Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/C-111-18.htm
Timestamp: 2019-01-17 13:45:13
Document Index: 189537418

Matched Legal Cases: ['artículo 2354', 'artículo 29', 'artículo 2354', 'artículo 2354', 'artículo 29', 'artículo 2354', 'artículo 2354', 'artículo 241', 'artículo 2354', 'artículo 2354', 'artículo 29', 'artículo 2354', 'artículo 2354', 'artículo 762', 'artículo 2354', 'artículo 2354', 'artículo 243', 'artículo 243', 'artículo 2354', 'artículo 26', 'artículo 29', 'artículo 6', 'artículo 124', 'artículo 127', 'artículo 2354', 'artículo 127', 'artículo 2354', 'artículo 127', 'artículo 2354', 'artículo 29', 'artículo 29', 'artículo 2341', 'artículo 2354', 'artículo 2354', 'artículo 88', 'artículo 127', 'artículo 2354', 'artículo 2354', 'artículo 29', 'artículo 2354', 'artículo 88', 'artículo 2354', 'artículo 1129', 'artículo 1129', 'artículo 26', 'artículo 2354', 'artículo 2354']

C-111-18
Actores: Oscar Moisés Buenahora Salazar y Clómer Evidiar Sánchez.
1. Los ciudadanos Oscar Moisés Buenahora Salazar y Clómer Evidiar Sánchez presentaron demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 2354 (parcial) del Código Civil.
A. DISPOSICIÓN ACUSADA
2. El texto acusado, que se subraya a continuación, es el siguiente:
3. La demanda, soportada en algunas citas de jurisprudencia y doctrina, junto con la transcripción de normas contenidas en la Constitución, en tratados de derechos humanos y en la ley, solicita la declaración de inconstitucionalidad del aparte demandado, argumentando que desconoce las garantías de defensa y contradicción contenidas en el artículo 29 de la Carta Política.
4. Durante el proceso intervinieron representantes de entidades públicas, instituciones académicas y ciudadanos. A continuación se presenta una síntesis de los principales argumentos expuestos.
a) Intervenciones de entidades públicas
En razón del daño, las causales de exoneración de responsabilidad que proceden, a juicio del Ministerio, son las que siguen: (i) causa extraña, alegando la imposibilidad de evitar el daño para detener el juicio de imputación; (ii) culpa exclusiva de la víctima; (iii) hecho determinante de un tercero; y (iv) fuerza mayor. El análisis de constitucionalidad efectuado por la Corte Suprema de Justicia[3] y la consideración de que la culpa del tenedor de un animal fiero deviene de una presunción de derecho –iuris et de iure -, suponen un análisis subjetivo de la responsabilidad del artículo 2354 del Código Civil a pesar de que la misma es objetiva. Así las cosas, el Ministerio comparte el sentido de la aclaración de voto de los Magistrados Héctor Marín Naranjo y Hernán Guillermo Aldana presentada frente a la sentencia del 6 de abril de 1989 de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia y luego retomada por la Sección Tercera del Consejo de Estado en decisión del 23 de mayo de 2012.
b) Intervenciones de instituciones académicas
La Corte Suprema de Justicia interpretó que la mera tenencia de un animal fiero, del que no se deriva utilidad para la guarda o vigilancia de un predio, es suficiente para que la presunción de culpa –de derecho- opere sobre quien se sirve de él. Por esta razón, la prohibición de ser oído, planteada como causa de la violación del derecho a la defensa, se aplica únicamente cuando el responsable del daño “pretenda alegar la ausencia de culpa”. De este modo, la exoneración de responsabilidad es viable en eventos en los cuales no se configura el daño, o cuando se pruebe la causa extraña. El Consejo de Estado[5] adoptó una tesis contraria, apoyándose en la aclaración de voto de los Magistrados Héctor Marín Naranjo y Hernán Guillermo Aldana”[6].
El planteamiento de los demandantes no explica de qué modo la norma viola el derecho al debido proceso y tampoco por qué la misma debe ser objeto de una nueva revisión constitucional. No debe desestimarse la motivación de la decisión de la Corte Suprema de Justicia adoptada en 1989. Es indispensable tener en cuenta lo siguiente: (i) la prohibición de oír la alegación no es absoluta, puesto que la causa extraña o la ausencia del daño tienen pleno valor para exonerar al responsable, de manera que no se adopta la tesis que en el contexto chileno ha sostenido Arturo Alessandri; (ii) la expresión “no será oído” debe entenderse en el sentido de que el demandado no podrá alegar con éxito la ausencia de culpa; y finalmente, (iii) el cambio normativo del debido proceso, al contrastar las normas de la constitución de 1886 y la Carta Política de 1991, no tiene modificaciones esenciales que hagan necesario un nuevo juicio de constitucionalidad.
La expresión “no será oído” aplicable a la alegación del tenedor del animal fiero sobre la inevitabilidad del daño, se funda en la mera culpa y se incurre en ella de manera automática. Por tal motivo, citando al doctrinante Javier Tamayo, “cuando se presume de derecho una culpa, esta no puede desvirtuarse; pero esto no quiere decir que el vínculo causal se presuma de derecho; (…) la culpa exclusiva de la víctima permite desvirtuarlo, dejando incólume la existencia de la falta, pero ya sin la incidencia causal del daño”. Teniendo en cuenta lo sostenido por la Corte Suprema de Justicia el 6 de abril de 1989, el supuesto del animal fiero que no reporta utilidad al servicio de un predio cabe perfectamente dentro del concepto de responsabilidad por actividades peligrosas. Por ello, la aproximación unánime de la doctrina nacional y jurisprudencia civil alrededor de la interpretación del artículo 2354 del Código Civil, permite concluir que la norma acusada no vulnera preceptos constitucionales y que el único debate sobre esta disposición, es sí la misma se rige por un régimen objetivo o subjetivo de responsabilidad.
c) Intervenciones ciudadanas
4.5. Sebastián Escobar Torres[10]
Sebastián Escobar Torres intervino en calidad de ciudadano presentando, en contra del contenido de la demanda, dos razones principales. Primero, la impugnación carece de las condiciones mínimas de procedencia para que la Corte se pronuncie sobre el fondo del asunto. Lo anterior, dado que la argumentación que puede extraerse de la demanda y del escrito de subsanación no cumple con los requisitos de claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia. Segundo, la expresión demandada -“no será oído”- no contraviene el debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución, puesto que ésta soporta una presunción de derecho que busca aligerar la carga probatoria de la víctima del daño. Además, de acuerdo con la sentencia C-590 de 2010 estas presunciones persiguen finalidades constitucionales valiosas. Finalmente, acudiendo a la sentencia del 6 de abril de 1989 de la Corte Suprema de Justicia, expone que no existe una limitación constitucionalmente inadmisible a las garantías del debido proceso, pues el artículo 2354 del Código Civil exige un grado de diligencia sumo al tenedor del animal fiero quien, en todo caso, puede defenderse alegando la inexistencia del daño o el rompimiento del nexo causal. Se trata, además, de un instrumento legislativo para la protección de las víctimas en tanto impone comportamientos rigurosos y preventivos.
