Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-c-85-de-febrero-24-de-2016?documento=jurcol&contexto=jurcol_c649d80ff3b545ef87cc5512e13bc589&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-11-14 18:08:41
Document Index: 395922931

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 14', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 36', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 20', 'artículo 15', 'artículo14', 'artículo 208', 'artículo 14', 'artículo 44', 'artículo 14', 'artículo 3', 'artículo 3']

﻿ Sentencia C-085 de febrero 24 de 2016
SENTENCIA C-85 DE 24 DE FEBRERO DE 2016
CONTENIDO:PROYECTO PEDAGÓGICO DE EDUCACIÓN SEXUAL DIRIGIDO A NIÑOS QUE SE ENCUENTREN CURSANDO EDUCACIÓN PREESCOLAR Y BÁSICA NO VULNERA DERECHOS DE LOS MENORES. SE RECUERDA QUE LA CONSTITUCIÓN NO DETERMINA UN MODELO ESPECÍFICO PARA LA ENSEÑANZA DE LA EDUCACIÓN SEXUAL, Y QUE NO SE PUEDE POR LO TANTO EXIGIR AL GOBIERNO NI AL LEGISLADOR QUE IMPLEMENTE LA EDUCACIÓN SEXUAL A TRAVÉS DE CÁTEDRAS ESPECÍFICAS, CUANDO EXISTEN RAZONES PARA HACERLO A TRAVÉS DE PROYECTO PEDAGÓGICOS TRANSVERSALES, PERO TAMBIÉN ES CONSCIENTE DE QUE EL INTERÉS SUPERIOR DE LOS NIÑOS, SUS DERECHOS PREVALENTES Y SU CONDICIÓN DE SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL OBLIGAN AL ESTADO COLOMBIANO A TOMAR TODAS LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA PROTEGERLOS. FINALMENTE, SE CONSIDERA QUE LA NORMA NO PADECE DE OMISIÓN LEGISLATIVA RELATIVA, PUES LA EXCLUSIÓN DE LOS GRADOS DE PREESCOLAR, BÁSICA PRIMARÍA Y BÁSICA SECUNDARIA DE UNA CÁTEDRA DE EDUCACIÓN SEXUAL RESULTA ADECUADA A LOS POSTULADOS CONSTITUCIONALES. POR LO TANTO, SE DECLARA EXEQUIBLE LA EXPRESIÓN “LOS ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN MEDIA Y SUPERIOR” CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 14 DE LA LEY 1146 DE 2007.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCESO A LA EDUCACIÓN, DERECHO A LA EDUCACIÓN, DERECHOS FUNDAMENTALES DEL MENOR DE EDAD, DEMANDA DE CONSTITUCIONALIDAD, DERECHOS DEL MENOR DE EDAD, PRINCIPIO DE INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR DE EDAD, EDUCACIÓN SEXUAL
Sentencia C-085 de febrero 24 de 2016
Ref.: Exp. D-10905
Demanda de inconstitucionalidad parcial contra el artículo 14 de la Ley 1146 de 2007 “Por medio de la cual se expiden normas para la prevención de la violencia sexual y atención integral de los niños, niñas y adolescentes abusados sexualmente”.
Actor: Carlos Arturo Silva Marín
Diario Oficial Nº 46.685 del 10 de julio de 2007
“ART. 14.—Cátedra de educación para la sexualidad. Los establecimientos de educación media y superior deberán incluir en sus programas de estudio, con el propósito de coadyuvar a la prevención de las conductas de que trata la presente ley, una cátedra de educación para la sexualidad, donde se hará especial énfasis en el respeto a la dignidad y a los derechos del menor”.
En efecto, en su escrito el demandante solicita: “2) Declare inconstitucional de forma parcial el artículo 14 de la Ley 1146 del 2007 en la partícula “Los establecimientos de educación media y superior”. Para que bajo una nueva redacción determine una cátedra de educación para la sexualidad en prescolar, básica primaria y secundaria, media y educación superior”.
A juicio de la Sala, en esta oportunidad la demanda constituye una clásica acusación de inconstitucionalidad por omisión legislativa relativa, aunque el demandante no lo haya dicho expresamente. Así, en aplicación del principio pro actione(20), la Corte procederá a examinarla.
3.2.2.1. El primer cargo se refiere a la infracción de los artículos 5 y 13 de la Carta, por vulneración del derecho a la igualdad y no discriminación, pues considera que la norma demandada, al ordenar la implementación de una cátedra de educación para la sexualidad sólo para los establecimientos de educación media y superior, instaura una desigualdad injustificada frente a los menores de 14 años y frente a quienes, encontrándose en “extra-edad”, estén en grados inferiores a décimo.
