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Timestamp: 2018-08-19 17:44:22
Document Index: 405583663

Matched Legal Cases: ['artículo 15', 'artículo 300', 'artículo 82', 'artículo 15', 'artículo 656', 'artículo 120', 'artículo 15', 'artículo 4', 'Artículo 4', 'artículo 6', 'Artículo 4', 'Artículo 8', 'artículo 6', 'artículo 4', 'artículo 11', 'artículo 150', 'artículo 15', 'artículo 15', 'artículo 125', 'artículo 15', 'artículo 125', 'artículo 85', 'artículo 125', 'artículo 15', 'artículo 125', 'artículo 15', 'artículo 125', 'artículo 762', 'artículo 469', 'Artículo 470', 'Artículo 471', 'Artículo 472', 'Artículo 473', 'Artículo 474', 'Artículo 475', 'Artículo 476', 'Artículo 477', 'Artículo 478', 'Artículo 479', 'Artículo 480', 'Artículo 481', 'Artículo 482', 'Artículo 485', 'artículo 125', 'artículo 429', 'artículo 408', 'artículo 435', 'artículo 98', 'artículo 425', 'artículo 125', 'artículo 187', 'artículo 300', 'artículo 69', 'artículo 15', 'artículo 125']

INFORMATIVO COABOCOL: INFORMATIVO AJUS.COM
Sentencia C-241/10: Sobre Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 15 de la Ley 57 de 1905, “Sobre reformas judiciales"
De la misma forma, el derecho de contradicción y el de presentar excepciones se encuentra previsto en los artículos 7º y 13º del decreto 992 de 1930. De esta manera es posible suspender el proceso de lanzamiento cuando se exhiba un título que legitime la ocupación, el cual no necesariamente tiene que ser un contrato de arrendamiento.
Cuestión previa. Vigencia.
Generalidades del Poder de Policía. Reiteración.
1. La norma que se estudia en sede constitucional corresponde a aquellas que se expiden en ejercicio de la facultad legislativa como fuente del poder de policía y que tienen por finalidad mantener el orden público y garantizar la preservación de la seguridad, salubridad y tranquilidad públicas, como condición para el libre ejercicio de las libertades democrática. En el caso particular de la norma demandada, el poder de policía se concreta en defensa del derecho a la propiedad y sus derechos conexos a la posesión y la tenencia, en punto a protegerlos de perturbaciones individuales y colectivas de manera provisional y hasta tanto la titularidad de los derechos reales en controversia sean definidos por la autoridad judicial competente. Es así como, en aras de enmarcar conceptualmente el contexto de discusión que la presente acción supone, la Sala realizará unas breves referencias al Poder de Policía.
Es así como la Corte Constitucional ha señalado unos límites precisos al ejercicio del poder y la función de policía en un Estado democrático de derecho: (i.) Debe someterse al principio de legalidad; (ii.) Debe tender a conservar y restablecer el orden público; (iii.) Las medidas que se adopten deben ser proporcionales y razonables, no pueden traducirse en la supresión absoluta de las libertades o en su limitación desproporcionada; (iv.) no pueden imponerse discriminaciones injustificadas a ciertos sectores; (v.) la medida policiva debe recaer contra el perturbador del orden público, pero no contra quien ejerce legalmente sus libertades, y (vi.) las medidas policivas se encuentran sometidas a los correspondientes controles judiciales. Aspectos que de antemano impiden que el ejercicio del poder de policía atente contra los derechos fundamentales, entre ellos, el derecho al debido proceso.
2.1.2 La preservación del orden público en beneficio de las libertades democráticas, supone además el uso de distintos medios: (i) el establecimiento de normas generales que limitan los derechos para preservar el orden público; (ii) la expedición de actos normativos individuales, dentro de los límites de esas normas generales; (iii) el despliegue de actividades materiales, que incluyen el empleo de la coacción y que se traduce en la organización de cuerpos armados y funcionarios especiales a través de los cuales se ejecuta la funció.
