Source: http://www.elderecho.com/foro_legal/mercantil/Impugnacion-acuerdos-sociales_12_1024935001.html
Timestamp: 2018-05-20 17:34:14
Document Index: 297137100

Matched Legal Cases: ['artículo 205', 'artículo 206', 'artículo 495', 'artículo 56', 'artículo 6', 'artículo 1255', 'e contrario', 'artículo 45', 'artículo 46', 'artículo 41', 'artículo 204', 'artículo 206', 'artículo 495', 'artículo 206', 'Artículo 205', 'Artículo 205', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 33', 'artículo 205', 'e contrario', 'e contrario', 'artículo 204', 'artículo 205', 'artículo 24', 'artículo 116', 'artículo 4', 'artículo 205', 'artículo 173', 'artículo 205', 'artículo 6', 'artículo 205', 'artículo 116']

Sin embargo, la nueva formulación legal no se ha limitado a estos supuestos, cuya impugnabilidad por contravención del orden público ya era reconocida por la doctrina y jurisprudencia (véase, por todos, la STS de 21 de octubre de 1994 -EDJ 1994/24154- y, en la doctrina, ROJO, A., «Comentario…», cit., págs. 1450 y 1451) y, en su lugar, se ha optado por una referencia a las «circunstancias» del acuerdo que, además de dar cobertura a los mismos, también podrá comprender otros supuestos todavía no contemplados por la jurisprudencia (durante la tramitación parlamentaria de la Ley 31/2014 -EDL 2014/202806-, se rechazaron diversas enmiendas que proponían concretar más explícitamente esta cuestión y limitar la modificación mediante la referencia expresa a los acuerdos ficticios, falsos o adoptados por un órgano pretendidamente universal al que no ha asistido alguno de sus miembros, enmiendas que, sin embargo, fueron rechazadas sin mayor justificación). Una fórmula más flexible pero también mucho más inconcreta que abre el debate sobre qué otros supuestos cabría entender comprendidos por la norma.
La infracción del orden público puede dar lugar a la impugnación de acuerdos sociales. En concreto, el artículo 205.1 de la Ley de Sociedades de Capital -EDL 2010/112805- (“LSC”) dispone que la acción de impugnación no prescribirá ni caducará cuando “tenga por objeto acuerdos que, por sus circunstancias, causa o contenido resultaren contrarios al orden público”. La redacción actual de la norma es fruto de la reforma introducida por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo -EDL 2014/202806- (“Ley 31/2014”), que a la redacción anterior añadió la expresión “circunstancias”. También se refieren al orden público el artículo 206.2 LSC, relativo a la legitimación activa para el ejercicio de la acción y el artículo 495.2.c) LSC, dentro de las reglas especiales aplicables a las sociedades cotizadas en materia de impugnación de acuerdos sociales. Hay otras referencias al orden público en la legislación societaria, como el artículo 56.1 e) LSC, que establece como causa de nulidad de la sociedad que su objeto social sea ilícito o contrario al orden público.
El orden público es un concepto jurídico indeterminado de contornos no fáciles de identificar. Algunas formulaciones realizadas por la jurisprudencia clásica hablan del orden público como el conjunto de “principios jurídicos, públicos y privados, políticos, morales y económicos, que son absolutamente obligatorios para la conservación del orden social en el pueblo y en una época determinada” (STS de 5 de abril de 1966 y, desde ésta, SSTS de 31 de diciembre de 1979, 5 de febrero de 2002 -EDJ 2002/698-, 11 de abril de 2003 -EDJ 2003/6562-, 28 de febrero de 2005 -EDJ 2005/71435-, 30 de mayo de 2007, o 19 de julio de 2007 -EDJ 2007/152380-) y que “por contener los fundamentos jurídicos de una determinada organización social, reflejan los valores que, en cada momento, informan sus instituciones jurídicas” (SSTS de 21 de febrero de 2006 -EDJ 2006/11947- y 19 de abril de 2010 -EDJ 2010/53373-). Desde la Constitución, la noción de orden público ha estado íntimamente ligada al respeto de los derechos y libertades reconocidos constitucionalmente y los principios constitucionales básicos (SSTC 54/1989, de 23 de febrero -EDJ 1989/2014- y 81/1992, de 28 de mayo -EDJ 1992/5459-).
