Source: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/Diciembre/1939-181208-2008-08-1572.html
Timestamp: 2017-01-18 09:56:48
Document Index: 257652181

Matched Legal Cases: ['artículo 266', 'artículo 5', 'artículo\n247', 'artículo 9', 'artículo 7', 'artículo 5', 'artículo 266', 'artículo 335', 'artículo 335', 'artículo 5', 'artículo 31', 'artículo 334', 'artículo 19', 'Artículo 23', 'artículo 7', 'Artículo 254', 'Artículo 255', 'Artículo 267', 'artículo 23', 'artículo 23', 'artículo 23', 'artículo 335', 'artículo 64', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 153', 'artículo 91', 'artículo 1', 'artículo 49', 'artículo 41', 'artículo 17', 'artículo 40', 'artículo 255', 'artículo 21', 'artículo 136', 'artículo 78', 'artículo\n136', 'artículo 78', 'artículo 236', 'in fine', 'artículo 236', 'artículo\n152', 'artículo 267', 'artículo 20', 'artículo 5', 'artículo 23', 'artículo 7', 'artículo 23', 'artículo 30', 'artículo 31', 'artículo 25', 'artículo 156', 'artículo 31', 'artículo 156', 'artículo 23', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 1', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 1', 'artículo 25', 'artículo 1', 'artículo 25', 'artículo 24', 'artículo 23', 'artículo 1', 'artículo 8', 'artículo 2', 'artículo 211', 'artículo 136', 'artículo 267', 'artículo 31', 'artículo 8', 'artículo 68', 'artículo 68', 'artículo 136', 'artículo 68']

4 de diciembre de 2008, se recibió en la Secretaría de esta Sala Constitucional el expediente contentivo de la “acción de control de la constitucionalidad” formulada
por los abogados Gustavo Álvarez Arias, Zulia Coromoto Maldonado y Asdrúbal
Blanco, inscritos en el Inpreabogado con los números 34.235, 57.051 y 75.976,
respectivamente, actuando en su carácter de representantes de la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, referida a la interpretación acerca de la
conformidad constitucional del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de fecha 5 de agosto de 2008, en el que se ordenó
la reincorporación en el cargo de los ex-magistrados de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo Ana María Ruggeri Cova, Perkins Rocha
Contreras y Juan Carlos Apitz B., se condenó a la República Bolivariana de Venezuela al pago de cantidades de dinero y a las publicaciones
9 de diciembre de 2008, se dio cuenta en Sala y se designó Ponente al
fallo. I
Con ocasión de la demanda intentada contra el Estado Venezolano por los
abogados Ana María Ruggeri Cova, Perkins Rocha
Contreras y Juan Carlos Apitz B., en su condición de ex jueces de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó sentencia el 5 de agosto de 2008, en la que
declaró con lugar dicha demanda.
representantes de la República Bolivariana de Venezuela comenzaron por justificar la competencia de esta Sala como garante de la supremacía y efectividad de
las normas y principios constitucionales, en el cardinal 1 del artículo 266 y
los artículos 334, 335 y 336 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el cardinal 23 del artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.
Seguidamente, la representación de la República Bolivariana de Venezuela refiriéndose a la ejecución de la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 5 de agosto de 2008, alegó que “las
decisiones de estos órganos internacionales de protección de los derechos
humanos no son de obligatorio cumplimiento y no son inaplicables si violan la Constitución o no se hayan agotado los recursos judiciales internos. Lo contrario sería
subvertir el orden constitucional y atentaría contra la soberanía del Estado”.
Señalaron que la Procuraduría General de la República tiene legitimación para intentar la presente solicitud de acuerdo con lo previsto en el artículo
247 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y lo dispuesto en los cardinales 5 y 8 del artículo 9 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, por transgredir disposiciones constitucionales y por afectar intereses
patrimoniales de la República.
Denunciaron que el fallo dictado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos viola “la supremacía de la Constitución y su obligatoria sujeción violentando el principio de autonomía del poder
aquellas actuaciones desplegadas por los jueces que contraríen el principio
postulado esencial de su deber como jueces de la República”. Resaltaron que “la sentencia de manera ligera dispone que los
accionantes no fueron juzgados por un juez imparcial, -no obstante señalar
supuesto hecho de no existir un procedimiento idóneo previsto en el
ordenamiento jurídico venezolano para investigar y sancionar la conducta
denunciada por los Ex Magistrados, entonces concluye que no solo (sic) tales
ciudadanos no incurrieron en motivo alguno que justifique su destitución”.
Denunciaron la intromisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al desconocer el ordenamiento jurídico venezolano en
cuanto al establecimiento de medidas y sanciones contra los miembros que
Alegaron que la Corte Interamericana de Derechos Humanos realizó “un
pronunciamiento critico (sic) sobre nuestra legislación, señalando cual (sic)
debería ser a su juicio el procedimiento idóneo ante casos similares al
justicia venezolano”. Concluyeron que el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es inaceptable y de imposible ejecución por parte de
la República Bolivariana de Venezuela, por exceder de las funciones que
legalmente le están establecidas y por desconocer el contenido del artículo 7
de la Constitución en cuanto a la consagración de un sistema social de derecho
La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 5 de agosto de 2008, declaró que el Estado
venezolano violó, con la destitución de los ex magistrados de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, Ana María Ruggeri Cova, Perkins Rocha
imparcial, a un recurso sencillo, rápido y efectivo, a ser oídos dentro de un
plazo razonable, y el deber de motivación; todo de conformidad con los
artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con las obligaciones generales consagradas en los artículos 1.1 y 2 eiusdem.
venezolano deberá indemnizar a los aludidos ex jueces con el pago de $ 48.000
para cada uno, por concepto de daño material (el cual deberá ser realizado en
el plazo de un año a partir de la notificación de la sentencia); $ 40.000 por
concepto de daños inmateriales (también para cada uno y en el mismo plazo); y $
5.000 para cada “víctima”, por concepto de costas y gastos.
Así mismo, ordenó el reintegro al Poder
de seis (6) meses, estableció la obligación para el Estado de pagar una
indemnización adicional de $100.000 para cada uno de ellos.
Finalmente, señaló que Venezuela deberá
realizar las publicaciones señaladas en el párrafo 249 de la sentencia (es
decir, consideraciones referidas a la autonomía de los jueces, a la carrera
judicial, a su selección, a la imparcialidad e independencia de los mismos y a
“16. El Estado debe realizar los pagos de
las cantidades establecidas en la presente sentencia por concepto de daño
material, inmaterial y reintegro de costas y gastos dentro del plazo de un año
a partir de la notificación de la presente sentencia, en los términos de los
párrafos 236, 242 y 260 de la misma.
Judicial a los señores Juan Carlos Apitz Barbera y Perkins Rocha Contreras y a
la señora Ana María Ruggeri Cova, si éstos así lo desean, en un cargo que tenga
correspondería el día de hoy si no hubieran sido destituidos. Si por motivos
fundados, ajenos a la voluntad de las víctimas, el Estado no pudiere reincorporarlas
al Poder Judicial en el plazo de seis meses, deberá pagar a cada una de las
víctimas la cantidad establecida en el párrafo 246 de esta Sentencia.
publicaciones señaladas en el párrafo 249 de esta sentencia, en el plazo de
seis meses a partir de la notificación de la misma.
plazo de un año a partir de la notificación de la presente sentencia las
medidas necesarias para la aprobación del Código de Ética del Juez o Jueza
Venezolanos, de conformidad con lo expuesto en el párrafo 253 de esta
20. Supervisará la ejecución íntegra de
esta sentencia y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya
meses a partir de la notificación de esta sentencia, el Estado deberá rendir a la Corte un informe sobre las medidas adoptadas para darle cumplimiento”.
lo anterior debe esta Sala pronunciarse respecto de la naturaleza de la acción
propuesta, para lo cual advierte: A
control concentrado de la constitucionalidad no resulta el idóneo. Tampoco
se trata de una colisión de leyes, pues de lo que se trata es de una presunta
controversia entre la Constitución y la ejecución de una decisión dictada por
un organismo internacional fundamentada en normas contenidas en una Convención
de rango constitucional, lo que excede los límites de ese especial recurso,
pues la presunta colisión estaría situada en el plano de dos normas de rango
la misma está dirigida a que se aclare una duda razonable en cuanto a la
ejecución de un fallo dictado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que condenó a la República Bolivariana de Venezuela a la reincorporación de unos jueces y al pago de sumas de
Al respecto, debe esta Sala determinar el alcance de la acción de
interpretación constitucional en nuestro ordenamiento jurídico, para luego
El artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia en su cardinal 52, no prevé expresamente la existencia del recurso de
interpretación de la Constitución y, por supuesto, no atribuye a alguna de las
de recursos de esta naturaleza, sino que en su parágrafo primero establece que
su “conocimiento corresponderá a la Sala afín con la materia debatida”.
