Source: http://www.consultivodecanarias.org/general/responsabilidad_patrimonial.jsp
Timestamp: 2017-03-27 08:40:12
Document Index: 728079

Matched Legal Cases: ['artículo 103', 'artículo 106', 'artículo 139', 'artículo 139', 'artículo 141', 'artículo 139', 'artículo 139', 'artículo 141', 'artículo 1', 'artículo 7', 'artículo 9', 'artículo 10', 'artículo 11', 'artículo 12', 'artículo 13', 'artículo 8']

La Responsabilidad Patrimonial - Consejo Consultivo de Canarias
Dado el volumen de los asuntos dictaminados por este Consejo Consultivo relacionados con la institución jurídica de la responsabilidad patrimonial (por ejemplo, el 78% de los Dictámenes del año 2005 han tenido por objeto reclamaciones de responsabilidad patrimonial de los ciudadanos por daños derivados del funcionamiento de las Administraciones Públicas), hemos estimado conveniente trazar una semblanza somera de dicha institución. Idea general
El Derecho Administrativo moderno descansa sobre dos soportes estructurales: el principio de legalidad y el reconocimiento de la responsabilidad patrimonial de la Administración por los daños causados a los particulares como consecuencia del funcionamiento de la misma.
Las Administraciones Públicas persiguen con su actividad satisfacer los intereses generales de acuerdo con el mandato contenido en el artículo 103. 1 de la Constitución, pero en ocasiones esa actividad, también la inactividad, causa daños y perjuicios a los ciudadanos que éstos no tienen el deber jurídico de soportar. Para hacer frente a ello, surge el instituto de la responsabilidad patrimonial cuyo fin último es la reparación integral de los daños y perjuicios causados mediante el abono de la correspondiente indemnización.
El artículo 106.2 de la Constitución dice que "los particulares, en los términos establecidos por la Ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos".
Este precepto constitucional se ha desarrollado por:
La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, cuyo Titulo X se intitula "De la responsabilidad de las Administraciones Públicas y de sus autoridades y demás personal a su servicio" (artículos 139 a 146).
A su vez, el citado Titulo X de la Ley 30/1992, ha sido desarrollado por:
El Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en Materia de Responsabilidad Patrimonial, aprobado por el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo.
Caracteres y requisitos
Se ha caracterizado la responsabilidad patrimonial de la Administraciones Públicas por nuestra Carta Magna y las normas que la desarrollan como una responsabilidad directa y objetiva.
Se trata de una responsabilidad directa, puesto que la Administración responde por los daños causados por las actuaciones de sus autoridades, funcionarios y agentes, sin perjuicio de que posteriormente la Administración exija de aquéllos la pertinente responsabilidad.
Es una responsabilidad objetiva, ya que para que proceda tal responsabilidad sólo se requiere que el daño sea consecuencia del funcionamiento de un servicio público.
La legislación antes citada requiere el concurso de los siguientes requisitos:
El funcionamiento de un servicio público, sea tal funcionamiento normal o anormal, por acción o por omisión, entendiéndose por servicio público cualquier clase o género de actividad administrativa (artículo 139.1 de la Ley 30/1992).
La producción de un daño, que habrá de ser efectivo, evaluable económicamente, individualizado en relación con una persona o grupo de personas (artículo 139.2 de la Ley 30/1992), y que el particular no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley (artículo 141.1) de la Ley 30/1992.
La existencia de una relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y el daño sufrido por el particular, ya que tanto en la regulación constitucional como en la legal de esta institución jurídica se exige que el hecho lesivo sea "consecuencia" de ese funcionamiento (artículo 139.1 de la Ley 30/1992).
La ausencia de fuerza mayor en la producción del daño (artículo 139.1 de la Ley 30/1992), entendiéndose por tal los acontecimientos que son inevitables, aunque se prevean. Tampoco se responde por los daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubieran podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de su producción (artículo 141.1 de la Ley 30/1992).
El derecho a reclamar prescribe al año de producido el hecho o acto lesivo, o de manifestarse sus efectos. En caso de daños de carácter físico o psíquico, el plazo empezará a computarse desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas (142.5 de la Ley 30/1992).
En el artículo 1.1 del Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en Materia de Responsabilidad Patrimonial, anteriormente citado, dispone que "la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas y de las autoridades y demás personal a su servicio se hará efectiva de acuerdo con las previsiones de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y con los procedimientos previstos en este Reglamento".
El procedimiento administrativo común se regula en el Título VI de la mencionada Ley 30/1992, ("De las Disposiciones sobre los Procedimientos Administrativos"), en sus artículos 68 a 101.
El Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en Materia de Responsabilidad Patrimonial regula el procedimiento de responsabilidad, que puede ser general (artículos 4 a 13) o abreviado (artículos 14 a 17).
El general exige el cumplimiento de los siguientes trámites:
Iniciación (artículos 4, 5 y 6), distinguiéndose entre la iniciación de oficio y la iniciación a instancia de parte.
Actos de instrucción (artículo 7).
Práctica de pruebas (artículo 9).
Informes (artículo 10), especialmente el del Servicio al que se imputa la causa del daño.
Audiencia (artículo 11).
Dictamen del Consejo Consultivo (artículo 12).
Terminación, que puede ser ordinaria (artículo 13) o convencional (artículo 8).
El procedimiento abrebviado (que se tramita cuando la responsabilidad es tan clara que no precisa más trámites) no exige actos de instrucción, pruebas ni informes.
Portal de la Constitución. (Fuente Congreso de los Diputados).
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. (Fuente MAP).
Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de Responsabilidad Patrimonial. (Fuente MAP).
Ley 5/2002,
de 3 de junio, del Consejo Consultivo de
Canarias. (Fuente Juriscan).