Source: http://laborparlamentaria.bcn.cl/wsgi/consulta/verDiarioDeSesion.py?id=654173
Timestamp: 2019-05-21 05:37:12
Document Index: 288727896

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 73', 'artículo 3', 'artículo 73', 'artículo 3', 'artículo 1', 'artículo 16', 'artículo 14', 'artículo 36', 'artículo 19', 'artículo 107', 'artículo 26', 'artículo 174', 'artículo 6', 'artículo 25', 'artículo 124', 'artículo 25', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 60', 'artículo 1', 'artículo 31', 'artículo 31', 'artículo 1', 'artículo 67', 'artículo 1', 'artículo 31', 'artículo 63', 'artículo 1', 'artículo 50', 'artículo 31', 'artículo 1', 'artículo 30', 'artículo 30', 'artículo 26', 'artículo 26', 'artículo 26', 'artículo 26', 'artículo 26', 'artículo 26', 'artículo 26', 'artículo 26', 'artículo 26', 'artículo 5', 'artículo 4', 'artículo 26', 'artículo 26', 'artículo 26', 'artículo 3', 'artículo 1', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 73']

AUTORIZACIÓN A UNIVERSIDAD DE CHILE PARA CONTRATAR EMPRÉSTITOS. INFORME DE COMISIÓN MIXTA
CONSULTA A COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN SOBRE TRATAMIENTO DE INFORMES DE COMISIONES MIXTAS
FACILIDADES PARA CREACIÓN DE MICROEMPRESAS FAMILIARES
OBLIGATORIEDAD DE EDUCACIÓN PARVULARIA EN SISTEMA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
RAZONES DE NO APLICACIÓN DE ARTÍCULO 73 DE LEY Nº 18.962
IZQUIERDA ANTE VIOLACIÓN A DERECHOS HUMANOS EN CUBA
Sesión 5ª, en miércoles 13 de junio de 2001
(De 16:20 a 18:29)
Proyecto de ley, en trámite de Comisión Mixta, que autoriza a la Universidad de Chile para contratar empréstitos a fin de construir un parque científico-tecnológico (2454-19) (se aprueba su informe)
Consulta a Comisión de Constitución sobre tratamiento de informes de comisiones mixtas (se acuerda)
Proyecto de ley, en tercer trámite, sobre establecimiento de normas para facilitar creación de microempresas familiares (1241-03) (se rechaza y pasa a Comisión Mixta)
Proyecto de ley, en tercer trámite, que modifica el artículo 3º de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza y el artículo lº de la Ley de Educación Primaría Obligatoria a fin de hacer obligatoria la educación parvularia en sistema de educación pública (1738-04) (se rechaza y pasa a Comisión Mixta)
Razones de no aplicación de artículo 73 de ley Nº 18.962. Oficio (observaciones del señor Martínez)
Izquierda ante violación a derechos humanos en Cuba (observaciones de los señores señor Viera-Gallo y Ríos)
Se dan por aprobadas las acta de las sesiones 1ª, en 5 de junio; 2ª, especial, y 3ª, ordinaria, en 5 y 6 de junio, respectivamente, todas del año en curso, que no han sido observadas.
Con el primero comunica que ha dado su aprobación, con la enmienda que señala, al proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señora Frei (doña Carmen) y señores Ruiz-Esquide y Páez, y de los ex Senadores señores Díaz y Hormazábal, que modifica el artículo 3º de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza y el artículo 1º del decreto con fuerza de ley Nº 5.291, de 1930, Ley de Educación Primaria Obligatoria, estableciendo la obligatoriedad del nivel de educación parvularia dentro del Sistema de Educación Pública. (Boletín Nº 1.738-04).
Con el segundo hace presente que ha desechado la observación formulada por Su Excelencia el Presidente de la República al proyecto que modifica el artículo 16 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, en relación a la oportunidad en que han de ponerse en conocimiento de la Excelentísima Corte Suprema aquellas iniciativas legales que contengan preceptos relativos a la organización y atribuciones de los tribunales (Boletín Nº 547-07), y ha insistido en el texto aprobado por el Congreso Nacional.
Con el tercero manifiesta que ha dado su aprobación, en los mismos términos en que lo hizo el Senado, al proyecto que modifica el inciso tercero del artículo 14 de la ley Nº 18.840, Orgánica Constitucional del Banco Central de Chile, ampliando la causal de incompatibilidad de los consejeros. (Boletín Nº 2.038-05).
Del señor Ministro Secretario General de la Presidencia , con el que contesta un oficio de la Cámara Alta, relativo al proyecto de acuerdo, de diversos señores Senadores, sobre políticas de información territorial.
Del señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, con el que da respuesta a un oficio enviado en nombre del Honorable señor Larraín, sobre los efectos que generaría el cierre de la planta de revisión técnica para vehículos motorizados que funciona en la comuna de Parral, Séptima Región.
De la señora Directora Ejecutiva de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, con el que contesta un oficio enviado en nombre del Honorable señor Horvath, referido al proyecto de expansión de Minera Los Pelambres.
Dos del señor Director General subrogante de la Policía de Investigaciones de Chile , con los que responde tres oficios enviados en nombre del Honorable señor Lagos, relativos al incremento de la delincuencia en la Primera Región y a la destinación o compra de los equipos que se requieren para brindar seguridad a la ciudadanía.
Del señor Presidente del Sistema Administrador de Empresas , con el que da respuesta a un oficio enviado en nombre de la Honorable señora Frei (doña Carmen), acerca de los cobros efectuados por la Empresa de Servicios Sanitarios de Antofagasta S.A., respecto de la distribución de las aguas servidas tratadas.
Del señor Jefe de Gabinete del General Director de Carabineros , con el que contesta un oficio enviado en nombre del Honorable señor Viera-Gallo, tocante a la clausura de retenes y comisarías en las provincias de Ñuble y de Concepción.
De la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que flexibiliza las inversiones de los fondos mutuos y compañías de seguro, crea la Administradora General de Fondos, facilita la internacionalización de la banca y perfecciona leyes de sociedades anónimas y de fondos de inversión, con urgencia calificada de "suma". (Boletín Nº 2.722-05).
De la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, con la que señala que, en sesión del día miércoles 6 recién pasado, y de conformidad a lo establecido en el inciso final del artículo 36 del Reglamento de la Corporación, acordó proponer al Senado el archivo de los siguientes asuntos:
1) El que aumenta a 121 el número de integrantes de la Cámara de Diputados, iniciado en moción de los Honorables señores Horvath, Hamilton, Núñez y Urenda, y del ex Senador señor Mc-Intyre. (Boletín Nº 1.796-07).
2) El que modifica el número 12º del artículo 19 de la Carta Fundamental, con el propósito de consagrar la garantía de la libre creación artística y de sustituir el sistema de censura cinematográfica por otro basado en la calificación, iniciado en moción de los Honorables señores Gazmuri, Núñez y Ominami, y de los ex Senadores señora Carrera y señor Calderón. (Boletín Nº 1.931-07).
3) El que modifica los artículos 102 y 113 de la Carta Fundamental, con el fin de establecer la elección directa y simultánea de consejeros regionales, alcaldes y concejales, iniciado en moción de los Honorables señores Hamilton, Núñez y Ríos. (Boletín Nº 1.984-07).
4) El que modifica el artículo 107 de la Constitución Política de la República y agrega una disposición transitoria nueva, en relación con las juntas de vecinos, iniciado en moción del Honorable señor Ruiz (don José). (Boletín Nº 2.091-07).
5) El que sustituye el artículo 26 de la Carta Fundamental en lo referente a la forma de elegir al Presidente de la República , iniciado en moción del Honorable señor Sabag. (Boletín Nº 2.232-07).
1) El que modifica el artículo 174 de la ley Nº 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, iniciado en moción de los Honorables señores Romero, Bitar, Núñez y Zaldívar (don Andrés), y del ex Senador señor Cantuarias. (Boletín Nº 2.032-07).
2) El que modifica el inciso tercero del artículo 6º de la ley Nº 18.603, con el objeto de simplificar los trámites de constitución de un partido político, iniciado en moción del Honorable señor Fernández y de los ex Senadores señores Hormazábal y Piñera. (Boletín Nº 1.895-07).
1) El que introduce modificaciones al Reglamento del Senado, en lo relativo al artículo 25 de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, iniciado en moción de los Honorables señores Díez y Fernández, y de los ex Senadores señores Letelier, Pacheco y Vodanovic. (Boletín Nº S 81-09). (Admisibilidad e inadmisibilidad de indicaciones).
2) El que agrega un nuevo inciso al artículo 124 del Reglamento del Senado, con el objeto de permitir la consideración de indicaciones en el caso que señala, iniciado en moción del Honorable señor Horvath. (Boletín Nº S 247-09).
3) El que modifica el Reglamento del Senado en materia de pareos, iniciado en moción de los Honorables señores Parra y Zurita. (Boletín Nº S 366-09).
1) Consulta de la Sala acerca de si son aplicables a las reformas constitucionales lo establecido en los artículos 17 a 21 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional. (Boletín S 255-10).
2) Consulta sobre la posibilidad de la Cámara Alta o de un señor Senador para aceptar parcialmente un aumento de impuestos propuesto por el Presidente de la República. (Boletín Nº S 312-10).
3) Consulta de la Sala respecto de si los señores Senadores tienen derecho a pedir la palabra sobre la Cuenta en las sesiones de instalación del Senado. (Boletín Nº S 333-10).
4) Consulta de la Sala relativa al correcto sentido del artículo 25 de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional. (Oficio Nº 12.049).
Finalmente, se hace presente que la totalidad de los referidos proyectos se encuentra en primer trámite constitucional en el Senado.
Se ha dado cuenta de un oficio de la Cámara de Diputados donde comunica que aprobó el proyecto de ley, despachado por el Senado, referente a la situación de la enseñanza parvularia, a su definición. Se le introdujo una pequeña modificación con el objeto de adecuar la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza a una reforma constitucional aprobada por el Parlamento en materia de educación parvularia. Esta enmienda fue propuesta por todos los miembros de la Comisión de Educación.
En tal virtud, solicito que, en la medida de lo posible, una vez despachado los proyectos en tabla, que son de muy fácil discusión, pudiésemos tratar esa iniciativa.
¿Habría acuerdo unánime para aceptar la petición del Senador señor Ruiz-Esquide?
Corresponde ocuparse en el informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto de ley que autoriza a la Universidad de Chile para contratar empréstitos destinados al financiamiento de la construcción de un parque científico tecnológico, facultando al Presidente de la República para otorgar la garantía del Estado. La iniciativa tiene urgencia calificada de "suma". (Boletín Nº 2454-19)
--Los antecedentes sobre el proyecto (2454-19) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 22ª, en 6 de septiembre de 2000.
En trámite de Comisión Mixta, sesión 40ª, en 2 de mayo de 2001.
Educación, sesión 20ª, en 3 de enero de 2001.
Hacienda, sesión 20ª, en 3 de enero de 2001.
Hacienda (segundo), sesión 22ª, en 10 de enero de 2001.
Mixta, sesión 5ª, en 13 de junio de 2001.
Sesiones 20ª, en 3 de enero de 2001 (se aprueba en general);.22ª, en 10 de enero de 2001 (se aprueba en particular).
Cabe señalar que la controversia suscitada entre ambas Corporaciones tuvo su origen en el rechazo, por parte de la Cámara de Diputados, de las modificaciones introducidas por el Senado al artículo 1º durante el segundo trámite constitucional.
En el informe figura la proposición de la Comisión Mixta destinada a resolver la divergencia producida entre ambas ramas del Parlamento, consistente en aprobar el artículo 1º despachado por el Senado. Ella fue acordada por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Larraín, Muñoz Barra y Vega, y Diputados señores Luksic, Melero y Vilches.
La Secretaría elaboró un boletín comparado, el cual en la última columna, "Proposición de la Comisión Mixta", expresa que se acogió el texto del Senado, que aparece en la segunda.
Cabe hacer presente que la Cámara de Diputados votó en conjunto la referida propuesta y la aprobó, con excepción del inciso segundo del artículo 1º del proyecto, por no reunirse el quórum constitucional exigido por el artículo 60, Nº 7), de la Constitución Política.
En consecuencia, respecto de dicho inciso el pronunciamiento de esta Alta Corporación es inoficioso.
Señor Presidente , de acuerdo a la relación hecha por el señor Secretario , querría decir que al no aprobarse por la Cámara de Diputados el inciso segundo del artículo 1º, no tiene ningún sentido que el Senado se pronuncie sobre él.
El resto del texto sí debe ser aprobado, para que la Universidad de Chile pueda operar.
Me parece que eso es lo que deberíamos hacer y no votar separadamente la norma indicada, porque su eventual aprobación carecería de relevancia.
Lo que pasa es que el informe debe votarse como un solo todo.
No, señor Presidente. La Comisión Mixta pidió que se votara en forma separada precisamente para evitar el riesgo de que se rechazara el proyecto.
