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Timestamp: 2020-04-05 02:38:00
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Recibido: 30-07-2018; Aceptado: 17-09-2018
Palabras clave: libertad de imprenta, censura, legislación, prensa periódica, México, siglo XIX.
Keywords: freedom of the press, censorship, legislation, newspapers, Mexico, 19th century.
Decretos que. otorgan facultades extraordinarias amplias al poder ejecutivo y vigencias de las leyes generales de libertad de imprenta (1821-1867)
TFN1Fuentes: Aguilar Rivera, El manto; Coudart, “La regulación”; Dublán y Lozano, Legislación; Planes; Tena Ramírez, “La suspensión”.
[Figure ID: f1] 1. . Disposicionesreglamentarias sobre la libertad de imprenta, 1821-1865
[Figure ID: f2] 2.. Fundaciones y ceses de periódicos de la ciudad de méxico, 1822-1855
[Figure ID: f3] 3.. Publicaciones de folletos, 1822-1865
Coudart, Laurence, “La regulación de la libertad de prensa (1863-1867)”, enHistoria Mexicana, LXV: 2 (258) (oct.-dic. 2015), pp. 629-687.
González, María del Refugio, “Las transiciones jurídicas en México del siglo XIX a la Revolución”, en González y López Ayllón(eds.), 1999, pp. 85-134.
fn1Acerca de esta duradera realidad, véase McGowan, Prensa y poder. Enfocándose en la prensa política del periodo 1854-1857, el historiador advierte: “el pueblo no existió para la prensa, ni para el gobierno, ni para el público. Sólo se registró una sociedad de élites, que dictaban sus mandatos al ignorado pueblo. Estas élites estaban constituidas por el público lector de los periódicos y por los miembros de los partidos políticos, cuya máxima recompensa era el ejercicio del poder y el control de la prensa, para salvaguardar al pueblo. En este contexto, la sociedad política viene siendo una tetralogía, cuyos componentes -el poder, la prensa, las élites y los partidos- se conjugan entre sí para crearla, pero siempre con la exclusión del pueblo” (p. 10).
fn2Desde los inicios del México independiente, las constituciones, actas o bases constitucionales mexicanas establecen la obligación, para los encargados de los ministerios, de dar cuenta al Congreso del estado en que se hallan los diversos ramos de su secretaría; es decir, presentar anualmente a las cámaras legislativas una memoria sintética y calificadora de la situación y de las acciones del gobierno, en la que el ministro puede proponer iniciativas de ley previamente elaboradas en su despacho. Al formar una sección de la Secretaría de Estado de Relaciones Interiores y Exteriores, la imprenta o la libertad de imprenta son tratadas en todos los informes de este ministerio, que en dos ocasiones se encuentra provisionalmente dividido en dos ministerios distintos, primero en 1837-1841 con la creación por la Constitución de 1836 del Ministerio de lo Interior, y luego en 1853-1861 con la del Ministerio de Gobernación, ministerios independientes que son nuevamente reunidos entre 1861 y 1867.
fn3Los ministros presentaron informe ante el Congreso en los años siguientes: 1822-1823, 1825-1833, 1835, 1838, 1844-1846, 1849-1851. En mayo de 1852, el ministro de Relaciones Interiores y Exteriores leyó su Memoria ante el Congreso, pero solo se publicó un fragmento relacionado con las cuestiones diplomáticas.
