Source: https://it.scribd.com/document/352906163/Academia-de-La-Magistratura-Articulos-y-Ensayos
Timestamp: 2020-05-29 07:18:37
Document Index: 96670662

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Academia de La Magistratura - Articulos y Ensayos | Habeas corpus | Constitución
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Constitución LAR 2011
Hábeas Corpus Pautas
Analisis de Los Articulos Constitucion--
Const._Comentada_Art.200
Institucional N° 9
REVISTA INSTITUCIONAL N° 9 Tomo I ARTíCULOS y ENSAyOS
ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA DEL PERú Jr. Camaná N° 669, Lima 1, Perú Teléfonos: (51-1) 428-0300 / 428-0265 Fax: (51-1) 428-0219 Internet http://www.amag.edu.pe E-mail: postmast@amag.edu.pe
Dra. Manuel Sánchez- Palacios Paiva Presidente del Consejo Directivo
Dr. Percy Peñaranda Portugal Vicepresidente del Consejo Directivo
Dr. Francisco Távara Córdova Consejero
Dr. Pablo Sánchez Velarde Consejero
Dr. Luis Miguel Iglesias León, Secretario del Pleno del Consejo Directivo
Dr. Dennis Chávez de Paz Director General
Dr. Juan T. Falconí Gálvez Director Académico
Dr. Miguel Angel Stucchi Britto Secretario Administrativo
Las opiniones expresadas en esta publicación pertenecen a sus autores, y no necesariamente reflejan los puntos de vista de la Academia de la Magistratura del Perú.
Prohibida la reproducción de este libro, por cualquier medio, total o parcialmente, sin la autorización por escrito de la Academia de la Magistratura del Perú.
Derechos reservados. D.Leg. Nº 822.
Primera edición, Lima, Perú, julio de 2010 1,000 ejemplares
ISSN N° 1998-1902
Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N° 2001-2105
Corrección de estilo: Mario Sólis
Diseño y diagramación: Diana Patrón
Cuidado de la edición: Sara Chávez Urbina
Impresión: Editorial Súper Gráfica E.I.R.L.
Dr. Manuel Sánchez- Palacios Paiva Juez Supremo Presidente del Consejo Directivo de la Academia de la Magistratura
Dr. Dennis Chávez de Paz Director General de la Academia de la Magistratura
MAGISTRADO CARLOS ERAUSQUIN VALDIVIEZO Dr. Manuel Sánchez-Palacios Paiva
GERMÁN APARICIO y GÓMEZ SÁNCHEZ: «EL DOCTOR OCÉANO DEL SIGLO XX» Dr. Carlos Ramos Núñez
LA VIABILIDAD DE LA RENUNCIA AL CARGO PARLAMENTARIO Dr. Javier Valle Riestra
EL PROBLEMA DEL LENGUAJE y LA INDETERMINACIÓN DE LOS ENUNCIADOS NORMATIVOS Dr. Juan Abregú Baez
NEOCONSTITUCIONALISMO, MORAL y POSITIVISMO METODOLÓGICO Dr. Santiago Ortega Gomero
ALGUNOS TEMAS PUNTUALES EN RELACIÓN A LA REGULACIÓN NORMATIVA DEL PROCESO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DE “AGRAVIO” O DE LESIVIDAD EN LA LEy QUE REGULA EL PROCESO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL PERú Dr. Ramón Huapaya Tapia
LA LEGISLACIÓN PERUANA A PROPOSITO DEL RÉGIMEN ECONÓMICO EN LAS UNIONES MATRIMONIALES y NO MATRIMONIALES Dra. Olga María Castro Pérez Treviño
Dar la bienvenida a una nueva iniciativa académica es uno de los momentos más gratos que puedo tener en
tarea, por cuanto supone el reconocimiento al trabajo y a la ilusión con la que esta Revista Institucional Nº 9
Estimo que la Revista Institucional Nº 9, es un proyecto que contribuirá, por un lado, a difundir la tarea
investigadora y creativa que debe estar presente en todo centro de formación como parte esencial de la labor
de los equipos docentes y, por otro lado, a fomentar el interés y la aprehensión de los discentes y de todos los
profesionales con inquietudes académicas.
Los aportes que resultan de la investigación en el ámbito académico suponen siempre, además de un incremento del conocimiento, elementos para el intercambio de saberes y para la reflexión, recogiendo ampliamente el hondo sentido de lo que debe, en este caso, el de un Órgano Constitucional de Capacitación, que no puede prescindir del rigor, de la comunicación, de la crítica, de la tolerancia y de la paciencia, imprescindibles en una labor intelectual en el ámbito del ejercicio jurisdiccional y fiscal.
La labor del magistrado, entonces, no es una mera transmisión de conocimientos respecto de sus decisiones jurisdiccionales y fiscales; es y debe ser una labor creativa en constante búsqueda de nuevos saberes que compartir con la comunidad.
La Revista Institucional Nº 09 manifiesta la proyección, como lo hemos expresado, de contribuir al fomento
y la difusión de los trabajos de investigación, en todas las áreas del Derecho y ciencias conexas, así como la
de promover el desarrollo de estas disciplinas, en su discusión crítica y plural, y el diálogo intelectual, entre
especialistas nacionales y extranjeros.
Nuestra publicación se erige sobre el respeto a la libertad de expresión e investigación y, si bien, está dirigida especialmente a los magistrados del país, aspira también a llegar a todas las personas interesadas en el debate intelectual jurídico contemporáneo.
Nuestra felicitación, entonces, a los funcionarios del área académica de la AMAG y a los profesores por esta
iniciativa para la difusión y ejercicio del propio oficio, que supone un reto siempre difícil de iniciar y sobre todo
Saludamos con interés esta ventana de la aprehensión y el conocimiento, que tiene en su inicio una contribución personal, efectuada con ocasión del discurso que me correspondiera pronunciar por el Día del Juez, intitulada ”Semblanza del Magistrado Carlos Eráusquin Valdiviezo”, Juez de extraordinaria vocación institucional, en su independencia y ejercicio funcional, puestas a prueba en circunstancias adversas.
Nos complace invitar a su lectura y reflexión a nuestros estudiosos y a todos los amantes del saber.
Nuestro saludo y nuestro deseo de un largo y fecundo quehacer.
Con particular afecto.
La Academia de la Magistratura cumple con los objetivos y metas trazadas en su Plan Académico acorde a las necesidades de capacitación de los magistrados y personal auxiliar del Poder Judicial y del Ministerio Público, en el marco de la coyuntura de los continuos cambios e innovaciones en la legislación y administración del sistema de administración de justicia.
En ese sentido, nuestras actividades académicas a nivel nacional son desarrolladas con el uso de herramientas informáticas para la capacitación a distancia a través de la realización de foros virtuales, chats y videoconferencias, procurando mayor acceso a los servicios de capacitación a magistrados y auxiliares de justicia, recortando las distancias geográficas y limitaciones de tiempo por carga procesal de nuestros destinatarios de la capacitación.
Complementariamente a las actividades programadas, la Academia de la Magistratura como ya es costumbre, edita y publica su Revista Institucional que contiene artículos e investigaciones de connotados juristas especializados, que sin duda será un gran aporte en la actualización y perfeccionamiento de nuestros destinatarios de la capacitación a quienes va dirigida la presente publicación, En este número, la Revista ofrece a ustedes el siguiente contenido:
La semblanza de dos distinguidos juristas nacionales vinculados a la noble y abnegada función de otorgar justicia en el Perú, la primera escrita por el Presidente del Consejo Directivo de la Academia de la Magistratura y Juez Supremo Dr. Manuel Sánchez Palacios Paiva está dedicada a destacar el rol cumplido por el magistrado Carlos Eráusquin Valdiviezo, ex Presidente de la Corte Suprema y defensor del Estado de Derecho durante el oncenio de Leguía. La segunda, escrita por el Dr. Carlos Ramos Núñez, corresponde al magistrado y jurisconsulto Germán Aparicio y Gómez Sánchez, considerado como el moderno “Doctor Océano” de las letras jurídicas nacionales del Siglo XX.
Javier Valle Riestra por su parte nos ofrece un documentado y consistente estudio sobre la viabilidad de la renuncia al cargo parlamentario bajo el argumento central de que no todo lo que está en la Constitución es constitucional. Lo particular de estas notables reflexiones es que se trata de su propia renuncia al cargo de Congresista de la República, planteada a través de un proceso de amparo.
El problema del lenguaje y la indeterminación de los enunciados normativos es la investigación que desarrolla el profesor Juan Aurelio Abregù Báez, desde la perspectiva de la argumentación jurídica.
Santiago Ortega Gomero en su propuesta académica sobre neoconstitucionalismo, moral y positivismo metodológico sostiene como idea central que el Estado de Derecho como organización político-institucional de nuestras sociedades es el resultado de la desarticulación del derecho natural racional y la consolidación del positivismo jurídico como discurso teórico.
Finalmente, en el ámbito del Derecho Civil, presentamos el importante estudio de la profesora Olga María Castro Pérez Treviño sobre el régimen económico en las uniones matrimoniales y no matrimoniales según la legislación nacional.
REVISTA INSTITUCIONAL Nº 9
AMAG PERú
SEMBLANZA DEL MAGISTRADO CARLOS ERÁUSQUIN VALDIVIEZO
Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República en los años de 1920 y 1921
Discurso pronunciado el 4 de agosto de 2008 por el doctor Manuel Sánchez-Palacios Paiva, Juez Supremo y Presidente del Consejo Directivo de la Academia de la Magistratura, con ocasión de la celebración del “Dia del Juez”, en ceremonia realizada en la Corte Suprema de Justicia de la República.
Introducción. II. Breves datos biográficos de Carlos Eráusquin. III. La situación nacional. IV. La lucha por el Estado de Derecho. V. Las adhesiones ciudadanas. VI. A modo de colofón: sobre la independencia del Poder Judicial.
El 4 de agosto de 1821, hace 187 años, el Libertador José de San Martín creó en esta ciudad la Alta Cámara de Justicia.
En recuerdo de tal efeméride, por Decreto Ley 18918, del año 1971, se designó esta fecha como “Día del Juez”, para que se rememore la obra de aquellos magistrados peruanos que han contribuido a la correcta administración de justicia, al progreso de la cultura jurídica del país y a la emancipación social, política y económica de la República.
Cumpliendo con ese mandato, nos encontramos aquí reunidos, y habiéndome dispensado el señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Francisco Távara Córdova, el honor del discurso de orden, en esta oportunidad los invito a evocar la figura de don Carlos Eráusquin Valdiviezo, juez por antonomasia.
II. BREVES DATOS BIOGRAFICOS DE CARLOS ERÁUSQUIN
Nació en Lima el 3 de noviembre de 1847 y estudió su instrucción secundaria en el Colegio Nacional de Nuestra Señora de Guadalupe. En 1866 ingresó a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; el 24 de Mayo de 1871 se recibió de abogado en la Ilustrísima
Corte Superior de Justicia de Lima y dedicó su vida a
En 1873 fue adjunto al Relator de la Corte Superior de Lima; Juez de Paz en 1874; Relator Interino de la Corte Superior en 1875 y 1876; Juez Titular de la
Provincia de Piura en 1877 hasta Febrero de 1884; Juez
de Primera Instancia de Lima, Canta y Huarochirí desde
Junio de 1884. Anulados los actos de la administración
del general Miguel Iglesias, el Consejo de Ministros lo nombró Juez titular de Lima en 1866; Vocal interino
y luego titular de la Corte Superior de Lima en el
año 1889; Vocal interino de la Corte Suprema en los años 1901 y 1902; Presidente de la Corte Superior de
MAGISTRADO CARLOS ERAUSQUIN VALDIVIEZO
Lima en 1907 y 1908. El 20 de setiembre de 1911, se incorporó como Vocal Titular de la Corte Suprema, en
día 1° de Mayo se formó el Partido Socialista.
reemplazo del señor Rafael Villanueva, quien se había
día 25 se realizó un mitin femenino “del hambre”,
violentamente disuelto por la Fuerza Pública.
Fue miembro de número de la Academia Peruana
El 14 de enero de 1920, en la Sala Plena de Cierre de
día 27, se inició un violento paro general que
de Jurisprudencia y Legislación, correspondiente de la Real Matritense.
duró hasta el día 2 de junio en Lima, y en el Callao hasta el día 5, en el que se exigía el cumplimiento de la jornada de ocho horas, y que se encontraba motivado principalmente por el alza del costo de
Puntos, como se llamaba la clausura del año judicial,
vida. La violencia en las calles llegó al extremo
Corte Suprema lo eligió como su presidente para el
que, a iniciativa del Alcalde de Lima, don Luis
año judicial de 1920.
Miró Quesada, se formó una guardia urbana para resguardar la ciudad. Hubo muertos, heridos
En aquel entonces, según costumbre, se accedía
a la presidencia por antigüedad y aun cuando se
cumplía con la formalidad de efectuar una votación,
el presidente era elegido por todos los votos, menos
uno, el propio, que lo otorgaba a quien le seguía en la antigüedad. En este caso, Eráusquin obtuvo once votos
y Lizardo Alzamora, uno.
El 18 de marzo de 1920, fecha en que se “abrían los puntos”, concluidas las vacaciones judiciales, Eráusquin tomó posesión del cargo, con un discurso en que se refirió someramente a la nueva Constitución Política, promulgada el día 1° de ese mismo mes, a la aplicación del entonces nuevo Código de Procedimientos Civiles de 1911, que había reemplazado al de Enjuiciamientos de 1852, y al novísimo Código de Procedimientos en materia criminal, que ese mismo día iniciaba su vigencia, del que dijo “altera radicalmente la estructura del derogado e implanta un sistema completamente exótico”. Señaló además como pendiente la reforma del Código Penal.
ordinario y sin mayores incidencias.
III. LA SITUACIÓN NACIONAL
La primera gran guerra en Europa, iniciada el año 1914 y que concluyó en 1918, tuvo importantes consecuencias económicas y sociales en el mundo, entre estas una acentuación del sentido de clases, lo que también se sintió en el Perú, entonces gobernado por el Presidente José Pardo.
III.1 Tiempos de cambio.
Sin duda, los tiempos antes descritos fueron unos de efervescencia y en el mes de Mayo de 1919 se registraron hechos trascendentes:
y saqueos; y la bandera roja fue exhibida por
grupos de huelguistas. La represión del paro fue sumamente dura.
El gobierno de José Pardo llegaba a su fin y para la elección del nuevo Presidente de la República, de acuerdo con la legislación entonces vigente, se formaron las asambleas de los “mayores contribuyentes”, que eran los electores. Dos eran los candidatos: Augusto B. Leguía y Antero Aspillaga.
Las nulidades que se deducían en el proceso electoral eran resueltas por la Corte Suprema, entonces el órgano revisor electoral, y dado el alto número de nulidades declaradas, se vislumbraba que ninguno de los candidatos obtendría la mayoría necesaria, por lo que, en ese caso, correspondería la elección al Congreso de la República.
En esas circunstancias, el día 3 de julio de 1919 se produjo un alzamiento de la gendarmería en su cuartel de Santa Ana, aceptado por el ejército, y el día 4 siguiente, Leguía asumió la presidencia de la República, mientras numerosos grupos se manifestaban por las calles en su favor. El diario “El Comercio” fue asaltado por las turbas y se hizo estallar dinamita en la sala de máquinas. A las diez de la mañana de ese mismo día, las turbas incendiaron la casa del presidente Pardo en la calle de Santa Teresa.
En ese momento se inició el Oncenio de Leguía, el tiempo que se llamó de la “Patria Nueva”.
III.2 El Oncenio.
El presidente Leguía de inmediato convocó a elecciones parlamentarias, para elegir 35 senadores y 110 diputados, simultáneamente con un plebiscito de 19 puntos, algunos novedosos, que debían incluirse en una nueva Constitución Política, como la creación de los Congresos regionales, del Norte, Centro y Sur de la República. Estas elecciones debían realizarse en el mes de setiembre.
III.3 El marco legal.
Como consecuencia de los temas consultados en el Plebiscito, el Congreso, transformado en
Asamblea, aprobó la Constitución del año 1920 que,
jueces de primera instancia y superiores;
decir de Basadre, simbolizó la etapa parlamentaria
• La necesaria autorización del Legislativo para
constitucionalista de la “Patria Nueva”, pues incluyó
bajo el epígrafe de “Garantías Sociales” disposiciones tomadas de la Constitución Mexicana de 1917 y de las Constituciones Europeas de la postguerra, especialmente de la República de Weimar. Entre ellas cabe destacar:
que el Ejecutivo pueda celebrar contratos que comprometan bienes y rentas generales del Estado;
La Carta Política de 1920 agregó, a un liberalismo político, postulados correspondientes a una concepción social del Estado.
• El sometimiento de la propiedad, cualquiera fuera el propietario a las leyes de la República;
III.4 Germán Leguía y Martínez.
• La identidad de la condición de peruanos y
extranjeros en cuanto a la propiedad, sin derecho
de estos a invocar situación excepcional ni apelar a
reclamaciones diplomáticas;
• La prohibición para los extranjeros de adquirir o poseer tierras, minas, ni combustibles dentro de los cincuenta kilómetros de la frontera;
• El establecimiento por ley, en nombre del interés nacional de restricciones y prohibiciones especiales para la adquisición y transferencia de determinadas clases de propiedad;
• La declaración de la protección del Estado
a la raza aborigen y el reconocimiento de las comunidades indígenas;
• El compromiso de legislar sobre la organización general y la seguridad del trabajo industrial;
• Las garantías a la vida, la salud y la higiene;
• Las condiciones de trabajo y los salarios mínimos;
• El arbitraje obligatorio para los conflictos entre el capital y el trabajo;
• La prohibición de monopolios;
• Nadie gozará más de un sueldo o emolumento del Estado;
• Las garantías individuales no podrán ser suspendidas por ninguna ley ni por ninguna autoridad, recogido en el Artículo 35.;
Apodado “El Tigre”, “debido a su intransigencia principista”, según anota Tauro del Pino, había desempeñado, entre muchos otros cargos, el de diputado por Lambayeque, Prefecto de Piura, Vocal de la Corte Superior de Arequipa, luego de Lima, y Vocal de la Corte Suprema desde 1911 hasta 1920, pues aparece asistiendo a las sesiones de la Sala Plena hasta la de 4 de diciembre de 1919, según resulta de las actas correspondientes.
