Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/T-418-18.htm
Timestamp: 2019-06-18 21:00:31
Document Index: 43660405

Matched Legal Cases: ['Artículo 108', 'artículo 8', 'artículo 12', 'artículo 8', 'artículo 12', 'Artículo 13']

T-418-18
DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO-Caso en que soldado fue retirado del servicio bajo la causal de ausencia injustificada por más de diez días
DERECHO FUNDAMENTAL AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO-Alcance
DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO-Garantías mínimas del derecho de contradicción en el que se dispuso retiro del servicio de soldado por ausencia injustificada
La jurisprudencia constitucional ha dicho que, como parte del debido proceso administrativo, a las personas se les debe garantizar el derecho de contradicción, del que se desprenden tres garantías mínimas en favor de los administrados, a saber: (i) la comunicación del trámite que se está desarrollando; (ii) la posibilidad de ser oídos por las autoridades administrativas antes de que se tome una decisión que tenga la virtualidad de afectar sus derechos; y (iii) la notificación del acto administrativo que defina el proceso, de conformidad con todos los requisitos legales.
DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO-Vulneración por Ejército, por cuanto no comunicó al accionante el inicio de la actuación administrativa en la que se determinaría si debía ser oído y ser retirado del servicio, así como exponer las razones que lo habían llevado a ausentarse de sus labores
DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO-Orden a Ejército Nacional reincorporar al servicio, a soldado retirado
El 28 de noviembre de 2017, César Augusto Herrera Cortés, actuando a través de apoderado judicial, interpuso acción de tutela en contra del Ministerio de Defensa - Comando General de las Fuerzas Militares Ejército Nacional, por considerar que vulneraron sus derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo[3] y al debido proceso.[4] Lo anterior, por cuanto la parte accionada lo retiró del servicio, bajo la causal de ausencia injustificada. En seguida, se enuncian los hechos relevantes.[5]
1.1. César Augusto Herrera Cortés se desempeñó desde el 2006 hasta el 2010 como soldado profesional en la Brigada Móvil 06 del Batallón Contraguerrilla Sergio Camargo Pinzón en Cartagena del Chairá (Caquetá). En el 2010, fue trasladado al Batallón Militar Francisco Javier Cisneros en Montenegro (Quindío), debido a su situación familiar. Su núcleo familiar está compuesto por su madre, Yomar Ríos Corres, quien es portadora de VIH;[6] su hermano Edilson Orlando Ríos Cortés, también portador de VIH y drogodependiente;[7] su abuela Blanca Elvia Cortés, de 85 años;[8] y, su tío Ovidio Ríos Cortés, quien tenía diagnóstico de tuberculosis.[9] Señala, además, que hace “las veces de padre cabeza de hogar”, pues es “quien trabaja y responde pecuniariamente por su familia.”[10]
1.2. Desde el 2015, en el Batallón Militar Francisco Javier Cisneros se le prestaba atención psicológica, debido a “la situación familiar tan difícil que [tiene].”[11] Por ello, fue remitido al Centro de Familia de la Octava Brigada del Ejército Nacional, para recibir el respectivo tratamiento.[12]
1.4. El 28 de agosto del mismo año, mientras gozaba del permiso otorgado, mediante llamada telefónica le informaron al señor César Augusto que habían visto en Bogotá a su hermano, Edilson Orlando Ríos Cortés, quien llevaba 19 meses desaparecido. Por esa razón, viajó inmediatamente a dicha ciudad, donde estuvo buscándolo durante 5 días, hasta que lo encontró y lo llevó de vuelta a Armenia. Allí lo acompañó al Hospital San Juan de Dios, para que atendieran las complicaciones de salud que padecía.[13] Durante el tiempo que pasó en Bogotá, su abuela Blanca Elvia Cortés ingresó al citado hospital. Como consecuencia de lo anterior, no se presentó a tiempo en el Batallón y no solicitó la ampliación del permiso a sus superiores, pues estaba preocupado por la situación de su familia. Al respecto, en el marco de la investigación disciplinaria, manifestó: “me preocupe fue por mi familia, la muerte de mi tío me desubic[ó]…”.[14]
1.5. El 9 de septiembre, el Cabo Torres Goyeneche le ordenó al accionante vía whatsapp que “hiciera presentación en el Comando del Batallón el día sábado 10 de Septiembre del año en curso, a la iniciación del servicio, para informar la situación que se esta[ba] presentando, si era necesario para que le autorizaran más permiso por parte del Comando del Batallón” y le advirtió que el incumplimiento de la orden podría acarrearle problemas jurídicos. En respuesta, el soldado le manifestó que estuvo buscando a su hermano desaparecido, que su abuela estaba hospitalizada y que se encontraba afligido por la muerte de su tío. Finalizó señalando que, debido a su situación, quería renunciar. Ante lo manifestado por el accionante, el Cabo le reiteró “la importancia de hacer presentación en el Batallón, con el fin de atender y apoyar la posible solución a su situación (…)”.[15]
1.6. El 12 de septiembre, el señor César Augusto informó vía whatsapp al Cabo Torres Goyeneche y al Capitán Ferez, las diferentes circunstancias que le habían impedido presentarse en el Batallón. En respuesta, el primero de ellos le indicó que “si no [se] presentaba, él pasaba el informe a la Procuraduría”.[16] El segundo guardó silencio. Finalmente, casi un mes después, el 11 de octubre de 2016, se presentó en el Batallón.
