Source: https://es.scribd.com/doc/2884322/Reformas-incorporadas-a-la-tramitacion-de-la-posesion-efectiva-por-la-Ley-N%C2%BA19-903
Timestamp: 2016-02-06 08:03:52
Document Index: 143607244

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Con fecha 10 de octubre de 2003, se publicó en el Diario Oficial la Ley número 19.903 (en adelante “la ley”), “Sobre procedimiento para el otorgamiento de la posesión efectiva de la herencia y adecuaciones de la normativa procesal, civil y tributaria sobre la materia”, que entra en vigencia con fecha 10 de abril de 2004. Se trata de una radical reforma al sistema que regía en nuestro Derecho, cuyos aspectos más relevantes mencionaremos en las líneas que siguen. 1.- Organos competentes para otorgar la posesión efectiva de la herencia, y normativa aplicable. El artículo 1º de la ley, establece que distinto será el órgano competente llamado a dar la posesión efectiva de la herencia, según ésta sea intestada o testada. En efecto: • Si se trata de posesiones efectivas de herencias originadas en sucesiones intestadas abiertas en Chile, serán tramitadas ante el Servicio de Registro Civil e Identificación, de conformidad a lo dispuesto en la Ley número 19.903. • Si se trata de posesiones efectivas de herencias originadas en sucesiones testadas abiertas en Chile, serán conocidas por el tribunal competente de acuerdo a lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil. Observamos, por ende, que la reforma sólo incide en las posesiones efectivas conferidas en el marco de las sucesiones abintestato, las que quedan sustraídas de la competencia de los tribunales de justicia, en cuanto a su otorgamiento, continuando igual la tramitación de las posesiones efectivas otorgadas a consecuencia de las sucesiones testadas. Las primeras, se regirán por las disposiciones de la Ley número 19.903. Las segundas, por los artículos 877 a 883 del Código de Procedimiento Civil (cabe advertir que la Ley 19.903, derogó el artículo 884 del citado Código). Cabe preguntarse qué ocurre con las posesiones efectivas que se confieran a consecuencia de una sucesión intestada abierta en el extranjero. En efecto, si bien en este caso, la regla general es que la sucesión se rija por la ley extranjera que corresponda al país donde el causante tenía su último domicilio, excepcionalmente, regirá la ley chilena y por ende se otorgará la posesión efectiva en nuestro país, cuando el fallecido hubiere dejado bienes en Chile. En efecto, de conformidad con el artículo 27 de la Ley número 16.271 de Impuesto a las Herencias, Donaciones y Asignaciones, en la hipótesis planteada debe pedirse la posesión efectiva de la herencia en Chile respecto de los bienes ubicados en nuestro país. Obedece lo anterior a la necesidad de cobrar los impuestos de herencia por dichos bienes. El artículo 149 del Código Orgánico de Tribunales señala por su parte que será juez competente para otorgar la posesión efectiva de una sucesión que se abra en el extranjero, el del último domicilio del causante en Chile, y si no lo tuvo, el del domicilio de aquel que pide la posesión efectiva. Debemos entender que puede tratarse de sucesiones testadas o intestadas, quedando estas últimas sustraídas, en 1
este caso, de la competencia del Registro Civil e Identificación, pues el artículo 1º de la Ley número 19.903, que dispone la tramitación de las posesiones efectivas correspondientes a las sucesiones intestadas ante dicho Servicio, alude a “Las posesiones efectivas de herencias, originadas en sucesiones intestadas abiertas en Chile, serán tramitadas ante el Servicio de Registro Civil e Identificación (...) Las demás serán conocidas por el tribunal competente de acuerdo a lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil”. En cambio, el artículo 149 del Código Orgánico de Tribunales hace expresa alusión a la sucesión abierta en el extranjero. Además, la expresada Ley número 19.903, no modificó al artículo 149 del Código Orgánico de Tribunales. Concluimos entonces que la sucesión abierta en el extranjero pero en la que se dejaron bienes situados en Chile, se encuentra en la hipótesis de “las demás...” a que alude el artículo 1º de la Ley número 19.903. Es importante consignar que el legislador abandonó una idea inicial, en virtud de la cual se pretendía otorgar competencia al Servicio de Registro Civil e Identificación sólo para la dación de las posesiones efectivas de cierta cuantía, conservando los tribunales ordinarios de justicia la competencia para otorgar aquellas superiores a cierto valor. No hay distinciones en esta materia. Todas las posesiones efectivas originadas en sucesiones intestadas, deberán tramitarse ante el Servicio de Registro Civil e Identificación. Este Servicio, sin embargo, deberá abstenerse de conocer de las posesiones efectivas cuando el causante hubiere dejado testamento, caso en el cual el Servicio devolverá la solicitud que se le hubiere presentado, para que sea tramitada ante el juez de letras correspondiente (artículo 1, inciso 2º, de la Ley número 19.903). 