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Timestamp: 2018-10-22 09:33:24
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Función de las Comunidades Autónomas
Función de las comunidades autónomas de España
Vanesa garcía fenoll
2º de adm. Y fin.
Este trabajo abarca todo lo referente a las Comunidades Autónomas, competencias, órganos, leyes que las regulan, su origen, história, su situación geográfica, quién las controla, etc, y al final nos centramos en la CCAA de Murcia, donde abarcamos no sólo su história, competencias y demás, sino que también lo que le compite a cada consejería, quién está al cargo, e incluso cómo localizarlo.
DEFINICIÓN DE UNA COMUNIDAD AUTÓNOMA
PROCESO DE LAS COMUNIDADES HASTA AHORA
Las CCAA no surgieron inmediatamente después de la Constitución Española de 1978, que recoge el derecho de autonomía de las nacionalidades y regiones que forman el estado español, las Diputaciones de las entonces provincias, -el poder legislativo local- y dos terceras partes de los municipios que en ellas se encontraban tuvieron que formular la iniciativa legal correspondiente pare convertirse en CCAA. Las Cortes Generales de España, osea el poder legislativo nacional, aprobó la constitución de autonomías y los Estatutos de cada una, ésto supuso un cambio de 180 grados con respecto al régimen anterior(régimen franquista), que se basaba en planes centralizados tradicionales. Esto daba respuesta a un problema que había surgido repetidamente en la historia de España como resultado de las diferentes identidades sobre las que se ha construido la unidad de España.
Las CCAA se dotan también de su propio órgano de gobierno e instituciones representativas. A destacar que el proceso que ofrece la Constitución Española, no obliga a las regiones, sino que es, en general, un derecho para ellas.
El 31 de julio de 1981, Leopoldo Calvo-Sotelo, presidente del Gobierno, y Felipe González, líder de la oposición, acuerdan los primeros Pactos Autonómicos (en 1992 se actualizará con el Segundo Pacto Autonómico, firmado entre el entonces presidente, Felipe González, y el líder de la oposición, José María Aznar), que preveen un mapa de 17 autonomías —con las mismas instituciones pero con distintas competencias— y dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla; fruto de estos acuerdos en 1995 se dará por cerrado el mapa de las autonomías a nuevas remodelaciones o ampliaciones.
No existen precedentes de Comunidades Autónomas en otros ordenamientos jurídicos, siendo por tanto una formula jurídica novedosa, si bien ya en la organización administrativa de la Segunda República Española se introduce su figura (aprobación de las autonomías de Cataluña en 1932, Euskadi en 1936 y Galicia en 1938, así como numerosos proyectos de estatuto para otras regiones). Pese a ello el sistema actual de autonomías se inspiró en otras legislaciones, como son las regiones italianas y los Länder alemanes.
El sistema de Comunidades Autónomas es fruto de una intensa negociación en la época de la Transición Española, entre los partidos que querían el centralismo, y los que buscaban un Estado federal. La Constitución Española de 1931 introdujo como novedad el estado regional, llevado a la práctica con éxito por Reino Unido, Bélgica o Italia. La Constitución española de 1978 retoma ese proceso para evitar el fantasma del federalismo, pero introduciendo dos vías de conseguir la autonomía estableciendo dos categorías de autonomías (según el artículo 151 o el artículo 152), es decir, País Vasco, Cataluña y Galicia serían autonomías de primera división y el resto tendrían que seguir una especie de proceso por el cual durante cinco años estarían bajo las condiciones del art. 151 y si persistía el sentimiento autonómico, pasarían al art. 152. El caso es que en el Título VIII de la constitución de 1978 se establece la organización territorial del Estado en municipios, provincias y comunidades autónomas, con competencias para gestionar sus propios intereses.
Las comunidades autónomas se regirán por sus respectivos estatutos de autonomía que tiene rango de ley estatal.
¿CUÁNTAS COMUNIDADES HAY EN ESPAÑA?
ARTÍCULOS DE LA CE de 1978 REFERENTES A LAS CCAA
La CE hace referencia a las diferencias culturales, históricas y de lenguaje que existen en el territorio español. Conforme a las diferentes características de cada región y de acuerdo con su bagaje cultural e histórico, cada CCAA tiene derecho a establecer su nombre oficial, a promover y proteger su cultura local, así como a mantener con carácter oficial las lenguas que se hablen comúnmente en su territorio. El artículo 3 de la CE indica que el castellano es la lengua oficial del Estado, sin embargo, afirma que la diversidad lingüística del país es un patrimonio cultural que será objeto de protección por parte del gobierno nacional.
