Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2500023260002006-02499-01-de-marzo-22-de?documento=jurcol&contexto=jurcol_759920422f78f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-10-18 07:02:18
Document Index: 250026211

Matched Legal Cases: ['artículo 36', 'artículo 92', 'artículo 92', 'artículo 36', 'artículo 92', 'artículo 40', 'artículo 265', 'artículo 3', 'artículo 259', 'artículo 40', 'artículo 92', 'artículo 29', 'artículo 36', 'artículo 30', 'artículo 30', 'artículo 2', 'artículo 136']

﻿ SENTENCIA 2500023260002006-02499-01 DE MARZO 22 DE 2007
SENTENCIA 2500023260002006-02499-01 DE 22 DE MARZO DE 2007
CONTENIDO:ACCIÓN DE TUTELA. MIENTRAS UNA NUEVA ELECCIÓN POPULAR MANTENGA SU LEGITIMIDAD DEBE AMPARARSE EL DERECHO FUNDAMENTAL A ELEGIR Y SER ELEGIDO, PUESTO QUE LA NUEVA ELECCIÓN GOZA DE UNA LEGITIMIDAD DEMOCRÁTICA REFORZADA CONCEBIDA A TRAVÉS DE UNA ELECCIÓN POPULAR MÁS RECIENTE.
TEMAS ESPECÍFICOS:DERECHO ELECTORAL, FUNCIÓN PÚBLICA, DEMOCRACIA PARTICIPATIVA, ELECCIÓN POPULAR, CARGO DE ELECCIÓN POPULAR
Sentencia 2499 de marzo 22 de 2007
Rad.: 2500023260002006-02499-01, mar. 22/2007
Actor: Jaime Torralvo Suárez
Se decide la impugnación del actor contra la sentencia del 6 de diciembre de 2006 de la Subsección “B” de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que denegó la tutela.
El señor Jaime Torralvo Suárez, a través de apoderado, en escrito del 24 de noviembre de 2006 (fls. 1 a 22) instauró acción de tutela contra el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y a la participación en la conformación, ejercicio y control del poder político (C.P., arts. 29 y 40), con base en los hechos relevantes que se resumen a continuación:
El 26 de octubre de 2003, el señor Libardo José López Cabrales fue elegido Gobernador del departamento de Córdoba para el período constitucional 2004-2007 y ocupó el cargo hasta cuando quedó en firme la sentencia del 24 de agosto de 2005 de la Sección Quinta del Consejo de Estado que al decidir en única instancia las demandas de nulidad electoral formuladas en su contra (expedientes acumulados 3229 y 3230), declaró la nulidad del acto de su elección, esto es, el Acuerdo 3 del 17 de diciembre de 2003 del Consejo Nacional Electoral y le canceló la credencial respectiva.
Ante la ejecutoria y firmeza de la anterior decisión, mediante el Decreto 563 del 23 de febrero de 2006 (1) , el Gobierno Nacional convocó nuevas elecciones, las cuales se practicaron el 9 de abril de 2006, resultando elegido el señor Jaime Torralvo Suárez como gobernador del departamento de Córdoba para el período restante que vencería el 31 de diciembre de 2007, como lo demuestra el acta de escrutinio de la comisión departamental respectiva del 16 de abril de 2006. Tomó posesión del cargo el 17 siguiente “y se mantuvo en el ejercicio regular de sus funciones como gobernador hasta cuando fue desposeído de facto mediante los actos administrativos que se identificarán más adelante”.
Contra la sentencia del 24 de agosto de 2005, el señor López Cabales instauró acción de tutela (rad. 2005-01007), la cual fue rechazada por improcedente en proveído del 20 de octubre de 2005 de la Sección Primera del Consejo de Estado (M.P. Gabriel Mendoza Martelo).
Al no ser impugnada, se envió para la eventual revisión de la Corte Constitucional. La tutela fue seleccionada y en Sentencia T-284 del 5 abril de 2006, la Sala Octava de Revisión, integrada por los magistrados Clara Inés Vargas Hernández (ponente), Jaime Araújo Rentería y Álvaro Tafur Galvis, quien salvó voto, resolvió:
“Primero. REVOCAR la sentencia de tutela proferida por la Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo— del H. Consejo de Estado, el veinte (20) de octubre del año dos mil cinco (2005), que decidió negar el amparo de los derechos constitucionales fundamentales al debido proceso (C.P., art. 29), a ser elegido y a ejercer cargos públicos (C.P., art. 40) invocados por el ciudadano Libardo José López Cabrales, y en su lugar CONCEDER el amparo solicitado.
Segundo. Como consecuencia de lo anterior, DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del 24 de agosto de 2005, proferida por la Sección Quinta —Sala de lo Contencioso Administrativo— del H. Consejo de Estado, que declaró la nulidad del acto de elección del señor Libardo José López Cabrales como gobernador del departamento de Córdoba, para el período constitucional 2004-2007 y canceló su credencial para actuar como gobernador expedida por la organización electoral.
Tercero. ORDENAR a título de restablecimiento de los derechos fundamentales conculcados al ciudadano Libardo José López Cabrales, sea reintegrado a su cargo de gobernador del departamento de Córdoba, a fin de culminar su período constitucional, sin perjuicio de que se haya o no adelantado un nuevo proceso electoral para elegir gobernador. Para estos efectos infórmese a la Organización Nacional Electoral.
Cuarto. Líbrense por secretaría, las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991”.
La sentencia se comunicó en oficios del 14 y el 20 de junio de 2006 al Consejo de Estado y al Consejo Nacional Electoral, respectivamente.
El 21 de junio de 2006, el Consejo Nacional Electoral “pretendiendo dar cumplimiento al fallo en que ninguna orden se impartió para cumplimiento a cargo suyo”, expidió el Oficio CNE-P-352 dirigido al Presidente del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería informando que en sesión de la fecha, por unanimidad el consejo había determinado “solicitar a los señores magistrados del Tribunal Superior de Montería el cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional” y expidió el Oficio CNE-P-350 dirigido al señor Libardo José López Cabrales informando sobre lo dispuesto en el anterior.
