Source: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/diciembre/160063-1436-171213-2013-13-749.HTML
Timestamp: 2019-01-23 19:10:33
Document Index: 274482660

Matched Legal Cases: ['artículo 173', 'artículo 168', 'artículo 130', 'artículo 130', 'artículo 130', 'artículo 56', 'Artículo 19', 'artículo 6', 'artículo 130', 'artículo 130', 'artículo 130', 'artículo 168', 'artículo 168', 'artículo 130', 'artículo 130', 'artículo 130', 'artículo 130', 'artículo 130', 'artículo 59', 'artículo 176']

Ponencia de la Magistrada Doctora SONIA COROMOTO ARIAS PALACIOS
En el juicio de enfermedad profesional seguido por el ciudadano JOSÉ RAMÓN FARÍA MATOS, representado por los abogados Sergio Guerrero Villasmil, Álvaro Javier Chacón Cadenas y Rosibell del Valle Paredes Peña, contra la sociedad mercantil PEPSI-COLA, Venezuela, C.A., representada por los abogados Anuel Disney García Montoya, Emerson Rimbaud Mora Suescun, Yndiria Margarita Zoghbi Galviz, Tomás Enrique Mora Molina, Daniel Enrique Quintero Sutil, Maggaly Coromoto Celis Beuses, Carlos David Contreras Sánchez, Douglas Elbano Reverol Zambrano, Juan Pedro Quintero Moreno, Pedro José Vale Montilla y Nelly Viviana Serrano Galvis; el Juzgado Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Mérida, conociendo por apelación de ambas partes, en sentencia publicada el 23 de abril de 2013, declaró con lugar el recurso de apelación ejercido por la parte actora, sin lugar el recurso de apelación ejercido por la parte demandada y con lugar la demanda, anulando la decisión del Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la misma Circunscripción Judicial, de fecha 29 de enero de 2013, que declaró parcialmente con lugar la demanda.
Contra esa decisión, en fecha 29 de abril de 2013, la representación judicial de la parte demandada anunció y formalizó recurso de casación, el cual, una vez admitido fue remitido a esta Sala de Casación Social. Hubo contestación.
En fecha 14 de enero de 2013, se incorporaron a esta Sala previa convocatoria, el Magistrado Suplente Octavio Sisco Ricciardi y las Magistradas Suplentes Sonia Coromoto Arias Palacios y Carmen Esther Gómez Cabrera, en virtud de haberse cumplido el período para el cual fueron designados los Magistrados Omar Alfredo Mora Díaz, Juan Rafael Perdomo y Alfonso Valbuena Cordero, de acuerdo con lo previsto en los artículos 264 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 38 y 47 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, respectivamente, por lo que el 28 de enero de 2013 esta Sala de Casación Social ordena su incorporación quedando integrada por el Magistrado Luis Eduardo Franceschi Gutiérrez, Presidente; Magistrada Carmen Elvigia Porras de Roa, Vicepresidenta; el Magistrado Octavio José Sisco Ricciardi y las Magistradas Sonia Coromoto Arias Palacios y Carmen Esther Gómez Cabrera.
Se fijó la realización de la audiencia oral, pública y contradictoria para el día jueves 31 de octubre de 2013, a las once y cuarenta (11:40 a.m), todo en sujeción a lo regulado por el artículo 173 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
Por auto de fecha 28 de octubre de 2013, se difirió la realización de la referida audiencia para el día jueves doce (12) de diciembre de 2013, a las once y cuarenta de la mañana (11:40 a.m.).
Cumplidos los trámites de sustanciación del recurso de casación, se realizó la audiencia oral y pública con presencia de las partes y siendo la oportunidad para decidir, lo hace la Sala bajo la ponencia de la Magistrada quien con tal carácter la suscribe, previas las siguientes consideraciones:
Con fundamento en el numeral 3° del artículo 168 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, denuncia el formalizante el error en la motivación.
