Source: https://www.fundacionkoinonia.com.ve/ojs/index.php/Iustitia_Socialis/article/view/740/1207
Timestamp: 2020-08-15 00:45:48
Document Index: 296291875

Matched Legal Cases: ['artículo 96', 'artículo 77', 'artículo 51', 'artículo 51', 'artículo 175', 'artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 35', 'artículo 51', 'artículo 67', 'artículo 84', 'artículo 175', 'artículo 424', 'artículo 120', 'artículo 379', 'Artículo 379']

Derecho de rehabilitación de los adolescentes en conflicto con la ley penal | Astudillo-Zurita | IUSTITIA SOCIALIS
Juan José Astudillo-Zurita
https://orcid.org/0000-0003-4637-5273
Enrique Eugenio Pozo-Cabrera
https://orcid.org/0000-0003-4980-6403
Inicio > Vol. 5, Núm. 2 (5) >	Astudillo-Zurita
http://dx.doi.org/10.35381/racji.v5i2.740
Derecho de rehabilitación de los adolescentes en conflicto con la ley penal
Rehabilitation right of adolescents in conflict with criminal law
juan.astudillo@ucacue.edu.ec
epozo@ucacue.edu.ec
Recibido: 15 de abril de 2020
Revisado: 05 de mayo de 2020
Aprobado: 24 de mayo de 2020
Publicado: 14 de junio de 2020
El Ecuador como Estado constitucional de derechos y justicia, garantiza los derechos de los adolescentes en todos los ámbitos, en especial cuando se ven inmersos en un procedimiento penal, el presente artículo se centra en demostrar la necesidad de cumplir sus medidas socio-educativas recibidas en un proceso penal, en una institución ubicada cerca del domicilio de las personas encargadas de su cuidado, en base al derecho a la familia estipulado en el artículo 96 de la carta magna como base fundamental para la rehabilitación correcta y reinserción a la sociedad del infractor. Para este propósito, se aplicó el método descriptivo-explicativo, mediante un estudio doctrinario y jurídico, como también se usó un enfoque mixto para el estudio de los datos, recurriendo a técnicas cualitativas y cuantitativas, obteniendo de ellas como resultado la necesidad evidente de reformar el Código Orgánico Integral Penal, para evitar más vulneraciones a los derechos.
Descriptores: Derecho constitucional; derecho penal; adolescencia; familia; instrumento internacional. (Palabras tomadas del Tesauro UNESCO).
Ecuador as a constitutional State of rights and justice, guarantees the rights of adolescents in all controls, especially when it is in conflict with criminal law, this article focuses on demonstrating the need to comply with its socio-educational measures received in a criminal process, in an institution located near the domicile of the people in charge of their care, based on the right to the family stipulated in article 96 of the Magna Carta as the fundamental basis for correct rehabilitation, and reintegration into society of the offender. For this purpose, the descriptive-explanatory method was applied, through a doctrinal and legal study, as well as a mixed approach for the analysis of the data, using qualitative and quantitative techniques, obtaining them as the result of the evident need to reform the Comprehensive Organic Criminal Code, to avoid further violations of rights.
Descriptors: Constitutional law; criminal law; adolescence; family; international instrument. (Words taken from the UNESCO Thesaurus).
En Ecuador la Constitución es la norma suprema que garantiza derechos a todas las personas, prestando una mayor importancia a los grupos de atención prioritaria quienes por su condición se les dificulta desarrollarse en la sociedad y acceder al buen vivir, al respecto, existen colectivos que ingresan en varios grupos de atención prioritaria, ubicándose en un estado de doble vulnerabilidad y necesitando una protección especial de sus derechos.
En ese mismo contexto, los adolescentes son parte de los grupos de atención prioritaria por su estado de indefensión y necesidad de apoyo para su crecimiento correcto, sucede pues que, al estar un adolescente en conflicto con la ley penal y recibir una sentencia con medidas socio-educativas y privación de libertad, pasan a formar parte de este grupo de doble vulneración, por su condición de persona privada de la libertad, los mismos que son colectivos con garantías de atención prioritaria.
