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Timestamp: 2019-12-06 18:32:21
Document Index: 194106112

Matched Legal Cases: ['in fine', 'in fine', 'in fine', 'in fine', 'in fine', 'in fine', 'in fine', 'in fine']

Diario 5-2-18 responsabilidad indirecta mío
Subido por Marcelo López Mesa
CON ESTA EDICI&Oacute;N
A&Ntilde;O lxxXII N&deg; 25
BUENOS AIRES, argentina - Lunes 5 de febrero de 2018
_Columna de OPINI&Oacute;N
&iquest;Reforma
o modificaci&oacute;n
con impacto en
las jubilaciones?
Jorge Garc&iacute;a Rapp
inalmente, luego de jornadas violentas, y en el marco de fuertes cr&iacute;ticas
de la oposici&oacute;n y organizaciones sociales, el Gobierno Nacional logr&oacute; la aprobaci&oacute;n de la ley 27.426, denominada reforma previsional.
En realidad, no es una verdadera reforma al sistema jubilatorio, pues no contiene modificaciones param&eacute;tricas del sistema, y en esencia implica un cambio en el
&iacute;ndice de movilidad de las jubilaciones y
pensiones que paga el sistema de seguridad social, reemplazando el que hab&iacute;a sido
establecido en la ley 26.417 de Movilidad
(2008). Adem&aacute;s, modifica la jubilaci&oacute;n m&iacute;nima garantizada; y, eleva la edad a la cual
el empleador puede intimar al trabajador
a iniciar los tr&aacute;mites jubilatorios para finalmente resolver el contrato de trabajo.
I. La nueva movilidad
La cuesti&oacute;n m&aacute;s controversial ha sido la
modificaci&oacute;n del mecanismo de movilidad
de las prestaciones que abona la ANSeS,
reemplazando la f&oacute;rmula polin&oacute;mica all&iacute;
prevista, que se combina el 50% de la variaci&oacute;n de la recaudaci&oacute;n del sistema previsional (aportes personales, contribuciones patronales, y tributos de afectaci&oacute;n
espec&iacute;fica, como el 20% de Ganancias, 10%
del IVA, bienes personales, combustibles,
cigarrillos), y el 50% de la variaci&oacute;n de los
salarios (INDEC o RIPTE), por otra f&oacute;rmula compuesta por 70% de la variaci&oacute;n
del &Iacute;ndice de Precios al Consumidor (IPC)
del INDEC y 30% restante por la variaci&oacute;n
contin&uacute;a en p&aacute;gina 7
Responsabilidad indirecta o
por el hecho de otro en
el C&oacute;digo Civil y Comercial
Marcelo L&oacute;pez Mesa
SUMARIO: I. Planteo del problema.— II. El perfil de la responsabilidad indirecta en el C&oacute;digo Civil y Comercial.—
III. Car&aacute;cter excepcional de esta responsabilidad.— IV. La responsabilidad por el hecho de otro en el nuevo C&oacute;digo.—
V. La situaci&oacute;n jur&iacute;dica del responsable en la responsabilidad por el hecho de otro.
El car&aacute;cter excepcional de la
resulta indudable en el nuevo C&oacute;digo;
ello, porque no existe una norma en
este ordenamiento que establezca un
principio general de la responsabilidad
por el hecho de otro, como s&iacute; existe una
determinando con car&aacute;cter general la
Si bien no es la situaci&oacute;n m&aacute;s corriente o
num&eacute;ricamente m&aacute;s vista, existen diversos
casos en que el hecho generador de la responsabilidad no ha sido realizado por la persona
obligada a resarcirlo, sino por otro individuo.
“En la relaci&oacute;n obligatoria a que da lugar la
responsabilidad civil, el deudor es el sujeto responsable o persona obligada a indemnizar el
da&ntilde;o: Por regla general lo est&aacute; en primer lugar
el autor material del hecho da&ntilde;oso, pero tambi&eacute;n existen casos en que se obliga a responder
a quien, aun sin haber tenido una intervenci&oacute;n
directa en la realizaci&oacute;n de ese hecho, mantiene
con su autor material una determinada relaci&oacute;n
que, a los ojos del legislador, justifica que se le
haga responsable de las consecuencias de tal
hecho. En el primer caso se habla de responsabilidad por hecho propio. Y, en el segundo, de
responsabilidad por hecho ajeno, aunque... esta
terminolog&iacute;a no es totalmente exacta” (1).
Para ponerlo en palabras llanas, esta responsabilidad indirecta, refleja, vicaria o de
rebote, surge cuando alguien debe responder
por un hecho ajeno, debido a que existe una
relaci&oacute;n de segundo grado con la v&iacute;ctima; en
estos casos, la relaci&oacute;n b&aacute;sica de la v&iacute;ctima
con el da&ntilde;ador se ve extendida a un tercero,
ajeno a la relaci&oacute;n primaria.
El C&oacute;digo Civil y Comercial (C&oacute;d. Civ. y
Com.) sienta en el art. 1749 la regla de que
“Es responsable directo quien incumple una
obligaci&oacute;n u ocasiona un da&ntilde;o injustificado
por acci&oacute;n u omisi&oacute;n”; sin que exista luego
una norma general que establezca la responsabilidad por el hecho de un tercero.
Pero luego el nuevo C&oacute;digo recepta la
Secci&oacute;n 6&ordf; titulada “Responsabilidad por el
hecho de terceros”, que contiene los arts. 1753
a 1756 y que establece cuatro supuestos particulares de responsabilidad refleja:
La asistematicidad, caracter&iacute;stica acendrada del nuevo ordenamiento (2), permite advertir que hay varios supuestos de responsabilidad refleja contemplados no solo fuera de esta
Secci&oacute;n 6&ordf; sino directamente fuera del “sistema de responsabilidad civil”, que contiene a
los arts. 1708 a 1780 del C&oacute;d. Civ. y Com.
Y &iquest;cu&aacute;les son esos supuestos de responsabilidad refleja que se hallan fuera del t&iacute;tulo respectivo?
1) El art. 1753, responsabilidad del principal por el hecho del dependiente;
— Art. 200, C&oacute;d. Civ. y Com., responsabilidad de los fundadores y administradores durante la etapa de gestaci&oacute;n de una fundaci&oacute;n.
2) El art. 1754, responsabilidad de los
padres por los hechos de los hijos que est&aacute;n bajo su responsabilidad parental y que
habitan con ellos;
— Art. 776, C&oacute;d. Civ. y Com., responsabilidad por la incorporaci&oacute;n de terceros a la
ejecuci&oacute;n de la prestaci&oacute;n comprometida
3) El art. 1756, 1&ordf; parte, que regula la
responsabilidad de los delegados en el
ejercicio de la responsabilidad parental,
como tutores y curadores, por el hecho de
sus tutelados; y
— Arts. 1370 a 1375, C&oacute;d. Civ. y Com., responsabilidad del hotelero.
