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Timestamp: 2019-09-23 15:51:51
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﻿ Sentencia 21639 de junio 15 de 2004
SENTENCIA 21639 DE 15 DE JUNIO DE 2004
CONTENIDO:PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES. APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA CONDICIÓN MÁS BENEFICIOSA EN LOS CASOS EN LOS QUE EL AFILIADO NO ACREDITA EL MÍNIMO DE SEMANAS QUE EXIGE LA LEY 100 DE 1993.
TEMAS ESPECÍFICOS:BENEFICIARIO DE LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES, PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES, REQUISITOS PARA LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES, RECONOCIMIENTO DE LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES, DERECHO A LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES, CÓMPUTO DE SEMANAS DE COTIZACIÓN AL SISTEMA DE PENSIONES
Sentencia 21639 de junio 15 de 2004
Rad.: 21639
Bogotá, D. C., quince de junio de dos mil cuatro.
Resuelve la Corte el recurso extraordinario de casación interpuesto por el apoderado del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES SECCIONAL VALLE DEL CAUCA contra la sentencia de fecha 31 de Marzo de 2003, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, en el proceso ordinario laboral promovido por ISABEL ECHEVERRY ALFONSO a la recurrente.
Isabel Echeverry Alfonso demandó al Instituto de Seguros Sociales Seccional Valle del Cauca, para que, previos los trámites de un Proceso Ordinario Laboral de Primera Instancia, se le condene a pagar la pensión de sobreviviente en forma vitalicia desde que se causó el derecho, es decir, desde el fallecimiento de Jaime Alfonso Ortiz.
Los hechos que le sirven de fundamento a la demandante para las anteriores pretensiones, son: que su compañero permanente antes del fallecimiento laboró en la empresa Inter Recreo Ltda., y sus patronos lo tenían afiliado al Instituto de Seguros Sociales - Seccional Valle del Cauca; que el día primero (1) de abril de 1997 murió Jaime Alfonso Ortiz, quien se hallaba afiliado al ISS por la empresa referida; que por el derecho que le asiste como beneficiaria, por haber sido su compañera permanente, presentó, el día 25 de agosto de 1997, al ISS solicitud con la finalidad que se le reconociera la pensión de sobreviviente; que la demandada por medio de Resolución 009101 del 26 de septiembre del 2000, expedida por la sección de prestaciones económicas, le negó dicha prestación con base en lo preceptuado en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993; que la demandada al negarle la pensión de sobreviviente ha violado sistemáticamente su legislación en particular, como es el Decreto 3041 de 1966 que aprobó el acuerdo 224 de 1966 en sus artículos 5 literal b y 20.
La demanda se contestó con oposición a las pretensiones, para lo cual adujo constarle sus hechos, pero admitió que Jaime Alfonso Ortiz falleció el 1º de abril de 1997 por causa no profesional, teniendo como patrono a Inter Recreo Ltda., cuya última cotización la efectuó el 31 de enero de 1997, por lo que el afiliado no se encontraba cotizando al sistema al momento de su muerte. Como excepciones propuso las que denominó: “Carencia del derecho e inexistencia de la obligación”, “cobro de lo no debido” y “prescripción”.
La primera instancia terminó con sentencia del 12 de septiembre de 2002, proferida por el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Cali, en la que se condenó a la demandada a pagar a favor de la actora la pensión de sobreviviente, que cuantificó así: $1'892.055 por once mesadas del año 1997; $2'853.564 por catorce mesadas de 1998; $3'310.440 por catorce mesadas de 1999; $3'641.400 por catorce mesadas del año 2000; $4.004.000 por catorce mesadas de 2001, y $3.090.000 por diez mesadas del año 2002. Así mismo, dispuso el pago de las que se causen en el futuro.
Apelada la anterior decisión, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, con providencia del 31 de Marzo de 2003, la confirmó.