En la actualidad para enjuiciar a un adolescente infractor en Ecuador se utiliza el procedimiento del título quinto del Código Orgánico Integral Penal que reforma al anterior procedimiento del Código de la Niñez y Adolescencia, donde se respetan todos sus derechos como adolescentes, no obstante, tras la reforma de este procedimiento, se eliminó una parte importante en el trámite penal de adolescentes infractores que es la garantía al momento de ejecutar las medidas socio-educativas, con referencia a cumplir su condena en un centro especializado en el domicilio de los padres o tutores.
En este sentido, cuando se condena la pena de adolescentes infractores con medidas socio educativas, se les garantizan sus derechos a una correcta rehabilitación para su reinserción a la sociedad, por lo tanto, el Estado es el obligado a cumplir con la protección integral de los adolescentes y velar por que las normas y leyes se adecuen a la defensa de los derechos.
Ahora bien, los jueces penales al enjuiciar a un adolescente infractor consideran lo estipulado en el Código Orgánico Integral Penal, la Construcción y las leyes y tratos internacionales en lo referente a los derechos de los adolescentes, tal es el caso que al dar una condena un derecho trascendental para la rehabilitación de un adolescente es la comunicación y visitas de sus padres, tutores y familiares. Sin embargo, al momento de dictar su sentencia y no contar con un centro para adolescentes cerca del domicilio de los padres o tutores son obligados a cumplir su condena en un centro lejano de su localidad, vulnerando su derecho a una correcta rehabilitación, protegido por la constitución.
Si bien es cierto, en el ámbito constitucional la protección de los derechos están enlazados a las políticas públicas y las medidas tomadas por los entes de control, llama la atención que la misma normativa no comprenda una garantía al momento de ejecutarse las medidas socias educativas de un adolescente infractor en un centro ubicado en el domicilio de sus padres o tutores para proteger su derecho a rehabilitación. En consecuencia, el traslado de los adolescentes a una institución lejos de su localidad, vulnera su derecho a una idónea rehabilitación, y se demuestra que un adolescente que cumple su pena en un centro especializado en su localidad, socializa más con sus familiares, disminuyendo así los efectos perjudiciales que causa la privación de la libertad.
Por los antecedentes expuestos, se plantea como problema de investigación: ¿Cómo incide la vulneración del derecho de rehabilitación en privación de libertad en modalidad cerrada de los adolescentes al ser trasladados a un centro distinto de su lugar de domicilio para el cumplimiento de sus condenas? Es así que, el objetivo de la presente investigación consiste en: plantear una reforma al título quinto del Código Orgánico Integral Penal que incluya la garantía de derecho de rehabilitación de los adolescentes privados de libertad en modalidad cerrada.
Derechos constitucionales e internacionales de los adolescentes
En Ecuador la Constitución promueve y asegura a los niños, niñas y adolescentes sus derechos aplicando los instrumentos, convenciones y tratados internacionales ratificados que reconozcan derechos más favorables para lograr su desarrollo integral, sin discriminación y en igualdad de condiciones, convirtiéndose en deber del Estado, la sociedad y la familia el cumplir lo plasmado en la carta magna (Asamblea Nacional Constituyente, 2008).
A partir de lo expuesto, un adolescente cuenta con derechos inherentes a su edad, por lo que forman parte de un grupo de atención prioritaria, recibiendo derechos y cuidados específicos (Asamblea Nacional Constituyente, 2008), así mismo, las personas privadas de su libertad requieren atención prioritaria por parte del Estado, por ello los adolescentes en conflicto con la ley penal son considerados como personas en condición de doble vulnerabilidad (Asamblea Nacional Constituyente, 2003). La Corte Constitucional del Ecuador menciona que el Estado esta obligado a aplicar todo tipo de políticas públicas, creación de instituciones y garantizar normas y leyes acorde a tratados internacionales que protejan los derechos de los adolescentes en su confinamiento debido a su situación (Corte Constitucional Ecuatoriana, 2015).
Dentro de esta perspectiva, (Naciones Unidas, 1984); (UNICEF, 1989), (Asamblea Nacional Constituyente, 2008) y (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2002) mencionan que los adolescentes transgresores cuentan con todos sus derechos al momento de encontrarse privados de su libertad, señalan que un adolescente no extingue sus derechos por causa de esta condición, más bien necesitan una mayor protección de los mismos, por tal razón, el Estado ecuatoriano debe evitar que una norma infra constitucional no cuente con garantías básicas al momento que los adolescentes ejecuten sus condena, para tal efecto, debe fundar establecimientos públicos y privados especializados o acondicionar instituciones u organizaciones ya existentes para que cumplan con los estándares internacionales en el desarrollo y rehabilitación de los adolescentes que cumplen una sanción.
