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Timestamp: 2016-10-20 22:02:21
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⭐EL DERECHO A VIVIR EN UN MEDIO AMBIENTE LIBRE DE CONTAMINACIÓN
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Miguel Sandoval Zúñiga
1 Revista de De echo de la Universidad Católica de Valparaíso XXI (Valparaíso, Chile, 2000) EL DERECHO A VIVIR EN UN MEDIO AMBIENTE LIBRE DE CONTAMINACIÓN JORGE BERMÚDEZ SOTO Universidad Católica de Valparaíso I. EL DERECHO CONSTITUCIONAL AL MEDIO AMBIENTE 1 Localizado en el capítulo III sobre los derechos y deberes constitucionales, el artículo 19 N 8 de la Constitución Política de la República (= CPR.) ha establecido el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación en los términos siguientes: La Constitución asegura a todas las personas: 8. El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza./ La ley podrá establecer restricciones al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger el medio ambiente. El primer antecedente del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación se encuentra en un memorándum de la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución 2, en el que se señaló que uno de los principios en que se debía fundar la futura Constitución era el derecho a la vida de los ciudadanos para la cual sería necesario evitar la contaminación del medio ambiente, estableciendo las normas que conduzcan a tal fin. Dicha declaración de intenciones encontró su consagración positiva en el Acta Constitucional Nº 3, de 1976, en la que se estableció, por un lado, el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, y por otro, impuso al Estado el deber correlativo de velar porque este derecho no sea afectado. Tal norma, inédita en la historia constitucional chilena, pasó a la Constitución de 1980, en los términos ya vistos, no obstante lo cual, en el texto constitucional defi- 1 En el presente trabajo sólo me referiré al análisis del derecho constitucional garantizado en el artículo 19 Nº 8 de nuestra Carta Fundamental, reservándome para un análisis posterior el estudio del deber del Estado en materia ambiental y de las restricciones de derechos y libertades a favor del medio ambiente. 2 Dicha comisión fue creada por el decreto supremo N de 25 de octubre de La Comisión sesionó en 417 oportunidades hasta la conclusión final del anteproyecto de Constitución, el cual fue analizado por el Consejo de Estado. Finalmente, el proyecto definitivo surgió de las Comisiones legislativas de la Junta de Gobierno. Como se sabe, el proyecto fue aprobado por plebiscito el día 11 de septiembre de2 nitivo se inco po a on dos dife encias especto del texto contenido en la citada Acta Constitucional 3. La primera de ellas a propósito del derecho de propiedad, el artículo 19 N 24 CPR..., al referirse a la función social que debe cumplir este derecho, señala que: Esta comprende cuanto exijan los intereses generales de la nación, la seguridad nacional, la utilidad y la salubridad públicas y la conservación del patrimonio ambiental. El segundo elemento diferenciador está en el mecanismo de tutela jurisdiccional del derecho al medio ambiente, el llamado recurso de protección. En virtud del artículo 20 inciso 2 CPR., se extiende esta acción de amparo constitucional al derecho al medio ambiente libre de contaminación, aunque en términos bastante restrictivos. II. EL OBJETO DEL DERECHO A VIVIR EN UN MEDIO AMBIENTE LIBRE DE CONTAMINACIÓN Por objeto del derecho constitucional a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, queremos referirnos a la materia incluida en él, intentando determinar en qué consiste y en definitiva, cuál es su extensión. Es claro que el problema se soluciona con la lectura del propio artículo 19 N 8 CPR., y tal vez por lo mismo constituye una cuestión que extrañamente no ha planteado una discusión demasiado intensa dentro de la doctrina chilena. Sin embargo, creemos que conviene detenerse en su análisis, dado que de la forma en que se entienda este objeto, se derivarán importantes consecuencias para la protección de este derecho constitucional. En este sentido se debe aclarar que el derecho constitucional que se establece es a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es decir, lo que se consagra en el artículo 19 N 8 no es el derecho a un medio ambiente incontaminado, sino el derecho a vivir en él. Lo que con ello se pone de relieve es que el derecho tiene