Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-sl13175-2017-51500-de-agosto-16-de-2017?documento=jurcol&contexto=jurcol_f6dc4580bc49479486ff7675c0d727fa&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-10-18 19:25:33
Document Index: 274042021

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 36', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 36', 'artículo 1', 'artículo 6', 'artículo 18', 'artículo 307', 'artículo 1', 'artículo 307', 'artículo 1']

﻿ SENTENCIA SL13175-2017/51500 DE AGOSTO 16 DE 2017
SENTENCIA SL13175-2017 DE 16 DE AGOSTO DE 2017
CONTENIDO:DIFERENCIACIÓN DEL SISTEMA PENSIONAL PARA EMPLEADOS OFICIALES AL SISTEMA APLICABLE A PARTICULARES. LA NORMATIVIDAD HA ESTABLECIDO QUE LOS REQUISITOS PARA ACCEDER AL SISTEMA PENSIONAL ES DE 20 AÑOS DE SERVICIOS CONTINUOS O DISCONTINUOS AL SERVICIO DE UNA ENTIDAD PÚBLICA Y 55 AÑOS DE EDAD, ADEMÁS EL RÉGIMEN JUBILATORIO ESTABLECIDO PARA LOS EMPLEADOS OFICIALES NO ES EL MISMO QUE EL CONSAGRADO PARA LOS PARTICULARES EN RAZÓN A QUE MIENTRAS EL INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL ASUMIÓ EL RIESGO DE ESTOS, PERO NO PASÓ LO MISMO CON LOS EMPLEADOS OFICIALES PUES NO SE PREVIÓ EL REEMPLAZO DEL SISTEMA JUBILATORIO SUBSISTIENDO ESTE RÉGIMEN A CARGO DE LOS EMPLEADORES HASTA QUE SE VERIFIQUE EL RECONOCIMIENTO DE LA PENSIÓN DE VEJEZ POR PARTE DEL INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL, SIEMPRE Y CUANDO EL EMPLEADOR HAYA AFILIADO A SUS TRABAJADORES Y CUMPLIDO CON SU DEBER DE PAGO DE APORTES, DEBIENDO ASUMIR EL MAYOR VALOR DE LA PENSIÓN DE VEJEZ SI SE LLEGA A PRESENTAR ESTE EVENTO.
TEMAS ESPECÍFICOS:DERECHO ADMINISTRATIVO LABORAL, ADMINISTRADORA DE PENSIONES, AFILIACIÓN DEL PENSIONADO, MESADA PENSIONAL, PAGO DE PENSIÓN, DERECHOS DEL PENSIONADO
Sentencia SL13175-2017/51500 de agosto 16 de 2017
SALA DE DESCONGESTIÓN Nº. 1
SL13175-2017
Rad.: 51500
No es de recibo para la Sala el reproche que hace la réplica al cargo propuesto, porque claramente se observa que está enderezado por la vía fáctica bajo la modalidad de aplicación indebida, pues la recurrente afirma la existencia de un error de hecho en la sentencia, con base en la valoración que hizo el Tribunal del acta de conciliación aportada como prueba al proceso al declarar probada la excepción de cosa juzgada, lo que conllevó, al desconocimiento de la pensión consagrada en el artículo 1 de la Ley 33 de 1985.
Por lo anterior, la Sala centra el estudio del recurso extraordinario, en establecer si el Tribunal se equivocó en la valoración y análisis que hizo del acta de conciliación para definir la excepción de cosa juzgada entre las partes en litigio y en tal caso, determinar si le asiste o no al demandante el derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación de que trata el artículo 1º de la Ley 33 de 1985.
La censura dice que el Tribunal apreció mal el acta de conciliación de folios 119 a 122, y que por tal razón incurrió en error ostensible de hecho al dar por demostrado que existe cosa juzgada entre las partes.
