Source: http://catastro.culiacan.gob.mx/Decreto84.html
Timestamp: 2017-08-21 11:55:00
Document Index: 273842578

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 14', 'Artículo 16', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 23', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'Artículo 32', 'artículo 47', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'Artículo 35', 'artículo 3', 'Artículo 36', 'Artículo 37', 'Artículo 38', 'Artículo 39', 'Artículo 40', 'Artículo 41', 'Artículo 42', 'Artículo 44', 'Artículo 45', 'Artículo 46', 'Artículo 47', 'Artículo 48', 'Artículo 50', 'Artículo 51', 'Artículo 52', 'Artículo 53', 'Artículo 56', 'Artículo 57', 'artículo 9', 'artículo 50', 'Artículo 58', 'artículo 47', 'artículo 50', 'Artículo 60', 'artículo 47', 'artículo 50', 'artículo 52', 'Artículo 61', 'artículo 47', 'artículo 52']

El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, representado por su Quincuagésima Séptima Legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente:
DECRETO NUMERO __84__
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y tiene por objeto garantizar el derecho de acceso a la información pública en el Estado de Sinaloa.
Artículo 2. Para los efectos de esta Ley, se entiende por derecho de acceso a la información pública aquel que corresponde a toda persona de saber y acceder de ésta.
La información creada, administrada o en posesión de los órganos previstos en esta Ley, se considera un bien público accesible a cualesquier persona en los términos previstos por la misma.
Artículo 3. Para ejercer el derecho de acceso a la información pública no es necesario acreditar derechos subjetivos, interés legítimo o las razones que motiven el pedimento, salvo en el caso del derecho de Hábeas Data.
En materia política, sólo podrán hacer uso de este derecho los ciudadanos mexicanos.
Artículo 4. Todas las entidades públicas están sometidas al principio de publicidad en sus actos y obligadas a respetar el ejercicio social del derecho de acceso a la información pública.
COMISIÓN. La Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública.
DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. La prerrogativa que tiene toda persona para acceder a la información creada, administrada o en poder de las entidades públicas, en los términos de la presente Ley.
HÁBEAS DATA. La garantía de tutela de la privacidad de datos personales en poder de las entidades públicas.
ENTIDAD PÚBLICA. El Poder Legislativo del Estado, el Congreso del Estado, la Diputación Permanente del H. Congreso del Estado y cualquiera de sus dependencias; el Poder Ejecutivo del Estado, Gobernador Constitucional del Estado, todas las dependencias y entidades de la administración pública estatal y paraestatal; el Poder Judicial del Estado y todos sus órganos; los tribunales administrativos estatales; los Ayuntamientos de los Municipios, Presidente Municipal, todas las dependencias y entidades de la administración pública municipal y paramunicipal; los órganos autónomos previstos en la Constitución y en las leyes estatales; las demás entidades a las que la Constitución y las leyes estatales reconozcan como de interés público; los partidos políticos y las organizaciones políticas con registro oficial; y las personas de derecho público y privado, cuando en el ejercicio de sus actividades actúen en auxilio de los órganos antes citados y cuando ejerzan gasto público, reciban subsidio o subvención.
INFORMACIÓN PÚBLICA. Todo registro, archivo o cualquier dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades públicas a que se refiere esta Ley.
INFORMACIÓN RESERVADA. La información pública que se encuentra temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas en esta Ley.
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. La información en poder de las entidades públicas relativa a las personas, protegida por el derecho fundamental a la privacidad.
INTERÉS PÚBLICO. Valoración atribuida a los fines que persigue a la consulta y examen de la información pública, a efectos de contribuir a la informada toma de decisiones de las personas en el marco de una sociedad democrática.
PERSONA. Todo ser humano, grupos de individuos o personas morales creadas conforme a la Ley.
SERVIDOR PÚBLICO. Las personas físicas que realicen cualquier actividad en nombre o al servicio de alguna entidad pública, cualquiera que sea su nivel jerárquico.
Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas y a consolidar el sistema democrático.
Optimizar el nivel de participación comunitaria en la toma pública de decisiones conforme a los estándares democráticos internacionales.
Garantizar el principio democrático de publicidad de los actos del Estado.
Asegurar el principio democrático de rendición de cuentas del Estado.