Señala el formalizante que el actor en su demanda indicó que sus padecimientos iniciaron el 21 de agosto de 2009, cuando sufrió un accidente en una motocicleta, y que es a partir de allí que inició “el dolor corporal” que dio lugar al procedimiento de la investigación del INPSASEL y que concluyó en la certificación de enfermedad profesional; no obstante, la recurrida estimó que los padecimientos que dice sufrir el demandante, tienen su origen en las labores desempeñadas durante toda la relación de trabajo, incluso aquellas desplegadas antes del 21 de agosto de 2009.
Argumenta el recurrente, que el error en la motivación se patentiza cuando la recurrida abandona los alegatos del demandante acerca de la fecha de origen de sus padecimientos (21 de agosto de 2009) y estima que el incumplimiento a la normativa de seguridad y salud, ocurridos antes de 2004, tienen un nexo causal con los padecimientos del actor, aún cuando ello no fue alegado por ninguna de las partes.
Concluye el recurrente, que el error en la motiva afecta de forma determinante la sentencia, dado que de haberse acogido a lo señalado por el actor, necesariamente hubiese llegado a la conclusión de que no existe responsabilidad subjetiva del patrono, y, por tanto, no hubiese condenado el pago de la indemnización del artículo 130 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo.
En sentencia N° 133 de 5 de marzo de 2004, la Sala estableció que en el sistema de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo la falta de motivos debe entenderse literalmente, aun y cuando no lo precisa la norma, como la falta absoluta de motivos, que se da cuando no se expresa motivo alguno, es decir, cuando la sentencia no contiene materialmente ningún razonamiento de hecho ni de derecho en que pueda sustentarse el dispositivo, porque como ya se ha expresado, la motivación exigua, breve, lacónica, no es inmotivación pues en tal caso la Sala podrá controlar la legalidad de la decisión tanto en el establecimiento de los hechos como en la aplicación del derecho; la contradicción en los motivos, cuando las razones del fallo se destruyen entre sí; el error en los motivos, no se refiere a que los motivos sean errados o equivocados sino cuando los motivos expresados no guardan ninguna relación con la pretensión deducida y con las excepciones o defensas opuestas, caso en el cual los motivos aducidos a causa de su manifiesta incongruencia con los términos en que quedó circunscrita la litis, deben ser tenidos como jurídicamente inexistentes; y, la falsedad o manifiesta ilogicidad de la motivación, cuando los motivos son tan vagos, generales, inocuos o absurdos que se desconoce el criterio jurídico que siguió el juez para dictar su decisión.
En el caso concreto, el recurrente sostiene que el error en la motivación básicamente se produce cuando el fundamento utilizado por la recurrida no guarda relación con la pretensión deducida y las excepciones o defensas opuestas, al considerar que los padecimientos del trabajador tienen su origen durante toda la relación de trabajo, siendo que el actor en su escrito libelar señaló que sus padecimientos iniciaron el 21 de agosto de 2009, cuando sufrió un accidente en una motocicleta.
Sobre el particular, la recurrida en su parte motiva, señaló:
Puntualizado lo anterior, se procederá a determinar si corresponden al actor, los conceptos reclamados en el libelo de la demanda, que son los siguientes:
Indemnización de conformidad con el numeral 3, del artículo 130 de la Ley Orgánica de prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT) equivalente a 6 años de salario que por tratarse de una enfermedad, por Discapacidad Total y Permanente.
Ahora bien, señala el artículo 130 eiusdem, que las indemnizaciones corresponden a los trabajadores, en caso de ocurrencia de un accidente de trabajo o enfermedad ocupacional como consecuencia de la violación de la normativa legal en materia de seguridad y salud en el trabajo por parte del empleador o de la empleadora. Es lo que la doctrina ha denominado la responsabilidad subjetiva del patrono.
