Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2001/C-951-01.htm
Timestamp: 2017-10-21 13:46:25
Document Index: 208788726

Matched Legal Cases: ['artículo 241', 'artículo 25', 'artículo 4', 'artículo 6', 'artículo 9', 'artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 6', 'artículo 1', 'artículo 44', 'artículo 241', 'artículo 7', 'artículo 8', 'artículo 9', 'artículo 156', 'artículo 156', 'artículo 156']

C-951-01
Sentencia C-951/01
CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE RESTITUCION INTERNACIONAL DE MENORES-Suscripción
PROYECTO DE LEY-Publicación con posterioridad a la aprobación en Comisión/PROYECTO DE LEY-Falta de publicación de ponencia para primer debate
PROYECTO DE LEY-Publicación previa de ponencia para primer debate
PROYECTO DE LEY-Autorización por presidente de copia de ponencia y distribución previa
PROYECTO DE LEY-Vicio de procedimiento que afectan validez
LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Vicio de procedimiento
INHIBICION SOBRE TRATADO INTERNACIONAL-Inexequibilidad de ley aprobatoria
Referencia: expediente L.A.T.-192
Revisión de constitucionalidad de la "Convención Interamericana sobre restitución internacional de menores", suscrita en Montevideo, Uruguay, el 15 de julio de 1989, en la cuarta conferencia especializada interamericana sobre derecho internacional privado y de la Ley 620 de 2000, por medio de la cual se aprueba dicha Convención.
Bogotá D.C., septiembre cinco (5) de dos mil uno de 2001
En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 241, numeral 10, de la Carta, el día 26 de octubre de 2000, la Secretaria Jurídica de la Presidencia de la República remitió a esta Corporación copia auténtica de la Ley 620 de octubre de 2000, "por medio de la cual se aprueba la Convención Interamericana sobre restitución internacional de menores" suscrita en Montevideo, Uruguay, el quince (15) de julio de mil novecientos ochenta y nueve (1989), en la cuarta conferencia especializada interamericana sobre derecho internacional privado", para efectos de su revisión constitucional.
El magistrado ponente a quien correspondiese el conocimiento de la constitucionalidad de la ley, Marco Gerardo Monroy Cabra, se declaró impedido para participar en el análisis de la constitucionalidad de esta ley y del tratado que ella aprueba, con fundamento en lo previsto en el artículo 25 del Decreto 2067 de 1991, por "haber intervenido en su expedición" dada su participación en la negociación y firma de la mencionada Convención. Señala el Magistrado que si bien no participó en la elaboración de la ley 620 de 2000, aprobatoria de la Convención, si participó en la negociación y firma de la mencionada convención sujeta también a revisión de constitucionalidad. El impedimento fue aceptado por la Sesión Plena de la Corte, el día 19 de abril de 2001.
El nuevo magistrado sustanciador, Eduardo Montealegre Lynett, avocó el conocimiento del presente asunto mediante auto de fecha de 26 de abril de 2001, y ordenó la práctica de algunas pruebas relacionadas con el trámite legislativo de la citada ley. Recibidas las pruebas se fijó el proceso en lista para permitir la intervención ciudadana y de las autoridades públicas, y se corrió traslado del expediente al Procurador General de la Nación.
LEY Nº 620 25 OCT 2000
“Por medio de la cual se aprueba la “CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE RESTITUCION INTERNACIONAL DE MENORES”, suscrita en Montevideo Uruguay, el quince (15) de julio de mil novecientos ochenta y nueve (1989), en la Cuarta Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional Privado”
Visto el texto de la “CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE RESTITUCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES”, suscrita en Montevideo Uruguay, el quince (15) de julio de mil novecientos ochenta y nueve (1989), en la Cuarta Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional Privado, que a la letra dice:
«CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE RESTITUCION
Podrán instaurar el procedimiento de restitución de menores, en ejercicio del derecho de custodia o de otro similar, las personas e instituciones designadas en el artículo 4°.
PROCEDIMIENTO PARA LA RESTITUCION
Los titulares del procedimiento de restitución podrán ejercitarlo conforme a lo dispuesto en el artículo 6°, de la siguiente forma:
Si la devolución no se obtuviere en forma voluntaria, las autoridades judiciales o administrativas, previa comprobación del cumplimiento de los requisitos exigidos por el artículo 9° y sin más trámite, tomarán conocimiento personal del menor, adoptarán las medidas necesarias para asegurar su custodia o guarda provisional en las condiciones que aconsejaren las circunstancias y, si fuere procedente, dispondrán sin demora su restitución. En este caso, se le comunicará a la institución que, conforme a su derecho interno, corresponda tutelar los derechos del menor.
