Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-sl-806-2013-41829-de-noviembre-13-de-2013?documento=jurcol&contexto=jurcol_f3434a372357020ee0430a010151020e&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-11-15 17:12:19
Document Index: 113200292

Matched Legal Cases: ['artículo 78', 'artículo 43', 'artículo 88', 'artículo 1', 'artículo 8', 'artículo 132', 'artículo 18', 'artículo 98', 'artículo 2', 'artículo 50', 'artículo 64', 'artículo 305', 'artículo 305', 'artículo 62', 'artículo 7', 'artículo 62', 'artículo 58', 'artículo 62', 'artículo 62', 'artículo 64', 'artículo 132', 'artículo 1', 'artículo 143', 'Artículo 2']

﻿ Sentencia 41829 de noviembre 13 de 2013
SENTENCIA SL 806-2013 DE 13 DE NOVIEMBRE DE 2013
CONTENIDO:LA TERMINACIÓN DE UN CONTRATO DE TRABAJO, SIN CAUSA APARENTE, Y LA SUSCRIPCIÓN DE OTRO CONTRATO DE TRABAJO A LOS POCOS DÍAS, EN LAS MISMAS CONDICIONES DEL ANTERIOR, ES UNA SITUACIÓN QUE DEBE SER ANALIZADA POR LOS JUECES CON CAUTELA Y DETENIMIENTO, PUES LAS REGLAS DE LA EXPERIENCIA ENSEÑAN QUE ESTE TIPO DE SITUACIONES, POR LO GENERAL, TIENEN UN OCULTO ANIMO DEFRAUDATORIO DE LOS DERECHOS DEL TRABAJADOR.
TEMAS ESPECÍFICOS:CONCURRENCIA CON EL CONTRATO DE TRABAJO, CONTRATO DE TRABAJO, SUSTITUCIÓN DEL EMPLEADOR, CLASES DE CONTRATO DE TRABAJO, PASIVOS LABORALES, TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO
Sentencia 41829 de noviembre 13 de 2013
SL 806-2013
Rad. 41829
Resuelve la Corte el recurso de casación interpuesto por Jesús Alberto Díaz Pineda contra la sentencia del 31 de marzo de 2009 proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá dentro del proceso instaurado por el recurrente contra La Fundación Colegio de Inglaterra.
Para los fines que interesan al recurso, cabe decir que el actor promovió proceso para que se declare que entre las partes existió un contrato de trabajo a término indefinido desde el 1º de julio de 1985 al 6 de mayo de 1999, cuando fue terminado por la empresa de manera injusta. Se piden condenas por indemnización por despido injusto; por la suma de $ 7.364.975 por concepto de reajustes de salario integral de los periodos indicados en la demanda; por la suma liquidada por concepto de compensación de vacaciones pendientes de disfrutar al momento del despido; por concepto de diferencias salariales dejadas de pagar durante el tiempo en que desempeñó el cargo de director administrativo de la fundación, según el principio de a trabajo igual, salario igual; y por la indemnización moratoria por el no pago de las acreencias que está reclamando, más los intereses y la indexación.
Pretensiones que fundó el actor, en síntesis, en que laboró para la demandada desde el 1º de julio de 1985 al 6 de mayo de 1999, mediante contrato a término indefinido. Manifestó que desempeñó el cargo de contador y asistente administrativo; que el 15 de julio de 1998, la junta administradora de la fundación lo nombró para el cargo de director administrativo en calidad de encargado, ocupando, según el orden jerárquico establecido en el artículo 78 del reglamento interno de trabajo, el 3º puesto en importancia. Nombramiento que se hizo, según su dicho, conforme a lo previsto para ello en los estatutos de la fundación.
Agregó que el 6 de mayo de 1999, le fue notificada la decisión del empleador de dar por terminado el contrato de trabajo, pero que el motivo del despido fue injusto e ilegal. Que en la comunicación de despido, a pesar de la indicación de las normas sustento de la decisión, no se especificó de manera clara en qué consistió la causa o motivo de la terminación. Anota que él no cometió las faltas graves a que hizo referencia la carta de rompimiento del contrato, pues, según su criterio, en el acta de descargos, él justificó su actuación al aclarar lo sucedido y no se vislumbró su deseo de causarle daño a la empresa, con ocasión de las acreencias laborales de la señora Martínez Suescún.
Informó que él permaneció en el cargo de director administrativo hasta el 7 de octubre de 1998, fecha en que lo asumió otra persona. Que para la época de los hechos, materia de la controversia, él no tenía el cargo de contador asistente administrativo, como se dijo en la carta de despido, pues, para entonces, él se estaba desempeñando como director administrativo, con las funciones previstas en el artículo 43 de los estatutos de la fundación.
Sostuvo que, en la elaboración de la liquidación de prestaciones de la señora Martínez Suescun, intervino no solo él, sino también el presidente, el vicepresidente y el revisor fiscal de la junta administradora, y los asesores externos; no obstante que él tenía la facultad de tomar decisiones que obligaran a la fundación hasta por 500 salarios mínimos, sin consultar a la junta administradora, dijo que, para la mencionada liquidación laboral, tuvo en cuenta las instrucciones de las personas que intervinieron, por lo que la diferencia presentada obedeció a las instrucciones recibidas del presidente y vicepresidente de la junta administradora.
Aclaró que la compensación que él realizó de la liquidación de la señora Martínez con el valor del trotador de la fundación que ella quiso conservar para sí fue por iniciativa de la extrabajadora y que, a su juicio, esto no afectó las prestaciones sociales porque ella tenía salario integral, y tampoco, dijo, le afectó el salario de la última quincena. Tal liquidación, también, fue conocida por el presidente de la junta, quien le ordenó descontar el valor del mencionado bien de la suma que arrojara la liquidación final de la nombrada señora, agregó.
Además, dijo, de haberse cometido la falta, esta tampoco era suficiente para constituir justa causa, en razón a que, en arreglo del literal d) del artículo 88 del reglamento interno de trabajo de la empresa, era indispensable que fuera por tercera vez. Y que era extemporánea debido a que la presunta falta se cometió en julio de 1998 en tanto que la terminación del contrato ocurrió el 6 de mayo de 1999, es decir 10 meses después.
Sobre los extremos de la relación laboral, precisó que la renuncia por él presentada a partir del 31 de agosto de 1994, no produjo efectos jurídicos, dado que, en realidad, él nunca fue desvinculado ni por un solo día. Que nunca fue desvinculado del ISS por terminación del contrato; por tanto no perdió la retroactividad de sus cesantías, y que se debía tener en cuenta todo este tiempo para la indemnización del despido. Que laboró un total de 13 años, 11 meses y 5 días.
En lo que atañe al salario, dijo que fue integral desde el 1º de enero de 1995, cuyo factor prestacional era del 40%, es decir que devengó 14 salarios mínimos mensuales. Que la demandada le adeuda la diferencia salarial del tiempo comprendido del 1º de enero de 1997 al 31 de agosto de 1997, en razón a que el salario mínimo aumentó, por consiguiente, de igual modo la fundación debió aumentar el suyo para conservar los 14 salarios mínimos. Que lo mismo pasó en los años 1998 y 1999.
Manifestó que la fundación le debía 7.5 días de vacaciones de dos periodos que fueron liquidadas pero no disfrutadas; más las diferencias salariales dejadas de pagar por el periodo que desempeñó el cargo de director administrativo.
La demandada aceptó la relación laboral y dijo que esta finalizó por despido con justa causa. Aclaró que entre ellos existieron dos contratos de trabajo totalmente independientes. Que el contrato inicial terminó por renuncia y que fueron canceladas todas las acreencias laborales a las cuales tenía derecho el trabajador. Posteriormente, relató, el actor suscribió un nuevo contrato que fue finalizado a raíz de las faltas graves en que este incurrió en ejercicio de su cargo como contador y asistente administrativo, por haber efectuado un descuento de la liquidación final de prestaciones sociales de la señora Martínez Suescún, el cual no se encontraba autorizado. Por lo anterior, consecuencialmente, se opuso a las pretensiones reclamadas.
Propuso las excepciones de inexistencia de la obligación, enriquecimiento sin causa, prescripción y buena fe.
El a quo absolvió a la demandada de todas las pretensiones.
Al resolver el grado jurisdiccional de consulta, con la sentencia aquí acusada, el Tribunal Superior de Bogotá confirmó la decisión del juzgado.
El tribunal, en primer lugar, tuvo en cuenta que las pretensiones de la demanda se fundamentaban en la declaración de existencia de un solo contrato de trabajo, y seguidamente estableció “...que en el presente caso existieron dos contratos laborales distintos, pues ello es lo que se infiere de las pruebas aportadas como son: copia del contrato de trabajo que suscribieron las partes el 1º de julio de 1985 (fl. 13); comunicación por medio de la cual el actor renunció a la demandada (fl. 35); comunicación por medio de la cual se aceptó la renuncia (fl. 36); certificaciones expedidas por la demandada (fls. 37 a 39); contrato de trabajo suscrito el 1º de septiembre de 1994 (fl. 40); interrogatorio de parte absuelto por el representante legal de la accionada (fls. 64 y 71), en el cual se señala que el demandante ingresó en un primer contrato el 1º de julio de 1985 y se retiró después de haber firmado un segundo contrato el 6 de mayo de 1999, y que el retiro del primer contrato se presentó por renuncia voluntaria al cargo; interrogatorio de parte absuelto por el demandante (fl. 76), en el cual se aceptó haber tenido con la demandada un contrato de trabajo con vigencia entre el 1º de julio de 1985 al 31 de agosto de 1994, fecha en la cual se presentó carta de renuncia, que posteriormente firmó un nuevo contrato, el cual tuvo vigencia hasta el 6 de mayo de 1999, y que recibió la liquidación final de prestaciones sociales a la finalización del contrato de trabajo comprendido entre julio de 1985 y agosto de 1999”.
