Source: https://www.iberley.es/resoluciones/resolucion-teac-00-4046-2006-21-11-2007-45141
Timestamp: 2019-03-20 17:38:19
Document Index: 412711981

Matched Legal Cases: ['artículo 72', 'artículo 128', 'artículo 72', 'artículo 128', 'artículo 128', 'artículo 72', 'artículo 131', 'artículo 10', 'artículo 72', 'artículo 128', 'artículo 13', 'artículo 72']

Resolución de TEAC, 00/4046/2006, 21-11-2007 | Iberley
Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/4046/2006 de 21 de Noviembre de 2007
Núm. Resolución: 00/4046/2006
La medida cautelar ha sido adoptada en el curso de un procedimiento de derivación de responsabilidad al amparo del artículo 72 de la LGT (Ley 230/1963) dirigido al cobro de las deudas liquidadas y pendientes de pago de los deudores principales siendo, por tanto acordes al ordenamiento jurídico en la medida que existen indicios racionales de que el cobro se vería frustrado o gravemente dificultado en caso de no adoptarse, tal y como exige el artículo 128.1 de la LGT (Ley 230/1963 redacción dada por la Ley 66/1997), sin que la norma exija trámite de audiencia previo. La medida cautelar es proporcionada a los fines que se persiguen, ya que la deuda por la que responde está liquidada y no ha habido intención de pago, sino que, por el contrario, lo que se ha producido ha sido el cese en la actividad de la sociedad deudora que ha sido declarada insolvente. Si bien, la derivación de las deudas por retenciones del IRPF, debe excluirse, por cuanto que la Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de octubre de 2003, establece que la responsabilidad en virtud de lo dispuesto en el artículo 72 de la LGT no alcanza a la deuda tributaria por retenciones del IRPF.
En la Villa de Madrid, a 21 de noviembre de 2007, en la reclamación económico-administrativa que, en recurso de alzada, pende de resolución ante este Tribunal Económico-Administrativo Central, en Sala, interpuesto por X, S.L. y en su nombre y representación por D. ..., con domicilio a efectos de notificaciones en ..., contra acuerdo del Tribunal Económico-Administrativo Regional de ..., recaído en las reclamaciones números ..., ..., ... y ... acumuladas, en asuntos relativos a adopción de medidas cautelares, acuerdo de derivación de responsabilidad por sucesión empresarial, providencias de apremio y conversión en definitivo del embargo cautelar.
PRIMERO: Con fecha 19 de mayo de 2003, la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de ... Dependencia de Recaudación ... tras proponer el 14 de mayo anterior el inicio de derivación de responsabilidad por sucesión empresarial a la reclamante por las deudas tributarias contraídas por la mercantil Y, S.A. dictó acuerdo de adopción de medidas cautelares consistentes en el embargo cautelar y provisional de bienes, y contra el citado acuerdo de medidas cautelares, la interesada interpone la reclamación económico-administrativa número ... ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de ... el 10 de junio de 2003.
SEGUNDO: Con fecha de 10 de julio de 2003, la interesada interpone la reclamación económico-administrativa número ..., contra el acuerdo de derivación de responsabilidad por sucesión empresarial, dictado el 24 de junio de 2003 por el Jefe de la Dependencia de Recaudación de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de ..., por el que se le derivan las deudas tributarias contraídas por la mercantil Y, S.A. en concepto de I.R.P.F. Retenciones de Trabajo Personal Actas 1995-1997 e Impuesto de Sociedades Actas 1994-1997, por importe de 141.528,85 €. La sociedad deudora principal fue declarada fallida el 1 de abril de 2003, y a la interesada le fue concedido el preceptivo trámite de audiencia.
TERCERO: Con fecha 31 de julio de 2003, la interesada interpone la reclamación económico-administrativa número ... ante el Tribunal Regional de ..., contra las providencias de apremio dictadas ante el impago de las deudas derivadas a la reclamante en los plazos establecidos en el acuerdo de derivación de responsabilidad, por importes de 11.462, 63 € y 158.371,99 €, por I.R.P.F. e Impuesto de Sociedades respectivamente.
CUARTO: Finalmente el 15 de octubre de 2003, se interpone la reclamación económico-administrativa número ... ante el Tribunal Regional de ..., contra el acuerdo de 1 de octubre de 2003 de la Dependencia de Recaudación de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de ..., por el que se convierte en definitivo el embargo cautelar en su día acordado de dos fincas de la interesada ante el impago por ésta del importe de las providencias de apremio en los plazos en ejecutiva.
