Source: https://ddhh.es/tribunal-europeo-de-derechos-humanos/convenio-europeo-derechos-humanos/derecho-propiedad/eko-elda-avee-grecia/
Timestamp: 2020-01-22 19:52:24
Document Index: 328206203

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EKO-ELDA AVEE c. Grecia - DDHH ABOGADOS
EKO-ELDA AVEE c. Grecia
A veces el Estado no paga unos intereses debidos. Eso fue lo que pasó en este caso griego, violándose así el artículo 1 del Protocolo 1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, el cual establece:
“Nadie será privado de sus posesiones, excepto por razones de interés público y sujeto a las condiciones establecidas por la Ley y por los principios generales del derecho internacional.”
Origen del asunto:
Demandas ante los Tribunales nacionales:
Razonamiento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos frente a la invocación de vulneración del artículo 1 del Protocolo nº 1
La sociedad limitada Eko-Elda Avee, especializada en productos derivados del petróleo pagó a las autoridades fiscales aproximadamente 402. 338 euros como anticipo del impuesto sobre la renta correspondiente al ejercicio fiscal 1987.
A continuación, las autoridades fiscales concedieron a la empresa demandante una reducción del 10% sobre la cantidad pagada, como una bonificación por realizar el correspondiente pago completo por adelantado sin solicitar pagar en plazos, por lo que el pago de impuestos anticipado se redujo a aproximadamente 362.105 euros.
Después de ello, la empresa demandante presentó ante las autoridades su declaración de impuestos correspondiente al año 1987.
La sorpresa fue que la declaración reveló que la mercantil había sufrido pérdidas sustanciales en sus beneficios, lo que significaba que las autoridades deberían reembolsar a la empresa demandante el importe abonado como anticipo puesto que se había pagado indebidamente.
Es por ello que la empresa demandante solicitó la devolución del importe que había pagado de más a las autoridades fiscales atenienses que se encargaban de las sociedades limitadas, que era el importe recaudado en el impuesto a la renta para el año 1987.
El Estado se negó a cumplir con su solicitud y, en 1991, la empresa demandante interpuso un recurso contra el Estado ante el Tribunal Administrativo de Atenas. Solicitó el reembolso de la cantidad que pagó de más con arreglo a la Ley nacional, así como el interés de demora sobre esa cantidad que se devengó desde el 10 de mayo de 1988 (que es cuando el Estado había sido informado de que el impuesto había sido indebidamente pagado) hasta el pago.
Pero de acuerdo con una ley que se publicó después, en 1993, aplicable a los casos pendientes, como este caso, el Estado debía pagar intereses en caso de reembolso de impuestos indebidamente pagados, los cuales comienzan a acumularse el primer día del mes siguiente a un periodo de seis meses después de su publicación.
El Estado llegó a reembolsar la cantidad que había pagado de más, pero no los intereses.
Ninguno, ni el Tribunal Administrativo, ni el Tribunal de Apelaciones ni tampoco el Tribunal Supremo Administrativo, consideraron que el Estado estaba obligado a pagar intereses de demora en caso de pago indebido de impuestos.
Frente a tales denegaciones, la mercantil interpuso demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por la negativa de las autoridades fiscales a pagarles intereses en compensación por el pago tardío de un crédito fiscal a su favor.
Al examinar si la negativa del Estado a pagar a la empresa demandante para compensar la demora en la devolución del impuesto indebidamente pagado es compatible con el Artículo 1 del Protocolo nº 1, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se centra en examinar la primera frase del primer párrafo del Artículo 1 del Protocolo nº1, donde se recoge el principio de disfrute pacífico de la propiedad en términos generales.
A este respecto, el Tribunal de Estrasburgo señala que, en su constante jurisprudencia, ha vinculado sistemáticamente el pago de los intereses de demora a los retrasos de las autoridades en la devolución de los créditos. Este Tribunal Europeo ha sostenido en varias ocasiones que la adecuación de la compensación resultaría disminuida si fuese pagada sin hacer referencia a varias circunstancias susceptibles de reducir su valor, como una demora irrazonable. En tal caso, el Tribunal tiene principalmente en cuenta si las autoridades han pagado intereses de demora para compensar la depreciación del importe adeudado a causa del tiempo que haya transcurrido.
En síntesis, el pago de intereses está estrictamente vinculado a la obligación del Estado de compensar la diferencia entre la cantidad adeudada y la cantidad finalmente recibida por el acreedor, según el Artículo 1 del Protocolo nº 1.
Con especial ahínco en el pago de impuestos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos viene a reiterar que la obligación financiera derivada de la percepción de los impuestos o contribuciones puede llegar a infringir los derechos garantizados en el Artículo 1 del Protocolo nº 1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Ello puede pasar si las condiciones para la devolución imponen una excesiva carga o afecta fundamentalmente la seguridad financiera de la entidad o a la persona referida.
En un caso parecido, el Tribunal de Estrasburgo sostuvo que se dio una infracción del Artículo 1 del Protocolo nº 1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos por el simple hecho de que la prolongada indisponibilidad del impuesto había sido indebidamente pagado por la empresa demandante había tenido un impacto definido y considerable en su situación financiera.
Por lo que atañe al presente asunto, este Tribunal Europeo observa que el impuesto indebidamente pagado fue reembolsado el 12 de noviembre de 1993, es decir, 5 años y 5 meses aproximadamente después del 24 de junio de 1988, que fue cuando la empresa demandante solicitó la devolución de la suma que había pagado indebidamente desde las autoridades fiscales atenienses que se encargan de las sociedades limitadas.
Es este razonamiento el que lleva al Tribunal Europeo de Derechos Humanos a dictaminar que la negativa de las autoridades a pagar los intereses de demora por un periodo tan largo altera el equilibrio justo que debe alcanzarse entre el interés general y el interés individual, lo que dio lugar a la vulneración del Artículo 1 del Protocolo nº 1.
Más información para el lector:
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