Source: http://www.luispetri.com.ar/proyectos/regulando-la-utilizacion-de-videocamaras-para-tomar-imagenes-en-lugares-publicos/
Timestamp: 2017-08-23 08:05:45
Document Index: 129329631

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 21', 'artículo 23', 'Artículo 23', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 29', 'artículo 5', 'artículo 22', 'artículo 7', 'artículo 14', 'artículo 16', 'artículo 17', 'artículo 4', 'artículo 6', 'Artículo 23', 'artículo 9', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18']

Regulando la utilización de videocámaras de seguridad instaladas en lugares públicos | Luis Petri
Regulando la utilización de videocámaras de seguridad instaladas en lugares públicos
“Transitamos por la frontera de actuación del Estado,
y necesitamos la intervención del derecho para no traspasar sus limites”
La utilización de videocámaras para prevenir hechos delictivos, especialmente cuando las actuaciones perseguidas suceden la vía pública, es en la actualidad una herramienta eficaz que ha proliferado en los últimos tiempos en el mundo, Argentina y nuestra Provincia.
Mediante el uso de sistemas de grabación de imágenes y su posterior tratamiento, se incrementa sustancialmente el nivel de protección, ante eventuales hechos delictivos.
En nuestra provincia su primer antecedente lo encontramos en el Departamento de General San Martín, otros departamentos tales como Lujan o la Capital, han iniciado avances hacia la implementación de circuitos cerrados de vigilancia mediante la implementación de videocámaras. Asimismo el Ministerio de Seguridad de la Provincia ha manifestado su voluntad de proceder a la instalación de videocámaras en el denominado “Gran Mendoza” zona que comprende los departamentos de Guaymallén, Capital, Godoy Cruz y Las Heras y que concentra la mayoría de la población de la Provincia.
La ley 7836 de Emergencia en Seguridad prevé en su artículo 2 Capitulo I inc. h la adquisición de un sistema de circuito cerrado televisivo para su instalación en distintos lugares de los micro centros de la Provincia.
Ante ello, es necesario establecer el marco regulatorio a los fines del uso y tratamiento de imágenes con fines de vigilancia y garantizar los derechos de las personas cuyas imágenes son tratadas mediante tales procedimientos.
Para proceder a una correcta regulación respecto de la utilización de videocámaras en espacios públicos es necesario tener en cuenta el dictamen elaborado por la Dirección de Protección de Datos bajo el n° 24/2004 sobre la materia, relativo al uso de cámaras en estadios de fútbol. Este dictamen confirma la aplicación de la ley 25.326 a los datos recolectados mediante videocámaras usadas para vigilancia. A continuación pasamos a transcribir los principales párrafos del mismo con directa vinculación a proyecto impulsado.
“La Ley Nº 25.326 de Protección de Datos Personales (LPDP) establece la obligatoriedad de la inscripción en el Registro de todo archivo, registro, base o banco de datos público o privado destinado a proporcionar informes, disponiendo los requisitos mínimos a tal fin (artículo 21).
Asimismo, en el artículo 23 se establecen supuestos especiales y en su inciso 2° aclara que el tratamiento de datos personales con fines de defensa nacional o seguridad pública por parte de las fuerzas armadas, fuerzas de seguridad, organismos policiales o inteligencia sin consentimiento de los afectados, queda limitado a aquellos supuestos y categoría de datos que resulten necesarios para el estricto cumplimiento de las misiones legalmente asignadas a aquéllos para la defensa nacional, la seguridad pública o para la represión de los delitos. Los archivos en tales casos deberán ser específicos y establecidos al efecto, debiendo clasificarse por categorías, en función de su grado de fiabilidad.
La ley dispone que los datos registrados con fines policiales se cancelarán cuando no sean necesarios para las averiguaciones que motivaron su almacenamiento (Artículo 23 inciso 3°).
La LPDP define a los datos personales como “Información de cualquier tipo referida a personas físicas o de existencia ideal determinadas o determinables” (artículo 2º).