QUINTO: Con fecha 27 de septiembre de 2006, el Tribunal Económico-Administrativo Regional de ..., previa la acumulación de ambas reclamaciones, dictó resolución desestimándolas y frente a esta resolución notificada el 15 de noviembre de 2006, la interesada interpone el 13 de diciembre siguiente, el presente recurso de alzada, manifestando en síntesis la inaplicación al caso del artículo 128 de la Ley General Tributaria, y que no existe continuidad entre ambas empresas para ser declarada la sucesión empresarial.
SEXTO: En el presente caso de la documentación obrante al expediente se deducen las siguientes circunstancias de hecho: coincidencia en el objeto social así en la actividad por la que causaron alta ambas empresas en el I.A.E.; no consta que la entidad reclamante haya realizado ninguna actividad ni presentando declaraciones y no constando el alta en ningún epígrafe del I.A.E. desde su constitución el 27 de marzo de 2001 hasta el 28 de mayo siguiente, fecha en la que cambia de administrador y a partir de entonces y más concretamente en octubre de 2001, inicia la actividad de arrendamientos de locales dándose de alta en el I.A.E y presentando la autoliquidación del 3º trimestre del ejercicio 2001, el 28 de mayo de 2001 asimismo se cambia el domicilio social a ...; por su parte la entidad Y, S.A. se encuentra incluida según un informe de la Administración dentro de un grupo de entidades dentro del sector inmobiliario que realizan transmisiones entre ellas con la finalidad de vaciar de patrimonio inmobiliario, a las componentes del grupo, tras un período medio de actividad, de forma que estas empresas devienen insolventes frente a los acreedores, entre ellos la Hacienda Pública; el cese de hecho en la actividad de la sucedida coincide con el inicio de la actividad de la declarada sucesora y la declaración en el modelo 347 clientes, correspondiente a operaciones con terceros en los ejercicios 2001 y 2002 de la sucesora coincide exactamente con lo declarado a estos efectos por la sucedida en el año 2000; en el año 2001, la entidad reclamante abre una cuenta bancaria en la misma entidad bancaria y en la misma sucursal que la que la sucedida mantenía hasta el cese de hecho en la actividad; y tres fincas son transmitidas en un solo acto de Y, S.A. a X, S.L. según escritura de 24 de julio de 2001.
SEGUNDO: En cuanto a la improcedencia de la medida cautelar alegada, no se exige el previo trámite de audiencia alegado, así, el artículo 128 de la ley General Tributaria en su redacción dada por la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, establece:
"1.- Para asegurar el cobro de la deuda tributaria, la Administración tributaria podrá adoptar medidas cautelares de carácter provisional cuando existan indicios racionales de que, en otro caso, dicho cobro se verá frustrado o gravemente dificultado. 2.- Las medidas habrán de ser proporcionadas al daño que se pretende evitar. En ningún caso se adoptaran aquéllas que puedan producir un perjuicio de imposible o difícil reparación. La medida cautelar podrá consistir en alguna de las siguientes:..........a) Retención del pago de devoluciones tributarias o de otros pagos que deba realizar la Hacienda Pública, en la cuantía estrictamente necesaria para asegurar el cobro de la deuda". Este Tribunal Central, se ha manifestado en el sentido de que "La adopción de medidas cautelares en el ámbito recaudatorio es una potestad discrecional de la Administración Tributaria tendente a asegurar el cobro de las deudas de dicha naturaleza, cuando existan indicios racionales de que, en otro caso, dicho cobro pueda verse frustrado o gravemente dificultado.... En la mayoría de los casos, las medidas cautelares responden a la necesidad de asegurar, en su caso, la efectividad de un pronunciamiento futuro que podría quedar desprovisto de eficacia por la conservación o consolidación irreversible de determinadas situaciones. Son actos preventivos que no implican un juicio de Derecho sobre los actos posteriores que puedan dictarse, sino que se fundamentan en la pura presunción de que los mismos van a ser emitidos, a la vista de los supuestos de hecho comprobados por la Administración Gestora... Para poder adoptar medidas cautelares que afecten a la esfera jurídica de personas distintas del deudor principal se precisa un título jurídico que faculte a la Administración Tributaria para acordarlas (acuerdos de derivación de responsabilidad -artículos 37 y siguientes de la Ley General Tributaria-, de sucesión -artículo 72 de la misma Ley-, responsabilidad del artículo 131.5 de la Ley General Tributaria), puesto