2.1.3 La Corte Constitucional en numerosas sentencias, entre ellas, la C-117 de 2006, recogió la conceptualización efectuada por la Corte Suprema de Justicia, dirigida a distinguir entre poder de policía, entendido como potestad de reglamentación general; función de policía consistente en la gestión administrativa que concreta el poder de policía, y la actividad de policía que comporta la ejecución coactiva. Así ha concretado la Corte la regla jurisprudencial:
2.1.4 El poder de policía se caracteriza entonces por su naturaleza normativa y por la facultad legítima de regulación de actos de carácter general, impersonal y abstracto, orientados a crear condiciones para la convivencia social, en ámbitos ordinarios, y dentro de los términos de salubridad, seguridad y tranquilidad públicas que lo componen. Esta función se encuentra adscrita al Congreso de la República, órgano que debe ejercerla dentro de los límites de la Constitución. De otro lado, la Constitución Política a través del artículo 300 numeral 8, ha facultado a las Asambleas Departamentales por medio de ordenanzas a dictar normas de policía en todo aquello que no sea materia de disposición legal.
“La concreción propia de esta función no solamente se presenta en aquellos eventos en los cuales la autoridad administrativa se limita a la expedición de una licencia y se contrae a la relación directa entre la administración y el “administrado” o destinatario de la actuación, en atención a la definición de una situación concreta y precisa; (..) la función de policía también implica la adopción reglamentaria de ciertas prescripciones de alcance local sobre un tema en particular dirigidas a un grupo específico de personas, y de los habitantes y residentes de la localidad, bajo la orientación de la Constitución, la ley y el reglamento superior, de tal manera que la autoridad de policía local pueda actuar ante condiciones específicas, según los términos que componen la noción de orden público policivo y local, lo que le permite dictar normas que regulen aquellas materias con carácter reglamentario y objetivo.
2.1.6 En términos generales, la función de policía, envuelve una naturaleza meramente administrativa. El ordenamiento jurídico ha radicado en cabeza de las autoridades administrativas, la conservación, el mantenimiento y el restablecimiento de las diversas facetas del orden público. Sin duda, las actuaciones emprendidas por la administración en ejercicio de este poder constituyen verdaderos actos administrativos, sometidos a control jurisdiccional por parte del Contencioso Administrativo. En efecto, si la Administración en ejercicio de la función de policía que le fue conferida, va en contravía del orden legal, o inflinge perjuicios a particulares, dichas actuaciones podrán ser atacadas ante la jurisdicción competente. Ello, porque la regla general, en materia de policía, es que las determinaciones adoptadas son de carácter administrativo.
2.1.7 Sin embargo, no todas las actuaciones emprendidas por la Rama Ejecutiva en ejercicio de la función de policía, tienen control ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en tanto las decisiones adoptadas en desarrollo de juicios de policía de naturaleza civil, como cuando se interviene en asuntos destinados a amparar provisionalmente la posesión, la tenencia o una servidumbre o los asuntos de carácter penal, se encuentran expresamente excluidos de dicho control en virtud de lo dispuesto en el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo, según el cual tal Jurisdicción carece de competencia para juzgar las decisiones proferidas en juicios civiles o penales de policía regulados por la ley. Lo anterior se justifica si se tiene en cuenta que, en estos casos, las medidas de policía son de efecto inmediato en punto a evitar que se perturbe el orden y la tranquilidad pública. Se trata de medidas de carácter precario y provisional, cuya única finalidad es devolver el statu quo mientras el juez ordinario competente para decidir sobre la titularidad de los derechos reales en controversia, decide definitivamente sobre ellos. Por esta razón, la doctrina ha afirmado que estas decisiones hacen tránsito a cosa juzgada “formal”.
2.1.9 En síntesis, el ejercicio del poder de policía, a través de la ley, delimita derechos constitucionales de manera general y abstracta y establece las reglas legales que permiten su específica y concreta limitación para garantizar los elementos que componen la noción de orden público policivo. No obstante, de acuerdo con la Constitución, a las Asambleas Departamentales mediante ordenanzas les corresponde "dictar normas de policía en todo aquello que no sea materia de disposición legal" -art. 300.8-, con lo cual se les confirió poder de policía subsidiario. A los Concejos Municipales también se les confirió un cierto poder de policía para materias específicas, como la regulación del uso del suelo (CP Art 313 ord. 8º) y el control, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio (CP Art 313 ord 9º).
