Source: https://tc.vlex.es/vid/competencias-contratos-administrativos-nulidad-590960422
Timestamp: 2019-07-20 13:27:53
Document Index: 307902007

Matched Legal Cases: ['artículo 6', 'artículo 10', 'artículo 34', 'artículo 10', 'artículo 159', 'artículo 17', 'artículo 17', 'artículo 10', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 10', 'artículo 10', 'artículo 10']

STC 237/2015, 19 de Noviembre de 2015 - Jurisprudencia - VLEX 590960422
STC 237/2015, 19 de Noviembre de 2015
Número de Recurso: 6720-2011
Mediante escrito presentado en el Registro General de este Tribunal Constitucional el 9 de diciembre de 2011, el Abogado del Estado, actuando en la representación que legalmente ostenta del Presidente del Gobierno, interpuso recurso de inconstitucionalidad contra los arts. 6.1 y 2 y 10, así como sus apartados 2 c), d) y f) de la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de las Cortes de Aragón, de medidas en materia de contratos del sector público de Aragón (“Boletín Oficial de Aragón” núm. 50, de 10 de marzo). El Abogado del Estado hizo invocación expresa de los arts. 161.2 CE y 30 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC).
Como antecedentes recuerda el Abogado del Estado que, antes de que finalizara el plazo de tres meses desde la publicación de la Ley en el “Boletín Oficial de Aragón”, la comisión bilateral de cooperación Aragón-Estado decidió, en la reunión celebrada el día 18 de mayo de 2011, aplicar el procedimiento previsto en el art. 33.2 LOTC, acuerdo que fue comunicado al Tribunal Constitucional y publicado el día 24 de junio de 2011 en el “Boletín Oficial del Estado” y en el “Boletín Oficial de Aragón”. Habiendo resultado infructuoso el proceso negociador, el Presidente del Gobierno decidió interponer el presente recurso de inconstitucionalidad, luego de que la comisión permanente del Consejo de Estado hubiere emitido dictamen el día 17 de noviembre de 2011.
Tras precisar el objeto del recurso, se refiere el Abogado del Estado a las “competencias del Estado y de la Comunidad Autónoma” consignadas en los arts. 149.1.18 CE y 75 del Estatuto de Autonomía de Aragón (EAAr). Los preceptos legales impugnados regulan la documentación exigida en los procedimientos negociados y simplificados (artículo 6) y el procedimiento simplificado de adjudicación de contratos (artículo 10) y, a juicio del recurrente, contravienen los arts. 138, 142, 146, 151 y 159 del texto refundido de la Ley estatal de contratos del sector público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, todos ellos declarados básicos ex art. 149.1.18 CE (disposición final segunda.3 de este mismo texto refundido). Cita, igualmente, las SSTC 141/1993 , de 22 de abril; 331/1993 , de 12 de noviembre, y 162/2009 , de 29 de junio.
Precedida de una sucinta reflexión sobre la doctrina general acerca de la noción de lo básico, pasa el Abogado del Estado a examinar la “doctrina en relación con las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y, en particular, en materia de contratación administrativa”; examen que arranca de la STC 50/1999 , de 6 de abril, FJ 3. De esta resolución infiere que “en este ámbito … la finalidad principal de lo básico es garantizar a los ciudadanos un tratamiento común ante las distintas Administraciones, por lo que tendrá mayor intensidad cuando se trate de regular actividades de eficacia externa, que cuando se trate de cuestiones puramente organizativas de incidencia exclusivamente interna”. Según refiere, la STC 141/1993 aclara, en su fundamento jurídico 5, los requisitos generales que debe reunir una norma para que pueda considerarse básica: “la normativa básica en materia de contratación tiene principalmente por objeto, aparte de otros fines de interés general, proporcionar las garantías de publicidad, igualdad, libre concurrencia y seguridad jurídica que aseguren a los ciudadanos un tratamiento común por parte de todas las Administraciones públicas”; por el contrario, excederán lo básico “otras prescripciones de detalle o de procedimiento que, sin merma de la eficacia de tales principios básicos, pudieran ser sustituidas por otras regulaciones asimismo complementarias o de detalle, elaboradas por las Comunidades Autónomas con competencia para ello”.