Garantizar la protección de los datos personales en poder de las entidades públicas.
Artículo 7. Las entidades públicas designarán e entre sus servidores públicos al responsable de la atención de las solicitudes de información que formulen las personas.
Artículo 8. Quienes produzcan, administren, manejen, archiven o conserven información pública serán responsables de la misma en los términos de esta Ley.
Toda la información en poder de las entidades públicas estará a disposición de las personas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial.
Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los documentos en que se contenga.
DE LA INFORMACIÓN MÍNIMA QUE DEBE SER DIFUNDIDA
DE OFICIO POR LAS ENTIDADES PÚBLICAS
El periódico oficial, decretos administrativos, reglamentos, circulares y demás disposiciones de observancia general.
El directorio de servidores públicos, desde el nivel de jefe de departamento o sus equivalentes.
La remuneración mensual por puesto, incluyendo el sistema de compensación según lo establezca la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el Ejercicio Fiscal correspondiente, o el ordenamiento equivalente.
Las opiniones, datos y fundamentos finales contenidos en los expedientes administrativos que justifican el otorgamiento de permisos, concesiones o licencias que la Ley confiere autorizar a cualquiera de las entidades públicas, así como las contrataciones, licitaciones y los procesos de toda adquisición de bienes o servicios.
Manuales de organización y, en general, la base legal que fundamente la actuación de las entidades públicas.
Los resultados de todo tipo de auditorías concluidas hechas al ejercicio presupuestal de cada una de las entidades públicas, así como las minutas de las reuniones oficiales.
Los informes presentados por los partidos políticos ante la autoridad estatal electoral, tan pronto sean recibidos por la autoridad en cuestión.
Las formulas de participación ciudadana, en su caso, para la toma de decisiones por parte de las entidades públicas.
Controversias entre poderes públicos, iniciadas por el Congreso o cualquiera de sus integrantes.
Las cuentas públicas del Estado y los Municipios.
La aplicación del Fondo Auxiliar para la Administración de la Justicia.
Toda otra información que sea de utilidad para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública-
La identificación precisa del contrato.
El nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral con quien o quienes se haya celebrado el contrato.
El plazo para su cumplimiento.
Concepto de la concesión, autorización o permiso.
La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra.
Artículo 14. Cada entidad pública deberá sistematizar la información para facilitar el acceso de las personas a la misma, así como su publicación a través de los medios disponibles utilizando sistemas computacionales e información en línea en internet.
En las entidades públicas, así como en las bibliotecas y archivos públicos a cargo del Estado y de los Municipios se preverá la instalación de un mínimo de equipo de cómputo que facilite el acceso a la información básica, garantizada en este capítulo.
DE LA PROMOCIÓN DE UNA CULTURA DE APERTURA
Artículo 16. Las entidades públicas deberán cooperar con la Comisión para capacitar y actualizar de forma permanente a sus servidores públicos en la cultura de la apertura informativa y el ejercicio del derecho de Hábeas Data, a través de cursos, seminarios, talleres y toda otra forma de enseñanza y entrenamiento que se considere pertinente.
DE LA INFORMACIÓN RESERVADA Y DE LA CONFIDENCIAL
Artículo 19. El ejercicio del derecho de acceso a la información pública sólo será restringido en los términos de lo dispuesto por esta Ley, mediante las figuras de la información reservada y confidencial.
Artículo 20. Para los efectos de esta Ley se considera información reservada la expresamente clasificada como tal mediante acuerdo del titular de cada una de las entidades públicas. La clasificación de la información procede sólo en los siguientes casos:
Cuando se trate de información cuya divulgación ponga en riesgo la seguridad del Estado, la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona o el desarrollo de investigaciones reservadas.
La información cuya divulgación pueda causar un serio perjuicio a las actividades de prevención o persecución de los delitos, la impartición de justicia, la recaudación de las contribuciones, o cualquiera otra acción que tenga por objeto la aplicación de las leyes.
Los expedientes de procesos jurisdiccionales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio en tanto no hayan causado estado, salvo en los casos en que vulneren el derecho de hábeas data, en los términos de esta Ley
Las averiguaciones previas y la información que comprometa los procedimientos de investigación penal, salvo los casos de excepción previstos por la Ley.
