Source: https://corte-constitucional.vlex.com.co/vid/-60301742
Timestamp: 2020-06-02 11:59:31
Document Index: 406692245

Matched Legal Cases: ['artículo 241', 'ARTÍCULO 1', 'ARTÍCULO 2', 'artículo 1', 'artículo 1', 'Artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 12', 'artículo 160', 'artículo 162', 'artículo 241', 'artículo 150', 'artículo 217', 'artículo 204', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 241', 'artículo 7', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 34', 'artículo 209', 'artículo 228', 'artículo 1', 'artículo 25', 'artículo 13', 'artículo 48', 'artículo 96', 'artículo 100', 'artículo 100', 'artículo 13', 'artículo 9', 'artículo 4', 'artículo 337', 'artículo 9', 'artículo 25', 'artículo 63']

Sentencia de Constitucionalidad nº 288/09 de Corte Constitucional, 21 de Abril de 2009 - Jurisprudencia - VLEX 60301742
Revision de constitucionalidad del estatuto migratorio permanente entre colombia y ecuador, firmado en bogota, el veinticuatro (24) de agosto de dos mil (2000)” y la ley aprobatoria n° 1203 de 4 de julio de 2008. Con base en las caracteristicas del tipo de control que versa sobre los tratados internacionales y sus leyes aprobatorias, se verifico el lleno de los requisitos formales y sustanciales. El primer control consiste en constatar la adecuada realizacion de la negociacion del tratado, el tramite legislativo y la sancion presidencial del proyecto de ley; el segundo, es decir, el material, se circunscribe a la examinacion de la correspondencia entre el instrumento y su ley aprobatoria, con el contenido de la carta politica. La sala encontro satisfechos dichos requerimientos. Exequible.
II. TEXTO DEL TRATADO INTERNACIONAL Y DE SU LEY APROBATORIA
LAT-330
Revisión de constitucionalidad del ''Estatuto Migratorio Permanente entre Colombia y Ecuador, firmado en Bogotá, el veinticuatro (24) de agosto de dos mil (2000)'' y la Ley aprobatoria No. 1203 del 4 de julio de 2008.
Bogotá D.C., veintiuno (21) de abril de dos mil nueve (2009).
En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 241 de la Constitución Política, la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República remitió a esta Corporación copia del ''´Estatuto Migratorio Permanente´, entre Colombia y Ecuador, firmado en Bogotá, el veinticuatro (24) de agosto de dos mil (2000)'' y de la Ley aprobatoria No. 1203 del 4 de julio de 2008.
En desarrollo de dicho mandato constitucional, el despacho sustanciador mediante providencia del 31 de julio de 2008, dispuso: i) avocar el conocimiento del Estatuto Migratorio Permanente y de la ley aprobatoria, ii) decretar la práctica de algunas pruebas, iii) fijar en lista el asunto en revisión y simultáneamente correr traslado al Procurador General de la Nación para que rinda el concepto de rigor, iv) comunicar inmediatamente la iniciación del asunto al P. de la República; al P. del Congreso de la República; al Ministro del Interior y de Justicia; al Ministro de Relaciones Exteriores, al Ministro de Comercio, Industria y Turismo y al Ministro de la Protección Social, de conformidad con los artículos 244 de la Constitución y 11 del Decreto 2067 de 1991, y finalmente v) invitar a la Academia Colombiana de Jurisprudencia; Comisión Colombiana de Juristas; Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad DJS; y universidades Nacional, de los Andes, Externado de Colombia, Libre de Colombia, J., Santo Tomás y Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, para que aporten sus opiniones sobre el asunto de la referencia.
''LEY 1203 DE 2008
Por medio de la cual se aprueba el ''Estatuto Migratorio Permanente'' entre Colombia y Ecuador, firmado en Bogotá, el veinticuatro (24) de agosto de dos mil (2000).
ARTÍCULO 1o. Apruébase el ''Estatuto Migratorio Permanente'' entre Colombia y Ecuador, firmado en Bogotá, el veinticuatro (24) de agosto de dos mil (2000).
ARTÍCULO 2o. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1o de la Ley 7ª de 1944, el ''Estatuto Migratorio Permanente'' entre Colombia y Ecuador, firmado en Bogotá, el veinticuatro (24) de agosto de dos mil (2000), que por el artículo 1º de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo.
El S. General (E.) del honorable Senado de la República,
S.C.B..
Como complemento del convenio celebrado entre Colombia y Ecuador sobre ''Tránsito de Personas, Vehículos, Embarcaciones Fluviales, Marítimas y Aeronaves'', suscrito en Esmeraldas el 18 de abril de 1990, el Reglamento de Tránsito Transfronterizo Aéreo y Terrestres Ecuatoriano-Colombiano; así como de los Convenios sobre Migrantes Indocumentados suscritos en los últimos treinta años;
Que la presente, contenida en dos fojas útiles, es fiel copia del original del ''Estatuto Migratorio Permanente'', que reposa en el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Ecuador y que corresponde al texto aprobado por las partes. Dicho instrumento internacional fue suscrito por los representantes de la República del Ecuador y de la República de Colombia, en Bogotá, el 24 de agosto del año 2000.
El S. General de Relaciones Exteriores,
L.G.C..
S. a la consideración del honorable Congreso Nacional para los efectos Constitucionales.
(Fdo.), A.P. ARANGO
(Fdo.), G.F. de S..
Artículo 2o. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1o de la Ley 7ª de 1944, el ''Estatuto Migratorio Permanente'' entre Colombia y Ecuador, firmado en Bogotá, el veinticuatro (24) de agosto de dos mil (2000), que por el artículo 1o de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo.
M.C.A.C..
D.P.B.''.
M.A.U.R., en calidad de apoderada del Ministerio de la Protección Social, solicita a la Corte declarar la exequibilidad del tratado internacional y su ley aprobatoria.
W.H.S.T., como apoderado del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, solicita a la Corte declarar la exequibilidad del tratado internacional y la ley aprobatoria.
Encuentra que tanto el desarrollo de la negociación como el trámite en el Congreso se ajustó a las formalidades legales y constitucionales. Transcribe algunas disposiciones constitucionales y otras del ámbito internacional concernientes a la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados en materia de relaciones exteriores del Estado, atribuciones del P. y el Congreso de la República, el principio del pacta sunt servanda, irretroactividad de los tratados y regla general de interpretación. Finaliza su exposición indicando que se trata de un instrumento eficaz para regular el tránsito y la situación de los migrantes entre los dos países.
Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario Del informe de la Secretaría General de la Corte Constitucional, puede extraerse que esta intervención resulta extemporánea. Este escrito, con la supresión de algunos párrafos, fue presentado nuevamente el 5 de noviembre de 2008, ahora firmado por el Dr. A.V.F., Decano de la Facultad de Jurisprudencia..
J.R.M.V., catedrático de la Facultad de Jurisprudencia del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario solicita a la Corte declarar la exequibilidad del tratado internacional y de la ley aprobatoria.
F.E.C., coordinadora del Área de Promoción y Debates de la Comisión Colombiana de Juristas, se excusa de intervenir en esta oportunidad por motivos de fuerza mayor.
Universidad Santo Tomás Del informe de la Secretaría General de la Corte Constitucional, puede extraerse que esta intervención resulta extemporánea..
J.J.C.R., Director de Consultorio Jurídico de la Universidad Santo Tomás, interviene en este asunto para solicitar la exequibilidad del tratado internacional y la ley aprobatoria.
Ministerio de Relaciones Exteriores Del informe de la Secretaría General de la Corte Constitucional, puede extraerse que esta intervención resulta extemporánea..
M.Y.S.C., en calidad de apoderada del Ministerio de Relaciones Exteriores, solicita a la Corte declarar exequible el tratado internacional y la ley aprobatoria.
Universidad Nacional de Colombia Del informe de la Secretaría General de la Corte Constitucional, puede extraerse que esta intervención resulta extemporánea..
A.J.R.L., Profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad Nacional de Colombia, interviene en este asunto para solicitar la exequibilidad del tratado y la ley aprobatoria.
Respecto al artículo 12 del Estatuto, lamenta la falta de técnica de esa disposición al no relacionar los derechos, garantías y obligaciones, ni tampoco instituir las normas sobre las cuales deben ser considerados dichos derechos. Concluye indicando que el Estatuto se ajusta Constitución, particularmente al Preámbulo y a los artículos 9º y 96-2.
''Visto el procedimiento legislativo se constata que se cumplió con la exigencia constitucional del párrafo primero del artículo 160. Entre el primero y segundo debate en cada una de las cámaras transcurrió un tiempo no inferior a ocho días, así: la aprobación en primer debate en la Comisión Segunda del Senado tuvo lugar el 3 de mayo de 2007, mientras que la aprobación en la Plenaria ocurrió el 10 de diciembre del mismo año; igualmente, la aprobación en primer debate en la Comisión Segunda de la Cámara tuvo lugar el 8 de abril de 2008, mientras que la aprobación en segundo debate en la Plenaria se dio el 20 de mayo de 2008.
