Source: http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=15&id=1693
Timestamp: 2017-05-28 10:21:12
Document Index: 369985134

Matched Legal Cases: ['artículo 61', 'artículo 268', 'artículo 47', 'artículo 221', 'artículo 4', 'artículo 48', 'artículo 33', 'artículo 4', 'artículo 61', 'artículo 268', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 10', 'artículo 47', 'artículo 221', 'artículo 47', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 48', 'artículo 4', 'artículo 3', 'artículo 11', 'artículo 48', 'artículo 58', 'artículo 48', 'artículo 58', 'artículo 20', 'artículo 25', 'Artículo 69', 'artículo 132', 'artículo 102', 'artículo 107', 'artículo 72', 'artículo 196', 'artículo 5', 'artículo 58', 'artículo 5', 'artículo 33', 'artículo 196', 'artículo 33', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 33', 'artículo 33', 'artículo 33', 'artículo 32', 'artículo 33', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 43', 'artículo 47', 'Artículo 43', 'artículo 43', 'artículo 58', 'artículo 33', 'artículo 72', 'artículo 58', 'artículo 4', 'artículo 25']

CELEBRADA EL MIÉRCOLES 16 DE MARZO DE 2016.
Oficios con los que remiten los siguientes proyectos de decreto: Uno, por el que se adiciona una fracción VI al artículo 61 de la Ley General de Salud y otro por el que se reforma el artículo 268 Bis-1 de la Ley General de Salud
Oficio con el que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Sociedades de Solidaridad Social
Del Senador Gerardo Sánchez García y a nombre propio de los Senadores Manuel Cota Jiménez, Hilda Flores Escalera, Mely Romero Celis, Carlos Romero Deschamps, René Juárez Cisneros, Francisco Yunes Zorrilla y Luis Melgar Bravo, proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 3º, 7º y 11 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable
De la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa y a nombre de la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados
Del Senador Luis Humberto Fernández Fuentes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto que adiciona el artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y adiciona el artículo 221 Bis al Código Penal Federal
Del Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Del Senador Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Vivienda y de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores
De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley de Asociaciones Público Privadas
De las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto que adiciona una fracción VI al artículo 48 de la Ley de Migración
INTERVENCIÓN Senadora Erika Ayala Ríos
De las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 2 y 28 de la Ley de Migración
INTERVENCIÓN Senadora Lucero Saldaña Pérez
De las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 20, 25, 69 y 107 de la Ley de Migración
INTERVENCIONES Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza
De las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 5 y 7 de la Ley de Ciencia y Tecnología
FUNDAMENTACIÓN DEL DICTAMEN Senador Patricio Martínez García
INTERVENCIONES Senador José Marco Antonio Olvera Acevedo
De las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IV y se adiciona una fracción V, recorriéndose la actual y la subsecuente en su orden, todas del artículo 33 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables
FUNDAMENTACIÓN DEL DICTAMEN Senador Francisco López Brito
INTERVENCIONES Senador Ricardo Barroso Agramont
Senador Jorge Aréchiga Ávila
De las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que se adicionan diversas fracciones al artículo 4º y se adiciona el 25 Bis a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables
INTERVENCIÓN Senador Oscar Román Rosas González
ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, POR EL QUE SE MODIFICA LA INTEGRACIÓN DE COMISIONES
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: (11:57 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las y los Senadores.
El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Honorable Asamblea: Conforme al registro de asistencia se han acreditado 76 ciudadanas Senadoras y ciudadanos Senadores.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se abre la sesión del miércoles 16 de marzo correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura.
En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba. El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. (La Asamblea asiente)
Aprobada el acta, señor Presidente. El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Proceda la Secretaría con el siguiente asunto.
El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Se recibieron de la Cámara de los Diputados los siguientes proyectos de decreto: Uno, por el que se adiciona una fracción VI al artículo 61 de la ley General de Salud. Y otro, por el que se reforma el artículo 268 Bis-1 de la Ley General de Salud. El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Túrnese ambos asuntos a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos. Pasamos al siguiente asunto. El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: También de la Cámara de los Diputados se recibió un proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Sociedades de Solidaridad Social. El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Túrnese a las Comisiones Unidas de Fomento Económico y de Estudios Legislativos, Primera. En el apartado de iniciativa, tiene el uso de la tribuna el Senador Gerardo Sánchez García, para presentar a nombre propio y de diversos Senadores un proyecto de decreto por el que se adicionan diversos artículos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
El Senador Gerardo Sánchez García: Con su permiso, Senador Presidente. Compañeras y compañeros Senadores. A nombre de los Senadores Manuel Humberto Cota, Hilda Esthela Flores, Mely Romero, Carlos Romero Deschamps, René Juárez Cisneros, José Francisco Yunes Zorrilla y Armando Melgar Bravo, y el de la voz, sometemos a consideración del Pleno iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3°, 7° y 11 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable con la finalidad de impulsar el uso de energías renovables. Como ustedes saben, debido al cambio climático, durante las últimas décadas el esfuerzo a nivel mundial por reducir las emisiones contaminantes que han sido elementos causales del cambio climático, en la actualidad se han posicionado como un tema primordial en la agenda de los gobiernos de muchos países. Una de las principales soluciones impulsadas es la transición del uso de combustibles fósiles al uso de fuente no contaminantes o de menor impacto ambiental como las energías renovables. México destaca a nivel mundial por ser uno de los países con las metas más ambiciosas en materia de generación de energía mediante fuentes no fósiles. Se debe de destacar que como producto de la Reforma Energética el 24 de diciembre del año pasado fue publicada la Ley de Transición Energética, en la cual se establece la estrategia de transición para promover el uso de tecnologías y combustibles más limpios. El Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, junto con la ley, se suman como herramientas para el establecimiento de metas políticas y medidas para impulsar el uso energético de los recursos renovables. El Senado de la República, como un Poder de la Unión, siempre se ha preocupado por atender los efectos del cambio climático, uno de los propósitos del nuevo siglo debe ser el poner al día los diversos ordenamientos a fin de que se redoblen los esfuerzos para cambiar el uso de energía contaminante por aquellas con menor impacto. Las fuentes de energía como insumo son utilizadas en todas las actividades productivas del país, el campo es uno de los sectores esenciales para la producción de alimentos e insumos para la industria, es también uno de los sectores que mayor impacto ambiental tiene al ser gran demandante de recursos naturales. La energía eléctrica es uno de los insumos esenciales para las diferentes actividades productivas del campo, es utilizada principalmente en sistemas de bombeo, para el riego y en las instalaciones de producción pecuaria. El diésel es otro de los combustibles que más demanda las actividades de este sector, ya que es utilizado de igual manera en sistemas de bombeo y en la maquinaria agrícola. El propósito de la presente iniciativa es fortalecer el impulso para transitar del uso de energías contaminantes en el campo, al uso de energías limpias y con menor impacto ambiental.
Es de destacar que siendo la Ley de Desarrollo Rural Sustentable el principal ordenamiento que regula las actividades productivas en la materia, el término energía renovable no se encuentra incluido dentro de la misma.
En este sentido, la iniciativa propone plasmar en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, tanto la definición de energías renovables, como la de obligación del Estado para promover e impulsar el uso de las mismas en el medio rural, fortaleciendo así el cumplimiento de metas y objetivos que nuestro país se ha trazado en beneficio del medio ambiente.
Por la importancia del tema, señor Presidente, le solicito que esta iniciativa se turne también a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como a la de Agricultura y Ganadería.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Túrnese a las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural; Medio Ambiente, Recursos Naturales; Agricultura y Ganadería; y Estudios Legislativos.
Tiene ahora el uso de la palabra la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, para presentar a nombre propio y de la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, ambas del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, un proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley que establece las Normas Mínimas sobre la Readaptación Social de Sentenciados.
La Senadora Luisa María Calderón Hinojosa: Gracias Presidente. Buenos días.
El 11 de febrero pasado hubo un tremendo motín en la cárcel de Topo Chico que dejó casi 50 muertos y 12 heridos. Todos nos escandalizamos, todos dijimos que qué pasa, fue terrible ese tema de Topo Chico, pero después las aguas volvieron a su nivel y no hemos vuelto al tema.
Yo entiendo que hay muchos problemas penitenciarios con las sentencias y mucha gente que está esperando ser procesada, pero también las cárceles son un espacio en el que tenemos que pensar de manera diferente.
Así que la Senadora Mariana Gómez del Campo y una servidora estamos presentando hoy una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos IV y VI del artículo 3, así como adicionan el VII párrafo del artículo 3 realizando recorrido de los subsiguientes y un capítulo VII y los artículos 19, 20 y 21 de la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, conforme a la siguiente exposición de motivos:
“Cuando estás en la cárcel miras mucho, miras las paredes, miras el suelo, miras el techo”. Esto dijo Philip Kerr, un abogado escocés que cuidaba de los reclusos hace poco tiempo.
Vivimos en un Estado democrático constitucional y de derecho y es obligación del Estado respetar el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad y promover el desarrollo integral de las personas. Esto es un tema que nos llama mucho la atención, porque en nuestro país en las cárceles, hay por ejemplo ocho cárceles federales en las que se controla el clima, el alimento, la ropa limpia y cada uno de los aspectos físicos de la vida de los internos, pero pasan horas y horas y horas sin hacer nada. Esto es lo que más afecta al desarrollo de su personalidad, además salen de la cárcel con una mano atrás y otra adelante, y lo primero que hacen es volver a delinquir, muchos de ellos, para poder tener comida y acercarse a su casa.
Por eso es que queremos hacer esta iniciativa que tiene que ver con cuidar a la vida y la dignidad integral de las personas en la cárcel.
A pesar de los esfuerzos normativos presupuestarios y materiales para alcanzar los mínimos derechos que conllevan la dignidad humana, siguen existiendo espacios oscuros cuyas acciones del Estado y por qué no decirlo, la sociedad se niega a ver como lo es el sistema carcelario.
La humanización del Sistema de Readaptación Social no sólo fortalece la cosmovisión que tenemos de los reos, y les ayuda a identificarse como miembros de una comunidad que no los condena, sino que los pretende ayudar, sino que en esencia será un reflejo de la defensa de nuestros valores. Sólo entonces seremos una sociedad en la medida que tratemos mejor a nuestros prisioneros.
No hay fórmulas mágicas, pero a partir del 18 de junio de 2008 entró en vigor la reforma constitucional en materia de justicia penal, encaminada a construir un nuevo Sistema Nacional Penitenciario. De dicha reforma se desprende la obligación de cada entidad federativa de promulgar en un lapso de tres años una legislación secundaria sobre el nuevo Sistema de Reinserción, así como el régimen de modificación de las penas.