2.- Quienes pueden solicitar la posesión efectiva, de una sucesión intestada. La posesión efectiva podrá solicitarse por cualquier persona que invoque la calidad de heredero (artículo 2º, inciso 1º). Nótese que la ley sólo exige invocar la calidad de heredero, y no de acreditarla, como debe acontecer en la presentación realizada en los tribunales ordinarios de justicia, si fuere testada. 3.- Dónde se pide la posesión efectiva de una sucesión intestada. Podrá solicitarse la posesión efectiva ante cualesquiera de las oficinas del Servicio de Registro Civil e Identificación. En el evento que dos o más herederos hubieren hecho presentaciones por cuerda separada, ante distintas oficinas del mencionado Servicio, se acumularán todas las peticiones a la más antigua, y se devolverán los aranceles a quienes hubieren presentado las posteriores (artículo 2º, inciso 2º). 4.- Cómo se pide la posesión efectiva de una sucesión intestada. La posesión efectiva de una herencia abintestato, deberá solicitarse a través de un formulario confeccionado para tal efecto por el Servicio de Registro Civil e Identificación. Dicho formulario debe contener, al menos, los siguientes antecedentes: a) Individualización de todos los herederos (indicándolos por sus nombres, apellidos, roles únicos nacionales, domicilio y calidades con que heredan); 2
b) El nombre, apellido, rol único nacional, profesión u oficio, estado civil, lugar y fecha de la muerte y último domicilio del causante (artículo 3º); c) El inventario de los bienes existentes al fallecimiento del causante (artículo 4º). Nada dice la ley acerca de la necesidad de ser suscrito el formulario por el o los herederos que soliciten la posesión efectiva, pero entendemos que este requisito formal debe cumplirse, pues de esta forma hay constancia fehaciente de la manifestación de voluntad en orden a aceptar la herencia. Si la herencia se acepta con beneficio de inventario, deberá así declararse en el formulario, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 1252 y 1256 del Código Civil. El primero de los artículos establece que “Todo heredero conserva la facultad de aceptar con beneficio de inventario mientras no haya hecho acto de heredero” (norma que cabría aplicar a los herederos que no hayan concurrido a suscribir el formulario respectivo, pues si así lo hicieron, habrían ejecutado un acto de heredero, sin que por un acto posterior puedan invocar el beneficio de inventario). El segundo precepto dispone que “El heredero que en la confección del inventario omitiere de mala fe hacer mención de cualquiera parte de los bienes, por pequeña que sea, o supusiere deudas que no existen, no gozará del beneficio de inventario.” En este último caso, estamos ante un heredero que actúa con dolo, omitiendo bienes del inventario o incrementando las deudas ficticiamente. La ley lo sanciona, no obstante haber hecho inventario solemne, privándolo del beneficio de inventario y obligándolo entonces a responder ilimitadamente. El artículo 1256, como indica Manuel Somarriva Undurraga, “está en íntima armonía con el artículo 1231, el cual sanciona al heredero que ha sustraído efectos pertenecientes a la sucesión, impidiéndole repudiar la asignación. En ambas situaciones –la del artículo 1231 y la del 1256existe ocultación de bienes y ánimo doloso del heredero. La sanción de los dos preceptos es diversa, pero hay entre ellos una estrecha relación y armonía”.1 Cabe agregar que en el caso del artículo 1231, el asignatario, además de quedar imposibilitado de repudiar, “no tendrá parte alguna en los objetos substraídos”. El formulario podrá tramitarse electrónicamente, de acuerdo a las modalidades que oportunamente se establezcan en el reglamento de la Ley número 19.903 (artículo 3º, inciso 1º). El Servicio de Registro Civil e Identificación velará por el correcto uso del formulario, proporcionando al efecto los datos que le sean requeridos para la individualización del causante y sus asignatarios. No obstante, la solicitud podrá ser devuelta, en el acto, si no cumple con los requisitos establecidos en la Ley (artículo 3º, inciso 3º). 5.- Contenido del inventario. El inventario incluye (artículo 4º): a) Una relación de todos los muebles e inmuebles de la persona cuyo patrimonio se inventaría, particularizándolos uno a uno, o señalando colectivamente los
Somarriva Undurraga, Manuel, “Derecho Sucesorio”, cuarta edición actualizada (versión de René Abeliuk M.), Editorial Jurídica de Chile, Santiago, año 1988, págs. 457 y 458.
