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Timestamp: 2018-01-18 05:46:55
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Matched Legal Cases: ['artículo 32', 'artículo 2', 'artículo 8', 'artículo 44', 'Artículo 259', 'Artículo 21', 'artículo 136', 'artículo 136', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 13', 'Artículo 125', 'artículo 126', 'Artículo 122', 'Artículo 13', 'Artículo 123', 'artículo 13', 'Artículo 29']

Madrid (España), 28 noviembre 2012
Año 9, Núm. 376
[BOE] Instrucción de 2 de octubre de 2012, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre determinados aspectos del plan intensivo de tramitación de los expedientes de adquisición de la nacionalidad española por residencia.
[BOE 13 - 10 - 2012] [Texto completo]
[DOCE] Reglamento de Ejecución (UE) no 933/2012 de la Comisión, de 11 de octubre de 2012, que modifica por 180a vez el Reglamento (CE) no 881/2002 del Consejo por el que se imponen determinadas medidas restrictivas específicas dirigidas contra personas determinadas y entidades asociadas con la red Al-Qaeda
[DOCE 12 - 10 - 2012] [Texto completo]
[BOCG] Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General para facilitar el ejercicio del voto de los españoles en el exterior.
Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [BOCG 15 - 10 - 2012] [Texto completo]
[BOE] Resolución de 8 de octubre de 2012, de la Secretaría General Técnica, sobre aplicación del artículo 32 del Decreto 801/1972, de 24 de marzo, relativo a la Ordenación de la actividad de la Administración del Estado en materia de Tratados Internacionales.
[BOE 17 - 10 - 2012] [Texto completo]
[DOCE] Orientación del Banco Central Europeo, de 10 de octubre de 2012, por la que se modifica la Orientación BCE/2012/18, sobre medidas temporales adicionales relativas a las operaciones de financiación del Eurosistema y la admisibilidad de los activos de garantía
[DOCE 17 - 10 - 2012] [Texto completo]
[DOCE] Decisión 2012/642/PESC del Consejo, de 15 de octubre de 2012, relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Belarús
[BOE] Acuerdo entre el Reino de España y la República de Azerbaiyán sobre supresión recíproca del régimen de visados de corta duración para sus nacionales titulares de pasaportes diplomáticos, hecho en Madrid el 16 de junio de 2011.
[BOE 18 - 10 - 2012] [Texto completo]
[DOCE] Decisión del Consejo, de 10 de octubre de 2012, relativa la celebración del Acuerdo entre la Unión Europea y la República Argelina Democrática y Popular sobre cooperación científica y tecnológica
[DOCE 18 - 10 - 2012] [Texto completo]
[DOCE] Decisión del Consejo, de 10 de octubre de 2012, relativa a la renovación del Acuerdo de cooperación científica y tecnológica entre la Comunidad Europea y la República Federativa de Brasil
[BOE] Orden FOM/2222/2012, de 18 de octubre, por la que se determinan para el año 2011 los costes tipo aplicables a los costes subvencionables regulados en el Real Decreto 170/2009, de 13 de febrero, sobre compensación al transporte marítimo y aéreo de mercancías incluidas en el anexo I del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, con origen o destino en las Islas Canarias.
[BOE 19 - 10 - 2012] [Texto completo]
[BOE] Orden FOM/2223/2012, de 18 de octubre, por la que se determinan para el año 2011 los costes tipo aplicables a los costes subvencionables regulados en el Real Decreto 362/2009, de 20 de marzo, sobre compensación al transporte marítimo y aéreo de mercancías no incluidas en el anexo I del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, con origen o destino en las Islas Canarias.
[DOCE] Decisión del Consejo, de 15 de octubre de 2012, relativa a la firma, en nombre de la Unión, del Acuerdo entre la Unión Europea y la República de Cabo Verde sobre la facilitación de la expedición de visados para estancias de corta duración a los ciudadanos de la República de Cabo Verde y de la Unión Europea
[DOCE 19 - 10 - 2012] [Texto completo]
[BOE] Convenio sobre traslado de personas condenadas entre el Reino de España y la Republica Oriental del Uruguay, hecho en Madrid el 17 de mayo de 2010.
[BOE 22 - 10 - 2012] [Texto completo]
[BOE] Entrada en vigor de la Enmienda al Acuerdo de Servicio de Préstamo de 80.000.000.000 euros entre los siguientes Estados miembros cuya moneda es el euro: el Reino de Bélgica, Irlanda, el Reino de España, la República Francesa, la República Italiana, la República de Chipre, el Gran Ducado de Luxemburgo, la República de Malta, el Reino de los Países Bajos, la República de Austria, la República Portuguesa, la República de Eslovenia y la República de Finlandia y KfW, actuando en interés público, con sujeción a las instrucciones y acogiéndose a la garantía de la República Federal de Alemania, como Prestamistas y la República Helénica como Prestatario, el Banco de Grecia como Agente del Prestatario, hecha en Bruselas el 27 de febrero de 2012 y en Atenas el 24 de febrero de 2012.
[BOE 20 - 10 - 2012] [Texto completo]
[DOCE] Reglamento (UE) no 967/2012 del Consejo, de 9 de octubre de 2012, por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) no 282/2011 en lo que atañe a los regímenes especiales de los sujetos pasivos no establecidos que presten servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión y televisión, o por vía electrónica a personas que no tengan la condición de sujetos pasivos
[DOCE 20 - 10 - 2012] [Texto completo]
[DOCE] Decisión del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, reunidos en el seno del Consejo, de 7 de junio de 2012, relativa a la firma, en nombre de la Unión Europea, y la aplicación provisional del Acuerdo sobre una zona de aviación común entre la Unión Europea y sus Estados miembros y la República de Moldavia
[BOE] Admisión de España en la Organización Internacional para las Migraciones y aceptación de la Constitución de la Organización Internacional para las Migraciones, de 19 de octubre de 1953, Enmendada el 20 de mayo de 1987 y el 24 de noviembre de 1998.
[BOE 23 - 10 - 2012] [Texto completo]
[BOE] Aplicación provisional del Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos sobre supresión recíproca de visados en pasaportes de servicio, hecho en Rabat, el 3 de octubre de 2012.
[BOE 24 - 10 - 2012] [Texto completo]
[BOE] Entrada en vigor del Protocolo de aplicación del Convenio Hispano-Marroquí de Cooperación Científica y Técnica de 8 de noviembre de 1979 entre el Reino de España y el Reino de Marruecos, hecho en Madrid el 2 de julio de 1990, cuya aplicación provisional fue publicada en el Boletín Oficial del Estado núm. 226, de fecha 20 de septiembre de 1990 y corrección de errores núm. 252 de 20 de octubre de 1990.
[BOE 25 - 10 - 2012] [Texto completo]
[DOCE] Reglamento (UE) no 965/2012 de la Comisión, de 5 de octubre de 2012, por el que se establecen requisitos técnicos y procedimientos administrativos en relación con las operaciones aéreas en virtud del Reglamento (CE) no 216/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo
[DOCE 25 - 10 - 2012] [Texto completo]
[DOCE] Información referente a la entrada en vigor de un Acuerdo entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos que establece un mecanismo de solución de diferencias
[DOCE 30 - 10 - 2012] [Texto completo]
[DOCE] Reglamento de Ejecución (UE) no 1002/2012 de la Comisión, de 29 de octubre de 2012, que modifica por 181a vez el Reglamento (CE) no 881/2002 por el que se imponen determinadas medidas restrictivas específicas dirigidas contra determinadas personas y entidades asociadas con la red Al-Qaida
[DOCE] Decisión del Tribunal de Justicia, de 23 de octubre de 2012, relativa a las funciones jurisdiccionales del Vicepresidente del Tribunal de Justicia
[BOE] Ley Orgánica 6/2012, de 30 de octubre, por la que se autoriza la ratificación por España del Tratado de Adhesión a la Unión Europea de la República de Croacia.
[BOE 31 - 10 - 2012] [Texto completo]
[DOCE] Reglamento (UE) no 978/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, por el que se aplica un sistema de preferencias arancelarias generalizadas y se deroga el Reglamento (CE) no 732/2008 del Consejo
[DOCE 31 - 10 - 2012] [Texto completo]
[DOCE] Reglamento (UE, Euratom) no 979/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativo a los Jueces suplentes del Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea
[DOCE] Reglamento de Ejecución (UE) no 927/2012 de la Comisión, de 9 de octubre de 2012, por el que se modifica el anexo I del Reglamento (CEE) no 2658/87 del Consejo, relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común
[BOE] Convenio entre el Reino de España y la República de Corea relativo a la asistencia judicial en materia penal, hecho en Seúl el 23 de marzo de 2009.
