Source: http://laborparlamentaria.bcn.cl/wsgi/consulta/verDiarioDeSesion.py?id=654165
Timestamp: 2019-07-16 05:07:37
Document Index: 357991832

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 36', 'artículo 74', 'artículo 36', 'artículo 36', 'artículo 1', 'artículo 8', 'artículo 4', 'artículo 36', 'artículo 36', 'Artículo 36', 'artículo 133']

ACUERDO MARCO PARA CONSERVACIÓN DE RECURSOS VIVOS MARINOS EN ALTA MAR DEL PACÍFICO SUDESTE
CAMBIO DE GRADUALIDAD DE ENTRADA EN VIGENCIA DE REFORMA PROCESAL PENAL
RAZONES DE RETIRO DE CANDIDATURA DE SEÑOR PRAT Y REFLEXIONES SOBRE SU GESTION SENATORIAL
HOMENAJE A BERNARDO O'HIGGINS EN ANIVERSARIO DE SU NATALICIO. OFICIO
RIESGO PARA ZONA AUSTRAL POR PROCESAMIENTO EN ARGENTINA DE DESECHOS RADIACTIVOS AUSTRALIANOS. OFICIOS
FINANCIAMIENTO PARA DESARROLLO DE GANADERÍA ORGÁNICA EN UNDÉCIMA REGIÓN. OFICIOS
CALIDAD DE LA POLÍTICA EN CHILE
MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR SEÑOR ZALDÍVAR (DON ANDRÉS), CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE ACUERDO QUE MODIFICA EL REGLAMENTO DEL SENADO, EN MATERIA DE ARCHIVO Y DESARCHIVO DE ASUNTOS A QUE SE REFIERE EL INCISO PRIMERO DEL ARTÍCULO 36 (S 581-09)
MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR SEÑOR ZALDÍVAR (DON ANDRÉS), CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE ACUERDO QUE MODIFICA EL REGLAMENTO DEL SENADO, EN MATERIA DE DURACIÓN DE DISCURSOS (S 582-09)
Sesión 24ª, en martes 21 de agosto de 2001
(De 16:21 a 20:7)
Sesión secreta: Se adopta resolución sobre solicitudes de rehabilitación de ciudadanía (Boletines Nºs. S 528-04, S 544-04, S 545-04 y S 563-04)
Proyecto de acuerdo, en segundo trámite, que aprueba el Acuerdo Marco para Conservación de Recursos Vivos Marinos en Alta Mar del Pacífico Sudeste, "Acuerdo de Galápagos" (2674-10) (se aprueba en general y particular)
Proyecto de ley, en primer trámite, sobre transparencia, límite y control del gasto electoral (2745-06) (se aprueba en general)
Proyecto de ley, en segundo trámite, que cambia gradualidad de entrada en vigencia de reforma procesal penal (2766-07) (se aprueba en general y particular)
Razones de retiro de candidatura de señor Prat y reflexiones sobre su gestión senatorial (observaciones del señor Prat)
Homenaje a Bernardo O'Higgins en aniversario de su natalicio. Oficio (intervención del señor Cantero)
Riesgo para zona austral por procesamiento en Argentina de desechos radiactivos australianos. Oficios (observaciones del señor Horvath)
Financiamiento para desarrollo de ganadería orgánica en Undécima Región. Oficios (observaciones del señor Horvath)
Calidad de la política en Chile (observaciones del señor Viera-Gallo)
Concurrieron, además, los señores Ministros del Interior, de Relaciones Exteriores , Secretario General de la Presidencia, Secretario General de Gobierno y de Justicia, y el señor Subsecretario de Justicia .
Las actas de las sesiones 21ª, ordinaria, en su parte secreta, en 8 de agosto; 22ª, extraordinaria, y 23ª, ordinaria, ambas en 14 de agosto, todas del año en curso, se encuentran en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
De Su Excelencia el Presidente de la República , con el que hace presente la urgencia, en el carácter de "simple", del proyecto que establece el reintegro parcial de los peajes pagados en vías concesionadas por vehículos pesados, y establece facultades para facilitar la fiscalización sobre combustibles. (Boletín Nº 2.592-15).
Con el primero comunica que ha dado su aprobación al informe de la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas durante la tramitación del proyecto que extiende el ámbito de aplicación de las normas que sancionan los procedimientos de cobranzas ilegales. (Boletín Nº 2.490-07).
Con el segundo señala que acogió el proyecto de acuerdo sobre aprobación del "Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer", adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 6 de octubre de 1999. (Boletín Nº 2.667-10).
Tres de la Excelentísima Corte Suprema, con los que, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 74 de la Constitución Política de la República, emite su opinión respecto de los siguientes proyectos:
1) El relativo a normas adecuatorias del sistema legal chileno a los proyectos de Código Procesal Penal y de Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público. (Boletín Nº 2.217-07);
2) El que modifica el Código de Justicia Militar, con relación a la competencia de los tribunales militares. (Boletín Nº 2.746-07), y
3) El que cambia la gradualidad de la entrada en vigencia de la reforma procesal penal. (Boletín Nº 2.766-07).
Del señor Ministro del Interior , con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, relativo a la zonificación del borde costero en la zona austral del país.
Del señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones (S), con el que da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Cantero, relacionado con la forma en que se están aplicando las normas sobre velocidades máximas en las calles y carreteras del país.
De la señora Ministra de Salud , con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Martínez, referido al reconocimiento de los títulos técnicos otorgados por la Escuela de Sanidad Naval.
Tres del señor Ministro de Vivienda y Urbanismo:
Con el primero responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Moreno sobre la situación que afecta a las familias que componen el Comité de Vivienda Rinconada Los Sin Casa, de la comuna de Marchigüe.
Con el segundo contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Núñez, referido a la normativa que rige la licitación de obras de construcción de viviendas.
Con el tercero da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Stange, relacionado con la situación jurídica de los terrenos fiscales que indica, ubicados en la Isla San Pedro, Décima Región.
Del señor Ministro de Agricultura , con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Fernández, referido a los daños ocasionados en la masa ganadera por las nevazones registradas en el sector Cerro Guido, de la comuna de Torres del Paine.
Del señor Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, con el que da respuesta a dos oficios enviados en nombre de la Senadora señora Carmen Frei, sobre el Programa de Subsidio al Pago de Agua Potable y Alcantarillado de Aguas Servidas, en la Segunda Región.
Del señor Subsecretario de Minería (S), con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Stange, sobre la posible existencia de yacimientos mineros en el área del denominado Parque Pumalín, Décima Región.
Del señor Director del Servicio Electoral , con el que envía nómina oficial de candidatos a Senadores y a Diputados, ordenados por circunscripciones senatoriales y distritos electorales, con la letra de cada lista y el número que corresponde a cada candidato.
Del señor Superintendente de Servicios Sanitarios, con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Stange, sobre problemas en el sistema de alcantarillado de la ciudad de Chaitén.
Dos del señor Vicepresidente Ejecutivo (S) del Comité de Inversiones Extranjeras, con los que da respuesta a sendos oficios enviados en nombre del Senador señor Lavandero, referidos a un documento sobre las condiciones que debieran exigirse a las inversiones extranjeras en la minería del cobre, y a la situación del cobre en nuestro país.
De la señora Directora Ejecutiva de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath sobre los derrames de petróleo ocasionados por naves mercantes de las Regiones Décima y Undécima.
Del señor Intendente de la Región Metropolitana , con el que da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Novoa sobre antecedentes administrativos y técnicos relacionados con los vertederos Las Lomas del Colorado, Santa Marta, Santiago Poniente y El Rutal.
De la señora Gobernadora Provincial de Iquique, con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Lagos acerca de diversas situaciones que aquejan a pobladores de Iquique.
Del señor Gerente General de la Empresa de Servicios Sanitarios de Tarapacá S.A., con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Lagos, relativo al centro abierto "Los Pioneros", de la localidad de Alto Hospicio, Iquique.
Del señor Subdirector Regional (S) de la Corporación de Asistencia Judicial de la Décima Región, con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Stange sobre la situación que afecta a familias huilliches del sector Hualaihué, en la provincia de Palena.
Del señor Subsecretario de Guerra , con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Ominami acerca de la situación del Regimiento Yungay de San Felipe, Quinta Región, referente a la aplicación del Plan de Modernización del Ejército de Chile.
--Queda a disposición de los señores Senadores en la Secretaría del Senado.
De los Senadores señores Aburto, Chadwick, Díez, Parra y Viera-Gallo, con la que, de conformidad a lo previsto en el inciso sexto del artículo 36 del Reglamento del Senado, solicitan que el proyecto de ley que cambia la gradualidad de la entrada en vigencia de la reforma procesal penal (Boletín Nº 2.766-07), calificado de "suma urgencia", sea discutido en general y en particular en su primer informe.
De la señora Julia del Carmen Saavedra Garrido y de los señores Manuel Jesús Cerda Miranda, José Luis Madariaga Céspedes y Carlos Arturo Otárola Vergara, con las que piden la rehabilitación de sus ciudadanías. (Boletines Nos. S 578-04; S 577-04, S 579-04 y S 580-04, respectivamente).
En este momento han llegado a la Mesa dos mociones del Senador señor Andrés Zaldívar, con las que inicia sendos proyectos de acuerdo que modifican el Reglamento de la Corporación en materia de archivo y desarchivo de los asuntos a que se refiere el inciso primero del artículo 36, con relación a la duración de los discursos. (Boletines Nºs. S 581-09 y S 582-09).
Ha pedido la palabra el Senador señor Díez. Puede hacer uso de ella Su Señoría.
Señor Presidente , la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia despachó esta mañana -y seguramente se dará cuenta de su informe- el proyecto que modifica la vigencia de la Ley Procesal Penal.
Esa iniciativa requiere informe de la Comisión de Hacienda, y debe iniciar su vigencia durante el mes de octubre próximo. Si fuera sometida a tercer trámite, lo cual sucederá por las modificaciones establecidas por la Constitución, deberá ir a la Cámara de Diputados y posiblemente volver a Comisión Mixta. Ello hace indispensable que el proyecto sea despachado en el día de hoy.
Por esa razón, solicito al señor Presidente de la Comisión de Hacienda que cite a ese grupo técnico a una sesión en la que tendría que despacharse la iniciativa para que quede en condiciones de ser informada verbalmente, ya que su texto, en materia tributaria, es absolutamente simple y no origina mayores gastos al Presupuesto Nacional.
Si le parece a la Sala, se pedirá al señor Presidente de esa Comisión que curse la citación, y se la autorizará para que sesione paralelamente con la Sala hasta las 17, con el objeto de hacer posible la rendición de un informe verbal. De ese modo se podría tratar el proyecto después de conocerse tal informe, así como el de la Comisión de Constitución, que está por recibirse en cualquier momento.
Propongo proceder así, y tratar el proyecto en la Sala a las 18:30.
Respecto del proyecto que figura en el primer lugar del Orden del Día, la señora Presidenta de la Comisión ha solicitado que se fije igualmente hora de votación, ya que exige quórum de ley orgánica constitucional.
Me parece que, a partir de hoy, deberíamos fijar las horas de votación de los proyectos en trámite, para asegurar el cumplimiento de los quórum. En el caso de la iniciativa a que acabo de referirme, propongo someterla a debate y fijar una hora para votarla en general, lo que podría hacerse a las 18, porque luego deberemos determinar el plazo para recibir indicaciones. Por lo demás, viene aprobada por la unanimidad de la Comisión. Los señores Senadores que a esa hora no hayan alcanzado a intervenir, podrían fundamentar su voto.
Por tanto, a las 6 de la tarde comenzará la votación en el orden que hemos señalado.
Se va a constituir la Sala en sesión secreta, a fin de tratar los cuatro primeros proyectos de la tabla.
--Se constituyó la Sala en sesión secreta a las 16:30 y adoptó resolución sobre las solicitudes de rehabilitación de ciudadanía de los señores Héctor Hernán Quintanilla Peña, Jorge Milton Mauricio Castro de la Barra, Javier Antonio Barrera Jeldes y José Segundo Ojeda Aguayo.
--Se reanudó la sesión pública a las 16:47.
Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, iniciado en mensaje e informado por la Comisión de Relaciones Exteriores, que aprueba el Acuerdo Marco para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos en la Alta Mar del Pacífico Sudeste, "Acuerdo de Galápagos", suscrito en Santiago el 14 de agosto de 2000, durante la VI Reunión de Cancilleres de la Comisión Permanente del Pacífico Sur.
--Los antecedentes sobre el proyecto (2674-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 9ª, en 3 de julio de 2001.
Relaciones Exteriores, sesión 22ª, en 14 de agosto de 2001.
El Acuerdo Marco tiene como objetivo principal la conservación de los recursos vivos marinos en áreas de alta mar del Pacífico Sudeste, con especial referencia a las poblaciones de peces transzonales y a las poblaciones de peces altamente migratorias.
La Comisión de Relaciones Exteriores, luego de reseñar el instrumento internacional en estudio y describir la discusión general y particular habida en su seno, concluye proponiendo a la Sala, por la unanimidad de sus miembros presentes (Honorables señores Bombal, Martínez, Romero y Valdés) aprobar la iniciativa en los mismos términos en que lo hizo la Cámara de Diputados.
Cabe destacar que, por encontrarse en la tabla de Fácil Despacho, este proyecto de acuerdo debe ser tratado en general y particular a la vez.
Tiene la palabra el Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Honorable señor Romero.
Señor Presidente , informaré al Senado en nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores.
El proyecto de acuerdo que nos corresponde analizar hoy en esta Sala cumple su segundo trámite constitucional y tuvo su origen en un mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República.
El objetivo esencial del Convenio cuya aprobación se propone es la conservación de los recursos vivos marinos en áreas de alta mar del Pacífico Sudeste, con especial referencia a las poblaciones de peces transzonales y a las poblaciones de peces altamente migratorias.
Los Estados ribereños del Pacífico Sudeste -es decir, Chile, Colombia , Ecuador y Perú- suscribieron el mencionado instrumento internacional convencidos de que ésta es la forma más eficaz para hacer viable la conservación de los recursos pesqueros explotados en la zona de alta mar adyacente a su zona económica exclusiva, y en particular respecto de las especies transzonales y de las altamente migratorias, recursos que son explotados dentro y fuera de la citada zona de aquellos Estados.
El fundamento de esta medida se encuentra en las siguientes circunstancias:
En primer término, el debido cumplimiento de las obligaciones contenidas en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar en estas materias.
En segundo lugar, el compromiso de cooperación existente entre los Estados ribereños que forman parte de la Comisión Permanente del Pacífico Sur en orden a establecer un marco de ordenamiento a las actividades pesqueras desarrolladas en la alta mar adyacente a las zonas económicas exclusivas.
En seguida, la tendencia a regular todos los espacios marinos, incluyendo la alta mar, mediante organizaciones regionales, con participación de los Estados ribereños y de Estados pesqueros a distancia.
A continuación, la necesidad de dar eficacia a las medidas de conservación adoptadas en las zonas económicas exclusivas sobre una especie que también es extraída en alta mar, pero sin ningún tipo de regulación.
Por último, la existencia de flotas pesqueras de terceros Estados que operan de manera no regulada en la alta mar adyacente a las zonas económicas exclusivas de los Estados ribereños del Pacífico Sudeste.
Señor Presidente , el Acuerdo en informe se estructura sobre la base de un preámbulo y veintitrés artículos, y entre sus elementos esenciales es posible mencionar los siguientes:
Su ámbito de aplicación corresponde "exclusivamente a la zona de alta mar", frente a los Estados ribereños (Chile, Colombia, Ecuador y Perú), desde el paralelo 5º de latitud norte hasta el paralelo 60º latitud sur, extendiéndose hasta los 120º de longitud oeste. Asimismo, consigna la posibilidad de que a través de instrumentos complementarios se extienda su aplicación a otras áreas, conforme a la naturaleza, características, desplazamientos y relaciones ecológicas de las poblaciones reguladas.
Especial relevancia adquiere el Acuerdo al incluir las denominadas "especies transzonales y altamente migratorias". Si bien éstas no son definidas en el Acuerdo, en términos técnicos las primeras corresponden a especies que realizan extensas migraciones entre numerosas zonas económicas exclusivas y áreas de alta mar, y las segundas, a aquellas cuyo ciclo de vida se desenvuelve preferentemente dentro de la zona económica exclusiva de uno o más Estados ribereños, migrando hacia la alta mar en alguna de sus etapas de desarrollo (para mejor comprensión de los señores Senadores, debo advertir que estas especies son la albacora o pez espada, el atún y el jurel).
Además, se consagra el interés preferente del Estado costero en la alta mar adyacente a sus aguas jurisdiccionales, en términos tales que la obligación de cooperación entre los Estados costeros y los pesqueros de altura que establece la Convención del Mar a los efectos de acordar las medidas necesarias para la conservación de aquellas especies en la alta mar, debe ser cumplida en el marco del respeto a los intereses del Estado ribereño.
Respecto a la participación de terceros Estados, este Acuerdo de Conservación pretende sentar las bases para la celebración de negociaciones orientadas a la debida regulación de las actividades de pesca en alta mar.
El carácter de Acuerdo Marco de este Tratado permite el posterior desarrollo de sus disposiciones generales a través de la concertación de acuerdos complementarios.
Por consiguiente, terceros Estados que efectúen faenas de pesca en esa área estarán llamados a emprender acciones en el contexto del denominado "Acuerdo de Galápagos", ya que la ordenación y la conservación de recursos en alta mar se han puesto en el primer plano de la atención internacional.
Otra de las fortalezas de este Acuerdo es la definición de los Principios de Conservación, lo que permitirá velar por la compatibilidad que debe haber en las medidas adoptadas en alta mar con las existentes en las zonas económicas exclusivas, no pudiendo ser las primeras menos exigentes que las dispuestas en estas últimas, lo que hace viable la conservación de los recursos en explotación.
Con relación al cumplimiento de las medidas de conservación, la acción conjunta de los cuatro Estados ribereños del Pacífico Sudeste dará, sin duda, mayor eficacia a las negociaciones.
En suma, el Acuerdo de Galápagos es un instrumento idóneo para canalizar los intereses de Chile en la conservación de los recursos vivos marinos, en particular los calificados como altamente migratorios y transzonales, y, además, considera adecuadamente la política nacional en un área de profunda importancia socioeconómica para el país.
La adopción del enfoque precautorio beneficia a los Estados ribereños, toda vez que son los que tienen más incentivos para la conservación de los recursos que se explotan en sus zonas económicas exclusivas.
Finalmente, este instrumento permitirá consolidar una organización para la conservación de los recursos vivos marinos del Pacífico Sudeste, que implicará, en la práctica, un nivel de coordinación de las políticas de los países ribereños del Pacífico Sur mayor que el existente en el pasado, con efectos importantes para el desarrollo sustentable en Chile de las pesquerías transzonales y altamente migratorias, como el jurel y el pez espada, y a futuro, de otros recursos.
El proyecto de acuerdo en análisis fue aprobado en general y particular por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión de Relaciones Exteriores.
Señor Presidente , el Acuerdo sometido al conocimiento de la Sala es, en mi concepto, uno de los más importantes suscritos por Chile durante los últimos diez años en el sentido de liderar un nuevo enfoque del Derecho Internacional Marítimo, en especial sobre aspectos que van reglamentando lentamente la administración de la alta mar adyacente a las zonas económicas exclusivas de las 200 millas de los cuatro países miembros de la Comisión Permanente del Pacífico Sur.
Este Convenio consagra en definitiva el concepto de mar presencial, planteado en Chile a fines de los años 80 y a principios de la década de los 90, en cuanto a la necesidad de buscar una fórmula de acuerdo internacional para proteger ciertas especies que, viviendo entre la zona de alta mar y la zona económica exclusiva, se desplazan de un lado a otro. Y a renglón seguido, a pesar de la libertad de pesca -consagrada en la Convención del Mar-, confirma la preocupación del Estado ribereño sobre situaciones que, ocurriendo en la alta mar, afectan su desarrollo en la zona económica exclusiva, y, asimismo, busca un equilibrio en el uso de la alta mar para evitar que terceros Estados, actuando en esa área, perjudiquen indirectamente el desarrollo de los Estados ribereños.