Bajo el derrotero trazado, la Sala precisa que el juez colegiado fundamentó su decisión de tener por probada la excepción de cosa juzgada entre las partes en controversia, al considerar que en el acta de conciliación de fecha 30 de agosto de 1997, el actor acordó la negociación de la pensión de jubilación y optó por someterse a la pensión de vejez a cargo del ISS, lo que según el ad quem, impidió reclamar la jubilación consagrada en el artículo 1º de la Ley 33 de 1985.
Se tiene entonces que el juez de apelaciones basó su decisión en las cláusulas 6 y 8 del acuerdo conciliatorio que reprodujo en la sentencia que se reprocha, y que la Sala transcribe a continuación:
6) Que las partes mediante este convenio y con el pago de la suma de dinero de que trata el numeral siguiente, dejan conciliada cualquier diferencia que hubiera tenido origen en el contrato de trabajo que los ha vinculado hasta la fecha, aceptan la liquidación de prestaciones que a esta se anexa manifestando su entera conformidad en cuanto a las cantidades en ella contenidas, reconocen que los derechos legal y convencionalmente reconocidos le han sido cubiertos en su totalidad, en su oportunidad y en la cuantía correspondiente y que por lo tanto la empresa nada le adeuda al respecto y que cualquier diferencia en tal sentido queda totalmente conciliada y que además queda compensado cualquier perjuicio que pueda sufrir por la pérdida de beneficios convencionales y en especial lo relativo al reconocimiento de la pensión de jubilación y/o vejez anticipada o por cualquier error u omisión en que hubiese podido haberse incurrido en el pago en general de las obligaciones laborales a cargo de la empresa hasta el treinta de agosto de 1997.
8) Que en desarrollo de su propia voluntad y en forma libre y espontánea renuncia a cualquier reclamación judicial y/o administrativa en relación con los pagos recibidos y los beneficios excluidos y/o renunciados, anteriores o posteriores a esta acta en relación con la convención colectiva y en especial con lo relativo a la pensión de jubilación y/o vejez a cargo de la empresa que tiene establecida la convención colectiva existente en la institución y por lo tanto reconoce que en tal materia se acoge en un todo a las normaciones (sic) que sobre tal prestación tiene prevista la ley para la pensión de vejez a cargo del ISS y/o las entidades autorizadas para su reconocimiento, haciendo la manifestación de su conformidad acerca de que hasta la fecha la empresa Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. ha cubierto a la seguridad social la totalidad de los aportes semanales por concepto de pensión, en la cuantía correcta y sobre la base salarial correspondiente declarándola a paz y salvo hasta la fecha por todo concepto que tenga que ver con dicha prestación social. (resaltado del original).
El ad quem, atendiendo el contenido de la transcripción, se ciñó a lo literal de la manifestación de las partes, lo que además destacó en negrilla e interpretó que la renuncia que hizo el trabajador fue respecto de la pensión de jubilación legal consagrada en el artículo 1º de la Ley 33 de 1985.
Así mismo, sostiene la sentencia acusada, que el demandante manifestó que renunciaba a cualquier reclamación judicial o administrativa anterior o posterior a la conciliación, en relación con la convención colectiva y en especial a lo correspondiente a la pensión de jubilación y/o vejez a cargo de la empresa que se encuentra reconocida en la convención colectiva, dejando claro que se acogía en esta materia pensional, a la normatividad legal para pensión de vejez a cargo del ISS.
Confrontando la Sala el acta de conciliación con la sentencia impugnada, determina que las cláusulas 6 y 8 del acta, hacen referencia a la pensión de jubilación convencional, pues así lo reitera el acta cuando en su texto dice que se concilia “los derechos legal y convencionalmente reconocidos le han sido cubiertos en su totalidad” y agrega refiriéndose al tema negociado “que además queda compensado cualquier perjuicio que pueda sufrir por la pérdida de los beneficios convencionales y en especial lo relativo al reconocimiento de la pensión de jubilación y/o vejez anticipada”.
Descendiendo al tema de análisis, encuentra la Sala que el Tribunal dio un alcance equivocado a la conciliación cuestionada, pues al valorar el acta conciliatoria erró al afirmar que el demandante, con el acuerdo renunció a la pensión legal de jubilación, de que trata la Ley 33 de 1985, cuando las partes en modo alguno hicieron alusión a dicha prestación.