5. Solicita que la expresión demandada -“no será oído”- del artículo 2354 del Código Civil se declare exequible.
1. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 241.4 de la Constitución, la Corte es competente para conocer de la demanda en contra del artículo 2354 (parcial) del Código Civil.
B. PRIMERA CUESTIÓN PRELIMINAR: la aptitud de la demanda
2. La Sala Plena debe precisar, considerando las solicitudes de inhibición formuladas, si la acusación tiene la aptitud para propiciar un pronunciamiento de fondo. A juicio de este Tribunal, el cargo propuesto, satisface las exigencias de claridad, certeza, pertinencia, especificidad y suficiencia. En efecto, el planteamiento de los demandantes permite identificar un hilo conductor que tiene su punto de partida en la referencia a las restricciones que al derecho de defensa impone el lenguaje del artículo 2354 del Código Civil y concluye advirtiendo la infracción del artículo 29 constitucional. La impugnación además, según se desprende de lo anterior, afirma la infracción de una norma de la Carta Política indicando que ello ocurre debido a que la expresión “no será oído” supone la proscripción de algunos medios de defensa por parte del tenedor del animal fiero, lo que satisface las exigencias de pertinencia y especificidad.
3. Algunos de los intervinientes han sugerido que el cargo podría carecer de certeza, puesto que la interpretación que del artículo demandado hacen los demandantes no es correcta. En esa dirección, la Sala debe establecer si la premisa normativa en la que se sostiene la acusación cumple ese requerimiento o si, por el contrario, los demandantes le han asignado a la expresión acusada un significado que no tiene.
4. Según la demanda, la inconstitucionalidad de la expresión “no será oído” del artículo 2354 del Código Civil tendría lugar debido a que en ella se impide al tenedor de un animal fiero del que no se reporta utilidad, proponer como argumento válido cualquier circunstancia de exoneración cuando dicho animal ha producido un daño.
“El llamar las cosas por su nombre representa, en nuestro sentir, que en el caso del artículo 2354 del C. C., la responsabilidad, es con exactitud, de carácter objetivo. La responsabilidad de la que en este artículo se trata, como bien se sabe, puede llegar a configurarse por la escueta circunstancia de tener el animal fiero: Allí no hay que averiguar nada más. Ni, desde luego, forzando o distorsionando los conceptos, hay necesidad de decir que "constituye falta de diligencia y cuidado" el tener un animal fiero. Basta con que, concurriendo los otros factores previstos en la regla legal, se dé la circunstancia de la que se viene hablando para que la responsabilidad se tipifique. Nótese como la estructura del precepto, aparte de ser mucho más precisa y rigurosa que la de los otros artículos que en el "Título XXXIV se ocupan de la responsabilidad civil -lo que se constata, justamente, en el apartado que ha sido objeto del enjuiciamiento respecto del cual se provee-, gira en torno de este verbo: tener. No existe, quizá, dentro del Código, una locución que, en sí misma, esté revestida de una connotación más objetiva que esta del tener, o de su acción, la tenencia. De hecho, cuando el ordenamiento desea impregnarla de un sentido diferente, ha de acudir a calificaciones o descripciones que el término, en sí mismo, es incapaz de brindar (v. por ej. lo que se sucede en el artículo 762 donde, en relación con la posesión, se la define como la tenencia de una cosa con ánimo de señor y dueño). En cambio, en la hipótesis del artículo 2354, la tenencia del animal carece de toda flexión respecto de otras posibles manifestaciones o condicionamientos de la conducta del sujeto, salvo, claro está, la atañedera a que el animal se utilice en la guarda o servicio de un predio, pero ésta, en modo alguno, la sustrae de la calificación que aquí le venimos asignando, o sea, el verla desde una perspectiva rigurosamente objetiva”.
“La Sala comparte el enfoque contenido en la aclaración de voto de los honorables Magistrados Naranjo y Aldana, como quiera que deviene inadmisible un escenario de responsabilidad asentado sobre una presunción de culpa en el que la misma esté graduada como de derecho, es decir, que no admita prueba en contrario. En otros términos, resulta contradictorio que se indique que un tipo de responsabilidad está fundamentada en la culpa, pero, a continuación, se niegue la posibilidad de probar diligencia y cuidado, por cuanto de esa afirmación se desprende una incongruencia lógica formal que riñe con los principios de identidad, de no contradicción y de tercero excluido.
5. Del recuento anterior, se desprende que tanto la jurisprudencia como la doctrina ha discutido ampliamente la naturaleza del régimen de responsabilidad que nace del artículo 2354 del Código Civil. Algunos consideran que la disposición demandada contempla una regla de presunción de culpa que no puede desvirtuarse, al paso que otros argumentan que, en realidad, se trata de una regulación que prescinde de la culpa y fija un régimen objetivo de responsabilidad con apoyo en la tesis del riesgo creado. En todo caso, en una u otra postura, la ausencia de culpa en la ocurrencia del daño no constituye un argumento válido para exonerarse de responsabilidad. Los defensores de tales posturas admiten, en general, que el artículo demandado no impide que el tenedor del animal puede liberarse de la obligación de reparar, alegando y probando que el daño no existió o que sobrevino por una causa extraña. Sobre esto último existen, a su vez, algunas discrepancias respecto de los eventos específicos que pueden invocarse. Unos advierten que es posible aducir la fuerza mayor, el caso fortuito, la culpa exclusiva de la víctima y el hecho de un tercero[34], mientras que otros destacan que se admiten solo algunas de tales hipótesis[35].
6. En síntesis, la acusación del demandante no carece de certeza. En realidad, de la jurisprudencia -tanto de la Corte Suprema como del Consejo de Estado- y la doctrina, se desprende la posibilidad de interpretar la disposición demandada como una restricción del derecho de defensa. En particular, existe un consenso acerca de que el tenedor de un animal fiero del que no se reporta utilidad y que ha producido un daño, no puede exonerarse de responsabilidad alegando la ausencia de culpa. Siendo así, respecto de tal interpretación el cargo es cierto y, en consecuencia, cumple las condiciones para ser admitido.
