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Timestamp: 2017-10-20 01:46:16
Document Index: 67340841

Matched Legal Cases: ['artículo 10', 'artículo 18', 'artículo 142', 'artículo 33', 'artículo 10', 'artículo 32']

Unidad DDHH Ministerio Público Fiscal Federal Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Recurso de Casación contra el arresto domiciliario de Hécto Humbero Gamen, condenado a prisión perpetua en el juicio CCD Vesubio
Recurso de Casación contra el arresto domiciliario de Hécto Humbero Gamen, condenado a prisión perpetua en el juicio CCD Vesubio
“Incidente de arresto domiciliario de Héctor Humberto Gamen” en el marco de la causa 1487 del registro del TOF 4
Felix Crous, Fiscal integrante de la Unidad de Asistencia en Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado me presento ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal nro. 4 de esta ciudad, en causa nº 1487 del registro de ese Tribunal “Incidente de arresto domiciliario de Héctor Humberto Gamen”, y digo:
Que en legal tiempo y forma vengo a interponer el presente recurso de casación.
En los términos y con los alcances contemplados en los arts. 456 incs. 1º y 2º, 457, 458 y 491 del C.P.N.P., vengo a interponer recurso de casación contra la resolución del Tribunal Oral en lo Criminal Federal nro. 4 dictada el 19 de agosto de 2011 por la cual se resolvió: “I- HACER LUGAR A LA DETENCIÓN DOMICILIARIA de Héctor Humberto Gamen quien actualmente se halla alojado en el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz, del Servicio Penitenciario Federal, la que se hará efectiva en el domicilio de la calle Rawson 2729, piso 10, depto “A” de la localidad de Olivos, Partido de Vicente López, Pcia. de Bs. As.
II. A fin de cumplimentar lo aquí ordenado, líbrese oficio al Sr. Director del Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz, y a la División Traslados del Servicio Penitenciario Federal, a fin de ordenar que con los recaudos de seguridad, se proceda al traslado del condenado GAMEN al domicilio indicado, previo labrarse acta compromisoria en el cual se le harán saber las previsiones del art. 34 de la ley 24660, con la expresa mención de que si quebrantare en forma injustificada la obligación de residir en forma permanente en el domicilio indicado, se dispondrá la continuidad de su detención en una Unidad de Detención y que cualquier salida por cuestiones de salud de carácter urgente, se deberá comunicar en forma inmediata al Tribunal.
Asimismo se designará oportunamente a la persona integrante del Tribunal, que realizará en el domicilio del Sr. GAMEN, un control periódico sobre las condiciones de detención del nombrado, confeccionándose un informe que será agregado al presente legajo.
III. Notifíquese lo aquí ordenado a la Dirección Nacional de Readaptación Social, dependiente de la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios de la Secretaría de Justicia, a fin de que se de cumplimiento en la persona de Héctor Humberto GAMEN, al mecanismo de vigilancia electrónica de arresto domiciliario que fuera instrumentada mediante resolución de dicha Dirección nro 1587/2008. A tal efecto líbrese el oficio correspondiente.
IV. Líbrese oficio al Patronato de Liberados Bonaerense, Delegación Vicente López, Pcia. de Bs. As. a fin de solicitar que se confeccione en forma semanal un amplio informe de la supervisión ordenada en donde consten las condiciones de detención del condenado GAMEN, las que deberán ser remitidas a este Tribunal,” a fin de que se revoque esta decisión por la arbitrariedad que conlleva y se disponga el encarcelamiento del encartado en un establecimiento penitenciario.
En primer lugar resulta admisible, porque la resolución cuestionada se conforma con la defectuosa consideración de extremos conducentes para la correcta solución de la cuestión, pues carece de motivación y fundamentación suficientes, al haber omitido arbitrariamente dar tratamiento a argumentos oportunamente esgrimidos y constancias obrantes en el incidente, e incurrido en una defectuosa deducción de la comprobación de extremos fácticos conducentes a resolver en forma favorable a mi petición.
Los fundamentos del Tribunal son aparentes y autocontradictorios, en franca inobservancia de normas cuya desatención acarrea sanción de nulidad (arts. 123, 404 inc. 2° y 456 inc. 2° del CPPN), menoscabando directamente las garantías de defensa en juicio y debido proceso, con sustento en la doctrina de la arbitrariedad .
El planteo resulta admisible por cuanto la Cámara de Casación reconoció que el recurso de es procedente cuando la mala aplicación del derecho, deriva en una falta de motivación o motivación aparente de la sentencia, que además, conlleva la tacha de arbitrariedad.
La impugnación propugnada descansa principalmente en el agravio de arbitrariedad porque la resolución en crisis incurre en afirmaciones dogmáticas y argumentos genéricos que conllevan una falta de motivación. En este sentido, la resolución no se encuentra suficientemente fundada, ya que contiene arbitrariedades en la interpretación, valoración y selección de argumentos que pretenden sustentarla y que la descalifican como acto jurisdiccional válido, conforme se desarrollará más adelante. Este vicio deriva de una errónea interpretación y aplicación de los artículos 32 y 33 de la ley 24.660, del artículo 10 del Código Penal y del artículo 18 de la Constitución Nacional.
