Source: https://www.scribd.com/document/255363220/El-Precedente-Administrativo-en-Materia-Fiscal
Timestamp: 2018-12-19 07:20:28
Document Index: 158614786

Matched Legal Cases: ['artículo 31', 'artículo 31', 'artículo 31', 'artículo 31', 'artículo 31', 'artículo 31', 'artículo 34', 'artículo 69', 'artículo 34', 'artículo 47', 'artículo 34', 'artículo 34', 'artículo 47', 'artículo 8', 'artículo 1', 'artículo 68', 'artículo 8', 'artículo 14']

Reflexiones Sobre Los Conceptos de Validez y Existencia de Las Normas Juridicas (1)
Modelo Tutela Al Tribunal
Examen Becker Ortíz y Rivas
Decaimiento Del Acto Administrstivo
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1.1 El antecedente administrativo.
Comúnmente en la administración pública suele confundirse al concepto de
precedente administrativo con la costumbre y las prácticas administrativas, sin
embargo para los efectos que aquí interesan, sus características y
consecuencias los hacen totalmente diferentes unos de otros.
la costumbre proviene de un origen popular en su
carácter intuitivo y colectivo, como una regla de Derecho ante la ausencia de
éste, es decir, la costumbre la constituyen formas de comportamiento y de
conducta, que al ser practicadas con asiduidad, son extendidas a una sociedad;
se conforma pues, en una especie de conciencia. Sin embargo hay que decir
que, en materia administrativa la costumbre se encuentra muy limitada por el
principio de reserva de ley, según el cual la administración sólo puede actuar si
ha sido habilitada para ello mediante una ley.
Por otro lado, los usos y las prácticas administrativas tienen su origen en
el trabajo de la administración derivado de una rutina espontánea y burocrática,
siendo formas imperfectas de la costumbre. Así, los usos y las prácticas
administrativas son las constantes y uniformes actuaciones de los órganos
administrativos. Dentro de los usos y las prácticas administrativas está, incluso,
la forma de entender e interpretar las normas jurídicas por parte de los
Al respecto, es primordial señalar que de acuerdo a nuestro sistema
jurídico ni la costumbre ni las prácticas administrativas pueden contravenir la ley
por el citado principio de reserva de ley, mismo que se encuentra plasmado en
nuestra Carta Magna en los artículos 14, 16 y 3, así como en diversas leyes
reglamentarias. Por tanto, al precedente administrativo no lo constituyen ni la
costumbre, ni los usos, ni las prácticas administrativas, a pesar de que incluso
éstos participan en su formación.
Entonces, podemos decir que el precedente administrativo es aquella
decisión sustantiva previa de la administración que genera derechos y
obligaciones para los administrados, pues los afecta en su esfera jurídica, y que
puede ser aplicable a un caso similar. Dicho de otro modo, es la aplicación de
un supuesto ya resuelto anteriormente a un caso similar.
Por ello, es que algunos tratadistas del Derecho Administrativo suelen
llamar al precedente administrativo como la “jurisprudencia administrativa”, pero
la diferencian de la contenciosa-administrativa, ya que esta última goza –entre
otros principios procesales– de los efectos de cosa juzgada. 1
La formación del precedente administrativo se da por el simple proceso
de interpretar y aplicar una norma a un caso particular por parte de la
administración. La aplicación del precedente administrativo requiere de una
decisión previa de la administración. Sin embargo, es importante mencionar que
el precedente administrativo no constituye una interpretación de la de la norma
en sí, sino un ejercicio de interpretación de las formas y los métodos de aplicar
la norma a un caso similar previamente resuelto.