En torno a este particular, se observa que en el caso de marras, según se desprende del expediente administrativo distinguido con el alfanumérico MER-27-IE-11-0214, que obra inserto a los folios del 200 al 360, valorado ut supra, que el 31 de mayo de 2011, se recibió solicitud de investigación de origen de enfermedad, y del informe de origen de enfermedad, suscrito por el Inspector Arcenio Rangel Peña, de fecha 05/09/2011, se determinó que la empresa desde el inicio de la relación laboral con el actor, no disponía de descripciones de cargos; ni garantizó la formación teórica y práctica suficiente y adecuada para ejecución de las funciones inherentes a su actividad y prevención de accidentes de trabajo y enfermedades durante su jornada laboral, sólo lo hizo a partir del año 2004; que no entregó equipos de protección personal adecuados a las condiciones de trabajo y en cantidad suficiente. Describieron los procesos peligrosos presentes en los puestos de trabajo del trabajador (artículo 56 numeral 4 LOPCYMAT), en los últimos 10 años, como sigue: Intrínsecos en el objeto de trabajo: Rutas largas, derivadas de los medios de trabajo: Camión Mitsubishi carga, derivadas de la organización del trabajo: Rutas con clientes distantes y derivados de la interacción del objeto-medio y organización del trabajo: improvisación para ventas; que en algunos casos el trabajador era sometido a ventas los días domingos para cumplir con las metas de ventas del producto, que en el momento de ejecutar la tarea y habitualmente se presentan las siguientes condiciones: esfuerzo físico manipulación de cargas, posturas forzadas y movimientos repetitivos, que de año 1998 al año 2004, no existía estudio; que no se constató evaluación médica pre-empleo ni post-empleo, pre-vacacional ni post-vacacional; que el comité de seguridad y salud laboral se constituyó el 27/05/2007; que en esa oportunidad existía un programa de reinserción laboral, que no cumplía con las exigencias mínimas.
Además se evidencia, en las conclusiones sobre la investigación del origen de la enfermedad, del acta levantadas en fecha 15/09/2011, que: El actor, durante la duración de la relación laboral, estuvo expuesto a movimientos repetitivos, esfuerzo físico, posiciones disergonomicas, movimientos rápidos, levantamiento de peso en forma inadecuada, sobrecarga laboral, torsión de la columna de forma repetida entre otras.
De igual manera, se evidencia en las resultas de la inspección judicial, que hubo unas manifestaciones de la médico ocupacional Juvirma Francisca Pacheco Fuentes, donde señaló que: “A partir del año 2009 si se han implementado políticas de prevención para evitar lesiones de espalda, ofreciéndole charlas al personal activo”; y, del dicho de la ciudadana Yelipza Quintero, encargada del Departamento de Administración, Distribución y Almacén, que: “se han dictado charlas dirigidas a la capacitación del personal de acuerdo al departamento en el que se desempeñen desde finales del año 2006, que el peso estiba paleta es de 25 Kilos, de la nevera de dos puertas 205 Kilos y de una puerta 122 Kilos y el peso del bag in box pesa 18 y 12 Kilos”.
Igualmente, se pudo constatar de la Historia Médica Ocupacional Pre-Vacacional, en fecha 01 de julio de 2008, que en la referida data, se indicó como antecedente patológico en el último año Lumbalgia, sin que conste que la empresa hubiese realizado lo necesario para atenuar o mejorar dicha condición; asimismo, en la Historia Médica Ocupacional Pre-Vacacional, en fecha 29 de junio de 2009, se señaló en el item relacionado a los probables riesgos: físicos, químicos, biológicos, mecánicos, ergonómicos, u otros: al manejar el vehículo y con relación a los métodos de protección que utiliza: el cinturón de seguridad, lo que permite a ésta Juzgadora, tener certeza del incumplimiento de las normas en materia de seguridad y salud en el trabajo. Y así se establece.
Asimismo, se hace necesario citar la norma 19 de la LEY ORGANICA DE PREVENCION, CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO, publicada en Gaceta Oficial N° 3.850 de fecha 18 de julio de 1986, que se encontraba vigente para el momento del inicio de la relación laboral (01 de septiembre de 1998), que establecía las obligaciones que tenía el empleador, en los siguientes términos:
‘Artículo 19.- Son obligaciones de los empleadores:
1. Garantizar a los trabajadores condiciones de Prevención, Salud, Seguridad y Bienestar en el Trabajo, en los términos previstos en la presente Ley y en las disposiciones reglamentarias que se establecieren.