Además, es necesario manifestar que aunque podría pensarse que no se le dio cabal cumplimiento al artículo 162 Superior que señala que ''ningún proyecto de ley podrá ser considerado en más de dos legislaturas'', debe precisarse que por el contrario el proyecto de ley sí fue considerado en menos de dos legislaturas. Lo anterior se verifica al observar la fecha en que el proyecto fue radicado en el Senado de la República y la fecha en que fue aprobado en cuarto debate. Así, el proyecto fue radicado en el Senado de la República el 14 de diciembre de 2006, es decir, en la legislatura que empezó el 20 de julio de 2006 y que terminó el 20 de junio de 2007. Por su parte, el proyecto fue aprobado por las Plenaria de la Cámara de Representantes el 20 de mayo de 2008, o sea en la siguiente legislatura, que comenzó el 20 de julio de 2007 y finalizó en 20 de junio de 2008. Por tanto, el proyecto fue considerado dentro de dos legislaturas: la que se inició en julio de 2006 y terminó en junio de 2007, y la que empezó en julio de 2007 y finalizó en junio de 2008.
El 4 de julio de 2008, el P. de la República sancionó la ley aprobatoria del instrumento internacional objeto de examen, convirtiéndose en la Ley 1203 de 2008.
El texto de la ley fue remitido por la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República a la Corte Constitucional, el 8 de julio de 2008, es decir, lo hizo dentro del término de seis (6) días señalados por el artículo 241, numeral 10, de la Constitución''.
Naturaleza del control de constitucionalidad sobre los tratados internacionales y las leyes aprobatorias.
El control de constitucionalidad formal persigue verificar el cumplimiento de los requisitos necesarios en el proceso de negociación y celebración del tratado, como en el trámite legislativo desarrollado y la sanción presidencial del proyecto de ley El artículo 150-14 de la Constitución, señala que corresponde al Congreso la función de ''Aprobar o improbar los tratados que el gobierno celebre con otros Estados o con entidades de derecho internacional. Por medio de dichos tratados podrá el Estado, sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional, transferir parcialmente determinadas atribuciones a organismos internacionales, que tengan por objeto promover o consolidar la integración económica con otros Estados''.
La Ley 5 de 1992, artículo 217, refiere: ''Condiciones en su trámite.. Podrán presentarse propuestas de no aprobación, de aplazamiento o de reserva respecto de Tratados y Convenios Internacionales. El texto de los Tratados no puede ser objeto de enmienda. Las propuestas de reserva sólo podrán ser formuladas a los Tratados y Convenios que prevean esta posibilidad o cuyo contenido así lo admita. Dichas propuestas, así como las de aplazamiento, seguirán el régimen establecido para las enmiendas en el proceso legislativo ordinario. Las Comisiones competentes elevarán a las plenarias, de conformidad con las normas generales, propuestas razonadas sobre si debe accederse o no a la autorización solicitada''. Disposición orgánica que fue declarada exequible en la sentencia C-227 de 1993. Cft. sentencia C-578 de 2002.. Además, la ley aprobatoria debe observar el procedimiento de una ley ordinaria por no disponer lo contrario la Carta Política y así manifestarlo la Ley Orgánica del Congreso Ley 5 de 1992, artículo 204. ''Trámite. Los proyectos de ley orgánica, ley estatutaria, ley de presupuesto, ley sobre derechos humanos y ley sobre tratados internacionales se tramitarán por el procedimiento legislativo ordinario o común, con las especialidades establecidas en la Constitución y en el presente Reglamento''., salvo lo concerniente a la iniciación del debate en el Senado de la República por referir a las relaciones internacionales y la remisión oportuna por el Gobierno del tratado y la ley aprobatoria a la Corte.
Por último, la Sala recuerda que los aspectos de conveniencia, oportunidad, efectividad y utilidad de los tratados internacionales son materias ajenas a las funciones jurídicas que le han sido encomendadas a la Corte Constitucional como guardiana de la integridad y supremacía de la Constitución (art. 241-10 superior). Su valoración corresponde constitucionalmente al P. de la República en el ejercicio de la dirección de las relaciones internacionales (art. 189-2) y al Congreso de la República al disponer la aprobación o improbación de los tratados (art. 150-16).
La Corte precisa que el presente instrumento internacional ya había cumplido el trámite correspondiente ante el Congreso siendo sancionado por el P. de la República como Ley 968 de 2005. No obstante, al surtir el grado de revisión constitucional fue declarada inexequible la ley aprobatoria en la sentencia C-241 de 2006, por violación del artículo 8º del Acto Legislativo 01 de 2003, que al presentarse desde el inicio del trámite del proyecto la tornó insubsanable, correspondiendo entonces al Congreso darle un nuevo trámite que ahora se encuentra nuevamente surtiendo el grado de revisión constitucional En la sentencia C-241 de 2006, se sostuvo: ''Análisis del caso concreto: La Sala observa que en el trámite de la ley de la referencia no se cumplió con la finalidad del artículo 8 del Acto Legislativo 01 de 2003, toda vez que en una ocasión no existió claridad acerca del anuncio de la votación del proyecto en la siguiente sesión, motivo por el cual los congresistas no pudieron tener la certeza del momento en que se iban a realizar las votaciones. ...En virtud de que el vicio se presentó al inicio del trámite del proyecto de ley, siguiendo la jurisprudencia de esta Corporación (Auto A-089/05 fundamentado en lo determinado en las Sentencias C-737/01 y C-760/01), éste se torna insubsanable. Lo anterior, toda vez que sería casi equiparable devolver el proyecto para que fuera subsanado el vicio que retirar del ordenamiento la ley en estudio para que se le dé nuevo trámite en el Congreso. En consecuencia, la Sala declarará la inexequibilidad de la ley de la referencia''..
La oportunidad en la remisión por el Gobierno a la Corte del tratado internacional y la ley aprobatoria.
El día 8 de julio de 2008, fue recibido en la Secretaría General de la Corte Constitucional, proveniente de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, fotocopia autenticada de la Ley No. 1203 del 4 de julio de 2008, que aprueba el ''Estatuto Migratorio Permanente entre Colombia y Ecuador, firmado en Bogotá, el veinticuatro (24) de agosto de dos mil (2000)''. Quiere ello decir, que el Gobierno remitió el texto de la ley junto con el tratado internacional al segundo día de sancionada la ley y, por tanto, dentro del término de los seis (6) días previsto en el numeral 10º del artículo 241 de la Constitución.
Negociación y celebración del tratado internacional.
Conforme se aprecia del texto del tratado que nos ocupa, fue suscrito por el Dr. G.F. de S., en ese entonces Ministro de Relaciones Exteriores del Estado colombiano.
El Ministerio de Relaciones Exteriores informó a la Corte que toda vez que quién suscribió el mencionado instrumento internacional fue el Ministro de Relaciones Exteriores, en virtud de sus funciones no requiere presentar plenos poderes al considerarse que representa al Estado colombiano, según el artículo 7º de la Convención de Viena sobre el Derechos de los Tratados de 1969 Oficio OAJ.CAT No. 40935, del 6 de agosto de 2008..
De esta forma, ha considerado la Corte que verificada la ocurrencia de alguna de las circunstancias mencionadas se tiene por cumplido el requisito de la debida representación del Estado colombiano para la negociación y celebración de los acuerdos internacionales Sentencias C-933 de 2006; C-241 de 2006; y C-1139 de 2000. Auto de Sala Plena No. 119 de 2007..
5.2. La confirmación por el P. de la República.
El 5 de marzo de 2002, el entonces P. de la República, Dr. A.P.A., impartió aprobación al instrumento internacional, conforme al artículo 8º de la Convención de Viena de 1969 sobre el Derecho de los Tratados.
Revisión formal de la Ley No. 1203 de 2008, aprobatoria del Estatuto Migratorio Permanente entre Colombia y Ecuador.
El 14 de diciembre de 2006, el Gobierno radicó en la Secretaría General del Senado de la República, el proyecto de ley 185 de 2006 Senado, ''Por medio de la cual se aprueba el Estatuto Migratorio Permanente entre Colombia y Ecuador, firmado en Bogotá, el veinticuatro (24) de agosto de dos mil (2000)'', a través de la Ministra de Relaciones Exteriores Dra. M.C.A.C. y el Ministro de la Protección Social Dr. D.P.B.. A continuación, la Presidencia del Senado dio por repartido el proyecto de ley a la Comisión Segunda Constitucional de esa célula legislativa.
El texto original del proyecto de ley y del instrumento internacional junto con la exposición de motivos fueron publicados en la Gaceta del Congreso 682 del 2 de diciembre de 2006, Senado Págs. 1 a 3. .
6.1.1. La ponencia para dar primer debate en la Comisión Segunda del Senado de la República fue presentada por el Senador M.R.V.A., siendo publicada en la Gaceta del Congreso 75 del 15 de marzo de 2007, Senado Págs. 8 a 23..
Conforme al A. 32 del 2 de mayo de 2007, publicada en la Gaceta del Congreso 438 del 7 de septiembre de 2007, Senado Págs. 3 y 5., en dicha sesión se dio el aviso de votación, en los siguientes términos:
''Proyectos de ley para anunciar los cuales serán discutidos y votados en la próxima sesión de la Comisión Segunda del Senado.
Proyecto de ley número 185/06 Senado, por medio de la cual se aprueba el estatuto migratorio permanente entre Colombia y Ecuador, firmado en Bogotá el 24 de agosto de 2000.
...se cita para mañana a las 11 de la mañana...''.
