Source: https://es.scribd.com/document/58057099/El-derecho-a-la-no-incriminacion-en-el-Peru
Timestamp: 2020-02-28 18:49:29
Document Index: 140259568

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 121', 'artículo 99', 'artículo 75', 'artículo 127', 'artículo 139', 'artículo 135', 'artículo 387', 'artículo 387', 'artículo 132', 'artículo 123', 'artículo 387', 'artículo 276', 'artículo 320', 'artículo 36', 'artículo 18', 'artículo 234']

El derecho a la no incriminación en el Perú | Ley procesal | Derecho penal
guardarGuardar El derecho a la no incriminación en el Perú para más tarde
el reenvio apelacion especial en Guatemala.pdf
Pautas Para Redactar Memoriales y Sentencias
I. PROYECTO DE TESIS
III. DESARROLLO DE LA TESIS
Capítulo 1: El derecho a declarar y la garantía de no incriminación
1. 2. Fundamento
a) La dignidad como fundamento
b) La búsqueda de la verdad.
c) Nuevos paradigmas para el proceso
1. 3. Origen y evolución.
El Juramento en la historia
b) La declaración y las formas inquisitivas
c) Sir Cooke y el caso Lilburne
d) El caso Miranda Vs. Arizona
Naturaleza jurídica de la declaración
Capítulo 2: Contenido y Alcances del derecho a la libertad de decla
Contenido del Derecho a la no incriminación
La no utilización de coerción y la proscripción del ju- ramento.
La proscripción de preguntas “capciosas o sugestivas”
Libertad negativa: Derecho al silencio
La facultad de faltar a la verdad en sus declaraciones
El derecho a la pluralidad de declaraciones
La proscripción de la exhortación de decir la verdad
Alcance de este derecho
2.2.1 Extensión de la libertad de declarar
2.2.2.Alcance a los testigos
2.2.3. Alcance a los familiares
2.2.4. Ambito de aplicación extra penal
¿Existe un derecho a mentir?
¿Existe el deber del imputado de brindar sus datos personales?
¿Existe la obligación de identificarse como responsable de una sanción administrativa.
¿Existe el deber de someterse a una intervención corporal o el deber de proporcionar documentos u otros que puedan auto in- criminar?
3.5. ¿Existe el deber del inculpado participar en ruedas de recono- cimiento?
3.6. ¿Los beneficios de colaboración eficaz o de terminación antici- pada contradicen la no incriminación?.
Información sobre el derecho a guardar silencio
No Presunción de responsabilidad del silencio.
La delimitación entre no-incriminación y confesión
La precisión del alcance de la no incriminación sobre los he-
Límites a la investigación policial
1.- Jurisprudencia Nacional e Internacional
a.- Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Español TC Pleno, S 21-12-1995, núm. 197/1995.
2.- Jurisprudencia Nacional
Exp. Nº 3043-97 –Sala Superior
Exp. Nº 1064-97-Lima Sala Especializada de Derecho Públi- co
Exp. Nº 1045-99-Huanuco Sala Penal “C”
Expediente Nº 1798-T Corte Superior de Justicia de Hua- nuco-Pasco
EL DERECHO A LA NO INCRIMINACIÓN Y SU APLICACIÓN EN EL PERÚ . Quispe Farfán, Fany Soledad.
TTeessiiss UUNNMMSSMM
conocido en los Tratados Internacionales que nuestro país ha suscri- to, tales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos.
Debemos recordar que el derecho a la no incriminación se en- contraba expresamente reconocido en la Constitución Política del Pe- rú, en el artículo 2° inciso 20 numeral K; sin embargo no fue recono- cido expresamente en la Constitución de 1993., que limita en su art. 2° inciso 24 numeral g, el contenido del derecho a la no incrimina- ción a la prohibición de violencia física o moral.
constitucional y en la legislación procesal, existe en la práctica cot i- diana un desconocimiento del contenido de este derecho.
Esta situación ha sido puesta de relieve con los últimos acon- tecimientos que ha vivido nuestro país que develaron la existencia de la red de corrupción fuji.-montesinista y la difusión por los me- dios de comunicación, tanto de los juicios por estos casos como por el trabajo de las comisiones investigadoras del Congreso de la Repú- blica.
En estos procesos se ha cuestionado públicamente el silencio de algunos de los investigados o su renuencia a colaborar con las in- vestigaciones. Silencio que si bien puede ser éticamente reprochable por la naturaleza de la acusación, es jurídicamente permitido.
En el llano y en el quehacer de cada día de los Tribunales, es común observar que muchos jueces sustentan sus resoluciones judi- ciales condenatorias con frases como “teniendo en cuenta, además
que el procesado estuvo renuente a colaborar con la justicia a pesar
de ser debidamente exhortado
miento del derecho a la no incriminación.
lo que evidencia un desconoci-
En la historia reciente de nuestra legislación procesal, la mis- ma Ley ordenaba valorar los atestados policiales, realizados en de- pendencias donde no se emplean mecanismos procesales tendientes a garantizar el ejercicio de este derecho.
Por ello la no incriminación entendida como el derecho del procesado de introducir en el proceso la información que él conside- ra conveniente, se ha visto poco desarrollado en nuestro país y su expresión mínima, cual es no ser coaccionado a declarar, se ha redu- cido a la prohibición de violencia física, es decir de la tortura, olvi- dándose sus alcances en lo que se conoce como la coacción moral y el derecho al silencio.
Muchos magistrados consideran aun vigente el art 127 del Código de Procedimientos Penales que señala ”el juez le manifestará que su silencio puede ser tomado como indicio de culpabilidad” re- gulación coherente con el sistema inquisitivo que parte de una pre- misa de presunción de culpabilidad y que ha sido derogada tácita- mente por la Constitución Política del Perú que establece la presun-
ción de inocencia.
En nuestro país numerosas sentencias judiciales se sustentan en declaraciones bajo exhortación o en la presunción de culpabilidad del silencio del procesado, por lo cual a nuestro entender, devienen en inconstitucionales al violentar el derecho de no incriminación de los procesados.
Determinar cuáles son los alcances del Derecho a la no incri- minación según los nuevos paradigmas del Derecho Constitucional y del Derecho Procesal Penal, identificando sus aspectos problemáticos que imposibilitan su real aplicación y los medios procesales para ga- rantizarlo
1. Desarrollar la definición, fundamentos y los alcances del derecho a la no incriminación, desde el ámbito constitucional y procesal.
2. Identificar los problemas que presenta esta institución, tanto a ni- vel teórico como práctico.
3. Proponer los mecanismos procesales que garanticen el respeto a este derecho, según la experiencia del Derecho Comparado.
1. El derecho a la no incriminación se encuentra fundamentado en
la dignidad de la personas.
2. El derecho a declarar y la no-incriminación incluye el derecho a guardar silencio, el derecho a mentir y no se reduce únicamente a la prohibición de la coerción física y/o moral en la declaración de las personas
3. La regulación positiva de determinadas obligaciones por parte de los agentes policiales, judiciales y fiscales se hace necesario para cautelar el derecho a la no-incriminación.
5.1.- ESTADO DE LA CUESTIÓN
La necesidad de erradicar la práctica de la tortura, utilizada a
fin de obtener la confesión de los inculpados, no sólo en épocas ne- fastas de la historia del derecho, sino incluso modernamente, cons- tituyó la causa de la implantación de la garantía de la no incrimina- ción. Las investigaciones sobre este tema no pueden desdeñar pues la historia del proceso penal.
Por ello un primer antecedente inmediato que hemos encon- trado respecto a este tema es el debate sobre la calidad del inculpado como objeto o sujeto del proceso y su posterior reconocimiento como sujeto, tal discusión es sintetizada por el profesor ALBIN ESER.
Luego de ello, el establecimiento de las garantías procesales implantadas a nivel constitucional y su reconocimiento como dere- cho, permite el desarrollo doctrinario sobre el derecho a no declarar contra sí mismo ni a declararse culpable; al respecto tenemos el estu- dio del profesor Dr. JOAN PICO I JUNOY titulado “Garantías Constitu-
cionales del Proceso”.
En el Derecho comparado el desarrollo de la no incriminación encuentra una de sus fuentes principales en el Due process law in- glés, ya que es en Estados Unidos donde se establece el contenido de esta garantía con el establecimiento de la “Miranda Rule” y los me- canismos de salvaguarda a este derecho.
En Estados Unidos, el Tribunal Supremo estableció que el uso que hiciera cualquiera de sus Estados miembros de una confesión que suponga cualquier tipo de coacción supone una negación del Due Process of Law, y por lo tanto es inadmisible. Esta es la primera línea directriz para la admisión de la confesión.
La importancia de este tema de la no-incriminación como ma- nifestación del Derecho de Defensa es desarrollado de manera am- plia por el Dr. ALEX CARROCCA PÉREZ en su libro “Garantía Constitu- cional de la Defensa Procesal”. (Barcelona: Bosch, 1997).
Por lo demás y respecto a que se siguen produciendo conde- nas penales con violación de este derecho a la no incriminación es menester resaltar los informes publicados por las instituciones que velan por los derechos Humanos, sobre cifras de torturas (véase IDEELE N°97/1997.
La utilización de actos de prueba o de investigación que se originan en violación del derecho-garantía de la no incriminación deviene en prueba ilícita o “prueba prohibida”, es decir que no pue- de ser incorporada al proceso, tema que se encuentra ampliamente desarrollado por los procesalistas modernos.
Sin embargo en lo que respecta a nuestro país al no existir las salvaguardas positivas necesarias de cautela a este derecho, las de-
claraciones obtenidas violentando el derecho a la no incriminación son incorporadas al proceso, asumiéndose como lícitas.
Sobre el desarrollo de los derechos constitucionales (la no in- criminación se encuentra dentro de ellos) de directa aplicación es ne- cesario recurrir al Derecho comparado y en especial a lo establecido por el Tribunal Constitucional español.
Por lo que hemos podido investigar hasta el momento, en América Latina la garantía de la no incriminación se encuentra redu- cida sólo a evitar que se produzcan declaraciones bajo algún tipo de coacción física o moral y no se entiende su real contenido.
Así en Argentina, CARLOS COLAUTTI sostiene que la garantía de no autoincriminación ha quedado reducida ya que “la autoincri- minación carece de validez en sede penal, sólo cuando es producto de la coacción que abarca los aspectos físicos y psíquicos” (Derechos Humanos. Buenos Aires, Universidad, 1995 p. 105).
Como vemos nuestro marco teórico para el desarrollo de esta investigación se enmarca no sólo dentro del marco del Derecho pro- cesal penal sino que incluye al Derecho Constitucional, ya que los principios procesales son, como explica TIEDDEMANN el conflicto en- tre poder punitivo y el ciudadano, es un problema de derecho cons- titucional. (ROXIN, Claus, ARTZ Gunther y Klaus TIEDEMANN. In- troducción al Derecho Penal y al Derecho Procesal Penal, Barcelona, Ariel
5. 2.- GLOSARIO
A) La No Incriminación.-
El derecho a “no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a decla- rarse culpable” es una manifestación de los derechos constituciona- les de defensa y de la presunción de inocencia.
Es el derecho del inculpado de introducir al proceso la información que considere conveniente.
Dicho derecho tiene dos expresiones: el derecho a declarar y el dere- cho a no hacerlo.
B) Derecho a Guardar Silencio
Expresión del derecho a la no incriminación, por el cual el silencio del inculpado no puede ser tenido como indicio de culpabilidad.
El silencio de inculpado no es susceptible de ser valorado por el Juz- gador.
b) Garantías Constitucionales del Proceso
Producto de las lucha de los ciudadanos a fin de protegerse de fuer- za pública del Estado y de sus desbordes, se constituyen en verdade- ros límites a este poder y por eso tienen rango constitucional y ese es su grado. Son a la vez principios orientadores de la actividad legis- lativa de un Estado en materia de justicia.
Es una garantía genérica prevista en nuestra Constitución como un derecho fundamental a la libertad. Se constituye en una presunción iuris tamtum por la cual nadie puede ser considerado como culpable si es que no existe una condena penal que así lo declare. Es un con- cepto a partir del cual se construye todo un modelo garantista de justicia penal.