Por su parte define a las bases de datos de la siguiente manera: “Archivo, registro, base o banco de datos: Indistintamente, designan al conjunto organizado de datos personales que sean objeto de tratamiento o procesamiento, electrónico o no, cualquiera que fuere la modalidad de su formación, almacenamiento, organización o acceso” (artículo 2º).
En consecuencia, la imagen de una persona podrá ser considerada un dato personal en tanto la persona pueda ser identificada o identificable a través de esa imagen.
Por lo tanto, el conjunto organizado del material fílmico grabado en espacios públicos constituye una base de datos sujeta al régimen de la Ley de Protección de Datos Personales.
No existe en el ámbito nacional un desarrollo exhaustivo sobre el tema en cuestión, si bien la Ley Nº 25.326 lo regula en forma genérica.
En el marco internacional funciona el Grupo Internacional de Trabajo en Protección de Datos en Telecomunicaciones (Internacional Working Group on Data Protection in Telecommunications –IWGDPT-), creado en la Conferencia Internacional de Protección de Datos que se llevó a cabo en Berlin en 1983. El IWGDPT, que mantiene reuniones de alta complejidad y especialización, está integrado por protectores de datos, representantes de Organizaciones Internacionales, e investigadores de todo el mundo. La Dirección Nacional, en su carácter de Autoridad de Control lo integra.
Con fecha 29/04/99, en el marco de su 25ª Reunión llevada a cabo en Noruega, el Grupo de Trabajo adoptó una “Posición Común sobre Bases de Datos de Imágenes en Edificios”, en la que se concluye: “Debe quedar claro que un escaneo de todos los edificios en una ciudad o país, implica procesamiento de datos personales, dado que la información refiere a personas identificables por factores específicos, vinculados con la identidad física, económica, cultural y social en un sistema de registro de datos, y ello puede ser asociado directa o indirectamente a directorios (Art. 2 a) y c) de la Directiva 95/46/CE).
Por ello la creación de bases de datos de imágenes de este tipo cae dentro del ámbito de aplicación las leyes nacionales de Protección de Datos en concordancia con la normativa Comunitaria Europea de Protección de Datos”.
En el mismo sentido, la Agencia Española de Protección de Datos ha tenido oportunidad de manifestar: “debe indicarse que las imágenes a las que se refiere la consulta sólo podrán ser consideradas datos de carácter personal en caso de que las mismas permitan la identificación de las personas que aparecen en dichas imágenes, no encontrándose amparadas en la Ley Orgánica en caso contrario”.
Por su parte el Grupo del artículo 29 sobre protección de datos de la COMISIÓN EUROPEA de la UNION EUROPEA adopta el mismo criterio en su Dictamen Nº 4/2004 del 11/04/04.3, Será menester entonces determinar las condiciones exigidas para un tratamiento lícito de los datos por parte de las autoridades competentes.
El artículo 5º de la Ley Nº 25.326 determina que el tratamiento de datos personales será lícito cuando se cuente con el consentimiento libre, expreso, informado y por escrito del titular de la información. Sin perjuicio de ello en el inciso 2º del mismo artículo establece una excepción que resulta aplicable al caso bajo análisis.
En efecto, dispone que no será necesario el consentimiento cuando los datos se recaben para el ejercicio de funciones propias de los poderes del Estado o en virtud de una obligación legal (apartado b).
Debe necesariamente concluirse que mientras el órgano responsable de la base de datos actúe en el marco de sus competencias, el tratamiento de datos, en la especie, la captación, reproducción y tratamiento de imágenes y sonidos, intimidad de las personas.
El proyecto de marras trasunta la creación de una base de datos que será objeto de tratamiento por las autoridades públicas competentes para la implementación de políticas de seguridad en el desarrollo de los espectáculos de fútbol, motivo por el cual no existe óbice en este sentido para la creación del aludido registro.
Para la creación de la base de datos en estudio resulta necesario una disposición general publicada en el Boletín Oficial de la Nación o diario oficial, indicando los requisitos establecidos en el inciso 2° del artículo 22 de la Ley N° 25.326:
En lo que hace al cumplimiento de los principios establecidos en la Ley Nº 25.326, la norma proyectada deberá prever en su articulado la inscripción en el Registro creado a tal efecto por la Ley de Protección de Datos Personales.