Ahora bien, en lo que se refiere al posible carácter vinculante del
precedente administrativo, éste puede encontrar su fundamento en el principio
1 Martínez RosasLanda, Sergio. (2010). La jurisprudencia en el juicio contencioso administrativo. 18 de noviembre de
2014, de Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Sitio web:
http://www.tfjfa.gob.mx/investigaciones/pdf/lajurisprudenciaeneljuiciocontencioso.pdf
. que la actuación de la administración se situé dentro del límite de la legalidad.de igualdad ante la ley. para que dicho precedente pueda aplicarse. pues como ya se dijo. Antecedentes. 2. pues basta sólo uno para que el administrado se encuentre en posibilidad de exigir su aplicación. para efectos de la aplicación de un precedente administrativo. deben existir identidad de circunstancias. Por otro lado. no se debe tomar en cuenta el factor tiempo ni el número actos o reiteraciones del acto o resolución. como requisito sine qua non y además.
mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralScroll. Octava Época. en la que concedió a la empresa TALLERES MARTINEZ VARA.V. S. consultado en http://sjf. después de inconformarse ante la Cuarta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Fiscal de la Federación. A. equidad y proporcionalidad en las contribuciones consagradas en el artículo 31 Constitucional. la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) emitió una resolución.scjn.V. 2028.V. S. Semanario Judicial de la Federación. S. DE C. DENSIMETROS ROBSAN. DENSIMETROS ROBSAN. Dicho Tribunal Federal determinó no amparar ni proteger al quejoso. S. S.A. la condonación de recargos y la autorización de pagar a plazos un adeudo de carácter fiscal.A. argumentando que “que las resoluciones emitidas por esta Secretaría son de carácter estrictamente individual. DE C. Tribunales Colegiados de Circuito. DENSIMETROS ROBSAN.gob. . promovió demanda de amparo directo ante el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. que al enterarse de dicha situación. La SHCP negó la solicitud a DENSIMETROS ROBSAN. DE C. argumentando la violación a las garantías de legalidad. razón por la cual surten efectos únicamente para cada contribuyente en particular y que además se otorgaron por las especiales condiciones que se presentaron en esa empresa…”.A. entre otras prerrogativas de carácter tributario. argumentando entre otras cosas que: 2 2 Registro Núm.En 1981. Agosto de 1994. AMPARO DIRECTO 23/94. solicitara se tomara en cuenta dicho precedente administrativo y se le concedieran las mismas prerrogativas otorgadas al diverso contribuyente.A. DE C.. mismo que se tramito bajo el número 23/94. lo que provocó.aspx?id=2028&Clase=DetalleTesisEjecutorias. Tomo XIV. Ante tal negativa. contenida en el oficio número 101-478.V.
en atención a sus atribuciones constitucionales.“…Frente a esta garantía. ante la Sala responsable. están vinculadas con la creación de las leyes pues es precisamente en éstas donde debe darse cumplimiento a la obligación de establecer impuestos.Sin embargo. la obligación que las autoridades recaudadoras de impuestos tienen a su cargo en cuanto se refiere a la materia tributaria. habida cuenta que en materia impositiva. independientemente de que éstos. consiste fundamentalmente en actuar con apego a lo que el legislador federal o local. intrínsecamente considerados pudieran ser desproporcionados o inequitativos. fracción IV constitucional. existe la correlativa obligación para las autoridades que. debe acatar los principios de equidad y de proporcionalidad. tales autoridades únicamente están facultadas para aplicar las leyes al caso concreto. hayan . según sea el caso. “…De ahí que se llegue a la conclusión de que el acto impugnado ante la Sala responsable no está directamente regido por el artículo 31. no puede decirse que las autoridades demandadas. de manera proporcional y equitativa. en tanto que este precepto impone una obligación a cargo del legislador consistente en que al establecer todo impuesto. en razón de que la fijación de estos criterios así como su observancia están encomendados directamente a los poderes legislativo……. en el caso concreto. Por tanto. determine al establecer los impuestos.
