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Timestamp: 2019-03-18 16:13:41
Document Index: 414419180

Matched Legal Cases: ['artículo 110', 'artículo 4', 'artículo 2', 'Artículo 5', 'artículo 25', 'artículo 16', 'artículo 6']

PRIMERO.-La sentencia de 25 de enero de 2016, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el recurso n.º 427/2014 , contiene el siguiente fallo:
"QUE RECHAZANDO LAS CAUSAS DE INADMISIBILIDAD DEL RECURSO OPUESTAS POR EL CONSORCIO UDALBILTZA Y EL AYUNTAMIENTO DE EA, Y DESESTIMANDO EL RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 427/14 FORMULADO POR LA ABOGADA DEL ESTADO EN REPRESENTACIÓN DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO FRENTE A LA APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE EA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2014, EN CUANTO INCORPORA PARTIDA 120/42301 DENOMINADA "CUOTAS EUDEL URREMENDI, IHOBE, UDALBILTZA", QUE INCLUYE APORTACIÓN ECONÓMICA PARA UDALBILTZA, PUBLICADA EN EL BOB NÚM. 249 DE 31 DE DICIEMBRE DE 2013, LA CONFIRMAMOS EN EL EXTREMO IMPUGNADO. SIN IMPOSICIÓN DE COSTAS A LA RECURRENTE".
TERCERO.-En el escrito de interposición se invocan cinco motivos de casación, al amparo del art. 88.1.d) de la Ley reguladora de esta Jurisdicción Contencioso-Administrativa , solicitando que se case y anule la sentencia recurrida y se dicte otra por la que se estime íntegramente el recurso el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Estado en la instancia.
PRIMERO.-Se impugna en la instancia el presupuesto para el ejercicio de 2014, aprobado por el Ayuntamiento de Ea, en relación a la partida correspondiente a Udalbiltza.
En la sentencia recurrida se rechazan las causas de inadmisibilidad del recurso por falta de legitimación de la Administración del Estado y extemporaneidad del recurso, que se hicieron valer por las partes recurridas, y se refieren los siguientes motivos de impugnación:
"1º.- La infracción de los artículos 57 y 87 de la Ley de bases de régimen local 7/1.985, de Bases de Régimen Local y el artículo 110 del Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1.986, de 18 de abril , en relación con los artículos 6 y 7 del Código Civil . Abuso de derecho y fraude de ley en la constitución del Consorcio Udalbiltza y consiguiente nulidad del acuerdo impugnado.
5º La vulneración del principio de lealtad institucional ( artículo 4 y 10.1 de la LRJ-PAC )".
En su resolución, la Sala desestima el primer motivo en cuanto se funda en la irregular constitución del Consorcio Udalbiltza, cuando no es objeto de este procedimiento tal constitución sino el acto de una entidad distinta, como es el Ayuntamiento demandado, consistente en la aprobación de una partida de gastos a favor del mencionado Consorcio, del que hay que dar por reconocida su personalidad jurídica y capacidad de obrar, de conformidad con los arts. 87.1 de la Ley 7/85 y 110 del Real Decreto Legislativo 781/1986 ( STSJPV 28-5-2014, rec. 599/2002 ). Entiende que ha de reconocerse la competencia material del Ayuntamiento para asumir compromisos de gasto con un Consorcio constituido al amparo del art. 87.1 de la Ley 7/85 , señalando que no constituye objeto del proceso la discusión sobre la validez de la constitución del Consorcio y que podrá discutirse la validez de la asignación en función de su afectación, concretada en el acto de ejecución presupuestaria, pero no la validez "per se" de la partida presupuestaria en razón de los fines de la entidad subvencionada, resultando inobjetable la competencia objetiva y territorial del municipio para contraer el referido compromiso de gasto, atendido los objetivos del Consorcio según sus estatutos. Desestima las alegaciones de infracción de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, que se formulan por la parte. Y se rechaza la infracción de los principios de neutralidad y objetividad en la actuación de la Administración local, señalando que la acción de fomento municipal debe entenderse amparada por la convergencia de sus competencias y fines con los inherentes a la acción consorcial subvencionada, con apoyo en las declaraciones de este Tribunal Supremo en sentencias de 25 de octubre de 2005 (rec.3026/2003 ) y 17 de mayo de 2005 (rec. 8257/2002 ).