Hechas las anteriores precisiones, aborda el Abogado del Estado la “inconstitucionalidad de los preceptos recurridos”.
El Abogado del Estado se detiene, a continuación, a defender el carácter básico de la legislación estatal de contraste; sobre el cumplimiento de los requisitos formales no puede caber duda alguna a la vista de su calificación expresa como básicos en el apartado tercero de la disposición final segunda del texto refundido de la Ley de contratos del sector público. Apunta además que “como primer indicio del carácter materialmente básico de esta normativa, debe destacarse que la diversidad de régimen entre los requisitos directamente vinculados con la capacidad del empresario y los relativos al cumplimiento de sus obligaciones tributarias o con la Seguridad Social ya se contemplaba, exactamente en los mismos términos, en la anterior legislación de contratos”; ni esa normativa anterior ni la vigente al momento de promoverse este recurso de inconstitucionalidad ha sido controvertida “por no reunir la doble dimensión de las bases”. La acreditación inicial de la personalidad, capacidad y solvencia del contratista mediante la documentación que relaciona el art. 146 del texto refundido de la Ley de contratos del sector público es “sin duda, un elemento básico de la legislación de contratos ya que constituye un medio que tiende a proporcionar las garantías de publicidad, igualdad, libre concurrencia y seguridad jurídica necesarias para otorgar un tratamiento común de todos los contratistas frente a las distintas Administraciones públicas”. “En efecto, la legislación básica estatal, en este punto, se limita a establecer una distinción absolutamente razonable de régimen jurídico entre los requisitos previos directamente conectados con la capacidad y personalidad del empresario y respecto de las que nada obsta a su justificación a posteriori .” En definitiva, el legislador básico exige que el licitador presente la documentación directamente vinculada con su capacidad —en sentido amplio— para formular válidamente una oferta jurídicamente vinculante para quien la realiza o persona en cuyo nombre se formula, en tanto que admite la postergación del cumplimiento de los requisitos de relevancia puramente formal. En cuanto al plazo mínimo de diez días hábiles para satisfacer esos requisitos puramente formales, destaca el Abogado del Estado que el propio precepto básico permite a los legisladores autonómicos ampliar, nunca reducir, dicho plazo.
Defiende el Abogado del Estado el carácter básico de los arts. 138, 142.1 y 159 del texto refundido de la Ley de contratos. En relación con el primero de ellos, recuerda que la STC 141/1993 ya consideró “indiscutiblemente” básico el precepto que especificaba el límite cuantitativo máximo para acudir a la adjudicación directa del contrato de suministros; se trata de un precepto directa e inmediatamente relacionado con la garantía de los principios básicos de publicidad, igualdad, libre concurrencia y seguridad jurídica. Respecto del art. 142.1 del texto refundido, la publicidad mínima entronca con los principios esenciales de publicidad, igualdad y libre concurrencia, sobre los que ya se pronunció la STC 141/1993 . Por último, el art. 159 se limita a establecer plazos mínimos para que los eventuales licitadores puedan presentar sus proposiciones, garantía directamente conectada con el respeto a los esenciales principios de igualdad, libre concurrencia y seguridad jurídica.
Mediante providencia de 20 de diciembre de 2011, el Pleno de este Tribunal acordó admitir a trámite el presente recurso de inconstitucionalidad, así como dar traslado, conforme establece el artículo 34 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), al Congreso de los Diputados y al Senado por conducto de sus Presidentes, así como a la Diputación General de Aragón y a las Cortes de Aragón, por conducto de sus Presidentes, al objeto de que en el plazo de quince días pudiesen personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimaran convenientes; y publicar la incoación del recurso en el “Boletín Oficial del Estado”, lo que se llevó a efecto en el núm. 313, de 29 de diciembre de 2011, y en el “Boletín Oficial de Aragón” núm. 88, de 9 de mayo de 2012.