Ello no es asunto del Senado. Conforme al Reglamento, los informes de Comisión Mixta se votarán como un todo. Eso nunca se ha modificado. Por lo tanto, en esta ocasión debemos votar en la misma forma.
Pero la Comisión Mixta recomienda votarlo por separado, en virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica Constitucional del Congreso.
El Senado nunca ha aceptado dividir la votación.
Excúseme, señor Presidente , la Ley Orgánica es mandatoria sobre el Senado.
Su artículo 31 dispone que deberán votarse en conjunto.
Y ésa es la norma que hemos aplicado normalmente.
Pido a Su Señoría consultar este aspecto con el señor Secretario.
Ya lo hice, señor Senador.
Perdón, señor Presidente. La discusión, siendo importante, es ociosa con relación al proyecto de ley de que se trata. Hay que aprobarlo.
El que se vote o no se vote carece de relevancia, ya que el efecto es el mismo.
El artículo 31 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso expresa: "No podrán ser objeto de indicaciones, y se votarán en conjunto, las proposiciones que hagan las comisiones mixtas.". Y éste es el precepto que hemos aplicado permanentemente.
¿Cómo procedió la Cámara de Diputados?
Le dio una interpretación distinta.
¿Allá la propuesta de la Comisión Mixta se votó en conjunto o de modo separado?
Según la información proporcionada por esa rama legislativa, no se logró el voto conforme de 60 señores Diputados para cumplir con el quórum constitucional exigido y aprobar el inciso segundo del artículo 1º.
Aquí la Secretaría estudió el punto.
Si la tesis de Su Señoría fuera correcta, el informe estaría rechazado.
Se encuentra rechazado en lo tocante al inciso mencionado, porque la Cámara de Diputados no reunió el quórum especial para aprobarlo.
Es que votó el informe de manera separada.
No, lo votó en conjunto. Y ese inciso no fue aprobado por no alcanzarse el quórum requerido. Pero el resto de la proposición se dio por aprobado.
Entiendo que si los informes se votan en un solo acto quedan aprobados o rechazados. No se pueden dividir.
Eso creo yo. Y como no puedo corregir lo que hizo la otra Cámara, debo someter al pronunciamiento del Senado el informe completo de la Comisión Mixta, para su aprobación o rechazo.
Señor Presidente , en cuanto al método, ratifico su tesis. Sin embargo, respecto del fondo, el problema es que la iniciativa autoriza a la Universidad de Chile para contratar, en el país o en el extranjero, un empréstito hasta por 20 millones de dólares con el aval del Estado. Varios señores Diputados de Regiones no votaron a favor del informe por considerar que al beneficiar de ese modo a dicha casa de estudios superiores, se genera un desequilibrio con relación a las del resto del país.
Eso fue lo que ocurrió. No hubo oposición al proyecto en cuanto tal, sino a la falta de equilibrio en el tratamiento hacia la Universidad de Chile en comparación con las universidades de Regiones.
Quería hacer presente lo anterior porque represento a una Región y puedo aseverar que efectivamente es así.
No. Lo que sucedió...
Hago esa afirmación, porque varios señores Diputados me señalaron que ése fue el motivo por el cual no votaron.
Puede ser. En todo caso, lo que se votó y que no se aprobó, por falta de quórum, no fue el aval del Estado -que se encuentra autorizado-, sino la posibilidad de que él se extienda más allá de seis años.
En consecuencia, como la ley será aprobada, la Universidad de Chile estará en condiciones de contratar esos créditos con vencimiento hasta seis años. El Ejecutivo verá si manda o no un veto.
Lo que corresponde hacer hoy a la Sala es votar el informe de la Comisión Mixta.
Tiene razón, señor Presidente. Pero todavía no he terminado mi intervención.
Deseo insistir en la asimetría existente en el tratamiento a la Universidad de Chile con relación a las universidades de Regiones.
Sin perjuicio de eso, anuncio que votaré a favor del informe de la Comisión Mixta porque dicho organismo de educación superior desarrolla una función que va más allá de la Región Metropolitana. Ojalá existiera el mismo criterio cuando otros de distintas Regiones presenten iniciativas de esta índole.
Concuerdo con el Honorable colega.
Señor Presidente , quiero insistir en la tesis de fondo, aunque no sea relevante para la decisión final.
El artículo 67 de la Constitución expresa: "El proyecto que fuere desechado en su totalidad por la Cámara revisora será considerado por una comisión mixta de igual número de diputados y senadores, la que propondrá la forma y modo de resolver las dificultades.".
En el caso que nos ocupa, la Comisión Mixta, como forma y modo de solucionar las divergencias, propone "aprobar el artículo 1º consultado por el Senado, separando la votación de sus incisos primero y segundo,".
Me parece que tal procedimiento constituye un precedente razonable y sería bueno considerarlo entre las fórmulas para decidir en el futuro, si la Comisión Mixta que corresponda lo estimare pertinente.
Las Comisiones Mixtas pueden pronunciarse acerca de todo lo relacionado con la forma de resolver, pero no pueden modificar la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, que en su artículo 31 establece: "No podrán ser objeto de indicaciones, y se votarán en conjunto, las proposiciones que hagan las comisiones mixtas.".
Ésa ha sido la norma que siempre se ha aplicado en el Senado. Repito: "se votarán en conjunto, las proposiciones que hagan las comisiones mixtas.". ¡En conjunto!
Por consiguiente, aplicaré la Ley Orgánica tal como está.
Señor Presidente , en abono a la tesis planteada por el Senador señor Larraín , debo señalar que en algunas ocasiones el Senado ha aprobado informes de Comisión Mixta donde se proponían distintas alternativas y formas de votar. Tiempo atrás se procedió de ese modo en varios proyectos. No recuerdo cuáles fueron, pero así se hizo.
Lo expuesto indica que la tesis sustentada por el Honorable colega se ha aplicado antes en esta Corporación.
El señor Secretario me corrobora que usualmente se ha actuado en conformidad a la citada disposición de la Ley Orgánica, pero que si en alguna oportunidad se ha votado por separado, tal vez haya sido porque la Comisión Mixta propuso diferentes alternativas, lo que no sucede en el caso actual.
En esta ocasión se trata de un solo texto, de una sola proposición. No hay alternativas. Y si la Comisión Mixta hubiera incluido algunas, indiscutiblemente tendríamos que haberlas votado por separado.
¿Con qué quórum se votará la disposición? Porque parte de ella claramente es de quórum calificado. A mi modo de ver, éste es un problema que habrá que dilucidar porque el inciso tercero del artículo 63 de la Constitución estatuye: "Las normas legales de quórum calificado se establecerán, modificarán o derogarán por la mayoría absoluta de los diputados y senadores en ejercicio.". Como ahora la norma en cuestión es el inciso segundo del artículo 1º, eventualmente se producirá la duda de si el precepto en su conjunto se aprobó o no con ese tipo de quórum.
En efecto, dado que ese artículo contiene materias de quórum calificado, podría interpretarse que él en conjunto requiere aprobarse con quórum especial.
Lo expresado recién por el Senador señor Novoa es absolutamente correcto.
En atención a que la propuesta de la Comisión Mixta incluía una norma cuya aprobación necesitaba quórum especial, la Cámara de Diputados -según la tesis del señor Presidente del Senado - debió votar el informe completo de una sola vez. En consecuencia, el proyecto se encontraría rechazado porque el informe de la Comisión Mixta no habría alcanzado a reunir dicho quórum.
De otro lado, el inciso segundo del artículo 50 del Reglamento dispone lo siguiente: "Los informes serán dirigidos a ambas Cámaras. Sus proposiciones no podrán ser objeto de indicaciones y se votarán en conjunto, salvo que la Comisión mixta hubiere propuesto, en su informe, una forma diferente de votación.".
Ese precepto no se encuentra en vigencia, señor Senador. El artículo primero transitorio del Reglamento establece: "Los artículos 44, 49, 50,", etcétera, "entrarán en vigencia cuando se aprueben sus textos definitivos con el acuerdo de la Cámara de Diputados.". Y esto no ha ocurrido.
Entonces, señor Presidente , ¿me puede explicar por qué la Cámara Baja divide la votación en los informes de Comisión Mixta?
Voy a conceder la palabra al señor Secretario.
A la Secretaría le preocupó este problema, señor Senador. En consecuencia, pidió la Versión Taquigráfica de la sesión pertinente de la Cámara de Diputados, que dice textualmente:
"El señor PARETO (Presidente).-
Informo a la Sala que, inveteradamente y tal como lo dispone el artículo 31 de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional, se entiende que las proposiciones de las comisiones mixtas no pueden ser objeto de indicaciones y que deben votarse en conjunto.
"Sin perjuicio de lo anterior, si no se reúne el quórum requerido para la aprobación del inciso segundo del artículo 1º del proyecto, se dará por aprobada la proposición, con la excepción de dicha norma.".
Se votará el informe. Por lo demás, nuestra votación no tiene ninguna incidencia.
--Se aprueba, dejándose constancia del voto afirmativo de 37 señores Senadores.
El señor Presidente subrogante de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Honorable señor Díez, solicitó a la Mesa recabar la autorización del Senado para que ese órgano técnico, que se halla desarrollando una labor muy intensa, sesione paralelamente con la Sala a partir de las 17.
Informo a Sus Señorías que no existe en tabla proyecto alguno que exija quórum especial para su aprobación.
Si le parece a la Sala, se otorgará la autorización.
Señor Presidente , el Senado está convocado a sesión especial para el 11 de julio, a las 12. Como la Comisión de Defensa se encuentra citada para las 11 de ese mismo día a los efectos de abocarse al estudio de un proyecto sobre DIRECTEMAR, necesitamos autorización a fin de, en caso necesario, poder sesionar en esa oportunidad simultáneamente con la Sala.
¿Habría acuerdo para acoger esa petición?
Señor Presidente , no estuve presente cuando se decidió citar a sesión especial. Quisiera saber quién lo solicitó y qué asunto se tratará.
La pidió el Senador señor Bitar, en reunión de Comités; se propuso ayer a la Sala, y ésta dio su asentimiento.
¿Va a venir algún Ministro?
Sí, señora Senadora : el señor Ministro del Interior y funcionarios de esa Cartera; la señora Canciller , y el señor Ministro de Economía.
Solicito a Sus Señorías que, para facilitar la solución del problema atinente al despacho de los informes de Comisión Mixta, acordemos consultar a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
Es efectivo que, cuando hay una norma que exige aprobación con quórum especial, puede producirse lo que señaló el Honorable señor Novoa respecto del procedimiento. Y ahí podría entrar en aplicación el artículo 30 de nuestra Ley Orgánica, que ordena votar por separado los preceptos de una iniciativa de ley que requieren quórum especial de aprobación y los que necesitan quórum simple. No se refiere expresamente, sí, a las Comisiones Mixtas, situación que debe clarificarse.
Por lo tanto, propongo pedir un informe sobre el particular a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Mientras tanto, procederé conforme al criterio de la Presidencia y al informe jurídico de que dispongo hasta el momento.
Señor Presidente , yo quisiera solicitar a la Comisión de Constitución que analizara específicamente la situación que se produce cuando se vota una norma, no se alcanza el quórum especial requerido y queda aprobada la parte que es de quórum simple.
En el Senado hemos rechazado muchísimas disposiciones por no alcanzarse el quórum correspondiente. Con la teoría de la Cámara Baja, en esos casos se habrían aprobado todos los incisos. Y alguien podría decir "todas las frases o todas las palabras que no requieran quórum especial".
Como eso no puede quedar en la indefinición, me parece que la Comisión de Constitución debería ilustrarnos sobre el punto.
De otro lado, me interesa saber por qué la Cámara de Diputados no ha aprobado las normas reglamentarias atinentes a las Comisiones Mixtas.
Se mandaron todos los antecedentes, pero la Cámara Baja no ha dado respuesta hasta el momento. Hay seis o siete artículos pendientes.
Insistiré en el punto, señor Senador.
En todo caso, considero pertinente clarificar el asunto en la Comisión de Constitución, para evitar dificultades como la producida en esta oportunidad.
Señor Presidente , hay un informe de la Comisión de Constitución que nos da la razón a quienes sostenemos la tesis de que la Comisión Mixta puede dividir. Y varias veces se ha adoptado ese criterio en la Sala.
Por tanto, no sólo existe ese informe, sino también precedentes.
Pediré de todas maneras que se reitere. Porque, para mí, es muy claro el texto del artículo 30 de nuestra Ley Orgánica Constitucional, que ordena separar la votación de las normas de una iniciativa de ley que para su aprobación requieren quórum distintos. La Mesa divide la votación tratándose de proyectos de ley. Sin embargo, nunca lo ha hecho en el caso de los informes de Comisiones Mixtas.
Si le parece a la Sala, se pedirá informe sobre la materia a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Corresponde ocuparse en el proyecto, en tercer trámite constitucional, sobre establecimiento de normas para facilitar la creación de microempresas familiares.
Sesión 10ª, en 12 de julio de 2000 (se aprueba en general y particular).