SEGUNDO.-No conforme con ello, el abogado del Estado interpone recurso de casación, en cuyo primer motivo, formulado, como el resto, al amparo del art. 88.1.d) de la Ley de la Jurisdicción , denuncia la infracción de los arts. 9.3 y 24 de la Constitución , 217 , 319 y 327 de la LEC , por vulneración de las normas sobre valoración de la documental practicada en la instancia, de la cual, según el parecer de la parte, se infiere el abuso de derecho y el fraude de ley, y ello en cuanto se omiten los hechos probados de la sentencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, 2/2011, de 20 de enero , que describen la historia de Udalbiltza, su constitución, sus fines y sus medios de financiación, señalando la arbitrariedad en que se incurre cuando la sentencia recurrida desconoce estos hechos probados que acreditan que la finalidad de esa organización consorcial no es municipal sino extramunicipal, es política y, por lo tanto, no debe nutrirse de aportaciones de los presupuestos locales que deben servir a fines locales. Añade que el documento anejo a la demanda consistente en un informe elaborado por el consorcio Udalbiltza sobre las actividades desarrolladas en 2013, remitido a los Ayuntamientos, prueba que esas actividades excedían de lo municipal, por más que sus estatutos respondan al tipo de los consorcios municipales.
El segundo motivo de casación se refiere a la infracción de los arts. 9 , 24 y 137 de la Constitución , 9.4 de la Ley General de Subvenciones , 1 , 3 , 12 , 25 , 57 y 87 de la LRBRL , 110 del TR de régimen local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986 y 3 y 7 del Código Civil y la jurisprudencia, y ello porque se soslayan los límites materiales y territoriales al dotar y aportar fondos públicos con destino a fines que no son municipales ni por razón del fondo
(ratione materiae), ni por razón del territorio al que debe vincularse su aplicación o gasto, alegando que la sentencia realiza un análisis meramente formal y que ese criterio es contrario a la jurisprudencia, como es el caso de las sentencias de este TS 26 de septiembre de 2006 (rec. 1795/2004 ) y 21 de junio de 2006 (rec. 10442/2003 ) y otras dictadas por la Sala de instancia, que anulaban las partidas presupuestarias a favor de Udalbiltza, por su desconexión con los fines municipales.
En el tercer motivo se denuncia la infracción de los principios de neutralidad y objetividad recogidos en los arts. 103 de la CE y 6.1 de la LRBRL , desde el momento que la sentencia acepta y trata el CU como una entidad local a la que pertenece el Ayuntamiento, medio para colaborar en cumplir fines municipales, en la medida que se comprometen recursos públicos para la consecución de fines propios de una ideología y, por tanto, acción política de la izquierda abertzale.
En motivo cuarto refiere la vulneración del principio de lealtad institucional recogido en los arts. 10 de la LRBRL y 4 de la Ley 30/92 , señalando que desde el momento en que la sentencia recurrida respalda que, mediante una aportación presupuestaria nominativa se puedan financiar actividades no municipales como es la acción política a la que sirve realmente Udalbiltza, se quiebra la lealtad institucional a que se debe.
Finalmente, en el motivo quinto se denuncia la infracción de los arts. 2.2 , 3 , 8 , 16 , 22 y 28 de la Ley General de Subvenciones , en relación con los arts. 57 y 87 de la Ley 7/85 y 7 del Código Civil , alegando que no es de aplicación al caso el citado art. 2.2 LGS , en cuanto se trata de financiar un consorcio cuyos fines reales son de acción política vinculada a la ideología abertzale, por lo que se está en el caso de una subvención a una entidad que tiene una finalidad ajena a la competencia municipal, cuya licitud depende del cumplimiento de los requisitos legales establecidos en los citados artículos que se consideran infringidos.
TERCERO.-La Administración del Estado ha venido impugnando los actos administrativos de dotación de recursos públicos a Udalbiltza en distintos momentos y situaciones jurídicas, con resultado dispar, que conviene referir de modo sintético para adoptar una decisión congruente atendiendo a la circunstancias de cada caso.