El área de aplicación del Acuerdo Marco (paralelo 5º de latitud norte hasta el paralelo 60º de latitud sur, que coincide con el Círculo Antártico y el límite extremo de la zona económica exclusiva de los cuatro países miembros, extendiéndose hasta los 120º de longitud oeste), crea una zona que muy bien podemos denominar "Mar presencial de la Comisión Permanente del Pacífico Sur".
Es importante recalcar que este Acuerdo Marco se aplica exclusivamente en la zona de alta mar adyacente. Sin embargo, al hacer compatibles los principios de conservación en el sentido de que las leyes nacionales sobre este aspecto también se extienden más allá de las 200 millas y al producirse un equilibrio entre los intereses de terceros Estados y los del Estado ribereño -insisto-, estamos en presencia de un nuevo paso que da Chile en materia de Derecho Internacional Marítimo para ir avanzando hacia una regulación de la alta mar muy ajena ya a la completa libertad postulada hasta este momento.
Deseo hacer presente que éste es un Acuerdo que plantea a futuro una demanda por espacios marítimos que son ricos en peces transzonales y migratorios y en diversas especies que, tarde o temprano, comenzarán a ser observadas por la comunidad internacional frente al paulatino deterioro de la masa biológica mundial existente para la alimentación en los océanos.
Asimismo, el instrumento en examen permite a los cuatro Estados miembros diseñar políticas pesqueras conjuntas y establecer al respecto una comunidad marítima internacional con alcance político y que, en especial, consagra la efectividad de la Comisión Permanente del Pacífico Sur, organismo que en diversas oportunidades no ha sido entendido ni considerado debidamente por los Gobiernos de los cuatro países miembros.
Por otra parte, la posibilidad de aplicar una legislación pesquera múltiple lleva aparejada la idea de contar en las referidas cuatro naciones con Códigos de Pesca donde sean comunes las sanciones, las medidas de protección, las multas y la aplicación de los procedimientos jurisdiccionales pertinentes.
Por último, hay una acción coordinada abierta a las Armadas de los cuatro Estados ribereños que permitirá mejorar las relaciones; mantener material apropiado y homogéneo para las labores del caso; asegurar el cumplimiento del instrumento en análisis; dar protección al Acuerdo Marco y a las resoluciones derivadas de él, y, sobre todo, establecer la soberanía transzonal derivada del hecho de acoger plenamente el concepto de "Mar presencial de la Comisión Permanente del Pacífico Sur".
Insisto en que, a mi juicio, este Tratado es uno de los más importantes de los últimos 10 años, porque lleva aparejada posibilidades futuras insospechadas en este momento, y obligará a nuestra Cancillería a realizar ingentes esfuerzos para obtener su pronta ratificación por parte del resto de los Gobiernos que pertenecen a la Comisión Permanente del Pacífico Sur.
Repito: hoy día damos un gran paso que presenta a Chile como país pionero en materias de Derecho Internacional Marítimo.
Señor Presidente , quiero señalar al Senado la importancia del Acuerdo de Galápagos que se somete a su consideración, pues, como se dijo, constituye una iniciativa de carácter ejemplar en el ámbito de la cooperación regional adoptada por Colombia, Ecuador , Perú y Chile. Como acabo de manifestar, para el nuestro -país costero- reviste enorme trascendencia.
Desde el punto de vista institucional, la ratificación de este instrumento internacional viene, en definitiva, a cumplir uno de los mandatos de la Comisión Permanente del Pacífico Sur -CPPS-, que en la "Declaración de Santiago de 1952" estableció, entre otros objetivos, precisamente, el procurar la preservación de la integridad y conservación de las riquezas de sus mares.
Desde el punto de vista de la actividad pesquera nacional, el Tratado constituye un avance muy sustantivo en torno a la protección de las especies transzonales y altamente migratorias. Si se consideran las cifras del año pasado, esta actividad representó mil 784 millones de dólares por concepto de ventas al exterior, lo cual la transforma en la tercera fuente de divisas de nuestra economía. Ello corresponde a 5,4 millones de toneladas de recursos, uno de los mayores volúmenes mundiales.
Desde el punto de vista social, es relevante destacar que en Chile esta actividad en el año 2000 proporcionó empleo a cerca de cien mil trabajadores.
Desde el punto de vista de su importancia política y estratégica, esta normativa es, sin lugar a dudas, una de las más trascendentales en la historia de la Comisión Permanente del Pacífico Sur. Es uno de los Tratados más completos y comprensivos en su género y su vigencia, una vez ratificado, nos dotará de un instrumento jurídico que respaldará el trabajo que hemos realizado en torno a algunos diferendos planteados en el ámbito internacional. Cabe recordar la contienda con la Unión Europea, precisamente respecto del pez espada, que llevó a Chile a recurrir a la CONVEMAR, y a la Unión Europea, a la OMC, conflicto que fue felizmente negociado, pero que, de estar vigente este Tratado, se habría dado mayor certeza y fortaleza a nuestros argumentos que, a nuestro juicio, fueron sólidos.
Desde el punto de vista de la proyección regional, el Acuerdo proporciona un nuevo dinamismo a la labor de la CPPS como organización preocupada por el cuidado del medio ambiente marino y costero de la región, al tiempo que confiere a los cuatro países un eficaz instrumento para fortalecer sus capacidades de explotación pesquera y dar expresión práctica a las potencialidades en la esfera del aprovechamiento de los recursos marinos vivos.
Señor Presidente , finalmente, quiero llamar la atención hacia un hecho de la mayor importancia y que se relaciona con la ratificación de este Tratado. Hace 50 años, en 1952, en el marco de este mismo grupo de países, impulsamos la teoría de las 200 millas marinas. Esa teoría hoy está incorporada en el Derecho Internacional. Ahora, 50 años más tarde, nos hallamos trabajando en torno al Acuerdo de Galápagos, cuya ratificación esperamos del Senado y también de los Parlamentos de los otros tres países involucrados. Por cierto, deseamos que esta normativa pueda ser abordada en el ámbito internacional, precisamente para preservar las especies altamente migratorias.
Señor Presidente , es tan amplio el grado de apoyo que ha concitado el Acuerdo de Galápagos que incluso el señor Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores , dada la envergadura e importancia del tema para la actividad pesquera y la preservación del medio ambiente, sugirió la realización en el Senado de un seminario que permita la adecuada difusión de esta materia tan trascendente para nuestro país.
Como ha terminado el tiempo de Fácil Despacho, solicito el acuerdo de la Sala para prorrogarlo por cinco minutos, a fin de que intervengan los dos últimos señores Senadores inscritos.
Tiene la palabra el Honorable señor Horvath, por dos minutos.
Señor Presidente, es tanta la relevancia de este Acuerdo que no ameritaba tratarlo en Fácil Despacho.
Chile posee una parte relevante del Océano Pacífico y, dentro de ella, ocupa una porción mayor todavía en el cuadrante del sector sudeste.
Tal como se ha señalado, desde la década de los años 50 nuestro país, con la fijación de la zona económica exclusiva -la cual finalmente se acordó a nivel internacional-, ha mantenido una posición de liderazgo. Además, como manifestó el Senador señor Martínez , Chile también ha sido pionero en cuanto al establecimiento del Mar Presencial, comprometiéndose a cuidar los recursos ambientales e hidrobiológicos en el sector y ejercer una soberanía de interés nacional e internacional. Por otra parte, la Subsecretaría de Pesca, en algunas medidas polémicas, ha dictado regulaciones sobre las especies pelágicas más allá de las 200 millas marítimas, inhibiendo a las empresas chilenas a capturarlas en dicha zona, justamente para cuidar esos recursos.
Por otra parte, cabe destacar que somos pioneros en el uso del posicionador satelital como una manera de fiscalizar la actividad de las naves industriales en las 200 millas marítimas, lo cual ha permitido detectar las trasgresiones a dicho límite y regular adecuadamente las áreas. Como ejemplo, cabe señalar que en un mes se ha logrado controlar lo que antes no se hacía en un año y en mala forma.
Obviamente, estas experiencias positivas es conveniente incorporarlas en este Acuerdo para después ampliarlas al resto del mundo.
Finalmente, quiero enfatizar que no solamente se restringe la extracción de los recursos pelágicos, transzonales o altamente migratorios, sino todos. Hay especies de no gran movilidad, como el bacalao o el mero, que también requieren ser cuidadas. Y estimo que sería una buena instancia para tenerlas presente.
Por todos los aspectos positivos de este Tratado y por su carácter pionero, anuncio mi voto favorable.
Tiene la palabra el Senador señor Adolfo Zaldívar, por dos minutos.
Señor Presidente , no cabe duda de que esta normativa va en la línea que en esta materia el país ha mantenido desde hace un tiempo a esta parte y que está dirigida a proteger nuestros recursos marinos, lo que reviste gran importancia.
Pero deseo aprovechar la presencia de la señora Ministra de Relaciones Exteriores para plantearle la preocupación derivada de algunos hechos que merecen la mayor atención por parte de la Cancillería y del país en general. Muchos pescadores artesanales y hombres de mar emigran de nuestro país por motivos de trabajo y son contratados por empresas, o por terceros que los llevan a empresas internacionales, donde sus remuneraciones y su seguridad dejan mucho que desear. Hay varios casos de accidentes fatales, oportunidades en que nuestros connacionales no han tenido ni resguardo previsional o de seguro de vida, o no han logrado que se les paguen las remuneraciones adeudadas.
El tema lo abordaré próximamente en la Sala. En esta oportunidad, con ocasión de este Tratado, sólo deseo manifestar mi preocupación por lo que les está ocurriendo a varios connacionales, y espero que la autoridad, principalmente la Cancillería, adopte las medidas tendientes a resguardar la seguridad de ellos y de sus familias.
Si le parece a la Sala, se aprobaría en general y particular el proyecto de acuerdo.
En conformidad a lo resuelto, nos abocaremos al estudio del proyecto de ley, iniciado en mensaje del Presidente de la República y en primer trámite constitucional, sobre transparencia, límite y control del gasto electoral, con informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.
El principal objetivo del proyecto es, según el informe de la Comisión, fijar límites a los gastos de las campañas electorales y establecer normas que regulen su financiamiento y la fiscalización y publicidad de éste.
El informe consigna la aprobación en general de la iniciativa por la unanimidad de los miembros presentes en la Comisión, Senadores señora Frei, y señores Cordero, Fernández y Martínez. En consecuencia, la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización propone a la Sala aprobarla en general.
Cabe destacar que los artículos 1º al 42 tienen el carácter de ley orgánica constitucional, motivo por el cual requieren para su aprobación el voto conforme de los cuatro séptimos de los señores Senadores en ejercicio, esto es, al día de hoy, 27 votos. Los artículos 43 y 44 son normas de ley común.
En la discusión general, tiene la palabra la Honorable señora Frei.
Señor Presidente , el proyecto en debate reviste suma importancia -sobre todo en un período de campaña electoral- y es conveniente que el Senado de la República se pronuncie al respecto y dé una señal ante el país. Cuando atravesamos momentos tan adversos, con tanta cesantía y problemas económicos, y las campañas realmente irrogan gastos excesivos, es bueno que el país aprecie en nosotros la disposición favorable a cierta austeridad y a evitar los gastos excesivos en las campañas.
Estas normas ya han sido vistas en otras oportunidades, han estado presentes en la agenda legislativa, pero no hemos tenido la posibilidad de contar con los votos necesarios para aprobarlas. Pero quiero dejar muy en claro que, aun cuando fueran aprobadas por el Senado y la Cámara, no podrán ser aplicadas en esta elección, porque los plazos constitucionales están corriendo y el proceso se encuentra en marcha. No obstante, considero que constituye una buena señal el que las estemos discutiendo en estos momentos.
Su objetivo, como bien se dijo, es fijar límites a los gastos de las campañas electorales y regular su financiamiento y la fiscalización y publicidad de éste. Debo expresar también que se trata de una materia de gran sensibilidad en nuestro sistema político y hasta la fecha no ha sido abordada con la seriedad que ella requiere. Es complicada, de difícil tratamiento, pero en los debates habidos en la Comisión la idea de legislar fue aprobada por unanimidad, y la intención es empezar a estudiarla con mucha calma, pues disponemos del tiempo necesario, y sin descuidar su efectividad.
Nuestra institucionalidad política puede verse deteriorada por la desmedida influencia del dinero en ella. Esto no significa que estamos rechazando totalmente el financiamiento político, sino que queremos regular la relación entre el financiamiento y la actividad política. La inadecuada vinculación entre el dinero y la política puede conducir a que muchos candidatos triunfen en los comicios por el hecho de disponer de cuantiosos recursos, en desmedro de quienes carecen de ellos. Por eso, estamos también tratando de crear un sistema regulatorio de los dineros privados en la actividad política, porque todos sabemos que los que contribuyen económicamente a una campaña, al ser tratada posteriormente una iniciativa que los favorezca, esperan ser resarcidos de alguna manera con el voto. Y esta iniciativa pretende precisamente impedir esa influencia inconveniente en la actividad partidaria. Chile, felizmente, tiene los índices más bajos de corrupción de América Latina y, por qué no decirlo, de muchas otras partes del mundo. Y esta normativa, tan favorable para nuestro país, podría considerarse como el punto de partida para fortalecer la ética colectiva y la forma de interacción entre el sector público y el privado.
Es muy difícil abordar estos temas, pero creo que es el momento apropiado para hablar en el Senado de las relaciones entre el dinero y la política. Soy una convencida de que son dos cosas diferentes. El que desea dedicarse a los negocios, está en pleno derecho de hacerlo de la mejor manera, y el que se dedica a la política debe establecer una separación entre ésta y su vocación de empresario o de hacer dinero por otros medios. Pienso que debemos convencer a los jóvenes de que en la política no está involucrada la influencia del dinero.
Con tal propósito se propone la creación de mecanismos muy transparentes de financiación privada de la actividad política y para regular los límites y el control de ésta. Y cuando hablo del ámbito privado, quiero también dejar muy en claro que el señor Ministro manifestó su acuerdo en la Comisión, donde también se refirió a la transparencia que se pretende dar a este tema. Incluso en la prensa de hoy, como han podido apreciar los señores Senadores, se dice que el Gobierno tiene la intención de monitorear los gastos de las campañas parlamentarias para llegar, de alguna manera, a controlar sus excesos, materia muy difícil, pero que esperamos conducir a buen término.
Como decía, desafortunamente en esta elección las disposiciones de esta iniciativa no podrán ser puestas en práctica, pero creemos que en un futuro próximo ello será posible. Se trata de determinar con certeza el monto a que asciende una campaña política en Chile, dato que resulta casi imposible obtener el día de hoy, dada la completa desregulación que existe sobre la materia y la ausencia de normas mínimas de transparencia sobre el particular.
En nuestro país, proyecciones muy conservadoras han estimado que el gasto total de las campañas parlamentarias en 1993 alcanzó a 15.700 millones de pesos, o sea, 37,5 millones de dólares de la época. Otros estudios referentes a las elecciones parlamentarias de 1997 dan una cifra total de 39.000 millones, aproximadamente 84 millones de dólares. Distintos institutos han hecho estudios al respecto -los documentos pertinentes me fueron proporcionados por el Ministerio del Interior y los señores Senadores interesados pueden solicitarlos-, por ejemplo, el que elaboraron el Centro de Estudios Públicos y la Corporación Tiempo 2000 mide el porcentaje del producto interno bruto en comparación con los gastos electorales de diversos países. En el caso de Estados Unidos, su porcentaje del PIB es de 0.046, en circunstancias de que Chile es de 0.161. Sólo nos gana (en forma negativa, por cuanto hablo del gasto electoral agregado) Nicaragua, con 0,238 por ciento del producto interno bruto. Y nos comparamos con Japón, que tiene 0,066 por ciento; con Gran Bretaña , 0,009 por ciento, países que, sin duda, tienen bastante mayores niveles de gasto y mejores estándares de vida.
Aunque el total de gasto de todas las campañas que se verificaron en Estados Unidos ha crecido progresivamente desde 1952, al momento presente éste se sitúa en cifras cercanas a los 3 mil 500 millones de dólares. Japón ha seguido el mismo derrotero, pues el gasto se halla en los 3 mil millones de dólares. En Gran Bretaña sucede lo mismo.
Pero lo que resulta muy negativo para nosotros es que, con relación al gasto en esos tres países, el nuestro es nueve veces superior. Se trata -como dije- de naciones con estándares de vida diferentes, con otros recursos, en tanto que Chile es una nación pequeña (15 millones de habitantes), con una pobreza, desgraciadamente, muy grande. Esto, sin duda, constituye una aberración.
El mensaje del Ejecutivo señala los grandes principios que orientan este proyecto. Y destaca, entre ellos, la regulación de los sistemas de financiamiento de campañas electorales, procurando que todos los candidatos y partidos participen en los actos electorales en un mismo pie de igualdad. Esto es consecuente con el mandato del artículo 1º de nuestra Constitución Política, que asegura el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional.
El proyecto define los gastos electorales como "todo desembolso en que se incurra para el financiamiento de los equipos, oficinas y servicios de los partidos políticos y candidatos, con ocasión y a propósito de actos electorales.". Asimismo, determina el período en que éstos se considerarán. Igualmente, señala los tipos de gastos electorales, respecto de los cuales no me extenderé más, por cuanto se encuentran claramente explicados en el mensaje y en el informe evacuado por la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización. En seguida, se consignan los límites al gasto electoral.
Y el Ejecutivo propone -el proyecto debe discutirse y puede sufrir enmiendas tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados- que en las elecciones parlamentarias y municipales los gastos electorales se encuentren sujetos al límite que resulte de multiplicar por 0,02 UF el número de ciudadanos inscritos en los registros electorales en la circunscripción senatorial, el distrito o la comuna correspondientes.
En el caso de las candidaturas a Presidente de la República, dicho límite se calculará considerando otro factor multiplicador, por si procede una segunda vuelta.
El límite de gastos que podrá efectuar cada partido político será el equivalente al tercio de la suma total de los gastos electorales permitidos a sus candidatos, incluidos también los independientes que vayan en pacto o subpacto con él.
El candidato o partido político que exceda el límite de gastos electorales será sancionado con una multa, a beneficio fiscal, equivalente al quíntuplo del exceso en que hubiere incurrido. Como Sus Señorías podrán apreciar, se trata de un castigo bastante fuerte. Pero viendo la significación del proyecto (aunque a algunos señores Senadores les parezca mal), la sanción incluso podría ser mayor.
Después, el inciso segundo del artículo 8º dispone que "se entenderá que constituye aporte de campaña electoral toda contribución en dinero, o estimable en dinero, que las personas naturales o jurídicas de derecho privado, efectúen a un candidato o partido político, sea que se materialice bajo la forma de mutuo, de donación, comodato o cualquier acto o contrato a título gratuito, destinado al financiamiento de gastos electorales.".
Como pueden ver, señores Senadores, esto es bastante drástico, pero, a mi juicio, necesario.
A continuación, para el control de los ingresos y gastos electorales se establece la figura de los Administradores Electorales y de los Administradores Generales Electorales.
Se trata de un extenso Título, en donde se dispone que todo candidato a Presidente de la República , a Senador o a Diputado deberá nombrar un Administrador Electoral -lo que habrá de efectuarse al momento de la declaración de la candidatura-, el que actuará como mandatario respecto de las funciones de control de los ingresos y gastos electorales que esta ley le asigna. Igual obligación pesará en el caso de candidatos a alcalde o a concejal correspondientes a comunas de más de veinte mil electores.
