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Timestamp: 2017-05-27 00:43:49
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Matched Legal Cases: ['in fine', 'in fine', 'in fine', 'in fine', 'in fine', 'in fine', 'in fine', 'in fine']

1_9788490532539 by Editorial Tirant Lo Blanch - issuu
biblioteca jurĂ­dica mercantilLA MARCA NOTORIA NO REGISTRADADANIEL ESPINAProfesor Titular de Derecho Mercantil
Universidad de BarcelonaValencia 2005LA MARCA NOTORIA
NO REGISTRADADANIEL ESPINA
Universidad de Barcelonatirant lo b anch
Valencia, 2005Copyright ® 2005
pertinente corrección en la página web www.tirant.com (http://www.tirant.com).© DANIEL ESPINA© TIRANT LO BLANCH
I.S.B.N.: 84 - 8456 - 245 - XÍNDICE
Abreviaturas .........................................................................................9Introducción
NUEVAS Y VIEJAS PERSPECTIVAS SOBRE EL NACIMIENTO DEL DERECHO DE MARCA ..............................................11Capítulo I
LA SUPERACIÓN DE LA PERCEPCIÓN DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL SOBRE LOS SIGNOS
DISTINTIVOS COMO DERECHO EXCLUSIVAMENTE
1. LA PONDERACIÓN GENERAL DE LA PERSPECTIVA
REGISTRAL EN EL RÉGIMEN LEGAL ......................................152. LA MALA FE EN LA INSCRIPCIÓN DEL DERECHO ...............193. EL USO REAL Y EFECTIVO DEL SIGNO REGISTRADO ........33Capítulo II
EL RECONOCIMIENTO DE DERECHOS DE
DISTINTIVOS NOTORIOS Y NO REGISTRADOS
1. EL CONCEPTO LEGAL DE SIGNO NOTORIO O NOTORIAMENTE CONOCIDO
a. La función distintiva de la marca en el mercado relevante ....
b. El nombre comercial y las denominaciones sociales ...............47
602. LA ADQUISICIÓN DEL DERECHO: LA FACULTAD DE OPOSICIÓN A LOS NUEVOS REGISTROS Y LA NULIDAD DE LOS
REGISTROS POSTERIORES ........................................................713. LOS DERECHOS RECONOCIDOS: EL USO EXCLUSIVO Y LA
PROHIBICIÓN DEL USO AJENO
a. La aplicación de los derechos conferidos por el registro ..........
b. La articulación procesal ............................................................
c. Los conflictos con signos registrados ........................................
d. Los conflictos con denominaciones sociales .............................85
988ÍNDICECapítulo III
EL RÉGIMEN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS EN ATENCIÓN A
SU NOTORIEDAD
1. EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS NO REGISTRADOS: EL USO REAL Y EFECTIVO DEL SIGNO NOTORIO
a. La extensión de la carga legal del uso a los signos no registrados
b. La distinta función del uso y la notoriedad en la adquisición y
el ejercicio de los derechos ........................................................
c. Los caracteres y efectos de la falta de uso ...............................
2. LA PROYECCIÓN ULTERIOR DE LA NOTORIEDAD DEL SIGNO DISTINTIVO REGISTRADO: LA REPUTACIÓN O EL RENOMBRE
a. La notoriedad del signo registrado y su protección respecto de
los riesgos de confusión y asociación ........................................
b. La distinción funcional entre notoriedad y renombre y sus
respectivos caracteres cualitativos ...........................................
c. La protección del renombre y los fines del derecho de marcas104
142Conclusión
LA PROGRESIVA AMPLITUD Y ALCANCE DE LAS
FUNCIONES DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS
1. LA NOTORIEDAD Y LA FUNCIÓN DISTINTIVA ......................1492. EL RENOMBRE COMO CONSIDERACIÓN ULTERIOR A LA
FUNCIÓN DISTINTIVA ................................................................1513. EL RÉGIMEN COMÚN DEL SIGNO DISTINTIVO EN CASO DE
NOTORIEDAD O RENOMBRE .....................................................1544. LOS CARACTERES DEFINIDORES DE LOS DERECHOS DE
PROPIEDAD INDUSTRIAL EN CASO DE NOTORIEDAD O
RENOMBRE ...................................................................................159Jurisprudencia citada ...........................................................................167Referencias bibliográficas ....................................................................169ABREVIATURAS
Ar. Civ.
