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Timestamp: 2019-05-19 07:36:12
Document Index: 184059085

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Diario de Sesión: Sesión Extraordinaria N° 54
NUEVO TRATO LABORAL PARA FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
Sesión 54ª, en jueves 15 de mayo de 2003
(De 16:24 a 18:2)
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece una nueva política de personal para funcionarios públicos (3075-05) (se aprueba en particular)............
Concurrieron, además, los señores Ministros del Interior, de Hacienda , Secretario General de la Presidencia y Secretario General de Gobierno , y los señores Subdirector de Racionalización y Función Pública, y Asesores de la Dirección de Presupuestos.
--Se abrió la sesión a las 16:24, en presencia de 23 señores Senadores.
Se da por aprobada el acta de la sesión 49ª, ordinaria, en 13 de mayo del año en curso, que no ha sido observada.
De la Honorable Cámara de Diputados, por medio del cual comunica la nómina de los señores Diputados que, en representación de esa Corporación, van a integrar las Comisiones de Reja y de Pórtico que recibirán a Su Excelencia el Presidente de la República , el miércoles 21 de Mayo de 2003.
De la señora Presidenta del Consejo Nacional de Televisión , con que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, referido a la ausencia de noticiarios locales en diversas zonas del país.
Del señor Director General de Aguas , mediante el cual contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Romero, relativo a la evaluación de recursos hídricos en la cuenca del río Ligua, Quinta Región.
De la Comisión Especial encargada de estudiar un Código de Conducta Parlamentaria, a través de la que señala que, por haber aprobado ayer el Senado el proyecto de acuerdo, iniciado en moción de los Honorables señores Cantero, Fernández, Naranjo, Silva y Valdés, que modifica el Reglamento de la Corporación con el objeto de crear una Comisión de Ética del Senado (Boletín Nº S 660-09), da por terminada la labor que se le encomendó.
Asimismo, y en razón de tal modificación, solicita que el Senado disponga el archivo de las restantes iniciativas sobre la misma materia, toda vez que, del resultado del examen de ellas, se presentó el proyecto final. Los señalados proyectos de acuerdo son los siguientes:
1.- El que agrega un Título XVI, nuevo, al Reglamento de la Corporación para crear un Comité de Ética, iniciado en moción del Honorable señor Valdés (Boletín Nº S 167-09);
2.- El que modifica el Reglamento del Senado en lo relativo a la Ética Parlamentaria, iniciado en moción de los Senadores señores Parra y Silva (Boletín Nº S 367-09);
3.- El que incorpora un Título XVI, nuevo, al Reglamento del Senado para crear el Comité de Normas de Acción Parlamentaria, iniciado en moción de los Senadores señores Larraín y Romero (Boletín Nº S 620-09), y
4.- El que establece el Código de Conducta Parlamentaria del Senado, iniciado en moción de los Senadores señores Zaldívar, don Andrés, y Cantero (Boletín Nº S 650-12).
--Se accede a lo solicitado y se dispone el archivo de los proyectos mencionados.
Permiso constitucional Solicitud del Senador señor Cantero --Se concede la autorización solicitada.
Corresponde iniciar la discusión particular del proyecto de la Cámara de Diputados que establece una nueva política de personal para los funcionarios públicos que indica, con informe de la Comisión de Hacienda y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (3075-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Hacienda, sesión 52ª, en 15 de mayo de 2003.
Sesiones 52ª, en 15 de mayo de 2003, y 53ª, de la misma fecha (se aprueba en general).
El señor Secretario dará cuenta de las indicaciones declaradas inadmisibles por la Presidencia y de las que serán sometidas a la consideración de la Sala.
El señor Presidente ha declarado inadmisibles las siguientes indicaciones: la del Honorable señor Stange relativa al artículo 2º, que propone agregar, después de la expresión "Duodécima Región" y antes de las palabras "y en las provincias", la frase: "En la comuna de Cochamó de la provincia de Llanquihue y en las provincias de Palena e Isla de Pascua"; la del Senador señor Horvath al artículo 1º, numeral 1, que incide en la administración financiera del Estado, y agrega las palabras "individual y" entre los vocablos "desempeño" y "colectivo", y la suscrita por los Honorables señores Viera-Gallo, Núñez, Muñoz Barra y Pizarro, en sus números 1, 3 y 6.
En seguida, hay una indicación del Honorable señor Horvath.
¿Me permite, señor Presidente , para una moción de orden?
Señor Presidente , si se declara inadmisible el número 1 de la indicación anterior, debería ocurrir lo mismo con el número 2, porque es consecuencia de aquél.
Así se hará, señor Senador.
Se declara inadmisible también el Nº 2 de la indicación.
Finalmente, la indicación del Senador señor Horvath para reemplazar el artículo 70 también fue declarada inadmisible, por haber sido sustituido lo que venía de la Cámara de Diputados.
Habría que replantear la indicación.
Señor Presidente , como venció el plazo para presentar indicaciones, propondría eliminar el artículo 70.
Eso constituye indicación, señor Senador , y por lo tanto no puedo acogerla.
En este caso, pido votación separada del artículo, señor Presidente .
No es posible, señor Senador. El acuerdo de Comités fue que todas las peticiones de votaciones separadas debían formularse sólo hasta el término de la sesión de la mañana.
En tal caso, siendo consecuente el señor Presidente , tendría que haberlo advertido antes de la declaración de inadmisibilidad.
No podía hacerlo sin conocer las indicaciones.
Debería haber una secuencia cronológica. De lo contrario, se estaría limitando nuestra iniciativa.
Tengo que cumplir los acuerdos de los Comités. Y en eso seré muy estricto. Si la Sala, por unanimidad, lo acepta en su momento, lo voy a requerir.
En seguida, someteré a la aprobación de la Sala los artículos que no han sido objeto de indicaciones, incluso los que requieren quórum especial.
¿Habría acuerdo para aprobar los que no han recibido indicación?
--Se aprueban por 29 votos, dejándose constancia de que se cumple el quórum constitucional requerido.
Corresponde votar los artículos respecto de los cuales se solicitó votación separada.
El Honorable señor Horvath había presentado indicación para agregar el desempeño individual al artículo 1º, la que fue declarada inadmisible.
Ya declaré inadmisible esa indicación.
Señor Presidente , por lo menos deje plantear el tema. No inhiba nuestras posibilidades legislativas, máxime si está presente el señor Ministro de Hacienda .
Hay que tratar artículo por artículo.
Sí, pero no veo por qué, habiendo méritos para establecer el sistema de asignación por desempeño colectivo, éste sustituya el sistema de desempeño individual. Con la indicación, se puede hacer una combinación.
En todo caso, he declarado inadmisible la indicación. Si el señor Ministro quiere referirse al asunto, no tengo inconveniente.
Señor Presidente , la eliminación de la asignación individual y su reemplazo por la de grupo fue parte de los acuerdos con la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales. Expliqué por qué para el Gobierno la asignación individual no es una buena forma de medir el desempeño del sector público.
El Honorable señor Orpis ha solicitado discusión separada del artículo 2º.
Señor Presidente , el artículo 2º establece una bonificación especial para las Regiones Undécima y Duodécima, e Isla de Pascua .
Las zonas extremas siempre han recibido un tratamiento de carácter igualitario. Tengo entendido que la diferencia se basa en un estudio realizado por el Ministerio de Hacienda. Sin embargo, creo que aquí no puede ser el todo o nada. Es decir, creo que, por encontrarse ubicada la Primera Región a 2.000 kilómetros, debe tener acceso a algún tipo de bonificación o tratamiento especial.
Por eso, votaré en contra del artículo. Creo que todas las zonas extremas deben recibir un tratamiento, si no similar, parecido a aquel de que gozan otras regiones. Evidentemente, por su lejanía, la Primera Región no puede quedar al margen, al menos, de la bonificación consignada en el artículo 2º.
Señor Presidente , el Senador señor Cantero nos ha encomendado la misión de exponer en la Sala la situación de las Regiones Primera y Segunda, que son zonas extremas y que, por lo tanto, enfrentan un mayor costo de vida.
Sería conveniente que el Ejecutivo tuviera presente ese hecho, y realizara un nuevo estudio, a fin de que se determine cuál es realmente el índice del costo de vida en esa parte del territorio y de que, en una próxima oportunidad, se haga extensivo a sus habitantes el beneficio que se otorga a la Undécima y Duodécima Regiones, y a las provincias de Palena e Isla de Pascua , consistente en una bonificación de 10 mil pesos mensuales a partir de octubre de 2002, y de 20 mil pesos mensuales a contar de enero de 2003.
