Source: http://www.lexureditorial.com/legislacion/20130119/ley-82012-de-21-de-diciembre-de-transporte-de-personas-por-cable/
Timestamp: 2017-08-24 01:11:09
Document Index: 119943562

Matched Legal Cases: ['artículo 15', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 10', 'Artículo 12', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 21', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'artículo 27', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 37', 'artículo 10', 'artículo 12', 'artículo 17', 'artículo 10', 'artículo 21', 'artículo 4', 'artículo 10']

Ley 8/2012, de 21 de diciembre, de Transporte de Personas por Cable. | Lexur Editorial
Conózcase que el Parlamento de Cantabria ha aprobado y yo, en nombre de Su Majestad el Rey, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15.2.º del Estatuto de Autonomía para Cantabria, promulgo la siguiente Ley de Cantabria 8/2012, de 21 de diciembre, de Transporte de Personal por Cable.
Capítulo I. Disposiciones generales (artículos 1 a 10).
Artículo 5. Adecuación a la legislación sectorial.
Artículo 6. Seguridad de las instalaciones y de los usuarios.
Artículo 7. Zona de influencia.
Artículo 10. Clasificación de las instalaciones.
Capítulo II. Régimen administrativo de instalación y explotación.
Sección 1.ª Instalaciones de transporte público de personas por cable consideradas de servicio público (artículos 11 a 20).
Artículo 12. Proyecto.
Artículo 14. Aprobación del proyecto y declaración de utilidad pública.
Artículo 15. Construcción y explotación.
Artículo 16. Condiciones de los contratos.
Artículo 17. Vigencia de los contratos.
Artículo 18. Causas de extinción de los contratos.
Artículo 19. Causas de resolución.
Sección 2.ª Instalaciones de transporte público de personas por cable no consideradas de servicio público (artículos 21 a 26).
Artículo 21. Procedimiento y documentación.
Artículo 23. Aprobación del proyecto.
Artículo 24. Autorización administrativa de explotación.
Artículo 25. Condiciones de la autorización.
Artículo 26. Modificación y transmisión de las instalaciones.
Sección 3.ª Instalaciones de transporte privado (artículo 27).
Capítulo III. Inspección y control de las instalaciones (artículos 28 y 29).
Artículo 28. Régimen de inspección.
Artículo 29. Documentación de control.
Capítulo IV. Régimen sancionador (artículos 30 a 39).
Artículo 30. Definición y clasificación de las infracciones.
Artículo 37. Plazo de prescripción de infracciones y sanciones.
La presente Ley tiene por objeto regular el proyecto, construcción, puesta en servicio y explotación de las instalaciones de transporte de personas por cable que discurran íntegramente por el territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
1. Quedan incluidos dentro del ámbito de aplicación de la presente Ley las siguientes instalaciones:
El ejercicio de las competencias administrativas derivadas de la presente Ley se realizará a través de la Consejería competente en materia de transportes.
La construcción, puesta en servicio y explotación de las instalaciones de transporte por cable deberán cumplir, además de lo dispuesto en la presente Ley, todas las obligaciones que deriven de las disposiciones vigentes en materia de construcción y edificación, instalación y funcionamiento de maquinaria, seguridad, sistemas de prevención de incendios, medio ambiente y accesibilidad, así como de cualesquiera otras disposiciones de carácter sectorial que les afecten.
1. Las instalaciones de transporte por cable y su infraestructura, los subsistemas y los constituyentes de seguridad han de garantizar la seguridad de las personas. Con esta finalidad, su construcción y explotación han de ajustarse a las especificaciones técnicas prescritas por la normativa de la Unión Europea y el resto de las normas que les sean aplicables.
1. El proyecto de las instalaciones de transporte por cable ha de delimitar una zona de influencia de la instalación para garantizar la seguridad de los usuarios y de terceras personas. Esta zona de influencia deberá, asimismo, garantizar la funcionalidad de la instalación.
1. Los usuarios de las instalaciones de transporte por cable gozan de los derechos contemplados en la legislación sobre consumidores y usuarios. En este sentido tienen derecho, una vez adquirido el correspondiente titulo de transporte, a utilizar las instalaciones de transporte por cable, de acuerdo con las tarifas existentes.