que consistan en número, peso o medida, con expresión de la cantidad y calidad esencial; Los créditos y deudas de que hubiere comprobante; En general, todos los objetos presentes, exceptuados los que fueren conocidamente de ningún valor o utilidad; La valoración de los bienes, de acuerdo a las normas establecidas en la Ley número 16.271, sobre Impuesto a las Herencias, Asignaciones y Donaciones2; La individualización de los bienes raíces sólo contendrá la remisión expresa a fojas, número, año y registro conservatorio de cada propiedad, y será suficiente para practicar las inscripciones necesarias; Tratándose de otros bienes sujetos a registro, deberán señalarse los datos necesarios para su ubicación o individualización.
Dispone el inciso final del artículo 4º que el inventario practicado en la forma antes expuesta, se considerará como inventario solemne para todos los efectos legales. En todo caso, para entender que el solicitante acepta la herencia con beneficio de inventario deberá así declararlo en el formulario de solicitud de la posesión efectiva, según lo habíamos expresado al referirnos a este instrumento. 6.- Adiciones, supresiones o modificaciones al inventario. El artículo 9º dispone que las adiciones, supresiones o modificaciones que se hagan al inventario o a la valoración de los bienes, se materializarán a través de un formulario, confeccionado al efecto por el Servicio de Registro Civil e Identificación. Se dejará constancia de estas adiciones, supresiones o modificaciones, en la respectiva resolución mediante la cual se hubiere otorgado la posesión efectiva o en las inscripciones respectivas. Igualmente, se dará aviso en la forma prevista en el artículo 7º de la Ley, precepto al que aludiremos más adelante. Las formalidades de este procedimiento serán fijadas en el reglamento de la ley, y el Servicio de Registro Civil e Identificación percibirá por su tramitación, según corresponda, el arancel al que haremos mención, y que se establece en el inciso 2º del artículo 11º de la Ley. 7.- Cómo se otorga la posesión efectiva de la herencia intestada. La posesión efectiva será otorgada por resolución fundada del Director Regional del Servicio de Registro Civil e Identificación correspondiente a la oficina en que se hubiere iniciado el trámite (artículos 2º, inciso 1º y 5º, inciso 1º). La resolución que conceda la posesión efectiva contendrá (artículo 5º, inciso 3º): a) Las mismas menciones requeridas para la solicitud; b) El inventario y valoración de los bienes presentados de conformidad a lo dispuesto en el artículo 4º de la Ley; y c) Dispondrá la publicación a que se refiere el artículo 7º.
Véase lo dispuesto en los artículos 46 y 46 bis, de la Ley número 16.271.
Esta resolución, al igual que aquella dictada por el juzgado civil competente cuando se trate de una sucesión testada, servirá de justo título al heredero putativo, para los efectos previstos en el artículo 704 número 4 del Código Civil. Hay que prevenir, sin embargo, que disminuyen ahora las probabilidades de otorgar la posesión efectiva de la herencia intestada a quien sólo tiene la apariencia de heredero, considerando lo que exponemos en el punto nueve de este trabajo. En este sentido, la Ley número 19.903 constituye un innegable aporte a la consecución de la certeza jurídica acerca de quienes son realmente herederos del causante. 8.- Suspensión o rechazo de la solicitud de posesión efectiva de la herencia intestada. El citado Director Regional podrá pedir que se complementen los antecedentes, caso en el cual se suspenderá la tramitación (artículo 5º, inciso 1º). Si la solicitud fuere rechazada, cualquiera otra que se presente en relación con la herencia será conocida por el mismo Director, al cual le será remitida por la oficina del Servicio de Registro Civil e Identificación que la reciba (artículo 5º, inciso 2º). 9.- A quienes se otorga la posesión efectiva de la herencia intestada. Dispone el inciso 1º del artículo 6º, que la posesión efectiva será otorgada a todos los que posean la calidad de heredero, de conformidad a los registros del Servicio de Registro Civil e Identificación, aun cuando no hayan sido incluidos en la solicitud y sin perjuicio de su derecho a repudiar la herencia de acuerdo a las reglas generales (tales son aquellas establecidas en los artículos 1222 a 1239 del Código Civil). También será concedida la posesión efectiva a quienes acrediten la calidad de heredero del causante, conforme a las reglas generales, incluso si no se encuentran inscritos en Chile (artículo 6º, inciso 2º). Estas reglas generales, son las que regulan los órdenes sucesorios, y que se encuentran contempladas en los artículos 988 a 995 del Código Civil.3 10.- Publicación de la resolución que conceda la posesión efectiva de la herencia intestada.
