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Timestamp: 2020-01-17 21:34:00
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La desconstitucionalización del Estado de Derecho en Venezuela: del Estado Democrático y Social de Derecho al Estado Comunal Socialista sin reformar la Constitución | Brewer-Carías | Aequitas Virtual
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Allan R. Brewer-Carías Profesor de la Universidad Central de Venezuela Adjunct professor of Law, Columbia Law School, new York Miembro de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales
Resumen: Este estudio analiza la Ley Orgánica del Poder Popular sancionada en diciembre de 2010, mediante la cual se estableció, al margen de la Constitución, un Poder Popular en paralelo al Po­der Público, y un Estado Comunal en paralelo al Estado Constitu­cional democrático y social de derecho que regula la Constitución, montado sobre un sistema socialista basado en la denuncia, per­secución y discriminación políticas y un sistema económico comu­nista que excluye la propiedad privada de los medios de produc­ción, por los cuales nadie a votado en el país.
Palabras clave: Poder Popular, Estado Comunal, Socialismo, Comunismo, Comunas, Consejos Comunales, Sistema Económico Comunal, Contraloría Social.
La Constitución venezolana de 1999, actualmente vigente, constituyó a Vene­zuela como un Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia, “que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la respon­sabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y
∗ Trabajo elaborado en homenaje al profesor Alfredo Morles Hernández.
el pluralismo político” (art.2), organizando a la República como “un Estado federal descentralizado” que “se rige por los principios de integridad territorial, coopera­ción, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad” (art. 4).
Ese es el Estado Constitucional en Venezuela: un Estado Federal descentrali­zado, Democrático y Social de Derecho y de Justicia,1 montado sobre un siste­ma de distribución vertical del Poder Público en tres niveles territoriales, entre el Poder Nacional, el Poder de los Estados y el Poder Municipal (art. 136), cada uno debiendo tener siempre un gobierno de carácter “electivo, descentralizado, alterna­tivo, responsable, pluralista y de mandatos revocables,” tal como lo exige el artícu­lo 6 de la Constitución.
No es posible, por tanto, constitucionalmente hablando, crear por ley instancias políticas que vacíen de competencias a los órganos del Estado (la República, los Estados, los Municipios y demás entidades locales) y menos aún establecerlos con funciones políticas sin que se asegure su carácter electivo mediante la elec­ción de representantes del pueblo a través de sufragio universal, directo y secreto; sin que se asegure su autonomía política propia del carácter descentralizado; y sin que se garantice su carácter pluralista, en el sentido de que no pueden estar vin­culados a una ideología determinada como es el Socialismo.
Este modelo de Estado Constitucional se intentó cambiar mediante una Reforma Constitucional sancionada por la Asamblea Nacional en noviembre de 2007, con el objeto de establecer un Estado Socialista, Centralizado, Militarista y Policial2 deno­minado Estado del Poder Popular o Estado Comunal,3 la cual sin embargo, una vez sometida a consulta popular, fue rechazada por el pueblo el 7 de diciembre de 2007.4
Sin embargo, en burla a la voluntad popular y en fraude a la Constitución, desde antes de que se efectuara dicho referendo, la Asamblea Nacional en abierta viola­ción a la Constitución comenzó a desmantelar el Estado Constitucional para susti­tuirlo por un Estado Socialista mediante la estructuración paralela de un Estado del Poder Popular o Estado Comunal, a través de la sanción de la Ley de los Consejos
1 Véase el estudio de la Constitución en cuanto a la regulación de este modelo de Es­tado Constitucional en Allan R. Brewer-Carías, La Constitución de 1999. Derecho Constitucional venezolano, 2 tomos, Caracas 2004.
2 Véase Allan R. Brewer-Carías, Hacia la Consolidación de un Estado Socialista, Cen­tralizado, Policial y Militarista. Comentarios sobre el sentido y alcance de las propues­tas de reforma constitucional 2007, Colección Textos Legislativos, No. 42, Editorial Jurí­dica Venezolana, Caracas 2007.
3 Véase Allan R. Brewer-Carías, La reforma constitucional de 2007 (Comentarios al Proyecto inconstitucionalmente sancionado por la Asamblea Nacional el 2 de noviem­bre de 2007), Colección Textos Legislativos, No.43, Editorial Jurídica Venezolana, Ca­racas 2007.
4 Véase Allan R. Brewer-Carías, “La proyectada reforma constitucional de 2007, recha­zada por el poder constituyente originario”, en Anuario de Derecho Público 2007, Año 1, Instituto de Estudios de Derecho Público de la Universidad Monteávila, Caracas 2008, pp. 17-65
Comunales de 2006,5 reformada posteriormente y elevada al rango de ley orgánica en 2009.6
Posteriormente, el empeño por implantar en Venezuela un Estado Socialista fue rechazado de nuevo con ocasión de las elecciones legislativas efectuadas el 26 de septiembre de 2010, las cuales fueron planteadas por el Presidente de la República y la mayoría oficialista de la propia Asamblea Nacional, quienes hicieron una masiva campaña a favor de sus candidatos, como un “plebiscito” respecto al propio Presi­dente, su actuación y sus políticas socialistas ya previamente rechazadas por el pueblo en 2007, “plebiscito” que el Presidente de la República y su partido perdieron abrumadoramente pues la mayoría del país votó en contra de las mismas.
Sin embargo, al haber perdido el Presidente y su partido el control absoluto que ejercían sobre la Asamblea Nacional, lo que en el futuro les impedía imponer a su antojo la legislación que quisieran, antes de que los nuevos diputados electos a la Asamblea pudieran tomar posesión de sus cargos en enero de 2011, en diciembre de 2010, atropelladamente y de nuevo en fraude a la voluntad popular y a la Consti­tución, la deslegitimada Asamblea Nacional precedente procedió a la sanción de un conjunto de Leyes Orgánicas mediante las cuales se ha terminado de definir, al margen de la Constitución, el marco normativo de un nuevo Estado, paralelo al Es­tado Constitucional, que no es otra cosa que un Estado Comunista, es decir, Socia­lista, Centralizado, Militarista y Policial denominado “Estado Comunal.”.
Dichas Leyes Orgánicas son las del Poder Popular,7 de las Comunas,8 del Sistema Económico Comunal,9 de Planificación Pública y Comunal10 y de Con­traloría Social,11 Además, en el mismo marco de estructuración del Estado Comu­
5 Véase en Gaceta Oficial N°5.806 Extra. de 10-04-2006 6 Véase en Gaceta Oficial N° 39.335 de 28-12-2009. Véase la sentencia No. 1.676 de 03-12-2009 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia sobre la consti­tucionalidad del carácter orgánico de esta Ley Orgánica de los Consejos Comunales, en http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/diciembre/1676-31209-2009-09-1369.html 7 Véase en Gaceta Oficial Nº 6.011 Extra. de 21-12-2010. La Sala Constitucional me­diante sentencia No. 1329 de 16-12-2009 declaró la constitucionalidad del carácter orgánico de esta Ley. 8 Véase en Gaceta Oficial Nº 6.011 Extra. de 21-12-2010. La Sala Constitucional me­diante sentencia No. 1330 de 17-12-2010 declaró la constitucionalidad del carácter orgánico de esta Ley. Véase en
http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Diciembre/1330-171210-2010-10-1436.html
9 Véase en Gaceta Oficial Nº 6.011 Extra. de 21-12-2010. La Sala Constitucional me­diante sentencia No. 1329 de 16-12-2010 declaró la constitucionalidad del carácter orgánico de esta Ley. Véase en
http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Diciembre/1329-161210-2010-10-1434.html
10 Véase en Gaceta Oficial Nº 6.011 Extra. de 21-12-2010. La Sala Constitucional me­diante sentencia No. 1326 de 16-12-2009 declaró la constitucionalidad del carácter orgánico de esta Ley.
11 Véase en Gaceta Oficial Nº 6.011 Extra. de 21-12-2010. La Sala Constitucional me­diante sentencia No. 1329 de 16-12-2010 declaró la constitucionalidad del carácter orgánico de esta Ley. Véase en
http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Diciembre/%201328-161210-2010-10-1437.html
nal montado sobre el Poder Popular se destaca la reforma de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal,12 y de las Leyes de los Consejos Estadales de Plani­ficación y Coordinación de Políticas Públicas,13 y de los Consejos Locales de Planificación Pública.14 En diciembre de 2010, además, se trató de aprobar la Ley Orgánica del Sistema de Transferencia de Competencias y Atribuciones de los Estados y Municipios a las Organizaciones del Poder Popular, la cual sin embargo no llegó a ser sancionada.15
La deslegitimada Asamblea Nacional, además, sancionó una Ley habilitante au­torizando al Presidente de la República para por vía de legislación delegada, dictar leyes en todas las materias imaginables, incluso de carácter orgánico, vaciando así por un período de 18 meses, hasta 2012, a la nueva Asamblea Nacional de mate­rias sobre las cuales poder legislar.