1.7. El 25 de octubre de 2016 se profirió la orden administrativa No. 2445 del Comando de Personal, mediante la cual se retiró del servicio activo a varios soldados profesionales, incluido el accionante. Lo anterior, bajo la causal de “inasistencia al servicio por más de 10 días sin justa causa.”[17] Dicho acto administrativo fue notificado el 4 de noviembre de 2016, fecha hasta la cual el tutelante estuvo activo en el Ejército Nacional. Además, se inició en su contra (i) un proceso penal militar por “abandono del servicio de soldados voluntarios o profesionales” y (ii) una investigación disciplinaria por parte de la Coordinación Jurídica Militar del Batallón de Ingenieros No. 8 Francisco Javier Cisneros.[18]
1.8. Los dos procesos iniciados fueron archivados, pues se encontró probado que la ausencia se debió a una justa causa. Por un lado, el 31 de mayo de 2017, el Juzgado Cincuenta y Cinco de Instrucción Penal Militar ordenó el archivo de la investigación penal por el delito de abandono del servicio de soldados voluntarios o profesionales (Código Penal Militar – Ley 1407 de 2010, Artículo 108). En dicha decisión, se concluyó que la conducta del señor César Augusto era (i) típica, más no (ii) antijurídica, dado que “el actuar del procesado se encuentra enmarcado dentro de las causales de ausencia de responsabilidad descrita en la ley penal militar.”[19] Es decir, se configuró una “exoneración de la represión punitiva respecto a la lesión del bien jurídico del servicio, en contraposición al derecho supralegal de la familia por su estado de necesidad”.[20] Sobre esto último, consideró:
1.10. El 12 de octubre de 2017, el Comandante del Batallón de Ingenieros No. 8 Francisco Javier Cisneros se abstuvo de pronunciarse de fondo sobre la solicitud. Afirmó que no tenía la potestad de ordenar el reintegro, pues “si bien es cierto que usted fue orgánico de este Batallón, el señor Comandante del Ejército Nacional mediante Orden Administrativa de Personal No. 2445 del 25 de octubre de 2016 lo retir[ó] del servicio activo por inasistencia al servicio más de 10 días sin causa justificada, por tal motivo debe de acudir es a la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, quien luego de un debido proceso determinar[á] y ordenar[á] si es el caso de nuevo su vinculación a las filas del Ej[é]rcito Nacional.”[25]
Actualmente resido por caridad ya que no hago aporte alguno para la manuten[c]ión en la calle 22 Cra 15#14-43 en el barrio Santa Fe en Bogotá, zona deprimida de la ciudad, en la casa de la señora Lilia Morales Galeano. No tengo propiedad alguna ni bienes materiales, ni empleo estable.”[29]
2.2. Decisión de instancia. El 7 de diciembre de 2017, la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia declaró improcedente la protección invocada, por no encontrar cumplido el requisito de subsidiariedad.[37] En su criterio, el accionante cuenta con otros mecanismos idóneos y eficaces para esclarecer su situación. Además, consideró que: (i) las pretensiones tienen una naturaleza puramente legal; (ii) no se configura un perjuicio irremediable que justifique la intervención del juez constitucional, al menos de manera transitoria y, (iii) dada la sumariedad del trámite tutelar no lograría “reunir los elementos de juicio indispensables para desentrañar la problemática expuesta.”[38]
3.1. César Augusto Herrera Cortés. El accionante manifestó que estuvo vinculado al Ejército Nacional como soldado profesional y que desde el momento de su desacuertelamiento no se encuentra afiliado al Sistema de Seguridad Social. Por su parte, su mamá y hermano estan afiliados al régimen subsidiado, desde antes del desacuartelamiento.[39] Indicó, además, que los recursos económicos que recibía eran administrados por su señora madre “quien distribuía los gastos en vivienda, servicios, alimentación para [su] abuela, ella y [su] tío OVIDIO RÍOS CORTÉS, pasajes y demás costos que implicaban su traslado y revisión frecuente por la enfermedad de ella.”[40] En este mismo sentido, sostuvo:
