Source: https://www.scribd.com/doc/104752801/Reglamento-sobre-Responsabilidad-el-caso-FJG-y-el-Debido-Proceso-1edicion
Timestamp: 2017-10-17 04:08:43
Document Index: 32997439

Matched Legal Cases: ['artículo 3', 'artículo 1462', 'artículo 3', 'artículo 19', 'artículo 14', 'artículo 8', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 10', 'artículo 3']

Reglamento sobre Responsabilidad, el caso FJG y el Debido Proceso - 1edición
Uploaded by Coordinadora Defensa Oriente
El Reglamento sobre Responsabilidad de la Pontificia Universidad Católica de Chile y su aplicación al caso de la manifestación contra el acto de la Fundación Jaime Guzmán
, a la luz del debido proceso.
EL REGLAME TO SOBRE RESPO SABILIDAD DE LA PO TIFICIA U IVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE Y SU APLICACIÓ AL CASO DE LA MA IFESTACIÓ CO TRA EL ACTO DE LA FU DACIÓ JAIME GUZMÁ , A LA LUZ DEL DEBIDO PROCESO.
Dedicado a Diana Frida Aron Svigilsky, Alejandro Juan Ávalos Davidson, Jenny del Carmen Barra Rosales, Leopoldo Raúl Benitez Herrera, Patricio Biedma Schadewaldt, Alan Roberto Bruce Catalán ,Carmen Cecilia Bueno Cifuentes – Jorge Hernán Müller Silva, Mauricio Jean Carrasco Valdivia, Ignacio Orlando González Espinosa, Luis Enrique González González, José Eduardo Jara Aravena, Juan Alberto Leiva Vargas, José Patricio del Carmen León Gálvez, Enrique López Olmedo, Víctor Eduardo Oliva Troncoso, Jaime Ignacio Ossa Galdames, Alicia Viviana Ríos Crocco, Juan Carlos Rodríguez Araya, Eugenio Ruiz-Tagle Orrego, Enrique Antonio Saavedra González, Jilberto Patricio Urbina Chamorro, Omar Roberto Venturelli Leonelli, Héctor Patricio Vergara Doxrud, Ismael Darío Chávez Lobos, María Teresa Eltit Contreras, Ángel Gabriel Guerrero Carrillo, Samuel del Tránsito Lazo Maldonado, Ernesto Igor Ríos Céspedes y a todos los miembros de nuestra Universidad víctimas de la dictadura de la que fue parte Jaime Guzmán Errázuriz. Anónimo. O colectivo. Que es igual. Agosto 2012. Primera Edición
PRESE TACIÓ El presente Informe tiene por objeto analizar el Reglamento sobre la Responsabilidad Académica y Disciplinaria de los Miembros de la Comunidad Universitaria de la Pontificia Universidad Católica de Chile y su aplicación en el Proceso de Responsabilidad instruido a solicitud del Rector Ignacio Sánchez en contra de veintinueve estudiantes que fueron parte de la manifestación en contra de un acto organizado por la Fundación Jaime Guzmán el 15 de diciembre del 2011, en la dependencias del Campus Oriente de la Universidad. Dicho análisis se realiza a la luz del desarrollo nacional e internacional del derecho al debido proceso a fin de señalar y sistematizar las vulneraciones detectadas.
El Reglamento sobre Responsabilidad de la Pontificia Universidad Católica de Chile y su aplicación al caso de la manifestación contra el acto de la Fundación Jaime Guzmán, a la luz del debido proceso.
I. I TRODUCCIÓ .
II. EL DEBIDO PROCESO: DEFI ICIÓ Y ELEME TOS. 1. Definición. 2. Elementos
III. A ÁLISIS DEL REGLAME TO SOBRE RESPO SABILIDAD A LA LUZ DEL DEBIDO PROCESO. 1. Breve exposición del Proceso de Responsabilidad 2. Vulneraciones al derecho al debido proceso.
IV. A ÁLISIS DE LA APLICACIÓ DEL REGLAME TO SOBRE RESPO SABILIDAD E EL CASO FJG. 1. Breve exposición del Caso FJG. 2. Vulneraciones al derecho al debido proceso.
V. CO CLUSIO ES
I. I TRODUCCIÓ . El análisis que nos hemos propuesto realizar busca cotejar el Reglamento sobre Responsabilidad Académica y Disciplinaria de los Miembros de la Comunidad Universitaria (En adelante, Reglamento sobre Responsabilidad) de la Pontificia 1 Universidad Católica de Chile (En adelante, PUC) y su aplicación al Proceso de Responsabilidad instruido en contra de veintinueve estudiantes que fueron parte de la manifestación en contra del acto organizado por la Fundación Jaime Guzmán el 15 de diciembre del 2011 en dependencias de la Universidad (En adelante, Caso FJG), con el reconocimiento del derecho al debido proceso, garantía constitucional de consagración en instrumentos internacionales ratificados por Chile, que el propio Reglamento sobre Responsabilidad dice respetar. La primera pregunta que nos convoca entonces es ¿Qué significa que la PUC “garantice siempre” a los miembros de la comunidad universitaria el derecho a la defensa y al debido proceso, tal como lo señala el artículo 3° del Reglamento sobre Responsabilidad? La materia nos invita a tener presente que sólo en las últimas décadas se ha desarrollado con fuerza la idea de que el derecho a un debido proceso trasciende por mucho el marco del derecho penal que lo motivó en un principio, abarcando toda actividad disciplinaria o sancionatoria que los órganos de la Administración del Estado desarrollen en contra de las personas2. Y más aún se ha llegado a comprender, aunque en menor intensidad, que siendo el derecho a un debido proceso un derecho humano, que fluye de la dignidad humana y de su protección, debe ser respetado y garantizado por cualquier órgano o autoridad, público o privado, que afecte la persona o bienes ajenos al substanciar investigaciones y sanciones. Así, la propia idea de “proceso” no puede ya circunscribirse exclusivamente a un proceso judicial3, sino que debe entenderse como cualquier serie de actos substanciados progresivamente con el objeto de resolver, mediante juicio de autoridad, el conflicto de relevancia jurídica sometido a decisión, sea esto en el contexto judicial, de un acto administrativo o el fruto de relaciones corporativas entre particulares4. El debido proceso comprendido de este modo, es una manifestación de racionalidad, igualdad y respeto a la persona humana en el contexto de la determinación de
EN LINEA http://bit.ly/O2Onle [Consulta al 20.8.2012] Sentencia Tribunal Constitucional Rol N° 244 de 1996 3 Así, la Sentencia del Tribunal Constitucional Rol N° 478 de 2006, considerando 13°, entiende el concepto de jurisdicción en sentido amplio, señalando que la garantía del art. 19 N°3 inciso 5° “se extiende, sin limitación alguna, al ejercicio de la jurisdicción –esto es, el poder-deber de conocer y resolver cualquier conflicto de carácter jurídico- por cualquier órgano, sin que importe su naturaleza, y se refiere a sentencia no en un sentido restringido, sino como toda resolución que decide una controversia de relevancia jurídica”. 4 ESPINOSA – SALDAÑA, Eloy. Jurisdicción Constitucional, Debido Proceso y los Márgenes de Acción del Juez Constitucional. Estudios Constitucionales, Centro de Estudios Constitucionales de la Universidad de Talca, Año N°1, 2003, p. 360.