Pese a esta reforma los incidentes en los centros penitenciarios del país siguen ocurriendo de manera cotidiana, se registra sobrepoblación en los centros penitenciarios, menos que hace ocho años, pero todavía hay bastante sobrepoblación, especialmente en los centro estatales.
Los datos son cada vez más alarmantes. Al mes de diciembre de 2015, más del 41 por ciento de la población penitenciaria total en México, estaba en la cárcel esperando a que le dictaran una sentencia. Los 389 centros penitenciarios que existen en México cuentan con una capacidad total instalada para 208,905 reclusos, sin embargo están registrados 247 mil 488 presos, significa que en México existe una sobrepoblación de 38,585 personas en los 389 centros penitenciarios, es decir 47 por ciento de sobrepoblación.
Apenas a finales del año pasado fueron reportadas 183 incidencias en el sistema penitenciario. De éstas, 61 fueron riñas, en las que participaron 131 reclusos; 46 agresiones a terceros, con 66 participantes; 19 autoagresiones; 49 decesos; 3 suicidios; un intento de suicidio; una huelga de hambre; un homicidio; un intento de fuga, así que necesitamos ver qué pasa en las penitenciarías.
A 8 años de la reforma nacional del sistema penitenciario, observamos con preocupación que el problema no se ha resuelto.
Nosotros queremos en esta iniciativa buscar, en primer término, regular los casos en que los delincuentes del orden federal puedan compurgar sus penas en centros de readaptación social estatales, cuidando la capacidad de población del centro receptor, la peligrosidad del reo y la infraestructura de seguridad con que se cuente. Ello, ya que en muchos de los casos de violencia interna descritos arriba, ha sido causados justamente por reos federales de alta peligrosidad cuya capacidad económica y operativa les permite controlar la vida del centro de readaptación social al que son remitidos. También queremos fortalecer un sistema de desarrollo integral de las mujeres reclusas, para que cuenten con atención adecuada para que las madres internas, cuyos hijos menores de edad permanezcan con ellas para asegurar su desarrollo integral, incluyendo los servicios de alimentación nutricional, salud pediátrica, recreación y educación.
Aunado a lo anterior, se fortalece el trabajo de los reos dentro del centro de readaptación social. Ya sabemos que no se les puede obligar a trabajar, pero promover condiciones para que ellos tengan una realización en lo laboral tiene más que ver con el desarrollo integral de su personalidad que con su trabajo forzoso.
El trabajo no puede verse visto sólo como un medio de subsistencia o posibilidades de ingresos monetarios, sino como un pilar del desarrollo integral de la persona, para que lo reos puedan canalizar sus capacidades, tiempo, frustraciones, ansiedades y anhelos en una actividad productiva. Representa además, el espacio natural de responsabilidad social y un medio fundamental para la realización del ser humano.
El trabajo logra la interacción de las personas que se vinculan para cooperar y realizar una acción creadora y transformadora. Todo ser humano debe tener la oportunidad de un trabajo digno, basado en principios de justicia y equidad.
No podemos esperar una reinclusión social, si los reos no han aprendido a cooperar entre sí, teniendo casos de éxito que les dé sentido de utilidad en su familia y comunidad. Además, de acuerdo con un estudio financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo en 2014, 11 por ciento de las personas que visitan a los reos en los centros de readaptación social percibía menos de un salario mínimo al día y casi 50 por ciento de ellos 800 pesos o menos semanalmente, esto es un máximo de 3,200 pesos al mes, por lo que el trabajo representa también una aportación responsable para mejorar las condiciones de vida de sus familiares. Por último, se propone un nuevo capítulo en la Ley que establece Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados para establecer la participación ciudadana como herramienta de fortalecimiento de las políticas públicas de readaptación social.
Cabe señalar, que de ninguna manera se busca que los consejos ciudadanos sustituyan o se inmiscuyan en políticas de seguridad, vigilancia o disciplinarias de los centros de readaptación, sino que estén vigilantes las condiciones humanas y el fomento de programas humanizadores que fortalezcan la reinserción real de los reclusos.
De igual manera, los consejos ciudadanos vigilarán el correcto ejercicio de los recursos públicos siendo vigilantes de la actuación de las autoridades, previniendo incidentes y detectando un mapa de riesgos producto de la sobrepoblación penitenciaria, infraestructura y en general condiciones sociales dentro de los penales.
Por lo anteriormente expuesto, proponemos a esta soberanía el siguiente proyecto de decreto.
Artículo Primero.- Se reforman los párrafos cuarto y sexto del artículo 3; así como adiciona el séptimo párrafo del artículo 3 realizando recorrido de los subsiguientes, de los párrafos cuarto y quinto del artículo 10, del capítulo VII y los artículos 19, 20 y 21, todos de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de los Sentenciados.
Presidente, dejo la iniciativa y le pido que toda quede incluida en el Diario de los Debates.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Insértese íntegramente en el Diario de los Debates.
Tome nota la Secretaría de las solicitudes para incorporarse a la iniciativa.
Sonido en el escaño del Senador Héctor Flores.
El Senador Héctor David Flores Ávalos: (Desde su escaño) Para suscribirme a la iniciativa, señor Presidente.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Para suscribir la iniciativa, la Senadora Leticia Martínez, Senadores López Brito, Lavalle Maury, Ernesto Cordero, Octavio Pedroza, Andrea García, Sandra Luz García Guajardo y Senador Hermosillo. Tome nota la Secretaría de estas solicitudes.
Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda.
Tiene el uso de la tribuna el Senador Luis Humberto Fernández Fuentes, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar un proyecto de decreto que adiciona a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y el Código Penal Federal.
El Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Con su venia, sus señorías. Buenos días.
Hoy quiero poner a su consideración un grave tema en la cultura política mexicana, que es el charoleo.
El Estado mexicano no había tenido como prioridad el combate a la corrupción. La cooptación y el privilegio se convirtieron en la piedra fundamental del sistema político, lo que se ha traducido en una cultura de la prepotencia y la excepción.
Entre la fauna nociva de personajes que han hecho del privilegio y el abuso de lo público una forma de vida como prevaricadores, traficantes de influencias, gestores del bien público para el beneficio propio, por mencionar algunos, hay unos que por lo práctico y cotidiano se destacan, que es el uso del charoleo.
El término charola se define como aquella credencial o placa que identifica a un funcionario público, al cual suele dársele un uso equívoco de infundir respeto y temor, un despliegue de poder atribuible únicamente al status que le otorga ser empleado gubernamental.
Quien charolea es aquél que por ejercer una función pública presume de tener una posición jurídica de ventaja o superioridad frente a los demás ciudadanos, por lo que merece un trato privilegiado, según él.
Y es bien conocida la famosa leyenda:
“Agradecemos a todas las autoridades civiles y militares, las facilidades que otorguen para la realización de actividades del servicio público al portador de esta credencial”.
Así como las frases de “Solicitar la atención”, “No sabe quién soy”, “Sólo por esta vez”, “Reciba un saludo del jefe”, sean en la práctica de la cotidianidad en nuestra sociedad.
El charoleo constituye un picaporte para lograr beneficios fuera de la ley, la ética, pero también fuera de toda estética.
El periódico El Universal define como a la práctica como el acto de usar una placa con logotipos oficiales, legal o falsa, para ostentarse como servidor público y obtener beneficios y protección.
Desafortunadamente, señala el mismo trabajo periodístico, la práctica del charoleo surge en los años 60, cuando los Diputados comenzaron a pedir identificaciones para sus colaboradores más cercanos, convirtiéndolos en un sinónimo de personas conectadas, y esto se ha venido extrapolando para todas las áreas del Estado y del servicio público.
Hasta hoy esta práctica no cuenta con ninguna sanción. Con esta iniciativa pretendemos desincentivar la cultura del charolazo que tanto daño ha causado a nuestras instituciones, en manos de funcionarios públicos irresponsables.
La propuesta es que quien haga uso de un nombramiento en cualquier institución de los Poderes Ejecutivo, Legislativo o Judicial, solicitando una atención especial, trato diferenciado del común de la sociedad, fuera del ámbito estricto de sus funciones, se haga acreedor a una sanción que podrá ir desde una amonestación hasta una sanción económica.
Con esto se podrá inhibir la prepotencia y la falsa valentía que les otorga un cargo público.
En concreto se trata de añadir a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en su artículo 47, fracción XXIV, una frase que diga:
“Abstenerse de ostentar su cargo, presumir o acreditarse frente a otros servidores públicos con el objetivo de solicitar excepciones, privilegios, quebrantar cualquier tipo de normatividad, evitar sanción o tener una posición jurídica de ventaja o superioridad sobre los demás ciudadanos o cualquiera que le haga obtener un beneficio a causa de la ostentación de su cargo”.
Y también en específico en el Código Penal añadir, en la parte del delito de tráfico de influencias, un artículo 221 Bis que diría:
“Se impondrá multa de cien unidades de medida y actualización a todos los servidores públicos que ostenten de su cargo, presuman o se acrediten frente a otros servidores públicos con el objetivo de solicitar excepciones, privilegios, quebrantar cualquier tipo de normatividad, evitar una sanción, obtener una posición jurídica de ventaja o superioridad sobre los demás ciudadanos o cualquiera que le haga obtener un beneficio a causa de su cargo”.
Lo anterior sin perjuicio del procedimiento que se pueda iniciar por incumplimiento de lo establecido en el artículo 47, fracción XXIV de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Solicito que esta iniciativa se incluya en el marco de los textos que actualmente se están trabajando en la nueva legislación anticorrupción. Estoy seguro que será de gran utilidad y beneficio, y que abonaremos a la cultura de la igualdad.
Los privilegios y las diferencias son odiosos, generan desprestigio y animadversión.
Una democracia no puede funcionar sobre la base de una sociedad diferenciada.
El servicio público obliga, no libera de responsabilidad. Independientemente de la dictaminación de esta propuesta, de la cual no veo objeción para aprobarla, el elemento más importante es la cultura, que aprendemos a rechazarlo y a denunciarlo, por lo que convoco a ciudadanos, medio de comunicación y, en particular, de manera muy especial a los usuarios de redes sociales para que denuncien y documenten este tipo de prácticas.
Quien piense en alardear de su cargo obteniendo un beneficio, lo piense dos veces, que no se suponga que habrá impunidad, porque no la habrá, porque la sociedad estará vigilando.
