Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-c-54-de-febrero-6-de-2013?documento=jurcol&contexto=jurcol_d967f15bd257007ee0430a010151007e&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-10-17 01:37:04
Document Index: 36585832

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 3', 'artículo 55', 'artículo 62', 'artículo 7', 'artículo 8', 'artículo 39', 'artículo 39', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 5', 'artículo 67', 'artículo 62', 'artículo 12', 'artículo 62']

﻿ Sentencia C-54 de febrero 6 de 2013
SENTENCIA C-54 DE 06 DE FEBRERO DE 2013
CONTENIDO:PARÁMETROS CONSTITUCIONALES PARA LA ETNOEDUCACIÓN DE ACUERDO CON EL ORDEN CONSTITUCIONAL Y LEGAL VIGENTE. AUTORIZAR LA CREACIÓN DE LA CÁTEDRA DE VALORES Y TALENTOS VALLENATOS ES APENAS UNA ALTERNATIVA QUE TIENEN TANTO LOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, COMO LAS PADRES DE FAMILIA, PARA INCLUIR ENTRE LOS CONTENIDOS DEL NIVEL DE EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA, DEBE SER EN FORMA OPTATIVA, Y SIN DETERIORO DE LA PROMOCIÓN DE OTRAS EXPRESIONES CULTURALES. SE DECLARA INEXEQUIBLE LA EXPRESIÓN “DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO” CONTENIDA EN EL LITERAL C) DEL ARTÍCULO 3º DE LA LEY 739 DE 2002 Y EXEQUIBLE CONDICIONALMENTE EL TEXTO RESTANTE DE ESTE LITERAL
TEMAS ESPECÍFICOS:DERECHO A LA EDUCACIÓN, PATRIMONIO CULTURAL, GRUPO ÉTNICO
Sentencia C-54 de febrero 6 de 2013
Ref.: Expediente D-9210
Demandantes: Diógenes Armando Pino Sanjur, Eguis Palma Esquivel y Edelmira Martínez Lozano.
Acción de inconstitucionalidad contra el literal (c) del artículo tercero de la Ley 739 de 2002 “Por medio de la cual se declara Patrimonio Cultural de la Nación el Festival de la Leyenda Vallenata, se rinde homenaje a su fundadora y se autorizan apropiaciones presupuestales”.
ART. 3º—La República de Colombia honra la memoria de la exministra de la Cultura Consuelo Araujonoguera, exalta su constancia, tenacidad, inteligencia y lucha en favor de la cultura caribe colombiana y, en especial, de la cultura y el folclor vallenato. En consecuencia, se autoriza al Gobierno Nacional para que adelante las siguientes acciones:
a) Emisión especial de un sello postal o de correos con la efigie y nombre de la exministra de la Cultura;
b) Colocación de un retrato de la exministra al óleo, en el recinto o salón principal del Ministerio de la Cultura;
ART. 5º—La presente ley rige a partir de la fecha de su sanción y promulgación”(1).
2.1. Algunos de los intervinientes consideran que los cargos presentados en la demanda de la referencia no cumplen con los requisitos suficientes para ser sometidos a revisión en sede de constitucionalidad por parte de la Corte. A su juicio, o bien no se señala la forma como la norma afecta los derechos fundamentales invocados o bien se hace, pero de manera precaria.
Aunque la Sala estima que los argumentos jurídicos que sustentan la demanda fueron expuestos de manera sencilla y escueta, también juzga que son suficientes para poder plantear y solucionar el problema jurídico sometido a su consideración. En cualquier caso, teniendo en cuenta que la demanda reclama la protección de niñas y niños (sujetos de especial protección constitucional) pertenecientes a grupos étnicos de la nación (también, sujetos de especial protección constitucional), en aplicación del principio pro actione corresponde a la Sala entrar a considerar de fondo la cuestión planteada.
Para la Sala Plena de la Corte Constitucional, la respuesta a este interrogante es afirmativa parcialmente, la norma acusada viola los derechos fundamentales invocados, en tanto la cátedra tiene un carácter obligatorio. Se trata de una clase que en caso de ser implementada, no puede ser una imposición y debe respetar las reglas y principios propios de la etnoeducación: interculturalidad, participación comunitaria, flexibilidad, progresividad, autonomía (art. 58 L. 115/94 “Por la cual se expide la ley general de educación”), con lo que se garantizaría que la enseñanza vallenata lejos de alejar a la comunidad de su cultura y sus tradiciones, sirva de puente para retornar a ellas y recuperarlas. Es decir que se logre implementar una cátedra que respete y desarrolle su identidad.
3. El contenido de la norma y su sentido.
Mediante la Ley 739 de 2002 “Por medio de la cual se declara Patrimonio Cultural de la Nación el Festival de la Leyenda Vallenata, se rinde homenaje a su fundadora y se autorizan apropiaciones presupuestales”, el Congreso de la República declaró Patrimonio Cultural de la Nación ‘el Festival de la Leyenda Vallenata’ y honró la memoria de la persona que fue una de sus fundadoras y de sus principales guardianas: Consuelo Araujonoguera(12), exministra de Estado, reconocida folclorista y gestora cultural(13).
3.1. La Ley 739 de 2002 surgió como una propuesta normativa que pretendía hacer un reconocimiento a la tradición vallenata y a su importancia cultural, y al gran arraigo nacional de la cultura musical del caribe(14). El Senado de la República aprobó la iniciativa e introdujo, además, una serie de medidas para honrar la memoria de Consuelo Araujonoguera quien había sido una de las fundadoras del Festival y una de sus mayores protectoras. La Cámara de Representantes aprobó la iniciativa con ciertas modificaciones, y finalmente fue sancionada la ley por el Presidente de la República.
3.2. La Ley 739 de 2002, como su nombre lo indica (i) declara Patrimonio Cultural de la Nación el Festival de la Leyenda Vallenata, (ii) rinde homenaje a su fundadora y (iii) se autorizan apropiaciones presupuestales.
3.2.1. El objetivo principal de la ley, en gran medida simbólico, es declarar Patrimonio Cultural de la Nación el Festival de la Leyenda Vallenata, que se celebra en la ciudad de Valledupar, capital del departamento del Cesar [art. 1º, L. 739/2002]. Como consecuencia, se establece que ‘la Nación, a través del Ministerio de la Cultura, contribuirá al fomento, promoción, protección, conservación, divulgación, desarrollo y financiación de los valores culturales que se originen alrededor de la cultura y del folclor vallenato’ [L. 739/2002 art. 2º].
3.2.2. El segundo objetivo de la ley, es decretar que ‘la República de Colombia honra la memoria de la exministra de la Cultura Consuelo Araujonoguera, exalta su constancia, tenacidad, inteligencia y lucha en favor de la cultura caribe colombiana y, en especial, de la cultura y el folclor vallenato’ [L. 739/2002, art. 3º]. Con motivo de tal decisión, el Congreso de la República indicó que ‘se autoriza al Gobierno Nacional’ para adelantar las siguientes acciones:
“a) Emisión especial de un sello postal o de correos con la efigie y nombre de la exministra de la Cultura;
d) El Ministerio de la Cultura otorgará una beca de estudios, que llevará el nombre de Consuelo Araujonoguera, al ciudadano o ciudadana colombiano que presente el mejor trabajo de investigación acerca del folclor nacional. Dicho ministerio reglamentará las condiciones, requisitos y bases del concurso”. [se subraya la parte acusada]” (subrayado fuera del texto, que corresponde al literal demandado).
3.2.3. En primer lugar, ha de resaltar la Corte Constitucional que la norma ‘autoriza’ al gobierno a realizar las acciones enunciadas en los literales a), b), c) y el artículo tercero de la Ley 739 de 2002. Pero el literal c) demandado, se redacta de manera impositiva y categórica (“El Ministerio de Educación Nacional creará la cátedra…”).
En otras palabras, el contenido normativo acusado por la demanda de la referencia contempla un mandato impositivo y obligatorio. Aunque el inicio de la norma habla de una autorización, las expresiones usadas por el legislador imponen un deber sobre el Gobierno Nacional para que implemente una cátedra obligatoria —valores y talentos vallenatos, Consuelo Araujonoguera—. Se trata de una facultad que debe ejercer el gobierno. En tal medida, conforme al texto de la norma, no parece una opción. Se señala imperativamente que se creará y que será obligatoria.
3.2.4. Sin embargo, las condiciones en que el Congreso autoriza al Gobierno Nacional a crear la cátedra Valores y Talentos Vallenatos ‘Consuelo Araujonoguera’ son más o menos amplias. El Congreso aporta algunos aspectos mínimos de la cátedra, el resto de condiciones de la misma son competencia del poder ejecutivo y, por supuesto, de los docentes y los establecimientos educativos. No obstante, algunas de aquellas condiciones mínimas impuestas por el legislador son objeto de reproche por parte de los demandantes.
El Congreso indica que el Ministerio de Educación Nacional podrá crear una cátedra, (i) con el nombre Valores y Talentos Vallenatos ‘Consuelo Araujonoguera’, (ii) que tendrá el carácter de ‘obligatorio cumplimiento’ en los (1) colegios públicos y privados (2) del departamento del Cesar, (3) a nivel de la educación básica primaria.
3.2.5. El problema jurídico planteado por los demandantes en el proceso de la referencia, tiene que ver precisamente con las restricciones que se le imponen al Gobierno Nacional para la creación de la cátedra valores y talentos vallenatos, en cuanto a lo que se refiere a su impacto sobre las comunidades afro y las comunidades indígenas residentes en el departamento del Cesar, especialmente sobre sus niños y niñas.
En tal medida, pasa la Sala a analizar los parámetros constitucionales relevantes para la etnoeducación de acuerdo con el orden constitucional y legal vigente.
4. La etnoeducación, garantía del carácter multicultural y pluriétnico de la República.
La Constitución define al colombiano como un Estado social y democrático de derecho, pluriétnico y multicultural. Se refiere entonces de manera amplia e incluyente a toda la población que bajo distintas denominaciones se nombra y reconoce, y que incluye a las personas pertenecientes a comunidades tradicionales, indígenas o comunidades afro(15).