BOCG-CD
BOCG-S
Col. Leg. (civ.)DN
DSCD-C
DSCD-P
Rec.Riv. dir. comm.Actas de Derecho Industrial
Repertorio Aranzadi de Jurisprudencia
Cuadernos de Jurisprudencia Sobre Propiedad Industrial (CEFI)
(Sala Primera de lo Civil) (Consejo General del Poder Judicial)
Diario de Sesiones del Congreso de los
Diputados (Comisiones)
Diputados (Pleno)
Enciclopedia Jurídica Básica (Civitas)
Gaceta Jurídica de la C. E. y de la Competencia
Property and Copyright Law
Nueva Enciclopedia Jurídica (Seix)
Recopilación de la Jurisprudencia del
Tribunal de Justicia y del Tribunal de
Primera Instancia (Tribunal de Justicia
de las Comunidades Europeas)
Rivista del diritto commerciale e del
diritto generale delle obbligazioni10ABREVIATURASRiv. trim. dir. e proc. civ. Rivista trimestrale di diritto e procedura
Revista JurĂ­dica de CatalunyaIntroducciónNUEVAS Y VIEJAS PERSPECTIVAS
Sobre cierta contradicción interna, la ley española pretende
partir del carácter registral de los derechos típicos de propiedad
industrial en materia de signos distintivos, frente a lo que sólo
parece anunciar la nueva consideración de la mala fe en su
solicitud como causa específica de nulidad. Puede tratarse, por
lo demás, de una mera ponderación de la infracción consciente
de las otras causas de nulidad propiamente substantivas, pero
de carácter relativo, con el fin de excluir en este caso la
prescripción de la acción correspondiente y ampliar la legitimación para su ejercicio. (I, 1 y 2) Resulta más relevante, en
realidad, el refuerzo legal de la obligación o carga del uso de la
marca una vez registrada. Se generaliza con ello la significación
de sus efectos sobre el alcance y la vigencia de los derechos que
confiere, sujetos luego a una efectiva función distintiva en el
tráfico sobre ciertos productos o servicios, en mayor medida que
a su propio registro. (I, 3)
Es también esta significación substancial de la función
distintiva la que funda después el reconocimiento legal de
derechos anteriores sobre la marca notoria no registrada, por
razón de su conocimiento generalizado como tal distintivo entre
los destinatarios de los productos o servicios de que se trata en
cada ocasión; y sin exigencia quizás de un uso efectivo en
sentido estricto, mientras se haya producido ya esta percepción
cualificada del signo en el tráfico. Atendida así la presencia real
de la marca en el mercado, pueden solventarse además los
inconvenientes propios de la exigencia previa de ciertos caracteres al signo en sí mismo considerado, congruentes tan sólo con
la propiedad industrial que resulta del registro y no de este12DANIEL ESPINAefectivo carácter distintivo. Por lo demás, alguna dificultad
técnica del régimen legal puede explicarse por la ponderación
pendiente del equilibrio último de intereses que está llamado a
proteger. Así, la protección del uso sin registro pudo apuntar
cierta preferencia de la explotación efectiva de la empresa
frente a la concesión previa de una exclusiva sobre la que
proyectar después su desarrollo, acaso en una escala y dimensión mayores; pero la protección del signo notorio no registrado
parece plantearse ahora como instrumento de la expansión
transnacional a mercados en los que se proyecta una ulterior
implantación, frente a un registro local más o menos avisado.
