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Timestamp: 2020-08-08 12:09:22
Document Index: 106557315

Matched Legal Cases: ['artículo 87', 'artículo 169', 'artículo 22', 'artículo 23', 'artículo 10', 'artículo 2', 'artículo 18', 'artículo 19']

Novedades Legales - Ley de emergencia y solidaridad - Aspectos laborales
Comentarios a las regulaciones laborales y de la seguridad social contenidas en la ley n° 27.541 y el decreto reglamentario n° 99/2019
El pasado 23 de diciembre de 2019 se publicó en el Suplemento del Boletín Oficial, la ley n° 27.541 (denominada Ley de solidaridad social y reactivación productiva en el marco de la emergencia pública) y el decreto n° 58/2019 que la promulgó con una observación en el art. 52 de la norma. Asimismo, el 28 de diciembre de 2019 se publicó el decreto n° 99/2019, reglamentario de la norma citada.
1.1. Eliminación de la reducción progresiva. Fijación de alícuotas.
20,40% para los empleadores pertenecientes al sector privado cuya actividad principal encuadre en el sector Servicios o Comercio, de acuerdo con lo dispuesto en la resolución SEPYME n° 220/2019 y su modificatoria o la que en el futuro la reemplace, siempre que sus ventas totales anuales superen, en todos los casos, los límites para la categorización como empresa mediana tramo 2, con excepción de los comprendidos en las leyes nros. 23.551, 23.660 y 23.661.
18% para los restantes empleadores pertenecientes al sector privado no incluidos en la descripción anterior. También será de aplicación a las entidades y organismos del sector público comprendidos en el art. 1° de la ley n° 22.106 y sus modificatorias.
Las ventas totales anuales serán calculadas conforme lo previsto por el art. 5 de la resolución 220 citada o la que en el futuro la reemplace [i].
Al igual que lo establecido por la ley n° 27.430, la ley establece que "la alícuota fijada en el primer párrafo sustituye las vigentes para los regímenes del Sistema Único de la Seguridad Social (SUSS), previstos en los incisos a), b), d) y f) del artículo 87 del decreto 2284 del 31 de octubre de 1991, conservando plena aplicación las correspondientes a los regímenes enunciados en los incisos c) y e) del precitado artículo", y que "El Poder Ejecutivo nacional establecerá las proporciones que, de las contribuciones patronales que se determinen por la aplicación de la alícuota a que alude el primer párrafo del artículo precedente, se distribuirán a cada uno de los subsistemas del Sistema Único de Seguridad Social allí mencionados".
1.3. Cómputo como crédito fiscal (IVA).
La norma reglamentaria aclaró que la opción a que se hace referencia en el último párrafo del artículo 169 de la ley n° 27.430 [ii] se entenderá referida a las disposiciones del artículo 22 de la ley, y que, en caso de ejercerse para la totalidad de los trabajadores comprendidos en el artículo, implicará también el acceso a la detracción prevista en el artículo 23 de la ley. La AFIP establecerá los requisitos, plazos y demás condiciones vinculados con el ejercicio de la referida opción.
Disponer en forma obligatoria que los empleadores del sector privado abonen a sus trabajadores "incrementos salariales mínimos" (sic).
Eximir temporalmente de la obligación del pago de aportes y contribuciones al SIPA sobre los incrementos salariales que se dispongan en ejercicio de la facultad antes indicada, o de la negociación colectiva. Esta última previsión se traduce en la virtual derogación del contenido del art. 4 del decreto n° 633/2018[iii].
Efectuar reducciones de "aportes patronales y/o de contribuciones personales" (sic) al SIPA, limitadas a jurisdicciones y actividades específicas o en situaciones críticas.
En el Capítulo 1 del Título IV se establece un "Régimen de regularización de obligaciones tributarias, de la Seguridad Social y Aduaneras para MiPyMEs".
Obligaciones vencidas al 30 de noviembre de 2019 inclusive.
Infracciones relacionadas con dichas obligaciones.
La refinanciación de planes de pago vigentes.
Obligaciones que se encuentren en curso de discusión administrativa o sean objeto de un procedimiento administrativo o judicial a la fecha de publicación de la ley en el Boletín Oficial, en tanto el demandado se allane incondicionalmente por las obligaciones regularizadas y, en su caso, desista y renuncie a toda acción y derecho, incluso el de repetición, asumiendo el pago de las costas y gastos causídicos.
Obligaciones respecto de las cuales hubieran prescripto las facultades de la AFIP para determinarlas, y sobre las que se hubiere formulado denuncia penal tributaria o, en su caso, penal económico, contra los contribuyentes o responsables, siempre que el requerimiento lo efectuare el deudor.
A tal fin, las MiPyME deberán acreditar su inscripción como tales con el "Certificado MiPyME", vigente al momento de presentarse al régimen. Aquellas que no cuenten con dicho certificado, podrán adherir al régimen en forma condicional, siempre que lo tramiten y obtengan dentro del plazo establecido para acogerse al régimen.