4.1. Antes de entrar en vigencia la Constitución de 1991, durante el imperio de la Constitución de 1886 y sus reformas posteriores, se lograron cambios sustanciales y radicales que llevaron a modificar las viejas políticas educativas que buscaban, entre otros propósitos, sacar de su situación de ‘inmadurez cultural’ a las comunidades indígenas(16). Ya antes del 91, las conquistas políticas y administrativas de los movimientos defensores del respeto a la diversidad cultural de los pueblos que conforman la República de Colombia, habían logrado el diseño y la implementación de etnoeducación en las políticas públicas del país. La creación del Consejo Regional Indígena del Cauca, inspirada en gran parte en las ideas de Manuel Quintín Lame expresadas en textos como Los pensamientos del indio que se educó dentro de las selvas colombianas (1924)(17), y la posterior creación de la ONIC, fueron herramientas significativas, para lograr tales conquistas.
4.2. Desde el Decreto 088 de 1976, por el cual se reestructuró y se reorganizó el Ministerio de Educación Nacional, se estableció que los “programas regulares para la educación de las comunidades indígenas tendrán en cuenta su realidad antropología y fomentarán la conservación y la divulgación de sus culturas autóctonas. El Estado asegurará la participación de las comunidades indígenas en los beneficios del desarrollo económico y social del país” (art. 11)(18).
4.3. En tal sentido, el desarrollo legislativo en materia etnoeducativa bajo la Constitución de 1991 ha sido aún mayor. La Constitución de Colombia establece categóricamente, que ‘los integrantes de los grupos étnicos tendrán derecho a una formación que respete y desarrolle su idoneidad cultural’ (C.P., art. 68). No pueden tales comunidades, por lo tanto, ser sometidas a planes o programa de educación diseñados de manera general para toda la población, sin considerar sus especificidades culturales.
En la Ley 115 de 1994 “Por la cual se expide la Ley General de Educación, el título III se ocupa de las ‘modalidades de atención educativa a poblaciones’, dentro de las cuales se encuentra, en el capítulo III, la educación para grupos étnicos. El artículo 55 define etnoeducación como aquella educación que se ofrece “[…] a grupos o comunidades que integran la nacionalidad y que poseen una cultura, una lengua, unas tradiciones y unos fueros propios y autóctonos”. El artículo advierte que esta “[…] educación debe estar ligada al ambiente, al proceso productivo, al proceso social y cultural, con el debido respeto de sus creencias y tradiciones”. Por supuesto, la Ley dispone que no se trata de una educación distinta en todo sentido a la que se imparte al resto de la población; se trata de una educación que además de brindar las herramientas, habilidades y conocimientos que se dan a todas las personas, entiende que debe ser sensible a las especiales condiciones de la comunidad de la cual se trate. Por ello, además de los principios y fines generales fijados por la ley de acuerdo con la Constitución Política(19), se introducen otros, de la siguiente manera:
“ART. 56.Principio y fines. La educación en los grupos étnicos estará orientada por los principios y fines generales de la educación establecidos en la presente ley y tendrá en cuenta además los criterios de integralidad, interculturalidad, diversidad lingüística, participación comunitaria, flexibilidad y progresividad. Tendrá como finalidad afianzar los procesos de identidad, conocimiento, socialización, protección y uso adecuado de la naturaleza, sistemas y prácticas comunitarias de organización, uso de las lenguas vernáculas, formación docente e investigación en todos los ámbitos de la cultura”.
La Sala resalta cinco principios básicos de la etnoeducación que imperan en el orden jurídico vigente, a propósito del caso que se analiza.
4.3.1. Interculturalidad. La educación que se imparta a las comunidades culturalmente diferenciadas debe propender por la capacidad de generar habilidades para el diálogo entre diferentes culturas. Las estrategias de acción política que a partir de la década de los años setentas lograron que se cambiaran las formas de educación en comunidades tradicionales, culturalmente diferenciadas, son el resultado del diálogo intercultural que se ha desarrollado, descubierto y aprendido a la vez, entre las diferentes visiones culturales que hacen parte de Colombia. La interculturalidad supone el derecho de acceder a todos los conocimientos, saberes o manifestaciones artísticas. Tanto las que se llaman ajenas o provenientes de una cultura de la que se es distante, como las que vienen de la cultura propia. La etnoeducación no supone dejar de lado la educación oficial y mayoritaria, y concentrarse únicamente en los saberes propios. La interculturalidad supone la capacidad de desenvolverse en diversos ámbitos culturales. Un ejemplo de la interculturalidad que promueve la ley, es la regla legal que busca promover la formación de educadores para grupos étnicos, según la cual: “El Estado promoverá y fomentará la formación de educadores en el dominio de las culturas y lenguas de los grupos étnicos, así como programas sociales de difusión de las mismas” (L. 115/94, art. 58). La formación de docentes para grupos étnicos, por tanto, no solo depende de promover la formación misma de estas personas, sino también mediante programas sociales de difusión de las culturas y las lenguas de estos grupos étnicos. Según la reglamentación de la ley, la interculturalidad es entendida como “la capacidad de conocer la cultura propia y otras culturas que interactúan y se enriquecen de manera dinámica y recíproca, contribuyendo a plasmar en la realidad social, una coexistencia en igualdad de condiciones y respeto mutuo” (D. 804/95, art. 2º).
4.3.2. Participación comunitaria. En virtud de este principio, por ejemplo, el desarrollo de un determinado tipo de cátedra, ha de ser consultado con la comunidad. Como se estableció desde la propuesta presentada a la Asamblea Nacional Constituyente en 1991 por parte de las comunidades indígenas y las comunidades afro de Colombia, se debe promover la participación de los miembros de la comunidad y el diálogo entre estos, como manera de resolver los dilemas que plantee la interculturalidad y los desarrollos de una educación sensible a diferencias culturales significativas. De acuerdo con la reglamentación de la ley, la participación comunitaria es entendida como “la capacidad de los grupos étnicos para orientar, desarrollar y evaluar sus procesos etnoeducativos, ejerciendo su autonomía” (D. 804/95, art. 2º).
4.3.3. Flexibilidad. El principio de flexibilidad tiene muchas connotaciones e implicaciones, tanto teóricas como prácticas en la concepción, diseño, implementación y evaluación de las políticas educativas orientadas a grupos étnicos. No se puede desarrollar una única respuesta. En ocasiones, por ejemplo, se requerirán modificaciones profundas y significativas a los planes de estudio oficiales y generales. Por ello la reglamentación de la ley ha establecido que la flexibilidad debe ser entendida como “la construcción permanente de los procesos etnoeducativos, acordes con los valores culturales, necesidades y particularidades de los grupos étnicos” (D. 804/95, art. 2º).
La diversidad en materia de educación, incluso en la oferta que se ofrece a la mayoría de la población, es un distintivo de la educación de una sociedad abierta, libre y democrática. Tener acceso a educación pública o privada, confesional o laica; mixta o de un solo sexo; bilingüe o no; tradicional o novedosa, en sus metodologías o con políticas educativas diversas, son solo algunos de los ejemplos de las diferencias que pueden existir entre los tipos de educación a los que cualquier persona puede acceder. En el caso de la flexibilidad, por tanto, se está pensando en una capacidad de variabilidad y diversidad en la oferta educativa aún mayor de la tradicional y propia de una sociedad de las características indicadas. Las diferencias entre los tipos de educación, por ejemplo, pueden llegar a establecer que un grupo considerable de ‘clases’, tengan lugar en sitios distintos a la escuela, como lo es la selva. Puede ser parte de estrategias para revivir conocimientos de ciencia tradicionales que permiten, sosteniblemente, obtener recursos para tener un mínimo vital en dignidad.
La flexibilidad es importante para diferenciar los distintos grupos de comunidades, pero también para ver las diferencias entre las diversas comunidades que hacen parte de un mismo grupo, o de grupos claramente emparentados en cuanto a su génesis y desarrollo en Colombia. Es, por ejemplo, el caso de las comunidades afro, que no solo tienen formas distintas de nombrarse a sí mismas, sino que, además, responden a realidades muy diversas. La comunidad del Palenque de San Basilio requiere medidas que permitan conservar, preservar e insertar en la historia y la memoria nacional, su lengua, el palenquero. Las comunidades raizales de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, por su parte, utilizan a menudo su otro idioma (el criollo sanandresano)(20), entre otras razones, para poder mantener los lazos con sus familiares y comunidades que se extienden más allá de las fronteras del archipiélago, a través del caribe. Pero a la vez, pueden existir grupos como las poblaciones y comunidades negras del Chocó colombiano que se extienden a lo largo de sus costas y sus ríos, que pueden no requerir la flexibilidad antes mencionada en la educación lingüística, pero sí en otros aspectos, como por ejemplo, enseñar a conocer y manejar ciertas plantas y animales comunes de la selva o del monte, antes que ciertas situaciones citadinas usuales como cruzar una calle o tomar un taxi(21). La etnoeducación debe ser sensible a las diferentes exigencias y demandas de las poblaciones afro en Colombia, de acuerdo con sus características específicas y necesidades propias.
4.3.4. Progresividad. La etnoeducación no puede diseñarse de un momento a otro. Los procesos de diálogo e interacción cultural que se requieren previamente necesitan tiempo y construcción de espacios de participación, antes de tomar las decisiones de política pública que corresponda. Los cambios y la intervención en el sistema educativo de los grupos étnicos en Colombia, por tanto, no pueden ser abruptos e inconsultos. Tales actos no pueden ocurrir de la noche a la mañana sin el conocimiento previo de las comunidades, y sin que se hubieran podido manifestar o hubieran tenido oportunidades de participación. Por otro lado, la progresividad significa también que el proceso de desarrollo de la etnoeducación no puede estancarse. Si bien la progresividad significa que los avances requieren tiempo, también implica que no se detienen, que siempre generan nuevos desarrollos y procesos. Por eso, según la reglamentación de la ley, la progresividad implica “la dinámica de los procesos etnoeducativos generada por la investigación, que articulados coherentemente se consolidan y contribuyen al desarrollo del conocimiento” (D. 804/95, art. 2º).
4.3.5. Autonomía. El principio de autonomía de las comunidades indígenas y afro tiene el derecho a gobernarse a sí mismas y determinar su propio destino. En el ámbito de la etnoeducación es entendida como “[…] el derecho de los grupos étnicos para desarrollar sus procesos etnoeducativos” (art. 2º, D. 804/95 “Por medio del cual se reglamenta la atención educativa para grupos étnicos”).
4.4. La jurisprudencia constitucional se ha referido al derecho de las comunidades en torno a la etnoeducación que se adelanta al interior de sus comunidades.