Aunque la concepción originaria del supuesto puede ser algo
distinta para el nombre comercial, tanto en su caso como en el
de la marca se prevé a continuación la posible oposición a un
registro posterior confundible, y la nulidad consiguiente de éste
si llega a concederse, así como el ejercicio de los principales
derechos y facultades tradicionalmente limitados a su adquisición registral. Sin mayores especialidades procedimentales o
procesales, la verdadera novedad en esta materia se refiere al
reconocimiento de un propio derecho de propiedad industrial
sobre un signo no registrado y que puede no llegar a registrarse
nunca. Se contradicen así los antecedentes legislativos más
inmediatos y quizás la dirección que había adoptado nuestro
derecho de marcas, pero parece recogerse el régimen debatido
históricamente para el nombre comercial, como figura típica
para la que siempre se había ponderado el alcance del registro,
en relación precisamente con la concesión de una protección
general y duradera sin otros condicionantes. Más que la combinación del registro y el uso, en una suerte de sistema mixto, y
sin mera ponderación del sistema registral por el uso en ciertas
condiciones, se habrían establecido por fin dos vías alternativas
para el nacimiento del derecho de propiedad industrial. La
consecuencia principal parece ser la tipificación de un verdadero derecho absoluto por razón de la notoriedad, a la que se
vincula en todo caso el ejercicio de los derechos conferidos enMARCA NOTORIA NO REGISTRADA13general por el registro, y el debido tratamiento subsiguiente de
la marca o el nombre comercial no registrados como bienes
patrimoniales susceptibles de transmisión y sujetos al régimen
común de los signos distintivos en este ámbito. Sólo la perspectiva estrictamente registral de la armonización europea puede
haber mantenido cierta ponderación al efecto, de modo que el
ejercicio y oposición de esta titularidad frente a otros derechos
a su vez registrados debería pasar necesariamente por la previa
impugnación de su registro. (II, 2 y 3)
Este mismo planteamiento, empero, supone exigir también
al signo notorio no registrado un uso efectivo y real en el tráfico
para conservar y ejercer contra tercero los derechos y facultades
que confiere su titularidad. Más allá de la idea de notoriedad y
sus condicionantes, pues, debe poder advertirse en ella la
consideración añadida de un destino serio del signo a su uso
como marca o nombre comercial en el mercado, aunque sin
olvidar tampoco la ponderación de que ha sido objeto la propia
caracterización del uso exigible, ni su ligación positiva a ciertos
plazos relativos a la pretensión efectiva de un derecho de
exclusiva frente a tercero. (III, 1)
También para el signo registrado la percepción que de él se
tenga en el mercado parece especialmente relevante a la hora
de protegerlo frente al riesgo de confusión, en la distinción de
productos o servicios semejantes, y respecto del aprovechamiento indebido de su prestigio, renombre o reputación, en
sectores de actividad que pueden resultar muy dispares. La ley
enuncia el supuesto como una progresiva proyección de la
misma notoriedad de la marca o el nombre comercial, ponderando acaso su grado de conocimiento en los distintos mercados
sobre los que puede extenderse esta protección. Con todo, se
tipifica así una nueva función del signo distintivo, basada en un
carácter o condición cualitativa diferente, que extiende el alcance de la propiedad industrial según otras consideraciones de la
actividad empresarial atendidas hasta ahora en el régimen
general de la competencia desleal. Esta distinción funcional del
supuesto plantea de nuevo, por fin, la debida justificación de un14DANIEL ESPINAderecho absoluto de propiedad industrial, que ya no resulta sin
más del carácter distintivo del signo y que quizás remita a
aquella ponderación pendiente del completo sistema de marcas
en la actualidad, tras reconocerse también bajo una inspiración
dispar de la tradicional el nacimiento del derecho por razón de
la notoriedad. (III, 2)
Una mayor atención a sus funciones en el tráfico, frente a la
consideración de su mera regularidad constitutiva, ha supuesto
extender los derechos de propiedad industrial típicos al caso del
signo distintivo notorio y no registrado, con el que se plantea un
posible riesgo de confusión por registros posteriores; así como
ampliar la protección del signo registrado en razón de su
renombre o prestigio, como nueva expresión del derecho absoluto que aquella propiedad confiere. En el ámbito de los intereses atendidos más genéricamente por la competencia desleal,
pero sin llegar a agotarlos, se avanza con ello en la configuración
de cierta posición jurídica especial sobre la actividad
