Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-c-242-de-marzo-29-de-2006?documento=jurcol&contexto=jurcol_759920421afbf034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-05-25 19:30:40
Document Index: 393812899

Matched Legal Cases: ['artículo 241', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 337', 'artículo 7', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 4', 'artículo 6', 'artículo 13', 'artículo 8', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 4']

﻿ SENTENCIA C-242 DE MARZO 29 DE 2006
SENTENCIA C-242 DE 29 DE MARZO DE 2006
CONTENIDO:CONTRATO DE ESTABILIDAD JURÍDICA PARA INVERSIONISTAS. NO VIOLA EL PRINCIPIO DE IGUALDAD. SE DECLARA EXEQUIBLE ALGUNAS EXPRESIONES DEL ARTÍCULO PRIMERO, EL ARTÍCULO SEGUNDO Y EL INCISO SEGUNDO DEL ARTÍCULO TERCERO DE LA LEY 963 DE 2005.
TEMAS ESPECÍFICOS:INVERSIONISTA EXTRANJERO, PARTES DEL CONTRATO DE ESTABILIDAD JURÍDICA, REQUISITOS DEL CONTRATO DE ESTABILIDAD JURÍDICA, RESTRICCIONES AL CONTRATO DE ESTABILIDAD JURÍDICA, TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE ESTABILIDAD JURÍDICA, PRIMA DEL VALOR DE INVERSIÓN EN EL CONTRATO DE ESTABILIDAD JURÍDICA, CLÁUSULAS EN EL CONTRATO DE ESTABILIDAD JURÍDICA, VIOLACIÓN DEL DERECHO A LA IGUALDAD
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:415 DE JULIO DE 2006, PG.1264
Sentencia C-242 de marzo 29 de 2006
CONTRATO DE ESTABILIDAD JURÍDICA PARA INVERSIONISTAS
No viola el principio de igualdad.
Sentencia C-242 de 2006
Ref.: Expediente D-5932
Se transcribe a continuación el texto de las normas acusadas, conforme a su publicación en el Diario Oficial Nº 45.963 de 08 de julio de 2005, subrayando los apartes demandados:
Diario Oficial Nº 45.963 de 08 de julio de 2005
ART. 5º—Prima en los contratos de estabilidad jurídica. El inversionista que suscriba un contrato de estabilidad jurídica pagará a favor de la Nación —Ministerio de Hacienda y Crédito Público— una prima igual al uno por ciento (1%) del valor de la inversión que se realice en cada año.
ART: 12.—Vigencia. La presente ley rige a partir de su promulgación”.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 241, numerales 4º de la Constitución Política y en el Decreto 2067 de 1991, corresponde a esta corporación conocer de la presente demanda, por dirigirse contra disposiciones que forman parte de una ley.
2. Cargos de inconstitucionalidad y problemas jurídicos a resolver.
Los cargos formulados por el demandante están relacionados con la presunta vulneración del artículo 13 de la Carta Política, pues, en su criterio, solo algunas personas pueden celebrar contratos de estabilidad jurídica, dependiendo de su condición de inversionistas y del monto del capital que posean; además, reprocha que tales contratos no comprendan determinadas áreas, como también que cuenten con un máximo y un mínimo de duración. En suma, el actor censura el hecho de que la ley delimite a los beneficiarios de tales contratos y establezca determinadas condiciones, las cuales, en su criterio, desconocen el derecho a la igualdad de trato.
3. Alcance de la Ley 963 de 2005.
La ley que se examina tuvo origen en la iniciativa presentada por el Gobierno Nacional a consideración del Senado de la República, bajo el título: “proyecto de ley por la cual se promueve la confianza inversionista en Colombia” (1) . Según lo manifestado en la correspondiente exposición de motivos, mediante esta ley el Gobierno Nacional buscaba promover la confianza y la claridad en las reglas de juego para que los inversionistas aportaran capitales destinados a fomentar el desarrollo económico requerido por el país.
En el texto que se comenta, el ejecutivo expresó: “Lo que pretende el gobierno es que el inversionista tenga la confianza y seguridad de que aquellos incisos, ordinales, literales, parágrafos o artículos específicos de leyes o actos administrativos, que sean trascendentales para conformar su decisión de invertir, no le sean modificados en su detrimento” (2) .