Señor Presidente , como representante y habitante de la zona austral, solidarizo con las regiones extremas del norte. Pero esta solidaridad no significa renunciar a un beneficio que tienen los funcionarios de la Administración Pública del sur. Debemos lograr que el Gobierno, por la vía de una indicación o de una ley -incluso en la de Presupuestos-, lo extienda a los del extremo norte. Ése es el espíritu con que hemos trabajado aquí, y durante muchos años, los representantes de las zonas extremas.
En esta oportunidad, solicitamos a los representantes de la Primera Región no votar en contra del artículo, sino luchar para favorecer también, en el más breve plazo, a las zonas mencionadas.
Señor Presidente , no cabe ninguna duda de que pueden ser muy legítimas las aspiraciones de la Primera Región , pero ello no significa privar a la Undécima y Duodécima Regiones de un beneficio absolutamente indiscutible y que siempre ha sido aprobado en todos los acuerdos del Gobierno con los propios trabajadores.
Es muy legítima esa petición que se hace a favor de la Primera Región , pero no tiene sentido privar de la bonificación a otras regiones que con toda justicia merecen lo establecido en el artículo 2º.
Señor Presidente , lo importante aquí es hacer justicia a los funcionarios públicos de la Primera y Segunda Regiones. Yo he tenido ocasión de estudiar más a fondo el punto, y creo que se justifica ampliamente la idea de efectuar un nuevo estudio sobre el costo de la vida en el extremo norte. Porque, al parecer, en un análisis que se ha hecho se contempla una canasta parcial, en la que han quedado fuera algunas prestaciones esenciales, entre ellas las que tienen que ver con educación y los servicios médicos de mayor complejidad, rubro muy relevante y que podría determinar un resultado distinto. De manera que apoyo la idea de que. se pudiera realizar un estudio distinto, con una metodología claramente establecida, además, que sea transparente y que se sepa de antemano, no a posteriori.
Señor Presidente , en la misma línea planteada acá, y sin representar ninguna obstrucción a los funcionarios que ya gozan de esos beneficios, como los de la zona sur, pido al señor Ministro de Hacienda que se estudie el costo de vida en la isla de Juan Fernández . Porque aquí se habla de Isla de Pascua, que tiene características muy particulares; pero, para conocimiento de la Sala, aquélla es más aislada que esta última, carece de subvenciones para el transporte de carga y, además, muy poca gente habita en ella. Sin embargo, sería conveniente analizar el impacto que en dicho territorio insular genera el costo de la vida. No sé por qué esa isla no se halla contemplada en el articulado.
En todo caso, hemos conversado con el señor Ministro de Hacienda la posibilidad de realizar un nuevo estudio sobre el particular, conforme a lo que se ha señalado acá.
Señor Presidente , ése fue un tema intensamente discutido con la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales. Y, en verdad, es exacto lo de que los beneficios especiales otorgados a la zona sur fueron llevados a la zona norte, porque, tradicionalmente, la distancia ha constituido el factor predominante en materia de costo de vida. Como ha cambiado mucho nuestro país, acordamos hacer un estudio que comprendiera otras regiones que, si bien no se ubican en los extremos, se encuentran apartadas, como es el caso de Palena e Isla de Pascua. No se incluyó el archipiélago de Juan Fernández .
Dicho análisis, bajo la misma metodología que algunos impugnan, determinó que, en realidad, el costo de la vida era significativamente mayor en las Regiones Undécima y Duodécima, en Palena y en Isla de Pascua, pero no en la Primera y Segunda Regiones. Y ello, con cifras absolutamente distintas: en el sur es 20 por ciento más alto y en el norte lo es en uno o dos por ciento.
En cuanto al archipiélago de Juan Fernández , sin duda alguna que estará en nuestra disposición el revisar con alguna periodicidad esos estudios, con el objeto de que zonas marcadamente más caras no signifiquen perjuicio para los empleados fiscales.
Señor Presidente , deseo consignar, también, que en la Primera y Segunda Regiones hay instituciones del Estado que mantienen una bonificación de zona, como las Fuerzas Armadas y el Poder Judicial.
Por lo tanto, estimo bien importante que se traten de implementar políticas homogéneas. Y, en ese sentido, deseo reiterar la solicitud de los trabajadores de dichas Regiones, porque, en definitiva, es muy irritante que unos accedan a tales beneficios y otros no.
Señor Presidente , pido al señor Ministro que sea posible conocer esos estudios, porque dudo de que las cifras mencionadas sean exactamente válidas.
En las conversaciones que hemos sostenido con el señor Ministro , se le ha hecho presente que ésta es una materia que puede considerarse en el próximo tiempo. Y me parece muy bien que ello quede establecido.
¿Habría acuerdo en aprobar el artículo 2º con las constancias señaladas?
--En votación a mano alzada, se aprueba el artículo 2º por mayoría de votos, registrándose 3 en contra.
Ha llegado a la Mesa una indicación de los Senadores señores Ruiz , Ruiz-Esquide y Lavandero , para rechazar en su totalidad el artículo 26, sobre la creación de la Dirección Nacional del Servicio Civil.
Señor Presidente , para no perder tiempo, no voy a repetir los argumentos que expuse en la mañana. Son los mismos por los cuales rechazo la disposición.
--En votación a mano alzada, se rechaza la indicación y se aprueba el artículo 26, dejándose constancia, para los efectos del quórum constitucional requerido, de que emitieron voto favorable 28 señores Senadores.
A continuación, el Ejecutivo ...
Perdón, señor Presidente . Formulé una indicación respecto de la letra j) del artículo 2º de la ley orgánica contenida en el artículo 26.
Efectivamente, señor Senador. Pero, como fue aprobada la totalidad del artículo 26...
No, señor Secretario . Ésa es una suposición suya. Estamos hablando de indicaciones distintas.
Señor Senador , el artículo 26, que crea la Dirección Nacional del Servicio Civil, contiene una normativa cuyo artículo 2º incluye una letra j) que Su Señoría pidió rechazar. Pero el artículo 26 fue aprobado por 28 votos a favor.
Señor Presidente , es necesario ordenarse. Una cosa es la existencia o no del artículo, y, finalmente,...
Si le parece a la Sala, entonces, se dará por rechazada la indicación con la misma votación anterior.
No, señor Presidente. Es otra cosa.
¿A qué se refiere, señor Senador?
Estamos confundiendo materias distintas. No se está poniendo en duda el artículo 26, sino sólo la letra j)...
Eso es lo que estoy planteando. La indicación de Su Señoría es para suprimir la letra j).
Quiero explicarla, señor Presidente.
Señor Presidente , en el artículo 26, relativo a la creación de la Dirección Nacional del Servicio Civil, el que será artículo 2º de la ley orgánica de ese organismo expresa que corresponderá especialmente a éste una serie de acciones. En el detalle que sigue, la letra j) hace referencia a "Constituir una instancia de apoyo a la interlocución con las organizaciones de funcionarios de los ministerios y servicios, en cuanto al cumplimiento de normas legales y seguimiento de los acuerdos que se suscriban con los mismos".
Es decir, se entrega a la Dirección una instancia de entendimiento gremial entre las organizaciones de los Ministerios y éstos, lo que significa poner una traba en la conversación directa de las entidades con las instituciones a que pertenecen.
Ello no me parece adecuado, por cuanto debilita el proceso de diálogo y de participación de los trabajadores. Se asigna una función a un organismo estatal que no corresponde y se crea una alternativa intermedia que termina por debilitar cualquier acción de conversación entre las partes.
Insisto: encuentro inapropiado que la Dirección se constituya en "una instancia de apoyo a la interlocución con las organizaciones de funcionarios" -o sea, los gremios- "de los ministerios y servicios, en cuanto al cumplimiento de normas legales y seguimiento de los acuerdos que se suscriban con los mismos.". Esto último me parece aún más delicado. Juzgo inconveniente que exista un organismo fiscal dedicado a resolver los temas gremiales en las instituciones.
Señor Presidente , deseo aclarar con la Mesa un problema de procedimiento. Tengo entendido que acabamos de votar el artículo 26, que contiene algunas normas de quórum.
Y también se había formulado una indicación para suprimirlo entero, la cual fue rechazada.
Todo ello quedó consignado al ser requerido el asentimiento de la Sala.
Y ahora el Honorable señor Ríos ha pedido votar una indicación que presentó, relacionada nada más que con la letra j) de una de las disposiciones contenidas en el artículo 26. Es lo que he sometido a discusión.
Señor Presidente , pienso que la Mesa cometió un pequeño error en el procedimiento. Efectivamente, debió votarse primero, tal como se hizo, la indicación para suprimir completo el artículo 26. Pero después debieron haberse considerado todas aquellas otras cuyo objeto era modificar dicha disposición.
Como la eliminación del artículo fue rechazada, a continuación deberían haberse tratado las indicaciones tendientes a introducirle modificaciones, para, finalmente, terminar votando el precepto en sí.