Ahora bien, el marco definitorio general del Estado Socialista que se quiere im­poner a los venezolanos, y por el cual nadie ha votado, montado sobre el ejercicio de la soberanía del pueblo exclusivamente en forma directa a través del ejercicio del Poder Popular y el establecimiento de un Estado Comunal está contenido en la Ley Orgánica del Poder Popular (LOPP), a cuyo análisis van destinadas estas notas, cuyas disposiciones, conforme a su artículo 6, “son aplicables a todas las organi­zaciones, expresiones y ámbitos del Poder Popular, ejercidas directa o indirecta­mente por las personas, las comunidades, los sectores sociales, la sociedad en general y las situaciones que afecten el interés colectivo, acatando el principio de legalidad en la formación, ejecución y control de la gestión pública.”
Es decir, las disposiciones de esta ley orgánica son omnicomprensivas, se impo­ne su aplicación a todos y a todo, como pieza esencial del principio de legalidad en la formación, ejecución y control de la gestión pública.
El objetivo fundamental de estas leyes es la organización del “Estado Comunal” que tiene a la Comuna como a su célula fundamental, suplantando inconstitucio­nalmente al Municipio en el carácter que tiene de “unidad política primaria de la organización nacional” (art. 168 de la Constitución), a través de cuya organización se ejerce el Poder Popular, el cual se concreta en el ejercicio de la soberanía po­pular sólo directamente por el pueblo, y no mediante representantes. Se trata por tanto, de un sistema político estatal en el cual se ignora la democracia representa­tiva violándose así abiertamente la Constitución de la República.
El Estado Socialista que se busca implantar con estas leyes, denominado Esta­do Comunal, en paralelo al Estado Constitucional, se basa en este simple esque­ma: como el artículo 5 de la Constitución dispone que “La soberanía reside in­transferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público,” habiéndose estructurado el Estado Consti­tucional basado en el concepto de democracia representativa, es decir, el ejercicio de la soberanía en forma indirecta mediante el sufragio; entonces ahora se estruc­tura el Estado Comunal, basado en el ejercicio de la soberanía en forma directa.
Ello incluso ha sido “legitimado” por las sentencias dictadas por la Sala Consti­tucional del Tribunal Supremo de Justicia cuando al analizar el carácter orgánico de las leyes, como en la dictada en relación con la Ley Orgánica de las Comunas, señaló que la misma se dictó:
“en desarrollo del principio constitucional de la democracia participativa y descentralizada que postula el preámbulo constitucional y que reconocen los artículos 5 y 6 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de cuyo contenido se extrae el principio de soberanía, cuyo titular es el pue­blo, quien está además facultado para ejercerla “directamente”yno sólo “in­directamente” por los órganos del Poder Público; así como del artículo 62 ejusdem, que estatuye el derecho de las personas a la libre participación en los asuntos públicos y, especialmente, el artículo 70 del mismo texto funda­mental, que reconoce expresamente medios de autogestión como mecanis­mos de participación popular protagónica del pueblo en ejercicio de su sobe­ranía, medios que son sólo enunciativos en los términos de la predicha nor­ma.”16
“Forma de organización político social, fundada en el Estado democrático y social de derecho y de justicia establecido en la Constitución de la República, en la cual el poder es ejercido directamente por el pueblo, con un modelo económico de propiedad social y de desarrollo endógeno sustentable, que permita alcanzar la suprema felicidad social de los venezolanos y venezola­nas en la sociedad socialista. La célula fundamental de conformación del es­tado comunal es la Comuna.17
16 Véase la sentencia No.1.330, Caso: Carácter Orgánico de la Ley Orgánica de Comu­nas, de fecha 17/12/2010, en http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Diciembre/1330­171210-2010-10-1436.html
17 En la Ley Orgánica de las Comunas, sin embargo, se define al Estado Comunal de la siguiente manera: “Forma de organización político-social, fundada en el Estado de­mocrático y social de derecho y de justicia establecido en la Constitución de la Repú­blica, en la cual el poder es ejercido directamente por el pueblo, a través de los auto­gobiernos comunales, con un modelo económico de propiedad social y de desarrollo endógeno y sustentable, que permita alcanzar la suprema felicidad social de los ve­nezolanos y venezolanas en la sociedad socialista. La célula fundamental de confor­mación del estado comunal es la Comuna” (art. 4.10).
Se busca establecer así, un Estado Comunal en paralelo al Estado Constitucio­nal: el primero basado en el ejercicio de la soberanía directamente por el pueblo; y el segundo, basado en el ejercicio de la soberanía indirectamente por el pueblo, mediante representantes electos por sufragio universal; en un sistema, en el cual el primero irá vaciando progresivamente de competencias al segundo. Todo ello es inconstitucional, particularmente porque en la estructura del Estado Comunal que se monta, el ejercicio de la soberanía en definitiva es indirecta mediante “re­presentantes” que se “eligen” para ejercer el Poder Popular en nombre del pueblo, y que son denominados “voceros” o “vocerías,” pero no son electos mediante su­fragio.
El sistema que se busca montar, en definitiva, controlado todo por un Ministerio del Ejecutivo Nacional, lejos de ser un instrumento de descentralización – concep­to que está indisolublemente unido a la autonomía política – es un sistema de cen­tralización y control férreo de las comunidades por el Poder Central. Por ello la aversión al sufragio. En ese esquema, una verdadera democracia participativa sería la que garantizaría que los miembros de los Consejos Comunales, las comu­nas y todas las organizaciones e instancias del Poder Popular fueran electas por sufragio universal, directo y secreto, y no a mano alzada por asambleas controla­das por el partido oficial y el Ejecutivo Nacional, en contravención al modelo de Estado democrático y social de derecho y de justicia descentralizado establecido en la Constitución.
Pues bien, es en este contexto, y buscando establecer en paralelo al Estado Constitucional en el cual el pueblo ejerce indirectamente el Poder Público median­te representantes electos por sufragio universal directo y secreto, un Estado Co­munal en el cual el pueblo supuestamente ejercería directamente el Poder Popular mediante voceros que no son electos por sufragio universal, directo y secretos, sino en asambleas de ciudadanos, el artículo 2 de la LOPP, define al Poder Popu­lar, como:
“el ejercicio pleno de la soberanía por parte del pueblo en lo político, econó­mico, social, cultural, ambiental, internacional, y en todo ámbito del desenvol­vimiento y desarrollo de la sociedad, a través de sus diversas y disímiles for­mas de organización, que edifican el estado comunal.”
Todo lo cual no es más que una falacia, pues en definitiva en ese “edificio” del Estado Comunal se le niega al pueblo el derecho de elegir libremente, mediante sufragio universal, directo y secreto a quienes van a representarlo en todos esos ámbitos, incluyendo el internacional. Se trata más bien de un “edificio” de organi­zaciones para evitar que el pueblo realmente ejerza la soberanía e imponerle me­diante férreo control central políticas por las cuales nunca tendrá la ocasión de votar.
Por otra parte, según el artículo 4 de la LOPP, la finalidad de este Poder Popu­lar que se ejerce por los órganos del Estado Comunal, “garantizar la vida y el bienestar social del pueblo, mediante la creación de mecanismos para su desarro­llo social y espiritual, procurando la igualdad de condiciones para que todos y to­das desarrollen libremente su personalidad, dirijan su destino, disfruten los dere­chos humanos y alcancen la suprema felicidad social; sin discriminaciones por motivos de origen étnico, religioso, condición social, sexo, orientación sexual, iden­tidad y expresión de genero, idioma, opinión política, nacionalidad u origen, edad, posición económica, condición de discapacidad o cualquier otra circunstancia per­sonal, jurídica o social, que tenga por resultado anular o menoscabar el reconoci­miento, goce o ejercicio de los derechos humanos y garantías constitucionales.” Por supuesto todos estos principios de igualdad se rompen desde que el sistema de Estado Comunal, paralelo al Estado Constitucional, se monta sobre una con­cepción única, que es el Socialismo, de manera que quien no sea socialista está automáticamente discriminado. No es posible, por tanto, en el marco de esta ley poder conciliar el pluralismo que garantiza la Constitución y el principio de la no discriminación por razón de “opinión política” a que se refiere este artículo, con el resto de las disposiciones de la Ley que persiguen todo lo contrario, es decir, el establecimiento de un Estado Comunal, cuyas instancias sólo pueden actuar en función del Socialismo y en las cuales todo ciudadano que tenga otra opinión que­da excluido.