3.1. Propósitos de la Ley 963 de 2005.
El equilibrio entre los intereses de los inversionistas y el interés general se busca generando condiciones para que los aportes de capital se lleven a cabo dentro de condiciones de estabilidad jurídica respecto de aquellas normas consideradas determinantes para llevar a cabo la inversión. El interés general queda a salvo merced a la cláusula de exclusión, según la cual no se podrá conceder la estabilidad sobre normas relativas al régimen de seguridad social, la obligación de declarar y pagar los tributos o inversiones forzosas que el Gobierno Nacional decrete bajo estados de excepción, los impuestos indirectos, la regulación prudencial del sector financiero y el régimen tarifario de los servicios públicos (art. 11 de la ley). Además de este límite material, la ley fija uno temporal, pues los contratos permanecerán vigentes por un mínimo de tres (3) años y hasta un máximo de veinte (20) años (art. 6º ibídem).
3.2. Características del contrato de estabilidad jurídica (3) .
9. La ley obliga al inversionista a pagar a favor de la Nación —Ministerio de Hacienda y Crédito Público—, una prima equivalente al 1% del valor de la inversión que se realice en cada año;
4. Examen de constitucionalidad de las normas parcialmente impugnadas.
Como quedó establecido en el capítulo II de esta providencia, las expresiones demandadas por el ciudadano Nelson Iván Zamudio Arenas hacen parte de los artículos 1º, 2º, 3º, 4º y 11 de la Ley 963 de 2005. Además, en virtud de lo dispuesto mediante el auto del 24 de agosto de 2005, el examen de constitucionalidad está circunscrito a la eventual violación del artículo 13 de la Carta Política.
“Para el caso de la ley demandada tal principio de igualdad aparece totalmente vapuleado. En efecto, por mandato de la misma ley objeto de querella, solo (sic) algunas personas pueden acudir a los contratos de estabilidad jurídica, dependiendo su (sic) calidad de inversionistas y del capital que posean, tales contratos no pueden versar sobre determinadas materias, la duración de los contratos tiene un máximo y un mínimo, y en general, la norma delimita de manera abiertamente injustificada no solo (sic) sus destinatarios sino, además, las condiciones del contrato.
No puede hablarse de igualdad ante la ley, cuando esa misma ley, en forma irracional e injustificada, determina cómo un grupo de personas (inversionistas conforme al artículo 2º que tiene un monto determinado de capital (7.500 smlmv de acuerdo al artículo 2º, por acuerdo de voluntades se sustraen a la aplicación de normas sobrevivientes y son objeto de que, aún derogadas, se les aplique las normas objeto de la estabilidad jurídica.
Por otro lado, tampoco hay igualdad cuando, como lo expresan los artículos 6º y 11 de la norma demandada, los contratos deben tener una duración que la norma delimita y exclusión de materias en las cuales no se puede pactar.
Así las cosas, es tan aberrante la vulneración de la igualdad de las personas ante la ley en que incurre la ley demandada, que en su propio texto se contradice al mostrar la estabilidad como incentivo a la inversión y de otro lado exigir el pago de prima y la no posibilidad de pactar la estabilidad en algunas materias tributarias y financieras” (4) .
1. Solo algunas personas pueden acudir a los contratos de estabilidad jurídica;
Respecto de las partes que se subrayan y que hacen parte del texto demandado, encuentra la Sala que las razones expresadas por el actor carecen de la claridad y la suficiencia (5) necesarias para que la Corte pueda emitir un pronunciamiento de fondo, pues el concepto de violación expuesto en el presente caso parte de la eventual vulneración al artículo 13 superior y, como se demuestra con la lectura del texto aquí trascrito, no existe un hilo conductor que permita comprender la contradicción entre las expresiones atacadas y lo dispuesto en la norma superior. Por este motivo, la Corte se declarará inhibida para decidir sobre la constitucionalidad de los apartes trascritos.
“Este principio está consagrado como derecho fundamental en el artículo 13 de nuestra Constitución y contiene seis elementos, a saber: 1. Un principio general: todas las personas nacen libres e iguales ante la ley y recibirán la misma protección y trato de las autoridades; 2. Prohibición de discriminaciones: este elemento pretende que no se otorguen privilegios, se niegue el acceso a un beneficio, o se restrinja del ejercicio de un derecho a un determinado individuo o grupo de personas de manera arbitraria e injustificada, por razón de su sexo, raza, origen nacional o familiar, sus opiniones o convicciones expresadas en el ejercicio de libertades protegidas constitucionalmente como la libertad de expresión, de cultos o de conciencia; 3. El deber del Estado de promover condiciones para lograr la igualdad real y efectiva; 4. La posibilidad de conceder ventajas a grupos disminuidos o marginados; 5. Una especial protección en favor de aquellas personas que por su condición económica, física o mental se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta, y 6. la sanción de abusos y maltratos que se cometan contra personas en circunstancias de debilidad manifiesta” (6) .
