Source: https://www.scribd.com/document/347600011/Contrato-de-Suministro
Timestamp: 2019-01-20 10:50:55
Document Index: 313084781

Matched Legal Cases: ['in fine', 'artículo 7', 'artículo 8', 'in fine', 'artículo 624', 'artículo 10', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 2', 'Artículo 1']

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CONTRATO DE SUMINISTRO- DERECHO ADMINISTRATIVO
Autor: Héctor Pozo Gowland
Publicado en: LA LEY 2004-A, 867
SUMARIO: I. Cuestiones preliminares. - II. Marco normativo. - III. Aspectos destacados del contrato
de suministro bajo su actual regulación. - IV. El régimen de emergencia y la pesificación en el
contrato de suministro. - V. Conclusiones
I. Cuestiones preliminares.
El contrato de suministro es una de las modalidades más antiguas de la contratación administrativa,
de más frecuente utilización y que en conjunto compromete un alto porcentaje de las erogaciones
públicas vinculadas a los contratos que celebra la Administración Pública. Tales circunstancias
ponen de manifiesto la importancia de su adecuada regulación.
El contrato de suministro recibe también la denominación indistinta de contrato de abastecimiento o
contrato de provisión. Jeze lo definía diciendo simplemente que "es un contrato administrativo que
tiene por objeto la provisión de cosas muebles" (1). Sin embargo este autor, al igual que Bielsa en
nuestro país, lo vinculaban a la prestación de un servicio público (2).
Más modernamente Escola lo definió diciendo que "el contrato de suministro es aquel contrato
administrativo por el cual la administración pública obtiene la provisión de cosas muebles, mediante
el pago de una remuneración" (3). Más allá de las definiciones que dan los distintos autores, que
varían según van incorporando en el concepto distintos caracteres que hacen a este contrato, el
rasgo tipificante es la provisión de cosas muebles conforme lo ha señalado la doctrina en forma
unánime (4). Dentro del concepto de cosas muebles corresponde remitirse a las prescripciones del
Código Civil en los arts. 2311 y 2318 y sigtes., como aquellos objetos materiales susceptibles de
tener un valor, que puedan transportarse de un lugar a otro, ya sea porque se muevan por una fuerza
externa, lo que incluye también a la energía y las fuerzas naturales de las que sea posible apropiarse.
El objeto del contrato de suministro comprende cosas muebles que pueden ser fungibles o no,
consumibles o no consumibles y divisibles o indivisibles.
Dentro del derecho comercial, el contrato de suministro es considerado aquel "por el cual una parte
se obliga a entregar cosas en forma periódica o continuada y la otra a pagar un precio por ellas" (5).
Si bien la periodicidad es un elemento esencial de este contrato, se lo encuadra como una especie de
la compraventa (6). La continuidad de las prestaciones permite calificarlo como un vínculo de
duración, puesto que las finalidades perseguidas por las partes no se obtienen sino con el
transcurso del tiempo. Estos vínculos de colaboración prolongada poseen la característica de que el
proveedor asume una obligación de aprovisionamiento: no se trata sólo de dar una cosa, o varias, o
de darlas a lo largo del tiempo, o de prometer cosas futuras, sino que además incluyen la de estar a
disposición del suministrado atendiendo puntualmente sus pedidos relacionados con el objeto de
entrega (7).
En el caso del contrato administrativo de suministro la doctrina -Marienhoff, Escola, Sayagüés Laso-
coinciden en que puede prever tanto una entrega única como entregas periódicas (8).
I.2. Caracteres
El contrato de suministro presenta los siguientes caracteres:
* Es bilateral: puesto que las partes quedan recíprocamente obligadas, el proveedor a suministrar las
cosas muebles y el Estado a pagar el precio.
* Es consensual: queda concluido desde el momento en el que las partes expresan su
consentimiento, que de acuerdo a su regulación legal tiene lugar a partir de la notificación de la
adjudicación (9).
* Es a título oneroso: la prestación de cada una de las partes es en función de la contraprestación
* En cuanto al carácter aleatorio, Diez entendía que sí lo era, en tanto Marienhoff y Fiorini sostenían
que es un contrato conmutativo, opinión a la que adhiere Escola por considerar que la
administración y especialmente el proveedor corren riesgos, pero esos riesgos y sus resultados
están vinculados a circunstancias independientes del contrato (10). Si la aleatoriedad se la entiende
como opuesta al carácter conmutativo del contrato, considerando por este último que los valores
intercambiados -objeto y precio- son equivalentes y que los riesgos en este aspecto no son propios
del contrato sino de la economía general, el contrato administrativo de suministro es conmutativo y
no aleatorio.
* Puede ser de ejecución instantánea o de ejecución sucesiva o escalonada.
I.3. Importancia
Señala Cassagne que la función administrativa, en sentido material, es toda aquella actividad que en
forma inmediata, permanente, concreta, práctica y normalmente espontánea, desarrollan los
órganos estatales para alcanzar el bien común, conforme a los regímenes jurídicos de derecho
público (11). Si partimos de que el contrato de suministro consiste en la provisión de cosas muebles
y consideramos la diversidad de actividades que tienen lugar con motivo del ejercicio de la función
administrativa, resulta manifiesta la multiplicidad de bienes muebles que requieren tanto el Estado
nacional como las provincias y municipios y las entidades autárquicas constituidas en cada una de
dichas jurisdicciones. A ello cabe agregar las funciones legislativa y judicial, que también requieren
disponer de bienes muebles para su ejercicio.
A pesar de las diferentes orientaciones políticas adoptadas en nuestro país a lo largo de su historia,
el Estado jamás dispuso a través de su propia producción de la totalidad de bienes muebles que
requería para llevar a cabo las actividades propias del ejercicio de las funciones a su cargo. Aun en
épocas en las que el Estado tuvo a su cargo en forma personal y directa tanto el ejercicio de las
funciones esenciales como la prestación de servicios públicos y la realización de actividades
industriales y comerciales, siempre requirió en mayor o menor medida de la participación de sujetos
privados en el suministro de bienes muebles cuya fabricación no se encontraba entre las que había
asumido a su cargo.
La magnitud y diversidad de los bienes muebles que la Administración Pública requiere para llevar a
cabo las actividades que despliega con motivo del ejercicio de las funciones que tiene a su cargo,
pone de manifiesto la frecuencia con la que celebra contratos de suministro y la importancia de la
incidencia económica que los mismos tienen en sus presupuestos. Esto destaca la importancia de
esta modalidad de contratación y que la misma se lleve a cabo a través de procedimientos eficientes
y eficaces. El interés público se manifiesta en que el Estado cuente con elementos adecuados,
necesarios para ejercicio de sus funciones, y que la adquisición tenga lugar al mejor precio de
acuerdo a la calidad exigida, asegurando la entrega en el tiempo y forma prevista.
Sin embargo, tales propósitos no deben ser los únicos considerados en la regulación del contrato
administrativo de suministro. El establecimiento de reglas claras y equitativas que brinden seguridad
jurídica a quienes colaboran con la Administración Pública proveyéndola de los elementos que
necesita, también hace al interés público.
Los requerimientos expuestos y la necesidad de llevar a cabo las contrataciones respetando los
principios de legalidad, igualdad, transparencia, de defensa del interés público y de eficiente
administración de los recursos públicos llevaron a establecer diversas reglamentaciones que
permitieran cumplir con estas exigencias.
No es la oportunidad para ingresar en la discusión acerca de si el contrato administrativo reviste o
no la condición de acto administrativo, ya que ello ya fue definido en la ley nacional de
procedimientos administrativos (Adla, XXXIX-C, 2339 -t. a.-). Tampoco analizar el alcance que cabe
asignarle a la aplicación a los contratos administrativos de la regulación del acto administrativo. La
interpretación del art. 7° in fine, y fundamentalmente la problemática de la impugnación de los actos
administrativos emitidos durante la ejecución de un contrato ha motivado un interesante debate
tanto en la doctrina como en la jurisprudencia que entendemos no está resuelto en los términos
exigidos por la seguridad jurídica. Sin embargo, es oportuno destacar que la citada disposición al ser
modificada justamente por el dec. 1023/2001 (12), dictado por el Poder Ejecutivo en ejercicio de las
facultades delegadas otorgadas por la ley 25.414 (Adla, LXI-B, 1516) (*), contiene en la actualidad un
texto que refuerza claramente la obligatoriedad de cumplir en todo contrato con las disposiciones
del Título III de la LPA. Este último comienza estableciendo los requisitos esenciales de todo acto
administrativo. En su último párrafo, el art. 7 antes disponía que "Los contratos que celebre el
Estado, los permisos y las concesiones administrativas se regirán por sus respectivas leyes
especiales, sin perjuicio de la aplicación analógica de las normas del presente Título, si ello fuere
procedente". El nuevo texto establece que "Los contratos que celebren las jurisdicciones y entidades
comprendidas en el Sector Público Nacional se regirán por sus respectivas leyes especiales, sin
perjuicio de la aplicación directa de las normas del presente Título, en cuanto fuere procedente". De
esta manera se reemplazó la frase "que celebre el Estado, los permisos y las concesiones
administrativas" por "que celebren las jurisdicciones y entidades comprendidas en el Sector Público
Nacional"; la frase "aplicación analógica" por "aplicación directa" y "si ello fuere procedente" por "en
cuanto fuere procedente".
Lo expuesto indica que las disposiciones del Título III de la LPA se aplican en forma directa a todos
los contratos celebrados por las entidades comprendidas en el Sector Público Nacional, frase esta
última empleada por la ley 24.156 de administración financiera del Estado (Adla, LII-D, 4002), que
según su art. 8 comprende "a) La Administración Nacional, conformada por la administración central
y los organismos descentralizados, comprendiendo en estos últimos a las instituciones de la
seguridad social; b) Empresas y Sociedades del Estado que abarca a las Empresas del Estado, las
Sociedades del Estado, las Sociedades Anónimas con participación estatal mayoritaria, las
Sociedades de Economía Mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el
Estado tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias".
A ello se agrega el art. 9 de la ley 24.156 por al cual "se entenderá por entidad a toda organización
pública con personalidad jurídica y patrimonio propio; y, por jurisdicción a cada una de las
siguientes unidades institucionales: a) Poder Legislativo; b) Poder Judicial; c) Presidencia de la
Nación, los ministerios y secretarías del Poder Ejecutivo Nacional; d) Ministerio Público". Por lo
tanto, todo contrato celebrado por el Estado nacional, con el amplio alcance indicado, requiere
contar con los requisitos esenciales exigidos para los actos administrativos, cuyo cumplimiento
hará a la legalidad de la contratación. El contrato de suministro lógicamente se encuentra alcanzado
por esta disposición.
Lo señalado en cuanto a la aplicación de la LPA a los contratos administrativos ha sido remarcado
por el dec. 1023/2001 que al establecer el Régimen de Contrataciones de la Administración Pública,
en su art. 11 exige como formalidades de las actuaciones que "Deberán realizarse mediante el
dictado del acto administrativo respectivo, con los requisitos establecidos en el artículo 7 de la ley N°
19.549 y sus modificatorias, como mínimo las siguientes actuaciones, sin perjuicio de otras que por
su importancia así lo hicieran necesario: a) La convocatoria y la elección del procedimiento de
selección; b) La aprobación de los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares; c) La declaración de
que el llamado hubiere resultado desierto o fracasado; d) La preselección de los oferentes en la
licitación con etapa múltiple; e) La aplicación de penalidades y sanciones a los oferentes o
cocontratantes; f) La aprobación del procedimiento de selección y la adjudicación; g) La
determinación de dejar sin efecto el procedimiento; h) La revocación de los actos administrativos del
procedimiento de contratación; i) La suspensión, resolución, rescisión, rescate o declaración de
caducidad del contrato".
II. Marco normativo.
delegando en el Poder Ejecutivo la reglamentación de los requisitos básicos que debían regir las adquisiciones que realice el Estado.354 del 31 de diciembre de 1956 -ratificado por ley 14. ellos no podían tener lugar sin previa autorización del Poder Ejecutivo concedida en acuerdo de Ministros (14). b) La ley de contabilidad 12. Mantuvo sustancialmente el mismo procedimiento anterior de contratación. establecía que toda compraventa por cuenta de la Nación. Estos reglamentos establecieron en forma sistemática los diferentes aspectos que hacen no sólo al procedimiento de contratación sino también a las condiciones para la celebración -cotizaciones. así como la constitución de órganos administrativos cuya capacidad operativa.-ley 23. el "Modelo de formulario para Pedido de Precios en Licitaciones Privadas y Compras Directas". con pequeñas modificaciones. y el "Modelo de Formulario de Orden de Compra". trabajos y suministros contratados por cuenta de la . hizo que éste fuera uno de los primeros contratos celebrados por el Estado. controles. penalidades. pero no las condiciones de las mismas. como ya señalamos. que estableció el primer cuerpo normativo que en forma sistemática reguló el contrato de suministro en sus diferentes aspectos. el "Pliego de Condiciones para Licitaciones Privadas". durante 77 años. etc. El objeto del contrato de suministro. II.Más allá de las regulaciones que puntualmente se fueron dictando para la celebración y ejecución de los contratos administrativos. De esta manera se fueron dictando normas. Este régimen se mantuvo vigente. Antecedentes normativos Las normas vinculadas a la regulación del contrato de suministro tradicionalmente estuvieron vinculadas a la ley de contabilidad. así como toda convención sobre trabajos y suministros. con el propósito de mejorar las metodologías de contratación y las condiciones de ejecución. garantías. locaciones. arrendamientos. Los antecedentes son los siguientes: a) La ley 428 de contabilidad nacional dictada el 26 de septiembre de 1870 (13).-.y la ejecución del contrato -entrega del suministro.506 del 27 de noviembre de 1948 (16). 36. aprobación. el "Pliego de Condiciones para Licitaciones Públicas". debía hacerse por regla general en remate público.961 dictada el 13 de marzo de 1947 (15) derogó y sustituyó la ley 428. presentación de facturas. Aun cuando admitía en determinados supuestos la contratación privada.961 fue reglamentada a través del dec. etc. cuyo Capítulo VI "De las Contrataciones" estuvo referido a las compraventas. Las normas estaban vinculadas al procedimiento para llevar a cabo las contrataciones. Este último aprobó el "Reglamento de Compra-Ventas"..fue dictada una nueva ley de contabilidad y organización del Tribunal de Cuentas de la Nación y de la Contaduría General de la Nación (18). Las referencias a la evolución normativa tiene actualmente importancia por los regímenes dictados recientemente. pago del precio. adjudicaciones.1. los cuales reemplazan a los que se mantuvieron vigentes durante casi treinta años. que fueran sucesivamente reemplazadas por otras.467 (17). La ley 12. la necesidad de establecer reglas de aplicación que aseguraran la vigencia de los distintos principios que hacen a la contratación administrativa aconsejó la sanción de reglamentos uniformes y generales. c) Mediante el dec. conocimientos y experiencia contribuyera también a alcanzar tales propósitos.