[BOE 2 - 11 - 2012] [Texto completo]
[DOCE] Reglamento (UE) no 1014/2012 del Consejo, de 6 de noviembre de 2012, por el que se modifica el Reglamento (CE) no 765/2006 relativo a la adopción de medidas restrictivas con respecto a Belarús
[DOCE 7 - 11 - 2012] [Texto completo]
[DOCE] Reglamento de Ejecución (UE) no 1015/2012 del Consejo, de 6 de noviembre de 2012, que modifica el Reglamento de Ejecución (UE) no 542/2012, por el que se aplica el artículo 2, apartado 3, del Reglamento (CE) no 2580/2001, sobre medidas restrictivas específicas dirigidas a determinadas personas y entidades con el fin de luchar contra el terrorismo
[DOCE] Reglamento de Ejecución (UE) no 1016/2012 del Consejo, de 6 de noviembre de 2012, por el que se aplica el Reglamento (UE) no 267/2012relativo a medidas restrictivas contra Irán
[DOCE] Reglamento de Ejecución (UE) no 1017/2012 del Consejo, de 6 de noviembre de 2012, por el que se aplica el artículo 8 bis, apartado 1, del Reglamento (CE) no 765/2006, relativo a la adopción de medidas restrictivas con respecto a Belarús
[DOCE] Corrección de errores de la Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2011, relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas y por la que se sustituye la Decisión marco 2002/629/JAI del Consejo
[DOCE 8 - 11 - 2012] [Texto completo]
[DOCE] Decisión del Comité Mixto del EEE no 128/2012, de 13 de julio de 2012, por la que se modifica el anexo XI (Comunicación electrónica, servicios audiovisuales y sociedad de la información) del Acuerdo EEE
[DOCE] Decisión del Comité Mixto del EEE no 139/2012, de 13 de julio de 2012, por la que se modifica el Protocolo 31 del Acuerdo EEE, sobre la cooperación en sectores específicos no incluidos en las cuatro libertades
[DOCE] Decisión del Comité Mixto del EEE no 140/2012, de 13 de julio de 2012, por la que se modifica el Protocolo 31 del Acuerdo EEE sobre la cooperación en sectores específicos no incluidos en las cuatro libertades
[DOCE] Decisión del Comité Mixto del EEE no 142/2012, de 13 de julio de 2012, por la que se modifica el Protocolo 31 del Acuerdo EEE, sobre la cooperación en sectores específicos no incluidos en las cuatro libertades
[DOCE] Decisión del Comité Mixto del EEE no 149/2012, de 13 de julio de 2012, por la que se modifica el anexo XVIII (Salud y seguridad en el trabajo, derecho laboral e igualdad de trato para hombres y mujeres) del Acuerdo EEE
[BOE] Modificaciones del Reglamento del Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas, publicado en el "Boletín Oficial del Estado" número 108 de 4 de mayo de 2009, adoptadas por la Asamblea en el segundo período de sesiones (1º extraordinario) en Ginebra del 22 al 29 de septiembre de 2010.
[BOE 12 - 11 - 2012] [Texto completo]
[DOCE] Directiva 2012/32/UE de la Comisión, de 25 de octubre de 2012, por la que se modifica la Directiva 96/98/CE del Consejo sobre equipos marinos
[DOCE 10 - 11 - 2012] [Texto completo]
[BOE] Enmiendas al Anexo III del Convenio de Rotterdam para la aplicación del procedimiento de consentimiento fundamentado previo aplicable a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de comercio internacional, adoptadas en Ginebra el 24 de junio de 2011.
[BOE 13 - 11 - 2012] [Texto completo]
[BOE] Orden ECC/2438/2012, de 1 de octubre, por la que se aprueba el modelo de autoliquidación y pago de la tasa prevista en el artículo 44 del texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio.
[BOE 15 - 11 - 2012] [Texto completo]
[DOCE] Reglamento (UE) no 1067/2012 del Consejo, de 14 de noviembre de 2012, por el que se modifica el Reglamento (CE) no 267/2012 sobre la adopción de medidas restrictivas contra Irán
[DOCE 15 - 11 - 2012] [Texto completo]
[BOE] Modificaciones al Reglamento Común del Acta de 1999 y el Acta de 1960 del Arreglo de La Haya sobre el depósito internacional de dibujos y modelos industriales, publicadas en el Boletín Oficial del Estado número 243 de 8 de octubre de 2011, adoptadas en la 30ª sesión (18ª ordinaria) de la asamblea de la Unión de La Haya, celebrada en Ginebra el 5 de octubre de 2011.
[BOE 19 - 11 - 2012] [Texto completo]
[BOE] Protocolo de Enmienda y de Adhesión del Principado de Andorra al Tratado entre el Reino de España y la República Francesa sobre cooperación transfronteriza entre entidades territoriales hecho en Bayona el 10 de marzo de 1995, hecho en Andorra la Vella el 16 de febrero de 2010.
[BOE 20 - 11 - 2012] [Texto completo]
[DOCE] Directiva 2012/36/UE de la Comisión, de 19 de noviembre de 2012, que modifica la Directiva 2006/126/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre el permiso de conducción
[DOCE 20 - 11 - 2012] [Texto completo]
[BOE] Orden ECC/2502/2012, de 16 de noviembre, por la que se regula el procedimiento de presentación de reclamaciones ante los servicios de reclamaciones del Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.
[BOE 22 - 11 - 2012] [Texto completo]
[DOCE] Decisión de la Comisión, de 21 de noviembre de 2012, por la que se confirma la participación de Lituania en la cooperación reforzada en el ámbito de la ley aplicable al divorcio y a la separación judicial
[DOCE 22 - 11 - 2012] [Texto completo]
[DOCE] Reglamento de Ejecución (UE) no 1082/2012 de la Comisión, de 9 de noviembre de 2012, que modifica el Reglamento (UE) no 185/2010 en lo que se refiere a la validación de seguridad aérea de la UE (1)
[DOCE] Reglamento (UE) no 1099/2012 del Consejo, de 26 de noviembre de 2012, por el que se modifica el Reglamento (UE) no 270/2011, relativo a las medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Egipto
[DOCE 27 - 11 - 2012] [Texto completo]
[DOCE] Reglamento (UE) no 1100/2012 del Consejo, de 26 de noviembre de 2012, por el que se modifica el Reglamento (UE) no 101/2011, relativo a medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Túnez
[TJUE] Eslovaquia no ha infringido el Derecho de la Unión al denegar al Presidente de Hungría la entrada en su territorio
El hecho de que un ciudadano de la Unión ejerza las funciones de Jefe de Estado justifica una limitación, basada en el Derecho internacional, del ejercicio del Derecho a la libre circulación
Invitado por una asociación establecida en Eslovaquia, el Presidente de Hungría, el Sr. László Sólyom, había previsto viajar el 21 de agosto de 2009 a la ciudad eslovaca de Komárno para participar en la ceremonia de inauguración de una estatua de San Esteban. En efecto, el 20 de agosto es un día de fiesta nacional en Hungría en conmemoración de San Esteban, fundador y primer rey del Estado húngaro. Además, el 21 de agosto es una fecha considerada sensible en Eslovaquia, puesto que el 21 de agosto de 1968 las fuerzas armadas de cinco países del Pacto de Varsovia, entre ellas las tropas húngaras, invadieron la República Socialista de Checoslovaquia.
Tras varios intercambios diplomáticos entre las embajadas de los dos Estados miembros respecto de la visita programada del Presidente de Hungría, el Ministro de Asuntos Exteriores eslovaco envió finalmente, el 21 de agosto de 2009, una nota verbal al embajador de Hungría en la República Eslovaca en la que se prohibía al Presidente de Hungría la entrada al territorio eslovaco. Para justificar la referida prohibición, se invocaba, en particular, la Directiva 2004/38, relativa a la libre circulación en el seno de la Unión Europea.
Tras haber sido informado del contenido de dicha nota mientras estaba en camino hacia la República Eslovaca, el Presidente Sólyom acusó recibo de ella en la frontera y renunció a entrar en el territorio de dicho Estado miembro.
Al considerar que la entrada de su Presidente en el territorio eslovaco no podía denegarse sobre la base de la Directiva, Hungría solicitó a la Comisión la interposición ante el Tribunal de Justicia de un recurso por incumplimiento contra Eslovaquia. La Comisión consideró que el Derecho de la Unión no es aplicable a las visitas efectuadas por el Jefe de un Estado miembro al territorio de otro Estado miembro y que, en tales circunstancias, el incumplimiento alegado carecía de fundamento.
A continuación, Hungría decidió interponer, por su propia iniciativa, un recurso por incumplimiento contra Eslovaquia ante el Tribunal de Justicia, tal y como autoriza el Tratado. La Comisión solicitó intervenir en apoyo de las pretensiones de la República Eslovaca.
En su sentencia de hoy, el Tribunal de Justicia señala que, al ser el Sr. Sólyom de nacionalidad húngara, goza del estatuto de ciudadano de la Unión, lo que le confiere el derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros.