El valor, principio y derecho consagrado en el artículo 13 de la Constitución Política, tiene una evidente concepción material que va más allá del criterio formal propio de la filosofía liberal que identificó a los Estados occidentales durante los siglos XIX y XX. A partir de la generalidad concreta y no abstracta, el legislador está autorizado para regular de manera diferente los supuestos distintos; es decir, se autoriza un trato diferente si está razonablemente justificado (7) .
5. La Corte Constitucional ha explicado que frente a eventuales violaciones al derecho a la igualdad, pueden ser empleados diversos métodos destinados a establecer si el operador jurídico ha desconocido la garantía prevista en el artículo 13 superior. Para este propósito la jurisprudencia ha elaborado el “test de igualdad” (8) , mediante el cual el juez de constitucionalidad determina si una medida legislativa significa o no atentado contra la mencionada garantía.
Al resolver sobre un asunto similar al que ahora ocupa la atención de la Sala, en el cual fue impugnada la norma que condicionaba el acceso a proyectos industriales estableciendo que solo podrían hacer parte de ellos quienes contaran con un determinado capital, la Corte concluyó:
“(…) en consideración al amplio margen para el ejercicio de la potestad de configuración legislativa que la Constitución le otorga al legislador en materia económica y social, específicamente para establecer normas especiales para las zonas de frontera, esta corporación encuentra que la distinción hecha por la norma acusada se justifica en aras de la promoción a mediano y largo plazo del desarrollo económico y social en aquellas zonas especiales económicas de exportación. Por lo tanto, la distinción de trato dada a partir del requisito fijado en la norma acusada, resulta adecuada para la obtención de los objetivos constitucionales de promoción del desarrollo a que alude el artículo 337 de la Carta Política. En consecuencia, se declarará la exequibilidad del numeral 3º del artículo 7º de la Ley 677 de 2001” (9) .
5.2. El monto mínimo de la inversión (7.500 smlmv) y los sectores en los cuales ella se deberá llevar a cabo (L. 963/2005, art. 2º), atienden a los estudios efectuados por el Departamento Nacional de Planeación, entidad que en el año 2005 publicó el documento titulado: “Visión Colombia segundo centenario: 2019”. Como resultado de los análisis macroeconómicos, en este documento quedó planteado lo siguiente:
Para los próximos 15 años (2006-2019) el principal reto consiste en elevar la tasa de crecimiento de largo plazo de 4% a 6% (…).
Este reto tiene exigencias en materia de elevación de la tasa de inversión y en la productividad, lo que permitirá reducir la tasa de desempleo a 5%. No hay que olvidar que la tasa de crecimiento de la inversión entre 1970 y 2004 fue del 5.4%; y que un crecimiento de 6% en la economía exigirá tasas de crecimiento de la inversión de alrededor de 9%, con aumentos en la productividad total de los factores en promedio de 2%. Es importante reconocer que este es un reto sin precedentes, si se tiene en cuenta que la productividad total de los factores ha caído sistemáticamente desde comienzos de los ochenta. (…) Estas tasas de crecimiento y los niveles de inversión requeridos son igualmente consistentes con el balance macroeconómico que se presenta más adelante”.
El escenario macroeconómico para el período 2006-2019 tiene como premisa que la inversión alcance el nivel de 25% del PIB al final del período y el ahorro doméstico aumente hasta 23.9%, con un déficit de la cuenta corriente de 2.2% entre 2006 y 2010; y a partir de lo anterior reducirlo a 1% del PIB” (10) .
5.4. Como quedó consignado en el fundamento 3.1. de esta providencia, mediante la normatividad parcialmente impugnada el legislador pretende: i) estimular nuevas formas de inversión, ii) atender a una necesidad apremiante para los inversionistas, y iii) equilibrar los intereses de los inversionistas y el interés general. La legitimidad de estos propósitos encuentra fundamento en varias normas de la Constitución Política, particularmente en aquellas que integran el denominado tríptico económico: derecho al trabajo (C.P., art. 25), derecho a la propiedad (C.P., art. 58) y libertad de empresa (C.P., art. 333).