El artículo 2 ya lo hemos mencionado antes, la CE también establece los poderes que pueden ser asumidos por las CCAA y atribuciones exclusivas del Estado, estos artículos son del Título VIII, capítulo 3º “De las comunidades autónomas”:
EL ESTATUTO, CONTENIDO
Se recogen en el artículo 148 de la CE:
se recogen en el artículo 149 de la CE:
1. En los Presupuestos Generales del Estado podrá establecerse una asignación a las Comunidades Autónomas en función del volumen de los servicios y actividades estatales que hayan asumido y de la garantía de un nivel mínimo en la prestación de los servicios públicos fundamentales en todo el territorio español..
Aprobados por las Cortes Generales con denominación de ley orgánica, se aprobaron con el siguiente orden:
Estatuto de autonomía para el País Vasco, 18-12-79.
Estatuto de autonomía de Cataluña, 22-12-79.
Estatuto de autonomía para Galicia, 28-04-81.
Estatuto de autonomía para Andalucía, 11-01-82.
Estatuto de autonomía para Asturias, 11-01-82.
Estatuto de autonomía para Cantabria, 11-01-82.
Estatuto de autonomía de la Rioja, 19-06-82.
Estatuto de autonomía para la Región de Murcia, 19-06-82.
Estatuto de autonomía de la Comunidad Valenciana, 10-07-82.
Estatuto de autonomía de Aragón, 16-08-82.
Estatuto de autonomía de Castilla la Mancha, 16-08-82.
Estatuto de autonomía de Canarias, 16-08-82.
Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, 16-08-82.
Estatuto de autonomía de Extremadura, 26-02-83.
Estatuto de autonomía para las Islas Baleares, 01-03-83.
Estatuto de autonomía de la Comunidad de Madrid, 01-03-83.
Estatuto de autonomía de Castilla y León, 02-03-83.
Estatuto de autonomía de Ceuta, 14-03-95.
Estatuto de autonomía de Melilla, 14-03-95.
A pesar de que la CE no prevé diferentes niveles de autonomía, en la práctica estos se presentan debido a las variaciones en:
La distribución de competencias que acepta cada CCAA.
A las facultades que las Cortes Generales tienen sobre las CCAA.
Las Comunidades Autónomas, constituidas con arreglo a la Constitución, gozan de poderes legislativo y ejecutivo propios, que desarrollan las competencias atribuidas a la Comunidad Autónoma por su Estatuto de Autonomía o transferidas por el Estado.
COMPOSICIÓN DE LOS TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA
COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación de la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados sobre el procedimiento a seguir para la tramitación de la reforma de los Estatutos de Autonomía.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de enero de 1993.—P. D., El Secretario General del Congreso de los Diputados Ignacio Astarloa Huarte-Mendicoa.
Recibida en el Congreso la propuesta de reforma de uno de los Estatutos que fueron elaborados por el procedimiento previsto en los artículos 143, 144, 146 y Disposición Transitoria Primera de la Constitución, la Mesa de la Cámara procederá al examen del texto y de la documentación remitida, al objeto de comprobar el cumplimiento de los requisitos constitucionales y estatutarios establecidos.
Si la mesa considerase cumplidos tales requisitos, ordenará su publicación y su remisión al Gobierno.
Si la Mesa advirtiese que se ha incumplido alguno de los trámites establecidos o que la propuesta adolece de algún defecto de forma, se lo comunicará a la Asamblea de la Comunidad que la hubiese elaborado, suspendiendo la tramitación hasta que aquél se cumpla o se subsane éste.
A partir de su publicación, la propuesta de reforma de Estatuto será sometida a un debate de totalidad en el Pleno. Dicho debate comenzará con una presentación de la propuesta por una delegación de la Asamblea de la Comunidad proponente, compuesta por un máximo de tres miembros, interviniendo a continuación los Grupos Parlamentarios para fijar su posición, por turnos que no excederán de diez minutos cada uno.