No obstante, el Tribunal de Justicia recuerda que el Derecho de la Unión debe interpretarse a la luz de las normas pertinentes de Derecho internacional, dado que dicho Derecho forma parte del ordenamiento jurídico de la Unión y vincula a las instituciones europeas. En este contexto, el Tribunal de Justicia señala que, sobre la base de las normas consuetudinarias del Derecho internacional general, así como de lo dispuesto en los convenios multilaterales, el Jefe de Estado disfruta, en las relaciones internacionales, de un estatuto especial que implica, en particular, privilegios e inmunidades. De este modo, la presencia de un Jefe de Estado en el territorio de otro Estado impone a este último la obligación de garantizar la protección de la persona que tiene dicha función, y ello independientemente de la naturaleza de su estancia.
Por lo tanto, el estatuto de Jefe de Estado presenta una particularidad derivada del hecho de que se rige por el Derecho internacional, con la consecuencia de que sus actos en el plano internacional, como su presencia en el extranjero, están comprendidos en dicho Derecho y, en particular, en el Derecho de las relaciones diplomáticas. Tal particularidad distingue a la persona que disfruta de dicho estatuto de todos los demás ciudadanos de la Unión, de modo que el acceso de dicha persona al territorio de otro Estado miembro no está sujeto a las mismas condiciones que las aplicables a los demás ciudadanos.
Por consiguiente, el hecho de que un ciudadano de la Unión ejerza las funciones de Jefe de Estado justifica una limitación, basada en el Derecho internacional, del ejercicio del derecho de circulación que el Derecho de la Unión confiere a dicha persona. El Tribunal de Justicia declara que el Derecho de la Unión no exige a Eslovaquia garantizar al Presidente de Hungría el acceso a su territorio.
Asimismo, aunque Eslovaquia invocó erróneamente la Directiva 2004/38 como base jurídica para denegar al Presidente húngaro la entrada en su territorio, dicha circunstancia no es constitutiva de un abuso del Derecho en el sentido de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.
En estas circunstancias, el Tribunal de Justicia ha desestimado el recurso de Hungría en su totalidad.
Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, por la que se modifica el Reglamento (CEE) nº 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE (DO L 158, p. 77).
Tan solo es la sexta vez, en la historia de la integración europea, que un Estado miembro interpone directamente un recurso por incumplimiento contra otro Estado. De los cinco asuntos anteriores sólo tres terminaron en sentencia (Francia/Reino Unido, 141/78; Bélgica/España, C‑388/95, véase también el CP nº 36/2000, y España/Reino Unido, C‑145/04, véase asimismo el CP nº 70/06).
Artículo 259 TFUE.
Artículo 21 TFUE y la Directiva 2004/38.
[TJUE] Están prohibidas las prácticas agresivas de los profesionales que crean una falsa impresión en el consumidor de que ha ganado un premio cuando debe incurrir en un gasto para recibirlo.
Tales prácticas están prohibidas aun cuando el gasto impuesto al consumidor sea insignificante en relación con el valor del premio o no confiera ningún beneficio al profesional
El Derecho de la Unión tiene por objeto proteger los intereses económicos de los consumidores, prohibiendo las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores. Concretamente, prohíbe a las empresas crear la falsa impresión de que el consumidor ha ganado ya, ganará, o conseguirá, si realiza un acto determinado, un premio o cualquier otra ventaja equivalente; cuando en realidad la realización de una acción relacionada con la obtención del premio o ventaja equivalente está sujeta a la obligación, por parte del consumidor, de efectuar un pago o de incurrir en un gasto.
En el presente asunto se enfrentan cinco empresas británicas especializadas en publicidad directa y varias personas que trabajaron en tales empresas, por una parte, y la Office of Fair Trading (OFT), encargada de velar por la aplicación en el Reino Unido de la normativa sobre protección de los consumidores, por otra parte, en lo que respecta especialmente a las prácticas realizadas por los profesionales.
La OFT ordenó a estos profesionales que dejaran de realizar las prácticas consistentes en enviar cartas individuales, cupones y otros encartes publicitarios incluidos en periódicos y revistas, mediante los que se informaba al consumidor de que había obtenido un premio o una recompensa, que podía ser de un valor considerable o simplemente simbólico. El consumidor disponía de varias opciones para descubrir su premio y obtener un número de pedido: llamar a un número de teléfono de tarificación incrementada, o bien utilizar un servicio de SMS, o incluso obtener información por vía postal ordinaria (este último método figuraba en un lugar menos destacado). Se informaba al consumidor del coste por minuto y de la duración máxima de la llamada telefónica, pero éste ignoraba que la empresa anunciante percibía determinada cantidad del coste de la llamada.
Tal como expusieron estos profesionales en las observaciones que formularon ante el Tribunal de Justicia, para ellos es importante disponer de bases de datos actualizadas de los participantes que responden a las acciones publicitarias en que se reparten premios, ya que tales datos pueden utilizarse para ofrecer a los consumidores otros productos o cederse a otras empresas que quieran ofrecer sus propios productos.
Se ha planteado al Tribunal de Justicia la compatibilidad de tales prácticas con el Derecho de la Unión y más concretamente si los profesionales pueden imponer un gasto, aunque sea insignificante, a un consumidor al que se ha comunicado que ha ganado un premio.
En la sentencia que hoy dicta, el Tribunal de Justicia considera que el Derecho de la Unión prohíbe las prácticas agresivas mediante las que se crea la impresión de que el consumidor ha ganado ya un premio, cuando éste debe efectuar un pago o incurrir en cualquier gasto para informarse de la clase de premio obtenido o para proceder a su recogida.
El Tribunal de Justicia precisa que tales prácticas están prohibidas aun cuando el gasto impuesto al consumidor sea insignificante (como puede ser el gasto en un sello de correos) en relación con el valor del premio o no confiera ningún beneficio al profesional.
Por otra parte, estas prácticas agresivas están prohibidas incluso si las acciones para obtener el premio pueden realizarse según diversos métodos propuestos al consumidor, aunque alguno de ellos sea gratuito.
Por último, el Tribunal de Justicia declara que los tribunales nacionales deben apreciar la información facilitada a los consumidores a los que se dirigen tales prácticas teniendo en cuenta la claridad de tal información y si es comprensible o no.
Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior (DO L 149, p. 22).
[TJUE] El Derecho de la Unión se opone a una «estabilización» de la relación laboral de empleados públicos con contrato de duración determinada que no tiene en cuenta la antigüedad adquirida
La duración determinada del contrato no constituye una «razón objetiva» que pueda justificar esta exclusión de la antigüedad
El Consiglio di Stato pregunta al Tribunal de Justicia si el «Acuerdo marco» europeo sobre el trabajo de duración determinada se opone a esta norma italiana.
En su sentencia dictada hoy, el Tribunal de Justicia recuerda en primer lugar que el principio de no discriminación enunciado en el Acuerdo marco establece que no se podrá tratar a los trabajadores con contrato de duración determinada de una manera menos favorable que a los trabajadores fijos comparables por el mero hecho de tener un contrato de duración determinada, a menos que se justifique un trato diferente por razones objetivas. El haber adquirido la condición de trabajadores fijos no excluye la posibilidad de prevalerse de este principio, que, por tanto, es aplicable en el caso de autos.
Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada, celebrado el 18 de marzo de 1999, que figura en anexo a la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada (DO L 175, p. 43).
[TJUE] El adelanto radical en la edad de jubilación de los jueces húngaros constituye una discriminación por motivos de edad injustificada.
La Comisión interpuso un recurso por incumplimiento contra Hungría, al considerar que un adelanto tan rápido y radical en la edad obligatoria de jubilación constituye una discriminación por motivos de edad prohibida por la Directiva sobre la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, en perjuicio de los jueces, fiscales y notarios que han alcanzado esa edad en relación con los que pueden permanecer en activo.
[TJUE] El Tribunal de Justicia anula la sentencia del Tribunal General que cancelaba la inclusión de Al-Aqsa en la lista de personas y entidades cuyos activos deben ser congelados Las medidas adoptadas por el Consejo contra Al-Aqsa respetan el Derecho de la Unión en materia de lucha contra el terrorismo
La fundación neerlandesa Al-Aqsa impugna ante los tribunales, desde 2003, su inclusión y su mantenimiento en la lista, elaborada por el Consejo, de personas y entidades cuyos activos deben ser congelados en el ámbito de la lucha contra el terrorismo. Una primera serie de decisiones del Consejo, a través de las cuales éste había incluido y, posteriormente, mantenido a Al-Aqsa en esa lista, fue anulada mediante una sentencia del Tribunal General de 2007 por defecto de motivación. Una segunda serie de medidas del Consejo referidas a los años 2007 a 2009 fue anulada por una sentencia del Tribunal General de 2010 al considerar que los Países Bajos habían derogado la resolución por la que se adoptaban sanciones en materia de terrorismo (Sanctieregeling) contra Al-Aqsa, la cual constituía, en último término, el fundamento de las medidas del Consejo, ya que la inclusión y el mantenimiento en la lista presuponen, en particular, que se haya iniciado una investigación o un proceso nacional o se haya impuesto una sanción al interesado a causa de un acto terrorista.