5. 3.- SUMARIO
b) El Juramento en la historia
1.5. Naturaleza jurídica de la declaración
Capítulo 2: Contenido y Alcances del derecho a la libertad de decla- rar
2.1. Contenido del Derecho a la no incriminación
2.1.1 La no utilización de coerción y la proscripción del jura-
2.2. Alcance de este derecho
3.3. ¿Existe la obligación de identificarse como responsable de una sanción administrativa.
¿Existe el deber del inculpado participar en ruedas de recono- cimiento?
¿Los beneficios de colaboración eficaz o de terminación antici- pada contradicen la no incriminación?.
La precisión del alcance de la no incriminación sobre los he- chos
4.11. Límites a la investigación policial
1.- Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Español TC Pleno, S 21-12-1995, núm. 197/1995.
a.- Exp. Nº 3043-97 –Sala Superior
b.- Exp. Nº 1064-97-Lima Sala Especializada de Derecho Público
c.- Exp. Nº 1045-99-Huanuco Sala Penal “C”
d.- Expediente Nº 1798-T Corte Superior de Justicia de Pasco
Huanuco-
A Pedro Paulino y Pedro Rodrigo.
A todos los que, como decía Cortázar, “alzan
con sus manos desnudas los pavimentos de cemento y estadística para apedrear la Gran Costumbre”.
Al Mg. Víctor Cubas Villanueva, profesor y amigo, por todo el tiempo brindado.
“Primero se llevaron a los comunistas, pero a mí no me importó, porque yo no era, en seguida se llevaron a unos obreros pero a mí no me importó porque yo
ahora me llevan a mí, pero ya es tar-
El Derecho a declarar y a la no incriminación íntima- mente ligado a la libertad de declarar se encuentra poco desarrollado en nuestro medio. Uno de esos factores es sin duda la práctica poli- cial y judicial de considerar a la declaración del inculpado como un deber.
Si bien existe consenso de que no se puede utilizar la violencia física o moral contra la persona para obligarlo a declarar, este derecho sin embargo no se puede reducir a ello, pues presenta múltiples alcances en la protección del inculpado cuando ejerce su derecho a declarar. Mas aun, sus alcances se extienden no sólo a ni- vel policial o judicial sino incluso en todo procedimiento que involu- cre un sanción para el procesado.
Día a día en nuestros tribunales se ejerce una práctica judicial que no se encuentra acorde con el contenido de este derecho. Un ejemplo de ello, es la exhortación a decir la verdad, práctica fre- cuente que nuestra misma jurisprudencia reconoce a la hora de me- rituar si una confesión fue o no voluntaria.
La concepción inquisitiva que defendió la idea de que el inculpado debía ser tratado como objeto del proceso y que por con- siguiente tenía un deber de declarar, se encuentra de alguno modo vigente en nuestra realidad policial y judicial.
Este modo de ver a las declaraciones, tanto la llamada declaración instructiva como las declaraciones policiales e indagato- rias, como un deber del procesado obstaculiza, a nuestro modo de ver, una protección diaria al derecho a declarar. No se comprende en su amplitud el derecho al silencio y el derecho que tiene el procesado de introducir al proceso sólo aquello que considere conveniente.
Este trabajo ha sido estructurado de la siguiente mane- ra, tratamos en un primer momento las nociones generales, los efectos, los aspectos problemáticos de la institución, mecanismos procesales de protección y anexamos además jurisprudencia nacio- nal y extranjera. A lo largo de sus páginas citaremos normas de le- gislaciones extranjeras que nos permitan el análisis comparativo.
Citamos jurisprudencia extranjera que consideramos pertinente para nuestra realidad, en la medida que hace referencia a esta garantía y derecho regulado en los tratados internacionales. Queremos brindar tanto al abogado defensor como a los magistrados involucrados en la coerción estatal elementos que sean de alguna utilidad en las actividades del quehacer profesional.
El derecho a la no incriminación íntimamente ligado con el derecho a la presunción de inocencia y al derecho genérico de defensa, requiere sin duda una mayor atención en nuestro medio, esperamos que el presente trabajo de investigación sea un aporte pa- ra su correcta aplicación.
El derecho a declarar y la garantía de no incriminación
“Si la historia de las penas es una historia de ho- rrores, la historia de los juicios es una historia de errores.”
1. 1. Definición:
Una de las grandes manifestaciones del derecho a la presunción de inocencia es el derecho del ciudadano, en virtud de esa presunción, de no colaborar con su propia condena o más prec i- samente a decidir si desea voluntariamente introducir alguna infor- mación al proceso. Esta posibilidad de optar libremente no es otra cosa que el ejercicio de su derecho a declarar.
La presunción de inocencia que presupone un despla- zamiento de la carga de la prueba hacia quien acusa, impide que se puede hacer recaer en el inculpado la obligación de declarar o de aportar elementos de prueba que lo lleven a su propia incriminación.
Puede decirse entonces que el derecho fundamental de presunción de inocencia junto al derecho de defensa, son los que dan origen al derecho a la no incriminación. No está demás remarcar que el fundamento de todos estos derechos se basan en la dignidad de la
persona y su ubicación en un Estado Constitucional, todo lo cual ca- racteriza a los sistemas procesales garantistas.
Este derecho a no declarar contra sí mismo y a no con- fesarse culpable o simplemente el “derecho a la no incriminación” se presenta además como expresión del derecho de defensa: el imputa- do como sujeto del proceso tiene el derecho a defenderse y hacerse oír. El interrogatorio del procesado, es uno de los momentos proc e- sales importantes, donde el imputado se enfrenta a la administración de justicia y todo lo que quiera o no quiera declarar debe ser tomado como un acto de autodefensa.
La no incriminación es una modalidad de autodefensa pasiva, es decir “la que se ejerce precisamente con la inactividad del sujeto sobre el que recae o puede recaer una imputación, quien, en consecuencia, puede optar por defenderse en el proceso en la forma que estime más conveniente para sus intereses, sin que en ningún ca- so pueda ser forzado o inducido, bajo constricción o compulsión al- guna a declarar contra sí mismo o a confesarse culpable“. 1
La prohibición de cualquier acto que perturbe o vicie esa voluntad de declarar o de no hacerlo y las salvaguardas necesa- rias para cautelar esta libertad es lo que se conoce como la garantía y/o derecho a la no incriminación. 2
1 Sentencia del Tribunal Constitucional Español N° 197/1995, f. j. 6º.
2 Debemos señalar que la distinción entre garantía y derecho es una dis- tinción que nos ayuda a la construcción teórica, sin embargo en el caso de derechos subjetivos estos conceptos no son excluyentes entre sí. (véase PEREZ FREYRE, Antonio La Garantía en el Estado Constitucional de Derecho. Madrid, Trotta, 1997, p. 130.
Visto así, “La finalidad de dicho principio es la de ex- cluir la posibilidad de obligar al imputado de cooperar activamente en la formación de la convicción sobre sí mismo y la forma de conse- guirlo es mediante la prohibición de utilizar en el proceso cualquier declaración del imputado que haya sido conseguido mediante la violación del principio del cual nos ocupamos”. 3
Un mirada analítica nos obliga además enmarcar el de- recho a la no incriminación dentro de la libertad a declarar del ciu- dadano. Esta libertad tiene dos expresiones, una negativa y otra po- sitiva, esto es, la libertad de declarar y de no hacerlo 4 . Este último es lo que se conoce como el derecho a guardar silencio.
Este derecho fundamental exige “la prevalencia de la li- bertad y espontaneidad de aquel (del declarante), y el necesario res- peto a sus derechos y garantías constitucionales, tanto en cuanto al hecho de declarar como al contenido de sus declaraciones. Supone por tanto, la invalidez de lo obtenido por vías directa o indirecta- mente vulneratorias de aquellos, cualesquiera que sean”. 5
Una declaración voluntaria que realice el inculpado en su contra no infringe el derecho a la no incriminación, esta declara- ción es la confesión, que como sabemos tiene una importancia que
3 ESPARZA LEIBAR, Iñaki. El principio del proceso debido. Barcelona, Bosch, 1995, p. 144.
4 Cfr. ESER, Albin. Temas de Derecho Penal y Procesal Penal. Lima, Idemsa, 1998, p. 21
5 MONTON REDONDO, Manuel, AAVV. Derecho jurisdiccional. Vol. III Pro- ceso Penal. Barcelona, Bosch, 1995, p. 199.
no es “concluyente ni excluyente” en lo que actividad probatoria se refiere. 6
Si bien, algunos han señalado que el derecho a la no in- criminación tiene la particularidad de ser un derecho renunciable. 7 Esta renuncia está supeditada indefectiblemente a la voluntad de quien declara en su contra, es decir de quien confiesa libre y volunta- riamente. El derecho a la no incriminación es el derecho que tiene una persona a no ser obligado a declarar, por lo cual al declarar libr e- mente no existe el elemento de “obligatoriedad” que lo lleva a au- toincriminarse, por lo que en estricto y en teoría nos encontramos fuera del ámbito de vulneración de este derecho, ya que el otro ex- tremo, consentir a ser obligado a declarar es inadmisible.
Sin embargo el tema de la libertad presenta múltiples aristas. El derecho a la no incriminación requiere de una libertad sin condicionantes de ningún tipo. Precisemos que la libertad no sólo se encuentra condicionada por la coacción física o moral. Hoy, la tendencia del Derecho procesal Penal a inclinar- se a un criterio de eficiencia ha llevado a formular los llamadas acuerdos de conformidad y de colaboración eficaz, que condicionan la libertad con la promesa de menor pena e incluso de exención. A ello hay que agregar que la coyuntura propia de un espacio amena- zador, léase el oscuro cuarto de interrogatorio de una dependencia policial o militar, las intervenciones de las comunicaciones, etc., también limitan la capacidad de decidir.
ROXIN, Claus, Günther ARTZ y Klaus TIEDEMANN. Introducción al Dere- cho Penal y al Derecho Penal Procesal. Barcelona, Ariel, 1989, p. 158.
Cfr. ESPARZAR, LEIBAR, Iñaki. El principio del proceso debido., ob. cit.
citando la S. TS 12 de junio de 1984, comparte esta opinión Ob. cit., p.
KIRSCH ha sido claro al respecto al señalar que una po- lítica criminal dirigida a buscar la eficacia, “conducirá tarde o tem- prano a la desaparición del principio de la libertad e autoinculparse, que se perderá en el túnel de la historia jurídica para nunca más vol- ver”. 8
a) La dignidad
El inculpado, luego de ser por muchos lustros objeto de prueba, se convierte con el surgimiento de los movimientos liberales en sujeto del proceso, “un participante provisto de derechos inde- pendientes, que toma parte en el proceso, es decir, en un sujeto acti- vo del proceso. Este papel de sujeto no se le puede discutir hoy en día, pues la “dignidad humana” garantizada en la Constitución (…) es intangible respecto del inculpado y porque esa dignidad prohíbe degradar a un individuo a un objeto involuntario”. 9
El reconocimiento del imputado como sujeto del proce- so obliga, como correlato de su dignidad, afirmar que “obligar a una persona a que contribuya a su propia condena es degradante y con- traria a la dignidad humana”. 10
8 KIRSCH, STEFAN. “¿Derecho a no autoinculparse?” En: La insostenible si- tuación del Derecho Penal, Editorial Comares, Granada, 2000 p. 264.
ESER, Albin. Temas de Derecho penal y procesal penal. Ob. cit., p. 21.
ZAMORA PIERCE, Jesús. Garantías y Proceso Penal. Ob. cit., p. 186.
Así según señala IÑAKI ESPARZA, este derecho puede deducirse de la obligación constitucional de protección de la digni- dad humana. 11 Del mismo parecer es ALBIN ESER cuando junto a CYRIL ROBINSON hace un estudio comparado entre Alemania y Esta- dos Unidos sobre este derecho, indicando que tienen en común la defensa de los derechos del inculpado, paralelismo que no es fruto del azar, sino que responde a razones más profundas, tal como des- cubre la historia del derecho de esos pueblos, que llega a afirmar “la convicción de que un individuo sospechoso, ante todo y sin duda porque puede ser inocente, tiene derecho al respeto a su dignidad de hombre y de su libertad y la protección eficaz de sus intereses legí- timos”. 12
Estos intereses legítimos, no son otros, que el evitar que se produzca condena en su contra, por ello no se acepta ningún tipo de coerción física o moral, como exigir juramento. “Al otorgarse al acusado la posibilidad de declarar o de no hacerlo, se presuponía que el procedimiento no pudiera ser la búsqueda de la verdad a cualquier precio, sino la prueba de la culpabilidad del autor, respe- tando su dignidad humana”. 13
Sin embargo en las últimas décadas, la aplicación de la medicina legal y las intervenciones corporales han cuestionado el
ESPARZA LEIBAR, Iñaki. Al comentar este principio en el ámbito de la legislación alemana que establece la protección de la dignidad humana en el art. 1° GG.