Finalizado el debate, el Presidente someterá a votación de totalidad la propuesta. Si la misma fuese favorable, la Mesa de la Cámara acordará la apertura del plazo de presentación de enmiendas al articulado y la remisión del texto a la Comisión Constitucional, para su tramitación conforme a lo previsto en el Reglamento para los proyectos de ley orgánica.
El Pleno de la Cámara, a propuesta de la Mesa, oída la Junta de Portavoces, podrá acordar que cualquier propuesta de reforma estatutaria se tramite directamente y en lectura única, antes de que se celebre el debate de totalidad previsto en el apartado anterior de la presente Resolución.
Adoptado dicho acuerdo, la Mesa ordenará la apertura del plazo de enmiendas y se procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 150 del Reglamento de la Cámara.
La Asamblea de la Comunidad Autónoma cuyo Estatuto sea objeto de reforma, podrá retirar la propuesta en cualquier momento de su tramitación ante la Cámara.
En el supuesto de que el Senado opusiese su veto al texto remitido por el Congreso, se dará cuenta inmediata a la Asamblea de la Comunidad Autónoma a los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, dejándose transcurrir un período de diez días entre la recepción por ésta de la notificación y la votación del texto inicialmente aprobado por el Congreso.
En el supuesto de que el Senado introdujese enmiendas, el plazo de diez días se computará entre la notificación del texto aprobado definitivamente por el Congreso y la proclamación de dicha aprobación, que quedará, en consecuencia, diferida hasta la primera sesión plenaria que se celebre una vez transcurrido dicho plazo.
En los supuestos previstos en los dos párrafos anteriores, la propuesta de reforma se entenderá retirada siempre que se reciba en el Congreso de los Diputados la correspondiente comunicación de la Asamblea de la Comunidad Autónoma con anterioridad al momento en el que se haya de tener lugar la votación del texto inicialmente aprobado por el Congreso o la proclamación de su aprobación definitiva.
En el supuesto de que la Asamblea de la Comunidad Autónoma ejercite el derecho de retirada reconocido en esta Resolución, se entenderá que la propuesta de reforma no ha sido aceptada por las Cortes Generales.
II. DEL PROCEDIMIENTO PARA LA REFORMA DE LOS ESTATUTOS QUE SE ELABORARON CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 151.2 DE LA CONSTITUCION
La reforma de los Estatutos que fueron elaborados por el procedimiento previsto en el artículo 151.2 de la Constitución se ajustará a lo dispuesto en los apartados segundo a sexto de la presente Resolución, con las especialidades que se establecen en el presente apartado.
Salvo en el supuesto de que se acuerde aplicar el procedimiento previsto en el apartado cuarto de la Resolución, se celebrará el debate de totalidad y se abrirá el plazo de enmiendas al articulado en los términos previstos en el apartado tercero. Una vez finalizado el mismo se estará a lo dispuesto en los párrafos siguientes.
En el supuesto de que la propuesta de reforma no sea objeto de enmiendas, el texto de la misma será sometido directamente a un debate y votación de totalidad en el Pleno, requiriéndose el voto favorable de la mayoría absoluta para su aprobación.
Cuando se hayan presentado enmiendas, el Presidente del Congreso lo notificará a la Asamblea proponente, invitándola a designar, si no lo hubiere hecho con anterioridad, una delegación que no excederá del número de miembros de la Comisión Constitucional, elegida entre los miembros de la Asamblea y con una adecuada representación de las formaciones políticas presentes en la misma.
La Comisión Constitucional, dentro del plazo de dos meses, a contar desde la finalización del plazo de enmiendas, examinará la propuesta de reforma con el concurso y asistencia de la delegación de la Asamblea proponente a la que se refiere el párrafo anterior, para determinar de común acuerdo su formulación definitiva.
Para la obtención de dicho acuerdo se procederá conforme a lo previsto en los artículos 139, 140, 141, 142 y 143.1 del Reglamento, sin más modificación que la de entender referidas a las enmiendas al articulado las menciones que en los mismos se contienen a los motivos de desacuerdo. Si se alcanzase el acuerdo, el texto resultante será sometido a votación final del Pleno, requiriéndose el voto favorable de la mayoría absoluta de sus miembros para su aprobación.
