Source: https://es.scribd.com/doc/54064912/11/Clausula-de-exclusion
Timestamp: 2016-02-08 06:36:30
Document Index: 267519678

Matched Legal Cases: ['artículo 23', 'Artículo 29', 'Artículo 23', 'artículo 248', 'artículo 455', 'artículo 455', 'artículo\n375']

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En conformidad con lo expresado en párrafos precedentes, la
legalidad de los procedimientos mediante los que es obtenida la
evidencia física está íntimamente ligada a la posibilidad de que sea
utilizada como prueba en la audiencia del juicio oral e inclusive en
las diferentes audiencias preliminares. En tal sentido, resultan
necesarias algunas precisiones en torno a la exclusión de evidencias.
Inicialmente debe tenerse en cuenta que la actuación penal involu-
cra diversos intereses constitucionales. La víctima y la sociedad tienen
legítimo interés en que los delitos sean esclarecidos y los responsables
sancionados, no sólo con el fin de proteger los derechos a la verdad,
la justicia y la reparación, consagrados en el orden interno y en
tratados internacionales que hacen parte del bloque de
constitucionalidad132
, sino además para la protección futura de los
bienes jurídicos tutelados penalmente. Existe un interés, igualmente
legítimo, en que la limitación de derechos fundamentales que suele
ser inherente a la actuación penal no supere lo establecido en el
ordenamiento constitucional, ratificado y puntualizado por el
legislador al regular cada procedimiento en particular. El balance
entre estos grupos de intereses es, sin duda, uno de los objetivos
primordiales de la normatividad penal.
En lo que se refiere a la investigación, el orden jurídico permite la
limitación de derechos fundamentales, pero a la vez impone límites
orientados a evitar actuaciones desproporcionadas frente a la
Véase al respecto la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional, que comienza con la
sentencia C-288 de 2002 y abarca pronunciamientos tan importantes como las sentencias C-
454 de 2006, C-209 y C-210 de 2007, entre otras.
intangibilidad que tienen de suyo estas garantías. Sin embargo,
históricamente ha sido corroborado que no basta la implementación
de límites constitucionales o legales. Es necesario crear otros
mecanismos de protección de las garantías básicas de los ciudadanos.
Uno de estos lo constituye precisamente la cláusula de exclusión.
La exclusión de evidencias constituye una falta sancionable referida
a los actos que afecten derechos fundamentales por fuera de los
lineamientos constitucionales y legales. Uno de sus objetivos
primordiales consiste en enviar un mensaje claro y contundente sobre
las consecuencias de violar derechos fundamentales, orientado a disuadir
a las autoridades -e incluso a los particulares133
- de incurrir en ese tipo
de violaciones cuando pretenden obtener medios de acreditación con
carácter probatorio. La sanción consiste en que los medios de acreditación
obtenidos de esa manera no puedan ser utilizados en la actuación pe-
nal, ni siquiera para fines de impugnación134
La Ley 906 de 2004, en su artículo 23, acogió la teoría de los “frutos
del árbol ponzoñoso”, denominación metafórica de la evidencia
derivada. Según esta, la exclusión no sólo cobija la prueba
directamente obtenida con la violación de derechos fundamentales,
sino además “las que sean consecuencia de las pruebas excluidas, o las que
sólo puedan explicarse en razón de su existencia”135
A pesar de lo importante que pueda resultar la cláusula de
exclusión para la protección de derechos fundamentales, su aplicación
puede implicar la afectación de otros intereses constitucionalmente
relevantes, especialmente los derechos de la víctima a la verdad, a la
Aunque en Estados Unidos la cláusula de exclusión busca tener un efecto disuasivo frente
a los investigadores oficiales, en Colombia, por las especiales características de nuestro
ordenamiento jurídico, los efectos de la cláusula de exclusión también cobija la actuación de
los particulares. Véase al respecto la sentencia SU-159 de 2002.