Si bien en el acta el demandante dijo acogerse a la pensión del ISS, debe precisarse que la pensión de jubilación oficial es independiente a la de vejez, pues tal y como lo ha dicho, esta Corporación, que el sistema jubilatorio para los empleados oficiales no es el mismo que el consagrado para los particulares porque mientras el ISS asumió el riesgo de estos últimos, para los empleados oficiales no se previó en el estatuto pensional que el ISS reemplazara su régimen jubilatorio y tampoco una transición entre uno y otro subsistiendo entonces este régimen independientemente de la afiliación al ISS, razón por la cual la jubilación corre a cargo de la empresa obligada, independientemente de poder ser relevada en todo o en parte al iniciarse el pago de la pensión de vejez por el ISS.
La Corte ha emitido pronunciamientos sobre este tema, refiriendo para el caso la Sentencia CSJ SL 6908-2014 que en lo pertinente dice:
La literalidad del texto reproducido refleja una consecuencia inexorable, como es que lo que en realidad las partes conciliaron fue una pensión de jubilación consagrada en una convención colectiva de trabajo. Ningún otro entendimiento se puede desprender de lo que las partes acordaron.
Ahora, si ello es así, tampoco queda duda sobre el error mayúsculo del Tribunal al entender que la pensión futura convencional de jubilación que se concilió, abarcaba también la pensión legal de jubilación por tener ambas el propósito de cubrir el riesgo de vejez, puesto que, entre una y otra existen diferencias radicales:
1) La pensión convencional halla su fuente en el acuerdo de voluntades, mientras que la legal se establece por ministerio de la ley.
2) La pensión convencional, en principio, solo puede ser derogada o modificada por las mismas partes que celebraron el acuerdo colectivo o contrato, mientras que la segunda por voluntad del legislador, claro está, respetando los derechos adquiridos.
3) Los requisitos y condiciones para la causación de la pensión legal se encuentran en la ley, mientras que los de la convencional reposan en el respectivo pacto, acuerdo o convenio.
Lo anterior puede verse en el siguiente cuadro:
Pensión legal Pensión convencional
Fuente: Ley Acuerdo de voluntades
Extinción o modificación Por ministerio de la ley, respetando los derechos adquiridos Por acuerdo entre las partes
Requisitos y condiciones para su causación Los que determine la ley Los que determinen libremente las partes.
Significa lo anterior que ambas prestaciones gozan de autonomía, a tal punto que si la disposición legal que consagra el derecho, es derogada, la pensión convencional mantiene su vigencia hasta tanto sea enervada por la voluntad de las partes.
Frente a esta misma demandada, la Corte en anteriores oportunidades había expresado su criterio mayoritario en las Sentencias CSJ SL, 12 nov. 2008, rad. 33217; CSJ SL, 10 feb. 2009, rad. 32184; CSJ SL, 13 mar. 2012, rad. 41022, y en esta última —rememorando lo expresado en las dos primeras— dijo:
Cuando el Tribunal afirmó que lo que las partes habían conciliado era la expectativa del demandante frente a la pensión de jubilación convencional, en manera alguna distorsionó o alteró el contenido del documento, sino que simplemente se ajustó a su tenor literal y a lo que realmente muestra el referido elemento de convicción, pues efectivamente lo que las partes convinieron fue el reconocimiento de una suma dineraria ‘en razón al pacto único por concepto de la Pensión Futura de Jubilación establecida convencionalmente…’, lo que indica sin duda que la obligación que se concilió fue la relativa a la pensión de jubilación consagrada en la convención colectiva de trabajo y no otra distinta…”.
Empero, la conclusión del Tribunal según la cual no debía confundirse la pensión convencional no se exhibe descabellada, pues en verdad la una y la otra tienen naturaleza diferente. De manera que si la demandante concilió por una suma única de dinero la expectativa de su pensión convencional, esa suma únicamente cobijaba a esa pensión y no a otra, pues expresamente en el texto conciliatorio se dejó consignado que la cantidad dineraria hacía referencia a la pensión convencional sin que se dijera o se pudiera deducir necesariamente que se podía imputar a cualquiera otra pensión de jubilación.