responsabilidades en hechos infraccionales a normas de conducta. Es por lo mismo, condición de legitimidad y legalidad para la afectación de otros derechos en función de la sanción a una conducta determinada, como son por ejemplo, la honra, la no discriminación, la propiedad, la libre expresión o la libertad ambulatoria. De esta forma es que resulta en la actualidad muy difícil sostener la existencia legítima de procesos de investigación y sanción, aun cuando sean impulsados en relaciones entre particulares, que se pongan al margen del respeto al debido proceso. Ello es consecuencia no sólo del reconocimiento explícito de nuestra Constitución Política a esta garantía y de la relevancia y reconocimiento constitucional que otorga a los llamados órganos intermedios de la sociedad sino que también de la regulación común en las relaciones entre particulares, como por ejemplo, el artículo 1462 del Código Civil que señala que “Hay un objeto ilícito en todo lo que contraviene al derecho público chileno (…)”. El desafío de esta discusión se encuentra por lo tanto no en si es procedente o no la invocación de la garantía del debido proceso, que de sobra sabemos que lo es y así mismo, como hemos dicho lo señala el artículo 3° del Reglamento sobre Responsabilidad, sino que en determinar qué principios y derechos específicos pueden ser tenidos por esenciales o mínimos para admitir que estamos en presencia de un pleno respeto a este derecho fundamental, aplicado a un proceso disciplinario al interior de una Institución privada de Educación Superior constituida como Corporación de Derecho Público e integrante del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas. Es decir, un proceso que bien podría asemejarse al derecho administrativo sancionador como al que se ven afectos los estudiantes de Universidades Estatales en procesos de sumario. Dejando hecha la prevención del escaso desarrollo de esta materia en específico, realizaremos luego una breve exposición de los elementos más básicos comprendidos en el debido proceso para después detallar las situaciones que en el Reglamento sobre Responsabilidad y en su aplicación al Caso FJG atentan contra el respeto al referido derecho fundamental. Para ello tendremos a la vista lo dispuesto por la Constitución Política de la República (CPR), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Hacemos presente también que este trabajo busca primordialmente ser un texto ilustrativo y pedagógico por lo que se ha evitado en ocasiones el detalle preciso de conceptos o categorías más propias de un debate académico – jurídico.
II. EL DEBIDO PROCESO: DEFI ICIÓ Y ELEME TOS.
1. Definición. Nuestra CPR establece en su artículo 19 n° 3 una serie de disposiciones entre las que se comprende reconocido el derecho de todas las personas al debido proceso. En particular, el inciso sexto señala: “Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado. Corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos” Por su parte el artículo 14 del PIDCP, ratificado por Chile en 1972, contiene una enumeración de elementos que constituyen el debido proceso. Entre ellos destaca: “N° 2. Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley. N° 3. Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: a) A ser informada sin demora, en un idioma que comprenda y en forma detallada, de la naturaleza y causas de la acusación formulada contra ella; b) A disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa y a comunicarse con un defensor de su elección; c) A ser juzgado sin dilaciones indebidas; d) A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistida por un defensor de su elección; a ser informada, si no tuviera defensor, del derecho que le asiste a tenerlo, y, siempre que el interés de la justicia lo exija, a que se le nombre defensor de oficio, gratuitamente, si careciere de medios suficientes para pagarlo; e) A interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia de los testigos de descargo y que éstos sean interrogados en las mismas condiciones que los testigos de cargo; f) A ser asistida gratuitamente por un intérprete, si no comprende o no habla el idioma empleado en el tribunal; g) A no ser obligada a declarar contra sí misma ni a confesarse culpable”. A su vez, el artículo 8° de la CADH, ratificada por Chile en 1990, hace lo propio bajo la noción de “Garantías Judiciales”. Al respecto entrega en el N° 1 una noción de debido proceso prescribiendo que:
“Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”. Además señala que: “N° 2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: a) Derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal; b) Comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada; c) Concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa; d) Derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor; e) Derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley; f) Derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos; g) Derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, y h) Derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior. N° 3. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza”. Como vemos, la normativa expuesta hace referencia explícita a los procesos judiciales y particularmente, al derecho penal (“toda persona acusada de un delito”, “derecho del inculpado”, etc.). Ello se debe en buena parte a que es justamente en el contexto de los procesos penales donde la potestad sancionatoria del Estado, el ius puniendi, se manifiesta con toda su fuerza y máxima expresión, involucrando profundamente el interés público y diversos derechos fundamentales de los interesados.
