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Timestamp: 2017-06-28 17:17:46
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27/05/14 ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS,ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO,Acuerdo de Sala Plena sobre los criterios de aplicación del literal k) del artículo 10 de la Ley de Contrataciones del EstadoACUERDO Nº 015/2013 02.12.2013
En la SESIÓN No. 006/ 2013 de fecha 02 de diciembre del 2013, los vocales integrantes del Tribunal de Contrataciones del Estado, acordaron por unanimidad: ACUERDO DE SALA PLENA SOBRE LOS CRITERIOS DE APLICACIÓN DEL LITERAL K) DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOI. ANTECEDENTES 1. El ordenamiento en materia de contrataciones del Estado ha consagrado, como regla general, la posibilidad de que toda persona natural o jurídica pueda participar en los procesos de contratación, en condiciones de libre concurrencia y competencia.2. Sin embargo, precisamente a efectos de garantizar la libre concurrencia y competencia en los procesos de contratación que desarrollan las Entidades, la normativa establece ciertos supuestos que limitan a una persona natural o jurídica a ser participante, postor y/o contratista del Estado, debido a que su intervención en los procesos de compra puede afectar la transparencia, imparcialidad y libre competencia con que se debe obrar en los procesos de selección, debido a la naturaleza de sus atribuciones o por la condición que ostentan.3. Atendiendo a lo anterior, el artículo 10 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo Nº 1017, regula una serie de restricciones a la participación de postores en los procesos de selección, contemplando como impedimento para ser postor y/o contratista del Estado, entre otros supuestos, el establecido en su literal k), en virtud del cual se encuentran impedidas de ser participantes, postores y/o contratistas:“las personas jurídicas cuyos socios, accionistas, participacionistas, titulares, integrantes de los órganos de administración, apoderados o representantes legales formen o hayan formado parte, en los últimos doce (12) meses de impuesta la sanción, de personas jurídicas que se encuentren sancionadas administrativamente con inhabilitación temporal o permanente para participar en procesos de selección y para contratar con el Estado; o que habiendo actuado como personas naturales hayan sido sancionadas por la misma infracción; conforme a los criterios señalados en el presente Decreto Legislativo y su Reglamento. Para el caso de socios, accionistas, participacionistas o titulares, este impedimento se aplicará siempre y cuando la participación sea superior al cinco por ciento (5%) del capital o patrimonio social y por el tiempo que la sanción se encuentre vigente.”4. Según este Tribunal ha podido apreciar, constituye un rasgo común en los procedimientos administrativos sancionadores y recursos de apelación sujetos a su conocimiento, los diferentes criterios que Entidades y administrados asumen respecto al sentido y alcance de los supuestos que la referida norma comprende.5. Dicha situación ha podido evidenciarse, inclusive, en algunas resoluciones que este Tribunal ha emitido a lo largo de los últimos años (2009-2012), lo cual, en lugar de generar predictibilidad en los administrados, determina situaciones de inseguridad jurídica que no coadyuvan a la transparencia y eﬁ ciencia del sistema de compras públicas. 6. En este contexto se hace imperativo que este Tribunal emita un Acuerdo de Sala Plena que, a partir de la regulación vigente, recoja con precisión los elementos que el literal k) del artículo 10 de la Ley exige para que se conﬁ gure el impedimento para ser participante, postor y/o contratista del Estado, tomando como marco que el referido dispositivo, en cuanto constituye una norma que restringe derechos, debe ser interpretado de forma restrictiva.7. En este punto, es preciso indicar que el presente Acuerdo se emite sin que este Tribunal desconozca el carácter imperfecto del dispositivo que es objeto de su análisis, lo cual justiﬁ ca una futura modiﬁ cación legislativa que perﬁ le su sentido y ámbito de aplicación, a efectos de no generar interpretaciones erradas, sesgadas o incentivos perversos en su aplicación por parte de los agentes del mercado. Sin embargo, dicha situación no impide que este Tribunal establezca el presente Acuerdo desarrollando los elementos, requisitos y restricciones