Source: https://monsieurdevillefort.wordpress.com/2018/11/
Timestamp: 2019-07-19 23:02:52
Document Index: 160736706

Matched Legal Cases: ['artículo 1158', 'artículo 1158', 'artículo 1225', 'artículo 1158', 'artículo 1158', 'artículo 101', 'artículo 21', 'artículo 101', 'artículo 109', 'artículo 110', 'artículo 111', 'artículo 43', 'artículo 16', 'artículo 22', 'artículo 86']

noviembre | 2018 | MONSIEUR DE VILLEFORT
UN JUEZ FEDERAL SUSPENDE CAUTELARMENTE LA PROHIBICIÓN DE SOLICITUDES DE ASILO ACORDADA POR EL ATTORNEY GENERAL: VERDADES Y MENTIRAS JURÍDICAS DEL ASUNTO “CARAVANA DE MIGRANTES.”
El polémico asunto de la denominada por los medios “caravana de migrantes” (sic) que atravesó toda Centroamérica para intentar la penetración en territorio estadounidense ya ha librado su primera batalla judicial, concretamente en el estado de California. Y es que el pasado día 19 de noviembre de 2018, el juez Jon S. Tigar, uno de los titulares del Juzgado Federal del Distrito Norte de California, estimando la pretensión de varias organizaciones, adopta una temporary restraining order dejando sin efecto varias medidas de orden administrativo adoptadas por Donald Trump.
Es necesario destacar que en este caso la página web del órgano judicial en cuestión permite a la persona interesadas no sólo acceder al texto de la resolución dictada en el caso Sanctuary Covenant et al. v. Donald Trump, sino a la propia grabación de la vista oral, aneja a la información del caso, y que los lectores de este blog pueden encontrar aquí.
La orden judicial, de treinta y siete páginas de extensión, se ajusta perfectamente a lo que es el estilo de las resoluciones emanadas de órganos judiciales norteamericanos: principia con unos breves párrafos donde, a modo de síntesis, expone la naturaleza del caso, las pretensiones de las partes y el fallo; a continuación, desgrana los antecedentes fácticos del asunto y el devenir procedimental para, a continuación, abordar puntualmente todas las cuestiones jurídicas que surgen en la litis, finalizando con una breve coda donde contiene la parte resolutiva propiamente dicha. Ello demuestra que los jueces norteamericanos tienen, cuando menos, dos virtudes de la que carecen sus colegas españoles: una, la facultad de síntesis, dado que, sin perjuicio de un desarrollo argumental más o menos amplio (aspecto éste en lo que la gran mayoría de los jueces españoles no desmerece en nada a los de la otra orilla del Atlántico) son capaces de resumir en apenas tres breves párrafos absolutamente todo el caso y que anteponen a la propia resolución judicial, de tal modo que cualquier ciudadano lego en derecho pueda quedarse ahí; y, en segundo lugar, un estilo forense muy depurado y accesible, de tal forma que ese mismo ciudadano lego en derecho es perfectamente capaz, si lo desea, de adentrarse en la resolución judicial propiamente dicha; y en este punto, dicho sea con todos los respetos, es un océano no sólo físico el que separa los magistrados de ambas orillas atlánticas.
El caso en cuestión surge por la intención de Donald Trump de poner un escudo jurídico a la avalancha de inmigrantes que amenazaban literalmente con trasgredir la frontera entre Estados Unidos y México. A la protección física en forma de despliegue militar, el presidente norteamericano intentó añadir un blindaje jurídico a través de una serie de medidas administrativas que tendían a restringir el derecho de asilo para disuadir al grueso de personas que se desplazaban a través de todo el territorio mexicano. Intentaremos explicar brevemente la situación jurídica.
Primero.- Antecedentes jurídicos del caso.
Los Estados Unidos, como todos los países, poseen normativa que aborda la extranjería y la inmigración, en concreto la Inmigration and Nationality Act (Ley de Nacionalidad e Inmigración) sancionada por Lyndon B. Johnson el 30 de octubre de 1965, pero que no entro en vigor hasta el 30 de junio de 1968. Las normas sobre extranjería se encuentran hoy recopiladas en el Título VIII del United States Code, y en concreto las previsiones sobre inmigración aparecen en el Capítulo 12, Subcapítulo II, en cuya parte primera podemos encontrar un precepto, el 1158 que contiene el régimen jurídico de las peticiones de asilo.
El artículo 1158 es un larguísimo precepto que contiene normas civiles, penales y administrativas, y que comienza con una especie de principio general que informa todo el régimen de dicha institución. El tenor literal del artículo 1158.a.1 es el siguiente:
“Cualquier extranjero que se encuentre físicamente en territorio estadounidense o que llegue al mismo (ya sea en un lugar de llegada designado al efecto o en otro distinto, lo que incluye a extranjeros que interceptados en aguas internacionales o estadounidenses, sean trasladados a territorio americano), pueden solicitar, con independencia de su nacionalidad, asilo de acuerdo con las normas de la presente sección o, en la medida que sea aplicable, el artículo 1225.b.”
El apartado 2 del artículo 1158.a contiene ciertas excepciones a la concesión de asilo (por ejemplo, si el Attorney General considera que el extranjero puede ser trasladado a un tercer país en el cual su vida no corra peligro) y un plazo para el ejercicio de la petición (un año desde la entrada en territorio norteamericano). Pero, y esto es muy importante y quizá en este sentido choque a la mentalidad española, las resoluciones denegatorias de peticiones de asilo no son judicialmente controlables, pues el artículo 1158.b dispone que: “Ningún tribunal tendrá jurisdicción para revisar las resoluciones del Attorney General adoptadas en ejecución de lo dispuesto en el apartado segundo.”
Pues bien, el 9 de noviembre de 2018 se adoptaron dos resoluciones de nivel administrativo en materia de asilo. La primera, una norma adoptada de forma conjunta por el Departamento de Justicia y el de Seguridad Interior en base a la cual se impide la solicitud de asilo a un extranjero: “si al mismo le es aplicable una proclama o cualquier otra orden presidencial suspendiendo o limitando la entrada de extranjeros por la frontera sur con México”.
La segunda, es la Proclama presidencial relativa a la inmigración masiva a lo largo de la frontera sur de los Estados Unidos. Esta última se adopta sobre la base que:
“Los Estados Unidos esperan que, en la frontera entre los Estados Unidos y México, se produzca la llegada de un número sustancial de extranjeros principalmente ce centroamerica que parecen carecer de base legal para ser admitidos en nuestro país. Son grupos amplios y organizados que viajan a través de México y explícitamente han manifestado su intención de penetrar en los Estados Unidos de forma ilegal o sin la documentación necesaria para solicitar el asilo, a pesar del hecho que, basándonos en nuestra experiencia previa, un número significativo de los mismos carecen de los requisitos necesarios para que les sea concedido.”
A raíz de ese párrafo a modo de justificación de la norma, se contiene una previsión muy concreta: una suspensión temporal de la entrada de inmigrantes a través de la frontera sur estadounidense. Conviene retener estos dos vocablos, suspensión y temporal. En concreto, la Sección primera de la proclama establece lo siguiente:
“Se suspende la entrada de cualquier extranjero a través de la frontera internacional entre los Estados Unidos y México, de conformidad con lo dispuesto en la sección segunda. Esta suspensión y limitación perderá su vigencia en 90 días a contar desde la fecha de la presente proclama o en la fecha en que un acuerdo permita a los Estados Unidos retornar los extranjeros a México de conformidad con las previsiones de la sección 208.a.2.A de la Ley de Nacionalidad e Inmigración.”
Según dispone la Sección Segunda letra a de la Proclama, la suspensión afecta únicamente a los extranjeros que penetren en territorio estadounidense con posterioridad a la promulgación de la norma.
En definitiva, se trata de una medida concreta, específica, destinada a dar solución a un problema específico y cuya vigencia se limita temporalmente, puesto que la propia norma establece su pérdida de vigencia cuando cese la situación que pretende afrontar.
Dicho en términos familiares al jurista español, el Presidente estaría actuando en base a una situación de “extraordinaria y urgente necesidad”. Los presupuestos objetivos de la misma (caravana de inmigrantes que pretenden entrar de forma ilegal en territorio estadounidense) es un hecho incontrovertido, en cuanto todas las cadenas de televisión se han encargado de airearlo a lo largo del orbe. Lo que pretende el mandatario norteamericano, en estricto cumplimiento de sus deberes constitucionales, es garantizar la seguridad de sus fronteras y hacer frente a dicha situación.
Cuestión distinta es si las medidas adoptadas en la proclama y en la resolución ministerial son ajustadas a Derecho o no, que es el objeto último del caso.
Segundo.- Solución judicial.