Precisamente es como contrapartida a esa manifestación sancionatoria que se construyó el derecho al debido proceso y se lo consagra al nivel de derecho humano. Cabe preguntarse entonces de qué forma este derecho al debido proceso se manifiesta en situaciones de índole diversa a la penal. Frente a ello, por ejemplo, el Tribunal Constitucional de nuestro país ha tenido que resolver si es que acaso aplica y de qué forma, este derecho al debido proceso en el contexto del Derecho Administrativo Sancionador (Sanciones administrativas, procedimientos sumarios, etc.). Desde su Sentencia Rol N° 244 de 1996, se ha determinado que al Derecho Administrativo Sancionador se aplican los principios que le son propios al derecho penal, lo que sin embargo debe hacerse “por regla general” (que implica que en ocasiones podrían dejarse de lado) y “con matices” (en forma más flexible y menos garantista)5. Nosotros entenderemos entonces, que el debido proceso es aquel que sirve de base para cualquier resolución de autoridad que resuelva una controversia o imponga una sanción, de forma racional y justa. Es decir, el debido proceso es a la vez condición de validez para la resolución de autoridad, límite para la actuación de esta y derecho fundamental de la persona sujeta a la autoridad. A falta de otra referencia, afirmamos que la expresión del artículo 3° del Reglamento sobre Responsabilidad “garantizándoles siempre el derecho a la defensa y al debido proceso” (a los miembros de la comunidad universitaria) - y aún cuando nada dijese al respecto, por respeto y satisfacción del derecho fundamental al debido proceso – refiere a una concepción mínima de racionalidad y justicia en la imposición de sanciones por parte de la PUC, que en función de la autonomía universitaria se ha otorgado la facultad de conocer y sancionar las infracciones a su normativa interna por parte de los miembros de la comunidad universitaria. A fin de precisar esta definición o concepción mínima del derecho al debido proceso, siguiendo la línea del Tribunal Constitucional, sostenemos que está circunscrita por un conjunto de principios, que si bien son originarios del derecho penal, son aplicables “con matices” como orientadores y límites al desenvolvimiento de cualquier actividad sancionatoria al interior un Estado Democrático de Derecho como consecuencia de una comprensión racional y justa del proceso y un respeto irrestricto a la persona humana. De este modo diremos que la concepción mínima del derecho al debido proceso a la que alude el artículo 3° del Reglamento sobre Responsabilidad debe respetar un conjunto de principios, de los cuáles destacamos6:
Sentencia del Tribunal Constitucional Rol N° 479 y 480 de 2006 La definición de los principios que se pasa a exponer es una aplicación al Reglamento sobre Responsabilidad. Sobre los Principios del Derecho Penal, el Ius Puniendi y Derechos Fundamentales, véase
Principio de Legalidad, que importa la regulación previa de la facultad sancionatoria de la autoridad, determinando quién la ejerce, en qué forma y con qué límites. Asimismo, este principio abarca la existencia previa de normas que regulen el proceso sancionatorio, estableciendo por ejemplo, los plazos, las formas de comparecencia y los derechos de las personas sometidas al proceso, de modo tal que el proceso sea conocido de antemano por la persona investigada y no responda a la discrecionalidad de la autoridad. Como veremos en el apartado de elementos de la concepción mínima del debido proceso, la autoridad y el proceso previamente establecidos deben necesariamente reunir algunas características materiales como son la imparcialidad objetiva o subjetiva y, la bilateralidad y la contradicción respectivamente. Principio de Tipicidad, una expresión particularmente importante del principio anterior, que refiere a la existencia previa de las normas que determinen las conductas que se sancionan y las sanciones que corresponden a esas conductas. Si bien esa determinación exige para el derecho penal una rigurosa precisión de los hechos que constituyen delito, se ha comprendido que en otros ámbitos, como el administrativo, es posible tolerar una cierta flexibilidad permitiéndose el uso de tipos abiertos o conceptos jurídicos indeterminados. No obstante, esa flexibilidad no puede ser tal que las personas sujetas a la autoridad sancionadora tengan completa incertidumbre de las conductas consideradas como infraccionales y que por tanto acarrean sanción. Tampoco es tolerable que las personas desconozcan qué sanciones se aplican a las conductas infraccionales. Por ello, se comprende que al menos el “núcleo esencial” de la conducta sancionada debe estar expresamente indicado por la norma o reglamento. De esta forma podemos señalar que en de forma previa debiese que existir una norma que señale (i) los presupuestos básicos de la conducta sancionada, (ii) las remisiones a otros reglamentos o los elementos que deben ser determinados por la autoridad, (iii) los criterios por medio de los cuales se puede precisar la conducta y determinar sus elementos, (iv) las sanciones y las pautas mínimas que permitan su imposición. Principio de Culpabilidad, conforme al cual se exige para sancionar no sólo que la persona realice (perspectiva objetiva) la conducta sancionada sino que además esta le sea reprochable (perspectiva subjetiva), es decir, que haya actuado por dolo o negligencia grave. En observancia a este principio es que no tiene lugar la responsabilidad objetiva ni la responsabilidad solidaria. Es decir, no procede sancionar conductas no reprochables subjetivamente (como cuando se actúa por buena fe o no fue posible actuar de forma
por ejemplo: BASCUÑAN RODRÍGUEZ, Antonio. Derechos Fundamentales y Derecho Penal. En: http://bit.ly/PMj12i ; BUSTOS, Juan. Principios Fundamentales de un Derecho Penal Democrático. En: http://bit.ly/MVZOxk ; BARATTA, Alessandro. Principios de Derecho Penal Mínimo En: http://bit.ly/QKC2jR [Consultados el 26.8.2012]
diferente), sólo es posible sancionar a las personas por sus conductas y no por sus ideas o creencias y, sólo es posible sancionarlas por los hechos en que les quepa responsabilidad personal. Evidente es que tampoco es legítima la idea de la “sanción ejemplar” como sustento suficiente para la imposición de una sanción. Presunción de Inocencia, principio del que se colige que el investigado o posible sancionado es inocente a menos que se pruebe que es culpable. Ello implica por ejemplo, que quien acusa es quien debe asumir la carga de probar los hechos y la responsabilidad en ellos de las personas imputadas y no, por el contrario éstas asumir la carga de probar su inocencia o “no culpabilidad”. La mencionada carga probatoria debe satisfacer pues las normas de valoración de la prueba establecidas previamente y a fin de cuentas, de la lógica y la razón, para que la resolución que imponga la eventual sanción pueda justificar debidamente las decisiones que se adoptan. La insuficiencia en el resultado de las pruebas valoradas por la autoridad sancionadora debe traducirse necesariamente en la absolución de las personas acusadas. De ello se desprende además que las personas sometidas a la autoridad sancionadora pueden optar por la defensa que estimen conveniente, no pudiendo impedirse arbitrariamente el guardar silencio como una de ellas. Principio de Proporcionalidad, que demanda una correspondencia entre la gravedad de la conducta y la sanción aplicada considerando inclusive, las consecuencias materiales de la aplicación de dicha sanción. Dicho principio aplica tanto para la norma que contiene las sanciones como para la aplicación concreta que realiza la autoridad.