Transcurrido el plazo de dos meses sin que se haya alcanzado acuerdo, la Comisión Constitucional se pronunciará sobre las enmiendas al articulado que se hayan presentado mediante la formulación del correspondiente Dictamen, que será sometido al Pleno de la Cámara.
La consulta a las Cortes Generales prevista en los artículos 47.1 del Estatuto de Autonomía para el País Vasco, 57 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, 57 del Estatuto de Autonomía para Galicia y 75 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, se tramitará en el Congreso de acuerdo con el siguiente procedimiento:
Recibido en el Congreso el texto objeto de consulta, la Presidencia lo remitirá inmediatamente al Senado y a la Comisión Constitucional y ordenará su publicación en el Boletín. La Comisión estudiará las propuestas que los Diputados o los Grupos Parlamentarios presenten en los cinco días siguientes a la publicación y deberá pronunciarse, en todo caso, sobre la consulta en un plazo de quince días a partir de su recepción en el Registro de la Cámara.
En el supuesto de que la Comisión considerase que la reforma sobre la que se consulta no tiene por objeto la simple alteración de la organización de los poderes de la Comunidad Autónoma o afecta a las relaciones de ésta con el Estado, o a los regímenes forales del País Vasco, su criterio se someterá al Pleno de la Cámara, que se pronunciará sobre el mismo, siguiendo el procedimiento establecido en el Reglamento para los debates de totalidad, dentro de los treinta días siguientes a la recepción en el Registro de la Cámara del texto objeto de consulta.
La decisión adoptada por la Comisión o, en su caso, por el Pleno, que en todo caso deberá producirse en los treinta días fijados en el párrafo anterior, será comunicada inmediatamente al Senado, así como a la Asamblea de la Comunidad Autónoma y al Gobierno de la Nación, a los efectos previstos en los Estatutos de Autonomía.
En el supuesto de que, habiendo dictaminado las Cortes Generales favorablemente la consulta prevista en el apartado anterior, se recibiese con posterioridad la comunicación de la aprobación en referéndum del texto propuesto, conforme a los preceptos estatutarios citados en dicho apartado, el Pleno decidirá sobre la propuesta de reforma estatutaria mediante una votación de totalidad sobre el conjunto del texto, que requerirá la aprobación de la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara.
Cuando el texto objeto de consulta procediera de la Comunidad Autónoma del País Vasco y las Cortes Generales dictaminase negativamente la consulta, estimando que el texto propuesto no tiene por objeto la simple alteración de los poderes de la Comunidad Autónoma o afecta a las relaciones de ésta con el Estado o a los regímenes forales del País Vasco, la Mesa del Congreso, en virtud de lo dispuesto en la letra e) del artículo 47.1 del Estatuto de Autonomía para el País Vasco, ordenará su tramitación, siguiendo el procedimiento establecido en el apartado séptimo de la presente Resolución.
III. DE LOS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES PREVISTOS EN LOS ESTATUTOS DE AUTONOMIA
La supresión del precepto del Estatuto de Autonomía para el País Vasco a la que se refiere su artículo 47.3, podrá ser propuesta ante el Congreso de los Diputados por cualquiera de los titulares de la iniciativa legislativa reconocidos en el artículo 108 del Reglamento.
La propuesta de supresión, formalizada en un texto articulado que habrá de aprobarse como ley orgánica, se tramitará por el procedimiento de lectura única y requerirá el voto favorable de tres quintos de los miembros del Congreso. Las enmiendas que se presenten, tendrán la calificación de enmiendas de totalidad de devolución.
Aprobada por ambas Cámaras la propuesta de supresión, el acuerdo se comunicará inmediatamente al Parlamento Vasco y al Gobierno de la Nación, a los efectos previstos en el indicado artículo 47.3 del Estatuto de Autonomía.
La propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana se tramitará conforme a lo dispuesto en los apartados segundo a sexto de la presente Resolución, con las singularidades que se recogen en el presente apartado.
Si las Cortes Generales acordaran la devolución de la propuesta o aprobaran la reforma con modificaciones respecto del texto enviado por las Cortes Valencianas, darán traslado de ello a las mismas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 61.4 del Estatuto, acompañando mensaje motivado sobre los extremos que han ocasionado la devolución o la aprobación de soluciones alternativas.
