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Timestamp: 2019-12-12 22:30:17
Document Index: 272964672

Matched Legal Cases: ['artículo 97', 'artículo 97', 'artículo 96', 'artículo 26', 'artículo 191', 'artículo 96', 'artículo 99', 'artículo 6', 'artículo 90', 'artículo 92', 'artículo 80', 'artículo 102', 'artículo 181', 'artículo 50', 'artículo 18', 'artículo 138', 'artículo 63']

ley organica del poder judicial del estado de san luis potosi - DOCUMENTOP.COM
El Poder Judicial contará con el Consejo de la Judicatura, que cumplirá las ..... notificando además a los partidos políticos sobre dichas designaciones. Sección ...
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ULTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIODICO OFICIAL: 27 DE AGOSTO DE 2009. Ley publicada en la Edición Extraordinaria del Periódico Oficial del Estado, el sábado 15 de Octubre de 2005. C.P. MARCELO DE LOS SANTOS FRGA, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE DE SAN LUIS POTOSÍ, A SUS HABITANTES SABED: QUE EL CONGRESO DEL ESTADO HA DECRETADO LO SIGUIENTE: DECRETO 385 LA QUINCUAGESIMA SEPTIMA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ, DECRETA LO SIGUIENTE: LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI TITULO PRIMERO DEL PODER JUDICIAL CAPITULO l De su Naturaleza ARTICULO 1º. El Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí es autónomo y desarrolla sus funciones en los términos que establecen la Constitución Política del Estado y la presente Ley. ARTICULO 2º. El Poder Judicial administrará en forma autónoma e independiente de cualquier otro poder, su presupuesto de egresos, que anualmente le será entregado en la forma y términos que prevenga la ley de la materia. Asimismo, podrá formar un fondo de apoyo para el mejoramiento de la administración de justicia, que se integrará en términos de lo dispuesto en la presente Ley. CAPITULO II De las Autoridades Judiciales
(REFORMADO, P.O. 12 DE SEPTIEMBRE DE 2006) ARTICULO 3°. La potestad de aplicar las leyes del fuero común en materia civil, familiar, penal de justicia para menores y electoral en el territorio del Estado, corresponde al Poder Judicial, así como el ejercicio de la función jurisdiccional en todos aquellos casos en que la ley expresamente lo faculte.
ARTICULO 4°. El Poder Judicial del Estado se integra por: I. El Supremo Tribunal de Justicia; II. El Tribunal Electoral; III. Los Jueces de Primera Instancia, y IV. Los Jueces Menores. Los jueces auxiliares apoyarán al Poder judicial cuando así lo requiera y cumplirán las funciones que determina la presente Ley. El Poder Judicial contará con el Consejo de la Judicatura, que cumplirá las funciones que establecen la Constitución Política del Estado y la presente Ley. ARTICULO 5º. Para ejercer de manera plena sus funciones el Poder Judicial recibirá el auxilio del Poder Ejecutivo del Estado, de las dependencias a su cargo, y de las autoridades municipales. ARTICULO 6º. Los servidores judiciales quedan impedidos para postular, salvo cuando se trate de causa propia. Se exceptúa de lo dispuesto anteriormente a los magistrados supernumerarios que no ejerzan el cargo de numerarios. Los magistrados, consejeros de la judicatura, jueces, secretarios de acuerdos, actuarios y demás servidores públicos que desempeñen funciones jurisdiccionales o cargos de dirección, están impedidos para ocupar otro cargo o encomienda del gobierno o de particulares, salvo los cargos honoríficos en asociaciones científicas, literarias o de beneficencia, y los docentes cuyo desempeño no afecte las funciones o labores que les competan. La infracción a esta disposición será sancionada de acuerdo a las responsabilidades administrativas que establece la ley. TITULO SEGUNDO DE LA ORGANIZACION DE LOS TRIBUNALES CAPITULO l Del Supremo Tribunal de Justicia ARTICULO 7º. El Supremo Tribunal de Justicia tiene jurisdicción en todo el territorio del Estado en los términos de la presente Ley. Se integrará con el número de magistrados propietarios que señala la Constitución Política del Estado. Sólo los supernumerarios que ejerzan como numerarios formarán parte del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia. ARTICULO 8º. Los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia serán elegidos en la forma y términos establecidos en la Constitución Política del Estado y para serlo, deberán reunir los requisitos señalados en la misma.
Para efectos de lo dispuesto en el artículo 97 de la Constitución Política del Estado, la ratificación o no de los magistrados, se llevará a cabo atendiendo al siguiente procedimiento: I. El Poder Judicial a través del Consejo de la Judicatura, deberá remitir al Gobernador del Estado, por lo menos seis meses antes de que concluya el encargo del Magistrado de que se trate, el expediente y toda la información relativa al mismo, que obre en sus archivos y en sus unidades de control y estadística, así como en su caso, los expedientes de las denuncias o quejas que se hayan substanciado en su contra durante su ejercicio. El expediente deberá contener, cuando menos: a) Fecha y materia de los asuntos turnados y resueltos en la Sala a la que pertenece el Magistrado. b) Fecha y materia de los asuntos turnados y proyectados por el Magistrado, tanto en la Sala de su adscripción, como en el Pleno. c) El número de juicios de amparo promovidos en contra de resoluciones dictadas por la Sala, particularmente los que se hayan proyectado por el Magistrado, detallando los que se hayan concedido, negado o sobreseído. d) La relación de los servidores públicos que han colaborado con el Magistrado. e) Las quejas presentadas en contra del Magistrado y el sentido de su resolución. f) Un muestreo aleatorio de cuando menos cinco expedientes integrados, por año, de los asuntos cuya resolución haya sido proyectada por el Magistrado de que se trate durante su función. g) Las actividades realizadas por el Magistrado en caso de haber ocupado la Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia, o cualquier otra comisión encomendada. II. El Titular del Ejecutivo del Estado, una vez recibido el expediente a que se refiere la fracción anterior, podrá además recabar toda la información que requiera, de otras fuentes pertinentes sobre el desempeño de los magistrados de que se trate; dándoles vista con la misma y citándolos a una audiencia previa a la emisión del dictamen, a efecto de que expongan lo que a sus intereses convenga y aporten pruebas, en su caso; III. Desahogado lo anterior, el Gobernador remitirá al Congreso del Estado, por lo menos tres meses antes de que concluya el periodo del Magistrado de que se trate, las propuestas que procedan, así como la documentación correspondiente y el dictamen que contenga los elementos de juicio en que base su resolución de ratificarlo o no en el cargo, y en el que se evalúe con criterios objetivos el desempeño del Magistrado en cuestión. El dictamen a que se refiere el párrafo anterior deberá contener toda la información, elementos y opiniones fundadas que permitan al Congreso ilustrar su decisión, y deberá ser acompañado por el expediente respectivo; IV. En caso de que el dictamen del Ejecutivo sea en el sentido de no ratificar en el cargo al Magistrado de que se trate, deberá enviarlo al Congreso para que resuelva lo conducente, acompañando al mismo la propuesta de la terna a que se refiere la Constitución del Estado, para elegir a quien deba ocupar la vacante, y V. Si el dictamen del Ejecutivo propone la ratificación del Magistrado, el Congreso si la estima procedente, citará a éste para valorar los aspectos que considere necesarios a fin de determinar la
procedencia de su ratificación. En caso de que el Congreso rechace la propuesta de ratificación, lo hará del conocimiento del Ejecutivo a efecto de que el mismo presente terna para ocupar la vacante. Los magistrados que sean ratificados en su encargo, gozarán de inamovilidad en términos de lo dispuesto en la Constitución Política del Estado, y sólo podrán ser removidos conforme a lo que establece la propia Constitución, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí, y demás ordenamientos aplicables. ARTICULO 9º. El haber por retiro a que se refiere el artículo 97 de la Constitución Política del Estado, consiste en un único pago equivalente a tres meses de salario, más doce días por cada año de servicios, sin perjuicio del pago de aguinaldo y vacaciones proporcionales que les correspondan. Este pago se cubrirá cuando el Magistrado: I. No haya sido ratificado en el cargo; II. Se retire del desempeño del cargo por haber cumplido quince años en el mismo, o III. Padezca incapacidad física o mental permanente para el desempeño de su cargo. ARTICULO 10. El Supremo Tribunal de Justicia funcionará en Pleno y en salas colegiadas, las que podrán residir en la capital del Estado o en otros distritos judiciales. ARTICULO 11. El Pleno del Supremo Tribunal de Justicia conocerá de los asuntos de naturaleza judicial que determinen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado, los códigos Civil y Penal y de Procedimientos Civiles y Penales, la presente Ley y las demás disposiciones legales. ARTICULO 12. Las sesiones del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia podrán ser ordinarias o extraordinarias y, en ambos casos, públicas o secretas. Las sesiones ordinarias se celebrarán el día y la hora que previamente se haya acordado, con las formalidades que establece el Reglamento Interior; y, las extraordinarias, cuando sea necesario para tratar y resolver asuntos urgentes, previa convocatoria del Presidente del mismo, en la que deberá incluir la orden del día a la cual debe sujetarse la sesión, determinándose si será pública o secreta. De igual forma se podrá celebrar sesión extraordinaria cuando lo soliciten por lo menos tres magistrados. ARTICULO 13. El Pleno del Supremo Tribunal de Justicia estará integrado por los magistrados adscritos a las diversas salas y por el Presidente del mismo. Para que sesione, se requiere la asistencia de la mayoría de sus integrantes, y sus resoluciones o determinaciones se tomarán por mayoría de votos de los magistrados presentes, teniendo el Presidente voto de calidad en caso de empate. ARTICULO 14. Son atribuciones del Pleno las siguientes: I. Ejercer las que le señale la Constitución Política del Estado; II. Elegir al Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, de entre los magistrados que lo integren; III. Resolver jurisprudencia por contradicción respecto a la establecida por las salas, en términos de lo dispuesto en esta Ley, la cual surtirá sus efectos a partir de su publicación en la Gaceta del Poder Judicial del Estado;
IV. Revisar a petición de parte interesada, las decisiones del Consejo de la Judicatura respecto a la designación, adscripción, remoción, ratificación y no ratificación de jueces, para el efecto de verificar que se ajustaron a las reglas previstas en esta Ley; V. Resolver toda clase de controversias entre las salas y el Tribunal, que no tengan señaladas una tramitación especial en la Ley; VI. Enviar al Congreso del Estado, la propuesta de los candidatos a magistrados para integrar el Tribunal Electoral; VII. Adscribir a los magistrados a las salas que integren el Supremo Tribunal de Justicia; VIII. Conceder licencias a los magistrados para separarse de su cargo, por más de cinco días y hasta por seis meses sin goce de sueldo, en el periodo de un año; IX.
Calificar la renuncia al cargo, del Presidente del Supremo Tribunal de Justicia;
X. Elegir al Magistrado que habrá de suplir las ausencias temporales o definitivas del Presidente del Supremo Tribunal de Justicia; XI. Calificar las excusas o impedimentos que los magistrados presenten para conocer en el Pleno sobre determinados asuntos, en los casos previstos en la ley de que se trate; XII. Conocer y resolver los recursos sobre las revisiones extraordinarias que se interpongan en materia penal; XIII. Resolver las quejas que supongan responsabilidad administrativa, que se presenten en contra de sus integrantes e imponer las sanciones que correspondan, y XIV. Las demás que les confiera la ley. CAPITULO II De la Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia ARTICULO 15. El Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, será el Magistrado que se elija en la sesión de Pleno Extraordinario que al efecto se realice, de acuerdo con las formalidades señaladas en el Reglamento Interior. Durará en su encargo un año, pudiendo ser reelecto hasta por una sola vez y no formará parte de las salas. El cargo de Presidente es renunciable y corresponderá al Supremo Tribunal de Justicia constituido en Pleno, calificar la renuncia. ARTICULO 16. En los casos de falta temporal del Presidente, desempeñará tal cargo el Magistrado de mayor antigüedad, mientras se llama al Magistrado suplente que corresponda, procediéndose en su caso a juicio del Pleno, de acuerdo a la temporalidad de la falta, a la elección del Presidente, el que permanecerá en su cargo el tiempo que dure la ausencia o hasta finalizar el periodo comprendido según lo estime el Pleno. Si la falta fuere absoluta, se observará el mismo procedimiento y el Presidente electo durará en su cargo hasta finalizar el periodo que el anterior hubiese comenzado.