Sobre el particular, cabe puntualizar que según es criterio admitido por la doctrina de la Cámara Nacional de Casación Penal, a pesar de que la Convención Americana de Derechos Humanos haya previsto expresamente el derecho al recurso solo como garantía del imputado, ello no impide que a los acusadores, aunque no sean titulares de tal garantía, también se les permita recurrir el fallo cuando las leyes los habilitan a ello.
Por fin, de modo subsidiario, se entiende que se trata de un supuesto de “gravedad institucional, que habilita a sortear los escollos formales de admisibilidad y dar tratamiento a los motivos de agravio.
El acceso a la vía casatoria es pertinente toda vez que la decisión impugnada incurre en gravedad institucional por conmoción pública, causada en un caso de trascendencia pública, cual es la lenidad en el modo de cumplimiento de la prisión preventiva para aquél que fue condenado en primera instancia, tras haber sido hallado culpable de la comisión de gravísimos crímenes de lesa humanidad.
La jurisprudencia de la C.S.J.N. ha establecido, en sentido amplio, que gravedad institucional está constituida por “… cuestiones que exceden el mero interés individual de las partes y afectan de modo directo a la comunidad.”
Esta trascendencia respecto del mero interés individual tiene que tener, una “… dimensión suficiente como para repercutir —en el presente o en el futuro— en una amplia gama de relaciones humanas.”
La trascendencia se encuentra vinculada, por un lado, a los crímenes por los cual ha sido recientemente juzgado y condenado Gamen. La conmoción causada en la sociedad finca en que se trata de un caso más que proyecta hasta hoy las huellas del trágico pasado reciente, donde el Estado terrorista avasalló los derechos fundamentales suprimiendo, para ello, las normas básicas de convivencia democrática. Luego, ya en democracia, los perpetradores consiguieron perpetuar la impunidad por esos crímenes.
En el mismo precedente la Corte entendió que cuando se trata de cuestiones atinentes a una mejor administración de justicia, refiriéndose a los límites que impiden el tratamiento por esa jurisdicción de cuestiones procesales que “…esta exigencia [haciendo referencia a la recta administración de justicia] cobra carácter prevalente cuando las cuestiones sometidas a juicio superan los intereses de los partícipes en la causa, de tal modo que ella conmueve a la comunidad entera, en sus valores más sustanciales y profundos …”
Pero en este caso, como en todos los demás en los cuales se han juzgado los crímenes del terrorismo de estado argentino, es necesario poner en contexto la cuestión en debate: el arresto domiciliario de Gamen como modo de cumplimiento de la prisión preventiva –la que fue impuesta hace menos de dos meses- es el modo más leve con que se beneficia a quien fue juzgado y condenado a la pena de prisión perpetua como coautor de homicidios agravados, privaciones ilegales de la libertad y tormentos, en su doble carácter de segundo jefe y Jefe de Estado Mayor de la Brigada X del Ejército de esta ciudad.
El arresto domiciliario del imputado que se desempeñó en las más altas instancias de mando en la campaña de represión ilegal y que según las constancias de este proceso, presenta un cuadro de salud que puede ser perfectamente tratado y atendido en el instituto penitenciario en el que se encontraba detenido, no puede sino causar una enorme angustia y consternación en las víctimas-testigos que declararon en su contra y en la sociedad en general.
Por todo ello, entiendo que se encuentran superados los requisitos de admisibilidad formal del recurso en cuanto a la legitimidad para recurrir, a fin que se repare el agravio ocasionado al Ministerio Público, que debe velar por la legalidad del proceso, conculcada con la resolución arbitraria que aquí se impugna.
También ese fallo afecta la administración de justicia y la confianza en las normas hipótesis d) y e) de la enunciación realizada más arriba.