En cuanto a la indicación del Honorable señor Ríos, que comparto y apoyo, no podía darse por desechada.
Como pedí la eliminación de todo el artículo 26, con mayor razón lo hago respecto de una de sus partes.
Señor Presidente, considero que se ha producido un gran equívoco producto de la falta de un conocimiento acabado de normas ya existentes que nada tienen que ver con el proyecto en estudio.
De acuerdo con un conjunto de cuerpos legales, como la Ley de Administración Financiera del Estado, la Ley Orgánica Constitucional de Bases de la Administración del Estado y otros, al Ministerio de Hacienda le corresponde, desde mucho antes de que yo asumiera como su titular -así que no me echen la culpa de esto, por lo menos-, fijar determinadas pautas, que incluyen salarios públicos, plantas y una serie de otros elementos.
Respecto a la proposición del Senador señor Ríos referida a la letra j), cabe hacer presente lo siguiente.
En primer lugar, la razón por la cual la Dirección Nacional del Servicio Civil queda radicada en el Ministerio de Hacienda es, digamos, obvia. Si se encontrara en otra parte y las políticas respectivas dijesen relación a una Secretaría de Estado distinta, no sería más que una mascarada, una entidad sin ningún poder real. Por tanto, debe estar al lado del Ministro que tiene la facultad para decidir las políticas.
Y en segundo término, lo que la letra j) señala es que la Dirección tendrá la posibilidad de apoyar la interlocución con las legítimas organizaciones gremiales, a fin de consensuar las políticas. Si se elimina la norma, se dejará al Estado "sordo" en su relación con los gremios.
No veo por qué alguien podría oponerse. Se trata de una cuestión de simple lógica.
Señor Presidente , seré muy breve. Es claro lo que acaba de expresar el señor Ministro . Pero, además, una instancia de apoyo es algo que facilita, que no interfiere, porque no sustituye a las autoridades que negocian. Sólo les suministra material con miras a un contenido sustantivo, más elaborado, más preciso.
La Dirección es, por definición, una instancia de apoyo que no interferirá con la autoridad. De manera que, en mi opinión, la indicación no debería prosperar.
Estoy en contra de la letra j), ya que la idea es que los gremios gocen de autonomía. Si entiendo bien, se apunta a que actúe una especie de órgano que los asesore en materias legales. Pero eso es algo que no debe corresponder a la Dirección.
--En votación a mano alzada, se aprueba la mantención de la letra j) por 21 votos contra 10.
El Ejecutivo ha presentado una indicación fuera de plazo -el señor Presidente me ha pedido hacer presente esta situación-, para agregar al inciso primero del Artículo Primero Transitorio de la ley orgánica contenida en el artículo 26 del proyecto, después de las palabras "de la presente ley,", la frase "mediante un decreto con fuerza de ley", de manera que la disposición diga:
"Artículo Primero Transitorio.- Facúltase al Presidente de la República para que en el plazo de 90 días, contados desde la publicación de la presente ley, mediante un decreto con fuerza de ley fije las plantas del personal de la Dirección Nacional del Servicio Civil", etcétera.
Para considerar la indicación se requiere la unanimidad de la Sala.
¿Se podría aclarar un poco más su sentido?
Tiene la palabra al señor Ministro para que la explique con mayor latitud.
Señor Presidente , a través de la ley en proyecto se identifican -no sólo de modo genérico, sino exacto- cuáles serán el primero y el segundo nivel de responsabilidad en la alta dirección pública. El tercer nivel -recordémoslo- pasa a formar parte de la carrera funcionaria.
Ahora bien, en los Ministerios relativamente más grandes y antiguos, eso se halla plenamente definido. Pero respecto de otros, se hace necesario facultar al Presidente de la República para que establezca con exactitud hasta dónde llega el segundo nivel de responsabilidad, esto es, qué cargos quedan por debajo del jefe de servicio y pertenecen a la alta dirección pública.
Lo único que hace la indicación es agregar una frase que faltaba: "mediante un decreto con fuerza de ley", a fin de que el inciso quede bien formulado.
En mi opinión, sólo se trata de precisar la redacción, porque, aun cuando no se agreguen las expresiones propuestas, se entiende que el Presidente de la República debe ejercer mediante un decreto con fuerza de ley las facultades delegadas y no a través de un simple decreto o de un reglamento.
Incluso, se podría dejar constancia de que la indicación, en sí misma, no es necesaria.
En todo caso, si la finalidad es precisar la norma, no tengo inconveniente en aprobarla.
En mi concepto, la indicación es necesaria, señor Presidente , porque en todos los demás artículos transitorios se establece que la facultad delegada se ejerce por medio de un decreto con fuerza de ley. Se trata de una simple omisión que es mejor subsanar. Y si bien resulta obvio que la norma se entenderá, es preferible la puntualización mencionada, sobre todo considerando que el proyecto debe ser sometido al control del Tribunal Constitucional
Señor Presidente , además de lo que se acaba de señalar, la segunda indicación del Ejecutivo suprime en gran medida el inciso segundo de la misma disposición, que algunos señores Senadores estimaron inconstitucional hoy en la mañana. Para una correcta interpretación, quiero entender que aquello que se elimina persigue justamente evitar la inconstitucionalidad y hacer coherente la norma con el artículo 38 de la Carta Fundamental.
En ese sentido, me parece que la indicación del Ejecutivo...
Su Señoría se está refiriendo a otra que aún no se ha puesto en discusión.
Así es. Sólo quiero hacer resaltar que carece de sentido aprobar la indicación del Ejecutivo respecto del inciso primero sin considerar la coherencia que debe mantener el conjunto de lo que propone.
Por lo mismo, señor Senador, tenemos que considerar las indicaciones una por una.
Conforme. En consecuencia, estoy llano a acoger la indicación en debate, sobre la base de que la interpretación correcta -y así me gustaría que lo entendiera el Ejecutivo- es la que he consignado. Es la tesis que sostuvimos a propósito de la institucionalidad cultural, que dio motivo a que se rechazara una disposición delegatoria de atribuciones por colisionar con el artículo 38 de la Carta. El inciso segundo de este artículo también lo hacía. Con la indicación presentada se corrige el problema.
Señor Presidente, para los efectos de los decretos con fuerza de ley que se puedan dictar posteriormente, solicito dejar constancia en la historia de la ley de esa interpretación.
En primer lugar, ratifico que hay unanimidad en la Sala para considerar las indicaciones del Ejecutivo, que en definitiva son tres.
La primera tiene por objeto agregar, en el inciso primero del artículo primero transitorio de la Ley Orgánica de la Dirección Nacional del Servicio Civil establecida mediante el artículo 26, luego de la expresión "de la presente ley," la frase "mediante un decreto con fuerza de ley".
}La segunda indicación del Gobierno propone sustituir el inciso segundo del ya referido artículo primero transitorio por el siguiente: "En el ejercicio de esta facultad, el Presidente de la República deberá dictar todas las normas necesarias para la adecuada estructuración y operación de las plantas que fije. De igual forma fijará la fecha de vigencia de las plantas, así como la dotación máxima de personal.".
Señor Presidente , la indicación del Ejecutivo recoge lo planteado esta mañana en el sentido de que el inciso segundo de la disposición transitoria mencionada tiene vicios de inconstitucionalidad, porque el artículo 38 de la Constitución señala -en forma clara y categórica, a mi juicio- que los requisitos para la promoción en una planta funcionaria no pueden quedar entregados al arbitrio del Presidente de la República , sino que deben fijarse de acuerdo con los principios de igualdad y, por lo tanto, precisan una ley orgánica constitucional.
En mi concepto, la indicación en debate corrige esa inconstitucionalidad. Y, de esa manera, habrá que respetar las leyes orgánicas que se dicten al respecto.
Eso también es válido para la próxima indicación.
Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad la indicación del Ejecutivo. Y podría aprobarse también la tercera, que es coherente con aquélla.
--Se aprueban unánimemente ambas indicaciones.
Indicación de los Honorables señores Ruiz De Giorgio , Ruiz-Esquide y Lavandero para rechazar la letra d) del artículo 7º bis, nuevo, que se agrega al Estatuto Administrativo y que dice:
"d) La permanencia en estos cargos de jefatura será por un período de tres años. Al término del primer período trienal, el jefe superior de cada servicio, podrá por una sola vez, previa evaluación del desempeño del funcionario, resolver la prórroga de su nombramiento por igual período o bien llamar a concurso.
"Los funcionarios permanecerán en estos cargos mientras se encuentren calificados en lista Nº 1, de distinción;".
Señor Presidente , sólo deseo hacer una aclaración.
El nuevo artículo 7º bis expresa en su encabezamiento: "Los cargos de jefes de departamento y los niveles de jefaturas jerárquicos equivalentes de los ministerios y servicios públicos, serán de carrera...".
