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Matched Legal Cases: ['artículo 49', 'artículo 49', 'artículo 30', 'artículo 10', 'artículo 49', 'artículo 52', 'artículo 50', 'Artículo 276', 'artículo 52', 'artículo 39', 'artículo 13', 'artículo 39', 'artículo 64', 'artículo 52']

RESOLUCIÓN (Expte. 03/2011, PROCURADORES BIZKAIA) - PDF
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Felipe Villanueva Río
1 RESOLUCIÓN (Expte. 03/2011, PROCURADORES BIZKAIA) Pleno Dña. María Pilar Canedo Arrillaga, Presidente Dña. Natividad Goñi Urriza, Vocal D. Rafael Iturriaga Nieva, Vocal Secretario: D. Ibon Álvarez Casado En Bilbao, a 17 de julio de 2014 SUMARIO I. ANTECEDENTES DE HECHO... 2 II. HECHOS PROBADOS... 5 III. FUNDAMENTOS DE DERECHO La profesión de procurador Los Salones de Notificaciones Base legal de la Terminación Convencional Los compromisos presentados por el Colegio IV. RESUELVE Anexo El Consejo Vasco de la Competencia (en adelante CVC), con la composición ya expresada, ha dictado la siguiente Resolución en el Expediente sancionador incoado contra el Ilustre Colegio de Procuradores de los Tribunales de Bizkaia (en adelante el Colegio ), iniciado a instancias del Tribunal Vasco de Defensa de la Competencia como consecuencia de presuntas prácticas restrictivas de la competencia realizadas por el Colegio. Ercilla 4, 2º BILBAO Tel Fax
2 I. ANTECEDENTES DE HECHO 1. El 7 de febrero de 2011 tuvo entrada en el registro del Servicio Vasco de Defensa de la Competencia (SVDC) un escrito remitido por el Tribunal Vasco de Defensa de la Competencia (TVDC) por el que se comunicaban supuestas conductas prohibidas por la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (LDC) realizadas por el Colegio. Dichas conductas estaban relacionadas con el procedimiento de fijación de las cuotas del Colegio. 2. El 26 de mayo de 2011 el SVDC inició un trámite de información reservada, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 49.2 de la LDC con el fin de determinar la procedencia de la incoación de un expediente sancionador. 3. El 14 de noviembre de 2011, el SVDC propuso al TVDC la no incoación de expediente sancionador por no existir indicios de infracción a los preceptos de la LDC. 4. El TVDC y el SVDC se extinguieron el 17 de julio de 2012, momento en que la Autoridad Vasca de la Competencia (AVC) inició sus actividades, de acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 1/12 Ley 1/2012 de la Autoridad Vasca de la Competencia. 5. El 27 de noviembre de 2012, el Consejo Vasco de la Competencia (CVC) dictó Resolución por la que resolvió desestimar la Propuesta de Resolución de no incoación y, en consecuencia, instó a la Dirección de Investigación (DI) de la AVC a que completase la investigación de los hechos objeto del procedimiento. 6. El 20 de enero de 2014 la DI acordó la incoación de expediente sancionador contra el Colegio, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1 de la LDC, por apreciar en los hechos arriba expuestos indicios racionales de prácticas restrictivas de la competencia. La incoación fue notificada a los interesados el 23 de enero de La supuesta conducta contraria a la LDC, consistiría en el establecimiento de un sistema de financiación la denominada Aportación por Intervención (API) de obligado cumplimiento para todo procurador que haga uso de los Salones de notificaciones y el traslado de copias. La API establecida por el Colegio varía en función del tipo de procedimiento, pero no discrimina por el número de intervenciones que efectivamente realice cada procurador. Para determinar el montante de la misma el Colegio se incluirían, además, gastos
3 que no están directamente vinculados con la actividad inherente al Salón de notificaciones. 8. Son interesados en este expediente: - Ilustre Colegio de Procuradores los Tribunales de Bizkaia - Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia - Asociación para la Defensa del Procurador - I.R.E. 9. El 4 de febrero de 2014 tuvo entrada en el Registro General de la AVC escrito suscrito por la representación legal del Colegio. A través del mismo el Colegio solicitó que se acordase el inicio de las actuaciones tendentes a la terminación convencional del procedimiento sancionador. Dicha solicitud fue aceptada mediante Providencia de 10 de febrero de Además, se suspendió el cómputo del plazo máximo del procedimiento sancionador hasta la conclusión de la terminación convencional. 