Ahora bien, a raíz de la entrada en vigencia de la Constitución de 1999, la jurisdicción constitucional sufrió importantes transformaciones que
abarcan desde la creación de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, hasta la atribución a ésta de la competencia exclusiva con relación a la
jurisdicción constitucional, conforme lo dispone el cardinal 1 del artículo 266
del Texto Fundamental. En materia de interpretación constitucional, el artículo 335 eiusdem
Tribunal Supremo de Justicia garantizará la supremacía y efectividad de las
normas y principios constitucionales; será el máximo y último intérprete de
esta Constitución y velará por su uniforme interpretación y aplicación.
Tribunal Supremo de Justicia y demás tribunales de la República”. (Subrayado de esta Sala).
Por otra parte, al ser la Sala Constitucional el “máximo y último intérprete” de la Constitución y teniendo la obligación de velar “por su
correcta interpretación” (lo que se asegura por el carácter vinculante de
sus decisiones en materia de interpretación constitucional, conforme lo prevé
el artículo 335 del Texto Fundamental), es esta Sala y no otra del Tribunal
Supremo de Justicia, la única que puede conocer y decidir –en razón de su
afinidad material- los recursos de interpretación constitucionales que sean
propuestos. Lo anterior condujo a esta Sala a declarar la procedencia de la acción de
interpretación constitucional y asumir la competencia exclusiva para su
conocimiento, mediante su decisión del 22 de septiembre de 2000 (caso Servio
Tulio León), motivo por el cual, al constatarse que la pretensión de los
recurrentes versa sobre el alcance e inteligencia de la ejecución de una
decisión dictada por un organismo internacional con base en un tratado de
jerarquía constitucional, ante la presunta antinomia entre esta Convención
Internacional y la Constitución Nacional, supuesto expresamente contemplado en el aludido fallo (N° 1.077/2000)
como justificativo de la procedencia de la acción de interpretación; y
tratándose además de una competencia expresamente atribuida a la Sala Constitucional conforme al cardinal 23 del artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, esta Sala se declara competente para conocer
del presente recurso de interpretación; y así se decide.
Tulio León), en la cual se expresó lo siguiente:
interpretación vinculante que hace esta Sala, y que justifica la acción
autónoma de interpretación constitucional, se refiere a los siguientes casos:
2.- Igual necesidad de interpretación existe, cuando la Constitución se remite como principios que la rigen, a doctrinas en general, sin precisar en
qué consisten, o cuál sector de ellas es aplicable; o cuando ella se refieren a
3. Pero muchas veces, dos o más normas constitucionales, pueden
chocar entre sí, absoluta o aparentemente, haciéndose necesario que tal
situación endoconstitucional sea aclarada.
del derecho interno a pesar de no ser promulgadas por la Asamblea Nacional, o no haberlo sido por el antiguo Congreso de la República. En lo que respecta a la constitucionalidad de tales normas surge una discusión
casuística, que debe ser aclarada por algún organismo, siendo esta Sala la
máxima autoridad para reconocer su vigencia en el Derecho Interno.
5.- También se hace necesaria la interpretación a un nivel
de las decisiones de los órganos internacionales previstos en el artículo 31 de
la vigente Constitución, mientras se promulgan las leyes relativas al amparo
6.- El régimen legal transitorio, por otra parte, ha dejado al
descubierto jurídico algunas áreas, donde parecen sobreponerse normas del
régimen legal transitorio a la Constitución, o donde ni el uno o el otro sistema constitucional tienen respuestas, creándose así “huecos legales” a nivel
constitucional, debido a que ninguna norma luce aplicable a la situación, o que
en lo posible, tienen plena aplicación desde que se publicó la Constitución, en todo cuanto no choque con el régimen transitorio.
Muchas de estas normas están en espera de su implementación
legal producto de la actividad legislativa que las desarrollará.
El contenido y alcance de esas normas vigentes, pero aún sin
inconstitucionalidad o de la facultad revisora, porque de ser así, en la
práctica tales derechos quedarían en suspenso indefinido.
Como paliativo ante esa situación, las personas pueden pedir
a esta Sala que señale el alcance de la normativa, conforme a la vigente
Constitución (...)
8.- También pueden existir normas constitucionales cuyo contenido
ambiguo las haga inoperantes, y ante tal situación, a fin que puedan aplicarse,
9.- Dada la especial situación existente en el país, producto de la
labor constituyente fundada en bases prestablecidas (bases comiciales), también
es la interpretación de esta Sala, la que declarará la congruencia o no del
recurso de interpretación que no persigue los fines antes mencionados, o
que se refiera al supuesto de colisión de leyes con la Constitución, ya que ello origina otra clase de recurso. Igualmente podrá declarar
inadmisible el recurso cuando no constate interés jurídico actual en el actor”.
En el caso examinado el objeto de la acción de interpretación
es el cumplimiento del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de fecha 5 de agosto de 2008, en el que se ordenó
Con respecto a los requisitos de admisibilidad del presente recurso,
“Resuelto
de la acción de interpretación de la Constitución, en atención al objeto y alcance de la misma.
Legitimación para recurrir. En cuanto a la legitimación exigida para el
ejercicio del recurso de interpretación constitucional, esta Sala reafirma el
criterio que sostuvo en la decisión nº 1077/2000 de exigir la conexión con un
movimiento del aparato jurisdiccional en la resolución del mismo. En dicho
´Pero como
no se trata de una acción popular, como no lo es tampoco la de interpretación
de ley, quien intente el ‘recurso’ de interpretación constitucional sea como persona
pública o privada, debe invocar un interés jurídico actual, legítimo, fundado
en una situación jurídica concreta y específica en que se encuentra, y que
requiere necesariamente de la interpretación de normas constitucionales
aplicables a la situación, a fin de que cese la incertidumbre que impide el
desarrollo y efectos de dicha situación jurídica. En fin, es necesario que
exista un interés legítimo, que se manifiesta por no poder disfrutar
correctamente la situación jurídica en que se encuentra, debido a la
Precisión en cuanto al motivo de la acción. La petición de interpretación puede
resultar inadmisible, si ella no expresa con precisión en qué consiste la
oscuridad o ambigüedad de disposiciones, o la contradicción entre las normas
análisis comparativo de la Constitución y las normas del régimen transitorio o del régimen constituyente. 3.- Será
interposición, se haya resuelto el punto, y no sea necesario modificarlo. Este
motivo de inadmisibilidad no opera en razón de la precedencia de una decisión
respecto al mismo asunto planteado, sino a la persistencia en el ánimo de la Sala del criterio a que estuvo sujeta la decisión previa.
interpretación constitucional no puede sustituir los recursos procesales
existentes ni traducirse en una acción de condena, ni declarativa, ni
sobre un asunto planteado ante otro órgano jurisdiccional o pretende sustituir
con esta vía algún medio ordinario a través del cual el juez pueda aclarar la
duda planteada, el recurso deberá ser declarado inadmisible por existir otro
sentido, ya se pronunció la Sala en la sentencia mencionada en los siguientes
´Ahora
interpretación de la ley, de la cual forma parte la Constitución, pueda abocarse a conocer una petición en el sentido solicitado por el accionante,
no significa que cualquier clase de pedimento puede originar la interpretación,
ya que de ser así, se procuraría opinión de la Sala ante cualquier juicio en curso o por empezar, para tratar de vincular el resultado de dichos juicios, con la
opinión que expresa la Sala, eliminando el derecho que tienen los jueces del
país y las otras Salas de este Tribunal de aplicar la Constitución y de asegurar su integridad (artículo 334 de la vigente Constitución), así como
ejercer el acto de juzgamiento, conforme a sus criterios; lográndose así que se
adelante opinión sobre causas que no han comenzado, y donde tales opiniones
Tampoco puede pretender el recurrente acumular a la pretensión interpretativa
otro recurso o acción de naturaleza diferente, ya que conllevaría a la
inadmisibilidad por inepta acumulación de pretensiones o procedimientos que se
excluyen mutuamente. Tal sería el caso en que pretenda acumular un recurso de
interpretación con un conflicto de autoridades, o que se solicite conjuntamente
la nulidad de un acto de algún órgano del Poder Público –tanto en el caso que
se pretenda que la decisión abarque ambas pretensiones o que las estime de
forma subsidiaria-, o que promueva la interpretación de algún texto de
naturaleza legal o sublegal, o la acumule con un recurso de colisión de leyes o
de éstas con la propia Constitución. 6.- De
igual modo, será inadmisible la solicitud de interpretación cuando exista la
convicción de que constituye un intento subrepticio de obtener resultados cuasi
decir, que lo planteado persiga más bien la solución de un conflicto concreto
entre particulares o entre éstos y órganos públicos, o entre estos últimos
entre sí; o una velada intención de lograr una opinión previa sobre la
objetivos del recurso de interpretación.
