Source: https://www.scribd.com/doc/78776568/Amparo-Presupuesto-de-Egresos
Timestamp: 2016-12-03 07:08:45
Document Index: 86453053

Matched Legal Cases: ['artículo 27', 'artículo 107', 'artículo 116', 'artículo 22', 'artículo 117', 'artículo 22', 'artículo 107', 'artículo 1', 'artículo 16', 'artículo 17', 'artículo 8', 'artículo 71', 'artículo 14', 'artículo 22', 'artículo 14', 'artículo 117', 'artículo 17', 'artículo 14', 'artículo 17', 'artículo 17', 'artículo 171', 'artículo 14', 'artículo 117', 'artículo 17', 'artículo 171', 'artículo 14', 'artículo 117', 'artículo 14', 'artículo 117', 'artículo 22']

BrowseInterestsBiography & MemoirBusiness & LeadershipFiction & LiteraturePolitics & EconomyHealth & WellnessSociety & CultureHappiness & Self-HelpMystery, Thriller & CrimeHistoryYoung AdultBrowse byBooksAudiobooksArticlesSheet MusicBrowse allUploadSign inJoinC. JUEZ DE DISTRITO EN EL ESTADO DE COAHUILA, EN TURNO. PRESENTE.C.________________________________, señalando como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones el ubicado en calle Delicias numero 695 interior 5 esquina con calle Chihuahua de la Colonia Republica Poniente de la ciudad de Saltillo, Coahuila y autorizando en los términos más amplios del artículo 27 de la Ley de Amparo al C. LICENCIADO EN DERECHO REYES FLORES HURTADO, con número de cedula profesional 2737197, debidamente registrada bajo el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; así mismo autorizo conforme a lo dispuesto en el último párrafo del artículo en mención a los PASANTES DE DERECHO los C.C. ROBERTO GERARDO HERRERA HERNANDEZ, PEDRO ALFONSO SALAZAR PICON Y ROSALBA BELTRAN QUINTANILLA, comparezco, ante Usted, Con el debido respeto a exponer: Que con fundamento en el artículo 107 Constitucional así como con fundamento en los artículos 1, 2, 4, 22, 36, 114 y 116 de la Ley de Amparo, comparezco ante este Órgano de Control Constitucional a Solicitar el Amparo y Protección de la Justicia Federal en contra de los actos de AUTORIDAD que en un apartado subsecuente señalare; Para efecto de dar cumplimiento a los requisitos previstos en el artículo 116 de la Ley de Amparo, manifiesto: I. NOMBRE Y DOMICILIO DEL QUEJOSO.- Han quedado establecidos en el proemio de la presente demanda. NOMBRE Y DOMICILIO DEL TERCERO PERJUDICADO.- Tienen el carácter de terceros perjudicados: • BANCO INTERACCIONES, S.A., con domicilio en Paseo de la Reforma No. 383 PB, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500 Del. Cuauhtémoc, México, D.F. GRUPO FINANCIERO BANORTE, S.A.B. DE C.V., con domicilio en Blvd. Venustiano Carranza número 2695 esquina con Prolongacion Veracruz, Colonia Republica Saltillo, Coahuila de Zaragoza BBVA BANCOMER, S.A., con domicilio en Blvd. Francisco Coss No. 273 Zona Centro, Saltillo, Coahuila. BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A., con domicilio en Periférico Luis Echeverría s/n, Colonia República, Saltillo, Coahuila. BANCO SANTANDER, S.A., con domicilio en Allende esquina con Lerdo de Tejada #498, Colonia Centro, Saltillo, Coahuila. HSBC MÉXICO, S.A., con domicilio en Blvd. V. Carranza #2024 Col. Republica Oriente en saltillo, Coahuila. GRUPO FINANCIERO MIFEL, S.A. DE C.V. con domicilio en Donato Guerra No. 331-14 Sur, Col. Centro, Torreón, Coahuila
BANCO MULTIVA, S.A., con domicilio en Av. Vasconcelos 114 Oriente 2 Local D Col. Santa Engracia, San Pedro Garza García, Nuevo León. BANSÍ S.A., con domicilio en Av. Venustiano Carranza #2301 esq. con Nicolás Fernando Torres Local 1 San Luis Potosí, San Luis Potosí.