10. El 25 de junio de 2014 el Colegio ha presentado su Propuesta de Compromisos, la cual se pasa a relacionar seguidamente y como Anexo a esta resolución: Primero.- Establecer la Aportación por Intervención por el uso del servicio de notificaciones que cada Procurador debe satisfacer por su actuación en los diferentes procedimientos, con arreglo a la siguiente metodología: Se opta por establecer un sistema de pago por actuación en función de cada procedimiento judicial, atendiendo para ello al volumen de notificaciones que genera habitualmente, para lo cual es preciso hacer la siguiente clasificación: 1ªInstancia y Contencioso-Administrativo Verbal Concursos Conciliación, exhorto, Monitorio, Social, Apelación y Penal. Se ha hecho la diferenciación en estos tipos de procedimientos, basándonos en el propio arancel de derechos de los Procuradores (Real Decreto 1373/2013, de 7 de Noviembre), que en sí mismo, hace la misma diferenciación, considerando diferentes tramos para el cobro de la minuta del Procurador, en función del trabajo que supone cada tipo de procedimiento, de tal manera que para calcular el coste por procedimiento, al igual que el Arancel, consideramos: Monitorio, Conciliación, Exhorto, Social, Apelación, Penal: X Verbal: 2X 1ªInstancia, Contencioso-Administrativo: 3x Concurso: 6x
4 Para poder llevar a cabo este coste de procedimiento "X" deberíamos saber el número de Notificaciones que genera cada uno de ellos en su totalidad (para simplificar el cálculo no vamos a tener en cuenta los asuntos de turno de oficio, ni los traslados de copias en papel que se hacen también a través de la Sala de Notificaciones, ya que su cálculo resultaría igual de complicado que las Notificaciones por Procurador). Para ello, se ha realizado un cuenteo estadístico, seleccionando diferentes Monitorios, de mayor o menor complejidad, para obtener una media de Notificaciones, oscilan en un rango entre 4 y 10 notificaciones, lo que supone una media aproximada de 7 notificaciones. Con estos datos estadísticos, el precio del Monitorio que hemos denominado X debería ser: 7 x = 4,5, con lo que extrapolando en base al Real Decreto por el que se fija el Arancel de derechos de los Procuradores, las cantidades a satisfacer por cada Procurador en el primer ejercicio como Aportación por Intervención por el uso del servicio de notificaciones son las siguientes: 1ª Instancia, Contencioso-Administrativo: 13,5 Conciliación, Exhorto, Monitorio, Social, Apelación y Penal: 4,5 Verbal: 9 Concurso: 27 Segundo.- Someter a la aprobación del nuevo sistema de determinación de la Aportación por Intervención por el uso del servicio colegial de notificaciones a la Junta General del Colegio en el plazo de 2 meses desde que la AVC emita la Resolución correspondiente. Tercero.- Anualmente, la Junta General del Colegio, a propuesta de la Junta de Gobierno, podrá actualizar la cuantía de la Aportación por Intervención por el uso del servicio de notificaciones conforme a la metodología establecida en el compromiso primero, e incluso si es necesario, mediante el correspondiente estudio previo, modificar las escalas de procedimientos, para garantizar la autosuficiencia del servicio de notificaciones, a la vista de la evolución de los gastos e ingresos del sistema, respetando las directrices expuestas en la justificación. A tal efecto, las revisiones serán comunicadas previamente a la Autoridad Vasca de Competencia con antelación a su aprobación mientras no se implemente el servicio telemático de notificaciones judiciales. Cuarto.- Aplicar el nuevo régimen de determinación de la Aportación por Intervención por el uso del servicio colegial de notificaciones en el plazo de dos meses desde su aprobación por la Junta General, en atención a la necesidad de adaptación a los cambios introducidos en el régimen de financiación colegial. Quinto.- Publicar en la página web del Colegio y comunicar a los colegiados mediante circular el acuerdo de la Junta General que deberá contener el método de cálculo de la 1 El coste total del servicio de notificaciones dividido entre el número de notificaciones sería el parámetro adecuado para calcular el coste de cada notificación y siguiendo este sistema se debería facturar a cada Procurador en función del número particular de notificaciones que haya recibido, lo que en nuestro caso nos daría un coste por notificación de ( / ) = 0,65 (Propuesta de Compromisos: Exposición de Motivos. Justificación, p. 7, 2º párrafo).
