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Timestamp: 2019-11-20 11:20:38
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Matched Legal Cases: ['artículo 29', 'artículo 29', 'Artículo 26', 'artículo 24', 'artículo 15', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'artículo 6', 'Artículo 35', 'Artículo 37', 'Artículo 38', 'Artículo 39', 'artículo 30', 'Artículo 40', 'Artículo 41', 'Artículo 42', 'artículo 2', 'Artículo 43', 'Artículo 44', 'artículo 70', 'artículo 17', 'Artículo 45', 'artículo 31', 'Artículo 46', 'Artículo 47', 'Artículo 48', 'Artículo 49', 'artículo 9', 'Artículo 50', 'artículo 19', 'Artículo 51', 'artículo 1', 'artículo 39', 'artículo 17', 'Artículo 60', 'Artículo 63', 'artículo 31', 'artículo 41', 'artículo 24', 'artículo 73', 'artículo 24', 'artículo 25', 'artículo 12', 'artículo 16']

BOE.es - Documento BOE-A-1994-15794
Documento BOE-A-1994-15794
Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias.Ver texto consolidado
«BOE» núm. 161, de 7 de julio de 1994, páginas 21719 a 21736 (18 págs.)
https://www.boe.es/eli/es/l/1994/07/06/19
Los mecanismos de provisión de suministros e <inputs>, de subvenciones y restituciones, o la ambivalencia que se venía teniendo con los monopolios y los apoyos institucionales, aconsejan no prolongarlo en la oportunidad histórica que brindan el modelo económico reflejado en este nuevo Régimen Económico Fiscal.
– Mantener una significativa menor presión fiscal que la media del resto de España y de la Comunidad Económica Europea. Se trata con ello de que Canarias disponga de una <atractividad> territorial capaz de compensar aspectos negativos y efectos desfavorables de la insularidad económica.
3. Para el transporte de cualquier tipo de mercancías se permitirá el libre aprovechamiento de la capacidad de carga en los vuelos tanto regulares como no regulares, incluyendo <charters>, que se efectúen desde, hacia y en tránsito por el archipiélago canario.
Desarrollo energético medio-ambiental.
4. Se valorarán preferentemente los sectores productivos relacionados con las energías renovables -tanto para usos energéticos como para la desalinización y reutilización de aguas-, el reciclaje y reutilización de productos, la agricultura
biológica y de exportación de productos de calidad y las nuevas tecnologías.
1. En tanto el producto interior bruto <per cápita> de Canarias se sitúe por debajo de la media nacional, el Instituto de Crédito Oficial tendrá abierta una línea de préstamos de mediación con tipos de interés preferentes para financiar inversiones en activos fijos por parte de las pequeñas y medianas empresas domiciliadas en Canarias que sean de nueva creación o que, ya constituidas amplíen, modernicen o trasladen sus instalaciones.
Los servicios de telecomunicación que se presten en Canarias estarán exentos del Impuesto General Indirecto Canario, con derecho a la deducción de las cuotas soportadas, en los términos previstos por el artículo 29 de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias.
Las empresas domiciliadas en Canarias que sean de nueva creación o que, ya constituidas, amplíen, modernicen o trasladen sus instalaciones gozarán de exención en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, en su constitución y en las adquisiciones patrimoniales realizadas durante un período de tres años a partir del otorgamiento de la escritura pública de constitución de las mismas, de bienes o derechos cualquiera que fuera su naturaleza, que estuvieran situados, pudieran ejercitarse o hubieran de cumplirse en territorio canario.
También estarán exentas del Impuesto General Indirecto Canario las entregas realizadas en favor de las mencionadas empresas y relativas a bienes calificados de inversión para el adquirente, con derecho a la deducción de las cuotas soportadas en los términos previstos en el artículo 29 de la Ley 20/1991, de 7 de junio.
Artículo 26. Régimen especial de las empresas que exporten a terceros países o envíen a la Unión Europea.
1. Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades gozarán de una bonificación del 50 por 100 de la cuota correspondiente a los rendimientos derivados de la exportación a terceros países o del envío al resto de la Unión Europea desde Canarias de bienes corporales por ellos producidos en el archipiélago, incluida la pesca de altura que se desembarque en los puertos canarios, se manipule o transforme y se exporte desde Canarias. Se podrán beneficiar de esta bonificación las personas o entidades domiciliadas en Canarias o domiciliadas en otros territorios que se dediquen a la producción o transformación de tales bienes en el archipiélago mediante sucursal o establecimiento permanente. La bonificación se efectuará sobre la cuota resultante después de practicar, en su caso, las deducciones a que se refiere el artículo 24 de la Ley 61/1978, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades. Dicha bonificación alcanzará, igualmente, a los rendimientos derivados de las operaciones que tengan por objeto la introducción de los referidos bienes en Zonas Francas, Depósitos Francos, Depósitos Aduaneros u otros depósitos autorizados, de conformidad con la normativa aduanera estatal y comunitaria, siempre que los mismos no se utilicen ni destinen a su consumo final en esas áreas.
2. La bonificación anterior también será aplicable a los sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que ejerzan las mismas actividades y con los mismos requisitos exigidos a los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, siempre y cuando determinen sus rendimientos en régimen de estimación directa.
La bonificación se aplicará sobre la parte de la cuota íntegra que proporcionalmente corresponda a los rendimientos derivados de las actividades de exportación señaladas.
1. Las sociedades y demás entidades jurídicas sujetas al Impuesto sobre Sociedades tendrán derecho a la reducción en la base imponible de este impuesto de las cantidades que, con relación a sus establecimientos situados en Canarias, destinen de sus beneficios a la reserva para inversiones de acuerdo con lo dispuesto en el presente artículo.