En el ámbito privado, el Código Civil -EDL 1889/1- contiene numerosas referencias al orden público. Así, en su artículo 6.2 el orden público se presenta como límite a la exclusión voluntaria de la ley aplicable y a la renuncia de derechos reconocidos, mientras que el artículo 1255 lo impone, junto a las leyes y a la moral, como límite infranqueable a la autonomía de la voluntad privada. Otros preceptos que se refieren al orden público son los artículos 1.3, 12.3, 21.2 y 594 del Código Civil.
Es posible identificar también una relevante presencia del orden público en reglas de tipo procesal, singularmente como límite para el reconocimiento de resoluciones dictadas en el extranjero. El respeto a la soberanía de los restantes Estados exige que, una vez aceptada la competencia judicial internacional de un tribunal extranjero, los órganos jurisdiccionales españoles no puedan entrar a valorar de nuevo el fondo del asunto. Sin embargo, deben existir mecanismos que impidan que en nuestro ordenamiento jurídico devengan ejecutables resoluciones que atenten contra nuestro sistema básico de valores. Así, en los supuestos en los que el reconocimiento de una resolución extranjera implique una violación manifiesta de una norma de carácter esencial o de un derecho fundamental, podrá denegarse el reconocimiento por considerar que este sería manifiestamente contrario al orden público (VIRGÓS, Miguel y GARCIMARTÍN, Francisco: Derecho Procesal Civil Internacional. Litigación Internacional, Pamplona, Aranzadi, 2007, pp. 639 a 642). De este modo, la infracción del orden público se configura como causa de denegación del reconocimiento y/o ejecución de resoluciones judiciales o arbitrales dictadas en el extranjero (artículo 45.1 a) del Reglamento 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil -EDL 2012/273255- (Reglamento de Bruselas I bis), artículo 46.1 a) de la Ley 29/2015, de 30 de julio, de Cooperación jurídica internacional en materia civil -EDL 2015/131026-, o artículo V.2 b) del Convenio de Nueva York de 10 de junio de 1958, sobre el Reconocimiento y la ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras). En similares términos, la violación del orden público constituye uno de los motivos de anulación de laudos arbitrales dictados en nuestro país (artículo 41.1 f) de la Ley 60/2003, de Arbitraje -EDL 2003/156997-).
El artículo 204.1 de la LSC -EDL 2010/112805- dispone que “son impugnables los acuerdos sociales que sean contrarios a la Ley, se opongan a los estatutos o al reglamento de la junta de la sociedad o lesionen el interés social en beneficio de uno o varios socios o de terceros”. El texto de la norma, fruto de la redacción dada por la Ley 31/2014 2014 -EDL 2014/202806-, elimina la anterior distinción entre acuerdos nulos (contrarios a la Ley) o anulables (contrarios a los estatutos, al reglamento de la junta o al interés social), para limitarse a hacer referencia a lo que se llaman acuerdos impugnables. Como ha señalado la doctrina, “la distinción nulos/anulables sólo era instrumental para fijar plazos diferentes (un año, cuarenta días) y las condiciones legales de legitimación activa. Pero en la práctica tampoco resultaba tan fácil catalogar los supuestos según el carácter de la norma infringida” (CABANAS TREJO, Ricardo: “Nuevo régimen de plazos y cómputo de la caducidad de la acción de impugnación (art. 205.1 y 2 LSC)”, en RODRÍGUEZ ARTIGAS, Fernando, FARRANDO MIGUEL, Ignacio y TENA ARREGUI, Rodrigo (dirs.), El nuevo régimen de impugnación de los acuerdos de las sociedades de capital, Madrid, Colegio Notarial de Madrid, 2015, p. 387).
La impugnación de acuerdos sociales contrarios al orden público también presenta especialidades en materia de legitimación activa. El legislador ha restringido notablemente la legitimación de los socios para impugnar acuerdos sociales. Se mantiene la posibilidad de impugnación por parte de cualquiera de los administradores y de los terceros que acrediten un interés legítimo, pero se establece en el artículo 206.1 LSC -EDL 2010/112805- que los socios tendrán que haber adquirido tal condición antes de la adopción del acuerdo y deberán representar, individual o conjuntamente, al menos un 1% del capital (el 1 por mil en las sociedades cotizadas, según el artículo 495.2 c) LSC). La norma contiene, además, una referencia específica a la legitimación activa para la impugnación de acuerdos contrarios al orden público que antes no existía, pues se consideraban englobados dentro de la categoría de acuerdos nulos. El actual texto legal amplía la legitimación de los socios en relación con la que ostentan para la impugnación del resto de acuerdos bajo la redacción actual de la Ley. El artículo 206.2 LSC establece que para la impugnación de dichos acuerdos estará legitimado cualquier socio, por tanto, sin necesidad de representar porcentaje alguno del capital y aunque hubiera adquirido tal condición después del acuerdo. De igual forma, está legitimado para impugnar los acuerdos contrarios al orden público cualquier administrador o tercero, sin que en este último supuesto se exija tampoco expresamente la acreditación de un interés legítimo, si bien la doctrina viene entendiendo que esa omisión no impide que en cualquier caso el tercero deba justificar la existencia de un interés en la anulación del acuerdo.
