Source: http://blog.pucp.edu.pe/blog/jennyspacetaxsystem/category/codigo-tributario/
Timestamp: 2019-12-14 09:07:26
Document Index: 276299452

Matched Legal Cases: ['artículo 11', 'artículo 155', 'artículo 155', 'artículo 92', 'Artículo 101', 'artículo 55', 'artículo 2', 'artículo 115', 'artículo 116', 'artículo 55', 'artículo 114', 'ARTÍCULO 17', 'artículo 17', 'Artículo 17', 'artículo 1', 'artículo 177', 'Artículo 23', 'artículo 85', 'artículo 112', 'artículo 153', 'Artículo 23', 'artículo 153', 'Artículo 46', 'Artículo 46', 'Artículo 150', 'artículo 153', 'Artículo 150', 'Artículo 177', 'artículo 32', 'Artículo 177', 'artículo 32', 'Artículo 61', 'artículo 62', 'artículo 62', 'artículo 62', 'artículo 155', 'Artículo 61', 'artículo 46']

Código Tributario | MG. ABOG. JENNY PEÑA CASTILLO
Archivo de la categoría: Código Tributario
MODIFICAN LA NORMATIVA SOBRE LA LIQUIDACIÓN DE COMPRA ELECTRÓNICA-RS N° 244-2019/SUNAT
El 28 de noviembre del 2019 se publicó la Resolución de Superintendencia N°. 244-2019-EF/15, la cual modifica el Rgto. de Comprobantes de Pago a fin de establecer que, para la emisión de una liquidación de compra el valor de las ventas acumulado por el vendedor en el transcurso de cada período aplicable hasta el día calendario anterior al de la emisión no supere el límite de 75 UIT.
Por otro lado, ha modificado las siguientes resoluciones de superintendencia, vinculadas a la emisión electrónica de comprobantes:
–Res. 317-2017/SUNAT: Se prevé que la liquidación de compra electrónica (LCE) pueda emitirse por los sujetos designados por la SUNAT a través del SEE-Del contribuyente.
–Res. 188-2010/SUNAT: Se modifican algunos aspectos de la emisión de la LCE a través del SEESOL, así como el plazo para realizar la reversión y el registro de pagos.
-Res. 300-2014/SUNAT: Se regula el envío a la SUNAT de una declaración jurada informativa con la información de las liquidaciones de compra emitidas en formatos impresos y/o importados por imprenta autorizada emitidas cuando por causas no imputables al emisor electrónico esté imposibilitado de emitir una LCE y para modificar el plazo de envío de la declaración jurada informativa en la que se informa las liquidaciones de compra emitidas en formatos impresos y/o importados por imprenta autorizada cuando el domicilio fiscal y/o el establecimiento anexo del emisor electrónico se encuentren en una zona con baja o nula conexión a Internet.
– Res. 097-2012/SUNAT y 199-2015/SUNAT: Se establecen las disposiciones necesarias para la emisión de la LCE a través del SEE-Del Contribuyente.
El 1-1-20 entrará en vigor esta disposición, salvo determinadas disposiciones, vinculadas a las modificaciones de las Res. 317-2017/SUNAT, 097-2012/SUNAT, 300-2014/SUNAT y disposiciones derogatorias, que entrarán en vigor el 1-2-20.
A continuación un resumen preciso de las modificaciones realizadas:
Esta entrada se publicó en Código Tributario, Comprobante de pago, Impuesto a la Renta, Impuesto General a las Ventas y está etiquetada con 244-2019, liquidación de compra en 11 diciembre, 2019 por JENNY PEÑA CASTILLO.
CÓDIGO TRIBUTARIO: Procedencia de la prórroga para rehacer la contabilidad cuando la denuncia policial por pérdida se realizó con posterioridad al inicio de la fiscalización
[Visto: 515 veces]
RTF N° 2114-Q-2018 / 04.07.2018
La quejosa cuestionó que, pese a que oportunamente comunicó a la Administración Tributaria sobre el robo de sus libros y registros contables, esta le haya denegado la solicitud de prórroga de 60 días calendarios para rehacer su contabilidad y cumplir con la presentación de la documentación solicitada conforme lo dispuesto en la R. de S. N° 234-2006/SUNAT.
