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Timestamp: 2018-07-16 16:25:36
Document Index: 316018272

Matched Legal Cases: ['artículo 207', 'artículo 331', 'artículo 331', 'artículo 398', 'artículo 32', 'artículo 331']

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Casación No. 39464
WILSON MEZA RINCÓN
SP 2933-2016
Radicación N° 39464
(Aprobado Acta No. 71)
Bogotá D.C., marzo nueve (9) de dos mil dieciséis (2016).
Procede la Sala a resolver de fondo el recurso extraordinario de casación discrecional interpuesto por el defensor de WILSON MEZA RINCÓN contra la sentencia del 21 de marzo de 2012, mediante la cual el Tribunal Superior de San Gil confirmó, con modificaciones, el fallo proferido el 9 de diciembre de la anualidad anterior por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Charalá que condenó al prenombrado por el delito de daños en los recursos naturales.
Se declararon por los juzgadores de instancia, en los siguientes términos:
La Industria Avícola del Fonce S.A. (en adelante AVIFONCE S.A.) en el mes de septiembre del año dos mil cuatro (2004) compró unos terrenos ubicados en el vereda La Herrerita, del Municipio de Charalá Santander, con el fin de desarrollar un proyecto agroindustrial. Una vez adquiridos los predios, la empresa en mención lleva a cabo todas las actividades necesarias para adecuarlos, causando con esto una serie de daños ecológicos por los cuales fueron sancionados por la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL (en adelante CAS) y que ahora son motivo del presente proceso penal".
Por razón de los hechos narrados, se dispuso inicialmente la apertura de investigación previa y luego formal, así como la vinculación a ésta, mediante diligencia de indagatoria, de WILSON MEZA RINCÓN, representante legal de la empresa AVIFONCE S.A.
Clausurado el sumario, se calificó su mérito por la Fiscalía Séptima Seccional de San Gil el 16 de septiembre de 2010, precluyendo la investigación en favor del procesado. Contra esta decisión, el Procurador Judicial 52 de la misma ciudad, interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto el 1° de abril de abril de 2011 por la Fiscalía Delegada ante el mencionado Tribunal, revocándola y, en su lugar, profiriendo resolución de acusación en su contra por el punible de daños en los recursos naturales (art. 331 del C.P.).
El trámite del juicio correspondió al Juzgado Promiscuo del Circuito de Charalá, bajo cuya dirección se surtieron las audiencias preparatoria y de juzgamiento. Al término de esta última, dictó fallo de primer grado el 9 de diciembre de 2011 por medio del cual condenó a MEZA RINCÓN a las penas principales de treinta y siete (37) meses de prisión y multa por suma equivalente a 2.575 salarios mínimos legales mensuales y a la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término de la sanción aflictiva de la libertad, al encontrarlo penalmente responsable del delito por el cual fue acusado.
En la misma providencia, se abstuvo de condenarlo al pago de perjuicios y le negó el subrogado de la condena de ejecución condicional.
Inconformes con la determinación, el defensor y el apoderado de la parte civil impetraron recurso de apelación, desatado por el Tribunal Superior de San Gil el 21 de marzo de 2012, impartiéndole confirmación pero modificándolo en cuanto redujo la pena de prisión a veintiocho (28) meses de prisión y la multa a 825 salarios mínimos legales mensuales al tiempo que concedió al implicado el subrogado de la condena de ejecución condicional.
En desacuerdo con la sentencia del ad quem, la defensa técnica promovió, de forma exclusiva, recurso extraordinario de casación por la vía discrecional mediante el libelo correspondiente, el cual fue admitido el 21 de diciembre ulterior.
Por lo anterior, en el mismo auto se ordenó correr traslado al Procurador Delegado para la Casación Penal para rendir el concepto de ley previo a su resolución. Cuando se surtía el traslado el Procurador Segundo de esa especialidad, a quien correspondió el asunto, comunicó, mediante Oficio 000801 de octubre 21 de 2013, del extravío de la actuación, por lo que fue necesaria su reconstrucción.
Realizado el trámite legal correspondiente, el representante del Ministerio Público allegó concepto por cuyo medio solicita no casar el fallo impugnado, motivo por el cual se apresta la Sala a pronunciarse de fondo1.
