Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/Autos/2007/A300-07.htm
Timestamp: 2017-11-25 07:41:49
Document Index: 174386766

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 38', 'artículo 2', 'Artículo 38', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 37', 'Artículo 43', 'Artículo 18', 'ARTÍCULO 37', 'Artículo 5', 'Artículo 228', 'Artículo 3']

A300-07
Auto 300/07
CONFLICTO DE COMPETENCIA EN TUTELA-Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial
CONFLICTO DE COMPETENCIA EN TUTELA-Prolongación injustificada del término de 10 días para dar soluciones a las acciones de tutela deslegitiman la labor fundamental de los jueces en el Estado Social de Derecho
Referencia: expediente I.C.C.-1174
Conflicto de competencia entre el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Villavicencio y el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de la misma ciudad.
Acción de tutela promovida por el ciudadano José Luis Gutiérrez Maldonado contra la Dirección General de la Policía Nacional de Colombia y la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, CASUR.
Bogotá D.C., veintiuno (21) de noviembre de dos mil siete (2007)
1. El señor José Luís Gutiérrez Maldonado interpuso acción de tutela en contra de la Dirección General de la Policía Nacional de Colombia y de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional -CASUR-, ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. En su escrito, el accionante solicita la protección de sus derechos fundamentales de petición e igualdad, los cuales estima vulnerados por cuanto -según manifiesta- las accionadas no han efectuado la nivelación de su salario ni la actualización de la prima de actividad a la que aduce tener derecho.
2. Mediante decisión de doce (12) de septiembre de dos mil siete (2007), la Subsección D, Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó remitir el expediente a los jueces de circuito por considerar que, como quiera que la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional -CASUR- es un establecimiento público del orden nacional, ella carece de competencia para conocer de la misma de conformidad con lo establecido en el inciso 2°, numeral 1° del artículo 1° del Decreto 1382 de 2000[1].
Adicionalmente, sostuvo que si bien CASUR tiene su sede principal en la ciudad de Bogotá, esta entidad tiene dependencias en la ciudad de Villavicencio, lugar en el que se encuentra domiciliado el actor y donde presuntamente se configuró la violación de los derechos fundamentales invocados, razón por la cual ordenó que dicha remisión se hiciera a los juzgados del circuito de Villavicencio.
3. Efectuado el reparto, el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Villavicencio, mediante Auto del veinticinco (25) de septiembre de dos mil siete (2007), se declaró incompetente para conocer de la presente acción por cuanto una de las entidades demandadas, esto es la Dirección General de la Policía Nacional de Colombia, es una autoridad pública del orden nacional, razón por la cual la competencia para conocer de este asunto está radicada en el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, en aplicación del inciso 1°, numeral 1° del artículo 1° del Decreto 1382 de 2000[2].
4. Repartida nuevamente la acción de tutela de la referencia, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, mediante Auto del dos (2) de octubre de dos mil siete (2007), consideró que si bien el demandante había dirigido su acción en contra de la Dirección General de la Policía Nacional de Colombia y de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional -CASUR-, lo cierto es que el reconocimiento del derecho reclamado es de competencia exclusiva de esta última entidad, razón por la cual la competencia para tramitar la acción es de los juzgados de circuito.
En este sentido, consideró que “teniendo en cuenta que el presente asunto fue repartido al Juzgado Tercero Penal del Circuito de esta ciudad, es allí a donde deben volver las diligencias para los fines indicados”[3].
5. Mediante Auto de dieciséis (16) de octubre de dos mil siete (2007), el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Villavicencio nuevamente se declaró incompetente para conocer de la acción de tutela de la referencia, por considerar que el actor había escogido la vía administrativa para que conociera del presente trámite, por lo que, bajo los parámetros establecidos por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, la competencia para tramitar la acción se encuentra en los juzgados administrativos del circuito de esa ciudad; en este orden de ideas, se ordenó la remisión del expediente a la Oficina de Reparto.