ARTICULO 17. Son atribuciones del Presidente las siguientes: I. Presidir las sesiones del Pleno, cumplimentando y ejecutando las resoluciones que emanen del mismo; II. Atender la correspondencia oficial del Supremo Tribunal de Justicia; III. Representar al Poder Judicial en toda clase de actos jurídicos y ante cualquier autoridad, así como en los actos oficiales, pudiendo delegar tales representaciones; IV. Convocar a los magistrados a los Plenos ordinarios o extraordinarios; V. Proponer al Pleno las medidas necesarias para mejorar la impartición de justicia; VI. Proponer al Pleno, la lista relativa a los profesionistas necesarios para formular la propuesta que el Supremo Tribunal de Justicia presentará al Congreso del Estado, para el nombramiento de magistrados del Tribunal Electoral; VII. Nombrar al personal asignado a la Presidencia; VIII. Tramitar los asuntos de la competencia del Pleno, hasta ponerlos en estado de resolución; IX. Remitir al juzgado en turno los exhortos, requisitorias, suplicatorios y despachos que reciba, de acuerdo con los turnos respectivos; X. Vigilar la publicación y contenido de la Gaceta del Poder Judicial; XI. Registrar los títulos o cédulas de abogados expedidos legalmente; XII. Hacer del conocimiento del Consejo de la Judicatura, las faltas absolutas de los jueces, para efectos de que se nombre al sustituto respectivo; XIII. Conceder licencias con goce de sueldo a los magistrados hasta por cinco días, y XIV. Las demás que le confiere la presente Ley. CAPITULO III De la Secretaría del Supremo Tribunal de Justicia ARTICULO 18. En el Supremo Tribunal de Justicia habrá un Secretario General, un Subsecretario y, conforme al presupuesto, el personal que sea necesario. ARTICULO 19. Para ser Secretario General, y Subsecretario, se requiere: I. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; II. No tener más de sesenta y cinco años de edad al día de su designación; III. Contar como mínimo con dos años de ejercicio de abogado;
IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso que amerite pena corporal; V. Haber residido en el Estado durante los últimos dos años, y VI. Haber sido seleccionado mediante los procedimientos que en cada caso establece la presente Ley. ARTICULO 20. Son atribuciones del Secretario General autorizar las actas y resoluciones del Pleno, de la Presidencia, y las que señale el Reglamento Interior; el Secretario tendrá fe pública en el ejercicio de sus funciones. Al Subsecretario le corresponderá auxiliar al Secretario General, y sustituirlo en los casos de impedimentos o faltas temporales hasta por quince días; y tendrá además las atribuciones que señala esta Ley, para los subsecretarios. CAPITULO IV De las Salas del Tribunal ARTICULO 21. Corresponde al Consejo de la Judicatura, previa opinión del Supremo Tribunal de Justicia, determinar la competencia por materia a cada una de las salas que lo integran, así como el número de éstas. ARTICULO 22. Cada Sala estará integrada por tres magistrados; secretarios de acuerdos y un subsecretario; los secretarios de estudio y cuenta y actuarios, así como el personal que determine el Consejo de la Judicatura, a propuesta de los magistrados de las respectivas salas en términos de la presente Ley. ARTICULO 23. Las determinaciones tomadas por las salas colegiadas serán por mayoría de votos. ARTICULO 24. Son atribuciones de los presidentes de las salas, las siguientes: I. Llevar el manejo, registro y seguimiento de la correspondencia oficial de la Sala; II. Turnar los asuntos de la competencia de la Sala para su estudio y presentación del proyecto de resolución; III. Presidir las sesiones de las salas y dirigir los debates; IV. Cumplimentar los acuerdos dictados por la Sala; V. Firmar conjuntamente con el Secretario de Acuerdos, las actas de las sesiones de la Sala; VI. Coadyuvar con el Consejo de la Judicatura para vigilar que los secretarios y demás servidores de la Sala, cumplan con sus deberes respectivos y remitirle los casos que considere materia de investigación o sanción; VII. Conceder permisos sin goce de sueldo hasta por cinco días a sus subordinados, dando aviso al Consejo de la Judicatura;
VIII. Las demás que les confiera la presente Ley, y las que le sean propias por ser inherentes al ejercicio del cargo. ARTICULO 25. Cada Sala, de acuerdo con su competencia, conocerá: I. De los recursos de apelación que se interpongan en contra de las resoluciones de los jueces de Primera Instancia, y II. De los demás asuntos que expresamente les encomiende la ley. CAPITULO V Del Tribunal Electoral Sección Primera De la Integración del Tribunal Electoral ARTICULO 26. El Tribunal Electoral es un órgano especializado del Poder Judicial del Estado, con facultad jurisdiccional en materia electoral y el único competente para interpretar el alcance de la Ley Electoral del Estado. El Tribunal se compondrá con una Sala de Segunda Instancia, que funcionará en forma colegiada; y con salas de Primera Instancia, que serán regionales y unitarias, en el número y con la competencia territorial que determine el Consejo de la Judicatura.
(REFORMADO, P.O. 10 DE MAYO DE 2008) El Tribunal Electoral se integrará el tercer domingo del mes de agosto del año anterior al de la elección ordinaria de que se trate; e iniciará sus funciones con la instalación de la Sala de Segunda Instancia, y de la Sala Regional de Primera Instancia correspondiente a la zona centro. Las salas de Primera Instancia se instalarán durante el mes de enero del año de la elección, con un magistrado y el personal jurídico y administrativo necesario para el ejercicio de sus funciones; a excepción de la correspondiente a la región centro, que en cuanto al periodo de instalación estará a lo dispuesto en el párrafo anterior de este artículo.
(REFORMADO, P.O. 10 DE MAYO DE 2008) Concluido el proceso electoral, las funciones de las Salas regionales de Primera Instancia, concluirán cuando se resuelva en forma definitiva e inatacable el último de los recursos de su competencia, presentados en la elección de que se trate. La Sala de Segunda Instancia continuará funcionando de manera permanente, con el personal estrictamente necesario para su funcionamiento, salvo en los casos de elecciones extraordinarias, en que las salas se integrarán de manera normal. ARTICULO 27. Los magistrados del Tribunal Electoral serán designados en la siguiente forma: I. El Pleno del Supremo Tribunal de Justicia deberá presentar al Congreso del Estado, a más tardar el quince de agosto del año que corresponda, la lista que haya aprobado, integrada por el triple del total de los candidatos a elegir, y
II. De la lista propuesta por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, el Congreso del Estado elegirá, dentro del plazo que señala el artículo 96 de la Constitución Política del Estado, por el voto de cuando menos las dos terceras partes de sus miembros presentes, a los magistrados numerarios y supernumerarios que integrarán cada Sala.
(REFORMADO, P.O. 10 DE MAYO DE 2008) ARTICULO 28. Los magistrados de las salas regionales de Primera Instancia del Tribunal Electoral, concluirán sus funciones cuando concluyan las propias de las salas en los términos del artículo 26, último párrafo de esta Ley, pudiendo ser reelectos para el siguiente proceso electoral ordinario. ARTICULO 29. El Congreso del Estado deberá hacer del conocimiento público la designación que efectúe de los magistrados del Tribunal Electoral, a través del Periódico Oficial del Estado, notificando además a los partidos políticos sobre dichas designaciones. Sección Segunda Del Funcionamiento de las Salas Regionales de Primera Instancia Del Tribunal Electoral ARTICULO 30. Las salas de Primera Instancia del Tribunal Electoral, funcionarán únicamente durante el plazo señalado en la presente Ley. ARTICULO 31. Las salas de Primera Instancia tendrán competencia para conocer de los recursos de revisión; así como de los de inconformidad que se presenten para impugnar lo relativo a las fracciones I a V del artículo 191 de la Ley Electoral del Estado, tanto para elecciones ordinarias, como extraordinarias. ARTICULO 32. Para la tramitación, integración y substanciación de los expedientes relativos a los recursos que deban resolver las salas de Primera Instancia, contarán con un Secretario General de Acuerdos, los secretarios de estudio y cuenta, y personal auxiliar necesario, mismo que será asignado por el Consejo de la Judicatura. ARTICULO 33. Los secretarios de las salas regionales de Primera Instancia del Tribunal Electoral, deberán ser mexicanos, mayores de veintiséis años, en pleno ejercicio de sus derechos políticos, tener título de abogado legalmente expedido y contar con una experiencia mínima de tres años en el ejercicio de la profesión. ARTICULO 34. Son facultades y obligaciones de los magistrados de las salas de Primera Instancia del Tribunal Electoral: I. Conocer, tramitar y resolver los recursos de su competencia conforme a lo que disponga la Ley Electoral del Estado; II. Remitir a la Sala de Segunda Instancia los informes de los asuntos que ante ellos se tramiten, y los demás que se les soliciten; III. Vigilar que se notifique legalmente a las partes, así como a los organismos electorales, las resoluciones que pronuncie la Sala, y IV. Las demás que les encomienden las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.
ARTICULO 35. Los magistrados supernumerarios suplirán las faltas o ausencias temporales o definitivas de los magistrados de número. Por lo que toca a los casos de excusas y recusaciones, se estará al procedimiento previsto para los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia. Sección Tercera De la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral ARTICULO 36. La Sala de Segunda Instancia se integrará con tres magistrados numerarios y tres supernumerarios, designados por el voto de cuando menos las dos terceras partes de los miembros presentes del Congreso del Estado, de la propuesta que deberá presentar el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, cuando menos sesenta días antes del inicio del mes en que la Sala deba integrarse conforme a esta Ley.
(REFORMADO, P.O. 10 DE MAYO DE 2008) ARTICULO 37. Para efecto de lo señalado en el artículo inmediato anterior, el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia incluirá en la propuesta, a cuando menos el doble de los magistrados a elegir conforme a esta Ley, por lo cual el Congreso del Estado nombrará, dentro del término que señala el artículo 96 de la Constitución Política del Estado, a los numerarios y a los supernumerarios, quienes durarán en su cargo siete años, pudiendo ser reelectos. Para conformar las propuestas de magistrados del Tribunal Electoral, el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, tomará en consideración a profesionales del derecho de todas las zonas del Estado, valorando su probidad, honradez, solvencia moral, imparcialidad, capacidad profesional y conocimiento del derecho. Asimismo, revisará escrupulosamente que los profesionistas propuestos, cubran los mismos requisitos que establece la Constitución Política del Estado para ser Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, así como los particulares que señala esta Ley para serlo del Tribunal Electoral. ARTICULO 38. El Congreso del Estado deberá publicar en el Periódico Oficial del Estado, la designación de los magistrados integrantes de la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral, notificando además a los partidos políticos sobre dichas designaciones.
(REFORMADO, P.O. 10 DE MAYO DE 2008) ARTICULO 39. El Presidente de la Sala de Segunda Instancia será electo por sus integrantes de entre sus miembros, y fungirá a la vez como Presidente del Tribunal Electoral y durará en su cargo un año, pudiendo ser reelecto.
(REFORMADO, P.O. 10 DE MAYO DE 2008) ARTICULO 40. La Sala de Segunda Instancia funcionará en forma colegiada, y será competente para conocer durante y fuera del proceso electoral de los recursos de Revisión, y Reconsideración. La Sala de Segunda Instancia será la responsable de las tareas de formación, investigación, capacitación y difusión en la materia. ARTICULO 41. El Presidente de la Sala de Segunda Instancia tendrá las siguientes atribuciones: I. Representar a la Sala ante toda clase de autoridades; II. Convocar a los magistrados a las sesiones del Pleno;
III. Presidir las sesiones del Pleno, dirigir los debates y conservar el orden de las mismas; IV. Vigilar que se cumplan las determinaciones de carácter jurisdiccional de la Sala; V. Despachar la correspondencia a través de la Secretaría; VI. Turnar a los magistrados, sin excluirse, los expedientes para que se formule el proyecto de resolución, y VII. Vigilar que se dicten en tiempo y forma las resoluciones de la Sala. ARTICULO 42. Para que sesione válidamente la Sala de Segunda Instancia, se requerirá la presencia de los tres magistrados que la integran. ARTICULO 43. Los criterios que sustente la Sala de Segunda Instancia en sus resoluciones constituirán jurisprudencia, siempre que el mismo se plasme en cinco tesis no interrumpidas por otra en contrario, y que hayan sido aprobadas por unanimidad de votos de los magistrados que integren la Sala. Esta jurisprudencia será de observancia obligatoria para toda autoridad y organismo electoral del Estado. ARTICULO 44. La Sala hará la publicación de las tesis a que se refiere el artículo anterior, en la Gaceta Judicial, al concluir los procesos electorales respectivos, debiendo remitirla a los partidos políticos para su conocimiento. Sección Cuarta Disposiciones Comunes a las Salas de Primera y Segunda Instancia del Tribunal Electoral ARTICULO 45. Para ser Magistrado del Tribunal Electoral, además de reunir los requisitos que establece el artículo 99 de la Constitución Política del Estado, se requiere: I. Estar inscrito en el Registro Federal Electoral y contar con credencial para votar con fotografía; II. No haber sido condenado en sentencia ejecutoria por delito que merezca pena de prisión por más de un año, o por cualquier otro en materia electoral que dañe seriamente la buena fama en el concepto público; III. No ocupar, ni haber ocupado cargo alguno de elección popular, en los últimos tres años; IV. No desempeñar, ni haber desempeñado ningún cargo de dirección nacional, estatal o municipal en algún partido político, durante los tres años anteriores al nombramiento; V. No formar parte de los demás organismos electorales a que se refiere la Ley Electoral del Estado; VI. No ocupar cargo alguno en la función pública al momento de su designación, excepción hecha del Poder Judicial del Estado, y VII. Tener conocimientos de derecho electoral.
ARTICULO 46. Durante el tiempo que ejerzan las funciones de su cargo, los magistrados estarán sujetos a lo dispuesto en el artículo 6º. de esta Ley. ARTICULO 47. Son facultades y obligaciones de los magistrados de la Sala de Segunda Instancia las siguientes: I. Concurrir, participar y votar cuando corresponda, en las sesiones a las que sean convocados por el Presidente; II. Resolver los asuntos de su competencia; III. Formular los proyectos de resolución de los asuntos que les sean turnados para tal efecto; IV. Discutir y votar los proyectos de resolución que sean sometidos a su consideración; V. Formular voto particular razonado, en caso de disentir de un proyecto de resolución aprobado por la mayoría, y VI. Las demás que les otorguen esta Ley y su Reglamento Interno. ARTICULO 48. Son facultades y obligaciones del Secretario General de Acuerdos de la Sala de Segunda Instancia: I. Acordar con el Presidente de la Sala, todo lo relativo a las sesiones de la misma; II. Estar presente en todas las sesiones, teniendo voz informativa; III. Levantar las actas del Pleno recabando las firmas de los magistrados, tomar la votación de los mismos y hacer el cómputo respectivo; IV.
Autorizar con su firma las diligencias y resoluciones en las que intervenga;
V. Llevar el registro del personal; VI. Expedir las copias certificadas que las partes interesadas soliciten; VII. Dar fe de los actos de la Sala; VIII. Asentar en los expedientes las razones y certificaciones que procedan; IX.