En respuesta a una solicitud formulada por el Ministerio del Interior y de Justicia de “fijar su posición respecto a la actual validez o no del acto de elección del gobernador de Córdoba realizado el 9 de abril de 2006 y la credencial entregada por el Consejo Nacional Electoral, como consecuencia de los resultados electorales”, el Consejo Nacional Electoral expidió el Boletín de Prensa 09 donde consignó que había solicitado al Tribunal Superior de Montería, el cumplimiento de la Sentencia T-284 de 2006, conforme al artículo 92 del Decreto 1222 de 1986.
El 22 de junio de 2006 siguiendo la instrucción del Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería dio posesión al señor López Cabrales como gobernador de Córdoba “no obstante la inexistencia de vacante por estar a la sazón en ejercicio legal de dicho cargo el gobernador elegido el 9 de abril inmediatamente anterior”.
El día en que se posesionó el señor López Cabrales, la Asamblea Departamental de Córdoba se encontraba reunida en desarrollo del segundo período ordinario anual de sesiones previsto por la Ley 617 de 2000, por lo que considera que la posesión fue ilegal, pues la competencia del tribunal es subsidiaria, según el artículo 92 del Decreto 1222 de 1986. Para el actor, el yerro del tribunal y del posesionado “corrobora la relación de causa a efecto que media entre las instrucciones impartidas por el CNE y la actuación irregular del tribunal”.
El señor Jaime Torralvo Suárez fue desplazado ilegalmente del desempeño legal de su cargo de gobernador en ejercicio “sin que previamente hubiera sido anulado su título ni demeritada en forma alguna la elección que le discernió el cuerpo electoral. (...) Ni la convocatoria de los comicios celebrados el 9 de abril de 2006 en el departamento de Córdoba, ni los resultados electorales, ni la declaratoria de elección del candidato Jaime Torralvo Suárez fueron jamás objeto de demanda alguna, ni por la vía contencioso administrativa, la única jurídicamente viable para afectar la elección, ni por cualquier otro procedimiento. El título suyo como gobernador electo permanece entonces exento de toda tacha, y, desde luego, conserva indemne aún hoy su plena legitimidad y validez”.
Con el ejercicio de esta tutela, el accionante solicita:
2. A título de restablecimiento al doctor Jaime Torralvo Suárez de los derechos fundamentales conculcados por los actos cuya nulidad se establece, disponer que la Asamblea Departamental de Córdoba (o el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería en caso de que aquella corporación no se encuentre reunida a la sazón del fallo o de su cumplimiento), dé posesión al gobernador electo, doctor Jaime Torralvo Suárez, para que ejerza el cargo por el resto del período constitucional hasta su terminación natural hasta el 31 de diciembre de 2007.
3. Comunicar el fallo, a fin de que presten su concurso al cumplimiento del mismo en lo que corresponda a sus respectivas funciones, al señor Presidente de la República, al Ministro del Interior y de Justicia, al Presidente de la Asamblea Departamental de Córdoba y al Presidente del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería. a quien además se le debe notificar en su condición de autoridad tutelada”.
El Presidente del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería, en escrito vía fax del 29 de noviembre de 2006 (fl. 130), solicitó desestimar la tutela por improcedente, pues sobre estos hechos “se pronunciaron los Juzgados Primero, Segundo y Tercero Penal del Circuito de Montería, mediante providencias de fechas 15 de agosto y 30 del mismo mes y año, el primero y último; desconociendo en el momento la fecha de la providencia del juzgado faltante. En la primera decisión se decidió negar por improcedente la tutela instaurada, y en las subsiguientes, se abstuvieron los despachos de hacer pronunciamiento sobre el tema planeado por existir decisión de fondo que ponía fin a lo debatido”.
El asesor jurídico del Consejo Nacional Electoral, en escrito del 1º de diciembre de 2006 (fls. 131 a 141), solicitó se deniegue la tutela incoada por las siguientes razones: i) Inexistencia de conducta alguna por parte del Consejo Nacional Electoral que vulnere derechos fundamentales del accionante, pues esa entidad actuó en estricto cumplimiento de una orden judicial “pretender lo contrario sería invitar a las autoridades públicas a desacatar lo dispuesto por los jueces le la República, al reino del desorden, la anarquía y la arbitrariedad, mediante el desconocimiento de los pronunciamientos de nada más que la máxima instancia constitucional de tutela”, es decir, hay falta de legitimación por pasiva; ii) Existencia de otro medio de defensa judicial, no obstante que las comunicaciones del Consejo Nacional Electoral no tienen la calidad de actos administrativos, si así se entendieran, la tutela no procede porque esta es una acción excepcional y residual y para el control de los actos de la administración, la ley prevé las acciones de nulidad y nulidad y restablecimiento del derecho; iii) Inoportunidad en el ejercicio de la tutela, pues entre la posesión del gobernador López Cabrales y la interposición de esta transcurrieron más de 5 meses.
La Subsección “B” de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en sentencia del 6 de diciembre de 2006 (fls. 145 a 149 vto.), denegó la tutela. Luego de transcribir apartes de la Sentencia T-284 del 5 de abril de 2006 de la Corte Constitucional que resolvió la acción de tutela incoada por el señor Libardo José López Cabrales contra la sentencia del 24 de agosto de 2005 de la Sección Quinta del Consejo de Estado, señaló que cuando la Corte allí dispuso que el amparo se otorgaba “sin perjuicio de que se hubiere o no adelantado con anterioridad un proceso electoral para elegir gobernador”, el reintegró del señor López Cabrales “debía hacerse a pesar de haberse llevado a cabo un nuevo proceso electoral” razón por la cual, los argumentos del ahora accionante no son de recibo, pues la Corte “hizo claridad respecto del reintegro y del proceso electoral que pudo haberse llevado a cabe con anterioridad a la sentencia, además, en la parte motiva de la misma se dejó claro que la decisión tomada se apartaba de aquella tomada en decisiones tales como las sentencias SU-640 de 1998 y SU-168 de 1999”.
A continuación se pronunció sobre las comunicaciones del Consejo Nacional Electoral, afirmando que ellas se profirieron en cumplimiento de la sentencia de tutela, so pena de incurrir en desacato y no se evidencia que hayan violado ningún derecho fundamental del actor. Igual consideración hizo en torno al acto de posesión del señor López Cabrales, de lo cual concluyó que se realizó en cumplimiento de una orden judicial, no existiendo fundamento para dejarlo sin efecto.