un contenido netamente antropocéntrico, sus titulares son los hombres y mujeres ( todas las personas dice el artículo 19 en su encabezamiento). Esta conclusión tiene consecuencias que se proyectan en un doble sentido: a) En lo que guarda relación con los titulares del derecho, éstos son tanto hombre como son los hombres y mujeres, es decir, las personas naturales, ello quiere decir que sólo estas personas pueden ver vulnerado su derecho, sólo puede sentirse atacado en su derecho quien es titular del mismo. Consecuentemente, las posibilidades de amparo judicial de este derecho requieren como presupuesto que exista una afectación en el derecho de una persona natural, no estando legitimados para recurrir quienes no tienen el derecho, por ejemplo, las personas jurídicas, que como tales podrían tener por finalidad la protección del medio ambiente, pero dado que éstas no son titulares del derecho, no podrían esgrimir un derecho subjetivo al medio ambiente. Evidentemente, podrán recurrir en representación del titular del derecho afectado, pero ello es consecuencia de la aplicación de las normas del Derecho común y no de que sean titulares del derecho subjetivo. Una aplicación de lo dicho lo encontramos en la sentencia de 15 de diciembre de 3 Cfr. Rafael VALENZUELA FUENZALIDA, El Recurso Constitucional de Protección sobre materia ambiental en Chile, en Revista de Derecho de la Universidad Católica de Valparaíso 13 ( ), pp. 175 y ss. 103 1993 de la Co te de Apelaciones de Concepción (confi mada po la Co te Sup ema sentencia de 4 de ene o de 1994). En esta b eve sentencia se se ala que: siendo el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación propio de las personas naturales, porque emana de la naturaleza humana, el que deduce el recurso por sí o por medio de un tercero que lo hace en su nombre, además de afectado ha de ser persona natural. Tal vez lo más importante de la doctrina transcrita sea el origen del derecho en cuestión, este se encuentra en la propia naturaleza humana, es decir, es consustancial a la humanidad, al carácter de hombre y mujer, un derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación 4. Consecuentemente, son dichos hombres y mujeres sus titulares, y sólo ellos quienes pueden ser afectados en el ejercicio del mismo. b) En segundo término, debemos descartar que no procederá la invocación del derecho, con un afán meramente protector de la naturaleza en cuanto bien jurídico en sí mismo tutelado, bien jurídico que de acuerdo con el citado artículo 19 N 8 corresponde al Estado resguardar ( Es deber del Estado... tutelar la preservación de la naturaleza ). Siempre la invocación deberá ser entendida en relación con el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, y no a un medio ambiente sin contaminar aisladamente considerado. A ello se agrega lo que ya hemos dicho, que el medio ambiente en cuanto tal es un bien jurídico colectivo, sin embargo, para obtener su amparo por la vía del artículo 19 N 8 CPR., no basta esta titularidad genérica o erga omnes, es necesario invocar un derecho subjetivo que efectivamente fue afectado. Esta afirmación que en principio podría alarmar al lector debe ser matizada en el sentido siguiente. Hasta ahora la subjetividad jurídica sólo ha sido reconocida para las personas naturales (o físicas) y para las jurídicas, los objetos, los animales y vegetales, en definitiva, los ecosistemas, son objetos del derecho, careciendo de derechos subjetivos per se. Por esa razón la forma de proteger constitucionalmente el objeto de derecho llamado medio ambiente es adscribiéndolo a un derecho subjetivo constitucional. Consecuentemente, la extensión de la tutela del objeto-bien jurídico protegido medio ambiente, que otorga este derecho, depende en primer término de lo que entendamos por vivir en un medio ambiente libre de contaminación y, además, por los elementos que se integren en el concepto de medio ambiente, los que le darán el contenido a dicho derecho. III. PERSPECTIVA RESTRICTIVA DEL OBJETO DEL DERECHO: INEXISTENCIA DE UNA DISTINCIÓN ENTRE EL DERECHO A VIVIR EN UN MEDIO AMBIENTE LIBRE DE CONTAMINACIÓN Y EL DERECHO A LA VIDA Una perspectiva restrictiva de la extensión del objeto del derecho, determinará que el objeto del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación comprende sólo el entorno más inmediato del individuo titular del derecho, toda vez que 4 Esta cuestión no es indiferente, ya que el artículo 5 inciso 2 CPR., considera como uno de los límites al ejercicio de la soberanía el respeto de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Con lo que si el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación goza de tal carácter, su respeto comportará una limitación directa a los poderes públicos. 