Source: https://www.fidefundacion.es/financieros/Bitacora_r1.html
Timestamp: 2020-08-04 02:44:30
Document Index: 206902654

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'Artículo 17', 'artículo 25', 'Artículo 7']

Prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Comentario a la Orden JUS 1256/2019 relativa a los formularios que han de ser cumplimentados por los Prestadores de Servicios Societarios.
Pilar Cruz-Guzmán Flores. Experta en prevención de blanqueo de capitales.
El pasado 28 de diciembre se publicó la Orden JUS/1256/2019, de 26 de diciembre, relativa a la inscripción en el Registro Mercantil de las personas físicas o jurídicas que de forma profesional prestan los servicios descritos en el artículo 2.1.o) de la Ley 10/2010.
Con independencia de la posible discusión sobre la conveniencia o extralimitación en la implementación de la IV Directiva por parte de nuestro legislador a la hora de imponer obligaciones en exceso rigurosas (1) a las entidades que prestan servicios societarios (2), parece indudable que la información sobre las entidades que ofrecían de manera profesional estos servicios no ha estado disponible hasta el momento. Esta circunstancia, suponía una gran dificultad a la hora de valorar el riesgo de este sector y planificar una adecuada supervisión del mismo. (3) Estas entidades, que tienen como principal actividad constituir empresas que después ponen a la venta, y actuar por cuenta de estas empresas en sus órganos de dirección, hacen posible, dado que nuestro ordenamiento no exige la inscripción en el Registro Mercantil de los cambios accionariales, que sociedades en las que figuran como administradores y socios los empleados de la Prestadora de Servicios, puedan actuar en el tráfico mercantil sin que sea posible conocer su verdadero titular.
Tal y como define en su artículo 2, esta Orden tiene como objeto regular la utilización de los formularios necesarios para que las personas que presten servicios descritos en el artículo 2.1.o) de esta Ley 10/2010 cumplan con su obligación de inscripción en el Registro Mercantil y de realizar la declaración anual sobre dichas actividades. Es decir, la presentación de estos formularios no da cumplimiento a la totalidad de obligaciones detalladas en la Disposición Adicional Única de la Ley 10/2010, ni siquiera a todas aquellas obligaciones cuyo incumplimiento supone una infracción leve según dispone la propia norma, estas son: falta de inscripción en el Registro, falta de manifestación de sometimiento a la Ley 10/2010 (4), y falta de identificación de la titularidad real en el caso de personas jurídicas (5), nótese que no se incluye la información relativa a la actividad.
En nuestra opinión, habría sido conveniente incorporar en estos formularios información relativa al titular real. Si bien es cierto que esta información se encuentra recogida en los formularios contenidos en la Orden JUS/319/2018; por cuanto se ligó la obligación de declaración de titularidad real al depósito de cuentas, el no depósito de las mismas trae como consecuencia la no declaración del titular real. De haber incluido en este formulario la posibilidad de declarar o actualizar el beneficiario último, sería posible contar con un solo documento en el que se recogiera toda la información sobre la entidad prestadora de servicios: titular real, administradores, volumen de operaciones o facturación, sin tener que depender de la cumplimentación de otro formulario contenido en una norma distinta: Orden JUS/319/2018.
No es posible tampoco dar cumplimiento a la exigencia de las personas jurídicas, recogida en la DAU, de inscribir cualquier cambio de administradores, así como cualquier “modificación del contrato social”. Habría sido una buena oportunidad de consignar información relativa al cambio de administradores por cuanto es uno de los riesgos más relevantes de las entidades que realmente se dedican profesionalmente a la prestación de servicios societarios; esto es: la no identificación de los nuevos gestores una vez que la sociedad ha sido vendida, permite mantener a los titulares últimos, adquirente de la sociedad, en el anonimato. El que esta información figure en la declaración de titularidad real en los casos en los que no haya titular real por participación, no parece, en nuestra opinión, suficiente para minimizar el riesgo y facilitar el cumplimiento de la exigencia contenida en la DAU.