Carácter que les deriva a las instituciones de crédito señaladas, en virtud de haber otorgado créditos al Gobierno del Estado de Coahuila que son materia del pago aprobado en Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2012 que constituye el acto reclamado.
AUTORIDADES RESPONSABLES.- Tienen el carácter de autoridades responsables las siguientes: 1. Autoridad ordenadora: • El H. Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza con domicilio oficial y conocido en esta ciudad de Saltillo, Coahuila. El C. Director del Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza, con domicilio oficial y conocido en esta ciudad de Saltillo, Coahuila.
2. Autoridad ejecutora: • El C. Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, con domicilio oficial y conocido en esta ciudad de Saltillo, Coahuila. El C. Secretario Ejecutivo del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Coahuila, con domicilio oficial y conocido en esta ciudad. El C. Secretario de Finanzas del Estado de Coahuila de Zaragoza, con domicilio oficial y conocido en esta ciudad de Saltillo, Coahuila.
ACTO RECLAMADO.- De las autoridades señaladas como responsables les reclamo:
1. Del H. Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, reclamo: La aprobación del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2012, cuya fecha de publicación, bajo protesta de decir verdad, no conozco, presupuesto en el cual se autoriza el destino de $ 4,600,000.000.00 (SON CUATRO MIL SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), al pago de créditos nulos de pleno de derecho. 2. Del C. Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, reclamo:
El acto de autoridad a través del cual pretende ejecutar el presupuesto de egresos 2012, destinando la cantidad de $ 4,600,000.000.00 (SON CUATRO MIL SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), al pago de créditos nulos de pleno de derecho. 3. Del C. Secretario Ejecutivo del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Coahuila, reclamo: El acto de autoridad a través del cual pretende ejecutar el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal del año 2012, destinando la cantidad de $ 4,600,000.000.00 (SON CUATRO MIL SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), al pago de créditos nulos de pleno de derecho.
4. Del C. Secretario de Finanzas del Estado de Coahuila de Zaragoza reclamo: El acto de autoridad a través del cual pretende ejecutar el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal del año 2012, destinando la cantidad de $ 4,600,000.000.00 (SON CUATRO MIL SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), al pago de créditos nulos de pleno de derecho.
5. Del C. Director del Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza reclamo: La publicación del Presupuesto de Egresos aprobado por el Congreso del Estado para el ejercicio fiscal del año 2012, cuya fecha de publicación desconozco.
V.- PRECEPTOS CONSTITUCIONALES QUE CONTIENEN GARANTÍAS INDIVIDUALES VIOLADAS: Se violan en mi perjuicio las garantías individuales como son la de certeza jurídica, legalidad, derecho a la información e irretroactividad de la ley que se otorga a todo gobernado en los artículos 1, 6, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así mismo se violan en mi perjuicio de manera concomitante los artículos 7,8,17 fracción IV y demás relativos de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza.