2. Denunciar al Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, con carácter obligatorio, las enfermedades profesionales, los accidentes de trabajo y cualesquiera otras condiciones patológicas que ocurrieren dentro del ámbito laboral previsto por esta Ley.
3. Instruir y capacitar a los trabajadores respecto a la prevención de accidentes y enfermedades profesionales, así como también en lo que se refiere a uso de dispositivos personales de seguridad y protección, todo en concordancia con lo establecido en el artículo 6 de la presente Ley.
4. Organizar y mantener los servicios médicos y los órganos de Seguridad Laboral previstos en esta Ley.
5. Incorporarse activamente a los Comités de Higiene y Seguridad establecidos por la presente Ley.
6. Oír de los trabajadores sus planteamientos y tomar por escrito las denuncias que éstos formulen en relación a las condiciones y medio ambiente de trabajo. Hacer la participación correspondiente y tomar las medidas que el caso requiera. El patrono en ningún caso podrá despedir al trabajador o aplicar cualquier otrotipo de sanción por haber hecho uso de los derechos consagrados en esta Ley.
7. Colocar en carteles, por trimestres sucesivos, en sitios visibles de la Empresa, los registros e índices de accidentes y enfermedades profesionales acaecidos en dichos lapsos’.
Del análisis de las indicadas pruebas, concatenándolo con el contenido de la referida disposición legal, se puede determinar el incumplimiento por parte de la accionada de las obligaciones legales en materia de seguridad y salud en el trabajo, desde 1998 (año de inicio de la relación laboral), y es con los medios probatorios aportados por la demandada, concretamente la constancia de aleccionamiento de riesgos de fecha 26 de mayo de 2004, marcado con la letra “G”, agregado al folio 110, se evidencia que el aleccionamiento sobre riesgos, se realizó 6 años después del inicio de la relación laboral.
Igual ocurre, con las constancias de dotación de uniforme y equipo de protección personal, identificadas con la letra “H”, agregados a los folios del 111 al 119, donde se observa, que los mismos, fueron entregadas a partir del año 2005, es decir, 7 años después del ingreso del trabajador a la empresa. Así como del oficio descriptivo del cargo del demandante de fecha septiembre 2005, marcado con la letra “I”, agregado al folio del 120, que fue dado al actor la descripción del cargo en el año 2005, es decir, 7 años después del ingreso del trabajador.
Como consecuencia de lo antes expuesto, considera este Tribunal que existen suficientes elementos de prueba que hacen generar convicción de que en el caso particular que nos ocupa se encuentran demostrados los supuestos para que proceda la indemnización que por responsabilidad subjetiva del patrono, contempla el artículo 130, de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo. Y así se decide.
Ahora bien, como puede observarse de la transcripción anterior, el Juzgador ad quem, se circunscribió a la pretensión deducida y a las excepciones y defensas opuestas para resolver la controversia, en el entendido que el demandante solicitó la responsabilidad subjetiva del patrono al no cumplir con las obligaciones legales en materia de seguridad y salud en el trabajo, como consecuencia de la enfermedad profesional que padece, peticionando las indemnizaciones contempladas en el artículo 130, de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, siendo que la recurrida luego de valorar y analizar el material probatorio, concluyó que conforme al expediente administrativo distinguido con el alfanumérico MER-27-IE-11-0214, y del informe de origen de enfermedad, suscrito por el Inspector Arcenio Rangel Peña, de fecha 05/09/2011, se determinó que la empresa desde el inicio de la relación laboral con el actor, no disponía de descripciones de cargos; ni garantizó la formación teórica y práctica suficiente y adecuada para ejecución de las funciones inherentes a su actividad y prevención de accidentes de trabajo y enfermedades durante su jornada laboral, que sólo lo hizo a partir del año 2004, es decir, posterior al año 1998, fecha en que comenzó a prestar sus servicios el demandante, razón por la cual se verificó el incumplimiento por parte del patrono, lo que conlleva a que éste tenga responsabilidad subjetiva por la enfermedad ocupacional que presenta el trabajador, haciéndolo responsable del cumplimiento de las indemnizaciones contenidas en el artículo 130, de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo.