Los usuarios de los servicios de transporte por cable deberán cumplir las siguientes obligaciones:
1. Las instalaciones de transporte por cable pueden ser de transporte público o privado:
Régimen administrativo de instalación y explotación
Sección 1.ª Instalaciones de transporte público de personas por cable consideradas de servicio público
1. La iniciativa para el establecimiento de instalaciones de transporte público por cable que, de acuerdo con el artículo 10, tengan la consideración de servicio público, puede corresponder a las Administraciones Públicas competentes o a cualquier persona física o jurídica que acredite disponer de la suficiente capacidad legal, técnica y económica, en los supuestos establecidos en la legislación sobre contratación del sector público. En cualquier caso, la titularidad de estas instalaciones será necesariamente pública.
El proyecto para el establecimiento de instalaciones de transporte público por cable consideradas de servicio público ha de incluir una memoria descriptiva de las necesidades a satisfacer por la instalación, y como mínimo, la documentación siguiente:
1. El proyecto se someterá a un período de información pública por el plazo mínimo de quince días y máximo de un mes. En los supuestos en los que la evaluación de impacto ambiental sea preceptiva, se someterá a información pública el proyecto y el estudio de impacto ambiental.
1. El titular de la Consejería competente en materia de transportes resolverá sobre la aprobación del proyecto a que se refiere el artículo 12 en el plazo máximo de seis meses desde su presentación. La falta de resolución expresa dentro del plazo indicado tendrá efectos desestimatorios.
1. La construcción o explotación de las instalaciones de transporte por cable de servicio público podrá realizarse directamente por la Administración o indirectamente a través de las personas a las que se le haya adjudicado el correspondiente contrato.
1. Los contratos, tanto si son de construcción y explotación como si son sólo de explotación de instalaciones de transporte por cable, han de fijar las condiciones que rigen la contratación y los derechos y las obligaciones de las partes, aplicándose, en cualquier caso, lo que establece la legislación sobre contratación del sector público.
1. La explotación de instalaciones de transporte por cable consideradas de servicio público tiene en todo caso carácter temporal, debiendo fijarse en el contrato su plazo de duración, en función de los plazos de amortización previstos en el proyecto y aprobados por la Administración competente, que en ningún caso podrá exceder del plazo máximo fijado por la legislación sobre contratación del sector público.
1. Son causas de extinción de los contratos relativos a la construcción y a la explotación de las instalaciones de transporte por cable consideradas de servicio público, además de los supuestos establecidos en la legislación sobre contratación del sector público, la finalización del plazo inicialmente establecido o, en su caso, el resultante de la prórroga acordada conforme a lo dispuesto en el artículo 17, así como la resolución del contrato.
Son causas de resolución de los contratos relativos a la construcción o explotación de las instalaciones de transporte por cable, las establecidas en la legislación de contratación del sector público.
Respecto a los efectos de la resolución de los contratos, se estará a lo dispuesto en la legislación de contratación del sector público.
Sección 2.ª Instalaciones de transporte público de personas por cable no consideradas de servicio público
1. La construcción y la explotación de instalaciones de transporte público por cable que, de acuerdo con el artículo 10, no tengan la consideración de servicio público, requieren la aprobación del proyecto correspondiente y el otorgamiento de la autorización administrativa de explotación, según el procedimiento establecido por la presente Ley.
1. El titular de la Consejería competente en materia de transportes resolverá sobre la aprobación del proyecto en el plazo máximo de seis meses desde la presentación de la solicitud a la que se refiere el artículo 21, teniendo en cuenta el contenido de los informes emitidos y la adecuación del proyecto a la normativa aplicable. Transcurrido el citado plazo sin haberse notificado resolución expresa, la persona interesada podrá entender desestimada su solicitud.
1. Una vez finalizadas las obras de la instalación de transporte público por cable no considerada de servicio público, el promotor ha de solicitar a la Administración competente que autorice la explotación, adjuntando a dicha solicitud, como mínimo, la siguiente documentación:
1. Con el fin de verificar periódicamente el cumplimiento de las condiciones de seguridad, los titulares de las autorizaciones de explotación deberán acreditar, en el plazo que se estipule reglamentariamente, que se han superado las inspecciones y pruebas prescritas en la normativa técnica aplicable.
