Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2014-00101-22229-de-marzo-1-de-2018?documento=jurcol&contexto=jurcol_87b8dbb8794a4229a9be3907e27eb0f3&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-07-17 00:51:44
Document Index: 10553945

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 4', 'artículo 6', 'artículo 15', 'artículo 15', 'artículo 15', 'artículo 4', 'artículo 6', 'artículo 2', 'artículo 34', 'artículo 2', 'artículo 6', 'artículo 2', 'artículo 32', 'artículo 35', 'artículo 102', 'artículo 91', 'artículo 188', 'artículo 187', 'artículo 187', 'Artículo 1']

SENTENCIA 2014-00101 DE 01 DE MARZO DE 2018
CONTENIDO:NOTIFICACIÓN DE LA SANCIÓN POR DEVOLUCIÓN IMPROCEDENTE AL GARANTE. SE REITERA QUE CUANDO OCURRE EL SINIESTRO, ES DECIR, LA IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN, SURGE EL INTERÉS O LEGITIMACIÓN DE LAS COMPAÑÍAS DE SEGUROS, EN CALIDAD DE GARANTES CON RESPONSABILIDAD SOLIDARIA, PARA RECURRIR LA SANCIÓN Y DEMANDARLA ANTE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA. POR ELLO, A PESAR QUE LA ASEGURADORA NO ESTÁ LEGITIMADA PARA DEMANDAR DIRECTAMENTE LA LIQUIDACIÓN OFICIAL DE REVISIÓN, SI LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA LE NOTIFICA LA RESOLUCIÓN SANCIÓN, ES PORQUE DICHO ACTO DECLARA LA IMPROCEDENCIA DE LA DEVOLUCIÓN Y ORDENA EL CORRESPONDIENTE REINTEGRO DERIVANDO EN LA EXIGIBILIDAD DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA. DE ESTE MODO, LA ADMINISTRACIÓN AL NOTIFICAR LA RESOLUCIÓN GARANTIZA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE DEFENSA Y CONTRADICCIÓN FRENTE A LAS DECISIONES QUE TOCA, A TRAVÉS DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN Y LA DEMANDA ANTE LA JURISDICCIÓN. SIN EMBARGO, SE ACLARA QUE EL USO DE RECURSO DE RECONSIDERACIÓN Y LA INTERPOSICIÓN DE UNA DEMANDAN ANTE LA JURISDICCIÓN, POR PARTE DE LA ASEGURADORA NO PUEDE PRETENDER LA TASACIÓN DEL MONTO CORRESPONDIENTE AL RIESGO ASEGURADO, TODA VEZ QUE SU TASACIÓN ES UN ASPECTO PROPIO DE LA OBLIGACIÓN DE ASEGURAMIENTO QUE RIGE EL CONTRATO DE SEGURO CELEBRADO.
TEMAS ESPECÍFICOS:CONTRATO DE SEGURO, ENTIDAD ASEGURADORA, CONTRIBUYENTE, IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS, VALOR ASEGURADO, SANCIÓN POR OMISIÓN DE PROCEDENCIA DE LA DEVOLUCIÓN TRIBUTARIA, ACTIVIDAD ASEGURADORA
Sentencia 2014-00101 de noviembre 30 de 2017
Bogotá, D. C., treinta (30) de noviembre de dos mil diecisiete (2017).
Rad.: 680012333000201400101 01
Nº interno: 4635-2014
Demandante: José Salvador Prada Martínez
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho segunda instancia. Ley 1437 de 2011
Tema: Pensión gracia de docente territorial, con educación especial y de adultos, anteriores a 31 de diciembre de 1980 y más de veinte (20) años laborados
El problema jurídico a resolver en esta instancia es el de definir, en primer lugar, si es dable o no incluir como válidos para reconocer la pensión gracia al actor los tiempos laborados por éste como auxiliar de educación especial y de adultos en los años 1977 y 1981 a 1986, en consideración también a la modalidad de vinculación de la que fue sujeto, y, como consecuencia de ello, poder determinar si adquirió su estatus pensional el 3 de abril de 2006 por tiempo de servicios.
Igualmente, si en el presente caso ha operado o no el fenómeno de la prescripción trienal en virtud de las diferentes solicitudes de reconocimiento pensional interpuestas por el actor y las respuestas a las mismas dadas por la demandada; así como si hay lugar a la aplicación de los artículos 187, 192 y 195 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo para efectos de la indexación de la pensión y el pago de intereses a que haya lugar, si fuere del caso.
A través de petición radicada el 11 de septiembre de 2007 el señor José Salvador Prada Martínez le solicitó a la extinta Caja Nacional de Previsión Social (Cajanal) el reconocimiento y pago de la pensión gracia de jubilación(12); solicitud que fue resuelta en forma negativa por esa entidad a través de la Resolución UGM 005865 de 30 de agosto de 2011, notificada al actor el 13 de octubre de ese mismo año(13).
Contra tal acto administrativo el demandante interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación el 20 de octubre de 2011(14); el cual fue desatado por la Resolución Nº UGM 051118 de 29 de junio de 2012 confirmando dicha negativa, y notificada al accionante el 23 de julio de esa anualidad(15).
Posteriormente, a través de escrito fechado el 13 de septiembre de 2012 el demandante solicitó nuevamente el reconocimiento y pago de la pensión gracia de jubilación(16), petición que le fue negada mediante la Resolución RDP 020360 de 19 de diciembre de 2012, notificada el 11 de enero de 2013(17), bajo el argumento de no cumplir con veinte (20) años de servicios, ya que los lapsos comprendidos del 1º de enero de 1981 al 31 de diciembre de 1982 y del 1º de enero de 1983 al 28 de febrero de 1986 se desempeñó como “portero celador” y “auxiliar de educación”, respectivamente, los cuales no resultaban viables para computarlos para la pensión gracia.
