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Timestamp: 2019-12-13 08:05:22
Document Index: 181618721

Matched Legal Cases: ['artículo 80', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 505', 'artículo 2', 'artículo 80', 'artículo 2']

Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo , 31 de Marzo de 2011, expediente 17.535/2009 - Jurisprudencia - VLEX 340002458
Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo , 31 de Marzo de 2011, expediente 17.535/2009
Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo Expte. nº 17.535/2009
SENTENCIA DEFINITIVA Nº 73034 . SALA
V. AUTOS: " RUIZ
YANINA EDITH C/ SWISS MEDICAL S.A. S/ DESPIDO " (JUZGADO Nº 73).
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital federal de la República Argentina, a los 31 días del mes de marzo de 2011, se reúnen los señores jueces de la Sala V, para dictar sentencia en esta causa, quienes se expiden en el orden de votación que fue sorteado oportunamente; y el DOCTOR E.N.A.G. dijo:
I) La sentencia definitiva de fs. 248/52, recibe apelación de la demandada a tenor del memorial obrante a fs. 257/60. El perito contador a fs. 255 cuestiona sus emolumentos por entenderlos reducidos. La parte actora no contesta agravios.
II) Objeta la accionada en primer término que la juzgadora anterior no hubiese valorado la pericial contable, pues afirma que de ella se desprende y acredita el legal proceder de su parte en lo relativo a la voluntad de cancelar la indemnización por despido con el libramiento de un cheque a favor de la Sra. R. con fecha 22/10/07,
instrumento de pago que no fue retirado por aquélla pese a haber sido notificada de forma fehaciente a tal efecto, por lo que entiende que estuvo a disposición de la accionante en todo momento el pago de la citada indemnización.
Señala que el accionar omisivo de la trabajadora resulta demostrativo de la intención de incrementar indebidamente la indemnización con el reclamo del art. 2 de la ley 25.323.
Le causa agravio también la condena por los rubros “vacaciones y S. proporcional año 2007”, pues afirma que conforme lo informado en la pericial contable,
dichos rubros fueron abonados, el primero en el mes de febrero de 2007 ($215,42) y el restante en el mes de junio de dicho año ($831,79). Finalmente cuestiona la multa prevista por el art. 80 de la LCT (arts. 43,44 y 45 ley 25345 y decreto reglamentario 146/01) por considerar que la accionante no intimó de conformidad con lo previsto en el decreto 146/01. Cuestiona por elevados los honorarios fijados a la representación letrada del actor y objeta la imposición de las costas.
En primer lugar corresponde memorar que aún de considerarse acreditado que la accionada efectivamente le notificó a la actora que tenía a disposición el cobro de un cheque a efectos del pago de la indemnización por despido, lo cierto es que la empleadora debía haber depositado en todo caso el importe de la indemnización en la cuenta sueldo donde usualmente le abonaba el salario o en tal caso, ante la supuesta renuencia de la Sra. R. para concurrir a retirar el cheque librado, haber procedido a la consignación judicial de dicha suma, extremos inobservados por cierto y que sellan la suerte del agravio.
Sin perjuicio de ello, en lo relativo al rubro “art. 2º de la ley 25.323”, el Poder Judicial de la Nación -2-
requisito de intimación previa establecido para la viabilidad de la aplicación de la sanción de la precitada norma para establecer el tiempo a partir del cual es posible realizar la mencionada intimación, la determinación previa de la estructura y función de la misma, pues es en esa determinación que ha de surgir el marco contextual que permite interpretar las condiciones y efectos de la sanción.
A pesar de ser calificadas por la propia norma como indemnizaciones (esto es, sanciones que tienen una función eminentemente resarcitoria), puede advertirse que no es la finalidad de la sanción jurídica reemplazar la prestación debida por otra (función central de la indemnización) sino la creación, junto a la obligación preexistente de una obligación nueva. Por ejemplo el pago de la sanción del artículo 80 RCT no exime del cumplimiento de la obligación de entrega de la obligación de hacer originaria ni la del artículo 2 de la ley 25.323 sustituye las obligaciones de los artículos 232, 233 y 245 RCT.
Por el contrario, estas sanciones establecen una obligación adicional como consecuencia de la realización de conductas reputadas disvaliosas con prescindencia del daño efectiva o hipotéticamente causado. Esto es, tienen una vocación punitoria, establecen una pena de carácter pecuniario, son multas, penas civiles, pero el ámbito civil de la punición no impide la necesidad de aplicación de las normas de carácter constitucional relativas a la aplicación de las penas.
Del mismo modo que no hay indemnización sin daño, en las multas el daño resulta indiferente. De hecho, en el supuesto del artículo 2 de la ley 25.323 –de falta de pago de las obligaciones de dar sumas de dinero por parte del empleador– el contenido originario de la obligación y la compensación de la mora son objeto de las obligaciones originarias y de la aplicación de intereses, por lo que el daño producido está
plenamente compensado. Lo que hace la multa es producir un desequilibrio patrimonial en perjuicio de quien se hace responsable de una situación considerada jurídicamente disvaliosa.
El carácter civil de la sanción determina la posibilidad de la aplicación de la multa a una persona jurídica de existencia ideal, pero hecha esta salvedad, las condiciones de aplicación de la multa requieren la existencia de un factor subjetivo de atribución en virtud del precepto constitucional “nulla poena sine culpa”. En estas multas no se sanciona la deuda (la sanción de la deuda es resarcitoria, es un efecto común de la obligación conforme el artículo 505 del Código Civil). Lo sancionado es una conducta omisiva posterior, una renuencia contumaz al cumplimiento de la obligación. Esta es la razón por la que tanto la multa de artículo 2 de la ley 25.323 como la del artículo 80 RCT exigen la intimación previa al incumplimiento tomado en cuenta Poder Judicial de la Nación -3-
para la aplicación de la multa.
No se trata de una intimación para poner en mora al deudor –al menos en los términos del artículo 2 de la ley 25.323 – ya que la mora es automática (artículos 509
del Código Civil y 128, 137 y 149 RCT) sino de una interpelación que muestre la contumacia, la voluntad de no cumplir la...
Sentencia nº 245017 de Juzgados de 1º Instacia en lo Civil y Comercial de la Provincia de Jujuy - Juzg. 1º C. y C. Nº 1 Secretaría 14, 28 de Octubre de 2011