La iniciativa tuvo su origen en una moción de los Honorables señores Adolfo Zaldívar, Lavandero, Ruiz-Esquide y Andrés Zaldívar.
La Cámara de Diputados, en el segundo trámite constitucional, introdujo diversas modificaciones al proyecto que despachó el Senado. La Secretaría elaboró un boletín comparado con ambos textos.
En discusión las enmiendas de la Cámara Baja.
El señor LAVANDERO.- Pido la palabra.
Señor Presidente , con gran alegría, veo que hoy se discute prácticamente en su trámite final -si la Sala aprueba las modificaciones sugeridas por la Cámara Baja- este proyecto, que se originó en una moción que presentamos con los señores Senadores individualizados por el señor Secretario.
El objetivo de la iniciativa es facilitar la creación de microempresas familiares, evitando a los interesados el cumplimiento de los 64 engorrosos trámites exigidos por igual a todas las empresas, sean grandes o pequeñas.
Miles de microempresas de esa índole no tienen acceso a créditos, ni a subsidios ni a capacitación, por carecer de la personalidad jurídica que las habilitaría para actuar formalmente.
El texto que nos ocupa simplifica el sistema, disponiendo la aprobación municipal sin mayores trámites. Y en cuanto a las exigencias sanitarias y ambientales -ésa es la modificación introducida por la Cámara de Diputados-, establece que, una vez constituida y formalizada la microempresa familiar, los organismos correspondientes concederán dos años de plazo para cumplirlas.
Introdujo también la Cámara Baja una indicación en el sentido de que bastará una declaración jurada de que se es legítimo ocupante de la vivienda para dar por cumplidos los requisitos pertinentes.
También se consagra la figura del trabajo por cuenta de terceros, lo que indudablemente mejora el texto de la Cámara Alta.
Finalmente, en el artículo transitorio, se disminuye a tres meses (el Senado lo había fijado en seis) el plazo del Presidente de la República para reglamentar la aplicación de la ley en proyecto, lo que, dada la situación que vive el país, permite operar con mayor rapidez para regularizar la enorme cantidad de trabajos que realizan informalmente las microempresas familiares.
El Congreso Nacional brinda hoy una oportunidad a quienes deseen trabajar en sus casas, con sus familiares, a fin de convertirse en empresarios reales, con una personalidad jurídica definida y -repito- con acceso tanto a los créditos bancarios como a la capacitación necesaria para su mejoramiento y a los subsidios que el Estado otorga a las empresas formalizadas.
Por esas razones, solicito a la Sala que, por unanimidad -tal como lo hizo en el primer trámite-, apruebe las modificaciones que propuso la Cámara de Diputados.
Señor Presidente , las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados a este buen proyecto no son menores. Desde mi punto de vista, entonces, deben ser revisadas en una Comisión Mixta, porque, sin duda, estamos frente a dos criterios muy distintos.
En materia de los activos productivos de las empresas familiares, el Senado plantea en su artículo único, Nº 1, letra c), que no excedan de 500 unidades de fomento, es decir, de 7 millones 500 mil pesos, aproximadamente. La Cámara de Diputados rebajó esa cifra a sólo 140 mil pesos; habla de un capital efectivo que no exceda de 10 unidades tributarias mensuales.
No sé cuál es el sentido de esa gran diferencia. En todo caso me quedo derechamente con lo aprobado por el Senado.
Por ejemplo, en la actualidad hay empresas familiares que prestan servicios menores a hospitales limpiando jeringas y otros implementos, a un costo de 2 millones a 3 millones de pesos. De aprobarse la enmienda de la Cámara Baja, aquéllas no podrían seguir desarrollando tal labor, pese a tratarse de unidades familiares donde trabajan no más de dos personas.
En consecuencia, salvo que respecto de los valores mencionados exista una explicación distinta que yo no alcanzo a entender, estoy por rechazar la enmienda que nos propone la Cámara de Diputados.
De otra parte, cuando el Senado establece un capital de hasta 7 millones 500 mil pesos y fija un máximo de cinco trabajadores extraños a la familia, lo hace para procurar que aquella cifra por lo menos responda a los contratos de valores mínimos y suponiendo que se paga el salario mínimo en una microempresa de tal naturaleza, que, por muy familiar que sea, debe cumplir obligaciones laborales, etcétera. Y cinco personas contratadas en esas condiciones -hoy, el salario mínimo alcanza a 103 mil 500 pesos- irrogan un gasto de alrededor de 517 mil pesos, o sea, una cantidad bastante mayor que la establecida por la Cámara de Diputados -de sólo 140 mil pesos- como capital.
Por eso, salvo que exista una diferencia respecto de la opinión que estoy señalando, me parece que, considerando esos dos criterios tan disímiles, debiéramos rechazar la modificación de la Cámara de Diputados, para dar paso a la formación de una Comisión Mixta.
Finalmente, el artículo 26 bis que propone la Cámara de Diputados dice: "Los trabajos que se ejecuten por las microempresas familiares, por encargo de terceros, se entenderán, para todos los efectos legales, que se realizan por cuenta de quien los encarga.".
Es extraña la expresión "por cuenta de terceros". Yo diría que prácticamente todas las acciones propias de las microempresas familiares responden a encargos de terceros. Entonces, ¿debe desprenderse de dichos términos que toda la tributación propia de la acción ejercida por una microempresa de tal índole será aplicada sólo a quien solicita la ejecución del trabajo correspondiente?
Creo que también ello es confuso.
Por tal motivo, entendiendo que estamos ante una buena iniciativa legal, planteo rechazar la proposición de la Cámara Baja, para que la Comisión Mixta resuelva esos dos criterios tan distintos.
Señor Presidente , en primer lugar, creo que estamos ante un buen proyecto, que puede ayudar mucho a las pequeñas empresas al simplificar sobremanera su acción. De manera que, en mi opinión, debe ser aprobado.
En seguida, debo aclarar al Senador señor Ríos que la iniciativa no habla de 140 mil pesos, sino de 10 unidades tributarias anuales, lo que equivale a aproximadamente 3 millones 350 mil pesos.
El punto que nos plantean nuestros asesores es si esos 3 millones 350 mil pesos deben considerarse al comienzo de las actividades de la microempresa o cada año. En el primer caso, no obstante ser bajo el monto, podría tener algún grado de operación; pero si el límite debe establecerse cada año, creemos que puede resultar absolutamente insuficiente. En tal sentido, sería mucho más amplia la facultad dada por el Senado.
Por otra parte, también se nos observa que existe una limitación impuesta a la actividad realizada en caso de que resulte molesta. Ello depende mucho de la apreciación que pueda efectuar un funcionario. Probablemente, habría sido necesario hacer algún tipo de especificación con requisitos más objetivos, porque, de otra manera, el precepto puede prestarse a cualquier interpretación que burle los propósitos de la iniciativa.
Siendo uno de los autores del proyecto y habiendo seguido su tramitación tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, quiero expresar mi opinión desde la testera, si lo permite la Sala.
Creo que la Cámara Baja mejora el texto de algún modo en el artículo 26, pues establece un mecanismo mucho más claro, sobre todo en lo relativo a las microempresas familiares de tipo alimentario, a las que da dos años para cumplir las exigencias sanitarias y ambientales.
En cuanto al capital, efectivamente los activos productivos -así decía nuestro proyecto- eran hasta 500 unidades de fomento. Pero, cuando se trató el tema en la Cámara Baja, se advirtió que no existía una definición muy clara desde el punto de vista contable; activos productivos pueden ser las maquinarias, etcétera. Entonces, se prefirió ir al capital efectivo; o sea, lo que declara la persona como su capital de trabajo, que es lo que se hace siempre al iniciar una actividad. Y, como dijo el Senador señor Fernández , no son 140 mil pesos, sino sobre 3 millones de pesos, cifra que se estimó suficiente como capital para una microempresa familiar, que se desarrolla en el hogar, no fuera de él.
Por otra parte, la Cámara de Diputados eliminó la disposición del Senado que limita el promedio de ventas a 250 unidades de fomento mensuales. O sea, si bien el capital se precisó en forma distinta de la aprobada por nosotros, se llegó a un monto razonable.
Usted señaló, señor Presidente , que el capital se considera al inicio de la actividad.
Es el capital que declara el empresario al inscribir la microempresa.
Si se entendiera que es al inicio de la actividad, ello favorecería a la pequeña industria. En cambio, si fuera cada año, la cantidad sería muy baja. Bastaría que la microempresa creciera un poco para que perdiera los beneficios.
Entonces, tal vez deberíamos hacer constar en la historia de la ley que es al inicio de la actividad.
Sí. Es así, señor Senador. Y podríamos dejar esa constancia, porque la norma modificatoria de la Cámara Baja dice "al comienzo del ejercicio respectivo". O sea, se trata de un capital de inicio del ejercicio, de la actividad, de hasta diez unidades tributarias anuales, que corresponden más o menos a 3 millones 360 mil pesos.
De otra parte, la Cámara Baja incorporó una disposición muy novedosa, que va a dar una gran capacidad de gestión a estas microempresas familiares al hacer factible que otras empresas, medianas o mayores, les encarguen trabajo. Hoy no pueden hacerlo, por entenderse que se trata de una compraventa, con lo cual automáticamente se entra al impuesto respectivo. En cambio, con la disposición del artículo 26 bis, nuevo, se entiende que es un mandato. Por lo tanto, las microempresas familiares actuarán por mandato de quien le encargue el trabajo, lo cual facilitará mucho el desarrollo de aquéllas en las casas.
Por otro lado, tal como dijo el Senador señor Lavandero -y en eso estuvo de acuerdo el Ejecutivo, que está preparando un reglamento- se reduce el plazo de seis a tres meses para dictarlo. Por eso, como autor del proyecto, pienso sinceramente que, con él, se logra un buen objetivo.
Señor Presidente, todos concordamos en que se trata de una normativa adecuada.
Me parece importante destacar que las empresas familiares en los países asiáticos han tenido un enorme desarrollo y han basado prácticamente en ello su crecimiento económico. Sin embargo -y por eso intervengo-, su regulación no debe complicarse con elementos que terminen haciéndola compleja.
Considero que 3 millones 500 mil pesos, estimados para conformar una microempresa familiar, es una cifra muy baja. Por ejemplo, si se dedica a la esterilización de elementos quirúrgicos y es contratada por un hospital público o clínica privada, tiene que disponer de más de 3 millones 500 mil pesos para adquirir un esterilizador. Ése es un trabajo típico de esta actividad. Una máquina de tejer automática, que permita el diseño y otras funciones, también supera esa suma.
Por eso, es claramente mejor la cantidad de 7 millones y medio propuesta por el Senado; se trata de un capital muchisimo más atractivo y amplio con miras a optar a todos estos beneficios. Tal como lo he venido señalando, hay una serie de elementos valorados en una cifra superior a los 3 millones 500 mil pesos. Así las microempresas familiares no se constreñirán a una declaración de capital tan bajo, porque ello también influye en los contratos que suscriben. Volviendo al ejemplo de la esterilización, si se desea contratar con una clínica, ésta solicitará la entrega de elementos previamente establecidos por Impuestos Internos y fijarán el valor que corresponde, que en todo caso será superior a 3 millones 500 mil pesos. Y si eso no se manifiesta, no habrá contrato, con lo cual se limitará la actividad de esas microempresas familiares.
Entonces, insto al Senado a reestudiar esta norma, a fin de restablecer el capital de 7 millones 500 mil pesos. Debe considerarse que muchas microempresas se hallan constituidas sólo por un taxi cuyo valor excede los 3 millones 500 mil pesos.
En fin, hay muchos ejemplos, señor Presidente. Por eso, reitero mi petición en cuanto a rechazar esa cifra y mantener el aumento propuesto por el Senado.
Señor Presidente , para quienes no hemos seguido con detenimiento el tratamiento de este proyecto, el debate demuestra que tal vez requiere un informe de Comisión. Si bien no es propio un tercer informe, es posible hacerlo.
Por eso, solicito que la Comisión evacue un informe sobre la iniciativa en debate, a fin de que ordene los temas y plantee una proposición más hilvanada, con el objeto de que la Sala pueda tomar una decisión lo antes posible.
Ésa es mi sugerencia.
Señor Presidente , quiero señalar a algunos señores Senadores que podríamos perfeccionar el proyecto hasta lo indecible, pero seguramente no sería lo mejor, porque entre los microempresarios existe una gran informalidad. En realidad, cuesta convencerlos de que se formalicen, pues deben cumplir una cantidad de trámites, los que les impiden crecer.
Por otro lado, junto con el Honorable señor Novoa pensamos presentar una indicación en la Comisión de Economía -se la planteamos al Ejecutivo , pero prescindimos de ella al darnos cuenta de que éste no estaba disponible para respaldarla- que tenía por objeto dar un subsidio de hasta 80 por ciento al microempresario que hubiese contratado un ayudante, quien después habría tenido un oficio. Como digo, desgraciadamente no fue posible concretar esa aspiración, que era muy importante. Con ella se habrían reducido los niveles de cesantía y dado trabajo estable a 300 ó 400 mil personas en todo el país. Era la idea que yo sostuve cuando presentamos la iniciativa, la que, por lo demás, también recogió el candidato presidencial de la Derecha señor Lavín. Afortunadamente, el proyecto se presentó con anticipación, hace varios años, motivo por el cual no me estoy vistiendo con ropa ajena.