7. El disfrute del beneficio de la reserva para inversiones será incompatible, para los mismos bienes con la deducción por inversiones y con la exención por reinversión a que se refiere el artículo 15, ocho de la Ley 61/1978, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades.
Sobre la parte de cuota derivada de lo previsto en el párrafo anterior se girará el interés de demora correspondiente calculado desde el último día del plazo de ingreso voluntario de la liquidación en la que se realizó la correspondiente reducción de la base imponible.
Creación y ámbito de la Zona Especial Canaria
Se crea una Zona Especial en las islas Canarias (ZEC), con la finalidad de promover el desarrollo económico y social del archipiélago, presidida por el principio de estanqueidad, que se regirá por lo dispuesto en la presente Ley y en sus normas de desarrollo, sin perjuicio de la aplicación de la normativa general en lo no previsto expresamente.
Para garantizar la estanqueidad de la Zona Especial Canaria con respecto al territorio de régimen común su ámbito quedará restringido, dentro de sus límites geográficos, por razón de los sujetos y de las actividades que resulten autorizadas a acogerse a su régimen especial.
Artículo 29. Ambito geográfico de aplicación.
El ámbito geográfico de la Zona Especial Canaria se extenderá a todo el territorio de las islas Canarias, salvo en el caso de empresas que se dediquen a la producción, transformación, manipulación y comercialización de mercancías cuya entrega o producción se realice en la Zona Especial Canaria, que quedarán localizadas en las áreas que, dentro de dicho territorio, se determinen por el Gobierno de la Nación, a propuesta del Gobierno de Canarias.
Artículo 30. Ambito subjetivo de aplicación.
1. La Zona Especial Canaria quedará restringida, dentro de sus límites geográficos, a las entidades cuya inscripción en el Registro Oficial de Entidades de la Zona Especial Canaria sea autorizada.
2. Solamente se autorizará la inscripción de las entidades que reúnan los siguientes requisitos:
b) Tener la sede social, la efectiva dirección de los negocios y el establecimiento principal dentro del ámbito geográfico de la Zona Especial Canaria. En ningún caso podrán tener establecimientos, ni siquiera de carácter accesorio, en el resto del territorio nacional.
c) Constituir su objeto social la realización de las actividades comerciales, industriales y de servicios previstas en este Título.
d) Los propietarios de los capitales de las entidades ZEC deberán ser en todo caso personas o entidades no residentes en España, salvo los supuestos en que se autorice expresamente lo contrario.
1. Las entidades a que se refiere el artículo anterior solamente podrán realizar operaciones con no residentes sin establecimiento permanente en España o con otra entidad ZEC.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior podrán realizar operaciones con residentes en territorio español en relación con las actividades de producción de bienes corporales, en la forma que reglamentariamente se determine. En cualquier caso estas entidades, para su instalación, podrán adquirir bienes de activo fijo procedentes del territorio común.
2. La condición de no residente en España se acreditará en la forma establecida en la legislación fiscal vigente.
3. Reglamentariamente podrán determinarse las operaciones entre entidades ZEC, y entre éstas y no residentes en España, que pudieran ser prohibidas, limitadas o condicionadas, así como los requisitos que habrán de cumplir los mencionados no residentes, para evitar que el régimen de la Zona Especial Canaria se aplique, directa o indirectamente, a actividades distintas de las mencionadas en el párrafo 1 de este artículo.
4. Reglamentariamente podrá autorizarse la realización de operaciones de carácter instrumental o accesorio relacionadas con los gastos de funcionamiento, respecto de las actividades a las que se refiere el apartado 1 de este artículo, entre entidades ZEC y residentes en España.
El Consorcio y el Registro de la Zona Especial Canaria
Se crea adscrito al Ministerio de Economía y Hacienda, y con la denominación de Consorcio de la Zona Especial Canaria, un ente de Derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propios y plena capacidad pública y privada que se regirá por lo dispuesto en la presente Ley y las disposiciones que la desarrollen, entendiéndose comprendido en el número 5 del artículo 6 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria, según la redacción dada al mismo por el Real Decreto 1091/1988, de 23 de septiembre.
1. El Consorcio de la Zona Especial Canaria se regirá por el ordenamiento jurídico privado en todo lo relativo a sus relaciones patrimoniales y contratación, ajustándose en el desempeño de sus funciones públicas a lo dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y demás leyes que le sean de aplicación.
3. Los acuerdos y resoluciones del Consejo Rector y del Presidente del Consorcio de la Zona Especial Canaria en el ejercicio de sus funciones públicas se considerarán, en todo caso, como actos del Consorcio a efectos de lo dispuesto en el apartado anterior.
4. El personal que preste servicio en el Consorcio de la Zona Especial Canaria estará vinculado a la misma por una relación sujeta a las normas del Derecho laboral. Su selección, con excepción del de carácter directivo, se hará mediante convocatoria pública y de acuerdo con sistemas basados en los principios de mérito y capacidad, estando sometido al régimen de incompatibilidades establecido con carácter general para el personal al servicio de las Administraciones públicas.
a) El Presidente del Consorcio, que lo será del Consejo, y un Vicepresidente, nombrados ambos por el Gobierno de la Nación, a propuesta conjunta del Ministro de Economía y Hacienda y del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias, entre personas de reconocida competencia en materias económicas y financieras.
Como Secretario del Consejo, con voz pero sin voto, actuará la persona que el Consejo designe entre las que presten sus servicios en el Consorcio de la Zona Especial Canaria.
3. El Presidente ostentará la representación legal del Consorcio de la Zona Especial Canaria y ejercerá las facultades que le atribuye la presente Ley y las que le delegue el Consejo Rector. El Vicepresidente sustituirá al Presidente en los casos de vacante, ausencia o enfermedad y ejercerá, asimismo, las facultades que le delegue el Consejo.