En Ecuador para la tutela de derechos de los adolescentes se estableció el principio del interés superior del niño, el mismo que adecúa las decisiones y acciones de las autoridades e instituciones en la manera que mejor convenga para precautelar los derechos de los adolescentes (Asamblea Nacional Constituyente, 2003), en consecuencia, cuando un adolescente se encuentra en conflicto con la ley penal este principio protege sus derechos, prevaleciendo sobre los de los demás, de esta manera, un adolescente cuenta con un procedimiento penal especial donde todos sus derechos son respetados, y lo que se busca es la implementación de medidas socio-educativas (Corte Constitucional Ecuatoriana, 2014).
Medidas socio-educativas para una correcta rehabilitación
Tras comentar las implicaciones de las garantías constitucionales de los adolescentes infractores, la siguiente sección de este trabajo aborda su derecho a obtener medidas socio-educativas por parte de la autoridad competente. Dentro de este marco, las medidas socio-educativas buscan integrar a la sociedad al adolescente transgresor, con la finalidad de obtener reparación para la víctima (Asamblea Nacional Constituyente, 2003). A este respecto, (UNICEF, 1989) menciona que su derecho se extiende a proporcionar una rehabilitación correcta y de esta manera lograr su reinserción a la sociedad, para ello se dispondrá de diversas medidas, además de libertad vigilada, y las llamadas medidas socio-educativas que no siempre tienen que ver con un internamiento en un establecimiento.
Uno de los preceptos más importantes lo estable la Corte Constitucional ecuatoriana en su sentencia No 9-17-CN/19 (Corte Constitucional del Ecuador, 2019), en la cual se explican los objetivos de las medidas socio-educativas que son: el bienestar del adolescente y la proporcionalidad de la pena. En este contexto, el artículo 77 de la carta magna establece que los adolescentes deben tener medidas socio-educativas conforme a la infracción cometida (Asamblea Nacional Constituyente, 2008), es decir, que su condena debe ser proporcional, y deben estar determinadas mediante ley (Asamblea Nacional Constituyente, 2003).
Es así que, el adolescente infractor en un juicio presidido por el juez o jueza de niñez y adolescencia al obtener una sentencia puede cumplirla en régimen de fin de semana, semi-libertad y cerrado (Asamblea Nacional Constituyente, 2003), sin embargo, es durante el régimen cerrado o llamado también internamiento total, que los adolescentes son enviados a una institución especializada, donde se cumplen los estándares internacionales para su desarrollo integral, evitando perjudicar su bienestar físico, emocional y social (Corte Constitucional del Ecuador, 2019).
De conformidad con lo señalado, la Convención de los Derechos del Niño (UNICEF, 1989), menciona que se debe tomar en cuenta el bienestar del adolescente al momento de decidir sobre un acto delictivo, sin afectar a la víctima, entendiéndose esto como una justicia restitutiva o restaurativa, en otras palabras, es un método de mediación que debe tomarse en cuenta para lograr el cumplimiento del objetivo de las medidas que es rehabilitar y no causar una experiencia negativa en el adolescente condenado.
De igual manera, la Corte Constitucional habla sobre una desjudicialización, esto es que durante un juicio se debe tomar de última ratio la privación de libertad de un adolescente, para este fin se requiere aplicar medidas para resolver el conflicto sin necesidad de llegar a la fase de juzgamiento (Corte Constitucional del Ecuador, 2019). Para lograr esta llamada desjudicialización, la Corte Constitucional sugiere a las autoridades competentes juzgar a los adolescentes infractores que opten por utilizar como regla las medidas preventivas y castigos que no conlleven una privación de libertad (Ibídem), por ello, se hace necesario que en el procesamiento de un adolescente infractor actúe un juez especializado de la Niñez y Adolescencia, diferente del juzgador que conoce la causa, quien condene al adolescente mediante un proceso encaminado a la desjudicialización, buscando como fin del proceso la reinserción del adolescente, sin vulnerar sus derechos ni perjudicar a la víctima.