Se indica en las referidas sentencias que el fundamento jurídico material de la impugnación parte "de la consideración de la inexistencia de Udalbitza (agrupación de municipios y electos) como asociación legalmente constituida, pese a lo cual es la beneficiaria real de la subvención acordada por la Diputación Foral, ya que la adjudicataria nominal de la misma (Udalbide Elkarlan Elkartea) únicamente constituye el "nombre comercial" de la anterior, cuyos fines y actividades -contrarias a los principios que dimanan de la Constitución y totalmente ajenos, por otra parte, al círculo de los intereses propios de los Entes Locales, revistiendo un carácter esencialmente político- asume de manera explícita en el artículo 2 º de sus Estatutos. Entre dichos fines figuran el de proyectar en el ámbito internacional la existencia de Euskal Herria como nación propia y diferenciada, así como su voluntad de actuar como tal en la futura configuración europea.
Consiguientemente estima el representante de la Administración que la aportación económica de la Diputación Foral de ... a Udalbide constituye un auténtico fraude de ley, ya que se trata de subvencionar con fondos públicos -y para una finalidad en todo ajena a las competencias propias de dicha Corporación- a una asociación sin personalidad jurídica, que persigue fines estrictamente políticos, utilizando para ello el ropaje jurídico que representa otra asociación, formalmente inscrita en el Registro del País Vasco, cuya identidad sustancial con la primera no ofrece la menor duda." Las sentencias de esta Sala, partiendo de que ninguna duda ofrecía que Udalbiltza y Udalbide no son sino "dos apariencias exteriores de una misma idealidad, realidad y asociación para idénticos fines", se refiere al contenido de los respectivos convenios suscritos con ambas Diputaciones Forales, que incluyen una larga lista de actividades a impulsar por Udalbide, que se contrastan con las funciones y competencias propias de tales Administraciones Forales, para concluir que: "no resulta posible sostener que sea ajeno a las competencias de la Diputación Foral demandada el propugnar las finalidades de las que explícitamente se hace depender el otorgamiento de la subvención discutida, ni que el hacerlo así constituya una desviación de poder originada por la dedicación de fondos públicos a un objeto ajeno a dichas competencias. Con mayor razón todavía si se tiene en cuenta que el Decreto Foral 15/85 ha traspasado a la misma los servicios que corresponden a las Instituciones Comunes en materia de cultura."
Interpuesto recurso de casación, las indicadas sentencias de esta Sala, reproduciendo lo dicho en las sentencias antes citadas y examinadas de 17 de mayo de 2005 (rec. 8257/2002 ) y 25 de octubre de 2005 (rec. 3026/2003 ), entienden que, pese a que el destinatario final de la subvención sea la misma Asociación, no nos encontramos en supuestos idénticos, pues aquí estamos ante entes municipales, de ámbito territorial más reducido y, a diferencia de aquellos supuestos, no responden a la suscripción de un convenio para la cooperación, desarrollo de la organización y actividades de las entidades locales mediante un mecanismo que permiten un control de su cumplimiento, constando únicamente la asignación de una partida a Udalbiltza, por lo que no resulta aplicable la doctrina de esas sentencias, y concluyen que: "con ser incontestables las capacidades de obligarse y la antedicha competencia municipal contemplada en la LBRL, lo cierto es que tanto material como territorialmente no queda justificada en el supuesto de autos que dicha asignación surta efectos en el término municipal, único territorio que, conforme al art. 12 LBRL, ejerce sus competencias el Ayuntamiento. Son los vecinos del municipios no solo los que contribuyen a las cargas municipales sino también los beneficiarios de los servicios públicos municipales que constituyan sus competencias. En tal sentido resulta certera la sentencia de instancia cuando afirma que la autonomía local, constitucional y legalmente consagrada, nunca es expresiva de soberanía y si alusiva a los poderes limitados que señala la STC 84/1982, de 23 de diciembre , es decir para la gestión de sus respectivos intereses que, como ya hemos declarado, se encuentran constreñidos al respectivo ámbito territorial." Añadiendo la segunda de las sentencias que examinamos, "que difícilmente cabe observar algún punto de conexión entre la afectación de los recursos públicos con los ámbitos competenciales atribuidos a la Entidad Local".