4. El mandato del Presidente, del Vicepresidente y de los Consejeros tendrá una duración de cuatro años, al término de los cuales podrá ser renovado por otros dos períodos de cuatro años, cesando en sus cargos por expiración del término de sus respectivos mandatos, por renuncia aceptada por el órgano que los designe, por incumplimiento grave de sus obligaciones, incapacidad permanente para el ejercicio de su función, incompatibilidad sobrevenida o condena por delito doloso, previa instrucción del correspondiente expediente.
5. Los miembros del Consejo Rector del Consorcio de la Zona Especial Canaria estarán sometidos al régimen de incompatibilidades de los altos cargos de la Administración y, durante los dos años posteriores a su cese, no podrán ejercer actividad profesional alguna relacionada con dicha Zona.
Artículo 35. Comisión Consultiva del Consorcio.
1. Como órgano de asesoramiento del Consejo Rector, se crea la Comisión Consultiva del Consorcio de la Zona Especial Canaria, que estará presidida por el Vicepresidente del Consorcio con voz pero sin voto y estará integrada, de la forma que reglamentariamente se determine, por un máximo de doce personas en representación de las entidades ZEC, de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación y de otras entidades financieras y de servicios domiciliadas en las islas Canarias.
2. La Comisión Consultiva del Consorcio de la Zona Especial Canaria informará sobre cuantas cuestiones le sean planteadas por el Consejo Rector, así como podrá elevar a la consideración del Consejo Rector cuantas propuestas estime oportunas.
1. Al Consorcio de la Zona Especial Canaria le corresponden, con carácter general y sin perjuicio de las atribuidas en esta Ley a otros órganos u organismos públicos, las funciones de vigilancia y supervisión de las actividades desarrolladas por las entidades ZEC y las demás que se le atribuyen a esta Ley.
2. Reglamentariamente se establecerán los procedimientos de información y colaboración del Consorcio de la Zona Especial Canaria con el Banco de España y con los órganos de la Administración General del Estado y de la Comunidad Autónoma de Canarias, en el ámbito de sus respectivas competencias relacionadas con la Zona Especial Canaria y, en su caso, con sus delegados en ésta. De igual forma se podrá delegar el ejercicio parcial o pleno de competencias, de estos organismos, en el Consorcio relacionadas con las actividades a que se refiere el apartado anterior.
3. Asimismo el Consorcio de la Zona Especial Canaria promoverá y facilitará los servicios necesarios para el adecuado funcionamiento de dicha Zona y la consecución de su finalidad.
4. El Consorcio de la Zona Especial Canaria asesorará al Gobierno de la Nación, al Ministro de Economía y Hacienda y al Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias, en las materias relacionadas con la Zona Especial Canaria, a petición de los mismos o por iniciativa propia, pudiendo elevar aquellas propuestas sobre medidas o disposiciones relacionadas con dicha Zona que estime necesarias. Anualmente elaborará y dará publicidad a un informe en el que se refleje su actuación y la situación de la Zona Especial Canaria, sin perjuicio de la elaboración y publicación de estadísticas respecto a la misma con la periodicidad que estime pertinente.
Artículo 37. Competencias del Consejo Rector del Consorcio.
c) Gestionar las tasas de inscripción y permanencia en el Registro Oficial de las entidades ZEC.
d) Vigilar el cumplimiento por parte de las entidades ZEC de lo dispuesto en esta Ley, pudiendo para ello requerir cuanta información sea precisa, sin perjuicio de lo establecido en esta Ley respecto de las competencias atribuidas a otros órganos u organismos públicos.
e) Iniciar, instruir y resolver los expedientes sancionadores que se tramiten según lo dispuesto en las normas contenidas en el capítulo VI de este Título.
h) Elaborar anualmente un anteproyecto de presupuesto, con la estructura que señale el Ministerio de Economía y Hacienda.
i) Emitir cuantos informes se le soliciten en relación con las materias de su competencia.
j) Cualquier otra función o competencia que le sea atribuida directamente en esta Ley o en sus normas de desarrollo.
Artículo 38. Patrimonio, recursos económicos y régimen tributario del Consorcio.
1. El patrimonio inicial del Consorcio de la Zona Especial Canaria estará formado por una dotación fundacional que será aportada en su 75 por 100 con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y en el 25 por 100 restante con cargo a los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias.
c) El producto o rendimiento económico que obtenga en contraprestación a los servicios que preste o de las actividades que desarrolle.
3. Para la cobranza de los recursos de Derecho público previstos en el apartado anterior, el Consorcio ostentará las mismas prerrogativas que las legalmente establecidas a favor de la Administración General del Estado, y actuará, en su caso, conforme a los procedimientos administrativos correspondientes.
4. Salvo que el Consejo Rector acuerde otra utilización, el remanente anual del Consorcio se distribuirá entre las Administraciones públicas integrantes del mismo en la proporción establecida en el apartado 1 de este artículo.
5. El Consorcio de la Zona Especial Canaria queda sometido al mismo régimen tributario que el correspondiente al Estado.
Artículo 39. El Registro Oficial de Entidades de la Zona Especial Canaria. Creación.
1. Se crea el Registro Oficial de Entidades de la Zona Especial Canaria dependiente del Consorcio, con el carácter de registro público administrativo.
2. Solamente las entidades autorizadas, en los términos previstos en el artículo 30, que estén inscritas en el Registro Oficial podrán operar en la Zona Especial Canaria y acogerse al régimen especial que de ello se deriva.
3. Mediante Real Decreto se regulará la organización y normas de funcionamiento, el procedimiento de inscripción, y los datos y documentos que las Entidades inscritas deberán aportar al Registro Oficial de Entidades de la Zona Especial Canaria.
Régimen general de las entidades ZEC
Artículo 40. Entidades acogidas al régimen de la Zona Especial Canaria.