sino también en relación con el contenido y aplicación de la ley misma.infringido en perjuicio de la quejosa el principio de equidad previsto en el artículo 31. publicada en el Semanario Judicial de la Federación en enero de 2007 y que establecen lo siguiente: . fracción IV. los Órganos de Control Constitucional han señalado que los principios de justicia y equidad tributaria no sólo van dirigidos a los actos legislativos sino también a los administrativos. toda vez que. como se puede ver en la ejecutoria antes mencionada. ya que se ha dicho que la igualdad que consagran los textos constitucionales no sólo reconoce a las personas el derecho de ser iguales ante la ley en su condición de destinatarios de las normas. equidad y proporcionalidad en las contribuciones consagradas en el artículo 31 Constitucional. desechando de alguna manera. la actuación de las autoridades demandadas no se rige por la disposición constitucional indicada…” El criterio de los Tribunales Federales en ese entonces en relación a las garantías de legalidad. Sin embargo. era el de que. la técnica del antecedente administrativo en materia tributaria. como se ha indicado./J. como se puede ver en la siguiente tesis aislada emitida por la Primera Sala de nuestra Corte Suprema. mismo criterio que después integró la jurisprudencia 1a. 97/2006. iban solamente dirigidas a los actos legislativos. en tiempos recientes. constitucional por el solo hecho de haber acordado en sentido negativo su solicitud de condonación de recargos. las obligaciones que de éstas de desprendían.
De manera que cuando las disposiciones analizadas no corresponden al ámbito específico de aplicación de la garantía de equidad tributaria -es decir. la Suprema Corte ha precisado progresivamente su alcance y ha señalado que la referida garantía. en tanto que la primera es una manifestación concreta de esta última. cuando se trata . a través de un texto formal y materialmente legislativo. resulta aplicable al establecimiento de las contribuciones. se ha señalado que el artículo 31. Así. constitucional proyecta las exigencias del principio de igualdad sobre el ámbito impositivo. ÁMBITO ESPECÍFICO DE SU APLICACIÓN.“EQUIDAD TRIBUTARIA. precisando que ésta radica en la igualdad ante la misma ley tributaria de los sujetos pasivos de un mismo gravamen. En este contexto. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé diferentes facetas de la igualdad. debiendo apreciarse que la garantía de equidad no tiene menor o mayor valor que la de igualdad garantizada en otros preceptos constitucionales. En tal sentido. sin establecer casos de excepción en su aplicación. debe tenerse presente que este Alto Tribunal ha delimitado el contenido de la garantía de equidad tributaria. así como de las obligaciones materialmente recaudatorias vinculadas a la potestad tributaria. de las exenciones previstas con motivo de éstas. y se refiere a ella tanto en un plano general como en el contexto de un ámbito material específico. fracción IV.
Tomo XXII. Tipo de Tesis: Aislada. Página: 39.Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. CXXXVI/2005. LOS ARGUMENTOS RELATIVOS DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LA GARANTÍA DE IGUALDAD. Instancia: Primera Sala. Noviembre de 2005. el artículo 31. Así. así como en los casos de normas que tengan repercusión fiscal y sean emitidas por el Ejecutivo. fracción IV.los argumentos que reclaman la existencia de un trato diferenciado o discriminatorio entre dos personas o grupos deben analizarse en el contexto más amplio que corresponde a la garantía de igualdad.de disposiciones legales que no se refieren a contribuciones. Registro: 176712. sin establecer casos de excepción en su aplicación. es decir. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé diferentes facetas de la igualdad y se refiere a ella tanto en un plano general como en el contexto de un ámbito material específico. . la garantía de equidad 3 Época: Novena Época. Materia(s): Constitucional. Tesis: 1a. exenciones o a la delimitación de obligaciones materialmente recaudatorias.”3 “EQUIDAD TRIBUTARIA. CUANDO SE RECLAMA LA EXISTENCIA DE UN TRATO DIFERENCIADO RESPECTO DE DISPOSICIONES LEGALES QUE NO CORRESPONDEN AL ÁMBITO ESPECÍFICO DE APLICACIÓN DE AQUEL PRINCIPIO. Administrativa. constitucional proyecta las exigencias del principio de igualdad sobre el ámbito impositivo.