Como ha quedado demostrado el ostensible error de hecho del Tribunal por la vía fáctica, al dar por demostrado que existe cosa juzgada en relación a la pensión legal de jubilación, el cargo prospera.
Adicional a lo reseñado, al resolverse el cargo que resultó fundado, es necesario en sede de instancia señalar que no discutió la demandada los extremos laborales ni la fecha de nacimiento del actor, luego, quedó acreditado que nació el 3 de diciembre de 1947 y que cumplió los 55 años de edad el 3 de diciembre de 2002. Igualmente, que inició labores como trabajador oficial el 22 de marzo de 1973 hasta el 1º de agosto de 1995, esto es, por más de 20 años de servicio en el sector oficial y luego se desempeñó como trabajador particular del 2 de agosto de 1995 al 30 de julio de 1998.
En consecuencia, se le debe dar la razón a la juez de primer grado al otorgar al demandante la pensión de jubilación de que trata el artículo 1º de la Ley 33 de 1985, por considerar que pertenecía al régimen de transición bajo la óptica de tener más de 40 años de edad al 1º de abril de 1994 y acreditar más de 15 años de servicio en calidad de trabajador oficial para la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, adicional a que reunía en tiempo servido al sector oficial, más de 20 años, los que cumplió cuando la entidad demandada tenía el carácter oficial y aún no se había transformado en empresa particular.
Es del caso precisar que la entidad demandada estuvo clasificada como una Sociedad de Economía Mixta perteneciente al orden nacional, que en virtud de la Ley 142 de 1994, mediante escritura 2.673 del 5 de agosto de 1995, se transformó en Empresa Mixta de Servicios Públicos, cambiando su naturaleza jurídica y consecuencialmente la de sus trabajadores, quienes adquirieron el carácter de trabajadores particulares.
Necesario es referir los términos en que el juez del conocimiento liquidó la pensión y al efecto se tiene que consideró que como el Sistema General de Pensiones empezó a regir el 1º de abril de 1994, el promedio para calcular el IBL del demandante es el que corresponde al tiempo que laboró el actor en la empresa demandada, después de haber entrado en vigencia la ley en cita hasta la fecha de su retiro definitivo, o sea 30 de julio de 1998 cuando ya ostentaba la condición de trabajador particular, con un promedio actualizado de $9.726.164,65 mensual, por tener para ese momento un salario que al calcularle el 75% obtuvo como mesada inicial de $7.294.623.49, a la que le calculó el IPC anual hasta obtener la del año 2007 que ascendió a la suma mensual de $9.605.256.21, ordenando además la indexación.
Esta Sala evidencia el errado criterio con el que el juez del conocimiento acogió lo normado por el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, para calcular el IBL de la pensión del accionante, al igual que no es dable tomar ingresos que el accionante tuvo como trabajador particular para liquidar una pensión de naturaleza oficial y por ello se procede a su modificación.
En efecto, para calcular el ingreso base a fin de liquidar la pensión de la Ley 33 de 1985 al demandante, se debe tener en cuenta solo la remuneración y los conceptos salariales y/o prestacionales certificados por la empresa para la época que fungía como trabajador oficial, pues se está accediendo a una pensión oficial, razón suficiente para no atender los factores salariales que devengó el actor en su calidad de trabajador particular:
El artículo 1º de la Ley 33 de 1985 dice:
El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años continuos o discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) tendrá derecho a que por la respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio.
El artículo 1º de la Ley 62 de 1985, por la cual se modifica el artículo 3º de la Ley 33 de 1985 expresa:
“ART. 1º.—Todos los empleados oficiales de una entidad afiliada a cualquier Caja de Previsión, deben pagar los aportes que prevean las normas de dicha Caja, ya sea que su remuneración se impute presupuestalmente como funcionamiento o como inversión. Para los efectos previstos en el inciso anterior, la base de liquidación para los aportes proporcionales a la remuneración del empleado oficial, estará constituida por los siguientes factores, cuando se trate de empleados del orden nacional: asignación básica, gastos de representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio. En todo caso, las pensiones de los empleados oficiales de cualquier orden, siempre se liquidarán sobre los mismos factores que hayan servido de base para calcular los aportes.