Por lo que respecta al recurso de casación de los Países Bajos en el asunto C‑550/10 P, el Tribunal de Justicia aprecia que el Tribunal General ha incurrido en un error de Derecho al estimar que, tras la derogación de la Sanctieregeling, había dejado de existir un «sustrato» en el Derecho nacional que justificaba el mantenimiento de Al-Aqsa en la lista, sin tomar debidamente en consideración el motivo de tal derogación. En efecto, esta derogación tenía la única finalidad de evitar un solapamiento entre la medida nacional de congelación de fondos, impuesta por la Sanctieregeling, y la medida de congelación de fondos decidida en el ámbito de la Unión mediante el Reglamento nº 2580/2001 a raíz de la inclusión de Al-Aqsa en la lista. Así, esta derogación tenía como único objetivo cumplir el TFUE, el cual establece que el Reglamento de la Unión será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro, lo cual excluye, en principio, que se adopten o mantengan disposiciones nacionales paralelas. En consecuencia, el Tribunal de Justicia anula la sentencia del Tribunal General.
[TJUE] El plazo de ejercicio de las acciones de indemnización por cancelación de un vuelo se determina conforme a las normas del Derecho nacional de cada Estado miembro
El Sr. X reservó con KLM un vuelo de Shanghái a Barcelona previsto para el 20 de diciembre de 2005. El vuelo fue cancelado y el Sr. X se vio obligado a viajar el día siguiente con otra compañía vía Múnich.
El 27 de febrero de 2009, esto es, más de tres años después, el Sr. X presentó una demanda ante la justicia española contra KLM, reclamando de una compensación de 2.990 euros, más intereses y costas, como indemnización de los perjuicios causados por la cancelación de su vuelo.
En este contexto, KLM alega que la acción había prescrito por haber expirado el plazo de dos años previsto en los Convenios de Varsovia y de Montreal para el ejercicio de acciones de responsabilidad contra los transportistas aéreos.
La Audiencia Provincial de Barcelona, que conoce del asunto, pregunta al Tribunal de Justicia si el plazo para el ejercicio de las acciones de reclamación de la compensación prevista en el Derecho de la Unión es el fijado en el Convenio de Montreal o si se determina conforme a otras disposiciones, en particular, las normas de cada Estado miembro sobre la prescripción de la acción.
En la sentencia que ha dictado hoy, el Tribunal de Justicia considera que el plazo para el ejercicio de las acciones de reclamación de la compensación por cancelación de un vuelo, prevista en el Derecho de la Unión, se determina conforme a las normas de cada Estado miembro sobre la prescripción de la acción.
A este respecto, el Tribunal de Justicia recuerda que, cuando no existe normativa de la Unión en la materia, corresponde al Derecho interno de cada Estado miembro establecer la regulación procesal de las acciones destinadas a garantizar la tutela de los derechos que el ordenamiento jurídico de la Unión confiere a los justiciables. Sin embargo, esta regulación debe respetar los principios de efectividad y de equivalencia en relación con la regulación prevista por el Derecho interno para las situaciones similares.
El Tribunal de Justicia añade que esta apreciación no puede verse cuestionada por las disposiciones de los Convenios de Varsovia y de Montreal, dado que la medida de compensación establecida por el Reglamento nº 261/2004 no se halla comprendida dentro del ámbito de aplicación de dichos Convenios, pese a ser complementaria del régimen de indemnización de daños y perjuicios previsto por aquéllos. En efecto, el Derecho de la Unión establece un régimen autónomo, estandarizado e inmediato, de reparación de los perjuicios constituidos por las molestias que ocasionan los retrasos y las cancelaciones de los vuelos, régimen que corresponde a una etapa anterior a la contemplada por los Convenios de Varsovia y de Montreal.
Reglamento (CE) nº 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) nº 295/91 (DO L 46, p. 1).
Convenio para la unificación de ciertas reglas relativas al transporte aéreo internacional, firmado en Varsovia el 12 de octubre de 1929, en su versión modificada y completada por el Protocolo de La Haya de 28 de septiembre de 1955, el Convenio de Guadalajara de 18 de septiembre de 1961, el Protocolo de Guatemala de 8 de marzo de 1971 y los cuatro Protocolos adicionales de Montreal de 25 de septiembre de 1975.
[TJUE] El Tribunal de Justicia confirma la validez del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE). El Derecho de la Unión no se opone a la celebración y la ratificación del Tratado constitutivo del MEDE por los Estados miembros cuya moneda es el euro
El Consejo Europeo adoptó el 25 de marzo de 2011 la Decisión 2011/199, que prevé insertar en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) una nueva disposición según la cual los Estados miembros cuya moneda es el euro podrán establecer un mecanismo de estabilidad que se activará cuando sea indispensable para salvaguardar la estabilidad de la zona del euro en su conjunto. Esa nueva disposición prevé además que la concesión de toda ayuda financiera necesaria con arreglo al mecanismo se supeditará a condiciones estrictas. Esa modificación del Tratado debía producir efecto al 1 de enero de 2013, a reserva de su aprobación por los Estados miembros de conformidad con sus normas constitucionales.
Los Estados de la zona del euro celebraron a continuación, el 2 de febrero de 2012, el Tratado constitutivo del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), que tiene personalidad jurídica. Pretende movilizar fondos y proporcionar apoyo a la estabilidad, bajo una estricta condicionalidad, adaptada al instrumento de asistencia financiera elegido, a sus miembros que experimenten o corran el riesgo de experimentar graves problemas de financiación. Ese apoyo sólo puede concederse cuando sea indispensable para salvaguardar la estabilidad financiera de la zona del euro en su conjunto y de sus Estados miembros. Con este fin, está facultado para obtener fondos a través de la emisión de instrumentos financieros o mediante la celebración de acuerdos o convenios de índole financiera o de otro tipo con sus propios miembros, entidades financieras u otros terceros. La capacidad de préstamo máxima se ha fijado inicialmente en 500.000 millones de euros. La estricta condicionalidad a la que debe subordinarse todo apoyo podrá adoptar en particular la forma de un programa de ajuste macroeconómico o de la obligación de cumplimiento continuo de las condiciones de elegibilidad preestablecidas.
Ante los tribunales irlandeses el Sr. Pringle, parlamentario irlandés, alegó que la modificación del TFUE por una Decisión del Consejo, y por tanto según el procedimiento de revisión simplificado, es ilegal. En efecto, afirma que ésta implica una modificación de las competencias de la Unión y es incompatible con las disposiciones de los Tratados en los que se fundamenta la Unión Europea relativas a la unión económica y monetaria, y con los principios generales del Derecho de la Unión. Además, el Sr. Pringle alega que, al ratificar, al aprobar o al aceptar el Tratado MEDE, Irlanda asumiría obligaciones incompatibles con esos Tratados.
De esa manera, la Supreme Court (Tribunal Supremo, Irlanda) decidió preguntar al Tribunal de Justicia acerca de la validez de la Decisión 2011/199 del Consejo Europeo y sobre la compatibilidad del MEDE con el Derecho de la Unión. Para disipar con la mayor prontitud la incertidumbre que esas cuestiones originan, el Presidente del Tribunal de Justicia decidió acceder a la petición de la Supreme Court, presentada ante Tribunal de Justicia el 3 de agosto de 2012, de tramitar el presente asunto por el procedimiento acelerado. Además, considerando que este asunto reviste una importancia excepcional, el Tribunal de Justicia decidió atribuirlo al Pleno, integrado por la totalidad de los 27 jueces. La Abogado General J. Kokott presentó su opinión el 26 de octubre de 2012.
En su sentencia de esta fecha el Tribunal de Justicia declara que su examen no ha revelado ningún aspecto que pueda afectar a la validez de la Decisión 2011/199.
Además, el Tribunal de Justicia declara que las disposiciones del TUE y del TFUE así como el principio de tutela judicial efectiva no se oponen a la celebración y la ratificación del tratado MEDE.
Por otro lado, el derecho de un Estado miembro a celebrar y ratificar el Tratado MEDE no está subordinado a la entrada en vigor de la Decisión 2011/199.
Sobre la Decisión 2011/199
Con la Decisión 2011/199, el Consejo hizo uso de la posibilidad de modificar el TFUE por un procedimiento simplificado (es decir, sin convocar una Convención compuesta por representantes de los Parlamentos nacionales, de los Jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros, del Parlamento Europeo y de la Comisión). Ese procedimiento sólo se aplica a las políticas y acciones internas de la Unión (tercera parte del TFUE), y no puede aumentar las competencias atribuidas a la Unión por los Tratados.
Pues bien, según el Tribunal de Justicia, tanto en la forma como el fondo la modificación discutida tiene por objeto las políticas y acciones internas de la Unión, por lo que se cumple la primera de esas condiciones.
En efecto, en primer término la modificación discutida no invade la competencia exclusiva reconocida a la Unión (primera parte del TFUE) en el ámbito de la política monetaria para los Estados miembros cuya moneda es el euro.