Antes, en la sesión de Sala Plena de 7 de julio de 1919, bajo la presidencia del señor Anselmo Barreto, se había dado cuenta del oficio del Ministro de Justicia informando que el señor Augusto B. Leguía había asumido la presidencia de la República interinamente.
En la sesión de Sala Plena de 12 de Diciembre de 1919 se dio cuenta de un oficio suscrito por el señor Leguía y Martínez, comunicando que “como miembro de este Tribunal había sido encargado de organizar el nuevo Gabinete”.
IV. LA LUCHA POR EL ESTADO DE DERECHO
Desde sus inicios, el segundo gobierno de Leguía mostró rasgos autocráticos que lo harían devenir en una experiencia autoritaria en lo político, tal como lo describe el investigador y periodista Pedro Planas, en su obra “La República Autocrática” al anotar que: “el Parlamento era una formalidad, desde 1919 fueron desacatadas, sin más, las resoluciones de la Corte Suprema, en aspecto tan fundamental como las garantías individuales. La Policía se transformó en un poder del Estado, cuya supremacía sobre las resoluciones judiciales, y sobre la propia Constitución nadie solía discutir…”
IV.1 El Decreto Supremo de 27 de Mayo de
Leguía y Martínez, desde su despacho de Ministro de Gobierno expidió algunos Decretos Supremos, que merecieron reparos, pero el que produjo una mayor reacción fue el del 27 de Mayo de 1920, sobre extranjeros perniciosos.
Esta disposición comenzaba refiriendo que un extranjero, llamado Rodolfo Erdstein, había sido enviado al Callao para ser expulsado del territorio, en su calidad comprobada de “maquerau”, pero que posteriormente fue liberado por orden del Tribunal Correccional ejecutada por el Juez Panizo. En base a este antecedente y en consideración a que no existía una ley de extranjería dirigida a escudar la moralidad social contra los extranjeros perniciosos, que el recurso de Hábeas Corpus había sido sancionado para salvaguardar la libertad y demás derechos contra los abusos de las autoridades, mas no para defender y proteger a los viciosos, a los corrompidos, y que aún se esperaba la promulgación de la Ley de Extranjería, el Ministerio de Gobierno decretó que por principio general pertenece exclusivamente a las autoridades y
funcionarios de policía expedir órdenes de aprehensión
o de soltura contra los extranjeros sospechosos; que
declarado pernicioso un extranjero y aprehendido para su extrañamiento del territorio, por los funcionarios
referidos, se abstendrán estos de obedecer órdenes de soltura expedidas por los tribunales o los jueces, así fueran de hábeas corpus; y que este decreto importaba el implantamiento o la promoción de una contienda de competencia entre los Poderes Judicial
Administrativo, y entre las jurisdicciones ordinaria
IV.2 El pronunciamiento de la Corte Suprema.
La Corte Suprema se reunió en Sala Plena,
especialmente para tratar este tema, el día 8 de junio de 1920, según resulta del acta correspondiente, oportunidad en la que se dejó constancia que el Decreto no había sido publicado y se acordó encargar
a su presidente, Carlos Eráusquin, proyectar un oficio
dirigido al Ministro Leguía y Martinez, haciéndole conocer el parecer discrepante del Máximo Tribunal, “en conformidad con las ideas emitidas en el debate”
Eráusquin cumplió el encargo y el texto de la comunicación fue aprobado en la sesión del 10 de junio y remitido ese mismo día. En él se señaló la falta de la publicación del Decreto, y que la Corte lo juzgaba inaceptable en cuanto sustituía a los jueces por funcionarios de policía, autorizando a estos a desobedecer los mandatos de los tribunales, con
infracción de la Constitución Política y leyes vigentes; que la falta de una Ley de Extranjería no autoriza la suspensión de las garantías individuales consignadas en los artículos. 29 y 30 de la Ley fundamental, ni afecta la independencia del Poder Judicial; que se reputa improcedente y no puede aceptarse la competencia pretendida, pues la contienda jurisdiccional se aprecia en casos concretos y por el momento ningún conflicto se ha suscitado entre el Poder Ejecutivo y la Corte Suprema, que autorice la aplicación del Artículo 97 de la Constitución, y que la solución de los conflictos que pudieran suscitarse entre funcionarios judiciales
y administrativos de escala inferior, está prevista en
leyes vigentes, sin que sea necesaria la intervención de un poder extraño.
La respuesta del Ministro, consta en una extensa misiva fechada el día 12 del mismo mes. En ella sostiene que el Decreto se publicó el día 4 por demora en la rutina oficinesca; que no existe la intención de desobedecer los mandatos de los tribunales, ni
suspender las garantías individuales, a continuación de
lo cual expresa que la jurisprudencia sobre extranjeros
ha “cristalizado” como principios que:
No tienen derecho de residencia;
Ninguna nación está obligada a recibir extranjeros en su territorio;
La admisión no es renuncia del derecho de conservación que tiene el Estado, sino un simple permiso revocable;
El derecho de expulsar a los extranjeros perniciosos es una forma de legítima defensa;
Precisa que después de la gran guerra esos principios se han intensificado, por haberse comprobado el riesgo de la presencia permanente de extranjeros; que se ha suscitado un mayor movimiento migratorio, que empuja a “deshechos corrompidos y corruptores; anarquistas, bolcheviques, agitadores de paros y huelgas, estafadores y ladrones de levita…”; Añade “que no se habla en este asunto tan solo del “derecho”, sino de la “atribución” que el Ejecutivo tiene de expulsar a los extranjeros peligrosos, y, como
la atribución es derecho y obligación a la vez, ningún
poder, absolutamente ninguno, puede creerse facultado para ponerle óbices, en ese que, aunque parezca una paradoja jurídica, es su “derecho obligatorio”. Luego
reitera los mismos conceptos y concluye indicando que para poner término a este asunto enviará todos sus antecedentes al Senado.
Se dio cuenta del oficio en la sesión de Sala Plena de 22 de junio siguiente, en la que después de un amplio debate, se acordó, por mayoría de votos, archivar el oficio y dar por terminado el asunto. La moción contraria proponía emitir una circular a todas las cortes del país para que apliquen las disposiciones del Código de Procedimientos en materia criminal relativas al recurso de Hábeas Corpus, encargándoles que den cuenta de la desobediencia en que incurran las autoridades políticas respecto de las decisiones judiciales en esta materia. La Corte Suprema, prudentemente entendió que el Ministro había puesto fin al incordio, lo que no impidió que el Presidente Eráusquin, en su memoria, se refiriera a los conceptos allí vertidos, y que más adelante él expidiera un oficio para la Corte Superior de Lima fijando conceptos.
IV.3 El segundo oficio al Ministro de Gobierno.
El conflicto se agravó con motivo del caso de Juan Durand, un peruano deportado a quien no se permitió desembarcar en el Callao en Agosto de 1920, no obstante el Hábeas Corpus concedido, lo que dio motivo para que el Ministro Leguía y Martínez fuera llamado a informar a la Cámara de Diputados, luego de lo cual el Ministro ofició a la Corte Suprema haciéndole saber las razones que había expuesto en dicha ocasión. La tesis oficial era que el recurso de hábeas corpus no existía para los delincuentes.
El Presidente de la Corte, Carlos Eráusquin, con acuerdo de Sala Plena adoptado en sesión de 9 de Setiembre, contestó al Ministro, con oficio fechado el día 10 siguiente, que la Corte Suprema conciente de sus deberes, seguiría cumpliendo en el ejercicio de sus altas funciones, la Constitución y las leyes vigentes, esperando que los funcionarios del Poder Ejecutivo respetaran en todo las resoluciones judiciales, a fin de conservar la armonía necesaria entre los poderes del Estado.
IV.4 El Oficio a la Corte Superior.
El 27 de ese mismo mes de setiembre, Eráusquin remitió una nota al Presidente de la Corte Superior, trascrita en el acta de la sesión de 27 de setiembre de 1920, y que mereciera total aprobación de la Corte, algunos de cuyos conceptos merecen relievarse:
“Es evidente que no hay en la República autoridad alguna que, manteniéndose dentro de los límites legales de sus propias atribuciones pueda impedir que los jueces y magistrados ejerzan las suyas o examinen las resoluciones de los juzgados y tribunales para decidir
si las obedecen o no. La función de aplicar el Derecho
tiene su origen específico: corresponde al Poder
Judicial, que no es inferior a los órganos específicos de
funciones legislativa y ejecutiva, sino igual a estos,
cuanto los tres son poderes del Estado. En perfecta
concordancia con el Artículo 69 de la Constitución,
en que se establece que ejercen las funciones públicas
los encargados de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, sin que ninguno de ellos pueda salir de los límites prescritos en los mismos”.
“En las notas que cumpliendo acuerdos de este Supremo Tribunal, dirigí al Señor Ministro de Gobierno el 10 de junio y el 10 del presente, afirmé la independencia en la administración de justicia y la eficacia jurídica de las declaraciones y mandatos judiciales, manifestando que no es posible aceptar conceptos ni convenir en hechos que están en oposición con las bases fundamentales de nuestra organización política”.
“A pesar de que el propósito que tuvo la Corte Suprema
cuando tomó los acuerdos en referencia, no fue otro que el de conservar intacto el patrimonio moral que los magistrados que actualmente la conforman, han recibido de sus predecesores en el cargo, y procurar
que se corrigieran situaciones de las que resulta notorio quebranto para el régimen constitucional, los hechos que han sobrevenido acreditan que se
mantiene la rebeldía contra las resoluciones judiciales
en los recursos de hábeas corpus y que carecerían de
eficacia para reducirla los nuevos requerimientos
representaciones que pudiera hacer el Tribunal; Pero
esta circunstancia y la tradicional moderación e
imperturbable serenidad de la Corte Suprema aconsejan
el no reiterarlos en el momento actual, ya que no habría
provecho alguno para las instituciones, es clarísima la necesidad de que no se paralice la aplicación del Derecho en los casos ocurrentes. No porque la situación creada al Poder Judicial sea anómala y grave los juzgados y tribunales han de abstenerse de seguir cumpliendo austeramente con su deber.”
“Los juzgados y tribunales están obligados a amparar los derechos y hacer efectivas las garantías que la Constitución y las leyes declaran y establecen. Si los individuos que ejercen autoridad política desobedecen las disposiciones que incidan en los recursos de hábeas corpus, deben ser enjuiciados y condenados conforme
a la Ley. La obediencia a órdenes del Gobierno
no los exime de responsabilidad. Y la aprobación administrativa de sus actos no cubre su delincuencia.”
IV.5 El caso Luis Pardo Barreda
La Corte Suprema, por Resolución de 26 de Agosto
de 1920, declaró fundado el hábeas corpus interpuesto
a favor de Luis Pardo Barreda y reconoció su derecho de residir en el territorio nacional.
El caso venía desde el 10 de Setiembre de 1919, cuando el gobierno de Leguía denunció una terrible conspiración y decidió la prisión de varias personas contrarias a su régimen, entre ellas la de Luis Pardo Barreda, por lo que su esposa, presentó un hábeas corpus a su favor. El Prefecto de Lima, absolviendo el informe pedido por la Corte de Lima manifestó que “Luis Pardo y Barreda, capturado por haberse comprobado su participación en el abortado movimiento revolucionario, se había dirigido al extranjero”. La Corte Superior, por el mérito de dicho informe declaró sin objeto el recurso de hábeas corpus.
Ernesto de la Jara y Ureta, abogado de la demandante expresó que Luis Pardo y Barreda había sido conducido del Panóptico (la penitenciaria) al vapor Santa Luisa, para ser deportado y solicitó el castigo de las autoridades, lo que fue desestimado por la Corte Superior; pero la Corte Suprema declaró insubsistente lo resuelto y dispuso que la Corte Superior cumpliera con resolver ambas peticiones
Al día siguiente de esa decisión, el 4 de noviembre de 1919, se promulgó la ley 4007 que ordenó a los
jueces y fiscales cortar todos los procesos judiciales que tendían a acusar a las autoridades por actos tendientes
a conservar el orden.
La Corte Suprema se pronunció no obstante dicha ley.
Como consecuencia de ello el Colegio de Abogados de Lima acordó emitir un voto de aplauso a la Corte Suprema por reafirmar el sagrado derecho de hábeas corpus, y a la vez declarar que quienes desconocen la majestad del Poder Judicial y no respetan sus mandatos, irrogan daño hondo y permanente al organismo legal, al sistema institucional y a la vida misma del país.
IV.6 El Oficio a la Cámara de Diputados
El 24 de Noviembre de 1920, en cumplimiento del acuerdo de Sala Plana adoptado el día anterior, Eráusquin ofició a la Cámara de Diputados informando de la grave situación entonces existente, esto es, la negativa del Poder Ejecutivo de cumplir los mandatos judiciales destinados a proteger la libertad personal, pues al caso de los extranjeros se había sumado el de algunos nacionales; y que en ese mismo mes se había detenido sin causa ni excusa alguna al Presidente de la
Corte Superior de Lima señor Mata y a su fiscal Palacios,
al Juez del Callao, Panizo, y se había impedido que el
juez Cebrián y los miembros del Tribunal Correccional, Granda y Burga, pusieran en libertad a algunos de los ciudadanos detenidos en el hospital de San Bartolomé.
La Comisión de Constitución estimó que el oficio importaba un pedido de acusación constitucional al Ministro; pero enterada la Corte, precisó que no le correspondía tal atribución, con oficio de 17 de diciembre de 1920.
IV.7 Los jueces ad hoc
El gobierno de Leguía, vista la actitud señera de
la Corte Suprema, liderada por Eráusquin, ideó
contar con “jueces de excepción” para que conozcan los juicios que se entablen contra los delincuentes del delito de rebelión.
Esto dio motivo a una comunicación de la Corte Suprema al Ministro de Justicia, en oficio de 24 de noviembre de 1920, señalándole que la aplicación del
Artículo 36 de la Carta Política invocado para designar
a estos jueces, no podía ser hecha en desacuerdo
con el Artículo 35, referente a las garantías individuales, las que no eran susceptibles de ser suspendidas por ninguna autoridad y que la Justicia solo podía ser administrada por funcionarios judiciales preestablecidos por la misma Constitución.
El Ministro de Gobierno se dirige al de Justicia con oficio de 3 de diciembre de 1920 indicándole que el pronunciamiento de la Corte es irregular por ser extra judicium; que el Artículo 36 ha sido interpretado por la propia Asamblea Nacional que expidió la Constitución,
la ley del 26 de diciembre de 1919 que establece que
Congreso nombrará los jueces de excepción a que se
refiere el Artículo 36 de la Constitución, y que esos jueces conocerán de los juicios que se entablen contra los delincuentes del delito de rebelión; “disposiciones las dos absolutamente contrarias a lo sostenido por la Corte Suprema”. El oficio fue trascrito a la Corte Suprema.
Al recibir el oficio, la Corte Suprema expidió la Resolución el 10 de Diciembre de 1920, en la que refuta las consideraciones del Ministro de Gobierno,
y le señala que no existe la interpretación auténtica, porque el acto legislativo que denomina ley no tiene ese carácter por haberlo anulado la ley 4138, promulgada el 27 de Agosto anterior y refrendada por el propio Ministro de Gobierno oficiante; le reitera que conforme a la Constitución la justicia no puede
ser administrada sino por los jueces y tribunales preestablecidos, siendo prohibido todo juicio por comisión, conforme al Artículo 155 de la Carta Política; y que es deber ineludible de la Corte Suprema, velar por su estricto cumplimiento, repudiando por ilegal el pretendido nombramiento de jueces extraordinarios; y que se abstiene de comunicar estas consideraciones a los señores Ministros expresados por evitar una polémica impropia de su circunspección y, además, porque el oficio del de Gobierno está concebido en términos que hieren su respetabilidad. La Corte Suprema acuerda archivar el mencionado oficio.
IV.8 La Memoria del Presidente Eráusquin por el año judicial de 1920
Al inicio del año judicial de 1921, el 18 de Marzo, en su memoria anual, Eráusquin comenzó refiriendo que esta es una labor grata en situaciones normales, “pero harto penosa en condiciones extraordinarias, como por desgracia ocurre al presente”, más adelante se refirió al Decreto Supremo de 27 de Mayo que negó el hábeas corpus a los extranjeros, al oficio que se envió al Ministro de Gobierno con los reparos de la Corte Suprema y señalando que la voz “autorizada y serena del Tribunal” no fue escuchada y con la respuesta de éste, se puso fin al incidente; comunicación que no fue impugnada en virtud del propio Decreto; pero que creía de su obligación emitir opinión personal, para contestar la pregunta del citado funcionario, formulada en dicho oficio, sobre “cual era la violación en que el decreto incurría y dónde podían estar sus dañosas consecuencias…”, y a ese efecto se refirió a los artículos 29 y 30 de la Carta Política de entonces, que establecían el libre tránsito, y el derecho de toda persona de no ser separado del lugar de su residencia, sino por sentencia ejecutoriada o aplicación de la ley de extranjería, preceptos que calificó de amplios y absolutos; y que la legislación prevé todos los casos de delincuencia de nacionales y extranjeros, la manera de juzgarlos y la sanción correspondiente.
Esta Memoria fue comentada elogiosamente en el editorial de la Revista del Foro, de Marzo de 1921.
V. LAS ADHESIONES CIUDADANAS
El conflicto entre ambos poderes del Estado trascendió y se inicio una campaña entre los intelectuales y estudiantes, la misma que fue liderada connotadas personalidades.
V.1 La adhesión del Foro.
La Revista del Foro editorializó sobre el conflicto, y precisó al respecto, que la aplicación e interpretación de las leyes corresponde al Poder Judicial, conforme a los principios constitucionales que nos rigen, y al Gobierno no le quedaba mas que, por el Artículo 121 Inc. 10° de la Carta Magna, cumplir las decisiones de aquel.