5 aportación por intervención y el contenido íntegro de la Resolución de Terminación Convencional, que, en su caso, adopte el Consejo Vasco de Competencia. Sexto.- Trasladar a la Autoridad Vasca de la Competencia la documentación acreditativa de la ejecución de los compromisos adquiridos a fin de que pueda supervisar su cumplimiento de los mismos. 11. El día 26 de junio de 2014 se remitió la propuesta de compromisos al CVC para su conocimiento, así como a todos los interesados, para que formularan cuantas alegaciones estimaren convenientes, las cuales se han presentado en fecha 2 de julio de 2014 y 16 de julio de La CNMC manifiesta en sus alegaciones que los compromisos presentados resuelven efectivamente y de manera clara e inequívoca los problemas de competencia detectados. 13. D. I.R.E. manifiesta, en las alegaciones presentadas en nombre propio y en representación de la ADP, que la AVC debe rechazar la propuesta de compromisos, exigiendo al Colegio no cobrar cantidad alguna a los procuradores no inscritos en el mismo, o, subsidiariamente, se exija al Colegio el compromiso de que el cobro/pago por el Servicio de Notificaciones vaya asociado a la utilización efectiva que haga cada Procurador, cobrándose, en consecuencia, a los procuradores no inscritos 0,06 euros por cada acto de notificación. 14. El 16 de julio de 2014 la DI remitió al CVC la Propuesta de Acuerdo de Terminación Convencional junto con el expediente sancionador. En la misma, la DI considera que los compromisos formulados por el Colegio resuelven los problemas de competencia detectados, quedando garantizado suficientemente el interés público. Por ello propone al CVC que emita Resolución por la que se acepten los compromisos presentados y se ponga fin al expediente sancionador mediante terminación convencional. 15. El CVC, en su sesión celebrada el día 17 de julio de 2014 deliberó y falló el presente expediente. II. HECHOS PROBADOS 16. El Colegio es una corporación de derecho público con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.
6 Lo integran los procuradores que tengan establecido su domicilio profesional, único o principal, en Bizkaia, así como aquéllos domiciliados en cualquier otra demarcación territorial que hayan solicitado su incorporación al mismo. 17. Por acuerdo adoptado por su Junta General el 22 de julio de 2010 el Colegio modificó su sistema de financiación estableciendo una Aportación por Intervención (API) de obligado cumplimiento para todo procurador que haga uso de los Salones de notificaciones y el traslado de copias. 18. Las APIS establecidas por procedimiento en el Colegio son: - Primera Instancia, Contencioso-Administrativo: 15 - Concursos: 50 - Conciliación, Exhorto, Monitorio, Social, Apelación y Penal: 5 El Colegio ha reconocido que en las API se incluyen también gastos no propios de la actividad inherente al Salón de notificaciones. 19. El Colegio acredita que en la CAE no está instalado un sistema informático de tramitación judicial que posibilite realizar un cuenteo exacto del número de actos de notificaciones que se llevan a cabo en cada procedimiento. En tanto esta opción no sea posible, el Colegio propone un sistema de determinación de la cuantía de la API por procedimiento, basado en una fórmula matemática que parte de las medias de notificaciones por tipo de procedimiento. Esta fórmula tiene en cuenta tan solo los gastos directamente vinculados con el Salón de Notificaciones. III. FUNDAMENTOS DE DERECHO 1. La profesión de procurador 20. La profesión de Procurador de los Tribunales tiene como principal misión la representación técnica de quienes sean parte en cualquier clase de procedimiento. Es también misión de los Procuradores desempeñar cuantas funciones y competencias le atribuyan las leyes procesales en orden a la mejor administración de justicia, a la correcta sustanciación de los procesos y a la eficaz ejecución de las sentencias y demás resoluciones que dicten los juzgados y tribunales. Estas competencias podrán ser asumidas de forma