Tal acto fue recurrido en apelación el 25 de enero de 2013 alegando que al haberse desempeñado como docente entre el 17 de febrero y el 16 de marzo de 1987 y a partir del 1º de agosto de 1986 hasta el 3 de septiembre de 2012, fecha de expedición de la certificación laboral allegada con la nueva petición, cumplía con más de veinte (20) años de servicios, razón por la cual tenía derecho a la pensión reclamada(18). Sin embargo, su suplica fue resuelta igualmente en forma negativa con la Resolución RDP 013035 de 18 de marzo de 2013, notificada el 2 de abril de ese año, con la consideración de que no era claro determinar de las certificaciones aportadas si la labor ejercida por el actor entre los años 1981 y 1988 era formal o informal(19).
El actor nació el 12 de febrero de 1955(20), es decir, que cumplió los cincuenta (50) años de edad el 12 de febrero de 2005.
Con Decreto 0135 de 31 de enero de 1977 el Gobernador de Santander nombró a José Salvador Prada Martínez como “educador auxiliar I grado 10 categoría A” de la Casa de Menores y Escuela de Trabajo “Victoriano de Diego y Paredes” del Municipio de Piedecuesta para cubrir la licencia de treinta (30) días otorgada al su titular(21), posesionándose el 17 de febrero de 1977(22).
Por Resolución Nº 000040 de 30 de diciembre de 1980 el Director de la Casa de Menores y Escuela de Trabajo “Victoriano de Diego y Paredes” del Municipio de Piedecuesta nombró al actor José Salvador Prada Martínez como “portero celador” con efectos legales desde el 1º de enero de 1981, cargo en el que se posesionó esa fecha(23). Y por Resolución Nº 00017 de 1º de abril de 1986, el citado Director nombró posteriormente al señor Prada Martínez en el cargo de “Maestro Grado I” de dicha institución, adscrito a la Coordinación Pedagógica, posesionándose también en la misma fecha(24).
Según el Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia Laboral de la Secretaría de Educación de Floridablanca (Santander), el demandante ostenta la calidad de docente departamental de primaria, y desempeñó los siguientes cargos así: i) Educador Auxiliar I en Interinidad en el Municipio de Piedecuesta (Santander) del 17 al 27 de febrero de 1977; ii) Educador Auxiliar de la Casa de Menores de dicho Municipio del 1º de enero de 1981 al 30 de marzo de 1986; y iii) Maestro en esa Institución del 1º de abril de 1986 al 6 de abril de 2000; iv) en el Colegio Metropolitano del Sur del Municipio de Floridablanca (Santander) del 7 de abril de 2000 al 25 de julio de 2005 v) en el Colegio “Isidro Caballero Delgado” de Floridablanca (Santander) del 26 de julio de 2005 al 11 de febrero de 2009; y vi) en el Instituto “San Bernardo” del 12 de febrero de 2009 al 18 de noviembre de 2013, fecha en la que se expidió la última certificación, encontrándose activo para la misma(25).
De igual forma, conforme al formato Nº 1 de Certificado de Información Laboral expedido por dicha Secretaría, se advierte que José Salvador Prada Martínez tuvo vinculaciones docentes con el Departamento de Santander del 17 al 27 de febrero de 1977 y del 1º de enero de 1981 al 30 de diciembre de 2003; y con el Municipio de Floridablanca (Santander) desde el 1º de diciembre de 2003 hasta 3 de septiembre de 2012(26).
La coordinadora del grupo de administración de documentos adscrita a la Secretaría General de la Gobernación de Santander, mediante certificaciones expedidas el 30 de mayo y 26 de julio de 2006, hace constar que el señor José Salvador Prada Martínez laboró para la Secretaría de Educación de ese Departamento en la Casa de Menores del Municipio de Piedecuesta en los siguientes cargos y tiempos: i) Maestro en licencia por treinta (30) días del 17 de febrero al 16 de marzo de 1977; ii) Portero Celador del 1º de enero de 1981 al 31 de diciembre de 1982; iii) Auxiliar de Educación del 1º de enero de 1983 al 28 de febrero de 1986; iv) Maestro Grado I del 1º de marzo de 1986 al 31 de agosto de 1987 y del 1º de noviembre de 1987 al 31 de julio de 1989; v) Maestro Grado II del 1º de agosto de 1989 al 31 de marzo de 1990; vi) Maestro Grado III del 1º de abril al 30 de junio de 1990; vii) Maestro Grado VI del 1º de julio de 1990 al 31 de diciembre de 1994; viii) Maestro Grado V del 1º de enero al 31 de agosto de 1995; y ix) Maestro Grado VII del 1º de septiembre de 1995 al 31 de enero de 2000(27).
Conforme al Formato Único para Expedición de Certificado de Salarios de la Secretaría de Educación de Floridablanca (Santander), el demandante devengó para los años 2004, 2005, 2006, 2009 y 2010 los factores salariales de asignación básica, prima de vacaciones y prima de navidad(28)
Finalmente, bajo la gravedad del juramento el actor José Salvador Prada Martínez manifestó en escrito fechado en el mes de septiembre de 2012 que desempeñó su labor docente con honradez, consagración, idoneidad y buena conducta(29), al igual que no registra sanciones ni inhabilidades vigentes según certificación expedida por la Procuraduría General de la Nación el 10 de septiembre de 2012(30); y según certificación expedida el 29 de junio de 2006 por el Grupo de Correspondencia de la extinta Cajanal, el señor Prada Martínez no se encuentra inscrito como pensionado de dicha entidad(31).
2.4.1. La pensión de jubilación gracia fue consagrada mediante el artículo 1º de la Ley 114 de 1913, en favor de los maestros de las escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio por un término no menor de 20 años. A su vez, el numeral 3º del artículo 4º de la Ley 114 de 1913, prescribía que para ser acreedor a la gracia de la pensión, era preciso que el interesado, entre otras cosas, comprobara «Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional...».
Posteriormente, la Ley 116 de 1928 extendió el beneficio de la pensión gracia a los empleados docentes y profesores de las escuelas normales y a los Inspectores de Instrucción Pública, autorizando a los docentes, según su artículo 6(32), a completar el tiempo requerido para acceder a la pensión, sumando los servicios prestados en diversas épocas, tanto en la enseñanza primaria como en la normalista, al asimilar para tales efectos la inspección de instrucción pública a la enseñanza primaria.