Corresponderá especialmente al Administrador Electoral, entre otras obligaciones, llevar contabilidad completa y fidedigna de los ingresos y gastos electorales de la candidatura a su cargo y remitirla al Administrador General Electoral del respectivo partido. Éste, a su vez, tendrá la obligación de mandar dicha información contable al Director del Servicio Electoral .
Algunas normas deben ser aprobadas con rango de ley orgánica constitucional por incidir en materias relativas a la organización del sistema electoral público, al financiamiento de los partidos políticos y a las atribuciones del Tribunal Calificador de Elecciones.
En el Párrafo 3º del Título III se indica el momento de la presentación y control de la contabilidad electoral. En efecto, dentro de los cuarenta días siguientes a una elección presidencial, parlamentaria o municipal, los Administradores Generales Electorales deberán presentar al Director del Servicio Electoral una cuenta general de los ingresos y gastos electorales directamente recibidos. A éste también se le fija una fecha en la que deberá pronunciarse respecto de la cuenta de ingresos y gastos electorales.
Señor Presidente , la iniciativa en discusión constituye un desafío para nuestro país. Creo que sería muy bueno que la aprobáramos en general en forma unánime, tal como lo hizo la Comisión, con los votos de los Honorables señores Cordero , Fernández , Martínez y de la Senadora que habla, que la presidió. También sugiero fijar un plazo razonablemente largo para presentar indicaciones.
Señor Presidente , concurrimos con nuestros votos para aprobar el proyecto en la Comisión y también lo haremos en la Sala, por cuanto creemos que todas las normas que digan relación con la transparencia y límites en el gasto electoral pueden ser interesantes de considerar, y resulta, por tanto, necesario analizar el tema a fondo.
Nos parece que el proyecto en discusión, que en general define el gasto electoral como "todo desembolso en el que se incurra para el financiamiento de los equipos, oficinas y servicios de los partidos políticos y candidatos, con ocasión y a propósito de actos electorales", debe ser revisado y estudiado, por cuanto este tipo de limitaciones, que se han establecido en otros países, no se han cumplido efectivamente, y son disposiciones que normalmente pueden burlarse con mucha facilidad.
Pero lo más grave es que esta clase de normas puede afectar a los candidatos que no se encuentran en el ejercicio del poder. Y, en esa perspectiva, la iniciativa ha de ser especialmente cuidadosa para dar las mismas facultades e iguales posibilidades al candidato que está postulando al cargo sin tener antecedentes conocidos por la opinión pública. Ello, porque la ventaja de quien ya está ejerciendo el cargo y postula a su reelección es enorme.
En ese sentido, creo que se afectaría en forma importante el sistema democrático si este proyecto, en el fondo, consolidara la situación de quienes actualmente ejercen un cargo. Diría que ésa es la limitación y el defecto probablemente más grave que puede tener: consolidar de alguna u otra manera a los que actualmente ocupan el cargo al cual se postula. De manera que el análisis que lleve a cabo la Comisión tendrá que ser especialmente cuidadoso, a fin de evitar que finalmente la ley lleve a esta situación, con lo cual, obviamente, dejaría de cumplir su objetivo de transparencia y se transformaría en una normativa antidemocrática.
Del mismo modo, también es preciso considerar la posibilidad de facilitar que las personas efectúen donaciones, respetándose el anonimato, garantía que debería tener el que desee realizar un aporte. No tiene por qué ser necesario identificar al donante, pues éste podría verse expuesto a algún tipo de represalia o de acciones en su contra, especialmente si quien recibe la donación es contrario al candidato de turno. No olvidemos que el voto es secreto.
Por lo tanto, el hecho de establecer que será obligatorio publicitar los aportes de personas naturales, obviamente, también atenta contra el carácter secreto del voto. Por eso, se trata de normas que es preciso analizar convenientemente.
A mi juicio, el problema fundamental de la medida anterior radica en que se favorece a quien está en el ejercicio del cargo, pues éste se encuentra en una especie de campaña permanente y cuenta con gastos fiscales para desarrollar su labor. Todo ello significa que de una u otra manera se deja en absoluta desventaja al postulante a ocupar un cargo por primera vez, y que, por lo tanto, no ha tenido posibilidad de darse a conocer ante la opinión pública. Los Parlamentarios, los alcaldes o los concejales cuentan con distintas formas de hacerse presentes en los medios de comunicación, lo cual representa una ventaja que puede ser incontrarrestable frente al candidato que no dispone de esos medios.
En consecuencia, se trata de un aspecto que -repito- debe estudiarse adecuadamente.
Por otra parte, existe una serie de limitaciones en el sentido de que las campañas deben llevar una contabilidad general completa. Significará un trabajo enorme el revisar cientos de contabilidades y analizarlas. En todo caso, creo que es una materia perfectamente subsanable.
Sin embargo, a mi juicio, existe un aspecto fundamental que deberemos analizar en la discusión particular de las normas -respecto del cual presentaremos indicaciones, donde algunas de ellas necesariamente requerirán del apoyo del Ejecutivo-, en cuanto al establecimiento de limitaciones a la acción del Gobierno de turno en una elección. Porque, así como se pretende restringir el gasto que puedan efectuar particulares en una campaña, también el Gobierno de turno debería tener serias limitaciones -establecidas en el proyecto que nos ocupa- para los efectos de mantener el debido equilibrio.
Si se quiere abordar el tema de fondo, cual es la existencia de reglas claras y transparentes para la competencia electoral, un punto fundamental es la influencia que el Gobierno pueda tener en las campañas, sea por medio de la intervención directa, sea por la aplicación del gasto público, que muchas veces puede hacerlo en forma discrecional.
Para tal efecto, debe prohibirse que los personeros de Gobierno participen en campañas públicas, en especial en el período inmediatamente anterior a ellas, y usar bienes públicos en beneficio de aquéllas.
También deben fijarse restricciones especiales al otorgamiento de subsidios y beneficios directos por parte de autoridades públicas. Por ejemplo, pensiones asistenciales, canastas familiares, no pueden entregarse con intervención o participación de candidatos oficialistas.
El Gobierno debe quedar impedido de pagar honorarios o gastos extraordinarios que aumenten significativamente en períodos anteriores a las elecciones. Para hacer efectiva tal restricción, debe crearse una especie de registro público centralizado, por ejemplo, en la Contraloría General de la República, donde se indiquen las personas que reciben los honorarios o pagos, de quién las recibe y por qué concepto.
Para evitar el uso indebido de fondos y bienes fiscales -considerando la dificultad de probarlo- deben dictarse normas especiales en materia de prueba respecto del uso de bienes fiscales (automóviles, teléfonos, oficinas, personal, etcétera), de tal manera que la autoridad sea capaz de demostrar fehacientemente que está llevando a cabo actividades ajenas al proceso electoral.
Todo esto será objeto de indicaciones que formularemos.
Además, el presupuesto utilizado por el Gobierno para publicidad debe ser limitado en los meses anteriores a una elección de forma tal que no se pueda usar en apoyo de determinados candidatos. Del mismo modo -algo que también puede ocurrir-, la utilización de folletos, libros, catálogos y otros documentos semejantes debe restringirse en los períodos electorales a fin de precaver que por esa vía se realice algún tipo de propaganda en favor de candidatos oficialistas.
En la Ley de Presupuestos se establecieron limitaciones para la realización de encuestas y estudios de opinión, salvo que cuenten con autorización específica. Dichas normas deben hacerse genéricas y permanentes para los efectos de impedir el uso de fondos fiscales con tales finalidades.
Restricciones similares a las recién señaladas respecto de bienes fiscales deben extenderse a las empresas públicas, ya que obviamente les corresponden iguales limitaciones en cuanto al uso de los recursos, para prevenir su destinación a objetivos distintos de los propios. No olvidemos que la finalidad de las empresas públicas no es financiar campañas.
Señor Presidente , nosotros prestaremos nuestra aprobación al proyecto -tal como hicimos en la Comisión-, y presentaremos diversas indicaciones en su discusión particular (algunas de ellas enunciamos ahora), para lo cual será necesario, especialmente en las que digan relación a los actos del Gobierno y del sector público, contar con el patrocinio del Ejecutivo para los efectos de poder establecer las respectivas limitaciones. Ello, puesto que de otra manera no se podría lograr, en un proyecto sobre transparencia y límite del gasto electoral, un equilibrio adecuado en las distintas circunstancias involucradas en dicho proceso.
Pero -repito- uno de los importantes factores que desequilibran toda campaña es la situación en que se encuentra el candidato que no ocupa el cargo al cual postula, y otro es el que se refiere a la intervención que un Gobierno (el de turno) pueda tener en determinada elección. Tales factores se deberían considerar en un proyecto, si realmente deseamos establecer transparencia y límite en el control del gasto electoral.
Señor Presidente, votaremos a favor de la iniciativa y presentaremos las indicaciones respectivas en la oportunidad que corresponda.
Señor Presidente , la Senadora señora Frei ha dado un completo informe. Creo que, desde ese punto de vista, resumió en forma adecuada los fundamentos del proyecto y la motivación que lo inspira.
Sin embargo, en esta intervención deseo referirme a algunos aspectos que, dentro del debate público -incluso mencionados en la Sala-, creo necesario despejar.
El objetivo más importante del proyecto, que se busca sobre la base de limitar o controlar el gasto electoral, es respetar la igualdad de cada ciudadana y ciudadano para elegir o ser elegido sin elementos que distorsionen tal prerrogativa en nuestra sociedad.
Los Senadores de esta bancada sostuvimos en su momento una batalla muy larga y difícil para establecer la cédula electoral única. Jorge Rogers Sotomayor , Diputado en esa época, fue el autor del respectivo proyecto -que recibió todo tipo de ataques al pretender arrancar de las manos de quienes podían financiar la impresión, la distribución del voto, e incluso controlar la forma cómo éste se emitía- tendiente a instaurar un mecanismo imparcial que diera una posibilidad de democratización en el país.
Creo que nadie duda hoy día en Chile que la cédula única, el voto secreto, la emisión de cédulas por parte de un organismo centralizado, el control de acuerdo con el sistema electoral vigente (de mesas, de tribunales, de sistemas idóneos de cómputos), nos han dado la posibilidad de avanzar en este reconocimiento a la igualdad de la ciudadana y del ciudadano para expresar su voto.
El problema del gasto electoral se vincula -no quiero usar palabras que en su tiempo fueron muy discutidas, precisamente cuando se derogó el sistema de votación anterior a 1958- a la práctica del cohecho, que consistía en la utilización del dinero para torcer la voluntad ciudadana. Así, la imaginación, no popular, sino la de quienes financiaban el cohecho, llegó casi a niveles de novela: el sistema del "zapato izquierdo", el del "sobre brujo", el del "billete cortado" y el de "la encerrona" corresponde a la terminología que se utilizó en su tiempo. Cuando esto se conversa con gente más joven, se piensa que uno tiene imaginación fértil, como la de un novelista. Se les ha explicado en qué consistía y, cómo se hacía todo ello -varias de las personas que se encuentran en esta Sala saben que esto es verdad- y que el dinero se usaba para elegir Senadores, Diputados, alcaldes, regidores en su época y Presidentes de la República .
Eso, obviamente, generaba una fórmula absolutamente antidemocrática para el funcionamiento del país. Hoy día estamos en un mundo distinto y las cosas operan de otra manera. Sin embargo, se observa que el poder del dinero sigue presente, con fórmulas más novedosas y más de acuerdo con el tiempo que vivimos, pero que son igualmente eficaces. Ellas, incluso, pueden esconder subterfugios, como el hecho de que en la actualidad cualquier candidata o candidato realmente inteligente puede declarar que el contratar un programa de radio o televisión locales -hoy día esto existe y se realizan campañas electorales antes de la fecha permitida por la ley- no constituye gasto electoral, sino difusión de la persona.
Todos sabemos lo que eso cuesta, cómo se arman los equipos y de qué manera comienza a generarse un problema de imagen.
Lo mismo ocurre con el sistema relativo a los sondeos públicos. Sobre el particular, en estos días hemos asistido a un espectáculo increíble: a raíz de lo que dicen supuestas encuestas, se ha producido un terremoto en una alianza electoral, lo cual ha cambiado bruscamente el cuadro de representatividad en Chile.
Algunas de esas encuestas son carísimas; otras tienen un mecanismo de financiamiento más sutil. Pero, en el fondo, son instrumentos de creación de imagen, de opinión pública, que generan consecuencias como las observadas
Por lo tanto, señor Presidente, creemos que es positivo considerar un proyecto sobre limitación del gasto electoral, para salvaguardar la equidad de la ciudadana y del ciudadano en su posibilidad de elegir y ser elegidos.
Sin embargo, hay un segundo argumento al que también haré mención.
Cuando se manifiesta que el aparato gubernamental es un elemento electoral importante, no sé si ello se hace recordando tiempos pasados. En todo caso, si fuere así cabe destacar que, con motivo del Plebiscito de 1988, donde se realizó un enorme esfuerzo público visible -muchos de los que integran el Senado actuaron ante el país-, la ciudadanía fue capaz de resistir la intervención electoral más brutal que se haya visto y de generar, incluso, un resultado que hasta hoy asombra al mundo y que en nuestro país abrió las puertas de un sistema democrático.
Por lo tanto, no es conveniente magnificar el argumento de que el aparato vinculado al Gobierno es el que elige a los candidatos. ¡No! Porque la Oposición, aunque no forma parte de él, en la primera vuelta de la elección de 1999 estuvo a punto de alcanzar la Presidencia de la República . En consecuencia, esa afirmación no es válida, porque todos sabemos que el sistema está sometido a la Contraloría General de la República, a las leyes vigentes y puede ser objeto de denuncia pública, a cuyo respecto hay libertad de prensa para expresar lo que se desee y donde se quiera, como también acusar al funcionario, someterlo a proceso, e incluso destituirlo, si no cumple con la ley.
Por consiguiente, dicho argumento no debe quedar establecido en el debate como punto central -vale decir, controlar la forma como actúa o no actúa el aparato público-, por cuanto no es lo que motiva el proyecto de ley sobre gasto electoral. Eso sería escamotear el verdadero fundamento de la iniciativa.
Señor Presidente , el tercer punto que deseo destacar apunta a la exageración que se hace con respecto al gasto electoral, en orden a que se trataría de algo absolutamente perdido. Posiblemente en algunas situaciones él no se traduzca en una producción inmediata y permanente. Pero, -alguien puede negar -sobre todo quienes representamos a las regiones- que durante el período electoral es cuando las radios locales, las que generan una cadena de comunicación en cada una de las zonas, tienen la posibilidad de lograr un financiamiento mínimamente más adecuado?
No recurramos a la hipocresía ni tampoco a argumentos que no son válidos. ¿Por qué? Porque esas radios -las cuales hoy día están siendo absorbidas por cadenas nacionales que se conectan a través de un computador y que eliminan toda presencia a nivel local o regional- encuentran precisamente en las campañas electorales su expansión, su financiamiento y su posibilidad de existencia.
Entonces, ¿cuál sería el escándalo que produciría el gasto electoral?
A mi juicio, lo importante sería normar los precios de esos programas; que se tuviese un conocimiento previo acorde con la realidad y que su acceso sea igualitario, y no como ocurre hoy día en ciertos casos, donde determinadas candidaturas compran radios cuyos espacios son negados al postulante opositor. Así, normalmente los candidatos de la Concertación no pueden acceder a ellas, toda vez que han sido adquiridas por poderes económicos que controlan la situación.
Otro punto al que deseo referirme se vincula con la confección del material impreso en las campañas electorales, donde participan imprentas nacionales, las que utilizan en sus trabajos papel nacional. No son los candidatos que representamos a los sectores de la clase media y a la gente de trabajo quienes traemos asesores internacionales de imagen, ni los que mandamos buscar personas a Estados Unidos para que mejoren nuestra cara o nos hagan una especie de "jingle", con el objeto de que los electores nos vean más simpáticos y más agradables. ¡No! Quienes hemos sido elegidos con el voto de la gente de trabajo sabemos realmente que eso no corresponde a nuestro gasto.
Por lo tanto, señor Presidente , debemos dejar en claro, primero, que aquí se busca evitar el cohecho moderno que hoy se está dando. No digo que lo lograremos totalmente. ¡No! No soy ingenuo. Pero es conveniente, a lo menos, establecer un mecanismo de freno, de contención y de ética respecto de lo que significa la utilización del dinero para forzar una voluntad determinada.
Segundo, a mi juicio, es indispensable fortalecer el control del gasto electoral como complemento de la existencia de la cédula única y del voto secreto, porque ése es un aspecto central del sistema democrático.
Y tercero, estimo que la limitación del gasto debería centrarse más bien en la utilización de todos los elementos -sobre todo, los foráneos e importados- que tienden a distraer los recursos que deberían ser gastados en nuestro territorio y que, en el fondo, generan una cadena de movimientos dentro de nuestra economía y en la forma de actuar de las regiones.
Quienes fuimos elegidos con votos populares y representamos a las regiones sabemos lo difícil que es enfrentar una campaña electoral y el costo que ella reviste. Además, los que obtuvimos las primeras mayorías no ganamos por el poder del dinero, sino por el poder de la convicción, de la confianza de la gente, elemento que hasta el día de hoy el dinero no ha logrado doblegar.
Señor Presidente, a raíz de este debate, debo manifestar que me impresionó mucho el que hace pocas semanas el Presidente de un importante partido político del país, el Diputado señor Cardemil, y antes de producirse las últimas turbulencias en la Derecha chilena, renunciara a su candidatura senatorial por la Región del Maule, a la cual tengo el honor de representar en el Senado.
La razón que dio públicamente -por eso lo comento acá- no fue política, sino económica. Dijo que retiraba su candidatura, la cual, a mi juicio, contaba con respaldo en la región.
A él no lo bajaron.
No, se bajó solo.
El motivo que adujo me impresionó: expresó que él no estaba en condiciones de soportar financieramente la campaña.
Esa declaración, que apareció en la prensa regional y nacional, me alertó sobre un sistema político que tiene profundas enfermedades. El hecho de que un candidato con raigambre en una región, perteneciente a un partido de Derecha, que se supone representa a los sectores más acomodados de la sociedad,...
...como es manifiesto en Chile, haya esgrimido como argumento que se retiraba de la campaña por falta de recursos económicos...
Su Señoría no tuvo ese problema. Otros almirantes lo tienen.
¡El Honorable colega no incurrió en gastos electorales!
El señor Senador no ha tenido problemas de caja por ese concepto.
Ruego a los señores Senadores no interrumpir.
Señor Presidente , me llama la atención que se me aluda. Yo sólo estoy observando.
Me estaba interrumpiendo, señor Senador. Por eso lo aludí.
Ruego al Honorable señor Gazmuri dirigirse a la Mesa.
Si el señor Senador quiere, le doy una interrupción. No tengo problema en sostener un diálogo con Su Señoría.
Entonces, señor Presidente, obviamente no fue la amenaza económica del Senador que habla lo que hizo retirar su candidatura al Diputado señor Cardemil; no fue el temor de lo que pudiera ser mi despliegue electoral,...
Su Señoría gasta poco.
...sino, más bien, el del señor Coloma , Diputado por Melipilla .
Ello demuestra que en esta sociedad hay una enfermedad, un problema severo entre el dinero y la política.
Eso me recuerda el debate de los años cincuenta. En esa década hubo una gran discusión sobre el cohecho,...
...que se resolvió de manera favorable con las leyes aprobadas en el último período de 1957 y que terminaron con la llamada "Ley de Defensa de la Democracia", lo que significó el término de la exclusión. Al mismo tiempo, se creó un mecanismo tendiente a dificultar el cohecho, que había sido un elemento consubstancial del paisaje político chileno desde la fundación de la República.
De otro lado, el actual debate sobre estos asuntos, e incluso la manera en que los diarios se refieren a ellos, me recuerdan también a la prensa de 1920, durante la que en algún momento se llamó "República plutocrática". Y hace unos días, leyendo el libro "El Pensamiento Político Chileno", me enteré de que entre 1915 y 1920 las diputaciones y senadurías tenían un precio: 150 mil pesos una diputación y 250 mil pesos una senaduría.