ESER, Albin y Cyril ROBINSON. “Le droit du prevénu au silence et son droit à étre par un défenseur au cours de la phase préjudiciare en Allemagne et aux Ëtat-Unis d’Amerique”. En: Revue de Science Crimi- nelle et de Droit Pénal Comparé. Nº 3 Paris, 1967, p. 568.
ESER, Albin. Temas de Derecho Penal y Procesal Penal. Lima, Idemsa, 1998, p. 22.
tratamiento de inculpado como sujeto del proceso.“La obtención de determinadas muestras físicas del imputado ha producido una cierta revisión de los planteamientos “liberales” de la defensa, conforme a los cuales el imputado nunca podría ser considerado como objeto de prueba, sino que ha de serlo como sujeto procesal”. 14
De modo tal, que si bien se proclama que el inculpado no puede ser tratado como objeto, sino que como un sujeto procesal se le debe conferir un status de parte procesal, a fin de intervenir en la actividad probatoria, bajo el auxilio de los principios de igualdad y contradicción, es también cierto que en determinados momentos, de modo limitado bajo la protección de las garantías procesales y de modo excepcional, es tratado como objeto de prueba, tal es el caso de las intervenciones corporales.
Este derecho a la no incriminación tiene que ver además con el problema de la búsqueda de la verdad procesal. Es decir, el modo cómo el sistema procesal se “enfrenta” al procesado para ob- tener su declaración diferencia a los modelos inquisitivos de los ga- rantistas.
La búsqueda de la verdad se encuentra íntimamente li- gada a la obtención de los elementos de prueba y por ello, con la forma y naturaleza de la declaración.
GIMENO SENDRA, Vicente. Constitución y proceso. Madrid, Tecnos,
Como nos enseña FERRAJOLI en el inquisitivo premo- derno “el interrogatorio del acusado representaba “el comienzo de la guerra forense“, es decir “el primer ataque” del fiscal contra el reo para obtener de él, de cualquier medio, la confesión”. 15
Lo declarado por el Tribunal Supremo Alemán, en el
sentido de que el fin del proceso no puede ser el conseguir la verdad
a cualquier precio, ha marcado las pautas para el desarrollo de las garantías del inculpado, entre ellas la no incriminación.
Pero ¿cuál es la verdad que se persigue en el proceso penal? y ¿con cuál verdad se debe satisfacer la pretensión punitiva?.
No es exagerado afirmar que la idea de la verdad hist ó- rica, de conocer lo que realmente aconteció, como fin del proceso pe-
nal, se tornó a lo largo de la historia en un fin peligroso, pues justifi- có cualquier medio para obtenerla. Históricamente descubrir la ver- dad de lo que realmente sucedió, convirtieron al Juez Instructor primero y luego en los tiempos modernos al Fiscal, en examinado- res inquisitivos del inculpado, justificando métodos como la tortura
y más recientemente la exhortación de la verdad.
“La prevalencia de la verdad material, frente a la ver- dad formal le lleva a justificar la utilización para formar el conven- cimiento del juzgador, de los medios de prueba con infracción de las prohibiciones probatorias establecidas en la ley (por ejemplo, una declaración o confesión obtenida mediante fuerza o engaño), así co-
1999, p. 111. FERRAJOLI, Luigi. Derecho y Razón . Madrid, Trotta, 1995, p. 607.
mo la utilización del “narcoanálisis “ o de los denominados “detec- tadores de mentiras”… 16
Este modelo de búsqueda de la verdad donde tenemos al juez de instrucción que investiga y que, según nuestra opinión, de ningún modo puede ser imparcial, precisamente parte de la hipótesis de la neutralidad en la construcción de la verdad y de la negación de intereses en la construcción de esa verdad. 17
No es novedad decir que la noción de verdad que se elija es la base de un sistema de enjuiciamiento procesal penal ga- rantista. La respuesta de cómo queremos que nuestros jueces resuel- van los casos y más aun, de cómo impongan las penas, depende de esta noción.
Así, no cabe duda que la búsqueda de la verdad real, favorece un sistema procesal donde se exige la declaración como una obligación, a pesar de que esos mismos sistemas predican un aleja- miento de las formas inquisitivas.
Es común encontrar textos que señalan que el proceso penal persigue encontrar la verdad real, a diferencia del proceso ci- vil, al que le corresponde la verdad formal. Según algunos como BARBOSA MOREYRA esta afirmación que “se repetía ad nauseam no re-
MIRANDA ESTRAMPES. Manuel. La Mínima Actividad Probatoria en el Proceso Penal, p. 40.
Cfr. BOVINO, Alberto. Problemas del Derecho Procesal Contemporáneo, p. 219.
sistía el menor análisis ya que no pueden existir dos verdades, siem- pre la verdad – en relación a los hechos- es una”. 18
Si bien esta afirmación sobre la verdad es incontrasta- ble, no podemos afirmar que la verdad que señala una sentencia sea la que corresponda a lo que realmente aconteció. “La verdad de las resoluciones judiciales no es, por consiguiente, una verdad objetiva ni absoluta, sino una verdad consensual". 19
Afirma HASSEMER que el objetivo del proceso no es otro que la búsqueda de una “verdad formalizada” o de una “verdad fo- rense”, sostiene que en el proceso no se busca la verdad material, pues el sistema procesal “cuenta con innumerables prohibiciones de prueba que hacen a menudo imposible la consecución de tal objetivo con la finalidad de preservar determinados derechos humanos”. 20
Estos factores unido al reconocimiento del inculpado como sujeto del proceso que tiene un interés que se contrapone a la pretensión punitiva, es decir que puede negarse a brindar elementos de prueba que lo incriminen, y la imposibilidad real de conocer lo que realmente aconteció, lleva a hablar de una verdad procesal.
Tal como señala el destacado profesor FERRAJOLI, la verdad procesal es comprendida como una verdad aproximativa. 21 De la misma opinión es José CAFFERATA quien afirma que “De este
BARBOSA MOREIRA, José Carlos. “Breve observaciones sobre algunas tendencias contemporáneas del proceso penal”. En: Revista Peruana de Derecho procesal Nº 3, p. 326.
VIVES ANTÓN, Tomás. La Reforma del Proceso Penal. Valencia, Tirant lo Blanch, 1992, p. 247.
20 Cfr. RAGUES I VALLES, Ramón. El dolo y su prueba en el proceso penal, Barcelona, JM.Bosch, 1999 p. 292.
modo la verdad si bien aproximativa (“judicial”, “procesal”” o “for- malizada” como se le ha denominado) funcionará como garantía de que quien resulte penado lo será porque verdaderamente y proba- damente es culpable y de que a nadie se le imponga una pena arbi- traria, no sólo porque realmente es inocente, sino porque no se pudo probar acabadamente que sea verdaderamente culpable. Esta debe ser una aspiración irrenunciable”. 22
Cabe indicar que la estructura de un sistema mixto o acusatorio formal c omo el que tiene nuestro país no debería ser obs- táculo para la defensa de los derechos del procesado tal y como han señalado diversos autores y que la búsqueda de la verdad debe estar ligada a ciertas precauciones formales determinadas. “En estas con- diciones no está más permitido incluso en un sistema inquisitorio el tratar al inculpado como un objeto puramente pasivo del proceso, es decir como un elemento de prueba”. 23
Las angustias y horrores que produjo la segunda gran guerra, donde el sistema penal fue utilizado para la desaparición de grupos humanos, trajo como correlato la necesidad de instaurar un sistema de protección de la persona a nivel constitucional.
Cfr. FERRAJOLI, Luigi. Derecho y Razón. Madrid, Trotta p. 50.
CAFFERATA NORES, José. Cuestiones Actuales sobre el proceso penal, p. 62-63.
ESER, Albin y Cyril ROBINSON. “Le droit de prévenu au silence cit., p. 570.
La historia de las garantías procesales es la historia por la defensa de la persona humana, más precisamente de su dignidad. El fin que se procura con la garantía de no incriminación es el res- peto a la libertad de conciencia y a la dignidad de la persona huma- na. “El derecho a no suministrar pruebas contra sí mismo representa así el medio institucional para limitar los avances del poder en los fueros de la persona individual
Qué duda cabe hoy en día, que la protección y el res- peto del ser humano “deben erigirse en piedra angular también en lo relativo a la concepción y construcción del Derecho Penal y Proce- sal Penal”. 25 La eficacia del proceso encuentra de ese modo un contrapeso.
Es en estos nuevos paradigmas del proceso penal ga- rantista donde la no incriminación encuentra un sitial fundamenta- do en las garantías genéricas a las que hacíamos referencia al empe- zar este trabajo: la pr esunción de inocencia y el derecho de defensa.
La facultad legítima de permanecer en silencio, si es que así lo estima conveniente el imputado, no es sino una manera de decir: soy inocente, prueben ustedes lo contrario. Afirmación que no debe producir ninguna sorpresa, es la ley que manda presumir esa inocencia. Se reconoce al ciudadano este derecho a no declarar con- tra sí mismo y a no confesarse culpable “precisamente en salvaguar- da de la inocencia que el propio texto constitucional le presume”. 26
BUTELER, Patricio. “El derecho a no suministrar pruebas contra sí mis- mo”. En: Jurisprudencia Argentina. 1967, Vol. VI.
ESER, Albin, Temas de Derecho Procesal Penal, Lima, Idemsa, 1998 , p.
26 MONTON REDONDO, Alberto, Derecho jurisdiccional. Voll III El Proceso
Penal Ob. Cit.
La no incriminación encuentra fundamento en el dere- cho a la defensa, porque si se considera que el inculpado tiene la obligación legal de obrar con probidad y el deber de decir la verdad le estamos exigiendo que renuncie a la defensa de su libertad, de su vida. 27
Haber dejado de lado la obligación de declarar es haber dejado de lado una de las exigencias de las ideas inquisitivas.
a) El Juramento en la historia
A lo largo de la historia de los pueblos europeos anti- guos, vemos que el juramento cumplía un rol esencial a la hora de declarar. La forma de hacerlo era bajo juramento, de este modo na- cen los juicios de dios, donde lo declarado era sostenido con el some- timiento a tormentosas pruebas de agua o de fuego.
El establecimiento de estos juicios de dios servía para sellar la verdad de un juramento prestado, de ese modo se daba la razón a quien era capaz de sostener “la verdad” bajo tormento, puesto que al demostrar que tenía el valor de soportarlos, no cabía duda para los jueces, que era el dios quien respaldaba su declara-
Cfr. CAROCCA PÉREZ, Alex. La Garantía Constitucional de la Defensa procesal. Bosch. 1998, p. 482.
ción. El juramento prestado antes de someterse a esas torturas se convertía así en un juramento de purificación.
En Roma no encontramos estos juicios de dios. El hecho de que los romanos no practicaran los juicios de dios en los albores de su historia, revela sin duda su alto desarrollo en el campo del de- recho. La proscripción de estos juicios de dios por los romanos fue a decir de IHERING “un acto digno de un pueblo cuya vocación era el derecho, una de sus proezas más colosales, porque significaba no solamente una ruptura completa con el pasado, más que nada por- que presuponía liquidar una institución religiosa: era la hazaña de Hércules en la cuna. La convicción de que estos juicios de dios eran engañosos debe de haber sido muy firme en el pueblo para que pu- dieran apartarse de los temores y las dudas que pudo traer consigo tal medida. Significaba nada menos que quitar a los dioses la inves- tidura judicial que habían gozado hasta entonces, o sea una intromi- sión en los derechos divinos.” 28
Sin embargo esta proscripción de los juicios de dios no fue radical, sino que se transformó en el proceso per sacramentum, que era una forma de conciliar los intereses de los dioses y los mor- tales. En dichos procesos se depositaba el sacramentum o sacrificio ante los sacerdotes de los dioses, quienes se encontraban ajenos al pleito y de ese modo el juramento fue transformado en un depósito.