El actor, a través de su apoderado, impugnó la anterior decisión reiterando los motivos de inconformidad (fl. 202).
Estando el expediente para decidir la impugnación, el despacho sustanciador mediante auto del 23 de febrero de 2007 (fl. 209), para mejor proveer la decisión final, ordenó vincular al señor Libardo José López Cabrales, como tercero interesado en las resultas del proceso. Igualmente, ordenó oficiar a la secretaría general de la Corte Constitucional para que remitiera informe detallado del trámite surtido dentro de la acción de tutela incoada por el señor Libardo José López Cabrales contra la Sección Quinta del Consejo de Estado.
La secretaría general de la Corte Constitucional mediante el Oficio 037/2007 del 27 de febrero de 2007 (fls. 215 y 216) informó que la acción de tutela incoada por el señor Libardo José López Cabrales contra la Sección Quinta del Consejo de Estado, dio lugar a la Sentencia T-284 de 2006 de la Sala Octava de Revisión de Tutelas, decisión que, en virtud del artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, se comunicó a la Sección Primera del Consejo de Estado con el Oficio STB-312 del 14 de junio de 2006, del cual allegó copia. Agregó que el salvamento de voto del doctor Álvaro Tafur Galvis se registró el 22 de junio de 2006 y el 23 siguiente se envió copia al Consejo de Estado. Finalmente, indicó que surtido el trámite secretarial “en aras de dar publicidad a sus sentencias ... se remite a la relatoría copia del respectivo proveído, para efectos de que sea conocida por el público en general, entrega que para el caso concreto se realizó el día 23 de junio de 2006”.
El señor Libardo José López Cabrales, a través de apoderado —a quien se le reconocerá personería—, en escrito del 28 de febrero de 2007 (fls. 220 a 225) solicitó se deniegue la tutela incoada, pues lo que realmente se demanda en esta acción, es la Sentencia T-284 de 2006 de la Corte Constitucional, lo cual es improcedente. Además, ni la tutela se invocó como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, ni este se probó.
Indicó que el actor ya había formulado otra tutela contra la Corte Constitucional y contra la Organización Nacional Electoral, la cual fue resuelta en segunda instancia por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura (fls. 271 a 287).
Mediante escrito del 6 de marzo de 2007 (fls. 243 y 244) remitió copia de la sentencia del 11 de julio de 2006 de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca (Ref. Tutela 2006-2623, M.P. Doris Consuelo Garzón Monastoque) a través de la cual se declaró improcedente la tutela incoada por el señor Jaime Torralvo Suárez contra el Consejo Nacional Electoral y la Corte Constitucional (fls. 245 a 258) y copia del telegrama 8.246 del 20 de junio de 2006 de la oficial mayor de la secretaría general del Consejo de Estado por el cual se notificó al apoderado del actor, la sentencia del 5 de abril de 2006 de la Corte Constitucional (fl. 259).
La acción de tutela faculta a toda persona para reclamar ante los jueces, mediante un procedimiento preferente y sumario, la protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuandoquiera que estos resulten vulnerados o amenazados por acción u omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en ciertos casos. Dada su naturaleza subsidiaria, solo procede cuando no existen otros medios de defensa judicial, o en su defecto, de manera transitoria, siempre que sea necesario para evitar un perjuicio irremediable.
El señor Jaime Torralvo Suárez solicita la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la participación en la conformación, ejercicio y control del poder político (C.P., arts. 29 y 40), que considera vulnerados de una parte, por el Consejo Nacional Electoral, en cuanto libró los oficios CNE-P-352 del 21 de junio de 2006 dirigido al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería y el CNE-P-350 de la misma fecha, con destino al señor Libardo José López Cabrales, en presunto cumplimiento de la Sentencia T-284 de 2006 de la Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional que en sede de revisión, accedió a la tutela del señor Libardo José López Cabrales y dejó sin efectos la sentencia del 24 de agosto de 2005 la Sección Quinta del Consejo de Estado que anuló su elección como gobernador del departamento de Córdoba (2) .
Y, de otra parte, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería que el 22 de junio de 2006, atendiendo al Consejo Nacional Electoral, lo desplazó del cargo de gobernador de Córdoba para el que había sido elegido popularmente, al posesionar en el mismo cargo al señor Libardo José López Cabrales sin que se hubiera decretado la vacancia del mismo y sin tener competencia para ello, pues según el artículo 92 del Decreto 1222 de 1986, la posesión se debía surtir ante la Asamblea Departamental de Córdoba.
En primer lugar, en relación con el argumento propuesto por el apoderado del señor Libardo José López Cabrales, en cuanto a la presunta temeridad en que pudo incurrir el señor Jaime Torralvo Suárez con la interposición de esta acción de tutela, la Sala advierte que en sentencia del 11 de julio de 2006, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca (3) declaró improcedente la tutela incoada por el señor Jaime Torralvo Suárez contra el Consejo Nacional Electoral y la Corte Constitucional.
Al cotejar el texto de esa providencia con la solicitud de tutela que ahora se resuelve, se observa que la acción fue rechazada por dos razones: “La primera por cuanto no procede la acción de amparo, contra una de la misma naturaleza y la segunda, porque el accionante cuenta con otro mecanismo de defensa judicial, a saber, la petición de declaratoria de nulidad de la sentencia proferida por la H. Corte Constitucional. (...) Bajo este contexto, debe concluir la Sala que no hay lugar a tutelar los derechos presuntamente vulnerados, porque, como se dijo, la acción de tutela no procede contra sentencias de la misma índole, y además, el actor cuenta con otro mecanismo de defensa judicial a su alcance, la nulidad ya invocada, a través de la cual puede intentar el saneamiento de los defectos en los que, a su juicio, incurrió la Corte Constitucional en el trámite de la revisión de la tutela promovida por el señor Libardo José López Cabrales” (págs. 9 y 12, visibles a fls. 253 y 256). La Sala Jurisdiccional Disciplinara del Consejo Superior de la Judicatura, al resolver la impugnación (4) confirmó la sentencia, al concluir que la acción era en efecto, improcedente por estar pendiente la resolución de las solicitudes de nulidad de la Sentencia T-284 ante la Sala Plena de la Corte Constitucional y ordenó compulsar copias para investigar las irregularidades al momento de proferir la mencionada sentencia (fls. 273 a 287).