Con relación al proyecto en debate, según el mensaje los gastos de las elecciones parlamentarias de 1997 en Chile en relación con el PIB duplicaron o triplicaron el costo electoral de las de los Estados Unidos. Y una organización no gubernamental supuestamente independiente, el CEP, estima que ese año nuestras elecciones costaron 84 millones de dólares. ¡84 millones de dólares! Esto mueve a asombro. ¡Es un escándalo nacional! Se pagaron las cuentas de servicios de poblaciones completas. Esto significa traficar con el dolor humano. Ahora, en mi región, en este invierno duro, se están entregando a los electores bolsas con comida.
Actitudes como ésas pervierten la democracia, implican especular con el dolor de la gente y a mí -¡qué quieren que diga!- me indignan moralmente. Y eso está ocurriendo.
Aquí hay una batalla cultural y también legal. Pero me preocupa más la cultural. Creo que debemos decir "basta" a esta situación.
Quiero invitar a que llevemos a cabo un análisis de fondo, largo, extenso. Si no, pervertiremos la democracia. Ya la estamos pervirtiendo. Y la perversión de la democracia, a mi juicio, puede traer mucho daño a los países. En este sentido, la presente iniciativa pone el debate. Concuerdo con dos de los elementos que se proponen y que paso a comentar.
El primero es el límite al gasto. Es posible establecer razonablemente formas de control cruzado para que tal límite no se sobrepase. En el texto se contemplan algunos y podemos perfeccionarlos. Además, no debería ser tan caro difundir ideas, pensamientos, fotos de los postulantes que deseamos elegir,...
Las fotos exclusivas son más caras.
...el conocimiento de sus biografías, los debates públicos, etcétera, para que el proceso funcione bien y la ciudadanía vote informadamente.
El segundo elemento se refiere a la transparencia. Es razonable que haya transparencia respecto del origen de los fondos de las campañas electorales. Y estoy de acuerdo en que haya discrecionalidad en las donaciones hasta cierta cantidad; pero cuando excedan determinado monto es indispensable, para la transparencia del sistema, que los electores sepan quiénes son los donantes. Eso permitirá contrastar después si ello influyó en el voto de los ciudadanos.
Comparto lo expresado en su informe por la Senadora señora Frei , en cuanto a que en Chile todavía tenemos un sistema político donde, en general, no hay fenómenos masivos de corrupción. Lo que sí estamos corrompiendo es la democracia -lo que es distinto-, la ciudadanía y el voto ciudadano.
En la actualidad, algunas personas dicen que en las campañas no trabajan si no les pagan. ¡Todos quienes somos candidatos tenemos esa experiencia! Esto se ha convertido en un oficio. Además, si a la gente se le paga la cuenta de la luz, se pervierte la conciencia ciudadana, la conciencia cívica, que es la base de la democracia de un país.
Estimo que la transparencia es fundamental.
Echo de menos en el proyecto otro elemento: un financiamiento público mínimo. El Honorable señor Fernández manifestó: "Bueno, aquí la gente nueva está en desventaja". Me parece insólita la posición del señor Senador , porque significa decir "no limitemos el gasto". Eso favorecería a los postulantes nuevos con plata. Pero, ¿qué pasa con los candidatos nuevos sin recursos económicos? El Honorable colega supone que la igualdad la establecerá aquel que tenga mucho dinero.
Ese argumento me parece un tanto plutocrático. El mío es el contrario: ¿qué ocurre con los ciudadanos que tienen cualidades, corrientes de opinión, ideas, propuestas, pero carecen de acceso a fuentes de financiamiento? ¿Cómo compiten? ¿De qué manera se incorporan al sistema aquellos que no se encuentran vinculados, por ejemplo, al empresariado, que está en condiciones de hacer aportes sustantivos; o a sectores profesionales, que pueden hacer aportes aunque tal vez menores?
A mi juicio, al proyecto le falta -como dije- algo que sí contemplan muchas democracias modernas del mundo: un aporte público, limitado -de acuerdo a las posibilidades de nuestra economía-, para que el financiamiento de las campañas asegure igualdad de condiciones en la competencia electoral, que constituye una de las bases de la democracia.
Por lo tanto, solicito al Gobierno incluir el punto en una nueva iniciativa -desgraciadamente, no alcanzará a aprobarse para la presente campaña electoral-, a fin de estudiarlo con mayor sosiego y tiempo. Es indispensable contemplar un mínimo de financiamiento público del gasto electoral, de manera de asegurar realmente igualdad de condiciones para todos los ciudadanos y corrientes de opinión del país.
Señor Presidente , como lo ha señalado la Senadora señora Carmen Frei , este proyecto persigue objetivos que supuestamente todos compartimos.
No quiero retomar las cifras que ella ha entregado respecto de lo que constituye el gasto electoral en el país, y la tremenda desigualdad en que nuestros candidatos se encuentran. Creo que, efectivamente, se trata no sólo de perfeccionar las leyes en materia electoral, de facilitar mejores formas de inscripción, de rebajar las edades para postular a los cargos, de mejorar la posibilidad de acceso de los ciudadanos al sistema, sino también de dar oportunidad para que un hombre joven que recién comienza en la vida pueda ser candidato a Diputado sin tener por eso que hipotecarse por el resto de su existencia a fin de poder competir con quien tiene dinero. Eso es de la esencia de la democracia.
Queremos lograr, entonces, objetivos simples con este proyecto, y nos proponemos hacerlo bien. Todos estamos de acuerdo en que hay que actuar, y tenemos una discusión respecto de las cosas que deberíamos realizar, para lo cual he señalado que el Ejecutivo está plenamente dispuesto a acoger indicaciones, a participar en una discusión, a dar tiempo para la presentación de indicaciones (lo cual corresponde, por cierto, a los señores Senadores); no vemos obstáculos en eso. Pero enviemos una señal poderosa al país en cuanto a que realmente queremos ponerle un límite a la situación y actuar de manera ecuánime, aunque procediendo drásticamente. Para nosotros el límite es muy importante, señor Presidente , y aquí sí quiero dar una cifra.
Alguna gente piensa que podríamos estar incluso desvalorizando la política al rebajar mucho los límites. "La gente tiene que darse a conocer", se dice. Pero si tomamos, por ejemplo, la circunscripción más grande del país ( Santiago Oriente , si no me equivoco), con lo que habíamos aprobado en la Cámara de Diputados antes de que por otras razones el proyecto fuera rechazado, se estaría gastando todavía, en esa circunscripción, un máximo de mil 283 millones de pesos. Con lo que estamos planteando ahora como opción, se podrían gastar en la circunscripción 513 millones de pesos. ¡No es una cantidad pequeña! En la Quinta Región, sexta circunscripción electoral (ésta, en la que estamos ahora), se podrían gastar 150 millones de pesos. No estoy seguro si es ésta circunscripción o la interior, la que estoy mencionando. Son 150 millones de pesos para una de las dos circunscripciones de la Quinta Región, lo que no es una cantidad pequeña; es una suma que cuesta mucho juntar. Por lo tanto, estamos fijando un límite que, diría, es todavía modesto: un 0,02 de UF por elector. Eso no reduce la política a una mínima expresión, pero tampoco permite que el gasto se desboque excesivamente. También podría entregar datos de comunas, de los que dispongo y que voy a entregar, y que señalan la misma situación.
En segundo lugar, queremos transparencia. Y transparencia significa una cosa tan simple como que, en este país, un empleado público se compra una casa y llega Impuestos Internos a preguntarle de dónde sacó la plata. En cambio, si una persona se gasta mil millones de pesos en una campaña electoral, no llega nadie a preguntarle de dónde proviene esa cantidad. Bueno, tiene que dejar registrado el origen de los recursos, de dónde los sacó, con todos los resguardos que puedan disponerse. Naturalmente, el proyecto es, a mi juicio, muy prudente; no exige la identificación de donaciones inferiores a cierto monto; entiende que las personas que aportan cantidades pequeñas de dinero no tienen por qué quedar registradas. Pero sí exige una contabilidad y un personero responsable, un administrador electoral que se responsabilice de que la contabilidad sea decente, honesta. Con algunas salvedades, por cierto. El candidato de una comuna con 500 electores, o con mil, o con 2 mil, probablemente no pueda costearse un administrador electoral. Por esa razón tiene que llevar contabilidad, pero la obligación de tener un administrador electoral comienza a partir de un determinado número de electores.
Es un proyecto, entonces, señor Presidente , prudente. Naturalmente, no se hace cargo de todos los problemas. La cuestión de cómo ganarle al incumbente, es algo que existe en todas las democracias del mundo. En algunas, se ha optado por limitar los períodos, cuestión drástica. En otras partes esta materia es motivo de discusión recurrente, pero nunca ha podido ser resuelta. Es el caso de Estados Unidos, donde la limitación del período electoral se viene discutiendo y llevando a plebiscito en distintos Estados desde hace mucho tiempo.
Sospecho, sin embargo -y eso se ha demostrado recientemente en las elecciones norteamericanas, y en las mexicanas-, que en este punto el problema está más por el acceso a fondos públicos de manera igualitaria por parte de los candidatos, que por el establecimiento de limitaciones al gasto privado que el incumbente puede hacer. En todo caso, estamos dispuestos también a discutir este asunto. Como también lo estamos -lo declaro aquí y lo ha planteado el Senador señor Fernández- a reproducir normas que se quieran establecer para asegurar (creo que ya existen muchas; de hecho, las voy a hacer llegar a ustedes, y esto ha sido un compromiso) las limitaciones que ya tienen los funcionarios públicos y el Poder Ejecutivo para no intervenir en absoluto en una elección. No tenemos inconveniente en reproducir esas normas; como tampoco en agregar otras. De hecho, en la Cámara habíamos aceptado adicionar algunas en materia de propaganda o de publicidad que hacen los organismos públicos, de participación de los funcionarios, etcétera.
No perdamos de vista, sin embargo, el problema grave de nuestro país. El más grave no es, ciertamente, el de la intervención electoral del Estado, sino el del gasto privado descontrolado. Si no perdemos de vista eso, estamos perfectamente dispuestos a recibir, señor Presidente , todas las indicaciones que sean útiles para el mejoramiento de este proyecto, que consideramos tan importante.
De acuerdo a lo resuelto por la Sala, a las 18 debe comenzar la votación. Por lo tanto, vamos a iniciarla conociendo primero el pronunciamiento de los señores Senadores inscritos para fundamentar el voto.
Señor Presidente , no me cabe duda acerca de que éste es un asunto sobre el cual resulta necesario legislar. Los antecedentes existentes indican que nuestro país registra un gasto electoral muy alto en comparación tanto con países desarrollados, cuanto con los que se encuentran en desarrollo.
Comparto las dudas sobre la eficacia del control del límite del gasto electoral, pero aun así creo que el clima existente, y la convicción de que se produce en este caso un componente de derroche ha generado -diría- un ambiente ciudadano de escándalo ante nuestra realidad, en especial porque en Chile existe igualmente la convicción generalizada de que, en definitiva, con el dinero se pueden determinar elecciones y designar Parlamentarios; y que es extraordinariamente desigual el acceso al financiamiento electoral, porque la adhesión de las personas y empresas que tienen más recursos para estos fines, se carga abrumadoramente a favor de uno de los dos bloques existentes y, dentro de ello, de uno de los partidos de ese bloque.
Esto no es para no reconocer que el gasto electoral es algo indispensable y legítimo, y que probablemente habría que ver con cuidado si el límite de 0,02 es razonable, o por lo menos hacer un segundo chequeo para evitar que se lo fije a un nivel tan bajo que, en definitiva, estimule más bien la evasión de la norma.
Igualmente es evidente que hay que buscar modos -coincido con el Ministro señor Insulza en cuanto al método- para compensar la desventaja de las personas que aspiran a desplazar a quienes están en ejercicio del cargo.
No creo que sea razonable juntar el problema del límite de financiamiento del gasto electoral y del control del financiamiento, con el relativo a la intervención estatal. Para este último existen normas muy precisas de prescindencia. Además, hay un hecho objetivo: existe el aparato central del Estado, y también están los municipios. De manera que el asunto de la influencia desde el aparato público, en términos genéricos, creo que afecta de una u otra manera a todos los sectores.
En atención a todo lo anterior, voy a votar a favor de la iniciativa, pues creo que, aprobando la idea de legislar, se da una importante señal en cuanto a la voluntad de establecer un sistema más razonable en materia de gasto electoral.
Sin perjuicio de lo anterior, y concordando con lo planteado por la Presidenta de la Comisión , Senadora señora Carmen Frei , deseo hacer presente que, como las normas del proyecto no se aplicarán en las próximas elecciones de diciembre, no habría inconveniente en fijar un plazo relativamente largo para presentar indicaciones. Existen estudios serios sobre el tema, lo que, a mi juicio, resultaría muy útil aprovechar. Mi sugerencia es que dicho plazo se extienda hasta el término del receso de septiembre.
Para finalizar, quiero hacer hincapié en algunos aspectos de la iniciativa que me parecen interesantes. De partida, algunos de los estudios aludidos plantean la conveniencia de distinguir entre donaciones indirectas o reservadas, por un lado, y donaciones directas o públicas, por el otro. Asimismo, habría que analizar la posibilidad de dar mayores facultades a los administradores electorales y a los administradores generales electorales que se crean en el proyecto. Por otro lado, sería necesario precisar, a petición del propio Director del Servicio Electoral , las atribuciones que se le darían por reglamento. Considero indispensable dotar a ese organismo, de aquí al 2004, de mayores recursos, porque, de otra manera, la eficacia de la fiscalización será extremadamente dudosa.
Otras materias relevantes son: convertir a cada candidatura en una persona jurídica, a fin de hacer más efectivo el control de sus ingresos y gastos; establecer algún grado de aporte público para el financiamiento de programas locales de radio, como también la posibilidad de transar los tiempos de la franja electoral y de comprar espacios en radios locales; incentivar o dar un subsidio parcial al pago de las cuotas de militantes de partidos, con el propósito de lograr un mejor financiamiento de la actividad política; en fin, éstas y muchas otras son materias que podrían ser objeto de perfeccionamiento de la iniciativa.
Reiterando la utilidad de fijar un plazo prudentemente largo para presentar indicaciones, voto que sí.
Señor Presidente, mucho ha tardado en producirse acuerdo en torno a esta iniciativa.
Me parece oportuno recordar que en 1994 la Comisión Nacional de Ética Pública, designada por el Presidente Eduardo Frei , emitió un informe en el que hacía un claro diagnóstico sobre el riesgo que representaba la fuerte intromisión del dinero en los procesos electorales y, por ende, en la generación del poder político. Tanto desde la perspectiva de la ética pública cuanto desde la óptica del perfeccionamiento y fortalecimiento de la democracia, parecía urgente abordar el tema.
La Comisión dejó abierta incluso la posibilidad de explorar y poner en marcha un sistema que descansara, como ocurre en tantos otros países, en el financiamiento público de las campañas electorales y de la actividad política.
El proyecto que ahora se vota es, en ese sentido, extraordinariamente modesto, sin costo fiscal, y con dos ideas como ejes vertebradores: la idea del límite en el gasto electoral y la idea de la transparencia, a la que se asocia, naturalmente, la publicidad y el control del gasto que se realiza.
Celebro que, después de siete u ocho años de emitido aquel informe, alcancemos por fin algún grado de acuerdo que hace viable esta iniciativa.
Creo que lo ocurrido desde la elaboración de dicho documento hasta ahora hace realmente urgente dar este paso. Todos los antecedentes disponibles demuestran que desde entonces el gasto electoral ha crecido a un ritmo sostenido y francamente exorbitante entre nosotros. Dicho gasto ha llegado, como muy bien decía el Senador señor Gazmuri , a revestir caracteres verdaderamente escandalosos. Se está degradando nuestra vida política y socavando la esencia de la democracia: el valor de la ciudadanía.
Por eso, señor Presidente , este paso es urgente. Ya hay demasiadas cosas en nuestra vida política que afectan el ejercicio de la soberanía popular y el valor de la ciudadanía, partiendo por el sistema electoral, que hoy encajona al ciudadano y lo deja prácticamente sin derecho a elegir. El sistema binominal impuso límites muy estrechos que dejan al ciudadano enormemente restringido en sus posibilidades de elegir. Y los mismos que impusieron tal sistema, no contentos con ello, ahora quieren privarlo de la mínima alternativa que él contempla.
Si a eso se añade la existencia de un gasto electoral que, haciendo burla de la ley, ya empieza a expresarse con extraordinaria fuerza entre nosotros, es evidente que resulta urgente actuar. Sería inexcusable no hacerlo. En estos días hemos estado recibiendo -en nuestros hogares, en nuestras oficinas y en distintos lugares- llamadas telefónicas de un alcalde que invita a votar por determinados candidatos. Fui Alcalde de Concepción durante dos meses, y me resulta verdaderamente sorprendente lo rendidora que se ha puesto ahora último la remuneración edilicia, como que permite cubrir gastos de semejante envergadura. Si además sumamos el rayado mural y otras formas de propaganda que se están utilizando intensivamente, no cabe duda de que, una vez más, vamos hacia unos comicios con un gasto electoral escandaloso.
La ley en proyecto, como se ha dicho, regirá para el futuro. Pero yo, como Presidente del Partido Radical-Socialdemócrata , quiero declarar esta noche que aprobar la idea de legislar ya crea un compromiso moral. Por esta razón, daremos todos los pasos necesarios para autolimitarnos en el gasto electoral y para que el que realicemos durante esta campaña tenga máxima transparencia. Es la única forma ética de actuar en política y de respetar efectivamente la dignidad del ciudadano, base de la democracia.
El último inscrito para fundamentar su voto es el Honorable señor Horvath. Después se seguirá tomando la votación en el orden correspondiente.
Señor Presidente , la iniciativa aborda una materia de la máxima importancia. El objetivo es que los candidatos sean conocidos por los electores en igualdad de condiciones, y mientras más conocidos, mejor.
Se ha hecho un poco tradicional decir que las grandes empresas y la mayor parte monetaria están en la Derecha. Aparte de que hoy en día hablar de Izquierda y Derecha está obsoleto, es indudable que existen enormes empresas y complejos que manejan mucho dinero que se hallan más cerca de la Concertación que de la Alianza por Chile.
Esto es algo que uno percibe en las distintas regiones de Chile y sucede en los dos sectores. Hay transversalidad tanto en los aspectos positivos como en los aspectos negativos que aquí se han señalado.
El alto costo de una campaña y las actuales fórmulas de mercadeo, con mecanismos bastante sofisticados, efectivamente generan una acción de repudio que se manifiesta muy bien, por ejemplo, en la indolencia y en la no inscripción, ya reiterada, de los jóvenes en los registros electorales.
Es importantísimo asegurar que los candidatos sean bien conocidos y evaluados por sus méritos, su vocación de servicio, su capacidad y, en definitiva, su representatividad, y no por la cantidad de dinero que en un momento dado son capaces de movilizar para captar a último minuto a los electores, con fórmulas tales como pagarles las cuentas, repartirles regalos y hacerles entregas de canastas, de metros cúbicos de leña o de premios; apoyar a deportistas; ofrecer viajes. En fin, existe una enorme cantidad de maneras de proceder. A uno le gustaría que llegara más dinero para estos efectos a la región; pero, por cierto, la dignidad de las personas no se compra, y menos sus conciencias.
Del mismo modo, es muy destacable lo que aquí se ha indicado en cuanto a que, cualquiera que sea el Gobierno de turno, las autoridades no deben hacer sentir su influencia. El señor Ministro ha dicho que existen instructivos en ese sentido, pero sabemos que el ingenio y la creatividad son muy amplios. En un momento dado, es posible hacer aparecer como que toda obra de una región es gestión de un determinado Parlamentario o candidato. Incluso, percibimos de repente que las autoridades de los gobiernos regionales -a veces, los cuidados del sacristán ahogan al señor cura- envían a cierto candidato a enfrentar los problemas de la gente, como si los fuera a solucionar él y no el Gobierno.