Dentro del proceso romano se encuentra la má- xima “Nemo tenetur edere contra se (nadie está obligado a declarar en su contra). En concreto este aforismo clásico estaba referido a que
IHERING, Rudolph von . Bromas y Veras en la ciencia jurídica. Madrid, Civitas, 1987 p. 182.
nadie podía ser compelido a suministrar pruebas en su contra, pues ello que supondría otorgar pruebas a favor del adversario o enemi- go. 29
El desarrollo del derecho a la no incriminación no ha sido feliz en los países que como el nuestro, heredaron de la época de la colonia, las Leyes de la Partida y el recuerdo de la Santa Inquisi- ción. Así durante la vigencia del sistema inquisitivo basado en la presunción de culpabilidad, la máxima “Nemo tenetur edere contra se fue dejada de lado ya que el arrancar una confesión se tornaba vital para el juez inquisidor.
Bajo el sistema inquisitivo, donde la confesión era con- siderada la “reina de las pruebas”, se fueron perfeccionando múlti- ples mecanismos de tortura que hicieran confesar al procesado. La tortura era entendida como un medio de averiguación, aunque en la práctica era una verdadera pena al procesado. Ello estaba íntima- mente ligado al tratamiento del imputado como ”objeto” del proce- so.
Cfr. COUTURE, Eduardo. “Sobre el precepto ‘Nemo Tenetur edere con- tra se’”. En: La Justicia, Año XVI, N° 228, T. XVU, México D.F., Agosto 1946. Otros encuentran un probable origen de este derecho en el Tal- mud y las enseñanzas de Rava.
Es un hecho que el desarrollo del derecho a declarar en el sistema occidental europeo, sufrió grandes cambios antes y des- pués de la revolución francesa de 1789. Tal como señala EDMUNDO HENDLER, se realizaron al- gunas reformas antes de la citada revolución, como la acontecida en Lombardía en 1768 donde se prohíben las preguntas sugestivas, las amenazas y las promesas; en Nápoles en 1738 se prohíbe la tortura y en especial el Decreto Real francés de 1788 que prohibe al question préparatoire esto es la tortura para obtener la confesión. Posterior- mente los Estados Generales abolieron la tortutra. Mas la primera reforma del proceso penal la realizó la Asamblea General en 1789, en virtud de la ley de octubre de 1789 que proscribe el juramento del indagado, Con la Constitución de 1791 el imputado adquiría el carácter de sujeto de procedimiento y la posibilidad de contradecir la acusación. “no obstante , en ella , no se puede hallar una declaración expresa del privilegio contra la autoin- criminación”. Sin embargo años después el interrogatorio del acusado sufre una regresión al ser considerado nuevamente como una medi- da de instrucción. Es decir donde el procesado debía ser interrogado antes de conocer los cargos en su contra. Todo lo cual se plasma en el Code d’instruction criminelle de 1808, que consagrada un inquisitivo reformado y que busca encontrar la verdad a partir de las declara- ciones del imputado. 30
30 Cff. HENDLER, Edmundo S y Ignacio TEDESCO.”La declaración del impu- tado y una perspectiva histórica comparada en la justicia criminal en Francia e Inglaterra” en: Sistema Procesales Penales Comparados, Ed- mundo S. Hendler Director. Buenos Aires, Ad Hoc. 1999 p 405-407
Tal como se recoge en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Español “mientras que en el viejo proceso penal in- quisitivo regido por el sistema de prueba tasada, el imputado era considerado como objeto del proceso penal, buscándose con su de- claración, incluso mediante el empleo del tormento, la confesión de los cargos que se le imputaban, en el proceso penal acusatorio el im- putado ya no es objeto del proceso penal, sino sujeto del mismo, esto es, parte procesal y de tal modo que su declaración, a la vez que me- dio de prueba o acto de investigación, es y ha de ser asumida esen- cialmente como una manifestación o un medio idóneo de defensa. En cuanto tal, ha de reconocérsele la necesaria libertad en las declara-
ciones que ofrezca y emita, tanto en lo relativo a su decisión de pro- porcionar la misma declaración, como en lo referido al contenido de sus manifestaciones. Así pues, los derechos a no declarar contra sí
mismo y a no confesarse culpable (
trumentales del genérico derecho de defensa, al que prestan cobertu- ra en su manifestación pasiva(…)” 31
son garantías o derechos ins-
Actualmente continúa la discusión entre los que sostie- nen que la declaración es un medio de prueba y los que sostienen que es un acto de autodefensa. En la resolución del Tribunal Cons- titucional Español citada, podemos observar estas dos posiciones, razón por la cual, el interrogatorio es considerado como un acto complejo, pues a la vez que se manifiesta como un acto de defensa sirve de orientación para la actividad investigatoria y del que, even- tualmente, el juez pueda obtener un elemento de convicción. 32
31 STC 197/1995
32 Cfr. REVILLA GONZALEZ, Jose-Alberto. El interrogatorio del imputado. Ob. Cit. P.
Modernamente, en la Inglaterra del siglo XVII, encon- tramos el derecho “a no suministrar pruebas contra sí mismo” inst i- tuido frente a los procedimientos inquisitivos. Uno de sus más ar- duos defensores fue Sir Edward Cooke.
Es en el famoso caso Lilburne donde se encuentra el primer precedente a este derecho. El señor Lilburne entre los años de 1637 y 1638 se negó a prestar juramento cuando fue detenido por la Star Chamber, el Tribunal Inquisitivo inglés, por importar libros de carácter sedicioso de Holanda hacia Inglaterra. Alegando su inocen- cia fue torturado y multado. En el año de 1640 al presentar una pet i- ción ante la Cámara de los Comunes fue dejado en libertad y se re- conoció la ilicitud de la sentencia. De este modo el derecho a no su- ministrar pruebas contra uno mismo fue recogido en la Declaración de Derechos de Virginia de 1774, los famosos Bill of Rigths. 33
La estirpe anglosajona del derecho moderno a la no in- criminación salta a la vista. En Estados Unidos de Norteamérica la famosa V Enmienda lo elevó a rango constitucional. Posteriormente, sobre el contenido de este derecho es famosa la ejecutoria del caso Miranda vs. Arizona, al cual nos referiremos en el siguiente punto.
Cfr. BUTELER, Patricio. “El derecho a no suministrar pruebas contra sí mismo”. En: Jurisprudencia Argentina, 1967, Vol. VI. Además de HEN- DLER, Edmundo. Derecho Penal y Procesal Penal de los EE.UU., p. 175.
La noche del dos de marzo de 1963 en el desierto que
rodea a Phoenix en el estado norteamericano de Arizona, una joven fue raptada y violada. La descripción del atacante coincidía con la de Ernesto Miranda, quien registraba condenas anteriores por violación
Miranda fue sindicado como sospechoso de rapto y violación. Al ser arrestado fue interrogado por dos oficiales de poli- cía en un cuarto de interrogatorio, donde no tardó en confesar que había comet ido el delito.
Pese a que su abogado alegó que el derecho de Miranda
a no ser obligado a declarar en su contra (Quinta Enmienda) había
sido conculcado y que la confesión no debía ser admitida, Miranda fue condenado sobre la base de esa confesión.
En apelación, este caso llegó a la Suprema Corte presi- dida, en aquel entonces, por Earl Warren, en un momento crítico de
la determinación de los alcances de los derechos individuales frente
a la política de seguridad nacional o de ley y orden del gobierno de Nixon.
La Corte resolvió por mayoría que se había obligado a Miranda a declarar en su contra o a ser testigo contra sí mismo, ex- tendiendo de este modo los alcances del derecho a la no incrimina- ción, limitada generalmente a la tortura en el momento del arresto o de la detención policial. Sin precedentes, esta sentencia estableció de un modo categórico que no podía hacerse uso de las declaraciones policiales obtenidas sin las salvaguardas de un procedimiento efecti- vo que aseguren un cabal respeto al derecho a la no incriminación.
La Suprema Corte ordenó la realización de un nuevo juicio, donde con la obtención debida de los medios probatorios, Er- nesto Miranda fue declarado culpable, lo cual a decir de algunos de- bió de haber dejado sin sustento a las campañas de los partidarios de Nixon, que se escandalizaban de las salvaguardas para cautelar este derecho. 34
El caso Miranda reglamentó de un modo muy preciso el interrogatorio de una persona detenida por la policía y se estableció que estas reglas debían ser observadas por el funcionario encargado de la aplicación de la ley y que ha comenzado a interrogar a una per- sona detenida o que de algún otro modo ha sufrido un grave atenta- do a su libertad de acción. Estas reglas son:
1º Antes de todo interrogatorio, el sospechoso debe ser informado en términos claros de:
- Que tiene el derecho de permanecer en silencio
- Que todo lo que diga puede y será usado en su contra en el tribunal.
- Que tiene el derecho de consultar un abogado y de asistirse por el defensor a lo largo del interrogato- rio.
34 . Cfr. CABALLERO, Ricardo Juan. Justicia Criminal, debates en la Corte Suprema, Editorial Universidad, Buenos Aires, 1991, p. 80. Señala además que irónicamente MIRANDA fue asesinado años después en una taberna en Phoenix en el año de 1976 y que al imputado por su muerte se le advirtió de los derechos Miranda.
Estos tres puntos son conocidos actualmente co- mo la “tarjeta Miranda” y en EE.UU es de observación obligatoria por los agentes policiales.
2º El hecho de no pedir un abogado no constituye una renuncia al derecho de contar con defensa técnica. Ninguna renuncia puede ser admitida si no es hecha explícitamente después de las ad- vertencias anteriores.
3º Una vez que las advertencias deben ser hechas, si el sospechoso indica bajo cualquier forma que sea, sin importar el mo- mento, antes o durante el interrogatorio, que desea permanecer en silencio, el interrogatorio debe cesar.
4º Si el sospechoso declara que él quiere contar con un abogado, el interrogatorio debe suspenderse hasta que el abogado se haga presente.
5º Si el interrogatorio continuara fuera de la presencia de un abogado y de ese modo se obtuviera una declaración, la fisc a- lía tendría la pesada carga de probar que el inculpado ha renunciado con pleno conocimiento de causa , a su privilegio de no-incriminación y de su derecho a ser asistido por los servicios de un abogado de ofi- cio o de designar uno.
6º Si una persona declara expresamente que él quiere hacer una declaración y que no quiere un abogado, esta declaración seguida inmediatamente de una declaración puede constituir una renuncia.
7º Cuando se efectúa una investigación policial, sólo se- rá lícito no procurar de un abogado de oficio por motivos razonables,
esta decisión sólo será lícita si no se priva a la persona de su derecho reconocido a la no incriminación. Durante ese tiempo no será inte- rrogada.
8º Si en el proceso, el fiscal no prueba las advertencias y la renuncia o en tanto no las haga, ninguna de las pruebas nacidas del interrogatorio pueden ser usadas contra el inculpado. 35
El caso Miranda vs. Arizona que se resolvió en 1966 tu- vo algunos antecedentes, especialmente en el caso Escobedo vs. Illi- nois (1964) donde se exigía a la policía, como condición para empe- zar un interrogatorio que informara al sindicado de su derecho a guardar silencio y de su derecho a contar con la presencia de un abogado.
Vale señalar que desde 1936 la Corte Suprema de los Estados Unidos ya se había pronunciado en el caso de confesiones arrancadas bajo coerción (caso Brown vs. Mississippi), indicando además que la naturaleza de ciertos comportamientos de la policía constituían por fuerza, coerción, tales como un largo interrogatorio o la intimidación mental, como la amenaza de meter en prisión a la es- posa (Rogers vs. Richmond, 1961), que los hijos serían recogidos por las autoridades estatales si no cooperaban (Lynumn vs. Illinois, 1963) o que se perderá el puesto de trabajo si no se confiesa , como fue la manera de presionar de un oficial de policía, amigo de la infancia del inculpado. (Spano vs. New York, 1959).