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. los plazos para dar respuesta y las consecuencias jurídicas de 4 Época: Novena Época. Administrativa. que no se refieren a contribuciones. Por otra parte. Registro: 173569. por lo que no tiene menor o mayor valor que la igualdad garantizada en otros preceptos constitucionales. a la luz de la garantía de igualdad. Enero de 2007.” 4 3. 97/2006.tributaria es la manifestación del principio de igualdad en materia fiscal. precisando que ésta radica en la igualdad ante la misma ley tributaria de los sujetos pasivos de un mismo gravamen.los argumentos que reclaman la existencia de un trato diferenciado o discriminatorio entre dos personas o grupos deben analizarse en el contexto más amplio. debe tenerse presente que este Alto Tribunal ha delimitado el contenido de la garantía de equidad tributaria. Instancia: Primera Sala. tratándose de disposiciones legales que no corresponden al ámbito específico de aplicación de la garantía de equidad tributaria -es decir. así como en los casos de normas que tengan repercusión fiscal y sean emitidas por el Poder Ejecutivo. Materia(s): Constitucional. El Código Fiscal de la Federación. establece la obligación de la autoridad fiscal de dar contestación a las consultas que realicen los contribuyentes. exenciones o a la delimitación de obligaciones materialmente recaudatorias. En ese sentido. esto es./J. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Tesis: 1a. Página: 231 . Tomo XXV. en su artículo 34. Justificación.
ya que esto permite crear precedentes para quienes se encuentran en la misma situación y . pues dichas reformas han consistido solamente en modificar la temporalidad y forma de difusión de las resoluciones. las leyes del Impuesto Sobre la Renta. cumpliendo con la reserva de información y datos a que se refiere el artículo 69 del mismo cuerpo de leyes. Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos y Federal de Derechos. estipulando también la forma en que dichas solicitudes deben ser planteadas. dicho párrafo ha sufrido algunas reformas a lo largo de estos años. de publicar mensualmente un extracto de las principales resoluciones que se hayan resuelto favorablemente a los contribuyentes. éste no ha sido modificado sustancialmente y no han alterado su intención.dichas resoluciones. Ahora. dicho párrafo fue adicionado al artículo 34 precitado. mediante decreto publicado el día 29 de diciembre de 1997 en el Diario Oficial de la Federación por medio del cual se modificó el Código Fiscal de la Federación. Por esta razón. Si bien. Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. la adición de éste párrafo se realiza a efecto de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público publique todas aquellas resoluciones favorables a los contribuyentes. En el último párrafo del artículo antes mencionado se establece la obligación. Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos. vemos que ésta establece que. y analizando la Exposición de Motivos de la Iniciativa de Decreto antes mencionada. a cargo del Sistema de Administración Tributaria (SAT). Impuesto al Valor Agregado.
la actuación de la administración es a través de facultades regladas y facultades discrecionales. Problematización. por lo que se observa la intención del legislador de constituir la figura del precedente administrativo aplicable en materia tributaria. en el artículo 47 (originalmente el 59). y que merece ser estudiado. En nuestro país. se mencione que dicha resolución constituirá precedente alguno. pese a lo establecido en el Reglamento y los criterios sustentados por la autoridad fiscal.en todo caso la Secretaría resuelva bajo criterios determinados con anterioridad y que servirán de sustento para resolver casos similares. a la . Posteriormente. se contiene una restricción a lo dispuesto por el artículo 34 del Código Fiscal al establecer que los extractos publicados no generarán derechos para los contribuyentes. es una práctica común del SAT el que en sus resoluciones que recaen a las peticiones de los contribuyentes. el último párrafo del artículo 34 del Código Fiscal de la Federación se constituye como un principio. desde ésta óptica. Por todo lo anteriormente mencionado considero que. 4. Por otra parte. ya a que. rudimentario quizás. Dentro del ejercicio de la facultad reglada se puede pensar que es inaplicable el precedente administrativo. del antecedente administrativo en materia tributaria. al reglamentar la forma en que se deben de hacer las publicaciones de las decisiones del SAT respecto de las resoluciones favorables a los contribuyentes.