4.4.1. Así, la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre las condiciones y límites de la participación de las comunidades en la selección de docentes y de la idoneidad de la justicia contencioso-administrativa para defender los derechos de estas, en casos en que no exista una urgencia para garantizar los derechos fundamentales invocados(22). También se ha pronunciado acerca de casos en los que se han estudiado concursos en torno al nombramiento de profesores de etnoeducación para comunidades afro(23). Concretamente, al respecto, ha defendido el derecho de las comunidades a que se cumplan los compromisos adquiridos, luego de un proceso de participación; ha dicho la Corte,
“Para la Sala resulta contrario al principio de buena fe hacer creer al CRIC que el proceso de consulta previa había concluido exitosamente al llegarse a un acuerdo sobre los establecimientos educativos oficiales en los que se aplicaría una política etnoeducativa y después, de forma unilateral, transgredir los compromisos adquiridos(24). Esto no significa, en modo alguno, que las comunidades étnicas posean un poder de veto a las medidas que las afecten directamente de acuerdo con el cual no pueden adoptarse sin su consentimiento, posibilidad que ha sido desechada por este tribunal(25), sino que, una vez adoptada una fórmula de concertación, esta no puede ser revocada sin antes adelantar un nuevo proceso de consulta previa con todas las condiciones que han sido determinadas por la jurisprudencia constitucional. […] || Como corolario de lo anterior es forzoso concluir que el demandado vulneró el derecho fundamental a la consulta previa de la Comunidad Indígena de la Gaitana, del Consejo Regional Indígena del Cauca y del Cabildo de Guambia y con ello transgredió también su derecho fundamental a la identidad cultural ya que, según la jurisprudencia de esta Corte(26), la participación de las comunidades étnicas a través de este mecanismo es necesaria para preservar su integridad étnica, social, económica y cultural y para asegurar, por ende, su subsistencia como grupo social”(27).
4.4.2. La adaptabilidad que puede suponer la etnoeducación puede referirse a asuntos plenamente materiales como por ejemplo, la existencia de programas de apoyo y mejoramiento de la calidad de la educación(28), o puramente formales, como la capacidad de administrar recursos públicos(29).
4.4.3. La jurisprudencia ha protegido el derecho a la regulación legal diferencial de la etnoeducación, con participación de las comunidades afectadas, por lo que, por ejemplo, ha resuelto declarar exequible el estatuto de profesionalización docente, Decreto-Ley 1278 de 2002, “[…] siempre y cuando se entienda que el mismo no es aplicable a las situaciones administrativas relacionadas con la vinculación, administración y formación de los docentes y directivos docentes en los establecimientos educativos estatales ubicados en territorios indígenas que atienden población indígena, con la aclaración de que, mientras el legislador procede a expedir un estatuto de profesionalización docente que regule de manera especial la materia, las disposiciones aplicables a los grupos indígenas serán las contenidas en la Ley General de Educación y demás normas complementarias”(30).
4.4.4. Cuando se desvinculan los docentes que ciertas comunidades consideran como propios y gestores de su etnoeducación, a consecuencia de la realización de un concurso de méritos aplicado como parte de un proceso que no le fue consultado a la comunidad, se violan los derechos fundamentales de esta(31). Este derecho de consulta, les ha sido protegido a indígenas Zenú(32). Recientemente la Corte Constitucional se declaró inhibida para pronunciarse acerca de una demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 62 de la Ley 115 de 1994, referente a la selección de educadores, por ineptitud sustantiva de la demanda(33).
5. Los cantos vallenatos, músicas y letras de las riquezas colombianas y sus mezclas.
El vallenato es una de los patrimonios culturales de Colombia que refleja su carácter pluriétnico y multicultural. Fue necesario el intercambio de culturas, etnias, objetos y servicios a lo largo y ancho del río Magdalena para que, con el tiempo, surgieran los aires vallenatos (merengue, puya, son y paseo).
5.1. Aunque la Sala Plena de la Corte Constitucional reconoce que los debates acerca de los orígenes y desarrollo del vallenato siguen siendo cotidianos y acalorados, la opinión de los demandantes, según la cual los académicos, los músicos y los estudiosos del vallenato en general, no reconocen la influencia que la música indígena y la música de origen africano han tenido en su formación(34), no corresponde a lo que se anota en la bibliografía más reconocida sobre la historia de la costa en general, y de su música en particular relativa al aporte que los sonidos venidos de África, los provenientes de Europa y los existentes en América, tuvieron en la construcción de las nuevas músicas que se crearon en el pasado y se siguen mezclando y remezclando en la actualidad(35). El vallenato hace parte de esta familia.
De hecho, recientes investigaciones cuestionan el supuesto origen en un triple tronco, del que proviene la cultura generada en América (‘el blanco, el negro, el indio’). Los españoles y demás europeos que vinieron a América, al igual que los africanos y los indígenas americanos no eran pueblos ‘puros’. Al igual que el mestizaje americano, los pueblos que llegaron y aquellos que se encontraban, eran a su vez, producto de mestizajes anteriores. En tal medida, por ejemplo, es posible reconocer los aportes árabes, que a través de España, llegaron a las músicas americanas, incluso tan recientes como el vallenato(36). Dice al respecto el maestro Héctor González,
“Con frecuencia, en la literatura existente sobre el vallenato se habla de la ‘trietnicidad’ en la constitución de su expresión musical, insinuándose una repartición equivalente de aporte culturales indígenas, blancos y negros. Aunque es una referencia evocadora, no corresponde a la realidad de este caso —y creo que de muy pocos en América— debido al arrasamiento cultural sistemático que impuso el colonizador español y la hegemonía de la cultura europea de los siglos sucesivos en buena parte del mundo. Los vestigios palpables en los discursos musicales vallenatos actuales confirman este hecho: se trata de música medularmente diatónica cuyo lenguaje está determinado por el código del legado europeo correspondiente al sistema tonal, tanto en la sintaxis como en la semántica. Solo en el aspecto rítmico, se observan características propias de la música del continente africano, asimismo como la usanza de un cantante solista y coros responsoriales cuyo empleo también era producto de una tradición africana que ya se había incorporado a la música europea, desde hacía varios siglos antes del desembarco español.
El complejo proceso de sincretismo que dio origen a la expresión musical que identificamos como vallenato ha sido descrito en términos muy simples, muchas veces por ingenuidad y otras tantas por conveniencias políticas, como una suerte de diálogo entre tres culturas. Pero la verdad es que se trata de una dinámica diacrónica que incluye fenómenos de aculturación, hibridación, apropiación y suplantación múltiples, cuya vigencia, con mucho, ha dependido de la capacidad de adaptación de este género en lo literario y en lo musical, a través del tiempo. Se tiende a pensar que se trata de un proceso que se desarrolló en el pasado —en un pasado antiguo un tanto nebuloso— que hoy muestra un producto final acabado que hay que conservar y preservar de posibles ‘desviaciones’. Sin embargo, esta concepción romántica no se ajusta a la realidad puesto que algunos de los elementos distintivos del vallenato ‘clásico’, son relativamente nuevos y tuvieron origen en fuentes y tiempos distintos. […]”(37).
5.2. Sí llevan razón los accionantes, sin embargo, en temer al desconocimiento de las raíces del vallenato, de su música y de su cultura; a los troncos que se entrelazaron en las tierras de la región caribe(38). Parte de los efectos de la discriminación y la exclusión de otras culturas y grupos étnicos es el desconocimiento y ocultamiento de partes más o menos significativas de la historia. Al poner un velo sobre acontecimientos y voces que ocurrieron en el pasado, se impide reconocer los aportes de otras culturas a la construcción de las riquezas de la nación. A la vez se imposibilita a aquellos grupos discriminados y excluidos, reconocerse a sí mismos como parte de los autores y creadores de dichas riquezas culturales creadas y labradas en la nación.
Por ello, las investigaciones culturales en materia de folclor, como las que la propia Ley 739 de 2002, pretende promover, han evidenciado la innegable relación entre el vallenato y otras músicas del caribe. La sola clasificación de algunos aires de gaita y baile de canto, comparada con la clasificación de los aires del vallenato, evidencian los patrones rítmicos similares (isorritmia) entre unos y otros(39).
5.3. El olvido de los aportes culturales no es un asunto menor, es una cuestión de notoria relevancia constitucional, en la medida que se trata de la historia de los diferentes pueblos y comunidades que conforman la nación. La memoria histórica, el rescate y la recuperación de las voces del pasado es un derecho de las personas y las comunidades que descienden de aquellas tradiciones culturales. Pero no solo de ellos. La memoria de las comunidades indígenas y de las comunidades afro, hace parte integral de la historia nacional.
Como se dijo, la historia negra de Colombia muestra que el tronco afro se constituye, no solo por las personas que vinieron del África, sino por aquellos europeos afrodescendientes que llegaron desde el siglo XV a estas tierras. En el caso del vallenato, la presencia afro se hace evidente en muchos de los músicos más destacados del género, como el gran Alejo Durán(40). Las historias de los grupos étnicos de la nación no son historias paralelas que ocurrieron al tiempo que la historia de la ‘mayoría’; son la historia de todo el país. Por ejemplo, la historia del constitucionalismo libertario de la República encuentra profundas raíces, ideológicas y materiales, en las luchas y rebeldías afro e indígenas que ocurrieron en el continente desde el momento mismo en que los españoles iniciaron la conquista y la colonización de América. Es imposible entender la construcción del derecho a la libertad en Colombia, sin recuperar la lucha en contra de la esclavitud, al igual que ocurre con muchas otras naciones del continente americano, bien sea que se trate de naciones centroamericanas, en el continente (como Panamá o México) o en medio del caribe (Haití, Santo Domingo, Cuba, Jamaica), naciones de Suramérica (como Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú o Brasil, por mencionar algunas) y de Norteamérica (Estados Unidos de América)(41).