El 2 de enero de 2012 el Presidente del Congreso de los Diputados comunicó que la Mesa había tomado el acuerdo de dar personada a la Cámara en este proceso constitucional y por ofrecida su colaboración a los efectos del art. 88.1 LOTC. El día 18 de ese mismo mes y año el Presidente del Senado hizo lo propio en relación con esta Cámara.
Ese mismo día 18 de enero de 2012, la Letrada Mayor de las Cortes de Aragón, actuando en representación de la Asamblea Legislativa autonómica, presentó escrito dándose por personada en el proceso y solicitando la concesión de una prórroga del plazo para formular alegaciones por ocho días más.
La Letrada de la Comunidad Autónoma de Aragón, actuando en representación del Gobierno de Aragón, se personó en este proceso constitucional ese mismo día 18 de enero de 2012 y formuló las alegaciones que ahora se sintetizan.
Estas alegaciones arrancan con un epígrafe rubricado “Distribución competencial Estado-Comunidad Autónoma en materia de contratación. Alcance respectivo de la legislación básica estatal y del desarrollo de la misma por la Comunidad Autónoma”. Al respecto invoca el art. 75 del Estatuto de Autonomía de Aragón, que permitiría a la Comunidad Autónoma “desarrollar una política propia en materia de contratación, lo que supone que el contenido de la legislación básica estatal no podrá ser tan detallada que vacíe el desarrollo de una política diferenciada” (STC 50/1999 , de 6 de abril). El alcance de lo básico en materia de contratación pública ha sido definido en las SSTC 141/1993 y 331/1993 . No discute la Letrada autonómica el carácter básico de la normativa estatal que se dice vulnerada por los preceptos legales autonómicos (arts. 146.1, 151.2, 138.2, 142.1 y 159 del texto refundido de la Ley de contratos del sector público). Sentado esto, subraya que los preceptos legales controvertidos se limitan a completar la normativa básica estatal con ciertas novedades destinadas a dotar de una mayor agilidad a la tramitación procedimental.
En opinión de la Letrada autonómica, “parece competencialmente viable, a la vista de los preceptos estatutarios vigentes, que la Comunidad Autónoma de Aragón adopte estrategias normativas que den adecuada respuesta a las exigencias de la Directiva 2004/18, de contratación del Sector Público y de la jurisprudencia que el TJCE ha venido dictando en los últimos años que ha subrayado con insistencia los principales: publicidad, concurrencia, objetividad, igualdad de trato y eficiencia de los recursos públicos. Sobre esta base, la ley autonómica sobre ( sic ) cuestiones propias de la tramitación en los procedimientos de adjudicación de contratos públicos implicaría un ejercicio de las competencias recogidas en nuestro Estatuto de Autonomía de tal modo que se refuerzan las garantías de las que se revisten estos principios en la legislación básica estatal.”
Aborda seguidamente el estudio de los “principios de la política propia de contratación pública de la Comunidad Autónoma. Ámbito y límites”. En ejercicio de la competencia autonómica, las Cortes de Aragón establecieron en la Ley recurrida una serie de medidas de simplificación en la tramitación de los procedimientos. Se trata de unas medidas que resultan obligadas en virtud del art. 5 de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, relativa a los servicios en el mercado interior, conocida como “Directiva de servicios”. Esta Directiva proclama una serie de principios del procedimiento administrativo que necesariamente deben inspirar la regulación de desarrollo procedimental autonómica. A este respecto identifica una serie de medidas de simplificación administrativa que se contienen en la propuesta de Directiva sobre contratación pública COM (2011) 896 final.
Dicho esto, pasa la Letrada autonómica a defender la constitucionalidad de los preceptos legales impugnados.
La Letrada Mayor de las Cortes de Aragón, actuando en nombre de esta Asamblea Legislativa, presentó sus alegaciones el 31 de enero de 2012.
Rubrica su primera alegación “Doctrina constitucional sobre el equilibrio de las competencias estatales sobre legislación básica y de las competencias de desarrollo normativo de las Comunidades Autónomas. Aplicación a la materia de contratación pública”. El art. 149.1.18 CE atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de procedimiento administrativo común y sobre legislación básica de contratos y concesiones administrativas, en tanto que el art. 75 del Estatuto de Autonomía de Aragón atribuye a la Comunidad Autónoma las competencias de desarrollo de las bases fijadas por el Estado ex art. 149.1.18 CE (apartado 11) y de desarrollo del régimen jurídico, procedimiento, contratación y responsabilidad de las Administraciones públicas (apartado 12).
