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Timestamp: 2020-01-27 06:23:10
Document Index: 225600832

Matched Legal Cases: ['artículo 32', 'artículo 86', 'Artículo 1', 'artículo 34', 'ARTÍCULO 1', 'artículo 30', 'artículo 31', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 38', 'Artículo 139', 'artículo 1']

Accionante: Jaime Giraldo Castro Vs. Positiva
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ACCIÓN DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA
RADICACIÓN: 66170 31 04 001 2015 00232 01
Asunto: Confirma
ACCIDENTE LABORAL/ Controversia sobre el origen de la perturbación a la salud del trabajador/ Administradora de riesgos laborales debe brindar tratamiento integral al afiliado que ha sufrido un quebranto de salud por cuenta de su trabajo.
“6.9.4. Así las cosas, para la Sala no existe duda alguna que el evento sufrido por el señor Jaime Giraldo Castro el 11 de mayo de 2015 se originó cuando ejercía una actividad laboral, lo que le ha generado dolor y le impide un normal desarrollo, tal como él mismo lo expresó en su escrito de demanda de tutela (…)
6.9.5. Así las cosas, para esta instancia de acuerdo a la normativa vigente (…) corresponde a las Administradoras de Riesgos Laborales proteger a los trabajadores afiliados cuando presenten algún quebranto en su salud con ocasión de su trabajo y para el caso sub examine su responsabilidad no sólo abarcaría la realización de la cirugía `artroscopia más remodelación Vs. Sutura meniscal más condroplastia abrasión´ al accionante, sino el tratamiento integral para la recuperación de su padecimiento, toda vez que el legislador protegió al trabajador frente a posibles dilaciones en el reconocimiento y pago de las prestaciones que requiera cuando se produzca el riesgo asegurado y facultó a la ARL a repetir proporcionalmente por la cantidad que haya desembolsado.”
Citas: Corte Constitucional, sentencias T-011 de 1997, T-1219 de 2001, T-407 de 2005, T-409 y T-903 de 2008, T-552 de 2010, T-271 y T-721 de 2012.
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA
Pereira, veintiuno (21) de enero de dos mil dieciséis (2016)
Proyecto aprobado por Acta No.0027
Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por la doctora Yuly Paola Santisteban Osorio, apoderada de Positiva Compañía de Seguros en contra del fallo de tutela emitido por el Juzgado Segundo Penal del Circuito para Adolecentes con Función de Conocimiento de la ciudad.
2. RESUMEN DE LOS HECHOS
2.1. Señaló el señor Jaime Giraldo Castro que el 11 de mayo de 2015 sufrió un accidente laboral que le ocasionó una lesión en su rodilla izquierda, quedando incapacitado. Así mismo, informó que las terapias no lo mejoraron y que soportaba unos dolores inmensos que no lo dejaban dormir, por lo que el ortopedista determinó que debía realizarse la cirugía denominada “artroscopia más remodelación vs sutura meniscal más condrosplastia abrasión” para lo cual realizó los trámites respectivos, pero al momento de presentarse ante el anestesiólogo, la cirugía fue cancelada sin motivo alguno, lo que consideró que su padecimiento no tendrá final, pues no puede valerse por sí mismo.
2.2. En el acápite de pretensiones, solicitó: i) tutelar su derecho fundamental a la vida en conexidad con la integridad personal y la salud; ii) ordenar a la ARL Positiva Compañía de Seguros que a través de su representante legal o quien haga sus veces, que en el término de 48 horas siguientes a la notificación del fallo, autorice y asigne la cita con cirujano general que requiere de manera prioritaria con el fin de que se realice la cirugía antes descrita y iii) se ordene el tratamiento integral para su patología.
2.3. El accionante adjuntó copia de los siguientes documentos: i) copia de la cédula de ciudadanía; ii) carné de afiliación a ARP Positiva; iii) formato de informe para accidente de trabajo del empleador o contratante ARP Positiva orden de la consulta; iv) resultado de la resonancia magnética; v) orden médica para la cirugía artroscopia más remodelación vs sutura meniscal más condrosplastia abrasión”; vi) reporte de historia de consulta especializada y vii) dictamen expedido Junta de Calificación de Invalidez de Risaralda (Fls. 4-12).