Los procedimientos previstos en esta Convención deberán ser instaurados dentro del plazo de un año calendario, contado a partir, de la fecha en que el menor hubiere sido trasladado o retenido ilegalmente.
Después de haber sido informadas del traslado ilícito de un menor o de su retención en el marco del artículo 4°, las autoridades judiciales o administrativas del Estado Parte a donde el menor ha sido trasladado o donde está retenido, no podrán decidir sobre el fondo del derecho de guarda hasta que se demuestre que no se reúnen las condiciones de la Convención para un retorno del menor o hasta que un período razonable haya transcurrido sin que haya sido presentada una solicitud de aplicación de esta Convención.
LOCALIZACION DE MENORES
La autoridad central, o las autoridades, judiciales o administrativas de un Estado Parte, a solicitud de cualquiera de las personas mencionadas en el artículo 5°, así como éstas directamente, podrán requerir de las autoridades competentes de otro Estado Parte la localización de menores que tengan la residencia habitual en el Estado de la autoridad solicitante y que presuntamente se encuentran en forma ilegal en el territorio del otro Estado.
La solicitud que tuviere por objeto hacer respetar el ejercicio de los derechos de visita por parte de sus titulares podrá ser dirigida a las autoridades competentes de cualquier Estado Parte conforme a lo dispuesto en el artículo 6° de la presente Convención. El procedimiento respectivo será el previsto en esta Convención para la restitución del menor.
Pelos Estados Unidos da America:
For Saint Vincent and the Grenadines:
Pelo Panamá:
Por Santa Lúcia:
Certifico que el documento preinserto es copia fiel y exacta del texto auténtico en español de la Convención interamericana sobre restitución internacional de menores, suscrita en Montevideo, Uruguay, el 15 de julio de 1989 en la Cuarta Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional Privado: y que el citado instrumento firmado se encuentra depositado en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.
I hereby certify that the foregoing document is a true and faithful copy of the authentic text in English of the Inter-American convention on the international return of children, signed at Montevideo, Uruguay, on July 15, 1989, at the Fourth Inter-American Specialized Conference on Private International Law, and that the above-mentioned signed instrument is on deposit with the General Secretariat of the Organization of American States.
August 2. 1990
Certifico que o documento precedente é cópia fiel e exata do texto auténtico em portugués da Convençäo interamericana sobre a restituiçäo internacional de menores; e que o referido instrumento assinado encontra-se depositado na Secretaria-Geral da Organizaçäo dos-Estados Americanos.
Je certifie que le texte qui précède estune copie fidèle et conforme de la version authentique française de la Convention interaméricaine sur le retour international de mineurs; e que l’instrument susmentionné est deposé auprès du Secretariat général de l’Organisation des Etats Américains.
Le 2 aôut 1990
Secrétaire adjoint aux
Santa Fe de Bogotá, D. C., 10 de septiembre de 1992.
(Fdo.) María Emma Mejía Vélez.»
Artículo primero. Apruébase la "Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores", suscrita en Montevideo, Uruguay, el quince (15) de julio de mil novecientos ochenta y nueve (1989), en la Cuarta Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional Privado.
Artículo segundo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 7ª de 1944, la "Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores", suscrita en Montevideo, Uruguay, el quince (15) de julio de mil novecientos ochenta y nueve (1989), en la Cuarta Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional Privado, que por el artículo primero de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo.
Dada en Bogotá, D. C., a 25 de octubre de 2000.
La ciudadana Janeth Mabel Lozano Olave, actuando como apoderada del Ministerio de Relaciones Exteriores, intervino en este proceso para pedir la declaración de exequibilidad del instrumento bajo revisión y de su ley aprobatoria pues, en su criterio, el Convenio desarrolla los principios de derecho internacional consagrados en la Carta, y especialmente encuentra fundamento en el artículo 44 de la Constitución, sobre la protección de los derechos prevalentes de los niños. Además, según su parecer, el tratado se adecua a los artículos 9º, 226 y 227 de la Constitución, ya que permite al Estado colombiano desarrollar el deber constitucional de garantizar que a los menores no se les prive de la compañía de los padres. Igualmente, agrega la interviniente, el Convenio protege a los niños de las transferencias ilegales, asegurando su regreso inmediato y haciendo respetar efectivamente en los otros Estados contratantes los derechos de guarda y de visita existentes en un Estado Parte.