En el supuesto de que las Cortes Valencianas, en el plazo de los tres meses siguientes a la recepción del mensaje motivado, comuniquen a las Cortes Generales su conformidad con todas las modificaciones, el texto aprobado por éstas podrá remitirse para su sanción.
En el supuesto de que, dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, las Cortes Generales no reciban comunicación alguna, se entenderá que no se han producido los requisitos exigidos para la aprobación, en el sentido y con los efectos establecidos en el artículo 61.3 del Estatuto.
En el señalado plazo de tres meses, las Cortes Valencianas podrán, finalmente, formular una nueva propuesta de reforma que facilite un acuerdo por aproximación entre el texto originario y las correcciones señaladas por las Cortes Generales.
Respecto de aquellas Comunidades Autónomas en las que así se reconoce en su Estatuto de Autonomía, las Cortes Generales están facultadas para presentar una iniciativa de reforma del Estatuto ante la correspondiente Asamblea autonómica.
Las propuestas de iniciativa de reforma se presentarán acompañadas de un texto articulado y se tramitarán por el procedimiento establecido en el Reglamento para las proposiciones de ley de iniciativa del Congreso, con la única salvedad de que la remisión al Gobierno prevista en el artículo 126.2 del Reglamento se efectuará a los meros efectos del conocimiento por el mismo de la iniciativa presentada.
Acordada la iniciativa por el Congreso, la propuesta se remitirá inmediatamente al Senado. En el caso de que esta última Cámara rechace la presentación de la propuesta, se entenderá finalizado el procedimiento sin acuerdo. En el supuesto de que el Senado se limite a introducir modificaciones en el texto articulado, se operará conforme a lo dispuesto para las enmiendas en el artículo 90.2 de la Constitución.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación cuando se trate de reformar el Estatuto de Autonomía de La Rioja. En este caso, la propuesta de iniciativa aprobada por el Congreso será remitida directamente a la Diputación General, acompañada del texto articulado.
La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales».
La materia regulada por la Resolución habrá de incorporarse al Reglamento de la Cámara, una vez cumplimentado el procedimiento establecido para la modificación del mismo previsto en la Constitución y en el propio Reglamento.
Los Parlamentos autonómicos que hubiesen remitido a la Cámara una propuesta de reforma de Estatuto que, al aprobarse la presente Resolución, se encontrase pendiente de tramitación, podrán optar entre el mantenimiento de aquella propuesta o la presentación de un nuevo texto, a cuyo efecto la Mesa de la Cámara remitirá a los mismos la pertinente comunicación.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de marzo de 1993.—El Presidente del Congreso de los Diputados, Félix Pons Irazazábal.
Como cada CCAA tiene las instituciones que considere oportunas y en este trabajo no podemos abarcarlas todas, nos centraremos en las de Murcia ya que es nuestra Comunidad.
Los vestigios más antiguos de la presencia humana en la Región de Murcia parecen remontarse más de un millón y medio de años. De ellos nos han llegado tan sólo algunos restos de silex retocados a modo de herramientas. Aunque existen restos que atestiguan la presencia del hombre de Neanderthal, Cromagnon y de la cultura del neolítico, es en plena edad del hierro cuando la población de este territorio muestra un alto grado de evolución. Bajo el período ibérico se registra un importante desarrollo agrícola y pecuario, así como una intensa actividad comercial, que han dejado numerosos testimonios expuestos en varios museos de la región.
Esta época se inició con la conquista por parte de Escipión, en el 209 antes de Cristo, de Carthago Nova, un importante centro económico y político del occidente mediterráneo. La importancia que adquiere la ciudad en este período se debe, en gran medida, a la explotación de los ricos yacimientos minerales repartidos por el litoral murciano. Mientras, en el interior de la región la romanización sólo supuso la creación de algunas villas rústicas escasamente pobladas. Hasta la conquista árabe la región atraviesa momentos de intenso vacio político.