Según el A. 33 del 3 de mayo de 2007, publicada en la Gaceta del Congreso 438 del 7 de septiembre de 2007, Senado Págs. 18 y 19., en esa sesión fue discutido y votado el proyecto de ley 185 de 2006, Senado. El quórum deliberatorio y decisorio fue de 11 de los 13 Senadores que conforman esa Comisión Pág. 5..
6.1.2. La ponencia para dar segundo debate en la Plenaria del Senado de la República fue presentada por el Senador M.R.V.A., siendo publicada en la Gaceta del Congreso 187 del 17 de mayo de 2007, Senado Págs. 3 a 19..
Conforme al A. 24 del 4 de diciembre de 2007, publicada en la Gaceta del Congreso 40 del 15 de febrero de 2008, Senado Págs. 33, 34 y 56., en dicha sesión se dio el aviso de votación, de la siguiente forma:
''Por instrucciones de la Presidencia y de conformidad con el Acto Legislativo número 01 de 2003 la Secretaría anuncia los proyectos que se discutirán y aprobarán en la próxima sesión.
...la presidencia levanta la sesión y convoca para el día miércoles 5 de diciembre de 2007...''.
Conforme al A. 25 del 5 de diciembre de 2007, publicada en la Gaceta del Congreso 41 del 15 de febrero de 2008, Senado Págs. 45 y 46., en dicha sesión se dio el aviso de votación, de la siguiente forma:
''Por instrucciones de la Presidencia y de conformidad con el Acto Legislativo número 01 de 2003, la Secretaría anuncia los proyectos que se discutirán y aprobarán en la próxima sesión.
...la Presidencia levanta la sesión y convoca para el día lunes 10 de diciembre de 2007, ...''.
Según el A. 26 del 1 de diciembre de 2007, publicada en la Gaceta del Congreso 58 del 26 de febrero de 2008, Senado Pág. 45., en esa sesión fue discutido y votado el proyecto de ley 144 de 2007, Senado. El quórum deliberatorio y decisorio fue de 94 de los 102 Senadores que conforman esa Plenaria Págs. 1 y 2..
6.2.1. La ponencia para dar primer debate en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes fue presentada por el R.O.F.B.R., siendo publicada en la Gaceta del Congreso 88 del 27 de marzo de 2008, Cámara Págs. 2 a 5..
Conforme al A. 20 del 2 de abril de 2008, publicada en la Gaceta del Congreso 396 del 27 de junio de 2008, Cámara Págs. 1 y 2., en dicha sesión se dio el aviso de votación, en los siguientes términos:
''Hace uso de la palabra el P., honorable R.A.P.S.:
Es decir, señor P. si le entendí, el próximo martes aprobamos proyectos de ley y el miércoles se hace el debate que se ordenó el día de ayer por la Comisión.
Hace uso de la palabra el P., honorable R.A.P.S.:
Anuncio de proyectos de ley para la próxima sesión de Comisión, según lo acaba de ordenar el señor P., para dar cumplimiento al artículo 8º del Acto Legislativo número 1 de 2003.
Proyecto de ley número 185 de 2006 Senado, 206 de 2007 Cámara, por medio de la cual se aprueba el Estatuto Migratorio Permanente entre Colombia y Ecuador, firmado en Bogotá, el 24 de agosto de 2000.
Efectuados los anuncios señor P., conforme lo ordena el artículo 8º del Acto Legislativo número 1 de 2003.''
Según el A. 21 del 8 de abril de 2008, publicada en la Gaceta del Congreso 397 del 27 de junio de 2008, Cámara Págs. 10 y 11., en esa sesión fue discutido y votado el proyecto de ley. El quórum deliberatorio y decisorio fue de 17 de los 19 Representantes que conforman esa Comisión Pág. 1..
6.2.2. La ponencia para dar segundo debate en la Plenaria de la Cámara de Representantes fue presentada por el R.O.F.B.R., siendo publicada en la Gaceta del Congreso 180 del 25 de abril de 2008, Cámara Págs. 2 a 6..
Conforme al A. 108 del 13 de mayo de 2008, publicada en la Gaceta del Congreso 353 del 11 de junio de 2008, Cámara Págs. 31 y 32., en dicha sesión se dio el aviso de votación, de la siguiente manera:
''Por favor anunciar los proyectos para el próximo martes, o para la fecha en que se discutan proyectos para segundo debate.
Señor P., se anuncian los proyectos para el próximo martes 20 de mayo de 2008 o para la sesión próxima donde se debatan proyectos de ley y están anunciados de acuerdo con el Acto Legislativo que lo reglamenta''.
Según el A. 110 del 20 de mayo de 2008 (el A. 109 del 14 de mayo de 2008, registra debate de control político Gaceta del Congreso 409 del 7 de julio de 2008.), publicada en la Gaceta del Congreso 403 del 27 de junio de 2008, Cámara Págs. 12 a 15., en esa sesión fue discutido y votado el proyecto de ley 206 de 2007 Cámara, 185 de 2006 Senado. El quórum deliberatorio y decisorio fue de 155 de los 166 Representantes que conforman esa Plenaria Págs. 4 y 5..
6.3.3. Se cumplieron los términos de 8 y 15 días, que deben mediar entre los debates (art. 160 superior) La Corte ha señalado que los plazos que deben mediar entre los debates se contabilizan en días comunes y no hábiles. Sentencias C-1153 de 2005 y C-309 de 2004, entre otras. , toda vez que i) en el Senado el primer debate en la Comisión fue el 3 de mayo de 2007 y en la Plenaria fue el 10 de diciembre de 2007 (más de 8 días), ii) en la Cámara el primer debate en la Comisión fue el 8 de abril de 2008 y en la Plenaria el 20 de mayo de 2008 (más de 8 días) y iii) la aprobación del proyecto en la Plenaria del Senado fue el 10 de diciembre de 2007 y la iniciación del debate en la Cámara fue el 8 de abril de 2008 (más de 15 días).
6.3.5.1. En el primer debate en la Comisión Segunda del Senado i) se anunció debidamente el proyecto de ley para votación al emplearse las expresiones ''Proyectos de ley para anunciar los cuales serán discutidos y votados'', ii) el anunció se realizó en sesión distinta (2 de mayo de 2007, A. 32) y previa a la votación (3 de mayo de 2007, A. 33) y iii) la fecha de la votación fue determinada porque si bien en principio se utilizó la expresión ''próxima sesión'', al finalizar la sesión se indicó que se ''cita para mañana'', como se cumplió efectivamente y puede verificarse con el consecutivo de las actas.
6.3.5.2. En el segundo debate en la Plenaria del Senado i) se anunciaron debidamente el proyecto de ley para votación al utilizarse las expresiones ''de conformidad con el Acto Legislativo número 01 de 2003 la Secretaría anuncia los proyectos que se discutirán y aprobarán'' y ''de conformidad con el Acto Legislativo número 01 de 2003, la Secretaría anuncia los proyectos que se discutirán y aprobarán'', ii) los anuncios se verificaron consecutivamente en sesiones distintas (4 de diciembre de 2007, A. 24 y 5 de diciembre de 2007, A. 25) y previa a la votación (10 de diciembre de 2007, A. 26) En relación con votaciones realizadas al día siguiente del anuncio de la votación, puede consultarse la sentencia C-181 de 2007. y iii) la fecha de la votación fue determinada por cuanto si bien en principio se utilizaron en los anuncios la expresión ''próxima sesión'', al finalizar las sesiones se indicó que se ''convoca para el día miércoles 5 de diciembre de 2007'' y se ''convoca para el día lunes 10 de diciembre de 2007'' , como se cumplió efectivamente y puede verificarse con el consecutivo de las actas.
6.3.5.3. En el primer debate en la Comisión Segunda de la Cámara i) se anunció debidamente el proyecto de ley para votación al emplearse las expresiones ''Anuncio de proyectos de ley ..., para dar cumplimiento al artículo 8º del Acto Legislativo número 1 de 2003'', ii) el anunció se realizó en sesión distinta (2 de abril de 2008, A. 20) y previa a la votación (8 de abril de 2008, A. 21) y iii) la fecha de la votación resulta determinada por cuanto si bien en principio se utilizaron las palabras ''próxima sesión'', también se precisó que era para el ''próximo martes'', como se cumplió efectivamente y puede corroborarse según el consecutivo de las actas.
6.3.5.4. En el segundo debate en la Plenaria de la Cámara i) se anunció debidamente el proyecto de ley para votación al utilizarse las expresiones ''anunciar los proyectos...en que se discutan ... para segundo debate...donde se debatan proyectos de ley y están anunciados de acuerdo con el Acto Legislativo que lo reglamenta'', ii) el anuncio se verificó en sesión distinta (13 de mayo de 2008, A. 108) y previa a la votación (20 de mayo de 2008, A. 110Debe recordarse que al A. 109 del 14 de mayo de 2008, registra debate de control político, según Gaceta del Congreso 409 del 7 de julio de 2008. ) y iii) la fecha de la votación resulta determinable al emplearse las palabras ''próxima martes 20 de mayo de 2008 o para la sesión próxima donde se debatan proyectos de ley'', lo cual puede verificarse al cumplirse efectivamente en la siguiente sesión para debates de proyectos de ley realizado el 20 de mayo de 2008.
Revisión material del Estatuto Migratorio Permanente entre Colombia y Ecuador, aprobado por la Ley No. 1203 de 2008.