se advierte que la posible aplicación del precedente administrativo resulta más que manifiesta. la administración realiza una interpretación de la norma jurídica para aplicarla al caso concreto. en el uso de esa facultad. asimismo. En lo que respecta a la facultad discrecional de la administración. en virtud de que el precedente tiene sus fundamentos en el principio jurídico de igualdad ante la ley. la Administración no puede. para que su decisión sea conforme lo establece la norma jurídica. que el SAT al resolver las peticiones de los contribuyentes. ya que el administrado tiene la obligación de demostrarle a la administración. Hoy en día es una práctica administrativa cotidiana. en la sección de consulta de las . Si estos hechos o actos se ajustan a la disposición legal.administración pública solamente le compete verificar los supuestos normativos y de hecho previstos en la ley. por lo que la administración debe buscar ofrecer un trato igualitario a aquellos administrados que se encuentren en una misma situación. entonces la administración tiene la obligación de actuar como lo consigna la ley. que se encuentra dentro de los supuestos fácticos y normativos previstos en la ley para su aplicación. y en otro caso similar interpretar y aplicar la misma norma de un modo distinto. Sin embargo. interpretar y aplicar la norma de una forma. haga mención que la resolución emitida no constituye precedente. es claro que dentro del ejercicio de esa facultad reglada. por lo que la existencia de una resolución previa por parte de la administración no puede establecer “precedente”. por lo que en virtud de este ejercicio de interpretación y sistematización de la ley.
innecesariamente. no generan derechos para los contribuyentes”. se observa la siguiente leyenda: “…Conforme al artículo 47 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación vigente. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. fracción IV. viola lo dispuesto por los artículos 1º. que contienen los principios de . del precedente administrativo en materia tributaria. 5. Con lo que obliga al contribuyente. a hacer uso de los medios de impugnación contemplados por la ley.resoluciones favorables a los contribuyentes de la página de internet del SAT. los extractos publicados. primer y último párrafos. Hipótesis. y 31. La inaplicación por parte del Sistema de Administración Tributaria de la SHCP.
6. Objetivos de la investigación. . respectivamente. respecto de las resoluciones emitidas por el Sistema de Administración Tributaria. Determinar si la figura del antecedente administrativo es aplicable en materia fiscal.igualdad ante la ley y de justicia tributaria de proporcionalidad y equidad.  Determinar el concepto de antecedente administrativo en el sistema  jurídico mexicano.
 EMPÍRICO-ANALÍTICA: Éste es un modelo de investigación científica. constituyan un antecedente que deba ser observado al resolver peticiones de otros contribuyentes en situaciones similares. Su aporte al proceso de investigación es resultado fundamentalmente de la experiencia. para el efecto de que las resoluciones emitidas por el SAT y que sean favorables a los contribuyentes. es el más usado en el campo de las ciencias sociales y en las ciencias descriptivas. que se basa en la lógica empírica y que. 7. junto al método fenomenológico. diagnosticar si la no aplicación de la figura del antecedente administrativo por parte de las autoridades fiscales. En su caso. Estos métodos posibilitan revelar las relaciones esenciales y las características fundamentales del . Asimismo. constituye una violación o no de garantías y derechos humanos  consagrados en la Constitución y en los Tratados Internacionales. respecto de las resoluciones emitidas por el Sistema de Administración Tributaria. proponer una reforma al Código Fiscal de la Federación y a su Reglamento. Metodología.
objeto de estudio. Mediante la ayuda de ayuda y empleo de obras  bibliográficas adecuadas y relacionadas con el presente tema. se realiza principalmente mediante la aplicación de las normas jurídicas generales a casos concretos. En materia jurídica. Técnica de investigación legislativa y jurisprudencial. así como de criterios emitidos por los Tribunales Federales y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con ésta técnica se busca fundamentar legalmente la comprobación de la hipótesis. De esta manera. Por medio de un análisis analítico de la legislación. haciendo uso de la legislación federal y local. para después especificarlo en materia administrativa y tributaria. Técnica bibliográfica. mediante el método deductivo. DEDUCTIVO: Se trata de un método que consiste en desarrollar una teoría empezando por formular sus puntos de partida o hipótesis básicas y deduciendo luego sus consecuencias con la ayuda de las subyacentes teorías formales. y así estar en posibilidad de  determinar su posible aplicación y su legalidad. Asimismo. . se partirá desde la perspectiva del antecedente en general. a través de procedimientos prácticos con el objeto y diversos medios de estudio. se determinará la problemática existente. se determinará la ilegalidad o no de la no aplicación del precedente administrativo por  parte del SAT.