Precisó que no existe en el Código Tributario (CT) alguna disposición que establezca como condición para otorgar dicho plazo que tal denuncia tenga que ser presentada con anterioridad o posterioridad al inicio del procedimiento de fiscalización, por lo que solicita que se deje sin efecto el resultado de requerimiento.
La Administración Tributaria señaló que en el procedimiento de fiscalización iniciado había reiterado la solicitud de exhibición y/o presentación de la información y documentación no presentada, y que denegó la solicitud de prórroga para atender el citado requerimiento por considerar que la denuncia no acredita fehacientemente la pérdida de los libros y registros contables.
El Tribunal Fiscal (TF) verificó que la quejosa no cumplió con presentar la información requerida por la Administración Tributaria (Libro Caja y Bancos, Libro Diario, Libro Mayor, Libro de Inventarios y Balances, entre otros), lo que debía ser cumplido el 23 de mayo de 2018 y posteriormente el 4 de junio de 2018.
Observó que de la denuncia policial presentada por la quejosa el 25 de mayo de 2018 se aprecia que en dicha fecha ocurrió el hurto de los libros (ejercicios 2015 y 2016) y un CPU con información contable de la empresa, lo que fue puesto en conocimiento de la Administración Tributaria el 28 de mayo de 2018, fecha en la que además se solicitó que se otorgue el plazo de 60 días a que se refiere la R. de S. N° 234-2006/SUNAT. Ello tuvo como respuesta la denegatoria de la Administración Tributaria al considerar que la denuncia aludida no era fehaciente al ser de fecha posterior al inicio del procedimiento de fiscalización.
El TF determinó que dado que la quejosa comunicó a la Administración Tributaria el extravío de sus libros y registros contables, resultaba aplicable el plazo de 60 días calendario a fin que la quejosa pudiera rehacer la documentación extraviada y atender el requerimiento, pues no existe en el CT ni en la citada resolución de superintendencia como condición para la aplicación de dicho plazo, que la denuncia de la pérdida o destrucción se hubiera producido con anterioridad o posterioridad a la notificación del requerimiento mediante el cual se solicita la presentación de la referida documentación ni que esta deba producirse con anterioridad al inicio del procedimiento de verificación o fiscalización que estuviera practicando, por lo determinó que no resultaba atendible lo expuesto por la Administración Tributaria para negarle tal pedido.
En consecuencia, declaró fundada la queja en este extremo y dispuso que se le otorgue a la quejosa el plazo de 60 días calendario contados a partir del día siguiente de ocurridos los hechos, a efecto que pueda rehacer los libros y registros contables extraviados.
Esta entrada se publicó en Código Tributario y está etiquetada con 2114-Q-2018, 234-2006/ SUNAT, denuncia policial, prorroga, rehacer los libros en 29 septiembre, 2019 por JENNY PEÑA CASTILLO.
Pérdida de la gradualidad por imposibilidad de realizar el cierre por “causa imputable al infractor
RTF 829-8-2018 de 30-1-18:
Hechos: La SUNAT aplicó la sanción de cierre por la infracción del art. 174, inc. 1 del Código
Tributario. Indicó que no correspondía aplicar la gradualidad en virtud de lo establecido en el art. 9 del Rgto. del Régimen de Gradualidad, que establece que el régimen de gradualidad se pierde si por causa imputable al infractor no es posible ejecutar el cierre del local.
El cierre, según SUNAT, no podía ejecutarse porque de la “Consulta RUC” había verificado que
dos contribuyentes (incluido el infractor) habían declarado el mismo establecimiento como domicilio fiscal.
Cuestión controvertida: El hecho que dos contribuyentes (incluido el infractor) hayan
declarado el mismo establecimiento como domicilio fiscal, ¿constituye una causa imputable al infractor, que originen la pérdida de la gradualidad?