Volver sobre la historia del vallenato ha permitido, incluso a través de medios masivos de comunicación, generar pedagogía acerca de los aportes culturales de culturas y grupos étnicos colombianos, tradicionalmente excluidos en el pasado. Por ejemplo, una reciente polémica acerca de los orígenes del vallenato en medios de comunicación, evidenció cómo, los aportes indígenas al género se han diluido y perdido más que, por ejemplo, los aportes afro, presentes siempre, al menos, en la caja y sus ritmos. A un columnista que se ocupa de cuestiones referentes al vallenato, entre otros asuntos, sus lectores le plantearon hace poco una pregunta sencilla ¿con qué instrumento se inició el vallenato, con la guitarra o con el acordeón? La respuesta que dio el periodista cultural también fue clara y sencilla: con ninguno de los dos, seguramente fue con pitos y gaitas el inicio del vallenato(42). Sin embargo, con la pérdida de la gaita y las flautas caribes del vallenato, se sostiene, se fue perdiendo también el sonido indígena(43).
Por ello, la recuperación de la historia del vallenato muestra no solo la importancia de esta creación cultural, sino también, la riqueza cultural de las distintas fuentes que nutrieron y aportaron a la conformación del género. Así, sonidos que parecen evolucionados y cambiantes del vallenato en la actualidad, en realidad, se proponen recuperar sonidos y voces que estuvieron presentes en las músicas vallenatas y que, como ocurrió con tantas otras manifestaciones y construcciones de lo humano, han sido total o parcialmente acalladas(44).
5.4. No es pues una opción conservar las tradiciones culturales, con su génesis y su memoria, a la vez que con sus nuevas manifestaciones vivas, que hacen perdurar la tradición y la proyectan hacia el futuro. Es un deber constitucional que recae sobre toda persona; en especial sobre aquellas que tengan ciudadanía y de aquellas que se desempeñen como funcionarios públicos y tengan el deber de actuar decidida y diligentemente en tal sentido, en razón a sus competencias y funciones.
Teniendo en cuenta los parámetros constitucionales expuestos, pasa la Sala a responder el problema jurídico previamente planteado.
6. La autorización a crear la cátedra ‘valores y talentos vallenatos’, en el departamento del Cesar, no desconoce el carácter multicultural y pluriétnico de la República ni los derechos fundamentales de las comunidades afro y las comunidades indígenas, en especial de sus niñas y sus niños, salvo por su carácter obligatorio y siempre y cuando se respeten los derechos de etnoeducación de los grupos étnicos.
A la luz de los valores, los principios y las reglas del orden constitucional vigente, la decisión del Congreso de la República de autorizar al Gobierno Nacional a crear la cátedra valores y talentos vallenatos es constitucional. Se trata de una medida que busca alcanzar un fin establecido en la Constitución, a través de un medio que no está prohibido en democracia. De hecho, es prescrito por la Constitución misma al señalar que la educación es un derecho con el cual se busca entre otras el acceso a los bienes y valores de la cultura (C.P., art. 67). Además, resulta conducente para alcanzar ese propósito que, como se dijo, no es una opción, es una orden constitucional. Adicionalmente, se trata de una medida que no pone en riesgo los derechos fundamentales de las comunidades indígenas y las comunidades afro del departamento del Cesar. Por el contario, crea un espacio propicio para resaltar las tradiciones y los valores propios, en un contexto de etnoeducación.
6.1. La decisión legislativa de autorizar al Gobierno Nacional a crear la cátedra ‘valores y talentos vallenatos’ busca cumplir una obligación constitucional.
6.1.1. La protección de la música vallenata, como cualquier otra riqueza cultural de la nación, debe ser objeto de protección bajo el orden constitucional vigente (C.P., arts. 7º y 8º).
El título I de la Constitución Política se ocupa de establecer los principios fundamentales de la Carta. Diez artículos estructuran y determinan la forma como el poder debe constituirse e irrigarse a través de una sociedad libre, abierta, multicultural, pluriétnica y democrática. Dos de esos diez artículos se ocupan de plantear parámetros relevantes para el análisis del presente caso. El primero de ellos es el artículo 7º, según el cual, ‘el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana’. A continuación, con el mismo carácter general e imperativo, la Constitución establece en el artículo 8º que ‘es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación’. En virtud de estas dos disposiciones es claro que es deber del Estado proteger, entre otras muchas manifestaciones culturales y artísticas, la música vallenata. No basta con que el Estado y las personas ‘reconozcan’ la existencia y presencia de la cultura vallenata; la Constitución establece también que su deber es ‘protegerla’.
Como se dijo, se trata de una producción cultural colombiana, que lleva inmersa dentro de sí y de su historia, buena parte de la historia de la nación. No solo porque sus líricas son cantos y relatos que cuentas las historias de la región, entre muchos otros de los temas que trata, sino porque sus ritmos, sus melodías y sus armonías hablan también de esa historia mestiza, multicultural y pluriétnica de la nación. El vallenato, como la salsa caleña, las chirimías, el joropo, los nuevos sonidos urbanos del pacífico o las nuevas fusiones con músicas andinas(45), son tan sólo algunas de las riquezas musicales y culturales que la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 resolvió proteger decididamente. Hacerlo, insiste la Sala, es uno de los principios fundamentales del Estado social y democrático de derecho que es Colombia, en su condición pluriétnica y multicultural. Preservar, promover y fomentar la cultura vallenata, en especial en lo que a su música se refiere, es un fin imperioso del Estado, no solo una finalidad que puede o no, a discreción, buscar el Estado.
La medida del Congreso de la República tiene, no obstante, una segunda finalidad, de carácter accesorio a la primera. Esta consiste en honrar la memoria de la exministra de Estado, Consuelo Araujonoguera. El Congreso consagró dos motivos fundamentales para decretar una ley que honre su memoria, a saber, los aportes que realizó a la cultura, en especial a la cultura vallenata, y los trágicos sucesos que dieron lugar a su muerte. En tal medida, ni por buscar proteger, mantener y difundir la cultura vallenata, ni por querer mantener la memoria de La Cacica, como siempre se le conoció en el mundo vallenato, la norma legal acusada es contraria a la Constitución. O bien se trata de la protección de valores culturales nacionales, lo cual no es contrario a la Constitución, sino exigido por ella, o bien se trata de una decisión del Congreso de la República para rendir homenaje a una persona.
6.2. Promover por ley de la República que la educación formal de las niñas y de los niños incluya las riquezas culturales de la Nación no está prohibido por la Constitución.
El medio elegido por el Congreso de la República para promover la música vallenata es autorizar al Gobierno Nacional la creación de una cátedra titulada valores y talentos vallenatos, Consuelo Araujonoguera, en el contexto de la declaración del Festival de la Leyenda Vallenata como un patrimonio cultural de la Nación y de la decisión de honrar la memoria de la ilustre colombiana.
6.2.1. La cátedra que el Congreso le autorizó crear al Gobierno Nacional, como se dijo, no tiene mayores precisiones o definiciones en cuanto a cuál es el contenido. Tampoco en cuanto a las metodologías o condiciones formales en que la misma ha de ser impartida. Vistas así las cosas, el mandato legal, en términos básicos, lo que está indicando es que el ministerio podrá implementar un contexto pedagógico formal para promover el estudio, conocimiento y desarrollo de la música vallenata, como una riqueza cultural de la Nación.
6.2.2. Las restricciones que se impuso al Gobierno Nacional para la creación de la cátedra en mención, son las siguientes: que sea obligatoria en los establecimientos educativos del Cesar (públicos y privados) para los estudiantes de primaria. De acuerdo con los demandantes, esta condición conllevaría un atropello con las comunidades indígenas y las comunidades afro que hay en el departamento del Cesar, pues a diferencia de las demás personas del país y de las demás comunidades étnicas, estarían obligados a tener que educarse en cultura vallenata que no les es propia, a sus niñas y sus niños.
6.2.3. Según la Constitución Política, el desarrollo y ejercicio del derecho a la educación dependerá de las decisiones que se adopten en democracia, en el Congreso de la República. Incluso, cuando se trate de la participación de los particulares, la Constitución indica que ‘podrán fundar establecimientos educativos. La ley establecerá las condiciones para su creación y gestión’ (C.P., art. 67). Su finalidad, ha de ser la de ‘dar acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura’. No obstante, las decisiones que adopte el Congreso de la República en materia de educación, deben respetar ciertos límites y parámetros constitucionales.
Una de las restricciones a la configuración democrática de la educación mediante leyes, es el mandato constitucional, referido previamente, según el cual, ‘los integrantes de los grupos étnicos tendrán derecho a una formación que respete y desarrolle su identidad cultural’ (C.P., art. 68). Por tanto, independientemente de cuáles sean las normas generales en materia de educación para toda la población, los grupos étnicos tienen el derecho constitucional a que la educación que les sea impartida a ellos respete y, además, desarrolle, su identidad. En otras palabras, ninguna ley, decreto, resolución u otro tipo de regulación en materia de educación, puede ser aplicada o implementada a una comunidad étnica si irrespeta o si no desarrolla su identidad. Este derecho constitucional se ha nutrido y desarrollado legalmente, estableciendo los principios que han de regir la etnoeducación, entre los cuales se encuentra los ya antes mencionados: interculturalidad, participación comunitaria, flexibilidad, progresividad, y autonomía.
6.3. La educación en las manifestaciones culturales, en especial a las niñas y a los niños, es un medio para preservar las riquezas artísticas de la nación.
Bajo el orden constitucional vigente, como se dijo, el derecho a la educación tiene entre otras funciones, el garantizar el acceso de todas las personas a los ‘bienes y los valores de la cultura’. En tal medida, no solo es el legislador quien ha considerado que la educación es un vehículo para transmitir y preservar las riquezas culturales. Es la propia Constitución la que reconoce que la educación es el camino para alcanzar tal propósito. En tal sentido, la idoneidad del medio elegido por el legislador para preservar, a través de la educación de las niñas y de los niños, la música vallenata estaba ya prevista y anticipada por el Constituyente.
Es importante precisar que en el presente caso la Sala tan solo analiza la constitucionalidad de la norma acusada, esto es, la decisión de autorizar al Gobierno Nacional la creación de un espacio pedagógico formal, con la denominación señalada, para la promoción de la música vallenata, en función del cargo analizado. No está analizando, por ejemplo, la constitucionalidad de los actos que a nivel nacional, territorial o institucional, puedan llevar a cabo diversas autoridades. La revisión de constitucionalidad de la norma acusada, por tanto, no conlleva una revisión de constitucionalidad de los demás actos que se puedan desarrollar con fundamento en dicha disposición legal.