Una Junta General Extraordinaria del Colegio de Abogados de Lima, convocada por su Decano, el jurista Julián Guillermo Romero, celebrada el 26 de noviembre de 1920, aprobó por aclamación la iniciativa de Manuel Vicente Villarán, de apoyo al Poder Judicial por la actitud asumida frente al Poder Ejecutivo, en los siguientes términos:
“El Colegio de Abogados, traduciendo el pensamiento del Foro de Lima, y en virtud del acuerdo tomado por aclamación en la Junta General de la Fecha, expresa el vivo interés nacional y la adhesión con que contempla la actitud asumida por el Poder Judicial en el conflicto que se ha creado para el ejercicio de sus funciones tutelares; declara que los principios proclamados por la Corte Suprema encarnan las normas jurídicas esenciales en toda nacionalidad organizada y libre; y hace pública y solemne protesta de que en la grave crisis actual de la justicia, mantendrá su acatamiento inquebrantable a los mandatos judiciales”.
Ese acuerdo fue trascrito al doctor Eráusquin, quien agradeció con nota del 30 de noviembre del mismo año. Julián Guillermo Romero fue apresado en Mayo de 1921.
V.2 La Juventud y la intelectualidad Universitaria.
Luis Fernán Cisneros al salir de su detención en la isla San Lorenzo, en carta pública del 14 de marzo de 1921 instó a Víctor Andrés Belaunde a realizar una campaña cívica en respaldo del Poder Judicial, y luego, ambos, se dirigieron a un grupo de catedráticos de San Marcos, con el mismo propósito.
Al efecto se programó una conferencia a cargo de Belaunde en el local de la Federación de Estudiantes en el Paseo Colón, pero como dicho local fue ocupado por la gendarmería, decidieron hacerlo en el General de San Marcos, invocando la condición de catedrático que tenía Belaunde. El Rector, Javier Prado, se negó al requerimiento del Ministro de Gobierno para que impidiera el acto. Asistieron los Decanos Deústua, Manzanilla y Villarán y tan numerosa fue la concurrencia que hizo necesario utilizar el patio de la Facultad de Derecho; pero se infiltraron los entonces
llamados “soplones” y hasta hubo disparos; pero Belaunde pudo concluir su conferencia, y según anota Basadre, Cisneros a su lado le advertía: “acorta, acorta hermano, que anochece”.
Belaunde, dio a sus palabras un tono predominantemente jurídico y doctrinario; defendió su propia independencia política y afirmó que los estudiantes y la Universidad debían solidarizarse con el Poder Judicial; que no era la libertad de los detenidos lo que estaba en debate, sino la seguridad de toda la ciudadanía; y llamó al Poder Judicial única valla del absolutismo.
“A los ataques a la libertad de prensa, a las garantías individuales, ha sucedido el caos económico, la saturnal financiera, la desorientación y el descalabro internacional; y coronando todo esto, la rebeldía contra la institución sacrosanta, base de todas las libertades, el Poder Judicial. Pero el país reacciona en este instante. El Gobierno puede reaccionar. Se obtiene la libertad de un periodista y la opinión pública, adormecida o silente, despierta, se agita, se agiganta y forma una ola incontrastable. Ella no busca el cambio de los hombres, sino la vuelta a la normalidad de las instituciones. Un pueblo puede perdonar los errores iniciales de un Gobierno; pero no perdonará jamás el desacierto como sistema y la violencia y la arbitrariedad como método. El instante es solemne, el momento crucial. El Gobierno instaurado el 4 de julio ha recibido este favor providencial. Es el Perú entero que le dice que se detenga al borde del abismo”
VI. A MODO DE COLOFÓN: SOBRE LA INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL
Ningún pueblo de la tierra ha gozado de libertad, mientras no ha tenido asegurada su Justicia; de allí se deriva siempre, el celo constitucional en definir los atributos de la organización judicial y los remedios que tiene el ciudadano frente a los atropellos que pudiera sufrir.
Contrariamente a la opinión general, la justicia posee, en Derecho, un tercio del poder, que de ninguna manera significa que sea el tercer y último tercio. En el ranking del poder ocupa un lugar indistinto respecto de los otros poderes, con la salvedad de que es el Presidente de la República quien tiene a su cargo la Administración General de la Nación. Por ello tiene un plus de poder.
La Justicia es poder, porque los jueces son los guardianes de la soberanía del pueblo y de la supremacía constitucional y, en consecuencia, custodios de los derechos reconocidos, de las garantías conferidas y de los poderes constituidos.
La administración de justicia también es gobierno, con identidad de quehacer, con especificidad esencial de objeto. Garantiza tanto la autoridad de los que mandan, como la libertad de los que obedecen, tanto las prerrogativas públicas como los derechos privados.
La independencia es requisito esencial para la correcta administración de este poder. Es condición de su existencia como Poder del Estado.
Pero la independencia no significa que el juez deba desentenderse de la responsabilidad política y republicana de su obrar y de sus consecuencias. La independencia de los jueces respecto del Ejecutivo es una consecuencia lógica, pero su independencia respecto de la voluntad de la Nación, sería una incongruencia.
Como señaló Juan XXIII en su encíclica “Pacem in terris” :
“concuerda con la propia naturaleza del hombre una organización de la convivencia compuesta por las tres clases de magistraturas que mejor respondan
a la triple función principal de la autoridad pública; porque en una comunidad política así organizada, las
funciones de cada magistratura y las relaciones entre
el ciudadano y los servidores de la cosa pública queda
definidos en términos jurídicos”; y “para que esta
organización jurídica y política rinda las ventajas que
le son propias, es exigencia de la misma realidad que
las autoridades actúen y resuelvan las dificultades que surjan con procedimientos y medios idóneos, ajustados a las funciones específicas de su competencia y a la situación actual del país, lo que implica, además, la obligación que el poder legislativo tiene, en el constante cambio que la realidad impone, de no descuidar jamás en su actuación las normas morales, las bases constitucionales del Estado y las exigencias del bien común”.
Es necesario entonces, que la administración pública resuelva todos los casos en consonancia con el derecho, teniendo a la vista la legislación vigente y con cuidadoso examen crítico de la realidad concreta y por último, que el Poder Judicial otorgue a cada cual su derecho con imparcialidad plena y sin dejarse arrastrar por presiones de grupo alguno.
homenaje a Carlos Eráusquin, un juez peruano.
GERMÁN APARICIO Y GÓMEZ SÁNCHEZ:
«EL DOCTOR OCÉANO DEL SIGLO XX»
Dr. Carlos Ramos Núñez Magister en Derecho Civil y Doctor en Derecho, Catedrático de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Miembro de la Academia Nacional de Historia, Profesor visitante en la Universidad de Sevilla y en la Universidad de Berkeley, Investigador del Instituto Max Planck en Alemania y Docente de la Academia de la Magistratura
Concordar la legislación de un país es contribuir a mantener la unidad de estructura indispensable en la organización y aplicación de un sistema legal; es evitar que códigos y leyes lleguen a ser un conglomerado de preceptos dispersos e incoherentes; es descubrir el pensamiento común, la inspiración concorde y la tendencia que en su conjunto expresa el Derecho positivo y es, asimismo, defender la certeza y la seguridad de su aplicación tan preciadas en la vida jurídica.
Juan Bautista Lavalle. La Revista del Foro. Año XVIII, Nos. 1-12, enero-diciembre de 1931, p. 23.
El magistrado, jurisconsulto y eximio anotador de los códigos y leyes básicas, don Germán Aparicio y Gómez Sánchez, podría ser considerado como el moderno Doctor Océano de las letras jurídicas nacionales. La minuciosidad y constancia de que hizo gala en la confección de sus trabajos competiría solo con la de un Mariano Santos de Quirós, quien compusiera una renombrada Colección de leyes, o con la de Francisco García Calderón Landa, el célebre autor del Diccionario de la Legislación peruana. Pero Germán Aparicio no fue propiamente un enciclopedista, como este último; ni tampoco un compilador estricto y lineal, al modo del aspirante a clérigo y luego republicano furibundo que fue Quirós.
Lo que inquietaba a Germán Aparicio y Gómez Sánchez —al fin y al cabo juez de carrera— eran los antecedentes del Derecho positivo, las innumerables conexiones que se esconden en medio de la masa legislativa y, sobre todo, el ordenamiento de la jurisprudencia de los tribunales en relación con cada materia tratada. En última instancia, su cometido no fue otro que el de encontrar la organicidad subyacente del Derecho legislado en sus distintas dimensiones y parcelas, fuesen éstas sustantiva, procesal o judicial; constitucional, civil, penal, laboral o administrativa; nacional o extraterritorial. José León Barandiarán ha dicho de él:
GERMÁN APARICIO y GÓMEZ SÁNCHEZ: «EL DOCTOR OCÉANO DEL SIGLO XX»
«Quienes en el Perú en alguna manera tiene que hacer, de modo más o menos, directo o indirecto, o preferencial, con actividades y estudios jurídicos, deben sentirse obligados a enaltecer a don Germán Aparicio» 1 .
La labor de Aparicio y Gómez Sánchez, coronada por los quince tomos de su monumental Código Civil. Concordancias, resulta semejante a la de un antiguo estudioso o a la de un arqueólogo: su predilección por las tablas comparativas, en las que se contemplan los sucesivos estratos en la preparación de un código o ley — artículo por artículo, inciso por inciso—; su inclinación hacia los elencos bibliográficos y jurisprudenciales; el empeño, en fin, por encerrar en sus volúmenes la suma de cuanto tiene que ver con la norma que se propone poner en luz, ponen de manifiesto el carácter esencialmente erudito de su producción.
Pero Aparicio no se detiene en la mera recolección informativa: acumula los datos, los organiza y los somete a un riguroso plan expositivo. Solo la ausencia total y sistemática de prólogos diferenciaban a los libros de Aparicio y Gómez Sánchez de los vastos tratados y epítomes del siglo XVII. En efecto, su perfil bajo en tanto escritor y publicista ofrece por momentos la imagen del artesano medieval que vacila en colocar su firma al pie de una construcción monumental. Prefiere que sea la obra la que se exprese por sí misma.
Germán Aparicio y Gómez Sánchez nace en Lima, el 16 de febrero de 1879, en el seno de una antigua estirpe de letrados 2 . El padre, Germán Aparicio y Alvarado, fue
un exitoso abogado capitalino, que obtuvo los grados de bachiller, licenciado y doctor en San Marcos hacia 1868 y 1869 3 ; mientras que la madre del jurista, Rosa Mercedes Gómez Sánchez, era hija nada menos que del político y diplomático Evaristo Gómez Sánchez y
Benavides (Lima, 1826 - ¿?), uno de los artífices de los códigos penal y de enjuiciamientos penales de 1863, y, en consecuencia, sobrina de José Luis Gómez Sánchez
y Rivero (Arequipa, 1799 – Lima, 1881), el vigoroso defensor de la posición liberal en las comisiones encargadas en 1846 y 1851 de la elaboración del Código civil decimonónico. Pero la cepa jurídica
del autor de las Concordancias se remontaba incluso hasta uno de sus bisabuelos maternos, el político y magistrado Evaristo Gómez Sánchez (Arequipa, 1766
– Lima, 1841), fundador de la Academia Lauretana,
representante parlamentario por su departamento en varias oportunidades y vocal de la Corte Suprema de Justicia entre 1831 y 1839 4 . Uno de los hermanos del personaje, don Víctor Aparicio y Gómez Sánchez, así como varios de sus hijos, se entregarían también a la abogacía, hasta constituir una verdadera dinastía de letrados que se prolonga hasta la actualidad.
Aparicio y Gómez Sánchez realiza sus estudios en el exclusivo colegio de Nuestra Señora de la O, que regentaba el educador Pedro P. Drinot, y, luego, en el colegio de Guadalupe, donde concluye la secundaria 5 . En una entrevista que concediera en 1942 a la Revista Peruana de Derecho, el letrado recordaba:
De mi época de estudiante «guadalupano» y «carolino» conservo los más gratos recuerdos. Pertenezco —
1 LEÓN BARANDIARÁN, José. «El jurista y su obra». Centenario del nacimiento de Germán Aparicio y Gómez Sánchez. Diario La Prensa, Lima, viernes 16 de febrero de 1979. El profesor sanmarquino, que considera a Gómez Sánchez un ejemplo de sabiduría y método, cita un vívido recuerdo personal sobre el docto juez: «Algunas veces lo ví, como a las 6 de la tarde, en el café León, en la Plazuela La Merced, en un corto intervalo en sus actividades, y no sé por qué, pero por esa libertad de nuestra facultad de asociación de ideas, pensé que así debió ocurrir con Hoffmann, juez de Berlín, que después de sus tareas diarias como tal y tras breve reposo, entraba en su biblioteca a concebir y escribir sus fantasiosos cuentos que literalmente lo hicieron famoso».:
2 Referencias biográficas de primera mano en el reportaje, «Juristas peruanos. El Dr. Germán Aparicio y Gómez Sánchez». Revista Peruana de Derecho. Tomo I, N.° 2, Lima, junio-julio de 1942, pp. 131- 136. Véase, también, Alzamora Valdez, Mario.
La abogacía. Lima, 1963,
; Tauro del Pino, Alberto. Enciclopedia ilustrada del Perú. 6 tomos. Lima: Peisa, 1987, T. 1, p.
148. Una amplia bibliografía del jurista y anotador limeño en Anuario Bibliográfico Peruano de 1948. Ediciones de la Biblioteca
Nacional, VII. Lima: Biblioteca Nacional del Perú, 1951, pp. 185-190. y, más recientemente, han aparecido tres textos en torno al personaje y su obra: la compilación documental, Semblanzas: Germán Aparicio y Gómez Sánchez. Presentación de Ulises Montoya Alberti y prólogo de Leopoldo Gamarra Vílchez. Lima: Facultad de Derecho de la UNMSM, 2004; y el breve artículo «Germán Aparicio y Gómez Sánchez». Análisis Laboral. Vol. 28, N.° 322, abril de 2004, pp. 7 y ss. Así como también, Ramos Núñez, Carlos. «Germán Aparicio y Gómez Sánchez», Athina. Revista de Derecho de los Alumnos de la Universidad de Lima, No. 1, Año 1, 2006, pp. 353 – 365. Adviértase que la revista se ocupa del estudioso en el número inaugural.
3 Germán Aparicio y Alvarado optó dichos grados con las tesis, Centralización de los poderes políticos (1868), Examen del origen del Derecho (1869) y Duelo (1869), respectivamente.
Cfr. Anónimo. «Juristas peruanos. El Dr. Germán Aparicio y Gómez Sánchez», op. cit., pp. 132, 136.
5 Ib., p. 136.
relata— a la generación que nació durante la guerra con Chile y, sin duda alguna, ese hecho influyó en que ella se caracterizara por su fervor a la patria y su amor al estudio. En Guadalupe constituímos una asociación denominada «Juventud Patriótica», que sirvió de eficiente auxiliar a la Junta Patriótica presidida por el doctor Santiago Figueredo 6 .
Hacia 1898, el joven estudioso ingresa a la Facultad de Jurisprudencia de San Marcos, donde tiene como maestros a las grandes figuras del escenario forense finisecular: Lizardo Alzamora, Cesáreo Chacaltana, Ricardo Heredia, Miguel Antonio de la Lama, José Matías Manzanilla, Manuel Santos Pasapera, Ramón
Ribeyro, Eleodoro Romero Salcedo, Luis Felipe Villarán
y Manuel Vicente Villarán 7 . Eran sus condiscípulos
Gerardo Balbuena, César de Cárdenas, Carlos A. Calle, Pedro A. Carrasco, Óscar Cebrián, Edmundo Habich, Francisco Lanatta, Luis Miró Quesada, Luis Pazos Varela, Federico Pflücker, Arturo Rubio, José Joaquín Sotelo, Julio Villegas y Carlos Zavala Loayza 8 .
Germán Aparicio opta el bachillerato en Jurisprudencia en 1901 —cumplidos los cuatro años
de estudios que a la sazón se exigían para postular
a ese grado menor—, con una monografía en la que
planteaba: La mujer es capaz de ser fiadora 9 . El feminismo jurídico alentaría también las preocupaciones de su hermano Víctor, quien hacia 1909 sustenta una tesis de bachiller en torno a El derecho de la mujer a la vida civil 10 . En 1904, luego de recibirse de abogado, merced
a las pruebas reglamentarias —dos exámenes en el
Colegio de Abogados y uno en la Corte Superior—, Germán Aparicio se dispone a abrazar la función administrativa. ya en el ínterin había sido admitido como secretario del concejo distrital de Miraflores, cargo que desempeña entre los años de 1903 y 1906, bajo el gobierno edil de Henry Rovett.
De esos años emerge, en 1908, un amplio consolidado estadístico del suburbio capitalino, de más de trescientas páginas y enriquecido con reseñas históricas, apuntes geográficos, ilustraciones y planos que anuncian ya la vena erudita de Aparicio y Gómez Sánchez 11 . Así mismo, entre 1907 y 1908, figura como director de los censos de las ciudades de Huaraz, Huacho y Ayacucho 12 .
