Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2016/T-343-16.htm
Timestamp: 2017-10-21 06:47:31
Document Index: 18905490

Matched Legal Cases: ['artículo 267', 'artículo 86', 'artículo 1', 'artículo 23', 'artículo 1', 'Artículo 48', 'artículo 53', 'artículo 267', 'artículo 48', 'artículo 53', 'artículo 267', 'artículo 267']

TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DEL SERVICIO DOMESTICO-Especial protección constitucional
PENSION PROVISIONAL A EMPLEADA DEL SERVICIO DOMESTICO-Requisitos de procedencia de la acción de tutela
Esta Corporación ha reconocido el derecho a la pensión, bajo la modalidad de pensión provisional, de empleadas domésticas, que no fueron afiliadas al Sistema de Seguridad Social durante la vigencia del contrato laboral. Esta Corporación ha establecido la procedibilidad de la acción de tutela, dada la relevancia constitucional del asunto y el estado de indefensión del accionante el reconocimiento, pero en todo caso corresponde al juez de tutela verificar que en el caso concreto se cumplan los siguientes requisitos: “(i) que se trate de una persona de la tercera edad, para ser considerado sujeto especial de protección; (ii) que la falta de pago de la prestación o su disminución, genere un alto grado de afectación de los derechos fundamentales, en particular del derecho al mínimo vital, (iii) que se haya desplegado cierta actividad administrativa y judicial por el interesado tendiente a obtener la protección de sus derechos, y (iv) que se acredite siquiera sumariamente, las razones por las cuales el medio judicial ordinario es ineficaz para lograr la protección inmediata de los derechos fundamentales presuntamente afectados. De este modo, deberá analizarse en cada caso concreto si se verifican estos requerimientos a fin de declarar la procedencia del amparo”.
EMPLEADAS DEL SERVICO DOMESTICO-Obligación del empleador de afiliarlos al sistema de seguridad social
DERECHOS LABORALES MINIMOS DE LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DEL SERVICIO DOMESTICO-Contenido y alcance
Debido a la estrecha relación “entre el derecho a la seguridad social, en especial los derechos pensionales y el derecho fundamental al mínimo vital, más aun, cuando se trata de personas que se encuentran en estado de indefensión y son destinatarias de una especial protección constitucional”, es esencial que el juez de tutela determine en primer lugar la existencia de una relación laboral, para lo que le corresponde aplicar el principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades. En segundo lugar, verifique si se cumplen cabalmente los requisitos establecidos en el artículo 267 del Código Sustantivo del Trabajo para proceder a reconocer de manera transitoria el derecho a la pensión sanción del accionante. Y, finalmente, el juez de tutela debe determinar si procede de forma excepcional el traslado de la obligación de presentar la demanda ante la jurisdicción ordinaria laboral, con miras a que exista un fallo definitivo sobre el asunto. Lo anterior dado que, “la Corte Constitucional, en forma excepcional ha trasladado esta obligación cuando se advierte que, de acuerdo con las circunstancias particulares que presenta la accionante, esta carga resulta desproporcionada para ella”.
CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO-Se realizó acuerdo conciliatorio entre empleadora y empleada del servicio doméstico
6. Conforme al artículo 86 de la Constitución de 1991, la finalidad constitucional de la acción de tutela es brindar un amparo inmediato de los derechos constitucionales amenazados o vulnerados por la acción u omisión de las autoridades públicas o los particulares. Para lograr lo anterior, el juez de tutela emite “una orden para que aquél respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo”[9]. Entonces cuando desaparece la circunstancia que amenaza o vulnera el derecho fundamental, esta acción pierde su finalidad y, en consecuencia, la orden del juez carece de un efecto útil. Este fenómeno se conoce como carencia actual de objeto, que puede darse por daño consumado o por hecho superado.