Esta circunstancia lleva a formular una consideración de partida en la labor de determinación del concepto de orden público relevante a efectos de impugnación de acuerdos sociales. Dado el carácter marcadamente excepcional de sus consecuencias, es imprescindible manejar un concepto de orden público restrictivo, que respete ese carácter excepcional y que impida que la excepción se convierta en una suerte de cajón de sastre para la ampliación injustificada del plazo o la legitimación para la impugnación de acuerdos sociales. Las limitaciones establecidas por el legislador en estas materias (plazo y caducidad) tienen como finalidad la protección de la seguridad jurídica y del tráfico jurídico mercantil, que exige no dejar abiertas de manera indefinida y sin justificación suficiente cuestiones tan relevantes como las que se someten a la decisión de los órganos de gobierno de la compañía. Una noción expansiva del orden público iría en contra de esa finalidad. Como tiene dicho el Tribunal Supremo, el concepto de orden público “presentado como excepción a la regla de la caducidad de las acciones de impugnación, debe ser aprehendido en sentido restrictivo, pues de otro modo podría suceder que un concepto lato generara tal ampliación de las posibilidades de impugnación que bien pudiera destruirse la regla de la caducidad, sin duda introducida para la seguridad del tráfico” (SSTS de 28 de noviembre de 2005 -EDJ 2005/230427- y 29 de noviembre de 2007 -EDJ 2007/222902-).
La labor tropieza, sin embargo, con evidentes dificultades. La primera deriva de la propia naturaleza de la noción de orden público como concepto jurídico indeterminado y, por tanto, de contornos necesariamente imprecisos. La segunda resulta de la aproximación al problema que la jurisprudencia y –sobre todo- la práctica judicial han venido haciendo, muy ajustada al caso concreto y a las circunstancias concurrentes, lo que no hace fácil establecer categorías o supuestos comunes de acuerdos contrarios al orden público. Así lo ha puesto de manifiesto la doctrina, que ha tratado de forma extensa esta cuestión. Cabe citar, como mero ejemplo, a CASTAÑER CODINA, Joaquim: “Acuerdos sociales contrarios al orden público (arts. 205.1 y 206.2 LSC -EDL 2010/112805-)”, en RODRÍGUEZ ARTIGAS, Fernando, FARRANDO MIGUEL, Ignacio y TENA ARREGUI, Rodrigo (dirs.): El nuevo régimen de impugnación de los acuerdos de las sociedades de capital, Madrid, Colegio Notarial de Madrid, 2015, pp. 143 y ss.; FARRANDO MIGUEL, Ignacio: “La excepción de orden público a la caducidad de la acción de impugnación de acuerdos sociales”, en PILOÑETA ALONSO, Luis Manuel e IRIBARREN BLANCO, Miguel (coords.): Estudios de Derecho Mercantil en homenaje al Profesor José María Muñoz Planas, Navarra, Civitas, 2011, pp. 185 y ss.; QUIJANO GONZÁLEZ, Jesús: “La reforma del régimen de impugnación de los acuerdos sociales: aproximación a las principales novedades”, en Estudios sobre el futuro Código Mercantil: libro homenaje al profesor Rafael Illescas Ortiz, Getafe, Universidad Carlos III de Madrid, 2015, pp. 791 y ss; ROJO, Ángel: “Artículo 205. Caducidad de la acción de impugnación”, en ROJO, Ángel y BELTRÁN, Emilio (Coords.), Comentario a la Ley de Sociedades de Capital, [volumen I], 2011, pp. 1447 y ss.; SAN JUAN Y MUÑOZ, Enrique: “El concepto de orden público en la impugnación de acuerdos sociales”, en Diario La Ley, La Ley 6579/2007; SÁNCHEZ ÁLVAREZ, Manuel María: “Nulidad de acuerdos sociales, orden público y principios configuradores de la sociedad anónima (STS de 30 de marzo de 2007)”, en RdS, núm. 30, 2008.