6. Finalmente, repartida la acción al Juzgado Primero Administrativo del Meta, dicha autoridad judicial se declaró incompetente para conocer de la presente acción, mediante Auto del diecisiete (17) de octubre de dos mil siete (2007). En criterio del Juzgado, a pesar de que el hecho de que una de las entidades accionadas es una autoridad pública del orden nacional impide que un juez de circuito conozca de esta acción -de acuerdo con el artículo 1° del Decreto 1382 de 2000-, lo cierto es que el Juzgado Tercero Penal del Circuito de esa ciudad no podía desconocer la orden dada por su superior y ordenar la remisión del asunto a los juzgados administrativos bajo la consideración de que el accionante ya había elegido esa jurisdicción para tramitar su acción, como quiera que en relación con las acciones de tutela, todos los jueces se encuentran inmersos en una misma jurisdicción, esta es, la constitucional.
Por tal razón, esta autoridad judicial ordenó remitir el expediente a la Corte Constitucional para que se dirima el conflicto negativo de competencia así planteado.
2. Ahora bien, en el presente caso se somete a consideración de esta Corporación el conflicto negativo de competencia aparente que ha surgido entre el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Villavicencio y el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de la misma ciudad, dentro de la acción de tutela promovida por José Luís Gutiérrez Maldonado contra la Dirección General de la Policía Nacional de Colombia y la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional -CASUR-. Pero, adicionalmente, en este trámite también han manifestado su incompetencia para conocer del presente asunto la Subsección D, Sección II del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio.
Para efectos de resolver el conflicto así planteado, lo primero que debe señalarse es que, tal y como lo ha establecido esta Corporación en reiteradas oportunidades, la aplicación de las reglas de reparto de tutela contenidas en el Decreto 1382 de 2000 debe efectuarse a partir de la consideración de la autoridad pública o del particular que el actor haya señalado como demandado en el escrito contentivo de la acción de tutela, razón por la cual no le es dable al juez realizar un análisis de fondo de los hechos de la demanda para determinar a priori los destinatarios del mecanismo de amparo constitucional. Ello, por cuanto del estudio de admisión no se pueden derivar conclusiones sobre el fondo del asunto planteado en la demanda, pues dichas conclusiones deben surgir justamente del estudio que se realiza para dictar la sentencia.
En estas condiciones, sólo después de avocado el conocimiento de la acción de tutela o incluso con posterioridad a la práctica de pruebas, cuando ello es necesario[6], es que el funcionario judicial puede identificar con certeza, en cada caso, las autoridades públicas o los particulares que violaron o amenazaron o no el derecho fundamental objeto de protección constitucional”[7]
En este sentido, no le era dable a la Subsección D, Sección II del Tribunal Administrativo de Cundinamarca ni al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, determinar a priori que únicamente la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional puede tener algún tipo de responsabilidad en la violación de los derechos fundamentales esgrimidos por el accionante y, a partir de dicha consideración, establecer quien es la autoridad judicial competente para conocer de la presente acción de tutela.
En efecto, tal y como se señaló con anterioridad, el análisis para la aplicación de las reglas de reparto de tutela contenidas en el Decreto 1382 de 2000 debe efectuarse a partir de la consideración de la naturaleza de las diferentes entidades que el actor señaló como demandadas, en este caso, la Dirección General de la Policía Nacional de Colombia y la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional -CASUR-, razón por la cual la Sala pasa a establecer cual es la naturaleza jurídica de dichas entidades para luego, a partir de lo anterior, determinar quien es la autoridad judicial que debe conocer del presente asunto.
En primer lugar, debe señalarse que la Dirección General de la Policía Nacional de Colombia es una dependencia que hace parte de la estructura del Ministerio de Defensa Nacional, en los términos del artículo 1° del Decreto 049 de 2003, modificado por el Decreto 4222 de noviembre 23 de 2006.
A su vez, el Ministerio de Defensa Nacional, de conformidad con el artículo 38 de la ley 489 de 1998, es una autoridad pública del orden nacional. En efecto, dicha norma dispone:
d) Los ministerios y departamentos administrativos; (…)”. (Negrilla fuera de texto).
Por tal razón, de acuerdo con las reglas de reparto establecidas en el Decreto 1382 de 2000, las acciones de tutela dirigidas contra la Dirección General de la Policía Nacional de Colombia son de conocimiento, en primera instancia, de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, Administrativos y Consejos Seccionales de la Judicatura.