Conforme surge de las actuaciones principales de la causa nro. 1487, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 4 de esta ciudad, con fecha 14 de julio último, dictó sentencia, y condenó a Héctor Humberto Gamen como coautor mediato penalmente responsable del delito de homicidio calificado por su comisión con alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas, reiterado en veintidós (22) oportunidades en perjuicio de Hugo Manuel Mattion (caso 2), Federico Julio Martul (caso 9), Gabriel Eduardo Dunayevich (caso 10), Luis María Gemetro (caso 17), Luis Alberto Fabbri (caso 18), Catalina Juliana Oviedo (caso 19), Daniel Jesús Ciuffo (caso 20), Luis Eduardo de Cristófaro (caso 21), María Cristina Bernat (caso 22), Julián Bernat (caso 23), Claudio Giombini (caso 24), Elisabeth Käsemann (caso 25), Rodolfo Goldín (caso 26), Mario Sgroy (caso 27), Esteban Andreani (caso 28), Miguel Ángel Harasymiw (caso 29), Ofelia Alicia Cassano (caso 39), María Luisa Martínez (caso 43), Generosa Frattasi (caso 44), Nelo Antonio Gasparini (caso 45), Marta María Brea (caso 59) y Carlos Alberto De Lorenzo (caso 72); en concurso real con el delito de privación ilegítima de la libertad cometida por un funcionario público con abuso de sus funciones o sin las formalidades prescriptas por la ley, agravada por mediar violencia y amenazas y por haber durado más de un mes, reiterado en cuarenta y cuatro (44) oportunidades, en concurso real con el delito de imposición de tormentos, agravados por la condición de perseguido político de la víctima, reiterado en cuarenta y cuatro (44) oportunidades, por los hechos que damnificaran a Hugo Manuel Mattion (caso 2), Graciela Alicia Dellatorre (caso 4), Alicia Elena Carriquiriborde de Rubio (caso 5), Analía Delfina Magliaro (caso 6), Gabriel Eduardo Dunayevich (caso 10), Mirta Lovazzano (caso 11), Julio Vanodio (caso 12), Horacio Ramiro Vivas (caso 14), Silvia de Raffaelli (caso 16), Luis María Gemetro (caso 17), Luis Alberto Fabbri (caso 18), Rodolfo Goldín (caso 26), Esteban Andreani (caso 28), Juan Enrique Velázquez Rosano (caso 30), Elba Lucía Gándara Castromán (caso 31), María Teresa Trotta (caso 32), Roberto Castelli (caso 33), Cayetano Luciano Scimia (caso 34), Ana María Di Salvo (caso 35), Eduardo Jorge Kiernan (caso 36), Gabriel Alberto García (caso 37), Ofelia Alicia Cassano (caso 39), Enrique Horacio Taramasco (caso 40), Héctor Germán Oesterheld (caso 41), Oscar Roger Mario Guidot (caso 42), Nelo Antonio Gasparini (caso 45), Elena Isabel Alfaro (caso 46), Juan Marcelo Soler Guinar (caso 47), Graciela Moreno (caso 48), Juan Farías (caso 49), Omar Jorge Farías (caso 50), Pablo Antonio Miguez (caso 52), Irma Beatriz Márquez Sayago (caso 53), Jorge Antonio Capello (caso 54), Silvia Angélica Corazza (caso 57), Diego Julio Guagnini (caso 58), Marta María Brea (caso 59), Juan Carlos Galán (caso 60), Pablo Marcelo Córdoba (caso 61), Hugo Pascual Luciani (caso 64), María Susana Reyes (caso 67), Roberto Jorge Berrozpe (caso 71), Carlos Alberto De Lorenzo (caso 72) y María Rosa Pargas (caso 76), los que a su vez concurren en forma material con los delitos de privación ilegítima de la libertad cometida por un funcionario público con abuso de sus funciones o sin las formalidades prescriptas por la ley, agravada por mediar violencia y amenazas, reiterado en treinta y dos (32) oportunidades, en concurso real con el de imposición de tormentos, agravados por la condición de perseguido político de la víctima, reiterado en treinta y dos (32) oportunidades, por los hechos que damnificaran a Gabriel Oscar Marotta (caso 1), Raymundo Gleyzer (caso 3), Graciela Perla Jatib (caso 7), José Valeriano Quiroga (caso 8), Federico Julio Martul (caso 9), Noemí Fernández Álvarez (caso 13), María Élida Serra Villar (caso 15), Catalina Juliana Oviedo (caso 19), Daniel Jesús Ciuffo (caso 20), Luis Eduardo de Cristófaro (caso 21), María Cristina Bernat (caso 22), Julián Bernat (caso 23), Claudio Giombini (caso 24), Elisabeth Käsemann (caso 25), Mario Sgroy (caso 27), Miguel Ángel Harasymiw (caso 29), Genoveva Ares (caso 38), María Luisa Martínez (caso 43), Generosa Frattasi (caso 44), Juan Carlos Farías (caso 51), Rosa Luján Taranto (caso 55), Horacio Altamiranda (caso 56), María Cristina Michia (caso 62), Aldo Norberto Gallo (caso 63), Alicia Ramona Endolz (caso 65), Hugo Norberto Luciani (caso 66), Liliana Mabel Bietti (caso 68), Emérito Darío Pérez (caso 69), Álvaro Aragón (caso 73), Virgilio Washington Martínez (caso 74), Aurora Alicia Barrenat (caso 75) y Eduardo Jaime José Arias (caso 78), a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y costas procesales (artículos 2, 12, 19, 29, inciso 3°, 45, 55, 80, incisos 2° y 6º, 144 bis inciso primero y último párrafo -texto según ley 14.616-, en función del artículo 142, incisos 1° y 5° -texto según ley 20.642- y 144 ter, primer y segundo párrafo -texto según ley 14.616, todos ellos del Código Penal de la Nación y arts. 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación).-
En esa oportunidad, además, resolvió revocar la excarcelación que Gamen venía gozando, y ordenó consecuentemente la detención del nombrado, que se produjo en ese mismo día, siendo alojado en el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz del Servicio Penitenciario Federal.