En tal sentido, se está visualizando cada vez mejor que las mañas para salir elegido, las cuales antiguamente se veían como capacidad de la persona para ser buen representante, hoy están provocando franco rechazo de la ciudadanía, en particular de quienes consideran que detrás de un postulante u otro no debe influir determinado grupo de interés.
Por lo anterior, creo que estamos ante una medida muy sana. Obviamente, habrá que evaluarla con bastante detenimiento en la discusión particular. Por ejemplo, los montos máximos señalados en el artículo 4º, en el caso de la Región de Aisén, ascenderían a alrededor de 15 millones de pesos por campaña. Estimo que es una suma adecuada, si todos cumplen las mismas condiciones (ojalá que así sea). Sin embargo, no sólo debe actuarse en función de las personas inscritas en cierto momento, porque cada región tiene sus características y hay que llegar con un mínimo de información y en igualdad de condiciones a los distintos electores, lo cual puede hacer necesario incorporar otros factores.
Con ello quiero dar un ejemplo de que el aspecto en cuestión es susceptible de perfeccionamiento a través de las indicaciones.
Deseo, señor Presidente, que el cuerpo legal en proyecto opere con la mayor brevedad y en forma muy transparente, para que las personas, independientemente de su condición económica, puedan llegar a representar en mejor forma al Chile que anhelamos para el siglo XXI.
El señor Secretario tomará la votación al resto de los señores Senadores.
Señor Presidente , voto afirmativamente, pese a que tengo serias restricciones y aprensiones en cuanto a la efectividad de una iniciativa como ésta si no es estudiada a fondo. Hay muchas cosas que no me convencen. Pero, como el tema en sí mismo es interesante, no puedo negarme a que se someta al proceso legislativo.
Señor Presidente, este proyecto es de particular relevancia en el minuto que vivimos, cuando uno observa tantas distorsiones y alteraciones que no condicen con las normas básicas de la democracia.
Limitar el gasto electoral como objetivo principal, por una parte, y dar transparencia a la generación de los recursos pertinentes, por otra, es de especial trascendencia y motiva que la iniciativa en análisis sea muy oportuna.
Los gastos de las campañas están llegando a niveles francamente exorbitantes, escandalosos, casi inmorales en nuestro país. Y es el momento de poner coto a esa situación.
Nadie puede sostener seriamente que en Chile existe igualdad de oportunidades en materia electoral si no está dispuesto al mismo tiempo a fijar un límite o al menos, si no desea fijarlo, a establecer con claridad el origen de los dineros que financian las campañas, para saber efectivamente qué compromisos conllevan los aportes, que a veces resultan muy generosos.
En esta materia ha habido intervenciones desafortunadas. Aquí no podemos dividirnos entre los que tienen autoridad moral en tal sentido y quienes carecen de ella. Y, al respecto, no reconozco autoridad moral a ningún sector, ni en esta Alta Cámara ni en la vida política nacional. Si no, preguntémonos qué cuenta pública se ha entregado sobre las campañas presidenciales, que por cierto han sido millonarias, en un sector y otro.
Digamos las cosas por su nombre: en Chile la política se hace, no sólo incurriendo en tales excesos, sino también cometiendo un claro fraude a la fe pública, porque nadie da cuenta de dónde surgen los millonarios fondos que financian las campañas, desde la del más humilde concejal hasta la de la máxima magistratura del país.
Cuando a un ciudadano común y corriente le detectan alguna inconsistencia en su contabilidad, sea cual fuere la cifra, los servicios pertinentes lo hacen objeto de una persecución implacable. Pero nada de eso ocurre en materia de actividad política.
Por consiguiente, me parece ética y moralmente deseable enfrentar este problema.
Considero muy importante, asimismo, establecer mecanismos que permitan limitar la intervención de la autoridad política de turno, sobre todo del Ejecutivo. Como ya se ha señalado, en esta materia existen también fuertes desbordes, y en algunos casos, claros abusos e intervenciones francamente reprochables.
De otro lado, soy partidario de consagrar un mecanismo para el financiamiento público de las campañas electorales, con el claro propósito de dar igualdad de oportunidades a gente humilde que, no obstante tener grandes capacidades, no puede enfrentar los costos de aquéllas.
Si hace pocas semanas el presidente de un partido debió declinar su candidatura por carecer de recursos, ¿qué le queda al humilde ciudadano de clase media que desea enfrentar un acto eleccionario y no tiene cómo financiar su campaña?
Sé que habrá cuestionamientos al financiamiento de la actividad política, pero debemos enfrentarlos y abordarlos.
No ignoro que en este minuto existen urgencias en el país, pues mucha gente tiene hambre o necesita cobijo, educación o salud. Pero lo cierto es que, si no ponemos coto al desborde mercantilista de la política, estaremos cayendo en un proceso que, como ya se ha dicho, avanza seria y firmemente hacia una corrupción inaceptable.
Por eso, voto a favor, y desde ya hago pública mi petición al Ejecutivo para que envíe un cuerpo legal complementario donde se establezca un sistema de financiamiento que permita una real igualdad de oportunidades a todos los chilenos que deseen actuar en la vida política.
Señor Presidente , votaré favorablemente, porque esta iniciativa contribuye en forma oportuna al indispensable perfeccionamiento de nuestra vida política.
Comparto las aprensiones de los señores Senadores que me precedieron en cuanto a la eficacia de los procedimientos que contempla la ley en proyecto. Pero creo que a través de las indicaciones deberemos hacer un esfuerzo por mejorar la forma de concretar la intención contenida en el texto sometido a nuestro pronunciamiento, cual es velar por la transparencia, la normalidad, la proporcionalidad, la equidad y la justicia en el financiamiento de las campañas políticas. Éstas no sólo se solventan o se apoyan materialmente con donaciones o dinero de los candidatos, sino también haciendo uso indebido de recursos y oportunidades fiscales, de créditos o de aportes externos de organizaciones internacionales o de otros gobiernos, como ocurrió en el pasado en las campañas políticas, aspecto no considerado en el proyecto y que, en mi opinión, es necesario complementar.
Señor Presidente , cuando rendí mi informe en nombre de la Comisión de Gobierno, omití dejar constancia -por eso lo hago ahora- de que asistieron a las sesiones pertinentes, además de sus miembros, el Senador señor Boeninger ; el señor Ministro del Interior con sus abogados asesores; el Director del Servicio Electoral , señor Juan Ignacio García , y representantes de diversas entidades: del Instituto Libertad; del Centro de Estudios Públicos; del Centro de Estudios para el Desarrollo; de la Fundación Chile 21, y del Instituto Libertad y Desarrollo (las minutas donde constan las intervenciones de todos esos personeros se hallan a disposición de los señores Senadores).
Señor Presidente , me pronunciaré afirmativamente, teniendo la confianza depositada en las indicaciones conducentes a que el proyecto pase a ser una buena ley. Porque, si no se toman las providencias que hoy hacen falta para que el Gobierno camine por el recto sendero, de manera de no incurrir en abierta intervención electoral, esta iniciativa, más que equilibrar las cosas, las desequilibrará.
La forma como actúan las gobernaciones y las distintas reparticiones del Gobierno; la manera en que se distribuyen los fondos de la Presidencia de la República -en las contiendas electorales, vemos a diario que son empleados para repartir regalos y otorgar incentivos que influyen en las campañas-, en fin, son aspectos que deben ser corregidos. Y este proyecto abre la oportunidad para hacerlo.
Señor Presidente , este proyecto concita la aprobación de todos los Senadores, porque estamos conscientes de que el despilfarro -se ha usado la palabra "escandaloso"- a que se está llegando en cuanto a gastos electorales debe tener un límite, un coto.
Ahora, nos sentimos muy orgullosos de que, en materia de transparencia, Chile haya sido calificado por organismos internacionales como poco corrupto, con nota 7,5 -de un máximo de 10-, y ocupe el lugar número 18, después de Estados Unidos. Y eso es así. Porque, si bien podrá haber algún rapiñeo en los mandos medios, no me cabe duda de que las altas autoridades del país actúan con honorabilidad y transparencia.
¿Dónde nos estamos descuidando? En el financiamiento de las campañas políticas millonarias. ¿De dónde sale el dinero? De algún sector. Y éste, que lo da tan generosamente, ¿acaso no cobra después? Porque ciertos grupos defienden muy decididamente determinados intereses. ¿No será que están comprometidos porque les financiaron sus campañas electorales?
En consecuencia, no sólo debemos limitar los gastos en las campañas electorales, sino también, derechamente, buscar financiamiento público. ¿Por qué andamos con cosas escondidas?
Es cierto lo señalado por el Senador señor Cantero . Nunca dejaremos de tener pobres; jamás faltará una necesidad por cubrir. Pero si se va a esperar que estén solucionados todos los problemas de pobreza en nuestro país, nunca actuaremos con equidad y justicia.
Por supuesto, andar pasando la poruña de puerta en puerta resulta denigrante. Es mi deseo que los Parlamentarios lleguemos al Congreso con total independencia.
¡Yo me siento plenamente libre, en todos los aspectos! ¡Y cuando voto lo hago con absoluta libertad, porque, gracias a Dios, no tengo ningún compromiso con algún sector -económico, de mi Partido o de otra índole- que haya financiado mi campaña para ocupar el cargo de Senador que ejerzo hoy!
Por eso me interesa que todos podamos llegar al Parlamento en las mismas condiciones.
Con tal objeto, deseo que el Ejecutivo tome en cuenta lo manifestado por varios señores Senadores y envíe un proyecto o una indicación para que el financiamiento de las campañas sea estatal.
Quiero sacar una ley justa, como lo señaló el Honorable señor Prat. Y cuando participo en la formación de la ley, prefiero actuar pensando que estoy abajo, que no soy Gobierno. Pero deseo que éste sea justo y equitativo y no cometa abusos desde los cargos públicos.
En consecuencia, voto a favor, y espero que este proyecto sea enriquecido con las indicaciones tanto de los Parlamentarios como del Ejecutivo. Por de pronto, estamos mandando una señal poderosa a todos los candidatos en el sentido de que ya tenemos el ojo puesto para procurar que exista prudencia y honorabilidad en los gastos electorales.
Señor Presidente , me parece que este proyecto va en una dirección adecuada: tratar de perfeccionar nuestro sistema electoral. Por ello, lo votaré favorablemente.
Empero, me referiré a dos o tres aspectos, pues con ocasión del debate se han hecho algunas afirmaciones no siempre coincidentes con la realidad.
En nuestra historia electoral, constituyó un gran paso el establecimiento de la cédula única. No sé si sería por esa circunstancia que en la primera elección en que se aplicó ganó el candidato de la Derecha, don Jorge Alessandri , con lo cual quedó en evidencia que la falta de control no favorecía a ese sector.
Ahora bien, resulta indudable que, históricamente, los Gobiernos han influido en las elecciones. Por lo tanto, no podemos rasgar vestiduras acá diciendo que eso jamás sucede. Al contrario, la posibilidad de influencia del Ejecutivo incluso está aumentando.
Por eso, debemos procurar que la ley en proyecto sea lo más adecuada posible. Es preciso llegar a un justo equilibrio. Tenemos que buscar los medios para que también puedan darse a conocer las personas que no se encuentran en la pantalla, aquellas que no están en la opinión ciudadana, sea por ejercer cargos públicos o por ser artistas de televisión o de otros medios.
Entonces -insisto-, hay que lograr una normativa equilibrada, pues los límites cuantitativos -no los he examinado en detalle-, que parecen ser razonables, quizás resulten bajos, teniendo presente la circunstancia que señalé.
Sin embargo, deberíamos buscar también por otro lado.
Por ejemplo, el gasto electoral se ha ido haciendo cada vez más excesivo porque -la ley lo dispone así- tenemos campañas extraordinariamente largas. En Inglaterra se gasta poco en los comicios porque no transcurren más de 30 días desde que se disuelve el Parlamento hasta que están en su asiento los nuevos Parlamentarios. En Chile, en cambio, los candidatos deben quedar inscritos cinco meses antes de las elecciones, los vencedores asumen tres meses después de celebradas éstas, en fin; o sea, vivimos en campaña.
En consecuencia, debemos hacer un esfuerzo colectivo y aprovechar la ley en proyecto para ir en la línea de llegar a justos equilibrios.
La experiencia, por lo demás, así lo demuestra. Se habla mucho del gasto escandaloso. Y, efectivamente, constituye una torpeza que el país despilfarre recursos exagerados en los procesos eleccionarios. Empero, la realidad ha evidenciado históricamente que no siempre ganó quien gastó más. El General Ibáñez, cuando triunfó en las elecciones de 1952, no gastó más de 3 por ciento del total y, sin embargo, dobló a los candidatos que prácticamente coparon el gasto.
Me parece, entonces, que la línea adecuada es, por un lado, impedir un gasto excesivo, y por otro, no negar la posibilidad de darse a conocer a personas que desarrollan actividades que por su naturaleza no las hacen aparecer ante la opinión pública -por ejemplo, un buen científico o un buen profesor universitario-, situación que las deja en gran desventaja cuando deben competir, por ejemplo, con un actor de televisión o con alguien que constantemente tiene presencia en la radio o en otros medios de comunicación. Y éste es un factor que también favorece a quienes, desde el Gobierno, obviamente por la naturaleza de sus cargos, están en contacto con la opinión pública.
El proyecto puede servir de base para ir avanzando en el proceso de perfeccionamiento de nuestra democracia; pero debe hacerse con el adecuado equilibrio y sin hipocresía. Si se analizara cuál será el candidato que gastará más dinero en las próximas elecciones, bien se sabe que no será precisamente de la Oposición.
Tengo la esperanza de que se realicen esfuerzos en esta materia, a los cuales coadyuve el propio Gobierno con las indicaciones pertinentes, a fin de avanzar en este complejo proceso. Y es complejo, porque ningún país del mundo ha llegado a la perfección en este ámbito. Hemos conocido los problemas y escándalos relativos a gastos electorales en países tan avanzados como Alemania, Italia y otros.
Dentro de ese criterio y con la certeza de que todos trabajaremos en seguir perfeccionando el sistema democrático, voto a favor del proyecto.
Señor Presidente , quiero hacer una pequeña reflexión.
Estamos ante un proyecto bastante significativo y que, en principio, constituye una buena comunicación para la ciudadanía. Considero esencial que los políticos expresen a sus electores que hay un encuadramiento más preciso y directo respecto de lo que cada candidato puede gastar.
Me preocupa que la iniciativa sea muy abstracta, dificultando la regulación a fondo de la materia, ya que, a lo largo de la historia, se ha ido separando la comunicación directa del candidato con sus electores hasta llegar a una comunicación global y regionalizada, haciendo muy trabajoso su control.
Hoy día mandan las comunicaciones. Independientemente de lo que cada candidato realice por cuenta propia, los medios de comunicación le otorgarán mayor o menor cobertura en sus pantallas o frente al micrófono según el interés o conflicto que genere en su entorno.
Pienso que el político tiene directa relación con el desarrollo y problemas económicos del país; no se halla muy alejado del poder que representa la economía. El político administra la nación-Estado y ésta, con su Gobierno, genera el desarrollo económico para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Por lo tanto, el político es, en última instancia, el gran administrador del desarrollo del país y se encuentra directamente involucrado con los signos positivos o negativos de la economía. De ahí la tremenda importancia que reviste elegir a las personas más capaces y conocedoras a fondo de los problemas nacionales. Hoy día es bastante difícil diferenciar ambos planos, aunque el modelo económico y el político tienen algunas diferencias.
Hace algunos años el modelo económico y el político se superponían prácticamente en 80 ó 90 por ciento, de modo que quien manejaba uno también conducía el otro. Pero actualmente las cosas son distintas. Tal vez por ese motivo la juventud, que vive más preocupada de sus problemas económicos, se aleja del modelo político.
El proyecto, cuya finalidad es acotar los gastos de las campañas electorales, constituye una buena comunicación hacia la sociedad.
Señor Presidente, me alegro de que el proyecto se vaya a aprobar en general.
Quiero recordar que años atrás en el Cámara de Diputados, en dos oportunidades, no se alcanzó la mayoría necesaria para aprobar iniciativas similares. El proyecto más elaborado fue presentado por tres Diputados de la Democracia Cristiana, pero, desgraciadamente, no se reunieron los votos suficientes.
Este importante proyecto es equilibrado, porque en la sociedad moderna, donde la información está destinada a las masas, la comunicación necesariamente implica cierto gasto por parte de los candidatos y de las fuerzas políticas. Por eso, comparto lo manifestado por el Senador señor Sabag , en el sentido de que se deben financiar las campañas, o los partidos, porque cumplen una función pública. Mientras ello no ocurra, limitar el gasto electoral es un primer paso, pero, por cierto, muy insuficiente.
En la discusión particular, debe prestarse bastante atención a un punto muy delicado: la sanción de la infracción. Con cierta facilidad se coloca un límite, pero con mucha facilidad se cae en la tentación de sobrepasarlo. ¿Qué candidato, angustiado por ganar una elección, se niega a recibir un aporte que lo va a ayudar, pero que excede el límite permitido? No sé si todos los candidatos poseen tanta fuerza moral como para resistirse. El poder del dinero siempre es muy corruptor. De Europa hemos conocido muy bullados juicios en contra de notables estadistas que han infringido leyes de esta naturaleza. Y se trataba de miembros del Partido Conservador inglés, de la Unión Cristiana Demócrata alemana, del Partido Socialista Español o de la Derecha francesa. O sea, siempre existe la tentación de sobrepasar el límite. De ahí que me parece muy importante establecer con nitidez la sanción que se aplicará a quienes excedan dicho límite. En Europa la legislación es tan drástica que prácticamente la sanción consiste en la destrucción de quien comete la infracción o del partido infractor. Ello, por cierto, no contribuye al normal funcionamiento democrático, pues tanto una agrupación política como determinado estadista pueden caer en esa debilidad. Los casos de Helmut Khol o de Jacques Chirac son los más claros de los últimos tiempos. Sin embargo, no se puede juzgar toda su trayectoria política por el hecho de recibir un financiamiento ilegal. Sería absurdo.
Por lo tanto, el problema estriba en aprobar una legislación madura y equilibrada.
Señor Presidente , este proyecto es necesario y conveniente para una democracia representativa, en el bien entendido de que debe haber transparencia y también procurar la igualdad, a fin de que el elector o el ciudadano elija considerando todos los puntos de vista. Y eso no es fácil de conseguir en una sociedad de masas donde los medios de comunicación juegan y seguirán jugando un rol cada vez más determinante.
Por eso -reitero-, pienso que la iniciativa es necesaria. Y debemos perfeccionarla, para garantir que la voluntad ciudadana se exprese fiel y libremente.
En este mismo sentido, quiero dejar en claro que, desde mi punto de vista, hay dos cosas que no se compadecen con la actual institucionalidad de nuestra democracia representativa. Una, es la Ley Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos, que es restrictiva y no favorece el funcionamiento de la "correa transmisora" propia de una democracia representativa. Por ello, debemos revisarla para adecuarla al verdadero rol que corresponde a los partidos políticos dentro del sistema democrático.
El segundo elemento, que me parece aún más grave que el anterior, consiste en que la democracia se basa en la libre adhesión. Podemos razonar bien y legislar mejor para buscar la forma de que el elector conozca todos los puntos de vista que le permitan votar libre e informadamente. Pero se va en contra de todo buen proceso si la inscripción electoral es obligatoria. Debe establecerse un sistema en que quien cumpla 18 años y tenga cédula de identidad automáticamente quede inscrito en el Registro Electoral . Pero la participación debe ser absolutamente libre. Si así lo entendemos, vamos a conseguir que mañana la democracia representativa, nuestra democracia, nuestro sistema, surja de una libre adhesión del ciudadano.