La familia como derecho de rehabilitación
Tras comentar las implicaciones de las medidas socio-educativas como sanción para un adolescente dentro de un proceso punible presidido de un juez de la niñez y adolescencia, la última sección de este documento aborda el derecho de los adolescentes transgresores a cumplir su condena en una institución de rehabilitación en el domicilio de sus padres o tutores. Partiendo de los supuestos anteriores, es necesario que el Estado, la sociedad y la familia se responsabilicen del bienestar y desarrollo de los adolescentes transgresores, lo que implica garantizar que mientras se ejecuten las medidas socio-educativas en modalidad cerrada no se vulneren derechos, asegurando su cuidado especial (Corte Constitucional Ecuatoriana, 2017).
Para tal efecto, los jueces de niñez y adolescencia al sentenciar deben tener una sensibilidad diferente a la que normalmente se exige a un operador de justicia penal (Corte Constitucional del Ecuador, 2019), por consiguiente, se requiere que la privación de libertad sea tomada como última medida, ya que esa experiencia, puede ser el comienzo de una carrera criminal. Las autoridades deben convencerse de que el adolescente es un ser humano en desarrollo, por lo tanto, necesita de experiencias positivas que se logran solo con medidas socio-educativas (Corte Constitucional del Ecuador, 2019).
Es necesario fomentar un ambiente familiar durante el internamiento del adolescente, garantizando su derecho a la familia, que se complementa con sus derechos genérales y específicos, para promover la reintegración del adolescente en la sociedad (Corte Constitucional del Ecuador, 2019), en tal razón, un adolescente necesita constante contacto con su familia y esto se logra solo si el establecimiento donde cumple su pena está en el lugar de residencia de sus padres, no obstante, se evidencia que en Ecuador existen muy pocos establecimientos especializados para el cumplimiento de sentencias de los adolescentes transgresores, lo que impide su rehabilitación correcta, y pone en riesgo el contacto que puedan tener con sus familiares.
De igual manera, los derechos internacionales proveen protección extra a los adolescentes privados de su libertad, con énfasis en el derecho a mantener contacto con su familia por medio de visitas (UNICEF, 1989), esta tendencia se logra también en la Constitución de la República del Ecuador que garantiza el derecho a la familia en su Art. 96, donde expresa que la familia es el núcleo primordial para una educada formación social, necesaria para el desarrollo integral de los adolescentes, por lo tanto, el Estado ecuatoriano debe apoyar y proteger a la familia (Asamblea Nacional Constituyente, 2008).
Como manda la Constitución en su artículo 51 las personas privadas de su libertad, disponen de su derecho a la comunicación y visita de sus familiares (Asamblea Nacional Constituyente, 2008), derecho que no puede ser vulnerado aun cuando el adolescente este privado de su libertad, tal es el caso, que por falta de instituciones especializadas el adolescente se ve obligado a ejecutar su sentencia alejado de sus seres queridos perjudicando su bienestar y rehabilitación (Naciones Unidas, 1984). Es decir, la familia se convierte en el pilar fundamental para reinsertar al adolescente en el vínculo familiar y la sociedad.
Para (Ornosa, 2007) la privación de libertad tiene como objetivo lograr que el adolescente infractor se rehabilite y para esto, se necesita la comunicación y el apoyo de sus familiares, sin embargo por diferentes factores los familiares de los adolescentes transgresores trasladados lejos, realizan visitas en insuficientes ocasiones, inclusive su derecho se amplía a la posibilidad de visitar sus hogares, lo que se ve imposibilitado por la distancia, vulnerando así el derecho a una adecuada reinserción del adolescente.
Ante este escenario, la observación general número 10 de la Naciones Unidas establece que: “El personal del centro debe fomentar y facilitar contactos frecuentes del menor con la comunidad en general (…) la oportunidad de visitar su hogar y su familia” (Naciones Unidas, 2007, p.25), por consiguiente, los administradores de las instituciones especializadas son los encargados de planificar las visitas de los familiares y dar los permisos correspondientes para las salidas de los adolescentes y en todos los casos el Estado debe cumplir con lo dispuesto en los tratados y convenios internacionales, la ley y la constitución en lo referente a la defensa de sus derechos, proveyendo de políticas públicas y reformas presupuestarias, para la creación de instituciones especializados para adolescentes infractores.
