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Timestamp: 2017-05-28 02:48:41
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Matched Legal Cases: ['artículo 336', 'artículo 200', 'artículo 187', 'artículo 33', 'Artículo 187', 'Artículo 33', 'artículo 33']

InicioEmbajadaReseñaFuncionariosContactosConsularSección consularNacionales exentos del requisito de visado de turismoVisadoEventosLibro de visitas Inicio Categoría ES Noticias ARGUMENTOS SOBRE LAS SENTENCIAS DEL TSJ REFERIDAS A LOS ACTOS INCONSTITUCIONALES DE LA ASAMBLEA NACIONAL, DE FECHAS 28 Y 29 DE MARZO DE 2017.
1. La Asamblea Nacional se auto-inhabilitó para ejercer sus funciones al desacatar lassentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y al cometer sistemáticamenteilícitos constitucionales y delitos penales. El país no cuenta con un parlamento quelegisle porque la mayoría opositora así lo decidió. 2. El Estado no puede detenerse porque un grupo pretenda dar golpes continuos a laConstitución. Por eso el TSJ, cumpliendo su función de resguardar el ordenconstitucional, ha establecido los lineamientos de corrección ante la persistenteomisión legislativa (la AN dejó de hacer leyes), conforme lo establece claramente elartículo 336 de la Constitución, numeral 7.3. El TSJ está asumiendo que la ausencia de un parlamento en funciones atenta contrael orden constitucional, contra la paz y la estabilidad en un momento de gravesamenazas internas y externas que requieren medidas jurídicas urgentes.4. Por eso, con fundamento en la Constitución y en el marco del Estado de Excepción,el TSJ debe garantizar el cumplimiento de las funciones parlamentarias medianteotros órganos, para hacer efectiva la protección del Estado y la Nación, en vista deque la oposición no ha rectificado el desacato y persiste en cometer graves ilícitosconstitucionales.5. El TSJ lo que esta decidiendo es proteger al país de no tener un parlamento. Protegeral país de los continuos intentos de golpe que se pretenden dar desde la AN.Proteger al país de un poder inconstitucional que solicita una intervención extranjeraante potencias hostiles. Proteger al país del plan de la derecha nacional einternacional de poner en saque al pueblo y a las instituciones de la República.6. El TSJ es el último intérprete de la Constitución. La situación presentada, aunquehistóricamente inédita, tiene su solución en los principios constitucionales queconforman el Estado Democrático y Social, de Derecho y de Justicia, cuyainterpretación corresponde siempre en este y en cualquier país, a los tribunalesconstitucionales.7. Las decisiones del TSJ garantizan del funcionamiento del Estado, en vista de que lasactuaciones inconstitucionales de la AN hacen peligrar el funcionamiento del mismo ypor ende las garantías ciudadanas que este protege en su actuación. El TSJ es elgarante último de los derechos ciudadanos, por lo cual está obligado a preservar entoda circunstancia la primacía de dichos derechos.8. La denuncia que hace la derecha de un supuesto “golpe” o “autogolpe” en Venezuela,es parte de la misma estrategia de legitimación de una intervención extranjera ennuestra Patria.9. Golpe de Estado es lo que la derecha intenta cometer continuamente cuandodesacata las decisiones del TSJ, cuando promueve la intervención extranjera, cuandopretende activar mecanismos inconstitucionales para derrocar al gobierno legítimo ydemocráticamente electo por el pueblo, cuando pretende destituir a las autoridadesde los demás poderes públicos sin fundamento jurídico alguno, cuando planifica yejecuta actos terroristas, cuando forma parte de las acciones de desestabilización yguerra económica que impactan negativamente sobre la vida del pueblo y laestabilidad nacional.10. En Venezuela vivimos una democracia vigorosa, sólida, permanente. Nuestropueblo toma decisiones locales, regionales y nacionales todos los días a través delos diversos mecanismos que prevé la democracia protagónica. Atravesamos pordificultades económicas desarrolladas por enemigos del pueblo y nuestro gobiernoestá plenamente entregado a superarlas junto al pueblo. Los derechos humanos sonel centro del quehacer de las instituciones del Estado venezolano. Al fortalecimiento,profundización y universalización de estos derechos se destinan grandes esfuerzos yrecursos, mediante programas y políticas de inclusión, protección y desarrollo social yeconómico.11. Venezuela no le debe nada a ningún poder imperial. El pueblo y su gobiernorevolucionario no le debe nada a ninguna derecha entreguista. Más bien, la derecha yel imperio tienen una deuda impagable con los pueblos porque de sus continuosataques nos deben siglos de dignidad, desarrollo y soberanía.12. Venezuela es irrevocablemente libre, independiente y soberana. Susinstituciones republicanas funcionan al servicio del pueblo. Este patrimonio de todas ytodos los venezolanos, estamos llamados a protegerlo y expandirlo porque es el bienmás sagrado que hemos conquistado en dos siglos de vida como República. Ningúnpoder