3.2. Comando General de las Fuerza Militares. Afirmó que el Comandante del Ejército Nacional tenía la facultad de retirar del servicio al accionante, tal como lo dispone el literal b del artículo 8 y el artículo 12 del Decreto 1793 de 2000, bajo la causal objetiva de ausencia injustificada del servicio por más de 10 días.[44] Lo anterior, “sin que sea necesario agotar instancias adicionales,[45] significa esto que meramente se deben allegar a la Dirección de Personal – Sección Altas y Retiros, la solicitud, los correspondientes informes y actas y los apoyos respectivos.”[46] Precisó que durante la ausencia de César Augusto, se le comunicó la importancia de que hiciera presentación en la unidad, “con el fin de ‘apoyar y atender la posible solución a su situación’, así pues, al observarse la renuencia a acatar la instrucción, resulta imposible por parte del funcionario competente, determinar medidas auxiliares a fin de extender los días de permiso o conceder el periodo vacacional del accionante.”[47] Por ello, argumentó que, “al estar el acto administrativo revestido de firmeza y gozar del sustento legal señalado, no hay lugar a causar el reintegro a la institución del señor SLP ® CÉSAR AUGUSTO HERRERA CORTÉS pues las normas en las cuales se fundamentó aquel, consagran el deber de retirar del servicio al respectivo personal cuando se da el presupuesto objetivo de inasistencia al servicio sin justa causa.”[48] También aclaró que no recibió el derecho de petición presentado por el accionante y desconoce las causas por las cuales el mismo no fue remitido a dicha dirección. Finalmente, manifestó que a dicha Dirección de Personal no se le ha ordenado “por parte de autoridad judicial, desarrollar algún mecanismo de atención, prevencion y asistencia…”[49]
3.3. Batallón de Ingenieros No. 8 “GR. Francisco Javier Cisneros”. Indicó que se solicitó el retiro del servicio del soldado profesional César Augusto Herrera Cortés debido a que incurrió en la causal de inasistencia por más de 10 días sin causa justificada. Además, manifestó que él “acostumbraba a retardarse de sus permisos y el Comandante de Compañía para la época, teniendo en consideración de los problemas familiares los pasaba desapercibido, sin embargo como el antes mencionado es agregado operacionalmente al Grupo de Prevención de Desastres y no regresa al término de su permiso el comandante cumpliendo su deber de informar las novedades presentadas con el personal que está bajo su cargo informa que el soldado no regresa.”[50]
1.2.1. Se encuentra cumplido el requisito de inmediatez, pues si bien el acto administrativo que dispuso el retiro del accionante data del 25 de octubre de 2016, existen dos argumentos que explican por qué sólo hasta el 28 de noviembre de 2017 se interpuso la acción de tutela. Primero, en la contestación del auto de pruebas el señor César Augusto indicó que luego del retiro y debido a los eventos catastróficos que había sufrido su familia entró en depresión y “profunda tristeza puesto que ese empleo era todo lo que tenía, el único sustento de [su] familia y [su] expectativa de vida, ello sumado a la muerte de [su] tío, los cuidados a [su] hermano…”.[54] Además, debe valorarse que, como consecuencia del retiro del Ejército, no contaba con la posibilidad de acceder a una asesoría médica que le diera tratamiento con terapias o medicamentos. En criterio de la Sala, ello evidencia que el tutelante se encontraba en una situación especial de afectación, de manera que, adjudicarle la carga de acudir ante el juez de tutela de manera previa, sería desproporcionado. Segundo, entre el momento del retiro y la interposición de la acción de tutela ocurrió el archivo de la investigación penal (el 31 de mayo de 2017) y disciplinaria (el 24 de julio del mismo año). Estas circunstancias fácticas son jurídicamente relevantes, pues en estos procesos se concluyó que la ausencia del servicio estuvo justificada en la situación familiar que estaba viviendo el actor, la cual era conocida por los mandos del Batallón. Es justamente ello lo que motiva la interposición de la acción de tutela, pues mientras en el acto administrativo que dispuso su retiro, se afirma que su conducta se enmarca en la causal de retiro por ausencia injustificada, las investigaciones posteriores llegaron a una conclusión opuesta.
1.2.2. Por último, se encuentra satisfecho el requisito de subsidiariedad. Si bien es cierto la acción de tutela resulta, en principio, improcedente para cuestionar un acto administrativo que desvincula del servicio a un soldado profesional, pues para ello está prevista la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, la Sala considera que en este caso dicho mecanismo carece de idoneidad y eficacia[55]. En cuanto a la ausencia de idoneidad o eficacia del medio ordinario, la jurisprudencia constitucional ha señalado que debe verificarse que dichos medios no tengan la capacidad de proteger efectivamente los derechos de la persona. Por tanto, es preciso analizar si el reclamo de quien acude a la tutela puede ser discutido por la vía ordinaria, o si por el contrario, debido a la situación particular del accionante no puede acudir a dicha instancia, tal como ocurre en el presente asunto, en el que se advierte que: (i) César Augusto está a cargo de su familia, al ser “quien trabaja y responde pecuniariamente por su familia”,[56] (ii) los miembros de su núcleo familiar sufren de diferentes enfermedades graves como VIH y enfermedad pulmonar obstructiva crónica,[57] (iii) su único empleo ha sido el de soldado profesional, (iv) debido a su desvinculación él y su núcleo familiar se encuentran en extrema pobreza, siendo necesario pedir limosna en buses en repetidas ocasiones, y actualmente reside por caridad en la casa de una conocida, y por último, (v) manifiesta que no tiene propiedad alguna ni empleo estable[58]. Por ende, debido a la situación particular del accionante, esta Sala concluye que la acción de nulidad y restablecimiento del derecho no es un mecanismo eficaz para proteger sus derechos fundamentales, dada la urgencia que imponen sus condiciones socioeconómicas.
3.5. En efecto, en las pruebas que obran en el proceso se evidencia que, si bien es cierto el accionante estuvo ausente por más de 10 días después del permiso que le fue concedido, era de conocimiento de sus superiores los problemas familiares por los que atravesaba, esto es: (i) el fallecimiento de su tío; (ii) el viaje a Bogotá en búsqueda de su hermano, quien estuvo desaparecido por más de 19 meses; y (iii) la hospitalización de su abuela. Dichas circunstancias nunca fueron valoradas por la entidad accionada al momento de decidir la desvinculación del señor Cesar Augusto, a pesar de que permitían vislumbrar que su ausencia no se debía a un hecho injustificado, sino a una situación familiar compleja, que fue relatada por el actor al Cabo Torres Goyeneche, cuando este lo contactó. Si bien en esta comunicación se le ofreció la posibilidad de “atender y apoyar la posible solución a su situación”, ello suponía que debía presentarse en el Batallón y, por ende, desatender su apremiante situación familiar.[67]
3.6. La Sala no discute que el accionante se haya ausentado del servicio por más de diez (10) días, pues es un hecho que está demostrado. Lo que se cuestiona es que no se verificó que dicha ausencia ciertamente fuera “injustificada”, en los términos de la causal prevista en el literal b del artículo 8 y en el artículo 12 del Decreto 1793 de 2000. En efecto, tanto en la investigación disciplinaria como en la penal que se le adelantó al actor se concluyó que, si bien César Augusto había faltado a su deber de prestar el servicio, ello ocurrió debido a que se encontraba atendiendo las necesidades de sus familiares, que estaban en una situación de suma vulnerabilidad y necesidad. Sobre este punto, en la providencia del Juzgado Cincuenta y Cinco de Instrucción Penal Militar, que ordenó el archivo de la investigación penal, se indicó que se encontraba “ampliamente probada la situación respecto del hoy procesado y la condición de su familia”. Por ello, se reprochó la actuación de la entidad accionada, ya que “era obligación de sus comandantes directos y por parte de la oficina de personal del Batallón y su comandante velar, por las condiciones personales y/o psicológicas del SLP. HERRERA CORTES C[É]SAR AUGUSTO, toda vez que si bien es cierto para la fecha en que se realiza el acta de inasistencia al servicio, se tenía pleno conocimiento de su condición familiar, y no se debió agravar la situación personal, familiar y militar conllevando con el retiro de la institución, toda vez que si bien es cierto que el procesado se encontraba retardado en un permiso, el Comando de la Unidad ten[í]a plenas facultades para otorgar un permiso y/o tramitar ante el Comando superior las vacaciones por su estado de necesidad”.
En el mismo sentido, en el auto por medio del cual se archivó la investigación disciplinaria, se indicó que, si bien se presentó un retardo por parte del accionante para reincorporarse a sus labores luego del permiso que le fue otorgado, “también se halla que este se realizó en atención a unas obligaciones del estado de necesidad de su núcleo familiar además la ausencia la realiz[ó] basado en sus derechos y obligaciones que le asisten como el deber de asistencia de los hijos hac[í]a sus padres”. Por lo anterior, esta Sala advierte que existían suficientes elementos que le impedían concluir al Comando de Personal del Ejército Nacional que la inasistencia al servicio por parte Cesar Augusto Herrera Cortés era una ausencia injustificada, por lo que no resultaba procedente retirar del servicio al accionante con fundamento en la causal invocada por la entidad accionada.
[1] La Corte Constitucional, mediante Auto del 21 de mayo de 2018 proferido por la Sala de Selección Número Cinco, seleccionó para revisión el expediente de la referencia, con base en el criterio objetivo: “necesidad de pronunciarse sobre determinada línea jurisprudencial.” La acción de tutela objeto de pronunciamiento fue fallada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia – Sala de Decisión Civil Familia Laboral.
[4] Al respecto, estimó el desconocimiento de esta garantía constitucional se debe a que fue retirado del servicio “sin ser escuchado y sin tener en cuenta su situación familiar, el Ejército Nacional tenía amplio conocimiento de la situación ya que fue trasladado en el año 2010 al batallón de Ingenieros No 8 debido a la enfermedad de los familiares del señor C[É]SAR AUGUSTO HERRERA CORTÉS, asimismo el batallón le prestaba atención psicológica para ayudarle a afrontar las circunstancias que afectaban de manera gravosa su núcleo familiar, a pesar de ello fue retirado del servicio por ausencia ‘injustificada’, si la investigación previa al desacuartelamiento se hubiere realizado de acuerdo a las reglas del debido proceso y todo lo que ese derecho acarrea, se habría encontrado la justa causa… que la Coordinación Jurídica Militar Batallón de ingenieros no. 8 ‘Francisco Javier Cisneros y el Juzgado penal militar sí encontraron para archivar sus diligencias…” Escrito de tutela. Expediente T-6.651.702, Cuaderno Nº 1, Folio 8.
[6] Conforme con la historia clínica aportada como prueba en el expediente, la madre del accionante, Yomar Ríos, fue diagnosticada como portadora de VIH desde 2004 (folio 73), pero no existe dictamen respecto a diagnóstico de tuberculosis. En todo caso, a dicho diagnóstico se hizo referencia en el marco del proceso penal miliar, en el que se afirmó: “De otra parte la situación de salud presentada por la señora Yomar Ríos, madre del procesado quien padece múltiples afecciones a la salud en razón a su cuadro clínico como persona portadora de VIH y tuberculosis” (Cuaderno Nº1, Folio 26).
[7] De acuerdo con la historia clínica, Edilson Orlando Ríos, hermano del accionante, es paciente diagnosticado con VIH desde 2009 sin tratamiento desde hace 6 años, urolitiasis y es consumidor diario de marihuana y bazuco (Cuaderno Nº1, Folios 102 y 107). Dicha condición médica fue referida por el accionante en la declaración que rindió en el marco del proceso penal miliar, en los siguientes términos: “Yo tengo un hermano que llevaba 19 meses desaparecido, donde él también es portador del sida, él es adicto, consumidor, y es habitante de calle” (Cuaderno N°1, Folios 21-27).
[8] Conforme con su historia clínica, entre el 9 de septiembre y el 16 del mismo mes, la señora Blanca Elvira Cortés estuvo hospitalizada debido a una recaída producto de su enfermedad pulmonar obstructiva crónica e hipertensión (Cuaderno Nº1, Folio 136 –CD-, Pág. 184-229). Dicha condición médica fue referida en el marco del proceso penal, en el cual la madre del accionante manifestó “mi mamá se me enfermó porque ella respira con oxígeno” (Cuaderno N°1, Folio 20) y el accionante declaró “mi abuela también estaba hospitalizada (…), ella estaba mal, ella tiene oxígeno desde hace como 3 o 4 años” (Cuaderno N°1, Folio 21). Con base en dichas declaraciones, y en el análisis del acervo probatorio, el Juez afirmó que la señora Blanca Elvira “es una persona de ochenta y cinco años que presentaba unos problemas de salud y con diagnóstico de hipertensión y afección pulmonar obstructiva crónica” (Cuaderno N°1, Folio 26).