4) El art. 1756, 2&ordf; parte, que compromete la responsabilidad del establecimiento
que tiene a su cargo personas internadas,
el que responde por la negligencia en el
cuidado de quienes, transitoria o permanentemente, han sido puestas bajo su vigilancia y control.
— Art. 1254, C&oacute;d. Civ. y Com., responsabilidad en materia de contrato de servicios derivada de la cooperaci&oacute;n de terceros para ejecutar el servicio.
— Arts. 1289 a 1294, C&oacute;d. Civ. y Com., responsabilidad del transportista.
contin&uacute;a en p&aacute;gina 2
&iquest;Reforma jubilatoria o modificaci&oacute;n presupuestaria con impacto en las jubilaciones?
Concurso preventivo. Pedido. Rechazo. Fraude concursal. Falta de cancelaci&oacute;n de
impuestos. Otorgamiento de pr&eacute;stamos a empresas vinculadas (JNCom.)..................... 7
DOCTRINA. Responsabilidad indirecta o por el hecho de otro en el C&oacute;digo Civil y Comercial
Redes sociales. Libertad de expresi&oacute;n. Incitaci&oacute;n al odio. Alcance de las medidas autosatisfactivas (CNFed. Civ. y Com.)................................................................................. 9
Jorge Garc&iacute;a Rapp......................................................................................................................... 1
Ahora bien, pensar que con esta breve explicaci&oacute;n se agota el esquema de la responsabilidad refleja en el nuevo C&oacute;digo ser&iacute;a ilusorio
y casi una confesi&oacute;n de ignorancia o inocencia
irremediable, impropias ambas de un jurista.
Marcelo L&oacute;pez Mesa...................................................................................................................... 1
NOTA A FALLO. La compleja apertura de un concurso preventivo
CUENTA N&deg; 10269F1
Claudio A. Casad&iacute;o Mart&iacute;nez...................................................................................................... 8
Concurso preventivo. Auto de apertura. Requisitos. Juez natural. Estado de cesaci&oacute;n de pagos (CNCom.)............................................................................................... 7
Despido. Justa causa. Encargada de local comercial. Ausencia injustificada. Numerosas
faltas disciplinarias (CNTrab.).......................................................................................11
2 | Lunes 5 de febrero de 2018
indirecta o por
el hecho de otro
en el C&oacute;digo Civil
— Art. 1763, C&oacute;d. Civ. y Com., responsabilidad de la persona jur&iacute;dica.
— Art. 1767, C&oacute;d. Civ. y Com., responsabilidad de los titulares de un establecimiento
— Arts. 1768 y 776, C&oacute;d. Civ. y Com., responsabilidad del profesional por la incorporaci&oacute;n de terceros a la ejecuci&oacute;n de la prestaci&oacute;n comprometida por &eacute;l ante su cliente
— Art. 2096, C&oacute;d. Civ. y Com., responsabilidad del administrador de un tiempo compartido por el tercero designado por &eacute;l para
administrar en su nombre.
A la luz de todas las normas del nuevo
ordenamiento que contemplan situaciones
de responsabilidad indirecta, es dable distinguir tres clases de fuentes de la responsabilidad refleja:
1) Una relaci&oacute;n o v&iacute;nculo familiar o afectivo,
como en el caso de la responsabilidad de los
padres, los tutores o los curadores;
2) Una relaci&oacute;n funcional, que obliga a
responder por los hechos de subordinados,
como en el caso de la responsabilidad del
principal, de la persona jur&iacute;dica, de quien se
obliga a prestar servicios y de los fundadores o administradores de una fundaci&oacute;n; y
3) Una actividad riesgosa y a la vez lucrativa,
que obliga a quien la encara a responder por
el hecho de terceros con los que incluso no
conoce o no tiene trato frecuente, pero cuyo
proceder il&iacute;cito, da&ntilde;oso o irregular debe anticipar y evitar, pues el comportamiento de
estos terceros, por los que otros no responder&iacute;an, integran tambi&eacute;n la ecuaci&oacute;n econ&oacute;mica de su actividad, de por s&iacute; riesgosa, como el
caso del hotelero, del transportista, del titular de un establecimiento educativo, etc.
Esta &uacute;ltima fuente es la m&aacute;s extensa de
las tres, como que en ella se alarga ponderablemente la esfera de responsabilidad del
responsable indirecta. La noci&oacute;n de riesgo
de actividad parece ser la t&eacute;lesis de este
alongamiento.
Como se ver&aacute; a lo largo de este estudio
el r&eacute;gimen de la responsabilidad refleja
es, en el nuevo ordenamiento de derecho
privado, disperso, intrincado y complejo.
Y, sin una gu&iacute;a, ser&aacute;n muchos los que perder&aacute;n el sendero.
II. El perfil de la responsabilidad indirecta en
El nuevo C&oacute;digo ha venido a darnos la
raz&oacute;n en un principio que sosten&iacute;amos
respecto del C&oacute;digo de V&eacute;lez: que en &eacute;l la
responsabilidad por el hecho propio era la
regla y la responsabilidad por el hecho de
otro conformaba un elenco de responsabilidades de excepci&oacute;n y, por ende, limitadas
a los supuestos espec&iacute;ficos contemplados
por el ordenamiento y no extensibles a
otros supuestos no previstos en &eacute;l.
En ese sentido se hab&iacute;a manifestado
tambi&eacute;n la doctrina mayoritaria y m&aacute;s
prestigiosa, que entend&iacute;a que la responsabilidad por el hecho de otro constitu&iacute;a
en el C&oacute;digo de V&eacute;lez una responsabilidad
extraordinaria o excepcional (3) y como tal
deb&iacute;a ser tomada, con sus consecuencias y
derivaciones naturales.
En la jurisprudencia nacional tambi&eacute;n
se hab&iacute;a seguido el criterio de la excepcionalidad de la responsabilidad por el hecho
ajeno, sosteni&eacute;ndose que ella es de car&aacute;cter excepcional por cuanto lo normal es
que cada uno solo responda de las consecuencias de su propia conducta (4).
La excepcionalidad de la responsabilidad refleja no era una ocurrencia, sino
que surg&iacute;a sin dubitaciones de la interpretaci&oacute;n coherente y sistem&aacute;tica del C&oacute;digo
de V&eacute;lez.
Ahora, el nuevo ordenamiento civil y comercial nos ha dado la raz&oacute;n al establecer un
sistema como el que nosotros describimos (5),
en el que la responsabilidad indirecta es una
suma de supuestos de excepci&oacute;n (6).
Felizmente el nuevo C&oacute;digo ha hecho inequ&iacute;voco e indisimulable lo que antes era
expl&iacute;cito, pero hab&iacute;a que tener la lucidez
Y no se trata de un tema &aacute;rido ni abstracto. La idea de la excepcionalidad de la
responsabilidad refleja no constituye una
disquisici&oacute;n bald&iacute;a, sino que la asignaci&oacute;n
de tal car&aacute;cter lleva impl&iacute;citas importantes consecuencias pr&aacute;cticas.