Observa la Sala que ni los hechos que dieron origen a aquella acción ni los derechos invocados ni las pretensiones son las mismas, toda vez que en esa oportunidad se solicitó decretar la nulidad de la Sentencia T-284 de 2006 de la Sala Octava de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional por incurrir en vía de hecho. Así mismo, también lo es que los hechos que motivan las tutelas son diferentes, como se desprende de los fallos de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca (fls. 245 a 258) y de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura (fls. 273 a 287).
En efecto, en la primera tutela promovida contra la Corte Constitucional y el Consejo Nacional Electoral se formularon pretensiones diferentes, pues, mientras en aquella se pidió la nulidad del fallo de la Corte Constitucional por no haber vinculado al señor Jaime Torralvo Suárez como tercero con interés, y se solicitó ordenar al Consejo Nacional Electoral que se abstuviera de cumplir el fallo de la Corte Constitucional, en la tutela que ahora se resuelve, la pretensión ya no es que el Consejo Nacional Electoral se abstenga de hacer, sino que se dejen sin efecto los oficios CNE-P-350 y CNE-P-352 del 21 de junio de 2006 dirigidos al señor Libardo José López Cabrales y al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería.
Por lo anterior, considera la Sala que el señor Jaime Torralvo Suárez no incurrió en una actuación temeraria.
En segundo lugar, la Sala advierte que la presente acción de tutela no se dirige contra providencias del Tribunal Superior de Montería ni e la Corte Constitucional, sino contra las actuaciones del Consejo Nacional Electoral, en cuanto, libró unos oficios sin tener competencia para ello y del citado tribunal, por dar posesión al señor Libardo José López Cabrales como gobernador del departamento de Córdoba sin que el cargo se encontrara vacante y sin tener competencia.
Por lo tanto, no se trata de una tutela contra providencias judiciales.
Toda vez que se ha argumentado que contra los actos del Consejo Nacional Electoral proceden otros mecanismos de defensa judicial, la Sala analizará su naturaleza jurídica.
En el Oficio CNE-P-352 del 21 de junio de 2006, el presidente (E) del Consejo Nacional Electoral le informa al Presidente del Tribunal Superior de Montería (fl. 86) que:
“El Consejo Nacional Electoral en su sesión de la fecha y con ocasión de la Sentencia T-284 de 2006 en la acción de tutela instaurada por Libardo José López Cabrales contra el fallo de la Sección Quinta Sala de lo Contencioso Administrativa del Consejo de Estado, determinó por unanimidad solicitar a los señores magistrados del Tribunal Superior de Montería el cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional”.
En el Oficio CNE-P-350 del 21 de junio de 2006, el presidente (E) del Consejo Nacional Electoral le informa al señor Libardo José López Cabrales (fl. 118) que:
“El Consejo Nacional Electoral en su Sesión de la fecha y con ocasión de la Sentencia T-284 de 2006 en la acción de tutela instaurada por Libardo José López Cabrales contra el fallo de la Sección Quinta Sala de lo Contencioso Administrativa del Consejo de Estado, determinó por unanimidad solicitar a los señores magistrados del Tribunal Superior de Córdoba (SIC) en cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional, dar posesión al doctor Libardo José López Cabrales, como gobernador del departamento de Córdoba”.
En el primero de ellos se observa que el Consejo Nacional Electoral solicitó al tribunal, el cumplimiento de la sentencia de tutela de la Corte Constitucional y en el segundo suministra tal información al interesado, agregando que se indicó al tribunal que se le diera posesión como gobernador del departamento de Córdoba. Es decir, son solamente solicitudes e informaciones.
Del estudio del Código Contencioso Administrativo (5) se concluye cuáles manifestaciones de la administración pueden ser objeto del control jurisdiccional. De manera general, por disposición de la ley, los actos administrativos se encuentran sujetos a control. Excepcionalmente, algunos no se pueden controvertir en ejercicio de las acciones contenciosas de nulidad (art. 84), de nulidad y restablecimiento del derecho (art. 85) y de nulidad electoral (arts. 223, 227 y 228).
No basta que se produzca una simple manifestación, que se exprese una opinión o se formule un concepto por parte de la autoridad pública. El acto administrativo siempre contiene una decisión, cuyo fundamento se encuentra directamente en el ejercicio de las potestades propias del poder público, de las que carecen los particulares (6) . No lo son tampoco, si son informativos, como ocurre con los oficios CNE-P-350 y CNE-P-352 del 21 de junio de 2006.
En efecto, del contenido de los citados oficios, no se puede concluir que allí se exteriorice la manifestación de la voluntad unilateral de la administración y que adicionalmente, cree, modifique o extinga una situación jurídica. Por ello, no pueden ser tenidos como tales, y que no son susceptibles de ninguna acción ante la jurisdicción contencioso administrativa. Así las cosas, debe rechazarse el argumento de que habría otros mecanismos de defensa judicial. Entonces, la tutela es procedente y debe entrarse a analizar el fondo de lo que allí se debate.
1. Mediante sentencia de única instancia del 24 de agosto de 2095 de la Sección Quinta del Consejo de Estado (exp. acum. 3229, 3230), se anuló el acto de elección del ciudadano Libardo José López Cabrales como gobernador del departamento de Córdoba, para el período constitucional 2004 – 2007, contenido en el Acuerdo 3 del 17 de diciembre de 2003 del Consejo Nacional Electoral (7) .
2. Debido a lo anterior y comoquiera que restaban más de 18 meses de período constitucional (hasta el 31 de diciembre de 2007), a través del Decreto 563 del 23 de febrero de 2006 (8) , el Gobierno Nacional convocó la elección del gobernador del departamento de Córdoba, indicando que los comicios serían el 9 de abril de 2006.
