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Timestamp: 2019-01-17 17:51:51
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Matched Legal Cases: ['artículo 32', 'artículo 1', 'artículo 86', 'artículo 23', 'artículo 6', 'artículo 23']

﻿ SENTENCIA T-289 DE MARZO 5 DE 2003
SENTENCIA T-289 DE 05 DE MARZO DE 2003
CONTENIDO:DERECHO DE PETICIÓN. LA RESPUESTA APARENTE PERO QUE EN REALIDAD NO NIEGA NI CONCEDE LO PEDIDO, DESORIENTA AL PETICIONARIO Y LE IMPIDE UNA MÍNIMA CERTIDUMBRE ACERCA DE LA CONDUCTA QUE DEBE OBSERVAR FRENTE A LA ADMINISTRACIÓN Y RESPECTO DE SUS PROPIAS NECESIDADES O INQUIETUDES: NO PUEDE HACER EFECTIVA SU PRETENSIÓN, PERO TAMPOCO TIENE LA SEGURIDAD QUE ELLA SEA FALLIDA.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE TUTELA, DERECHO DE PETICIÓN, CLASES DE DERECHO DE PETICIÓN, DEBER DE RESPONDER EL DERECHO DE PETICIÓN, CONTENIDO DEL DERECHO DE PETICIÓN, ATENCIÓN DEL DERECHO DE PETICIÓN, VIOLACIÓN DEL DERECHO DE PETICIÓN, EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN
Sentencia T-289 de marzo 5 de 2003
Rad. 20039002 01 289 mar. 5/2003
M.P. Doctor Rubén Darío Henao Orozco
Aprobado según Acta 22 de 5 de marzo de 2003
Accionados Director General de la Policía Nacional y otros. Accionante María Clara Baquero Sarmiento. Impugnación Deniega. Decisión Revoca y Concede. Registro Febrero 28 de 2002.
Decide la Sala la impugnación del fallo de tutela proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca el día 28 de enero de 2003, mediante el cual negó la solicitud de amparo tutelar interpuesta por la ciudadana María Clara Baquero Sarmiento, presidente de la Asociación Sindical de Servidores Públicos del Ministerio de Defensa, Fuerzas Militares, Policía Nacional y sus entidades adscritas y vinculadas, Asodefensa, contra el Director General de la Policía Nacional, el jefe de la oficina de telemática coronel Mario Sánchez Romero, el coordinador grupo de administración de recursos tecnológicos teniente coronel José Mario Martínez Bautista y la jefe de la división de talento humano de la dirección de sanidad, capitán Adriana Barrero Caicedo.
La accionante interpuso la referida acción de tutela ante la Sala de instancia el 19 de diciembre de la pasada anualidad, invocando la protección del derecho fundamental de petición, el cual considera vulnerado por los accionados, por hechos que resumidos se enuncian a continuación.
Manifestó la actora que el 18 de abril de 2002 en ejercicio del derecho constitucional de petición, dirigió los escritos Nos. 2976 y 2977 al entonces Director General de la Policía Nacional, General Luis Ernesto Gilibert Vargas, solicitando información del motivo que dio lugar a que a los odontólogos de los comandos de Policía de Antioquia y Sucre, Martha Uribe Calad e Ismael Amador Paternina, respectivamente, les fuera “descontado el valor correspondiente al retroactivo del año 2001 por valor de $ 246.000, para ser adicionado al ítem de Admonimpnals”.
El 9 de mayo siguiente recibió la comunicación 3693 datada el 6 de ese mismo mes, suscrita por el coronel Mario Sánchez Rosero, jefe de la oficina de telemática de la Policía Nacional, en la cual se le informó que su petición le fue remitida “a la señora capitán Adriana Barrero Caicedo, jefe talento humano de la inspección de sanidad, por cuanto esa unidad es la encargada de revisar la nómina del personal de la función pública”.
El 12 de junio, mediante oficio 4593 suscrito por el teniente coronel José Mario Martínez Bautista, se le comunicó: ... se está realizando una auditoría a esta nómina por parte de la dirección de sanidad, y dependiendo de estos resultados se harán los ajustes a que haya lugar y se informará oportunamente”.