En el momento al que se contrae este recurso, la impugnación de la Administración del Estado se dirige contra el presupuesto para el ejercicio de 2014, aprobado por el Ayuntamiento de Ea en cuanto a la cuota de Udalbiltza, es decir, la cuota anual que corresponde abonar a dicho Ayuntamiento como miembro del Consorcio Udalbiltza, impugnación que se concreta en los motivos que se han reflejado en el primer fundamento de derecho.
Artículo 5º.-Los objetivos del Consorcio serán fomentar el desarrollo integral de las entidades consorciadas, la cooperación institucional entre ellas trabajando conjuntamente para logar la vertebración territorial, social y cultural en su ámbito territorial, sirviendo de instrumento para tal fin la elaboración y realización de estrategias de desarrollo que se pueden resumir en:
En ningún caso se entenderá que las entidades locales consorciadas hacen una cesión en bloque o de la totalidad de las competencias que sobre estas materias les reconoce la legislación de régimen local, sino que se posibilitará por los órganos del Consorcio la coordinación puntual y voluntaria de aquellos entidades locales en el ejercicio de competencias relacionadas con las materias antes citadas. A tal efecto las entidades locales y las demás entidades consorciadas podrán coordinarse por medio de los órganos del Consorcio o podrán atender a las propuestas que éstos les hagan para llevar a efecto proyectos o programas coordinados."
CUARTO.-En estas circunstancias y ante la respuesta desestimatoria de la Sala de instancia se invocan los cinco motivos de casación, en los términos que antes hemos indicado, con un argumento esencial y común a todos ellos, cual es la existencia de abuso de derecho y fraude de ley en cuanto la finalidad de la organización consorcial no es municipal sino extramunicipal y política, propia de una determinada ideología, por lo que no pueden asignarse recursos públicos con destino a fines que no son municipales ni por razón del fondo (ratione materiae), ni por razón del territorio al que debe vincularse su aplicación o gasto.
En este sentido se justifica el pronunciamiento de la Sala de instancia cuando señala que, hay que entender "que los fines del Consorcio Udalbiltza entroncan con los intereses a los que debe servir el Ayuntamiento demandado en el ejercicio de su autonomía, constitucionalmente garantizada, de suerte que la partida presupuestaria en cuestión comporta un compromiso de gasto que no puede desvincularse"ratione materia"de las competencias que el ordenamiento atribuye a la entidad local para la gestión de sus intereses, y que no se reducen a las específicamente atribuidas por el artículo 25-2 de la Ley de bases de régimen local, sino que puede promover cualquier actividad, relacionada con las materias incluidas en ese precepto, que concierna a su esfera de intereses, de acuerdo con el apartado 1 del mismo precepto."
Frente a esta realidad jurídica, la parte sitúa la controversia en la consideración de una constitución fraudulenta del Consorcio, cuyos fines reales no son los estatutariamente establecidos sino de acción política vinculada a la ideología abertzale, por lo que se está en el caso de una subvención a una entidad que tiene una finalidad ajena a la competencia municipal. Pero tal planeamiento tiene una primera objeción de considerable entidad, cual es, que lo procedente, como se indica por la Sala de instancia, sería haberlo hecho valer frente a los actos de constitución del Consorcio, en la medida que se atribuya a tales actos el abuso o fraude denunciados, lo que no ha sucedido en este caso, de manera que estamos ante actos jurídicos cuya eficacia no puede desconocerse. Y en segundo lugar, tal planteamiento, en la medida que pueda entenderse fundada en la consideración del destino efectivo de los recursos públicos asignados al Consorcio a fines extramunicipales y de carácter político distintos de los estatutarios, exige una acreditación suficiente de que efectivamente se ha producido tal desviación del destino previsto en la asignación, lo que no puede entenderse satisfecho o fundarse en valoraciones sobre concretas afinidades ideológicas o políticas de quienes aparecen como promotores del Consorcio, en cuanto supondría una valoración apriorística e impeditiva para el ejercicio del derecho a la constitución legal de tales entidades para la realización de los fines que legalmente son propios de las mismas. A esta prevención se referían ya las citadas sentencias de 17 de mayo y 25 de octubre de 2005 , cuando señalaban que: "ha de procederse con cautela a la hora de negar la licitud del otorgamiento de una subvención por parte de un Ente Público para satisfacción de finalidades que entran en el ámbito de su competencia, cuando esa subvención ha sido otorgada a favor de una entidad cuya legal constitución y registro como Asociación no aparece controvertido ni ha sido objeto de impugnación, y que se propone actividades de promoción de esas mismas finalidades". En el mismo sentido la sentencia de instancia señala que: "No puede ignorarse el status legal, las actividades y fines de la entidad subvencionada, y su relación con el círculo de intereses de la entidad local para indagar el destino o fin de ese recurso público, si el aparente de ejecución de la actuación prevista o si el que la recurrente considera real y oculto, esto es, el de apoyo al desarrollo del ideario y programa"independentistas"que animan la actuación de"Udalbiltza"en la que se enmarca la constitución y actividades del Consorcio del mismo nombre.