La Ley Nº 25.326 establece que los datos relativos a antecedentes penales o contravencionales sólo pueden ser objeto de tratamiento por parte de las autoridades públicas competentes, conforme artículo 7° inciso 4° de la Ley Nº 25.326.
Ello implica que los datos recabados podrán ser cedidos a aquellos organismos públicos con una competencia que se encuentre de alguna manera relacionada con los fines del banco de datos en cuestión, ello es, la implementación de políticas de seguridad y prevención de delitos en los espectáculos futbolísticos.
La Ley Nº 25.326 regula en su artículo 14 el derecho del titular del dato a acceder a la información registrada y en el artículo 16 la facultad de rectificar y actualizarlos.
Por lo tanto, la base de datos debe prever la entrega de la información personal que soliciten los titulares a través del derecho de acceso y su corrección en caso que sea procedente.
Sin perjuicio de ello, en el artículo 17 de la Ley Nº 25.326 se establece la posibilidad de denegar el acceso en función de la protección de la defensa de la Nación, del orden y la seguridad públicos, o de la protección de los derechos e intereses de terceros.
Se prevé en el inciso 2 que la información sobre datos personales también puede ser denegada por los responsables o usuarios de bancos de datos públicos, cuando de tal modo se pudieran obstaculizar actuaciones judiciales o administrativas en curso vinculadas a la investigación sobre el cumplimiento de
obligaciones tributarias o previsionales, el desarrollo de funciones de control de la salud y del medio ambiente, la investigación de delitos penales y la verificación de infracciones administrativas. La resolución que así lo disponga debe ser fundada y notificada al afectado.
De la hermenéutica de las disposiciones analizadas surge evidente la posibilidad de denegar la petición, siempre y cuando el órgano público responsable de la base de datos entienda que concurre alguna de las causales precedentemente denunciadas. La decisión denegatoria deberá estar debidamente fundada y notificada a los solicitantes.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación con similar criterio ha señalado en el caso “Ganora” (CSJN, Fallos, 322:2139), que la acción de habeas data es procedente en principio contra bancos de datos existentes en organismos y fuerzas de seguridad, en la medida en que prudencialmente no se afecte la seguridad, la defensa nacional, las relaciones exteriores o una investigación criminal.
Cuando se proceda a la captación, reproducción y tratamiento de las imágenes y sonidos deberán respetarse los siguientes principios:
a) Proporcionalidad: La información que se recaba debe ser adecuada, pertinente y no excesiva en relación a la finalidad para la que se hubiera obtenido, según lo dispone el inciso 1º del artículo 4º de la Ley Nº 25.326. Ello implica que deberá cuidarse que las imágenes y sonidos obtenidos se relacionen estrictamente con los fines perseguidos evitándose mediante esfuerzos razonables la captación de detalles que no sean relevantes para la consecución de los objetivos que justifican las medidas adoptadas.
b) Información al público: El artículo 6º de la Ley Nº 25.326 establece la información que deberá brindarse al titular cuando sus datos sean recabados. Ello podrá lograrse a través de carteles que en forma clara indiquen al público la existencia de videocámaras (sin que sea necesario precisar su emplazamiento puntual), los fines de la vigilancia y la autoridad pública responsable del tratamiento.
c) No afectación de la privacidad: deberá evitarse especialmente cualquier afectación al derecho de privacidad cuidando de no captar imágenes de viviendas particulares o conversaciones privadas. Las imágenes y sonidos obtenidos accidentalmente en estos casos deberán ser eliminados inmediatamente.
Es de destacar lo manifestado ut-supra en cuanto a que los datos registrados con fines policiales se cancelarán cuando no sean necesarios para las averiguaciones que motivaron su almacenamiento (Artículo 23 inciso 3° de la Ley Nº 25.326).
La autoridad responsable de la base deberá determinar en el marco de su competencia por cuanto tiempo resultará de utilidad el mantenimiento de los datos personales en el banco. Una vez que los datos resulten innecesarios para las investigaciones que dieron motivo a su obtención deberán ser eliminados.