Fallo: No, “la “causa imputable al infractor” debe encontrarse acreditada en autos, situación que no se aprecia de la documentación del expediente, pues lo que se encuentra acreditado es que la ejecución de la sanción de cierre no pudo realizarse por circunstancias no imputables a la
recurrente, debido a que el establecimiento intervenido también había sido declarado por ……
como persona natural con negocio, con anterioridad a la intervención realizadas por el
fedatario fiscalizador y lo mantuvo después de emitida la resolución que disponía el cierre, por lo que procede revocar la apelada a efecto que la Administración reliquide el monto de la sanción de multa (multa que sustituye al cierre – art. 183, inc a) del Código Tributario), teniendo en cuenta el régimen de gradualidad correspondiente.”
Esta entrada fue publicada en Código Tributario el 12 noviembre, 2018 por JENNY PEÑA CASTILLO.
[Visto: 700 veces]
Resolución del Tribunal Fiscal No 02081-Q-2018, con fecha 12.07.2018, de Observancia Obligatoria:
“El Tribunal Fiscal es competente para conocer las impugnaciones relacionadas a resoluciones que aprueban solicitudes de acogimiento al Fraccionamiento Especial de Deudas Tributarias y otros ingresos administrados por la SUNAT – FRAES, aprobado por Decreto Legislativo No. 1257, cuando el administrado no está de acuerdo con el monto de la deuda acogida o cuando la resolución que resuelve el acogimiento no incluye deuda que se encuentra dentro de los alcances del Decreto Legislativo No. 1257”.
2. Resolución del Tribunal Fiscal No 02118-Q-2018 con fecha 12.07.2018, se ha establecido lo siguiente como observancia obligatoria:
“El Tribunal Fiscal es competente para emitir pronunciamiento sobre las impugnaciones relacionadas con resoluciones que denieguen el beneficio de extinción de deudas regulado en el artículo 11 del Decreto Legislativo No. 1257”.
3. Resolución No. 3007-10-2018, detracciones, registro de ventas y servicios de transporte de carga exonerados del IGV
El Tribunal Fiscal se ha pronunciado sobre lo siguiente:
La Administración repara la base imponible del IGV de enero 2017 del contribuyente al haber detectado una diferencia entre lo declarado y lo anotado en el Registro de Ventas por el importe de (S/ – 1,213). Así, el Tribunal Fiscal se pronunció que debido a que en el periodo enero 2017, el recurrente declaró una base imponible del IGV mayor al anotado en el Registro de Ventas, la observación efectuada por la Administración se encuentra arreglada a Ley.
De las normas glosadas se tienen que tratándose de los servicios de transporte de carga señalados en el numeral 3 del Apéndice II de la Ley del IGV, ésos se encontrarán exonerados con el IGV, siempre que se realicen en la zona primaria de aduanas, siendo que el medio de transporte que ingrese o salga del territorio aduanero, debe contar con la respectiva autorización aduanera. Sin embargo, la recurrente no ha presentado ningún medio probatorio que desvirtúe la observación formulada por la Administración, a fin de acreditar que los servicios de transporte de carga consignados en los respectivos comprobantes de pago de ventas y anotados en su Registro de Ventas como operaciones exoneradas con el citado impuesto. En tal sentido, procede mantener el presente reparo.
La Administración determinó ingresos omitidos para efecto del IGV de enero de 2007, basándose únicamente en la información obtenida de los depósitos efectuados en la cuenta de detracciones del recurrente, siendo que de autos no se advierte que ésta haya efectuado alguna actuación adicional, como un cruce de información con los clientes que habrían efectuado tales detracciones, con el fin de verificar si éstas corresponden a operaciones que efectivamente se realizaron, a efectos de determinar con certeza la obligación tributaria, el momento de su nacimiento y su cuantía. En vista de ello y dado que la Administración solo tomó la información de los depósitos efectuados en la cuenta de detracciones de la recurrente para determinar ingresos omitidos, el reparo no se encuentra arreglado a ley, por lo que corresponde levantarlo.
Esta entrada se publicó en Código Tributario, Detracciones, percepciones y retenciones, Impuesto a la Renta y está etiquetada con 02081-Q-2018, 2118-Q-2018, 3007-10-2018 en 19 julio, 2018 por JENNY PEÑA CASTILLO.