En cuanto se refiere a la jurisprudencia, en concreto, como explica la doctrina, “se ha pronunciado sobre la noción de orden público relevante a estos efectos en no pocas ocasiones… Sin embargo, de común lo ha hecho por medio de consideraciones generales que, si no en todos los casos se han movido en el plano del obiter dictum, pocas veces han servido de forma directa para discriminar en concreto lo que no es conforme con el orden público, las razones por las que el orden público resulta violentado” (MASSAGUER, José: “Artículo 205. Caducidad de la acción de impugnación”, en JUSTE MENCÍA, Javier (coord.): Comentario de la reforma del régimen de las sociedades de capital en materia de gobierno corporativo (Ley 31/2014) Sociedades no cotizadas, Navarra, Thomson Reuters-Civitas, 2015, p. 242). Así, en materia de impugnación de acuerdos sociales, el Alto Tribunal ha afirmado que el concepto de orden público “es de los denominados indeterminados, y que generalmente se aplica a acuerdos, convenios o negocios que suponen un ataque a la protección de los accionistas ausentes, a los accionistas minoritarios e incluso a terceros, pero siempre con una finalidad, la de privarles de la tutela judicial efectiva que proclama el art. 24.1 de la Constitución Española -EDL 1978/3879-” (SSTS 18 de mayo de 2000 -EDJ 2000/9940-, 5 de febrero de 2002 -EDJ 2002/698-, 4 de marzo de 2002 -EDJ 2002/3279-, 26 de septiembre de 2006, 30 de mayo de 2007 y 10 de septiembre de 2015). En términos similares, el Tribunal Supremo ha señalado que en este ámbito debe aplicarse “un concepto de orden público sustentado especialmente en los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución y en los principios básicos del orden social en su vertiente económica, ya que de sociedades de capital se trata” (SSTS de 4 de marzo de 2002, 26 de septiembre de 2006 y 30 de mayo de 2007). De ahí que deba considerarse como contrario al orden público “un acuerdo que vulnere de algún modo normas imperativas que afecten a la esencia del sistema societario, así como normas relativas a derechos fundamentales” (SSTS de 28 de noviembre de 2005 -RJ\2006\1233- y 30 de mayo de 2007 -RJ\2007\3608-). También se han considerado comprendidos en el concepto de orden público societario los llamados “principios configuradores” del tipo social y las normas que afectan a la esencia del sistema del sistema societario y a los derechos del socio que participan de esa misma naturaleza esencial: “A lo que parece, con la más autorizada doctrina, podría pensarse que en la disciplina legal de la sociedad anónima cabría encontrar el orden público en los ‘principios configuradores de la sociedad’” (SSTS de 28 de noviembre de 2005 -EDJ 2005/230427-, 30 de mayo de 2007 y 19 de abril de 2010 -EDJ 2010/53373-).
Si utilizamos un criterio de delimitación positiva, encontramos, en primer lugar, que forman parte del orden público económico a los efectos de impugnación de acuerdos sociales los principios jurídicos básicos de la organización político-social y económica, incluidos los derechos fundamentales y las libertades públicas, así como los derechos de los socios que encuentran anclaje constitucional, categoría a la que pertenecen derechos como el de propiedad o la libertad de empresa. En este punto, se ha discutido si la noción de orden público se ha de limitar estrictamente a los derechos fundamentales y libertades públicas de los artículos 15 a 29 de la Constitución -EDL 1978/3879- (junto con el principio de igualdad del artículo 14) o si ha de abrirse a esos otros principios. La jurisprudencia y la práctica judicial parecen ir por este segundo camino. En este grupo de casos pueden encajar supuestos groseros de infracción del orden público, como puede ser, por ejemplo, un acuerdo social de modificación de estatutos que priva del derecho al voto en junta a determinadas personas por razón de su género, raza o religión, que sería contrario al artículo 14 de la Constitución. También cabe imaginar otros casos que han sido tratados por una rica y abundante práctica judicial, como, sin ánimo de agotar los supuestos posibles, ocurrió con un acuerdo de la junta general por el que se aportaban a una fundación, previamente constituida por los propios socios, activos patrimoniales básicos de la sociedad provocando su disolución, lo cual privó a la socia actora, sin su voluntad, de participar en el patrimonio resultante de la liquidación, constituyendo así un supuesto expropiatorio contrario al derecho de propiedad del artículo 33 de la Constitución (STS de 29 de noviembre de 2007).