El inciso 1º del artículo 881 del Código de Procedimiento Civil, modificado por la Ley número 19.903, dispone, cuando se trata de la posesión efectiva de una herencia testada: “La posesión efectiva se entenderá dada a toda la sucesión, aun cuando sólo uno de los herederos la pida. Para este efecto, una vez presentada la solicitud, el tribunal solicitará informe al Servicio de Registro Civil e Identificación respecto de las personas que posean presuntamente la calidad de herederos conforme a los registros del Servicio y de los testamentos que aparezcan otorgados por el causante en el Registro Nacional de Testamentos. El hecho de haber cumplido con este trámite deberá constar expresamente en la resolución que conceda la posesión efectiva.” De esta forma, el tribunal respectivo, solicitada que sea la posesión efectiva de la herencia testada y antes de otorgarla, oficia al Servicio de Registro Civil e Identificación, que responde, señalando, de acuerdo a su base de datos automatizada: 1) Quienes son presuntos herederos; 2) Que, revisado el Registro Nacional de Testamentos, se registra o no testamento otorgado por el causante, a partir de la fecha de entrada en vigencia de la Ley 19.903, es decir, 11 de abril de 2004; y 3) Que, revisado el Sistema Automatizado de Solicitudes de Posesiones Efectivas, no se registra ingreso de solicitud a nombre de la causante, desde la entrada en vigencia de la citada Ley.
De conformidad al inciso 1º del artículo 7º de la Ley, la resolución que conceda la posesión efectiva de la herencia será publicada en extracto por el Servicio de Registro Civil e Identificación en un diario regional correspondiente a la Región en que se inició el trámite respectivo, en día 1º o 15 de cada mes o en el día hábil siguiente, si éstos recayeren en día sábado o feriado. A su vez, se agrega en el artículo 7º, que sin perjuicio de los medios complementarios de publicidad que establezca el reglamento, el Servicio de Registro Civil e Identificación mantendrá a disposición del público un ejemplar de las publicaciones en cada una de sus oficinas. 11.- Inscripción de la resolución que conceda la posesión efectiva de la herencia intestada y prueba de dicha inscripción. Efectuada que sea la publicación a que se refiere el artículo 7º, el Director regional competente ordenará inmediatamente la inscripción de la resolución en el Registro Nacional de Posesiones Efectivas (artículo 8º, inciso 1º). El hecho de haberse inscrito la resolución en el mencionado Registro, será acreditado por el Servicio de Registro Civil e Identificación mediante un certificado que contendrá todas las menciones señaladas en el inciso 3º del artículo 5º, o sea, las mismas menciones requeridas para la solicitud y el inventario y valoración de los bienes (artículo 8º, inciso 2º). Con el mérito del aludido certificado, los interesados podrán requerir las inscripciones especiales que procedan, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 74 del Código Tributario4. Las inscripciones especiales, son aquellas contempladas en los artículos 687 y 688 del Código Civil y que por ende se practican en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces competente, como también todas aquellas que deban practicarse en el Registro de Comercio, en el registro de accionistas de la respectiva sociedad anónima, en el Registro Nacional de Vehículos Motorizados, etc. Advierte el inciso 3º del artículo 8º, que el Conservador de Bienes Raíces devolverá al requirente la solicitud de inscripción de un inmueble, si los datos de su individualización contenidos en el certificado no coinciden con los de la inscripción vigente. En este caso, deberá procederse en los términos contemplados en el artículo 9º, vale decir, se modificará el inventario mediante un nuevo formulario y realizando la publicación a que alude el artículo 7º.
Establece dicho precepto: “Los conservadores de bienes raíces no inscribirán en sus registros ninguna transmisión o transferencia de dominio, de constitución de hipotecas, censos, servidumbres, usufructos, fideicomisos, arrendamientos, sin que se les compruebe el pago de todos los impuestos fiscales que afecten a la propiedad raíz materia de aquellos actos jurídicos. Dejarán constancia de este hecho en el certificado de inscripción que deben estampar en el título respectivo. “Los notarios deberán insertar en los documentos que consignen la venta, permuta, hipoteca, traspaso o cesión de bienes raíces, el hecho que acredite el pago del impuesto a la renta correspondiente al último período de tiempo. “El pago del impuesto a las asignaciones por causa de muerte y a las donaciones se comprobará en los casos y en la forma establecida por la Ley número 16.271”.