Cuando se trate de información sobre estudios y proyectos cuya divulgación pueda causar daños al interés del Estado o suponga un riesgo para su realización.
La que por disposición expresa de una Ley sea considerada reservada.
Cuando se trate de información de particulares recibida por la administración pública bajo promesa de reserva o esté relacionada con la propiedad intelectual, patentes o marcas en poder de las autoridades.
Cuando se trate de información correspondiente a documentos o comunicaciones internas que sean parte de un proceso deliberativo previo a la toa de un a decisión administrativa.
Cuando se trate de información que pueda generar una ventaja personal indebida en perjuicio de un tercero.
Artículo 21. El acuerdo que clasifique información como reservada deberá demostrar que:
La información encuadra legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción previstas en la presente Ley.
La deliberación de la información de referencia pueda amenazar efectivamente el interés protegido por la Ley.
El daño que puede producirse con la liberación de la información es mayor que el interés público de conocer la información de referencia.
Artículo 23. El acuerdo que, en su caso, clasifique la información como reservada, deberá indicar: la fuente de la información, la justificación por la cual se clasifica, las partes de los documentos que se reservan, el plazo de reserva y la designación de la autoridad responsable de su conservación.
No podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de investigación de violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de esa humanidad.
Asimismo, las entidades públicas podrán solicitar a la Comisión la ampliación del período de reserva, siempre y cuando subsistan las causas que dieron origen a su clasificación.
Artículo 25. Solo los servidores públicos serán responsables por el quebrantamiento de la reserva de información.
Artículo 26. Las personas ejercerán su derecho de acceso a la información ante la entidad pública que la posea.
La solicitud deberá hacerse por escrito, a menos que la índole del asunto permita que sea verbal, en cuyo caso la entidad registrará en un formato las características de la solicitud y procederá a entregar una copia del mismo al interesado.
Artículo 27. La solicitud de acceso a la información que se presente por escrito deberá con tener cuando menos los siguientes datos:
Identificación de la autoridad a quien se dirija.
Nombre completo, datos generales e identificación con documento oficial del solicitante.
Lugar o medio señalado para recibir la información o notificaciones.
Si la solicitud es obscura o no contiene todos los datos requeridos, la entidad pública deberá hacérselo saber por escrito al solicitante, en un plazo no mayor de tres días hábiles después de recibida aquélla, a fi de que la aclare o complete.
Artículo 28. El examen que soliciten las personas de la información pública será gratuito. No obstante, la reproducción o el proceso de búsqueda de información pública que no se encuentre disponible en la oficina donde se formuló la consulta, habilitará a la entidad pública a realizar el cobro de un derecho por un monto de recuperación razonable que se establecerá en la Ley respectiva.
Artículo 32. Cumplido el plazo previsto en el artículo anterior, si la solicitud de información no se hubiese satisfecho o la respuesta fuese ambigua o parcial a juicio del solicitante, éste podrá acudir a la Comisión a fin de que requiera a la entidad pública correspondiente la información solicitada en los términos legalmente procedentes.
Cuando por negligencia no se dé respuesta en tiempo y forma a la solicitud de acceso a la información, la autoridad queda obligada a otorgarle la información en un período o mayor a los diez días hábiles, cubriendo todas las costas generadas por la reproducción del material informativo, siempre y cuando la información de referencia no sea reservada o confidencial.
Para efectos de la presente Ley, el silencio de la autoridad no se interpreta como negación de una solicitud, sino como un acto de incumplimiento a lo previsto en el artículo 47, fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa.
DEL EJERCICIO DEL DERECHO DE HÁBEAS DATA
Artículo 33. La información que contenga datos personales debe sistematizarse en archivos elaborados con fines lícitos y legítimos. Salvo en el caso de información necesaria para proteger la seguridad pública o la vida de las personas, no deberá registrarse ni se obligará a las personas a proporcionar datos que puedan originar discriminación, en particular información sobre el origen racial o étnico, preferencia sexual, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o de otro tipo, o sobre la participación en una asociación o la afiliación a una agrupación gremial.