3.3. Jurisprudencia constitucional en materia de educación para la sexualidad.
En la Sentencia T-440/92(21) la Corte, al analizar si la educación sexual es una cuestión que compete exclusivamente a la formación que deben impartir los padres de familia, estableció la corresponsabilidad que tienen los establecimientos educativos en la formación adecuada sobre la sexualidad, así:
“Constitucionalmente, la educación sexual es un asunto que incumbe de manera primaria a los padres. La importancia y delicada responsabilidad que implica esta educación del niño, exige de padres y colegios una estrecha comunicación y cooperación. Los padres tienen derecho a solicitar periódicamente información sobre el contenido y métodos empleados en cursos de educación sexual, con el fin de estar seguros sobre si éstos concuerdan con las propias ideas y convicciones. Sin embargo, el deber de colaboración exige de los padres la necesaria comprensión y tolerancia con las enseñanzas impartidas en el colegio, en especial cuando éstas no son inadecuadas o inoportunas para la edad y condiciones culturales del menor. La introducción del tema o materia de la sexualidad en la escuela no es irrazonable, en cuanto puede intentar reducir el nivel de embarazos no deseados, la extensión de enfermedades venéreas o la paternidad irresponsable. El respeto del derecho de los padres a educar no significa el derecho a eximir a los niños de dicha educación, por la simple necesidad de mantener a ultranza las propias convicciones religiosas o filosóficas”.
“La función de la educación sexual no es la de alinear al individuo con un cúmulo de creencias sobre la sexualidad, sino la de proveer elementos objetivos para contribuir a su reflexión y a una más clara, racional y natural asunción de su corporeidad y subjetividad. Se estimula de esta manera que las elecciones y actitudes que se adopten —en un campo que pertenece por definición a la intimidad y al libre desarrollo de la personalidad— sean conscientes y responsables”.
Y como conclusión de lo explicado, dando cuenta de la importancia que tienen una educación sexual adecuada, accesible y de calidad para todos los niños, la Corte finalmente dispuso: “TERCERO. SOLICITAR al Ministro de Educación que, en un término de 12 meses luego de recibir el informe de los expertos mencionado en este proveído, proceda a ordenar las modificaciones y cambios a que haya lugar para adelantar, conforme a los mismos, la educación sexual de los educandos en los diferentes centros educativos del país”.
3.3.3. En esa misma línea, revisando un caso en el que se implicaban prácticas docentes inadecuadas, la corporación en la Sentencia T-368 de 2003(22), hizo énfasis en la adecuación y calidad especialmente dada la complejidad de la enseñanza a impartir:
“La educación sexual, no tiene un equivalente en los modelos convencionales de aprendizaje. Lejos de ser un simple recuento de anatomía, fisiología y de los métodos de control de la natalidad, se trata de un verdadero proceso que se inicia desde el nacimiento y que tiene en los padres a la instancia que más influencia ejerce en la misma, Si bien se reconoce el papel preponderante de aquí deben desempeñar los padres respecto de sus hijos, es conveniente que la escuela moderna, de manera coordinada con ellos, coadyuve a su esfuerzo, practique una pedagogía que incorpore el reconocimiento y la comprensión cabal de la sexualidad, de suerte que los educandos reciban en cada momento conocimientos serios, oportunos y adecuados y gracias a esta interacción lleguen al pleno dominio de su “yo” y de respeto y consideración humana por el “otro”.
3.3.4. En ese sentido, la Sentencia T-220 de 2004(23), al estudiar el caso de una estudiante que había sido afectada por los comentarios de una docente sobre su comportamiento, la Corte concluyó que existe una relación innegable entre el ámbito de protección del derecho fundamental a la educación y los elementos de la política pública en materia de educación sexual, y consideró que desde la perspectiva del derecho de los educandos, la política en la materia debe incorporar un programa de educación sexual que satisfaga ciertos requisitos básicos, prefigurados por la Constitución, según los cuales:
(i) debe impartirse en los establecimientos de educación básica tanto públicos y privados, de tal forma que los educandos puedan tener acceso a ella como un “bien de la cultura” (art. 67, C.N.);
(ii) sus contenidos deben estar orientados por los principios de autonomía del educando (art. 16, C.N.) y respeto por sus demás derechos fundamentales, en especial por los derechos a la dignidad (art. 1º, C.N.) a la intimidad (art. 15, C.N.) y a la libertad de conciencia (art. 18, C.N.) del educando;
(iii) tales contenidos deben ser suficientes, en el sentido de que permitan al estudiante el desarrollo de sus diversas competencias, de relación interpersonal y convivencia (arts. 2º, 4º, 95, C.N.), de respeto a las diferencias y a los derechos de los demás (art. 1º, 4º, 7º, 13, 16 y 95, C.N.), de conocimientos en salud sexual y reproductiva, en especial lo relacionado con las enfermedades de transmisión sexual (art. 49, inc. 5º, C.N.), de concientización acerca de la paternidad y maternidad responsable, como derecho y como deber (art. 42, incs. 4º y 5º, C.N.), entre muchos otros; y por último
3.3.5. Desde otros aspectos, la Corte también se ha referido a la educación sexual y su relación con los derechos sexuales y reproductivos. En la Sentencia C-355 de 2006(24) sostuvo la corporación:
“El derecho a estar libre de interferencias en la toma de decisiones reproductivas supone por una parte contar con la información necesaria para adoptar decisiones de esta naturaleza y en esa medida está estrechamente relacionado con el derecho a una educación sexual adecuada y oportuna, adicionalmente “protege a las personas de la invasión o intrusión no deseada en sus cuerpos y otras restricciones no consensuales a su autonomía física”.