Conservar en su poder los sellos y utilizarlos sólo en cumplimiento de sus funciones;
X. Tener a su cargo y bajo su responsabilidad el archivo; XI. Recibir y dar cuenta de la correspondencia, al Presidente; XII. Dictar los acuerdos de trámite, y XIII. Las demás que señalen las disposiciones aplicables, y las que le encomienden los magistrados en el Pleno. CAPITULO VI
De los Juzgados de Primera Instancia ARTICULO 49. Para los efectos de la presente Ley, el territorio del Estado se divide en los siguientes distritos judiciales: I. El Primero, que comprende los municipios de San Luis Potosí, Ahualulco, Villa de Arriaga, Armadillo de los Infante, Mexquitic de Carmona, Soledad de Graciano Sánchez, Cerro de San Pedro y Zaragoza, con residencia en la Ciudad Capital; II. El Segundo, que comprende los municipios de Matehuala, Catorce, Villa de la Paz, Villa de Guadalupe, Cedral y Vanegas, con residencia en la cabecera municipal de Matehuala; III. El Tercero, que comprende los municipios de Rioverde, Ciudad Fernández y San Ciro de Acosta, con residencia en la cabecera municipal de Rioverde; IV. El Cuarto, que comprende los municipios de Cárdenas, Alaquines, Rayón, Santa Catarina, Tamasopo y Lagunillas, con residencia en la cabecera municipal de Cárdenas; V. El Quinto, que comprende los municipios de Ciudad del Maíz y El Naranjo, con residencia en la cabecera municipal de Ciudad del Maíz; VI. El Sexto, que comprende los municipios de Ciudad Valles, Tamuín, San Vicente Tancuayalab, Tanlajás y Ebano, con residencia en la cabecera municipal de Ciudad Valles; VII. El Séptimo, que comprende los municipios de Tancanhuitz, Aquismón, Tampamolón Corona, Coxcatlán, Xilitla, San Antonio, Tanquián de Escobedo y Huehuetlán, con residencia en la cabecera municipal de Tancanhuitz; VIII. El Octavo, que comprende los municipios de Tamazunchale, Axtla de Terrazas, Matlapa, Tampacán y San Martín Chalchicuautla, con residencia en la cabecera municipal de Tamazunchale; IX. El Noveno, que comprende los municipios de Cerritos, Villa Juárez y San Nicolás Tolentino, con residencia en la cabecera municipal de Cerritos; X. El Décimo, que comprende los municipios de Guadalcázar, Villa Hidalgo y Villa de Arista, con residencia en la cabecera municipal de Guadalcázar; XI. El Décimo Primero, que comprende los municipios de Venado, Moctezuma, Charcas y Santo Domingo, con residencia en la cabecera municipal de Venado; XII. El Décimo Segundo, que comprende los municipios de Salinas y Villa de Ramos, con residencia en la cabecera municipal de Salinas, y XIII. El Décimo Tercero, que comprende los municipios de Santa María del Río, Tierra Nueva y Villa de Reyes, con residencia en la cabecera municipal de Santa María de Río. ARTICULO 50. En cada Distrito Judicial habrá el número de juzgados que determine el Consejo de la Judicatura, que se distinguirán por números ordinales en cada ramo. ARTICULO 51. Son atribuciones y obligaciones de los jueces de Primera Instancia:
I. Conocer, tramitar y resolver todos los negocios de su competencia, conforme a lo que dispongan las leyes respectivas; II. Resolver las competencias que se susciten entre los jueces menores; III. Calificar en caso de oposición, las inhibiciones por excusa o recusación de sus subalternos y de los jueces menores; IV. Practicar las diligencias que les encomiende el Supremo Tribunal de Justicia, y cumplimentar los exhortos, requisitorias y suplicatorios que reciban de los jueces del Estado, y de otras autoridades judiciales; V. Remitir, para efectos de estadística, al Consejo de la Judicatura los informes de los negocios que ante ellos se tramiten, en los términos del Reglamento Interior, y demás que se les soliciten; VI. Proponer los nombramientos de sus secretarios de acuerdos, y de estudio y cuenta, de conformidad con lo establecido por la presente Ley, así como de los demás empleados judiciales; y solicitar la remoción o cambio de adscripción de los que no sean de base, ante el Consejo de la Judicatura; VII. Conceder permisos sin goce de sueldo hasta por cinco días a sus subordinados, dando aviso al Consejo de la Judicatura; VIII. Asesorar a los jueces menores y jueces auxiliares, y IX. Las demás que les encomienden las leyes. ARTICULO 52. Los jueces del Ramo Civil conocerán, tramitarán y resolverán todos los negocios del orden civil, con exclusión de aquellos cuyo conocimiento corresponda específicamente a los jueces de lo familiar y, en su caso, a los jueces menores, así como de aquellos en que la ley expresamente los faculte.
(ADICIONADO, P.O. 27 DE AGOSTO DE 2009) Además de lo señalado en el párrafo anterior, los jueces del Ramo Civil conocerán, tramitarán y resolverán, los procedimientos de extinción de dominio. ARTICULO 53. Los jueces de lo Familiar conocerán, tramitarán y resolverán: I. De los negocios de jurisdicción voluntaria relacionados con el derecho familiar; II. De los juicios contenciosos relativos al matrimonio, a la ilicitud o nulidad de matrimonio y al divorcio, incluyendo los que se refieren al régimen de bienes en el matrimonio; de los que tengan por objeto modificaciones o rectificaciones en las actas del Registro Civil, de los que afecten al parentesco, a los alimentos, a la paternidad y a la filiación legítima, natural o adoptiva; de los que tengan por objeto cuestiones derivadas de la patria potestad, estado de interdicción y tutela, y las cuestiones de ausencia y presunción de muerte; de los que se refieran a cualquier cuestión relacionada con el patrimonio familiar, así como su constitución, disminución, extinción o afectación en cualquier forma; III. De los juicios sucesorios; IV. De los asuntos concernientes a otras acciones relativas al estado civil y a la capacidad de las personas;
V. De las diligencias de consignación en todo lo relativo al derecho familiar; VI. De los exhortos, suplicatorios y despachos, relacionados con el derecho familiar; VII. De las cuestiones relativas a los asuntos que afecten los derechos de los menores o incapacitados, y VIII. En general de todas las cuestiones familiares que reclamen la intervención judicial.
(ADICIONADO, P.O. 12 DE SEPTIEMBRE DE 2006) ARTICULO 53 BIS. Además de las atribuciones ya establecidas para los jueces de primera instancia, los jueces especializados en justicia para menores, conocerán, tramitarán y resolverán los asuntos que atribuyen conductas tipificadas como delito en las leyes, a las personas que tengan entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad, a aquellas que en el momento de la comisión de la conducta atribuida hayan sido menores.
(ADICIONADO, P.O. 12 DE SEPTIEMBRE DE 2006) ARTICULO 53 TER. Además de las atribuciones ya establecidas para los jueces de primera instancia, los jueces de ejecución, tendrán las siguientes: I. Dar seguimiento a las medidas impuestas por el Juez Especializado en Justicia para Menores, y el orden en que deben ser consideradas; II. Resolver sobre la modificación, sustitución o adecuación de la medida impuesta a los menores, por parte de los jueces especializados en justicia para menores; III. Determinar lo relativo a las medidas coercitivas aplicadas a los menores, en los centros de internamiento; IV. Autorizar los convenios de colaboración que firme la Dirección General de Ejecución de Medidas para Menores, los Centros de Internamiento Juvenil, y los Centros de Ejecución de Medidas en Libertad; V. Controlar y supervisar la legalidad de la aplicación y ejecución de las medidas VI. Vigilar y garantizar el cumplimiento de los objetivos fijados por la Ley de Justicia para menores del Estado de San Luis Potosí; VII. Resolver los incidentes que se presenten durante la fase de ejecución, y VIII. Las demás que se le atribuyen en la Ley de Justicia para Menores del Estado de San Luis Potosí. ARTICULO 54. Los jueces del Ramo Penal conocerán, tramitarán y resolverán los asuntos por delitos comunes que sean de su competencia conforme a la legislación penal del Estado y demás leyes aplicables, así como de asuntos de otro fuero a prevención, cuando así lo dispongan las leyes relativas. ARTICULO 55. Los juzgados mixtos de Primera Instancia serán competentes para conocer, tramitar y resolver los asuntos a que se refieren los artículos 52, 53 y 54 de esta Ley. ARTICULO 56. En los diversos distritos judiciales en donde haya varios juzgados de Primera Instancia, el turno de los asuntos se hará en la forma que determine el Consejo de la Judicatura.
ARTICULO 57. En cada juzgado habrá un Juez, así como el número de secretarios, actuarios y empleados que determine el Consejo de la Judicatura, de acuerdo al presupuesto. ARTICULO 58. En caso de impedimento legal, excusa o recusación de un Juez de Primera Instancia en los distritos judiciales donde haya varios, conocerá del asunto el Juez de la misma categoría que corresponda, conforme al turno establecido. Si existe un solo juzgado o todos tuvieren que eximirse, conocerá del negocio el Juez de Primera Instancia con residencia más próxima. ARTICULO 59. Para ser Juez de Primera Instancia se requiere cumplir los requisitos que señala la Constitución Política del Estado, y haber sido seleccionado mediante los procedimientos que en cada caso establece la presente Ley. Durarán cinco años en el ejercicio de su cargo, al término de los cuales, si fueren ratificados, sólo podrán ser privados de sus cargos por las causas que señala la ley. CAPITULO VII De los Jueces Menores ARTICULO 60. En la Entidad habrá el número de juzgados menores que de conformidad con las necesidades del servicio, determine el Consejo de la Judicatura. En el acuerdo, que se publicará en el Periódico Oficial del Estado, el Consejo determinará la competencia territorial que corresponda a cada uno de ellos. ARTICULO 61. Para ser Juez Menor se requiere cumplir los requisitos que señala la Constitución Política del Estado, y haber sido seleccionado mediante los procedimientos que establece la presente Ley. ARTICULO 62. Los jueces menores tendrán competencia mixta en cuanto a materia. ARTICULO 63. Los jueces menores en el ámbito de su competencia, conocerán: I. En materia civil, de negocios cuya cuantía no exceda de la suma de mil quinientos días de salario mínimo vigente en la zona económica de que se trate; II. De las diligencias de jurisdicción voluntaria que se promuevan en materia civil y familiar, salvo la adopción; III. De las diligencias de conciliación en todo lo que corresponda al derecho familiar, así como de los exhortos, despachos y requisitorias de asuntos civiles, familiares y penales; IV. A prevención, de los negocios civiles o de lo familiar que no sean de su competencia, en cuyo caso practicarán las diligencias urgentes, remitiendo oportunamente las actuaciones al Juzgado que corresponda; V. En materia penal, de los delitos culposos y de aquellos cuya pena no exceda de cuatro años de prisión o estén sancionados con pena alternativa; VI. A prevención, de los asuntos penales que no sean de su competencia, para cuyo efecto practicarán las diligencias urgentes que soliciten las partes, debiendo resolver lo relativo a la situación jurídica del inculpado dentro del término constitucional, remitiendo oportunamente las actuaciones al Juzgado competente, y
VII. Los demás asuntos que les encomienden la ley. ARTICULO 64. Corresponde a los jueces menores actuar como instancia conciliatoria, exclusivamente en el ámbito de su competencia, en los conflictos que surjan entre personas pertenecientes a comunidades con población mayoritariamente indígena, tomando en consideración sus sistemas normativos, usos y costumbres, y salvaguardando las garantías individuales que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en las siguientes materias: I. Conciliar los conflictos en materia civil y familiar, y II. En materia penal, intervenir como conciliador, previo a la denuncia o querella, tratándose de delitos que se persigan a petición de parte ofendida, siempre y cuando no se trate de los que la ley califica como graves o se afecte sensiblemente a la sociedad. ARTICULO 65. En los juzgados menores habrá el personal autorizado por el Consejo de la Judicatura. El Juez propondrá a éste, el nombramiento de su personal y solicitará la remoción del que no sea de base. En los casos en que no se cuente con Actuario, el Secretario ejercerá sus funciones. CAPITULO VIII De los Jueces Auxiliares ARTICULO 66. Habrá un Juez Auxiliar y dos suplentes en cada una de las fracciones de los diferentes municipios del Estado, que serán electos por la asamblea de los ciudadanos que pertenezcan a la comunidad o localidad de que se trate, haciéndose llegar la propuesta de los jueces electos, durante la primera quincena de enero de cada año, al Consejo de la Judicatura, para que otorgue el nombramiento respectivo. La convocatoria para la celebración de la asamblea deberá ser emitida por el Consejo de la Judicatura, en la forma y términos que se establezcan en un acuerdo general. En las comunidades indígenas, los jueces auxiliares serán designados conforme a los sistemas normativos de la comunidad, debiendo la asamblea hacer del conocimiento del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura, las designaciones correspondientes, para su registro y expedición de nombramiento. ARTICULO 67. Para ser Juez Auxiliar se requiere ser ciudadano potosino en ejercicio de sus derechos, vecino del lugar, y saber leer y escribir. Este cargo es gratuito y los que lo desempeñen están exentos de cualquier otro cargo concejil. ARTICULO 68. Los jueces auxiliares durarán en su cargo un año, o en su caso, hasta que se expida el nombramiento del nuevo Juez, sin perjuicio de que puedan ser nuevamente electos. Podrán ser suspendidos o removidos mediante causa justificada por el Consejo de la Judicatura, a solicitud de la asamblea comunitaria por la que fueron electos, o por causa grave. ARTICULO 69. Los jueces auxiliares tendrán las siguientes facultades y obligaciones:
I. Proporcionar la guardia de seguridad que sea necesaria para la conducción de presos, que integrará recurriendo al auxilio de los vecinos del lugar; II. Proporcionar la información que soliciten los particulares o las autoridades; III. Cumplimentar los despachos de las autoridades judiciales y practicar las diligencias que éstas y otras autoridades les encomienden; IV. En las comunidades indígenas las que les correspondan conforme a sus sistemas normativos internos, siempre y cuando no sean contrarias al orden jurídico, ni violatorias de derechos humanos, y V. Las demás que determine la ley. ARTICULO 70. Las faltas absolutas o temporales de los jueces auxiliares, se cubrirán por los suplentes respectivos en el orden de su nombramiento. Las dudas que sobre este punto se susciten serán resueltas por el Consejo de la Judicatura. CAPITULO IX De los Secretarios, Subsecretarios, Actuarios y Empleados Judiciales Sección Primera De los Secretarios de Acuerdos ARTICULO 71. Los secretarios de acuerdos de las salas del Tribunal y de los juzgados, tendrán fe pública en todo lo relativo al ejercicio de su cargo. ARTICULO 72. Para ser Secretario de Acuerdos de las salas del Supremo Tribunal de Justicia, se requiere ser ciudadano mexicano, licenciado en derecho con título registrado, y experiencia en el ejercicio profesional de dos años, no haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito intencional que amerite pena por más de un año de prisión, pero si se tratare de algún otro delito que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo cualquiera que haya sido la pena; y ser seleccionado mediante los procedimientos que establece la presente Ley. ARTICULO 73. Son obligaciones y atribuciones de los secretarios de acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia, las siguientes: I. Recibir los escritos y anexos que se les entreguen, asentándose razón autorizada con su firma del día y hora de su recepción; II. Dar cuenta dentro del término de ley de los negocios que les correspondan y redactar el acuerdo respectivo; III. Firmar el libro de actas de los acuerdos correspondientes a la Sala; IV. Dar fe de las diligencias y autorizar las resoluciones de la Sala en los términos de esta Ley;
