Source: https://es.scribd.com/document/299954319/Gonzales-vs-Ecuador-Resumen-Oficial
Timestamp: 2019-04-20 19:09:30
Document Index: 81029057

Matched Legal Cases: ['artículo 50', 'artículo 35', 'artículo 5', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 13', 'artículo 19', 'artículo 13', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 25', 'artículo 1']

Gonzales vs Ecuador Resumen Oficial.
Cargado por Walter Perez Niño
Resumen Oficial Caso de la Corte Interamericana Gonzales vs Ecuador Resumen
El 1 de septiembre de 2015 la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una
Sentencia mediante la cual declaró responsable internacionalmente al Estado de Ecuador
por ciertas violaciones de derechos humanos cometidas por el contagio con VIH a Talía
Gabriela Gonzales Lluy cuando tenía tres años de edad. La Corte encontró que el Estado era
responsable por la violación de los derechos a la vida e integridad personal, a la educación,
y a la garantía judicial del plazo en el proceso penal en perjuicio de Talía Gabriela Gonzales
Lluy. Además, la Corte encontró que el Estado era responsable por la violación del derecho
a la integridad personal en perjuicio de Teresa Lluy e Iván Mauricio Lluy. Por otro lado, el
Tribunal no encontró méritos para declarar la violación de la garantía judicial del plazo
razonable en el proceso civil ni el derecho a la protección judicial.
El Estado presentó dos argumentos que denominó como excepciones preliminares, con
relación a: i) la alegada incompetencia parcial del Tribunal para tratar hechos ajenos al
marco fáctico y presuntas violaciones a derechos fuera de las establecidas por la Comisión
en sus informes y ii) la alegada falta de agotamiento de recursos internos.
La Corte consideró que la supuesta incompetencia parcial de este Tribunal para tratar
derechos ajenos al marco fáctico del caso y presuntas violaciones a derechos fuera de las
establecidas por la Comisión en sus informes no se relacionaba con una cuestión de
admisibilidad o competencia del Tribunal que debiera ser resuelta como una excepción
preliminar. En consecuencia, fue analizada como una consideración previa atendiendo a que
parecían referirse más propiamente al marco fáctico del caso.
En lo que respecta a la alegada falta de agotamiento de recursos internos, la excepción con
relación a algunos recursos fue interpuesta dentro del procedimiento de admisibilidad ante
la Comisión. No obstante, dentro del procedimiento ante la Corte el Estado alegó además
que los peticionarios no apelaron la acción de amparo constitucional. En vista de ello, la
Integrada por los siguientes jueces: Humberto Antonio Sierra Porto, Presidente; Roberto F. Caldas,
Vicepresidente; Manuel E. Ventura Robles, Juez Diego García-Sayán, Juez; Alberto Pérez Pérez, Juez; Eduardo Vio
Grossi, Juez, y Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, Juez.