El precedente es entendido como la decisión anterior de una autoridad que fija posición interpretativa en relación con ciertas circunstancias fácticas y jurídicas. 8. Marco teórico. . como adyacente vinculante generador de regla. para ser aplicadas en el futuro. . Jaime Orlando. Revista de derecho de la Universidad de Montevideo. La fuerza de los precedentes administrativos en el sistema jurídico del derecho positivo colombiano. (2011). esto es. 20.1 Precedente administrativo. principio o concepto aplicable a casos sustancialmente similares. 127-154.5 5 Santofimio Gamboa.8. y que constituye una de las instituciones básicas y fundamentales del sistema jurídico de influencia anglosajona.
típico y característico de los actos administrativos es que son decisiones de un órgano en ejercicio de la función administrativa facultado para ello por la ley. decisiones imperativas que producen derechos y obligaciones para sus destinatarios. de sus modos o formas de actuación. efectos que son exigibles tanto para aquellos como para esta. o finalidad.Los actos que la Administración emite son dictados con un objetivo. Lo propio. esto es originan consecuencias de Derecho en las situaciones jurídicas de las personas. se reviste o complemente –cuando se trata de la organización de la Administración del . Esto que parece tan elemental en la teoría de la organización. bien preciso. y es que esta estabilidad. por lo tanto. y una necesidad de personas específicas. La actuación de la organización requiere de uniformidad en su forma de desarrollarse. homogeneidad. sean individual o colectivamente consideradas. lo que originará lo que puede llamarse la “procedimentalización” del actuar administrativo. uniformidad en sus decisiones y uniformidad. homogeneidad y previsibilidad posibilitan la verdadera eficacia y eficiencia de tal actuar. Ante iguales situaciones y circunstancias. y que producen efectos jurídicos. carácter que dará regularidad. el cual es satisfacer una necesidad concreta. y poderes y deberes jurídicos para su autor (la Administración). requiere de una ordenación que regule de manera estable y permanente su actividad. deben adoptarse iguales decisiones. permanencia y previsibilidad a toda la actividad de que se trate.
(2007).Estado. 399-403. Es el derecho de toda persona de dirigirse a la Autoridad Pública a efecto de solicitar informes.pdf . Acerca de la obligatoriedad de los precedentes en la actividad administrativa del Estado. la cual se encuentra plasmada en nuestra Carta Magna. 30 de octubre de 2014.2 Derecho de petición. 7 Jesús Trapaga Reyes. resoluciones administrativas y/o judiciales. Dicho Derecho de Petición está contemplado en los artículos 8. 2) Debe formularse de forma pacífica. 6 Eduardo Soto Kloss. opiniones. por una parte el peticionario. Se trata de un Derecho Constitucional para el ejercicio de los demás derechos públicos subjetivos. y por otra parte la autoridad pública a quien se formula la petición. en relación con algún asunto de interés propio del peticionario. 26. (1999). 7 En el ejercicio de este derecho existen dos sujetos. 9 Párrafo Segundo y 35 Fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. y 3) Debe ser de manera respetuosa.6 8. Congreso de la Unión Sitio web: file:///C:/Users/gestores/Downloads/PONENCIA%20DEL%20MAESTRO%20JESUS %20TRAPAGA%20REYES%20FORO%20EL%20DERECHO%20DE%20PETICION%20EN%20MEXICO. con la correlativa obligación de la autoridad de contestar por escrito y notificar su proveído en breve término al mismo. El Derecho de Petición debe ejercerse cumpliendo los siguientes requisitos: 1) debe constar por escrito.de la correspondiente juridicidad. consultas. para atender el decoro y dignidad de la propia autoridad. El Derecho de Petición en México. para precisar sus términos. de Cámara de Diputados. Revista chilena de derecho.