3.4. El juicio de igualdad en las decisiones de la Corte Constitucional.
3.4.1. Como lo ha sostenido la Corte a lo largo de su jurisprudencia y fue reiterado en la Sentencia C-015 de 2014(25), el juicio integrado de igualdad tiene tres etapas de análisis:
(iii) averiguar si la diferencia de trato está constitucionalmente justificada, es decir, si las situaciones objeto de la comparación ameritan un trato diferente desde la Constitución(26).
Según su grado de intensidad, este test puede tener tres grados: estricto, intermedio y leve. Para determinar cuál es el grado de intensidad adecuado a un caso sub judice, este tribunal ha fijado una regla y varios criterios(27), como se da cuenta enseguida.
3.4.3. La regla ordinaria al ejercer el control de constitucionalidad es la de aplicar un test leve. Este test se limita a verificar si el fin y el medio no están constitucionalmente prohibidos y si el segundo es idóneo o adecuado para conseguir el primero. Esta regla se formula a partir de dos importantes consideraciones: el principio democrático, en el que se funda el ejercicio de las competencias del legislador, y la “presunción de constitucionalidad que existe sobre las decisiones legislativas”. El test leve busca evitar decisiones arbitrarias y caprichosas del legislador, es decir, decisiones que no tengan un mínimo de racionalidad.
“El fin de la medida debe ser legítimo e importante, pero además imperioso. El medio escogido debe ser no sólo adecuado y efectivamente conducente, sino además necesario, o sea, que no pueda ser remplazado por un medio alternativo menos lesivo. Adicionalmente, el test estricto es el único que incluye la aplicación de un juicio de proporcionalidad en sentido estricto. El juicio de proporcionalidad en sentido estricto es el cuarto paso del test estricto de razonabilidad. Este exige que los beneficios de adoptar la medida excedan claramente las restricciones impuestas sobre otros principios y valores constitucionales por la medida”.(28)
3.4.7. Por su parte el test intermedio, se aplica por este tribunal cuando la medida puede afectar el goce de un derecho no fundamental, cuando se fundamenta en criterios sospechosos pero no para discriminar sino para intentar favorecer a los grupos discriminados y así buscar la igualdad real o cuando hay un indicio de arbitrariedad que puede afectar la libre competencia.(29) Este test implica que “es legítimo aquel trato diferente que está ligado de manera sustantiva con la obtención de una finalidad constitucionalmente importante”(30), por lo tanto, busca establecer que el fin sea importante, sea porque promueve intereses públicos valorados por la Constitución o por la magnitud del problema que el legislador busca resolver, y que el medio no solo sea adecuado, sino efectivamente conducente para alcanzar dicho fin.(31)
3.5.1. El examen de la omisión legislativa relativa.
Conforme a la doctrina constitucional sentada por la Corte, es posible distinguir entre las nociones de omisión legislativa relativa y absoluta. La primera se presenta cuando el legislador incumple una obligación derivada de la Constitución, que le impone adoptar determinada norma legal; en efecto, al respecto esta Corporación ha dicho que este tipo de omisión “está ligado, cuando se configura, a una “obligación de hacer”, que supuestamente el Constituyente consagró a cargo del legislador, el cual sin que medie motivo razonable se abstiene de cumplirla, incurriendo con su actitud negativa en una violación a la Carta”(32).
“(i) que exista una norma sobre la cual se predique necesariamente el cargo; (ii) que la misma excluya de sus consecuencias jurídicas aquellos casos que, por ser asimilables, tenían que estar contenidos en el texto normativo cuestionado, o que el precepto omita incluir un ingrediente o condición que, de acuerdo con la Constitución, resulta esencial para armonizar el texto legal con los mandatos de la Carta; (iii) que la exclusión de los casos o ingredientes carezca de un principio de razón suficiente; (iv) que la falta de justificación y objetividad genere para los casos excluidos de la regulación legal una desigualdad negativa frente a los que se encuentran amparados por las consecuencias de la norma; y (v) que la omisión sea el resultado del incumplimiento de un deber específico impuesto por el constituyente al legislador (33).”(34)
Además de estos criterios, la Corte, recogiendo su jurisprudencia en la materia señaló en la Sentencia C-833 de 2013(35) que también se deben tener en cuenta: “(vi) si la supuesta omisión emerge a primera vista de la norma propuesta, o (vii) si se está más bien, ante normas completas, coherentes y suficientes, que regulan situaciones distintas”.
3.5.2.1. En la Sentencia T-368 de 2003(36), a fin de analizar el alcance del deber de vigilancia del Estado sobre el contenido de la enseñanza en materia de educación sexual, la Corte hizo un recuento respecto de la normatividad existente, indicando que la Carta Constitucional determina que el Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, y el ordenamiento constitucional faculta al Estado para regular, supervisar y vigilar los procesos educativos —arts. 67 y 68 C.P.—.