interpretación del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de fecha 5 de agosto de 2008, mediante la cual se ordenó la reincorporación en el cargo
María Ruggeri Cova, Perkins Rocha Contreras y Juan Carlos Apitz B., se condenó
a la República Bolivariana de Venezuela al pago de cantidades de dinero y a las
publicaciones referidas al sistema disciplinario de los jueces, así como el
examen de su conformidad con la Constitución. En consecuencia esta Sala estima que, con base en la sentencia del 22 de
supra, los recurrentes están en una situación jurídica concreta como
representantes judiciales de la República Bolivariana de Venezuela frente a una posible condena patrimonial, por lo que la
determinación que haga esta Sala acerca de la pertinencia y/o extensión que
debe darse al contenido y forma de ejecución de un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es de su interés aunque no pretendan que se declare
cual se establezca el verdadero sentido y alcance de la señalada ejecución con
relación al Poder Judicial venezolano en cuanto al funcionamiento, vigilancia y
control de los tribunales, asunto que esta Sala considera de interés general,
toda vez que desarrolla conceptos de relevancia como los de justicia, autonomía
del Poder Judicial y supremacía de la Constitución, por lo que, haciendo abstracción de las circunstancias particulares atinentes a la específica situación jurídica
con los extremos jurisprudenciales para la admisión de este tipo de recursos, y
preceptúa el artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, se admite en cuanto ha lugar en derecho. Así se decide. Por otra parte, del análisis del libelo de demanda y de los recaudos con
cuestión de mero derecho, razón por la cual se abstiene en esta oportunidad de
del examen de ningún hecho y se omitirá el trámite de notificación de la Fiscalía General de la República, de la Defensoría del Pueblo y de los terceros interesados,
en razón de la inminente ejecución de la decisión cuya interpretación es
requerida. Así se decide.
En primer término, es necesario advertir que la Convención Americana sobre Derechos Humanos es un tratado multilateral que tiene jerarquía
constitucional y prevalece en el orden interno solo “en la medida en que
contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables” a las
establecidas en la Constitución, de conformidad con lo pautado en el artículo
“Artículo 23. Los tratados, pactos y convenciones relativos a
derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía
normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas por esta
Constitución y en las leyes de la República, y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público”.
Por otro lado, es importante señalar que
El preámbulo de la “Convención Americana
sobre Derechos Humanos” aclara que la protección internacional que de ella
se deriva es “coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho
interno de los Estados americanos”. Es decir, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no puede pretender excluir o desconocer el
ordenamiento constitucional interno, pues la Convención coadyuva o complementa el texto fundamental que, en el caso de nuestro país, es “la
norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico” (artículo 7
Tribunal Supremo de Justicia, atendiendo al contenido de los artículos 7, 266.6,
334, 335, 336.11 eiusdem y el fallo número 1077/2000 de esta Sala.
Sobre este tema, la sentencia de esta Sala Nº 1309/2001,
entre otras, aclara que el derecho es una teoría normativa puesta al servicio
de la política que subyace tras el proyecto axiológico de la Constitución y que la interpretación debe comprometerse, si se quiere mantener la supremacía
sirve de base axiológica (interpretatio favor Constitutione). Agrega
el fallo citado: “en este orden de ideas, los estándares para dirimir el
proyecto político de la Constitución (Estado Democrático y Social de Derecho y
interpretativas ideológicas que privilegien los derechos individuales a
ultranza o que acojan la primacía del orden jurídico internacional sobre el
derecho nacional en detrimento de la soberanía del Estado”.
En el mismo sentido, la sentencia de esta Sala Nº
1265/2008 estableció que en caso de evidenciarse una contradicción entre la Constitución y una convención o tratado internacional, “deben prevalecer las normas
Ahora bien, se advierte del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que este órgano pretende que el Estado venezolano
indemnice a los ex jueces de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo Ana María Ruggeri Cova, Perkins Rocha Contreras y Juan Carlos Apitz, a quienes
califica de “víctimas” por haber presuntamente sido violados sus
derechos individuales; pero en la supuesta constatación por dicha Corte de la
violación de los derechos o libertades protegidos por la Convención, dictó pautas de carácter obligatorio sobre gobierno y administración del Poder
Justicia y estableció directrices para el Poder Legislativo, en materia de
carrera judicial y responsabilidad de los jueces, violentando la soberanía del
Estado venezolano en la organización de los poderes públicos y en la selección
En efecto, el párrafo 147 de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 5 de agosto de 2008, dispone que la omisión de la Asamblea Nacional de dictar el Código de Ética del Juez o Jueza Venezolano, “ha influido
en el presente caso, puesto que las víctimas fueron juzgadas por un órgano
discreción del TSJ”. Sorprendentemente, en ese mismo párrafo y de manera
contradictoria, afirma que no se pudo comprobar que la Comisión de Emergencia y Reestructuración del Poder Judicial haya incurrido en desviación de
Capítulo X que “no ha quedado establecido que el Poder Judicial en su
conjunto carezca de independencia”. En consecuencia, al margen de la eventual
bien común, es claro que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al no limitarse a ordenar una indemnización por la supuesta violación de derechos,
utilizó el fallo analizado para intervenir inaceptablemente en el gobierno y
administración judicial que corresponde con carácter excluyente al Tribunal
Supremo de Justicia, de conformidad con la Constitución de 1999.
En ese orden de ideas, es menester citar las
normas que sobre administración, gobierno y autonomía del Poder Judicial
“Artículo 254. El Poder Judicial es independiente y el
Tribunal Supremo de Justicia gozará de autonomía funcional, financiera y
asignará al sistema de justicia una partida anual variable, no menor del dos
el cual no podrá ser reducido o modificado sin autorización previa de la Asamblea Nacional. El Poder Judicial no está facultado para establecer tasas, aranceles, ni
Artículo 255. El ingreso a la
carrera judicial y el ascenso de los jueces o juezas se hará por concursos de
oposición públicos que aseguren la idoneidad y excelencia de los o las
participantes y serán seleccionados o seleccionadas por los jurados de los
de Justicia. La ley garantizará la participación ciudadana en el procedimiento
de selección y designación de los jueces o juezas. Los jueces o juezas sólo
podrán ser removidos o suspendidos de sus cargos mediante los procedimientos
La ley propenderá a la profesionalización de los
jueces o juezas y las universidades colaborarán en este propósito, organizando
en los estudios universitarios de Derecho la especialización judicial
responsables, en los términos que determine la ley, por error, retardo u
procesales, por denegación, parcialidad, y por los delitos de cohecho y
prevaricación en que incurran en el desempeño de sus funciones.
Artículo 267. Corresponde al Tribunal Supremo de
Justicia la dirección, el gobierno y la administración del Poder Judicial, la
inspección y vigilancia de los tribunales de la República y de las Defensorías Públicas. Igualmente, le corresponde la elaboración y
ejecución de su propio presupuesto y del presupuesto del Poder Judicial.
La jurisdicción disciplinaria judicial estará a
El régimen disciplinario de los magistrados o
magistradas y jueces o juezas estará fundamentado en el Código de Ética del
Juez Venezolano o Jueza Venezolana, que dictará la Asamblea Nacional. El procedimiento disciplinario será público, oral y breve, conforme al
debido proceso, en los términos y condiciones que establezca la ley.
Tribunal Supremo en pleno creará una Dirección Ejecutiva de la Magistratura, con sus oficinas regionales”.
Por otra parte, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en su decisión N° 1942/2003 precisó, en
relación con el artículo 23 constitucional, lo siguiente:
“A juicio de la Sala, dos elementos claves se desprenden del artículo 23: 1) Se trata de derechos humanos aplicables a las
a fallos o dictámenes de instituciones, resoluciones de organismos, etc.,
prescritos en los Tratados, sino sólo a normas creativas de derechos
humanos. (…)
´Repite la Sala, que se trata de una prevalencia de las normas que conforman los Tratados, Pactos y Convenios (términos que
son sinónimos) relativos a derechos humanos, pero no de los informes u
de las normas de los instrumentos internacionales, ya que el artículo 23
constitucional es claro: la jerarquía constitucional de los Tratados, Pactos y
Convenios se refiere a sus normas, las cuales, al integrarse a la Constitución vigente, el único capaz de interpretarlas, con miras al Derecho Venezolano, es
el juez constitucional, conforme al artículo 335 de la vigente Constitución, en
especial, al intérprete nato de la Constitución de 1999, y, que es la Sala Constitucional, y así se declara. (….)