Por ello. como se encontraba regulada en la normativa penal y civil ecuatoriana. En relación a los recursos de recusación de jueces y magistrados. y la acción de casación.1 del Reglamento de la Corte. en el caso concreto no resultaban adecuados ni efectivos para la determinación de responsabilidad por los hechos que rodearon el contagio de Talía con el virus del VIH. así como a la supuesta discriminación que habría sufrido su núcleo familiar. en concordancia con lo establecido en el artículo 50 de la Convención y el artículo 35. en el acápite de hechos probados del Informe de Fondo. Por lo anterior. La Corte constató que la Comisión hizo referencia expresa. esto implicaba que no se podía introducir a personas no señaladas como beneficiarias de una eventual reparación. el Estado señaló que sería improcedente un análisis de fondo de derechos correlativos que no fueron parte del marco fáctico del origen del caso. Sobre la determinación de las presuntas víctimas en el presente caso El Estado manifestó que la Comisión. estableció que el Estado debía reparar únicamente a Talía Gonzales Lluy y a su madre. y que no había declarado en su Informe de Fondo la supuesta violación de los artículos 2. En cuanto a la acción indemnizatoria por daño moral en materia civil. por lo que solicitó que no se considerara a Iván Lluy como presunta víctima del caso. la Corte desestimó la excepción preliminar de falta de agotamiento de los recursos internos planteada por el Estado. ALEGADO RECONOCIMIENTO DE UN HECHO . En consecuencia. en las recomendaciones hechas en sus Informes de Admisibilidad y Fondo. ni para determinar una reparación adecuada. sociales y culturales. 24 y 26 de la Convención Americana. Sobre el marco fáctico del presente caso y presuntas violaciones a derechos fuera de las establecidas por la Comisión en sus informes El Estado alegó que la Comisión no se había pronunciado sobre presuntas violaciones específicas a la igualdad ante la ley. por lo que no se trataba de una cuestión de admisibilidad o competencia del Tribunal que debía ser resuelta de forma preliminar. y correspondían a consideraciones de derecho y no a nuevos hechos. por su naturaleza. la Corte concluyó que Iván Lluy fue identificado como presunta víctima en el Informe de Fondo de la Comisión. respecto de la acusación particular en materia penal la Corte notó que la acusación particular no constituía un recurso idóneo y efectivo para esclarecer los hechos del caso que las presuntas víctimas debieran agotar. B. 24 y 26 de la Convención Americana se encontraban alegados con base en hechos que formaban parte del marco fáctico presentado por la Comisión. y daños y perjuicios contra los mismos. En consecuencia. II. la Corte estimó que. la Corte consideró que la misma no resultaba adecuada para obtener una indemnización por la totalidad de los daños ocasionados a Talía. La Corte observó que la Comisión hizo mención expresa a Iván Lluy a lo largo del Informe de Fondo y en sus conclusiones. Finalmente. Según el Estado. III. falta de normativa interna o sobre la progresividad de los derechos económicos.2 Corte consideró que las manifestaciones realizadas por el Estado en el proceso ante este Tribunal resultaban extemporáneas. CONSIDERACIONES PREVIAS A. a la presunta discriminación y a que a Talía se le habría impedido estudiar en la escuela primaria debido a su enfermedad. la Corte concluyó que los argumentos de los representantes respecto de los artículos 2.
el Estado señaló que ahora cuenta con normas técnicas bajo el estándar internacional. incluyendo el examen de VIH. Teresa Lluy solicitó entonces a algunos conocidos. auxiliar de enfermería del Banco de Sangre de la Cruz Roja. Ecuador. en consecuencia. En 1998. quien le confirmó a Teresa Lluy que Talía necesitaba urgentemente una transfusión de sangre y de plaquetas.3 El Estado en la audiencia pública hizo un reconocimiento de un hecho específico: “que en la época en la que ocurrieron los lamentables hechos que configuraron el caso. y. Cuando tenía tres años de edad. en una clínica de salud privada. incluso. fue llevada por su madre a la Clínica Humanitaria Fundación Pablo Jaramillo ubicada en Cuenca. Esta ley determinaba que la Cruz Roja tenía competencia exclusiva para administrar los bancos de sangre y que. Las transfusiones de sangre a Talía fueron realizadas el 22 de junio de 1998 y continuaron durante la madrugada del día siguiente por el personal de la