Señor Presidente , hay muchos mueblistas, chapistas, gasfíteres, etcétera, cuyas empresas informales operan en sus casas. Si se introducen demasiadas complicaciones a quienes no tienen capital para formalizarse, significará poner trabas. Y de lo que se trata es eliminar los obstáculos a la formalización de estas actividades.
El Honorable señor Eduardo Frei me hizo una consulta -de la cual quiero dejar constancia- sobre lo que pasaba con el sistema medioambiental y sanitario. En realidad, la gracia de la moción es que de todas maneras se constituye la empresa y se formaliza en la municipalidad. Será ésta -y no la COREMA, ni ningún otro organismo- la que dirá si la microempresa presenta deficiencias, en el caso de que produzca alimentos o tenga problemas de sonoridad, y el pequeño empresario dispondrá de hasta dos años para corregirlas. Pero, con el solo hecho de presentar la solicitud, queda formalizada la microempresa.
Señores Senadores, no obstante todos los perfeccionamientos que cada uno desearía introducir al proyecto, creo que lo mejor es enemigo de lo bueno. Por eso, los llamo a aprobar una iniciativa que durante tanto tiempo ha sido una aspiración para mucha gente. Efectivamente, en los términos propuestos, la normativa brindará enormes beneficios a aquellas personas que hoy día no los pueden recibir. Por eso, insisto en que, sin más trámites, la aprobemos, haciendo fe en lo realizado por la Comisión de Economía del Senado, la Sala y la Cámara de Diputados. En realidad, no debemos ser tan exquisitos al pronunciarnos sobre ella, porque se retrasará el despacho de lo que debió haber sido ley hace mucho tiempo.
Señor Presidente , discrepo de la parte final de la intervención del Honorable señor Lavandero. Creo que la forma como planteó el punto, en mi opinión, no lo soluciona.
El artículo 26 autoriza la instalación de microempresas y les da un plazo de dos años para cumplir con las exigencias sanitarias y ambientales. Y, en verdad, la consulta que sobre esta materia hizo privadamente el Honorable señor Frei al Senador señor Lavandero , a mi juicio, no queda resuelta. Porque a los dos años las microempresas quedarán sujetas a la aprobación de los organismos fiscalizadores de las normas sanitarias y ambientales. No se trata de que a las municipalidades corresponda esa tarea, como dice el Honorable señor Lavandero , sino que, de acuerdo con la ley que estaríamos aprobando, las exigencias deberán ser verificadas por los órganos de fiscalización sanitarios y ambientales. En consecuencia, los encargados de esta materia serán éstos y no las municipalidades, las que están para otros fines.
Se trata, en realidad, de facilitar la función de los microempresarios y pequeños empresarios. Sin embargo, si a los dos años se les llena de exigencias por organismos sanitarios -lo que me parece bien en el caso de la manipulación de alimentos- y ambientales, no se estará facilitando el ejercicio de este tipo de actividades. Por el contrario, los dejaríamos partir, pero a los dos años los abrumaremos con funcionarios, reglamentos, certificados, etcétera, y, en lugar de ayudarlos, los volveremos a frustrar.
Por eso, no me parece bien la redacción del artículo 26 aprobado por la Cámara de Diputados, dado que no facilita el desarrollo de las microempresas. A éstas se les otorgan un estatuto especial por la forma en que se desenvuelven. Por lo tanto, si se las deja sujetas a los mismos organismos y exigencias de las grandes empresas en cuanto a normas sanitarias y ambientales, se las someterá a un verdafero calvario.
En tal virtud -reitero-, dicha disposición no favorece a los microempresarios.
Tiene la palabra el Honorable Ruiz-Esquide.
Señor Presidente , me parece que estamos ante una situación en que o insistimos en mejorar o en cambiar el proyecto, con lo cual se prolongará su trámite más allá de lo conveniente, o lo aprobamos en los términos actuales, en el entendido que es posible corregirlo -todo es perfectible- a futuro.
Sin embargo, quiero analizar algunos de los temas planteados. En primer lugar, en cuanto al dinero, considero bueno el criterio de la Cámara de Diputados en cuanto a fijar 3 millones y medio de pesos, y no 7 millones 500 mil pesos, como capital efectivo.
En segundo término, respecto a lo ambiental el problema es el siguiente. Aquí he oído argumentaciones en contrario. En efecto, me pareció escuchar a algunos señores Senadores señalar, por un lado, que la propuesta de la Cámara de Diputados sigue manteniendo demasiadas trabas para la microempresa familiar, y por otro, que se estaban generando condiciones para las cuales no había control suficiente. Yo me quedo con el texto de la Cámara, que hace la necesaria conciliación entre el Reglamento Sanitario de los Alimentos -que es mucho más reducido que la norma ambiental general- y el resguardo mínimo e indispensable en cuanto a que no haya absoluta libertad para forzar ciertas situaciones que afecten al vecindario. Además, a las microempresas se les garantizan dos años para dar cumplimiento a exigencias sanitarias y medioambientales.
¿Me permite una interrupción, con la venia de la Mesa, Su Señoría?
Señor Presidente , en verdad, sigue el equívoco, porque la redacción no está clara o no se desea entenderla. Los organismos fiscalizadores son los encargados de fiscalizar, no los municipios. La norma alude a las microempresas familiares que estén registradas en la municipalidad respectiva, pero ello no significa conceder a ésta el papel o la función legal de transformarse en organismos fiscalizadores medioambientales ni sanitarios. Éstos deberán ser los que la ley establece.
Por lo tanto, los microempresarios o pequeños empresarios quedarán sujetos al plazo de dos años que les otorgarán dichos organismos fiscalizadores. ¿Cuáles? Los que la ley establece en materias sanitarias y medioambientales, con todas las consecuencias y exigencias que ello significará.
Puede continuar el Honorable señor Ruiz-Esquide.
Señor Presidente , ante todo, yo no he señalado que la municipalidad sea el ente encargado de fiscalizar. Por lo tanto, mi exégeta se equivoca.
En primer lugar, pienso que la fórmula propuesta por la Cámara de Diputados cautela mejor lo que se desea hacer, esto es -reitero-, conciliar una cantidad de ingreso inicial suficientemente adecuada para que realmente puedan incorporarse a este tipo de actividad bastantes microempresas, porque, si se establece un capital de siete, diez o veinte millones, evidentemente ello no será posible.
Segundo, se resguarda el mínimo control que debe existir sobre las empresas, cualesquiera que sean.
Tercero, se halla muy especificado, y es obvio, que los fiscalizadores serán los organismos competentes encargados de realizar tal función. Nunca he dicho -ni de la norma se deduce- que sean las municipalidades. El rol de éstas, conforme al texto aprobado por la Cámara de Diputados, consiste en registrar a las microempresas, otorgándoseles dos años para cumplir las exigencias sanitarias y ambientales, las que son menores a las requeridas a otras empresas.
Un señor Senador manifestó la posibilidad de devolver el proyecto a Comisión. Yo, en mi calidad de autor de la moción, no tendría mayor problema al respecto. Sin embargo, deseo hacer presente que ésta se halla en tercer trámite y, por lo tanto, es habitual que en esta instancia los proyectos se debatan y despachen en la Sala, salvo que sean muy complicados. Honestamente, considero que el tema en discusión es de menor cuantía y, por ende, la Sala debería resolverlo.
Señor Presidente , deseo rescatar dos aspectos que me parecen muy importantes. En primer lugar, se ha señalado la necesidad de sacar de la informalidad a un grupo muy importante de microempresas cuya existencia es real. Éste, a mi juicio, es un tema de fondo. Sin duda alguna, el principal enemigo de un orden económico racional es el hecho de que, aun cuando sean microempresas, no existan formalmente. Ello constituye una materia muy relevante que merece la mayor preocupación. Éste es el primer objetivo positivo del proyecto.
El segundo propósito, que considero muy interesante, es confirmar la existencia de las microempresas. En realidad, si uno considera cualquier región o comuna, se encontrará a menudo con bolsones de ellas. En localidades de la Región que represento, por ejemplo, en La Ligua, las microempresas del tejido, de los dulces, de la artesanía, constituyen una realidad concreta.
Sin embargo, el proyecto -que, a mi juicio, debe ser aprobado- presenta un aspecto importante que me preocupa fundadamente y que no hemos considerado. Los planos reguladores distinguen sectores esencialmente de carácter residencial, lo que chocará con la ley en proyecto. Porque, en la práctica, los organismos fiscalizadores no sabrán cómo interpretar la autorización para el funcionamiento de una microempresa. Este tema no es menor. En el hecho, existen planos reguladores que indican claramente lo que puede hacerse en determinados sectores, ya sea residencial, comercial, etcétera. Es decir, ahí hay un problema respecto del cual debemos buscar una solución.
Por otra parte, me parece acertada la inclusión del artículo 26 bis, nuevo, que hizo la Cámara de Diputados. Éste señala: "Los trabajos que se ejecuten por las microempresas familiares, por encargo de terceros, se entenderán, para todos los efectos legales, que se realizan por cuenta de quien los encarga.". Y este tipo de trabajo es el que presenta la mayor frecuencia, sea en la confección, en el tejido, etcétera. Son encargos de terceros.
Asimismo, estimo correcto el hecho de que la Cámara de Diputados haya eliminado el promedio de ventas. En verdad, era una limitación demasiado aplastante y que, al final, no constituía incentivo alguno para la competitividad y la productividad. Porque si hay un límite, naturalmente se tratará de evitarlo.
Por último, dado que el proyecto se halla muy cercano a su aprobación, sería racional y recomendable enviarlo a Comisión por un plazo fijo -10 días- para perfeccionarlo. Porque, en realidad, es posible encontrarse con situaciones, como la de los planos reguladores -llamo la atención al respecto-, bastante conflictivas.
Excúseme, señor Senador.
El proyecto se halla en tercer trámite. Por lo tanto, no corresponde presentar indicaciones; sólo cabe aprobar o rechazar las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados.
Señor Presidente , el proyecto que nos ocupa es necesario y muy sentido por diversos grupos familiares sin trabajo y que requieren de alguna actividad remunerativa.
Sin duda, este debate nos ha ayudado bastante, porque en las poblaciones donde pretendemos que se desarrollen las microempresas, las casas son muy pequeñas y habrá problemas de ruidos, olores, etcétera.
Si el proyecto no puede volver a una Comisión y solamente corresponde estudiarlo en la Sala, debe quedar muy claro qué organismo realizará la fiscalización. Por cierto, habrá problemas si -como aquí se señala- la microempresa se instala en un condominio. Imaginemos lo que ello significa si éste es pequeño y la casa tiene 70 metros cuadrados.
Por eso, deseo consultar para que quede claro, ya que aquí se señala que en dichas empresas no debe haber más de cinco trabajadores extraños a la familia. Pero ¿cuántas personas comprende esta última? Puede tratarse de un grupo familiar que conste de padres, nietos, cuñados, yernos, etcétera. O sea, estamos hablando de un grupo familiar grande, más los cinco trabajadores; entonces, resultará bien complicado que trabajen todos en 70 metros cuadrados.
Por lo tanto, esto no sólo depende de los municipios, porque obviamente, como éstos se encuentran bastante atosigados con los problemas de cesantía, aplicarán manga ancha para que existan más microempresas, lo cual es bueno y recomendable, pero también se puede producir otro tipo de inconvenientes.
Por ello, aunque la iniciativa no vuelva a la Comisión por estar en el tercer trámite constitucional, hay asuntos que deben quedar claros en el espíritu de la ley; de lo contrario, se producirán más problemas de los que estamos tratando de resolver.
Señor Presidente , en realidad, no es necesario que el proyecto vuelva a la Comisión, porque en este trámite no podemos formular indicaciones.
Me parece que aquí hay dos opciones: aprobar lo sugerido por la Cámara de Diputados con el objeto de contar con un estatuto legal para fortalecer la microempresa familiar, y disponer de él de inmediato, o rechazar algunas de las modificaciones para poder perfeccionarlas en la Comisión Mixta.
Desde luego, como Presidente de la Comisión de Economía , tomo el compromiso de hacerla funcionar con mucha celeridad, debido a que estimo fundamental regular esta materia, sobre todo considerando el nivel de cesantía que afecta al país.
Deseo señalar que, efectivamente, el proyecto aprobado por el Senado ofrecía menos dificultades para la constitución de microempresas familiares. En primer lugar, no se aplicaba ninguna limitación ni autorización, salvo las del reglamento sanitario de alimentos. Por lo tanto, quien quería constituir una microempresa familiar que no estuviera relacionada con el rubro alimentos, sencillamente, concurría a la Municipalidad y obtenía el permiso.
