Source: https://corte-constitucional.vlex.com.co/vid/685351733
Timestamp: 2020-08-07 01:15:39
Document Index: 262899858

Matched Legal Cases: ['artículo 218', 'artículo 4', 'artículo 4', 'Artículo 2', 'artículo 279', 'artículo 6', 'artículo 5', 'artículo 3', 'artículo 218', 'artículo 163', 'artículo 218', 'artículo 13', 'artículo 42', 'artículo 44', 'artículo 36', 'artículo 15']

Sentencia de Tutela nº 177/17 de Corte Constitucional, 24 de Marzo de 2017 - Jurisprudencia - VLEX 685351733
REGIMEN ESPECIAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD DE DOCENTES. AFILIACION DE SOBRINA COMO BENEFICIARIA, La accionante, actuando en representación de una sobrina menor de edad sobre la cual tiene la custodia y cuidado personal, aduce que las entidades demandadas vulneraron derechos fundamentales de la niña al negar su vinculación al Subsistema de Salud del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio en calidad de beneficiaria suya, bajo el argumento de no hacer parte del grupo familiar que se permite afiliar, en tanto no se ha surtido el trámite de adopción correspondiente. Se reitera jurisprudencia relacionada con: 1º. El derecho fundamental de los niños, niñas y adolescentes a la salud y las obligaciones de las autoridades al respecto. 2º. El régimen especial de seguridad social en salud aplicable a los docentes y a los pensionados afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. 3º. Los regímenes especiales de seguridad social y el deber de interpretación conforme al Texto Superior. 4º. La familia en el ordenamiento jurídico colombiano. 5º. La crianza como un factor a partir del cual surge el parentesco y; 6º. La declaratoria de custodia y sus implicaciones en la afiliación al sistema de seguridad Social en salud. Se CONCEDE.
Demandante: J. en representación de M.[1]
Demandado: Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del M., Fiduciaria La Previsora S.A. y Médicos Asociados S.A.
La S. Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados A.J.L.O., G.S.O.D. e I.H.E.M. (e.), en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, profiere la siguiente
En la revisión del fallo proferido el veinticinco (25) de agosto de dos mil dieciséis (2016) por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Villavicencio, S. Civil Familia Laboral, mediante el cual se revocó la providencia dictada el trece (13) de julio de dos mil dieciséis (2016) por el Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de San José del G., dentro de la acción de tutela promovida por la señora J. en contra del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del M., Fiduciaria La Previsora S.A. y Médicos Asociados S.A..
El presente expediente fue escogido para revisión por la S. de Selección Número Once, por medio de Auto de diecisiete (17) de noviembre de dos mil dieciséis (2016), y repartido a la S. Cuarta de Revisión.
J., actuando en representación de su sobrina menor de edad, M., impetró la presente acción de tutela contra el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del M., Fiduciaria La Previsora S.A. y Médicos Asociados S.A., con la finalidad de obtener el amparo de los derechos fundamentales de su representada a la integridad física, a la salud, a la seguridad social y a la vida digna, los cuales considera conculcados por las entidades accionadas, al negar su vinculación al Subsistema de Salud del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del M., en calidad de beneficiaria de la peticionaria, bajo el argumento de que no hace parte del grupo familiar que se permite afiliar, pues no se ha surtido el trámite de adopción correspondiente.
2.1. J. manifiesta que se desempeña como docente al servicio del M. en el departamento del G. desde mayo de 2014.
2.2. En razón de ello, se encuentra afiliada al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del M., administrado por Fiduciaria La Previsora S.A.. La prestación de los servicios médicos asistenciales está a cargo de la Institución Prestadora de Salud Médicos Asociados S.A..
2.3. Mediante Resolución No. 082 de 30 de junio de 2015, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -Regional G.-, Centro Zonal San José del G., determinó que la custodia y el cuidado personal de su sobrina menor de edad, M., estaría a su cargo.
