Source: https://actualicese.com/normatividad/categoria/concepto/
Timestamp: 2017-11-24 03:50:14
Document Index: 273780169

Matched Legal Cases: ['artículo 2431', 'artículo 396', 'artículo 68', 'artículo 2', 'artículo 432', 'artículo 448', 'artículo 242', 'artículo 19', 'artículo 59', 'artículo 23', 'artículo 24', 'artículo 407', 'artículo 56', 'artículo 83', 'artículo 111', 'artículo 166', 'artículo 3', 'artículo 12', 'artículo 33', 'artículo 110', 'artículo 26', 'artículo 343', 'artículo 139', 'artículo 150', 'artículo 138', 'artículo 145', 'artículo 236', 'artículo 45', 'artículo 33', 'artículo 306', 'artículo 30', 'artículo 47', 'artículo 26', 'artículo 11', 'artículo 396', 'artículo 1200', 'artículo 71', 'artículo 110', 'artículo 72', 'artículo 22', 'artículo 72', 'artículo 24', 'artículo 342', 'artículo 196', 'artículo 342', 'artículo 4', 'artículo 3', 'artículo 368', 'artículo 378', 'artículo 9', 'artículo 397']

Concepto / Oficio | Normatividad - actualicese.com
Por Tipo de Norma / Concepto / Oficio Actualícese
Por Tipo de Norma / Concepto / Oficio
Oficio 220-249195 de 14-11-2017
La Supersociedades precisa que la Ley 1116 de 2006, la cual contiene el régimen de insolvencia empresarial, no estableció en manera alguna que en la diligencia de entrega de bienes a los acreedores, cualquier persona pudiera oponerse a la misma, como si lo hizo respecto de la diligencia de embargo u secuestro de bienes, dentro de un proceso de ejecución y de cobro contra un deudor implicado. Asimismo, señala que le corresponde al liquidador entregar directamente a los acreedores los bienes de propiedad de un deudor concursado que fueron adjudicados; no existe posibilidad alguna de que el mencionado auxiliar de la justicia pueda hacer la entrega de tales bienes por conducto de comisionado, ya sea por una inspección de policía o un juzgado civil o promiscuo, máxime si se tiene en cuenta que la ley no previó dicha posibilidad.
Oficio 220-245528 de 10-11-2017
La Supersociedades precisa que la omisión del acreedor prendario consistente en no ejecutar la garantía mobiliaria sobre las acciones de propiedad de uno de los socios antes de la inscripción de la cuenta final de liquidación, estando obligado a ello, a pesar de tener conocimiento de la situación de la sociedad, por ostentar los derechos inherentes a la calidad de accionista que le fueron conferidos en el contrato de prenda, traería consigo la pérdida de la garantía por desaparición de la persona jurídica de cuyo capital social hacían parte dichas acciones, pues este hecho corresponde a la “destrucción completa de la cosa empeñada” a que hace referencia el artículo 2431 del Código Civil, y, en consecuencia, el otrora acreedor prendario mutaría su calidad a la de acreedor quirografario. Así las cosas, si en el contrato de prenda no se consagró nada sobre el pago de la obligación garantizada en caso de liquidación de la sociedad o en torno a la entrega de los remanentes de la liquidación al acreedor prendario, y este último tampoco adelantó la ejecución de la garantía mobiliaria, el liquidador deberá hacer entrega de los bienes que correspondan al propietario de las acciones, quien continuará como responsable del pago de la acreencia.
Oficio 220-241440 de 07-11-2017
De acuerdo con el artículo 396 del Código de Comercio, la readquisición de acciones supone, además de lo concerniente al pago, la adopción de dos decisiones interrelacionadas: 1) la de adquirir las propias acciones por parte de la sociedad, adoptada expresamente por la asamblea de accionistas con la mayoría prevista en los estatutos o en el artículo 68 de la Ley 222 del 20 de diciembre de 1995, y 2) la de enajenar las acciones por parte de cada una de las personas naturales o jurídicas titulares de las mismas, en ejercicio de su autonomía negocial. Así las cosas, la decisión de la asamblea general de readquirir acciones es un acto unilateral emanado de una sola persona (sociedad); para lograr ese objetivo es necesario entonces la ejecución de otro acto de contenido bilateral, como es la celebración de un contrato de compraventa con uno o varios accionistas. Por ello, no es dable confundir esa decisión del máximo órgano con el consentimiento que los asociados deberán expresar al momento de celebrar la negociación correspondiente, cuando se pongan de acuerdo sobre cosa y precio.
Concepto 949 de 03-11-2017
El CTCP precisa que aunque el reconocimiento del ingreso se debe hacer en el mes en el que se cumplan los criterios exigidos por el marco técnico respectivo para el efecto, la factura puede elaborarse en un momento diferente.
Concepto 946 de 02-11-2017
El CTCP precisa que una entidad nueva ubicada en el grupo 2 debe aplicar desde el momento de su constitución el nuevo marco técnico normativo correspondiente, o puede aplicar voluntariamente el marco técnico normativo del grupo 1.
Concepto 928 de 01-11-2017
El término coadministración únicamente aplica a las actuaciones del revisor fiscal cuando van en contra de las funciones establecidas en la ley, yendo en contra de los lineamientos establecidos en el código de ética para profesionales de la contaduría pública, compilado en el Anexo 4 del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, modificado por los decreto 2496 de 2015, 2131 y 2132 de 2016.
Oficio 220-234650 de 30-10-2017
De acuerdo con los artículos 363 y siguientes del Código de Comercio, el socio que pretenda ceder sus cuotas debe ofrecerlas primero a los demás socios; si ningún socio manifiesta interés en adquirir las cuotas ni se obtiene la autorización de la mayoría de los socios para el ingreso de un extraño, la sociedad está obligada a presentar por conducto de su representante legal, dentro de los sesenta días siguientes a la petición del presunto cedente, una o más personas que las adquieran”, y si dentro de los veinte días siguientes no se perfecciona la cesión “los demás socios optarán entre disolver las sociedad o excluir al socio interesado en ceder las cuotas. Lo anterior significa que, si no hay un interesado en adquirir las cuotas sociales o la cesión no se perfecciona dentro de los términos estipulados, los demás socios, esto es, quienes conservan el ‘animus societatis’, con independencia del porcentaje del capital que posean en la sociedad, tienen la potestad de decidir el futuro de ente jurídico; es decir que, tanto la disolución por decisión de los asociados, adoptada conforme a las leyes y al contrato social, como la exclusión de los socios con la consiguiente disminución del capital social con efectivo reembolso de aportes, debe ser adoptada por la mayoría establecida en los estatutos o en la ley, pero no referida a todo el capital social sino solamente a las cuotas sociales que detenten los socios interesados en permanecer en la sociedad.
Concepto 924 de 30-10-2017
El CTCP señala que los revisores fiscales no pueden prestar en la misma empresa que fiscalizan, asesorías en temas propios de la ciencia contable, como es la implementación de los nuevos marcos técnicos normativos contables.
Concepto 927 de 30-10-2017
Para la labor del revisor fiscal, las funciones y responsabilidades del contratista y del contratante deben quedar debidamente documentadas por escrito, y asimismo, se deben establecer las diferentes condiciones bajo las cuales se prestará el servicio en mención.
Con el fin de contribuir al normal desarrollo del registro de las transacciones o eventos económicos, su procesamiento y la producción de los estados financieros, emitió el “Documento de Orientación Técnica 015 – Copropiedades de uso residencial o mixto (Grupo 1, 2 y 3)”, documento que aborda el tema de los nuevos marcos técnicos normativos y las transacciones habituales de la copropiedades.
Concepto 201711602086051 de 25-10-2017
De acuerdo con el numeral 5 del artículo 2.1.3.17 del Decreto 780 de 2016 Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social, si un pensionado reside en el exterior, debe reportar la novedad ante los operadores de información a través de la planilla integrada de liquidación de aportes – PILA, de fijar su residencia junto con la de su núcleo familiar fuera del país, lo cual produciría la interrupción de la afiliación, conllevando a la no obligatoriedad del aporte. No obstante, si el pensionado que reside en el extranjero no informó sobre esta novedad, se encontrará en la obligación de hacer el respectivo aporte en salud del 12%.
