Source: https://supremo.vlex.es/vid/-496771042
Timestamp: 2019-10-19 12:24:36
Document Index: 42657946

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 88', 'artículo 60', 'artículo 62', 'artículo 8', 'artículo 31']

STS, 12 de Febrero de 2014 - Jurisprudencia - VLEX 496771042
Número de Recurso: 4051/2012
CUERPO DE MAESTROS. INGRESO. PROCESO SELECTIVO. Sentada la admisibilidad de los motivos, debemos descartar la tacha de incongruencia que la Sra. Encarnacion dirige contra la sentencia de instancia. Como refleja su lectura, se pronuncia sobre las alegaciones relativas a la quiebra del anonimato en la nueva corrección del ejercicio escrito de la fase A de la oposición, confirma que el proceso de fotocopia y eliminación de marcas se hizo en dependencias oficiales de la Dirección General de Personal, que la intervención del notario fue requerida por la Jefa del Servicio de Provisión y Selección de Recursos Humanos y que no tiene duda alguna ni sobre los documentos sobre los que se proyectó el ejercicio de la fe pública ni sobre las actuaciones del notario.También señala que no se acreditó que hubiera intervenido en la anonimización de los exámenes ningún familiar de los aspirantes ni que hubieran tenido alguna influencia. Niega que la contratación de un despacho de abogados supusiera un vicio del proceso selectivo y explica, en fin, que los cambios producidos en los tribunales se debieron al tiempo transcurrido y que, en todo caso, tuvieron carácter puntual sin que en ello hubiera motivo alguno de nulidad. Se desestima la casación.
Visto por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Séptima por los magistrados indicados al margen, el recurso de casación nº 4051/2012, interpuesto, de una parte, por la COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS, representada por la letrada de dicha Comunidad, y, de otra, por doña Encarnacion , representada por la procuradora doña Susana Clemente Mármol, contra la sentencia dictada el 1 de octubre de 2012 por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en Santa Cruz de Tenerife, recaída en el recurso nº 113/2009 , sobre proceso selectivo de ingreso en el Cuerpo de Maestros, en la especialidad de Educación Infantil, convocado por orden de 16 de abril de 2007, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias.
Se han personado, como recurridas, doña Regina , representada por la procuradora doña Susana García Abascal, y doña Encarnacion , representada por la procuradora doña Susana Clemente Mármol.
Ha formulado oposición, la COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS, representada por la letrada de dicha Comunidad.
En el recurso nº 113/2009, seguido en la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias con sede en Santa Cruz de Tenerife, en relación con el proceso selectivo de ingreso en el Cuerpo de Maestros, convocado por orden de 16 de abril de 2007, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, el 1 de octubre de 2012 se dictó sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:
Estimar en parte el recurso interpuesto en nombre de Dª Encarnacion , dando lugar a la retroacción de actuaciones a fin de que los órganos de selección previstos en la convocatoria procedan a revisar, en los términos expuesto [sic] en el fundamento de derecho cuarto, los ejercicios escritos que se enumeran, con las consecuencia [sic] a que hubiere lugar, desestimando el resto de las pretensiones contenidas en la demanda. Sin costas".
Contra dicha sentencia anunciaron recurso de casación, de una parte, la Comunidad Autónoma de Canarias y, de otra, doña Encarnacion , que la Sala de instancia tuvo por preparados por diligencia de ordenación de 29 de octubre de 2012, acordando el emplazamiento a las partes y la remisión de las actuaciones a este Tribunal Supremo.