VI.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO QUE LOS SIGUIENTES HECHOS SON CIERTOS, ME CONSTAN Y CONSTITUYEN EL ANTECEDENTE DE LOS ACTOS RECLAMADOS Y SIRVEN DE FUNDAMENTO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN PLANTEADOS: 1. Durante los últimos meses del ejercicio del Gobierno del Profesor Humberto Moreira Valdés y hasta la fecha en que se separó del cargo de Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, se negó a los coahuilenses que existiera por parte del Gobierno del Estado deuda superior a los 3 mil 500 millones de pesos. En declaración expresa, hecha en el mes de enero del presente año, a un medio informativo escrito de la localidad, el Coordinador de la Comisión de Finanzas en el Congreso, diputado Salomón Juan Marcos Issa, afirmó que la deuda del Estado era de 3 mil 500 millones de pesos y no
de más 7 mil millones como se afirmaba por otros integrantes de la actual legislatura, incluso agrego: “Hay una mala información. Cuando revisamos las leyes de Ingresos y el presupuesto de egresos para 2011, se tocó ese tema y la gente del SATEC dio la explicación de lo que era el crédito, que es de 3 mil 500 millones de pesos autorizados por el Congreso del Estado”, señaló que en el caso de la bursatilización y las cadenas productivas, no representan una deuda pública, sino un financiamiento a fin de continuar con el dinamismo en creación de obra. De acuerdo con la declaración hecha por el C. Salomón Juan Marcos, la deuda de la entidad registrada en la Secretaría de Hacienda era de 7 mil 441 millones de pesos, pero porque la entidad es aval de municipios, pero eso no significaba que el Estado la fuera a pagar, de igual manera se incluye en esa cifra el esquema de pagos de cadenas productivas, que de acuerdo con el diputado, no es una deuda pública. Y por último dijo: “Cuando se termine esta administración, veremos los números que van a quedar. De obra pública el año pasado fueron cerca de 9 mil millones de pesos, y la bursatilización va a quedar en cero, y va a quedar una deuda normal que viene siendo un 10 % (diez por ciento) de la obra pública de los seis años”. 2. Resultan lógicas las declaraciones del Diputado local C. Salomón Juan Marcos Issa, si partimos de la base que el Congreso Local para la Ley de Ingresos 2011 del Estado de Coahuila no aprobó para dicho ejercicio fiscal contratación de deuda alguna. Sin embargo sí se autorizó al Gobierno del Estado para que se reestructuraran los créditos que se tenían contratados con el sistema financiero y que fueron autorizados por el H. Congreso del Estado, en consecuencia ningún crédito que se hubiera adquirido sin autorización del Congreso podría ser materia de reestructura o refinanciamiento. 3. A finales del mes de Julio del año 2011, los coahuilenses nos enteramos a través de la prensa nacional, de diversas irregularidades del Gobierno del Estado de Coahuila en la contratación de deuda, entre las que se destacaba de manera escandalosa por parte de Secretaria de Hacienda y Crédito Público, que ésta entidad federativa tenía una deuda superior a los $33, 000´000,000.00 (Treinta y tres mil millones de pesos 00/100 m.n.) contratada de manera irregular y en algunos casos mediante la falsificación de documentos oficiales, lo que evidentemente colocaba a varios funcionarios públicos en la posibilidad de que se les fincara responsabilidad penal, no obstante ello, los servidores públicos encargados del área financiera del Estado, y el propio gobernador interino en primer instancia negaron la existencia de dicha deuda. 4. Derivado de las irregularidades con las que se contrató la deuda pública estatal, el PROCURADOR FISCAL DE LA FEDERACIÓN, JAVIER LAYNEZ, en entrevista televisiva declaró que la Secretaría de Hacienda a través de la Procuraduría Fiscal de la Federación, había presentado una denuncia ante PGR por la utilización de documentación falsa en un trámite ordinario de afectación de participaciones federales, y dijo textualmente : “Tenemos detectados dos casos más, que habrán de presentarse y que estamos haciendo las investigaciones también pertinentes, pero al menos tendríamos dos créditos más. No conozco el monto, no conozco en este momento las condiciones, pero estamos preparando dos nuevas denuncias… Yo entiendo que incluso la Unidad le pidió a Coahuila que hiciera lo propio. Entiendo que hasta la fecha no han querido hacerlo, pero puede hacerlo también”. De la declaración de dicho funcionario se puede observar claramente que la deuda del Estado no fue contratada legalmente.
