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Timestamp: 2017-08-18 14:29:33
Document Index: 371515702

Matched Legal Cases: ['artículo 30', 'artículo 26', 'artículo 27', 'artículo 82', 'artículo 28', 'artículo 12', 'artículo 1266']

Acciones Bankia, Sentencia de 23 de enero de 2015 | Ferrer Bonsoms, Abogados
Acciones Bankia, Sentencia de 23 de enero de 2015
Se trata de la reciente Sentencia de 23 de enero de 2015, del Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Gijón, que declara nulo el consentimiento prestado por el demandante en la adquisición de las acciones de Bankia.
Ferrer-Bonsoms, Abogados es un despacho con una gran experiencia en temas de Derecho Bancario. Si usted es uno de los muchos afectados por las acciones de Bankia, y quiere una primera valoración de su caso, puede escribirnos sin compromiso.
Demanda de juicio ordinario sobre nulidad contractual, contra BANKIA S.A., en la que tras exponer los antecedentes de hecho y fundamentos jurídicos que en la misma constan solicitaba que se dictara sentencia acordando:
1) Declarar la nulidad de la orden de compra de acciones de Bankia que el demandante suscribió y se ejecutó el 19 de julio de 2011 por 5.333 acciones y un importe de 19.998,75 €, de manera que la demandada se hará cargo de la titularidad de las actuales acciones tras las operaciones de reducción de capital y contrasplit ejecutadas.
2) Condenar a la demandada a reintegrar al actor los 19.998,75 € que invirtió en esas acciones, con los intereses legales desde la fecha de ejecución de la compra.
3) Para el caso de que llegasen a abonarse dividendos mientras se tramita este procedimiento, el demandante devolvería la cantidad percibida con sus intereses legales.
4) Condenar en costas a la demandada.
El demandante, antiguo cliente de Bancaja, concurrió a la Oferta Pública de Suscripción (OPS) de BANKIA S.A., según folleto informativo registrado y autorizado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores el 29 de junio de 2011.
En el tramo minorista, que comprendía el 60% de la emisión, y así el 8 de julio de 2011 firmó la Orden correspondiente por la cantidad de 20.000 € que dio lugar, una vez ejecutada el 19 de julio de 2011, a la adquisición de 5.333 acciones por un importe de 19.998,75 €, a razón de 3,75 € por acción, de los que 2 € correspondían al valor nominal de los títulos y 1,75 € a la prima de emisión de cada uno de ellos.
Pretende ahora que se declare la nulidad de tal compra de acciones por dolo o, alternativamente, por error en la prestación del consentimiento, o, también de forma alternativa, por incumplimiento radical de normas imperativas.
Al efecto alega que, tras recibir una llamada de la empleada de Bancaja con la que habitualmente trataba, y una vez personado en la oficina bancaria el 6 de julio de 2011, ésta le explicó que Bankia iba a emitir acciones a un precio muy bajo y que se trataba de una ocasión excepcional para obtener unos beneficios extraordinarios.
Bankia estaba completamente saneada y tenía unos beneficios muy elevados.
Siguiendo esa recomendación, el 8 de julio firmó la Orden con un anexo por 20.000 €, un Resumen del folleto de la Oferta Pública de Suscripción y una propuesta de asesoramiento de inversión, convencido, por lo que se le había manifestado, de que Bankia tenía una solvencia y unas perspectivas de futuro que después resultó que no se correspondían con la realidad.
-Ya antes de que se ejecutasen las órdenes de compra y de la salida a Bolsa de Bankia, las agencias de calificación Moody´s y Fitch rebajaron su calificación crediticia, algo que, sin embargo, no le fue comunicado.
– Porque en noviembre de ese mismo año se produjo la quiebra e intervención del Banco de Valencia, entidad filial de Bankia.
– Y porque tras haberse presentado unas primeras cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2011 con unos beneficios de 309 millones de euros que permitían repartir dividendos por importe de 152 millones.
– Los nuevos administradores presentaron pocos días después otras cuentas auditadas que mostraban unas pérdidas de 4.369 millones de euros y solicitaron ayudas públicas por importe de 19.000 millones, lo que dio lugar más adelante a la aprobación por el FROB de un plan de recapitalización el 27 de noviembre de 2012 en virtud del cual se produjo una reducción de capital, de manera que el valor nominal de las acciones se redujo a 0,01 euros, y se procedió a una agrupación por la que cada 100 acciones quedaban agrupadas en una con un valor nominal de 1 euro.