En consecuencia, se declara improcedente la denuncia.
De conformidad con lo previsto en el ordinal 3° del artículo 168 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, denuncia el formalizante el vicio de contradicción en la motivación.
Señala el recurrente que la recurrida luego de que verifica que su representada cumplió con la normativa en materia de seguridad y salud laboral a partir del año 2004, condena al demandado al pago de una indemnización por responsabilidad subjetiva por una enfermedad que se originó en fecha 29 de agosto de 2009.
Enfatiza el recurrente que la recurrida no determinó adecuadamente el nexo o relación de causalidad que debe existir entre el incumplimiento de la normativa en materia laboral por parte del patrono con el momento en que comienza a padecer la enfermedad alegada.
Aduce el recurrente que la recurrida soporta su dispositivo en dos razonamientos absolutamente contrapuestos, pues por un lado establece que el demandado cumple con la normativa legal en materia de seguridad y salud laboral, luego del año 2004, pero sorprendentemente concluye que tiene responsabilidad subjetiva el origen y agravamiento de una enfermedad supuestamente laboral, que tuvo su origen en agosto de 2009.
De la revisión exhaustiva de la sentencia no se encuentra el vicio delatado. Pues bien, la recurrida logró establecer el nexo causal de la enfermedad padecida por el actor: Hernias Discales C4-C5, C5-C6, C6-C7, Protrusión discal L5-S1, con el incumplimiento de las normas de seguridad e higiene por parte del demandado, a través del informe de origen de enfermedad, suscrito por el Inspector Arcenio Rangel Peña, de fecha 05/09/2011, donde se señala que el actor, durante la duración de la relación laboral, estuvo expuesto a movimientos repetitivos, esfuerzo físico, posiciones disergonomicas, movimientos rápidos, levantamiento de peso en forma inadecuada, sobrecarga laboral, torsión de la columna de forma repetida entre otras.
De manera que si bien la recurrida establece que es solo a partir de 2004, cuando el patrono cumple con las normas de seguridad y salud en materia laboral, no es menos cierto que el inicio de la relación laboral tuvo lugar el 1° de septiembre de 1998, es decir 6 años después, donde ya se pudo haber producido la lesión como consecuencia de no tomar las mínimas previsiones establecidas en la Ley, y no puede considerarse que la lesión se haya producido a raíz del accidente acontecido el 29 de agosto de 2009, ni que la recurrida así lo haya afirmado, antes por el contrario, se hace énfasis en que se pudo constatar de la historia médica ocupacional Pre-Vacacional, de fecha 01 de julio de 2008, como antecedente patológico Lumbalgia, sin que conste que la empresa hubiese realizado lo necesario para atenuar o mejorar dicha condición.
De conformidad con lo previsto en el ordinal 2° del artículo 168 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, denuncia el formalizante la falsa aplicación del artículo 130 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo.
Argumenta el formalizante que la recurrida luego de determinar que la parte demandada cumplió con todas las obligaciones en materia de seguridad y salud, a partir del 2004, aplica falsamente el artículo 130 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, cuando la condena a pagar las indemnizaciones previstas en dicho artículo, por la enfermedad que, de acuerdo con el dicho del demandante, tiene su origen en un accidente laboral de fecha 29 de agosto de 2009.
Señala el recurrente que la falsa aplicación del artículo 130 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, afecta de forma determinante el fallo, dado que la recurrida condena a la demandada al pago de las indemnizaciones previstas en dicha norma, habiendo determinado que para la fecha del accidente de trabajo que dio lugar a la enfermedad ocupacional alegada, la demandada cumplía cabalmente con toda la normativa de seguridad y salud en materia laboral.
