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Timestamp: 2015-11-28 14:47:50
Document Index: 66801955

Matched Legal Cases: ['Artículo 21', 'ARTÍCULO 21', 'Artículo 1', 'artículo 21', 'artículo 21', 'artículo 96', 'Artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2']

Reforma de la Ley de Desarrollo y Complementaria de Formalización de la Propiedad Informal, Acceso al Suelo y Dotación de Servicios Básicos | Agenda Magna
Reforma de la Ley de Desarrollo y Complementaria de Formalización de la Propiedad Informal, Acceso al Suelo y Dotación de Servicios Básicos
Publicado el febrero 11, 2009 por Franco Chico	 Publicado en Urbanismo	 Etiquetado como Acceso al suelo, Formalización de la propiedad informal, Servicios básicos	 4 comentarios
Referencia bibliográfica: Ley Nº 29320, Ley que modifica el Artículo 21º de la Ley Nº 28687, Ley de Desarrollo y Complementaria de Formalización de la Propiedad Informal, Acceso al Suelo y Dotación de Servicios Básicos; publicada en El Peruano el 11 de febrero de 2009; reproducida en Agenda Magna en la misma fecha.
LEY QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 21º DE LA LEY Nº 28687, LEY DE DESARROLLO Y COMPLEMENTARIA DE FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD INFORMAL, ACCESO AL SUELO Y DOTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS
Artículo 1º.- Modificación del artículo 21º de la Ley Nº 28687
Modifícase el artículo 21º de la Ley Nº 28687, Ley de desarrollo y complementaria de formalización de la propiedad informal, acceso al suelo y dotación de servicios básicos, con el siguiente texto:
Declárase de necesidad pública, de conformidad con lo establecido en el numeral 6) del artículo 96º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, la expropiación y posterior titulación en beneficio de los pobladores de los terrenos ocupados por posesiones informales al 31 de diciembre de 2004.
El procedimiento de expropiación para estos fines se rige por las siguientes disposiciones:
21.1 Del sujeto activo
La expropiación es requerida por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento o por el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri) o los gobiernos locales a través de las municipalidades provinciales correspondientes.
La municipalidad provincial o el Cofopri, este último durante el régimen extraordinario de formalización, actúa como sujeto activo de la expropiación.
21.2 De los beneficiarios
Para efectos de la presente Ley tienen la calidad de beneficiarios los ocupantes de las posesiones informales comprendidas en los terrenos materia de expropiación.
21.3 Restricciones
El procedimiento de expropiación procede siempre que no sea factible ejecutar un procedimiento de declaración de propiedad por el ente a cargo de la formalización.
En ningún caso se ejecutan procesos de expropiación y formalización de terrenos ocupados por posesiones informales constituidas con posterioridad al 31 de diciembre de 2004.
21.4 Del inicio del procedimiento de expropiación
El procedimiento de expropiación se inicia con la publicación de la ley autoritativa respectiva.
El inicio del proceso de expropiación se anota preventivamente a solicitud del ente formalizador por el solo mérito de la ley autoritativa y de los planos que se adjuntan para identificar el predio afectado.
21.5 Del valor del predio
La valorización del predio materia de expropiación no incluye el valor de las edificaciones efectuadas por los poseedores, los servicios básicos de saneamiento, así como las obras de infraestructura realizadas por el Estado en sus distintos niveles de Gobierno. Las mejoras realizadas por el sujeto pasivo de la expropiación con posterioridad a la publicación de la ley autoritativa de la expropiación no serán consideradas para la valorización.
21.6 Del pago de la indemnización justipreciada
El Estado asume el pago de la indemnización justipreciada, de acuerdo con el valor que fije el órgano competente para estos fines y, de ser el caso, la autoridad jurisdiccional o arbitral correspondientes.
El pago de la indemnización justipreciada se entiende efectuado válidamente por la vía de la consignación judicial cuando exista duplicidad registral, total o parcial; o procesos judiciales en los que se discuta la titularidad del bien; o cuando el sujeto pasivo de la expropiación cuestione el valor de la indemnización justipreciada. En este último caso el Estado debe cumplir con disponer las partidas presupuestales correspondientes para hacer efectivo el pago de cualquier diferencia a favor del sujeto pasivo de la expropiación, dentro del año siguiente a que dicha diferencia quede determinada.
