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Timestamp: 2020-02-22 09:56:54
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Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 4', 'artículo 1', 'artículo 8', 'artículo 5', 'artículo 11', 'artículo 11']

﻿ Sentencia 2005-00416 de julio 29 de 2010
SENTENCIA 2005-00416 DE 29 DE JULIO DE 2010
CONTENIDO:ACCIÓN POPULAR. OBLIGACIÓN DE CONSERVACIÓN ESPECIAL DE LOS BIENES DECLARADOS DE INTERÉS CULTURAL PARA LA NACIÓN.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN POPULAR, DERECHO AL MEDIO AMBIENTE SANO, PREVENCIÓN DE DESASTRES, BIEN CULTURAL, PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN, CONSERVACIÓN DE BIEN INMUEBLE
Sentencia 2005-00416 de julio 29 de 2010
Rad.: 190001-23-31-000-2005-00416-01(AP)
Actor: Julián Ignacio Londoño Cabezas y otro
8. 1. Las acciones populares —finalidad y procedencia—.
8.2. Los derechos e intereses colectivos.
El recurrente, municipio de Popayán, en su escrito de apelación afirma que siempre ha reconocido la importancia que tiene como bien de interés cultural la Casa Histórica del Sabio Caldas y del poeta soldado Julio Arboleda, por lo que siempre ha realizado todas las actividades que se encuentran dentro de su órbita de actuación, y que si la situación del mencionado bien no es la mejor, eso se debe a la falta de los recursos necesarios para realizar la restauración.
Corresponde, entonces, a la Sala determinar: i) la responsabilidad del municipio de Popayán en la adopción de un plan especial para garantizar la protección y sostenibilidad de los bienes de interés público, ii) la amenaza o vulneración de los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, a la defensa del patrimonio cultural de la Nación y a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, con ocasión del presunto estado de deterioro de la Casa Histórica del Sabio Caldas y del poeta soldado Julio Arboleda declarada bien de interés cultural.
A efectos de resolver lo anterior, la Sala considera necesario hacer las siguientes precisiones:
Mediante la Ley 163 del 30 de diciembre de 1959, se reguló lo relacionado con las medidas sobre defensa y conservación del patrimonio histórico, artístico y monumentos públicos de la Nación.
En este sentido el artículo 1º declaró patrimonio histórico y artístico nacional los monumentos, tumbas prehispánicas y demás objetos, ya sean obra de la naturaleza o de la actividad humana, que tengan interés especial para el estudio de las civilizaciones y culturas pasadas, de la historia o del arte, o para las investigaciones paleontológicas, y que se hayan conservado sobre la superficie o en el subsuelo nacional.
En particular, en el artículo 4º declaró como monumentos nacionales los sectores antiguos de las ciudades de Tunja, Cartagena, Mompox, Popayán, Guaduas, Pasto y Santa Marta —especialmente la Quinta de San Pedro Alejandrino y las residencias de reconocida tradición histórica—.
Por sectores antiguos, al tenor de la referida disposición, debe entenderse los de las ciudades de Tunja, Cartagena, Mompox, Popayán, Guaduas, Pasto, Santa Marta, Santa Fe de Antioquia, Mariquita, Cartago, Villa de Leyva, Cali, Cerrito y Buga. Las calles, plazas, plazoletas, murallas, inmuebles, incluidos casas y construcciones históricas, en los ejidos, inmuebles, etc., incluidos en el perímetro que tenían estas poblaciones durante los siglos XVI, XVII y XVIII.
No obstante, previo estudio de la documentación correspondiente, el consejo de monumentos nacionales podrá proponer la calificación y declaración de otros sectores de ciudades, zonas o accidentes geográficos o inmuebles como monumentos nacionales.
En caso de que se trate de inmuebles que a juicio del mencionado consejo sean considerados como de valor histórico o artístico, los mismos no podrán ser reparados, reconstruidos ni modificados sin el respetivo permiso, a cuya aprobación serán sometidos los planos y bocetos de las obras que el dueño o interesado proyecte realizar en tales inmuebles, en todo caso el consejo supervigilará las obras que autorice.