En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 9º de la Ley Nº 25.326, una vez creado el registro el organismo responsable deberá adoptar las medidas técnicas y organizativas que resulten necesarias para garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos personales, de modo de evitar su adulteración, pérdida, consulta o tratamiento no autorizado, y que permitan detectar desviaciones, intencionales o no, de información, ya sea que los riesgos provengan de la acción humana o del medio técnico utilizado
Conforme con lo expuesto, y en lo que hace a la competencia específica de esta Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, se concluye que una vez cumplidos los extremos señalados no existen reparos para la implementación del registro proyectado”.
La utilización de videocámaras en espacios públicos, en número suficiente y con los recursos humanos adecuados puede ser un instrumento útil a los fines de la prevención y represión del delito. Para que dicha herramienta sea eficaz se requiere entre otras cosas que el personal a cargo del monitoreo este altamente calificado, una perfecta sintonización entre estos y el personal operativo en el terreno de la fuerza policial, a fin de posibilitar el traslado simultaneo al momento del acaecimiento del hecho presuntamente delictual y una correcta ubicación de las videocámaras, las cuales deben situarse en lugares estratégicamente dispuestos, en donde exista una alta tasa de delitos.
Por los motivos expuestos es que solicito a esta H. Cámara la aprobación del presente proyecto de ley.
Artículo 1°.- La presente ley regula la utilización de videocámaras para grabar imágenes en lugares públicos abiertos o cerrados y el posterior tratamiento de las imágenes que se obtengan, con el objeto de contribuir a la instrucción, coordinación y colaboración en la prevención e investigación de contravenciones y delitos, estableciendo las garantías de los derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos que deberá respetarse en la grabación y uso de las imágenes obtenidas.
Las referencias contenidas en esta Ley a videocámaras, se entenderán hechas a cualquier medio técnico análogo y, en general, a cualquier sistema que permita las grabaciones de imágenes en lugares públicos.
Artículo 2°.- El tratamiento sobre imágenes comprende la captación, grabación, transmisión, conservación y almacenamiento de imágenes, incluida la emisión, reproducción y tratamiento de los datos personales relacionados con aquellas. No se considerarán intromisiones ilegítimas en el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen. Sin perjuicio de las disposiciones específicas contenidas en la presente Ley, el tratamiento automatizado de las imágenes se regirá por lo dispuesto en la Ley 25.326 de Datos Personales.
Artículo 3°.- Para autorizar la instalación de videocámaras se tendrán en cuenta, conforme al principio de proporcionalidad e intervención mínima, los siguientes objetivos: asegurar la protección de los edificios e instalaciones públicas y de sus accesos; prevenir y constatar infracciones a la seguridad ciudadana, y prevenir la causación de daños a las personas y bienes.
Artículo 4°.-	Las videocámaras sólo podrán emplearse para el mantenimiento y preservación de la seguridad ciudadana y demás fines previstos en esta ley. En cada caso, deberá mediar razonable proporción entre la finalidad pretendida y la posible afectación al honor, a la imagen y a la intimidad de las personas por la utilización de las videocámaras.
No se podrán utilizar videocámaras para tomar imágenes:
1)	del interior de propiedades privadas, salvo por autorización judicial expresa.
2)	cuando se afecte de forma directa y grave la intimidad de las personas no obstante estar situada en espacios públicos
3)	En ningún caso las videocámaras podrán captar sonidos.
En el supuesto que en forma accidental se obtuviesen imágenes cuya captación resulte violatoria de la presente ley, las mismas deberán ser destruidas inmediatamente por quien tenga la responsabilidad de su custodia.
Artículo 5°.-	Las imágenes obtenidas tienen carácter confidencial, las mismas sólo podrán ser requeridas por Magistrados que se encuentren avocados a la investigación y/o al juzgamiento de causas contravencionales o penales. Los responsables de la operación de videocámaras y otros equipos, deberán adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad y confidencialidad de las imágenes, y datos por ellas obtenidos, evitando su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.