La citada decisión da cuenta de cómo en la Sentencia T-440 de 1992(37) la Corte analizó todos los postulados constitucionales relacionados con la educación sexual y concluyo que la Constitución Política también preceptúa:
i) que el derecho a la vida es inviolable, ii) que los derechos de la persona son inalienables, iii) que todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad y a que su intimidad personal y familiar sea respetada, iv) que todas las personas son iguales y que no resulta posible discriminar a alguien por razones de sexo, iv) que la servidumbre y la trata de seres humanos está prohibida, v) que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y que los padres están obligados a educar a sus hijos, vi) que la mujer no puede ser sometida a un trato denigrante en razón de la maternidad, vii) que los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás, y viii) que los adolescentes tienen derecho a una protección integral —artículos 11, 5°, 16, 14, 13, 17, 42, 43, 44 y 45—. Y los artículos 41 y 67 de la Carta disponen que sus normas se integraran en los planes de estudio, y que los establecimientos educativos impartan la formación que sus dictados orientan.
En consecuencia, la Corte solicitó del Ministerio de Educación Nacional ordenar “las modificaciones y cambios a que haya lugar para adelantar, conforme a los mismos la educación sexual de los educandos en los diferentes centros educativos del país”.(38)
3.5.2.2. El Ministerio de Educación Nacional, en acatamiento de la orden emitida por la Corporación, profirió la Resolución Nº 3353 de julio de 1993, en la cual se determinan los objetivos y características de la educación sexual en consonancia con los mandatos constitucionales(39), entre otros aspectos, dispuso que a partir del inicio de los calendarios académicos de 1994, “todos los establecimientos educativos del país que ofrecen y desarrollan programas de preescolar, básica primaria, básica secundaria y media vocacional, realizarán con carácter obligatorio, proyectos institucionales de Educación Sexual como componente esencial del servicio público educativo”.(40)
La resolución indica que la educación sexual se organizará en los establecimientos públicos y privados obligados a impartirla “como un proyecto educativo institucional que tenga en cuenta las características socio-culturales de los estudiantes y su comunidad”, que se orientará “según lo establecido en esta Resolución y en las directivas del Ministerio de Educación Nacional al respecto”(41).
3.5.2.3. Poco después y bajo los mismos lineamientos, se profirió la Ley General de Educación —Ley 115 de 1994—, que por su parte, dispone que los establecimientos educativos están obligados a impartir educación sexual “en cada caso de acuerdo con las necesidades psíquicas físicas y afectivas de los educandos según su edad, (..) dentro de un proceso de formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores humanos”; con el propósito de que los educandos desarrollen “una sana sexualidad que promueva el conocimiento de sí mismo y la autoestima; la construcción de la identidad sexual dentro del respeto por la equidad de los sexos, la afectividad, el respeto mutuo”, logrando, de esta manera, que los estudiantes se preparen “para una vida familiar armónica y responsable” —arts. 14.e y 13—.(42)
La Ley General de Educación —Ley 115 de 1994— establece la obligación para los establecimientos educativos de adelantar la educación sexual a lo largo de la educación preescolar, básica y media, con las obvias consideraciones de que los contenidos son diferentes. La educación sexual cumple diversas finalidades, una de las cuales es la de contribuir a prevenir la violencia sexual.
Al respecto, es importante tener en cuenta que La Ley 115 de febrero 8 de 1994, parágrafo primero del artículo 14 establece una metodología específica para la educación sexual así: “El estudio de estos temas y la formación en tales valores, no exige asignatura especifica. Esta formación debe incorporarse al currículo y desarrollarse a través de todo el plan de estudios. Esto implica la transversalización del proyecto pedagógico en educación para la sexualidad en los planes de estudio y currículos de las instituciones educativas”.
3.5.2.4. En desarrollo de la norma antes citada, el artículo 36 del Decreto reglamentario 1860 de 1994 dispone que la enseñanza prevista en el artículo 14 de la Ley General de Educación —el literal (e) se refiere a la educación sexual—(43) “se cumplirá bajo la modalidad de proyectos pedagógicos”, que deben definirse en el respectivo plan de estudios, mecanismo éste que había sido previsto en la Directiva Ministerial de octubre 15 de 1993, como “una construcción permanente de espacios que permitan el desarrollo de procesos de Autonomía, Autoestima, Convivencia y Salud”(44).
“El proyecto pedagógico es una actividad dentro del plan de estudio que de manera planificada ejercita al educando en la solución de problemas cotidianos, seleccionados por tener relación directa con el entorno social, cultural, científico y tecnológico del alumno. Cumple la función de correlacionar, integrar y hacer activos los conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores logrados en el desarrollo de diversas áreas, así como de la experiencia acumulada. La enseñanza prevista en el artículo 14 de la Ley 115 de 1994, se cumplirá bajo la modalidad de proyectos pedagógicos. Los proyectos pedagógicos también podrán estar orientados al diseño y elaboración de un producto, al aprovechamiento de un material equipo, a la adquisición de dominio sobre una técnica o tecnología, a la solución de un caso de la vida académica, social, política o económica y en general, al desarrollo de intereses de los educandos que promuevan su espíritu investigativo y cualquier otro propósito que cumpla los fines y objetivos en el proyecto educativo institucional. La intensidad horaria y la duración de los proyectos pedagógicos se definirán en el respectivo plan de estudios”.