concurrencial, que cabe relacionar principalmente con la empresa. En cualquier caso, se da por fin plena carta de naturaleza
a algunos desarrollos anteriores de la jurisprudencia y la
doctrina científica, que enfrentaban una difícil conjugación del
ordenamiento peculiar de la marca y el nombre comercial con el
de la licitud general de las conductas realizadas en el mercado,
sobre reglas comunes extrañas a la caracterización jurídica
propia de estas figuras. Por lo demás, se atiende sobre todo la
nueva impronta de unos mercados cada vez más dependientes
y conectados, o con propia dimensión transnacional, cuya realidad económica no parece reducible a las fronteras jurisdiccionales de cada estado y su sistema de registro. Sólo a la vista de
un mercado interior europeo suficientemente amplio, ordenado
a integrar los mercados nacionales que lo componen, ha podido
plantearse todavía una adquisición tan sólo registral de los
derechos de propiedad industrial sobre los signos distintivos,
como ocurre con la marca comunitaria.Capítulo ILA SUPERACIÓN DE LA PERCEPCIÓN
SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS
COMO DERECHO EXCLUSIVAMENTE
1. LA PONDERACIÓN GENERAL DE LA
PERSPECTIVA REGISTRAL EN EL RÉGIMEN LEGAL
En una lectura apresurada, podría parecer que la legislación
española se ha decidido por un sistema formalmente registral
en la adquisición del derecho «sobre la marca y el nombre
comercial», que define ahora como «derecho de propiedad» y
sigue vinculando al «registro válidamente efectuado» de conformidad con sus disposiciones (art. 2.1, Ley 17/2001, de 7 de
diciembre, de marcas). Se apuntaría así la corrección definitiva
de un sistema legal histórico en que la ley no creaba la propiedad industrial, limitándose a «reconocer, regular y reglamentar, mediante el cumplimiento de las formalidades» que al
efecto fijaba, el «derecho que por sí mismo» hubiesen «adquirido
los interesados por el hecho de la prioridad […] del uso o del
registro» (art. 1.II, Estatuto sobre Propiedad Industrial [texto
refundido según Real Orden de 30 de abril de 1930]). El
«reconocimiento» de las «modalidades comprendidas» en esta
legislación histórica dimanaba de su «inscripción en el Registro
de la Propiedad industrial» (art. 7, Estatuto), pero la expedición
del certificado correspondiente se requería tan sólo para obtener el amparo de la legislación especial (art. 14.II), resultando
de ella una mera «presunción» de la propiedad o del dominio
(art. 14.I, prim.), que debía todavía consolidarse con la «explotación» o «posesión» en ciertas condiciones durante el plazo
legalmente establecido (art. 14.I, seg.). Se consolidaría hoy, en16DANIEL ESPINAcualquier caso, una opción modernizadora iniciada ya con
anterioridad, que perseguía alinearse con «los principios
inspiradores» del derecho europeo en la materia (exp. mot., V,
Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de marcas), «en aras de la
claridad y seguridad jurídica» y «de acuerdo con las nuevas
tendencias legislativas de los países comunitarios» (exp. mot.,
VII, seg.), por lo que había reducido a este «registro» los modos
de adquisición del derecho sobre la marca (art. 3.1)1.
Desde el primer precepto de la nueva ley, se trataría además
de regular tan sólo los «derechos de la propiedad industrial»
concedidos por el ordenamiento para la «protección de los signos
distintivos» (art. 1.1, pr., Ley 17/2001) y de la inscripción de su
«concesión» en el «Registro de Marcas» (art. 1.2)2. La ley, por fin,12Cabe suponer que se ha entendido modernizada y conformada también
al nuevo sistema legal la práctica mercantil española, que pudo aparecer
como la principal objeción al cambio radical que supuso esta primera
adopción del sistema registral, aunque primara en el derecho comparado. Ante una realidad de usuarios sin registro, que podían quedar con ello
a merced de nuevos registros habilidosos de despabilados y trapisondistas,
cupo al menos aventurar el recurso irregular a un amparo de hecho como
nombre comercial, mantenido a la sazón el carácter potestativo de su
registro (art. 78.1, pr., Ley 32/1988) y prevista su protección para
distinguir actividades empresariales por el uso en España sin él (arts.
76.1 y 77, prim.). Seguiría tratándose, empero, de marcas no registradas,
cuyo simple uso como distintivo entre productos no bastaba para su
protección (cfr. arts. 1 y 3.1, Ley 32/1988). Vid. PELLISÉ PRATS, RJC, 1989,
619 a 623, 660, 661 y 663 a 665, que no daba especial importancia al
derecho transitorio, aunque preveía éste la anulación de marcas registradas por la posible confusión con la marca usada con anterioridad a la
entrada en vigor de la nueva ley, durante los tres primeros años de su
vigencia o de la publicación de la concesión de la marca registrada a
anular (disp. trans. 3ª, Ley 32/1988).