3. Contra la sentencia del 24 de agosto de 2005, el señor Libardo José López Cabrales interpuso acción de tutela. Esta se rechaza improcedente en primera instancia en fallo del 20 de octubre de 2005 de la Sección Primera del Consejo de Estado.
4. Al revisar la anterior decisión, la Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Clara Inés Vargas Hernández (ponente), Jaime Araújo Rentería y Álvaro Tafur Galvis quien salvó voto (9) , en Sentencia T-284 de 2006 la revocó, concedió el amparo, dejó sin efectos la sentencia atacada y ordenó “a título de restablecimiento”, el reintegro del señor Libardo José López Cabrales como gobernador del departamento de Córdoba, “a fin de culminar su período constitucional, sin perjuicio de que se haya o no adelantado un nuevo proceso electoral para elegir gobernador. Para estos efectos infórmese a la Organización Nacional Electoral”.
5. Según informe de la Secretaría General de la Corte Constitucional, la primera comunicación de la Sentencia T-284 fue a la Sección Primera del Consejo de Estado en oficio del 14 de junio de 2006, es decir, más de dos meses después de proferida y mediante oficios del 20 de junio de 2006 se hicieron las demás comunicaciones, cuando ya se había elegido por voto popular al señor Jaime Torralvo Suárez como gobernador de Córdoba, quien tomó posesión el 17 de abril de 2006. Se concluye que no se expidió comunicado de prensa y la sentencia se envió para conocimiento del público solo hasta el 23 de junio de 2006.
6. El Gobierno Nacional dispuso en el Decreto 563 del 23 de febrero de 2006 que las elecciones se efectuarían el 9 de abril de 2006 y en ellas resultó elegido el señor Jaime Torralvo Suárez con un total de 179.368 votos (10) , tal como lo certifica el acta general de escrutinios departamentales de la elección atípica de gobernador de Córdoba de la Comisión Escrutadora Departamental del 16 de abril de 2006; por ello, se le entregó su credencial (fls. 25 a 29) y tomó posesión del cargo el 17 de abril de 2006 ante la Asamblea Departamental de Córdoba (fl. 80).
7. El 21 de junio de 2006, el Consejo Nacional Electoral expidió el Oficio CNE-P-352 dirigido al Presidente del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería informando que en sesión de la fecha, por unanimidad el Consejo había determinado “solicitar a los señores magistrados del Tribunal Superior de Montería el cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional” y expidió el Oficio CNE-P-350 dirigido al señor Libardo José López Cabrales informando sobre lo dispuesto en el anterior. En el primero de ellos, el Consejo Nacional Electoral solicitó al tribunal, el cumplimiento de la sentencia de tutela de la Corte Constitucional y en el segundo informa al interesado que se solicitó al tribunal cumplir la sentencia y darle posesión como gobernador del departamento de Córdoba.
8. En respuesta a una solicitud formulada por el Ministerio del Interior y de Justicia de “fijar su posición respecto a la actual validez o no del acto de elección del gobernador de Córdoba realizado el 9 de abril de 2006 y la credencial entregada por el Consejo Nacional Electoral, como consecuencia de los resultados electorales”, el Consejo Nacional Electoral expidió el Boletín de Prensa 09 donde consignó que había solicitado al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería el cumplimiento de la Sentencia T-284 de 2006.
9. El 22 de junio de 2006 siguiendo la instrucción del Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería dio posesión al señor Libando José López Cabrales. Para el actor ello no era posible por “la inexistencia de vacante por estar a la sazón en ejercicio legal de dicho cargo el gobernador elegido el 9 de abril inmediatamente anterior”.
10. El acto de elección del señor Jaime Torralvo Suárez nunca fue demandado, por lo que su elección quedó en firme (11) y el 22 de junio de 2006 fue despojado de su cargo con la posesión del señor Libardo José López Cabrales.
Este derecho es de naturaleza compleja ya que consagra su ejercicio desde por lo menos siete posibilidades. Tiene significaciones de naturaleza tanto objetiva como subjetiva y por ello, el constituye lo contempló desde distintas sedes y a través de diversos mecanismos: El voto, el derecho de acción, la iniciativa legislativa, la revocatoria del mandato, el acceso al desempeño de funciones y cargos públicos, etc. Diversas normas constitucionales dan alcance al ejercicio de derecho, los artículos 1º, 3º, 103, 259, 263, entre otros (12) .
El señor Jaime Torralvo Suárez fundamentó en los numerales 1º, 2º y 7º del artículo 40 superior, la violación de su derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político al ser desplazado del cargo de gobernador electo de Córdoba y en ejercicio de sus funciones, que sufrió sin que el acto de su elección hubiese sido demandado ni se hubiera revocado su mandato, hecho instruido por el Consejo Nacional Electoral y consumado por el Tribunal Superior de Montería al posesionar al anterior gobernador cuya condición había sido extinguida y su credencial anulada por la Sección Quinta del Consejo de Estado en una decisión que hizo tránsito a cosa juzgada.
Según el artículo 265 de la Constitución Política, en relación con las elecciones (nums. 1º, 5º y 7º), al Consejo Nacional Electoral le corresponde, de conformidad con la ley: Ejercer la suprema inspección y vigilancia de la organización electoral; velar “por el desarrollo de los procesos electorales en condiciones de plenas garantías” y efectuar el escrutinio general de toda votación nacional, hacer la declaratoria de elección y expedir las respectivas credenciales, entre otras funciones.
El Consejo Nacional Electoral omitió actuar como máxima autoridad electoral, pues desconoció los nuevos escrutinios que se practicaron y que dieron lugar a declarar la elección del accionante como gobernador del departamento de Córdoba.
Efectuadas las votaciones, realizado el escrutinio, resuelta las reclamaciones, llenados los vacíos u omisiones, el Consejo Nacional Electoral no tiene alternativa distinta a la de declarar la última elección regularmente llevada a cabo, de quienes, según la votación, fueron elegidos popularmente. No puede, entonces, el Consejo Nacional Electoral desconocer la elección de un candidato a un cargo público de elección popular, pues las normas que le señalan su competencia en el proceso administrativo electoral, no le otorgan esa atribución (13) .