C. SEGUNDA CUESTIÓN PRELIMINAR: Inexistencia de cosa juzgada constitucional
7. Algunos intervinientes señalaron que respecto de la disposición acusada existe cosa juzgada constitucional. Afirmaron que por la misma razón -la violación del debido proceso- y en vigencia de la Constitución de 1886, la Corte Suprema de Justicia, en sentencia proferida el 6 de abril de 1989, declaró exequible la expresión “y si alegare que no le fue posible evitar el daño no será oído”.
8. La cosa juzgada constitucional ha sido entendida por este Tribunal como “una institución jurídico procesal, que tiene su fundamento en el artículo 243 de la Constitución Política, mediante la cual se otorga a las decisiones plasmadas en una sentencia de constitucionalidad, el carácter de inmutables, vinculantes y definitivas”[37]. Para determinar su configuración, la jurisprudencia ha insistido que es imprescindible verificar si la materia cuyo examen se propone ha sido ya juzgada en decisiones anteriores. Ello ocurrirá si el objeto de control y el análisis de constitucionalidad son equivalentes.
9. Tomando como punto de partida el objeto de control, la jurisprudencia ha diferenciado entre cosa juzgada formal y material. Siempre y cuando exista identidad en el análisis de constitucionalidad que se propone, la primera se configura cuando el mismo enunciado normativo se somete nuevamente a control de la Corte, mientras que la segunda, se presenta cuando un contenido normativo o norma equivalente se acusa una vez más.
10. En general, los efectos que en materia de control constitucional tiene cada una de las hipótesis referida pueden delimitarse a partir de las siguientes reglas: i) si la decisión previa fue de inexequibilidad y existe cosa juzgada formal es procedente el rechazo de la demanda o, en su caso, la decisión de estarse a lo resuelto en la sentencia anterior; (ii) si la decisión previa fue de inexequibilidad y existe cosa juzgada material, procede estarse a lo resuelto y declarar la inexequibilidad de la disposición por desconocimiento del artículo 243 de la Constitución; (iii) si la decisión previa fue de exequibilidad y existe cosa juzgada formal procede rechazar la demanda o, en su caso, estarse a lo resuelto, a menos que se trate de cargos diferentes; y (iv) si la decisión previa fue de exequibilidad y existe cosa juzgada material las consideraciones de la sentencia anterior se erigen en un precedente especial que puede seguirse -disponiendo estarse a lo resuelto y declarando exequible la norma- o del que puede apartarse con el deber de exponer razones poderosas que justifiquen una decisión diferente.
11. La jurisprudencia constitucional también ha establecido que las sentencias de exequibilidad dictadas por la Corte Suprema de Justicia en aplicación de normas constitucionales sustantivas que precedieron a la Carta Política ahora vigente, no extienden sus efectos de cosa juzgada respecto de nuevas acusaciones[38]. Esta doctrina se extiende también a las decisiones que fueron adoptadas contrastando las disposiciones bajo su control con contenidos similares a los previstos actualmente en la Carta de 1991[39], en atención a que el cambio constitucional demanda una comprensión integral y, en esa medida, disposiciones con textos o contenidos similares pueden adquirir significados diversos por su relación con otras disposiciones o su vinculación a normas integradas al bloque de constitucionalidad. Aceptar en este tipo de eventos la existencia de cosa juzgada significaría, en la práctica, la renuncia de la Corte al ejercicio de las competencias como guardián de la integridad y supremacía de la Constitución de 1991.
12. La Sala Plena concluye que no puede abrirse paso la solicitud de estarse a lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia en la sentencia proferida el 6 de abril de 1989 en la que declaró exequibles las expresiones “y si alegare que no le fue posible evitar el daño no será oído" del artículo 2354 del Código Civil. Aunque dicho Tribunal adoptó esa decisión luego de considerar que no violaba el derecho de defensa previsto en el artículo 26 de la Carta Política anterior, ello no cierra la posibilidad de un nuevo pronunciamiento de fondo. En efecto, el cargo ahora propuesto afirma la violación del artículo 29 de la Constitución de 1991 cuyo texto tiene diferencias significativas en lo relativo, por ejemplo, al ámbito de aplicación del derecho al debido proceso y a las garantías específicas que lo integran.
D. TERCERA CUESTION PRELIMINAR: Improcedencia de integrar la unidad normativa con los artículos 124 y 127 de la Ley 1801 de 2016
13. En su intervención, el representante del Instituto Colombiano de Derecho Procesal le planteó a la Corte la posibilidad de integrar la unidad normativa con los artículos 124 y 127 de la Ley 1801 de 2016 -Código de Policía-. El primero tipifica los comportamientos que ponen en riesgo la convivencia por la tenencia de animales y fija las medidas correctivas que deben ser aplicadas en caso de que se configuren. El segundo establece una regla de conformidad con la cual el propietario o tenedor de un canino potencialmente peligroso, debe asumir la total responsabilidad por los daños y perjuicios que ocasione. Igualmente, dispone que el Gobierno reglamentará en un término de seis (6) meses lo relacionado con la expedición de las pólizas de responsabilidad civil extracontractual que cubrirán este tipo de contingencias.
14. La posibilidad de integrar la unidad normativa, a efectos de juzgar disposiciones que no fueron acusadas, se encuentra reconocida en el tercer inciso del artículo 6º del Decreto 2067 de 1991 al señalar que la Corte se pronunciará de fondo sobre todas las normas demandadas y podrá señalar, en la sentencia, las que conforman unidad normativa con aquellas otras que declara inconstitucionales. Esta figura ha sido objeto de precisión en la jurisprudencia constitucional, identificando tres supuestos generales que justifican dicha integración[41]: (i) si la demanda versa sobre una disposición jurídica que de manera independiente no tiene un contenido deóntico claro o unívoco, de tal forma que su interpretación y aplicación depende de integrar su contenido con el de otra disposición que no fue objeto de censura; (ii) si la disposición normativa objeto de control constitucional está reproducida en otras normas del ordenamiento que no fueron demandadas; y (iii) si, a pesar de no cumplirse ninguna de las anteriores hipótesis, la disposición acusada se encuentra intrínsecamente relacionada con otra respecto de la cual existen serias dudas sobre su constitucionalidad.