En 1909, Germán Aparicio, quien entonces bordeaba los treinta años, decide abrazar la magistratura y es destacado a una judicatura en la provincia de Pisco, en el departamento de Ica 13 . Familiarizado con la realidad judicial, efectúa una breve visita a Lima hacia 1910 con la intención de optar el doctorado en Jurisprudencia 14 . Retorna luego a Pisco, ahora como juez titular de primera instancia de esa jurisdicción. Pero permanecerá pocos meses al frente de ese juzgado, pues, en 1912, por decisión del gobierno de Augusto B. Leguía, en su primer período presidencial, viaja a Europa para seguir cursos de perfeccionamiento en Estadística. Según su propio testimonio, ese aprendizaje contribuiría «de modo preponderante» en el método y la sistemática que regirían sus libros de Concordancias 15 . Los años posteriores coinciden con un franco ascenso en la carrera judicial del letrado limeño: en 1921 lo vemos como vocal interino de la Corte Superior de Justicia de La Libertad y, en 1922, figura como juez interino, y luego titular, de la provincia de Lima. Otras misiones públicas inquietan a don Germán Aparicio. Así, durante el truncado plebiscito de Tacna y Arica, hacia 1927, funge de tesorero de la Junta Nacional Patriótica que presidía don Eulogio Fernandini 16
La década de 1930 coincide con la consagración intelectual y profesional de Germán Aparicio y Gómez Sánchez. Aparece como vocal accidental de la Corte Superior de Justicia de Lima en 1930 y, al año siguiente, confía a La Revista del Foro los originales de su versión concordada del Código Procesal Civil de 1912 17 . En un principio, según parece, fue proyectada
6 Ib., pp. 132-133.
Ib., p. 133.
9 APARICIO y GÓMEZ SÁNCHEZ, Germán. La mujer es capaz de ser fiadora. Tesis de bachiller. Texto mecanografiado. Vid. Universidad Mayor de San Marcos. Nómina de graduados de la Facultad de Derecho. Lima: Taller de Linotipía, 1944, p. 10.
11 APARICIO y GÓMEZ SÁNCHEZ, Germán. Estadística municipal de Miraflores (provincia de Lima); datos históricos, geográficos y estadísticos. Lima: Imprenta y Librería de San Pedro, 1908.
Vid. Dirección General de Estadística. Censo de la ciudad de Huaraz. Lima, 1908.
13 GARCíA RADA, Domingo. «Un juez ejemplar». Diario La Prensa, Viernes 16 de febrero de 1979.
15 Anónimo. «Juristas peruanos. El Dr. Germán Aparicio y Gómez Sánchez», op. cit., p. 136.
17 APARICIO y GÓMEZ SÁNCHEZ, Germán. «Código de Procedimientos Civiles. Anotado y concordado con la Constitución y leyes vigentes y con las ejecutorias supremas». La Revista del Foro. Órgano del Colegio de Abogados. Año XVIII, Nos. 1-12, enero-diciembre de 1931, pp. 25-43; Año XIX, Nos. 1-12, enero-diciembre de 1932, pp. 41-60.
una publicación por entregas de la integridad del texto, pero solo se llegaron a insertar los dos primeros títulos de la sección primera del Código, relativas a «Comparecencia ante el juez» y «Competencia» 18 . Sin duda, las masivas dimensiones del trabajo obstaculizaban ese cometido. Juan Bautista de Lavalle —quien tuvo a la vista los originales del Código de Procedimientos y de la Ley Procesal de Quiebras concordados y anotados— escribió en el citado vocero gremial una elogiosa reseña, en la que anotaba:
Al margen de una vida serena e irreprochable consagrada al servicio de la función judicial, en las
breves horas libres que dejan el estudio y la meditación de los fallos judiciales, el doctor Aparicio y Gómez Sánchez emprendió años a esta tarea de benedictino de agotar y controlar todas las concordancias existentes entre nuestras codificaciones y todas las referencias jurisprudenciales que señalan el proceso de aplicación
]. Trabajo
de benedictino he dicho, cuando más exacto sería decir trabajo de profesor alemán, dada su magnitud analítica, la precisión de su método y el noble sentido de abnegación intelectual que significa una labor de objetividad y exactitud tan grandes 19 .
de las normas legales contenidas en ellas [
Quienes manejen esas concordancias y referencias jurisprudenciales oportuna y cuidadosamente enunciadas; esos índices de materias que contienen en esencia, como ecuaciones algebraicas, todas las coordinaciones referentes a un concepto, a una institución, a una figura jurídica, no sospecharán jamás las horas que su autor ha pasado llenando de números y controlando las citas, fechas y páginas que llenan los
extensos y cuidadosos originales que he examinado. En un país —asegura Lavalle— en el que la improvisación, simulación y pereza son tan universales, trabajos como el que a estas líneas se refieren, por las cualidades de desinterés, probidad y perseverancia que revelan, son dignos de la más justa estimación y encomio 20 .
En la misma entrega de La Revista del Foro, Edilberto Boza señalaba que el trabajo de Aparicio y Gómez Sánchez «ofrece el cuadro más completo de anotaciones y concordancias, en el que se relacionan los preceptos del Código, precedidos de su correspondiente exposición de motivos, con la jurisprudencia práctica de los tribunales y los diversos cuerpos de leyes y resoluciones, sin excluir los más lejanos orígenes del Derecho patrio» 21 . Dos lustros después, el propio Aparicio y Gómez Sánchez confesaría que la confección de sus libros se remontaba al año de 1916, en los intervalos de su labor jurisdiccional en la provincia de Pisco 22 . Otro detalle que interesa destacar: el autor concebía esos trabajos como parte de una obra orgánica, a la que da el nombre de Concordancias e Índices de la Legislación Peruana 23 .
Con los mejores auspicios, en 1932 sale a luz el primer volumen de Concordancias, dedicado a la Ley Procesal de Quiebras. El libro aparecería sin sello editorial, a través de los Talleres Gráficos de la Penitenciaría, en una edición sufragada por el autor, al igual que las siguientes 24 .
En el mismo año, Germán Aparicio es designado vocal titular de la Corte Superior de Lima 25 . A la vez, se da tiempo para publicar dos obras sustanciales:
hacia 1932 o 1933, la esperada versión en libro del Código de Procedimientos Civiles. Concordancias, en dos
18 Vid. E. C. B. [Edilberto C. Boza]. «Notas bibliográficas. Código de Procedimientos Civiles del Perú anotado y concordado por el Dr. Germán Aparicio y Gómez Sánchez». La Revista del Foro. Órgano del Colegio de Abogados. Año XVIII, Nos. 1-12, enero- diciembre de 1931, p. 235. Refiere Boza que el autor «ha tenido la gentileza de ofrecer a La Revista del Foro los originales de su notable estudio; y con ello hace un positivo servicio al foro y a la magistratura».
19 LAVALLE, Juan Bautista de. «Un notable trabajo jurídico del doctor Germán Aparicio y Gómez Sánchez». La Revista del Foro. Órgano del Colegio de Abogados. Año XVIII, Nos. 1-12, enero-diciembre de 1931, pp. 22-24 (p. 22).
Ib., pp. 22-23.
E. C. B. [Edilberto C. Boza]. «Notas bibliográficas», op. cit., p. 235.
22 Anónimo. «Juristas peruanos. El Dr. Germán Aparicio y Gómez Sánchez», op. cit., p. 136.
24 APARICIO y GÓMEZ SÁNCHEZ, Germán. Ley procesal de quiebras. Concordancias. Lima: Talleres Gráficos de la Penitenciaría, 1932. 247 páginas. El «Índice analítico» figuró en La Revista del Foro. Órgano del Colegio de Abogados. Año XIX, Nos. 1-12, pp. 41-60. Corresponde a las páginas 193 a 204 del libro citado.
25 Su ingreso a la carrera judicial tuvo lugar en 1909, en calidad de juez interino de la provincia de Pisco, nombrándosele titular en 1911, vocal interino de la Corte Superior de Justicia de La Libertad en 1921, juez titular en Lima en 1922 y vocal de la Corte de Superior de Lima en 1930 y presidente de esta Corte en 1936. Véase, El Comercio de 18 de febrero de 1948.
tomos 26 ; en 1934, una estupenda edición de la Ley de Accidentes del Trabajo N.º 1378, que constituye una fuente de primer orden para la reconstrucción del proceso legislativo concerniente a dicha norma 27 ; y, en 1935, el tomo tercero, subtitulado «Suplemento», del Código de Procedimientos Civiles, con una nutrida sección de «Bibliografía nacional», además de cuidadosos índices 28 . Es probable que esas producciones contribuyesen a impulsar su ascenso a la presidencia de la Corte Superior de Lima, que ocupa durante el año judicial de 1936-1937 29 .
La censura de los «vicios y corruptelas de la tramitación» y la inherente dilatación de los juicios constituían el inesperado tema de su discurso de
aceptación como presidente de la Corte capitalina 30 .
El magistrado limeño pasaba revista a algunos de esos
vicios: la inexacta sustanciación de los incidentes, no obstante hallarse éstos claramente definidos en el Código adjetivo. y explica, en un pasaje técnico
y exento de la retórica habitual de un discurso de incorporación:
La finalidad de la cuerda aparte es evitar se entorpezca la secuela de la materia principal del pleito y por eso cuando se sustancian y resuelven los incidentes como de puro derecho, debe también ordenarse la formación del cuaderno separado al interponerse el recurso de apelación. Por lo general no deben los incidentes suspender el juicio, salvo que se trate de cuestiones que por su naturaleza requieren la detención del debate para ser resueltas con carácter previo 31 .
Acusa también el difundido error de conceder a las pruebas de confesión y de exhibición de documentos el carácter de privilegiadas y admitir su ofrecimiento en cualquier estado del proceso. Otro mecanismo dilatorio que repugna al nuevo presidente de la Corte es el desnaturalizado empleo del recurso de reposición:
«no es extraño —refiere— ver en determinados expedientes que todos los proveídos y a veces hasta las resoluciones han dado lugar a la interposición de dicho recurso, lo que constituye un manifiesto abuso del derecho de litigar» 32 .
Aun la costumbre de algunos jueces de no expedir sentencia mientras no lo solicite alguna de las partes es considerada entre las «corruptelas» que escandalizan al letrado, no obstante admitir que se trata de «prácticas y precedentes antiguos», antes que fruto de la conducta maliciosa de los jueces 33 . Mediante resolución de 18 de junio de 1936, en virtud de su cargo, Aparicio y Gómez Sánchez es convocado a integrar la Comisión Revisora del Código Civil, junto a Diómedes Arias Schreiber, ministro de Justicia; Julio C. Campos, vocal de la Corte Suprema; Alfredo Solf, rector de la Universidad de San Marcos; Pedro M. Oliveira, decano de la Facultad de Jurisprudencia y vicerrector de San Marcos; Manuel Augusto Olaechea, miembro del grupo codificador, y el doctor Ernesto de la Jara y Ureta 34 .
Terminado el año judicial, el togado pronuncia su memoria de presidente cesante de la Corte Superior de Lima 35 . y también en 1936, a escasísimos meses de su promulgación, Germán Aparicio publica el primer tomo de su obra culminante, la versión «concordada» —calificativo en verdad modesto— del nuevo Código Civil de 1936 36 . Le seguirían otros 14 tomos, el último de los cuales, aparecería en 1944.
26 APARICIO y GÓMEZ SÁNCHEZ, Germán. Código de Procedimientos Civiles. Concordancias. Tomo I. Lima: Talleres Gráficos de la Penitenciaría, [1932-1933]. 747 páginas; Código de Procedimientos Civiles. Concordancias. Tomo II. Lima: Talleres Gráficos de la Penitenciaría, [1933]. 661 páginas. La ausencia de pies de imprenta dificulta una datación exacta. En el tomo primero, donde hay referencias jurisprudenciales de hasta mediados de 1932, Aparicio afirma que la nueva Constitución Política está pronta a ser promulgada. Como se sabe, dicha carta fue sancionada el 9 de abril de 1933.
27 APARICIO y GÓMEZ SÁNCHEZ, Germán. Ley de accidentes del trabajo. Concordancias. Lima: Talleres Gráficos de la Penitenciaría, 1934. 298 páginas.
APARICIO y GÓMEZ SÁNCHEZ, Germán. Código de Procedimientos Civiles. Concordancias. Suplemento. Lima: Talleres Gráficos de la Penitenciaría, 1935. 538 páginas. La sección bibliográfica fue publicada originalmente en La Revista del Foro. Órgano del Colegio de Abogados. Año XXII, Nos. 1, 2 y 3, enero-marzo de 1935, pp. 54-63.
El Comercio, 18 de febrero de 1948.
30 La Revista del Foro. Órgano del Colegio de Abogados. Año XXIII, Nos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, enero-junio de 1936, pp. 24-26. «Discurso del nuevo Presidente de la Corte Superior, Sr. D. Germán Aparicio y Gómez Sánchez».
Ib., p. 25.
35 APARICIO y GÓMEZ SÁNCHEZ, Germán. «Memoria leída por el Presidente cesante, Sr. Dr. D. Germán Aparicio y Gómez
Sánchez». La Revista del Foro. Órgano del Colegio de Abogados. Año XXIV, Nos. 1, 2 y 3, enero-marzo de 1937, pp. 40-60.
en la ceremonia de apertura del año judicial
También en folleto: Memoria leída por el presidente de la Corte Superior de Lima [ de 1937.Lima: Impr. Americana, 1937. 51 páginas.
APARICIO y GÓMEZ SÁNCHEZ, Germán. Código Civil. Concordancias. Tomo I. Lima: Librería e Imprenta Gil, 1936.
Los libros de Germán Aparicio y Gómez Sánchez fueron, tanto o quizá más que sus fallos judiciales, la razón principal de la estima que le dispensarían sus contemporáneos. Motivados por la inusitada solvencia que encerraba la serie de Concordancias, sus colegas de profesión lo distinguen en 1937 como miembro honorario del Colegio de Abogados de Lima 37 , homenaje reiterado en 1942 por el gremio forense de Trujillo, donde se había desempeñado como vocal superior interino veinte años atrás 38 .
Aparicio y Gómez Sánchez fue además miembro de número de la Academia Peruana de Derecho y miembro del Instituto de Derecho Procesal del Perú. Rara vez, al menos en el Perú, la prestancia profesional se hallaba asentada, casi exclusivamente, sobre las bondades de una producción escrita. Recordemos que don Germán nunca impartió la cátedra ni militó en la política activa; en consecuencia, no formaba parte de los círculos académicos institucionalizados o de poder.
Entre tanto, conforme avanzaba la edición de Código Civil. Concordancias, la actividad de Aparicio y Gómez Sánchez no se detiene: en 1940 sale de imprenta una segunda edición del tomo primero de Código Civil. Concordancias 39 ; al año siguiente es llamado
a integrar la Comisión Reformadora del Código de
Procedimientos Civiles, por decreto de 12 de julio de 1941 40 ; y, en 1942, lanza una versión concordada de
la Ley Orgánica del Poder Judicial 41 , que remplazaba
a la conocida edición de Miguel Antonio de la Lama.
Sin pausa, se disponía a preparar una nueva edición de
Código de Procedimientos Civiles. Concordancias, cuando
el 1.° de octubre de 1943, por disposición del entonces
decano del Colegio de Abogados de Lima, Ezequiel F. Muñoz, le es conferida la medalla de oro del gremio 42 . El 4 de julio de 1944, aquejado de salud, Germán Aparicio solicita su jubilación 43 . La Revista del Foro se referiría a la producción del vocal cesante como una «benedictina obra, que representa decenios y decenios
de incansables esfuerzos y que es fruto de sapiencia y de poder de trabajo»; anotaba también que ella había sido labrada «sin menoscabar el desarrollo normal de sus funciones judiciales» 44 .
Inmediatamente fue organizado un homenaje en el domicilio del letrado, al cual acudió en pleno la Junta Directiva del Colegio de Abogados de Lima: José Matías Manzanilla, que la encabezaba en su condición de decano, y los doctores Aurelio García Sayán, Francisco Villa-García Blondet, Félix Navarro Irvine, Carlos Rodríguez Pastor, Eduardo Espinoza León, Ernesto Alayza Grundy, Ulises Montoya y Jorge Arce Más 45 . En su emotiva alocución, el decano Manzanilla exclamaba:
Amigo y colega,
La Junta Directiva del Colegio de Abogados, ríndele
excepcional deferencia, viniendo, en pleno, a expresarle que admira su proverbial austeridad de magistrado
y su perseverancia para coronar sin vacilaciones, ni
escepticismo, ni desmayos, la benedictina obra de las concordancias y comentarios del Código Civil y del Código de Procedimientos Civiles, de las leyes sobre infortunios del trabajo, de las leyes sobre quiebras y organización del Poder Judicial y de las Ejecutorias de la Corte Suprema, concordancias enriquecidas
merced a notas bibliográficas, a antecedentes históricos
y a sobrias citas de la Constitución del Estado y de
las legislaciones extranjeras. ¡Veintiún volúmenes! La
monumental obra de nuestro eminente colega y querido amigo, Aparicio y Gómez Sánchez, tiene ¡veintiún volúmenes! ¡Oh voluntad para trabajar! ¡Oh vocación de trabajo! 46
Aun en 1945, el anciano erudito reúne fuerzas para esbozar unos apuntes para la reforma del Código de Comercio 47 . Don Germán Aparicio y Gómez Sánchez pasó sus últimos años en el retiro, hasta su
37 El Comercio, 18 de febrero de 1948.
39 APARICIO y GÓMEZ SÁNCHEZ, Germán. Código Civil. Concordancias. Tomo I. 2.ª edición. Lima: Imprenta Americana, 1940. 625 páginas.
Conformaban además la comisión de reforma del Código procesal los doctores Anselmo Barreto, Ernesto Araujo Álvarez, Lino Cornejo y Manuel C. Gallagher.
APARICIO y GÓMEZ SÁNCHEZ, Germán. Ley Orgánica del Poder Judicial. Concordancias. Lima: Taller de Linotipía, 1942.
43 La Revista del Foro. Órgano oficial del Colegio de Abogados de Lima. Año XXXI, Nos. 7 al 9, julio-diciembre de 1944, pp. 539-
540. «Jubilación voluntaria del doctor Germán Aparicio y Gómez Sánchez, vocal de la Corte Superior de Lima y el Foro de Lima».
44 Ib., p. 539.
46 Ib., p. 540.
del Colegio de Abogados de Lima. Año XXXII, Nos. 4, 5 y 6, abril-junio de 1945, pp. 347-356.