Ciertamente que, en ocasiones —en general en los casos de responsabilidad del comitente—, la ley obliga a una persona a reparar
un perjuicio, aun cuando haya permanecido
ajena a su realizaci&oacute;n; pero la mayor&iacute;a de las
veces —responsabilidad de los padres, tutores, curadores, etc.—, las personas declaradas responsables tienen normalmente algo
que ver con la realizaci&oacute;n del perjuicio y aunque su hecho no haya constituido la “causa”
del da&ntilde;o, no por ello deja de ser una de las
“condiciones” sine qua non, es decir una que
si faltara habr&iacute;a obstado a la materializaci&oacute;n
del evento da&ntilde;oso (9).
Como brillantemente dice Patrice Jourdain, “el hecho de otro no juega en estas
responsabilidades m&aacute;s que un rol de ‘revelador’ de la falta del responsable” (10).
Para caracterizar llanamente a este supuesto, diremos que por no ser &eacute;l un caso
arquet&iacute;pico de responsabilidad, la relaci&oacute;n causal aparece como borroneada o, al
menos, no se aprecian con nitidez algunos
de los presupuestos de la responsabilidad
civil, como s&iacute; ocurre en la responsabilidad
por el hecho propio. Es m&aacute;s, tan es as&iacute;,
que en el supuesto de la responsabilidad
del principal, una mera condici&oacute;n —que el
hecho da&ntilde;oso acaezca con ocasi&oacute;n de las
funciones encomendadas al subalterno—
es elevada por el legislador al rango de
Pero, m&aacute;s all&aacute; de esta opacidad de algunos de los presupuestos, lo cierto es que
ellos est&aacute;n presentes en este supuesto,
como en cualquier otro caso de responsabilidad; si as&iacute; no fuera, no existir&iacute;a obligaci&oacute;n indemnizatoria, precisamente por
faltar alguno de los presupuestos esenciales generadores del deber de resarcir (11).
III. Car&aacute;cter excepcional de esta responsabilidad
El car&aacute;cter excepcional de la responsabilidad por el hecho ajeno resulta indudable en el nuevo C&oacute;digo; ello, porque no
existe una norma en este ordenamiento
que establezca un principio general de
la responsabilidad por el hecho de otro,
como s&iacute; existe una determinando con car&aacute;cter general la responsabilidad por el
hecho propio (art. 1749, C&oacute;d. Civ. y Com.).
dad por el hecho propio (art. 1749 C&oacute;d. Civ.
Es decir que no existe apoyo normativo ni conceptual para los abanderados de
la responsabilidad refleja como principio
general. Solo una tentativa de socializaci&oacute;n del riesgo de accidentes y el funcionamiento de la responsabilidad civil como
sistema asegurador, que brillantemente
Denis Mazeaud denominara “ideolog&iacute;a de
la reparaci&oacute;n” (12), puede dar cobertura a
Consideramos que tal postura implica
una desnaturalizaci&oacute;n del sistema de responsabilidad civil, adem&aacute;s de que —m&aacute;s
grave a&uacute;n— choca contra la normativa
nacional vigente en la materia, ahora de
Merece recordarse una aguda opini&oacute;n
de Luigi Corsaro: “La propugnada inversi&oacute;n moderna del sistema de la responsabilidad civil al solo favor de la v&iacute;ctima del
il&iacute;cito (que deja de lado la culpa), el intento de resarcir al damnificado, pase lo que
pase (como si el problema de la responsabilidad civil consistiera solamente en la
distribuci&oacute;n del costo de los ‘accidentes’),
la creciente atenci&oacute;n hacia la reparaci&oacute;n,
con menoscabo hacia el hecho il&iacute;cito (favorecida por una legislaci&oacute;n especial cada
vez m&aacute;s copiosa) explica por qu&eacute; la doctrina ya no tiene necesidad de preguntarse
si quien est&aacute; obligado al resarcimiento es
el verdadero autor del il&iacute;cito, ni si es que
aquel responde por el hecho ajeno o por un
hecho propio, ni por qu&eacute; &eacute;l responde del
comportamiento ajeno; todo lo cual constituye un distanciamiento del principio de
la moralidad del Derecho” (13).
Llamamos la atenci&oacute;n sobre este tema,
para que disimuladamente no pretenda
llevarse artificiosamente la interpretaci&oacute;n
de los arts. 1749, ss. y concs., del C&oacute;d. Civ.
y Com. hacia tesituras inconvenientes e
incompatibles con su recta interpretaci&oacute;n.
Creemos que una tentativa tal, adem&aacute;s de
facilista e imprecisa, ser&iacute;a peligrosa en extremo, porque permitir&iacute;a a cualquier juez o
int&eacute;rprete —sin mayores controles— abrir
una “caja de Pandora”, para extender normas legales de aplicaci&oacute;n acotada —como los
arts. 1753, 1754 y 1756, en los dos supuestos
diversos que reglan su primera y segunda
parte y las normas sueltas ya vistas—, a casos
que por v&iacute;a de una hermen&eacute;utica correcta no
podr&iacute;an alcanzarse con esos textos legales.
Por caso, de su car&aacute;cter excepcional, se sigue que la responsabilidad por el hecho ajeno
se reduce a los casos previstos en la ley, pues
no puede interpretarse extensivamente o por
analog&iacute;a un supuesto de excepci&oacute;n (7).
La generalidad y abstracci&oacute;n de la formulaci&oacute;n del art. 1749 del C&oacute;d. Civ. y Com.,
norma gen&eacute;rica e indeterminada por donde
se la mire, se contrapone netamente con la
especificidad y concreci&oacute;n de las —al menos— trece normas especiales que el nuevo
ordenamiento asigna a la responsabilidad refleja, las que supra enlist&aacute;ramos.
En este sentido, con acierto, se ha dicho
jurisprudencialmente que “La responsabilidad civil indirecta no es extensible a
cualquiera: alcanza solo a aquellos que la
ley hace responsables en raz&oacute;n de cierta
situaci&oacute;n jur&iacute;dica (due&ntilde;o o guardi&aacute;n de la
cosa, padres, patr&oacute;n, etc.)” (8).
El nuevo r&eacute;gimen de la responsabilidad
refleja (arts. 1753 a 1756, C&oacute;d. Civ. y Com. y
normas sueltas), sensatamente interpretados, muestra claramente que los supuestos
especiales de responsabilidad refleja son
como sombras que se recortan o reflejan
contra el principio general de responsabili-
Y, adem&aacute;s, es dable recordar aquella
m&aacute;xima interpretativa de las leyes dada
por Renard y repetida en inteligentes sentencias de la Suprema Corte bonaerense:
“La materia de la ley no es un caucho tan
el&aacute;stico, y la t&eacute;cnica puramente interpretativa no es de una flexibilidad tal, que a
fuerza de tirar sobre el texto, se llegue
siempre a solucionar el caso. El rendimiento de la ley no es ilimitado” (14).