Queda entonces verificado que al actor se le debe aplicar lo normado por la Ley 33 de 1985, pero como es beneficiario del régimen de transición y causó el derecho en vigencia de la Ley 100 de 1993, de acuerdo con el criterio de la Sala se debe liquidar la pensión y definir el ingreso base de liquidación conforme al inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, es decir, con el tiempo que le hacía falta para adquirir el derecho que al 1º de abril de 1994 son 8 años, 8 meses y dos días, hasta el 3 de diciembre de 2002, fecha en que se cumplió 55 años de edad; o en su defecto con toda la vida laboral como servidor oficial en caso de que le sea más favorable.
Planteado así el tema con relación al IBL referido; se debe igualmente tener en cuenta que, frente a los factores salariales a considerar, que son los que indica el artículo 1º del Decreto 1158 de 1994, que en su literalidad consagra:
El artículo 6º del Decreto 691 de 1994, quedará así: “Base de Cotización”. El salario mensual base para calcular las cotizaciones al Sistema General de Pensiones de los servidores públicos incorporados al mismo, estará constituido por los siguientes factores: a) La asignación básica mensual; b) Los gastos de representación; c) La prima técnica, cuando sea factor de salario; d) Las primas de antigüedad, ascensional y de capacitación cuando sean factor de salario. e) La remuneración por trabajo dominical o festivo; f) La remuneración por trabajo suplementario o de horas extras, o realizado en jornada nocturna; g) La bonificación por servicios prestados.
Ahora, en atención a lo estatuido por el artículo 18 del Acuerdo 224 de 1966, esto es la compartibilidad de las pensiones, la entidad demandada debe asumir la prestación económica reclamada desde el 3 de diciembre de 2002, fecha en que el actor cumplió los 55 años de edad, hasta el 2 de diciembre de 2007, momento en el que el ISS asume el riesgo por encontrarse acreditado a folio 47 que el actor contaba con las semanas requeridas para la pensión de vejez, debiendo asumir la empresa accionada desde esa última data solo el mayor valor, si existiere, entre el reconocimiento pensional otorgado por el ISS y el que se le está otorgando con el recurso extraordinario por pensión de jubilación.
Valga reiterar lo ya expuesto por esta Sala en el estudio del recurso de casación al definir cuál era el régimen aplicable al actor, estableciéndose que es la Ley 33 de 1985, o sea cumpliendo los requisitos de 20 años de servicios continuos o discontinuos al servicio de una entidad pública y 55 años de edad, que además el sistema jubilatorio para los empleados oficiales no es el mismo que el consagrado para los particulares en razón a que mientras el ISS asumió el riesgo de estos, pero no pasó lo mismo con los empleados oficiales pues no se previó el reemplazo del sistema jubilatorio subsistiendo este régimen a cargo de los empleadores hasta que se verifique el reconocimiento de la pensión de vejez por parte del ISS, siempre y cuando el empleador haya afiliado a sus trabajadores y cumplido con su deber de pago de aportes, debiendo asumir el mayor valor de la pensión de vejez si se llega a presentar tal evento, y para el caso está aceptado por el accionante que estuvo afiliado al ISS y acreditado mediante la Resolución 5542 de 2004 (fls. 47-48).
Ahora, como el actor cumplió los 55 años de edad el 3 de diciembre de 2002 y los 60 años los cumplió el 3 de diciembre de 2007, es la empresa demandada la que asume esta prestación oficial, mientras el ISS reconoce la de vejez, a la espera de la liquidación que se verifique por el Instituto para asumir en dado caso el mayor valor de esta.
