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Timestamp: 2019-10-17 18:20:16
Document Index: 396496830

Matched Legal Cases: ['artículo 213', 'artículo 74', 'artículo 74', 'artículo 32', 'artículo 681', 'artículo 63', 'artículo 20', 'artículo 17', 'artículo 20', 'artículo 62', 'artículo 681', 'Artículo 681', 'artículo 675', 'artículo 673']

Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Pleno), Pleno, 29 de Noviembre de 2007 - Jurisprudencia - VLEX 38375618
Conoce el Pleno de la Corte Suprema de Justicia de la acción de amparo de derechos fundamentales presentada por el Bufete Herrera, en representación de N.M. de Ho, contra la orden de hacer contenida en la Sentencia de 28 de diciembre de 2006, proferida por la Junta de Conciliación y Decisión No.16.
Sostiene la activadora constitucional que N.M. de Ho, laboró para las empresas Costa Esmeralda, S. A., Club de Playa Esmeralda, Corp. y M.G.F.D.. Agrega, que Costa Esmeralda, S.A., informó a la trabajadora M. de su despido con fundamento en el artículo 213 del Código de Trabajo.
Con vista en lo anterior, señala la actora, la amparista presentó ante la Junta de Conciliación y Decisión, una demanda por despido injustificado. Al resolver esta pretensión, manifiesta la accionante, la Junta de Conciliación y Decisión No.16 declaró nula la relación de trabajo entre la trabajadora M. y la empresa Costa Esmeralda, S.A., porque no contaba con un permiso de trabajo, decisión que fue confirmada por el Tribunal Superior de Trabajo.
La activadora constitucional considera que el acto demandado vulnera el artículo 74 de la Constitución Política, en concepto de violación directa. Relata la actora, que la trabajadora M. fue despedida mediante una carta en donde, supuestamente, se alegan las razones que justificaban tal decisión, carta de despido que fue aportada en el proceso. Agrega también, que nunca se alegó como una de las razones del despido la inexistencia de un permiso de trabajo.
Enfatiza la accionante "que al no haber comunicado las empresas que la terminación de la relación de trabajo fuese por la supuesta ausencia del permiso de trabajo, no podían, de acuerdo con el artículo 74 constitucional, en la audiencia, ni en ningún otro acto o documento invocar esta circunstancia. De ahí que resulte violada esta norma constitucional por la resolución impugnada".
Otra disposición legal que se considera infringida es el artículo 32 del Estatuto Fundamental, también de manera directa. Insiste en este punto la actora, que la carta de despido nunca se fundamentó en que la trabajadora no contaba con un permiso de trabajo, "Sin embargo la sentencia que se está impugnando declara nula la relación de trabajo que fuera invocada por las demandadas en el acto de audiencia, pero no en la carta de despido".
Según la amparista la trabajadora "no podía ser juzgada por supuesta nulidad de la relación de trabajo, si este no fue el motivo por el cual se dio por terminada la relación de trabajo. Al haber resuelto erróneamente la sentencia recurrida sobre la indicada nulidad no invocada en la carta de despido, violó el debido proceso contenido en el indicado 214 (sic) del Código de Trabajo".
También señala la activadora constitucional que de
conformidad con el artículo 681 del mismo Código, en materia laboral una
nulidad no la puede invocar la parte que no ha sido perjudicada y, en especial,
la parte que celebró el acto a sabiendas de la existencia del vicio de nulidad
que la afectaba, razón por la que la parte empleadora no podía invocar esa
circunstancia, pues conocía al momento de la contratación, "que la trabajadora
no contaba con el respectivo permiso de trabajo" (fs.2-6).
Una vez admitida la presente acción, se le solicitó a la autoridad requerida un informe sobre lo actuado. No obstante, J.E.Z., Presidente de la Junta de Conciliación Y Decisión No.16, solamente se limitó a enviar el expediente contentivo del referido proceso laboral (f.88).