3.1. POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.
La Apoderada de dicha compañía informó que revisada la base de datos, se pudo establecer que el señor Jaime Giraldo Castro reporta un evento con fecha del 11/05/2015, calificado por Positiva a través del dictamen No.759030 del 02/07/2015 de origen laboral el diagnóstico de “traumatismo de pie izquierdo” y de origen común los diagnósticos de “desgarro tipo III del menisco medial con subluxación interna de rodilla izquierda”; es decir, que la pérdida de capacidad laboral por el accidente de trabajo es de 0% en la actualidad, pues se considera que el accidente de trabajo no presenta secuelas por calificar.
Dicha valoración fue controvertida por el accionante y la Junta Regional de Calificación Invalidez de Risaralda emitió el dictamen No.39556605 con fecha del 22/05/2014 mediante el cual estableció una pérdida de capacidad laboral del 20.50%, la que fue apelada por Positiva y hasta el momento se desconoce el pronunciamiento de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez; por tal razón, el accionante debe acudir a la EPS o a la AFP que tenga asignada para reclamar las prestaciones asistenciales y económicas que requiera, ya que Positiva no está facultada para brindar alguna atención médica, pues reitera que el accionante ya fue calificado con un resultado del 0%, sin secuelas derivadas del evento acaecido.
Por lo anterior, consideró que en el presente asunto se deben desestimar las pretensiones del actor por carencia actual de objeto. (Fls. 22-24)
Adjuntó copia del concepto de calificación de la pérdida de capacidad laboral expedida por Positiva Compañía de Seguros del 02/07/2015 y de la notificación de dicho dictamen al accionante (Fls. 25-27)
3.2. EPS S.O.S
Informó que revisado el sistema de información de la EPS, se encontró que el accionante se encuentra afiliado a la misma, quien fue atendido por la ARL Positiva por accidente de trabajo ocurrido el 11/05/2015, y que su empleador “Muebles Bovel” no ha radicado incapacidades derivadas del evento aludido.
Hizo referencia a las normas legales vigentes para concluir que le corresponde a la ARL Positiva reconocer las prestaciones asistenciales al accionante, por cuanto su accidente fue de origen laboral. Así mismo, resaltó que cada subsistema debe de prestar la atención asistencial y económica a su afiliado para lo cual la EPS le corresponde atender eventos de origen general como prestación de servicios de salud y reconocimiento de incapacidades.
Por lo anterior, solicitó negar la acción de tutela por ser las pretensiones del actor improcedentes y en tal sentido, consideró que se debe desvincular a la EPS S.O.S. del trámite. (Fls. 28-40)
4.1. Mediante sentencia del 19 de noviembre de 2015, el Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas, Risaralda, resolvió:
“PRIMERO: TUTELAR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES A LA SALUD, VIDA E INTEGRIDAD PERSONAL de los que es titular el señor JAIME GIRALDO CASTRO; en consecuencia, se ordena a la ARL POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS que en el término improrrogable de 2 días: (i) autorice y realice el procedimiento quirúrgico denominado Artroscopia más remodelación Vs Sutura Meniscal más condrosplastia Abrasión, conforme a lo ordenado con su médico tratante, teniendo en cuenta la patología que padece10 y que dieron origen a esta acción de tutela (ii) el suministro de los demás tratamientos, procedimientos, citas especializadas o no, transporte, viáticos, alojamiento en otra ciudad, medicamentos, terapias, insumos, en la cantidad, calidad y durante el tiempo que determinen los médicos y especialistas, siempre y cuando los mismos estén relacionados con la patología y que dieron origen a esta tutela, como consecuencia del accidente de trabajo que se presentó; todo ello, con el fin de preservar su salud, su vida y está en condiciones de calidad y dignidad humana, al igual que su integridad física, capacidad funcional y orgánica, so pena de incurrir en la sanciones establecidas en el Decreto 2591 de 1991.
SEGUNDO: Se autoriza a la ARL POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS, en el evento que la patología presentada se determine de origen común, recobrar a la EPS SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD, por los gastos que sufrague por los servicios aquí dispuestos y los que demande el señor Jaime Giraldo Castro y que tengan relación directa con las patología que padece y que dieron origen a esta tutela.