9-B; PARELLADA, Carlos, “Responsabilidad y dependencia”, en Derecho de Da&ntilde;os, primera parte, Homenaje al Prof. Mosset Iturraspe, TRIGO REPRESAS – STIGLITZ (dirs.), Ed. La Rocca, Buenos Aires, 1996, p. 456; CAZEAUX, Pedro – TRIGO REPRESAS, F&eacute;lix, “Derecho de las Obligaciones”, Ed.
Platense, La Plata, 1996, t. V, ps. 17 y ss., nro. 2559.
(4) CNCiv., sala D, 10/02/1999, “Estalles, Jos&eacute;
M. c. 17 de Agosto C&iacute;a. de Transportes L&iacute;nea 26”,
LA LEY, 1999-F, 133 y en RCyS, 1999-871.
(5) TRIGO REPRESAS – L&Oacute;PEZ MESA, “Tratado
de la responsabilidad civil”, Ed. La Ley, Buenos Aires, 2011, 2&ordf; ed., t. IV, ps. 793 y ss. e &iacute;dem, Ed. La Ley,
Buenos Aires, 2004, 1&ordf; ed., t. III, ps. 2 y ss.
(6) En igual sentido, L&Oacute;PEZ HERRERA, Edgardo,
su comentario al art. 1753, en C&oacute;digo Civil y Comercial de la Naci&oacute;n comentado, Graciela MEDINA – Julio
C. RIVERA (dirs.), Mariano ESPER (coord.), Ed. La
Ley, Buenos Aires, 2014, 1&ordf; ed., t. IV, ps. 1104 y ss.
(7) Cfr. LLAMB&Iacute;AS, Jorge J., “C&oacute;digo Civil anotado”, Ed. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1978, t. I,
p. 41; BORDA, Guillermo A., “Tratado de Derecho Civil. Parte general”, Ed. Perrot, Buenos Aires, 1980,
7&ordf; ed., t. I, p. 233; BELLUSCIO – ZANNONI, “C&oacute;digo Civil...”, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1978, t. 1,
ps. 86/88, etc.
(8) C. 1&ordf; CC C&oacute;rdoba, 14/05/1992, “Ledezma Luna
Com. SRL c. Ramos Hnos. SA”, LLC, 1993&shy;
(9) CAST&Aacute;N TOBE&Ntilde;AS, Jos&eacute;, “Derecho civil espa&ntilde;ol, com&uacute;n y foral”, Ed. Reus, Madrid, 1985, 12&ordf;
ed., t. 4, p. 961; MORENO QUESADA, Bernardo BUSTOS VALDIVIA, Ceferino - TRUJILLO CALZADO, Ma. In&eacute;s, “Derecho Civil patrimonial. Conceptos
y normativa b&aacute;sica”, Ed. Comares, Granada, 2002, 5&ordf;
ed., p. 480; MART&Iacute;NEZ DE AGUIRRE ALDAZ, Carlos - DE PABLO CONTRERAS, Pedro - P&Eacute;REZ &Aacute;LVAREZ, Miguel &Aacute;ngel - PARRA LUC&Aacute;N, Mar&iacute;a &Aacute;ngeles, “Curso de Derecho Civil II. Derecho de Obligaciones”, Ed. Colex, Madrid, 2000, p. 844; JOURDAIN, Patrice, “Les principes de la responsabilit&eacute;
civile”, Ed. Dalloz, Par&iacute;s, 2003, 6&ordf; ed., p. 103.
(10) JOURDAIN, Patrice, ob. cit., p. 103.
(11) TRIGO REPRESAS – L&Oacute;PEZ MESA, “Tratado de la responsabilidad civil”, 2&ordf; ed., t. IV, ps. 796 y
ss.; &iacute;dem, 1&ordf; ed., t. III, p. 4.
(12) MAZEAUD, Denis, “R&eacute;flexions sur un malentendu”, Recueil Dalloz, t. 2001, sec. Jurisprudence, p. 332.
(13) CORSARO, Luigi, “Responsabilit&aacute; per fatto altrui”, en Digesto delle Discipline Privatistiche, Sezione
Civile, vol. XVII, UTET, Tur&iacute;n, 1998, ps. 383-391.
(14) SCBA, 04/07/1989, “Martijena de Zubiani,
(1) G&Oacute;MEZ CALLE, Esther, “Los sujetos de la res-
ponsabilidad civil. La responsabilidad por el hecho
ajeno”, en REGLERO CAMPOS, Fernando (coord.),
Tratado de responsabilidad civil, Ed. Aranzadi, Navarra, 2006, 3&ordf; ed., p. 479, nro. 20.
(2) Sobre la asistematicidad del nuevo C&oacute;d. Civ.
y Com. vid. L&Oacute;PEZ MESA, Marcelo, “El nuevo C&oacute;digo Civil y Comercial y la responsabilidad civil (de
intenciones, realidades, concreciones y mitolog&iacute;as)”,
Revista Anales de la Facultad de Ciencias Jur&iacute;dicas y
Sociales, UNLP, a&ntilde;o 13, nro. 46, 2016, ps. 57 y ss.
(3) MOSSET ITURRASPE, Jorge, “Servicios dependientes e independientes y aut&oacute;nomos”, LA LEY,
1987-E, 228; ZAVALA DE GONZ&Aacute;LEZ, Matilde, “La
responsabilidad del principal por el hecho del dependiente”, Ed. &Aacute;baco, Buenos Aires, 1980, p. 76, nro.
Lunes 5 de febrero de 2018 | 3
Pero, lo que surge transparente de la
lectura de las normas que corporizan los
diversos supuestos de responsabilidad por
el hecho de otro en el nuevo ordenamiento
es que se trata de normas sin vocaci&oacute;n de
generalidad, es decir, de aplicaci&oacute;n a un
universo de sujetos acotados desde un comienzo, que son los que caben dentro de
cada una de esas categor&iacute;as, por lo que no
puede extenderse m&aacute;s all&aacute; de las fronteras de tales rubros o anaqueles.
Una norma es general cuando est&aacute; destinada a una universalidad de individuos
indeterminados, no cuando agota la totalidad de un numero clausus de sujetos que
caen en sus previsiones. Es decir que la
universalidad de sujetos pasivos no brinda
por s&iacute; sola a una ley car&aacute;cter general.
La indeterminaci&oacute;n inicial de la regla en
cuanto a los sujetos que caen dentro de su
&oacute;rbita es lo que confiere a esta el car&aacute;cter de general. Por ello no es suficiente
al efecto que una norma determinada se
aplique a la totalidad de los individuos
contemplados en ella, toda vez que a&uacute;n
en ese caso podr&iacute;a tratarse de normativa
particular. Cuando el legislador legisla teniendo en mira al resolver una situaci&oacute;n
particular, una circunstancia concreta, la
ley tiene naturaleza particular.