Como la jurisprudencia lo ha indicado en el pasado, la única forma de establecer violaciones directas de ciertos derechos a estudiantes concretos, con ocasión del desarrollo de un determinado programa académico, es valorando las condiciones específicas del caso. La jurisprudencia constitucional no se puede referir, en abstracto, a las clases de que intervienen con las creencias profundas de una persona, por ejemplo. Para establecer si una clase se desconoce o no los derechos de una persona, se requiere que el juez de tutela advierta cuál es el caso concreto que se analiza. El programa específico de la clase y su metodología, serán asuntos definitivos para determinar eventuales violaciones de derechos fundamentales. En tal sentido, se han considerado contrarias a la Constitución Política, clases universitarias cuya metodología obligue a la persona a tener que revelar sus creencias(46).
6.5. Los derechos de las comunidades étnicas están en situación de riesgo o de amenaza, por el carácter obligatorio de la cátedra.
La Ley 739 de 2002 pretende fomentar la cultura vallenata, en especial su música en el departamento del Cesar. Aunque este propósito es válido constitucionalmente, y el camino elegido para alcanzarlo (la educación) en principio es adecuado, el hecho de que el texto de la ley consagre la cátedra como ‘de obligatorio cumplimiento’ sí implica un mandato imperativo, que puede conllevar la imposición de una visión cultural y la vulneración del derecho fundamental a la etnoeducación de las niñas y los niños.
El propósito central de la ley, como se indicó, es el reconocimiento de la cultura vallenata como patrimonio cultural de la nación. Reconocer que se trata de una producción cultural colombiana que, al igual que la cumbia, se ha extendido a lo largo y ancho de la región caribe, luego del país, y ahora del continente y otras partes del mundo. Normas como la presente buscan por tanto, dar al vallenato un lugar destacado en la cultura nacional. Evitar que su historia, su legado y sus leyendas se pierdan en el olvido en que aún reposan infinidad de saberes y manifestaciones culturales del pasado. De hecho, como se mostró, la historia del vallenato esconde dentro de sí aportes que se remontan incluso hasta el mundo árabe, subsahariano y español de la baja edad media, pero a la vez tan recientes como la música europea, mexicana y cubana del siglo XIX. El vallenato, como muchas manifestaciones culturales colombianas, es producto de las distintas interacciones culturales y étnicas que ocurrieron antes de la llegada de Colón a esas tierras, y se han continuado sucediendo con el pasar de los siglos.
Para la Sala existen cuatro razones principales por las cuales la norma acusada no implica una afectación de los derechos de las comunidades indígenas y las comunidades afro del departamento del Cesar, salvo por lo que respecta a su carácter ‘de obligatorio cumplimiento’, en tanto implicaría una imposición cultural.
6.5.1. En primer lugar, como se indicó, la norma analizada se ocupa de la educación de la población en general, dentro de un departamento. En tal medida, no se trata de una de aquellas normas en materia de educación que puede tener un impacto directo sobre las comunidades indígenas y afro del departamento, en virtud de sus derechos constitucionales a la etnoeducación. No se les podrá someter a procesos educativos con contenidos o metodologías de educación que no respeten o no desarrollen su identidad (C.P., art. 68).
Si bien se puede sostener que una persona celosa por el respeto de los derechos fundamentales pueda hacer una interpretación de la norma legal acusada acorde a la Constitución, de tal suerte que se aplicara sin poner en riesgo los derechos de las niñas y los niños de las comunidades indígenas y afro del departamento del Cesar, el carácter imperativo empleado por el Congreso de la República al (sic) en el texto del literal acusado, al señalar que la cátedra es ‘de carácter obligatorio’ genera el inevitable riesgo de que las niñas y los niños pertenecientes a estos grupos étnicos puedan ser sometidos a una cátedra de talentos y valores vallenatos que no se ajuste a sus especificidades culturales, con contenido y metodologías que desconozcan el derecho a que se respete y desarrolle su identidad. Se trata de un mandato de carácter impositivo; establecido expresamente, no tácitamente; que se refiere a una materia concreta y específica en una disposición legal, expedida con posterioridad a las leyes generales en materia de etnoeducación. En tales condiciones, la posibilidad de que se siga la letra de la ley acusada y la aplique afectando los derechos fundamentales de las comunidades y grupos étnicos del departamento del Cesar, sin hacer una interpretación de la norma acusada a la luz de la Constitución Política, es alta sin duda.
El riesgo de que la norma acusada sea interpretada e implementada de forma tal que la cátedra, por su ‘carácter obligatorio’, conlleve una imposición cultural a las comunidades y grupos étnicos del Cesar, es inaceptable bajo el orden constitucional vigente. Primero, por tratarse del derecho de niñas y niños, sujetos de especial protección constitucional. Segundo, por pertenecer a grupos étnicos que, dentro de un estado pluriétnico y multicultural, implica que sus derechos han de ser protegidos de forma más decidida por la justicia constitucional.
6.5.2. En segundo lugar, es preciso resaltar que el recuento histórico que de la cultura vallenata se haga en la cátedra respectiva, como los propios demandantes lo sostienen, supone rescatar los aportes indígenas y los aportes afro que han nutrido una y otra vez el género. Es decir, la protección de la cultura vallenata, inevitablemente conlleva, a su vez, la protección de las culturas indígenas y afrocolombianas de la región que nutrieron esta música como tantas otras. Permitir a los menores indígenas y afro del Cesar reconocer la música vallenata como una más de las tantas creaciones que al lado de las demás culturas de la nación sus ancestros realizaron, en manera alguna puede ser considerado un problema constitucional. Por el contrario, es deber del Estado dar a conocer todas esas historias y esas tradiciones a las niñas y los niños, desde pequeños, para que las riquezas culturales de Colombia sigan viviendo en sus espíritus y se sigan recreando.
No obstante, la Sala Plena considera que la cátedra en cuestión solo logrará el efecto benéfico antes mencionado si quienes la diseñen e implementen en comunidades indígenas y afro tienen el debido respeto por los derechos a la etnoeducación de los cuales son titulares. En especial, al hecho de que la educación debe ser flexible e intercultural. La cátedra vallenata, si no es diseñada en su contenido y su metodología respetando y desarrollando la identidad de los grupos étnicos, desconocerá las reglas y parámetros constitucionales. En tal medida, es imperioso entender que tal cátedra, puede ser implementada por el Gobierno Nacional, siempre y cuando ello no implique una obligación a los establecimientos educativos de las comunidades indígenas y afro. Tal como lo alegan los demandantes, constituiría una imposición cultural que desconoce los derechos constitucionales de los grupos étnicos.
Por supuesto, la decisión de una comunidad indígena o afro, concreta y específica, puede llegar, incluso, a considerar que lo mejor para el respeto y el desarrollo de su identidad, como grupo étnico, es no impartir dicha cátedra. Tal decisión se ve obviamente obstaculizada por el carácter obligatorio que le imprime el texto de la disposición acusada.
6.5.3. En tercer lugar, la Sala considera que el derecho a la educación de las niñas y de los niños de los grupos étnicos de la nación, al igual que el de los demás niños y niñas de la nación, supone el derecho a acceder a los bienes y valores de la cultura. Si bien las autoridades comunitarias pueden intervenir en la educación e impedir que los valores tradicionales sean suprimidos y remplazados por otros foráneos, porque podrían poner en riesgo la supervivencia de la propia comunidad, no pueden llegar a un grado de aislamiento que impida el actuar de sus niñas y sus niños con el resto de las personas de la nación. No podría una comunidad, por ejemplo, impedir que a sus niñas y a sus niños se les enseñe español. Tienen derecho a una educación bilingüe (C.P., art. 19), pero no pueden negar a los menores la posibilidad de aprender a hablar, leer y escribir en español. De forma similar, la Sala no considera que el aprendizaje y formación en música, incluso de sonidos extranjeros y provenientes de lejanas culturas, sean un problema constitucional o afecten la educación de las niñas y los niños de los grupos étnicos. El derecho de una niña o un niño indígena a que la educación que reciba sea pensada en su contexto, su condición y las especificidades de su vida, no puede implicar la prohibición de acceder a ciertos bienes culturales a través de la educación como lo pueden ser otras músicas de la nación. Ello solo podría ocurrir si se demuestra que la promoción de la música vallenata en una determinada cultura tiene, en efecto, el nefasto impacto que reclaman los accionantes de manera genérica para todas las comunidades.
Como se dijo, los principios de participación, de interculturalidad, flexibilidad, progresividad y autonomía, participación comunitaria, son axiales para poder entender el alcance de los derechos de etnoeducación. Si se imparte la cátedra vallenata a un grupo étnico, es porque luego de participar, autónomamente se decidió que ello fuera así. Debe adoptarse una perspectiva intercultural, en virtud de la cual antes que resaltar la cultura vallenata de manera aislada, debe permitirse un diálogo entre la cultura del grupo étnico y la cultura vallenata. Para lograr tales propósitos, la cátedra vallenata debe, por supuesto, flexibilizarse en sus contenidos y metodologías; debe ser posible adecuar las materias que sean tratadas en el espacio pedagógico en que se constituya la cátedra, así como las metodologías y estrategias de enseñanza. En cualquier caso, no se puede descartar la posibilidad de que la cátedra misma no sea adoptada o implementada en el contexto de una comunidad concreta y específica.
6.5.4. Finalmente, en cuarto lugar, la Sala advierte que una cátedra no determina el contenido de toda la educación que reciben los estudiantes. Una valoración adecuada del impacto que una cátedra específica puede tener en un conjunto de estudiantes requiere considerar, además de los contenidos concretos de cada clase y de su metodología, el resto del pensum. Si un grupo de alumnos solo tiene una clase de música en su vida y esta es de música vallenata, el reclamo sin duda sería distinto. Pero si se trata de un escenario pedagógico formal entre muchos otros dedicados a diversos géneros musicales y manifestaciones culturales, el reclamo de los demandantes pierde fuerza. En otras palabras, el impacto real de la cátedra vallenata acusada supone considerar adecuadamente la totalidad del programa académico en que dicho espacio pedagógico se desarrollaría.