[Visto: 2824 veces]
LA QUEJA COMO MEDIO DE DEFENSA
[Visto: 1416 veces]
Conforme al criterio del Tribunal Fiscal, la queja es un remedio procesal que permite a los administrados cuestionar las actuaciones indebidas de la Administración que puedan vulnerar sus derechos o intereses, a fin que se pueda corregir las actuaciones y encauzar el procedimiento. En ese sentido, la queja no constituye un recurso impugnativo, ni procede cuando existan otros procedimientos o vías idóneas para conocer el asunto cuestionado.
La queja contra las actuaciones de la Administración Tributaria se encuentra regulada de manera general en el artículo 155° del TUO del Código Tributario-Decreto Supremo N° 133-2013-EF (En adelante CT), siendo el Tribunal Fiscal, a través de la Oficina de Atención de Quejas, el competente para resolverla, de ahí resulta la jurisprudencia del Tribunal Fiscal que nos da los criterios sobre su regulación.
En el caso que se necesite defender contra actuaciones irregulares del Tribunal Fiscal, también se puede interponer queja ante la Defensoría del Contribuyente, la cual será resuelta por el Ministerio de Economía y Finanzas.
También contamos con la queja administrativa, regulada en la Ley de Procedimiento Administrativo General.
La naturaleza de la queja:
El artículo 155 del CT establece que “La queja se presenta cuando existan actuaciones o procedimientos que afecten directamente o infrinjan lo establecido en este código, en la Ley General de Aduanas, su reglamento y disposiciones administrativas en materia aduanera; así como en las demás normas que atribuyan competencia al Tribunal Fiscal”. Esta norma debe ser concordada con el literal h) del artículo 92 del mismo cuerpo normativo, según el cual los deudores tributarios tienen derecho, entre otros, a: “Interponer queja por omisión o demora en resolver los procedimientos tributarios o por cualquier otro incumplimiento a las normas establecidas en el presente código“.
Así mismo cabe tener en cuenta lo establecido en el numeral 5) del Artículo 101 del CT, según el cual, son atribuciones del Tribunal fiscal “Atender las quejas que presenten los administrados contra la Administración Tributaria, cuando existan actuaciones o procedimientos que los afecten directamente o infrinjan lo establecido en este Código; las que se interpongan de acuerdo con la Ley General de Aduanas, su reglamento y disposiciones administrativas en materia aduanera, así como lo demás que sea de competencia del Tribunal Fiscal conforme al marco normativo aplicable”.
Como se puede visualizar la norma ya no hace referencia a la queja como un recurso como antes lo hacía, este error fue corregido con el Decreto Legislativo N° 1315 publicado el 31 de Diciembre del 2016. La explicación de ello es que la queja no puede ser un recurso porque tiene una naturaleza de un medio excepcional procedimental, es un remedio procesal mediante el cual se busca corregir las actuaciones de la administración que afecten de manera indebida al deudor tributario y reencauzar el procedimiento.
Es decir, mediante el recurso administrativo, se promueve el control de la legalidad de un acto emanado de la autoridad administrativa, con la finalidad que se le revoque o modifique, con el objeto de restablecer el interés que ha sido lesionado o vulnerado por este acto administrativo que se impugna mediante el recurso. En ese sentido, la nota característica de los recursos es su finalidad impugnatoria de actos o disposiciones preexistentes que se estiman contrarias a Derecho, en cambio, la queja no es instrumento para impugnar, sino para corregir, por lo que su finalidad es distinta.
Esta diferencia se nota cuando analizamos el recurso de reclamación, reconsideración, oposición, o revocación, el cual se interpone ante el mismo órgano que emitió el acto administrativo que es materia de controversia, a fin que considere nuevamente el asunto sometido a su pronunciamiento, ya que el Administrado tiene el derecho de impugnar un acto administrativo y la Administración tiene el deber de revisar su propio acto. Sin embargo, la queja es diferente, no ha sido diseñada para impugnar acto administrativo alguno; por el contrario, la queja en materia tributaria procede cuando existen actuaciones o procedimientos que infrinjan lo establecido en el Código Tributario. Entonces podemos apreciar que la naturaleza de una queja es la de un remedio procesal que el legislador ha regulado; de tal manera que los administrados puedan utilizarla para que se corrijan los defectos que se pudieran presentar en la tramitación de cualquier procedimiento administrativo, de tal manera que puedan subsanarse los errores cometidos dentro del procedimiento[1].