Entendiendo que una microempresa familiar puede producir ruidos, gases, humos u olores molestos, la iniciativa establecía expresamente que aquélla podía desarrollar cualquier actividad económica lícita, con la sola limitación de no emitir ruidos, gases, humos u olores molestos o contaminar de cualquier forma. ¿Y quién controlaba esto? La municipalidad a través del juzgado de policía local. De modo que si alguien se sentía afectado por ruidos u olores molestos en su vecindario, debía llamar a un inspector municipal, quien le cursaba un parte al microempresario, y, finalmente, el juez de policía local resolvía el asunto. Ese procedimiento era bastante simple.
Sin embargo, al indicar la Cámara de Diputados que se aplica la legislación medioambiental, y fijar para su cumplimiento el plazo de los primeros dos años, de alguna forma introduce una tramitación adicional y concede injerencia a los organismos encargados de fiscalizar las normas sanitarias y ambientales, con lo cual, obviamente, produce un aumento de requisitos.
En segundo término, al reducir la Cámara de Diputados el capital exigido a las microempresas a 10 unidades tributarias está restringiendo...
Señor Presidente , concuerdo con lo señalado por el Senador señor Novoa en el sentido de que al agregar las causas ambientales los vecinos que reclamen no acudirán al juzgado de policía local, sino a la COREMA. Y ahí, ¡hasta verte Cristo mío! Pueden pasar diez años discutiendo en la COREMA y, después, otros diez en la CONAMA.
Recupera la palabra el Honorable señor Novoa.
Por ello, sostengo que la Cámara Baja, al redactar la norma en la forma como lo hizo, complicó los trámites.
El texto del Senado contemplaba que si se producían problemas los resolvía el juzgado de policía local.
Efectivamente, la Cámara Baja ha tornado más engorrosa la operación de las microempresas familiares al establecer una limitación en el capital que carece de sentido. La verdadera limitación para ellas está dada por dos elementos: uno, que la actividad se realiza en la casa habitación, y, dos, que no se puede contratar a más de cinco personas ajenas a la familia. O sea, aunque ésta sea muy grande, no es posible instalar una industria de treinta personas dentro de una casa de 60 metros cuadrados. Además, se fijó la restricción de cinco personas extrañas a la familia para evitar que se creara una microempresa y, después, treinta personas trabajaran en la calle. Ése es el sentido de la limitación.
Entonces, no debe restringirse la definición de microempresa familiar por el lado del capital. Ojalá alguien pudiera contar con un computador en su casa que valiera 10 mil unidades de fomento e hiciera trabajar a toda su familia. En este aspecto, la Cámara de Diputados también ha complicado la aplicación del proyecto.
Sí considero un aporte muy importante el artículo 26 bis, nuevo. En el fondo, se permite el trabajo denominado "a maquila", donde se actúa por cuenta de terceros y no existe IVA de por medio. Es decir, se presta un servicio en una vivienda familiar sin entrar a una estructura tributaria compleja.
En mi opinión, en esta materia tenemos dos alternativas: aprobamos hoy todas las modificaciones sugeridas por la Cámara de Diputados, sabiendo que una parte de ellas es quizás más engorrosa; o rechazamos algunas normas y aprobamos otras, lo cual obligaría a la creación de la Comisión Mixta para tratar de concordar rápidamente una fórmula con la Cámara Baja.
Pienso que, dada la importancia del proyecto y la necesidad de despacharlo con prontitud, los señores Diputados no tendrían inconvenientes en trabajar rápidamente en la Comisión Mixta.
Ésa es la fórmula, señor Presidente. Y, además, los autores de la iniciativa se pueden poner de acuerdo, lo cual sería un aporte.
La indicación que incorporó el artículo 26 bis, nuevo, fue sugerida en la Cámara de Diputados por el Senador que habla, porque, a mi juicio, ella representa un elemento muy relevante y determinante para el desarrollo de este tipo de actividades. Sin esta norma, la importancia de las empresas familiares sería bastante relativa.
Señor Presidente , tengo la impresión de que estamos llegando a un acuerdo, en el sentido de rechazar algunas proposiciones de la Cámara de Diputados para los efectos de formar la Comisión Mixta. El texto me merece, al menos, tres observaciones respecto del artículo 26.
Primero, no se puede privar a los municipios de la capacidad y potestad de fiscalizar. El inciso segundo de la letra j) del artículo 5º de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades entrega a los municipios facultades concretas de fiscalización tocante al cumplimiento de normas medioambientales.
Seguramente, aquí se presentará una competencia de fiscalización entre los municipios y organismos como la COREMA u otros encargados de la protección del medio ambiente.
En materia de salud, el artículo 4º del mismo cuerpo legal entrega a los municipios, no exactamente facultades fiscalizadoras, pero sí de preocupación en ese ámbito. De modo que las municipalidades, directa o indirectamente, al margen del proyecto, tienen posibilidad de controlar especialmente este tipo de empresas.
En segundo lugar, estimo que dos años de plazo para someterse a normas medioambientales son demasiado. A mi juicio, en dicho lapso se generará en las poblaciones una convivencia francamente peligrosa, porque soportar durante dos años ruidos, olores molestos, etcétera, puede provocar una situación muy delicada para el pequeño empresario, sobre todo para el microempresario, que se instala en su propio hogar. Yo discuto tal plazo, porque es demasiado tiempo.
Tocante a este asunto, estimo que deberíamos consultar a algunos alcaldes, pues se trata de un tema estrictamente comunal. En la Comisión Mixta, no sé si se podrá hacer -entiendo que no-, pero sería conveniente consultar a la Asociación Chilena de Municipalidades, porque ésta es una materia que preocupa a los alcaldes. Normalmente, ellos son quienes están promoviendo la generación de microempresas.
En tercer lugar, creo que hay una contradicción entre la letra a) y la b) -agrega un inciso cuarto, nuevo- del artículo 26, porque la primera consigna que estarán afectas a estos beneficios "las microempresas familiares que estén registradas en la municipalidad respectiva". Como puede apreciarse, se está utilizando una expresión verbal muy concreta: "que estén registradas". Por lo tanto, no tendrán acceso a ellos todas las que actualmente no están regularizadas, que son miles, y que ni siquiera se han inscrito en los municipios, porque claramente se circunscribe a "las microempresas familiares que estén registradas". Posteriormente, en el nuevo inciso cuarto, se dice que "el interesado deberá inscribirse en la municipalidad respectiva". Vale decir, abre la posibilidad de que se puedan inscribir, pero no en lo que dice relación a los temas medioambientales y sanitarios, sino que para los efectos de ciertos beneficios de carácter tributario que entrega esta ley.
A mi juicio, hay una contradicción evidente entre tales disposiciones.
Por esas tres razones, considero inadecuado que, como lo señaló un señor Senador, estemos abocados aquí a una tarea que corresponde a la Comisión correspondiente, y sería bueno que, por lo tanto, nos pusiéramos de acuerdo en rechazar algunas de estas normas para permitir su perfeccionamiento en la Comisión Mixta. Insisto en que ojalá pudiéramos consultar a la Asociación Chilena de Municipalidades, o a algún alcalde, para que nos ilustre acerca del funcionamiento de este tipo de empresas en sus respectivas comunas.
Señor Presidente , quiero apoyar lo que acaba de manifestar el Senador señor Núñez. Estimo que, aun cuando ésta es una excelente iniciativa que contribuirá a disminuir el problema del desempleo en forma muy efectiva, de alguna manera, sin embargo, está imponiendo un exceso de restricciones. Y creo que con dos de ellas, como han dicho varios señores Senadores: las que atañen al capital y a las normas ambientales y sanitarias normales, estamos marcándonos un autogol, porque vamos a terminar implementando una iniciativa que será frenada a nivel burocrático, como ocurre con muchas de las destinadas a los pequeños empresarios.
Por lo tanto, pienso que es mejor darse un tiempo y elaborar normas más flexibles que, a posteriori, cuando haya transgresiones, impongan las sanciones del caso, evitando tener que pasar por el trámite de CONAMA, COREMA , o lo que sea.
Señor Presidente , entiendo que hay cierto criterio bastante mayoritario en cuanto a enviar la iniciativa a Comisión Mixta, como se desprende de las palabras del señor Presidente , que es uno de sus autores, por lo cual sólo pretendo aclarar algunos puntos.
Lo que estamos discutiendo, si Sus Señorías me permiten, es la modificación de la Cámara de Diputados en el sentido de agregar, en el artículo 26, después del inciso segundo, que dice: "La Municipalidad estará obligada a otorgar la patente respectiva, sin perjuicio de las limitaciones relativas a la zonificación...", etcétera, la disposición que establece lo siguiente: "Con la salvedad de las empresas a las que se aplique el decreto supremo Nº 977, de 1997, del Ministerio de Salud, que aprobó el Reglamento Sanitario de los Alimentos, los organismos encargados de fiscalización de las normas sanitarias...", etcétera.
¿Por qué he dado lectura a esas disposiciones? Porque el decreto supremo Nº 977, de 1997, establece que la producción o importación, elaboración y envase y distribución de venta de alimentos para uso humano deberán ceñirse a las disposiciones del Reglamento Sanitario de los Alimentos. Es decir, primera cosa que debemos tener clara. Esta limitación que pone la Cámara Baja se refiere única y exclusivamente a esta parte de las empresas familiares, y no a otra. Segundo, se ha tocado el tema de quién controla. Al tenor de tales disposiciones y de las que con posterioridad han abordado este tipo de cosas, controla el Servicio de Salud. Así de claro. Por lo tanto, el temor de que en esta materia intervenga la COREMA u otro organismo, aunque sea posteriormente, lo considero una exageración.
Estoy de acuerdo en que vaya a Comisión, pero sólo quería hacer una advertencia en cuanto a que no nos equivoquemos en lo que estamos haciendo.
Me permito formular una proposición a la Sala para poder avanzar en el tema.
Concuerdo en que ojalá logremos despachar una buena ley, porque es loable su objetivo. ¿Por qué entonces no rechazamos las modificaciones que propone la Cámara de Diputados en el artículo 26 e insistimos en nuestro criterio, a fin de compatibilizar en la Comisión Mixta la disposición de la Cámara con la del Senado en cuanto al problema de los controles? Desde ya, la del Senado no eximía a las empresas familiares de las normas del Reglamento Sanitario de los Alimentos. Eso siempre se mantuvo, como una norma de precaución mínima, pero no incluía los términos ambientales y otros que, como aquí se teme, pudieran transformarse en una gran burocracia que impida su funcionamiento.
En cuanto al monto del capital, es necesario aclarar que debe ser suficiente o acordar al respecto cierta flexibilidad.
Creo que el Presidente de la Comisión de Economía del Senado, el Honorable señor Novoa , podría citar a la Comisión Mixta con urgencia y resolver así esta situación.
Señor Presidente, en principio, no hay ninguna duda de que el planteamiento es positivo, y sólo quiero agregar un dato al respecto.
En un estudio que realizamos hace un tiempo con el Diputado señor Jaime Orpis , analizando precisamente el tema de las microempresas, se llegó a la conclusión de que los microempresarios, en promedio, debían realizar cincuenta y seis trámites para constituir en su casa incluso una fábrica de ropa de guaguas. Tal número incluye trámites ante las municipalidades, Ministerios, y otros organismos, para contar con las boletas correspondientes y otras exigencias. Y el costo que significaba para estos microempresarios era del orden de los 600 a 700 mil pesos. El estudio abarcó varios rubros, desde pequeñas instalaciones metalmecánicas hasta personas que confeccionaban ropa de guaguas para exportarla a Nueva Zelandia.
Debemos tener presente, en todo caso, que los criterios que aquí se plantean son muy buenos, pero hay toda una legislación que pesa sobre los microempresarios y que no sólo se limita al tema municipal o al medioambiental, sino que los afecta de distintos ángulos, como las de la factibilidad eléctrica, alcantarillado y agua potable. Cincuenta y seis trámites a lo menos, muchos de ellos completamente inútiles. Por ejemplo, a una fábrica de tejidos y ropa de guagua se le pedía factibilidad de alcantarillado y agua, porque si no era imposible el desarrollo de su actividad.
En consecuencia, en la Comisión Mixta debe analizarse la posibilidad de dotar de mayor flexibilidad al municipio y de revisar en lo posible otro tipo de normas que seguramente van a aparecer de todas maneras al momento de tramitarse.
Finalmente, dejar aquí también en evidencia -al parecer hay consenso en este sentido de parte de todos los señores Senadores- que todos estos trámites en la COREMA y en todas estas oficinas medioambientales se van traduciendo en un gran freno al desarrollo económico. Es una materia que merece ser examinada, no con cargo a este proyecto, porque no cabe la menor duda de que estos estudios de impacto ambiental se están transformando en un gran obstáculo para la reactivación del país. No digo que no se hagan, pero tal vez haya que mirar un poco qué está ocurriendo en ese sector, que definitivamente se está constituyendo en uno de los factores que más está contribuyendo a que muchas iniciativas no puedan ser desarrolladas.
Me parece que hay coincidencia entre varios señores Senadores en que el tema medioambiental así manejado, es complejo.