Cabe consignar al efecto que el artículo 16 número 1 de la Ley número 19.903 reemplazó el artículo 688 del Código Civil por el del siguiente tenor: “Artículo 688.- En el momento de deferirse la herencia, la posesión efectiva de ella se confiere por el ministerio de la ley al heredero; pero esta posesión legal no habilita al heredero para disponer en manera alguna de un inmueble, mientras no proceda: 1º La inscripción del decreto judicial o la resolución administrativa que otorgue la posesión efectiva: el primero ante el Conservador de Bienes Raíces de la comuna o agrupación de comunas en que haya sido pronunciado, junto con el correspondiente testamento, y la segunda en el Registro Nacional de Posesiones Efectivas; 2º Las inscripciones especiales prevenidas en los incisos primero y segundo del artículo precedente: en virtud de ellas, podrán los herederos disponer de consuno de los inmuebles hereditarios; y 3º La inscripción prevenida en el inciso tercero: sin ésta, no podrá el heredero disponer por sí solo de los inmuebles hereditarios que en la partición le hayan cabido.” El actual tenor del artículo 688, nos merece las siguientes observaciones: a) Sólo si la herencia fuere testada, continuarán inscribiéndose en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces competente, la resolución judicial que otorgó la posesión efectiva y el respectivo testamento. En cambio, el Conservador de Bienes Raíces pierde competencia para lo concerniente a la inscripción de la resolución administrativa del Servicio de Registro Civil e Identificación que concede la posesión efectiva de la herencia intestada, pues en tal caso, la inscripción en cuestión se practicará en un registro que se llevará por este Servicio, y que se denomina Registro Nacional de Posesiones Efectivas; b) No hay variaciones, en lo concerniente a la necesidad de inscribir, en él o en los Registros de Propiedad del o de los Conservadores de Bienes Raíces competentes, las inscripciones especiales de herencia y especiales del acto de adjudicación. c) Se modificó el inciso primero del artículo 688, en el sentido de establecer que la posesión efectiva se concede por el solo ministerio de la ley al heredero, al momento de deferirse la herencia, asimilando entonces la posesión efectiva a la posesión legal. Dicha asimilación nos parece sumamente discutible, pues la posesión legal –consagrada en el artículo 722 del Código Civil- responde a una ficción de la ley, que supone heredero a quien aún no ha manifestado voluntad en orden a aceptar la herencia, ficción contemplada para evitar una solución de continuidad o ruptura en la cadena de poseedores, mientras que la posesión efectiva debe conferirse por un acto de la autoridad, sea una resolución judicial, sea una resolución administrativa, según se trate de una sucesión testada o intestada, respectivamente. Dicho en otros términos: la posesión legal no se solicita, mientras que no puede haber posesión efectiva sin mediar solicitud de interesado. De ahí que la asimilación en cuestión nos parece tan discutible. 12.- Modificaciones que requieren de resolución judicial y modificaciones que puede realizar el Servicio de Registro Civil e Identificación.
Establece el último inciso del artículo 8º, que una vez inscrita la resolución del Servicio de Registro Civil e Identificación que concedió la posesión efectiva, ella no podrá ser modificada por el mismo Servicio, salvo si nos encontramos ante los siguientes casos: a) Si se trata de adiciones, supresiones o modificaciones que se hagan al inventario o valoración de los bienes (artículo 9º, al que ya hicimos referencia); b) Si se trata de corregir, de oficio o a petición de parte, los errores de forma que presenten las solicitudes, en relación con los datos de la individualización del causante y sus herederos (artículo 10º, inciso 1º); c) Si se trata de errores manifiestos que presenten las resoluciones y sus inscripciones, de oficio o mediante solicitud; en este evento, deberá procederse a una nueva publicación, si el error manifiesto consiste en omitir la mención de un heredero (artículo 10º, inciso 2º). Fuera de los casos antes mencionados, la modificación sólo puede ser realizada mediante una resolución judicial (artículo 8º, último inciso). Nada dice la ley acerca del tribunal competente al cual solicitar que se modifique la resolución que concedió la posesión efectiva, pero entendemos que lo sería el mismo que es competente cuando se trate de una herencia testada, o sea, el juzgado civil que corresponda al último domicilio del causante. Ciertamente, si aún no se realizado la inscripción de la resolución que concedió la posesión efectiva, el Servicio de Registro Civil e Identificación podrá modificar su propia resolución, aunque no concierna la alteración a un aspecto formal, sino sustancial (artículo 8º, último inciso, interpretado a contrario sensu). 13.