APARICIO y GÓMEZ SÁNCHEZ, Germán. «Aporte a la reforma del Código de Comercio». La Revista del Foro. Órgano oficial
fallecimiento, tras una breve enfermedad, en su casa
de la Av. 28 de Julio 820, Miraflores, el 15 de febrero
de 1948 48 . Le sobrevivían su esposa, doña Carmen Rosa
Valdez Tudela y sus hijos Germán, Felipe, Alfredo, Luis Ernesto, Rosa Mercedes y Carmen Aparicio Valdez.
Hasta poco antes de su desaparición, el jurisconsulto se hallaba preparando la edición remozada de su Código de Procedimientos Civiles. Concordancias. El primer tomo, subtitulado «Concordancias de Legislación», salió de imprenta en 1947; el tomo segundo, que englobaba glosas, antecedentes, exposición de motivos
y una bibliografía parcial, apareció póstumamente
en 1949, con el auxilio de sus hijos, Germán y Felipe Aparicio Valdez 49 . A su muerte, dejaría inéditas las concordancias del Código Penal y del Código de Enjuiciamientos penales de 1863, que eran el primero de sus trabajos. Quizá consideró su autor que, luego de la dación del Código Penal de 1924, la publicación de esa obra resultaría poco práctica. Sin embargo, años después, en 1956, la Revista de Derecho y Ciencias Políticas de San Marcos, en vista de su valor para la Historia del Derecho, rescataría un fragmento de los originales, dedicado de la jurisprudencia del antiguo
Código Penal 50 . Actualmente, la Biblioteca de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Marcos lleva el nombre del admirado jurisconsulto limeño.
Domingo García Rada, un colega de Aparicio
y Gómez Sánchez en la judicatura, cuando ambos
ejercían en la Corte Superior de Lima, ofrece una descripción tangible del erudito magistrado:
Otro vocal de grato recuerdo es el doctor Germán Aparicio y Gómez Sánchez, que permaneció muchos años en la Superior, sin poder ascender por tener en la Suprema a los doctores Ricardo Leoncio Elías y Fernando E. Palacios, casados con hermanas suyas. Trabajador infatigable, era un poco sordo, no sentía ningún ruido y podía enfrascarse en la lectura de expedientes sin ser perturbado. Era el más fuerte sostén de la Sala que integraba en cuanto a su trabajo y dedicación, y eso lo sabían todos. Sus códigos y leyes concordadas, constituyen una labor de benedictino no igualada aún» 51 .
En otro texto, Domingo García Rada, se sorprende que Germán Aparicio y Gómez Sánchez, pese a su profunda erudición y su clara inteligencia, este juez honrador y laborioso, no estuviera contaminado por la vanidad, tan frecuente en los sabios 52 .
Aparicio y Gómez Sánchez, procedía de una notable
y añeja familia de abogados, lo que le garantizaba
una sólida posición económica, un estatus social encumbrado y las consiguientes facilidades para desarrollar su labor intelectual sin contratiempos. Podría decirse que desarrolla su obra de la mano con la labor jurisdiccional, como se comprueba de la familiaridad que exhibe tanto con el Derecho positivo cuanto con la jurisprudencia.
Sus primeros libros, publicados entre 1931 y 1935 (Ley Procesal de Quiebras, Código de Procedimientos Civiles, Ley de Accidentes del Trabajo) aparecieron sin sello editorial, en impresiones financiadas a expensas del autor, quien se encargaba personalmente de remitir los ejemplares a las bibliotecas, universidades, colegios de abogados e instituciones judiciales. Lo mismo cabría afirmar con respecto a su Código Civil, que al parecer fue el fruto del financiamiento particular. Un detalle significativo es que Germán Aparicio consideró sus libros como parte de un cuerpo orgánico
e interrelacionado que aspiraba a cubrir la totalidad
de la legislación positiva básica (desde los precedentes normativos hasta su aplicación jurisprudencial).
Otra característica que llama la atención es la ausencia de prólogos, que contrasta vívidamente con
el caudal de información y de conexiones internas que
encierran los volúmenes. Preguntado hacia el final de
su vida sobre el sentido de sus Concordancias, Aparicio
y Gómez Sánchez declararía:
la dispersión y consiguiente dificultad para la
búsqueda y la consulta de las fuentes de nuestro Derecho y de las ejecutorias de los tribunales, fortalecieron en mi espíritu la idea de la necesidad de una clasificación metódica que facilite y guíe la consulta, en su aplicación cotidiana por jueces y abogados, a la vez que favorezca el estudio amplio y sistemático de nuestros códigos y leyes. He juzgado —prosigue— que es servir a la justicia y al Derecho poner a disposición
48 El Comercio del 16 de febrero de 1948.
49 APARICIO y GÓMEZ SÁNCHEZ, Germán. Código de Procedimientos Civiles. Concordancias de Legislación. Tomo I. Lima:
Editorial P. T. C. M., 1947; Código de Procedimientos Civiles. Glosas y antecedentes, Exposición de motivos, Jurisprudencia, Bibliografía del Artículo 1.° al 295.° Tomo II. Lima: Editorial P. T. C. M., 1949. 245 y 366 páginas respectivamente.
APARICIO y GÓMEZ SÁNCHEZ, Germán. «Jurisprudencia del Código Penal de 1862». Revista de Derecho y Ciencias Políticas. Año XX, 1956, pp. 55-80. También como separata, Lima: Editorial «San Marcos», 1957.
GARCíA RADA, Domingo. Memorias de un juez. Lima: Editorial Andina, 1978, p. 105.
GARCíA RADA, Domingo. «Un juez ejemplar». Diario La Prensa, Viernes 16 de febrero de 1979.
de quienes lo estudian y aplican, el conocimiento de los
Esa declaración, formulada luego de escribir, editar
El tomo segundo, dedicado a la documentación y
antecedentes y conexiones de la legislación nacional; sus
estudio de la génesis del nuevo Código, fue impreso entre
concordancias jurisprudenciales, para el conocimiento
14 de enero y el 12 de marzo de 1937 55 , en tanto que
del sentido de sus soluciones; y su relación con la
cuarto tomo, el primero relativo a la sección «Leyes y
doctrina y la legislación de otros pueblos 53 .
reglamentos», fue compuesto en la tipografía Gil entre el 7 de setiembre y el 6 de noviembre de 1937 56 . La razón del vacío en el tomo tercero se explicaba por la
junio al 5 de noviembre de 1938 57 ; los tomos sexto 58
hasta mandar a imprimir una veintena larga de textos, bien pudo constituir el prólogo faltante.
demora en la terminación de la exposición de motivos del Código. El tomo quinto, que proseguía en el estudio
Código Civil. Concordancias, aparecido entre los
de «Leyes y reglamentos», sería preparado del 15 de
años de 1936 y 1944, abarcó, como hemos adelantado,
séptimo 59 , que agotaban dicha sección materia, así
un total de quince tomos. El primer tomo, según reza
como el octavo volumen, concerniente al importante
colofón, fue impreso entre el 9 de setiembre y el
rubro de «Jurisprudencia» 60 , fueron confeccionados en
31 de octubre de 1936 por la Librería e Imprenta Gil.
año de 1938. En 1941, por el Taller de Linotipia, de
Salía a luz, pues, a escasos meses de la promulgación del cuerpo legal, mientras el autor ocupaba la presidencia de la Corte Superior de Lima 54 . La Revista del Foro publica el siguiente aviso, a página entera, en su edición correspondiente a los meses de julio a setiembre de 1936:
la calle Guadalupe, fue puesto en circulación el tomo noveno 61 , que iniciaba la última sección del trabajo, vinculada a las concordancias propiamente dicha. Los tomos décimo y decimoprimero serían lanzados en 1942 62 63 ; los tomos tercero, decimosegundo y
GERMÁN APARICIO Y GÓMEZ SÁNCHEZ
Tomo I Lima – Perú
Librería e Imprenta Gil S. A. Calle de Zárate Nos. 459 y 565
Anónimo. «Juristas peruanos. El Dr. Germán Aparicio y Gómez Sánchez», op. cit., p. 134.
APARICIO y GÓMEZ SÁNCHEZ, Germán. Código Civil. Concordancias. Tomo I. Lima: Librería e Imprenta Gil, S. A., 1936.
APARICIO y GÓMEZ SÁNCHEZ, Germán. Código Civil. Concordancias. Tomo II: «La reforma». Lima: Librería e Imprenta
Gil, S. A., 1937.
APARICIO y GÓMEZ SÁNCHEZ, Germán. Código Civil. Concordancias. Tomo IV: «Leyes y reglamentos». Lima: Librería e Imprenta Gil, S. A., 1937.
APARICIO y GÓMEZ SÁNCHEZ, Germán. Código Civil. Concordancias. Tomo V: «Leyes y reglamentos». Lima: Librería e Imprenta Gil, S. A., 1938.
58 APARICIO y GÓMEZ SÁNCHEZ, Germán. Código Civil. Concordancias. Tomo VI: «Leyes y reglamentos». Lima: Librería e Imprenta Gil, S. A., 1938.
APARICIO y GÓMEZ SÁNCHEZ, Germán. Código Civil. Concordancias. Tomo VII: «Leyes y reglamentos». Lima: Librería e Imprenta Gil, S. A., 1938.
APARICIO y GÓMEZ SÁNCHEZ, Germán. Código Civil. Concordancias. Tomo VIII: «Jurisprudencia». Lima: Taller de Linotipia, 1941.
61 APARICIO y GÓMEZ SÁNCHEZ, Germán. Código Civil. Concordancias. Tomo IX: «Legislación y Derecho civil». Lima: Taller de Linotipia, 1941.
62 APARICIO y GÓMEZ SÁNCHEZ, Germán. Código Civil. Concordancias. Tomo X: «Legislación y Derecho civil». Lima: Taller de Linotipia, 1942.
63 APARICIO y GÓMEZ SÁNCHEZ, Germán. Código Civil. Concordancias. Tomo XI: «Legislación y Derecho civil». Lima: Taller de Linotipia, 1943.
decimotercero, en 1943; mientras que los volúmenes decimocuarto y decimoquinto aparecerían en 1944 64 .
La sistematización integral del Código Civil de 1936 emprendida por Germán Aparicio y Gómez Sánchez fue el resultado de un arduo esfuerzo de varios lustros. Un contemporáneo suyo, Javier Sánchez Buitrón, asegura que recurría a todas las bibliotecas de Lima para componer sus apuntes 65 . A su vez, José León Barandiarán, citando a Albino Luciani, que se convertiría luego en el papa Juan Pablo I, en su libro Ilustrísimos señores, en la carta a Petrarca, recuerda que el vate habló de «lugares queridos, amigos queridos y libros queridos». «Esto último puedo decir yo –anota León—respecto al libro (en verdad colección de libros), sobre el Código Civil peruano de don Germán Aparicio y Gómez Sánchez» 66 . Más adelante, remata el estudioso lambayecano, lo cual confirmamos, refiriéndose al erudito limeño: «Es el caso recordar lo que dijera don Alfonso, el Sabio: ‘de los omes sabios los regnos y las tierras se aprovechan’» 67
64 T.1. Texto del Código. 2-3. La reforma / La reforma (motivos). T. 4-7. Leyes y reglamentos: Registros del estado civil. Nomenclatura y diccionario de enfermedades y causas de defunción. Personas jurídicas. Comunidades de indígenas. Alcabala, Impuesto a las sucesiones (IV); Registros públicos. Reglamento de las inscripciones. Regímenes: de las inscripciones. Regímenes:
Registro mercantil, de buque, registro de prenda agrícola. Leyes de crédito agrícola. ley del Banco Agrícola del Perú. Aranceles (hasta 1938). Legislación hipotecaria. Reg. Fiscal de ventas a plazos (V); Leyes y reglamentos (persona, familia, comunidades indígenas, sucesiones, monumentos históricos, bienes del Estado de 1821 a 1942) (VI); Leyes y reglamentos (propiedad intelectual e industrial, marcas de fábrica, caza y pesca, casas de préstamo, propiedad inmueble) (VII). T. 8. Jurisprudencia. T. 9-15. Legislacion y derecho civil: (arts. 1603 a 1835).
SÁNCHEZ BUITRÓN, Javier. «Don Germán: trabajador incansable». Diario La Prensa, 16 de febrero de 1979.
66 LEÓN BARANDIARÁN, José. «El jurista y su obra», o., c., .
67 Ib.
Anónimo. “Germán Aparicio y Gómez Sánchez“. En: Análisis Laboral. Vol. 28, N° 322, abril de 2004.
Anónimo. “Juristas peruanos. El Dr. Germán Aparicio
Aparicio y Gómez Sánchez, Germán. Código Civil. Concordancias. Tomo IV: “Leyes y reglamentos“.Lima, Librería e Imprenta Gil, 1937.
Gómez Sánchez“. Revista Peruana de Derecho. Tomo
Aparicio y Gómez Sánchez, Germán. Código Civil.
N.° 2, Lima, junio-julio de 1942. Alzamora Valdez,
Concordancias. Tomo V: “Leyes y reglamentos“.Lima,
Mario. La abogacía. Lima.
Librería e Imprenta Gil, 1938.
Aparicio y Gómez Sánchez, Germán. “Aporte a la reforma del Código de Comercio”. La Revista del Foro. Órgano oficial del Colegio de Abogados de Lima. Año XXXII, Nos. 4, 5 y 6, abril-junio de 1945.
Aparicio y Gómez Sánchez, Germán. Código Civil. Concordancias. Tomo VI: “Leyes y reglamentos“.Lima, Librería e Imprenta Gil, 1938.
Aparicio y Gómez Sánchez, Germán. “Código de Procedimientos Civiles. Anotado y concordado con la Constitución y leyes vigentes y con las ejecutorias
Aparicio y Gómez Sánchez, Germán. Código Civil. Concordancias. Tomo VII: “Leyes y reglamentos“.Lima, Librería e Imprenta Gil, 1938.
supremas“. En: La Revista del Foro. Órgano del Colegio de Abogados. Año XVIII, Nº 1-12, enero-diciembre de
supremas“. En: La Revista del Foro. Órgano del Colegio de Abogados. Año XIX, Nº 1-12, enero-diciembre de
Aparicio y Gómez Sánchez, Germán. “Jurisprudencia del Código Penal de 1862“. En: Revista de Derecho y Ciencias Políticas. Año XX, 1956.
Aparicio y Gómez Sánchez, Germán. “Memoria leída por el Presidente cesante, Sr. Dr. D. Germán Aparicio y Gómez Sánchez“. La Revista del Foro. Órgano del Colegio de Abogados. Año XXIV, Nº 1, 2 y 3, enero-marzo de
Concordancias. Tomo I. Lima, Librería e Imprenta Gil,
Aparicio y Gómez Sánchez, Germán. Código Civil. Concordancias. Tomo I. Segunda edición. Lima, Imprenta Americana, 1940, 625 páginas.
Aparicio y Gómez Sánchez, Germán. Código Civil. Concordancias. Tomo II: “La reforma“. Lima, Librería e Imprenta Gil, 1937.
Aparicio y Gómez Sánchez, Germán. Código Civil. Concordancias. Tomo VIII: “Jurisprudencia“. Lima, Taller de Linotipia, 1941.
Aparicio y Gómez Sánchez, Germán. Código Civil. Concordancias. Tomo IX: “Legislación y Derecho Civil“. Lima, Taller de Linotipia, 1941.
Aparicio y Gómez Sánchez, Germán. Código Civil. Concordancias. Tomo X: “Legislación y Derecho Civil“. Lima, Taller de Linotipia, 1942.
Aparicio y Gómez Sánchez, Germán. Código Civil. Concordancias. Tomo XI: “Legislación y Derecho Civil“. Lima, Taller de Linotipia, 1943.
Aparicio y Gómez Sánchez, Germán. Código de Procedimientos Civiles. Concordancias. Tomo I. Lima, Talleres Gráficos de la Penitenciaría, [1932-1933], 747 páginas.
Aparicio y Gómez Sánchez, Germán. Código de Procedimientos Civiles. Concordancias. Tomo II. Lima, Talleres Gráficos de la Penitenciaría, [1933], 661 páginas.
Aparicio y Gómez Sánchez, Germán. Código de Procedimientos Civiles. Concordancias. Suplemento. Lima, Talleres Gráficos de la Penitenciaría, 1935, 538 páginas.
Aparicio y Gómez Sánchez, Germán. Código de Procedimientos Civiles. Concordancias de Legislación. Tomo I. Lima, Editorial P.T.C.M., 1947.
Aparicio y Gómez Sánchez, Germán. Código de Procedimientos Civiles. Glosas y antecedentes, Exposición de motivos, Jurisprudencia, Bibliografía del Artículo 1. al 295. Tomo II. Lima, Editorial P.T.C.M., 1949.
Aparicio y Gómez Sánchez, Germán. Estadística municipal de Miraflores (provincia de Lima); datos históricos, geográficos y estadísticos. Lima, Imprenta y Librería de San Pedro, 1908.
Aparicio y Gómez Sánchez, Germán. La mujer es capaz de ser fiadora. Tesis de bachiller. Texto mecanografiado. Vid. Universidad Mayor de San Marcos. Nómina de graduados de la Facultad de Derecho. Lima, Taller de Linotipia, 1944.
Aparicio y Gómez Sánchez, Germán. Ley de Accidentes del Trabajo. Concordancias. Lima, Talleres Gráficos de la Penitenciaría, 1934, 298 páginas.
Aparicio y Gómez Sánchez, Germán. Ley Orgánica del Poder Judicial. Concordancias. Lima, Taller de Linotipía, 1942.
Aparicio y Gómez Sánchez, Germán. Ley procesal de quiebras. Concordancias. Lima, Talleres Gráficos de la Penitenciaría, 1932, 247 páginas.
Boza, Edilberto C. “Notas bibliográficas. Código de Procedimientos Civiles del Perú anotado y concordado por el Dr. Germán Aparicio y Gómez Sánchez“. En: La Revista del Foro. Órgano del Colegio de Abogados. Año XVIII, Nº 1-12, enero-diciembre de 1931
Colegio de Abogados de Lima. “Discurso del nuevo Presidente de la Corte Superior, Sr. D. Germán Aparicio y Gómez Sánchez“. En: La Revista del Foro. Órgano del Colegio de Abogados. Año XXIII, Nº 1, 2, 3, 4, 5 y 6, enero-junio de 1936.