Narra la accionante que al no obtener respuesta que absolviera de manera completa su petición, el 2 de agosto de 2002 reiteró la formulada el 18 de abril, recibiendo la comunicación 6502 del 12 de agosto, suscrita por el jefe de la oficina de telemática de la institución, coronel Mario Sánchez Rosero, quien le informó el trámite dado a sus solicitudes, pero “sin decirme absolutamente nada nuevo puesto que anexó las contestaciones enviadas anteriormente y de las cuales evidentemente ya tenía conocimiento”.
Agrega que a la fecha de presentación de la acción de tutela, han transcurrido aproximadamente 110 días hábiles, sin haber obtenido respuesta de parte de la entidad accionada que resuelva de fondo el objeto de la petición, habiéndose rebasado de manera protuberante el término legal para ello.
La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, en proveído del 16 de enero de la anualidad que avanza, admitió la presente acción de tutela ordenando la práctica de algunas pruebas así como la integración del litis consorcio necesario, actuación que se adelantó en debida forma.
El coronel Hipólito Herrera Carreño, director de sanidad de la institución accionada manifestó que la dependencia a su cargo en varias oportunidades ha dado respuesta oportuna a las peticiones que ha elevado la actora sobre diversas materias, sin embargo en el presente caso, al organismo policial le es imposible emitir un concepto de fondo sin tener a disposición los antecedentes del asunto, para poder determinar si se incurrió o no en un error al realizar los descuentos al retroactivo del año 2001, siendo necesario realizar un trámite que no sólo involucra a la dirección de sanidad sino a la dirección general de la institución a través de su oficina de telemática, dependencia encargada de manejar la nómina de la dirección de sanidad y de hacer las respectivas liquidaciones.
Fue así como las peticiones presentadas por la actora se remitieron a esa dependencia, con el objeto de verificar la situación laboral y salarial de los odontólogos Martha Uribe Calad e Ismael Amador Paternina a fin de determinar si existió o no irregularidad, la que una vez detectada y que los descuentos fueron consignados a órdenes de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, se elevó reclamación ante esa entidad a fin de que las sumas fueran reintegradas a la institución, entidad que solamente respondió en el mes de octubre del año anterior.
Sin embargo, como se reportaron nuevas incongruencias en la liquidación del retroactivo que afectaron a 1.300 funcionarios, se hizo necesario efectuar una verificación personal, razón por la cual no es posible dar respuesta efectiva hasta tanto se constate la situación administrativa laboral de todos y cada uno de los interesados, situación que justifica que la actuación administrativa se desarrolle con el mayor cuidado posible, en tanto cualquier decisión de fondo compromete presupuestalmente a la entidad.
La Sala de primera instancia, en providencia del 28 de enero de 2003 resolvió negar el amparo tutelar invocado, argumentando para ello la inexistencia de vulneración al derecho de petición, “ya que dentro de las circunstancias especiales que han rodeado el caso concreto, obtuvo una pronta y oportuna contestación ...”.
Agregó el fallador de instancia que la solución favorable y efectiva de la petición realizada por la actora, está supeditada a una situación administrativa que no es imputable a los accionados, sino a problemas generados por irregularidades cometidas en la elaboración de la nómina del retroactivo del año 2001.
El 7 de febrero de la anualidad que avanza, la accionante impugnó la sentencia de la Sala a quo, insistiendo en la ausencia de respuesta efectiva a su petición, sin que se establezca siquiera una fecha más o menos cierta de donde se pueda deducir una mera expectativa para la solución del problema planteado.
De conformidad con lo previsto en los artículos 86, 116 inciso 1º y 256.7 de la Constitución Política y el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura es competente para resolver la impugnación deprecada dentro de la presente acción de tutela, toda vez que de conformidad con lo preceptuado en el inciso 1º numeral 1º del artículo 1º del Decreto 1382 de 2000, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca era competente para conocer en primera instancia, en tanto la accionada es una autoridad pública del orden nacional, a ello se procederá previas las siguientes consideraciones de hecho y de derecho.
Ha de tenerse en cuenta, que en términos del artículo 86 de la Constitución Política, desarrollado por el Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela es el procedimiento pertinente para reclamar la protección de los derechos constitucionales fundamentales cuando ellos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública, o de, particulares en los eventos taxativamente regulados por la norma, siempre y cuando no se disponga de un medio judicial para hacer valer tales derechos.