En cambio, cuando se contempla una situaci&oacute;n abstracta, impersonal, indeterminada, estamos en presencia de una norma
general, aun cuando se aplique solamente
a una persona o a varias y no a todas. La
“vocaci&oacute;n” de generalidad de la norma,
tipificada en sus notas esenciales caracterizantes: abstracci&oacute;n e impersonalidad, es
lo que cuenta al momento de categorizarla
como general o particular (15).
Vista la redacci&oacute;n de todas y cada una de
las normas de responsabilidad refleja que
contiene el nuevo C&oacute;digo, salta a la vista
que el o los legitimados pasivos a que se
dirigen ellas est&aacute;n perfectamente precisados al comienzo de cada una, no pudiendo
extenderse a otros sujetos distintos, ni inducirse de todas esas reglas excepcionales
una matriz indeterminada o gen&eacute;rica para
ser empleada en otros casos (16). Ello implicar&iacute;a crear la ley, por v&iacute;a interpretativa, generalizando supuestos de excepci&oacute;n,
lo que constituye un desatino.
De la excepcionalidad de la responsabilidad por el hecho de otro derivan diversas
a) La principal es la taxatividad de los
supuestos legales de responsabilidad por
el hecho ajeno;
b) Del principio de que exceptio est strictisima interpretationis, se sigue que la interpretaci&oacute;n de las normas legales relativas a supuestos de excepci&oacute;n debe ser restrictiva (17), y que no pueden sus mandas
ser extendidas por analog&iacute;a a otros casos
distintos de los expresamente contemplados en la norma de modo indudable;
c) No es posible, entonces, aplicar los
principios de la analog&iacute;a para juzgar la
responsabilidad surgida de este supuesto
ni conjeturar casos de esta responsabilidad;
d) Importando toda obligaci&oacute;n una restricci&oacute;n a la libertad individual, no puede
ella ser creada sino expresamente por
contrato o por la ley, y en caso de duda la
decisi&oacute;n debe ser, por lo tanto, en favor de
su inexistencia y no de su constituci&oacute;n (18);
e) Por ello, solamente constituyen supuestos de responsabilidad por el hecho
ajeno, aquellos previstos expresamente en
la legislaci&oacute;n.
En lo que sigue analizaremos los principales aspectos y clases de responsabilidad
IV. La responsabilidad por el hecho de otro
en el nuevo C&oacute;digo
La responsabilidad refleja o indirecta
est&aacute; reglada por el C&oacute;digo sancionado por
ley 26.994 principalmente en su Libro 3&ordm;
(Derechos Personales), T&iacute;tulo V (Otras
fuentes de las obligaciones), Cap&iacute;tulo 1
(Responsabilidad civil), Secci&oacute;n 6&ordf; (Responsabilidad por el hecho de terceros),
que contiene los arts. 1753 a 1756.
Y decimos “principalmente” porque,
como dij&eacute;ramos supra, no son &eacute;stas las
&uacute;nicas normas de responsabilidad refleja
que contiene el nuevo C&oacute;digo. Como sea,
en ese cap. I se halla la parte general o
principal segmento de la regulaci&oacute;n de la
IV.1. La responsabilidad del principal
Por medio del art. 1753 se reglamenta la
responsabilidad del principal por el hecho
del dependiente, estableci&eacute;ndose que “El
principal responde objetivamente por los
da&ntilde;os que causen los que est&aacute;n bajo su
dependencia, o las personas de las cuales
se sirve para el cumplimiento de sus obligaciones, cuando el hecho da&ntilde;oso acaece
en ejercicio o con ocasi&oacute;n de las funciones
“La falta de discernimiento del dependiente no excusa al principal.
“La responsabilidad del principal es
concurrente con la del dependiente”.
La sanci&oacute;n del C&oacute;digo Civil y Comercial
ha alterado dr&aacute;sticamente la regulaci&oacute;n
que en esta materia mostraba el C&oacute;digo
de V&eacute;lez; ello, por varios motivos:
a) En primer lugar, todo lo atinente a la
responsabilidad del Estado, sea o no por
da&ntilde;os causados por sus agentes, ha quedado marginado del &aacute;mbito regulatorio
del derecho privado y remitido al seno
del derecho p&uacute;blico, por conducto de lo
dispuesto en los nuevos arts. 1764 y 1765,
C&oacute;d. Civ. y Com.);
fleja, salvo uno (art. 1756 in fine, C&oacute;d. Civ. y
Com.) ostentan hoy car&aacute;cter objetivo, con
lo que toda la disputa que exist&iacute;a sobre la
esencia de la responsabilidad del principal,
desde el 1 de agosto de 2015, fecha de entrada en vigencia del nuevo ordenamiento,
ha perdido toda actualidad y, por ende, inter&eacute;s pr&aacute;ctico.
d) Ya no cabe hablar de responsabilidad
del principal por el hecho del dependiente,
sino del auxiliar o subordinado, pues no
se requiere la nota de dependencia a los
efectos de extender la responsabilidad al
principal, bastando que un mero auxiliar
ocasional provoque el da&ntilde;o con ocasi&oacute;n de
la funci&oacute;n encomendada, para que el principal sea responsabilizado, si concurren
los dem&aacute;s recaudos exigidos.
La responsabilidad del comitente o principal por el acto il&iacute;cito del subalterno reside en la circunstancia de que este &uacute;ltimo
es un instrumento que prolonga su actividad pr&aacute;ctica y econ&oacute;mica; la obligaci&oacute;n de
aquel de responder por el propio hecho se
hace extensiva al cometido por el subordinado, quien debe haber causado il&iacute;cita y
culpablemente un da&ntilde;o (19).
El mayor porcentaje de las actividades
econ&oacute;micas de hoy se desarrollan como
formas de relaci&oacute;n patr&oacute;n-empleado, aunque bajo diversas modalidades, que pueden o no engendrar una modelo de dependencia cl&aacute;sica (20).
Bien se ha dicho que “actualmente, la relaci&oacute;n entre el empresario y sus auxiliares
carece ya de ese car&aacute;cter personal y directo, lo que obviamente hace dif&iacute;cil el c&aacute;lculo
de la responsabilidad del principal en t&eacute;rminos de la cl&aacute;sica regla de culpa presunta del principal... As&iacute;, el posterior y radical
cambio industrial actual ha reconvertido a
las empresas y, en consecuencia, ‘las organizaciones empresariales actuales son complejas y an&oacute;nimas, de manera que el centro
de atenci&oacute;n se traslada de la conducta individual a la actividad organizativa’. Esto es
as&iacute; porque el empresario individual ha perdido peso frente la aparici&oacute;n de estas grandes organizaciones empresariales. En efecto, los nuevos modelos empresariales ya no
se basan exclusivamente en una relaci&oacute;n
vertical o de dependencia. La complejidad
de la situaci&oacute;n empresarial actual, revela el
problema de delimitar el sujeto titular del
poder de direcci&oacute;n, entre otras causas, bien
por la implantaci&oacute;n de las relaciones horizontales, bien por repartir el trabajo entre
diferentes directivos. Lo que conduce inevitablemente a que la relaci&oacute;n entre trabajadores y empresa sea inestable, impersonal
e indirecta” (21).
tivaci&oacute;n de la responsabilidad en este tipo
de supuestos. Pero no puede perderse de
vista que ella no ser&aacute; neutra sino al contrario, tendr&aacute; un sensible impacto econ&oacute;mico, repercutiendo tanto sobre el costo
del aseguramiento empresarial como sobre la tasa de desempleo.