Para la fecha en que se profirió la Sentencia T-284 de 2006 de la Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional (abr. 5), ya el Gobierno Nacional había convocado a elecciones para reemplazar al señor Libardo José López Cabrales y a la autoridad electoral competente, esto es, a la Registraduría Nacional del Estado Civil no le fue notificada la decisión ni recibió comunicación alguna que le ordenara suspender el proceso electoral.
Cuando se notificó y quedó ejecutoriada la decisión de la Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional (jun. 19/2006), ya era un hecho cumplido y público el resultado del proceso electoral y democrático del 9 de abril de 2006, en el que resultó elegido el señor Jaime Torralvo Suárez (14) .
El acto que declaró la elección del señor Jaime Torralvo Suárez está revestido de la presunción de legalidad, no desvirtuada judicialmente, en ejercicio de la acción de nulidad electoral.
El Acta de Escrutinio de la Comisión Departamental de Córdoba de 16 de abril de 2006, donde consta oficialmente el resultado de las elecciones del 9 de abril de 2006 convocadas por el Gobierno Nacional y en las que resultó elegido el señor Jaime Torralvo Suárez como gobernador del departamento de Córdoba para el período restante que vencería el 31 de diciembre de 2007, no fue objeto de acción de nulidad electoral ante la jurisdicción contencioso administrativa.
En efecto, al revisar el software de gestión judicial del Consejo de Estado, no aparece radicada demanda alguna en contra del acto de elección del señor Jaime Torralvo Suárez como gobernado del departamento de Córdoba (15) . Tampoco hay constancia de suspensión de los efectos jurídicos de ese acto mediante decisión judicial en firme. Por tanto, la elección del señor Jaime Torralvo Suárez está amparada de legalidad, es un acto definitivo, que tiene plena validez, no ha sido declarado contrario a derecho y sobre el cual, la Sentencia de Tutela T-284 de 2006 no produce ningún efecto.
En consecuencia, el Consejo Nacional Electoral como suprema autoridad electoral debía hacer respetar el pronunciamiento del pueblo, que eligió un nuevo gobernador para lo cual había sido convocado, elección que se realizó con el pleno de los requisitos de ley. La Corte Constitucional no tomó medidas tendientes a evitar que cuatro días después de la fecha de la providencia, se realizaran los comicios.
La decisión popular contenida en una elección que no fue controvertida ni revisada y está en firme, es de obligatorio cumplimiento por mandato del artículo 3º de la Constitución Política, como garantía para que el pueblo efectivamente gobierne:
A juicio de la Sala, la doble conducta desplegada por el Consejo Nacional Electoral, que la constituye la expedición de los oficios y la omisión de respetar la voluntad popular, viola los derechos del actor.
En efecto, mientras la nueva elección mantenga su legitimidad, que además proviene del elector primario, debe ampararse el derecho fundamental a elegir y ser elegido, tal como lo sostuvo la Sala Plena de la Corte Constitucional en la Sentencia Unificadora SU-640 del 5 de noviembre de 1998 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz) (16) , puesto que el nuevo gobernador goza “de una legitimidad democrática reforzada, “concedida a través de una elección popular más reciente”.
Sobre la relación entre el derecho a ser elegido y la potestad soberana del pueblo de elegir, la Corte Constitucional sostuvo que el elegido tiene la posibilidad de exigir por vía de tutela que se ejecute el resultado del proceso electoral válido, permitiéndosele dirigir los destinos de la comunidad que lo escogió como su representante.
La decisión popular y mayoritaria de elegir al señor Jaime Torralvo Suárez para el resto del período que vence el 31 de diciembre de 2007, tal como fue convocado por el Gobierno Nacional mediante el Decreto 563 del 23 de febrero de 2006, debe surtir plenos efectos, porque los derechos a elegir y ser elegido “constituyen elementos inescindibles de configuración democrática de cada elección, que no se confunden con otras decisiones políticas, así fueren del mismo elector y así tengan que ve igual designación” (17) .
El señor Jaime Torralvo Suárez terminó elegido como resultado de un proceso legalmente convocado, público y definitivo, razón por la cual debe protegerse el derecho del pueblo soberano a elegir, como expresión de la democracia y del Estado social de derecho.
En la elección de gobernadores y alcaldes, los sufragantes imponen por mandato al elegido el programa que presentó al inscribirse como candidato, de conformidad con el artículo 259 de la Constitución. El desconocimiento de una elección válida implica, por contera, ignorar el mandato otorgado por los electores.
El Consejo Nacional Electoral debió custodiar el proceso electoral salvaguardar la soberanía popular. Al no hacerlo, desconoció el artículo 40 superior y en conexidad, otras normas del mismo texto.
Competencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería, naturaleza jurídica del acta de posesión e inexistencia de otros medios de defensa judicial en su contra
El Consejo Nacional Electoral se extralimitó al solicitar al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería que le diera posesión al señor López Cabrales, porque el artículo 92 del Decreto 1222 de 1986 —Régimen Departamental— señala que “Los gobernadores de los departamentos se posesionarán ante las asambleas departamentales, y en su defecto, ante el respectivo tribunal superior, residente en el lugar”.
Según esta norma, en principio compete a la asamblea departamental dar posesión a los gobernadores y solo a falta de ella, la posesión se surte ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial respectivo.
En el sub lite, se allegó constancia suscrita por el secretario de la Asamblea Departamental de Córdoba (fl. 123) quien certifica que el día 22 de junio de 2006, fecha de la posesión del señor Libardo José López Cabrales como gobernador del departamento de Córdoba esa corporación administrativa se encontraba en su segundo período de sesiones ordinarias, el cual empezó el 1º de junio de 2006 y no existe ninguna constancia o documento —ni siquiera el acta de posesión ante el tribunal— en donde se indique por qué este actuó en defecto de la asamblea departamental.
Según los artículos 223, 227 y 228 del Código Contencioso Administrativo, el acta de posesión no es susceptible de control jurisdiccional, pues la acción de nulidad electoral (18) puede recaer sobre: i) Las actas de escrutinio de los jurados de votación y de toda corporación electoral; ii) Contra los actos de las corporaciones electorales por medio de las cuales se declare indebidamente alguna nulidad, o se computen votos a favor de ciudadanos que constitucional o legalmente no sean elegibles, o se hubiere dejado de computar un registro, o se haya alterado o cambiado el nombre de uno o varios candidatos y iii) La elección, cuando un candidato no reúna las condiciones constitucionales o legales para el desempeño de un cargo, fuere inelegible o tuviere algún impedimento para ser elegido.