Sobre el punto, la Corte Suprema de Justicia señaló en sentencia de 1923: “[…] el concepto de ocupación de hecho no está definido en nuestra legislación. Se comprende que se haya empleado en la demanda dicha expresión ocupación de hecho, si se atiende a que la acción ordinaria de que se trata fue instaurada a raíz del lanzamiento del señor Luís Francisco Díaz R. de la hacienda de Filadelfia, llevada a cabo en la persona de su representante señor Leopoldo Acevedo, por el Alcalde de San Vicente, pues se pidió ese lanzamiento en ejercicio del derecho reconocido por el artículo 15 de la Ley 57 de 1905, en cuyos comienzos se lee 'cuando alguna finca ha sido ocupada de hecho…' la ocupación a que se refiere este artículo no puede ser otra que la que consuma una persona sobre un inmueble que no lo pertenece, de alguna de estas maneras: por sí y ante sí, sin consentimiento del dueño, sin mediar ninguna clase de contrato con éste; con el propósito de usar de ella, explotarla, usufructuarla, con o sin ánimo de adquirir dominio y menoscabando los intereses de su legítimo propietario.–– (Resaltado fuera de texto)
(ii.) en una “finca”. El término finca en el diccionario de la lengua español corresponde al inmueble sujeto a registro, por su parte el artículo 656 del Código Civil lo define como “inmueble por naturaleza”, de la siguiente manera: “Inmuebles o fincas o bienes raíces son las cosas que no pueden transportarse de un lugar a otro;…Las casas y heredades se llaman predios o fundos”. El contenido de la norma permite concluir que la expresión finca en materia civil se encuentra como sinónimo de bien inmueble sin que para el efecto se distinga entre bien de naturaleza rural o urbana, de manera que no puede atribuirse a este vocablo un alcance exclusivamente rural.
2.2.6 Esta acción fue materia de reglamentación mediante el Decreto 515 de 1923 y, posteriormente, por el Decreto 992 de 1930 expedido en uso de la facultad reglamentaria otorgada por el artículo 120 numeral 3 de la Constitución Nacional de 1886 al Presidente de la República, instrumento por el cual se concreta y desarrolla el procedimiento de la acción policiva de lanzamiento por ocupación de hecho.
“En primer término el Art. 15 de la Ley 57 de 1905, como ya se expresó, contempla el caso de la ocupación de hecho sin que medie contrato de arrendamiento o consentimiento del arrendador. Obviamente, la única manera de desvirtuar tal ocupación de hecho, para los efectos de esta norma, será probando el contrato de arrendamiento o demostrando el permiso del arrendador.
Pero la propia norma del Art. 15 establece como medio idóneo el contrato de arrendamiento, que sólo servirá para desvirtuar la primera de las situaciones contempladas por dicha norma, más no para la segunda, cual es la del permiso del arrendador.
Con ello no se está excediendo el ámbito de la ley reglamentada, por cuanto no se está propiamente ampliando por decreto el medio de oposición al lanzamiento sino que simplemente se está haciendo referencia a otros medios de prueba que justifiquen legalmente la ocupación. Luego sólo los medios fijados en otra disposición legal, (subraya la Sala) deberán ser considerados por el funcionario encargado de efectuar la posible desocupación.
Y esto parece aún más lógico cuando el bien se encuentre ocupado por un tercero sin mediar contrato de arrendamiento, pero con autorización expresa del arrendador para ocuparlo lo cual ha sido también previsto en la ley: no será el contrato de arrendamiento el medio idóneo para desvirtuar la ocupación del hecho sino otra prueba legalmente idónea (subraya la Sala).
Por las razones expuestas llega la Sala a la conclusión de que no existe la violación del Art. 15 de la Ley 57 de 1905, lo que a su vez conduce a que la violación tampoco se presente con respecto al numeral 3° del Art. 120 de la Constitución Nacional.
La vigencia del artículo 15 de la Ley 57 de 1905 a luz de la Constitución de 1886 y las reformas constitucionales introducidas mediante Asambleas Nacionales Constituyentes entre 1905 y 1910.
2.3.1 El siglo XIX en Colombia estuvo signado por innumerables conflictos de tinte partidista, los cuales dieron lugar a importantes transformaciones políticas y sociales que se reflejaron inevitablemente en la estructura constitucional. Concluida la guerra de los “Mil Días” y consumada el 3 de noviembre de 1903, la pérdida para Colombia del entonces departamento de Panamá, el país atravesaba por una profunda crisis poblacional y fiscal, que debió ser enfrentada por Rafael Reyes, presidente elegido democráticamente para el período 1904-1910, bajo el lema "Más administración y menos política" y el llamado a la "Unión y la concordia", aspectos que permitían advertir un gobierno incluyente que ofrecería participación tanto a liberales como a conservadores.