3.5.2.7. Esta determinación metodológica se ve ratificada con la Ley 1620 del 15 de marzo de 2013 “Por la cual se crea el sistema nacional de convivencia escolar y formación para el ejercicio de los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar”, la cual explica con mayor detenimiento el alcance de los proyectos pedagógicos, y en particular en el numeral 13 del artículo 20, sobre los proyectos pedagógicos de educación para la sexualidad. La norma establece:
ART. 20.—Proyectos pedagógicos. Los proyectos a que se refiere el numeral 1º del artículo 15 de la presente ley, deberán ser desarrollados en todos los niveles del establecimiento educativo, formulados y gestionados por los docentes de todas las áreas y grados, construidos colectivamente con otros actores de la comunidad educativa, que sin una asignatura específica, respondan a una situación del contexto y que hagan parte del proyecto educativo institucional o del proyecto educativo comunitario. (...) 13 Los proyectos pedagógicos de educación para la sexualidad, que tienen como objetivos desarrollar competencias en los estudiantes para tomar decisiones informadas, autónomas, responsables, placenteras, saludables y orientadas al bienestar; y aprender a manejar situaciones de riesgo, a través de la negativa consciente reflexiva y critica y decir no a propuestas que afecten su integridad física o moral, deberán desarrollarse gradualmente de acuerdo con la edad, desde cada una de las áreas obligatorias señaladas en la Ley 115 de 1994, relacionados con el cuerpo y el desarrollo humano, la reproducción humana, la salud sexual y reproductiva y los métodos de anticoncepción, así como las reflexiones en torno a actitudes, intereses y habilidades en relación con las emociones, la construcción cultural de la sexualidad, los comportamientos culturales de género, la diversidad sexual, la sexualidad y los estilos de vida sanos, como elementos fundamentales para la construcción del proyecto de vida del estudiante.
3.5.2.8. Según información del Ministerio de Educación en el página en internet del programa de educación para la sexualidad “La educación para la sexualidad es una oportunidad pedagógica que no se reduce a una cátedra o taller, sino que debe constituirse como un proyecto pedagógico de cada institución educativa que promueva entre sus estudiantes la toma de decisiones responsables, informadas y autónomas sobre el propio cuerpo; el respeto a la dignidad de todo ser humano; la valoración de la pluralidad de identidades y formas de vida; y la vivencia y construcción de relaciones pacíficas, equitativas y democráticas”(45),(46).
3.5.2.10. Los estándares internacionales(47),(48) y son claros en establecer que todos los niños y adolescentes tienen derecho a recibir educación sexual, la cual debe a su vez, adaptarse a las necesidades y capacidades propias del desarrollo vital de cada uno, con estándares de adecuación y calidad que corresponden a los objetivos y derechos de los NNA, y dictados por docentes idóneos y suficientemente capacitados para ello.
En el mismo sentido se ha desarrollado la jurisprudencia constitucional,(49) especificando que la obligación en materia de educación sexual(50) implica también una decisión sobre la metodología a utilizar, y en el caso colombiano, desde 1993 se ha escogido la del proyecto pedagógico con contenidos transversales a las distintas asignaturas y a lo largo de toda la vida académica escolar. En conclusión, actualmente todos los niveles de educación tienen un componente de educación para la sexualidad.
Posteriormente, el artículo14 demandado establece una cátedra específica de educación para la sexualidad para los niveles de educación media y superior con el propósito de coadyuvar a la prevención de las conductas de que trata la presente ley.
La diferenciación resulta además coherente con la consideración de la cual parten normas como el artículo 208 y 209 de la Ley 599, que hace un trato diferenciado con los menores de 14 años generando tipos penales específicos para proteger su libertad sexual, con base en que su conciencia sobre el acto aún no es suficiente para expresar libremente su voluntad en la materia.
3.5.2.12. En conclusión y respecto del segundo paso del examen de omisión legislativa relativa(51), si bien es cierto que el artículo 14 de la Ley 1146 de 2011 excluye de sus consecuencias a los estudiantes de la educación preescolar y media, también lo es, que el grado de desarrollo vital en que se encuentran los niños que aún no hacen parte de la educación media y superior los hace no “asimilables” como lo exige la jurisprudencia, para efectos de determinar la metodología adecuada de enseñanza que se debe utilizar para impartirles la educación para la sexualidad.
3.5.3. La justificación de la distinción normativa.
En ese sentido la Corte Constitucional ya se ha referido a la validez constitucional de las diferenciaciones que ciertas normas hacen entre ellos, como por ejemplo en la Sentencia C-740 de 2008 respecto de la diferenciación entre, niño y adolescente en la Ley 1098 de 2006(52), o en la providencia C-684 de 2009(53) respecto de algunas disposiciones del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (aplicable a menores entre 14 y 18 años).