En el presente caso se puede considerar que los fines buscados por el legislador son tanto mediatos como inmediatos, siendo de los primeros los relacionados con el aumento del crecimiento económico, el desarrollo y el bienestar social, mientras los más próximos son los que tienen que ver con el estímulo a la inversión. Para este fin, la ley busca mejorar el clima de inversión, afectado por distintas variables, entre ellas por los llamados “cambios súbitos en la legislación”.
5.5. El fin de la medida legislativa resulta legítimo, pues al cotejarlo con el texto de la Constitución Política encontramos que su artículo 1º establece que el Estado social de derecho cuenta entre sus principios fundantes el de “la prevalencia del interés general”, a lo cual se agrega lo dispuesto en el artículo 2º ibídem, según el cual entre los fines esenciales del Estado se encuentra el de promover la prosperidad general.
Sobre este último punto es importante advertir que el resultado económico de las empresas no es indiferente para el Estado. En algunos casos se desearía favorecer la industrialización de una determinada región; en otros, los objetivos de la política económica, pueden orientarse a desestimular ciertas iniciativas y empresas, ya sea por una excesiva oferta en el mercado o por sus efectos perjudiciales en términos de absorción de determinadas materias primas o recursos financieros. En estos casos, aparte de los medios de intervención directa, el Estado puede legítimamente establecer políticas de estímulo de las que se beneficiarían los operadores económicos que sigan sus pautas. El conjunto de estas políticas —créditos de fomento, exenciones tributarias, garantías, autorizaciones especiales, facilidades crediticias y cambiarias, contratos-programas, premios, inversiones en el capital social etc.— sin duda, amplía la esfera de la empresa y le imprime materialmente a su actividad, en la medida en que ella efectivamente secunde los objetivos de la intervención estatal, una función social específica. Cabe concluir que en ciertos casos la función social de la empresa, se logra como una contrapartida a los incentivos económicos que el legislador decide otorgar con vistas a alcanzar determinados objetivos económicos de interés general” (11) (destacado no original).
“La dirección general de la economía estará a cargo del Estado. Este intervendrá, por mandato de la ley, en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes, y en los servicios públicos y privados, para racionalizar la economía con el fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano (destaca la Sala).
Precisamente, el actor considera que se viola el derecho a la igualdad cuando, al regular este tipo de contrato, el legislador “privilegió” a determinadas personas. Como quedó consignado en el fundamento 4.1. de esta providencia, para el demandante: 1. Solo algunas personas pueden acudir a los contratos de estabilidad jurídica; 2. Estos contratos no pueden versar sobre determinadas materias; 3, Los contratos tienen un mínimo y máximo de duración y 4. La ley delimita las condiciones del contrato y prevé quienes son sus destinatarios.
5.7. El Congreso de la República, en ejercicio de la potestad de configuración legislativa (C.P., art. 150), cuando se propone estimular el circuito económico puede válidamente escoger a los destinatarios de las normas y, por ende, de las medidas que adoptará, pues, a pesar del carácter general y abstracto de la ley, en situaciones como las referidas en el asunto sub examine, solo un determinado sector de la sociedad dedica sus esfuerzos a obtener recursos financieros para invertirlos en aquellas actividades legalmente permitidas y económicamente susceptibles de estímulo estatal.
Considerando que se trata de sectores económicos que requieren protección y estímulo, el legislador, mediante el artículo 2º de la ley demandada, estableció de manera precisa las áreas de inversión sobre las cuales podrán versar los contratos de estabilidad jurídica, circunscribiéndolas a actividades turísticas, industriales, agrícolas, de exportación agroforestales, mineras, de zonas procesadoras de exportación; zonas libres comerciales y de petróleo, telecomunicaciones, construcciones, desarrollos portuarios y férreos, de generación de energía eléctrica, proyectos de irrigación y uso eficiente de recursos hídricos y toda actividad que apruebe el comité de que trata el artículo 4º literal b) de la misma ley. Según la misma norma, se excluyen de esta clase de contrato las inversiones extranjeras de portafolio.
Para evitar la anarquía en los acuerdos que se celebren al amparo de la Ley 963 de 2005, encuentra la Sala mesurado y proporcional al fin perseguido, el término mínimo de tres (3) años y máximo de veinte (20) años previsto en el artículo 6º de la ley, pues de esta manera las partes cuentan desde el comienzo de la negociación con un período pactado, el cual es flexible dentro de los límites previstos en la norma que se comenta.