2.3.2 Paradójicamente, la oposición a sus propuestas no provino de las filas liberales, sino del Partido Nacional que, bajo la dirección de Miguel Antonio Caro, controlaba el Congreso, aspecto político que en términos de los historiadores llevó a que en 1904 se dilataran sistemáticamente en el Congreso las propuestas presentadas por el presidente Reyes; en este estadio el punto más álgido de las diferencias tenía que ver con la autorización de facultades extraordinarias para llevar a cabo una serie de reformas económicas consideradas importantes por el Gobierno.
2.3.4 Es así como, mediante el Acto Reformatorio No. 2 de 28 de marzo de 190 la Asamblea Nacional Constituyente y Legislativa se reservó las funciones legislativas que la Constitución Nacional de 1886 otorgó al Congreso, de forma que mediante el artículo 4º transitorio dispuso: “Artículo 4 (transitorio).- Mientras se reúne el primer Congreso de que habla el Artículo anterior, la presente Asamblea Nacional continuará ejerciendo las funciones legislativas que por la Constitución corresponden, en sesiones extraordinarias, al Congreso y separadamente al Senado y a la Cámara de Representantes.”.
2.3.5 Por Acto Reformatorio No. 9 del 17 de abril de 190, dispuso la Asamblea en su artículo 6º que “Cuando llegue el caso de reunirse una Asamblea Nacional para reformar la Constitución, cesará el período constitucional del Congreso que haya sido elegido antes, y ejercerá funciones legislativas de éste la Asamblea Nacional desde la fecha de la instalación hasta el fin del período constitucional del Congreso sustituido”. Posteriormente, mediante el Acto Legislativo No.1 de 15 de abril de 190, se sustituyó el Acto Reformatorio 2 de 1905, así: “Artículo 4 (transitorio).- Mientras se reúne el primer Congreso de que habla el Artículo anterior la Asamblea Nacional Constituyente y Legislativa continuará ejerciendo las funciones legislativas que por la Constitución corresponden en sesiones extraordinarias al Congreso y separadamente al Senado y a la Cámara de Representantes, y las de Constituyente que señala el Artículo 8.º del Acto reformatorio número 9 de 1905”(se adiciona lo subrayado). Lo anterior por cuanto la entrada en funcionamiento del Congreso que se tenía prevista inicialmente para el 1º de febrero de 1908, se extendió por este Acto hasta el 1º de febrero de 1910.
2.3.6 Amparada en estos actos reformatorios la Asamblea Nacional Constituyente y Legislativa profirió la Ley 57 de 29 de abril de 1905, con el fin de regular el proceso de “desahucio” frente a contratos de arrendamiento y, de paso, diferenciar las acciones posesorias de las acciones dirigidas a proteger al arrendador, como se desprende del siguiente texto de la exposición de motivo:
2.3.7 Al examinar la vigencia de la disposición acusada ha de acudirse en primera instancia a las reformas constitucionales posteriores, es decir, a las que tuvieron lugar en 1910, bajo la presidencia de Ramón González Valencia, elegido para terminar el período del presidente Reyes, quien forzado por las circunstancias de orden público dejó el poder en junio de 1909. Así, por el decreto 126 de 1910, el Gobierno convocó a una Asamblea Nacional Constituyente apoyado en el Acto Legislativo No. 9 de 1905, que estatuía que la convocatoria debía fijar los puntos de reforma, entre otros, señalando como aspecto de discusión la revisión e interpretación de las reformas hechas por la Asamblea Nacional y Legislativa desde 190.
2.3.8 Precisamente, en el Acto Legislativo No. 3 del 31 de octubre de 191, se indicó mediante disposición transitoria que: “Artículo E.- Quedan derogadas las disposiciones de la Constitución Nacional de 5 de agosto de 1886, que sean contrarias al presente Acto Legislativo, y todos los Actos Legislativos expedidos por la Asamblea Nacional anteriores al presente.” (resaltado fuera de texto). De esta forma, bien podría afirmarse que la Asamblea Nacional Constituyente de 1910 derogó tanto los actos reformatorios de la Constitución anteriores a esa fecha, como la “competencia” para legislar que en su momento se otorgó a la Asamblea Nacional Constituyente y Legislativa en 1905, sin que ello signifique que las leyes proferidas con ocasión de dichas facultades legislativas hayan igualmente sido derogadas.