Mientras que el objetivo principal de la política monetaria de la Unión es mantener la estabilidad de los precios, el MEDE persigue un objetivo claramente distinto, a saber preservar la estabilidad de la zona del euro en su conjunto. El solo hecho de que esa medida de política económica pueda tener repercusiones indirectas en la estabilidad del euro no permite equipararla a una medida de política monetaria. Por otra parte, los medios previstos para lograr el objetivo pretendido por el MEDE de conceder una ayuda financiera a un Estado miembro no forman parte de manera evidente de la política monetaria.
El MEDE constituye antes bien un aspecto complementario del nuevo marco reglamentario para el reforzamiento de la gobernanza económica de la Unión. Ese marco instaura una coordinación y una supervisión más estrechas de las políticas económicas y presupuestarias desarrolladas por los Estados miembros y trata de consolidar la estabilidad macroeconómica y la viabilidad de las finanzas públicas. Mientras que ese marco es de naturaleza preventiva, dado que está destinado a reducir en cuanto sea posible el riesgo de crisis de la deuda soberana, el establecimiento del MEDE pretende gestionar crisis financieras que, a pesar de las acciones preventivas que se hubieran emprendido, pudieran no obstante surgir. El MEDE está incluido por tanto en el ámbito de la política económica.
En segundo término, la modificación discutida tampoco afecta a la competencia reconocida a la Unión (primera parte del TFUE) en materia de coordinación de las políticas económicas de los Estados miembros.
En efecto, dado que las disposiciones de los Tratados UE y FUE no confieren una competencia específica a la Unión para establecer un mecanismo de estabilidad como el previsto en la Decisión 2011/199, los Estados miembros cuya moneda es el euro son competentes para celebrar entre ellos un acuerdo cuyo objeto es el establecimiento de un mecanismo de estabilidad. Por otro lado, las estrictas condiciones a las que la modificación discutida del TFUE supedita la concesión de una asistencia financiera por el MEDE tratan de garantizar que ese mecanismo respetará en su funcionamiento el Derecho de la Unión, incluidas las medidas adoptadas por la Unión en el marco de la coordinación de las políticas económicas de los Estados miembros.
También se cumple la segunda condición para poder recurrir al procedimiento de revisión simplificado, a saber que la modificación del TFUE no aumenta las competencias atribuidas a la Unión en los Tratados.
En efecto, la modificación discutida no crea ninguna base jurídica con vistas a permitir que la Unión emprenda una acción que no fuera posible antes. Aunque el MEDE recurre a las instituciones de la Unión, en especial la Comisión y el BCE, en cualquier caso esa circunstancia no puede afectar a la validez de la Decisión 2011/199, que únicamente prevé el establecimiento de un mecanismo de estabilidad por los Estados miembros, y guarda silencio sobre cualquier posible función de las instituciones de la Unión en ese marco.
Sobre el Tratado MEDE
El Tribunal de Justicia examina si varias disposiciones del TUE y del TFUE y el principio general de tutela judicial efectiva se oponen a que se celebre entre los Estados miembros cuya moneda es el euro un acuerdo como el Tratado MEDE, cuestión a la que responde negativamente. Se trata más específicamente de disposiciones del TFUE relativas a la competencia exclusiva de la Unión en materia de política monetaria y para celebrar un acuerdo internacional, en segundo término de las disposiciones del TFUE relativas a la política económica de la Unión, y por último de las disposiciones del TUE que obligan a los Estados miembros a una cooperación leal y prevén que cada institución actuará dentro de los límites de las atribuciones que le confieren los Tratados.
En lo que atañe a la competencia exclusiva de la Unión en el ámbito de la política monetaria para los Estados miembros cuya moneda es el euro, el Tribunal de Justicia reitera que esa política pretende mantener la estabilidad de los precios. Ahora bien, las actividades del MEDE no forman parte de esa política.
En efecto, el MEDE no tiene como objetivo mantener la estabilidad de los precios sino que pretende satisfacer las necesidades de financiación de los miembros del MEDE. A tal efecto, el MEDE no está habilitado para fijar los tipos de interés rectores para la zona del euro ni para emitir euros, debiendo financiarse la totalidad de la asistencia financiera que conceda con capital desembolsado o mediante la emisión de instrumentos financieros. Aun suponiendo que las actividades del MEDE pudieran influir en el nivel de la inflación, esa influencia sólo sería la consecuencia indirecta de las medidas de política económica adoptadas.
En cuanto a la competencia exclusiva de la Unión para celebrar un acuerdo internacional cuando esa celebración pudiera afectar a reglas comunes o alterar su alcance, el Tribunal de Justicia aprecia que ninguno de los argumentos que se han aducido en este contexto ha revelado que un acuerdo como el Tratado MEDE tendría tales efectos.
En lo referente a la competencia de la Unión para coordinar la política económica, el Tribunal de Justicia reitera que los Estados miembros son competentes para celebrar entre ellos un acuerdo cuyo objeto es el establecimiento de un mecanismo de estabilidad como el Tratado MEDE, siempre que los compromisos asumidos por los Estados miembros contratantes en el marco de tal acuerdo respeten el Derecho de la Unión. Ahora bien, el MEDE no tiene por objeto la coordinación de las políticas económicas de los Estados miembros sino que constituye un mecanismo de financiación. Además, la estricta condicionalidad a la que debe subordinarse todo apoyo y que podrá adoptar la forma de un programa de ajuste macroeconómico no constituye un instrumento de coordinación de las políticas económicas de los Estados miembros, sino que trata de asegurar la compatibilidad de las actividades del MEDE, en especial, con la cláusula de «no rescate» del TFUE y con las medidas de coordinación adoptadas por la Unión. Además, el Tratado MEDE tampoco afecta a la competencia del Consejo de la Unión para emitir recomendaciones dirigidas a un Estado miembro que incurra en un déficit excesivo.
En particular, la competencia del Consejo para acordar una ayuda financiera de la Unión a un Estado miembro en caso de dificultades o en caso de serio riesgo de dificultades graves, ocasionadas por catástrofes naturales o acontecimientos excepcionales que dicho Estado miembro no pudiere controlar, no se opone a que los Estados miembros establezcan un mecanismo de estabilidad como el MEDE, siempre no obstante que ese mecanismo respete en su funcionamiento el Derecho de la Unión y en especial las medidas adoptadas por la Unión en el ámbito de la coordinación de las políticas económicas de los Estados miembros. Pues bien, el Tratado MEDE contiene disposiciones que precisamente tratan de asegurar que toda asistencia financiera concedida por el MEDE será compatible con esas medidas de coordinación.
La prohibición de que el Banco Central Europeo y los bancos centrales de los Estados miembros autoricen descubiertos o concedan cualquier otro tipo de créditos en favor de las autoridades y organismos públicos de la Unión y de los Estados miembros, así como de que adquieran directamente a los mismos instrumentos de deuda, no se elude por el MEDE. En efecto, esa prohibición se dirige específicamente al BCE y a los bancos centrales de los Estados miembros. La concesión de una asistencia financiera por un Estado miembro o por un conjunto de Estados miembros a otro Estado miembro, directamente o a través del MEDE, no está incluida en esa prohibición.
La cláusula de «no rescate», según la cual la Unión o un Estado miembro no asumirá los compromisos de otro Estado miembro ni responderá de ellos, no se propone prohibir a la Unión y a los Estados miembros la concesión de toda forma de asistencia financiera a otro Estado miembro. Esa cláusula trata antes bien de asegurar que los Estados miembros observen una política presupuestaria sana, garantizando que, cuando contraigan deudas, permanezcan sujetos a la lógica del mercado. Por tanto, no prohíbe la concesión de una asistencia financiera por uno o varios Estados miembros a un Estado miembro que siga siendo responsable de sus propios compromisos frente a sus acreedores, siempre que las condiciones asociadas a esa asistencia sean apropiadas para incitarle a poner en práctica una política presupuestaria sana. Pues bien, el MEDE, y los Estados miembros que participan en éste, no asumen los compromisos de un Estado miembro beneficiario de un apoyo a la estabilidad y no responden tampoco de ellos, en el sentido de la cláusula de «no rescate».
Dado que el MEDE no vulnera las disposiciones del TFUE relativas a la política económica y monetaria, y prevé garantías de que el MEDE respetará el Derecho de la Unión en el ejercicio de sus funciones, tampoco vulnera el principio de cooperación leal según el cual los Estados miembros se abstendrán de toda medida que pueda poner en peligro la consecución de los objetivos de la Unión.
Por otra parte, el Tribunal de Justicia aprecia que la atribución por el Tratado MEDE de nuevas funciones a la Comisión, al BCE y al Tribunal de Justicia es compatible con sus atribuciones según las definen los Tratados. El Tribunal de Justicia destaca en especial que las tareas confiadas a la Comisión y al BCE en el marco del Tratado MEDE no comprenden ninguna potestad decisoria propia y que las actividades ejercidas por esas dos instituciones en el marco del mismo Tratado sólo vinculan al MEDE. En lo que atañe al Tribunal de Justicia, éste observa que es competente para pronunciarse sobre cualquier controversia entre Estados miembros relacionada con el objeto de los Tratados si dicha controversia le es sometida en virtud de un compromiso, y que nada impide que el acuerdo a ese efecto se manifieste previamente, mediante referencia a una categoría de controversias definidas de antemano.