Tras lo anterior estimó que “se está en presencia de dos vinculaciones laborales con extremos temporales bien definidos y por tanto independientes una de la otra, sin que la parte demandante hubiera probado lo contrario, por lo que las pretensiones relacionadas con la declaración de que la terminación unilateral del contrato fue sin justa causa, y las condenas de pago de la indemnización por despido sin justa causa, del reajuste del salario integral, de vacaciones pendientes, de la diferencia salarial por desempeño de cargo superior, de la indemnización moratoria por el no pago oportuno de las diferencias salariales, de intereses correspondientes causados de las sumas adeudadas, y de la indexación correspondiente, no tienen vocación de prosperidad como acertadamente lo manifestó el juez a-quo, motivo por el cual se confirmará la sentencia de primera instancia”. Para reforzar tal conclusión, invocó la sentencia de esta Sala con radicado 20946 de 2003, donde se constató la existencia de dos contratos.
Por último, anotó que “... si en gracia de discusión se tuviera que las pretensiones de la demanda se edifican sobre la base de un solo contrato y como se determinó la existencia de dos vinculaciones independientes, entrar a analizar las del primer contrato sería inaplicar el principio de la congruencia, dado que no se resolvería de acuerdo a lo pedido en la demanda”.
Solicita se case la sentencia proferida dentro el presente proceso por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., fechada el día 31 de marzo de 2009, por medio de la cual se confirmó en todas sus partes la sentencia emitida por el Juzgado Octavo Laboral de Descongestión del Circuito de Bogotá D.C., para que esta Sala “...revoque la totalidad de la sentencia en consulta, condenando a la parte demanda al reconocimiento y pago de todas y cada una de las pretensiones de la demanda”.
Acusa la sentencia de violar de forma indirecta la ley, al incurrir en errores de hecho manifiestos por dejar de valorar algunas pruebas y por apreciación errónea de otras, todas estas íntimamente relacionadas entre sí, lo que conllevó, según el recurrente, a la no aplicación de normas sustanciales como el artículo 1º, 10, 13, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 24, 27, 43, 45, 47, 54, 55, 57, 58, 59 numeral 9º, 4º, 65, 11O, 115, 127, 128, 132, 134, 142, 143, 145, 146, 148,149,186,187,189 y 198 del Código Sustantivo de Trabajo, 1, 2, 23, 38, 39, 43, 53, 58 de la C.N., 66, C.C.
Estima que se dio el error de hecho manifiesto al tenerse por probado, estándolo, la no solución de continuidad del contrato de trabajo celebrado entre las partes del proceso.
Según el impugnante, la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior de Bogotá se equivocó en la apreciación de las pruebas que sometió a su estudio y, prácticamente, calcó la sentencia de primera instancia, pues, considera que el ad quem no se ocupó en toda su extensión y, por lo tanto, dejó de lado su riqueza probatoria que confirman los hechos de la demanda relacionados con la existencia de un contrato único entre los extremos.
Para demostrar su acusación, el impugnante se remite a la parte considerativa de la sentencia (fl. 646), donde el fallador relaciona las pruebas con una pequeña reseña, las cuales, según el recurrente, le sirvieron para tomar la decisión. Que estas pruebas fueron:
• Copia del contrato de trabajo suscrito por las partes el 1º de julio de 1985 (fl. 13).
• Carta de renuncia suscrita por el demandante (fl. 35). Frente a esta prueba, dice el censor, no se efectuó ningún tipo de análisis y que el juzgador de segundo nivel se limitó a enunciarla como el vehículo de la renuncia, afirma el recurrente.
• Carta de aceptación de renuncia (fl. 36). Igual que con el anterior documento, dice, el análisis se contrae a indicar que es un medio utilizado para aceptar la renuncia.
• Certificaciones de trabajo expedidas por la empleadora (fls. 37,38 y 39). Documentos que, según el recurrente, solo fueron objeto de mención.
• Contrato de trabajo suscrito por las partes el 1º de septiembre de 1994 (que en realidad se firmó el día 23 de enero de 1995) obrante a folio 40. De este medio de prueba le reprocha al juzgador el haber tomado la fecha de su presunta celebración sin percatarse que en realidad la celebración no fue en la fecha enunciada, sino el día 23 de enero de 1995.
• Interrogatorio de parte absuelto por la representante legal de la accionada (fls. 64 a 71). Dice que el tribunal extrajo de dicha prueba que el demandante ingresó en un primer contrato el 1º de julio de 1985 y se retiró después de haber firmado un segundo contrato el 6 de mayo de 1994, y que el retiro del primer contrato se presentó por renuncia voluntaria al cargo.
• Interrogatorio de parte del demandante (fl. 76). Frente a dicha prueba, anota que el juez colegiado dedujo únicamente que el absolvente admitió haber tenido con la demandada un contrato con vigencia 1º de julio de 1985 al 31 de agosto de 1994, fecha en la cual había presentado carta de renuncia, y que, posteriormente, firmó un nuevo contrato, el cual tuvo vigencia hasta el 6 de mayo de 1999.
• Liquidación final de prestaciones sociales.
Como es notorio, manifiesta el recurrente, la apreciación de las pruebas enlistadas y que sirvieron de sustento para el fallo de segunda instancia, es equivocada, y que a tal conclusión se llega al someter al análisis lógico de cada una de ellas y luego conjugarlas entre sí de una manera armónica. Si la Sala hubiera estudiado las pruebas de manera correcta, habría encontrado la suficiente certeza para darle la razón a la parte demandante, en el sentido de la existencia de un único contrato durante toda la relación laboral, sostiene el censor.
Seguidamente dice dar las razones que llevan a la convicción de la existencia de un solo contrato laboral a término indefinido con la fundación, el cual, afirma, fue suscrito el 30 de junio de 1985. Para tal efecto, asevera que dicho contrato empezó a ejecutarse a partir del 1º de julio de ese año (fl. 13). Que, en agosto 31 de 1994, el señor Díaz Pineda, de manera aparente renunció al cargo (la renuncia no tenía el carácter de irrevocable, aclara), según consta en la comunicación vista a folio 35. Que la renuncia no fue simple, pura y espontánea, toda vez que ella está precedida de una discusión al respecto con el empleador, por tal razón en ella se leía “De acuerdo con nuestras conversaciones...”, lo que, en su criterio, significaba que, en la toma de esa decisión, hubo injerencia del empleador, por tanto viciaba ese acto del empleado y debía tenerse como inválida.
Que la demandada, mediante carta fechada un día antes de la presentación de la renuncia, es decir, el 30 de agosto de 1994, aceptó la dimisión del empleado, con la advertencia que la aceptaba a partir del 1º de septiembre de 1994 (fl. 36).
Que, aun cuando existió la renuncia y su aceptación, el señor Díaz Pineda continuó ejerciendo el mismo cargo sin interrupción alguna, al día siguiente, o sea, el 1º de septiembre de 1994 (fecha a partir de la cual la fundación aceptó la renuncia), de lo que se infiere, según la censura, que las manifestaciones de las partes no produjeron efecto jurídico alguno, luego, concluyó, permaneció vigente el contrato firmado el 1º de julio de 1985.
Posteriormente, agrega, se firmó un contrato laboral a término indefinido (fl. 40), para ejercer las mismas funciones, y, en donde, se estipuló que su ejecución empezaba el 1º de septiembre de 1994, lo que, a su juicio, configuraba un imposible jurídico para su cumplimiento, ya que como se sabe, la carta de aceptación de renuncia fue perentoria al expresar que la aceptaba a partir de esta misma fecha. Llama la atención sobre que el contrato antes aludido fue celebrado el 25 de enero de 1995, cerca de cinco meses después de la consabida renuncia y aceptación.
Continuando con el estudio de las pruebas seleccionadas por la Sala del tribunal y que considera mal apreciadas, se refiere a las constancias de trabajo expedidas por la parte demandada (fls. 37, 38 y 39). Estima que dichos documentos tienen la virtud de probar que la misma empleadora estaba consciente, aceptaba y, por lo mismo, le expresaba a los demás que el contrato laboral primigenio, permanecía vigente. Es así como, continúa en su discurso, en la constancia expedida el 22 de junio de 1995, se indicó (fl. 37) que el señor Diaz Pineda laboraba para ella desde el 1º de julio de 1985, que igual cosa sucedió con las constancias expedidas el 1 de octubre de 1996 (fl. 38) y 26 de febrero de 1999 (fl. 39), sin dejar de lado que, en todas, se pone en claro que el actor ocupaba el cargo de contador y asistente administrativo.
Para el recurrente, otra de las pruebas mal apreciadas, es el interrogatorio de parte del actor, de donde, dice, el ad quem solo extrajo lo favorable a la demandada, como es el hecho de aceptar el haber firmado dos contratos durante la vigencia de la relación laboral, pero que se abstuvo de analizar las explicaciones del porqué de su renuncia y firma de un segundo contrato, explicaciones que, enfrentadas con otras pruebas, conducen a la demostración de un solo contrato laboral, sostiene.