¿Me concede una interrupción, señor Senador?
Con la venia de la Mesa, con todo agrado.
Señor Presidente , sólo quiero informar al señor Senador y al Honorable Senado que precisamente mañana se van a reunir extraordinariamente las Comisiones de Gobierno y de Constitución, Legislación y Justicia, para estudiar el proyecto de ley que establece plazo para el procedimiento administrativo y regula el silencio administrativo, que ha presentado el Ejecutivo y al cual me permití hacer una indicación para reemplazarlo en su totalidad. Esta materia se va a estudiar mañana con suma urgencia y, a mi juicio, contribuirá a disipar en gran parte la inquietud que Su Señoría expone desde el punto de vista de la eliminación de aspectos burocráticos en esta materia y en otras.
Señor Presidente , estando el Honorable señor Silva de garante, me parece óptimo.
Señor Presidente , también es indispensable observar que en realidad se trata de un buen proyecto -todos estamos de acuerdo en ello-, pero que toda su normativa, sin excepción, está dirigida al área urbana. Sin embargo, debe considerarse que en el sector rural existen características físicas distintas. Evidentemente, la pequeña o la mediana empresa rural no se realiza al interior de la casa, sino en una construcción anexa a ella, distinta, partiendo desde las actividades más modestas. Un campesino que quiera instalar un gallinero no lo hará dentro de su hogar. Además, tendrá un capital bastante menor que los que puedan existir en otras microempresas de ciudades que pueden contar con algunas instalaciones técnicas mayores.
Entonces, en el concepto de microempresa familiar destinada a la fabricación de bienes o a la prestación de servicios de cualquier especie, -donde quedan excluidos aquellos considerados peligrosos, contaminantes-, cualquier lugar puede servir para ello; pero el término "molestos" y otras cosas más deben de tener alguna connotación distinta en el campo.
¿Habría acuerdo para aceptar la proposición hecha por la Presidencia?
El proyecto pasaría a Comisión Mixta.
Si le parece a la Sala, se nombrará como representantes del Senado en ella a los miembros de la Comisión de Economía.
Conforme al acuerdo de la Sala, corresponde tratar el proyecto de ley, del que se dio cuenta en esta sesión, en tercer trámite constitucional, sobre modificación del artículo 3º de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza y el artículo 1º del DFL Nº 5.291, de 1930, Ley de Educación Primaria Obligatoria, estableciendo la obligatoriedad del nivel de educación parvularia dentro del sistema de educación pública.
Sesión 3ª, en 13 de junio de 2000 (se aprueba en general y particular).
Señores Senadores, la iniciativa se originó en una moción de los Senadores señora Carmen Frei y señores Ruiz-Esquide y Páez y de los ex Senadores señores Díaz y Hormazábal.
La Cámara de Diputados, en el segundo trámite constitucional, introdujo una enmienda al proyecto despachado por el Senado consistente en sustituir el número 2 de su artículo único.
La Secretaría ha elaborado un texto comparado del proyecto de ley despachado por el Senado con la modificación introducida por la Honorable Cámara de Diputados.
Finalmente, cabe hacer presente que para ser aprobada la modificación efectuada por la otra rama legislativa requiere del voto conforme de los cuatro séptimos de los Senadores en ejercicio, es decir 27.
Señor Presidente , reconozco la buena intención de los autores del proyecto. Sin embargo, creo que, como está redactado, por lo menos a mí me merece algunas observaciones, de las cuales quiero dejar constancia, aunque ignoro quién pueda imponerse de ellas en la Versión Taquigráfica.
A mi juicio, aquí existe una extensión excesiva del concepto de sistema escolar. Porque, éste, en esta concepción, empieza desde el nacimiento. O sea, la persona desde que nace entra a un sistema, el cual puede terminar, en una de sus salidas, en la Universidad.
Pero la educación parvularia -como señala el proyecto despachado por la Cámara de Diputados- es desde su nacimiento hasta el ingreso a la educación general básica.
Entonces, aunque al final se diga que la familia tiene un rol importante en la educación, lo que se hace en la práctica -aun cuando reconozco que no debe ser ésa la intención de sus autores- es reglamentar un período de la vida en que básicamente el niño queda entregado al cuidado de sus padres, quienes son libres de llevarlo o no llevarlo a un sistema educacional, de darle o no darle los valores y la educación que estimen oportunos y convenientes.
Aquí, por el contrario, si se tratara sólo del último año de la educación parvularia -esto es, cuando el niño ya tiene cuatro años, como lo planteó en una discusión anterior el Senador señor Ruiz-Esquide -, en mi opinión, no habría objeción alguna. Pero no podemos extender el concepto de educación parvularia desde el nacimiento, cuando, además, en Chile no existen parvularias que la puedan realizar. Hay que tener en cuenta que, cuando es formalizada, esta educación la llevan a cabo instituciones que en mas de la mitad de ellas no cuentan con tal tipo de profesionales.
En la Fundación Integra -donde se realiza esta instrucción-, su directora es parvularia, pero el personal no tiene dicha categoría.
Y para qué hablar de la enorme cantidad de formas que tienen las familias del sector popular para ayudarse en la educación de los niños, que son completamente espontáneas y, en mi concepto, lógicas, a objeto de que las madres puedan ir a trabajar, pero no como parte de un sistema de la LOCE; o sea, que la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza establezca que la educación pública en Chile parta desde el nacimiento.
Personalmente, tengo una objeción bastante de fondo sobre la materia. La hice presente cuando se discutió la reforma constitucional. Incluso, en esa oportunidad advertí que esto sucedería. Es decir, señalé que, si aprobábamos la reforma educacional -a pesar de que se ubicó la educación parvularia no dentro del sistema escolar, sino como complemento de la educación familiar-, podía ocurrir que Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza sería extendida. Y efectivamente así está ocurriendo.
Entonces, por lo menos, quiero dejar constancia de que ésta no es la filosofía que yo tengo de lo que debiera ser la educación parvularia, la que, según entiendo, como parte del sistema educacional, debiera iniciarse cuando el niño tiene cuatro años. En ese punto, incluso podría llegar a ser obligatoria, si el Estado contara con la capacidad para absorberla.
Respecto a la educación que va desde el nacimiento del niño hasta que cumple cuatro años, básicamente está a cargo de la familia, la cual, si lo estima oportuno, puede entregarla a un jardín infantil, público o privado, a un centro abierto o juntarse con otras familias del barrio que se organicen para ayudar a las madres que trabajan. Pero todo esto con reglamentos mínimos, no como parte de un sistema escolar ni menos de una profesión dedicada al efecto, para lo cual Chile actualmente no se encuentra en condiciones económicas de solventar.
Señor Presidente , también quiero manifestar mi inquietud por los cambios introducidos por la Cámara de Diputados al proyecto del Senado.
Me parece que desde su primera formulación, cuando el artículo 6º bis que se propone establece: "La educación parvularia es el primer nivel del sistema nacional de educación.", se cambia el sentido primitivo de la proposición aprobada por el Senado, conforme a la cual "La educación parvularia es el nivel educativo que atiende niños y niñas desde su nacimiento...", etcétera.
Al convertirlo en un primer nivel del sistema de educación, se altera el sentido que hasta ahora mantiene la educación en el sistema nacional, dado que la Constitución establece que la educación básica es la obligatoria.
Aquí se pretende introducir -según el epígrafe del proyecto que en su parte final señala: "estableciendo la obligatoriedad del nivel de educación parvularia dentro del Sistema de Educación Pública"- un elemento que luego en el texto se desmentirá. Porque el artículo 6º bis, precisamente, dice: "Su finalidad es atender integralmente a niños y niñas desde su nacimiento hasta el ingreso a la educación general básica, sin constituir antecedente obligatorio para ésta.". Entonces, tanto en el encabezamiento de la iniciativa como en su redacción hay contradicciones que no me parecen razonables.
Por eso, en mi opinión, no corresponde aprobar el texto de la Cámara de Diputados, a objeto de poder resolver todo esto en la Comisión Mixta, aclarando el sentido de la norma, haciéndola consistente con la reforma a la Constitución, donde se incorporó el texto según el cual el Estado promoverá la educación parvularia, pero no la constituye en un nivel educativo, ni menos insinúa su carácter obligatorio, porque -como ya se dijo-, no sólo es imposible de realizar desde el punto de vista económico y de los recursos humanos disponibles, sino que, además, se entra en colisión con la idea de que la familia es la primera responsable de la educación de los niños en el nivel etario anterior a los cuatro o cinco años.
En consecuencia, sugiero rechazar la enmienda de la Cámara, para que la Comisión Mixta pueda redactar un texto que corresponda al espíritu de lo que el Senado aprobó.
Señor Presidente , a mi juicio, los señores Senadores que han intervenido tienen razón en el sentido de que lo agregado por la Cámara de Diputados tergiversa y hace confusa una aspiración muy sentida.
Soy educadora de párvulos, trabajé muchos años en ello y, por tanto, conozco bien el tema.
Obviamente, la primera obligación de educar corresponde a la familia. Nadie puede discutir ese punto, ni estamos aquí para ello.
Lo que sucede en nuestro país es que cada día mayor número de mujeres se integran al trabajo y dejan a los niños solos en la casa; a veces se producen incendios y los niños mueren, o salen y pasan el día en la calle.
Entonces, la idea es que el Estado, el Gobierno o las respectivas instituciones públicas se preocupen de los niños de escasos recursos, que quedan muy a la mano de Dios, botados en la calle, cuando la madre tiene la obligación de trabajar. Así se interpreta lo que redactamos en el Senado.
Al agregar la expresión "desde su nacimiento hasta el ingreso a la educación general básica" se hace imperativo, lo que no corresponde. Porque hay otros sistemas para disponer de salas cunas y evitar que los niños queden solos. La legislación respectiva se ha perfeccionado. Antes, en toda empresa con veinte trabajadoras debía existir una sala cuna. Como eso no fue posible, lo cambiamos y se estableció tal obligación al haber veinte mujeres con hijos.
Se han estudiado otros sistemas, como señaló el Honorable señor Viera-Gallo : por ejemplo, que se reúnan las familias en una población y que alguien quede a cargo de los niños. También puede considerarse la idea de incorporar al trabajo a los adultos mayores. Puede ser una muy buena experiencia que ellos cuiden a los niños cuyas madres trabajen.
Creo que la iniciativa contiene una muy buena idea, pero la Cámara la ha hecho confusa y perentoria, lo que no corresponde. Ojalá pudiéramos proporcionar educación a todos los niños y una muy buena cobertura de salas cunas y jardines infantiles.
Señor Presidente , lo planteado por la Honorable señora Frei es bastante amplio, en el sentido de que en lo futuro también pueda haber otros trabajos voluntarios. En la actualidad, el único de este tipo es el servicio militar; no hay otros. Y es bueno dar alternativas. Sin lugar a dudas, ésta podría ser una muy buena, porque el servicio militar es obligatorio para todos los varones chilenos de 18 años, pero voluntario para las mujeres. De las 180 mil personas que lo cumplen cada año, la mitad lo hace obligatoriamente, pero no el resto, que son las mujeres. A mi juicio, no hay razón para ello, porque todos deben prestar un servicio a su país. Ésta y otras situaciones análogas podrían, por cierto, dar sentido de igualdad a algo fundamental para que la comunidad entera se sienta cumpliendo una obligación.
Puede continuar la Senadora señora Frei.
Tiene mucha razón el Honorable colega, y a eso tendemos.
En cuanto a lo agregado por la Cámara de Diputados, en el sentido de "atender integralmente a niños y niñas desde su nacimiento hasta el ingreso a la educación general básica", es una manera de favorecer la maternidad y la paternidad no responsable, porque es fácil tener niños cuando el Estado se encarga de ellos y los padres se dedican a trabajar o a otra cosa. Para tener un sistema como ése, debemos contar con una sociedad muy educada, cuya primera obligación para con los niños sea la familia, y no pasarlos tan gratuitamente al Estado.
Aún más, países como el nuestro nunca tendrán recursos suficientes para atender a todos los niños, y sólo las naciones superdesarrolladas logran una atención integral.
A mi modo de ver, el texto despachado por el Senado era perfecto. En este momento no tenemos quórum suficiente para pronunciarnos y sugiero dejarlo para su estudio por la Comisión Mixta, en el entendido de que una muy buena idea debe quedar como tal y no perturbar, porque si se convierte en ley lo propuesto por la Cámara de Diputados, más que ayudar, perturbaría la educación de los niños en nuestro país.
Señor Presidente , primero que todo deseo señalar que hay suficientes razones para rechazar el proyecto, pero observo que no hay quórum suficiente para adoptar otro pronunciamiento. Por lo tanto, sólo intervendré para aclarar algunas cosas, y desde ya formulo la proposición de que, con el objeto de seguir adelante con la idea central de la iniciativa, mejorar su redacción y permitir que se convierta en ley, la rechacemos para que vaya a Comisión Mixta. Sin embargo, y sólo para los efectos de la discusión posterior, quiero precisar algunos puntos.