2.4. Por consiguiente, en julio de 2015, solicitó verbalmente la afiliación de la niña al Subsistema de Salud del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del M.. Dicho pedimento fue negado por cuanto la menor de edad pertenecía al régimen subsidiado a través de la EPS-S Comparta.
La demandante pretende que por medio de la acción de tutela se protejan los derechos fundamentales de su sobrina menor de edad, M., a la integridad física, a la salud, a la seguridad social y a la vida digna y, en consecuencia, se ordene su afiliación al Subsistema de Salud del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del M., en calidad de beneficiaria de la demandante.
- Copia de la Resolución No. 082 de 30 de junio de 2015, emitida por el Defensor de Familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Regional G., Centro Zonal San José del G., por medio de la cual se resolvió que la custodia y el cuidado personal de M. sería ejercida por su tía, J., haciéndose cargo de todo aquello que comprende su atención integral. Asimismo, el documento indica que la menor de edad ha estado bajo el cuidado de su tía desde agosto de 2007 (folios 3 a 5 del cuaderno 2).
- Copia del formato de actualización de afiliados del Régimen Subsidiado, emitido por Comparta EPS-S, en el que consta que el 12 de febrero de 2016 se efectuó el retiro voluntario de la afiliada M., por traslado al régimen especial del M. como beneficiaria (folio 6 del cuaderno 2).
- Copia de la tarjeta de identidad de M., la cual da cuenta de que nació el 22 de mayo de 2006 (folio 7 del cuaderno 2).
- Copia del acta de posesión No. 044 de 12 de mayo de 2014, proferida por la Secretaría de Educación del Departamento del G., por medio de la cual se acredita que J. se posesionó como docente en educación básica secundaria -área idioma extranjero inglés-, de la Institución Educativa M.A. del municipio de Miraflores, S.J. delG., con una asignación básica mensual de $1.411.890 Grado 2-A, cargo para el cual fue nombrada provisionalmente en una vacante definitiva mediante Decreto No. 075 de 7 de mayo de 2014 (folio 8 del cuaderno 2).
- Copia del Decreto No. 075 de 2014, emitido por la Secretaría de Educación del Departamento del G., por medio del cual se nombró a la actora, provisionalmente, en la planta global de personal docente de la Secretaría de Educación Departamental, nivel básica secundaria (folio 10 de cuaderno 2).
Mediante Auto de 30 de junio de 2016, el Juzgado Promiscuo de Familia de San José del G. admitió la acción de tutela de la referencia, ordenó vincular a la Secretaría de Educación del Departamento del G. y corrió traslado al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del M., Fiduciaria La Previsora S.A., Médicos Asociados S.A. y a la Secretaría de Educación del G., para que dentro del término de los dos días siguientes a la notificación, ejercieran su derecho de defensa y aportaran las pruebas que demuestren la respuesta que den a los hechos.
5.1. Secretaría de Educación del Departamento del G.
Dentro de la oportunidad procesal correspondiente, la Secretaría de Educación del Departamento del G. manifestó que la presente tutela es improcedente para ordenar a la entidad que representa afiliar beneficiarios ante la institución prestadora de los servicios médicos que contrate el Fondo de Prestaciones Sociales del M..
El Vicepresidente del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del M. solicitó desvincular a la F. S.A., toda vez que la entidad no tiene a cargo funciones relativas a la atención en salud de los docentes. Por consiguiente, a su juicio, no existe legitimación en la causa por pasiva.
Por otra parte, sostuvo que la competencia para la prestación de los servicios médicos a los docentes y la administración de planes de beneficiarios a los afiliados del M. en el departamento del G. corresponde a la Unión Temporal Medicol Salud 2012.
Para culminar, manifestó que, atendiendo al pliego de condiciones, no es procedente la afiliación de M., toda vez que los sobrinos no hacen parte del grupo familiar del docente que puede ser beneficiario de los servicios del régimen especial del M..
Sumado a ello, solicitó que, en caso de ordenarse la prestación definitiva de los servicios de salud en favor de la niña, se sirva autorizar expresamente a Médicos Asociados S.A. el recobro ante la F. S.A..