2. Elementos A partir de la razón y la justicia que como hemos visto implica el desarrollo de un proceso sancionador y de los principios que hemos expuesto previamente, pasamos a puntualizar para mejor comprensión elementos/derechos que implica la idea mínima del derecho al debido proceso a que hace referencia el Reglamento sobre Responsabilidad. Una concepción mínima del derecho al debido proceso, implica reconocer a las personas objeto de investigación: a) El derecho a que el procedimiento se desarrolle ante un juez previamente constituido, es decir, a normas que establezcan el juez, determinen su función, los impedimentos para ejercer el cargo, entre otros, con antelación al inicio del proceso. Dicho juez debe ser imparcial, es decir, no debe estar afecto motivos personales ajenos a los ventilados en el proceso que determinen su resolución (imparcialidad subjetiva), y menos aún, ser parte o parte interesada en el resultado del proceso que lleva adelante (imparcialidad objetiva o impartialidad). Para que dicha imparcialidad sea efectiva, debe
ser exigible. Es decir, debe existir al menos un esbozo de causales de inhabilidad y la posibilidad de las personas objeto de la investigación de solicitar la inhabilitación. En este mismo sentido, el derecho a solicitar a que se formalice el proceso a fin de dar término a investigaciones desformalizadas en su contra sin su conocimiento y de permitir la debida defensa. b) El derecho a una pronta resolución del proceso y a una sentencia o resolución fundada que le dé término. c) El derecho a defenderse de los cargos que se imputan, teniendo presente que todas las personas gozan del principio de inocencia. A fin de que este derecho sea efectivo, debe considerar: c.1) El derecho a una acusación formal, descriptiva, precisa y detallada del hecho que se acusa y la fundamentación de derecho que sustenta la acusación. c.2) El derecho a hacerse asesorar oportunamente por persona de confianza o a acceder a defensa a costa de quien dirige el proceso. c.3) El derecho a intervenir en el proceso personalmente o por medio de representante, a hacerse oír por quiénes lo dirigen y a obtener respuesta oportuna y razonable a las peticiones que realice, a presentar toda prueba que considere oportuna y a no ser forzado mediante fuerza o engaño a auto incriminarse o a declararse culpable. c.4) El derecho al acceso sin restricciones a las pruebas que sostienen la acusación en su contra, a interrogar y contrainterrogar a los testigos que declaran en el proceso, al tiempo adecuado y los medios necesarios para preparar la defensa. d) El derecho a recurso o a segunda instancia a la que solicitar la revocación parcial o total de la resolución que le resulte desfavorable.
III. A ÁLISIS DEL REGLAME TO SOBRE RESPO SABILIDAD A LA LUZ DEL DEBIDO PROCESO Teniendo en vista el significado que hemos otorgado al derecho al debido proceso que el artículo 3° del Reglamento sobre Responsabilidad dice “garantizar siempre” a todos los miembros de la comunidad universitaria en el contexto de la realización de un Proceso de Responsabilidad, pasaremos a continuación a puntualizar las disposiciones – o ausencia de ellas – que no pueden si no contrariar una mínima concepción de este derecho.
1. Breve exposición del Proceso de Responsabilidad El Reglamento sobre Responsabilidad es el encargado de regular la responsabilidad académica y disciplinaria de todos los miembros de la Comunidad Universitaria (académicos, estudiantes y funcionarios administrativos) por conductas que aparezcan como contrarias a la Declaración de Principios, los Estatutos, las Normas Generales de la Universidad o la “convivencia universitaria”. Dicha responsabilidad se determina mediante un “Proceso de Responsabilidad” que es iniciado por Resolución del Secretario General quien puede instruirlo tanto por iniciativa propia como por denuncia de algún miembro de la comunidad universitaria que estime pudiera constituir infracción. En la misma resolución que inicia el Proceso de Responsabilidad, el Secretario General designa a un Investigador para que instruya la investigación. Este a su vez, designa a un funcionario para que se desempeñe como Actuario o Ministro de Fe. La investigación no puede durar más de veinte días hábiles desde “la fecha de la primera audiencia a la que comparezca la primera o única persona citada por el Investigador”, plazo que puede ser prorrogado por el Secretario General, por solicitud fundada del Investigador. Agotada la investigación, el Investigador formula cargos a las personas que correspondan. Dentro de cinco a siete días se realiza audiencia de descargos en la que el imputado debe contestar y ofrecer rendir prueba en sustento de la defensa. Dicho plazo puede ser prorrogado por una sola vez hasta por cinco días hábiles. Luego de la Audiencia, el Investigador evacua un Informe al Secretario General con el detalle del Proceso y propuestas de sanciones. Recibido el Informe el Secretario General puede corregir vicios, designar un nuevo Investigador, reabrir la investigación, sobreseer temporal o definitivamente o aplicar alguna de las sanciones señaladas en el Reglamento
sobre Responsabilidad. Las sanciones adoptadas por el Secretario General deben ser formalizadas por Resolución del Rector. Frente a las sanciones de amonestación verbal o escrita, es posible solicitar reconsideración ante el propio Secretario General. Las sanciones de suspensión y expulsión pueden ser apeladas ante la Comisión de Apelación. La Comisión de Apelación está integrada por cinco miembros permanentes elegidos por el H. Consejo Superior de entre sus propios miembros. Estos duran tres años en su cargo y pueden ser reelegidos. Además la integran tres miembros de carácter suplente, elegidos del mismo modo que los de carácter permanente. Estos reemplazan a los miembros permanentes cuando estos no puedan concurrir a componer la Comisión. La Comisión siempre debe sesionar con cinco miembros. Se señala como única inhabilidad para los miembros de la Comisión el pertenecer a la misma Facultad o Dirección del apelante. La apelación es presentada al propio Secretario General, quien cita a la Comisión a una audiencia en la que el Investigador hace una relación del proceso sin la presencia del apelante o apelantes. Acto seguido, el Secretario General defiende los cargos y las sanciones aplicadas y el apelante presenta su defensa (sic). La Comisión emite un informe dentro de tres días, resolviendo en conciencia mantener o modificar la sanción impuesta por el Secretario General.