Según la censura, mediante esta prueba se puede establecer que la razón de haber firmado el segundo contrato, cuya fecha de inicio se determinó para el 1º de septiembre de 1994, fue debido a que la dirección administrativa de la demandada le manifestó al actor que, por política de la junta administradora del colegio, el debía cambiarse al nuevo régimen de la Ley 50 de 1990, y que, por tanto, le modificaría lo relacionado con la retroactividad de las cesantías. Además, manifestó que la carta de renuncia la presentó por solicitud de las directivas del colegio, razón por la cual en ella comenzó diciendo “De acuerdo con nuestras conversaciones” (respuestas a las preguntas 1 al 5). Que, aunado a lo anterior, el actor manifestó que, a pesar de haber recibido la liquidación, él continuó laborando al día siguiente, que no fue retirado de la seguridad social ni de la caja de compensación y que siguió recibiendo su salario hasta el día 6 de mayo de 1999 correspondiente al cargo de contador y asistente administrativo.
Le critica al juez colegiado el haber incurrido también en error de hecho manifiesto cuando dejó de apreciar las siguientes pruebas debidamente practicadas en el proceso y que, en su criterio, se relacionan en un todo con las seleccionadas por la Sala (fl. 646). Que estas pruebas son complementarias de aquellas, para la demostración de la existencia de un único contrato:
• Testimonio del revisor fiscal de la fundación. Anota el recurrente que en relación con el tema de la existencia de un único contrato, se le interrogó al señor Acero (fl. 87) de sí sabía o le constaba si en alguna oportunidad el señor Díaz se desvinculó de la fundación, a lo cual él respondió que no.
• Testimonio de Madariaga Martínez, quien fuera compañero de trabajo del señor Díaz Pineda. Según el impugnante, a fl.95, este confirmó que el señor Díaz nunca se desvinculó de su trabajo.
• Testimonio del señor Yepes, ex presidente de la junta administradora de la fundación y testigo de la contraparte. La censura lo considera importante porque, en su criterio, fue muy claro al corroborar lo sostenido por el demandante en cuanto a que había sido constreñido por parte del colegio a presentar su renuncia al cargo, por política adoptada por la fundación, en lo que tocaba con la retroactividad de las cesantías, en el sentido de que los trabajadores debían acogerse al sistema de la Ley 50 de 1990. Refiere que el señor Yepes indicó a folio 123: “La política era acogerse a la Ley 50 y esa política se definió antes de que yo entrara a la junta administradora y eso ocurrió hacia el año 1995 entiendo que el caso del doctor Díaz en esa materia tuvo lugar antes de esa fecha. Que a folio 123 y 124, se interrogó al testigo de la siguiente manera: “Durante la vigencia de la relación laboral del señor Díaz Pineda con la Fundación, hubo algún tipo de interrupción en esta? Contesto. Por informaciones que en su momento me dio la directora administrativa se produjo la renuncia del doctor Díaz según lo que dice la Ley 50 y posteriormente siguió su nueva vinculación...”; que, seguidamente, a folio 124 se le preguntó: “Con qué propósito y porque razón inicialmente renuncia el señor Díaz Pineda y posteriormente es vinculado nuevamente? Contestó: lo que le puedo contestar ahí es que en procedimiento de la Ley 50 lo que busca es crear una serie de condiciones que permitan hacer el tránsito del régimen anterior al régimen nuevo”.
Con lo antes dicho, el censor considera demostrados los errores de hecho en que incurrió la segunda instancia al resolver la consulta, por valorar de manera deficiente las pruebas que seleccionó y de las cuales se valió para emitir su veredicto. De igual manera, prosigue, se prueba que cometió un error de hecho manifiesto y grave al dejar de apreciar pruebas obrantes en el plenario que fueron debidamente practicadas y que al ser analizadas armónicamente con las demás, conducen a establecer la verdad que, para el caso, no es otra que la existencia de un único contrato durante la vigencia de la relación laboral. Con las pruebas dejadas de valorar y con las mal apreciadas, según la censura, se establece además que existió un mal proceder por parte de la fundación, quien, en su afán de situar al señor Díaz en el nuevo régimen de cesantías, lo constriñó para que firmara su renuncia y, posteriormente, un nuevo contrato, para aparentar que se trataba de una relación diferente, pero ya bajo el nuevo régimen de cesantías que despojaba al trabajador del beneficio que le representaba la retroactividad de las mismas. Estima suficientemente probado que el nuevo contrato no modificó en nada el firmado el 1º de julio de 1985, pues el objeto y la naturaleza siguieron siendo iguales.
Agrega que la causa que origina el contrato simulado fue la de despojar al trabajador de un derecho como lo era la retroactividad de las cesantías, ya que la política adoptada por la fundación era en ese sentido, como se probó con las pruebas aquí sometidas a estudio. Después de todo lo anterior, concluye que se debe tener el contrato suscrito por las partes el 1º de julio de 1985, como el contrato que realmente existió, en toda su vigencia, en la relación laboral, en aplicación de las posturas jurisprudenciales en ese sentido, de la mano con las que señalan que ante contratos sucesivos existe una relación única.
El antagonista se opone a la prosperidad del recurso diciendo que la demanda presenta errores. No está de acuerdo en que se hubiese acusado la no aplicación de normas sustanciales, porque, según él, lo apropiado en casación era acusar la aplicación indebida; dice que el recurso no atacó la falta de congruencia sobre lo pedido anotada por el tribunal y que tampoco invocó el artículo 8º de la Ley 153 de 1887, para obtener la indexación solicitada. Por último dice que si, en gracia de discusión, se aceptara que hubo un solo contrato, esto era posible en razón a que el actor se trasladó al sistema de salario integral según el artículo 132 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el numeral 4º del artículo 18 de la Ley 50 de 1990, y, en ese momento se debía liquidar la cesantía. Luego, considera, pretender que se pierda todo lo pagado y se haga un nuevo pago de todo es un despropósito.
Sea lo primero advertir por la Sala que el replicante no acierta en los reparos efectuados a la demanda de casación. De acuerdo con los artículos 87 y siguientes del CPT y SS, la jurisprudencia laboral también tiene aceptado que, en asuntos excepcionalísimos, por la vía indirecta se pueda acusar la sentencia por “falta de aplicación” de un precepto, como una modalidad de aplicación indebida, pero solo cuando el error ostensible de hecho, conlleva a que se inaplique la disposición legal que convenía al caso(1).
Así que no se equivocó del todo el censor al optar por esta modalidad de violación, en razón a que, efectivamente, el ad quem no invocó parte de las normas acusadas al negar todas las pretensiones, en tanto las negó por haber establecido la existencia de dos contratos de trabajo “distintos” entre las partes, y no uno solo como lo predicaba el demandante. Por tanto, no se presenta una deficiencia de técnica insalvable.
Al tribunal le fue suficiente la citada premisa fáctica para arribar a la conclusión de que “...las pretensiones relacionadas con la declaración de que la terminación unilateral del contrato de trabajo fue sin justa causa, y las condenas de pago de la indemnización por despido sin justa causa, del reajuste del salario integral, de vacaciones pendientes, de la diferencia salarial por desempeño de cargo superior, de la indemnización moratoria por el no pago oportuno de diferencias salariales, de intereses correspondientes causados de las sumas adeudadas, y de la indexación correspondiente, no tienen vocación de prosperidad como acertadamente lo manifestó el juez-aquo, motivo por el cual se confirmará la sentencia de primera instancia”.
Es decir, para el juez colegiado, por haber asentado que hubo dos contratos y no uno solo, como lo invocaba el actor, las demás pretensiones no tenían probabilidad de llegar a buen término, pues “...entrar a analizar las del primer contrato sería inaplicar el principio de la congruencia, dado que no se resolvería de acuerdo a lo pedido en la demanda”.
Por tanto, para controvertir el fallo bastaba con dirigir el ataque contra el sustento de la decisión, es decir, a derribar la premisa fáctica sobre la existencia de dos contratos asentada por el tribunal, y así lo hizo la censura, sin que fuera necesario, como lo aduce el opositor, incluir en la acusación la transgresión de los artículos 305 del Código de Procedimiento Civil y el 145 del Código Procesal Laboral, para atacar el principio de congruencia al que aludió el tribunal, como argumento secundario para absolver.
Sirve recordar también que el recurso extraordinario de casación tiene como finalidad el control de legalidad de la sentencia, por lo que el contenido de esta delimita el tema de la demanda de casación. Por esta razón, en el presente caso, no se requería incluir en la demanda análisis alguno respecto a la indexación, ni sobre la liquidación final de prestaciones, pues el ad quem no se pronunció al respecto. Así las cosas, tampoco tiene razón el replicante al glosar el recurso por no haberlo hecho así.
Igualmente se precisa, en arreglo al historial del proceso, que ni en el petitum de la demanda mediante la cual se inició el proceso, ni en la demanda de casación, el actor está reclamando una nueva liquidación de cesantías ni de otras prestaciones sociales, como equivocadamente lo entiende el antagonista del recurso. Las pretensiones adicionales a la declaratoria de una única vinculación laboral se reducen a la indemnización por despido injusto que dice haber sufrido, la compensación de las vacaciones, el reajuste del salario integral, la diferencia salarial por el desempeño de cargo superior, la indemnización moratoria por el no pago oportuno de las diferencias salariales, los intereses respectivos y la indexación de las sumas adeudadas.