- Costos de la tramitación de la posesión efectiva de una herencia intestada. Regula la materia el artículo 11º de la ley, en los siguientes términos (inciso 1º): a) la tramitación íntegra de la posesión efectiva estará afecta al pago de un derecho equivalente a 1.6 unidades tributarias mensuales para aquellas sucesiones cuya masa de bienes exceda las 15 unidades tributarias mensuales y no supere las 45;5 b) Las sucesiones que excedan las 45 unidades tributarias mensuales, estarán afectas al pago de un derecho equivalente a 2.5 unidades tributarias mensuales; c) Las sucesiones cuyo cuerpo o masa de bienes no exceda de 15 unidades tributarias mensuales, serán tramitadas gratuitamente. Si se solicita cualquier adición, supresión o modificación del inventario o de la valoración de bienes, conforme a lo establecido en el artículo 9º, el Servicio de Registro Civil e Identificación hará un nuevo cálculo del monto de la masa de bienes del causante, incluyendo aquellos que se solicitan agregar, suprimir o modificar, y aplicará el arancel que corresponda según el valor total de la masa de bienes, descontando lo que se hubiere pagado anteriormente. Con todo, el arancel mínimo que se cobrará por la tramitación de tales adiciones, supresiones o modificaciones,
Al mes de abril de 2004, una unidad tributaria mensual equivale a $ 29.502.-, de manera que el costo total por la tramitación, cuando corresponda pagar, fluctuará, al entrar en vigencia la ley, entre los $ 47.203.- y los $ 73.755.-
será el equivalente a 0.5 unidad tributaria mensual, siempre que la masa de bienes exceda a 15 unidades tributarias mensuales, luego de efectuadas dichas enmiendas (artículo 11º, inciso 2º). La ley faculta al Servicio de Registro Civil e Identificación para cobrar el valor de los costos de los documentos o copias de éstos que proporcione a los particulares con posterioridad a la realización del trámite y cuya gratuidad no esté dispuesta por ley, sin perjuicio de mantener a disposición de los interesados los respectivos antecedentes. El Servicio de Registro Civil e Identificación también podrá cobrar por la producción de información soportada en medios electrónicos, sus copias o traspasos de contenidos (artículo 11º, inciso 3º). 14.- Deber de proporcionar información acerca del otorgamiento de la posesión efectiva. Dispone al efecto el artículo 12º de la ley que el Servicio de Registro Civil e Identificación tendrá la obligación de informar: a) Acerca del trámite de posesión efectiva y de la conveniencia de su oportuna realización, mediante un instructivo que será entregado cada vez que se inscriba un fallecimiento; b) Además, deberá entregar dichas instrucciones a quienes soliciten formularios para solicitar la posesión efectiva, prestando asesoría para su correcto uso; c) Acerca del estado de tramitación de la correspondiente solicitud, a petición de cualquier interesado. 15.- Creación de los registros nacionales de posesiones efectivas y de testamentos. La Ley ha creado un Registro Nacional de Posesiones Efectivas y un Registro Nacional de Testamentos (artículo 13º), los que serán públicos y se llevarán en la base central de datos del sistema automatizado del Servicio de Registro Civil e Identificación, con las formalidades establecidas en el reglamento. Cabe indicar que para la inserción en el Registro Nacional de Posesiones Efectivas de las resoluciones judiciales que confieren las mismas, tratándose de las sucesiones testadas, deberá darse cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 882, inciso 3º, del Código de Procedimiento Civil, que reza: “Hechas las publicaciones a que se refieren los incisos anteriores y previa agregación de una copia autorizada del inventario, el tribunal ordenará la inscripción de la posesión efectiva y oficiará al Servicio de Registro Civil e Identificación dando conocimiento de este hecho.” El artículo 14º dispone por su parte que el hecho de haberse otorgado o protocolizado un testamento deberá anotarse en el registro nacional respectivo, en la oportunidad establecida en el artículo 439 del Código Orgánico de Tribunales. Este precepto, cuyo tenor fue reemplazado por la Ley número 19.903, establece a su vez: “Artículo 439.- El hecho de haberse otorgado un testamento abierto o cerrado ante notarios u otros funcionarios públicos que hagan sus veces, deberá figurar, sin perjuicio de su inserción en los índices a que se refiere el artículo 431, en un Registro Nacional de Testamentos, que estará a cargo y bajo la responsabilidad del Servicio de 9