1. Cualquier modificación sustancial de una instalación de transporte público por cable no considerada de servicio público, o de las condiciones de explotación, una vez tramitado el procedimiento regulado por el presente capítulo para el establecimiento de dichas instalaciones, requiere autorización de la Administración competente. Para el resto de modificaciones podrá admitirse únicamente comunicación previa al órgano competente.
Sección 3.ª Instalaciones de transporte privado
El establecimiento de instalaciones de transporte privado de personas por cable requerirá obtener con carácter previo la aprobación del proyecto y la autorización de explotación, otorgados según el procedimiento establecido en la sección 2.ª de este capítulo, con las variaciones que en su caso determinen sus especiales características.
1. La inspección de los servicios regulados en esta Ley será ejercida por los órganos administrativos competentes, según lo dispuesto en el artículo 4. El personal funcionario técnico o administrativo que realice funciones de inspección tendrá, en el ejercicio de las actuaciones inspectoras, la consideración de autoridad pública a todos los efectos, y gozará de plena independencia en su actuación, pudiendo solicitar, en caso de necesidad para un eficaz cumplimiento de su función, el apoyo necesario de las fuerzas y cuerpos de seguridad correspondientes.
Las personas que realicen los servicios y actividades previstos en esta Ley deberán cumplimentar y mantener en sus instalaciones la documentación de carácter administrativo o estadístico que se determine, que en todo caso contendrá datos sobre los servicios prestados, las tarifas percibidas, el número de personas transportadas y el número de reclamaciones recibidas, así como todo problema o incidente relacionado con la seguridad, debiendo remitir copia de dicha documentación al órgano con competencias en materia de transporte por cable.
1. Constituyen infracciones administrativas las acciones u omisiones de las distintas personas responsables tipificadas en la presente Ley.
La responsabilidad derivada de la comisión de las infracciones tipificadas en esta Ley corresponde a las siguientes personas:
1. Con el fin de preservar los intereses generales o para evitar la continuidad de los efectos de la infracción, el órgano competente en materia de transportes podrá adoptar mediante resolución motivada las medidas cautelares que sean precisas para asegurar la eficacia de la resolución final que pudiera recaer.
1. Las infracciones que tipifica la presente Ley se sancionarán de la siguiente manera:
1. Las infracciones muy graves tipificadas por esta Ley prescriben a los tres años, las graves a los dos años y las leves al año.
La competencia para la imposición de las sanciones reguladas en la presente Ley corresponde, si se trata de infracciones leves, al Director General competente en materia de transportes; si se trata de infracciones graves, al Consejero competente en materia de transportes; y si la infracción es muy grave, al Consejo de Gobierno.
1. El procedimiento para la imposición de las sanciones fijadas en el presente capítulo ha de ajustarse a lo que disponen las normas de procedimiento administrativo que sean aplicables.
Disposición adicional única. Titularidad de las instalaciones preexistentes.
La entrada en vigor de la presente Ley no supone modificación alguna en la titularidad de las instalaciones de transporte por cable existentes.
Disposición transitoria primera. Régimen de las concesiones preexistentes.
1. Los titulares de concesiones de transporte público de personas por cable vigentes en el momento de la entrada en vigor de la presente Ley, que en función de la clasificación establecida en el artículo 10.2 no tengan la consideración de servicio público, podrán optar en el plazo de tres meses entre sustituir la concesión por la autorización administrativa regulada en la sección 2.ª del capítulo segundo de esta Ley o seguir prestando el servicio en régimen de concesión administrativa, en cuyo caso deberán someterse el régimen establecido en esta Ley.
Disposición transitoria segunda. Procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley.
Los procedimientos que se encuentren en tramitación a la entrada en vigor de esta Ley se resolverán conforme a lo dispuesto en la misma.
1. Se faculta al Gobierno de Cantabria para dictar cuantas disposiciones resulten necesarias en orden al desarrollo y ejecución de la presente Ley.
Palacio del Gobierno de Cantabria, 21 de diciembre de 2012.–El Presidente de la Comunidad Autónoma de Cantabria, Juan Ignacio Diego Palacios.
(Publicada en el «Boletín Oficial de Cantabria» extraordinario número 53, de 28 de diciembre de 2012)