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Timestamp: 2019-09-18 03:37:43
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﻿ SENTENCIA 24541 DE NOVIEMBRE 22 DE 2005
SENTENCIA 24541 DE 22 DE NOVIEMBRE DE 2005
CONTENIDO:RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN. PROCEDENCIA DE APLICACIÓN EN SU ESTRICTO RIGOR TÉCNICO, QUE AL INCUMPLIRSE RESULTARÍA INESTIMABLE.
TEMAS ESPECÍFICOS:PRINCIPIO DE LA REFORMATIO IN PEJUS, CONVENCIÓN COLECTIVA, PRESTACIONES EXTRALEGALES, RECURSO DE CASACIÓN
Sentencia 24541 de noviembre 22 de 2005
Ref.: Radicación 24541
Acta: 100
Bogotá, D.C., veintidós de noviembre de dos mil cinco.
Decide la Corte el recurso extraordinario de casación interpuesto por Betty Leticia Hoyos (C.C. 38.982.023), a través de apoderada judicial, con el que recurre la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, Sala Laboral, el 13 de mayo de 2004, dentro del proceso ordinario laboral que promovió en contra de las Empresas Municipales de Cali Emcali EICE ESP.
La demandante persigue el quiebre de la sentencia antecitada, mediante la cual el tribunal confirmó la decisión absolutoria de primera instancia (feb. 18/2003, Juez Décimo Laboral del Circuito de Cali), respecto de sus pretensiones, relativas a que se condenara a la demandada a pagarle la diferencia salarial entre el salario que devengó y el que corresponde al cargo superior que ejerció transitoriamente, de lo cual se desprende, además, la reliquidación de las primas, vacaciones, cesantías y jubilación.
Fundamentó tales pedimentos en los siguientes hechos:
Se retiró de la empresa el 30 de noviembre de 1997, al serle reconocida pensión de jubilación; su cargo era el de auxiliar de oficina. En el año 1996 reemplazó a la señora Malena Puente en el cargo de secretaria de registro, quien recibía un salario de $ 917.050, pero solo se le canceló la suma de $ 397.000 correspondiente al cargo del cual era titular; que la señora Puente en el año 1997 recibió un salario de $ 1.030.550, y a ella se le pagaron $ 477.000; el reemplazo que realizó fue por un año y nueve meses, lapso en el cual no se le reconoció el valor del salario correspondiente al cargo que ocupaba la funcionaria a quien reemplazaba. Que el artículo 56 de la Convención colectiva de trabajo única 1996 -1998 (época del reemplazo) establece: “Pago de diferencia de sueldo. Emcali reconocerá a todo trabajador que por orden suya reemplace transitoriamente a otro de clasificación superior o mayor sueldo, el mismo sueldo que estuviere devengando este, siempre que la duración de dicho reemplazo sea superior a un (1) día”.
La enjuiciada se opuso a las pretensiones y propuso las excepciones de inexistencia de la obligación.
El Tribunal Superior de Cali conoció del asunto por apelación de la demandante, con el resultado ya mencionado.
En lo concerniente al recurso extraordinario, el tribunal encontró que, aunque la empresa había negado a lo largo del proceso que la accionante hubiera ocupado el cargo de secretaria auxiliar, en reemplazo de Carmen Malena Puentes, ello estaba desvirtuado con las documentales visibles del folio 60 a 62 y 182, provenientes de funcionarios de la demanda, y con los testimonios de Carmen Malena Puentes, Henry Yanguas y Omaira Carvajal, que acreditan que se había desempeñado como secretaria auxiliar desde noviembre de 1996 hasta su retito.
Estimó que aunque se invocaba el artículo 56 de la Convención colectiva de trabajo, como sustento de la pretensión de la diferencia salarial deprecada, no se había demostrado su existencia, porque en el ejemplar allegado no aparecía la constancia de su depósito oportuno; ante lo anterior optó por decidir el asunto conforme a lo legal: artículo 5º de la Ley 6ª de 1945, cuyo texto transcribió.