Más adelante, con la Ley 37 de 1933(33), el beneficio gratuito de la pensión gracia de jubilación se hizo extensivo a los maestros de escuela que hubieren completado el tiempo de servicios señalado por la ley en establecimientos de enseñanza secundaria. De lo que se concluye, que la pensión gracia no se limitó a los maestros de primaria, sino que cobija a quienes hubieren prestado sus servicios como normalistas o inspectores educativos, y que el tiempo de servicios se puede completar con el prestado en secundaria o, incluso, haberse laborado sólo en este nivel.
Luego se expidió la Ley 43 de 1975, a través de la cual se nacionalizó la educación primaria y secundaria que oficialmente venían prestando los departamentos, el Distrito Especial de Bogotá, los municipios, las intendencias y comisarías y en ella se estableció que «La educación primaria y secundaria oficiales serán un servicio público a cargo de la Nación. En consecuencia, los gastos que ocasione y que hoy sufragan los Departamentos, Intendencias, Comisarías, el Distrito Especial de Bogotá y los Municipios, serán de cuenta de la Nación, en los términos de la presente Ley»(34).
Finalmente, el literal a) del numeral 2º del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 limitó la vigencia temporal del derecho al reconocimiento de la pensión gracia para los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980, siempre que reunieran la totalidad de los requisitos legales, al señalar textualmente la norma en mención que:
“[...] Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la nación. [...].”.
La disposición trascrita fue objeto de análisis por la Sala Plena del Consejo de Estado(35), pronunciamiento en el cual se fijaron algunos lineamientos sobre la pensión gracia y en el que a propósito del artículo 15 trascrito, puntualizó:
« [...] También, que dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (...).siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. Y por último, que sin la Ley 91 de 1989, en especial la norma contenida en el literal A, numeral 2º, de su artículo 15, dichos servidores no podrían beneficiarse del reconocimiento de tal pensión, pues habiéndose nacionalizado la educación primaria y secundaria oficiales, dicha prestación, en realidad, no tendría el carácter de graciosa que inicialmente le asignó la ley. [...]».
Así, la pensión gracia se basó en las precarias circunstancias salariales en que se encontraban los docentes pertenecientes a las citadas instituciones educativas, en cuanto los salarios y prestaciones sociales estaban a cargo de las entidades territoriales que no disponían de los recursos suficientes para sufragar la deuda laboral adquirida. De tal suerte, que se constituyó en un beneficio a cargo de la Nación tendiente a menguar la desigualdad existente entre sus destinatarios, cuya remuneración tenía un bajo poder adquisitivo, respecto a los educadores con nombramiento realizado por el Ministerio de Educación Nacional, que devengaban salarios superiores.
2.4.2. Conforme a lo expuesto, la Sala verificará si el señor José Salvador Prada Martínez cumple con el requisito de haber acreditado veinte (20) años de servicio en la docencia oficial del orden territorial y/o nacionalizada, incluso antes del 31 de diciembre de 1980, para así determinar si tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión gracia de jubilación.
Pues bien, en primer lugar se tiene que el señor Prada Martínez nació el 12 de febrero de 1955(36), lo que significa que para la fecha en que radicó la petición de reconocimiento de la pensión gracia que dio origen a los actos aquí demandados, 13 de septiembre de 2012(37), contaba con cincuenta (50) años de edad, cumpliendo inicialmente con el requisito contemplado en el numeral 6º del artículo 4º de la Ley 114 de 1913.
Decantado lo anterior, se entrará a analizar la historia laboral del actor para determinar si cumple o no con el requisito de tiempo de servicios exigido para ser acreedor de la pensión referida, frente a lo cual se tiene que conforme a los formatos únicos para expedición de certificado de historia laboral de la Secretaría de Educación del Municipio de Floridablanca (Santander) fechados el 3 de septiembre de 2012 y 18 de noviembre de 2013(38), el señor José Salvador Prada Martínez ostenta la calidad de docente departamental de primaria en propiedad, en estado activo para esa última fecha, y en la cual se acreditan las siguientes vinculaciones laborales, así:
Cargo Fecha de inicio Fecha de retiro
Interinidad educador auxiliar I en Piedecuesta (Santander) (D. 135 de 31 de enero de 1977) 17 de febrero de 1977 22 de febrero de 1977
Nombramiento Educador Auxiliar de la Casa de Menores de Piedecuesta (Santander) (Res. 040 de 1º de enero de 1981) 1º de enero de 1981 30 de marzo de 1986
Nombramiento Maestro de la Casa de Menores de Piedecuesta (Santander) (Res. 17 de 1º de abril de 1986) 1º de abril de 1986 6 de abril de 2000
Traslado Colegio Metropolitano del Sur de Floridablanca (Santander) (Res. 8386 de 3 de abril de 2000) 7 de abril de 2000 13 de febrero de 2003
Acta de entrega Floridablanca (Acta de 14 de febrero de 2003) 14 de febrero de 2003 19 de febrero de 2003
Incorporación Floridablanca (Res. 8 de 20 de febrero de 2003) 20 de febrero de 2003 28 de diciembre de 2003
Incorporación Floridablanca (Res. 301 de 29 de diciembre de 2003) 29 de diciembre de 2003 25 de julio de 2005
Reubicación Colegio “Isidro Caballero Delgado” de Floridablanca (Santander) (Res. 225 de 26 de julio de 2005) 26 de julio de 2005 11 de febrero de 2009
Reubicación Instituto “San Bernardo” de Floridablanca (Santander) (Res. 067 de 12 de febrero de 2009) 12 de febrero de 2009 18 de noviembre de 2013
De otra parte, según el formato Nº 1 de Certificado de Información Laboral para bonos pensionales y pensiones, de 3 de septiembre de 2012, expedido por la Secretaría de Educación de Floridablanca (Santander)(39), se observa que el demandante tuvo como períodos de vinculación laboral los siguientes: i) del 17 de febrero al 27 de febrero de 1977 (sic), del 1º de enero de 1981 al 30 de marzo de 1986 y del 1º de abril de 1986 al 30 de diciembre de 2003 como docente del Departamento de Santander (sic); y del 1º de enero de 2003 al 3 de septiembre de 2012 de docente de Municipio de Floridablanca.