Al respecto, la Letrada autonómica cita diversas resoluciones de este Tribunal, destacadamente la SSTC 109/2003 , relativa a los elementos formal y material de lo básico; 141/1993 , que delimitó el alcance de lo básico en materia de contratación pública, y 61/1997 , en cuanto señala que “en la dinámica bases-desarrollo siempre ha de restar un espacio normativo para las Comunidades Autónomas”. Desde el punto de vista formal, no hay duda de la suficiencia de la disposición final segunda del texto refundido de la Ley de contratos del sector público para establecer lo básico. Desde el material, la Letrada parlamentaria reprocha al escrito rector de este proceso constitucional que venga a negar lo que aparentemente afirma pues, tras proclamar que la Comunidad Autónoma “puede, sin duda, en ejercicio de su facultad de desarrollo, simplificar trámites en aquellas regulaciones que puedan considerarse complementarias o de detalle”, se controvierten seguidamente previsiones de detalle y procedimiento, como son las relativas a los plazos, obligaciones y cargas documentales o económicas de los licitadores en los procedimientos de adjudicación.
Defiende a continuación la Letrada Mayor de las Cortes de Aragón que el art. 6 de la Ley recurrida se ampara en las competencias autonómicas en materia de contratos, respetando en su integridad los principios básicos en la materia. Señala, al respecto que, el texto refundido de la Ley de contratos del sector público ya prevé la sustitución de la acreditación de los requisitos diferentes de la capacidad de obrar, representación y solvencia por la declaración responsable.
En relación con el art. 10 de la Ley, señala que “el precepto no regula un nuevo procedimiento de adjudicación y se ampara en las competencias autonómicas en materia de contratos, respetando en sus previsiones los principios básicos de la normativa estatal”.
Tras exponer sucintamente el contenido del precepto legal recurrido, concluye la Letrada parlamentaria que en él “no se está regulando … un nuevo procedimiento de adjudicación … ya que … las especialidades contenidas en él se refieren a elementos de detalle en el procedimiento abierto, sin alterarlo en ninguna de sus fases”. La innovación autonómica sobre formas de adjudicación de los contratos ha sido descartada por la STC 162/2009 , FJ 4, referida precisamente a una ley aragonesa —la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración local de Aragón— que primaba el concurso sobre la subasta. Ahora bien, en esa misma Sentencia el Tribunal ya precisó que el legislador autonómico puede llevar a cabo “desarrollos normativos que, sin detrimento de la eficacia de la norma estatal básica, contengan prescripciones y peculiaridades de detalle o de procedimiento”. Esa es justamente la labor que desempeña el art. 10 de la Ley aragonesa impugnada, que se limita a simplificar el procedimiento abierto, respetando sus fases y características básicas y permitiendo su utilización, siempre potestativa y previamente establecida en los pliegos, en aquellos casos en los que podría optarse por el procedimiento negociado por razón de la cuantía, pero en los que no se considera adecuado o necesario por el órgano de contratación iniciar una fase de negociación con los licitadores. En respuesta a las dudas suscitadas por la terminología originalmente empleada, la Ley 3/2012, de 8 de marzo, de medidas fiscales y administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón, modificó la rúbrica del precepto, que pasó a ser “trámite simplificado” y especificó su contenido mediante las modificaciones legales al efecto pertinentes.
7. Mediante providencia de 28 de febrero de 2012, el Pleno del Tribunal acordó dar audiencia a las partes personadas para que, en el plazo de cinco días expusieran lo que considerasen conveniente acerca del mantenimiento o levantamiento de la suspensión de los preceptos legales recurridos.
Cumplimentado el trámite conferido a las partes se dictó el ATC 69/2012 , de 17 abril, por el que se acordó el levantamiento de la suspensión de la vigencia de los arts. 6 y 10 de la Ley 3/2011 recurrida.