Por su parte, la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional es un establecimiento público del orden nacional, según lo dispuesto en el artículo 2 del Decreto 823 de 1995, que se encuentra integrado al sector descentralizado por servicios del orden nacional (Artículo 38, numeral 2, literal a) de la Ley 489 de 1998).
Así las cosas, de conformidad con lo establecido en el inciso segundo del numeral 1° del artículo 1º del Decreto Reglamentario 1382 de 2000, una acción de tutela interpuesta contra esta autoridad sería de conocimiento de los jueces de circuito o con categoría de tales.
En este escenario, como quiera que las autoridades demandadas se encuentran en distintos niveles -lo que implica que, en aplicación de las disposiciones del Decreto 1382 de 2000, mientras las acciones de tutela dirigidas en contra de la Dirección General de la Policía Nacional de Colombia son de conocimiento de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, Administrativos y Consejos Seccionales de la Judicatura, aquellas en donde funge como demandada la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional son conocidas por los jueces de circuito-, y con el objeto de esclarecer el panorama normativo en el cual debe solucionarse el asunto que ahora se plantea, es preciso desarrollar una breve consideración a propósito de las disposiciones que regulan el reparto en materia de tutela cuando una de las entidades demandadas pertenece al orden nacional.
En este sentido, el artículo 1° del Decreto 1382 de 2000 establece:
“ (…) Cuando la acción de tutela se promueva contra más de una autoridad y éstas sean de diferente nivel, el reparto se hará al juez de mayor jerarquía, de conformidad con las reglas establecidas en el presente numeral.”
Con fundamento en la norma en cita, se concluye que en casos como el presente, en el cual la acción de tutela ha sido promovida contra dos autoridades de diferente jerarquía -una de orden nacional y otra que pertenece al sector descentralizado por servicios- el juez que ha de conocer en primera instancia será el que ha sido designado por el Decreto 1382 de 2000 para conocer de la acción de tutela dirigida en contra de la autoridad perteneciente a un nivel superior.
Por tal razón, la Sala estima que el conocimiento del presente asunto corresponde al Tribunal Superior de Distrito Judicial, al Tribunal Administrativo o al Consejo Seccional de la Judicatura con jurisdicción en el lugar donde se presentó la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales del accionante que motivaron la presente acción, en los términos del artículo 37 del Decreto 2591 de 1991[8].
Ahora bien, en relación con la aplicación del factor territorial para determinar a qué juez corresponde el conocimiento de la presente acción, asunto que también fue objeto de debate entre las distintas autoridades judiciales que conocieron del expediente de la referencia, debe señalarse que esta Corte a través de reiterados pronunciamientos a establecido que el domicilio del demandante -no del accionado- debe entenderse como el lugar donde se presenta la presunta vulneración de los derechos fundamentales del mismo[9].
En este orden de ideas, como quiera que el actor reside en el municipio de Villavicencio, Meta, la Sala advierte que la competencia en atención al factor territorial está radicada en el Tribunal Superior de Distrito Judicial, el Tribunal Administrativo o el Consejo Seccional de la Judicatura de dicho lugar.
En este punto debe recordarse que en otras oportunidades, frente a casos en los que a ninguno de los despachos judiciales involucrados directamente en el conflicto negativo de competencia le correspondía conocer de la acción y en los que procedía la remisión de la misma al Tribunal Superior de Distrito Judicial, al Tribunal Administrativo o al Consejo Seccional de la Judicatura con jurisdicción en el lugar donde se presentaba la vulneración de los derechos fundamentales del accionante, esta Corte ha ordenado el envío del expediente a la oficina judicial del respectivo municipio para que por reparto se asigne el asunto a una de tales autoridades judiciales[10].
No obstante lo anterior, como quiera que en el presente caso la acción fue conocida por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, la cual se declaró incompetente por considerar que la autoridad del orden nacional demandada no tenía ningún tipo de responsabilidad en el reconocimiento del derecho reclamado, la Corte encuentra que es a esa autoridad judicial a quien le corresponde conocer y fallar el presente asunto.