Pensar en la neutralidad econ&oacute;mica de
decisiones jur&iacute;dicas de tal importancia e
impacto muestra un rasgo de candidez,
sino de improvisaci&oacute;n.
Yendo un paso m&aacute;s all&aacute;, puede precisarse que la regulaci&oacute;n del art. 1753 del C&oacute;d.
Civ. y Com. es insuficiente, esquem&aacute;tica
y corta de miras y no despeja muchos de
los interrogantes que exist&iacute;an antes de
su sanci&oacute;n, con el texto decimon&oacute;nico del
art. 1113 del C&oacute;d. V&eacute;lez.
La nueva reglamentaci&oacute;n de la responsabilidad refleja del principal ha precisado
cinco aspectos de ella, nada m&aacute;s. Importantes s&iacute;, pero quedaron muchos otros interrogantes en pie.
El art. 1753 del C&oacute;d. Civ. y Com. da cinco pautas regulatorias claras sobre la responsabilidad del principal:
a) Es una responsabilidad objetiva, con lo
cual las teor&iacute;as que afincaban en la culpa
el fundamento de este deber de responder
han quedado perimidas.
b) La responsabilidad del principal alcanza a
los da&ntilde;os que causen los que est&aacute;n bajo su dependencia, o las personas de las cuales se sirve para
el cumplimiento de sus obligaciones. Tal formulaci&oacute;n hace recordar mucho a Ferrara en
cuanto sostiene que el principal ser&aacute; responsable por el hecho de aquellas personas que
no pueden considerarse extra&ntilde;as al deudor,
porque &eacute;l ha incorporado al cumplimiento de
la obligaci&oacute;n o, voluntariamente, ha relacionado o asociado al goce de un derecho (22).
c) Existe un requisito funcional: el hecho da&ntilde;oso debe acaecer en ejercicio o con
ocasi&oacute;n de las funciones encomendadas al
dependiente, para que el principal est&eacute;
obligado a responder. Sin tal vinculaci&oacute;n
funcional del da&ntilde;o, este es por completo
ajeno al comitente.
d) La ocasi&oacute;n, que normalmente ser&iacute;a una
condici&oacute;n, ha sido elevada al rango de causa
por el legislador, en el art. 1753 del C&oacute;d. Civ.
y Com.;
e) La falta de discernimiento del dependiente no excusa al principal, lo que es neta
consecuencia del car&aacute;cter objetivo de su
responsabilidad, por un lado y, por otro,
de que el deber suyo de responder surge
de una obligaci&oacute;n legal de garant&iacute;a, en su
especie obligaci&oacute;n de seguridad (23); y
b) La regulaci&oacute;n de la responsabilidad
de la persona jur&iacute;dica ha sido cambiada de
sitio y de signo; y
El trabajo independiente es hoy una notable excepci&oacute;n, ya que las relaciones de subordinaci&oacute;n, mediante las cuales una persona
se coloca al servicio de otra, constituyen la
regla en materia de empleo en la industria y
los servicios. Y a su lado debe colocarse otro
importante lote, que es el de prestaci&oacute;n de
tareas de forma independiente pero bajo direcci&oacute;n del beneficiario del trabajo o servicio.
c) La responsabilidad del principal y de
casi todos los casos de responsabilidad re-
Ergo, no debe extra&ntilde;ar en este marco
que el legislador haya virado hacia la obje-
f) La responsabilidad del principal es
concurrente con la del dependiente, esto
es, como reconocen fuentes distintas, no
se trata de obligaciones solidarias, pero
cualquiera de ambos responsables puede
ser requerido al pago del total de la deuda, sin perjuicio de su posterior derecho
de repetir del otro corresponsable, lo que
Q0005011. Lo mismo debe decirse de los principios
generales. Un principio general sin vocaci&oacute;n de
generalidad o sin alcance indeterminado es una contradicci&oacute;n en s&iacute; mismo.
(16) En la misma direcci&oacute;n, cfr. VINEY, G., “Expos&eacute; de motifs”, en Avant-Projet de r&eacute;forme du droit des
obligations (arts. 1101 &agrave; 1386 du Code civil) en el Droit
de la Prescription (arts. 2234 &agrave; 2281 du Code civil)”,
Informe a Mr. Pascal Cl&eacute;ment, 22/09/2005, ps. 161 a
(17) CNCiv., sala I, 20/05/1997, “Chamorro de
Soto, Aurora R. c. Paganelli, Armando S”, JA 2001-Is&iacute;ntesis.
(18) PUIG BRUTAU, Jos&eacute;, “Fundamentos de
derecho civil”, Ed. Bosch, Barcelona, 1956, t. 2, v. II,
ps. 687 y ss., nro. 4-A).
(19) CNCiv., Sala F, 21/10/1996, “Albarrac&iacute;n de Sotelo, Olga I. y otro c. Municipalidad de Buenos Aires”,
LA LEY, 1997-C, 277.
(20) Vid. SCHICK, Horacio, “Las zonas grises de
la dependencia laboral”, LA LEY, 2005-E, 380; OSSOLA, Federico A., “Responsabilidad civil”, Ed.
AbeledoPerrot, Buenos Aires, 2016, p. 283.
(21) Cfr. CASADELL&Aacute; S&Aacute;NCHEZ, M&oacute;nica, “La
responsabilidad civil del principal por hecho de sus
auxiliares”, tesis doctoral, Universitat de Girona, Girona, 2014, p. 37.
(22) FERRARA, Francesco, “Responsabilit&agrave; contrattuale per fatto altrui”, en Archivio giuridico, Ed.
Filippo Seraffini, Nueva Serie, vol. XI. 1903, p. 510.
(23) La CS en un caso esgrimi&oacute; expresamente la obligaci&oacute;n de garant&iacute;a como fundamento de la responsabilidad del principal, en ese supuesto singular un orga-
Nora c. Direcci&oacute;n de Energ&iacute;a de la Provincia de Buenos Aires”, LA LEY, 1989-E, 130, ED, 136-285 y AyS,
1989-II-613, voto de la mayor&iacute;a liderado por el Dr. San
Mart&iacute;n; en igual sentido, &iacute;dem, 13/12/1994, “Constructora Lihu&eacute; SACCIF c. Vega, El&iacute;as P.”, JA, 1995-IV-417
y AyS, 1994-IV-426, voto de la mayor&iacute;a liderado por el
Dr. San Mart&iacute;n.