Por providencia de 18 de noviembre de 2015, se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 19 del mismo mes y año.
Según se ha expuesto con mayor detalle en los antecedentes de esta resolución, son objeto del presente proceso constitucional los arts. 6.1 y 2 y 10 —en su integridad y, subsidiariamente las letras c), d) y f) de su apartado segundo— de la Ley de las Cortes de Aragón 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de contratos del sector público de Aragón. A estos preceptos legales reprocha el Presidente del Gobierno inconstitucionalidad mediata por contravención de la normativa básica estatal en materia de contratación pública contenida en el texto refundido de la Ley de contratos del sector público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. Concretamente, los apartados primero y segundo del art. 6 de la Ley aragonesa se impugnan por su incompatibilidad con los arts. 146 y 151.2 de este texto refundido, en tanto que al art. 10 se le achaca, además, la contravención de lo dispuesto en los arts. 138, 142.1 y 159, siempre del texto refundido de la Ley de contratos del sector público.
Conforme resulta de la somera exposición de su objeto contenida en el anterior fundamento jurídico, el presente proceso constitucional reviste carácter competencial. Resulta por ello pertinente recordar ahora la doctrina elaborada por este Tribunal acerca del régimen de distribución de competencias sobre contratación pública, materia en la que las partes personadas convienen en encuadrar los preceptos legales controvertidos.
A este respecto, debe comenzarse recordando, como ya hiciéramos en la STC 56/2014 , de 10 de abril, FJ 3 a), que “el art. 149.1.18 CE atribuye al Estado, entre otras, la competencia exclusiva para dictar ‘la legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas’. En términos de la STC 141/1993, de 22 de abril, FJ 5, ‘la normativa básica en materia de contratación administrativa tiene principalmente por objeto, aparte de otros fines de interés general, proporcionar las garantías de publicidad, igualdad, libre concurrencia y seguridad jurídica que aseguren a los ciudadanos un tratamiento común por parte de todas las Administraciones públicas’ (en el mismo sentido, SSTC 331/1993, de 12 de noviembre, FJ 6, y 162/2009, de 29 de junio, FJ 4).”
Por último, en la reciente STC 84/2015 , de 30 de abril, hemos reafirmado esta misma línea doctrinal, al afirmar que los “dos elementos, subjetivo —quién contrata— y objetivo —lo que se contrata—, sirven para determinar qué reglas del texto refundido de la Ley de contratos del sector público resultan de aplicación al contrato de gestión de servicio público, es decir, tanto las que regulan los actos de preparación y adjudicación, como las que disciplinan los derechos y deberes de las partes en el mismo. Las primeras garantizan, tal y como señala el art. 1 del Real Decreto Legislativo 3/2011, que la contratación se ajusta a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos, y aseguran, en conexión con el objetivo de estabilidad presupuestaria y control del gasto, una eficiente utilización de los fondos destinados a la realización de obras, la adquisición de bienes y la contratación de servicios mediante la exigencia de la definición previa de las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la libre competencia y la selección de la oferta económicamente más ventajosa. En definitiva, estas reglas pueden considerarse materialmente básicas, pues constituyen el mínimo común uniforme que permite garantizar, de un lado, la igualdad de los licitadores y su tratamiento común ante las Administraciones [SSTC 141/1993 , de 22 de abril, FFJJ 5 y 6 b); 56/2014 , de 10 de abril, FJ 3] y, de otro, la eficiente utilización de los fondos públicos.” [FJ 5 a)].
Recordado lo anterior y antes de proceder al examen de la compatibilidad de las normas estatales, cuyo carácter básico defiende el recurrente, y las disposiciones autonómicas, cuya adecuación al orden constitucional de distribución de competencias sostienen las representaciones procesales del Gobierno y de las Cortes de Aragón, es preciso dejar constancia de las modificaciones legislativas acaecidas durante la pendencia de este proceso constitucional que son relevantes para su adecuada resolución.