21.7 Inscripción de la transferencia de propiedad
La inscripción de la transferencia de propiedad de los terrenos afectados a favor del Estado, se efectúa en mérito de la copia certificada del documento que acredite el pago de la indemnización justipreciada, de acuerdo a la valorización efectuada por el órgano competente del Poder Ejecutivo.
Una vez inscrita la transferencia de propiedad a favor del Estado, el ente formalizador ejecuta las acciones de formalización de la propiedad sobre los terrenos expropiados.
21.8 Caducidad de la expropiación
El procedimiento de expropiación caduca de pleno derecho cuando no se acredita el pago de la indemnización justipreciada establecida por el Estado en el plazo de tres (3) meses, computado a partir del día siguiente de la publicación de la ley autoritativa de expropiación. En este caso, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de producida la caducidad, el sujeto activo de la expropiación solicita al Registro de Predios la cancelación de la anotación preventiva de inicio del procedimiento de expropiación, bajo responsabilidad; también puede solicitar la cancelación de la anotación preventiva el sujeto pasivo.
21.9 Titulación a favor de los beneficiarios
Los predios expropiados conforme a esta Ley se adjudican a título oneroso a favor de los beneficiarios. El título de adjudicación contiene una cláusula inscribible en el Registro de Predios que asegure el reembolso al Estado del pago efectuado por concepto de indemnización justipreciada que corresponde a cada predio.
21.10 Ingresos obtenidos por la adjudicación de predios
Los recursos que se obtienen como resultado de las acciones de adjudicación de los predios referidos en el numeral 21.9, constituyen recursos del Tesoro Público.
21.11 Procedimiento especial
El procedimiento regulado en este artículo es de naturaleza especial, resultando aplicable de manera supletoria las disposiciones de la Ley Nº 27117, Ley General de Expropiaciones, en todo lo que no se le oponga.
Para el trámite del procedimiento especial previsto en este artículo, exceptúase de manera expresa la aplicación de los artículos 3º; 10º, numerales 10.2 y 10.3; y 23º de la Ley Nº 27117, Ley General de Expropiaciones.”
Artículo 2º.- Intervención del Ministerio de Economía y Finanzas
Autorízase al Ministerio de Economía y Finanzas a efectuar los desembolsos que resulten necesarios para la ejecución de los procedimientos de expropiación que se prevén en esta Ley.
PRIMERA.- Nulidad de los actos de disposición sobre tierras excluidas del territorio de las Comunidades Campesinas
Precísase que los actos de disposición efectuados por las Comunidades Campesinas sobre partes materiales o cuotas ideales de tierras ocupadas por posesiones informales excluidas de su dominio de acuerdo con las Leyes núms. 24657, 26845, 27046 y 28685 son nulos de pleno derecho, por lo que no se requiere sentencia judicial que así los declare.
En estos casos, los afectados pueden hacer valer su derecho en sede judicial, a fin de obtener la devolución de su contraprestación, sujetándose al trámite de los procesos previstos en el Código Procesal Civil, según su naturaleza y cuantía.
El ente competente para la formalización de la propiedad informal ejecutará las acciones a su cargo, aplicando lo dispuesto en la presente disposición.
SEGUNDA.- Requisito para la inscripción de actos de disposición efectuados por Comunidades Campesinas
Para la inscripción en el Registro de Predios de los actos de disposición efectuados por las Comunidades Campesinas respecto de partes materiales de sus tierras, así como para la inscripción de las adjudicaciones en división y partición en los casos en que se hubiera dispuesto de cuotas ideales, los Registradores Públicos deben requerir que se acredite, mediante constancia expedida por el ente competente para la formalización de la propiedad informal, que dichos actos no comprenden tierras ocupadas por posesión informal alguna, en los términos dispuestos en la Primera Disposición Complementaria.
PRIMERA.- Títulos en trámite
Lo dispuesto en la Segunda Disposición Complementaria de la presente Ley es aplicable, inclusive, a los títulos de propiedad que se encuentran en proceso de inscripción en el Registro de Predios.