156 expresamente exceptuó a los arts. y en especial las regulaciones del contrato de suministro del dec. sectores empresarios y organizaciones no gubernamentales se ha puesto de manifiesto que el reglamento suspendido en virtud del dec. Por último. 826/88 (25) que estableció un régimen de publicidad aplicable a todas las contrataciones del Estado con la única excepción de las de obra pública regidas por la ley 13. 51 a 54 inclusive (Capítulo V .506 y sus modificatorios. Entre estas cabe recordar al dec. 5720/72. y al dec.354. como reglamentación del Capítulo VI de la ley de contabilidad. reclamos exigidos por el conjunto de la sociedad". 137 de la ley 24.-ley 23. tal derogación por el art. por entender que como resultado de "consultas efectuadas con organismos oficiales.156 se encontró la Ley de Contabilidad que había sido dictada por el dec. 137/99 (27) suspendió su entrada en vigencia por 60 días y finalmente fue derogado por el dec. El dec. El citado Capítulo VI fue reglamentado a través del dec.De la gestión de los bienes del Estado) y 55 a 64 inclusive (Capítulo VI . reglamentando así el capítulo VI de la ley de contabilidad. dicho cuerpo normativo desatiende esenciales demandas de transparencia. estableciendo el nuevo Reglamento que comenzó a aplicarse a las contrataciones celebradas a partir del 1 de septiembre de 1972.2. 184 (28) del 29 de febrero de 2000. continuaron vigentes con algunas modificaciones que habían sido introducidas con anterioridad. ya que fue derogado por el dec. 137/99 no resulta un instrumento adecuado para regir las contrataciones del Estado. 9400 y sus modificatorios. el 28 de agosto de 1972 se dicta el dec.156 (22) denominada de "Administración Financiera y Patrimonial del Estado". que aprobó entre otros el "Pliego de Condiciones para Licitaciones Públicas. 1547/2000 (26) del 7 de diciembre de 2000 fue establecido un nuevo Reglamento para la contratación de suministros y servicios del Estado Nacional. Sin embargo. derogando así el dec. 5720/72. 5720/72 (21) que dejó sin efecto el dec. II. Mediante el dec. ratificado por ley 14. Por lo tanto. Régimen vigente: sus normas En el año 1992 tuvo lugar un cambio sustancial en las normas que regulan la organización de la Administración Pública Nacional con motivo de la sanción de la ley 24. Sin embargo. 9400 estuvo vigente pocos años. el régimen vigente hasta ese momento en materia de contrataciones. . 825/88 (23).467.De las contrataciones). 36. competitividad y libre concurrencia. Nueve años más tarde. 6900 del 19 de agosto de 1963 (20) que estableció el nuevo Reglamento de Contrataciones del Estado. el dec. 9400 del 12 de agosto de 1957 (19). Licitaciones Privadas y contrataciones directas" y derogó el dec. vinculado específicamente al contrato de suministro en lo referente a la admisión de los postulantes (24).Nación. toda vez que. Entre las normas expresamente derogadas por la ley 24. cabe hacer referencia a las normas que actualmente establecen el régimen vigente del contrato.064.
Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional". Aspectos destacados del contrato de suministro bajo su actual regulación. el marco normativo que regula el contrato administrativo de suministro para la Administración Pública Nacional se integra de las siguientes disposiciones legales: el Régimen General de Contrataciones de la Administración Pública Nacional establecido por el dec. 9°. Asimismo. el Reglamento para la adquisición. se derogaron los arts. derogando los decs. 436/2000 tenía respecto del capítulo VI de la ley de contabilidad. deben tenerse en cuenta las disposiciones legales que específicamente se aplican en ámbitos específicos de la Administración (40). 5720/72 y 826/88 (30). 38 y 39.por el cual el Poder Ejecutivo Nacional en ejercicio de atribuciones legislativas delegadas por la ley 24. 6°. y que "Hasta entonces regirán las reglamentaciones vigentes" (35). 436/2000 -con sus modificaciones introducidas por el dec. cuatro meses más tarde. 1023/2001 producía también la derogación de aquella norma.Como resultado de la derogación del dec. Recientemente el citado art. 666/2003 (34) introdujo modificaciones en los arts. el dec.414. 1075/01 (38)-. c). el Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para la Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional elaborado por la Oficina Nacional de Contrataciones aprobado por la res. 834/2000 y el Manual Práctico para la adquisición. 1547/2000. 39 del Decreto Delgado N° 1023/01. Como resultado de lo expuesto. Sin embargo. 2508/2002 (36) y 666/2003 (37)-. fue dictado el dec. 1023/2001 -con las modificaciones introducidas por los decs. fue dictado el dec. 2°. A continuación haremos referencia a los aspectos más importantes que integran la regulación del contrato de suministro. 55 a 63 de la ley de contabilidad que se encontraban vigentes desde el 31 de diciembre de 1956. Por último. Además de estas normas. Cabe advertir que en razón del carácter reglamentario que el dec. bajo la denominación de "Reglamento para la Adquisición. 25 incs. 436/2000 (29) que aprobó una nueva reglamentación al capítulo VI de la ley de contabilidad. 26. enajenación y contratación de bienes y servicios del Estado Nacional aprobado por el dec. mediante la res. A dichas normas cabe agregar la Circular N° 7/2002 (33) dictada por la Oficina Nacional de Contrataciones dependiente de la Subsecretaria de la Gestión Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros con instrucciones vinculadas a la publicidad y difusión de los procedimientos de selección. el dec. 39 fue modificado por el dec. 4° y 8°. se aprobó el "Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para la Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional". 5° inc. Por último. la derogación de esta última por el dec. por 360 días hábiles. 666/2003 que en su art. . III. contados desde el 15 de octubre de 2001". 12. d ap. 39 dispuso que el mismo sería reglamentado por el Poder Ejecutivo Nacional en un plazo máximo de 60 días corridos contados de su publicación. 10 dispone: "Prorrógase el plazo dispuesto en el art. 1023/2001 en su art. 1023/01 (32) -de fecha 13 de agosto de 2001. 834/2000 (31) dictada por el Ministerio de Economía con fecha 12 de octubre de 2000. el 30 de junio de 2000. y cuya aplicación a nuestro criterio merece algunas aclaraciones y comentarios. enajenación y contratación de bienes y servicios del Estado Nacional aprobado por la Resolución SH 515/2000 (39).
1023/2001. en el art. Debe tenerse presente que las disposiciones de la ley de contabilidad fueron reemplazadas por el dec. 436/2000 en su art.156. se encuentran contenidas en una serie de documentos contractuales y disposiciones reglamentarias dispersas. d) El Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 34 dispone: "Todos los documentos que integran el contrato serán considerados como recíprocamente explicativos.1. b) Las disposiciones de este Reglamento. La regulación del contrato de suministro y el orden de prelación de las disposiciones En el contrato de suministro las regulaciones a las cuales está sometido. M. 86 establece lo siguiente: "Todos los documentos que integran el contrato serán considerados como recíprocamente explicativos. El Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para la Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional. vigente en función de lo establecido por el art. 834/2000.III. A) de la ley 24. En caso de existir discrepancias entre los referidos documentos. 55 a 63 de la ley de contabilidad. como ocurre en la mayoría de los contratos administrativos y en muchos contratos privados. regirá el siguiente orden de prelación: .E. g) La orden de compra". 137 inc. e) La oferta y las muestras que se hubieran acompañado. f) La adjudicación. apro-bado por res. En caso de existir discrepancias se seguirá el siguiente orden de prelación: a) Arts. El dec. c) El Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales.
inc. Pliego de Bases y Condiciones Particulares 5.a) Artículos 55 a 63 de la Ley de Contabilidad. La adjudicación . Dec. Dec. d) El Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 137. La oferta y las muestras que se hubieren acompañado 6. Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional. 1023/2001 2. e) La oferta y las muestras que se hubieran acompañado f) La adjudicación g) La orden de compra" Por lo tanto en el contrato administrativo de suministro el orden de prelación de sus regulaciones es el siguiente: 1. c) El presente Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para la Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional. vigente en función de lo establecido por el art. 436/2000 3. Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para la contratación de bienes y servicios del Estado Nacional 4. A) de la ley 24.156. b) Las disposiciones del Reglamento para la Adquisición.
Incluso cualquier apartamiento que pudiera contener la oferta respecto del Pliego. y aceptarse por la otra". las circulares.indica un orden lógico hasta llegar al acuerdo de voluntades que no debe ser dejado de lado. M. 436/2000 y en la res. en la oferta y en la orden de compra. El orden lógico en la formación del consentimiento de los contratos. la adjudicación es la aceptación estatal de dicha propuesta y finalmente la orden de compra es propiamente el documento donde se instrumenta el contrato como acuerdo de voluntades. La aplicación de las normas del Código Civil Aun cuando las regulaciones establecidas en los Reglamentos.7. En nuestra opinión el orden de prelación mencionado carece de lógica. resultan aplicables las . la oferta. De la misma forma. La aplicación rígida del orden de prelación indicado.y la orden de compra -en la que se instrumenta el acuerdo de voluntades-.E. Para estos supuestos la doctrina ha señalado en general que en los contratos administrativos y particularmente en el de suministro. Si la oferta contiene cuestiones que no contradicen lo previsto en los documentos que tienen prelación. la adjudicación -que podría aceptar tales muestras con algunas observaciones. no hay duda de que tales cuestiones son plenamente aplicables.2. posteriormente se le pueda negar valor vinculante entre las partes o se la pueda dejar de lado con fundamento en el citado orden de prelación. la adjudicación y finalmente la orden de compra. desde el punto de vista de la Administración. 834/2000 deba prevalecer primero la oferta. como es posible que si existen contradicciones entre la oferta y las muestras. Entendemos que el orden debería ser a la inversa: primero la orden de compra. ejecución y terminación del contrato de suministro. El problema se plantea cuando puede existir una contradicción entre lo indicado en el Pliego. puede ocurrir que algunas cuestiones no hayan sido debida o específicamente consideradas. La orden de compra El orden de prelación presenta dificultades de orden práctica. aun cuando no fuera rechazado por el comitente. Pliegos y demás documentos contemplan la mayoría de los aspectos y situaciones que hacen a la celebración. No parece razonable y de buena fe para un oferente que si una oferta que contiene apartamientos al Pliego es aceptada y no se requieren aclaraciones o modificaciones en su formulación. 1144 que "El consentimiento debe manifestarse por ofertas o propuestas de una de las partes. podría resultar inaplicable si posteriormente durante la ejecución se invocase el citado orden de prelación. La sucesión temporal en la emisión de los distintos documentos durante el transcurso del procedimiento de contratación -que comienza con el Pliego de Condiciones Generales. constituye una realidad que no puede ser dejada de lado. hace que la oferta debería limitarse a la simple aceptación de los términos y condiciones indicados en los Pliegos. siguiendo el orden establecido en el dec. luego la adjudicación y finalmente la oferta con las muestras acompañadas. III. luego la adjudicación y finalmente la orden de compra. del que el propio Código Civil hace referencia al señalar en el art. ya que los primeros cuatro documentos contienen la manifestación estatal en cuanto al objeto y condiciones de la contratación. y sigue con el Pliego de Condiciones Particulares. la oferta y las muestras conforman la propuesta de los oferentes.
Los principios rectores de la contratación en el contrato de suministro En el contrato de suministro deben cumplirse. la utilización de las tecnologías informáticas que permitan aumentar la eficiencia de los procesos y facilitar el acceso de la sociedad a la información relativa a la gestión del Estado en materia de contrataciones y en la participación real y efectiva de la comunidad. tales como las que regulan la capacidad de las personas. Además de esta cuestión. Sin entrar en tan interesante cuestión (44). tanto los principios generales vinculados al ejercicio de la función administrativa y de la contratación administrativa como los específicos establecidos para este contrato. El dec. aprueben o gestionen las contrataciones. es esta una cuestión de antiguo debate tanto en la doctrina nacional como extranjera. 9° que "La contratación pública se desarrollará en todas sus etapas en un contexto de transparencia que se basará en la publicidad y difusión de las actuaciones emergentes de la aplicación de este régimen. III. toda cuestión vinculada con la contratación deberá interpretarse sobre la base de una rigurosa observancia de los principios que anteceden". al disponer en su art. lo cual posibilitará el control social sobre las contrataciones públicas". publicidad y difusión de las actuaciones. Entre ellos se encuentran los tradicionales principios de igualdad. ejecución y terminación importantes diferencias que lo distinguen del contrato de suministro entre particulares.disposiciones del Código Civil o del Código de Comercio. Del mismo modo se ha pronunciado la jurisprudencia (42). 1023/2000 en el art.3. en sus diferentes etapas. En nuestro derecho en años recientes tuvo lugar un replanteo de este debate a partir de las posiciones asumidas por Cassagne y Mairal en el que participan otros autores (43). transparencia en los procedimientos. razonabilidad y control. competitividad y libre concurrencia. promoción de la concurrencia de interesados y de la competencia entre oferentes. no dejan de ser plenamente aplicables las disposiciones generales del Código Civil. 1023/2000 insiste especialmente con la transparencia. La vigencia de los principios que rigen la contratación administrativa exige que de acuerdo a ellos se . con las particularidades que cada una de ellas presente: razonabilidad del proyecto y eficiencia de la contratación para cumplir con el interés público comprometido y el resultado esperado. 1023/2000 le asigna a los mencionados principios. otra de antiguo tratamiento ha sido la de la relación directa o subsidiaria del derecho civil en el derecho administrativo. 3° establece los principios generales a los que debe ajustarse la gestión de las contrataciones. Acerca de la sustantividad del contrato administrativo y si existen o no diferencias con el contrato de derecho privado. Sin embargo. Este es el alcance que el dec. y aquellas específicas del contrato de compraventa que se refieren a aspectos no contemplados en forma particular en las regulaciones que rigen para el contrato administrativo de suministro. resulta claro que el contrato de suministro presenta en su actual regulación vinculada a su celebración. publicidad. igualdad de tratamiento para interesados y para oferentes. según corresponda (41). moralidad. El dec. cuando luego de enunciarlos expresa: "Desde el inicio de las actuaciones hasta la finalización de la ejecución del contrato. responsabilidad de los agentes y funcionarios públicos que autoricen. legalidad. A ellos se agregaron los de transparencia. Los principios que hacen a la función administrativa constituyen verdaderos mandatos que deben traducirse en modalidades concretas de cómo debe ejercerse dicha función según las circunstancias de cada situación particular.