7 directa o por delegación del órgano jurisdiccional, de conformidad con la legislación aplicable La profesión de Procurador de los Tribunales es una profesión de colegiación obligatoria. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30.1 de la Ley 18/1997, de 21 de noviembre, de ejercicio de profesiones tituladas y de colegios y consejos profesionales, es requisito indispensable para el ejercicio de las profesiones colegiadas la incorporación al colegio correspondiente cuando así lo establezca la pertinente Ley. Por lo tanto, tan sólo se puede considerar ajustada a derecho la obligatoriedad de la colegiación cuando ésta se recoja en una norma con rango de Ley 3. No obstante, en tanto no se regulen por Ley las profesiones para las que resulte obligatoria la colegiación y de acuerdo con la Disposición Transitoria cuarta de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio se consolidan las colegiaciones obligatorias vigentes a su fecha de entrada en vigor. Por ello, si bien transitoriamente, se mantiene la legalidad de situaciones de colegiación obligatoria preexistentes no establecidas en norma con el rango adecuado 4. En el caso que nos ocupa, la obligación de colegiación se encuentra recogida en el artículo 10 del Estatuto General de los Procuradores de los Tribunales, aprobado mediante Real Decreto 1281/2002, de 5 de diciembre, y en el artículo 49 de los Estatutos del Ilustre Colegio de Procuradores de los Tribunales de Bizkaia (aprobados por Orden de 10 de octubre de 2008, del Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social) Los Salones de Notificaciones 22. Los actos de comunicación con los procuradores se realizan en la sede del tribunal o en el servicio común de recepción organizado por el Colegio de 2 Real Decreto 1281/2002, de 5 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto General de los Procuradores de los Tribunales de España, BOE nº 305, de 21 de diciembre de Ley vasca 18/1997, de 21 de noviembre, de ejercicio de profesiones tituladas y de colegios y consejos profesionales, BOPV nº 237, de 11 de diciembre de Ley estatal 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, BOE nº 308, de 23 de diciembre de Orden de 10 de octubre de 2008, del Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, por la que se aprueban los Estatutos del Colegio de Procuradores de Bizkaia, BOPV nº 234, de 5 de diciembre de 2008.
8 Procuradores. El régimen interno de este servicio es competencia del Colegio de Procuradores, de conformidad con la ley Al servicio común de recepción de notificaciones se le conoce como SERCYN (Servicio de Recepción de Copias y Notificaciones de los juzgados y Tribunales) o, más comúnmente como Sala o Salón de Notificaciones y se ocupa también del traslado de copias 7. Sus funciones se concretan en las actuaciones siguientes: recogida y entrega de causas; recogida y entrega de notificaciones a los Juzgados; traslados de escritos; recepción de notificaciones telemáticas: mantenimiento del servicio y personal adscrito a ese servicio; control y recepción de notificaciones no firmadas en plazo; y casilleo de las notificaciones a cada procurador. 24. El procurador está obligado a acudir a los Salones donde se realizan las notificaciones en tanto no esté habilitada la realización de las actividades del párrafo anterior de forma telemática En Bizkaia el Colegio gestiona 6 Salones de Notificaciones, ubicados en otros tantos partidos judiciales: Balmaseda, Barakaldo, Bilbao, Durango, Gernika y Getxo. Estos Salones tienen un funcionamiento similar pero adaptado a las características y carga de trabajo de cada juzgado. 3. Base legal de la Terminación Convencional 26. El artículo 52 de la LDC establece que el Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) actual Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), a propuesta de la Dirección de Investigación, podrá resolver la terminación del procedimiento sancionador en materia de acuerdos y prácticas prohibidas cuando los presuntos infractores propongan compromisos que resuelvan los efectos sobre la competencia derivados de las conductas objeto del expediente y quede garantizado suficientemente el interés público. Los compromisos serán vinculantes y surtirán plenos efectos una vez incorporados a la resolución que ponga fin al procedimiento. La terminación del procedimiento en los términos establecidos en este artículo no podrá acordarse una vez elevado el informe propuesta previsto en el artículo 50.4 de la LDC. 6 Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, BOE nº 7, de 8 de enero de 2000 (en adelante LEC), Artículo Artículo 276 de la LEC. 8 Artículo º de la LEC.
9 En desarrollo del citado artículo 52 de la LDC, el Reglamento de Defensa de la Competencia, aprobado por Real Decreto 261/2008, de 22 de febrero, establece, en su artículo 39, que en cualquier momento del procedimiento previo a la elevación del informe propuesta, la Dirección de Investigación podrá acordar, a propuesta de los presuntos autores de las conductas prohibidas, el inicio de las actuaciones tendentes a la terminación convencional de un procedimiento sancionador en materia de acuerdos y prácticas prohibidas. Este acuerdo de inicio de la terminación convencional será notificado a los interesados, indicándose si queda suspendido el cómputo del plazo máximo del procedimiento hasta la conclusión de la terminación convencional. Los presuntos infractores presentarán su propuesta de compromisos ante la DI en el plazo que ésta fije en el acuerdo de terminación convencional, que no podrá ser superior a tres meses. Dicha propuesta será trasladada al Consejo para su conocimiento, y a los interesados a fin de que puedan aducir cuantas alegaciones crean convenientes. Posteriormente, la Dirección de Investigación elevará al Consejo la propuesta de terminación convencional para su adopción e incorporación a la resolución que ponga fin al procedimiento. Recibida la propuesta de terminación convencional el Consejo podrá: a) Resolver el expediente sancionador por terminación convencional, estimando adecuados los compromisos presentados. b) Resolver que los compromisos presentados no resuelven adecuadamente los efectos sobre la competencia derivados de las conductas objeto del expediente o no garantizan suficientemente el interés público, en cuyo caso, podrá conceder un plazo para que los presuntos infractores presenten ante el Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia nuevos compromisos que resuelvan los problemas detectados. Si, transcurrido este plazo, los presuntos infractores no hubieran presentado nuevos compromisos, se les tendrá por desistidos de su petición y el Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia instará de la Dirección de Investigación la continuación del procedimiento sancionador. 27. De acuerdo con la disposición adicional octava de la LDC las referencias contenidas en la misma a la CNC y a sus órganos de dirección, relativas a funciones, potestades administrativas y procedimientos se entenderán también realizadas a los órganos de instrucción y resolución correspondientes de las Comunidades Autónomas con competencia en la materia cuando las mismas se refieran a las competencias correspondientes al artículo 13 de la referida LDC. Por ello ostenta competencia para acordar la Terminación Convencional el CVC.
10 28. La LDC no exige que la resolución que ponga fin a un procedimiento mediante terminación convencional cuente con el acuerdo de todos los interesados del expediente. Así, la exposición de motivos, en el párrafo dedicado a la terminación convencional, expresa lo siguiente: En este ámbito, cabe señalar la flexibilización del régimen de terminación convencional, centrado en la propuesta de compromisos por parte del presunto infractor, la negociación con la Dirección de Investigación y la elevación al Consejo de una propuesta de resolución, siempre antes del informe-propuesta, que podrá ser adoptada sin necesidad de contar con el acuerdo del resto de interesados del expediente. 4. Los compromisos presentados por el Colegio 29. La DI ha remitido a este CVC Propuesta de Acuerdo de Terminación Convencional con relación al expediente sancionador 03/2011, PROCURADORES BIZKAIA. En la misma considera que los compromisos formulados por el Colegio resuelven los problemas de competencia detectados, quedando garantizado suficientemente el interés público. Por ello, propone al CVC que emita Resolución por la que se acepten los compromisos presentados y se ponga fin al expediente sancionador mediante terminación convencional. Esta apreciación es compartida por el CVC, que estima que el contenido de los compromisos propuestos para la terminación convencional del procedimiento sancionador tiene aptitud para superar las restricciones a la competencia que se habían verificado, quedando garantizado suficientemente el interés público. La conducta descrita genera problemas de competencia al establecer un sistema de financiación Aportación por Intervención (API) de obligado cumplimiento para todo procurador que haga uso de los Salones de notificaciones y el traslado de copias. La API varía en función del tipo de procedimiento, pero que no discrimina por el número de intervenciones que efectivamente realice cada procurador. Además para su cálculo se tienen en cuenta gastos no propios de la actividad inherente al Salón de notificaciones. Los compromisos presentados suponen que para el cálculo de la API se tienen en cuenta tan solo los gastos de personal y de explotación que origina el Salón de Notificaciones. Además, en tanto no sea posible establecer el cuenteo de notificaciones por procedimiento, instaura una metodología basada en medias de notificaciones que puede considerarse que justifican la cuantía. Esto genera transparencia en las futuras revisiones y resuelve de manera clara e inequívoca los problemas de competencia detectados.
11 Además, la vigilancia de su cumplimiento y de la efectividad de los compromisos es viable y eficaz. 30. Respecto de la alegación de I.R.E., en virtud de la cual el importe de la API no debería ser cobrado a los procuradores no inscritos en el Colegio de Bizkaia, debe concluirse que la citada conducta constituiría un tratamiento discriminatorio no justificado por lo que puede ser admitido. 31. La publicidad de la presente resolución y de los compromisos anexos a la misma deberá realizarse en el plazo máximo de dos meses a contar desde el día siguiente a la recepción de la notificación. La publicación deberá prolongarse durante un período mínimo de doce meses. Por una parte, el Colegio deberá comunicar a cada uno de sus colegiados de forma individualizada el contenido de la presente resolución, así como de los compromisos anexados a la misma. Por otra parte, el Colegio deberá publicar en un lugar destacado de su página web (actualmente el contenido de la presente resolución, así como de los compromisos anexados a la misma. 32. El incumplimiento de los compromisos y obligaciones contenidos en una resolución de terminación convencional conlleva en aplicación del artículo 39.7 del Reglamento de defensa de la competencia, la consideración de infracción muy grave de acuerdo con lo establecido en el artículo 64.4.c de la LDC, pudiendo determinar, asimismo, la imposición de multas coercitivas, así como, en su caso, la apertura de un expediente sancionador por infracción de los artículos 1, 2 ó 3 de la LDC. Este CVC, considerando lo arriba expuesto, IV. RESUELVE PRIMERO.- Acordar la terminación convencional con carácter vinculante del procedimiento sancionador Ilustre Colegio de Procuradores los Tribunales de Bizkaia, al amparo de lo previsto en el artículo 52 de la Ley 15/2007, de Defensa de la Competencia en tanto no sea posible realizar el cuenteo de las notificaciones por procedimiento y en consecuencia realizar el cobro por notificación. Se tienen para ello en cuenta los compromisos propuestos por el Colegio recogidos en el Anexo de la presente resolución.
12 SEGUNDO.- Acordar, para asegurar el debido cumplimiento del acuerdo de terminación convencional, que el Colegio deberá cumplir las obligaciones contenidas en la Propuesta de Compromisos obrantes en el Anexo de la presente resolución. TERCERO.- Encomendar a la Dirección de Investigación la vigilancia del acuerdo de terminación convencional y por tanto de los compromisos alcanzados y de las obligaciones impuestas. Comuníquese esta Resolución a la Dirección de Investigación y notifíquese al Ilustre Colegio de Procuradores los Tribunales de Bizkaia y a los demás interesados, haciéndoles saber que la misma pone fin a la vía administrativa y que pueden interponer recurso contencioso- administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de dos meses contados desde su notificación. PRESIDENTE MARIA PILAR CANEDO ARRILLAGA SECRETARIO IBON ALVAREZ CASADO VOCAL NATIVIDAD GOÑI URRIZA VOCAL RAFAEL ITURRIAGA NIEVA
13 Anexo COMPROMISOS DEL COLEGIO Primero.- Establecer la Aportación por Intervención por el uso del servicio de notificaciones que cada Procurador debe satisfacer por su actuación en los diferentes procedimientos, con arreglo a la siguiente metodología: Se opta por establecer un sistema de pago por actuación en función de cada procedimiento judicial, atendiendo para ello al volumen de notificaciones que genera habitualmente, para lo cual es preciso hacer la siguiente clasificación: 1ªInstancia y Contencioso-Administrativo Verbal Concursos Conciliación, exhorto, Monitorio, Social, Apelación y Penal. Se ha hecho la diferenciación en estos tipos de procedimientos, basándonos en el propio arancel de derechos de los Procuradores (Real Decreto 1373/2013, de 7 de Noviembre), que en sí mismo, hace la misma diferenciación, considerando diferentes tramos para el cobro de la minuta del Procurador, en función del trabajo que supone cada tipo de procedimiento, de tal manera que para calcular el coste por procedimiento, al igual que el Arancel, consideramos: Monitorio, Conciliación, Exhorto, Social, Apelación, Penal: X Verbal: 2X 1ªInstancia, Contencioso-Administrativo: 3x Concurso: 6x Para poder llevar a cabo este coste de procedimiento "X" deberíamos saber el número de Notificaciones que genera cada uno de ellos en su totalidad (para simplificar el cálculo no vamos a tener en cuenta los asuntos de turno de oficio, ni los traslados de copias en papel que se hacen también a través de la Sala de Notificaciones, ya que su cálculo resultaría igual de complicado que las Notificaciones por Procurador). Para ello, se ha realizado un cuenteo estadístico, seleccionando diferentes Monitorios, de mayor o menor complejidad, para obtener una media de Notificaciones, oscilan en un rango entre 4 y 10 notificaciones, lo que supone una media aproximada de 7 notificaciones. Con estos datos estadísticos, el precio del Monitorio que hemos denominado X debería ser: 7 x 0.65 = 4,5, con lo que extrapolando en base al Real Decreto por el que se fija el Arancel de derechos de los Procuradores, las cantidades a satisfacer por cada Procurador en el primer ejercicio como Aportación por Intervención por el uso del servicio de notificaciones son las siguientes:
14 1ªInstancia, Contencioso-Administrativo: 13,5 Conciliación, Exhorto, Monitorio, Social, Apelación y Penal: 4,5 Verbal: 9 Concurso: 27 Segundo.- Someter a la aprobación del nuevo sistema de determinación de la Aportación por Intervención por el uso del servicio colegial de notificaciones a la Junta General del Colegio en el plazo de 2 meses desde que la AVC emita la Resolución correspondiente. Tercero.- Anualmente, la Junta General del Colegio, a propuesta de la Junta de Gobierno, podrá actualizar la cuantía de la Aportación por Intervención por el uso del servicio de notificaciones conforme a la metodología establecida en el compromiso primero, e incluso si es necesario, mediante el correspondiente estudio previo, modificar las escalas de procedimientos, para garantizar la autosuficiencia del servicio de notificaciones, a la vista de la evolución de los gastos e ingresos del sistema, respetando las directrices expuestas en la justificación. A tal efecto, las revisiones serán comunicadas previamente a la Autoridad Vasca de Competencia con antelación a su aprobación mientras no se implemente el servicio telemático de notificaciones judiciales. Cuarto.- Aplicar el nuevo régimen de determinación de la Aportación por Intervención por el uso del servicio colegial de notificaciones en el plazo de dos meses desde su aprobación por la Junta General, en atención a la necesidad de adaptación a los cambios introducidos en el régimen de financiación colegial. Quinto.- Publicar en la página web del Colegio y comunicar a los colegiados mediante circular el acuerdo de la Junta General que deberá contener el método de cálculo de la aportación por intervención y el contenido íntegro de la Resolución de Terminación Convencional, que, en su caso, adopte el Consejo Vasco de Competencia. Sexto.- Trasladar a la Autoridad Vasca de la Competencia la documentación acreditativa de la ejecución de los compromisos adquiridos a fin de que pueda supervisar su cumplimiento de los mismos.