegal del suelo de protección. Secretaría Distrital del Hábitat, Secretaría Distrital de Ambiente, Secretaría Distrital de Planeación, Secretaría Distrital de Gobierno, Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, alcaldías locales, Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal, Dirección de Prevención y Atención de Emergencias, Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, unidad administrativa especial de Catastro Distrital, Caja de la Vivienda Popular, Metrovivienda, Policía Metropolitana.
10. Fortalecimiento de la capacidad administrativa sobre el suelo de protección. Secretaría Distrital de Ambiente, alcaldías locales, todas las demás entidades distritales ejecutoras de la política.
ART. 21.—Financiación. Las entidades responsables de ejecutar la política deberán realizar las actividades y los programas correspondientes y, por lo tanto, incluir dentro de sus presupuestos anuales y cuatrienales los recursos necesarios para cumplir con lo dispuesto en la “Política para el manejo del suelo de protección en el Distrito Capital - Proteger para un mejor futuro”.
ART. 22.—Documento de política. El documento de “Política para el manejo del suelo de protección en el Distrito Capital - Proteger para un mejor futuro” que se adopta mediante el presente decreto, forma parte integral del mismo.
ART. 23.—Vigencia y derogatoria. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación en el Registro Distrital y deroga las disposiciones que le sean contrarias.
Dado a los 23 días del mes de diciembre de 2008.