La principal modificación introducida en el artículo 205.1 LSC -EDL 2010/112805- por la Ley 31/2004 -EDL 2014/202806- es la referencia a las “circunstancias” del acuerdo como un supuesto que puede dar lugar a que éste sea considerado como contrario al orden público. La redacción original sólo hablaba de los acuerdos que por “su causa o contenido” fuesen contrarios al orden público.
En efecto, bajo la anterior redacción sólo podían considerarse contrarios al orden público los acuerdos que lo fuesen por su contenido (es decir, por sus términos y alcance sustantivo) o por su causa (es decir, por su motivación o efecto práctico perseguido). Los acuerdos a que se viene haciendo referencia, es decir, los llamados acuerdos inexistentes (adoptados en una junta que nunca se celebró) o falsos (adoptados con la supuesta asistencia de un socio cuyo voto era determinante para la formación de mayoría) tenían difícil cabida en una de esas categorías. En unos primeros tiempos la jurisprudencia se mostró contraria a considerarlos como acuerdos contrarios al orden público (SSTS de 18 de mayo de 2000 -EDJ 2000/9940- y de 29 de septiembre de 2003 -EDJ 2003/105052-, según las cuales los acuerdos adoptados en junta universal sin la concurrencia de la totalidad del capital presente o representado no podían entenderse contrarios al orden público por su causa o contenido y, por tanto, debían ser tachados de simplemente nulos). Posteriormente, el Tribunal Supremo acabó por encajarlos en los acuerdos contrarios al orden público por su causa, entendida ésta como el propósito de evitar la intervención de determinados socios en la adopción del acuerdo. Así, puede mencionarse la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de mayo de 2007: “A ello sólo cabe añadir, para sintonizar con la doctrina de esta Sala antes expuesta, que crear la apariencia de una Junta Universal que no se ajusta a la realidad y con el propósito de eludir la intervención de socios que desconocen su existencia ataca a los más elementales principios de la vida social; y los acuerdos, por su causa infringen la normativa legal afectando al orden público societario”. En el mismo sentido se pronuncian las Sentencias del Tribunal Supremo de 19 de julio de 2007 -EDJ 2007/152380-, 29 de octubre de 2008 y 19 de abril de 2010 -EDJ 2010/53373-.
Con esta expresión, por tanto, el legislador parece que se está refiriendo a lo que se pueden llamar infracciones o vicios de procedimiento en la convocatoria, constitución y celebración de las sesiones de los órganos de gobierno en que se toman los acuerdos y en la votación de estos y proclamación de su resultado. Son las circunstancias en que se adoptó el acuerdo, es decir, el procedimiento seguido, las que determinan que dicho acuerdo sea contrario al orden público, no su causa o contenido, que pueden ser perfectamente legítimos y legales en sí mismos. Conviene, no obstante, recuperar la llamada a la cautela en la utilización de este camino para la impugnación de acuerdos sociales. La introducción de una expresión tan abierta como la referencia a las “circunstancias” del acuerdo puede llevar a la tentación de ampliar en exceso el espectro de acuerdos contrarios al orden público, con las negativas consecuencias a que antes se ha hecho referencia. No es ocioso recordar que la misma reforma de la Ley 31/2014 -EDL 2014/202806- ha relativizado la trascendencia anulatoria de los defectos de forma o procedimiento, limitándola a los casos previstos en el artículo 204.3 a), c) y d) LSC -EDL 2010/112805- mediante la incorporación de las llamadas reglas de la resistencia y de la relevancia. Por tanto, en caso de infracción de una norma de procedimiento, el remedio será normalmente el ejercicio de la acción de impugnación dentro del plazo de caducidad del artículo 205.1 LSC. Sólo podrá acudirse a la excepción de orden público en los spuestos extraordinariamente graves, en los que la infracción (las “circunstancias” del acuerdo) haya impedido el ejercicio tempestivo de la acción dentro del plazo de caducidad.