Clínica Humanitaria. vigente desde 1986 y que sería reformada en el año 1992. médico de la Cruz Roja. el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y la Fuerzas Armadas administrarán los bancos y depósitos de sangre bajo control reglamentario y la coordinación de la Cruz Roja Ecuatoriana. e indicó que se trataba del reconocimiento de un hecho específico muy puntual que tenía una dimensión muy concreta. cuando tenía 3 años de edad. en el Azuay. que donaran. provincia del Azuay. proveniente de un Banco de Sangre de la Cruz Roja. El 22 de junio de 1998. fue contagiada con el virus del VIH al recibir una transfusión de sangre. en lo que correspondía. El 20 de junio de 1998. bioquímica del Banco de Sangre de la Cruz Roja. entre ellos al señor HSA. La señora MRR. provincia del Azuay. el señor HSA acudió al Banco de Sangre de la Cruz Roja para donar su sangre. Con el fin de conseguir la sangre necesaria para efectuar la transfusión a Talía. posteriormente. Talía estuvo internada durante dos días en el Hospital Universitario y. IV. La Corte consideró que de lo afirmado por el Estado se desprendía que éste no había vinculado su presunta responsabilidad a la transgresión de normas específicas. Teresa Lluy acudió al Banco de Sangre de la Cruz Roja del Azuay donde le indicaron que debía llevar donantes. determinó que tendría en cuenta el reconocimiento efectuado por el Estado. En la Clínica Humanitaria. La Corte constató que Ecuador reconoció un aspecto del caso que no estaba siendo controvertido. regía la Ley de aprovisionamiento y utilización de sangres y sus derivados. Cuenca. HECHOS Talía Gabriela Gonzales Lluy nació el 8 de enero de 1995 en el cantón de Cuenca. no debió haber delegado a un ente privado las funciones rectoras en el sistema nacional de sangre”. su padre es SGO y su hermano es Iván Lluy. cuando fue dada de alta. en Ecuador. el Ministerio de Salud Pública. El 23 de junio de 1998 la señora EOQ. Talía presentó una hemorragia nasal que no se detenía y fue llevada por su madre al Hospital Universitario Católico. . Su madre es Teresa Lluy. Talía estuvo hospitalizada en la Clínica Humanitaria hasta el día 29 de junio de 1998. de conformidad con la Convención Americana y tomando en cuenta lo señalado por Ecuador. Talía nació y vive con su madre y su hermano en el cantón de Cuenca. Además. efectuó por primera vez exámenes a la muestra de sangre de HSA. tomó las muestras de sangre al señor HSA y entregó las “pintas de sangre” a los familiares y conocidos de Talía. Talía fue diagnosticada con púrpura trombocitopénica por el doctor PMT. al analizar los aspectos sustantivos o de fondo sobre las alegadas violaciones a derechos humanos.
y que Talía había sido infectada con este virus al recibir una donación de su sangre. en la ciudad de Cuenca. de forma complementaria. La insuficiente supervisión e inspección por parte del Estado de Ecuador dio lugar a que el banco de sangre de la Cruz Roja de la Provincia del . fue inscrita en el “primer curso de básica” en la escuela pública de educación básica “Zoila Aurora Palacios”. además de las dificultades en el trabajo. sin embargo. sin embargo. el derecho a la vida. entre los derechos y garantías individuales de [Talía] frente a los intereses de un conglomerado estudiantil. Teresa Lluy presentó varios recursos en instancias civiles y penales en Ecuador. Talía asistió a clases normalmente durante dos meses. En ambas situaciones. En septiembre de 1999. El Estado mantiene la obligación de proveer servicios públicos y de proteger el bien público respectivo. en razón de una presunta privación al derecho a la educación de Talía. Teresa Lluy con ayuda del Comisionado del Defensor del Pueblo de Azuay. y el 15 de enero de 1999 se realizaron pruebas de sangre en las que se confirmó que Talía era una persona con VIH. en el mes de noviembre la profesora APA se enteró que Talía era una persona con VIH y le informó al director de la escuela. considerando que “exist[ía] un conflicto de intereses. El 11 de febrero de 2000.4 El 28 de julio y el 13 de agosto de 1998. presentó una acción de amparo constitucional ante el Tercer Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en la ciudad de Cuenca. V. pues se les ha[bía] impedido [tener] vivienda propia”. Cuando se tuvo noticia de que la sangre de HSA tenía VIH. En el presente caso la Corte considera que la precariedad e irregularidades en las que funcionaba el banco de sangre del cual