Source: https://www.iberley.es/resoluciones/resolucion-vinculante-dgt-v0689-06-11-04-2006-1273531
Timestamp: 2020-08-11 15:17:08
Document Index: 367016785

Matched Legal Cases: ['artículo 9', 'artículo 11', 'artículo 9', 'artículo 11', 'Artículo 64', 'Artículo 65', 'Artículo 71', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 3', 'artículo 9', 'artículo 9']

Resolución Vinculante de DGT, V0689-06, 11-04-2006 | Iberley
Resolución Vinculante de Dirección General de Tributos, V0689-06 de 11 de Abril de 2006
TRLIS, RDLeg 4/2004, artículo 9.1
Si los "Centros Integrados de Formación profesional" a que se refiere el artículo 11.4 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, están exentos del Impuesto sobre Sociedades, al amparo de lo dispuesto en el artículo 9.1,a) del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.
El artículo 11 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, se refiere a los Centros Integrados de Formación profesional:
"1. El Gobierno, previa consulta al Consejo General de la Formación Profesional, establecerá los requisitos básicos que deberán reunir los centros que impartan ofertas de formación profesional conducentes a la obtención de títulos de formación profesional y certificados de profesionalidad. Las Administraciones, en el ámbito de sus competencias, podrán establecer los requisitos específicos que habrán de reunir dichos centros.
La programación y ejecución de las correspondientes actuaciones de carácter innovador, experimental y formativo se llevará a cabo, en el marco de lo establecido en esta Ley, mediante convenios de colaboración entre la Administración del Estado y las Comunidades Autónomas, ateniéndose en todo caso al ámbito de sus respectivas competencias."
Por su parte, la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de calidad de la Educación, lleva a cabo una clasificación de los centros docentes en sus artículos 64 y 65:
"Artículo 64. Clasificación de centros.
Artículo 65. Tipología de centros.
2. La adaptación de lo preceptuado en esta Ley a los centros que impartan enseñanzas no comprendidas en el apartado anterior, así como a los centros que abarquen dos o más de las enseñanzas a que se refiere este artículo, se efectuará por las Administraciones educativas."
Esta misma Ley Orgánica de Calidad de la Educación, al referirse a las posibles denominaciones de los centros públicos, hace referencia a los centros integrados de Formación Profesional:
"Artículo 71. Denominación de los centros públicos.
Los centros públicos de Educación Infantil se denominarán Escuelas Infantiles; los de Educación Primaria, Colegios de Educación Primaria; los de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional, Institutos de Educación Secundaria. Las Administraciones competentes podrán crear y autorizar centros integrados de Formación Profesional de acuerdo con lo establecido en el artículo 11 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. ".
En definitiva, la LO 10/2002 asimila a los centros integrados de Formación Profesional a que se refiere el artículo 11 de la Ley Orgánica 5/2002, en la medida que se trate de centros públicos, cuyo titular sea un poder público, al resto de los centros docentes públicos.
El Real Decreto 1558/2005, de 23 de diciembre, por el que se regulan los requisitos básicos de los Centros integrados de formación profesional, también distingue en su artículo 3 a los centros públicos y privados.
Por otra parte, el artículo 9 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, en adelante TRIS, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, (BOE. de 11 de marzo) relativo a las exenciones, establece en su apartado 1, letra a) que estarán exentos del Impuesto:
"a) El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales."
De acuerdo con lo anterior, y dado que los centros docentes públicos, entre los que se incluyen los centros integrados de Formación Profesional públicos, participan de la naturaleza jurídica del poder público o administración educativa que los crea, están exentos del Impuesto sobre Sociedades como tal Administración Estatal o de la Comunidad Autónoma correspondiente.
En definitiva, dado que de las normas anteriores se deduce que los centros docentes públicos carecen de personalidad jurídica propia e independiente de la Administración competente que los crea, quedan amparados por la exención del apartado a) del artículo 9.1del TRLIS.
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