La Orden JUS/1256/2019, de 26 de diciembre por tanto, recoge el diseño de unos formularios que con independencia de errores formales menores o falta de consistencia entre anexos, permiten el cumplimiento de algunas de las obligaciones detalladas en la DAU. Es de esperar que se aclaren y corrijan las deficiencias formales y se reflexione sobre la conveniencia de diseñar un formulario único que permita el cumplimiento integral de la DAU.
El premio recuerda la trayectoria profesional de Antonio Moreno Espejo, director de Autorización y Registro de la CNMV
El acto de entrega tendrá lugar el lunes, 3 de febrero, en la sede de CNMV al las 13:00 horas en la sede de la CNMV.
El premio está dotado con 15.000 euros y se entregará el 3 de febrero de 2020.
Este galardón fue creado por el Consejo de la CNMV como homenaje y en memoria de quien fuera director del Departamento de Autorizaciones y Registro de Entidades de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) entre 2002 y su prematuro fallecimiento en enero de 2017.
l Premio tiene por objetivo reconocer trabajos periodísticos que hayan destacado por el fomento de la integridad y transparencia del mercado de valores y la protección de los intereses de los inversores así como por su contribución a la educación financiera, valores que guían la actuación de la CNMV y que ésta debe promover y fomentar. Podrán ser premiados los trabajos publicados o emitidos en cualquier medio de comunicación en idioma español o en cualquiera de las lenguas cooficiales durante 2019.
Los miembros designados para formar parte del jurado son: Ángel Benito, consejero de la CNMV, que actuará como presidente; Pilar González de Frutos, presidenta de Unespa; Javier Rodríguez Pellitero, secretario general de la AEB; Altina Sebastián, profesora de banca de la Universidad Complutense de Madrid.
Fondo Monetario Internacional ha publicado el documento Unión de mercado de Capitales para Europa (A Capital Market Union for Europe)
El documento se centra en la identificación de los principales obstáculos a la integración de los mercados de capitales en Europa y recomienda iniciativas políticas para hacerles frente.
Comienza recorriendo el paisaje y cuantificando algunos de los costes de la fragmentación. A continuación, sobre la base de una encuesta realizada entre profesionales del mercado y de trabajos empíricos, se identifican los principales obstáculos a la integración.
Sobre la base de estos hallazgos, se discute la teoría y la práctica de la supervisión del mercado de capitales y se concluye instando la adopción de un conjunto de medidas centradas en la transparencia, la regulación y los procedimientos de insolvencia.
El estudio del Fondo Moneratio Internacional presenta conclusiones relevantes, entre lñas que se destacan las siguientes:
El documento ha tratado de exponer sistemáticamente los beneficios de una mayor integración del mercado de capitales en Europa, identificando las barreras y trazando un camino práctico a seguir. Insta a que se adopten una serie de medidas políticas específicas dirigidas por las instituciones de la UE, con acciones complementarias a nivel de los Estados miembros, que aborden directamente cuestiones fundamentales como, la mejora de la información y de la supervisión prudencial de los actores sistémicos, el refuerzo de la protección a los inversores y la mejora de los procedimientos de insolvencia.
Lograr la Unión de Mercados de Capitales (CMU) requerirá voluntad política para superar la resistencia de intereses creados. Una fuente de resistencia serán los operadores tradicionales que temen perder ingresos, incluyendo potencialmente a los lobbies de bancos locales; los bancos locales necesitarán ser convencidos de que la solución para una rentabilidad estructuralmente débil radica en aventurarse cautelosamente en los mercados de capitales. Otra podría estar en manos de las autoridades nacionales, que podrían reducir las reticencias domesticas; en este caso, el reto consistirá en argumentan a favor de la CMU como una forma de fomentar un flujo de capital en ambos sentidos y en beneficio de todos.