Desde esta perspectiva, la autoridad judicial que debió asumir el conocimiento de la acción de tutela, una vez le fue repartido el expediente, era la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, a la cual se le remitirá la actuación para que asuma, sin más dilaciones, el conocimiento de la solicitud de tutela interpuesta por el ciudadano José Luís Gutiérrez Maldonado contra la Dirección de la Policía Nacional y la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional -CASUR-.
Así mismo, se deberá comunicar lo resuelto en esta providencia a la Subsección D, Sección II del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al Juzgado Tercero Penal del Circuito de Villavicencio y al Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Meta, con el fin de poner en su conocimiento los fundamentos constitucionales y legales en virtud de los cuales se adopta la presente decisión.
Por último, necesario es resaltar que este tipo de conflictos, que prolongan injustificadamente el término constitucional de diez (10) días para dar solución a las acciones de tutela, con desconocimiento de la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre el particular[11] y en detrimento de los derechos fundamentales de quien acude a la jurisdicción con la confianza de obtener una protección inmediata y efectiva de las garantías que la Carta Política y los instrumentos internacionales le reconocen, deslegitiman la labor fundamental que tienen todos los jueces de la República en el Estado Social de Derecho.
En este sentido, la presente acción fue conocida por cuatro despachos judiciales diferentes y han pasado cerca de tres (03) meses desde que el actor acudió a la acción de amparo constitucional para obtener la protección de los derechos que considera conculcados, situación que no se acompasa con los principios de primacía de los derechos inalienables de la persona[12], prevalencia del derecho sustancial[13], economía, celeridad y eficacia, los cuales informan el trámite del mecanismo de amparo constitucional[14].
PRIMERO. ORDENAR que por intermedio de la Secretaría General de la Corte Constitucional, se REMITA a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio el expediente contentivo de la acción de tutela promovida por el ciudadano José Luís Gutiérrez Maldonado contra la Dirección General de la Policía Nacional de Colombia y la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional -CASUR-, para que asuma de forma inmediata el conocimiento del mismo.
SEGUNDO. Por Secretaría General, COMUNÍQUESE a la Subsección D, Sección II del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al Juzgado Tercero Penal del Circuito de Villavicencio y al Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Meta lo resuelto en esta providencia, con el fin de poner en su conocimiento los fundamentos constitucionales y legales en virtud de los cuales se adopta la presente decisión.
SALVAMENTO DE VOTO AL AUTO A-300 DE 2007
Referencia: ICC-1174
[1] “(…) A los Jueces del Circuito o con categorías de tales, le serán repartidas para su conocimiento, en primera instancia, las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier organismo o entidad del sector descentralizado por servicios del orden nacional o autoridad pública del orden departamental.”
[2] “1. Las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad pública del orden nacional, salvo lo dispuesto en el siguiente inciso, serán repartidas para su conocimiento, en primera instancia, a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, Administrativos y Consejos Seccionales de la Judicatura.”
[3] Folio 30 del cuaderno No.1.
[4] Artículo 43, inciso segundo de la Ley 270 de 1996.
[5] Auto 271 de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[6] Artículo 18 del Decreto 2591 de 1991.
[7] Auto 112 de 2006, M.P. Jaime Córdoba Triviño. En idéntico sentido puede consultarse el Auto 278 de 2006, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[8] “ARTÍCULO 37. Son competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la presentación de la solicitud”.
[9] Ver al respecto los autos A-005 de 2004, M.P. Clara Inés Vargas Hernández y A-128 de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[10] En el auto A-072 de 2005, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, la Corte adoptó una decisión similar al encontrar que ninguno de los despachos judiciales involucrados en el conflicto negativo de competencias que abordó, era competente para asumir el conocimiento del proceso. Ver, en el mismo sentido, el auto A-249 de 2005, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
[11] La Corte Constitucional ha emitido gran cantidad de autos fijando el alcance de las reglas de reparto contenidas en el Decreto Reglamentario 1382 de 2000, providencias a las que deben acudir los jueces de tutela ante los problemas de aplicación que presente dicho acto administrativo.
[12] Artículo 5 constitucional.
[13] Artículo 228 ídem.
[14] Artículo 3 del Decreto 2591 de 1991.