El presente estudio transversal presentó un carácter descriptivo – explicativo, se realizó analizando el derecho constitucional a la correcta rehabilitación y reinserción de los adolescentes transgresores, recogidos en tratados internacionales de derechos humanos, suscritos, ratificados en el ordenamiento jurídico del Ecuador en su Constitución de Montecristi. Los datos fueron levantados sobre la base del análisis y revisión de tratados y convenios internacionales, sentencias de la Corte Constitucional, Constitución de la República del Ecuador, Código de la Niñez y Adolescencia, Código Orgánico Integral Penal, artículos difundidos en publicaciones científicas registradas en Scielo, e-Dialnet consideradas las bases de datos actuales más populares a nivel internacional.
Se utilizó un enfoque mixto para el análisis de los datos, recurriendo a técnicas cualitativas y cuantitativas. Se inició con el análisis cualitativo, donde se realizó la revisión de conceptos, formas de garantía y mecanismos que pueden incidir en la disminución del problema en estudio. Se utilizó el análisis cuantitativo al aplicar las encuestas a abogados de libre ejercicio para procesar los datos obtenidos.
Los métodos empleados en esta investigación jurídica fueron: el método histórico – lógico orientado de manera cronológica del estudio de ordenamiento jurídico vigente sobre el derecho de las adolescentes privadas de libertad, secundado por la jurisprudencia y doctrina; el método analítico – sintético adecuó el análisis de los derechos constitucionales y normas infra constitucionales vigentes, identificando los elementos que sustentan el objetivo de esta investigación (Behar, 2008); el método inductivo - deductivo permitió establecer generalizaciones de los derechos de las adolescentes en transgresores a partir de aspectos concretos y determinar su vulneración al derecho constitucional de rehabilitación y reinserción.
En lo que respecta a la muestra, en el estudio se procedió a aplicar un muestro por conveniencia, el mismo que se sustentó en una técnica no probabilística y no aleatoria, en consecuencia, las muestras fueron establecidas de acuerdo con la facilidad de acceso, disponibilidad de personas, e intervalo de tiempo, por consiguiente, la muestra estuvo conformada por 10 abogados de libre ejercicio y procesados.
En esta sección se tratará la información obtenida a través de las encuestas realizadas con fines académicos, en tal razón, se consideró la participación de abogados profesionales, para lo cual, se estructuró una encuesta con 7 preguntas cerradas y sus posibles alternativas de respuesta, para determinar la vulneración del derecho de rehabilitación de las adolescentes en conflicto con la ley penal, en este contexto, es necesario dotar a los resultados de un enfoque dentro del derecho constitucional, para evitar la vulneración de derechos de los adolescentes infractores al momento de su confinamiento en régimen cerrado. Entre los principales resultados se determinó:
Conocimiento de los profesionales sobre el tema
La primera interrogante realizada sobre el conocimiento de los profesionales de las nuevas reformas efectuadas para el procedimiento de condena de adolescentes infractores del Código Orgánico Integral Penal, denota que, tan solo el 20% de abogados en la actualidad conocen las nuevas reformas al Código Orgánico Integral Penal en lo referente al procedimiento de condena de adolescentes infractores.
Experiencia en trámites penales donde se vieron involucrados adolescentes infractores
En lo referente a la segunda incógnita planteada a los encuestados, sobre la experiencia laboral de los abogados en libre ejercicio en casos penales con adolescentes infractores, se determinó que el 30% de encuestados han sido parte de un procedimiento penal donde defendieron causas en que se vieron involucrados adolescentes transgresores.
Centro especializado para el tratamiento de adolescentes mujeres
Como resultado de esa interrogante, los encuestados manifestaron en un 80% que no existe un centro especializado en la ciudad de Cuenca (ver figura 1), esta información evidencia que en Ecuador existen falencias por parte del Estado en lo referente a la creación y administración de sitios para el cumplimiento de condenas de adolescentes transgresores, mientras que el restante 20 % de encuestados respondieron que en la ciudad de Cuenca si existe un lugar para el cumplimiento de las condenas de las adolescentes mujeres, la realidad actual es que las adolescentes mujeres sentenciadas son trasladadas a la ciudad de Loja, obligadas a ejecutar sus condenas lejos de sus familiares, hace varios años existió el centro para adolescentes mujeres llamado el buen pastor, el mismo que fue cerrado por el Ministerio de Justicia a causa de falta de presupuesto, como consecuencia de esto, a las adolescentes mujeres en conflicto con la ley penal se las vulnera su derecho a la familia, y por consiguiente se transgrede su rehabilitación adecuada.