2. Vulneraciones al derecho al debido proceso. A continuación pasamos a detallar las vulneraciones que pueden detectarse en el propio Reglamento sobre Responsabilidad. Al final de cada una se señalan palabras clave para la comprensión de la vulneración en particular. 2.1. No existe claridad respecto de qué diligencias son propias de la investigación antes de notificar de cargos a los imputados y cuáles lo con posterioridad a esta. Ello produce por ejemplo, la extraña situación de que una persona “imputada” deba forzosamente comparecer a prestar declaración (art. 17 y 16) incluso antes de saber que es “imputado” lo cual no ocurre hasta la formulación de cargos del art. 23. O también permite que un Investigador se encuentre manifiestamente inhabilitado durante todo el curso de la investigación (que puede durar un tiempo indefinido pues no hay límite a la prórroga del art. 13, a diferencia de la prórroga “pro imputado” del art. 24) pues mientras no notifique la
formulación de cargos a él o los imputados, estos obviamente no podrán solicitar su recusación7 conforme lo señala el art. 19. En esta misma línea ejemplar, los miembros de la comunidad universitaria están obligados a declarar bajo pena de considerarse su silencio como falta grave aún cuando puedan estimar que su declaración los afecta. Tampoco tienen la posibilidad de exigir que se les formulen cargos a efectos de acceder a una debida defensa para luego prestar declaración. Palabras clave: Principio de Legalidad. Proceso racional. Derecho a defensa. Presunción de inocencia. 2.2. En la práctica, la Investigación tiene un plazo indefinido pues si bien el art. 13 se refiere a veinte días hábiles “desde la fecha de la primera audiencia…”, el mismo artículo señala que el plazo puede ser prorrogado (sin indicar límite de tiempo o de veces) por Resolución del Secretario General. No sucede lo mismo con el plazo del imputado para formular sus descargos, que conforme al art. 24 sólo puede ser prorrogarse una vez y por un máximo de cinco días hábiles. Palabras clave: Proceso racional. Derecho a pronta resolución del conflicto. 2.3. El Reglamento sobre Responsabilidad carece de toda disposición relativa a los requisitos para que una persona asuma y se desempeñe como Investigador. En este sentido la regulación de la recusación del Investigador resulta simplemente vulneratoria. No existe ninguna referencia a las causales que proceden para solicitarla. Además, la recusación se restringe exclusivamente a un plazo de dos días desde que el imputado declara ante el Investigador, excluyendo la posibilidad de recusarlo por causas que sobrevengan con posterioridad. Y por si fuera poco, la solicitud de recusación es resuelta por el Secretario General que precisamente fue quien designó al Investigador. Lo más curioso sin embargo es que la recusación sólo se contempla para el Investigador (que al efecto se desempeña como una especie de juez substanciador y fiscal) pero no para el Secretario General (especie de juez fallador de primera instancia) que es quien decide si sancionar o no en primera instancia. Tampoco existe recusación para los miembros de la Comisión de Apelación. Ni para estos ni para el Secretario General existen tampoco causales de inhabilidad.
“Recusación” es el acto procesal que tiene por objeto impugnar la actuación de un juez en un proceso, cuando una parte considera que no es apto porque su imparcialidad está en duda.
Finalmente, resulta problemático que siendo el Rector mediante Resolución fundada el que formaliza todo tipo de sanción, no se considere su inhabilitación para ello en el caso en el que él mismo haya sido quien haya denunciado eventuales hechos infraccionales ante el Secretario General. Más todavía considerando lo dispuesto por el art. 22 que le otorga a la declaración del Rector y de otras autoridades el valor de plena prueba. Palabras clave: Imparcialidad subjetiva. Imparcialidad objetiva. Proceso racional 2.4. No existe, ni en el Reglamento sobre Responsabilidad ni el Reglamento de los Alumnos de Pregrado, un catálogo claro y detallado de los derechos de los estudiantes frente al Proceso de Responsabilidad. La única mención es la del artículo 3° del Reglamento, que por vaga ha motivado justamente este Informe. Palabras clave: Principio de Legalidad. Proceso justo. 2.5. La enumeración que el art. 10 realiza de las conductas que constituyen infracción disciplinaria es una notable y evidente manifestación de la vulneración al Principio de Tipicidad y de absoluta arbitrariedad en la regulación del Proceso de Responsabilidad. Vemos por ejemplo que el segundo inciso señala “Las siguientes conductas constituirán infracciones disciplinarias, sin que la enunciación sea taxativa”. Es decir, los estudiantes de la Universidad quedan sometidos a la total y completa discrecionalidad y arbitrariedad de la autoridad de turno que bien puede inventar nuevas infracciones sin siquiera tener que reformar el Reglamento sobre Responsabilidad. A ello debemos sumar la notoria flexibilidad y apertura en la descripción de las conductas e incluso un error bastante grosero en la letra g) que pareciera señalar que la Universidad puede autorizar actos contrarios a la moral o a las buenas costumbres. La letra k) del segundo inciso y d) del tercer inciso son particularmente preocupantes en su redacción. La falta de tipicidad se extiende asimismo a las sanciones las que sólo están señaladas en los arts. 33 y 34 pero no concordadas de forma alguna con las conductas. Es decir, el Secretario General decide a su completa discrecionalidad qué sanciones corresponde a qué infracciones puesto que ni siquiera existe graduación de gravedad de éstas últimas. Palabras clave: Principio de Tipicidad 2.6. El Reglamento contiene dos sanciones particularmente desproporcionadas que de paso atentan contra el derecho a la defensa y el principio de inocencia. Nos