114 como lo que se establece es el de echo a vivi en un medio ambiente lib e de contaminación se t ata de una pa ticula ización del de echo a la vida consag ado en el a t - culo 19 N 1 del texto constitucional chileno 5. No resulta difícil llegar a este resultado, ya que si en lo que consiste este derecho es en vivir en un ambiente incontaminado, lógico es que la primera asociación se realice con el derecho a la vida. Sin embargo, adelantando conclusiones, una perspectiva tan restrictiva lleva a privar de virtualidad jurídica al derecho al medio ambiente libre de contaminación, toda vez que, como veremos, las esferas de protección que otorgaría el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación coincidirían con esferas ya protegidas por otros derechos, pero a través de mecanismos de tutela más restrictivos. La primera tarea que debemos enfrentar es la de distinguir, si es que ello es posible, entre el derecho a la vida del artículo 19 N 1 CPR., y el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación (artículo 19 N 8 CPR.). El artículo 19 N 1 inciso 1 CPR. establece dos derechos fácilmente distinguibles cuando consagra: El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona. El derecho a la vida es presupuesto para la vigencia de los demás derechos fundamentales de la persona. Aunque sea evidente decirlo, debemos partir de la base de que sin existencia humana es lógicamente impensable que puedan concurrir otros derechos subjetivos. El derecho a la vida es uno de aquellos derechos esenciales que emanan de la persona humana y que limitan el ejercicio de la soberanía y a cuyo respeto y promoción están obligados los órganos del Estado (artículo 5 inciso 2 CPR.). El derecho a la vida es la base de todo el edificio jurídico, ya que en él se asienta la subjetividad jurídica de la persona. Sobre el soporte de este derecho se van articulando los demás derechos, en primer lugar aquellos considerados esenciales que emanan de la naturaleza humana, luego los demás derechos constitucionales y derechos subjetivos. La justificación de este derecho es tan obvia que hasta hace poco no se había ni siquiera incluido entre ellos 6.Y es que decir vida importa decir persona o ser humano, ya que resulta imposible distinguir entre el derecho y el sujeto titular del mismo, por el hecho de ser persona se tiene derecho a la vida, pero sin vida no existe persona humana 7. 5 Eduardo SOTO KLOSS, Comentario a la Sentencia de 22 de junio de 1992 de la Corte de Apelaciones de Copiapó (Callejas Molina y otro con Compañía Minera del Pacífico S.A.), en Revista de Derecho y Jurisprudencia 89, pp. 354 y ss., señaló, apoyando esta perspectiva, que: La contaminación de que se trata de proteger al hombre por el artículo 19 N 8 y por el 20 [de la Constitución Política] ha de significarle al ser humano, es decir, a la persona, un menoscabo o agravio en su naturaleza humana, sea en su corporeidad/integridad física, sea en su constitutivo sicológico/integridad síquica, de allí que su ambiente es el que ha de ser afectado, en el que vive y desarrolla sus actividades, ya lugar de trabajo o bien de descanso, esparcimiento o recreación. El mismo autor reitera su opinión en El Derecho Fundamental a vivir en un medio ambiente libre de contaminación: su contenido esencial, en Gaceta Jurídica 151 (enero de 1993), pp. 22 y ss. 6 Jorge DE ESTEBAN - Pedro J. GONZÁLEZ-TREVIJANO, Curso de derecho constitucional español (Madrid, Servicio de Publicaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, 1993), II, p. 28, al respecto agregan que: fueron los textos internacionales en donde primero se reconoció el derecho a la vida, tras la hecatombe que significó la Segunda Guerra Mundial. De esta forma se reconoce por vez primera en el artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de5 Di ectamente elacionado al de echo a la vida, aunque no po ello pie de su autonom a, encont amos el de echo a la integ idad f sica ps quica. En vi tud de éste toda persona tiene el derecho a no ser objeto de cualquier tipo de violencia física, con lo que no podrá recibir ni torturas, ni tratos inhumanos o degradantes. La integridad psíquica