Es decir, mediante esta Ley Orgánica se ha establecido el marco definitorio de un nuevo modelo de Estado paralelo y distinto al Estado Constitucional, denomi­nado el Estado Comunal basado en forma exclusiva y exclusionista en el socialis­mo como doctrina y practica política, que es la organización política a través de la cual se produce el ejercicio del Poder Popular que es a la vez “el ejercicio pleno de la soberanía por parte del pueblo.”
Ese Poder Popular se fundamenta, como se declara en el artículo 3 de la LOPP, “en el principio de soberanía y el sentido de progresividad de los derechos contemplados en la Constitución de la República, cuyo ejercicio y desarrollo está determinado por los niveles de conciencia política y organización del pueblo” (art. 3). Con esta declaración, sin embargo, lejos de la universalidad, prevalencia y progresividad de los derechos humanos que se garantizan la Constitución, lo que se ha establecido es la desaparición total de la concepción universal de los dere­chos humanos, el abandono a su carácter prevalente y el retroceso ante los prin­cipios pro homines y favor libertatis, al condicionarse su existencia, alcance y pro­gresividad a lo que se determine “por los niveles de conciencia política y organiza­ción del pueblo,” es decir, por lo que dispongan y prescriban las organizaciones del Poder Popular con las que se busca “organizar” al pueblo, todas sometidas al Socialismo. Con ello desaparece la concepción de los derechos humanos como esferas que son innatas al hombre e inmunes frente al poder; pasándose a una concepción de los derechos humanos dependientes de lo que ordene un poder central, que en definitiva controla todo el “edificio” del Estado Comunal o Estado Socialista, como clara demostración del totalitarismo que está a la base de esta Ley.
En el mismo sentido se dispone en el artículo 5 de la LOPP, que “la organiza­ción y participación del pueblo en el ejercicio de su soberanía se inspira en la doc­trina del Libertador Simón Bolívar, y se rige por los principios y valores socialis­tas,”18 con lo cual, como se ha dicho, se vincula la organización del Estado Comu­
18 La misma expresión se utilizó en la Ley Orgánica de las Comunas respecto de la constitución, conformación, organización y funcionamiento de las mismas (art. 2); en
nal que se organiza en paralelo al Estado Constitucional, con la ideología política socialista, es decir, con el socialismo, el cual se define en el artículo 8.14 como:
“un modo de relaciones sociales de producción centrado en la convivencia solidaria y la satisfacción de necesidades materiales e intangibles de toda la sociedad, que tiene como base fundamental la recuperación del valor del tra­bajo como productor de bienes y servicios para satisfacer las necesidades humanas y lograr la suprema felicidad social y el desarrollo humano integral. Para ello es necesario el desarrollo de la propiedad social sobre los factores y medios de producción básicos y estratégicos que permita que todas las fa­milias, ciudadanos venezolanos y ciudadanas venezolanas posean, usen y disfruten de su patrimonio, propiedad individual o familiar, y ejerzan el pleno goce de sus derechos económicos, sociales, políticos y culturales.”19
Lo primero que debe observarse respecto de esta norma, es la insostenible pre­tensión de vincular “la doctrina del Libertador Simón Bolívar” con los principios y valores socialistas. En la obra de Bolívar y en relación con su concepción del Es­tado nada puede encontrarse al respecto,20 no siendo la norma sino una preten­sión más de continuar manipulando el “culto” a Bolívar para justificar los autorita­rismos, como tantas veces ha ocurrido antes en nuestra historia.21 Con la norma,
la Ley Orgánica de los Consejos Comunales respecto de los mismos (art. 1), y en la Ley Orgánica de Contraloría Social (art. 6).
19 Igual definición se encuentra en el artículo 4.14 de la Ley Orgánica de las Comunas. Muchas son las definiciones de socialismo, pero en todas, se pueden identificar sus elementos básicos: (i) un sistema de organización social y económico, (ii) basado en la propiedad y administración colectiva o estatal de los medios de producción, y (iii) en regulación por el Estado de las actividades económicas y sociales y de la distribu­ción de los bienes, (iv) buscando la progresiva desaparición de las clases sociales.
20 Véase Allan R. Brewer-Carías, “Ideas centrales sobre la organización el Estado en la Obra del Libertador y sus Proyecciones Contemporáneas” en Boletín de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Nº 95-96, enero-junio 1984, pp. 137-151.
21 Ha sido el caso de Antonio Guzmán Blanco en el siglo XIX y de Cipriano Castro, Juan Vicente Gómez, Eleazar López Contreras y Marcos Pérez Jiménez en el siglo XX. John Lynch ha señalado que: “El tradicional culto a Bolívar ha sido usado como ideo­ligía de conveniencia por dictadores militares, culminando con los regímenes de Juan Vicente Gómez y Eleazar López Contreras; quienes al menos respetaron, mas o me­nos, los pensamientos básicos del Libertador, aún cuando tergiversaron su significa­do.” Concluye Lynch señalando que en el caso de Venezuela, en la actualidad, el proclamar al Libertador como fundamento de las políticas del régimen autoritario, constituye una distorsión de sus ideas. Véase John Lynch, Simón Bolívar: A Life, Yale University Press, New Haven 2007, p. 304. .Véase también, Germán Carrera Damas, El culto a Bolívar, esbozo para un estudio de la historia de las ideas en Venezuela, Universidad Central de Venezuela, Caracas 1969; Luis Castro Leiva, De la patria bo­ba a la teología bolivariana, Monteávila, Caracas 1987; Elías Pino Iturrieta, El divino Bolívar. Ensayo sobre una religión republicana, Alfail, Caracas 2008; Ana Teresa To­rres, La herencia de la tribu. Del mito de la independencia a la Revolución bolivariana, Editorial Alfa, Caracas 2009. Sobre la historiografía en relación con estos libros véase Tomás Straka, La épica del desencanto, Editorial Alfa, Caracas 2009.
por otra parte y por supuesto, se viola abiertamente la garantía del derecho de propiedad que está en la Constitución (art. 115) que no permite su restricción sólo a la propiedad colectiva o social excluyendo la propiedad privada de los medios de producción
El artículo 5 de la LOPP, por otra parte, define como “principios y valores socia­listas” los siguientes:
“democracia participativa y protagónica, interés colectivo, equidad, justicia, igualdad social y de género, complementariedad, diversidad cultural, defensa de los derechos humanos, corresponsabilidad, cogestión, autogestión, co­operación, solidaridad, transparencia, honestidad, eficacia, eficiencia, efecti­vidad, universalidad, responsabilidad, deber social, rendición de cuentas, control social, libre debate de ideas, voluntariedad, sustentabilidad, defensa y protección ambiental, garantía de los derechos de la mujer, de los niños, ni­ñas y adolescentes, y de toda persona en situación de vulnerabilidad, defen­sa de la integridad territorial y de la soberanía nacional. (art. 5).22
Este catálogo de “principios” por supuesto no están vinculados necesariamen­te al socialismo, ni son exclusivamente “principios y valores socialistas” como se pretende hacer ver, en una apropiación indebida que hace el legislador. El redactor de la norma, en realidad, lo que hizo fue copiar todo el elenco de principios que se encuentran definidos a lo largo de la Constitución, en muchas normas (Preámbulo y arts.1, 2, 3, 4, 6, 19, 20, 21, 22, 26, 84, 86, 102, 112, 137, 141, 153, 165, 257, 293, 299, 311, 316, 326, por ejemplo), y que son los valores del Estado Constitucional. Sólo en algún caso no se han atrevido a utilizar la terminología clásica como “liber­tad de expresión,” y la han querido sustituir por “libre debate de ideas,” lo que por supuesto no es lo mismo, sobre todo porque dicha libertad no se tolera en un Esta­do Socialista que sólo conoce de una ideología única.
Para desarrollar y consolidar el Poder Popular, ignorando los valores y princi­pios constitucionales básicos que tienen que tener todas las instancias de gobierno en Venezuela que deben ser “electivos, descentralizados, alternativos, responsa­bles, pluralistas y de mandatos revocables” tal como lo exige el artículo 6 de la Constitución, es que se ha dictado la LOPP para supuestamente generar
“condiciones objetivas a través de los diversos medios de participación y orga­nización establecidos en la Constitución de la República, en la ley y los que surjan de la iniciativa popular, para que los ciudadanos y ciudadanas ejerzan el pleno derecho a la soberanía, la democracia participativa, protagónica y co­rresponsable, así como a la constitución de formas de autogobierno comunita­rias y comunales, para el ejercicio directo del poder” (art. 1).