“Estudiada la hoja de vida de la demandante y de la funcionaria a quien reemplazó en el cargo a cuyo salario se aspira, se encuentra que existe notoria diferencia en el nivel educativo de las dos, pues en el documento de folio 123... aparece anotado: “1 de normal”, sin que obre en el expediente prueba de un grado de estudio superior, mientras que... obra fotocopia del título de bachiller conferido a Carmen Malena Puentes, y a folios... aparece fotocopia del título de administrador de empresas otorgado a la misma por la Universidad Libre.
“Si la demandante no ostenta siquiera el título de bachiller, pues apenas cursó el primer año de enseñanza secundaria, no puede alegar encontrarse en igualdad de condiciones frente a su antecesora en el cargo de secretaria auxiliar que desempeñó transitoriamente, quien tiene título profesional como administradora de empresas, diferencia ostensible que igualmente impide admitir que las condiciones de eficiencia en el desempeño de funciones fueran iguales, toda vez que es innegable que está en condiciones de desempeñarse con mayor eficiencia una persona con título universitario que quien apenas estudió hasta primer grado secundaria”.
Transcribió apartes de sentencias de la Corte Constitucional para precisar lo concerniente al derecho de igualdad, para concluir que, en el caso, no se había estado en presencia de la discriminación predicada en el libelo, porque para ello, era necesario haber probado que se encontraba en las mismas condiciones de educación y preparación que tenía la funcionaria con quien se contrastaba, lo cual no se había acreditado.
Interpuesto por la parte demandante, concedido por el tribunal, admitido por la Corte, no replicado se procede a resolver.
Aspira el recurrente se case la sentencia recurrida y, en sede de instancia, se revoque la sentencia proferida por el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Cali, “en cuanto a que se declaró probada la excepción de la obligación propuesta por Emcali, la absolución a la demandada y la condenación en costas. En su lugar condene a Emcali... a reintegrar la accionante —sic— y pagarle la diferencia del salario que dejó de percibir por haber laborado en cargo superior, reliquidación de primas, de vacaciones, cesantías y jubilación. Sirviéndose proveer sobre costas“.
Con tal propósito, por la causal primera de casación formula un cargo, que denominó “cargo primero”.
Afirma que la sentencia impugnada viola, vía directa, por interpretación errónea, los artículos 5º y 13 de la Constitución; 5º de la Ley 6ª de 1945; y el 56 de la Convención colectiva de trabajo, “interpretación que produjo la no aplicabilidad de estas normas”.
Seguidamente manifestó que las enunciadas violaciones legales, se dieron por haber el ad quem incurrido en cuatro errores de hecho que procedió a señalar (los cuales es inane transcribir dada su evidente incongruencia con la vía escogida); y expresa que tales errores tienen su origen en la equivocada valoración probatoria que el tribunal hizo de las pruebas y piezas procesales que en número de nueve enlista, para proceder, en seguida, a formular la demostración del cargo.
Transcribe apartes del fallo del tribunal y alude a los artículos 5º y 13 de la Carta y transcribe el 5º de la Ley 6ª de 1945. Expresa, simplemente, que no es de recibo la apreciación del ad quem sobre la imposibilidad de apreciar la convención y continúa en los siguientes términos:
“y de ahí también la interpretación errónea del honorable tribunal, ya que si se puede apreciar la convención. Ahora, la señora Betty Leticia Hoyos sí era bachiller al momento de ingresar a Emcali, cursó hasta cuarto de bachillerato (anexo copia auténtica), ya que en esa época únicamente era hasta ese año, no realizó solamente el grado primero de bachillerato, yo sé que no es de recibo en esta oportunidad mencionarlo, ya tuvo la oportunidad la parte demandante de haberlo demostrado quizás; téngase encuenta —sic— que mi patrocinada siempre obtuvo las más altas calificaciones, además la señora Carmen Malena Puente, era bachiller únicamente al momento de reemplazarla mi poderdante.