referimos al art. 16 que considera como “falta grave” (De todos modos, ¿Qué es una “falta grave”?) el que un miembro de la comunidad universitaria no comparezca a declarar. En ello no se comprende cuál es el bien jurídico protegido y además preocupa el que los miembros de la comunidad universitaria no tengan ningún tipo de derecho ni garantía frente a esa citación. Asimismo, el art. 19 que dispone que la no comparecencia del imputado constituye una “presunción grave en su contra”. Ello es simplemente aberrante pues transgrede toda noción del principio de culpabilidad y violenta el derecho a la defensa al obligar a una conducta determinada al imputado. Palabras clave: Principio de culpabilidad. Presunción de inocencia 2.7. La existencia de medios de prueba privilegiados, como son la atribución de plena prueba a la declaración de determinadas autoridades conforme lo señala el art. 22, es una arbitrariedad sin justificación alguna. Palabras clave: Proceso racional y justo 2.8. La Universidad garantiza el “derecho a la defensa” pero no asegura de modo alguno el acceso efectivo a letrado o funcionario de confianza que pueda asesorar al imputado y representarlo. Dicho sea de paso, la disposición del art. 7 relativa a la obligación de actuar en forma personal carece de justificación y entorpece el ejercicio de la defensa. Palabras clave: Acceso a defensa. 2.9. A su vez, el proceso de apelación también importa una transgresión grosera al derecho al debido proceso. Ello pues vemos que el art. 65 prohíbe expresamente la presencia de los apelantes en la relación de la causa. Pero peor aún, debido a que dicha relación la realiza el mismo Secretario General que ordenara iniciar el Proceso, que nombrara al Investigador, que evaluara el informe y que impusiera la sanción en primera instancia. Luego, sin haber escuchado siquiera esta “relación/defensa de lo obrado” que realiza el Secretario General, los apelantes deben realizar su defensa ante la Comisión. Palabra clave: Derecho a Recurso. Derecho a defensa. Imparcialidad
IV. A ÁLISIS DE LA APLICACIÓ DEL REGLAME TO SOBRE RESPO SABILIDAD E EL CASO FJG Para la elaboración de este Informe se ha tenido acceso a la defensa de un grupo mayoritario de los estudiantes formalizados de cargos con motivo del Caso FJG. Si bien el Proceso de Responsabilidad no ha concluido, los autores de este Informe han reunido suficientes antecedentes como para realizar un primer análisis a la luz del debido proceso de la aplicación del Reglamento sobre Responsabilidad a este caso en concreto.
1. Breve exposición del Caso FJG. Para el día 15 de diciembre de 2011 el Secretario General de la Universidad autorizó la realización de un acto político organizado por la Fundación Jaime Guzmán con el fin de conmemorar sus veinte años de existencia y el ideario de su inspirador. El acto se llevaría a cabo en dependencias del Campus Oriente de la Universidad, que sólo unas semanas antes había sido parte protagonista de las movilizaciones estudiantiles de ese año. Al acto asistieron autoridades de la Universidad, incluido el Rector, los miembros de la Fundación Jaime Guzmán, autoridades de Gobierno y dirigentes políticos vinculados al Partido Unión Demócrata Independiente. Incluso se esperaba la asistencia del Presidente de la República la que finalmente no se concretó. La comunidad universitaria no fue invitada, ni siquiera la del propio Campus Oriente. Y de hecho, no fue hasta horas antes del acto que estudiantes y profesores fueron informados con precisión de que debían dar por terminada las clases y ensayos. Tanto la interrupción intempestiva de las actividades académicas como el carácter abiertamente político partidista del acto que se pretendía realizar al interior de la Universidad causaron un fuerte malestar en los estudiantes que se encontraban presentes. Ello se tradujo en manifestaciones de descontento que fueron tomando forma de “funa” al acto. En un episodio de particular tensión incluso uno de los estudiantes resultó golpeado en el suelo por un número indeterminado de personas asistentes al acto y guardias de seguridad. El día 16 de diciembre el Rector, y tras fuertes presiones mediáticas de dirigentes políticos y autoridades de gobierno, solicitó en sesión del H. Consejo Superior investigar los hechos en los que “presumiblemente alumnos de la Universidad”, “gritaron consignas contrarias al evento, insultaron a los asistentes, interrumpieron el acto, etc”. Por resolución N°1492/2011 de Secretaría General se ordenó instruir Proceso de Responsabilidad a fin de establecer la responsabilidad en “disturbios y ofensas” en que habrían incurrido miembros de la comunidad universitaria, designándose Investigador al Sr. Rodrigo Urzúa Martínez.
Sin embargo no fue sino hacia fines del mes de junio 2012 que un grupo de estudiantes de las tres carreras de Campus Oriente fueron notificados de la formulación de cargos que se realizaba en su contra. A la fecha de esta edición, los imputados han presentado cuestionamientos al desarrollo del proceso y a las escasas garantías que este ofrece. Además han presentado descargos recalcando que no sólo hicieron ejercicio de la libertad de expresión sino que además se manifestaron en contra de un acto que nunca debió ser autorizado al interior de la Universidad por ser de carácter político – partidista.