Indicó que la autorización de los servicios de salud del M. compete a La F. S.A., aseguradora que a través de la Guía del Usuario 2012-2016 del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del M. –FOMAG- determinó que los usuarios del servicio son: los cotizantes, los sustitutos pensionales y el grupo familiar básico, conformado por el cónyuge o compañero (a) permanente, hijos menores de dieciocho años, los hijos de los afiliados entre 18 y 25 años que dependan económicamente del afiliado y cursen estudios formales; los hijos del afiliado, sin límite de edad, cuando tengan una incapacidad permanente y dependan económicamente del afiliado: los nietos del docente hasta los treinta primeros días de nacido, cuando la hija del docente sea beneficiaria del afiliado; padres de cotizantes solteros sin hijos y dependan económicamente de éste y; los hijos: i) los nacidos dentro del matrimonio o unión marital de hecho y; ii) los de cada uno de los integrantes del matrimonio o unión marital de hecho.
Con fundamento en el listado precedente, estimó necesario acreditar la adopción de M. para efectuar su afiliación al Subsistema de Salud del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del M., en calidad de beneficiaria de su tía, toda vez que los sobrinos no conforman el grupo familiar básico del docente para el efecto.
Por último, puso de presente que Médicos Asociados S.A. es una Institución Prestadora de Salud, integrante de la UT Medicol Salud 2012, encargada de la prestación de los servicios de salud a los docentes y sus beneficiarios contratados por la F. S.A., conforme a lo estipulado en los pliegos de condiciones y a lo autorizado por dicha aseguradora.
Agregó que al encontrarse contractualmente obligada a los términos establecidos por la F. S.A., la circunstancia de acceder a la afiliación de la niña en comento implicaría un desequilibrio económico.
Mediante sentencia proferida el 13 de julio de 2016, el Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de San José del G. concedió el amparo pretendido y, en consecuencia, ordenó al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del M., a la UT Medicol Salud 2012 y a Médicos Asociados S.A. que, dentro del término de cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de la sentencia, procedan, dentro del ámbito de sus competencias, a tomar las decisiones pertinentes para inscribir a la niña M., como beneficiaria del servicio de salud de la docente J..
Así las cosas, estimó que M. debe considerarse integrante del grupo familiar beneficiario del servicio de salud de la docente J., en cuanto le fue entregada en custodia por parte del Defensor de Familia, según la Resolución No. 082 de 30 de junio de 2015 del ICBF.
Finalmente, precisó que aun cuando la vinculación de nuevas personas al núcleo familiar de los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones del M. puede implicar un desequilibrio en el contrato suscrito entre la UT Medicol Salud 2012 y Médicos Asociados S.A., ello no puede justificar el desconocimiento de los derechos constitucionales fundamentales de los niños, niñas y adolescentes que se quieren proteger por el principio de solidaridad.
2.1. F. S.A.
El Gerente Jurídico de F. S.A. impugnó dicho fallo, argumentando que no corresponde a la entidad que representa prestar los servicios de salud y administración de planes de beneficiarios a los docentes, pues su objetivo es atender negocios propios de las sociedades fiduciarias.
Por otra parte, aclaró que la atención médica del M. hace parte de un régimen especial regulado por la Ley 91 de 1989, motivo por el cual el literal i) del artículo 218 de la Ley 1753 de 2015 no resulta aplicable al caso sub examine.
La abogada de la Gestión Jurídica de las entidades de la referencia manifestó que la función de la UT Medicol Salud 2012 consiste exclusivamente en presentar una propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, teniendo en cuenta el desarrollo de su objeto social, en tanto que la entidad Médicos Asociados S.A. es una institución prestadora de salud encargada de ejecutar los servicios previamente descritos en los pliegos de condiciones que establece el asegurador de salud, es decir, F.S.A..