Esta entrada se publicó en Código Tributario, Impuesto a la Renta y está etiquetada con procedimiento, queja, reconsideración, Tribunal Fiscal en 30 octubre, 2017 por JENNY PEÑA CASTILLO.
EL PROCEDIMIENTO DE COBRANZA COACTIVA FRENTE A LA SUNAT
[Visto: 4199 veces]
Procedimiento de Cobranza Coactiva.
El Procedimiento de Cobranza Coactiva de la Sunat se rige por las normas contenidas en el Reglamento del Procedimiento de Cobranza Coactiva regulado en la Resolución de Superintendencia N.° 216-2004/ SUNAT y normas modificatorias, en el Título II del Libro III del Código Tributario aprobado mediante Decreto Supremo N° 133-2013-EF (en adelante CT), y por el Artículo IV del Título Preliminar y artículo 55° de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444.
El artículo 2° de la Resolución de Superintendencia N.° 216-2004/SUNAT (en adelante el Reglamento del Procedimiento de Cobranza Coactiva) señala que esta norma regula:
a. El procedimiento que lleve a cabo la SUNAT, en ejercicio de su facultad coercitiva, a fin de hacer efectivo el cobro de la deuda exigible detallada en el artículo 115 del Código Tributario y demás actos que se deriven del citado procedimiento.
Se considera comprendida como deuda exigible a las liquidaciones de las declaraciones únicas de aduanas u otro documento que contenga deuda tributaria aduanera y a las resoluciones de multa por infracciones tributarias a que se refiere la Ley General de Aduanas no reclamadas ni apeladas oportunamente.
b. Las medidas cautelares previas a que se refieren los artículos 56, 57 y 58 del CT.
c. La ejecución de las garantías otorgadas a favor de la SUNAT según lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 116 del CT.
El procedimiento Coactivo así como las acciones de cobranza se sustentan en la facultad de recaudación de la Administración Tributaria regulada en el artículo 55 del CT, el cual establece lo siguiente: “Es función de la Administración Tributaria recaudar los tributos. A tal efecto, podrá contratar directamente los servicios de las entidades del sistema bancario y financiero, así como de otras entidades para recibir el pago de deudas correspondientes a tributos administrados por aquella. Los convenios podrán incluir la autorización para recibir y procesar declaraciones y otras comunicaciones dirigidas a la Administración”.
Así lo determina también el fundamento 5 de la Sentencia del Tribunal Constitucional N° 06269-2007-PA/TC, cuando señala que: “La cobranza coactiva es una de las manifestaciones de la autotutela ejecutiva de la que gozan algunas entidades administrativas, por lo que éstas se encuentran facultadas para ejecutar el cobro coactivo de deudas exigibles (sean tributarias o no). Tal como lo indicó este Tribunal Constitucional en el fundamento 46 de la STC 00152005-AI/TC, la facultad de autotutela de la Administración Pública de ejecutar sus propias resoluciones –como sucede en el caso del procedimiento de ejecución coactiva– se sustenta en los principios de presunción de legitimidad y de ejecución de las decisiones administrativas, lo que también implica la tutela de los derechos fundamentales de los administrados que puedan verse amenazados o vulnerados por la actividad de la Administración, como son los derechos al debido procedimiento y a la tutela judicial efectiva”.
No obstante ello, esta facultad de la Administración no puede ser ejercida de manera arbitraria y sin limitaciones, pues existen una serie de presupuestos que deben cumplirse, en virtud de los derechos que tiene todo administrado. Se tiene que seguir el Procedimiento regulado en el CT y en el Reglamento de Procedimiento Coactivo aprobado por la misma SUNAT.
En ese sentido la cobranza coactiva de las deudas tributarias se ejerce a través del ejecutor coactivo, quien actuará en el procedimiento de cobranza coactiva con la colaboración de los auxiliares coactivos, de acuerdo a lo indicado en el artículo 114° del CT.