Resulta así que es la Sala Constitucional quien determina cuáles normas sobre derechos humanos de esos tratados,
pactos y convenios, prevalecen en el orden interno; al igual que cuáles
Esta competencia de la Sala Constitucional en la materia, que emana de la Carta Fundamental, no puede quedar disminuida por normas de carácter adjetivo contenidas en
Tratados ni en otros textos Internacionales sobre Derechos Humanos suscritos por el país, que permitan a los Estados partes del
Tratado consultar a organismos internacionales acerca de la interpretación de
los derechos referidos en la Convención o Pacto, como se establece en el artículo 64 de la Ley Aprobatoria de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José, ya que, de ello ser posible,
se estaría ante una forma de enmienda constitucional en esta materia, sin que
se cumplan los trámites para ello, al disminuir la competencia de la Sala Constitucional y trasladarla a entes multinacionales o transnacionales
(internacionales), quienes harían interpretaciones vinculantes. (…)
dará cumplimiento en el país, conforme a lo que establezcan la Constitución y las leyes, siempre que ellas no contraríen lo establecido en el artículo 7 de
la vigente Constitución, el cual reza: ´La Constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico. Todas las
Constitución` siempre que se ajusten a las competencias orgánicas, señaladas en
hacia los fallos o dictámenes de esos organismos, éstos no pueden violar la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como no pueden infringir la
legalmente por la República, amparara a alguien violando derechos humanos de
grupos o personas dentro del país, tal decisión tendría que ser rechazada
aunque emane de organismos internacionales protectores de los derechos humanos…(…)
´La Sala considera que, por encima del Tribunal
Supremo de Justicia y a los efectos del artículo 7 constitucional, no existe
órgano jurisdiccional alguno, a menos que la Constitución o la ley así lo señale, y que aun en este último supuesto, la decisión que se
Los artículos 73 y 153 constitucionales,
órganos supranacionales, a los que se reconoce que puedan inmiscuirse en la
soberanía nacional. Pero la misma Constitución señala las áreas donde
ello podría ocurrir, cuales son -por ejemplo- las de integración
latinoamericana y caribeña (artículo 153 eiusdem). Áreas diversas a la de los Derechos Humanos per se, y
donde las sentencias que se dicten son de aplicación inmediata en el territorio
de los países miembros, como lo apunta el artículo 91 de la Ley Aprobatoria del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Entiende la Sala que, fuera de estas expresas áreas, la soberanía nacional no puede sufrir distensión alguna por mandato
del artículo 1 constitucional, que establece como derechos irrenunciables de la Nación: la independencia, la libertad, la soberanía, la integridad territorial, la inmunidad
y la autodeterminación nacional. Dichos derechos constitucionales son irrenunciables,
no están sujetos a ser relajados, excepto que la propia Carta Fundamental lo
ejecución de los fallos de los Tribunales Supranacionales no pueden menoscabar
la soberanía del país, ni los derechos fundamentales de la República” (subrayados de este fallo).
respecto, en sentencia Nº 00673-2008 de la Sala Político Administrativa, se expresó lo siguiente:
“… es necesario precisar que el
ejercicio de la función disciplinaria en toda su extensión, esto es, sobre
jueces titulares que han alcanzado la garantía de estabilidad por haber mediado
el concurso de oposición respectivo, y los jueces provisorios, es dirigida hoy
en forma exclusiva por la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del
Sistema Judicial, como un órgano creado con carácter transitorio hasta tanto
sea creada la jurisdicción disciplinaria.
carácter provisorio o temporal, sin que opere alguna causa disciplinaria, dado
que tal atribución se encuentra a cargo de la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, por delegación expresa que le hiciera la Sala Plena. Vale decir, que tanta potestad tiene la Comisión Judicial para designar a los jueces, de forma provisoria, como para dejar sin efecto
su designación, cuando así lo considere la mayoría de sus miembros, y siempre
que no medie una causa disciplinaria que obligue a la actuación del ente
En este orden de ideas, debe esta Sala traer a colación el criterio
sostenido por la Sala Constitucional, en función del cual la potestad que
tiene la Comisión Judicial de este Máximo Tribunal para remover de sus cargos a
los funcionarios designados con carácter provisional, es de estricto carácter
En efecto, a través de sentencia Nro. 2.414 del 20 de diciembre de 2007, a propósito de la revisión de oficio de la decisión Nro. 1.415 del 7 de agosto de 2007 dictada
por esta Sala Político-Administrativa sobre un caso análogo al presente que fue
declarado con lugar, aquella Sala señaló:
´Sin duda,
hay una distinción entre jueces de carrera y jueces provisorios: Los primeros
adquieren titularidad luego de la aprobación del concurso; en cambio, los
jueces y juezas provisorios se designan de manera discrecional, previo análisis
de credenciales. Los jueces y juezas de carrera gozan de estabilidad y sólo
de una audiencia oral y pública con garantías de defensa, y regulado por el
Reglamento de la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema
Judicial (publicado en la Gaceta Oficial N° 38.317, del 18 de noviembre de
2005) que han resultado incursos en faltas disciplinarias previstas en la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura y la Ley de Carrera Judicial, no así los jueces
Asimismo, en el fallo citado la Sala Constitucional ratificó su posición previamente fijada en la sentencia Nro. 280 del 23
´(…) como
el derecho de defensa y el debido proceso (artículo 49 constitucional) deben
respetarse al imputado por la falta disciplinaria, él debe, en principio, ser
sometido a acusación y procedimiento, y por ello la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial debe solicitar a la Inspectoría General de Tribunales el inicio del procedimiento disciplinario con instrucción
del respectivo expediente, con el fin de recibir la acusación para así no
Tribunal Supremo, o desacatos a órdenes judiciales, la investigación de la Inspectoría General de Tribunales puede limitarse a oír al Juez sobre las causas del error, o
para preparar la consiguiente acusación, fundada en los fallos que califican el
grave error inexcusable o el desacato, y entonces no tienen razón para que la
instrucción dure los noventa días que según el artículo 41 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura puede durar la investigación. Por ello -a
juicio de esta Sala, y como una alternativa- si en un término de diez (10) días
hábiles de la recepción por la Inspectoría General de Tribunales de las sentencias de las Salas a que se refiere este fallo, no existe acusación por parte de ella, la Sala respectiva podrá informarlo a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, de quien
depende jerárquicamente la Inspectoría General de Tribunales (artículo 17 de Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia) para que remueva al Inspector, o
funciones respecto a la aplicación de las sanciones del artículo 40 numerales 4
Lo hasta ahora señalado sólo
otros jueces que son de libre nombramiento y remoción por la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, pueden ser removidos por dicha
Comisión con notificación a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia de
lo resuelto con estos jueces, a fin de la ratificación de lo decidido.` (subrayado de esta Sala).
Igualmente, la Sala Político Administrativa de este Tribunal Supremo de Justicia observó, en el fallo Nº 00463-2007,
“…toda sanción
disciplinaria contemplada en la Ley de Carrera Judicial, necesariamente deberá
remoción; mientras que cuando lo que se persigue es la remoción de un juez
administrativo que determine su separación del cargo, no tiene que ser sometido
a procedimiento administrativo alguno, por cuanto la garantía de estabilidad
respectivo, se obtienen con el concurso de oposición que instituyó el Texto
Constitucional en su artículo 255, como una exigencia indispensable para
acceder al cargo de juez con carácter de titular o juez de carrera, estabilidad
ésta que no poseen los jueces provisorios. (subrayado de este informe).
La Sala aprecia que en este último caso,
cuando el funcionario goza de titularidad tendría siempre el derecho a ser
sometido al procedimiento administrativo correspondiente y no podría la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia decidir su remoción en ningún caso, pues
se insiste, la garantía de estabilidad se la otorga el haber resultado vencedor
en el concurso provisto al efecto”.
Además de lo anterior, la sentencia cuestionada
han adquirido la fuerza de la cosa juzgada, al ordenar la reincorporación de los
jueces destituidos. En tal sentido, debe señalarse que la ex jueza Ana María
Ruggeri Cova no ejerció recurso de reconsideración o judicial alguno contra el
acto de destitución (hecho reconocido en el párrafo 183 de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en el cardinal 10 del capítulo X del mismo fallo).