En el año 713 el general Abdelaziz llega a la región enfrentándose con el ejercito hispano-visigodo de Teodomiro en Cartagena. Con la fundación de la ciudad de Murcia por Abderramán II en el año 825, se inicia un período de intenso auge económico. Los árabes aprovecharon el curso del río Segura, próximo a la ciudad, para crear una compleja red de acequias, tuberías, azudes, norias y acueductos. Son los antecedentes del actual sistema de regadíos, que sirvieron para aprovechar los recursos de la fértil huerta del Segura. Hasta la segunda mitad del siglo XI Murcia no es un reino independiente y la ciudad rinde vasallaje a los reyes de Almería. Con la independencia, y a lo largo del siglo XII, Murcia se transforma en un gran centro económico y político, lo que lleva aparejado un aumento de las obras públicas, construyéndose numerosos edificios religiosos y fortalezas.
Con la consecución de la paz comienza una fase de rápido crecimiento económico y demográfico, floreciendo todas las ciudades del reino a lo largo del siglo XVI. La alternancia de épocas de auge con otras de marcada decadencia es una constante en la historia de esta región. Así, el siglo XVII viene marcado por grandes sequías, origen de plagas, epidemias y escasez de alimentos. Tras el duro intervalo de la Guerra de Sucesión (1702-1713) hay un nuevo proceso de recuperación: se aumenta extraordinariamente la superficie cultivada, ampliándose las zonas de regadio, la población registra un gran aumento y se empiezan a notar los efectos de la progresiva apertura comercial. Como en otros momentos, este esplendor económico se refleja en un auge de las construcciones. Hay que destacar la terminación de la Catedral de Murcia, iniciada en 1394, y la construcción del Arsenal de Cartagena.
COMPETENCIAS DE MURCIA
Se recogen en el título I del Estatuto de Murcia sus respectivas competencias:
EL PODER LEGISLATIVO DE LA CCAA DE MURCIA: ASAMBLEA REGIONAL
PODER EJECUTIVO: CONSEJO DE GOBIERNO
El Consejo de Gobierno, que actuará siempre con absoluto respeto a los principios de la legalidad y jerarquía normativa, responde políticamente ante la Asamblea de forma solidaria, sin perjuicio de la responsabilidad directa de cada uno de sus miembros por su gestión.
En la Ley 6/2004 de 28 de diciembre, que lo regula, se consideran órganos integrantes del mismo:
Éstos últimos, tienen atribuidas parcelas concretas de las materias que son competencia de la Comunidad Autónoma. Actualmente, son las siguientes:
DE CARÁCTER CONSULTIVO
El Consejo Jurídico es el superior órgano consultivo en materia de gobierno y administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, creado por Ley 2/1997 de 19 de mayo.
Tiene su sede en la ciudad de Murcia (C/ Alejandro Seiquer nº 11-2º Telf. 968 210286) y precede a los demás órganos e instituciones de la Administración Regional después del Consejo de Gobierno.
Excmo. Sr. D. Juan Megías Molina.
Excmo. Sr. D. Juan Antonio Martínez-Real Ros.
Excmo. Sr. D. Mariano García Canales.
Excmo. Sr. D. Manuel Martínez Ripoll.
El Letrado-Secretario General:
Sr. D. Manuel Mª. Contreras Ortiz.
CONSEJERÍAS DE MURCIA
Conserjeria presidencia
C/ Acisclo Díaz, s/n. , 30071
968 36 61 60/ 62
ConsejeroPresidencia@listas.carm.es
A la Consejería de Presidencia le corresponden igualmente las funciones que la Ley 1/1988 de 7 de enero, del Presidente, del Consejo de Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, asigna a la Secretaría General de la Presidencia, excepto las referidas en el artículo 17 de dicha Ley.
El Consejero de Presidencia ejercerá por delegación del Presidente del Consejo de Gobierno, la presidencia de la Comisión de Secretarios Generales. (Decreto 70/2003, de 11 de julio, por el que se establecen los Órganos Directivos de la Consejería de Presidencia. BORM de 14 de julio de 2003).
Conserjería economía y hacienda
Avda. Teniente Flomesta s/n , 30071
968 36 26 06 / 968 36 26 07
consejera-hac@carm.es
La Consejería de Hacienda es el Departamento de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia encargado de la propuesta y ejecución de las directrices generales del Gobierno en materia financiera; presupuestaria; de planificación económica regional; de control, administración en su caso, coordinación y seguimiento de los fondos europeos; recaudatoria; fiscal; interventora; contable; de recursos humanos; de organización administrativa, inspección y calidad de los servicios patrimonial; de servicios automovilísticos; de sistemas de información y comunicaciones y cualesquiera otras que se le asignen por la legislación vigente.