imperial, ningún chantaje de los poderes hegemónicos de siempre nosarrebatará a nuestra Patria. El pueblo siempre vencerá.La Sala Constitucional para tomar ambas decisiones se fundamentó en el expediente de desacato enel cual ha incurrido la Asamblea Nacional, la cual de manera reiterada ha incurrido en eldesconocimiento de las decisiones judiciales emanadas del Tribunal Supremo de Justicia,asumiendo una conducta contumaz y de rebeldía que ha viciado de nulidad todas sus actuaciones,circunstancia que ha puesto al Parlamento en una situación al margen del Estado de Derecho que leimpide cumplir con sus funciones, lo cual ha generado que la misma se encuentre en un estado deOmisión Inconstitucional Parlamentaria.RESUMEN DE LA SENTENCIA 155 DE LA SALA CONSTITUCIONAL DE FECHA 28/03/2017.La fracción de la derecha en la Asamblea Nacional, aprobó un acuerdo a través del cual pidió lareactivación del mecanismo para la aplicación de la Carta Democrática Interamericana en contra desu propio país, sin importar las consecuencias que eso conllevaría.La Sala Constitucional, a través de la referida sentencia declaró la nulidad acuerdo aprobado por laAsamblea Nacional. En primer lugar por encontrarse el Parlamento en desacato a las decisiones dela Sala Electoral y Constitucional del TSJ, así como por tener una junta directiva ilegítima, elegidaestando el parlamento en una situación de inconstitucionalidad.Además, argumentó la Sala, que la actitud que ha asumido Asamblea Nacional constituye unamanifiesta agresión al pueblo, su comportamiento desconoce gravemente los valores superiores delordenamiento jurídico, como son la paz, la independencia, la soberanía y la integridad territorial.El llamamiento realizado por los diputados de la MUD en la Asamblea Nacional a que organismosinternacionales y otros países intervengan en los asuntos internos y apliquen sanciones en contra denuestro país constituyen actos de Traición a la Patria, delitos tipificados en el Código PenalVenezolano y así lo reconoció la Sala en su decisión.En virtud de los graves ataques al Estado de Derecho y la Constitución, la Sala ordenó tambiéniniciar un proceso de control constitucional en el cual se verifiquen los ilícitos constitucionalescometidos por la Asamblea Nacional y se establezcan los correctivos necesarios en resguardo de lapaz, la democracia, la soberanía y la independencia.Adicionalmente, en virtud de la omisión legislativa en la cual ha caído la Asamblea Nacional, al nopoder desarrollar normalmente sus actividades por estar en desacato, la Sala Constitucional dictóuna serie de medidas cautelares, indispensables para que en el marco del Estado de Excepción, elPresidente tenga poderes especiales que le permitan afrontar los ataques que sufre la nación porparte de agentes nacionales y extranjeros.Estas medidas cautelares consisten en lo siguiente:1. Ordenó al Presidente ejercer las medidas internacionales que estime pertinentes y necesariaspara salvaguardar el orden constitucional y de esta forma pueda tomar las decisionesnecesarias para salvaguardar la integridad de la República frente a los organismosinternacionales y potencias extranjeras que pretendan vulnerarla.2. Facultó al Presidente para que en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y con el fin degarantizar la gobernabilidad del país, tome las medidas civiles, económicas, militares,penales, administrativas, políticas, jurídicas y sociales que estime pertinentes y necesariaspara evitar un estado de conmoción.Entre las cuales puede está revisar excepcionalmente la legislación vigente incluyendo leyesde carácter penal, que permita conjurar los graves riesgos que amenazan la estabilidaddemocrática, la convivencia pacífica y los derechos de las venezolanas y los venezolanos.Todo esto en el marco del Estado de Excepción vigente y de la situación de omisiónlegislativa en la cual se encuentra el Parlamento.La Sala Constitucional, en ejercicio del control constitucional que le otorga la carta magna,puede corregir estas situaciones excepcionales a través de mecanismos excepcionales, yaque es ella la máxima y última interprete del texto constitucional.3. Finalmente, decidió la Sala que la inmunidad parlamentaria sólo ampara a los diputadosestrictamente mientras éstos se encuentren ejerciendo sus funciones constitucionales,conforme a lo previsto en el artículo 200 del Texto Fundamental. Los actos desplegados porlos diputados fuera del ejercicio de sus competencias constitucionales no están protegidos porla inmunidad de la forma prevista en la Constitución.La actual situación de desacato en la cual se encuentra la Asamblea Nacional impide que losdiputados cumplan con sus funciones constitucionales, por lo cual, las acciones quedesempeñen no están cubiertas por el fuero parlamentario, hasta tanto no se corrija lasituación de inconstitucionalidad en la cual ha caído de manera voluntaria, y mucho menos losprotege frente a la comisión de ilícitos constitucionales y delitos penales flagrantes.