SEGUNDA.- Prórroga del plazo establecido en el artículo 2º de la Ley Nº 28923
Prorrógase el plazo a que se refiere el artículo 2º de la Ley N° 28923, Ley que establece el Régimen Temporal Extraordinario de Formalización y Titulación de Predios Urbanos, por un período de dos (2) años adicionales, el cual comienza a computarse inmediatamente después del vencimiento del plazo actualmente vigente.
Durante la vigencia del plazo adicional a que se refiere el primer párrafo, Cofopri efectuará las acciones de capacitación y fortalecimiento a los gobiernos locales que así lo soliciten, en las materias comprendidas en el Título I de la Ley Nº 28687, Ley de desarrollo y complementaria de formalización de la propiedad informal, acceso al suelo y dotación de servicios básicos, y sus normas complementarias y reglamentarias.
En Lima, a los diez días del mes de febrero de dos mil nueve.
ALEJANDRO AGUINAGA RECUENCO, Primer Vicepresidente del Congreso de la República
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4 pensamientos en “Reforma de la Ley de Desarrollo y Complementaria de Formalización de la Propiedad Informal, Acceso al Suelo y Dotación de Servicios Básicos”	DIANA dijo:	febrero 26, 2009 en 12:58 pm	ESTA LEY ESTA BIEN PARA LA GENTE QUE MAS NECESITA PERO DEBERIA SER MUY BIEN REVISADA TANTO PARA LOS PROPIETARIOS COMO PARA LOS POSEEDORES O MEJOR DICHO A SUS JUNTAS DIRECTIVAS PORQUER LA MAYORIA DE ELLOS SON TRAFICANTES DE TERRENOS LOBOS VESTIDOS DE CORDEROS HACIENDO NEGOCIO CON TERRENOS AJENOS QUE SEGURIDAD DAN A LOS PROPIETAIRIOS QUE CON TANTO ESFUERZO INVIERTEN PARA ASEGURAR SU FUTURO Y EL DE SU FAMILIA Y SE ENCUENTRE CON ESTAS PERSONAS QUE DEJEME DECIRLE MUCHOS DE LAS ,PERSONAS DE CONDICIONES MAS HUMILDES SABEN QUE NO ES SUYO Y ESTAN DISPUESTOS A PAGAR AUNQUE SE DE APOCOS SIEMPRE Y CUANDO ESTEN BIEN LOS DOCUMENTOS DE LOS PROPIETARIOS, PERO LAS PERSONAS QUE NO VIVEN EN ESTOS TERRENOS Y TIENEN NEGOCIOS O CASAS YA CONSTRUIDAS DE 2 O 3 PISOS SON LOS QUE QUIEREN QUE SE LES REGALE EL TERRENO PARA LUEGO VENDERLO Y LOS DIRIGENTES QUE ATAJAN A LOS MAS NECESITADOS QUE POR IGNORANCIA SE DEJAN INFLUENCIAR PARA QUE NO PAGUEN LOS TERRENOS ASI ELLOS SIGAN VIVIENDO DE SU NECESIDAD, AÑOS TRAS AÑOS QUE TOMANDOOS UN POCO DE TIEMPO Y SACANDO CUENTAS HAN PAGADO MUCHISIMO MAS DE LO QUE LOS PROPIETARIOS PEDIAN SIN EMBARGO HAY PROPIETARIOS QUE SON MUY ANCIANOS QUE FUERON PAGAN SU TIEMPO DE SERVICIO CON TERRENOS Y MUCHOS DE ELLOS ESTAN FALLECIENDO SIN DISFRUTAR SU TRABAJO, Y LOS INVASORES FALLECEN SIN VER SUS ANHELADOS TITULOS DE PROPIEDAD Y DEJANDO DESORDEN Y CONFORMISMO A SUS HIJOS. ¿QUE ES LO JUSTO? REVISEN BIEN QUE PERSONAL TRABAJAN CON LOS ENCARGADOS DE EJECUTAR ESTA LEY PARA QUE NO RESIVAN COIMAS, TRABAJEN TRANSPARENTE Y SEAN JUSTOS E IMPARCIALES CON AMBOS BANDOS.