El Tribunal de Justicia aprecia además que el principio general de tutela judicial efectiva tampoco se opone al MEDE. En efecto, los Estados miembros no aplican el Derecho de la Unión al establecer un mecanismo de estabilidad como el MEDE, para cuyo establecimiento los Tratados UE y FUE no atribuyen ninguna competencia específica a la Unión, de modo que no se aplica la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que garantiza a toda persona una tutela judicial efectiva.
Sobre la celebración y la ratificación del MEDE antes de la entrada en vigor de la Decisión 2011/199
La modificación del TFUE por la Decisión 2011/199 confirma la existencia de una competencia propia de los Estados miembros. Así pues, dado que esa Decisión no atribuye así ninguna competencia nueva a los Estados miembros, el derecho de un Estado miembro a celebrar y ratificar el Tratado MEDE no está subordinado a la entrada en vigor de esa Decisión.
Decisión 2011/199/UE del Consejo Europeo, de 25 de marzo de 2011, que modifica el artículo 136 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en relación con un mecanismo de estabilidad para los Estados miembros cuya moneda es el euro (DO L 91, p. 1).
El nuevo apartado 3 del artículo 136 TFUE.
Bélgica, Alemania, Estonia, Irlanda, Grecia, España, Francia, Italia, Chipre, Luxemburgo, Malta, los Países Bajos, Austria, Portugal, Eslovenia, Eslovaquia y Finlandia.
El Tratado de la Unión Europea (TUE) y el TFUE.
Auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 4 de octubre de 2012.
Artículos 3 TFUE, apartado 1, letra c), y 127 TFUE.
Artículo 3 TFUE, apartado 2.
Artículos 2 TFUE, apartado 3, 119 TFUE a 123 TFUE, 125 TFUE y 126 TFUE.
Artículo 4 TUE, apartado 3.
Artículo 13 TUE.
Artículos 2 TFUE, apartado 3, 119 TFUE a 121 TFUE y 126 TFUE.
Artículo 125 TFUE.
Con fundamento en el artículo 126 TFUE, apartados 7 y 8.
Artículo 122 TFUE, apartado 2.
Artículo 13, apartados 3, párrafo segundo, y 4, del Tratado MEDE
Artículo 123 TFUE.
Véase al respecto el artículo 13 TUE.
[TJUE] La publicación en tres lenguas de los anuncios de concurso de la Unión Europea y la obligación de realizar las pruebas de selección en una de esas lenguas constituyen una discriminación por razón de la lengua. La limitación de la elección de la segunda lengua de un concurso debe basarse en criterios claros, objetivos y previsibles
En febrero y en mayo de 2007, el organismo EPSO, responsable de la organización de los procedimientos de selección de los funcionarios de la Unión, publicó anuncios de concurso para seleccionar administradores y asistentes en el campo de la información, la comunicación y los medios de comunicación. Estos anuncios se publicaron en alemán, francés e inglés en el Diario Oficial de la Unión Europea («DOUE»). Por lo que se refiere a la admisión y al desarrollo de las pruebas de acceso, se exigían un excelente conocimiento de una de las lenguas oficiales de la Unión, como lengua principal, y un conocimiento satisfactorio del alemán, el inglés o el francés, como segunda lengua obligatoriamente distinta de la lengua principal. Además, se establecía que las convocatorias, la correspondencia entre la EPSO o la secretaría del tribunal y los candidatos y las pruebas de acceso sólo se realizarían en alemán, en inglés o en francés. Se establecían las mismas condiciones para la admisión a las pruebas escritas y para el desarrollo de éstas.
En junio y julio de 2007, la EPSO publicó dos modificaciones en el DOUE en todas las versiones lingüísticas, remitiéndose expresamente a la versión íntegra de los anuncios ya publicados en alemán, inglés y francés y reabriendo el plazo de presentación de candidaturas.
Italia interpuso un recurso de anulación de estos anuncios ante el Tribunal General. Dicho Estado criticó, en esencia, la falta de publicación íntegra de los anuncios en las lenguas oficiales distintas del alemán, el inglés y el francés, y la limitación, a su juicio arbitraria, a sólo tres lenguas de la elección de la segunda lengua para participar en los concursos, para la comunicación con la EPSO y para el desarrollo de las pruebas.
En su sentencia de hoy, el Tribunal de Justicia examina, en primer lugar, la falta de publicación íntegra de los anuncios en todas las lenguas oficiales. Recuerda que el régimen lingüístico de la Unión Europea define como lenguas oficiales y lenguas de trabajo de las instituciones de la Unión a las 23 lenguas actuales de la Unión, que el DOUE debe publicarse en todas las lenguas oficiales y que, según el Estatuto de los Funcionarios de la Unión, los anuncios de concurso general deben publicarse en el DOUE.
En consecuencia, la combinación de estas normas implica que los anuncios de concurso en cuestión debieron haber sido publicados íntegramente en todas las lenguas oficiales. Dado que dichas disposiciones no establecen excepciones, el Tribunal General incurrió en un error de Derecho al declarar que la publicación posterior de las modificaciones puso fin a la falta de publicación íntegra.
En cualquier caso, partiendo del presupuesto de que los ciudadanos de la Unión Europea lean el DOUE en su lengua materna y que dicha lengua sea una de las lenguas oficiales de la Unión, un candidato potencial cuya lengua materna no fuera una de las lenguas de la publicación íntegra de los anuncios debía conseguir el DOUE en una de estas lenguas y leerlo en dicha lengua antes de decidir si deseaba presentar su candidatura a alguno de los concursos. Por tanto, tal candidato se encontraba en una situación de desventaja en relación con un candidato cuya lengua materna fuera el alemán, el inglés o el francés, tanto por lo que se refiere a la correcta comprensión de estos anuncios como en lo relativo al plazo para preparar y enviar su candidatura.
En segundo lugar, el Tribunal de Justicia examina la limitación de la elección de la segunda lengua para participar en un concurso. Afirma que tal limitación puede estar justificada por el interés del servicio. Según el Tribunal de Justicia, las reglas que limitan la elección de la segunda lengua deben establecer criterios claros, objetivos y previsibles, a fin de que los candidatos puedan saber, con suficiente antelación, cuáles son los requisitos lingüísticos que se exigen, y poder prepararse para los concursos en las mejores condiciones.
Ahora bien, las instituciones afectadas por el concurso no adoptaron nunca reglas internas que determinasen las modalidades de aplicación del régimen lingüístico en su seno. La Comisión tampoco invocó que existiesen otros actos, como comunicaciones, que estipulasen los criterios que rigen la limitación de la selección de lenguas como segunda lengua para participar en concursos. Por último, los anuncios en cuestión no contenían ninguna motivación que justificara la elección de las tres lenguas seleccionadas.
Para que las instituciones puedan asegurarse de que seleccionan a los mejores candidatos (en términos de competencia, de rendimiento y de integridad), puede ser preferible que éstos estén autorizados a realizar las pruebas de selección en su lengua materna o en la segunda lengua que consideren dominar mejor. Por otro lado, los conocimientos lingüísticos son un elemento esencial de la carrera de los funcionarios y las instituciones pueden controlar los esfuerzos que realizan los funcionarios para ponerlos en práctica y adquirir en su caso otros nuevos. Por tanto, incumbe a las instituciones buscar un equilibrio entre, por un lado, la limitación del número de lenguas de los concursos, y, por otro, el objetivo de identificar a los candidatos que posean las más altas cualidades de competencia y las posibilidades de aprendizaje por parte de los funcionarios seleccionados de las lenguas necesarias para el interés del servicio.
En consecuencia, el Tribunal de Justicia anula la sentencia del Tribunal General. Resolviendo definitivamente el litigio, anula también los anuncios de concursos generales. En cambio, a fin de proteger la confianza legítima de los candidatos seleccionados, no se pondrán en tela de juicio los resultados de los concursos.
Oficina Europea de Selección de Personal, creada por la Decisión 2002/620/CE del Parlamento Europeo, del Consejo, de la Comisión, del Tribunal de Justicia, del Tribunal de Cuentas, del Comité Económico y Social, del Comité de las Regiones y del Defensor del Pueblo Europeo, de 25 de julio de 2002 (DO L 197, p. 53).
Se trata, concretamente, de los concursos EPSO/AD/94/07, EPSO/AST/37/07 y EPSO/AD/95/07.
Reglamento nº 1 del Consejo, de 15 de abril de 1958, por el que se fija el régimen lingüístico de la Comunidad Económica Europea (DO 1958, 17, p. 385; EE 01/01, p. 8).
Todo recurso en la materia regulada por la Decisión 2002/620/CE se interpondrá contra la Comisión.