Oficio 220-232528 de 23-10-2017
Anteriormente, el artículo 432 del Código de Comercio establecía la obligación, en cabeza del revisor fiscal, de enviar las actas de las reuniones de asambleas a la Supersociedades, la cual aplicaba cualquiera fuera el tipo societario. No obstante, dicha superintendencia con fundamento en el Decreto 2155 de 30 de diciembre de 1992, expidió la Circular Externa No. 001 del 3 de febrero de 1993 referente a la supresión de trámites, y al determinó lo siguiente: “Permiso de funcionamiento: en lo sucesivo las sociedades que quedan sometidas a la vigilancia de esta entidad no requerirán permiso de funcionamiento de la misma para ejercer su objeto social, pero deberán informar cuando queden incursas en alguna de las causales actualmente vigentes”. Así pues, con la supresión del permiso de funcionamiento, desapareció también la obligación de enviar algunos documentos, como escrituras de reformas de estatutos, actas de asamblea general de accionistas. Adicionalmente, la obligación de enviar las actas por parte del representante legal de la sociedad, dentro de los 30 días siguientes a la reunión de asamblea general de accionistas prevista por el artículo 448 del Código de Comercio, fue derogada por el artículo 242 de la Ley 222 de 1995.
Concepto 894 de 23-10-2017
Al finalizar su relación con el cliente, el contador público debe revisar las condiciones de su contrato con el fin de conocer los papeles, documentos e informes que debe entregar para dejar resueltos todos los aspectos relacionados con su ejercicio profesional.
Concepto 895 de 23-10-2017
El CTCP recuerda que el revisor fiscal que actúa como principal en cinco sociedades no puede ejercer el cargo en ninguna otra, ni siquiera para suplir la ausencia temporal del principal.
Para establecer si un convenio o contrato genera el pago de tributos, entendidos en sentido genérico, es decir, impuestos, tasas, contribuciones, estampillas, etc., los funcionarios encargados deben verificar en lo establecido en las normas propias de cada entidad territorial, por cuanto municipios y departamentos en ejercicio de su autonomía pueden adoptar los impuestos creados y autorizados por la ley, además de reglamentar o complementar los elementos no desarrollados por ésta. A manera de ejemplo, si el hecho generador del tributo en los términos de la norma territorial es la firma o suscripción de contratos y dicho hecho generador se cumplió a pesar de no haberse ejecutado en su totalidad el contrato, debió pagarse el tributo una vez causado (firma contrato) sin lugar a devolución. Si, por el contrario, en la norma territorial el hecho generador establecido es la ejecución del contrato y el pago del tributo se liquida en proporción al monto ejecutado, podría considerarse la posibilidad de efectuar devolución.
Concepto 899 de 23-10-2017
De acuerdo con la Orientación Técnica No. 15 “Copropiedades de uso residencial o mixto”, cuando las cuotas extraordinarias tengan como objetivo la construcción o compra de nuevos bienes comunes, esenciales y no esenciales, que no han sido desafectados, o la mejora de los bienes ya existentes, estas se consideran contribuciones temporalmente restringidas y su manejo depende del método de contabilidad que aplique la entidad (el método diferido o la contabilidad de fondos); por tanto, además de generar el registro contable correspondiente como pasivo (ingreso diferido), este debe realizarse de manera individual por cada copropietario a fin de poder efectuar el control sobre los valores pagados y adeudados por dicho concepto. En el momento en que se cumplan los requisitos, la copropiedad deberá realizar la amortización del pasivo (ingresos ordinarios) afectando el ingreso de actividades ordinarias y de forma simultánea reconociendo el gasto o activo según corresponda, para lo cual no es necesario realizar el registro correspondiente uno a uno.
Oficio 220-230734 de 20-10-2017
Si al momento de la liquidación de una sociedad existe una obligación litigiosa, el liquidador debe constituir una reserva para atenderla cuando ésta se haga exigible, so pena de hacerse solidaria e ilimitadamente responsable por los perjuicios que cause con dicha omisión, responsabilidad que se podrá hacer valer hasta por cinco años contados a partir de la aprobación de la cuenta final de liquidación por parte del máximo órgano social, lo que significa que si el liquidador no cumple con las citadas obligaciones, el demandante del proceso en el que se discuta la obligación litigiosa, puede iniciar posteriormente un proceso judicial autónomo e independiente contra el liquidador, solicitando que este sea condenado a pagar perjuicios, en cuyo caso el límite de su responsabilidad se fija con base en los activos sociales que haya recibido. No obstante, cabe señalar que el hecho de que la ley hubiera consagrado una responsabilidad para los liquidadores por los perjuicios causados por violación o negligencia en el cumplimiento de sus deberes, no significa que al mismo se le pueda vincular como deudor solidario de la obligación cuyo cobro se persigue a través de un proceso de ejecución coactiva, por cuanto la ley no previó dicha posibilidad, máxime si se tiene en cuenta que una cosa es la responsabilidad por los perjuicios causados y otra muy distinta es ser codeudor solidario de una obligación cierta, circunstancia que no se da en el caso que nos ocupa.
Concepto 893 de 19-10-2017
El parágrafo 1 del artículo 19 de la Ley 1797 de 2016, estableció una excepción para el reconocimiento de los recursos del subsidio monetario, el cual modifica el concepto de causación y los criterios de reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos contenidos en los marcos de información financiera, y tiene efecto en la representación fiel y pertinencia de los informes financieros de propósito general elaborados por estas entidades.
Oficio 220-227490 de 18-10-2017
En materia mercantil el legislador desde 1971, restringe imperativamente la posibilidad de establecer exenciones a la responsabilidad en ciertos asuntos, mediante cláusula de indemnidad y les resta eficacia al entenderlas por no escritas, como se advierte en los artículos 128, 168, 169, 176, 200, 237, 242, 292, 301, 318, 502, entre otros, del Código de Comercio. Por su parte, en el contexto de la negociación de acciones, el Código de Comercio, no tiene referencia normativa sobre esa figura eximente de responsabilidad o de limitación de la misma; lo que no impide su estipulación vía contractual, amén del postulado de la autonomía de la voluntad de las partes y de la formación convencional de los contratos, según los artículos 864 y 871 del Código de Comercio, en concordancia con los artículos 1602 y 1603 del Código Civil, lo cual da cabida a la inclusión de estas figuras foráneas en la manera de celebrar este tipo de negocios.
El artículo 59 de la Ley 788 de 2002 establece que los procedimientos tributarios que deben aplicar las entidades territoriales en la administración de sus impuestos, son los establecidos en el Estatuto Tributario Nacional, y además faculta a la entidad territorial para que, de un lado, disminuya el monto de las sanciones teniendo en cuenta su proporción en relación con los montos de los impuestos territoriales; y, de otro lado, simplifique los términos de aplicación del Estatuto Tributario Nacional. Así pues, en la estructuración de los estatutos tributarios locales, las entidades territoriales deberán tener en cuenta las etapas, ritualidades, actuaciones, términos y demás elementos contenidos en la norma nacional, para lo cual podrán: 1. recoger las normas de procedimiento ajustándolas a la naturaleza de los tributos del orden territorial, es decir, prescribiendo una norma propia que deberá sujetarse al estatuto nacional; y 2. hacer remisión expresa del artículo del ETN aplicable en la entidad territorial. En consecuencia, frente a las modificaciones incorporadas por la Ley 1819 de 2016, el Minhacienda indica que la norma propia de la entidad territorial en materia de procedimiento tributario que se definió en el estatuto local se mantiene vigente hasta tanto se modifique mediante acto del concejo o asamblea. Si, como en el segundo caso, se hace remisión a artículos del ETN del procedimiento y estos fueron modificados por la ley, la norma territorial se modifica por efectos de la entrada en vigencia de dicha reforma.
El Ministerio de Hacienda precisa que la sanción de cierre de establecimiento, en el marco del artículo 23 de la Ley 1762 de 2015 (es decir, mercancías con valor igual o inferior a 456 UVT), debe imponerse una vez se encuentre en firme el acto de decomiso directo de la mercancía y previa aplicación del procedimiento de requerimiento especial establecido en los artículos 582 y siguientes del Decreto 390 de 2016. Ahora bien, tratándose de mercancías con valor superior a 456 UVT, la imposición de la sanción de cierre de establecimiento comercial, entre otras, deberá sujetarse al procedimiento establecido en el artículo 24 de la Ley 1762 de 2015, como expresamente lo señala esa norma.