Sin embargo, al revisar las certificaciones de 30 de mayo y 26 de julio de 2006(40), proferidas por la coordinadora del grupo de administración de documentos de la Secretaría General de la Gobernación de Santander se encuentra que el actor José Salvador Prada Martínez tuvo las siguientes vinculaciones laborales con la Secretaría de Educación de ese departamento en la Casa de Menores del Municipio de Piedecuesta, así:
— Maestro educador auxiliar en interinidad (en licencia por 30 días) del 17 de febrero al 16 de marzo de 1977.
— Portero celador del 1º de enero de 1981 al 31 de diciembre de 1982.
— Auxiliar de educación del 1º de enero de 1983 al 28 de febrero de 1986.
— Maestro grado 1 del 1º de marzo de 1986 al 31 de agosto de 1987 y del 1º de noviembre de 1987 al 31 de julio de 1989.
— Maestro grado 2 del 1º de agosto de 1989 al 31 de marzo de 1990.
— Maestro grado 3 del 1º de abril al 30 de junio de 1990.
— Maestro grado 4 del 1º de julio de 1990 al 31 de diciembre de 1994.
— Maestro grado 5 del 1º de enero al 31 de agosto de 1995.
— Maestro grado 7 del 1º de septiembre de 1995 al 31 de enero de 2000.
2.4.3. Sobre el primer empleo referido en la anterior certificación (educador auxiliar en interinidad), encuentra esta corporación que, en efecto, mediante el Decreto 0135 de 31 de enero de 1977(41), “por el cual se causan novedades en la sección de educación especial y adultos de la Secretaría de Educación” (Se subraya), el Gobernador de Santander dispuso en el artículo 6º que: “A partir del 28 de enero del presente año, concédanse 30 días de Licencia sin remunerar al Señor FABIO ENRIQUE RUEGA GÓMEZ, Educador Auxiliar I Grado 10 Categoría A, de la Casa de Menores y Escuela de Trabajo “Victoriano de Diego y Paredes” del municipio de Piedecuesta y en su reemplazo mientras dura la licencia nómbrase al señor JOSÉ SALVADOR PRADA MARTÍNEZ.” (Se subraya); cargo en el que el señor Prada Martínez se posesionó el 17 de febrero de 1977, en condición de interinidad, como lo evidencia en el acta Nº 88 de esa misma fecha(42).
Pues bien, respecto a esta modalidad de educación (especial y de adultos) se precisa que está constituida dentro del ejercicio de la profesión docente, definido por el artículo 2º del Decreto 2277 de 1979, en estos términos:
Se entiende por profesión docente el ejercicio de la enseñanza en planteles oficiales y no oficiales de educación en los distintos niveles de que trata este decreto. Igualmente incluye esta definición a los docentes que ejercen funciones de dirección y coordinación de los planteles educativos, de supervisión e inspección escolar, de programación y capacitación educativa, de consejería y orientación de educandos, de educación especial, de alfabetización de adultos y demás actividades de educación formal autorizadas por el Ministerio de Educación nacional, en los términos que determine el reglamento ejecutivo” (Lo subrayado es por fuera del texto original).
De igual forma, el Decreto 3011 de 1997 por el cual se establecen normas para el ofrecimiento de la educación de adultos, señala:
Se regirá igualmente por las disposiciones que para el efecto dicten las entidades territoriales según sus competencias”. (Se subraya).
Conforme a lo anterior, la educación para adultos, ya sea formal, no formal o informal hace parte del servicio público educativo, por lo que los educadores oficiales que presten sus servicios en los diferentes niveles o modalidades señalados por el Decreto 2277 de 1979, se cobijan por el Estatuto Docente(43).
2.4.4. Y así mismo, en cuanto a los empleos de maestro que el actor desempeñó, se tiene que, inicialmente, la Resolución Nº 00017 de 1º de abril de 1986 señaló en sus considerandos que “(...) es de imperiosa necesidad ocupar los servicios de un maestro, y que el Decreto Nº 49 (sic) de 1985 en el artículo 34, crea el cargo de maestros para la Coordinación Pedagógica del Centro”, razón por la cual, en su artículo 2º se dispuso lo siguiente:
“ART. 2º—Nombrar con grado I, en el escalafón al señor JOSÉ SALVADOR PRADA MARTÍNEZ, para desempeñar el cargo de Maestro de la Casa de Menores, adscrito a la coordinación pedagógica”. (Lo subrayado es destacado por la Sala).
De lo anterior, se concluye que el accionante prestó servicios docentes al Departamento de Santander del 17 de febrero al 16 de marzo de 1977, en interinidad al cubrir una licencia no remunerada, como educador auxiliar grado 10 categoría A, dentro de la sección de educación especial y adultos de la Secretaría de Educación de ese ente territorial; e igualmente a partir del 1º de marzo de 1986 como maestro grado I en el escalafón adscrito a la coordinación pedagógica de la Casa de Menores y Escuela de Trabajo “Victoriano de Diego y Paredes” del Municipio de Piedecuesta (Santander), cargo en el que fue ascendiendo de grado hasta llegar al grado Nº 7, laborando hasta el 31 de enero de 2000, fecha de su desvinculación con el Departamento de Santander.
2.4.5. Sin embargo, no sucede lo mismo con los cargos de “portero celador” y “auxiliar de educación” ejercidos por el actor entre el 1º de enero de 1981 y el 28 de febrero de 1986, ya que, para la Sala, los mismos no corresponden a actividades propiamente docentes sino de tipo administrativo al interior de la Casa de Menores y Escuela de Trabajo “Victoriano de Diego y Paredes” del Municipio de Piedecuesta (Santander), máxime cuando no obra prueba alguna dentro del plenario que acredite, en especial para el cargo de auxiliar de educación referido, que las funciones del mismo impliquen el ejercicio de la labor de enseñanza que caracteriza la naturaleza de la profesión docente.