de la persona importa que ésta no sea objeto de tortura psicológica o de tratos que anímicamente le puedan representar un trato inhumano o degradante desde la perspectiva psíquica. Frente a este breve planteamiento, podemos preguntarnos acerca de cómo se relaciona el derecho a vivir en un medio ambiente incontaminado con el derecho a la vida?. En el fondo lo que queremos sostener es que hablar de derecho a la vida, así a secas (si se permite la expresión), importa el derecho a la humanidad, a ser persona humana, por eso el inciso 2 del mismo artículo 19 N 1 CPR., señala que la ley protege la vida del que está por nacer, dada la potencialidad que tiene el nasciturus de convertirse en ser humano. En cambio, cuando se dice que se tiene un derecho a vivir, se está aludiendo a unas determinadas condiciones, que se agregan a esa condición de vida o de persona humana que se detenta. Cuando el constituyente dice derecho a vivir, se está refiriendo a la vida o humanidad en movimiento, a que tenga esa existencia con unas determinadas condiciones o substancias que le confieren una cualidad. Por ello podrá ser una vida digna, libre, saludable, en un medio ambiente incontaminado, etc. Todo esto nos hace arribar a la conclusión de que la expresión vivir que utiliza el artículo 19 N 8 CPR., aporta un elemento nuevo al sujeto de derecho persona humana, o lo que es lo mismo, a la vida. Porque decir que se tiene derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación no puede ser igual a decir que se tiene derecho a un medio ambiente libre de contaminación. Porque, evidentemente, todos los derechos surgen, se asientan y hallan su presupuesto en la vida, que es lo mismo que hablar de persona o ser humano. Pero ninguno de ellos dice que se tiene derecho a la vida libre o a la vida saludable, o a la vida educada, ya que es obvio que en todos ellos está subyacente que lo primero que debe haber para que exista el derecho es que haya vida, es decir, una persona humana. Aquí encontramos una nota distintiva del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, no se trata de una existencia humana estática, sino en movimiento. Como decíamos, lo importante es poder decir cómo, en virtud del catálogo de derechos, debe ser esa vida, cuál es la cualidad que se le aporta a esa vida humana. Cada uno de los derechos irá aportando una cualidad a ese derecho a la vida, así por ejemplo el derecho a la salud le otorga la cualidad de ser una vida saludable. El derecho a la libertad otorga el libre albedrío, el derecho a la educación la transforma en que sea una vida culta, etc. Qué le otorga el 19 N 8 CPR.? Literalmente, le da la particularidad de que sea una vida o existencia humana con unas condiciones y cualidades que sólo pueden obtenerse si ésta se desarrolla o se pone en movimiento en un medio ambiente libre de contaminación. Y aquí entra esta nueva nota distintiva a la que antes aludíamos, el artículo 19 N 8 CPR., consagra un derecho a vivir, es decir, a que el ser humano pueda desarrollarse, a desplegar sus potencialidades, en un entorno con unas determinadas cualidades. Porque vida, así a secas, sin calificativos, significa simple existencia humana, las meras constantes vitales, pero ella puede o no ser digna, puede o no ser libre. En cambio, vivir en un medio ambiente libre de contaminación significa existencia humana en movimiento, desplegando sus potencialidades, pero además se trata de un vivir, de una vida o 136 existencia en movimiento, en un ento no p opicio pa a ello, que según el a t culo 19 N 8 CPR., se á aquél que se encuent a lib e de contaminación 8. Adelantando conceptos, hay que agregar que dicha cualidad que comporta un medio ambiente libre de contaminación se refiere a que esa vida que se desarrolla, esa existencia humana, sea cualitativamente buena desde la perspectiva de los niveles ambientales. Es decir, el 19 N 8 CPR., permite que la persona humana pueda desarrollarse con unos determinados recursos o medios de subsistencia, en definitiva vivir, en unas ciertas condiciones las cuales son otorgadas por ese objeto que se llama medio ambiente libre de contaminación. Recapitulando, sostener una concepción restrictiva del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación comporta, en la práctica, una pérdida de eficacia de tal derecho por la operatividad de otros derechos constitucionales específicos que actuarán en la esfera jurídica inmediata del individuo, e incluso, algunos