La Supersociedades precisa que cuando un accionista decide ofrecer la venta de todas o ninguna de las acciones de su propiedad, no condiciona su compromiso en forma ilegal, sino que simplemente subordina la eficacia de su compromiso irrevocable a que se acepte el elemento esencial del negocio ofrecido que, de acuerdo con la ley, esta facultado para determinar con entera libertad, en ejercicio de la autonomía contractual y del derecho de disposición de sus cosas, ambos amparados por el régimen constitucional vigente. En ese orden, es claro que por la circunstancia de estar pactado el derecho de preferencia, no existe impedimento alguno para que el accionista interesado en vender incluya en la oferta la condición de un precio mínimo respecto de las acciones ofrecidas, de tal manera que solamente se entenderá aceptada la propuesta del negocio y tendrá efectos vinculantes, si de parte de los destinatarios hay anuencia en el precio indicado, como quiera que una estipulación en tal sentido, está directamente relacionada de una parte con la libre negociabilidad de las acciones y de otra, con la autonomía en la determinación del precio consagrada en el artículo 407 del Código de Comercio. En cualquier caso, debe tenerse en cuenta la regla establecida en el artículo 56 de la Ley 1819 de 2016 sobre la fijación del precio de venta de las acciones poseídas por sociedades nacionales que no cotizan en bolsa, el cual se presume no puede ser inferior al valor intrínseco incrementado en un 15%.
Concepto 878 de 12-10-2017
Los estados financieros que deban reexpresarse son los comparativos, porque los de periodos actuales no requieren reexpresión; en otras palabras, el efecto en la contabilidad se da en el periodo corriente, pero para efectos de presentación, los estados financieros deben modificarse.
Concepto 884 de 11-10-2017
El CTCP señala que la anulación de facturas no implica la reversión del ingreso por la prestación de servicios, ya que los ingresos se reconocen una vez se cumpla con los criterios de medición y reconocimiento.
Oficio 220-222880 de 10-10-2017
La Supersociedades señala que mal podría desconocerse el carácter de comerciante de una persona natural controlante de un grupo empresarial, ya que aquél es quien traza las políticas y estrategias de negocio a las que están sometidas el conjunto de empresas de la que se predica la unidad de propósito común, lo que permite afirmar que el controlante ejerce de manera profesional una actividad que puede catalogarse como mercantil, a la luz de las disposiciones señaladas en los artículos 10, 20 y 21 del Código de Comercio. Por ello, si un grupo económico es controlado por una persona natural, el control seguramente implica la intervención en las decisiones que tomen las entidades controladas, dándose lugar a actividades de comercio, tal como se indicó atrás. Siendo así, las personas naturales controlantes se catalogarían como comerciantes, estando obligadas a llevar contabilidad.
Concepto 881 de 10-10-2017
Las entidades pertenecientes al grupo 2 deben aplicar la sección 25 del marco técnico normativo para pymes; bajo dicho marco, no procede la capitalización de los costos de préstamos.
Oficio 220-221233 de 09-10-2017
La Supersociedades precisa que, sin perjuicio de la amplitud de regulación permitida para las SAS, las características del socio gestor o colectivo (calidades de socio en las sociedades en nombre colectivo y comanditaria) no son compatibles con las sociedades por acciones simplificadas. Señala además que, una de las características más destacadas en el marco normativo de las SAS radica en la posibilidad de ejercer la más amplia autonomía contractual, que en esencia se trata de permitir a los asociados que a su discreción definan las reglas bajo las cuales se han de manejar los asuntos relacionados con la organización y funcionamiento de la sociedad, lo que explica que las disposiciones contenidas en la Ley 1258 de 2008 tengan un carácter eminentemente dispositivo que puede ser remplazado por las reglas que acuerden los asociados.
Concepto 868 de 09-10-2017
El CTCP precisa que para la contabilización de las primas de seguros financiadas con pagarés, se deben tener en cuenta los lineamientos establecidos para los instrumentos financieros, según el marco de información financiera que resulte aplicable. En los anexos técnicos 1, 2 o 3 del Decreto 2420 de 2015 y en otras normas que lo adicionan, modifican o sustituyen, se establecen directrices generales para la contabilización de los activos y pasivos financieros. Le corresponderá a cada entidades establecer el marco de información financiera aplicable y definir a partir de este las políticas contables para la contabilización de las primas financiadas y acuerdos de pagos. Respecto a si es posible realizar homologación de cuentas de la aseguradora para la agencia, el CTCP indica que el nuevo marco técnico contable no establece ninguna codificación para el registro contable de las transacciones económicas, por lo que es potestad de cada entidad definir su propia codificación para el ordenamiento contable interno.
Concepto 866 de 09-10-2017
La Ley 43 de 1990 establece las normas que deben observar los contadores públicos en el ejercicio de su profesión, el código de ética profesional, así como las sanciones que pueden imponer la Junta Central de Contadores, órgano disciplinario de la profesión. Por otra parte, aun cuando los estados financieros son responsabilidad de la administración de la entidad, el contador público también asume las responsabilidades propias de su profesión cuando certifica o dictamina dichos estados financieros.
Concepto 861 de 08-10-2017
Los patrimonios autónomos deben ser objeto de evaluación para establecer si se trata de una entidad estructurada a la luz de la NIIF 12. Estas entidades pueden ser consolidadas o no consolidadas. Si hay control, en los términos estipulados en la NIIF 10, deben consolidarse; si no lo hay, debe evaluarse si existe control conjunto. Si el patrimonio autónomo implica control conjunto, deben evaluarse los derechos y obligaciones del acuerdo.
Concepto 864 de 08-10-2017
El CTCP señala que los artículos 1.1.1.1, 1.1.2.1 y 1.1.3.1 del Decreto 2420 de 2015, establecen los requisitos para determinar el grupo al cual pertenece una entidad.
Concepto 863 de 08-10-2017
Las entidades del grupo 2 que cumplan los 3 años de permanencia y decidan cambiar al grupo 1, desde luego cumpliendo los requerimientos de la norma, deben elaborar un nuevo ESFA y realizar de nuevo el proceso de conversión al nuevo marco técnico.
Concepto 862 de 07-10-2017
El CTCP recuerda que, dependiendo del tipo de entidad sin ánimo de lucro se deberá cumplir con el requerimiento de tener revisor fiscal si el marco normativo aplicable a la entidad así lo exige.
Concepto 860 de 06-10-2017
El contador público deberá cumplir con las obligaciones que adquirió al suscribir el contrato de prestación de servicios, y si los requerimientos realizados por la administración de la entidad forman parte del contrato, el contador público estaría sujeto a cumplir dichas responsabilidades.
Concepto 020727 de 06-10-2017
La Dian precisa que el término para que se configure el silencio administrativo en la interposición de recursos es de 2 meses luego de interpuesto el mismo, y en caso de otras manifestaciones del derecho de petición esta configuración se efectúa luego de transcurridos 3 meses de interpuesta la solicitud, conforme lo expone el artículo 83 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Cabe señalar que, de acuerdo con los principios de interpretación restrictiva y adoptando un criterio de interpretación normativa teleológico, se indica que el término para la configuración del silencio administrativo en recursos, deberá estar precedido de la notificación del acto administrativo que decide la actuación y que es objeto de recurso. Por tanto, el conteo de los 2 meses para el recurso de reposición y/o apelación, deberá iniciar luego de haberse interpuesto el recurso contra el acto administrativo que decidió la actuación administrativa en primer instancia, situación que implica que el acto de decisión se haya notificado en debida forma. Es oportuno precisar que de encontrarse la actuación administrativa en sede de apelación, como recurso subsidiario a la interposición del de reposición, el conteo de los 2 meses deberá iniciarse luego de haberse notificado en debida forma la decisión del recurso de reposición.
Concepto 027054 de 05-10-2017
De acuerdo con el artículo 111 del Decreto 2147 de 2016, existe la obligación de presentar declaración de importación en importaciones de zona franca al resto del territorio aduanero nacional, solo cuando haya lugar a liquidación y pago de impuesto a la importación.
Concepto 17310399 de 05-10-2017
Respecto a si las cámaras de comercio tienen competencia para sancionar a los prestadores de servicios turísticos que no renueven el Registro Nacional de Turismo, la Superintendencia de Industria y Comercio precisa que de acuerdo con el artículo 166 del Decreto Ley 19 de 2012, corresponde a las cámaras de comercio llevar el Registro Nacional de Turismo y actualizarlo anualmente; en caso de no cumplirse con tal obligación, le corresponderá a la SIC sancionar a los prestadores de estos servicios de conformidad con lo establecido en el artículo 3 del Decreto 4176 de 2011, en concordancia con el artículo 12 del Decreto número 4886 de 2011 y al Ministerio de Comercio Industria y Turismo proceder al cierre de los establecimientos, en los términos previstos en el parágrafo 5 del artículo 33 de la Ley 1558 de 2012.