fn4Estos distintos términos corresponden a mandatos, dictados de orden superior -en el presente caso del gobierno- y dirigidos a los gobernadores de los estados, y que, si bien no tienen estrictamente fuerza de ley, se deben obedecer, observar y ejecutar, particularmente en tiempos de facultades omnímodas otorgadas al Poder Ejecutivo. De hecho, las definiciones del diccionario de legislación de Escriche, editado en 1837, remiten de manera recurrente al “mandato” de “la autoridad” o del “superior” para aclarar estos términos. Véase Escriche, Diccionario, pp. 68, 132, 205, 222 y 485. En cuanto a las circulares, se refieren a resoluciones reglamentarias del gobierno, igualmente dirigidas a los gobernadores, pero no corresponden a un acto administrativo exclusivamente interno; pues, lo mismo que en el caso de los mandatos arriba mencionados, las circulares se publican en la prensa periódica en tanto que órdenes superiores, para el conocimiento del público. Junto con el decreto y la orden, la circular constituye el medio por excelencia del presidente de la República revestido de facultades extraordinarias.
fn5El principio de autocorrección procede del discurso pronunciado ante el Parlamento inglés por John Milton (1608-1674) y publicado en 1644 bajo el título Areopagítica. Un discurso del Sr. John Milton para la libertad de imprenta sin licencia, al Parlamento de Inglaterra. A inicios del siglo XVIII, esta obra se difunde con peculiar éxito en las colonias británicas de América, donde triunfa el principio de autorregulación con la primera enmienda a la Constitución de 1787, que descarta todo tipo de ley reguladora de la libertad de expresión y de imprenta. El utilitarismo del británico Jeremy Bentham (1748-1832), revisado posteriormente por su compatriota John Stuart Mill (1806-1873), promueve la libertad de prensa, una libertad relacionada con las prácticas parlamentarias.
fn6Ministerio de Relaciones, Memoria, 1826, p. 23.
fn7Ministerio de Relaciones, Memoria, 1827, p. 27.
fn8Ministerio de Relaciones, Memoria, 1838, p. 14.
fn9Sesión del 3 de febrero de 1857, en Zarco, Historia, t. II, p. 903.
fn10Véase la declaración de Zarco en el Constituyente, sesión del 25 de julio de 1856, en Zarco, Historia, t. I, p. 743, y su circular dirigida a los gobernadores de los estados, con fecha del 20 de enero de 1861, en El Siglo Diez y Nueve, 31 de enero de 1861, p. 2.
fn11La Constitución de 1824 no menciona derechos o garantías individuales, pero su artículo 50 (conservado en el Acta de Reformas de 1847) estipula que “proteger y arreglar la libertad política de imprenta” es una de “las facultades exclusivas del Congreso general”, “de modo que jamás se pueda suspender su ejercicio, y mucho menos abolirse en ninguno de los Estados ni territorios de la federación”. La Primera Ley Constitucional de 1836 define en quince artículos los “derechos y obligaciones de los mexicanos”, mientras que las Bases Orgánicas de 1843 establecen en el artículo 9 de su Título II los “derechos de los habitantes de la República”. El Estatuto Provisional del Imperio Mexicano de 1865 dedica su Título XV y veinte artículos a “las garantías individuales” (artículos 58-77). Véase Tena Ramírez, Leyes, pp. 174, 205-208, 406-408, 607-611 y 678-679.
fn12En las décadas de 1820 y 1830, la Suprema Corte de Justicia realiza una obra monumental, al reorganizar la justicia e intentar resolver el embrollo de la supervivencia del corpus jurídico colonial; ello, sin reglamentos precisos, en un “frenesí de actividad organizativa y política”. Nombrados por el Poder Ejecutivo a partir de 1855, los ministros de la Suprema Corte luego son electos, en virtud de la Constitución de 1857, y se vuelven dependientes de las contiendas partidistas. Véase Arnold, Política, pp. 14, 48-49.
fn13Acerca de estas dinámicas, véase González, “Las transiciones”, pp. 111-114, y Andrews, De Cádiz, pp. 166-169.