Por escrito presentado el 23 de noviembre de 2012, la letrada de los Servicios Jurídicos del Gobierno de Canarias formalizó el recurso de casación, en el que hizo las manifestaciones que estimó pertinentes y solicitó a la Sala que
Por su parte, la procuradora doña Susana Clemente Mármol, en representación de doña Encarnacion , interpuso el recurso por escrito registrado el siguiente 17 de diciembre y, en virtud de los motivos en él expuestos, pidió a la Sala que
"(...) previos los trámites legales, case y revoque la Sentencia dictada en fecha 7 de septiembre de 2012 [sic] , y en su lugar dicte Sentencia por la que admitiendo los motivos de recurso, proceda a dictar Sentencia resolviendo conforme a nuestras pretensiones contenidas en nuestro escrito de demanda, en los estrictos términos en que fueron planteados en la instancia, y subsiguientemente admita íntegramente nuestro escrito de demanda".
Admitidos a trámite, se remitieron las actuaciones a esta Sección Séptima, de conformidad con las reglas del reparto de asuntos, y, recibidas, por diligencia de ordenación de 28 de febrero de 2013, se dio traslado del escrito de interposición a la representante procesal de la recurrida Sra. Regina y Sra. Encarnacion para que formalizaran sus respectivas oposiciones.
La letrada del Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias se opuso al recurso interpuesto por doña Encarnacion solicitando
"dicte Resolución por la que se acuerde la desestimación íntegra del mismo, con lo demás que en Derecho fuera procedente".
La procuradora doña Susana García Abascal, en representación de doña Regina , se opuso a ambos recursos por dos escritos presentados el 17 de abril de 2013. Con respecto a la oposición que formula al de la Comunidad Autónoma de Canarias, suplicó a la Sala "a la vista de las pretensiones deducidas en el suplico del recurso de casación (...) no interesa al derecho de mi representada oponerse a las mismas" . Y en relación al interpuesto por Doña Encarnacion , que "su inadmisión y, subsidiariamente, su desestimación" .
Evacuando el traslado conferido por diligencia de ordenación de 23 de abril de 2013, la procuradora doña Susana Clemente Mármol, en representación de doña Encarnacion , se opuso al recurso presentado por la Comunidad Autónoma de Canarias interesando a la Sala que
"(...) desestime el recurso de casación interpuesto por la Administración, estimando por contra el Recurso de Casación que esta parte ha interpuesto contra la meritada Sentencia, recurso en el cual nos ratificamos en su integridad y que solicitamos sea completamente admitido en su día; y para el caso que esta Excma. Sala considere que a esta parte no le corresponde el presente trámite, al haber recurrido en casación la misma sentencia, se tenga por no presentado este escrito".
Mediante providencia de 14 de enero de 2014 se señaló para la votación y fallo el día 5 de los corrientes, en que han tenido lugar.
Con carácter previo a entrar a decidir el presente recurso debe hacerse la observación de que el mismo es uno de los varios interpuestos ante este Tribunal contra Sentencias de idéntico sentido a la actualmente recurrida, dictadas por la misma Sala de lo Contencioso-administrativo de Santa Cruz de Tenerife del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en procesos idénticos al actual, desestimatorias de recursos contencioso-administrativos interpuestos por distintos opositores en el proceso selectivo para ingreso en el Cuerpo de Maestros, convocado por Orden de 16 de abril de 2007 de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, recursos, a su vez, de idéntico tenor.
En concreto, la actualmente recurrida, sentencia de 1 de octubre de 2012 , es idéntica a la de 30 de julio de 2012 , dictada en el recurso interpuesto por otra opositora. La sentencia actual es transcripción literal de la precedente, sin más modificación que la atinente a las circunstancias personales de las respectivas recurrentes, intranscendentes para la resolución de los respectivos casos.
A su vez los actuales recursos de casación son idénticos a los que acabamos de decidir por nuestra sentencia de 20 de enero pasado. Tales identidades determinan por exigencia de unidad de doctrina y de igualdad en la aplicación de la ley que la decisión del actual recurso deba ser igual.