Respecto de las excepciones de inexistencia de la obligación a cargo de la demandada, argumentada en que la Electrificadora afilió al actor al ISS para la cobertura de riesgo de vejez, invalidez y muerte desde 1973, suficientes han sido los razonamientos expuestos en el recurso extraordinario para declararla no probada, esto es, que el sistema jubilatorio para los empleados oficiales no es el mismo que el consagrado para los particulares porque mientras el ISS asumió el riesgo de estos últimos, para los empleados oficiales no se previó en el estatuto pensional que el ISS reemplazara su régimen jubilatorio y tampoco una transición entre uno y otro subsistiendo entonces este régimen independientemente de la afiliación al ISS, razón por la cual la jubilación corre a cargo de la empresa obligada, independientemente de poder ser relevada en todo o en parte al iniciarse el pago de la pensión de vejez por el ISS.
La compensación y buena fe, basada en la conciliación verificada el 27 de agosto de 1997, mediante la que el accionante aceptó compensar los posibles perjuicios, en especial lo relativo al reconocimiento de la pensión de jubilación y/o vejez, hay que reiterar que las partes conciliadoras, si acordaron acuerdo económico frente a la pérdida de beneficios convencionales, pero no frente al reconocimiento de la pensión legal de jubilación como ya quedó expuesto, sin que por ello deba analizarse comportamientos o conductas desleales, toda vez que este reconocimiento pensional no depende de ello, razones suficientes para declarar no probadas estos medios exceptivos.
La excepción de prescripción, conforme lo analizó el a quo no procede en razón a que la vía gubernativa se agotó el 18 de febrero de 2005 y el reconocimiento pensional se hace a partir del 3 de diciembre de 2002, o sea antes de cumplirse el término trienal exigido para su prosperidad (art. 151 del CPTSS).
A fin de imponer una condena en concreto conforme al artículo 307 del Código de Procedimiento Civil hoy 283 del Código General del Proceso y como quiera que no se cuenta con todos los soportes de los pagos efectuados al actor, para mejor proveer, se solicitará a la empresa demandada allegar a esta Corporación dentro de 15 días siguientes, los conceptos salariales y prestacionales de éste, de todo el tiempo en que estuvo vinculado como trabajador oficial en la entidad demandada, conforme al artículo 1º del Decreto 1158 de 1994, esto es, que contenga (i) La asignación básica mensual; (ii) Los gastos de representación; (iii) La prima técnica, cuando sea factor de salario; (iv) Las primas de antigüedad, ascensional y de capacitación cuando sean factor de salario. (v) La remuneración por trabajo dominical o festivo; (vi) La remuneración por trabajo suplementario o de horas extras, o realizado en jornada nocturna; (vii) La bonificación por servicios prestados y que hayan servido de base para calcular los aportes a la seguridad social.
Las costas de las instancias se resolverán al momento de dictar la sentencia en concreto.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, Casa la Sentencia dictada el treinta (30) de septiembre de dos mil diez (2010) por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, dentro del proceso ordinario laboral seguido por Hernán Uribe Niño contra la Electrificadora de Santander S.A. ESP.
En sede de instancia y para poder proferir condena en concreto, se ordena:
Conforme al artículo 307 del Código de Procedimiento Civil hoy 283 del Código General del Proceso, y como quiera que no se cuenta con todos los soportes de los pagos efectuados al actor, para mejor proveer, se solicitará a la empresa demandada allegar a esta Corporación dentro de 15 días siguientes, los conceptos salariales y prestacionales de éste, de todo el tiempo en que estuvo vinculado como trabajador oficial en la entidad demandada, conforme al artículo 1º del Decreto 1158 de 1994, esto es, que contenga (i) La asignación básica mensual; (ii) Los gastos de representación; (iii) La prima técnica, cuando sea factor de salario;(iv) Las primas de antigüedad, ascensional y de capacitación cuando sean factor de salario. (v) La remuneración por trabajo dominical o festivo; (vi) La remuneración por trabajo suplementario o de horas extras, o realizado en jornada nocturna; (vii) La bonificación por servicios prestados y que hayan servido de base para calcular los aportes a la seguridad social.
Cumplido lo anterior, vuelva la actuación al Despacho para lo pertinente
Notifíquese, publíquese, cúmplase».