La resolución judicial se extiende durante treinta y siete páginas que, además, tienen una característica muy curiosa: en los márgenes izquierdos de las páginas las líneas están numeradas, lo cual, aunque visualmente chirríe, permite a efectos de cita una localización instantánea.
2.1.- Partes enfrentadas en el caso.
Las partes demandantes en este caso son varias organizaciones de servicios sociales, en concreto East Bay Sanctuary Covenant, Al Otro Lado, Innovation Law Lab y Central American Resource Centrer of Los Angeles. La resolución judicial, para evitar reiteraciones y repeticiones, se refiere a todas ellas como “organizaciones inmigrantes”.
Los demandados son el Presidente Donald Trump, el el Attorney General Matthew Whitaker (como titular del Departamento de Justicia), James McHenry (en su condición de Director de la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Inmigración), Kirstjen Nielsen (titular del Departamento de Seguridad Interior), Lee Cissna (Director del Servicio Estadounidense de Ciudadanía e Inmigración), Kevin McAleenan (Comisionado de Protección de Fronteras y Aduanas), y Ronald Vitiello (Director de Policía de Inmigración y Aduanas). Todos ellos, como indica el juez, son demandados “en virtud del cargo que ostentan”.
2.2.- Sobre el fondo del asunto.
No abordaremos en este post (porque nos obligaría a extendernos demasiado) el tema de la legitimación activa de los recurrentes, que fue objetada por los demandados. Nada menos que diez páginas (desde la duodécima línea de la séptima página a la sexta línea de la decimoséptima) dedica el juez a abordar el tema de la legitimación y a fundamentar los motivos por los que entiende que las organizaciones demandantes poseen claramente dicha legitimación
No es sino en la séptima línea de la decimoséptima página cuando se aborda ya de plano lo que es el núcleo o fondo de la litis.
Comienza el juez recordando que no se está resolviendo el fondo del asunto, sino adoptando una medida cautelar (temporary restraining order), para lo cual han de darse una serie de requisitos muy similares a los exigidos en nuestro propio ordenamiento en los artículos 129 y 130 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Júzguelo el propio lector con la lectura del siguiente párrafo:
“El juzgado aplica los familiares cuatro factores exigentes para adoptar una medida cautelar. El demandante que pretenda le sea otorgada debe acreditar que tiene base para obtener éxito en cuanto al fondo, que sufriría perjuicios de imposible reparación en caso de no adopción, que ponderados los intereses éstos se inclinan en su favor y que la medida cautelar se adopta en un interés público.”
2.2.1.- Primer requisito: tener base para el éxito de la acción.
Los demandantes no cuestionan la autoridad del Presidente para emitir la proclama, por lo que el fondo del asunto en nada afecta al fondo de la proclama ni a si la legislación autoriza al presidente a limitar mediante dicho instrumento normativo la entrada en territorio norteamericano (cuestión ya resuelta jurídicamente por el Tribunal Supremo) sino algo muy distinto: si la normativa legal permite al Attorney General con carácter general proscribir de forma categórica a personas como potenciales beneficiarios del derecho de asilo (decimoctava página, líneas séptima a novena).
En este sentido, la resolución judicial aborda in extenso la interpretación de la normativa legal y, aplicando los criterios interpretativos, considera que la misma puede exceder con creces de la autorización legal, por lo que considera cumplido el primer requisito para la adopción de la medida.
En este caso, es claro que cuando se trata de un asunto que afecta a una interpretación normativa, es suficientemente ambiguo como para que el demandante pueda, excepto en supuestos de inequívoco o claro significado de un texto, demostrar que tiene base para una posible estimación en cuanto al fondo.
2.2.2.- Perjuicios de imposible reparación.
El juez recuerda que el demandante ha de acreditar no que “puede sufrir”, sino que “sufrirá” perjuicios de imposible reparación en caso de no estimarse la medida (vigésimo novena página, líneas veinticuatro y veinticinco).
En este sentido, no deja ser muy curiosa la defensa de la Administración, en cuanto sostiene que el único derecho que se ve afectado por los demandantes es “un beneficio discrecional al que no tienen derecho” y que “no se les priva de la protección jurídica en caso de expulsión”. En otras palabras, la privación de la solicitud del derecho de asilo no es equiparable a la concesión del derecho de asilo, ni por tanto causa un perjuicio irreparable porque la concesión de la misma es discrecional y no sujeta a revisión judicial. En otras palabras, como la denegación del derecho de asilo no puede controlarse judicialmente y como en este punto el Attorney General goza de una amplia discrecionalidad, no existe perjuicio alguno. En definitiva, no hay daño porque no se puede privar de nada a quien nada tiene.
El juez refuta no obstante, dicho argumento. Tras recordar que el Congreso estableció que el derecho a instar la petición de asilo es evaluable pese a la discrecionalidad administrativa en la resolución, considera aún más importante que el simple impedimento procedimental implicaría que: “personas que son perseguidas sobre la base de su religión, raza o cualquier otra característica, y a quienes los Estados Unidos en otro caso habrían otorgado refugio, serían obligados a regresar al lugar de su persecución” (trigésima página, líneas 5 a 7).
2.2.3.- Ponderación de los intereses en conflicto.
El juez considera en este caso que la balanza se inclina en favor de la medida cautelar, en cuanto “los potenciales solicitantes de asilo se expondrían a sufrir numerosos daños a consecuencia de la demora en la presentación de la solicitud, incluyendo no sólo privaciones físicas como agresiones sino también la pérdida de potenciales y meritorias solicitudes de asilo” (página trigésimosegunda, líneas ocho a once).
2.2.4.- Concesión de la medida.
En base a las anteriores consideraciones, el juez adopta la medida cautelar de suspensión, si bien limita su vigencia hasta el día 19 de diciembre del presenta año 2018.
Tercero.- Conclusiones.
En esta, como en tantas otras ocasiones, los medios de comunicación han efectuado un lamentable análisis del problema, donde entremezclan la nefasta corrección política con fobias personales, y donde la objetividad brilla por su ausencia. Un análisis más riguroso debería incidir en las siguientes cuestiones:
3.1.- La obligación de todo Estado de mantener una vigilancia y cuidado de sus fronteras es un principio no sólo de seguridad elemental, sino de sentido común. Sería no sólo temerario, sino auténticamente suicida que un país o todo dirigente que sostenga que sus fronteras están abiertas, permitiendo indiscriminadamente la entrada a cualquiera que simplemente manifieste un deseo de entrar.
3.2.- Lo anterior tampoco excluye la concesión de asilo o refugio a personas que lo necesiten. Pero estas cuestiones, por lo delicado de las mismas, no deben regirse por criterios de corrección política o de electoralismo barato, sino que precisan un análisis caso por caso, y que debería ponderar, cuando menos, varias cuestiones como, por ejemplo, si la solicitud responde a una verdadera situación de necesidad o si no existen otras alternativas de localización.
3.3.- Ciñéndonos ya al supuesto concreto de la caravana de inmigrantes que pretendían cruzar la frontera estadounidense, la cuestión es mucho más compleja de lo que los nefastos medios de comunicación, poseídos de una auténtica fobia anti-Trump, pretenden hacer creer. Por ejemplo, se criticó de forma airada al mandatario norteamericano por mostrar una oposición absoluta a los inmigrantes, pero muy pocos se hacen eco de las fobias que esos mismos inmigrantes provocaron en la población mexicana, y que incluso llegaron a enfrentamientos abiertos. En definitiva, que se pretende que Estados Unidos acoja a un grueso de personas que los propios mexicanos (culturalmente mucho más afines) veían con hostilidad.
3.4.- El tratamiento que la resolución judicial que hemos glosado in extenso en esta entrada ha recibido en los medios ha sido hilarante. En una breve mención que cierto medio de comunicación ha efectuado, se ha dicho que un juez ha “anulado” (sic) la normativa adoptada por Trump para hacer frente a la oleada de inmigrantes que se le venía encima a los Estados Unidos. El lector de esta entrada podrá comprobar el “rigor” de dicha información teniendo en cuenta que:
3.4.1.- Como hemos visto, no se trata de una “anulación”, sino de una “medida cautelar” limitada, además, en el tiempo (como limitada en el tiempo era la propia proclama presidencial, algo que los medios también silenciaron).
3.4.2.- Ni los demandantes ni la resolución judicial cuestionaron en modo alguno la legalidad de la Proclama de Donald Trump prohibiendo la entrada de inmigrantes por la frontera sur. Eso es algo que de forma explícita dejan claro tanto las organizaciones judiciales como el juez.
3.4.3.- Lo único que suspende el juez es la norma aprobada de forma conjunta por los dos departamentos ejecutivos y en los que se prohibía con carácter general que aquéllos inmigrantes que penetrasen en territorio norteamericano por la frontera sur pudiesen incoar una petición de asilo. Petición que, como hemos visto, es de concesión discrecional del Attorney General y que por ley se encuentra excluida del control judicial.