El juzgador ad quem como sustento de su determinación, en síntesis, expuso: que la calidad de afiliado del causante a la demandada no está en discusión y ello se desprende de la Resolución 009101 en la que le negó la pensión de sobrevivientes, y en su defecto le reconoció la indemnización sustitutiva, por haber cotizado en el año inmediatamente anterior a su fallecimiento, sucedido el 1º de abril de 1997, sólo 4 semanas, y que pese a contabilizar un total de 366 semanas, no contaba con las 26 semanas de cotización en el aludido lapso que exige el artículo 46 de la Ley 100 de 1993. Que, por fortuna, el tema de las 26 semanas ha sido ampliamente tratado por la jurisprudencia, para lo cual se transcriben algunos apartes de .sentencia de esta corporación que no alcanza a identificar. Que en el presente caso, el causante logró un total de 366 semanas de cotización, por lo que en apoyo al criterio jurisprudencial que transcribe, la demandante tiene derecho a la pensión reclamada como lo dispuso el juez a quo, ya que si bien es cierto no se cotizó las 26 semanas en el año inmediatamente anterior al fallecimiento del afiliado, éste si contaba con más de 300 semanas cotizadas para ese entonces.
Fue interpuesto por la parte demandada, concedido por el Tribunal y admitido por esta corporación, que procede a resolverlo previo el estudio de la demanda que lo sustenta. No hubo réplica.
“Se concreta a obtener que esa Honorable Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, case la sentencia acusada para que una vez hecho ello y actuando como Tribunal de Instancia luego revoque el fallo del Juez a quo para en su lugar absolver al Instituto de Seguros Sociales de todas y cada una de las pretensiones formuladas por la demandante”.
Con fundamento en la causal primera de casación laboral, el impugnante le formula a la sentencia controvertida un solo cargo, no obstante enumerarlo como:
“La sentencia acusada interpreta erróneamente (vía directa) el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, en relación con los artículos 8º de la Ley 153 de 1887; 13 y 53 de la Constitución Nacional; 1617 del Código Civil; 127 (subrogado por la Ley 50 de 1990, art. 14), 193, 259 y 260 del Código Sustantivo del Trabajo; 72 y 76 de la Ley 90 de 1946; 11, 12, 14, 57 y 60 del Acuerdo 224 de 1966 (aprobado por el Decreto 3041 de 1966); Acuerdo 029 de 1983 (aprobado por Decreto 1900 de 1983); 5º del Acuerdo 029 de 1985, aprobado por el Decreto 2879 del mismo año; 8º de la Ley 10 de 1972; 6º del Decreto 1672 de 1973; 1º de la Ley 12 de 1975; 12 del Acuerdo 049 de 1990; 14, 20, 33, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 47, 48, 49, 141, 179 y 289 de la Ley 100 de 1993; 11, 14 15 y 20 del Decreto Reglamentario 692 de 1994; 16 del Decreto 1889 de 1994; 16 y 50 del Decreto 1295 de 1994; 86 y 177 del Código Contencioso Administrativo; 55, 56 (modificado por el art. 1º, numeral 20, del Decreto 2282 de 1989)”.
Precisa el recurrente que para reconocer la pensión de sobrevivientes el fallador ad quem acudió a la jurisprudencia de la Corte conforme a la cual la circunstancia de no haber cotizado el causante ninguna semana al ISS en el año inmediatamente anterior a su fallecimiento, en manera alguna apareja la ineficacia de sus aportes durante más de 20 años (más de 1.200 semanas). Que, dicho en otras palabras, la Corte estableció en el asunto sometido a su escrutinio, que allí se imponía una interpretación sistemática de todo el ordenamiento relativo a la materia por razón de las circunstancias que habían originado el debate y particularmente por el significativo número de aportes hechos por el causante en ese caso (1.200 semanas). Que el Tribunal en el sub judice, generaliza esa conclusión de la Corte para todos los casos, al entender, sin hacer las necesarias distinciones, que también gobierna el caso presente y, por ende, interpreta erróneamente el artículo 46 de la Ley 100 de 1993. Que al examinar una demanda contra la legitimidad de dicha disposición, la Corte Constitucional tuvo la oportunidad de confrontar la validez hermenéutica de la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia del 13 de agosto de 1997, radicación 9758, y aclaró que la misma es aceptable pero dentro de sus circunstancias y sin que en ningún caso pueda generalizarse.