Concluye, por tanto, que la situación financiera de Bankia no podía ser tan positiva como la que se presentó en el folleto, en la amplia campaña publicitaria que se hizo de la Oferta Pública de Suscripción y salida a Bolsa de la entidad, y en la información que se le transmitió, por lo que procede declarar la nulidad de una inversión que se le recomendó como muy ventajosa, segura y rentable.
La demandada, por su parte, tras dedicar la mayor parte de su escrito de contestación a argumentar la procedencia de la suspensión que solicitaba por prejudicialidad penal y que ya ha sido denegada, sostiene:
– Que cumplió la normativa vigente aplicable a la compra de acciones.
– Que el demandante fue informado de las características esenciales y necesarias del producto que adquirió.
– Rechaza que los estados contables presentados y la información contenida en el folleto de la emisión y cualquier otra complementaria de carácter esencial no fueran representativas de una imagen fiel de la misma.
– Y entiende que la experiencia previa inversora, unida al test de idoneidad firmado por el demandante, hacen imposible admitir que éste pudiera haber incurrido en algún error al contratar y que pudiera no haber conocido las características y riesgos del producto que suscribía.
Lo realmente importante en este caso la información que debía facilitarse al cliente acerca del emisor.
Y siendo además coincidente en este caso con quien llevó a cabo la comercialización y venta de los títulos al demandante a través de una de sus oficinas, bueno será comenzar recordando que toda oferta pública de venta o suscripción de valores, como la que se produjo con motivo de la salida a Bolsa de Bankia, requiere que se presente información suficiente sobre:
– Los términos de la oferta y de los valores que se ofrecen.
– De modo que permita a un inversor decidir la adquisición o suscripción de los mismos.
– Siendo así requisito previo la publicación de un folleto informativo aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (artículo 30 bis, apartados 1 y 2, de la Ley del Mercado de Valores).
Si además se pretende la admisión a negociación de los valores en un mercado secundario oficial es necesaria la aportación y registro en la Comisión Nacional del Mercado de Valores de los documentos que acrediten la sujeción del emisor y de los valores al régimen jurídico que les sea aplicable, la aportación y registro en dicho organismo de los estados financieros del emisor preparados y auditados de acuerdo con la legislación que le sea aplicable, y la aportación y registro en la Comisión Nacional del Mercado de Valores de un folleto informativo, así como su publicación (artículo 26.1 de la citada Ley).
Al contenido del folleto se refiere el artículo 27 de la Ley del Mercado de Valores, prestando especial atención a quienes son los destinatarios del mismo, y así en su apartado 1 dispone que aquél contendrá toda la información que, según la naturaleza específica del emisor y de los valores, sea necesaria para que los inversores puedan hacer una evaluación, con la suficiente información, de los activos y pasivos, la situación financiera, beneficios y pérdidas, así como de las perspectivas del emisor, precisando además que esta información se presentará de forma fácilmente analizable y comprensible.
Se trata, por tanto, según lo establecido a su vez en el artículo 82.1 de la misma Ley, de la información relevante que debe proporcionarse al inversor para que éste pueda decidir razonablemente sobre la adquisición de los valores.
Y tan es así que, conforme al artículo 28, apartados 2 y 3, de dicho texto legal, las personas responsables de la información que figura en el folleto deben declarar que, a su entender, los datos de éste son conformes a la realidad y no se omite en él ningún hecho que por su naturaleza pudiera alterar su alcance, siendo en otro caso responsables de todos los daños y perjuicios que hubiesen ocasionado a los titulares de los valores adquiridos como consecuencia de las informaciones falsas o las omisiones de datos relevantes del folleto.
Como señala la reciente SAP Valencia (Secc. 9ª) 29-12-2014, el folleto informativo se revela como un deber esencial, constituyendo el instrumento necesario e imperativo por el cual el inversor va a tener y conocer los elementos de juicio, necesarios y suficientes, para decidir la suscripción de las acciones. Más adelante la propia resolución advierte de que, tratándose de contratos de inversión, y en concreto de suscripción de nuevas acciones de las sociedades anónimas, donde el beneficio que se espera o desea obtener, por norma general, es el rendimiento o dividendo, resulta obvio no ser ajeno a dicho deseo o causa, que la sociedad emisora obtenga beneficios que motivan tal rendimiento o que esté en pérdidas que excluyan el mismo.