Por eso, junto con esta modificación de nuestra institucionalidad -me parece muy importante que el elector tenga la debida información y pueda escoger, entre diversas alternativas, por quien mejor interprete su idea de lo que debe ser la sociedad-, también es necesario que el ciudadano esté plenamente consciente de que su decisión será absolutamente libre y no obligatoria, como lo es hoy. Porque la deformación o la desinformación o el mal sistema para conformar los puntos de vista del elector sumada a la inscripción obligatoria nos llevaría a una democracia que se está construyendo sobre bases inadecuadas. La democracia parte de la libertad y se asienta también en la libre información. Aquí radica el nudo gordiano de un sistema político que debemos fortalecer.
Y desde ya llamo al Ejecutivo para que, como lo anunció el señor Presidente de la República , se envíe prontamente un proyecto de ley destinado al perfeccionamiento de la libre adhesión del ciudadano al sistema político.
Señor Presidente , al fundar mi voto quiero hacerlo sobre la base de los que considero los tres grandes riesgos a que está expuesta la democracia, si se persiste en la línea de lo acontecido hasta ahora, es decir, en la inexistencia total de una normativa que regule la relación entre política y dinero.
El primero es el riesgo de una desviación de la ética que debe imperar en la política. No cabe duda de que la mantención del actual estado de cosas promueve la corrupción o le abre las puertas a ella, al ejercicio de la influencia del dinero sobre la política y también a la transgresión de la que es una ley de oro de la democracia: que cada voto es igual a otro. El uso del dinero rompe esa regla, deforma la realidad e influye indebidamente sobre la política, alterándola.
El segundo riesgo para la democracia, de proseguir actuando en la forma como lo hemos venido haciendo hasta ahora, es el atentado a la independencia de los elegidos, quienes pueden ser objeto de presiones muy grandes de parte de poderes económicos, que incluso se van estructurando a la luz del proceso de globalización. Los Estados van perdiendo importancia, los propios parlamentos van empequeñeciéndose frente a estos poderes económicos constituidos a nivel global. En consecuencia, los elegidos democráticamente pueden verse crecientemente expuestos a presiones indebidas. -Y por qué no mencionar el riesgo enorme -que se extiende cada vez más- del lavado de dinero, que puede también incidir, como lo hemos visto en otros países, sobre la autonomía de las instituciones, con el consiguiente peligro de corrupción?
Y el tercer riesgo es la ruptura de la igualdad de oportunidades. La mantención de desigualdades económicas tan brutales en una sociedad moderna, donde los medios de comunicación social son fundamentales para dar a conocer un candidato, su currículo y su programa, se presta para provocar fuertes distorsiones en la igualdad de oportunidades a que todo ciudadano tiene derecho al ser candidato y someterse a la voluntad popular. Esta situación adquiere especial gravedad en campañas cortas. Nosotros mismos hemos venido acortando los períodos de campaña, y al hacerlo, la posibilidad de nuevos candidatos a entrar en un sistema se hace extremadamente difícil. Por lo tanto, se corre el riesgo de que se genere un anquilosamiento político, al no disponer de instrumentos para renovar la dirigencia política, lo que es esencial para un país más dinámico. En este ámbito tenemos que promover la apertura necesaria para contar con creciente participación de generaciones de dirigentes políticos jóvenes. Teniendo en cuenta lo anterior, el paso que hoy damos lo considero bastante modesto. Ayuda, por un parte, a la transparencia, que es muy importante, en cuanto al origen de los fondos, y por otra, a limitar el gasto.
Sin embargo, como lo han dicho también otros señores Senadores en esta Sala, especialmente quien me antecedió en el uso de la palabra, en Estados Unidos -y también en Europa- en la última campaña electoral el debate sobre el tema del financiamiento electoral constituyó un punto central, aun cuando ellos ya cuentan con disposiciones regulatorias que limitan el financiamiento que personas o corporaciones puedan dar a un candidato o a un partido. En Europa, la situación ha sido exactamente igual. Hemos apreciado un deterioro de la imagen y fuerza de la democracia por el uso indebido del dinero o de su búsqueda de manera indebida. En Francia muchos de los candidatos elegidos han perdido sus cargos por no ser capaces de demostrar la fuente de sus ingresos o por haberse excedido en los límites que establece la ley al respecto.
En estas circunstancias, este paso -modesto por cierto- hay que apoyarlo. Pero yo me pregunto: ¿No apreciamos todos los Senadores la utilidad de la franja televisiva, que establece un mínimo, común para todos? Entonces, ¿no es razonable extender ese sistema a otros medios de comunicación o poner a disposición de cada candidato otros recursos, en forma mínima, que le permitan, ante la ciudadanía, darse a conocer a sí mismo y su programa? Así se contribuye a una democracia informada y a un voto más inteligente y acorde con la situación que vivimos hoy.
Pienso que es útil que el Gobierno considere la posibilidad de presentar una indicación que amplíe las bases para otorgar igualdad de oportunidades a los candidatos en cuanto a disposición de recursos, que les servirían para dar a conocer su persona, su campaña y su programa. En ese sentido, la estimaría como un paso positivo que perfeccionaría esta normativa.
Voto a favor del proyecto, por considerarlo necesario desde el punto de vista moral, y por apuntar a una sana y austera democracia, con igualdad de oportunidades para todos.
Resultado de la votación: por la afirmativa, 40 votos.
Votaron por la afirmativa los señores Aburto, Bitar, Boeninger, Bombal, Canessa, Cantero, Cariola, Chadwick, Díez, Fernández, Foxley, Frei (doña Carmen), Frei (don Eduardo), Gazmuri, Hamilton, Horvath, Lavandero, Martínez, Matta, Moreno, Muñoz Barra, Novoa, Núñez, Ominami, Páez, Parra, Pizarro, Prat, Ríos, Romero, Ruiz (don José), Sabag, Silva, Stange, Urenda, Valdés, Vega, Viera-Gallo, Zaldívar (don Adolfo) y Zaldívar (don Andrés).
Considerando que la próxima es semana regional, y en septiembre sólo dispondremos de dos semanas, propongo como plazo para presentar indicaciones el martes 2 de octubre, a las 12.
En seguida, se incluye en la Cuenta de esta sesión el informe de la Comisión de Constitución referente al proyecto sobre el cambio de gradualidad de la entrada en vigencia de la reforma procesal penal. Al comienzo de esta sesión se acordó incluir esta iniciativa en la tabla de hoy, votarla a las 18:30 y, después de la relación del señor Secretario , conceder la palabra, primero, al señor Presidente de la Comisión de Hacienda , quien emitirá un informe oral, y luego, a su homólogo de la Comisión de Constitución, el que rendirá el informe técnico. (Boletín Nº 2766-07).
En consecuencia, corresponde tratar el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, referido al cambio de gradualidad de la entrada en vigencia de la reforma procesal penal, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Habrá un informe verbal del Presidente de la Comisión de Hacienda . El Ejecutivo hizo presente la urgencia para el despacho de esta iniciativa, calificándola de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (2766-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 23ª, en 14 de agosto de 2001.
Constitución, sesión 24ª, en 21 de agosto de 2001.
Hacienda (verbal), sesión 24ª, en 21 de agosto de 2001.
La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento fue autorizada por la Sala para discutir en general y particular el proyecto en su primer informe. La iniciativa fue aprobada en general por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Senadores señores Aburto, Díez y Parra. En cuanto a su discusión particular, se deja constancia de que, con modificaciones, todos los artículos fueron aprobados por unanimidad. En consecuencia, propone a la Sala la aprobación del proyecto despachado por la Cámara de Diputados, con las enmiendas que indica.
Cabe dejar constancia de que los artículos 1º y 3º son normas de rango orgánico constitucional, por lo cual requieren la conformidad de los cuatro séptimos de los señores Senadores en ejercicio, es decir, 27 votos.
Finalmente, corresponde señalar que la Comisión de Hacienda aprobó en general y particular la iniciativa, en los mismos términos en que lo hizo la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables señores Bitar, Boeninger y Foxley.
Cabe señalar que la Comisión de Hacienda se encuentra autorizada por la Sala para efectuar un informe verbal.
Hago presente a Sus Señorías que, conforme a lo acordado por la Sala, nos encontramos en votación desde las 18:30. De modo que si algún señor Senador lo desea, puede dejar consignado su voto en Secretaría.
Tiene la palabra el señor Presidente de la Comisión de Hacienda.
Señor Presidente , efectivamente este proyecto se discutió hoy en la tarde en la Comisión de Hacienda, y fue aprobado por la unanimidad de sus miembros presentes.
La iniciativa no irroga gasto al Fisco. Simplemente, lo que hace es redistribuir en el tiempo el esfuerzo de inversión en edificios e instalaciones para las nuevas estructuras de la reforma procesal penal (tribunales, fiscalías y defensorías); posterga su vigencia en la Región Metropolitana, del año 2002 al 2004, y la anticipa en las Regiones de Tarapacá, Aisén y Magallanes al 2002, en vez del año 2003. Con esto se busca adecuar el calendario de realización física de obras y de capacitación del personal con la implementación gradual del nuevo sistema.
El proyecto también sustituye los montos mensuales de las asignaciones de defensa penal pública desde los profesionales con grado 5.
Solicito autorización de la Sala para que ingrese el Subsecretario de Justicia don Jaime Arellano.
Tiene la palabra el señor Presidente de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Señor Presidente , la reforma procesal penal, de trascendental importancia en la convivencia ciudadana y en la forma de sancionar los delitos, tenía un cronograma que la realidad ha hecho necesario modificar.
Tanto la Comisión de Coordinación de la Reforma Procesal Penal como el Gobierno, el Parlamento y la Corte Suprema han manifestado la conveniencia de aprobar este proyecto.
Se han oído y leído algunas críticas a la idea de que ello signifique dilatar la instalación y funcionamiento del procedimiento penal en la Región Metropolitana. Sin embargo, hay que analizar lo que ha sucedido en la realidad. Porque la finalidad principal, en una materia tan importante y novedosa como ésta, es que el sistema cumpla los objetivos tenidos en cuenta al aprobarlo y no enfrente dificultades mayores que puedan contribuir, no sólo a su desprestigio, sino a la vuelta de procedimientos que evidentemente no corresponden a nuestra época.
El primer inconveniente que se ha encontrado para mantener la fecha primitiva es la incompatibilidad entre los plazos señalados en la ley y el diseño y construcción de las edificaciones requeridas para el funcionamiento del nuevo sistema, sobre todo en la Región Metropolitana, que concentra 23 juzgados de garantía, 12 tribunales del juicio oral en lo penal, una fiscalía nacional, 4 fiscalías regionales, 23 fiscalías locales, una defensoría nacional, 2 defensorías regionales y 15 defensorías locales, que hay que ubicar en edificios funcionales para facilitar el cumplimiento de los objetivos.
En seguida, la insuficiencia de los plazos fijados para la puesta en vigencia del nuevo sistema en cuanto a la capacitación de todo el personal que requiere la reforma, por cuanto, evidentemente, ello escapa a los cálculos y a la factibilidad de hacerlo en plazos más breves. La Región Metropolitana concentra 152 jueces de garantía, 150 jueces de tribunal del juicio oral en lo penal, 267 fiscales adjuntos, 4 fiscales regionales, 37 defensores locales, 2 defensores regionales, más todo el personal técnico administrativo y auxiliar.
Asimismo, hay que considerar que el sistema no sólo significa jueces y procedimientos nuevos, sino un cambio sustancial en los nuevos diseños organizacionales de diversas instituciones que participan del sistema, a los que deben adaptarse las policías, gendarmes, peritos y demás funcionarios públicos. Esto también conlleva la necesidad de destreza y formación para dicho personal.
Por eso, la Comisión de Coordinación de la Reforma Procesal Penal ha recomendado, por unanimidad, que aprobemos el sistema que contiene esta iniciativa.
El proyecto en debate tiene los siguientes propósitos específicos: cambiar la gradualidad prevista para la entrada en vigencia de la reforma procesal penal; regular la provisión de los cargos de fiscales regionales de la Región Metropolitana; redistribuir los asientos y la competencia de algunos juzgados de garantía y tribunales de juicio oral en lo penal; permitir el reforzamiento transitorio de los juzgados de garantía con empleados de los tribunales de juicio oral; facilitar el funcionamiento de los actuales juicios de tribunales penales orales, reduciendo las atribuciones del jefe de la unidad de administración de causas, para evitar que lentamente nos vayamos acercando de nuevo a un proceso penal escrito, y sustituir determinados montos de la asignación de defensa penal pública, lo que establece mayor flexibilidad para esta nueva institución.
La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento aprobó en general, por unanimidad, el proyecto. También prestó su aprobación en el mismo sentido respecto de cada uno de los artículos sometidos a su consideración, algunos de los cuales modifican el texto enviado por la Cámara de Diputados, lo que hará necesario un tercer trámite.
La iniciativa -como señalé- debe iniciar su vigencia durante el mes de octubre próximo. De ahí la urgencia hecha presente por la Comisión para su despacho en el día de hoy, con el objeto de cumplir con toda la tramitación antes de esa fecha: tercer trámite constitucional; Comisión Mixta, si la Cámara de Diputados rechazare las enmiendas del Senado; veto presidencial, si el Gobierno lo envía, y la vista por el Tribunal Constitucional.
Por esta razón, pido al Senado aprobar en general y en particular el proyecto de ley en estudio.
Entonces, procederíamos con la votación.
--Se aprueba en general y particular el proyecto (32 votos), y queda despachado en este trámite.
Señor Presidente , estoy plenamente de acuerdo con este reordenamiento, la postergación de la entrada en vigencia de la reforma procesal penal en la Región Metropolitana y su anticipo en otras Regiones.
Sin embargo, en la Región de Aisén, muchas personas que trabajan en los tribunales han señalado la dificultad de cumplir con este plazo por la necesidad de construir los edificios de tribunales y toda la organización que esto requiere, incluso las viviendas para quienes realizarán estas funciones.
Quisiera tener la certeza de que se va a cumplir con eso, para que no haya después una nueva postergación. Es lo que consulto al señor Ministro.
Señor Presidente , comparto la aprensión señalada, sobre todo porque en nuestra Región, al revés de otras del país, la institucionalidad judicial no se halla debidamente asentada dado que, por la extensión territorial, hay lugares, toda la parte norte, donde es necesaria, urgente, la existencia de al menos un tribunal más. Y si a eso, además, se añade el hecho de que no contamos con un tribunal de menores, y pensamos en la necesidad de toda una legislación de familia, es comprensible tener cierta aprensión sobre la materia.
Por último, el señor Ministro tiene perfectamente claro que las particularidades de las Regiones, como las de la Undécima, exigen necesariamente una pronta y muy activa presencia jurisdiccional, situación difícil de lograr en lugares realmente apartados.
Por eso, experiencias como ésta, que son muy positivas para el futuro de nuestra sociedad, en zonas australes --en particular en la Región que represento-- deben ser objeto de una evaluación, y de un conocimiento incluso personal por parte del Ministerio de Justicia y, sobre todo, de quien lo dirige. De lo contrario, posiblemente muchas de las disposiciones que entrarán en vigor no guarden correspondencia con la realidad. Hasta podría sufrir un retroceso la reforma.
Por lo anterior, señor Presidente , confío en que el señor Ministro adoptará las medidas pertinentes para cubrir la necesidad de una pronta y buena administración de justicia dentro del marco de la modernización que con tanta certeza y liderazgo ha impulsado.
Señor Presidente , respecto de lo señalado por los Senadores señores Horvath y Adolfo Zaldívar , quiero decir que el proyecto aprobado hoy --agradezco al Senado su votación-- busca precisamente cumplir con la reforma procesal penal del modo en que el Congreso espera. Esto significa contar con toda la infraestructura construida, con personal capacitado, y realizar algunas modificaciones en la estructura de la reforma misma.
Nos ha llegado información, de las Regiones Cuarta y Novena, acerca de algunas dificultades habidas en la aplicación del sistema. Pero lo importante, señor Presidente , es que nuestra propuesta está encaminada en esa dirección.
El compromiso es avanzar en el cumplimiento de los cronogramas, como lo hemos hecho en la primera y segunda etapa. Pero es imposible cumplir con los plazos establecidos para la Región Metropolitana, que corresponde casi al 50 por ciento del total de la reforma.
Contestando la inquietud de ambos señores Senadores, manifiesto que estamos preocupados por las regiones australes. De hecho, hay un equipo destinado y trabajando específicamente en la materia y en el cual participan, con diligencia, personas que viven en esas zonas.
Cumpliremos los plazos, señor Presidente, como hemos dicho en diversas oportunidades, e intentaremos avanzar con mayor prontitud en las Regiones extremas, como las que representan ambos Parlamentarios.
Al señor Ministro del Interior , al señor Ministro de Agricultura , al señor Vicepresidente Ejecutivo de CORFO , al señor Intendente de la Undécima Región y al señor Presidente del Directorio de SACOR , acerca de PROYECTO DE COMPLEJO MATADERO EN REGIÓN DE AISÉN, SU ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y APOYO FINANCIERO DEL ESTADO Y ORGANISMOS INTERNACIONALES.
A la señora Ministra de Relaciones Exteriores , solicitando analizar EFECTOS DE RECIENTE ACUERDO DE COOPERACIÓN NUCLEAR SUSCRITO ENTRE AUSTRALIA Y ARGENTINA.
Al señor Ministro de Vivienda y Urbanismo y de Bienes Nacionales, sobre PROBLEMAS EN APLICACIÓN DE PLAN INTEGRAL EN COMUNA DE ALTO HOSPICIO (PRIMERA REGIÓN): DIFICULTADES EN ASIGNACIÓN DE SITIOS, USO INDEBIDO Y VENTA ILEGAL DE TERRENOS.
A la señora Vicepresidenta Ejecutiva del Comité de Inversiones Extranjeras , concerniente a INFORMACIÓN ADICIONAL PARA BÚSQUEDA DE DOCUMENTACIÓN REQUERIDA Y CONVENIENCIA DE HACER PÚBLICO DOCUMENTO RESERVADO DE DICHO COMITÉ.
Al señor Ministro de Obras Públicas , referente a INTERVENCIÓN DE DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS POR DEFICIENCIAS EN CONSTRUCCIÓN DE MOLO Y PUENTE EN RÍO LEBU (OCTAVA REGIÓN).
Al señor Director Nacional de Vialidad , relativo a INFORMACIÓN SOBRE PLAN DE EJECUCIÓN DE OBRAS VIALES EN OCTAVA REGIÓN.
pEl primer turno corresponde al Comité Mixto, que no intervendrá. El Comité Demócrata Cristiano tampoco hará uso de la palabra.
En el tiempo del Comité UDI e Independientes, tiene la palabra el Honorable señor Prat.
Señor Presidente , estimados Senadores, permítanme referirme desde esta tribuna al retiro de mi candidatura a la reelección, hecho que, a partir de marzo, me impedirá continuar en la Corporación y que me conmueve profundamente. A la vez, me motiva a revisar mi actuación como Senador en estos doce años, período en el cual he tenido el privilegio de representar a mi Región de La Araucanía.
Considero una intervención de la Providencia que el retiro de mi postulación se efectuara en plena tarea de contacto con la comunidad regional para sumar voluntades de apoyo a mi reelección.
El lunes 13 de marzo había transcurrido un mes desde la inscripción de las candidaturas en el registro electoral. A partir de ese evento, habíamos conformado los equipos de trabajo en cada una de las 16 comunas que integran la circunscripción de La Araucanía Norte; habíamos identificado las ideas fuerza con que queríamos movilizar a la comunidad, y, finalmente, habíamos entrado de lleno al contacto con los vecinos en las poblaciones de cada una de las ciudades, pueblos y villas de Malleco y parte de Cautín.
El vínculo de mi pertenencia espiritual con mi comunidad regional sería evaluado en estas elecciones. ¡Debía rendir el examen más fundamental en nuestra democracia representativa! En los últimos ocho años, tuvimos un contacto permanente y muy intenso. En ese período nos tocó atender dos campañas municipales, la elección de diputados y la presidencial. Pero ahora el examen lo rendiría el propio Senador.