De acuerdo con la parte motiva del proveído recurrido, el Tribunal para prohijar la decisión del juez a quo en cuanto accedió a la pensión de sobrevivientes pretendida, si bien acepta que el afiliado no cumplió con las 26 semanas de cotización en el año inmediatamente anterior a su fallecimiento: el 1º de abril de 1997, tal y como lo exige el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, de todos modos reconoce el derecho a dicha prestación por haber contado con más de 300 semanas de cotización para esa data, para lo cual precisa que acoge sentencia de esta corporación cuyo aparte pertinente transcribe.
Conforme a la vía directa por la que orienta el cargo, no es objeto de reproche ninguno de los fundamentos fácticos inferidos por el Tribunal para dirimir la controversia, esto es, la calidad de afiliado del causante, el haber cotizado en el año inmediatamente anterior a su fallecimiento sólo 4 semanas y que para esa fecha contabilizaba un total de 366 semanas.
Así mismo, tampoco disiente el recurrente del criterio jurisprudencial que cita y transcribe el Tribunal en respaldo de su determinación, fijado por esta Sala en la sentencia del 13 de agosto de 1997, radicación 9757, en el que se trató un asunto en que se concedió pensión de sobrevivientes sin cumplirse requisito de las 26 semanas, pero el causante durante su vida laboral tenía cotizadas 1200. Lo que aquél objeta es el alcance que le confiere el juzgador a esa pauta jurisprudencial, y para ello, en lo esencial, expone:
“(…) ¿Por qué se afirma que la sentencia recurrida interpreta mal el artículo 46 de la Ley 100 de 1993? Simplemente porque la sentencia dictada por esa Honorable Corte y considerada para reconocer la pensión de sobreviviente a la actora, surge de realidades muy distintas de las que convergen en el sub lite.
“Dicho con otras palabras: esa corporación estableció que en el asunto sometido a su escrutinio se imponía una interpretación sistemática de todo el ordenamiento relativo a la materia por razón de las circunstancias que habían originado el debate y particularmente por el significativo número de aportes hechos por el causante durante más 20 años (1200 semanas), que le daban de acuerdo con el artículo 12 del acuerdo 049 de 1990, derecho a una pensión de vejez. En ese contexto entendió que el hecho de no haber realizado ningún aporte durante el año anterior al de su fallecimiento, “no apareja la ineficacia” de los aportes hechos durante su vida laboral.
“El Tribunal Superior de Cali generaliza esa conclusión para todos los casos al entender, sin hacer las necesarias distinciones, que también gobierna el caso presente, lo que traduce una errónea interpretación del artículo 46 de la Ley 100 de 1993 (…)”.
Para decidir la acusación se hace necesario recordar la posición que frente al tema objeto de controversia ha tenido la Corte desde su sentencia del 13 de agosto de 1997 citada por el Tribunal, la cual ha sido reiterada, entre otras en las del 18/01/1998, radicación 11687, 1/12/1998, radicación 10689, 22/11/1999, radicación 12627, 30/11/2000, radicación 15057, 5/04/2001, radicación 15449, 10/04/2002, radicación 1712126/11/2002, radicación 18845, 13/07/2003, radicación 19917 y 11/12/2003, radicación 21039. Y al respecto se ha puntualizado:
“(…) tampoco es viable la rectificación de ese criterio puesto que no se encuentran razones para ello. Basta entonces reiterar lo establecido por ejemplo en sentencia 19917 del 24 de julio de 2003, en la que se estableció:
“En relación con la aludida acusación, la Sala en múltiples oportunidades ha sostenido que con sujeción a los artículos 13 de la ley que entronizó el sistema de seguridad social integral y 53 de la Carta Política, no es posible desconocer a una persona, así haya fallecido en vigencia de la nueva ley y no haya cotizado 26 semanas en el último año de su vida, las semanas previamente aportadas, si con ellas hubiera podido obtener una pensión de acuerdo con los reglamentos del I.S.S.