El ciudadano José Camilo Guzmán Santos, actuando como apoderado del Ministerio de Justicia y del Derecho, intervino en el proceso para solicitar la exequibilidad de la norma que se revisa. Luego de revisar la regularidad del proceso de formación del tratado y de su ley aprobatoria, el ciudadano argumenta que ambas se ciñen a los parámetros que la Carta impone a las leyes aprobatorias de tratados internacionales. Además, según su parecer, el contenido de la Convención recoge muchos de los postulados que sustentan el Estado social de derecho, convirtiéndose en una valiosa y eficaz herramienta para combatir las violaciones a los derechos fundamentales de que son víctimas los niños, cuando son objeto de traslados o sustracciones ilegales. Por esta razón, considera útil y conveniente la aplicación de dicha Convención, "teniendo en cuenta que en ella se le da prevalencia a los derechos del menor y de la protección de los mismos, de los derechos y obligaciones de los padres para con ellos, con el propósito de contar con un instrumento jurídico, que agilice los procedimientos y permita la eficaz actuación de las autoridades en la materia".
La ciudadana Beatriz Linares Cantillo, actuando como Defensora Delegada para los Derechos de la Niñez, la Mujer, la Juventud y los Ancianos, solicita la declaratoria de exequibilidad del convenio bajo revisión. La interviniente recuerda que la Corte, por medio de la sentencia C-402 de 1995, declaró la constitucionalidad de un convenio similar, y argumenta que ese tipo de tratados desarrolla los mandatos constitucionales que consagran los derechos de los niños como prevalentes, así como la obligación de la familia, de la sociedad y del Estado de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos.
El señor Procurador General de la Nación, Edgardo Maya Villazón, en concepto No. 2509, recibido el 4 de abril de 2001, sostiene que el Convenio se ajusta a la Constitución, en la medida en que su trámite se adecuó a las exigencias procedimentales establecidas en la Carta, y su contenido desarrolla los postulados constitucionales.
El Ministerio Público explica que el objetivo y la finalidad de la Convención es asegurar la pronta restitución de menores, que tengan residencia habitual en uno de los Estados Parte y hayan sido trasladados o retenidos ilegalmente en otro Estado parte, así como también hacer respetar el ejercicio del derecho de visitas y el de custodia o guarda por parte de sus titulares. Es claro entonces, según su parecer, que la Convención es un logro en la protección del menor consagrada ya en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, en la que se aplica el "interés superior del menor", entendido como el reconocimiento del bienestar integral de la infancia como una prioridad social, todo lo cual armoniza con la Constitución, que en sus artículos 44, 45, 50 y 67, contempla derechos especiales para la protección del menor.
El Procurador considera que la Convención bajo revisión representa un avance en el reconocimiento del menor como sujeto de derechos, pues le da la posibilidad de participar en el proceso de restitución, expresando su preferencia en cuanto al sitio de residencia y la persona con quien quiere permanecer. Estas decisiones desarrollan los artículos 16 y 44 de la Carta, al permitir al menor adoptar medidas fundamentales para su vida y desarrollar así libremente su personalidad.
Considera el Procurador, que la Convención no solo se ajusta a las normas constitucionales y a los instrumentos internacionales relacionados con la protección del menor, sino también a la legislación interna que regula el tema, como el Código Civil y el Código del Menor. Además, según su parecer, ese convenio desarrolla los artículos 9, 93, 150 numeral 10, 226 y 227 de la Carta, y se identifica con los fines y principios del Estado Colombiano, al "reconocer la soberanía nacional, la autodeterminación de los pueblos y la internacionalización de las relaciones políticas, económicas y sociales sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia social".
1. De conformidad con lo previsto en el numeral 10 del artículo 241 de la Carta, la Corte es competente para ejercer un control constitucional integral, previo y automático sobre los tratados internacionales y las leyes que los aprueben. Tal es el caso de la "Convención Interamericana sobre restitución internacional de menores", suscrita en Montevideo, Uruguay el 15 de julio de 1.989, y de la Ley 620 de 2.000, por medio de la cual se aprueba dicha Convención. Comenzará pues la Corte por estudiar la regularidad de la aprobación del tratado y de la ley, para luego examinar su contenido.