Formula tres cargos contra la sentencia impugnada. Los dos primeros por la causal tercera de casación prevista en el artículo 207 de la Ley 600 de 2000 por nulidad derivada de vulneración al debido proceso y, el último, con fundamento en el motivo primero, por violación indirecta de la ley sustancial.
En el primero (principal) el libelista empieza por recordar la naturaleza del delito por el que se procede de daños en los recursos naturales, sancionado en el artículo 331 del C.P. (tipo penal en blanco, de ejecución instantánea y de resultado), cuyo verbo rector es “dañe”, “pues lo que se ha denunciado es que en la adecuación y medición de la finca se generaron daños a una zona especialmente protegida en el esquema de ordenamiento territorial EOT”.
A partir de ahí afirma que el término de prescripción de la acción penal es de seis (6) años contados a partir del momento en que se realizó la conducta generadora de los daños imputados a WILSON MEZA, teniendo en cuenta que esa es la pena máxima prevista en el artículo 331 del Código Penal para el delito atribuido.
Acto seguido, señala que la Fiscalía Tercera, mediante resolución de fecha 27 de diciembre de 2007, reseñó que los hechos ocurridos bajo la vigencia de la Ley 600 de 2000 tuvieron lugar el 6 de marzo de 2005 y así asumió la investigación la Fiscalía Séptima.
Sin que se adelantaran diligencias encaminadas a establecer si en realidad se causaron daños en los recursos naturales, en qué consistieron, quién los causó materialmente y cuándo se causaron, actuaciones necesarias y esenciales para llevar adelante el proceso, sostiene el actor, se decretó el cierre de investigación el 3 de agosto de 2009, contra el cual el Ministerio Público interpuso recurso de reposición.
Para fundamentarlo adujo dicho funcionario que la investigación fue mínima y que era preciso ordenar un estudio de fondo con presencia de planimetrista y topógrafo con el fin de determinar los daños y la fecha en que pudo causarse la afectación al medio ambiente, a lo cual la Fiscalía otorgó razón decretando la nulidad del cierre, pero, en lugar de decretar una prueba en el sentido indicado, decretó una inspección judicial cuya práctica se llevó a cabo el 17 de marzo de 2010, en donde determinó “que hace más de dos años no se realiza ninguna intervención en los terrenos, que hay un buen desarrollo de las especies vegetales nativas, y que en ese momento no se realiza ninguna actividad de mantenimiento, lo que indica que aproximadamente en los dos últimos años no se ha adelantado ninguna afectación del medio ambiente, como tampoco se ha realizado ninguna actividad económica”.
Las fallas que provocaron la nulidad, entonces, siguieron vigentes en el proceso, mismo motivo por el cual “en la calificación de primera instancia el Fiscal concreta los daños a los referidos en la visita que hizo la CAS el 6 de marzo de 2005, por los cuales se profirió la Resolución 0970 del 25 de septiembre de 2006, por medio de la cual se impuso a la empresa AVIFONCE S. A. una multa de ochocientos dieciséis mil pesos ($816.000), equivalentes en ese momento a dos (2) salarios mínimos legales mensuales”.
Afirma que por los mismos daños reseñados en la remembrada resolución, otras personas formularon quejas ante la CAS en los meses de mayo a octubre de 2005 terminando con la expedición de la Resolución 0383 de julio 6 de 2007, en la que también se sancionó a AVIFONCE S.A., contra la cual el apoderado de la empresa interpuso recurso de reposición por estar sancionando dos veces la misma conducta, reclamo que encontró eco en la Resolución No. 0614 del 22 de octubre de 2007.
Lo anterior permite al casacionista concluir que “los daños que se imputan a mi defendido son los consignados en la visita del 6 de marzo de 2005, que como es lógico debieron ocasionarse antes de esa fecha, que corresponden a los mismos que son referidos en la denuncia, a los mismos que son tenidos en cuenta en la resolución mediante la cual se definió la competencia para adelantar la instrucción, y los mismos por los cuales en la calificación del mérito del sumario en primera instancia se precluyó la investigación por error invencible de tipo”.
En ese orden, estima, para cuando la Fiscalía de segunda de instancia resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la preclusión de investigación, ya se encontraba prescrita la acción penal, por lo que ha debido así decretarlo y no revocar esa decisión para proferir resolución de acusación en contra de su prohijado.
Acto seguido, pregona que ese mismo entendimiento tuvo el sentenciador de primera instancia, como se advierte en el folio 27 del fallo, mientras que los argumentos expuestos por el Tribunal para negar la cesación de procedimiento por prescripción, son completamente equivocados.