Colegio de Abogados de Lima. “Jubilación voluntaria del doctor Germán Aparicio y Gómez Sánchez, vocal de la Corte Superior de Lima y el Foro de Lima“. La Revista del Foro. Órgano oficial del Colegio de Abogados de Lima. Año XXXI, Nº 7 al 9, julio-diciembre de 1944
De Lavalle, Juan Bautista. “Un notable trabajo jurídico del doctor Germán Aparicio y Gómez Sánchez“. En: La Revista del Foro. Órgano del Colegio de Abogados. Año XVIII, Nº 1-12, enero-diciembre de 1931.
Diario El Comercio. Edición del 16 de febrero de
Diario El Comercio. Edición del 18 de febrero de
Dirección General de Estadística. Censo de la ciudad de Huaraz. Lima, 1908.
Ediciones de la Biblioteca Nacional. Anuario Bibliográfico Peruano de 1948. Tomo VII. Lima, Biblioteca Nacional del Perú, 1951
García Rada, Domingo. “Un juez ejemplar“. Diario La Prensa, Viernes 16 de febrero de 1979.
García Rada, Domingo. Memorias de un juez. Lima, Editorial Andina, 1978.
Lavalle, Juan Bautista. La Revista del Foro. Año XVIII, Nº 1-12, enero-diciembre de 1931.
León Barandiarán, José. El jurista y su obra. Centenario del nacimiento de Germán Aparicio y Gómez Sánchez. Diario La Prensa. Lima, viernes 16 de febrero de 1979.
Ramos Núñez, Carlos. “Germán Aparicio y Gómez Sánchez“. En: Athina. Revista de Derecho de los Alumnos de la Universidad de Lima. Nº 1, Año 1, 2006.
Sánchez Buitrón, Javier. ”Don Germán: trabajador incansable”. Diario La Prensa, 16 de febrero de 1979.
Tauro del Pino, Alberto. Enciclopedia ilustrada del Perú. Tomo 1. Lima, Peisa, 1987.
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Semblanzas: Germán Aparicio y Gómez Sánchez. Lima, Facultad de Derecho de la UNMSM, 2004.
LA VIABILIDAD DE LA RENUNCIA AL CARGO PARLAMENTARIO
Dr. Javier Valle-Riestra Abogado y miembro de los Ilustres Colegios de Abogados de Madrid (España) y Lima (Perú). Constituyente de la Asamblea 1978-1979. Diputado (1980-1985) y Senador (1985-1990 y 1990-1992). Ex Embajador ante la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas (Ginebra, 1987). Miembro del Consejo Académico de la Cátedra Garrigues de la Universidad de Navarra. Congresista por el periodo 2006-2011 y autor de diversos trabajos sobre Derecho, escritor y periodista de la prensa peruana.
I. Introducción. II. Emplazado a efectos formales y ad cautelam. III. Síntesis de las razones fácticas y jurídicas que me llevan a plantear esta demanda. IV. Extremos de mi demanda de Amparo. V. Fundamentación Fáctica. VI. Fundamentación de derecho. VII. Bibliografía.
Como se colegirá de este trabajo, no estoy impedido de renunciar a mi cargo de congresista, pese a la aparente prohibición del artículo 95° de la, dizque, Constitución de 1993. Seguiré en el curso de la exposición la doctrina del brillantísimo jurista alemán Otto Bachof 68 y de la jurisprudencia constitucional alemana. En una sentencia del Tribunal Constitucional alemán, de 24 de abril de 1950, ese ente ha sostenido:
“El hecho de que una disposición constitucional sea ella misma una parte de la Constitución no puede excluir
conceptualmente que sea inválida. Existen principios fundamentales constitucionales que son tan elementales y constituyen una plasmación tan evidente de un derecho precedente a la Constitución, que vinculan por sí mismos al constituyente y otras disposiciones constitucionales, que no corresponden a ese rango, han de ser inválidas a causa de su contradicción con aquéllos ”
En resumen: no todo lo que está en la constitución es constitucional. y el artículo 95° de la Magna Lex
68 Cfr. “¿Normas Constitucionales Inconstitucionales?”. Lección inaugural de la Universidad de Heidelberg impartida el 20.7.1951.-Publicada originalmente en Recht und Staat 163/164, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tubingam, 1951.
actual es un contrafuero como lo fuera el artículo 53 de la Constitución de 1933 que prohibía a los miembros de los partidos políticos de organización internacional desempeñar cargos públicos. Pese a esa norma aberrante, el aprismo ganó las anuladas elecciones de 1936 –apoyando a Eguiguren--, las de 1945 –apoyando a Bustamante y Rivero--, la de 1956 –apoyando a Manuel Prado--, las anuladas de 1962. Igual sucede hoy con el artículo 100° que impone a fiscales y jueces supremos acatar ad peddem literae los impeachment o acusaciones parlamentarias, obra de un cuerpo empírico y faccioso. Si fueran magistrados enterizos, preferirían la supraconstitucionalidad a la constitucionalidad y tipificarían sin violar el nullum crimine nulla poena sine lege o dispondrían un no ha lugar a las incriminaciones del Congreso. Pero, no nos apartemos del tema y vayamos a mi combate, vía amparo, contra el incoherente e incongruente artículo 95° de la Carta apócrifa.
II. EMPLAZADO A EFECTOS FORMALES Y AD CAUTELAM
Invocando interés y legitimidad para obrar, y conforme a lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 200° de la Constitución Política del Estado rigente, interpongo DEMANDA DE AMPARO CONSTITUCIONAL contra las siguientes personas:
• A efectos formales, contra el Presidente del Congreso de la República, D. Luis González-Posada Eyzaguirre, por quien guardo el más profundo respeto, dado que representa a la propia entidad estatal, es decir, al Congreso de la República; y,
• Ad-cautelam, a la persona del Procurador Público encargado de los asuntos judiciales del Congreso de la República, tal como lo exige el artículo 7° del Código Procesal Constitucional.
Los emplazados deberán ser notificados en la sede del Palacio Legislativo, sito en Plaza Bolívar s/n, Cercado de Lima.
III. SÍNTESIS DE LAS RAZONES FÁCTICAS Y JURÍDICAS QUE ME LLEVAN A PLANTEAR ESTA DEMANDA
Recurro a la Judicatura Constitucional planteando esta demanda de amparo --sin contenido económico alguno y que significa renuncia a privilegios-- debido a que:
1. El 24 de marzo de 2008 presenté mi renuncia al cargo de Congresista de la República, sin obtener hasta la fecha respuesta ni resolución del Poder Legislativo respecto a mi planteamiento --cargo que en la actualidad vengo ejerciendo-- basada en causas de orden constitucional (protección de mis derechos fundamentales y en estricta observancia de principios constitucionales). No obstante, han transcurrido más de sesenta días desde que dicha renuncia fuera presentada sin que haya sido proveída, lo cual merece que la considere denegada “fictamente”.
Y, como consecuencia de tal denegatoria ficta, existe violación de mi derecho al trabajo y de mi libre desarrollo de la personalidad (proyecto de vida) y se amenaza con vulnerar mis derechos fundamentales a la salud y la vida, tal como argumentaré en esta demanda.
2. Antes de formular mi renuncia, ejerciendo mis prerrogativas de iniciativa legislativa, fui el promotor del proyecto de ley de reforma constitucional que permite la renunciabilidad al cargo en forma expresa y sin causa alguna (incausada). El Parlamento aceptó vía dictamen favorable de la Comisión de Constitución y Reglamento mi tesis. Desgraciadamente la minoría frustró esta posibilidad en las sesiones del 10 y 11 de junio de este año, remitiendo hasta las calendas griegas debatir este tema.
3. Lógicamente, este ocio legislativo intensifica la vulneración actual de mis derechos fundamentales ya indicados, puesto que mi renuncia antes referida no sólo no ha sido proveída, sino que además ha visto frustrado un camino más expeditivo para hacerla viable que aquel basado en la interpretación constitucional y/o control constitucional que solicito se perfeccione en este Amparo para lograr el mismo propósito: la aceptación de mi renuncia, al amparo de la coherencia constitucional, de la supraconstitucionalidad y de que todo lo que está en una Constitución no es inexorablemente constitucional.
4. La existencia de estos dos hechos (independientes pero relacionados) no me dejan otra alternativa que recurrir a la ultima ratio contra la agresión que es éste proceso constitucional de amparo, solicitando al Juez Constitucional que realice el control constitucional de la denegatoria ficta de mi renuncia al cargo de Congresista de la República por parte del Parlamento Nacional.
y para efectos de dicho control, mi tesis se sustenta
en dos grandes argumentos que guardan una relación de subordinación (en defecto de uno, rige el otro):
a) Empleando una interpretación constitucional (basada en el principio de armonización) del
Vale decir, que si la Magna Lex imperante señala que los congresistas no pueden renunciar, ese postulado atenta contra la tradición constitucional del Perú –que hasta 1979 lo permitió en caso de reelectos— y del derecho comparado, todas cuyas constituciones lo admiten. Por eso examinaremos en los Fundamentos de Derecho la doctrina y la jurisprudencia alemanas que lo han desarrollado desde hace sesenta años.
IV. EXTREMOS DE MI DEMANDA DE AMPARO
IV.1 Pretensión Principal
La pretensión principal de esta demanda consiste
primer párrafo del artículo 95° de la Constitución con las disposiciones constitucionales referidas a la
protección de derechos fundamentales, permitiría argumentar que cuando el texto de dicha disposición señala que “el cargo de Congresista de la República es irrenunciable”, tal irrenunciabilidad está referida
aquella que no se base en causa constitucional
constitucional armónica del primer párrafo del artículo 95° de la Charta de 1993 actualmente rigente con los dispositivos de la misma ley
alguna, es decir, cuando la renuncia es incausada (sin expresar motivo alguno o, aún expresándolo,
éste no se articula en torno a la protección de derechos fundamentales del renunciante o de la protección de principios constitucionales).
Por tanto, la renuncia al cargo de Congresista de la República basada en causa constitucional (protección de derechos fundamentales del renunciante o de la protección de principios constitucionales), es permisible conforme a una interpretación sistemática (armónica) del primer párrafo del artículo 95° de la Constitución con el resto de disposiciones de la misma Ley Fundamental que tienen que ver con la protección de los derechos fundamentales.
b) En caso no se acoja mi argumento anterior y, por el contrario, se opte por emplear la arbitraria e inconstitucional interpretación literal del primer párrafo del artículo 95° de la Constitución y se dijera -sin esfuerzo de armonización alguno con las demás disposiciones constitucionales referidas a la protección de los Derechos Fundamentales- que el cargo de Congresista es irrenunciable; vengo a solicitar al Juez Constitucional que realice el control supraconstitucional de dicha norma, bajo la tesis que No todo lo que está en la Constitución es constitucional.
fundamental referidos a la protección de los derechos fundamentales al trabajo, al libre
desarrollo de la personalidad, a la salud y a la vida; SOLICITO se declare 69 :
a.1.) La vulneración de mis derechos fundamentales al trabajo (en su manifestación de la libertad de todo trabajador a seguir su vocación y a dedicarse a la actividad que mejor responda a sus expectativas); al libre desarrollo de la personalidad (frustración de mi proyecto de vida); y,
a.2.) La amenaza de violación de mis derechos fundamentales a la salud y a la vida.
Como consecuencia del amparo de la pretensión anterior, se DEJE SIN EFECTO y SIN VALOR LEGAL ALGUNO la denegatoria ficta de mi renuncia al cargo de Congresista de la República por parte del Parlamento Nacional 70 ; y,
Que, para CESAR la violación y la potencial amenaza de violación de mis derechos fundamentales supra citados (“a”); que la Judicatura Constitucional ORDENE AL CONGRESO DE LA REPúBLICA (en la persona del Presidente de ese Poder del Estado y su Junta Directiva 71 ) a que procedan a
69 Esta pretensión es acorde con lo dispuesto en el inciso 1° del citado artículo 55° del Código Procesal Constitucional (“CPC”).
71 Cfr. Artículo 32(c) del Reglamento del Congreso de la República, que señala las funciones y atribuciones de la Presidencia
Esta pretensión es acorde con lo dispuesto en el inciso 2° del citado artículo 55° del CPC.
ACEPTAR DE MANERA INMEDIATA, SIN MÁS TRÁMITE, mi renuncia al cargo de Congresista de la República que presenté el pasado 24 de marzo de 2008, PROCEDIENDO A DECLARAR VACANTE MI CARGO, en aplicación del artículo 25° del Reglamento del Congreso y se llame para reemplazarme, hasta el término del mandato que
me correspondía (27 de julio de 2006 al 26 de julio del 2011), al accesitario ubicado en la lista del Partido Aprista por Lima, conforme a los artículos 31° y 32° de la Ley Orgánica de Elecciones (Ley 26859) y a la Resolución Jefatural N° 069-2006-J/ ONPE, referido al procedimiento para la asignación
de escaños congresales 72 .
IV.2 Pretensión Subordinada
Empleando la modalidad de acumulación subordinada de pretensiones a que alude el artículo 87° del Código Procesal Civil 73 , en caso que la pretensión principal de esta demanda sea desestimada (lo cual significaría que previamente el Juez Constitucional consideró fallida la interpretación constitucional del primer párrafo del artículo 95° de la Constitución bajo el principio de armonización y que, por el contrario, sólo subsiste la interpretación según la cual el cargo de Congresista de la República es irrenunciable), PIDO al Juez Constitucional que ampare lo siguiente:
En base a la tesis de que No todo lo que está en
la Constitución es constitucional, PIDO que el Juez Constitucional aplique su facultad de control difuso de la constitucionalidad (artículo 138° de
la Constitución) y, en consecuencia, INAPLIQUE
A MI CASO CONCRETO los efectos del primer
párrafo del artículo 95° de la Constitución (bajo la interpretación literal que “el cargo de Congresista es irrenunciable”), por estar en entredicho con la supraconstitucionalidad de los Pactos
Internacionales de Derechos Humanos que el Perú ha suscrito, esto es, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de NN.UU. (Artículo 8°.3) y Pacto de San José (Artículo 6.2), ratificados constituyentemente por el Perú, y al Artículo 7°.b del Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, consagradores del derecho de todo trabajador a seguir su vocación y a dedicarse a la actividad que mejor responda a sus expectativas; así como de los mismos protocolos que protegen el derecho al libre desarrollo de la personalidad (respeto del proyecto de vida), el derecho a la salud y el derecho a la vida.
Tome en cuenta su juzgado que el control difuso por el cual se establezca la prevalencia de las disposiciones contenidas en los Tratados de Derechos Humanos en los que el Perú es parte, por sobre las propias disposiciones contenidas en la Constitución del Perú, encuentra su fuente en la propia Magna Lex de 1993, específicamente en lo dispuesto por su Cuarta Disposición Final 74 .
b) Como consecuencia del amparo de la pretensión
anterior, PIDO se DEJE SIN EFECTO y SIN VALOR
renuncia al cargo de Congresista de la República por parte del Parlamento Nacional 75 ; y,
c) Que, para CESAR la violación y potencial amenaza
de violación de mis derechos fundamentales supra
citados (“a”); que la Judicatura Constitucional ORDENE AL CONGRESO DE LA REPúBLICA (en
persona del Presidente de ese Poder del Estado
su Junta Directiva 76 ) para que procedan el
Presidente y su Junta a ACEPTAR DE MANERA INMEDIATA, SIN MÁS TRÁMITE, mi renuncia al
cargo de Congresista de la República que presenté
el pasado 24 de marzo de 2008 77 , PROCEDIENDO
72 Esta pretensión es conforme a lo previsto en el artículo 3° del Código Procesal Constitucional.
87.- Acumulación objetiva originaria.- La acumulación objetiva originaria puede ser subordinada, alternativa o accesoria. Es subordinada cuando la pretensión queda sujeta a la eventualidad de que la propuesta como principal sea desestimada; es alternativa cuando el demandado elige cual de las pretensiones va a cumplir; y es accesoria cuando habiendo varias pretensiones, al declararse fundada la principal, se amparan también las demás”. (negritas y subrayados agregados).
74 Constitución Política de 1993 “Cuarta Disposición Final: Las normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por el Perú”.
76 Cfr. Artículo 32(c) del Reglamento del Congreso de la República, que señala las funciones y atribuciones de la Presidencia del Poder Legislativo.
Esta pretensión es conforme a lo previsto en el artículo 3° del Código Procesal Constitucional.
A DECLARAR VACANTE MI CARGO, en aplicación
del Artículo 25° del Reglamento del Congreso y se llame para reemplazarme, hasta el término del
mandato que me correspondía (27 de Julio de 2006
al 26 de Julio del 2011), al accesitario ubicado en
la lista del Partido Aprista por Lima, conforme
a los artículos 31° y 32° de la Ley Orgánica de
Elecciones (Ley 26859) y a la Resolución Jefatural N° 069-2006-J/ONPE, referido al procedimiento para la asignación de escaños congresales.
V. FUNDAMENTACIÓN FACTICA
V.1 La legitimación de la Parte Actora, a modo de introducción
Que no obstante ser un honor para mi conformar como miembro el Congreso de la República, elegido por votos apristas en las Elecciones Generales del año 2006, recurro a esta instancia con la finalidad esencial de solicitar se garantice la primacía de la supraconstitucionalidad de los Pactos Internacionales sobre Derechos Humanos y de la interpretación constitucional de la vigencia efectiva de los derechos constitucionales vulnerados y de amenaza inminente que desarrollaré infra.