En primer lugar, debemos hacer notar que el art. 33 de la Ley 3/2012, de 8 de marzo, de medidas fiscales y administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón ha dado una nueva redacción a los artículos 6 y 10 de la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de contratos del sector público de Aragón.
En los procedimientos negociados y en la tramitación simplificada del procedimiento abierto, los licitadores podrán sustituir la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos por la presentación de una declaración responsable suscrita por el licitador o su representante, reconociendo que cumple los requisitos de capacidad, representación y solvencia exigidos y comprometiéndose a acreditarlos en caso de que vaya a ser propuesto como adjudicatario.
Con la finalidad de aunar la necesaria concurrencia con una más eficiente gestión que facilite una mayor rapidez de respuesta a las necesidades de contratación, se habilita una tramitación simplificada del procedimiento abierto para todo contrato de suministro y servicios de valor estimado inferior a 150.000 euros, Impuesto sobre el Valor Añadido excluido, y de obras inferior a 2.000.000 de euros, Impuesto sobre el Valor Añadido excluido.
En el caso de que el licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación hubiera sustituido la presentación de la documentación relativa a la capacidad, representación y solvencia por una declaración responsable, deberá acreditar, con respeto a las exigencias contenidas en la legislación básica en el plazo de cinco días hábiles, la posesión y validez de los documentos exigidos.
Por su parte, el art. 146 del texto refundido de la Ley de contratos del sector público se reformó por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización. En el preámbulo de esta Ley expresamente se señala que “para reducir las cargas administrativas que tienen que soportar las empresas en los procedimientos de contratación administrativa, se prevé que los licitadores puedan aportar una declaración responsable indicando que cumple las condiciones legalmente establecidas para contratar con la Administración. Así, solo el licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación deberá presentar toda la documentación que acredite que cumple las mencionadas condiciones.”
La modificación de los preceptos legales autonómicos específicamente controvertidos plantea el problema de la pervivencia de este proceso constitucional.
Al respecto, conviene recordar con la reciente STC 106/2015 , de 28 de mayo, que “la STC 96/2014 , de 2 de junio, FJ 2 expone los criterios de la doctrina de este Tribunal respecto a la pérdida de objeto en los recursos de inconstitucionalidad. Tras señalar que la regla general en el ámbito de los recursos de inconstitucionalidad es que la derogación de la norma impugnada extingue su objeto, indica que no cabe dar una respuesta unívoca a esta cuestión, ya que, citando la STC 124/2003 , de 19 de junio, FJ 3, señala que ‘en el ámbito del recurso de inconstitucionalidad, recurso abstracto y orientado a la depuración objetiva del ordenamiento, la pérdida sobrevenida de la vigencia del precepto legal impugnado habrá de ser tenida en cuenta por este Tribunal para apreciar si la misma conlleva ... la exclusión de toda la aplicabilidad de la Ley, [pues] si así fuera, no habría sino que reconocer que desapareció, al acabar su vigencia, el objeto de este proceso constitucional que, por sus notas de abstracción y objetividad, no puede hallar su exclusivo sentido en la eventual remoción de las situaciones jurídicas creadas en aplicación de la Ley, acaso inconstitucional (art. 40.1 LOTC) (STC 199/1987 , FJ 3). Por ello, carece de sentido, tratándose de un recurso de inconstitucionalidad, pronunciarse sobre normas que el mismo legislador ha expulsado ya de dicho ordenamiento... de modo total, sin ultraactividad (SSTC 160/1987 , FJ 6; 150/1990 , FJ 8; 385/1993 , FJ 2). Por idéntica razón, para excluir toda aplicación posterior de la disposición legal controvertida, privándola así del vestigio de vigencia que pudiera conservar, puede resultar útil —conveniente— su enjuiciamiento, aun cuando haya sido derogada (SSTC 160/1987 , FJ 6; 385/1993 , FJ 2)’.” (FJ 2, comillas interiores suprimidas).