7. La Corte Constitucional, en jurisprudencia reiterada, ha caracterizado el hecho superado “dentro del contexto de la satisfacción de las pretensiones del demandante con la tutela, durante el trámite de la acción de amparo. Esto quiere decir, que en la medida en que las pretensiones del actor sean complacidas, desaparece el objeto de la acción de tutela y por lo tanto, carecería de algún efecto útil cualquier orden de acción o de abstención que emitiera el juez constitucional sobre el caso concreto”[12]. Así pues, el límite temporal en el que se configura esta causal de carencia actual de objeto se da entre la interposición de la acción de tutela y el momento del fallo de dicha acción[13]. En este escenario, por regla general, le corresponde al juez de instancia “demostrar dicha circunstancia sin que sea necesario efectuar algún pronunciamiento respeto de la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales”[14]. En todo caso, es deber del juez constitucional constatar “que se ha satisfecho por completo lo que se pretendía mediante la acción de tutela, esto es, que demuestren el hecho superado”[15]. Pues en caso de que permanezcan “algunas de las circunstancias que dieron lugar a la vulneración o amenaza los derechos invocados en la demanda de tutela, deberá emitir una orden de acción o abstención a fin de amparar los derechos constitucionales vulnerados o amenazados”[16].
8. Si bien esta Corporación se ha abstenido en algunos pronunciamientos “de desarrollar un análisis de fondo respecto de la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales respecto de los cuales se reclamaba el amparo constitucional”[17], en decisiones reiteradas se ha declarado que es “perentorio” que “en los casos en que sea evidente que la providencia objeto de revisión debió haber sido decidida de una forma diferente, a pesar de no tomar una decisión en concreto, ni impartir orden alguna, se pronuncie sobre el fondo del asunto, y aclare si hubo o no una vulneración en el caso concreto”[18]. Así las cosas, en términos de la sentencia T-685 de 2010, le corresponde a esta Corte en el trámite de revisión “incluir en la argumentación de su fallo el análisis sobre la vulneración de los derechos fundamentales planteada en la demanda”[19]. Por consiguiente, la Corte debe verificar si la sentencia proferida por el juez de instancia “se ajusta a los preceptos constitucionales o si por el contrario, la decisión adoptada debió haber sido diferente. En este último caso, es perentorio que el Tribunal Constitucional efectúe un análisis de la vulneración de los derechos fundamentales respecto de los cuales se reclamaba el amparo constitucional en la acción de tutela y revocar la decisión, en ese orden, declarar la carencia actual de objeto por hecho superado”[20].
10. Esta Corporación ha reconocido en jurisprudencia reiterada que la acción de tutela es procedente como mecanismo transitorio para reclamar a un particular el reconocimiento de acreencias laborales, aún cuando existen mecanismos judiciales ante el juez laboral para llevar a cabo esta reclamación, cuando el accionante se encuentra en estado de indefensión y los otros medios judiciales resulten inidóneos e ineficaces. Esta regla jurisprudencial se sustenta en dos razones principales: (i) la relevancia constitucional del asunto y (ii) el estado de indefensión del accionante. En todo caso, la aplicación de la regla jurisprudencial supone que el juez de tutela corrobore el cumplimiento de los requisitos que la Corte Constitucional ha establecido al respecto.
11. La solicitud de un reconocimiento pensional cobra relevancia constitucional en tanto su desconocimiento puede conllevar a la afectación de derechos fundamentales y configurar un perjuicio irremediable, que el juez de tutela debe evitar mediante la acción de tutela como mecanismo transitorio. Sobre este asunto se pronunció esta Corporación en la sentencia T-149 de 2012, en la que afirmó “el derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación es un asunto de relevancia constitucional por estar radicado en personas de la tercera edad; la privación de este derecho puede afectar el derecho al mínimo vital de este grupo de ciudadanos, y la procedibilidad para ser reclamado por vía de tutela se da cuando convergen otras circunstancias que complican la existencia digna del sujeto, tales como padecimientos de salud, carencia de otros recursos para subsistir, e indefinición del marco normativo en que se encuentra el afectado; el reconocimiento extemporáneo del derecho con base en esta última circunstancia puede convergir en la ocurrencia de un perjuicio irremediable que el juez de tutela está llamado a evitar mediante la utilización de la acción como mecanismo transitorio”[21].