Sobre el particular y al decidir un caso de similares supuestos fácticos y jurídicos, esta corporación estableció:
“En el recurso de apelación, el apoderado de la actora insiste en que los cargos administrativos desempeñados son pasibles del reconocimiento de la pensión gracia solicitada, conforme a la Ley 116 de 1928, artículo 6º.
Nótese que aquí el Legislador en la “motivación” de su proyecto de ley determinó claramente a quienes se refería la norma, vale decir, AL MAESTRO en ese caso de las ESCUELAS NORMALES; obsérvese que en ningún momento se refirió, por ejemplo, al personal de Secretaría, a los aseadores, a los celadores y porteros de las Normales que netamente son PERSONAL ADMINISTRATIVO, lo cual es lógico porque la PENSION DE JUBILACIÓN GRACIA se consagró desde sus inicios —en la Ley 114 de 1913— para estimular EXCEPCIONALMENTE A LOS DOCENTES a que se refiere la legislación y en este sentido, el art. 6º de la Ley 116 de 1928 es una “complementación” de la anterior.
Frente a la naturaleza de los cargos de Secretaria Auxiliar y Ayudante de Oficina, baste señalar, de una parte que no se encuentran enlistados en la norma y de otra, como bien lo dijo el a quo, no se aportó certificación alguna que diera cuenta de sus funciones desempeñadas para poder colegir si eran de naturaleza docente”.(44) (Subraya la Sala).
Posición que también ha sido sostenida por esta misma Sala de Decisión como sucedió en sentencia de 14 de julio de dos mil dieciséis 2016(45), así:
“En el presente caso, la entidad accionada arguye en su recurso de apelación, por un lado, que durante los años 1968 a 1988 el demandante ejerció un “...cargo de AUXILIAR...”, razón por la cual el tiempo de servicios causado en ese período no puede ser computado para el reconocimiento pensional deprecado, y por el otro, que “NO SE ENCUENTRA[n] DEBIDAMENTE ACREDITADO[s] LOS TIEMPOS DE SERVICIO DEL DOCENTE ANTES DEL 31 DE DICIEMBRE DE 1980...” (fl. 441).
En lo que atañe al primero de los citados argumentos, resulta necesario recordar (como ya se explicó) que las leyes 114 de 1913, 116 de 1928 (art. 6º) y 37 de 1933 (art. 3º) otorgaron a los maestros de las escuelas primarias oficiales, de enseñanza secundaria, empleados y profesores de las escuelas normales e inspectores de instrucción pública, el derecho a obtener la pensión gracia de jubilación previo cumplimiento de los requisitos allí establecidos.
Por su parte, los artículos 2(46) y 32(47) del Decreto-Ley 2277 de 1979(48) prevén que “...la profesión docente...” está circunscrita a quienes se dedican a “...la enseñanza en planteles oficiales y no oficiales de educación en los distintos niveles de que trata este Decreto[,]... docentes que ejercen funciones de dirección y coordinación de los planteles educativos, de supervisión e inspección escolar, de programación y capacitación educativa, de conserjería y orientación de educandos, de educación especial, de alfabetización de adultos y demás actividades de educación formal autorizadas por el Ministerio de Educación Nacional”, así como a ciertos cargos directivos (director de escuela o concentración escolar, coordinador o prefecto de establecimiento, rector de plantel de enseñanza básica secundaria o media, jefe o director de núcleo educativo o de agrupación de establecimientos y supervisor o inspector de educación), de lo que se colige que la persona que haya ocupado un empleo diferente a estos, incluso en el sector de la educación pública, no se encuentra amparado por el régimen especial de la pensión gracia.
En similares términos concluyó esta subsección en sentencia de 24 de julio de 2008(49), así:
“En resumen, de conformidad con las leyes citadas, han tenido derecho al reconocimiento y pago de la pensión gracia, los maestros de enseñanza primaria oficial, empleados y profesores de escuelas normales e inspectores de instrucción pública, y maestros que hubieran completado los servicios en establecimientos de enseñanza secundaria, prestación a la que, a partir de las precisiones que se hicieron por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en sentencia de 26 de agosto de 1997(50), sólo acceden aquellos docentes que hubieran prestado los servicios en planteles municipales, distritales o departamentales.
Nótese del marco antes referido, que tanto el Legislador como la Jurisprudencia han determinado que la pensión gracia sólo está dirigida a los educadores que tengan el carácter de docente y que presten sus servicios en planteles educativos del orden territorial; excluyendo del beneficio pensional a los demás servidores del sector educativo.
Cabe entonces precisar quiénes tienen la calidad de docente, para así determinar quiénes pueden acceder al beneficio pensional de gracia. En ese orden, debemos acudir a los postulados del Estatuto Docente, contenido en el Decreto 2277 de 1979, el cual conceptuó y definió los alcances de la profesión docente en su artículo 2...
Lo anterior significa que aquellos empleados del sector educativo, que no cumplan con la labor de enseñanza, no ejerzan funciones de dirección y coordinación de planteles educativos; de supervisión e inspección, de programación capacitación, de consejería y orientación educativa, ni estén dentro del listado de cargos directivos de que trata el artículo 32 citado, no pueden ser catalogados como docentes y, por ende, no podrán ser sujetos del reconocimiento de la pensión gracia. En tales condiciones, su carácter será el de los cargos administrativos, y sus titulares se regirán por las normas aplicables a los demás empleados públicos, así como lo señala el artículo 35 del Estatuto Docente”.
En atención a lo expuesto en precedencia, se tiene que el tiempo de servicio comprendido entre el 22 de febrero de 1968 y el 25 de abril de 1971, en el cual el actor se desempeñó como “...Auxiliar de laboratorios...” del colegio departamental Ciudad de Pasto (fs. 273, 274 y 378), no puede ser tenido en cuenta para efectos de acceder a la prestación reclamada por no corresponder a uno de aquellos empleos que hacen parte de la profesión docente o de los cargos directivos enunciados en la norma, tal como lo consideró el a quo al proferir la decisión apelada”.(51) (Lo subrayado se destaca).