EL CONTROL PARLAMENTARIO DEL GOBIERNO EN FUNCIONES.
La reciente Sentencia de 14 de noviembre de 2018 del Pleno del Tribunal Constitucional dictada en el seno de autos de conflicto entre órganos constitucionales del Estado 3102-2016, da respuesta jurídica a una cuestión suscitada hace poco más dos años cuando el Gobierno de la Nación rehusó someterse al control parlamentario argumentando de forma harto sorprendente que “no existe relación de confianza entre un Gobierno en funciones y el Congreso de los Diputados” (sic). Y el máximo intérprete de la Constitución lo hace en el seno de un procedimiento escasamente utilizado, pues en las más de tres décadas y media de vida del Tribunal Constitucional han sido tan sólo cinco las ocasiones en las que se ha acudido a dicha vía. Recordemos, a título meramente histórico-ilustrativo, que la primera ocasión en la que hubo de resolver un conflicto de tal calibre fue en la Sentencia 45/1986 de 17 de abril, donde ya el “legislador negativo” mostró su auténtica faz al echar balones fuera en el procedimiento interpuesto por el Consejo General del Poder Judicial frente al Congreso de los Diputados a cuenta del Proyecto de lo que acabaría convirtiéndose en la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Evocaciones jurídicas aparte, el Tribunal Constitucional vuelve a demostrar que su objetivo último parece limitado a disuadir tanto a ciudadanos como juristas de adentrarse en la lectura de sus resoluciones. Nos encontramos ante una sentencia farragosa, cansina, reiterativa, amazacotada y que hace preguntarse al lector si acaso los magistrados de dicho nefando organismo perciben algún plus o complemento por página emborronada.
Analicemos brevemente los antecedentes fácticos, la cuestión jurídica planteada y la solución que a la misma ofrece el todavía máximo intérprete de la Constitución.
Primero.- Antecedentes de hecho.
La Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados acuerda, a propuesta del Grupo Parlamentario Socialista, fijar el día 17 de marzo de 2016 para la comparecencia del Ministro del ramo a fin de informar sobre los asuntos tratados en la reunión de los Ministros de Defensa de la OTAN celebradas los días 16 y 17 de febrero de ese año.
El día 10 de marzo de 2016 el Gobierno, en funciones en aquéllos momentos, comunica la negativa del mismo a someterse al control parlamentario al sostener que precisamente al encontrarse en funciones “no existe relación de confianza entre un Gobierno en funciones y el Congreso de los Diputados.” Manteniendo dicho criterio, el titular del departamento de Defensa no comparece en la Comisión el día señalado al efecto.
El 23 de marzo de 2016 todos los grupos parlamentarios, a excepción del Partido Popular, presentaron al Congreso de los Diputados una propuesta de planteamiento de Conflicto de Competencias que, sometida a debate y votación el día 6 de abril de 2016, es aprobada por 218 votos a favor, 113 en contra y 4 abstenciones.
Como podrá observar el lector, los antecedentes fácticos pueden resumirse en diecisiete líneas subdivididas en tres párrafos, que ocupan poco más de media página. Pues bien, el Tribunal Constitucional se recrea nada menos que treinta páginas de las cincuenta y nueve que integran la sentencia en extenderse sobre los hechos y las pretensiones de las partes, lo cual explicita que los magistrados de dicho órgano en primer lugar, no saben resumir y, en segundo lugar, desconocen la separación entre hechos y derecho (pues las pretensiones de las partes no son, propiamente, hechos).
Pero es que, además de alargar innecesaria y agotadoramente los antecedentes de hecho recreándose en las pretensiones de las partes, en los fundamentos jurídicos vuelve a repetir en ocasiones lo ya expuesto en el apartado de los hechos.
Segundo.- Cuestión jurídica planteada.
La cuestión jurídica a resolver por el Tribunal Constitucional es bien sencilla y puede condensarse en un simple interrogante: si el Gobierno en funciones se encuentra sometido al control político por el Congreso de los Diputados resultante de unas nuevas elecciones. Para llegar a este momento han tenido que transcurrir nada menos que cuarenta y cinco páginas de las cincuenta y nueve de la sentencia.
Pero, a modo de aviso a navegantes, previamente el Tribunal Constitucional, al divagar sobre el poder y sus controles, introduce una perla, una auténtica boutade de proporciones monumentales que revela el alarmante desconocimiento que empieza a afectar a los integrantes del organismo. En el fundamento jurídico cuarto cita en su idioma original la expresión inglesa “checks and balances”, que traduce sorprendentemente como “pesos y contrapesos” (sic). Pues bien, el encargado de perpetrar esa felonía debiera haberse documentado lo suficiente como para saber que la traducción habitual de la expresión es la de “frenos y contrapesos” o, si desea efectuar una traducción más literal, “controles y equilibrios.”
Una nueva muestra del “rigor” jurídico de una institución cada vez más enfangada en el lodazal.
Tercero.- Fondo del asunto.
El Tribunal demora hasta la página 48 el planteamiento del el foco de conflicto entre los principios que sostienen las partes, lo que efectúa acertadamente en los siguientes términos:
“tras la celebración de las elecciones, la relación de confianza no se inicia hasta que el Congreso de los Diputados, conforme a lo dispuesto en el citado art. 99 CE, elige al Presidente del Gobierno. En consecuencia, resulta indubitado, y no lo niega la Letrada de las Cortes Generales en representación del Congreso de los Diputados, que la primera responsabilidad de dicha Cámara, tras cada renovación (art. 99 CE), es otorgar dicha confianza al Presidente de Gobierno.
Y es, precisamente, en la inexistencia de dicha relación de confianza, por no haberse investido al Presidente del Gobierno, en la que sustentó el entonces Gobierno en funciones su criterio, que ha dado lugar al presente conflicto entre órganos constitucionales del Estado, de que el Congreso de los Diputados no puede someter al Gobierno en funciones a iniciativas de control en la medida en la que no existe relación de confianza entre éste y dicha Cámara. Sin embargo, la identificación plena de función de control y relación de confianza entre Gobierno y Congreso de los Diputados, que sostiene el Gobierno, no se infiere de nuestra Constitución.”
Y lo cierto es que ya en la página cincuenta, el Tribunal Constitucional ofrece el argumento clave para destruir la tesis del Gobierno en funciones:
“…no se puede mantener una identificación sin matices entre relación de confianza y función de control, ya que la función de control corresponde también al Senado, Cámara con la que no existe relación de confianza con el Gobierno, en el sentido expuesto […] finalmente, no todos los instrumentos de control tienen como finalidad la ruptura de la relación de confianza, por lo que pueden, en principio, ejercerse aunque no exista esa relación. En efecto, resulta necesario diferenciar entre aquéllos instrumentos unidos a la relación fiduciaria que ha de existir entre el Gobierno y el Congreso de los Diputados (STC 83/2016, FJ 8) y que pueden determinar su ruptura, y los instrumentos que no determinan dicha ruptura.”
La sentencia prosigue, inasequible al desaliento e inspirada por culteranismos barrocos, enredándose otras ocho páginas que ya carecen de sentido, pues la solución ya se había expuesto: no cabe identificar stricto sensu control del Gobierno con confianza parlamentaria.
En efecto, ha de tenerse en cuenta que, según el artículo 101 de la Constitución, “el Gobierno cesante continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno.” Ese gobierno en funciones tiene limitadas sus facultades de acción al mero “despacho ordinario de los asuntos públicos”, tal y como establece el artículo 21.3 de la Ley 50/1997 de 27 de noviembre, del Gobierno, no estando facultado para adoptar otras medidas “salvo casos de urgencia debidamente acreditada.”
Es precisamente el juego de esos dos preceptos (artículo 101 de la Constitución y 21.3 de la Ley del Gobierno) junto con los artículos 109 y 110 de la Constitución los que permiten desvirtuar la tesis mantenida por el entonces gobierno en funciones. Ex artículo 109 de la Constitución, las Cámaras pueden recabar la información y ayuda que precisen del Gobierno y de sus Departamentos, sin limitación alguna; y ex artículo 110, las Cámaras y sus Comisiones pueden reclamar la presencia de los miembros del Gobierno, así como someterles a interpelaciones y preguntas (artículo 111). El uso del plural (“las Cámaras”) lo que explicita es que las facultades indicadas corresponden tanto al Congreso de los Diputados como al Senado. La relación de confianza o trust liga exclusivamente al Gobierno y al Congreso de los Diputados, no al Senado, que para nada interviene ni en la formación ni en el derribo del Gobierno.