De otro lado, el acto de destitución dictado contra los ex jueces Perkins Rocha
Contreras y Juan Carlos Apitz quedó firme por decisión Nº 634 del 21 de mayo de
2008, dictada por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de
Justicia, mediante la cual se declaró desistido el recurso contencioso
el plazo establecido en el artículo 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, situación por demás omitida en el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De allí deriva que, a juicio de esta Sala
de destitución de los ex jueces de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, cuando los recursos administrativos o judiciales que prevé el ordenamiento
jurídico interno no fueron instados o fueron desestimados por sentencia
definitivamente firme dictada por el Máximo Tribunal de la República, pues ello iría en contra de uno de los valores esenciales del sistema de justicia
venezolano, como lo es la seguridad jurídica. No se trata de interpretar el contenido y
del fallo dictado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el 30 de mayo de 1999, en el caso: Castillo Petruzzi y otro, por parte de la Sala Plena del Consejo Supremo de Justicia Militar del Perú, por considerar, entre otras
cosas, que el poder judicial “es autónomo y en el ejercicio de sus funciones
un clamoroso desconocimiento de la Legislación Peruana en la materia”; que “pretenden desconocer la Constitución Política del Perú y sujetarla a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en la interpretación que los jueces de dicha
Corte efectúan ad-libitum en esa sentencia”; que el fallo cuestionado,
dictado por el Tribunal Supremo Militar Especial, adquirió la fuerza de la cosa
juzgada, “no pudiendo por lo tanto ser materia de un nuevo juzgamiento por
constituir una infracción al precepto constitucional”; que “en el hipotético
caso que la sentencia dictada por la Corte Interamericana fuera ejecutada en los términos y condiciones que contiene, existiría un
imposible jurídico para darle cumplimiento bajo las exigencias impuestas por
dicha jurisdicción supranacional”, pues “sería requisito ineludible que
previamente fuera modificada la Constitución” y que “la aceptación y ejecución de la sentencia de la Corte en este tema, pondría en grave riesgo la
seguridad interna de la República”. En este caso, estima la Sala que la ejecución de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 5 de agosto de 2008, afectaría principios y valores esenciales del orden
constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y pudiera conllevar a un caos institucional en el marco del sistema de justicia, al pretender
modificar la autonomía del Poder Judicial constitucionalmente previsto y el
sistema disciplinario instaurado legislativamente, así como también pretende la
reincorporación de los hoy ex jueces de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo por supuesta parcialidad de la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Poder Judicial, cuando la misma ha actuado
durante varios años en miles de casos, procurando la depuración del Poder
el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos pretende desconocer la
firmeza de las decisiones de destitución que recayeron sobre los ex jueces de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo que se deriva de la falta de ejercicio de los
judiciales competentes. En virtud de las consideraciones anteriores, esta
Sala Constitucional declara inejecutable el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de fecha 5 de agosto de 2008, en la que se ordenó
Contreras y Juan Carlos Apitz B.; con fundamento en los artículos 7, 23, 25, 138,
156.32, el Capítulo III del Título V de la Constitución de la República y la jurisprudencia parcialmente transcrita de las Salas
Constitucional y Político Administrativa. Así se decide.
colaboración de poderes (artículo 136 eiusdem), se insta a
la Asamblea Nacional para que proceda a dictar el Código de Ética del Juez y la Jueza Venezolanos, en los términos aludidos en la sentencia de esta Sala Constitucional Nº
1048 del 18 de mayo de 2006. Así se declara.
conformidad con lo dispuesto en el artículo 78 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se solicita al Ejecutivo Nacional proceda a
denunciar esta Convención, ante la evidente usurpación de funciones en que ha
de la presente decisión; y el hecho de que tal actuación se fundamenta
institucional y competencialmente en el aludido Tratado. Así se decide.
En relación a la omisión del Tribunal Supremo
de Justicia en la designación de los integrantes de la Corte Primera de lo Contencioso-Administrativo, esta Sala Constitucional, por notoriedad
judicial, conoció de las decisiones de la Sala Plena del 29 de octubre y 3 de diciembre de 2008, mediante las cuales fueron designados los ciudadanos Andrés Eloy
Brito Denis, Enrique Sánchez y María Eugenia Mata, como Magistrados Principales
Constitucional, administrando justicia en nombre de la República, por autoridad de la ley, declara:
1) INEJECUTABLE el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de fecha 5 de agosto de 2008, en el que se ordenó
2) Con fundamento en el principio de colaboración de poderes (artículo
136 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela) y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 78 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se solicita al Ejecutivo Nacional proceda a
denunciar este Tratado o Convención, ante la evidente usurpación de funciones
fallo objeto de la presente decisión.
Notifíquese de la presente decisión al
Remítase copia de la presente decisión a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Publíquese
y regístrese. Cúmplase lo ordenado.
firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, a los 18 días del mes de diciembre de
dos mil ocho. Años: 198º de la Independencia y 149º de la Federación.
Quien suscribe, Magistrada Carmen Zuleta de Merchán, pese a estar
respetuosamente disentir de lo resuelto por la mayoría sentenciadora cuando «…solicita
al Ejecutivo Nacional proceda a denunciar este Tratado o Convención [se
refiere a la Convención Americana sobre Derechos Humanos]. Ello, en función
de la evidente usurpación de funciones en que ha incurrido la Corte Interamericana de los Derechos Humanos…», ya que dicha decisión corresponde en
exclusiva al Presidente o Presidenta de la República, a tenor de lo dispuesto en el artículo 236.4 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Presidente de la República es jefe del Estado y del gobierno, y con base en esa
condición tiene asignado constitucionalmente la dirección de las relaciones
internacionales, atribución que le corresponde en exclusiva, pues ni siquiera
exige el texto constitucional la aprobación del gabinete ejecutivo, ya que la
parte in fine del artículo 236 constitucional mencionado, sólo exige que
El caso es que siendo la política exterior de la competencia exclusiva
del Presidente o Presidenta de la República no le es dado a ningún órgano del
Poder Público participar a priori sobre la pertinencia de la política
exterior ni sobre la legalidad de la actuación del jefe o jefa de Estado, ya
que dicha actuación en materia de política exterior tiene el carácter de acto
de gobierno; ello sin perjuicio de que la Asamblea Nacional, que es un órgano de origen popular, pueda de conformidad con el artículo
la soberanía del Estado venezolano.
En cambio, en mi modesto criterio debió la mayoría sentenciadora por
razones de orden público constitucional, interpretar el alcance del artículo
152 del Texto Fundamental inserto en el Capítulo IV, en el cual se define el
carácter de las relaciones internacionales de la República, ya que precisamente es esta la normativa que respalda la dirección de la política
Presidenta de la República; y así, con dicha interpretación constitucional, y
con fundamento en el principio de colaboración de poderes, como la Sala codyuvaría a ponderar la trascendencia para la República de la ejecutabilidad o inejecutabilidad de los fallos de la Corte Interamericana, que de decidirlo el Presidente puede conducir a denunciar la Convención; o a justificar el rechazo razonado
de la sentencia del órgano internacional ante la Plenaria de Plenipotenciarios de la Organización de Estados Americanos (OEA), ya que
ciertamente existen fundadas razones -como bien lo advierte la mayoría
sentenciadora- para demostrar que el fallo de la Corte Interamericana adolece de graves vicios violatorios del orden público internacional,
falta de agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna, lo que era causal
de inadmisibilidad a tenor de los artículos 46.a y 47 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969). De ello se infiere, que la Corte Interamericana estaba impedida de conocer la denuncia efectuada por los ciudadanos Ana
María Ruggeri Cova, Perkins Rocha Contreras y Juan Carlos Apitz B. porque la
norma internacional infringida era de obligatorio cumplimiento por parte de la Corte Interamericana, y no admite excepción en el caso de autos, ni siquiera bajo el
la Corte Interamericana estimada en más de diez años; lo que además, sugiere
un trato desigual para la República de Venezuela. En el caso de los ex
-magistrados venezolanos denunciantes que ocupó a la Corte Interamericana, una de ellos no impugnó; y los otros dos, desistieron de los recursos
ejercidos. No obstante este impedimento de orden legal, el fallo de la Corte Interamericana incurre en una intromisión indebida de los asuntos internos que ampara
la soberanía nacional como lo son; el gobierno y la administración del Poder
Judicial, atribuido al Tribunal Supremo de Justicia en el artículo 267 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
De otra parte, considera también quien suscribe, que la mayoría
sentenciadora, lejos de instar a la Asamblea Nacional para que proceda a dictar el Código de Ética del Juez y la Jueza venezolana en los términos aludidos en la sentencia de la Sala Constitucional N° 1048 de fecha 18 de mayo de 2006, ha debido dejar en evidencia que esta Sala Constitucional desde la sentencia No 1793 de fecha 19 de julio de 2005
había asignado a la Comisión de Funcionamiento y Restructuración del Sistema
Judicial la tarea de realizar, ante el vacío normativo que produce la falta legislativa
del Código de Ética del Juez venezolano o Jueza Venezolana -un Proyecto de
Código de Ética- previo a la declaratoria de omisión legislativa en la
sentencia N° 1048 de 18 de mayo de 2006, y es en virtud de estos actos
jurisdiccionales que la Asamblea debe proceder a la promulgación del Código de
Ética independientemente de la pretensión que a este efecto manifiesta el fallo
de la Corte Interamericana cuya inejecutabilidad ha sido declarada. Queda expresado en los términos expuestos el criterio de quien suscribe.