Francisco Diaz Pilco dijo:	febrero 18, 2009 en 5:31 pm	Tristeza y lamento es lo que tiene esta ley, ojos abiertos necesitamos señores, estamos ante una cortina de humo muy bien orquestada por el gobierno aprista, no olvidemos que así empezó la debacle del gobierno de Fujimori. Qué se puede esperar después de esto que usted con mucho esfuerzo compre un terreno, una seguridad para su familia, sea arrebatada su propiedad en base a un “interés social”, qué mal, volvemos al tiempo de la barbarie. Esta norma, señor alcalde de Tarapoto, consúltelo con sus abogados, es inconstitucional y como espuria dejará de existir. NO AL TRAFICO DE TIERRAS.
sandro Rivero uzategui dijo:	febrero 13, 2009 en 2:44 pm	Soy alcalde de la Provincia de San Martin y su capital es Tarapoto.
En el Distrito de la banda de Shilcayo se encuentran viviendo cerca de 3500 familias desde hace más de 8 años, los cuales invadieron un terreno de más de 56 hectáreas, que le fue entregado a la Universidad Agraria La Molina, producto de la incautación de bienes del señor Tito López Paredes.
Lo curioso es que el terreno fue entregado para que la universidad invierta o proceda a hacer proyectos de estudios o de investigación; sin embargo, estos predios que son el fundo Progreso y el fundo Santa Helena, nunca tuvieron ningún tipo de inversión de parte de la Universidad Agraria La Molina, todo lo contrario fueron abandonados a su suerte.
Ante el crecimento migratorio y el desplazamiento de las provincias devastadas por el narcotráfico y el terrorismo, Tarapoto tuvo que albergar a miles de personas que huían de la barbarie terrorista y de la debacle económica en nuestra región San Martín.
Por lo que no les quedó otra opción que invadir terrenos que estaban en total abandono.
La universidad procedió a negociar dichos terrenos con algunos pobladores que desesperados pagaron el precio que dicha entidad universitaria les propuso.
Inmediatamente se desnaturaliza el derecho que la universidad tenía sobre dichos predios ya que como mencioné les fue entregado por el Estado para que sea utilizado en investigación y estudios mas no para que lucren vendiéndolos.
El Gobierno Regional procedió a solicitar que le traspasen dichos predios para que luego sean entregados a la municipalidad provincial de San Martin y de esa manera proceder de acuerdo a ley a ser titulados a nombre de las 3000 familias; sin embargo, la Universidad Agraria La Molina procedió ante el poder judicial para frenar todo tipo de titulación y a la fecha se encuentran entrampados todos los procesos de titulación por un mandato judicial a espera de que se resuelva a favor de la Universidad que quiere vender dichos terrenos al precio que ellos convengan o que sean traspasados a la municipalidad para que se proceda a su titulación.
Han pasado muchos años y esas 3000 familias no gozan de servicios básicos ni de energía eléctrica porque simplemente la universidad no tiene sentido de responsabilidad ni le interesa el abandono en que se encuentra toda esta población ya que ni el gobierno central ni el gobierno regional ni la municipalidad provincial pueden presentar ningún proyecto de inversión pública ya que no están formalizados.
En tal sentido, felicito al Presidente de la República Dr. Alan Garcia,a la ministra de Vivienda Nidia Vílchez y al Presidente del Consejo de Ministros por tan sabia decisión de promulgar la ley que formaliza a miles de personas que se encuentran en el abandono total.
Los alcaldes que conocemos la realidad de nuestros pueblos y estamos pendientes de los problemas de nuestra gente más necesitada apoyaremos esta Ley.
Porque, señor Presidente Alan García Pérez, lo más importante es nuestra gente.
Sandro Rivero Uzategui
beto dijo:	febrero 12, 2009 en 7:27 am	Esta ley dada por el Gobierno está muy bien, ya que hacen salvedad para quiénes está dirigida y además con ello quita la preocupacion e incertidumbre a miles de familias, ya que ellos después de vivir 5, 10 o más años de la noche a la mañana aparecen dueños que con triquiñelas notariales y judiciales se hacen propietarios. Ahora estos “propietarios” deberán demostrar también con el estado que verdaderamente son propietarios… Los guarde a ustedes el creador.
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