Propongo que todos subamos fotografías, videos y evidencias que tengamos a la mano bajo el hashtag “no al charoleo”. Estoy seguro que abonando a esta cultura y una nueva cultura administrativa le daremos un gran servicio a nuestra nación. Es cuanto señor Presidente.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Senador, le consulta el Senador Héctor Flores, si acepta su incorpore a su iniciativa; el Senador Hermosillo para el mismo efecto; el Senador Ernesto Cordero, por el mismo efecto.
Túrnese a las Comisiones Unidas de Anticorrupción; Justicia; y Estudios Legislativos, Segunda.
Se concede ahora el uso de la palabra al Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo para presentar un proyecto de decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 4º constitucional.
De todos es sabido que los programas de desarrollo social, si así le pudiésemos llamar que se desarrollan a nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal, son esquemas que están por un lado agotados, y por otro, que no necesariamente buscan el bienestar de la gente empobrecida, sino las más de las veces buscan clientes electorales con intereses de partido, obviamente.
Esto que es un acto clientela, en alguna época de nuestro país pudo funcionar, sin embargo, cuando tenemos el 45 por ciento de nuestra población en situación de pobreza, cuando el sistema de pensiones y jubilaciones está al borde del colapso se mide en 1.4 veces del Producto Interno Bruto, y cuando estamos observando la tendencia demográfica del país cada vez menos jóvenes cotizando, y cada vez más personas adultas requiriendo de una pensión, pero inclusive sólo un tercio de la población protegida con una pensión oficial, es un asunto que nos debe llevar a la reflexión.
Nuestro pacto fundamental, nuestra Constitución está a punto de cumplir 100 años, son muy pocas, dos o tres, las constituciones, los pactos fundamentales de un país que logran sobrevivir, no obstante la cantidad de modificaciones que se han realizado a la nuestra durante un centenario.
Es por ello que quiero llamar la atención de mis compañeros en la Asamblea, de la opinión pública, ante el hecho de que si el gobierno de corte neoliberal no es capaz de dar un golpe de timón a su visión en materia de salud pública, de educación, y en general de desarrollo social, sí es justo y conveniente que dejemos, -quisiera, si me permitieran, compañeros hacer mi exposición, señor Presidente, por favor-. Me refiero por la cercanía que hay con el orador, Presidente.
Muchas gracias, y les decía, entonces que si los gobiernos no tienen la capacidad para desarrollar este cambio debemos de dejarles en un marco de economía solidaria, de cultura de participación a las personas esa capacidad para que se auto-organicen. No podemos pasar inadvertido el hecho de que nuestra población esté empobrecida, de que la reforma, si se le pudiera llamar así, a ese gazapo en materia laboral que se aprobó en esta instancia, ha dejado condiciones laborales sumamente desfavorables a la gente.
Existe en el mercado laboral una tendencia a pagar un salario, pero a desentenderse de las prestaciones sociales que el trabajador recibe como consecuencia de su empeño laboral.
Es por ello que estoy presentando un proyecto a fin de que se modifique el artículo 4º de la Constitución, más que modificar que se le agregue un último párrafo que a la letra señala:
Las personas que se encuentren en situación de pobreza, de acuerdo a los parámetros establecidos en la ley, tienen derecho a salir de dicha condición a través del desarrollo de habilidades que les permitan el ejercicio de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.
Las acciones, planes y programas, así como políticas públicas para la superación de la pobreza tendrán como criterio principal lo dispuesto en este párrafo.
¿Por qué? Porque si nosotros permitimos que este añadido se haga a este párrafo de la Constitución al artículo 4º, el último, vamos a permitir la libre auto-organización de la gente.
Ya hemos dicho, es hasta reiterativo señalar que no importa el color. Los gobiernos que han llegado al poder, son gobiernos completamente desentendidos de la política social, son gobiernos que tienen sus veladoras encendidas, que tienen sus sirios encendidos a los grandes dueños del dinero, con los grandes corporativos, con las grandes empresas. Estamos en un etapa del país en donde lo poco que tenemos de recursos naturales, lo estamos entregando a los dueños del gran capital. Entonces, dejemos que la gente se pueda organizar. Este es el principio, está modificación, este añadido al artículo 4º constitucional.
Es el principio de una serie de iniciativas que, desde mi escaño, voy a presentar a fin de modificar sustancialmente condiciones de pobreza de la gente y, obviamente, darle mayor herramienta a la gente para que pueda salir de su situación de pobreza.
Desde ahora anticipo que las próximas semanas voy a presentar aquí un proyecto de decreto a fin de que se puedan crear sociedades cooperativas para pensionados y jubilados, adultos mayores.
Si tenemos que en este país a los 50 años se es viejo para conseguir trabajo.
Si tenemos la condición de que los mexicanos a los 50 años, a limpiar pisos, a escombrar escritorios, o a empacar mandado en algún mercado, en algún centro de autoservicio.
Bueno, vamos a darles la oportunidad a los mexicanos de que con sus propios fondos de jubilación y pensión puedan auto-organizarse para crear sociedades cooperativas y, con ello, puedan emplear prioritariamente a las personas adultas mayores de 60 años que son las que tienen el mayor y más vergonzoso nivel de pobreza. Somos 7.1 millones en este momento, en este momento de personas mayores de 60. En 2030, seremos 25 millones, y en 2050, seremos 45 millones de personas mayores de 60 con un sistema de pensiones y jubilaciones que no se sabe en ese tiempo, ahorita está en el suelo, no se sabe en ese tiempo en dónde andará.
Entonces, si el gobierno no es capaz con sus políticas, si carece de la ética personal y profesional para desarrollar estas políticas, dejemos que las personas que son sujetos de ese oprobio social de la pobreza, se puedan organizar.
Es la cuenta, amigos de la Asamblea.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Desarrollo Social; y de Estudios Legislativos, Primera.
Se concede ahora el uso de la palabra al Senador Raúl Morón Orozco, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar un proyecto por el que se reforma la Ley de Vivienda y la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
El Senador Raúl Morón Orozco: Compañeras y compañeros Senadores. Acudo a esta tribuna para presentar una iniciativa que considero más que un deber moral, un acto de justicia social, una obligación inconmensurable en favor de quienes todo lo han sido y todo lo han dado por el progreso de este país. Y me refiero, por supuesto, a nuestros queridos adultos mayores. Impulsar y, en su momento, aprobar una iniciativa que reconozca el derecho de los adultos mayores a vivir en condiciones de absoluta dignidad, nos obliga a pensar en lo que con justicia reclaman millones de mexicanos y mexicanas que, hoy a pesar de haber entregado sus mejores años, su capacidad productiva, su talento y su experiencia al desarrollo de la sociedad del presente, no cuentan con una habitación cómoda, accesible y asequible a las condiciones de su edad, capacidades físicas y a veces hasta de su estado emocional.
A propósito de estas palabras, quiero referirme a la cita textual pronunciada en el marco de la presentación del Departamento de Bienestar Social, en la ponencia de las Juntas Generales de Guipúzcoa, que la letra reza lo siguiente: “Ocurre que la persona mayor sólo en el domicilio se va apagando, va cayendo en sus propias limitaciones, progresivamente en silencio y sin conciencia de sus faltas de condiciones dignas. Simplemente se adapta, y es que no tiene contraste, nadie la motiva, ni le fuerza a mantenerse y reconocerse en una red social. Un día se deja de bañar, al siguiente no se viste, al siguiente se levanta del sofá sin saber si es de mañana o de tarde, y las instituciones podemos mirar o no hacerlo, porque la mayoría de estas personas no nos van a pedir nada”. Finaliza la cita. Las instituciones de la República no podemos dejar simplemente de mirar y reconocer que la transición demográfica es un fenómeno por el que atraviesa la población de muy diversos países. En nuestro caso, nos obliga no solamente a voltear, sino a ocuparnos con mayor grado de sensibilidad y responsabilidad en la búsqueda de soluciones. La dinámica del envejecimiento que hoy es más que un hecho relevante en nuestro tiempo, se acelerará en las próximas décadas y provocará que al llegar al año 2050, los adultos mayores constituyan un poco más de la cuarta parte de los residentes de nuestro país. Según las tendencias censales que se aprecian en los últimos 15 años. Es cierto, sin embargo, que la vejez es un proceso fisiológico normal, dentro de la vida de todos los seres humanos, a la que todos o muchos habremos de llegar en los próximos años, pero lo que no es normal ni justo es que en esta etapa caracterizada por un declive gradual del funcionamiento de todos los sistemas corporales, el Estado muchas veces se muestra indiferente y hasta indolente. Hasta esta situación debemos de reflexionar. ¿Qué significa para las familias mexicanas el hecho de que la sociedad está envejeciendo?
¿Qué medidas está adoptando el Estado para responder a esta realidad?