el sistema jurídico vigente. cualquiera fuera el estado de trámite en que se encuentre. repite lo dispuesto en el art.188 (46) de "Etica en el ejercicio de la función pública" y del dec.164 que establece el actual marco de Regulación del Empleo Público Nacional entre los deberes de los agentes establece los de respetar y hacer cumplir. El régimen aprobado por el dec. 436/2000. y llevar a conocimiento de la superioridad todo acto. Ello habrá de contribuir a facilitar el acceso y conocimiento de cada contratación a todos aquellos interesados que cuentan con la posibilidad de presentar ofertas competitivas en cuanto a calidad y precio. publicidad y competitividad genera la nulidad de los actos administrativos dictados con tales vicios. más aún si hubieran sido consumidos total o parcialmente. 41/99 (47) que estableció el "Código de Etica de la Función Pública". en principio deberían quedar en poder de la Administración. transparencia y competitividad. si el contrato ya se celebró y tuvo principio de ejecución. 1023/2000 en el art. Por el contrario. cabe distinguir la situación de los suministros ya entregados y del precio pagado. como método eficaz para lograr la mayor transparencia y competitividad posible. Además "toda persona que acredite fehacientemente algún interés podrá en cualquier momento tomar vista de las actuaciones referidas a la contratación. 1547/99 (49). Los citados principios a su vez se encuentran complementados con las regulaciones establecidas en otras normas. 826/88 (48). Este sistema fue derogado por el dec. estableciendo que el incumplimiento "dará lugar a la revocación inmediata del procedimiento. La transgresión a los principios de transparencia. en el . En tal caso se afecta la legalidad que genera un vicio en el objeto. La negativa infundada a dar vista de las actuaciones se considerará falta grave por parte del funcionario o agente al que corresponda otorgarla. las normas destinadas a combatir la corrupción adquieren una importancia relevante. difusión previa de la contratación. 1023/2000 hace aplicaciones concretas en cuanto a la exigibilidad de los requisitos de publicidad. La vista del expediente no interrumpirá los plazos (45).interpreten las normas aplicables y se ejecuten los distintos actos que tienen lugar. Cabe señalar que la ley 25. omisión o procedimiento que causare o pudiera causar perjuicio al Estado. dentro del marco de competencia de su función. 10 del dec. El dec. 5720/72 preveía que las convocatorias para efectuar contrataciones debían ser indefectiblemente comunicadas a la Unión Argentina de Proveedores del Estado (UAPE) y entidades afines reconocidas que lo solicitaren. Si la revocación tiene lugar antes de la celebración de contrato. y a la iniciación de las actuaciones sumariales pertinentes". 426/2000. difusión. 9 del dec. 10. siempre que el contratista hubiera sabido del incumplimiento o transgresión cometido respecto de los referidos principios. Debe alentarse el restablecimiento de todos aquellos mecanismos que tiendan a facilitar la mayor publicidad de las contrataciones del Estado. con excepción de la información que se encuentre amparada bajo las normas de confidencialidad. por ejemplo en cuanto a transparencia. Asimismo estos principios generan derechos y deberes tanto por parte de la Administración como por parte de los oferentes y contratistas. En cuanto a los suministros ya entregados. Tal es el caso. desde la iniciación de las actuaciones hasta la extinción del contrato. En cuanto al precio pagado al contratista podía caberle la obligación de restituir el exceso de precio que se demostrase no hubiera sido pagado en caso de haberse respetado la debida publicidad y competitividad. de la ley 25. exceptuando la etapa de evaluación de las ofertas. procede iniciar un nuevo procedimiento de contratación. derogación que se mantuvo en el dec. Esta exigencia se reiteraba en el art. configurar delito o resultar una aplicación ineficiente de los recursos públicos. Dentro de este contexto. Cabe destacar que el dec.
remuneración y capacitación.sentido que "Será causal determinante del rechazo sin más trámite de la propuesta u oferta en cualquier estado de la licitación o de la rescisión de pleno derecho del contrato. mandatarios. Ello significa que hasta el dictado de la reglamentación del dec. En el art. III. 39 dispuso que "Hasta entonces regirán las reglamentaciones vigentes". gestores de negocios. gerentes. el dec. a del art. culpa o negligencia causaren al Estado Nacional con motivo de las mismas". 436/2000 en el art. al mismo tiempo se requiere que para el ejercicio de la función administrativa se implemente en forma definitiva la carrera administrativa hasta los niveles jerárquicos con un razonable régimen de estabilidad.156". Para ello se requiere por una parte el ejercicio de prácticas de control y juzgamiento eficientes en la modalidad y el tiempo como se ejercen. dar u ofrecer dinero o cualquier dádiva".4. considerándose "sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales actos en interés del contratista directo o indirectamente. 1 establece que se aplica "a todos los procedimientos de contratación en los que sean parte los organismos del sector público nacional comprendidos en el inc. 14 se dispone que "Los funcionarios que autoricen. siendo necesario en tal sentido que organismos como la Sindicatura General de la Nación cuente con los medios adecuados. Previéndose esta situación. sin órganos y funcionarios que las apliquen. contratados. se tipifican varias conductas destinadas a que los funcionarios actuantes "hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones". el art. 436/2000. culpa o negligencia en el ejercicio de sus funciones sufran los entes mencionados siempre que no se encontrare comprendida en regímenes especiales de responsabilidad". A pesar de que la reglamentación sería dictada antes del 15 de octubre de 2001. Al respecto. o cualquier otra persona física o jurídica". Estas normas se encuadran dentro del régimen general vinculado al ejercicio de la función pública.516 por los cuales "Toda persona jurídica que se desempeñe en las jurisdicciones o entidades sujetas a la competencia de la Auditoría General de la Nación responderá de los daños económicos que por su dolo. . En la práctica las actividades antitransparentes y corruptas es muy frecuente que existan en forma simultánea. Aplicación del Régimen de Contrataciones del decreto 1023/2000 y del Reglamento del 436/2000 al contrato de suministro Como ya señalamos. síndicos. el dec. 1023/2000. a la fecha de esta publicación no se cumplió con dicha previsión legal. empleados. Frente a la existencia de disposiciones legales que decididamente tienen por finalidad asegurar la transparencia en las contrataciones administrativas e impulsar acciones destinadas a combatir la corrupción. Del mismo modo.156" (50). Ambos decretos tienen un ámbito de aplicación subjetivo y objetivo. 1023/2000 previó que la reglamentación sería dictada por el Poder Ejecutivo en un plazo máximo de 60 días corridos contados desde su publicación en el Boletín Oficial. aprueben o gestionen las contrataciones serán responsables por los daños que por su dolo. ya sea como representantes administradores. 1023 está determinado por su art. Basta mencionar en este sentido los arts. No basta con el dictado de leyes. continuará vigente el dec. la realidad indica la necesidad de ir más allá del dictado de estas normas. 130 y 131 de la ley 24. 8 de la ley 24. factores. 2 donde dispone que "será de aplicación a los procedimientos de contratación en los que sean parte las jurisdicciones y entidades comprendidas en el inciso a) del artículo 8 de la Ley 24. Desde el punto de vista subjetivo el alcance del dec. socios.
5. 1023 en su art. condiciones distintas a las aquí establecidas. . que lógicamente deben llevarse a cabo a mediante procedimientos adecuados. la utilización de las tecnologías informáticas que permitan la eficiencia de los procesos y facilitando el acceso a la información relativa a la gestión del Estado en materia de contrataciones y la participación real y efectiva de la comunidad. 10 y 13 a 18. 1023/2000 y 436/2000. Diversas disposiciones de las normas reglamentarias establecen la difusión y publicidad como trámites obligatorios en los procedimientos de contratación. Una de las formas de lograr la transparencia es justamente a través de la publicidad y difusión de las actuaciones. la transparencia en los procedimientos y la publicidad y difusión de las actuaciones. 1023/2000 y el Reglamento aprobado por el dec. Todo ello genera mecanismo de control social sobre las contrataciones públicas. el dec. que eviten incurrir en excesos. que "Cuando fuera necesario establecer. los contratos de suministros celebrados por los organismos centralizados y descentralizados de la Administración Pública Nacional y las empresas del Estado. enajenación y contratación de bienes y servicios del Estado nacional y el dec. SH 515/2000 que aprueba el Manual Práctico para la adquisición. Es por ello que todo incumplimiento a las reglas vinculadas a la publicidad de la contratación deben otorgar amplia legitimidad a todos aquellos que efectúen cuestionamientos sobre el particular. y con ello la posibilidad de obtener la mejor calidad posible a los precios más bajos. con carácter especial o general para determinadas contrataciones. 436/2000 aclara en su art. Impugnaciones En materia de impugnaciones cabe distinguir las que se refieren a las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones y a las que se destinan a cuestionar actos realizados durante el procedimiento de contratación. 436/2000 disponen en su art. la res. la modificación deberá ser autorizada por el Poder Ejecutivo Nacional. 32. III. El Reglamento aprobado por el dec. se dispone que la apertura de las ofertas siempre se realizará en acto público. Por lo tanto. 2 que son aplicables. III. al de suministros.6. La eficiente administración de los recursos exige cumplir adecuadamente con este principio. cabe mencionar el dec. La debida publicidad constituye un deber que se vincula directamente con el interés público. siendo ello también aplicable a las contrataciones públicas electrónicas (51). entre otros contratos. Entre otras. 436/2000 en sus arts. 436/2000 establece en sus arts. consideradas en sentido amplio.En cuanto al alcance objetivo. 2 in fine. con previa autorización de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y de la Procuración del Tesoro de la Nación de la Presidencia de la Nación". Teniendo en cuenta el principio de transparencia. Publicidad de las contrataciones Dentro de los principios generales a los que debe ajustarse toda contratación de todo suministro se encuentran la promoción de la concurrencia de interesados y de la competencia entre los oferentes. se encuentran alcanzados por las disposiciones de los decs. Es el medio más seguro para permitir la mayor participación de posibles oferentes. 10. (a) Observaciones al Pliego: El Reglamento aprobado por el dec.
80 (53) del dec. y el Pliego de Bases y Condiciones Generales aprobado por resolución M. ya que en definitiva sirve únicamente para desalentar la presentación de impugnaciones.E. el derecho a efectuar consultas se integra también con el de exigir y obtener la aclaración que se persigue. sin configurar una clara alteración de las citadas normas. es el mecanismo utilizado para limitar la concurrencia o directamente dirigir la contratación hacia los pocos o el único que cumple con las condiciones de admisibilidad previstas en los Pliegos. Ello debe ocurrir cuanto se denuncie un apartamiento a normas de jerarquía superior como el dec. en la que los oferentes pueden presentar impugnaciones a las ofertas presentadas por apartamientos a las exigencias establecidas en las normas y documentación licitatoria. o bien cuando la exigencia o modalidad pueda llevar a una contratación que en definitiva perjudique el interés público comprometido. Esta modalidad en definitiva impide que las consultas cumplan la finalidad para las cuales están previstas. en la medida que su cumplimiento constituya un mecanismo que permita la participación de todos quienes pudieran tener interés en intervenir posteriormente como oferentes. en general previa a la adjudicación. Consideramos claramente ilegítima esta exigencia. 436 en cuanto no establece que deba presentarse una garantía como condición para presentar . Así como el derecho a peticionar a las autoridades se integra con el de obtener una respuesta válida. No serían auténticos derechos. Es frecuente que las consultas. La respuesta a una consulta que no aclare el interrogante planteado no cumplirá con los requisitos esenciales de todo acto administrativo. son respondidas en forma genérica o mediante meras remisiones a otras disposiciones. limitando en definitiva estas últimas únicamente cuando existen apartamientos manifiestos a las disposiciones que regulan el procedimiento de contratación. Esta práctica debería estar generalizada. El derecho a formular consultas es similar al derecho a peticionar. Estos derechos si se limitasen a la mera petición sin el derecho a obtener una respuesta con contenido serían derechos vacíos.11 y 12 que "cuando la complejidad o el monto de la contratación lo justifique. principalmente antecedentes técnicos y económicos. el Reglamento aprobado por el dec. Es sabido que muchas veces la exigencia de determinados requisitos. Como método para evitar estas prácticas. en definitiva configure una vulneración de los principios rectores de la contratación administrativa. resulta contradictoria con lo dispuesto en el art. 834/2000. 436/2000. Las consultas tienen precisamente la virtualidad de aclarar la relación contractual que habrá de entablarse. corresponderá la apertura de una etapa previa a la convocatoria para recibir observaciones al proyecto de Pliego de Bases y Condiciones Particulares" (52). entre otros elementos. siguiendo el criterio de interpretación aplicable a los contratos de adhesión. estos cuestionamientos al Pliego de Bases y Condiciones Particulares deben ser resueltos en forma expresa por el órgano administrativo contratante. Más allá de la denominación de observaciones que reciben estas presentaciones con motivo de esta ronda de consultas. 1023/2000. cuya formulación en el Pliego está destinada a clarificar las condiciones de la contratación. en la práctica esas impugnaciones carecían de los mínimos fundamentos y servían para abrir una etapa de negociación o presión de los oferentes entre sí. en la última década se incorporó la exigencia de constituir garantías de alto valor económico como condición inexcusable para la procedencia formal de la presentación de impugnaciones. también cuando la disposición cuestionada. que en definitiva generaban la postergación para adjudicación y firma del contrato. Muchas veces. a la causa y al objeto. Como expresión de la función administrativa contendrá vicios que afectarán. la modalidad de exigir importantes garantías que se pierden en caso de ser desestimadas las impugnaciones. En lo que al contrato de suministro se refiere. La falta de respuestas suficientemente claras a las consultas debería ser considerada en contra de la Administración. (b) Impugnaciones durante el procedimiento de contratación previstas en el Pliego: los Pliegos de Bases y Condiciones establecen una etapa.
Todos ellos son aplicables al contrato de suministro. (b) subasta pública -por ejemplo para la compra de objetos de arte o de interés histórico-. tanto en cuanto a la tramitación de la petición como a la resolución que corresponde por parte del órgano administrativo actuante. La indeterminación de la cantidad final de unidades puede resultar perjudicial para la propuesta de un precio verdaderamente conveniente. III. 37 y sigtes. reclamos o presentaciones similares que se efectúen durante el procedimiento de contratación "fuera de las previstas en este Reglamento serán tramitadas fuera del expediente de la contratación. Por ello se requiere que en función de las necesidades y el tiempo considerado en la evaluación previa. establece los procedimientos generales de contratación: (a) licitación o concursos públicos: que pueden ser de etapa única o múltiple -según su complejidad-. 436 en sus arts. (b) Por compra informatizada: prevista para la adquisición de bienes homogéneos.. establece las siguientes: (a) Con orden de compra abierta: para cuando la cantidad de bienes no se hubiere fijado en el contrato. 1023/2000 en el título II. (c) Impugnaciones durante el procedimiento de contratación no previstas en el Pliego: el Reglamento aprobado por el dec. Ello significa que tales presentaciones estarán alcanzadas por las exigencias de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos.7.. ya que a mayor cantidad los oferentes se encuentran en condiciones de ofertar un precio más bajo. y nacionales o internacionales -cuando la convocatoria está dirigida a oferentes que tienen domicilio. dispone que las observaciones.549 . que tengan un mercado permanente. su sede principal de sus negocios o sucursal en el país o se admiten también oferentes del exterior-. . el organismo efectuará los requerimientos de acuerdo a las necesidades en el tiempo de duración previsto y al precio unitario adjudicado. (d) contratación directa.". además de las impugnaciones previstas en los Pliegos. de bajo costo unitario. El catálogo de estos bienes es definida por la Oficina Nacional de Contrataciones dependiente de la Subsecretaría de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía. se realice una estimación de las cantidades a suministrar. capítulo I -arts. que incluso podría contener un margen del 20% en más o en menos en cuanto a la cantidad final de los bienes a suministrar y al plazo para su entrega. (c) licitación o concursos abreviados -en los que pueden participar sólo quienes estén inscriptos en determinados registros y para contrataciones de hasta determinado monto-. Es posible requerir rangos de cotizaciones con distintas cantidades y en base a estos antecedentes emitirse una orden de compra abierta. Insistimos en que la exigencia de estas garantías cuando son excesivas en su monto o que son ejecutables por el solo rechazo de las impugnaciones aun cuando hubiera sido razonable su formulación son ilegítimas en cuanto significan un mecanismo limitativo de estas últimas. En cuanto a las modalidades para llevar a cabo el contrato de suministro el Reglamento aprobado por el dec. de los que se utilizan con habitualidad. 436/2000. impugnaciones. en cantidades considerables. 25 y 26-. conforme a las disposiciones de la ley 19. Modalidades de contratación El dec. y.impugnaciones.
