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Timestamp: 2019-10-19 07:23:28
Document Index: 119141732

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 47', 'artículo 17', 'artículo 5', 'artículo 1', 'artículo 5', 'artículo 15', 'artículo 15']

LEY 6/1998, de 13 de mayo, de regulación del funcionamiento de las secciones de crédito de las cooperativas. (Corrección de erratas en el DOGC núm. 3283, pág. 15737, de 12.12.2000). - DOGC. Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya (en castellano) - Legislación - VLEX 39045468
6/1998, de 13 de mayo, de regulación del funcionamiento de las secciones de crédito de las cooperativas. (Corrección de erratas en el DOGC núm. 3283, pág. 15737, de 12.12.2000).
Se consideran secciones de crédito las unidades económicas y contables internas de las cooperativas que se sujetan a los requisitos establecidos por la presente Ley y por la Ley de Cooperativas de Cataluña.
El objeto de las secciones de crédito es el cumplimiento de alguno de los fines siguientes:
Las secciones de crédito de las cooperativas no tienen personalidad jurídica independiente de éstas y limitarán la gestión de operaciones activas y pasivas al seno de la propia cooperativa, a los socios y adheridos y a los miembros de la comunidad familiar afectos a la actividad económica de los socios.
Las cooperativas que crean o mantienen una sección de crédito, de acuerdo con la regulación de la presente Ley, serán inscritas en el Registro de Cooperativas. El incumplimiento de este requisito excluye a la cooperativa afectada del ámbito de aplicación de la presente Ley y del uso de esta denominación, independientemente de la existencia o no de unidades diferenciadas internamente en el seno de la cooperativa con finalidades similares a las previstas en la presente Ley para las secciones de crédito.
A efectos del apartado 1, el Departamento de Trabajo inscribirá en una sección especial del Registro de Cooperativas las cooperativas con sección de crédito que cumplan los requisitos establecidos por la presente Ley y comunicará al Departamento de Economía y Finanzas las altas y las bajas y otras modificaciones que se produzcan.
Los recursos propios de la cooperativa cubrirán un porcentaje del inmovilizado material e inmaterial neto que determinará el reglamento, pero que en ningún caso puede ser inferior al 50%. El reglamento fijará, igualmente, una relación máxima entre el total de pasivo exigible y los recursos propios de la cooperativa.
La actividad de las secciones de crédito no puede tener una dimensión de tal orden que constituya de hecho la actividad principal de la cooperativa. Se determinarán por reglamento los indicadores con los cuales se establece este supuesto.
Las cooperativas con sección de crédito pueden invertir en actividades de la cooperativa hasta un límite máximo del 50% de los recursos de la sección de crédito. Cada operación crediticia que la cooperativa hace con cargo a los recursos de la sección de crédito necesita el acuerdo del consejo rector, con informe previo del director o gerente. El acuerdo, que también establecerá los intereses que se imputarán a favor de la sección de crédito, constará en acta.
Del importe global utilizado por la cooperativa según lo que establece el apartado 1, se puede destinar a inversiones de inmovilizado una cifra no superior al 25% de los recursos de la sección. Este porcentaje puede ser incrementado hasta un máximo del 50% mediante acuerdo expreso adoptado por la asamblea con el voto favorable de las dos terceras partes de los asistentes.
Los recursos de la sección no se pueden aplicar a la creación o financiación de sociedades o de empresas cuya forma jurídica no sea la de cooperativa. Quedan exentas de esta prohibición las sociedades agrarias de transformación (SAT) o cualquier otra empresa de economía social.
Las cooperativas con sección de crédito pueden hacer préstamos y créditos a los socios y a los adheridos para las finalidades establecidas por el artículo 1.2. La concesión de cada operación necesita el acuerdo del consejo rector o del órgano que éste haya facultado expresamente, con informe previo del director o gerente, y constará en acta.
Sin perjuicio de lo que establece el apartado 1, las cooperativas con sección de crédito tienen limitado el volumen de operaciones de riesgo a un solo socio, adherido o a un grupo de socios que por su especial vinculación mutua constituyan una unidad de riesgo. Se determinará por reglamento el límite mencionado en función de los recursos totales de la entidad y de la naturaleza y el período de riesgo, y también los criterios para la delimitación del concepto de unidad de riesgo.
Las cooperativas con sección de crédito no pueden instrumentar por medio de la sección de crédito riesgos de firma con socios ni adheridos.
Si la persona beneficiaria de la operación es miembro del consejo rector o de la dirección o es interventor, o, siendo socio o adherido de la cooperativa, es auditor, o bien tiene parentesco con una persona que tiene alguna de las condiciones mencionadas dentro de los límites señalados por el artículo 47 de la Ley de cooperativas de Cataluña, su concesión será acordada por el consejo rector mediante votación secreta y con inclusión previa en el orden del día.
Las personas beneficiarias de la operación se consideran en situación de conflicto de intereses y no pueden tomar parte en la votación correspondiente.
a) Importe máximo de las operaciones activas con la propia cooperativa, que no puede exceder el límite del 50% de los recursos de la sección.
b) Importe máximo del límite global anterior que se puede invertir en inmovilizado de la cooperativa, cuando la cifra resultante exceda del 25% de los recursos de la sección, importe que no puede ser superior al 50% prescrito por el apartado a).
Las cooperativas con sección de crédito harán constar claramente en la documentación contractual que expidan a favor de los socios y adheridos acreedores la sujección a las prescripciones de la presente Ley. Las cooperativas incluirán también la expresión sección de crédito en cualquier referencia documental que hagan de esta sección.
Las secciones de crédito de las cooperativas mantendrán a sus usuarios corrientemente informados de las condiciones económicas que aplican a las operaciones pasivas y activas, sin perjuicio de la información que se dará obligatoriamente a la asamblea general.
Los saldos acreedores de los socios y de los adheridos a la sección de crédito son pasivo exigible por éstos en los términos acordados entre la cooperativa y los socios y adheridos individualmente.
Las secciones de crédito de las cooperativas tendrán una gestión autónoma y sus estados contables se elaborarán de manera independiente.
Las Cooperativas con sección de crédito quedan sujetas a las normas de contabilidad contenidas en el Plan general de contabilidad y en la normativa que en su desarrollo apruebe el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC). En lo que no esté previsto por el Plan general de contabilidad y por la normativa mencionada, son aplicables las normas que apruebe el Departamento de Economía y Finanzas.
A efectos de lo que establece el apartado 1, se faculta al Departamento de Economía y Finanzas para establecer y modificar las normas de contabilidad aplicables a los supuestos no previstos por el Plan general de contabilidad y por la normativa dictada para su desarrollo. Este Departamento determinará los modelos a que se ajustará la información contable y financiera que le presentarán las cooperativas con sección de crédito y la periodicidad y el plazo con que estos datos le serán facilitadas.
Las cooperativas con sección de crédito someterán las cuentas anuales a auditoría externa de acuerdo con los requisitos que establece la Ley 19/1988, de 12 de julio, de auditoría de cuentas, que incluirá un informe complementario, especialmente referido a la actividad financiera de la sección de crédito, que se elaborará de acuerdo con las normas técnicas dictadas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas y los contenidos mínimos fijados por el Departamento de Economía y Finanzas.
En el plazo máximo de dos meses a partir de la fecha en que la asamblea general aprueba las cuentas anuales, las cooperativas presentarán en el Departamento de Trabajo tres ejemplares de la auditoría y del informe complementario prescrito por el apartado 1 para su depósito en el Registro General de Cooperativas. El Departamento de Trabajo remitirá una de las copias presentadas al Departamento de Economía y Finanzas.
El Departamento de Economía y Finanzas puede inspeccionar directamente la actividad de las secciones de crédito de las cooperativas y también su situación financiera y patrimonial y, en su caso, los epígrafes específicos de las cuentas de la cooperativa a fin de comprobar el cumplimiento de la presente Ley.
La imposición de las sanciones por la comisión de infracciones tipificadas por la presente Ley corresponde a los órganos que establece el artículo 17, mientras que las sanciones derivadas del incumplimiento de los preceptos de la Ley de cooperativas de Cataluña corresponde al órgano competente del Departamento de Trabajo. A este efecto, el Departamento de Economía y Finanzas le dará traslado de las infracciones observadas en el decurso de la inspección practicada.
En los casos en que la no realización o la falta de depósito de auditoría sea sancionable por ambos departamentos, la imposición de la sanción corresponde al Departamento de Trabajo.