de ellos, con mecanismos de tutela menos restrictivos que los establecidos para el propio artículo 19 N 8 CPR. Vivir en un medio ambiente libre de contaminación significa existencia o persona humana en movimiento, desarrollándose en un entorno o hábitat con una cualidad bien definida, es decir, libre de contaminación. Esta es la conclusión a la que debemos llegar si partimos de la base de que toda interpretación constitucional debe lograr la debida armonización entre los diversos preceptos que en principio puedan entrar en conflicto dentro de la propia Constitución, intentando no llegar a soslayar ninguno de ellos 9. IV. PERSPECTIVA AMPLIA DEL OBJETO DEL DERECHO: EL MEDIO AMBIENTE COMO SISTEMA OMNICOMPRENSIVO Una perspectiva que podría denominarse como ecologista, no sólo rechaza una asimilación del derecho al medio ambiente incontaminado con el derecho a la vida, asimilación que, como hemos visto, ha quedado refutada. Sino que, además, considera el derecho objeto de nuestro estudio, de forma mucho más amplia, toda vez que su punto de partida está en el concepto mismo de medio ambiente, el cual se desmenuza en un sinnúmero de elementos concatenados conformadores de un sistema. Esta amplitud debe ser apreciada desde una doble perspectiva. La primera de ellas encuentra su punto de partida en el carácter sistémico y complejo que el entorno comporta, la vinculación de los distintos sistemas y 7 Precisamente, una de las acepciones que el Diccionario de la RAE. otorga a vida es en relación con la de persona o ser humano. 8 Albin ESER, Derecho ecológico, en Revista de Derecho Público (España) (julio - diciembre de 1985), p. 617, fundamentando la importancia de los bienes ambientales, incluso, para la propia existencia humana, en una frase que resume todo el planteamiento que hemos sostenido, señala que: no sólo, pues, que se viva, sino también cómo se vive debe ser fundamentalmente la meta de todo ordenamiento jurídico. 9 Francisco RUBIO LLORENTE, El principio de legalidad, en Revista Española de Derecho Constitucional 39 (septiembre-diciembre de 1993), p. 11, agrega que: La labor interpretativa ha de partir siempre, en efecto, de la hipótesis del legislador no redundante, de la idea de que el enunciado normativo no es una vaciedad inútil, sino una proposición que por sí sola crea Derecho. 147 subsistemas ecológicos lleva a entende que en la biosfe a todos los ecosistemas se encuent an elacionados. Tomemos po caso la defo estación de una egión dete - minada por ejemplo, el Amazonas, que no sólo produce efectos directos en esa zona (sea por la desertificación o erosión de los suelos, o la falta de lluvias o el empeoramiento de la calidad del aire), sino también en el orden supraregional, nacional, e incluso internacional, en donde producirá efectos contaminantes o degradantes, dado que contribuirá, entre otros efectos, al aumento de la temperatura global y en definitiva será una de las causas del llamado efecto invernadero (greenhouse effect). Y ello porque desde un punto de vista ecológico cualquier alteración del medio tiene consecuencias que en una mayor o menor intensidad tendrán repercusión en el orden planetario y en definitiva afectarán al derecho a un medio ambiente libre de contaminación. La segunda perspectiva que se debe considerar para entender esta concepción amplia del medio ambiente y en definitiva del derecho ambiental en general, dice relación con el conjunto de aspectos o materias que pueden ser alcanzados por el mismo. En efecto, el medio ambiente como relación sistémica que es, se desgrana en una multitud de elementos que ya son objeto de regulación particular por otras ramas del derecho. No sólo los elementos que comprende el entorno se ven afectados por las regulaciones sectoriales, sino también la mayor parte de las actividades económicas, dada la repercusión ambiental que puedan tener. Ello trae como consecuencia que el radio de acción del derecho a un medio ambiente incontaminado se amplíe indefinidamente, ya que toda actividad tendrá una relación más o menos cercana con el entorno. Sin embargo, esta visión ecologista del medio ambiente o de sistema omnicomprensivo, en la que se resumen las dos perspectivas señaladas, no es fácilmente engarzable en un ordenamiento jurídico con vocación nacional. Sobre todo cuando se trata del reconocimiento de derechos de la llamada tercera generación o sociales, cuyo carácter de derechos fundamentales aún no está claro en el derecho