De conformidad con la Real Academia de la Lengua Española, migración se define como ''acción y efecto de pasar de un país a otro para establecerse en él. Desplazamiento geográfico de individuos o grupos, generalmente por causas económicas o sociales''. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha acogido como concepto de emigrar o migrar ''dejar a un Estado con el propósito de trasladarse a otro y establecerse en él'' Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-18 de 17 de septiembre de 2003, solicitada por los Estados Unidos Mexicanos. Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados. En el glosario para efectos de dicha opinión también se dieron los siguientes significados: emigrante: persona que deja un Estado con el propósito de trasladarse a otro y establecerse en él; inmigrar: llegar a otro Estado con el propósito de residir en él; inmigrante: persona que llega a otro Estado con el propósito de residir en él; migrante: término genérico que abarca tanto al emigrante como al inmigrante; estatus migratorio: situación jurídica en la que se encuentra un migrante, de conformidad con la normativa interna del Estado de empleo; trabajador: Persona que vaya a realizar, realice o haya realizado una actividad remunerada; trabajador migrante documentado o en situación regular: persona que se encuentra autorizada a ingresar, a permanecer y a ejercer una actividad remunerada en el Estado de empleo, de conformidad con las leyes de ese Estado y los acuerdos internacionales en que ese Estado sea parte; trabajador migrante indocumentado o en situación irregular: persona que no se encuentra autorizada a ingresar, a permanecer y a ejercer una actividad remunerada en el Estado de empleo, de conformidad con las leyes de ese Estado y los acuerdos internacionales en que ese Estado sea parte, y que, sin embargo, realiza dicha actividad; Estado de origen: estado del cual es nacional el trabajador migrante; Estado de empleo o Estado receptor: Estado en el cual el trabajador migrante vaya a realizar, realiza o haya realizado una actividad remunerada..
En la historia de la humanidad este no es un tema nuevo. Con el inicio del Siglo XXI, la comunidad internacional ha catalogado la migración como un asunto que reviste la mayor importancia en el orden mundial dado que cada vez son más las personas que se trasladan de un lugar a otro. De ahí la creación en 1951 de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que tiene como objetivo ''cerciorarse de una gestión ordenada y humana de la migración; promover la cooperación internacional sobre cuestiones migratorias; ayudar a encontrar soluciones prácticas a los problemas migratorios; y ofrecer asistencia humanitaria a los migrantes que lo necesitan'' Página de la OIM. A propósito de la OIM: www.iom.int/jahia/Jahia/lang/es/pid/2.. Entonces, la migración en condiciones de humanidad y de manera ordenada viene a beneficiar a los migrantes y a la comunidad.
Actualmente componen esa Organización 125 Estados Miembros y 94 observadores, entre los cuales 18 Estados y 76 organizaciones internacionales y no gubernamentales de alcance mundial y regional. Se constituye en la principal organización intergubernamental en materia de migración que funciona con asociados gubernamentales, intergubernamentales y no gubernamentales Ver, ''A propósito de la migración''. Página en Internet de la OIM: www.iom.int/jahia/jahia/lang/es/pid/2..
Como factores que ocasionan la movilidad mundial, la OIM ha reseñado principalmente: las tendencias demográficas; las disparidades económicas entre los países en desarrollo y los países desarrollados; la liberalización del comercio que hace necesaria una fuerza laboral móvil; las redes de comunicaciones que enlazan a todo el mundo; y la migración transnacional Ibidem. En el documento se señala: ''La liberalización económica. El clima comercial y de inversión ha sostenido el flujo de migrantes. La mayor demanda de mano de obra en las economías desarrolladas y la disponibilidad de mano de obra en las economías subdesarrolladas han puesto en movimiento la migración laboral global. El enorme mercado laboral mundial ofrece a los empleadores la oportunidad de contratar a trabajadores migrantes como parte de sus estrategias de reducción de costos.Además, la globalización, con sus fuerzas asociadas, ha aumentado la movilidad de la fuerza laboral a través de las fronteras y ha reforzado el movimiento de trabajadores calificados. Las corporaciones multinacionales favorecen el movimiento de mano de obra, especialmente la mano de obra altamente calificada. Ante una escasez aguda de mano de obra, las industrias de los países desarrollados están evaluando las políticas migratorias y demuestran preferencia por la implementación de un mecanismo relativamente flexible. Las industrias de servicios estadounidenses y europeas, en particular, han tratado de alentar una "política liberal" para considerar a los trabajadores en movimiento como "proveedores de servicios", especialmente en las industrias hotelera y de hostelería, de programación, de seguros y la industria financiera. La recesión económica. Desde inicios de 2001, la economía mundial ha experimentado una recesión. El Fondo Monetario Internacional ha proyectado un crecimiento global inferior al de años anteriores en un 3,2 %. Esto ha producido una presión a la baja en el movimiento de la mano de obra, especialmente en los sectores de tecnología de la información (TI), construcción y manufactura. Sin embargo, el impacto real de la recesión económica, en términos del retorno de la fuerza laboral migrante a sus países de origen, todavía no se ha dado. La experiencia de la crisis financiera de 1999 en Asia sugiere que la mayoría de los migrantes tiende a permanecer en el país de destino incluso tras un empeoramiento de las condiciones. La recesión temporal no siempre causa una perturbación considerable en los flujos migratorios, ni altera las tendencias de manera significativa. Los cambios demográficos. El crecimiento mundial de la población difiere entre países desarrollados y países en desarrollo. En los primeros, la tasa anual de crecimiento actual es inferior al 0,3%, mientras que en el resto del mundo la población está aumentando casi seis veces más rápido. Los cambios demográficos afectan la migración internacional de dos maneras. Un raudo crecimiento de la población combinado con dificultades económicas obliga a las personas a abandonar su hábitat, y una población cada vez menor y más vieja conduce a los países a aceptar a los migrantes. Dada la baja tasa de natalidad en muchos países desarrollados se observa un envejecimiento de su población. La población "menos numerosa y más vieja" proyectada para los países desarrollados en los próximos 50 años podría acrecentar las posibilidades de una mayor movilidad de las personas. Según proyecciones demográficas de las Naciones Unidas, se espera que el Japón y todos los países de Europa registren una disminución en el crecimiento de la población durante los próximos 50 años. Por ejemplo, se prevé que la población de Italia pasará de 57 millones en la actualidad a 41 millones para el año 2050. Asimismo, la población del Japón pasará de 127 millones en la actualidad a 105 millones en el año 2080. Además de la disminución en el tamaño de la población, el Japón y los países de Europa están atravesando un proceso relativamente marcado de envejecimiento de su población. El proceso gradual de ''migración de reemplazo'', aunque de por sí no es una solución, es una herramienta para abordar este problema. El surgimiento de las ''redes de migrantes''. Las redes de migrantes de una región específica se han convertido en una fuerza dominante para mejorar la movilidad de las personas. Influyen en las decisiones políticas de los países de acogida de prestar asistencia económica a los países de origen. También influyen en las relaciones económicas y comerciales entre el país de origen y el país de destino, y requieren procesos de integración más creativos y productivos.
El surgimiento de la migración transnacional. Los avances en el transporte y en las tecnologías de la comunicación, que vinculan lugares y personas a nivel mundial, conducen al surgimiento de un "espacio de migración transnacional". Este cubre más de un espacio geográfico en el cual los migrantes pueden trasladarse de un hogar a otro. Aparte del movimiento físico, el flujo de información, competencias y remesas son los demás componentes del "espacio migratorio transnacional". Las brechas entre el "espacio geográfico" y el "espacio migratorio" han disminuido, lo cual tiene serias consecuencias en la migración internacional. El resultado más inmediato de este fenómeno es la creciente aceptación de la doble ciudadanía, el tener múltiples propiedades y el derecho a voto. Ahora los países reconocen que la membresía no se basa en el territorio. Por ello surge un nuevo tipo de relación "persona-Estado", que se está arraigando rápidamente en la política internacional, y que probablemente influirá en el curso futuro de la movilidad humana. Pocos países encauzan eficazmente la migración. Una de ellas es que pocos países tienen una política migratoria bien definida y articulada. Resulta difícil encauzar algo si no existe una estructura política para guiar a los gestores. No obstante, aun los países que sí cuentan con una política migratoria bien respaldada por su legislación, experimentan serias dificultades en materia de gestión migratoria. Algunos críticos de las políticas públicas, particularmente en los países desarrollados, han caracterizado el periodo comprendido entre mediados de los años setenta y la actualidad como un cuarto de siglo de mala gestión migratoria. Más aún, el movimiento de personas a gran escala no ha cesado. La migración irregular se ha convertido en uno de los problemas más acuciantes de nuestros tiempos. El tráfico de migrantes actualmente se equipara al narcotráfico como una de las fuentes más importantes de ingresos para el crimen organizado. La trata de personas se ha vuelto una preocupación importante a nivel mundial. La migración ha escalado puestos en la lista de problemas cruciales que los países del mundo desarrollado deben afrontar y ahora ocupa el primer lugar en la agenda política de los países del G8. Por tanto, no es difícil entender por qué las personas de las regiones más pobres del globo desean emigrar a países más prósperos. Las personas siempre se han movilizado dentro de su región o de una región a otra con el fin de mejorar su nivel de vida, proporcionar a sus hijos mayores oportunidades para salir adelante o escapar de la pobreza, la guerra y el hambre. Esta es la regla de oro que ha regido la migración desde los albores del tiempo. Los modernos sistemas de transporte y telecomunicaciones, incitan a más personas a movilizarse. Los pobres y no privilegiados ahora pueden ver con sus propios ojos la gran disparidad entre su nivel de vida y el de las personas más adineradas y con más privilegios del mundo. También aspiran a esa riqueza y, gracias a los sistemas modernos de transporte, son capaces de llegar a tierras más ricas en unas cuantas horas. Con la globalización económica y la proliferación de las empresas internacionales, también hay un aumento en la demanda de movilidad de los profesionales. El desafío que tienen ante sí todos los países es encontrar los medios para regular y encauzar estos movimientos migratorios a gran escala''..