El Estado cuenta con diversas formas de intervención en la economía, siendo una de ellas la legislativa para fomentar actividades en las cuales él tiene especial interés. Es así como el Congreso de la República, después de valorar las distintas variantes que afectan la inversión en Colombia, determinó que entre ellas pesaba de manera especial la desconfianza de los inversionistas originada en el cambio repentino de la legislación aplicable al ámbito de sus negocios. Con el propósito de generar un ambiente de confianza favorable a los inversionistas, el legislador creó los contratos de estabilidad jurídica, los cuales resultan ajustados a lo dispuesto en el artículo 13 de la Carta Política, en cuanto sus fines y medidas son legítimos, como también estas son adecuadas al propósito previsto por el legislador, representado por la conveniencia de atraer capitales para destinarlos a actividades consideradas estratégicas dentro del sistema económico colombiano.
La naturaleza y el objeto del contrato de estabilidad jurídica regulado mediante la Ley 963 de 2005, llevaron al legislador a ponderar la cuantía mínima de la inversión; para este propósito, el Congreso de la República tuvo en cuenta que la suma estipulada representara un medio adecuado para lograr el fin de promover las inversiones, a efecto de mejorar las condiciones económicas requeridas para promover el desarrollo social.
Considerando que el propósito de la ley es el de promover la inversión y que para ello el Estado se hace responsable frente a la sociedad y a los agentes económicos que intervienen en la ejecución de los planes de desarrollo, la Sala encuentra que la cuantía de 7.500 smlmv (12) resulta proporcional al esfuerzo estatal y a la responsabilidad de los particulares, quienes en muchas ocasiones tendrán que asociarse para ser beneficiados con las cláusulas del contrato de estabilidad jurídica.
1. Declararse INHIBIDA para resolver sobre la demanda incoada contra los artículos 4º, literales b) y f) y 11 de la Ley 963 de 2005.
2. Declarar EXEQUIBLES, únicamente respecto de los cargos formulados y analizados en relación con el derecho a la igualdad, las siguientes expresiones “… el Estado garantiza a los inversionistas que los suscriban, que si durante su vigencia se modifica en forma adversa a estos alguna de las normas que haya sido identificada en los contratos como determinante de la inversión, los inversionistas tendrán derecho a que se les continúen aplicando dichas normas por el término de duración del contrato respectivo”. del artículo primero, el artículo segundo y el inciso segundo del artículo tercero de la Ley 963 de 2005.
(1) Cfr. Gaceta del Congreso 350 del jueves 24 de julio de 2003, pág. 1 y ss.
(2) Ibídem pág. 2.
(3) El Decreto 2950 de 2005, mediante el cual fue parcialmente reglamentada la Ley 963 de 2005, establece en su artículo 8º:
n) Las demás cláusulas contractuales que sean pertinentes”.
(4) Texto de la demanda, folios 11 y ss., numeral 5º relacionado con los cargos basados en la presunta violación al derecho a la igualdad.
(5) Cfr. las sentencias C-143 de 1993, C- 428 de 1996, C- 447 de 1997, C-142 de 2001 y el auto 244 de 2001.
(6) Corte Constitucional, Sentencia T-591 de 1992.
(7) Ver, entre otras, las sentencias C-592 de 1998, C-622 de 2003, C-576 de 2004 y C-1149 de 2003.
(8) Acerca del test de igualdad pueden ser consultadas, entre otras, las sentencias C-043 de 2002, C-428 de 2002, C-570 de 2003, C-227 de 2004 y C- 741 de 2003.
(9) Corte Constitucional, Sentencia C-674 de 2002. Mediante esta providencia se declaró exequible el siguiente texto de la Ley 677 de 2001, “por medio de la cual se expiden normas sobre tratamientos excepcionales para regímenes territoriales: ART. 7º—Condiciones de acceso. Para que un proyecto industrial pueda ser calificado como elegible, deberá cumplir los siguientes requisitos: (…) 3. La inversión mínima deberá ser de un millón de dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (US$ 1.000.000) durante los primeros dos años, cifra que deberá ser aumentada a un millón y medio de dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (US$ 1.500.000) en el tercer año y por último se aumentará a dos millones de dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (US$ 2.000.000) en el cuarto año”.
(10) 2019: Visón Colombia segundo centenario, propuesta para discusión. DNP, Editorial Planeta, 2005.
(11) Corte Constitucional, Sentencia C-254 de 1996, M.P. Eduardo Cifuentes Múñoz.
