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Timestamp: 2018-02-24 09:45:50
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20150812. CARLOS MALPICA FAUSTOR. ARTÍCULO SOBRE EL DERECHO DEL MAGISTERIO A LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA DE SUS CONDICIONES DE TRABAJO Y EMPLEO | Blog de Carlos MALP ICA FAUSTOR
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Lima, sábado 15 de agosto del 2015
[Artículo publicado por el Diario Nuevo Sol, a partir de su edición del 12 de agosto del 2015]
[Con anotación de fuentes consultadas].
SOBRE EL DERECHO DEL MAGISTERIO A LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA DE SUS CONDICIONES DE TRABAJO Y EMPLEO
I.- LOS CONVENIOS DE LA OIT
Tanto los convenios internacionales que el Perú ha ratificado, como nuestra Constitución, amparan el derecho del Magisterio a la negociación colectiva de sus condiciones de trabajo y empleo. En este artículo expongo, en orden cronológico, un conjunto de notas que pueden ser útiles para un debate.
En 1948 la Asamblea General de la ONU aprueba la “Declaración Universal de Derechos Humanos“, que en su Artículo 23 (…) 4, establece que “Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses”.
En 1981 entra en vigencia el Convenio 151 de la OIT “Convenio sobre las relaciones de trabajo en la administración pública“, en cuyo artículo 1 se establece “1. El presente Convenio deberá aplicarse a todas las personas empleadas por la administración pública, en la medida en que no les sean aplicables disposiciones más favorables de otros convenios internacionales del trabajo”, y en su artículo 7: “Deberán adoptarse, de ser necesario, medidas adecuadas a las condiciones nacionales para estimular y fomentar el pleno desarrollo y utilización de procedimientos de negociación entre las autoridades públicas competentes y las organizaciones de empleados públicos acerca de las condiciones de empleo, o de cualesquiera otros métodos que permitan a los representantes de los empleados públicos participar en la determinación de dichas condiciones”.
En 1983 entra en vigor el Convenio 154 de la OIT “Convenio sobre la negociación colectiva“, en cuyo artículo 1 se establece “(…) 3. En lo que se refiere a la administración pública, la legislación o la práctica nacionales podrán fijar modalidades particulares de aplicación de este Convenio”. Y en su artículo 2, que la expresión negociación colectiva “comprende todas las negociaciones (…) con el fin de: (a) fijar las condiciones de trabajo y empleo, o (b) regular las relaciones entre empleadores y trabajadores“.
II.- LA CONSTITUCIÓN, LA LEY 28175 Y EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En 1993 nuestra Constitución establece, en su artículo 24. “Las remuneraciones mínimas se regulan por el Estado con participación de las organizaciones representativas de los trabajadores y de los empleadores“; en su artículo 26, “En la relación laboral se respetan los siguientes principios: (…) 3. interpretación favorable al trabajador en caso de duda insalvable sobre el sentido de una norma“, y en su artículo 28,“El Estado reconoce los derechos de sindicación, negociación colectiva y huelga. Cautela su ejercicio democrático: 1. Garantiza la libertad sindical. 2. Fomenta la negociación colectiva y promueve formas de solución pacífica de los conflictos laborales. La convención colectiva tiene fuerza vinculante en el ámbito de lo concertado. 3. Regula el derecho de huelga para que se ejerza en armonía con el interés social. Señala sus excepciones y limitaciones”. Y en la cuarta de sus Disposiciones finales y transitorias estipula que “Las normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por el Perú“.
En 2004 la Ley 28175, Ley Marco del Empleo Público, enumera entre las fuentes de derecho en el empleo público: “9. Los convenios colectivos del empleo público”.
En 2005, el Tribunal Constitucional, en la sentencia 008-2005-PI/TC incluye el siguiente fundamento: “54. Por otro lado, una negociación colectiva en el ámbito laboral implica contraponer posiciones, negociar y llegar a un acuerdo real que ambas partes puedan cumplir. En tal sentido, no porque la ley disponga que todo acto relativo al empleo público que tenga incidencia presupuestaria debe estar debidamente autorizado y presupuestado se vulnera el derecho a la negociación colectiva y a la libertad sindical. En efecto, precisamente después de los acuerdos logrados mediante la negociación colectiva, conforme a la legislación vigente para los servidores públicos, los que tengan incidencia económica se podrán autorizar y programar en el presupuesto.
III.- LAS LEYES DE REFORMA MAGISTERIAL Y DEL SERVICIO CIVIL
En 2012 se promulga la Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial, que omite el tema de la negociación colectiva. Sin embargo, en su artículo 2, “Principios”, señala que “El régimen laboral del magisterio público se sustenta en los siguientes principios: (…)d) Principio del derecho laboral. Las relaciones individuales y colectivas de trabajo aseguran la igualdad de oportunidades y la no discriminación, el carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución, y la interpretación más favorable al trabajador en caso de duda insalvable”. Además, en su artículo 41 menciona entre los derechos de los profesores, “k) Libre asociación y sindicalización” (…) “n) Condiciones de trabajo que garanticen calidad en el proceso de enseñanza y aprendizaje, y un eficiente cumplimiento de sus funciones dentro de los alcances de la presente Ley“.
En 2013 se promulga la Ley 30057, Ley del Servicio Civil, en cuya Primera de sus Disposiciones Complementarias y Finales establece: (…) “No están comprendidos en la presente ley (…) los servidores sujetos a carreras especiales“; que “Para los efectos del régimen del Servicio Civil se reconocen como carreras especiales las normadas por (…) d) Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial“, y que “Las carreras especiales (…) se rigen supletoriamente por el artículo III del Tíitulo Preliminar, referido a los principios de la Ley del Servicio Civil“. Dicho artículo señala entre los referidos principios: (…) “e) Provisión presupuestaria.Todo acto relativo al Sistema del Servicio Civil, está supeditado a la disponibilidad presupuestaria, el cumplimiento de las reglas fiscales, la sostenibilidad de las finanzas del Estado, así como a estar previamente autorizado y presupuestado.”
Debe respetarse y ponerse en vigencia el derecho del Magisterio a la negociación colectiva, mediante la legislación y los procedimientos adecuados. El momento es oportuno pues el Ministerio de Educación y el SUTEP deben volver a reunirse pronto, y, por su parte, el Ministerio de Economía y Finanzas debe ultimar el Proyecto de Ley de Presupuesto 2016, en cumplimiento del artículo 78 de la Constitución: “El Presidente de la República envía al Congreso el proyecto de Ley de Presupuesto dentro de un plazo que vence el 30 de agosto de cada año“.
http://www.minedu.gob.pe/politicas/docencia/normatividad.php
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