15. En esta oportunidad, no se configura ninguno de los supuestos requeridos para integrar la unidad normativa por las razones que se resumen a continuación: (a) la disposición demandada tiene un contenido deóntico plenamente identificable y no requiere -al menos en principio- del examen de ninguno de los artículos del Código de Policía para su aplicación e interpretación; (b) el artículo 124 de la Ley 1801 de 2016 tipifica un conjunto de comportamientos que deben ser objeto de medidas de naturaleza policiva, mientras que el artículo bajo examen se ocupa de establecer un régimen de responsabilidad civil, lo que implica que, dada su independencia temática, la eventual declaratoria de inexequibilidad de la expresión demandada no haría inocua la decisión de la Corte; y además (c) no se identifica una relación intrínseca entre la disposición cuestionada y el articulo 124 del Código de Policía, ni en el curso del proceso fueron aportadas o identificadas razones que susciten serias dudas sobre la constitucionalidad de esta última. A su vez, (d) el artículo 127 del Código de Policía, en particular el primer inciso, prevé una regla con algún grado de semejanza a la del artículo 2354 del Código Civil, pero no constituye una reproducción de este último, ni puede decirse que su supuesto de hecho sea equivalente; en ese sentido, de una parte, es discutible afirmar -sin elementos probatorios mínimos- la equivalencia entre las categorías “caninos potencialmente peligrosos” y “animales fieros” y, de otra, a diferencia del artículo 127 del Código de Policía, el artículo 2354 del Código Civil se refiere específicamente a la tenencia de animales que no reportan utilidad para el predio en el que se encuentran. Finalmente, (e) no puede afirmarse que la relación de la disposición demandada con el artículo 127 sea intrínseca, ni tampoco que respecto de este último recaigan serias dudas sobre su constitucionalidad.
E. PROBLEMA JURÍDICO Y ESTRUCTURA DE LA DECISIÓN
16. En atención al significado que la jurisprudencia y la doctrina le ha atribuido a la disposición parcialmente acusada, le corresponde a la Corte establecer si la expresión “no será oído” contenida en el artículo 2354 del Código Civil vulnera el derecho a la defensa previsto en el artículo 29 de la Constitución, al imponer al tenedor de un animal fiero la obligación de reparar los daños que cause, sin que sea posible aceptar como válido -para exonerarse de responsabilidad- el argumento de no haber podido evitar el daño.
17. Con el propósito de resolver el problema indicado, la Corte inicialmente precisará el alcance del derecho constitucional a la defensa y los vínculos que tiene con los regímenes de responsabilidad (sección F). A continuación, indicará en qué sentido la expresión acusada constituye una limitación a las posiciones que protege tal derecho, aludiendo, además, al contexto normativo en el que se inscribe la disposición cuestionada (sección G). Finalmente, se ocupará de analizar el cargo formulado (sección H).
F. CONSTITUCIÓN, DERECHO DE DEFENSA Y REGÍMENES DE RESPONSABILIDAD CIVIL.
18. El artículo 29 de la Constitución reconoce el derecho de defensa. Si bien la mención de dicho derecho se encuentra en el inciso que regula los procedimientos sancionatorios, ello no excluye su aplicación en otros escenarios procesales, puesto que el mismo artículo dispone que el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. En ese sentido, la jurisprudencia ha caracterizado el debido proceso “como el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia”[42]. Entre tales garantías se encuentra el derecho de defensa, entendido como la facultad para emplear “todos los medios legítimos y adecuados para ser oído y obtener una decisión favorable”[43].
19. El objeto y naturaleza de los intereses que se debaten en un proceso judicial inciden en el modo en que se concretan las garantías que integran el debido proceso. Esa relación exige que el legislador tome en consideración que una mayor incidencia de los resultados de un proceso judicial en derechos de especial significado constitucional, impone un mayor grado de protección del derecho a la defensa. Naturalmente, advierte la Corte, en cualquier trámite judicial debe asegurarse el respeto de un mínimo de garantías procesales. En ese sentido, por ejemplo, no sería posible sancionar o condenar a una persona sin permitir su participación en el trámite respectivo; tampoco si el procedimiento tuvo lugar ante una autoridad desprovista de competencia, o al margen de las reglas establecidas para su desarrollo.
20. Esa distinción, entre un ámbito de protección variable del debido proceso en función de la materia de la que se ocupa y un contenido mínimo cuya garantía es obligatoria, ha sido reconocida por la jurisprudencia al advertir que ese derecho admite diferentes grados de protección[44]. El efecto de esa premisa consiste en que “el cumplimiento de las garantías mínimas del debido proceso contempladas en la Constitución, tendrá diversos matices según el derecho de que se trate, dado que no todo derecho es de orden penal, sino que es posible encontrar “reglas y procedimientos” de otros órdenes como el civil, el administrativo, el policivo, el correccional, el disciplinario o el económico, entre otros, que no son comparables o asimilables directamente al ordenamiento penal y que comportan decisiones y sanciones de diversa categoría, matices que deberán ser contemplados en la regulación de sus propias reglas”[45].
21. El derecho de defensa tiene manifestaciones procesales y sustantivas. De una parte, se refleja en la capacidad de las personas de intervenir efectivamente en los trámites judiciales o administrativos, empleando los instrumentos disponibles para resistir a la pretensión estatal o particular que se formule en su contra. De otra, se concreta en la posibilidad de controvertir la existencia, legitimidad, validez o eficacia de las pretensiones o reclamos que se formulen en su contra, mediante la presentación, por ejemplo, de excepciones de mérito. Esta doble dimensión ha sido reconocida por la jurisprudencia al indicar que el derecho de defensa “se garantiza, no solo mediante la vinculación que corresponde hacer a los funcionarios judiciales de las personas que deben intervenir como parte en un proceso, previo el cumplimiento de las formalidades propias para ello, sino además, permitiéndoles alegar y probar dentro del mismo, todas aquellas circunstancias que consideren propias para su defensa”[46]. Como lo ha dicho esta Corporación es imprescindible que “durante el proceso judicial toda persona que pueda ver afectados sus intereses tenga la oportunidad de expresar sus ideas, defender sus posiciones, allegar pruebas, presentar razones y controvertir las razones de quienes juegan en contra”[47].
22. El derecho de defensa puede, en consecuencia, ser objeto de restricciones a través de medidas que fijen condiciones o requisitos para actuar en un proceso judicial o que definan reglas sustantivas aplicables a una situación jurídica y, por ejemplo, limiten la proposición de determinados medios exceptivos.
23. En materia de controversias sobre responsabilidad civil, el derecho de defensa se concreta en la protección de un grupo de posiciones jurídicas con contenido procedimental y sustantivo. Comprendidos por las primeras están los instrumentos de actuación con los que cuenta el demandado para contestar la demanda, solicitar la práctica de pruebas y controvertir las presentadas por la contraparte, intervenir en su realización y/o apelar las decisiones desfavorables. Las segundas se derivan de reglas sustantivas que conforman los regímenes de responsabilidad civil y que prevén los medios de excepción frente a las pretensiones resarcitorias, incluyendo la posibilidad de alegar que el daño no se produjo, que en su producción intervino una causa extraña o que no existió culpa en la actuación.