La jurisprudencia y la práctica judicial anteriores a la reforma ya venían haciendo suyas estas consideraciones, para negar la posibilidad de impugnar por contrarios al orden público acuerdos adoptados en una junta inexistente o simulada cuando el socio pudo ejercitar la acción dentro del plazo de caducidad. La Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28ª) de 26 de mayo de 2014 -EDJ 2014/167200- sostiene que para que los acuerdos adoptados en una junta simulada puedan ser declarados contrarios al orden público es preciso que el socio se vea privado de su derecho de voto y, sobre todo, que “el acuerdo permanezca oculto”, ya que “es el propósito de eludir la intervención del socio y de ocultar el acuerdo lo que se considera contrario al orden público”; porque “se trata de situaciones en las que resulta afectado el derecho a la tutela judicial efectiva del socio en la faceta correspondiente al derecho a obtener una resolución de fondo, que siempre encontraría el obstáculo del plazo de caducidad de los acuerdos nulos. En efecto, celebrada la junta universal sin su presencia y sin su conocimiento, bastaría esperar al transcurso del plazo de caducidad para hacer inatacable el acuerdo, quebrándose así de modo palmario el derecho a la tutela judicial del socio, que es privado de todo cauce de impugnación”. De modo que, para esa resolución “carece de sentido que acuerdos adoptados impidiéndose al socio ejercer su derecho, pero conocidos por éste, puedan ser asimilados a los acuerdos contrarios al orden público, por lo que debe rechazarse que la mera vulneración del derecho ya sirva para destruir la regla de la caducidad, ya que ello no comporta por sí la infracción del derecho a la tutela judicial, dado que el socio interesado podrá acudir a los tribunales dentro del plazo de caducidad establecido para el ejercicio de las acciones de impugnación”.
En línea parecida, el comportamiento seguido por los socios en el pasado es considerado relevante para descartar la existencia de infracción de orden público por la Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de marzo de 2015 -EDJ 2015/74562-. El Alto Tribunal se refiere a “aquellos supuestos en que por la reiterada decisión de los socios - exteriorizada “acta concludentia” -, las juntas universales no se reúnen de hecho, los temas se tratan por los partícipes en sus conversaciones telefónicas o aprovechando encuentros familiares y las actas se redactan después de aquellas o de estos, siendo firmadas por todos, sucesivamente, en sus respectivos domicilios familiares. Quienes así actúan no pueden después afirmar que, por razones de orden público, la acción de impugnación de acuerdos, en cuya adopción intervinieron del relatado modo, no caduca en el plazo señalado por la norma en general para los acuerdos nulos”.
La LSC -EDL 2010/112805- reconoce la posibilidad de impugnar los acuerdos sociales que pudieran infringir o sean contrarios al orden público, estando legitimados para su impugnación cualquier socio aunque hubiera adquirido dicha condición después del acuerdo, el administrador o tercero (art. 206.2 LSC). Con carácter general la acción de impugnación de los acuerdos sociales caducará en el plazo de un año, salvo que tenga por objeto acuerdos que por sus circunstancias, causa o contenido resulten contrarios al orden público, en cuyo caso la acción no caducará ni prescribirá (art. 205.1 LSC).
Como declara, entre otras, la SAP de Almería, Sección 2ª, de 14 de enero de 2013 -EDJ 2013/65056-, el propio Tribunal Supremo pone de relieve la dificultad de integrar el concepto indeterminado de orden público. A tal efecto señala la STS de 18 de mayo de 2000 -EDJ 2000/9940- que "en el orden jurídico el concepto de orden público en el área de los acuerdos sociales es de los denominados indeterminados”.
Concretando en el orden público societario, la STS de 18 de mayo de 2000 -EDJ 2000/9940- manifiesta que el concepto “generalmente se aplica a acuerdos, convenios o negocios que suponen un ataque a la protección de los accionistas ausentes, a los accionistas minoritarios e incluso a terceros, pero siempre con una finalidad: la de privarles de la tutela judicial efectiva que proclama el artículo 24.1 de la Constitución Española -EDL 1978/3879-". La STS de 4 de marzo de 2002 -EDJ 2002/3279- señala que "aplicando aquí un concepto de orden público sustentado especialmente en los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución y en los principios básicos del orden social en su vertiente económica, ya que de sociedades de capital se trata, necesariamente ha de concluirse que los acuerdos impugnados en modo alguno resultaban contrarios al orden público por su causa o contenido y, en consecuencia, que la acción de impugnación ejercitada en la demanda había caducado conforme al citado artículo 116.1 TRLSA por haber transcurrido casi tres años desde su inscripción en el Registro Mercantil". En el mismo sentido, por ejemplo, la STS de 16 de marzo de 2015 -EDJ 2015/74562-.