Artículo 34. Los archivos con datos personales en poder de las entidades públicas deberán ser actualizados exclusivamente para los fines legales y legítimos para los que fueron creados. La finalidad de un fichero y su utilización en función de ésta, deberá especificarse y justificarse. Su creación deberá ser objeto de una medida de publicidad o que permita el conocimiento de la persona interesada, a fin de que ésta, ulteriormente, pueda asegurarse de que:
Todos los datos personales reunidos y registrados siguen siendo pertinentes a la finalidad perseguida.
Ninguno de esos datos personales es utilizado o revelado sin su consentimiento, con un propósito incompatible con el que se haya especificado.
El período de conservación de los datos personales no excede del necesario para alcanzar la finalidad con que se han registrado.
Artículo 35. Toda persona que demuestre su identidad tiene derecho a saber si se está procesando información que le concierne, a conseguir una comunicación inteligible de ella sin demoras, a obtener las rectificaciones o supresiones que correspondan cuando los registros sean lícitos, injustificados o inexactos, y a conocer los destinatarios cuando esta información sea transmitida, permitiéndole conocer las razones que motivaron su pedimento, en los términos del artículo 3 de la presente Ley.
Artículo 36. Las entidades públicas deberán adoptar medidas apropiadas para proteger los ficheros contra los riesgos naturales, como la pérdida accidental o la destrucción por siniestro, y contra los riesgos humanos, como el acceso sin autorización, la utilización encubierta de datos o la contaminación por virus informáticos.
DE LA COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO
Artículo 37. Como órgano de autoridad, promoción, difusión e investigación sobre el derecho de acceso a la información pública se crea la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública como un organismo con autonomía patrimonial, de operación y de decisión, integrado por tres comisionados, de los cuales uno será su presidente.
Los comisionados serán electos por el Congreso del Estado o la Diputación Permanente, a propuesta del titular del Poder Ejecutivo del Estado. Para realizar las propuestas, el Ejecutivo escuchará previamente las proposiciones de las instituciones y organizaciones académicas, profesionales y gremiales; de ellas enviará una lista de aspirantes con el doble del número de comisionados a nombrar para que de entre ellos se elija a quien o quienes ocuparán el cargo.
Artículo 38. Para ser Comisionado se requiere:
Contar con título profesional de Licenciado en Derecho o en cualquier campo de las ciencias sociales y, preferentemente, tener estudios de maestría o doctorado en el campo del derecho de la información.
Gozar de reconocido prestigio personal y profesional.
No ser ni haber sido dirigente de ningún partido o asociación política ni ministro de ningún culto religioso cuando menos cinco años ni tampoco haber sido servidor público por lo menos tres años antes, en ambos casos al momento de su designación.
Artículo 39. Los comisionados durarán en su encargo un período de siete años y serán reelegibles, por una sola vez. Los comisionados no podrán ser retirados de sus cargos durante el período para el que fueron nombrados, salvo por causa grave que calificará el Congreso del Estado. Este cargo es incompatible con cualquier otro empleo o actividad, salvo la docencia y la investigación académica.
El presiente será nombrado por sus pares por un período de dos años, pudiendo ser reelecto.
Artículo 40. La Comisión tendrá las siguientes atribuciones:
Vigilar el cumplimiento de la presente Ley.
Conocer y resolver los recursos que se interpongan contra los actos y resoluciones dictados por las entidades públicas con relación a las solicitudes de acceso a la información.
Establecer plazos para la rendición de informes y realizar diligencias.
Llevar a cabo, a petición de parte, investigaciones en relación a quejas sobre el incumplimiento de la presente Ley.
Proponer criterios para el cobro y reducciones de derechos para el acceso a la información pública.
Ordenar a las entidades públicas que proporcionen información a los solicitantes en los términos de la presente Ley.
Garantizar el debido ejercicio del derecho de Hábeas Data y la protección de los datos personales.
Gestionar y recibir fondos de organismos nacionales e internacionales, para el mejor cumplimiento de sus atribuciones.
Realizar los estudios e investigaciones necesarios para el buen desempeño de sus atribuciones.
Organizar seminarios, cursos y talleres que promuevan el conocimiento de la presente Ley y las prerrogativas de las personas derivadas del derecho de acceso a la información pública.
Elaborar y publicar manuales, estudios e investigaciones para socializar y ampliar el conocimiento sobre la materia de esta Ley.
Elaborar su proyecto de presupuesto anual, el cual será enviado al titular del Ejecutivo Estatal para que lo integre a la iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado.