Sentencia del Tribunal General de 13 de septiembre de 2010, Italia/Comisión, dictada en los asuntos acumulados T‑166/07 y T‑285/07.
Búlgaro, español, checo, danés, alemán, estonio, griego, inglés, francés, irlandés, italiano, letón, lituano, húngaro, maltés, neerlandés, polaco, portugués, rumano, eslovaco, esloveno, finés, sueco.
Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas, en su versión modificada por el Reglamento (CE, Euratom) nº 723/2004 del Consejo, de 22 de marzo de 2004 (DO L 124, p. 1).
[TS][Social] Embargo de cuenta de una embajada extranjera por un proceso de despido.
La sentencia recurrida, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 8-6-2011 (1670/2011 ), resuelve el recurso de suplicación construido sobre un único motivo de censura jurídica, formulado por la Embajada de Chile contra el auto que desestima el recurso de reposición planteado frente a la decisión judicial de proceder al embargo de determinadas cantidades existentes en diversas cuentas corrientes de las que es titular la indicada Embajada de Chile, en proceso de ejecución derivado de proceso por despido del actor.
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El presidente catalán asume las dificultades legales de celebrar el referéndum y amenaza con llevar el "conflicto" a Bruselas si Rajoy lo prohíbe. "No haremos una consulta para perderla", asegura [15 - 10 - 2012] [Texto completo]
Una misión del FMI llega a Madrid para supervisar el rescate bancario
Los técnicos del Fondo permanecerán en España hasta el 26 de octubre. Sus informes servirán como recomendaciones a los líderes del euro [15 - 10 - 2012] [Texto completo]
Las nuevas reglas de Google no son conformes con la protección de datos de la UE
La nueva política de privacidad de Google, implementada el 1 de marzo, no está "en conformidad" con la legislación europea de protección de datos de carácter personal y deberá ser "cambiada", según afirmaron conjuntamente las 27 autoridades europeas de protección (el grupo denominado G29, o grupo de trabajo del Artículo 29). [16 - 10 - 2012] [Texto completo]
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El Rey Juan Carlos I no puede moverse con absoluta libertad por la Unión Europea. Ni François Hollande desde que ocupa la Presidencia de la República francesa. Ni el resto de Jefes de Estado en los 27 países de la Unión. Así lo determina una sentencia dictada hoy por el Tribunal de Justicia de la UE en Luxemburgo. [16 - 10 - 2012] [Texto completo]
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Las autoridades comunitarias exigen a las entidades nacionalizadas que van a recibir dinero europeo que incluyan en sus planes de reestructuración -que se están estudiando ahora en Bruselas- el fin de todos los negocios que no sean el básico de banca minorista (créditos y depósitos de particulares). Eso significa que BFA-Bankia, NovaGalicia, CatalunyaCaixa y Banco de Valencia tendrán que vender el resto de áreas en que operan en la actualidad si encuentran un comprador para ellas a un precio aceptable; en caso contrario, tendrán que reducirlas a la mínima expresión e incluso cerrarlas, según fuentes de las entidades afectadas. [16 - 10 - 2012] [Texto completo]
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Traigo a los lectores de Café Steiner una reflexión que publico hoy en una tribuna en el diario Financial Times (Europe must show Spain it is the solution) a propósito de la posibilidad de que España pida o no un rescate. [17 - 10 - 2012] [Texto completo]
Uruguay volvió este miércoles a ponerse a la vanguardia en temas sociales en América Latina con la aprobación definitiva en el Parlamento de una ley que despenaliza el aborto hasta la semana 12 de gestación por la sola decisión de la mujer, siempre que se realice bajo la supervisión del Estado. [18 - 10 - 2012] [Texto completo]
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Carrascosa, del FROB asegura que "no habrá subida de precios inmobiliarios en un año ni dos ni tres" [18 - 10 - 2012] [Texto completo]
Berlín impone un retraso para la unión bancaria que perjudica a España
Los Veintisiete acuerdan en torno a la medianoche poner en marcha el supervisor único a lo largo de 2013. La recapitalización directa de los bancos que quiere Rajoy no funcionará hasta 2014 [19 - 10 - 2012] [Texto completo]
INFORME sobre el Anteproyecto de Ley por la que se incorporan al ordenamiento jurídico español las Directivas 2010/84/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 2010, sobre farmacovigilancia, y 2011/62/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, sobre prevención de la entrada de medicamentos falsificados en la cadena de suministro legal, y se modifica la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios.
Se trata del marco legal que regula, entre otras materias, la evaluación, autorización, registro, fabricación, almacenamiento, distribución y farmacovigilancia de los medicamentos, que hacen posible garantizar la seguridad, calidad y eficacia de los mismos. El objetivo principal es ofrecer nuevas garantías de calidad de los fármacos y mejorar la transparencia y comunicación en las decisiones que tienen relación con la seguridad de los medicamentos.
Desde la aprobación de esta norma, hace ya seis años, se han producido diferentes avances en farmacovigilancia y protección ante el riesgo de entrada de medicamentos falsificados, entre otras materias. Por ello, el Anteproyecto incorpora dos Directivas comunitarias de 2010 y 2011 sobre estas materias. Asimismo, actualiza el régimen de infracciones y sanciones en materia de productos sanitarios y de productos cosméticos.
[22 - 10 - 2012] [Texto completo]
Caen de forma notable las entradas de irregulares
La entrada irregular de inmigrantes a Europa cae en picado en 2012. Según datos de la Agencia Europea de Control de Fronteras (Frontex), a los que ha tenido acceso la Cadena SER, 44.200 personas han sido interceptadas cruzando irregularmente a Europa hasta finales de agosto. U 50% menos con respecto al año pasado. [22 - 10 - 2012] [Texto completo]
La oficina estadística de la UE, Eurostat, ha revisado este lunes al alza hasta el 9,4% del PIB -en lugar del 8,5% previamente estimado- el déficit público de España el año pasado. La corrección se produce tras contabilizar las ayudas a Catalunya Caixa, Novagalicia y Unnim y facturas impagadas del Gobierno central, comunidades autónomas y ayuntamientos. Eurostat eleva además el déficit de 2010 del 9,3% al 9,7% por las facturas impagadas previamente no contabilizadas. [22 - 10 - 2012] [Texto completo]
Estrasburgo admite a trámite el recurso del Gobierno contra la sentencia de la Parot
La Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha admitido a trámite el recurso presentado por el Gobierno contra la sentencia que condenó a España a indemnizar a la miembro de ETA Inés del Río por considerar que se vulneraron sus derechos al aplicarle la denominada doctrina Parot. [23 - 10 - 2012] [Texto completo]
La movilización de opositores y líderes religiosos contra la norma consiguen que el Gobierno también deje de lado la procreación asistida para parejas gays [23 - 10 - 2012] [Texto completo]
Intuitivo, creativo y global: así será el abogado del futuro
Directores jurídicos de multinacionales, gestores de grandes firmas y expertos internacionales debaten el futuro de la profesión legal. Mayor conocimiento del negocio y más valor al cliente, otras recetas clave. [24 - 10 - 2012] [Texto completo]
El Ayuntamiento de Birmingham no abonó a 174 trabajadoras las bonificaciones que sí dio a sus compañeros [25 - 10 - 2012] [Texto completo]
Bruselas exige que la banca con ayudas despida con 20 días por año
Poco a poco Bruselas va imponiendo su criterio en la reforma del sector financiero. Dentro de la fuerte reestructuración del balance que reclama a las entidades con capital público -superior al 40%- exige que en los ajustes de plantilla se aplique directamente la reforma laboral, 20 días por año trabajador con un tope de 12 mensualidades. [25 - 10 - 2012] [Texto completo]
Las autoridades chinas han bloqueado el acceso a la web del diario estadounidense The New York Times a raíz de que el periódico publicara un artículo en exclusiva acusando al primer ministro de China, Wen Jiabao, de haber acumulado una enorme fortuna (2.700 millones de dólares/ 2.088 millones de euros) durante su gobierno. [26 - 10 - 2012] [Texto completo]
Ventanilla 2.0 para tramitar nacionalidades
El Ministerio de Justicia prevé resolver antes de finales de año las 425.000 peticiones de extranjeros que estaban bloqueadas desde hace dos años y medio [26 - 10 - 2012] [Texto completo]
Economía eximirá de pagar impuestos a los inversores extranjeros que entren en el SAREB
Hacienda prepara un régimen fiscal con diferentes mecanismos de bonificación y supresión tributaria para facilitar la operativa de la nueva Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB). Dentro de las enmiendas que serán introducidas en el Real Decreto de creación del banco malo, la medida estrella apunta a la exención del Impuesto sobre la Renta de no Residentes. El objetivo es atraer como sea a socios extranjeros que legitimen con su participación un proyecto que el Gobierno necesita convalidar con la más amplia mayoría de capital privado. [26 - 10 - 2012] [Texto completo]