contenidas en la norma vigente. II. MARCO LEGALArtículo 10º de la Ley:“Cualquiera sea el régimen legal de contratación aplicable, están impedidos de ser participantes, postores y/o contratistas: a) En todo proceso de contratación pública, hasta doce (12) meses después de haber dejado el cargo, el Presidente y los Vicepresidentes de la República, los Congresistas de la República, los Ministros y Viceministros de Estado, los Vocales de la Corte Suprema de Justicia de la República, los titulares y los miembros del órgano colegiado de los Organismos Constitucionales Autónomos;b) En el ámbito regional, hasta doce (12) meses después de haber dejado el cargo, los Presidentes, Vicepresidentes y los Consejeros de los Gobiernos Regionales;c) En el ámbito de su jurisdicción, hasta doce (12) meses después de haber dejado el cargo, los Vocales de las Cortes Superiores de Justicia, los Alcaldes y Regidores;d) En la Entidad a la que pertenecen, los titulares de instituciones o de organismos públicos del Poder Ejecutivo, los directores, gerentes y trabajadores de las empresas del Estado, los funcionarios públicos, empleados de
conﬁ anza y servidores públicos, según la ley especial de la materia;e) En el correspondiente proceso de contratación, las personas naturales o jurídicas que tengan intervención directa en la determinación de las características técnicas y valor referencial, elaboración de Bases, selección y evaluación de ofertas de un proceso de selección y en la autorización de pagos de los contratos derivados de dicho proceso, salvo en el caso de los contratos de supervisión;f) En el ámbito y tiempo establecidos para las personas señaladas en los literales precedentes, el cónyuge, conviviente o los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de aﬁ nidad;g) En el ámbito y tiempo establecidos para las personas señaladas en los literales precedentes, las personas jurídicas en las que aquellas tengan o hayan tenido una participación superior al cinco por ciento (5%) del capital o patrimonio social, dentro de los doce (12) meses anteriores a la convocatoria;h) En el ámbito y tiempo establecidos para las personas señaladas en los literales precedentes, las personas jurídicas sin ﬁ nes de lucro en las que aquellas participen o hayan participado como asociados o miembros de sus consejos directivos, dentro de los doce (12) meses anteriores a la convocatoria;i) En el ámbito y tiempo establecidos para las personas señaladas en los literales precedentes, las personas jurídicas cuyos integrantes de los órganos de administración, apoderados o representantes legales sean las personas señaladas en los literales precedentes. Idéntica prohibición se extiende a las personas naturales que tengan como apoderados o representantes a las personas señaladas en los literales precedentes;j) Las personas naturales o jurídicas que se encuentren sancionadas administrativamente con inhabilitación temporal o permanente en el ejercicio de sus derechos para participar en procesos de selección y para contratar con Entidades, de acuerdo a lo dispuesto por la presente norma y su Reglamento;k) Las personas jurídicas cuyos socios, accionistas, participacionistas, titulares, integrantes de los órganos de administración, apoderados o representantes legales formen o hayan formado parte, en los últimos doce (12) meses de impuesta la sanción, de personas jurídicas que se encuentren sancionadas administrativamente con inhabilitación temporal o permanente para participar en procesos de selección y para contratar con el Estado; o que habiendo actuado como personas naturales hayan sido sancionadas por la misma infracción; conforme a los criterios señalados en el presente Decreto Legislativo y su Reglamento. Para el caso de socios, accionistas, participacionistas o titulares, este impedimento se aplicará siempre y cuando la participación sea superior al cinco por ciento (5%) del capital o patrimonio social y por el tiempo que la sanción se encuentre vigente;l) Otros establecidos por ley o por el Reglamento de la presente norma.Las propuestas que contravengan lo dispuesto en el presente artículo se tendrán por no presentadas. Los contratos celebrados en contravención de lo dispuesto por el presente artículo son nulos, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar de los funcionarios y servidores de la Entidad contratante y de los contratistas que celebraron dichos contratos”.III. ANÁLISIS 1. Las personas