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Timestamp: 2019-10-16 22:25:02
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Matched Legal Cases: ['artículo 146', 'artículo 146', 'artículo 51', 'artículo 116', 'artículo 148', 'artículo 52', 'artículo 3', 'artículo 146', 'artículo 51', 'artículo 148', 'artículo 52', 'artículo 147', 'artículo 116', 'artículo 148']

﻿ RESOLUCIÓN 187 DE 2000
RESOLUCIÓN 187 DE 03 DE FEBRERO DE 2000
CONTENIDO:SECTOR FINANCIERO. SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA ACCEDER A LA COMPETENCIA DE LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA EN RELACIÓN CON LOS ASUNTOS DE QUE TRATA LA LEY 446 DE 1998.
REVISTA LEGISLACIÓN ECONÓMICA N°:1137 DE FEBRERO 29 DE 2000, PG.316
BOLETÍN N°:493 DE FEBRERO 4 DE 2000
RESOLUCIÓN 187 DE 2000
“Por la cual se establece el procedimiento para acceder a la competencia de la Superintendencia Bancaria en relación con los asuntos de que trata la Ley 446 de 1998”.
en ejercicio de sus atribuciones legales, en especial las que le confiere el parágrafo único del artículo 146 de la Ley 446 de 1998, y
1. Que en los términos del artículo 146 de la Ley 446 de 1998, modificado por el artículo 51 de la Ley 510 de 1999, en aplicación del artículo 116 de la Constitución Política, corresponde a la Superintendencia Bancaria ejercer funciones jurisdiccionales en relación con las controversias que surjan entre las entidades vigiladas por la misma y sus clientes, vinculadas exclusivamente a la ejecución y cumplimiento de las obligaciones contractuales que asuman con ocasión del ejercicio de la actividad financiera, aseguradora o previsional.
2. Que al tenor del inciso tercero de la citada disposición sólo podrán someterse a dicha competencia jurisdiccional los asuntos sin cuantía determinable y aquéllos cuyo valor no exceda de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
3. Que por virtud de lo señalado en el artículo 148 de la Ley 446 de 1998, modificado por el artículo 52 de la Ley 510 de 1999, el procedimiento que utilizará esta superintendencia para los fines descritos será el previsto en la parte primera, libro I, título I del Código Contencioso Administrativo, en especial el correspondiente al ejercicio del derecho de petición en interés particular, y las disposiciones contenidas en el capítulo VIII. En lo no contemplado en dicha normatividad se aplicarán las disposiciones del proceso verbal sumario consagradas en el Código de Procedimiento Civil.
4. Que tal como lo previene el parágrafo único de la misma norma, la Superintendencia Bancaria podrá instruir sobre la manera como deben cumplirse las disposiciones que regulan dicha facultad, para lo cual deberá establecer un procedimiento sencillo y claro de acceso a su competencia, en consideración a lo cual este despacho,
ART. 1º—Establecer el procedimiento que a continuación se describe para efectos del acceso a la competencia de la Superintendencia Bancaria en relación con la facultad jurisdiccional que a la misma se atribuye en los términos de la Ley 446 de 1998.
I. Principios orientadores
De conformidad con lo ordenado por el artículo 3º del Código Contencioso Administrativo, la actuación que en estos casos adelante la Superintendencia Bancaria se desarrollará, en general, con arreglo a las normas de la parte primera de la misma codificación y, en especial, a los siguientes principios, que servirán para resolver las cuestiones que puedan suscitarse en la aplicación de las reglas de procedimiento:
1. Economía. Por virtud de este principio, las normas de procedimiento se utilizarán para agilizar las decisiones; los procedimientos se adelantarán en el menor tiempo y con la menor cantidad de gastos de quienes intervienen en ellos; no se exigirán más documentos y copias que los estrictamente necesarios, ni autenticaciones ni notas de presentación personal sino cuando la ley lo ordene en forma expresa.
2. Celeridad. En desarrollo de este postulado, la Superintendencia Bancaria tendrá el impulso oficioso del procedimiento, suprimirá los trámites innecesarios, utilizará formularios para actuaciones en serie cuando la naturaleza de las mismas lo haga posible, sin que ello la releve de la obligación de considerar todos los argumentos y pruebas de los interesados.
El retardo injustificado es causal de sanción disciplinaria, que se puede imponer de oficio o por queja del interesado, sin perjuicio de la responsabilidad que pueda corresponder al funcionario.
3. Eficacia. A este efecto se tendrá en cuenta que el procedimiento debe lograr su finalidad, removiendo de oficio los obstáculos puramente formales y evitando decisiones inhibitorias. Las nulidades que resulten de vicios de procedimiento podrán sanearse en cualquier tiempo a petición del interesado.
4. Imparcialidad. Atendiendo este postulado, la Superintendencia Bancaria deberá actuar teniendo en cuenta que la finalidad del procedimiento que se establece consiste en asegurar y garantizar los derechos de todas las personas sin ningún género de discriminación. Por consiguiente, deberá darles igualdad de tratamiento, respetando el orden en que actúen ante ella.