2. Vulneraciones al derecho al debido proceso. A continuación pasamos a detallar las vulneraciones que pueden detectarse en la aplicación del Reglamento sobre Responsabilidad al Caso FJG y en la substanciación de este en su actual momento de tramitación. Al final de cada una se señalan palabras clave para la comprensión de la vulneración en particular. 2.1. El Rector, el Secretario General y el Investigador no garantizan imparcialidad para desempeñar la función que les encomienda el Reglamento Sobre Responsabilidad Como hemos visto, es el Rector mediante Resolución fundada el que formaliza toda sanción que se aplique contra estudiantes. Sin embargo, ha sido el propio Rector quien ha denunciado los eventuales hechos constitutivos de infracción tomando así desde un principio parte en el Proceso. Por añadidura, el art. 22 posibilita que lo señalado por él, que “presenció en forma directa”, sea tenido por plena prueba. Asimismo, el Secretario General se encuentra en una situación de interés respecto del resultado del proceso. Ello pues es él quien autorizó el uso del Campus Oriente para el acto de la Fundación Jaime Guzmán, un acto de evidente carácter político partidista que ha sido denunciado por los propios imputados como contrario al art. 10 de los Estatutos de la Universidad, a las disposiciones atingentes en el DFL 2/2012 del Ministerio de Educación y a la propia Constitución Política de la República. Por añadidura ha sido fuertemente cuestionada la organización del acto mismo en cuanto no habría contado con la seguridad suficiente ni con la prevención mínima de comunicar oportunamente a los miembros de la comunidad universitaria afectados en su quehacer académico. Pese a lo anterior y a que estas denuncias constan en el Caso FJG no se ha tenido noticia a la fecha de que se haya instruido Proceso de Responsabilidad en contra de quienes resulten responsables de haber autorizado un acto político partidista al interior de la Universidad,
que interrumpió su normal funcionamiento, y además, de haber obrado negligentemente en su organización. Y del mismo modo nos encontramos con la situación del Investigador, designado por el Secretario General, quien resulta ser el Sr. Rodrigo Urzúa Martínez quien actualmente es además Pro Secretario General. Conforme lo señala el art. 44 de los Estatutos de la Universidad, el Sr. Urzúa permanece en dicho cargo mientras cuente con la confianza del Secretario General e incluso le podría corresponder subrogarlo. En ninguno de los tres casos se ha planteado de oficio ningún reparo de inhabilidad. En el caso del Secretario General, varios de los imputados solicitaron su inhabilitación lo que fue rechazado por el Investigador. Palabras clave: Imparcialidad objetiva y subjetiva. 2.2. La investigación del Sr. Urzúa ha tardado casi siete meses desde la Resolución que instruyó el Proceso antes de formular cargos al grupo de estudiantes. Lo que de por sí viene a ser un plazo desmedido frente al tiempo que tuvieron los imputados para preparar su defensa resulta además preocupante por la gestiones realizados en ese lapso de tiempo. Así, junto con tomar declaraciones de testigos que los imputados no han tenido oportunidad de interrogar o contrainterrogar, coincidentemente el Sr. Investigador citó en el transcurso de dichos meses a declarar a todos los estudiantes a los que en el mes de junio formularía cargos. Dicho procedimiento realizado por la Actuaria doña Marisol Urrutia impidió que los estudiantes accedieran a asesoría o defensa antes de declarar y lejos de ello, fueron llevados mediante engaños a prestar declaraciones auto incriminatorias sin ser informados en ningún momento de que eran investigados o potenciales imputados. Algunos de los luego formalizados incluso señalan que se les hizo presente en esa ocasión la “obligación de declarar” y que fueron presionados para firmar la transcripción de la declaración. La situación de vulneración al derecho a defensa y la obtención de prueba ilícita fueron hechas presentes al Investigador por varios de los imputados, sin ningún resultado positivo. Palabras clave: Derecho a pronta resolución de conflicto. Derecho a no auto incriminarse. Derecho a defensa. 2.3. La formulación de cargos realizada a los estudiantes por medio del documento titulado “Formulación de Cargos” es en extremo confusa e imprecisa. A párrafo 77 de dicho documento, se señala genéricamente “que de los antecedentes mencionados en los considerandos anteriores y, en especial, de los videos y fotos acompañados al proceso y de las propias declaraciones efectuadas en este proceso (…)”. A continuación, se agrupan a
los formalizados según las conductas que estas pruebas señalarían que habrían cometido. En ningún caso sin embargo se expone el detalle preciso de las pruebas que sostienen la participación de cada uno de los acusados. Sólo se sostiene mediante expresiones genéricas la formulación de cargos al grupo de estudiantes “aunque en distinto grado”, según la expresión magistral que ocupa el Sr. Investigador para acusar a los estudiantes en la letra b) de sus resoluciones. A fin de demostrar la absoluta imprecisión de la formulación de cargos pondremos como ejemplo a un imputado hipotético, ubicado en el párrafo 77.- letra c) del documento. Nuestro imputado hipotético, al igual que los demás formalizados en la letra c), es acusado de que “(...) los videos y en algunos casos sus propias declaraciones, acreditan que no sólo participaron en los incidentes con la intención de ‘funar’ la actividad sino que, además, incurrieron en excesos como gritar y golpear los vidrios de la sala de eventos”. Luego, se señala en la letra f) del mismo párrafo 77.- que “Los hechos antes señalados y en los que han incurrido, son de aquellos expresamente establecidos en el artículo 10 del Reglamento sobre Responsabilidad, como infracción disciplinaria. En particular, los hechos señalados se enmarcan en lo dispuesto en las a), b), c), g) y k) (…)”. Cabe señalar que el documento “Formulación de Cargos” es idéntico para todos los imputados por lo que a todos se les acusa con esta misma letra f). Conforme a lo anterior nuestro imputado hipotético tiene que asumir que haber gritado, golpeado vidrios y haber “participado de los incidentes” alcanza al mismo tiempo para haber incurrido en las conductas típicas de realizar actos que menoscaben de cualquier modo los principios o imagen de la Universidad; expresarse, públicamente y por cualquier medio, de forma deshonesta o en menoscabo de algún miembro de la comunidad universitaria; incitar o cometer actos de violencia o intimidación en contra de miembros de la comunidad universitaria, o contra personas ajenas a ella, desde recintos universitarios o dentro de ellos; cometer actos contrarios a la moral y a las buenas costumbres en los recintos de la Universidad o en lugares en que la Universidad ocupe o utilice, cuando no exista autorización otorgada por la autoridad competente; y cualquier otra conducta que altere la normal convivencia de la comunidad universitaria, el normal desarrollo de una actividad académica o de las labores que son propias de la Universidad. (Letras a, b, c, g y k del art. 10 del Reglamento sobre Responsabilidad).
Pero como si eso no bastara, en la letra b) de las Resoluciones del documento “Formulación de Cargos” se dice además que a nuestro imputado hipotético, al igual que todos los otros, se le formulan los cargos de: “(…) haber participado en los incidentes ocurridos en Campus Oriente el día 15 de diciembre de 2011, mediante actos tendientes a impedir una actividad autorizada por la Universidad, manifestando no sólo su descontento verbal con dicha actividad sino, además incurriendo en exabruptos verbales y físicos, faltando el respeto a los invitados de dicha actividad y al propio Rector de la Universidad, provocando daños en propiedad ajena,
y exhibiendo conductas de intolerancia que exceden la mera confrontación de pensamientos e ideas discordantes, conductas todas ajenas a los Principios y Estatutos Generales de la Universidad”.