Una vez conocidos los argumentos en los que se fundamenta la presente acción de amparo de derechos fundamentales, procede de inmediato el Pleno de esta Corporación de Justicia a resolver la presente iniciativa constitucional.
Según se ha podido conocer, la trabajadora N.M. de Ho, demandó a las empresas
Costa Esmeralda, S.A., Club de Playa Esmeralda, Corp. y Michael Grant Foster
Dunn, por despido injustificado ante las Juntas de Conciliación y Decisión del
Ministerio de Trabajo, más la correspondiente indemnización, salarios caídos,
intereses y costas que generara el proceso (fs.1-2 antecedentes).
En el transcurso del proceso, la parte empleadora aceptó la existencia de la carta despido, pero adicionalmente excepcionó en el acto de audiencia que la trabajadora y amparista no tenía permiso de trabajo vigente para laborar en Panamá.
La Junta de Conciliación y Decisión No.16, al resolver el proceso instaurado declaró no probada la relación de trabajo entre la amparista y la parte empleadora, declarando además nula dicha relación por ausencia del permiso de trabajo (fs.342-362 antecedentes). Decisión ésta que fue confirmada por el Tribunal Superior de Trabajo por las mismas razones (fs.373-376 antecedentes). De allí entonces, que la amparista considera que la parte demandada dentro del proceso laboral, no podía alegar cosa distinta a la contenida en la carta de despido, así como tampoco podía alegar una causa de nulidad a sabiendas de su existencia al momento de configurarse la relación laboral.
Este tema no escapa al conocimiento del Pleno del Pleno de la Corte Suprema. Ciertamente que estamos ante la ausencia de un permiso de trabajo para un trabajador extranjero. Pero, cosa distinta es que, en virtud de ello, puedo decirse o alegarse la inexistencia de una relación laboral, sobre todo, cuando la persona ha estado sometida a una situación de subordinación jurídica y dependencia económica. Sobre este tema en particular, de la ausencia de un permiso de trabajo, versus la existencia de una relación laboral, esta Corporación de Justicia ha indicado que:
"No vemos como
se puede violentar la norma citada (artículo 63) cuando el Tribunal Superior de
Trabajo ha sido claro en señalar la imposibilidad de condenar salarios caídos
cuando la persona al no poder laborar legalmente durante el período que
supuestamente corren los salarios caídos porque no tenía permiso de trabajo.
Ello nos indica que ha sido clara la posición del Tribunal Superior de Trabajo
al fallar independientemente de la nacionalidad del demandante, ya que la
Constitución permite en su artículo 20 someter a ciertas condiciones el trabajo
de los extranjeros, y una de ellas es que deben tener un permiso de trabajo.
Es importante resaltar que el Tribunal Superior de Trabajo ha fallado en derecho pues no ha existido discriminación alguna contra el recurrente por su calidad de extranjero.
El Tribunal Superior de Trabajo transcribió la Sentencia de esta Corporación de Justicia de 21 de mayo de 1993 en la cual se señaló lo siguiente:
La Sala estima que la ausencia de permiso para laborar del trabajador extranjero, hace ilegal el contrato de trabajo, pero que dicha ilegalidad no debe privar al trabajador de derivar los derechos que nacen a su favor de esa relación laboral, los cuales son en el caso en estudio las vacaciones y décimo tercer mes.
La Sala observa que si bien el contrato de trabajo es ilegal, por la ausencia de permiso de trabajo, se ha probado que existió la relación de trabajo, lo que le da derecho a percibir las prestaciones laborales por los servicios prestados hasta ese momento, cualquiera que haya sido el acto que le dio origen a la relación laboral.
Esta sentencia es clara, en el sentido de que el Trabajador extranjero no pierde los derechos que tenga por los servicios prestados hasta ese momento. En el presente caso, no estamos ante una reclamación por falta de pago de derechos generados por una relación de trabajo durante un período de tiempo determinado, sino ante la petición de reintegro y pago de salarios en una posición para cuyo desempeño no tenía permiso de trabajo (Resolución Judicial del Pleno de la Corte de 23 de agosto de 1995).
N. entonces que, aún
ante la ausencia de un permiso de trabajo, ya esta Superioridad ha manifestado
que el trabajador no pierde los derechos adquiridos en virtud del trabajo
realizado. Y es que, además, no puede
imputársele al trabajador una obligación y responsabilidad que corresponde a la
parte empleadora, toda vez que es ésta la que tiene el deber de solicitar al
Ministerio de Trabajo la autorización o permiso correspondiente para contratar
trabajadores extranjeros que, por razón de las funciones, lo requieran, de
conformidad con el artículo 17 del Código de Trabajo.
Igualmente la Sala Tercera de esta Corporación de Justicia, se ha manifestado al respecto en los siguientes términos:
"Frente al argumento de disentimiento esgrimido por la parte actora, este Tribunal de Casación debe puntualizar que lo que prevé la norma transcrita es la obligación del empleador de solicitar el correspondiente permiso de trabajo para aquellos trabajadores extranjeros que por necesidad técnica o profesional necesite dentro de su empresa establecida en territorio Nacional, siempre y cuando cumpla con las limitaciones que impone la legislación de Trabajo. También podemos señalar que dicha excerta tiene el propósito fundamental de proteger la mano de obra panameña, cuya infracción por parte de la empresa, es motivo para que las autoridades de trabajo le impongan la sanción correspondiente. El artículo 20 del Código de Trabajo establece claramente la sanción de que sería merecedor el empleador, y el trabajador extranjero en el evento que se verifique una relación al margen de la Ley.
En el caso que nos ocupa realmente no se está discutiendo la existencia o no de un permiso de trabajo para el señor C.B., pues se colige de toda la actuación judicial, inclusive así lo reconoce el casacionista, que es evidente la inexistencia de dicho documento. En virtud de ello la Sala considera, que el Tribunal Superior de Trabajo se ciñó únicamente a las condiciones laborales plasmadas en el contrato de trabajo, el cual milita a foja 82 de los antecedentes de esta casación, y en el que se estableció en el punto 7 (antes transcrito) que el contrato tendría efectos para las partes desde el momento que se concretara el permiso de trabajo a favor del señor C.B., dejando de lado el Tribunal de la Alzada, la realidad laboral en que se encontraba el precitado demandante.
En otras palabras, el señor BROOKS, a pesar de la inexistencia de un permiso de trabajo que le permitiera laborar en territorio panameño, de hecho estaba prestando servicios para la empresa Astilleros Braswell International, S.A., aseveración ésta fundamentada en las pruebas que reposan de fojas 70 a 73 del expediente contentivo del proceso laboral surtido en primera y segunda instancia. Las pruebas mencionadas tratan, una, la carta de despido de que fue objeto el señor BROOKS, (en inglés y español), y la otra es el talonario de liquidación de prestaciones, las cuales claramente evidencian una relación de trabajo, bajo la subordinación jurídica y la dependencia económica, entre el demandante y la empresa Astilleros Braswell International, S.A., que no fueron tomadas en cuenta para dictar la Resolución que resolvía la apelación, y que absolvió a la empresa del pago de prestaciones y derechos al trabajador. La omisión del permiso de trabajo ha favorecido en este proceso, a quien legalmente estaba obligado a solicitarlo, y no lo hizo. El artículo 62 del Código de Trabajo, señalado por el actor, que a su modo de ver también ha sido supuestamente conculcado por el Juzgador de Segunda Instancia, prevé que el contrato de trabajo puede ser un convenio verbal o escrito, y que la relación de trabajo es cualquier acto que le de origen en condiciones de subordinación jurídica o dependencia económica, y ambas circunstancias han sido probadas en esta controversia laboral a favor de C.B..
Por ello reiteramos, no es aceptable para este Tribunal Colegiado el razonamiento del Juzgador Ad-quem, que está dirigido a invalidar una situación real y concreta como lo es la prestación de servicios por parte de CHARLES BROOKS a la empresa demandada, por la inexistencia del requisito formal del permiso de trabajo, que en resumidas cuentas, tal como lo señaló el recurrente, era deber de la empresa empleadora requerirlo y no del señor BROOKS. En este sentido, y el demandante lo menciona en el recurso extraordinario, la Sala Tercera se ha pronunciado sobre el tema de la inexistencia del permiso de trabajo frente a la prestación efectiva de trabajo por parte del trabajador en estos términos:
"La Sala observa que si bien el contrato de trabajo es ilegal, por la ausencia de permiso de trabajo, se ha probado que existió la relación de trabajo, lo que le da derecho a percibir las prestaciones laborales por los servicios prestado hasta ese momento, cualquira que haya sido el acto que le dio origen a la relación laboral.
De allí que el empleador debe pagar al trabajador las prestaciones a las que tiene derecho, hasta la terminación de la relación laboral.
En el presente negocio se ha comprobado que la relación de trabajo que existió entre las partes era ilegal por falta del permiso de trabajo; sin embargo mientras esta relación existió, el empleador está obligado al pago de las vacaciones y décimo tercer mes reclamados"...
En virtud de lo anterior, la conclusión a la que ha llegado esta S. es que efectivamente se han violado los artículos 17, 62 y 732 del Código de Trabajo, por lo que prosperan los cargos endilgados" (Resolución Judicial de la Sala Tercera de la Corte Suprema de 27 de julio de 2001).
Todo lo anteriormente visto y que, aunque extenso pero conciso, resulta perfectamente aplicable al caso que nos ocupa, pues se ha querido ante la inexistencia de un permiso de trabajo, declarar igualmente inexistente una relación de trabajo que, por ambas partes fue aceptada constando como prueba la carta de despido y, no solo eso, sino que también se ha declarado su nulidad.
Finalmente sobre este aspecto de la nulidad declarada, huelga decir, como lo manifestó la amparista, que una solicitud de nulidad no puede invocarse a sabiendas que esa circunstancia de nulidad existía. Así, el primer párrafo del artículo 681 del Código de Trabajo, preceptúa que:
"Artículo 681: La solicitud de nulidad no la puede formular la parte que no ha sido perjudicada, ni la parte que ha celebrado el acto sabiendo, o debiendo saber, el vicio que la afectaba.
Traemos esto a colación, porque además, en materia laboral las causales de nulidad se encuentran taxativamente previstas en la ley, específicamente en el artículo 675 del Código de Trabajo, y no pueden alegarse circunstancias distintas a las contenidas en la ley, según el artículo 673 del mismo Código.
En el presente caso, se declaró una nulidad, sin siquiera determinarse en qué causal de nulidad de las previstas en la legislación laboral, se fundamentó la Junta de Conciliación y Decisión, para dictar la resolución que ahora se analiza en virtud de esta acción de amparo de derechos fundamentales.
Siendo así las cosas y, asistiéndole el derecho a la amparista lo que corresponde en derecho es conceder la acción impetrada por haberse acreditado las infracciones a nuestro ordenamiento constitucional alegadas, a lo que se procede de inmediato.
En virtud de lo anteriormente expuesto, EL PLENO DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONCEDE la acción de amparo de derechos fundamentales promovida por el Bufete Herrera, en representación de N.M. de Ho, y REVOCA la Sentencia de 28 de diciembre de 2006, proferida por la Junta de Conciliación y Decisión No.16.
JOSÉ A. TROYANO-- ADÁN ARNULFO ARJONA L.-- MIRTHA VANEGAS DE PAZMIÑO-- VICTOR L. BENAVIDES P. -- ALBERTO CIGARRUISTA CORTEZ -- ROBERTO E. GONZALEZ R. -- HARLEY J. MITCHELL D. -- ANÍBAL SALAS CÉSPEDES .
Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 23 de Febrero de 2007 (caso Sentencia de la Corte Suprema de Justicia - Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral -, de 23 de Febrero de 2007)
Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 29 de Mayo de 1998 (caso Recurso de inconstitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia - Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral -, de 29 de Mayo de 1998)