jurídicas gozan de independencia y su responsabilidad se limita al número de acciones. No obstante ello, en nuestro ordenamiento existen una serie de supuestos en los que la norma recurre al criterio de vinculación económica (en razón de la propiedad de las acciones, del ejercicio de actos de gestión u otros) con la ﬁ nalidad de evitar que, en mérito a la independencia jurídica, una persona eluda sus obligaciones y/o sanciones, incurriendo de esta manera en fraude en la ley. En estos casos, la legislación1 ha previsto una serie de supuestos en los que se trasciende la independencia jurídica de la persona sancionada para apreciar la conducta o incidencia que puedan tener los involucrados en su gestión y/o control, en otro proveedor del Estado, con la ﬁ nalidad de garantizar el cumplimiento de los efectos de la sanción.2. Es así que el artículo 10, inciso k), de la Ley establece criterios referidos tanto al porcentaje de propiedad de las acciones como al control que se ejerce sobre los proveedores del Estado a través de administradores comunes, de manera que el referido dispositivo persigue impedir que el proveedor que ha sido sancionado con inhabilitación temporal o permanente para contratar con el Estado, lo haga a través de una persona jurídica diferente, ya sea porque quienes lo integran, representan o dirigen (socios, accionistas, participacionistas, titulares, integrantes de los órganos de administración, apoderados o representantes legales) tienen en ésta un porcentaje de participación –o son titulares de sus acciones–, la representan o porque participan de su dirección. Inclusive, dicho dispositivo se extiende a aquellos casos en los cuales quienes integran, representan o dirigen al proveedor sancionado hayan dejado de hacerlo, dado que, para efectos del impedimento, bastaría que hayan ejercido dichas actividades dentro de los últimos doce (12) meses de impuesta la sanción.3. En ese sentido, para la conﬁ guración del literal k) del artículo 10º de la Ley, se exige que el proveedor sancionado intervenga en el mercado de compras públicas, a través de otra persona jurídica, si bien es cierto, no de forma directa, sino a través de quienes son o fueron (en los últimos doce meses de impuesta la sanción) sus accionistas, representantes legales o directivos. De este modo, dicha persona jurídica (a quién, en lo sucesivo, denominaremos la “persona jurídica vinculada”) queda impedida para ser participante, postor y/o contratista del Estado, por estar integrada, representada o dirigida por quienes son o fueron (en los últimos doce meses de impuesta la sanción) socios, accionistas, participacionistas, titulares, integrantes de los órganos de administración, apoderados o representantes legales del proveedor sancionado.4. En este contexto, a tenor de lo establecido en el literal k) del artículo 10º de la Ley, la “persona jurídica vinculada” se encuentra impedida de ser participante, postor y/o contratista del Estado en los supuestos siguientes:a. Si sus socios, accionistas, participacionistas, titulares, integrantes de los órganos de administración, apoderados o representantes legales forman parte del proveedor sancionado. Es decir, en el momento en que participa en el proceso, es postor o suscribe un contrato con una Entidad, la “persona jurídica vinculada” y el proveedor sancionado comparten simultáneamente socios, accionistas, participacionistas, titulares, integrantes de los órganos de administración, apoderados o representantes legales.b. Si sus socios, accionistas, participacionistas, titulares, integrantes de los órganos de administración, apoderados o representantes legales formaron parte del proveedor sancionado dentro de los doce (12) meses siguientes a la entrada en vigencia de la sanción. Es decir, cuando los socios, accionistas, participacionistas, titulares, integrantes de los órganos de administración, apoderados o representantes legales de la “persona jurídica vinculada” (que pueden tener dicha condición por adquisición de las acciones, por haber adquirido dicho estatus o cargo dentro de la empresa, o por haber creado 1 Es necesario precisar que las normas de vinculación y grupo económico están reguladas de manera expresa en la Resolución Conasev Nº 090-2005-EF-94.10 y en el ámbito tributario tienen una regulación especial en la Ley del Impuesto a la Renta. En materia laboral, si bien no hay regulación expresa, la vinculación de empresas es permanentemente utilizada.