2.3.9 Sin embargo, con la reforma de 1910 no se extinguió la competencia para que las Asambleas Constituyentes pudieran proferir leyes, pues mediante el Acto Legislativo 1 de 28 de mayo de 191, se señaló en el artículo único que, “Las funciones que ejercerá la Asamblea Nacional en substitución del Congreso y en conformidad con el artículo 6º del Acto Legislativo número 9 del 17 de abril de 1905, son todas aquellas que por la Constitución y las leyes corresponde ejercer al Congreso y a cada una de sus Cámaras”, lo que informa que dicha competencia se mantuvo en cabeza de la Asamblea Nacional.
“Ningún acto legislativo será ley sin los requisitos siguientes:
El Acto Legislativo número 9 de 1905 por el cual se autorizó la reforma de la Carta por una Asamblea Nacional, dispuso en su artículo 4º:
'(…) En el año 1945, por el Acto Legislativo No. 1, se reformó el sistema de formación de las leyes, al establecer en el artículo 11 que:
Haber sido aprobado por la comisión correspondiente de la Cámara en primer debate, por mayoría absoluta de votos:
Haber sido aprobada en cada Cámara en segundo debate con mayoría absoluta de votos;
Haber obtenido la sanción del Gobierno (….)”
'La Constitución sólo podrá ser reformada por un acto legislativo, discutido y aprobado primeramente por el Congreso en sus sesiones ordinarias; publicado por el Gobierno para se examen definitivo en la siguiente legislatura ordinaria, por esta nuevamente debatido…'
Así, explícitamente esta Corte señala que las motivaciones incidentales son un mero dictum, no obligatorio sino persuasivo; que la parte resolutiva o decisum hace tránsito a cosa juzgada, con la particularidad de que en los juicios de constitucionalidad de las leyes tiene efecto erga omnes; y, finalmente, la cosa juzgada implícita equivale a la ratio decidendi, razón por la cual esta Corporación le ha reconocido efectos vinculantes. Estas distinciones y criterios han sido reiterados por la Corte, en especial en la sentencia C-037 de 1996, en la cual esta Corporación precisó:
“El decisum o parte resolutiva, debe ser entendido entonces como la solución concreta a un caso de estudio, es decir, la determinación de si la norma es o no compatible con la Constitución. Esta parte de la decisión tiene efectos erga omnes en las sentencias de constitucionalidad (artículos 243 de la Constitución y 48 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia –Ley 270 de 1996) y “fuerza vinculante para todos los operadores jurídicos(…)'
'(…) La ratio decidendi, por el contrario, corresponde a aquellas razones de la parte motiva de la sentencia que constituyen la regla determinante del sentido de la decisión y de su contenido específico. Es decir, es la “formulación, del principio, regla o razón general [de la sentencia] que constituye la base de la decisión judicial. '(…) La ratio decidendi está conformada, se decía antes en las sentencias de la Corte, por “los conceptos consignados en esta parte [motiva de una sentencia], que guarden una relación estrecha, directa e inescindible con la parte resolutiva”, sin los cuales “la determinación final [del fallo] no sería comprensible o carecería de fundamento”.(…)'
'(...) Finalmente, el tercer aspecto importante de la parte motiva de un fallo es el obiter dicta, “o lo que se dice de paso” en la providencia; esto es, aquello que no está inescindiblemente ligado con la decisión, como las “consideraciones generales”, las descripciones del contexto jurídico dentro del cual se inscribe el problema jurídico a resolver o los resúmenes de la jurisprudencia sobre la materia general que es relevante para ubicar la cuestión precisa a resolver. El obiter dicta, no tiene fuerza vinculante y como se expresó, constituye criterio auxiliar de interpretación.”
2.3.13 Se puede concluir, entonces, que en los términos del artículo 150 de la Constitución Política de 1991, según al cual “Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones: 1. Interpretar, reformar y derogar las leyes. (...)” (Subrayado fuera del texto), el órgano legislativo al modificar el artículo acusado mediante la citada ley 200, interpretó con autoridad que la norma reformada se encontraba produciendo plenos efectos. Esta interpretación ha sido denominada por la doctrina jurisprudencial como legal, auténtica o de autoridad y se realiza por medio de una ley para fijar el sentido y alcance de otra, cuando el mismo resulta confuso o impreciso y, por lo tanto, dificulta su aplicación.