En lo que concierne al recurso de casación, el censor se duele de que el ad quem no dio por probada “...la no solución de continuidad del contrato de trabajo” celebrado entre las partes, a pesar de estarlo.
Las inferencias fácticas tomadas por el ad quem que le sirvieron de sustento para determinar la existencia de dos contratos de trabajo “distintos” entre las partes, fueron:
“...en el presente caso existieron dos contratos laborales distintos, pues ello es lo que se infiere de las pruebas aportadas como son: copia del contrato de trabajo que suscribieron las partes el 1 de julio de 1985 (fl. 13); comunicación por medio de la cual el actor renunció a la demandada (fl. 35); comunicación por medio de la cual se aceptó la renuncia (fl. 36); certificaciones expedidas por la demandada (fls. 37 a 39); contrato de trabajo suscrito el 1º de septiembre de 1994 (fl. 40); interrogatorio de parte absuelto por el representante legal de la accionada (fls. 64 y 71), en el cual se señala que el demandante ingresó en un primer contrato el 1º de julio de 1985 y se retiró después de haber firmado un segundo contrato el 6 de mayo de 1999, y que el retiro del primer contrato se presentó por renuncia voluntaria al cargo; interrogatorio de parte absuelto por el demandante (fl. 76), en el cual se aceptó haber tenido con la demandada un contrato de trabajo con vigencia entre el 1º de julio de 1985 al 31 de agosto de 1994, fecha en la cual se presentó carta de renuncia, que posteriormente firmó un nuevo contrato, el cual tuvo vigencia hasta el 6 de mayo de 1999, y que recibió la liquidación final de prestaciones sociales a la finalización del contrato de trabajo comprendido entre julio de 1985 y agosto de 1999 (sic)”.
Ciertamente, como lo dice el recurrente, el juez colegiado no tuvo en cuenta que, conforme a los dos contratos de trabajo que aparecen suscritos por las partes y la carta de renuncia del primero y su aceptación, (fls.13, 35, 36, 40), el actor prestó labores para la demandada a partir del 1º de julio de 1985, sin interrupción alguna, hasta el 6 de mayo de 1999.
Según el folio 13, el contrato de trabajo celebrado entre las partes inició el 1º de julio de 1985, en la ocupación de contador; el 31 de agosto de 1994, el actor presentó renuncia al cargo de contador y asistente administrativo, la cual le fue aceptada por la empleadora con carta fechada 30 (sic) de agosto del mismo año, con efectos a partir del 1º de septiembre de 1994; sobre la incongruencia de las fechas, la Sala estima que no fue más que un error intrascendente.
No obstante la renuncia y su aceptación, según la documental de folios 40, se tiene que el actor siguió laborando, sin interrupción, dado que, el 25 de enero de 1995, las partes firmaron otro contrato de trabajo con “fecha de iniciación de labores” 1º de septiembre de 1994, para ocupar el cargo de contador y asistente administrativo, igual cargo al que venía desempeñando desde el inicio.
La jurisprudencia de esta Sala tiene enseñado que, en casos de la firma de varios contratos de trabajo sucesivos entre las mismas partes, los jueces deben ser muy cautelosos en el examen de las pruebas para establecer la unidad de la relación laboral, ya que es bien conocido que, no pocas veces, las empresas han adoptado estas prácticas llevadas por el ánimo de restar antigüedad en el servicio del trabajador, bien para favorecerse en la liquidación de las cesantías o para beneficiarse al momento de ejercer la potestad de dar por terminado unilateralmente el contrato de trabajo. Ilustra rememorar lo dicho por esta Sala al respecto en la Sentencia 37435 del 15 de marzo de 2011.
“No desconoce la Corte que ciertamente la terminación de un contrato de trabajo, sin causa aparente, y la suscripción de otro a los pocos días, en las mismas condiciones del anterior, debe ser analizada con cautela y detenimiento por los jueces, pues las reglas de la experiencia enseñan que ese tipo de situaciones, por lo general, tienen un oculto ánimo defraudatorio de los derechos del trabajador.
Si el ad quem hubiese seguido el derrotero ya trazado de tiempo atrás por la jurisprudencia de cara al tema, una lectura juiciosa de las mencionadas pruebas le habría bastado para darse cuenta que la relación laboral que existió entre las partes no tuvo ni un día de interrupción; que la renuncia y su aceptación, en agosto de 1994, fueron aparentes, pues dada la evidente continuidad de la prestación del servicio por el trabajador en el mismo cargo, y al haberse firmado, en la segunda oportunidad, contrato a término indefinido al igual que al inicio, se descarta, sin duda, un ánimo real de las partes, en ese entonces, de ponerle fin a la relación laboral a finales de agosto de 1994. Apreciación que se corrobora con las constancias de trabajo expedidas por la propia fundación, obrantes a folios 37 a 39, que si bien fueron mencionadas por el ad quem, este ignoró abiertamente las manifestaciones del exempleador, siempre uniformes, de que el actor se desempeñó en dicha institución, en el cargo de contador y asistente administrativo, desde el 1º de julio de 1985 hasta la fecha de su expedición. Tales certificaciones fueron expedidas el 22 de junio de 1995, 1º de octubre de 1996, 26 de febrero de 1998, es decir, después de la firma del segundo contrato.
Así las cosas, salta a la vista que el ad quem cometió un desacierto mayúsculo al decir que entre las partes existieron “dos contratos laborales distintos”, en el sentido de que hubo dos relaciones laborales, pues las pruebas señaladas por el recurrente indican, por el contrario, la unicidad de la relación laboral entre las partes.
El interrogatorio de parte absuelto por el actor al que también hizo alusión el ad quem para extraer información en su contra, no indica nada distinto. Al responder a la pregunta primera de si era cierto que él tuvo un contrato de trabajo con la fundación del 1º de agosto de 1985 al 31 de agosto de 1994, el demandante manifestó “Sí, inicialmente tuve, este contrato el cual fue cambiado el 1º de septiembre de 1994, debido a que la dirección administrativa me manifestó que por política de la junta administradora del colegio debía cambiarme al nuevo régimen de la Ley 50 de 1990, que modificaría lo relacionado con la retroactividad de las cesantías, razón por la cual el día 31 de agosto elaboré mi carta de renuncia a este contrato de la cual no recibí ninguna respuesta, si no un nuevo contrato a término indefinido, con fecha 1º de septiembre de 1994”. Al preguntársele si era su firma la que aparecía en la respuesta a la renuncia que se le puso de presente, el extrabajador respondió que sí era su firma de recibido de una carta de respuesta de renuncia de fecha 30 de agosto, y agregó que con esta no se le pudo responder la de él ya que él la había presentado el 31 de agosto. Igualmente, admitió haber recibido la liquidación de prestaciones sociales a 31 de agosto de 1994, pero, enseguida, añadió que se dejó pendiente, de acuerdo con lo conversado con la dirección administrativa, “la antigüedad que llevaba en el colegio, la cual no se modificaría, pues al día siguiente continué laborando y no fui retirado de la seguridad social ni de caja de compensación y mi salario se siguió pagando hasta el día 6 de mayo de 1999” (fl. 77).
De la citada diligencia se desprende que el actor admitió haber presentado renuncia el 31 de agosto de 1994, pero, según él, no con el fin de ponerle término a la relación laboral, pues, de inmediato agregó que él siguió laborando sin interrupción; dicho este que concuerda plenamente con la firma del segundo contrato a partir del 1º de septiembre siguiente.
Según el absolvente, la renuncia y la firma del segundo contrato se hicieron por política de la entidad para acogerse al régimen de cesantías de la Ley 50 de 1990, con la modificación de la retroactividad de estas.
La explicación dada por el actor acerca del porqué firmó el segundo contrato, luce razonable, pues, ciertamente, en virtud de su fecha de ingreso a la fundación (jul. 1º/85), cada aumento de salario del actor tenía efectos retroactivos en la liquidación de sus cesantías conforme al régimen vigente aplicable para entonces; y con la expedición de la mencionada Ley 50 de 1990, vigente desde el 1º de enero de 1991, se expidió un nuevo régimen de cesantías, cuyas características fueron la eliminación de la retroactividad, al establecer la liquidación anual de esta prestación y su consignación antes del 14 de febrero de cada año en el fondo que elija el trabajador. Este nuevo régimen de cesantías se podía aplicar a los trabajadores con contrato de trabajo vigente para la fecha en que la precitada ley comenzó a regir, siempre y cuando manifestaran su deseo de acogerse al nuevo sistema de liquidación (L. 50/99, par. del art. 98). Y, de tomarse esta decisión por el trabajador, el empleador procedía a realizar la liquidación definitiva del citado derecho, para comenzar con el nuevo procedimiento, “sin que por ello se entienda terminado el contrato de trabajo”(2).
La mencionada explicación del actor también guarda coincidencia con lo dicho por el señor Yepes; este testimonio fue objeto de comentario por el impugnante para censurar que no fue apreciado por el juzgador de segundo grado, y que, en esta oportunidad, puede ser examinado por la Sala, en razón a que se comprobó la errada valoración de las pruebas calificadas conforme a lo atrás dicho.