Especial relevancia para el caso concreto tiene la Sentencia C-876 de 2011(54), en que la Corte estudió la exequibilidad de los artículos 208 y 209 de la Ley 599 de 2000, sobre actos sexuales y acceso carnal abusivo con menores de 14 años. En la demanda se argumentaba que el criterio de la edad generaba una desigualdad en la protección entre los menores de 18 años. Al respecto sostuvo la Corte que la diferenciación legal era válida, pues no se trata de desproteger a un grupo de niños, sino de establecer una protección adecuada de los menores con fundamento en la capacidad volitiva y el desarrollo sexual de los niños menores de 14 años. Al respecto sostuvo la Corte:
La diferenciación realizada por el legislador entre menores de 14 años y los menores mayores de 14 años persigue fines constitucionalmente legítimos, pues es un instrumento legislativo que permite materializar la protección del artículo 44 constitucional en aquellos menores cuya capacidad volitiva y desarrollo sexual no está aún configurado plenamente. Así las cosas, la medida tomada resulta idónea y adecuada debido a que, aun existiendo el consentimiento del menor de 14 años, lo cierto es que su capacidad de comprensión y valoración del acto sexual no es adecuado para su edad. Por eso la Ley lo protege, aún de su propia decisión, con el fin de salvaguardar no solo sus derechos sexuales y reproductivos sino el libre desarrollo de su personalidad.(55)
Indica el ministerio que el abordaje de la educación sexual como proyecto pedagógico, “requiere partir de una lectura del contexto de la institución educativa, de los estudiantes y de sus familias, de manera que se propenda por la transformación de situaciones que afectan el ejercicio de sus derechos humanos sexuales y reproductivos, atendiendo a sus realidades y necesidades particulares”.
3.6. La grave situación de violencia sexual y el embarazo infantil de los niños y niñas en Colombia: especialmente en el sector rural.
Así por ejemplo, en la Sentencia C-577 de 2011(56), concluyó que no había lugar a declarar la inexequibilidad de la norma demanda, pero verificó que existía un vacío de regulación frente a los derechos de las parejas de personas homosexuales, ante lo cual la Corte, para suplir esta dificultad exhortó al Congreso de la Republica a legislar sobre la situación en un término determinado.
De la misma forma, en la parte motiva de la Sentencia C-317 de 2012, la Corte exhortó al Congreso de la República a regular la cuestión de la consulta previa por encontrar que ese derecho no tenía las garantías y la protección jurídica suficiente.(57)
3.6.2. Por otra parte, según el informe sobre embarazo adolescente del ICBF en 2013, publicado por el Ministerio de Salud(58), una de cada cinco adolescentes entre 15 y 19 años ha estado alguna vez embarazada. De éstas, el 16% ya son madres y el 4% está esperando su primer hijo.
Según estadísticas oficiales del Ministerio de Salud y Protección Social(59), la tasa de fecundidad adolescente (TEF) tuvo una leve disminución para el grupo de mujeres entre 15 y 19 años(60), mientras que la fecundidad para el grupo de adolescentes de 10 a 14 años en Colombia ha venido creciendo(61). Por lo tanto, las políticas dirigidas a proteger a los niños y niñas menores de 14 años, en particular en lo relativo al embarazo infantil necesitan ser evaluadas con detenimiento.
3.7.5. Al no existir restricción para los estudiantes en grados inferiores, el trato diferencial que el legislador da a los menores de edad que se encuentran en la educación media y superior, se ve justificado por las connotaciones propias del estadio vital de los adolescentes que están cursando los últimos grados del colegio y en particular a partir de los 14 años. El legislador ha hecho diferenciaciones en el mismo sentido, tal como sucede con el Código Penal (L. 500/2000) respecto del cual la Corte ya se ha pronunciado apoyando la legitimidad de tales medidas.
1. Declarar EXEQUIBLE la expresión “los establecimientos de educación media y superior” contenida en el artículo 14 de la Ley 1146 de 2007, por los cargos estudiados en la sentencia.
Magistrados: María Victoria Calle Correa, presidenta, con aclaración de voto—Luis Guillermo Guerrero Pérez—Alejandro Linares Cantillo—Gabriel E. Mendoza Martelo—Gloria Stella Ortiz Delgado, con salvamento de voto—Jorge Iván Palacio Palacio, con salvamento de voto—Jorge Ignacio Pretelt Chaljub—Alberto Rojas Ríos, con salvamento de voto—Luis Ernesto Vargas Silva, con salvamento de voto.