En esta misma resolución y lugar se identifican dos excepciones a la regla general que acaba de exponerse: de un lado, la eventual denuncia de vulneración del art. 86.1 CE, supuesto en el que “la derogación de la norma no impide controlar si el ejercicio de la potestad reconocida al Gobierno se realizó siguiendo los requisitos establecidos en dicho precepto constitucional, pues al hacerlo se trata de velar por el recto ejercicio de la potestad de dictar decretos-leyes, dentro del marco constitucional, decidiendo la validez o invalidez de las normas impugnadas, sin atender a su vigencia o derogación en el momento en que se pronuncia el fallo [por todas, STC 183/2014 , de 6 de noviembre, FJ 2 c)].” y, de otro, aquellos supuestos en los que lo que se plantea “en realidad es una controversia competencial, el Tribunal habrá de pronunciarse sobre su titularidad en la medida en que se trate de una competencia controvertida o de que la disputa esté todavía viva [por todas, STC 204/2011 , de 15 de diciembre, FJ 2 a)]. Esta circunstancia exige analizar si pervive la controversia competencial trabada sobre alguno de los preceptos impugnados en el recurso de inconstitucionalidad, tomando en consideración a este efecto la normativa que sustituyó a la impugnada.” (Ibídem). Siendo este el caso, debemos examinar la pervivencia de la controversia competencial, tomando en consideración a este efecto la redacción que a los preceptos impugnados dio la Ley 3/2012, de 8 de marzo, de medidas fiscales y administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Por otro lado, en coherencia con nuestra doctrina sobre el ius superveniens aplicable a procesos de contenido competencial, como es el presente, deberemos enjuiciar las normas a las que se achaca un posible exceso competencial conforme a las normas básicas estatales supuestamente quebrantadas que se hallen vigentes en el momento de dictar sentencia [por todas, STC 108/2015 , de 28 de mayo, FJ 2 b)]. Consecuentemente, habremos de tomar en consideración la redacción del art. 146 del texto refundido de la Ley de contratos del sector público resultante de la reforma llevada a cabo por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización.
En este proceso constitucional se controvierte, en primer lugar, la validez del art. 6 de la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de contratos del sector público de Aragón, dictado al amparo de las competencias compartidas asumidas por el art. 75.11 y 12 del Estatuto de Autonomía de esta Comunidad Autónoma. Los preceptos legales impugnados regulan, de un lado, la documentación exigida a los licitadores en los procedimientos negociados y simplificados, y, de otro lado el procedimiento simplificado de adjudicación de contratos.
Respecto del art. 6.1 de la Ley aragonesa 3/2011, para determinar si pervive o no la controversia competencial, habrá que contrastar lo dispuesto en este precepto legal autonómico con el art. 146.4 del texto refundido de la Ley de contratos del sector público, introducido por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, que se configura como básico, pues se sitúa en el marco de las garantías de publicidad, igualdad, libre concurrencia y seguridad jurídica en el ámbito de la contratación administrativa.
En lo que ahora interesa, el nuevo art. 146.4 del texto refundido de la Ley de contratos del sector público contiene dos reglas diferentes: en su primer inciso hallamos una habilitación al órgano de contratación para que permita, en el pliego de cláusulas administrativas particulares, sustituir la aportación inicial de la documentación a la que se hace referencia en el apartado 1 por una declaración responsable del licitador, y en el inciso final, una generalización de esta sustitución para todos los contratos de obras con valor estimado inferior a 1.000.000 € y de suministros y servicios con valor estimado inferior a 90.000 €.
Queda así salvada la contradicción frontal y absoluta entre la norma básica estatal y la autonómica de desarrollo sobre la que se sustentaba principalmente la impugnación del art. 6.1 de la Ley de las Cortes de Aragón 3/2011.
En cuanto al art. 6.2 de la Ley de medidas en materia de contratos del sector público de Aragón, se le achaca vulneración del art. 151.2 del texto refundido de la Ley de contratos del sector público. La Ley 3/2012, de 8 de marzo, de medidas fiscales y administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón ha reproducido la redacción anterior de este apartado por lo que pervive la controversia competencial en este punto.
El art. 10 de la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de contratos del sector público de Aragón, se impugna en su totalidad y además, específicamente y de modo subsidiario, las letras c), d) y f) de su apartado segundo.