Tras la retroacción del procedimiento y la nueva calificación del ejercicio escrito de la oposición, aspirantes que superaron el proceso selectivo la primera vez que se desarrolló y obtuvieron una puntuación que les daba derecho a plaza, no la lograron mientras que otros que no lo superaron o no recibieron una puntuación que les diera derecho a plaza en aquella ocasión, sí lo hicieron en la segunda. La recurrente en la instancia, doña Encarnacion se encuentra en esta última situación: según nos dice, habiendo superado las pruebas inicialmente realizadas en una posición que le daba derecho a plaza, tras su repetición las volvió aprobar, primero con el puesto 286, y después tras la estimación de recurso de Insucan con el 293
En vía administrativa impugnó la calificación última de la oposición, la valoración de sus méritos y la relación definitiva de aprobados en el proceso selectivo y, frente a la desestimación de su recurso de alzada por la resolución de 19 de mayo de 2009, interpuso el recurso contencioso-administrativo estimado parcialmente por la sentencia cuya casación pretenden ahora el Gobierno de Canarias y la propia Sra. Encarnacion .
La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias con sede en Santa Cruz de Tenerife acogió, en efecto, en parte las pretensiones de la recurrente.
De los distintos reproches que la demanda hacía a la actuación administrativa confirmada por la resolución de 19 de mayo de 2009 de la Dirección General de Personal de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, solamente prosperó el relativo a la corrección del ejercicio escrito en que consistía la fase A de la oposición. Hay que tener en cuenta que el procedimiento establecido por la Administración canaria para llevar a cabo las operaciones impuestas por la resolución de 3 de julio de 2008 consistía, en lo que al ejercicio escrito se refiere, en calificarlo nuevamente a partir de una fotocopia del original de la que se deberían haber borrado las marcas y señales que los miembros de los tribunales calificadores hubieran hecho en el cuerpo del mismo --no así las que constaran en los márgenes-- al evaluarlo por primera vez. Uno de los criterios a seguir en esa operación era el de asignar cero puntos a los ejercicios que tuvieran tres o más faltas de ortografía.
Y la Sra. Encarnacion sostenía que pudieron no haberse eliminado en las fotocopias sobre las que se debía efectuar la segunda evaluación marcas o señales hechas por los miembros de los tribunales calificadores en la primera y así subsanado faltas ortográficas. En este punto la sentencia recurrida dice:
Incidencia de estos actos en la corrección efectuada en el año 2009. Examen comparativo de los resultados, vulneración del artículo 2 del Real Decreto 276/2007 , y de los artículos 9.3 , 14 , 23.2 y 103.3 de la Constitución .
En relación a esta cuestión plantea que la "Prueba escrita de un tema de la especialidad de entre tres: - se entenderá un examen de cero puntos, aquel que tenga tres o más faltas de ortografía".
Plantea en primer término que el código de anonimato que le fue dado LCXSNSVSQLGG, no aparece en las Actas de calificación, pero esto que sin duda se debe a un error, no le ha impedido la identificación de su examen, ni el anonimato de la corrección.
Discute "lo dudoso" de sus faltas de ortografía, pero lo cierto es que las alegaciones vertidas para intentar que no se computen como faltas llevo (sin acento), magnifico (sin acento) o acabo (junto) y democracia (acentuada) no desvirtúan la realidad de su existencia, y que tenía más de tres faltas de ortografía, pero afirma que los criterios de corrección establecen que es a la cuarta falta de ortografía cuando se calificaría con un cero, en total contradicción con lo que recogen los criterios de 15 de junio de 2007, anteriormente reproducidos, y con lo argumentado en la propia demanda -referida a otros partícipes- cuando mantiene que los exámenes con «tres o más faltas de ortografía», deben ser calificados con cero puntos. Inicial afirmación desde la cual "supone" que los aspirantes "nuevos aprobados" que en la corrección de 2007 habían obtenido un cero en esta parte de la oposición "por faltas de ortografía" y -sumados el resultado de las restantes pruebas- suspendieron la oposición, y que ahora en la corrección de 2009 han aprobado, se debe a una «manipulación» de los exámenes originales que al ser fotocopias con la corrección efectuada en 2007, han hecho desaparecer las faltas cometidas, con especial referencia a las tildes.