Esta entrada se publicó en Código Tributario y está etiquetada con determinación, deuda exigible, medida cautelar, multa, procedimiento coactivo, resolución, sunat en 30 octubre, 2017 por JENNY PEÑA CASTILLO.
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1347-DECRETO LEGISLATIVO QUE MODIFICA LA TASA DEL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS ESTABLECIDA POR EL ARTÍCULO 17 DEL TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS E IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO
[Visto: 2398 veces]
El día hoy 07 de Enero del 2017, se ha modificado el artículo 17 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por Decreto Supremo N° 055-99-EF y normas modificatorias, en los siguientes términos:
“Artículo 17.- Tasa del Impuesto
La tasa del impuesto es 15%.”
Es decir, tenemos una tasa del 17% (15% de IGV y 2% de IPM).
Según la Única Disposición Complementaria Final de este presente Decreto Legislativo esta modificación entra en vigencia el 01 de julio de 2017 pero con la condición que la recaudación anualizada, al 31 de mayo de 2017, del Impuesto General a las Ventas total neto de sus devoluciones internas alcance el 7,2% del PBI. Para tal efecto, se toma en cuenta la información que publica mensualmente el Banco Central de Reserva del Perú y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria.
En ese sentido, podemos entender que si al 31 de mayo de 2017 la recaudación anualizada no llega al 7,2% del PBI, la tasa seguirá siendo del 18% (16% de IGV y 2% de IPM).
http://busquedas.elperuano.com.pe/download/full/0tyqdGWXKRbA3Ry-GI-38Q
Esta entrada se publicó en Código Tributario, Impuesto General a las Ventas y está etiquetada con 15%, DECRETO LEGISLATIVO Nº 1347 en 7 enero, 2017 por JENNY PEÑA CASTILLO.
Decreto Legislativo N° 1311-Modifica el Código Tributario
[Visto: 4810 veces]
Fecha de publicación: 30.12.2016/ Fecha de vigencia: 31.12.2016
A continuación se procederá a presentar las modificaciones efectuadas en el Código Tributario mediante el Decreto Legislativo N° 1311 el cual señala en su artículo 1° que estas modificaciones tienen como fin corregir situaciones inequitativas para los contribuyentes y adecuar sus disposiciones a los estándares internacionales emitidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre el intercambio de información para fines tributarios.
La Única Disposición Complementaria Derogatoria del Decreto Legislativo N° 1311 ha derogado numeral 25 del artículo 177º del Código Tributario el cual hacía referencia a la infracción por no exhibir o no presentar el Estudio Técnico que respalde el cálculo de precios de transferencia conforme a ley.
Por Decreto Supremo, refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas, en un plazo que no exceda de 120 (ciento veinte) días contados a partir de la entrada en vigencia de este decreto legislativo, se expedirá el Texto Único Ordenado del Código Tributario.
Articulado vigente a partir del 31.12.2016 Articulado vigente hasta el 30.12.2016
Artículo 23º. – FORMA DE ACREDITAR LA REPRESENTACIÓN
Para presentar declaraciones y escritos, acceder a información de terceros independientes utilizados como comparables en virtud a las normas de precios de transferencia, interponer medios impugnatorios o recursos administrativos, desistirse o renunciar a derechos, así como recabar documentos que contengan información protegida por la reserva tributaria a que se refiere el artículo 85º, la persona que actúe en nombre del titular deberá acreditar su representación mediante poder por documento público o privado con firma legalizada notarialmente o por fedatario designado por la Administración Tributaria o, de acuerdo a lo previsto en las normas que otorgan dichas facultades, según corresponda.
La SUNAT podrá regular mediante resolución de superintendencia a que se refiere el artículo 112º-A, otras formas y condiciones en que se acreditara la representación distintas al documento público, así como la autorización al tercero para recoger las copias de los documentos e incluso el envío de aquellos por sistemas electrónicos, telemáticos o, informáticos.