Si no fuera así se produciría de facto no solo un trato discriminatorio respecto a una entidad válidamente constituida, en razón a la ideología, reivindicaciones y acciones de sus promotores sino además su ilegalización o"defunción"de por vida, fuera de los procedimientos o al margen de los recursos legalmente establecidos."
Por eso se justifica, igualmente, que tanto en aquellas sentencias como en la de instancia, tras reconocer la legalidad y validez de la asignación de recursos públicos impugnada, por su relación con intereses propios del ámbito de competencias locales, dejen a salvo el control del efectivo destino de los mismos, como expresa de manera clara y precisa la Sala de instancia cuando señala que: "Podrá discutirse la validez de la asignación en función de su afectación, concretada en el acto de ejecución presupuestaria o de autorización del gasto o pretenderse su reintegro por causa del incumplimiento, en su caso, de las condiciones y obligaciones de la entidad subvencionada, establecidas en el convenio de colaboración a que se refiere elartículo 16 de la Ley 38/2003 , pero no puede discutirse la validez de la partida presupuestaria "per se" o en razón a los fines de la entidad subvencionada; para el caso, como si se tratase de cualquier otra persona con capacidad de obrar, cuyas actividades y fines cohonesten con los propios de la entidad local."
Más aún cuando expresamente se establece que la entidad ha de proceder a la elaboración de los correspondientes presupuestos anuales (art. 37 Est.), y que ha de aplicar sus recursos al cumplimiento de sus fines estatutarios (art. 38 Est.).
QUINTO.-Las anteriores valoraciones sobre el argumento común que sirve de sustento a los referidos motivos de casación conduce a la desestimación de cada uno de ellos por las siguientes razones:
Se alega en el primer motivo la vulneración de las normas sobre valoración de la documental practicada en la instancia, de la cual, según el parecer de la parte, se infiere el abuso de derecho y el fraude de ley, y ello en cuanto se omiten los hechos probados de la sentencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, 2/2011, de 20 de enero , que describen la historia de Udalbiltza, su constitución, sus fines y sus medios de financiación, señalando la arbitrariedad en que se incurre cuando la sentencia recurrida desconoce estos hechos probados que acreditan que la finalidad de esa organización consorcial no es municipal sino extramunicipal, es política y, por lo tanto, no debe nutrirse de aportaciones de los presupuestos locales que deben servir a fines locales. Añade que el documento anejo a la demanda consistente en un informe elaborado por el consorcio Udalbiltza sobre las actividades desarrolladas en 2013, remitido a los Ayuntamientos, prueba que esas actividades excedían de lo municipal, por más que sus estatutos respondan al tipo de los consorcios municipales.
Y desde esta perspectiva, la alegación no puede compartirse pues, en realidad lo que la parte sostiene es una distinta apreciación de la documental que cita, frente a las consideraciones de la Sala de instancia que entiende que: "La cuestión es si la actividad subvencionada, ya no por si sola sino por su relación con la esfera de intereses a que debe servir la entidad local, justifica la ayuda en cuestión, no en vano el consorcio es una forma o instrumento de organización común ( artículo 6-5 de la Ley 30/1992 ) del que pueden servirse las entidades locales para realizar actuaciones o gestionar servicios en que estén mutuamente interesadas. Y en ese supuesto no cabe hablar de actuación instrumental del Consorcio subvencionado al servicio de fines ajenos a la entidad local que otorgue la subvención, o de concesión o utilización fraudulenta de esta, sino que la acción de fomento municipal debe entenderse amparada por la convergencia de sus competencias y fines con los inherentes a la acción consorcial subvencionada."