Por su parte, la propia Constitución Política consagra la especial protección que debe darse al patrimonio cultural de la Nación, en este sentido se encuentran los artículos 8º y 72:
“ART 8º.—Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación”.
Estos mandatos encuentran su desarrollo en la Ley 397 del 7 de agosto de 1997(1), que, según lo previsto en el artículo 1º, vigente al momento de la ocurrencia de los hechos y sin las modificaciones de la Ley 1185(2), establece lo que debe entenderse por patrimonio cultural de la Nación, disponiendo:
“El patrimonio cultural de la Nación está constituido por todos los bienes y valores culturales que son expresión de la nacionalidad colombiana, tales como la tradición, las costumbres y los hábitos, así como el conjunto de bienes inmateriales y materiales, muebles e inmuebles, que poseen un especial interés histórico, artístico, estético, plástico, arquitectónico, urbano, arqueológico, ambiental, ecológico, lingüístico, sonoro, musical, audiovisual, fílmico, científico, testimonial, documental, literario, bibliográfico, museológico, antropológico y las manifestaciones, los productos y las representaciones de la cultura popular.
En relación con la responsabilidad para la realización de la declaratoria de monumentos nacionales y de bienes de interés cultural de carácter nacional, así como del manejo de unos y otros, el artículo 8º ejusdem, estableció que le corresponde al Gobierno Nacional a través del Ministerio de Cultura, previo concepto del consejo de monumentos nacionales, lo cual, a nivel territorial es asignado a las entidades territoriales respecto de bienes de interés cultural del ámbito municipal, distrital, departamental, por intermedio de las alcaldías y las gobernaciones, previo concepto de los centros filiales del consejo de monumentos nacionales, donde existan, o en su defecto por la entidad delegada por el Ministerio de Cultura.
2. Intervención. Entiéndase por intervención todo acto que cause cambios al bien de interés cultural o que afecte el estado del mismo.
Por virtud de lo dispuesto en el artículo 5º de esta ley, para que los bienes de interés cultural que pertenezcan al patrimonio arqueológico de la Nación, dicha autorización estará implícita en las licencias ambientales de los proyectos de minería, hidrocarburos, embalses o macro proyectos de infraestructura. En estos casos, se dispondrá que la supervisión será ejercida en cualquier tiempo por los profesionales acreditados ante el Ministerio de Cultura.
El plan especial de protección indicará el área afectada, la zona de influencia, el nivel permitido de intervención y las condiciones de manejo y el plan de divulgación que asegurará el respaldo comunitario a la conservación de estos bienes, en coordinación con las entidades territoriales correspondientes” (negrillas y subrayado de la Sala).
Según lo resaltado y trascrito, luego de la declaratoria de monumento nacional o de bien de interés cultural o artístico, se elaborará un plan especial para su protección por parte de la autoridad competente, necesitando, por lo demás, un concepto previo de quien lo haya declarado como tal, para efectos de su demolición, desplazamiento y/o restauración.
Ahora, una vez determinada la normativa aplicable y teniendo claro que le corresponde al municipio de Popayán tanto la declaratoria de bienes de interés cultural que se encuentran dentro de su territorio, como la elaboración del respectivo plan especial de protección, la Sala establecerá a partir del acervo probatorio allegado al plenario, la responsabilidad del mismo por la presunta amenaza o vulneración de los derechos colectivos invocados en el sub lite.
Con ese cometido, la Sala observa que dentro del expediente obran los siguientes medios de prueba:
• Copia del oficio 9755 de 7 de julio de 2003, expedido por la jefe de la oficina asesora de planeación municipal de Popayán, en el que se consignó lo siguiente: “... la oficina asesora de planeación solicitará al consejo de monumentos nacionales filial Cauca, una copia del documento por medio del cual el Ministerio de Cultura declaró de interés patrimonial a las haciendas del listado antes mencionado” (fl. 14, cdno. ppal.).