¿En qué situaciones, con quiénes, en dónde y en qué condiciones viven las personas de edad avanzada? Cualquiera que sea la respuesta, estoy convencido que por lo menos en el caso del Estado, no hemos realizado lo necesario para mejorar su situación personal y patrimonial en condiciones de mayor dignidad. Por eso creo que este asunto no puede ni debe esperar más. Nuestro país debe preparar las respuestas institucionales y sociales encaminadas a enfrentar exitosamente el fenómeno del envejecimiento demográfico, tal como lo ha asumido al signar diversos instrumentos internacionales, algunos de estos compromisos, tiene relación justamente con la adopción de medidas legislativas y administrativas adecuadas para garantizar a las personas mayores un trato diferenciado y preferencial en todos los ámbitos, prohibiendo todos los tipos de discriminación en su contra. En este contexto, a los legisladores nos corresponde impulsar esas políticas y medidas legislativas, de corte humanista, que permitan promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas mayores, porque debemos de reconocer también, que a pesar de los esfuerzos realizados por el Estado mexicano en materia legislativa y administrativa, a la fecha, las limitaciones y exclusiones persisten, lo que afecta la calidad y dignidad de la vida de nuestros adultos mayores. Tal es el caso de lo que acontece con relación al derecho que tienen las personas adultas mayores a disfrutar de una vivienda digna y decorosa, no obstante que este es un derecho reconocido ampliamente en la propia Constitución y en diversos instrumentos internacionales. Compañeras y compañeros Senadores: Para las personas de edad, la vivienda y el entorno son factores particularmente importantes, por la seguridad emocional y psicológica que les brinda el hogar. Es un hecho reconocido que una vivienda satisfactoria y adecuada a las condiciones de cada persona y de cada familia, puede ser muy benéfica para la salud y el bienestar. El hogar, no es sólo un edificio o un espacio físico, es un ámbito en el que se proyectan emociones, apoyos, identidad, seguridad, por lo que es conveniente que su edificación sea acorde a las necesidades de las personas mayores, para permitirles que continúen con un desarrollo activo, familiar y comunitario, y disminuir la dependencia que pueden tener de la ayuda externa. Desafortunadamente en nuestro país, la mayoría de las viviendas que habitan las personas mayores en general, no responden adecuadamente a sus necesidades de habitabilidad, seguridad y accesibilidad. El desafío de una vivienda segura y propicia para las personas adultas mayores, implica reconocer, por una parte, la diversidad de sus necesidades y preferencias, incluidas la opción y el derecho de envejecer en casa, y por otra, la situación de fragilidad que exigen cuidados y formas especiales de residencia. En balance, se observa que la relación entre tener un tipo de limitación funcional o disminución de las capacidades físicas y sufrir accidentes en el propio hogar, es muy alta, lo que sin duda debe ser un factor para promover la modificación o adaptación de los puntos conflictivos en el hogar. Estoy convencido que en ese sentido, que la discapacidad de las personas mayores por la disminución de su capacidad funcional progresiva, debe abordarse desde el paradigma del modelo social, el cual ve la discapacidad no como un atributo inherente a la edad, sino como un producto del contexto social y el entorno, incluyendo su estructura física, el diseño de edificios, la adaptabilidad de las zonas habitacionales, los sistemas de transporte, y por supuesto, los acceso y condiciones de infraestructura de las viviendas. Por tal motivo es que se propone mediante la presente reforma impulsar, por un parte, la autonomía de las personas mayores como sujetos de pleno derecho, con una vida independiente y de interacción con su entorno, así mismo, para armonizar el contenido de la Ley de Vivienda, y de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, con el contenido de los instrumentos internacionales emitidos por la ONU y otros como la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos de las Personas Mayores, con relación al tema de la vivienda digna. Con estas adecuaciones legislativas alcanzaremos el objetivo de incorporar el tema del envejecimiento en las políticas públicas de vivienda y generar las condiciones legales para que las autoridades administrativas competentes impulsen la construcción y adecuación de viviendas dignas, acordes y seguras, que le proporcione a los adultos mayores cero riesgos, libre movilidad y envejecimiento activo con calidad de vida. Lograr el reconocimiento pleno de los derechos de las personas mayores, es una necesidad impostergable y un acto de justicia y equidad social. Por su atención, muchas gracias. (Aplausos)
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Túrnese a las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos, Segunda. La Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza (Desde su escaño): Pido la palabra, señor Presidente, para inscribirme a su iniciativa.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Senador Morón, le solicita la Senadora Iris Vianey Mendoza, se inscriba en la Iniciativa. El Senador Raúl Morón Orozco (Desde su escaño): Con gusto, Senadora. Gracias. El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Tome nota la Secretaría. En otro apartado de nuestra agenda, tenemos la primera lectura del dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda, que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley de Asociaciones Público Privadas.
Les informo que el dictamen se acompaña del voto particular de la Senadora Dolores Padierna Luna, y está publicado en Gaceta parlamentaria. El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del Reglamento, queda de primera lectura.
Tenemos ahora la segunda lectura del dictamen de las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios, y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto que adiciona una fracción VI al artículo 48 de la Ley de Migración, en materia de deudores alimentarios.
Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta de hoy, consulte la secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura. El Secretario Senador César Octavo Pedroza Gaitán: Por instrucciones de la Presidencia consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano. (La Asamblea asiente)
Sí se omite la lectura, señor Presidente. El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En consecuencia, está a discusión. Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo cual la discusión se hará en lo general y en lo particular en un mismo acto. Está a su consideración, y se concede el uso de la palabra a la Senadora Erika Ayala Ríos, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar a favor del dictamen.
La Senadora Erika Ayala Ríos: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros del Senado. Uno de los principios por los cuales se rige el Estado, es el interés superior de la niñez, el cual se encuentra estipulado dentro del artículo 4º constitucional, y su principal objetivo es garantizar de manera plena los derechos de las niñas y de los niños, especialmente en lo referente a la salud, alimentación, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral de nuestros niños. Esto mismo, también se encuentra consagrado en el artículo 3º de la Convención Internacional de los Derechos de los Niños, instrumento internacional que en nuestro país ha firmado y ratificado. Bajo este tenor, dentro de nuestro Código Civil Federal, está prevista la pensión alimenticia como la obligación que tienen los padres de un menor para proporcionar la alimentación e insumos necesarios para su desarrollo integral. Esto incluye habitación, vestido, asistencia médica, educación, cultura y esparcimiento. La pensión debe entregarse aun cuando los padres no están casados y se hayan divorciado. En beneficio de la niñez es necesario que el Estado asegure que los deudores alimenticios cumplan con su obligación de ciudadano y manutención de los menores, por lo que es necesario establecer los mecanismos pertinentes que eviten que en algún caso, algún padre, pueda faltar a su obligación de dar alimentación, vestido y salud a sus hijos. Nuestro derecho a entrar, salir y transitar por el territorio nacional, así como para cambiar de residencia, se encuentra previsto en el artículo 11 constitucional; sin embargo, este derecho puede ser limitado por las autoridades judiciales en casos de responsabilidad criminal o civil, y por las autoridades administrativas en cuestiones sobre migración y salubridad. En este sentido la propuesta de la presente minuta que adiciona una fracción VI al artículo 48 de la Ley de Migración resulta conveniente para asegurar los derechos de los acreedores alimentarios, ya que impide la salida del territorio nacional de aquellos que no han cumplido con su obligación de pensión alimenticia, se encuentran en mora y estos no cubran su adeudo, esta parte. México ha sido uno de los países que ha velado y trabajado por la protección de los derechos de las niñas y de los niños, así como de los grupos vulnerables. Por ello, compañeras y compañeros legisladores, mencionamos que a nivel nacional nuestro país ha suscrito en gran diversidad tratados cuyo propósito es la protección de estos derechos, a nivel nacional hemos realizado un gran esfuerzo adecuando nuestra normatividad interna a nuestro compromiso con los derechos de nuestros niños y de nuestras niñas. El interés superior de la niñez debe seguir siendo y prevaleciendo como un principio rector de la política de nuestro país, tanto en la construcción de las políticas públicas como en la creación de nuevas leyes que protejan los derechos de nuestras niñas y de nuestros niños, ya que en ello se encuentra el presente y el futuro de este México. Por lo anterior expuesto, el grupo parlamentario del PRI estamos a favor de la presente minuta. Muchas gracias por su atención. (Aplausos)
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: No hay más oradores inscritos. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación, ábrase el sistema electrónico de votación, por tres minutos, para recoger la votación nominal del proyecto de decreto. (Se abre el sistema electrónico de votación)
El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 79 votos en pro; cero votos en contra y cero abstenciones. El Presidente Roberto Gil Zuarth: Queda aprobado en lo general y en lo particular el decreto que adiciona una fracción VI al artículo 48 de la Ley de Migración.
El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Señor Presidente, me permito dar cuenta del voto de la Senadora Sansores, a favor.
El Presidente Roberto Gil Zuarth: Pasamos ahora a la segunda lectura del dictamen de las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 2 y 28 de la Ley de Migración, en materia de enfoque de convencionalidad y perspectiva de género en la protección de migrantes. Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.
El Presidente Roberto Gil Zuarth: Está a discusión.
Informo a la Asamblea que se han inscrito para hablar a favor del dictamen, la Senadora Lucero Saldaña Pérez. Tiene en consecuencia el uso de la palabra la Senadora Saldaña Pérez, a nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para fijar posición a favor del dictamen.
La Senadora Lucero Saldaña Pérez: Muchas gracias, Presidente.
Históricamente México ha tenido un flujo constante, tanto en la frontera sur, como en la frontera norte, del proceso migratorio.
Hemos transitado de reconocer derechos de las personas migrantes. La magnitud, alcances e implicaciones de la migración han hecho que este tema esté en el centro de la agenda internacional y la agenda nacional, tanto desde la perspectiva gubernamental, como de la sociedad civil.
En este contexto se enmarcan las reformas planteadas en el presente dictamen, que buscan incorporar a la ley los tratados internacionales en materia, como marco de referencia para la protección de los derechos de las personas migrantes, me refiero a las reformas y adiciones de los artículos 2 y 28 de la Ley de Migración.
Basta señalar que las y los connacionales radicados en Estados Unidos, representan el 65 por ciento de los 52 millones de hispanos que viven en aquél país, y el 11 por ciento de la población nacional.
Los datos que da el Instituto de Migración cada año reporta en promedio 450 mil migrantes mexicanos. Lo más preocupante es que en varios casos sufren alguna violación a sus derechos por parte de autoridades del país del norte, sobre todo, y también de instituciones de nuestro país.
Por otro lado, cada año unos 120 mil centroamericanos ingresan a México por la frontera sur, si bien con una menor proporción, perdón, entre la población migrante las mujeres, los niños, las niñas, cuyo número va en aumento, presentan mayor vulnerabilidad y lo que hace necesario tomar en cuenta tanto el enfoque de género como el enfoque de los derechos humanos.
El Estado mexicano tiene la responsabilidad de promover, proteger y garantizar estos derechos de las personas migrantes acorde con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Es imprescindible garantizar los mecanismos de protección en materia de derechos humanos de las personas migrantes en nuestro país señalando expresamente la aplicación de la ley fundamental y de los convenios y tratados internacionales como fundamento de la política migratoria del Estado mexicano, así como establecer diversos principios en materia de derechos humanos en los que se debe sustentar dicha política.
Estamos de acuerdo en la necesidad de facultar a la Procuraduría General de la República para celebrar convenios para la eficaz investigación y persecución de los delitos de los que son víctimas las y los migrantes.
Consideramos de primera relevancia el fondo de esta iniciativa en el sentido de recoger el criterio del interés superior de la niñez establecido en los instrumentos internacionales.
Para el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional es de consideración que la soberanía nacional debe ser no sólo un actor de la conformación de una agenda en materia de política migratoria, sino un promotor permanente de apoyos para la protección de los derechos de las y los migrantes, principalmente de las y los niños.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En virtud de que no hay otros oradores inscritos ni artículos reservados, ábrase el sistema electrónico de votación, por tres minutos, para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de decreto. Háganse los avisos a los que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación.
El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Señor Presidente, le informo que conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 81 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 2 y 28 de la Ley de Migración.
Tenemos ahora la segunda lectura del dictamen de las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y Estudios Legislativos, con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 20, 25, 69 y 107 de la Ley de Migración, en materia de medidas de protección a los derechos humanos de los migrantes. Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta de hoy, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se dispensa su lectura.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Insértese en el Diario de los Debates la intervención del Senador Sofío Ramírez Hernández.