TERCERO: Declarar que la EPS SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD, no ha vulnerado derechos fundamentales del señor JAIME GIRALDO CASTRO. (…)”
4.2. Positiva Compañía de Seguros se notificó del anterior fallo el 24 de noviembre de 2015 (folio 68)
5. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN1
La Compañía de Seguros Positiva dentro del término pertinente, 26 de noviembre de 2015, impugnó la decisión con fundamento en los mismos argumentos que sirvieron para la respuesta a la demanda de tutela, en el entendido que el procedimiento quirúrgico denominado “artroscopia más remodelación Vs. Sutura meniscal más condroplastia abrasión” más todo el tratamiento integral que requiera el accionante y que sean ordenados por sus médicos tratantes, no le corresponde a esa ARL, toda vez que los diagnósticos de “desgarro tipo III del menisco medial con subluxación interna de este de rodilla izquierda” se encuentra debidamente calificados por esa aseguradora como de origen común; es decir, clasificados como no derivados del accidente de trabajo, por lo que Positiva no es la llamada a brindar las prestaciones asistenciales y económicas que llegare a requerir frente a los diagnósticos de origen común.
Por lo anterior, solicitó que la decisión de primera sea estudiada y revocada. (Fls. 71-73)
6.1. Esta Sala es competente para conocer de la presente acción, de conformidad con lo establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 reglamentario del artículo 86 de la C.N. A su vez se cumplen los requisitos de legitimación por activa y por pasiva, previstos en los artículos 10 y 13 del Decreto 2591 de 1991.
Esta Corporación debe decidir si el fallo adoptado por el juez de primera instancia fue acorde a los preceptos legales y constitucionales, o si por el contrario hay lugar a revocarlo, de conformidad con lo solicitado por la apoderada de Positiva Compañía de Seguros.
6.3. Sea lo primero indicar que la Constitución Política Colombiana consagró la acción de tutela en el Art. 86 como un derecho que tiene toda persona para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por si misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, o de particulares en su caso, protección que consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo, fallo que será de inmediato cumplimiento; pero esta acción solo es procedente cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que ella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
Frente al tema de la procedencia de la acción de tutela debe decirse que en la jurisprudencia de la Corte Constitucional se han identificado seis causales específicas de improcedencia de la tutela, que son las siguientes:
i) Existencia de otro medio de defensa judicial. 2
ii) Existencia del Habeas Corpus. 3
iii) Protección de derechos colectivos.4
iv) Casos de daño consumado.5
v) Tutela frente a actos de carácter general, impersonal y abstracto. 6
vi) A su vez se han considerado como causales de improcedencia de la tutela, el incumplimiento del principio de inmediatez7; la tutela contra sentencias de tutela8 y la tutela temeraria 9.
La acción de amparo se encuentra regida por el principio de subsidiariedad, ya que no se puede acudir a la tutela para suplantar los medios judiciales existentes10, lo cual obliga al juez a verificar si el medio ordinario resulta idóneo y eficaz para proteger las garantías del actor, con el fin de establecer la procedencia de la tutela11.
6.4. Con respecto a las pretensiones del accionante, cabe resaltar que la Ley 100 de 1993 implementó un sistema integral de seguridad social, diseñado con la aspiración de alcanzar la real aplicación de los atributos de obligatoriedad e irrenunciabilidad que la Constitución le arrogó a la seguridad social, en su doble dimensión de servicio público y derecho fundamental. Al respecto, la normativa de riesgos profesionales dispone que cuando ocurre un accidente laboral o enfermedad profesional, el afiliado tendrá derecho a recibir (i) el servicio asistencial de salud correspondiente, con cargo al sistema, e igualmente (ii) las prestaciones económicas, que se determinarán de acuerdo a las secuelas de la enfermedad o el accidente, cómo incapacidades temporales, subsidios por incapacidad temporal, incapacidad permanente parcial o pensión de invalidez según la gravedad de la pérdida de capacidad laboral.
6.5. Ahora bien, en lo que tiene que ver con el Sistema de Riesgos Profesionales, el Decreto 1295 de 1994 determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales, fue definido en su artículo de la siguiente manera:
“Artículo 1º. Definición. El Sistema General de Riesgos Profesionales es el conjunto de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos, destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan.
Las disposiciones vigentes de salud ocupacional relacionadas con la prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y el mejoramiento de las condiciones de trabajo, con las modificaciones previstas en este Decreto, hacen parte integrante del sistema general de riesgos profesionales”. (Subraya fuera de texto)
6.5.1. La anterior norma incorporó criterios al establecer en su artículo 34, que todo afiliado al SGRP tendrá derecho a que se le brinden los servicios asistenciales y se le reconozcan las prestaciones económicas a que haya lugar, en el evento de sufrir un accidente de trabajo o enfermedad profesional, siempre que éstas generen incapacidad, invalidez o muerte. En consecuencia, incluyó dentro de las funciones de las entidades administradoras de riesgos laborales la de garantizar la prestación del servicio de salud y reconocimiento y pago oportuno de las prestaciones económicas y asistenciales a las que tienen derecho.