La información acerca del emisor resulta, pues, fundamental, al ser los datos relacionados con su situación patrimonial y financiera (activos y pasivos, beneficios y pérdidas), y unido a ello las perspectivas que puede ofrecer la participación en su capital adquiriendo la condición de socio (sobre todo la obtención de beneficios en forma de dividendos), los que debe valorar el inversor para decidir si le conviene o no arriesgar su dinero en la adquisición de las acciones con la expectativa de obtener a cambio una ganancia o rendimiento.
Objetivamente es una información imprescindible que el emisor debe facilitar en términos exactos y fidedignos, y subjetivamente está llamada a proporcionar al potencial inversor al que se dirige la Oferta de Suscripción de valores los elementos de juicio suficientes para tomar su decisión, no exenta de riesgos, pero sobre datos ciertos y seguros.
En el presente caso, parece claro que la información que se facilitó y tuvo en cuenta el demandante para decidirse a invertir una parte de sus ahorros en la adquisición de acciones de BANKIA S.A. fue la que verbalmente le transmitió la empleada de la oficina bancaria con la que se entendió y le recomendó tal inversión.
Pues el resumen del folleto de la emisión que se le entregó (documento 7 de la demanda) lo fue de forma simultánea a la firma de la Orden (documento 6), como evidencia el hecho de que ambos sean de la misma fecha (8 de julio de 2011).
En esas circunstancias se comprende que no se hubiera detenido previamente a examinar con detalle el contenido de dicho documento, los factores de riesgo que en él se relacionan, y muy especialmente la información financiera que incluye, con la advertencia de que ésta no comprendía las cuentas anuales según exige el artículo 12 del RD 1310/2005, de 4 de noviembre, sino los estados financieros consolidados y auditados de Grupo Bankia para el trimestre cerrado a 31 de marzo de 2011, y adicionalmente información pro forma a efectos ilustrativos pero que podían no ser suficientemente representativos de la posición financiera o de los resultados reales del Grupo Bankia.
No ha sido posible, sin embargo, contar con la declaración testifical de dicha empleada bancaria, para confirmar cuál fue, efectivamente, la información que proporcionó al actor.
No siendo ajena a ello la escasa o nula colaboración de la demandada, a quien se había requerido para que facilitase el domicilio en el que aquélla debía ser citada, y cuyo requerimiento, reiterado tras haberse manifestado que ya no era empleada de la misma, no fue contestado hasta una semana antes de la fecha señalada para el juicio, habiéndose intentado con tan escaso margen de tiempo su citación en el domicilio averiguado a través del punto neutro judicial pero sin resultado positivo.
En todo caso, es fácil suponer que la información de la que aquélla disponía y trasladó al demandante no sería muy diferente de la que refleja el Resumen del folleto de la emisión y otros documentos internos de la propia entidad emisora, reveladores todos ellos de que ésta gozaba de una excelente situación económica y financiera.
Así en el citado Resumen:
– Se indicaba que Bankia era la primera entidad financiera en términos de activos totales en España.
– Con unos activos totales consolidados pro forma a 31 de diciembre de 2010 por importe de 292.188 millones de euros.
De la información financiera facilitada, con las salvedades ya apuntadas, resultaba:
– La obtención de beneficios en la información pro forma del primer trimestre de 2011 de 125 millones de euros antes de impuestos.
– Y en la consolidada de 72 millones también antes de impuestos.
– Y se decía, asimismo, que la Oferta Pública de Suscripción tenía por objeto reforzar y optimizar la estructura de recursos propios del Banco y cumplir así los requisitos establecidos en el RD-Ley 2/2011, de 18 de febrero, para el reforzamiento del sistema financiero.
Adicionalmente, en el Folleto se informaba:
– De que era una de las primeras entidades por volumen de negocio doméstico, superando los 300.000 millones a 31 de marzo de 2011.
– La segunda entidad por créditos a clientes del sector privado con una cifra total que alcanzaba los 190.000 millones a 31 de diciembre de 2010.