Formalmente, pues, parece acogerse el sistema estrictamente registral
de la marca comunitaria, que «se adquiere por el registro» (art. 6,
Reglamento [CE] núm. 40/94, del Consejo, de 20 de diciembre de 1993,
sobre la marca comunitaria), con efecto constitutivo y como único modo
de adquisición (cfr. cons. VI, pr.), en atención a «una protección uniforme
[…] en todo el territorio de la Comunidad» (cons. II, seg.) y limitada acasoLA MARCA NOTORIA NO REGISTRADA17ya no se ocupa del «usuario de una marca anterior» entre las
disposiciones generales (tít. I, Ley 32/1988), tras la definición
registral del sistema (art. 3.1 y 2, prim. [pr.]), pero menciona en
otra sede sistemática las prohibiciones de registro que se le
refieren y su nulidad por tal razón (cap. III, tít. II, y tít. IV, Ley 17/
2001); y no las sigue de la obligatoria solicitud de registro de la
marca anterior (cfr. art. 3.2, seg., Ley 32/1988), sino que permite
la permanencia de aquél usuario en su posición original frente
a posteriores registros [cfr. arts. 6.1 y 2.d), y 52.1, Ley 17/2001]3.
A pesar de aquella exposición sistemática, pues, la perspectiva
registral puede haber sido objeto de una ponderación substancial.
La consideración legal de un «derecho de propiedad», como
objeto de la adquisición registral (art. 2.1, pr., Ley 17/2001),
quizás permita evocar viejos problemas relativos al régimen de
referencia que procederá atender en esta materia, como había
ocurrido con ciertas remisiones al régimen de los derechos
reales sobre bienes corporales, que parecían equiparar o com-3por el «principio de libre circulación de mercancías», en cuanto al llamado
agotamiento del derecho (cons. VIII), y la posible denegación de registro
por oponerse a ella «derechos anteriores» (cons. VI, in fine), lo que puede
contemplar marcas no registradas protegidas según el derecho convencional unionista [art. 8.2.c)] o el derecho nacional de un estado miembro
(art. 8.4). Vid. CASADO CERVIÑO, GJ, D-22 (1994), 131, 138, 140 y 150, que
destaca este carácter del registro en una regulación que cabe enmarcar
en la armonización, pero también en la creación de instituciones propiamente comunitarias. Se establece así un derecho unitario y válido en
toda la Comunidad, fundado en el registro por razones de seguridad
jurídica (vid. LOEWENHEIM, en A. BERCOVITZ, Marca y Diseño Comunitarios, 86), lo que parece reflejarse también en la armonización tan sólo de
las marcas registradas, aparte aquella interferencia del uso anterior en
la denegación o nulidad de un registro posterior [art. 4.2.d) y 4.b),
Primera Directiva 89/104/CEE, del Consejo, de 21 de diciembre de 1988,
relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros
en materia de marcas] (vid. GÖTTING, IIC, 2000, 392 a 395).
Cfr. OTERO LASTRES, ADI, XX (1999), 295 a 297, que examinaba todavía
trabajos preparatorios de la legislación vigente.18DANIEL ESPINApletar la «explotación no interrumpida» de la marca registrada
con «su quieta posesión con buena fe y justo título», como
requisito para consolidar el dominio (art. 14.II, seg., Estatuto),
al modo en que se necesita la posesión «en concepto de dueño,
pública, pacífica y no interrumpida» de la cosa (art. 1941, C.c.),
«con buena fe y justo título por el tiempo determinado en la ley»
(art. 1940, in fine), para la usucapión o «prescripción ordinaria
del dominio y demás derechos reales» (art. 1940, pr.). Aun así,
esta formulación evitaba ya la anterior consideración expresa
de la prescripción del dominio de la marca en tales condiciones
(art. 30.II, seg., Ley de 16 de mayo de 1902, sobre propiedad
industrial), que había equiparado su propiedad a «la de los
bienes muebles» (art. 30.I, prim.) y suponía su adquisición por
los modos correspondientes «reconocidos por el derecho civil»
(art. 30.I, seg. [pr.]), aparte esta adquisición se sujetara siempre
a «la concesión […] de un certificado-título del registro» (art. 7),
«indispensable» para el amparo dispensado por la legislación
especial (art. 30.I, seg. [in fine]).
La cuestión debe darse por resuelta, en cualquier caso, con la
integración del derecho de marcas en el ámbito natural de la
regulación de la competencia desleal, que el mismo legislador
viene presuponiendo al permitirse primero su ordenación en
una misma ocasión (cfr. exp. mot., VI, Ley 32/1988) y atender
después simples razones de certidumbre y eficacia para su
separación sistemática en cuerpos legales distintos (cfr. exp.
mot., II.I, Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal).