6.6. A su turno, la Ley 776 de 2002 “Por la cual se dictan normas sobre la organización, administración y prestaciones del Sistema General de Riesgos Profesionales”, señaló lo siguiente:
“ARTÍCULO 1o. DERECHO A LAS PRESTACIONES. Todo afiliado al Sistema General de Riesgos Profesionales que, en los términos de la presente ley o del Decreto-ley 1295 de 1994, sufra un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, o como consecuencia de ellos se incapacite, se invalide o muera, tendrá derecho a que este Sistema General le preste los servicios asistenciales y le reconozca las prestaciones económicas a los que se refieren el Decreto-ley 1295 de 1994 y la presente ley. (Subrayas fuera del texto original)
Y en su parágrafo 2, advirtió que: “La entidad responsable de reconocer las prestaciones asistenciales y económicas derivadas de un accidente o enfermedad profesional será la administradora de riesgos a la que se encuentre afiliado el trabajador al momento del accidente o, en el caso de la enfermedad profesional, al requerir la prestación.” (Subrayas propias)
6.6.1. Conforme con lo anterior, la Corte Constitucional en la Sentencia T-721 de 2012, M.P Luis Ernesto Vargas Silva, describió el sistema de riesgos profesionales cómo:
“Un sistema de aseguramiento en que el empleador contrata un seguro con una ARP, realiza las cotizaciones de manera oportuna y se encarga de la prevención de los riesgos, de conformidad con lo que le exigen, sobre el particular, el Decreto 1295 de 1994 y la Ley 776 de 2002. La ARP, por su parte, se obliga a reconocer las prestaciones asistenciales y económicas que el trabajador requiera cuando se produzca el riesgo asegurado, es decir, el accidente de trabajo o la enfermedad profesional.” (Subrayado fuera de texto).”
6.7. Cuando existan discrepancias del origen de la enfermedad, deberá estarse a lo dispuesto en el Decreto 2463 de 2001 “Por el cual se reglamenta la integración, financiación y funcionamiento de las juntas de calificación de invalidez"
“ARTICULO 3º-Calificación del grado de pérdida de la capacidad laboral. Corresponderá a las siguientes entidades calificar el grado de pérdida de la capacidad laboral en caso de accidente o enfermedad:
ARTICULO 6º-Calificación del origen del accidente, la enfermedad o la muerte. El origen del accidente o de la enfermedad, causantes o no de pérdida de la capacidad laboral o de la muerte, será calificado por la institución prestadora de servicios de salud que atendió a la persona por motivo de la contingencia en primera instancia y por la entidad administradora de riesgos profesionales en segunda. Cuando se presenten discrepancias por el origen, éstas serán resueltas por la junta integrada por representantes de las entidades administradoras de salud y riesgos profesionales. (…) (Subrayas fuera del texto original)
6.8. Ley 1562 de 2012 por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional.
6.9. Solución al caso concreto
6.9.1. De conformidad con las pruebas allegadas a la demanda de tutela, se observa que la empresa Muebles Bovel Ltda. reportó ante Positiva Compañía de Seguros S.A. el accidente de trabajo sufrido el 11 de mayo de 2015 por el señor Jaime Giraldo Castro, momento en que se encontraba realizando cargue y descargue de una láminas de división de madera “se dobló el pie izquierdo causándole dolor desde la rodilla hasta la punta del pie” (folio 6). Haciendo seguimiento a dicho evento, el accionante fue valorado por el ortopedista el 25 de junio de 2015 remitido por la mencionada aseguradora, quien diagnosticó “desgarro de meniscos presente” y le ordenó la cirugía “artroscopia más remodelación Vs. Sutura meniscal más condroplastia abrasión” (folios 8 y 9) y de la resonancia magnética de rodilla izquierda simple realizada al actor, se concluyó que el mismo presenta: “desgarro tipo III del menisco medial con subluxación interna de este” (folio 7).
6.9.2. Como la ARL Positiva calificó en primera instancia el evento presentado por el señor Giraldo Castro y en el dictamen señaló como diagnóstico de origen laboral “traumatismo de pie izquierdo” y de origen común el “desgarro tipo III del menisco medial con subluxación interna de este de rodilla izquierda” con un porcentaje de la pérdida de capacidad laboral del 0% y consideró que el accidente no presenta secuelas, es que pretende que la cirugía reclamada por el accionante debe ser realizada por la EPS a la cual se encuentra afiliado.