• Copia del oficio de 23 de julio de 2003, expedido por el consejo de monumentos nacionales filial Cauca en el cual se deja constancia del estado de la Casa Los Tejares:
“1. Evidentemente la casa de “Los Tejares” ubicada en la carrera 3 Nº 29-562 tiene valor histórico y arquitectónico que ameritan su adecuada conservación. En este sentido se consigna una nota en el certificado de urbanismo a que usted (Luis José Arias Vallejo) hace referencia y fechado el 12 de agosto de 1996 y el centro filial Cauca se ha manifestado igualmente en varias oportunidades.
2. No existe acto administrativo del Ministerio de Cultura que declare esa casona como inmueble de interés patrimonial. La Ley 163 de 1959 reglamentada por el Decreto 264 de 1963, declara monumento nacional, entre otros, al sector antiguo de Popayán y los sitios y edificaciones históricas contenidos en dicho centro, considerado como tal el perímetro que tenía la población durante los siglos XVI, XVII y XVIII” (fl. 14, cdno. ppal.).
• Copia del Decreto 240 de 5 de diciembre del 2003, por el cual el alcalde del municipio de Popayán, declara como bien de interés cultural a la Casa Histórica del Sabio Caldas y del poeta Julio Arboleda, incluido el predio donde reposa, su portada y jardines, ubicada en la carrera 3 Nº 29-562 Los Tejares, Popayán (fls. 15 y 16, cdno. ppal.).
• Copia de la solicitud realizada por el señor Luis José Arias Vallejo, propietario del inmueble, en el cual le solicita al alcalde de Popayán que “se ejecuten todas las acciones pertinentes encaminadas a la readquisición y conservación de la Casa Histórica del Sabio Caldas y del poeta soldado Julio Arboleda” (fls. 19 a 21, cdno. ppal.).
• A folios 24 a 27 del expediente, se encuentra el estudio técnico realizado por la oficina asesora de planeación municipal de Popayán, en visita realizada el 15 de octubre de 2003 y en la que se hicieron las siguientes recomendaciones:
“1. La comisión, teniendo en cuenta la importancia histórica y tipológica de la casona, pese a las afectaciones que presenta en la actualidad que no le restan mérito alguno, adhiere al concepto del consejo de monumentos nacionales filial Cauca en el sentido del reconocimiento de su valor histórico. Para tal efecto recomienda su declaración como monumento con el fin de velar por su conservación y su preservación como testimonio tipológico de las viviendas de paso en las grandes haciendas, las cuales han ido desapareciendo especialmente en el área cercana a Popayán.
2. Se debe efectuar un estudio detallado del estado constructivo para determinar las acciones de la restauración y el presupuesto de la obra.
3. También se recomienda que se elabore por parte de esta oficina un levantamiento preliminar de la flora del predio para establecer su valor patrimonial.
4. Se deberá así mismo efectuar un registro fotográfico.
5. Reportar a la entidad competente sobre la afectación negativa del talud lateral que tiene proceso erosivo y requiere obras de mitigación” (fls. 24 a 27, cdno. ppal.).
• Copia del informe técnico de la oficina asesora de planeación municipal de Popayán, según visita realizada a la casona del Sabio Caldas el 8 de junio de 2004, en el que se hicieron las recomendaciones que a continuación se transcriben:
“Se reitera el reconocimiento del valor histórico de la casa que a su vez se hizo por la comisión anterior de la oficina asesora de planeación, la cual se adhiere al concepto del consejo de monumentos nacionales filial Cauca. Se debe velar por su conservación y su preservación como testimonio de la tipología de vivienda campestre de las antiguas haciendas de finales del siglo XVIII, en las inmediaciones de la ciudad de Popayán.