2.4.6. Así las cosas, reitera la Sala que en este asunto se encuentra debidamente acreditado con la certificación expedida por la coordinadora del grupo de administración de documentos de la Secretaría General de la Gobernación de Santander, que fue la entidad territorial con quien laboró inicialmente el demandante a través de su secretaría de educación, que éste prestó sus servicios docentes entre el 17 de febrero y el 16 de marzo de 1977 —un (1) mes—, al igual que desde el 1º de marzo de 1986 y hasta el 31 de agosto de 1987 —un (1) año y seis (6) meses—; y posteriormente a partir del 1º de noviembre de 1987 y hasta el 31 de enero de 2000 —doce (12) años y tres (3) meses—, para un total de trece (13) años y diez (10) meses de servicios docentes con el Departamento de Santander.
E igualmente, como se desprende de los formatos únicos para expedición de certificado de historia laboral de la Secretaría de Educación del Municipio de Floridablanca (Santander) fechados el 3 de septiembre de 2012 y 18 de noviembre de 2013(52), el señor José Salvador Prada Martínez continuó laborando en forma ininterrumpida como docente territorial con el citado municipio, a partir del 1º de febrero de 2000, completando el faltante para acumular los veinte (20) años de servicios como educador —seis (6) años y dos (2) meses— hasta el 31 de marzo de 2006.
En consecuencia, examinado detalladamente el material probatorio allegado, se afirma concluyentemente que el actor reúne los requisitos para hacerse acreedor a la pensión gracia de jubilación, toda vez que acreditó haber cumplido los cincuenta (50) años de edad el 12 de febrero de 2005 y laboró como docente territorial de primaria desde antes del 31 de diciembre de 1980, completando sus veinte (20) años de servicios el 31 de marzo de 2006, fecha en la cual, entonces, adquirió su estatus pensional.
Por lo expuesto en precedencia, y dado también que del cómputo de los tiempos de servicios desempeñados por el demandante se descontaron los laborados como “portero celador” y “auxiliar de educación”, no resultan de recibo los argumentos expuestos por la entidad demandada en su alzada; y en el mismo sentido, sí logran prosperar de forma parcial los esbozados por el demandante en relación con la inclusión de los tiempos laborados por él con anterioridad al 31 de diciembre de 1980 para efectos de determinar la fecha de adquisición de su estatus pensional.
2.4.7. Sin embargo, en lo que tiene que ver con la no operancia de la prescripción trienal, como otro de los puntos apelados por la actora, la Sala precisa, en primer lugar, que la causación de un derecho ocurre con el cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley y, a partir de ese momento, se torna como derecho adquirido, que se traduce en un concepto lógico-jurídico general y significa concretamente la incorporación de una cosa o de un derecho a la esfera patrimonial de la persona. Y para el caso de la pensión gracia, es claro la ley exige entre los requisitos para acceder a ese derecho, cumplir cincuenta (50) años de edad y veinte (20) años de servicio como docente territorial o nacionalizado.
Ahora bien, el Decreto 1848 de 4 de noviembre de 1969, reglamentario del Decreto 3135 de 1968, por medio del cual se dispuso la integración de la Seguridad Social entre el sector privado y público, en el artículo 102, dispuso:
2. El simple reclamo escrito del empleado oficial formulado ante la entidad o empresa obligada, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero sólo por un lapso igual. (...)”. (Destaca la Sala).
En este asunto, manifiesta el actor, en esencia, que inicialmente peticionó el 11 de septiembre de 2007 en procura del reconocimiento y pago de la pensión gracia(53), la cual le fue resuelta desfavorablemente por las resoluciones UGM 005865 de 30 de agosto de 2011 y UGM 051118 de 29 de junio de 2012(54); y que posteriormente, el 13 de septiembre de 2012, radicó de nuevo petición de reconocimiento pensional(55), que fue la que originó los actos acusados. Por tanto, adujo que no se configuró la prescripción ya que entre la resolución de cada una de tales solicitudes y la interposición de la demanda —4 de setiembre de 2013—(56), no transcurrieron más de tres (3) años, razón por la cual, pretende que la pensión se reconozca a partir del estatus pensional.
Frente a este punto, como se dijo con anterioridad(57), el derecho pensional del accionante se hizo exigible a partir del 1º de abril de 2006, día siguiente a la fecha en que completó sus veinte (20) años de servicios (31 de marzo de ese año).
Por tanto, se colige que si bien el señor José Salvador Prada Martínez elevó una primera solicitud de reconocimiento pensional de gracia el 11 de septiembre de 2007, esto es, dentro de los tres (3) años siguientes a la exigibilidad del derecho, no sucedió lo mismo en relación con la segunda petición interpuesta el 13 de septiembre de 2012 (que fue la que generó la expedición de los actos demandados) ya que entre éstas transcurrieron aproximadamente cinco (5) años.
De tal manera, se evidencia la operancia de la prescripción trienal de pago de las mesadas de la pensión gracia del accionante con anterioridad al 13 de septiembre de 2009, tal y como lo dispuso el Tribunal a quo en el fallo que se estudia y así se reiterará en la parte resolutiva de este fallo, por lo que no deben ser acogidos los argumentos de la parte demandante en su súplica sobre este aspecto de la controversia.
En similares términos ya se ha pronunciado esta Sala, por ejemplo, en sentencia de 2 de febrero de 2017(58), al referir sobre el particular:
“Expuesto y estando claro el fenómeno de la prescripción, para resolver el caso en concreto, se recuerda:
1. La demandante afirmó haber cumplido los requisitos de ley para obtener el derecho a la pensión gracia el 26 de enero de 2002.
2. El 19 de abril de 2006, presentó solicitud de reconocimiento de la prestación aludida ante Cajanal, anexando un certificado de factores salariales expedido el 9 de marzo del mismo año.
3. El 1º de octubre de 2009, elevó otra solicitud que le permitiera gozar de su derecho, adjuntando un nuevo certificado de factores salariales de 23 de septiembre del mismo año.