V. Asentar en los expedientes las certificaciones, constancias y demás razones que la ley obligue; VI. Custodiar rigurosamente los expedientes que se encuentren en trámite; VII. Conservar los sobres cerrados de posiciones y de interrogatorios, previstos por las leyes; y en su caso, los depósitos y consignaciones cuando así lo prevenga la ley; VIII. Cuidar el buen desempeño de los actuarios y empleados de la Sala y juzgado, y IX. Las demás que les sean ordenadas por la ley, los reglamentos y acuerdos generales. ARTICULO 74. Para ser Secretario de Acuerdos de un juzgado de Primera Instancia, se requiere ser ciudadano mexicano, licenciado en derecho con título registrado, no haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito intencional que amerite pena por más de un año de prisión, pero si se tratare de algún otro delito que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo cualquiera que haya sido la pena; y ser seleccionado mediante los procedimientos que establece la presente Ley. ARTICULO 75. Son obligaciones y atribuciones de los secretarios de acuerdos de los juzgados de Primera Instancia, las siguientes: I. Recibir los escritos y anexos que se les entreguen, asentándose razón autorizada con su firma del día y hora de su recepción; II. Dar cuenta dentro del plazo legal con los escritos, oficios, documentos que se reciban y en general de los negocios que le correspondan, así como redactar el acuerdo respectivo; III. Autorizar los exhortos, despachos, diligencias, acuerdos y toda clase de resoluciones; IV. Dar fe de todas las diligencias en que intervengan y autorizar en los términos de ley, las resoluciones dictadas por el Juez; V. Asentar en los expedientes las certificaciones y constancias relativas a términos procesales, y las demás razones que exprese la ley o el Juez ordene; VI. Expedir y autorizar las copias certificadas que la ley determine o deban darse a las partes, en virtud de decreto judicial; VII. Conservar en su poder el sello del Juzgado y vigilar su buen uso; VIII. Guardar en el secreto del Juzgado los sobres cerrados de posiciones, interrogatorios, consignaciones, escritos y demás documentos que disponga la ley o el Titular del Juzgado; IX. Cuidar los expedientes a cargo de la Secretaría y proporcionarlos a las partes que lo soliciten, para informarse del estado de los mismos, dentro del local del Juzgado, salvo disposición expresa de la ley; X. Guardar bajo su responsabilidad los documentos y expedientes inventariados, mientras no se remitan al Archivo Judicial del Estado; XI. Practicar las diligencias que le sean encomendadas por el titular del Juzgado; XII. Custodiar el buen desempeño del Juzgado en el orden administrativo, y dirigir las actividades laborales conforme a las instrucciones de su Titular;
XIII. Redactar los acuerdos y las actas que el Juez le encomiende; XIV. Cuidar el buen desempeño de los actuarios del juzgado, y XV. Las demás que le señalen las leyes, reglamentos y acuerdos generales. Sección Segunda De los Subsecretarios ARTICULO 76. Para ser Subsecretario de las salas y de los juzgados, se requiere cubrir los mismos requisitos que para ser Secretario de Acuerdos, y ser seleccionado mediante los procedimientos que establece la presente Ley. ARTICULO 77. Son obligaciones y atribuciones de los subsecretarios, las siguientes: I. Suplir las faltas temporales de los secretarios que no excedan de quince días; II. Llevar libros de registro de expedientes en los cuales se asienten todos los datos sobre trámite y resolución que se dicten en cada negocio, así como organizar los minutarios correspondientes; III. Inventariar rigurosamente los expedientes que se encuentren en trámite y vigilar el envío de los que pasen al archivo, anotando todos los datos que faciliten su localización; IV. Sellar, foliar y rubricar las actuaciones, oficios y demás documentos que lo requieran, y V. Las demás que les señalen las leyes, reglamentos y acuerdos generales. Sección Tercera De los Secretarios de Estudio y Cuenta ARTICULO 78. En cada una de las salas del Supremo Tribunal de Justicia y en los juzgados de Primera Instancia, habrá los secretarios de estudio y cuenta autorizados y nombrados por el Consejo de la Judicatura. ARTICULO 79. Los secretarios de estudio y cuenta deben reunir los mismos requisitos que se exigen para ser Secretario de Acuerdos, y ser seleccionado mediante los procedimientos que establece la presente Ley. ARTICULO 80. Los secretarios de estudio y cuenta tienen la obligación de elaborar los proyectos de resolución de los asuntos que les sean encomendados por el Magistrado o Juez, con estricto apego a las constancias procesales y bajo su responsabilidad, guardando el secreto inherente a su cargo. Sección Cuarta De los Actuarios
ARTICULO 81. Para ser Actuario se requieren los mismos requisitos señalados para ser Secretario de Acuerdos, y ser seleccionado mediante los procedimientos que establece la presente Ley. ARTICULO 82. Son obligaciones y atribuciones de los actuarios, las siguientes: I. Practicar con estricto apego a la ley, las notificaciones y diligencias que les sean ordenadas, dentro del término que les fuere señalado; II. Devolver los expedientes o actuaciones, previas las anotaciones correspondientes, a más tardar al día siguiente de haber practicado las notificaciones o diligencias ordenadas, y III. Las demás que en forma expresa les sean encomendadas por las leyes, reglamentos o acuerdos generales. ARTICULO 83. Los actuarios tendrán fe pública en el desempeño de sus funciones. ARTICULO 84. En los juzgados de Primera Instancia donde no haya Actuario, esa función la desempeñará el Secretario de Acuerdos, o la persona que el Juez habilite para tal efecto. Sección Quinta Del Personal de Apoyo ARTICULO 85. En cada Sala y juzgado, así como en las oficinas administrativas de los órganos de apoyo, habrá el personal autorizado y nombrado por el Consejo de la Judicatura. Los escribientes y empleados del Tribunal y de los juzgados, desempeñarán las funciones que los reglamentos fijen. TITULO TERCERO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CAPITULO I De la Integración y Funcionamiento ARTICULO 86. El Poder Judicial del Estado contará con un Consejo de la Judicatura, encargado de la administración, vigilancia, disciplina y promoción de la carrera judicial, en los términos que establecen la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí y esta Ley. ARTICULO 87. El Consejo de la Judicatura velará, en todo momento, por el respeto a la autonomía del Poder Judicial del Estado, y por la independencia e imparcialidad de los miembros de éste último.
ARTICULO 88. El Consejo de la Judicatura estará integrado por cuatro consejeros, en los términos del artículo 90 de la Constitución Política del Estado, y funcionará en Pleno o a través de comisiones. El Consejo de la Judicatura contará con aquellas comisiones permanentes o transitorias de composición variable que determine el Pleno del mismo, debiendo existir en todo caso las de administración y presupuesto, carrera judicial, disciplina, la de adscripción y la de administración del Tribunal Electoral. Las comisiones serán colegiadas o unitarias y tendrán las facultades que establezca el reglamento expedido por el Pleno del propio Consejo, en el que además se establecerá la organización y funcionamiento de las mismas. ARTICULO 89. El Consejo de la Judicatura estará presidido por el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, quien ejercerá las atribuciones que le confieren la Constitución Política del Estado y esta Ley. CAPITULO II De las Sesiones ARTICULO 90. El Consejo de la Judicatura sesionará cuando menos una vez a la semana, correspondiendo la convocatoria al Presidente del mismo, a la que se agregará la orden del día, en la que necesariamente se incluirán asuntos generales. El Pleno del Consejo de la Judicatura también podrá sesionar a solicitud de cualquiera de sus integrantes. Dicha solicitud deberá presentarse al Presidente del propio Consejo, a fin de que emita la convocatoria correspondiente en los términos del párrafo anterior. ARTICULO 91. Para que el Pleno del Consejo de la Judicatura pueda sesionar válidamente, se requiere la presencia de cuando menos tres consejeros. ARTICULO 92. Las resoluciones del Pleno del Consejo se tomarán por mayoría calificada de tres votos. Los consejeros no podrán abstenerse de votar, sino cuando tengan impedimento legal. El consejero que disintiere de la mayoría podrá formular voto particular, el cual se insertará en el acta respectiva, si fuere presentado dentro de los cinco días siguientes a la fecha del acuerdo. El Pleno del Consejo de la Judicatura calificará los impedimentos de sus miembros que hubieran sido planteados en asuntos de su competencia, y si el impedido fuera el Presidente, será sustituido por el Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia más antiguo en el orden de su designación o de mayor edad. ARTICULO 93. Las resoluciones del Pleno y de las comisiones del Consejo de la Judicatura, constarán en acta y deberán notificarse personalmente a la brevedad posible a las partes interesadas. La notificación y, en su caso, la ejecución de las mismas, deberá realizarse por conducto de los órganos del propio Consejo de la Judicatura o del Juzgado que actúe en auxilio de éste. Cuando el Pleno del Consejo de la Judicatura estime que sus reglamentos, acuerdos o resoluciones pudieran resultar de interés general, deberá ordenar su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
CAPITULO III De sus Atribuciones ARTICULO 94. Son atribuciones del Pleno del Consejo de la Judicatura: I. Formular anualmente el presupuesto de egresos del Poder Judicial, en los términos del artículo 92, párrafo segundo de la Constitución Política del Estado; II. Ejercer el presupuesto de egresos del Poder Judicial del Estado; III. Administrar los recursos humanos, financieros y los bienes muebles e inmuebles del Poder Judicial del Estado, cuidando su mantenimiento, conservación y acondicionamiento; IV. Nombrar, y remover por causa justificada, a los servidores judiciales; V. Designar al Secretario y los titulares de los órganos auxiliares del propio Consejo; VI. Dirigir el Instituto de Estudios Judiciales, la Contraloría y las demás unidades y áreas de apoyo técnico y administrativo del Poder Judicial; VII. Acordar el retiro forzoso de los jueces de Primera Instancia y menores; VIII. Crear o suprimir las plazas de jueces, secretarios de acuerdos, de estudio y cuenta, actuarios y demás servidores judiciales que sean necesarios, otorgando los nombramientos con pleno apego a la carrera judicial, a los procedimientos de concurso y exámenes de aptitud que establece la presente Ley, y resolver sobre su ratificación, adscripción, remoción y renuncia; IX. Nombrar a los titulares de los órganos auxiliares del Poder Judicial del Estado; resolver sobre sus ascensos, renuncias y licencias; removerlos por causa justificada o suspenderlos en los términos que determinen las leyes y acuerdos correspondientes; y formular denuncia o querella en los casos que proceda; X. Recibir la protesta de ley de los servidores públicos judiciales, exceptuando a los magistrados, en la forma y términos que establece la Constitución Política del Estado; XI. Conceder licencia al personal del Poder Judicial para separarse de su cargo, por más de cinco días y hasta por seis meses sin goce de sueldo en el periodo de un año; y conceder permisos con goce de sueldo hasta por cinco días; XII. Autorizar a los secretarios de los juzgados de Primera Instancia y menores, para desempeñar las funciones de los jueces respectivos, en las ausencias temporales de los titulares, y facultarlos para designar secretarios interinos; XIII. Fijar con la aprobación del Supremo Tribunal, el calendario y el horario oficial de labores del Poder Judicial, así como los periodos vacacionales de los servidores judiciales, y acordar la suspensión de labores en los casos en que oficialmente no esté determinado; XIV. Proponer al Congreso del Estado, la modificación de las demarcaciones y del número de los distritos judiciales en que se divida el territorio del Estado;
XV. Determinar el número, la ubicación y competencia territorial de las salas regionales de primera instancia del Tribunal Electoral, que se requerirán para cada proceso electoral; XVI. Determinar el número y, en su caso, especialización por materia, de los juzgados en cada uno de los distritos judiciales, así como la competencia territorial y ubicación de los juzgados menores; XVII. Instrumentar y aplicar la carrera judicial en los términos de lo dispuesto en esta Ley; XVIII. Dirigir las labores de compilación y sistematización de tesis y jurisprudencia, implementando las acciones necesarias a fin de lograr la difusión de las mismas; XIX. Establecer las comisiones que estime convenientes para el adecuado funcionamiento del Consejo, y designar a los consejeros que deban integrarlas; XX. Designar de entre sus miembros a los comisionados que integrarán la Comisión de Administración del Tribunal Electoral del Estado, en los términos señalados en esta Ley; XXI. Encargarse del cumplimiento de las obligaciones que impone al Poder Judicial, la Ley de Transparencia Administrativa y Acceso a la Información Pública del Estado; XXII. Despachar la correspondencia a través de la Secretaría; XXIII. Vigilar que los jueces, secretarios y demás servidores del Poder Judicial, cumplan con sus deberes respectivos, dictando las medidas que exijan el buen servicio y la disciplina de los mismos; XXIV. Llevar el registro y seguimiento de los actos del desempeño del personal del Poder Judicial del Estado, para evaluar y resolver sobre las designaciones, promociones, ratificaciones, reelecciones, sanciones o remociones que corresponda, conforme a los lineamientos de la carrera judicial y las disposiciones constitucionales; XXV. Llevar la estadística del Poder Judicial, a través de la Unidad de Estadística y Seguimiento; XXVI. Convocar periódicamente a foros y reuniones estatales y regionales de magistrados, jueces, asociaciones profesionales representativas e instituciones de educación superior, a fin de evaluar el funcionamiento de los órganos del Poder Judicial del Estado, y proponer las medidas pertinentes para mejorarlo; XXVII. Vigilar los juzgados del Estado por conducto de la Visitaduría, conforme lo establece la presente Ley; XXVIII. Coordinar y supervisar el funcionamiento de los órganos auxiliares del Consejo de la Judicatura; XXIX. Realizar visitas extraordinarias o integrar comités de investigación, cuando estime que se ha cometido una falta grave, o cuando así lo solicite el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, sin perjuicio de las facultades que le correspondan a la Visitaduría Judicial o a la Contraloría del Poder Judicial del Estado; XXX. Recibir quejas o informes sobre demora, excesos o faltas en el despacho de los negocios judiciales, dictando al respecto las providencias del caso; XXXI. Resolver las quejas administrativas y los procedimientos de responsabilidad que se inicien en contra de los servidores públicos del Poder Judicial, en los términos que dispone esta Ley,