Designar a los servidores públicos a su cargo.
Expedir su reglamento interior y demás normas internas de funcionamiento.
Artículo 41. Para el cumplimiento de sus atribuciones, la Comisión contará en su estructura con un Secretario Ejecutivo, una Dirección Jurídica Consultiva, una Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana y los asesores y personal auxiliar que autorice el pleno de la Comisión, misma que deberá ser incluida en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa.
El Secretario Ejecutivo y el demás personal serán nombrados por el pleno de la Comisión, a propuesta de su Presidente.
Para profesionalizar y hacer más eficientes los servicios de apoyo de la Comisión, se instituye el servicio civil de carrera, regido por los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, especialización, honradez, lealtad y eficiencia. El reglamento establecerá y desarrollará las bases para la selección, permanencia, promoción, capacitación y actualización del personal.
Artículo 42. Antes de que termine el primer trimestre de cada año, todas las entidades públicas deberán presentar un informe correspondiente al año anterior a la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública.
Dicho informe deberá incluir: el número de solicitudes de información presentadas a dicha entidad y la información objeto de las mismas; la cantidad de solicitudes procesadas y respondidas, así como el número de solicitudes pendientes; las prórrogas por circunstancias excepcionales; el tiempo de procesamiento y la cantidad de servidores públicos involucrados en la tarea; la cantidad de resoluciones tomadas por dicha entidad denegando las solicitudes de información presentadas al mismo y los fundamentos de cada una de dichas resoluciones.
RECURSOS DE INCONFORMIDAD Y REVISIÓN
Artículo 44. Los intereses afectados por los actos y resoluciones de las autoridades que negaren o limitaren el acceso a la información, podrán interponer el recurso de inconformidad ante el titular de la entidad pública que negó la información.
Artículo 45. El recurso de inconformidad se presentará ante la oficina encargada de liberar la información, la cual estará obligada a dar una resolución administrativa en un plazo máximo de diez días hábiles a partir de la fecha en que se registró la promoción de inconformidad.
Artículo 46. Es procedente el recurso de inconformidad cuando se presenta la impugnación en tiempo y forma.
Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de inconformidad será de diez días hábiles, contados a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución administrativa impugnada.
Artículo 48. El recurso de inconformidad deberá presentarse por escrito cumpliendo con los siguientes requisitos:
Estar dirigido al titular de la entidad encargada de liberar la información.
Hacer constar el nombre del inconforme y, en su caso, el de su representante legal o mandatario, con personalidad jurídica reconocida a través de escritura notarial.
Acreditar la personalidad jurídica del inconforme afectado.
Señalar domicilio para recibir notificaciones y, en su caso, a quien en su nombre las pueda oír y recibir.
Precisar el acto o resolución impugnada y la autoridad responsable del mismo.
Señalar la fecha en que se hizo la notificación.
Mencionar de manera expresa y clara los hechos en que se funde la impugnación, los agravios que le cause el acto o resolución impugnados y los preceptos legales presuntamente violados.
Acompañar copia de la resolución o acto que se impugna y de la notificación correspondiente. Cuando se trate de actos que no se resolvieron en tiempo, acompañar copia de iniciación del trámite.
Ofrecer y aportar pruebas que tengan relación directa con el acto o resolución que se impugnen, debiendo acompañar las documentales con las que cuente.
Artículo 50. La autoridad deberá prevenir al inconforme sobre los errores de forma y fondo de los que, en su caso adolezca su escrito de inconformidad, pero de ninguna manera podrá cambiar los hechos. Para subsanar dichos errores deberá concederle un plazo de tres días, vencido el cual se estará a lo previsto en el párrafo siguiente.
Cuando el recurso de inconformidad no se presente por escrito ante la autoridad correspondiente, o sea notoriamente improcedente por haber fenecido el plazo legal para su presentación, se desechará de plano.
Artículo 51. Procede el sobreseimiento, cuando:
El inconforme se desista por escrito del recurso de inconformidad.
La autoridad responsable del acto o resolución impugnados los modifique o revoque, de tal manera que quede sin materia antes de que se resuelva el recurso.
El inconforme fallezca.
Artículo 52. La autoridad competente para desahogar y resolver el recurso podrá:
Sobreseerlo.