De la prueba obrante en la foliatura se obtiene que el 18 de abril de la pasada anualidad, la actora, presidente de la Asociación Sindical de Servidores Públicos del Ministerio de Defensa, Fuerzas Militares, Policía Nacional y sus entidades adscritas y vinculadas, Asodefensa, obrando en su propio nombre, en ejercicio del derecho de petición, solicitó de la accionada le fuese informado el motivo por el cual le fue descontado a los odontólogos del Comando de Policía Antioquia y Sucre, respectivamente, Martha Uribe Calad e Ismael Amador Paternina, del valor correspondiente al retroactivo del año 2001, la suma de $ 246.000 para ser adicionado al ítem Admonimpnals.
El 9 de mayo de dicha anualidad en respuesta al derecho de petición se le comunica que su solicitud fue enviada a la división de talento humano, por ser esa unidad la encargada de revisar la nómina de personal y el 12 de junio siguiente, transcurridos 34 días hábiles desde la fecha de radicación de la petición, se le informa que se está realizando una auditoría a la nómina en cuestión, cuyos resultados se darán a conocer posteriormente. La accionante insiste en su petición el 2 de agosto, recibiendo respuesta en la cual se le comunica “que se dio trámite a la dirección de sanidad para revisión y verificación”, anexando los oficios citados en precedencia.
Deviene claramente de lo anterior que en efecto a la actora no le ha sido satisfecha su petición, la cual se ha dilatado en el tiempo, argumentándose problemas de índole presupuestal, contrario a lo que el máximo Tribunal Constitucional ha señalado, en tanto no pueden servir de excusa para negar el pronunciamiento frente a las peticiones debidamente presentadas, constituyéndose con dicho proceder una ostensible violación del derecho de petición.
Así en Sentencia T-522 del 1º de octubre de 1998, la Corte Constitucional sostuvo:
“... El de petición es, en efecto, un derecho de capital importancia en el funcionamiento de una sociedad respetuosa de los derechos de las personas. Su esencia está ligada a la “necesidad de mantener canales adecuados de comunicación entre los gobernantes y los ciudadanos que trasciendan el ámbito político y vinculen al miembro de la comunidad con la autoridad.
Su importancia no es exclusivamente instrumental, ni su utilidad se agota en la simple ritualidad, pues siempre está de por medio el reconocimiento y protección de los derechos radicados en cabeza del peticionario. Así, el ciudadano presenta una solicitud con la intención de poner en conocimiento de la autoridad sus necesidades y expectativas y con la esperanza de recibir una pronta respuesta que solucione o resuelva de alguna manera su situación. En este orden de ideas, "el derecho de petición comprende no sólo la manifestación de la administración sobre el objeto de la solicitud, sino también el hecho de que dicha manifestación constituya una solución pronta del caso planteado.
Prestar la debida atención a las solicitudes presentadas por los particulares implica esfuerzos estructurales, presupuestales e inclusive culturales que permitan que la administración responda de forma adecuada a la solicitud presentada, de manera efectiva para la solución del caso que se presenta, y en el momento oportuno ...”.
La oportuna respuesta exigida como favor integrante e insustituible del derecho de petición debe tocar el fondo mismo del asunto planteado por el peticionario, resolviendo sobre él de manera clara y precisa, siempre que la autoridad receptora de la solicitud goce de competencia. Las respuestas evasivas o las simplemente formales, aún producidas en tiempo, no satisfacen el derecho de petición, pues en realidad, mediante ellas, la administración elude el cumplimiento de su deber y desconoce el principio de eficacia que inspira la función administrativa”.
Adviértase que a la fecha de presentación de la presente acción de amparo, diciembre 19 de 2002, esto es transcurridos 8 meses desde la petición elevada, la accionante no ha obtenido una respuesta de fondo al asunto planteado, limitándose la institución accionada a una contestación simplemente formal, sin que se haya proporcionado una resolución clara de la solicitud presentada.
Y es que la posibilidad de presentar peticiones atañe a toda persona y es el presupuesto indispensable para obtener la pronta resolución del asunto sometido al conocimiento y a la decisión de la autoridad pública. La jurisprudencia constitucional es profusa en señalar que el derecho de petición no queda satisfecho con la simple recepción de las solicitudes y su relevancia, como mecanismo que permite la comunicación entre los particulares y el poder público, no deriva primordialmente de esta etapa inicial sino de la solución que se brinde a la cuestión planteada.