Por tanto, no pueden considerarse sinónimos los principios de confianza parlamentaria y control político, pues aquélla únicamente liga al gobierno con una de las cámaras, mientras que éste comprende a las dos.
Cuarto.- A modo de conclusión.
Lo anteriormente expuesto, patentiza a las claras dos hechos:
4.1.- La catadura del anterior gabinete, que pese a estar presidido por un Registrador de la Propiedad y contar en su seno con dos Abogados del Estado y un Juez, parece desconocer los principios más elementales que se derivan de la propia Carta Magna, cuyos preceptos son de conocimiento obligado por cualquier opositor incluso a los niveles inferiores de la Administración.
4.2.- El empeño del Tribunal Constitucional en imitar al ilustre cordobés, figura clave del culteranismo español. Pero lo que en las Soledades o en la Fabula de Polifemo y Galatea sin duda alguna es una muestra de genialidad literaria y barroquismo extremo, en una resolución judicial en la segunda mitad del siglo XXI no representa otra cosa que un elemento disuasorio de la lectura, que no se descarta sea el objetivo último del máximo intérprete de la Constitución. Y quizá el Tribunal Constitucional debiera recordar que incluso alguien tan rebuscado como el propio Góngora sabía desprenderse de su alambicada técnica cuando pretendía llegar al público en general, y buena prueba de ello son sus romances y algunas de sus letrillas.
ALEJANDRO NIETO TEORIZA SOBRE LA “DEMOCRACIA CALLEJERA.”
Siempre es gratificante detenerse en las atinadas reflexiones de Alejandro Nieto, una de las voces más autorizadas no sólo en el ámbito del Derecho público, sino de la historia en general. En sus obras históricas siempre ha intentado bien arrojar luz sobre episodios no suficientemente conocidos de nuestro pasado, caso, por ejemplo de Los sucesos de palacio (que fue precisamente su discurso de ingreso en la Academia de Ciencias Morales y Políticas), donde ilustraba sobre los acontecimientos que precipitaron la defenestración de Salustiano Olózaga; o bien iluminaron ciertas etapas históricas que ya fueron objeto de análisis previo, pero que el profesor Nieto opta por acercarse a ellas bajo un nuevo enfoque, como ocurrió con sus dos extensos estudios sobre la Regencia de María Cristina y el gobierno Mendizábal. Como jurista, sus aproximaciones al mundo del derecho tienen la original impronta de no prescindir de un elemento absolutamente indispensable del cual, sin embargo, los restantes autores prescinden: el mundo real. Y es que, en efecto, los manuales y estudios dogmáticos de la disciplina iuspublicista si alguna característica poseen es la de estar elaborados al margen de la realidad, desde las privilegiadas y apacibles atalayas que ofrecen cátedras o despachos situados de espaldas a los eventos diarios que acontecen en la rúa que, de incluirse, se desechan como meras anécdotas o disfunciones puntuales del sistema, aun cuando tales “disfunciones” sean en la práctica mucho más frecuentes de lo que se expone.
Por lo anterior es muy recomendable echar un vistazo a las disertaciones que, de cuando en cuando, Alejandro Nieto ofrece en los plenos que tienen lugar los martes en el seno de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, donde expone de forma rigurosa y didáctica no reñida con la amenidad sus reflexiones sobre temas de notoria y notable actualidad; disertaciones que ulteriormente la propia Real Academia hace públicas en forma escrita. La última de esas intervenciones tuvo lugar el pasado día treinta de octubre, y en la misma don Alejandro diserta sobre lo que ha dado en calificar como Democracia callejera, que es precisamente la intitulación de su discurso, y al que el lector interesado puede acceder íntegramente a través del siguiente enlace.
El origen de esa “democracia callejera” se encuentra precisamente en la crisis de la democracia representativa a causa de la degeneración de ésta, crisis debida a dos hechos interrelacionados. El primero, el reducido margen de maniobra que tiene el ciudadano, a quien se relega única y exclusivamente a emitir una papeleta en la urna cada cuatro años; el segundo, la quiebra del principio de confianza entre representantes y representados. Nieto resume esa quiebra o declive de la democracia representativa en estos términos:
El punto débil de este régimen se encuentra, por tanto y en lo que aquí interesa, en la posibilidad de distanciamiento entre el pueblo y sus mandatarios. Cuando los gobernantes no responden a la confianza de sus mandantes, incumplen sus promesas electorales, son ineficaces o se entregan a la corrupción, nada pueden hacer los ciudadanos mientras no expire el plazo del mandato. La política está exclusivamente en manos de los políticos: los ciudadanos son meros observadores que sólo disfrutan de su soberanía en los episodios electorales previamente señalados. Pueden “criticar” a los políticos pero nada pueden “hacer” contra ellos hasta las siguientes elecciones. Su equivocación electoral no tiene arreglo salvo que intervenga una fuerza externa y “salve al país” con un golpe de Estado.
Es entonces cuando surge la denominada “democracia callejera”, que no es otra cosa que la expresión de descontento de las masas efectuada no en las urnas, sino mediante la toma de las calles en forma más o menos pacífica. El alcance de la misma no es similar en todos los casos, pues como bien se indica en el estudio hay quienes acuden a la misma entendiéndola como un “sistema político alternativo a la democracia representativa” mientras que otros la conciben como “contrapoder que equilibra los poderes constitucionales oficiales.”
Es de destacar que, pese a tener una edad provecta, el profesor Nieto no ha permanecido anclado en sistemas o conceptos arcaicos, sino que hace gala de una interpretación jurídica y política muy apegada a la realidad. Ello lo demuestra, por ejemplo, al referirse al término “violencia”, dado que una de las características que se predica de la democracia callejera es, precisamente, la no violencia. Ahora bien, ha de desecharse el concepto tradicional del vocablo (entendido como “uso de armas de fuego”). Vuelve a ser indispensable citar al maestro en otro de sus lucidísimos párrafos que revela la superación del significado tradicional de “violencia” al que, sin embargo y de forma harto paradójica, los políticos profesionales siguen agarrándose:
La democracia callejera se proclama no violentos y los manifestantes efectivamente no van armados. Ahora bien ¿Qué es violencia? Una pregunta que no tiene respuesta segura. Instintivamente se equipara al uso de armas de fuego. Criterio que no por extendido puede sostenerse. Cada día se informa de encuentros entre policías y manifestantes “pacíficos” que se cierran con un balance de docenas de heridos –eso sí: ninguno de bala- de los dos bandos, vehículos y contenedores incendiados, escaparates rotos, carreteras y vías férreas bloqueadas –pero sin empleo de explosivos. Y se declara que no hay violencia. El criterio identificador del uso de armas de fuego es, con todo, insostenible.
Otra de las características de la democracia callejera es su concepción como espectáculo. En efecto, de todos es sabido que uno de los objetivos principales (si no el único) de las manifestaciones y bullangas callejeras es precisamente llamar la atención, lo cual es sumamente fácil en el mundo actual, gracias a la interconexión e inmediación que ofrecen las redes sociales, que permiten extender las noticias en tiempo real y, en ocasiones, lograr resultados objetivos a los cuales no se llegaría por los canales ordinarios u oficiales. Tampoco me resisto a transcribir otro breve párrafo en el que se pone en solfa la pretendida “espontaneidad” de este tipo de manifestaciones:
A la espontaneidad ha seguido la organización y a la organización la instrumentalización. En la democracia deambulante se vota con los pies; pero encajados en el desfile vamos a donde nos lleve el que va delante, como las orugas procesionarias, admirable modelo de disciplina y eficacia.
Jamás una asonada estuvo organizada de forma espontánea, sino que en cualquier tipo de manifestación, algarada, bullanga, motin, conflicto, determinadas personas (en la gran mayoría de los casos, ocultas bajo siete velos pues su intención es precisamente mantenerse en la sombra) son quienes promueven las mismas siendo la masa ciudadana quien lleva a cabo lo que un tercero ha ideado por ella. Es lógico que en un país donde el mito o leyenda de Fuenteovejuna ha calado hasta los huesos de la cultura nacional se idealice el poder de la reacción “espontanea”, pero cualquiera que se haya asomado a tal episodio utilizando fuentes históricas y no la célebre comedia lopesca (brillantísima desde el punto de vista literario pero lamentable desde el punto de vista histórico) sabrá que fue una persona muy concreta quien se encontraba detrás del movimiento; como tampoco fueron, precisamente, motines espontáneos el de Esquilache o el de Aranjuez, y ni tan siquiera el del dos de mayo. Siempre hay una mano interesada detrás. Nieto muestra pruebas evidentes de esta ausencia de espontaneidad al analizar precisamente las manifestaciones populares que tuvieron lugar a raíz de la célebre sentencia de “la manada”. En efecto, a los pocos minutos de hacerse pública la resolución, las calles se inundaron de voces protestando por una sentencia “injusta”……sentencia que contaba con doscientas páginas que era materialmente imposible que ninguno de los manifestantes se hubiese leído, por lo que, como acertadamente concluye Nieto, debido a la rapidez y simultaneidad con que se efectuaron: “hace sospechar que ya estaba todo preparado y sólo se esperaba la señal”; de la misma forma que el 17 de marzo de 1808 tan sólo se esperaba la señal del conde de Montijo (convenientemente disfrazado de “tío Pedro”) para que con una bien preparada y organizada “espontaneidad” diese inicio el estallido popular contra Godoy.
