Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/decreto-3173-de-2004?documento=legcol&contexto=legcol_75992041f9cdf034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-08-18 09:28:18
Document Index: 31206801

Matched Legal Cases: ['artículo 35', 'artículo 15', 'artículo 6', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 9', 'artículo 8', 'artículo 5', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 3', 'artículo 6', 'artículo 5']

﻿ DECRETO 3173 DE 2004
DECRETO 3173 DE 01 DE OCTUBRE DE 2004
CONTENIDO:SE PROMULGA LA "CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL" Y EL "PROTOCOLO PARA PREVENIR, REPRIMIR Y SANCIONAR LA TRATA DE PERSONAS, ESPECIALMENTE MUJERES Y NIÑOS, QUE COMPLEMENTA LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL", ADOPTADOS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2000. APROBADO MEDIANTE LA LEY 800 DE MARZO 13 DE 2003.
“Por el cual se promulga la “Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional” y el “Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, que Complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional”, adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas el quince (15) de noviembre de dos mil (2000)”.
Que el Congreso Nacional, mediante Ley 800 del 13 de marzo de 2003, publicada en el Diario Oficial Nº 45.131 del 18 de marzo de 2003, aprobó la “Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional” y el “Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional”, adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 15 de noviembre de 2000;
Que la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-962 del 21 de octubre de 2003, declaró exequibles la Ley 800 del 13 de marzo de 2003, la “Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional” y el “Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional”, adoptados por la Asamblea General de Las Naciones Unidas el 15 de noviembre de 2000;
Que el 4 de agosto de 2004, Colombia depositó ante la Secretaría General de las Naciones Unidas el instrumento de ratificación de la “Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional” y del “Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional”, adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 15 de noviembre de 2000. En consecuencia, los citados instrumentos internacionales entraron en vigor para Colombia el 3 de septiembre de 2004, de acuerdo con lo previsto en sus artículos 38 y 17, respectivamente, y
“De conformidad con el artículo 35 párrafo 3 de la convención, Colombia declara que no se considera vinculada por el párrafo 2 del mismo artículo”.
“De conformidad con el artículo 15 párrafo 3 del protocolo, Colombia declara que no se considera vinculada por el párrafo 2 del mismo artículo”,
ART. 1º—Promúlganse la “Convención de las Naciones Unidas contra la contra la delincuencia organizada transnacional” y el “Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional”, adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas el quince (15) de noviembre de dos mil (2000).
(Para ser transcritos en este lugar se adjunta fotocopia del texto de la “Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional” y del “Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional”, adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas el quince (15) de noviembre de dos mil (2000)).
“Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional
h) Por “delito determinante” se entenderá todo delito del que se derive un producto que pueda pasar a constituir materia de un delito definido en el artículo 6º de la presente convención;
i) Por “entrega vigilada” se entenderá la técnica consistente en dejar que remesas ilícitas o sospechosas salgan del territorio de uno o más Estados, lo atraviesen o entren en él, con el conocimiento y bajo la supervisión de sus autoridades competentes, con el fin de investigar delitos e identificar a las personas involucradas en la comisión de estos;
a) Los delitos tipificados con arreglo a los artículos 5º, 6º, 8º y 23 de la presente convención, y
b) Los delitos graves que se definen en el artículo 2º de la presente convención.
(sic)b) La organización, dirección, ayuda, incitación, facilitación o asesoramiento en aras de la comisión de un delito grave que entrañe la participación de un grupo delictivo organizado.
b) Cada Estado parte incluirá como delitos determinantes todos los delitos graves definidos en el artículo 2º de la presente convención y los delitos tipificados con arreglo a los artículos 5º, 8º y 23 de la presente convención. Los Estados parte cuya legislación establezca una lista de delitos determinantes incluirán entre estos, como mínimo, una amplia gama de delitos relacionados con grupos delictivos organizados;
e) Si así lo requieren los principios fundamentales del derecho interno de un Estado parte, podrá disponerse que los delitos tipificados en el párrafo 1º del presente artículo no se aplicarán a las personas que hayan cometido el delito determinante;
4. A los efectos del párrafo 1 del presente artículo y del artículo 9º de la presente convención, por “funcionario público” se entenderá todo funcionario público o persona que preste un servicio público conforme a la definición prevista en el derecho interno y a su aplicación con arreglo al derecho penal del Estado parte en el que dicha persona desempeñe esa función.
1. Además de las medidas previstas en el artículo 8º de la presente convención, cada Estado parte, en la medida en que proceda y sea compatible con su ordenamiento jurídico, adoptará medidas eficaces de carácter legislativo, administrativo o de otra índole para promover la integridad y para prevenir, detectar y castigar la corrupción de funcionarios públicos.
1. Cada Estado parte adoptará las medidas que sean necesarias, de conformidad con sus principios jurídicos, a fin de establecer la responsabilidad de personas jurídicas por participación en delitos graves en que esté involucrado un grupo delictivo organizado, así como por los delitos tipificados con arreglo a los artículos 5º, 6º, 8º y 23 de la presente convención.
1. Cada Estado parte penalizará la comisión de los delitos tipificados con arreglo a los artículos 5º, 6º, 8º y 23 de la presente convención con sanciones que tengan en cuenta la gravedad de esos delitos.