“Como el aludido planteamiento no hay razón para modificarlo, es pertinente traer a colación para rebatir la argumentación del cargo, lo que la Corte expone al respecto en fallo 17121 del 10 de abril de 2002, memorado en la posterior sentencia 18845 del 26 de noviembre del mismo año, a saber:
“Ahora bien, de la providencia recurrida, que prohijó la del primer grado, salta a la vista que el Tribunal para nada tuvo en cuenta las normativas que regían antes de la expedición de la Ley 100 de 1993, pues tan sólo le bastó para examinar la situación del demandante, si se cumplían con los presupuestos fácticos a que alude el artículo 46 de la ya citada ley, esto es, si a la fecha del fallecimiento de la señora Zapata Zapata, ésta contaba con un mínimo de 26 semanas de cotización. Lo que explicó así: “(...) ya es jurisprudencia reiterada que la transición no cobijó las pensiones de sobrevivientes, y por lo mismo, no puede aplicarse el régimen anterior a la Ley 100 de 1993, si la causante falleció en vigencia de ésta, en 1998”.
“En el contexto anterior, el Tribunal no se detuvo a examinar si teniendo en cuenta las cotizaciones pagadas con antelación a la multicitada Ley 100 de 1993, al aquí demandante le asistía el derecho a acceder a la pensión de sobrevivientes que se reclama, en aplicación del principio de la condición más beneficiosa, pues como insistentemente lo ha precisado la Sala en contiendas de similares fundamentos de hecho y de derecho a la que ahora ocupa su atención, el crédito social reclamado no se puede negar a los derechohabientes de un afiliado bajo el único pretexto de no cumplir con la densidad mínima de cotizaciones (26 semanas) en el año inmediatamente anterior al deceso, si durante la vinculación con la seguridad social satisfizo las exigencias del artículo 6º del Acuerdo 049 de 1990.
“Precisamente, el criterio que antecede se ha fundamentado de tiempo atrás por la Corte, no sólo en lo que al efecto prevé el inciso cuarto del artículo 48 de la Ley 100 de 1993, en cuanto garantiza el derecho de optar por una pensión de sobrevivientes equivalente al régimen de pensión de sobrevivientes del I.S.S., que regía con anterioridad a la fecha de vigencia de la presente ley, sino, además, en los principios rectores de la seguridad social, el artículo 53 de la Constitución Política y el postulado de la condición más beneficiosa”.
“Como puede verse, las reflexiones antes transcritas son perfectamente aplicables al caso que se examina, más aún si, como antes se dijo, no existe debate en torno a que el causante Iván de Jesús Ramírez Gallego, cónyuge de la reclamante, tenía cotizadas al I.S.S., a la fecha de su deceso, 829 semanas, circunstancia que ubica su situación en los supuestos de hecho de los artículos 6 y 25 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, como acertadamente lo dedujo el Tribunal (…)”.
De lo antes trascrito debe concluirse que el criterio de la Sala respecto a las 300 semanas no es como lo entiende el Tribunal, o sea, que basta con que el afiliado tenga ese número cotizadas en la fecha de su fallecimiento para que tenga derecho a la pensión de sobrevivientes con sustento en el artículo 6 del acuerdo 049 de 1990. Y no lo es porque como se lee en los apartes de la sentencia antes trascrita, lo que se le criticó al juzgador de ese asunto es que “no se detuvo a examinar si teniendo en cuenta la cotizaciones pagadas con antelación a la multicitada Ley 100 de 1993, al aquí demandante le asistía el derecho a acceder a la pensión de sobrevivientes que se reclama”. Y de esto lo que se colige y, por consiguiente, se destaca y precisa, es que con dicha pauta jurisprudencial lo que se quiso y quiere es proteger a aquellos afiliados que para la fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 en materia de pensiones: 1 de abril de 1994, ya habían satisfecho el mínimo de cotizaciones que la normatividad vigente hasta esta data les exigía para tener derecho a la pensión de sobrevivientes, como era, al tenor del artículo 6 del acuerdo 049 de 1990, 300 semanas en cualquier tiempo.
Lo antes afirmado significa que la Ley 100 de 1993, como se expresa en el fallo que trae a colación el recurrente, no “quedaron abolidas las prerrogativas de los derechohabientes originadas por afiliados que durante su vinculación como sujetos activos habían cumplido todas las cotizaciones exigidas en el reglamento aplicable y antes de entrar a regir la nueva ley se desafiliaron del sistema al considerar fundadamente que por faltarles únicamente el requisito del fallecimiento, sus familiares podrían reclamar la respectiva prestación al momento del deceso”. Predicamento que también lógicamente es extensivo a quienes siguieron afiliados al sistema y para la época en que entró a regir el mismo tenía las 300 semanas cotizadas en la normatividad vigente para esa data.