Agregaron en esa resolución, que aún cuando la sentencia no se encontrare firme, ella transforma en concreto el carácter abstracto que hasta el momento revestía la imputación sostenida en el auto de procesamiento y en el de elevación a juicio, pues ahora, un auto de mérito determinó de manera fehaciente luego de un completo y prolongado juicio, que el imputado es autor de los hechos por los que fue condenado.
Asimismo, para fundar esta toma de posición, tuvieron en cuenta la doctrina que emana del plenario “Díaz Bessone” en el entendimiento de que el marco objetivo del caso permitía sostener que frente a tamaña condena, se elevan los riesgos de que Gamen no se someta a su cumplimiento.
Sin perjuicio de la postura personal que el juez Bruglia dejó a salvo respecto a cómo juegan o deben ser interpretadas las normas que regulan la excarcelación, este magistrado adhirió a los votos que lo precedieron en lo que hace al análisis y decisión del caso concreto de Gamen.
Por último en esa resolución se rechazó por unanimidad, el pedido de arresto domiciliario de su defendido para el caso en que fuera revocada la libertad, que el Dr. Ibañez había planteado durante los alegatos en el juicio, por considerarlo como un planteo prematuro que debía ser realizado una vez ordenada la medida privativa de la libertad.
Frente a ello, la defensa particular se presentó el día 15 de julio del corriente año ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal nro. 4, y solicitó para su defendido el arresto domiciliario. Fundó este pedido en los ochenta y seis años de Gamen y en que éste padece enfermedades que si bien no requieren internación en forma permanente en un hospital, sostuvo que no podrían ser atendidas en un establecimiento carcelario y se remitió a los artículos 32 y 33 de la ley de ejecución de las penas.
Luego de correr vista a esta fiscalía acerca del precedente planteo -al que esta parte se opuso-, el Tribunal tuvo presente el dictamen fiscal y resolvió que “ A fin de contar con mayores elementos de juicio y previo a resolver en el presente incidente de arresto domiciliario, resulta necesario contar con informes psicológicos y sociales, de acuerdo a lo establecido en el artículo 33, párrafo 2do. De la ley 24660” y a tales fines libró oficios al Cuerpo Médico Forense y al Patronato de Liberados de la provincia de Buenos Aires Delegación San Isidro a fin de que se confeccionara un amplio informe psicológico y un amplio informe social en el domicilio de Gamen.
Se sostuvo que en el caso de Gamen, si bien había cumplido los ochenta y seis años de edad, su estado de salud (tomado éste como elemento de juicio disponible para una adecuada valoración de las circunstancias), no constituía un obstáculo para mantener su permanencia en un establecimiento carcelario y en consecuencia no existía ningún motivo que ameritase la concesión del arresto domiciliario, basado en las razones humanitarias.
Y por último, se advirtió que el otorgamiento de la prisión domiciliaria a Héctor Humberto Gamen no aseguraría el definitivo juzgamiento y ejecución de la condena impuesta, en tanto que “se encuentra comprometida la responsabilidad internacional del Estado argentino, que debe garantizar el juzgamiento de todos los hechos de esas características, de acuerdo al derecho internacional vinculante para nuestro país”.
Ahora bien, una vez cumplidas las medidas mencionadas anteriormente, el Tribunal corrió una nueva vista a esta parte, y sobre la base del resultado de las diligencias practicadas, que fueron evaluadas conjuntamente con un exhaustivo informe médico anterior, este Ministerio Público con remisión a lo dicho en el primer dictamen, solicitó el rechazo del beneficio pretendido por la defensa del imputado.
Con fecha 19 de agosto de 2011, el Tribunal Oral en lo Criminal federal nro. 4 decidió conceder el arresto domicilio a Héctor Humberto Gamen y dispuso que a se procediera “al traslado del condenado GAMEN al domicilio indicado, previo labrarse acta compromisoria en el cual se le harán saber las previsiones del art. 34 de la ley 24660, con la expresa mención de que si quebrantare en forma injustificada la obligación de residir en forma permanente en el domicilio indicado, se dispondrá la continuidad de su detención en una Unidad de Detención y que cualquier salida por cuestiones de salud de carácter urgente, se deberá comunicar en forma inmediata al Tribunal.”
Además los jueces dispusieron que “…se designará oportunamente a la persona integrante del Tribunal, que realizará en el domicilio del Sr. GAMEN, un control periódico sobre las condiciones de detención del nombrado, confeccionándose un informe que será agregado al presente legajo.”
Y ordenaron a la Dirección Nacional de Readaptación Social, dependiente de la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios de la Secretaría de Justicia, que diera cumplimiento en la persona de Héctor Humberto Gamen, al mecanismo de vigilancia electrónica de arresto domiciliario conforme la resolución nro. 1587/2008 de esa dirección.