incluyendo las relativas a los impedimentos previstos en la Constitución Política del Estado, de los correspondientes miembros del Poder Judicial del Estado, salvo las que se refieran a los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia; XXXII. Imponer las sanciones administrativas que le competan de conformidad con la presente Ley; XXXIII. Suspender en sus cargos a los jueces y demás personal del Poder Judicial, por resolución propia o a solicitud de la autoridad que conozca del procedimiento penal que se siga en su contra. En este caso, la resolución que se dicte deberá comunicarse a la autoridad que la hubiere solicitado; XXXIV. Formular denuncia o querella en contra de los jueces y demás servidores judiciales cuando sea procedente; XXXV. Apercibir, amonestar e imponer multas hasta de doscientos días del importe del salario mínimo general vigente de la zona económica que corresponde al Estado, al día de cometerse la falta, a las personas que falten el respeto a alguno de los integrantes u órganos del Poder Judicial del Estado, en las promociones que hagan ante el Consejo de la Judicatura; XXXVI. Dictar los acuerdos generales para la organización y funcionamiento de sus órganos auxiliares; XXXVII. Expedir los reglamentos en materia administrativa, de carrera judicial, de escalafón y régimen disciplinario del Poder Judicial del Estado, y todos aquellos acuerdos generales que fueren necesarios para el adecuado ejercicio de sus atribuciones, en términos de lo previsto en la Constitución Política del Estado; y ordenar la publicación en el Periódico Oficial del Estado, de aquellos que considere de interés general; XXXVIII. Dictar las medidas generales que estime convenientes para que en los procedimientos judiciales, la impartición de la justicia sea expedita, pronta, imparcial y gratuita; XXXIX. Emitir, mediante acuerdos generales, las bases para que las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realice el Poder Judicial del Estado, en ejercicio de su Presupuesto de Egresos, se ajusten a los criterios contemplados en la Constitución Política del Estado y a la normatividad aplicable; XL. Establecer los acuerdos generales para modernizar las estructuras orgánicas, los sistemas y procedimientos administrativos internos, así como los servicios al público; XLI. Fijar los acuerdos generales para establecer bases y directrices de la política informática, y de información estadística, que permitan conocer y planear el desarrollo del Poder Judicial del Estado; XLII. Establecer el reglamento necesario para el ingreso, estímulos, reconocimientos, capacitación, ascensos y promociones por escalafón y remoción del personal administrativo del Supremo Tribunal de Justicia, y de los juzgados de primera instancia y menores; XLIII. Dictar los acuerdos generales para regular el turno de los asuntos de la competencia de los juzgados de Primera Instancia o de los juzgados menores, cuando en un mismo lugar haya varios de ellos;
XLIV. Dictar las disposiciones necesarias para la recepción, control y destino de los bienes asegurados y decomisados, y XLV. Las demás que le confiera la ley. ARTICULO 95. El Pleno del Consejo de la Judicatura podrá establecer, mediante acuerdos generales, publicados en la Gaceta Judicial, cuáles atribuciones podrán ser ejercidas por las comisiones que forme el propio Pleno. Las comisiones tendrán facultades decisorias o consultivas, según lo determine el Reglamento expedido por el Pleno del Consejo. CAPITULO IV De su Presidente ARTICULO 96. Son atribuciones del Presidente del Consejo de la Judicatura, las siguientes: I. Presidir el Pleno del Consejo de la Judicatura, dirigir los debates y conservar el orden en las sesiones; II. Representar al Consejo de la Judicatura; III. Tramitar los asuntos de la competencia del Pleno del Consejo de la Judicatura, y turnar los expedientes a sus diferentes integrantes, para que formulen los correspondientes proyectos de resolución; IV. Designar, en caso de que estime dudoso o trascendental algún trámite, a un Consejero ponente para que someta el asunto a la consideración del Pleno del Consejo, a fin de que éste determine lo que corresponda; V. Firmar las resoluciones y acuerdos del Pleno del Consejo de la Judicatura, y legalizar, por sí o por conducto del Secretario Ejecutivo que al efecto designe, las firmas de los servidores públicos del Poder Judicial del Estado, en los casos que la ley exija este requisito; VI. Despachar la correspondencia oficial del Consejo, salvo la reservada a los presidentes de las comisiones; VII. Informar al Congreso y al Gobernador del Estado, de las vacantes que se produzcan en el Consejo de la Judicatura, que deban ser cubiertas mediante sus respectivos nombramientos; VIII. Vigilar el contenido de la Gaceta; IX. Dirigir por escrito a los servidores judiciales, excitativas de justicia, a petición fundada de parte, y X. Las demás que determinen las leyes y los correspondientes reglamentos y acuerdos generales. CAPITULO V
De los Organos Auxiliares ARTICULO 97. Para su adecuado funcionamiento, el Consejo de la Judicatura contará con los siguientes órganos auxiliares: el Instituto de Estudios Judiciales; la Visitaduría Judicial; la Contraloría del Poder Judicial del Estado; la Dirección Jurídica; y la Unidad de Estadística y Seguimiento. ARTICULO 98. Los titulares de los órganos del Consejo que se señalan en el artículo anterior, deberán tener título legalmente expedido, de una profesión afín a las funciones que deban desempeñar, con experiencia profesional mínima de cinco años. CAPITULO VI Del Personal ARTICULO 99. El Pleno del Consejo de la Judicatura contará con los secretarios ejecutivos y personal subalterno que pueda incluirse en el presupuesto, los cuales podrán ser nombrados y removidos, de conformidad con lo previsto en esta Ley. ARTICULO 100. Los secretarios ejecutivos apoyarán las labores del Consejo, deberán tener título profesional legalmente expedido en alguna profesión afín a las facultades del Consejo de la Judicatura, y contar con experiencia profesional mínima de tres años. TITULO CUARTO DE LOS ORGANOS DE APOYO DEL PODER JUDICIAL CAPITULO I Del Secretariado Ejecutivo ARTICULO 101. El Consejo de la Judicatura contará con un Secretariado Ejecutivo, el cual estará integrado, cuando menos, por los siguientes secretarios: I. El Secretario Ejecutivo de Administración; II. El Secretario Ejecutivo de Vigilancia y Disciplina, y III. El Secretario Ejecutivo de Pleno y Carrera Judicial. ARTICULO 102. La atención de los asuntos de carácter administrativo del Poder Judicial quedará a cargo del Consejo de la Judicatura, a través del Secretariado Ejecutivo de Administración. ARTICULO 103. El Secretariado Ejecutivo de Administración contará con las áreas de Recursos Humanos, Recursos Materiales y Recursos Financieros; se organizará y funcionará de acuerdo con lo que disponga el Reglamento Interior.
ARTICULO 104. El Secretariado Ejecutivo de Administración se auxiliará por el personal que autorice el Consejo de la Judicatura, de acuerdo a su presupuesto. ARTICULO 105. Los asuntos concernientes a la vigilancia y disciplina del Poder Judicial, estarán al cargo del Secretariado Ejecutivo de Vigilancia y Disciplina, del que dependerán la Contraloría y la Visitaduría Judicial. El Secretariado Ejecutivo de Vigilancia y Disciplina se auxiliará para su mejor desempeño, del personal que autorice el Consejo de la Judicatura, de acuerdo a su presupuesto. ARTICULO 106. El Secretariado Ejecutivo de Pleno y Carrera Judicial será responsable del Instituto de Estudios Judiciales, de la Gaceta Judicial, de la Biblioteca y de la Oficialía de Partes; y se apoyará por el personal que autorice el Consejo de la Judicatura, de acuerdo a su presupuesto. CAPITULO II De la Contraloría ARTICULO 107. La Contraloría del Poder Judicial dependiente del Consejo de la Judicatura, a través del Secretariado Ejecutivo de Vigilancia y Disciplina, tendrá a su cargo las facultades de control y la inspección del cumplimiento de las normas de funcionamiento administrativo que rijan a los órganos, servidores públicos y empleados del propio Poder Judicial del Estado. ARTICULO 108. La Contraloría se integra con un Contralor y el personal necesario para el cumplimiento de sus funciones, designado por el Consejo de la Judicatura, a propuesta de su Presidente. ARTICULO 109. La Contraloría tiene las siguientes atribuciones: I. Vigilar el cumplimiento de las normas de control establecidas por la ley y el Consejo de la Judicatura; II. Comprobar el cumplimiento, por parte de los órganos administrativos, de las obligaciones derivadas de las disposiciones en materia de planeación, presupuestación, ingresos, egresos, financiamiento, patrimonio y fondos; III. Llevar el registro y seguimiento de la evolución de la situación patrimonial de los servidores públicos del Poder Judicial del Estado, a que se refiere la fracción VI del artículo 80 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí; IV. Inspeccionar y vigilar el cumplimiento de las normas y disposiciones relativas a los sistemas de registro y contabilidad, contratación y pago de personal, contratación de servicios y recursos materiales del Poder Judicial del Estado, y V. Las demás que determinen las leyes, reglamentos y los acuerdos generales correspondientes. CAPITULO III De la Visitaduría Judicial
ARTICULO 110. La Visitaduría Judicial es el órgano dependiente del Consejo de la Judicatura, a través del Secretariado Ejecutivo de Vigilancia y Disciplina, competente para inspeccionar el funcionamiento de las salas del Supremo Tribunal de Justicia, de los juzgados de Primera Instancia y menores; y para supervisar la conducta y desempeño de los integrantes de estos órganos. La vigilancia de la función jurisdiccional de los magistrados, así como las resoluciones disciplinarias sobre los mismos, estarán a cargo del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia. ARTICULO 111. Las funciones que en esta Ley se confieren a la Visitaduría Judicial serán ejercidas por los visitadores, quienes tendrán el carácter de representantes del Consejo de la Judicatura. ARTICULO 112. Para ser Visitador se requiere: I. Ser ciudadano mexicano en ejercicio de sus derechos civiles y políticos, y con edad superior a los treinta años, y II. Tener título legalmente expedido de abogado, licenciado en derecho o en ciencias jurídicas, y experiencia profesional de cuando menos cinco años. ARTICULO 113. La designación de los visitadores, se hará por el Consejo de la Judicatura, mediante concurso de oposición. El Consejo de la Judicatura establecerá los sistemas que permitan evaluar de manera periódica el desempeño y la honorabilidad de los visitadores. ARTICULO 114. Los visitadores, de acuerdo con los sorteos periódicos que realice el Secretariado Ejecutivo de Vigilancia y Disciplina, deberán inspeccionar de manera ordinaria los juzgados cuando menos dos veces por año, de conformidad con las disposiciones generales que en esta materia emita el Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura ordenará visitas extraordinarias o la integración de comités de investigación, siempre que, a su juicio, existan elementos que hagan presumir irregularidades cometidas por los jueces o el personal bajo sus órdenes, o cuando exista queja de parte interesada. En las visitas se revisará el periodo que determine el Consejo de la Judicatura, y durarán el tiempo necesario para tal efecto. ARTICULO 115. El Consejo de la Judicatura procurará que los visitadores no inspeccionen y supervisen a los mismos órganos judiciales en forma consecutiva. Ningún visitador podrá visitar los mismos órganos jurisdiccionales por más de dos años. ARTICULO 116. Los visitadores notificarán con diez días hábiles de anticipación al titular del órgano jurisdiccional, de la visita ordinaria que vayan a practicar, a fin de que procedan a fijar el correspondiente aviso en los estrados, a más tardar el día hábil siguiente del en que se reciba la notificación, para el efecto de que las personas interesadas puedan acudir a la visita y manifestar sus quejas o denuncias. El aviso hará mención de los días y horas en que se podrán manifestar las quejas y denuncias.
ARTICULO 117. En las visitas ordinarias a los juzgados, los visitadores, considerando las particularidades de cada órgano, realizarán, además de lo que específicamente determine el Consejo de la Judicatura, lo siguiente: I. Verificar la lista del personal; II. Verificar que los valores estén debidamente resguardados; III. Comprobar si se encuentran inventariados y asegurados los instrumentos del delito y los bienes afectos al mismo; IV. Revisar los libros de gobierno a fin de determinar si se encuentran en orden y contienen los datos requeridos;
(REFORMADO, P.O. 12 SEPTIEMBRE 2006) V. Hacer constar el número de asuntos penales, civiles, mercantiles y familiares, y de justicia para menores concluidos, y en tramite; y de juicios de amparo que se hayan promovido en contra del órgano visitado, durante el lapso que comprende la revisión; VI. Determinar si los procesados en libertad caucional han cumplido con la obligación de presentarse en los plazos fijados, y si durante la suspensión de un proceso prescribió la acción penal; VII. Examinar los expedientes penales, civiles y familiares que se estime conveniente, y que permitan evaluar y verificar que las resoluciones y acuerdos hayan sido dictados y cumplidos oportunamente; si las notificaciones y diligencias se efectuaron en los plazos legales; si los exhortos y despachos han sido diligenciados; y si se han observado los términos y demás garantías que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga a los procesados y a los ofendidos, y VIII. Recomendar en su caso, que en los procesos rezagados se pronuncie sentencia a la brevedad, y dejar constancia en el expediente. ARTICULO 118. De toda visita de inspección deberá levantarse acta circunstanciada, en la cual se hará constar el desarrollo de la misma; las quejas o denuncias presentadas en contra de los titulares y demás servidores públicos del órgano visitado; las manifestaciones que respecto de la visita o del contenido del acta éstos quisieran formular; y firmará el Juez que corresponda y el Visitador. El acta de la visita se levantará por triplicado, uno de cuyos ejemplares se entregará al titular del órgano visitado, y el original al Consejo de la Judicatura, para que determine lo que corresponda. CAPITULO IV Del Instituto de Estudios Judiciales ARTICULO 119. El Instituto de Estudios Judiciales dependiente del Consejo de la Judicatura, a través del Secretariado Ejecutivo del Pleno y Carrera Judicial, es el órgano encargado de la investigación jurídica, formación, profesionalización, capacitación y actualización de los miembros del Poder Judicial, y de quienes aspiren pertenecer a éste.
El funcionamiento y atribuciones del Instituto se regirán por las normas que determine el Consejo de la Judicatura, en el reglamento respectivo. El Instituto podrá establecer extensiones regionales, apoyar los programas y cursos en los términos que les sea solicitados, y coordinarse con las instituciones de educación superior del país, para que éstas lo auxilien en la realización de sus tareas y atribuciones. ARTICULO 120. El Instituto tendrá un Comité Académico presidido por su Director, integrado por cuando menos cuatro miembros, todos de carácter honorífico, designados por el Pleno del Consejo de la Judicatura, para ejercer por un periodo de dos años, de entre personas con reconocida experiencia profesional y académica. ARTICULO 121. El Comité Académico tendrá como función determinar, de manera conjunta con el Director, los programas de investigación, preparación y capacitación de los alumnos del Instituto; los mecanismos de evaluación y rendimiento; la elaboración de proyectos reglamentarios; y las reglas para la participación en los exámenes de oposición. ARTICULO 122. Los programas que imparta el Instituto tendrán como objeto lograr que los integrantes del Poder Judicial del Estado, o quienes aspiren a ingresar a éste, fortalezcan los conocimientos y habilidades necesarias para el adecuado desempeño de la función judicial. Para ello, el Instituto establecerá los programas y cursos tendientes a: I. Desarrollar el conocimiento práctico de los trámites, diligencias y actuaciones que forman parte de los procedimientos y asuntos de la competencia del Poder Judicial del Estado; II. Perfeccionar las habilidades y técnicas en materia de preparación y ejecución de actuaciones judiciales; III. Reforzar, actualizar y profundizar los conocimientos respecto del ordenamiento jurídico positivo, la doctrina y la jurisprudencia, tanto nacional, como de los sistemas jurídicos extranjeros; IV. Proporcionar y desarrollar técnicas de análisis, argumentación e interpretación, que permitan valorar correctamente las pruebas y evidencias aportadas en los procedimientos, así como formular adecuadamente las actuaciones y resoluciones judiciales; V. Difundir las técnicas de organización en la función jurisdiccional; VI. Contribuir al desarrollo de la vocación de servicio, así como al ejercicio de los valores y principios éticos inherentes a la función judicial; VII. Promover el intercambio académico con instituciones de educación superior, y VIII. Las demás que le encomiende el Consejo de la Judicatura. ARTICULO 123. El Instituto llevará a cabo cursos de preparación para los exámenes correspondientes, a las distintas categorías que componen la carrera judicial. ARTICULO 124. El Instituto contará con el área de investigación, la cual tendrá como función primordial realizar los estudios necesarios para el desarrollo y mejoramiento de las funciones del Poder Judicial del Estado.