Cfr. ESER, Albin y Cyril ROBINSON . Les droit
du prévenu au silence. Ob.
cit., p. 603-604 resumiendo las reglas de la sentencia Miranda conteni- das en sus páginas 467 al 479.
En resumen, jurisprudencialmente en Estados Unidos se estableció que el derecho a la no incriminación prevista en la Quinta Enmienda comprendía tres supuestos:
Que un acusado en juicio no puede ser obligado a
declarar en su contra.
Que tiene derecho a guardar silencio.
3º Un testigo en un procedimiento cualquiera en el que legalmente se exija su testimonio puede negarse a contestar cualquier pregunta cuya contestación pueda incriminarle en una futura causa o que ponga en evidencia otras pruebas en su contra. De este modo se reconoce en el sistema anglosajón este derecho tanto para el acusado como para el testigo, de igual forma ha sido recogido por el ordenamiento español (arts. 392 y 418 LECrim). 36
4º Que el acusado ni el testigo pueden ser obligados a exhibir libros o documentos que pudieran incriminarles. 37 Este úl- timo supuesto presenta algunas controversias en el ordenamiento romano-occidental, como veremos en el siguiente capítulo.
El derecho a la no incriminación se encuentra conteni- do en el artículo 2 inciso 24 parágrafo h. de nuestra Constitución Po- lítica de 1993, además de encontrarse regulado parcialmente en los artículos 125 y 132 del Código de Procedimientos Penales. Este últi-
Cfr. ESPARZAR, LEIBAR, Iñaki. Ob. cit., p. 190. Cfr. CORWIN, Edward. La Constitución Norteamericana, p. 191.
mo numeral señala que “se prohíbe en lo absoluto el empleo de promesas u otros medios de coacción, aunque sean simplemente morales, el juez instructor deberá exhortar al inculpado para que di- ga la verdad, pero no podrá exigirse juramento ni promesa de ho-
En el Código Procesal Penal de 1991, se encuentra pre-
visto en el artículo 121 que a letra señala que “en ningún momento se requerirá al imputado juramento o promesa de honor de decir verdad. Tampoco se ejercerá contra su persona medio coercitivo al-
guno para obligarlo, inducirlo o determinarlo ya sea a declarar con- tra su voluntad, ya sea que confiese su autoría o participación en el hecho delictuoso, materia del proc eso.”
En el proyecto de Código Procesal Penal de 1995 se en-
cuentra regulada en los artículos 129 y 232.
El origen anglosajón del derecho a la no incriminación,
a la que hacíamos referencia anteriormente, encuentra fundamento jurídico en la famosa V Enmienda de la Constitución de los EE.UU., que para algunos es una de sus más importantes normas y que transcribimos a continuación:
“Enmienda V. Ninguna persona estará obligada a responder por delito capital o infamante, sino en virtud de acusación suscrita por un gran jurado, excepto en los casos que ocurran en las fuerzas de mar y tierra, o en la milicia, cuando ésta fue- re llamada a servicio activo en tiempo de guerra o de peligro público. No se someterá a ninguna persona dos veces por el mismo delito a un juicio que pueda causarle la pérdida de la vida o de la integridad corporal; no se le podrá obligar en una
causa criminal a que testifique en contra de sí misma, ni se le privará de la vida, la libertad o bienes sino por medio del de- bido procedimiento legal; ni se podrá disponer de la propiedad privada para uso público sin la debida indemnización”.
Para nuestro tema nos interesa la frase que establece
que no se le podrá obligar (a ninguna persona) en una causa criminal a que testifique en contra de sí misma. Esta norma, tal y como ha re- suelto la Suprema Corte, debe ser interpretada en forma amplia. El abanderado de esta opinión, ha sido sin duda Earl Warren, bajo cuya presidencia la Suprema Corte de los EE.UU. ha dictado las resolu- ciones más valientes con la preocupación de adaptar las normas constitucionales a las condiciones de la vida contemporánea a la luz de las consideraciones morales de respeto hacia la persona. 38
Se podría decir que este derecho y garantía tiene apli-
cación universal, al encontrarse regulado en diversos tratados inter- nacionales de carácter supranacional y de aplicación entre los países signatarios como el nuestro, tales como:
- La Convención Americana sobre los Derechos Huma-
nos, en sus artículos 1° y 8°-2. literal g).
en sus artículos 2°-2. y 14 -3. literal g).
- La Convención sobre los Derechos del Niño en el artí-
culo 40 -2. literal a ).
Cfr. ZAMORA PIERCE, Jesús. Garantías y Proceso Penal. México Porrúa, 1994 p. 187.
- El Convenio de Ginebra III, consagra la prohibición a la auto-incriminación en su artículo 99.
- El Protocolo I, adicional a los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949, en el artículo 75 -4. literal f) trae expresamente señalada la prohibición de la auto- incriminación.
Si bien existe todo este listado de Tratados internacio- nales, este derecho se encuentra reconocido además en diferentes textos constitucionales de modo expreso o de modo delegado, como es el caso de nuestra Constitución, e íntimamente relacionado con el derecho a la presunción de inocencia, de ese modo ha sido invocado por los tribunales internacionales.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha recor- dado en su Sentencia del 17 diciembre 1996, (caso Saunders contra el Reino Unido, parágrafo 68), en la Sentencia del 25 febrero 1993, (caso Funke contra Francia, parágrafo 44) en la Sentencia del 08 febrero 1996, (caso John Murray contra el Reino Unido, parágrafo 45), que el derecho al silencio y el derecho a no autoincriminarse, que no se en- cuentran expresamente mencionados en el art. 6 del Convenio Euro- peo de Derechos Humanos, residen en el corazón mismo del derecho a un proceso equitativo y se enlaza estrechamente con el derecho a la presunción de inocencia.
El ejercicio del derecho a declarar manifestado en un primer momento a través de lo que en nuestro medio se conoce co- mo “declaración instructiva” o simplemente “declaración del impu- tado”, según la nueva terminología del Código Procesal Penal, y posteriormente a lo largo del juicio oral, ha llevado a preguntarse cuál es su naturaleza y su tratamiento por parte del Juzgador.
Algunos autores defienden la posición de que es in- compatible considerar a la declaración como medio de prueba, pues este tratamiento sólo es acorde con sistemas inquisitivos. “Justa- mente, si se reconoce al imputado su calidad de parte, no es lógico que puede sostenerse que sus declaraciones constituyan medios de prueba porque resulta que éstas son fuentes de conocimiento de los he- chos ajenos a las partes. En cambio las declaraciones de los litigantes, siempre manifiestan un punto de vista parcial, concordantes con sus intereses, sin que naturalmente se les pueda exigir otra conducta, Por ende, tales deposiciones podrán ser objeto de análisis y prueba por el tribunal, pero por sí mismas, desde el momento que emanan de la parte interesa da , nunca serían idóneos para formar el convenci- miento del juzgador, ni en su favor ni en su contra, es decir, nunca podrán estimarse medios de pruebas.” 39
No se puede dejar de lado que, según lo ha establecido la doctrina de la mínima actividad probatoria, para que las declara- ciones policiales como sumariales adquieran un valor probatorio de- ben ser ratificadas en el juicio oral y si además, esa declaración es in- criminatoria, se exige que existan otros elementos de prueba que formen convicción sobre la participación.
Considerar a la declaración de aquella persona que se enfrenta al aparato punitivo del Estado principalmente como mani- festación de derecho de autodefensa y no como un modo de probar la imputación trae como consecuencia una nueva actitud a la hora de interrogar a fin de no coactar la libertad de declarar. Tal como ense- ñaba CARRARA se debe preguntar no desde lo que se conoce sino que se debe preguntar “como si no supiera lo que sabe”. 40
Sin embargo ello no significa desconocer que las decla- raciones del inculpado “aparecen como dato trascendente para el co- nocimiento de la verdad. Bien entendido que ello precisa de garan- tías suficientes para preservar sus derechos constitucionales y asegu- rar, en lo posible, la autenticidad de lo declarado.” 41
Este es el modo como nos alejamos de la concepción in- quisitiva de búsqueda de la verdad, que justifica su accionar consi- derando a la confesión como el medio de prueba más eficaz a estos fines.
Actualmente considerar a la declaración como un acto de autodefensa es lo que resulta más compatible con la concepción garantista y personalista del proceso penal.
CAROCCA PÉREZ, Alex. Garantía Constitucional de la Defensa Procesal. Barcelona, Bosch, 1998, p. 467.
40 CARRARA, Francesco. Programa, p. 419 citado por Luigi Ferrajoli nota 293 Ob. Cit. p. 679.
41 MONTON REDONDO, Alberto. AAVV Derecho jurisdiccional Vol. III El proceso penal. Barcelona, Bosch 1995 p. 198
Contenido y Alcances del derecho a la libertad de declarar
“Una de las más bellas conquistas de que la civiliza- ción actual puede enorgullecerse, es precisamente la de haber condenado al fuego todos los instrumentos de la justicia insana y feroz”
F. Carrara.
Del reconocimiento del derecho a la libertad de declarar y del derecho a la no incriminación se desprende:
- Que no se puede utilizar ningún medio violento para obli- gar a declarar al sindicado. Se prohíbe cualquier manipula- ción de la psique y la inviolabilidad de su conciencia me- diante el uso de hipnosis, fármacos, etc.
- No se puede exigir juramento, se proscribe la coerción mo- ral, amenazas o promesas. Se prohíbe así la llamada “tortu- ra espiritual” como la denominó PAGANO.
- Se proscribe las preguntas capciosas o tendenciosas.
- La facultad de faltar a la verdad en sus respuestas.
- La facultad de declarar cuantas veces lo considere perti- nente.
- La exigencia de la presencia de su defensor en el mo- mento de sus declaraciones.
- El derecho a guardar silencio y a ser informado de ello.
- Que no se presuma de su silencio alguna responsabili- dad.
2.1.1 La no utilización de coerción y la proscripción del juramento.
La libertad de declarar consiste en que el inculpado “pueda ser señor de sus declaraciones”. Lo cual implica que no se puede obligar ni inducir una declaración. La proscripción de cua l- quier medio para obligar a declarar al inculpado, es generalmente aceptada y no presenta mayores problemas actualmente.
El terror causado en épocas anteriores por la tortura ha- ce que, por lo menos formalmente, la mayor parte de los Estados le- gislen en contra del uso de la violencia física para obtener una decla- ración.
Terror que fuera denunciado por el ilustre
quien señala que la tortura era una forma subsistente de los juicios de dios. “La única diferencia que hay entre la tortura y las pruebas de fuego y del agua hirviente es que el resultado de la primera pare- ce depender de la voluntad el reo y el de las segundas de un hecho puramente físico y extrínseco. Pero esta diferencia es sólo aparente y no real. Hay tan poca libertad para decir la verdad entre espasmos y
desgarros como la había entonces para impedir sin fraude los efectos
el fuego y del agua hirviente. (
puede crecer hasta el punto que, ocupándolo, no deje más libertad al torturado que la de escoger el camino más corto, en el momento pre- sente para sustraerse a la pena (…) Y así el inocente sensible se de- clarará culpable si cree hacer c esar con ello el tormento”. 42
Por ello, la impresión de dolor
En cuanto a la coerción moral, su contenido es bastante amplio, pues incluye no sólo a las amenazas sino las promesas, tal como el ofrecimiento de la atenuación de la pena, lo cual lleva a cuestionar si existe una violación de este derecho en el caso de ter- minación anticipada o colaboración eficaz, pues no se distingue bien donde está la frontera de la voluntad.
Lo que no cabe duda es que constituye “una verdadera coerción moral el permitir que el juez exprese al declarante que su silencio puede ser tomado como indicio de culpabilidad” 43 , tal y co- mo comentaba CARLOS ZAVALA LOAYZA en la década del 40, presun- ción que se encuentra en el artículo 127 de nuestro Código de Proce- dimientos Penales y que se encuentra tácitamente derogada por el reconocimiento constitucional actual del derecho a declarar.
Esta regulación del Código de Procedimientos de 1940 responde a una segunda fase en la evolución de la doctrina en lo re- ferente a la declaración del imputado, en la cual se sustituye el jura- mento por la exhortación de decir la verdad y la prohibición de pre- guntas indirectas capciosas o sugestivas. De ese modo fue instituido
BECCARIA, Cesare. De los Delitos y las Penas. Buenos Aires, Ediciones Orbis 1984 p. 61.