fn14Los considerandos del “Reglamento adicional” de 15 de diciembre de 1821 denuncian “la morosa lentitud con que se ha procedido en la calificación de algunos escritos denunciados, cuyos autores aún no han sufrido el castigo que la ley les señala”; asimismo, indican que se trata de “abreviar y facilitar los trámites de los juicios sobre abusos de la libertad de imprenta, con el objeto de que el pronto castigo del culpado retraiga de imitarle a los que no contiene el amor al orden y a su Patria”. Por su lado, el decreto de 14 de octubre de 1828 establece en su artículo 4 que para fungir como jurados de imprenta, los ciudadanos deben tener “un capital de cuatro mil pesos para arriba, o una industria u oficio que les produzca cuatrocientos pesos anuales en los territorios, mil en el distrito, y de seiscientos para arriba a juicio de las legislaturas en los estados”; notable cambio en el nombramiento de los jurados, pues la ley de 1820 no contempla requisitos financieros. Véase Dublán y Lozano, Legislación, t. I, 1876, núm. 259, pp. 564-565, y t. II, 1876, núm. 585, pp. 81-82.
fn15Ministerio de Relaciones, Memoria, 1830, pp. 23-24.
fn16Registro Oficial del Gobierno de los Estados-Unidos Mexicanos, 20 de febrero de 1830, pp. 120-121.
fn17Registro Oficial del Gobierno de los Estados-Unidos Mexicanos, 1 de febrero de 1831, p. 128.
fn18Primera Ley Constitucional, artículo 2, fracción VII, en Tena Ramírez, Leyes, p. 206. En 1838, el ministro José Antonio Romero claramente desea radicalizar esta lógica, al preguntar: “¿por qué [la libertad de escribir] no se ha de sujetar como los demás derechos y libertades del hombre en sociedad a las severas y comunes leyes de una sabia y rigorosa policía?”; Ministerio de Relaciones, Memoria, 1838, p. 13.
fn19El reglamento general de libertad de imprenta de 1846 restablece el juicio por jurados, “principal garantía de la libertad de imprenta”. En 1847, el Acta de Reformas excluye la intervención de los jurados en los delitos de difamación; lineamiento que ratifica la Ley Otero de 1848, enteramente dedicada a esta clase de delitos. Por su lado, la represiva Ley Lares de 1853 no contempla procesos judiciales, sino exclusivamente condenas gubernativo-administrativas (además de los eventuales delitos comunes que competen a los tribunales ordinarios). Por ende, la ley de 1855 suprime los jurados, hasta su restitución en la Ley Zarco de 1861; esta última siendo sustituida por la anterior en periodos de “facultades extraordinarias” del Poder Ejecutivo.
fn20Romero argumenta: “han cesado los fiscales de imprenta, y la vindicta pública está librada a la oficiosidad de los jueces, que como no tienen concedido el derecho de que les pasen un ejemplar de todos los impresos antes de circularlos, muchas veces ignoran los delitos […]. El Gobierno […] no tiene otro arbitrio legal para impedir o contener los males causados por los abusos de la imprenta, que hacer excitativas a los tribunales, cuyos procedimientos son necesariamente tardíos”; Ministerio de Relaciones, Memoria, 1838, p. 13.
fn21Ministerio de Relaciones, Memoria, 1850, pp. 46-47 y 49. Al año siguiente, el mismo ministro lamenta: “[el ejecutivo] al cuerpo legislativo, le pidió un remedio suavísimo, tal vez insuficiente, que consistía en dejar a los fiscales de imprenta más dependientes del gobierno de lo que ahora lo son: las cámaras no tuvieron a bien atender a esta idea”; Ministerio de Relaciones, Memoria, 1851, p. 26.
fn22El reglamento adicional de 15 de diciembre de 1821 es establecido por decreto de la Soberana Junta Provisional Gubernativa del Imperio Mexicano. La ley de 14 de octubre de 1828, que sustituye el título VII de la ley de 1820 sobre el modo de proceder en los juicios de imprenta, corresponde a un decreto del Congreso, establecido “ínterin se concluye el reglamento de imprenta”. Estas disposiciones se encuentran incluidas en reglamentos generales posteriores, en particular la Ley Lafragua de 1846 que incorpora partes sustanciales de la ley de 1828. Véase Dublán y Lozano, Legislación, t. I, 1876, núm. 259, pp. 564-567 (reglamento de 1821) y t. II, 1876, núm. 585, pp. 81-86 (decreto de 1828).