Registro Civil e Identificación. Igualmente, deberán figurar en este registro todos los testamentos protocolizados ante notario. Los notarios y los referidos funcionarios deberán remitir al Servicio de Registro Civil e Identificación, dentro de los diez primeros días de cada mes, por carta certificada, las nóminas de los testamentos que se hubieren otorgado o protocolizado en sus oficios, durante el mes anterior, indicando su fecha, el nombre y rol único nacional del testador y la clase de testamento de que se trata.” Debemos tener presente que el Registro Nacional de Testamentos viene a reemplazar al Indice General de testamentos abiertos o cerrados otorgados ante Notario Público o funcionario que haga sus veces, creado por la Ley número 18.181 de 26 de noviembre de 1982, que se llevaba en el Archivo Judicial de Santiago. Los índices, disponía el anterior tenor del artículo 439 del Código Orgánico de Tribunales, eran separados para los testamentos abiertos o cerrados, y sólo se exhibían por orden judicial o a petición de un particular que hubiere acompañado el certificado de defunción que correspondía al otorgante del testamento. En relación a la confidencialidad o reserva con que debía conservarse este Indice general antes del fallecimiento del testador, nada dispone hoy la ley, de manera que debemos entender que se trata de un Registro público, sin restricciones para su consulta. La ley número 19.903 establece en el inciso 2º del artículo 14º que el Registro Nacional de Testamentos contendrá las nóminas de los testamentos que se hubieren otorgado o protocolizado en los oficios de los notarios u otros funcionarios públicos que hagan sus veces, indicando su fecha, el nombre y rol único nacional del testador y la clase de testamento de que se trata. En relación a este precepto, cabe hacer las siguientes consideraciones: a) El testamento abierto que se otorga ante el notario y tres testigos, constituye una escritura pública, y en tal caso, no hay dificultades para que dicho ministro de fe, cumpliendo lo ordenado por el artículo 439 del Código Orgánico de Tribunales, remita los antecedentes que a él se refieren, al Servicio de Registro Civil e Identificación; b) El testamento cerrado, necesariamente debe otorgarse ante el notario y tres testigos, siendo también una escritura pública y operando lo mismo que dijimos en la letra precedente; c) Cabe la posibilidad –más bien teórica- de otorgar testamento “en hoja suelta” (o sea, no en el protocolo de un notario) ante el propio notario o ante un juez de primera instancia, caso en el cual ese testamento debe protocolizarse en vida del testador o después de su fallecimiento, requisito sin el cual no podrá procederse a su ejecución (artículo 866 del Código de Procedimiento Civil); para protocolizarlo, debe haber previa orden judicial; en estos casos, entonces, sólo después de la protocolización, el notario podrá cumplir con lo preceptuado por el artículo 439 del Código Orgánico de Tribunales, remitiendo la información al Servicio de Registro Civil e Identificación. d) El testamento abierto otorgado sólo ante cinco testigos, vale decir otra clase de testamento otorgado “en hoja suelta”, debe publicarse y protocolizarse en la forma prevenida por el artículo 1020 del Código Civil (artículo 867 del Código de Procedimiento Civil). El juez competente para conocer de la publicación del testamento es el del último domicilio del testador, de acuerdo al artículo 1009 del Código Civil, en cuya virtud la apertura y publicación del testamento se 10
harán ante dicho juez, salvo las excepciones legales. Puede pedir la publicación cualquier persona capaz de parecer en juicio (artículo 869 del Código de Procedimiento Civil). Fallecido el causante, se lleva su testamento abierto ante el juez designado, quien deberá previamente cerciorarse de la muerte del testador, salvo los casos en que ésta se presume (artículo 1010 del Código Civil). Para este objeto, el interesado exhibirá la partida de defunción del causante. Hecho esto, el juez cita a su presencia a los testigos del testamento para que reconozcan sus firmas y la del testador. Si alguno de los testigos está ausente, los presentes abonarán su firma; en caso necesario y siempre que el juez lo estime conveniente, las firmas del testador y de los testigos ausentes pueden ser abonadas por declaraciones juradas de otras personas fidedignas. Reconocidas las firmas, el juez rubrica el testamento al principio y fin de cada hoja y lo manda protocolizar en una notaría. Ocurrido lo anterior, el notario podrá dar cumplimiento al artículo 439 del Código Orgánico de Tribunales. En este punto, y aunque ello en alguna medida excede los alcances de este trabajo, cabe tener presente la discusión planteada en la doctrina, acerca del plazo para protocolizar el testamento otorgado “en hoja suelta”. En efecto, si el testamento no se ha otorgado en el protocolo del notario, sino que ante el notario en hoja suelta, ante el juez de primera instancia o sin intervención de funcionario alguno y en presencia solamente de 5 testigos, será necesario, antes de proceder a la ejecución del testamento, efectuar su protocolización. El artículo 415 del Código Orgánico de Tribunales define la protocolización como “el hecho de agregar un documento al final del registro de un notario, a pedido de quien lo solicita”. De acuerdo al artículo 417 del Código Orgánico de Tribunales, la