2. La Convención remitida a esta Corporación por el Secretario Jurídico de la Presidencia de la República, aparece suscrita por Marco Gerardo Monroy Cabra, embajador en misión especial y jefe de la Delegación de Colombia ante la Cuarta Conferencia Interamericana sobre Derecho Internacional Privado, habiendo sido revestido por el Presidente de la República, Virgilio Barco, de plenos poderes para la firma del mismo (otorgados el 4 de julio de 1989). El embajador Marco Gerardo Monroy Cabra se encontraba por lo tanto habilitado para suscribir tratados internacionales, conforme lo establece el artículo 7, numeral 2 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1.969 (aprobada mediante Ley 32 de 1.985). Además, consta en el expediente (fl 90) que el Presidente de la República, Ernesto Samper Pizano dio su aprobación ejecutiva al instrumento bajo examen, el día 10 de septiembre de 1997. Como lo ha señalado esta Corte[1], esta confirmación presidencial, conforme al derecho de los tratados codificado en la Convención de Viena de 1969, en su artículo 8º, subsana cualquier eventual vicio de representación del Estado. Este principio es totalmente aplicable en el derecho constitucional colombiano, no sólo porque el artículo 9º de la Carta da especial importancia a los principios del derecho internacional sino, además, porque corresponde al Presidente de la República, como jefe de Estado, dirigir las relaciones internacionales y celebrar con otros Estados y entidades de derecho internacional tratados o convenios (CP art. 189 ord. 2º). Es natural entonces que la confirmación presidencial subsane los vicios de representación durante el trámite de suscripción del tratado. Por consiguiente, considera la Corte que no hubo irregularidades en la suscripción del mencionado tratado por el Estado colombiano.
El vicio en la formación de la Ley 620 de 2.000
3. Las leyes aprobatorias de tratados internacionales deben surtir, en general, el mismo trámite de cualquier ley ordinaria (arts. 157, 158 y 160 C.P.), con dos particularidades: a) por tratarse de asunto referido a las relaciones internacionales, su trámite debe iniciarse en el Senado de la República (art. 154 C.P.), y b) el Gobierno debe remitirlas a la Corte Constitucional dentro de los seis días siguientes a la sanción presidencial, para que ésta efectúe su revisión constitucional (art. 241-10 C.P.).
4. El proyecto de ley aprobatoria de la Convención bajo estudio fue presentado al Senado por el Ministro de Relaciones Exteriores, Guillermo Fernández de Soto, el día 8 de agosto de 1.999, y radicado con el número 70 de 1.999; su texto, junto con la correspondiente exposición de motivos, se publicó en la Gaceta del Congreso No. 269 del 24 de agosto de 1.999.
La ponencia para primer debate en el Senado fue elaborada por el Senador Rafael Orduz y publicada en la Gaceta del Congreso No. 529 del 9 de diciembre de 1.999. Según certificación del Subsecretario de la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado, dicho proyecto fue discutido y aprobado por unanimidad en primer debate, el día 7 de diciembre de 1.999, con un quórum deliberatorio y decisorio de doce (12) de los trece (13) Senadores que conforman tal Comisión. La ponencia para segundo debate fue publicada en la Gaceta del Congreso No. 175 del 31 de mayo de 2.000 y fue posteriormente debatida y aprobada por la Plenaria del Senado, según acta de la sesión ordinaria del 31 de mayo del mismo año, publicada en la Gaceta del Congreso No. 194 del 9 de junio de 2,000.
Una vez recibido el proyecto de ley en la Cámara de Representantes, se designó como ponentes a los representantes Nelly Moreno, Edgar Ruiz y Omar Baquero, quienes presentaron el correspondiente informe de ponencia, como proyecto 297 de 2.000. Tal y como lo certificó el Secretario General de la Comisión Segunda Constitucional Permanente de la Cámara (fl. 133 ), el proyecto fue debatido y aprobado por la mayoría de los miembros de la Comisión, el día 6 de septiembre de 2.000, con un quórum de 15 Representantes. Posteriormente, se publicó la ponencia para el segundo debate, la cual fue discutida y aprobada, por 136 votos afirmativos, en la sesión Plenaria de 3 de octubre de 2.000 (fl 135 ).