provino la sangre para Talía es un reflejo de las consecuencias que puede tener el incumplimiento de las obligaciones de supervisar y fiscalizar por parte de los Estados. el Tribunal Distrital de lo Contencioso Nº 3 declaró inadmisible el recurso de amparo constitucional. la iniciativa privada. Teresa Lluy describió en varias oportunidades que su hija y su familia “ha[bían] sido víctimas de la más cruel discriminación. fueron obligados a mudarse en múltiples ocasiones debido a la exclusión y el rechazo del que fueron objeto por la condición de Talía. colisión que hac[ía] que predomin[ara]n los sociales o colectivos. El 8 de febrero de 2000. la persona se encuentra bajo cuidado del Estado. frente al derecho de la educación. cuando Talía tenía 5 años de edad. del director de la escuela “Zoila Aurora Palacios” y de la profesora APA. El servicio de salud público es primariamente ofrecido por los hospitales públicos. Derecho a la vida y derecho a la integridad personal En lo referido al derecho al derecho a la vida y a la integridad personal. FONDO A. la Corte recordó que el deber de supervisión y fiscalización es del Estado. Al respecto. como lo es. es el Estado el que presta el servicio directamente a la población. De acuerdo con las declaraciones de Talía y su familia. aun cuando el servicio de salud lo preste una entidad privada. en contra del Ministerio de Educación y Cultura representado por el Subsecretario de Educación del Austro. y mediante la firma de convenios o contratos. también provee servicios de salud bajo los auspicios del [Estado]. ya sea que el paciente esté internado en un hospital público o en un hospital privado que tenga un convenio o contrato. la Corte ha establecido que “cuando la atención de salud es pública. El director decidió que Talía no asistiera a clases “hasta ver que d[ecían] las [a]utoridades de [e]ducación o buscar una solución al problema”.
esas diferencias de trato configuraron una discriminación que los colocó en una posición de vulnerabilidad que se vio agravada con el paso del tiempo. de su madre y de su hermano. la Corte concluye que el Estado es responsable de la violación del derecho a la integridad personal.1 de la misma. el contagio de Talía afectó en gran manera a toda la familia. a pesar de la situación de particular vulnerabilidad en que se encontraban Talía. dado que son imputables al Estado el tipo de negligencias que condujeron al contagio con VIH de Talía Gonzales Lluy. En el presente caso. B. Ecuador es responsable por la violación de la obligación de fiscalización y supervisión de la prestación de servicios de salud. asociada al acceso a antirretrovirales. constituye una afectación del derecho a la vida. incertidumbre e inseguridad permanente en la vida de Talía. el Estado no tomó las medidas necesarias para garantizarle a ella y a su familia el acceso a sus derechos sin discriminación. Este daño a la salud. En virtud de lo mencionado en este segmento. consagrado en el artículo 5. en relación con el artículo 1. La discriminación que sufrió Talía fue resultado del estigma generado por su condición de persona viviendo con VIH y le trajo consecuencias a ella. por la gravedad de la enfermedad involucrada y el riesgo que en diversos momentos de su vida puede enfrentar la víctima. el trabajo y la educación. Teresa e Iván Lluy. con el resultado de su infección y el consecuente daño permanente a su salud. aunado a esto. La Corte nota que en el presente caso existieron múltiples diferencias de trato hacia Talía y su familia que se derivaron de la condición de Talía de persona con VIH. en perjuicio de Teresa Lluy e Iván Lluy.1 de la misma. En efecto. esta grave omisión del Estado permitió que sangre que no había sido sometida a los exámenes de seguridad más básicos como el de VIH. en el presente caso se ha violado la obligación negativa de no afectar la vida al ocurrir la contaminación de la sangre de Talía Gonzales Lluy en una entidad privada. materiales y económicos para procurar la sobrevivencia y vida digna de Talía. Por otra parte. la vida y la integridad de la comunidad. La discriminación sufrida por la familia se concretó en diversos aspectos como la vivienda.1 de la Convención Americana. En particular. lo ocurrido con la transfusión de sangre en este caso se ha reflejado en amenazas a la vida y posibles riesgos de muerte que incluso pueden volver a surgir en el futuro. aislados de la sociedad y estar condiciones