No hay que llamarse a engaño por el epígrafe del proyecto, que señala la obligatoriedad, porque él proviene de uno anterior que presenté junto con otros señores Senadores -los mismos que suscriben el que ahora analizamos-, que hacía obligatoria la educación parvularia a partir del segundo nivel de transición y compelía al Estado a comprometer los medios necesarios para que todos los niños accedieran a ella. La razón la expliqué en su momento, en términos de que si la educación parvularia era tan indispensable en el desarrollo posterior del niño, consideraba que todos debían tener acceso a ella. Pero como no todos podían hacerlo con sus propios medios, se establecía la obligatoriedad para el segundo nivel, no para el primero, situación análoga a aquella en que el Estado, en su momento, decidió hacer obligatoria la educación primaria. Esto lo confirmó la propia Ministra señora Aylwin al asumir su cargo y señalar que el SIMCE demostraba que había una relación estadística directa entre el resultado obtenido por los alumnos en la enseñanza media o universitaria y el haber recibido educación parvularia. Por lo demás, es la opinión de quienes estudian el desarrollo sicológico y neuronal de los niños en esa etapa. Eso en primer término.
En segundo lugar, al rechazarse dicha propuesta e introducirse un cambio de otra naturaleza en la Constitución, todos los miembros de la Comisión de Educación planteamos lo consignado en el proyecto aprobado por el Senado, tratando de adecuarlo a la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, que era necesario modificar para que tuviera efecto práctico.
Tercero, de ninguna manera en nuestro proyecto -y, honestamente, creo que tampoco en el despachado por la Cámara, a pesar de lo señalado- se deduce la obligatoriedad. No la hay. En él se hace una definición de la educación parvularia y, por lo tanto, no puede ser de otra manera, porque de otro modo no se llamaría así. Se trata de un nivel educacional; es un problema de definición mínima de lo que estamos diciendo, para que sea coherente con el uso de las palabras en el ambiente lógico en que deben interpretarse.
Por consiguiente, no hay esa situación de obligatoriedad, si es que algún señor Senador puede sentirse llevado a votar una cosa de tal naturaleza.
No estoy de acuerdo con la aseveración de que no hay parvularias suficientes para lograr que esta iniciativa se apoye en ellas, en la enseñanza técnica adecuada, y no en personas de buena voluntad, como ocurre en la actualidad. Eso no es tal -por lo menos es mi opinión-, a la luz de otro proyecto de la Cámara que está analizando la Comisión de Educación del Senado, redactado en términos similares, el cual definitivamente separa lo relativo a los jardines infantiles. En lo personal, no me parece lógico argumentar que, por no haber parvularias, o que se pueda hacer de otra manera, lleguemos a la misma conclusión que indiqué en un comienzo: como al no haber número suficiente de esas profesionales ni existir obligación del Estado, en definitiva, daría lo mismo que lo hicieran ellas u otras personas -según sucede ahora-, significa consagrar en un texto legal que los niños pobres no tendrán el mismo tipo de atención que los que disponen de recursos. Y eso me niego a aceptarlo, como criterio básico para el tratamiento del tema.
Por lo tanto, creo necesario precisar exactamente lo que estamos debatiendo.
Se planteó aquí que el asunto podría ser interpretado o utilizado para otro tipo de argumentaciones, en el sentido de exigir al Estado o tratar de solucionar las dificultades en los próximos años de manera inadecuada. A mi juicio, aquí existe un problema de definición. Si llegamos a la conclusión de que hoy -en el siglo XXI- corresponde preocuparse de la educación parvularia con el objeto de poner a todos los niños en la misma condición, no se puede argumentar que, no habiendo dinero, se rebaja el nivel de estudios de un sector de la población. En verdad, se debe resolver el problema de manera distinta: entregando los recursos necesarios.
En segundo término, los señores Senadores saben que hay un proyecto -además del que mencioné- que trata el tema de la JUNJI (jardines infantiles), y probablemente se utilice el mismo argumento, es decir, que no hay recursos y que, por lo tanto, da lo mismo que los niños reciban o no una atención adecuada a esa edad. La obtendrán solamente los provenientes de sectores con más recursos, pero ello significa condenar derechamente a la dicotomía educacional en el país por los próximos diez o veinte años, porque así lo demuestran todas las estadísticas.
Repito: no se puede deducir que aquí estamos transformando la labor de la familia. Eso no es verdad, bajo ningún concepto. Lo único que hace la iniciativa es definir la educación parvularia. Por lo demás, el uso de las palabras, de acuerdo a los propios criterios que tenemos para legislar, debe atenerse al significado que le dan las personas que laboran en la especialidad. Así lo hemos hecho en todos los proyectos. La gente que trabaja en educación habla de educación parvularia. Por eso, no se puede decir ahora que no se trata de un modelo educacional, porque entonces, ¿de qué estamos hablando?
En tal virtud, señor Presidente , quiero defender muy a fondo lo realizado en el Senado, y hacer presente que lo que se hizo en la Cámara de Diputados no lo comparto, porque si produce confusión, debe reconocerse que no está bien. No es necesario darle al texto del proyecto más extensión que la original. No se deben sacar conclusiones que van en la línea incorrecta y no se deben sentar principios acerca de achicar la oferta porque no hay dinero para todos, ya que eso no es equidad.
Por último -reitero lo que dije al comienzo-, si no tenemos posibilidad de aprobar las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados, pues al parecer existe un número importante de Senadores que no están de acuerdo con ellas a pesar de apoyar la idea central, yo, como autor principal del proyecto -como diría el señor Presidente -, estoy dispuesto a que él vaya a Comisión Mixta.
Señor Presidente , sólo deseaba señalar que el ser humano tiene una diversidad y una riqueza que imposibilitan su definición. Y lo propuesto por la Cámara va dirigido a los niños -sobre todo en sus primeros años de vida, en que se encuentran en la situación más delicada, con todas sus potencialidades-, con el propósito de cimentarles una personalidad equilibrada y las competencias requeridas para enfrentar con propiedad su presente como párvulos y su futuro como estudiantes. Cualquier error al respecto me parece tremendamente peligroso, por decirlo de una forma simple.
En cambio, la redacción utilizada por el Senado es amplia, permite reconocer y respetar la educación parvularia, y también establecer que ella representa un estímulo coadyuvante a todas las otras opciones de desarrollo que tiene el niño en sus primeros meses de vida.
Por eso, me parece oportuno rechazar la modificación propuesta por la Cámara de Diputados, y también que la Comisión Mixta aproveche de corregir el epígrafe respectivo para no llamar a equívoco respecto de las ideas matrices con las cuales se aprobó el proyecto.
Al parecer, existiría acuerdo para rechazar la enmienda propuesta por la Cámara de Diputados. Además, quiero hacer presente que la disposición en ella contenida ni siquiera es materia de ley, porque ésta manda, prohíbe o permite, y en su parte final señala: "Se propone favorecer...", es decir, no hace nada de aquello.
Si le parece a la Sala, se rechazaría la modificación de la Cámara de Diputados.
En consecuencia, sugiero que en representación del Senado, los miembros de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología integren la Comisión Mixta que deberá formarse.
Señor Presidente , ¿por qué me excluyó de las intervenciones?
Discúlpeme, señor Senador. Se debió a un error.
Señor Presidente , deseaba plantear que el texto del Senado es claro, más amplio y, además -a mi juicio-, cae perfectamente bien dentro de la Constitución. En cambio, lo propuesto por la Cámara de Diputados es contrario a la Carta Fundamental, porque establece: "Su finalidad es atender integralmente a niños y niñas...", y como se trata del primer nivel del sistema nacional de educación, se supone que el Estado debe sustentarlo. Entonces, el artículo 6º bis propuesto por la Cámara de Diputados entrega al Estado dicha responsabilidad, atribución que no tiene ni ella ni el Parlamento, pues si se aprueba el concepto de "atender integralmente a niños y niñas", significará que se debe incurrir en gastos. Por lo tanto, me parece inconstitucional esa redacción.
El señor SEPÚLVEDA ( Prosecretario ). -
Ha llegado a la Mesa un informe de la Comisión de Relaciones Exteriores recaído en el proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el Convenio entre las Repúblicas de Chile y Perú para la promoción y protección recíproca de las inversiones y su protocolo, suscritos en Lima el 2 de febrero de 2000. (Boletín Nº 2639-10)
A los señores Ministro del Trabajo y Previsión Social y Director del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, acerca de UTILIZACIÓN DE FONDO DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO EN REGIÓN DE AISÉN
Al señor Ministro de Minería , tocante a PERSPECTIVAS FUTURAS Y ARMONIZACIÓN CON TURISMO Y SILVOAGRICULTURA DE ACTIVIDAD MINERA EN REGIÓN DE AISÉN, y a REDUCCIÓN DE ACTIVIDAD DE MINERA FACHINAL (UNDÉCIMA REGIÓN).
A la señora Ministra de Educación , respecto de IMPLEMENTACIÓN DE PREUNIVERSITARIO EN LOCALIDAD DE ALTO HOSPICIO (PRIMERA REGIÓN)
Al señor Ministro de Obras Públicas , tocante a DEVOLUCIÓN DE FONDOS DE DESAHUCIO Y PAGO DE INDEMNIZACIONES A EX TRABAJADORES DE DIRECCIÓN DE OBRAS SANITARIAS DE IQUIQUE (PRIMERA REGIÓN).
Al señor Ministro de Vivienda y Urbanismo y de Bienes Nacionales, sobre POSTULACIÓN A SUBSIDIO HABITACIONAL DE POBLADORES DE SECTORES OSCAR BONILLA, ARTURO PRAT Y EMILIO GIDI DE LINARES (SÉPTIMA REGIÓN).
Al señor Ministro de Justicia, acerca de ENAJENACIÓN DE INMUEBLES DE CONAPRAN EN ALGUNAS COMUNAS DE REGIÓN DE ATACAMA.
En Incidentes, los Comités Institucionales 2, Mixto, Demócrata Cristiano, UDI e Independientes y Renovación Nacional no intervendrán.
En el tiempo del Comité Institucionales 1, tiene la palabra el Honorable señor Martínez.
Señor Presidente , desde aproximadamente 1957 la Armada de Chile se ha constituido en una de las instituciones de la República -antes que las escuelas de las respectivas universidades- encargadas de formar personal de enfermería a nivel técnico, el cual ha recibido su preparación en la Escuela de Sanidad Naval. A dicha institución concurrieron hasta hace un par de años (después se abrió el sistema con la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza) especialistas de todas las ramas de la Defensa, de Carabineros y de Investigaciones, e incluso, en algunas oportunidades, ciudadanos que no pertenecen a ningún organismo de la Defensa, pero que desean perfeccionar sus conocimientos de enfermería a nivel técnico.
La condición de la Escuela de Sanidad Naval cambia a raíz de la dictación del referido cuerpo legal, quedando bajo la tutela de la Academia Politécnica Naval, instituto de rango superior que entrega títulos profesionales y técnicos de acuerdo a la legislación citada. Pero dicha Escuela continúa preparando personal paramédico, incluidos -como ya dije- funcionarios de otras ramas de la Defensa Nacional y otros servicios.
Sin embargo, se presenta un problema práctico. Por tal razón, personal en retiro de la Armada y de otros servicios han solicitado a la señora Ministra de Salud en repetidas oportunidades -verbalmente o por escrito- el reconocimiento de los títulos correspondientes otorgados por la Escuela de Sanidad Naval a fin de ejercer en la vida pública una vez retirados, pero hasta el momento no han tenido respuesta.
Por lo tanto, solicito a la Mesa del Senado oficiar a la señora Ministra de Salud consultándole por qué no se está aplicando el artículo 73 de la ley Nº 18.962 -modificado por la ley Nº 19.584, que a su vez modificó la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, publicada el 10 de octubre de 1998-, que establece en forma clara: "Las Escuelas de Armas y Especialidades de las Fuerzas Armadas, la Escuela Técnica Aeronáutica de la Dirección General de Aeronáutica Civil y la Escuela de Suboficiales de Carabineros podrán otorgar títulos técnicos de nivel superior según corresponda a la naturaleza de la enseñanza impartida y en el ámbito de su competencia.".
Agrega esa norma -y es bueno recordarlo, porque el propósito es solicitar a la señora Ministra que considere el asunto en su ámbito y que la anomalía se pueda corregir en el sentido de reconocer los títulos de técnicos de los enfermeros- que "Estos títulos técnicos de nivel superior de los establecimientos de educación superior, referidos en el inciso anterior, serán equivalentes" (ello es importantísimo, porque ahí radica la dificultad y la razón de que ese sector, del orden de mil personas, pida que se aplique la disposición) "a los de similar carácter conferidos por los demás establecimientos de educación superior y reconocidos como tales para todos los efectos legales.".