Oficio 220-213874 de 04-10-2017
De acuerdo con el artículo 110 del Código de Comercio y el artículo 26 de la Ley 1258 de 2008, se advierte que tratándose de las sociedades constituidas en Colombia, en los estatutos sociales se debe indicar expresamente, entre otros aspectos, el nombre y domicilio de las personas que han de representar a la misma, indicando sus facultades y obligaciones, según el régimen de cada tipo societario, sin que se establezca condición alguna referida al domicilio. En esa medida es claro que no existe norma alguna que prohíba que el representante legal resida en lugar diferente a aquel donde la sociedad tenga establecido su domicilio social, ni que imponga la obligación de residir en el mismo país, lo que lleva a colegir que en el caso de las sociedades colombianas es discrecional de las partes determinar el lugar de residencia del representante legal.
Mediante el artículo 343 de la Ley 1819 de 2016 se precisó respecto de la territorialidad del impuesto de industria y comercio señalando que este se debe causar a favor del municipio en el cual se realice la actividad gravada con el impuesto. Asimismo, quedó establecido que en el caso de la actividad de transporte, el ingreso se entenderá percibido en el municipio o distrito desde donde se despacha el bien, mercancía o persona. Así pues, es claro que la norma fijó una regla para la determinación de la jurisdicción ante la cual deben cumplirse las obligaciones formales y sustanciales del impuesto de industria y comercio en calidad de sujeto pasivo, que para la actividad de servicios de transporte corresponde al municipio o distrito desde donde se despacha el bien, mercancía o persona, es decir, desde donde se aborda la persona o mercancías objeto de traslado por medio aéreo.
Oficio 115-213790 de 04-10-2017
Respecto a si se pueden dictaminar unos estados financieros del año 2016 y abstenerse de opinar sobre los años anteriores cuando el ejercicio de revisoría fiscal se ejecutó durante el 2016, y la sociedad expresa tener solo el 2016 bajo el nuevo marco técnico normativo y no tener ESFA, la Supersociedades indica que, frente a la actuación del revisor fiscal el CTCP conceptuó que “…requiere de forma obligatoria que el revisor fiscal aplique las pruebas y procedimientos de auditoría requeridos para la obtención de evidencia sobre la razonabilidad de los estados financieros y de transición, ya que no se concibe que haya razonabilidad de los saldos finales al 31 de diciembre de 2015 (en el caso del grupo No. 1 y 3) y 31 de diciembre de 2016 (en el caso del grupo No. 2), sin la obtención de evidencia sobre los saldos iniciales de apertura (ESFA) y los movimientos del año de transición…”.
Respecto a si en un colegio puede tomarse la capacitación a docentes como un egreso procedente, el CTCP señala que para este caso, los gastos relacionados con la capacitación de docentes manejan una relación directa de causalidad con la actividad comercial que desarrolla en ente económico, razón por que si puede tomarse como egreso procedente.
El impuesto sobre vehículos automotores se encuentra regulado en la Ley 488 de 1998, en donde se definen como beneficiarios de la renta del impuesto a los municipios, distritos, departamentos y el Distrito Capital de Bogotá, en las condiciones y términos establecidos en el artículo 139 de la misma ley. La distribución del recaudo se precisa en el artículo 150 de la misma Ley 488 de 1998, de acuerdo con el cual a cada distrito y municipio le corresponde recibir el 20% del total recaudado en cualquier departamento, de las declaraciones en las que se haya informado una dirección del respectivo distrito o municipio. Por su parte, el impuesto de circulación y tránsito fue sustituido por el impuesto sobre vehículos automotores al que acaba de hacerse referencia (artículo 138). Sin embargo, el parágrafo 4º del artículo 145 de la Ley 488 de 1998, autorizó a los municipios que lo tuvieran establecido a la fecha de sanción de dicha ley, mantenerlo vigente para los vehículos de servicio público. En consecuencia, los distritos pueden seguir recaudando el impuesto de circulación y tránsito para los vehículos de servicio público, si para el 28 de diciembre de 1998 lo tenía establecido.
Concepto 923091 de 03-10-2017
Al resolver duda sobre las implicaciones de no suministrar a la UGPP, la respuesta a un requerimiento ordinario en el cual se solicita un balance de prueba por tercero, pero la entidad no maneja cuentas de gastos de nómina en su contabilidad por tercero; la UGPP señala que si la empresa no maneja cuentas de gasto de nómina en su contabilidad por tercero, al responder el requerimiento de información, el revisor fiscal (si está obligado a tenerlo), o en su defecto, el contador y/o representante legal, deberá certificar y sustentar sobre el no cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas por la unidad, frente a lo cual se entendería subsanada tal situación si los auxiliares contables son remitidos por tercero.
Concepto 201711601940441 de 03-10-2017
De acuerdo con el artículo 236 del Código Sustantivo del Trabajo y la Sentencia T-646 de 2012, para el reconocimiento de la licencia de maternidad por parto prematuro, debe tenerse en cuenta la diferencia entre la edad gestacional (formación en el vientre materno) y el nacimiento a término (fecha probable de parto, indicado por el especialista o médico tratante), con el fin de determinar en cuántas semanas se debe ampliar la licencia de maternidad, pues no es posible señalar una semana fija y menos, generalizarla como nacimiento a término, por cuanto el momento natural de nacimiento lo determina de manera individualizada el proceso de evolución en el que se encuentran la madre y el nasciturus.
Concepto 847 de 03-10-2017
El CTCP precisa que la Norma Internacional de Control de Calidad –NICC 1– trata de las responsabilidades que tiene la firma de auditoría en relación con un sistema de control de calidad de las auditorías y revisiones de estados financieros, así como de otros encargos que proporcionan un grado de seguridad y servicios relacionados. Esta NICC debe interpretarse conjuntamente con los requerimientos de ética aplicables.
Concepto 848 de 03-10-2017
Cuando el revisor fiscal realice actividades que no se encuentren alineadas con sus funciones establecidas en la ley puede materializarse una coadministración por parte del profesional, lo que va en contra de los lineamientos establecidos en el código de ética para profesionales de la contaduría pública.
Concepto 838 de 02-10-2017
Cuando el valor individual de un activo es muy bajo, el valor acumulado de las compras puede representar una partida material que debe ser reconocida por separado en los estados financieros. Su reconocimiento como gasto impediría que los estados financieros de propósito general cumplieran el propósito de generar información que sea útil para los usuarios de dichos estados.
Oficio 000999 de 02-10-2017
La Dian precisa que los actos administrativos que prestan mérito ejecutivo en materia tributaria cobran firmeza el día siguiente a la radicación del escrito de renuncia al interponer el recurso.
Concepto 829 de 29-09-2017
El CTCP señala que al finalizar la relación laboral con su cliente, el contador público debe revisar las condiciones de su contrato con el fin de conocer los papeles, documentos e informes que debe entregar para dejar resueltos todos los aspectos relacionados con su ejercicio profesional hasta la fecha de su retiro.
Concepto 835 de 29-09-2017
En la reexpresión retroactiva, los errores deben ser corregidos en los primeros estados financieros autorizados para su emisión tras se descubiertos, y normalmente el ajuste se hace contra las ganancias acumuladas.
Concepto 828 de 29-09-2017
El contratante de los servicios del revisor fiscal debe evaluar si las actuaciones de este han puesto en riesgo los intereses de la entidad; de ser así, basado en lo establecido en el artículo 45 de la Ley 43 de 1990, podrá presentar queja formal debidamente documentada ante el Tribunal Disciplinario de la Junta Central de Contadores.
Oficio 220-212352 de 29-09-2017
La Supersociedades precisa que una vez aprobado el reglamento de suscripción de acciones por el órgano social competente, la sociedad dispone de un plazo máximo de 15 días hábiles para ofrecer las acciones con sujeción a los términos y condiciones establecidas en el reglamento respectivo; en ningún caso el plazo de la oferta podrá ser inferior a 15 días, ni exceder de 3 meses, lo que excluye la posibilidad de modificar este término o condicionar su eficacia a circunstancia alguna. Es importante aclarar que uno es el término para que la sociedad formule la oferta de las acciones objeto de la suscripción proyectada, el cual se cuenta desde la fecha en que el órgano social competente aprueba el reglamento de colocación respectivo, y otro, el plazo de la oferta, es decir, el tiempo de que podrán disponer los destinatarios para manifestar su aceptación y perfeccionar por ende el contrato. De acuerdo con lo anterior, ni el tiempo que transcurra entre la fecha de aprobación del reglamento de suscripción y la fecha en que se efectúe la propuesta, ni el plazo que se estipule en esta para que los accionistas manifiesten su intención de suscribir acciones ofrecidas, puede ser indefinido.