. En este evento, si bien no puede afirmarse que la Ley 200 de 1936 interpretó el contenido del artículo 15 de la Ley 57 de 1905, sí resulta indiscutible que ratificó tácitamente su vigencia.
Vigencia de la norma acusada a partir de las modificaciones posteriores.
“ARTICULO. 17.- Quien posea un predio rural en los términos de los artículos y de esta Ley, o presente los títulos de que trata el artículo de la misma, tiene derecho a que la autoridad competente, de acuerdo con las prescripciones de esta Ley, suspenda inmediatamente cualquiera ocupación de hecho, esto es, realizada sin causa que la justifique. En consecuencia, formulada la queja, el respectivo funcionario, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a su presentación, se trasladará al terreno, a costa del interesado y efectuará el lanzamiento si se reúnen los requisitos señalados en este artículo.
ARTÍCULO. 21.- Los Jueces de Tierras fallarán sobre lo que resulte de la inspección ocular y demás elementos de convicción producidos por las partes o allegados de oficio al informativo, y según la persuasión racional. Aplicarán el derecho teniendo en cuenta que el objeto de esta jurisdicción especial es que la ley sustantiva se interprete con el criterio de que no deben protegerse el enriquecimiento sin causa, el abuso del derecho y el fraude a la ley.(…)'
'(…) ARTÍCULO. 25.- Créanse los Jueces de Tierras, encargados de conocer privativamente en primera instancia de las demandas que se promueven en ejercicio de las acciones que consagra esta Ley.
2.4.2.3 En materia urbana, también se advierte como el artículo 15 de la Ley 57 de 1905 fue remplazado por el artículo 125 del Decreto ley 1355 de 1970, aunque tal modificación no resulte tan evidente. Lo anterior, entre otros aspectos, porque la doctrina y la jurisprudencia de esta Corte -en sede de tutela- han aceptado de manera reiterada la existencia de tres tipos de acciones policivas en materia de protección de bienes: i. la acción policiva de lanzamiento por ocupación de hecho de que trata el artículo 15 de la Ley 57 de 1905; ii. La acción policiva por perturbación de la posesión y la tenencia que regula el artículo 125 y siguientes del Código Nacional de Policía y, iii. La acción especial de amparo al domicilio consagrada en el artículo 85 del Código Nacional de Policía.
(i.) El artículo 125 del Decreto ley 1355 de 1970, establece que la acción policiva se activa a partir de la perturbación de un bien, aspecto que exige establecer cuál es el alcance de dicha expresión. Al respecto, los diccionarios jurídicos definen la perturbación como “el acto de despojo o intento del mismo, contra el legítimo poseedor de la cosa o contra el simple tenedor. Es decir, la perturbación no se limita de manera exclusiva a actos de origen externo que alteren la tranquilad de quien ostente el bien a título de tenedor o poseedor, verbigracia las “molestias” o “intentos” de usurpación del inmueble, sino que se extiende al “despojo” como forma de perturbación directa por antonomasia, de donde la “ocupación de hecho”, de que trata el artículo 15 de la Ley 57 de 1905, no es otra cosa que una especie dentro del género “perturbación”. En esos términos, la acción policiva prescrita en el artículo 125 del Decreto ley 1355 de 1970, comporta el supuesto fáctico que se señala en el artículo demandado.
(ii.) En cuanto a la legitimación por activa de la acción policiva, cuando el artículo 15 de la Ley 57 de 1905 señala al “arrendador” como interesado en la acción de lanzamiento por ocupación de hecho, debe indicarse que esta calidad puede recaer en el propietario del bien, el poseedor de éste y aún el mismo tenedor. Dicha identidad se observa en relación con el artículo 125 del Código Nacional de Policía en tanto la acción policiva puede activarla tanto el poseedor como el tenedor. El poseedor como: a) Propietario (“sea que el dueño…tenga la cosa por si mismo”), b) El que se da por dueño. ) y c) El tenedor ( “otra persona que la tenga en su lugar y a nombre de él”), es decir, quien detente la tenencia a nombre del dueño o a nombre del poseedor.