Véase al respecto la sentencia C-210 de 2007
Sobre los antecedentes de la cláusula de exclusión, incluyendo la teoría de los frutos del
árbol ponzoñoso, puede consultare la obra de Ernesto L. Chiesa Aponte, Derecho Procesal
Penal de Puerto Rico y Estados Unidos. En la sentencia Su-159 de 2002 la Corte Constitucional
también hace un importante recuento de este instituto.
justicia y a la reparación, así como el interés de la sociedad en la
prevención del delito; sobre todo cuando los medios de acreditación
excluidos resultan indispensables para el ejercicio de la acción pe-
nal. Por ello, el fiscal debe tener un conocimiento adecuado de las
normas que regulan la exclusión de evidencia, incluyendo los
referentes jurisprudenciales más importantes, para evitar que la
evidencia sea excluida cuando no haya lugar a ello.
Es necesario reiterar que la medida más importante para evitar
la exclusión de evidencia es velar porque las actuaciones que
implican la afectación de derechos fundamentales sean realizadas
conforme a lo dispuesto en la Constitución Política y en la ley.
Frente a órdenes debidamente sustentadas, sometidas al oportuno
control del juez y a procedimientos respetuosos de los derechos
fundamentales, difícilmente procederá la exclusión de la
Las discusiones más frecuentes con respecto a la exclusión de
evidencia suelen abarcar los siguientes aspectos.
1. La violación de derechos fundamentales. El presupuesto esencial
para la aplicación de la cláusula de exclusión es precisamente
la afectación de derechos fundamentales. Si el fiscal logra
demostrar la inexistencia de la trasgresión de garantías sostenida
por la defensa, serán innecesarias otras consideraciones, pues
la cláusula de exclusión, (no sólo desde sus antecedentes
históricos sino además desde la literalidad de las normas que
la regulan en el ordenamiento jurídico colombiano136
encuentra indefectiblemente asociada con la violación de
garantías de trascendencia constitucional. Al respecto debe
tenerse en cuenta que la parte que pretenda la exclusión de
evidencia (fiscalía o defensa) debe indicar cuál es la garantía
Artículo 29 de la Constitución Política: “será nula de pleno derecho la prueba obtenida con
violación del debido proceso”. Artículo 23 del Código de Procedimiento Penal: “toda prueba
obtenida con violación de las garantías fundamentales será nula de pleno derecho, por lo que
trasgredida y si es necesario, suministrar las evidencias que den
cuenta de dicha violación137
A manera de ejemplo, es posible que en un determinado caso la
defensa afirme que la policía de vigilancia violó el derecho a la
intimidad al haber practicado un registro personal sin agotar los
procedimientos consagrados en el Código de Procedimiento Penal,
en contravía de lo dispuesto por la Corte Constitucional en la
sentencia C-822 de 2005. Al respecto, quizá al fiscal le baste con afirmar
que no hubo violación de derechos fundamentales, dado que no se
trató de un acto de investigación sino de un acto de control realizado
por la Policía Nacional en cumplimiento de sus deberes
constitucionales y legales y que por tanto, no estaba sujeto a los
requisitos propios de la actuación regulada en el artículo 248 del
Código de Procedimiento Penal. Esto porque se trató de un registro
poco invasivo y por tanto proporcional, si se tiene en cuenta los fines
estrictamente preventivos perseguidos con este138
2. Para aplicar la cláusula de exclusión no es suficiente con que se
demuestre la existencia de una violación de derechos
fundamentales; es necesario además que exista una evidencia física
u otro medio de acreditación y que este tenga un nexo real y
significativo con la afectación de la garantía fundamental.
Para analizar este aspecto debe recodarse que la exclusión de
evidencias (a pesar de constituir un importante mecanismo de
protección de los derechos fundamentales que pueden resultar
afectados con la investigación penal) puede afectar intereses
Las cargas demostrativas dependerán del vicio que se aduzca y de los requisitos consagrados
para el respectivo acto de investigación. Por ejemplo, si la defensa alega que se realizó una
búsqueda selectiva en bases de datos sin la previa autorización del juez, será la Fiscalía la que
tenga que demostrar que sí pidió dicha autorización –cuando la misma resulte necesaria de
acuerdo a las características de la información recogida-. Si la defensa aduce, por ejemplo, que
una persona fue presionada indebidamente para entregar cierta información, deberá acreditar
dicha presión.