CAPITULO V De la Oficialía de Partes Común ARTICULO 125. Para el turno de los diversos asuntos que se presenten, existirán oficinas denominadas oficialías de partes común para los diversos juzgados, en los distritos judiciales en que sean necesarias. En los juzgados penales del distrito judicial de la Capital del Estado, la distribución de los asuntos se hará diariamente, en forma equitativa y sucesiva, correspondiendo a cada juzgado conocer conforme al orden recibido de un delito grave, y otro que no lo sea. ARTICULO 126. El personal estará integrado por un Oficial y los auxiliares que sean necesarios. ARTICULO 127. El Oficial de Partes tendrá bajo su responsabilidad el control de registros de recepción y el turno de los respectivos negocios. ARTICULO 128. Los turnos de los diversos asuntos deberán ser hechos conforme al sistema que establezca el Consejo de la Judicatura. CAPITULO VI De los Peritos Médicos ARTICULO 129. El Servicio Médico Legal dependerá del Consejo de la Judicatura, y se desempeñará por médicos legistas, preferentemente por aquellos que tengan especialidad en la materia forense. En los lugares donde no los haya, se procederá en los términos que señale el Código de Procedimientos respectivo. ARTICULO 130. El Servicio Médico Legal estará integrado por un Director y los demás servidores públicos que determinen los reglamentos y acuerdos generales del Consejo de la Judicatura. ARTICULO 131. Para ser médico legista se requiere: I. Ser mexicano, preferentemente potosino; II. Tener cuando menos veinticinco años cumplidos a la fecha de su designación; III. Poseer título de médico cirujano, registrado ante la Dirección General de Profesiones, y la Secretaría de Salud; IV. Tener cuando menos dos años de ejercicio profesional, y V. Ser de notoria buena conducta. ARTICULO 132. Son obligaciones y facultades de los médicos legistas, las siguientes: I. Practicar sin demora el reconocimiento de los lesionados cuando para ello sean requeridos por las autoridades, y expedir los certificados relativos con la certificación probable o definitiva de las lesiones;
II. Intervenir en las actas de inspección y descripción de cadáveres que levante el Ministerio Público, redactando en ellas el parte médico legal; III. Practicar las autopsias que ordenen las autoridades, expedir los certificados relativos y dar aviso al Oficial del Registro Civil; IV. Recoger y entregar los objetos y las substancias que se encontraren con motivo de los reconocimientos practicados, y que puedan servir para el esclarecimiento del hecho que se investigue; V. Rendir al Consejo de la Judicatura un informe mensual de las labores desarrolladas, y VI. Las demás que les encomienden las leyes y el Reglamento Interior. ARTICULO 133. El peritaje de los asuntos que se presenten ante las autoridades judiciales es una función pública, y la designación que deba hacer el Juez de los peritos respectivos deberá ajustarse a la ley correspondiente. ARTICULO 134. Salvo los servidores a que se refiere el artículo anterior, los demás servidores judiciales en ningún caso pueden intervenir como peritos. CAPITULO VII Del Archivo Judicial ARTICULO 135. El Poder Judicial contará con un Archivo Judicial, el cual dependerá del Consejo de la Judicatura, quien dictará las medidas y prevenciones que estime convenientes para su organización y preservación; para tal efecto, deberá practicar cuando menos una visita de inspección al año. Para la consulta y expedición de documentos que se encuentren depositados en el archivo, deberá observarse lo dispuesto en la Ley de Transparencia Administrativa y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí. ARTICULO 136. Se depositarán en el Archivo Judicial:
(REFORMADO, P.O. 12 SEPTIEMBRE 2006) I. Todos los expedientes del orden civil, familiar y penal, y los relativos a la justicia para menores, concluidos, tanto por el Supremo Tribunal de Justicia, como por los juzgados de los diversos distritos judiciales; II. Los expedientes que aún cuando no estén concluidos, hayan dejado de tramitarse por cualquier motivo por un lapso de seis meses; III. Los documentos que remitan la áreas administrativas del Poder Judicial o el Consejo de la Judicatura, y IV. Los demás documentos que el Supremo Tribunal de Justicia determine. ARTICULO 137. Para el depósito de los expedientes y documentos a que se refiere el artículo precedente, la Presidencia, las salas del Tribunal y los juzgados, llevarán un inventario por
duplicado de cada remisión. Al calce del inventario el responsable del archivo pondrá una constancia de su recibo, dando cuenta por escrito al Presidente del Tribunal, con copia al Consejo de la Judicatura. ARTICULO 138. Sólo a petición de las partes, o de autoridad judicial, la Dirección del Archivo o los subdirectores regionales, procederán a la devolución de algún expediente que se encuentre depositado en el Archivo Judicial del Estado, previa la solicitud de parte interesada o de la autoridad judicial. ARTICULO 139. El examen de libros, documentos o expedientes del archivo, sólo podrá permitirse a las partes, en presencia del encargado y dentro del mismo. ARTICULO 140. No se permitirá por ningún motivo a los empleados del archivo, extraer los libros, documentos o expedientes guardados en el mismo. ARTICULO 141. El Director del Archivo Judicial o quien haga sus funciones, a petición de alguna de las partes o de autoridad, podrá expedir copia certificada de los documentos o expedientes que estén depositados en esa oficina. ARTICULO 142. El personal del Archivo Judicial del Estado se integrará por un Director, quien deberá tener conocimientos en la materia, y con el personal que autorice el Consejo de la Judicatura. El Director deberá rendir en forma mensual al Consejo de la Judicatura, un informe general de las actividades desarrolladas. CAPITULO VIII De la Biblioteca ARTICULO 143. La Biblioteca del Supremo Tribunal de Justicia estará a cargo de un bibliotecario; contará con el personal que sea necesario y que determine el Consejo de la Judicatura. ARTICULO 144. La biblioteca estará al servicio de los funcionarios judiciales y del público en general, pero sólo los primeros podrán extraer de ella los volúmenes que en general necesiten, previo recibo. CAPITULO IX De la Gaceta Judicial
(REFORMADO, P.O. 12 SEPTIEMBRE 2006) ARTICULO 145. El Poder Judicial contará con una Gaceta, que publicará por lo menos en forma trimestral; y tendrá por objeto dar a conocer la jurisprudencia, las tesis aisladas más notables que se pronuncien en el ramo civil, familiar y penal, y en materia de justicia para menores, por las salas y el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia; así como los trabajos, artículos jurídicos y ejecutorias de amparo que se estimen importantes.
ARTICULO 146. El personal de la Gaceta Judicial será designado por el Consejo de la Judicatura, a propuesta del Presidente del mismo, y dependerá de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis. TITULO QUINTO DE LA CARRERA JUDICIAL CAPITULO I Del Ingreso y Promoción ARTICULO 147. El ingreso y la promoción de los servidores públicos de carácter jurisdiccional del Poder Judicial del Estado, se hará mediante el sistema de carrera judicial, la cual se regirá por los principios de excelencia, profesionalismo, probidad, objetividad, imparcialidad, independencia y antigüedad, en su caso. ARTICULO 148. La carrera judicial estará integrada por las siguientes categorías: I. Juez de Primera Instancia; II. Juez Menor; III. Secretario General del Supremo Tribunal de Justicia; IV. Secretario de Acuerdos; V. Secretario de Estudio y Cuenta; VI. Subsecretario del Supremo Tribunal de Justicia; VII. Subsecretario de salas y juzgados, y VIII. Actuario. ARTICULO 149. Las designaciones que deban hacerse en las categorías de la carrera judicial a que se refiere el artículo anterior, ya sean definitivas o de carácter interino, deberán ser cubiertas invariablemente mediante concurso de oposición, que podrá ser abierto; en las condiciones y mediante los procedimientos que determine el Consejo de la Judicatura. ARTICULO 150. Los concursos de oposición se sujetarán al siguiente procedimiento: I. El Consejo de la Judicatura emitirá una convocatoria que deberá ser publicada por una vez en el Periódico Oficial del Estado, y en por lo menos uno de los diarios de mayor circulación de la Entidad. En la convocatoria se especificará la categoría y la clase de concurso de que se trate; el lugar, día y hora en que se llevarán a cabo los exámenes; así como el plazo, lugar de inscripción y demás elementos que se estimen necesarios. Los concursos podrán ser para cubrir una o más vacantes, o bien para contar con personal de reserva para el caso en que las mismas deban cubrirse en forma inmediata;
II. Los aspirantes inscritos resolverán por escrito el o los exámenes de conocimientos generales de derecho, y sobre las materias que se relacionen con la función de la plaza para la que se concursa; del número total de aspirantes sólo tendrán derecho a pasar a la siguiente etapa, las cinco personas que por cada una de las vacantes sujetas a concurso, hayan obtenido la más alta calificación; III. Los aspirantes seleccionados de conformidad con la fracción anterior, resolverán los casos prácticos que se les asignen mediante la redacción de las respectivas resoluciones. Posteriormente, se procederá a la realización de los exámenes psicológico, psicométrico y de conocimientos, éste último será oral y público; pudiendo asistirse para la aplicación del primero, de las instituciones especializadas que se estime pertinentes. La calificación final se determinará con el promedio de los puntos que cada miembro del jurado le asigne al sustentante, de acuerdo con el porcentaje que para cada caso fije en la convocatoria correspondiente, el Pleno del Consejo de la Judicatura; Al llevar a cabo su evaluación, el jurado se regirá por los principios de imparcialidad y objetividad. En caso de empate se tomará en consideración los cursos que el sustentante haya realizado y aprobado en el Instituto de Estudios Judiciales, la antigüedad en el Poder Judicial del Estado en su caso, el desempeño y el grado académico, y IV. Concluidos los exámenes orales se levantará un acta final, y el presidente del jurado declarará quienes son los concursantes que resultaron ganadores y el medio de selección utilizado, e informará de inmediato al Consejo de la Judicatura, para que realice los nombramientos respectivos. ARTICULO 151. Los cuestionarios y casos prácticos serán elaborados por un comité, integrado por un miembro del Consejo de la Judicatura, quien lo presidirá, por un magistrado o un juez dependiendo de la categoría para la cual se concursa, y por un miembro del Instituto de Estudios Judiciales. La designación de los miembros del comité se hará en los términos que establezca el reglamento respectivo del Instituto de Estudios Judiciales. ARTICULO 152. El jurado encargado de los exámenes orales se integrará por: I. Un miembro del Consejo de la Judicatura, quien lo presidirá, II. Un Magistrado y un Juez, que hayan sido ratificados, que serán electos por sorteo, y III. Una persona designada por el Instituto de Estudios Judiciales. Por cada miembro titular se nombrará un suplente, designado en los términos que señale el reglamento correspondiente. A los miembros del jurado les serán aplicables los impedimentos legales, los cuales serán calificados por el propio jurado. El Presidente del jurado tendrá voto de calidad en caso de empate. ARTICULO 153. Los servidores judiciales que hayan obtenido el cargo por oposición, sólo podrán ser removidos por las responsabilidades administrativas y mediante el procedimiento que establece la presente Ley.
CAPITULO II De la Adscripción y Ratificación ARTICULO 154. Corresponde al Consejo de la Judicatura, de conformidad con los criterios establecidos en el presente Capítulo, readscribir a los jueces a una competencia territorial o a un órgano de materia distinta, siempre que las necesidades del servicio así lo requieran. Ningún juez podrá permanecer en el juzgado de su adscripción por más de tres años, siendo obligatoria su rotación. Siempre que ello fuere posible, y en términos de lo dispuesto en este Capítulo, el Consejo de la Judicatura establecerá las bases para que los jueces puedan elegir la plaza y materia del órgano de adscripción. ARTICULO 155. En aquellos casos en que para la primera adscripción de jueces haya más de una plaza vacante, el Consejo de la Judicatura tomará en consideración, de conformidad con el acuerdo respectivo, los siguientes elementos: I. La calificación obtenida en el concurso de oposición; II. Los cursos que haya realizado en el Instituto de Estudios Judiciales; III. La antigüedad en el Poder Judicial del Estado o la experiencia profesional; IV. En su caso, el desempeño en el Poder Judicial del Estado, y V. El grado académico que comprende el nivel de estudios con que cuente el servidor público, así como los diversos cursos de actualización y especialización acreditados de manera fehaciente. ARTICULO 156. Tratándose de cambios de adscripción se considerarán los siguientes elementos: I. Los cursos de enseñanza y capacitación que se hayan realizado en el Instituto de Estudios Judiciales; II. La antigüedad en el Poder Judicial del Estado; III. El grado académico que comprende el nivel de estudios con que cuente el servidor público, así como los diversos cursos de actualización y especialización acreditados de manera fehaciente; IV. Los resultados de las visitas de inspección, y V. La disciplina y desarrollo profesional. El valor de cada elemento se determinará en el reglamento respectivo, y deberá constar en las resoluciones del Consejo de la Judicatura en que se acuerde un cambio de adscripción. ARTICULO 157. Para la ratificación de jueces a que se refiere el primer párrafo del artículo 102 de la Constitución Política del Estado, el Consejo de la Judicatura tomará en consideración los siguientes elementos:
I. El desempeño que se haya tenido en el ejercicio de su función; II. Los resultados de las visitas de inspección; III. El grado académico que comprende el nivel de estudios con que cuente el servidor público, así como los diversos cursos de actualización y especialización acreditados de manera fehaciente; IV. No haber sido sancionado por falta grave con motivo de una queja de carácter administrativa, y V. Los demás que estime pertinentes, siempre que consten en acuerdos generales publicados con seis meses de anticipación a la fecha de la ratificación. CAPITULO III De las Sustituciones y Ausencias ARTICULO 158. Las faltas absolutas o las temporales de los magistrados propietarios, serán cubiertas por los supernumerarios en el orden de su nombramiento. En el primer caso, los magistrados supernumerarios permanecerán en el desempeño del cargo hasta que tome posesión el magistrado numerario nombrado para cubrir la vacante. ARTICULO 159. Cuando un Magistrado dejare de conocer algún asunto por impedimento, recusación, excusa, o faltare accidentalmente al despacho, o esté ausente por un término no mayor de treinta días, se integrará la Sala con un Magistrado de otra Sala del mismo ramo en el orden que corresponda. Cuando los tres magistrados que integren una Sala estuvieren impedidos o fueren recusados, el negocio pasará al conocimiento de otra Sala del mismo ramo. Si todos los magistrados de las salas del mismo ramo estuvieren impedidos de conocer o fueren recusados, pasará el asunto a conocimiento de las salas del otro ramo, por su orden, y si éstas se agotaren, se integrará una Sala con magistrados supernumerarios en el orden de su designación. ARTICULO 160. Los jueces de Primera Instancia en sus ausencias que no excedan de sesenta días, serán suplidos por los secretarios de acuerdos respectivos, quienes practicarán todas las diligencias judiciales que se requieran, con excepción de pronunciar sentencias, salvo los casos en que autorice el Pleno de la Judicatura, en atención a la urgencia del negocio de que se trate. ARTICULO 161. La ausencia de los secretarios de acuerdos de las salas del Supremo Tribunal de Justicia que no excedan de quince días, serán cubiertas por el secretario proyectista que designe la Sala. En los juzgados se cubrirán con otros secretarios, si hubiere dos o más, o en su defecto con un actuario y a falta de éste, con dos testigos de asistencia designados por el Juez de entre los empleados. ARTICULO 162. Los consejeros, jueces y demás personal del Poder Judicial tendrán anualmente dos periodos de vacaciones de quince días naturales cada uno, en la forma y tiempo que determine el Consejo de la Judicatura.