3. Cuando se trate de delitos tipificados con arreglo a los artículos 5º, 6º, 8º y 23 de la presente convención, cada Estado parte adoptará medidas apropiadas, de conformidad con su derecho interno y tomando debidamente en consideración los derechos de la defensa, con miras a procurar que al imponer condiciones en relación con la decisión de conceder la libertad en espera de juicio o la apelación se tenga presente la necesidad de garantizar la comparecencia del acusado en todo procedimiento penal ulterior.
5. Cada Estado parte proporcionará al Secretario General de las Naciones Unidas una copia de sus leyes y reglamentos destinados a dar aplicación al presente artículo y de cualquier enmienda ulterior que se haga a tales leyes y reglamentos o una descripción de esta.
1. Cada Estado parte adoptará las medidas que sean necesarias para establecer su jurisdicción respecto de los delitos tipificados con arreglo a los artículos 5º, 6º, 8º y 23 de la presente convención cuando:
i) Sea uno de los delitos tipificados con arreglo al párrafo 1 del artículo 5º de la presente convención y se cometa fuera de su territorio con miras a la comisión de un delito grave dentro de su territorio;
ii) Sea uno de los delitos tipificados con arreglo al inciso ii) del apartado b) del párrafo 1 del artículo 6º de la presente convención y se cometa fuera de su territorio con miras a la comisión, dentro de su territorio, de un delito tipificado con arreglo a los incisos i) o ii) del apartado a) o al inciso i) del apartado b) del párrafo 1 del artículo 6º de la presente convención.
1. El presente artículo se aplicará a los delitos comprendidos en la presente convención o a los casos en que un delito al que se hace referencia en los apartados a) o b) del párrafo 1 del artículo 3º entrañe la participación de un grupo delictivo organizado y la persona que es objeto de la solicitud de extradición se encuentre en el territorio del Estado parte requerido, siempre y cuando el delito por el que se pide la extradición sea punible con arreglo al derecho interno del Estado parte requirente y del Estado parte requerido.
11. Cuando el derecho interno de un Estado parte le permita conceder la extradición o, de algún otro modo, la entrega de uno de sus nacionales solo a condición de que esa persona sea devuelta a ese Estado parte para cumplir la condena que le haya sido impuesta como resultado del juicio o proceso por el que se haya solicitado la extradición o la entrega, y cuando ese Estado parte y el Estado parte que solicite la extradición acepten esa opción, así como otras condiciones que estimen apropiadas, esa extradición o entrega condicional será suficiente para que quede cumplida la obligación enunciada en el párrafo 10 del presente artículo.
1. Los Estados parte se prestarán la más amplia asistencia judicial recíproca respecto de investigaciones, procesos y actuaciones judiciales relacionados con los delitos comprendidos en la presente convención con arreglo a lo dispuesto en el artículo 3º y se prestarán también asistencia de esa índole cuando el Estado parte requirente tenga motivos razonables para sospechar que el delito a que se hace referencia en los apartados a) o b) del párrafo 1 del artículo 3º es de carácter transnacional, así como que las víctimas, los testigos, el producto, los instrumentos o las pruebas de esos delitos se encuentran en el Estado parte requerido y que el delito entraña la participación de un grupo delictivo organizado.
2. Los Estados parte tipificarán en su derecho interno los delitos tipificados de conformidad con los artículos 5º, 6º, 8º y 23 de la presente convención independientemente del carácter transnacional o la participación de un grupo delictivo organizado según la definición contenida en el párrafo 1 del artículo 3º de la presente convención, salvo en la medida en que el artículo 5º de la presente convención exija la participación de un grupo delictivo organizado.
3. Los delitos tipificados con arreglo al artículo 5º del presente protocolo se considerarán delitos tipificados con arreglo a la convención.
a) Por “trata de personas” se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, a explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos;
A menos que contenga una disposición en contrario, el presente protocolo se aplicará a la prevención, investigación y penalización de los delitos tipificados con arreglo al artículo 5º del presente protocolo, cuando esos delitos sean de carácter transnacional y entrañen la participación de un grupo, delictivo organizado, así como a la protección de las víctimas de esos delitos.
1. Cada Estado parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito en su derecho interno las conductas enunciadas en el artículo 3º del presente protocolo, cuando se cometan intencionalmente.
1. Además de adoptar las medidas previstas en el artículo 6º del presente protocolo, cada Estado parte considerará la posibilidad de adoptar medidas legislativas u otras medidas apropiadas que permitan a las víctimas de la trata de personas permanecer en su territorio, temporal o permanentemente, cuando proceda.
3. Cuando lo solicite un Estado parte receptor todo Estado parte requerido verificará, sin demora indebida o injustificada, si la víctima de la trata de personas es uno de sus nacionales o tenía derecho de residencia permanente en su territorio en el momento de su entrada en el territorio del Estado parte receptor.
2. Cada Estado parte adoptará medidas legislativas u otras medidas apropiadas para prevenir, en la medida de lo posible, la utilización de medios de transporte explotados por transportistas comerciales para la comisión de los delitos tipificados con arreglo al artículo 5º del presente protocolo.