Figura 1. Conocimiento sobre existencia de centro especializado de adolescentes mujeres. Fuente. Encuestas realizadas a abogados profesionales.
Derechos de los adolescentes en ejecución de medidas socio-educativas
Para esta pregunta se consideró lo referente a la ejecución de las medidas socio educativas de los adolescentes transgresores, respecto a sus derechos al ser trasladados a un centro especializado y cumplir su condena lejos de su localidad, donde se evidenció que un 90% de los encuestados contestaron que no respetan sus derechos (ver figura 2), revelando que el traslado arbitrario de los adolescentes infractores vulnera su derecho a una correcta rehabilitación al obligar al adolescente infractor a cumplir su pena en un establecimiento distinto del domicilio de sus padres o tutores, el otro 10% de encuestados manifestaron que si se respetan los derechos de los adolescentes al ser trasladados, debido a que, la garantía va encaminada al cuidado, rehabilitación adecuada y técnica, más allá de la ubicación del centro.
Figura 2. Vulneración al derecho de rehabilitación de los adolescentes a ser trasladados. Fuente. Encuestas realizadas a abogados en libre ejercicio.
Visitas de familiares para la correcta rehabilitación del adolescente infractor
Los resultados a esta pregunta son bastante reveladores, ya que, el 100% de encuestados, manifestaron estar de acuerdo en que, el derecho constitucional tipificado en el artículo 51 de la carta magna, esto es el derecho de personas privadas de su libertad a recibir visitas constantes de familiares para su correcta rehabilitación social, en consecuencia, se ve vulnerado al separar a los adolescentes infractores de sus padres o tutores, y obligarlos a cumplir sus condenas lejos de su localidad, con estos datos se evidencia que, para evitar esta vulneración a los derechos de los infractores, es necesario que reciban visitas constantes y socialicen con sus familiares para asegurar una correcta rehabilitación y reinserción en la sociedad, evitando así los efectos nocivos que causa el encierro.
Reforma al Código Orgánico Integral Penal
Como pregunta final se interrogó sobre la necesidad de incluir una garantía de derechos de rehabilitación de las adolescentes privadas de libertad en modalidad cerrada al momento de la ejecución de sus medidas socio educativas en el capítulo quinto del Código Orgánico Integral Penal, los encuestados en un 100% contestaron que si es necesario una reforma a la normativa en relación a las garantías de rehabilitación de los adolescentes, como es el caso al ser trasladados a un centro lejos del domicilio de sus padres o tutores, ya que se ven vulnerados sus derechos de rehabilitación, por lo tanto, es necesaria una reforma al capítulo quinto del Código Orgánico Integral Penal, para incluir ganarías al momento de ejecutar las medidas socio educativas de los adolescentes.
Los resultados obtenidos en la fase de diagnóstico confirman la problemática de investigación, al no garantizarse el derecho de rehabilitación de los adolescentes, cuando se ejecutan las medidas socio-educativas de un adolescente infractor, ya que se vulnera su derecho. Por lo tanto, mediante esta investigación se persigue una propuesta jurídica, para así proteger al adolescente transgresor, en lo que respecta a la rehabilitación y reinserción a la sociedad, para evitar la violación de sus derechos que por mandato constitucional son de interés superior.
El proyecto de ley a partir de una reforma al Código Orgánico Integral Penal, se estructura considerando los parámetros expuestos en la figura 3:
Figura 3. Esquema de propuesta de Ley Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal
Proyecto de Ley Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal
La Constitución como norma suprema protege y garantiza los derechos de los adolescentes, quienes al ser condenados por cometer una infracción con una medida socio-educativa necesitan una mayor protección por lo que se hace necesario adecuar la normativa interna y la Constitución a los convenios y tratados internacionales ratificados por el Ecuador relativos a sus derechos.
El Estado ecuatoriano está obligado a garantizar el correcto cumplimiento y goce de los derechos reconocidos en la carta magna, en igualdad de condiciones para todos los ecuatorianos. Para lo cual las reformas actuales al título quinto del Código Orgánico Integral Penal respecto de los adolescentes imputables son importantes para facilitar a los jueces de la niñez y adolescencia, así como a todos los operadores de justicia a sancionar de manera adecuada las conductas de un adolescente en un proceso penal y precautelar así la obtención de una sentencia justa acorde a la infracción realizada.