En primer lugar, sostiene, porque dicha autoridad ha debido tener en cuenta que la fecha de realización de la conducta no es la que diga la denuncia, ni la que pudieron haber dicho algunos declarantes, sino lo que finalmente se declara probado en el proceso, y en ese sentido lo único que se afirma como realmente ocurrido son unos daños ocasionados antes del 6 de marzo de 2005 que fue la fecha de la visita, los cuales sirvieron de base a la sanción proferida en la Resolución No. 0970 del 25 de septiembre de 2006.
En segundo lugar, porque el hecho de que se hubieren presentado nuevas quejas en el año 2005 no significa que los daños observados en marzo se hubieren extendido durante todo el año, “mucho menos cuando está debidamente probado por la Resolución No. 0614 del 22 de octubre de 2007, que todas las quejas presentadas después de marzo de 2005, (mayo 10, julio 8, julio 29, septiembre 20, septiembre 22), que dieron lugar al auto No. 0930 del 28 de octubre de 2095, que ordenó una nueva visita, y que se resolvieron mediante la Resolución No. 0383 de 2007 que fue revocada por violar el principio de non bis in ídem, tratan sobre los mismos daños relacionados en la visita del 6 de marzo de 2005 y por los cuales la Resolución No. 0970 de septiembre de 2006 impuso la multa de ochocientos dieciséis mi pesos ($816.000)”.
En tercer lugar, por cuanto es inexplicable que el Tribunal cite informes, visitas y declaraciones que se refieren a supuestos daños ejecutados en los años 2006 y 2007, a sabiendas de que esos hechos no fueron objeto de la investigación, ni por ellos se formularon cargos, tal como expresamente lo manifestó el Fiscal en la resolución de acusación.
En cuarto lugar, debido a que la conclusión del ad quem, según la cual el término inicial se calcula partiendo del último hecho investigado, es decir, diciembre de 2005, carece de fundamento y se aparta de la realidad procesal, pues de un lado no existe en el proceso ningún hecho de diciembre de 2005 que hubiere sido objeto de la investigación, y de otro, lo imputado son los daños ocasionados antes de la visita del 6 de marzo de 2006. Además, “esa pretensión es absurda jurídicamente, pues el delito de daños a los recursos naturales no es un delito de conducta permanente sino de conducta instantánea”.
En quinto lugar, puesto que si el Tribunal quería apoyarse en supuestos daños ocurridos en el periodo comprendido entre el primer día de abril y el 31 de diciembre de 2005, “ha debido verificar si formaban parte de la acusación, pues de no ser así no pueden ser tenidos en cuenta para contabilizar el término de prescripción, y como en efecto la acusación no individualizó ningún daño que se hubiera realizado en ese periodo ni el llamamiento a juicio es por un delito continuado, el argumento es inaceptable”.
Por lo expuesto, advierte que la sentencia de segunda instancia viola el debido proceso, pues para cuando se calificó el mérito del sumario en segunda instancia el Estado ya había perdido su potestad punitiva, y lo que debía haber hecho era declarar la prescripción de la acción penal y de la acción civil, como quiera que esta última fue ejercida dentro del proceso penal.
Así las cosas, depreca casar la sentencia recurrida, y en su lugar decretar la extinción de la acción penal por prescripción ordenando la cesación de procedimiento en favor de su defendido.
En la segunda censura (subsidiaria), por su parte, luego de evocar los requisitos de la resolución de acusación, conforme se estipulan en el artículo 398 de la Ley 600 de 2000, indica que la calificación de primera instancia, por medio de la cual se precluyó la investigación en favor de su prohijado, no precisó la conducta que se imputa a su defendido, ni cuál su grado de participación, por cuanto “simplemente se refiere a él diciendo que ‘dispuso la realización de varios trabajos que afectaron los recursos naturales’, sin concretar cuándo y de qué manera lo dispuso, en qué consistían los trabajos, quién o quiénes los realizaron, qué instrucciones particulares tenían, qué sabían respecto a que por el reciente Decreto 046 de octubre de 2003 esa era una zona protegida, etc”.