12. Ahora bien, el estado de indefensión del accionante en la reclamación de un derecho pensional se deduce de su edad[22] y de “la presunción establecida en materia de pensiones, en el sentido de asumir que con la suspensión, disminución o incumplimiento en el pago de la mesada pensional se afecta el derecho al mínimo vital”[23]. En esta misma línea argumentativa, esta Corporación ha sostenido que la finalidad de la pensión de vejez es “garantizar al trabajador que, una vez transcurrido un cierto lapso de prestación de servicios personales y alcanzado el tope de edad que la ley define, podrá pasar al retiro, sin que ello signifique la pérdida del derecho a unos ingresos regulares que le permitan su digna subsistencia y la de su familia, durante una etapa de la vida en que, cumplido ya el deber social en qué consiste el trabajo y disminuida su fuerza laboral, requiere una compensación por sus esfuerzos y la razonable diferencia de trato que amerita la vejez”[24].
13. Esta Corporación ha establecido la procedibilidad de la acción de tutela, dada la relevancia constitucional del asunto y el estado de indefensión del accionante el reconocimiento, pero en todo caso corresponde al juez de tutela verificar que en el caso concreto se cumplan los siguientes requisitos: “(i) que se trate de una persona de la tercera edad, para ser considerado sujeto especial de protección; (ii) que la falta de pago de la prestación o su disminución, genere un alto grado de afectación de los derechos fundamentales, en particular del derecho al mínimo vital, (iii) que se haya desplegado cierta actividad administrativa y judicial por el interesado tendiente a obtener la protección de sus derechos, y (iv) que se acredite siquiera sumariamente, las razones por las cuales el medio judicial ordinario es ineficaz para lograr la protección inmediata de los derechos fundamentales presuntamente afectados. De este modo, deberá analizarse en cada caso concreto si se verifican estos requerimientos a fin de declarar la procedencia del amparo”[30].
15. El trabajo doméstico tiene las características esenciales de un contrato laboral, en tanto se trata de una “prestación de un servicio personal a otra persona (natural o jurídica) en un hogar, bajo la continua subordinación de aquella y a cambio de una remuneración, independientemente de que la labor se realice en unos días determinados o en modalidad de tiempo completo”[31]. La labor ejecutada en el marco de este contrato tiene que ver con “el aseo del espacio físico y sus muebles y enseres, la preparación de alimentos, el lavado y planchado del vestido, servicios de jardinería y conducción, y el cuidado de miembros de la familia o de los animales que residen en casas de familia”[32]. De acuerdo con el artículo 1° del Decreto 824 de 1988, el trabajador doméstico es “la persona natural que a cambio de una remuneración presta su servicio personal en forma directa y de manera habitual, bajo continuada subordinación o dependencia, residiendo o no en el lugar de trabajo, a una o varias personas naturales, en la ejecución de tareas de aseo, cocina, lavado, planchado, vigilancia de niños, y demás labores inherentes al 'hogar'. Adicionalmente, se llaman 'internos' a los trabajadores de servicio doméstico que residan en su lugar o sitio de trabajo, los demás, son 'por días'.”
16. Esta Corporación se ha referido a la situación de vulnerabilidad de los trabajadores y las trabajadoras domésticas, en tanto tradicionalmente “se le ha restado importancia jurídica, económica y social, al estar destinado a reemplazar o complementar la labor del ama de casa que, como tal, es considerada económicamente inactiva. Se trata, como lo han hecho ver estudios especializados[33], de una actividad “invisible” para el resto de la sociedad.”[34] La Corte evidenció la situación de vulnerabilidad de este grupo poblacional en la sentencia SU-062 de 1999. En este pronunciamiento se resolvió la acción de tutela interpuesta por una trabajadora del servicio doméstico de la tercera edad, que prestó sus servicios durante dieciocho años, durante los que no se efectuó la afiliación al sistema general de seguridad social y fue despedida sin justa causa. En esa ocasión, “la Corte analizó las circunstancias especiales de vulnerabilidad en las que frecuentemente se encuentran las personas que prestan el servicio doméstico, a causa de la ausencia de condiciones dignas de trabajo, tales como (i) la omisión de los aportes a la seguridad social (ii) pago de salarios inferiores al mínimo legal (iii) horarios que superan las jornadas legales (iv) trato cruel, entre otras”[35].