Quisiera consignar que ese personal en retiro, distribuido a lo largo de todo el país, es altamente especializado en las actividades de un técnico en salud. Y ese antecedente resulta relevante, porque en repetidas oportunidades la señora Ministra y otros de sus antecesores, frente a emergencias ambientales, han requerido, a su vez, la cooperación de integrantes de las Fuerzas Armadas para la labor en consultorios, policlínicas y otros servicios de atención al público, y normalmente esos funcionarios de las instituciones castrenses y de Carabineros son los mismos enfermeros a los que hoy, seguramente por una situación no evaluada en su oportunidad por la señora Secretaria de Estado , no se les reconocen sus títulos de técnicos.
Ésa es la petición, señor Presidente. Ruego que se hagan llegar a la señora Ministra de Salud la consulta y el antecedente expuestos.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del Honorable señor Martínez , conforme al Reglamento.
Señor Presidente , quisiera referirme a un artículo del escritor Roberto Ampuero que se publicó en "La Tercera" del domingo recién pasado, en el que se acusa a toda la Izquierda de guardar un silencio injustificable respecto de las violaciones a los derechos humanos en Cuba.
El autor expresa: "Digámoslo sin tapujos: mediante la omisión se practica aquí un doble discurso perjudicial para la izquierda democrática.
"Quiero reiterar que condené y condeno las violaciones a los derechos humanos cometidas bajo la dictadura de Pinochet, las que no tienen parangón en nuestra historia, y que anhelo que se imponga la justicia plena. En el caso de Cuba, rechazo no sólo las acciones violentas contra el régimen, sino también el embargo económico. Y no deseo ni el regreso de los batistianos ni la Cuba pre-revolucionaria, sino tan solo que los cubanos puedan escoger en elecciones auténticamente libres la alternativa política que estimen conveniente. Me identifico, por lo tanto, con la demanda de la inmensa mayoría de los cubanos que viven en la isla y el exilio.".
Dejo constancia, en primer lugar, de que coincido plenamente respecto de ese último párrafo. No quisiéramos nada más que el pueblo cubano, libremente, sin retornar al pasado, pudiese elegir la alternativa política que le parezca más adecuada.
El propio escritor reconoce -y es lo único- que la señora Hortensia Bussi viuda de Allende , cuando Fidel Castro estuvo en Chile, le representó a éste justamente que 42 años en el poder era demasiado, incluso para un Gobierno que se considerara a sí mismo inmejorable, y que, por lo tanto, debía convocar a elecciones libres.
Cabe hacer presente a Roberto Ampuero, quien debiera sustentar un juicio un poco más equilibrado, que el Gobierno de la Concertación ha emitido en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas varios votos condenatorios a las violaciones a los derechos humanos en Cuba; que esos pronunciamientos se han registrado cuando los Ministros de Relaciones Exteriores han sido socialistas. Y, por lo tanto, en el momento de referirse al tema, el autor no puede omitir ese hecho, que me parece sustancial.
En seguida, estamos interesados como el que más en que en Cuba se concrete una evolución democrática. La cuestión radica en saber cómo ello puede tener lugar; qué podemos hacer, sin incurrir en una intervención indebida, para favorecer ese proceso de modo que lleve a una mayor vigencia o a la vigencia plena de los derechos humanos.
Y creo que el único ejemplo a mano son los cambios operados en Unión Soviética y en Europa Oriental, donde, desde dentro de la propia sociedad, y no fundamentándose tanto en los disidentes, cuanto en la propia evolución interna de ella y del Partido Comunista, y dentro de esa colectividad política, se generó una evolución que dio origen a la "perestroika" y, después, al cambio de régimen. Ello fue posible, entre otras cosas, básicamente porque la posición de Occidente y de Estados Unidos fue de apertura, de coexistencia pacífica, de distensión y de colaboración con la sociedad soviética.
La política de Estados Unidos hacia Cuba es exactamente la opuesta. Es la idea del aislamiento, del bloqueo y de la agresión, durante 40 años. Entonces, cuando en un país pequeño existe un régimen como el de la isla, y una potencia como la mencionada se le plantea con ese nivel de agresividad, es obvio que se exacerba el nacionalismo y que se reprime "justificadamente", entre comillas, cualquier forma de disidencia, porque se sostiene que se vive un estado de emergencia o de excepción en que se halla en riesgo no la supervivencia del régimen, sino de la nación, en cuanto independiente. Es preciso tener en cuenta, además, que la historia del país caribeño, respecto de Estados Unidos, es bastante traumática.
Y es así, señor Presidente , que personalmente creo que el embargo -y no sólo el embargo, sino también la política que normalmente han mantenido los Gobiernos estadounidenses hacia Cuba- es hoy el factor principal del inmovilismo del régimen isleño.
Deseo dejar establecido que, cuando me correspondió efectuar - como ya apareció, igualmente, en los fascículos de "La Tercera"- una primera gestión respecto del posible restablecimiento de relaciones entre el Gobierno de Chile, en esa época presidido por don Patricio Aylwin , y el de Cuba, una de las cosas que reiteradamente planteamos a las autoridades de este último fue la conveniencia de fijar un calendario de apertura que llevara a una mayor distensión y a un mayor pluralismo social, cultural y político.
Esa posición fue la que el Papa Juan Pablo II , cuando estuvo en la isla, también reiteró en numerosas ocasiones, es decir, la necesidad de una evolución de la sociedad cubana hacia una mayor convivencia pacífica y, por lo tanto, un mayor respeto a los derechos humanos.
Junto con lo anterior se debe tener en cuenta, asimismo, que en esa oportunidad se pudo obtener la liberación de un chileno preso en Cuba acusado de ser un agente de la dictadura en nuestro país. No sé si lo era o no: no dispongo de ningún antecedente al respecto. Pero al menos se planteó esa exigencia y las autoridades cubanas dejaron libre a esa persona después de que había permanecido más o menos 15 años en la cárcel. O sea, tampoco se puede sostener, como dice el señor Ampuero , que haya habido indiferencia de las personas de Izquierda respecto de la situación de los derechos humanos en Cuba.
Deseo también señalar que, encontrándome en Panamá y siendo presidente de una comisión interparlamentaria latinoamericana de derechos humanos, cuando se produjo el problema masivo de los balseros cubanos, fui a enterarme personalmente de su situación; estaban en la zona del canal, en un campo -podríamos decirlo así, entre comillas- casi de concentración, mientras se les buscaba un destino definitivo, pues ni Estados Unidos ni Panamá querían recibirlos.
Muchos hablan de los derechos humanos en Cuba; muchos reclaman plena libertad para que los cubanos puedan salir de ese país (como debería ser), y sin embargo, cuando llega el momento de que los Estados abran sus puertas para recibirlos -así quedó demostrado en el caso de los balseros-, prima el egoísmo nacional y las puertas no se abren.
Por lo tanto, señor Presidente , creo que hay que juzgar las cosas con mayor rigor y no ponerlas -como lo hace Roberto Ampuero , a quien considero un notable escritor; he leído todas sus novelas, y me parecen muy meritorias- en blanco y negro.
En primer lugar, en el caso de Chile, se trata de establecer relaciones de gobierno a gobierno, con pleno respeto a los derechos que deben tener los países cuando entablan vínculos diplomáticos, al igual como los que tenemos con muchas otras naciones donde también los estándares de derechos humanos no son los mejores.
En segundo término, el Gobierno de Chile y un componente importante que lo sustenta, constituido por los partidos de Izquierda, los cuales son cuestionados por Roberto Ampuero , deben levantar los principios de los derechos humanos como una bandera de su política exterior -lo que se ha acentuado en el último tiempo-, sin que ello signifique intervenir en los asuntos internos de otro país.
No podemos pretender hacer con Cuba lo mismo que le criticamos que hizo con Chile durante los años 70 y 80, y aun, en el primer período de la década del 90.
Y, en tercer lugar, es muy importante que tengamos en cuenta que una cosa es levantar la voz siempre justa para defender principios, y otra, adoptar medidas adecuadas para que las situaciones puedan evolucionar positivamente.
Como bien dice Roberto Ampuero , no se trata de justificar actos violentos contra Cuba; no se trata de justificar el terrorismo que algunas agrupaciones anticastristas han realizado, no sólo en ese país, sino también fuera de él, e incluso contra chilenos, como ocurrió en el caso de Orlando Letelier, por cierto.
Tampoco se trata de propiciar un regreso al pasado imposible, como si la revolución no hubiera acontecido, en circunstancias de que todos -incluso, días atrás lo hizo Arturo Fontaine en el Centro de Estudios Públicos- reconocen al proceso revolucionario cubano avances relevantes en el campo social, especialmente en educación y salud.
Se trata, señor Presidente , de favorecer un clima internacional que permita que la sociedad cubana recupere su normalidad; que deje de ser un estado de excepción; que deje de vivir en un período de guerra -la Guerra Fría terminó-, y que, por tanto, dentro de su propia comunidad surjan las fuerzas necesarias para que el cambio tenga lugar.
Ésa es una política por cierto más difícil. Constituye una actitud tal vez más paciente, más perseverante, que se contradice a veces con simples artículos o escritos que ponen las cosas -por así decirlo- en blanco y negro, como si, a pesar de lo que aquí se expresa, en algún lado está la verdad, y en otro, toda la maldad.
El punto es cómo hacemos avanzar, en la historia compleja de la Isla, que casi no ha conocido una tradición democrática auténtica, valores de democracia y de justicia social, sin olvidar su pasado.
Por eso, señor Presidente -y con esto termino-, el artículo de Roberto Ampuero, titulado "Un silencio injustificable", es al menos parcial. Creo que él debería considerar muchos otros factores, que allí no aparecen, y, al mismo tiempo, reconocer la dificultad de la evolución de la situación política cubana mientras se mantenga la política de Estados Unidos tal cual está. Y, con la misma fuerza con que ataca las violaciones a los derechos humanos en Cuba, Roberto Ampuero debería atacar la política estadounidense, que de alguna manera favorece ese estado de excepción, que justifica o, al menos, explica muchas de las restricciones y violaciones que existen en la isla a los derechos humanos y a las libertades públicas.
Estimo que la política chilena en general -tanto de una parte del mundo empresarial como del mundo político casi en su conjunto y, también, de la Izquierda que respalda al Gobierno del Presidente Lagos- apunta en el sentido correcto, cual es el de restablecer relaciones normales con Cuba y, al mismo tiempo, favorecer en ese país, como en muchas otras naciones del mundo, la plena vigencia de los derechos humanos y de las libertades públicas.
Dispone de un minuto, Su Señoría.
Honorable colega, siento que, pese a haber en sus palabras una crítica implícita...
Explícita; no implícita.
Perdón: explícita.
Repito: siento que, pese a haber en las palabras de Su Señoría una crítica explícita a la falta de democracia en Cuba, existe razón suficiente para pensar también que hay cierto sesgo en el sentido de que estas cosas no deben verse en blanco y negro, y para, en algún grado, entender que hubo una revolución, la cual se mantiene. De ello no existe duda. Pero se debe actuar con mayor fuerza.
Hace algunos días, Fidel Castro salió de la Isla y una periodista le preguntó: "¿Y si usted es detenido por la justicia internacional?". Él responde claramente: "Habrá combate". Y a la consulta de la periodista sobre qué significaba eso, insistió: "Habrá combate".
La noticia llega a Europa, donde uno de los tantos jueces españoles que siempre están a la mira para hacer alguna declaración señala: "No. Aquellos Presidentes que están en ejercicio no pueden ser detenidos en el mundo". Y un periodista del ABC, de Madrid, manifiesta: "Entonces, todas las personas que ostentan el poder de Presidente de la República pueden, lisa y llanamente, ser asesinos, sin que ningún gobierno ni autoridad internacional alguna se lo pueda prohibir".
Por lo tanto, queda explícito que existe una disposición internacional en el sentido de que a Fidel Castro, una vez que salga del poder, lo van a tomar, pues está acusado de cinco mil crímenes o mucho más. Y eso significa claramente que Castro gobernará hasta que fallezca.
Obviamente, el hecho de que exista una disposición internacional en orden a que mientras sea Presidente no podrá llevarse a cabo ninguna acción de justicia en su contra implica decir: "Señor Castro , nunca deje su gobierno".
Ésos son hechos reales.
Por otro lado, el Senador señor Viera-Gallo sostuvo que no es bueno que hagamos con Cuba lo mismo que le criticamos que hizo con Chile en los años 70 y 80.
La verdad es que ninguno de los que somos adversarios del régimen comunista hemos pensado, de partida, enviar armas a Cuba. Tampoco estamos preparando una fuerza guerrillera para que vaya a trabajar o a actuar al interior de la Isla.
Se trata de disposiciones y acciones muy distintas, señor Presidente. Desde el punto de vista humanista, la visión política chilena es mucho más trascendente que la que pueden tener los cubanos. Eso es así.
Por eso, entendiendo que la actitud de Estados Unidos puede ser equivocada, ése no es sólo un problema de Cuba: es un problema mundial, fundamentalmente radicado en Occidente, de manera muy especial en Europa, donde, a través de muchísimas declaraciones, normalmente se culmina defendiendo al régimen sobre la base de ejemplos como los que he señalado.
--Se levantó a las 18:29.