No puede negarse que, históricamente, el pueblo español ha hecho gala de un carácter anárquico y una querencia especial por explicitar una resistencia a las imposiciones desde arriba. Se de la circunstancia que, precisamente estos días, me encontraba leyendo la antología de artículos de Julio Camba, publicada con el significativo título de Sus mejores páginas. En uno de los trabajos periodísticos recopilados, titulado El pueblo alemán, Camba, con su ironía habitual, efectuaba un contraste entre la situación francesa, alemana y española en los siguientes términos:
En Francia hay una autoridad y un pueblo: la influencia del pueblo francés se nota en las costumbres, en el lenguaje, en todo. En España hay pueblo, pero no hay autoridad. En Alemania hay autoridad, pero no hay pueblo […] El ideal del pueblo alemán, como he dicho antes, no consiste en gobernarse, que es en lo que consiste el ideal de todos los pueblos, sino en que lo gobiernen. Así como al español le irritan esos letreros que le prohíben subir al tranvía por una plataforma, obligándole a hacerlo por la otra, para poner un solo ejemplo, al alemán esos letreros le encantan. El quiere que lo gobiernen lo más posible, así como nosotros queremos que nos gobiernen lo menos posible.
En realidad, el carácter español lo había resumido de forma muy certera años atrás el diplomático y escritor Ángel Ganivet con una frase que resumía la aspiración que anidaba en el pecho de todo habitante de la península ibérica: “Que todos llevasen en el bolsillo una carta foral con un solo artículo, redactado en estos términos breves, claros y contundente: ‘Este español está autorizado para hacer lo que le dé la gana’
UNA DE LAS MUJERES QUE ACUSÓ A KAVANAUGH DE VIOLACIÓN RECONOCE HABERSE INVENTADO LOS HECHOS.
Esta es una noticia que no habrán visto ustedes en medios de comunicación españoles, que han mantenido un elocuente y ominoso silencio sobre el particular. El lamentable corresponsal español que ni es en absoluto un ángel ni llega a la categoría de abad, personaje que en su día llegó a hablar de “hechos acreditados” no ha entonado el mea culpa o intentado ni tan siquiera un intento de rectificación al borbónico modo de: “lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a ocurrir.” No, silencio total, como si la noticia no existiese….el problema es que no por ocultar un hecho éste desaparece de la nada.
Recordarán que una vez finalizada la comparecencia del juez Brett Kavanaugh en el Senado, apareció de la nada una mujer acusándole de haberle agredido sexualmente treinta años atrás. Cualquiera que hubiese visto su declaración se habría percatado que la misma incurría en contradicciones, incoherencias y datos no consistentes, amén que los documentos obrantes en el expediente de confirmación de Kavanaugh (entre ellas declaraciones de mujeres compañeras de estudios del juez y de propios testigos citados por la mujer acusadora) refutaban la denuncia. A esa acusación inicial se sumaron otras tres. ¿Recuerdan aquéllas manifestaciones al grito de “hermana, yo sí te creo”, “me too” y peticiones de retirada de la nominación de Kavanaugh? Sin duda, porque la prensa española se hizo abundante eco de las mismas con el escaso rigor que es habitual en ella al hablar de noticias que se producen allende los mares.
Pues bien, hace apenas diez días saltó a la luz pública que una de las mujeres que acusó a Kavanaugh reconoció que se había inventado la denuncia, y que ni tan siquiera había tenido ni un solo encuentro personal con el juez. La única razón por la que remitió la denuncia al Senado fue porque “estaba enojada” con la nominación de Kavanaugh y buscaba que con ello dilatar e incluso frustrar el acceso de éste al Tribunal Supremo. Sin el más mínimo rubor, sin la más mínima vergüenza, la denunciante espeta un: “I was angry and I sent it”, y que de hecho ni tan siquiera conocía a Kavanaugh. ¿Y de donde sacó los datos de la denuncia, se preguntará el lector? Pues del relato de una violación auténtica sufrida por una mujer y que había sido publicada en varios medios; simplemente cambió los datos y envió la noticia falsa al Senado. Ahora bien, al hacerlo, esa mujer ha reconocido públicamente haber cometido un delito, porque, como muy bien ha manifestado uno de los senadores: “El Comité agradece a los ciudadanos que le trasladan de buena fe información relevante, incluso aunque no estén cien por cien seguros de lo que saben. Pero cuando individuos engañan de forma intencionada al Comité, desvían recursos de éste durante las investigaciones y obstruyen materialmente sus trabajos. Tales actos no sólo son injustos, sino potencialmente ilegales.”
Ante ello, cabe hacerse dos preguntas:
Primera.- ¿Qué calificativo merece una persona que se inventa uno de los delitos más repugnantes simplemente porque no le gusta que una persona (cuya capacitación profesional, además, no solo nadie cuestionó, sino que fue elogiada de forma unánime) acceda a determinado cargo?
Segunda.- ¿En qué posición quedan aquéllos que jalearon la denuncia y dieron como hechos denunciados como plenamente acreditados antes de que se efectuase una mínima comprobación? ¿Deben ser considerados cómplices en el delito cometido?
GROUCHOMARXISMO Y REAL DECRETO LEY 18/2018 DE 8 DE NOVIEMBRE, DE REFORMA DE LA LEY DE CARRETERAS
En el año 1933 se estrenó el film Duck soup (Sopa de Ganso), última ocasión en que los cuatro hermanos Marx actuarían juntos en la gran pantalla, dado que el cuarto de ellos, Zeppo, abandonaría el clan que forzosamente se vería reducido a un trío. En dicha película un curiosísimo personaje, Rufus T. Firefly (impagable, como siempre, Groucho Marx) era elevado a la presidencia de un país, Freedonia (Libertonia), no debido al veredicto de las urnas, sino como fruto de una decisión de la acaudalada Gloria Teasdale (Margaret Dumont) quien a cambio de ello accedería a abonar parte de la elevadísima deuda nacional del país. Firefly compareció ante la élite financiera, económica y política de la nación, y optó no sólo por exponer su programa de gobierno, sino a la vez desgranar la situación del país y contrastar el pasado con su futura Administración de una forma peculiar: cantando. A la hora de referirse a la política económica y fiscal, el nuevo presidente manifestaba: “The last man nearly ruined this place, he didn´t know what to do with it. If you think this country´s bad off now, just wait till I get through with it. The country´s taxes must be fixed, and I know what to do with it. If you think you are paying too much now, just wait till I get through with it!” (El último gobernante casi arruina este lugar, no sabía qué hacer con él. Si piensan que este país se encuentra actualmente en mala situación, esperen que me ponga con él. Deben fijarse los impuestos nacionales y se cómo hacerlo. Si piensan que ahora están pagando demasiado, esperen a que me ponga con ello). Rufus T. Firefly enunciaba con ello uno de los principios generales de la ideología marxista en su vertiente grouchista: si piensan que la situación es mala, conmigo les irá peor; a lo que cabría añadir el otro célebre aserto grouchomarxista: “Those are my principles, and if you don´t like them…well, I have others” (Esos son mis principios, y si no les gustan…bien, tengo otros). Por muy discutibles que sean los asertos, cuando menos parten de una sinceridad extrema en su crudeza.
Viene lo anterior a raíz del Real Decreto Ley 18/2018 de 8 de noviembre, sobre medidas urgentes en materia de carreteras, que ayer día 9 de noviembre de 2018 publicó el Boletín Oficial del Estado y que, según la Disposición final única, entrará en vigor al día siguiente de su publicación oficial, es decir, que su vigencia ha comenzado hoy sábado día 10 de noviembre. Llama poderosamente la atención que una persona que hizo de la crítica al abuso que el anterior gabinete hizo de la figura del Real Decreto Ley asuma como natural el comportamiento de su predecesor y le imite a la hora de legislar a través de dicho instrumento aunque, según la doctrina explicitada por la actual vicepresidenta, como la citada crítica se hizo en un periodo en que el actual presidente no ostentaba tal condición, no puede decirse que éste criticara nunca como tal el uso de dicha fuente normativa.