comparado, y cuyos mecanismos de tutela difieren de un ordenamiento a otro 10. Y es que en el fondo, resulta tan contraproducente para una efectiva protección del medio ambiente tanto la anterior perspectiva restrictiva, como la llamada perspectiva ecológica. Y ello porque expandir tanto el área de influencia del derecho, basado en los elementos en que se fragmenta el medio ambiente, equivale a decir que medio ambiente es todo, pero también nada, dada la imposibilidad de particularizarlo en elementos concretos que permitan articular los mecanismos de protección jurídica. V. PERSPECTIVA RESTRICTIVA DEL OBJETO DEL DERECHO: EL ENTORNO ADYACENTE Es por las razones ya comentadas que nos parece que en el actual estado de desarrollo del Derecho medioambiental la respuesta que se debe dar en orden a la extensión del objeto sobre el que se ejerce este derecho constitucional debe ser intermedia. No 10 Sin ir más lejos el artículo 53, 2 Constitución española no otorga el recurso de amparo al derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado contenido en el artículo 45 de la citada constitución Por el contrario, en la CPR., el artículo 20 inciso 2 se le concede el recurso de protección, aunque, en términos bastante restrictivos. 158 puede t ata se de un de echo tan est ictivo que se llegue a confundi con ot os de echos, haciendo pe de toda ope atividad a un de echo al medio ambiente autónomo. Pero tampoco puede ser considerado tan ampliamente que haga que su protección sea ilusoria, dada la imposibilidad de articular mecanismos de protección sobre aspectos no relacionados realmente con el medio ambiente. Lo que sostenemos es que el derecho al medio ambiente libre de contaminación no puede ser considerado tan ampliamente como para decir que cualquier alteración del medio, dónde y cómo sea que ella se produzca, afecta a tal derecho y, por tanto, activa los mecanismos de protección constitucional. Sin embargo, tampoco es deseable la asimilación del derecho consagrado en el artículo 19 N 8 CPR., con el derecho a la vida. Como se ha dicho, la solución que se impone es de carácter intermedia. Esta conclusión abstracta, seguramente no satisfaga todos los casos que en la realidad mutable se vayan planteando, pero sí está claro que el entorno, el medio ambiente, a que se refiere el artículo 19 N 8 de la CPR., es algo más que lo inmediato que rodea al individuo, es un derecho constitucional que tiene una eficacia jurídica propia y distinta de los demás derechos constitucionales. Pero limitado, sin llegar a extenderse a aspectos más distantes cuya incidencia en el derecho a un medio ambiente libre de contaminación es indirecta o casi imperceptible. En tal sentido me parece que la idea que se debe rescatar es la de medio ambiente vinculado o relacionado al ser humano que resulta necesario para que éste desarrolle sus potencialidades. Por tal debe entenderse aquella porción de extensión variable del entorno o medio que se encuentra de forma adyacente al ser humano, la cual no se reduce a su residencia ni lugar en que desarrolla sus actividades, no sólo es su entorno inmediato necesario para la vida. Sino también el entorno adyacente, que es el lugar necesario para que el individuo se desarrolle, es decir, el espacio en el que necesita para que pueda desplegar sus potencialidades, en definitiva el entorno necesario para alcanzar la mayor realización espiritual y material posible. Dicho entorno adyacente influye directa o indirectamente de forma previsible en esa esfera más próxima que está representada por su domicilio y lugares de trabajo y de recreo, la cual viene protegida por otros derechos distintos del que nos ocupa, por ejemplo los derechos a la vida, la intimidad o a la propiedad. Si ponemos por caso que la fuente de contaminación se está produciendo en una zona determinada en que es previsible que se extienda a otras áreas, de forma inmediata o mediata, me parece que el derecho en ese caso tendría que operar. Porque debemos aceptar que lo que constitucionalmente se protege en el artículo 19 N 8 es el derecho a vivir en un ambiente incontaminado, en donde el ser humano se está desarrollando, pero no se está protegiendo ni ese círculo más cercano protegido por otros derechos de primera generación, ni tampoco el medio ambiente como sistema global per se. Por lo tanto, si está más o menos claro que la fuente de contaminación afectará de modo previsible el entorno adyacente del individuo, el