V.2 Mis tensiones con el Partido Aprista, al que tengo el honor de estar vinculado hace sesenta años
Me tengo que marchar porque no he podido cumplir mi promesa de restaurar la Constitución legítima de 1979 ni el bicameralismo. Este no es el viejo Parlamento que viví desde 1978. Tenemos un fetichismo asambleísta. Se tiene que estar enclaustrado en el hemiciclo. Se subestima el trabajo en las Comisiones o cualquier clase de actividad intelectual parlamentaria o de representación. Si uno no se la pasa bostezando horas de horas en el Pleno, escuchando debates bizantinos, es puesto en una lista negra en el diario oficial. Eso no lo habrían soportado Luis Alberto, Armando, Heysen, Cox, Prialé, en nuestras tiendas, ni en las contrarias Ulloa, Polar, Ramírez del Villar, Cornejo Chávez. Incluso, el otro día, me vi obligado a protestar porque no se me permitía exponer sobre APRODEH y el MRTA. Llamé antidemocrático el gesto. Tuvo que pedir la palabra García Belaunde y, concedida que le fue, dijo: “como sus compañeros no le dejan hablar, le cedo mi turno” (Véase mi artículo publicado en “Expreso” el 27 de mayo del 2008). No puedo soportar esta sevicia tres años y dos meses más.
Mi espíritu heterodoxo y liberal me ha sumergido en entredichos con la directiva del Partido. El señor Maurico Mulder, secretario general del Partido Aprista, aludió a mí, en Perú21, como opositor independiente, negando mi aprismo. En otra ocasión, el Presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo dijo que yo no representaba al Partido ni al Gobierno. Finalmente, el propio presidente de la República, por quien guardo la más alta estima, me envío una carta y una fotografía mía en la que manuscribía: “cuando creías en el APRA”. Lógicamente mi situación es insostenible y lo recomendable moralmente es que entre mi accesitario. Por eso es que las renuncias deben ser viables. Un hombre de honor no se cambia de bancada ni renuncia
a su Partido. Renuncia al cargo y se va a su casa. O como en mi caso, cambia el escaño por la toga.
V.3 A mis problemas políticos se agregan problemas de salud por mi edad
Si bien estoy físicamente en un excelente estado de equilibrio o de “higidez” --como decía mi maestro de jurisprudencia médica en la PUCP, Dr. Leonidas Avendaño-- desde el punto de vista de la salud, el cargo parlamentario --para el cual no tengo hoy vocación-- me hace sentir psicosomáticamente mal. Frustrado. Mi real vocación es la abogacía. y la condición de parlamentario me genera una serie de limitaciones legalmente implícitas que determina lo que técnicamente se denomina angustia metafísica que puede devenir, como lo afirman los certificados del Dr. Pedro Villanueva Guerrero y del Dr. Saúl Peña Kolenkautsky, antiguos médicos míos, en una enfermedad somática atendiendo a mi avanzada edad de setenta y siete años por cumplir.
Como se verá de los diagnósticos de resonancia magnética y ecografías tengo graves problemas en los meniscos (fruto de treinta y cinco años de ciclismo diarios) que me impiden trajinar por escaleras y estar sentado en asientos estrechísimos, expuesto al síndrome denominado claudicación de butaca (sensación de cansancio, dolor o adormecimiento detrás de la pantorrilla al cabo de un tiempo de estar
sentado en una silla baja, tal como la butaca de un cine
o un escaño). y como demostración de lo grave en que
se ha tornado la situación, acompaño documentación de la que consta que he sido operado, el lunes 16 de Junio del 2008, por ruptura de menisco medial de mi rodilla izquierda. El médico, Dr. Raúl Vega Schoemaker dice en sus informes:
INFORME MÉDICO De : Dr. Raúl Vega Schoemaker Paciente: Javier Valle-Riestra González-Olaechea (…) El paciente fue visto en consulta el 11-06-2008, refiere dolor en rodilla izquierda, hace 1 semana Examen clínico: Dolor y limitación funcional de rodilla izquierda. Diagnóstico: Ruptura de menisco medial, osteocondritis patelofemoral. Se confirma con Resonancia Magnética, que trae. Se indica al paciente realizar cirugía artroscópica de rodilla izquierda con Shaver y Arthrocare.
y ello es corroborado en su Informe Operatorio:
INFORME OPERATORIO De : Dr. Raúl Vega Schoemaker Paciente: Javier Valle-Riestra González-Olaechea El paciente de la referencia fue intervenido quirúrgicamente el 16-06-08. (…) encontrándose los siguientes hallazgos:
- Ruptura cuerno anterior y posterior del menisco lateral.
- Ruptura cuerno posterior menisco medial.
- Osteocondritis II-III del surco patelofemoral.
- Cuerpos libres cartilaginosos. Se realiza los siguientes procedimientos:
- Reparación de lesiones meniscales con Shaver y Arthrocare
- Exéresis de cuerpos libres.(…)”
Pero, evidentemente, el tema no ha quedado resuelto, sino atenuado. y en el futuro se me tendrá que colocar una prótesis.
RECORDAR QUE yO HE ENTREGADO PARTE DE
MI VIDA A LA POLíTICA y AL APRISMO. HE SIDO
ELECTO y REELECTO COMO REPRESENTANTE POR
EL PARTIDO APRISTA PERUANO INFINITAS VECES
• Concejal por Lima 1964-1967-1967-1970;
• Diputado Constituyente por el PAP, 1978-1979;
• Diputado (PAP) 1980-1985;
• Senador (PAP) 1985-1990;
• Vice-Presidente de la Comisión de DDHH de la Asamblea Constituyente 1978-1979;
• Presidente de la Comisión de DDHH de la Cámara de Diputados 1980;
• Presidente de la
Comisión de Justicia y DHH del
Senado 1988-1989-1990;
• Senador (PAP) 1990-1992;
• Candidato a la Vicepresidencia de la República, por el Partido Aprista Peruano, en 1990.
• Y hasta Presidente del Consejo de Ministros (1998), durante cuatro semanas. Renuncié por no ser viable la democratización.
Todos estos cargos, conforme a las antiguas reglas constitucionales, me caracterizan como un reelecto. Ergo, una persona con derecho a renunciar.
V.4 Mi estatuto parlamentario es diferente. Soy virtualmente un renunciante
yo tengo un estatuto parlamentario diferente, tal como se verá de la certificación expedida por el Oficial Mayor del Congreso del cual aparece mi estatus como parlamentario, en que he renunciado a una serie de privilegios en entredicho con mis convicciones democráticas:
Que no he recibido gastos de instalación;
Que desde mi incorporación al Congreso, julio 2006 a la fecha, no he utilizado ni cobrado ninguna cifra por concepto de gastos operativo ni viáticos;
Que no tengo escolta policial; la rechacé sistemáticamente. Hace solo unas semanas que el Presidente del Congreso insistía en que la aceptase.
Que no acepté y devolví el equipo portátil de cómputo (Notebook Toshiba) asignada a mi despacho congresal;
Que no tengo fotocopiadora;
Que he devuelto las oficinas 406 y 408 por innecesarias, reduciéndome a la Of. 404 de 50m2.;
Que solo tengo un equipo celular (9560 6661) y no los seis que tienen normalmente los congresistas;
V.5 Sobre mi renuncia al cargo de Congresista de la República basada en causas de orden constitucional
Presenté el 24 de Marzo del 2008 mi renuncia irrevocable al parlamento.
Con fecha 24 de Marzo del 2008, como ya dije supra
Con fecha 5 de octubre del 2006, presenté a
repito por razones didácticas, presenté mi renuncia
consideración de la Célula Parlamentaria Aprista
cargo de congresista por ante el Congreso de la
un Proyecto de Ley que reforma el artículo 95 de la
República, la misma que fue derivada a la Comisión de Constitución y Reglamento, que hasta la fecha no ha sido contestada ni se ha emitido ninguna clase de informe al respecto, pese a que mi renuncia está basada en causas de orden constitucional.
Constitución Política, cumpliendo así el requisito establecido en el artículo 76°(2) del Reglamento del Congreso de la República (las proposiciones de ley o de resolución legislativa que presentan los Congresistas lo serán a través del Grupo Parlamentario). Mi proyecto decía:
En efecto, existe el potencial riesgo de caer en
enfermedades somáticas derivadas de la angustia y
el sufrimiento psicológico que me causa el ejercer,
actualmente y sin vocación alguna, el cargo de Congresista de la República apartándome de mi verdadera meta: la abogacía, la toga.
Esta situación me lleva a tomar la decisión de apartarme del cargo parlamentario basado en la protección de mis derechos fundamentales reconocidos en la supraconstitucionalidad de los Pactos Internacionales sobre Derechos Humanos
y que, reitero, esos preceptos están contenidos en
la Constitución: Artículo 2°.1 (derecho a la vida,
a su integridad moral, psíquica y física y a su libre
desarrollo y bienestar); Artículo 2°.15 (Derecho a
trabajar libremente); Artículo 2°.24.a,b. (a la libertad
y seguridad. No se permite forma alguna de restricción
de la libertad personal); Artículo 7 (derecho a la salud); Artículo 26°.3 (Principios de la relación laboral:
Interpretación favorable al trabajador en caso de duda insalvable sobre el sentido de una norma).
y no sólo causas de protección de mis derechos fundamentales fundan mi renuncia. Como también lo he dicho innumerables veces en declaraciones a medios de prensa: me aflige sobremanera no poder cumplir mi oferta hecha a mis electores referida a lograr restaurar la Carta de Haya de La Torre de 1979, el bicameralismo, la renunciabilidad, entre otras trascendentes reformas constitucionales que durante el tiempo de permanencia en el Congreso de la República, veo que serán imposibles de realizar.
y tal imposibilidad, incluso, se ve evidenciada con el intento de realizar diversas reformas constitucionales, algunas de ellas impulsadas por mí y que, como es de público conocimiento, se frustró por la carencia de voluntad política de los grupos parlamentarias. Me avocaré a tratar este tema seguidamente.
V.6 Sobre la frustrada reforma constitucional
Antes había presentado un proyecto de reforma constitucional en materia de renunciabilidad a la célula parlamentaria aprista, que lo aprobó.
Artículo 1°.- Objeto de la ley Reformar el artículo 95° de la Constitución Política. Refórmese el primer párrafo del artículo 95° de la Constitución Política, en los términos siguientes:
“Artículo 95°.- El mandato legislativo es renunciable en caso de reelección mediata o inmediata. Las sanciones disciplinarias que impone el Congreso a los representantes y que implican suspensión de funciones no pueden exceder de ciento veinte días de legislatura.”
Mi proyecto de reforma constitucional cuenta con
dictamen favorable de la Comisión de Constitución y Reglamento que lo ha radicalizado al no exigir causa.
Con fecha 2 de noviembre del 2006 es ingresado el Proyecto de ley de reforma del Artículo 95 de la Constitución, con el N° 590/2006-CR (Véase www. congreso.gob.pe /labor legislativa/Proyectos de Ley). y con fecha 8 de noviembre de ese año es decretado para dictamen de la Comisión de Constitución y Reglamento. Es dictaminado favorablemente con una fórmula sustitutoria aprobada en mayoría por la Comisión de Constitución y Reglamento e ingresado al Pleno y puesto a la Orden del Día, desde el 23 de mayo del 2008.
El dictamen propone un texto más radical al
inicialmente propuesto. Es decir que se reafirma la decisión de optar por el cambio constitucional sin las limitaciones históricas que constreñían solo a los reelectos.
Ese texto sustitutorio a debatirse en el Pleno dice:
Artículo 95°.- Mandato Legislativo El mandato legislativo es renunciable.
Para la aceptación de la renuncia se requiere el voto
más de la mitad del número legal de miembros
sanciones disciplinarias que impone el Congreso
a los representantes y que implican suspensión de funciones no pueden exceder de ciento veinte días de legislatura.
Agenda y debate frustrado por sabotaje de la minoría los días diez y once de Junio del 2008.
Pero, el debate de proyectos de reforma de la Constitución, según la Agenda de temas priorizados por la Junta de Portavoces, programada para los días martes 10, miércoles 11 y jueves 12 de Junio del 2008 --entre los cuales se encontraban: ley de reforma sobre la administración de justicia; estructura del Estado y bicameralidad; renunciabilidad del mandato
legislativo (punto 5), etc.--, fue suspendida sine die por causas que la prensa local ha registrado como caóticas
y sin consenso siquiera para empezar a debatir las
seis pretendidas reformas constitucionales puestas en Agenda.
yo tengo por cumplir setenta y siete años, no
puedo esperar sine die. Es más, tal espera intensifica
la violación –y amenaza de violación- de mis derechos
fundamentales invocados en mi renuncia y que ahora invoco en esta demanda de amparo constitucional.
Es falsa la posición de exponerse a ser coaccionado para renunciar. Recordemos el caso del corajudo presidente Augusto b. Leguía, el 29 de Mayo de 1909.
Algunos timoratos vanidosos creen que pueden ser coaccionados para renunciar a su cargo parlamentario, pero, cuando se es un hombre enterizo y no un cobarde, nadie le saca a uno la renuncia contra su voluntad. Gobernaba el Perú, en 1909, don Augusto B. Leguía. El 29 de Mayo de aquel año, el hermano de
Don Nicolás de Piérola (Carlos) y sus dos hijos (Isaías
y Amadeo) realizaron el golpe de Estado más audaz
desde el día en que en 1541 los almagristas asaltaron Palacio y asesinaron a Pizarro. Un grupúsculo avanzó por la calle Pescadería y se adueñó del Ministerio de
Gobierno y la Prefectura.
Entraron a la alcoba presidencial y se apoderaron de Don Augusto. Le pidieron su renuncia, en medio de cadáveres de conjurados y leales regados en las puertas de Palacio. Leguía se negó a firmar. Los complotados decidieron pasearlo por las calles, y por el Jirón de La Unión. El séquito llevaba al Presidente a la cabeza, vociferando consignas a favor de Don Nicolás. Alguien comentó: “Leguía se ha pasado y allí viene con un grupo dando vivas a Piérola”.
Luego de un desfile de una hora lo condujeron hasta la plaza de la Inquisición, hoy del Congreso,
y volvieron a exigirle la dimisión arreciando sus
amenazas. Un negro manumiso, sirviente de los Piérola, decía con un garrote en la mano: “¿Niño Isaías, le doy ya?”. Leguía reiteró corajudamente su decisión de no firmar. Incluso, pretextó que la fecha estaba equivocada. Apareció, entonces, un piquete encabezado por el alférez Enrique V. Gómez; disparó
sobre el grupo revoltoso. Leguía y su ministro Villarán
se desplomaron ilesos en el suelo. Hubo más de cien
muertos. Pero, allí tenemos la lección para los fatuos que se creen predestinados y temen ser renunciados. Si tuvieran compañones como Don Augusto, nada deberían temer. (Véase Jorge Basadre: “Historia de la República”.)
LOS HOMBRES DE HONOR RENUNCIAN CUANDO DISCREPAN
¿Ejemplos? Bartolomé Herrera, brillante
teólogo y Obispo, autor de la teoría de la soberanía
de la inteligencia, renunció en 1860 al Senado porque
se suprimió el fuero eclesiástico y volvió a pontificar
magistralmente en su diócesis. Basadre, al respecto, refiere en su “Historia de la República”, Tomo III:
“RETIRO DE HERRERA.- en un doble sentido el Congreso del 60 se apartó, pues, de Herrera: al rechazar su proyecto y suprimir el fuero eclesiástico a pesar de los esfuerzos intensos que él desplegó para ampararlo. Creyó Herrera que la causa de su derrota en la discusión sobre el fuero estuvo en las intrigas del General Manuel Mendiburu, quien, aspirando a la Presidencia de la República, buscaba el apoyo de los liberales. Producida la resolución del Congreso sobre este asunto, el obispo electo de Arequipa presentó su renuncia a la presidencia del Congreso y a su cargo de diputado. (Sesión del 19 de setiembre de). Mendiburu ocupó su lugar en la dirección de los debates parlamentarios. Viajó a hacerse cargo de su diócesis y ya no volvió a actuar en la política.
En 1932, a raíz de la expulsión de los constituyentes apristas, Víctor Andrés Belaunde, el gran autor de “La Realidad Nacional”, dejó su escaño y se fue a su cátedra en Coral Gables, Miami, USA. Volvió cuando
se lo pidió el arzobispo de Lima. Valentín Quezada,
senador, por motivos menos principistas, en 1954, renunció a su escaño y partió de embajador a Roma, etc. En “Trayectoria y Destino”, memorias de Víctor Andrés Belaunde 78 , encontramos el relato de su dimisión al Parlamento:
78 Cfr. VíCTOR ANDRÉS BELAUNDE. “Trayectoria y Destino” - Memorias. Tomo II. Ediciones de Ediventas S.A pag. 795.
Lima, 1967.
“La minoría descentralista e independiente consideró que debían apartarse del Parlamento en solemne protesta. Yo acaté esa decisión y decidí volver a Miami a la Universidad de la que fui uno de los fundadores, para encontrar en la distancia el reposo y la serenidad espiritual que ansiaba mi espíritu. Pedía llegar a tiempo para el segundo semestre y sustituir mis honorarios parlamentarios por mi salario de profesor. Dura había sido la experiencia del retorno. La situación del Perú, ajena a la inspiración superior de una élite intelectual patriota y estudiosa, se movía en la disyuntiva entre grupos juveniles de ideologías opuestas, pero, en trágica coincidencia, de espíritu intransigente y de métodos violentos.”
OPINIÓN FAVORABLE DE LA SOCIEDAD y DE LA PRENSA SOBRE LA VIABILIDAD DE LA RENUNCIA AL MANDATO PARLAMENTARIO
El Juez Constitucional debe advertir que una decisión favorable a mi demanda es conforme a lo que la ciudadanía opina sobre la renunciabilidad. Vox populi, vox Dei. La voz del pueblo es la voz de Dios. Por tanto, es menester también prestar atención a lo que dicen las masas para legitimar, aún más, las decisiones judiciales.
Acompaño fotocopia de opiniones aparecidas en la prensa en que se pronuncian sobre la viabilidad de la renuncia al mandato parlamentario. Resumo:
1. Editorial del diario “El Comercio”, su fecha 26 de marzo de 2008, en que se dice:
“Y es que si bien la Constitución actual (y las anteriores de 1979 y 1933) establecen que el cargo de congresista es irrenunciable --precisamente como garantía de independencia-, del otro lado hay principios que establecen como derecho humano que nadie está obligado a hacer un trabajo en contra de su voluntad y que vaya en contra de sus principios o sus promesas.”