El artículo 29 de la Constitución Política consagra la obligación de aplicar el debido proceso en toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Más adelante señala los elementos integrantes de esta importante garantía, entre ellos, el principio del juez natural, el principio de legalidad y el respeto por las formalidades propias de cada juicio. Igualmente, establece la favorabilidad en materia penal, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa técnica, los principios de publicidad, contradicción, apelación de la condena, “non bis in idem” y anula directamente la prueba que se obtenga con su violación.
Sostiene el actor que el debido proceso le fue desconocido, entre otras razones por la incompetencia del Consejo Nacional Electoral para hacer cumplir el fallo, lo cual es de resorte exclusivo del juez de primera instancia al tenor del artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, el desconocimiento del precedente jurisprudencial de obligatorio acatamiento contenido en las sentencias unificadoras SU-640 de 1998 y SU-168 de 1999 de la Sala Plena de la Corte Constitucional y el evidente error en la interpretación del Consejo Nacional Electoral del amparo efectuado por la Sala Octava de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional en la Sentencia T-284 del 5 de abril de 2006. A juicio del actor, todas esas razones “hacen ver cómo las actuaciones realizadas por el CNE, y, en desarrollo de ellas, la posesión del ex gobernador López Cabrales oficiada por el Tribunal Superior de Montería, para dar pretendido cumplimiento a la Sentencia T-284, contrarían radicalmente el debido proceso constitucional y asumen consiguientemente la condición de vía de hecho”.
Al gobernador elegido con el pleno de los requisitos de ley, le fue afectado su derecho fundamental al debido proceso por parte del Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería. Así está demostrado para la Sala, porque:
b) El señor Jaime Torralvo Suárez no pudo ejercer su derecho de defensa pues no fue vinculado en calidad de candidato, así como ninguno de los demás, a la tutela que resolvió la Corte Constitucional, pese a tener un interés como tercero que se vería afectado con las resultas del proceso (19) .
c) Sin que mediara requerimiento alguno o se le hubiese anulado su elección o credencial, al señor Jaime Torralvo Suárez se le ocasionó un perjuicio irremediable porque fue despojado de su cargo el 22 de junio de 2006, cuando se posesionó nuevamente el señor Libardo José López Cabrales ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería, tras la información remitida por el Consejo Nacional Electoral.
1. El acta general de escrutinios departamentales de la elección atípica de gobernador de Córdoba de la Comisión Escrutadora Departamental del 16 de abril de 2006, a través de la cual se hace constar oficialmente que en las elecciones del 9 de abril de 2006, convocadas por el Gobierno Nacional mediante el Decreto 563 del 23 de febrero de 2006, resultó elegido el señor Jaime Torralvo Suárez con un total de 179.368 votos, se le entregó la credencial respectiva y se ordenó su posesión, lo cual ocurrió al día siguiente, es un acto definitivo, en firme, está revestido de legalidad y legitimidad y expresa la última decisión soberana de los electores respecto del cargo de gobernador de Córdoba.
2. El 14 de junio de 2006 cuando se produjo la notificación de la Sentencia T-284 de 2006 de la Sala Octava de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, ya había terminado el proceso electoral que se surtió de manera regular (20) , en aplicación del principio de democracia representativa (C.P., art. 1º) y en ejercicio de la soberanía popular (C.P., art. 3º).
3. El Consejo Nacional Electoral no tuvo en cuenta que por voto popular ya se había elegido un nuevo gobernador en Córdoba y esa elección está amparada de legalidad comoquiera que no fue anulada por juez competente ni revocado el mandato conferido. El Consejo Nacional Electoral como autoridad electoral, en virtud de sus competencias, debió hacer respetar la última decisión soberana de los electores. Por su parte, al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería no le correspondía posesionar al señor Libardo José López Cabrales.
4. De acuerdo con lo anterior, en criterio del Consejo de Estado y compartiendo lo dispuesto por la Sala Plena de la Corte Constitucional (21) , se debe proteger el derecho fundamenta del señor Jaime Torralvo Suárez a elegir y ser elegido. Igualmente, se le protegerá el derecho fundamental al debido proceso, porque no pudo ejercer el derecho de defensa y fue retirado del ejercicio del cargo sin que se hubiese anulado su elección o revocado el mandato popular.
En consecuencia, se declararán sin efecto jurídico los oficios CNE-P-352 y CNE-P-350 del 21 de junio de 2006 dirigidos por el Consejo Nacional Electoral al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería y al señor Libardo José López Cabrales, respectivamente. Igualmente, se declarará sin efecto jurídico la posesión del 22 de junio de 2006 del señor López Cabrales como gobernador de Córdoba suscrita ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería y se declarará que el señor Jaime Torralvo Suárez, elegido popularmente, está válidamente posesionado y acreditado como gobernador de Córdoba, por lo que debe reasumir inmediatamente las funciones propias de su cargo. Por tanto, a partir de la notificación de esta decisión, el señor Libardo José López Cabrales, cesa en sus funciones. Por lo mismo, el actor las reasume, sin que se requiera solemnidad adicional.
Se ordenará comunicar esta decisión al señor Presidente de la República, al Ministro del Interior y de Justicia, al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería, a la Asamblea Departamental de Córdoba, al Consejo Nacional Electoral, a la Registraduría Nacional del Estado Civil, al señor Libardo José López Cabrales y al actor, a fin de que presten su concurso al cumplimiento de esta sentencia, en lo que corresponda a sus respectivas funciones y obligaciones.
Se ordenará al Consejo Nacional Electoral que expida un boletín de prensa en donde inserte la parte resolutiva de esta sentencia.
REVÓCASE la providencia impugnada, esto es, la sentencia de 6 de diciembre de 2006 de la Subsección “B” de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. En su lugar:
AMPÁRANSE los derechos fundamentales a la participación en la conformación, ejercicio y control del poder político y al debido pro eso del señor Jaime Torralvo Suárez consagrados en los artículos 40 y 29 de la Constitución Política, vulnerados por el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería. En consecuencia:
7. ENVÍESE a la Corte Constitucional para lo de su cargo.
Magistrados: Ligia López Díaz, Presidente de la Sección—María Inés Ortiz Barbosa, aclara voto—Juan Ángel Palacio Hincapié—Héctor J. Romero Díaz.