17. Con miras a proteger los derechos de los empleados y las empleadas del servicio doméstico, esta Corte ha sido enfática en afirmar que la informalidad generalizada en la que se lleva a cabo este tipo de contratación no debe conllevar a la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales[36]. En este sentido, “la Corte ha reconocido a través de su jurisprudencia que las actividades relacionadas con el servicio doméstico se rigen por las normas laborales y, en esa medida, las empleadas [y los empleados] del servicio doméstico gozan de los mismos derechos que los demás trabajadores en virtud del derecho a la igualdad”[37]. Por lo tanto, así como en cualquier contrato laboral, le corresponde al juez aplicar en el análisis del caso el principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades. En consecuencia, el juez de tutela debe declarar la existencia de un contrato de trabajo cuando concurren los elementos establecidos en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por el artículo 1 de la Ley 50 de 1990. Estos son:
18. Así pues, ante la existencia de un contrato laboral cuyo objeto es la prestación del servicio doméstico, el empleador tiene entre sus obligaciones cumplir con lo dispuesto en los artículos 15[38], 17[39] y 22[40] de la Ley 100 de 1993. Es decir que debe realizar los aportes pensionales correspondientes y, en general, las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social. Lo anterior con miras a garantizar la efectividad del derecho irrenunciable a la Seguridad Social (Artículo 48 C.P.), “que tiene como propósito principal el mejoramiento de la calidad de vida y la dignidad humana, mediante la protección de las personas que están en imposibilidad física o mental para obtener los medios de subsistencia que les permitan llevar una vida digna a causa de la vejez, del desempleo o de una enfermedad o incapacidad laboral. Así mismo, en concordancia con el artículo 53 de la Constitución Política, la garantía de la seguridad social es uno de los principios mínimos fundamentales de la relación laboral”[41].
19. En caso de que el empleador incumpla con la obligación de realizar los aportes a seguridad social y se evidencie un cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 267 del Código Sustantivo del Trabajo[42], este tiene el deber legal de reconocer la pensión sanción[43]. La sentencia T-935 de 2012 resumió los requisitos que debe cumplir un trabajador para reclamar el reconocimiento de dicha pensión: “(i) la existencia de un contrato de trabajo (ii) la vigencia de la relación laboral, superior a diez años (iii) la ausencia de la afiliación al régimen de seguridad social en pensión y por lo tanto la omisión del pago de los aportes (iv) la terminación del contrato sin justa causa (v) el cumplimiento de la edad según el tiempo de servicio prestado, de 10 a 15 años, debe acreditar la edad de 60 años si es hombre y 55 años si es mujer y para una vigencia superior a 15 años, la edad de 55 años si es hombre y 50 años si es mujer”[44].
20. Ahora bien, es relevante referirse a la posibilidad de llegar a un acuerdo conciliatorio sobre la pensión, toda vez que resulta necesario para el análisis del caso concreto. Si bien la conciliación es un medio de solución de conflictos, esta no puede convertirse en un vehículo para desconocer los derechos de un trabajador, menos aún si se trata de un derecho irrenunciable, conforme al segundo inciso del artículo 48 de la Constitución que establece “se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la seguridad social” y al artículo 53 que consagra como principio mínimo fundamental de la legislación laboral la “irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales”. Se reitera que este derecho “tiene como propósito principal el mejoramiento de la calidad de vida y la dignidad humana, mediante la protección de las personas que están en imposibilidad física o mental para obtener los medios de subsistencia que les permitan llevar una vida digna a causa de la vejez, del desempleo o de una enfermedad o incapacidad laboral”[45]. En este orden de ideas, si la accionante cumplía con los requisitos para acceder a la pensión, se trata de un derecho cierto e irrenunciable[46] y, por lo tanto, no susceptible de conciliación.
21. En conclusión, debido a la estrecha relación “entre el derecho a la seguridad social, en especial los derechos pensionales y el derecho fundamental al mínimo vital, más aun, cuando se trata de personas que se encuentran en estado de indefensión y son destinatarias de una especial protección constitucional”[50], es esencial que el juez de tutela determine en primer lugar la existencia de una relación laboral, para lo que le corresponde aplicar el principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades. En segundo lugar, verifique si se cumplen cabalmente los requisitos establecidos en el artículo 267 del Código Sustantivo del Trabajo para proceder a reconocer de manera transitoria el derecho a la pensión sanción del accionante. Y, finalmente, el juez de tutela debe determinar si procede de forma excepcional el traslado de la obligación de presentar la demanda ante la jurisdicción ordinaria laboral, con miras a que exista un fallo definitivo sobre el asunto. Lo anterior dado que, “la Corte Constitucional, en forma excepcional ha trasladado esta obligación cuando se advierte que, de acuerdo con las circunstancias particulares que presenta la accionante, esta carga resulta desproporcionada para ella”[51].