Tiene el uso de la palabra la Senadora Ana Gabriela Guevara para hablar a favor del dictamen.,
Nuestro país reconoce que los migrantes transitan por nuestro territorio por diversos derechos consagrados en nuestra Carga Magna, tratados internacionales firmados por México y sin importar su nacionalidad, ni su situación migratoria, ya que es un Estado parte de una serie de tratados internacionales del sistema de derechos humanos y de protección de migrantes y miembro activo en la ONU.
Asimismo y por tener una de las mayores y más transitadas fronteras del mundo, debe ser un defensor permanente de los derechos de migrantes a Estados Unidos, lo que afecta incluso a migrantes nacionales que buscan cruzar de forma irregular la frontera norte.
Todos los migrantes, en virtud de su dignidad humana, están protegidos por el derecho internacional de los derechos humanos, sin discriminación, en condiciones de igualdad con los ciudadanos, independientemente de su situación administrativa o de su condición.
Sin embargo, a pesar de todo este marco jurídico existente, los migrantes en todo el mundo siguen sufriendo abusos, explotación y violencia.
Por ello es que las comisiones unidas coinciden en el fondo de la iniciativa que considera que deben aprobarse las modificaciones que quedarían en el artículo 20 como sigue:
Instrumentar la política en materia migratoria, con respeto irrestricto a los derechos humanos de los migrantes nacionales y extranjeros.
Tercero. Ejecutar conjuntamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Procuraduría General de la República y demás dependencias de las entidades de la Administración Pública Federal, así como las entidades federativas, programas, acciones y medidas que promuevan la seguridad de los migrantes en el tránsito por las zonas consideradas como de alto riesgo.
Cuarto. En los casos señalados en esta ley, tramitar y resolver sobre la internación, estancia y salida del país de los extranjeros.
Quinto. Conocer, resolver y ejecutar la deportación o retorno asistido de extranjeros, en los términos y condiciones establecidos en la presente ley y su reglamento.
Sexto. Imponer las sanciones previstas por la ley y su reglamento.
Séptimo. Llevar y mantener actualizado el Registro Nacional de Extranjeros.
Presentar en las estaciones migratorias o en los lugares habilitados para tal fin, a los extranjeros que lo ameriten, conforme a las disposiciones de esta ley, respetando en todo momento sus derechos humanos.
Noveno. Coordinar la operación de los grupos de atención a migrantes que se encuentren en el territorio nacional.
Décimo. Proporcionar, informar contenida en las bases de los datos distintos sistemas informativos que administra a las diversas instituciones de seguridad nacional que así lo soliciten, de conformidad con las disposiciones jurídicas y aplicables.
Once. Las demás que señala esta ley en su reglamento y las disposiciones jurídicas aplicables.
El artículo 25 quedaría: “Los servidores públicos que deban tener contacto físico con los migrantes al hacerlo deberán actuar conforme a un protocolo establecido en el reglamento de esta ley”.
Dicho protocolo deberá ceñirse al principio de respeto irrestricto a la dignidad humana.
Artículo 69, en su fracción II: “Recibirá por escrito sus derechos y obligaciones, así como las instancias donde pueda presentar denuncias y quejas.
Tercero. El motivo de su presentación.
Cuarto. Los requisitos establecidos para su admisión, sus derechos y obligaciones que de acuerdo a lo establecido por la legislación aplicable.
Quinto. La notificación inmediata de su presentación por parte de la autoridad migratoria al consulado del país del cual se manifiesta ser nacional, excepto en el caso en el que el extranjero pudiera acceder al asilo político o el reconocimiento de la condición de refugiados.
Sexto. La posibilidad de regularizar su situación migratoria en términos de lo dispuesto en el artículo 132, 133 y 134 de esta ley.
Y séptimo. La posibilidad de constituir garantías en los términos del artículo 102 de esta ley.
El artículo 107, su fracción V, garantizar el respeto a los derechos humanos del extranjero presentando, facilitando su comunicación con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Creo que es importante cada uno de ellos, y como decía ayer, dentro de la iniciativa presentada a la Ley de Derechos, fortalecer este marco y darle, y robustecer la modificación de sus artículos, creo que contribuiría de gran manera a darle seguimiento a una ley y cumplir esta Ley de Derechos Humanos, pero también contar con las herramientas necesarias dentro del propio instituto y de nuestra propia nación para poder garantizar estos derechos a los migrantes tanto nacionales como extranjeros.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se concede el uso de la palabra al Senador Sofío Ramírez Hernández, para hablar a favor del dictamen. El Senador Sofío Ramírez Hernández: Gracias señor Presidente. México históricamente se ha caracterizado por ser un territorio de origen, destino y, al mismo tiempo, de tránsito de este fenómeno social como lo es la migración; pero también tenemos que reconocer que México se ha caracterizado por promover el respeto a los derechos humanos, y es por eso que el grupo parlamentario del PRI atentos para reforzar el marco jurídico y poder coadyuvar la ejecución de políticas públicas que tengan como objetivo prevenir y sancionar agresiones, vejaciones, agravios o violación a los derechos humanos de la cual son víctimas los migrantes que transitan por el territorio nacional, vamos a dar nuestro voto a favor. Y queremos darle algunas estadísticas. En Estados Unidos existe una población de 33.7 millones de origen mexicano y de los cuales 11.4 son migrantes.
En esta problemática el sector más vulnerable es el de las mujeres y niñas, tan sólo en el 2015 en nuestro país fueron detenidas en las estaciones migratorias más de 46 mil, que es una cifra que preocupa y que hay que atender, todo esto refleja el aumento entre enero y agosto del 2015 de la presentación de personas ante las autoridades migratorias en un 66 por ciento.
En los estados de Chiapas, Veracruz, Tabasco y Oaxaca concentran cerca del 87 por ciento de los casos, por lo que es importante mencionar que en la mayoría de las personas presentadas, pues eran también, hay que expresarlo así, originarias de Guatemala, con el 52 por ciento; Honduras con el 31 por ciento, y El Salvador con el 18 por ciento.
Para prevenir y sancionar diversas agresiones y la violación a los derechos humanos es importante, fundamental aprobar diversas reformas y adiciones a la Ley de Migración.
Por lo tanto, pedimos su voto a favor de la presente propuesta, debido a que fortalece todo el concepto jurídico institucional, al contemplar en las atribuciones del Instituto Nacional de Migración, el garantizar la aplicación de medidas que no atenten contra los derechos humanos de los migrantes.
Y nada más hablamos de los migrantes que tienen como tránsito en nuestro territorio, sino que también es un derecho universal de tener que promover en respeto al derecho humano de nuestros hermanos mexicanos que muchos tienen que transitar desde el sur-sureste del centro del país, o aún de los estados colindantes, o Estados Unidos.
Tienen la necesidad de transitar, de buscar una oportunidad de trabajo y consideramos que como parte de los derechos universales del ser humano, debemos de fortalecer la relación institucional, bilateral con Estados Unidos, pero lo más importante: fortalecer el marco institucional.
Dicha propuesta también garantiza que los migrantes tengan contacto con el Consulado de su país para un debido proceso y así también con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y que puedan denunciar en el supuesto de que existan tratos inadecuados.
Es por ello, compañeras y compañeros Senadores, de que expresamos que el Estado mexicano está comprometido o al respeto a los derechos humanos de los migrantes que transitan por el territorio nacional.
Pero también nuestro país, los gobiernos de nuestro país deben también de seguir pidiendo, exigiendo a las autoridades norteamericanas de que, se garanticen los derechos de los hermanos mexicanos, que por alguna circunstancia tienen la necesidad de trasladarse a aquel territorio.
Es por eso que hacemos el llamado para que los grupos parlamentarios y los Senadores aquí presentes podamos dar un voto a favor de este dictamen, y que con ello podamos garantizar la oportunidad del respeto pleno a los derechos de los migrantes.
Quiero aprovechar también el espacio para expresarles que parte del compromiso que debemos de tener como representantes populares es de que podamos asegurar la plena garantía de los derechos de miles de hermanos mexicanos que se han trasladado a otro territorio nacional, particularmente a Estados Unidos.
El exhorto respetuoso para fortalecer la relación bilateral. La migración con fenómeno social para muchos, da una oportunidad de vida al no encontrar razones de ingreso o de economía en sus propios territorios.
Para muchos mexicanos, particularmente en mí caso que es Guerrero, buscar oportunidades en otro país, les permite una mejora de ingreso económico a su familia, pero no podemos ocultar una realidad social que también lastima.
La migración desintegra familia, la migración conlleva a que en el tránsito, muchos de ellos pierden la vida, o algunos otros estando en Estados Unidos, no tienen empleo, o los que bien les va pueden tener un trabajo y pueden enviar sus remesas y, con ello, fortalece la economía de sus familias.
Pero también es cierto de que pueden tener aquí en su territorio nacional, un patrimonio, una casa de dos pisos, pero los hijos aquí se quedan y los niños crecen bajo la tutela de la madre quien hace el papel también de padre y, en el peor de los casos, encontramos a niños y niñas que están bajo la responsabilidad y la tutela de los abuelitos.
Por eso considero importante y con esto concluyo, compañeras Senadoras y Senadores, de que debemos de seguir fortaleciendo todas las acciones en materia de lo que pueda ser una plataforma jurídica que pueda permitir y garantizar los derechos humanos. Pero, sobre todo, que podamos fortalecer acciones para hacer de este gran territorio nacional, de sus riquezas naturales, del campo guerrerense un espacio generador de empleo, de economía y de alimentación para que ya no estén emigrando paisanos nuestros, buscando oportunidades en otro territorio nacional.
Por su atención, muchas gracias y buenas tardes.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En virtud de que no hay otros oradores registrados ni artículos reservados, ábrase el sistema electrónico de votación, por tres minutos, para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.
El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 83 votos en pro, cero en contra y cero abstenciones. El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Está aprobado en lo general y en lo particular el Proyecto de Decreto que reforma y adiciona los artículos, 20, 25, 69 y 107 de la Ley de Migración. Se devuelve con modificaciones a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto de la fracción e) del artículo 72 constitucional. Pasamos a la segunda lectura del dictamen de las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 5 y 7 de la Ley de Ciencia y Tecnología, en materia de integración del Consejo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico.
Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura. El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Por instrucciones de la Presidencia, consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.
Sí se omite la lectura, señor Presidente. El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Está en consecuencia a discusión. Se concede el uso de la palabra al Senador Patricio Martínez García, para presentar el dictamen a nombre de las comisiones, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento del Senado.