Mediante sentencia emitida el 25 de agosto de 2016, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Villavicencio, S. Civil Familia Laboral, acogió las razones de la alzada y revocó el fallo de primera instancia, al estimar que la facultad de inscribir, afiliar y administrar los recursos, tanto a docentes como a sus beneficiarios en el Subsistema de S. delM., corresponde al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del M. y a Fiduciaria La Previsora S.A., entidades que de acuerdo con los lineamientos de orden jurisprudencial y legal, tienen la potestad de establecer los reglamentos, procedimientos y requisitos exigidos a sus usuarios, tal como lo determinó el Acuerdo No. 04 y 13 de 2004, que consagró taxativamente los beneficiarios del docente afiliado, sin que en el respectivo listado estén incluidos los sobrinos como posibles candidatos a adquirir tal calidad.
La Corte Constitucional es competente, a través de esta S., para revisar la sentencia proferida por el juez de segunda instancia, dentro del proceso de la referencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86 y 241, numeral 9º, de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991 y en cumplimiento de lo ordenado por el Auto de diecisiete (17) de noviembre de dos mil dieciséis (2016), proferido por la S. de Selección número Once.
En esta oportunidad, la acción de tutela fue presentada por la señora J., en representación de su sobrina menor de edad sobre quien ostenta la custodia y cuidado personal, M., razón por la cual se encuentra legitimada para actuar como demandante.
El Fondo de Prestaciones Sociales del M., Fiduciaria La Previsora S.A. y Médicos Asociados S.A. se encuentran legitimados como parte pasiva en el presente asunto, en la medida en que se les atribuye la vulneración de los derechos fundamentales cuyo amparo se demanda.
Al respecto, cabe precisar que si bien el Fondo de Prestaciones Sociales del M. es un cuenta especial de la Nación, sin personería jurídica, con independencia patrimonial, contable y estadística y con recursos que deben ser manejados por una entidad fiduciaria estatal o de economía mixta, actualmente la Fiduciaria “La Previsora” S.A., de acuerdo con el artículo 4 de la Ley 91 de 1989, el Fondo en mención es la entidad encargada de atender las prestaciones sociales de los docentes nacionales y nacionalizados que se encuentren vinculados a la fecha de la promulgación de la referida Ley.
En ese orden de ideas, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del M. es competente para atender lo relativo a las prestaciones sociales de los docentes y, por tal razón, ha sido dotado con los instrumentos necesarios para el debido cumplimiento de la Ley. Por ello, es esta entidad la encargada tanto del reconocimiento de dichas prestaciones, como de su pago, ya que si bien realiza esta última actividad a través de la Fiduciaria “La Previsora” S.A., es el Fondo el responsable de reconocer las diferentes prestaciones sociales a que tienen derecho los docentes y, en ese sentido, ordenar el pago de las mismas.
Así, el artículo 4º de la citada Ley establece que el Fondo de Prestaciones Sociales del M. tiene la obligación de atender las prestaciones sociales de los docentes, en los siguientes términos:
“El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del M., atenderá las prestaciones sociales de los docentes nacionales y nacionalizados que se encuentren vinculados a la fecha de la promulgación de la presente Ley, siempre con observancia del Artículo 2o, y de los que se vinculen con posterioridad a ella. (...)”.
“El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del M., tendrá los siguientes objetivos:
Efectuar el pago de las prestaciones sociales del personal afiliado. (...)”.
“Las normas precitadas establecen con claridad meridiana que la entidad competente para atender lo relacionado con las prestaciones sociales de los docentes es el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del M., dotándola de los instrumentos necesarios para el debido cumplimiento de la Ley. Así las cosas, es esta entidad la encargada tanto del reconocimiento de dichas prestaciones, con un visto bueno previo de la fiduciaria (art. 7° del Decreto No. 1775 de 1990), como de su pago, y si bien realiza esta última actividad a través de dicha fiduciaria, es el Fondo el responsable de “Efectuar el pago de las prestaciones sociales del personal afiliado”. El contrato de fiducia que tiene celebrado el Gobierno Nacional para estos efectos debe garantizar el cumplimiento de la Ley 91 de 1989, entre cuyos objetivos se encuentra el de hacer efectivo el pago de las prestaciones”.