Concepto 831 de 29-09-2017
El contador público puede prestar servicios profesionales a entidades a las cuales haya auditado en calidad de revisor fiscal, siempre que haya transcurrido un año a partir de su renuncia como revisor fiscal.
Concepto 841 de 28-09-2017
Las entidades del grupo 2 que cumplen los 3 años de permanencia y se cambian al grupo 1, desde luego cumpliendo los requerimientos de la norma, deben elaborar un nuevo Esfa y realizar de nuevo el proceso de conversión al nuevo marco técnico, de acuerdo con el Documento 4: Orientación Técnica NIIF completas, aplicación por primera vez.
Concepto 17297406 de 28-09-2017
Respecto a si la fotografía de la cédula de ciudadanía de una persona es un dato público, la Superindustria y Comercio aclara que la esta sí es un documento público que incorpora datos personales de las personas naturales de naturaleza pública, privada (foto), semiprivada y sensible, y tiene como finalidad identificar a las personas, permitir el ejercicio de sus derechos civiles y asegurar la participación de los ciudadanos en la actividad política que propicia y estimula la democracia. Así pues, la cédula de ciudadanía permite, entre otras, la identificación de las personas para establecer su individualidad de acuerdo a las previsiones normativas; es una de las pruebas de dicha identificación, de modo que acredita la personalidad de su titular en los actos jurídicos en donde se le exija la prueba de tal calidad.
Concepto 17318369 de 28-09-2017
Las promociones son estrategias de mercadeo que emplean los anunciantes para motivar a los consumidores a comprar unos ciertos productos, al diseñar este tipo de mecanismos usualmente se contempla la posibilidad de ofrecer contenidos adicionales o precios menores a los habituales para un producto determinado. Sin embargo, de acuerdo con el artículo 33 de la Ley 1480 de 2011, cuando se realicen promociones existe el deber de proporcionar la información mínima que permita al consumidor identificar de manera inequívoca las condiciones de la oferta y que impida una eventual confusión o inducción a error, con el consecuente quebrantamiento de las normas en materia de veracidad y suficiencia de la información.
Oficio 220-212141 de 28-09-2017
Respecto al procedimiento para el pago de una garantía mobiliaria, la Supersociedades precisa que frente al inclumplimiento del deudor se puede ejecutar la garantía mobiliaria por los mecanismos de adjudicación o realización especial de la misma; para ello, el acreedor puede hacer requerimiento escrito al deudor, para que dentro del término de 10 días acuerde con él la procedencia de la ejecución especial. Cabe señalar que en caso de no hacerlo, o cuando el bien objeto de garantía tenga un valor inferior a 20 smmlv, opera el mecanismo de ejecución judicial. A pesar de lo anterior, el acreedor podrá satisfacer su crédito directamente con los bienes dados en garantía por el valor del avalúo, cuando así se haya pactado de mutuo acuerdo entre las partes o cuando aquel sea tenedor del bien dado en garantía; no obstante, si el valor del bien supera el monto de la obligación garantizada el acreedor deberá entregar el saldo a otros acreedores inscritos, al deudor o propietario del bien, para lo cual se debe constituir un depósito judicial a favor de uno u otro, el cual debe ser enviado al juzgado correspondiente.
Concepto 843 de 28-09-2017
El CTCP precisa que cuando la entidad haya cometido errores en los estados financieros debe realizar los ajustes necesarios para que dichos errores sean corregidos de forma retroactiva.
Oficio 220-209307 de 27-09-2017
La Supersociedades precisa que cuando se presente la fusión de dos sociedades extranjeras con sucursales en Colombia, la sucursal de la sociedad absorbida se extingue sin necesidad de cumplir un proceso liquidatorio, pues, como efecto de la formalización de la fusión, la absorbente adquiere los bienes y derechos de las sociedades absorbidas que desaparecen y se hace cargo de pagar el pasivo interno y externo de la sociedad absorbida titular en Colombia de la sucursal. Por tanto, formalizada la fusión, solo permanece y se mantiene en el país la sucursal de la sociedad absorbente. Asimismo, la sociedad absorbente deberá cancelar el registro de la inversión extranjera perteneciente a la sociedad absorbida a través de la sucursal en Colombia, en los términos de la Circular DCIN 083 y sus modificaciones.
Oficio 026240 de 27-09-2017
Al resolver consulta la Dian precisa que, pese a que en la liquidación oficial de revisión se impone una sanción dineraria sin que ello implique la variación del impuesto a cargo del correspondiente período fiscal, el rechazo de las pérdidas fiscales declaradas conlleva una alteración de los impuestos sobre la renta de los años gravables subsiguientes, lo que puede llegar a verse representado en un mayor valor a cargo del contribuyente. En ese orden, es de precisar que la reducción de la sanción e intereses en un porcentaje equivalente al 50% -de que trata el inciso 3 del artículo 306 de la Ley 1819 de 2016 y el numeral 2 del 1.6.4.3.3 del Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016- es aplicable en aquellos casos en los que únicamente se discuten sanciones dinerarias, razón por la cual no es exigible la corrección de la declaración tributaria, toda vez que elementos necesarios para la determinación del tributo, tales como ingresos, costos o gastos, no son cuestionados.
Concepto 840 de 27-09-2017
El CTCP recuerda que las cuotas ordinarias pagadas en una copropiedad deben ser reconocidas como ingresos en la fecha en que ellas sean exigibles, y en ellas se incluye lo correspondiente al fondo de imprevistos. En cuanto a las cuotas extraordinarias, indica que deben ser reconocidas como ingresos cuando se cumplen las condiciones impuestas para su uso, inicialmente deben ser registradas como ingresos diferidos y cuando se cumplen las condiciones se reconocen como ingresos. Respecto a los intereses de mora, precisa que se deben causar de acuerdo con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 675 de 2001. Cabe señalar que el CTCP emitió la orientación técnica No. 15 – Copropiedades de Uso Residencial o Mixto, en la cual explica ampliamente la forma de reconocer las expensas comunes ordinarias y extraordinarias.
Concepto 832 de 27-09-2017
Los estados financieros deben reflejar la esencia de los hechos económicos, lo que significa que no es posible continuar con el activo en cabeza un accionista cuando ya se dio lugar a la transferencia sustancial de todos los riesgos y ventajas, independientemente del tipo de soporte legal.
Concepto 17310455 de 27-09-2017
Las normas sobre prácticas comerciales restrictivas prohíben y establecen sanciones para quienes incurren en conductas que tengan por objeto o como efecto la alteración de la libre competencia en el mercado, las cuales pueden revestir la forma de actos o acuerdos anticompetitivos o de abuso de posición dominantes. Así pues, cuando los oferentes coluden entre sí para distorsionar el proceso licitatorio, la adjudicación sería el producto de un acuerdo ilícito que contraría la libre competencia. En este sentido, cuando se realizan acuerdos entre los proponentes para no competir, para distribuirse adjudicaciones de contratos y concursos o fijar los términos de las propuestas, se está incurriendo en una práctica contraria a la libre competencia, tal y como lo describe el numeral 9 del artículo 47 del Decreto 2153 de 1992.
Concepto 17314072 de 27-09-2017
Cuando se realice la transferencia internacional de datos personales a países que tienen un nivel adecuado de protección de datos personales, en todo caso, el responsable en virtud del principio de responsabilidad demostrada, debe ser capaz de demostrar que ha implementado medidas apropiadas y efectivas para garantizar el adecuado tratamiento de los datos personales que transfieren a otro país y para otorgar seguridad a los registros al momento de efectuar dicha transferencia. Si la trasferencia internacional de datos personales se pretende hacer a un país que no se encuentre dentro de la lista emitida por esta la Superintendencia de Industria y Comercio, el responsable deberá: 1) Verificar si la operación está comprendida dentro de una de las causales de excepción establecidas en el artículo 26 de la Ley 1581 de 2012, entre ellas, que el titular de los datos personales haya otorgado su autorización de manera expresa e inequívoca para la transferencia; y 2) Verificar si ese país cumple con los estándares señalados en el numeral 3.1 del capítulo tercero del título V de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio.