Las entidades ZEC quedarán sujetas en su constitución a los requisitos y condiciones que, según la naturaleza jurídica que tengan o forma mercantil que adopten, sean exigibles por la respectiva legislación vigente en el Estado español que les resulte de aplicación, sin perjuicio de las singularidades derivadas de esta Ley. En particular, se establecen con carácter general las siguientes excepciones:
a) El número de socios fundadores y de administradores podrá quedar reducido a uno.
b) Al menos uno de los administradores deberá residir en el archipiélago canario.
c) Los títulos representativos del capital social, en su caso, podrán ser emitidos al portador.
d) Con las excepciones que se establecen en los artículos 53.1 y 59.2 de esta Ley, el capital de las sociedades mercantiles acogidas a la Zona Especial Canaria habrá de ser, como mínimo, de un millón de pesetas y encontrarse totalmente desembolsado en el momento de la constitución de la sociedad.
Artículo 41. Procedimiento de constitución e inscripción de las entidades ZEC.
1. Para la constitución de una entidad ZEC sus promotores habrán de solicitar autorización previa al Consorcio de la Zona Especial Canaria. A la solicitud se acompañará Memoria descriptiva de las actividades que se desarrollarán por la entidad en la Zona Especial Canaria. Junto con esta solicitud se aportará un depósito o aval por importe de la tasa de establecimiento. A la vista de la documentación aportada por los promotores, el Consejo Rector procederá a la autorización previa que vincula la actuación posterior del órgano y será motivada en caso de denegación.
2. Una vez obtenida la autorización a la que se refiere el apartado anterior, los promotores procederán a constituir ante fedatario público la entidad que deseen, a la que obligatoriamente deberán añadir las siglas <ZEC>.
Los administradores deberán aportar el documento constituido al Registro Oficial de Entidades de la ZEC, donde será inscrita en el plazo de diez días salvo que la escritura no se ajustase a la documentación aprobada.
3. Las sociedades anónimas y limitadas, con independencia de cuál sea su activo, volumen de negocio y número de empleados, podrán presentar al Registro Oficial de Entidades ZEC balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria abreviados.
Sección 2.ª Control de cambios
Artículo 42. Control de cambios.
1. Las entidades ZEC tendrán la consideración de no residentes a los efectos de la legislación vigente en materia de control de cambios y de inversiones extranjeras.
2. Son libres los actos, negocios, transacciones y operaciones de toda índole, que supongan o de cuyo cumplimiento se deriven o puedan derivarse cobros, pagos y transferencias entre entidades ZEC y residentes en el extranjero, sin más limitaciones que las establecidas en esta Ley y sus normas de desarrollo.
Dicha liberalización se extiende asimismo a los cobros y pagos exteriores y a las transferencias del o al exterior derivados de los actos, negocios, transacciones y operaciones a que se refiere el párrafo anterior del presente apartado.
3. Salvo los supuestos expresamente autorizados, no podrán efectuarse transacciones, cualquiera que sea su naturaleza, ni sus correspondientes cobros, pagos y transferencias, entre entidades ZEC y las personas o entidades que, de acuerdo con la legislación de control de cambios, ostenten la condición de residentes en España, así como con entidades que, estando domiciliadas en el extranjero, estén participadas en más del 50 por 100 de su capital por residentes en España. A estos efectos, reglamentariamente se establecerá un régimen especial para las inversiones efectuadas por residentes en España en entidades ZEC, así como para las inversiones en España que realicen estas últimas entidades.
El incumplimiento de esta prohibición dará lugar a responsabilidad en los términos previstos en la presente Ley.
4. La acreditación de la no residencia en España se efectuará conforme a lo dispuesto en el artículo 2 del Real Decreto 1816/1991, de 20 de diciembre, sobre Transacciones Económicas con el Exterior.
Sección 3.ª Régimen fiscal
Artículo 43. Principio general.
Las entidades ZEC estarán sujetas por obligación personal al Impuesto sobre Sociedades al tipo del uno por ciento por las operaciones que realicen en la Zona Especial Canaria, en la forma prevista en esta Ley.
Las entidades ZEC quedarán exentas del pago de cualquier imposición indirecta devengada en España, tanto de carácter estatal, como autonómico o local, por las actividades que desarrollen en la Zona Especial Canaria, en la forma prevista en esta Ley.
Artículo 44. Exenciones en el Impuesto sobre Sociedades y en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
1. Los residentes en Estados que no sean miembros de la Unión Europea, gozarán del régimen de exención de la obligación real de contribuir previsto para residentes en otros Estados miembros de la CEE en el artículo 70 de la Ley 31/1991, de 30 de diciembre, el artículo 17 de la Ley 18/1991, de 6 de junio, y el Título II de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, cuando perciban rendimientos, incrementos de patrimonio y distribuciones de beneficios en el ámbito de la Zona Especial Canaria.
2. La única retención en la fuente a que quedan obligadas la entidades ZEC es la correspondiente a los rendimientos del trabajo personal de las personas físicas que trabajen para ellas dentro de la citada Zona Especial Canaria, y sin que tal retención pueda extenderse a las operaciones realizadas con no residentes en territorio español.
Artículo 45. Exenciones del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
Las entidades ZEC gozarán de exención en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, respecto de los actos, contratos y operaciones siguientes:
a) Por las adquisiciones de bienes y derechos que se destinen por el sujeto pasivo al desarrollo de su actividad, siempre que los mismos estuvieran situados, pu
dieran ejercitarse o hubieran de cumplirse en territorio canario.
b) Por las operaciones societarias realizadas por las mencionadas entidades, con excepción de la disolución de las mismas.
c) Por los actos jurídicos documentados formalizados en territorio canario, a excepción de las letras de cambio, los documentos que suplan a éstas o realicen función de giro, y las escrituras, actas o testimonios notariales gravados por el artículo 31, apartado 1, del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
Artículo 46. Exenciones en el Impuesto General Indirecto Canario.