En consecuencia, procede la desestimación de este primer motivo de casación.
SEXTO.-Las razones que han determinado la desestimación del anterior motivo de casación determinan la desestimación de los demás, en cuanto supone rechazar el presupuesto en que se apoyan todos ellos.
Así, en el segundo motivo de casación se refiere a la infracción de los arts. 9 , 24 y 137 de la Constitución , 9.4 de la Ley General de Subvenciones , 1 , 3 , 12 , 25 , 57 y 87 de la LRBRL , 110 del TR de régimen local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986 y 3 y 7 del Código Civil y la jurisprudencia, y ello porque se soslayan los límites materiales y territoriales al dotar y aportar fondos públicos con destino a fines que no son municipales ni por razón del fondo (ratione materiae), ni por razón del territorio al que debe vincularse su aplicación o gasto, alegando que la sentencia realiza un análisis meramente formal y que al soslayar la realidad fáctica que subyace en la finalidad de la aportación presupuestaria realizada y la desconexión de los fines municipales a que debería servir la misma con la finalidad extramunicipal perseguida realmente por el CU, por más que sus estatutos se acomoden al tipo de un consorcio municipal, permite la quiebra del grupo normativo invocado en este motivo de casación, planteamiento de la parte que no se corresponde con las apreciaciones que hemos hecho anteriormente y que por ello no puede compartirse.
Lo mismo sucede con el motivo tercero con la denuncia de infracción de los principios de neutralidad y objetividad, en cuanto la sentencia acepta y trata el CU como una entidad local a la que pertenece el Ayuntamiento, medio para colaborar en cumplir fines municipales, en la medida que se comprometen recursos públicos para la consecución de fines propios de una ideología y, por tanto, acción política de la izquierda abertzale; y el motivo cuarto relativo a la vulneración del principio de lealtad institucional, por cuanto la sentencia recurrida respalda que, mediante una aportación presupuestaria nominativa se puedan financiar actividades no municipales como es la acción política a la que sirve realmente Udalbiltza, planteamiento de ambos motivos que se sustenta en unas apreciaciones fácticas que, como hemos señalado antes, no resultan justificadas en los términos necesarios para su consideración. Y lo mismo ocurre cuando en el motivo sexto se denuncia la infracción de los arts. 2.2 , 3 , 8 , 16 , 22 y 28 de la Ley General de Subvenciones , en relación con los arts. 57 y 87 de la Ley 7/85 y 7 del Código Civil , alegando que no es de aplicación al caso el citado art. 2.2 LGS , en cuanto se trata de financiar un consorcio cuyos fines reales son de acción política vinculada a la ideología abertzale, por lo que se está en el caso de una subvención a una entidad que tiene una finalidad ajena a la competencia municipal, cuya licitud depende del cumplimiento de los requisitos legales establecidos en los citados artículos que se consideran infringidos, con lo que la parte insiste en el mismo planteamiento que ha sido rechazado anteriormente como fundamento de las infracciones que se denuncian en este motivo, por lo que ha de estarse a la respuesta dada por la Sala de instancia respecto de tales alegaciones.
SÉPTIMO.-La desestimación de tales motivos lleva a declarar no haber lugar al recurso, sin que ello suponga la imposición de las costas a la parte recurrente, en congruencia con lo declarado en otros recursos planteados por la Administración en semejantes términos, en los cuales, atendiendo a las circunstancias concurrentes en relación con la existencia de planteamientos y resoluciones anteriores dispares y la fundamentación de la parte, se entendió de aplicación la excepción prevista en el art. 139 de la Ley de Jurisdicción .
Desestimando los motivos invocados, declarar no haber lugar al recurso de casación n.º 879/2016, interpuesto el abogado del Estado en la representación que legalmente ostenta de la Administración del Estado contra la sentencia de 25 de enero de 2016, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el recurso n.º 427/2014 , que queda firme; con imposición de las costas en los términos establecidos en el último fundamento de derecho.
Fuente de suministro: Centro de Documentación Judicial. IdCendoj: 28079130052019100064