Según el ''Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2008'', presentado por la OIM, actualmente existen más de 200 millones de migrantes internacionales. Como aspectos principales se destacan: i) en este siglo la migración girará en torno a la búsqueda de trabajo y a los trabajadores, ii) los movimientos de personas dentro y por medio de las fronteras se efectúan para satisfacer los retos socioeconómicos que conlleva la globalización y que hacen que la búsqueda de trabajo propicie la mayoría de los movimientos en este siglo, iii) las demandas de mayor eficacia en la producción que atiende la fuerte competencia mundial hace que los trabajadores vivan en un mundo laboral interconectado que ocasiona una mayor movilidad laboral, iv) la movilidad humana se ha constituido en una opción de vida motivada por la disparidad de oportunidades demográficas, económicas y laborales, v) las presiones de migración laboral seguirán aumentando toda vez que los países industrializados, que compiten por los migrantes altamente calificados, también carecen de mano de obra poco o semicalificada, vi) la creación de empleos en el país de origen es prioritario para la mayoría de los migrantes que provienen de países en desarrollo, y vii) el disponer de medios planificados y previsibles para combinar la demanda de mano de obra con una oferta segura, legal y humana, garantiza una protección más idónea de los derechos humanos de los trabajadores migrantes y sus familiares Información extraída de la página de la OIM. Noticias sobre el Informe de las Migraciones en el Mundo 2008. www.iom.int/jahia/jahia/newsartcleeu/lang/es/cache/offonce?entryld=20343..
Incluso, en materia de migración laboral se ha afirmado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que si todos vivieran juntos formarían el quinto país más poblado de la tierraVer, ''Migración laboral''. Página en Internet de la OIT. www.ilo.org/global/Themes/Labourt_migration/lang--es/index.htm.
Ahora bien, la migración comprende distintos ámbitos como el laboral, la reunificación familiar, la seguridad, la migración irregular, el comercio, los derechos de los migrantes, la salud, la integración y el desarrollo Ver, ''A propósito de la migración''. Página en Internet de la OIM. www.iom.int/jahia/jahia/lang/es/pid/3.. Adicionalmente, su ámbito en cuanto a los sujetos incluye a los niños, las mujeres, los discapacitados, las personas de la tercera edad, los desplazados, entre otros.
Respecto a la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus familiares, debe señalarse que fue aprobada en Colombia mediante la Ley 146 de 1994 y declarada exequible en la sentencia C-106 de 1995 La Corte resolvió: ''PRIMERO.- Con la salvedad que se señala en el artículo siguiente, declarar exequible la Convención y la Ley 146 de 1994, "por medio de la cual se aprobó la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares". SEGUNDO.- La exequibilidad de los artículos 15, 46 y 47 de la ''Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares'', aprobada mediante la Ley 146 de 1994, se declara bajo el entendido de que el Estado colombiano mantiene su derecho de dictar normas tributarias, cambiarias y monetarias que establezcan un trato igual entre trabajadores migratorios y sus familias y los nacionales, para la importación y exportación de bienes de uso personal, enseres domésticos, transferencia de ingresos y ahorros hacia el exterior, así como para proceder a la expropiación por razones de equidad y a la extinción del dominio en los eventos previstos en el artículo 34 de la CP. En consecuencia, el P. de la República hará la correspondiente reserva''..
Para la comunidad de países latinoamericanos este es un asunto de vital importancia. En la VIII Conferencia Sudamericana sobre Migraciones, celebrada en Montevideo, Uruguay, del 17 al 19 de septiembre de 2008, los representantes de las Repúblicas de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Suriname, Uruguay y Venezuela, hicieron explícitos su posición común en materia migratoria, al declarar, entre otros aspectos Expresan su rechazo a la aprobación por la Unión Europea de la llamada Directiva de Retorno y la criminalización de los migrantes que pueda implicar la aplicación de este tipo de normativa, y destacar que el retorno solo puede resultar de una decisión libremente adoptada por el migrante. :
''1.- Su absoluta convicción de que el ser humano es el centro de las políticas y programas migratorios y, consecuentemente, se debe priorizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas migrantes.
- Que el hecho migratorio tiene una naturaleza multidimensional y que la aplicación de medidas restrictivas por los países de destino no constituye una solución realista a la emigración irregular. Que el hecho migratorio debe ser abordado de manera integral y comprehensiva, con políticas que se dirijan a eliminar los factores que causan la emigración y mediante la promoción del diálogo entre los países de origen, tránsito y destino de la migración.
- Rechazar la criminalización del migrante, la xenofobia, la discriminación y abuso de autoridad y las deportaciones masivas por parte de algunos países receptores.
- Reafirmar la decisión de los Estados de la región de combatir los execrables delitos de la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, recordando, al propio tiempo, que el reforzamiento de políticas y medidas migratorias de carácter restrictivo por algunos países de destino, son uno de los factores que propician el incremento de esos delitos, poniendo en mayor vulnerabilidad a nuestras poblaciones. Asimismo, promover la cooperación internacional para la protección a las víctimas en los países de origen, tránsito y destino, que incluya la orientación, la protección jurídica y la asistencia para el retorno decidido libremente.
- Destacar los avances logrados rumbo al común objetivo de la libre circulación de las personas, como fundamento del desarrollo y propulsor de la integración regional, e instar a los países que aun no lo han hecho a adherir a los Acuerdos de Residencia y Regularización Migratoria del MERCOSUR y Estados Asociados.
- Su decisión de consolidar la Conferencia Sudamericana sobre Migraciones como una instancia permanente de diálogo político y cooperación en la región. La Presidencia Pro Témpore, en consulta con todos los países, presentará en la IX Conferencia un proyecto que proponga los mecanismos de funcionamiento y desarrollo estratégico de la CSM.
- En el marco de las buenas prácticas sobre gestión migratoria acuerdan conformar la Red Sudamericana Para la Gobernabilidad Migratoria, con el objetivo de aprovechar y difundir las capacidades desarrolladas por cada país que integra la CSM y potenciarla con base en la cooperación horizontal sudamericana y al fortalecimiento de la integración regional''.
Ahora bien, dada las necesidades de la población migrante colombiana, la OIM se estableció en Colombia desde 1956, cuya misión busca ''responder a los desafíos que plantea la gestión de la migración, fomentando una mayor comprensión de las cuestiones migratorias, alentando el desarrollo social y económico a través de la migración, y velando por el respeto de la dignidad humana y el bienestar de los migrantes'' Página de la OIM, Misión en Colombia: www.oim.org.co. De ahí que ha venido implementando diversos programas denominadas áreas de acción de la OIM, como son: i) migrantes que salen al exterior o retornan y necesitan asistencia para su reintegración, ii) poblaciones víctimas de desplazamiento forzado interior, iii) víctimas y potenciales víctimas de la trata de personas, iv) menores desvinculados de los grupos armados ilegales, y v) programas de fortalecimiento de la paz Ibidem..
El primer programa lo compone un Área de Cooperación Técnica para las Migraciones, CTM, que persigue beneficiar a las poblaciones migrantes en el exterior y sus familias a través de cuatro esferas de trabajo como son la migración y desarrollo (Programa de migración laboral a España), la reglamentación de la migración (Política pública migratoria), la migración facilitada (Programas de movilización de migrantes y retorno a Colombia. Programa de migración laboral a Canadá ) y la migración forzada (Programa de asistencia de emergencia para personas en búsqueda de protección internacional a lo largo de las fronteras con Panamá, Ecuador y Venezuela) Ibidem..
''1. Que los Estados tienen la obligación general de respetar y garantizar los derechos fundamentales. Con este propósito deben adoptar medidas positivas, evitar tomar iniciativas que limiten o conculquen un derecho fundamental, y suprimir las medidas y prácticas que restrinjan o vulneren un derecho fundamental.
Que el incumplimiento por el Estado, mediante cualquier tratamiento discriminatorio, de la obligación general de respetar y garantizar los derechos humanos, le genera responsabilidad internacional.
Que el principio de igualdad y no discriminación posee un carácter fundamental para la salvaguardia de los derechos humanos tanto en el derecho internacional como en el interno.
Que el principio fundamental de igualdad y no discriminación forma parte del derecho internacional general, en cuanto es aplicable a todo Estado, independientemente de que sea parte o no en determinado tratado internacional. En la actual etapa de la evolución del derecho internacional, el principio fundamental de igualdad y no discriminación ha ingresado en el dominio del jus cogens.
Que el principio fundamental de igualdad y no discriminación, revestido de carácter imperativo, acarrea obligaciones erga omnes de protección que vinculan a todos los Estados y generan efectos con respecto a terceros, inclusive particulares.