Pone como ejemplos -en la demanda- los casos de cinco participantes (D ª Pilar , Dª Antonia , Dª Joaquina , Dª Violeta y Dª Daniela , que -afirma- obtuvieron un cero en el año 2007 por faltas de ortografía y que en el año 2009 obtuvieron puntuación positiva. Incorpora igualmente la demanda la denominada TABALA I en la que relaciona nuevos aspirantes aprobados surgidos en la repetición del proceso selectivo, que en el año 2007 obtuvieron un 0 en su examen escrito, transcribiendo a la izquierda del nombre sus calificaciones en todas las partes de la oposición en el año 2007, y a la derecha del nombre la calificación global obtenida en el año 2009.
En tercer lugar, que a juicio del Tribunal, en algún caso (el ejercicio de D. ª Antonia ) se resalta en la corrección del año 2007 texto que pudiera no ser considerado como falta de ortografía -sin perjuicio de que constituya error de otra naturaleza- con la penalización que se les anuda (incluso junto a la corrección luego se añade la expresión "NO"). Así en algunos ejercicios aparecen subrayados o rodeados palabras que no resultan para la Sala, fuera de toda duda, su consideración como falta de ortografía (abreviaturas -"C. de Ed Inf"- o "Hª", o la repetición de la misma palabra en el texto con la mismas ortografía incorrecta como una nueva falta a los efectos aquí considerados) o expresiones incorrectas (afinzá por afianzará, u otras similares) que por la errata evidente que suponen también ofrecen dudas. Sólo en uno de los casos advertimos que pueden existir más de tres faltas de ortografía. Todo ello redunda en la consideración de que, aun en esta materia de la corrección de faltas de ortografía, corresponde a los Tribunales encargados de valorar los ejercicios escritos aplicar, con unidad y generalidad de criterio, la pauta seguida, pues aun existiendo el que señala que "se entenderá un examen de cero puntos, aquel que tenga tres o más faltas de ortografía"; no se despejan todas las dudas a las que hemos hecho referencia.
En su escrito de conclusiones la parte actora, en relación a la corrección del ejercicio escrito de la fase de oposición por faltas de ortografía, individualizan los casos respecto de los que afirma que existen más de tres faltas o faltas de ortografía no valoradas conforme a los criterios de corrección. Estos supuestos concretos que determinan el alcance de la revisión, son los siguientes:
Por el contrario, no se considera la revisión del resto de los casos que también individualiza en sus conclusiones, en los que cuestiona el incremento de la calificación otorgada en la corrección del año 2009 por su comparación con la del año 2007.
Reclama la declaración de nulidad de «los nuevos aprobados con o sin plaza», surgidos de la repetición del proceso selectivo, tabla comparativa II entre las calificaciones del año 2007 y la global ponderada del año 2009, en la que realiza un contraste de los resultados; de la que deduce el motivo de nulidad, pero como hemos afirmado en otros recursos, especular sobre la certeza de la puntuación de 2007 -cuando favorece a la parte actora- frente a la otorgada en el 2009, no resulta un argumento aceptable, ya que el objeto del recurso actual es la corrección efectuada en el año 2009, y la actividad dialéctica y probatoria de la parte debe dirigirse a demostrar que, conforme a las Bases del proceso selectivo y a los principios de igualdad, mérito y capacidad, las correcciones efectuadas en el año 2009 están mal realizadas, lo que no es posible concluir partiendo de la comparación de puntuaciones, sino demostrando los casos en que se han producido esas incorrecciones.
(I) En efecto, no advierte irregularidades en el proceso de anonimización de los ejercicios de la fase A de la oposición ni por la condición de quien seleccionó el notario, ni por la manera en que se fotocopiaron los ejercicios y tampoco apreció la intervención en el proceso de personas que estuvieran afectadas por el deber de abstención ni que se hubiera manipulado el ejercicio de la Sra. Encarnacion . En fin, rechaza que la designación de un despacho de abogados para interpretar, aplicar y determinar criterios de corrección de los exámenes escritos en la nueva calificación fuera contraria a Derecho. La sentencia se apoya en otras precedentes --las dictadas en los recursos 178 , 180 y 1390 de 2000 entre otras, en las que ya se examinaron estos motivos, para rechazarlos.