Por lo tanto, como el Tribunal le otorgó un alcance diferente al criterio jurisprudencial en que fundó la decisión que acogió en la sentencia recurrida y, por ende, a las normas en que se funda el mismo, el cargo prospera.
Aplicando, entonces, lo hasta aquí puntualizado al asunto que se trata, se tiene, como consideración de instancia, que deduciéndose de los documentos de folios 26, 56 a 58, 74, 86 a 90, que el causante Jaime Alfonso Ortiz para el 1 de abril de 1994 no tenía cotizadas las 300 semanas a que alude el artículo 6 del Acuerdo 049 de 1990, para que la demandante tuviera derecho a la pensión de sobrevivientes que reclama, tenía que aparecer demostrado que durante el año anterior a su deceso había cotizado como mínimo 26 semanas, lo que no ocurrió, tal como puntualizado en los fallos de instancia.
La precitada circunstancia impone la revocatoria de la sentencia de primera instancia que había reconocido la prestación social pretendida.
Como el recurso sale avante, no se condenará a costas por el mismo; las de las instancias se le impondrán a la actora por lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 392 del Código de Procedimiento Civil.
En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN LABORAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia del 31 de marzo de 2003, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, en el proceso que ISABEL ECHEVERRY ALFONSO le promovió al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - SECCIONAL VALLE.
En sede de instancia, revoca la sentencia de primera instancia dictada en este asunto por el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Santiago de Cali, fechada el 12 de septiembre de 2002, y en su lugar, niega las pretensiones de la demanda con que se inició este proceso.
Sin costas en el recurso extraordinario de casación; las de las instancias a cargo de la parte demandante.
Magistrados: Fernando Vásquez Botero—Gustavo José Gnecco Mendoza—Carlos Isaac Nader—Eduardo López Villegas—Luis Javier Osorio López—Luis Gonzalo Toro Correa—Isaura Vargas Díaz.
Con todo respeto, expreso mi disentimiento de la tesis de la mayoría de la Sala referida en la sentencia, por cuanto otorga una pensión de sobrevivientes por fallecimiento del afiliado durante la vigencia de la Ley 100 de 1993, estimando el requisito de cotizaciones con la medida de densidad establecida en el Acuerdo 049 de 1990 del Instituto de Seguros Sociales, y por el sustento que adopta para llegar a dicha decisión, la de aplicar “el principio de la condición más beneficiosa contemplado en el artículo 53 de la Constitución Política”.
Habiendo fallecido el afiliado en vigencia de la Ley 100 de 1993, - y es la fecha de la muerte la que señala el régimen que regula la pensión de sobrevivientes- se debió cumplir con el requisito de densidad de cotizaciones previsto en el artículo 46 de la mencionada ley; y faltando este no es posible acceder a la pensión de sobrevivientes que se reclama, invocando para el efecto, la condición más beneficiosa.
La decisión de la Corte guarda coherencia con la posición que ha fijado para resolver reclamaciones de pensión de sobrevivientes; sin embargo, la misma Corporación precisó el alcance del principio de la condición más beneficiosa, en los siguientes términos:
“La seguridad social es materia autónoma, cuya institucionalización constitucional se encuentra en el artículo 48 de la Carta, que si bien no consagra el principio de favorabilidad reclamado por el recurrente, si fue contemplado por el legislador con unas características propias para la seguridad social en pensiones. Así, el artículo 288 de la Ley 100 de 1993, permite que el afiliado o beneficiario de una prestación pensional se acoja a la normatividad más favorable, bajo la condición de que se someta de manera integra a dicha regulación”. Sentencia de 25 de marzo de 2004, Rad. 22060.
Esta posición doctrinaria debe acogerse en su integridad: frente a pensiones por riesgo de invalidez, -como se hizo en la sentencia invocada-, a pensiones de vejez, y pensiones de sobrevivientes, esto es, plenamente válido en materia de seguridad social en pensiones, cualquiera que fuere el carácter de ésta.