El Magistrado Pedro Rafael Rondón Haaz manifiesta su disentimiento del
fallo que antecede, razón por la cual, de conformidad con el artículo 20 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, expresa su voto salvado en los siguientes
La sentencia parece confundir la personalidad jurídica de la República con la de sus representantes judiciales cuando afirma que “… los recurrentes
están en una situación jurídica concreta como representantes judiciales de la República Bolivariana de Venezuela frente a una posible condena patrimonial, por lo que la
debe darse al contenido y forma de ejecuión de un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es de su interés aunque no pretendan que se
declare un derecho a su favor, …”.
Conviene, por tanto, la precisión de que se comparte la existencia de
legitimación en cabeza de la República Bolivariana de Venezuela –y no de sus abogados- para la solicitud de resolución de una de las controversias a que se refiere el
artículo 5.23 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.
resulta difícil imaginar una pretensión como la que se resolvió que no lo sea.
Por otro lado, la mayoría sentenciadora la pronunció como justificación para la
eliminación de una audiencia cuya realización es potestativa y para la omisión
de las notificaciones necesarias, “en razón de la inminente ejecución de la
En criterio del disidente, en el caso de autos, la celebración de una
audiencia se imponía en virtud de que, pese a que es un asunto de mero derecho,
no sólo involucra el interés patrimonial de la República, en tanto que fue condenada a prestaciones dinerarias en la sentencia cuya
ejecución es el objeto de la interpretación sino, como es obvio, el de los
beneficiarios de dicha condena cuyo derecho a ser oídos fue desconocido y, como
declaró el mismo veredicto que antecede, el interés general, cuya protección compete
al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo, dentro del ámbito de las atribuciones de cada uno. Además, llama la atención la alusión a la “inminente
ejecución” como motivo de urgencia porque, para la fecha de la decisión,
todavía restan casi dos meses del lapso que, para el cumplimiento, fijó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tiempo suficiente para la tramitación de la
pretensión de la República a través de un proceso que garantizase la participación
de todos los interesados y la protección de todos los intereses que estaban
Con la finalidad de “determinar el alcance del fallo del 5 de agosto
de 2008 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y su obligatoriedad”,
la mayoría empezó por la delimitación del alcance de la Convención Americana sobre Derechos Humanos a la luz del artículo 23 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con alusión a su rango constitucional
–por oposición a “supraconstitucional”-, a su carácter “complementario”
del derecho interno y sometido a una interpretación “conforme con el
proyecto político de la Constitución”, junto con la puntualización de que,
en caso de contradicción con ésta, “deben prevalecer las normas
constitucionales que privilegien los intereses colectivos (…) sobre los
intereses particulares”. Además de la debida ratificación del criterio discrepante de quien,
también en esta oportunidad, se ve en la necesidad de dejar constancia de su
desacuerdo con la opinión mayoritaria en relación con el criterio anterior
(cfr. v.s. a la s. S.C. n.° 1265/2008), resulta imperativo que se ponga de relieve
que el acto jurisdiccional que antecede no estableció cómo entrarían en
contradicción el fallo y/o la Convención con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela o con el proyecto político que ésta albergaría o con
los intereses colectivos. En efecto, la lectura del veredicto en cuestión
revela que, en criterio de la Sala Constitucional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos habría intervenido en el gobierno y administración judicial,
que corresponden, exclusivamente, al Tribunal Supremo de Justicia, en forma “inadmisible”,
de modo que la ejecución de su sentencia de 5 de agosto de 2008, “afectaría
principios y valores esenciales del orden constitucional” y “pudiera
pretender modificar la autonomía del Poder Judicial constitucionalmente
previsto y el sistema disciplinario instaurado legislativamente”; además de
que dicho acto decisorio “pretende desconocer la firmeza de las decisiones
de destitución que recayeron sobre los ex jueces de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo que se deriva de la falta de ejercicio de los
judiciales competentes.” Según la Sala, tales circunstancias harían
inejecutable el acto de juzgamiento interamericano en cuestión, decisión de
aquélla que tiene por fundamento los artículos 7, 23, 25, 138, 156.32 y el
Capítulo III del Título V de la Constitución de la República y varios pronunciamientos de la Sala Constitucional y de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia.
No explicó la mayoría la relación entre los hechos que estableció y las
normas que enunció ni entre éstas y un determinado “proyecto político” o el
“interés colectivo” frente a los intereses de los particulares beneficiarios de
la sentencia cuya inejecutabilidad declaró. Esa inmotivación vicia, per se,
imposibilitarían la ejecución no existen, como se razonará a continuación. Por
el contrario, la propia Constitución de la República Bolivariana de Venezuela imponía su cumplimiento.
El artículo 7 constitucional preceptúa que la Constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico; el artículo 23 de
esa “norma suprema”, en el contexto del caso concreto, determina el rango
constitucional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; según el artículo 30, el Estado tiene la obligación de indemnizar integralmente a las
víctimas de violaciones de los derechos humanos que le sean imputables, lo que
incluye la reparación de daños y perjuicios y deberá adoptar la medidas
indemnizaciones; como corolario, el artículo 31 eiusdem declara el
derecho de toda persona, en los términos establecidos por los tratados,
pactos y convenciones sobre derechos humanos ratificados por la República, a dirigir peticiones ante los órganos internacionales que hayan sido creados
humanos, para lo cual, el Estado “adoptará, conforme a procedimientos
establecidos en esta Constitución y en la ley, las medidas que sean
necesarias para dar cumplimiento a las decisiones emanadas de los órganos
internacionales previstos en este artículo.”
Por su parte, el artículo 25 del Texto Magno determina la nulidad de todo
acto del Poder Público que viole o menoscabe los derechos que él garantiza,
mientras que el 138 hace lo propio respecto de los actos de la “autoridad
usurpada”. El artículo 156.32 se contrae a la atribución de competencia al
Poder Público Nacional para que legisle en distintas materias (infiere el
anterior, que la Sala tomó en cuenta la que se refiere a la organización y
funcionamiento de los órganos de ese poder público) y el Capítulo III del
Título V de la Constitución se dedica a la regulación del Poder Judicial y del
5.1 En opinión de quien rinde este voto salvado, los preceptos 7 y
23 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que fueron mencionados como fundamento de la decisión que se rechaza, por el contario, junto con los
artículos 30 y 31 eiusdem, imponían la ejecución del veredicto
fuerza de tales normas al tratado que recogió los derechos humanos cuya
violación determinó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en ejercicio de
competencias y mediante procesos que la República aceptó a través de los medios internacionales idóneos; y los últimos –que la mayoría no recogió-, en tanto imponen
al Estado la obligación de indemnización a las víctimas de violación a sus derechos
humanos, precisamente la condición que se reconoció a quienes ejercieron el
derecho que les atribuyó el artículo 31 de solicitar el amparo a tales derechos
adopción de las medidas necesarias para el cumplimiento con decisiones como la
que obtuvieron éstos a su favor, todo lo contrario de lo que se hizo a través
5.2 En cambio, no aprecia el disidente la aplicabilidad al caso
concreto de los artículos 25 y138 constitucionales en virtud de que, en primer
Público venezolano y, como se razonará infra, no usurpó la autoridad de
ningún órgano de dicho poder y no infringió ni la potestad legislativa a que se
contrae el artículo 156.32 ni la organización del Poder Judicial que concibió
el Capítulo III del Título V de la Constitución; por el contrario, se expresó acerca de la ausencia de algunas características que, a tenor de varias de las normas
de ese capítulo, deberían presentar nuestro Poder Judicial y nuestro régimen
disciplinario judicial (p.e., arts. 255 –ingreso por concurso a la carrera
judicial- y 267 –jurisdicción disciplinaria judicial a cargo de tribunales
disciplinarios y régimen disciplinario garantista y fundamentado en el Código
de Ética del juez o jueza venezolanos).