2. Editorial del diario “La República”, su fecha 27 de marzo de 2007, opinando que de hacerse la reforma correspondiente se incluya la revocatoria del mandato de congresista.
3. Opinión del columnista de “Expreso”, D. César Campos, en que aborda el tema de la renuciabilidad sopesando la decadencia del legislativo.
4. Opinión del columnista de “Correo”, D. Pedro Salinas, que argumenta la procedencia de la renuncia parlamentaria por extensión ya que el cargo de Presidente de la República es renunciable.
5. Opinión de reconocidos juristas, publicado en el diario “Perú.21”, su fecha 3 de abril de 2008, en que mayoritariamente reconocen la procedencia de la renuncia al mandato legislativo. Entre otras razones se argumenta que no es indispensable convocatoria a elecciones; se produce un conflicto entre el principio de la libertad individual y la obligatoriedad de convertir un cargo en irrenunciable; la prohibición de la renuncia de los congresistas es una excepción injustificada, ya que en una democracia no existe el peligro de ejercer presión con ese fin.
6. Artículo del profesor Francisco Eguiguren Praeli, titulado: “Los Parlamentarios deben poder renunciar”, publicado en “Perú.21”, edición del 31 de agosto de 2006. Allí se fundamenta la necesidad de reforma de la norma constitucional y extenderla para alcaldes y regidores.
7. Editorial de “Perú.21”, suscrito por D. Augusto Alvarez Rodrich, su fecha 31 de agosto del 2006, en que se pronuncia por una reforma de la constitución para permitir la renuncia de los congresistas.
8. Resultado de la ENCUESTA NACIONAL de “El Comercio”, publicada por ese diario el día domingo 20 de abril del 2007 en el que se aprecia una aprobación rotunda a favor de la renunciabilidad parlamentaria. Allí se dice:
¿Estaría de acuerdo o en desacuerdo que los congresistas … que quieran renunciar a su cargo puedan hacerlo?.
V.7. Colofón: Sobre la delimitación del problema jurídico que plantean los hechos antes descritos y que motivan la interposición de esta demanda
Los hechos antes descritos plantean problemas jurídicos muy concretos: ¿Está prohibida, en términos constitucionales y desde el punto de vista de la supraconstitucionalidad, la renuncia al cargo de Congresista?. Si se asumiera la tesis de la prohibición de la renuncia, ¿ésta importaría la violación –y/o amenaza de violación- de mis derechos fundamentales?.
Como ya lo he adelantado en el exordio o preámbulo de esta demanda (supra II), sostengo la tesis de que la renunciabilidad al cargo de Congresista de la República sí es posible bajo una doble perspectiva:
(i) Conforme a una interpretación armónica del primer párrafo del artículo 95° de la Constitución
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de NN.UU.
en concordancia con las demás disposiciones constitucionales que amparan la protección de derechos fundamentales como los que invoco en esta demanda,
de tal suerte que, bajo tal interpretación sistemática,
Nadie estará sometido a esclavitud. La esclavitud
encontramos como resultado que la renuncia al cargo
la trata de esclavos estarán prohibidas en todas sus
de Congresista es posible siempre y cuando ésta se encuentre basada en causas constitucionales; y,
(ii) En defecto de asumir como válida la interpretación constitucional que antes he propuesto, sostengo que el primer párrafo del artículo 95° de la Constitución conforma una “antinomia constitucional”. Es decir, aquel aforismo conocido en la doctrina y jurisprudencia comparada de que No todo lo que está en la Constitución es Constitucional.
Por tanto, ante la existencia de dicha antinomia, cabe aplicar el control difuso sobre el primer párrafo del artículo 95° de la Constitución para permitir la aplicación de la supraconstitucionalidad de los Pactos Internacionales de Derechos Humanos en virtud de los cuales se protegerían mis derechos fundamentales invocados como causas de mi renuncia constitucional a efectos de permitirla, dado que lo contrario importaría violar tales derechos invocados.
VI. FUNDAMENTACIÓN DE DERECHO
supranacionales ratificados por el Perú. No todo lo que está en la constitución es constitucional.
Un axioma exegético elemental del derecho sostiene: sobre un reglamento está la Constitución, y sobre la Constitución están los Pactos Internacionales de Derechos Humanos.
b) El inciso precedente no podrá ser interpretado en el sentido de que prohíbe, en los países en los cuales ciertos delitos pueden ser castigados con la pena de prisión acompañada de trabajos forzados, el cumplimiento de una pena de trabajos forzados impuesta por un tribunal competente (…)
Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José
Artículo 6.- (…)
2. Nadie debe ser constreñido a ejecutar un trabajo
forzoso u obligatorio. En los países donde ciertos delitos tengan señalada pena privativa de la libertad acompañada de trabajos forzosos, esta disposición no podrá ser interpretada en el sentido de que prohíbe el cumplimiento de dicha pena impuesta por juez o
tribunal competente. El trabajo forzoso no debe afectar
a la dignidad ni a la capacidad física e intelectual del recluido. 79
Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales.
Artículo 7.- Los Estados Partes en el presente Protocolo reconocen que el derecho al trabajo al que se refiere el artículo anterior, supone que toda persona goce del mismo en condiciones justas, equitativas y satisfactorias, para lo cual dichos Estados garantizarán en sus legislaciones nacionales de manera particular:
79 En el ítem 3 del Artículo 6, del dicho Pacto de San José, se establece cuáles no constituyen formas de trabajo forzoso u obligatorio:
a. los trabajos o servicios que se exijan normalmente de una persona recluida en cumplimiento de una sentencia o resolución
formal dictada por la autoridad judicial competente. Tales trabajos o servicios deberán realizarse bajo la vigilancia y control
de las autoridades públicas, y los individuos que los efectúen no serán puestos a disposición de particulares, compañías o personas jurídicas de carácter privado;
b. el servicio militar y, en los países donde se admite exención por razones de conciencia, el servicio nacional que la ley
establezca en lugar de aquél;
b). El derecho de todo trabajador a seguir su vocación y a dedicarse a la actividad que mejor responda a sus expectativas y a cambiar de empleo, de acuerdo con la reglamentación nacional respectiva.
VI.1 Fundamentos de la pretensión principal
Tal como lo he indicado en el exordio o preámbulo de esta demanda (supra II), sostengo la tesis de que la renunciabilidad al cargo de Congresista de la
República sí es posible la perspectiva de que conforme
a una interpretación armónica del primer párrafo del
artículo 95° de la Constitución en concordancia con las demás disposiciones constitucionales que amparan la protección de derechos fundamentales como los que invoco en esta demanda, la renuncia al cargo de Congresista es posible siempre y cuando ésta se encuentre basada en causas constitucionales.
y tales causas constitucionales no pueden ser
otras que la protección de derechos fundamentales y/o principios constitucionales. Es decir, para que como resultado de esta interpretación constitucional
la renuncia al cargo de Congresista de la República sea posible, ésta no puede ser incausada, ni tampoco puede basarse en cualquier causa. La causa debe ser la protección de un derecho fundamental del renunciante
o de uno o varios principios constitucionales.
Me avocaré a desarrollar esta tesis.
ii. INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL DEL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTíCULO 95° DE LA CONSTITUCIÓN QUE PERMITE LA RENUNCIABILIDAD AL CARGO DE CONGRESISTA DE LA REPúBLICA, SIEMPRE y CUANDO EXISTA CAUSA CONSTITUCIONAL.
En la sentencia del Tribunal Constitucional peruano
recaída en la acción de inconstitucionalidad contra el segundo párrafo del artículo 191º de la Ley Nº 26859 – Ley Orgánica de Elecciones-, modificado por el artículo
17º de la Ley Nº 27369 (caso de las encuestas a boca de
urna, Expediente Nº 002-2001-AI/TC) 80 , éste Contralor
de la Constitución dijo:
“2. (…) La norma, es sabido, una vez promulgada y publicada adquiere lo que se ha dado en llamar “vida propia”. Se desliga de la intención de su creador y adquiere vigencia autónoma, ubicándose en el contexto legislativo coexistente, frente a los futuros intérpretes y a las situaciones del porvenir”.
y, efectivamente, todas las normas están sujetas
a los diversos métodos de interpretación para
atribuirles significación. Ningún método tiene un
papel preponderante. Ninguno tiene un rango superior
al otro. Por ello, en palabras de Kelsen, todos los
métodos son susceptibles de arribar a planteamientos interpretativos válidos y todos equivalentes por entero 81 .
Hago la atingencia sobre estos principios de la
interpretación jurídica habida cuenta que si bien
la interpretación gramatical del primer párrafo del
artículo 95° de la Constitución permitiría afirmar que el cargo de Congresista de la República es irrenunciable; afirmación que además sería equivalente a aquella que se extrae de la interpretación histórica de la disposición (los debates constituyentes que antes he tratado); sin embargo, tal significado de la disposición sería diametralmente distinto si se acude a la interpretación constitucional.
Una interpretación constitucional de la disposición contenida en el primer párrafo del artículo 95° de la Constitución, supone compatibilizarla con los principios y demás disposiciones contempladas en la Constitución. Es, por consiguiente, una interpretación que no aísla la disposición materia de interpretación, sino que la relaciona con otras disposiciones de la Constitución, entendiendo a ésta como un sistema. Se trata, pues, del empleo de una metodología distinta a aquella cuya finalidad estriba en extraer el sentido de la norma interpretada a la luz del empleo único y exclusivo de los métodos tradicionales de la interpretación legal.
80 Véase el fallo en: http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2001/0002-2001-AI.html
81 Así anota Hans Kelsen: “(
entre varios significados lingüísticos de una norma pueda ser designado como el “correcto”; suponiendo, naturalmente, que se trata de varios posibles, es decir, que se trata de posibles interpretaciones del sentido en conexión con todas las otras normas de la ley o el orden jurídico. Pese a todos los esfuerzos de la jurisprudencia tradicional no se ha logrado resolver a favor de uno u otro, en manera objetivamente válida el conflicto entre voluntad y expresión. Todos los métodos de interpretación desarrollados hasta ahora llevan siempre a un resultado posible, y nunca a un único resultado correcto. Inclinarse a la voluntad supuesta del legislador, dejando a un lado el tenor literal, o bien atenerse estrictamente al tenor literal sin preocuparse por la voluntad –por lo general, problemática- del legislador, es, desde el punto de vista del derecho positivo, equivalente por entero”. Cfr. KELSEN, Hans: “La Teoría Pura del Derecho”; México: Editorial Porrúa; pp. 352 - 353.
No existe genéricamente ningún método –caracterizable jurídicopositivamente- según el cual uno
Ello exige, por tanto, en hacer algunas precisiones teóricas, conceptuales, sobre lo que se entiende por interpretación constitucional.
García de Enterría 82 la entiende de esta forma:
“La supremacía de la Constitución sobre todas las normas y su carácter central en la construcción y en la validez del ordenamiento en su conjunto, obligan a interpretar éste en cualquier momento de su aplicación –por operadores públicos o por operadores privados, por Tribunales o por órganos legislativos o administrativos- en el sentido que resulta de los principios y reglas constitucionales, tanto los generales como los específicos referentes a la materia de que se trate”.
Así, sostengo que la interpretación constitucional del primer párrafo del artículo 95° de la Constitución conlleva a emitir el siguiente enunciado: Cuando la disposición normativa dice que el cargo de Congresista es “irrenunciable”, tal irrenunciabilidad se refiere a aquella que se profiere sin causa objetiva alguna. Es decir, que si la causa objetiva es de naturaleza constitucional (basada en la observancia de los principios y valores –explícitos e implícitos- y en la protección de los Derechos Fundamentales); entonces la renuncia al cargo es constitucionalmente viable.
Demostraré,
Las causas objetivas, basadas en la Constitución, que fundamentan este amparo.
Si la interpretación constitucional más adecuada del primer párrafo del artículo 95° de la Constitución viabiliza la renuncia al cargo de Congresista de la República, siempre y cuando ésta se encuentra “causada” en la Constitución; pues cabe que refiera cuáles son los principios, valores o derechos fundamentales que debo invocar para hacer realidad la constitucionalidad de la renuncia.
Pues bien, como lo he indicado supra, existe el potencial riesgo de caer en enfermedades somáticas derivadas de la angustia y el sufrimiento psicológico que me causa el ejercer, actualmente y sin vocación alguna, el cargo de Congresista de la República apartándome de mi verdadera meta: la abogacía, la toga. Esto lo acredito con dos (2) dictámenes médicos que acreditan que corro el riesgo de ver afectada mi
salud por alguna enfermedad somática derivada de la
actual angustia y aflicción de continuar en el cargo
de Congresista, alejado de mi verdadera vocación que
es ejercer la abogacía; pues entonces, es ajustada a la Constitución mi renuncia, puesto que con ella estaría protegiendo mis derechos fundamentales tales como
mi salud, mi vida, mi integridad física y mi libertad
Esta situación me lleva a tomar la decisión de apartarme del cargo parlamentario basado en la protección de mis derechos fundamentales
reconocidos en la supraconstitucionalidad de los Pactos Internacionales sobre Derechos Humanos
que, reitero, esos preceptos están contenidos en
Constitución: Artículo 2°.1 (derecho a la vida,
su integridad moral, psíquica y física y a su libre
desarrollo y bienestar); artículo 2°.15 (Derecho a trabajar libremente); artículo 2°.24.a,b. (a la libertad y seguridad. No se permite forma alguna de restricción de la libertad personal); artículo 7 (derecho a la salud); artículo 26°.3 (Principios de la relación laboral:
La metodología de esta interpretación constitucional, lógicamente, es la misma que empleó el Tribunal Constitucional para revisar las decisiones del JNE.
Un aspecto que es muy importante que tome
en cuenta el Juez Constitucional consiste en que la
metodología empleada para realizar la interpretación
constitucional del primer párrafo del artículo 95° de
la Constitución es la misma –desde un punto de vista
lógico- que empleó el Tribunal Constitucional en el caso de la revisión de las decisiones del JNE.
Como se recordará, el artículo 181° de la Constitución señala que las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones se dictan en instancia final, son definitivas “e irrevisables”.
Sin embargo, conforme al argumento que no existen “zonas exentas del control constitucional”, el TC dijo que cuando la Constitución dice que las decisiones del JNE son “irrevisables”, dicha disposición debe
entenderse que son irrevisables si y solo si las decisiones
del JNE no violan derechos fundamentales. Es decir, si
violan derechos fundamentales, son revisables.
82 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo: “La Constitución como norma y el Tribunal Constitucional”; Madrid: 1985; Editorial Civitas, tercera edición, p. 95.
Lógica y metodológicamente, mi argumento de interpretación constitucional sigue el mismo derrotero: cuando el primer párrafo del artículo 95° de la Constitución dice que el cargo de congresista es “irrenunciable”; es irrenunciable si y solo si no está basado en “causa constitucional”. Por tanto, si está basado en “causa constitucional” (protección de derechos fundamentales o de principios constitucionales), el cargo es renunciable.
iii. OTROS ARGUMENTOS QUE ABONAN POR LA RENUNCIABILIDAD AL CARGO DE CONGRESISTA
Seguidamente abordaré los argumentos de orden histórico y dogmático.
Constituciones Peruanas de 1823 a 1933
la disposición referidas a la renuncia del cargo
parlamentario en caso de reelección. Veamos.
Artículo 46º.- Todo senador y diputado puede ser reelegido, y solo en este caso es renunciable el cargo”.
La Constitución de 1834 dijo, en su artículo 47º, respecto a la pérdida de la representación parlamentaria, y de la renunciabilidad en el artículo 49°, lo siguiente:
Artículo 47º.- El nombramiento de senadores y diputados es irrevocable por su naturaleza; pero se pierde.
1. Por delito juzgado y sentenciado según los artículos 33º, 34º y 101º, atribución 5º.
2. Por aceptar el nombramiento de presidente de la República, el de consejero de Estado, el de ministro de Estado, el de agente diplomático, el de vocal de la Corte Suprema de Justicia, y la presentación al obispado.
Artículo 49.- Los diputados y senadores pueden ser reelegidos; y solo en este caso es renunciable el cargo.
Sobre el mismo tema se dijo en la Constitución de
Artículo 15º.- Los Senadores son inamovibles, y solo dejarán de serlo por destitución del cargo, ó por haber sido condenados a pena corporal o infamante en sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, todo conforme a las leyes”.
Las Constituciones de 1839; 1860; 1867; 1920 y 1933
Ese precepto aparecería en las Constituciones de 1839 (artículo 24), la de 1860 (artículo 58º), de 1867 (artículo 58°), la Constitución de 1920 (artículo 82°) con el siguiente texto:
“Los diputados y senadores pueden ser reelegidos; y solo en este caso será renunciable el cargo.”
En la Constitución de 1933 se incorporó un matiz:
irrenunciable, salvo el caso de reelección. La renuncia se presentará ante la respectiva Cámara.
96°.-
En el supracitado texto (Const.1933, artículo 96º), se incorpora una ligera variante, pero que no altera el contenido esencial de las Cartas pretéritas. Allí se dice que “el mandato parlamentario es irrenunciable, salvo el caso de reelección”, precisándose, además, que “la renuncia se presentará a la respectiva Cámara”.
Las Constituciones de 1979 y de 1993
La Magna Lex de 1979 produjo un texto restringiendo la renuncia porque en la experiencia vivida bajo el militarismo octubrista (1968-1979) se buscaba que los parlamentarios no sucumbieran a presiones de ninguna índole. y se aprobó el siguiente texto, influido, también, por el ausentismo de 1947 que frustró el funcionamiento del Parlamento y abrió los caminos al golpe de Estado del 27 de Octubre de
irrenunciable. Las acciones disciplinarias que imponen las Cámaras a sus miembros y que implican suspensión de funciones no pueden exceder de ciento veinte días de legislatura.
Con el paso al unicameralismo, desde 1993, el precepto de ambos textos son básicamente equivalentes.