Los declarados en estado de quiebra, respecto de los cuales no se haya dispuesto la continuidad de la explotación, conforme a lo establecido en las leyes nros. 24.522 y sus modificatorias, o 25.284 y sus modificatorias, mientras duren los efectos de dicha declaración.
Los condenados por alguno de los delitos previstos en las leyes nros. 23.771, 24.769 y sus modificatorias, Título IX de la ley n° 27.430 o en la ley n° 22.415 (Código Aduanero) y sus modificatorias, respecto de los cuales se haya dictado sentencia firme con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley, siempre que la condena no estuviera cumplida.
Los condenados por delitos dolosos que tengan conexión con el incumplimiento de obligaciones tributarias, respecto de los cuales se haya dictado sentencia firme con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, siempre que la condena no estuviere cumplida.
Las personas jurídicas en las que, según corresponda, sus socios, administradores, directores, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, consejeros o quienes ocupen cargos equivalentes en las mismas, hayan sido condenados por infracción a las leyes nros. 23.771 o 24.769 y sus modificaciones, Título IX de la ley n° 27.430, ley n° 22.415 (Código Aduanero) y sus modificatorias o por delitos dolosos que tengan conexión con el incumplimiento de obligaciones tributarias, respecto de los cuales se haya dictado sentencia firme con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, siempre que la condena no estuviere cumplida.
Multas y demás sanciones previstas en la ley n° 11.683, en la ley n° 22.161 y sus modificatorias y en la ley n° 22.415 (Código Aduanero) y sus modificatorias, que no se encontraren firmes a la fecha de acogimiento al presente régimen.
Del 100% de los intereses resarcitorios y/o punitorios previstos en los artículos 37 y 52 de la ley n° 11.683, del capital adeudado y adherido al régimen de regularización correspondiente al aporte personal previsto en el artículo 10, inciso c) de la ley 24.241 y sus modificaciones, de los trabajadores autónomos comprendidos en el artículo 2, inciso b) de la norma citada.
De los intereses resarcitorios y/o punitorios previstos en los artículos 37, 52 y 168 de la ley n° 11.683, los intereses resarcitorios y/o punitorios sobre multas y tributos aduaneros (incluidos los importes que en concepto de estímulos a la exportación debieran restituirse al fisco nacional) previstos en los artículos 794, 797, 845 y 924 de la ley n° 22.415 (Código Aduanero) en el importe que por el total de intereses supere el porcentaje que para cada caso se establece a continuación:
Período fiscal 2018 y obligaciones mensuales vencidas al 30 de noviembre de 2019: el 10% del capital adeudado.
Períodos fiscales 2016 y 2017: el 25% del capital adeudado.
Compensación de la mencionada deuda, cualquiera sea su origen, con saldos de libre disponibilidad, devoluciones, reintegros o reembolsos a los que tengan derecho por parte de la AFIP, en materia impositiva, aduanera o de recursos de la seguridad social a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley.
Cancelación mediante pago al contado, hasta la fecha en que se efectúe el acogimiento al presente régimen, siendo de aplicación en estos casos una reducción del 15% de la deuda consolidada.
Cancelación total mediante alguno de los planes de facilidades de pago que al respecto disponga la AFIP, en los plazos y con las tasas y cuotas que establece la norma.
[i] Por valor de ventas totales anuales se entenderá el monto de las ventas que surja del promedio de los últimos tres (3) ejercicios comerciales o años fiscales, según la información declarada ante la AFIP. Se excluirá del cálculo el monto del impuesto al valor agregado y el/los impuesto/s interno/s que pudiera/n corresponder; y se deducirá hasta el setenta y cinco por ciento (75 %) del monto de las exportaciones.
[ii] Art. 169: Los empleadores encuadrados en el artículo 18 de la ley 26.940, que abonan las contribuciones patronales destinadas a los subsistemas de la seguridad social indicados en los incisos a), b), c), d) y e) del artículo 19 de la mencionada ley, aplicando los porcentajes establecidos en los párrafos primero y segundo de ese mismo artículo, podrán continuar siendo beneficiarios de esas reducciones hasta el 1° de enero de 2022, respecto de cada una de las relaciones laborales vigentes que cuenten con ese beneficio.
[iii] El artículo dispone que "El MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no dará curso, ni homologará o registrará, en el marco del procedimiento de negociación colectiva previsto en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), aquellos convenios colectivos de trabajo y/o acuerdos con similares efectos que contengan sumas o conceptos de naturaleza salarial sobre los que las partes acuerden otorgarle carácter no remunerativo, con excepción de aquellos supuestos contemplados en los artículos 103 bis, 106 y 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y las situaciones en las que pudiese corresponder tal excepción, encuadradas en el procedimiento regulado por los artículos 98 a 105 (ambos inclusive), de la Ley N° 24.013 y sus modificatorias y normas reglamentarias".