Source: http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1132468
Timestamp: 2019-05-19 09:29:12
Document Index: 275995846

Matched Legal Cases: ['artículo 35', 'Artículo 3', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'Artículo 35', 'Artículo 36', 'Artículo 37', 'Artículo 38', 'Artículo 39', 'Artículo 40', 'Artículo 41', 'Artículo 42', 'Artículo 43', 'Artículo 44', 'Artículo 45', 'Artículo 46', 'Artículo 47', 'Artículo 48', 'Artículo 49', 'Artículo 50', 'Artículo 51', 'Artículo 55', 'Artículo 56', 'artículo 7']

Ley 7/2014, de 26 de septiembre, de archivos y documentos de Galicia (DOG de 7 de octubre de 2014). Texto completo.
La Ley 7/2014 regula la protección, conservación y difusión del patrimonio documental de interés para Galicia.
Asimismo determina la organización, funcionamiento, acceso y difusión del contenido de los archivos de interés para Galicia y del Sistema de Archivos de Galicia.
La Ley 8/1995, de 30 de octubre , del patrimonio cultural de Galicia, fue la primera norma gallega con rango de ley que dedicó una atención singular a los archivos y al patrimonio documental. Esta ley asentó conceptos básicos como el de patrimonio documental o el de sistema de archivos y tuvo la virtud de insertar estos bienes en la estructura de protección elaborada con carácter general para todo el patrimonio cultural de Galicia.
El Decreto 207/2010, de 10 de diciembre , por el que se crea el Archivo de Galicia, y el Decreto 219/2011, de 17 de diciembre, por el que se fijan los precios públicos y las normas de los servicios de reproducción prestados en los archivos gestionados por la Xunta de Galicia, vienen a completar la normativa autonómica en la materia.
La norma se enmarca en un contexto legal integrado por distintas disposiciones que, sin ser específicamente archivísticas, tienen una extraordinaria influencia en este ámbito. Merece especial mención la Ley 30/1992, de 26 de noviembre , de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, que en su artículo 35.h) reconoce el derecho de la ciudadanía en sus relaciones con las administraciones públicas al acceso a la información pública, archivos y registros; la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, y su normativa de desarrollo; la Ley 19/2013, de 9 de diciembre , de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno; la Ley 37/2007, de 16 de noviembre , sobre reutilización de la información del sector público, y la Ley 52/2007, de 26 de diciembre , por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de los que padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura.
Tradicionalmente en los archivos predominó la finalidad de asegurar la conservación de esa memoria, pero los archivos públicos son algo más que servicios de depósito cultural. Los documentos que los integran, pese a ser considerados patrimonio documental por la Ley 8/1995 desde el mismo momento de su producción o recepción por las administraciones públicas en el desarrollo de sus actividades, deben servir, en primer lugar, a los fines para los cuales fueron concebidos; unos fines que no son otros que hacer posible la propia gestión administrativa, garantizar y testimoniar los derechos y los deberes de la propia Administración y de los ciudadanos, y proporcionar información, en un marco de gestión de los asuntos públicos donde la transparencia y la responsabilidad democráticas y la calidad en la prestación de los servicios constituyen referencias inexcusables. Los archivos cumplen así una función básica en la gestión administrativa, en la medida en que aseguran la continuidad de la acción administrativa y permiten el ejercicio de los derechos de los ciudadanos en condiciones de transparencia, en la línea de lo establecido por la Ley 4/2006, de 30 de junio , de transparencia y buenas prácticas en la Administración pública gallega.
Además de lo anterior, la ley adopta las previsiones básicas para adaptar la gestión de los archivos públicos al contexto digital. La Administración electrónica es una realidad ya ineludible para todas las administraciones públicas, desde el momento en que la Ley estatal 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos y las disposiciones que la desarrollan, así como la Recomendación de la Comisión Europea de 24 de agosto de 2006 sobre digitalización y accesibilidad en línea del material cultural y la conservación digital (2006/585/CE), contemplan plazos y sistemas concretos de incorporación de los sistemas de gestión documental al ámbito digital, así como los derechos de los ciudadanos a ser usuarios de tales sistemas y a relacionarse electrónicamente con las administraciones. Asimismo, la ley atiende a las exigencias que, en relación con lo anterior, se derivan del Decreto 198/2010, de 2 de diciembre , por el que se regula el desarrollo de la Administración electrónica en la Xunta de Galicia y en las entidades de ella dependientes.