(12) Mediante el Decreto 4686 del 21 de diciembre de 2005, el Gobierno Nacional fijó el salario mínimo legal mensual vigente para el año 2006 en la suma de cuatrocientos ocho mil pesos ($ 408.000.oo). Es decir, la suma mínima que podría aportar un inversionista que decidiera acogerse en este año a los beneficios de la Ley 963 de 2005, sería de tres mil sesenta millones de pesos ($ 3.060.000.000.oo).
EXTRACTOS: «El artículo 2º de la Ley 963 de 2005 debió ser declarado inconstitucional por las siguientes razones:
La norma consagra una desigualdad de trato en favor de un sector que interactúa dentro de la economía de mercado, mediante la instauración de un régimen especial de estabilidad jurídica que le reportará beneficios económicos. Los beneficios económicos que se derivan de ese especialísimo régimen jurídico se concentran en un privilegiado grupo conformado por los grandes inversionistas. Los criterios cuantitativos que establece la norma y las limitaciones que paralelamente introduce a determinados sectores de la economía, excluye renglones de inversión sin que se demuestre una razón suficiente que justifique ese trato diferenciado.
La exclusión de unos beneficios —estabilidad jurídica con repercusiones económicas— respecto de algunos operadores económicos que previamente se encuentra en una situación menos privilegiada que aquellos a quienes ampara el beneficio, estructura un indicio de inequidad en la norma.
Considero que el artículo 2º de la Ley 963 de 2005, debió ser declarado inexequible por violación del principio de igualdad».
EXTRACTOS: «A mi juicio, las normas que ahora se declaran exequibles por la Corte en la sentencia aludida, así como en su integridad ese cuerpo normativo, violan de manera palmaria y grave la Constitución Política.
Como puede observarse, mediante la Ley 963 de 2005 se establecen “los contratos de estabilidad jurídica”, en virtud de los cuales “el Estado garantiza a los inversionistas que los suscriban, que si durante su vigencia se modifica en forma adversa a estos alguna de las normas que haya sido identificada en los contratos como determinante de la inversión, los inversionistas tendrán derecho a que se les continúen aplicando dichas normas por el término de duración del contrato respectivo” (art. 1º), norma esta que tiene desarrollo luego en el texto de la ley.
Es claro, entonces, que la legislación puede ser objeto según esa ley de negociación con los inversionistas privados cuando estos consideren que la petrificación normativa resulta favorable a sus intereses, aun en el caso de que esa modificación legislativa sea favorable al interés general. Ello es así, por cuanto el propio texto del artículo 1º de la Ley 963 de 2005, de manera inequívoca señala que el Estado les garantiza a tales inversionistas que no se modifica la ley cuando le sea “adversa a estos”, o, dicho de otra manera, se puede ejercer la función de hacer las leyes pero solo cuando les sea a ellos favorable. Es esa una claudicación inaudita de un Estado soberano frente al capital extranjero, lesiva no solo de la Constitución sino de la propia dignidad nacional.
A mi juicio, esa norma quebranta el preámbulo de la Constitución, y simultáneamente con este el artículo 3º, pues de allí en adelante ya no es cierto que la soberanía resida exclusivamente en el pueblo y que de este emane el poder público, pues se traslada como sujeto de la misma a los inversionistas privados y la legitimidad de la ley no surgirá de la Constitución sino de que se ajuste al contrato de estabilidad jurídica celebrado con ellos. Es evidente, que si una norma se incluyó entre aquellas que puedan ser objeto de ese singular tipo contractual, el Estado queda obligado a no modificarla en forma adversa al contratista, lo que quiere decir que si lo hace incurrirá en responsabilidad por el incumplimiento del contrato. Es decir, se sustituye la soberanía popular por las cláusulas contractuales con inversionistas que, además, solo admitirán que se legisle cuando las normas no le sean “adversas a estos”. Toda otra legislación resultará ilegítima, aun cuando el Estado invocara para dictarla su condición de soberano, pues esta habrá desaparecido.
La celebración de los contratos de estabilidad jurídica sepulta entonces la primacía de la Constitución para abrirle paso a la primacía del contrato de estabilidad jurídica. Se sustituye el deber de los nacionales y extranjeros de acatar la Constitución y las leyes de Colombia, por el respeto íntegro al contrato de estabilidad jurídica mediante el cual entra en las leyes del mercado la potestad legislativa del Estado soberano. Ello resulta, por supuesto violatorio del artículo 4º de la Constitución».