Conforme a la Constitución “la creación de nuevos sujetos de descentralización a nivel de las parroquias, las comunidades, los barrios y las vecindades” sólo es
22 Estos mismos principios se enumeran en relación con las comunas en el artículo 2 de la Ley Orgánica de las Comunas; y en relación con la contraloría social en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Contraloría Social.
posible “a los fines de garantizar el principio de la corresponsabilidad en la gestión pública de los gobiernos locales y estadales y desarrollar procesos autogestiona­rios y cogestionarios en la administración y control de los servicios públicos esta-dales y municipales.” (art. 184.6) Ello significa que los mecanismos de participa­ción que puedan establecerse conforme a la Constitución no son para vaciar a las estructuras del Estado Constitucional, es decir, de los “gobiernos locales y estada-les,” sino para reforzarlas en la gestión pública. Por otra parte, conforme a la Constitución, no puede haber gobierno alguno que no sea electivo, descentraliza­do y pluralista; sin embargo, en la LOPP se define un Estado paralelo que es el Estado Comunal, montado sobre “gobiernos” o “autogobiernos” que no son ni elec­tivos, ni descentralizados ni pluralistas.
Sobre estos, el artículo 14 de la LOPP, se limita a definir “el autogobierno co­munal y los sistemas de agregación que surjan entre sus instancias” como “un ámbito de actuación del Poder Popular en el desarrollo de su soberanía, mediante el ejercicio directo por parte de las comunidades organizadas, de la formulación, ejecución y control de funciones públicas, de acuerdo a la ley que regula la mate­ria.”
En este contexto, además, a la “comunidad” se la define en la LOPP como el “núcleo espacial básico e indivisible constituido por personas y familias que habi­tan en su ámbito geográfico determinado, vinculadas por características e inter­eses comunes que comparten una historia, necesidades y potencialidades cultura­les, económicas, sociales, territoriales y de otra índole” (art. 8.4).23
Se destaca, en relación con lo que dispone la Constitución sobre la organiza­ción del Estado, el agregado de “socialista” que impone esta previsión, con lo cual se rompe el principio del pluralismo que garantiza la propia Constitución, abriendo la vía para la discriminación política de todo aquél ciudadano que no sea socialis­ta, a quien se le niega, por tanto, el derecho a la participación política.
2. Generar las condiciones para garantizar que la iniciativa popular, en el ejercicio de la gestión social, asuma funciones, atribuciones y competencias de administración, prestación de servicios y ejecución de obras, mediante la transferencia desde los distintos entes político-territoriales hacia los autogo­biernos comunitarios, comunales y los sistemas de agregación que de los
23 La misma definición se repite en la ley Orgánica de las Comunas (art. 4.4) y en la Ley Orgánica de los Consejos Comunales (art. 4.1)
mismos surjan.
Conforme al artículo 184.1 de la Constitución, esta transferencia de competen­cias sólo se puede referir a “servicios en materia de salud, educación, vivienda, deporte, cultura, programas sociales, ambiente, mantenimiento de áreas industria­les, mantenimiento y conservación de áreas urbanas, prevención y protección ve­cinal, construcción de obras y prestación de servicios públicos” a cuyo efecto se pueden “establecer convenios cuyos contenidos estarán orientados por los princi­pios de interdependencia, coordinación, cooperación y corresponsabilidad.”.
1. Fortalecer la cultura de la participación en los asuntos públicos para garan­tizar el ejercicio de la soberanía popular.
2. Promover los valores y principios de la ética socialista: la solidaridad, el bien común, la honestidad, el deber social, la voluntariedad, la defensa y pro­tección del ambiente y los derechos humanos.
Estos, la verdad, no son valores de ninguna “ética socialista,” sino como se ha dicho anteriormente, son valores de la democracia y civilización occidental, pro­pios del Estado Constitucional.
1. Coadyuvar con las políticas de Estado en todas sus instancias, con la fina­lidad de actuar coordinadamente en la ejecución del Plan de Desarrollo Eco­nómico y Social de la Nación y los demás planes que se establezcan en cada uno de los niveles políticos-territoriales y las instancias político-administrati­vas que la ley establezca.
2. Establecer las bases que permitan al pueblo organizado el ejercicio de la contraloría social para asegurar que la inversión de los recursos públicos se realice de forma eficiente para el beneficio colectivo; y vigilar que las activi­dades del sector privado con incidencia social se desarrollen en el marco de las normativas legales de protección a los usuarios y consumidores.
A los efectos de esta norma, el artículo 8.6 de la LOPP, define el control social, como el ejercicio de la función de prevención, vigilancia, supervisión, acompaña­miento y control, practicado por los ciudadanos y ciudadanas de manera individual
o colectiva sobre la gestión del Poder Público y de las instancias del Poder Popu­lar, así como de las actividades privadas que afecten el interés colectivo (art. 8.6). Sin embargo, nada en la Constitución autoriza a que se asignen a entidades públi­cas comunitarias dependientes del Ejecutivo Nacional, competencias para ejercer vigilancia o contraloría social sobre las actividades privadas. Esa es una función que sólo pueden ejercer los entes político territoriales del Estado.
A los efectos de esta norma, la Ley define la corresponsabilidad, como la “res­ponsabilidad compartida entre los ciudadanos y ciudadanas y las instituciones del Estado en el proceso de formación, ejecución, control y evaluación de la gestión social, comunitaria y comunal, para el bienestar de las comunidades organizadas” (art. 8.7). La autogestión, se la define como el “conjunto de acciones mediante las cuales las comunidades organizadas asumen directamente la gestión de proyec­tos, ejecución de obras y prestación de servicios para mejorar la calidad de vida en su ámbito geográfico” (art. 8.2). Y la cogestión, se la define como el “proceso mediante el cual las comunidades organizadas coordinan con el Poder Público, en cualquiera de sus niveles e instancias, la gestión conjunta para la ejecución de obras y prestación de servicios necesarios para mejorar la calidad de vida en su ámbito geográfico”(art. 8.3).
Por otra parte, a los efectos de estas normas, la “comunidad organizada” se de­fine en la LOPP como aquella “constituida por las expresiones organizativas popu­lares, consejos de trabajadores y trabajadoras, de campesinos y campesinas, de pescadores y pescadoras y cualquier otra organización social de base, articulada a una instancia del Poder Popular24 debidamente reconocida por la ley y registrada en el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de participación ciudadana” (art. 8.5). La Constitución, sin embargo, al referirse a las organizacio­nes comunitarias para poder ser sujetos de descentralización, las concibe sólo como entidades de carácter territorial, como “las parroquias, las comunidades, los barrios y las vecindades” que son las que pueden asumir conforme al artículo 186,6, “corresponsabilidad en la gestión pública de los gobiernos locales y estada-les y desarrollar procesos autogestionarios y cogestionarios en la administración y control de los servicios públicos estadales y municipales.”
III. LAS INSTANCIAS DEL PODER POPULAR
Las instancias del Poder Popular para el “ejercicio pleno de la soberanía por parte del pueblo” y que forman las “diversas y disímiles formas de organización, que edifican el Estado Comunal” (art. 2), conforme se precisa en el artículo 8.9 de la LOPP, están “constituidas por los diferentes sistemas de agregación comunal y sus articulaciones, para ampliar y fortalecer la acción del autogobierno comunal: consejos comunales, comunas, ciudades comunales, federaciones comunales, confederaciones comunales y las que, de conformidad con la Constitución de la República, la ley que regule la materia y su reglamento, surjan de la iniciativa po­pular,”25 constituyendo las “organizaciones de base del Poder Popular” aquéllas “constituidas por ciudadanos y ciudadanas para la búsqueda del bienestar colecti­vo” (art. 8.10).
24 La definición que se formula sobre la “comunidad organizada,” es similar en la Ley Orgánica de las Comunas, como “constituida por las expresiones organizativas popu­lares, consejos de trabajadores y trabajadoras, de campesinos y campesinas, de pes­cadores y pescadoras y cualquier otra organización de base, articuladas en una ins­tancia del Poder Popular”(art. 4.5)
25 En la Ley Orgánica de las Comunas, sin embargo, se define a las “instancias del Po­der Popular como las constituidas “por los diferentes sistemas de agregación comu­nal: consejos comunales, comunas, ciudades comunales, federaciones comunales, confederaciones comunales y los otros que, de acuerdo a la Constitución de la Repú­blica y la ley, surjan de la iniciativa popular. ” (art. 4.12)
Todas estas instancias del Poder Popular reconocidas en la LOPP, como lo dispone su artículo 32, adquieren personalidad jurídica mediante el registro ante el Ministerio del Poder Popular de las Comunas, atendiendo a los procedimientos que se establezcan en el Reglamento de la Ley. Con ello, en definitiva, se deja en manos del Ejecutivo Nacional la decisión de registrar o no un consejo comunal, una comuna o una ciudad comunal, y ello lo hará, por supuesto, aplicando la letra de la Ley lo que significa que si no está dominada por “voceros” que no sean so­cialistas, no cabe su registro ni, por tanto, su reconocimiento como persona jurídi­ca, así sea producto genuino de una iniciativa popular.