Por último, resolvieron librar oficio al Patronato de Liberados Bonaerense, Delegación Vicente López, Pcia. de Bs. As. pidiendo la confección en forma semanal de un amplio en el que consten las condiciones de detención del condenado Gamen, los que deberán ser remitidos a ese Tribunal.
En este fallo, el Tribunal afirmó que se requería analizar el ámbito normativo y luego el contexto concreto del caso. Ese razonamiento y las respectivas conclusiones a las que arriba son el objeto del agravio que se denuncia, y serán los extremos desarrollados en el próximo punto.
Basta con la simple lectura de la resolución que se pretende impugnar, para reparar que su aparente fundamentación se erige en: a) consideraciones de tipo dogmático que luego, al analizar el caso concreto, se alejan de los fundamentos enunciados; b) afirmaciones que a medida que avanzan en el razonamiento lógico resultan autocontradictorias con las ya vertidas dentro de la misma resolución; c) aserciones que además se contradicen con la posición que el Tribunal aparentemente fue construyendo en orden a sostener cuáles eran los elementos necesarios para resolver la cuestión que se le planteaba; y finalmente d) conclusiones contrarias a las constancias que determinan las circunstancias específicas del caso.
Así, el Tribunal aseveró que la problemática de la detención domiciliaria parte de los artículos 314 del Código Procesal Penal de la Nación y del artículo 10 del Código Penal, y que la solicitud de este instituto está contemplada en la ley de ejecución penal en lo que el legislador tituló como “alternativas para situaciones especiales”, por lo que esta circunstancia lo obligaba a extremar el ámbito de reflexión en la dinámica que señaló, se produce entre una pena grave y el fin humanitario del instituto solicitado.
Entonces, destacó que la discusión acerca de si el requisito etario estaba condicionado por el padecimiento de una enfermedad, se trata de una polémica que ha sido saldada con la sanción de la ley 26.472 que incluyó en el inciso d) del artículo 32 de la ley 24.660 como uno de los supuestos para la concesión de la detención domiciliaria, al interno mayor de 70 años.
Y prosiguió con una mención expresa a que de tenerse en consideración las particularidades del caso , habiendo superado el interno la edad de setenta años, en este caso holgadamente, en principio correspondería que cumpla en detención domiciliaria la pena impuesta. Si bien el Tribunal se refirió a pena impuesta, es claro que no estamos frente a un problema de cumplimiento de pena, sino con una medida cautelar, razón por la que varían considerablemente las circunstancias a tomar en consideración para resolver de un modo ecuánime la cuestión.
Al mismo tiempo el Tribunal reitera que la decisión es facultativa y no obligatoria “desde la comprensión de la realidad y contexto médico del interno”.
Véase que, por un lado, en la resolución se recalca la exclusión de condiciones para aquellos casos que como el de Gamen, cumpliría “holgadamente” con el requisito etario requerido por la ley, y por otro, se dice que se debe tener en consideración el contexto médico.
Es que tras cartón, el Tribunal afirma que va a realizar un análisis casuístico, y que valora la condición general de gamen. Además de la edad, sostiene, debe considerarse, entre otras eventualidades, su condición de salud.
En ese sentido menciona todas las patologías, varias crónicas y evolutivas, que de acuerdo a las constancias obrantes en el incidente de salud, el nombrado padece, entre las que menciona el informe del Adjutor Walter Sosa, Jefe del Cuerpo Médico del Complejo Penitenciario de Marcos Paz) del que solo cita los antecedentes de salud de Gamen que ya se conocen, y agrega el Tribunal, que es de destacar que la Unidad Médica Asistencial cuenta con una importante infraestructura médica, pero no cuenta con unidad de terapia intensiva y “…ello frente a un paciente de riesgo, necesariamente debe contemplar cualquier tipo de contingencia médica...”.
Ahora bien, lo que no se analiza de ningún modo, pues queda por completo soslayado, es la totalidad de las constancias obrantes en el legajo y las conclusiones a las que arribaron los médicos y psicólogos que se expidieron sobre el imputado, elementos todos ellos que fueron valorados por esta fiscalía al contestar las reiteradas vistas conferidas previamente a la resolución del pedido, y que no fueron contempladas de ningún modo. Ni la totalidad de las constancias, ni los fundamentos esgrimidos por la parte aquí agraviada.
Para resolver el Tribunal no tomó en consideración los informes de los profesionales del Cuerpo Médico Forense, Dr. Delbene y Licenciada Mónica L.M. Herran.
El primero expresó, además de las patologías que allí se señalan, que Gamen estaba clínicamente estable, que deambula por medios propios y sin trastornos en la marcha; recomendó medidas de control periódico y tratamiento, administración de medicación y dieta alimentaria; y aclaró que sin perjuicio de todo ello, el interno no presentaba signos ni síntomas que requirieran su traslado con carácter urgente a un centro de complejidad.
Y la psicóloga destacó que Gamen no presentaba indicadores desde el área que a ella le atañe, que lo comprendan dentro de las consideraciones del art. 33 de la ley 24.660.