la “persona jurídica vinculada”, entre otras situaciones), formaron parte del “proveedor sancionado”, en el pasado (dentro de los doce (12) meses siguientes a la imposición de la sanción).Cabe resaltar que ambos supuestos comprendidos en el literal k) del artículo 10 de la Ley presuponen la vinculación existente entre dos personas jurídicas distintas: el “proveedor sancionado” y la “persona jurídica vinculada”, realidad que sustenta extender los efectos de la sanción a esta última que, no obstante no encontrarse sancionada, queda impedida de ser participante, postor y/o contratista del Estado en atención a las personas que la integran, representan y/o dirigen.Por otro lado, debe tenerse en cuenta que el referido impedimento surte efectos para la “persona jurídica vinculada”, durante el periodo de vigencia de la sanción impuesta al “proveedor sancionado”, pues, una vez agotada ésta, el sustento del impedimento fenece.5. Las precisiones que anteceden, permiten advertir con mayor claridad aquellos supuestos en los que el impedimento de la “persona jurídica vinculada” no se conﬁ gura en razón de la interpretación restrictiva que debe efectuarse de las normas que restringen derechos (como es el caso del artículo 10 de la Ley) y en aplicación del principio de tipicidad que rige en los procedimientos administrativos sancionadores a cargo del Tribunal. Es así que el impedimento establecido en el literal k) del artículo 10 de la Ley no podría conﬁ gurarse en caso la supuesta “persona jurídica vinculada” ya no cuente con la persona que la vinculaba con el proveedor sancionado, o si es que dicha persona dejó de formar parte del proveedor sancionado antes de que le sea impuesta la sanción.6. Es preciso indicar que cuando el vínculo entre la “persona jurídica vinculada” y el “proveedor sancionado” se genera por la participación que tiene un socio, accionista, participacionista o titular en la persona jurídica vinculada y que tiene o tuvo en el “proveedor sancionado”, se requiere que dicha participación sea superior al cinco por ciento (5%) del capital o patrimonio social, en ambas.Sin embargo, dicha participación mínima no es exigible para el integrante del órgano de administración, apoderado o representante legal de la “persona jurídica vinculada”, que es o fue (en el tiempo ya precisado) socio, accionista, participacionista o titular del “proveedor sancionado”. En este caso, la participación mínima de dicha persona sólo resulta exigible en el “proveedor sancionado”.En igual sentido, dicha participación mínima en el capital o patrimonio social no es exigible para quien es o fue (en el tiempo ya precisado) integrante del órgano de administración, apoderado o representante legal del “proveedor sancionado” que es socio, accionista, participacionista o titular de la “persona jurídica vinculada”. En este caso, la participación mínima de dicha persona sólo resulta exigible en la “persona jurídica vinculada”.Finalmente, dicha participación mínima tampoco es exigible cuando el vínculo entre la “persona jurídica vinculada” y el “proveedor sancionado” se genera por compartir o haber compartido integrantes de los órganos de administración, apoderados o representantes legales.IV. ACUERDOEn aplicación del literal k) del artículo 10 de la Ley, el Tribunal acuerda los siguientes criterios de interpretación: 1. Se encuentra impedido de ser participante, postor y/o contratista del Estado:a) La persona jurídica cuyos socios, accionistas, participacionistas, titulares, integrantes de los órganos de administración, apoderados o representantes legales forman parte del proveedor sancionado. Es decir, en el momento en que participa en el proceso, es postor o suscribe un contrato con una Entidad, ella y el proveedor sancionado comparten simultáneamente socios, accionistas, participacionistas, titulares, integrantes de los órganos de administración, apoderados o representantes legales.b) La persona jurídica cuyos socios, accionistas, participacionistas, titulares, integrantes de los órganos de