– Así como la segunda entidad por depósitos de clientes del sector privado.
– También se indicaba que a 31 de marzo de 2011 los recursos propios computables del Grupo Bankia, según los criterios definidos en el acuerdo de capital de Basilea II, se situaban en 13.221 millones de euros, de los cuales prácticamente la totalidad eran recursos propios de primera categoría, siendo a dicha fecha la ratio de solvencia total del 8,03 %, y habiendo supuesto ello una mejora respecto al ratio de solvencia total a 1 de enero de 2011 del 7,62 %.
Se explicaba tal mejora por el mayor saldo de recursos propios computables, debido, entre otros motivos:
– A un mayor nivel de exceso de provisiones de deterioro de activos en relación a la pérdida esperada.
– Al aumento de las plusvalías de la cartera disponible para la venta.
– A la mejora de los resultados de los socios minoritarios, a la contabilización de los resultados del primer trimestre, y al menor saldo de activos ponderados por riesgo, ligado, principalmente, al desapalancamiento de balance (página 103).
Más adelante se decía que la salida a bolsa de Bankia permitiría alcanzar los niveles de capital principal exigidos por el RD-Ley 2/2011, siendo aplicable, una vez completada la operación, el requerimiento del 8% de las exposiciones ponderadas por riesgo.
Por otro lado, se informaba de que el patrimonio neto total del Grupo Bankia ascendía, al concluir el primer trimestre de 2011, a 13.875 millones de euros, 171 millones más que a 1 de enero de 2011, y que los fondos propios totalizaron a 31 de marzo de 2011 12.992 millones de euros, incrementándose en el trimestre en 16 millones (página 104).
No sólo eso, tras la ampliación se decía que Bankia se situaba entre las entidades más capitalizadas de España, con un core capital superior al 9,6 %, que ello le permitía situarse en una posición de solvencia privilegiada, y que la entidad tenía una sólida posición financiera y de capital, con un balance saneado y adecuadamente provisionado, y esperaba lograr unas sinergias que supusieran una reducción de costes de 500 millones anuales a partir del ejercicio 2013 que le permitirían mejorar la rentabilidad y eficiencia de su negocio (Bloque documental 2 de la contestación a la demanda).
Pero sucede que no debía ser tan de color de rosa como se pintaba cuando apenas unos meses más tarde, producida la salida a Bolsa de Bankia el 20 de julio de 2011:
-en noviembre de ese mismo año se produce la intervención del Banco de Valencia, filial de aquélla.
-Al año siguiente, tras presentar unas primeras cuentas del ejercicio 2011 que reflejaban unos beneficios de 309 millones de euros, con una propuesta de reparto de dividendos de 152 millones, tuvieron que ser reformuladas el 25 de mayo de 2012 por el nuevo equipo directivo que sustituyó al anterior con unas pérdidas de 4.369 millones de euros que obligaron a la entidad a solicitar ayudas públicas por importe de 19.000 millones de euros, que se sumaban a los 4.465 millones de euros resultado de la conversión en acciones de las participaciones preferentes convertibles emitidas por Banco Financiero y de Ahorros (BFA), matriz de Bankia, que tenía suscritas el FROB, convirtiéndose así en el mayor rescate bancario de la historia de España.
Esa situación dio lugar a la aprobación de un Plan de Reestructuración por el FROB en noviembre de 2012 en el que se contemplaba que las necesidades de capital estimadas del Grupo ascendían a 24.743 millones de euros y que Bankia, participada por el FROB en un 48,045 % a través de BFA, necesitaría una inyección de capital de 15.500 millones aproximadamente, dando lugar a una reducción de capital que redujo drásticamente el valor nominal de las acciones de 2 euros a sólo 0,01 euro y determinó la agrupación de las acciones en grupos de 100 con un valor nominal de 1 €.
Invocados en este caso como vicios que hacen nulo el consentimiento prestado por el demandante en la adquisición de las acciones de Bankia el error y el dolo, al primero de ellos se refiere el artículo 1266 del Código Civil diciendo que para que el error invalide el consentimiento deberá recaer sobre la sustancia de la cosa que fuere objeto del contrato o sobre aquellas condiciones de la misma que principalmente hubiesen dado motivo a celebrarlo.