Las infracciones de las disposiciones establecidas por la presente Ley, por la normativa que la desarrolla y por el resto de la normativa contable aplicable se clasifican en muy graves, graves y leves.
a) Tener un déficit del 30% o más de los recursos propios a que se refiere el artículo 5.1 y permanecer en esta situación, por lo menos, durante un período de 12 meses.
b) Realizar mediante la sección de crédito operaciones activas o pasivas con personas o entidades diferentes de las mencionadas por el artículo 1, cuando se hace con carácter habitual o superando el 60% de los recursos propios de la cooperativa.
a) Tener el déficit en los recursos propios a que se refiere el artículo 5.1 y permanecer en esta situación, por lo menos, durante un período de 12 meses, cuando esto no constituya infracción muy grave.
g Realizar actos u operaciones sin el acuerdo del consejo rector o del órgano que éste haya facultado expresamente, cuando este acuerdo sea preceptivo.
h No depositar la auditoría externa de cuentas anuales.
Son infracciones leves los incumplimientos de la presente Ley, de las disposiciones que la desplieguen y del resto de la normativa contable aplicable que no se califican como graves o muy graves.
A efectos de la aplicación de la sanción correspondiente, las infracciones pueden ser de grado mínimo, medio y máximo, en función de la existencia de intencionalidad o de reiteración, de la naturaleza de los perjuicios causados, de las consecuencias económicas y sociales que produzcan, del número de socios de la cooperativa, de la dimensión económica de los hechos, del volumen de operaciones de la cooperativa y de la sección de crédito y de la reincidencia por comisión en el plazo de un año de más de una infracción de la misma naturaleza, cuando así haya sido declarado por resolución firme.
Las infracciones muy graves se sancionan con una multa de 250.001 a 500.000 pesetas, las de grado mínimo; de 500.001 a 1.000.000 de pesetas, las de grado medio, y de 1.000.001 a 5.000.000 de pesetas, las de grado máximo. Adicionalmente, en el caso de infracciones de grado máximo se puede sancionar con la baja de la sección de crédito del Registro de Cooperativas.
Las infracciones graves se sancionan con una multa de 50.001 a 75.000 pesetas, las de grado mínimo; de 75.001 a 150.000 pesetas, las de grado medio, y de 150.001 a 250.000 pesetas, las de grado máximo.
Las infracciones leves se sancionan con una multa de 5.000 a 10.000 pesetas, las de grado mínimo; de 10.001 a 25.000 pesetas, las de grado medio, y de 25.001 a 50.000 pesetas, las de grado máximo.
Además de la sanción que corresponda imponer a la cooperativa, se sanciona con una multa al director o directora o gerente, a cada uno de los interventores o interventoras de cuentas y de los miembros del consejo rector que sean responsables de la infracción por una conducta dolosa o negligente.
El importe de las multas que se impongan a las personas mencionadas es el siguiente:
a) Al director o directora o gerente, el 30% de los importes establecidos por el artículo 15.
b) A cada uno de los miembros del consejo rector y de los interventores o interventoras de cuentas, el 20% de los importes establecidos en el artículo 15.
Corresponde al director o directora general de Política Financiera, del Departamento de Economía y Finanzas, imponer las sanciones hasta 1.000.000 de pesetas, y al consejero o consejera de Economía y Finanzas las sanciones de importe superior a 1.000.000 de pesetas y la baja de la sección de crédito.
En la tramitación de los expedientes sancionadores es aplicable la normativa del procedimiento administrativo común y el que establece el Decreto 278/1993, del 9 de noviembre, sobre el procedimiento sancionador aplicable en los ámbitos de competencia de la Generalidad.
Sin perjuicio de las facultades específicas que la presente Ley otorga al Departamento de Economía y Finanzas, el Gobierno de la Generalidad, a propuesta del Departamento mencionado y del Departamento de Trabajo, dictará las normas para su desarrollo.
Cualquier norma que se dicte en desarrollo de lo que establece la presente Ley será sometida a consulta del Consejo Superior de la Cooperación.
La presente Ley entra en vigor al día siguiente de haber sido publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Palacio de la Generalidad, 13 de mayo de 1998
(98.133.012)
DECRET 87/2008, de 22 d'abril, pel qual es modifica el Decret 62/2007, de 13 de març, de desplegament orgànic de la Direcció de Serveis del Departament de la Vicepresidència.