La respuesta que le otorga verdadera eficacia al derecho de petición es aquella que, además de producirse oportunamente, aborda el fondo del asunto de que se trate; no es otro el sentido de la preceptiva constitucional que se refiere a la pronta resolución, indicando así que no basta un pronunciamiento que tocando de manera apenas tangencial las inquietudes del peticionario omita el tratamiento del problema, la duda o la dificultad expuestos en cada caso. Lo anterior no significa que en toda circunstancia la decisión deba acoger las pretensiones del solicitante; lo que se busca es que, cualquiera sea su sentido, la respuesta desate la materia de la petición.
Sobre el particular en Sentencia T-068 de 1998 la Corte Constitucional expresó:
“En efecto, la respuesta aparente pero que en realidad no niega ni concede lo pedido, desorienta al peticionario y le impide una mínima certidumbre acerca de la conducta que debe observar frente a la administración y respecto de sus propias necesidades o inquietudes: no puede hacer efectiva su pretensión, pero tampoco tiene la seguridad que ella sea fallida.
Tal circunstancia hace inútil el derecho fundamental del que se trata y, por tanto, cuando ella se presenta, debe considerarse vulnerado el artículo 23 de la Carta Política.
El peticionario no queda satisfecho cuando siendo competente la autoridad a quien se dirige su petición, ella se limita a enviar una contestación vacía de contenido, en la que finalmente, aparentando que se atiende a la persona en realidad no se decide sobre el tema objeto de su inquietud, sea en interés público o privado, dejándola en el mismo estado de desorientación inicial (subrayas fuera de texto).
Quien eleva una petición, en tanto sea respetuosa, tiene derecho a la respuesta y ésta debe ser oportuna —dentro de los términos señalados en la ley—, entrar al fondo del asunto planteado por el peticionario y resolver sobre él ...”.
Anótese igualmente que si la accionada consideró que debían realizarse algunos trámites a fin de verificar determinadas circunstancias, así ha debido manifestarlo a la petente, informándole la fecha en que se le daría la anhelada respuesta.
En efecto, el artículo 6º del Código Contencioso Administrativo reza:
“Las peticiones se resolverán o contestarán dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de su recibo. Cuando no fuere posible resolver o contestar la petición en dicho plazo, se deberá informar así al interesado, expresando lo motivos de la demora y señalando a la vez la fecha en que se resolverá o dará respuesta”.
Así se pronunció la Corte Constitucional en la sentencia citada en precedencia.
“Una interpretación laxa de esta disposición llevaría al palmario desconocimiento del artículo 23 de la Carta Política, que, como ya se ha visto, exige pronta respuesta.
Con este tipo de argucias se busca mantener vigente el concepto equivocado de que la exigencia constitucional resulta satisfecha con una contestación formal pero en verdad se ha dejado a la persona sin saber a qué atenerse sobre su petición y se ha prolongado abusivamente el término señalado por el legislador para resolver”.
De todo lo anterior se infiere que la accionada incurrió en un incumplimiento injustificado al no resolver la solicitud dentro del término legal pronunciándose de fondo sobre la misma, omisión que vulnera, se reitera, el derecho fundamental de petición de la actora, por lo cual es imperioso para la Sala revocar la sentencia impugnada, como en efecto se hará, concediendo el amparo constitucional deprecado, ordenando al Director General de la Policía Nacional, señor general Teodoro Campo Gómez adopte las medidas necesarias para que en el término de 48 horas la oficina encargada dé respuesta de fondo a la petición elevada por la actora el 18 de abril de 2002.
1. REVOCAR el fallo impugnado y en su lugar TUTELAR el derecho fundamental de petición de la actora María Clara Baquero Sarmiento frente a la Dirección General de la Policía Nacional.
2. SE ORDENA al señor Director General de la Policía Nacional, General Teodoro Campo Gómez adopte las medidas necesarias para que en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del presente fallo, la oficina encargada dé respuesta de fondo a la petición elevada por la aquí accionante el 18 de abril de 2002.