En tal sentido, cabe resaltar que el Congreso de la República, mediante el artículo 39 de la Ley 70 de 1993 estableció que el Estado tiene el deber de velar “para que en el sistema nacional educativo se conozca y se difunda el conocimiento de las prácticas culturales propias de las comunidades negras y sus aportes a la historia y a la cultura colombiana, a fin de que ofrezcan una información equitativa y formativa de las sociedades y culturas de estas comunidades”. Concretamente, en su segundo inciso, la norma establece que en “las áreas de sociales de los diferentes niveles educativos se incluirá la cátedra de estudios afrocolombianos conforme con los currículos correspondientes”. En desarrollo de esta decisión legal, el gobierno profirió el Decreto 1122 de 1998, mediante el cual expidió normas para el desarrollo de la cátedra de estudios afrocolombianos, en todos los establecimientos de educación formal del país y se dictaron otras disposiciones(47).
La existencia del artículo 39 de Ley 70 de 1993 tiene dos consecuencias en el presente caso. Por una parte, demuestra que la cátedra vallenata no hace parte de un sistema de educación parcializado y excluyente, que deje por fuera culturas o etnias de la nación. Concretamente, las comunidades afro, no solo del departamento del Cesar sino de toda la nación, cuentan con el beneficio de la cátedra de estudios afrocolombianos, la cual debe ser impartida en “todos los establecimientos estatales y privados de educación formal que ofrezcan los niveles de preescolar, básica y media” (D. 1122/98, art. 1º). Por otra, muestra que la cátedra vallenata lejos de ser un escenario que viole los derechos de las comunidades afro y las comunidades indígenas, se convierten en escenarios para recuperar su historia. Literalmente, son espacios para que en el sistema educativo se conozca y se difunda el conocimiento de las prácticas culturales propias de las comunidades negras e indígenas y sus aportes a la historia y a la cultura colombiana, ofreciendo así una información equitativa y formativa de las sociedades y culturas de estas comunidades.
6.5.5. El literal (d) del artículo 3º de la Ley 739 de 2002 refleja quizá el verdadero espíritu del legislador, al autorizar al Gobierno Nacional, por medio del Ministerio de la Cultura, a otorgar ‘una beca de estudios, que llevará el nombre de Consuelo Araujonoguera, al ciudadano o ciudadana colombiano que presente el mejor trabajo de investigación acerca del folclor nacional. Dicho ministerio reglamentará las condiciones, requisitos y bases del concurso’. En este caso se trata de una promoción del folclor en general, no solamente del folclor caribe, o del folclor vallenato en particular(48).
Por todas las consideraciones y las razones anteriores, la Sala Plena de la Corte Constitucional considera que la norma acusada dentro del presente proceso no es contraria al orden constitucional vigente, salvo por su carácter obligatorio, que conlleva que la misma se constituya en una imposición cultural.
En tanto la Sala decide que el carácter que se le da de obligatorio cumplimiento a la cátedra vallenata es inconstitucional por contrariar los derechos a la etnoeducación de los grupos étnicos, se advierte que no entra a analizar otras cuestiones que no fueron planteadas por los demandantes pero que podían suscitar alguna controversia, como el hecho de que la cátedra vallenata fuera obligatoria incluso en establecimientos privados. Al perder el carácter obligatorio, esta y otras cuestiones, no requieren análisis constitucional adicional.
6.6. Medidas a tomar.
6.6.1. Para hacer efectiva la decisión de protección de los derechos de etnoeducación de los niños y las niñas de las comunidades indígenas y afro, invocados por los demandantes en el proceso de la referencia, la Sala Plena de la Corte Constitucional tomará dos medidas. La primera es declarar inexequibles las expresiones ‘de obligatorio cumplimiento’ contenidas en el literal (c) del artículo 3º de la Ley 739 de 2002, mediante la cual se instituyó la cátedra de talentos y valores vallenatos. El resto del literal, se declarara exequible por las razones anotadas. La segunda es indicar que en cualquier caso, se debe entender que la cátedra en cuestión (i) es optativa y (ii) no excluye la promoción de otras expresiones culturales.
6.6.2. Ahora bien, teniendo en cuenta que los derechos de las familias pueden estar involucrados de manera específica, al comprometer la facultad de los padres para establecer el tipo de educación que han de recibir sus hijos, la Sala considera pertinente tomar una medida al respecto. En efecto, el carácter de obligatoriedad no solo pone el riesgo los derechos de las comunidades y grupos étnicos, sino también de aquellas otras personas que, por pertenecer a una minoría no étnica sino religiosa, por ejemplo, puedan ver afectadas sus libertades constitucionales para definir la educación que han de recibir sus hijos(49). En tal medida, la indicación de que la cátedra no tiene que ser de obligatorio cumplimiento es útil para la protección de tales derechos, pero requiere además, a juicio de la Sala, la advertencia de que el carácter de optativa que tendría la cátedra vallenata no solo es respecto de los establecimientos de educación, sino también con relación a los padres de familia.
7. Comentario final: la justicia constitucional es respetuosa de la vida de las culturas de Colombia, en especial de las culturas de las personas jóvenes.
7.2. Según los accionantes, uno de los riesgos de la cátedra vallenata, es que se estaría promoviendo la imposición de una determinada cultura que los jóvenes en la actualidad han venido haciendo suya.
7.3. En un Estado social y democrático de derecho, multicultural y pluriétnico, la justicia constitucional es respetuosa del desarrollo y evolución de la vida de las culturas. A la justicia le compete asegurar que las diferentes músicas, letras y colores que expresan los sentimientos a lo largo y ancho de la nación, se creen, mezclen y recreen en libertad. No les corresponde a los jueces constitucionales establecer el rumbo de la cultura, la preferencia o prevalencia de algunas de sus formas sobre otras. Si bien los particulares y las personas en general pueden manifestar sus opiniones y juicios de valor acerca de las manifestaciones y expresiones culturales, no es tal la función o la facultad de un funcionario judicial. A este le corresponde garantizar la libertad de creación de las personas que decidan realizar tales actos y productos culturales y la de aquellas que desean comentarlas y valorarlas, sea cual sea su opinión.
Ahora bien, en tal sentido, merecen especial protección frente a la posible marginación o exclusión, las manifestaciones culturales novedosas que realizan las personas jóvenes en Colombia. Las innovaciones y creaciones de los nuevos talentos que desean expresarse por rumbos desconocidos, como lo puede ser un nuevo ritmo, o por rumbos ya conocidos pero expresados de otra manera o con otras técnicas. Tales son los casos, por ejemplo, de la cumbia electrónica que hoy en día se hace en Soledad, Atlántico y otras regiones del caribe o del hip-hop que se está haciendo en el Chocó y en muchas otras regiones, como el Valle del Cauca.
La justicia constitucional debe celebrar y proteger todas las manifestaciones culturales, sin importar cuál sea su tipo o condición. Se deben proteger manifestaciones culturales que se pierden en la historia y la memoria, aquellas que se han consolidado recientemente y constituyen un gran orgullo nacional, tanto como aquellas que hasta ahora se constituyen y cristalizan, porque son las creaciones de espíritus jóvenes, cuyas emociones, hasta ahora encuentran las formas para expresarse y manifestarse.
Una de las razones por las cuales las personas deben poder tener acceso a diferentes formas y visiones culturales, es porque ello les dará más herramientas creativas para expresarse, a la vez que les da mayor bienestar y placer estético y espiritual. La música no solo mantiene historias y tradiciones, permite forjar mejores personas. Las expresiones culturales no sólo reviven el pasado, enriquecen el presente.
En conclusión, el Congreso de la República no viola los derechos fundamentales de la comunidades indígenas y de las comunidades afro del departamento del Cesar, en especial de sus niñas y niños, al autorizar al Gobierno Nacional a crear un espacio pedagógico para la promoción de una expresión cultural regional y nacional [‘Cátedra valores y talentos vallenatos, Consuelo Araujonoguera’], siempre y cuando no sea obligatoria y respete los derechos de etnoeducación de los grupos étnicos. Se debe garantizar que la implementación de tal cátedra, respete y desarrolle su identidad como grupo étnico.
Declarar INEXEQUIBLE la expresión ‘de obligatorio cumplimiento’ contenida en el literal c) del artículo tercero de la Ley 739 de 2002, y EXEQUIBLE el resto del literal, en el entendido que la cátedra ‘valores y talentos vallenatos, Consuelo Araujonoguera’ es optativa para los establecimientos educativos y padres de familia y sin perjuicio de la promoción de otras expresiones culturales.
(1) Publicada en el Diario Oficial Nº 44.786 de 10 de mayo de 2002.
(12) El Festival de la Leyenda Vallenata fue creado en 1968 por Consuelo Araujonoguera, Alfonso López Michelsen y Rafael Escalona.
(13) La doctora Consuelo Araujonoguera fue asesinada en septiembre de 2001, luego de ser secuestrada por el grupo guerrillero FARC.
(14) Gaceta del Congreso Nº 506 de 2001. El proyecto de ley 05 de 2001, Senado, como fue radicado, fue presentado por el senador Antonio Guerra de la Espriella.
(15) Comunidades afrodescendientes, comunidades afrocolombianas, comunidades negras; todas las formas de auto denominación o identificación son aceptables y respetables desde una perspectiva constitucional.
(16) Al inicio del régimen constitucional de 1886, se expidieron normas que daban un tratamiento excepcional a los pueblos indígenas, las cuales fueron importantes para permitirles sobrevivir como culturas y comunidades diferenciadas de la cultura dominante. Ver por ejemplo la Ley 89 de 1890, la cual fue objeto de análisis por parte de la Corte Constitucional en el contexto de la Sentencia C-139 de 1996 (M.P. Carlos Gaviria Díaz).
(17) Manuel Quintín Lame (1880-1967), líder indígena acusado por las autoridades nacionales de fundar una República indígena independiente en 1914.
(18) A la división de diseño y programación curricular de educación formal se le daba, entre otras, la función de “Diseñar, programar y evaluar el currículo para la educación de las comunidades indígenas, con la participación directa de los miembros de dichos comunidades” (D. 088/76, art. 33).
(19) Ley 115 de 1994, artículo 5º. Fines de la educación. De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, la educación se desarrollará atendiendo a los siguientes fines: 1. El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le imponen los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores humanos. || 2. La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad. || 3. La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación. || 4. La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la cultura nacional, a la historia colombiana y a los símbolos patrios. || 5. La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del saber. || 6. El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad étnica y cultural del país, como fundamento de la unidad nacional y de su identidad. || 7. El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la cultura, el fomento de la investigación y el estímulo a la creación artística en sus diferentes manifestaciones. || 8. La creación y fomento de una conciencia de la soberanía nacional y para la práctica de la solidaridad y la integración con el mundo, en especial con latinoamérica y el Caribe. || 9. El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de la calidad de la vida de la población, a la participación en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas y al progreso social y económico del país. || 10. La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de los recursos naturales, de la prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo y la defensa del patrimonio cultural de la Nación. || 11. La formación en la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos y habilidades, así como en la valoración del mismo como fundamento del desarrollo individual y social. || 12. La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la prevención integral de problemas socialmente relevantes, la educación física, la recreación, el deporte y la utilización adecuada del tiempo libre, y || 13. La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del país y le permita al educando ingresar al sector productivo.