La señora Betty Leticia fue inscrita en el escalafón de la carrera administrativa en el empleo de auxiliar de oficina desde el 23 de diciembre de 1993, según comunicado el cual se anexó en la respectiva demanda y recurso de casación.
Al desempeñar el cargo mencionado, situación trabada durante el proceso, se encontraba en igual —sic— de condiciones, nunca tuvo un llamado de atención durante el tiempo de sus labores; se consideraba igualdad al momento de desempeño en su cargo; pero nunca se mencionó en la convención colectiva, que dicha trabajadora sería merecedora de la aplicación del artículo 5º de la Ley 6ª de 1945 —sic—. Se está restringiendo la aplicación de la norma.
La diferencia salarial si —sic— la hubo, violando la Convención colectiva única período 1996 -1998, la cual cobija a la señora Betty... como trabajadora de Emcali y según lo estipulado en la mencionada, además dicha convención era aplicable al haberse celebrado durante el período de reemplazo de mi representada.
Demostrado como está —sic—, la violación a la Convención colectiva única —sic— de Emcali, la diferencia salarial y la igualdad de condiciones, estas y mucho más son razones para que el honorable Tribunal Superior de Cali que confirmó la proferida por el Juzgado Décimo Laboral de Cali, anule esta imponiendo la obligación a la entidad —sic— Emcali EICE ESP, a pagar la diferencia entre el salario que devengó y el salario que ocupó durante un año, reliquidación de primas, de vacaciones, cesantías, jubilación y las demás que se deriven”.
Las anteriores consideraciones, muestran con absoluta claridad que el Tribunal Superior de Cali incurrió en los citados errores de hecho endilgados en el cargo, capaces de quebrar el fallo recurrido y proceder de conformidad con el alcance subsidiario de la impugnación”.
Como recurso extraordinario que es, que implica la posibilidad de extinguir trascendentes actos jurisdiccionales como lo son las sentencias, provenientes, por lo general, de un tribunal superior, las cuales están protegidas por presunciones de acierto y legalidad, el ejercicio de la casación está, de un lado, restringido, pues no todas las sentencias son susceptibles del mismo y, de otro, sometido a estrictas previsiones y requisitos legales y jurisprudenciales.
En desarrollo de tal marco, una vez más debe la Sala reiterar que la demanda de casación debe avenirse al estricto rigor técnico que su planteamiento y demostración exigen, acatando las reglas legales y desarrollos jurisprudenciales fijados para su procedencia, pues un acto procesal de esta naturaleza y categoría está sometido a su formulación a una técnica lógico-jurídica especial y rigurosa, que al incumplirse, conduce a que el recurso extraordinario resulte inestimable, y por tanto, imposible el estudio de fondo de los cargos.
Ha de insistirse también en que este medio extraordinario de impugnación no constituye una tercera instancia y, por ende, no le otorga competencia a la Corte para juzgar el pleito con el objeto de resolver a cuál de los litigantes le asiste la razón, puesto que la labor de la corporación, siempre que el recurrente sepa plantear la acusación, se limita a enjuiciar la sentencia con el objeto de establecer si el juez de apelaciones, al proferirla, violó o no la ley sustancial de alcance nacional que estaba obligado a aplicar para rectamente dirimir el conflicto.
El recurso de apelación propende —como se dijo— por el imperio de la ley sustancial, la cual puede ser infringida de dos formas por los falladores, (las llamadas “causales”): mediante la violación de aquella ley (causal 1ª), o, a través de desconocimiento del principio de la no reformatio in pejus (causal 2ª).
A su vez, la violación de la ley sustancial (o causal primera), puede darse a través de las llamadas vías directa o vía indirecta.
En la vía directa, el fallador viola aquella ley mediante tres posibilidades:
La inaplica por ignorancia o rebeldía (infracción directa), la interpreta erróneamente (interpretación errónea) o la aplica indebidamente (aplicación indebida). Doctrina y jurisprudencia han precisado los alcances de cada una de dichas expresiones.