(V) A continuación, la sentencia confirma que el sindicato INSUCAN, que interpuso diversos recursos en vía administrativa, estaba legitimado para hacerlo porque había sido apoderado para ello por los interesados.
(VI) Por último, dados los términos de su pronunciamiento, la Sala de Santa Cruz de Tenerife considera innecesario manifestarse sobre la pretensión indemnizatoria.
A este motivo se ha opuesto la Sra. Encarnacion quien destaca que fue la propia Administración la que alteró el criterio discrecional de los tribunales calificadores al modificar su composición y utilizar fotocopias de los exámenes escritos originales. Y, también, que la Sala de instancia no incide en el juicio técnico que deben emitir.
Por su parte, doña Regina manifestó no oponerse al recurso de casación del Gobierno de Canarias.
Los motivos de casación que ha interpuesto la recurrente en la instancia, la Sra. Encarnacion , se amparan los dos primeros en el apartado c) del artículo 88.1 de la Ley de la Jurisdicción , y en el d) los restantes. Son, en resumen, los siguientes.
En fin, la sentencia, indica la Sra. Encarnacion , no se pronuncia sobre la desviación de poder que afirmaba la demanda. Destaca que, de no haberse repetido la parte B de la oposición su nota global habría sido superior [en 2007 recibió 5 puntos por el ejercicio escrito, 10 por la programación y 10,00 por la Unidad Didáctica, mientras que en 2009 las puntuaciones fueron 7,450, 9,080 y 7,510, respectivamente] y, además, no habrían accedido a plaza muchos de los que sí la han obtenido. Se apoya en un informe de los Servicios Jurídicos de la Consejería de Educación según el cual no debería haberse repetido la fase B de la oposición, informe que la actora dice haber conocido al acceder, en otros procesos, a los expedientes y que no figuraba en el correspondiente al recurso 9/2009 contra la resolución de 3 de julio de 2008. Añade que la Administración, en contra de su propio Servicio Jurídico contrató un despacho jurídico privado para asesorar sobre las cuestiones planteadas por los miembros de la comisión y colaborar en la redacción de las instrucciones que deberían seguir los miembros de los tribunales calificadores. En definitiva, sostiene la recurrente que la finalidad de la repetición fue la de que aprobasen con plaza el procedimiento selectivo muchos funcionarios interinos con experiencia previa de muchos años que no lo hicieron a la primera. Y que de haberse mantenido la que logró en 2007 hubiera tenido una calificación ponderada de 8,8,9800 y habría logrado plaza.
Por su parte, doña Regina , en su escrito de oposición, señala que este motivo no concreta ni explica la indefensión que habría sufrido la recurrente, ni justifica las infracciones que denuncia. En particular, indica que sobre la desviación de poder no aporta más que sospechas o conjeturas.
(2º) Afirma que la sentencia ha infringido el artículo 60.3 de la Ley de la Jurisdicción en relación con los artículos 238 y 335 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , por haber inadmitido la Sala de instancia la prueba pericial que solicitó: el examen de los ejercicios originales y de las fotocopias por un especialista en documentoscopia para establecer si existían diferencias entre unos y otras y las correcciones que se hicieron en 2007 y las que son de 2009. Frente a las razones ofrecidas por la Sala de Santa Cruz de Tenerife para inadmitir esa prueba, en particular la relativa a que su objeto no es propio de un especialista en documentoscopia, la Sra. Encarnacion argumenta la necesidad de la misma y la competencia de ese profesional para llevarla a cabo.