La STS de 28 de noviembre de 2005 -EDJ 2005/230427-, tras afirmar las dificultades de fijación del concepto, y que, presentado como excepción a la regla de caducidad de las acciones de impugnación, el mismo “debe ser aprehendido en sentido restrictivo a fin de evitar la destrucción de la regla de la caducidad, sin duda establecida en seguridad del tráfico, centra el concepto, de acuerdo con la doctrina más autorizada, en los "principios configuradores de la sociedad" a que se refiere el art. 10 del TRLSA”. La STS de 21 de febrero de 2006 -EDJ 2006/11947- indica que "el término orden público se utiliza para designar un conjunto de principios o directivas que, por contener los fundamentos jurídicos de la organización social, reflejan los valores que informan cada una de las instituciones contempladas en el ordenamiento, y añade que "en ocasiones esos principios, por estar ya contenidos en normas positivas, constituyen un elemento diferenciador entre dos categorías de las mismas, y, en todo caso, el acuerdo puede ser contrario al orden público por su contenido o por su causa, lo que permite valorar el propósito práctico perseguido con el acuerdo".
En consecuencia, la jurisprudencia, tras afirmar que el concepto de orden público es un concepto jurídico indeterminado, lo ha utilizado de forma restrictiva en orden a admitir la excepción de la falta de caducidad “toda vez que podría suceder que un concepto lato generara tal ampliación de las posibilidades de impugnación que pudiera llegar a destruirse la regla de caducidad, sin duda introducida para la seguridad del tráfico” (SSTS de 28 de noviembre de 2005 -EDJ 2005/230427- y de 29 de noviembre de 2007 -EDJ 2006/319058-).
De aquí que la SAP de Almería, Sección 2ª, de 14 de enero de 2013 2013 -EDJ 2013/65056- considere que deba tenerse como contrario al orden público “un acuerdo que vulnere de algún modo normas imperativas que afecten a la esencia del sistema societario, así como normas relativas a derechos fundamentales” (o en palabras de la STS de 26 de septiembre de 2007 que “entre las normas que incorporan esos valores se encuentren aquellas que disciplinan aspectos esenciales del sistema societario”), y que “el acuerdo nulo por ser contrario al orden público es una categoría excepcional y por ello debe aplicarse la regla del artículo 4.2 del CC -EDL 1889/1-”.
Precisamente por tratarse de un concepto jurídico indeterminado y de interpretación restrictiva, el artículo 205.1 LSC -EDL 2010/112805- amplía y aclara el análisis que debe realizarse para determinar si un determinado acuerdo resulta contrario al orden público, debiendo tenerse en cuenta no sólo la causa y contenido del acuerdo sino también las circunstancias que concurren en el mismo (anteriores, concurrentes y posteriores) para examinar si existe infracción de una norma imperativa que recoja un principio configurador.
A este respecto la SAP de Barcelona de 5 de diciembre de 2012 -EDJ 2012/356540- manifiesta que “si bien la jurisprudencia es uniforme en declarar que escapan a la caducidad las acciones de impugnación de una junta universal que, en realidad, no han podido tener tal carácter por no asistir la totalidad de los socios … cosa distinta es que, aunque la acción no haya caducado, sea desestimada por apreciar un retraso desleal en el ejercicio del derecho, como concreta manifestación del principio que prohíbe ejercitar los derechos con abuso o falta de buena fe”. En el mismo sentido por ejemplo la STS de 16 de marzo de 2015.
La controversia jurídica que se plantea en la SAP de Barcelona de 15 de noviembre de 2012 -EDJ 2012/328407- está relacionada con la validez de los acuerdos sociales adoptados en unas juntas generales universales que no fueron previamente convocadas con arreglo a los requisitos previstos en el artículo 173 LSC -EDL 2010/112805-, ni celebradas formalmente con la presencia de todo el capital social declarando, una vez comprobada dicha realidad, que los acuerdos adoptados con simulación de una junta universal son contrarios al orden público por no haber sido adoptados en una junta general celebrada con arreglo a los requisitos legales y, en consecuencia, no están sujetos al plazo de caducidad del art. 205.1 LSC”. Sin embargo la SAP de Cuenca de 5 de diciembre de 2011 manifiesta que no puede alegarse desconocimiento de una junta si el acuerdo ha sido publicado en el Registro Mercantil.
Para la SAP de Almería, Sección 2ª, de 14 de enero de 2013 2013 -EDJ 2013/65056- “no puede mantenerse que supuestos actos en abuso de derecho o en fraude de ley tengan sin más la consideración de infracciones de orden público societario, conforme a la doctrina anteriormente expuesta, de tal manera que no es equiparable la alegada inobservancia de un pacto contractual entre partes con la infracción de normas legales, ni que un acuerdo societario en contra de unos pactos convencionales entre socios, extra societarios, supongan un ejercicio antisocial del derecho”.