ZAVALA LOAYZA, Carlos. UNMSM, 1947 p. 177
El Proceso Penal y sus Problemas. Lima,
un “deber moral de veracidad” en la Ley de Enjuiciamiento Criminal Española. Todo lo cual ha sido superado con el reconocimiento del derecho a no declarar.
Como dijimos, en un primer momento la declaración del imputado se encontró ligado al juramento y a los juicios de dios. Hoy el juramento se encuentra desterrado de la mayor parte de los ordenamientos jurídicos, pues se ve en él una exigencia y una obliga- ción moral. ¿Pero a que se debe esta proscripción del juramento?.
Sin duda ello ha respondido a la consideración a la ética y sentimientos de los seres humanos, pues exigir un juramento su- pone un tormento espiritual que condiciona la libertad de declarar. Como señalaba BECCARIA no se puede exigir al reo que diga la ver- dad cuando tiene el mayor interés en encubrirla: como si el hombre pudiera jurar a contribuir a su propia destrucción.
Constituye además coacción moral, las observaciones o advertencias que se hagan al imputado si es que decide mantenerse en silencio, sobre los posibles efectos en su contra, o cualquier situa- ción, tal como manifestarle una ventaja, destinada a influir y modifi- car su conducta a la hora de declarar.
En cuanto a la coacción física contra el procesado, el avance de la ciencia y la técnica ha exigido y exige un alcance amplio del término “violencia” como cualquier medio que sirva para com- peler y contrariar la voluntad de la persona. De ese modo se en- cuentra comprendido la hipnosis o fármacos que permitan manipu- lar la psique.
Si bien está proscrita toda forma de intervención corpo- ral coactiva, se ha planteado el tema del consentimiento en los lla- mados “sueros de verdad”. Este tema generó gran polémica en la dé- cada de los años 70, cuando estos sueros fueron aplicados en algunos países. El 22 de mayo de 1982, el Tribunal Supremo Español declaró “la absoluta prohibición de los sueros de verdad, aun cuando el acu- sado quiera voluntariamente someterse a ellos para acreditar su ino- cencia.” En el ATC 21/1985 se establece que la utilización de este medio, aun con el consentimiento de la persona, supondría un des- precio para la persona por aniquilar o deformar los recursos psíqui- cos y físicos del ser humano.”
2.1.2 La proscripción de preguntas “capciosas o su-
gestivas”
Esta prohibición está referida al modo de for- mulación de las preguntas frente a las cuales, la persona va a ren- dir una declaración. La vigencia del derecho a declarar sólo puede tolerar preguntas claras y de sentido unívoco.
Dentro del término de “capciosas” cabe comprender aquellas preguntas que pueden inducir al engaño y dentro del tér- mino de “sugestivas” se encuentran aquellas que puedan sugerir determinada respuesta. 44
Cfr. GIMENO SENDRA, Vicente, Víctor MORENO CATENA y Valentín COR- TES DOMÍNGUEZ Ob. cit., p. 392.
Esta proscripción se fundamenta en que el interroga- torio en el modelo garantista, es el principal medio de defensa del inculpado “y tiene la única función de dar materialmente vida al juicio contradictorio y permitir al imputado refutar la acusación para deducir argumentos para justificarse”. 45
La prohibición de este tipo de preguntas tiene origen romano y modernamente el insigne CARRARA, la asimiló a una “sugestión verbal” no permitida. CARRARA enseñaba además, que el único modo de preguntar sin sugerir una respuesta, era pr e- guntar analíticamente sin partir de lo que se conoce e intentar co- nocer a partir de lo que el sujeto declara. 46
Como señala FERRAJOLI, la posibilidad de “tender trampas” al inculpado es propia de los sistemas inquisitivos, donde el interrogador tenía sólo poderes y el inculpado sólo debe- res, que lo limitaba al extremo de contestar afirmativamente o ne- gativamente. Esta es la tradición de las preguntas oscuras y ambi- guas cuya prohibición normativa actual no hace sino tratar de re- mediar sus secuelas.
La necesidad de contar con la asistencia de un abo-
gado defensor es el complemento necesario para la cautela del de- recho de declaración, además de la consignación íntegra, en el acta de la declaración, de la literalidad de las preguntas y las respues-
45 FERRAJOLI, Luigi. Derecho y Razón . Ob. Cit. p. 607
46 CARRARA, Francesco. Programa ta 293 Ob. Cit. p. 679.
p. 419 citado por Luigi Ferrajoli no-
tas, lo que constituye una garantía de que las preguntas planteadas no han sido capciosas ni sugestivas. 47
2.1.3. Derecho al silencio
El derecho a guardar silencio se encuentra comprendi- do dentro de la cláusula de no incriminación que señala que el guar- dar silencio no implica que el imputado reconozca alguna participa- ción en los hechos.
El silencio, según refiere la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Español, “constituye una posible estrategia defensiva del imputado o de quien pueda serlo, o puede garantizar la futura elección de dicha estrategia”.
El silencio en los procesos judiciales arcaicos, según ex- plica ZAGREBELSKY, no era considerado, como en la actualidad, un medio de autodefensa, sino que por el contrario la sentencia que se dictaba recogía o avalaba la palabra de la acusación o la palabra del acusado. “Si el acusado calla, no hay manera de que el proceso pue- da decantarse a su favor. El silencio es la premonición de la derrota.” ZAGREBELSKY hace este análisis al referirse al silencio del Jesús frente a Pilatos y concluye que debido a esa concepción “Jesús fue conde-
47 Cfr. HUERTAS MARTIN , M. Isabel. El Sujeto Pasivo del Proceso Penal como objeto de la prueba. Barcelona, Bosch, 1999 p. 317
nado más por su silencio, por su sustancial contumacia, que por los hechos de que había sido acusado”. 48
Este derecho al silencio es fruto moderno del desarrollo del derecho a la no incriminación. Históricamente incluso el mismo BECCARIA establecía un castigo para el acusado que no respondiera las preguntas, ya que consideraba que el declarar era un deber de “ejemplo hacia el público”. 49
El Código Penal austríaco de 1803 establecía la pena de pan, agua y azote para el procesado que callara. Todo lo cual corres- pondía a una concepción del deber de declarar que hoy ha sido des- terrada, por lo menos doctrinariamente.
El derecho al silencio fue consagrado en Italia, cuando en 1969 se modificó el hoy derogado Códice de 1931, ésta fue una “elección legislativa que fue calificada de absolutamente liberal, y vino a reforzar la libertad de autodeterminación del imputado por encima de lo que pudiera considerarse como interés en el acerca- miento a la verdad”. 50
Opción liberal, personalista o acorde al tiempo de los derechos humanos en que vivimos, lo cierto es que hoy todos con- cuerdan en señalar la prevalencia del respeto a la persona sobre cualquier método eficiente de búsqueda de la verdad.
48 ZAGREBELSKY, Gustavo. La crucifixión y la democracia. Barcelona,
Cfr. BECCARIA, Cesare. De los delitos y de las Penas. Cap. XXXVIII Ob. cit., p. 59.
50 REVILLA GONZALEZ, José-Alberto. El Interrogatorio del imputado. Va- lencia, Tirant lo Blanch,, 2,000. p. 34. En el actual Código de Procedi- mientos Penales italiano, el derecho al silencio aparece recogido en el
El valor actual del silencio está equiparado a una con- ducta neutra. No se puede equiparar ningún significado, menos aún de aceptación de la inculpación, pues el ejercicio de un derecho nun- ca puede significar un perjuicio para quien lo ejerce.
El derecho al silencio requiere, necesariamente, de la in- formación al imputado de que goza de este derecho, a fin de que pueda hacerlo valer, tal y como veremos al desarrollar este meca- nismo procesal de protección.
2.1.4 La facultad de faltar a la verdad en sus declara-
Esta facultad de faltar a la verdad en sus declaraciones se encuentra ligado a la forma como concurre una persona ante el aparato de coerción. En el sistema occidental el procesado acude co- mo inculpado, en el sistema norteamericano el procesado acude co- mo testigo.
Esta distinción es importante, pues si bien en nuestro sistema no se puede exigir juramento al imputado, por lo que no se puede esperar que lo declarado sea verdad y en consecuencia no puede existir ninguna responsabilidad de su falsa declaración, en el sistema norteamericano, el inculpado al declarar como testigo tiene la obligación de prestar jur amento y de decir la verdad.
Art. 64 ap. 3°
Hay que tener en cuenta que la Quinta Enmienda de la Constitución Norteamericana establece el derecho de una persona “a no ser compelido a ser testigo contra uno mismo”, lo cual a decir de algunos, tiene un alcance más amplio que el derecho a no ser obligado a declarar 51 , significa que nadie puede ser obligado a com- parecer en el estrado de un tribunal. Si la persona opta por compare- cer, lo hará pero en calidad de testigo y con el deber de veracidad.
En nuestro sistema procesal, si bien el inculpado puede ser obligado a comparecer ante los jueces, su libertad de declarar no puede ser limitada con un deber de veracidad o de actitud proba, pues al concebirse a la declaración como expresión del derecho de defensa, se debe aceptar que el inculpado haga valer sus puntos de vista, aún cuando no se ajuste a la verdad.
La afirmación de que no se puede exigir al imputado
que colabore en su propia condena, cobra nuevamente validez para esta situación, una vez que decide declarar, no se puede esperar que se ciña a la verdad, en el caso que ésta contenga elementos que lo perjudiquen.
La obligación de veracidad como dice GIMENO SENDRA 52
es incompatible con el derecho al silencio “razón por la cual no sólo debe eximirse al acusado del delito de ‘falso testimonio’ sino que de- be prestar declaración siempre en calidad de imputado y no en la de testigo.
Cfr. HENDLER, Edmundo. Derecho Penal y Procesal Penal de los EE.UU., p. 177.
GIMENO SENDRA, Vicente. Constitución y Proceso. p. 115.
Del mismo modo en México se ha establecido jurispru- dencialmente que cuando un procesado manifiesta su voluntad de declarar, “no puede exigírsele que rinda protesta de decir la verdad, ni tampoco, a falta de ella, podrá imputársele delito de falsedad en declaraciones, pues en ambos casos se le estaría coaccionando para que declarase en contra”. 53
En nuestro país la obligación de decir la verdad ha que- dado claramente proscrito jurisprudencialmente (véase ejecutoria Suprema 791-96 -Lima) cuando nuestro tribunal supremo ha inter- pretado que “al no estar obligado a prestar juramento de decir la verdad, el procesado no puede ser inculpado del delito contra la fun- ción jurisdiccional en razón de sus propias declaraciones”. 54
Si existe o no un derecho a mentir, eso lo discutiremos más adelante. Lo que puede quedar establecido de antemano, es que existe impunidad para la falsa declaración.
2.1.5 El derecho a la pluralidad de declaraciones
El derecho a la pluralidad de declaraciones, es el dere- cho que tiene el inculpado a ser escuchado cada vez que considere que tiene algo que agregar o decir en el proceso.
53 ZAMORA PIERCE, Jesús. Garantías y Proceso Penal. Ob. cit., p. 186.
Cfr. CUBAS VILLANUEVA, Víctor y Fany QUISPE FARFAN. Código de Pro- cedimientos Penales, Lima Palestra 1999, p. 116, citando esta jurispru- dencia a propósito del art. 132 de nuestra ley.
La pluralidad de declaraciones no significa de ninguna manera un incentivo a prestar diferentes declaraciones en un mismo proceso.
Esta manifestación del derecho a declarar tiene su co- rrelato con el derecho a ser oído, previsto en los Tratados Interna- cionales y que se encuentra contenido en el derecho de defensa esta- blecido en el artículo 139 inc.14 de nuestra Constitución Política del Estado.
Algunas legislaciones reglamentan incluso que las de- claraciones pueden ser recibidas en “cualquier momento”, así en Cuba el art. 161 señala textualmente que existe el derecho a declarar o a no hacerlo y que puede realizarse “en cualquier momento y cuantas veces se solicite.”