No hace falta poseer una agudeza extrema o una inteligencia notable para comprobar que el Real Decreto Ley 8/2018 tiene un objetivo clara e indubitadamente recaudatorio que, además, la norma no se recata en disimular en la propia Exposición de Motivos. Veámoslo.
Primero.- La primera de las reformas que el Real Decreto Ley introduce: “permite que, por razones de seguridad vial o medioambientales, se imponga en determinadas carreteras el desvío obligatorio de los vehículos pesados hacia autopistas de peaje […] La circunstancia de que el desvío del tráfico sea obligatorio atribuye este mismo carácter al pago del peaje, lo que justifica el empleo de una norma como la propuesta para mejorar la cobertura legal que ampara esta medida.”
En este caso, de lo que se trata es de beneficiar a las empresas concesionarias de las autopistas de peaje mediante el desvío obligatorio de determinados vehículos a través de ellas. Bien es cierto que en la articulación concreta se dispone que el peaje aplicable “podrá” bonificarse, pero dado que esa bonificación es meramente facultativa y no imperativa, no es muy arriesgado aventurar que o bien no se aprobará ninguna bonificación o bien ésta será de cuantía ridícula.
Si unimos a la vaguedad de los términos utilizados (“razones de seguridad vial”, “razones medioambientales”) la amable y generosa comprensión que los órganos jurisdiccionales suelen hacer gala en todo cuanto tiene que ver con materia recaudatoria, todo apunta a un uso frecuente de este precepto. Así, por ejemplo, se podrían “desviar” vehículos hacia autopistas cuyos concesionarios atraviesan dificultades; basta con que la carretera nacional o autovía pasen cerca de un lugar donde existan especies arbóreas o florales determinadas para que surja la “razón medioambiental”; consecuencia, desvío al canto y a echar mano al bolsillo.
Segundo.- Lo que el Señor te da, el Señor te quita. Y, por tanto, si con una mano el Gobierno muestra generosamente la zanahoria a los concesionarios de las autopistas incrementando su recaudación con el desvío obligatorio de los vehículos pesados a través de sus vías, con otra saca el palo de la finalidad recaudatoria: “También se modifica la Ley de carreteras para tipificar como infracción muy grave la eventual negligencia de los concesionarios de carreteras cuando esta ocasiona un perjuicio significativo a los usuarios y, además, concurren circunstancias para las que la actual tipificación como infracción grave resulta insuficiente.”
En definitiva, “salto” de la infracción de grave a muy grave que no es irrelevante a efectos económicos, pues si para las primeras el artículo 43.1.b) de la Ley 37/2015 de 29 de septiembre, de Carreteras, prevé multa de 3.001 a 15.000 euros, para las segundas la horquilla oscila entre 15.001 a 300.000. Ya se encargará papá Administración de buscar la manera de inclinarla hacia la cuantía máxima. Que luego esa cantidad se utilice para la conservación y cuidado de las vías públicas, eso ya es otro cantar.
Tercero.- Si las anteriores medidas abordan la recaudación de forma indirecta (mediante sanciones administrativas), la tercera se enfrenta a la recaudación de forma clara, explícita y descarnada.
En este punto, conviene indicar que el anterior gobierno ya incluyó en la nueva regulación de las carreteras un precepto que se apartaba claramente de su predecesora. En efecto, el artículo 16.1 de la Ley 25/1988 de 29 de julio, de Carreteras, estipulaba que: “El Estado, como regla general, explotará directamente las carreteras a su cargo, siendo la utilización gratuita para el usuario, o, excepcionalmente, mediante el pago de peaje, cuyas tarifas aprobará el Gobierno”; en otras palabras, que el abono de peaje en las carreteras gestionadas directamente por el Estado se calificaba legalmente como “excepcional”, precepto éste que debe entenderse, según la acepción que al vocablo otorga el Diccionario de la Real Academia Española: “Que constituye excepción de la regla común” así como “que se aparta de lo ordinario o que ocurre rara vez.” Sin embargo, el actual artículo 22 de la Ley 37/2015 suprime tal adverbio, de forma que en la normativa vigente: “La utilización de la carretera por el usuario será gratuita o podrá conllevar el pago de peajes o tasas, cuyas tarifas aprobará el gobierno.” En definitiva, que donde antes el abono de peaje era la excepción, en la actualidad es una simple facultad discrecional del ejecutivo de turno optar por la gratuidad o no en el uso de las vías públicas.
En este sentido, el Real Decreto Ley establece que en el caso de reversión al Estado de autopistas de peaje, éste pueda continuar percibiendo el oportuno montante económico, así como incidir en el cobro de otros diezmos en la explotación de otras. En definitiva, otro ataque o atraco al bolsillo del sufrido ciudadano.
Cuarto.- A la vista de lo anterior, se plantean tanto al ciudadano corriente como al jurista varias dudas:
4.1.- ¿Son las anteriores medidas suficientes como para entender que constituyen un supuesto de “extraordinaria y urgente necesidad”, presupuesto habilitante para la adopción de un Real Decreto ley? Lo cierto es que en el caso del Real Decreto Ley 18/2018 éste se encuentra ayuno de motivación al respecto, pues se limita a decir en el primer párrafo que, al introducir las reformas, éstas se justifican “por razones de extraordinaria y urgente necesidad” y, tras enumerar las medidas que se incorporan al articulado de la Ley de Carreteras, únicamente avala su actuación con el siguiente párrafo: “Por tanto, en el conjunto y en cada una de las medidas que se adoptan, concurren, por su naturaleza y finalidad, las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad que exige el artículo 86 de la Constitución Española como presupuestos habilitantes para la aprobación de un real decreto-ley”; lo cual es no decir nada.
4.2.- Produce auténtica hilaridad ver cómo el ejecutivo ha pretendido justificar, a través de las terminales mediáticas directas o indirectas, la medida: se trata de que los usuarios de las vías públicas, como personas que hacen un uso ordinario de las mismas, contribuyan mediante prestaciones económicas a su reparación y mantenimiento.
Este razonamiento es hipócrita y falaz, pero aceptémoslo a efectos puramente dialécticos. Ello nos llevaría a la siguiente consecuencia lógica:
4.2.1.- Su Majestad el Rey y los miembros de la familia que residan habitualmente en el Palacio de la Zarzuela deberían abonar una tasa diaria o mensual para contribuir a los gastos de mantenimiento y reparación de dicho inmueble, dado que son los usuarios habituales del mismo.
4.2.2.- El Presidente del Gobierno debería abonar igualmente una tasa mensual o diaria para contribuir a los gastos de mantenimiento y reparación del Palacio de la Moncloa, dado que reside habitualmente en el mismo.
4.2.3.- Diputados y Senadores habrían de ser gravados con una tasa cuyo importe se destinase a contribuir a los gastos de mantenimiento de los inmuebles que albergan el Congreso y el Senado. En este caso no sólo no se les grava tasa alguna, sino que incluso se les bonifica el importe de las comidas en los restaurantes de las Cámaras, para que Sus Señorías puedan yantar de forma cómoda y económica.
Podríamos alargar bastante más la lista, pero con esos tres ejemplos creo que son suficientes para demostrar que el razonamiento vertido para justificar la reforma no es otra cosa que una filfa.
En fin, que para finalizar la entrada de la misma forma que se inició, cerraremos el círculo volviendo a otro de los principios grouchomarxistas que Rufus T. Firefly expuso como uno de los ejes del programa de gobierno con el que pretendía regir Freedonia, principio éste que los gobernantes españoles, a diestra y siniestra, han asumido gozosamente. Y es que, como bien dijo Firefly: “I will not stand for anything that´s crooked or unfair. I´m strictly on the up-and-up, so everyone beware. If anyone´s caught taking graft…and I don´t get my share, we stand him up against the Wall and…pops goes the weasel” (No toleraré nada deshonesto o injusto. Estaré muy vigilante, así que cuidado todo el mundo. Si se descubre a alguien cogiendo sobornos…..y no obtengo mi parte, lo situaremos en el paredón y…allí va la comadreja.
EL TRIBUNAL SUPREMO DE LOS ESTADOS UNIDOS DEMUESTRA SU RESPETO A LOS ABOGADOS…..POR LA VÍA DE LOS HECHOS Y NO CON SOLO BUENAS PALABRAS: LES CONSULTA EN LA REFORMA DE LAS NORMAS DE ACTUACIÓN.
El Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha dado una nueva muestra del respeto que otorga a la comunidad letrada, y lo ha ofrecido no mediante palabras huecas o con retórica vacía, sino por la vía de los hechos. Porque lo importante no es efectuar una manifestación, que en muchos casos ni tan siquiera muestra la verdadera intención de quien la realiza, sino que lo decisivo es la actitud que se exterioriza por la vía de los hechos. Porque, como decía la letra del tema con que el grupo musical La pequeña compañía concurrió al festival de la OTI a principios de los años ochenta del siglo XX: “decir te quiero es muy fácil; quererte no.”
