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Timestamp: 2019-12-11 17:33:48
Document Index: 358147820

Matched Legal Cases: ['artículo 81', 'artículo 52', 'artículo 138', 'artículo 147', 'artículo 145', 'artículo 81', 'artículo 18', 'artículo 10', 'artículo 147', 'artículo 81']

BOCG. Congreso de los Diputados, serie B, núm. 9-8, de 28/12/2018
cve: BOCG-12-B-9-8
127/000001 Propuesta de Reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana en materia de participación de la Generalitat Valenciana en las decisiones sobre inversión del Estado en la Comunidad Valenciana.
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su reunión del día 20 de diciembre de 2018, ha aprobado, de conformidad con lo establecido en el artículo 81 de la Constitución, la Propuesta de Reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana en materia de participación de la Generalitat Valenciana en las decisiones sobre inversión del Estado en la Comunidad Valenciana, tramitada por el procedimiento de urgencia, sin modificaciones con respecto al texto del Dictamen de la Comisión, emitido a su vez de conformidad con el Informe de la Ponencia Conjunta, publicado en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, núm. 9-5, de 17 de diciembre de 2018.
Durante sus más de cuatro años de vigencia, la reforma operada en el Estatut d'Autonomia a través de la Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril, ha supuesto un salto cualitativo muy importante para las legítimas aspiraciones de la Comunitat Valenciana a la hora de alcanzar el máximo nivel competencia, siempre desde el respeto hacia las competencias del Estado y sin cuestionar ni poner en riesgo la preservación de un modelo autonómico basado en la igualdad y la solidaridad interterritoriales.
De este modo, la Comunitat Valenciana acometió un proceso de reforma al que, durante 2006 y 2007, se sumaron otras cinco comunidades autónomas -Andalucía, Aragón, Cataluña, Castilla y León e Illes Balears-, y que se está prolongando en el tiempo con la adopción de nuevas iniciativas de reforma estatutaria Navarra, a través de la Ley Orgánica 7/2010, de 27 de octubre, de hasta el momento.
Con sus Sentencias 31/2010, de 28 de junio, 46/2010 y 47/2010, de 8 de septiembre, 4812010, de 9 de septiembre, y 49/2010, de 29 de septiembre, el Tribunal Constitucional ha resuelto algunos de los recursos de inconstitucionalidad interpuestos contra el Estatuto de Autonomía de Cataluña y ha legitimado, mediante la aplicación reiterada de la aludida técnica de la interpretación conforme, muchos de esos controvertidos contenidos, permitiendo así que, en desarrollo de esas previsiones estatutarias, los legisladores estatal y autonómico puedan crear todo un nuevo marco normativo que consolide esa situación sobre la base de la regulación establecida por el Estatuto reformado.
Y en lo referido al volumen de inversiones del Estado en cada territorio, que es un elemento esencial para garantizar el desarrollo de unas políticas capaces de atender las necesidades de la ciudadanía en materia de educación, sanidad, servicios sociales e infraestructuras, esas divergencias entre estatutos de
autonomía son especialmente significativas. Tanto en el caso de Andalucía como en el de Cataluña, sus nuevas normas institucionales básicas han incluido sendas disposiciones adicionales para garantizar un volumen permanente y estable de inversiones estatales en sus respectivos territorios. Para Cataluña, la inversión del Estado en infraestructuras, excluido el Fondo de Compensación Interterritorial, se equiparará a la participación relativa del producto interior bruto de esa Comunidad Autónoma con relación al producto interior bruto del Estado para un período de siete años; en cambio, en el supuesto de Andalucía la inversión estatal será equivalente al peso de la población de esa Comunidad Autónoma sobre el conjunto del Estado, también para un período de siete años.
Como quiera que, el pueblo valenciano aspira legítimamente a recibir del Estado el mismo trato que el pueblo catalán o el andaluz esta reforma del Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana va encaminada a hacer visibles las consecuencias económicas del reconocimiento de una población que alcanza ya los cinco millones de habitantes y que, por tanto, necesita un volumen de inversiones apto para satisfacer las necesidades derivadas del importante crecimiento demográfico acaecido durante los últimos años. No se hace sino reivindicar para la Comunitat Valenciana lo que el Tribunal Constitucional ha dicho que es legítimo para otras comunidades autónomas, más aún en un caso como el valenciano, en el que se arrastra un importante déficit de inversiones a causa del efectivo, pero no reconocido, incremento poblacional.
Por todo ello, el nuevo apartado cuarto del artículo 52 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana prevé que la Generalitat participará en las decisiones sobre la inversión del Estado en la Comunidad Valenciana la cual, excluido el Fondo de Compensación Interterritorial, será equivalente, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 138 de la Constitución, al peso de la población de la Comunitat Valenciana sobre el conjunto del Estado por un período de siete años. Con esta finalidad, se constituirá una Comisión integrada por la administración estatal, autonómica y local que será la encargada de velar por el cumplimiento de ese criterio distributivo. El artículo 147.3 de la Constitución Española establece que la reforma de los estatutos de autonomía se ajustará al procedimiento establecido en los mismos y requerirá, en todo caso, la aprobación por las Cortes Generales, mediante Ley Orgánica, En el mismo sentido se pronuncia el artículo 145 del Reglamento del Congreso de los Diputados. En línea con lo indicado por el precepto constitucional, el título X del Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, integrado únicamente por su artículo 81, determina el procedimiento a seguir para llevar a cabo una reforma estatutaria, y atribuye la iniciativa al Consell, a una tercera parte de los miembros de Les Corts, a dos grupos parlamentarios y a las Cortes Generales. En relación con dicho precepto, los artículos 129 y 170 del "Reglamento de Les Corts regulan cómo ha de tramitarse la iniciativa de reforma, y el apartado a del artículo 18 de la Ley del Consell asigna a éste, entre otras funciones de carácter normativo, la de proponer a Les Corts la reforma del Estatut d'Autonomia. Finalmente, el artículo 10.1 de la Ley 10/1994, de 19 de diciembre, de la Generalitat, de Creación del Consell Jurídic Consultiude la Comunitat Valenciana, indica que dicha institución ha de dictaminar, con carácter preceptivo, los anteproyectos de reforma del Estatut d'Autonomia".
Esta reforma se aprueba al amparo de lo previsto en el artículo 147.3 de la Constitución Española y en el artículo 81 del Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.
Esta ley orgánica entrará en vigor el mismo día de su publicación el "Boletín Oficial del Estado".