Este derecho a declarar extensamente no debe equipa- rarse con una prolongación excesiva de la diligencia de la declara- ción. Es más, la regulación procesal debe prever la suspensión de esta declaración por causa de su excesiva duración, pues ello pueda fatigar tanto al procesado como al Juez.
Es recomendable, señala GIMENO SENDRA (citando la STS del 25 de mayo de 1990) hacer constar en el acta el tiempo que se invirtió en el interrogatorio, aun cuando esta omisión no acarree nulidad. 55
En nuestra legislación, el artículo 135 del Código de Procedimientos Penales establece la suspensión de la declaración
Cfr. GIMENO SENDRA, Vicente, Víctor MORENO CATENA y Valentín COR- TES DOMÍNGUEZ Ob. cit., p. 395.
instructiva, además de prever la pluralidad de declaraciones, “cuando el Juez Penal lo estime conveniente”, no contemplando la facultad del inculpado de solicitarla.
2.1.6 La proscripción de la exhortación de decir la ver-
Esta exhortación a la verdad constituye una irremedia-
ble reminiscencia del esquema inquisitivo basado en la búsqueda de
la verdad material. 56
Esta prevención es una ilícita coacción a la libertad del imputado, pues “la influencia que ello puede tener en el comporta- miento del interrogado, marcándole una conducta activa y estimu- lando una labor de colaboración, induce a considerar ilegítima cua l- quier admonición al interrogado con el fin de hacerlo declarar y más aún de inducirlo a confesar”. 57
En España encontramos que si bien el artículo 387 de la
Ley de Enjuiciamiento Criminal señala que “no se exigirá juramento
a los procesados, exhortándoles solamente a decir la verdad” esta
exhortación no se admite actualmente en virtud de la vigencia de la Constitución Política de 1978 que prescribe en el art. 24 inc. 2 el “de-
Cfr. CAROCCA PÉREZ, Alex. Garantía Constitucional de la Defensa Pro- cesal p. 472.
57 REVILLA GONZALEZ, José-Alberto. El Interrogatorio del imputado. Va- lencia, Tirant lo Blanch,, 2,000. p. 37
recho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable” y más bien se establece la obligación de advertir que no se tiene la obligación de declarar y por el cual debe entenderse derogado este artículo 387. 58
Esta misma interpretación de inconstitucionalidad es aplicable a nuestro artículo 132 del Código de Procedimientos Pena- les que prescriba esta “exhortación a decir la verdad” en virtud de lo regulado en el art. 2 inc. 24 “h” de la Constitución Política de 1993 y en el art. 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Sin embargo, a pesar de ello subsiste esta práctica de exhortación de de- cir la verdad y sigue siendo tan popular a la hora de recibir una de- claración.
La fórmula de exhortación al inculpado de decir la ver- dad regulado en el art. 132 del Código Procedimientos Penales, se ha mantenido en el artículo 123, segundo párrafo del Código Procesal Penal y en el proyecto de Código Procesal Penal de 1995.
Sobre la constitucionalidad de la exhortación judicial de decir la verdad, encontramos la opinión disidente de Vicente GIMENO SENDRA, quien al señalar el deber de colaborar con la admi- nistración de justicia que tenemos todos, incluido el procesado, sos- tiene, que no puede concluirse de modo radical que el artículo 387 LEcrim, que establece esta exhortación, sea inconstitucional. “En principio puede, por lo tanto, el Juez exhortar al procesado a decir la verdad; pero, la desobediencia a esta recomendación, ni puede oca- sionar la frustración del derecho al silencio, ni la eventual conducta
Cfr. AA.VV. Ley de Enjuiciamiento Criminal. Madrid, Colex, 1999 p.
mendaz del procesado ha de llevar aparejada género de sanción al- guna”. 59
Sin embargo, en cuanto a la subsistencia de esta exhor- tación se ha señalado que “no puede entenderse la posibilidad de que el Juez incite al cumplimiento de una suerte de deber moral des- provisto de consecuencias jurídicas”. 60
En una rápida mirada a las legislaciones latinoameri- canas encontramos el artículo 276 Código Procesal Penal de Costa Rica que proscribe, además del juramento u otra forma de compeler, cualquier “cargos o reconvenciones tendientes a obtener su confe- sión… La inobservancia de este precepto hará nulo el acto, sin per- juicio de la responsabilidad disciplinaria o penal que corresponda…”
El artículo 320 del Código de Procedimientos Penales de Chile, establece que si bien la declaración del inculpado no podrá recibirse bajo juramento, el juez puede limitarse a exhortar a decir la verdad. Al igual que lo regulado por nuestro Código de Procedi- mientos Penales se establece una presunción de culpabilidad en caso de silencio o de simulación.
GIMENO SENDRA, Vicente, Víctor MORENO CATENA y Valentín CORTES DOMÍNGUEZ Ob. cit., p. 392.
60 REVILLA GONZALEZ, José-Alberto. El Interrogatorio del imputado. Ob cit. p. 58
A fin de desarrollar este tema de los alcances, debemos referirnos primero a la extensión propiamente dicha de la libertad de declarar, para luego discutir si este derecho es sólo del imputado o si se extiende a otras personas, como son los testigos y familiares. Fi- nalmente señalaremos cuál es la aplicación de este derecho en el ám- bito extrapenal.
La primera cuestión a tener en cuenta es que el alcance del derecho a la no incriminación, varía según cada sistema procesal. En nuestro sistema romano-germánico dominado por el principio de legalidad, este alcance está determinado por la interpretación del de- recho a la libertad de declarar dentro de esos parámetros.
Los legisladores mexicanos introdujeron el 03 de se- tiembre de 1993, una importante reforma constitucional al artículo. 20 fr. II que establece que “nadie podrá ser obligado a declarar”, al contrario de la regulación anterior que establecía además la frase “en su contra”.
La regulación mexicana de modo amplio regula el dere- cho de declaración, pues queda claro que si nadie puede ser obligado a declarar, menos puede hacerlo en su contra. Se evita, asimismo, de este modo cualquier interpretación, en el sentido de que sólo se pue- de saber que si un inculpado ha declarado en su contra, una vez que haya rendido su declaración.
La segunda cuestión, es establecer desde qué momento se puede invocar el ejercicio de este derecho. En ese sentido, no hay
discusión, los alcances de este derecho se extienden tanto a las decla- raciones realizadas ante la Policía, el Ministerio Público, jueces o cualquier otra aut oridad.
Por último, una tercera cuestión está destinada a esta- blecer hasta qué medios se extiende la garantía de la no incrimina- ción. Si bien, históricamente, tuvo como primer fin prohibir la tortu- ra, hoy la garantía de la no incriminación se extiende a “cualquier medio” que tiende a compeler a la incriminación.
Es claro, como vimos anteriormente, que la interpreta-
ción de la Quinta Enmienda de la Constitución Norteamericana rea- lizada por los tribunales de ese país, hace extensivo el derecho a de- clarar y a la no incriminación a los testigos. De este modo, quien tes- tifica puede negarse a declarar cuando considere que va a aportar al- gún dato que lo incrimine.
En los años 50, se discutió en EE.UU. la procedencia de este privilegio, pues era continuamente invocado por testigos acusa- dos de actividades subversivas, a quienes se les denominó “comu- nistas de la Quinta Enmienda”. 61
En Denver, el caso Blau fue una muestra de las opinio-
nes disidentes en aquella época. La Corte unánimemente sostuvo
Cfr. KONVITZ, Milton La libertad en la Declaración de Derechos de los EE.UU.; Buenos Aires, Editorial Bibliográfica Argentina, 1959, p. 433.
que el testigo que pedía la protección del privilegio contra la autoin- criminación, podía negarse a contestar preguntas relacionadas con el Partido Comunista y su afiliación, pues cualquier declaración al res- pecto podía llevar a una acusación bajo la ley Smith, que tipificaba como delito la organización que preconice o defiende el derroca- miento del gobierno.
Si bien los tribunales norteamericanos entendieron que la garantía de la no incriminación comprende no sólo a los imput a- dos sino también a cualquier testigo, establecieron además que no se puede invocar esta garantía si la persona a quien se obliga a declarar se encuentra por alguna razón exenta de persecución penal.
Ello no significa que la persona necesariamente deba encontrarse en proceso, tal como un inculpado, sino que la garantía opera cuando por su declaración pueda ser sujeto de persecución penal, contrario sensu, se estableció que si trata de un delito prescrito, de un indulto, amnistía, cosa juzgada e incluso los otorgamientos de inmunidad, no existía el derecho a negarse a declarar.
Esta situación es usual en los Estados Unidos donde el fiscal tiene la atribución de otorgar determinada inmunidad a cam- bio de una declaración contra otra persona, es decir que se otorga al ciudadano la seguridad de que no será perseguido por lo que decla- ró.
Existen dos tipos de inmunidad que pueden ser otorga- das al declarante: la inmunidad del uso de la declaración y la inmu- nidad del hecho al que se refiere la declaración. La inmunidad res- pecto al uso de las declaraciones, significa que no podrá ser perse- guido por esa declaración, mas no lo exime totalmente de la persecu-
ción, pues la Corte ha determinado que se puede perseguir penal- mente a quien se obligó declarar, si existen pruebas del hecho, brin- dadas por una fuente totalmente independiente. 62
Esta inmunidad del uso de la declaración implica ade- más la llamada inmunidad derivativa, es decir que no se puede utili- zar pruebas que se deriven de la declaración prestada bajo la inmu- nidad. Por otra parte, la inmunidad del hecho que se otorga es mu- cho más amplia e implica prácticamente una amnistía de los hechos acontecidos, por lo cual su aplicación es ampliamente debatida.
La Constitución costarricense señala en su artículo 36, que la garantía de no incriminación no sólo comprende al inculpado sino a sus parientes más cercanos: su cónyuge, ascendientes, descen- dientes o parientes colaterales hasta el tercer grado inclusive de con- sanguinidad o afinidad.
La Constitución Paraguaya de 1992 va más allá y en su artículo 18, extiende el alcance de esta garantía de la no incrimina- ción, incluso a la persona con quien se encuentra unida de hecho el imputado.
Similar regulación encontramos en el Código de Proce-
dimientos Colombiano, que en su art. 358 señala que se advertirá
Cfr. HENDLER, Edmundo. Derecho penal y procesal Penal de los EE.UU. Ob. cit., p. 179.
previamente al indagado que no tiene obligación de declarar contra sí mismo ni contra sus parientes dentro del cuarto grado de consan-
guinidad, segundo de afinidad o primero civil, ni contra su cónyuge,
o compañero permanente”.
En nuestro país este tema se encuentra limitado a la re-
gulación de las excusas al declarar como testigos, según el art. 141 del Código de Procedimientos Penales y no hace ninguna referencia
a la persona que acude como inculpado, aunque una lectura a luz de
la libertad de declarar, puede llevarnos a afirmar que incluso cuando
se encuentra comprendido como inculpado puede negarse a declarar en contra de sus familiares en virtud de su derecho al silencio.
A igual que todos los derechos y garantías penales, el derecho a declarar y la no incriminación encuentra aplicación no sólo en el proceso penal sino en todo procedimiento que involucre un sanción, léase proceso administrativo disciplinario o procedi- miento de Comisión investigación del Congreso de la República.
De ese modo la Ley 27444 del 11 de octubre del 2001, Ley del Procedimiento Administrativo General en su artículo 234 inc. 4 establcee que si bien se otorga un plazo de cino d+ías para que el administrado formule sus descargos, la abstención de este ejercicio no puede considerarse elemento de juicio en su contra.
Una digresión, debemos diferenciar el carácter de de- claración jurada que tiene los formatos de solicitudes ante la autori- dad administrativa, que se enmarcan dentro del principio de veraci- dad y cuya falsedad es sancionable penalmente (art. 438 el CP) , al haberse realizado bajo juramento.
A nuestro modo de ver debemos diferenciar el proce- dimiento administrativo simple del procedimiento administrativo sancionador, donde sí se puede invocar el derecho a la no incrimina- ción. Si bien nuestra Ley de del Procedimiento no lo establece tex- tualmente, el carácter de declaración jurada sólo es admisible cuando está dirigida a obtener un beneficio o un derecho; ergo, las declara- ciones introducidas en un proceso sancionador con el fin de evitar que se impongan una medida disciplinaria aun no sean verdaderas no será sujeto de ningún sanción.