Viene lo anterior a que el pasado día 1 de noviembre de 2018 el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha hecho pública su intención de modificar las rules o normas que rigen los procedimientos que tienen lugar en su seno; y ello porque, recordemos, en Norteamérica son los propios órganos judiciales quienes aprueban los criterios que han de regir las actuaciones procesales. Lo decisivo es que al exponer la propuesta de reforma, abre un plazo para que los letrados puedan efectuar alegaciones a las mismas. Nada más y nada menos. Pero es que, además, si uno observa desde el punto de vista ya no de forma, sino de fondo, las propuestas de modificación, no puede por menos de sentir cierta envidia. Veámoslo:
Primero.- En la nota informativa con la que el Alto Tribunal hace pública su intención de acometer la modificación de las rules, no sólo explicita la apertura de un plazo de alegaciones a las mismas (plazo que finaliza el 30 de noviembre de 2018, es decir, un mes) sino que enumera a grandes rasgos las cuatro líneas maestras de la reforma.
Segundo.- Entrando ya de lleno en el documento que contiene las modificaciones, podremos observar que no sólo se detallan las mismas, sino que vienen acompañadas por una glosa o comentario del Clerk (cargo cuya traducción literal sería la de “Secretario”, pero opto por no lo hacer para no llevar a confusión y que sea identificado con los hasta hace poco denominados “Secretarios Judiciales”) donde se explican las razones y motivos de la reforma así como el objetivo que se persigue con ella. Pero es que, además, las modificaciones en el texto vienen destacadas, de manera que se pueda confrontar la regulación anterior con la que se pretende aprobar.
Tercero.- De las cuatro reformas propuestas, personalmente considero que dos de ellas son un avance, una un retroceso y la tercera en principio no tendría que ser ni uno ni otro. Me explico.
3.1.- La primera de las modificaciones exige a las partes que identifiquen todos aquellos procesos que estén directamente relacionados con el caso que se somete al Tribunal Supremo; destaco el adverbio “directamente” por cuanto la relación entre los casos ha de ser directa e inmediata, no meramente tangencial. El texto de la norma en cuestión lo explicita, de ahí que sea procedente transcribir lo que se exige a las partes incluir en sus escritos:
“Un listado de todos los procesos existentes en tribunales de instancia estatales y federales y Tribunales de Apelación, incluyendo procesos en este Tribunal, que estén directamente relacionados con el caso. Por cada proceso, el listado deberá incluir el tribunal en cuestión, el número de agenda e identificación del procedimiento y la fecha de entrada en juicio. A los efectos de esta norma, un procedimiento está directamente relacionado si surge del mismo caso en instancia que el de este Tribunal (incluyendo los procesos directamente revisados en este caso) o si se impugna la misma condena o sentencia que se impugna en este Tribunal, ya sea en apelación directa o a través de procedimientos colaterales en la jurisdicción estatal o federal.”
Ha de señalarse que esta obligación no es exclusiva de la parte recurrente, sino de la recurrida, a quien se exige la identificación de todos aquellos casos directamente relacionados que no hayan sido incluidos en el escrito de interposición del recurso.
Según la glosa que al comentario efectúa el clerk, la modificación no es ociosa, sino que ello: “ayudaría a evaluar si uno de los jueces se ha visto involucrado en el caso con anterioridad a su incorporación al Tribunal, a los efectos de la recusación.”
3.2.- La segunda propuesta impone que un escrito de réplica que se presente en un caso que ya tenga señalada la vista oral, ha de presentarse en el Tribunal como máximo a las dos de la tarde del décimo día anterior al día de la vista. El objetivo es, según el comentario, ofrecer: “tiempo al Tribunal para revisar dichos escritos.”
3.3.- La tercera modificación es, a mi entender, un retroceso, por cuanto tiene por objeto: “explicitar que el formato papel es el ordinario en este Tribunal”. Es cierto, y conviene dejarlo bien claro para que no de lugar a equívocos, que es posible presentar escritos por vía telemática, y de hecho en la página web del Tribunal Supremo existe una pestaña intitulada “electronic filing” destinada a tal efecto. Pero con todo, lo “oficial” continuará siendo el papel.
3.4.- La última modificación no tiene otro objeto que reducir la extensión máxima de los escritos, que pasan de los 15.000 caracteres a los 13.000. Esta minoración se justifica sobre la base que: “La experiencia demuestra que los litigantes ante este Tribunal son capaces de presentar sus argumentos de forma efectiva, y sin repeticiones indebidas, con topes ligeramente inferiores a los que existen bajo la normativa en vigor.”
Insisto, lo relevante, con todo, no es la propuesta de reforma, el contenido material de la misma o la fundamentación que se ofrezca, sino la circunstancia que el Tribunal Supremo abra un periodo de información pública para que los letrados puedan efectuar alegaciones a la misma. Hagamos un ejercicio de ciencia-ficción-jurídica. Imaginemos que el la Sala Tercera del Tribunal Supremo del Reino de España se plantee modificar el Acuerdo de 20 de abril de 2016 sobre extensión máxima y otras condiciones extrínsecas de los escritos procesales referidos al recurso de casación ante dicha Sala. Pues bien, de hacerlo, ¿Cree el ingenuo abogado patrio que dicho órgano abrirá un periodo de información pública para recabar la opinión de la abogacía? Para quien crea que la respuesta es positiva, mi más profundo respeto aunque les opondría aquél dicho que la Biblia atribuye a Cristo: “¡Qué grande es tu fe!”
Nuestros Tribunales, a diferencia de lo que ocurre allende los mares, se limitan a incluir en sus resoluciones, muy de cuando en cuando, alguna frase acerca de la importancia de la abogacía, calificando a los abogados como una “pieza imprescindible” de la Administración de Justicia. Pero lo cierto es que ello no suele ser más que retorica vacía que disfraza la escasa consideración que el colectivo merece al resto de empleados públicos vinculados a la Administración de Justicia. E ilustro esta afirmación ejemplos muy concretos. En el verano del año 2009, un magistrado de cierta Sala de lo Contencioso-Administrativo de Tribunal Superior de Justicia (magistrado que, por cierto, ya ha accedido merecidamente a los beneficios de la jubilación), al referirse a una huelga de jueces que había tenido lugar, afirmó sin el más mínimo rubor delante de más de ciento cincuenta letrados provenientes de diversas partes del territorio nacional lo siguiente: “Los jueces no tenemos derecho a la huelga. Se que no tengo ese derecho, pero fui”; afirmación que fue secundada con gestos de aprobación por tres colegas suyos presentes en el acto, cuando lo cierto es que de efectuarse dicho aserto en Estados Unidos, ello hubiera supuesto la apertura inmediata de un proceso de impeachment y una fulminante destitución. Ese mismo año, y en medio de una huelga de funcionarios tramitadores que se prolongaba ya mes y medio (durante el cual la Administración de Justicia estuvo paralizada en todos los órdenes jurisdiccionales), en el acto de toma de posesión de la Fiscal de Área de cierta villa marinera, ésta, en presencia del Fiscal Jefe de la Comunidad, animó literalmente a los funcionarios a seguir con sus reivindicaciones, que calificó de forma expresa de “justas”. Pues bien, ese mismo año los letrados de esa misma villa marinera decidieron suspender de forma temporal el servicio de asistencia gratuita para solicitar una dignificación de las retribuciones del servicio, algo que únicamente afectaba a la toma de declaraciones en los Juzgados de Instrucción. Al entonces Fiscal Jefe de la Comunidad (insistimos, presente en el acto donde su subordinada animó a los funcionarios a seguir con la huelga) le faltó tiempo para impugnar tal decisión algo que, por cierto, efectuó ante un órgano incompetente (lo que es altamente significativo, dado que el Ministerio Fiscal es un órgano cuya opinión es preceptiva cuando se alega incompetencia objetiva o territorial). El comportamiento hacia los letrados del juez de lo contencioso de esa villa marinera, en dicho asunto fue literalmente mezquina, y no apeo el calificativo; pues desde adoptar la medida cautelar y ordenar a la funcionaria notificarla “el mismo día de forma urgente” dado que era un viernes de diciembre víspera de puente largo (nada le hubiera costado dilatar la medida hasta el miércoles, y hubiera servido de ayuda) hasta notificar la sentencia en agosto, justo el día en que el magistrado en cuestión iniciaba sus vacaciones. No crean que en vía de recurso la cosa fue mejor, aunque confieso que en este caso el asunto tuvo un elemento tragicómico adicional: ¿adivinan ustedes quién era uno de los magistrados de la Sala que propinó un severo palo a los abogados? Aciertan, queridos niños: el mismo que meses antes había manifestado en público ante esos mismos abogados que iría a la huelga aunque sabía perfectamente que carecía de tal derecho.
