Source: https://www.notariosyregistradores.com/web/normas/ley-de-arrendamientos-rusticos/
Timestamp: 2019-06-18 01:29:51
Document Index: 345029420

Matched Legal Cases: ['artículo 130', 'artículo 149', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 1571', 'artículo 34', 'artículo 22']

Ley de Arrendamientos Rústicos | Notarios y Registradores
Ley de Arrendamientos Rústicos»
Admin, 17/09/2016
D. Ad 1ª D. Ad 2ª D. Ad 3ª D. Ad 4ª D. Tr 1ª D. Tr 2ª
D. F 1ª D. F 2ª D. F 3ª Preámbulo Derogatoria
R. 1 de julio de 2013. Usufructo sobre parte de finca sin previa segregación.
R. 16 de junio de 2012. Derecho de superficie sobre parte de finca para energía eólica.
R. 15 de febrero de 2012. Derecho de superficie sobre cubiertas de naves industriales.
R. 20 de junio de 2017. Arrendamiento posterior a Hipoteca y nota marginal de Certificación de cargas en ejecución: Se extingue el contrato, no ha lugar a Tanteo/Retracto y debe cancelarse por efecto purga de la hipoteca.
R. 23 de octubre de 2015. Compra por sociedad limitada.
R. 27 de julio de 2015. Constitución de hipoteca.
R. 26 de junio de 2015. Venta de finca rústica. Activo no esencial.
R. 10 de febrero de 2009. Inmatriculación por documento administrativo Agencia Tributaria.
1. Incumben también al arrendador las obras, mejoras o inversiones que, por disposición legal o por resolución judicial o administrativa firmes o por acuerdo firme de la comunidad de regantes sobre la modernización de regadíos para el cambio de sistema de riego, hayan de realizarse sobre la finca arrendada.2. Cuando las obras, mejoras o inversiones a que alude el apartado anterior sean de tal entidad y naturaleza que, excediendo de la natural conservación de la finca, supongan una transformación que redunde en el incremento de la producción, el arrendador tendrá derecho a la revalorización proporcional de la renta y, en su caso, a la rescisión del contrato, cuando el arrendatario no estuviese conforme con dicha revalorización.
R. 3 de mayo de 2016. Acta de pública subasta por comunidad de regantes.
R. 12 de enero de 2016. Inscripción de arrendamiento de finca rústica
R. 5 de abril de 2010. Compra con arrendamiento histórico.
Letra g) : R. 20 de junio de 2017. Arrendamiento posterior a Hipoteca y nota marginal de Certificación de cargas en ejecución: Se extingue el contrato, no ha lugar a Tanteo/Retracto y debe cancelarse por efecto purga de la hipoteca.
Ver R. 23 de octubre de 2017: cancelación del asiento.
R. 30 de junio de 2005: Escritura anterior a esta ley.
R. 10 de marzo de 2005 y R. 16 de diciembre de 2004. Escritura posterior, sin manifestación sobre prórrogas que antes se exigía.
I. La adecuación socioeconómica de las estructuras de las explotaciones agrarias es un elemento clave en cualquier estrategia de modernización de la agricultura que pretenda mejorar su competitividad en los mercados y consolidar empresas viables, capaces de generar niveles de renta y de ocupación satisfactorios. Por ello, la reforma o mejora estructural es especialmente necesaria en una buena parte de la agricultura española que, a pesar de los cambios, a veces muy profundos, que se vienen produciendo en los últimos años, se caracteriza por tener todavía acusadas deficiencias estructurales, tanto en términos globales y territoriales, como en relación a otros países con los que comparte intereses y mercados cada día más abiertos y competitivos. Un elemento decisivo en esa mejora estructural ha de ser la movilidad de la tierra, y uno de los mecanismos más idóneos para lograr este objetivo es la figura del arrendamiento.
II. La Constitución Española de 1978, en su artículo 130.1, encomienda a los poderes públicos «la modernización y desarrollo de todos los sectores económicos y, en particular de la agricultura, de la ganadería, de la pesca y de la artesanía, a fin de equiparar el nivel de vida de todos los españoles». En consecuencia, el establecimiento de una adecuada regulación de los arrendamientos rústicos, en cuanto coadyuva a la modernización de las explotaciones agrarias, se convierte no ya en un instrumento de política económica y social, sino también en un mandato constitucional dirigido a los poderes públicos. Y concretamente al Estado, en virtud del artículo 149.1 de la Norma Fundamental, cuya regla 8.a atribuye a aquél la competencia exclusiva sobre «legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las comunidades autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan».