Que la obligación general de respetar y garantizar los derechos humanos vincula a los Estados, independientemente de cualquier circunstancia o consideración, inclusive el estatus migratorio de las personas.
Que el derecho al debido proceso legal debe ser reconocido en el marco de las garantías mínimas que se deben brindar a todo migrante, independientemente de su estatus migratorio. El amplio alcance de la intangibilidad del debido proceso comprende todas las materias y todas las personas, sin discriminación alguna.
Que la calidad migratoria de una persona no puede constituir una justificación para privarla del goce y ejercicio de sus derechos humanos, entre ellos los de carácter laboral. El migrante, al asumir una relación de trabajo, adquiere derechos por ser trabajador, que deben ser reconocidos y garantizados, independientemente de su situación regular o irregular en el Estado de empleo. Estos derechos son consecuencia de la relación laboral.
Que el Estado tiene la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos laborales de todos los trabajadores, independientemente de su condición de nacionales o extranjeros, y no tolerar situaciones de discriminación en perjuicio de éstos, en las relaciones laborales que se establezcan entre particulares (empleador-trabajador). El Estado no debe permitir que los empleadores privados violen los derechos de los trabajadores, ni que la relación contractual vulnere los estándares mínimos internacionales.
Que los trabajadores, al ser titulares de los derechos laborales, deben contar con todos los medios adecuados para ejercerlos. Los trabajadores migrantes indocumentados poseen los mismos derechos laborales que corresponden a los demás trabajadores del Estado de empleo, y este último debe tomar todas las medidas necesarias para que así se reconozca y se cumpla en la práctica.
Que los Estados no pueden subordinar o condicionar la observancia del principio de la igualdad ante la ley y la no discriminación a la consecución de los objetivos de sus políticas públicas, cualesquiera que sean éstas, incluidas las de carácter migratorio''.
De este modo, el Estatuto Migratorio Permanente entre Ecuador y Colombia responde a múltiples compromisos adquiridos, concretamente a las reuniones celebradas por los Miembros de la Comisión de Vecindad e Integración Colombo-Ecuatoriana, que propenden por la integración física y el desarrollo social entre las naciones a través de acciones de cooperación y desarrollo fronterizo Cft. Acuerdo entre Colombia y Ecuador para Regular el Tránsito de Personas y Vehículos, convenido mediante notas reversales, en Quito, el 14 de octubre de 1977. Decretos 1927 de 1989, 1635 de 1991, 2005 de 1991, 751 de 1992, 203 de 1993, 1499 de 1993 y 2797 de 2003..
''Considera la Corte que, por otra parte, dada la naturaleza de los asuntos a que se refiere el Convenio, éste constituye instrumento apto para desarrollar el objetivo de regular de una manera igualitaria, soberana y democrática el tránsito de personas y vehículos entre los pueblos hermanos de Ecuador y Colombia.
Así mismo el Convenio simplifica y homologa los trámites y procedimientos para el paso de frontera, lo cual se inscribe en los principios constitucionales relativos a la eficacia, celeridad y economía en la gestión (artículo 209 constitucional), así como en los principios que pretenden hacer prevalecer el derecho sustancial sobre el procedimental (artículo 228 idem), todo ello en el marco de un Estado social de derecho que desea colocar a las instituciones al servicio de la persona (artículo 1º idem).
(...)Las zonas fronterizas, igualmente, se ven beneficiadas con las facilidades introducidas en el Convenio para el transporte binacional, lo cual fue también una preocupación del constituyente.
Menos evidente aunque no es despreciable, el derecho al trabajo (artículo 25) invocado por la apoderada del Ministerios de Relaciones Exteriores podría verse, de paso, protegido''.
Ahora bien, la migración toca esencialmente con los derechos de los extranjeros. De manera que la Corte debe empezar por recordar su doctrina constitucional en la materia atendiendo los mandatos constitucionales como internacionales sobre la materia (art. 93 de la Constitución Ver, sentencias C-179 de 1994, C-1007 de 2002, C-1024 de 2002, C-149 de 2003.
La Corte ha acogido el concepto de bloque de constitucionalidad procedente del derecho francés, para señalar que ''está compuesto por aquellas normas y principios que, sin aparecer formalmente en el articulado del texto constitucional, son utilizados como parámetros del control de constitucionalidad de las leyes, por cuanto han sido normativamente integrados a la Constitución, por diversas vías y por mandato de la propia Constitución. Son pues verdaderos principios y reglas de valor constitucional, esto es, son normas situadas en el nivel constitucional, a pesar de que puedan a veces contener mecanismos de reforma diversos al de las normas del articulado constitucional estricto sensu'' (sentencia C-225 de 1995). De ahí que la revisión de constitucionalidad que corresponde a la Corte debe cumplirse no sólo frente al texto formal de la Carta Política sino también atendiendo otras normatividades que i) aunque no aparezcan formalmente en el texto constitucional son utilizados como parámetros de control de constitucionalidad vía remisión al tener jerarquía constitucional, ellos son los tratados internacionales que reconocen derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción (art. 93 superior), que se les ha denominado bloque de constitucionalidad estricto sensu y ii) aunque no tengan rango constitucional configuran parámetros para examinar la validez constitucional de las normas sujetas a control al estar por encima de las leyes ordinarias como son las leyes estatutarias y algunos convenios internacionales de derechos humanos, calificados como integrantes del bloque de constitucionalidad lato sensu (sentencias C-155 de 2007, C-047 de 2006, C-028 de 2006, C-1001 de 2005, C-067 de 2003, C-200 de 2002 y C-774 de 2001).).
En primer lugar, resulta indiscutible que en principio le asisten a los extranjeros los mismos derechos que a los nacionales. Como disposiciones constitucionales pueden citarse las siguientes: 4º, deber de los nacionales y extranjeros en Colombia de acatar la Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades; artículo 13, igualdad ante la ley y no discriminación por razones de origen nacional; artículo 48, garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la seguridad social; artículo 96, nacionales colombianos por nacimiento y adopción Son nacionales colombianos: 1. Por nacimiento: a) Los naturales de Colombia, que con una de dos condiciones: que el padre o la madre hayan sido naturales o nacionales colombianos o que, siendo hijos de extranjeros, alguno de sus padres estuviere domiciliado en la República en el momento del nacimiento y; b) Los hijos de padre o madre colombianos que hubieren nacido en tierra extranjera y fuego se domiciliaren en territorio colombiano o registraren en una oficina consular de la República. 2. Por adopción: a) Los extranjeros que soliciten y obtengan carta de naturalización, de acuerdo con la ley, la cual establecerá los casos en los cuales se pierde la nacionalidad colombiana por adopción; b) Los Latinoamericanos y del C. por nacimiento domiciliados en Colombia, que con autorización del Gobierno y de acuerdo con la ley y el principio de reciprocidad, pidan ser inscritos como colombianos ante la municipalidad donde se establecieren, y; c) Los miembros de los pueblos indígenas que comparten territorios fronterizos, con aplicación del principio de reciprocidad según tratados públicos. Ningún colombiano por nacimiento podrá ser privado de su nacionalidad. La calidad de nacional colombiano no se pierde por el hecho de adquirir otra nacionalidad. Los nacionales por adopción no estarán obligados a renunciar a su nacionalidad de origen o adopción. Quienes hayan renunciado a la nacionalidad colombiana podrán recobrarla con arreglo a la ley.. El Capítulo III del Título III, refiere en su artículo 100 a los extranjeros, en los siguientes términos:
''Los extranjeros disfrutarán en Colombia de los mismos derechos civiles que se conceden a los colombianos. No obstante, la ley podrá, por razones de orden público, subordinar a condiciones especiales o negar el ejercicio de determinados derechos civiles a los extranjeros.
Los derechos políticos se reservan a los nacionales, pero la ley podrá conceder a los extranjeros residentes en Colombia el derecho al voto en las elecciones y consultas populares de carácter municipal o distrital''.
''(E)n numerosas oportunidades Entre otras, ver T- 172 de 1993, T- 380 de 1998, C- 1259 de 2001, C- 339 de 2002, C- 395 de 2002, T- 680 de 2002, C- 523 de 2003, C- 913 de 2003, C- 1058 de 2003, C- 070 de 2004 y C- 238 de 2006., la Corte Constitucional se ha pronunciado en relación con los contenidos y alcances de estos derechos fundamentales de los cuales son titulares los extranjeros en Colombia.