La situación particular presentada, evidencia que entre ambas solicitudes transcurrieron más de 3 años, razón por la cual, es importante continuar con el análisis del caso más a fondo, por lo que se traerán a colación las siguientes normas, que a juicio de ésta Sala, debieron ser tenidas en cuenta por la interesada para evitar las consecuencias que hoy se debaten:
Expuestos los fundamentos jurídicos y fácticos del caso objeto de estudio, se concluye que:
1. La reclamación del derecho debió presentarse una vez cumplidos los requisitos de ley, que como se denota en el proceso, se configuró el 26 de enero de 2002, fecha a partir de la cual empezó a correr el término de la prescripción de la prestación.
2. Sólo hasta el 19 de abril de 2006, la demandante presentó escrito de solicitud de reconocimiento de la pensión, sin obtener respuesta del ente previsional, y agotada la vía gubernativa tampoco instauró la demanda ante ésta jurisdicción, dejando transcurrir el tiempo con los efectos y consecuencias que produce la prescripción.
3. El 1º de octubre de 2009, la accionante radicó nueva solicitud de reconocimiento y pago de la prestación, que Cajanal reconoció mediante la Resolución Nº PAP 01274 de 30 de agosto de 2010 a partir del 26 de enero de 2002 con efectos fiscales desde el 1º de octubre de 2006.
4. En cuanto a la prescripción, ésta se interrumpió con la presentación de la segunda petición, es decir, la del 1º de octubre de 2009, y por lo tanto, surte sus efectos sobre las mesadas correspondientes a los períodos desde el 30 de septiembre de 2006 hacia atrás.” (Se subraya).
2.4.8. Por último, en relación con la aplicación de los artículos 187, 192 y 195 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo a efectos de que la pensión gracia ordenada por el juez de primera instancia sea debidamente reajustada conforme al índice de precios al consumidor y se paguen los intereses moratorios que se causen con posterioridad a la ejecutoria de la sentencia, la Sala observa que el a quo omitió impartir la orden respectiva en la sentencia recurrida, por lo que procederá a incluirla en la parte resolutiva.
2.4.9. Ahora, encuentra la Sala que en el presente asunto el actor solicitó la nulidad de las resoluciones RDP 020360 de 19 de diciembre de 2012 y RDP 013035 de 18 de marzo de 2013, por las cuales la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) le negó el reconocimiento y pago de la pensión gracia de jubilación y resolvió el recurso de apelación confirmando la decisión, respectivamente.
No obstante, se advierte que en los folios 3 al 11 obra copia de las resoluciones UGM 005865 de 30 de agosto de 2011 y UGM 051118 de 29 de junio de 2011, proferidas igualmente por la entidad demandada, que con anterioridad también le habían negado el reconocimiento pensional de gracia al demandante, pero que sin embargo, no fueron demandadas en este caso.
Frente a esto, se precisa que a pesar de que esta Jurisdicción se caracteriza en esencia por ser rogada, esto es, que solo puede limitarse el juez a lo pedido en la demanda, lo cual no daría lugar a que resulte procedente la declaratoria de nulidad de los actos referidos atrás, es importante anotar que la invalidez de los actos aquí acusados acarrea necesariamente la extensión de tales efectos nulos a las resoluciones UGM 005865 de 30 de agosto de 2011 y UGM 051118 de 29 de junio de 2011, cuya decisión es la misma contenida en las resoluciones RDP 020360 de 19 de diciembre de 2012 y RDP 013035 de 18 de marzo de 2013 (negar el reconocimiento de la pensión gracia); y por tal razón, tampoco pueden resultar ejecutables al haber desaparecido sus fundamentos de hecho y de derecho según lo establecido en el artículo 91 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo(59), produciéndose así su decaimiento.
2.4.10. Finalmente, en lo que respecta a la condena en costas, precisa la Sala que con la adopción del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011, el legislador abandonó el criterio subjetivo que venía imperando en este tipo de asuntos para dar paso, según se advierte en el artículo 188 ibídem(60), a la valoración objetiva frente a la imposición, liquidación y ejecución de las costas procesales.
Visto lo anterior, y en lo que se refiere al caso concreto, se considera que conforme los documentos que obran en el expediente, no es posible comprobar el pago de gastos ordinarios y que la actividad efectivamente realizada por el apoderado de la parte demandante, que fue la vencedora, haya generado otro tipo de gastos, esto es, que las agencias en derecho se causaron. Siendo así, la Sala no impondrá condena en costas, en esta instancia, a la parte demandada.
En suma, si bien en el presente asunto fue acertada la decisión del a quo de ordenar el reconocimiento y pago de la pensión gracia de jubilación a la parte actora, resulta indispensable modificarla en el sentido de disponer dicho reconocimiento a partir del 1º de abril de 2006, fecha de adquisición de su estatus pensional por tiempo de servicios, y se adicionará en cuanto a dar cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículo 187, 192 y 195 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Por lo anotado, habrá de confirmarse parcialmente el fallo impugnado, sin que tampoco haya lugar a condena en costas en esta instancia.
1. CONFÍRMASE PARCIALMENTE el fallo proferido el veintiséis (26) de agosto de dos mil catorce (2014) por el Tribunal Administrativo de Santander, que accedió a las súplicas de la demanda promovida por JOSÉ SALVADOR PRADA MARTÍNEZ contra la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP).
2. MODIFÍCASE el ordinal segundo de la parte resolutiva de la providencia en mención, en el sentido disponer el reconocimiento de la pensión gracia de jubilación al demandante, a partir del 1º de abril de 2006, día siguiente a la fecha de adquisición de su estatus pensional por tiempo de servicios, y con efectos fiscales desde el 13 de septiembre de 2009 por prescripción trienal, de acuerdo con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
3. ADICIÓNASE la sentencia recurrida en lo atinente a ordenar a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) a que sobre las sumas que se reconozcan a favor del demandante sean ajustadas en los términos del artículo 187 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, dando aplicación a la siguiente fórmula:
R = R.H * INDICE FINAL
Por tratarse de pagos de tracto sucesivo, la fórmula se aplicará separadamente mes por mes, para cada mesada pensional, teniendo en cuenta que el índice inicial es el vigente al momento de la causación de cada uno de ellos.