Ninguna de las personas que ejercen la titularidad de los órganos del Poder Popular, y que se denominan “voceros” tienen su origen en elecciones efectuadas mediante sufragio directo, universal y secreto. Ni siquiera puede decirse que tie­nen su origen en elecciones indirectas, pues en ningún caso hay elección directa de primer grado.
En efecto, la LOPP no indica la forma de “elección” de los voceros de las ins­tancias del Poder Popular, y lo que se regula en las diferentes leyes dictadas para normar las instancias del Poder Popular es una designación por órganos que no tienen su origen en elecciones directas universales y secretas. En particular, por ejemplo, en la Ley Orgánica de los Consejos Comunales, se dispone que los voce­ros de los mismos son “electos” por las asambleas de ciudadanos (arts. 4.6 y 11), y no precisamente mediante sufragio universal, directo y secreto como lo prescribe la Constitución, sino mediante una supuesta “votación popular” que no es organi­zada por el Poder Electoral, y que se realiza en asambleas abiertas en las cuales no hay garantía del sufragio. La Ley, sin embargo, si indica que todas las instan­cias del Poder Popular que sean “electas por votación popular,” son revocables a partir del cumplimiento de la mitad del período de gestión correspondiente, en las condiciones que establece la ley (art. 17).
Debe indicarse, en efecto, que a la base de estas instancias del Poder Popular, están las Asambleas de Ciudadanos que si bien la LOPP no las regula específi­camente ni las nombra en artículo alguno, sin embargo, las define como la “máxi­ma instancia de participación y decisión de la comunidad organizada, conformada por la integración de personas con cualidad jurídica, según la ley que regule la forma de participación, para el ejercicio directo del poder y protagonismo popular, cuyas decisiones son de carácter vinculante para la comunidad, las distintas for­mas de organización, el gobierno comunal y las instancias del Poder Público, de acuerdo a lo que establezcan las leyes que desarrollen la constitución, organiza­ción y funcionamiento de los autogobiernos comunitarios, comunales y los siste­mas de agregación que de éstos surjan” (art. 8.1).
En el artículo 15.4 de la LOPP, se define a los sistemas de agregación comunal, a aquellas instancias que por iniciativa popular surjan entre los consejos comuna­les y entre las comunas; sobre lo cual el artículo 50 de la LOC precisa que “las instancias del Poder Popular podrán constituir sistemas comunales de agregación entre sí, con el propósito de articularse en el ejercicio del autogobierno, para forta­lecer la capacidad de acción sobre aspectos territoriales, políticos, económicos, sociales, culturales, ecológicos y de seguridad y defensa de la soberanía nacional, de conformidad a la Constitución de la República y la ley.”
Las finalidades de los sistemas comunales de agregación conforme al artícu­lo 59 de la LOC, son las siguientes:
2. Llevar adelante planes de inversión en su ámbito territorial, atendiendo los lineamientos y requerimientos establecidos en los planes comunales de de­sarrollo respectivos.
4. Impulsar el desarrollo del sistema económico comunal, mediante la articu­lación en redes, por áreas de producción y servicios, de las organizaciones socio-comunitarias de propiedad social comunal directa o indirecta.
5. Ejercer funciones de control social, sobre los diferentes planes y proyectos que en su ámbito territorial ejecuten las instancias del Poder Popular o el Po­der Público.
La LOC, sin embargo, nada establece sobre las condiciones para la constitu­ción de los sistemas comunales de agregación y sobre su funcionamiento, lo que se remite a ser establecido en el Reglamento de la LOC y los lineamientos que a tales efectos dicte el Ministerio del Poder Popular de las Comunas.
En todo caso, la LOC enumeró en su artículo 60, los diversos tipos de siste­mas de agregación comunal así:
2. La Comuna: como instancia de articulación de varias comunidades organi­zadas en un ámbito territorial determinado.
3. La Ciudad Comunal: constituida por iniciativa popular, mediante la agrega­ción de varias comunas en un ámbito territorial determinado.
5. Confederación Comunal: instancia de articulación de federaciones comuna­les en el ámbito de un eje territorial de desarrollo.
En particular, en cuanto a la Ciudad Comunal, la federación Comunal y la Confederación Comunal, las condiciones para su conformación deben ser desarro­lladas en el Reglamento de cada Ley.
Ahora bien, de todas estas instancias del Poder Popular previstas para “el ejer­cicio del autogobierno,” el artículo 15 de la LOPP sólo se refiere con algún detalle a los Consejos Comunales y a las Comunas, las cuales por lo demás, son las que han sido reguladas en la Ley Orgánica de los Consejos Comunales y en la ley Or­gánica de Comunas; y a las Ciudades Comunales.
Los Consejos Comunales se definen en la Ley como la “instancia de participa­ción, articulación e integración entre los ciudadanos, ciudadanas y las diversas organizaciones comunitarias, movimientos sociales y populares, que permiten al pueblo organizado ejercer el gobierno comunitario y la gestión directa de las políti­cas públicas y proyectos orientados a responder a las necesidades, potencialida­des y aspiraciones de las comunidades, en la construcción de nuevo modelo de sociedad socialista de igualdad, equidad y justicia social” (art. 15.1).26
Se destaca de esta definición legal, que los Consejos Comunales sólo y exclu­sivamente pueden tener por objeto contribuir a “la construcción de un nuevo mo­delo de sociedad socialista,” en violación al principio del pluralismo que establece el artículo 6 de la Constitución, por lo que todo aquél ciudadano que no siga o acepte la doctrina socialista no tiene cabida en este nuevo Estado paralelo que se busca construir con esta Ley.
Esta instancia del Poder Popular constituida por los Consejos Comunales está regulada en la mencionada Ley Orgánica de los Consejos Comunales,27 a cuyos “voceros,” además, mediante la reforma de la Ley Orgánica del Poder Público Mu­nicipal de diciembre de 2010, se les ha asignado la función de designar a los miembros de las Juntas Parroquiales, las cuales, en consecuencia, fueron “degra­dadas” dejando de ser las “entidades locales” que eran, con gobiernos electos por sufragio universal directo y secreto, pasando a ser simples órganos “consultivos, de evaluación y articulación entre el Poder Popular y los órganos del Poder Públi­co Municipal” (art. 35), cuyos miembros, además, los deben designar los voceros de los consejos comunales de la parroquia respectiva (art. 35), y sólo de entre aquellos avalados por la Asamblea de Ciudadanos “de su respectivo consejo co­munal”(at. 36). A tal efecto, en forma evidentemente inconstitucional, la Ley de reforma del Poder Municipal, decretó la “cesación” en sus funciones de “los miem­bros principales y suplentes, así como los secretarios o secretarias, de las actua­les juntas parroquiales, quedando las alcaldías responsables del manejo y destino del personal, así como de los bienes correspondientes” (Disposición Derogatoria Segunda).
26 Igual definición se establece en el artículo 2 de la ley Orgánica de los Consejos Co­munales (art. 2).
27 Véase en Gaceta Oficial N°39.335 de 28-12-2009
Las Comunas, por su parte, que están concebidas en la LOPP como la “célula fundamental” del Estado Comunal, se las define en el artículo 15.2 como el “espa­cio socialista que como entidad local es definida por la integración de comunida­des vecinas con una memoria histórica compartida, rasgos culturales, usos y cos­tumbres que se reconocen en el territorio que ocupan y en las actividades produc­tivas que le sirven de sustento y sobre el cual ejercen los principios de soberanía y participación protagónica como expresión del Poder Popular, en concordancia con un régimen de producción social y el modelo de desarrollo endógeno y sustentable contemplado en el Plan de Desarrollo, Económico y Social de la Nación.”28 Esta misma definición de la Comuna como espacio socialista está en el artículo 5 de la Ley Orgánica de las Comunas; noción que implica que la misma está vedada a todo aquél que no sea socialista o que no crea en el socialismo o que no comul­gue con el socialismo como doctrina política. La concepción legal de la Comuna, por tanto, es contraria al pluralismo democrático que garantiza la Constitución, siendo abiertamente discriminatoria y contraria a la igualdad que también garanti­za el artículo 21 de la Constitución.