El problema radica en que, si esos cargos son de carrera, la permanencia en ellos no puede ser por tres años. Debiera haber duración permanente y sometimiento al resto de las normas.
Por lo tanto, no estoy de acuerdo con la supresión a los tres años.
Señor Presidente , preferiríamos que se respetara el texto planteado, por cuanto de ese modo estamos alargando la carrera -como se decía- en más de mil funcionarios al tercer nivel de responsabilidad.
Por tratarse de una experiencia nueva, creo que originalmente es buena la permanencia por tres años, renovable por igual periodo, para ir viendo cómo funciona el sistema y no implantarlo de por vida inmediatamente. La prudencia aconseja eso.
Con la anuencia de la Sala, quisiera hacer una consulta al señor Ministro desde la testera.
¿Qué sucede con un funcionario público de carrera que, sin tener edad para jubilar, llega a un cargo de aquel nivel y luego no es objeto de la renovación? ¿Sale de la Administración?
No, señor Presidente . No hay renuncia al cargo. No pierde ninguna de sus facultades. Si no existe renovación, sólo deja de tener la jefatura.
Se mantiene en el servicio.
O sea, no pierde su posición en él.
Vuelve a su cargo original.
Quiero que eso quede muy claro en la historia de la ley.
Señor Presidente , tiene razón el señor Ministro .
Ahora, no veo muy claro el porqué de la renovación sólo por una vez. Porque si la persona lo está haciendo bien, no podría haber una segunda renovación. O sea, puede estar en el cargo por un máximo de seis años.
Eso es lo que dice esta norma: que, al término del primer período trienal, el jefe superior de cada servicio podrá renovar por una sola vez. De lo contrario, hay llamado a concurso.
Tiene la palabra el señor Ministro para aclarar el punto.
Insisto: aquí estamos ante una nueva experiencia. Puede haber renovación automática hasta completar seis años. Al cabo de ellos, se llama nuevamente a concurso. Y si el funcionario lo hizo bien, obviamente lo va a ganar de nuevo. Por lo tanto, puede estar tanto años como...
¡No, señores! ¡Cosas de por vida no van a tener, porque eso no existe!
Ruego a las tribunas evitar las manifestaciones.
Señor Presidente , sólo deseo señalar que en la actualidad los cargos en cuestión son de exclusiva confianza del Presidente de la República ; pueden ser objeto de remoción en cualquier momento, y están fuera del acceso de los funcionarios de planta de la Administración del Estado.
Entonces, me parece que de todas maneras la disposición constituye un avance. Y si se quiere profundizar ese avance, es muy prudente ver el funcionamiento en la práctica.
Señor Presidente , deseo entender bien lo que dijo el señor Ministro .
Un funcionario de carrera opta a un concurso para uno de los cargos en comento. Gana y pasa a ocupar el cargo pertinente. Cumple tres años y, simplemente, no hay renovación.
Puede haber renovación por una vez.
Pero podría no producirse la renovación.
Yo pregunto: ¿vuelve a su cargo ese empleado?
Sí, conforme a lo dispuesto en la letra e) del artículo 7º bis que se agrega.
Por ejemplo, una persona ocupa un cargo común y corriente en la Administración, opta y, tras ganar el concurso, se desempeña como jefe de departamento durante tres años. ¿Vuelve después al cargo original? ¿Es así?
Está en la letra e) del artículo 7º bis, Honorable colega.
Señor Presidente , la situación es como la plantea el Senador señor Ríos. Pero lo que habría que discutir es si, tratándose de un sistema experimental, esta norma podría ser transitoria.
Lo lógico es que, si los funcionarios pertinentes pueden ser removidos en cualquier momento -porque así es-...
No pueden ser removidos
La cuestión está resuelta en la letra e) del artículo 7º bis, nuevo, que dice: "Los funcionarios nombrados en esta calidad, una vez concluido su período o eventual prórroga, podrán reconcursar o reasumir su cargo de origen, cuando proceda,".
Podemos dejar constancia en forma más clara, por si hay cualquier duda.
Creo que todos quedaríamos muy tranquilos si elimináramos la expresión "cuando proceda," -o sea, si dejamos la letra e) hasta la frase "podrán reconcursar o reasumir su cargo de origen,"-, porque es un saco enorme de cosas, una determinación demasiado amplia. Finalmente, un jefe podrá decir "No procede", y punto.
Pienso que, si se borra la expresión "cuando proceda,", el Senado, la Administración Pública y todas las familias chilenas van a quedar tranquilas.
Se trata simplemente de un problema semántico.
Hay dos posibilidades. Cuando terminan los primeros tres años, el funcionario puede reconcursar. Si gana el concurso, continúa en el cargo. Si lo pierde, vuelve a su empleo de origen.
Eso significa "cuando proceda,".
No habría inconveniente. Creo que esa expresión no tiene mayor incidencia, sobre todo con las constancias que han ido quedando.
¿Cómo opera en la actualidad el sistema? Los cargos del tercer nivel de responsabilidad son de exclusiva confianza del Presidente de la República y de libre designación. Por lo tanto, las personas que están allí pueden ser removidas en cualquier momento, sin expresión de causa, por la sola voluntad presidencial.
Mediante la ley en proyecto, mil funcionarios que estaban en esa categoría pasarán a formar parte de la carrera funcionaria. Por lo tanto, gozarán de inamovilidad.
Ahora bien, ¿cómo se ocupan esos cargos? Sobre la base de concursos. Quienes los ganen estarán en aquéllos tres años. Al cabo de este período, el jefe de servicio decidirá si renueva o no. Si así ocurre, permanecerán un total de seis años. Transcurrido ese tiempo, deberán reconcursar, a fin de que haya cierta experimentación y no queden de por vida en los cargos por el solo hecho de ganar, dado que son inamovibles.
Ése es el punto. O sea, atendida la inamovilidad, al término de los seis años habrá un test para comprobar si los funcionarios todavía están funcionando bien.
¿Me permite una consulta, señor Presidente?
Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz; luego, los Senadores señores Viera-Gallo y Espina, en ese orden.
Señor Presidente , yo habría aceptado la tesis planteada por el Honorable señor Viera-Gallo si fuera por una sola vez, al partir el sistema estableciendo en el artículo transitorio: "Como el sistema recién empieza a funcionar, en esta oportunidad será en estas circunstancias". Pero no es así, pues habrá permanencia.
Es decir, los funcionarios respectivos siempre estarán en los cargos un máximo de tres años; después serán evaluados, y podrán seguir o no. En el fondo -digamos las cosas derechamente-, los funcionarios que ahora son de confianza después no lo serán, pues habrán ganado un concurso (además, deberá precisarse cómo serán los concursos; pero eso se verá después) y, cuando terminen los seis años -supuestamente, los 6 años del Gobierno de turno-, el nuevo Régimen tendrá la posibilidad de removerlos.
¿Cómo los eliminan? ¿Cuáles son las causales para sacarlos?
Concursan de nuevo.
No. La pregunta es a título de qué el funcionario que lo está haciendo bien pierde su cargo, ¿Quién define si lo está haciendo bien o mal?
Entonces, la cuestión radica en que se están creando cargos que no son de planta, de carrera, sino transitorios.
Antes de dar la palabra al señor Ministro , debo advertir a Sus Señorías -y me pondré firme al respecto- que no permitiré que en la Sala se haga un trabajo de Comisión. Por lo tanto, no se puede proponer artículos transitorios o permanentes, salvo que haya unanimidad, manifestada expresamente. En caso contrario, de inmediato someteré a votación la indicación.
Señor Presidente , pareciera que sólo hubiera dos tipos de modalidades: funcionarios de libre designación, caso en el cual son de total responsabilidad política y pueden salir en cualquier momento, o funcionarios de por vida, inamovibles. Sin embargo, existen alternativas mixtas, intermedias.
El hecho de que al no ganarse el concurso se vuelva al cargo de origen obedece simplemente a la idea de que sería riesgoso para quien está en la carrera funcionaria optar, ganar el concurso y perder la inamovilidad. ¡No la pierde!
No son alternativas únicas -repito- la inamovilidad completa y la movilidad sin garantía alguna. Hay modalidades mixtas, como la que estamos sugiriendo.
Señor Presidente , deseo consultar al señor Ministro cómo se remueve a los funcionarios que durante los tres años tienen mal desempeño en los cargos en cuestión.
En el resto de la Administración Pública, es removido el funcionario calificado en lista 4. En este caso, para continuar en el cargo se debe estar calificado en lista 1. Así lo establece la norma sobre la que recae la indicación.
Señor Presidente , la fórmula propuesta no es la mejor, porque perfectamente puede ganar el concurso una persona con pésimo comportamiento antes de ser calificada. Lo lógico y natural sería que el superior pudiera remover en cualquier momento sin que se perdiera la inamovilidad, para volver al cargo anterior.