Concepto 825 de 26-09-2017
La contabilización de los activos biológicos y productos cosechados de una entidad del grupo 2, se deberá realizar considerando lo establecido en la sección 34 del marco técnico normativo para pymes. La medición de los activos se deberá hacer por el modelo del costo (párrafos 34.8 a 34.10), o por el modelo del valor razonable si el cálculo es fácilmente determinable sin costo o esfuerzo desproporcionado (párrafos 34.4 a 34.7). Los productos cosechados en el punto de cosecha se medirán por el valor razonable menos los costos estimados de venta; el valor razonable menos los costos estimados de venta formarán el costo de los inventarios, cuando estos cumplan los requisitos para ser reconocidos como inventarios.
Concepto 824 de 26-09-2017
De acuerdo con el párrafo 30.10 del marco técnico normativo para pymes, a la fecha de la presentación de los estados financieros, ya sean al final del periodo contable o en periodos intermedios, deben ajustarse las partidas de carácter monetario a la tasa de cierre y las diferencias presentadas deben reconocerse en resultados.
Concepto 821 de 26-09-2017
Aunque el reconocimiento del ingreso se debe hacer en el mes en el que se cumplan los criterios exigidos por el marco técnico respectivo para el efecto, la factura puede elaborarse en un momento diferente.
Concepto 822 de 26-09-2017
El CTCP precisa que los costos generales y administrativos imputables a un contrato de construcción deben ser reconocidos como gastos cuando ellos tengan lugar, a menos que dichos costos sean imputables de forma explícita al cliente según el contrato.
Oficio 220-207096 de 25-09-2017
La Supersociedades precisa que la Superintendencia Financiera, a través de las Cartas Circulares 29 y 78 del 26 de marzo de 2014 y 16 de noviembre de 2016, respectivamente, ha puesto en conocimiento del público que las llamadas criptomonedas no se encuentran reconocidas en el país como medio efectivo para adelantar ningún tipo de transacción económica por carecer de poder liberatorio de las obligaciones. Por lo anterior, resulta claro que en la actualidad no existe ningún tipo de reglamentación legal respecto de las monedas virtuales o criptomonedas, y ninguna entidad del Estado ejerce control sobre estas; por lo tanto, quienes adquieran o realicen transacciones con ellas arriesgan voluntariamente su patrimonio. Por otra parte, respecto a la posibilidad de constituir una compañía multinivel cuyo propósito sea la negociación de monedas encriptadas, la supersociedades señala que no resulta viable, pues de acuerdo con el artículo 11 de la Ley 1700 de 2013, que regula la actividad empresarial bajo la modalidad multinivel, queda prohibido utilizar dicho medio.
Oficio 220-206012 de 25-09-2017
Respecto de la imposibilidad que surge para que el socio de una sociedad de responsabilidad limitada constituya prenda sobre sus propias cuotas a favor de la sociedad, con el fin de respaldar obligaciones contraídas con la misma, la Supersociedades precisa que debe acudirse al principio general de derecho, según el cual, lo que no está prohibido, está permitido, máxime en materia mercantil donde prevalece la autonomía de la voluntad privada, de donde es dable reconocer que si bien el artículo 396 del Código de Comercio regula la readquisición de acciones y establece los requisitos imperativos para ese fin, entre ellos el pago con utilidades líquidas, tal disposición no prohíbe de manera expresa, ni contempla regla alguna referida concretamente a la prenda de acciones, de la que se ocupa el mismo código en los artículo 1200 y siguientes, y de manera particular los artículos 410 y 411, ninguno de los cuales consagra limitaciones para la prenda de acciones o cuotas del titular a favor de la sociedad.
Concepto 820 de 25-09-2017
A través de este concepto, el CTCP resolvió algunas preguntas sobre el cronograma de aplicación del marco normativo vigente para el grupo 3 y sobre las obligaciones del contador en las copropiedades.
Oficio 000957 de 25-09-2017
Si un contribuyente que por los años 2013 y 2014 había generado pérdidas en el impuesto sobre la renta para la equidad –CREE– que no había podido liquidar en su declaración privada y, por ende, al presentar la declaración del año gravable 2015 la cuantificó y compensó, se estima que antes de proceder a su desconocimiento por parte de la Dian, deberá establecerse la realidad o no de la misma según la determinación del impuesto y el rubro en el cual se incluyó. Es claro que frente a este aspecto debe primar la realidad de los hechos económicos denunciados por el contribuyente y el derecho que le asiste a compensar dicha pérdida contra la renta líquida, en aras del ejercicio del claro principio de equidad.
Oficio 220-208347 de 25-09-2017
La Supersociedades precisa que, de acuerdo con la Ley 1258 de 2008, la sociedad por acciones simplificada puede crearse mediante un acto unilateral, lo cual le permite a una persona natural disponer de su patrimonio para crear una persona jurídica distinta del socio único. Asimismo, señala que cualquier tipo de sociedad puede extender su radio de acción mediante la creación de sucursales dentro y fuera de su domicilio. En consecuencia, no existe impedimento para que una persona natural que proyecta realizar actividades fuera del país constituya en Colombia una sociedad del tipo de las SAS de socio único y dentro de sus estatutos determine la posibilidad de establecer sucursales en distintos lugares del territorio o en el exterior, lo anterior, sin perjuicio de la posibilidad que igualmente existe de crear una empresa unipersonal en los términos y bajo las condiciones que establece el artículo 71 de la Ley 222 de 1995.
Oficio 220-207660 de 25-09-2017
Las microempresas constituidas conforme a las prescripciones de la Ley 1014 del 26 de enero de 2006 (con la cual se consagraron una serie de medidas tendientes a promover el emprendimiento y la creación de nuevas microempresas, entre ellas “el establecimiento de mejores condiciones de entorno institucional para la creación y operación” de las mismas), bajo cualquiera de los tipos societarios convencionales, esto es, anónima, de responsabilidad limitada, colectiva y en comandita, no se encuentran sujetas a los requisitos formales de constitución enlistados en el artículo 110 del Código de Comercio, sino en aquellos consagrados en el artículo 72 de la Ley 222 del 20 de diciembre de 1995. Por lo anterior, en el acto de constitución de una microempresa del tipo de las anónimas, no es imperativo señalar la “duración precisa” de la sociedad, pues la misma bien puede tener término indefinido, por permitirlo así el artículo 22 de la Ley 1014 de 2006, en consonancia con el artículo 72 de la Ley 222 de 1995.
Concepto 201711401883231 de 25-09-2017
Considerando el carácter de reserva legal que protege la historia clínica, el cual se encuentra contemplado en el artículo 24 de la Ley 1437 de 2011 y en diferentes fallos de la Corte Constitucional, y que los mismos tienen suficiente fuerza vinculante para obligar a todos los actores del sistema a respetar la reserva de la cual goza la historia clínica, el Ministerio de Salud concluye que una empresa del sector privado o entidad pública no puede solicitar copia de historias clínicas ni pretender acceder a estas en su totalidad o parte de ellas para realizar el trámite de incapacidades, toda vez que dicho documento es reservado y, además, porque no se ha previsto que el empleador tenga acceso a él. Por lo anterior, no es procedente que las EPS exijan a los empleadores, ni estos a los trabajadores, copia de la historia clínica. Por otra parte, el Minsalud precisa que si una EPS exige copia de la historia clínica o resumen para efectos de tramitar incapacidades o licencias, dicha situación debe ser puesta en conocimiento de la Superintendencia Nacional de Salud, para que frente a casos puntuales esta entidad (en el marco de lo previsto en el Decreto 2462 de 2013) efectúe las investigaciones pertinentes y aplique las sanciones a que hubiere lugar.
Oficio 026079 de 25-09-2017
La Dian precisa que las notas créditos son un documento legal que se utiliza en transacciones de compraventa que una empresa envía a su cliente en donde interviene un descuento posterior a la emisión de la factura y que tiene por objeto informar la acreditación de un valor en la cuenta del cliente; dicha disminución se da por diferentes razones tales como devoluciones por avería de productos vendidos, rebajas o disminución de precios, devoluciones o descuentos especiales, o corrección de errores por exceso en la facturación, entre otros aspectos, que indiscutiblemente están asociadas a operaciones de venta realizadas al cliente debidamente identificadas con una o unas facturas en particular o con un conjunto de transacciones realizadas en la cual el vendedor se compromete con el cliente a retribuirle por el cumplimiento de metas. Por lo anterior, es claro que la emisión de una nota crédito no siempre es inescindible de una factura en específico, y que esta se puede dar por diferentes razones, pero siempre debe estar asociada a una o unas ventas realizadas por el vendedor a su cliente respectivo.