Así, en Sentencias T-563[2] y T-569[3] de 2002, entre otras, tras analizarse el contenido normativo de las disposiciones que regulan el contrato de fiducia, específicamente, los artículos 1126 y 1234 del Código de Comercio, el Tribunal Constitucional concluyó que la Fiduciaria “La Previsora” S.A. sirve de medio para cumplir un propósito determinado por el constituyente, pero que la obligación de velar por el cumplimiento de dicha finalidad es del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del M..
Por tal razón, el pago efectivo de la prestación correspondiente está a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del M., ya que, tal como se señaló, las prestaciones del personal docente serán reconocidas y pagadas por el mencionado Fondo. Es así como, con fundamento en estas consideraciones, esta Corporación ha aceptado en múltiples oportunidades que el Fondo de Prestaciones Sociales del M. puede ser sujeto pasivo de la acción de tutela[4].
Por estas razones y dado el carácter informal del mecanismo tutelar y como quiera que la peticionaria promovió la acción, entre otros, contra el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del M., esta S. de Revisión considera que resulta procedente, toda vez que esta entidad es la responsable por el reconocimiento de las prestaciones de los docentes y de sus beneficiarios, tal como lo establece la Ley 91 de 1989.
Corresponde a la S. Cuarta de Revisión determinar si las entidades accionadas vulneraron los derechos fundamentales a la integridad física, a la salud, a la seguridad social y a la vida digna de la menor de edad, M., al negar su vinculación al Subsistema de Salud del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del M., en calidad de beneficiaria de su tía, J., docente encargada de su custodia y cuidado personal, bajo el argumento de que no hace parte del grupo familiar que se permite afiliar.
Antes de abordar el caso concreto, se realizará un análisis jurisprudencial de temas como: i) el derecho fundamental de los niños, niñas y adolescentes a la salud y las obligaciones de las autoridades al respecto. Reiteración jurisprudencial; ii) el régimen especial de seguridad social en salud aplicable a los docentes y a los pensionados afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del M.. Reiteración jurisprudencial; iii) los regímenes especiales de seguridad social y el deber de interpretación conforme al Texto Superior; iv) la familia en el ordenamiento jurídico colombiano. Reiteración jurisprudencial y; v) la crianza como un factor a partir del cual surge el parentesco. Reiteración jurisprudencial y; vi) la declaratoria de custodia y sus implicaciones en la afiliación al sistema de seguridad Social en salud.
El derecho fundamental de los niños, niñas y adolescentes a la salud y las obligaciones de las autoridades al respecto. Reiteración jurisprudencial
El régimen especial de seguridad social en salud aplicable a los docentes y a los pensionados afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del M.. Reiteración jurisprudencial
En consonancia con lo establecido en el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, el Sistema Integral de Seguridad Social se compone, además, de unos regímenes de carácter especial, cuyos titulares se encuentran excluidos de la aplicación de la normativa general. Dentro de las excepciones, figura el régimen especial del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del M., el cual se rige por sus propios estatutos.
En aras de desarrollar el régimen en mención, se expidió la Ley 91 de 1989, por medio de la cual se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del M. -FOMAG- como una cuenta especial de la Nación, con independencia patrimonial. Entre sus objetivos se encuentra garantizar la prestación de los servicios médico-asistenciales requeridos por los docentes y sus beneficiarios, de conformidad con las instrucciones que imparta el Consejo Directivo del Fondo.
Así, los artículos 3 y 5 de dicha normativa señalan que las prestaciones sociales en general y los servicios médico-asistenciales, tanto de los docentes activos y pensionados como de sus beneficiarios, están a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del M. -FOMAG-, cuyos recursos son manejados por una entidad fiduciaria estatal que, según lo dispuesto en la escritura pública 0083 del 21 de junio de 1990 de la Notaría 44 de Bogotá D.C. -con sus respectivas prórrogas, la última de ellas vigente-, es Fiduciaria La Previsora S.A. [9].