5. Fue hasta el 4 de Agosto del año 2011 cuando se reconoció por parte de la Diputación Permanente del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, que el Gobierno de Coahuila tenía una deuda superior a los $ 33, 000´000,000.00 (Treinta y tres mil millones de pesos 00/100 m.n.), la cual pretendía fuera aprobada a posteriori por el Congreso del Estado. 6. La Ley de Deuda Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza abrogada en sesión extraordinaria del Congreso Local el día 6 de Agosto de 2011, y aplicable a la extinción de los créditos que se contrataron bajo su vigencia, tenía por principio lógico evitar en primer término que cualquier deuda pública se contrajera por un periodo superior a un ejercicio fiscal especifico, lo cual guardaba congruencia con la obligación del Gobernador y del propio Congreso de proponer y aprobar, respectivamente, una Ley de Ingresos de manera anual, al tiempo que dicha ley prohibía que la deuda se contrajera por un tiempo superior al del ejercicio correspondiente, previa aprobación del Congreso, es decir, ningún Gobernador podría disponer de recursos que comprometieran al Estado más allá de su periodo de gobierno, exigiendo que dicha deuda se aplicara para proyectos productivos. 7. La deuda aludida es nula de pleno derecho por disposición expresa de la ley, esto por haberse contratado en contravención a la ley, por lo que no es posible su reconocimiento o reestructura, nulidad que puede pronunciarse en juicio de Amparo, ya que la misma deriva de orden expresa en la Ley, por lo que cualquier acto que pretenda reconocerla, también es nulo de pleno derecho, ya que sería accesorio a un acto nulo, aunado a que tal nulidad no se puede convalidar. 8. Con esos antecedentes, en sesión del Congreso del Estado del día 18 de Agosto de 2011 se autorizó mediante el decreto número 534, al Estado de Coahuila por conducto del titular del Poder Ejecutivo o del Secretario Ejecutivo del Servicio de Administración Tributaria a contratar empréstitos para ser destinados al refinanciamiento de la deuda pública estatal, decreto que se publicó en el Periódico Oficial del Estado el 19 del mismo mes y año. El decreto señalado no obstante de referirse al pago de deuda contraída con anterioridad al 8 de Agosto de 2011, es decir, con anterioridad a la entrada en vigor de la nueva ley de deuda, se funda en la ley recientemente creada, no obstante que la deuda cuya reestructura motiva dicho decreto se había contratado con anterioridad a su vigencia, aunado al hecho de que en el decreto referido se reconoce en términos generales toda la deuda pública del Coahuila, incluyendo aquella que se contrajo en contravención de la ley, reconocimiento que al referirse a una deuda adquirida de manera irregular y que es nula de pleno derecho por disposición expresa del artículo 22 de la ley aplicable al momento en que se contrató, tampoco puede surtir efecto jurídico alguno, pues dicha nulidad no se convalida y en todo caso, de pretender darle efectos jurídicos a dicho reconocimiento, al recaer el mismo sobre una obligación nula de pleno derecho, tal reconocimiento produce los efectos legales de la obligación que pretende reconocer, es decir, la nada jurídica por nulidad plena, ello sin considerar que el decreto aludido no refiere deuda de manera específica, lo cual es ilegal, pues en todo caso el reconocimiento de deuda debió referirse de manera individual al crédito reconocido, precisando montos, nombres de obligados y condiciones de pago, lo cual no hizo la ordenadora responsable, en consecuencia dicho reconocimiento y reestructura no es ejecutable, haciéndose evidente además de la incorrecta fundamentación del acto reclamado, su falta total de motivación.
9. Además de darle indebidamente efectos retroactivos a la Ley de Deuda Pública al momento de emitir el decreto que constituye el acto reclamado, el Congreso del Estado funda dicho decreto en una ley no aplicable al caso y modifica el artículo primero del decreto número 534, emitiendo el decreto 536 en el cual reconoce, autoriza, aprueba y ordena el pago de la deuda pública del Estado contraída con instituciones financieras mexicanas, mediante financiamientos y “otras operaciones” (sic) que se ratifican con la emisión del decreto que constituye el acto reclamado, no obstante que dicha deuda fue contratada en contravención al artículo 117 fracción VIII de la Constitución General de la República, y vulnerando la Ley de Deuda vigente al momento en el que la misma se adquirió, esto sin considerar que el artículo 22 de la ley bajo la cual se contrataron dichas obligaciones, le otorga la calidad de nulidad plena por haberse contratado en contravención de la ley, por lo que insisto, el reconocimiento de dicha deuda y su orden de pago no genera efecto o consecuencia legal alguna.