La falta o insuficiencia del poder no impedirá que se tenga por realizado el acto de que se trate, cuando la Administración Tributaria pueda subsanarlo de oficio, o en su defecto, el deudor tributario acompañe el poder o subsane el defecto dentro del término de quince (15) días hábiles que deberá conceder para este fin la Administración Tributaria, salvo en los procedimientos de aprobación automática. Cuando el caso lo amerite, ésta podrá prorrogar dicho plazo por uno igual. En el caso de las quejas y solicitudes presentadas al amparo del artículo 153º, el plazo para presentar el poder o subsanar el defecto será de cinco (5) días hábiles.
Para efecto de mero trámite se presumirá concedida la representación. Artículo 23º. – FORMA DE ACREDITAR LA REPRESENTACIÓN
Para presentar declaraciones y escritos, acceder a información de terceros independientes utilizados como comparables en virtud a las normas de precios de transferencia, interponer medios impugnatorios o recursos administrativos, desistirse o renunciar a derechos, la persona que actúe en nombre del titular deberá acreditar su representación mediante poder por documento público o privado con firma legalizada notarialmente o por fedatario designado por la Administración Tributaria o, de acuerdo a lo previsto en las normas que otorgan dichas facultades, según corresponda.
La falta o insuficiencia del poder no impedirá que se tenga por realizado el acto de que se trate, cuando la Administración Tributaria pueda subsanarlo de oficio, o en su defecto, el deudor tributario acompañe el poder o subsane el defecto dentro del término de quince (15) días hábiles que deberá conceder para este fin la Administración Tributaria. Cuando el caso lo amerite, ésta podrá prorrogar dicho plazo por uno igual. En el caso de las quejas y solicitudes presentadas al amparo del artículo 153º, el plazo para presentar el poder o subsanar el defecto será de cinco (5) días hábiles.
Para efecto de mero trámite se presumirá concedida la representación.
Artículo 46º. – SUSPENSIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN[1]
(…). Artículo 46º. – SUSPENSIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN
Para efectos de lo establecido en el presente artículo, la suspensión que opera durante la tramitación del procedimiento contencioso tributario o de la demanda contencioso administrativa, en tanto se dé dentro del plazo de prescripción, no es afectada por la declaración de nulidad de los actos administrativos o del procedimiento llevado a cabo para la emisión de los mismos.
Artículo 150º.- PLAZO PARA RESOLVER LA
− Cuando considere que las apelaciones de puro derecho presentadas no califican como tales.
− Cuando declare la nulidad del concesorio de la apelación.
− En las quejas.
− En las solicitudes presentadas al amparo del artículo 153º.
(…).” Artículo 150º.- PLAZO PARA RESOLVER LA APELACION
– Cuando considere de aplicación el último párrafo del presente artículo.
Las partes pueden presentar alegatos dentro de los tres (3) días posteriores a la realización del informe oral. En el caso de intervenciones excluyentes de propiedad, dicho plazo será de un (1) día. Asimismo, en los expedientes de apelación, las partes pueden presentar alegatos dentro de los dos meses siguientes a la presentación de su recurso y/o hasta la fecha de emisión de la resolución por la Sala Especializada correspondiente que resuelve la apelación.
Artículo 177º.- INFRACCIONES RELACIONADAS CON LA OBLIGACION DE PERMITIR EL CONTROL DE LA ADMINISTRACION, INFORMAR Y COMPARECER ANTE LA MISMA
27. No exhibir o no presentar la documentación
e información a que hace referencia el inciso g) del artículo 32-A de la Ley del Impuesto a la Renta o, de ser el caso, su traducción al castellano; que, entre otros, respalde las declaraciones juradas informativas, Reporte Local, Reporte Maestro y/o Reporte País por País. Artículo 177º.- INFRACCIONES RELACIONADAS CON LA OBLIGACION DE PERMITIR EL CONTROL DE LA ADMINISTRACION, INFORMAR Y COMPARECER ANTE LA MISMA
e información a que hace referencia la primera parte del segundo párrafo del inciso g) del artículo 32-A de la Ley del Impuesto a la Renta, que entre otros, respalde el cálculo de precios de transferencia conforme a ley.