En el módulo de argumentación, concretamente en el acápite destinado al estudio del
precedente judicial, se hace alusión a un caso conocido por la Corte Suprema de Justicia donde
se analiza la diferencia entre actos de control y actos de investigación, y las implicaciones que
ello tiene al momento de analizar la legalidad de la actuación.
constitucionalmente relevantes, especialmente los derechos de la
víctima a la verdad, a la justicia y a la reparación, así como el interés
legítimo de la sociedad en que las conductas punibles sean
sancionadas. Por tanto, la exclusión sólo se justifica cuando las
evidencias están relacionadas con la trasgresión de las garantías
fundamentales y cuando su relación implica un nexo tal, que justifique
privar al operador jurídico de información relevante para tomar una
El artículo 455 del Código de Procedimiento Penal establece
algunos criterios para analizar la existencia del nexo entre la violación
de las garantías fundamentales y la evidencia obtenida, así como para
establecer su grado de intensidad. Dichos criterios son: (I) fuente
independiente (II) vínculo atenuado y (III) descubrimiento inevi-
4.3.2.1.1. Fuente Independiente: Puede hablarse de fuente
independiente cuando, a pesar de existir una violación de garantías
fundamentales, es posible demostrar que la evidencia cuya exclusión
se pretende no está realmente relacionada con dicha irregularidad.
Por ejemplo, si los policías judiciales cuentan con información
suficiente para pedir una orden de allanamiento y registro y a pesar
de ello deciden ingresar sin autorización al inmueble en el que, como
saben, se encuentra la evidencia; no tocan nada, y luego solicitan la
orden sólo con base en la información que poseían antes de la
irregularidad140
, podría concluirse que no existe una verdadera
conexión entre la actuación irregular y la evidencia, pues el hallazgo
de esta no tiene ninguna relación con el ingreso ilícito de los policías
al inmueble. Por tanto, no existen razones para sacrificar los intereses
de la víctima y la sociedad, sin que esto excluya las investigaciones
penales y disciplinarias a que haya lugar.
Sobre la constitucionalidad de esta norma puede consultarse la sentencia C-591 de 2005
Frente a un caso similar los tribunales americanos se ocuparon de la figura de la fuente
independiente. Véase al respecto la obra del Profesor Chiesa Aponte, atrás citada.
4.3.2.1.2. Vinculo Atenuado: El vínculo atenuado supone la
violación de garantías fundamentales y la existencia de evidencias
o cualquier medio de acreditación relacionado con la violación,
pero conectado tan tenuemente con ésta, que su exclusión (con
las consecuencias que puede implicar para los intereses
constitucionales tantas veces mencionados) puede resultar una
decisión desproporcionada y carente de real utilidad. Piénsese,
por ejemplo, en un interrogatorio al indiciado realizado sin el
cumplimiento de los requisitos orientados a la protección del
derecho a la no autoincriminación, que es ratificado
posteriormente, luego de transcurrir un tiempo significativo, en
presencia del defensor y con la información suficiente sobre los
4.3.2.1.3. Descubrimiento Inevitable: Entre los criterios
relacionados en el artículo 455 del Código de Procedimiento Pe-
nal, quizás el más complejo sea el descubrimiento inevitable, pues
este supone la violación de garantías fundamentales y la obtención
de evidencias claramente vinculadas con la actuación irregular.
En este evento, la razón para mantener la evidencia en pro de los
intereses de la víctima y la sociedad, está relacionada con el hecho
de que, de todas formas, sería descubierta. Lo único que la
actuación ilícita hizo fue anticipar un resultado inevitable. Así,
citando como ejemplo un caso paradigmático sobre esta figura141
puede hablarse de fuente independiente en el caso en que los
investigadores presionan indebidamente a un capturado por el
delito de homicidio para que diga donde está el cadáver y logran
con esto hallarlo. A pesar de esto la Fiscalía puede acreditar luego,
que un grupo de búsqueda dispuesto con antelación para hallar
el cuerpo, necesariamente lo encontraría, gracias a la información
con la que contaba y al lugar en el que estaba realizando el
Los pormenores del caso pueden consultarse en la obra de Chiesa Aponte.