10. Es el caso que el Congreso del Estado emitió el presupuesto de egresos para el ejercicio 2012, en el cual incluyó indebidamente una reserva de 4,600,000,000.00 ( SON CUATRO MIL SESCIENTOS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N) para destinarse al pago de la deuda de Coahuila, no obstante de no estar determinada dicha deuda y que tampoco puede pagarse deuda alguna contratada ilegalmente, por lo que no es procedente destinar tales recursos a su pago en violación a principios constitucionales, circunstancia por la cual, al ubicarme en mi calidad de ciudadano coahuilense, obligado a contribuir al gasto público del estado, con el derecho subsecuente de exigir a mis gobernantes la administración eficiente de los recursos públicos, es que hoy a acudo a solicitar el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión en los términos a que me refiero en el presente ocurso. VII. LEGITIMACIÓN
El suscrito quejoso me encuentro legitimado para presentar demanda de garantías en contra de los actos que de cada autoridad reclamo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 107 vigente de la Constitución General de la República que establece la procedencia del juicio de amparo y que textualmente reza: “El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. El artículo en comento debe interpretarse en relación con las facultades que me otorgan los artículos 17 fracción IV, 7, 8 y 71 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como, en relación a los derechos humanos contenidos en los artículo 1, 6, 14, 16, 133 y demás relativos de la Constitución Federal, pues resulta obvio que el acto reclamado constituye una violación a mis derechos en la medida que el correcto o incorrecto ejercicio del presupuesto público beneficia o perjudica a los ciudadanos en lo particular, pues cualquier obligación adquirida por el Gobierno del Estado implica una carga impositiva para sus ciudadanos y el saldo de dicha carga resulta obligación de los coahuilenses,
pues es obvio que de una interpretación del artículo 16 de la Constitución del Estado de Coahuila de Zaragoza, se desprende de su fracción III, que el gasto público del Estado corresponde a los ciudadanos o habitantes de Coahuila como un deber expreso que le impone la Constitución, lo cual se encuentra perfectamente corroborado en la fracción IV del artículo 17 de dicho cuerpo normativo, que otorga como facultad o derecho a favor de todo ciudadano coahuilense, EL REHUSARSE AL PAGO DE PRESTAMOS o contribuciones que no estén decretadas legalmente, es decir, dicha garantía me legitima para controvertir de manera individual cualquier acto de autoridad que pretenda destinar recursos públicos al pago de un préstamo o adeudo contraído ilegalmente, lo cual evidencia la obligación de todo ciudadano de pagar de manera indeterminada cualquier obligación de crédito adquirida por el gobierno, obligación que para ser impositiva para el ciudadano debe cumplir con todos y cada uno de los requisitos que le impone la ley, y de ser dicha contribución o préstamo contraria a los principios legales, tengo absoluto derecho de controvertirla, legitimación que debe interpretarse a la luz de lo que dispone el artículo 8 de la Constitución Local que señala que el ejercicio de los derechos fundamentales no tiene más limite que la disposiciones prohibitiva de la ley, circunstancia por la cual acudo ante esta autoridad solicitando el amparo y protección de la justicia de la unión, para efecto de que se decrete la inconstitucionalidad del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2012, que señalo como acto reclamado, esto al ordenar el destino de recursos públicos al pago de una deuda nula de pleno derecho, siendo de explorado derecho que cualquier garantía de rango constitucional otorgada a favor de todo gobernado, la autoridad está obligada a respetarla aún cuando no este reglamentado por norma secundaria el mecanismo para su cumplimiento, y en consecuencia es procedente el juicio de Amparo para exigir el respeto de dicha garantía, aunado o correlacionado tal derecho con la obligación del Estado de administrar los recursos públicos de manera eficiente y honrada en términos del artículo 71 de la Constitución de Coahuila, que además prohíbe el pago de cualquier obligación que no esté decretada en la ley, obligación que se refiere a los requisitos de validez de la obligación original y no a actos posteriores que pretenden validarlo a posteriori, siendo claro que las obligaciones de crédito que pretenden cumplirse mediante el acto reclamado, no fueron autorizadas originalmente por el Congreso y en consecuencia son nulas de pleno derecho, siendo nulo cualquier acto de reestructura o refinanciamiento, ello al margen de la responsabilidad económica que genere el hecho de haber efectuado pago alguno sobre dichas deudas. Aunado a lo anterior, con el acto reclamado se vulneran en mi perjuicio los derechos humanos que en materia de transparencia me otorga la Constitución General de la República, ya que se pretenden destinar recursos públicos al pago de una deuda de la cual no se tuvo a disposición documentación alguna que justificara su origen y destino, requisitos que serian indispensables para ordenar su pago.