Se nos plantea la cuestión de cuál es el concepto de orden público al que se refiere el artículo 205 de la Ley de Sociedades de Capital -EDL 2010/112805- (LSC) al indicar “la acción de impugnación de los acuerdos sociales caducará en el plazo de un año, salvo que tenga por objeto acuerdos que por sus circunstancias, causa o contenido resulten contrarios al orden público, en cuyo caso la acción no caducará ni prescribirá”.
Pues bien, el artículo 6.3 del Código Civil -EDL 1889/1- establece la regla general de que los actos contrarios a normas imperativas y prohibitivas son nulos de pleno derecho. La consecuencia de esta nulidad radical es que al acción para reclamarla no está sujeta a prescripción. Sin embargo, el propio artículo citado introduce una excepción al indicar que la nulidad de pleno derecho se producirá “salvo que en ellas se establezca un efecto distinto para el caso de contravención”.
Precisamente, en el ámbito del derecho societario se introduce una de estas excepciones a la regla general – para dar seguridad al tráfico mercantil. Así, las acciones de impugnación de los acuerdos sociales contrarios a la ley se sujetan a un plazo de caducidad (ahora igual que los acuerdos anulables) de un año. Sin embargo, como hemos visto, el artículo 205 LSC -EDL 2010/112805- (como antes ocurría con el artículo 116 de la LSA) establece una excepción a la regla general de la caducidad de la acción de impugnación para los acuerdos contrarios al orden público, de forma que los mismos no están sujetos a caducidad. En palabras de nuestro Tribunal Supremo (Sentencia de 28 de noviembre de 2005 -EDJ 2005/230427-), “el concepto de orden público, como límite de la autonomía privada, ofrece serias dificultades de fijación, y presentado como excepción a la regla de caducidad de las acciones de impugnación debe ser aprehendido en sentido restrictivo, pues de otro modo podría suceder que un concepto lato generara tal ampliación de las posibilidades de impugnación que bien pudiera destruirse la regla general de la caducidad de la acción de impugnación, sin duda establecida para la seguridad del tráfico”. Esta necesidad de restringir el concepto de orden público se reitera en la STS de 19 de julio de 2007 -EDJ 2007/152380- y es señalada por la doctrina (MARTINEZ PEREZ-ESPINOSA, A. “Junta universal contraria al orden público y riesgo de abuso de minorías (a propósito de la STS 1ª de 19 de abril de 2010 -EDJ 2010/53373-)”, Revista de Derecho de Sociedades, num.36/2011) como fundamental para evitar su utilización indiscriminada que podría favorecer demandas abusivas que sólo pretenden salvar el plazo de caducidad en perjuicio de la sociedad.
No parece que la reforma de la Ley de Sociedades de Capital haya incidido en la cuestión que estamos analizando. El apartado IV del Preámbulo de la Ley 31/2014 -EDL 2014/202806- dispone que "por lo que se refiere al régimen jurídico de la impugnación de los acuerdos sociales, se han ponderado las exigencias derivadas de la eficiencia empresarial con las derivadas de la protección de las minorías y la seguridad del tráfico jurídico. En consecuencia, se adoptan ciertas cautelas en materia de vicios formales poco relevantes y de legitimación, para evitar los abusos que en la práctica puedan producirse".
La reforma de la regulación de los acuerdos impugnables ha introducido limitaciones en orden a la impugnabilidad de acuerdos sociales defectuosos por cuestiones meramente procedimentales -con el saludable fin de preservar y maximizar el principio de seguridad jurídica en el marco societario- por lo que consideramos que la situación que estamos analizando permanece invariable, de tal manera que la reforma no amplía el ámbito de acuerdos contrarios al orden público a otras infracciones formales que no sean aquellas que puedan calificarse de groseras por desconocer y vulnerar “derechos que afecten a la esencia del sistema societario”.
Es cierto que los actos contrarios al orden público son, de forma directa o indirecta –abusividad, fraude- actos contrarios a la ley. Pero más ampliamente es una categoría que se ha venido asimilando a los fundamentos de las instituciones jurídicas, lo que hace que un acuerdo, dice Beltrán, pueda ser contrario al orden público bien por su causa –motivación, finalidad- o por su contenido –la materia sobre la que recae- lo que incluiría, en su categorización negocial, desde la nulidad de pleno derecho a los casos de inexistencia por falta de algún elemento esencial del negocio de que se trate.