Concepto 17299682 de 22-09-2017
Mediante concepto, la Superintendencia de Industria y Comercio señaló que las fuentes y operadores de información deben garantizar al titular de la información que sus datos personales suministrados al operador son veraces, completos, exactos y comprobables, y deben tomar las medidas necesarias para que dicha información esté permanentemente actualizada y rectificarla cuando sea incorrecta. Cuando el titular de la información requiera hacer consulta o presentar reclamaciones puede hacerlo de manera verbal o escrita a través de líneas de atención telefónica o medios electrónicos siempre y cuando sea posible verificar la identidad del titular y se garantice la seguridad de la información. Por otra parte, señala la entidad que, de acuerdo con la finalidad de interés público de la información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros, la ley consagra la posibilidad de consultar dicha información de manera gratuita al menos una vez cada mes calendario.
El Ministerio de Hacienda señala que con la modificación introducida por el artículo 342 de la Ley 1819 de 2016, al artículo 196 del Decreto Ley 1333 de 1986, respecto de que la base gravable del impuesto de industria y comercio comprende la totalidad de los ingresos ordinarios y extraordinarios, se recoge el criterio expuesto en diferentes pronunciamientos del Consejo de Estado en el sentido de señalar que serán gravados todos los ingresos provenientes del ejercicio de actividades gravadas ya sean ordinarios o extraordinarios, pero, además, persiste el concepto de ingresos obtenidos o percibidos por el ejercicio de actividades gravadas, lo que permite concluir que deben darse o cumplirse los hechos generadores del impuesto en el año gravable, para que sean declarados, dentro de los plazos que determine la administración municipal para el efecto, en la vigencia fiscal que corresponde al año inmediatamente siguiente junto con el correspondiente pago del impuesto. Además, precisa que la nueva definición de la base gravable del impuesto de Industria y Comercio contenida en el artículo 342 de la Ley 1819 de 2016 no comprende una ampliación del hecho generador o de los sujetos pasivos del tributo; la norma actualiza los conceptos deducibles, confirma la anualidad del periodo gravable del impuesto (año gravable) y precisa que serán gravados todos los ingresos provenientes del ejercicio de actividades gravadas ya sean ordinarios y extraordinarios.
Concepto 001509 de 22-09-2017
La Dian señala que si bien la Resolución 000055 de 2016 derogó la Resolución 3878 de 1996, la exclusión a la obligación de solicitar autorización de numeración para las facturas expedidas por las entidades señaladas actualmente en literal b) del artículo 4 de la Resolución 000055, como lo hiciera en su momento el artículo 3 de la Resolución 3878 de 1996 y, la inclusión en la factura de información alusiva a esa disposición, se reduce a un aspecto meramente informativo que, por no constituir requisito de contenido fiscal de la factura, y considerando que para los sujetos exceptuados de tal autorización tampoco constituye un requisito dentro del sistema técnico de control, dicha información, aunque no apunte a la resolución vigente, no afecta el contenido fiscal ni comercial de la factura, ni su validez y, por tanto, no impide su uso hasta agotar existencias.
Concepto 814 de 21-09-2017
El CTCP precisa que la participación del revisor fiscal ante las diferencias surgidas entre el Consejo de Administración y el Comité de Convivencia serán de su competencia siempre y cuando dichos organismos, de común acuerdo, soliciten su opinión; dicha participación debe estar dotada del máximo nivel de independencia, pues de lo contrario, se estaría materializando una coadministración que puede afectar el cumplimiento de los principios de código de ética.
Concepto 810 de 21-09-2017
La medición posterior de las inversiones consideradas instrumentos financieros, se encuentra normada en las secciones 11 y 12 del marco técnico normativo para las pymes. Cabe señalar que, en las inversiones correspondientes a instrumentos financieros, no es aplicable la exención de costo atribuido del literal f) del párrafo 35.10 del estándar para pymes, para efectos del Esfa.
Concepto 815 de 21-09-2017
El presupuesto de una copropiedad es un informe de carácter general y su estructura debe ser definida por la administración a fin de poder validar adecuadamente los diferentes conceptos que integran los ingresos y gastos de la copropiedad, de tal forma que es potestad de la administración la manera en que sean incluidos los descuentos por pronto pago derivados del pago de cuotas de administración.
Concepto 812 de 21-09-2017
El CTCP recuerda que los descuentos por pronto pago se deben llevar a la contabilidad como un menor valor, a menos que se trate de un período posterior, caso en el cual no habría otra opción que llevarlo como un ingreso.
Concepto 17303952 de 20-09-2017
La Superintendencia de Industria y Comercio precisa que los datos personales relativos a la salud de los titulares se consideran datos sensibles; la Ley 1581 de 2012 señala los eventos en los que se puede realizar tratamiento de los datos sensibles, esto es, la recolección, el almacenamiento, el uso, la circulación o supresión de los mismos, entre ellos, cuando el titular haya dado su autorización explícita para ello, o cuando exista una ley que releve el consentimiento previo del titular cuando ha establecido la obligatoriedad de un determinado tratamiento de datos personales. Cabe señalar que los responsables del tratamiento de los datos personales tienen la obligación de obtener la autorización por parte del titular al momento de su recolección informándole la finalidad específica del tratamiento, esto es, la recolección, el almacenamiento, la circulación, uso y/o supresión de los mismos a través de mecanismos que garanticen su consulta posterior. Es importante tener en cuenta que no es posible realizar tratamiento de datos más allá de las finalidades aceptadas previamente por el titular.
Concepto 17298137 de 20-09-2017
La fijación de precios es libre en Colombia, en virtud del derecho a la libertad económica consagrado en la Constitución Política de 1991, y responde a la estructura de costos y márgenes de cada empresa, al igual que a la relación de oferta y demanda de los mercados. Sin embargo, existen excepciones reguladas legalmente, en las cuales el Estado puede entrar a determinar los precios o establecer límites a los mismos. De la misma manera, la libertad de fijación de precios tiene un límite en las normas sobre prácticas comerciales restrictivas de la libre competencia, donde los precios que se fijen no pueden: 1) fijarse directa o indirectamente con un fin contrario a la libre competencia, 2) fijarse por debajo de los costos cuando el objeto de este precio sea eliminar uno o varios competidores o prevenir la entrada de éstos, y 3) fijarse para influenciar a una empresa para o bien subir o bajar sus precios y obtener beneficios de esto.
Concepto 17302045 de 19-09-2017
La Superindustria y Comercio precisa que las imágenes captadas en cámaras encuadran dentro del concepto de dato personal, razón por la cual a estas les es aplicable el régimen de protección de datos personales previsto en la Ley 1581 de 2012. Así, debe tenerse en cuenta que a estas imágenes solo pueden acceder: 1) el titular, sus causahabientes o representante legal, con el fin de garantizar el derecho fundamental de conocer dónde se encuentra la información; (2) las entidades públicas o administrativas en ejercicio de sus funciones, y (3) un tercero, previa autorización del titular o por la ley. En caso de que en las imágenes captadas quede registrado un delito, estas pueden ser utilizadas con el ánimo de esclarecer una posible conducta punible, pues puede hacerse uso de los datos personales para una finalidad legítima en relación con la Constitución y la ley.
Concepto 809 de 19-09-2017
El CTCP precisa que los párrafos 38 y 38a de la NIC 1 y los párrafos 5 y 20 a 22 de la NIC 34 establecen los lineamientos generales para la presentación de la información comparada en los Estados Financieros Intermedios de Propósito General. No obstante, para fines de supervisión, las autoridades de supervisión podrían requerir otra información no incluida en los requerimientos de revelación de las normas de información financiera.
Concepto 816 de 19-09-2017
El CTCP señala que el revisor fiscal que actúe como principal en sociedades no puede ejercer el cargo en ninguna otra, ni siquiera para suplir la ausencia temporal del principal; una actuación contraria daría lugar a sanciones por parte del Tribunal Disciplinario de la Junta Central de Contadores.
Concepto 804 de 18-09-2017
La base del estado de situación financiera de apertura para las entidades del grupo 2, pertenecientes al Sistema General de Seguridad Social en Salud y Cajas de Compensación Familiar, son los saldos de los libros al 31 de diciembre de 2015, debidamente ajustados a los valores que resultan de aplicar el marco técnico normativo para pymes.