6.9.3. Sin embargo lo anterior, existe un dictamen emitido por la Junta de Calificación de Invalidez de Risaralda con fecha del 26/10/2015 a raíz del recurso interpuesto por el accionante en contra de la calificación de la ARL Positiva, en el que se consideró:
“Paciente remitido por la ARL para calificación de PCL pero no tiene concepto de tratamiento terminado y además tiene pendiente cirugía de rodilla izquierda por lesión de meniscos. Por lo anterior no se puede calificar PCL hasta que el paciente no tenga concepto de tratamiento terminado. Como el paciente requiere prioritariamente que le definan que entidad (EPS o ARL), es la que debe hacerse cargo de su cirugía de la rodilla; y la ARL ya calificó en primera oportunidad el origen de las secuelas del accidente y el paciente no está de acuerdo; entonces esta Corporación procede a realizar solo la calificación de origen de las secuelas del accidente laboral del 11 de mayo de 2015.
Paciente con accidente laboral e historia clínica clara y consecuente de lesión de menisco de rodilla izquierda por mecanismo de torción; la RNM de la rodilla izquierda no muestra patología degenerativa asociada a la lesión traumática aguda del menisco medial izquierdo y el paciente niega antecedentes previos de patología de rodilla izquierda. Por todo lo anterior esta Junta califica los diagnósticos: 1. Desgarro de meniscos presente y 2. Traumatismo superficial del pie y del tobillo, no especificado, como de origen laboral por el accidente de trabajo del 11 de mayo de 2015.” (Subrayas fuera del texto original)
La anterior calificación fue apelada por Positiva Compañía, sin que a la fecha se conozca pronunciamiento alguno por parte de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez.
6.9.4. Así las cosas, para la Sala no existe duda alguna que el evento sufrido por el señor Jaime Giraldo Castro el 11 de mayo de 2015 se originó cuando ejercía una actividad laboral, lo que le ha generado dolor y le impide un normal desarrollo, tal como él mismo lo expresó en su escrito de demanda de tutela “lo tortuosa que ha sido mi vida con dicha patología, no poder hacer ni el más mínimo esfuerzo sabe (sic) que si no se me trata con la diligencia que se requiere puedo terminar a merced del cuidado de terceros…” (folio 1). Lo que significa entonces, que el accionante es una persona que su salud está menguada y en tal sentido, se haya en circunstancias de indefensión circunstancia que lo hace una persona de especial protección, tal como lo advirtió la Corte Constitucional en la Sentencia T-271 de 2012, de la siguiente manera:
“Aunque esta corporación acepta que el concepto de discapacidad no ha tenido un desarrollo pacífico[61], ha concluido que en materia laboral “la protección especial de quienes por su condición física están en circunstancia de debilidad manifiesta se extiende también a las personas respecto de las cuales esté probado que su situación de salud les impide o dificulta sustancialmente el desempeño de sus labores en las condiciones regulares, sin necesidad de que exista una calificación previa que acredite su condición de discapacitados”[62]
El amparo cobija a quien sufre una disminución que dificulta o impide el desempeño normal de su labor, por padecer: (i) una deficiencia entendida como una pérdida o anormalidad permanente o transitoria, sea psicológica, fisiológica o anatómica de estructura o función; (ii) discapacidad, esto es, cualquier restricción o impedimento del funcionamiento de una actividad, ocasionados por una deficiencia en la forma o dentro del ámbito considerado normal para el ser humano; o, (iii) minusvalidez, que constituye una desventaja humana, al limitar o impedir el cumplimiento de determinada función, acorde con la edad, sexo o factores sociales o culturales”. (Subrayas nuestras)
6.9.5. Así las cosas, para esta instancia de acuerdo a la normativa vigente mencionada en el acápite anterior, corresponde a las Administradoras de Riesgos Laborales proteger a los trabajadores afiliados cuando presenten algún quebranto en su salud con ocasión de su trabajo y para el caso sub examine su responsabilidad no sólo abarcaría la realización de la cirugía “artroscopia más remodelación Vs. Sutura meniscal más condroplastia abrasión” al accionante, sino el tratamiento integral para la recuperación de su padecimiento, toda vez que el legislador protegió al trabajador frente a posibles dilaciones en el reconocimiento y pago de las prestaciones que requiera cuando se produzca el riesgo asegurado y facultó a la ARL a repetir proporcionalmente por la cantidad que haya desembolsado. En tal sentido, la Corte Constitucional en la Sentencia T-721 de 2012, M.P Luis Ernesto Vargas Silva describió el sistema de riesgos profesionales, así:
“un sistema de aseguramiento en que el empleador contrata un seguro con una ARP, realiza las cotizaciones de manera oportuna y se encarga de la prevención de los riesgos, de conformidad con lo que le exigen, sobre el particular, el Decreto 1295 de 1994 y la Ley 776 de 2002. La ARP, por su parte, se obliga a reconocer las prestaciones asistenciales y económicas que el trabajador requiera cuando se produzca el riesgo asegurado, es decir, el accidente de trabajo o la enfermedad profesional.” (Subrayado fuera de texto).