Por otra parte, en la norma mencionada de la LOPP se define a la Comuna co­mo una “entidad local,” y la misma calificación se encuentra en el artículo 1 de la Ley Orgánica de las Comunas, que las define “como entidad local donde los ciu­dadanos y ciudadanas en el ejercicio del Poder Popular, ejercen el pleno derecho de la soberanía y desarrollan la participación protagónica mediante formas de au­togobierno para la edificación del estado comunal, en el marco del Estado demo­crático y social de derecho y de justicia” (art. 1). También en la reforma de la ley Orgánica del Poder Público Municipal de diciembre de 2010, se incluyó a las co­munas en el listado de las “entidades locales territoriales,” disponiéndose que las mismas, al estar reguladas por una legislación diferente como es la relativa al Po­der Popular, y al deber constituirse “entre varios municipios,” quedan exceptuadas de las disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal.
Ahora bien, en cuanto a calificar a las Comunas como “entidades locales,” el Legislador deslegitimado de diciembre de 2010 olvidó que conforme a la Constitu­ción (arts. 169, 173), esta expresión de entidad local sólo se puede aplicar a las entidades políticas del Estado en las cuales necesariamente tiene que haber “go­biernos” integrados por representantes electos mediante sufragio universal, directo y secreto (arts. 63, 169) ceñidos a los principios establecidos en el artículo 6 de la Constitución, es decir, tiene que se “siempre democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables.” Conforme a la Constitución, por tanto, no puede haber “entidades locales” con go­biernos que no sean democráticos en los términos mencionados, y menos por “re­presentantes” designados por otros órganos públicos.
Y esto es precisamente lo que ocurre con los llamados “gobiernos de las comu­nas,” que conforme a esta legislación sobre el Poder Popular y sus organizacio­
28 Igual definición se establece en el artículo 5 de la Ley Orgánica de las Comunas.
nes, no se garantiza su origen democrático mediante elección por sufragio univer­sal, directo y secreto, siendo en consecuencia inconstitucional su concepción.
Debe destacarse, además, que en relación a el gobierno de las comunas, que como se establece en el artículo 28 de la LOPP, pueden transferir la gestión, la administración y la prestación de servicios a las diferentes organizaciones del Po­der Popular. A tal efecto, las organizaciones de base del Poder Popular deben hacer las respectivas solicitudes formales, cumpliendo con las condiciones previas y requisitos establecidos en las leyes que regulen la materia.
Esta instancia del Poder Popular constituida por las Comunas ha sido regulada en la Ley Orgánica de las Comunas.29
Las ciudades comunales, conforme a la Ley, “son aquellas constituidas por ini­ciativa popular mediante la agregación de varias comunas en un ámbito territorial determinado” (art. 15.3). Siendo las Comunas, conforme a la Ley, el “espacio so­cialista” y “célula fundamental” del Estado Comunal, las Ciudades Comunales co­mo agregación de varias comunas o sea de varios espacios socialistas, son con­cebidas también conforme a la Ley como Ciudades “socialistas” que como tales, están vedadas de hecho a todo aquel ciudadano o vecino que no sea socialista.
IV. LAS ORGANIZACIONES Y EXPRESIONES ORGANIZATIVAS DEL PO­DER POPULAR
Conforme al artículo 9 de la LOPP, las organizaciones del Poder Popular “son las diversas formas del pueblo organizado, constituidas desde la localidad o de sus referentes cotidianos por iniciativa popular, que integran a ciudadanos y ciu­dadanas con objetivos e intereses comunes, en función de superar dificultades y promover el bienestar colectivo, para que las personas involucradas asuman sus derechos, deberes y desarrollen niveles superiores de conciencia política. Las or­ganizaciones del Poder Popular actuarán democráticamente y procurarán el con­senso popular entre sus integrantes.”
Estas organizaciones del Poder Popular se constituyen por iniciativa de los ciu­dadanos y ciudadanas, de acuerdo con su naturaleza, por intereses comunes, ne­
29 Véase en Gaceta Oficial Nº 6.011 Extra. de 21-12-2010
cesidades, potencialidades y cualquier otro referente común, según lo establecido en la ley que rija el área de su actividad (art. 12).
Estas organizaciones del Poder Popular, al igual que las instancias del Poder Popular, conforme al artículo 32 de la LOPP, adquieren su personalidad jurídica mediante el registro ante el Ministerio del Poder Popular con competencia en ma­teria de participación ciudadana, atendiendo a los procedimientos que se esta­blezcan en el Reglamento de la presente Ley. Queda en manos del Ejecutivo Na­cional, por tanto, el reconocimiento formal de estas organizaciones, de mantera que todas aquellas que no sean socialistas por ser contrarias a los fines prescritos en la Ley (art.1), serían rechazadas. En las registradas, por lo demás, no tendrían cabida los ciudadanos que no compartan la ideología socialista.
En cuanto a las “expresiones organizativas del Poder Popular,” conforme se dispone en el artículo 10 de la LOPP, las mismas son “integraciones de ciudada­nos y ciudadanas con objetivos e intereses comunes, constituidas desde la locali­dad, de sus referentes cotidianos de ubicación o espacios sociales de desenvolvi­miento, que de manera transitoria y en base a los principios de solidaridad y co­operación, procuran el interés colectivo.”
Estas expresiones del Poder Popular se constituyen, por iniciativa popular y como respuesta a las necesidades y potencialidades de las comunidades, de con­formidad con la Constitución de la República y la ley. (art. 13).
Conforme a la Disposición final Tercera, el ejercicio de la participación del pue­blo y el estímulo a la iniciativa y organización del Poder Popular establecidos en la Ley, se deben aplicar en los pueblos y comunidades indígenas, de acuerdo a sus usos, costumbres y tradiciones.
1. Consolidar la democracia participativa y protagónica, en función de la in­surgencia del Poder Popular como hecho histórico para la construcción de la sociedad socialista, democrática, de derecho y de justicia.
Como antes se dijo, con el agregado de “socialista” que esta previsión impone a la sociedad, se rompe el principio del pluralismo que garantiza la propia Constitu­ción, abriendo la vía para la discriminación política de todo aquél ciudadano que no sea socialista, a quien se le niega el derecho político a participar.
2. Impulsar el desarrollo y consolidación del sistema económico comunal, mediante la constitución de organizaciones socio-productivas, para la pro­ducción de bienes y servicios destinados a la satisfacción de necesidades sociales, el intercambio de saberes y conocimientos, así como la reinversión
La LOPP, a estos efectos, define como “sistema económico comunal” el conjun­to de relaciones sociales de producción, distribución, intercambio y consumo de bienes y servicios, así como de saberes y conocimiento, desarrolladas por las ins­tancias del Poder Popular, el Poder Público, o por acuerdo entre ambos, a través de organizaciones socio-productivas bajo formas de propiedad social comunal”(art. 8.13).
1. Promover la unidad, la solidaridad, la supremacía de los intereses colecti­vos sobre los intereses individuales y el consenso en sus áreas de influencia.
2. Fomentar la investigación y difusión de los valores, tradiciones históricas y culturales de las comunidades.
3. Ejercer la contraloría social.
V. ÁMBITOS DEL PODER POPULAR
La LOPP distingue los siguientes “ámbitos del Poder Popular” se definen en la Ley Orgánica y que en la terminología tradicional de derecho público no es otra cosa que competencias que se asignan al Poder Popular: la Planificación de Polí­ticas Públicas, la Economía comunal, la Contraloría social, la Ordenación y gestión del territorio y la Justicia comunal.
1. Planificación de políticas públicas
La planificación de políticas públicas en los términos establecidos en la Ley Or­gánica de Planificación Pública y Popular,30 se define en el artículo 17 de la LOPP como “un ámbito de actuación del Poder Popular que asegura, mediante la acción de gobierno compartida entre la institucionalidad pública y las instancias del Poder Popular, el cumplimiento de los lineamientos estratégicos del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, para el empleo de los recursos públicos en la consecución, coordinación y armonización de los planes, programas y proyectos a través de los cuales se logre la transformación del país, el desarrollo territorial equilibrado y la justa distribución de la riqueza.”
De esta previsión, llama la atención la distinción entre los órganos del Estado Constitucional que se denominan como “institucionalidad pública” y las instancias del Poder Popular, lo que confirma la intención de la ley de establecer un Estado paralelo, el Estado Comunal, para vaciar de contenido y ahogar en definitiva al Estado Constitucional.