Los periodos vacacionales de los magistrados serán determinados por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia. CAPITULO IV De los Estímulos y Recompensas ARTICULO 163. El Consejo de la Judicatura estimulará y recompensará a los empleados y funcionarios del Poder Judicial, que se distingan por la eficiencia y excelencia en el ejercicio de su trabajo, espíritu de servicio, asistencia y puntualidad. El Consejo de la Judicatura establecerá, mediante acuerdos generales, acorde con su presupuesto, un sistema de estímulos para las personas que integran las diversas categorías de la carrera judicial. Dicho sistema tomará en consideración el desempeño en el ejercicio de su función, la capacitación recibida en el Instituto de Estudios Judiciales, grado académico, antigüedad, arraigo y los demás elementos que el propio Consejo estime necesarios. Para tal efecto, implementará un sistema de indicadores de desempeño y evaluará objetivamente a través de la Unidad de Estadística, Evaluación y Seguimiento, la información cuantitativa que corresponda a cada servidor judicial, y tomará en cuenta la calidad humana y atención que se preste en el ejercicio del trabajo; asimismo, promoverá la capacitación constante y sistemática del personal en las diversas áreas de desarrollo profesional y humano. TITULO SEXTO DE LA JURISPRUDENCIA LOCAL CAPITULO UNICO ARTICULO 164. El Pleno y las salas del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, y del Tribunal Electoral del Estado, podrán establecer jurisprudencia en los términos que dispone esta Ley. El Consejo de la Judicatura designará a un Coordinador General de Compilación y Sistematización de Tesis del Supremo Tribunal de Justicia, que se encargará de reunir, sistematizar y publicar las tesis que emitan el Pleno y las salas, de conformidad con lo establecido en la presente Ley. ARTICULO 165. La jurisprudencia emitida por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, es obligatoria para las salas del propio Tribunal, los juzgados depositarios del Poder Judicial del Estado y el Consejo de la Judicatura. La jurisprudencia emitida por las salas del Supremo Tribunal de Justicia será obligatoria para los juzgados depositarios del Poder Judicial del Estado. ARTICULO 166. La jurisprudencia que emitan el Pleno y las salas del Supremo Tribunal de Justicia, será obligatoria a partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. No obstante lo anterior, una vez que se haya aprobado, se deberá comunicar para su conocimiento a todos los órganos jurisdiccionales del Estado y al Consejo de la Judicatura para su difusión a través de la Gaceta, a fin de que los interesados estén en posibilidad de invocarla.
ARTICULO 167. La jurisprudencia se formará cuando se pronuncien en sesiones distintas tres resoluciones ininterrumpidas en el mismo sentido sobre la cuestión debatida, y ninguna en contrario y que, tratándose del Pleno del Tribunal, sea aprobada por cuando menos diez de sus integrantes, y en lo que respecta a las salas por unanimidad de sus miembros. ARTICULO 168. Cuando exista contradicción de tesis entre las salas del propio Tribunal, resolverá el Pleno, fijando el criterio que deba prevalecer, lo cual constituirá jurisprudencia. ARTICULO 169. La contradicción de tesis podrá ser denunciada por: I. Las salas que intervengan en ella o cualquiera de los magistrados que la integren; II. Las partes del juicio donde ésta surja o sus legítimos representantes; III. Los jueces del Estado cuando después de haber dictado la resolución en el asunto de su competencia, adviertan la contradicción; IV. El Procurador General de Justicia del Estado, cuando considere que se afecta el interés de la sociedad, y V. El Coordinador General de Compilación y Sistematización de Tesis del Supremo Tribunal de Justicia. ARTICULO 170. Cuando en algún asunto se invoque una jurisprudencia deberá expresarse su fuente, rubro y tesis. ARTICULO 171. La jurisprudencia que emitan el Pleno y las salas del Supremo Tribunal de Justicia, tratándose de resoluciones por contradicción de tesis, no afectará las situaciones jurídicas concretas de las sentencias pronunciadas en los casos que se deriven. ARTICULO 172. Se interrumpirá la jurisprudencia y dejará de ser obligatoria cuando se emitan tres resoluciones en el mismo sentido y que sean aprobadas, tratándose del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, por cuando menos diez de sus miembros, y en lo que respecta a las salas colegiadas por unanimidad de sus integrantes. En todo caso, en las ejecutorias respectivas deberán expresarse las razones en que se apoye la interrupción, las cuales se referirán a las que tuvieron en consideración para establecer la jurisprudencia relativa. ARTICULO 173. La jurisprudencia dejará de tener carácter obligatorio, cuando al respecto exista jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los tribunales colegiados de circuito. Antes de la publicación de una nueva jurisprudencia en el Periódico Oficial del Estado, el Coordinador General de Compilación y Sistematización de Tesis del Supremo Tribunal de Justicia, deberá cotejar la inexistencia de jurisprudencia sobre el tema, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en los tribunales colegiados de circuito. ARTICULO 174. Tratándose de la materia electoral, el Tribunal Electoral fijará jurisprudencia en los términos que señale su reglamento, siendo aplicables en lo general las disposiciones de este Capítulo. TITULO SEPTIMO
DE LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS CAPITULO I De los Sujetos ARTICULO 175. Son sujetos de responsabilidad administrativa los magistrados, los consejeros, los jueces de primera instancia, jueces menores, los secretarios de acuerdos, secretarios de estudio y cuenta, subsecretarios, actuarios y visitadores, así como todos los demás servidores del Poder Judicial del Estado, por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones, de acuerdo a la presente Ley y a las demás leyes aplicables. ARTICULO 176. La responsabilidad de los delitos o faltas administrativas de los magistrados, consejeros, jueces y demás personal del Poder Judicial, se sujetará a las disposiciones que establezca la Constitución Política y las leyes del Estado. CAPITULO II De las Faltas Administrativas ARTICULO 177. Son faltas administrativas además de las establecidas en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí, las previstas en el presente Capítulo. ARTICULO 178. Son faltas del personal jurisdiccional del Poder Judicial: I. Demorar en forma injustificada, la tramitación o resolución de los negocios que deban conocer de acuerdo a la ley; II. Ejecutar hechos o incurrir en omisiones que tengan por consecuencia, dificultar o retardar el ejercicio de los derechos de las partes; III. Admitir recursos notoriamente frívolos e improcedentes; conceder términos innecesarios o prórrogas indebidas; IV. Dar por probado un hecho que no lo esté legalmente en los autos, o tener como no probado uno que conforme a la ley, deba estimarse debidamente comprobado; V. Fundar con dolo o mala fe cualquier resolución en consideraciones de derecho notoriamente falsas o inaplicables; VI. Dictar resoluciones contra el texto expreso de la ley con dolo o mala fe; VII. Aplicar penas por analogía o mayoría de razón; VIII. Dedicar a los servidores públicos de la impartición de justicia de su dependencia, al desempeño de labores extrañas a las funciones oficiales, las que deberán estar demarcadas con toda precisión en el Reglamento de esta Ley, y IX. Las demás que establezcan las leyes y los reglamentos.
ARTICULO 179. Son faltas en general de los servidores judiciales: I. No concurrir sin causa justificada, al desempeño de sus labores durante el horario establecido; II. No proporcionar a las partes o a las personas autorizadas, sin justificación, el expediente en donde intervengan; III. No despachar oportunamente los oficios, ni llevar a cabo las diligencias que se les encomienden, y IV. Las infracciones y omisiones en que incurran, en relación con los deberes que les imponen las disposiciones de esta Ley y las demás sustantivas y adjetivas del Estado, así como los reglamentos respectivos. ARTICULO 180. Con independencia de las causales antes previstas, los actuarios incurrirán en faltas administrativas, por: I. No hacer con la debida oportunidad y sin causa justificada las notificaciones personales; ni observar cabalmente las normas jurídicas a las que deben ceñirse durante las diligencias practicadas; II. Retardar indebida o maliciosamente las notificaciones, emplazamientos, embargos o diligencias de cualquier clase que les fueren encomendadas; III. Dar preferencia a alguno o algunos de los litigantes con perjuicio de otros, por cualquier causa, en la diligencia de sus asuntos en general; IV. Hacer notificaciones, citaciones o emplazamientos a las partes, por cédula o instructivo, fuera del lugar designado en autos, o sin cerciorarse cuando proceda, de que el interesado tiene su domicilio en donde se lleva a cabo la diligencia, y V. Practicar embargos, aseguramiento o retención de bienes, o lanzamiento de personas o corporación que no sea la designada en el auto respectivo, o cuando en el momento de la diligencia o antes de retirarse el personal del juzgado, se le demuestre que esos bienes son ajenos; para comprobar tal hecho, en todo caso, deberán agregar a los autos la documentación que se les presente, a efecto de dar cuenta a quien hubiere ordenado la diligencia. CAPITULO III De las Sanciones Administrativas ARTICULO 181. Las sanciones administrativas consistirán en: I. Amonestación o apercibimiento, que podrá hacerse en público o en privado, según la gravedad de la falta; II. Sanción económica por el equivalente de doscientos a trescientos días de salario mínimo general vigente en la región al momento de cometerse la falta, siempre que no se obtenga un beneficio, o se cause un daño o un perjuicio; III. Suspensión hasta por sesenta días;
IV. Destitución del puesto o cargo, y V. Inhabilitación para desempeñar cargo o empleo alguno en el Poder Judicial del Estado: a) Hasta por dos años, cuando no se obtenga lucro ni se causen daños o perjuicios. b) De seis meses a tres años en caso de que se obtenga algún beneficio o se causen daños o perjuicios, si el monto de aquellos no excede de cien veces el salario mínimo mensual vigente en la región. c) De tres a diez años, si los daños o perjuicios causados exceden el límite señalado en el inciso anterior. ARTICULO 182. Las sanciones administrativas se impondrán tomando en cuenta lo que al efecto prevé, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí. CAPITULO IV Del Procedimiento Administrativo ARTICULO 183. La aplicación de las sanciones a que se refiere el artículo 181 de esta Ley, corresponde al Consejo de la Judicatura. Tratándose de las que correspondan a los magistrados resolverá el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia. ARTICULO 184. El procedimiento administrativo se iniciará mediante queja de los órganos auxiliares o de los particulares que tengan interés jurídico, la que se formulará por escrito o de manera verbal, pero en éste último caso se levantará acta circunstanciada de la misma. También podrá iniciarse de oficio por el superior jerárquico del presunto infractor, o por cualquiera de los consejeros cuando la gravedad de la irregularidad observada así lo amerite y, en tal caso, corresponderá al Pleno del Consejo de la Judicatura imponer al responsable la sanción respectiva. ARTICULO 185. El procedimiento lo instruirá el Secretariado Ejecutivo de Vigilancia y Disciplina auxiliado por la Visitaduría o la Contraloría, según corresponda, y comprenderá una audiencia que se verificará dentro de los quince días hábiles siguientes, con intervención del Ministerio Público y conforme a lo siguiente. El procedimiento se sujetará a lo siguiente: I. Se citará al presunto responsable a la audiencia, haciéndole saber la responsabilidad que se le imputa y el derecho que tiene a ofrecer pruebas y a alegar. Las pruebas deberán ofrecerse y rendirse en la audiencia, con excepción de la testimonial y la pericial, que deberán anunciarse cinco días antes del señalado para su celebración. La citación se hará cuando menos con ocho días hábiles de anticipación. Abierta la audiencia se procederá a recibir, por su orden, las pruebas, los alegatos y en su caso, el pedimento del Ministerio Público; II. Al concluir la audiencia o dentro de los treinta días hábiles siguientes, el Pleno del Consejo resolverá si existió o no responsabilidad; en caso afirmativo impondrá al infractor las sanciones administrativas correspondientes y dará los avisos a las autoridades que corresponda, notificando la resolución al interesado dentro de las veinticuatro horas hábiles siguientes; III. La audiencia podrá diferirse si lo solicita el interesado con causa justificada a juicio del Secretariado; asimismo, si éste encuentra que no hay datos suficientes para resolver, o advierte elementos que impliquen nueva responsabilidad administrativa a cargo del presunto responsable o
de otras personas, podrá disponer la práctica de mayores investigaciones y citar para otra u otras audiencias, o bien turnar el asunto al órgano competente, y IV. Si el Pleno del Consejo de la Judicatura estima que la queja fue interpuesta actuando de mala fe, se impondrá al quejoso, representante, abogado o a ambos, una multa de doscientos a trescientos días de salario mínimo vigente en la Capital del Estado al momento de interponerse la queja. ARTICULO 186. Las sanciones económicas que se impongan serán destinadas en favor del Fondo de Apoyo para la Administración de Justicia; se harán efectivas mediante el procedimiento económico coactivo de ejecución, conforme al Código Fiscal del Estado. ARTICULO 187. Para el cumplimiento de las atribuciones que se confieren en este Título, las autoridades podrán emplear los siguientes medios de apremio: I. Sanción hasta de doscientos veces el salario mínimo diario vigente en la zona económica donde se cometa la infracción, y II. Auxilio de la fuerza pública. Si existe resistencia al mandamiento legítimo de autoridad, se estará a lo previsto en el Código Penal del Estado. ARTICULO 188. La facultad para imponer las sanciones que establece el Capítulo Tercero de este Título, caducará en los términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí. ARTICULO 189. En todo lo relativo al procedimiento no previsto en esta Ley, así como en la apreciación y valorización de las pruebas, se observarán las disposiciones del Código de Procedimientos Civiles del Estado. TITULO SEPTIMO DEL FONDO DE APOYO PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA CAPITULO UNICO ARTICULO 190. El Fondo de Apoyo para la Administración de Justicia se integrará con: I. El importe de las cauciones otorgadas para garantizar la libertad provisional o la condena condicional, que se hagan efectivas a su favor; II. Las multas impuestas por los órganos jurisdiccionales estatales; III. Los intereses que generen los bienes y valores del propio fondo; además de los intereses provenientes de cantidades consignadas por los particulares, por cualquier causa, ante los tribunales; IV. El monto de la reparación del daño cuando la parte ofendida renuncie a él, o no lo reclame dentro del plazo de un año a partir de la notificación de que queda a su disposición; V. Donaciones, herencias y legados, y