Se recomienda la elaboración de un plan especial de protección, PEP, para el monumento Casa Histórica del sabio Caldas y del poeta soldado Julio Arboleda, que permita estructurar su restauración, sus posibles usos y su desarrollo futuro. Este plan se puede realizar con el acompañamiento del Ministerio de Cultura, el consejo de monumentos filial Cauca y la oficina asesora de planeación del municipio de Popayán.
Este plan de protección debe efectuar un estudio detallado del estado constructivo para determinar las acciones de la restauración y su costo financiero. Así mismo se recomienda que se integre un levantamiento de la flora y fauna del predio por parte del Jardín Botánico de Popayán para definir su valor de conservación” (fls. 28 a 32, cdno. ppal.).
• Plano de levantamiento y materia visual del inmueble objeto de la examen, donde se evidencia lo siguiente: la localización aérea del bien, el deterioro de la fachada principal y posterior, la erosión por meteorización de los muros exteriores, el deterioro de la cubierta y la afectación negativa del talud lateral (fls. 34 a 40, cdno. ppal.).
• Inspección judicial practicada el 14 de julio de 2005 por el a quo, donde se concluyó: “... se pudo constatar que se trata de una casa habitada por la familia Arias Vallejo actual propietaria y poseedora del bien inmueble en total deterioro en su fachada principal, con techos en mal estado y apuntalada en pilares para sostenerla, así mismo al bordear la vivienda se encuentra en mal estado las paredes, los pisos semidestruidos. Se deja constancia que por el mal estado en que se encuentra el inmueble ofrece serio peligro a las personas que en él habitan” (fls. 148 y 149, cdno. ppal.).
• Copia del oficio de 17 de octubre de 2007, por medio del cual el doctor Mario Fernando Ordoñez, secretario de educación cultura y deporte, da respuesta al derecho de petición 33047 comunicando que la secretaría que está a su cargo, solicitó Disponibilidad Presupuestal 272380 por valor de diez millones de pesos ($ 10.000.000) dedicada a la elaboración del plan especial de protección de la Casa Caldas Tejares.
• Oficio fechado el 18 de febrero de 2008, a través del cual el propietario del inmueble informa que ante la ineficiencia y falta voluntad política de la alcaldía de Popayán, se solicitó a la arquitecta Alejandra Ochoa Pineda, que presentara una propuesta para la elaboración del plan especial de protección para dicha casona, el cual no se tuvo en cuenta por el ente territorial.
Manifiesta que se inició un prediagnóstico desde el año de 2007, sin que a la fecha se haya realizado actividad tendiente a su conclusión.
• Copia del oficio fechado el 21 de febrero de 2008, en el cual la oficina asesora de planeación de la alcaldía de Popayán, informa que con el fin de determinar el estado actual de conservación de todo el inmueble y llevar a cabo el prediagnóstico, como primera fase del plan especial de protección, se llevó a cabo el proceso de contratación del arquitecto restaurador Javier Velasco Mosquera.
Remite copia, en medio digital del prediagnóstico producto final del referido contrato, el cual demuestra el claro deterioro de la casona, en cuanto al techo, los pisos, las paredes, las habitaciones, la entrada y sus jardines (fls. 255 a 258, cdno. ppal.).
Ahora, verificado el expediente y los medios probatorios allegados al mismo, la Sala establecerá la responsabilidad del municipio de Popayán en cuanto a la elaboración y adopción del plan especial de protección de la casona del Sabio Caldas y del poeta soldado Julio Arboleda, no sin antes pronunciarse sobre la posible ocurrencia de una cosa juzgada, puesta de presente por las partes.
En este orden de ideas, la Sala, en primer lugar, recuerda que justamente en el año de 2007(3), esta Sección conoció de la demanda interpuesta por el señor Javier Zúñiga Velasco, en procura de la protección de los derechos e intereses colectivos relacionados con la moralidad administrativa, la defensa del patrimonio público, la defensa del patrimonio cultural de la Nación, la seguridad y salubridad públicas, la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, y la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes, los cuales se estimaron vulnerados en razón a que dentro de la ejecución de las obras de mantenimiento de la vía Tejares —Boquerón— Los dos Brazos, del municipio de Popayán, adelantadas por el Fondo Nacional de Caminos Vecinales, no se construyeron todas las cunetas en concreto necesarias para evitar el hundimiento de la vía y de las viviendas ubicadas en el sector, lugar donde se encuentra ubicada la mencionada casa.
