Source: http://www.legaltoday.com/practica-juridica/penal/penal/la-respuesta-penal-frente-a-la-corrupcion-politica
Timestamp: 2017-03-24 02:07:15
Document Index: 16320411

Matched Legal Cases: ['artículo 127', 'artículo 427', 'artículo 90', 'artículo 72', 'artículo 90', 'artículo 131']

24 de Marzo de 2017 | 03:07
La Fiscalía Anticorrupción, organismo que despliega su función en el ámbito de los delitos de corrupción pública, económicos y de blanqueo de capitales de especial relevancia, intervino, a lo largo del ejercicio 2014, en 340 procedimientos penales viendo duplicado el número de diligencias de investigación con respecto al año precedente, que alcanzó la cifra de 37, así como el número de denuncias y querellas interpuestas, que ascendió a 20, a tenor de su Memoria anual.
Teresa Escalante,Abogada Economista. Socia en Estudio Jurídico (área penal)	Paralelamente
se observa un cambio de tendencia en la percepción
de los niveles de corrupción en España, que pasó de figurar entre los 20 países
menos corruptos en una época de crecimiento económico sostenido hasta alcanzar
el puesto 37, tras 5 años de recesión, en 2014, de acuerdo con la visión
proporcionada por el informe GRECO.
este contexto social se articuló la respuesta del legislador, sustanciada en el
denominado "Plan de regeneración
democrática" materializado en las
siguientes medidas legislativas:
9/2013 de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen
3/2015, de 30 de marzo, de control de la actividad económico financiera de los
partidos políticos, que modifica:
8/2007 de financiación de partidos políticos.
6/ 2002 de partidos políticos.
2/1982 de Tribunal de Cuentas
3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la
ha de ser el marco de referencia para el
análisis de la reforma del Código Penal por LO 1/2015, de 30 marzo en lo
relativo al Título XIX del Libro II, "Delitos contra la Administración Pública"
así como a los nuevos tipos de financiación ilegal de partidos políticos.
cuatro cuestiones fundamentales de
la mentada reforma:
1. Comiso
figura del comiso, introducida en nuestro ordenamiento por LO 5/2010 para
delitos de terrorismo y cometidos por grupos u organizaciones criminales, se
hace ahora extensiva a otros supuestos
de actividades delictivas sostenidas en el tiempo de las que pueden derivar
importantes beneficios económicos, siempre que existan indicios objetivos
fundados de la procedencia de los efectos. A
este respecto hay que tener presente la Directiva 2014/42/UE, de 3 de abril,
sobre el embargo y el decomiso de los
instrumentos y del producto del delito en la UE, que pone de relieve el
obstáculo que para la aplicación de la figura supone la diversidad de regímenes
vigente en las legislaciones de los Estados miembros.
El cohecho y la malversación integran la lista
ofrecida por el artículo 127 bis del CP que presenta, no obstante, ausencias
llamativas atendidos fines que en el Preámbulo se postulan como objetivos de la
medida, a saber:
ilegal de partidos políticos (artículos 304 bis y ter CP).
contra la ordenación del territorio y urbanismo (319 y 320 CP).
de influencias (428 a 431 CP).
y exacciones ilegales (436 a 438 CP).
y actividades prohibidas a funcionarios (439 a 444 CP).
2. Cohecho
establece un nuevo marco penal adecuado al Convenio
Penal sobre la Corrupción del Consejo de Europa de Estrasburgo, de 27 de
enero de 1999 y el Convenio relativo a la
lucha contra los actos de corrupción en los que están implicados funcionarios de las Comunidades Europeas o
de los Estados miembros de la UE (DOCE 195 de 25 de Junio de 1997),
resolviéndose los problemas derivados de la concurrencia normativa con las
disposiciones del Código, conforme al principio de subsidiariedad.
su existencia determinará en todo caso la pena
de contratar con el sector público y de recibir subvenciones o ayudas públicas,
beneficios o incentivos fiscales así como de intervenir en transacciones comerciales
de trascendencia pública.
nuevo artículo 427 CP, por su parte, perfila la figura del sujeto activo del
delito de acurdo con un concepto
funcional de cargo o empleo público asimilable al concepto de "agente
extranjero" previsto en el Convenio de
lucha contra la corrupción de agentes públicos extranjeros en las transacciones
comerciales internacionales, firmado en París, el 17 de diciembre de 1997,
extendiéndolo así a "cualquier persona que ostente un cargo o empleo
legislativo, administrativo o judicial" o "que ejerza una función pública para
un país de la Unión Europea o cualquier otro país extranjero" así como a
"cualquier funcionario o agente de la Unión Europea o de una organización
internacional pública".
de la punición de determinados delitos contra la corrupción en el ámbito de la
artículo 90 del Código Penal, que perfila la naturaleza de la libertad condicional, no ya como un
grado de ejecución, sino como supuesto de suspensión de la ejecución de la
pena, supedita su concesión a la satisfacción de la responsabilidad civil
derivada del delito en los supuestos y conforme a los criterios establecidos en
el artículo 72.5 de la Ley Orgánica General Penitenciaria.
reforma introduce un nuevo párrafo en el artículo 90 en orden a contemplar una previsión específica para los delitos de
corrupción en el ámbito de la Administración Pública cuyo tenor literal es
el siguiente: "También podrá denegar la
suspensión de la ejecución del resto de la pena impuesta para alguno de los
delitos previstos en el Título XIX del Libro II de este Código, cuando el
penado hubiere eludido el cumplimiento de las responsabilidades pecuniarias o
la reparación del daño económico causado a la Administración a que hubiere sido
el legislador ha procedido a elevar las
condenas previstas estos los tipos delictivos. Así se ven incrementadas las
penas de inhabilitación especial para
empleo o cargo público en los delitos de prevaricación administrativa,
infidelidad en la custodia de documentos y revelación de secretos, cohecho,
tráfico de influencias, apropiación indebida, administración desleal cometida
por funcionario público o fraudes y exacciones ilegales. Para los supuestos mas
graves se contempla la imposición adicional de la pena de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio
pasivo, referida al cargo que se ostenta al cometer el delito, para los
tipos de cohecho, prevaricación de funcionario público o tráfico de
se amplían los plazos de prescripción
para los delitos que llevan aparejada inhabilitación de una duración máxima de
al menos 10 años modificando al efecto el régimen del artículo 131 del Código
la vista del marco normativo descrito, hemos de plantear, por último, una valoración crítica. En efecto, si
atendemos a la realidad de países de nuestro entorno, donde menores tasas de
corrupción se avienen con un menor rigor punitivo o al análisis causal de la
problemática que nos ocupa, concluiremos que la lucha contra la corrupción ha
de ser reconducida a ámbitos que exceden al derecho penal. En este sentido la
doctrina ha destacado la necesaria corrección
de los mecanismos de control frente al fenómeno de la huida de la gestión
de lo público del derecho administrativo a través de fórmulas como
privatizaciones o sociedades mercantiles públicas o el reforzamiento del servicio público de la Justicia dotando de
autonomía financiera e institucional al CGPJ, atendiendo a las recomendaciones
este orden de ideas cabe cuestionar la virtualidad de las medidas apuntadas en
orden a erradicar la corrupción en el ámbito de la administración pública así
como la voluntad real del legislador de llevarla a efecto tras la lectura de la
DA Única del Proyecto de modificación de la LECrim en que se sostiene que "las medidas incluidas en esta norma no
podrán suponer incremento de dotaciones de personal, ni de retribuciones, ni de
gastos de personal".
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