Para el Gobierno de Canarias la inadmisión de la prueba pericial fue plenamente ajustada a Derecho. La motivación ofrecida para ello por la Sala de Santa Cruz de Tenerife, dice, justifica perfectamente la denegación pues esa pericia era absolutamente irrelevante. Y la Sra. Regina propugna también la desestimación de este motivo porque la prueba pedida y denegada era impertinente o inútil.
(4º) Entiende la Sra. Encarnacion que la sentencia vulnera el artículo 62.1 a ) y e) de la Ley 30/1992 en relación con el artículo 8 del Real Decreto 276/2007 porque se modificó la composición de los tribunales calificadores con la consecuencia de que se alteró el criterio discrecional que se había seguido en 2007. Subraya que en el tribunal nº 7, en el que se examinó, fueron seis las modificaciones y que a uno se le concedió la sustitución sin que aportara informe médico. Relaciona la Sra. Encarnacion esas variaciones con la menor puntuación que se le asignó en la fase de oposición respecto de la que tuvo inicialmente.
(5º) El sindicato INSUCAN que recurrió en alzada en nombre de veintinueve aspirantes carece de legitimación al parecer de la recurrente. Por eso, la sentencia, que la admite, incurre en una nueva infracción, la del artículo 31 de la Ley 30/1992 . Explica la recurrente que con la retroacción dispuesta por la resolución de 3 de julio de 2008, pasó al puesto 293 al ser desplazada por los nuevos aprobados, otrora suspendidos, surgidos de la repetición, y que, por haberse estimado el recurso del sindicato respecto de determinados aspirantes, se vió relegada todavía más y sus posibilidades de trabajar, aunque fuera de forma temporal, se vieron reducidas a la nada.
El Gobierno de Canarias nos dice que los motivos 3º, 4º y 5º, no están debidamente formulados pues se limitan a reiterar las alegaciones hechas en la instancia. Y la Sra. Regina coincide en esa apreciación respecto de todos ellos.
(6º) Como colofón dice la Sra. Encarnacion que el fundamento cuarto de la sentencia, el que argumenta la estimación parcial del recurso contencioso-administrativo, es muy certero pero no consigue entender por qué, constatados los errores cometidos en la corrección, no ordenó la revisión de todos los ejercicios que pedía la demanda. Petición, observa, que no suponía la anulación de todo el proceso selectivo sino de lo referente a aquellos aspirantes que suspendieron en 2007 y aprobaron en 2009. Y, a la vista de los anteriores defectos e infracciones que la sentencia ha pasado por alto, este último motivo le imputa la vulneración de los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función pública y vuelve a señalar que ella obtuvo de forma limpia su plaza y que la Administración anuló el proceso selectivo y lo repitió con actos completamente nulos.
El Gobierno de Canarias guarda silencio sobre este motivo y la Sra. Regina ve en él una nueva repetición de la demanda.
El único motivo del recurso de casación del Gobierno de Canarias no puede prosperar. La sentencia de ningún modo infringe la jurisprudencia sobre la discrecionalidad técnica de los tribunales calificadores de pruebas selectivas ni sustituye el juicio de naturaleza técnica que hubieran emitido en este caso. Sencillamente dispone la revisión de la corrección del ejercicio de la fase A de la oposición porque ha comprobado la Sala de instancia que, al menos aparentemente, no se mantuvo la imprescindible unidad de criterio. Explica en el fundamento cuarto de su sentencia las razones que le llevan a esa conclusión. Entre ellas las de que, al menos en un ejercicio, podían existir más de tres faltas de ortografía. Y en otros casos se marcaron como tales lo que no eran más que abreviaturas o expresiones incorrectas o la repetición de la misma palabra con la misma ortografía. Llevar el control judicial a este extremo no supone exceso. Por el contrario, implica velar por la fiel interpretación de las bases de la convocatoria y por la adecuada aplicación, en condiciones de igualdad, de los criterios seguidos para valorar ese ejercicio, ante las muestras de que pudieron seguirse pautas inadecuadas, como tomar por faltas de ortografía lo que no era tal, u obviar la consistente en asignar cero puntos a aquellos ejercicios con más de tres faltas ortográficas.