24. La comprensión del derecho de defensa, en los términos indicados, pone de presente su estrecho vínculo con otras disposiciones constitucionales. En efecto, dado que la atribución de responsabilidad puede conducir a la asignación de un deber de reparación a través de obligaciones de dar o hacer, la posibilidad de defenderse es una garantía necesaria para controlar la incidencia que ello puede tener en la libertad general de acción (art. 16) y en el derecho de propiedad (art. 58) de los responsables.
25. Ahora bien, los regímenes de responsabilidad civil no solo revisten importancia constitucional desde la perspectiva del derecho de defensa. Así, considerando el tipo de intereses y derechos que se encuentran en juego, mediante tales regímenes (i) se concretan formas específicas de justicia -correctiva o distributiva- que entran en contacto con la obligación del Estado de asegurar la vigencia de un orden justo (art. 2); (ii) se distribuyen cargas entre sujetos, algunas veces en situación de simetría, otras veces en situación de disparidad, adquiriendo relevancia el derecho a la igualdad (art. 13) o el deber de solidaridad (art. 95); (iii) se crean incentivos para la evitación de daños o se distribuyen los costos de su evitación como expresión posible de la función social de la propiedad (art. 58) o la empresa como base del desarrollo (art. 333); y (iv) se realza o disminuye la trascendencia de la actuación del sujeto que ha producido el daño, vinculándose así con el problema de la dignidad humana y la libertad (art. 16).
26. De lo dicho se sigue que los regímenes de responsabilidad civil pueden tener, en algunos casos, relevancia constitucional. Dicho de otra manera, al definir y delimitar los presupuestos de la responsabilidad de los particulares el legislador puede entrar en contacto con previsiones constitucionales relacionadas, por ejemplo y como ocurre en el asunto que ocupa la atención de la Corte, con el derecho de defensa. Sin embargo, dado que la Constitución no prevé reglas particulares en la materia y se trata de asuntos que suscitan disputas teóricas significativas, no es atribución de esta Corte, al menos en principio, (i) definir cuál es la mejor opción regulatoria, (ii) ni tomar partido respecto de las interpretaciones de las normas que rigen esta materia.
G. LA REGLA DEL ARTICULO 2354 COMO UNA RESTRICCIÓN DEL DERECHO DE DEFENSA Y SU RELACIÓN CON OTRAS REGLAS DE RESPONSABILIDAD EN EL DERECHO PRIVADO
27. La norma demandada prohíbe “oír” al tenedor de un animal del que no se reporta utilidad cuando alegue que no pudo evitar el daño causado. Esta regulación limita el derecho de defensa al eliminar la posibilidad de proponer, con éxito, algunos medios exceptivos.
28. A pesar de que el punto de partida en materia de responsabilidad patrimonial de los particulares consiste en que la víctima debe asumir los daños que sufre, a menos que demuestre que son imputables a otro, acreditando el hecho, el daño y el nexo causal (artículo 2341 del Código Civil), varias reglas de responsabilidad contractual y extracontractual (i) circunscriben la posibilidad de defensa a la demostración de una causa extraña -cuyo efecto es el quiebre del nexo causal- e incluso, en ciertas hipótesis, (ii) restringen esa posibilidad a algunas variantes de la causa extraña.
29. La fundamentación y alcance de tales regímenes ha originado importantes debates que no le corresponde dirimir a este Tribunal. Es suficiente con señalar, para efectos de esta providencia, que las tesis fluctúan entre quienes sostienen que la naturaleza objetiva de un régimen de responsabilidad depende de que solo permita la exoneración por una causa extraña y los que afirman que tal limitación no excluye, necesariamente, que se apoyen en la culpa presumiendo su configuración. Con independencia de eso, lo cierto es que tanto la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia como varias normas vigentes, establecen regímenes de responsabilidad que se separan de la regla general que impone, al afectado-demandante, demostrar la actuación culpable de quien ha causado el daño.
H. ANALISIS DE CONSTITUCIONALIDAD: El régimen establecido en el artículo 2354 del Código Civil, al establecer que no es posible aceptar como válido -para exonerarse de responsabilidad- el argumento relativo a la ausencia de culpa, es compatible con la Constitución.
30. La Corte ha constatado que la jurisprudencia y la doctrina aceptan, en general, que el artículo 2354 del Código Civil impide al tenedor del animal fiero proponer como argumento válido, a fin de exonerarse de su responsabilidad, la ausencia de culpa. Algunos advierten que ello se explica en la existencia de una presunción de culpa que no puede ser desvirtuada, al tiempo que otros señalan que se trata de una hipótesis de responsabilidad objetiva fundada en la doctrina del riesgo creado. No le corresponde a esta sentencia, ni es necesario para juzgar la constitucionalidad de la disposición, tomar partido sobre cuál es la mejor fundamentación de esa restricción. Ese ha sido un asunto que ha dividido a la jurisprudencia y a la doctrina, y no es la Sala Plena el juez competente para dirimir esa disputa.
31. Sin embargo, sí le corresponde a la Corte definir la concordancia del derecho de defensa con el régimen de responsabilidad aplicable al tenedor de un animal fiero del que no reporta utilidad, en tanto niega validez al argumento relativo a la ausencia de culpa. A juicio de este Tribunal tal restricción es compatible con la Constitución, por las razones que a continuación se exponen.
32. El legislador, en virtud de la cláusula general de competencia, dispone de un amplio margen de configuración para regular las hipótesis de responsabilidad civil así como las variantes de cada uno de sus elementos. No existe, desde el punto de vista constitucional, un régimen único en la materia. Son diversas las opciones y es posible articularlas tomando en consideración, por ejemplo, (i) la existencia o no de riesgos especiales, (ii) el tipo de sujetos que intervienen en el tráfico jurídico, (iii) la mayor o menor magnitud de los costos que se quieran evitar así como (iv) el tipo de incentivos que pretendan crearse -supra 25-.
33. Si bien para el derecho sancionatorio, los regímenes de responsabilidad objetiva o sin culpa suscitan agudas tensiones constitucionales y están sometidos a un control constitucional estricto según lo ha definido este Tribunal[54], en materia de responsabilidad civil de los particulares, la Constitución no impide, prima facie, tal modalidad de regulación. De hecho, el artículo 88 de la Constitución contempla expresamente la posibilidad de que la ley defina los casos de responsabilidad civil objetiva por el daño inferido a los derechos e intereses colectivos.