El deponente señor Yepes, quien según su propia versión y como lo dijo el demandante, su conocimiento de los hechos fue en razón a que ha sido miembro de la junta administradora del colegio, motivo que estima la Sala suficiente para darle credibilidad a su dicho, declaró que la fundación, en lo que tocaba con la irretroactividad de las cesantías de la Ley 50 de 1990 y la situación del demandante sobre el particular, adoptó la política de que este debía acogerse a la referida ley, que “...esa política se definió antes de que yo entrara a la junta administradora y eso ocurrió hacia el año 1995 entiendo que el caso del doctor Díaz en esa materia tuvo lugar antes de esa fecha.” (fl. 125). Y al preguntársele si la relación laboral del actor tuvo algún tipo de interrupción, respondió que “por informaciones que en su momento me dio la directora administrativa se produjo la renuncia del doctor Díaz según lo que dice la ley 50 y posteriormente según los procedimientos del caso se siguió su nueva vinculación, hasta ahí tengo conocimiento, no sé de fechas”. Y, finalmente, a la pregunta de cuál fue el propósito de la renuncia del actor y su vinculación, de nuevo manifestó que “lo que puedo contestar ahí es que en (sic) procedimiento la Ley 50 lo que busca es crear unas sería (sic) condiciones que permitan hacer el tránsito del régimen anterior al régimen nuevo, ya sobre mecaniza (sic) operativa yo prefiero no hacer más comentarios, salvo que era la responsabilidad de la directora administrativa de la época y del doctor Díaz quien además del (sic) ser el segundo de a bordo de la dirección administrativa, pero además doliente del tema, hacer las cosas conforme a la ley”.
En fin, todas las pruebas acabadas de examinar por la Sala, en atención a las acusaciones del recurrente, son contestes en indicar que el actor laboró para la demandada desde el 1º de julio de 1985 hasta el 6 de mayo de 1999, sin interrupción alguna en la prestación del servicio, y en el mismo cargo, por lo que fue abiertamente equivocada la premisa establecida por el ad quem de que entre las partes existieron dos contratos laborales distintos.
Por tanto, el cargo prospera y el fallo absolutorio queda sin sustento al venirse abajo la premisa fundamental que le servía de sostén.
Sin costas en el presente trámite dado que el recurso cobró éxito.
De lo anterior sigue el examen de la sentencia de primera instancia, en el grado jurisdiccional de la consulta.
Grado jurisdiccional de consulta:
De la existencia de un solo contrato:
Lo dicho en sede de casación dejó claro que entre las partes existió una sola relación laboral, vigente desde el 1º de julio de 1985 hasta el 6 de mayo de 1999, en virtud de la cual el actor desempeñó el cargo de contador y asistente administrativo. Su renuncia presentada el 31 de agosto de 1994, en realidad se hizo con el propósito de acogerse al nuevo régimen de cesantías establecido en la Ley 50 de 1990, lo cual era posible en los términos del parágrafo del artículo 98 ibídem, sin que el cambio de régimen produjera automáticamente la terminación del vínculo, como lo prevé el artículo 2º del D.R.1176 de 1991; por tanto se tiene que, entre las partes, existió una única relación laboral con duración de 13 años, 10 meses y 6 días.
Esta Sala no comparte el proceder del a quo, quien decidió absolver de las pretensiones de condena de la demanda, sin más análisis, tan pronto determinó, según su criterio, que entre las partes existieron dos relaciones laborales y no una sola como lo predicó la parte actora, por haber estimado que si bien, en virtud del artículo 50 del CPL, el juez de primera instancia tiene facultades extra y ultra petita para resolver, “...nunca puede plantearse situación contraria, valga decir, resolver las pretensiones cuando estas adolecen de sustento fáctico, se fundan en presupuestos que debidamente probados resultan contrarios, o corresponden a una situación diferente de la expresamente querida por el accionante, pues ello equivaldría no solo limitarle la posibilidad de promover otro proceso, sino subvertir el ordenamiento jurídico de congruencia de la sentencia ya referido, ya que el juez como director del proceso debe ceñirse a lo planteado por las partes, pero nunca entrar a considerar o suponer cual puede ser el soporte de las súplicas para despacharlas”.
Como se expondrá a continuación, no habían tales razones para absolver de las pretensiones de condena, sin haberlas estudiado con base en los extremos establecidos por el a quo.
En la demanda, el actor reclama, en el mismo orden principal en que solicita la declaración de existencia de un solo contrato de trabajo, también los reajustes del salario integral por incrementos del salario mínimo legal de los periodos del 1º de enero hasta el 31 de agosto, de los años 1997, 1998 y 1999; la compensación de las vacaciones que estaban pendientes por disfrutar al momento del despido, de los periodos comprendidos del 1º de septiembre al 31 de agosto de los años 1995, 1996 y 1997; las diferencias salariales dejadas de pagar durante el tiempo en que se desempeñó en el cargo de director administrativo de la fundación, según el principio de a trabajo igual, salario igual; más la indemnización moratoria por el no pago oportuno de los faltantes salariales y la indemnización por despido.
Ninguna de las anteriores pretensiones dependía directamente de la declaratoria de existencia de un solo contrato de trabajo, como para decir que quedaron sin sustento fáctico con la conclusión arribada por el a quo sobre la ocurrencia de dos contratos de trabajo entre las partes, el primero desde el 1º de julio de 1985 hasta el 31 de agosto de 1994, y, el segundo, desde el 1º de septiembre de 1994 hasta el 6 de mayo de 1999. Justamente, las citadas pretensiones corresponden a los años 1995 y siguientes hasta mayo de 1999, y en nada incidía para su reconocimiento el que, supuestamente, existiera un segundo contrato desde el 1º de septiembre de 1994 hasta el 6 de mayo de 1999, y no uno solo desde el 1º de julio de 1985. Menos, la citada conclusión podía tener incidencia cuando el mismo juzgador le había dado la razón al demandante en cuanto a la fecha del último día de servicio prestado por el actor a la fundación, 6 de mayo de 1999.
Frente a la procedencia de la indemnización por despido, en este caso no tenía repercusión el que hubiesen sido dos contratos de trabajo y no uno solo, para determinar si la finalización unilateral del vínculo por parte de la fundación fue justa o no, pues la justa causa invocada por la empresa no dependía de la declaratoria de una sola relación laboral; tampoco, se está reclamando, como reparación del despido, la compensación correspondiente a más de 10 de años de servicios continuos al 1º de enero de 1991; es más, ni siquiera, conforme al tenor de los hechos esbozados por el actor en la demanda, el actor reunió los 10 años de servicio a esa fecha; aunado a todo esto, que el actor solo está interesado en la respectiva indemnización tarifada del artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, cuyo contenido, en este caso, es el que estaba vigente al momento de la terminación del contrato de trabajo.
Si bien, efectivamente, la premisa fáctica asentada por el a quo afectaba la liquidación de la indemnización por despido, en razón a que los extremos del segundo contrato implicaban un tiempo de servicio menor al invocado por el extrabajador, nada obstaba para realizar el cálculo de tal condena y ordenar su pago a cargo de la demandada.
En lo que toca a la condena por indemnización por despido en el caso de que los extremos de la relación laboral sean distintos a los señalados por la parte actora y, por tanto, resultare un tiempo de servicio menor al indicado en la demanda, la jurisprudencia laboral tiene precisado que esta situación no es óbice para que el fallador de instancia pueda dictar un fallo infra petita. Sirve rememorar esta vez la Sentencia 17215 de 2001, cuya posición al respecto fue reiterada en la Sentencia 38182 de 2011:
“La consonancia contemplada en esta norma (CPC art. 305) es una regla que orienta la decisión que debe adoptar el juez, pues le señala la obligación de estructurar su sentencia dentro del marco que conformen las partes con los planteamientos que hagan en sus escritos de demanda y de contestación.
Para que la sentencia sea consonante, el juez debe ajustarse a los postulados que las mismas partes le fijan al litigio y por eso no puede resolver más allá ni por fuera de lo pedido, pues de hacerlo incurriría, en el primer caso, en un pronunciamiento ultra petita y en el segundo, en uno extra petita. Tal limitación no existe en el proceso laboral que contempla para el juez la posibilidad de hacerlos dentro de ciertos requisitos.
Pero la norma bajo estudio no proscribe decidir por debajo de lo pedido de modo que, cuando las partes logran probar menos de lo que pretenden, la decisión que acoja el derecho dentro de esos parámetros inferiores, no se sale de los hechos básicos y por tanto el juez debe reconocer lo que resulte probado y denegar lo demás. En este caso la resolución es infra o minus petita y está dentro del marco previsto por el artículo 305.
El fundamento esencial de la demanda no cambia cuando los hechos del juicio indiquen que el tiempo de servicios fue inferior al que se alegó en la demanda, que en últimas es lo que ocurrió en este proceso frente a algunas de las pretensiones, por lo que debe concluirse que el tribunal aplicó indebidamente el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, al negarse a estudiar las pretensiones por encontrar que entre las partes se habían estructurado dos contratos de trabajo independientes y que el último no correspondía a los límites o extremos temporales señalados en la demanda inicial”.
Precisado lo anterior, lo que sigue es el estudio de las pretensiones de la demanda con base en los extremos de la única relación ya establecida.
De los motivos de terminación unilateral del contrato:
El actor afirma que el despido sufrido fue sin justa causa, en primer lugar, porque, a pesar de que en la carta se citaron las normas que le sirvieron de sustento a la empresa para tomar la decisión, en dicha comunicación no se especificó en qué consistió la justa causa o motivo.