Artículo 3. Principio de lealtad institucional
Artículo 5. Documentos de titularidad pública
Artículo 6. Documentos de titularidad pública y patrimonio documental
Artículo 7. Extinción de organismos y alteración de su naturaleza jurídica
Artículo 8. Inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad
Artículo 9. Documentos de titularidad privada
Artículo 10. Documentos de titularidad privada y patrimonio documental
Artículo 11. Depósito de los documentos de titularidad privada en archivos públicos
Artículo 13. Clases
Artículo 14. Personal
Artículo 15. Infraestructuras y presupuestos
Artículo 16. La gestión documental y la información
Artículo 17. Protección y promoción del patrimonio documental
Sección 1.ª. La gestión documental
Artículo 18. Procesos y funciones que comprende la gestión documental
Artículo 19. La evaluación, selección y eliminación de documentos
Artículo 20. La custodia de los documentos de titularidad pública
Artículo 21. Transferencias documentales
Sección 2.ª. La información y el acceso a los documentos
Artículo 22. Funciones relativas a la información administrativa
Artículo 23. Derecho de acceso
Artículo 24. La consulta y la obtención de copias o certificaciones de los documentos
Artículo 26. Obligaciones de las personas titulares de los archivos privados
Artículo 27. Censo de archivos y del patrimonio documental de Galicia
Artículo 30. Archivos del Sistema de Archivos de Galicia
Artículo 31. Requisitos y efectos de la pertenencia al Sistema de Archivos de Galicia
Artículo 32. Órgano de dirección, coordinación y cooperación
Artículo 33. El Consejo de Archivos de Galicia
Artículo 34. El Consejo de Evaluación Documental de Galicia
Artículo 35. Estructura del Sistema de Archivos de la Xunta de Galicia
Artículo 36. Órgano de dirección, coordinación y cooperación del Sistema
Artículo 37. Archivos de gestión
Artículo 38. Archivos centrales
Artículo 39. Archivos generales territoriales
Artículo 40. El Archivo del Reino de Galicia
Artículo 41. Los archivos históricos provinciales
Artículo 42. El Archivo de Galicia
Artículo 43. Archivo Electrónico de la Xunta de Galicia
Artículo 44. De los sistemas de archivos de las entidades locales
Artículo 45. Los archivos de las diputaciones provinciales
Artículo 46. Los archivos de los ayuntamientos
1. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 5/1997, de 22 de julio , de Aministración local de Galicia, los municipios podrán mancomunar los siguientes servicios:
Artículo 47. Los archivos de los órganos estatutarios y del Consejo Consultivo de Galicia
Artículo 48. Los archivos de las universidades públicas de Galicia
Artículo 49. Los archivos de los juzgados y tribunales de justicia
Artículo 50. Los archivos de instituciones políticas, sindicales, culturales, educativas y religiosas
Artículo 51. Infracciones administrativas
1. Sin perjuicio de lo establecido en el título IX de la Ley 8/1995, de 30 de octubre , son infracciones administrativas en materia de archivos y patrimonio documental de Galicia las acciones u omisiones contrarias a lo dispuesto en esta ley. Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves.
- Para las infracciones leves: desde la amonestación hasta multa de 3.000 euros.
- Para las infracciones graves: multa de entre 3.001 y 60.000 euros.
- Para las infracciones muy graves, multa de entre 60.001 y 1.000.000 de euros.
Artículo 55. Prescripción de las infracciones y sanciones
Artículo 56. Plazo de resolución del expediente sancionador
2. La imposición de sanciones administrativas se ajustará a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre , de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, y en el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por el Real decreto 1398/1993, de 4 de agosto , o norma autonómica que lo sustituya o complemente.
Disposición adicional primera. Los documentos producidos y reunidos por la Xunta de Galicia
Disposición adicional segunda. Los documentos del Estado depositados o transferidos gestionados por la Xunta de Galicia
Disposición adicional tercera. Actualización de las cuantías de las multas
Disposición adicional cuarta. Actuaciones de discriminación positiva en los archivos públicos y principio de presencia equilibrada entre hombres y mujeres en los órganos colegiados de los artículos 33 y 34 de esta ley
Disposición adicional quinta. Medidas para el reintegro de documentos a los archivos de Galicia
Disposición adicional sexta. Normativa de aplicación a los documentos constitutivos de la historia clínica
Los documentos constitutivos de la historia clínica de las personas usuarias de la asistencia sanitaria que se preste en los centros y establecimientos sanitarios públicos y privados de la Comunidad Autónoma de Galicia se regirán por su normativa, la Ley 3/2001, de 28 de mayo , reguladora del consentimiento informado y de la historia clínica de los pacientes, y la Ley 41/2002, de 14 de noviembre , básica reguladora de la autonomía del paciente y de los derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.
Disposición transitoria primera. Plazo para la regulación de la organización y el funcionamiento del Consejo de Archivos de Galicia y del Consejo de Evaluación Documental de Galicia
Disposición transitoria segunda. Propuesta de un plan de archivos
Disposición transitoria tercera. Plazo para la adecuación normativa
Disposición derogatoria única. Derogación expresa y general
2. Quedan derogados los artículos 76.2, 76.3, 78.1, 79 , 80 y 91 de la Ley 8/1995, de 30 de octubre, del patrimonio cultural de Galicia.
Disposición final primera. Modificación del artículo 7.1.g) de la Ley 8/1995, de 30 de octubre, del patrimonio cultural de Galicia
g) El Consejo de Archivos de Galicia y el Consejo de Evaluación Documental de Galicia.