Source: http://www.sacristan-rivas.es/sociedades-de-capital/
Timestamp: 2018-03-23 01:29:24
Document Index: 283959870

Matched Legal Cases: ['artículo 49', 'artículo 49', 'artículo 262', 'artículo 262', 'artículo 540', 'artículo 35']

Así, en la exposición de motivos del Real Decreto se señala lo siguiente: “La divulgación de información no financiera o relacionada con la responsabilidad social corporativa contribuye a medir, supervisar y gestionar el rendimiento de las empresas y su impacto en la sociedad. En este contexto, con el fin de mejorar la coherencia y la comparabilidad de la información no financiera divulgada, algunas empresas deben preparar un estado de información no financiera que contenga información relativa, por lo menos, a cuestiones medioambientales y sociales, así­ como relativas al personal, al respeto de los derechos humanos y a la lucha contra la corrupción y el soborno. De acuerdo con la Directiva 2014/95/UE ese estado debe incluir una descripción de las políticas de resultados y riesgos vinculados a esas cuestiones y debe incorporarse en el informe de gestión de la empresa obligada o, en su caso, en un informe separado correspondiente al mismo ejercicio que incluya el mismo contenido y cumpla los requisitos exigidos.”
Por otra parte, sobre el contenido de las obligaciones de información no financiera, se establece en la exposición de motivos: “El estado de información no financiera, de acuerdo con la citada Directiva, debe incluir información sobre los procedimientos de diligencia debida aplicados por la empresa y, cuando sea pertinente y proporcionado, en relación con sus cadenas de suministro y subcontratación, con el fin de detectar, prevenir y atenuar efectos adversos existentes y potenciales. A estos efectos, se entiende por procedimientos de diligencia debida las actuaciones realizadas para identificar y evaluar los riesgos, así­ como para su verificación y control, incluyendo la adopción de medidas. Las empresas obligadas deben facilitar información adecuada sobre los aspectos respecto de los que existen más probabilidades de que se materialicen los principales riesgos de efectos graves, junto con los aspectos respecto de los que dichos riesgos ya se han materializado. Los riesgos de efectos adversos pueden derivarse de actividades propias de la empresa o pueden estar vinculados a sus actividades. Esto no debe entrañar cargas administrativas adicionales innecesarias para las pequeñas y medianas empresas, en los términos definidos en la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas.”
Estas obligaciones de información no financiera se extenderán a las sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades comanditarias por acciones que de forma simultánea tengan la condiciones de entidades de interés público cuyo número medio de trabajadores empelados durante el ejercicio sea superior a 500, las sociedades de interés público que formulen cuentas consolidadas, estableciendo el Real Decreto sobre las exenciones, lo siguiente: “No obstante, una empresa dependiente perteneciente a un grupo estará¡ exenta de la obligación anterior si la empresa y sus dependientes están incluidas en el informe de gestión consolidado de otra empresa. Por otro lado, y en cualquier caso, las pequeñas y medianas empresas quedan eximidas de la obligación de incluir una declaración no financiera, así­ como de requisitos adicionales vinculados a dicha obligación. Los auditores de cuentas y las sociedades de auditoría de cuentas únicamente deben comprobar que se haya facilitado el estado de información no financiera.”
Por último, debemos señalar que el artículo primero se ocupa de las modificaciones del Código de Comercio, tales como: la modificación del apartado 5 del artículo 49 y añade los apartados 6, 7 y 8 al artículo 49. El artículo segundo versa sobre las modificaciones del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, que da una nueva redacciÃ³n al apartado 5 del artículo 262, añade un nuevo apartado 6 en el artículo 262 y se modifica la redacción del subapartado 6.Âº del artículo 540.4.c). El artículo tercero se ocupa de la modificación de la Ley de Auditoría, introduciendo cambios en el artículo 35. Todas estas modificaciones serán de aplicación para los ejercicios económicos que se inicien a partir del 1 de enero de 2017. Los dos ejercicios computables, a efectos de lo dispuesto en los artículos 49.5.b) del CÃ³digo de Comercio y 262.5.b) del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital serán el citado ejercicio 2017 y el inmediato anterior.