fn23Solo dos reglamentos generales de imprenta precisan que derogan los textos anteriores: la ley de 1820 cuyo artículo 83 anula todos los decretos anteriores sobre la libertad “política” de imprenta, y la Ley Lares de 1853 cuyo artículo 50 suprime el reglamento de 1848.
fn24Acerca de la Ley Lares de 1853 y sobre todo de la Ley Lafragua de 1855, que inspiran la ley imperial de 1865, véase Coudart, “La regulación”.
fn25La sesión del Congreso Constituyente del 4 de febrero de 1857, última en la que se debate el proyecto de ley, concluye: “Suficientemente discutido el proyecto en general, se pregunta si ha lugar a votar; pero resulta que no hay quorum, y se disuelve la reunión”; Zarco, Historia, t. II, p. 910.
fn26El artículo 29 de la Constitución de 1857 autoriza la suspensión de garantías “en los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o cualesquiera otros que pongan a la sociedad en grande peligro o conflicto”. Las Bases Orgánicas de 1843 otorgan al Congreso la facultad de “Ampliar las facultades del Ejecutivo con sujeción al artículo 198 en los dos únicos casos de invasión extranjera, o de la sedición tan grave que haga ineficaces los medios ordinarios de reprimirla” (artículo 66). El artículo 198 estipula: “Si en circunstancias extraordinarias la seguridad de la Nación exigiere en toda la República, o parte de ella, la suspensión de las formalidades prescritas en estas bases, para la aprehensión y detención de los delincuentes, podrá el Congreso decretarla por determinado tiempo”. Tena Ramírez, Leyes, pp. 415, 435 y 610.
fn27Decretos de 3 y 5 de noviembre de 1857, Dublán y Lozano, Legislación, t. VIII, 1877, núm. 5017, pp. 645-646. El gobierno y los gobernadores de los estados pueden imponer, sin juicio previo, multas de mil pesos y penas de prisión hasta de por seis meses.
fn28Entre estos 26 decretos, 19 (73%) son “extraconstitucionales” o revolucionarios; proporción que se reduce a 42% del conjunto si no se toman en cuenta los pronunciamientos. Del conjunto, 14 son votados por el Congreso (de los que 7 son extra-constitucionales, votados entre agosto de 1829 y enero de 1853), 8 son de pronunciamientos exitosos y 4 del Poder Ejecutivo.
fn29Véanse las circulares dirigidas por José María Lafragua a los gobernadores de los estados, Diario del Gobierno de la República Mexicana (19 nov. 1846), p. 2, y El Siglo Diez y Nueve (30 dic. 1855), pp. 2-3.
fn30Ministerio de Relaciones, Memoria, 1822, pp. 11-12 (“Sección de Fomento”).
fn31Ministerio de Relaciones, Memoria, 1826, pp. 22-23.
fn32Las iniciativas ministeriales son mencionadas en las secciones “Prosperidad general” e “Instrucción pública” de los informes. Al anunciar la publicación del Registro Trimestre, “absolutamente independiente de las cuestiones políticas” y “destinado a materias de literatura y ciencias naturales, aplicadas éstas a las artes y manufacturas”, Lucas Alamán concluye: “Mucho fruto debe esperarse de la afición que se generalizará a este género de conocimientos, haciéndolos por este medio populares, y poniéndolos al alcance de toda clase de lectores” (Ministerio de Relaciones, Memoria, 1832, p. 14). En cuanto a la Revista Mexicana, su contenido es sintetizado por el ministro José María Gutiérrez de Estrada, quien precisa: “se fomentará la ilustración […]; se señalarán los adelantamientos que se hagan en todos los ramos; se advertirán los obstáculos que embaracen el progreso de nuestra industria; y el Gobierno espera que se cumplirán sus deseos de ver propagadas las luces, y disipados los errores que ejercen tan poderosa influencia en el atraso que sufrimos” (Ministerio de Relaciones, Memoria, 1835, p. 42).