Tampoco analizó de ningún modo la totalidad de las constancias obrantes en el legajo, cuando soslayó la parte del informe del Adjutor Sosa en la que se expidió acerca de las condiciones, instalaciones y personal médico idóneo con que cuenta la unidad en la que Gamen se encontraba detenido, a lo que agregó que contaban con la infraestructura para asistir complicaciones y/o descompensaciones propias de internos añosos y de patología compleja, como la del imputado; y aclaró que para el caso de descompensaciones que requieran asistencia rápida y eficiente contaban con unidades móviles equipadas para realizar traslados al hospital más cercano, que en este caso es el de la localidad de Marcos Paz ubicado a una distancia de 10 km.
Otra inconsistencia más puede destacarse, ya no interna de la propia resolución sino vinculada con los actos previos ordenados por los jueces y sus deducciones posteriores, que luego quedan plasmadas en la sentencia criticada.
Por un lado el Tribunal sostuvo que la edad de Gamen autorizaría su arresto domiciliario; sin embargo, previamente a expedirse y aún después de haber corrido vista a la fiscalía, ordenó la producción de informes que estimó necesarios para resolver la cuestión, extremo que incluso generó que se corriera una nueva vista a esta parte.
Y lo más sorprendente es que esos informes no sumaron ningún elemento lógico que fuera determinante para la concesión del beneficio. Por el contrario, la licenciada Herran fue muy clara cuando se expidió diciendo que Gamen no presentaba indicadores desde el área que a ella le atañe, que lo comprendan dentro de las consideraciones del art. 33 de la ley 24660.
Es decir el Tribunal resolvió como lo hizo, sin tener en consideración constancias médicas que ya obraban en el caso y cuyas conclusiones fueron señaladas por la fiscalía; para ordenar otras diligencias de esa índole que, cumplidas, en ningún sentido aconsejan ni brindan fundamento a la decisión adoptada.
El razonamiento que postula el Tribunal para llegar a la conclusión decidida no es, entonces, una derivación racional de las constancias obrantes en la causa, ni del derecho vigente, ni tiene ninguna pertinencia con el sentido y finalidad que llevó al legislador a sancionar la ley 26.472 al modificar el art. 32 y 33 de la ley 24.660, ni con el instituto de la detención morigerada en cualquiera de sus configuraciones históricas.
La misma suerte arriba señalada han corrido los demás argumentos dirimentes expuestos por la fiscalía para solicitar la denegatoria del arresto domiciliario, ya que fueron discrecionalmente desechados, sin siquiera analizarlos mínimamente en perspectiva con el caso.
De esta manera, la omisión de cuestiones concretas oportunamente propuestas por las partes es causal de arbitrariedad en las resoluciones judiciales, las que deben en consecuencia ser dejadas sin efecto. Este déficit puede consistir en la omisión de la consideración de planteos , no hacerse cargos de ciertos argumentos aducidos por el recurrente ; no analizar adecuadamente determinados agravios.
Uno de los puntos sobre los que la Fiscalía tomó posición, fue que el estado de salud del imputado no le impedía cumplir la prisión preventiva en un establecimiento penitenciario, y por consiguiente no se daban razones humanitarias que pudieran motivar la aplicación de la alternativa excepcional de arresto domiciliario para el cumplimiento de la medida cautelar recientemente dispuesta.
De este modo, se aparta de los fundamentos de la normativa y la jurisprudencia que establecen como pauta valorativa el estado de salud del encartado para fundamentar si es viable una alternativa de tamaña trascendencia —el cumplimiento extramuros de la pena de prisión—, pues, dado que la edad no es un supuesto de aplicación automática, se debe atender al mismo —como el propio Tribunal afirma—, como cartabón para calibrar si la concesión del beneficio efectivamente se nutre de un fundamento humanitario o resulta ser pura voluntad subjetiva de los jueces.
Así ha sido considerado por la jurisprudencia actual de la CNCP “… el otorgamiento de la prisión morigerada es potestativa para el juez, deviene inevitable efectuar una disquisición, la que se conecta con la inteligencia que debe asignarse al art. 32 de la ley penitenciaria. Es que si nos ciñéramos estrictamente a su letra, la norma de cita permitiría al magistrado de que se trate tomar decisiones arbitrarias, modo de conducirse de la jurisdicción que resulta inadmisible en un Estado Democrático de Derecho. Digo ello por lo siguiente, si el precepto bajo estudio comienza con la voz “el juez... podrá disponer el cumplimiento de la pena impuesta en detención domiciliaria” y el inciso “d” de dicha norma establece como única condición para hallarse habilitado a adoptar esa postura la de contar con una edad determinada, conferiría a la jurisdicción un cheque en blanco que sería llenado a su antojo; es decir, el juez, sin sustento jurídico alguno, habría de conceder la prisión domiciliaria a unos acusados, para, sin más, negársela a otros, desoyéndose, de tal modo, la piedra angular de la forma republicana de gobierno, cuál es la necesidad de control a través de los tribunales superiores o de Alzada para evitar los desequilibrios del poder...”