En cuanto a las Comisiones Investigadoras del Congr e- so de la República, si bien las conclusiones a las que arriben no obli- gan a los órganos jurisdiccionales, puede traer como consecuencia la aplicación de medidas o decisiones sobre funcionarios del Estado; por lo queda claro que al tener como consecuencia una sanción, se puede invocar el ejercicio de este derecho, cuando la declaración que se pretende obtener signifique una incriminación.
EGUIGUREN PRAELI señala que nada obliga a quien con- curre a responder las interrogantes que se plantean pues no presta juramento de decir la verdad “menos aún si ello conlleva la autoin- criminación o crea el riesgo de una eventual utilización penal en su contra de las declaraciones formuladas, mal puede admitirse que se pretenda tipificar como delito (de falsedad genérica, por ejemplo) e inculpar a alguien por haber proporcionado a su declaración una in-
formación inexacta o insuficiente; ni siquiera cabría reprocharle el suministro de una información falsa, si con ello pretende evitar au- toinculparse o ser involucrado en una posible acusación o responsa- bilidad penal”. 63
63 EGUIGUREN PRAELI, Francisco. Estudios Constitucionales. Lima, Ara Editores, 2002. p. 248
Aspectos Problemáticos de la institución
“La lucha es el trabajo eterno del derecho.”
3.1. ¿Existe un derecho a mentir?
Si bien se ha establecido que el derecho a declarar, sig- nifica la libertad de declarar o de no hacerlo, se presenta la interro- gante, si existe un deber de decir la verdad o, visto de otro modo, si una vez que se ha optado por declarar, existe un derecho a mentir.
BENTHAM argumentó que la intimidación propia de un interrogatorio produce una turbación capaz de producir que las per- sonas recurran a mentiras y por ello algunos han fundamentado el derecho a la no incriminación como un medio de evitar errores judi- ciales.
Sobre este punto se discute si el inculpado tendría un derecho a mentir, como consecuencia del reconocimiento del derecho a la no incriminación. Es decir, si al no exigirse juramento, el incul- pado es libre de declarar aun cuando resulte falsa su declaración.
Los autores que defienden esta postura señalan que el derecho a mentir se fundamenta en el derecho al silencio. Otros aña- den que además se fundamenta en los derechos a la inviolabilidad
de la personalidad, a la defensa y a la libertad. 64 Si se establece la prohibición de no obligar a alguien a declarar en su contra y que lo declarado, a pesar de ser falso, no sea sancionado, es coherente ha- blar de un derecho a mentir del inculpado, de esta opinión son
FAYOS GARDO, ASENCIO MELLADO y VÁSQUEZ SOTELO.
De opinión contraria es VICENTE GIMENO SENDRA, quien señala que si bien existe una impunidad frente a la falsa decla- ración, esa impunidad no puede llevar a sostener un derecho a men- tir; ello en razón del deber de colaboración con la justicia que incum- be a todos, incluso al inculpado. 65
Según CAROCCA PÉREZ no es que el inculpado tenga un derecho a mentir sino que tiene el derecho a declarar, entendido co- mo autodefensa, y donde siempre la parte hará valer sus puntos de vista; si es verdadero o falso lo que introduce al proceso, ello será establecido al final del proceso. Señala que existe una inmunidad pa- ra el declarante de que su declaración, si resulta falsa, no le acarreará responsabilidad penal ya que se hizo en el legítimo ejercicio de su derecho de defensa. 66
Ello siempre que lo declarado esté circunscrito a su
propia participación, pues como señala REVILLA GONZALEZ, si es una falsa imputación de un delito a un tercero “la mentira no se entiende
64 . Cfr. HUERTAS MARÍN, M. El sujeto pasivo del proceso penal como obj e- to de la prueba. Barcelona, Bosch, 1999, p. 297 comentando la posi- ción de M. GÓMEZ DEL CASTILLO Y GÓMEZ.
Cfr. GIMENO SENDRA, Vicente, Víctor MORENO CATENA, Valentín COR- TÉS DOMÍNGUEZ, Derecho Procesal Penal. Madrid, Colex 1999, 3ª Ed., 1999, p. 390.
Cfr. CAROCCA PÉREZ; Alex. Garantía Constitucional de la defensa pro- cesal, p. 482.
como una lícita estrategia defensiva, o si se quiere, como contenido del derecho de defensa. El derecho de defensa deja aquí de existir cuando entra en conflicto con el derecho del inocente, y el derecho de la sociedad en razón de la falsa atribución a otra persona del pro- pio delito”. 67
La posición del Tribunal Supremo español, señalada en la sentencia del 2 de noviembre de 1990, es que si el procesado deci- de declarar, no tiene la obligación de decir la verdad, “puede mani- festar lo que estime procedente, debiéndose destacar que a una de- claración falsa del imputado no se pueden asociar nunca consecuen- cias penales por falso testimonio, frente a lo que acontece con el tes- tigo”. (F.D. único)
La impunidad de la mentira, como señala TIEDEMANN, responde al hecho de que la persona ya es inculpada, se ha iniciado un proceso penal en su contra, por lo que no realiza tipos penales adicionales. 68
Sin embargo, tal como señala HUERTAS MARTÍN, existe en España otra línea jurisprudencial del Tribunal que se contrapone a la señalada, en la que se establece que lo expresado por el inculpa- do de modo alguno puede ser intrascendente “pues constituye un sumando de los elementos a tener en cuenta a los efectos de formar convicción”. (S. de 6 de mayo de 1994, F.D. 3º). Esto es, la conducta del procesado a valorar a la hora de sentenciar.
67 REVILLA GONZALEZ, José-Alberto. El interrogatorio del imputado. Ob. Cit. p. 61
ROXIN, Claus, Günther ARZT y Klaus TIEDEMANN. Introducción al Dere- cho Penal y al Derecho Penal Procesal. Barcelona Ariel, 1989, p. 154.
El ”deber testimonial” del procesado fue defendido en Italia por CARNELUTTI, en concordancia con su posición de la pena y el proceso como redención. Siguiendo este lineamiento en Italia en- contramos a FOSCHINI, quien postula una “carga de verdad” que pe- sa sobre el inculpado ya que las falsas declaraciones traerán conse- cuencias en la valoración de la prueba por parte del juzgador y se- gún agrega, GUARNIERI, en la determinación de la pena. 69
En el sistema anglosajón -que si bien proscribió la con- fesión hace más de tres siglos 70 - existe este deber a declarar, ya que el inculpado es tratado como testigo en su propia causa y en su propia defensa. En este sistema es inconcebible hablar de un derecho a mentir, cuando quien decide declarar lo debe hacer bajo juramento de decir la verdad, de comprobarse posteriormente que mintió sería procesado por “perjurio”. Al exigirse juramento al declarar ante el tribunal del Jurado no existe impunidad para el inculpado. A prime- ra impresión pareciera que existe una limitación a la libertad de de- clarar, y que exista el riesgo de que se presuma que si calla, (en el ejercicio de su derecho a no declarar) es por que si declara lo hará en su contra.
Sin embargo esta situación debe ser vista desde una óptica diferente. Dentro de las formalidades del pre-juicio en los Es- tados Unidos existe lo que se conoce como “audiencia de alegación” (arrangement) donde se informa al acusado de los cargos en su con- tra, se le pregunta si se declara inocente o culpable de los cargos im-
Cfr. HUERTAS MARTÍN, H. Ob. cit. 303. Cfr. FERRAJOLI, Luigi, Derecho y Razón. p. 678, nota 286.
putados y se le informa de los derechos que le asiste, tales como el guardar silencio. 71
Según indican, los que se han dedicado a estudiar el procedimiento norteamericano, esa declaración de “inocente” o “culpable” constituye una actitud procesal que se adopta frente a la acusación del Fiscal. BOVINO nos dice que “en esta etapa del proc e- dimiento la “declaración” del imputado no consiste, como en nuestro derecho, en una explicación sobre su participación o no en el hecho punible que se le atribuye, sino, únicamente, en una expresión de voluntad referida de manera específica y concreta a la decisión de re- sistir la imputación –exigiendo la realización del juicio que demues- tre su culpabilidad o aceptar su responsabilidad personal por el he- cho contenido en la solicitud persecutoria –renunciando a su derecho al juicio garantizado constitucionalmente”. 72
Una vez iniciado el juicio, el imputado puede declarar o no, según lo considere conveniente. Es interesante destacar que sólo declarará y por ende prestará juramento, una vez que la parte acusa- dora haya terminado de desplegar todo los elementos con los que intenta demostrar la hipótesis de culpabilidad. El inculpado, como destaca ALBERTO BOVINO, no es un elemento que coadyuve a de- mostrar la hipótesis del fiscal, tal como ocurre en nuestro proceso, donde el Fiscal interroga al inculpado sin haber demostrado nada.
RÍOS, Jorge. “Procesos Penales en los Estados Unidos”. En El Ministerio Público, para una nueva justicia criminal, Santiago de Chile, 1994, p.
BOVINO, Alberto. Problemas del Derecho Procesal Penal Contemporá- neo. Buenos Aires, Editores del Puerto, 1998, p. 226.
Desde esta perspectiva sería limitado decir que el dere- cho a la no incriminación en este sistema se encuentra condicionado por el juramento.
3.2 ¿existe el deber del imputado de brindar sus datos
Si bien en algunas legislaciones (Vg. Alemania, Argen- tina) se establece expresamente que el inculpado tiene el derecho a declarar o no sobre el hecho y por tanto, tiene el deber de declarar sobre sus datos personales o sus “generales de ley,” la discusión so- bre el tema no es uniforme.
Limitar el derecho de no incriminación sólo “sobre el hecho” divide a la doctrina. La modificación introducida en la Cons- titución Mexicana sobre la cláusula de no incriminación en 1993 de la frase “No podrá ser obligado en su contra” a simplemente la expr e- sión “no podrá ser obligado a declarar”, ha llevado algunos estudio- sos a señalar que este derecho a no declarar es amplio y no debería permitirse ninguna coacción ni siquiera para la solicitud de datos personales.
De tal opinión es el profesor ALBIN ESER quien señala
que “la obligación de declarar en relación con los datos personales parece, de todas maneras, incompatibles con el privilegio contra la
autoincriminación (
toincriminación, no queda otro camino que el de reconocer al incul-
Si se toma en serio el privilegio contra la au-
pado un derecho de no declarar sin restricciones, que también debe alcanzar sus datos personales”. 73
¿Qué pasa si el inculpado brinda datos falsos sobre su identidad?. En el Código Procesal Italiano se establece expresamente (art. 66.1) que la autoridad judicial “invitará” al imputado “a decla- rar sobre sus datos personales y sobre todo aquello que pueda servir a efectos de su identificación, advirtiéndole de las consecuencias que pudiera derivarse de la negativa a identificarse o de aportar datos falsos”. Consecuencias que son las establecidas en el Código Penal italiano. 74
Tanto el ordenamiento español (art. 368 de la LECrim) como el nuestro (art. 124 del C. de P.P. vigente y el art. 122 del CPP de 1991 en vacatio legis) no prevén una sanción sobre la falsa decla- ración respecto a los datos de identificación, por lo que se deduce que nuestros legisladores han asumido la posición que señala que el inculpado puede declarar falsamente con impunidad y sin restric- ciones.
Por ello se establece positivamente otros mecanismos de identificación y a los que no puede rehuir el procesado. Así, en los Estados Unidos diversas sentencias (casos Mc Nabb vs. United Sta- tes, Malinski vs. New York, Oregon vs. Mathiason etc.) han determi- nado jurisprudencialmente que no se encuentran dentro del ámbito de protección de la garantía de la no incriminación la obligación del imputado de imprimir sus huellas digitales, de ser fotografiado, me-
ESER, Albin. Temas de Derecho Penal y Procesal Penal. Lima, Idemsa, 1998, p. 26.
74 Cfr. HUERTAS MARTIN, M. Isabel. El Sujeto pasivo del proceso penal como ordenamiento penal como objeto de la prueba. Ob. Cit. p. 315
dido, hablar a efectos de su identificación, a comparecer ante el tri- bunal a permanecer de pie, andar, etc. 75
3.3.- ¿Existe la obligación de identificarse como res- ponsable de una sanción admini strativa.