Las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas por las entidades ZEC con otras entidades ZEC o con no residentes en España estarán exentas de tributación por el Impuesto General Indirecto Canario; no obstante, darán derecho a la deducción y devolución de las cuotas soportadas por repercusión directa en sus adquisiciones de bienes o en los servicios prestados a dichas entidades, o de la carga impositiva implícita en los mismos, así como de las cuotas satisfechas a la Hacienda Pública, en la medida en que los correspondientes bienes y servicios se utilicen por el sujeto pasivo en la realización de las operaciones mencionadas.
Artículo 47. Exenciones de la Tarifa especial del Arbitrio insular a la Entrada de Mercancías y del Arbitrio sobre la Producción e Importación en las islas Canarias.
Las operaciones realizadas por las entidades ZEC estarán exentas de la Tarifa especial del Arbitrio insular a la Entrada de Mercancías y del Arbitrio sobre la Producción e Importación en las islas Canarias cuando graven las operaciones entre entidades ZEC o entre éstas y no residentes.
Artículo 48. Tributos locales: conciertos fiscales.
El Consorcio de la Zona Especial Canaria podrá suscribir conciertos fiscales con las Entidades locales, en los que se determine una cifra global de tributación por parte de dicha entidad, que podrá ser inferior a la suma de todos los tributos de pago único o periódico, las tasas municipales y, en su caso, las contribuciones especiales devengadas a lo largo de cada ejercicio económico por las entidades ZEC establecidas dentro de áreas geográficas restringidas. Conciertos similares referidos exclusivamente al ámbito impositivo, podrán suscribirse entre el Consorcio y las Entidades locales en relación con las entidades ZEC establecidas fuera de esas áreas.
Artículo 49. Tributos locales: Ordenanzas fiscales.
3. No será de aplicación lo establecido en el artículo 9.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales.
Artículo 50. Tasas aplicables a las entidades ZEC.
a) Tasa de inscripción en el Registro Oficial de Entidades ZEC.
b) Tasa anual de permanencia en el Registro Oficial de Entidades ZEC.
2. Constituye el hecho imponible de las tasas a las que se refiere el apartado anterior, respectivamente, la inscripción y la permanencia de cada entidad inscrita en el Registro Oficial de Entidades ZEC.
a) En el caso de las tasas de inscripción, cuando se practique el correspondiente asiento en el Registro Oficial de Entidades ZEC.
b) En el caso de la tasa anual de permanencia, el día 31 de diciembre de cada año, a partir del siguiente al de inscripción en el Registro Oficial de Entidades ZEC.
En caso de disolución de la entidad ZEC o revocación de la autorización correspondiente, esta tasa se devengará en el momento de la cancelación de la inscripción, por el período transcurrido desde el anterior devengo y en todo caso desde el 31 de diciembre del ejercicio anterior.
4. Serán sujetos pasivos de las tasas establecidas de este artículo, a título de contribuyentes, las entidades ZEC inscritas en el Registro Oficial, de acuerdo con lo previsto en esta Ley.
5. La cuantía de las tasas se determinará mediante Real Decreto, atendiendo a los criterios establecidos en el artículo 19 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos.
6. Las tasas podrán ser objeto de autoliquidación por el sujeto pasivo en la forma en que reglamentariamente se determine.
Artículo 51. Contraprestaciones por los servicios del Consorcio de la Zona Especial Canaria.
El Consorcio queda autorizado para exigir las correspondientes contraprestaciones por los servicios que preste, en función del coste real de tales servicios y conforme a los criterios de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos.
Los beneficios fiscales establecidos en esta Ley para las entidades ZEC quedarán supeditados al cumplimiento de lo previsto en los artículos 28 a 31.
1. Podrá autorizarse la constitución, como entidades ZEC, de entidades de crédito, entendiendo por tales las que se definen en el artículo 1 del Real Decreto 1298/1986, de 24 de junio, con la redacción dada al mismo por el artículo 39.3 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, que habrán de cumplir con los requisitos de capital mínimo y condiciones de solvencia y de concentración de riesgos que se exijan por la legislación española, pero quedarán exentas de cualquier obligación exigible en el resto del territorio nacional respecto a coeficientes de caja, inversión u otros similares.
2. Para poder ejercer sus actividades en la ZEC, las entidades de crédito habrán de cumplir con los requisitos generales establecidos en esta Ley y en sus normas de desarrollo. La autorización para operar en la Zona Especial Canaria será otorgada por el Consorcio, previo informe favorable de la representación del Banco de España, teniendo en cuenta, en la forma que reglamentariamente se determine, el prestigio internacional y la idoneidad de la entidad matriz solicitante para el tipo de operaciones que, con arreglo a su memoria de actividades, pretendan llevarse a cabo.
4. Sin perjuicio del deber de colaboración establecido en el artículo 17 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, de las condiciones de solvencia exigidas en la normativa comunitaria inspirada en la recomendación de Basilea, así como de las facultades de la Inspección de los Tributos en relación con la comprobación del cumplimiento de lo previsto en los artículos 28 a 31, el régimen del secreto bancario al amparo del que se realizarán las actividades y operaciones de los establecimientos de crédito radicados en la Zona Especial Canaria, obligará a dichos establecimientos a no revelar información relacionada con las operaciones que efectúen o con la identidad de sus clientes, excepto cuando tal información se facilite en atención a un requerimiento derivado de actuaciones judiciales tendentes a investigar hechos que pudieran ser constitutivos de la apertura o de la instrucción de procedimientos penales ordinarios y cuando se refieran a hechos relacionados con el blanqueo de dinero proveniente de actividades ilegales, en cuyo caso se aplicará lo dispuesto en la normativa general al respecto y lo que resulte de los compromisos internacionales asumidos por España.