En dicha oportunidad se concluyó que el bien se encontraba seriamente deteriorado como consecuencia del tránsito inadecuado de aguas lluvias en su sector frontal, pues por estar ubicado en una zona semiplana el agua se estaba estancando, lo que dificultaba el acceso al mismo, causando deterioros en el terreno y con el tiempo daños en la estructura.
Por lo anterior y realizado el análisis del caso, esta Sección consideró que el municipio de Popayán vulneró los derechos colectivos invocados, por lo que lo declaró responsable, ordenándole iniciar y culminar las gestiones de carácter administrativo, financiero y presupuestal pertinentes para la consecución de los recursos necesarios para la construcción de un muro de contención o de las obras civiles para la protección de la parte del terreno donde se localiza la casa histórica.
En estas condiciones, la Sala considera que no se trata de la presentación de dos acciones populares con los mismos supuestos de hecho y de derecho y en las que se persigan las mismas declaraciones, toda vez que la presente demanda gira en torno a la omisión del municipio de Popayán en cuanto a la falta de elaboración y adopción del plan especial de protección de mencionado bien.
En efecto, a pesar de que en ambos procesos se hace alusión al deterioro del plurimencionado inmueble, uno se presenta con ocasión de la falta de construcción de unas cunetas para evitar el hundimiento, entre otras, de la casa del Sabio Caldas, y el otro por la amenaza de ruina en que se encuentra, por la carencia un plan estratégico para su especial protección por tratarse de un bien declarado de interés cultural para la Nación.
Lo manifestado conduce a la Sala a concluir, que en este evento no se está configurando la situación descrita, esto es, que se trate de cosa juzgada.
Expuesto esto, la Sala se pronunciará sobre el problema jurídico planteado. En este sentido se corrobora que justamente el municipio de Popayán por medio del Decreto 240 de 2003, cumplió la carga de declarar como bien de interés cultural a la Casa Histórica del Sabio Caldas y del poeta soldado Julio Arboleda, incluyendo el predio donde reposa y su jardín.
El artículo 11 de la Ley 397, establece la obligación que con la declaratoria de un bien como de interés cultural, se debe elaborar un plan especial de protección por parte de la autoridad competente, lo cual a la luz del material probatorio allegado al expediente no se ha realizado.
Ciertamente, revisados los documentos aportados, la Sala encuentra la coincidencia de los términos en que se pronuncian todas las partes, en el sentido de que con el fin de proteger el patrimonio cultural y material de Colombia, es necesaria la elaboración del plan de manejo y protección.
Basta con la simple lectura del estudio técnico realizado por la oficina asesora de planeación municipal de Popayán, en visita del 15 de octubre de 2003, dos meses antes de la declaratoria del bien como de interés cultural, en donde se recomendó expresamente la urgente adopción de un plan especial de protección que permita su restauración, sus posibles usos y su desarrollo futuro, hecho que resulta ser muy revelador de la situación del mismo.
Incluso, se dejó constancia de la imperiosa necesidad de actuar para que se realice un levantamiento de la flora y fauna del predio por parte del Jardín Botánico de Popayán, para así poder definir su valor de conservación, lo cual no ha ocurrido.
El ente territorial se excusa argumentando que se encuentra a la espera de firmar un convenio con el Ministerio de la Cultura, a través del cual pretende obtener la asesoría técnica para la elaboración del mismo, así como los recursos que permitan ejecutarlo.