Edificio Administrativo Educación. Avda. de la Fama, 15
968 27 96 15
juanr.medina@carm.es
La Consejería de Educación y Cultura es el Departamento de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia encargado de la propuesta y ejecución de las directrices generales del Gobierno Regional en materia de Educación, Universidades, Cultura y Política Científica y de investigación correspondiéndole, dentro del ámbito de atribuciones de la Región de Murcia, las competencias de educación en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades. También corresponde a la Consejería de Educación y Cultura las competencias de la Comunidad Autónoma en materia de Cultura, y de política de fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica de interés.
968 36 28 50
antonio.cerda@carm.es
La Consejería de Agricultura y Agua, bajo la superior dirección del Consejero, es el máximo órgano encargado de la dirección y ejecución de la política del Gobierno de la Región de Murcia en materia de agricultura, agua, ganadería y pesca, ejerciendo las competencias que en dicha materia tiene atribuidas. Corresponde, asimismo, a la Consejería de Agricultura y Agua el ejercicio de las competencias que la normativa vigente le atribuye como organismo autorizado para el pago de los gastos correspondientes a la Política Agraria Común (Organismo Pagador).
Maria Teresa Herranz Marín
968 36 54 28 / 968 36 54 27
mariat.herranz@carm.es
La Consejería de Sanidad es el Departamento de la Administración Regional que tiene atribuidas las competencias correspondientes en materia de sanidad, higiene, ordenación farmacéutica, coordinación hospitalaria en general, incluida la de la Seguridad Social, así como en materia de drogodependencias. Asimismo, ejercerá las competencias de ejecución en materia de productos farmacéuticos y de gestión de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social, que la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia tenga legalmente atribuidas.
M. Cristina Rubio Peiro
968 36 26 42
mcristina.rubio@carm.es
La Consejería de Trabajo y Política Social es el departamento de la Comunidad Autónoma de Murcia competente para proponer, desarrollar y ejecutar las funciones y directrices del Gobierno, en materia de trabajo, empleo mediante la intermediación y orientación laboral, fomento de políticas activas de empleo y la formación, asistencia y bienestar social, desarrollo comunitario, política infantil y de la tercera edad, instituciones de protección y tutela de menores, respetando, en todo caso, la legislación civil, penal y penitenciaria, promoción e integración de los inmigrantes, discapacitados, emigrantes y demás grupos sociales necesitados de especial protección, incluida la creación de centros de protección, reinserción y rehabilitación y de la promoción y protección de la familia.
968 36 61 33
La Consejería de Industria y Medio Ambiente es el departamento de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia competente para proponer, desarrollar y ejecutar las funciones y directrices del Gobierno en materia de Medio Ambiente, Industria, Energía y Minas, Innovación Tecnológica y Sociedad de la Información, así como la coordinación y desarrollo de la Estrategia Regional de Desarrollo Sostenible, siendo autoridad competente para la aplicación de la Directiva 96/ 62/ CE, de 27 de septiembre, y de los Reglamentos (CE) 761/ 2001, de 19 de marzo, y 1980/ 2000, de 17 de julio; asimismo le corresponden las competencias en materia de Ordenación del Territorio y Costas.
968 36 23 60
joaquin.bascunana@carm.es
La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Transportes es el Departamento de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia al que corresponde proponer, desarrollar y ejecutar las funciones y directrices del Gobierno en materia de Vivienda, Arquitectura, Urbanismo, Carreteras, Transportes, Puertos y Relaciones Institucionales.
968 27 77 00
jpablo.ruiz@carm.es
968 36 21 56/968 36 60 21
josea.ruiz@carm.es
La Secretaría General de la Presidencia y Relaciones Externas es el órgano de la Comunidad Autónoma de Murcia que tiene a su cargo la asistencia técnico-política de la Presidencia, ejerciendo las funciones que específicamente le atribuyen los artículos 12 y 13 de la Ley 6/ 2004, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia y las que se encomiendan por el presente Decreto.
A la Secretaría General de la Presidencia y Relaciones Externas le corresponden igualmente las competencias en materia de radiodifusión y televisión y las infraestructuras de ambas, comunicación y relaciones sociales, protocolo, acción exterior y relaciones con la Unión Europea.
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