Igualmente, añade, no se detuvo en la determinación de algunos de los elementos objetivos del tipo, como la conducta, autoría, participación y daño, pues lo probado era que el representante legal de AVIFONCE actuó dentro de un error de tipo, por desconocer las limitaciones que le impuso a la finca el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT), aprobado por el alcalde municipal encargado unos meses antes de la compra (elemento normativo), ya que si lo hubiera sabido no habría realizado el negocio.
Por su parte, la resolución de acusación por medio de la cual se revocó la determinación anterior se incurre en el error de creer que por razón de revocar la preclusión decretada por error de tipo invencible “automáticamente se dan los requisitos para proferir la resolución de acusación, lo cual en este caso no es cierto, pues ocurre que el Fiscal de primera instancia, según se demostró, no analizó ni precisó los elementos objetivos de la imputación, sino que los dio por sentados sin sustentación alguna, con la implícita excusa de que de todas maneras desde el punto de vista subjetivo no había lugar a responsabilizar al procesado, por haber obrado en error invencible de tipo excluyente del dolo, y por ende de la tipicidad subjetiva”.
En ese orden, encuentra que la acusación no indica cuál es la conducta que se le atribuye a su defendido, ni cuándo la realizó, ni dónde, ni de qué manera, limitándose a sostener que hubo unos daños en los recursos naturales por los cuales fue sancionada la sociedad AVIFONCE S. A., propietaria de la finca en donde se produjeron y de la cual es representante legal el procesado “y que en consecuencia le imputa el delito de daños en los recursos naturales sin decir a qué título”.
Por esa razón, prosigue, dicha resolución “reúne las características de lo que la doctrina llaman ambigua o anfibológica y que da lugar a nulidad (sic)”.
Así pues, añade, como no se precisa la conducta con las circunstancias de modo tiempo y lugar que la especifican, no se puede acreditar la tipicidad subjetiva “pues salvo los casos de confesión, que no son la regla general, este elemento se prueba por vía de inferencia a partir de lo fáctico, que se convierte en el hecho indicador”. Por ello mismo, se termina por suponer el dolo, sin análisis probatorio que conduzca a su demostración.
Acto seguido explica que las irregularidades de la resolución de acusación necesariamente trascienden al fallo, en tanto es conclusión obligada considerar que si el pliego de cargos no reúne los requisitos legales la sentencia no debía haberse dictado, porque siendo su objetivo resolver los cargos formulados, si estos no se ajustan a la ley lo que se haga a partir de ellos queda también viciado de nulidad, dado que no se puede pasar a la etapa del juicio cuando la acusación está afectada de nulidad por violación de sus requisitos formales, pues ello lesiona las garantías fundamentales del debido proceso y el derecho a la defensa.
Así mismo, estima que no es necesario para los efectos propios de la casación entrar a discriminar detalladamente la incidencia de la resolución de acusación nula en la sentencia, pues basta con que aquella lo sea para que esta no pueda dictarse.
Encuentra que, como consecuencia de la ambigüedad de la acusación, la sentencia del Tribunal ofrece una “absurda e injurídica respuesta”, al imputarle funciones al procesado que hasta ahora no se habían mencionado “como el tener la supervisión de la obra realizada por los topógrafos, y olvidando que este proceso es para definir la responsabilidad penal no la civil, resulta diciendo que cuando se contrata una obra se asume la responsabilidad de los daños que se puedan cometer, y se tiene la obligación de coordinar los trabajos. Que barbaridad”.
Más grave aún, opina, termina afirmando que la responsabilidad de la ejecución de las obras recae en el acusado, sin decir a qué título, “de manera que el procesado no tiene posibilidad de saber por qué es que lo condenan: por haber contratado los topógrafos?. Por no haber ejercido la supervisión de la obra llevada a cabo por los topógrafos?. Por no haber realizado la labor de vigilancia y coordinación de las actividades de los topógrafos?. Por haber causado los daños?”.
Acorde con lo dicho por esta Sala, culmina su exposición indicando que el Tribunal no tenía por qué haberse puesto en el plan de adivinar qué quiso decir la Fiscalía, ni tampoco suponer lo que no dice el pliego de cargos para tratar de mantener su vigencia, estando obligado, por consiguiente, a decretar la nulidad del proceso a partir de la acusación inclusive, para que se procediera por parte de la Fiscalía a subsanar la irregularidad, términos en los que concreta su petición de casar el fallo.