Decía que fue providencial que la decisión de bajar mi candidatura se haya producido habiéndonos dado tiempo para entrar a los hogares y estrecharnos en un abrazo, mirar a los ojos y ver el corazón de la gente, pues ello me ha permitido constatar que la unión estaba sana y fuerte, y eso deja paz en mi espíritu. El mismo dolor de estos días, que conmigo han compartido tanto mi familia, mis amigos y colaboradores como también miles de pobladores de las ciudades y de los rincones más apartados de la Región, me anima en la convicción de haber representado genuinamente a mi comunidad regional.
Quiero interpretarla a ella pidiendo desde esta tribuna a la comunidad política del país que atienda siempre los sentimientos de la gente de la provincia, que es amante de su identidad y que ve en ella una compensación al poder y las riquezas de que no dispone o que siente que le son arrebatados desde la Capital.
Señalé que fue providencial que mi candidatura fuera retirada cuando ya estábamos estrechamente integrados a los hogares de mi Región, porque también ello me ha permitido aceptar con estoicismo el sacrificio pedido personalmente por el líder de la Alianza política, desde la que busco servir a Chile.
En efecto, al ver, estando en sus casas, en los rostros de los hombres y mujeres más humildes de mi Región, el entusiasmo por el proyecto del cambio que encarna Joaquín Lavín , y la inmensa esperanza que tienen depositada en él, he estimado tolerable todo sacrificio que tenga por fruto acercar los deseos de esa gente a la realidad. Sin conocer esos sentimientos intensos, la decisión adoptada me habría resultado intolerable.
No sé por qué la Providencia ha querido que la decisión que me quita la representación de mi comunidad en el Senado haya estado revestida de formas que me infieren a mí, a mi familia y a mis seguidores un agravio inmerecido. Sin embargo, la fe que me asiste me hace ver, en el rigor con que modela mi humildad, una forma de estar más preparado para servir y más cercano a la gente sencilla, que me ha dado siempre su apoyo.
La decisión que me aleja del Senado es el resultado de negociaciones al interior de la Alianza que integro, en las que, respecto de mi caso, finalmente se ha impuesto el propósito, largamente alimentado por antiguos detractores, de verme pagar supuestas culpas mías por el fracaso de su proyecto político.
A ellos desde aquí les digo que no les guardo animosidad, porque quiero firmemente seguir sirviendo a Chile y, para eso, no puedo permitir que mi alma se contamine de rencores.
Dejaré la Corporación con el sentimiento de haber luchado derechamente durante doce años por lo que creo, y que he sintetizado en la presentación que hago en mi página de Internet, disponible al público desde hace cuatro años.
He puesto mi empeño en defender la libertad de las personas para emprender y la de las instituciones que la hacen posible.
En mi participación en las distintas comisiones (de Salud, de Trabajo, de Defensa, de Economía y de Hacienda), así como en la Sala, he puesto enteramente mis facultades para proteger los espacios de libertad que necesitan las personas para desarrollar su iniciativa, bajo la convicción de que así se sirve el bien común.
No he vacilado en enfrentar el riesgo de ser incomprendido, especialmente en materias sociales o laborales, donde existe la creencia generalizada de que la norma que establece derechos o privilegios especiales protegería a los más débiles. He sostenido que la mayor libertad crea las mayores posibilidades de bienestar, con el apoyo de un Estado eficiente que garantice la igualación de oportunidades.
Las mayores frustraciones las he experimentado cuando se han aprobado normas que limitan el acceso a actividades legítimas, como el destinar un vehículo para taxi o colectivo. Sufro, desde ya, por una indicación que se anuncia, la cual fijaría por ley el horario de atención de la botillerías. Uno de los buenos logros que recuerdo es haber conseguido el envío al archivo de un proyecto que perseguía regular la oferta de la fruta de exportación.
Respecto de las instituciones que permiten la existencia de un ambiente de libertad, he defendido con fuerza la construcción institucional que dejó el Gobierno de las Fuerzas Armadas, que en sus aspectos medulares quiso recoger y corregir los vacíos del sistema político anterior, el que por la vía de concentrar el poder en los partidos políticos, los había llevado a una situación extrema de debilidad ante los grupos de presión.
Por ello, he defendido un Senado que sea más que una repetición de la Cámara de Diputados, que es donde corresponde que se reflejen plenamente las determinaciones de los partidos políticos. Por lo mismo, fui contrario a la reforma que modificó el sistema de nombramiento de los jueces integrantes de la Corte Suprema, que entrega la decisión a negociaciones de las colectividades políticas. Por la misma razón, he sido contrario a las modificaciones que se proponen a la integración del Tribunal Constitucional, las cuales arriesgan desnaturalizar su función, remitiéndolo a ser un mero reflejo de las mayorías existentes en las Cámaras legislativas.
Igual razonamiento me ha llevado a mantener una fuerte oposición a la pretendida reforma que busca entregar al Presidente de la República la facultad de remover a los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, debilitando con ello el rol profesional que les cabe desempeñar.
En resumen, he actuado de forma consecuente con mi convicción, en cuanto a la conveniencia de que existan variadas instituciones, dotadas de suficiente autonomía, que actúen armónicamente en la consecución del bien común.
Los problemas surgen cuando ciertos actores se arrogan atribuciones de otras entidades, invaden sus facultades o violentan la autonomía de sus decisiones.
Al final de estos doce años -debo reconocerlo-, aprecio cada vez más que el sistema político y económico es siempre falible si no hay un fuerte contenido ético en la actuación de quienes se desenvuelven en él. Probablemente, si las conductas fueren más rigurosas en este aspecto, nos habríamos ahorrado muchas disputas y, también, diversas leyes que han venido a entrabar el quehacer en muchos campos de la actividad.
Los hechos de los últimos meses, que han tocado a todas las alianzas que agrupan a los partidos políticos, están marcados por un conflicto entre el objetivo que se persigue y el recto proceder para lograrlo, en una espiral que puede llevar a una crisis que sería lamentable para todos.
No puedo ser buen juez de una causa donde están envueltos mis propios intereses, pero no sería honesto si omitiera señalar que mi retiro del Senado se hace a través de procedimientos que deben ser rectificados.
Dejaré esta Corporación para volver a mi comunidad regional, desde donde voy a procurar contribuir a hacer realidad lo que juntos hemos soñado.
Me llevaré un compromiso contraído por el Alcalde Joaquín Lavín el sábado 19 en Temuco, en orden a incluir en su futuro programa de Gobierno tres aspectos muy sentidos en La Araucanía, que impulsábamos en nuestra campaña para la reelección.
El primero consiste en dar un salto substancial para ampliar la cobertura de la atención y de la educación preescolar en la región, incluida con igual intensidad la población infantil de la ruralidad, atendiendo que el déficit existente en estas prestaciones es el principal causante de la pobreza regional.
El segundo comprende la necesaria adecuación de los mecanismos de medición de la pobreza familiar, especialmente la llamada ficha "CAS", que en la modalidad actual deja al margen de beneficios sociales indispensables, como pensiones asistenciales y otras, a personas por el solo hecho de ser propietarios de mini propiedades rurales que no les reportan ingresos, o por vivir como allegados en casa de familiares que disponen de comodidades mínimas.
Finalmente, el tercero se refiere al compromiso de incorporar en los programas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo el apoyo estatal a iniciativas comunitarias destinadas a construir capillas o templos para las comunidades cristianas de base, de acuerdo con modalidades similares a las que hoy existen para la construcción de locales deportivos, sedes sociales y otras obras destinadas a atender necesidades comunitarias.
Al terminar esta intervención, deseo manifestar en forma muy sentida que me ha sido muy grato trabajar junto a todos mis pares en el ambiente del Senado, que fortalece la confianza en la capacidad que tenemos de construir juntos una patria mejor.
Me iré agradecido de la amistad que todos me han brindado. Llevaré también una especial valoración de quienes apoyan la labor legislativa en las Comisiones y las áreas administrativas, formada a través de conocer la entrega con que realizan su labor.
Señor Presidente, deseo hacer propicia mi intervención en la hora de Incidentes para ocuparme, aunque improvisadamente, en un tema que, a mi juicio, es de la mayor importancia y respecto del cual el Senado no puede estar ajeno. Me refiero al justo homenaje que merece el Padre de la Patria don Bernardo O'Higgins.
En momentos en que vivimos la fuerza de la globalización, cuando nuestras juventudes y la sociedad en general se ven invadidas por valores foráneos y espacios de comunicación ajenos, quiero referirme a la figura de Bernardo O'Higgins, rindiendo un homenaje de conmemoración.
El 20 de agosto de 1778 nace en Chillán don Bernardo O'Higgins, hijo de don Ambrosio O'Higgins , un irlandés al servicio de España -entonces Teniente Coronel de Dragones, que llegaría a ser Virrey del Perú-, y de doña Isabel Riquelme , una joven perteneciente a una distinguida familia criolla.
Nacido fuera del matrimonio, el joven Bernardo no tuvo una niñez fácil. La adolescencia del que llegaría a ser Padre de la Patria y Director Supremo , Capitán General y Libertador de Chile y del Perú, estuvo marcada por situaciones difíciles que forjaron su temple y su coraje.
Llevó su apellido materno hasta la muerte de su padre. Las actas de nacimiento y de bautismo reconocen a don Bernardo Riquelme .
A los cuatro años de edad es enviado a Talca, a la casa de don Juan Albano Pereira, amigo de su padre, y a los 11 años vuelve a Chillán, e ingresa a estudiar en el colegio de los recoletos franciscanos.
Dos años más tarde, es enviado al Perú, donde continúa sus estudios, primero, en el Colegio del Príncipe y, luego, en el Convictorio de San Carlos, regido en ese entonces por el educador reformista presbítero Toribio Rodríguez de Mendoza , maestro de la generación que años más tarde lideraría la emancipación del Perú.
Fue seguramente allí donde nace en O'Higgins el ideal revolucionario y libertario; donde inicia su aproximación a las ideas de la enciclopedia y del iluminismo; donde conoce el pensamiento de Danton, Montesquieu , Voltaire, Rousseau y otros. También tuvo acceso a libros que en esa época estaban prohibidos por La Corona, por un lado, y por la Iglesia, por otro, además de ser perseguidos por la Inquisición. Eran textos que hablaban de un espíritu libertario.
A los 17 años se traslada a Cádiz, España , a la casa del comerciante chileno Nicolás de la Cruz , quien luego lo envía a terminar sus estudios a Inglaterra, en la Academia de Richmond, donde estudia geografía, botánica, matemáticas, física, disciplinas entonces desconocidas en América hispana. También estudia francés, música y esgrima.
Posteriormente, en Londres completó una formación sólida en lo intelectual, y moderna y amplia en lo político, madurando en el contacto con la inquieta juventud inglesa y observando el funcionamiento de las ya centenarias instituciones de esa nación. Fue allí donde conoció al prócer venezolano Francisco de Miranda -llamado "El Precursor", por ser quien iluminó con su espíritu el corazón de juventudes que lucharon a partir de esa fecha por la emancipación de América-, quien había sido general de las tropas revolucionarias francesas y cuyas enseñanzas e influencias hacen que esos sentimientos libertarios sean irrevocables y traspasados a O'Higgins y a una pléyade de jóvenes que se formaban en esas latitudes.
En esa época se gesta toda una generación, caracterizada por Miranda , Bolívar y San Martín , todos ellos instruidos en el compromiso americanista, con ideas innovadoras, quienes, junto con O'Higgins, fueron la base de la emancipación.
En 1802, a los 24 años, vuelve a Chile dotado de una cultura más amplia que la mayoría de sus compatriotas y con conocimientos, aptitudes y propósitos poco comunes en los demás jóvenes criollos de su edad.
En ese período, tras hacerse cargo de la hacienda "Las Canteras", que le legara su padre, se vincula con don Juan Martínez de Rozas e integra un círculo secreto de jóvenes libertarios conocidos como "los duendes patriotas", que logró influir en parte de la oficialidad de la región sureña, pensando en ganar su favor si se producía la anhelada llegada de alguna fuerza libertadora. De hecho, más tarde muchos de esos oficiales se plegaron a las fuerzas patriotas.
O'Higgins es sorprendido en esas actividades el 18 de septiembre de 1810. Actúa colaborando con Juan Martínez de Rozas , Vocal de la Primera Junta de Gobierno . Pero no pierde su tiempo y con sus propios recursos forma un regimiento cívico, al que se incorporan los trabajadores de su hacienda. Él mismo se preocupa de recibir formación militar, la que obtiene del Capitán don Juan Mackenna , veterano de las guerras europeas.
Cuando en 1811 se inaugura por fin el nuevo Congreso, participa activamente en él, no obstante encontrarse enfermo, alineándose en el bando de la minoría patriota, enfrentándose en los debates con moderados y realistas; pero, al darse cuenta de que sería imposible avanzar más rápido hacia la emancipación, consideró necesario abandonar el Congreso junto a sus partidarios.
Pero se produce el primer golpe militar de don José Miguel Carrera , que hizo posible que el Congreso recuperara su actividad. O'Higgins contribuyó a la dictación de la Ley de Vientres y de una nueva Ley de Cementerios, que no llegó a aplicarse entonces, pero que tuvo validez posterior.
Al poco tiempo de abandonar esas actividades es nuevamente llamado por la patria cuando, en 1813, tiene lugar el desembarco de las fuerzas españolas del General Pareja y se inicia la Guerra de la Independencia. Deja sus tareas y su patrimonio y, con un puñado de fieles mal armados, comienza la lucha. Llega a Talca, donde une sus fuerzas al ejército patriota de José Miguel Carrera . Captura Linares y Los Angeles. Es ascendido a Teniente Coronel , participando en numerosas acciones de guerra en San Javier de Loncomilla, Tucapel , Yumbel, Huilquilemo, Gomero , Quilacoya y Rere.
El 17 de octubre de 1813 ocurre la sorpresa de El Roble, en la que O'Higgins convierte una inminente derrota en victoria. Allí exclama su célebre frase "Vivir con honor o morir con gloria. El que sea valiente que me siga".
Tras la victoria de El Roble, recibe el reconocimiento público, siendo calificado por José Miguel Carrera como "el primer soldado capaz en sí solo de reconcentrar y unir heroicamente el mérito de las glorias del Estado chileno".
Inmovilizado Carrera en Concepción, la Junta de Gobierno designa a O'Higgins como General en Jefe del ejército patriota, cargo que asume el 2 de febrero de 1814. Luego de derrotar a las tropas realistas en El Quilo y Quechereguas, es obligado por el Gobierno de Santiago a pactar con los españoles en Lircay.
Liberado Carrera después de la firma del Tratado de Lircay, asume nuevamente la jefatura del Gobierno e invita a O'Higgins a reconocer su autoridad. Allí surgen algunos roces. Sin embargo, reconciliado con Carrera y, ante una nueva expedición española al mando de Osorio , unieron sus fuerzas. Y se enfrentaron los ejércitos patriota y español en Rancagua, en octubre de 1814.
Sitiado en Rancagua por fuerzas superiores y experimentadas, O'Higgins resiste, en espera de refuerzos que no llegan. Ante el desastre, el 2 de octubre rompe el cerco, salvándose con unas pocas fuerzas patriotas y pasando luego a Argentina. Así se pone término a la denominada Patria Vieja.
En Argentina traba amistad con el Gobernador de Buenos Aires , don José de San Martín , y juntos planifican la emancipación de Chile y de Perú, dando forma al Ejército de los Andes.
Durante la segunda quincena de enero de 1817 ese ejército cruza la cordillera, y el 12 de febrero, la división al mando de O'Higgins derrota al ejército español en Chacabuco.
Cabe destacar que, en ese escenario, y frente a tan magno acontecimiento, O'Higgins exclama: "Este triunfo y cien más se harán insignificantes si no dominamos el mar", como un preámbulo de la frase que pronunció en su lecho de agonía: " Magallanes , Magallanes ", dejando clara su visión de estadista y su proyección a los intereses marítimos y australes de nuestro país.
El 16 de febrero de 1817 aceptó la jefatura del Estado, pasando a ocupar el cargo de Director Supremo. Funda la Escuela Militar, una de sus primeras realizaciones.
Se dirige al sur, a fin de enfrentar en Concepción a las fuerzas españolas, que se habían hecho fuertes en Talcahuano. No lo logró, pero mantuvo intacto al ejército patriota.
Fiel a su espíritu libertario y a su visión de estadista, se preocupa de adoptar las primeras medidas, que irán dando forma al espíritu nacional.
En noviembre de 1817 hace efectiva la abolición de los títulos de nobleza y al año siguiente proclama ante el mundo la independencia de Chile de toda dominación extranjera, dictando una proclama que es jurada por todas las ciudades del país.
Preocupado siempre de concretar el desafío de que nuestro país se ubicara en el lugar que, por su geografía, estaba llamado a ocupar en el Pacífico, en 1817 establece las bases de la que será la primera escuadra nacional, que liberaría al Perú y más tarde dominaría la costa del Pacífico, entre el Cabo de Hornos y California.
Una vez culminada la Guerra de la Independencia con la victoria de Maipú, el 5 de abril de 1818, O'Higgins se aboca de lleno a dar forma a la nueva nación. Decreta la abolición de los mayorazgos; autoriza la internación de libros; funda bibliotecas; establece un espíritu libertario en materia de cultura, y, en fin, va desarrollando lo que constituyen las bases de nuestra nacionalidad.
Enfrentado a la determinación de imponerse por la fuerza de las armas sobre sus opositores ante una crisis derivada de los costos que significó el establecimiento de la primera escuadra nacional, flota que estuvo a cargo de evitar el retorno de las fuerzas españolas, Bernardo O'Higgins se ve ante un dilema. Lo que podría haber hecho, que era utilizar la fuerza, ya que contaba con la adhesión del Ejército, fue desechado por la posibilidad de que ello trajera un período de enfrentamientos e inestabilidad que habría afectado el desarrollo de Chile. Prefirió inmolarse políticamente, abdicando el 28 de enero de 1823. Lo hizo voluntariamente, con pleno dominio de la situación, porque lo creyó mejor para Chile.
Con un gesto de grandeza ejemplar, él mismo firmó el Acta de Abdicación; transfirió el mando; proclamó personalmente al nuevo Gobierno, y tomó juramento a sus integrantes.
Asumió el exilio en el Perú, nación que lo recibió como propio, toda vez que en ese ambiente libertario las repúblicas nacientes se entendían como hermanas, asimilando el esquema de las provincias argentinas y la visión que llegaba de los Estados Unidos de Norteamérica.
Recibió allí el reconocimiento y el cariño de una nación agradecida, pero rechazó toda participación política. En el exilio, cultivó su amistad con Bolívar, de quien fue uno de sus principales consejeros militares. Rechazó el mando de tropas que Bolívar le ofreció en palabras elogiosas diciéndole el 14 de junio de 1824:
"Un bravo general como Ud., temido por los enemigos y experimentado entre nuestros oficiales y jefes, no puede menos que dar un nuevo grado de aprecio a nuestro ejército. Por mi parte, ofrezco a Ud. un mando en él, si no correspondiente al mérito y situación de Ud. a lo menos propio a distinguir a cualquier jefe que quiera señalarse en un campo de gloria, porque un cuerpo de Colombia a las órdenes de Ud. debe contar con la victoria.".
Posteriormente, en un brindis en homenaje a O'Higgins, Bolívar decía:
"Brindo por el buen genio de América que trajo el General San Martín con su Ejército Libertador, el General O'Higgins que generosamente lo envió desde Chile.".