Lo anterior es ratificado por las propias normas del Código Civil. Así, la posesión en términos del artículo 762 de dicho estatuto se define como:
Ejemplo de la reglamentación de tales procedimientos especiales, se encuentra en el Decreto 0188 de 1986 por el cual se expidió el Código Departamental de Policía de Cundinamarca, que en el título II reguló expresamente los procesos civiles especiales de policía y, entre ellos, el consagrado en el artículo 469 relativo a la acción policiva de lanzamiento por ocupación de hecho, reglamento que señala paso a paso el procedimiento correspondiente:
Artículo 470o.- Competencia. (…)'
Artículo 471o.- Requisitos del memorial petitorio.(…)'
Artículo 472o.- Anexos del memoria petitorio. El querellante debe acompañar al memorial petitorio: (…)'
Artículo 473o.- Presentación del, memorial petitorio.'(…).
Artículo 474o.- Corrección o adición. (…)'
Artículo 475o.- Rechazo del memorial petitorio. (…)'
Artículo 476o.- Abstención de ordenar el lanzamiento. Si las pruebas presentadas por el querellante, no demostraren en forma legal los hechos en que se funda la petición, el funcionario se abstendrá de ordenar el lanzamiento.(…)'
Artículo 477o.- Orden de lanzamiento. (…)'
Artículo 478o.- Horas en que debe practicarse el lanzamiento. (…)'
Artículo 479o.- Notificación de la orden de lanzamiento. (…)'
Artículo 480o.- Práctica de la diligencia de lanzamiento. (…)'
Artículo 481 o.- Lanzamiento en caso de que no se encuentren moradores.(…)'
Artículo 482o.- Suspensión de la diligencia. Si antes de practicarse el lanzamiento el ocupante de la finca o heredad exhibiere título o prueba que justifique legalmente la ocupación, el Alcalde suspenderá la diligencia, haciéndole saber a los interesados que quedan en libertad para concurrir a la justicia ordinaria. (…)'
Artículo 485o.- Cuantía. (…)'
En la acción de tutela T- 1104 de 2008, en la cual se alegó la vulneración al derecho fundamental de defensa con ocasión de un proceso de lanzamiento por ocupación de hecho en un predio rural, la Corte no sólo acudió al decreto 747 de 2002 que regula expresamente el proceso policivo de lanzamiento para predios rurales, expedido con fundamento en el artículo 125 del Código Nacional de Policía, sino también al Código de Policía de Casanare:
“[…] Una vez devuelto el expediente, por parte de la Gobernación del Departamento de Casanare, el Alcalde Municipal mediante auto de fecha junio 6 de 2007 aduciendo la competencia que le asiste, decidió continuar el trámite previsto en el artículo 429 y siguientes del Código de Policía de Casanare para lo cual fijó para el 13 de junio de 2007 la fecha para la continuación de la diligencia de lanzamiento por ocupación de hecho, suspendida por las actuaciones de la parte querellada. (fl.152) (…)'
'(…)Revisados los documentos obrantes en el expediente, en especial los escritos de contestación de la demanda y de impugnación presentados por la Alcaldía Municipal de Orocué, cuyos argumentos han sido reforzados por la sociedad Inversiones Los Cedros S.A., se tiene que para el ente territorial la competencia para asumir el conocimiento y adelantar el procedimiento que correspondía a ese tipo de asuntos, se deriva de lo dispuesto en el Libro Tercero, Del Procedimiento, Título I, Procedimientos Civiles de Policía, Capítulo I, artículos 423 y siguientes del Código de Policía de Casanare que consagra el lanzamiento por ocupación de hecho en inmueble urbano y rural y además de las facultades otorgadas por el decreto 747 de 1992.”
De esta forma en el caso concreto, la Corte concluyó que no se apreciaba que las autoridades accionadas hubiesen incurrido en una vía de hecho, por cuanto obraron con sujeción a las normas que regulan el trámite de la querella de lanzamiento por ocupación de hecho, en particular, a las normas del Código de Policía de Bogotá, que, de manera expresa, contempla el recurso de apelación para las decisiones que se adoptan en los procesos policivos de carácter civil, dentro de los cuales se cuenta el de lanzamiento por ocupación de hecho, y que la providencia recurrida fue proferida por el Inspector 9 A de Policía, de manera que era pasible de recurso ante el Consejo de Justicia de Bogotá, hecho del cual dan cuenta las diversas tutelas que se han presentado contra ese ente distrital.