VI.- CONCEPTO DE VIOLACIÓN PRIMERO.- Con el acto reclamado se viola en perjuicio del quejoso la garantía de certeza jurídica que consagra el artículo 14 constitucional al prohibir de manera expresa la irretroactividad de la ley en perjuicio de persona alguna, lo que implica que cualquier deuda contraída con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Deuda Pública que se publicó en el Periódico Oficial del Estado el día 07 de agosto del año 2011, debe regularse conforme a las disposiciones de la ley bajo la cual se adquirió dicha deuda, máxime cuando la obligación se contrajo de
manera irregular en contravención de la ley aplicable al momento de su contratación, lo cual implica que el presupuesto de egresos 2012 es inconstitucional en la parte que ordena el destino de 4,600,000,000.00 ( SON CUATRO MIL SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) al pago ilegal de una deuda nula, pues no se puede reconocer la existencia de una obligación nula aún en el caso de que la fundamentación del acto reclamado fuera en base a una obligación reconocida ilegalmente por la legislatura, pues la autoridad en todo momento debe atender al principio de supremacía constitucional, lo cual hace a cada acto legislativo totalmente autónomo, es decir, el crédito nulo que nos ocupa ni siquiera trascendió a la fecha de su contratación, pues desde su origen, al no cumplir con los requisitos legales estaba impregnado de nulidad, efecto de nulidad que se actualizó en el momento de vigencia de la ley anterior y sufrieron los actos posteriores, por lo cual no pueden destinarse recursos a su pago. Resulta obvio que cualquier acto jurídico encuentra su interpretación a la luz de la ley vigente al momento en que se celebra, y la interpretación de la ley no debe constreñirse a establecer los requisitos bajo los cuales se contrae el acto jurídico especifico, en el caso que nos ocupa, DEUDA PÚBLICA , sino que dicha ley debe regular todas las consecuencias jurídicas de dicho acto, es decir, la ley no se limita a regular la naturaleza jurídica del acto, sino todas sus consecuencias jurídicas, como lo son requisitos de validez, vigencia, forma de pago, extinción de obligaciones, etcétera, es decir, los efectos de la ley deben trasladarse para interpretar incluso la forma en que la deuda debe extinguirse, de lo contrario se permitiría al gobierno subsanar cualquier ilegalidad cometida en la adquisición de una obligación, aún cuando en el momento de pago dicha ley se haya abrogado, tal criterio tiene como fundamento no solo la prohibición de la aplicación retroactiva de cualquier norma, sino además un principio de seguridad jurídica, pues ninguna ley posterior debe generar ventajas o desventajas a las partes, menos cuando se contraen obligaciones específicas a la luz de una ley que conocen las partes al momento de la celebración del acto; interpretar tal naturaleza en otro sentido, equivaldría a sujetar a los gobernados al capricho de las autoridades legislativas y se les colocaría en total incertidumbre jurídica, tal criterio tiene razón si analizamos que el presupuesto de egresos cuya inconstitucionalidad reclamo, pretende destinar recursos al pago de una deuda que se contrato en violación clara a la Ley de Deuda Pública vigente hasta el 7 de agosto del 2011, y que como consecuencia, dicha legislación tachaba las obligaciones contratadas como nulas, en términos del artículo 22 de la ley de deuda pública publicada en el Periódico Oficial del Estado el 6 de diciembre de 1996, precepto que señala expresamente: ARTICULO 22.- Las operaciones de financiamiento contratadas en contravención a las disposiciones previstas en la presente ley serán nulas de pleno derecho, sin perjuicio de las responsabilidades en que incurran quienes las lleven a cabo. A la luz de dicha nulidad es evidente que no puede aplicarse ley alguna posterior para convalidar un acto jurídico que la ley de origen definió como nulo, de lo que resulta no solo la imposibilidad de aplicar la nueva ley para regular un acto que no surtió efecto jurídico, siendo claro que la eficacia de los préstamos o créditos reconocidos, autorizados y aprobados, no trascendió a la temporalidad de la ley abrogada, pues dicho acto, insisto, es nulo de pleno derecho y en consecuencia no se pueden destinar recursos públicos al pago de la misma.
SEGUNDO.- Se violan en mi prejuicio las garantías individuales que se otorgan en mi favor en el artículo 14 Constitucional y de manera concomitante se contraviene en mi perjuicio lo dispuesto en el artículo 117 fracción VIII segundo
párrafo de la Constitución General de la República, así como lo dispuesto en el artículo 17 fracción IV y 171 de la Constitución Política del Estado de Coahuila. Efectivamente el artículo 14 Constitucional establece que nadie puede ser privado de sus derechos sino mediante juicio seguido ante autoridad competente en la que se funde y motive la cusa legal del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, resultando obvio que con el acto reclamado se priva al quejoso del derecho que le asiste y que le otorga el artículo 17 fracción IV de la Constitución Local, al reconocerse y ordenarse el pago de una obligación de crédito sin darle oportunidad alguna para oponerse. Efectivamente el artículo 17 en su fracción cuarta establece COMO DERECHO DEL CIUDADANO expresamente: “ rehusar el pago de todo préstamo o contribución que no esté decretado legalmente”, garantía que se encuentra correlacionada con el artículo 171 de dicho cuerpo normativo, el cual prohíbe el pago de cualquier obligación que no esté autorizada por el Congreso, prohibición que corrobora la garantía de oposición que reclamo, pues en principio está obligado el gobierno a no pagar obligaciones no autorizadas, al tiempo que el ciudadano se puede oponer a dicho pago en el caso de que el gobierno no cumpla con sus obligaciones. Siendo destacado que la aprobación del Congreso debe ser oportuna por principio de certeza jurídica, es decir, previa a la contratación de obligaciones y no posterior, en ese sentido, para los efectos del amparo planteado debe analizarse únicamente si se cumplieron oportunamente los requisitos que imponía la ley vigente, y de no haberse cumplido, resulta obvio que la nulidad del acto impide su pago.
TERCERO.- Se violan en mi prejuicio las garantías individuales que se otorgan en mi favor en el artículo 14 Constitucional y de manera concomitante se contraviene en mi perjuicio lo dispuesto en el artículo 117 fracción VIII segundo párrafo de la Constitución General de la República, así como lo dispuesto en el artículo 17 fracción IV en correlación al artículo 171 de la Constitución Política del Estado de Coahuila. Efectivamente el artículo 14 Constitucional establece que nadie puede ser privado de sus derechos sino mediante juicio seguido ante autoridad competente en la que se funde y motive la cusa legal del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, resultando obvio que el acto reclamado se funda en una ley no vigente al momento en el cual se contrató el acto que pretende reconocerse y extinguirse, acto de origen que se contrató en clara contradicción a la dispuesto en el artículo 117 de la Constitución Federal, precepto que dispone expresamente: QUE LOS ESTADOS NO PODRAN CONTRAER DIRECTA O INDIRECTAMENTE OBLIGACIONES O EMPRESTITOS QUE NO ESTEN AUTORIZADOS POR LAS LEGISLATURAS LOCALES EN UNA LEY Y POR LOS CONCEPTOS Y HASTA POR LOS MONTOS QUE LAS MISMAS FIJEN ANUALMENTE, siendo el caso que la deuda de origen jamás se presupuestó ni se aprobó por el Congreso Local, lo cual redunda en una violación clara a la Constitución, pues aún cuando la legislación vigente permita la reestructura o refinanciamiento de deuda adquirida con anterioridad, siempre debe respetar el principio de jerarquía de leyes y temporalidad en la aplicación de la norma, esto precisamente en respeto a las garantías individuales que se otorgan a todo gobernado en el artículo 14 constitucional; por lo que para la reestructura de la deuda adquirida con anterioridad a la entra en vigor de la nueva ley, debió aplicarse la ley vigente al momento en que se contrató la referida deuda, siempre en respeto de los