La visión de una unión financiera europea verdaderamente integrada requiere una unión bancaria que funcione bien y una CMU dinámica, en una competencia sana. La CMU debe complementar, no desplazar, a la banca, permitiendo que el todo sea más que la suma de las partes. Para aprovechar los beneficios económicos de la financiación basada tanto en el mercado como en las relaciones directas, será necesaria una supervisión pública proporcionada. En los mercados de capitales, el enfoque regulador debe centrarse en facilitar una disciplina de mercado eficaz, con una supervisión prudencial de los participantes sistémicos que sea indiscriminada.
En última instancia, el camino hacia la integración financiera debe ir acompañado de responsabilidad fiscal y reformas estructurales. Los esfuerzos para completar la unión bancaria y la CMU deben ser parte de un impulso más amplio para cerrar las diferencias de productividad y avanzar en la convergencia de la renta per cápita en toda Europa, con países que busquen el ajuste fiscal y la reforma del mercado laboral y de productos, para mejorar su atractivo como destino de inversión. La CMU ofrece la promesa de facilitar los flujos de capital, pero será la contraposición entre el riesgo y el beneficio lo que determinará su dirección.
Con ocasión de las numerosas noticias que están apareciendo en prensa sobre personas investigadas en los más variados procesos judiciales, y el rechazo al que se ven sometidos social y financieramente una vez que sus nombres aparecen en los titulares de los periódicos digitales, creo necesario, desde mi posición de asesora en materia de prevención de blanqueo de capitales, desde mi experiencia durante casi veinte años en el Banco de España y el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) y como responsable durante dos años de un departamento de prevención de una entidad financiera, llamar la atención sobre el peligro de que la prolija normativa de prevención, muchas veces contradictoria y poco clarificadora, nos haga perder de vista el fundamento y alcance de nuestra participación, como entidades obligadas, en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Todos los sujetos obligados, desde el ámbito preventivo, debemos colaborar rechazando aquellos clientes sobre los que tengamos dudas razonables sobre la licitud de sus fondos y comunicando esta información al Sepblac, para que este organismo, una vez haya enriquecido esta información, pueda transmitirla a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que se encargarán de detener a los delincuentes: blanqueadores o financiadores del terrorismo.
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Nuestro papel es clave: somos los guardianes del sistema económico y debemos rechazar la integración de fondos obtenidos a través de actividades delictivas. Se trata de proteger nuestro entorno frente aquellos que infringen las normas que nos hemos impuesto todos, pero que después están interesados en los servicios: jurídicos, financieros, disfrute de bienes de lujo…que esta Sociedad, a la que han atacado previamente, les ofrece.
Es este el fundamento de la imposición de obligaciones que resultan terriblemente costosas para aquellos que tienen que implementarlas, y no otro. No se trata de identificar y expulsar a clientes que faltan a la verdad, infieles, fatuos o embargados por procedimientos civiles. Se pretende detectar clientes cuyos fondos pudieran proceder de actividades delictivas. Es esta función de defensa del interés general la que nos ampara y legitima para indagar y solicitar información y documentación personal, impensable en cualquier otra circunstancia. En consecuencia, si del análisis de esa información llegáramos por ejemplo a la conclusión, de que ese cliente lleva afectivamente una “doble vida”, no debería ser objeto de preocupación a efectos de la prevención del blanqueo de capitales. Es así, que la normativa prohíbe utilizar la información recogida en el marco de la prevención para cualquier otro uso.
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Para ser capaces de detectar las operaciones con las que el cliente pudiera intentar utilizar fondos delictivos, debemos estar atentos a ciertas variables de riesgo, como puede ser: la nacionalidad del cliente, la información pública adversa o la propia operativa que realiza.
No obstante, la concurrencia de una de estas variables no puede ser considerada como elemento determinante inmediato para calificar la operación o el cliente como sospechoso, sino que debe ser analizada de manera íntegra y estructurada para concluir, de manera razonable, la existencia de relación del cliente con fondos ilícitos.