5.3 La Sala no ofreció razonamiento alguno según el cual las normas
favorables a las de la Constitución o las leyes venezolanas (Cfr. artículo 23
6. LAS CAUSAS QUE IMPOSIBILITARÍAN LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS DE 5 DE AGOSTO DE
6.1 La Corte Interamericana de Derechos Humanos no “dictó pautas
de carácter obligatorio sobre gobierno y administración del Poder Judicial”
ni estableció “directrices para el Poder Legislativo” en forma que sea
violatoria de la “soberanía del Estado venezolano en la organización de los
poderes públicos y en la selección de sus funcionarios” o constituya una
intervención inaceptable en el gobierno y administración judicial.
La mayoría sentenciadora no especificó cuáles fueron esas pautas y
directrices invasoras de la soberanía nacional, por lo que se impone la lectura
de la sentencia “inejecutable” para su identificación.
1. Desestimar la excepción preliminar interpuesta por el Estado, en los
términos del párrafo 24 de la presente Sentencia.
2. El Estado no violó el derecho de los señores Juan Carlos Apitz Barbera
y Perkins Rocha Contreras y de la señora Ana María Ruggeri Cova a ser juzgados
por un tribunal competente, conforme a los párrafos 47 a 53 de esta Sentencia.
3. El Estado no garantizó el derecho de los señores Juan Carlos Apitz
Barbera y Perkins Rocha Contreras y de la señora Ana María Ruggeri Cova a ser
juzgados por un tribunal imparcial, lo que constituye una violación del
artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con las obligaciones generales consagradas en los artículos 1.1 y 2 de la
misma, conforme a los párrafos 54 a 67 de esta Sentencia.
4. El Estado no violó el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos al no oír a los señores Juan Carlos Apitz Barbera
y Perkins Rocha Contreras y a la señora Ana María Ruggeri Cova en el proceso de
avocamiento ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de
Justicia, y al no oír en audiencia pública a los señores Juan Carlos Apitz
párrafos 68 a 76 de este fallo.
5. El Estado incumplió con el deber de motivación derivado de las debidas
garantías del artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en
perjuicio de los señores Juan Carlos Apitz Barbera y Perkins Rocha Contreras y
de la señora Ana María Ruggeri Cova, conforme a los párrafos 77 a 94 de esta Sentencia.
de independencia, conforme a lo expuesto en los párrafos 96 a 108 de esta Sentencia.
7. El Estado violó el derecho de los señores Juan Carlos Apitz Barbera y
Perkins Rocha Contreras y de la señora Ana María Ruggeri Cova a ser juzgados
por un tribunal independiente, conforme al artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con las obligaciones generales
consagradas en los artículos 1.1 y 2 de la misma, por las razones expuestas en
los párrafos 109 a 148 de esta Sentencia.
8. El Estado violó el derecho a ser oído dentro de un plazo razonable, consagrado
en el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de los señores Juan Carlos Apitz
Barbera y Perkins Rocha Contreras, conforme a los párrafos 157 a 161 y 172 a 181 de esta Sentencia.
9. El Estado violó el derecho a un recurso sencillo, rápido y efectivo,
consagrado en el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en
perjuicio de los señores Juan Carlos Apitz Barbera y Perkins Rocha Contreras,
conforme a los párrafos 150 a 156 y 171 de esta Sentencia.
10. El Estado no violó el derecho de la señora Ana María Ruggeri Cova a
la protección judicial, consagrado en el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por lo expuesto en los párrafos 182 a 185 de esta Sentencia.
11. El Estado no violó el derecho de los señores Juan Carlos Apitz
Barbera y Perkins Rocha Contreras y de la señora Ana María Ruggeri Cova a la
igualdad ante la ley, consagrado en el artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conforme a los párrafos 190 a 200 de esta Sentencia.
12. El Estado no violó el derecho de los señores Juan Carlos Apitz
Barbera y Perkins Rocha Contreras y de la señora Ana María Ruggeri Cova a tener
acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas,
consagrado en el artículo 23.1.c) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conforme a los párrafos 201 a 207 de esta Sentencia.
13. El Estado no violó la cláusula general de no discriminación contenida
en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con el derecho sustantivo a ser oído dentro de un plazo razonable consagrado en
el artículo 8.1 de dicho tratado, conforme a los párrafos 208 a 215 de esta Sentencia.
en la presente Sentencia por concepto de daño material, inmaterial y reintegro
de costas y gastos dentro del plazo de un año a partir de la notificación de la
presente Sentencia, en los términos de los párrafos 236, 242 y 260 de la misma.
17. El Estado debe reintegrar al Poder Judicial a los señores Juan
Carlos Apitz Barbera y Perkins Rocha Contreras y a la señora Ana María Ruggeri
Cova, si éstos así lo desean, en un cargo que tenga las remuneraciones,
beneficios sociales y rango equiparables a los que les correspondería el día
Si por motivos fundados, ajenos a la voluntad de las víctimas, el Estado
de la notificación de la presente Sentencia, deberá pagar a cada una de las
18. El Estado debe realizar las publicaciones señaladas en el párrafo
249 de esta Sentencia, en el plazo de seis meses a partir de la notificación de
19. El Estado debe adoptar dentro del plazo de un año a partir de la
notificación de la presente Sentencia las medidas necesarias para la aprobación
del Código de Ética del Juez y la Jueza Venezolanos, de conformidad con lo expuesto en el párrafo 253 de esta Sentencia.
20. Supervisará la ejecución íntegra de esta Sentencia y dará por
notificación de esta Sentencia, el Estado deberá rendir a la Corte un informe sobre las medidas adoptadas para darle cumplimiento. (Subrayado añadido).
Salvo la disposición n.° 19, las órdenes que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dio al Estado venezolano se contraen a la situación
jurídica concreta de las víctimas, a favor de quienes se limitó a ordenar una
indemnización por la violación a sus derechos, y en nada se refieren a “pautas”
o “directrices” de obligatorio cumplimiento que guarden relación con el
gobierno y administración del Poder Judicial interno. En cuanto a esa
disposición, el párrafo 253 del veredicto declaró que:
253. Como se estableció anteriormente, en el año 2006 la Sala Constitucional del TSJ declaró la “inconstitucionalidad por omisión legislativa de la Asamblea Nacional […] con motivo del procedimiento legislativo iniciado para sancionar el
denominado Proyecto de Código de Ética y Disciplina del Juez Venezolano o Jueza
Venezolana, elaborado por dicha instancia legislativa en el año 2003, que no
fuera finalmente promulgado”. Teniendo en cuenta que el propio Poder Judicial
venezolano ha considerado que es imprescindible que se emita el Código de
Ética, considerando que el régimen transitorio se ha extendido por más de 9
años, y en vista de las violaciones declaradas al artículo 2 de la Convención, esta Corte dispone que el Estado debe adoptar dentro del plazo de un año a partir
de la notificación de la presente Sentencia las medidas necesarias para la
aprobación del Código de Ética.
Esta normativa deberá garantizar tanto la imparcialidad del órgano
Se refiere la Corte a la sentencia de esta Sala n.° 1048/2006 en la que se dispuso –en cuanto es relevante
la inconstitucionalidad por omisión legislativa de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, con motivo del procedimiento
legislativo iniciado para sancionar el denominado Proyecto de Código de Ética y
instancia legislativa en el año 2003, que no fuera finalmente promulgado.
Fija un período de un año para que la Asamblea Nacional realice las consultas necesarias con todos los sectores del país, dada la
trascendencia de la materia ético-judicial y así se de efectivo cumplimiento al
espíritu del artículo 211 constitucional. Durante ese año la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial dará la mayor difusión
las instituciones del Estado, así como a todos los sectores públicos o privados
sobre el desempeño de la comisión y los alcances que supone la denominada Jurisdicción
Exhorta a la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema
Judicial prestar toda su asesoría y cooperación a la Asamblea Nacional con el fin de desarrollar en armonía el trabajo legislativo que permita la
sanción y puesta en vigencia del futuro código disciplinario judicial, dentro
del espíritu que prevé el artículo 136 constitucional de colaboración entre los
a la Asamblea Nacional considerar debidamente el Anteproyecto de Código de
Ética del Juez y Jueza Venezolanos, elaborado por la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial.
Así, nada añadió la Corte Interamericana de Derechos Humanos –salvo un lapso mayor al ya vencido infructuosamente
que había otorgado la Sala Constitucional- respecto al deber de la Asamblea Nacional de que apruebe el Código de Ética a que se refiere el artículo 267 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; por otra parte, las garantías que,
según la Corte, deberá ofrecer la normativa que sigue pendiente de que sea
dictada –mucho después del año que fijó a la Asamblea Nacional la disposición transitoria cuarta, cardinal 5, de la Constitución de 1999-, las impone el propio texto constitucional cuando garantiza los
de modo que nada agrega al ordenamiento jurídico interno. Resulta pertinente el señalamiento
de que el anteproyecto de Código de Ética que presentó este Tribunal Supremo de
Justicia a la Asamblea Nacional recogió –y no podría haber sido de otra manera-
las garantías a que hizo referencia la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como puede comprobarse con su lectura en el sitio
web del Máximo Tribunal en la dirección electrónica: http://www.tsj.gov.ve/informacion/miscelaneas/proyecto_codigo_etica.html#proyecto.