La última reforma legal anuncia tan sólo el acogimiento expreso de aquellos «principios clásicos de carácter registral» que,
para racionalizar las operaciones del registro especial (exp.
mot., IV.II, seg., Ley 17/2001), constituyen ya la base instrumental de la más amplia y depurada experiencia del Registro de la
propiedad sobre bienes inmuebles (cfr. art. 605, C.c.), y los
ejemplifica al punto en la «publicidad, oposición, prioridad y
tracto sucesivo» (exp. mot., IV.II, seg., Ley 17/2001).
Al mismo tiempo, por lo demás, la ley recoge el «principio de
la buena fe registral», procurando precisamente atemperar «elLA MARCA NOTORIA NO REGISTRADA19automatismo formal del nacimiento del derecho de marca,
basado en el carácter constitutivo del registro» (exp. mot., IV.II,
prim., Ley 17/2001); y no olvida tampoco el refuerzo de «la
obligación de uso de la marca» (exp. mot., III.II, terc. [in fine]),
que se había considerado ya uno «de los temas capitales del
derecho de marcas» (exp. mot., VIII, prim., Ley 32/1988), y se
vinculaba al menos al de la caducidad y renovación del registro
(exp. mot., VIII, quint. y sext.). Aquel rigor registral, presente
ahora también en su regulación y no sólo en su función adquisitiva, termina así por reducir o condicionar sus propios efectos,
de igual manera que las reglas fundamentales de la protección
legal de los signos distintivos pueden ponderar cada vez más su
relevancia.2. LA MALA FE EN LA INSCRIPCIÓN DEL DERECHO
La buena fe se había exigido al titular registral para consolidar su adquisición del derecho sobre la marca (art. 14.I, seg.,
Estatuto), en un sistema que atendía tanto al registro como al
uso del signo distintivo en la misma definición de la propiedad
industrial (art. 1.II, in fine) y convalidaba o consolidaba la
marca registrada frente a un uso anterior al que las previsiones
unionistas imponían reconocer algunos efectos durante el mismo plazo de tres años tras el que se establecía con ello la
inmunidad registral (cfr. art. 6bis.2, prim., Convenio de París
para la Protección de la Propiedad Industrial, de 20 de marzo de
1883 [según revisión de La Haya de 6 de noviembre de 1925]).
Se perfilaba así la previsión histórica que había apuntado una
necesaria prescripción adquisitiva subsiguiente a la inscripción del signo en el registro (art. 30.II, seg., Ley de 1902), con lo
que la jurisprudencia pudo concebir un nuevo régimen regulador de la eventual impugnación del registro por su uso anterior,
fijado luego un plazo de prescripción extintiva de la acción
correspondiente a favor del titular registral de buena fe (art.20DANIEL ESPINA14.I, seg., Estatuto)4. La transformación cualitativa radical en
un sistema registral en mayor medida constitutivo supuso
después, en cambio, una pérdida de significación de estas
consideraciones, al no mediar otro modo adquisitivo que la
concesión del registro (art. 3.1, Ley 32/1988) y preverse acaso la
anulación de la marca registrada por la existencia de una
«marca anterior notoriamente conocida» —para productos idénticos o similares— con la que pudiese crear confusión (art. 3.2,
prim. [pr.]), y que procedía a su vez registrar (cfr. art. 3.2, seg.).
La «mala fe» en la solicitud del registro anulado sólo determinaba al efecto el carácter imprescriptible de la acción para su
impugnación (art. 3.1, prim. [in fine], Ley 32/1988), aunque no
dejaba de ser un criterio fijado también en aquel régimen
unionista (cfr. art. 6bis.3, Convenio de París [ahora según
revisión de Estocolmo de 14 de julio de 1967]). En realidad, a
quien estuviese meramente «usando una marca con anterioridad» ya no se le permitía impedir su registro posterior, ni
siquiera por este tercero de mala fe, aparte el régimen transitorio en la aplicación de los nuevos criterios (cfr. disp. trans. 3ª,
Ley 32/1988), aunque cierto balance inverso impedía también
al titular registral prohibir un uso extrarregistral tras la
prescripción de la acción destinada a hacerlo, en el mismo plazo
de aquella situación pendiente de consolidación frente a marcas
en verdad notorias (cfr. art. 39)5.
Actualmente, quizás la ley pretenda reafirmar esta última
perspectiva y reducir al registro la adquisición del derecho
sobre la marca (art. 2.1, Ley 17/2001). La extendería entonces
definitivamente, si ello fuera cierto, al nombre comercial (art.