A través de estas reformas realizadas en el Código Orgánico Integral Penal se cumple con lo señalado en la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 175, esto es que los adolescentes transgresores tengan una justicia especializada, garantizándose un proceso donde se protejan sus derechos inherentes a su edad y los relacionados a su estatus de persona privada de la libertad. Es así que, al no incluir las garantías durante el internamiento de un adolescente, se está vulnerando su derecho a cumplir su sentencia en una institución ubicada cerca del domicilio de sus padres o tutores.
Por estas consideraciones, se ha demostrado la vulneración del derecho de rehabilitación de los adolescentes en conflicto con la ley penal, al momento de la ejecución en modalidad cerrada de sus medidas socio-educativas que, por falta de una institución especializada en el domicilio de los padres o representantes, vulnera su derecho a una correcta rehabilitación y perjudica la constante relación familiar que beneficia la reinserción familiar y social del adolescente transgresor.
Que, el artículo 1 de la Constitución de la República declara al Ecuador como un Estado constitucional de derechos y justicia, siendo su deber principal el respeto, protección y garantía de los derechos de las personas;
Que, el numeral 1 del artículo 3 de la Constitución de la República establece que el Estado está obligado a garantizar los derechos declarados en la Constitución y los instrumentos internacionales a todos los ciudadanos y ciudadanas sin discriminación alguna;
Que, el artículo 35 de la Constitución de la República señala que el Estado debe prestar mayor atención a los grupos de atención prioritaria.
Que, el artículo 51 de la Constitución de la República determina la aplicación de los derechos de las personas privadas de la libertad con énfasis en el derecho a la salud, alimentación, educación, trabajo y familia;
Que, el artículo 67 de la Constitución de la República reconoce a la familia como núcleo fundamental de la sociedad y el Estado garantizará las condiciones que favorezcan la inclusión de sus integrantes;
Que, de acuerdo con el artículo 84 de la Constitución de la República establece que las leyes deben ser adecuadas por parte de la Asamblea Nacional conforme a los derechos previstos en la Constitución y los tratados internacionales;
Que, el artículo 175 de la Constitución de la República señala que los adolescentes transgresores tengan una justicia especializada, garantizándose un proceso donde se protejan sus derechos inherentes a su edad y los relacionados a su estatus de persona privada de la libertad;
Que, el primer inciso del artículo 424 de la Constitución de la República del Ecuador señala la supremacía constitucional, prevaleciendo sobre las demás normas ordinarias, por lo tanto, las normas infra constitucionales deben mantener concordancia con la constitución;
Que, el numeral 6 del artículo 120 de la Constitución de la República del Ecuador atribuye a la Asamblea Nacional la facultad de expedir, codificar, reformar o derogar leyes;
En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales expide el presente:
Artículo único: Agréguese a continuación del artículo 379 del título II del libro quinto de las décimo cuarta disposiciones reformatorias un artículo con el siguiente texto:
Artículo 379.1.- Garantías durante el internamiento. Para el internamiento institucional que se señala en el artículo anterior se establecerá, además, los mecanismos para garantizar al adolescente, durante su privación total de libertad, el ejercicio de sus derechos. En especial se deberá respetar su derecho a ser internado en un centro del lugar de residencia de sus padres o personas encargadas de su cuidado.
En caso de no existir una institución en el domicilio de los padres o tutores, el Estado adecuara uno en un centro privado. De no existir centros privados, deberá preparar pabellones en las instituciones exclusivas para adolescentes hombres o mujeres que se encuentren ya existentes.
Dado y suscrito, en la sede de la Asamblea Nacional ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, a los – días del año --.
Sobre lo expuesto durante el artículo se demostró la existencia de la vulneración del derecho de rehabilitación de los adolescentes privados de su libertad al momento de cumplir sus medidas socio-educativas en una institución lejana al domicilio de sus representantes, dado que, en Ecuador existen muy pocos centros de cuidado y protección de niñez y adolescencia para el cumplimiento de condenas en modalidad cerrada, evidenciando esto con los datos de la encuesta que indican que en la ciudad de Cuenca–Ecuador no existe un establecimiento para que las adolescentes condenadas con una medida socio-educativa en privación institucional total cumplan su condena y obtengan una rehabilitación adecuada para que logren reinsertarse a la sociedad.