VI. Los bienes y valores depositados por cualquier motivo ante los tribunales cuando no fueren reclamados por el depositante o por quien tenga derecho a ellos, dentro del plazo a que se refiere la fracción IV de este artículo, observándose en su caso lo dispuesto en el Código Penal del Estado. ARTICULO 191. El Consejo de la Judicatura se hará cargo del Fondo de Apoyo para la Administración de Justicia, a través del Secretariado Ejecutivo de Administración, bajo la vigilancia y supervisión del primero. ARTICULO 192. Los recursos del Fondo se destinarán a: I. Cubrir todos aquellos gastos que el Consejo de la Judicatura estime convenientes para la buena marcha de la administración de justicia, y que no estén comprendidos en el presupuesto anual, y II. La adquisición, construcción o remodelación de bienes inmuebles destinados a sedes judiciales. ARTICULO 193. La administración y el manejo del Fondo queda sujeto a las siguientes bases: I. Amparar los bienes o cantidades recibidas en depósitos, mediante certificados nominativos y no negociables; II. Invertir cantidades en la adquisición de títulos o valores de renta fija, cuyo titular será el Poder Judicial del Estado, por conducto del Consejo de la Judicatura, y III. Procurar que los bienes muebles o inmuebles adquiridos con recursos del Fondo, satisfagan los fines para los que fueron adquiridos. ARTICULO 194. El Secretariado Ejecutivo de Administración someterá a la aprobación del Consejo de la Judicatura, los informes financieros que trimestralmente deben rendirse al Congreso del Estado, y enviará una copia del mismo a la Contraloría del Poder Judicial para su conocimiento. TITULO OCTAVO DE LA REVISION ADMINISTRATIVA CAPITULO UNICO ARTICULO 195. El recurso de revisión administrativa tendrá como único objeto que el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, determine si el Consejo de la Judicatura designó, adscribió, readscribió, removió o no ratificó a un juez, con estricto apego a los requisitos formales previstos en esta Ley, o en los reglamentos y acuerdos generales expedidos por el propio Consejo de la Judicatura. ARTICULO 196. El recurso de revisión administrativa podrá interponerse: I. Tratándose de las resoluciones de designación o adscripción con motivo de un examen de oposición, por cualquiera de las personas que hayan participado en él; II. Tratándose de las resoluciones de remoción o no ratificación, por el juez afectado por la misma, y
III. Tratándose de resoluciones de cambio de adscripción, por el juez que haya solicitado el cambio de adscripción y se le hubiere negado. ARTICULO 197. El recurso de revisión administrativa deberá presentarse por escrito ante el Presidente del Consejo de la Judicatura, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que haya surtido efectos la notificación de la resolución que se combate. El escrito de revisión y el informe correspondiente será turnado, dentro de los cinco días hábiles siguientes, a un magistrado ponente según el turno que corresponda. El informe mencionado deberá ir acompañado de todos aquellos elementos probatorios que permitan la resolución del asunto, y será rendido por uno de los consejeros que haya votado a favor de la decisión, quien representará al Consejo de la Judicatura durante el procedimiento. ARTICULO 198. En los casos en que el recurso de revisión administrativa se interponga contra las resoluciones de nombramiento o adscripción, deberá notificarse también al tercero interesado, teniendo ese carácter las personas que se hayan favorecido con las resoluciones, a fin de que dentro del término de cinco días hábiles pueda alegar lo que a su derecho convenga. ARTICULO 199. Tratándose del recurso de revisión administrativa interpuesto contra las resoluciones de nombramiento o adscripción, no se admitirán más pruebas que las documentales públicas, las cuales deberán ser ofrecidas por el promovente o el tercero interesado en el correspondiente escrito de recurso o contestación a éste. ARTICULO 200. En caso de que el recurso de revisión administrativa se presente en contra de resoluciones de remoción o no ratificación, el magistrado ponente podrá ordenar la apertura de un término probatorio hasta por el término de diez días. En este caso, únicamente serán admisibles las pruebas documental y testimonial. Cuando alguna de las partes ofrezcan una prueba documental que no obre en su poder, solicitará al magistrado ponente que requiera a la autoridad que cuente con ella, a fin de que la proporcione a la brevedad posible. ARTICULO 201. Las resoluciones del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia que declaren fundado el recurso de revisión administrativa, se limitarán a declarar la insubsistencia del acto impugnado para el efecto de que el Consejo de la Judicatura dicte una nueva resolución, en un plazo no mayor a treinta días naturales. Esta resolución no producirá la invalidez de las actuaciones del juez nombrado o adscrito. La interposición de la revisión administrativa no interrumpirá en ningún caso, los efectos de la resolución impugnada. T R A N S I T O R I O S PRIMERO. Esta Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. SEGUNDO. Se abroga la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, publicada en el Periódico Oficial del Estado de fecha 25 de diciembre de 1996 y sus reformas subsecuentes; y se derogan todas las disposiciones que se opongan a la ley materia del presente Decreto. TERCERO. En lo relativo al artículo 50 de este Decreto, en tanto el Consejo de la Judicatura determine el número de juzgados que habrá en cada Distrito Judicial, se entenderá que
continuarán funcionando en los términos en que actualmente lo hacen conforme al ordenamiento que se abroga. CUARTO. A la entrada en vigor de esta Ley, las áreas de administración, contraloría, tesorería y en general todas las que manejen cuestiones de la competencia que la Constitución del Estado y esta Ley le atribuyen al Consejo de la Judicatura, pasarán a su dependencia y jerarquía. QUINTO. El Presidente del Supremo Tribunal de Justicia deberá promover las adecuaciones necesarias al instrumento jurídico vigente, que regula el Fondo de Apoyo para la Administración de Justicia, para que, en adelante sea administrado por el Consejo de la Judicatura. SEXTO. Las referencias al Supremo Tribunal de Justicia del Estado que se encuentren en las demás leyes estatales o en sus reglamentos, se entenderán hechas a favor del Consejo de la Judicatura, en todo lo que corresponde al ejercicio de su competencia. SEPTIMO. El Supremo Tribunal de Justicia y el Consejo de la Judicatura, se avocarán a realizar las adecuaciones correspondientes a los reglamentos que regulan las diferentes competencias administrativas en el Poder Judicial de Estado, en un plazo que no excederá de sesenta días naturales a partir de la vigencia de este Decreto. OCTAVO. Los asuntos relativos a la cuestiones de administración, vigilancia y disciplina que se encuentren en trámite en los juzgados, en las salas y en el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, pasarán a la competencia del Consejo de la Judicatura para continuar su tramitación y resolución, así como sus respectivos archivos. NOVENO. Instalado el Consejo de la Judicatura promoverá con respeto a los derechos laborales, la readscripción del personal actual del Poder Judicial del Estado, para el ejercicio de los asuntos de su competencia. DECIMO. El Ejecutivo Estatal, a través de la Comisión Gasto Financiamiento, dispondrá las adecuaciones respectivas al Presupuesto de Egresos del Estado, para dar suficiencia presupuestaria al Consejo de la Judicatura, incluyendo los meses restantes del Ejercicio 2005. Lo tendrá entendido el Ejecutivo del Estado y lo hará publicar, circular y obedecer. D A D O en el Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado, el día cinco de octubre de dos mil cinco. Diputado Presidente: Paulino Pozos Aguilar, Diputado Primer Secretario: Galdino Martínez Méndez, Primer Prosecretario en Funciones de Secretario: Mauricio Leyva Ortiz (Rúbricas). Por tanto mando se cumpla y ejecute el presente Decreto y que todas las autoridades lo hagan cumplir y guardar y al efecto se imprima, publique y circule a quienes corresponda. D A D O en el Palacio de Gobierno, sede del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, a los trece días del mes de octubre de dos mil cinco. El Gobernador Constitucional del Estado C.P. Marcelo de los Santos Fraga (Rúbricas) El Secretario General del Gobierno Lic. Alfonso Jose Castillo Machuca (Rúbricas)
N. DE E. A CONTINUACIÓN SE TRANSCRIBEN LOS ARTICULOS TRANSITORIOS DE LOS DECRETOS DE REFORMAS A LA PRESENTE LEY. P.O. 12 DE SEPTIEMBRE DE 2006.
PRIMERO. Este decreto entrará en vigor el día doce del mes de septiembre del año dos mil seis, previa publicación en el Periódico Oficial del Estado. SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. TERCERO. La situación jurídica de las personas que se encuentren compurgando una pena de prisión, por haber cometido un delito siendo menores de dieciocho años de edad, será resuelta sobre la base de las reformas al artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la siguiente manera: El juez Penal que conoció de la causa, remitirá el expediente correspondiente al Juez de Ejecución para que resuelva lo procedente. CUARTO. El Juez o la Sala Penal que estén conociendo del proceso seguido en contra de personas menores de dieciocho años, por haber cometido un delito previsto por las leyes locales, o que lo cometieron cuando eran menores de dieciocho años, se declarará incompetente y enviará los autos al Juez Especializado, que resolverá conforme al procedimiento establecido en la Ley de Justicia Menores del Estado de San Luis Potosí. La Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia que esté conociendo de recursos relacionados con menores de dieciocho años, o que hayan tenido menos de dieciocho años al momento de la comisión del ilícito que se les atribuya, aplicará la Ley de Justicia para Menores del Estado de San Luis Potosí. QUINTO Las autoridades del Consejo Tutelar para menores infractores del Estado, a que se refiere la Ley de Consejos Tutelares y de Readaptación Social para Menores del Estado de San Luis Potosí, podrán seguir actuando válidamente a la entrada en vigor de la Ley de Justicia para Menores del Estado de San Luis Potosí, para los efectos de remitir los asuntos que eran de su conocimiento, a la autoridad competente; de acuerdo con las siguientes reglas: a) Los asuntos que estén conociendo en investigación o integración las autoridades del Consejo Tutelar para Menores del Estado, serán remitidos de inmediato al Ministerio Público Especializado, poniendo a su disposición, en su caso, al menor que tuviere detenido. b) El procedimiento que estén instruyendo las autoridades del Consejo Tutelar para Menores del Estado, será remitido de inmediato al Juez Especializado, poniendo a su disposición, en su caso, al menor que tuviere detenido. c) El Director del Centro de readaptación Social para Menores, “Profesor Angel Silva” entregará a la Dirección de Ejecución de Medidas para Menores, a los menores que estuvieren afectos a alguna medida firmemente decretada y los expedientes a ellos relativos. Las medidas impuestas, tanto las de internamiento, como las de externación serán adecuadas por el Juez de Ejecución. d) Si las autoridades del Consejo Tutelar para Menores del Estado tuvieren detenidos a menores de catorce años, ordenarán su inmediata libertad. Los nuevos órganos y autoridades proseguirán con el trasmite del procedimiento, de acuerdo con las reglas de la Ley de Justicia para Menores del Estado de San Luis Potosí, salvo en los aspectos en que resulte más benéfica para el menor, la aplicación de la ley que se abroga. P.O. 10 DE MAYO DE 2008
PRIMERO. Previa la aprobación de las modificaciones a la Constitución Política del Estado, que se contienen en el artículo Primero del presente Decreto, por cuando menos las tres cuartas partes de los ayuntamientos de la Entidad de conformidad con lo dispuesto por el artículo 138 de la propia Constitución, este Decreto entrará en vigor en su integridad, al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. SEGUNDO. Con la entrada en vigor de este Decreto, se abrogan, tanto la Ley Electoral del Estado, publicada en la edición extraordinaria del Periódico Oficial del Estado, el 30 de septiembre de 1999; como la Ley de Referéndum y Plebiscito del Estado de San Luis Potosí, publicada en el mismo órgano de comunicación oficial el 30 de abril de 1997; asimismo, se derogan las disposiciones constitucionales, legales y administrativas que se le opongan. TERCERO. Respecto del artículo Segundo de este Decreto, por el que se expide la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, se habrán de observar las previsiones siguientes: I. Por única vez, para los efectos que se establecen en el artículo 63 de la Ley Electoral, quienes resulten electos o ratificados para integrar el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en 2009, durarán en su encargo dos años; sin perjuicio de que quienes hayan sido electos por primera ocasión, puedan ser ratificados para el siguiente periodo, acorde con el dispositivo 63 antes citado; II. A la entrada en vigor del presente Decreto, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, contará con un plazo de noventa días naturales para expedir o adecuar sus disposiciones reglamentarias a este mismo Decreto, y III. En lo sucesivo, a partir de la vigencia de este Decreto, toda referencia que en las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas se hagan al Consejo Estatal Electoral, se entenderán hechas al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. P.O. 27 DE AGOSTO DE 2009 PRIMERO. Este Decreto entrará en vigor a los treinta días de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. TERCERO. El Gobernador del Estado, en el ámbito de su competencia, deberá realizar las modificaciones jurídico–administrativas necesarias para el adecuado funcionamiento de este Decreto, en un término de sesenta días siguientes a la publicación del mismo. CUARTO. El Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, propondrá al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, la reasignación a los juzgados civiles y mixtos en el Estado, para el conocimiento y substanciación de los procedimientos en materia de extinción de dominio. QUINTO. El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, en el ámbito de su competencia, deberá realizar las modificaciones jurídico–administrativas necesarias para el adecuado funcionamiento de este Decreto, en un término de sesenta días siguientes a la publicación del mismo.
LEY ESTATAL DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
ley del notariado para el estado de san luis potosi - Poder Judicial del ...
ley de justicia administrativa del estado de san luis potosi
LEY DE SALUD DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
LEY DE GANADERIA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
LEY DE COORDINACION FISCAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
LEY DE TURISMO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
ley de turismo del estado de san luis potosi - Justia
LEY DE TRANSPORTE PUBLICO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Informe "ley organica del poder judicial del estado de san luis potosi"