En la tercera y última censura (segunda subsidiaria), el censor invoca la causal de violación indirecta de la ley sustancial a consecuencia de errores de hecho por falso juicio de existencia “que llevaron a la falta de aplicación del numeral 10 del artículo 32 de la Ley 599 de 2000, y a la aplicación indebida del artículo 331 ibídem”.
A su juicio, se incurrió en error de tipo, debido a que, en este caso, el sujeto actuó con el convencimiento de que en su conducta no se daban algunos de los elementos objetivos que se requieren para que pueda considerarse la conducta como típica. Dicho error, en este evento invencible sobre alguno de los elementos del tipo, descarta el dolo, de manera que en esas condiciones la conducta se torna atípica subjetivamente y, por lo tanto, no hay lugar a responsabilidad.
El delito objeto de acusación, asegura, es un tipo en blanco, de conducta alternativa representada por los verbos destruya, inutilice, haga desaparecer o dañe, cuyo objeto material está constituido por los recursos naturales y tanto la conducta como el resultado van acompañados de elementos normativos, como que debe ser realizada “con incumplimiento de la normatividad existente”, y el resultado debe causar una “grave afectación”, o afectar áreas “especialmente protegidas”.
En ese orden, dice, la actuación dolosa implica que se demuestre que una persona conocedora de la normatividad existente sobre los recursos naturales protegidos resuelva destruirlos, inutilizarlos, hacerlos desaparecer o de cualquier modo dañarlos, causando una grave afectación o afectando áreas especialmente protegidas.
De ahí que, prosigue, a efectos de la tipicidad subjetiva, es esencial establecer si el acusado tenía o no conocimiento de que mientras hacía la negociación del predio, el alcalde municipal de Charalá había convertido la finca en zona protegida mediante el Decreto 046 de octubre de 2003.
Luego de transcribir apartes de lo que sostuvo su defendido durante su diligencia de indagatoria y de lo que expuso el Tribunal para descartar el error de tipo, advierte que el sentenciador no tuvo en cuenta dicha prueba, especialmente cuando MEZA RINCÓN sostuvo que, “... la empresa en el 2003 inició una negociación con un particular para comprar una finca para desarrollar la actividad avícola, el procedimiento que se siguió en el año 2003 fue averiguar en la CAS de San Gil, si dicho predio tenía alguna afectación que nos impidiera el desarrollo de la actividad avícola, en dicho momento, en el año 2003 no había un esquema de ordenamiento territorial en funcionamiento para el municipio de Charalá por lo cual no había afectación alguna de dicho predio” (negrillas tomadas del texto original).
Si el sentenciador hubiera tenido en cuenta esta prueba, acota, no habría podido utilizar como argumento para negar la existencia del error de tipo que faltó planeación, que no es aceptable que hubieran comprado una finca de 600 hectáreas sin saber si tenía algún tipo de limitación, máxime si no hay ninguna prueba que desvirtúe la explicación del sindicado en el sentido de que averiguaron en la CAS si sobre la finca pesaba alguna restricción y les dijeron que no.
Contrariamente, añade, está debidamente probado que para la fecha en que se iniciaron las negociaciones en el 2003 no se había expedido el Esquema de Ordenamiento Territorial que la convirtió en suelo rural de protección, pues esto se hizo mediante el Decreto 046 de octubre 29 de 2003 “y no hay constancia de cuándo fue notificado a los propietarios, ni tampoco se anotó en la Oficina de Registro”.
Así las cosas, precisa, no hubo falta de precaución de la empresa compradora ni de su representante legal, pues hicieron la averiguación ante las autoridades competentes para responderles, y lo que les manifestaron se ajustó a la verdad, pues para ese momento no había ninguna restricción, como así lo plasmó la Fiscalía de primera instancia al calificar el mérito del sumario con preclusión de investigación.
Además, porque la persona a la que se compró el predio, cuyo nombre suministró en la indagatoria, no les informó si tenía algún tipo de restricción para su uso, tratándose de un ex alcalde del municipio en donde está ubicada, y el EOT lo expide el Concejo Municipal o en su defecto el alcalde, como ocurrió en este caso, lo cual concedía un margen de confianza de que lo que se estaba vendiendo era apto para desarrollar una actividad públicamente conocida de la empresa compradora AVIFONCE S. A.
Por otra parte, en la indagatoria dejada de apreciar por el Tribunal, su defendido fue claro en indicar que para medir la finca se contrató a una firma llamada Topógrafos Ltda. de la ciudad de Bucaramanga, siendo ellos quienes con el fin de poder medir el área hicieron unas trochas, sin que fuera una instrucción dada por el contratante sino una decisión del contratista.