RESUMEN DE LA SENTENCIA N° 156 DE LA SALA CONSTITUCIONAL DEL TRIBUNAL
SUPREMO DE JUSTICIA, DE FECHA 29/03/2017
La presente decisión se produjo en virtud de un recurso de interpretación sobre el contenido yalcance del artículo 187, numeral 24 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, enconcordancia con el artículo 33 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, interpuesto por larepresentación jurídica de la Corporación Venezolana del Petróleo, en cual se solicitó a la SalaConstitucional definiera el marco jurídico aplicable a la constitución de empresas mixtas, ya que lanormativa vigente exige la aprobación de la Asamblea Nacional y la misma se encuentra en unasituación de omisión legislativa por el desacato a las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia.
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela“Artículo 187. Corresponde a la Asamblea Nacional:24.- Todo lo demás que le señalen esta Constitución y la ley.”Ley Orgánica de Hidrocarburos prevé lo siguiente:“Artículo 33. La constitución de empresas mixtas y las condiciones que regirán la realizaciónde las actividades primarias, requerirán la aprobación previa de la Asamblea Nacional, a cuyoefecto el Ejecutivo Nacional, por órgano del Ministerio de Energía y Petróleo, deberáinformarla de todas las circunstancias pertinentes a dicha constitución y condiciones, incluidaslas ventajas especiales previstas a favor de la República. La Asamblea Nacional podrámodificar las condiciones propuestas o establecer las que considere convenientes. Cualquiermodificación posterior de dichas condiciones deberá también ser aprobada por la AsambleaNacional, previo informe favorable del Ministerio de Energía y Petróleo y de la ComisiónPermanente de Energía y Petróleo. Las empresas mixtas se regirán por la presente Ley y, encada caso particular, por los términos y condiciones establecidos en el Acuerdo que conformea la ley dicte la Asamblea Nacional, basado en el informe que emita la Comisión Permanentede Energía y Petróleo, mediante el cual apruebe la creación de la respectiva empresa mixtaen casos especiales y cuando así convenga al interés nacional. Supletoriamente se aplicaránlas normas del Código de Comercio y las demás leyes que le fueran aplicables”.La Sala Constitucional para decidir la presente interpretación se fundamentó en el expediente dedesacato en el cual ha incurrido la Asamblea Nacional, la cual de manera reiterada ha incurrido en eldesconocimiento de las decisiones judiciales emanadas del Tribunal Supremo de Justicia,asumiendo una conducta contumaz y de rebeldía que ha viciado de nulidad todas sus actuaciones,circunstancia que ha puesto al Parlamento en una situación al margen del Estado de Derecho que leimpide cumplir con sus funciones, lo cual ha generado que la misma se encuentre en un estado deOmisión Inconstitucional Parlamentaria.En virtud de lo anterior, la Sala Constitucional decidió lo siguiente:1.- Sobre la base de la omisión inconstitucional declarada, declaró que no existe impedimento paraque el Ejecutivo Nacional constituya empresas mixtas en el espíritu que establece el artículo 33 de laLey Orgánica de Hidrocarburos, debiendo informarle a la Sala Constitucional de todas lascircunstancias pertinentes a dicha constitución y condiciones. Así como también cualquiermodificación posterior de las condiciones deberá ser informada a la Sala.2.- La Sala decide que la Asamblea Nacional, actuando de facto, no podrá modificar las condicionespropuestas ni pretender el establecimiento de otras condiciones.3.- Sobre la base del Estado de Excepción, el Presidente de la República podrá reformar la normaobjeto de interpretación, en correspondencia con la jurisprudencia del Máximo Tribunal.4.- Decidió que mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de laAsamblea Nacional, la Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias seanejercidas directamente por esta Sala o por el órgano que ella disponga, para velar por el Estado deDerecho.Sobre este último aparte, planteó la Sala Constitucional, que será ésta o el órgano que ésta faculte,quien ejerza las competencias parlamentarias mientras persista la Omisión Constitucional por partede la Asamblea Nacional.