El art. 10.2 c), en la redacción impugnada, prevé que en el procedimiento simplificado “el anuncio de licitación del contrato únicamente precisará de publicación en el perfil de contratante del poder adjudicador”. El art. 33 de la Ley 3/2012, de 8 de marzo, de medidas fiscales y administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón ha dado una nueva redacción a la letra c del apartado 2 del artículo 10 de la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de contratos del sector público de Aragón. Así, tras la reforma de 2012, esa publicación ha de hacerse “en el perfil de contratante de la Comunidad Autónoma de Aragón”, por lo que pervive la controversia competencial en su día trabada frente a aquel apartado y referida a la contradicción del lugar de publicación del anuncio de licitación con las bases del Estado.
De acuerdo con el art. 10.2 d) de la Ley en la redacción recurrida, en los contratos a los que resulte de aplicación el trámite simplificado, “el plazo para la presentación de proposiciones no podrá ser inferior a diez ni superior a veinte días naturales, a contar desde el siguiente al de la publicación en el perfil de contratante.”
El Abogado del Estado denuncia que el precepto autonómico es contrario al art. 159 del texto refundido de la Ley de contratos del sector público, que fija en un mínimo de cincuenta y dos días el plazo de presentación de proposiciones en los procedimientos de adjudicación de contratos sujetos a regulación armonizada (apartado primero), plazo susceptible de diversas reducciones (en cinco días “cuando se ofrezca acceso por medios electrónicos a los pliegos y a la documentación complementaria”, en dieciséis y hasta treinta cuando se hubiera enviado el anuncio previo regulado en el art. 141 del texto refundido, y en siete días “cuando los anuncios se preparen y envíen por medios electrónicos, informáticos o telemáticos). En el caso de los contratos no sujetos a regulación armonizada, “el plazo de presentación de proposiciones no será inferior a quince días, contados desde la publicación del anuncio del contrato. En los contratos de obras y de concesión de obras públicas, el plazo será, como mínimo, de veintiséis días.” (apartado segundo). En particular, para el Abogado del Estado, el artículo 159.1 podría ser de aplicación al amparo de lo dispuesto en el último inciso del art. 13.1 del texto refundido de la Ley de contratos del sector público, en la medida en que se trate de contratos subvencionados de acuerdo con el artículo 17, siempre del texto refundido.
Debemos comenzar rechazando la necesidad de contrastar la norma autonómica con el art. 159.1 del texto refundido de la Ley de contratos del sector público pues las cuantías de los contratos subvencionados a las que se refiere el artículo 17 de este mismo texto refundido son en todo caso superiores a las cuantías límite estimadas para los contratos susceptibles de tramitación simplificada de acuerdo con el art. 10.1 de la Ley autonómica. En efecto, esta tramitación puede aplicarse a los contratos de obra de importe estimado inferior a 2.000.000 € y a los contratos de suministro y servicios de valor inferior a 150.000 €, siendo así que los contratos subvencionados del art. 17 del texto refundido de la Ley de contratos del sector público han de superar los 5.186.000 € en el caso de los contratos de obra [art. 17.1 a)] y los 207.000 € los contratos de servicios vinculados a uno de estos contratos de obra [art. 17.1 b)].
El artículo 10.2 f) de la Ley aragonesa recurrida tiene el siguiente contenido:
En el caso de que el licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación hubiera sustituido la presentación de la documentación relativa a la capacidad, representación y solvencia por una declaración responsable, deberá acreditar en el plazo de cinco días hábiles, la posesión y validez de los documentos exigidos.
Estimar parcialmente el presente recurso de inconstitucionalidad y, en consecuencia, declarar inconstitucionales y nulos los siguientes preceptos e incisos de la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de contratos del sector público de Aragón en la redacción impugnada:
El inciso “y simplificados en los que se haya optado por no constituir Mesa de contratación” del artículo 6.1.
El inciso “en el plazo de cinco días hábiles” del artículo 6.2
El artículo 10.2 c).
El artículo 10.2 d).
El inciso “en el plazo de cinco días hábiles” del artículo 10.2 f).
STS 1070/1979, 9 de Junio de 1979