El Senador Patricio Martínez García: Con su venia, señor Presidente. Muy buenas tardes, Senadoras, Senadores.
Acudo a esta tribuna para presentar dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 5 y 7 de la Ley de Ciencia y Tecnología, mismo que ha sido firmado por los integrantes de las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología y de Estudios Legislativos, Primera, a quienes agradezco su apoyo y participación para la aprobación del mismo. El dictamen que hoy ponemos a su consideración se deriva de una propuesta que en su momento presentara el ahora Senador con licencia, Alejandro Tello Cristerna. Por distintas razones, México se encuentra aún rezagado en el fomento de una política científica y tecnológica. Si bien, en los últimos años hemos avanzado en distintos rubros legislativos y en temas relacionados con la inversión pública para el financiamiento de este sector, es evidente, y varios diagnósticos así lo indican, que como país aún enfrentamos grandes retos para hacer de la ciencia y la tecnología verdaderas palancas para el desarrollo económico y social. En este sentido, es claro que las oportunidades para impulsar el desarrollo científico y tecnológico nacional no se encuentran solamente en los temas relativos con su inversión y financiamiento, sino también en los relacionados con la gobernanza y diseño institucional que sustentan y articulan la generación de acciones y políticas públicas en esta materia. La Ley de Ciencia y Tecnología, en su artículo 5, contempla la creación del Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación, el cual es el máximo órgano decisor y cabeza del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología en todo el país, de él depende la definición, seguimiento y evaluación de los grandes objetivos nacionales en materia de política científica y tecnológica, así como la definición programática y presupuestal de este sector estratégico. Este consejo es encabezado y convocado por el Presidente de la República e integrado por 9 Secretarios de Estado. El director general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, quien tiene el carácter de Secretario Ejecutivo. El coordinador del Foro Consultivo, Científico y Tecnológico. El presidente de la Academia Mexicana de Ciencias.
Un representante de la Conferencia Nacional de Ciencia y Tecnología. Tres representantes del sector productivo. Un representante del Sistema de Centros Públicos de Investigación. Y el secretario general Ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Entre las principales facultades que la Ley de Ciencia y Tecnología otorga al Consejo General, se encuentran aprobar, y menciono solamente algunas, aprobar y actualizar: El Programa Especial de Ciencia y Tecnología e Innovación. Definir prioridades y criterios para la asignación del gasto público federal en la materia. Definir los lineamientos programáticos y presupuestales que deberán tomar en cuenta las dependencias e identidades de la administración pública federal para realizar actividades y apoyar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación. Establecer un sistema independiente para la evaluación de la eficacia de los programas e instrumentos de apoyo a la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación. Así, pues, son algunas, en este sentido, de las tareas que tiene, y por eso hoy les informo que la reforma planteada en este dictamen tiene dos objetivos específicos. En primer término, propone la integración de los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina, en el Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación. En México, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada son instituciones claves en las tareas relacionadas con la seguridad nacional, la seguridad pública y el auxilio a la población en caso de desastres. Por esto, hoy resulta fundamental que las actividades desarrolladas por la Secretaría de Defensa y por la Secretaría de Marina, se encuentren vinculadas directamente con el desarrollo científico y tecnológico, sin duda, el impulso de la ciencia y tecnología en los ámbitos de atención de desastres y de seguridad nacional, resulta estratégico para garantizar una mejor atención en estos temas. Por otra parte, es necesario que la estructura educativa, militar y naval, se encuentre relacionada y coordinada con las actividades científicas y tecnológicas nacionales. Con esta incorporación se busca una relación directa entre las Secretarías mencionadas con las ramas de la ciencia, la tecnología y la innovación, a fin de mantener actualizada y a la vanguardia a estas Secretarías para el mejor cumplimiento de sus funciones y, obviamente, a todo su personal. En segundo término, y con el fin de darle mayor operatividad y eficiencia a este importante órgano, la reforma planteada en el dictamen establece la posibilidad de que tanto el Presidente de la República como los Secretarios de Estado, que forman parte del mismo, puedan nombrar representantes en las sesiones respectivas, dichos representantes deberán tener el nivel de subsecretario o equivalente a nivel jerárquico, de modo que las decisiones o resoluciones sean emitidas desde el más alto nivel posible. Asimismo, se establece que el Presidente de la República acuda cuando menos una vez a las dos sesiones anuales que mandata la propia ley, esto sin impedir que pueda acudir a ambas o a las extraordinarias que lleguen a celebrarse. Con la aprobación de este dictamen las comisiones unidas que presentamos este dictamen reiteramos el compromiso que el Senado de la República tiene con el desarrollo científico nacional y con el trabajo permanente para hacer de la ciencia, tecnología e innovación las bases para lograr un México más próspero y competitivo al que como Senadores aspiramos, al igual que todos los mexicanos. Es cuanto, señor Presidente. Muchas gracias por su apoyo. El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Está a su consideración. Tiene el uso de la palabra el Senador Marco Antonio Olvera Acevedo, para hablar a favor del dictamen.
El Senador Marco Antonio Olvera Acevedo: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores. El impulso de la ciencia y tecnología tiene una relevancia vital para todas las sociedades modernas, con efectos positivos a corto y largo plazo en el crecimiento económico, la productividad, la competitividad, entre otros aspectos. La ciencia, tomada como un proceso de investigación en búsqueda de resultados, es un proceso productivo, razón por la cual se emplea a personas y capital, y se incide de manera inmediata en la actividad económica. En el largo plazo, citando a economistas como Robert Solow, se tiene que a mayor cantidad de inversión en ciencia y tecnología, la curva de posibilidades de producción se amplía, teniendo un efecto positivo en la producción, en la generación de empleos y, por lo tanto, obviamente en el crecimiento económico, esta es una de las razones fundamentales de la importancia de la ciencia y la tecnología, y que tiene para la sociedad y la economía contemporánea. El gobierno de la República ha puesto especial énfasis desde el inicio de la actual administración, basta señalar que el presupuesto destinado a estos rubros se ha venido incrementando en términos reales cada año con el propósito de cumplir el compromiso establecido por el gobierno federal, y de alcanzar al final del sexenio por lo menos el 1 por ciento del presupuesto destinado para tal fin. La Ley de Ciencia y Tecnología constituye el marco legal para el desarrollo del sector, la cual establece la existencia del Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico e Innovación, este es el órgano de decisión de políticas públicas en materia de ciencia y tecnología. Este consejo es encabezado por el Presidente de la República, por nueve Secretarios de Estado, el titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el titular del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, el titular de la Academia Mexicana de Ciencias, el secretario de la Asociación Nacional de Universidades y tres representantes del sector empresarial.
El Consejo tiene entre sus principales facultades, aprobar y actualizar el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación, establecer en el Programa Especial las políticas nacionales para el avance de la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación; definir prioridades y criterios para la asignación del gasto público federal en la materia, entre otros.
El presente dictamen plantea la integración de los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina, como parte de dicho Consejo. Además, tiene el propósito de flexibilizar su operación, permitiendo que los titulares que lo conforman, incluyendo al Presidente de la República, cuenten con un suplente, quienes podrán acudir a las reuniones de dicho Consejo y éste pueda sesionar como la ley lo mandata, al menos dos veces al año.
El Presidente de la República tendrá la obligación de encabezar la reunión de este Consejo una vez al año. Con estas modificaciones se busca una mayor dinámica al interior de este Consejo, así como una mayor productividad, flexibilizando la asistencia de todos y cada uno de sus integrantes.
Los legisladores del Partido Revolucionario Institucional estamos a favor del impulso de la ciencia y tecnología, por ser éste un elemento toral para impulsar el crecimiento y el desarrollo económico de la sociedad mexicana.
Por todas estas razones, votaremos a favor del presente dictamen.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se concede el uso de la palabra al Senador Mario Delgado Carrillo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar a favor del dictamen. El Senador Mario Delgado Carrillo: Compañeras, compañeros.
Sin duda que cualquier esfuerzo en favor de la ciencia y la tecnología en nuestro país es algo que debemos de apoyar, si vemos lo que pasa en el mundo con los países que tienen éxito, pues no es muy difícil encontrar la fórmula que sigue, el apoyo, la innovación a la ciencia y la tecnología es lo que está haciendo la diferencia en las tasas de crecimiento de los países que tienen éxito, de aquellos que no. Y podemos ver este éxito también realmente donde se ven las prioridades de un gobierno, que es en el presupuesto.
En el discurso se podrán decir muchas cosas, pero es en el presupuesto, la cantidad de recursos que se destinan donde vemos realmente cuáles son las prioridades. Y, bueno, aquí hay que recordar que el Presidente de la República se comprometió a que en esta administración se iba a alcanzar la cifra histórica del 1 por ciento del PIB, para investigación científica, y estamos muy, muy lejos de lograrlo.
Apenas en 2016, en este año ya deberíamos de andar en un .78 del PIB para que pudiéramos llegar en el 2018 al 1 por ciento. Sin embargo, estamos en .57, igual que el año pasado.
Si la política del despilfarro del gasto público, también se ha llevado entre las patas, con los recortes, al presupuesto para la ciencia y la tecnología.
¿De qué se trata la iniciativa de hoy? Tiene un buen propósito aunque no sabemos el resultado, es obligar a que el Presidente de la República asista por lo menos una vez al año a las sesiones del Consejo Máximo de la Ciencia y Tecnología en el país, que tenga la obligación de que vaya, de que asista él físicamente, por lo menos una vez al año.
Lo que me parece incongruente es darle la posibilidad a todos los Secretarios de Estado de que nombren a un suplente, difícilmente van a atender.
Ahora, creo que ésta debería ser una de las prioridades del Presidente de la República, si quiere romper esta falta de crecimiento económico que tenemos desde hace 30 años y que en su gobierno se mantiene esa tendencia con tasas de crecimiento por debajo del 2.5 por ciento.
No va haber otra forma de encontrar cómo crecer si no se le apuesta a la educación, a la ciencia y a la tecnología. Cuando se recortan los fondos para investigación, para ciencia, en época de crisis, pues realmente se revela que no es ninguna prioridad.
Es en época de crisis, como ésta, en época de recortes presupuestales donde se debe de mantener la convicción de que se le apueste en serio a la ciencia y la tecnología.
Si vemos el número de patentes que registra nuestro país, si vemos el número de investigadores que tenemos en comparación a otros países estamos muy lejos, no somos un país que esté dando resultados en materia de ciencia y tecnología.