5. Los datos y documentos que obren en poder de las autoridades competentes en virtud de las funciones que les encomienda la presente Ley tendrán carácter reservado. Las autoridades no podrán comunicar, publicar ni exhibir los datos o documentos reservados, salvo que los interesados afectados lo hubiesen consentido expresamente.
6. Lo establecido en el apartado anterior será aplicable sin perjuicio del deber de colaboración de las autoridades competentes con las que tuvieran encomendadas funciones semejantes en países extranjeros.
7. Las entidades de crédito establecidas en la Zona Especial Canaria podrán operar en divisas y tomar posiciones de riesgo de cambio, conforme a las normas reguladoras dictadas al efecto así como de las emisiones de valores por estas entidades, previo informe del Consorcio de la Zona Especial Canaria.
2. La estructura y funcionamiento de este mercado estarán sujetos a la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, en todo lo no previsto en esta Ley.
Artículo 60. Autorización e inscripción de las sociedades y agencias de bolsa y valores.
Régimen especial de las empresas que se dediquen a la producción, manipulación, transformación y comercialización de mercancías
Artículo 63. Empresas que se dediquen a la producción, manipulación, transformación y comercialización de mercancías.
1. Las entidades ZEC que se dediquen a la producción, manipulación, transformación y comercialización de mercancías habrán de desarrollar sus actividades dentro de las áreas que constituyan el ámbito geográfico de la Zona Especial Canaria para dichas entidades, y les será de aplicación lo dispuesto en la legislación reguladora de las Zonas Francas.
2. Las áreas geográficas a que se refiere el número anterior se situarán preferentemente en las proximidades de los puertos y aeropuertos del archipiélago, pero podrán situarse en otros lugares de Canarias cuando razones urbanísticas o medio ambientales así lo aconsejen, siempre y cuando en tales casos quede garantizado el aislamiento del resto del territorio de la Comunidad Autónoma y la comunicación con los puertos y aeropuertos en condiciones que aseguren el referido aislamiento.
3. Reglamentariamente se determinarán los mecanismos de coordinación con respecto a las entidades ZEC, entre el Consorcio de la Zona Especial Canaria y los órganos de la Administración competentes en las materias reguladas por las disposiciones en vigor de las entidades ZEC.
4. Las entidades ZEC a que se refiere este artículo podrán presentar al Registro Mercantil balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria abreviados con independencia de su activo, volumen de negocio y número de empleados.
5. A las entidades ZEC a que se refiere este artículo y a sus operaciones les será de aplicación lo dispuesto con carácter general en la legislación vigente sobre Zonas Francas para las establecidas en las islas Canarias.
1. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente Título, en relación con los requisitos y condiciones a que quedan sujetas las entidades ZEC para poder acogerse al régimen previsto de esta Ley, será sancionado de acuerdo con lo dispuesto en las normas contenidas en el presente capítulo.
2. Corresponderá al Consorcio de la Zona Especial Canaria la potestad sancionadora y la ejercerá a través de su Consejo Rector.
2. En los supuestos en que las infracciones pudieran ser constitutivas de delito o falta, el Consorcio de la Zona Especial Canaria pasará el tanto de culpa a la correspondiente jurisdicción y se abstendrá de seguir el procedimiento sancionador mientras la autoridad judicial no dicte sentencia firme.
b) La realización de actividades industriales, comerciales y de prestación de servicios con residentes en España o con establecimientos permanentes situados en España de personas o entidades no residentes, salvo en los supuestos permitidos por el artículo 31.
c) La realización de actividades industriales, comerciales y de prestación de servicios con no residentes en España en los casos prohibidos reglamentariamente o fuera de los límites o condiciones establecidos.
d) La realización de operaciones por las entidades de crédito, constituidas en la Zona Especial Canaria, en pesetas o en divisas, con personas físicas o jurídicas residentes o con establecimientos permanentes situados en España de personas o entidades no residentes, salvo los supuestos reglamentariamente autorizados, y con personas físicas o jurídicas no residentes en España en los casos prohibidos reglamentariamente o fuera de los límites o condiciones establecidos.
e) La realización de operaciones por las entidades de seguros constituidas en la Zona Especial Canaria, con personas físicas o jurídicas residentes en España, o con establecimientos permanentes situados en España de personas o entidades no residentes, salvo los supuestos reglamentariamente autorizados, y con personas físicas o jurídicas no residentes en España en los casos prohibidos reglamentariamente o fuera de los límites o condiciones establecidos.
f) La negativa o resistencia a la actuación inspectora del Consorcio de la Zona Especial Canaria en materia de su competencia por parte de las entidades ZEC acogidas a los beneficios de dicha Zona, siempre que medie requerimiento expreso y por escrito al respecto.
g) La inobservancia del deber de presentación y depósito en el Registro Oficial de Entidades ZEC de la documentación preceptiva, de conformidad con lo establecido en el artículo 41. A tales efectos se considerará inobservancia cuando el retraso en la presentación supere los seis meses.
h) La comisión de una infracción leve cuando el infractor hubiere sido sancionado por otras dos o más leves dentro del período de un año.
1. Las infracciones graves previstas en las letras b), c), e) y f) del apartado 2 del artículo anterior, se sancionarán con la revocación de la autorización, la cancelación de la inscripción de la entidad infractora en el Registro Oficial de Entidades ZEC y multa de 50.001 a 5.000.000 de pesetas.