Concluido el trámite en el Congreso, se remitió el proyecto de Ley al Presidente de la República para su sanción, hecho que tuvo ocurrencia el día 25 de octubre de 2.000. Cumplido lo anterior, se envió a la Corte Constitucional, el 26 de octubre de 2.000, es decir, dentro del término señalado en la Carta, para efectos de su revisión.
5- El examen precedente muestra que la aprobación de la presente ley se ve afectada por dos irregularidades: así, en el trámite en el Senado, la ponencia para primer debate fue publicada el 9 de diciembre de 1999, con posterioridad a su aprobación en la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado, que ocurrió el 7 de diciembre de ese año. Y, en segundo término, no aparece en el expediente ninguna constancia de que la ponencia para primer debate en la Cámara haya sido publicada en la Gaceta del Congreso.
Ahora bien, tal y como lo señaló la reciente sentencia C-915 de 2001, MP Eduardo Montealegre Lynett, en el proceso de aprobación de las leyes, debe respetarse la exigencia establecida en el artículo 156 del Reglamento del Congreso, según el cual, las ponencias para primer debate deben ser publicadas previamente en la Gaceta del Congreso. Esa sentencia precisó que el desconocimiento de esa exigencia “no representa una irregularidad menor sino que configura un vicio de procedimiento, pues la obligación de que la ponencia sea publicada en la Gaceta del Congreso, antes del debate en la comisión permanente respectiva, no es, en manera alguna, una formalidad caprichosa; ella desarrolla claros principios y mandatos constitucionales.” Por ello esta Corporación concluyó en esa sentencia que “la falta de publicación de la ponencia para primer debate, antes de su aprobación, configura un vicio de procedimiento que afecta la constitucionalidad de la correspondiente ley”, salvo si el Congreso recurrió a la posibilidad excepcional prevista por el inciso segundo del artículo 156 de la Ley 5 de 1992, según la cual es posible que, para agilizar el trámite de un proyecto, el Presidente de la comisión respectiva autorice la copia de la ponencia y su distribución previa a los miembros de la comisión, sin perjuicio de que la ponencia sea publicada posteriormente, y en forma oportuna, en la Gaceta del Congreso.
En el presente caso, a pesar de que la Corte solicitó al Congreso, en varias oportunidades[2], que remitiera copias auténticas de los antecedentes legislativos de la Ley 620 de 2000, no existe prueba de que, en el trámite en el Senado, el Congreso hubiera recurrido a la posibilidad prevista en el inciso segundo del artículo 156 de la Ley 5 de 1992, pues no hay constancia de que el Presidente de la Comisión Segunda haya autorizado el reparto previo de copias de las ponencias, ni tampoco prueba de que efectivamente las copias hubieran sido entregadas a los miembros de la Comisión antes del debate. Y, en el caso de la Cámara de Representantes, en el expediente remitido a la Corte, no hay siquiera prueba de que la ponencia hubiera sido publicada.
6- La anterior declaración de inexequibilidad cubre únicamente a la Ley 620 de 2000, pues al ser expulsada del ordenamiento esa ley aprobatoria, la Corte debe inhibirse de estudiar el contenido material de la "Convención Interamericana sobre restitución internacional de menores", suscrita en Montevideo, Uruguay el 15 de julio de 1.989. En efecto, declarada inexequible la Ley 620 de 2000 aprobatoria de tal convención, debe entenderse que tal tratado no ha sido aún aprobado por el Congreso, por lo cual carece de todo objeto su estudio material por esta Corporación[3].
Primero.- Declarar INEXEQUIBLE la Ley 620 de 2000, por medio de la cual se aprueba la "Convención Interamericana sobre restitución internacional de menores" suscrita por Colombia en Montevideo, Uruguay, el 15 de julio de 1.989, en la Cuarta Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional Privado.
Segundo.- INHIBIRSE de conocer de la constitucionalidad de la "Convención Interamericana sobre restitución internacional de menores" suscrita por Colombia en Montevideo, Uruguay, el 15 de julio de 1.989, en la Cuarta Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional Privado.
[1] Ver, entre otras, las sentencias C-225 de 1995 y C-400 de 1998
[2] Ver autos del 22 de noviembre de 2000, 14 de diciembre de 2000 y 5 de febrero de 2001.
[3] En el mismo sentido, ver la sentencia C-255 de 1996.