Y es que, como decíamos al inicio de la entrada: “decir te quiero es muy fácil; quererte no.” O, por utilizar el conocidísimo refrán: “obras son amores, y no buenas razones.” Y es que, guste o no, desgraciadamente en nuestro país, los letrados hemos de contentarnos con el “decir te quiero es muy fácil”, o, lo que es lo mismo, con “buenas razones”, pero sin “obras” y sin “querer”.
UN JUEZ DEL TRIBUNAL SUPREMO DE ALABAMA PIDE AL TRIBUNAL SUPREMO DE LOS ESTADOS UNIDOS DEROGAR LA DOCTRINA ROE.
Es harto frecuente que al Tribunal Supremo de los Estados Unidos lleguen asuntos a través de los cuales de forma implícita se le pide reconsidere determinada línea jurisprudencial o, simplemente, que deje sin efecto un determinado leading case. Lo que ya no es tan frecuente es que tal solicitud venga de un juez del Tribunal Supremo de uno de los estados miembros, que tal requerimiento se efectúe de forma expresa en el voto particular concurrente de una sentencia y que, además, la doctrina que se pide rectificar afecte a un asunto muy polémico y que divide a la sociedad.
Pues eso es lo que ha ocurrido el pasado día 19 de octubre de 2018, cuando el Tribunal Supremo del estado de Alabama hizo pública su sentencia Jessie Livell Phillips v. State of Alabama, donde explícitamente dicho órgano judicial se dirige al Tribunal Supremo de los Estados Unidos para que reconsidere e incluso deje sin efecto la doctrina del caso Roe v. Wade que, recordemos, es el caso de 1972 que consideraba contrario al texto constitucional la tipificación como delito de la práctica de abortos. Lo curioso es que lo efectúa a la hora de resolver un supuesto que no afectaba a la práctica de abortos, sino a un asunto de lo que en nuestro país es jurídicamente tipificado como un supuesto de violencia doméstica.
En efecto, la sentencia resuelve la impugnación planteada por un sujeto al que un jurado declaró culpable del asesinato de su mujer embarazada y, con posterioridad, en fase de sentencia le había sido impuesta la pena capital. La cuestión es que se le había considerado culpable de dos asesinatos porque la mujer se encontraba embarazada, de ahí que la fiscalía le imputase no sólo el crimen de su mujer, sino del nasciturus, al que la sentencia de instancia se refiere como “baby doe”. La sentencia, de una extensión no ciertamente usual (ciento setenta y nueve páginas), transcribe los hechos declarados probados, y en los cuales básicamente el acusado reconoce el hecho de haber disparado a su mujer tras una discusión (aunque negó que su intención fuese matarla) porque, según sus propias declaraciones: “no saben lo que se siente estando casado con una mujer durante cuatro años y que los últimos, digamos, dos años, todo el día esté quejándosete de algo. Me llamó n*****, me llamó f***** [las palabras vienen incompletas en el original]. Fue….no sé, tan sólo se fueron sumando y ojalá hubiera encontrado una forma mejor de terminar, pero…” No cuestionó que dos semanas antes de los hechos conoció que su mujer se encontraba esperando un hijo. Tras el fallo del jurado y la imposición de la pena capital, el condenado impugna la sentencia por varias cuestiones procesales.
No es este el momento de entrar a analizar en profundidad la sentencia que, por cierto, cuenta con una particularidad respecto al ponente, puesto que, como se refleja en nota al pie: “aun cuando el Juez Brolin no estuvo presente en la vista oral del caso, escuchó íntegramente la grabación de la misma”, interesante circunstancia motivadora de ciertas reflexiones que postergamos para otra ocasión. Lo relevante, y a lo que viene al caso, es que el juez Parker (de quien se refleja: “concurre especialmente”) hace la siguiente reflexión:
“Concurro íntegramente con el razonamiento del Tribunal en lo que se refiere a que los no nacidos son personas que poseen la total e igual protección de las leyes. Redacto esto especialmente para incidir en los principios reflejados en la sentencia y para hacer notar la continua anomalía legal y falacia que representa Roe v. Wade; urjo al Tribunal Supremo de los Estados Unidos que deje sin efecto esta cada vez más aislada excepción a los derechos de los no nacidos.”
El juez Parker incide en que el caso Roe, “sin apoyo histórico o constitucional forjó una excepción al derecho de los no nacidos”, y que “la excepción judicialmente creada en Roe es una aberración hacia el derecho natural y el derecho positivo y el common law estatal.” En realidad, todo el voto particular es un ataque a la doctrina Roe efectuada no estricta o únicamente desde coordenadas de derecho natural, sino articuladas con base en el derecho positivo. Parker enumera varios de sus votos particulares al respecto y concluye que Roe “carece de base legal y es patentemente ilógica”, a la vez que lanza un ataque contra los jueces “liberales” o “activistas” que apoyan dicha resolución.
Insisto, no es infrecuente que jueces de órganos estatales o incluso de órganos federales de nivel inferior polemicen o discrepen de una resolución judicial emanada del máximo órgano de los Estados Unidos, eso sí, sin que la discrepancia implique que se deje sin efecto o sin aplicación la doctrina cuestionada; en este punto, el juez norteamericano desconoce el “obedézcase, pero no se cumpla”, y ni se le pasaría por la imaginación actuar como algún homólogo español, que ha llegado a explicitar de forma abierta, descarnada y sin el más mínimo sentido del pudor que, aun consciente que el órgano superior jerárquico mantiene un criterio distinto, él no lo asume, y que está en la mano de las partes apelar. No, la doctrina cuestionada se aplica, sin perjuicio de que, lógicamente, se pueda buscar que el Tribunal Supremo la rectifique.
Conviene no perder de vista dos cuestiones fundamentales para entender este supuesto:
Primero.- En Estados Unidos, la despenalización del aborto no se efectuó por vía legal, sino jurisprudencial. Algunas de las críticas vertidas hacia Roe tienen precisamente este origen, es decir, que no corresponde a los jueces el papel de legislador ni tan siquiera de forma “negativa”, sino que decisiones de tanta importancia han de ser tomadas por las “ramas políticas”, y más concretamente por el legislativo. El actual chief justice John Roberts y el fallecido juez Antonin Scalia, al discrepar de la sentencia que vinculaba el derecho de las personas del mismo sexo a contraer matrimonio, utilizaban precisamente este argumentario: es el Congreso, no los jueces, quienes deben efectuar ese reconocimiento, y apuntaban a título ilustrativo lo ocurrido en Europa, donde tal proceder se llevó a cabo a través de modificaciones legales. Una cosa es que los jueces puedan decidir si una determinada ley (por ejemplo, la que reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo o una norma que despenalice el aborto) es conforme o no con el texto constitucional, y otra muy distinta que se cree desde un pronunciamiento judicial un derecho sin norma previa que lo ampare.
Segundo.- No existe incoherencia en este caso ni se deja de aplicar la doctrina Roe. Téngase en cuenta que el caso no afecta a la práctica de un aborto, sino a un doble homicidio en el cual una de las víctimas es un no nacido. El Tribunal, por tanto, no deja sin aplicar la polémica doctrina, sino que, aprovechando que el río Alabama (en este caso, el asesinato de un no nacido) pasa por Montgomery, se efectúa un llamamiento para que se reconsidere una doctrina sobre un asunto que tiene dividida a la sociedad estadounidense en dos bloques casi del mismo tamaño pues, en contra de lo que se pretende dar a entender en nuestro país, los partidarios del aborto o pro choice son casi tantos como los detractores o pro life.
Eso sí, últimamente los pro choice cuentan con lobbies en su favor casi tan hercúleos como la todopoderosa Organización Nacional del Rifle. Y una buena prueba de ello es un hecho sobre el cual los nefastos informativos de nuestro país han guardado un elocuente silencio. Hace apenas dos semanas se ha estrenado el film Gosnell: the trial of America´s biggest serial killer, basado en un hecho real cual fue la condena de Kermit Gosnell. Dada la visión antiabortista de la película, se ha desatado una furibunda campaña contra ella, de tal forma que los pro choice han reclamado a las salas que cesen en la proyección y distribución de la misma. Así, no sólo han logrado que algunos cines hayan optado por retirar la película, sino que incluso la red social Facebook, tan “liberal” para otras cosas, bloquease la posibilidad de añadir contenido alguno en relación a dicho film. Aunque de esta noticia, claro está, no se informa a los ciudadanos españoles, porque los corresponsales en los Estados Unidos están para otras cosas.
de Monsieur de Villefort  Publicado en Sin categoría
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José Ramón Narváez (… en NACE UN MITO: EL COYOTE.