26. Finalmente, en lo relacionado con la fundamentalidad de los derechos, es claro que se trata de derechos fundamentales. Además, como se mencionó existe una relación “entre el derecho a la seguridad social, en especial los derechos pensionales y el derecho fundamental al mínimo vital, más aun, cuando se trata de personas que se encuentran en estado de indefensión y son destinatarias de una especial protección constitucional” [53].
27. Con base en lo anterior, la Sala revocará la sentencia de segunda instancia de tutela, proferida el 19 de febrero de 2014 por el Juzgado Primero Penal del Circuito para adolescentes con funciones de conocimiento de Cartagena que revocó el fallo del a quo y denegó el amparo solicitado por improcedente. Lo anterior debido a que omitió seguir las reglas jurisprudenciales aplicables y que, como se concluyó, la existencia de otros mecanismos judiciales resultaban inidóneos dado el estado de indefensión de la accionante y en consideración a que las empleadas domésticas han sido calificadas como sujetos de especial protección. Además de la relevancia constitucional del asunto, en tanto la falta de pensión y de recursos económicos podía conllevar a la configuración de un perjuicio irremediable. En cuanto a la la falta de claridad de la relación laboral entre Doria Magdalena Medina Chico y Victoria Cabrera de Cárdenas, el ad quem debía aplicar el principio de la prevalencia de la realidad sobre las formalidades y, en todo caso, tenía la potestad de solicitar las pruebas necesarias y pertinentes para determinar la existencia o inexistencia de un contrato laboral.
29. Así pues, pasa la Corte a estudiar si la accionante cumple con los requisitos para acceder a la pensión sanción, en los términos previstos en artículo 267 del Código Sustantivo del Trabajo[54]. En primer lugar, se debe determinar la existencia de un contrato de trabajo. Como se mencionó en el fundamento jurídico Nº 23, la Sala concluye que en efecto existió un vínculo laboral entre Victoria Cabrera de Cárdenas y Doria Magdalena Medina Chico, dado que se presentan los elementos propios de un contrato laboral, esto es: una prestación personal de un servicio, la subordinación y una remuneración por la labor prestada. Ello a pesar de que la empleadora no reconociera el vínculo laboral, e incluso, el acta de conciliación del Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Cartagena estableciera que el acuerdo conciliatorio no representaba la aceptación de un contrato de trabajo. La conclusión a la que llega esta Sala esta fundada en la aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades[55].
30. No obstante, falta claridad en lo relacionado a que el contrato haya sido terminado sin justa causa. Ello debido a que por una parte la accionante afirmó que el contrato fue finalizado de manera unilateral por la empleadora sin que mediara justa causa. Sin embargo, la ciudadana Cabrera de Cárdenas sostuvo, tanto en la contestación de la acción de tutela[56] como en la de la demanda ante el juez laboral, que la terminación del contrato se dio debido a que la accionante “se rehuso (sic) a prestarlos [los servicios] por estar atendiendo asuntos relacionados con su salud”[57]. Así pues, le correspondía al juez laboral determinar si se cumplía este requisito o no. Bajo esta línea argumentativa y en seguimiento de la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en el caso concreto el derecho a la pensión sanción era incierto y por lo tanto susceptible de conciliación. La Sala concluye que debido a esa razón las partes decidieron terminar la controversia amigablemente mediante una conciliación, que fue aprobada por el Juez Cuarto Laboral del Circuito de Cartagena; y, en consecuencia es una decisión que hace tránsito a cosa juzgada. En todo caso, advierte la Sala que el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Cartagena de manera equivocada desestimó la existencia de una relación laboral, ello a pesar de contar con el sustento fáctico necesario para aplicar el principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades.