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Timestamp: 2018-11-20 08:02:28
Document Index: 124287286

Matched Legal Cases: ['Artículo 4', 'Artículo 25', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 27', 'Artículo 27', 'Artículo 27', 'Artículo 27', 'Artículo 27', 'Artículo 27', 'Artículo 73', 'Artículo 27', 'Artículo 73', 'Artículo 115', 'Artículo 122']

3. Disposiciones constitucionales
3 Disposiciones constitucionales
Disposiciones constitucionales para la protección y gestión del ambiente
En virtud de la vastedad del concepto de ley ambiental, muchos Artículos constitucionales tratan potencialmente sobre la protección ambiental. Sin embargo, por razones de orden práctico, el presente capítulo abarca solamente las disposiciones más importantes de protección y gestión del medio ambiente, las cuales se describen a continuación.
El Artículo 4 de la Constitución Mexicana identifica el derecho a la protección de la salud como un derecho humano fundamental. Aunado a lo anterior, con las reformas a la constitución el 28 de junio de 1999, se establece el derecho a un medio ambiente sano al disponer dicho artículo lo siguiente : " toda persona tiene derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar ". Cabe señalar que aun y cuando el tener reconocido dentro de la Constitución el derecho a un medio ambiente sano, significó un gran paso en la lucha por la conservación del medio ambiente, podemos considerar que éste aunque se encuentra contemplado dentro del capítulo de garantías individuales no funge como un derecho ya que no puede ser alegado ante los tribunales como tal, sino que necesita ser desarrollado por una ley. El Artículo 25 de la Constitución Mexicana trata de las obligaciones generales del gobierno de promover las empresas de los sectores público y privado bajo criterios de equidad social y productividad. Por otra parte, el gobierno podrá, por razones de interés público, regular la forma estructural de tales empresas y la forma de uso que den a los recursos naturales, a fin de conservar tales recursos y el medio ambiente. El concepto de conservación del ambiente se incorporó expresamente por primera vez en el Artículo 25 mediante la reforma del 3 de febrero de 1983, conocida como la "Reforma Económica" la cual representó un avance significativo de los principios de conservación del Estado mexicano. Las industrias relacionadas con el petróleo, los petroquímicos básicos, minerales radiactivos y la generación de energía nuclear y eléctrica se consideran como "actividades estratégicas", reservadas exclusivamente al sector público y bajo el control del Gobierno Federal.
Este artículo sufrió una reforma, el 28de Junio de 1999 junto con el artículo anterior, en donde se incorpora al sistema nacional de planeación democrática el principio del desarrollo integral y sustentable.
El Artículo 26 establece que es responsabilidad del Estado organizar un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que asegure un crecimiento económico sólido, dinámico, permanente y equitativo. El Estado está constitucionalmente obligado a expedir un plan nacional de desarrollo que incluya una sección dedicada a la protección del ambiente, que se debe incorporar en todos los programas de la Administración Pública Federal. Este Artículo considera como una prioridad nacional los problemas de la contaminación ambiental y los problemas económicos derivados de la explotación de los recursos naturales.
El Artículo 27 estipula que corresponde originariamente a la Nación la propiedad de las tierras, aguas y recursos naturales dentro de los límites del territorio nacional. Es la base constitucional fundamental que faculta al gobierno federal a imponer límites a los derechos de propiedad privada por causas de interés público, incluida la protección del ambiente. Desde la promulgación de la Constitución Mexicana en 1917, el Artículo 27 ha incluido el concepto de "conservación de los recursos naturales", que hace evidente la importancia histórica que en México tiene la función social de la propiedad y de la limitación de la propiedad privada como un derecho absoluto.
El Artículo 27, párrafo tercero, declara que "la Nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la
propiedad privada las modalidades que dicte el interés público..."
Asimismo, el Artículo 27 concede a la Nación la autoridad para regular la explotación y el uso de los elementos naturales en beneficio social incluyendo su conservación, lograr un desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población. Además, la nación debe establecer las medidas necesarias para preservar y restaurar el equilibrio ecológico, para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños a la propiedad en perjuicio de la sociedad.
El Artículo 27 define en términos generales los recursos naturales sobre los que la Nación Mexicana tiene un dominio directo, incluidos los minerales y las sustancias cuya naturaleza sea distinta de los componentes del suelo, así como metales, piedras preciosas, sales y petróleo. La propiedad estatal de las aguas nacionales y los recursos naturales es inalienable e imprescriptible; sin embargo, los particulares podrán explotar algunos recursos por medio de una concesión otorgada por el Estado. Se reservan exclusivamente al Estado otros recursos y actividades relacionadas (industrias del petróleo, electricidad y nucleares).
El Artículo 27, párrafo segundo, otorga a la Nación la facultad de establecer reservas nacionales.
En su párrafo segundo, el Artículo 27 estipula además la capacidad de la Nación para expropiar propiedad privada, pero únicamente por causas de interés público y pagando la indemnización respectiva.
El Artículo 73 contiene una extensa enumeración de las facultades del Congreso de la Unión, incluyendo el poder de expedir leyes destinadas a proteger el ambiente. En agosto de 1987, junto con el Artículo 27 de la Constitución, se reformó el Artículo 73 (XXIX-G) a fin de dar al Congreso facultades para "expedir leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de los gobiernos de los estados y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de protección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico".
El Artículo 115 de la Constitución Mexicana otorga algunas facultades a las autoridades municipales, incluyendo las relacionadas con las siguientes materias: salubridad pública general, zonificación y planes de desarrollo urbano municipal, administración de reservas territoriales y reservas ecológicas, administración del uso del suelo, así como licencias y permisos de construcción.
El Artículo 122 en la Base Primera fracción, sección J. autoriza a la Asamblea de Representantes del Distrito Federal crear reglamentos ecológicos, establecer reservas naturales y proteger el ambiente.