derecho al medio ambiente incontaminado será invocable en protección de ese medio en que efectivamente se está produciendo la contaminación. Por el contrario, por muy grave que sea la afectación, si no existe una posibilidad relativamente cierta de que se afectará esta esfera más amplia representada por el entorno adyacente, no podría esgrimirse el derecho del artículo 19 N 8 CPR. Por ejemplo la contaminación del río Loa, que se está produciendo en el extremo norte de Chile, a raíz de las grandes explotaciones mineras. Los habitantes de las ciudades aledañas a su cauce, así como los agri- 169 culto es que ap ovechan sus aguas ve án afectado su de echo a vivi en un medio ambiente incontaminado, a que incidi á de fo ma más que p evisible en esas posibilidades de realización espiritual y material que exceden a la esfera más inmediata de derechos del individuo. Sin embargo, sería difícil imaginar que un habitante del centro o sur, en un país que tiene más de kilómetros de largo, viera afectado directamente su derecho, toda vez que dada la lejanía de su entorno adyacente, faltaría este elemento de previsibilidad de la afectación. Sostenemos que el objeto del derecho a un medio ambiente incontaminado debe ser entendido desde una perspectiva antropocéntrica, y limitada al señalado entorno adyacente del titular del derecho. Esta idea abstracta de entorno adyacente, puede ser delimitada positiva y negativamente. Positivamente, en cuanto el entorno adyacente corresponde a una esfera de intereses que excede a lo que inmediatamente está en relación con el ser humano, esto es, su domicilio, lugares de trabajo y recreo. Es algo más que dicha esfera directamente relacionada con la persona, que ya ha sido protegida por otros derechos. Porque está claro que el derecho que la CPR., garantiza a las personas es a desarrollarse en un entorno incontaminado o, lo que es lo mismo, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y como tal debe comprender algo que es diferenciable de los demás derechos directamente vinculados a la persona, como lo son los derechos a la integridad, propiedad, salud, etc. Y, además, está limitado de forma negativa por el elemento de la previsibilidad de la afectación. Previsibilidad en la afectación, en cuanto ésta debe entrar en las previsiones normales de afectación del derecho. Es decir, que bajo circunstancias habituales frente a un hecho determinado pueda esperarse racionalmente que ocurrirá una afectación al derecho. Lo que exceda de esa previsibilidad o conjetura, no podría quedar amparado en esta noción de entorno adyacente. En definitiva, entorno adyacente es el concepto en que se traduce el medio ambiente a que se refiere el artículo 19 N 8 CPR., puesto que es esa porción o esfera en la que el ser humano actual o potencialmente necesita para el desarrollo y logro de la mayor realización espiritual y material, a que se refiere el artículo 1 inciso 4 CPR. Se trata de una noción más amplia o más lejana que la representada por los lugares de residencia, trabajo o recreo, las cuales, al tratarse de esferas más cercanas, ya estarán protegidas por otros derechos (vida, libertad, intimidad, propiedad). Y será tan amplio como sea previsible una afectación a la misma. Por ejemplo, si se produce un vertido tóxico en un lago y este muere. Aquellos quienes utilizaban sus aguas para beber no necesitan esgrimir su derecho a un medio ambiente libre de contaminación para proteger su interés, les basta con el derecho a la vida y a la integridad física, que serán los derechos principal y directamente afectados. Aquellos que desarrollaban una actividad piscícola en el mismo, podrán esgrimir su derecho de propiedad o el derecho a desarrollar una actividad económica lícita, no necesitarán del 19 N 8 CPR. Por el contrario, el ciudadano que pescaba en el río que era afluente del lago, o que tenía por costumbre pasear por las márgenes de dicho río o fotografiar las aves que se alimentaban de sus peces, no podría esgrimir más derecho que el del 19 N 8 CPR. Y ello porque la afectación no se produce en su esfera más inmediata, sino que en aquella más lejana representada por lo que hemos denominado como entorno adyacente, el cual le resulta útil para el desarrollo de la personalidad. Porque es bastante previsible que al morir el ecosistema lacustre (lago) también se vea afectado el ecosistema fluvial (río). Por lo que la 17 Mostrar más
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