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Timestamp: 2019-03-21 02:22:03
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Matched Legal Cases: ['artículo 178', 'artículo 178', 'artículo 183', 'artículo 139', 'artículo 178', 'artículo 178', 'artículo 178', 'artículo 183', 'artículo 139', 'artículo 183', 'artículo 183', 'artículo 2007', 'artículo 1994']

Flexibilización de plazos procesales: suponer que un ciudadano está al tanto del levantamiento de una huelga judicial es un exceso [Casación 1260-2016, Arequipa] | Legis.pe
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Flexibilización de plazos procesales: suponer que un ciudadano está al tanto del levantamiento de una huelga judicial es un exceso [Casación 1260-2016, Arequipa]
Sumilla: Debe distinguirse entre el plazo señalado por días y el señalado por meses. En el primero, se tienen en cuenta los días hábiles; en cambio, en el segundo, el inicio y término del plazo se computa de fecha a fecha, lo que implica que concluye el día igual al del mes con que se inició y, en el peor de los casos, al primer día siguiente hábil.
CASACIÓN N° 1260-2016, AREQUIPA
Lima, veintiocho de marzo de dos mil diecisiete.-
LA SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: vista la causa número mil doscientos sesenta – dos mil dieciséis, en audiencia pública llevada a cabo en la fecha y producida la votación con arreglo a Ley, emite la siguiente ejecutoria:
Viene a conocimiento de esta Suprema Sala, el recurso de casación interpuesto por la demandante Martha Esperanza Hualpa Quispe, mediante escrito de fecha veintitrés de marzo del dos mil dieciséis (página trescientos sesenta y ocho), contra la resolución de vista de fecha veintiocho de enero de dos mil dieciséis (página trescientos cincuenta y tres), que revoca la resolución de primera instancia número treinta y uno que declara infundada la excepción de caducidad; reformándola, declararon fundada la excepción de caducidad deducida, nulo todo lo actuado y por concluido el proceso.
Mediante escrito de fecha siete de diciembre de dos mil doce, Martha Esperanza Hualpa Quispe, interpone demanda de nulidad de cosa juzgada fraudulenta, contra el proceso seguido en el Noveno Juzgado Especializado en lo Civil, Expediente N°1809-2008-9 JC, en el que se emitió la sentencia N° 48-2011-9-JEC de fecha veintiséis de abril de dos mil once, que declara fundada la demanda planteada por Jesús Ramos viuda de Luque en contra de COFOPRI, a efectos que, reponiendo las cosas al estado anterior a la violación, se integre al proceso a la recurrente y se le notifique el contenido de la demanda.
2. FORMULACION DE EXCEPCION DE CADUCIDAD
Jesús Ramos viuda de Luque formula excepción de caducidad, señalando que la demanda se entabló fuera del plazo previsto por el artículo 178 del Código Procesal Civil, habiéndose interpuesto demanda once días después de vencido el plazo de seis meses. Indica que la demandante tomó conocimiento de la sentencia el veintidós de mayo de dos mil trece y que su demanda fue interpuesta el siete de diciembre de dos mil doce, por lo que se ha generado el plazo de caducidad.
3. RESOLUCION N° 31: Declara infundada la excepción de caducidad formulada
El juez de primera instancia declara infundada la excepción de caducidad (fojas doscientos setenta y ocho) indicando que computado el plazo desde el veintiocho de mayo de dos mil doce (fecha en que toma conocimiento del proceso anterior) el término para interponer la presente demanda era el veintiocho de noviembre del mismo año. Agrega que en dicha fecha continuaba la huelga de trabajadores del Poder Judicial, la que concluyó el cinco de diciembre del dos mil doce, conforme el Oficio N°152-2014-STPJ, debiéndose agregar además el plazo de cinco días para interponer recurso de apelación en contra de la sentencia; en tal sentido, el plazo para la interposición de la presente demanda vencía el diez de diciembre de dos mil doce y, siendo que la recurrente interpuso la demanda el siete de diciembre de dos mil doce, la interpuso dentro del plazo establecido en el artículo 178 del Código Procesal Civil.
La demandada Jesús Ramos viuda de Luque interpone recurso de apelación, indicando que el plazo de caducidad no admite causal de interrupción o suspensión alguna, salvo la imposibilidad de comparecer válidamente ante tribunal peruano. Sostiene que a la fecha de interposición de la demanda habían pasado seis meses y once días, y que si bien se produjo la huelga de trabajadores judiciales, ella ya había sido anunciada con anticipación. Refiere, además, que durante toda la huelga había atención restringida en el Centro de Distribución General.
5. RESOLUCIÓN DE VISTA
Elevados los autos en virtud del recurso de apelación interpuesto, la Sala Superior mediante resolución de fecha veintiocho de enero de dos mil dieciséis, revoca la resolución de primera instancia apelada, y reformándola, declara fundada la excepción de caducidad, nulo todo lo actuado y concluido el proceso, señalando que el plazo de caducidad para interponer la presente demanda vencía el veintidós de noviembre de dos mil doce, y como quiera que se había suspendido el plazo durante la huelga judicial, al concluir ésta el cinco de diciembre de dos mil doce, el día siguiente era el día limite para presentar la demanda de autos. Se agrega que el plazo es uno establecido en meses, por lo que el cómputo no se puede realizar por días.