Este argumento es una grosera falacia. La consagración legislativa de una interpretación en disputa de una ley preexistente, con el fin de superar dilemas privilegiando una de ellas, y otorgar previsibilidad jurídica, amén de los objetivos de política criminal perseguidos, es una práctica por demás conocida. Basta un ejemplo que se nos presenta obvio: la iniciativa de despenalizar el consumo de sustancias prohibidas por las autoridades sanitarias. Sea cual fuere la suerte que esta iniciativa corra en el Poder Legislativo, no implicará que una u otra de las hermenéuticas que hoy merece la norma que atrapa esa conducta resulte afectada.
Pero si un Tribunal decide otorgar un beneficio como el que estamos analizando a un condenado por sentencia no firme a prisión perpetua debería fundarlo al menos en constancias médicas concluyentes que prescriban un riesgo concreto y no potencial, el que solo puede ser evaluado mediante los estudios médicos pertinentes y los profesionales específicos de esa materia. Máxime si, según surge de las constancias obrantes en el incidente, aún cuando el imputado tiene serias patologías de base, se encontraba alojado en un establecimiento carcelario que cuenta con todas las condiciones necesarias para atender su cuadro.
Parece una demasía sostener potenciales riesgos de que el paciente deba ser internado en una unidad de cuidados intensivos de la que la unidad carcelaria en la que estaba alojado carece, pero que según los informes médicos de las autoridades responsables cuentan con los medios para su inmediato traslado a un establecimiento próximo que sí tiene ese servicio.
Contrariamente, de los estudios médicos surge, tal como fuera sostenido por la fiscalía, que Gamen, pese a las patologías de base, se encuentra estable y deambula por sus propios medios sin dificultad.
Como se desprende con claridad de los exámenes médicos, el cumplimiento de la prisión preventiva en un establecimiento penitenciario no implica de ninguna manera una mortificación innecesaria del condenado en primera instancia, porque no necesariamente conlleva un agravamiento de la salud ni tampoco va constituye un desmedro que vaya más allá de las restricciones propias de la detención.
El concepto está vinculado con los distintos grados de peligro de fuga posibles en las diversas etapas de un proceso, pues “…no es lo mismo analizar un peligro de fuga al conceder una excarcelación luego de una indagatoria –más allá de la penalidad prevista para el delito imputado- que un peligro de fuga analizado luego de una condena de efectivo cumplimiento de gravedad dictada en el debate. En el primer caso, podemos decir, que el imputado se encuentra legajos de una eventual pena…, mientras que luego del debate, cuando se dicta una condena agrave al procesado éste se encontrará en situación diferente, estando ya probada su responsabilidad penal, quedando sólo por delante la actividad impugnativa, con lo cual la “tentación” de fugarse puede ser mayor, dado que se encuentra más próximo al cumplimiento efectivo de una pena de larga duración.”
En este punto, el Tribunal desechó que pueda existir la posibilidad de que Gamen todavía conserve algún ascendiente sobre las estructuras de poder que le fueron adictas, por cuanto ello no ha sido objetivado ni referenciado por ningún elemento de juicio ni la fiscalía lo ha precisado con algún alcance concreto.
Lo curioso es que el Tribunal sustentó la revocatoria de la libertad durante la casi totalidad de este proceso sobre la base de esta doctrina, que ahora condiciona con la pretensión de ciertas exigencias.
La situación objetiva era la misma, la edad y el estado de salud eran los mismos; también eran las mismas las constancias y fundamentos sobre los que ahora basó su argumentación para conceder el beneficio. Es más, respecto de Gamen, frente a un pedido concreto de su defensor, el Tribunal lo rechazó y sostuvo sencillamente que el pedido era prematuro.
Sobre este punto, debemos aclarar que el proceso aún no ha culminado, recién se ha dictado una sentencia de condena, restando todas las instancias ordinarias y extraordinarias para recurrir el fallo no firme.
Pero además, tal como lo ha sostenido el Procurador ante la Corte, en este tipo de delitos se teme al poder del hombre, no su capacidad física. Vale computar allí lo que el sujeto puede hacer para que el proceso no culmine; y como no, también como represalia ¿Quién habrá de controlar sus contactos y las visitas en su casa? Nadie.