Como vemos, la formulación realizada de forma grupal no sólo es confusa e imprecisa, sino que además acusa a diestra y siniestra a los estudiantes de conductas que ni siquiera están someramente acreditas por prueba alguna. Es eso, o sólo nos queda asumir que el Sr. Investigador cree legítimo perseguir responsabilidades solidarias o grupales a modo ejemplar, sin ningún respeto por el principio de culpabilidad y pasando a llevar la dignidad y honra de los estudiantes imputados al formularle cargos sin ningún sustento probatorio serio. Esta situación entorpece el ejercicio de la defensa, vulnera el principio de inocencia y esta ajena a cualquier noción de razonabilidad en el proceso. Varios de los estudiantes sumariados hicieron presente esta situación al Sr. Investigador el que sin embargo lo desestimó y de hecho afirmó que las infracciones de las que se acusa “están plenamente precisadas” y que “no hay imprecisión ni confusión alguna en lo referido”. Palabras clave: Derecho a acusación formal. Derecho a defensa. Proceso racional. 2.4. En el transcurso del proceso se ha negado entregar copia íntegra del expediente a los acusados. Sólo se les hizo entrega del documento “Formulación de Cargos” en que figuran declaraciones de testigos a los que los propios acusados no han
podido interrogar ni contrainterrogar. Esas declaraciones que constan en el documento no son nisiquiera copia fiel del original, no están firmadas por los declarantes ni se señala en qué momento y forma fueron tomadas. La negativa de entregar copia de expediente afecta directamente la defensa de los estudiantes acusados. Más todavía considerando que la propia formulación de cargos destaca que los hechos constan en videos y fotografías, a los que tampoco se ha tenido acceso. Así, se señala en párrafo 77 del documento “Que de los antecedentes mencionados en los considerandos anteriores y, en especial, de los videos y fotos acompañados al proceso y de las propias declaraciones efectuadas en este proceso (…)”. De la misma forma, sólo se enumeran un conjunto de documentos (párrafos 1 a 8) de los cuales no se entrega copia. En cambio, el Sr. Investigador ante la denuncia de esta situación por varios de los estudiantes, ha pretendido dar satisfacción al derecho a acceder al expediente señalando que este “ha estado a disposición de quien quiera consultarlo”, en las dependencias de Secretaría General, específicamente, en el lugar de trabajo de la Actuaria doña Marisol Urrutia. Misma “concesión” ha realizado el Sr. Investigador respecto de los videos que supuestamente sostienen la acusación. La idea es por lo bajo grosera. El Sr. Investigador pretende que los acusados puedan preparar su defensa estudiando en su propio despacho y en presencia de la Actuaria las pruebas que sostienen la acusación, tales como videos o fotografías. Ello simplemente hace irrisoria la posibilidad de defenderse de los cargos formulados. Palabras clave: Derecho a defensa. Acceso irrestricto a expediente. 2.5. Llevándose el proceso por escrito y no por audiencia como señala el Reglamento sobre Responsabilidad, la mayoría de los estudiantes acusados presentaron finalmente sus descargos, solicitaban la apertura de un término probatorio y solicitaban efectuar siete diligencias probatorias para sostener su argumentación. En la resolución que recae sobre dichos escritos, el Sr. Investigador optó por negar de plano el término probatorio aludiendo a los plazos establecidos en el Reglamento sobre Responsabilidad respecto del proceso llevado a cabo mediante audiencias y negó por “improcedentes” todas las diligencias solicitadas. Frente a ello los estudiantes solicitaron al Sr. Investigador la reposición de su solicitud, lo que nuevamente fue negado de plano. Más allá de restringir la posibilidad de producir prueba para defenderse de los cargos, estas últimas resoluciones del Investigador sumadas a que no existió posibilidad de tachar o contrainterrogar testigos son reflejo de un proceso llevado de forma unilateral y completamente parcializada. Palabras clave: Derecho a producir prueba. Derecho a defensa.
V. CO CLUSIO ES. Hemos analizado a la luz del derecho al debido proceso tanto el Reglamento sobre Responsabilidad como su aplicación al Caso FJG. Para ello, y debido a la vaguedad del artículo 3° del mismo Reglamento, hemos fijado un estándar mínimo de reconocimiento al derecho al debido proceso y a la defensa, comprendida esta dentro del primero. Ello pues además, el derecho al debido proceso como garantía en relaciones corporativas entre particulares es una idea aún falta de desarrollo. Al respecto ha llamado poderosamente la atención el alto nivel de imprecisión e incoherencia interna del Reglamento sobre Responsabilidad. La existencia de normas que no soportan examen alguno frente al debido proceso que dice reconocer, ni siquiera frente a la mínima lógica, invitan a abrir un profundo debate respecto de los derechos estudiantiles en nuestra Universidad, más aún considerando que en asuntos tan delicados como la persecución de responsabilidades infraccionales siempre están involucradas la convivencia universitaria, la honra y la dignidad de las personas afectadas, todas centralidades en la misión educativa y evangelizadora de la Universidad. Lo transcurrido en el Caso FJG no ha sido la excepción. La aplicación del Reglamento sobre Responsabilidad ha resultado como era esperarse en un proceso altamente discrecional, arbitrario y unilateral que ha negado a los imputados las garantías más básicas comprendidas en el derecho al debido proceso. Frente a esa situación, la actitud de los encargados de dirigir el proceso no ha sido la mejor. La defensa de los estudiantes acusados en el Caso FJG ofrece la posibilidad de abrir el debate respecto de esta materia y también de la relación de organizaciones ajenas con nuestra Universidad y sus autoridades. Más urgentemente en todo caso, este Informe es un llamado de atención a la Comunidad Universitaria frente a la manifiesta vulneración de los derechos de veintinueve estudiantes de la Universidad.
Documents Similar To Reglamento sobre Responsabilidad, el caso FJG y el Debido Proceso
APELACION EXCEPCIONES
Castillo, L. (2005). El contenido constitucional de los derechos como objeto de protección del proceso de amparo. En J. Palomino (Ed.). El Derecho procesal constitucional Peruano