(f) Contrataciones llave en mano: se concentra en un único proveedor la realización integral de un proyecto que además de la provisión de los elementos requiere su instalación o montaje. su operación. Sólo corresponde cobrar su venta por las exigencias de su confección y el precio debe ser equivalente al costo de producción del mismo. salvo en aquellos casos en que por sus características el organismo contratante determine que sean obtenidos previo pago de una suma de dinero (54). La Administración Pública debe insistir en la implementación de Registros centralizados que se mantengan debidamente actualizados y que eviten la necesidad de tener que presentar los mismos antecedentes en cada licitación. Esta modalidad es propia para contratar obras públicas y concesiones. El precio de venta de los pliegos debe ser equivalente al costo de reproducción de los mismos. técnica y económica del proyecto. puesta en servicio o el uso de tecnologías específicas. y muy excepcionalmente puede utilizarse en el contrato de suministro. Debe evitarse que ello pueda afectar el principio de concurrencia. Esta modalidad es propia del contrato de obra. Esta modalidad de contratación sólo puede llevarse a cabo cuando se realice mediante licitación pública. III.9. en tanto que cuando es con precio de referencia no podrá abonarse un precio unitario que supere a aquél en más de un cinco por ciento (5%). la garantía se calcula sobre la de mayor valor. Garantías En el contrato de suministro existen las siguientes garantías: (a) Mantenimiento de oferta: actualmente es del 5% calculada sobre el valor de la oferta presentada (55). que en muchos casos desalientan la participación de oferentes. Vinculado a esta cuestión se encuentran los costos de presentación de ofertas. Aun en el caso de licitaciones o concursos de etapa múltiple. y no debe constituir una fuente de ingresos para el organismo licitante como ocurre muchas veces. Compra del pliego En principio debe ser gratuito.8. así como la aptitud suficiente para demostrar la viabilidad jurídica. debiendo contener los lineamientos que permitan su identificación y comprensión. III. Es una excepción al principio de descentralización operativa que deben requerirle a la Oficina Nacional de Contrataciones. (d) Con precio tope o con precio de referencia: en el primer caso el llamado a participar indica el precio más alto que el Estado está dispuesto a pagar por los bienes requeridos. Se unifica la gestión para obtener mejores condiciones. (e) Contrataciones consolidadas: cuando las requieren dos o más unidades estatales.(c) Con iniciativa privada: propicia la presentación de iniciativas novedosas u originales o que impliquen una innovación tecnológica o científica. los sobres con los antecedentes y la oferta . En caso de presentarse alternativas.
los oferentes y adjudicatarios contraen la obligación de hacer efectivos los importes de las garantías a requerimiento del organismo contratante. Adjudicación y perfeccionamiento del contrato . En cuanto a las modalidades de constitución de las garantías. Ello muchas veces genera costos por la extensión de la vigencia de la garantía que en tal caso debe ser afrontada por la Administración.técnica y con la oferta económica deben presentarse en forma simultánea (56). el oferente debe tener la posibilidad de retirar su oferta sin el riesgo de ejecución de esta garantía. deben considerarse el interés y los derechos de la Administración y del contratista. III. Si el Pliego estableciera la presentación no simultánea sino en sucesivas etapas y con posterioridad a la presentación de la primera a través de circulares se introducen cambios en las condiciones previstas originalmente en el Pliego y con la oferta técnica fue presentada la garantía de mantenimiento de oferta. en la medida posible. En el caso de los seguros de caución de uso frecuente en la contratación administrativa. (b) Cumplimiento de contrato: en la actualidad es del 10% del monto del contrato (57). la de mantenimiento de oferta debe efectuarse de oficio a los oferentes que no resultaron adjudicatarios dentro de los diez días de presentada la garantía de cumplimiento de contrato. aval bancario o fianza. (c) Contragarantía: debe cubrir el anticipo del precio que se entrega al inicio el contrato. En cuanto a las modalidades para la constitución de las garantías de cumplimiento de contrato. créditos al cobro de la Administración Pública Nacional. salvo que por razones fundadas fuera establecido en el Pliego. Es útil en tales casos. de ejecutado el mismo. seguro de caución. el Reglamento aprobado por el dec. Respecto de la devolución de las garantías. Debe tenerse en cuenta que dicha garantía fue otorgada sobre la base de un Pliego y para el mantenimiento de una oferta para celebrar un contrato respecto del cual fueron posteriormente modificadas sus condiciones. La garantía debe ser de razonable y eficaz ejecución y el contratista debe contar con una instancia administrativa que auténticamente le permita hacer valer sus derechos y hacer conocer su actuación respecto de los incumplimientos que se invocan para proceder a la ejecución de la garantía. A los adjudicatarios una vez integrada la de cumplimiento de contrato o. que la garantía de mantenimiento de oferta prevea su vencimiento automático al rechazarse la oferta. Las garantías de cumplimiento de contrato deben devolverse una vez cumplido el mismo.10. en su caso. pagarés a la vista. y la de cumplimiento de contrato al tener lugar la recepción definitiva de la prestación objeto del contrato. en general las pólizas establecen que las mismas se ejecutan una vez dictada la resolución administrativa por parte del organismo contratante y agotada la vía administrativa. 5720/72: efectivo. Dicho cambio debe ser esencial. títulos públicos. sin que puedan interponer reclamo alguno sino después de realizado el pago. Ocurre con frecuencia que la Administración incurre en demora en la restitución injustificada de la documentación que instrumenta la garantía. En lo referente a la ejecución de las garantías. 436/2000 mantiene las normas del dec. cheque certificado. en caso de resolución de la Administración Pública Nacional que así lo disponga. La elección de la modalidad para constituir la garantía es a cargo del oferente o del contratista.
las presentaciones u ofertas de aquellas que exhiban reiterados incumplimientos de sus obligaciones. la calidad. 1023 establece como criterio general para la adjudicación en las contrataciones administrativas que debe realizarse a favor de la oferta más conveniente. teniendo en cuenta el precio. desarrollen su actividad y tengan sede principal en el país cuentan con un derecho de preferencia. Junto con la adjudicación deben resolverse las impugnaciones al dictamen de la Comisión Evaluadora y los recursos contra la adjudicación se encuentran sometidos al régimen de la Ley de Procedimientos Administrativos. Unicamente podría darse este supuesto. Dicho dictamen es notificado a todos los oferentes.11. debe estar establecido previamente el método de calculo para homogeneizar ofertas con precio al contado y con precio financiado. quienes cuentan con el plazo de cinco (5) días para impugnarlo.El Reglamento aprobado por el dec. Ello se debe a que habiendo todos los oferentes cumplido con las condiciones necesarias que lo habiliten para actuar como oferente. De mantenerse la igualdad. El perfeccionamiento del contrato de suministro se produce con la notificación de la orden de compra al adjudicatario. La adjudicación es dispuesta por el órgano competente en base a la oferta más conveniente. cada organismo debe contar con una Comisión Evaluadora integrada por tres miembros. III. En cuanto a la calidad de cada oferente. salvo que el adjudicatario la rechazare dentro de los tres (3) días de la notificación. y estando unificadas las características de los bienes a suministrar. debe emitir un dictamen no vinculante con los fundamentos para que la autoridad competente disponga la adjudicación del contrato (59). la idoneidad del oferente y demás condiciones de la oferta. con causa. en principio la oferta más conveniente es la de menor precio. Ejecución del contrato En cuanto a la ejecución del contrato cabe destacar los siguientes aspectos. En caso de empate las pequeñas y medianas empresas que operen. De todas formas. el Reglamento dispone que serán considerados los antecedentes obrantes en los registros y bases de datos de otros organismos. en el contrato de suministro tratándose de bienes estandarizados o de uso común cuyas características técnicas puedan ser inequívocamente especificadas e identificadas. Dentro de los ocho (8) días siguientes el adjudicatario debe presentar la garantía de cumplimiento de contrato (60). no existen razones para que a un precio mayor otro mentor cotizado justifique obtener la adjudicación. Sin embargo. La norma conforme la cual "se desestimarán. en el caso que por la envergadura del suministro los efectos pudieran inducir alternativas de financiamiento y éstas fueran claramente favorables para la Administración (58). que en el caso del contrato de suministro en principio corresponde al precio más bajo cotizado. los oferentes respectivos serán convocados a mejorar sus ofertas y si continúa el empate. la adjudicación se resuelve por sorteo. La Comisión debe expedirse en el plazo de diez (10) días de recibidos los antecedentes. en las condiciones que establezca la reglamentación" debe interpretarse en el sentido que tales causales deben haber sido previamente establecidas como excluyentes del proceso de contratación. la cual una vez analizadas las ofertas presentadas. . Para la adjudicación en el contrato de suministro.
M. es conveniente que el Pliego establezca la previa certificación por la Administración del avance registrado en la elaboración. El plazo de pago de las facturas es de 30 días corridos desde su presentación en forma y en el lugar indicado. lugar y demás condiciones establecidas. . emitiéndose los recibos que quedan sin embargo sujetos a la recepción definitiva. Puede ocurrir que en función de la complejidad e importancia del suministro. Pago del precio Como principio general las facturas para el pago del precio son presentadas una vez recibida la conformidad definitiva de la recepción (63). salvo que el Pliego de Bases y Condiciones Particulares establezca uno diferente. 1354 del Cód. (c) Recepción del suministro: con cada entrega tiene lugar la recepción provisional. Si por cualquier motivo el precio no fuera cierto y determinado y la cosa ya hubiera sido entregada. A partir de ese momento el contratista podrá requerir la entrega de las garantías previamente otorgadas. plazo o fecha. Si bien éstos estarán cubiertos por la contragarantía que el contratista debe otorgar contra cada importe que reciba. el proveedor podrá intimar la recepción y si la dependencia contratante no se expidiera dentro de los diez (10) días siguientes los bienes se tienen por recibidos de conformidad (62). El precio debe ser cierto y determinado. La recepción provisoria toma lugar en la entrega del suministro y la recepción definitiva por transcurrir el plazo de garantía sin observaciones. No debe confundirse la recepción -provisoria o definitiva- con el acta que deje constancia. 834/2000 y en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares vigente para cada licitación o concurso. Dicho plazo se interrumpirá en caso de observación a la documentación presentada hasta la subsanación (64). III. Una vez completadas todas las entregas deben efectuarse las verificaciones entre las mercaderías entregadas confrontándolas con las especificaciones del pedido. o una vez vencido dicho plazo. En caso de silencio. siendo el precio uno de sus elementos esenciales. Siendo la recepción definitiva un hecho que ocurre por el transcurso de tiempo sin la formulación de observaciones por la Administración. La recepción definitiva debe efectuarse dentro del plazo establecido en el Pliego contado desde que se completó la entrega.12. durante su elaboración el contratista haya recibido uno o varios anticipos. Los plazos se cuentan por días corridos a partir del día siguiente de la recepción de la orden de compra. la falta de emisión del acta respectiva no significa que la recepción efectivamente no haya ocurrido. por aplicación el art.(a) Casos de precio indeterminado: el contrato de suministro es un contrato oneroso.E. siendo de aplicación en lo particular las disposiciones establecidas en el Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para la Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional aprobado por res. o de la apertura del crédito documentario o del cumplimiento por la Administración Pública de las obligaciones establecidas a su cargo como puede ser el pago del anticipo (61). (b) Plazos para la entrega del suministro: la prestación comprometida debe cumplirse en la forma. Civil se presume que las partes se sujetaron al precio corriente del día en el lugar de entrega de la cosa.
bien sea en la misma forma que se compraron o en otra diferente. la liquidación de intereses que pudieren corresponderle. 451 que "Sólo se considera mercantil la compra- venta de cosas muebles. los que correrán desde la fecha del vencimiento del plazo para el pago no efectuado en término hasta el momento en que se remita comunicación fehaciente al acreedor de que los fondos se encuentran a su disposición. 2°. El art. Dicha norma al ser derogada. debe los intereses legales que las leyes especiales hubiesen determinado. En caso de omisión corresponde remitirse al art. dichos intereses se liquidarán a la tasa fijada por el Banco de la Nación Argentina para los descuentos en general. acciones de compañías y papeles de crédito comerciales". o para alquilar su uso. 450. 622 del Código Civil. A ello se agrega que como principio general. cabe recordar que el Código de Comercio regula la compraventa comercial a partir del art. Las notas de débito por intereses podrán ser presentadas por el acreedor hasta 30 días después de haber hecho efectivo el cobro de su crédito. o de la parte de éste que se hubiere pagado. No declarándose en la factura el plazo del pago. En este sentido. Las referidas facturas. El vencimiento de dicho plazo producía la pérdida del derecho a los intereses. Vencido dicho plazo perderá todo derecho a su reclamo". los jueces determinarán el interés que debe abonar". 474 citado. comprendiéndose la moneda metálica. 452 indica los casos que expresamente no se consideran mercantiles. dejar de lado expresas disposiciones acerca de la recepción del suministro. conforme el cual "El deudor moroso debe los intereses que estuviesen convenidos en la obligación. entre los cuales se encuentra en el inc. Si no se hubiere fijado el interés legal. "Las de objeto destinados al consumo del comprador. 474 del Cód. lleva a la aplicación de los intereses previstos contractualmente. se presumen cuentas liquidadas". 5720/72 en el art. cabe considerar las siguientes cuestiones: (a) Rechazo de Facturas: El art. (b) Mora en el pago de las facturas: el dec. 113 establecía que: "A partir del día siguiente del vencimiento del plazo establecido para el pago. 436/2000 para la presentación de las facturas. se presume que la venta fue al contado. de Comercio establece respecto del contrato de compraventa que "Ningún vendedor puede rehusar al comprador una factura de los géneros que haya vendido y entregado con el recibo al pie de su precio. no siendo reclamadas por el comprador dentro de los diez días siguientes a la entrega y recibo.Con relación a la presentación de facturas y el pago del precio. resulta dudoso que sea aplicable cuando es el Estado quien realiza la contratación para consumo propio de las provisiones. o en su defecto. Si la demora no obedeciera a causas imputables al acreedor. por la vía del art. desde el vencimiento de ella. 474 del Cód. . la recepción definitiva del suministro es una condición establecida en el Reglamento aprobado por el dec. o de la persona por cuyo encargo se haga la adquisición". con un alcance similar al establecido por el artículo 624 del Código Civil para el caso de emisión del recibo de pagos en mora sin efectuar reserva. títulos de fondos públicos. para revenderlas por mayor o menor. La presentación de estas últimas antes de operar tácitamente la recepción definitiva si no se cumplieron los actos y plazos establecidos para ello no puede. el contratista debía presentar reclamo por intereses a la tasa del Banco Nación para descuentos en el plazo perentorio de 30 días. cuando éste hiciera efectivo el importe de su crédito. de Comercio no es aplicable al contrato administrativo de suministro. Aun cuando algunos fallos judiciales han sostenido la aplicación de esta disposición al contrato administrativo de suministro (65). indicando en el art. Vale decir. Por ello entendemos que la regla del art. Si no hay intereses convenidos. el proveedor podrá reclamarlo por nota en la tesorería respectiva así como también y sin otro requisito.