20 “el rigor en el juicio que aplica la Corte al examinar la demanda no puede convertirse en un método de apreciación tan estricto que haga nugatorio el derecho reconocido al actor y que la duda habrá de interpretarse a favor del demandante, es decir, admitiendo la demanda y fallando de fondo”. Sentencia C-480/2003, M.P. Jaime Córdoba Triviño
23 M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
24 M.P. Jaime Araujo Rentería y Clara Inés Vargas Hernández.
26 Cfr. Sentencias C-093/2001, M.P. Alejandro Martínez Caballero; C-862/2008, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
27 Sentencia C-093/2001, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
28 Reiterado en la Sentencia C-015/2014, M.P. Mauricio González Cuervo. Párrafo 4.4.2.2.
29 Sentencia C-673/2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinoza.
30 Sentencia C-445/1995, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
31 Sentencia C-673/2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinoza.
32 Sentencia C-188/96, M.P. Dr. Fabio Morón Díaz.
33 Cfr. Sentencias C-543/96, M.P. Carlos Gaviria Díaz; C-427/2000, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; y C-173/2010, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, entre otras.
34 Sentencia C-185/2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil
38 Citado en la Sentencia T-368/2003, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
39 La resolución determina que la educación sexual “debe propiciar y favorecer en todos los estudiantes una formación rica en valores, sentimientos, conceptos y comportamientos para el desarrollo de la responsabilidad y la autonomía, cuya base fundamental sea el afecto y la igualdad entre las personas”, y garantizar a los educandos que al finalizar su ciclo educativo se encuentran en capacidad, entre otros aspectos, de asumir su sexualidad de una manera “humanista, sana, responsable, gratificante y enriquecedora de la personalidad”.
40 El Ministerio de Educación Nacional, en cumplimiento del fallo a que se hace mención, convocó a especialistas en materia de Educación Sexual, entre ellos la Conferencia Episcopal Colombiana, quienes se reunieron en Bogotá, los días 17 y 18 de junio de 1993, y formularon las recomendaciones que el Ministerio hizo suyas en la Resolución 03353 del 2 de julio de 1993.
41 Resaltado fuera del texto original.
42 Sentencias C-210/97, M.P. Carmenza Isaza De Gómez, y T-293/98, M.P. Carmenza Isaza de Gómez.
43 e) La educación sexual, impartida en cada caso de acuerdo con las necesidades psíquicas, físicas y afectivas de los educandos según su edad.
44 El 15 de octubre de 1993, en cumplimiento del artículo cuarto, de la Resolución 03353 de 02 de julio de 1993, la Ministra de Educación Nacional dirigió a los gobernadores, representantes de la ministra de educación ante las entidades territoriales, directores CEP, secretarios de educación, directores y rectores de establecimientos educativos del sector oficial y privado, la directiva ministerial de la fecha, atinente al diseño de los programas institucionales de educación sexual en los diferentes centros educativos del país, de la cual se desprende que en los programas institucionales la educación de la sexualidad i) debe ser considerada como “dimensión fundamental del ser humano”; ii) debe articularse “en el currículo dentro de un concepto científico y humanista, como formación para la vida y el amor”; iii) debe construirse ” con la participación de toda la comunidad”.
45 Disponible en: www.colombiaaprende.edu.co
46 Resaltado fuera del original.
47 Informe del relator especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la educación del 23 de julio de 2010. Sexagésimo quinto período de sesiones Tema 69 b) del programa provisional* Promoción y protección de los derechos humanos: cuestiones de derechos humanos, incluidos otros medios de mejorar el goce efectivo de los derechos humanos y las libertades fundamentales “Comité de los Derechos del Niño recomienda que los Estados incluyan la educación sexual en los programas oficiales de enseñanza primaria y secundaria; El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Comité de los Derechos del Niño han afirmado que los derechos a la salud y a la información exigen que los Estados se abstengan de censurar, ocultar o tergiversar deliberadamente la información relacionada con la salud, incluida la educación sexual y la información al respecto; En sus observaciones finales sobre varios países, el Comité de los Derechos del Niño ha recomendado a los Estados que integren la educación sexual en el currículum escolar; ha alentado a los Estados a proporcionar capacitación sobre el VIH/SIDA y educación sexual a maestros y otros oficiales de la educación. Asimismo, el Comité ha criticado las barreras a la educación sexual, tales como permitir que los padres eximan a sus hijos e hijas de esta educación; De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Comité de Derechos Humanos, en sus observaciones finales, ha expresado preocupación por la eliminación de la educación sexual del currículo escolar, así como por la elevada tasa de embarazos no deseados y de abortos entre jóvenes y adolescentes, solicitando la adopción de medidas para ayudar a las jóvenes a evitar embarazos no deseados, incluido el fortalecimiento de los programas sobre planificación familiar y educación sexual: el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha solicitado la aplicación de la educación para la salud sexual y reproductiva. También ha recomendado específicamente la educación sexual como un medio de asegurar el derecho de las mujeres a la salud, en particular la salud reproductiva, así como el pleno acceso a la educación sexual de todas las niñas y mujeres jóvenes, incluidas las de las zonas rurales y comunidades indígenas”.
48 Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. CRC/GC/2003/4, 1 de Julio de 2003. Observación General 4. El Comité pide a los Estados Partes que elaboren y apliquen de forma compatible con la evolución de las facultades de los adolescentes, normas legislativas, políticas y programas para promover la salud y el desarrollo de los adolescentes: (...) b) proporcionando información adecuada y apoyo a los padres para facilitar el establecimiento de una relación de confianza y seguridad en las que las cuestiones relativas, por ejemplo, a la sexualidad, el comportamiento sexual y los estilos de vida peligrosos puedan discutirse abiertamente y encontrarse soluciones aceptables que respeten los derechos de los adolescentes (art. 27 3)); (CRC/GC/2003/4, párr. 16).