4.3.3. Utilidad de los elementos materiales probatorios (Pertinencia).
Luego de ser hallado el elemento probatorio, lo propio es analizar
al interior del equipo investigativo (fiscal y policía judicial) la utilidad
que la cosa u objeto encontrado y asegurado puede tener para el caso
que se investiga. La utilidad se guía por las reglas de la pertinencia
mencionadas en otro acápite y que están contenidas en el artículo
375 de la ley 906. Para analizar la utilidad del objeto hallado en el
caso concreto, debe establecerse si el elemento material probatorio o
evidencia física, se refiere “directamente o indirectamente, a los hechos o
circunstancias relativos a“la comisión de la conducta delictiva y sus
consecuencias, así como a la identidad o a la responsabilidad penal del
acusado. También es pertinente cuando sólo sirve para hacer más probable o
menos probable uno de los hechos o circunstancias mencionados, o se refiere
a la credibilidad de un testigo o de un perito”.
Para establecer la utilidad del elemento material probatorio debe
1. La pertinencia, según lo establecido en el artículo citado (375), no
se refiere únicamente a la relación directa de la evidencia física con
los elementos estructurales del delito. En ocasiones la evidencia
física puede ser útil para corroborar un testimonio o en general
para fortalecer el poder persuasorio de otros medios de
acreditación. Es posible, por ejemplo, que un arma no haya sido
utilizada para cometer un determinado delito (un homicidio, por
ejemplo), pero que su hallazgo en poder del acusado confirme lo
expresado por uno de los testigos sobre la agresividad de aquél y
al hecho de que constantemente amenazaba a las personas con
ese tipo de artefactos. También es posible que una carta dirigida
por el acusado a una niña distinta a quien figura como víctima de
un delito sexual, permita establecer las tendencias del acusado con
respecto a las menores de edad142
Un ejemplo de ello aparece en sentencia del 30 de marzo de 2006, radicado 24468, donde
la Corte analiza la trascendencia de la evidencia que da cuenta del comportamiento del acusado
con otra menor de edad.
2. Para establecer la utilidad del elemento material probatorio es
necesario que el fiscal estructure una hipótesis lógica y
sostenible y que a partir de ella realice una adecuada calificación
jurídica; que incluya todos los aspectos relevantes de la
responsabilidad penal. Un elemento material probatorio puede
no parecer útil para demostrar un aspecto estructural del tipo
básico, pero sí para acreditar una circunstancia genérica de
mayor punibilidad o para desvirtuar una causal de ausencia de
responsabilidad. En todo caso, el conocimiento de la dogmática
penal está íntimamente ligado a la determinación de la
pertinencia de los elementos materiales probatorios, (y de los
medios de acreditación en general) pues sólo a partir de dicho
conocimiento puede establecerse con precisión lo que se debe
probar; sólo así es posible establecer la utilidad de un
determinado medio de acreditación.
3. Es necesario que el fiscal establezca previamente las estrategias
defensivas, pues es posible que la utilidad del elemento mate-
rial probatorio esté relacionada con la (s) teoría (s) que
eventualmente pueda aducir la defensa.
4. Puede ocurrir que los elementos materiales probatorios que
encuentre la Fiscalía a raíz de un determinado procedimiento
no sean útiles para la investigación dentro de la que fueron
ordenados y sin embargo resulten útiles para otras
investigaciones o den lugar a iniciar una nueva actuación pe-
nal. Por ello es importante que al interior de la Fiscalía haya
una adecuada comunicación, pues de esta manera se evita la
pérdida de información valiosa para el adecuado cumplimiento
de la función constitucional de esclarecer los delitos y acusar a
sus presuntos responsables.
Finalmente, cabe anotar que existe una clara correlación entre
legalidad, autenticidad y utilidad o pertinencia, pues es posible que
un elemento material probatorio sea determinante para establecer
un aspecto estructural del tipo penal por el que se procede, pero no
pueda ser utilizado por haber sido obtenido mediante violación de
derechos fundamentales o es posible que siendo pertinente no existan
posibilidades de demostrar su autenticidad.
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