En particular, para la Sala tales explicaciones no son de recibo, toda vez que han pasado más de 6 años, contados a partir del día en que se expidió el decreto a través del cual el inmueble fue declarado bien de interés cultural, esto es, 5 de diciembre de 2003, sin que haya desplegado todas y cada unas de las actuaciones que los principios de la función pública demandan, para cumplir con su obligación constitucional de proteger las riquezas culturales de la Nación.
Además, en reiteradas ocasiones la Sala ha venido sosteniendo que las razones puramente económicas no excusan ni justifican la vulneración de derechos colectivos pues corresponde a los responsables adoptar sin dilación alguna todas las medidas pertinentes para garantizarlos, buscando los medios necesarios en pro de superar la afectación ocurrida.
Tampoco se pasa por inadvertido que si bien es cierto que la única actuación realizada por el municipio se refiera a un diagnóstico previo del inmueble, también lo es que la misma no demuestra inequívocamente que el ente territorial está realizando las demás gestiones administrativas y prácticas para el cumplimiento de la obligación antes descrita.
Justamente, dicha actuación es tan solo una de las muchas que deben ser desplegadas para la elaboración del plan especial de protección, puesto que además se debe presentar un estudio del estado actual de las condiciones de manejo y el plan de divulgación que asegurará el respaldo comunitario a su conservación, igualmente se debe indicar el área afectada, la zona de influencia y el nivel de intervención permitido.
Se trata, entonces, de un conjunto de elementos que permitan su utilización como herramienta normativa y de planeación, por medio de los cuales se establecen las acciones necesarias para garantizar la protección y la sostenibilidad en el tiempo de los bienes de interés cultural.
Lo anterior debe unirse al hecho de que de los demás documentos obrantes, la Sala encuentra demostrado el significativo deterioro de la casona, el cual la pone en riesgo de ruina, razón por la cual se hace necesaria la elaboración e implementación del referido plan especial de protección por parte del ente territorial que lo declaró como tal, y el cual se encuentre dirigido a garantizar su conservación y sostenibilidad en el tiempo, tal como lo manda la Ley 397 de 1997 en su artículo 11.
En consecuencia y teniendo en cuenta el deterioro y riesgo en que se encuentra el inmueble, la Sala confirmará la sentencia de instancia, a través de la cual se le ordenó al ente territorial realizar las gestiones necesarias que permitan la conservación especial del mismo, entre ellas, que adelante la elaboración del plan de protección para la Casa Histórica del Sabio Caldas y del poeta soldado Julio Arboleda, ubicada en la carrera 3 Nº 29-562 Los Tejares de Popayán, declarada como bien de interés cultural mediante Decreto Municipal 240 del 5 de diciembre de 2003, tal y como está previsto en la Ley 397 de 1997. No obstante, modificará lo relacionado con el incentivo económico reconocido a favor de los actores populares, en cuanto la Sala estima que son suficientes, de acuerdo con las actuaciones realizadas por los mismos, la suma de diez (10) salarios mínimos legales vigentes.
1. MODIFÍCASE el numeral 4º de la sentencia apelada, esto es, la de 22 de septiembre de 2005, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, el cual quedará así:
“4. Una vez ejecutoriada esta providencia, el municipio de Popayán deberá pagar a los actores la suma equivalente a diez (10) salarios mínimos legales mensuales, por concepto de incentivo económico”.
2. CONFÍRMASE en lo demás la providencia apelada, por las razones expuestas en la parte motiva.
4. Ejecutoriado este proveído, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 29 de julio de 2010».
(1) “Por la cual se desarrollan los artículos 70, 71 y 72 y demás artículos concordantes de la Constitución Política y se dictan normas sobre el patrimonio cultural, fomentos y estímulos a la cultura, se crea el Ministerio de la Cultura y se trasladan algunas dependencias”.
(2) “Por la cual se modifica y adiciona la Ley 397 de 1997 —ley general de cultura— y se dictan otras disposiciones”.
(3) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia del 15 de febrero de 2007, consejero ponente: Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, Radicación 2003-2228.