Qué bueno que el Presidente tenga la obligación de ir cuando menos una vez al año a ver si crea conciencia, a ver si se da cuenta del desastre que tenemos en el país en esta materia, para que, no sé, si el Secretario de Hacienda en sus reuniones de evaluación, pues le pase los datos de los recortes presupuestales de esta materia; pero sí sería bueno que el Presidente de la República, en su asistencia a estas reuniones, pues creara conciencia de lo importante que es la ciencia y la tecnología para nuestro país.
Por ejemplo, el día de ayer vimos cómo gira instrucciones a todos sus funcionarios, incluyendo al gobierno de la Ciudad, pues para que tomen medidas respecto a la crisis ambiental en la que estamos.
Y si pensamos por un momento, porque hemos llegado a esta calidad del aire tan mala, a este retroceso que nos regresa a niveles de calidad del aire a los que teníamos a finales de los ochentas, pues vemos cómo se ha suspendido esta evolución tecnológica, que se propició por una crisis parecida, en materia de los automotores, en la calidad de las gasolinas, en las tecnologías que utiliza la industria que está en la Ciudad, todos esos esfuerzos se suspendieron durante mucho tiempo o no se alentó esa evolución permanente y lo que tenemos es la crisis ambiental que ahora estamos enfrentando, y que una de las respuestas no sólo va a ser con medidas restrictivas, como las que se están planteando, que afectan a la ciudadanía.
Sino que se va a tener que encontrar la solución en la ciencia y la tecnología otra vez yendo a la calidad de las gasolinas, a usar tecnologías más sustentables en transporte público, a revisar también la calidad de las emisiones de los automotores, nuevas tecnologías para medir estas emisiones en los centros vehiculares; es decir, difícilmente nos podemos escapar o difícilmente podemos incrementar nuestra calidad de vida sin la investigación científica, sin una mejor tecnología.
Por eso, insisto, termino como empecé, qué bueno, que hoy se vaya aprobar esta iniciativa. Les pido, compañeros, que la apoyemos, conste que estoy diciendo no sé si el resultado va a ser bueno o malo, porque con un Presidente que se dedica a recortar el presupuesto a la ciencia y la tecnología no sé si su asistencia a estas reuniones vaya a ser en favor o en contra.
Entonces, pero cuando menos que le sirva para crear conciencia de que no vamos a salir de este estancamiento económico si no apostamos por caminos diferentes.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En virtud de que no hay otros oradores inscritos ni artículos reservados, ábrase el sistema electrónico de votación, por tres minutos.
Tiene el uso de la palabra el Senador Juan Carlos Romero Hicks, para hablar a favor del dictamen.
El Senador Juan Carlos Romero Hicks: Con la venia de la Presidencia.
Distinguidos legisladores: En 1970, el Presidente Echeverría creó el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y a partir de ese momento una aspiración ha sido el diseñar un sistema nacional de ciencia y tecnología, ese sistema tiene como autoridad máxima este consejo, que lo preside actualmente el Ejecutivo Federal, y que tiene la participación de las Secretarías federales más representativas del tema, así como también participan los sectores académicos y el sector empresarial. La incorporación que hoy se propone para las nuevas Secretarías de Marina y Defensa, tiene un sentido muy importante porque aparte de la ciencia, tecnología e innovación, pasa por fondos sectoriales en donde la investigación mexicana con un alto sentido de pertinencia sirve para entregar mejores resultados.
En esta aspiración siempre hay áreas de oportunidad y lo que hemos visto y en lo que hemos recogido para el día de hoy, para la discusión, es precisamente tener una política de Estado y que genere políticas públicas y el mayor involucramiento de todos los actores, principalmente, uno la parte académica, dos la parte empresarial, y tres la parte gubernamental.
El tema de ciencia, tecnología e innovación es muy importante para garantizar mejores condiciones de bien ser y de bienestar.
Y particularmente a la incorporación de estas Secretarías está el tema de seguridad pública, donde recientemente ha habido esfuerzos importantes en áreas de investigación.
Nosotros recibimos esta iniciativa en la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, y la hemos visto con mucha apertura porque sabemos que el conocimiento tiene que estar al servicio de la ciudadanía y que tiene que entregar mejores resultados. Por eso el apoyo a esta iniciativa.
Al no haber más oradores inscritos y al no haberse reservado ningún artículo para discusión y votación en lo particular, ábrase el sistema electrónico de votación, hasta por tres minutos, para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.
Háganse los avisos a los que se refiere el artículo 58 del Reglamento, para informar de la votación.
El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 81 votos en pro, uno en contra y tres abstenciones. El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman los artículo 5 y 7 de la Ley de Ciencia y Tecnología.
Pasamos ahora a la segunda lectura del dictamen de las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura, y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 33 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable en materia de impacto de cambio climático en pesquerías. Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta del día de hoy, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura. El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Consulto a la Asamblea en votación económica si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Para fundamentar el dictamen en términos dispuesto por el artículo 196 del Reglamento se concede el uso de la palabra al Senador Salvador Francisco López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo cual la discusión se hará en lo general y en lo particular en un mismo acto.
El Senador Salvador Francisco López Brito: Muchas gracias Presidente, con su permiso.
Y comentarle que son tres dictámenes de la Comisión de Pesca y Acuacultura, uno reformando el artículo 33; el otro, una reforma al artículo 4º y 25 Bis, en sentido positivo; y un tercer dictamen modificando el artículo 4º y 43 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, en sentido negativo.
Si me permite fundamentar los tres dictámenes, si cuento con su anuencia para de una vez exponerlos brevemente.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Proceda señor Senador, proceda.
El Senador Salvador Francisco López Brito: Muy bien, muchas gracias.
En relación a las modificaciones al artículo 33, la Comisión de Pesca y Acuacultura y la Comisión de Estudios Legislativos, estamos aprobando con modificaciones la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción V al artículo 33 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables para incluir en la Carta Nacional Pesquera información sobre el impacto que tiene el cambio climático en las pesquerías y su ambiente.
La iniciativa tiene como propósito incorporar al artículo 33, esta fracción para que se instruya la integración de información básica y precisa de los cambios y resultados que se han registrado y que registran en la pesca debido al fenómeno de cambio climático.
Según el artículo 32 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, la Carta Nacional Pesquera es la presentación cartográfica y escrita que tiene el resumen de la información necesaria del diagnóstico y evaluación integral de la actividad pesquera y acuícola, así como de los indicadores sobre disponibilidad y conservación de los recursos pesqueros y acuícolas en aguas de jurisdicción federal.
Por lo anterior, los integrantes de las Comisiones Unidas de Pesca, Acuacultura y Estudios Legislativos, suscribimos el presente dictamen, aprobamos con modificación de esta iniciativa, esto es en relación al artículo 33 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, que les pido apoyarlos para que se quede pues inscrito en la Carta Nacional Pesquera, información sobre el cambio climático.
En relación a modificaciones al artículo 4º y 25 Bis de la Ley General de Pesca y Acuacultura, igualmente es un proyecto que hemos dictaminado en las Comisiones de Pesca y Acuacultura y de Estudios Legislativos, con aprobación con modificaciones al articulado que antes he referido.
La iniciativa que hoy estamos sometiendo a su votación a través de este dictamen tiene como finalidad reformar el artículo 4º de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables referente a las definiciones empleadas en el sector pesquero y acuícola por dicha ley, con el fin de incorporar a aquellos que sean aplicables en las materias como acuacultura en aguas interiores, aptitud acuícola, centro de aprovechamiento integral, acuícola y pesquero, maricultura, ordenamiento acuícola y pesquería basadas en la acuacultura las cuales son necesarias para conocer los conceptos que serán empleados dentro de esta actividad.
Esta iniciativa fue presentada por la Senadora Diva Gastélum y tiene pues el objetivo de incorporar todos estos conceptos dentro de la Ley de Pesca y Acuacultura Sustentables. Por lo anteriormente expuesto los integrantes de las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura y Estudios Legislativos, que suscribimos el presente dictamen, hacemos nuestra la intención de incorporar en la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables diversas definiciones relacionados con el fomento a la acuacultura marina, por lo que aprobamos con modificaciones esta iniciativa a través de este dictamen que les pido de su apoyo.
El otro dictamen que estamos presentando, es en sentido negativo. Se pretende modificar el artículo 4º y el 43 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable para introducir la definición de grupos con vulnerabilidad.
Esta definición viene ya dentro de la Ley General de Desarrollo Social, y tiene como objetivo aplicar en sus programas en contra de la pobreza y también en el Programa de Lucha contra el Hambre. Pero en el tema de desarrollo social se define a los grupos en situación de vulnerabilidad, como aquellos núcleos de población y personas que por diferentes factores o la combinación de ellos, enfrentan situaciones de riesgo o discriminación que les impiden alcanzar mejores niveles de vida y, por lo tanto, requieren la atención e inversión del gobierno para lograr su bienestar que es la descripción de ellos, como les decía en la Ley General de Desarrollo Social.
Pero el hecho de resolverlo, en sentido negativo, es porque precisamente ya en la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, ya vienen dentro de la redacción del artículo 43 y del artículo 47, precisamente, el apoyo que se le debe dar a los permisos, la prioridad que se le debe dar y lo voy a leer textualmente.
Artículo 43. El otorgamiento de concesiones y permiso quedará sujeto a las modalidades que dicta el interés público, condicionado siempre a la disponibilidad y preservación del recurso que se trate.
La Secretaria basará sus decisiones con criterio de equidad social y en la información científica disponible del recurso pesquero. Asimismo se otorgarán preferentemente a los habitantes de las comunidades locales, siempre y cuando utilicen las artes de pesca autorizadas. Ese es en el artículo 43.
Y este mismo artículo, en otra fracción habla, en igualdad de circunstancias tendrán preferencias las solicitudes de las comunidades indígenas, cuando la concesión o permiso pueda afectar el hábitat de alguna comunidad indígena, la autoridad deberá recabar el parecer de los representantes de dicha comunidad. También ya se incluyen las comunidades indígenas.
Y en el 47, fracción III. Se priorizará las solicitudes de los habitantes de las comunidades locales y las que tengan un impacto benéfico en lo económico y en lo social en la región para lo que es la autorización de permisos en cuanto a la pesca comercial.
Por lo tanto, ya viene contemplado está propuesta y hemos resuelto este dictamen, en sentido negativo, para no sobre legislar sobre el tema.
Por lo tanto, les pido a esos tres dictámenes su apoyo para que salgan estos dictámenes.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se concede el uso de la palabra al Senador Ricardo Barroso Agramont, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar a favor del dictamen. El Senador Ricardo Barroso Agramont: Con su permiso.