Por otra parte, vinculada a esta competencia de planificación, en cuanto a la “planificación participativa,” en la LOPP se la define como la “forma de participa­ción de los ciudadanos y ciudadanas en el diseño, formulación, ejecución, evalua­ción y control de las políticas públicas” (art. 8.11); y en cuanto al “Presupuesto par­ticipativo,” se lo define “como el mecanismo mediante el cual los ciudadanos y ciu­
30 Véase en Gaceta Oficial Nº 6.011 Extra. de 21-12-2010
dadanas proponen, deliberan y deciden sobre la formulación, ejecución, control y evaluación de los presupuestos públicos, con el propósito de materializar los pro­yectos que permitan el desarrollo de las comunidades y el bienestar social gene­ral” (art. 8.12).
2. Economía comunal
La economía comunal, conforme se define en el artículo 18 de la LOPP, es un “ámbito de actuación del Poder Popular que permite a las comunidades organiza­das la constitución de entidades económico-financieras y medios de producción, para la producción, distribución, intercambio y consumo de bienes y servicios, así como de saberes y conocimientos, desarrollados bajo formas de propiedad social comunal, en pro de satisfacer las necesidades colectivas, la reinversión social del excedente, y contribuir al desarrollo social integral del país, de manera sustentable y sostenible, de acuerdo con lo establecido en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación y la ley que regula la materia.”
Este ámbito de actuación del Poder Público se ha regulado en la Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal (LOSEC),31 el cual se define en dicha Ley (art. 2) y en la Ley Orgánica de las Comunas como el “conjunto de relaciones sociales de producción, distribución, intercambio y consumo de bienes y servicios, así co­mo de saberes y conocimiento, desarrolladas por las instancias del Poder Popular, el Poder Público, o por acuerdo entre ambos, a través de organizaciones socio-productivas bajo formas de propiedad social comunal” (art. 4.13).
Este sistema económico comunal, como se dijo, está regulado en la Ley Orgá­nica del Sistema Económico Comunal (LOSEC), que tiene por objeto “desarrollar y fortalecer el Poder Popular, estableciendo las normas, principios, y procedimientos para la creación, funcionamiento y desarrollo del sistema económico comunal, in­tegrado por organizaciones socio-productivas bajo régimen de propiedad social comunal, impulsadas por las instancias del Poder Popular, del Poder Público o por acuerdo entre ambos, para la producción, distribución, intercambio y consumo de bienes y servicios, así como de saberes y conocimientos, en pro de satisfacer las necesidades colectivas y reinvertir social mente el excedente, mediante una plani­ficación estratégica, democrática y participativa” (at. 1). La LOSEC, en particular, tiene por finalidad específica “fomentar el sistema económico comunal en el marco del modelo productivo socialista, a través de diversas formas de organización so­cio-productiva, comunitaria y comunal en todo el territorio nacional” (Art. 4.3).
En todo caso, en la Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal, y en parti­cular en sus artículos 2; 3.2; 3.3; 3.8; 5; 6.12; 6.15 y 9 se adoptan expresa y tex­tualmente para configurar el sistema económico comunal, los más tradicionales postulados marxistas que definen el comunismo, como son la propiedad social de los medios de producción; la eliminación de la división social del trabajo; y la rein­versión social del excedente productivo.
31 Véase en Gaceta Oficial Nº 6.011 Extra. de 21­12­2010.
En cuanto a la contraloría social, el artículo 19 de la LOPP la define como un “ámbito de actuación del Poder Popular para ejercer la vigilancia, supervisión, acompañamiento y control sobre la gestión del Poder Público, las instancias del Poder Popular y las actividades del sector privado que afecten el bienestar común, practicado por los ciudadanos y ciudadanas de manera individual o colectiva, en los términos establecidos en la ley que regula la materia.
Este ámbito de actuación del Poder Publico se ha regulado en la Ley Orgánica del Contraloría Social,32 donde se la define como “una función compartida entre las instancias del Poder Público y los ciudadanos, ciudadanas y las organizacio­nes del Poder Popular, para garantizar que la inversión pública se realice de ma­nera transparente y eficiente en beneficio de los intereses de la sociedad, y que las actividades del sector privado no afecten los intereses colectivos o sociales” (art. 2).
En esta Ley, lo importante a destacar, además de lo que puede significar en cuanto al control de la gestión de los órganos del Estado por parte de los ciudada­nos, individualmente y organizados, es el sistema generalizado que se monta para promover el espionaje, la vigilancia y la denuncia como conducta social respecto de los individuos y empresas privadas que por no considerarse que no están ali­neadas con el “socialismo” como doctrina única que se declara en las leyes, po­drían considerarse que “afectan” los intereses colectivos o sociales o el bien co­mún.
4. Ordenación y gestión del territorio
La ordenación y gestión del territorio, conforme al artículo 20 de la LOPP, es un “ámbito de actuación del Poder Popular, mediante la participación de las comuni­dades organizadas, a través de sus voceros o voceras, en las distintas actividades del proceso de ordenación y gestión del territorio, en los términos establecidos en la ley que regula la materia.”
5. Justicia comunal
En cuanto a la justicia comunal, el artículo 21 de la LOPP la define como un “ámbito de actuación del Poder Popular, a través de medios alternativos de justicia de paz que promueven el arbitraje, la conciliación, la mediación, y cualquier otra forma de solución de conflictos ante situaciones derivadas directamente del ejerci­cio del derecho a la participación y a la convivencia comunal, de acuerdo a los principios constitucionales del Estado democrático y social de Derecho y de Justi­cia, y sin contravenir las competencias legales propias del sistema de justicia ordi­nario.33 Es
El artículo 22 de la LOPP, remite a una ley especial la regulación de la jurisdic­ción especial comunal, la cual debe establecer la organización, el funcionamiento, los procedimientos y normas de la justicia comunal, así como su jurisdicción espe­cial. La Ley Orgánica de las Comunas es algo más explícita al señalar que “la ley
32 Véase en Gaceta Oficial Nº 6.011 Extra. de 21-12-2010 33 Esta misma definición se encuentra en el artículo 56 de la Ley Orgánica de las Comu­
respectiva establecerá la naturaleza, los procedimientos legales, las normas y condiciones para la creación de una jurisdicción especial comunal, donde se pre­vea su organización y funcionamiento, así como las instancias con competencia para conocer y decidir en el ámbito comunal, donde los jueces o juezas comunales serán elegidos o elegidas por votación universal, directa y secreta de los y las habitantes del ámbito Comunal mayores de quince años”(art. 57).
La actuación de esta jurisdicción comunal conforme se exige en el artículo 22 de la LOPP, “estará enmarcada dentro de los principios de justicia gratuita, acce­sible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas y sin formalismos por reposiciones inútiles.”
Con estas previsiones se termina de vaciar a los Municipios de una competen­cia constitucional que tienen asignada (art. 178.7), que se intentó realizar con la rechazada reforma constitucional de 2007, y que corresponde ser ejercida por jue­ces de paz que conforme al artículo 258 de la constitución deben ser elegidos por votación universal, directa y secreta.34 .
VI. LAS RELACIONES ENTRE EL PODER PÚBLICO Y EL PODER POPULAR (O LA TÉCNICA DEL “MATAPALO”)
Como hemos señalado, el Estado Comunal que se establece en la LOPP, cu­yas manifestaciones ejercen el Poder Popular, se ha establecido como un “Estado paralelo” al Estado Constitucional cuyos órganos electos por votación popular di­recta universal y secreta ejercen el Poder Público. Se trata de dos Estados esta­blecidos en paralelo, uno en la Constitución y otro en una ley inconstitucional, pero con previsiones en la ley que de llegar a ser aplicadas, permitirán al Estado Co­munal ahogar y secar al Estado Constitucional, comportándose como en botánica lo hace el árbol Ficus benjamina L., originario de la India, Java y Bali, conocido como “matapalo” que puede crecer como "estranguladora", como epífitos, rodean­do al árbol huésped hasta formar un tronco hueco, destruyéndolo.