Me parece que algo no funciona en esto.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ). -
Señor Presidente , con franqueza, pienso que éste es el mundo al revés, porque el artículo que nos ocupa constituye un avance gigantesco para los funcionarios públicos.
Y lo digo derechamente. Porque hoy día estos cargos son de exclusiva confianza del Presidente de la República , quien contrata y echa a quien quiere y cuando quiere; y los funcionarios públicos no tienen ningún acceso a ellos. Sin embargo, ahora se les dice que podrán tener acceso.
Cada vez que nos hemos entrevistado con los funcionarios públicos durante los últimos años, nos han dicho que les parece injusto que, mientras ellos hacen esfuerzos toda su vida para acceder a tales cargos, llegan señores de afuera, en virtud de acuerdos políticos, y los ocupan.
Ahora el Gobierno y el Parlamento les están diciendo. "¡Eso se acabó. Tales nombramientos no serán más por cuoteo político. ¿Y saben qué va a ocurrir? Podrán participar en los concursos y ganarlos funcionarios de carrera de los grados inferiores".
Además, se les dice que el funcionario estará tres años en el ejercicio del nuevo cargo, con garantía de que si lo cumple bien tendrá autonomía para tomar decisiones, sin depender de los gustos de una autoridad superior. Y luego, que si lo hace correctamente, seguirá en él por otros tres años. O sea, que podrá completar un total de seis años, al cabo de los cuales, aunque lo haya hecho mal y pierda el concurso, no será despedido de la Administración Pública -esto ocurriría a cualquier funcionario que lo hiciera mal-, sino que volverá al cargo de origen.
¿No es eso un avance, señor Presidente?
A mi entender, esta norma constituye un avance gigantesco en las conquistas por las que los verdaderos funcionarios públicos han luchado durante años. En consecuencia, me parece que hay que aprobarla sin moverle una coma, porque es extraordinariamente útil para el servicio público chileno.
Está agotado el debate.
En votación económica la indicación que suprime la letra d) del artículo 7º bis, nuevo, que se agrega al Estatuto Administrativo mediante el número 2) del artículo 27 del proyecto.
--Se rechaza la indicación (25 votos contra 2 y 2 abstenciones).
--Se aprueba la letra d) del artículo 7º bis, nuevo (25 votos a favor,2 en contra y 2 abstenciones).
En seguida, corresponde tratar una indicación del Senador señor Horvath, referida al artículo 30 de la ley Nº 18.834.
El número 13) del artículo 27 de la iniciativa señala: "Agrégase el siguiente inciso séptimo al artículo 30". Su Señoría propone incluir en los incisos cuarto y quinto de este artículo las palabras finales "según el estamento a calificar".
Señor Presidente , la indicación se refiere a las juntas calificadoras, tanto a la central como a las regionales. En la actualidad, estas últimas están integradas, según dispone el inciso cuarto del referido artículo 30, por "los tres funcionarios de más alto nivel jerárquico de la institución en la respectiva región y por un representante del personal elegido por éste". Aquí -y lo propio hago en el inciso quinto, relativo a la Junta Calificadora Central- propongo agregar, al final de dicho inciso, la expresión "según el estamento a calificar", a fin de que a cada representante lo elijan los profesionales, los funcionarios o los operarios, según el caso.
Creo que eso es muy importante, pues de tal modo los representantes electos tendrán un conocimiento bastante más cercano del respectivo personal.
Señor Presidente , me gustaría saber cuáles son los incisos cuarto y quinto del artículo 30, porque no se encuentran entre los antecedentes que manejamos.
El señor HOFFMANN.-
Señor Senador , la ley Nº 18.834, Estatuto Administrativo, dice lo siguiente en su artículo 30:
"La calificación se hará por la Junta Calificadora.
"En cada institución existirán Juntas Calificadoras Regionales que harán las calificaciones de sus funcionarios cuando el número de éstos, en la región, sea igual o superior a quince.
"En las regiones en que la institución de que se trate tenga menos de quince funcionarios y en la Región Metropolitana de Santiago, las calificaciones se harán por una Junta Calificadora Central. Le corresponderá asimismo a ésta evaluar a los integrantes de las Juntas Calificadoras Regionales.".
Luego vienen los incisos cuarto y quinto, a los que alude el Senador señor Horvath, que indican:
"Las Juntas Calificadoras Regionales estarán integradas por los tres funcionarios de más alto nivel jerárquico de la institución en la respectiva región y por un representante del personal elegido por éste.
"La Junta Calificadora Central estará compuesta, en cada institución, por los cinco funcionarios de más alto nivel jerárquico, con excepción del Jefe Superior , y por un representante del personal elegido por éste.".
Respecto de los incisos tercero y cuarto del artículo 30 del Estatuto Administrativo, Su Señoría propone agregar al final de cada uno la frase: "según el estamento a calificar.".
¿Habría acuerdo para aprobar la indicación?
Indicación del Senador señor Andrés Zaldívar al número 16) del artículo 27 del proyecto, que está referido al artículo 48.
El inciso cuarto de este precepto dice:
"Las bases de estos concursos deberán considerar sólo los siguientes factores: capacitación pertinente, evaluación del desempeño, experiencia calificada y aptitud para el cargo. Cada uno de estos factores tendrá una ponderación de 25 %. En cada concurso estos factores podrán evaluarse simultánea y sucesivamente.".
Su Señoría propone sustituir este inciso por el siguiente:
"Las bases de estos concursos deberán considerar sólo los siguientes factores, con la ponderación que se indica: 35 % experiencia calificada, 15 % capacitación pertinente, 15 % evaluación de desempeño, y 35 % aptitud para el cargo. En cada concurso estos factores podrán evaluarse simultánea o sucesivamente.".
Yo había hablado con el señor Ministro respecto de esta proposición y él en principio estaba de acuerdo, pero sobre la base de las conversaciones que sosteníamos con los representantes de la ANEF.
No llegamos a acuerdo. Y si no lo hay, tendría que retirarla.
A mi entender, este tema debería haberse planteado en las negociaciones con ese organismo gremial.
¿Pero por qué la retira, señor Presidente ? Sométala a votación. Es una muy buena idea.
Porque el señor Ministro no está en la Sala, y me gustaría conversarlo con él.
¡Pero si la indicación no requiere patrocinio del Ejecutivo!
Sé que no lo requiere.
Si hay acuerdo de la Sala, no tengo inconveniente en que se apruebe.
Para eso tiene que someterla a votación. Sin embargo, la retira.
Si se vota, sabremos quién está de acuerdo y quién no.
Me gustaría escuchar la opinión del señor Ministro , porque en esto soy muy respetuoso.
Señor Presidente, las reglas deben ser claras.
Estuvimos negociando más de un año y medio con la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales. No pudimos llegar a acuerdo en el tema de los concursos. Seguimos haciéndolo, pero tampoco arribamos a un consenso.
Por una solicitud de la Cámara de Diputados y por la unanimidad de los miembros de la Comisión de Hacienda, el Ejecutivo se avino a una flexibilización adicional unilateral, que se encuentra en el texto que discutimos hoy.
No podemos seguir buscando acercamiento en las posiciones cuando la contraparte no manifiesta flexibilidad alguna.
Indicación del Senador señor Ríos al inciso tercero del artículo 40 del proyecto, contenido en el párrafo 1º del Título VI.
La norma señala lo siguiente: "Para ejercer un cargo de alta dirección se requerirá estar en posesión de un título de una carrera de a lo menos" -dice el artículo actual- "diez semestres de duración, otorgado por una universidad"...
Su Señoría propone rebajar este número diez a ocho, y entonces quedaría: "Para ejercer un cargo de alta dirección se requerirá estar en posesión de un título de una carrera de a lo menos ocho semestres de duración, otorgado por una universidad o instituto profesional del Estado...".
Si hubiera acuerdo, se aprobará la indicación.
Estamos de acuerdo, señor Presidente.
Señor Presidente , tengamos en cuenta que aquí estamos hablando de la alta dirección pública.
Les pido, por favor, tranquilidad.
¡Ésta es una discusión seria, no un rodeo. Así que, por favor, un poco más de respeto!
Señor Ministro , diríjase a la Mesa.
A usted me estoy dirigiendo, señor Presidente .
El criterio general en muchos órganos de la Administración Pública ha sido la acreditación de título universitario de carrera de 10 semestres. Nos parece que el Consejo de Alta Dirección Pública y el propio Presidente tendrán buen juicio.
Si a Sus Señorías les parece suficiente ocho semestres, no tendría inconveniente en aceptarlo.
Si le parece a la Sala, se aprobará la indicación.
--Se aprueba, con los votos en contra de los Senadores señores Orpis y Boeninger
Indicación al artículo 45, contenido en el párrafo 2º del Título VI, de los Senadores señores Viera-Gallo, Núñez, Muñoz Barra y Pizarro.