2. La negativa o resistencia a la actuación inspectora del Consorcio de la Zona Especial Canaria cuando tenga por objeto comprobar si se han realizado las operaciones descritas en las letras b), c), e) y f) del apartado 2 del artículo anterior, se sancionarán con la revocación de la autorización, la cancelación de la inscripción de la entidad infractora en el Registro Oficial de Entidades ZEC y multa de 50.001 a 5.000.000 de pesetas.
3. Las restantes infracciones graves contempladas en el apartado 2 del artículo anterior, se sancionarán con multa de 50.001 a 5.000.000 de pesetas.
4. Las infracciones leves se sancionarán con multa de 10.000 a 50.000 pesetas.
5. La imposición de las sanciones establecidas en los apartados anteriores se graduará atendiendo, en cada caso, a la propia gravedad de la infracción, a la naturaleza de los daños y perjuicios causados y a la conducta anterior de los infractores.
1. Las infracciones leves prescribirán al año, y las graves a los cinco años.
1. Las sanciones impuestas por infracciones leves prescribirán al año; las impuestas por infracciones graves, a los cinco años.
1. El Consorcio de la Zona Especial Canaria no podrá imponer sanciones graves sino en virtud de expediente instruido al efecto, con arreglo a lo dispuesto en el capítulo II del Título VI de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
2. Las sanciones por infracciones leves se impondrán sin más trámite que la previa audiencia al interesado e informe sucinto de la Comisión Consultiva.
3. Las sanciones por infracciones graves o leves serán impuestas en todo caso mediante acuerdo del Consejo Rector del Consorcio de la Zona Especial Canaria.
Lo dispuesto en este capítulo se entenderá sin perjuicio de lo previsto en las disposiciones reguladoras del régimen de infracciones y sanciones tributarias y del procedimiento para su aplicación.
2. Los tripulantes y las empresas de los buques que estén adscritos a los servicios regulares entre las islas Canarias y entre éstas y el resto del territorio nacional, en tanto éstos no puedan inscribirse en el Registro Especial, de conformidad con lo previsto en el apartado anterior, podrán, no obstante, disfrutar de la exención del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y de las bonificaciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre Sociedades y cotizaciones a la Seguridad Social, establecidas en los artículos 74, 75.1, 76.1 y 78.
1. Para los tripulantes de los buques inscritos en el Registro Especial de Buques y Empresas Navieras, sujetos al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas por obligación personal, tendrá la consideración de dieta exceptuada de gravamen el 15 por 100 de los rendimientos íntegros del trabajo personal que se hayan devengado con ocasión de la navegación realizada en buques inscritos en el citado Registro.
2. Para los tripulantes de los buques inscritos en el Registro Especial de Buques y Empresas Navieras, sujetos al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas por obligación real, tendrá la consideración de dieta exceptuada de gravamen el 15 por 100 de los rendimientos íntegros del trabajo personal que se hayan devengado con ocasión de la navegación realizada en buques inscritos en el citado Registro.
1. Se bonificará en un 35 por 100 la porción de la cuota de este impuesto resultante después de practicar, en su caso, las deducciones por doble imposición a que se refiere el artículo 24 de la Ley 61/1978, de 27 de diciembre, que corresponda a la parte de la base imponible que proceda de la explotación desarrollada por las empresas navieras relativa a los servicios regulares a que se refiere el artículo 73.2.
2. Se bonificará en un 35 por 100 la porción de la cuota de este impuesto resultante después de practicar, en su caso, las deducciones por doble imposición a que se refiere el artículo 24 de la Ley 61/1978, de 27 de diciembre, que corresponda a la parte de la base imponible que proceda de la explotación desarrollada por las empresas navieras de sus buques inscritos en el Registro Especial de Buques y Empresas Navieras.
1. Para los tripulantes de los buques inscritos en el Registro Especial de Buques y Empresas Navieras, se establece una bonificación del 50 por 100 en la cuota empresarial a la Seguridad Social.
2. La bonificación establecida en el apartado anterior se financiará mediante la correspondiente aportación del Estado al presupuesto de la Seguridad Social.
3. Las transmisiones <inter vivos> y <mortis causa> de participaciones en Comunidades y Heredamientos estarán exentas de los tributos que gravan el tráfico de bienes.
<b) La deducción por inversiones tendrá como límite máximo el porcentaje que a continuación se indica de la cuota líquida resultante de minorar la cuota íntegra en el importe de las deducciones por doble imposición, y, en su caso, las bonificaciones previstas en el artículo 25 de la Ley 61/1978, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades. Tal porcentaje será siempre superior en un 80 por 100 al que para cada modificación de la deducción por inversiones se fije en el régimen general, con un diferencial mínimo de 35 puntos porcentuales.>
En Canarias no será de aplicación la exacción prevista en el artículo 12.1 c) de la Ley 3/1993, de 22 de marzo. En su sustitución, las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de Canarias aplicarán una exacción del 0,27 por 100 sobre la base imponible del Impuesto sobre Sociedades, girada previamente a la minoración de dicha base en las cantidades que puedan destinarse a la reserva para inversiones en Canarias.
Los rendimientos de la exacción a que se refiere el párrafo anterior se destinarán exclusivamente a la financiación del Plan Cameral de Fomento a la Exportación y a actividades de formación profesional, conforme a lo previsto en el artículo 16.2 de la referida Ley 3/1993, de 22 de marzo.
3. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el <Boletín Oficial del Estado>.