En consecuencia, de acuerdo con la problemática establecida y con los resultados de las encuestas realizadas se demuestra que las visitas constantes y socialización de los adolescentes con sus familiares aseguran una correcta ejecución de medidas socio- educativas, evitando así los efectos nocivos que causa el encierro.
Con los antecedentes antes mencionados y en respuesta a la problemática en estudio, se planteó en esta investigación la reforma al Código Orgánico Integral Penal en su título quinto, para garantizar que durante la ejecución de las medidas socio-educativas en modalidad cerrada, los adolescentes sean enviados a una institución especializada en el domicilio de sus padres.
No monetario.
A la Universidad Católica de Cuenca por motivar y apoyar la investigación.
Asamblea Nacional Constituyente. (03 de Enero de 2003). Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia; [Organic Code for Children and Adolescents]. Derechos. Montecristi, Pichincha, Quito: Registro oficial 1, 31-V-2017. Obtenido de https://n9.cl/t2ek3
Asamblea Nacional Constituyente. (20 de Octubre de 2008). Constitución de la República del Ecuador; [Constitution of the Republic of Ecuador]. Derechos. Montecristi, Manabi, Ecuador: Registro oficial No. 449. Obtenido de https://n9.cl/f0z1
Behar, R. D. (2008). Libro Metodología Investigación: [Book Methodology Research]. Introducción a la Metodología de la Investigación. Hsalom 2008. Obtenido de https://n9.cl/x28m
Corte Constitucional del Ecuador. (29 de enereo de 2014). Sentencia: N° 022-14-SEP-CC; [Judgment: N ° 022-14-SEP-CC]. Causa No. 1699-11-EP. Quito, Pichincha, Ecuador: SEP Acción Extraordinaria de Protección. Obtenido de https://n9.cl/l2kbr
Corte Constitucional del Ecuador. (11 de Marzo de 2015). Sentencia: N° 064-15-SEP-CC; [Judgment: N ° 064-15-SEP-CC]. Causa No. 0331-12-EP. Quito, Pichincha, Ecuador: SEP Acción Extraordinaria de Protección. Obtenido de https://n9.cl/utzu
Corte Constitucional Ecuatoriana. (10 de Mayo de 2017). Sentencia: N° 012-17-SIN-CC; [Judgment: N ° 012-17-SIN-CC]. Causa No. 0026-10-IN y acumuladas. Quito, Pichincha, Ecuador: SIN Acción Pública de Inconstitucionalidad. Obtenido de https://n9.cl/w7bg
Corte Constitucional Ecuatoriana. (09 de Julio de 2019). Sentencia: N° 9-17-CN/19; [Judgment: N ° 9-17-CN / 19]. Causa No. 0007-17-CN. Quito, Pichincha, Ecuador: CN - Consulta de Constitucionalidad de Norma. Obtenido de https://n9.cl/mz3u
Corte Interamericana de Derechos Humanos. (28 de agosto de 2002). Opinión consultiva 17; [Advisory Opinion 17]. Comisión interamericana de derechos humanos. San José, Costa Rica, Costa Rica: OC-17/2002. Obtenido de https://n9.cl/zm48
Naciones Unidas. (14 de Diciembre de 1984). Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la Justicia de menores "Reglas de Beiging"; [United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice "Beiging Rules"]. Derecho internacional. Beiging, China, China: resolución 45/113. Recuperado el 8 de Noviembre de 2019, de https://n9.cl/l5h8
Naciones Unidas. (25 de abril de 2007). Observación general 10; [General comment 10]. Derecho internacional. Ginebra, Suiza: General. Obtenido de https://n9.cl/qo0a
Ornosa, M. d. (2007). Derecho Penal de Menores (4ta ed.). Barcelona, España: Bosch S.A.
UNICEF. (20 de Noviembre de 1989). Libro de la Convención Internacional sobre los derechos del niño y de la niña; [Book of the international convention on the rights of the boy and girl]. Derecho internacional. Paraguay: UNICEF Comité Español. Obtenido de https://n9.cl/ya1pf
Copyright (c) 2020 Juan José Astudillo-Zurita, Cecilia Ivonne Narváez-Zurita, Juan Carlos Erazo-Álvarez, Enrique Eugenio Pozo-Cabrera