624 del Código Civil no resulta de aplicación a las diferencias reclamadas en concepto de actualización monetaria como pretende la demanda" (CS. 21/04/78. habida cuenta de que. 1979-B. Dicha derogación. 13/08/85.A. b)). por el contrario. siendo en consecuencia de aplicación los intereses a los que hace referencia el art. 307:1302)" (68). actualización monetaria.928 en su artículo 10 derogó a partir del 1° de abril de 1991 "todas las normas legales o reglamentarias que establecen o autorizan la indexación de precios. 677). mantenida por la ley 25. sino que. 1985-C. mantiene su valor económico real frente al envilecimiento de la moneda . de los expedientes administrativos surge que las facturas por actualización fueron presentadas por la actora antes de que se cumpliese el plazo fijado por el art. c. 30/11/78. Civil. Cabe recordar que la Corte Suprema en el caso "Balpalá Construcciones c.. En este sentido. Estado nacional (Ministerio de Educación y Justicia) s/cobro de pesos" donde se manifestó que "el art. como ha expresado este Tribunal. aplicable en la especie por tratarse de un contrato de suministros. impuestos. Fijaba una compensación desde la fecha prevista en el contrato para el pago hasta la del efectivo pago. Por otra parte. LA LEY. Dirección Nacional de Vialidad" del 5 de diciembre de 1989. sala civil y comercial. "Lamabaré S. 622 del Cód. Tampoco resulta aplicable a este respecto la previsión del art. pues en definitiva. 624 del Cód.L.de propiedad. y cuyas previsiones excluyen la aplicación analógica del art. El mantenimiento del equilibrio económico financiero del contrato El contrato de suministro no presenta particularidades en cuanto a la aplicación de las técnicas jurídicas destinadas al mantenimiento de su ecuación económico-financiera. Civil. variación de costos o cualquier otra forma de repotenciación de las deudas. Belluscio. 12/07/84. LA LEY. CN Fed. Empresa Ferrocarriles Argentinos". Este sistema muchas veces se encontraba en colisión con las previsiones de los Reglamentos de Contrataciones que disponían directamente la aplicación de intereses. Civil. 141-179.A.13. las compensaciones por mora en el contrato de suministro estuvieron reguladas por la ley 21. aun cuando lo hizo respecto de un contrato de locación de obra en el que se discutía la procedencia del sistema de actualización de deudas en mora por la ley 21. La actualización se efectuaba sobre la base de la variación del índice general de precios mayoristas elaborado por el INDEC.561 dejó sin efecto los sistemas de cálculo de compensaciones por mora mediante métodos de actualización de precios. sostuvo la inaplicabilidad del art. "Droguería Fucha c. 18/12/85. Estado Nacional)".391 (66) que establecía un régimen de actualización de los precios pactados en las contrataciones para la provisión de servicios y suministros. Civil. en fallo suscripto por los jueces Petracchi.928 de convertibilidad.392. aun en materia de intereses (CNFed. obras y servicios". Provincia de Santiago del Estero". Empresa Ferrocarriles Argentinos". ese precepto no contempla el supuesto de depreciación monetaria (Fallos 306:1993. 01/02/85. c. c. 113 del Reglamento de Contrataciones del Estado (dec. Contenciosoadministrativa. sala I "Bull Argentina S.A.. esta sala in re "Fologore". sala Civ y Com. "Picciafuoco c. precios o tarifas de los bienes. 624 del Cód. "Aero Falcón S. Integral de Alimentos S. De todas formas. LA LEY. 2°. Bacqué y la disidencia de Fayt. sala IV.". 5720/72).(c) Cálculo de intereses: Hasta el dictado de la ley 23. entre otros antecedentes jurisprudenciales. 255. Lo hizo repitiendo el criterio de la Corte que "ha considerado procedente el reclamo por depreciación monetaria con base sustancialmente en el imperativo constitucional de afianzar la justicia y en el derecho -de igual raigambre. 5270/72 se consideró inaplicable al contrato de suministro el requerimiento de la reserva establecida en el art. 624 del Código Civil (67). (d) Reserva en el recibo por intereses por mora: Estando vigente el inc. III. 624 del Cód. cabe citar la sentencia de la sala III de la Cámara Contencioso Administrativa del 3 de abril de 1986 en autos "Cía. Conforme la doctrina . 113 del dec.R. la ley 23. siempre que excediera de 15 días y la mora no obedeciera a causas imputables al proveedor (art. la actualización que así se opera no convierte a la deuda en más onerosa de lo que era en su origen.
modificación o sustitución de los contratos por razones de oportunidad. De esta manera se hace expresa mención en cuanto a la aplicación de la teoría de la imprevisión del art. 18 de la ley de procedimientos administrativos para la revocación de los actos administrativos por razones de oportunidad. 1023. dentro de los derechos del cocontratante establece el derecho a la recomposición del contrato. cuando la revocación pretende eliminar el derecho de propiedad del particular. De lo contrario. en contratos de suministros de tracto sucesivo cuyas entregas son periódicas y prolongadas en el tiempo la situación es similar a la de estas últimas. el interés público debe estar configurado por antecedentes de hecho que justifiquen la revocación -causa-. El Reglamento aprobado por el dec. 1198 del Código Civil. Entendemos que tal imposibilidad no debe interpretarse como una condición absoluta. 12. sino como una circunstancia que exceda razonablemente el esfuerzo por parte del cocontratante de continuar con el cumplimiento del contrato frente al acaecimiento de cualquiera de las mencionadas circunstancias.de la Corte Suprema. Por ello. III. La revocación o rescisión procede aun sin causas atribuibles al proveedor. El acto administrativo que así lo disponga debe reunir los elementos esenciales de todo acto administrativo. Los plazos relativamente breves que muchas veces existen entre la celebración del contrato. La facultad de la Administración de extinguir anticipadamente el contrato de suministro corresponde a la atribución que genéricamente le otorga el art. o actos de incumplimientos de autoridades públicas nacionales o de la contraparte pública. mérito o conveniencia no generará derecho a indemnización en concepto de lucro cesante" -art. mérito o conveniencia. b) párrafo 2°-. sino que debe haber una expresión circunstanciada del mismo. Este criterio ya estaba en el Reglamento aprobado por el dec. 436. los cuales deben ser claramente expresados -motivación-. No basta la simple invocación genérica del interés público. de tal gravedad que tornen imposible la ejecución del contrato. la entrega del suministro y el pago del precio. Sin embargo. la aplicación de las teorías del hecho del principio y de la imprevisión proceden en la medida que los hechos que alteren la ecuación económico-financiera hayan sido sobrevinientes a la firma del contrato. cuando señala que la revocación por razones de oportunidad sólo es procedente cuando los actos fueron otorgados a título precario. otro de los derechos de los cocontratantes es el de eximir de responsabilidad por incumplimiento frente a un caso fortuito o de fuerza mayor. imprevistos y que exceden el álea normal de los negocios (69).14. cuando acontecimientos extraordinarios o imprevisibles de origen natural tornen excesivamente onerosas a las prestaciones a su cargo. 96 dispone que "Cuando la Administración pública nacional revoque o rescinda un contrato por causas no imputables al proveedor. Revocación o rescisión del contrato Cabe distinguir según que la terminación anticipada del contrato tenga lugar por decisión unilateral de la administración sin culpa o con culpa del contratista. pero es necesario que medien razones justificadas de interés público que justifiquen esta decisión. Gordillo va más allá. en su art. 12 las facultades de la autoridad administrativa dispone que "La revocación. la revocación no . inc. 1023 al establecer en el art. Dentro de esta problemática. hacen que estas técnicas no sean de tan frecuente aplicación en estos contratos como ocurre en otros como los de obra pública y de concesión de obra y servicios públicos en los que la ejecución se extiende más en el tiempo. este último tendrá derecho a que se le reconozcan los gastos en que probare haber incurrido con motivo del contrato. (a) Revocación o rescisión sin culpa del proveedor: el dec. No se hará lugar a reclamación alguna por lucro cesante o por intereses de capitales requeridos para financiación". ambos de carácter natural.
el derecho a la igualdad en la distribución de las cargas públicas garantizado por el art. de este estudio prevalece lo dispuesto en el Reglamento establecido por el dec. no generará derecho a indemnización en concepto de lucro cesante". En atención a que esta norma establece como única limitación de la indemnización al lucro cesante. que en este caso está configurado por todos los costos incurridos. mérito o conveniencia. 18 de la ley de procedimientos administrativos es inconstitucional (70). o limitada al primero de dichos conceptos. La exclusión al reconocimiento de este perjuicio que establece el art.1. 10 excluye el lucro cesante. 1023/2000. el daño es el menoscabo que experimenta el acreedor en su patrimonio (73).499 cuyo art. modificado o sustituido por razones de oportunidad. sin mencionar a los intereses de capitales requeridos para financiación. Sostiene por ello que la analogía con la expropiación demuestra que una previsión como la que en tal sentido contiene el art. Dentro de estos costos se encuentran los intereses de capitales propios del contratista o que obtuvo de terceros. la cuestión fundamental gira en torno al alcance de la indemnización que corresponde a favor del contratista: si la misma debe ser integral. 96 del Reglamento aprobado por dec. indemnizando los perjuicios que causare a los administrados". Más allá de la objeción constitucional a dicha norma. Aun cuando nuestro derecho exige que la acreditación de los daños y . exige que ésta compense los daños sufridos a partir de tal decisión. Dentro de la revocación de los contratos por parte de la Administración por razones de interés público. 436/2000 es violatorio de los derechos de propiedad y de igualdad ante las cargas públicas garantizadas por los arts. Por nuestra parte. 1023/2000 en su art. el cual dispone que el acto administrativo "podrá ser revocado. Barra y Bianchi (71) en el primero de los sentidos basadas en la vigencia de la garantía al derecho de propiedad. son conocidas las opiniones de Cassagne. sin ley especial que califique de utilidad pública el derecho de cuya expropiación se trata. el contratista incurre en una serie de gastos que finalmente se ven compensados al entregar el bien y recibir el precio comprometido. El Reglamento de Contrataciones aprobado por el dec. entendemos que corresponde la aplicación directa del art. ya que si las razones que llevan a la revocación es el resguardo del interés público. En definitiva el daño padecido está integrado por la pérdida patrimonial incurrida para cumplir con el suministro y la falta de ingreso del precio esperado. modificación o sustitución de los contratos por razones de oportunidad. Como señala Llambías. A los fines del cumplimiento de las prestaciones comprometidas. 16 y 17 de la CN. 16 de la Constitución Nacional exige que la indemnización comprenda tanto el daño emergente como el lucro cesante. 3. Por último la norma dispone que serán compensados "los gastos en que probare haber incurrido con motivo del contrato". El financiamiento de capital es un costo directo incurrido en función de la actividad productiva desarrollada desde la celebración del contrato hasta que reciba la indemnización por la extinción anticipada del contrato. y de Marienhoff y Comadira (72) quienes sostienen la otra posición. abarcando el daño emergente y el lucro cesante. que debían ser compensados al recibir el precio y que no recibirá a partir de la revocación. 18 de la ley de procedimientos administrativos. Quienes excluyen este último concepto. La extinción anticipada del contrato con motivo de la revocación dispuesta por la Administración. Dentro de la doctrina. entendemos que la indemnización debe ser integral. invocan la aplicación analógica del régimen de expropiaciones de la ley 21. entendemos que en función del orden de prelación al que hicimos mención en el pto. ya que en este caso la norma antes transcripta no sólo excluye de la indemnización el lucro cesante sino que además del daño emergente se excluyen los intereses de capitales requeridos para financiación. 12 dispone que "La revocación. sin fijar límites a dicha indemnización.puede constitucionalmente hacerse en sede administrativa. mérito o conveniencia. En el contrato de suministro la controversia expuesta se agrava aun más.
y si el cambio se refiere al plazo. debe disponerse simultáneamente la correspondiente adecuación del precio que produzca la aceleración o extensión del plazo apara el cumplimiento del suministro. Ello sin perjuicio de la ulterior pretensión que el contratista pudiera ejercer por el reconocimiento de perjuicios adicionales. el contrato debe ser declarado extinguido sin culpa de las partes. El aumento o la disminución puede incidir sobre uno. Aun con el consentimiento del cocontratante. con pérdida de la garantía de cumplimiento del contrato.perjuicios reclamados. la Constitución Nacional establece que la propiedad es inviolable y que la expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por ley y previamente indemnizada. III. sin perjuicio de ser responsable el proveedor por los daños y perjuicios que sufriere la Administración Pública Nacional con motivo de la celebración de un nuevo contrato con el mismo objeto". III.16. varios o el total de los renglones de la orden de compra. la prórroga no puede ir más allá de un año adicional. las ampliaciones no pueden exceder del 35 % del monto total del contrato (75). durante su ejecución la Administración requiere del contratista una modificación que genera un incremento de costos. Cuando la modificación dispuesta por la Administración excede los citados parámetros y la misma no es aceptada por el cocontratante. En los contratos plurianuales. Esta variación en el contrato de suministro tiene lugar ya sea por una alteración en la . Es importante destacar la necesidad de mantener el ejercicio del jus variandi dentro del alcance establecido normativamente. que en el caso de contrato de suministro están indicados en los párrafos anteriores. el suministro comprometido no hubiera sido entregado. debería en forma simultánea efectuar una estimación cierta y el pago de la indemnización que corresponde en función de los daños y perjuicios que derivan de tal decisión. el art. entendemos que el acto administrativo que dispone la revocación de un contrato por decisión de la Administración sin culpa del contratista. Ello es así. Adicionales y modificaciones no instrumentadas debidamente: el principio del enriquecimiento sin causa Ocurre con frecuencia que con posterioridad a la celebración de un contrato administrativo. (b) Rescisión con culpa del proveedor: en el supuesto que vencido el plazo contractual. por cuanto a través de este mecanismo se estaría evitando cumplir con la exigencia de la licitación pública para adquirir los nuevos suministros. "Jus variandi" En el contrato de suministro la Administración cuenta con la facultad de aumentar o disminuir hasta un 20% el monto total del contrato en las condiciones y precios pactados y con adecuación de los plazos respectivos (74). o incluso introducir cambios siempre que no se refieran a elementos esenciales. Por el ello. 436/2000 dispone que "la Administración Pública deberá declarar rescindido el contrato sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial. La Administración no puede modificar unilateralmente el precio. Pueden disponer aumentos o reducciones en las cantidades contratadas dentro de los referidos límites.15. 97 del Reglamento aprobado por dec. siempre y cuando el total resultante no exceda los porcentajes previstos.