En tal sentido, esta Corporación ha considerado que (i) cualquier persona, sea colombiana o extranjera, puede instaurar una acción de tutela, por cuanto ''Los sujetos de la protección no lo son por virtud del vínculo político que exista con el Estado colombiano sino por ser personas'' Sentencia T- 172 de 1993.; (ii) si la medida de expulsión del territorio opera durante los estados de normalidad, con mayor razón puede el legislador de excepción proceder a decretarla, cuando sean los extranjeros quienes estén perturbando el orden público, pues está encaminada precisamente a restablecer el orden alterado y evitar la extensión de sus efectos Sentencia C- 179 de 1994.; (iii) en ningún caso el legislador esta habilitado para desconocer la vigencia y el alcance de los derechos fundamentales garantizados en la Carta Política y en los tratados internacionales en el caso de los extranjeros, así aquéllos se encuentren en condiciones de permanencia irregular en el país Sentencia T- 215 de 1996.; (iv) bajo la vigencia de la nueva Constitución es claro que las autoridades colombianas no pueden desatender el deber de garantizar la vigencia y el respeto de los derechos constitucionales de los extranjeros y de sus hijos menores Sentencia T- 215 de 1996.; (v) la Constitución o la Ley pueden establecer limitaciones con respecto a los extranjeros para los efectos de su permanencia o residencia en el territorio nacional Sentencia T- 321 de 1996.; (vi) cuando es la propia Constitución la que de manera expresa señala las condiciones para acceder a ciertos cargos públicos, no puede la ley adicionarle requisito o condición alguna...así entonces, si para ser P. o V. de la República, Senador de la República, Magistrado de las Altas Corporaciones de justicia, F. General de la Nación, Magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, miembro del Consejo Nacional Electoral, Registrador Nacional del Estado Civil, C. General de la República, C. Distrital y Municipal y Procurador General de la Nación, la Carta Política sólo exige la condición de ser colombiano por nacimiento, no le es dable a la ley inhabilitar al natural colombiano por el hecho de que éste tenga otra nacionalidad Sentencia C- 151 de 1997.; (vii) la ley no puede restringir, en razón de la nacionalidad los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y en los tratados y convenios internacionales sobre derechos humanos, dado que ellos son inherentes a la persona y tienen un carácter universal Sentencia C- 385 de 2000.; (viii) el mismo artículo 100 de la Constitución atenúa la fuerza de la expresión ''origen nacional'' contenida en el artículo 13, cuando ella se aplica a las situaciones en que estén involucrados los extranjeros Sentencia C- 768 de 1998.; (ix) no en todos los casos el derecho de igualdad opera de la misma manera y con similar arraigo para los nacionales y los extranjeros...ello implica que cuando las autoridades debatan acerca del tratamiento que se debe brindar a los extranjeros en una situación particular, para el efecto de preservar el derecho de igualdad, habrán de determinar en primera instancia cuál es el ámbito en el que se establece la regulación, con el objeto de esclarecer si éste permite realizar diferenciaciones entre los extranjeros y los nacionales...por lo tanto, la intensidad del examen de igualdad sobre casos en los que estén comprometidos los derechos de los extranjeros dependerá del tipo de derecho y de la situación concreta por analizar Sentencia C- 768 de 1998.; (x) el derecho fundamental de asociación sindical se reconoce como derecho humano, universal, a todas las personas que tengan la condición de trabajadores para que puedan agruparse en organizaciones que representen los intereses que son comunes a todas ellas en el ámbito laboral, nada interesa, por consiguiente, el origen nacional de las personas para que puedan gozar del referido derecho, pues lo relevante es que se trate de trabajadores Sentencia C- 385 de 2000.; (xi) en materia de derechos de los extranjeros en Colombia, no hay un derecho de origen constitucional a recibir un trato preferencial en el campo tributario, a no pagar un impuesto o a deducir de su cuantía determinado monto o porcentaje Sentencia C- 485 de 2000.; (xii) el reconocimiento de los derechos de los extranjeros no implica que en nuestro ordenamiento esté proscrita la posibilidad de desarrollar un tratamiento diferenciado en relación con los nacionales Sentencia C- 1259 de 2001.; (xiii) la sola existencia de un tratamiento legal diferenciado entre los trabajadores nacionales y los trabajadores extranjeros no tiene por qué reputarse inconstitucional pues la Carta Política, recogiendo el contenido que hoy se le imprime a la igualdad como valor superior, como principio y como derecho, ha contemplado la posibilidad de que se configure un tratamiento diferenciado... lo importante es, entonces, determinar si ese tratamiento diferenciado es legítimo o si está proscrito por el Texto Fundamental Sentencia C- 1259 de 2001.; (xiv) la aplicación de un tratamiento diferente debe estar justificado por situaciones de hecho diferentes, una finalidad objetiva y razonable y una proporcionalidad entre el tratamiento y la finalidad perseguida Sentencia C- 395 de 2002.; (xv) la reserva de titularidad de los derechos políticos para los nacionales tiene su fundamento en el hecho de que por razones de soberanía es necesario limitar su ejercicio, situación que está en concordancia con el artículo 9° de la Carta, que prescribe que las relaciones exteriores del Estado colombiano deben cimentarse en la soberanía nacional Sentencia C-523 de 2003.; (xvi) cuando el legislador establezca un trato diferente entre el extranjero y el nacional, será preciso examinar si el objeto regulado permite realizar tales distinciones, la clase de derecho que se encuentre comprometido, el carácter objetivo y razonable de la medida, la no afectación de derechos fundamentales, la no violación de normas internacionales y las particularidades del caso concreto Sentencia C- 913 de 2003.; y (xvii) el legislador no está impedido para instituir un determinado trato diferencial entre nacionales y extranjeros, si existen razones constitucionales legítimas que así lo justifiquen Sentencia C- 070 de 2004..
De igual modo, debe precisarse que en la medida que los extranjeros gozan en el territorio colombiano de las garantías concedidas a los nacionales salvo las limitaciones constitucionales y legales, dicho reconocimiento genera a la vez la responsabilidad de los extranjeros de cumplir los deberes que la misma normatividad consagra para los nacionales, conforme al artículo 4 de la Constitución Cft. sentencia T-215 de 1996..
En el caso concreto, la Corte encuentra que las disposiciones del Estatuto Migratorio Permanente entre Ecuador y Colombia, armonizan plenamente con la Carta Política por cuanto tienden a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana en materia económica, social y cultural (Preámbulo y arts. 226 y 227 de la Constitución); realizan los imperativos constitucionales en relación con las zonas fronterizas que vienen a resultar beneficiadas (arts. 289 y 337 de la Constitución); defienden los derechos de los extranjeros al regular de manera igualitaria bajo el concepto de dignidad humana, el tránsito y la permanencia de las personas entre los territorios colombo-ecuatoriano, con el objeto principal de buscar soluciones a la situación de los migrantes irregulares En opinión de la Organización Internacional para las Migraciones, un migrante irregular es una ''persona que habiendo ingresado irregularmente o tras vencimiento de su visado, deja de tener status regular en el país receptor o de tránsito. El término se aplica a los migrantes que infringen las normas de admisión del país o cualquier otra persona no autorizada a permanecer en el país receptor (también llamado clandestino/ilegal/migrante indocumentado o migrante en situación irregular)..
''Este estatuto es el resultado del cumplimiento de los compromisos adquiridos por representantes de los Gobiernos de Ecuador y Colombia en reuniones de la Comisión de Vecindad e Integración y refleja el esfuerzo conjunto por mantener instituciones normativas de carácter internacional que faciliten el tránsito y permanencia de los ciudadanos de un Estado en el territorio del otro, y permitan mantener un mecanismo expedito para regularizar a los ciudadanos de ambos países que se encuentran en situación de ilegalidad.
Con estas facilidades se pretende promover el comercio, favorecer las actividades agrícola y ganadera, incrementar la oferta y demanda de servicios médicos y educativos y, el intercambio cultural y deportivo de la región''.
En cuanto a la relevancia constitucional de la integración comercial, económica, social y cultural en las zonas de frontera, esta Corte ha avalado como una obligación del Estado la suscripción de instrumentos internacionales bilaterales que busquen mejorar las condiciones sociales, económicas y culturales de los habitantes en dichas zonas cuyas relaciones han surgido por circunstancias históricas y sociológicas que los identifican en un objetivo común, como lo es el desarrollo social comunitario entre los países vecinos. Así lo recordó en la sentencia C-206 de 2005 Revisión constitucional de la Ley 894 del 21 de julio de 2004, ''Por medio de la cual se aprueba el ''Acuerdo entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de la República de Colombia sobre ferias y eventos de Frontera'' suscrito en la ciudad de Quito el veintinueve (29) de septiembre del año dos mil (2000)., al señalar:
''(E)l citado instrumento representa una importante solución a la problemática social que se vive en las zonas de frontera pues aprovecha las ventajas derivadas de la propia situación geográfica de estos territorios, para impulsar la integración económica con los países vecinos y facilitar el fortalecimiento de la cooperación e integración económica, cultural y comercial entre las entidades territoriales limítrofes a fin de lograr el desarrollo económico y social comunitario, la prestación eficiente de los servicios públicos y la preservación del ambiente, propósitos éstos a los que debe propender la actividad del legislador en este campo tal como lo disponen los artículos 289 y 337 de la Constitución y lo ha reconocido la jurisprudencia constitucional, que al referirse a la intervención del legislador en esta materia en Sentencia C-076 de 1997,... señaló:
La Corte también ha recalcado la función social que tiene la intervención del legislador en la regulación de las zonas de frontera. En Sentencia C-269 de 2000,...dijo sobre el particular:
''3.1. La Constitución Política de 1991 reconoce como regiones de singular importancia económica y social (artículos 289 y 337), para darles un tratamiento especial, a las denominadas zonas de frontera, entendidas éstas como aquellos lugares donde sus habitantes viven una realidad diferente a la de los demás sectores nacionales, en virtud de la vecindad con los países limítrofes, lo cual influye notablemente en sus actividades culturales, el intercambio de bienes y servicios, la circulación de personas y vehículos, y genera por las circunstancias mencionadas, la libre circulación de monedas con la incidencia que ello conlleva en la economía regional Sentencia C-076 de 1997..