(1) Publicado en el Diario Oficial 46.192 del 23 de febrero de 2006.
(2) En virtud de la decisión contencioso administrativa, en elecciones convocadas por el Gobierno Nacional mediante el Decreto 563 del 23 de febrero de 2006, el domingo 9 de abril de 2006 se eligió al señor Jaime Torralvo Suárez.
(3) Ref. Tutela 2006-2623, M.P. Doris Consuelo Garzón Monastoque.
(4) Sentencia del 30 de agosto de 2006, M.P. Eduardo Campo Soto.
(5) Cfr. artículos 84, 85, 223, 227 y 228.
(6) Así lo sostuvo la Sección Tercera del Consejo de Estado en la sentencia del 11 de abril de 2002, expediente 21652, M.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.
(7) En esa decisión se concluyó que el demandado incurrió en la causal de inhabilidad prevista en el numeral 4º del artículo 30 de la Ley 617 de 2000, pues actuando en interés propio y de terceros, dentro del año anterior a su elección, celebró contratos con la entidad pública Ecogestar Ltda., cuya ejecución debía cumplirse dentro del departamento de Córdoba, por el cual resultó elegido.
(8) Publicado en el Diario Oficial 46.192 del 23 de febrero de 2006.
(9) Los argumentos principales del disenso fueron: i) el carácter excepcional de la intervención del juez de tutela en las decisiones judiciales y los presupuestos establecidos por la jurisprudencia para que pueda afirmarse que se ha incurrido en una vía de hecho, lo cual no se acreditó; ii) el debido proceso en materia sancionatoria y en particular el necesario respeto del principio de legalidad en materia de inhabilidades, y iii) el alcance de la inhabilidad señalada en el numeral 4º del artículo 30 de la Ley 617 de 2000 y su concordancia con el parágrafo del artículo 2º de la Ley 80 de 1993. Concluyó que no asiste razón al actor en cuanto a la configuración de los defectos orgánico, fáctico y sustancial que invoca en la sentencia atacada y comoquiera que no puede afirmarse que en la referida providencia se incurrió en una vía de hecho tampoco puede afirmarse que con ella se hayan vulnerado sus derechos fundamentales.
(10) El consolidado (fl. 28) indica: Jaime Torralvo Suárez: 179.368 votos, Mario Prada Cobos: 121.151 votos, Juan Bautista González Petro: 2.603 votos, en blanco: 6.561, nulos: 4.337 votos, no marcados: 1.481 votos, total de votos: 315.501 (309.683 válidos y 5.818 no).
(11) Según el numeral 12 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la acción de nulidad electoral puede ser interpuesta dentro del término de 20 días contados a partir del siguiente a aquel en el cual se notifique legalmente el acto.
(12) “ART. 1º—Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”.
(13) Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 23 de septiembre de 2005, expediente 3232. M.P. Darío Quiñones Pinilla.
(14) Sobre este tema, la Sala Plena de la Corte Constitucional en las sentencias SU-640 del 5 de noviembre de 1998 y SU-168 del 17 de marzo de 1999, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, consideró que la tutela se podía conceder siempre y cuando no se hubiera realizado nuevo proceso electoral, porque de ser así, el derecho se extinguiría, puesto que el nuevo alcalde gozaría —con respecto al actor— de una legitimidad democrática reforzada, que le habría sido concedida a través de una elección popular más reciente. Estas decisiones por ser de Sala Plena y unificadoras de jurisprudencia, son entendidas por la Corte Constitucional como precedente de obligatorio acatamiento.
(15) Esta información adicionalmente, fue constatada vía telefónica con el secretario de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado el día 23 de febrero de 2007, quien informó que revisado el libro índice radicador de esa Sección y el software de gestión judicial, el acto de elección del señor Jaime Torralvo Suárez no fue demandado ante esta corporación. Ese mismo día, vía telefónica la oficial mayor de la secretaría del Tribunal Administrativo de Córdoba informó que revisado el software de gestión judicial, el acto de elección Jaime Torralvo Suárez no fue demandado ante esta corporación. Se verificó en ambas corporaciones judiciales, en razón al régimen de competencias de la Ley 446 de 1998 y la entrada en vigencia de la Ley 954 de 2005.
(16) Esta consideración fue reiterada por la Sala Plena de la Corte Constitucional en la Sentencia Unificadora SU-168 del 17 de marzo de 1999, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
(17) Cfr. Sentencia T-424 del 6 de mayo de 2004, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
(18) Esta acción puede ser interpuesta dentro del término de 20 días contados a partir del siguiente a aquel en el cual se notifique legalmente el acto (CCA, art. 136 num. 12).
(19) La Corte Constitucional ha considerado que es indispensable la vinculación de terceros con interés en las resultas de una acción de tutela, porque de lo contrario se pueden desconocer su derecho de defensa y debido proceso. En efecto, así lo ha sostenido en las siguientes providencias: T-553 de 1993, A-011 de 1997, A-027 de 1997, T-247 de 1997, A-009B de 1998, T-119 de 1998, A-019A de 1999, A-060 de 1999, SU-961 de 1999, T-1009 de 1999, A-148 de 2000, A-012 de 2002, A-231 de 2002, A-210 de 2003, T-313 de 2005, entre otras.
(20) La Sala de Consulta y Servicio Civil en el Concepto 1081 del 17 de febrero de 1998, M.P. Javier Henao Hidrón precisó que “El proceso electoral es una unidad conformada por la inscripción de candidatos, la elección que entre los candidatos inscritos hace el cuerpo electoral (conjunto de ciudadanos) y la posesión de los elegidos —o en su caso, de los que sean llamados a ocupar el cargo, si este hubiera quedado vacante por falta absoluta o temporal del titular”. Este proceso concluyó con la elección del señor Jaime Torralvo Suárez.
(21) Cfr. Sentencia SU-640 del 5 de noviembre de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.