es decir. razón por la cual varios de sus aspectos centrales han tenido que ser perfilados por vía jurisprudencial.Normalmente. Aunque esto debe entenderse en el sentido estricto de “Límites” . no cuales no pueden ser restringidos ni suspendidos. el derecho de petición se suele concebir como un derecho de configuración legal. 8. sino licencias para la arbitrariedad. en México no existe una ley que regule lo dispuesto por el artículo 8º. Desde el nacimiento del mismo Estado constitucional la igualdad no ha dejado de figurar como uno de los principios vertebradores de dicho modelo de Estado. se trata de un derecho que los textos constitucionales enuncian de una forma muy general y que luego el legislador debe concretar a través de la emisión de la correspondiente normativa. en realidad. los derechos sin límites no serían derechos. la Constitución otorga de forma universal los derechos contenidos en su texto. El primer párrafo del artículo 1º constitucional contiene el principio de igualdad de todos los seres humanos con respecto de los derechos fundamentales que la misma Constitución establece. En este sentido. salvo los casos expresamente previstos en las disposiciones constitucionales. tiene en la actualidad y está llamado a tener en el futuro una importancia capital. Dichas limitaciones se explican en razón de que. Sin embargo.3 Derecho a la igualdad Para el pensamiento constitucional el principio de igualdad ha tenido en el pasado.
para ser válida.5 El principio de legalidad administrativa. 8 Miguel Carbonell. La legalidad es la cualidad de lo que es conforme a la ley. expresada a través de normas jurídicas. esto es. Los derechos de seguridad jurídica son tal vez los que más clara relación guardan con el concepto de Estado de derecho. . Se trata del concepto formal de Estado de derecho como Estado en el que las autoridades se encuentran sujetas a la ley. Georges. 8 8. Administrativamente hablando. Aguilar. que su actuación. México: Porrúa.9 La legalidad expresa de esta manera la conformidad al Derecho. de una regulación secundaria restrictiva. (2014).4 Derecho a la seguridad jurídica. y es sinónimo de regularidad jurídica. Los derechos de igualdad. 9 Vedel. En Los derechos fundamentales en México (175-176). se puede decir que dicho principio significa que la función del Estado está sometida al orden jurídico normativo vigente. Madrid: Ed. y no como la posibilidad de convertir un mandato constitucional en un “no-derecho” a través. Pero en este concepto hay que entender el término “ley” en su sentido más amplio. el de “Derecho”. legales o reglamentarias. por ejemplo. sean éstas constitucionales. (1970) Derecho Administrativo.constitucionalmente impuestos a un derecho. entendido éste como el conjunto de “reglas del juego” que los órganos públicos deben respetar en su organización y funcionamiento internos y en relación con sus ciudadanos. 8. debe siempre subordinarse a la voluntad del legislador.
8. ya que su actuación se debe ajustar al contenido. requisitos o límites dictados por la ley. En Teoría general del acto administrativo(61-67). Sin embargo.7 Facultad discrecional de la administración. (2010). Significa que los servidores de la administración pública deben ceñir su actuación completamente a la ley y por lo tanto carecen de libre apreciación. . y su actuación debe estar circunscrita a los principios de legalidad. dictada por un órgano de la administración pública. Las características del acto administrativo son: 10 10 Pérez Dayán. 8.8. cuyos efectos jurídicos son directos e inmediatos. en ejercicio de su competencia administrativa. D.8 Acto administrativo. El acto administrativo puede ser entendido como toda declaración de voluntad unilateral y concreta. En el ejercicio de esta atribución la administración posee una libre apreciación.F: Porrúa. Del acto administrativo. pues se deja en manos de las autoridades administrativas el cómo y el cuándo actuar.6 Facultad reglada de la administración. Alberto. sino que tiene la obligación de conseguir el fin público que la norma establece. no significa que se actuación deba ser de forma arbitraria. Mexico. seguridad jurídica y buena fe.
b) Firmeza administrativa: Se considera al acto administrativo como un acto definitivo.  Código Fiscal de la Federación. siempre y cuando la ley le haya conferido expresamente tal atribución. Marco referencial. Ésta característica se encuentra reconocida por el artículo 68 del Código Fiscal de la Federación. .  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  Criterios aislados y de jurisprudencia emitidos por el Poder Judicial de la Federación. es decir. no susceptible de modificación alguna por medio de algún mecanismo de autocontrol en sede administrativa.a) Presunción de validez: se presume que todo acto administrativo se encuentra emitido conforme a Derecho.  Reglamento del Código Fiscal de la Federación. así como el artículo 8 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.  Ley del Servicio de Administración Tributaria. Esta característica se reconoce en el artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 9. c) Ejecutoriedad del acto administrativo: que se traduce en la posibilidad de que la administración pública misma provea a la realización de sus propias decisiones.
(2010). Fuentes de información. (2007). Suprema Corte de Justicia de la Nación. Chagoyán Celis. Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. México. México.10. Principales problemas de los contribuyentes en el acceso a la justicia fiscal. Los derechos fundamentales en México. (2014). Diana. Principios constitucionales tributarios y principios tributarios constitucionalizados. Miguel. México: Porrúa. . Bernal Ladrón de Guevara. Karen. Carbonell.
Revista chilena de derecho. Sergio. Soto Kloss. Bibliografía OMEBA. Alberto. Santofimio Gamboa. Jaime Orlando. Congreso de la Unión. 30 de octubre de 2014. Reglamento del Código Fiscal de la Federación. 10. (2010). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.F: Porrúa. Revista de derecho de la Universidad de Montevideo. Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Georges.Martínez RosasLanda. Código Fiscal de la Federación.1 Legislación y resoluciones judiciales. Enciclopedia Jurídica OMEBA. México 2005. La jurisprudencia en el juicio contencioso administrativo. (2007). El Derecho de Petición en México. Jesús. Pérez Dayán. Madrid: Ed. Acerca de la obligatoriedad de los precedentes en la actividad administrativa del Estado. (1970) Derecho Administrativo. Mexico. Aguilar. Del acto administrativo. (2010). Vedel. D. de Cámara de Diputados. Eduardo. (1999). Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 10. Ley del Servicio de Administración Tributaria. En Teoría general del acto administrativo.2 Enciclopedias. . La fuerza de los precedentes administrativos en el sistema jurídico del derecho positivo colombiano. Trapaga Reyes. (2011).
11. México 2004. SEMESTRE X X CAPIUTLO IV X CAPITULO V X . Editorial Porrúa.Enciclopedia Jurídica Mexicana. Calendarización de las actividades a realizar. 1º SEMESTRE PROTOCOLO 2º SEMESTRE 4º SEMESTRE X CAPITULO I X CAPITULO II X CAPITULO III 3er.
1.3. El objeto y/o sujetos de estudio 1. El fenómeno investigado 1. Social 1.1.2. Las dimensiones del objeto o sujetos de estudio 1. Índice.2.3. Histórica 1. Económica .El fenómeno y sus dimensiones 1. Capítulo 1.3. Introducción. Índice probable.3..3.12.
La norma Federal. Juicios emitidos por el Poder Judicial Federal Capítulo III.2 Consideraciones respecto del objeto o figura jurídica de estudio.1..2. Jurídica Capítulo II.1. Resultados de la información estadística y documental.Resultados de la investigación.3.1.. códigos. 2. Postura de los doctrinistas. Capítulo V. 4. 4.2. Justificación y exposición de las técnicas de investigación utilizadas para la comprobación de la hipótesis o de las preguntas de investigación. Resultados de la investigación 5.2.1.2...1.2.2. 4.4. 5. Capítulo IV. Marco conceptual 3. 2.3.1. Marco teórico 3.2..1. Leyes secundarias.La medición empírica de la realidad (comprobación de la hipótesis).Interpretación de resultados.Formulación de la hipótesis guía 3. etc. Constitución Política de los Estados Unidos 2. 4. .1.Marco jurídico 2.1 Establecimiento del indicador.
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