El Reglamento aprobado por el dec. Muchas veces ello ocurre por el ritmo con el que se desarrollan las relaciones contractuales. La norma habla de "actos de autoridades públicas nacionales o incumplimientos de la contraparte pública". En este sentido. El cambio tiene lugar a veces sin contar con las debidas formalidades. Ello da lugar a divergencias en cuanto a la exigibilidad del precio. ambos de carácter natural. desplazamiento de un patrimonio que carezca de causa. 13 inc. * Deben configurarse los requisitos exigidos para la aplicación de esa teoría: enriquecimiento del ente público estatal. 1023/2001 dispone que el cocontratante tiene la obligación de cumplir las prestaciones por sí en todas las circunstancias "salvo caso fortuito o fuerza mayor. III.composición del bien a suministrar o en su cantidad. 95 que las penalidades previstas no serán aplicables cuando el incumplimiento de la obligación provenga de caso fortuito o de fuerza mayor. El Régimen de Contrataciones del dec. El cambio operado tuvo lugar como una manifestación del jus variandi.17. Los hechos de carácter natural o actos de autoridades nacionales deben entenderse sólo como la enunciación de algunos posibles supuestos de fuerza mayor que no excluyen otros casos. de tal gravedad que tornen imposible la ejecución del contrato" -art. En este caso el conflicto en concreto se plantea en cuanto a la posibilidad de promover por el contratista la actio in rem verso contra la Administración aun cuando ésta no cumplió con las disposiciones legales que rigen la modificación contractual introducida en la prestación efectivamente cumplida. Sin embargo. Para ello se requiere que las circunstancias que . * Aun cuando no sea necesaria la acreditación del interés público comprometido en el cambio del suministro. el suministro es entregado con las variaciones solicitadas. el último caso estrictamente daría lugar a aplicación de la exceptio non adimplenti contractus. que en este caso es requerir el cambio con las debidas formalidades. cuando también podrían configurar hechos que Príncipe los provenientes de autoridades provinciales o municipales. es necesario que no exista una connivencia dolosa o culposa entre los funcionarios actuantes y el contratista. 436/2000 mantiene el citado régimen al disponer en el art. La jurisprudencia y la doctrina han señalado la aplicabilidad de esta doctrina en los contratos administrativos. se menciona a los actos de autoridades nacionales. es oportuno señalar algunas precisiones: * El cambio introducido no debe superar los limites establecidos para el ejercicio del jus variandi. a)-. empobrecimiento del contratista. o actos o incumplimientos de autoridades públicas nacionales o de la contraparte pública. Caso fortuito En el contrato de suministro es de aplicación el régimen que para el caso fortuito y la fuerza mayor establece el Código Civil. Sin embargo. que no haya otra vía de derecho y no se eluda una disposición de la ley. en cuanto en tales casos exime al contratista de responsabilidad por incumplimiento de la obligación. En tal caso la teoría del enriquecimiento sin causa constituye una técnica eficaz para dar una solución adecuada al conflicto planteado. que incluso nunca llegan a cumplirse.
etc. debiendo exigirse el cumplimiento de esta exigencia con la debida razonabilidad. Dentro de las prerrogativas con que cuenta la Administración en el ámbito de los contratos administrativos. 1023/2000. decretar su caducidad. III. cuyo ejercicio sólo se justifica en razón del interés público comprometido en cada situación. lo resuelto por la Administración no tuvo lugar en ejercicio de las facultades interpretativas. y cuando la decisión significa modificar el contrato. la atenuación al ejercicio de la exceptio non adimpleti contractus por el contratista. En tal caso. las cuales hacen que el contrato administrativo cuente con rasgos típicos que lo distinguen del contrato de derecho privado. la necesidad de tener que requerir judicialmente la rescisión del contrato aun cuando fuere por culpa de la Administración. con las consecuencias que en tal caso correspondan según sea el alcance de la modificación dispuesta. aceptado por el organismo licitante y denunciadas dentro de los tres (3) días de producida o que cesaren sus efectos. y por lo tanto dentro de lo acordado por las partes. El citado plazo debería contarse a partir de conocerse la situación configurativa del caso fortuito o la fuerza mayor. En este sentido debe distinguirse cuando la autoridad administrativa contratante dispone algo ejerciendo la facultad de interpretar el contrato.configuran tal situación sean debidamente documentadas por el interesado. la Administración ejerce las prerrogativas propias de la función administrativa. El ejercicio de las facultades interpretativas está determinado por el interés público. la misma no es autónoma y puramente libre (76). Esa finalidad pública justifica la naturaleza y alcance de los derechos y obligaciones de cada una de las partes contratantes. Por ello con acierto se señala que aun cuando la Administración cuenta con una prerrogativa de interpretación unilateral del contrato. Cuando en razón del interés público la decisión se aparta de las previsiones contractuales no debe confundirse lo ocurrido. Estas facultades interpretativas. La norma continúa diciendo que las atribuciones administrativas respecto de los contratos se extienden también a "modificarlos por razones de interés público. Así sería equitativo exigir con flexibilidad el cumplimiento del plazo para efectuar la denuncia si la propia Administración tenía conocimiento del hecho ocurrido configurativo del caso fortuito o fuerza mayor. sino habrá constituido un cambio en las previsiones contractuales. 12 del Reglamento aprobado por el dec. En la celebración y durante la ejecución del contrato administrativo. se encuentran las facultades interpretativas de los mismos en cuanto al alcance de los derechos y obligaciones que en cada momento corresponden a cada una de las partes.18. es el factor determinante del tipo de relaciones que se entablan entre ambos a través del contrato administrativo. se manifiestan de diferentes maneras: el jus variandi. Estas prerrogativas. debiendo hacerlo lo más posible de acuerdo a las previsiones contractuales. En primer caso la decisión será en ejercicio de la facultad de . Las facultades de interpretación de la Administración La finalidad pública perseguida por la Administración en la que requiere la colaboración y asistencia de los particulares. y determinar los efectos de éstas". rescisión o resolución. no son otra cosa que la expresión de la autotutela declarativa de la que goza la Administración en función del poder público del que está investida. la condición de acto administrativo que tienen los actos emitidos durante la vigencia del contrato. Esta prerrogativa de interpretar el contrato se encuentra establecida en el art. que faculta a la autoridad administrativa a "resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento".
el art. Ello significa que si el cocontratante no está de acuerdo con el acto administrativo mediante el cual la administración interpreta el contrato. 12 del Régimen aprobado por el dec. y que en 180 días sería remitido al Congreso . Por su parte. ley 5340/63 y la ley 18.697 (80) de emergencia económica en su art.-ley 5340/63 y la ley 18. 23. las empresas concesionarias de servicios públicos y las empresas del Estado deberán adquirir exclusivamente materiales. si resulta manifiesta que la interpretación se aleja claramente de las previsiones contractuales o si la Administración invoca el ejercicio de las facultades interpretativas para modificar las previsiones contractuales. ya que no agrega nada reiterar que los actos administrativos gozan de la presunción de legitimidad y de la fuerza ejecutoria. las dependencias. autónomas o descentralizadas y las empresas del Estado". sus organismos centralizados y descentralizados y las empresas concesionarias de servicios públicos.19. y declaró a este régimen de orden público.interpretar. aplicado a una situación puntual. el acto administrativo estará viciado en la causa -ya que la interpretación se habrá apartado del contrato y de los elementos que hacen a su interpretación (77). Sin embargo. Debe tenerse presente que la interpretación de un contrato es indicar lo que las partes acordaron. en tanto que en el otro será una expresión del jus variandi con los ajustes en el precio y en el plazo a que ello pueda dar lugar. Dispuso que con relación a las compras y contrataciones de bienes.875 y por toda otra norma que establezca regímenes asimilables. Este régimen era aplicable a los contratos de suministros celebrados por el Estado Nacional. El primero establecía que "La Administración Pública Nacional. siempre que el precio sea razonable. Al establecer la facultad de interpretación. Fijó los criterios para establecer cuándo el precio era razonable.875 -reglamentada por el dec. mercaderías y productos de origen nacional dentro de las normas del dec. reparticiones o entidades autárquicas.549". Los contratos de suministros y el compre nacional El régimen del "compre nacional" se integraba por el dec. siendo nulos de nulidad absoluta todos los contratos que se celebraren en contravención. 12 de la ley de procedimientos administrativos que hace procedente solicitar la suspensión de la ejecución por razones de interés público. obras y servicios que efectuasen las personas y entidades comprendidas en las mencionadas normas se establecerá una preferencia del 10% a favor de la industria nacional.la Administración Pública Nacional centralizada y descentralizada y las empresas concesionarias de servicios públicos debían adquirir materiales.696 (79) se planteó si el régimen vigente para el contrato de suministro así como el del "compre nacional" era o no aplicable a los contratos de suministros celebrados por contratistas del Estado Nacional a cargo de los prestadores de obras y servicios públicos. Igualmente estarán obligados los que celebren contratos de obras o de servicios con la Administración pública.875 (78). autónomas o descentralizadas. mercaderías y productos de origen nacional. según la ley 18. A partir del proceso de privatizaciones iniciado a partir de la ley 23. 1023/2000 indica que "los actos administrativos que dicten en consecuencia tendrán los caracteres y cualidades otorgados por el ar-tículo 12 de la ley 19. La ley 23. dentro de las normas destinadas a la desregulación y apertura de la economía suspendió los regímenes establecidos por el dec. III. que en el caso constituyen los antecedentes de hecho y de derecho. Si la interpretación se aparta de lo previsto en el contrato. es de aplicación el art. o para evitar perjuicios graves al interesado o cuando se alegare fundadamente una nulidad absoluta. reparticiones o entidades autárquicas. ley 5340/63. 2930/70. en tal caso deberá impugnarlo administrativamente. las dependencias. Esta norma constituye una manifestación innecesaria.y en el objeto -ya que el contenido del acto debe ajustarse a lo establecido en el contrato-.
En cuanto a las preferencias. 2284/91. b) los concesionarios y contratistas de obras y servicios públicos en aquellas operaciones superiores a los $150. debiendo aplicar las sanciones que correspondan. sus dependencias. las que sólo subsistirían "a igualdad de precios entre los productos de origen nacional respecto a los importados". con veintidós días hábiles previos a la apertura de la oferta. Resulta llamativo el esfuerzo de la ley 25. En lo que respecta a la publicidad de las contrataciones. ya que fueron derogadas por el dec. estas preferencias tuvieron poca vigencia. 909/2000 (82). las empresas del Estado y las sociedades privadas prestadoras. El régimen en esta materia actualmente vigente es el establecido por el dec. La preferencia a favor de los bienes de origen nacional cuando su precio sea igual o inferior a los de los bienes ofrecidos que no sean de origen nacional incrementados en un 7%. puedan igualar la mejor oferta. reparticiones y entidades autárquicas y descentralizadas. 436/2000. disponiendo que las personas y entidades comprendidas en los regímenes suspendidos por dicho art. A las disposiciones mencionadas se agrega la ley 25. 240 del Código Penal. un interés legítimo o un interés difuso o un derecho colectivo para recurrir los actos vinculados a contrataciones violatorias del mismo. por única vez. 23 "otorgarán preferencia a la adquisición o locación de bienes de origen nacional" del 5%.551 denominada "Compre Trabajo Argentino" según la cual "la Administración Pública Nacional. tanto respecto de los concesionarios como de sus subcontratistas directos. 1224/89. 1224/89 (81). Asimismo se dispone que los proyectos se elaborarán adoptando alternativas técnicas que permitan respetar la preferencia otorgada a la industria nacional. en la contratación de provisiones y obras y servicios públicos y los respectivos subcontratantes directos otorgarán preferencia a la adquisición o locación de bienes de origen nacional.551 destinado a su estricto cumplimiento. y del 5% para las realizadas por otras empresas.000 deben realizar una publicación por dos días en el Boletín Oficial y por un día en un periódico de circulación nacional masiva. las empresas que hubieren cotizado bienes de origen nacional a concesionarios y contratistas de obras y servicios públicos. siendo ésta de productos de origen no nacional. siempre que el costo de las materias primarias. cuando deja encuadrado cualquier apartamiento dentro de la figura del delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público previsto en el art. en ambos casos. ofreciendo precios con una diferencia que no supere en más de un cinco por ciento (5%) la mejor oferta. siendo aplicable además lo dispuesto en el art. 2284/91 mencionada en el párrafo anterior. en cuyo caso se debe aplicar la mencionada preferencia dispuesta del dec. Por el art. Los Entes Reguladores de los Servicios Públicos son los encargados de verificar el cumplimiento de estas normas en el ámbito de su competencia. se establecía una preferencia a favor de la industria nacional cuando sus precios fuesen iguales o inferiores a los productos de origen no nacional. licenciatarias y permisionarias de obras y de servicios públicos. 172 de este último a quien suministre informes falsos sobre las materias contempladas en la ley. los sujetos contratantes debían anunciar sus contrataciones de modo de facilitar su difusión. 23 de la ley 23. deberán ser invitadas dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de la apertura de las ofertas para que. cuando las ofertas sean realizadas por sociedades calificadas como Pymes.696 fue reglamentado por el dec. El art. Al respecto la ley entiende que un bien es nacional cuando ha sido producido o extraído en la Nación Argentina.un régimen sustitutivo del suspendido. dispone básicamente lo siguiente: a) los organismos del sector público nacional se rigen por el Reglamento establecido por el dec. dentro de un plazo de cinco (5) días. En los casos de contratos celebrados por concesionarios de obras y servicios públicos y sus subcontratistas directos. el . insumos o materiales importados nacionalizados no supere el 40% de su valor bruto de producción. Sin embargo. Por último. Este régimen otorga expresamente legitimación a quienes aleguen un derecho subjetivo. 5 del dec. en los términos de la presente ley". c) los subcontratistas directos de los concesionarios de obras y servicios públicos deben realizar la publicación según lo establezca la Autoridad de Aplicación.
