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Timestamp: 2020-07-14 09:56:45
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Justicia y Transparencia - 04159-2009-PHD/TC
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/04159-2009-HD.html
EXP. N.° 04159-2009-PHD/TC
CARPIO MANRIQUE
En Lima, a los 28 días del mes de mayo de 2010, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Beaumont Callirgos y Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia
Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Leonardo Ángel Carpio Manrique contra la resolución de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Ica, de fojas 44, su fecha 23 de junio de 2009, que declaró improcedente la demanda de autos.
Con fecha 14 de octubre de 2008, el recurrente interpone demanda de hábeas data contra el Director del Hospital Regional del Ministerio de Salud de Ica, con el objeto que le entregue la epicrisis de don Juan Pablo Torres Galindo, quien manejaba la camioneta de placa de rodaje PIA – 911 de propiedad de la UGEL – CHINCHA y llevaba como pasajero a su hijo, don Arturo Miguel Leonardo Carpio Castro, quien se desempeñaba como Jefe de Asesoría Jurídica de dicha entidad y quien falleciera el día 6 de junio de 2008 en la carretera Panamericana Sur, sector La Bandera. Sostiene que requiere dicha información de carácter público, para esclarecer lo ocurrido en la fecha precitada.
El Director Ejecutivo del Hospital Regional de Ica contesta la demanda solicitando que la demanda sea declarada infundada, en aplicación del artículo 2.5º de la Constitución y de la Ley N.º 26842, Ley General de Salud, dispositivos que establecen que no se puede suministrar información que afecte la intimidad personal y familiar.
El Segundo Juzgado Especializado Civil de Ica, con fecha 31 de marzo de 2009 (f. 27), declaró improcedente la demanda, por considerar que el derecho de acceso a la información no comprende a la información que forma parte de la vida privada de terceros; en ese contexto, el artículo 25º de la Ley N.º 26482, Ley General de Salud, establece que toda información relativa al acto médico que se realiza tiene carácter reservado, con las excepciones que refiere dicho dispositivo.
La Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Ica confirmó la apelada similares argumentos, citando otros dispositivos legales.
1. La demanda tiene por objeto que la autoridad emplazada haga entrega al demandante en autos de la información solicitada, consistente en la epicrisis perteneciente a una tercera persona que está involucrada con un accidente de tránsito en el que el hijo del demandante falleció.
2. A fojas 2 corre el documento presentado por el demandante ante la entidad emplazada, solicitando la documentación a que se ha hecho referencia.
Ámbito protegido del derecho de acceso a la información “pública”
3. El derecho fundamental de acceso a la información pública se encuentra reconocido en el inciso 5 del artículo 2 de la Constitución de 1993. Asimismo, y como ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se encuentra reconocido en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (caso Claude Reyes vs. Chile, del 19 de setiembre del 2006, fundamento 77). En términos generales, este derecho consiste en la facultad que tiene toda persona de solicitar y acceder a la información que se encuentra en poder de las entidades estatales.
4. Como ya lo ha expresado este Tribunal Constitucional, el derecho de acceso a la información tiene una vertiente individual y una colectiva. La primera centra su relevancia en el beneficio individual que la persona tiene al acceder a la información pública solicitada, con lo que puede ejercer otros derechos de relevancia constitucional, como la libertad de investigación, de opinión o de participación ciudadana. La vertiente colectiva, en cambio, comprende a la información pública como un “auténtico bien público o colectivo, que ha de estar al alcance de cualquier individuo, no sólo con el fin de posibilitar la plena eficacia de los principios de publicidad y transparencia de la Administración Pública, en los que se funda el régimen republicano, sino también como un medio de control institucional sobre los representantes de la sociedad; y también, desde luego, para instar el control sobre aquellos particulares que se encuentran en la capacidad de poder inducir o determinar las conductas de otros particulares o, lo que es más grave en una sociedad como la que nos toca vivir, su misma subordinación” [STC 01797-2002-HD/TC, fundamentos 10 y 11]. Evidentemente ambas dimensiones conforman indisolublemente este derecho, respondiendo tal división a una finalidad didáctica que permita presentar un análisis detallado de su estructura.
5. De otro lado, el contenido constitucionalmente protegido del derecho de acceso a la información pública es que nadie pueda ser arbitrariamente impedido de acceder a la información que guarden, mantengan o elaboren las diversas instancias y organismos del Estado o personas jurídicas bajo el régimen privado que prestan servicios públicos o ejerzan función administrativa, en virtud de concesión, delegación o autorización. Asimismo, tal como lo expresa el artículo 2, inciso 5 de la Constitución, la persona que solicite la información pública solo tendrá que abonar el costo que suponga tal pedido. Dicho costo tendrá que ser proporcional, quedando vedada cualquier exigencia de pagos exagerados, ya que, de lo contrario, también se estará afectando el contenido constitucionalmente protegido del derecho de acceso a la información pública.
6. De acuerdo a lo expuesto, las vulneraciones del derecho al acceso a la información pública pueden clasificarse en dos tipos: a) por omisión: cuando la solicitud no es contestada; y, b) por acción: cuando se niega arbitraria y expresamente la información solicitada o se condiciona la entrega de la información a un pago desproporcionado.
7. Ahora bien, como ya lo ha expresado el Tribunal Constitucional, el derecho de acceso a la información pública es una modalidad o concreción del derecho de petición [STC 1797-2002-HD/TC, fundamentos 5-7], que está conformado por dos aspectos: 1) La libertad de la persona de formular pedidos por escrito ante autoridad competente; y, 2) La obligación de dicha autoridad de dar respuesta al peticionante por escrito y en un plazo razonable [STC 1042-2002-AA/TC, fundamento 2.2.4.]. Por consiguiente, es claro que la sola omisión de contestar solicitudes de acceso a la información constituye ya una vulneración a tal derecho.
Información que no puede ser entregada
8. El artículo 2º inciso 5) de la Constitución establece expresamente que toda persona tiene derecho “A solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido. Se exceptúan las informaciones que afectan la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional”.
9. La Ley N.º 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su artículo 15-Bº precisa como excepción al ejercicio del derecho a la información la de naturaleza confidencial, precisando en el inciso 5) de la misma que “La información referida a los datos personales cuya publicidad constituya una invasión de la intimidad personal y familiar. La información referida a la salud personal, se considera comprendida dentro de la intimidad personal. En este caso, sólo el juez puede ordenar la publicación sin perjuicio de lo establecido en el inciso 5 del artículo 2 de la Constitución Política del Estado”.
10. De otro lado, y en lo que corresponde a la Ley N.º 26842, Ley General de Salud, su artículo 25º expone que “Toda información relativa al acto médico que se realiza, tiene carácter reservado”, regulando dicho dispositivo las excepciones a dicha reserva.
11. En el caso de autos, que, la información que se requiere no solo está referida a un acto médico, sino además, se encuentra vinculada a la intimidad de una persona; en consecuencia, la demanda debe ser desestimada.
12. En todo caso, de existir un proceso judicial relacionado con los hechos narrados por el demandante, vinculados con el fallecimiento de su hijo, corresponde que esta información sea requerida por el juez competente, mediante resolución debidamente motivada, si es que aquel la considera pertinente.
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