Compañeras y compañeros Senadores: El día de hoy venimos a hablar en favor de este dictamen, porque quienes tenemos el honor y el privilegio de vivir en algún puerto pesquero o en estado que vive y se puede beneficiar de los recursos. Hemos podido ser testigo como la importancia del cambio climático en estos momentos, ha venido afectando a las comunidades pesqueras en cada uno de nuestros estados.
Todos y cada uno de nosotros, quienes hemos tenido la oportunidad de recorrer estos campos pesqueros. Hemos recibido innumerables quejas de la necesidad de limitar y crear una nueva carta pesquera en nuestro país.
Es por eso que el día de hoy haciendo eco de miles de pescadores en todo nuestro país, venimos a apoyar estos dictámenes para que sean ellos quienes se beneficien, porque todos podemos ser testigos, cómo cada día las zonas de pesca se han alejado de las costas, cómo en cada uno de los diferentes estados pesqueros de nuestro país, las especies se han alejado o han cambiado o se han extinguido, como lo hemos podido percatar en mi estado Baja California Sur.
Hoy, estamos viendo y estamos recibiendo la preocupación recurrente de cientos de miles de familias, como es el ejemplo del municipio de Los Cabos que, al día de hoy por este cambio climático y la sobreexplotación, se ha visto relegada y minimizada a la pesca deportiva en nuestro querido estado. Esto afectando la economía de miles de sudcalifornianos.
Hemos sido testigos y hemos recibido el exhorto de la gente del Golfo de México, donde muchas especies al día de hoy, se han salido de los polígonos de pesca. Es por eso que el día de hoy, venimos a aprobar y venimos a apoyar favorablemente estos dictámenes para hacer este exhorto y estas reformas necesarias, para que las autoridades correspondientes tomen cartas en el asunto, en beneficio de los pescadores de nuestro querido país. Por eso el día de hoy venimos a solicitarles su apoyo para la aprobación favorable de este dictamen, que ha pasado por las comisiones unidas, y el día de hoy, ponemos a su consideración. Por lo pronto, los miembros de la Comisión de Acuacultura y Pesca estamos a favor y pedimos su apoyo para el presente dictamen. Muchas gracias. (Aplausos)
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se concede ahora el uso de la palabra al Senador Jorge Aréchiga Ávila, del Partido Verde Ecologista de México, para hablar a favor del dictamen. El Senador Jorge Aréchiga Ávila: Con su venia, Senador Presidente. Compañeras, compañeros Senadores. Buenas tardes. En los últimos días, hemos sido testigos del dominio de la naturaleza, del gran poderío de sus elementos naturales, y como seres humanos, somos vulnerables ante su mandato. Nuestras acciones contribuyen en gran medida a que la naturaleza nos beneficie o bien, nos reclame por agotar su capacidad de residencia. El cambio climático es la mejor bandera para ejemplificar estas acciones. Ante este fenómeno, una actividad que se ve claramente afectada es la pesca, la cual contribuye de manera determinante en la seguridad alimentaria, suministrando alimento de calidad en proteína animal, aunada a generar empleo en diferentes regiones del país. Por ello, la Ley en materia, prevé la elaboración y actualización de la Carta Nacional Pesquera, con el propósito de proporcionarle al sector los instrumentos que faciliten el aprovechamiento sustentable de los recursos marinos, y fortalezcan la comercialización de los productos y subproductos obtenidos del mismo medio. Asimismo, funge el resumen de la información necesaria de la actividad pesquera y acuícola, al igual que indicador de la situación actual de los recursos pesqueros y los factores que afectan al sector, entre los que destacan, la sobreexplotación, deterioro ambiental, flota caduca, falta de inspección y vigilancia y cambio climático. En este punto, se encuentran el aumento gradual de la temperatura, cambios en circulación de corrientes marinas, patrones de lluvias y caudales de los ríos, por citar algunos. Ante esta situación, las pesquerías se ven afectadas, ya que los organismos marinos cambian por la alteración de las condiciones físicas, químicas y biológicas, representando pérdidas para el gremio pesquero. Es por ello, compañeros Senadores, que el Partido Verde, acompaña con su voto a favor este dictamen. Es trascendental que se incluya en la Carta Nacional Pesquera, la información sobre el impacto que tiene el cambio climático en las pesquerías y su ambiente. Es indispensable que los pescadores tengan información clara, eficaz y suficiente de las variaciones climáticas y afectaciones que genera el cambio climático de las poblaciones de los recursos pesqueros, al igual que tener de manera oportuna los elementos científicos para influir en la toma de decisiones. Estamos ciertos que al tener una herramienta como ésta, dotará de condiciones suficientes al sector pesquero y acuícola de México, para potenciar su desarrollo y crecimiento. Con la información veraz y oportuna, se podrá prever desplazamientos y movimientos migratorios de los recursos pesqueros, cambios en los niveles marinos y cambio en la frecuencia, distribución e intensidad de las tormentas. Y con ello, minimizar los embates del fenómeno climático. El cambio climático es ya una realidad, debemos actuar ante ello, con medidas, adaptación y mitigación. Con esta inclusión, en la Carta Nacional Pesquera, estamos dando un paso certero en beneficio de un gremio azotado por la falta de políticas públicas. Necesitamos detonar el potencial de nuestros mares y acuacultura. Hoy podemos mirar esa realidad e impacta de manera contundente en beneficio de los pescadores de México y su medio ambiente. Muchas gracias, Senadores, por su atención. Es cuanto, Senador Presidente. (Aplausos)
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Al no haber más oradores inscritos, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación, hasta por tres minutos, para recoger la votación nominal del proyecto de decreto.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Esta Mesa Directiva da la más cordial bienvenida a un grupo de alumnos de la Licenciatura en Derecho del Centro Universitario Campus Chimalhuacán, del Estado de México. Asimismo, a un grupo de alumnos de la carrera de Derecho, del Instituto de Educación Digital del estado de Puebla, Campus Quecholac. ¡Bienvenidos, ambos grupos, al Senado de la República!
El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 90 votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones. El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IV, y se adiciona una fracción V, recorriéndose la actual y la subsecuente en su orden, todas del artículo 33 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional. Enseguida tenemos la segunda lectura del dictamen de las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura, y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 4 y 25 Bis a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, en materia de acuacultura en zonas marinas.
Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta parlamentaria de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura. El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de manifestarlo. (La Asamblea asiente)
Se omite la lectura, señor Presidente. El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Está a discusión en lo general. Tiene el uso de la palabra el Senador Óscar Román Rosas González, para hablar a favor del dictamen.
El Senador Óscar Román Rosas González: Con el permiso de la Presidencia. Senadoras y Senadores: La actividad pesquera, como ya lo hemos manifestado en anteriores ocasiones en esta tribuna, representa un sector que impacta en el desarrollo regional y el sustento de miles de familias en nuestro país. La pesca y la acuacultura aportan cerca del 1 por ciento al Producto Interno Bruto Nacional. La producción asciende a 1.5 millones de toneladas anuales, con un valor de más de 16 mil millones de pesos; el 83 por ciento corresponde a desembarcos de la pesca en los litorales, y el restante, esto corresponde a la acuacultura. Hace unos días aprobamos una reforma a la Ley de Aguas Nacionales para impulsar la actividad acuícola. Con este cambio el costo del agua será igual al suelo del sector agrícola ganadero. El dictamen que hoy discutimos busca incorporar al sector pesquero otra subclasificación de la pesca, susceptible de ser explotada; la maricultura, definida como el cultivo acuícola producido en ambiente controlado, pero adentro de los mares, con esta actividad es posible obtener hasta diez veces más de la producción en comparación con la pesca actual tradicional. Si bien la Sagarpa y la Conapesca han empezado a destinar recursos presupuestales para el fomento de esta actividad por medio de los recursos informativos, así como también de la capacitación y cursos y apoyos a proyectos, la maricultura es todavía una actividad incipiente en nuestro país. Por esta razón, el presente dictamen busca colocar a la maricultura como una actividad importante a desarrollar en los mares de nuestro país, la cual debe de estar estratégicamente planeada para generar crecimiento y riqueza en todas las zonas costeras de México. Entre sus ventajas está la obtención de los productos cosechados en ambientes y alimentación controlados, con los que se generan alimentos ricos en nutrientes, además de importantes beneficios económicos y la creación de empleos en las zonas de donde ésta se desarrolla. Votaremos a favor de este dictamen ya que otorga el soporte jurídico necesario para el fomento y el desarrollo de la maricultura en las zonas costeras e incorporar definiciones tales como: acuacultura de aguas interiores, aptitud acuícola, centros de aprovechamiento integral acuícola y pesquero, maricultura, ordenamiento acuícola y pesquería basada en la acuacultura que otorgan claridad y certeza al desarrollo de esta actividad. Los legisladores del Partido Revolucionario Institucional estamos convencidos que el sector pesquero necesita un fuerte impulso porque es la fuente generadora de empleos y coadyuva a garantizar la seguridad alimentaria de nuestro país. Senador Presidente. Es cuanto. (Aplausos)
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En virtud de que no hay otros oradores inscritos ni artículos reservados, ábrase el sistema electrónico de votación, por tres minutos, para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de decreto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación. (Se abre el sistema electrónico de votación)
El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico se emitieron 79 votos en pro; cero votos en contra y cero abstenciones. El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se adicionan diversas fracciones al artículo 4 y se adiciona el artículo 25-Bis a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.
Recibimos en la Mesa Directiva un acuerdo que suscriben los integrantes de la Junta de Coordinación Política por el que se modifican las comisiones del Senado.
Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que el asunto se incorpore a la agenda del día de hoy.
La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza se integre a los asuntos de hoy el acuerdo referido por la Presidencia.
Dé lectura la Secretaría de los puntos resolutivos del acuerdo presentado.
La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Doy lectura a los puntos resolutivos del acuerdo.
Primero. Que el Senador Enrique Burgos García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional se da de alta como Secretario de la Comisión Especial para el Diagnóstico y Reflexión sobre el texto que conforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Segundo. Que la Senadora María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional se da de alta como Secretaria de la Comisión Especial para Diagnóstico y Reflexión sobre el texto que conforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Tercero. Que la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática se da de alta como Secretaria de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia.
Al no haber oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Aprobado el acuerdo que modifica la integración de las comisiones del Senado, comuníquese.
Se cita a la siguiente sesión ordinaria del día de mañana jueves 17 de marzo, a las once horas.
Se levantó la sesión a las 14:27 horas.
http://www.senado.gob.mx:80/index.php?watch=15&id=1693 INFOMEX