[9] Según declaraciones de familiares, Ovidio Ríos padecía de tuberculosis y de SIDA, razón por la cual falleció el 27 de agosto de 2016 en Armenia. El Cabo Primero Luis Enrique Torres refirió que tenía conocimiento de esta situación, al respecto dijo: “el saldado también me dijo que un tío había fallecido debido a una gripa, al parecer por la misma enfermedad que tiene la mamá” (Cuaderno N°1, Folio 18). Sobre el particular, la madre del accionante manifestó que su “hermano tenía sida y tuberculosis” (Cuaderno N°1, Folio 20); y, el Juez Militar en el análisis afirmó que “su tío representaba la figura paterna en dicha familia y el apoyo que se le brindo durante su crianza. (…) Además, indica el procesado, que el fallecimiento de su tío obedeció a complicaciones por su estado crítico como persona portadora de VIH y tuberculosis.” (Cuaderno N°1, Folio 26).
[11] Escrito de tutela. Expediente T-6.651.702, Cuaderno Nº 1, Folio 3. Esta afirmación del accionante se encuentra respaldada por diferentes declaraciones en el proceso penal. El Cabo Primero Luis Enrique Torres sostuvo “yo he tenido al mando del soldado herrera Cortes desde el mes de julio de 2016, el soldado trabajaba normal, me manifestó que tenía la mamá enferma y solicitaba que lo dejaran salir (Folio 18); el soldado profesional Yeison Zapata quien afirmó “(…) pero sí sabía que él tenía una situación familiar especial y le daban permisos con frecuencia” (Cuaderno N°1, Folio 19); y, el Juez expresó que “(…) además en el entendido que desde hace mucho antes de la fecha de ausencia del procesado su familia venía sufriendo, no solo por las dificultades económicas que se daban en el seno de su hogar, porque si bien es cierto desde el momento en que el aquí procesado fue trasladado al Batallón obedeció a unas circunstancias especiales que se presentaban en el seno de su núcleo familiar y las que aun afronta hoy” (Cuaderno N°1, Folio 25). Posterior a esto, el Juez Penal Militar al analizar el acervo probatorio concluyó que “Bajo las múltiples circunstancias que se le presentaron al hoy procesado, (…) era obligación de sus comandantes directos y por parte de la oficina de personal del Batallón y su comandante velar, por las condiciones personales y/o psicológicas del soldado Herrera, toda vez que si bien es cierto para la fecha en que se realiza el acta de inasistencia al servicio, se tenía pleno conocimiento de su condición familiar, y no se debió agravar la situación personal, familiar y militar” (Cuaderno N°1, Folio 27). Además, en la contestación de la acción de tutela, el Comandante del Batallón de Ingenieros No. 8 “Francisco Javier Cisneros” afirmó “es cierto que esta Unidad Militar es conocedora de la situación que afronta en su núcleo familiar el señor Soldado Profesional C[É]SAR AUGUSTO HERRERA CORTES.” Contestación de la Acción de Tutela de César Augusto Barrios, Comandante del Batallón de Ingenieros Nº8. Expediente T-6.651.702, Cuaderno Nº 1, Folio 155. En la historia clínica aportada con la contestación de la acción de tutela Comandante del Batallón de Ingenieros Nº8, también consta que los controles psicológicos a los que asistió el accionante fueron posteriores al momento en que retornó a prestar el servicio, esto es el 13 de octubre y el 3 de noviembre de 2016. En dichas ocasiones, refirió la situación que su familia acababa de vivir y cómo ello le generaba dificultades con sus superiores y sus compañeros, debido a que en el pasado había pedido muchos permisos. Expediente T-6.651.702, Cuaderno Nº 1, Folios 179 y 180.
[12] El Cabo Primero Luis Enrique Torres manifestó que “mientras estuvo aquí [en el batallón] recibió atención médica en los dispensarios del Batallón Cisneros y del Baser 8 en Armenia” (Cuaderno Nº 1, Folio 19). Sumado a lo anterior, en la historia clínica del accionante con fecha del 24 de agosto de 2016, consta que el motivo de la consulta era “la preocupación por la situación de enfermedad de su madre y que últimamente ha tenido dificultades laborales porque pide muchos permisos… manifiesta que a causa de su situación familiar ha venido presentando problemas con sus comandantes y compañeros” (Cuaderno N°1, Folio 181).
[14] Prosiguió: “pero después ya estando en el hospital con mi hermano si llam[é] a mi Cabo TORRES quien me dijo que no me preocupara que ya me iban a iniciar era el proceso para darme la baja. Investigación Disciplinaria No. 012-2016. Expediente T-6.651.702, Cuaderno Nº 1, Folio 38.
[16] Dentro de la investigación disciplinaria contra el accionante el Cabo primero Enrique Torres, declaró que: “ante la negativa de comunicación por parte del SLP Herrera, recurrió a la carpeta personal y se intentó comunicar en un abonado telefónico sin resultado alguno. De otra manera manifiesta que el 9 de septiembre de 2018, tom[ó] contacto con el soldado a través de mensajes de texto vía whatsapp y a quien le dio la orden de presentarse a la iniciación del servicio del día siguiente de la comunicación a fin de solicitar permiso de acuerdo a la situación familiar que estaba viviendo (…), pero finalmente pasaron los diez días de ausencia sin que el soldado regresara a la unidad militar”. Expediente T-6.651.702, Cuaderno Nº 1, Folio 50. Conforme con el material probatorio aportado en la contestación de la acción de tutela de parte del Comando General de las Fuerzas Militares, se intentó comunicar al accionante vía celular, pero ello no fue posible. Además, se refiere que “[e]l día 9 de septiembre aproximadamente a las 16 horas el señor CP TORRES GOYENECHE ENRIQUE entabla comunicación vía Whatsapp, donde él le da la orden que haga presentación en el batallón el día sábado 10 de septiembre del año en curso, a la iniciación del servicio, para informar la situación que se está presentado si era necesario para que le autoricen más permiso por parte del comando del Batallón, y dar solución al problema, también donde se le informa [que] de no hacer presentación, podrá acarrear problemas jurídicos. || El soldado manifiesta vía WhastsApp que tiene el hermano desparecido que ya lo va a encontrar, que la abuela se encuentra hospitalizada, así mismo manifiesta que se encuentra aburrido por la muerte del tío, y por tantos problemas, que quiere renunciar al trabajo. || Al ver lo manifestado por el soldado se le reiter[ó] la importancia de hacer presentación en el batallón, con el fin de atender y apoyar la posible solición a su situación, pero regresa hasta el día 11 de octubre de 2016 retardándose 43 días a la fecha de su presentación.” Expediente T-6.651.702, Cuaderno Nº 1, Folio 162
[21] Sobre este aspecto, se hace un recuento de la situación de salud presentada por los diferentes miembros del núcleo familiar. Así, se refiere que la señora Yomar Ríos (51 años) es portadora de VIH, y según declaraciones también tiene tuberculosis; su abuela (85 años) presenta diferentes problemas de salud y tiene diagnóstico de hipertensión y afección pulmonar obstructiva crónica; y, su tío Ovidio Ríos Cortés, con diagnóstico de tuberculosis y portador de VIH (fallecido). Además, se refirió que su hermano Edison Orlando Ríos (33 años) “fue recuperado de la condición de habitante de calle …” Sentencia del 31 de mayo de 2017, proferida por el Juzgado Cincuenta y Cinco de Instrucción Penal Militar Expediente T-6.651.702, Cuaderno Nº 1, Folio 26.
[23] Auto de archivo de investigación disciplinaria 012-2016, proferido por el Comando del Batallón de Ingenieros No. 8 Francisco Javier Cisneros” el 24 de julio de 2017. Expediente T-6.651.702, Cuaderno Nº 1, Folio 35. El 20 de octubre de 2016, se dispuso la apertura de la investigación, con el fin de determinar si la conducta imputada era típica. En el marco del proceso se surtieron las siguientes actuaciones: (i) mediante auto del 31 de marzo, se le otorgó un término de tres (3) días hábiles, para que ejerciera su derecho a la contradicción; (ii) en providencia del 20 de abril de 2017, se decretó el cierre de la etapa instructiva; y, (iii) el 2 de mayo de 2017, se otorgó un término de diez (10) días hábiles para que el investigado presentaron los alegatos. Expediente T-6.651.702, Cuaderno Nº 1, Folio 38.