''Precepto éste que adopta un cometido estatal específico de fomento, estímulo y promoción de las zonas de frontera que comporta para el legislador el deber de su realización práctica. En esa medida, las soluciones que se adopten deben tener en cuenta las ventajas de la propia situación de esas zonas, para aprovecharlas e impulsar la integración económica con los países vecinos y facilitar, entonces, el fomento de proyectos de cooperación e integración con las entidades territoriales limítrofes a fin de lograr el desarrollo económico y social comunitario, la prestación eficiente de los servicios públicos y la preservación del ambiente (arts. 226, 227 y 289 C.P.) Sentencia C-076 de 1997..
''En esta medida, se hace necesario garantizar la efectividad del mandato constitucional del artículo 337, mediante la promoción de programas de cooperación e integración económica y social en los departamentos y municipios ubicados en zonas fronterizas, donde la conservación de la soberanía, de la independencia nacional y de la integridad territorial son fines esenciales del Estado colombiano, lo cual exige de éste su presencia efectiva, y donde es fundamental para su desarrollo, que se estrechen los lazos culturales y económicos con las poblaciones de las naciones vecinas dentro del ideal integracionista de la Carta Política de 1991. Principio éste que se desprende del preámbulo, al señalar que la Constitución tiene como uno de sus fines esenciales, impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, así como del artículo 9º a cuyo tenor la política exterior del Estado se orientará hacia la integración latinoamericana y del C..''
''El hombre siempre se ha dirigido hacia las regiones en las que ve posibilidades de satisfacer sus necesidades básicas, y continuará haciéndolo mientras subsistan los desequilibrios entre los espacios habitables.
El Constituyente de 1991 se preocupó por garantizar la totalidad de los derechos a los que esta se refiere, a todo habitante del territorio nacional, sin considerar su procedencia u ocupación''.
Igualmente, esta Corporación ha señalado que conforme al nuevo marco constitucional no puede desconocerse la ''vigencia y el alcance de los derechos fundamentales ni los derechos inherentes a la persona humana garantizados en la Carta Política y en los tratados internacionales en el caso de los extranjeros, así aquéllos se encuentren en condiciones de permanencia irregular'' Sentencia T-215 de 1996..
En cuanto al concepto y alcance de la dignidad humana (art. 1º superior), la Corte le ha reconocido un carácter absoluto C-695 de 2002. por su triple naturaleza de valor, principio y derecho fundamental autónomo que soporta la totalidad de los derechos constitucionales T-881 de 2002.. Principio fundamental que ha sido definido como el ''merecimiento de un trato especial que tiene toda persona por el hecho de ser tal y así se convierte en la facultad...de exigir de los demás un trato acorde con su condición humana'' T-572 de 1999.. Más recientemente, en la sentencia C-075 de 2007, la Corte refirió a la dignidad humana en los siguientes términos:
''Esta Corporación ha expresado que la dignidad humana es un valor superior y un principio fundante del Estado Social de Derecho, conforme al cual todas las personas deben recibir un trato acorde con su naturaleza humana. Cfr. Sentencia T-386 de 2002. En el sentido aquí expresado, la Corte, en sentencia C-239 de 1997, manifestó: ''La dignidad humana ... es en verdad principio fundante del Estado, ... que más que derecho en sí mismo, es el presupuesto esencial de la consagración y efectividad del entero sistema de derechos y garantías contemplado en la Constitución''. En la Sentencia T-792 de 2005, en relación con la dignidad de la persona se expresó: ''Así pues, es un deber que comporta por parte del Estado y de sus autoridades, la adopción de medidas y políticas que se encaminen a garantizar un trato acorde a la condición de seres humanos, a todos y cada uno de los miembros de la sociedad.'' Ha señalado la Corte que ''.. dentro del sistema constitucional colombiano, el principio de dignidad constituye el centro axiológico a partir del cual se derivan las obligaciones de protección, respeto y promoción de los derechos constitucionales y el aseguramiento del cumplimiento de los deberes constitucionales, bajo la égida del orden justo.'' Sentencia C-684 de 2005.
Para la Corte, ''[p]or dignidad se entiende la supremacía que ostenta la persona como atributo inherente a su ser racional, cuya valoración y reconocimiento no puede estimarse como la causa o el efecto de alguien o de algo (es decir, como objeto), sino como un fin superior que subyace en sí mismo.'' Sentencia C-111 de 2006.
En la jurisprudencia constitucional En la sentencia T-881 de 2002, la Corte hizo una amplia exposición de la jurisprudencia constitucional sobre la dignidad de la persona. la dignidad humana se ha tratado como expresión de la autonomía individual Ver sentencias T-532 de 1992, C-542 de 1993, C-221 de 1994, T-477 de 1995, T-472 de 1996, C-239 de 1997 o T-461 de 1998. , como expresión de ciertas condiciones materiales de existencia Sentencias T-596 de 1992, T-124 de 1993, C-239 de 1997, T-296 de 1998, o T-556 de 1998., o como expresión de la intangibilidad de la integridad física y moral Ver sentencias T-461 de 1992, T-123 de 1994, o T-562 de 1999.. En ese contexto, la previsión constitucional conforme a la cual el Estado se encuentra fundado en el respeto a la dignidad humana (C.P. art. 1.), impone a las autoridades públicas el deber de adoptar las medidas de protección indispensables para salvaguardar los bienes jurídicos que definen al hombre como persona''.
En torno a la vinculación del principio de dignidad humana con el trabajo, el artículo 25 de la Constitución, al prever el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas, comporta ''su realización en un entorno sin características humillantes o degradantes o que desconozca los principios mínimos fundamentales establecidos por la Constitución, y además que permita su desarrollo en condiciones equitativas para el trabajador'' Sentencia C-107 de 2002..
''La necesidad de búsqueda de mejores oportunidades laborales, sumada a las necesidades productivas a nivel mundial, han implicado la migración de trabajadores que asuman un rol dentro de la generación de bienes y servicios. Esta realidad se ve enfatizada en un mundo globalizado como el presente...El hecho de abandonar temporal o definitivamente su país de origen pone a estos trabajadores en estado de vulnerabilidad. Así las cosas, se ha hecho imperioso consagrar en diferentes normas internacionales la protección a los trabajadores migrantes. En efecto, disposiciones laborales favorables con respecto a la forma de vinculación, pago de salarios, atención a riesgos profesionales, protección a los miembros de su familia, entre otros, se han venido desarrollando a nivel internacional desde comienzos del siglo veinte.
5.2. Dentro de tales disposiciones, en virtud del asunto en estudio, vale la pena resaltar las relativas a la protección de la seguridad social en pensiones. A través de éstas se busca que el hecho de trasladarse de un país a otro no afecte los derechos pensionales adquiridos, bien sean relativos a la jubilación, invalidez o sobrevivencia, y no obstaculice su eventual adquisición''.
El Capítulo V sobre Disposiciones Generales, también resulta conforme a los mandatos constitucionales al señalar que las visas expedidas se harán extensivas como beneficiarios al cónyuge o compañero permanente reconocido conforme a la legislación del país receptor, y a los hijos menores de 18 años y ascendientes en línea directa (art. 16), lo cual en opinión de la Corte responde constitucionalmente al concepto de familia como núcleo fundamental de la sociedad (art. 42 de la Constitución). Igualmente, al preverse que las visas exigidas por las normas nacionales con fines migratorios serán gratuitas y se reglan el costo de los documentos con el de menor valor, y en el caso de demandarse alguna modificación o reforma ésta se acordará mediante canje de notas (art. 17). Por último, se señala que todo aquello que no se encuentre regulado expresamente por este convenio se sujetará a lo previsto en las respectivas legislaciones nacionales, indicando además que la interpretación del alcance de este acuerdo será de facultad de las respectivas cancillerías (art. 18). De esta manera, se busca llenar los vacíos normativos que pudieran presentarse en el desarrollo del tratado bilateral acudiendo para ello a las legislaciones nacionales lo cual resulta consonante con la Constitución. Así mismo, frente a las dificultades que pudieran presentarse en el marco de la ejecución del tratado son los Estados Partes los llamados a producir la interpretación del instrumento internacional conforme a las reglas establecidas en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 Parte III, observancia, aplicación e interpretación de los tratados. , a través de sus voceros como son las cancillerías, que habrán de sujetarse al ordenamiento constitucional y particularmente a lo dispuesto en esta decisión para el caso de Colombia.
También, debe recordarse lo previsto en el artículo 63 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, conforme al cual ''La ruptura de relaciones diplomáticas o consulares entre partes de un tratado no afectará a las relaciones jurídicas establecidas entre ellas por el tratado, salvo en la medida en que la existencia de relaciones diplomáticas o consulares sea indispensable para la aplicación del tratado''.
Primero. Declarar EXEQUIBLE la Ley No. 1203 del 4 de julio de 2008, ''Por medio de la cual se aprueba el Estatuto Migratorio Permanente entre Colombia y Ecuador, firmado en Bogotá, el veinticuatro (24) de agosto de dos mil (2000)''.
Segundo. Declarar EXEQUIBLE el ''Estatuto Migratorio Permanente entre Colombia y Ecuador, firmado en Bogotá, el veinticuatro (24) de agosto de dos mil (2000)''.