34. Igualmente, la jurisprudencia ha señalado que no se opone a la Constitución prescribir que el fabricante de un producto únicamente pueda exonerarse de la obligación de indemnizar perjuicios demostrando “la fuerza mayor, el caso fortuito no sobrevenido por su culpa, el uso indebido del bien o servicio por parte del afectado, o el hecho de un tercero ligado o no al productor mediante relación de trabajo o contractual de cualquier clase”. En tal dirección, la sentencia C-973 de 2002 sostuvo que en atención a la naturaleza asimétrica de la relación entre fabricante y consumidor era posible prever como únicos medios de defensa aquellos con la virtualidad de quebrar el nexo causal.
35. Esta decisión permite identificar que la Corte, no solo consideró compatible con la Carta un régimen de responsabilidad ligado exclusivamente a la actuación del responsable, y no a su diligencia en el desarrollo de la actividad, sino que además estimó que la Constitución prohibía eximirse de responsabilidad invocando circunstancias bajo el control del productor o fabricante. Desde esa perspectiva, la Corte ha justificado los regímenes de responsabilidad en los que se permite “franquear las instituciones procesales de resarcimiento de perjuicios”[55] en favor de una de las partes cuando, por ejemplo, estas medidas pretenden modificar la situación de inferioridad, restablecer el equilibrio o evitar las condiciones excesivamente gravosas.
36. La constitucionalidad de la regla establecida en el artículo demandado, tal y como ha sido interpretada por la jurisprudencia y la doctrina, se apoya en varias razones adicionales que a continuación se exponen.
37. El régimen de responsabilidad analizado encuentra fundamento en la idea, también sostenida por la doctrina, según la cual la mayor o menor corrección de la conducta del agente puede ser una razón suficiente, pero no necesaria, para atribuir responsabilidad[62]. En este sentido, comprender la responsabilidad civil como una forma de enfrentar la violación de derechos permite aceptar que, incluso bajo actuaciones “correctas” o “sin culpa”, las personas puedan ser obligadas a reparar debido a la transgresión o vulneración de un derecho.
38. La conclusión sobre la validez constitucional del régimen de responsabilidad por los daños causados por el animal fiero es, en general, coincidente con la posición que respecto de una materia cercana asumió la Corte en la sentencia C-059 de 2018. En efecto, en esa oportunidad se cuestionó la exigencia de una póliza de responsabilidad civil a los propietarios de caninos potencialmente peligrosos (artículo 127 de la Ley 1801 de 2016). Al abordar el estudio del cargo este Tribunal estableció que se debía realizar un juicio intermedio de igualdad debido a que la disposición establecía una responsabilidad objetiva del dueño de perros clasificados como potencialmente peligrosos, sin que tenga posibilidad de exculparse por el eventual daño que cause el animal. Tal afirmación implicó reconocer que un régimen de responsabilidad sin culpa es, prima facie, constitucionalmente posible.
39. En adición a lo expuesto, es importante señalar que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia así como la mayoría de la doctrina, sostienen que el artículo 2354 del Código Civil no proscribe la posibilidad de aducir válidamente la inexistencia del nexo causal. Precisamente el referido Tribunal, en la sentencia del 6 de abril de 1989 determinó que: “[l]a prohibición de oír la alegación del tenedor del animal sobre la inevitabilidad del daño, se circunscribe a la mera culpa por incurrir en ella automáticamente” y, en consecuencia, “(a)l demandado le es permitido por tanto, alegar la ausencia del daño o la causa extraña de éste (…)”. Esta interpretación se articula plenamente con la Constitución dado que la imposición de un deber de reparar exige, en general, la verificación de que el resultado ha sido consecuencia de un comportamiento que no escapa del control o radio de acción de aquel a quien se le atribuye.
40. Advierte la Corte, finalmente, que la forma de establecer el vínculo de causalidad así como su rompimiento, es un asunto que, en principio, se encuentra librado a los diseños legislativos que adopte el Congreso de la República y a la interpretación que de ellos hagan las autoridades judiciales y la doctrina.
41. Le correspondió a la Corte establecer si la expresión “no será oído” contenida en la parte final del artículo 2354 del Código Civil vulneraba el derecho de defensa previsto en el artículo 29 de la Constitución, al imponer al tenedor de un animal fiero la obligación de reparar los daños causados por dicho animal, sin que sea posible aceptar como válido -para exonerarse de responsabilidad- el argumento de no haber podido evitar el daño. Este Tribunal destacó, inicialmente, que de acuerdo con la jurisprudencia y la doctrina, la norma parcialmente impugnada excluye la posibilidad de considerar como argumento admisible la ausencia de culpa o diligencia para liberarse de la obligación de reparar.
42. Teniendo en cuenta que el derecho de defensa puede ser objeto de limitaciones mediante las normas que definen reglas sustanciales de responsabilidad y que impiden el éxito de determinados medios exceptivos, concluyó que el artículo 2354 prevé una restricción a tal derecho al señalar, con lenguaje imperativo, que el daño le será siempre imputable sin que sea un argumento válido –en caso de alegarlo- la imposibilidad de evitarlo.
43. El legislador, en virtud de la cláusula general de competencia, dispone de un amplio margen de configuración para definir y delimitar los diversos regímenes de responsabilidad y, en esa dirección, no existe -desde el punto de vista constitucional- un régimen único en la materia. Son diversas las opciones y es posible su diseño tomando en consideración, entre otras cosas, la existencia o no de riesgos especiales, el tipo de sujetos que intervienen en el tráfico jurídico, la mayor o menor magnitud de los costos que pretendan evitarse, así como el tipo de incentivos que puedan crearse.
44. La regla que impide aceptar como argumento válido la ausencia de culpa por parte del tenedor del animal fiero encuentra fundamento: (i) en el margen de configuración del que dispone el Congreso para regular las hipótesis de responsabilidad civil; (ii) en la ausencia de una prohibición constitucional de establecer regímenes de responsabilidad sin culpa o que impidan alegarla con éxito tal y como se desprende, por ejemplo, de la sentencia C-973 de 2002 y del artículo 88 de la Constitución; y (iii) en el hecho de que se trata de una disposición que promueve la protección del medio ambiente y la función social de la propiedad al contribuir a la protección de la fauna silvestre y desincentivar la tenencia de animales que no reportan beneficio alguno para la guarda o servicio de un predio. Señaló, en adición a ello, (iv) que la interpretación mayoritaria del artículo 2354 no excluye la posibilidad de proponer medios de defensa relacionados, por ejemplo, con la inexistencia del nexo causal
[1] Corte Suprema de Justicia - Sentencia Nº 14 del 6 de abril de 1989, Exp. 1887. Magistrado Ponente: Jaime Duque Pérez.
[2] Suscribe el documento Enrique Gil Botero, Ministro de Justicia y del Derecho.