que, tratándose de asegurar el cobro de una deuda tributaria, el destinatario de la medida cautelar ha de tener la condición de obligado tributario (sujeto pasivo, responsable, sucesor, etc., según enumera el artículo 10 del Reglamento General de Recaudación), o bien estar afectado por un procedimiento de inicio o derivado contra él del que previsiblemente pueda resultar que pase a adquirir aquella". En el presente caso, la medida cautelar ha sido adoptada en el curso de un procedimiento de derivación de responsabilidad al amparo del artículo 72 de la Ley General Tributaria dirigido al cobro de las deudas liquidadas y pendientes de pago de los deudores principales. Y habiéndose adoptado las medidas cautelares objeto de estudio en el curso de un procedimiento administrativo de derivación de responsabilidad (título jurídico que faculta a la Administración Tributaria para acordarlas), las mismas han de considerarse acordes al ordenamiento jurídico. Además según de desprende del expediente existen indicios racionales de que en caso de no adoptarse dichas medidas cautelares, dicho cobro se verá frustrado o gravemente dificultado, tal y como exige el artículo 128.1 de la Ley General Tributaria. También debe considerarse la medida cautelar proporcionada a los fines que se persiguen, ya que la deuda por la que responde está liquidada y no ha habido intención de pago, sino que, por el contrario, lo que se ha producido ha sido el cese en la actividad de la sociedad deudora que ha sido declarada insolvente. Además la responsabilidad por sucesión ha sido declarada con posterioridad.
TERCERO: En virtud de lo dispuesto en los artículos 4__h6_0083art>72 de la Ley General Tributaria y 13 del Reglamento General de Recaudación "Las deudas tributarias y responsabilidad derivadas del ejercicio de explotaciones y actividades económicas por personas físicas o jurídicas, (...) serán exigibles a quienes les sucedan por cualquier concepto en la titularidad o ejercicio de las mismas (...)", la derivación de la acción administrativa de cobro de deudas tributarias en supuestos como el presente puede originarse en tres causas distintas: La primera es la transmisión pura y simple de la titularidad de la empresa "por cualquier concepto", lo que supone una auténtica sucesión jurídica. La segunda es la sucesión que puede llamarse "de facto", y consiste en que una empresa, aparentemente, cesa en su actividad, pero en verdad la continúa bajo una apariencia distinta, utilizando buena parte de los elementos personales y materiales de la anterior, y amparándose en la aparente falta de título jurídico de transmisión para eludir la asunción de responsabilidades tributarias imputables a la desaparecida. La tercera forma, prevista en el artículo 13.2 del Reglamento General de Recaudación, se produce cuando una empresa adquiere elementos aislados de la sociedad deudora y, gracias a ello, aun sin transmisión jurídica de la titularidad, puede proseguir la explotación o actividad de la empresa desaparecida. En el presente caso, aunque no se haya formalizado un acto expreso de transmisión jurídica, se aprecian circunstancias indicativas de la concurrencia del segundo y tercer supuesto señalados a la vista de lo expuesto en el Antecedente de Hecho Sexto de esta resolución.
CUARTO: En uso de las facultades revisoras que tiene atribuidas este Tribunal Económico-Administrativo Central la derivación de las deudas por I.R.P.F. Retenciones, debe excluirse, por cuanto que la Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de octubre de 2003, establece que la responsabilidad por virtud de lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley General Tributaria no alcanza a la deuda tributaria por I.R.P.F. retenciones. Por lo expuesto procede estimar en parte en presente recurso de alzada en el sentido de confirmar el acuerdo de derivación de responsabilidad si bien limitar su alcance a la deuda por el Impuesto de Sociedades en la que no se le deriva sanción alguna, restar del importe a perseguir con el embargo preventivo y el definitivo el importe de la deuda por I.R.P.F. Retenciones, y anular la providencia de apremio por este último concepto.
ESTE TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL, EN SALA, ACUERDA: Estimar en parte el presente recurso de alzada en el sentido de confirmar el acuerdo de derivación de responsabilidad si bien limitar su alcance a la deuda por el Impuesto de Sociedades, restar del importe a perseguir con el embargo preventivo y el definitivo el importe de la deuda por I.R.P.F. Retenciones, y anular la providencia de apremio por este último concepto.