2.1, Ley 17/2001), para el que ha desaparecido el carácter
«potestativo» que venía manteniendo el sistema registral (arts.4
5Vid. FERNÁNDEZ-NOVOA, RDM, XLII (1966), 224 a 228 y 231 a 234.
Vid. PELLISÉ PRATS, en Nuevos desarrollos (Grupo Español de la A.I.P.P.I.),
19 a 21, 29 y 30, que terminaba señalando por ello un resultado
cuantitativo semejante al del régimen anterior.LA MARCA NOTORIA NO REGISTRADA2136, pr., Ley de 1902, 199.I, pr., Estatuto, y 78.1, pr., Ley 32/
1988), por mucho que una protección basada tan sólo en el uso
no llegara a definirse legalmente (cfr. art. 77, prim., Ley 32/
1988) y hubiese podido oponerse siempre a su «propiedad
exclusiva» o «uso exclusivo» contra tercero según el derecho
especial de la propiedad industrial (cfr. arts. 36, in fine, Ley de
1902, y 199.II, Estatuto)6. Sea como fuere, introduce como
causa de nulidad de este registro la actuación «de mala fe» del
solicitante «al presentar la solicitud de marca» [art. 51.1.b), Ley
17/2001], o de nombre comercial —cuya naturaleza no parece
contraria a ello (cfr. art. 91.1, pr.)—, e insiste en subrayar su
carácter de causa «autónoma» de nulidad y atemperación del
automatismo formal de un registro esencialmente constitutivo
(exp. mot., IV.II, prim.).
En estos términos, podría aducirse tal vez una concepción
objetiva y abierta del supuesto. De modo parecido, pues, a
cuanto se prescribe en la infracción de las normas de concurrencia y se tipifica con referencia a los actos de confusión entre
actividades, prestaciones o establecimientos (art. 6.I, Ley 3/
1991) —para lo que basta con un riesgo de asociación sobre la
procedencia de la prestación (art. 6.II)—; o con respecto a la
explotación de la reputación ajena por el aprovechamiento indebido de las ventajas de aquélla adquirida industrial, comercial o
profesionalmente por otro (art. 12.I), que se ejemplifica precisamente en el empleo de signos distintivos ajenos —«acompañados de la indicación acerca de la verdadera procedencia del
producto o de expresiones como ‘modelo’, ‘sistema’, ‘tipo’, ‘clase’6Esta protección del nombre comercial por el uso (art. 77, prim., Ley 32/
1988) resultaba luego en la previsión específica de nulidad de su registro
posterior por tercero, como marca, nombre o rótulo (art. 77, seg.), pero no
contaba con una garantía legal de continuidad, al omitirse mayor
regulación, frente al régimen propiamente registral de la marca (art. 3.1)
y la falta de protección contra un registro posterior firme (cfr. arts. 3.2,
prim., y 77, seg. [in fine]). Vid. PELLISÉ PRATS, RJC, 1989, 665 y 666.22DANIEL ESPINAy similares» (art. 12.II, pr.)—7. Anular un registro por mala fe
respondería en parte, de acuerdo con esta primera impresión, al
mismo impulso contenido en otras causas de nulidad (cfr. art.