Son condiciones muy difíciles de cumplir por parte de España: el Gobierno de Rajoy sabe ya que Bruselas ultima un pliego de medidas que el Ejecutivo tendrá que cumplir si acude al Fondo del Rescate Europeo, y está negociando para intentar retrasar, lo máximo posible, su aplicación. [26 - 10 - 2012] [Texto completo]
Alemania ha logrado que los líderes europeos retrasen hasta 2014 la puesta en marcha del supervisor bancario único. La canciller Angela Merkel no está dispuesta a mostrar la mala situación que atraviesan los bancos alemanes antes de las elecciones. Tampoco a que España se vaya de rositas sin pagar los efectos de la burbuja inmobiliaria. [29 - 10 - 2012] [Texto completo]
La Comisión Europea comparte con el Gobierno su postura respecto a una posible independencia de Cataluña y sus implicaciones en la UE. En una carta enviada por la vicepresidenta y titular de Justicia, Viviane Reding, al secretario de Estado para la Unión Europea, Íñigo Méndez de Vigo, sostiene que una Cataluña independiente quedaría automáticamente fuera de la UE y por tanto España tendría la última palabra para poder aceptar su posterior entrada en el club comunitario. [30 - 10 - 2012] [Texto completo]
Las salidas de capital de España se multiplican por 620 en un año
Ascienden a 247.172,7 millones en los ocho primeros meses de 2012, según publica el Banco de España [31 - 10 - 2012] [Texto completo]
Almunia: Si una parte de un Estado miembro se separase, esa parte quedaría fuera
El vicepresidente de la Comisión Europea y Comisario de la Competencia, Joaquín Almunia, ha advertido este lunes que si una parte del territorio de un Estado miembro se separase, esa parte quedaría fuera y tendría que volver a empezar los trámites para ingresar en la Unión Europea. [5 - 11 - 2012] [Texto completo]
La justicia australiana condena a S&P por dar la triple A a un derivado
La justicia australiana ha dado la razón a un grupo de ayuntamientos que perdieron 16 millones de dólares australianos con la compra de Fondos Rembrandt, un producto financiero creado por ABN AMRO que recibió la triple A por parte de Standard & Poor's (S&P). [5 - 11 - 2012] [Texto completo]
Bruselas no ve brotes verdes por ningún lado y prevé una caída del PIB en 2013 del 1,5%, el triple de lo pronosticado por el Ejecutivo español. El déficit seguirá disparado hasta 2014 [6 - 11 - 2012] [Texto completo]
El primer presidente negro de EEUU ha sobrepasado ya los 300 votos electorales necesarios para asegurarse la reelección. Su victoria no fue tan apabullante como en 2008, pero el candidato demócrata se impuso con claridad a Mitt Romney. Ha vencido en batallas clave como Ohio, Winsconsin y Iowa. [7 - 11 - 2012] [Texto completo]
París aliviará las cargas empresariales con un aumento del IVA y con recorte del gasto público
El Gobierno francés quiere aliviar las cargas de las empresas con una reducción de impuestos de 20.000 millones repartidos en tres años pero sólo a partir de 2014. [7 - 11 - 2012] [Texto completo]
La destrucción de empleo será de unos 500.000 puestos de trabajo en 2013. La tasa de paro será la mayor de toda la UE [8 - 11 - 2012] [Texto completo]
El reportaje explica que cientos de pisos son desalojados a diario mientras dos millones de viviendas están vacías [12 - 11 - 2012] [Texto completo]
Ejecutivos de las compañías Starbucks, Amazon y Google comparecieron ante una comisión del Parlamento británico este lunes que investiga la presunta evasión de impuestos de varias multinacionales en el Reino Unido. [13 - 11 - 2012] [Texto completo]
Los 40 bufetes con mejores abogados en sus filas
Cuatrecasas, Gonçalves Pereira vuelve a ser este año el bufete del Derecho de los negocios que atesora un mayor número de abogados, un total de 147, en el ránking de “Best Lawyers”. [13 - 11 - 2012] [Texto completo]
La CE determina que España ha tomado medidas efectivas contra el déficit y no exigirá más ajustes
La Comisión Europea (CE) ha determinado este miércoles que el Gobierno español ha tomado "medidas efectivas" para reducir el déficit público durante 2012 y 2013 y restaurar la sostenibilidad de sus finanzas públicas y ha anunciado que no exigirá medidas adicionales. [15 - 11 - 2012] [Texto completo]
El rescate de España ya tiene fecha: el Gobierno lo pedirá en enero.
Rajoy se niega a pedirlo en diciembre y febrero es tarde por las elecciones de Merkel en Alemania [15 - 11 - 2012] [Texto completo]
Bruselas y la banca limitan la reforma de la ley de los desahucios
Las presiones al Gobierno acotan los cambios. Sin acuerdo con el PSOE, el Ejecutivo se abre a negociar puntos de la norma [16 - 11 - 2012] [Texto completo]
Garzón dice que detener a Assange en una posible salida al hospital sería ilegal
El exjuez español Baltasar Garzón, abogado del fundador de Wikileaks, Julian Assange, dijo este jueves que sería ilegal si el Reino Unido aprovechara una eventual salida al hospital de su defendido para detenerle, aunque aclaró que su situación médica no es "alarmante". [16 - 11 - 2012] [Texto completo]
El exdirector de la CIA comparece este viernes en el Congreso en una audiencia a puerta cerrada sobre Libia que ha generado máxima expectación [16 - 11 - 2012] [Texto completo]
Los activos en el extranjero de más de 50.000 euros deberán declararse
La obligación de informar sobre los bienes en el extranjero afectará a contribuyentes con activos superiores a 50.000 euros en lugar de los 20.000 euros que indicó Hacienda en un primer momento. [16 - 11 - 2012] [Texto completo]
Los abogados europeos denuncian que los recortes en justicia son perjudiciales
La Asociación de Magistrados Europeos presenta una queja formal ante la Comisión Europea contra los Estados miembros que han aplicado recortes drásticos en los servicios públicos de justicia [16 - 11 - 2012] [Texto completo]
La petrolera británica pacta con la Administración nortamericana 3.500 millones de euros por la muerte de 11 trabajadores y por el desastre ecológico en la zona, tras la explosión de una plataforma en abril de 2010. [16 - 11 - 2012] [Texto completo]
España debe dejar atrás las carreteras y la construcción de edificios y destinar los fondos europeos a combatir el desempleo juvenil, la principal anomalía de su maltrecha economía. La Comisión Europea exige al Gobierno que cambie parte del destino de las ayudas comunitarias para centrarse en crear empleo y modernizar las pequeñas y medianas empresas, poco competitivas. Con este mensaje, remitido por escrito a las autoridades españolas, Bruselas pretende iniciar una negociación para mejorar la eficacia de los fondos que se repartirán en los próximos años. [19 - 11 - 2012] [Texto completo]
El escrito incide en que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea está examinando si el sistema de ejecución hipotecaria español respeta los parámetros mínimos que exige la normativa comunitaria [19 - 11 - 2012] [Texto completo]
Google tiene buenas opciones de esquivar una denuncia por prácticas anticompetitivas en EE UU. Los reguladores tienen serias dudas de ser capaces de demostrar que las el modo en que la compañía publica los resultados dañan los intereses, según fuentes cercanas. [22 - 11 - 2012] [Texto completo]
Las empresas ahorran en bufetes y pagan más a sus abogados
Un estudio refleja que en Estados Unidos han aumentado los salarios de los letrados‘in-house’ de las compañías por el ahorro en el gasto de despachos. La tendencia empieza a llegar lentamente a España. [26 - 11 - 2012] [Texto completo]
Marruecos avisa: sólo se puede comprar vivienda en España con autorización
Subraya que estos permisos se dan "en circunstancias excepcionales" y recuerda que adquirir casa fuera sin tenerlo es un delito. [27 - 11 - 2012] [Texto completo]
El doloroso proceso de ajuste que sufrirá la banca española en los próximos años viene dictado desde Bruselas. El ministro de Economía, Luis de Guindos, señaló este lunes a la Comisión Europea como la responsable de haber diseñado la reestructuración bancaria y los despidos que lleva asociados. “Siempre que hay ayudas públicas existe un plan de reestructuración; no es el Gobierno español el que lo determina, es Competencia”, se escudó al ser preguntado por los despidos que se avecinan en el sector. Las entidades nacionalizadas, y eventualmente otras que también requieran ayudas, acometerán despidos masivos. Solo en Bankia y NCG Banco se exigirá un recorte de plantilla de unas 8.000 personas —entre despidos y venta de negocios— y la reducción de unas 1.000 sucursales a cambio del dinero del rescate. [27 - 11 - 2012] [Texto completo]
La Fiscalía presenta un último recurso para evitar las excarcelaciones. Los jueces consideran que un error del instructor obliga a poner en libertad a la cúpula de la organización [27 - 11 - 2012] [Texto completo]
"Los motores de búsqueda están ocasionando un perjuicio económico a la prensa", dice el presidente de la AEDE [28 - 11 - 2012] [Texto completo]
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