La norma expresa: "Los consejeros designados con ratificación del Senado serán inamovibles. En caso que cesare alguno de ellos", etcétera.
Sus Señorías proponen reemplazar la expresión "serán inamovibles" por "cesarán en sus cargos cuando así lo disponga el Presidente de la República .".
¡Para qué se necesita entonces el acuerdo del Senado!
Señor Presidente , justamente se trata de que el Senado tenga mucho cuidado en quien nombra, pero luego los ratificados quedan en libertad para usar su criterio y tomar decisiones. De otra manera, sería mejor mantener todo en manos del Presidente de la República . Si cada vez que algún consejero es removido por éste por hacer algo que no le guste, ¿de qué independencia de criterio estamos hablando y para qué se requiere nuestra ratificación?
Nos oponemos a esta indicación, señor Presidente.
Señor Presidente, existe mala experiencia con la inamovilidad. No quiero traer a colación recuerdos recientes, pero incluso, con funcionarios que el mismo Senado ha ratificado y que son inamovibles, los resultados no han sido buenos.
Entonces, no busquemos la perfección. Puede ocurrir que el Presidente de la República y la Cámara Alta se equivoquen al designar estas personas, o que ellas cambien de conducta. ¿Qué se hace ahí? ¿Van a permanecer inamovibles durante seis años? ¿Cómo se las remueve?
Hay una causal de cesación, establecida en la letra e) del mismo artículo. ¿Cómo se ejerce? La disposición señala: "Falta grave al cumplimiento de las obligaciones como consejero.". ¿Y quién lo determina? ¿El Senado? ¿El Presidente de la República ? Estos funcionarios no pueden ser acusados constitucionalmente.
Estoy de acuerdo con la Senadora señora Matthei en cuanto a dar cierta estabilidad a estos funcionarios; pero, en democracia, me parece peligrosa la inamovilidad total por seis años para este tipo de cargos.
Señor Presidente , la norma del artículo 45 -diría- es la esencia de todo el proyecto. Porque si los consejeros ratificados por la Cámara Alta pueden ser removidos por el Presidente de la República , ahí se acabó toda la independencia que se espera que tengan en el ejercicio de sus cargos. Y lo hará, si no le gusta la autonomía con que actúan para fijar criterios objetivos en la nominación de los mejores funcionarios. O querrá cuotear políticamente a quienes lo integren.
El artículo garantiza que los funcionarios de carrera que se encuentren en condiciones de acceder a estos cargos no presionarán a los consejeros, quienes actuarán con total independencia. En este caso, la inamovilidad es esencial para que las nominaciones no estén vinculadas con el partido político de la autoridad superior o con el Gobierno de turno.
Por lo tanto, para nosotros es un elemento esencial la mantención de esta norma, que garantiza que primarán los criterios de selección y no las componendas con el Gobierno de turno.
Es sólo una consulta: ¿Cómo se va a hacer efectiva la letra e)? No está dicho aquí.
El señor RÍOS.- Pido la palabra.
Evidentemente, es algo que deberá resolver la Contraloría General de la República, para lo cual habrá que hacerle llegar los antecedentes en su momento, porque es lo que corresponde.
No puedo entender que se dé la facultad de remoción al Presidente de la República . Los funcionarios públicos han batallado durante años por la autonomía, por que los más esforzados suban, por que la jerarquía se respete, por que los partidos políticos no designen a dedo a sus superiores.
Se trata de que el organismo que fija las políticas sea autónomo, inamovible, que sus miembros sean nombrados con acuerdo de los cuatro séptimos del Senado y que haya seguridad de que esas personas van a actuar con total independencia.
Decir que el Primer Mandatario los puede remover, significará que este proyecto realmente carecería de sentido.
Señor Presidente, creo que podemos llegar a un buen acuerdo en esta materia.
En Chile no existe ningún funcionario que no sea removible. ¿Qué ocurre con los cargos que tienen asignada esta función por determinado período? Prácticamente, la gran mayoría de ellos serán designados con acuerdo de los dos tercios del Senado. ¿Qué significa eso?
Propongo agregar, al final de la letra e), después de la expresión "durante un semestre calendario y no guardar la debida reserva de los procesos de selección que se lleven a cabo en el consejo, entre otras", la expresión "con la concurrencia de los dos tercios del Senado". Es la solución que se dio para el Banco Central, la Contraloría General de la República y otros organismos cuya responsabilidad es por períodos determinados. Esa es mi proposición.
De existir acuerdo unánime en la Sala, se resolvería un problema que no puede solucionar la Contraloría.
Señor Presidente , creo que el Honorable señor Viera-Gallo leyó la primera parte de la letra e) solamente, donde dice: "Falta grave al cumplimiento de las obligaciones como consejero.". Pero son muy claras y precisas las razones por las cuales podría producirse la cesación en el cargo.
Si Sus Señorías siguen leyendo la referida letra e), comprobarán que agrega la siguiente definición: "Serán faltas graves, la inasistencia injustificada a tres sesiones consecutivas o a seis sesiones durante un semestre calendario y no guardar la debida reserva", etcétera.
Debe recordarse que en esta estructura hay una persona que ejerce la presidencia y cuatro consejeros. Es decir, cuando una persona falte tres veces seguidas, tendrá que dar cuenta y dejar el cargo. Eso funciona, porque -reitero- hay una estructura en la cual hay un jefe, o alguien que lo reemplace, que cumple con esa función.
Señor Presidente , el solo hecho de que un consejero pueda ser removido por el Presidente de la República , como aquí se pretende, hará que aquél actúe en forma distinta. Y no necesitará removerlo, porque el consejero nunca se va a poner en una situación que dé lugar a tal medida. Y, por lo tanto, el solo hecho de que el Primer Mandatario lo pueda sacar de su cargo determinará que los consejeros no actúen con la independencia que se desea.
Estamos de acuerdo en que puede faltar la norma mediante la cual se produzca la remoción, y no estaríamos en desacuerdo con que sea el propio Senado el que lo haga, con un quórum más alto que el requerido para nombrarlos, o al menos igual.
Sin embargo, deseo señalar que, justamente, el que los consejeros se nombren siempre por pares tiene por objeto que, de alguna manera, estén representadas las sensibilidades de quienes en ese momento son de Gobierno y también de los de Oposición. Y para que no haya absolutamente ninguna persecución a funcionario alguno, cualquiera sea su ideología, éstos deben actuar de acuerdo con su mandato, y hacerlo bien. Ese es el objetivo.
Por lo tanto, si lo que echa de menos el Senador Viera-Gallo es una indicación que señale la forma de remoción de los consejeros en un caso grave, estamos dispuestos a presentarla. Y lo que proponemos es que lo sean por los cuatro séptimos o los dos tercios del Senado. Pero lo propuesto, en nuestro concepto, vulnera en forma esencial el acuerdo político que suscribimos.
Señor Presidente , siguiendo exactamente lo dicho por la Honorable señora Matthei , y recogiendo la argumentación del Senador señor Viera-Gallo , en términos de que no hay una forma de aplicar la letra e), quiero recordar que en Derecho las cosas se deshacen de la misma manera como se hacen. Y, por lo tanto, no habría inconveniente en señalar que el Presidente de la República , con acuerdo del Senado, podrá remover a los consejeros, en la medida que incumplan lo señalado en la letra e).
Puede hacer uso de ella, Su Señoría, si el Senador señor Chadwick no tiene inconveniente.
Ninguno, señor Presidente .
Es simplemente para decir que es una muy buena fórmula. No es necesario argumentar con tanta pasión.
Eso es. ¡En familia, las cosas se pueden arreglar...!
Señor Presidente , en el ánimo de hacer menos mala la disposición, yo sugeriría una fórmula, para no caer en una contradicción flagrante que se aprecia de la sola lectura del artículo.
Entiendo por inamovible lo que ocurre con los Comandantes en Jefe de nuestras Fuerzas Armadas, pues cualquier cosa que hagan, ahí se quedan "apernados". Nadie los hace salir de sus cargos.
Entonces, mientras en la parte introductoria del artículo se menciona que los consejeros son inamovibles, con posterioridad se indican las causales por las cuales se les puede exigir hacer dejación de su cargo.
Creo que lo lógico sería que la redacción quedara más o menos en estos términos: "Los consejeros designados sólo podrán ser removidos por las causales siguientes:", y mencionarlas. Entonces, se trata de despejar el concepto de inamovilidad, que -creo- no está exactamente bien aplicado, a lo menos en este artículo.
Señor Presidente , la propuesta del Senador señor Ríos es muy razonable, pero hay un problema de lógica en la redacción. Porque la verdad es que si el consejero debe cesar en su cargo por faltas graves, y entre ellas se enuncia la inasistencia injustificada a tres o a seis sesiones, se comprenderá que es muy difícil que el Senado, ante un hecho objetivo, califique por los dos tercios de sus miembros que el consejero no faltó a tres sesiones consecutivas.