También surge de la
mismas están, en un todo, conformes con lo que preceptúan la Constitución y las leyes y no violan los derechos humanos de grupos o personas dentro del
país ni producen distensión alguna de la soberanía nacional, en los términos de
la sentencia de la Sala Constitucional n.° 1942/2003 que fue invocada por la
6.2 En opinión de
la que se difiere, el veredicto que precede declaró que “el fallo de la Corte Interamericana equipara en forma absoluta los derechos de los jueces titulares y los
provisorios, lo cual es absolutamente inaceptable y contrario a derecho”, aserto
que se fundamentó en distintas sentencias de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. Tal afirmación no se
Lo que la Corte planteó fue la necesidad de “determinar si los Estados deben ofrecer a los jueces
provisorios un procedimiento de remoción igual o similar al ofrecido a los
jueces titulares”. (Cfr. párrafos 42 y ss). Al efecto observó que “… los
Estados están obligados a asegurar que los jueces provisorios sean
remoción. En efecto, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas expresó
que la destitución de jueces por el Poder Ejecutivo antes de la expiración del
mandato para el que fueron nombrados, sin que se les dé razón concreta alguna y
sin que dispongan de una protección judicial efectiva para impugnar la
destitución, es incompatible con la independencia judicial.”
opinión que merezca una y otra tesis (estabilidad o libre remoción de los
la Sala Político-Administrativa de la Corte Suprema de Justicia a partir de la sentencia líder “Arnoldo Echegaray”), las opiniones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al respecto (que coinciden con la de las Naciones
Unidas y la del Consejo de Europa, según se expresó en el acto jurisdiccional
ordenó al Estado venezolano que equiparase a las dos categorías de jueces; por
el contrario, la Corte determinó que el Estado venezolano ofreció a los ex
provisorios, un proceso ante la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Poder Judicial previo a su destitución.
6.3 El acto
jurisdiccional del que se aparta el salvante declaró que “la sentencia
reincorporación de los jueces destituidos”, cosa juzgada que no puede
desconocerse “pues ello iría en contra de uno de los valores esenciales del
sistema de justicia venezolano, como lo es la seguridad jurídica.”
Tal conclusión revela, a
lo menos, un desconocimiento del proceso de protección de los derechos humanos
es propio del Tribunal Constitucional de un país signatario de la Convención Americana sobre Derechos Humanos desde 1977, en tanto que la obligatoriedad de
imposibilidad de su obtención, en ciertos casos) como condición de
caso que se examina, el Estado demandado alegó, como excepción preliminar, la
falta de agotamiento de las vías internas, defensa que fue desestimada por
sistema al que el Estado se sometió voluntariamente cuando suscribió la Convención y aceptó la jurisdicción de la Corte, determina que, en principio, sea
que se tenga acceso a esa jurisdicción; acceso que garantiza, a texto
expreso, el artículo 31 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
En todo caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos no revocó ni anuló, ni declaró la anulabilidad, ni
ordenó que se anulase o revocase por algún tribunal venezolano una sentencia
revestida de cosa juzgada por el derecho interno. Lo que determinó, dentro de
la esfera de su competencia, es que el Estado venezolano, a través de distintas
decisiones y omisiones, violó varios de los derechos humanos que la Convención americana reconoce a los nacionales de uno de sus Estados miembros y estableció
las formas de reparación de esa violación, mediante la obligación (de hacer) de
reincorporación de los ex jueces a los cargos que desempeñaban o a otros
equivalentes o mediante la obligación (de dar) de pagarles determinado monto a
7. Con fundamento
en las consideraciones anteriores, el salvante discrepa de la conclusión
mayoritaria según la cual “… la ejecución de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 5 de agosto de 2008, afectaría principios y
valores esenciales del orden constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y pudiera conllevar a un caos institucional en el marco
del sistema de justicia, al pretender modificar la autonomía del Poder Judicial
legislativamente, así como pretende la reincorporación de los hoy ex jueces de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo por supuesta parcialidad de la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Poder Judicial, (…). Igualmente, el fallo
(…) pretende desconocer la firmeza de las decisiones de destitución que
recayeron sobre los ex jueces…”. Valga el señalamiento adicional de que la Corte no declaró la parcialidad de la Comisión que se mencionó: Su decisión al respecto fue
147. (…), el Tribunal constata que el propio Poder
Judicial venezolano ha condenado la omisión legislativa en la adopción del
Código de Ética. Dicha omisión ha influido en el presente caso, puesto que las víctimas
fueron juzgadas por un órgano excepcional que no tiene una estabilidad definida
previamente establecidos y a la sola discreción del TSJ. En definitiva, si
bien en este caso no ha quedado demostrado que la CFRSJ haya actuado en desviación de poder, directamente presionada por el Ejecutivo para
destituir a las víctimas, el Tribunal concluye que, debido a la libre remoción
de los miembros de la CFRSJ, no existieron las debidas garantías para asegurar
que las presiones que se realizaban sobre la Corte Primera no influenciaran las decisiones del órgano disciplinario.
Estado violó el derecho de los señores Apitz, Rocha y Ruggeri a ser juzgados
por un tribunal con suficientes garantías de independencia, lo que constituye
una vulneración del artículo 8.1 de la Convención, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma.
8. Llama la
atención la exhortación que se hizo a la Asamblea Nacional “para que proceda a dictar el Código de Ética del Juez y la Jueza Venezolanos, en los términos aludidos en la sentencia de esta Sala Constitucional N°
1048 del 18 de mayo de 2006”, por dos razones: la primera, porque ante el
evidente desacato de la Asamblea Nacional el fallo en cuestión que, como fue
trascrito, concedió un año para que se remediara una omisión legislativa en que
incurrió desde diciembre de 2000 (ex Disposición Transitoria Cuarta de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela), lo que corresponde es la ejecución
del acto de juzgamiento y no que se “inste” al órgano remiso y, la segunda,
porque se declaró la inejecutabilidad de la sentencia interamericana, entre
otras cosas, porque ordenó el cumplimiento con la obligación que dispone la
9. Con especial énfasis, por
último, se aparta quien disiente de la solicitud al Ejecutivo Nacional de que “proceda
a denunciar” la Convención Americana sobre Derechos Humanos “en función de la evidente usurpación de
funciones en que ha incurrido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con el fallo objeto de la presente decisión.”
Más allá de que no se comparte la
existencia de una evidente usurpación de funciones por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se hace un flaco servicio al Estado cuando se le
coloca en incumplimiento con sus obligaciones nacionales (artículos 30 y 31 de la Constitución) e internacionales (artículo 68 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos) en materia tan sensible como los derechos
humanos que, paradójicamente, gozan de una protección ejemplar en nuestra
Constitución, cuyo texto se reduce a eso, sólo un texto, cuando se le desconoce.
desconcertante que la sentencia reconozca la vigencia de la Convención y su rango constitucional dentro del derecho interno; la diferencia entre ese
tratado y los informes, opiniones y decisiones que se dicten con ocasión de su
aplicación; que declare que “no se trata de interpretar el contenido y
el artículo 68 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos” y, en el mismo veredicto, los mismos sentenciadores estimen que debe denunciarse la Convención a causa de un supuesto exceso, no del acuerdo multilateral en sí, sino de un acto
En este sentido, resalta que la Sala Constitucional en ningún momento se planteó la conformidad a derecho o no de las
violación a los derechos humanos de los ex jueces de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, derechos todos que, además de la Convención, recoge nuestra Carta Magna (derecho a la motivación de las decisiones –art.
49.1-, al juzgamiento por un tribunal independiente –art. 49.4-, a ser oído en
un plazo razonable –art. 49.3-, a un remedio judicial sencillo, rápido y efectivo
Ejecutivo Nacional -sin motivación alguna que concierna, per se, a la Convención a que se contrae- dista mucho de la colaboración entre los poderes públicos a que
alude el artículo 136 de la Constitución y constituye, en cambio, una indeseable injerencia en sus funciones propias, en lo que a las relaciones
internacionales se refiere. 10. En criterio de quien rinde esta
opinión, la solicitud de la República que encabeza estas actuaciones ha debido
ser resuelta en el sentido de que, de conformidad con los artículos 23, 30 y 31
de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 68 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Estado venezolano está en el
Queda así expuesto el criterio del
RAFAEL RONDÓN HAAZ Disidente MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN