Source: http://www.angelfire.com/nb/17m/prohibidoolvidar/ponencia.html
Timestamp: 2014-10-21 01:03:48
Document Index: 107136314

Matched Legal Cases: ['artículo 21', 'artículo 226', 'artículo 42', 'artículo 377', 'artículo 476', 'artículo 379', 'artículo 377', 'artículo 49', 'artículo 476', 'Artículo 476', 'artículo 176', 'artículo 444', 'artículo 1', 'Artículo 1']

TEXTO ÍNTEGRO DE LA SENTENCIA DEL T.S.J.
TEXTO ÍNTEGRO DE LA SENTENCIA DEL MAGISTRADO DEL T.S.J. FRANKLIN ARRIECHE, CON LA CUAL SE RECHAZÓ ENJUICIAR POR EL DELITO DE REBELIÓN MILITAR A 4 OFICIALES INVOLUCRADOS EN EL GOLPE DE ESTADO DEL 11 DE ABRIL DE 2002
SALA PLENA ACCIDENTAL MAGISTRADO PONENTE: FRANKLIN ARRIECHE VISTOS.-
"Yo, JULIÁN ISAÍAS RODRÍGUEZ DÍAZ, venezolano, mayor de edad, abogado, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el No. 7.421, casado, titular de la cédula de identidad No. V- 2.218.534, domiciliado en la Avenida Méjico, Edificio Despacho del Fiscal General de la República, esquina "Pele el Ojo" con frente a la Plaza Parque Carabobo, procediendo en mi carácter de Fiscal General de la República, según designación hecha por la Asamblea Nacional, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, de fecha 20 de diciembre de 2000, y de conformidad con el ordinal 5� del artículo 21 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, ocurro ante ese Supremo Tribunal, para instarlo, por vía de querella, proceda a realizar antejuicio de mérito en contra de los ciudadanos General de División (Ej.) EFRAÍN VÁSQUEZ VELÁSCO, General de Brigada (Av.) PEDRO PEREIRA OLIVARES, Vicealmirante HÉCTOR RAMÍREZ PÉREZ y Contralmirante DANIEL LINO JOSÉ COMISSO URDANETA, con quienes no me une ningún vínculo de parentesco, mayores de edad y de este domicilio; antejuicio de mérito que es de la competencia de ese Alto Tribunal, conforme a lo dispuesto en el artículo 226, ordinal 2�, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, artículo 42, ordinal 5�, de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia y artículo 377 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal". En el petitorio de dicho escrito el querellante expresó cuanto sigue:
Por todo lo anteriormente expuesto, en mi carácter de Fiscal General de la República, solicito de ese Tribunal Supremo de Justicia que, con vista al contenido del expediente signado con el N� F5TSJ-01-002, contentivo de la averiguación previa hecha con ocasión a los hechos acontecidos los días 11, 12 13 de abril del presente año, DECLARE, QUE HAY MÉRITO PARA EL ENJUICIAMIENTO DE LOS CIUDADANOS EFRAÍN VÁSQUEZ VELÁZCO, venezolano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad Nro. V- 4.023.794, natural de Caracas, de estado civil casado, de profesión militar en servicio activo, actualmente con el rango de General de División del componente ejército de la Fuerza Armada Nacional; HÉCTOR RAMÍREZ PÉREZ, venezolano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad No. V-2.814.408, natural de Caripito, Estado Monagas, de estado civil casado, residenciado en la Avenida Principal de Los Naranjos, Residencias Visa Bella, piso 1, Apto. 1-B, Urbanización Los Naranjos, Caracas, y de profesión militar en servicio activo, actualmente con el rango de Vicealmirante del componente Armada de la Fuerza Armada Nacional; PEDRO PEREIRA OLIVARES, venezolano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad Nro. 4.064.333, natural de Carora, Estado Lara, de estado civil casado, residenciado en Calle San José, Residencias La Colina, Torre B, P.H. 4, Urbanización Colinas de La California, Caracas, y de profesión militar en servicio activo, actualmente con el rango de General de División del componente ejército de la Fuerza Armada Nacional; DANIEL LINO JOSÉ COMISSO URDANETA, venezolano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad Nro. V- 3.793.306, natural de Caracas, de estado civil casado, residenciado en Fuerte Tiuna, Viviendas de Guarnición, General en Jefe Justo Briceño, Town House N� 4, Urbanización El Valle, Caracas, y de profesión militar en servicio activo, actualmente con el rango de Contralmirante del componente Armada de la Fuerza Armada Nacional, contra quienes presento formal QUERELLA, de conformidad con la exigencia legal para los efectos del antejuicio de mérito, por la comisión del delito de REBELIÓN, previsto en el ordinal 1� del artículo 476 del Código Orgánico de Justicia Militar, el cual fue cometido en el lugar, fecha y circunstancias que se dejan expuestas en el desarrollo de este escrito; y que, al decidir que hay mérito para sus enjuiciamientos, se hagan las participaciones previstas en nuestro ordenamiento jurídico a los fines previstos en la normativa correspondiente. Señor Presidente de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, señores Magistrados, la decisión es de ustedes y también la responsabilidad."
El 27 de mayo de 2002 se dio cuenta en Sala y se designó ponente al magistrado JUAN RAFAEL PERDOMO para la provisión de lo conducente. Admitida la solicitud por auto del 06 de junio de 2002 se fijó el 20 de junio de 2002 para la celebración de la audiencia oral y pública ordenada por el artículo 379 del COPP y se ordenó notificar de ello al querellante y a los imputados a quienes también se les notificó para la designación de sus defensores. El 6 de junio de 2002 el ciudadano General de División (Ej.) EFRAÍN VÁSQUEZ VELÁSCO nombró como defensores a los abogados RENÉ BUROZ ARISMENDI, JOSÉ JUVENAL SALCEDO CÁRDENAS y CARLOS MARTÍNEZ CERUZZI.
El 11 de junio de 2002 compareció el ciudadano DANIEL LINO JOSÉ COMISSO URDANETA y designó como defensores a los abogados LUIS APONTE APONTE, MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ y TAMARA BECHAR ALTER.
Por su parte, en la misma fecha el ciudadano HÉCTOR RAMÍREZ PÉREZ escogió como sus defensores a los abogados CARLOS BASTIDAS ESPINOZA, EDUARDO MORALES y MIGUEL ÁNGEL CASTILLO.
Por último, el ciudadano PEDRO PEREIRA OLIVARES constituyó en defensores suyos a los abogados ENRIQUE PRIETO SILVA y RIGOBERTO QUINTERO AZUAJE. Los ciudadanos EFRAÍN VÁSQUEZ VELÁSCO y HÉCTOR MARTÍNEZ PÉREZ presentaron recusación contra el Magistrado IVÁN RINCÓN URDANETA quien, a su vez, recusó al Magistrado FRANKLIN ARRIECHE GUTIÉRREZ, recusaciones éstas que fueron declaradas inadmisibles. Como consecuencia de haberse declarado con lugar la recusación propuesta por el Contralmirante JOSÉ COMISSO URDANETA contra el Magistrado OMAR MORA DIAZ, se convocó a la Primer Suplente de la Sala de Casación Social, MARISOL MORENO MARIMON, la cual aceptó el cargo y se incorporó a la Sala Plena.
Igualmente, declarada con lugar la recusación intentada por el mismo Contralmirante contra el Magistrado JUAN RAFAEL PERDOMO, se convocó a la Segunda Suplente de la Sala de Casación Social, MARÍA CRISTINA PARRA, la cual aceptó pero fue recusada por el querellante, recusación que fue declarada procedente, en virtud de lo cual se ordenó convocar a la Tercera Suplente de la Sala de Casación Social, MARÍA JOSÉ RODRÍGUEZ quien aceptó el cargo. Después de constituida la Sala Accidental se designó Segundo Vicepresidente al Magistrado ALEJANDRO ANGULO FONTIVEROS y ponente al Magistrado LUIS MARTÍNEZ HERNANDEZ. Luego de haberse diferido la audiencia oral y pública se fijó, como nueva oportunidad, el 18 de julio de 2002, cuando, efectivamente, se realizó con la presencia de todas las partes.
En esa oportunidad el Fiscal General de la República explanó su querella y los imputados realizaron exposiciones de descarga, con réplica y contrarréplica. Convocada la Sala para discutir y votar la ponencia del Magistrado LUIS MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, ésta no alcanzó la mayoría necesaria por lo cual se reasignó la ponencia en el Magistrado ALEJANDRO ANGULO FONTIVEROS, quién presentó su proyecto el cual corrió la misma suerte del anterior, razón por la cual se reasignó en el Magistrado que con tal carácter suscribe y, siendo la oportunidad para decidir, la Sala pasa a hacerlo en los términos siguientes: NATURALEZA JURÍDICA DEL ANTEJUICIO DE MÉRITO
En la página 85 de su querella el Fiscal General de la República, manifestó:
"En los distintos recaudos a los que se ha hecho referencia en este escrito, hay contradicciones fundamentales que deben ser aclaradas ante el derecho (sic) y ante la conciencia ciudadana de Venezuela en una exhaustiva investigación"
Lo anterior, pudiese ser interpretado como una petición de autorización para llevar a cabo esa "exhaustiva investigación", y por tal motivo la Sala considera necesario reiterar el criterio sostenido en la única decisión que hasta ahora este Tribunal Supremo de Justicia ha proferido en materia de antejuicio de Mérito de Altos Funcionarios del Estado, y que fue dictada el 4 de julio de 2000 (caso Miquilena) en torno a la naturaleza jurídica de este procedimiento donde, frente al argumento del entonces Fiscal General de la República, ciudadano JAVIER ELECHIGUERRA hecho valer en la audiencia oral y pública que en aquel momento tuvo lugar, en el sentido de que su pretensión se limitaba a obtener una autorización para continuar investigando, la Sala, con ponencia del Magistrado Angulo Fontiveros expresó lo siguiente:
"La Sala estima necesario dejar sentado que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 377 del Código Orgánico Procesal Penal, el antejuicio de mérito es un procedimiento penal especial que, instaurado en virtud de la querella del Fiscal General de la República y conducido por el principio del contradictorio, tiene por objeto declarar la certeza de si hay o no mérito para el enjuiciamiento de los altos funcionarios del estado a los que se refiere el ordenamiento constitucional de la República; que la disciplina normativa acerca del antejuicio del mérito debe ser interpretada a la luz del nuevo orden constitucional; que la querella fiscal debe fundarse en prueba suficiente, motivo por el cual su instauración debe ser precedida por una actividad de investigación, conducida por el Ministerio Público, durante cuyo desarrollo debe respetarse íntegramente al imputado su derecho constitucional a la defensa, a tenor de la disposición prevista en el artículo 49, ordinal 1, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en la forma y condiciones previstas en los artículos 313 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal; y que el juicio sobre la prueba debe constituir el fundamento principal de la determinación acerca de si hay o no mérito, es decir, acerca de si hay o no lugar al enjuiciamiento". De esta manera, quedó definida la naturaleza del Antejuicio de Mérito, distinta a la de una simple autorización para investigar, produciéndose en aquella oportunidad el Voto Salvado del Magistrado JORGE ROSELL SENHEM, quién expresó: "Es por lo anterior que según mi opinión, el Fiscal General, en vez de plantear el asunto como una pesquisa, a fin de precisar pruebas que indicaran la comisión de ese delito, desvió el propósito y contenido que debe tener una querella y presentó de una vez, una serie de evidencias precalificando los delitos que se deducían como cometidos.
Lo anterior desvió lo que debía ser el objeto de la decisión del Tribunal que era pronunciarse acerca de si había o no mérito para ordenar abrir la averiguación, y no lo que decidieron: si estaba o no comprobada plenamente la perpetración de los delitos señalados por el Fiscal y si el Sr. MIQUILENA esta incurso en ellos.
La respuesta correcta es examinar todas estas interrogantes después de una investigación exhaustiva de esas situaciones. La solución acertada, era convencerse de que no estábamos juzgando a una persona, sino examinando unos hechos para determinar si ellos indicaban la posible comisión de delitos y que si ética o moralmente tales situaciones o hechos no eran aceptables, esto necesariamente hubiera creado una conexión con el mundo del derecho, y específicamente, con un tipo penal que sancione tal conducta, como la disposición 72 transcrita, puesto que como lo piensa Ronald Dworkin, se debe partir del presupuesto de que el razonamiento moral se caracteriza por la construcción de un conjunto consistente de principios que justifican y dan sentido a nuestras instituciones". En el mismo sentido de la tesis que hoy se ratifica pareció entenderlo el Fiscal General de la República cuando en la querella, cabeza de estas actuaciones (pág. 84), expuso:
"En la documentación, que se acompañe a la querella correspondiente, se debe comprobar la existencia de un hecho que tenga relevancia en el mundo jurídico penal, al igual que la participación en él de la o las persona (sic) que gozan del privilegio constitucional".
MATERIA DE LA DECISIÓN
Los razonamientos del querellante para requerir la actuación de este Tribunal se basaron en una imputación textual, es decir "...la comisión del delito de REBELIÓN, previsto en el ordinal 1o. del artículo 476 del Código Orgánico de Justicia Militar, el cual fue cometido en el lugar, fecha y circunstancias que se dejan expuestas en el desarrollo de este escrito;..."
Lo anterior, en un sistema penal acusatorio como el nuestro, significa que la Sala debe limitarse -una vez resueltos los puntos previos alegados por las partes durante la audiencia oral y pública-, a verificar la existencia, mediante el análisis de los medios probatorios que cursen en autos, de los elementos de convicción suficientes para declarar si hay o no mérito para el enjuiciamiento de los imputados por el delito de REBELIÓN, a que hace mención la querella. Escapa, entonces, a cualquier consideración de la Sala, todo aquello que se ajeno a lo establecido en el artículo del Código Orgánico de Justicia Militar, independientemente de la afinidad o conexión que pueda existir con cualquier otro tipo, es decir, se imputó la comisión del delito de REBELIÓN PROPIA, y ningún otro. La mencionada norma establece lo siguiente: "Artículo 476. La rebelión militar consiste: 1.	En promover, ayudar o sostener cualquier movimiento armado para alterar la paz interior de la República o para impedir o dificultar el ejercicio del Gobierno en cualquiera de sus poderes;
En fuerza de lo anterior, es menester concluir que la tarea de la Sala se limitará a verificar la existencia o no de los méritos suficientes para enjuiciar a los imputados en promover, ayudar a sostener cualquier movimiento armado para alterar la paz interior de la República o para impedir el ejercicio del Gobierno en cualquiera de sus poderes, en el lugar, fecha y circunstancias que se dejaron expuestas en el desarrollo de la querella. Más aún, el Fiscal General, en la página 82 de su querella, expuso: "En efecto, de la lectura de la norma parcialmente transcrita, se observa que en ella se describen varias conductas que, desarrolladas, son consideradas delito de rebelión militar; y ellas son, las de promover, ayudar o sostener cualquier movimiento armado, que tiene como objetivo, o bien alterar la paz interior de la República, la de impedir o dificultar el ejercicio del Gobierno en cualquiera de sus poderes.
Y son precisamente dos de estas conductas, en las que aparecen indicios suficientes de su desarrollo por parte de los ciudadanos EFRAÍN VÁSQUEZ VELÁZCO, HÉCTOR RAMÍREZ PÉREZ, PEDRO PEREIRA OLIVARES Y DANIEL LINO JOSÉ COMISSO URDANETA; concretamente, las de promover y ayudar cualquier movimiento armado para impedir el ejercicio de los poderes del Gobierno establecidos en la República Bolivariana de Venezuela". Es decir, que, por propio requerimiento del querellante, quedó excluida del ámbito de decisión de esta Sala una de las figuras rectoras, (sostener) establecidas en el artículo del Código Orgánico de Justicia Militar, por lo cual se estrecha sensiblemente la competencia de esta Sala a la sola determinación de los méritos suficientes para el enjuiciamiento o no de los imputados por el delito de rebelión, consecuencia de acciones suyas consistentes en promover o ayudar, quedando excluido lo relativo a sostener un movimiento armado destinado a alterar la paz interior de la República o a impedir el ejercicio del Gobierno, por cuanto no hay en la querella ninguna imputación en tal sentido, sino, por el contrario expresamente se le soslayó. En conclusión, la Sala debe limitar su decisión a verificar si de los elementos probatorios traídos por el Fiscal General se desprende que, en las circunstancias de tiempo y lugar expuestos en la querella, aparecen méritos para el enjuiciamiento de los imputados por el delito de rebelión en sus manifestaciones de promover o ayudar cualquier movimiento armado para alterar la paz interior de la República o para impedir o dificultar el ejercicio del gobierno.
Previamente a cualquier decisión de fondo acerca de la declaratoria de si hay o no méritos para el enjuiciamiento de los ciudadanos señalados por el Fiscal General de la República en su referido escrito, debe esta Sala dilucidar una serie de puntos previos planteados por la defensa en la oportunidad cuando tuvo lugar la audiencia oral y pública del presente procedimiento, lo que pasa a hacer de la siguiente manera: I
LAS RECUSACIONES FORMULADAS AL CIUDADANO FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA.
Planteó la defensa del ciudadano General de División (Ej.) EFRAÍN VÁSQUEZ VELÁSCO que las actuaciones realizadas por el Fiscal General de la República en este procedimiento son nulas, en virtud de lo que disponen en los artículos 94 y 101 del Código Orgánico Procesal Penal, toda vez que durante su tramitación estaba, y está pendiente, la resolución de una serie de recusaciones interpuestas en su contra. En este sentido, invocó los votos salvados consignados por las Magistradas BLANCA ROSA MARMOL DE LEÓN y YOLANDA JAIMES GUERRERO en la decisión que dictó esta Sala, el 30 de mayo de 2002, en esta causa.
A este respecto la Sala observa, que ya dicha materia fue objeto de pronunciamiento al punto que incluso, la parte citó los votos salvados que se produjeron en esa oportunidad; por tal razón es aplicable el contenido del artículo 176 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual dispone:
"Prohibición de Reforma. Excepción. Después de dictada una sentencia o auto, la decisión no podrá ser revocada ni reformada por el tribunal que la haya pronunciado, salvo que sea admisible el recurso de revocación.
Las partes podrán solicitar aclaraciones dentro de los tres días posteriores a la notificación". Como puede verse una vez dictada una sentencia o auto, la decisión no puede ser revocada ni reformada por el tribunal que la dictó -tal y como lo pretende el solicitante al requerir la nulidad antes dicha-, a menos que sea admisible el recurso de revocación, recurso éste que no procede en este caso por cuanto sólo está concedido para los fallos de mero trámite, según el artículo 444 ejusdem y, además, por la prohibición que contiene el artículo 1 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, el cual es del tenor siguiente: "Artículo 1. La Corte Suprema de Justicia es el más alto Tribunal de la República y la máxima representación del Poder Judicial. Contra las decisiones que dicte en Pleno o en alguna de sus Salas, no se oirá ni admitirá recurso alguno."
Por lo anterior, es forzosa la conclusión de que tal pedimento previo es improcedente, y así se decide.
También planteó la defensa del ciudadano General de División (Ej.) EFRAÍN VÁSQUEZ VELÁSCO la nulidad de las actuaciones que llevó a cabo el Fiscal General de la República, porque la investigación del Ministerio Público se hizo a sus espaldas y en un tiempo muy breve, lo que no le permitió defenderse. A este respecto observa la Sala que, en la página 85 de la querella del Fiscal, se dijo lo siguiente:
"Así mismo, es oportuno resaltar que durante el desarrollo de las actuaciones que me obligan a solicitar el antejuicio de mérito, se le han respetado escrupulosamente a los ciudadanos EFRAÍN VÁSQUEZ VELÁSCO, HÉCTOR RAMÍREZ PÉREZ, PEDRO ANTONIO PEREIRA OLIVARES Y DANIEL LINO JOSÉ COMISSO URDANETA todos sus derechos y garantías constitucionales, encabezados por el tan preciado derecho a la defensa. En efecto, los mencionados ciudadanos fueron llamados oportunamente por la Institución que presido, a fin de que rindieran declaración en calidad de presuntos imputados. Siendo el caso que solo concurrieron al llamado del Ministerio Público los ciudadanos PEDRO PEREIRA OLIVARES, HÉCTOR RAMIREZ PÉREZ Y DANIEL LINO JOSÉ COMISSO URDANETA quienes fueron impuestos de todos sus derechos... (omissis).
En lo que respecta al General de División (Ej.) EFRAÍN VÁSQUEZ VELÁSCO, él fue llamado oportunamente a rendir declaración ante el Ministerio Público, como consta al pie de la boleta que le fuera remitida, la cual cursa al folio 94 de la primera pieza del expediente, a fin de que pudiera, si lo consideraba conveniente, hacer uso del derecho a la defensa; derecho este, el cual entendemos no quiso ejercer, pero que en ningún momento le fue negado."
Aprecia la Sala que, efectivamente, el mencionado ciudadano fue citado por el Ministerio Público, tal y como consta en boleta que forma el folio 194 de la pieza 1 de este expediente, en la cual dicho ciudadano estampó: "le participo que estoy en proceso de sometimiento a un antejuicio de mérito". Lo anterior conduce a este Alto Tribunal a considerar que el General EFRAÍN VÁSQUEZ VELAZCO sí tuvo conocimiento de las pesquisas que adelantaba el Ministerio Público y tuvo posibilidad de defenderse y que, efectivamente, materializó esas posibilidades al punto de que, tal y como se dijo en el particular anterior, recusó al Fiscal General de la República y presentó escrito donde hizo valer el principio non bis in idem, escrito este que corre a los folios 223 y 224 de la pieza 2 del expediente.
Por lo que respecta, a la brevedad de la investigación estima la Sala, que la sumariedad de una investigación en ningún caso puede ser motivo de la nulidad de ella; primero por cuanto precisamente es lo deseable que las investigaciones no sean prolongadas y, segundo, por cuanto no significa ninguna desigualdad, desde luego que esa circunstancia rige en los mismos términos para el investigador y para el investigado. Debido a lo anterior la petición que ahora se analiza debe ser declarada improcedente y así se decide.
Señaló la defensa del ciudadano General de División (Ej.) EFRAÍN VÁSQUEZ VELÁSCO, en relación con las declaraciones aportadas por el Ministerio Público en el expediente contentivo de su investigación preliminar, que las mismas son manifiestamente ilegales, toda vez que se trata de testigos "pertenecientes al gobierno nacional" o de interpretaciones "políticas", que no garantizan el debido proceso ni el contradictorio. En ese mismo sentido invocó los artículos 13, 197 y 222 del Código Orgánico Procesal Penal para referirse a las pruebas presentadas por el Ministerio Público, especialmente las testimoniales, que consideró inválidas por no ofrecer ningún fundamento serio.
A este respecto concluye la Sala que, si los funcionarios a los cuales se refiere el solicitante fueron protagonistas o tuvieron participación de primer orden en los sucesos narrados en la querella, no puede pretenderse la nulidad de sus declaraciones como consecuencia del cargo que ostentan u ostentaron, desde luego que eso significaría la imposibilidad de realizar la investigación de tales hechos. En mérito de lo anterior, debe desestimarse el alegato que se comenta y así se decide.
Alegó la defensa del ciudadano EFRAÍN VÁSQUEZ VELÁSCO con base en las sentencias de la Corte Marcial y de la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo, ambas de fecha 14 de mayo de 2002, que "la Querella del Fiscal General de la República es nula, por cuanto se fundamenta en una investigación penal militar anulada por la Corte Marcial y prohibida por la Sala Constitucional..."
En cuanto a este pedimento observa la Sala que, si una querella tiene su base en una averiguación o en un proceso investigativo declarado nulo, ello podrá ser causa de la desestimación o improcedencia de dicha querella, pero nunca de su nulidad.
Mutatis mutandi puede decirse que si una demanda está acompañada con un instrumento fundamental, es decir, aquel del cual se deriva inmediatamente la acción deducida y dicho documento resulta nulo, como por ejemplo la letra de cambio que no llena los requisitos establecidos en los artículos 410 y 411 del Código de Comercio, tal nulidad podrá conducir a la declaratoria sin lugar de la pretensión, pero jamás a la nulidad del libelo contentivo de esa pretensión.
No obstante lo anterior, deja constancia esta Sala que el Fiscal General de la República, al intervenir en la audiencia oral y pública, manifestó que no se había basado en las actuaciones que forman parte de la investigación declarada nula, y advierte asimismo que ninguna de las actuaciones infectadas de nulidad serán tomadas en consideración para la emisión del presente fallo.
El ciudadano EFRAÍN VÁSQUEZ VELÁSCO manifestó, igualmente, que los hechos investigados no revisten carácter penal por cuanto carecen de tipicidad al no estar presentes los elementos objetivos y subjetivos necesarios y que la querella no cumple con los requisitos de forma que exige la ley, por cuanto no se basó en prueba lícita alguna. Y, a tal respecto, esta Sala considera que tales planteamientos no constituyen materia de un punto previo, sino que tocan el fondo, razón por la cual deben ser desestimados en esta oportunidad por extemporáneos y resueltos al c