Seguidamente, el artículo 6º de la Ley 60 de 1993 dispone que todos los docentes, ya sean de vinculación departamental, distrital o municipal, deben incorporarse al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del M. para recibir los servicios asignados a este; servicios que, en lo que corresponde a la atención en salud y por disposición de los numerales 1° y 2° del artículo 5° de la Ley 91 de 1989, se encuentran a cargo de entidades contratadas por la fiduciaria, siguiendo las instrucciones que para el efecto imparta el Consejo Directivo del Fondo[10].
“(...) El numeral 5° de la cláusula quinta del contrato de fiducia mercantil, dispone que es obligación de la fiduciaria contratar con las entidades que señale el Consejo Directivo del Fondo los servicios médico-asistenciales del personal docente. Corresponde a los comités regionales del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del M., recomendar al Consejo Directivo las entidades con las cuales se contratará la prestación de los servicios médico-asistenciales a nivel departamental, de acuerdo con la propuesta que presente cada entidad, la que debe reflejar las indicaciones mínimas establecidas por los respectivos comités y avaladas por el Consejo Directivo (Decreto 1775 de 1990, artículo 3°-c)” [11].
En ese orden de ideas, las entidades oferentes en cada uno de los departamentos del territorio nacional son las encargadas de prestar directamente los servicios de salud a los docentes activos, a los pensionados y a los núcleos familiares de éstos y aquéllos, que se encuentren bajo la cobertura según reportes del Fondo de Prestaciones Sociales del M.[12].
Los regímenes especiales de seguridad social y el deber de interpretación conforme al Texto Superior
Ahora bien, tal como se sostuvo en las consideraciones precedentes, la Ley 91 de 1989 creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del M., adoptando un modelo de atención integral en salud para los docentes y sus afiliados.
Por la pertinencia para solucionar el caso concreto, cabe precisar que dentro del régimen excepcional de salud del M., el grupo familiar básico se encuentra conformado por las siguientes personas:
Por consiguiente, dentro de las personas que pueden ser inscritas como beneficiarias de los docentes adscritos al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del M. no se encuentran incluidos los sobrinos.
Los menores entregados en custodia legal por la autoridad competente (Subraya fuera del texto original).
Se tiene entonces que con la expedición de la Ley 1753 de 2015, la seguridad social amplió la cobertura de las personas que pueden ser consideradas como núcleo familiar del afiliado cotizante y, consecuencialmente, ser incluidas como beneficiarias de un cotizante para la prestación de los servicios de salud, siguiéndose entonces que en el caso sub examine, M. se encuentra comprendida dentro de la eventualidad de que trata el literal i) de la disposición antes transcrita, para ser tenida como integrante del grupo familiar beneficiario del servicio de salud de su tía, en cuanto la niña le fue entregada en custodia por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
En tal virtud, las autoridades que integran el Subsistema de S. delM., en este caso, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del M., la F. S.A. y Médicos Asociados S.A., contra las cuales se dirigió la tutela, “deben aplicar la pauta hermenéutica de la interpretación conforme al determinar el alcance de las normas que rigen dicho Subsistema, y en consecuencia, prestar especial atención a la preservación de los derechos fundamentales que están en juego, especialmente tratándose de derechos de sujetos de protección constitucional reforzada, como los niños” [17].
La familia en el ordenamiento jurídico colombiano. Reiteración jurisprudencial
La crianza como un factor a partir del cual surge el parentesco. Reiteración jurisprudencial
La declaratoria de custodia y sus implicaciones en la afiliación al Sistema de Seguridad Social en Salud
Bajo esa óptica y descendiendo al caso bajo revisión, no es dable condicionar la afiliación de M., en calidad de beneficiaria de su tía, a la acreditación de la adopción judicialmente decretada, toda vez que la demandante cuenta con la custodia, circunstancia que ubica su situación en la eventualidad consagrada en literal i) del artículo 218 de la Ley 1753 de 2015, aplicable a los docentes, por principio de igualdad, solidaridad y de acceso a la seguridad social.