De los motivos de casación interpuestos por la Sra. Encarnacion , debemos decir que, es verdad, repiten hechos y argumentos que ya expuso en la instancia. No obstante, es igualmente cierto que esa reiteración se inscribe en un contexto de reproche por parte a la recurrente a la sentencia por no haber tenido en cuenta en el sentido apuntado por la demanda tales hechos ni haber acogido los razonamientos que a partir de ellos conducían a la conclusión de que la anulación de los resultados del proceso selectivo de 2007 no tenía más sentido que el de hacer posible que funcionarios interinos con mucho tiempo de servicios previos que no lo superaron entonces, obtuvieran plaza, propósito que se habría alcanzado tras la repetición llevada a cabo en 2009 a costa, entre otros efectos, de que la recurrente --que, dice, la habría obtenido de mantenerse la calificación global de 2007-- quedara sin plaza y sin posibilidades reales de trabajar temporalmente.
Sentada la admisibilidad de los motivos, debemos descartar la tacha de incongruencia que la Sra. Encarnacion dirige contra la sentencia de instancia. Como refleja su lectura, se pronuncia sobre las alegaciones relativas a la quiebra del anonimato en la nueva corrección del ejercicio escrito de la fase A de la oposición, confirma que el proceso de fotocopia y eliminación de marcas se hizo en dependencias oficiales de la Dirección General de Personal, que la intervención del notario fue requerida por la Jefa del Servicio de Provisión y Selección de Recursos Humanos y que no tiene duda alguna ni sobre los documentos sobre los que se proyectó el ejercicio de la fe pública ni sobre las actuaciones del notario. Justifica la anulación de las puntuaciones atribuidas en 2007. También señala que no se acreditó que hubiera intervenido en la anonimización de los exámenes ningún familiar de los aspirantes ni que hubieran tenido alguna influencia. Niega que la contratación de un despacho de abogados supusiera un vicio del proceso selectivo y explica, en fin, que los cambios producidos en los tribunales se debieron al tiempo transcurrido y que, en todo caso, tuvieron carácter puntual sin que en ello hubiera motivo alguno de nulidad.
Hay, pues, correspondencia entre la respuesta ofrecida por la sentencia y las pretensiones esgrimidas en la demanda y los principales argumentos con los que la Sra. Encarnacion los sostenía.
Así, pues, el primer motivo del recurso de casación de la Sra. Encarnacion ha de ser desestimado.
Tampoco advertimos las infracciones denunciadas en el segundo motivo pues la denegación de la prueba pericial se justificó debidamente. No era pertinente por innecesaria y sentado este extremo carece de relevancia la discusión sobre cuál sea el contenido de la documentoscopia.
Los motivos de fondo, que afrontamos conjuntamente, deben ser igualmente desestimados.
Así, nuestras cuatro sentencias de 12 de diciembre de 2012 [casación 967/2011 (recurso interpuesto, entre otras recurrentes, por la ahora recurrida Sra. Regina ), 6827/2010, 6888/2010 y 7143/2010] confirmaron las de instancia que, a su vez, confirmaron la legalidad de la resolución de 3 de julio de 2008. En esas resoluciones desestimamos los motivos dirigidos contra los juicios de instancia para los que la Guía de Procedimientos utilizada en 2007 vulneraba no sólo las bases de la convocatoria sino, también, los principios de igualdad, mérito y capacidad. Asimismo, rechazamos los motivos que combatían la confirmación por la Sala de Santa Cruz de Tenerife de la manera en que la Administración resolvió los recursos de alzada contra la actuación seguida en 2007 y consideramos conforme al ordenamiento jurídico la retroacción dispuesta por la Administración canaria.