económicas precarias. ya que Teresa e Iván tuvieron que dedicar los mayores esfuerzos físicos.5 Azuay continuara funcionando en condiciones irregulares que pusieron en riesgo la salud. La Corte destaca la constante situación de vulnerabilidad en que se encontraron Teresa e Iván Lluy al ser discriminados. por lo que las acciones y omisiones del Estado constituyeron un trato discriminatorio en contra de Talía. La Corte tiene . en algunos momentos de desmejora en sus defensas. en el marco del derecho a la integridad personal y de la obligación de no poner en riesgo la vida. dado el peligro de muerte que en diversos momentos ha enfrentado y puede enfrentar la víctima debido a su enfermedad. En atención de lo anterior. lo cual vulnera los artículos 4 y 5 de la Convención Americana en relación con el artículo 1. Todo lo anterior generó un estado de angustia. a su madre y a su hermano. Teresa e Iván Lluy. Derecho a la educación En lo que respecta al derecho a la educación. la Corte recordó que dicho derecho se encuentra contenido en el artículo 13 del Protocolo de San Salvador. fuera entregada a la familia de Talía para la transfusión de sangre.
ii) accesibilidad. Sociales y Culturales ha señalado que para garantizar el derecho a la educación debe velarse por que en todos los niveles educativos se cumpla con cuatro características esenciales e interrelacionadas: i) disponibilidad. ii) la prohibición de impedir el acceso a los centros educativos a las personas con VIH/SIDA. La Corte determinó que. Si bien la sentencia del tribunal interno pretendía la protección de los compañeros de clase de Talía. Por su parte. y iii) el derecho a que la educación promueva su inclusión y no discriminación dentro del entorno social. persona en situación de pobreza y persona con VIH. Sociales y Culturales ha resaltado que el derecho a la educación es el epítome de la indivisibilidad y la interdependencia de todos los derechos humanos. la Corte señaló que el Comité de Derechos Económicos. Este trato evidencia además que no existió adaptabilidad del entorno educativo a la situación de Talía. mujer. En el marco de un juicio de necesidad y estricta proporcionalidad de la medida. y que “[l]a educación es un derecho humano intrínseco y un medio indispensable de realizar otros derechos humanos”. Al respecto. En este sentido. Además. la Corte analizó la justificación que hizo el Estado para efectuarla. ante la comprobación de que el trato diferenciado hacia Talía estaba basado en una de las categorías prohibidas. Para determinar si dicha diferencia de trato constituyó discriminación. el Comité de Derechos Económicos. Asimismo. La discriminación que vivió Talía no sólo fue ocasionada por múltiples factores. iii) aceptabilidad y iv) adaptabilidad. La Corte concluyó que el riesgo real y significativo de contagio que pusiese en riesgo la salud de las niñas y niños compañeros de Talía era sumamente reducido. el Estado tenía la obligación de demostrar que la decisión de retirar a Talía no tenía una finalidad o efecto discriminatorio. su familia y algunas de sus profesoras de ocultar el hecho de que Talía vivía con VIH o esconderse para poder acceder y permanecer en el sistema educativo constituyó un desconocimiento al valor de la diversidad humana. el Tribunal resaltó que el medio escogido constituía la alternativa más lesiva y desproporcionada de las disponibles para cumplir con la finalidad de proteger la integridad de las demás niñas del colegio. en la valoración de la autoridad interna debía existir suficiente prueba de que las razones que justificaban la diferencia de trato no estaban fundadas en estereotipos y suposiciones. la Corte consideró que la necesidad que tuvieron Talía.6 competencia para decidir sobre casos contenciosos en torno a este derecho en virtud del artículo 19 (6) del Protocolo. por lo cual el Tribunal concluyó que se realizó una diferencia de trato basada en la condición de salud de Talía. no se probó que la motivación esgrimida en la decisión fuera adecuada para alcanzar dicho fin. a través de medidas de bioseguridad o similares que deben existir en todo establecimiento educativo para la prevención general de la transmisión de enfermedades. La Corte determinó que en el caso de Talía confluyeron en forma interseccional múltiples factores de vulnerabilidad y riesgo de discriminación asociados a su condición de niña. La Corte constató que la decisión adoptada a nivel interno de