Confirmar el acto o resolución impugnada.
Revocar total o parcialmente el acto o resolución impugnada.
Artículo 53. La resolución administrativa que emita la oficina encargada de liberar la información para ratificar o revocar un acto administrativo sobre el acceso a la información, deberá estar fundada y motivada.
Artículo 56. Para las entidades públicas las resoluciones e la Comisión serán definitivas. La persona agraviada tendrá en todo tiempo el derecho para acudir a los órganos jurisdiccionales para hacer valer lo que a su derecho corresponda.
Artículo 57. El titular de la entidad pública, en los términos y condiciones previstos para la Constitución Política del Estado de Sinaloa, que incumpla con el deber de publicidad mínima de oficio previsto en el artículo 9 de la presente Ley, será sancionado con amonestación por la Comisión. Si en un período no mayor de tres meses no se ha puesto a disposición del público la información a que se refiere dicho precepto, será suspendido de sus funciones temporalmente en los términos del artículo 50 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa.
Artículo 58. El servidor público que oculte información para no liberar contenidos informativos, incumple la obligación prevista en el artículo 47, fracción I, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, por lo que será sancionado de conformidad con lo dispuesto por el artículo 50 de dicho ordenamiento legal.
Artículo 60. El servidor público que actúe negligentemente al dar respuesta a solicitudes de acceso a la información o bien que no ejecute las autorizaciones para liberar contenidos informativos, incumple la obligación prevista en el artículo 47, fracción I, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, por lo que será sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de dicho ordenamiento legal. En caso de reincidencia, será sancionado con inhabilitación de seis meses a tres años conforme lo previene la primera parte del artículo 52 de la invocada Ley.
Artículo 61. El servidor público que a sabiendas haya utilizado una clasificación indebida de la información, será requerido por la Comisión para ser apercibido de manera oral. En caso de reincidencia, incumplirá la obligación prevista en el artículo 47 fracción XIX, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, por lo que será sancionado con inhabilitación de tres a diez años, conforme lo previene la última parte del artículo 52 de la misma Ley.
Artículo Primero. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", bajo las modalidades previstas en los artículos siguientes.
Artículo Segundo. Los miembros de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública serán nombrados dentro de los ciento veinte días siguientes a la publicación de la presente Ley.
Para la integración inicial de la Comisión y por única vez, los comisionados serán elegidos por cinco, seis y siete años, respectivamente, con el objeto de que al momento de la renovación de los mismos, siempre sea posible contar con una adecuada combinación de experiencia, conocimiento y prestigio personal y profesional.
A partir de su nombramiento, los miembros de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública deberán instrumentar las acciones concernientes a que la presente Ley sea conocida y difundida entre los diversos sectores sociales, así como a concientizar a los ciudadanos y servidores públicos de la importancia que revisten los derechos de acceso a la información y de Hábeas Data, en una sociedad democrática. Para lo anterior podrán atraer el concurso de instituciones de educación superior, así como de organismos nacionales e internacionales especializados en el tema.
Artículo Tercero. Los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán, mediante reglamentos o acuerdos de carácter general, los órganos, criterios y procedimientos institucionales para proporcionar a los particulares el acceso a la información pública, de conformidad a las bases y principios establecidos en esta Ley. Estos reglamentos o acuerdos de carácter general deberán ser expedidos a más tardar dentro de un año de la entrada en vigor de la presente Ley.
Artículo Cuarto. Las personas podrán ejercer el derecho de acceso a la información pública y de Hábeas Data un año después de la entrada en vigor de la Ley, una vez que los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, hayan expedido los reglamentos o acuerdos de carácter general que establezcan los órganos, criterios y procedimientos institucionales a que se refiere el artículo anterior.
Artículo Quinto. Las entidades públicas deberán realizar la difusión de la información mínima de oficio a más tardar un año después de la entrada en vigor de la Ley.
Artículo Séptimo. La Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa, para el Ejercicio Fiscal del año 2003, deberá establecer la prevención presupuestal correspondiente para permitir el debido funcionamiento de la Comisión.
Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los veintitrés días del mes de abril del dos mil dos.
C. IMELDA CASTRO CASTRO
C. RAÚL DE JESÚS ELENES ANGULO C. JOSÉ LEONEL LEYVA