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Timestamp: 2019-02-19 02:58:45
Document Index: 378859954

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 28', 'artículo 28', 'artículo 28', 'artículo 28', 'artículo 28', 'artículo 58', 'artículo 28', 'artículo 29', 'artículo 28', 'artículo 28']

﻿ SENTENCIA C-746 DE DICIEMBRE 2 DE 1998
SENTENCIA C-746 DE 02 DE DICIEMBRE DE 1998
CONTENIDO:EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL POR LA REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO. SE DECLARAN INEXEQUIBLES LAS EXPRESIONES: "SALVO CUANDO EXISTAN CIRCUNSTANCIAS DE AGRAVACIÓN" Y "O HURTO SIMPLE CON EL QUE CONCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE AGRAVACIÓN", EMPLEADAS, EN SU ORDEN, EN LOS INCISOS PRIMERO Y TERCERO DEL ARTÍCULO 28 DE LA LEY 228 DE 1995.
TEMAS ESPECÍFICOS:CAUSALES DE EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL, PROCESO PENAL, CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, INCIDENTE DE REPARACIÓN INTEGRAL, EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL, CONTRAVENCIÓN, DELITO, REPARACIÓN INTEGRAL A LA VÍCTIMA
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:327 DE MARZO DE 1999, PÁG.492
Sentencia C-746 de diciembre 2 de 1998
Ref.: Expediente D-2093
Santafé de Bogotá, D.C., diciembre 2 de mil novecientos noventa y ocho.
Se transcribe a continuación el texto del artículo 28 de la Ley 228 de 1995, destacando en negrilla el aparte demandado, así:
ART. 28.—Extinción de la acción penal por reparación. En los casos de contravenciones especiales de hurto simple, salvo cuando existan circunstancias de agravación, hurto de uso, hurto entre condueños, estafa, lesiones personales, emisión y transferencia ilegal de cheque, abuso de confianza, aprovechamiento de error ajeno o caso fortuito, sustracción de bien propio y daño en bien ajeno, la acción se extinguirá cuando el inculpado repare integralmente el daño.
Tratándose de contravención de hurto calificado o hurto simple con el que concurran circunstancias de agravación, la reparación integral del daño dará lugar a la disminución de una tercera (1/3) parte de la pena imponible.
Teniendo en cuenta el cargo de inconstitucionalidad formulado por el ciudadano demandante, la intervención del Ministerio de Justicia y del Derecho que defiende la constitucionalidad del aparte normativo acusado, y oído el concepto del Procurador General de la Nación, que pide a la Corte declarar inconstitucional tanto lo demandado como la expresión arriba mencionada del inciso 3º del artículo 28 de la Ley 228 de 1995, corresponde a la Corte analizar lo siguiente:
¿Existe un trato discriminatorio por el legislador, cuando en el artículo 28 de la Ley 228 de 1995 no admite la reparación integral del daño, como mecanismo procesal para la extinción de la acción penal, en los casos de hurto simple, en el evento de ser considerado contravención especial y concurren circunstancias de agravación punitiva?
2.1. En primer término, considera la Corte que es procedente hacer unidad normativa entre la expresión demandada del inciso 1º del artículo 28 de la Ley 228 de 1995 que dice “salvo cuando existan circunstancias de agravación” y la expresión “o hurto simple con el que: concurran circunstancias de agravación” empleada en el inciso 3º de la misma norma.
2.2. Esta corporación, en las oportunidades en que ha revisado la constitucionalidad de algunas normas de la Ley 228 de 1998, ha considerado que compete al legislador, conforme a la cláusula general de competencia, trazar la política criminal del Estado y determinar cuáles conductas constituyen delitos y cuáles contravenciones. Sobre el particular expresó la Corte en la sentencia C-198 de 1997(1), lo siguiente:
De conformidad con lo anterior, el criterio de esta corporación ha sido(2):
2.4. Según las ideas expuestas por la Corte en la sentencia C-394 de 1996, en la libertad de configuración de los delitos y contravenciones el legislador se encuentra sometido a los principios de objetividad, racionalidad, proporcionalidad y finalidad, de modo que si bien goza de cierta autonomía para tipificar los unos y las otras, no puede extremar los elementos propios de las conductas que comportan contravención hasta el punto de darles un tratamiento igual o más severo que a los delitos. En efecto, no le es permitido al legislador v.gr. sancionar con una pena más grave la contravención que el delito, o conceder mejores beneficios procesales a éste que aquélla, ni imponer el juzgamiento de las contravenciones por la vía procesal diseñada para el delito.
2.5. El hurto es un acto punible porque vulnera o pone en peligro el patrimonio económico de los asociados. La propiedad en cualquiera de sus especies, en especial la privada, y los demás derechos adquiridos conforme a la ley se encuentran garantizados por el artículo 58 de la Carta Política. La función asignada al legislador para que éste determine cuándo un comportamiento debe ser considerado como delito o cuándo debe ser tenido como contravención, es una labor en la cual intervienen las diferentes consideraciones socio-económicas y de carácter técnico jurídico, que determinan la política criminal. Sin embargo, la necesidad de la pena y el contenido de la misma, sólo se justifican en función del daño social causado y con arreglo al principio de proporcionalidad.
2.8. Hechas las anteriores precisiones, procede la Corte a pronunciarse sobre la constitucionalidad de los referidos apartes normativos del artículo 28 de la Ley 228 de 1995, en los siguientes términos:
La conducta descrita por el legislador, para el hurto simple (C.P., art. 349), es la misma cuando se está en presencia de un comportamiento catalogado como delito, o contravención especial.
La Corte, luego de contrastar la regulación entre el delito y la contravención especial mencionados, encuentra que cuando concurren en el hurto simple circunstancias de agravación, el legislador hizo más gravosa la situación del hecho contravencional, a pesar de considerarse éste menos dañoso para la sociedad.
La comunidad tiene el derecho de defenderse contra todo tipo de delincuencia, incluyendo la que desarrolla su actividad en las áreas que conforman el espacio público. Las respuestas del legislador, en desarrollo de la política criminal, al fenómeno de la delincuencia callejera, como a cualquier otro tipo de delincuencia, tienen como limitante el precepto del artículo 29 de la Constitución, que acogió el principio de la responsabilidad culpabilista en materia penal.
La culpabilidad es elemento esencial del hecho punible, en la medida en que la responsabilidad penal se basa en el acto o acción ejecutado por el sujeto activo, y no en la mera posibilidad de la acción de éste capaz de producir eventualmente un daño social.
No puede justificarse, por consiguiente, la constitucionalidad de los segmentos acusados, con el argumento de considerar que el fenómeno delincuencial callejero produce temor y atenta contra la seguridad de los integrantes de la comunidad, al impedir a las personas desplazarse libremente por las calles y demás zonas que conforman el espacio público. La idea de la peligrosidad, que envuelve la aludida justificación, se encuentra proscrita de nuestro ordenamiento constitucional, como lo ha sostenido la Corte en diferentes sentencias, al considerar que el constituyente del 91 adoptó un derecho penal de acto, en oposición a un derecho penal de autor.
En síntesis, los segmentos normativos acusados consagran un trato discriminatorio con respecto a las personas que incurren en la contravención especial de hurto simple agravado, en relación con las que son vinculadas a un proceso penal por el delito de hurto simple agravado, pues, al paso que a las primeras no se les permite la extinción de la acción penal por la reparación integral del daño causado a la víctima, sino simplemente la disminución de la pena, a las segundas sí se les admite que puedan acudir al referido mecanismo procesal.
Por las razones anteriores, la Corte declarará inexequibles las expresiones “salvo cuando existan circunstancias de agravación” y “o hurto simple con el que concurran circunstancias de agravación” empleadas, en su orden, en los incisos primero y tercero del artículo 28 de la Ley 228 de 1995.
Declarar INEXEQUIBLES las expresiones “salvo cuando existan circunstancias de agravación” y “o hurto simple con el que concurran circunstancias de agravación”, empleadas, en su orden, en los incisos primero y tercero del artículo 28 de la Ley 228 de 1995.
(1) Sentencia, M.P. Fabio Morón Díaz.
(2) Sentencia C-364/96, M.P. Carlos Gaviría Díaz.
(3) Corte Constitucional. Sala plena. Sentencia C-239/97. M.S. Carlos Gaviria Díaz.