Source: http://caracter.co/entidades-territoriales-indigenas-en-colombia-y-su-realidad-juridica/
Timestamp: 2019-04-18 15:03:44
Document Index: 395275266

Matched Legal Cases: ['artículo 286', 'artículo 287', 'artículo 329', 'artículo 329', 'artículo 329', 'artículo 287']

Entidades territoriales indigenas en Colombia y su realidad jurídica - Carácter Noticias
Por: Héctor Santana Cala
A propósito de lo sucedido en días anteriores con las comunidades indígenas del Cauca, es bueno conocer algunos datos que nos permitan visualizar en forma general la situación y tratar de entender la misma.
En Colombia existen cerca de 84 etnias o pueblos indígenas que cuentan con una población de 1.378.884 personas (Fuente: DANE, Censo 2005) los cuales representan el 3,3% del total nacional. La mayor parte de esta población habita en el área rural (78%). En los 32 departamentos del país se encuentra ubicada población indígena, aunque en 25 de ellos se presenta una clara presencia de comunidades que habitan en su mayoría en resguardos (718), en aproximadamente 214 municipios y en 12 corregimientos departamentales, lo anterior según reporte realizado por el Departamento Nacional de Planeación.
La razón de ser de la autonomía indígena y su elevación a la categoría de entidad territorial en Colombia tiene sus orígenes, desde la concepción de un Estado Social de Derecho, organizado en republica unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, y el espíritu pluralista, participativo y democrático por el cual estuvo motivada la promulgación de la Constitución Política de 1991, donde la Asamblea Nacional constituyente, consideró indispensable que las comunidades indígenas en Colombia deberían gozar de un estatuto especial que las protegiera, en cumplimiento a la esencia real de esta forma de Estado social de Derecho, lo anterior abrió el camino para que tanto la Constitución como los cuerpos normativos de derecho interno e internacional, implementaran preceptos jurídicos enfocados hacia una protección amplia y diversa de los pueblos indígenas y sumado esto la jurisprudencia proteccionista que ha venido profiriendo la Corte Constitucional , con el fin de salvaguardar las tradiciones y los intereses propios de las comunidades indígenas en Colombia .
En efecto, la Constitución de 1991 introdujo varios preceptos garantistas en favor de las comunidades indígenas, entre ellos vale mencionar que en el Título I: De los principios fundamentales; observamos la protección por parte del estado de la diversidad étnica y cultural de la Nación (Const., 1991, art. 7), la protección de las riquezas culturales y naturales de la Nación (Const., 1991, art. 8),la protección de las lenguas , dialectos de los grupos étnicos y las tradiciones lingüísticas propias (Const., 1991, art. 10), otros preceptos importantes contemplados en el Titulo II:
De los derechos, las garantías y los deberes, que sirven de fundamento para la protección de las comunidades indígenas (Const., 1991, art. 13, 16, 18,19, 63,70, 72), Título VIII: De la rama judicial, autonomía jurisdiccional de las comunidades indígenas (Const., 1991, art.246), entre otras disposiciones.
Para abordar el tema, resulta importante enfocar la atención, en el Titulo XI: De la organización territorial; empezando por el análisis del artículo 286, que estableció que son entidades territoriales los Departamentos, los Distritos, los Municipios y los Territorios Indígenas (Const., 1991, art. 286), y el artículo 287, que consagra que las entidades territorial gozan de autonomía para la gestión de sus intereses tales como; gobernarse por autoridades propias, ejercer las competencias que les correspondan, administrar los recursos, establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones y participar en las rentas nacionales (Const., 1991, art. art.287).
Así las cosas, se puede observar en las anteriores disposiciones dos reconocimientos constitucionales relevantes: por un lado, el reconocimiento de la autonomía en sus diferentes modalidades (administrativa, política y financiera) de la que gozan sin excepción todas las categorías de entidades territoriales enunciadas en la Constitución, y, por el otro, el reconocimiento constitucional de una categoría específica denominada entidad territorial indígena. Si se combinan ambos productos normativos, es fácil deducir que las comunidades indígenas pueden organizarse territorialmente bajo la forma de entidades territoriales con autonomía propia.
No obstante, el mero reconocimiento del principio de autonomía que les asiste por su categoría de entidades territoriales indígenas previsto por la Carta política, no resulta suficiente y no garantiza la efectiva materialización del principio, dado a que este efectivo ejercicio de la autonomía está supeditado a una verdadera y real consolidación y organización como entidades territoriales, lo cual en teoría fue previsto por el constituyente al establecer en el artículo 329 constitucional que “la conformación de las entidades territoriales indígenas se hará con sujeción a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, y su delimitación se hará por el Gobierno Nacional, con participación de los representantes de las comunidades indígenas, previo concepto de la Comisión de Ordenamiento Territorial”. No obstante, La Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial no se ocupó en ninguna de sus normas de regular en ninguna forma referente la conformación, organización y consolidación de la categoría de entidades territoriales indígenas.
Con lo anterior se puede interpretar a la luz del artículo 329, que el constituyente en aras de cumplir con la esencia del Estado Social de Derecho y demás principios constitucionales enfocados en protección los derechos de las comunidades indígenas, no solo decidió elevarlas a la categoría de entidades territoriales y reconocerles autonomía propia sino que además tenía claro que estas solo podrían hacer efectivo el ejercicio de esa autonomía, hasta tanto no se realizara la respectiva consolidación, conformación, delimitación, organización y creación de las mismas, lo cual no solo daría lugar al nacimiento a la vida jurídica como entidades territoriales, sino que también les permitiría materializar y hacer efectivo el principio de autonomía que les asiste.
Para ello el constituyente decidió delegar en el legislador la tarea de regular la conformación de las entidades territoriales indígenas mediante la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, sin lograr prever lo complejo que sería el cumplimiento de ese mandato constitucional, dado a la realidad social de las comunidades indígenas, donde influyen muchos factores, como su distribución en el territorio, su nivel de población, la gran diversidad de etnias, resguardos, intereses culturales, la omisión del gobierno nacional en cuanto a la delimitación de los territorios indígenas entre otros factores, lo cual no ha hecho fácil la creación de las respectiva regulación, configurándose una omisión por parte del legislador, lo que refleja hoy en día importantes lagunas en la materia, vacíos normativos, que esperaban ser resueltos por la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial y no fue así.
En síntesis, podemos concluir que en Colombia no se encuentra definida legalmente la conformación y delimitación de las entidades territoriales indígenas acorde con lo ordenado por el artículo 329 de la Constitución política y por consiguiente no se da cumplimiento integral al principio de autonomía que señala el artículo 287 de la Carta Magna.
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