fn33Véase El Indicador de la Federación Mejicana del 4 de diciembre de 1833, reproducido en 1836 en Mora, Méjico, t. I, p. 88.
fn34Ministerio de Relaciones, Memoria, s. f. [1823], pp. 39-40. Redactada en el mismo tenor, la circular de Alamán, con fecha de 25 de junio de 1823, precisa que los gabinetes serían gratis para los lectores.
fn35Ministerio de Relaciones, Memoria, s. f. [1825], p. 37.
fn36Ministerio de Relaciones, Memoria, 1847, pp. 120 y 131.
fn37Circular de 20 de enero de 1861, firmada por Francisco Zarco, Secretaría de Estado y del Despacho de Relaciones Exteriores, El Siglo Diez y Nueve (31 ene. 1861), p. 2.
fn38Ministerio de Relaciones, Memoria, 1835, p. 42.
fn39Legislación, pp. 530-531.
fn40Artículo 23, Dublán y Lozano, Legislación, t. VI, 1877, núm. 3811, p. 371.
fn41Artículo 4, Dublán y Lozano, Legislación, t. VII, 1877, núm. 4600, p. 633. En este reglamento, el impreso “irrespetuoso” produce la misma pena que el escrito “contrario a las buenas costumbres” (artículo 13). Tal inédito “abuso” de la libertad de imprenta se encuentra reiterado en la ley imperial de 1865.
fn42Ministerio de Relaciones, Memoria, 1844, pp. 65-66.
fn43Ministerio de Relaciones, Memoria, s. f. [1845], pp. 98 y 125.
fn44Ministerio de Relaciones, Memoria, 1849, p. 25.
fn45Ministerio de Relaciones, Memoria, 1832, p. 10.
fn46Ministerio de Relaciones, Memoria, 1847, p. 174.
fn47Carta de Lucas Alamán a Antonio López de Santa Anna, 23 de marzo de 1853, en Lira, Lucas Alamán, p. 353.
fn48Ministerio de Relaciones, Memoria, 1849, pp. 25-26.
fn49Ley Lares, título II (“De la diversa clase de impresos y de su publicación”), artículo 9, Dublán y Lozano, Legislación, t. VI, 1877, núm. 3811, p. 370. El periódico ocupa 9 de los 13 artículos del título II.
fn50Entre 1822 y 1855, prevalecen en la capital los semanales (29% de las fundaciones periodísticas cuyas periodicidades son conocidas), seguidos por los bisemanales, publicados dos veces a la semana (20%), y los diarios (16%). Acerca del arraigo del diario, véase Coudart, “El Diario”.
fn51Gráficas elaboradas con base en mi investigación sobre múltiples compilaciones de leyes decimonónicas mexicanas y periódicos del periodo, así como en los catálogos de Castro y Curiel, Publicaciones, y de Giron et al., Folletería. Si bien el criterio temporal quinquenal es artificial y arbitrario, permite una mejor legibilidad de las articulaciones generales entre las tres gráficas. Por lo que concierne a los periódicos capitalinos, el periodo 1822-1855 corresponde al corte temporal de los inventarios hemerográficos más completos -pero no exhaustivos- para la ciudad de México, y no toma en cuenta las desapariciones, reapariciones y cambios de título del periódico oficial.
fn52“Las restricciones a la libertad de la prensa”, El Siglo Diez y Nueve (30 oct. 1857), pp. 1-2.
fn53Tal evolución se encuentra ratificada en la Ley Lares de 1853, que por primera vez en la legislación nacional menciona la caricatura, inquietud igualmente presente en todas las leyes posteriores.