(20) Creole english.
(21) Ese era un ejemplo clásico; antes de las políticas de etnoeducación era usual ver a un maestro de clase de cívica, enseñando a unos niños en la mitad de la selva, en una comunidad indígena, qué es un semáforo y cómo debía ser utilizado. En tales situaciones, los precarios materiales auxiliares audiovisuales generaban retos complejos al docente, pues los menores no tenían ningún acceso a un semáforo.
(22) Corte Constitucional, Sentencia T-1085 de 2003 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett); la Sala consideró entre otras cosas, lo siguiente: “La existencia de estas actuaciones, independientemente de su contenido, de su adecuación con la legalidad o de la relación que exista entre las mismas y los intereses del gobernador del Cabildo Totarco Tamarindo, permiten a la Corte establecer que el cabildo estuvo enterado del procedimiento administrativo y que intervino en él, como representante de los intereses de la comunidad indígena. Otra cosa es que la respuesta otorgada por la secretaría a los requerimientos del cabildo no fuese satisfactoria a sus particulares propósitos, que se haya presentado una desavenencia respecto de la interpretación de las normas que regulan el trámite administrativo para el nombramiento de docentes en las comunidades indígenas o incluso que, eventualmente, la administración no haya sometido su conducta a las normas que regulan dicha actividad o haya extralimitado su función, situaciones que de presentarse darían lugar a que se iniciaran las acciones contencioso administrativas pertinentes. || De otro lado, en el expediente no consta que se haya nombrado docente alguno en los establecimientos educativos del resguardo indígena ubicado en el municipio de Coyaima. Sin embargo, ello no obsta para que la Corte afirme que de haberse proferido algún acto administrativo en este sentido (nombramiento de los docentes), esté a salvo, en todo caso, la posibilidad de interponer en su contra, las respectivas acciones contenciosas, como serían, por ejemplo, las de nulidad, y nulidad y restablecimiento del derecho. Estas actuaciones tendrían lugar si el gobernador del Cabildo Totarco Tamarindo o cualquiera persona de la comunidad considera que la actuación administrativa de la secretaría de educación desconoce, no solo los derechos fundamentales de la comunidad al debido proceso, consulta previa, igualdad y autodeterminación, sino también aquellos derechos reconocidos en la ley a favor de las comunidades indígenas en materia de etnoeducación y de autogestión administrativa”.
(23) Al respecto ver la Sentencia T-784 de 2006 (M.P. Jaime Araújo Rentería).
(24) Similar posición fue sostenida por la Corte en la Sentencia T-880 de 2006.
(25) Sentencia C-030 de 2008 (M.P. Rodrigo Escobar Gil). En similar sentido, las sentencias SU-039 de 1997 (M.P. Antonio Barrera Carbonell. S.V. Hernando Herrera Vergara, Vladimiro Naranjo Mesa, Fabio Morón Díaz y Jaime Vidal - conjuez), T-652 de 1998, C-891 de 2002 (M.P. Jaime Araújo Rentería), T-382 de 2006, C-175 de 2009 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. S.V. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Cristina Pardo Schlesinger. S.P.V. Humberto Sierra Porto y Nilson Pinilla Pinilla), C-615 de 2009 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. S.V. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo) y T-769 de 2009, entre otras.
(26) Sentencia SU-039 de 1997 (M.P. Antonio Barrera Carbonell. S.V. Hernando Herrera Vergara, Vladimiro Naranjo Mesa, Fabio Morón Díaz y Jaime Vidal - conjuez). Reiterada en las sentencias T-652 de 1998, SU-383 de 2003 y T-769 de 2009.
(27) Corte Constitucional, Sentencia T-116 de 2011 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto).
(28) Corte Constitucional, Sentencia T-717 de 1996 (M.P. Antonio Barrera Carbonell); la Sala resolvió, entre otras cosas, “ordenar la tutela impetrada por la Asociación de Cabildos Organización Regional Indígena del Valle del Cauca (Orivac). Consecuencialmente y con el fin de tutelar el derecho a la educación y al libre desarrollo de la personalidad de los miembros de las comunidades indígenas que la entidad peticionaria de la tutela asocia, ordenar al Ministerio de Educación Nacional y al departamento del Valle del Cauca —secretaría de educación— que en el término de 48 horas procedan a formalizar el convenio interadministrativo requerido para el manejo de los recursos asignados al departamento con destino al mejoramiento de la calidad de educación de sus comunidades indígenas, mediante Resolución 931 del 18 de marzo de 1996 del mismo Ministerio de Educación”.
(29) En la Sentencia T-899 de 2005 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra); la Sala resolvió, entre otras cosas: “[…] confirmar la sentencia proferida por la Sección Segunda Subsección A de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en la acción de tutela interpuesta por la Fundación Ombudsman Colombia por intermedio de su representante legal y como agente oficioso de 82 alumnos del Centro Educativo Rural Bilingüe Inga Colón de Putumayo contra Ministerio de Educación Nacional, gobernación del Putumayo y secretaría de educación y cultura del Putumayo, por los motivos expuestos en esta providencia, con la precisión de que si el ‘Centro Educativo Rural Bilingüe Inga Colón’ no posee la organización necesaria para administrar recursos del Estado, los dineros por concepto de transferencias han de ser administrados por el departamento, ente territorial que deberá realizar las actividades necesarias para impulsar el mejoramiento de las condiciones materiales que permitan una educación adecuada a la población indígena, respetando su propia cultura”.
(30) Corte Constitucional, Sentencia C-208 de 2007 (M.P. Rodrigo Escobar Gil).
(31) Corte Constitucional, Sentencia T-379 de 2011 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto); la Sala resolvió, entre otras cosas: “ordenar al Ministerio de Educación Nacional que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente sentencia, expida una directiva ministerial en la que oriente a las entidades territoriales encargadas de reportar las vacantes de docentes y directivos docentes para los concursos públicos de méritos del Decreto-Ley 1278 de 2002 en el sentido de que, en adelante, antes de reportar las vacantes en cargos de docentes o directivos docentes en instituciones educativas oficiales que atiendan población indígena y población que no se identifica como perteneciente a una etnia, el departamento, el municipio o el distrito —según el caso— deberá convocar a una consulta previa a las comunidades indígenas con presencia en la respectiva entidad territorial con el fin de identificar criterios temporales para en qué casos estas vacantes deben ser excluidas de los concursos públicos de méritos del Decreto-Ley 1278 de 2002. Solo una vez hecha la consulta previa —departamental, distrital o municipal— y definidos los criterios temporales para determinar las vacantes que deben ser excluidas de los mencionados concursos, estos podrán ser aplicados para determinar cuáles de los cargos vacantes se reportarán para el concurso público de méritos. Los cargos que queden excluidos, mientras se concluye el proceso de consulta previa que se sigue actualmente en la Comisión Nacional de Trabajo y Concertación de la Educación para los Pueblos Indígenas, deberán ser provistos temporalmente, mediante nombramiento en provisionalidad, con respeto del artículo 62 de la Ley 115 de 1994 y el artículo 12 del Decreto 804 de 1995”.
(32) Corte Constitucional, Sentencia T-907 de 2011 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; A.V. Luis Ernesto Vargas Silva); la Sala resolvió, entre otras cosas, “[…] ordenar a la alcaldía municipal de Sincelejo que, en coordinación con el Ministerio del Interior, en un término de seis (6) meses, contados a partir de la notificación de la presente providencia, adelante el proceso de consulta previa para la designación de los etnoeducadores del Resguardo Indígena Zenú de San Andrés de Sotavento Córdoba, Sucre, de conformidad con sus usos y costumbres. Una vez sea finalizado dicho proceso, la alcaldía deberá proceder al nombramiento en propiedad de los docentes escogidos. En relación con aquellos nombrados en provisionalidad, ordenar que el Resguardo Indígena Zenú de San Andrés de Sotavento Córdoba, Sucre, dentro del ámbito de su autonomía y en coordinación con las autoridades de educación del municipio, decida sobre las consecuencias de dichas designaciones. No obstante, este procedimiento no podrá afectar la continuidad y la oportuna prestación del servicio educativo dentro del resguardo”.
(33) Corte Constitucional, Sentencia C-937 de 2011 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; A.V. Nilson Elías Pinilla Pinilla, S.V. Humberto Antonio Sierra Porto). La Sala consideró, entre otras cosas, que “[…] con el sentido así clarificado de la expresión acusada, la selección de los educadores que se desempeñarán en los territorios ocupados por los grupos étnicos debe efectuarse a través del mecanismo de la concertación entre los voceros de las comunidades indígenas y las autoridades encargadas de administrar el servicio público de educación, el cual debe tomar cuenta de manera auténtica, los criterios a que alude la propia ley como son los de integridad de la comunidad, interculturalidad, diversidad lingüística, participación comunitaria, flexibilidad y progresividad”. Para la Sala: “contrario a lo afirmado por el ciudadano demandante sí existen criterios jurisprudenciales, e incluso unos condicionamientos vinculantes para el intérprete que permiten suministrar un alcance suficiente, claro y comprehensivo a la expresión “en concertación con las autoridades competentes” prevista en el artículo 62 de la Ley 115 de 1994”.