La Suprema Sala mediante la resolución de fecha once de noviembre de dos mil dieciséis ha declarado procedente el recurso de casación interpuesto por la demandante Martha Esperanza Hualpa Quispe, por la infracción normativa de los artículo 183 inciso 2), 1994 inciso 8), y 2005 del Código Civil; e infracción del artículo 139 inciso 3, 5 y 14 de la Constitución Política del Estado; al haber sido expuesta la referida infracción con claridad y precisión, señalándose además la incidencia de ella en la decisión impugnada.
Primero.- Previamente a emitirse la decisión que corresponda debe señalarse que se tienen como hechos no controvertidos los siguientes:
Ante el Noveno Juzgado Especializado en lo Civil de Arequipa, en el Exp. N°1809-2008-9JC, la demandada Jesús Ramos viuda de Luque interpuso demanda contenciosa administrativa exclusivamente contra COFOPRI, a pesar de haber mantenido con la demandante litigio anterior sobre el área objeto de la pretensión que demandaba.
Habiéndose declarado fundada la demanda, se ordenó notificar a la ahora accionante con fecha veintidós de mayo de dos mil doce. La notificación fue realizada el veintiocho de mayo del mismo año.
La demanda de nulidad de cosa juzgada fraudulenta se presentó el siete de diciembre de dos mil doce.
Segundo.- Se ha declarado fundada la excepción de caducidad entablada por la demandada, de forma tal que el tema en cuestión se ciñe a determinar si se ha computado debidamente el plazo establecido en el artículo 178 del Código Procesal Civil para interponer la demanda de nulidad de cosa juzgada fraudulenta.
Tercero.- En principio, la posibilidad que un tercero presente demanda de nulidad de cosa juzgada fraudulenta está permitida por la ley, tal como se advierte de la lectura del segundo párrafo del artículo 178 del Código Procesal Civil. Que ello sea así, trae como consecuencia, dado que dicho tercero no fue parte del proceso que cuestiona, que el inicio del cómputo para presentar la demanda se deba iniciar desde el momento en que a este le es conocida la sentencia que pretende anular. Ello puede ocurrir con la notificación que se le efectúa en ejecución de la resolución obtenida en el proceso que se dice fraudulento o mediante cualquier otro medio por el que se le noticie del mismo.
Cuarto.- De otro lado, el artículo 178 del Código Procesal Civil establece un plazo de caducidad de seis meses. Tal plazo es uno de caducidad dada la propia naturaleza del proceso caracterizado por ser residual y extraordinario, en tanto controvierte resolución judicial que debería tener la calidad de inmutable. El dispositivo aludido establece una distinción, ya se trate de sentencia ejecutable o sentencia declarativa. En el primer caso, el cómputo debe efectuarse desde el inicio de la ejecución notificada; en el segundo supuesto, desde la declaración judicial puesta en conocimiento del afectado[1].
Quinto.- En el presente caso se advierte que el proceso cuya nulidad se solicita es uno de carácter declarativo, esto es, en el que se pide expresamente se declare la nulidad de una sentencia que modifica los linderos de su propiedad. En tal sentido, siendo que la propia demandante expresa que conoció del proceso, vía notificación y que recibió esta el veintiocho de mayo de dos mil doce, el cómputo debe iniciarse desde el día siguiente de la referida notificación.
Sexto.- Debe distinguirse entre el plazo señalado por días y el señalado por meses. En el primero, se tienen en cuenta los días hábiles; en cambio, en el segundo, el inicio y término del plazo se computa de fecha a fecha, lo que implica que concluye el día igual al del mes con que se inició y, en el peor de los casos, al primer día siguiente hábil. Ello fluye de lo señalado en el artículo 183 del Código Civil, numerales 2 y 5, lo que además ha sido recogido en el artículo 139 de la Ley del procedimiento Administrativo. Hay una razón para ello sea así: los plazos por meses son lo suficientemente extensos para que un ciudadano diligente pueda presentar su demanda de manera adecuada, siendo que si se computaran los días inhábiles que pudieran existir, se complicaría el cómputo respectivo, creando un estado de incertidumbre que provocaría inseguridad para realizar los actos procesales. Eso no acontece con los plazos por días, que, por su propia brevedad, son factibles de ser contados con facilidad.
Sétimo.- En tal sentido, el cálculo a efectuar deberá tener en cuenta lo siguiente:
Como se trata de un plazo señalado por meses deberá estarse a lo preceptuado en el artículo 183.2, esto es, se cumple en el mes de vencimiento y en el día de este correspondiente.
Si el referido día fuera inhábil, el plazo vence el primer día siguiente hábil, conforme lo prescrito en el artículo 183.4. Esta inhabilidad debe ser una extraordinaria que se coloque en el supuesto de los artículos 1994.8 y 2007 del Código Civil, es decir, cuando sea imposible recurrir a tribunal peruano, ya sea, a guía de ejemplo, por causas naturales (terremotos, inundaciones), de conflicto interno o externo, destrucción de la dependencia judicial o huelga. Ello regirá siempre y cuando no haya razones especiales que impidan la presentación de demandas y recursos en los plazos aquí señalados.
