Source: https://www.defensordelpuebloandaluz.es/pedimos-a-la-administracion-que-le-reconozca-el-derecho-a-la-prestacion-economica-para-cuidados-en
Timestamp: 2019-07-22 14:15:32
Document Index: 191294195

Matched Legal Cases: ['artículo 28', 'artículo 71', 'artículo 29', 'artículo 29', 'artículo 20', 'artículo 29']

Pedimos a la Administración que le reconozca el derecho a la prestación económica para cuidados en el entorno familiar | Defensor del Pueblo Andaluz
Pedimos a la Administración que le reconozca el derecho a la prestación económica para cuidados en el entorno familiar
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Resolución del Defensor del Pueblo Andaluz formulada en la queja 18/4537 dirigida a Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de Sevilla
El Defensor del Pueblo Andaluz formula Resolución ante la Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de Sevilla por la que recomienda que para que sin más dilación se remuevan las causas que obstan al dictado de la resolución finalizadora del procedimiento administrativo, aprobando el recurso propuesto en el expediente de la afectada.
1. Con fecha de 20 de julio de 2018 se recibió en esta Institución escrito de queja en el que la compareciente nos trasladó su preocupación ante la demora en concluir el procedimiento de dependencia de su madre, dirigido a hacer efectivo su derecho como persona en situación de dependencia, mediante la aprobación del recurso correspondiente.
La promotora de la queja exponía en este sentido, que su madre tiene reconocida su situación de Gran Dependencia por Resolución de 11 de agosto de 2017, a pesar de lo cual no se había procedido a aprobar recurso alguno a su favor (expediente...). Interesaba por ello la agilización del expediente y la aprobación del PIA, destacando para ello la inobservancia del plazo normativo, la edad de la afectada y la atención preferente que corresponde a su Gran Dependencia.
2. Admitida a trámite la queja, esta Institución acordó requerir la emisión del preceptivo informe a la Delegación Territorial en Sevilla de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, que mediante escrito de 18 de septiembre de 2018 indicó que la propuesta de Programa Individual de Atención formulada por los Servicios Sociales comunitarios se había recibido en la Administración autonómica el 16 de febrero del año en curso y consistía en la prestación económica para cuidados en el entorno familiar. Concluyendo que restaba examinar el expediente, con objeto de comprobar que se encontraba documentalmente completo, para dictar resolución que finalizara el procedimiento conforme al orden de incoación preceptuado por la legislación de procedimiento administrativo.
3. Puesto en conocimiento de la promotora de la queja el contenido de la respuesta mencionada, insistió aquélla en la necesidad de dar respuesta a la gran dependiente, a sus 84 años y absoluta privación de la capacidad de autovalimiento.
Conforme al artículo 28.1 de la Ley 39/2006, el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema -que se iniciará a instancia de la persona interesada-, se ajustará en su tramitación a las previsiones establecidas en la Ley del procedimiento administrativo común (Ley 39/2015), con las especificidades que resulten de la propia Ley 39/2006, entre las que se encuentra la contenida en el apartado segundo de la Disposición Final Primera, que preceptúa que “el plazo máximo, entre la fecha de entrada de la solicitud y la de resolución de reconocimiento de la prestación de dependencia será de seis meses, independientemente de que la Administración competente haya establecido un procedimiento diferenciado para el reconocimiento de la situación de dependencia y el de prestaciones”.
De la relación cronológica que consta en el expediente de la gran dependiente, resulta que se ha superado en exceso el plazo máximo legal antedicho, datando su grado de agosto de 2017 y habiendo sido recibida la propuesta de PIA en la Delegación Territorial a mediados de febrero de 2018.
La respuesta ofrecida por la Administración autonómica se limita a reconocer la pendencia del procedimiento administrativo y a referir la necesidad de observar en la tramitación de los expedientes el orden riguroso de incoación, conforme al principio del artículo 71.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
La observancia del orden general en la tramitación de expedientes, no obsta al también deber legal de su tramitación en plazo, preceptuado por el artículo 29 de la misma Ley 39/2015, que es de obligado cumplimiento para posibilitar la efectividad y eficacia del derecho subjetivo y exige la adopción de las medidas y la remoción de los obstáculos que la impidan.
- El artículo 29 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que preceptúa que los plazos señalados en esta y en las demás leyes obligan a las Autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas competentes para la tramitación de los asuntos. Y, en relación con el mismo, el artículo 20 de la misma Ley, anteriormente citado.
- Los artículos 15.2 y 18.3 del Decreto 168/2007, de 12 de junio, por los que se regula, respectivamente, el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, así como el programa individual de atención, que fijan en tres meses, respectivamente, el plazo máximo para resolver las solicitudes de reconocimiento de la condición de dependiente (computados a partir de la fecha de entrada de la solicitud en el registro de los Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento en el que resida el solicitante); y, asimismo, para la aprobación y notificación a la persona interesada o a sus representantes legales del programa individual de atención, (computado en este caso el plazo desde la fecha de recepción de la resolución de reconocimiento de la situación de dependencia por los Servicios Sociales Comunitarios correspondientes -con salvedades, que no concurren en el caso presente-).
Por todo lo anterior, y de conformidad a la posibilidad contemplada en el artículo 29 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, reguladora del Defensor del Pueblo Andaluz, nos permitimos trasladarle Resolución concretada en lo siguiente
RECOMENDACIÓN para que sin más dilación se remuevan las causas que obstan al dictado de la resolución finalizadora del procedimiento administrativo, aprobando el recurso propuesto en el expediente de la afectada.