[3] Corte Suprema de Justicia - Sentencia Nº 14 del 6 de abril de 1989, Exp. 1887. Magistrado Ponente: Jaime Duque Pérez.
[4] Suscribe el documento el ciudadano Ernesto Gamboa Morales, miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia.
[5] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección C. Consejero Ponente: Enrique Gil Botero. Sentencia del 23 de mayo de 2012. Rad. 22592.
[6] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección C. Consejero Ponente: Enrique Gil Botero. Sentencia del 23 de mayo de 2012. Rad. 22592.
[7] Corte Suprema de Justicia - Sentencia Nº 14 del 6 de abril de 1989, Exp. 1887. Magistrado Ponente: Jaime Duque Pérez.
[8] Suscribe el documento el ciudadano Edgardo Villamil Portilla.
[9] Suscriben el documento Obdulio Velázquez Posada y Jorge Oviedo Albán, docentes de derecho civil de la Universidad de La Sabana.
[10] Suscribe el documento el ciudadano Sebastián Escobar Torres.
[11] La doctrina ha destacado esta doble exigencia. Así, López Mesa, indica: “(…) para que el artículo 1129 del Código Civil resulte de aplicación, es necesaria la concurrencia de estos requisitos: 1) que el daño haya sido causado por un animal feroz y 2) que éste no reporte ninguna utilidad para la guarda o servicio del predio en dónde se encuentre. Vale decir entonces, qué si el animal feroz presta utilidad para la guarda o servicio del predio, el artículo 1129 deja de aplicarse y la responsabilidad se rige por las normas generales”. En esa misma dirección Peirano Facio señala que “no basta que se trate de un animal feroz para que nos coloquemos dentro del ámbito del art. 1329: es menester además, que ese animal no reporte utilidad para la guarda o servicio del predio”. Igualmente, Alessandri Rodríguez sostiene que “[e]l animal fiero no sólo queda regido por el art. 2326 cuando es útil para la guarda de un predio, sino también cuando lo es para el servicio del mismo”. Al respecto puede consultarse: (i) Marcelo López Mesa, Capítulo XIV: “Daños causados por cosas inanimadas y animales”, En: Tratado de la Responsabilidad Civil, Tomo V (2011) Cord. Félix Trigo Represas, Segunda edición. Ed. Fondo Editorial de Derecho y Economía: Buenos Aires; Argentina. pp. 179; (ii) Jorge Peirano Facio, (1948). Responsabilidad Extracontractual. Tercera edición. Ed. Temis Librería, Bogotá: Colombia, pp. 642; (iii) Alessandri Rodríguez (1943), De la responsabilidad extracontractual en el derecho civil chileno. Ed. Imprenta Universitaria: Santiago de Chile; Chile. pp. 408.
[14] Alessandri Rodríguez (1943), De la responsabilidad extracontractual en el derecho civil chileno. Ed. Imprenta Universitaria: Santiago de Chile; Chile. pp. 407 – Otros doctrinantes también acuden a la enumeración para explicar el concepto de animal fiero, así, por ejemplo: (i) Alessandri Rodríguez, “es el animal feroz o peligroso, como los leones, tigres, leopardos, etc.” (pp. 407); (ii) Pérez Vives, “un tigrillo, un león, un caimán, un águila, un cóndor, etc.” (pp. 283); (iii) Fernando Vélez, “tigre, león pantera”.
[15] Álvaro Pérez Vives (2011) Teoría General de las Obligaciones. Volumen II. Parte Primera. Ed. Doctrina y ley: Bogotá; Colombia, pp. 288.
[16] Jorge Peirano Facio, (1948), pp. 642.
[17] Alessandri Rodríguez (1943), pp. 407.
[19]Alessandri Rodríguez (1943), pp. 404-405.
[20] Marcelo López Mesa, Capítulo XIV: “Daños causados por cosas inanimadas y animales”, En: Tratado de la Responsabilidad Civil, Tomo V (2011) Cord. Félix Trigo Represas, Segunda edición. Ed. Fondo Editorial de Derecho y Economía: Buenos Aires; Argentina, pp. 180.
[21] Magistrados Héctor Marín Naranjo y Hernán Guillermo Aldana Duque.
[22] Concluyen la aclaración indicando: “Por lo demás, no sobra recordar que la presunción de culpabilidad juris et de jure ha sido desechada por un vasto sector de la doctrina en razón de no ser más que una ficción destinada, según se ha visto, a soslayar el real meollo del problema. // En fin, estimamos que para el examen de la constitucionalidad del precepto confrontado no era indispensable que la cuestión se derivara hacia el análisis del fundamento de la responsabilidad en el caso considerado porque, habiéndose centrado el ataque en el cercenamiento del derecho de defensa tutelado por el artículo 26 de la C. N., aquel bien se pudo haber adelantado en el exclusivo terreno procesal -como era, además, lo que incumbía- para concluir en que, en el evento materia del pronunciamiento, no es posible condenar al demandado sin que en frente suyo y con su citación y audiencia, se hubiera impulsado un proceso diligenciado con sujeción al mandato legal, pues el "... no será oído" de la parte final del artículo 2354 es punto que entronca con el sentido y el alcance de la responsabilidad, cuya magnitud es a la jurisdicción civil a la que compete definir, mas no con una supuesta transgresión a los dictados de la Constitución Nacional”.
[23] Gilberto Martínez Ravé (1990) La Responsabilidad Civil Extracontracual en Colombia. Sexta edición, Ed. Biblioteca Jurídica Diké: Medellín, Colombia, pp. 287.
[24] Gilberto Martínez Ravé, pp. 287.
[25] Gilberto Martínez Ravé, pp. 289.
[26] Fernando Vélez, Estudio sobre el Derecho Civil Colombiano. Tomo IX. Segunda Edición, Ed. Imprenta París América: París, Francia, pp. 28.
[27] Fernando Vélez, pp. 28.
[28] Álvaro Pérez Vives (2011) Teoría General de las Obligaciones. Volumen II. Parte Primera. Ed. Doctrina y ley: Bogotá; Colombia, pp. 284.
[29] Pérez Vives, en armonía con lo expuesto destaca que “la tesis que [se] ve en el artículo 2354 es una de las pocas aplicaciones que nuestro Derecho hace de la teoría del riesgo creado (…), nuestro legislador diferenció de modo rotundo el daño causado por un animal doméstico o por aquellos salvajes no fieros, susceptibles de dominio (como las abejas, palomas, ect.), del perjuicio proveniente de un animal fiero, reglamentando esta última clase de responsabilidad en precepto separado, que hace siempre responsable al que tenga el animal fiero e impide oir sus descargos si los presentare”. Álvaro Pérez Vives (2011), pp. 282
[30] Alberto Tamayo Lombana, (1998) Manual de Obligaciones: la responsabilidad civil fuente de obligaciones. Ed. Temis S.A.: Bogotá, Colombia, pp. 154, 236.