III. En las últimas décadas, se han observado diferentes tendencias en la tenencia de la tierra en España que, sin duda, han influido en su movilidad y en el proceso de ajuste estructural. En este sentido, se constata un aumento relativo del arrendamiento respecto a las demás formas de tenencia de la tierra. Así, la reestructuración de los años 60 está asociada con una fuerte expansión del arrendamiento. Por el contrario, en los 70 y, sobre todo, los 80, se reduce la intensidad del redimensionamiento de las explotaciones como consecuencia del bloqueo en la movilidad de la tierra al frenarse la expansión de los arrendamientos, en parte, por efecto de la Ley de Arrendamientos Rústicos de 1980. Esta ley vino a adaptar la institución a la nueva Constitución de 1978, así como a situarla en la perspectiva de la integración plena de España en la Unión Europea y, en fin, como toda norma cabal debe hacerlo, respondió a las circunstancias de nuestra agricultura, radicalmente distintas entonces, no ya de las de su antecesora, la Ley de 1935, sino de las propias de los años 60 y 70. Se impone ahora una revisión, por diferentes motivos.
IV. En el capítulo I se consagra el objetivo de dar primacía a la autonomía de la voluntad de las partes (artículo 1), en todo aquello que no sea contrario al muy limitado contenido imperativo de la ley. Se incluye no sólo el arrendamiento de fincas, sino también de explotaciones (artículo 2), así como una referencia al régimen de los derechos de producción agrícola en caso de arrendamiento (artículo 3), todo ello en concordancia con la importancia que estas figuras han adquirido en el derecho comunitario.
Destaca el cambio de orientación que representa la supresión del requisito de la «profesionalidad», exigido por la Ley de 1980, y del tope cuantitativo que ésta dejó establecido para evitar la acumulación de tierras.
Puede decirse que la norma fracasó en su aplicación práctica, ya que la misma ley había desvirtuado su alcance al permitir que fueran arrendatarias las sociedades con requisitos mínimos, bien fáciles de constituir, amén de carecer de sanciones adecuadas el incumplimiento de tales normas. Fue una reforma sin paralelo en ningún otro Estado comunitario, con la que se pretendía proteger al «agricultor a título principal», personaje central en el edificio de las estructuras agrarias europeas, desde los Reglamentos socio-estructurales de 1972. Sin embargo, el criterio comunitario cambia en el importante Reglamento (CE) n.º 1257/1999 del Consejo, de 17 de mayo de 1999, sobre la ayuda al desarrollo rural a cargo del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA), por el que se modifican y derogan determinados reglamentos. Esta norma prescinde por completo de aquella figura del agricultor a título principal (ATP), aunque respete la normativa en la materia de cada Estado miembro, basando la nueva política estructural en el criterio de viabilidad de las explotaciones agrarias.
Constituye una importante novedad el capítulo VII, en el que se regula la enajenación y el subarriendo. Por lo que se refiere a la enajenación, la ley se aleja del principio jurídico romano emptor non tenetur stare colono, recogido en el artículo 1571 del Código Civil, disponiéndose ahora todo lo contrario, aun cuando el comprador estuviera amparado por el artículo 34 de la Ley Hipotecaria (artículo 22). Se permite la cesión o el subarriendo, en contra del sistema anterior, aunque se limita el importe de la renta del subarriendo, para evitar que se comercie con las tierras por intermediarios especulativos. Se ha tenido en cuenta para ello que, mediante la cesión o la aportación quizá a una sociedad del contrato, se fomentará en algunos casos el agrandamiento de las unidades, lo que, junto a otros instrumentos de política estructural (fomento de incorporación de jóvenes, planes de mejora…), ha de contribuir a la modernización de las explotaciones.
RESUMEN LEY 2003
RESUMEN REFORMA 2005
RECURSOS DGRN DONDE SE CITA ESTA LEY
TEMA 78 CIVIL PROGRAMA ANTIGUO NOTARÍAS
TEMA 75 CIVIL REGISTROS PROGRAMA ANTERIOR
LEY CONTRATOS CULTIVO CATALUÑA
LEY CONTRATOS Y RELACIONES JURÍDICAS AGRARIAS VALENCIA