Cualquier persona que, en razón del ejercicio de sus funciones o de un modo accidental, tenga acceso a las imágenes y datos que regula la presente ley, deberá observar absoluta reserva y confidencialidad.
Se prohíbe la cesión o copia de las imágenes salvo en los supuestos previstos en la presente ley.
Artículo 6°.-	En caso de incumplimiento a los deberes y obligaciones impuestos en esta ley, por parte de los operadores de videocámaras u otros equipos análogos, o de quienes tengan acceso a las imágenes o información producida por éstos, será considerada falta grave, correspondiendo a los infractores las sanciones previstas en el estatuto o convenio que les resulte aplicable, y las sanciones establecidas en el régimen general que regula el procesamiento informático de datos de carácter personal vigente a la fecha que se cometa la infracción, sin perjuicio de la responsabilidad penal que pudiere corresponderles.
Artículo 7°.-	Las imágenes que se obtengan, conforme las previsiones de esta ley, deberán ser conservadas por un plazo de un (1) año, que se computará a partir de la fecha de su captación, vencido el cual serán destruidas, salvo que estén relacionadas con delitos y/o contravenciones, con una investigación policial en curso o con un procedimiento judicial o administrativo abierto.
Artículo 8°.- Realizada la filmación de acuerdo con los requisitos establecidos en la Ley, si la grabación captara la comisión de hechos que pudieran ser constitutivos de ilícitos penales, el Ministerio de Seguridad pondrán la cinta o soporte original de las imágenes y sonidos en su integridad a disposición judicial inmediatamente y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas desde su grabación. Si la grabación captara hechos que pudieran ser constitutivos de infracciones administrativas, se remitirán al órgano competente, igualmente de inmediato, para el inicio del procedimiento administrativo.
Artículo 9°.-	El Ministerio de Seguridad será el responsable de determinar la ubicación en la que se instalarán las cámaras y/o videocámaras en la vía pública, lugares públicos o de acceso público.
Artículo 10°.- La existencia de videocámaras debe informarse mediante un cartel indicativo de manera clara y permanente, sin especificar su emplazamiento, excepto orden y/o autorización judicial en contrario debidamente fundada.
Toda persona interesada podrá ejercer, ante autoridad judicial competente, los derechos de acceso y cancelación de las grabaciones en que razonablemente considere que figura, acreditando los extremos alegados.
Artículo 11°.-	Toda instalación de videocámaras, deberá ir precedida por un informe preeliminar elaborado por el Ministerio de Seguridad, el que deberá ser remitido al Municipio correspondiente.
El informe deberá precisar el ámbito físico susceptible de ser grabado, el tipo de cámara y sus especificaciones técnicas.
Artículo 12°.-	El Ministerio de Seguridad deberá presentar un informe de gestión anual, antes del 31 de diciembre, a cada uno de los Municipios en donde se encuentren emplazadas videocámaras, en el que detalle:
a) La cantidad de cámaras instaladas bajo su jurisdicción precisando la ubicación geográfica de cada dispositivo.
b) Información referente a la calificación técnica de las personas encargadas de la operación del sistema de captación de imágenes y las medidas adoptadas para garantizar el respeto a las disposiciones legales vigentes.
c) Las modificaciones técnicas que hubiera en las características de los dispositivos respecto a las descriptas en el informe del semestre anterior.
d) La justificación de la continuidad de la medida.
Artículo 13°.- El Ministerio de Seguridad deberá crear un Registro en el que figuren todas las videocámaras que se hayan instalado, especificando su estado operativo y otros datos que puedan resultar de interés
Artículo 14°.-	Autorízase al Poder Ejecutivo a efectuar las adecuaciones presupuestarias a fin de dar cumplimiento de los propósitos de la presente ley en el marco de la ley.
Artículo 15°.-	El Ministerio de Seguridad de la Provincia será la Autoridad de Aplicación de la presente ley.
Artículo 16°.-	La presente ley entrará en vigencia el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
Artículo 17°.-	Derógase toda disposición legal que se oponga a los contenidos de la presente ley.
Artículo 18°.-	De forma.