2.4.2.11 Aunado a lo anterior, se tiene que la expedición del Código Nacional de Policía coincidió con la aparición del Código de Procedimiento Civil -Decretos 1400 y 2019 de 1970-, de manera que a partir de los años 70 coexisten las acciones policivas para la protección de los derechos de tenencia y posesión de bienes con las acciones judiciales destinadas al mismo fin, de donde corresponde al titular de la acción y directo afectado escoger la vía más expedita de protección, atendiendo para el efecto el tiempo que lleve en posesión o tenencia de un inmueble. En ese orden, son estas las posibles vías de protección frente a eventos de perturbación de la posesión o la tenencia: (i.) Las acciones judiciales destinadas a la restitución de inmuebles indebidamente ocupados, en materia urbana, cuyo procedimiento fue regulado por el Código de Procedimiento Civil. Los artículos 972 a 1007 del Código Civil integran el conjunto normativo relativo a las acciones posesorias, las cuales tienen por objeto conservar o recuperar la posesión de bienes raíces o derechos reales constituidos en ellos, siempre que se haya estado en posesión tranquila y no interrumpida un año completo. Para la materialización de estas acciones el Código de Procedimiento Civil consagró dos clases de procesos: a.) el abreviado para recuperar y conservar la posesión de un inmueble regulado por el artículo 408 numeral 2 y 416; b.) el proceso verbal sumario para los restantes eventos según el artículo 435, numerales 6 y 7. (ii.) Las acciones judiciales agrarias destinadas al lanzamiento por ocupación de hecho en predios rurales, reguladas primero por la Ley 200 de 1936 y, posteriormente, por el Decreto Legislativo 2303 de 1989, proferido en uso de las facultades extraordinarias otorgadas por la Ley 30 de 1987, que mediante su artículo 98 reiteró la competencia de los jueces agrarios para resolver los procesos judiciales de lanzamiento por ocupación de hecho. A estas normas especiales remite expresamente el Código de Procedimiento Civil mediante el artículo 425 reformado por el Decreto 2282 de 1989. (iii.) Las acciones policivas señaladas por el artículo 125 y siguientes del Código Nacional de Policía para evitar la perturbación de la posesión y la tenencia, complementadas con los procedimientos señalados en los Códigos de Policía Departamentales, expedidos con fundamento en la competencia otorgada en ese momento por el artículo 187 de la Constitución Nacional de 1886 a las Asambleas Departamentales y, a partir de la Constitución de 1991, a través de las facultades otorgadas a estas corporaciones por el artículo 300 numeral 8 y, el procedimiento especial regulado por el Decreto 747 de 1992 que deberá aplicarse de preferencia y de manera armónica con los procedimientos departamentales en materia de predios rurales. (iv.) La acción policiva de la Ley 9 de 1989. Que en su artículo 69 consagró el lanzamiento por ocupación de hecho de oficio por los Alcaldes municipales o por conducto de la Personería Municipal, cuando el propietario o su tenedor no inicien la acción a que se refiere el artículo 15 de la Ley 57 de 1905, en los supuestos: a.) en que se verifique la ocupación de asentamientos ilegales o que se estén llevando a cabo o que se verifique que se efectuarán y estos b.) Atenten o puedan significar riesgo para la comunidad, cualquier ciudadano o vayan contra las normas de urbanismo y planeación de la localidad. En tales eventos las autoridades de policía pueden ordenar la demolición de bienes construidos sin autorización de autoridad competente, así como la ejecución de obras de conservación o restauración, cuyo costo es cargado al propietario, en donde la principal diferencia con la acción policiva prevista en el artículo 125 del Decreto 1355 de 1970 es que esta puede iniciarse de oficio y sin necesidad de querella por estar de por medio el interés público.
La Corte Constitucional ha sostenido que la circunstancia de haber sido derogado o subrogado el precepto objeto de examen conduce, en principio, a la inhibición, por carencia actual de objeto, en lo que se conoce como sustracción de materia''. En efecto, para la Corporación, si ya el legislador ha retirado del ordenamiento jurídico la norma acusada y no existe motivo alguno para que se aplique, o si ha sido reemplazada por otra, carece de sentido que el juez constitucional entre a verificar si ese contenido, ya no vigente, se opuso en su momento a la Constitución o no.
Publicado por COABOCOL en 16:28