Posteriormente, en la sentencia de 5 de junio de 2013 (casación 1090/2012 ) hemos rechazado que la recurrida infringiera los principios de igualdad, mérito y capacidad y el principio de anonimato.
Es importante, destacar que sentada la legalidad de la resolución de 3 de julio de 2008, retroacción incluida, decae el planteamiento que la Sra. Encarnacion expresa repetidamente en su escrito de interposición. El que quiere ver en ellas una operación dirigida a hacer posible que aspirantes, funcionarios interinos con amplia experiencia, que no superaron las pruebas en su primera materialización, obtuvieran plaza en la repetición. Establecida la infracción por la Guía de Procedimientos de los principios de igualdad, mérito y capacidad y la conformidad al ordenamiento jurídico de la retroacción del procedimiento, desaparece todo indicio de desviación de poder ya que fue una clara infracción, no sólo de la legalidad, sino de la Constitución (artículos 23.2 y 103.3 ), la razón determinante de la nulidad de aquellos resultados y de la procedencia de repetir en la parte necesaria el proceso.
Y, por lo que hace a las modificaciones en la composición de los tribunales, no puso de relieve la demanda ningún defecto invalidante y el hecho de que la calificación asignada a la actora en la segunda vez que hizo los ejercicios fuera menor que en la primera no sirve para demostrar un cambio de criterio --que, además, para ser relevante ahora debería demostrarse, no que fuese distinto al de 2007 sino que en 2009 no se aplicó por igual a todos los aspirantes, prueba que no se ha aportado-- ya que, en realidad, su calificación de la fase A ha sido incluso superior en la segunda. Y en la fase B la Sra. Encarnacion obtuvo puntuaciones ligeramente inferiores. Diferencia que debe atribuirse a la distinta impresión que produjo la intervención oral de la recurrente y que, en todo caso, no nos ha explicado que fuera decisiva.
Por último, hemos de decir que, dejando a salvo el resultado al que se llegue al realizar la comprobación ordenada por la sentencia recurrida, no nos ha justificado la Sra. Encarnacion que, de ser ciertas las puntuales irregularidades que denuncia respecto de la forma en que se fotocopiaron los ejercicios de la fase A de la oposición o de la intervención en esa tarea de familiares de algún aspirante y eliminados los que se hubieran beneficiado de ello, se hubieran producido modificaciones sustanciales en la relación de aprobados con plaza en el proceso selectivo y que, en concreto, ella figuraría en ese grupo o en una posición que le permitiera trabajar temporalmente. La generalidad e inconcreción de sus alegaciones no permiten deducir de ellas cuál sería su situación en tal hipótesis con lo cual se encuentra en la misma situación que contemplamos en nuestra sentencia de 5 de junio de 2013 (casación 1090/2012 ).
Debemos excluir, por tanto, que haya justificado la recurrente la infracción de los artículos 23.2 y 103.3 de la Constitución .
La imposición al Gobierno de Canarias se hace únicamente a favor de la Sra. Encarnacion , pues la Sra. Regina , en realidad, no se ha opuesto al recurso de casación de aquél. Y la imposición de las costas a la Sra. Encarnacion se hace a favor del Gobierno de Canarias y de la Sra. Regina por partes iguales dentro del límite señalado.
Que no ha lugar a los recursos de casación que con el nº 4051/2012 han interpuesto la Comunidad Autónoma de Canarias y doña Encarnacion contra la sentencia dictada el 1 de octubre de 2012 por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias con sede en Santa Cruz de Tenerife y recaída en el recurso 113/2009 , e imponemos a los recurrentes las costas del recurso de casación en los términos señalados en el último de los fundamentos jurídicos.
STS, 17 de Febrero de 2014 (Cuerpo de maestros, Ingreso, Proceso selectivo)
STSJ Castilla y León 202/2013, 8 de Mayo de 2013
ATC 56/2005, 2 de Febrero de 2005
ATS 1405/2017, 19 de Octubre de 2017
SAP Murcia 44/2006, 30 de Noviembre de 2006