a las MIPyMEs y formas asociativas comprendidas en el artículo 1° de la presente ley que ofrezcan bienes o servicios producidos en el país. esta última forma parte de la problemática que actualmente presenta el contrato de suministro celebrado por la Administración Pública Nacional. y los respectivos subcontratantes directos" (83).696. cuyo artículo 1º dispuso que "La realización de trabajos en todo el territorio de la República Argentina. Complementariamente. En tal caso. 8° de la ley 24. licenciatarias. cabe agregar la ley 24. Respecto de la emergencia. a menos que se procediera a su recomposición sobre la base del principio del sacrificio compartido (85). en sus arts. los buques y artefactos navales que enarbolen el pabellón nacional. será reservada exclusivamente a los ciudadanos argentinos nativos o nacionalizados y a los extranjeros habilitados por la Ley General de Migraciones para desempeñar tareas remuneradas. La primera emergencia declarada por la ley 23. en cuyos arts. Los pliegos de las licitaciones y concursos en la porción MIPyME deberán estar redactados en condiciones comprensibles y según una normativa que facilite la cotización por parte de las MIPyMES. 48 y 49 había dispuesto la rescisión de todos los contratos celebrados por el Estado nacional. cabe mencionar a la ley 25. con el propósito de facilitar e incrementar la participación de las MIPyMEs en la adjudicación de las licitaciones y concursos relativos a la adquisición de bienes y servicios en cantidades acordes con su escala de producción". Sin la intención de analizar íntegramente la problemática en torno a la emergencia. así como en las aeronaves. estos contratos no presentan mayores particularidades que los distingan de la situación en que se encuentran el resto de los contratos celebrados por la Administración. denominada "Mano de obra nacional". otros .697. que no se opongan a la presente ley. Por último. En todos los casos se exigió la recomposición de los contratos. IV. El resultado de la aplicación de esta norma fue que algunos contratos fueron rescindidos. establécese un porcentaje de al menos un diez por ciento (10%) en las licitaciones y concursos relativos a la adquisición de bienes y servicios donde solamente compitan empresas MIPyMES.300 de Pymes.875. Entre los años 1989 y 2002 existieron tres declaraciones de emergencia por ley (84) que alteraron significativamente el régimen jurídico de los contratos administrativos. A lo expuesto.551 declaró "vencida la suspensión de la aplicación y vigencia del dec. encuadrando ésta como originada en una situación de fuerza mayor. 18 de la ley 25. 39 y 40 se dispone: "Las jurisdicciones y entidades del sector público nacional comprendidas en el art. prevista en el art. disponiéndose de lo contrario la rescisión.-ley 5340/63 y la ley 18. Facúltase al Poder Ejecutivo para establecer un régimen de compras que permita a los citados organismos contemplar ofertas por volúmenes parciales. El régimen de emergencia y la pesificación en el contrato de suministro. sujeto a la aprobación del Ministro del área. y de aplicación a las relaciones jurídicas en vigencia con las sociedades privadas prestadoras. en cada contrato debía celebrarse un acuerdo de recomposición. en adelante denominados "mano de obra nacional". y que por su frecuencia y extensión se encuentran casi incorporadas al régimen ordinario aplicable.156 deberán otorgar un derecho de preferencia del cinco por ciento (5%) para igualar la mejor oferta y ser adjudicatarias de las licitaciones o concursos para la provisión de bienes o servicios.493. Lo extraordinario cuando se prolonga en el tiempo deja de serlo y pasa a ser ordinario. 22 de la ley 23.art. concesionarias y permisionarias de obras y de servicios públicos.
En lo que respecta a los contratos de suministros. no vinculadas al sistema financiero. administrativa. la ley estableció determinados criterios (87).561 en el art. financiera y cambiaria". Además de lo expuesto. De esta manera. En todos esos supuestos si las prestaciones requerían insumos importados y el precio a pagar por la Administración se pesificó al tipo de cambio de un dólar igual a un peso. la ley 25. llegándose a invocar para ello el vencimiento del plazo de la emergencia. En tal caso el precio se pesificó a la paridad indicada. estas normas tuvieron consecuencias si contenían precios en dólares que estaban pendientes de pago. el valor resultante . Para los contratos que tuvieran por objeto la prestación de servicios públicos. el contratista sufría un perjuicio consistente en la diferencia con la cotización del dólar al mercado libre que debía adquirir para pagar dichos insumos. se convertirán a razón de un dólar estadounidense (U$S1) = un peso ($1). por tratarse de una operación de comercio. quedan sin efecto las cláusulas de ajuste en dólar o en otras divisas extranjeras y las cláusulas indexatorias basadas en índices de precios de otros países y cualquier otro mecanismo indexatorio. También pudo ocurrir que el contrato estuviera vigente. para establecer el sistema que determinará la relación de cambio entre el peso y las divisas extranjeras. expresadas en dólares estadounidenses u otra moneda extranjera. por las razones de emergencia pública definidas en el artículo 1º. 8º del dec. 214/2002 (88). y dictar las regulaciones cambiarias". 8º dispuso que "en los contratos celebrados por la Administración Pública bajo normas de derecho público. 8". Los precios y tarifas resultantes de dichas cláusulas quedan establecidos en pesos a la relación de cambio un peso ($1) = un dólar estadounidense (U$S1)". Este régimen fue complementado por el art. que el suministro estuviera en proceso de elaboración y pendientes su entrega y el pago del precio. cualquiera sea su origen o naturaleza. se mantenía en dólares al tipo de cambio del mercado libre vigente al momento de pago (86). Con tal motivo delegó en el Poder Ejecutivo entre otras facultades la de "reglar la reestructuración de las obligaciones. "El Poder Ejecutivo Nacional queda facultado. Podía ocurrir que los suministros hubieran sido entregados total o parcialmente y que el precio no se hubiera pagado. ratificándose también la prohibición de las cláusulas de ajuste que ya había sido establecida por la ley de convertibilidad. según el cual "Las obligaciones exigibles de dar sumas de dinero. La ley 25. 9º autorizó al Poder Ejecutivo Nacional "a renegociar los contratos comprendidos en lo dispuesto en el art. En cambio para los restantes contratos. afectadas en el nuevo régimen instituido en el artículo 2º". Si por aplicación de esta disposición. el criterio de renegociación debe ser recomponer las condiciones contractuales frente a la alteración que la nueva relación de cambio entre el peso y el dólar tuvo en el precio y en los costos de los insumos. Previendo la situación expuesta.561 declaró nuevamente la emergencia "la emergencia pública en materia social.continuaron ejecutándose y en muchos casos existieron acuerdos de recomposición nunca aprobados por el Ministerio competente. entre los que se encuentra el de suministro. económica. Cabe señalar que el precio por la compra de insumos. comprendidos entre ellos los de obras y servicios públicos. en curso de ejecución.561 en el art. Por este último. aplicándose a ellas lo dispuesto en el art. 4º del presente decreto. la misma ley 25. tal conversión de los precios en dólares o en otras divisas aplicada a la totalidad de los contratos públicos y privados también alcanzó a los contratos de suministros celebrados por la Administración Pública Nacional. El perjuicio derivado de esta situación es evidente y claramente comprobable.
que lógicamente tuvieran sus precios en dólares o en otras monedas extranjeras pendientes de pago. el cual puede mirarse desde un punto de vista tanto estático como dinámico. señalando: "¿En qué consiste? En general. en un sentido estático. sino también para todos los integrantes de la comunidad en cuanto nos interesa la vigencia de este valor en las relaciones entre el Estado y los particulares y de los particulares entre sí. excepto que la duración del contrato fuere menor o cuando la diferencia de los valores resultare notoriamente desproporcionada. Los jueces llamados a entender en los conflictos que pudieran suscitarse por tales motivos. la justicia decidirá sobre el particular. V. cuando exista el imperio de la ley. 3°. sus insumos estaban en dólares o en otras divisas en los que así haya debido pagarse el precio de tales costos. cualquiera de las partes podrá solicitar un reajuste equitativo del precio. La seguridad jurídica. en los arts. 10 dejó establecido que "Las disposiciones en los artículos 8º y 9º de la presente ley.de la cosa. 4º "A los depósitos y a las deudas referidos. que no es otra cosa que saber a qué atenerse. Este procedimiento no podrá ser requerido por la parte que se hallare en mora y ésta le resultare imputable. de sus antecedentes y de su problemática hace que en las actuales circunstancias merezca terminarse con una reflexión acerca de la importancia que tiene la seguridad jurídica. como un valor que hace al interés público y que debe ser de la preocupación de todos. se entiende que la seguridad jurídica de un Estado constituye algo así como el marco de previsibilidad de las conductas de los agentes estatales. Debe tenerse presente que los contratos administrativos generan a su vez una infinidad de relaciones contractuales privadas de los contratistas con proveedores y subcontratistas. Habrá seguridad jurídica.561 en su art. deberán arbitrar medidas tendientes a preservar la continuidad de la relación contractual de modo equitativo para las partes". El régimen expuesto resultó aplicable a los contratos de suministros vigentes a la fecha de sanción de la ley 25. en ningún caso autorizarán a las empresas contratistas o prestadoras de servicios públicos. 8° y 11 del presente decreto. el que será publicado por el Banco Central de la República Argentina. a suspender o alterar el cumplimiento de sus obligaciones". 2°. Además se aplicará una tasa de interés mínima para los depósitos y máxima para los préstamos.561. En estos casos el contratista mantuvo su obligación de continuar con la ejecución de sus prestaciones. Conclusiones El estudio del régimen jurídico del contrato de suministro. De no mediar acuerdo a este respecto. la . fuere superior o inferior al del momento de pago. se les aplicará un Coeficiente de Estabilización de Referencia. sin perjuicio del derecho a solicitar la recomposición del precio en razón de la alteración producida por la pesificación. El coeficiente antes referido se aplicará a partir de la fecha del dictado del presente decreto". que en el contrato de suministro podían consistir en la elaboración del suministro y en su entrega. Cabe advertir que la ley 25. En el caso de obligaciones de tracto sucesivo o de cumplimiento diferido. Recientemente Cassagne abordaba esta problemática. Por el art. este reajuste podrá ser solicitado anualmente. respectivamente. que contribuyen con su aporte a la elaboración de los bienes que en definitiva constituyen el objeto del contrato de suministro. bien o prestación. es importante no sólo para quienes firman contratos con el Estado. Cabe señalar que la posibilidad de la recomposición del precio también debe reconocerse a favor del contratista en aquellos contratos de suministro en los que si bien el precio se había establecido en pesos. La seguridad jurídica en la actualidad es una preocupación de nuestra sociedad.
"Tratado Integral de los contratos administrativos". 1110) que siguieron en este sentido al art. la dinámica de esa seguridad exige que cuando los agentes públicos actúen en defensa del interés público lo hagan sin alterar los derechos adquiridos por los inversores. II. Héctor. dado que la seguridad jurídica no comulga con la presencia de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas. 16) y honestos. (3) Confr.561 indican la necesidad de que no sólo que existan normas que permitan regular adecuadamente las situaciones que la realidad económica presenta. t. vol. "Tratado Integral . Héctor. La Ley. III. Requiere también que estos funcionarios sean idóneos (como lo exige la Constitución en el art. p. LII-B. 1949. 1361 del Proyecto de Código unificado de 1987. p. Depalma. II. interpretando la realidad y las normas con equidad y ejerciendo la competencia que la ley les encomienda con la diligencia necesaria para superar definitivamente la crisis que vive nuestro país. reiterado en el art. A su vez.". N° 353. La inseguridad jurídica está configurada no solamente por la alteración imprevisible de las reglas aplicables. vol. y esto es transcendente para los inversores. 1559 Código Civil italiano. . (4) Confr. (1) Confr. 995 del proyecto de la Comisión dec. para los servicios público constituye lo que se denomina comúnmente "suministro". fungibles o no. 505. 1623). sino también que los funcionarios actúen con un sentido de responsabilidad. 346. 1361) y de 1992 (art. (5) Confr. JEZE. sobre todo.. BIELSA. Definición dada por el art. (6) Tal fue el caso del proyecto de Unificación de las Obligaciones civiles y comerciales de 1987 (art. Las experiencias vividas a partir de la sanción de la ley 25. 438/92 (Adla.división de poderes (lo cual incluye la independencia de los jueces) y. Rafael. siempre que los contratos sean respetados y no puedan ser violados impunemente por los funcionarios de turno. 520 y las referencias a otros autores que realiza en la cita N° 41. según lo que se suministra y la forma administrativa de la operación" (Confr. o "abastecimiento". II. 1964). "Principios generales de derecho administrativo". ESCOLA. vol. sino también cuando en situaciones de crisis existe una injustificada postergación en la adopción de las medidas necesarias para el restablecimiento de la equivalencia de las prestaciones. el cual al suministro lo define diciendo que "Es el contrato por el cual una parte se obliga mediante compensación de un precio a ejecutar a favor de la otra prestaciones periódicas o continuadas de cosas". (2) Bielsa expresaba que "La provisión de cosas muebles. ESCOLA. Gastón. El funcionario está para servir a la comunidad y no para servirse de ella" (89).. p. "Derecho Administrativo".
vol. Abeledo- Perrot. DIEZ. B. 22 y sigtes. 2869). p. LX-C. (16) Adla. Montecorvo S.. (12) Confr. esto es. 2001-B. si se trata de dinero. "Derecho Administrativo". o en mayor suma que lo ordenado o cuando no lo hacen en virtud de libramiento u orden de pago en su caso. "Tratado Integral . FIORINI. p. "Tratado de los contratos"." III-B. "Tratado de derecho administrativo" t. ps. 1074. FERNANDEZ DEL MORAL DOMINGUEZ. 515. "Manual de Derecho Administrativo". 1989-A. LORENZETTI. como después se expresará. VII-217. Abeledo Perrot. N° 1197. I. 436/2000. 1959. (10) Confr. 6ª edición. SAYAGÜES LASO.. 1999. 522. p. 1992 y las referencias a la doctrina y legislación española. Arturo. Madrid.. Héctor. . t. "Tratado . art. 1187. Miguel. VIII-830. 1852-1880. 84 (Adla. "Tratado de derecho administrativo".". p..A. (13) Adla. II-B. t. o de la orden correspondiente. (*) El texto de la ley y los antecedentes parlamentarios que le dieron origen han sido objeto de publicación en nuestra revista "Antecedentes Parlamentarios". 82. 470. III.. Héctor. "El contrato de suministro. II. y que han practicado oportunamente las diligencias para el cobro" y "Son igualmente responsables de las cantidades o especies que entregaren indebidamente. 502. (11) Confr. si es de especies. STIGLITZ. t. del 16/08/2001. El Incumplimiento". t. "Derecho Administrativo". N° 562. vol. Miguel.. "Tratado . CASSAGNE. (9) Dec. ESCOLA. II. N° 596 y 598. ps. (15) Adla. Rubinzal Culzoni. y se les hará cargo de lo que dejasen de cobrar. Manuel. vol. como hecho histórico. a no ser que justifiquen que no ha habido negligencia de su parte. Ed. que los arts. MARIENHOFF. p. (8) Confr.. MARIENHOFF. 144/145.". Bartolomé. 919. Ricardo L.O. Montevideo. p. y las que aleguen que les han sido substraídas o se han perdido no les serán de abono a descargo si no prueban que ha sido por caso fortuito y que tomaron las precauciones prescriptas por las leyes o reglamentos". ESCOLA. II. I. LA LEY. (14) Resulta ilustrativo destacar. "Concepto y función del contrato de suministro". Juan Carlos. Gabriel..(7) Confr. 14 y 15 de la ley 428 dis-ponían: "Los encargados de la administración de las rentas públicas o de especies o efectos pertenecientes a la Nación son responsables de las cantidades o especies cuya percepción les está encomendada.. I.