Y así mismo, la demandada, Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), deberá dar cumplimiento a la sentencia en aplicación a lo establecido por los artículos 192 y 195 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (L. 1437/2011).
4. SIN CONDENA EN COSTAS en las dos instancias.
5. Por secretaría, devuélvase el expediente al tribunal de origen.
Consejeros. César Palomino Cortés—Sandra Lisett Ibarra Vélez—Carmelo Perdomo Cuéter».
12 Archivo digital Nº 21 de la carpeta denominada “CC5706351” del disco compacto que obra a folio 110.
13 Fls. 3 al 5.
14 Archivo digital Nº 56 de la carpeta denominada “CC5706351” del disco compacto que obra a folio 110.
15 Fls. 6 al 11.
16 Fls. 12 al 15.
17 Fls. 25 al 28.
18 Fls. 29 al 31.
19 Fls. 32 al 34.
20 Fls. 2 y 16.
21 Fl. 21 y archivo digital Nº 29 de la carpeta denominada “CC5706351” del disco compacto que obra a folio 110.
22 Fl. 22 y Archivo digital Nº 30 de la carpeta denominada “CC5706351” del disco compacto que obra a folio 110.
23 Archivos digitales Nos. 31 y 32 de la carpeta denominada “CC5706351” del disco compacto que obra a folio 110.
24 Archivos digitales Nos. 33 y 34 de la carpeta denominada “CC5706351” del disco compacto que obra a folio 110.
25 Fls. 17 y 18 y 62 al 65.
26 Fl. 19.
27 Archivos digitales Nos. 5, 14 y 15 de la carpeta “CC5706351” del disco compacto que obra a folio 110.
28 Fl. 20, 59 y 60 y Archivos digitales Nos. 7, 16, 23 y 0401 de las carpetas denominadas “CC5706351” y “CC_5706351” del disco compacto que obra a folio 110.
29 Fl. 23.
30 Fl. 24.
31 Archivo digital Nº 10 de la carpeta denominada “CC5706351” del disco compacto que obra a folio 110.
32 «Los empleados y profesores de las escuelas normales y los inspectores de instrucción pública tienen derecho a la pensión de jubilación en los términos que contempla la Ley 114 de 1913 y demás que a esta complementan. Para el cómputo de los años de servicio se sumarán los prestados en diversas épocas tanto en el campo de la enseñanza primaria como normalista, pudiéndose contar en aquella la que implica la inspección».
33 «(...) Hácense extensivas estas pensiones a los maestros que hayan completado los años de servicio señalados en la ley, en establecimientos de enseñanza secundaria».
34 Artículo 1º de la Ley 43 de 1975.
35 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia S-699 de 26 de agosto de 1997, C.P. Nicolás Pájaro Peñaranda, Actor: Wilberto Therán Mogollón.
36 Copia de la cédula de ciudadanía a folio 34 y del registro civil de nacimiento a folio 16 del expediente.
37 Fls. 12 al 15.
38 Fls. 17 y 18 y 62 al 65, respectivamente.
39 Fl. 19.
40 Archivos digitales Nos. 5, 14 y 15 de la carpeta “CC5706351” del disco compacto que obra a folio 110.
41 Fl. 21 y Archivo digital Nº 29 de la carpeta denominada “CC5706351” del disco compacto que obra a folio 110.
42 Fl. 22 y Archivo digital Nº 30 de la carpeta denominada “CC5706351” del disco compacto que obra a folio 110.
43 Consejo de Estado, Sección Segunda Subsección A, C.P. Dr. Jaime Moreno García, Rad. 76001-23-31-000-2001-03755-01(8533-05). Actor: Eduardo Gutiérrez Núñez. Demandado: Caja Nacional de Previsión Social.
44 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, C.P. Gustavo Eduardo Gomez Aranguren; sentencia de once (11) de marzo de dos mil quince (2015); Exp. 25000-23-42-000-2012-01458-01(0928-14); actora: Yolanda Teresa González de Ramos; demandado: Caja Nacional de Previsión Social (Eice) en Liquidación, Hoy Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP).
45 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”; C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, Exp. 52001-23-31-000-2011-00068-01(1719-14); actor: Mauro Arturo Enríquez González; demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP).
46 “Profesión docente”.
47 “Carácter docente”.
48 “Por el cual se adoptan normas sobre el ejercicio de la profesión docente”.
49 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, C. Gerardo Arenas Monsalve, sentencia de 24 de julio de 2008, expediente 15001-23-31-000-2004-02010-01(2110-07).
50 Dictada en el proceso Nº S-699 de la cual fue ponente el magistrado Dr. Nicolás Pájaro Peñaranda.
51 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”; C.P. Carmelo Perdomo Cuéter; sentencia de catorce (14) de julio de dos mil dieciséis (2016), Exp. 52001-23-31-000-2011-00068-01(1719-14); actor: Mauro Arturo Enríquez González; demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP).
52 Fls. 17 y 18 y 62 al 65, respectivamente.
53 Archivo digital Nº 21 de la carpeta denominada “CC5706351” del disco compacto que obra a folio 110.
54 Fls. 3 al 5.
55 Fls. 12 al 15.
56 Folio51 reverso.
57 Conforme al examen probatorio realizado en esta instancia procesal y la contabilización de los tiempos de servicios docentes prestados por el demandante.
58 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”; C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, Exp. 15001-23-33-000-2013-00718-01(1218-15); actora: María Consuelo del Pilar Barrera Rossi; demandado: Caja Nacional de Previsión Social (Cajanal), Hoy Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP).
59 ART. 91.—Pérdida de ejecutoriedad del acto administrativo. Salvo norma expresa en contrario, los actos administrativos en firme serán obligatorios mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Perderán obligatoriedad y, por lo tanto, no podrán ser ejecutados en los siguientes casos:
5. Cuando pierdan vigencia. (Se subraya).
60 “ART. 188.—Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil”.