El enfoque laboral de los temas de la seguridad social, en los que persiste tal posición de la Sala, no es compatible con la clara regulación autónoma que el constituyente de 1991 hizo de la seguridad social, separada de la protección del trabajo, ni con la precisa concepción del sistema de seguridad social plasmada en la Ley 100 de 1993, la que superó normativamente la transitoriedad de los mecanismos pensionales previstos en la Ley 90 de 1946.
La voluntad del legislador plasmada en la Ley 100 de 1993 fue la de clausurar la prolongada fase en la que la seguridad social se realizaba de manera prevalente a través de las empresas, para pasar a un estadio en el que este servicio público fuera cumplido por un sistema institucionalizado, el que hasta entonces, en gradual maduración, obraba como mecanismo subsidiario; pero también, como este tránsito no podía operar a rajatabla, debía ser remitido a un régimen de transición con normas como la del artículo 53 de la Carta Política, - sobre pensiones legales dentro de la regulación laboral, o la del artículo 272 de la Ley 100, para prevenir que lo dispuesto en ella, en pensiones o en salud, no podía desmejorar las condiciones de los trabajadores -que no afiliados-, obviamente obtenidas dentro de la empresa.
La naturaleza de un régimen de seguridad social en pensiones no puede ser condicionada a las reglas de la transición pensional, salvo en lo que estrictamente a éste corresponda; y a ello no se atiende, cuando se resuelve una controversia sobre una pensión que integralmente corresponde al sistema de seguridad social con el principio de la condición más beneficiosa de origen laboral.
El principio de la favorabilidad en la seguridad social, de origen legal, tiene su propio contenido, el que para el efecto prescribe el artículo 288 de la Ley 100 de 1993, el de que para ser aplicado debe serlo bajo la condición de que la situación se “someta a la totalidad de las disposiciones de esta ley”.
La aplicación del principio de la condición más beneficiosa que la Sala hace en el sub lite desvertebra la naturaleza de sistema bajo el cual se ha ordenado la seguridad social, al ignorar la condición del artículo 288 de la Ley 100 de 1993, para otorgar una pensión de sobrevivientes, propia del sistema, tomando de éste los beneficios, sin exigir las cargas.
Se pasa por alto hacer la comparación del número de cotizaciones efectuadas por el actor con las que exige la ley, por cuanto, como corolario del artículo 288 de la Ley 100 de 1993, lo comparable es la totalidad del sistema, y no fragmentos de éste, que separados del todo, se banaliza su significado, restando sólo su aspecto más aparente.
Desde la perspectiva del sistema el número de cotizaciones tiene una trascendencia mayor que la de un ser una cifra. El dato numérico previsto en el Acuerdo 049 de 1990, guarismo elevado -300- cumplido en cualquier tiempo, significa un régimen de protección para un grupo de trabajadores restringido a los de una antigüedad de seis o más años, financiado con bases mínimas altas; y el previsto en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, con un guarismo bajo pero con la exigencia de ser cumplido en estricta oportunidad, -en el año inmediatamente anterior al hecho incierto de la muerte- significa un régimen con vocación de protección cercano a la universalidad – se excluye a los que no han cumplido seis meses de actividad- financiado por el universo de trabajadores, que de manera continuada y permanente –se admiten algunas intermitencias – deben realizar la solidaridad contributiva.
Ciertamente, la vocación a la universalidad de la cobertura es uno de los principios de la Ley 100 de 1993, la cual puede ser alcanzada a condición de que actúe la solidaridad, otro de los principios rectores del Sistema de Seguridad Social. Ella se cumple si las personas contribuyen según su capacidad, como lo indica el artículo 2º de la misma Ley, -aquí como manifestación del principio de la integralidad.
La aplicación del principio de la condición más beneficiosa laboral como lo hace la Sala para acceder al otorgamiento de una pensión de sobrevivientes conduce al desequilibrio financiero del sistema. De hecho, la realización del propósito de universalizar la protección de la familia de los trabajadores –antiguos y principiantes- es posible bajo el presupuesto de que la obligación de cotizar sea igualmente universal; y cuando se afecta esta se compromete aquella, como cuando se exonera de por vida al contingente de trabajadores que antes de 1994 hubieren cotizado 300 semanas; ciertamente, se les releva del deber de efectuar una cotización más, en cuanto no hacerlo no les priva del derecho a la pensión de sobrevivientes.