Con fundamento en las consideraciones precedentes, pasa la S. a analizar si se configuró la violación de las garantías fundamentales a la integridad física, a la salud, a la seguridad social y a la vida digna de M., por parte de las entidades demandadas, al negar su afiliación al Subsistema de Salud del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del M., en condición de beneficiaria de su tía J., bajo el argumento de que no pertenece al grupo familiar que se permite afiliar en tal calidad.
De lo referido en la demanda y de lo acreditado en el expediente, se colige que: i) la accionante se desempeña como docente del municipio de Miraflores, S.J. delG., desde mayo de 2014; ii) tiene a su cargo el cuidado de su sobrina menor de edad, M., desde agosto de 2007; ii) por decisión del ICBF, adoptada el 30 de junio de 2015, le fue encomendada la custodia y el cuidado personal de la niña y; iii) M. no cuenta con atención en salud actualmente, toda vez que fue desvinculada del régimen subsidiado al que pertenecía, en aras de tramitar la afiliación al Subsistema de Salud del M..
Así las cosas, esta S. de Revisión considera que la cuestión que merece análisis constitucional en este caso es establecer si el mecanismo tutelar es procedente para ordenar la afiliación pretendida.
En efecto, una vez confirmada la procedencia de la presente acción, corresponde determinar si las entidades accionadas desconocieron las garantías constitucionales de M..
Frente a ello, no se puede menos que desestimar los argumentos en que las entidades accionadas y el juez de segunda instancia sustentaron la negativa, pues, a juicio de esta S., en el presente caso resultaría desproporcionado exigir el agotamiento del trámite de adopción, en razón a que ello implicaría seguir desconociendo el derecho fundamental de los niños, niñas y adolescentes al más alto nivel posible de salud y someter a M. a un estado de indefensión.
La circunstancia de que F. S.A. y Médicos Asociados S.A. hubiesen invocado la ausencia de una disposición normativa expresa, dentro del régimen aplicable al M., sobre la inscripción de sobrinos al Subsistema de S. delM. significa una aplicación literal de la normativa que, si bien es de buena fe, no se acompasa con la finalidad de la disposición, con el contexto dentro del cual se elevó la petición, ni con el literal i) del artículo 163 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 218 de la Ley 1753 de 2015[57].
La negativa de las entidades accionadas no tuvo en cuenta la permanencia de M. bajo el cuidado de su tía y la formalización legal de dicha situación mediante el otorgamiento de la custodia y cuidado personal, ni tampoco el alcance de las obligaciones que fueron encomendadas a la peticionaria respecto de su sobrina. Dichas circunstancias implican, sin duda alguna, una diferencia sustancial entre M., para quien su tía es su madre-cuidadora, y los demás menores de edad sobrinos de afiliados que no se encuentran en la misma situación de dependencia directa del cuidado de sus tíos.
Al interpretar las disposiciones que regulan el régimen excepcional del M. de manera aislada a la circunstancia de que la dependencia directa de la menor de edad, su cuidado y custodia se encuentran a cargo de su tía, las entidades accionadas adoptaron una decisión cuyo resultado inmediato lesiona varios preceptos constitucionales, por cuanto implica que la niña deberá, o bien ser afiliada directamente al régimen general de seguridad social en salud o bien esperar a que se realice el proceso de adopción.
Las entidades accionadas aplicaron literalmente la normativa respectiva, desatendiendo el principio de interpretación conforme a la Constitución, ya que su decisión generó la desprotección del menor de edad en materia de seguridad social, vulnerando las siguientes disposiciones superiores: i) artículo 13, por cuanto las demandadas dispensan a M. un trato igual al que se habría de otorgar a los demás sobrinos de afiliados que no se encuentran en su misma situación y que solicitan ser inscritos como beneficiarios. Al impartir un trato igual a situaciones que son esencialmente disímiles, se lesiona el principio constitucional de igualdad; ii) artículo 42, que consagra el deber del Estado de proteger de manera especial la familia en cualquiera de sus formas, máxime si tales formas de organización familiar han sido reconocidas por el ICBF y; iii) artículo 44, atinente a los derechos fundamentales de los niños.