administración, apoderados o representantes legales formaron parte del proveedor sancionado dentro de los doce (12) meses siguientes a la entrada en vigencia de la sanción. Es decir, cuando los socios, accionistas, participacionistas, titulares, integrantes de los órganos de administración, apoderados o representantes legales de ella (que pueden tener dicha condición por adquisición de las acciones, por haber adquirido dicho estatus o cargo dentro de la empresa, o por haberla creado, entre otras situaciones), formaron parte del “proveedor sancionado”, en el pasado (dentro de los doce (12) meses siguientes a la imposición de la sanción).2. En todos los casos, el impedimento establecido en el literal k) del artículo 10 de la Ley es aplicable durante el periodo de vigencia de la sanción impuesta al “proveedor sancionado”.3. El impedimento establecido en el literal k) del artículo 10º de la Ley no se conﬁ gura en caso la persona jurídica ya no cuente con quien la vinculaba con el proveedor sancionado, o si es que éste había dejado de formar parte del proveedor sancionado antes de que le sea impuesta la sanción.4. Cuando el vínculo entre la “persona jurídica vinculada” y el proveedor sancionado” se genera por la participación que tiene un socio, accionista, participacionista o titular en la “persona jurídica vinculada” y que tiene o tuvo en el “proveedor sancionado”, se requiere que dicha participación sea superior al cinco por ciento (5%) del capital o patrimonio social, en ambas.Dicha participación mínima no es exigible:a) Para el integrante del órgano de administración, apoderado o representante legal de la “persona jurídica vinculada”, que es o fue socio, accionista, participacionista o titular del “proveedor sancionado”. En este caso, la participación mínima solo es exigible respecto del “proveedor sancionado”.b) Para quien es o fue integrante del órgano de administración, apoderado o representante legal del “proveedor sancionado”, que es socio, accionista, participacionista o titular de la “persona jurídica vinculada”. En este caso, la participación mínima solo es exigible respecto de la “persona jurídica vinculada”.c) Cuando el vínculo entre la “persona jurídica vinculada” y el “proveedor sancionado” se genera por compartir o haber compartido integrantes de los órganos de administración, apoderados o representantes legales.MARIO F. ARTEAGA ZEGARRAMARÍA H. BECERRA FARFÁNRENATO DELGADO FLORESOTTO EGÚSQUIZA ROCAVIOLETA L. FERREYRA CORALHÉCTOR M. INGA HUAMÁNMARÍA ELENA LAZO HERRERAANA T. REVILLA VERGARAMARÍA ROJAS DE GUERRAMARIELA SIFUENTES HUAMÁNADRIÁN J. VARGAS DE ZELAVÍCTOR VILLANUEVA SANDOVALEFRAÍN PACHECO GUILLÉNSecretario1087970-1
1 Jun 2014 06:34:27
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ANTECEDENTES Mediante la Ley Nº 29873 y el Decreto Supremo Nº 138-2012-EF (normas vigentes desde el 20 de setiembre de 2012), respectivamente, se modiﬁ caron el Decreto Legislativo Nº 1017, Ley de Contrataciones del Estado (en adelante la Ley), y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 184-2008-EF (en adelante el Reglamento). En este contexto, con las normas dictadas, las reglas de tramitación de los expedientes referidos a procedimientos administrativos sancionadores han variado, por lo que resulta necesario que este Tribunal establezca criterios de interpretación uniformes respecto de las normas que regulan el alcance de sus decisiones, cuando un expediente le es sometido a su conocimiento para que se pronuncie respecto del inicio o no del procedimiento administrativo sancionador. II. MARCO LEGAL De conformidad con lo establecido en el artículo 242 del Reglamento, el Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, tramita los procedimientos administrativos sancionadores, bajo las siguientes reglas: 1. Para efectuar las indagaciones previas al inicio del procedimiento sancionador, el Tribunal tendrá un plazo no mayor de treinta (30) días hábiles contados desde la fecha de presentación de la denuncia o de la subsanación correspondiente o de emitido el decreto por el que previamente se le solicita al denunciante o la Entidad la documentación sustentatoria. En este último supuesto, el Tribunal tiene un plazo máximo de cinco (05) días hábiles siguientes de admitida la denuncia para requerir la documentación sustentatoria. Vencido el indicado plazo para las indagaciones previas, deberá remitirse el expediente a la Sala correspondiente, dentro de un plazo no mayor de los quince (15) días hábiles siguientes. 