retirar a Talía del jardín infantil “Zoila Aurora Palacios” tuvo como fundamento principal la situación médica de Talía asociada tanto a la púrpura trombocitopénica idiopática como al VIH. dicho derecho se encuentra contemplado en diversos instrumentos internacionales. la Corte concluyó que existen tres obligaciones inherentes al derecho a la educación en relación a las personas que conviven con VIH/SIDA: i) el derecho a disponer de información oportuna y libre de prejuicios sobre el VIH/SIDA. sino que derivó en una forma específica de . Asimismo. En el presente caso la decisión utilizó argumentos abstractos y estereotipados para fundamentar una decisión que resultó extrema e innecesaria por lo que dichas decisiones constituyen un trato discriminatorio en contra de Talía.
La Corte observó que la Comisión y los representantes alegaron que el derecho al plazo razonable también habría sido vulnerado en perjuicio de Teresa Lluy y de Iván Lluy. niña.1 en relación con los artículos 19 y 1.1 en relación con los artículos 19 y 1. por sí misma.1 de la Convención Americana en perjuicio de Talía. la Corte considera que el Estado ecuatoriano violó el derecho a la educación contenido en el artículo 13 del Protocolo de San Salvador. es decir. Al respecto. por lo que la Corte no considera que deba hacerse un pronunciamiento respecto a Teresa Lluy.1 de la Convención Americana en perjuicio de Talía Gonzales Lluy. la Corte concluyó que el Estado no violó las garantías judiciales reconocidas en el artículo 8. Teniendo en cuenta todo lo anterior. la discriminación habría tenido una naturaleza diferente. la Corte concluyó que Talía Gonzáles Lluy sufrió una discriminación derivada de su condición de persona con VIH. Por todo lo anterior. Asimismo. la misma fue aplicada con base en la legislación ecuatoriana vigente al momento de los hechos. Asimismo. la Corte concluyó que el Estado no vulneró las garantías judiciales de debida diligencia y plazo razonable en el trámite del proceso civil. la Corte consideró que el Estado no vulneró el derecho a la protección . la Corte señaló que en este caso no existen suficientes elementos probatorios que permitan concluir que la existencia de prejudicialidad en la normativa ecuatoriana constituyó. la Corte consideró que no se habían aportado elementos que permitan concluir que la duración del proceso civil haya sido violatorio de las garantías de plazo razonable y debida diligencia. y viviendo en condición de pobreza. la Corte concluyó que el Estado vulneró las garantías judiciales de debida diligencia y plazo razonable previstas en el artículo 8. Por lo que concluyó que no puede determinarse que haya existido una violación a la garantía de protección judicial. el Tribunal consideró que la titular de los derechos vulnerados en el presente caso era Talía y que su madre actuó en su representación. respecto de la resolución del amparo constitucional y los procesos penal y civil. con relación al recurso presentado por Teresa Lluy. C. la Corte consideró que si bien en el presente caso operó la prejudicialidad. más no ejerciendo un derecho propio. Por último. en relación con los artículos 19 y 1. el proceso penal o el proceso civil.1 de la Convención Americana en perjuicio de Talía Gonzales Lluy. el Tribunal consideró que no se han presentado suficientes argumentos y pruebas que permitan afirmar que el recurso interpuesto por Teresa Lluy fue el resultado de una falta de claridad en la legislación ecuatoriana. Por otro lado. mujer. en relación con la aplicación de la prejudicialidad en el presente caso.7 discriminación que resultó de la intersección de dichos factores. Garantías judiciales y protección judicial Una vez analizados los cuatro elementos para determinar la razonabilidad del plazo en el marco del proceso penal. Teniendo en cuenta todo lo anterior. en lo relativo al proceso penal. si alguno de dichos factores no hubiese existido. Finalmente. y teniendo en cuenta que existía un deber de actuar con excepcional debida diligencia considerando la situación de Talía. Asimismo. Por otro lado. la Corte consideró que no cuenta con pruebas que permitan sustentar el argumento presentado respecto a la falta de protección judicial de Talía en el trámite del amparo constitucional. A este respecto. una violación a las garantías judiciales.1 de la Convención. la Corte concluyó que Ecuador vulneró la garantía judicial al plazo razonable prevista en el artículo 8.