[31] Alberto Tamayo Lombana, pp. 232.
[32] Alberto Tamayo Lombana, pp. 155.
[33] El Magistrado Jaime Orlando Santofimio Gamboa manifestó su discrepancia destacando, entre otras cosas, que no le correspondía a ese Tribunal declarar la excepción de inconstitucionalidad en ese caso. Señaló: “A la sazón, adviértase que la expresión tachada de inconstitucional no se refiere a la imposibilidad del demandado de alegar en su defensa una causa extraña sino de invocar diligencia y cuidado para desvirtuar la culpa, por cuanto, como se ha dicho, no se trata del tradicional sistema subjetivo de responsabilidad, fundamentado en la culpa, sino de un régimen objetivo, que si bien sólo fue propuesto a mediados del siglo XIX, como consecuencia del desarrollo científico e industrial que trajo la “Revolución Industrial” con el auge del maquinismo y la introducción de la teoría del riesgo, puede afirmarse, que para la fecha de promulgación de la codificación civil (26 de mayo de 1873) Don Andrés Bello lo previó, aunque en relación con la máquina de la época, pues no puede perderse de vista, que el hombre a lo largo de la historia y de su evolución se valió del animal en el desarrollo de sus actividades económicas, tales como la agricultura, la pesca y la caza, como instrumento de trabajo y transporte, además, de usarlo para derivar de él su alimento, vestuario, deportes, etc. Y fue, precisamente, con los procesos revolucionarios que el animal se vio desplazado por la maquinaria y paulatinamente fue olvidado como herramienta de trabajo, reduciéndolo, hoy día, principalmente, a ser objeto de afecto - mascota. // Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que la Corte Suprema de Justicia analizó el postulado acusado a la luz de los preceptos del debido proceso dentro del cual se encuentra el derecho de defensa y acceso a la administración de justicia, los cuales fueron incluidos en el ordenamiento constitucional actual, sin modificaciones esenciales que hicieran necesario un nuevo juicio de constitucionalidad de la norma. //Finalmente, en relación con la forma como se aplicó la excepción de inconstitucionalidad, debe decirse que no obedeció a su técnica, pues, si bien el juez contencioso puede, por vía de excepción, inaplicar una norma que encuentra inconstitucional, en el caso concreto, este juicio corresponde a la parte motiva de la providencia, donde se explica por qué la norma o una parte de ella no resulta aplicable y cuáles son los preceptos constitucionales que ella desconoce o los derechos fundamentales que con su aplicación se trasgreden, sin que sea dable al Contencioso Administrativo invadir la esfera del juez constitucional declarando la inconstitucionalidad de la norma “por vía de excepción” en la parte resolutiva de la sentencia, porque, se insiste, sólo la Corte Constitucional cuenta con la competencia funcional para declarar con efectos erga omnes la inconstitucionalidad de las normas legales, de modo que debe hacerse claridad en este sentido”.
[34] Al respecto Martínez Ravé (1990) afirma que “es imposible creer que la ley impida al demandado demostrar que no existió nexo de causalidad entre el hecho (intervención del animal) y el resultado dañoso. No es posible que el que tenga un animal fiero no pueda demostrar que el animal no ocasionó el daño, que el daño es consecuencia de un rayo, de un caso fortuito o fuerza mayor, es decir que el nexo causal no existió” (pp. 287).
[35] En términos de Javier Tamayo, “la culpa consiste en tener un animal fiero sin necesidad ni utilidad; por ello, probada la tenencia del animal sin necesidad ni utilidad (establecida la culpa), el demandado no puede desvirtuarla, pues ya está probada y no tiene sentido la prueba de la diligencia y cuidado. (…) [También expone que] el demandado se exoneraba probando cualquiera causa extraña, ahora pensamos que la fuerza mayor o el hecho de un tercero deben ser asumidos por el responsable”. Javier Tamayo Jaramillo (2007), Tratado de Responsabilidad Civil. Tomo I. Segunda Edición. Ed. Legis: Colombia, pp.1410 y 1411.
[36] En sentido similar, sosteniendo la imposibilidad de exonerarse a la luz del régimen chileno, Alessandrí Rodríguez sostiene: “(…) si el daño ha sido causado por un animal fiero de que no se reporta utilidad para la guarda o servicio de un previo, el que lo tenía no puede exonerarse de responsabilidad, ni aun probando el caso fortuito o la culpa exclusiva de la víctima o de un tercero. (…) Hay una presunción de derecho de que el daño sobrevino por su culpa: ésta no consiste en la falta de vigilancia sino en el hecho de tener semejante animal, y como ella subsiste mientras lo tenga en su poder, no puede relevarse de responsabilidad, puesto que la sola realización del daño está demostrada porque lo tenía en su poder” Alessandri Rodríguez (1943), De la responsabilidad extracontractual en el derecho civil chileno. Ed. Imprenta Universitaria: Santiago de Chile; Chile. pp. 419.
[59] Indicó la Corte: “Como de manera acertada lo señaló el Jefe del Ministerio Público en su intervención, en la actualidad no es posible a los particulares ejercer tenencia alguna sobre especies de fauna silvestre, salvo en aquellos especiales casos regulados por la ley; circunstancia que lleva a esta Sala a inferir que la prohibición de transportar estas especies en el servicio público de pasajeros, guarda coherencia no sólo con la finalidad de seguridad y salubridad propia del servicio de transporte público de pasajeros, sino principalmente con el propósito constitucional de proteger la biodiversidad e integridad del ambiente y garantizar su conservación en concordancia con los artículos 79 y 80 de la Carta, en atención a que estas especies forman parte del patrimonio biológico y ecológico del país, lo que de suyo impide su libre tránsito a través de cualquier modo de transporte. De allí que estas potísimas razones de interés social se encuentren suficientes, necesarias y proporcionadas para encontrar exequible la medida que se reprocha en cuanto dice a la fauna silvestre, cuya categoría comprende los animales fieros o salvajes y silvestres señalados en los “Cites” (…) así como los “domesticados”, dada la prohibición expresa de cautiverio de estas especies y la obligación de las autoridades de ordenar el decomiso de las mismas y reintegrarlas a su hábitat”.
[62] Jules L Coleman (2010), Riesgos y Daños. Ed. Marcial Pons: Madrid; España. pp. 287.
[66] Jorge Santos Ballesteros, (2012) Responsabilidad Civil, Parte General. Tomo I, Tercera Edición. Ed. Temis: Bogotá, Colombia. pp 290.