1057. LX-C. (20) Adla. (29) Adla. . 825/88 dejó sin efecto el inc. Confr. (30) El Reglamento en su art. 5720/72 que establecía el "Registro de Proveedores del Estado" reemplazándolo por los denominados "Padrón de Proveedores" y "Registro de Sancionados". LII-D. 154. LXI-A. LXI-A. ya que para participar en una contratación con el Estado bastaba con no estar incorporado en los nuevos registros. suministros . (23) Adla. (21) Adla. 232. Eduardo. 2869. XVII-A.(17) Adla. 2877. (24) El dec.. LXI-B. 81 y ssgts.. (28) Adla. 1963-B. "Estudios sobre contratación pública" págs. (22) Adla. 634. (19) Adla. De esta manera se pasó a un sistema de registro negativo. 49) de la Reglamentación contenida en el dec. y todos aquellos contratos no excluidos expresamente o sujetos a un régimen especial". 1435. (18) Adla. (26) Adla. 3628. XLVIII-C. Editorial Ciencias de la Administración. 2874. XLVIII-C. (27) Adla. XXXII-C. 94. 153. 4002.. (25) Adla. MERTEHIKIAN. 2° indica que "Se regirán por este Reglamento los contratos de compraventa. XVII-A. XVIII-A.
t. LX-C.S. Incluso se ha dado el caso de normas de excepción dictadas para casos particulares. y la ley 20. como ocurrió con el dec. Los Poderes Legislativo y Judicial y el Ministerio Público reglamentarán el presente Régimen para su aplicación en sus respectivas jurisdicciones y establecerán los funcionarios que autorizarán y aprobarán las contrataciones. LXII-C. 2905) dictado por el Presidente del Senado en el que se aprobó el Reglamento de Procedimientos para la Contratación de Bienes. Héctor. párrafo 176.. 632/2002 (Adla. (41) Confr. s/contrato administrativo". de desarrollo H y F. (35) Dec. causa "La Huella S. 436/2000 (Adla. II. (32) Boletín Oficial del 13/08/2001. (36) Boletín Oficial del 06/12/2002. y S. (40) Tal es el caso del Senado de la Nación del dec. (38) Boletín Oficial del 28/08/2001. 265) que estableció el Régimen de Contrataciones para las Fuerzas Armadas. Hasta entonces regirán las reglamentaciones vigentes" (Adla. Estado nacional . 39: "Reglamentación. 1023/2001.R. LXI-D. LXII-E. en la cual se expresó: "En el fallo . 2869) en las contrataciones de bienes y servicios informáticos que debía llevar a cabo el Ministerio del Interior a los fines de la realización de las elecciones internas de los particulares y generales para Presidente y Vicepresidente de la Nación. Obras y Servicios del Honorable Senado de la Nación".. (39) Boletín Oficial del 29/12/2000. sentencia del 13 de abril de 2000. (37) Boletín Oficial del 25/03/2003.(31) Boletín Oficial del 19/10/2000. 5132) que introdujo modificaciones al Reglamento aprobado por el dec. El Poder Ejecutivo Nacional lo hará en un plazo máximo de sesenta (60) días corridos contados desde su publicación en el Boletín Oficial. (33) Boletin Oficial del 10/06/2002. art. 1913/2002 (Adla.124 (Adla.. Invítase a los otros poderes y al Ministerio Público a efectuarla en un plazo similar. (34) Boletín Oficial del 25/03/2003. XXXIII-A. (42) Confr.". Senadores y Diputados Nacionales.Ministerio de S. c. ESCOLA.L. 4144). "Tratado Inte-gral .
las Sociedades de Economía Mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones . ED. Fallos 190:142. (45) Reglamento de Contrataciones de la Administración Pública. 3. 'Tratado de Derecho Administrativo'. conformada por la administración central y los organismos descentralizados. "El derecho civil en la génesis del derecho administrativo y de sus instituciones". "El aporte de la crítica a la evolución del derecho administrativo". 180-773. 1996. sino que pueden llegar a ser aplicadas tan sólo por razón de analogía. Jorge. español. (47) Adla.. sólo concernientes a las relaciones privadas. (48) Adla. se expresó en el apartado II del voto de la mayoría a la 2ª Cuestión planteada. t. Jesús L. 107/115. VI. 'Derecho Administrativo'. ABAD HERNANDO. ps. MAIRAL. 26/ 8/86)". 5292. t. Héctor. 182-1029. 1. las Sociedades Anónimas con participación estatal mayoritaria. LIX-A. Héctor. 185-714. "Un intento infructuoso: el rechazo de la figura del contrato administrativo". "La delimitación de la categoría del contrato administrativo (Réplica a un ensayo crítico)". Escola. "Estudios de Derecho Administrativo" quien aborda el tema no sólo dentro del derecho argentino sino también del francés. b) Empresas y Sociedades del Estado que abarca a las Empresas del Estado. ED. Alberto. Fallos 243:98). 180-849. Sebastián. 139. MAIRAL. (46) Adla. BARRA. que las reglas fijadas por el Código Civil. ED. Juan Carlos. p. p. 301:292. Cap. 1. alemán e italiano. no rigen en derecho administrativo de modo directo ni supletorio (CS.plenario de esta Cámara 'in re' 'Petracca e hijos c. CASSAGNE. Civitas. 'Compendio de Derecho Administrativo'. Rodolfo. (44) Cfr. arts. p. (43) Confr. ED. 14. GORDILLO. comprendiendo en estos últimos a las instituciones de la seguridad social. SARMIENTO GARCIA. ED. t. 130/131. cons. 182-1029. I. ED. 106). CASSAGNE. 184-901 y ED. RADA núm. "Primeras reflexiones sobre la tesis de Mairal frente al contrato administrativo". 18 y 19. las Sociedades del Estado. CS. 179-655. esta sala. 8°. BIANCHI. MARTIN-RETORTILLO BAQUER. "La sustantividad del contrato administrativo". ampliada. art. (50) Ley 24. Estado nacional'. es decir: con las discriminaciones impuestas por la naturaleza propia de esta última disciplina (doctr. 153. GRAU. CASSAGNE. p. Juan Carlos. LIX-E. esp. 2ª ed. Ediciones Ciudad Argentina. del 24/04/86. (49) Adla. 1985. el que a tal efecto está integrado por: a) La Administración Nacional. XLVIII-C. ED.a 189/190. LX-A. 2877.156. 293:133. 'Rodríguez'. 'El contrato de obra pública y el Código Civil'. 8: "Las disposiciones de esta ley serán de aplicación en todo el sector público nacional. "Algunas reflexiones críticas sobre la peligrosidad o inutilidad de una teoría general del contrato administrativo (Una perspectiva desde el derecho administrativo de los Estados Unidos)". "De la peligrosidad o inutilidad de una teoría general del contrato administrativo". 180-858.
dec. 9 conforme al cual "se entenderá por entidad a toda organización pública con personalidad jurídica y patrimonio propio. art. Durante ese término el expediente se pondrá a disposición de los oferentes". dec. 5720/72 por el Dictamen no vinculante de la Comisión Evaluadora. 5720/72. 436/2000. (61) Reglamento aprobado por dec. 436/2000. (52) En el mismo sentido el dec. 33 la garantía era del 15% del monto del contrato. En el dec. 33 la garantía era del 1% del valor de la oferta. 1023. Los interesados podrán impugnarlo dentro de los cinco días de notificados. arts. y. (53) El dec. c y d y 9°. 436 art. para que los interesados formulen observaciones al proyecto de pliego de bases y condiciones particulares. a). 15. 84 y 85. dec. 436/2000 en el art. (62) Reglamento aprobado por dec. 80 dispone: "El dictamen de evaluación deberá notificarse en forma fehaciente a todos los oferentes dentro de los tres días de emitido. 3° incs. 436 sustituyó la Preadjudicación prevista en el dec. (54) Cfr. 4002). (51) Cfr. art. 8 establece: "Cuando la complejidad o el monto de la contratación lo justifique. 52 inc. b. 436/2000. . 49. b) Poder Judicial. 52 inc b). dec. art. el llamado deberá prever un plazo previo a la publicación de la convocatoria. Reglamento art. los ministerios y secretarías del Poder Ejecutivo Nacional. conforme lo determine la reglamentación". 436 art. LII-D. En el dec. d) Ministerio Público" (Adla. (55) Confr. arts. 5720/72. por jurisdicción a cada una de las siguientes unidades institucionales: a) Poder Legislativo. 436 art. (60) Reglamento aprobado por dec. (57) Confr. (58) Reglamento General de Contrataciones. a juicio de la autoridad competente. c) Presidencia de la Nación. 87. 1023/2000 en su art. (56) Confr.societarias". art. (59) Por lo tanto el dec. arts. A ello se agrega el art. 90 y 91. 103.
A..A. art. Miguel S. 1023.(63) Reglamento aprobado por dec.. 183-693. (71) Cfr. 29/12/98 "in re" "Samuel Gutnisky S. Alberto. p. b) de acuerdo a la modificación introducida por el dec. XIII-22. CASSAGNE. CNFed.. c. Estado Nacional - MEOySP s/incumplimiento de contrato". Estado nacional". (74) Tales parámetros son los establecidos en el dec. (69) CS "in re" "Dulcamara S. 666/2003. 114- 949. ED. 436/2000. cit. debería entenderse que el plazo se suspende. 137-163. sala III. (73) Cfr. Julio R. 79 y sigtes.. Juan Carlos. II. Juan Carlos. una vez subsanada la observación el plazo debería continuar transcurriendo y no comenzar a contarse nuevamente. ED. "El contrato administrativo". El Reglamento aprobado por dec. Civ. "Responsabilidad del Estado por revocación unilateral de sus actos y contratos".. " Nuevos alcance en la extensión de la responsabilidad del Estado". t. 2094. Lo atinente a la revocación de actos o contratos administrativos por razones de oportunidad". art. 92. "Tratado Integral de los contratos administrativos" vol. (65) Confr. 26/04/90. 435 y sigtes. 1999. 122-859. I. 3. 436/2000. Rodolfo C. ED. BARRA. p. t. 5ª ed. "El lucro cesante en las indemnizaciones a cargo del Estado. Jorge J.: "Tratado de Derecho Administrativo". c. N° 232. LLAMBIAS. 1977.A. (70) Cfr. ENTel s/cobro de pesos" (Fallos 313:376) y "Tecnobra S. Por lo tanto. Agustín A. 1995. "Lovic c. sala I. Depalma. COMADIRA. CASSAGNE.. op. "Derecho Administrativo". "Derecho Administrativo". ED. c. Comisión Nacional de Energía Atómica" (Fallos 316:729). 483. 99 . Perrot. 419. Héctor... MARIENHOFF. Contenciosoadministrativo. (72) Cfr. arts. ps. GORDILLO. 32 del Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales indica que en tal caso el plazo se interrumpirá. (68) ED. DROMI. XXXVI-C. y Com. 2000. (66) Adla. ps. 97/98. (64) Aun cuando el art. (67) ED. Abeledo Perrot. ps. "Tratado de Derecho Civil". BIANCHI. En el mismo sentido ver CFed. 111-550. 27 de mayo de 1993. 12 inc. 8ª ed. ESCOLA. Roberto.
art. en los casos. I. LA LEY. 5602. ps. 21. (85) Conf. Héctor M. 1023/2000. 1990-B. al inicio del gobierno del Presidente de la Rua. (79) Adla. (80) Adla. XLIX-D. (86) El dec. (75) Dec. LX-E. "El régimen de contrataciones de emergencia en la ley de reforma administrativa". Tomás Ramón. 216 del Cód. que extendió la emergencia por espacio de un año. (82) Adla. (83) La ley 25. 2458. XLIX-C.344 del 19 de octubre de 2000 (Adla.551 fue reglamentada por el dec.. y finalmente el Presidente Duhalde mediante la ley 25. LX-E.696. (81) Adla. dictó la nueva emergencia con los mismos plazos de vigencia. 505 y siguientes.FERNÁNDEZ. con las condiciones y los requisitos que el Banco Central de la República Argentina . XLIX-C. XXXI-A. N° 214/2002: a) Las financiaciones vinculadas al comercio exterior otorgadas por las entidades financieras.561 (Adla. resulta por analogía de aplicación los criterios de interpretación de la voluntad de las partes previstas en el art. facultando al Poder Ejecutivo a extenderla por otro más. dictada el 13 de agosto de 1989 al comienzo del gobierno del Presidente Menem. LA LEY. 44) declaró nuevamente la emergencia desde el 6 de enero de 2002 hasta el 30 de diciembre de 2003. Por el orden de prelación corresponde aplicar lo dispuesto en la primera de dichas normas. 410/2002 respecto de las operaciones de comercio exterior dispuso "que no se encuentran incluidas en la conversión a Pesos establecida por el Artículo 1° del Dec. 5547). (77) En este sentido. "Curso de Derecho Administrativo". 985. de Comercio. (84) Ley 23. GARCÍA DE ENTERRÍA. t. 1101. 2444. Eduardo . 1600/2002. (78) Adla. (76) Confr. POZO GOWLAND. la ley 25.preveía que la disminución podía ser de hasta el 10%. 12. 3838. 1990-A. "La recomposición de los contratos administrativos en la ley de reforma del Estado". LXII-A.
"La seguridad en las provincias". e) Las obligaciones del sector público y privado de dar sumas de dinero en moneda extranjera para cuyo cumplimiento resulte aplicable la ley extranjera".. (88) Adla.. 1109 . (87) Los criterios a considerar en la renegociación de los contratos cuyo objeto fuera la prestación de servicios públicos fueron los siguientes: 1) el impacto de las tarifas en la competitividad de la economía y en la distribución de los ingresos. 2001-F. 2) la calidad de los servicios y los planes de inversión. 3) el interés de los usuarios y la accesibilidad de los servicios.determine. Juan Carlos. CASSAGNE.117. (89) Confr.. LXII-A. 4) la seguridad de los sistemas comprendidos. y 5) la rentabilidad de las empresas. cuando ellos estuviesen previstos contractualmente. LA LEY.
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