Con justicia se le reconoce a Bernardo O'Higgins un rol preponderante en la Historia, como militar, libertador, Senador, Diputado y Director Supremo de Chile , y he querido traer a colación aspectos importantes de su biografía, de su trayectoria tan emblemática, porque en el mundo contemporáneo, en esta Sociedad de la Información, en este mundo de la sociedad global, muchas veces perdemos de vista nuestros valores. He querido también hacer presente un homenaje de conmemoración en esta oportunidad, destacando el esfuerzo que en el día de ayer, 20 de agosto, a lo largo de Chile, el Instituto O'Higginiano y la sociedad chilena brindaron en homenajes rendidos en distintas ciudades del país. Participé en el homenaje que el Instituto O'Higginiano realizó en la ciudad de Antofagasta, donde observé el compromiso por exaltar los más elevados valores de este prohombre de nuestro país, como ejemplo y enseña que ilumine e inspire a las juventudes de Chile. Es por eso que pido que esta intervención sea enviada al Instituto O'Higginiano, con el saludo del Senado y con el reconocimiento a su obra de difusión, a la trayectoria brillante y al ejemplo para las juventudes de nuestro país, que encontramos en la Historia y en los acontecimientos que vivió Bernardo O'Higgins, que fueron tan importantes y tan cruciales como los tiempos que vivimos hoy: el iluminismo que se hacía presente en esa emancipación que buscaban los países. Y hoy, cuando muere la sociedad industrial y nace la Sociedad del Conocimiento, Chile reclama a su juventud ese mismo espíritu de aventura, de pasión por los desafíos y de búsqueda del desarrollo económico y del crecimiento social y cultural.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador , en conformidad al Reglamento, con la adhesión de los Comités Demócrata Cristiano, Partido Socialista, Renovación Nacional e Independientes.
Señor Presidente , me referiré a los antecedentes del reciente acuerdo de cooperación nuclear que han suscrito los Gobiernos de Australia y de Argentina, que habilitan a este último país para procesar el combustible nuclear irradiado de un reactor nuclear que será construido por Argentina en Australia, en el sector de Lucas Heights.
De acuerdo a algunos antecedentes preliminares que hemos podido obtener, la planta de tratamiento se instalará probablemente en la provincia de Río Negro, a unos 140 kilómetros de la frontera con Chile.
Por las características de los elementos radiactivos, esto afectará sustancialmente la condición de privilegio ecológico que tiene el sur del continente americano, y en particular la Patagonia, que cuenta con una enorme perspectiva desde el punto de vista de su producción, en carácter de limpio, natural y orgánico.
La realización de este contrato implica el acatamiento de una exigencia imperativa expresada por el sistema de impacto ambiental australiano, en orden a no autorizar la construcción del reactor, a menos que exista previamente una estrategia válida para el manejo del combustible irradiado, fuera del territorio australiano.
Según los acuerdos comerciales, el combustible nuclear irradiado al reactor propuesto, se transportará desde Australia a Argentina para ser devuelto nuevamente al primer país luego de ser convertido en un desecho nuclear de larga vida, de nivel intermedio.
Es necesario recordar que en Australia es ilegal el reprocesamiento o la disposición de combustible irradiado en su propio territorio; pero se permite la exportación del combustible irradiado. En los hechos, Australia no cuenta con instalaciones para almacenar o depositar desechos nucleares procesados. Es más, actualmente no existe estrategia alguna legal, industrial o técnica, que se realice en aquel país para tratar o almacenar los desechos nucleares que ellos mismos producen, o que hayan sido confeccionados de alguna manera o re-tratados en el extranjero.
En esta materia, preocupa especialmente saber si antes de firmar este convenio se consultó a los países limítrofes que pudieran verse afectados; si se mencionan los acuerdos del Grupo de Río referentes al transporte de desechos nucleares por las costas de América Latina, recientemente refrendados por la Cumbre de Presidentes.
En la reunión de Cancilleres del Grupo de Río, de 18 de marzo pasado, reafirmada por el Presidente en la Cumbre de Santiago, de 17 del presente mes de agosto, se establece observar un control estricto sobre las embarcaciones que transiten por las aguas jurisdiccionales adyacentes y lograr las garantías para la no contaminación del medio marino; el intercambio de información sobre las rutas elegidas; la comunicación de los planes de contingencia para los casos de siniestros; el compromiso de recuperar materiales en caso de vertimiento; la descontaminación de las zonas afectadas, y el establecimiento de mecanismos y normas efectivas de responsabilidad en caso de daño. Este compromiso fue firmado también por el Presidente señor De la Rúa , de Argentina.
El proceso de ratificación de lo señalado comenzó en Australia el 21 de agosto de 2001, y dura quince días hábiles, según la legislación de ese país. Cualquiera institución interesada, australiana o extranjera, está habilitada para presentar al Comité Conjunto de Tratados una posición que solicite aclaraciones sobre el convenio por ratificar. Este Comité deberá presentar un informe al Parlamento, antes de aprobar, rechazar o modificar dicho convenio.
Cabe presentar, por lo tanto, dentro del plazo señalado, entre otras, las siguientes interrogantes a dicho Comité:
1.- ¿Cuál será la política australiana si los países europeos deciden cesar el procesamiento de los residuos nucleares?
2.- ¿Espera Australia que Argentina procese los desechos nucleares australianos? Si es así, ¿en qué cantidad, cómo se realizaría, dónde se ubicaría la planta y en qué momento comenzaría este procesamiento?
3.- Si la planta de tratamiento se ubica cerca de la frontera con Chile, ¿Australia hará una consulta previa a nuestro país?
4.- Por otra parte, ni en el acuerdo de cooperación nuclear ni en el contrato comercial se menciona la necesidad de realizar consultas previas a los países que se encuentran implicados en la ruta marítima elegida por los navíos que transporten los desechos, de ida y vuelta. Se presume que la ruta elegida pasará por el Cabo de Hornos, desde Australia y hacia ella, con los desechos radiactivos, y desde Argentina para devolver los desechos procesados, vulnerando los acuerdos del Grupo de Río.
5.- Es indispensable conocer de antemano el lugar exacto donde se establecerá la planta de procesamiento, en caso de que se concrete. Por la cercanía con los países limítrofes, se debieran considerar consultas previas con las naciones afectadas.
Estas y muchas otras inquietudes respecto del señalado convenio debe plantearlas con urgencia nuestra Cancillería al Parlamento australiano, de modo de evitar que llegue a prosperar algo que, sin lugar a dudas, implicará serios riesgos para el medio ambiente latinoamericano, y muy en especial para el de nuestro país y el de la Patagonia sudamericana.
Por lo anterior, solicito que se oficie a la señora Ministra de Relaciones Exteriores , al señor Ministro Secretario General de la Presidencia y a la señora Directora Ejecutiva de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, para que esta presentación se efectúe dentro de los plazos. Del mismo modo, pido que, a través de la Cancillería, se plantee esta materia al Grupo de Río, al MERCOSUR, al Gobierno y al Congreso australiano, y al Comité Conjunto de Tratados antes señalado.
En otro orden de materias, señor Presidente , deseo expresar que la ganadería de la Región de Aisén tiene historia y ha sido objeto de muchos y variados apoyos.
De acuerdo con los mercados mundiales y con sus últimas tendencias, esta Región tiene la oportunidad excelente de contar con una producción de carácter limpio, natural u orgánico y certificada como tal.
En el caso de la producción ganadera, se requiere de un complejo de procesamiento que permita cumplir con las normas internacionales.
Hay empresas privadas que lo han empezado a hacer para cubrir cierto grado de la producción, pero en ningún caso alcanzan todavía el total de la producción regional.
La empresa SACOR ha realizado un estudio de prefactibilidad que justifica la construcción del citado complejo. También, se requiere efectuar con la mayor brevedad posible un estudio de factibilidad, así como contar con el aval de CORFO y del Estado para la inversión.
Con esta obra, más la capacitación sistemática de los agricultores y ganaderos de la Región, se podrán aumentar notablemente los precios pagados a los productores y, por ende, mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.
Por lo expuesto, solicito que se me hagan llegar todos los antecedentes del proyecto; que se financie el estudio de factibilidad y que se otorgue el apoyo del Estado para conseguir recursos destinados a su concreción, en lo posible con cargo a iniciativas que reciban apoyo financiero en mejores condiciones que los créditos privados. Dados los instrumentos internacionales que Chile ha suscrito, se puede lograr la participación de agencias u organismos internacionales, tales como Agroinvest, de Hungría, o la GTZ, de Alemania, entre otros, a la luz de los acuerdos del Seminario Taller de Producción Limpia, realizado con el auspicio del Ministerio de Agricultura y de la Comisión de Medio Ambiente del Senado.
Esta petición se hace con el acuerdo de los cuatro Parlamentarios de la Región de Aisén, y, por lo tanto, solicito que así se oficie a los señores Ministros del Interior y de Agricultura , a la señora Intendenta de la Undécima Región , y a los señores Vicepresidente Ejecutivo de CORFO y al señor Presidente del Directorio de SACOR Limitada .
Corresponde el turno al Comité Socialista.
Señor Presidente , quiso la casualidad que la intervención que tenía preparada coincidiera con el discurso de despedida del Senador señor Prat .
En primer lugar, deseo reconocer su mérito en todos estos años en el Parlamento. No obstante las diferencias de ideas, comprendo perfectamente la situación en la cual se ha visto envuelto.
Mi intención era hablar sobre la calidad de la política, la coherencia de esta actividad. Es muy importante que exista una relación clara, explícita y nítida entre palabras, actuaciones e imágenes. Y, a mi juicio, la crisis que se ha producido a raíz del abandono de la candidatura senatorial por la Quinta Región Costa de Sebastián Piñera, y, en compensación, lo que ha ocurrido con el Senador señor Prat y el señor Hermann Chadwick , en sus pretensiones de reelección y de elección, respectivamente, nos muestra, justamente, la necesidad de reflexionar sobre la calidad de la política en Chile.
Muy en particular, me quisiera referir al papel jugado por Joaquín Lavín , por una razón muy simple: porque él concitó mucha adhesión ciudadana y continúa estando muy arriba en las encuestas. Por tanto, su responsabilidad es muy grande, ya que, en palabras del Senador señor Prat , es "líder de un sector". Siendo así, a él con mayor razón que a nadie habría que exigir plena coherencia entre las palabras, las imágenes y sus actuaciones.
En una entrevista de 1999 en la revista Capital, el señor Lavín decía que su candidatura a Presidente "ha surgido al revés de como surgen normalmente los candidatos de la centro derecha. Aquí no se reunió un grupo de empresarios o de personas de alto nivel a definir entre ellos cuál será el candidato, como ha sido tradicionalmente la forma de actuar de este sector", y eso lo señala en términos de crítica.
Entonces, cabría preguntar cómo fue que surgieron los acuerdos para bajar las candidaturas de Sebastián Piñera, de Hermann Chadwick y del Senador señor Prat . ¿No fue acaso en una reunión con empresarios o con personas de alto nivel donde se tomaron esas decisiones?
Cuando le preguntan sobre los poderes fácticos, Joaquín Lavín dice: "No me preocupa mayormente. No sé cuáles son esos poderes, sé que Andrés Allamand los tenía bien clasificados..." Curioso que él no sepa cuáles son esos poderes en circunstancias de que después da la impresión de que en parte de las decisiones en las cuales él de alguna manera se ve involucrado esos poderes tienen un papel importante.
Respecto de Sebastián Piñera , el señor Lavín decía en 1999 que cuando aquél bajó su candidatura en ese año "no hubo concesiones políticas". Y después le preguntan, "¿Tiene considerado a Piñera, que se ha ofrecido públicamente en varias oportunidades para ser su fogonero?". A lo que responde: "Por supuesto que sí, más que fogonero, porque estos tiempos no son para..." locomotoras. "La creatividad y el empuje de Sebastián Piñera es algo que nosotros no podemos desperdiciar". Si es así, si él valora tanto el empuje y la creatividad de Sebastián Piñera, ¿por qué entonces, directa o indirectamente, se vio envuelto en todos los acontecimientos que determinaron su abandono de la candidatura parlamentaria? ¿Por qué no le brindó apoyo en sus pretensiones parlamentarias? ¿Por qué la Unión Demócrata Independiente, Partido al cual pertenece Joaquín Lavín , tuvo que ir a buscar al Almirante Arancibia para hacer naufragar la candidatura de Sebastián Piñera? ¿Por qué no se jugó con limpieza, esperando que en las elecciones fuera el ciudadano el que resolviera democráticamente quién sería el Senador de la Derecha en la circunscripción de la Quinta Región Costa?
En otra entrevista del diario "El Mundo", de España, de 12 de enero del 2000, Joaquín Lavín dice: "Política significa servicio público. Un político debe ser un empleado de la gente y esto es así porque ya no están en juego los modelos de sociedad. Cuando llegué a ser alcalde cambié de parecer sobre la forma de afrontar los problemas. Hasta entonces había estado enfrascado en peleas políticas, pero me di cuenta de que los problemas de la gente eran prácticos y tenían poco que ver con las cosas que discutíamos los políticos. Supe que los problemas de los chilenos no son ideológicos, sino de gestión.".
Si es así, si creyó que siendo alcalde había aprendido que los problemas de la gente no se resolvían metiéndose hasta el fondo en pequeñas peleas partidistas, ¿por qué entonces intervino en una disputa interna entre dos Partidos en la elección parlamentaria de una importante Región como es la Quinta?
Joaquín Lavín se define a sí mismo como independiente. Y en una entrevista en el diario "El Mercurio" de Valparaíso dice: "Mi relación con la UDI y RN es y seguirá siendo una muy buena relación.". "Yo no soy" -aclara- "árbitro de la derecha. Siento que mi rol es ayudar a que las necesidades que la ciudadanía hizo presente en espíritu durante la elección se proyecten en algo real a futuro. ¿Cómo? Preservando el clima de unidad, y velando para que la solución de los problemas de la gente sean la prioridad en la agenda del gobierno.".
Consultado sobre qué llamado formularía a esos dos Partidos, responde: "No quiero hacer llamados ni dar consejos.".
Sin embargo, respecto de la crisis en comento, Joaquín Lavín no fue únicamente árbitro, sino que además impuso una solución. Y no sólo dio consejos, sino que actuó en forma directa para implantar un camino que en la práctica significa restar a los ciudadanos posibilidades de elegir. Porque cuando el Senador Prat no va a la reelección; cuando Sebastián Piñera se retira, o cuando Herman Chadwick no compite, los electores de las circunscripciones pertinentes (no personas reunidas entre cuatro paredes -lo que criticaba Lavín -, ni un grupo empresarial o gente de alto nivel, sino los ciudadanos) tienen menos posibilidades para decidir quiénes serán sus representantes en el Parlamento.
Por eso, señor Presidente , es importante puntualizar en la hora de Incidentes del Senado que ha quedado en claro que no hay coherencia entre palabras, imágenes y actuaciones, y que la opinión pública debe pasar de un primer estado, de perplejidad o asombro, a un segundo estado, de reflexión.
¿Por qué sucede esto? ¿Por qué una persona que se colocaba más allá de la política, que apelaba a la unidad de todos los chilenos, en la práctica termina interviniendo de manera tan directa y unilateral en disputas, no ya entre sus adversarios y sus partidarios, sino entre sus propios partidarios, y trata con tanto rigor a quien, según dice, tiene tantos méritos y de cuyo entusiasmo, energía y capacidad, como también afirma, no podría prescindir? Sin embargo, no sólo ha prescindido de esa persona, sino que además la apartó en forma abrupta de las candidaturas, y con ello, de la vida parlamentaria.
Según expresó el Honorable señor Prat esta tarde, aquí hay una enorme contradicción entre métodos y fines. Aquí se buscan ideales -por supuesto, no los que yo comparto-, pero los métodos empleados contradicen los fines perseguidos.
Son métodos -lo manifestó el Senador señor Prat - que no deberían repetirse, que habría que desterrar, máxime cuando leemos en el diario electrónico "El Mostrador" que, según Sebastián Piñera , su abrupta se debe a que "no todo lo que se dijo en público es igual que lo que sucedió en privado".
A mi entender, la opinión pública, para elegir con todo fundamento, tiene derecho a saber qué sucedió en privado, porque de eso depende que cuente con mayores elementos de juicio antes de decidir.
Entre sus denuncias, Sebastián Piñera señala que fue objeto de seguimientos desde el mes de julio. Dice haber comunicado ese hecho a Ricardo y a Ignacio Rivadeneira , vecinos suyos y que tienen altas responsabilidades en Renovación Nacional. El propio Ricardo Rivadeneira declara que advirtió a Sebastián Piñera que había un auto parado en la puerta de su casa, el cual después lo siguió. Y añade: "en ese momento pensé que eran periodistas. Ni siquiera lo vi como algo tan malo, porque o si no le hubiera tomado la patente".
No es la primera vez que Sebastián Piñera sufre ese tipo de amedrentamientos. Debemos recordar la intervención telefónica hecha por la DINE, que motivó la formación de una Comisión Investigadora en la Cámara de Diputados, cuyos resultados sería interesante recordar. Y ha habido otro tipo de amenazas hacia él y su familia.
Sebastián Piñera entregó dichos antecedentes al Ministro del Interior , a través del Subsecretario, y se dispuso protección policial.
Señor Presidente , poco a poco se va revelando una verdad: para dirimir una legítima disputa política al interior de una alianza, se han usado métodos que no son los de la persuasión ni los del consenso, sino los de la presión y la fuerza.
Es lamentable que Joaquín Lavín haya actuado directamente en toda esa crisis. En mi concepto, él debe una explicación al país, al que tiene que hablar con la verdad. Es obligación suya decir qué sucedió en privado, porque de lo contrario su credibilidad se ve vulnerada o herida.
Ése es el primer gran error político de Joaquín Lavín. Y yo diría más: es la primera gran inconsecuencia de esa persona, que tiene un arraigo tan grande en la ciudadanía, de donde se desprende que mucha gente lo sigue.
Por eso, reviste importancia formular un llamado para que él aclare definitivamente la situación y no se limite a decir: "Lo hecho, hecho está". Porque, si es así, hay muchas cosas mal hechas que se podrían tapar expresando: "Hecho está".
¡No! La ciudadanía necesita saber con claridad lo que ha ocurrido, para poder emitir su voto de manera informada en la próxima elección parlamentaria.
¿Desea enviar un oficio con su intervención al Alcalde de Santiago , señor Senador?
No. Muchas gracias, señor Presidente .
--Se levantó a las 20:7.
Artículo único.- Introdúcense las siguientes modificaciones al Reglamento del Senado:
1.- Suprímese el inciso final del artículo 36
2.- Agrégase, a continuación del artículo 36, el siguiente artículo:
"Artículo 36 bis.- A propuesta de la Comisión respectiva, o escuchando su parecer, la Sala acordará el archivo de los asuntos a que se refiere el inciso primero del artículo anterior que hubieren perdido su oportunidad.
El desarchivo, a fin de que el asunto vuelva al estado en que se encontraba, podrá ser solicitado por escrito por el Presidente de la República, tratándose de asuntos de su iniciativa exclusiva, o por cualquier Senador, si hubiere sido iniciado por moción parlamentaria. Corresponderá pronunciarse sobre esta solicitud a la respectiva Comisión, y en contra de su decisión podrá pedirse reconsideración a la Sala. Tratándose de un asunto archivado con el acuerdo de la Cámara de Diputados, se requerirá asimismo dicho acuerdo para desarchivarlo.".
(Fdo.): Andrés Zaldívar Larraín.-
Teniendo presente la conveniencia de reducir la duración de los discursos, proponemos al H. Senado la aprobación del siguiente
"Artículo único.- lntrodúcense al artículo 133 del Reglamento del Senado las siguientes modificaciones:
1.- En los incisos segundo, tercero, quinto y séptimo, sustituyese la expresión "quince minutos" por "diez minutos";
2.- En los incisos quinto y octavo, reemplázase la expresión "diez minutos" por "cinco minutos";
3.- En el inciso quinto, sustitúyese la expresión "cinco minutos" por "tres minutos" las dos veces que se la emplea, y
4.- En el inciso séptimo, reemplázase la expresión "cinco" por "tres".
(Fdo.): Andrés Zaldivar Larraín.