Concepto 808 de 18-09-2017
El CTCP señala que la frecuencia de la realización de un avalúo técnico depende de la volatilidad en su valor razonable, de acuerdo con lo normado en el párrafo 34 de la NIC 16.
Concepto 806 de 18-09-2017
La cascarilla que se produce en el proceso de trillado, es un residuo que posteriormente puede ser vendido, y por lo tanto, puede considerarse como un subproducto. Su medición se determina por el precio de venta de la cascarilla menos los costos de terminación y venta (valor neto de realización), valor que se deducirá del costo del producto principal o del costo del servicio de trilla.
Concepto 807 de 18-09-2017
El CTCP señala que las incapacidades se registran como un gasto para las dos primeros días, y el valor que será reintegrado por la EPS debe registrarse como una cuenta por cobrar, la cual debe ser sometida a medición de deterioro, si se observan factores que pongan en duda su recuperación, de tal suerte que al recibirse el reembolso de la EPS no debe llevarse a un ingreso ese monto, sino descargarlo de la cuenta por cobrar previamente registrada.
Oficio 220-201952 de 15-09-2017
Frente a la posibilidad de que el heredero de un accionista fallecido ceda la totalidad o parte de sus derechos hereditarios pretendiendo ceder así la condición de accionista del causante en una sociedad en la cual se ha pactado el derecho de preferencia para la negociación de las acciones, la Supersociedades precisa que tal operación resulta perfectamente viable, siempre que una vez adjudicada la participación accionaria dentro del proceso sucesorio y previamente a la inscripción de tal adjudicación en el libro de registro de accionistas, respecto de la parte accionaria cedida por el heredero, se surta el procedimiento estatutaria o legalmente establecido para agotar la posibilidad con que cuentan los demás accionistas para acceder con preferencia a la propiedad de las acciones.
Oficio 220-202140 de 15-09-2017
El artículo 368 del Código de Comercio señala que ante el fallecimiento de un socio de una sociedad de responsabilidad limitada, esta continuará con uno o más de los herederos del socio difunto. En caso de estipulación en contrario, debe observarse lo dispuesto por la Circular básica jurídica No. 100 – 000001 expedida por la Supersociedades el 21 de marzo de 2017, la cual establece que si no hay albacea, o habiéndola, el anterior no acepta el encargo, corresponderá la representación a la persona que por mayoría de votos designen los sucesores reconocidos en el juicio o el respectivo trámite sucesoral. En caso de que no sea posible elegir al administrador de la manera antes señalada, se otorgará a cada uno de los comuneros la facultad de acudir al juez para que los convoque a junta general, quien determinará expresamente la fecha, hora y lugar de la reunión y así, bajo su presencia, efectuar el aludido nombramiento, en cuyo caso podrá hacerse por cualquier número de sucesores que concurra, y en el evento que no se logre el referido nombramiento, este corresponderá al juez, en concordancia con lo previsto en el inciso 2° del artículo 378 del Código de Comercio. Dadas estas condiciones, es claro entonces que el representante de la sucesión será la persona que los sucesores reconocidos en juicio o en trámite de sucesión designen quien actuará entonces como mandatario de los mismos.
Oficio 220-201939 de 15-09-2017
La Supersociedades señala que la Ley 1258 de 2008, norma que rige las SAS, se caracteriza por su flexibilidad, en cuanto permite que los particulares definan con un gran margen de amplitud las reglas a las que habrán de someterse los asuntos relacionados con la organización y funcionamiento de la sociedad. Así pues, en virtud del principio de la autonomía contractual los asociados de una SAS cuentan con un amplio margen y libertad de configuración para diseñar la estructura orgánica de la sociedad, lo que les permite pactar en los estatutos las reglas claras que estimen apropiadas para el funcionamiento interno, según los intereses de sus constituyentes, y evitar conflictos que interfieran en el desarrollo del ente societario, de donde se infiere que es viable cualquier estipulación orientada a regular la conformación del capital social que pretenda estructurarse, siempre que dichas estipulaciones respeten los derechos que las acciones representativas del capital confieran a sus titulares, y resulten a su vez compatibles con las reglas sobre emisión, transferencia, ejercicio de derechos, pérdida de los mismos, y en general todo el régimen de derechos y obligaciones derivados de la titularidad de acciones.
Oficio 220-202141 de 15-09-2017
El artículo 9 de la Ley 1258 de 2008 contempla reglas especiales para la suscripción y pago del capital social en una SAS, señalando que el plazo para el pago de las acciones suscritas no puede exceder de 2 años, y que en los estatutos deben establecerse reglas de capital variable y los efectos del incumplimiento de los límites allí fijados. Sin embargo, la disposición mencionada no consagra expresamente qué implicaciones legales tiene el hecho de no pagar el 100 % del capital suscrito dentro de los 2 años establecidos en los estatutos, y ante dicho vacío se deben observar, en lo pertinente, las normas generales que rigen a las sociedades anónimas. En consecuencia, si en los estatutos se guardó silencio sobre las medidas que se deben adoptar cuando un accionista se encuentra en mora de pagar el capital social, se debe acudir al artículo 397 del Código de Comercio, que dispone que cuando un accionista esté en mora de pagar las cuotas de las acciones que haya suscrito no podrá ejercer los derechos inherentes a ellas. Además, si la junta directiva decide vender las acciones que el asociado no ha cancelado debidamente dentro de los plazos acordados, deberá acudir a un comisionista con el fin de que sea este quien adelante el proceso de venta de las mismas, negocio que una vez realizado dará lugar a la efectiva exclusión del accionista moroso a partir de la inscripción en el libro de registro de accionistas del nombre del accionista adquirente de las mismas; los dineros que se reciban de dicha operación entran a formar parte de la cuenta de capital y sustituyen los que no entregó el accionista moroso en su debida oportunidad.
Entidad que emite Cualquier entidad Agencia Nacional de Contratación PúblicaAlcaldía de BogotáAlcaldía de Santiago de CaliBanco de la RepúblicaCámara de RepresentantesComisión de Regulación de ComunicacionesConcejo de BogotáConcejo de Santiago de CaliCongreso de ColombiaConsejo de EstadoConsejo Técnico de la Contaduría PúblicaContaduría General de la NaciónContraloría General de la RepúblicaCorte ConstitucionalCorte Suprema de JusticiaDepartamento Administrativo de Hacienda MunicipalDepartamento Administrativo de la Función PúblicaDepartamento Administrativo de la Presidencia de la RepúblicaDepartamento Administrativo Nacional de EstadísticaDepartamento Administrativo para la Prosperidad SocialDepartamento Nacional de PlaneaciónDIANDirección Nacional de Derecho de AutorInstituto Colombiano de Bienestar FamiliarJunta Central de ContadoresMinisterio de AgriculturaMinisterio de ambienteMinisterio de ComercioMinisterio de ComunicacionesMinisterio de CulturaMinisterio de Defensa NacionalMinisterio de Educación NacionalMinisterio de HaciendaMinisterio de Justicia y del DerechoMinisterio de Minas y EnergíaMinisterio de Protección SocialMinisterio de Relaciones ExterioresMinisterio de Salud y Protección SocialMinisterio de Tecnologías de la Información y las ComunicacionesMinisterio de TransporteMinisterio de ViviendaMinisterio del Interior y de JusticaMinisterio del TrabajoPresidencia de la RepúblicaProcuraduría General de la NaciónRegistraduría Nacional del Estado CivilSecretaría de Hacienda de BogotáSecretaría Distrital de PlaneaciónSenado de la RepúblicaServicio Nacional de AprendizajeSubdirección de Gestión Normativa y DoctrinaSuperbancariaSuperfinancieraSuperindustria y ComercioSuperintendencia de Notariado y RegistroSuperintendencia de Puertos y TransporteSuperintendencia de Servicios Públicos DomiciliariosSuperintendencia de VigilanciaSupersaludSuperserviciosSupersociedadesSupersolidariaSupersubsidioTribunal Administrativo de CundinamarcaUGPPUIAFUnidad Administrativa Especial Contaduría General de la Nación
Año de publicación Cualquier año 2017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851983198219791975196019481883
SAS Resumen Semanal Impuesto de Renta revisor fiscal retención liquidación IVA Consejo Técnico de la Contaduría Pública NIIF procedimiento CTCP ​DIAN Retención en la Fuente sociedades renta
Encontre un error en: Concepto 030187 de 15-09-2017
Comparte Concepto 030187 de 15-09-2017