(15) Cfr. en este sentido, TSJ Neuqu&eacute;n, 22/10/1997,
“Contreras, Mar&iacute;a Isabel y otro / concejales de San
Patricio del Cha&ntilde;ar c. Bertoya, Elso L. y otra s/ acci&oacute;n de inconstitucionalidad”, en Juba sum. NQ
4 | Lunes 5 de febrero de 2018
La nueva norma vino a confirmar lo que
dec&iacute;amos cuando adherimos a la teor&iacute;a de
la obligaci&oacute;n legal de garant&iacute;a, como fundamento mejor y m&aacute;s acabado de la responsabilidad del principal por el hecho del
Dada la forma como fue reglada la materia en el art. 1753 del C&oacute;d. Civ. y Com.
debe aceptarse que el incumplimiento de
una obligaci&oacute;n de garant&iacute;a es el verdadero fundamento de la responsabilidad civil
del principal, puesto que ella —como lo
expresa Compagnucci de Caso— “tiene un
evidente sustento de equidad ya que la ley,
mediante valoraciones sociales que anticipa el legislador, impone determinados
deberes que tienden al mantenimiento de
equilibrio y concreci&oacute;n de la justicia en el
caso concreto” (24).
El art. 1753 del C&oacute;d. Civ. y Com. ha tomado el criterio mayoritario de que la responsabilidad del comitente queda comprometida cuando se conforma una tetralog&iacute;a
de presupuestos; tales los siguientes:
1) Existencia de un da&ntilde;o antijur&iacute;dico
imputable al dependiente;
2) Que medie una relaci&oacute;n funcional entre el autor del hecho y quien deba responder;
3) Que se cause un da&ntilde;o a un tercero o
terceros que no tengan el deber de soportarlo;
4) Que el da&ntilde;o se provoque “en ejercicio” o “con ocasi&oacute;n” de las funciones.
S&oacute;lo dos de estos recaudos merecen un
tratamiento especial, el segundo y el cuarto.
En el segundo requisito obs&eacute;rvese que
hablamos de relaci&oacute;n funcional y no de
relaci&oacute;n de dependencia entre principal
y da&ntilde;ador. No se trata de un desliz sino
de una precisi&oacute;n deliberada que introducimos, a tenor del nuevo texto legal, que
tanto responsabiliza al principal “por los
da&ntilde;os que causen los que est&aacute;n bajo su dependencia, o las personas de las cuales se
sirve para el cumplimiento de sus obligaciones”.
Esta situaci&oacute;n de servirse de otro puede
configurarse de m&uacute;ltiples maneras: a trav&eacute;s de una relaci&oacute;n laboral cl&aacute;sica —dependencia—, por medio de un mandato, de
un contrato de obra o de servicios, a trav&eacute;s de un contrato, permanente, temporal
o, incluso, ocasional (25), pudiendo nacer
de una relaci&oacute;n jur&iacute;dica como las enunciadas, de una relaci&oacute;n de tercerizaci&oacute;n de
labores (a trav&eacute;s de una empresa de servicios eventuales o de una firma subcontratada) o de una situaci&oacute;n de hecho, en
la cual de palabra el principal contrata al
dependiente y le indica qu&eacute; labores debe
realizar, por ejemplo, trasladar materiales de construcci&oacute;n desde la vereda hacia
dentro de un inmueble, o sacar escombros
desde &eacute;l hacia la calle, etc.
Ello implica que no se requiere al efecto
de una dependencia en sentido laboral del
t&eacute;rmino, ni menos a&uacute;n que quien ocasio-
nara el da&ntilde;o deba ser necesariamente un
empleado registrado ante las autoridades
laborales y que figure como tal en los libros del principal (26), bastando con que el
da&ntilde;o fuera causado por alguien de quien
se sirviera el comitente, a&uacute;n sin estar bajo
su dependencia, como puede ser un changar&iacute;n que ha sido contratado epis&oacute;dicamente para descargar un cami&oacute;n.
Dicho de otro modo, es indudable que
si se prueba la existencia de relaci&oacute;n de
dependencia entre el da&ntilde;ador y el demandado indirecto y que el da&ntilde;o tiene relaci&oacute;n
con la funci&oacute;n cumplida por el primero,
con ello sobra para responsabilizar al comitente. Pero si no se prueba ese extremo,
ello no constituye un valladar a la pretensi&oacute;n de obtener de &eacute;l una reparaci&oacute;n mediata.
Esta amplitud de la formulaci&oacute;n de la
relaci&oacute;n entre responsable directo e indirecto es compatible con la realidad actual,
que muestra una variedad de formas de
relaci&oacute;n laborativa o de colaboraci&oacute;n que
escapan muchas veces de la noci&oacute;n de dependencia, en sentido laboral.
Como dijimos en un voto, no debe perderse de vista que en ciertos casos se
presentan supuestos de lo que la doctrina
suele ubicar en las denominadas “zonas
grises “de la dependencia, que se configura cuanto el modo de prestaci&oacute;n pudiendo ser objeto de figuras propias del
derecho laboral, se realiza empero como
una actividad civil o comercial aut&oacute;noma
por el empleado. No siempre es sencillo
distinguir la inclusi&oacute;n o exclusi&oacute;n de la
dependencia, lo que exige un an&aacute;lisis circunstanciado en cada caso a efectos de
constatar si se dan las notas tipificantes
de ella (27).
Pero dada la redacci&oacute;n del art. 1753 del
C&oacute;d. Civ. y Com. determinar si existe o no
relaci&oacute;n de dependencia entre ambos responsables no es necesario, ya que bastar&aacute;
comprobar que el principal se ha servido
del dependiente para el desarrollo de una
labor encomendada, para que el primero
ser&aacute; responsable reflejo por los hechos del
En lo concerniente al cuarto requisito,
es dable puntualizar que como el art. 1753
responsabiliza al principal cuando el hecho da&ntilde;oso acaece en ejercicio o con ocasi&oacute;n de las funciones encomendadas al dependiente, la f&oacute;rmula “con ocasi&oacute;n” ser&aacute;
la m&aacute;s utilizada y prevalecer&aacute; por sobre
los da&ntilde;os causados “en ejercicio”. Ello,
por cuanto bastar&aacute; probar que el trabajo
ha dado la ocasi&oacute;n de que el da&ntilde;o se produjese para que el patrono sea responsabilizado.
Ello alivia mucho la carga probatoria del
demandante, pues es mucho m&aacute;s f&aacute;cil probar que el trabajo fue la ocasi&oacute;n del da&ntilde;o
que el mismo fue causado en ejercicio de
la funci&oacute;n.