A pesar de haber dado esa información desde la indagatoria, ni siquiera se llamó a declarar a los topógrafos, de manera que se está ante una explicación no desvirtuada por ningún otro medio de prueba, de suerte que si el Tribunal la hubiera tenido en cuenta, no hubiera afirmado que el procesado “actuó con dolo de dañar en forma grave los recursos naturales, pues además es absurdo sostener que una empresa contrate una firma de topógrafos con el propósito deliberado de causar daños en los recursos naturales simplemente porque sí”.
Acto seguido, postula un segundo error de hecho por falso juicio de existencia por haber omitido apreciar la Resolución 06412 del 22 de octubre de 2007 por medio de la cual la CAS revocó la 0383 de julio 6 de igual año por violación del principio non bis in ídem al haber sancionado los mismos hechos de la primera.
Con la resolución omitida, mediante la cual quedó definido que los únicos hechos conocidos dentro del proceso son los relacionados en la visita del 6 de marzo de 2005 y todas las quejas posteriores se refieren a los mismos daños, resulta “falsa la afirmación del Tribunal en el sentido de que los daños se siguieron ocasionando a pesar de que a partir de esa visita ya se sabía que la finca había sido declarada zona de protección”.
Señala que esta probanza es coherente con lo expresado por el sindicado en la injurada, respecto a que una vez se enteraron de que se trataba de un terreno de protección, desistieron de la solicitud de aprobación del plan de manejo ambiental, lo cual está probado con la Resolución No. 0396 del 20 de mayo de 2005, que acepta el desistimiento.
Así, entiende que no es que hayan desistido de manera inexplicable, como dice el Tribunal, sino que una vez conocidas las condiciones restrictivas del terreno no tenía sentido continuar tramitando la licencia, pues era obvio que se la iban a negar, por eso mismo cancelaron el proyecto.
De las pruebas omitidas se colige que el procesado como representante legal de la empresa, no tuvo conocimiento en qué momento el terreno que estaban negociando y que finalmente se adquirió pasó a ser de protección, pues, cuando la negociación se inició, la CAS les informó que el inmueble no tenía ninguna restricción.
En consecuencia, su defendido obró dentro de un error invencible de tipo, que recae sobre un elemento normativo que cualificó el objeto material, pues está probado que las condiciones del terreno cambiaron justamente después de haberse iniciado la negociación, y solo vino a ser informado de ello con la visita del 14 de mayo de 2005, razón por la cual de manera inmediata, el 20 de mayo siguiente, se presentó el desistimiento a la solicitud de iniciación del trámite para la aprobación del Plan de Manejo Ambiental y se suspendió definitivamente el proyecto avícola.
Esa solicitud de aprobación del Plan de Manejo Ambiental, es un hecho del cual también se infiere que la sociedad avícola y en particular su representante legal, desconocían las restricciones del terreno y que si lo hubieran sabido no habrían hecho esa solicitud, prueba de ello es que apenas se enteraron de que era zona de protección, presentaron el desistimiento.
El Tribunal niega la existencia del error de tipo, agrega, limitándose a afirmar que el sindicado obró con dolo, pero “con base en especulaciones sin ningún sustento probatorio, razón por la cual para la demostración del cargo se señalan pruebas, que si el sentenciador las hubiera apreciado, le habrían servido para que sus inferencias atinentes a la demostración del tipo subjetivo hubieran llegado a la conclusión de que no se configura por haber obrado el acusado dentro de un error de tipo que excluye el dolo”.
Entonces, las gestiones realizadas ante la CAS previas a realizar el negocio de la finca, la confianza generada sobre la inexistencia de alguna restricción para su uso por ser el vendedor un ex alcalde del municipio, y la falta de anotación en la Oficina de Registro, permiten considerar que el error de tipo alegado es invencible, pues se realizó la pesquisa que razonablemente había que hacer. Y, si en todo caso se llegare a estimar que se ha debido actuar con más diligencia en la averiguación, no cambiaría la decisión final, pues el delito imputado no tiene prevista modalidad culposa, luego la conducta sigue siendo atípica.
Con fundamento en lo expuesto, depreca se case el fallo impugnado y, en su lugar se absuelva a su prohijado.