2. Las Entidades están obligadas a remitir la información adicional que se indica en el numeral precedente, en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles de notiﬁ cada. En el caso que, como consecuencia de la omisión de la Entidad en remitir la información solicitada, no sea posible iniciar el procedimiento sancionador, se procederá al archivo del expediente, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad y se hará de conocimiento al Órgano de Control Institucional o, en su defecto, a la Contraloría General de la República. 3. El Tribunal dispondrá el inicio del procedimiento sancionador sólo si determina que cuenta con elementos suﬁ cientes para tal efecto. (…)”. III. ANÁLISIS 1. Según se aprecia en las normas citadas, cuando se recibe una denuncia en la cual se pone de maniﬁ esto alguna infracción cometida por un proveedor, participante, postor, contratista, experto independiente o árbitro, que se enmarca en lo previsto por el artículo 51 de la Ley, el Tribunal cuenta con plazos perentorios para efectuar indagaciones previas que permitan determinar la pertinencia del inicio de un procedimiento administrativo sancionador. En estos casos, son las Salas del Tribunal las que, sobre la base de la información obtenida en los plazos indicados, debe emitir el pronunciamiento correspondiente. Sin embargo, el Tribunal solo puede disponer el inicio del procedimiento administrativo sancionador cuando cuenta con los elementos suﬁ cientes para tal efecto; pues de lo contrario se encontrará imposibilitado de emitir un pronunciamiento sobre el fondo del asunto. 2. Ahora bien, las denuncias sobre infracciones previstas en el artículo 51° de la Ley pueden provenir de las propias Entidades o de Terceros, para lo cual se requiere que éstas acompañen el sustento de las imputaciones que realizan. Ello sin perjuicio que el Tribunal requiera a cualquiera de ellos u otros terceros la información necesaria para corroborar los hechos que las sustentan. En caso que dichos requerimientos sean efectuados a la Entidad que desarrolló el proceso de selección y/o contratación, ésta tiene la obligación de remitir la información solicitada en el plazo que para el efecto se le otorgue. En el supuesto que el Tribunal no cuente con evidencia suﬁ ciente para disponer el inicio del procedimiento administrativo sancionador se debe acordar el archivo del expediente. Si dicha situación se genera por la omisión de la Entidad de remitir la información solicitada, la decisión se adopta bajo responsabilidad del Titular de la Entidad, comunicándose ello al Órgano de Control Institucional de la Entidad o, en caso de no existir tal órgano en la Entidad, de la Contraloría General de la República, para que en atención a sus atribuciones, adopte las acciones pertinentes. 3. Distinto supuesto se genera cuando la información con que se cuenta -haya sido o no remitida de forma completa por la Entidad y/o el denunciante-, resulta suﬁ ciente para que el Tribunal puede determinar la falta de concurrencia de los presupuestos necesarios para que se conﬁ gure la infracción, en cuyo caso las Salas deberán disponer la declaración de no ha lugar el inicio del procedimiento administrativo sancionador, procediéndose al archivo del expediente. IV. ACUERDO Hechas las precisiones que anteceden, el Tribunal acuerda: a) En los casos que la Entidad no cumpla con remitir oportunamente la información o documentación requerida por el Tribunal en la etapa de indagaciones previas del procedimiento administrativo sancionador, el Tribunal dispondrá archivar el expediente, sin que ello