La circunstancia de que nuestro cliente figura, según información pública, imputado (investigado o encausado) en un procedimiento judicial, no ampara ni justifica la expulsión de este cliente de manera automática de nuestra entidad.
Durante la fase de instrucción o investigación, es habitual que el titular de organo judicial llame a declarar como imputado a un elevado número de personas que finalmente no pasan a ser procesados en el Auto de Juicio oral, incluso si lo fueran, es posible que no sean finalmente condenadas.
Por tanto, es necesario tratar esta alerta como una variable más, descartando imputaciones de delitos no económicos o valorando si el posible delito cometido afecta a la licitud de los fondos generados a través de la actividad profesional desarrollada hasta el momento de la imputación. A modo de ejemplo, en el caso de las “tarjetas black,” el posible delito cometido no contamina los fondos obtenidos lícitamente a través de la actividad profesional desarrollada a lo largo de la vida de muchos de los finalmente condenados.
La normativa de prevención no ampara ni legitima a las entidades para aplicar una condena extra-judicial previa a la conclusión del propio procedimiento judicial como es la expulsión del sistema financiero. Los sujetos obligados tenemos un papel esencial en un ámbito previo al judicial y nuestra misión no es rechazar a todo aquel que interviene en un procedimiento judicial, debemos evaluar esa información y si sólo después de haber sido analizado el caso, llegáramos a la conclusión razonable de que los hechos por los que se le juzgan son consistentes con operativa sospechosa o nos permiten dudar de los fondos de los que es titular, debemos comunicar la operación y poner fin a la relación de negocio.
Tenemos en la cabeza los nombres de numerosos imputados, los últimos 29 del el auto dictado por el Juez Manuel García Castellón en el marco de la trama Púnica el 2 de septiembre. No resulta necesario hacer mención de ninguno de ellos ni de ningún otro por el derecho que tienen a no ser condenados ni denostados públicamente con antelación a la resolución del procedimiento en el que se encuentran incursos (Derecho fundamental a la presunción de inocencia).
Para concluir solo me queda resaltar lo siguiente:
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La lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo no ampara, en modo alguno, a las entidades obligadas, a imponer un sistema de control indiscriminado sobre la población a la que presta servicio. El fundamento de la prevención de estos delitos está en tratar de distinguir aquellos clientes que pretenden aprovechar los servicios que la entidad presta para ocultar el origen ilícito de sus fondos.
El rechazo de aquellos clientes cuyos fondos no tengan un origen conocido debe realizarse tras un análisis estructurado, tal y como describe la normativa (Artículo 17 de la Ley 10/2010 y artículo 25 del reglamento que la desarrolla) o cuando el proceso de diligencia no ha podido ser llevado a cabo con éxito (Artículo 7.3 de la Ley 10/2010), bien porque no sea posible encontrar información pública suficiente o porque el cliente se haya mostrado reticente a la hora de aportar información suficiente de la que pueda deducirse la razonable licitud de sus fondos.
La aplicación de manera automática y general de normas de rechazo que no admiten la aportación voluntaria de información y documentación por parte del cliente afectado, que pudiera contribuir a confirmar la licitud y honorabilidad de su actividad profesional, supone una vulneración de sus derechos fundamentales y una extralimitación de la aplicación de la normativa de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo por parte de la entidad.
Foro de Mercados Financieros de Fide
El jueves 12 de septiembre de 2019 a las 20:00 horas, se celebrara el funeral por nuestro querido amigo y compañero Gonzalo en la Iglesia de ICADE, (entrada por Santa Cruz del Marcenado, 23. (28015 Madrid).
En recuerdo a Gonzalo os adjuntamos este "link" a uno de sus articulos más emotivos https://hayderecho.expansion.com/2017/07/26/diario-de-una-enfermedad/
Gonzalo Jimenez-Blanco (Granada, 8 de mayo de 1962-Madrid, 27 de julio de 2019), licenciado en Derecho y en Ciencias Empresariales (ICADE E-3), Abogado del Estado y Miembro del Consejo Academico de Fide