Considero necesario ajustar la redacción, de manera tal que aquellas cosas que son objetivamente comprobables no estén sujetas a ratificación del Senado, sino sólo las que sí tienen elementos de subjetividad y sean razonables.
Señor Presidente , de lo dicho por el Honorable señor Arancibia , primero, y ahora por el Senador señor Boeninger , deduzco que no puede ser que las faltas graves al cumplimiento de las obligaciones sean sólo las indicadas en la letra e), porque puede haber innumerables otras.
Entonces, tendría que decir: "entre otras, serán faltas graves", etcétera. Porque si no, da la impresión de que son sólo ésas. En cambio, el incumplimiento de las funciones puede ser infinito, y en ese caso, como dice el Honorable señor Boeninger , el Senado tendrá que evaluar.
Dice "entre otras".
Sugiero leer la indicación.
Estoy a la espera de que el Senador señor Chadwick haga llegar el texto alternativo.
La Mesa recibió una proposición del Senador señor Ríos, para agregar, después de la expresión "entre otras", y reemplazando el punto por una coma, lo siguiente: "calificadas por el Senado con la aprobación de los dos tercios de los miembros en ejercicio.".
A proposición del Presidente de la República .
Para mantener exactamente la lógica debería decir "calificadas por el Senado con el quórum de dos tercios a proposición del Presidente de la República .".
¿Entonces, facultaríamos a la Secretaría para redactar la frase en esos términos?
Con el quórum de cuatro séptimos.
De cuatro séptimos.
Primero propongo la idea, después el quórum.
La proposición del Senador señor Chadwick, en el sentido de establecer el mismo mecanismo que existe para el nombramiento.
¿Con quórum de dos tercios o de cuatro séptimos?
De dos tercios, señor Presidente.
Votemos. Ése es un quórum altísimo.
Señor Presidente , el quórum debe ser más alto, porque si no la misma mayoría que lo designó podría removerlo. Una vez que el consejero ha sido nombrado, debe tener la seguridad de que no quedará dependiendo de una coyuntura política. Por lo tanto, es lógico que luego de su nombramiento tenga la tranquilidad de que para removerlo se requerirá un quórum alto.
La verdad es que si es designado por dos tercios, la remoción debe ser por dos tercios.
Con el sistema binominal nunca se alcanzan los dos tercios.
Me señalan que la nominación es por cuatro séptimos.
Por cuatro séptimos.
Primero aprobamos la idea; ahora propongo fijar el quórum.
Hay dos proposiciones: cuatro séptimos y dos tercios.
Que se voten las dos, señor Presidente.
Entonces someteríamos a votación esta nueva proposición. Hago presente que para aprobarla se requiere unanimidad.
--Se aprueba el quórum de cuatro séptimos.
Se mantiene la oración "serán inamovibles". Ello es lógico, porque podrán ser removidos por las causales que se indican.
A continuación, hay una indicación de los Senadores señores Viera-Gallo , Núñez , Pizarro y Muñoz Barra , que en su número 8 propone eliminar en su totalidad el párrafo 5º del Título VI, "De los convenios de desempeño y su evaluación".
Se omitirá su lectura.
Señor Presidente , se propone eliminar todo el párrafo relativo a los convenios de desempeño y su evaluación. Al respecto, deseo señalar lo siguiente.
Esto existe hoy en día, y todos los años se establece en la Ley de Presupuestos cuáles serán los servicios que se van a evaluar, lo que incluso debemos conocer después.
Pero, además, esto se relaciona con un premio anual que -si mal no recuerdo- se llama "por excelencia institucional", que corresponde a un 5 por ciento de las remuneraciones para aquel servicio público cuyo desempeño muestre el mayor logro en el cumplimiento de sus metas. Si eliminamos todo este párrafo, tendríamos a su vez que suprimir ese premio y su incentivo económico, porque no habría una forma objetiva de medir cuál es el servicio que realmente cumple mejor sus metas.
Por lo tanto, como esto existe, se ha implementado durante varios años y aquí no se hace más que repetir algo que está vigente, y, además, por incidir en otro artículo que crea la excelencia institucional para un servicio completo, donde deben establecerse parámetros objetivos para medirlo, estimo indispensable mantener los artículos referentes a los convenios de desempeño y su evaluación.
Señor Presidente , por su intermedio, deseo preguntar al Senador señor Viera-Gallo si me puede explicar qué persigue esta indicación, porque en realidad no entiendo bien por qué se propone eliminar el párrafo.
¿Podría recuperar la palabra después?
Tiene la palabra el Honorable señor Viera-Gallo , para contestar a la Senadora señora Matthei , porque ella no puede dirigir el debate.
Yo manifesté que era por su intermedio, señor Presidente.
Señor Presidente , de la redacción de este párrafo yo entiendo algo diferente de lo explicado por el Senador señor García . Porque su inciso quinto dice: "En la proposición de convenio se incluirán las metas anuales estratégicas de desempeño del cargo durante el periodo y los objetivos de resultados a alcanzar".
Del texto da la impresión de que no se trata del convenio que fija metas a un servicio.
¿Me permite una interrupción, para aclararlo?
No se puede conceder una interrupción sobre una interrupción.
Entonces, que este debate sirva para clarificar el asunto. Si se trata de convenios de desempeño de servicio -como manifestó el Senador señor García -, no hay ningún problema y creo que es lo lógico. Pero el primer inciso señala: Dentro del plazo máximo de tres meses contado desde su nombramiento definitivo o de su prórroga, los jefes superiores de servicio suscribirán un convenio de desempeño con el ministro del ramo respectivo.".
¿Respecto de qué? ¿De su propio desempeño o del servicio? No está claro. Ése es el punto.
Continúa la Honorable señora Matthei.
Señor Presidente , justamente la finalidad de establecer un sistema de alta gerencia pública es que los altos jefes sean responsables de sus compromisos; que éstos sean claros, patentes, conocidos por todos, y que después pueda evaluarse su desempeño respecto de si cumplió o no lo que se pactó con el Ministro respectivo.
Por lo tanto, en realidad se trata más bien del desempeño del alto gerente público, no del servicio, y creemos que es esencial tener una posible medición de aquello a lo que se compromete ese alto funcionario y de lo que efectivamente logra.
Señor Presidente , éste es uno de los artículos más subjetivos de todo el proyecto, porque obviamente el desempeño es el cumplimiento de las metas dispuestas en las políticas del sector. Doy un ejemplo concreto relativo al sector de la vivienda.
En 1992 se estableció una política de vivienda que permitiría alcanzar a 4 habitantes por casa en 2002. Y el censo de este año mostró -y Su Excelencia el Presidente de la República lo expresó con mucho entusiasmo- que habíamos llegado a tener 3,6 habitantes por casa. Esto debería significar un súper premio para todos los funcionarios del sector de la vivienda.
Pero a lo mejor ello no está comprendido en estos extraños convenios en el sentido de que no se establece bien cuáles son, y lo que es más delicado todavía es que en el inciso tercero se consigna: "Los convenios de desempeño deberán ser propuestos al alto directivo," -la persona que asume una responsabilidad- "a más tardar, dentro de los cinco días siguientes al nombramiento.". Es decir, después de nombrarlo le señalan cuáles convenios debe cumplir.
Entonces, ya estamos partiendo de una equivocación, porque primero tenemos que saber cuáles son los objetivos y con relación a éstos contratar o incorporar a las personas más adecuadas.
En consecuencia, eso está malo. Cuando uno señala...
Pido evitar los diálogos.
Por consiguiente, esto es bastante subjetivo. Por lo tanto, pienso que cuando el Presidente de la República señala: "Hemos cumplido todas las metas, sin excepción", nosotros podríamos decir que, perfecto, toda la Administración Pública tiene un reajuste en sus remuneraciones de un 15 por ciento, porque es obvio...
Pido a las tribunas que mantengan el orden.
Este párrafo es de una subjetividad enorme. Y no sé si vale la pena eliminarlo, como propone el Senador señor Viera-Gallo , pero amerita que el debate sea considerado en la reglamentación que finalmente regule la aplicación de estas disposiciones.
Señor Presidente , coincido con quien señaló que es de la esencia de toda estructura que se está armando la existencia de convenios de desempeño, porque, al designar jefes en cargos inamovibles por tres años cuyo nombramiento podría o no renovarse, esa potencialidad tendría que ser controlada por la autoridad en una evaluación que indique cómo lo han hecho estas personas.