52.1, Ley 17/2001), que cabe referir a la existencia de un riesgo
de confusión con marcas anteriores [art. 6.1.b), prim.], incluido7Respecto del régimen de nulidad en el derecho comunitario de marcas,
que contempla también como causa específica la «mala fe» del solicitante
[arts. 51.1.b), Reglamento (CE) 40/94, y 3.3.d), Primera Directiva 89/104/
CEE], se ha propuesto atender tanto la de éste frente a la oficina
encargada del procedimiento de concesión y registro como su actuación
en fraude de los derechos de tercero. Se incluyen así la omisión deliberada de datos substanciales o las declaraciones inexactas en las alegaciones u observaciones ante objeciones del examinador, pero también cierto
mecanismo sucedáneo de la reivindicación de la marca registrada, que
permitirá contemplar la apropiación de una marca de tercero con el que
se mantenían relaciones impregnadas de recíproca confianza sin limitarse al caso del registro «a nombre del agente o del representante del
titular» —a falta de autorización de éste o mayor justificación—, como
único supuesto típico para reivindicar la cesión del registro de la marca
comunitaria (cfr. art. 18, Reglamento [CE] 40/90), que el derecho español
sí viene previendo en aquellos términos más amplios de «fraude de los
derechos de un tercero» (cfr. arts. 3.3, Ley 32/1988, y 2.2, prim., Ley 17/
2001). Vid. FERNÁNDEZ-NOVOA, El sistema comunitario, 296 y 297. Se ha
señalado, incluso, la oportunidad de adoptar una idea amplia de la mala
fe en este punto [cfr. art. 51.1.b), Reglamento (CE) 40/94], que puede
contener la contravención de las buenas costumbres —aunque parece
objeto ya de tratamiento positivo específico [cfr. arts. 7.1.f) y 51.1.a)]—
y el abuso del derecho —como consideración general del ordenamiento
(cfr. art. 7.2, prim., C.c. [según Decreto 1836/1974])—, según la concepción del supuesto en el derecho unionista (cfr. art. 6bis.3, Convenio de
París [ahora según revisión de 1967]). Vid. DE LA FUENTE GARCÍA, El uso
de la marca, 79 y 80. Al efecto de este último referente, sin embargo, se
trata acaso de excluir todo plazo para reclamar la anulación del registro
o la prohibición del uso de la marca posterior confundible con otra
anterior «notoriamente conocida» (cfr. art. 6bis.1, prim., Convenio de
París [ahora según revisión de 1967]), para lo que tiende a ponderarse,
en mayor medida, el conocimiento de la primera marca y la probable
intención de aprovechar la confusión con ella, como tal supuesto de uso
o registro «de mala fe» (cfr. art. 6bis.3, ahora según revisión de 1967). Vid.
BODENHAUSEN, Guía para la aplicación del Convenio, 101.LA MARCA NOTORIA NO REGISTRADA23el riesgo de asociación [art. 6.1.b), seg,]; o al aprovechamiento
indebido o el menoscabo del carácter distintivo, la notoriedad o
el renombre del signo anterior (art. 8.1); y permitiría luego
ampliar el espectro de supuestos atendibles, según las reglas de
probidad que fueran construyéndose al efecto. Podría fundarse,
por fin, en la obtención del registro al margen de su finalidad
propia, como abuso o ejercicio antisocial del correspondiente
derecho subjetivo (cfr. art. 7.2, prim., C.c. [según Decreto 1836/
1974]), o en la contravención de las exigencias generales de la
buena fe (cfr. art. 7.1 [según Decreto 1836/1974]). Ha parecido
especialmente llamado a contemplar, así, la rapiña o especulación de quien sólo registra el signo para forzar después al
perjudicado a negociar una licencia para su uso como marca; o
el intento meramente defensivo de quien persigue impedir
otros registros, frente a la propia distinción de productos o
servicios en el mercado (cfr. art. 4.1, Ley 17/2001)8. Caracterizando la meritoria originalidad histórica y autonomía legal de
la consolidación de la marca registrada (cfr. art. 14.I, seg.,
Estatuto), frente a su anterior concepción al modo de una
prescripción adquisitiva del dominio (cfr. art. 30.II, seg., Ley de
1902), no dejó de señalarse también el requisito previo de un
registro válido, que se entendía referido a la buena fe y no
contravención de las prohibiciones legales absolutas, para
impedir una consolidación por simple uso9. El mismo enunciado89Cfr. ALONSO ESPINOSA, RDM, 2002, 1230, que ejemplifica así la consideración de los criterios de la competencia desleal (cfr. art. 5, Ley 3/1991) y
el principio general de buena fe (art. 7.1, C.c. [según Decreto 1836/1974]).
Vid. BOTANA AGRA, ADI, III (1976), 327 a 333, 345 y 346. De algún modo,
pues, se reproducía así cierta distinción entre las prohibiciones absolutas
de registro, por falta de carácter distintivo o contravención de normas de
orden público, interés general o competencia desleal (cfr. art. 124.2º, 5º,
6º, 7º, 10, 12 y 13, Estatuto), y las prohibiciones relativas (cfr. art. 124.1º,
3º, 4º, 8º, 9º, 11 y 14), que la doctrina se ocupó de construir para separar
nulidad y anulabilidad. (Cfr. BOTANA AGRA, ADI, 5 [1978], 388 y 389). Al
mismo tiempo, empero, podía contemplarse cierta consideración subje-All pages:3456891011121314151617181920InfoSaveLikeShareDownloadMore1_9788490532539 Published on Jun 28, 2013 tirantloblanchFollowRead moreRead moreSimilar toPopular nowJust for youGo explore