A tal efecto, en la LOPP se establecen unas previsiones para regular las rela­ciones entre el Estado o el Poder Público y el Poder Popular, que en general se dispone que “se rigen por los principios de igualdad, integridad territorial, coopera­ción, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad, en el marco del sistema fede­ral descentralizado consagrados en la Constitución de la República” (art. 26), y que son las siguientes:
En primer lugar, se establece como obligación legal para los órganos, entes e instancias del Poder Público el promover, apoyar y acompañar las iniciativas popu­lares para la constitución, desarrollo y consolidación de las diversas formas orga­nizativas y de autogobierno del pueblo (art. 23).35 En particular, incluso, la Ley Or­
34 Véase la Ley Orgánica de la Justicia de Paz en Gaceta Oficial Nº 4.817 Extra. de 21­12-1994).
35 Una norma similar está en el artículo 62 de la Ley Orgánica de las Comunas, a los
efectos de “la constitución, desarrollo y consolidación de las comunas como forma de
autogobierno.”
gánica de Comunas dispone que “los órganos integrantes del Poder Ciudadano apoyarán a los consejos de contraloría comunal a los fines de contribuir con el cumplimiento de sus funciones” (art. 48).
En segundo lugar, se sujeta a todos los órganos del Estado Constitucional que ejercen el Poder Público, a los mandatos de las organizaciones del Poder Popular, al instaurarse un nuevo principio de gobierno, consistente en “gobernar obede­ciendo.” El artículo 24 de la LOPP en efecto dispone:
Artículo 24. Actuaciones de los órganos y entes del Poder Público. Todos los órganos, entes e instancias del Poder Público guiarán sus actuaciones por el principio de gobernar obedeciendo, en relación con los mandatos de los ciu­dadanos, ciudadanas y de las organizaciones del Poder Popular, de acuerdo a lo establecido en la Constitución de la República y las leyes.
Como las organizaciones del Poder Popular no tienen autonomía política pues no sus “voceros” no son electos democráticamente mediante sufragio universal, directo y secreto, sino designados por asambleas de ciudadanos controladas e intervenidas por el partido oficial y el Ejecutivo Nacional que controla y guia todo el proceso organzativo del Estado Comunal, en el ámbito exclusivo de la ideología socialista, sin que tenga cabida vocero alguno que no sea socialista, en definitiva esto de “gobernar obedeciendo” es una limitación a la autonomía política de los órganos del Estado Constitucional electos, como la Asamblea nacional, los Go­bernadores y Consejos legislativos de los Estados y los Alcaldes y Concejos Mu­nicipales, a quienes se le impone en definitiva la obligación de obedecer lo que disponga el Ejecutivo Nacional y el partido oficial enmarcado en el ámbito exclusi­vo del socialismo como doctrina política. La voluntad popular expresada en la elección de representantes del Estado Constitucional, por tanto, no tiene valor al­guno, y al pueblo se le confisca su soberanía treasladandola de hecho a unas asambleas que no lo representan.
En tercer lugar, en particular, se establece la obligación para el Poder Ejecutivo Nacional, para que “conforme a las iniciativas de desarrollo y consolidación origi­nadas desde el Poder Popular,” planifique, articule y coordine “acciones conjuntas con las organizaciones sociales, las comunidades organizadas, las comunas y los sistemas de agregación y articulación que surjan entre ellas, con la finalidad de mantener la coherencia con las estrategias y políticas de carácter nacional, regio­nal, local, comunal y comunitaria”(art. 25).
En cuarto lugar, se establece la obligación para los órganos y entes del Poder Público en sus relaciones con el Poder Popular, de dar “preferencia a las comuni­dades organizadas, a las comunas y a los sistemas de agregación y articulación que surjan entre ellas, en atención a los requerimientos que las mismas formulen para la satisfacción de sus necesidades y el ejercicio de sus derechos, en los tér­minos y lapsos que establece la ley” (art. 29). Igualmente se prevé que los órga­nos, entes e instancias del Poder Público, en sus diferentes niveles político-territoriales, deben adoptar “medidas para que las organizaciones socio-productivas de propiedad social comunal, gocen de prioridad y preferencia en los procesos de contrataciones públicas para la adquisición de bienes, prestación de servicios y ejecución de obras” (art. 30).36
En quinto lugar, se establece la obligación para la República, los estados y mu­nicipios, de acuerdo con la ley que rige el proceso de transferencia y descentrali­zación de competencias y atribuciones, la obligación de trasferir “a las comunida­des organizadas, a las comunas y a los sistemas de agregación que de éstas sur­jan; funciones de gestión, administración, control de servicios y ejecución de obras atribuidos a aquéllos por la Constitución de la República, para mejorar la eficiencia y los resultados en beneficio del colectivo” (art. 27).37
Con ello, se dispone legalmente el vaciamiento de competencias de los Estados y Municipios, de manera que queden como estructuras vacías, con gobiernos re­presentativos electos por el pueblo pero que no tienen materias sobre las cuales gobernar.
En sexto lugar, se establece que las instancias y organizaciones de base del Poder Popular contempladas en la LOPP, están exentas de todo tipo de pagos de tributos nacionales y derechos de registro, a cuyo efecto, se podrá establecer me­diante leyes y ordenanzas de los estados y municipios, respectivamente, las exen­ciones aquí previstas para las instancias y organizaciones de base del Poder Po­pular (art. 31).
Con esta Ley Orgánica marco del Poder Popular, no cabe duda de la decisión política adoptada en diciembre de 2010 por la completamente deslegitimada Asamblea Nacional que había sido electa en 2005, pues ya no representaba a la mayoría de la voluntad popular que se expresó el 26 de septiembre de 2010 en contra del Presidente de la República, de la propia Asamblea Nacional y de la polí­tica socialista que han adelantado; en imponerle a los venezolanos en contra de la voluntad popular y en fraude a la Constitución, un modelo de Estado Socialista, denominado “Estado Comunal,” basado en el ejercicio del Poder Popular por el pueblo, como supuesta forma de ejercicio de la soberanía en forma directa (lo que no es cierto pues se ejerce mediante “voceros” que lo “representan” y que no son electos en votaciones universales, directas y secretas); modelo de Estado Socia­lista establecido en forma paralela al Estado Constitucional (el Estado federal des­centralizado, democrático y social, de derecho, y de justicia previsto en la Consti­tución de 1999) establecido para el ejercicio del Poder Público por el pueblo tanto en forma indirecta mediante representantes electos en votaciones universales,
36 En particular, conforme al artículo 61 de la Ley Orgánica de las Comunas, se dispone que “todos los órganos y entes del Poder Público comprometidos con el financiamien­to de proyectos de las comunas y sus sistemas de agregación, priorizarán aquéllos que impulsen la atención a las comunidades de menor desarrollo relativo, a fin de ga­rantizar el desarrollo territorial equilibrado.
37 Esta misma norma se repite en la Ley Orgánica de las Comunas (art. 64). El 31 de diciembre de 2010, aún estaba pendiente en la Asamblea Nacional la segunda discu­sión del proyecto de Ley Orgánica del Sistema de Transferencia de Competencias y atribuciones de los Estados y Municipios a las organizaciones del Poder Popular.
directas y secretas, como en forma directa mediante los mecanismos autorizados en la Constitución, donde se incluye a las Asambleas de Ciudadanos.
Esta regulación, en paralelo, de dos Estados y dos formas de ejercicio de la so­beranía, uno, el Estado Constitucional regulado en la Constitución y el otro, el Es­tado Comunal o Estado Socialista regulado en leyes orgánicas inconstitucionales, se ha dispuesto en forma tal que el segundo irá actuando como el árbol Ficus benjamina L., es decir, como "estranguladora," rodeando al primero hasta formar un tronco hueco, destruyéndolo. En esta forma, al fraude a la Constitución, que ha sido la técnica constantemente aplicada por el gobierno autoritario en Venezuela desde 1999 para imponer sus decisiones a los venezolanos al margen de la Cons­titución,38 se suma ahora el fraude a la voluntad popular, al imponerle a los vene­zolanos mediante leyes orgánicas, un modelo de Estado por el cual nadie ha vota­do y que cambia radical e inconstitucionalmente el texto de la Constitución de 1999, que no ha sido reformado conforme a sus previsiones, en abierta contradic­ción al rechazo popular mayoritario que se expresó en diciembre de 2007 a la re­forma constitucional que se intentó realizar incluso violando la propia Constitución, y al rechazo popular mayoritario del pueblo expresado respecto de la política del Presidente de la República y de su Asamblea Nacional con ocasión de las elec­ciones parlamentarias del 26 de septiembre de 2010.
Lo que está claro de todo esto, es que ya no hay máscaras que puedan enga­ñar a alguien, o con motivo de las cuales, alguien pretenda ser engañado o dejar­se engañar.
Paris, en la rue des Saints Pères, el 31 de diciembre de 2010
38 Véase Allan R. Brewer-Carías, Reforma constitucional y fraude a la Constitución (1999-2009), Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Caracas 2009; DIsmantling Democracy. The Chávez Authoritarian Experiment, Cambridge University Press, New York 2010.