[31] Si bien el apoderado judicial del accionante impugnó el fallo, lo hizo por fuera del término. En consecuencia, la Sala Civil Familia Laboral de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial resolvió “NO CONCEDER la impugnación instaurada… en razón de que fue impetrada extemporáneamente.” Expediente T-6.651.702, Cuaderno Nº 1, Folio 189.
[36] Fue esa la razón por la cual “se solicitó el retiro de la Institución ante el Comando de Personal del Ejército, con el debido apoyo del Comando de la Octava Brigada, dando como resultado la Orden Administrativa No. 2445…” Contestación de la Acción de Tutela de César Augusto Barrios, Comandante del Batallón de Ingenieros Nº8. Expediente T-6.651.702, Cuaderno Nº 1, Folio 163.
[39] Lo anterior, por cuanto “la señora YOMAR RÍOS CORTÉS siempre se rehusó [de ser beneficiaria de él] con el argumento y a su vez temor de que ‘CESAR se aburriera y se saliera del ejército’ y ella debido a su condición y enfermedad quedara desamparada sin acceso a la salud.” Expediente T-6.651.702, Cuaderno principal, Folio 33.
[53] Decreto 2591 de1991, Artículo 13: “La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.” Esta Corporación ha estudiado diferentes acciones de tutela interpuestas en contra de las entidades territoriales, en las que se ha alegado la vulneración del derecho a la educación de parte de estas. Sobre el particular, se pueden consultar las siguientes: T-235 de 1997. M.P. Hernando Herrera Vergara; T-055 de 2004. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; T-1259 de 2008. M.P. Rodrigo Escobar Gil; T-698 de 2010. M.P. Juan Carlos Henao Pérez; T-781 de 2010. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; T-743 de 2013. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, SV. Mauricio González Cuervo; T-055 de 2017. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, AV. Gloria Stella Ortiz Delgado; T-085 de 2017. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; T-155 de 2017. M.P. Alberto Rojas Ríos; T-629 de 2017. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[55] El criterio de idoneidad ha sido explicado por esta Corte como la “aptitud material del mecanismo judicial para producir el efecto protector de los derechos fundamentales, lo que ocurre cuando el medio de defensa se corresponde con el contenido del derecho”. Ver, entre otras, sentencias T-590 de 2011. MP Luis Ernesto Vargas Silva; T-649 de 2011. MP Luis Ernesto Vargas Silva; T-673 de 2012. MP Mauricio González Cuervo; T-241 de 2013. MP Luis Ernesto Vargas Silva; SU-772 de 2014. MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; T-028 de 2016. MP Luis Ernesto Vargas Silva; T-307 de 2016. MP Alejandro Linares Cantillo; T-441 de 2017. MP Alberto Rojas Ríos; y T-473 de 2017. MP Iván Humberto Escrucería Mayolo.
[61] Corte Constitucional, sentencia T-218 de 2016. M.P. Alejandro Linares Cantillo. En esta decisión, la Sala concluyó que “se vulneran los derechos constitucionales fundamentales de petición, vida digna, mínimo vital y trabajo de un ex soldado que solicita el reintegro al Ejército Nacional por haber posiblemente recuperado su salud después de haber sido retirado por una disminución en su capacidad psicofísica inferior al 50%, cuando el Ejército Nacional no valora de manera integral el nuevo hecho puesto en su conocimiento.” Para llegar a dicha decisión, fue relevante el análisis del debido proceso administrativo, para indicar la relevancia de la notificación de los actos administrativos.
[66] En esta oportunidad la Corte ordenó a “la Junta Médico Laboral Militar, que evalúe la disminución de la capacidad laboral sufrida por José Alejandro Perea Mejía y según el porcentaje advertido se le reconozca la pensión de invalidez si hay lugar a ello, o se lo reintegre ubicándolo en un oficio que atienda su situación de salud en caso contrario”.
[67] Este hecho se fundamenta en el informe del Cabo Primero Torres Goyeneche Enrique dirigido al Capitán Ferez Sanchéz Jorge, con fecha del 10 de septiembre de 2016. En este se afirma que ya habían pasado más de diez (10) días de retardo en la presentación. Así mismo, en el oficio enviado por el Director de Personal del Ejército en respuesta al auto de pruebas del 27 de julio de 2018, se reiteró que se le había comunicado al accionante “la importancia de que hiciera presentación en la Unidad, con el fin de apoyar y atender la posible solución a su situación”.