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Timestamp: 2019-08-24 04:06:58
Document Index: 2805090

Matched Legal Cases: ['Artículo 202', 'artículo 149', 'Artículo 203', 'Artículo 204', 'Artículo 205', 'Artículo 206', 'Artículo 207']

Artículo 202 Potestades y prerrogativas
202.1 La Universidad Pompeu Fabra es una institución de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propios. En su consideración de administración pública, la Universidad Pompeu Fabra goza de todas las prerrogativas y potestades, salvo las que corresponden en exclusiva a los entes territoriales, que para la administración pública establece la legislación que desarrolla el artículo 149.1.18 de la Constitución española, tales como las de ejecutividad y ejecutoriedad de sus actos administrativos, la recuperación de oficio de sus bienes y demás facultades derivadas de su titularidad sobre bienes demaniales y patrimoniales, la potestad de apremio, las potestades exorbitantes derivadas de la legislación de contratos administrativos, las prerrogativas de exención de la obligación de prestar toda clase de garantías o cauciones ante los organismos administrativos y ante los jueces y tribunales de cualquier jurisdicción, o cualquier otra que la legislación citada prevea.
202.2 La actuación de la Universidad Pompeu Fabra se rige por las normas de régimen jurídico y de procedimiento administrativo común aplicables a la administración pública en Cataluña, con las adaptaciones necesarias a su estructura organizativa, a los procedimientos especiales previstos en la legislación sectorial universitaria y a los procedimientos propios que establecen los presentes Estatutos y las normas que los desarrollen.
Artículo 203 Creación o participación en entidades jurídicas
203.1 La Universidad Pompeu Fabra puede crear, por sí sola o en colaboración con otras entidades públicas o privadas, fundaciones, instituciones u otras personas jurídicas para la promoción y el desarrollo de sus fines, con arreglo a la legislación general aplicable.
203.2 Corresponde al Consejo Social aprobar la constitución, la modificación y la extinción de dichas entidades jurídicas, así como aprobar la participación de la Universidad en otras entidades.
203.3 La dotación fundacional o la aportación del capital social y cualquier otra aportación con cargo a los presupuestos de la Universidad está sometida a las normas que dicte la Generalidad de Cataluña.
203.5 Estas entidades están sometidas a la obligación de rendir cuentas en los mismos plazos y procedimientos que la Universidad, conformemente a lo previsto en la legislación aplicable y en los presentes Estatutos.
Artículo 204 Recursos y reclamaciones previas
204.1 Las resoluciones del rector o rectora y los acuerdos del Consejo Social, del Consejo de Gobierno y del Claustro universitario agotan la vía administrativa, y son impugnables directamente ante la jurisdicción contenciosa administrativa.
204.2 Las resoluciones o los acuerdos de los demás órganos de gobierno pueden recurrirse ante el rector o rectora, a menos que, con arreglo a la normativa aplicable, causen estado en vía administrativa.
204.3 Corresponde a la presidencia de los órganos colegiados resolver los recursos de reposición contra los acuerdos de dichos órganos.
204.4 La reclamación en vía administrativa es un requisito previo para el ejercicio de acciones fundadas en derecho privado o laboral, salvo en aquellos supuestos en los que el mencionado requisito esté exceptuado por una disposición con rango de ley. La reclamación debe dirigirse al rector o rectora y debe tramitarse con arreglo a la legislación vigente.
Artículo 205 Representación y defensa en juicio
Artículo 206 Publicación de acuerdos
Los acuerdos de los órganos de gobierno y representación con efectos de carácter general son publicados en los apartados expresamente señalados para esta finalidad en los medios electrónicos de la Universidad, que tienen efectos de publicación oficial. En la publicación debe señalarse la fecha en la que ésta se realiza a efectos del inicio de los plazos de interposición de recursos.
Artículo 207 Incorporación de medios técnicos
El Consejo de Gobierno debe aprobar los procedimientos administrativos que incorporen el uso de programas y aplicaciones informáticos, electrónicos o telemáticos a efectos de determinar las garantías y los requisitos previstos en cada procedimiento.