¿Y en qué se basaría esta evaluación? En el establecimiento de metas, como patrón objetivo de medida, que permitan ver si la persona las cumplió o no las cumplió. Tanto es así, que en el inciso quinto del artículo 61 dice que en la proposición de convenio -que debe ser de Ministro a jefe designado- "se incluirán las metas anuales estratégicas de desempeño del cargo".
En el fondo, se le dice a la persona nombrada: "Mire, la expectativa que tiene el Ministro respecto de su desempeño consiste en tales y cuales objetivos dentro de determinado marco".
En consecuencia, me parece que quedaría muy trunca esta estructura, si la norma del artículo 61 en comento se suprimiera.
Por lo demás, todas las reformas del Estado -o la mayor parte de ellas al menos- que han instituido sistemas de concurso y procesos de selección consideran el concepto de convenio de desempeño. El ejemplo típico es Nueva Zelandia. O sea, eso es parte de la estructura aceptada para este tipo de situaciones y, por ende, para enfocar la Alta Dirección Pública.
La Honorable señora Matthei le está pidiendo una interrupción.
Tal como señalaba el Senador señor Boeninger , dentro de los cinco días siguientes al nombramiento de un alto gerente, el Ministro respectivo tiene que hacer una proposición de convenio. A partir de entonces, éste tendrá tres meses para negociar con dicho jefe de servicio las metas con que efectivamente se va a comprometer. Y respecto de esto se le evaluará para decidir si se le remueve del cargo o no.
Recordemos que estos puestos son de exclusiva confianza del Presidente de la República. Por tanto, puede remover a estas personas cuando quiera. Aquí se intenta establecer que ello se haga cuando no se cumpla el compromiso adquirido con el Ministro.
Por otra parte, cuando asume un directivo de nivel más bajo, el contrato de desempeño debe ser suscrito con su jefe superior.
Ahí están los tres niveles de cargos de exclusiva confianza del Presidente de la República.
Por último, deseo señalar que esto responde a las -iba a decir "modernas", pero no corresponde- prácticas que se vienen desarrollando desde hace por lo menos 30 años en la Administración y que son conocidas como planificación estratégica. Esto es de común ocurrencia en cualquier administración sana, sea de nivel público, sea de nivel privado, sea de una institución sin fines de lucro, etcétera. La planificación estratégica es la herramienta más esencial para saber en qué dirección se avanza.
Gracias, señor Presidente y señor Senador.
Señor Presidente, creo que el debate es útil para clarificar los puntos de vista.
En todo caso, como dijo el Senador señor Ríos, una cosa son las políticas públicas, que tienen sus propias metas, y otra distinta son los responsables en cada servicio de concretar tales políticas.
Ahora bien, me gustaría saber en qué consiste el convenio. Por ejemplo, si se nombra al Director del Servicio de Registro Civil y se le hace un contrato, ¿en qué consistiría éste? Diría que tiene que entregar los carnés dentro de determinado plazo o que debe hacer tal y cual cosa. Y ésos son buenos propósitos que ayudarán a realizar mejor la gestión. Pero me parece absurdo que estos convenios sean suscritos por los Ministros de Hacienda y Secretario General de la Presidencia . ¿Por qué no es el Ministro de Justicia solamente quien firma el contrato con este Director? En cambio, va directamente al gabinete del Ministro de Hacienda . Lo dice el inciso primero...
Él firma, además.
Además. Obvio.
Imaginemos la burocracia que va a operar.
¿Y qué pasa si al Ministro de Hacienda no le gusta el convenio y no lo firma? ¿Quiere decir que él, al igual que el Ministro Secretario General de la Presidencia , incide en la designación de todos estos cargos -que son noventa y tantos- de la Administración del Estado?
En todo caso, señor Presidente, no estoy en contra de esta racionalización,...
¿Qué pasa después del nombramiento?
...pero, en el fondo, me parece excesivo que esto sea suscrito por tres Ministros.
Señor Presidente , en primer lugar, quiero recordar que, en el marco del nuevo trato laboral, hemos aprobado que suba a 9 por ciento el componente variable de la remuneración con incentivo de gestión. Por tanto, si la evaluación de desempeño de la carrera funcionaria puede aumentar el salario hasta en 9 por ciento, sería lógico pensar que, a niveles directivos, esto continúe y se amplifique.
Evidentemente, no se puede permitir que el funcionario intermedio tenga una remuneración variable en función del rendimiento y que el alto funcionario perciba una a todo evento.
Por lo tanto, hay que definir una política para normar esta situación.
Lo que hace precisamente este párrafo es establecer que, cuando un jefe de servicio gana un concurso, debe firmar un convenio de desempeño con el Ministro del ramo respectivo, quien evaluará obviamente si esta persona cumple los objetivos acordados, los que serán coherentes con las que este Ministro quiere imbuir en su Cartera.
Lo anterior permitirá que parte de la remuneración que gana el alto directivo esté atada al cumplimiento de metas de gestión.
Ahora, ¿por qué participan la SEGPRES y el Ministerio de Hacienda, tal como sucede actualmente con los PMG? Porque en la estructura del Estado, más allá de las personas que ocupamos los cargos, estas dos Carteras son precisamente organismos intersectoriales por esencia, debiendo cautelar que los convenios de desempeño suscritos en cada uno de los Ministerios sean consistentes entre sí, conforme al plan del Gobierno. Ésa es la labor que les corresponde por su definición estructural dentro del aparato del Estado.
Ésa es la racionalidad que tiene todo esto.
Tiene la palabra el Honorable señor Moreno y, luego, el Senador señor Pizarro.
Señor Presidente , quiero agregar algo con relación a lo referido recién por el señor Ministro sobre los PMG.
Hay dos sistemas que se están construyendo: uno es el Programa de Mejoramiento de la Gestión, que se mantiene como tal, y otro es el convenio que se firmará con las personas que tengan la posibilidad de ganar el concurso.
Hoy día me consta que funcionarios de la Administración Pública han sido castigados en esta misma etapa, porque el Ejecutivo no cumplió con la entrega en fecha oportuna de la propuesta o la información del servicio. He sabido que en determinado servicio -se hizo la denuncia respectiva- los empleados perdieron una remuneración en el año a raíz de que el jefe llegó dos días después a entregar la documentación pertinente a la Dirección de Presupuestos. Por lo tanto, se infligió un daño a los demás.
Considerando este elemento en el proyecto, cabe hacer el siguiente razonamiento. Cuando se le ofrece concursar a una persona, lo racional es saber cuál es la responsabilidad que se tendrá, y ello se define en los términos de referencia. Al respecto, señalaré un caso muy concreto: una persona concursa y gana el puesto de Director del SERVIU, y el Gobierno le fija tantas asignaciones y ciertos subsidios para que los otorgue en determinada parte. Pero, de pronto, esa persona queda entregada a la gestión de un organismo distinto del suyo que, incluso, le reduce el presupuesto, dejándolo en una situación de desmedro.
Señor Presidente , quiero decir que el artículo 61 de la iniciativa es teórico y confuso, y agrego claramente que, si bien existe la necesidad de mantener algunos de sus aspectos, constituirá más una fuente de dificultades que un refuerzo para los funcionarios que desempeñen esos cargos.
Señor Presidente, entiendo que, por la vastedad del proyecto, se produzcan superposiciones.
Este párrafo no guarda relación con los funcionarios que ganen los concursos ni con aquellos que ocupan cargos de carrera, sino con los altos directivos nominados por el Presidente de la República a propuesta del Comité de Alta Dirección Pública; con los jefes superiores de servicio o directores de los mismos, que deberán suscribir un convenio de desempeño con el Ministro del ramo.
Repito: no se refiere a los funcionarios públicos.
Señor Presidente , en verdad, las explicaciones dadas me causan más confusión todavía.
Si como dijo el señor Ministro el artículo se refiere sólo a los directivos que nombra el Primer Mandatario , con mayor razón tienen que conocer lo que harán, las metas por cumplir, los convenios vigentes. Porque estos últimos no los elabora la persona sobre la cual recae el nombramiento, sino que forman parte de la política del respectivo Ministerio y del Gobierno, que deberá llevarse a cabo durante equis tiempo.
Por lo tanto, después de esa explicación me parece más absurdo aún el párrafo relativo a los convenios de desempeño y su evaluación.
Por otra parte, ¿qué sucederá si, una vez nombrado, el directivo no está de acuerdo con lo que se le plantea? Se producirá otra situación absolutamente anómala.
Además -lo que ya me parece una exageración a todas luces-, el convenio debe ser firmado y, por tanto, corroborado y aprobado por otros dos Ministros, que a lo mejor no tienen absolutamente nada que ver con el cumplimiento de las metas consignadas en él.
Por esas razones, me parece que la indicación apunta en la línea correcta. Aquí hay una confusión mayor que lo que se pretende resguardar.
La indicación propone eliminar en su totalidad el párrafo 5º.
--Se rechaza la indicación (16 votos contra 3).