La violación por vía indirecta implica llegar a decisiones distanciadas de la ley sustancial de alcance nacional, por dislates exclusivamente jurídicos; lo que significa que, en dicho nivel, el tribunal obtiene una conclusión específica, mediante la aplicación, inaplicación o interpretación de una determinada norma jurídica, quedando por fuera de su razonamiento todo lo relativo a las pruebas del proceso.
A su turno, se violará la ley sustancial de alcance nacional, por la vía indirecta, cuando el tribunal estime erróneamente, o deje de estimar, determinadas pruebas procesales. Tal proceder lo conducirá a cometer errores de hecho o de derecho, conscientes ambos, en tener por probado dentro del proceso algo que realmente no lo está, o, en no tener por probado lo que realmente sí lo está; el primero, (conocido como de “hecho”), es predicable solo respecto de la confesión, la inspección judicial o el documento auténtico y, el segundo, (llamado “de derecho”), respecto de las llamadas pruebas solemnes.
Dentro del marco sintéticamente bosquejado ha de dirigirse o enfocarse correctamente el ataque a la sentencia mediante el recurso de casación.
No es posible construir los cargos con los cuales se acusa la sentencia, realizando, ni mixtura los submotivos de la vía directa, ni de los propios de la indirecta; ni, mucho menos, la mezcla de las dos vías, pues, a cada una corresponde estrictamente y, en sana lógica, una específica presentación argumentativa.
En desarrollo de lo anotado, al analizar el cargo presentado, se observa que no está llamado a ser estimado, por las razones que a continuación se explican:
En cuanto a la proposición jurídica, es de señalar, en primer lugar, que la violación de normas constitucionales, en principio, no es susceptible de planearse dentro del recurso extraordinario, dado el carácter genérico que ostentan, respecto de los derechos sustanciales concretos reconocidos, en las leyes de alcance nacional; en segundo lugar, si, según la demanda, el artículo 56 de la Convención colectiva de trabajo, era la norma esencial que consagraba el derecho al pago de la diferencia salarial pretendido por la actora, eje del proceso, entonces era forzosa la citación de la violación del artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo, tal como lo ha señalado la Corte:
“Lo anterior es pertinente porque en el asunto bajo examen, la censura no invocó el precepto sustantivo del orden nacional que le da fuerza normativa a la Convención colectiva de trabajo, esto es, el artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo. Esa omisión en manera alguna puede ser suplida por la Corte, dado que es suficientemente conocido que las decisiones judiciales están amparadas por la presunción de acierto y legalidad, lo que consecuentemente impregna al recurso de casación del principio dispositivo, el cual le impide a la corporación el adelantamiento de cualquier actuación oficiosa”.
“Al respecto, es igualmente pertinente traer a colación lo resuelto por la Corte en sentencia del 23 de septiembre de 2004, radicación 23126, en la que afirmó:
“Ahora, en cuanto a la naturaleza salarial de las primas legales de servicio de acuerdo con la cláusula 18 convencional vigente en la demandada, lo primero que resalta la Sala es la omisión del recurrente de no incluir como infringido el artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo, omisión que implica por sí sola, el rechazo del cargo, pues tratándose de derechos emanados de un convenio colectivo, no puede suplirse la norma sustancial que les da fuerza legal, ni siquiera con la preceptiva del artículo 51 del Decreto 2651 de 1991, en tanto los beneficios extralegales que consagra dependen para su efectividad de la norma primeramente citada y no de ninguna otra de naturaleza sustancial, de modo que su sola invocación en el recurso de casación es suficiente para estimar configurada una proposición jurídica completa, tal como lo exige la segunda disposición mencionada” (sent. 24492, jul. 2/2005).
Otra observación cabe hacerla respecto del alcance de la impugnación, en lo atinente al reintegro deprecado, ya que esta petición constituye un medio nuevo en casación, no incluida en la demanda genitora del proceso, ni en su reforma; por ende inaceptable, dado que comporta violación a los derechos de defensa y debido proceso.