Es bien sabido, conforme lo tiene enseñado esta Sala, en aplicación del parágrafo del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, que le es suficiente al empleador, al comunicar la decisión al trabajador, individualizar por escrito los hechos que dieron lugar a la justa causa para el despido, pues lo que se persigue con lo dispuesto en el citado Parágrafo es el que la empresa no pueda alegar, posteriormente, motivos distintos. Según el texto de la carta de despido allegada al proceso, folios 17 y siguientes, la fundación así lo hizo, por lo que no tiene razón el actor sobre este punto.
En carta de fecha 6 de mayo de 1999, la demandada le manifestó al actor que, en el mes de julio de 1998, cuando él se desempeñaba en el cargo de contador y asistente administrativo, con la responsabilidad del manejo de toda la parte de personal, él preparó y elaboró la liquidación final de acreencias laborales de la Sra. Martínez Suescúm, quien se venía desempeñando en el cargo de directora administrativa del colegio.
Seguidamente, le reprochó que, no obstante haberse aprobado tal liquidación por los abogados externos de la fundación y por la junta administradora, cuyo valor neto ascendió a $ 12.056.240, él decidió, de manera inexplicable y negligente, y sin aprobación de la extrabajadora, descontar de la citada liquidación un valor por concepto de trotador Weslo Eléctrico 81; que, inclusive, según versión de la citada señora, ella le había advertido que no autorizaba el citado descuento.
También le enrostró que “tales descuentos” los efectuó directamente sobre los comprobantes de pago y que no hizo mención de estos en el formato de liquidación de prestaciones sociales; lo que, en su criterio, constituía una verdadera irregularidad e impedía el control y supervisión de los asesores externos y de los directivos de la fundación en cumplimiento de lo dispuesto por la junta administradora.
La fundación consideró inexplicable toda esta situación, dado que él había recibido instrucciones precisas y expresas de los señores Yepes y Acosta, miembros de la junta administradora, en el sentido de que, para hacer efectivo el descuento, se requería autorización escrita por parte de la señora Martínez, tal y como él lo había aceptado en la diligencia de descargos.
Adicionalmente, en la carta de retiro, la empresa le hizo saber que no le fueron aceptadas las explicaciones dadas por él en la diligencia de descargos, “pues bajo su responsabilidad directa y personal, en consideración a su cargo, estaba la de velar por el cumplimiento de las normas y procedimientos relacionados con el pago de las prestaciones y acreencias laborales de los funcionarios del Colegio y en especial en el caso de la señora Martínez Suescúm, por la especial importancia que este tenía para el colegio”.
Finalmente, la fundación también le hizo saber al actor que los hechos antes relacionados “evidencian una grave irregularidad de su parte, pues sin tener autorización para ello y a pesar de las instrucciones de la junta administradora, efectuó unos descuentos en forma ilegal y en contra de la voluntad de la señora Martínez Suescúm, situación que le puede causar graves perjuicios al colegio. Todo lo anterior es motivo más que suficiente para terminar su contrato con justa causa, de conformidad con los numerales 2,4 y 6º del literal a) del artículo 7º del Decreto 2351 de 1965, norma que subrogó el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, en concordancia con el numeral 1º del artículo 58 del Código Sustantivo del Trabajo”. (Fl.18).
De acuerdo con lo anterior, los motivos del despido fueron claramente delimitados en su oportunidad por la fundación, por tanto, contrario a lo dicho por el accionante, la forma en que se comunicó el despido sí se ajustó a los parámetros establecidos en el parágrafo del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo.
El extrabajador también se defiende diciendo que él no cometió “las faltas graves” a que se refiere la nota de terminación del vínculo, en el sentido que da entender que hubo pluralidad de faltas.
Tal argumento del actor es intrascendente, pues, según la carta de despido, es claro que la fundación justificó su decisión de terminar el contrato de trabajo con base en la situación relacionada con el descuento de una suma en la liquidación de prestaciones de la exdirectora administrativa del colegio, realizado sin autorización de la afectada; tal situación está conformada por una pluralidad de sucesos y fue tipificada por la fundación en varios numerales de la parte a) del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo.
En los hechos de la demanda, no se niega el que el actor hubiese realizado el mencionado descuento, sino que se intenta justificar diciendo: “la diferencia que se presentó en la liquidación de las acreencias laborales de la antes directora administrativa de la fundación, y el pago final efectuado a esta obedeció a las instrucciones que mi representado recibió por parte del doctor...Yepes, Presidente de la Junta Administrara (sic), y del vicepresidente de la misma,... Acosta”; que fue el mencionado presidente de la junta quien le informó a él acerca de que la exdirectora tenía en su poder un trotador de propiedad del colegio, y le dio la instrucción de investigar al respecto; que una vez le confirmó al presidente la veracidad de tal información, este le dio la orden de realizar el descuento del valor del bien.
Es de anotar sobre tal punto que la representante legal de la fundación, en la diligencia de interrogatorio de parte (fls. 64 y s.s.), admitió que el descuento en cuestión fue por concepto del trotador Weslo eléctrico 81, de propiedad de la empresa, el cual la exdirectora administrativa lo tenía en su residencia para su uso personal (fl. 69). Igualmente, de su declaración se desprende que el actor realizó la referida liquidación, en su calidad de contador y asistente administrativo, cuando fue encargado de la dirección administrativa.
En lo que atañe a la justificación dada por el extrabajador de que el descuento fue ordenado por la junta a través de su presidente, la representante legal de la demandada, en la mencionada diligencia de interrogatorio de parte, dijo que la deducción fue realizada con el desconocimiento de la orden de la junta “en el sentido de exigirle a la mencionada señora la carta de autorización antes de hacer el descuento” (fl. 64), y para corroborar su dicho dijo que el actor así lo había confirmado en el acta de descargos.
Efectivamente, el extrabajador, en los descargos (fl. 22), manifestó que “Telefónicamente puse en conocimiento de tales descuentos tanto al doctor Yepes presidente de la junta como al doctor Acosta, Vicepresidente, quienes me dijeron que era necesario obtener a parte de la autorización telefónica una autorización escrita por estos descuentos por lo que volví a hablar con el revisor fiscal, doctor Francisco Acero quien quedó de obtener el documento”.
De lo anterior bien se puede inferir que la junta le ordenó al actor hacer la mencionada deducción, sin embargo sobre la instrucción expresa de que se requería carta de autorización de la citada extrabajadora antes de realizarla, a la que alude la demandada como incumplida, no se tiene certeza de que fue dada, por cuanto, según el acta de descargos a la que remite la representante de la empresa para corroborar su dicho, el actor sí admitió que le dieron la instrucción de obtener la carta de autorización, pero que esta fue dada cuando le comentó al presidente de la junta que ya lo había hecho, es decir cuando ya el descuento era un hecho cumplido.
En todo caso, la omisión del actor acabada de comentar sí dejaba mucho que desear; estima la Sala que el extrabajador, dados sus años de experiencia en el cargo de contador y asistente administrativo, debía tener presente que, en desarrollo del postulado de la buena fe y para efectos probatorios, cualquier deducción que fuera hacer en el pago de la liquidación definitiva de un contrato de trabajo, así no comprometiera salarios ni prestaciones sociales como él lo alega en su defensa y se puede constatar en la respectiva liquidación, era conveniente contar con la autorización escrita de la respectiva trabajadora para contrarrestar futuras reclamaciones; no obstante, el actor no tomó todas las precauciones propias del cargo de director administrativo que estaba ocupando, para obtener la respectiva aprobación de la extrabajadora, pues así lo indica su dicho en la diligencia de descargos (fls. 19 y s.s.), cuando, al referirse al tantas veces aludido descuento, este admitió que “No fue autorizado por escrito ya que el revisor fiscal se comprometió a entregar la liquidación en la casa de la ex directora administrativa y obtener dicha autorización” (fl. 20).
Conforme a lo acabado de exponer, en principio, se podría decir que el comportamiento del extrabajador daba visos de haber incurrido en la justa causa invocada por la empresa; sin embargo, el apoderado del actor, en la demanda, también refuta la justeza del despido diciendo que “ante la hipótesis de que mi cliente hubiera cometido la falta, la decisión de dar por terminado el contrato de trabajo en forma unilateral por parte del empleador, es extemporánea, debido a que la presunta falta se cometió en julio de 1999, y la terminación se produjo el día 6 de mayo de este año, es decir, 10 meses después”.
De la falta de inmediatez entre la justa causa y el despido:
De tener razón la parte actora sobre este aspecto, en todo caso, la justa causa se desvanecería, pues la extemporaneidad de la decisión rompe el nexo causal que debe existir entre el motivo alegado por la empresa y la terminación unilateral del vínculo.
Es bien sabido que sin el requisito de la conexidad entre la justa causa y la decisión de despido, la terminación del contrato se torna injusta.
Según el comprobante de egreso visible a folio 27 del plenario, el pago de la liquidación del contrato de la exdirectora administrativa fue realizado el 29 de julio de 1998, fecha en la cual se consumó la deducción del valor del equipo trotador por parte del actor, sin la autorización de la extrabajadora.
La representante legal de la demandada, cuando se le preguntó el por qué, si el hecho invocado para el rompimiento del contrato se presentó el 29 de julio de 1998, solo hasta el 6 de mayo de 1999, la empresa decidió terminarle el contrato de trabajo al actor, intenta justificar el prolongado transcurso del tiempo sin la toma de tal decisión con la versión de que el actor, siendo “el jefe o el responsable más bien del manejo del personal se cayó, o sea no dijo nada”; que cuando ella asumió el cargo el 7 de octubre de 1998, el actor no le había comentado nada del descuento; que fue solo hasta el mes de abril de 1999, a raíz de la conversación sostenida con su secretaria, que ella le pidió al actor la carpeta de la anterior administradora y encontró que este le había realizado unos descuentos en la liquidación definitiva sin estar, por ningún lado, la carta de autorización.