6.9.6. Para corroborar lo dicho, se tendrá en cuenta lo relacionado en la sentencia T-552 de 2010, M.P. Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, así:
“De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el Sistema General de Riesgos Profesionales12 tiene como objetivo garantizar la plena satisfacción de los derechos constitucionales a la salud, al trabajo y de todos aquellos derechos que eventualmente resulten vulnerados por la ocurrencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional, pues el quebrantamiento por exceso de las cargas que soporta el trabajador supone una honda fractura del ordenamiento constitucional, el cual, como ya fue señalado, tiene una marcada preocupación por garantizar la vigencia de estos derechos ante la ocurrencia de tales eventos13. Así, las consecuencias negativas que al trabajador le produzca cualquier clase de quebrantos físicos y/o mentales con ocasión de su trabajo, es imputable al empleador en cuanto este genera el riesgo debido a que obtiene un provecho directo de la fuerza de trabajo ejercida por el empleado.
Sin embargo, la legislación trasladó esta responsabilidad a entidades especializadas como las Administradoras de Riesgos Profesionales –A.R.P.-, que, como parte del sistema general de riesgos profesionales, están destinadas a “prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que pueden ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan”14. (Subrayas nuestras)
Con el anterior pronunciamiento jurisprudencial y analizada la situación del señor Giraldo Castro, quien no tiene un tratamiento terminado como consecuencia del accidente laboral sufrido el 11 de mayo de 2015, tal como lo concluyó la Junta de Calificación de Invalidez de Risaralda, las prestaciones asistenciales con respecto a los diagnósticos “Desgarro de menisco presente y Traumatismo superficial del pie y del tobillo” deberá ser asumido por Positiva Compañía de Seguros S.A.
Así las cosas, este Tribunal confirmará la decisión tomada por el A quo.
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de Decisión Penal administrando justicia en nombre de la República y por mandato de la Constitución y la ley.
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo proferido el 19 de noviembre de 2015 por el Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas, Risaralda, dentro de la acción de tutela instaurada por la señor Jaime Giraldo Castro en contra de la ARL Positiva Compañía de Seguros S.A.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más expedito posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991 y REMITIR la actuación a la Honorable Corte Constitucional, para su eventual revisión con base en lo dispuesto por el inciso 2º del artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.
1 Folios 102 al 107 (copias enviadas por fax) y folios 115 al 120 (originales enviados por correo)
2 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-1
3 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-2
4 Decreto 2591 de 1991 , artículo 6-3
5 Decreto 2591 de 1991 , artículo 6-4
6 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-5
7 Sentencia T - 903 de 2008 entre otras
8 Sentencia T - 1219 de 2001
9 Decreto 2591 de 1991,, artículo 38 . Sentencia T-407 de 2005 entre otras.
10 Sentencia T-409 de 2008
11 Sentencia T-011 de 1997 entre otras.
12 Decreto Ley 1295 de 1994 y Ley 776 de 2002. En la sentencia C-453 del 12 de junio de 2002 M.P., Alvaro Tafur Galvis esta Corporación manifestó que el Sistema de riesgos profesionales se apoya en un régimen objetivo de responsabilidad que, a su vez, tiene como fundamento el riesgo creado por el empleador.
13 Sentencia T-062 de l 1º de febrero de 2007 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
14 Artículo 139 ley 100 de 1993 y artículo 1° Decreto 1295 de 1994.
Dr. Escobar Sanz -> Radicado: 66594 60 00 063 2010 00075 01 Procesado: Alonso Bueno Dávila Delito: Acto sexual con menor de 14 años con circunstancias de agravación Asunto: Confirma parcialmente sentencia de primera instancia