implique un pronunciamiento sobre el fondo. En tal sentido, en la parte resolutiva del acuerdo se considerará lo siguiente: 1. Disponer que, atendiendo a la falta de información suﬁ ciente para iniciar el procedimiento administrativo sancionador contra …………., en los seguidos por su supuesta responsabilidad en la infracción tipiﬁ cada en el literal …. del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Legislativo Nº 1017, modiﬁ cada por Ley Nº 29873, durante el desarrollo de ……………….. se proceda a archivar el presente expediente, sin pronunciamiento sobre el fondo, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. 2. Poner el presente Acuerdo en conocimiento del Titular de la Entidad. 3. Poner el presente Acuerdo en conocimiento del Órgano de Control Institucional de la Entidad (o a la Contraloría General de la República, en caso no cuente con Órgano de Control Institucional) para que, en mérito a sus atribuciones, adopte las medidas que estime pertinentes. b) En los casos que, pese a la omisión de la Entidad o de la persona natural o jurídica denunciante en remitir oportunamente la información o documentación sustentatoria requerida por el Tribunal, éste cuente con información suﬁ ciente que le permita determinar la falta de concurrencia de los presupuestos necesarios para que se conﬁ gure la infracción, el Tribunal dispondrá la declaración de no ha lugar el inicio del procedimiento administrativo sancionador y procederá al archivo del expediente. En ese sentido, en la parte resolutiva del acuerdo se considerará lo siguiente: 1. Declarar no ha lugar el inicio del procedimiento administrativo sancionador contra ……………………… por la supuesta comisión de la infracción tipiﬁ cada en el literal ………….. del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Legislativo Nº 1017, modiﬁ cada por Ley Nº 29873, en el desarrollo de la ………………………………………, debiendo archivarse el presente expediente administrativo. c) En los casos que el Tribunal cuente con información suﬁ ciente que permita apreciar la existencia de indicios de la comisión de la infracción, el Tribunal dispondrá iniciar el procedimiento administrativo sancionador. En ese sentido, en la parte resolutiva del acuerdo se considerará lo siguiente: 1. Iniciar procedimiento administrativo sancionador contra …………………………….., por su supuesta responsabilidad en la comisión de la infracción tipiﬁ cada en el literal ……….. del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Legislativo Nº 1017, modiﬁ cada por Ley Nº 29873, en el desarrollo de ……………………………….., la cual prevé una sanción de inhabilitación temporal de un mínimo de …….. (…….) años/meses hasta un máximo de ……. (…….) años, de acuerdo a los fundamentos expuestos. 2. Otorgar a …………………………., el plazo de diez (10) días hábiles para que formule(n) sus descargos, plazo que comenzará a contarse a partir del día siguiente de notiﬁ cado el presente Acuerdo. Para tales efectos, la(s) emplazada(s) deberá(n) ajustar su actuación a las disposiciones previstas en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del OSCE. 3. Disponer que la Secretaría del Tribunal de Contrataciones del Estado efectúe la notiﬁ cación del presente Acuerdo y proporcione al(os) administrado(s) la clave de acceso de consulta al Toma Razón Electrónico de la página web del OSCE (vínculo del Tribunal), con la ﬁ nalidad que en lo sucesivo tome(n) conocimiento a través del mismo de los actos procesales expedidos por el Tribunal que correspondan ser notiﬁ cados por esa vía, de acuerdo a la normativa aplicable. d) El presente acuerdo será aplicable a los expedientes que se encuentren en trámite a partir del 20 de setiembre de 2012. MARIO F. ARTEAGA ZEGARRA MARÍA H. BECERRA FARFÁN RENATO DELGADO FLORES OTTO EGÚSQUIZA ROCA VIOLETA L. FERREYRA CORAL HÉCTOR M. INGA HUAMÁN MARÍA ELENA LAZO HERRERA ANA T. REVILLA VERGARA MARÍA ROJAS DE GUERRA MARIELA SIFUENTES HUAMÁN ADRIÁN J. VARGAS DE ZELA VÍCTOR VILLANUEVA SANDOVAL EFRAÍN PACHECO GUILLÉN Secretario 1087970-2
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