En la medida en que la decisión de las entidades accionadas obstaculiza el cumplimiento, por parte de la señora J., de los deberes encomendados como cuidadora personal de M., encargada de su custodia, tal negativa de afiliación dificulta el cumplimiento de la decisión adoptada por los funcionarios del ICBF directamente competentes para preservar el bienestar de la menor de edad en cuestión.
En ese orden de ideas y en consonancia con las consideraciones realizadas en el acápite 6 de esta providencia, es dable concluir que los menores de edad, entregados en custodia legal por la autoridad competente, tienen derecho ser incluidos al Subsistema de Salud del M., en calidad de beneficiarios de los docentes cotizantes encargados de su cuidado, pues, de lo contrario se desconocen los principios de igualdad, solidaridad, acceso al sistema de seguridad social y los derechos fundamentales de protección que deben garantizársele a los niños, niñas y adolescentes, condición que ostenta la sobrina de la accionante cuya custodia le fue otorgada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
En tal virtud, esta S., debido a las especiales circunstancias del caso sub examine, considera que la decisión adoptada por las entidades accionadas desconoció las garantías constitucionales de la niña en comento, razón por la cual, se concederá la presente tutela.
Corolario de lo anterior, la Corte ordenará que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta sentencia, se afilie al Subsistema de S. delM. a M., en calidad de beneficiaria de la docente J., con todos los derechos propios que de tal condición se derivan.
PRIMERO. REVOCAR la sentencia proferida el veinticinco (25) de agosto de dos mil dieciséis (2016), por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, S. Civil Familia Laboral que, a su vez, revocó la dictada el trece (13) de julio de dos mil dieciséis (2016) por el Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de San José del G.. En su lugar, CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales de M. a la integridad física, a la salud, a la seguridad social y a la vida digna, por las razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: ORDENAR al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del M. que, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la notificación de esta providencia afilie a la menor de edad, M., al Subsistema de S. delM., en calidad de beneficiaria de la señora J..
TERCERO. Por Secretaría, líbrense las comunicaciones previstas en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
[1] En el presente caso, y en atención a lo consagrado en el artículo 15 Superior, debe aclararse que por ser la accionante una menor de edad, la S. de Revisión ha decidido no hacer mención a su identificación ni a la de su núcleo familiar, como medida tendiente a garantizar su intimidad, su buen nombre y su honra. Por consiguiente, los nombres de las personas involucradas y del colegio al que asiste la niña son ficticios.
[5] Sentencia T-760 de 31 de julio de 2008, M.P.M.J.C.E..
[7] Sentencia T-496 de 10 de julio de 2014, M.P.L.E.V.S..
[9] Sentencia T-496 de 10 de julio de 2014, M.P.L.E.V.S..
[13] Sentencia T-907 de 17 de septiembre de 2004, M.P.M.J.C.E..
[18] Sentencia T-525 de 27 de septiembre de 2016, M.P.J.I.P.P..
[38] M.P.M.V.S.M..
[40] M.P.G.E.M.M..
[45] M.P.M.V.S.M..
[47] M.P.C.G.D..
[48] Sentencia T-587 de 27 de octubre de 1998, M.P.E.C.M..
[49] Sentencia T-292 de 2004 de 23 de abril de 2004, M.J.C.E..
[50] Sentencia T-070 de 18 febrero de 2015, M.P.M.V.S.M..
[55] Verbigracia, Sentencia T-218 de 17 de abril de 2013, M.P.A.E.J.E..
Auto Interlocutorio de Corte Suprema de Justicia - Sala de casación civil y agraria nº T 0800122130002008-00383-01 de 21 de Octubre de 2008