5. Publicidad. Por virtud de este principio, la Superintendencia Bancaria dará a conocer sus decisiones acatando el procedimiento previsto al efecto.
6. Contradicción. En desarrollo de este postulado, los interesados tendrán oportunidad de conocer y controvertir esas decisiones por los medios legales.
II. Ámbito de competencia
1. Asuntos a conocer. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 146 de la Ley 446 de 1998, modificado por el artículo 51 de la Ley 510 de 1999, la Superintendencia Bancaria conocerá, por el procedimiento que mediante la presente resolución se establece, de las controversias que surjan entre los clientes y las entidades vigiladas, relacionadas exclusivamente con la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones contractuales que asuman con ocasión del ejercicio de la actividad financiera, aseguradora o previsional, para ser falladas en derecho, con carácter definitivo y con las facultades propias de un juez.
Sin perjuicio de lo anterior, sólo podrán someterse a la competencia jurisdiccional de esta entidad los asuntos sin cuantía determinable y aquéllos cuyo valor no exceda de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
A título simplemente ilustrativo, pueden citarse como asuntos de los que puede conocer esta superintendencia en las condiciones descritas, siempre y cuando su cuantía no exceda de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes, los originados en desarrollo de contratos de cuenta corriente bancaria, depósitos de ahorro o a término, mutuo, apertura de crédito, cartas de crédito, descuento, cajillas de seguridad, leasing o arrendamiento financiero, seguro, afiliación a fondos de pensiones y cesantías, es decir:
a) Asuntos contractuales relacionados con las operaciones activas, pasivas o neutras sin cuantía determinable, y
b) Asuntos contractuales relacionados con la actividad financiera, aseguradora o previsional (operaciones activas, pasivas o neutras), cuyo valor no exceda de cincuenta (50) salarios mínimos legales vigentes mensuales.
Al tenor de la misma norma, la Superintendencia Bancaria no podrá conocer de:
a) Asuntos de naturaleza penal;
b) Pleitos del orden laboral;
c) Procesos de carácter ejecutivo;
d) Litigios que surjan con ocasión del desarrollo del objeto social de la entidad vigilada que no tengan origen en su actividad financiera, como por ejemplo, incumplimientos a contratos de arrendamiento, pago de servicios prestados a proveedores, asesores externos, apoderados externos, etc.;
e) Procesos de índole impositiva, devolución de tributos por concepto de recaudos o del pago o no de servicios públicos como agua, luz, teléfono, recaudo del impuesto predial, de vehículos, industria y comercio, etc..;
f) Procesos relacionados con la actividad financiera, aseguradora o previsional, cuyo valor exceda de cincuenta (50) salarios mínimos legales vigentes mensuales, y
g) Litigios o controversias de naturaleza u origen extracontractual.
El procedimiento que utilizará la Superintendencia Bancaria para los fines en comento será el previsto en la parte primera, libro I, título I del Código Contencioso Administrativo, en especial el correspondiente al ejercicio del derecho de petición en interés particular, y las disposiciones contenidas en el capítulo VIII.
En consecuencia, el trámite respectivo se surtirá con sujeción a las reglas que a continuación se detallan:
1. Solicitud. De conformidad con lo previsto en los artículos 5º y 9º del Código Contencioso Administrativo, las peticiones formuladas a la Superintendencia Bancaria por los clientes de las entidades vigiladas deberán contener, por lo menos:
a) La designación de la autoridad a la que se dirigen, en este caso la Superintendencia Bancaria;
b) Los nombres y apellidos completos del solicitante y de su representante o apoderado, si es del caso, con indicación del documento de identidad y de la dirección;
c) El nombre completo de la entidad vigilada por la Superintendencia Bancaria con la cual se suscitó el respectivo asunto;
d) El objeto de la petición, manifestando expresamente la decisión de someter a conocimiento de la Superintendencia Bancaria el respectivo asunto para que sea fallado en derecho, con carácter definitivo y con las facultades propias de un juez;
e) Una relación de los hechos que sirven de fundamento a la solicitud y las pruebas que se desea hacer valer, y
f) La firma del peticionario.
A la solicitud deben acompañarse los siguientes documentos:
a) El poder respectivo, cuando se actúe por medio de apoderado. Cabe aclarar que para este efecto no es necesario actuar a través de apoderado, pero si se constituye deberá ser abogado inscrito de acuerdo con lo previsto por la ley;
b) La prueba de la representación legal del solicitante, si se trata de persona natural que no puede comparecer por sí misma;
c) La prueba de la existencia de la persona jurídica, cuando sea ella la que figure como solicitante, excepto las entidades territoriales y las entidades públicas de creación constitucional o legal;
d) Copia de la reclamación presentada ante el defensor del cliente o figura similar en la respectiva entidad vigilada, o manifestación de que en la institución no se ha designado defensor o no se mantiene figura análoga;
e) Copia de la decisión adoptada por el defensor del cliente o figura análoga cuando el peticionario no esté de acuerdo con la misma, señalando las razones de inconformidad;
f) Prueba de que la controversia no ha sido resuelta por el defensor del cliente o figura análoga dentro del término señalado en el reglamento interno de la entidad, cuando fuere el caso;
g) Copia del documento mediante el cual el defensor del cliente o figura análoga deniega formalmente la admisión de la reclamación, cuando sea del caso, y
h) Los documentos que estén en poder del solicitante.