Pero lo dicho por la representante de la fundación no concuerda con la información registrada en las actas de la junta, como seguidamente se expone.
En las copias de las actas de junta allegadas al proceso, de folios 267 al 488 del plenario, observa la Sala que el actor, en calidad de director administrativo encargado (desde jul. 15/98), le informó a la junta administradora del colegio, el 4 de agosto de 1998 (fl. 280), “que la directora administrativa saliente, (...), ha firmado los libros de actas y recibió su liquidación final de prestaciones sociales”; que, en reunión del 25 de agosto de 1998 (fl. 303), el Presidente de la junta solicitó al director administrativo encargado conseguir el soporte de los descuentos que figuran en la liquidación de prestaciones de la señora Martínez; que, tres meses después, en la sesión del 1º de diciembre de 1998 (fl. 379), la entrante directora administrativa informa a la junta que “en relación con el descuento a ...Martínez de un implemento deportivo en su liquidación final, se acordó actuar de acuerdo con la recomendación del doctor Charria y proceder a consignarle dicho valor en la Caja Agraria”; que, nuevamente, el 6 de abril de 1999 (fl. 415), la misma directora informa “que revisó la liquidación realizada a la anterior administradora, Myriam Martínez y encontró que el valor girado no concordaba con la liquidación elaborado por el asesor laboral del colegio, el doctor... Charria. Dicha inconsistencia radica en que el contador Alberto Díaz, le descontó $ 745.000 correspondientes a una deuda adquirida por la señora Martínez con Foncoli y el valor de un trotador, que si bien fue comprado con dineros de la Fundación, lo empleaba la exfuncionaria en su hogar. Dichos descuentos no están soportados por una autorización escrita por parte de... Martínez. La actual administración ha elevado consultas al bufete del abogado Charria para decidir sobre la conveniencia de hacerle un reintegro de los dineros descontados y que no concuerdan con la liquidación”.
Conforme a lo registrado en las actas y observado hasta aquí, no hay duda de que la junta administradora, al menos desde el 25 de agosto de 1998 (no hay evidencia de una fecha exacta anterior), tuvo conocimiento del descuento practicado en la liquidación de la exdirectora sin la autorización respectiva; y llama la atención de la Sala que, en ese entonces, no se dejó constancia alguna de que la junta le hubiese reprochado al director encargado el haber realizado el citado descuento en la forma como lo hizo, pues solo aparece que el presidente se limitó a solicitarle la consecución de tal soporte.
Esta Sala estima que no es congruente la trascendencia atribuida por el empleador en el texto de la carta de despido de fecha 6 de mayo de 1999 a lo sucedido, con la pasividad de la junta en la sesión del 25 de agosto de 1998 atrás comentada. Igual consideración merece la reacción de la junta cuando la nueva directora administrativa, en la sesión del 1º de diciembre siguiente, trató el tema del descuento de un implemento deportivo en la liquidación de la señora Martínez, y, esa vez, solo acordó reintegrar dicho valor a la exdirectora mediante consignación en la Caja Agraria.
Para acrecentar la falta de coherencia, es evidente que la instrucción dada en la sesión del 1º de diciembre de 1998 no se llevó a cabo, pues, en el acta de la sesión del 6 de abril, se lee que la misma directora administrativa, como si no se hubiera tratado el tema antes, nuevamente informa sobre el descuento realizado en la liquidación de la exdirectora y de la consulta jurídica elevada para decidir sobre la conveniencia de hacerle el reintegro de los dineros descontados; ante lo cual, la junta, sin dejar constancia sobre qué pasó con lo decidido en sesión del 1º de diciembre del año anterior, dispuso esperar las recomendaciones del abogado y atender su concepto.
Es hasta el 13 de abril de 1999 (fl .424), según el acta respectiva, cuando la junta solicita consultar al abogado, puntualmente, sobre la responsabilidad que recaía en el demandante, en su calidad de encargado de la dirección administrativa en el momento de la liquidación en cuestión, por la irregularidad presentada. Y el 27 de abril siguiente, pidió acudir, otra vez, al abogado para que les indicara si lo sucedido se podía invocar como justa causa de despido.
Finalmente, el 4 de mayo de 1999 (fl. 443), la junta decidió pasarle la carta de despido al actor, una vez fue enterada de que este se había negado a renunciar por solicitud de la empresa, decisión que le fue comunicada al extrabajador el 6 de mayo siguiente.
De lo anterior se desprende que la empresa, sin un motivo razonable, se tomó un poco más de 8 meses para ordenar el despido, contado este tiempo desde que se tiene la certeza que la junta tuvo conocimiento del tan mentado descuento sin autorización, es decir desde el 25 de agosto de 1999.
Esta Sala no desconoce que hay eventos complejos que ameritan una extensa investigación para esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos; sin embargo, este no es el caso, pues tales circunstancias fueron conocidas al instante por la fundación, a través de su junta directiva, y, de acuerdo con el itinerario de lo actuado por el empleador atrás establecido, no cabe justificación alguna que, con la nueva directora en ejercicio desde el 7 de octubre de 1998, se hubiese tardado más de seis meses en pedir un concepto jurídico para resolver sobre la terminación del contrato con justa causa del actor.
El requisito de la inmediatez entre los hechos constitutivos de la falta y la toma de la decisión de despedir ha sido establecido por la jurisprudencia laboral desde mucho tiempo atrás; y ha sido reiterativo de manera pacífica, verbigracia en la sentencia en la Sentencia 38855 del 28 de agosto de 2012, que, a su vez, remite a lo dicho en la sentencia del 17 de mayo de 2011, con radicación 36.014, y a la sentencia de 30 de julio de 1993, radicado 5889, reiterada, entre otros, en el fallo del 16 de julio de 2001, radicación 28682, en el que se razonó:
“(...) En efecto, es de esperar que un empleador prudente se cerciore suficientemente acerca de la forma como ocurrieron los hechos constitutivos de la violación del contrato, y asimismo sobre otras circunstancias que puedan tener influencia en la grave decisión que habrá e privar del empleo al trabajador, sin olvidar que, además, el empresario puede estar obligado por convención o reglamento a cumplir ciertos trámites previos al despido, o que desee simplemente acatar las pautas que sobre la materia señala la Recomendación 166 de la Organización Internacional del Trabajo.
Lo que la jurisprudencia de la Corte ha precisado como voluntad del legislador es que entre la falta y la sanción debe existir una secuencia tal que para el afectado y para la comunidad laboral en la cual desarrolla su actividad no quede ninguna duda acerca de que la terminación unilateral del contrato se originó en una determinada conducta del trabajador, impidiendo así que el empleador pueda invocar incumplimientos perdonados o infracciones ya olvidadas como causales de un despido que, en verdad tiene motivación distinta...”.
La tardanza injustificada en la toma de la decisión del despido presentada en el caso del sublite, le indica a la Sala que la junta administradora de la fundación, desde un principio, conoció y consintió el proceder del extrabajador; el haber invocado el descuento sin autorización de la afectada como justa causa, mucho tiempo después de haber sucedido, es un indicio grave de que la situación atribuida al extrabajador solo fue un pretexto para tratar de darle apariencia de legalidad al despido y liberarse de la respectiva indemnización.
Así las cosas, la terminación unilateral del contrato del actor queda sin sustento y se torna en un despido injusto, con la consecuencia jurídica de que el exempleador deberá reconocerle al extrabajador la indemnización de despido en los términos del artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por la Ley 50 de 1990, vigente para la fecha de la finalización del vínculo, 6 de mayo de 1999.
Determinación del salario del trabajador:
Sigue resolver la pretensión de reajuste del salario integral solicitada por el tiempo comprendido del 1º de enero de 1997 al 31 de agosto de los años 1997 y 1998, y del 1º de enero al 6 de mayo de 1999.
La citada reclamación se funda en que, desde el 1º de enero de 1995, las partes acordaron un salario integral con factor prestacional del 40%, de donde extrae que él devengaba un equivalente a 14 salarios mínimos mensuales. Precisa que la diferencia se produce debido a que el salario mínimo aumentaba el 1º de enero de cada año y, por consiguiente, la fundación, de igual modo, estaba en la obligación de aumentarle su salario, en el sentido de que, a su juicio, en ningún momento, él podía ganar menos de 14 salarios mínimos mensuales, según lo pactado. Y como prueba de su dicho se remite a las modificaciones realizadas a su contrato de trabajo que dice adjuntar.
A folios 34 y siguientes obran documentos donde aparecen registrados los salarios acordados por las partes así:
Cuadro resumen de la información sobre el salario devengado
Fecha del acuerdo Con efectos a partir de: Monto pactado Factor prestacional pactado S.M.I vigente(3) 14 SMLM
01/01/1995 01/01/1995 $ 1.665.000 40% $ 1.546.135,5 $ 1.665.000
01/09/1995 01/09/1995 $ 2.000.000* No se precisó $ 1.546.135,5 $ 1.665.000
01/09/1996 01/09/1996 $ 2.000.000* más $ 340.000** No se precisó $ 1.847.625 $ 1.988.350
01/09/1997 01/09/1997 $ 2.520.000* más 428.400** No se precisó $ 2.236.065 $ 2.408.070
23/09/1998(4) 01/09/1998(5) $ 3.024.000*más $ 514.080**=
$ 3.538.080 No se precisó $ 2.649.738 $ 2.853.564
*Se pactó esta suma global como sueldo.