SE DICTA DE CONFORMIDAD con el art. 14 bis y se regula la concesión de subvención para abaratar el sobrecoste del agua a los agricultores en Canarias: Real Decreto 217/2019, de 29 de marzo (Ref. BOE-A-2019-4676).
los arts. 1 al 24, 26 al 28, 31, 38, 44.5, con los efectos indicados el 44.6, 72, disposiciones adicionales 3, 4 y 14 y anexo; SE AÑADE los arts. 3 bis, 3 ter, 13 bis, 14 bis, 21 bis, 22 bis, 24 bis, 25 bis, con los efectos indicados la disposición adicional 14 bis y la disposición transitoria 7, por Ley 8/2018, de 5 de noviembre (Ref. BOE-A-2018-15139).
el art. 11.2, por Ley 3/2017, de 27 de junio (Ref. BOE-A-2017-7387).
los arts. 27, 29 a 31, 33.1, 35.1, 38.a), 41.1, 42.1.b), 44, 50, 52, 63, 66, 67.1 y disposición transitoria 4 y SE AÑADE el art. 27 bis, las disposiciones adicionales 13 y 14 y un anexo y SE SUPRIMEN los arts. 48 y 49, por Real Decreto-ley 15/2014, de 19 de diciembre (Ref. BOE-A-2014-13248).
el art. 27.4.A) y C), por Ley 28/2014, de 27 de noviembre (Ref. BOE-A-2014-12329).
SE DECLARA, en el Recurso 2703/2011, con el alcance establecido en el fj 7, la inconstitucionalidad y nulidad del art. 27.4.a) y c), en la redacción dada por la disposición final 30 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, por Sentencia 164/2013, de 26 de septiembre (Ref. BOE-A-2013-11125).
SE DEROGA con efectos de 1 de julio de 2012, el art. 24, por Ley 16/2012, de 27 de diciembre (Ref. BOE-A-2012-15650).
los arts. 50.2 y 3, por Ley 2/2012, de 29 de junio (Ref. BOE-A-2012-8745).
con efectos para períodos impositivos a partir del 1 de enero de 2010, el art. 27, por Ley 2/2011, de 4 de marzo (Ref. BOE-A-2011-4117).
sobre compensación al transporte marítimo y aéreos de mercancías: Real Decreto 170/2009, de 13 de febrero (Ref. BOE-A-2009-3025).
con los arts 25 y 27, en materia de incentivos fiscales en la imposición indirecta, reserva para inversiones y la zona especial, por Real Decreto 1758/2007, de 28 de diciembre (Ref. BOE-A-2008-745).
SE DEROGA el capítulo IV del título V y se modifica los arts. 25 a 27, 29, 31, 35, 38, 42 a 45, 49, 67 y la disposición adicional 11.4, por Real Decreto-ley 12/2006, de 29 de diciembre (Ref. BOE-A-2006-22952).
los arts. 27, 73.2, 75, 78 con efectos según lo indicado y se añade un art. 77 bis y una disposición adicional 12, por Ley 4/2006, de 29 de marzo (Ref. BOE-A-2006-5692).
los arts. 25 y 27, por Ley 62/2003, de 30 de diciembre (Ref. BOE-A-2003-23936).
el art. 27 y el art. 26 con efectos de 1 de enero de 2002, por Ley 53/2002, de 30 de diciembre (Ref. BOE-A-2002-25412).
con efectos desde el 1 de enero de 2002, el art. 25, por Ley 24/2001, de 27 de diciembre (Ref. BOE-A-2001-24965).
los arts. 24 y 25, por Ley 14/2000, de 29 de diciembre (Ref. BOE-A-2000-24357).
los capítulos I, II, III, V y VI del título V y la disposición final única, por Real Decreto-ley 2/2000, de 23 de junio (Ref. BOE-A-2000-11832).
SE DICTA DE CONFORMIDAD sobre compensación al transporte marítimo y aéreos de mercancías: Real Decreto 199/2000, de 11 de febrero (Ref. BOE-A-2000-3269).
SE DECLARA la vigencia de lo indicado, por Ley 40/1998, de 9 de diciembre (Ref. BOE-A-1998-28472).
SE DICTA DE CONFORMIDAD sobre subvenciones al transporte aéreos interinsular: Real Decreto 1745/1998, de 31 de julio (Ref. BOE-A-1998-20642).
los arts. 25.1 y 26.1 y se añade la disposición adicional 11, por Real Decreto-ley 7/1998, de 19 de junio (Ref. BOE-A-1998-14580).
la disposición adicional 7, por Ley 66/1997, de 30 de diciembre (Ref. BOE-A-1997-28053).
SE AÑADE un párrafo 2 a la disposición final Unica, por la Ley 14/1996, de 30 de diciembre (Ref. BOE-A-1996-29118).
SE DICTA DE CONFORMIDAD con el art. 18.2, regulando la composición y funcionamiento del Consejo Asesor para la promoción del Comercio con Africa Occidental: Real Decreto 417/1996, de 1 de marzo (Ref. BOE-A-1996-6828).
SE MODIFICA por Real Decreto-ley 3/1996, de 26 de enero (Ref. BOE-A-1996-1707).
SE DECLARA la vigencia de lo indicado, por Ley 43/1995, de 27 de diciembre (Ref. BOE-A-1995-27752).
aprobando el Estatuto del Consejo Rector: Real Decreto 1050/1995, de 23 de junio (Ref. BOE-A-1995-16750).
sobre Compensación al Transporte Maritimo y aéreos de mercancías: Real Decreto 1054/1995, de 23 de junio (Ref. BOE-A-1995-15794).
los arts. 75.1 y 78, por Ley 42/1994, de 30 de diciembre (Ref. BOE-A-1994-28968).
el art. 75.2, por la Ley 41/1994, de 30 de diciembre (Ref. BOE-A-1994-28967).
DEROGA el Título II de la Ley 30/1972, de 22 de julio (Ref. BOE-A-1972-1094).
MODIFICA el art. 94.B) de la Ley 20/1991, de 7 de junio (Ref. BOE-A-1991-14463).
Decisión 91/314/CEE, de 26 de junio.
Ley sobre Heredamientos de Aguas del Archipiélago Canario, de 27 de diciembre de 1956 (Gazeta) (Ref. BOE-A-1956-18089).