1. No incluir en las declaraciones ingresos y/o
remuneraciones y/o retribuciones y/o rentas y/o patrimonio y/o actos gravados y/o tributos retenidos o percibidos, y/o aplicar tasas o porcentajes o coeficientes distintos a los que les corresponde en la determinación de los pagos a cuenta o anticipos, o declarar cifras o datos falsos u omitir circunstancias en las declaraciones, que influyan en la determinación y el pago de la obligación tributaria; y/o que generen aumentos indebidos de saldos o pérdidas tributarios o créditos a favor del deudor tributario y/o que generen la obtención indebida de Notas de Crédito Negociables u otros valores similares.
remuneraciones y/o retribuciones y/o rentas y/o patrimonio y/o actos gravados y/o tributos retenidos o percibidos, y/o aplicar tasas o porcentajes o coeficientes distintos a los que les corresponde en la determinación de los pagos a cuenta o anticipos, o declarar cifras o datos falsos u omitir circunstancias en las declaraciones, que influyan en la determinación de la obligación tributaria; y/o que generen aumentos indebidos de saldos o pérdidas tributarios o créditos a favor del deudor tributario y/o que generen la obtención indebida de Notas de Crédito Negociables u otros valores similares.
Artículo 61º.- FISCALIZACIÓN O VERIFICACIÓN DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA EFECTUADA POR EL DEUDOR TRIBUTARIO
La determinación de la obligación tributaria efectuada por el deudor tributario está sujeta a fiscalización o verificación por la Administración Tributaria, la que podrá modificarla cuando constate la omisión o inexactitud en la información proporcionada, emitiendo la Resolución de Determinación, Orden de Pago o Resolución de Multa.
La fiscalización que realice la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria – SUNAT podrá ser definitiva o parcial. La fiscalización será parcial cuando se revise parte, uno o algunos de los elementos de la obligación tributaria.
En el procedimiento de fiscalización parcial se deberá:
a) Comunicar al deudor tributario, al inicio del procedimiento, el carácter parcial de la fiscalización y los aspectos que serán materia de revisión.
b) Aplicar lo dispuesto en el artículo 62-A considerando un plazo de seis (6) meses, con excepción de las prórrogas a que se refiere el numeral 2 del citado artículo.
Iniciado el procedimiento de fiscalización parcial, la SUNAT podrá ampliarlo a otros aspectos que no fueron materia de la comunicación inicial a que se refiere el inciso a) del párrafo anterior, previa comunicación al contribuyente, no alterándose el plazo de seis (6) meses, salvo que se realice una fiscalización definitiva. En este último supuesto se aplicará el plazo de un (1) año establecido en el numeral 1 del artículo 62°-A, el cual será computado desde la fecha en que el deudor tributario entregue la totalidad de la información y/o documentación que le fuera solicitada en el primer requerimiento referido a la fiscalización definitiva.
Cuando del análisis de la información proveniente de las declaraciones del propio deudor o de terceros o de los libros, registros o documentos que la SUNAT almacene, archive y conserve en sus sistemas, se compruebe que parte, uno o algunos de los elementos de la obligación tributaria no ha sido correctamente declarado por el deudor tributario, la SUNAT podrá realizar un procedimiento de fiscalización parcial electrónica de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 62º-B.
En tanto no se notifique la resolución de determinación y/o de multa, o resolución que resuelve una solicitud no contenciosa de devolución, contra las actuaciones en el procedimiento de fiscalización o verificación, procede interponer la queja prevista en el artículo 155º. Artículo 61º.- FISCALIZACIÓN O VERIFICACIÓN DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA EFECTUADA POR EL DEUDOR TRIBUTARIO
[1] Conforme lo indicado en la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo N° 1311, la modificación del penúltimo párrafo del artículo 46º del Código Tributario se aplica respecto de las reclamaciones que se interpongan a partir de la vigencia del presente decreto legislativo y, de ser el caso, de las apelaciones contra las resoluciones que las resuelvan o las denegatorias fictas de dichas reclamaciones.
Esta entrada se publicó en Código Tributario y está etiquetada con código tributario, decreto legislativo N° 1311 en 6 enero, 2017 por JENNY PEÑA CASTILLO.