Así, la C.S.J.N. hizo suyos los argumentos vertidos por el Sr. Procurador en la causa “D. B., Ramón Genaro s/ recurso de casación”, ya citada, donde consideró: “Digámoslo de una vez: este Ministerio Público no teme a la capacidad física de un anciano para fugarse o entorpecer de manera activa el proceso, sino al ascendiente que todavía conserve sobre las estructuras de poder que le fueron adictas y que, por desgracia, pueden pervivir en el país. No se teme la fuerza, sino el poder de un hombre. En conclusión, creo que el riesgo aludido no puede considerarse superado por las condiciones personales del imputado que la casación valoró para ordenar su libertad; condiciones que, dicho sea de paso, cumplen, por lo general, todos los militares de similar grado sospechados de delitos de lesa humanidad, ya que obraron, justamente al amparo de su propicia situación personal, familiar y social, y bajo este mismo estatus podrían frustrar su proceso. Con lo cual, también desde este punto de vista, esa decisión debería revocarse…”
También consideró el Procurador que “(…) no se puede desconocer, en favor de esta posición, que, encontrándonos ya bajo el amparo del manto democrático, resulta hasta hoy imposible hallar a una persona desaparecida hace más de dos años en la Provincia de Buenos Aires, testigo de hechos similares a los que aquí se juzgan, o, citando otro ejemplo, que la justicia federal cordobesa ha sufrido intromisiones delictuosas durante el desarrollo de reservadas tareas vinculadas. Ello conlleva a mantener resguardos y no menospreciar las estructuras de poder a las que podría recurrir con mayor facilidad el imputado de recuperar su libertad; estructuras que habrían actuado con total desprecio por la ley y sobrepasado los límites del territorio nacional, como lo ha recordado V.E. en “Arancibia Clavel” , integrando una red continental de represión ilegal, cuyos residuos remanentes sería ingenuo ignorar”
Por más que el Tribunal haya pretendido dar algún viso más de seriedad a este control, lo cierto es que de las constancias obrantes hasta el momento, ninguna indica que haya sido designada la persona del Tribunal que se refirió en la resolución, responsable del control periódico sobre las condiciones de detención, así como tampoco hay constancias de que haya sido implementado mecanismo alguno de vigilancia electrónica.
Es que, la detención domiciliaria debe evaluarse con extrema cautela, ya que, como lo anticipara es un sistema —evidentemente defectuoso— que impide controlar eficazmente su cumplimiento, porque ningún policía puede pararse en la puerta del domicilio, precisamente porque fue pensado para personas que no tienen ni capacidad de desplazamiento, ni de ejecutar actos peligrosos.
Esta postura aproxima nuevamente la edad de setenta años a la enfermedad terminal, aunque desde la reforma de la ley de aplicación sean claramente dos hipótesis diferenciadas.
Y este ha sido el criterio del Sr. Procurador Fiscal González Warcalde al dictaminar en la causa ya citada en el cual consideró que “A ello cabría agregar que en casos como el sub examine, en los que se imputan al acusado varios delitos calificados como de “lesa humanidad”, se encuentra comprometida la responsabilidad internacional del Estado argentino, que debe garantizar el juzgamiento de todos los hechos de esas características, de acuerdo con el derecho internacional vinculante para nuestro país (Fallos: 328:2056; 330:3248). Y dado que lo decidido por la cámara de casación autoriza la libertad del imputado, con la consiguiente posibilidad de que se sustraiga a la acción de la justicia, pone inmediatamente en riesgo aquellos compromisos de la Nación y, por lo mismo, configura un caso de gravedad institucional (Fallos: 317:1690, voto del ministro Petracchi).” A estos argumentos se remitió nuestro máximo tribunal en pleno.
A este respecto, la fiscalía sostuvo este punto como una pauta más a evaluar a fin de dimensionar de modo correcto el tipo de crímenes cometidos, y nada dijo el tribunal al respeto, sino que simplemente omitió dar el tratamiento adecuado a la cuestión planteada. Ya dijimos que a nuestro criterio el sustrato fáctico de aquel dictamen es sustancialmente parificable al que nos ocupa.
Tal como ha sido citado en números fallos de la Cámara Nacional de Casación Penal la llamada prisión domiciliaria, implica un temperamento menos intenso de la privación de la libertad (tanto procesal como penal), fundado en la posibilidad de grave daño que podría experimentar el sujeto por causa del encarcelamiento (Jorge A. Clariá Olmedo, Tratado de Derecho Procesal Penal, Tomo V, Ed. Ediar, págs. 240 y 241)”.
El Tribunal no explica cuál fue su razonamiento para sopesar el derecho a la salud del cual se privaría al imputado, o la mortificación innecesaria a la que se vería sometido Gamen por continuar cumpliendo la detención en el establecimiento penitenciario en el que estaba alojado. Tampoco se valoró en qué aspectos concretos se afectaría su integridad física, su salud o, en definitiva, su dignidad.
Para ello debió evaluarse, con sustento fáctico, su estado de salud actual; la gravedad y naturaleza de los hechos objeto del proceso; los riesgos procesales con las dimensiones asignadas por nuestro máximo tribunal; las circunstancias personales del imputado, y, en definitiva, todos los demás criterios que pudieran racionalmente ser de utilidad para tal fin.
En tal sentido, la Corte ha sostenido en numerosos precedentes que una resolución que incurre en arbitrariedad afecta tales garantías , que corresponden no sólo al imputado sino también a la querella en tanto parte de proceso y, en consecuencia, integran la “legalidad” del proceso que este Ministerio Público está llamado a controlar por mandato constitucional (art. 120 CN).
2) Se lo conceda y eleve la incidencia para la intervención de la Cámara Nacional de Casación Penal, a fin de que deje sine efecto el arresto domicilio de Héctor Humberto Gamen.