**Por concepto de medios de transporte.
De acuerdo con el anterior resumen, el salario del actor comenzó a ser integral desde el 1º de enero de 1995, equivalente a 14 salarios mínimos legales mensuales, con la expresa advertencia que el factor prestacional era el equivalente al 40%; el 1º de septiembre siguiente, las partes acordaron aumentar el salario por encima de ese tope, a $ 2.000.000, sin hacer precisión de la tasa del factor prestacional; después de esto, el salario fue aumentado cada año, los 1º de septiembre siguientes, y siempre estuvo por encima de los 13 salarios mínimos mensuales de conformidad con el artículo 132 del CST; igualmente, el salario estuvo por debajo de los 14 salarios mínimos del 1º de enero al 31 de agosto de los años 1997, 1998 y 1999 (hasta el 6 de mayo), pero, también, superó este tope de septiembre a diciembre de los años mencionados.
En este orden de ideas, se tiene que, si bien, como lo dice el demandante, el 1º de enero de 1995, las partes acordaron un salario integral de 14 salarios mínimos legales vigentes, con un factor prestacional del 40%, también lo es que este pacto inicial fue modificado, a los nueve meses, cuando se aumentó a $ 2.000.000, de donde la Sala infiere que el pacto de las 14 salarios mínimos perdió vigencia, desde septiembre de 1995, por mutuo acuerdo, distinto a lo interpretado por el actor.
Por otra parte, se infiere que la fundación, siempre, le respetó al actor el monto de los 13 salarios mínimos como lo señala la norma en el caso del salario integral (CST., art. 132).
En vista de que no se acreditó el acuerdo de salario integral consistente en que, siempre, se le debía mantener al extrabajador los 14 salarios mínimos mensuales, la pretensión carece de fundamento; en consecuencia, la Sala absolverá por los reajustes deprecados.
Liquidación de la indemnización por despido:
Según lo establecido al comienzo del presente fallo, la relación laboral que ligó a las partes estuvo vigente desde el 1º de julio de 1985 hasta el 6 de mayo de 1999, para un total de 13 años, 10 meses y 6 días de servicio. En vista de este tiempo trabajado, le corresponde al actor 45 días por el primer año, más 40 días de salario por cada año de servicio siguiente, y proporcional por los 306 días restantes (34 días), lo que arroja un total de 559 días de salario por concepto de indemnización.
Para la liquidación de tal indemnización se tomará el salario integral devengado a la finalización del contrato, de $ 3.024.000, en aplicación del artículo 1º del D.R. 1174 de 1991; así que los 559 días de indemnización a cargo de la fundación ascienden a la suma de $ 56.347.200; más la indexación según la variación del IPC desde el 6 de mayo de 1999 hasta la fecha de la presente sentencia, la cual arroja el valor de $ 115.286.371.
Nivelación salarial por remplazo temporal en cargo de rango superior:
En lo que atañe a la nivelación salarial reclamada por el demandante, con base en el principio de “a trabajo igual, salario igual”, por haber ocupado el cargo de director administrativo de la fundación, observa la Sala que está plenamente demostrado que el extrabajador desempeñó, en encargo, el puesto de director administrativo del colegio, por nominación de la junta directiva (fl.15 y 271), realizada en sesión del 15 de julio de 1998. Tal nombramiento se hizo para remplazar a la señora Martínez Suescún, quien se retiró ese mismo día de la empresa, y el encargo permaneció hasta el 7 de octubre siguiente (fl. 66), cuando asumió dicha ocupación la señora Piedrahita Lequerica, según la propia versión de esta dada en el interrogatorio de parte absuelto en su calidad de representante legal y de las actas de junta directiva.
La demandada, en la contestación, solo se limitó a negar el hecho, sin agregar información sobre el particular. Se encuentra probado, según las actas de la junta ya referidas, que el actor sí ejerció plenamente, por dos meses y 21 días, las funciones propias del cargo de director administrativo (entre ellas la de ser el representante legal de la fundación, fl. 271), sin que la empresa le hubiere reconocido el salario asignado a dicha posición, como tampoco expuso razón alguna para no hacerlo (comprobante de pago de agosto de 1998, fl. 161).
En consecuencia, lo que sigue es proferir condena a favor del actor por el concepto de nivelación salarial, con fundamento en el principio de igualdad de remuneración contenido en el artículo 143 del Código Sustantivo del Trabajo.
El cargo de director administrativo para la fecha del encargo, tenía asignado el salario integral equivalente a la suma de $ 3.669.120, según la liquidación de prestaciones de la anterior directora obrante a folio 28, sin que la demandada hubiese alegado salario distinto. El actor, durante el remplazo, siguió recibiendo el salario integral de contador y asistente administrativo, el cual ascendía a la suma de $ 3.024.000, es decir la fundación le dejó de pagar la diferencia mensual de $ 645.120. Por tanto, por la nivelación salarial de los 81 días de servicio prestados en el cargo de director administrativo, le corresponde al actor la suma $ 1.741.824,00.
De la indemnización moratoria por falta de prueba de la buena fe:
La fundación propuso la excepción de buena fe. Un examen integral del expediente, propio del grado jurisdiccional de consulta, le indica a la Sala que la empresa encargó al actor provisionalmente en la dirección administrativa, como quiera que, al cabo de un poco más de dos meses, la junta nombró nueva directora y esta asumió funciones; por lo que bien se puede deducir que la empresa, a pesar de que encargó al actor de las funciones de dirección, lo siguió viendo como el contador y asistente administrativo de la fundación y, por eso, no consideró la posibilidad de cambiarle el salario, más aun cuando, de lo probado en el proceso, se deduce su clara intención de que la asignación del actor en el cargo de director era por el tiempo necesario para designar su remplazo.
Las circunstancias particulares del caso mencionadas indican que el proceder del empleador no fue de mala fe, por tanto se absolverá de la indemnización moratoria.
De la compensación de vacaciones no disfrutadas:
El extrabajador igualmente reclama la compensación de las vacaciones pendientes de disfrutar por parte del demandante al momento de ser despedido, correspondientes a los siguientes periodos: 7.5 días por el lapso comprendido entre el 1º de septiembre de 1995 al 31 de agosto de 1996; y 7.5 días por el periodo comprendido entre el 1º de septiembre de 1996 al 31 de agosto de 1997. Sostiene el actor que, a pesar de que estas le fueron liquidadas, no las pudo disfrutar debido a la carga laboral.
No accede la Sala a esta solicitud, dado que, según la liquidación del contrato de trabajo de folio 173, la entidad le reconoció la mencionada compensación. Se declarará su pago.
Las costas de la primera instancia y de la consulta serán a cargo de la demandada. No se condenará en costas por el trámite de la casación.
Conforme a lo anteriormente discurrido, se revocará parcialmente la sentencia de primera instancia, en cuanto declaró la existencia de dos contratos de trabajo independientes y negó las condenas por conceptos de indemnización por despido injusto con la indexación respectiva, y la nivelación salarial por el encargo como director administrativo; e impuso condena en costas de primera instancia a la parte actora; en su lugar, se declarará la existencia de una sola relación laboral entre las partes, desde el 1º de julio de 1985 hasta el 6 de mayo de 1999; se proferirá las condenas atrás establecidas, más las costas de primera instancia a cargo de la entidad demandada; y se confirmará en todo lo demás.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CASA la sentencia del 31 de marzo de 2009 proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso instaurado por Jesús Alberto Díaz Pineda contra La Fundación Colegio de Inglaterra.
En sede de consulta, se REVOCA la sentencia de primera instancia en cuanto declaró la existencia de dos contratos de trabajo independientes y negó las condenas por conceptos de indemnización por despido injusto con la indexación respectiva y de nivelación salarial por el encargo como director administrativo; e impuso condena en costas de primera instancia a la parte actora.
En su lugar, se declara la existencia de una sola relación laboral entre las partes, desde el 1º de julio de 1985 hasta el 6 de mayo de 1999; y se condena a la demandada a pagar las siguientes condenas:
1. La suma de $ 56.347.200 por concepto de indemnización por despido; más la indexación según la variación del IPC desde el 6 de mayo de 1999 hasta la fecha de la presente sentencia, la cual arroja el valor de $ 115.286.371.
2. La suma $ 1.741.824,00 por la nivelación salarial de los 81 días de servicio prestados en el cargo de director administrativo.
3. Se declara el pago de las sumas reclamadas por concepto de compensación de vacaciones no disfrutadas.
4. Se absuelve a la demandada de las restantes pretensiones.
Las costas serán como se dispuso en la parte motiva.
Magistrados: Jorge Mauricio Burgos Ruiz—Elsy del Pilar Cuello Calderón—Clara Cecilia Dueñas Quevedo—Rigoberto Echeverri Bueno—Gustavo Hernando López Algarra—Luis Gabriel Miranda Buelvas—Carlos Ernesto Molina Monsalve.
(1) Radicado 21526 de 19 de abril de 2004.
(2) Artículo 2º del D.R. 1176 de 1991.
(3) Se toman 13 salarios mínimos mensuales de la época.
(4) Según la carta de la empresa recibida por el actor de fl. 29, donde le comunicaron un aumento del 20%.
(5) Este salario permaneció hasta la fecha de terminación del contrato 6 de mayo de 1999.