49 Corte Constitucional, Sentencia T-293/98, M.P. doctora Carmenza Isaza de Gómez. “Existe, además, la obligación constitucional del Estado de regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia sobre la educación. No puede excluirse la educación sexual. Este proceso reviste un carácter vital, ya que tiene que ver con las emociones, los afectos y los sentimientos. Allí, la relación profesor - alumno no corresponde a un simple intercambio de conocimientos, sobre asuntos ajenos a su propia realidad, pues, en este proceso educativo, se está hablando del aspecto más cercano a uno mismo, su propio cuerpo, y la manera como es percibido por uno y por los demás”
50 Programa de Acción (POA) de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD).1994. “La salud y el desarrollo de los adolescentes en el contexto de la Convención sobre los Derechos del Niño se debería prestar apoyo a actividades y servicios en materia de educación sexual integrada para las personas jóvenes, con la asistencia y orientación de sus padres y madres y en consonancia con la Convención sobre los Derechos del Niño, y hacer hincapié en la responsabilidad de los varones en cuanto a su propia salud sexual y su fecundidad, ayudándoles a ejercer esa responsabilidad. Las actividades educacionales deberían comenzar en la unidad familiar, la comunidad y las escuelas a una edad apropiada, pero también deberán abarcar a los adultos, en particular a los hombres, a través de la enseñanza no académica y mediante diversas actividades con base en la comunidad”.
51 (ii) que la misma excluya de sus consecuencias jurídicas aquellos casos que, por ser asimilables, tenían que estar contenidos en el texto normativo cuestionado, o que el precepto omita incluir un ingrediente o condición que, de acuerdo con la Constitución, resulta esencial para armonizar el texto legal con los mandatos de la Carta;
52 Según el artículo 3º de la Ley 1098 de 2006 “se entiende por niño o niña las personas entre los 0 y los 12 años de edad, y por adolescente las personas entre 12 y 18 años de edad.”
53 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
55 Resaltado fuera del original.
56 “Puesto que del análisis efectuado se ha deducido que las parejas del mismo sexo deben contar con la posibilidad de acceder a la celebración de un contrato que les permita formalizar y solemnizar jurídicamente su vínculo como medio para constituir una familia con mayores compromisos que la surgida de la unión de hecho, que la regulación de esta figura corresponde al legislador, que no hay lugar a que en esta sentencia la Corte proceda a diseñarla y a fijar su alcance y que no cabe una sentencia de inexequibilidad diferida, pues no se ha declarado la inconstitucionalidad de los preceptos acusados, dada la importancia de la materia y de los derechos involucrados, la corporación considera pertinente dirigir un exhorto al Congreso de la República, a fin de que se ocupe del análisis de la cuestión y de la expedición de una ley que, de manera sistemática y organizada, regule la comentada institución contractual como alternativa a la unión de hecho” C-577/2011, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
57 “Es claro que la ausencia de directrices legales para el procedimiento de consulta supone, en la práctica, un serio obstáculo para el cumplimiento del deber estatal de consulta. Nota la Corte que actualmente en Colombia no existe un marco legal integral que regule, en forma comprensiva y consistente con el derecho internacional y la jurisprudencia constitucional, el derecho de los pueblos indígenas y las comunidades afro descendientes a la consulta previa, libre e informada de las medidas, legislativas, administrativas u otras, que les puedan afectar directamente. En esta medida, la Corte exhorta al Congreso de la República a que, en cumplimiento de las funciones democráticas que le son propias, expida una regulación específica e integral sobre el proceso de consulta previa en Colombia, acorde con las pautas trazadas por la Constitución Política y el Derecho internacional de los derechos humanos, y —por supuesto— garantizando la participación activa de los grupos étnicos del país en su definición”. Sentencia C-317/2012, M.P. María Victoria Calle Correa.
58 Disponible en: https://www.minsalud.gov.co/salud/Documents/embarazo-adolescente/anexo-cifras-embarazo-adolescente-en-colombia-documentoICFB-jul-2013.pdf.
59 Información consultada de la página en internet del Ministerio de Educación. Disponible en: http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/w3-article-353933.html.
60 Según cifras del ministerio la TEF para las mujeres entre 15 y 19 años para el año 2005, era de 75 nacimientos por cada 1000 mujeres. Para el año 2013, dicha tasa fue de 69 lo cual sigue siendo relativamente alta para dicho grupo poblacional.
61 Según información del Ministerio de Salud, en el año 2005 la tasa de fecundidad para este grupo de edad fue de 2,9; para 2013 dicha tasa aumentó a 3,03 nacimientos por cada 1000 niñas. Esto quiere decir que para el año 2005 se registraron 6.459 nacidos vivos y para el año 2014, 6.512.