Asimismo. . Finalmente. Esta beca deberá ser entregada con independencia del desempeño académico de Talía durante sus estudios en la carrera. Adicionalmente. adecuada y efectiva.1 de la Convención. Si el médico o la médica de confianza determina que existe un motivo fundado por el que Talía deba recibir atención en el sistema privado de salud. la Corte dispuso que el Estado adopte las recomendaciones de la médica o médico de confianza que Talía señale. y que reintegre las costas y gastos. tanto material académico como manutención de ser necesaria. así como el monto del Fondo de Asistencia Legal de Víctimas de la Corte. previsto en el artículo 25. y reintegro de costas y gastos. y deberá otorgársele. Dicha beca deberá cubrir todos los gastos para la completa finalización de sus estudios. y de forma inmediata. el Tribunal dispuso que el Estado realice un programa para la capacitación de funcionarios en salud sobre mejores prácticas y derechos de los pacientes con VIH. y en especial las niñas y los niños con VIH. la Corte dispuso que el Estado realice un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional en el Ecuador. y la Sentencia en su integridad. el Estado deberá cubrir los gastos necesarios para el restablecimiento de su salud. el tratamiento médico y psicológico o psiquiátrico a Talía Gonzales Lluy. Además. a través de instituciones de salud públicas especializadas o personal de salud especializado. ordenó al Estado brindar gratuitamente. en atención a su calidad de víctima por las violaciones declaradas en la Sentencia. VI. La Corte dispuso que el Estado publique el presente resumen oficial. en relación con los hechos de este caso. La Corte ordenó que el Estado entregue a Talía Gonzales Lluy una vivienda digna en el plazo de un año. oportuna. en el que se haga mención a los estándares establecidos en la presente Sentencia. así como sobre la aplicación de los procedimientos establecidos en la Guía de Atención Integral para Adultos y Adolescentes con infección por VIH/SIDA y la adopción de medidas positivas para evitar o revertir las situaciones de discriminación que sufren las personas con VIH. Además. REPARACIONES La Corte estableció que su sentencia constituye per se una forma de reparación.8 judicial.1 del mismo instrumento. en cambio. contado a partir de la emisión de la presente Sentencia. tomando en consideración sus padecimientos. en relación con el artículo 1. incluyendo el suministro gratuito de los medicamentos que eventualmente se requieran. La Corte dispuso que el Estado otorgue a Talía Gonzales Lluy una beca para continuar sus estudios universitarios que no se encuentre condicionada a la obtención de calificaciones que la hagan acreedora de una beca de excelencia. la Corte dispuso que el Estado pague las cantidades fijadas por concepto de indemnizaciones por daño material e inmaterial. la Corte dispuso que el Estado otorgue a Talía una beca para la realización de un posgrado “en cualquier universidad del mundo en la que sea aceptada”. Por otro lado.
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