protocolización de los testamentos deberá hacerse agregando su original al protocolo de los antecedentes que lo acompañan. Agrega el precepto que para protocolizar un testamento será suficiente la sola firma del Notario en el libro repertorio. En consecuencia, lo que se hará valer como testamento no será éste, pues él queda agregado al final del protocolo, sino que una copia de toda la diligencia de la protocolización dada por el notario, a petición de parte interesada. Ahora bien, en el Código Civil no existía plazo para efectuar la protocolización de esta hoja suelta otorgada ante funcionario público. El Código de Procedimiento Civil señaló que debía efectuarse en el menor tiempo posible después del fallecimiento del testador, pero sin indicar plazo. Es el Código Orgánico de Tribunales, en su artículo 420 número 2, el que dispone que protocolizados valdrán como instrumentos públicos los testamentos solemnes abiertos que se otorguen en hojas sueltas, siempre que su protocolización se haya efectuado a más tardar dentro del primer día siguiente hábil al de su otorgamiento. Con ello, se pretende resguardar la integridad y la autenticidad del testamento. La Corte de Apelaciones de Santiago, en un fallo que a juicio de Somarriva-Abeliuk 6 es acertado, resolvió que el plazo fijado en el número segundo del artículo 420 del Código Orgánico de Tribunales, no se refiere a los testamentos otorgados antes cinco testigos. Para dichos autores, el fallo se justifica ampliamente, pues si bien es cierto estos testamentos (ante cinco testigos) se otorgan en hoja suelta, no puede aplicarse el precepto citado (artículo 420, número 2), porque antes de protocolizar el testamento
Somarriva Undurraga, Manuel, “Derecho Sucesorio”, versión de René Abeliuk M., Editorial Jurídica de Chile, Santiago, año 1988, cuarta edición actualizada, págs. 165 y 166.
es preciso proceder a su publicación. Y este trámite judicial se llevará a cabo una vez fallecido el causante, lo cual hace imposible cumplir el plazo exigido por el artículo 420. Distinta es la opinión de Rodríguez Grez. Hace notar este autor que la ley habla de testamentos otorgados en hojas sueltas, lo cual excluye aquél que se integra al protocolo público del notario. Por lo que, tanto el testamento otorgado ante funcionario competente como ante cinco testigos hábiles, debe protocolizarse en la forma que dispone el citado artículo. Si el testamento no se protocoliza en el término indicado (a más tardar al día siguiente hábil de su otorgamiento), puede protocolizarse después, pero no valdrá como instrumento público. Si muere el testador, debe protocolizarse previa orden judicial (artículo 866 del Código de Procedimiento Civil); y si ha sido otorgado sólo ante testigos, para su ejecución deben cumplirse los requisitos de publicidad establecidos en el artículo 1020, aun cuando se haya protocolizado dentro o fuera del plazo consignado en el artículo 420 número 2 del Código Orgánico de Tribunales. Esta es la forma de asegurar la autenticidad y legitimidad del testamento. Si este ha sido extendido en el protocolo del notario no requiere de ninguna de esas exigencias para su ejecución porque es una escritura pública, dotada de las seguridades que de ella emanan. Rodríguez Grez sintetiza la cuestión planteada en los siguientes términos7: Primero: si el testamento ha sido otorgado ante notario público e incorporado al protocolo público, el testamento no requiere de trámite alguno para su cumplimiento, después de fallecido el testador, y constituye un instrumento público. Segundo: si el testamento ha sido otorgado ante notario en hojas sueltas o ante cinco testigos, debe ser protocolizado en el plazo que señala el art. 420 número 2 del Código Orgánico de Tribunales, y en tal caso valdrá como instrumento público y tendrá el mérito probatorio que le concede el artículo 1700 del Código Civil. Al fallecimiento del testador, deberá ejecutarse sin otro requisito si se trata del testamento otorgado ante notario en hojas sueltas, o previo cumplimiento de los requisitos del art. 1020 (publicación), si se trata del testamento otorgado ante cinco testigos. Tercero: si el testamento, en los casos anteriores, no ha sido protocolizado en el plazo a que se refiere el art. 420 número 2, no requiere de trámite alguno si ha sido protocolizado antes del fallecimiento del causante o después de su fallecimiento con orden judicial, siempre que se haya extendido ante notario, y se de cumplimiento a todos los trámites de publicación a que alude el art. 1020, cuando ha sido otorgado ante cinco testigos. En ambas hipótesis sin embargo, el testamento no valdrá como instrumento público.
Juan Andrés Orrego Acuña.
Rodríguez Grez, Pablo, “Instituciones de Derecho Sucesorio. De los cinco tipos de sucesión en el Código Civil chileno. Volumen I”, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, año 1995, págs. 107 a 110.
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