2. Competencia a prevención. La Superintendencia Bancaria o el juez competente conocerán a prevención de los asuntos a que acaba de aludirse, y declararán de plano la nulidad de lo actuado inmediatamente cuando tengan conocimiento de la existencia del proceso inicial y ordenarán enviar el expediente a la autoridad que conoce del mismos.
PAR. ÚNICO.—Si no se reúnen los anteriores requisitos así se le expresará al peticionario, indicándole cómo debe subsanarlos.
3. Traslado de la solicitud. Reunidos todos los requisitos antes señalados, se remitirá a la entidad vigilada, fotocopia de la petición junto con sus anexos, utilizando el casillero asignado a la entidad vigilada en la Superintendencia Bancaria, si es del caso.
En caso de no utilizarse el casillero, se enviará por correo a la dirección registrada, conforme el mecanismo previsto para el efecto.
En el oficio remisorio de las pretensiones del cliente, la dependencia competente indicará a la entidad financiera contra la cual se presentó la demanda, qué aspectos o temas concretos deberá comprender la respuesta a suministrar.
Igualmente, al peticionario se le enviará comunicación informándole de la continuación del proceso o de los documentos o informes que se requieren de su parte para el oportuno trámite del mismo.
4. Contestación de la petición. La institución vigilada deberá contestar la demanda dentro del plazo señalado en la comunicación de traslado, el cual es improrrogable, al tratarse de actuación jurisdiccional y no administrativa, de manera que la no respuesta, la no contestación o las explicaciones incompletas o presentadas fuera del término fijado, acarrearán las consecuencias señaladas en el Código de Procedimiento Civil por no contestación de la demanda.
Con la contestación de la demanda, sin excepción alguna, deberán remitirse los antecedentes correspondientes a la actuación adelantada en la defensoría del cliente o figura similar, si la hubiere, junto con el contrato suscrito por el cliente.
En el evento de no existir defensoría o figura análoga, así se deberá expresar. En el evento en que la petición a la defensoría se encuentre en trámite, se indicará la fecha en que concluirá.
5. Pruebas. Para la práctica e incorporación de pruebas al expediente no habrá término especial y servirán de base para la decisión que se adopte en derecho todas aquellas que resulten pertinentes y conducentes para la comprobación de los hechos.
Todas las pruebas que en ejercicio de las funciones de inspección y vigilancia recopile o recaude la Superintendencia Bancaria, como por ejemplo las obtenidas en visitas de inspección o informes de otras autoridades, se podrán aportar y ser objeto de valoración para la decisión jurisdiccional, sin ningún requisito especial o trámite adicional.
6. Adopción de la decisión. Habiendo dado oportunidad a los interesados para expresar sus opiniones y con base en las pruebas e informes disponibles, la Superintendencia Bancaria deberá proferir la decisión definitiva dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha en que se reciba la petición de manera completa. No obstante, en todo el trámite del proceso las notificaciones, los plazos para contestar, la práctica de pruebas y los recursos interpuestos interrumpirán el término establecido para decidir en forma definitiva.
En la decisión se resolverán todas las cuestiones planteadas, tanto inicialmente como durante el trámite.
7. Recursos. De conformidad con lo previsto por el artículo 148 de la Ley 446 de 1998, modificado por el artículo 52 de la Ley 510 de 1999, los actos dictados por la Superintendencia Bancaria en uso de sus facultades jurisdiccionales no tendrán acción o recurso alguno ante las autoridades judiciales.
Con todo, contra la decisión por la cual se declare incompetente procede el recurso de reposición y apelación. La del fallo definitivo será apelable ante el superior jerárquico del funcionario que decidió en primera instancia, conforme se establezca.
8. Cosa juzgada. De acuerdo con lo ordenado por el inciso final del artículo 147 de dicha ley, con base en el artículo 116 de la Constitución Política la decisión jurisdiccional de la Superintendencia Bancaria, una vez ejecutoriada, hará tránsito a cosa juzgada.
ART. 2º—De acuerdo con lo señalado por el inciso primero del artículo 148 de la Ley 510 de 1999, en lo no previsto en el procedimiento que mediante esta resolución se establece se aplicarán las disposiciones pertinentes del Código Contencioso Administrativo y las del proceso verbal sumario consagradas en el procedimiento civil.
Dada en Santafé de Bogotá D.C., a 3 febrero de 2000.