Si el referido día fuera ordinariamente inhábil, como por ejemplo en feriados establecidos con antelación o sábados o domingos, la caducidad se producirá transcurrido el último día del plazo, aunque sea inhábil, tal como lo prescribe el artículo 2007 del Código Civil.
Octavo.- Lo acontecido aquí es lo siguiente: la notificación que notició la sentencia que se dice fraudulenta ocurrió el veintiocho de mayo de dos mil doce; la demanda se presentó el siete de diciembre de dos mil doce; el plazo, a su vez, es uno que debe ser computado por meses, siendo el día de inicio el veintinueve de mayo de dos mil doce y el día final el veintiocho de noviembre de dos mil doce.
Noveno.- La recurrente expresa que en el intervalo hubo varios días en las que hubo suspensión del plazo (en los términos señalados en el artículo 1994.8 del Código Civil) por huelga judicial. En efecto, ello es así, por lo que atendiendo a las pautas descritas en el considerando anterior, debió presentar su demanda al primer día siguiente hábil. No obstante, no lo hizo así, pues si bien no hubo atención al público por huelga judicial entre el quince de noviembre al cinco de diciembre, si lo hubo a partir del seis de diciembre, que constituía el primer día siguiente hábil al vencimiento de su plazo.
Décimo.- La demanda fue presentada el siete de diciembre. Desde un análisis que priviligie solo el silogismo, la excepción de caducidad debería ser declarada fundada, siguiendo la línea trazada en los considerandos precedentes.
Sin embargo, este Tribunal considera que hay una razón atendible para modificar la figura: el hecho que el levantamiento de la huelga judicial se trate de una circunstancia que estaba fuera de la esfera de atención absoluta del demandante. En efecto, tal acto es un tema cuyo conocimiento solo atañe a las partes que realizan las tratativas laborales, siendo ignorado, incluso, por los propios trabajadores, quienes suelen enterarse mucho más tarde, a veces por las noticias de los informativos locales, que tal acto de suspensión laboral ha concluido. Si ello es así para los trabajadores, el asunto se hace más complicado para los litigantes, quienes son los usuarios del sistema y quienes son afectados por la falta de recepción de sus escritos y demandas. En tal sentido, suponer que un ciudadano, por más diligente que sea, pueda estar al tanto a diario de los días del levantamiento de una huelga judicial, resultaría un exceso, más aun si técnicamente la atención en los locales judiciales es de conocimiento propio del abogado y no de las partes. La razonabilidad impone interdictar la arbitrariedad y proponer una solución justa que atienda todas las consideraciones del caso.
Décimo Primero.- Es por ello, que en el caso en cuestión, este Tribunal Supremo estima que debe ampararse el recurso de casación presentado; no hacerlo, implicaría negar el principio pro actione que permite “que ante eventuales diferentes interpretaciones de un dispositivo legal (…) se opte por aquella interpretación que conduzca a una alternativa lo menos limitadora posible de los derechos fundamentales[2]”. En buena cuenta, hay una exigencia de administrar tutela jurisdiccional efectiva y ello supone posibilitar que las partes obtengan decisión judicial que termine con la controversia, sin exigencias formales irrazonables Es verdad que toda aplicación de principios podría originar desconciertos en torno a plazos cuya certeza se debe tener, pero en este caso específico debe optarse por facilitar el proceso, debiendo añadirse que criterios como los aquí asumidos deberán aplicarse de manera excepcional, ponderando siempre si debe primar la seguridad o el derecho del accionante.
Décimo Segundo.- Estando a lo expuesto, por motivación distinta a la efectuada por el juez de primera instancia, este Tribunal amparará el recurso formulado, declarando infundada la excepción de caducidad formulada por la parte demandada, debiendo continuarse el proceso según su estado
Declararon FUNDADO el recurso de casación interpuesto por la demandante Martha Esperanza Hualpa Quispe; en consecuencia, CASARON la resolución de vista de fecha veintiocho de enero de dos mil dieciséis; y actuando en sede de instancia: CONFIRMARON la resolución de primera instancia del quince de junio de dos mil quince, que declara infundada la excepción de caducidad presentada por la parte demandada. DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano” conforme a ley; en los seguidos con Jesús Ramos Viuda de Luque y otros, sobre nulidad de cosa juzgada fraudulenta; y los devolvieron. Interviniendo como ponente el señor Juez Supremo Calderón Puertas. Por impedimento de la señora Juez Supremo Del Carpio Rodríguez, integra esta Sala Suprema el señor Juez Supremo De La Barra Barrera.-
[1] T al supuesto, sin embargo, no es del todo exacto
[2] Expediente No. 00252-2009-PA/TC. Fundamento jurídico 14. Expediente 00649-2013-PA/5TC. Fundamento jurídico 5.
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Tania Pereyra Villar - octubre 18, 2017