De otro lado, ab initio, es ostensible, el dislate en que incurre la censura:
Manifiesta que la sentencia impugnada viola en forma directa, por interpretación errónea, los artículos 5º y 13 de la Carta, el artículo 5º de la Ley 6ª de 1945 y el 56 de la Convención colectiva de trabajo, y que dicha interpretación produjo la no aplicabilidad de dichas normas.
Es patente que se sitúa en la vía directa y allí congrega, en inaceptable mixtura simultánea, la infracción directa de dicha normatividad con su interpretación errónea, lo que implica un contrasentido absoluto, dado que ante la falta de aplicación de un precepto no es posible pregonar una concomitante inteligencia equivocada.
Por otra parte, manifiesta que su ataque es por la vía directa, lo cual implica que está en todo conforme con las conclusiones fácticas a las cuales llegó el tribunal, mediante la manipulación del haz probatorio del proceso, y que procederá a confrontar la decisión demostrando por qué hubo una interpretación errónea de las normas que conforman la proposición que presentó; mas, sin embargo, abandona el sendero de la confrontación argumental jurídica, para internarse en la vía indirecta, señalando errores de hecho y pruebas mal estimadas; figuras que, como se explicó, no corresponden a la vía seleccionada para acreditar la violación imputada al sentenciador.
De otro lado, es claro que la denominada demostración del cargo en realidad no fue tal, pues, en primer lugar, se refirió exclusivamente, a cuestiones de índole fáctica, incompatibles —como se señaló— con la vía directa seleccionada, para cuestionar la sentencia y, en segundo lugar, tales señalamientos ni siquiera constituyen una argumentación propia de la vía indirecta, dado que estructuran simplemente alegaciones propias de las instancias.
La impericia en el manejo de la presentación del recurso, queda aún más en evidencia, al manifestar la censura que al estar demostradas la violación de la convención colectiva, la diferencia salarial y la igualdad de condiciones, “estas y mucho más son razones para que el honorable Tribunal Superior de Cali que confirmó la proferida por el Juzgado Décimo Laboral de Cali, anule esta imponiendo la obligación a la entidad —sic— Emcali EICE ESP, a pagar la diferencia del salario que devengó y el del salario que ocupó durante un año, reliquidación de primas, de vacaciones, cesantías, jubilación y las demás que se deriven”, ya que distorsiona totalmente la competencia y objetivo en materia de recurso extraordinario para, en un extraño y garrafal dislate, remitir a que sea ahora el ad quem el que acá manifieste su voluntad jurídica a través de una exótica decisión que no viene al caso.
Tampoco resulta explicada la expresión final de la recurrente, en cuanto a que los errores de hecho endilgados en el cargo son capaces de quebrar el fallo recurrido “y proceder de conformidad con el alcance subsidiario de la impugnación”, pues ningún alcance de tal tipo fue formulado en el recurso.
En suma, al conjugar simultáneamente dos submotivos propios de la vía directa y, además, al plantear el cargo por vía directa e intentar demostrarlo con argumentación propia de la indirecta (quedando el cargo enrostrado sin ningún sustento real, ya que, lo argumentado, no corresponde al desarrollo que jurídicamente correspondía a la acusación) trae como consecuencia que el mismo se torne inestimable.
Finalmente, cabe señalar, que dado que la apoderada de la recurrente presentó demanda de casación tanto ante el tribunal, al interponer el recurso, como ante esta Sala de la Corte, se estudió esta última por corresponder a la oportunidad legalmente establecida en la reglamentación del recurso extraordinario en lo laboral (D. 528, art. 64/64).
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito de Cali, Sala Laboral, el 13 de mayo de 2004, dentro del proceso ordinario laboral que Betty Leticia Hoyos promovió en contra de las Empresas Municipales de Cali Emcali EICE ESP.
Magistrados: Francisco Javier Ricaurte Gómez—Gustavo José Gnecco Mendoza—Carlos Isaac Nader, no firma por ausencia justificada—Eduardo López Villegas, no firma por ausencia justificada—Luis Javier Osorio López—Camilo Tarquino Gallego, no firma por ausencia justificada—Isaura Vargas Díaz.