Cabe señalar que, ha dicho la Sala en reiteradas oportunidades, que la falta de aplicación de una norma, tiene lugar cuando el sentenciador niega la aplicación de una disposición legal que está vigente, a una determinada relación jurídica que está bajo su alcance; así como ha puntualizado que el vicio de falsa aplicación de una norma se produce cuando el juez aplica una determinada norma jurídica a una situación de hecho que no es la contemplada en ella, esto es, el error que puede provenir de la comprobación de los hechos o de un error en la calificación jurídica de la hipótesis concreta contenida en la norma.
El artículo 130 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo, establece que en caso de ocurrencia de un accidente de trabajo o enfermedad ocupacional como consecuencia de la violación de la normativa legal en materia de seguridad y salud en el trabajo, por parte del empleador o de la empleadora, estará obligado al pago de una indemnización al trabajador, trabajadora o derechohabientes, de acuerdo a la gravedad de la falta y de la lesión.
Respecto a la categoría de indemnizaciones que la norma prevé, la reiterada doctrina jurisprudencial de esta Sala ha dejado claramente establecido que las indemnizaciones sustentadas en la referida Ley especial que rige en materia de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, derivan de una responsabilidad por daños de naturaleza subjetiva, es decir, que la obligación de reparación que las normas disponen encuentran su fundamento en la idea de falta (culpa en sentido amplio), lo que impone la carga de probar esta circunstancia fáctica a quien alegue la existencia de la obligación indemnizatoria.
Esto significa que el empleador responde por haber actuado en forma culposa; correspondiendo al demandante la carga de acreditar la responsabilidad patronal subjetiva, demostrando el incumplimiento o inobservancia por parte del empleador de las condiciones de seguridad e higiene en el trabajo. Por su parte, al patrono le concierne probar que cumplió con las obligaciones establecidas en la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo.
Ahora bien, en el caso en concreto quedó ampliamente demostrado, conforme al expediente administrativo distinguido con el alfanumérico MER-27-IE-11-0214, y del informe de origen de enfermedad, suscrito por el Inspector Arcenio Rangel Peña, de fecha 05/09/2011, que la empresa desde el inicio de la relación laboral con el actor, no disponía de descripciones de cargos; ni garantizó la formación teórica y práctica suficiente y adecuada para ejecución de las funciones inherentes a su actividad y prevención de accidentes de trabajo y enfermedades durante su jornada laboral, que sólo lo hizo a partir del año 2004, es decir, posterior al año 1998, fecha en que comenzó a prestar sus servicios el demandante. Así mismo, quedó demostrado con las constancias de dotación de uniforme y equipo de protección personal, agregadas a los folios 111 al 119, que los mismos fueron entregados a partir del año 2005, es decir, 7 años después del ingreso del trabajador a la empresa, de manera que la recurrida evidenció que el actor logró demostrar el incumplimiento de las prevención de resultados físicos dañosos que configuró la inobservancia de normativa legal expresa, elemento subjetivo que forzosamente debe estar presente para que prospere cualquiera de las indemnizaciones tipificadas en el artículo 130 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, de manera que la recurrida aplicó acertadamente las consecuencias jurídicas contenidas en la normativa in comento.
Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de casación anunciado y formalizado por la parte demandada contra la sentencia dictada en fecha 23 de abril de 2013 por el Juzgado Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Mérida. SEGUNDO: Se confirma el fallo recurrido.
Se condena al recurrente en las costas del recurso, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
Publíquese, regístrese y remítase el expediente a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Mérida. Particípese de esta remisión al Juzgado Superior de origen, antes identificado, todo de conformidad con el artículo 176 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los diecisiete (17) días del mes de diciembre del año 2013. Años 203° de la Independencia y 154° de la Federación.
LUIS E. FRANCESCHI GUTIÉRREZ
SONIA COROMOTO ARIAS PALACIOS CARMEN ESTHER GÓMEZ CABRERA
R.C N° AA60-S-2013-000749.