principios constitucionales, lo que redunda en el hecho de que al no aprobarse el origen y destino de la deuda contratada, tal violación a la constitución provoca la imposibilidad de validar las obligaciones contraídas, pues el principio constitucional citado exige una aprobación previa y no posterior, es decir, no se puede contratar deuda si no está autorizada o aprobada, esa es la orden constitucional, tal precepto no admite excepciones, y en ese sentido tampoco puede ordenarse el pago de una deuda contraída en contravención constitucional. El artículo 117 de la Constitución General de la Republica prohíbe expresamente que se adquiera deuda u obligaciones por parte del gobierno, que no estén aprobadas por la Ley de Ingresos, en consecuencia, si partimos de la base de que el presupuesto de egresos que constituye el acto reclamado tiene por efecto pagar una deuda que se adquirió contraviniendo dicho principio constitucional, su pago no debe tener por efecto suplir sus irregularidades o exonerar de culpas a quienes endeudaron ilegalmente al Estado de Coahuila, por lo cual, si la deuda original se adquirió en violación a la ley, su pago, aún cuando fuera autorizado por el propio Congreso del Estado, debe considerase inconstitucional, por no tener sustento tal obligación en principios legales, sostener lo contrario equivaldría a permitir a los representantes del estado ejecutar de manera ilegal cualquier acto de autoridad y regularizarlo con un acto posterior que solo reconozca dicha obligación y ordene su cumplimiento, aberración que no puede permitirse precisamente por que las autoridades solo pueden hacer aquello que la ley les autorice expresamente, y en consecuencia, un acto de autoridad emitido en contradicción de cualquier norma debe interpretarse como ilegal desde su origen hasta su extinción, siendo que en el caso que planteo, el acto reclamado se emitió en contravención a principios supremos constitucionales que bajo ninguna circunstancia se pueden considerar subsanables por otra ley que contravenga igualmente dicho precepto constitucional, esto aunado a que las deudas o créditos que se pretenden pagar con el acto reclamado, en términos del artículo 22 de la ley vigente a la contratación de deuda, son nulos de pleno derecho.
INCIDENTE DE SUSPENSION Con fundamento en los artículos 124, 124 bis, 130, 131, 132 y 142 de la Ley de Amparo, solicito se me conceda la SUSPENSIÓN PROVISIONAL de los actos reclamados, a efecto que: Solicito se decrete la suspensión provisional del acto reclamado para efecto de que no se destine recurso alguno de carácter público para el pago de deuda ilegal, esto en virtud de que tal acto constituye el consentimiento y validación de una serie de actos ilícitos cometidos por funcionarios públicos en perjuicio de las arcas del estado y del propio patrimonio de los coahuilenses, ya que además de lo ilegal de los contratos objeto de pago, se ha hecho un aumento inusual de impuestos y derechos para solventar la irresponsabilidad de quienes ingresaron recursos de origen ilícito a las cuentas públicas y gastarlos sin autorización alguna del Congreso del Estado.
Se tramite por duplicado el Incidente, se pida a las Responsables su Informe Previo y Justificado, y en su momento resolver se me conceda la Suspensión Definitiva. Se me e x p i d a COPIA CERTIFICADA POR DUPLICADO del proveído en el que se decrete y conceda dicha medida suspensiva, en el concepto de que autorizo para que en mi nombre y representación las recojan, indistintamente los C.C. ROBERTO GERARDO HERRERA HERNANDEZ, PEDRO ALFONSO SALAZAR PICON Y/O ROSALBA BELTRAN QUINTANILLA. Por lo anteriormente expuesto y fundado a este H. Juzgado de Distrito, atentamente solicito: PRIMERO.- Tener al suscrito en mi calidad de ciudadano coahuilense, lo que demuestro con copia simple de mi credencial de elector con fotografía, por interponiendo en tiempo y forma la demanda de garantías a que se contrae el presente ocurso. SEGUNDO.- Se de vista al Ministerio Público Federal por la probable comisión de delitos en la contratación ilegal de deuda pública por parte del Gobierno del Estado de Coahuila. TERCERO.- Previos los trámites de ley dictar Sentencia Definitiva concediendo a favor del quejoso el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión. “PROTESTO LO NECESARIO” SALTILLO, COAHUILA A ____ DE ENERO DE 2012
Amparo Presupuesto de Egresos by Basta Coahuila86 viewsEmbedDownloadDescriptionElaborado por el área jurídica de Claridad y Transparencia A.CElaborado por el área jurídica de Claridad y Transparencia A.CInterests: Types, Business/LawRead on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.Copyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)Download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentShow moreShow less