(34) González, Héctor (2007) Vallenato, tradición y comercio. Universidad del Valle. Cali, 2007. Pág. 1. Al respecto, el autor sostiene: “Vallenato: ¿antiguo? o ¿producto de la modernidad? || Uno de los temas que causa mayor polémica es el relacionado con las circunstancias y fechas de nacimiento de las distintas expresiones musicales americanas. En el caso del vallenato se enfrentan dos tesis: la primera sostiene que se trata de una manifestación que tiene ancestros en ritmos más antiguos y que los primeros exponentes del acordeón datan de finales del siglo XIX (Araujonoguera, Gutiérrez Hinojosa, entre otros). La segunda tesis sostiene simplemente que la música vallenata es producto de la modernidad (Wade, Gilard y otros). […] || […] Lo cierto es que tanto la llamada música de gaita —que se usa muy corrientemente en la cumbiamba— como en la actual música vallenata se pueden observar elementos comunes y es apenas lógico suponer que la primera sirvió de sustrato inicial a la segunda. Todavía en la actualidad se practican en la región del antiguo Magdalena Grande cantos del pilón, cumbiambas, merengues, bailes de palenque y porros, interpretados generalmente por un conjunto de voces e instrumentos de percusión con liderazgo de una cantaora solista. || […] Muchos clásicos del vallenato, sobre todo los de las primeras generaciones, tuvieron contacto cercano con la música de gaita o fueron sus intérpretes. Emiliano Zuleta, el viejo, nacido en 1912 debía haber aprendido a tocar carrizo o gaita, antes del acordeón, además de caja, guacharaca, redoblante y bombo (Zuleta: 2001). El abuelo de Alejo Durán, Juan Bautista Durán Pretelt, era ‘músico de pito atravesao’ (caña de millo) que tocaba en un conjunto típico que se acompañaba ‘con un llamador, un tambor largo y maraca o una guacharaca’. […]” Pág. 60.
(35) Al respecto pueden consultarse, entre otros textos, los siguientes: Araujonoguera, Consuelo (1973) Vallenatología, orígenes y fundamentos de la música vallenata; Fals Borda, Orlando (1979) Historia Doble de la Costa; Gutiérrez Hinojosa, Tomás Darío (1992) Cultura vallenata: origen, teoría y pruebas; Quiroz Otero, Ciro (1983) Vallenato, hombre y canto.
(36) González, Héctor (2007) Vallenato, tradición y comercio. Universidad del Valle. Cali, 2007. Se dice al respecto: “La reducción del sincretismo americano a un asunto de mezcla armónica de tres imaginarios diferentes es una visión simplista que pasa por alto los complejos procesos históricos y de heterogeneidad que cada una de las tres culturas tenían en su interior al momento del contacto. Los ‘blancos’ españoles eran resultado del mestizaje de una gran variedad de razas y en esta conformación, el aporte africano sobresalía en muchos aspectos de su cultura. La música popular del sur de España, tenía y tiene una fuerte presencia africana y asiática en las expresiones que hoy conocemos como del tipo flamenco. […]. || Lo mismo, pero en mayor escala, sucedía con las músicas africanas e indígenas, ya que no se trataba de diversidad cultural por agrupación regional dentro de un país, sino de manifestaciones de pueblos enteros, cada uno con su propia historia, que fueron homogenizados forzosamente en el discurso oficial en las categorías de […] indios y negros. […]”. Pág. 15.
(37) González, Héctor (2007) Vallenato, tradición y comercio. Universidad del Valle. Cali, 2007. Pág. 13.
(38) González, Héctor (2007) Vallenato, tradición y comercio. Universidad del Valle. Cali, 2007. “Por un lado se encuentra el elemento europeo aportado durante los periodos de conquista y colonia que —ya hemos señalado— presenta características africanas remanentes como consecuencia de su pasado cultural árabe y su contacto con los pueblos subsaharianos. Igualmente, es menester observar que se trata de varias músicas que podemos tipificar en dos vertientes: las asociadas al ritual católico o de tintes cortesanos, pertenecientes al discurso oficial, y las músicas de divertimento, que a su vez presentan diferentes sabores, dependiendo de las regiones españolas de procedencia o de sus núcleos segregados. Es importante tener en cuenta también que las músicas europeas transculturadas durante los casi cuatro siglos de dominio hispánico en América, estuvieron sujetas al devenir de los cambios estilísticos que se sucedieron en el mismo tiempo en el resto de Europa, tanto a nivel de la composición académica, como dentro de los procesos locales de la música popular. Estas modificaciones incluyeron, en algunos casos, grandes cambios de paradigma como, por ejemplo, la adopción del sistema tonal en sustitución del sistema modal renacentista, a partir de finales del siglo XVI, o simplemente se trató de modas internacionalizadas que llegaron a nuestro continente por vía transatlántica como, por ejemplo, las danzas de salón burgués del tipo vals, contradanza, mazurca o polca del siglo XIX. || La segunda gran fuente aportante es, sin lugar a dudas, la cultura musical africana cuya inserción en el mestizaje representa, realmente, un reencuentro de la música europea con una parte de sus propios orígenes, en otras tierras: […] || Por último, la aparición de los poderosos medios sonoros y audiovisuales modernos, complementaron los ingredientes del mestizaje cultural que dio forma a la música vallenata que conocemos, al difundir masivamente los modelos estandarizados de músicas provenientes de la Cuenca Caribe y México principalmente, que compartían de hecho, muchos elementos de los sustratos más antiguos de toda América Latina”. Pág. 57.
(39) “Clasificación de algunos aires de gaita y baile cantao
Ritmos de subdivisión binaria Ritmos de subdivisión ternaria
Cumbia - Porro - Puya o porro - tapao - Son Mapalé - Fandango de lengua - Merengue - Chandé
Clasificación de algunos aires del vallenato
Son - Paseo Merengue - Puya
González, Héctor (2007) Vallenato, tradición y comercio. Universidad del Valle. Cali, 2007. Pág. 64.
(40) Sobre la vida de Alejo Durán, sus orígenes afro, su mundo y legado artístico, ver por ejemplo: Pretelt Chaljub, Jorge Ignacio (Dir.); Maestra Osorio, Arminio & Martínez Simanca, Albio. (1999) Alejo Durán: Su vida y su música. Domus Libri. Bogotá, 1999.
(41) Estas cuestiones han sido consideradas por la jurisprudencia constitucional en el pasado, por ejemplo, a propósito de la Sentencia C-931 de 2009 (M.P. María Victoria Calle Correa; S.V. Juan Carlos Henao Pérez y Luis Ernesto Vargas Silva; A.V. María Victoria Calle Correa).
(42) Dijo al respecto el columnista Jorge Nain Ruiz: “[…] si lo que preguntamos es si el vallenato nació con el acordeón o con la guitarra, la respuesta tiene que ser: con ninguno de los dos, porque mucho antes de ser interpretado con estos, hubo otro instrumento mucho más autóctono que ocupó el lugar de privilegio que llena hoy el acordeón. Ese instrumento es la flauta, carrizo, pitos o gaita; por eso dice Ciro Quiroz: ‘El merengue, el son, el paseo y otros ritmos fueron tocados primero con pitos y gaitas a la orilla del río Magdalena, según afirmación de Gneco Rangel, en la primera reseña escrita que de este género musical se tiene en el país’ || Por su parte, Tomás Darío Gutiérrez afirma en su obra Cultura Vallenata: Origen teoría y pruebas: ‘Es así como la guacharaca redujo su extensión; el tambor aborigen se convirtió en caja al perder una membrana y adoptar la percusión con las manos, y el carrizo o flauta vertical que ocupó en otros tiempos el lugar del acordeón debió ceder el espacio a este, su pariente aerófono’. || Queda entonces claro que los instrumentos que conforman la famosa trilogía vallenata (caja, guacharaca y acordeón) todos tienen antecesores (tambor, maracas, flauta) y no es la guitarra propiamente la primigenia del acordeón’”. Nain Ruiz, Jorge ¿El vallenato se inició con acordeón o con guitarra? en El Tiempo. 5 de marzo de 2007. Ver:
[http://www.eltiempo.com/blogs/vallenateando/2007/03/El-Vallenato-se-inici-con-Acor.php#more]
(43) Ver por ejemplo, González, Héctor (2007) Vallenato, tradición y comercio. Universidad del Valle. Cali, 2007. Dice al respecto: “El pretendido paso automático de la gaita al acordeón no es un hecho musical tan simple como se pretende y representa, en todo caso, la eliminación de cualquier posible aporte indígena al discurso melódico del vallenato. Por otra parte si intentamos relacionarlo con el aspecto semántico-musical ancestral de esos pueblos, la distancia es todavía mayor. De hecho, se ha podido establecer que, tanto en forma como en función, los sistemas musicales precolombinos no guardan ninguna relación con el lenguaje que conocemos, puesto que en la mayoría de los casos se trata de un complejo de ‘tonos’ significantes ritualizados, en el que tienen valor simbólico —y a veces mágico— todos los elementos que intervienen en el acto musical […]”. Pág. 64.
(44) Es el caso del trabajo musical de Carlos Vives que, con la colaboración de otros músicos como Ernesto ‘Teto’ Ocampo, Iván Benavides o Mayte Montero, por mencionar algunos, ha recuperado tradiciones afro o indígenas perdidas, como devolver al vallenato el sonido de las gaitas y de las tamboras.
(45) Por mencionar tan solo algunos ejemplos: los trabajos musicales de los colombianos Juan Sebastián Monsalve, Antonio Arnedo, Totó la Momposina o el grupo Herencia de Timbiquí.
(46) Corte Constitucional, Sentencia T-345 de 2002 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa); la Sala decidió que la Universidad Católica Popular del Risaralda le había violado a Ricardo Echeverri Ossa su libertad de conciencia en tanto se le obligó a tomar un curso que, en razón a la metodología con la que era tratado su contenido, eminentemente religioso, implicaba una amenaza grave y real a la garantía constitucional, clara y expresa, de no ser obligado a revelar sus convicciones y creencias.
(47) Este decreto fue demandado el 5 de septiembre de 2012 ante la Corte Constitucional.
(48) La exministra Consuelo Araujonoguera (QEPD) resaltó por ejemplo las investigaciones que recuperaban los aportes de la cultura afro de Colombia. Artículo de El Espectador. Enero 27 de 1980. “Nina Friedeman en Blanco y Negro. Ríos de Oro… y de Problemas”. Por Consuelo Araujonoguera. Sobre Nina Friedeman y sus investigaciones sobre palenque.
(49) Corte Constitucional, Sentencia T-588 de 1998 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz); la Sala resolvió tutelar los derechos de un padre de familia que no quería que sus hijos asistieran a una clase de danza del colegio, pues, en razón a sus convicciones religiosas, consideraba pecaminoso el baile en general, y los ritmos eróticos y sensuales elegidos por el establecimiento educativo en especial (por ejemplo, el carrapicho [garrapicho]).