Causar un da&ntilde;o en ejercicio de la funci&oacute;n implica —en todos los casos— que
el empleado act&uacute;a durante el horario de
cumplimiento de su actividad y en los lugares correspondientes, pues si lo hiciera
en su vida privada o fuera de su lugar de
trabajo, ya no se trata de un acto imputable al patr&oacute;n, sino al empleado mismo. Y
que la funci&oacute;n ha tenido una relaci&oacute;n directa e inmediata con el da&ntilde;o.
El principal no responder&aacute; de cualquier
da&ntilde;o que cause su subordinado, sino solamente de aquellos que tengan relaci&oacute;n
con la funci&oacute;n encomendada, pues la responsabilidad “no puede extenderse sino a
aquellos da&ntilde;os que pudieren ocasionarse
cuando el dependiente est&aacute; cumpliendo
una actividad en el inter&eacute;s del principal”,
precisamente porque la atribuci&oacute;n de responsabilidad resulta de haberse encomendado o delegado cierta actividad y por lo
tanto, no hay raz&oacute;n para extenderla fuera
de sus l&iacute;mites (28).
El efecto jur&iacute;dico de un da&ntilde;o tal, es
que “mientras el dependiente haya obrado dentro del marco de sus funciones,
el principal responde, aunque aquel se
haya apartado de las instrucciones recibidas” (29).
Pero, con el concepto de ocasi&oacute;n que
ahora recepta el art. 1753 del C&oacute;d. Civ. y
Com. se ampl&iacute;a mucho la esfera de responsabilidad del principal, ya que existen
casos en que la violaci&oacute;n de instrucciones
u &oacute;rdenes, ni siquiera puede ser concebida como integrando la esfera aparente de
la incumbencia. Y, pese a ello, esta &uacute;ltima
ha sido la ocasi&oacute;n para que sobrevenga el
En el da&ntilde;o causado con ocasi&oacute;n de las
funciones encomendadas, la funci&oacute;n tiene
una relaci&oacute;n mediata con el da&ntilde;o: no ha
sido ella el motivo ni, menos, la causa adecuada de ese da&ntilde;o, pero s&iacute; ha permitido
que &eacute;l ocurra, brindando la oportunidad
de que suceda. Y el legislador ha elevado
de categor&iacute;a a la ocasi&oacute;n, asign&aacute;ndole una
eficacia causal que anteriormente no ten&iacute;a.
La locuci&oacute;n “con ocasi&oacute;n de” implica que
la funci&oacute;n ha incorporado al hecho ciertas
circunstancias que proporcionan la oportunidad para que el da&ntilde;o sea cometido y
sin las cuales no habr&iacute;a podido serlo.
Este concepto de ocasi&oacute;n permite alargar la responsabilidad del comitente por
da&ntilde;os que son ajenos a la funci&oacute;n, pero
que solo pudieron ser provocados por el
da&ntilde;ador debido a las funciones que revest&iacute;a en la organizaci&oacute;n del principal; ejemplo de esta situaci&oacute;n ser&iacute;a el acoso sexual
de un encargado hacia una empleada, o el
atentado al pudor de una pasajera por un
taxista, pe&oacute;n de una flota de taxis.
&Eacute;ste es el supuesto m&aacute;s extremo, ya que
se responsabiliza al comitente de aquellos
actos que corresponden por su naturaleza
a la funci&oacute;n encomendada y tambi&eacute;n a los
ajenos o extra&ntilde;os a esta, pero que solo han
podido ser llevados a cabo por el dependiente en tal car&aacute;cter y en raz&oacute;n de sus
diente en su calidad de tal y por su relaci&oacute;n
con esas funciones. Si los da&ntilde;os causados en
ocasi&oacute;n del trabajo no habr&iacute;an podido realizarse de ninguna manera de no existir la
funci&oacute;n, entonces el principal es responsable (30).
Si s&oacute;lo se trata de un elemento favorecedor de un resultado da&ntilde;oso que igualmente hubiera podido cometerse sin que
el da&ntilde;ador tuviera esa funci&oacute;n, entonces
el principal no debe ser responsabilizado.
Es as&iacute; que el trabajo del dependiente
—su funci&oacute;n— no debe ser respecto del
da&ntilde;o un mero elemento facilitador del
acto da&ntilde;oso; ni alcanza tampoco con que
exista una simple coetaneidad entre da&ntilde;o
y funci&oacute;n, para obligar al principal por el
hecho del dependiente.
A este efecto debe darse una relaci&oacute;n de
necesidad entre el desarrollo de la labor
y la causaci&oacute;n del da&ntilde;o: la funci&oacute;n debe
ser requisito necesario para la causaci&oacute;n
del detrimento. Ella opera como elemento
propiciatorio del menoscabo, yendo m&aacute;s
all&aacute; de favorecerlo; ella brinda el marco
temporal y el escenario f&iacute;sico para que el
da&ntilde;o sea provocado.
Un ejemplo claro de esta situaci&oacute;n se
da con los llamados “patovicas” que a la
entrada de lugares de diversi&oacute;n nocturna
controlan el ingreso de las personas y que,
con m&aacute;s frecuencia cada vez, practican
golpizas, abusos o discriminaciones contra j&oacute;venes —y no tanto— que por causas
nunca bien explicitadas han ofendido la
fina sensibilidad de tales personajes.
Cabe aclarar igualmente que, cuando la
v&iacute;ctima del dependiente ha sabido o debido saber que este obraba fuera de sus
funciones, no puede demandar reparaci&oacute;n
al principal; porque con respecto a dicho
damnificado no concurre el requisito de la
vinculaci&oacute;n entre la funci&oacute;n y el da&ntilde;o, que
s&iacute; podr&iacute;a existir en cambio frente a otros
sujetos ignorantes de la verdadera realidad de la situaci&oacute;n.
Bien dice Gamarra respecto de este caso,
que el conocimiento de la v&iacute;ctima sobre la actividad extrafuncional del dependiente opera
como l&iacute;mite que restringe el campo de responsabilidad del empleador (31).
Es por ejemplo el caso del chofer de un
veh&iacute;culo que lo saca del garaje de su empleador fuera de horario, en complicidad
con unos amigos, para salir juntos de recorrida nocturna; estos amigos suyos no
pueden luego reclamar indemnizaci&oacute;n al
patr&oacute;n por los da&ntilde;os que sufrieran a consecuencia de un accidente de tr&aacute;nsito que
los lesionara a bordo de ese autom&oacute;vil.
IV.2. La responsabilidad de los padres
Dentro de la “ocasi&oacute;n” solo pueden quedar comprendidos aquellos actos ajenos o
extra&ntilde;os a la funci&oacute;n, pero que &uacute;nicamente
pudieron ser llevados a cabo por el depen-
Por conducto del art. 1754 se rige la responsabilidad de los padres por el hecho de
los hijos, declar&aacute;ndose que “Los padres
son solidariamente responsables por los
da&ntilde;os causados por los hijos que se encuentran bajo su responsabilidad parental
y que habitan con ellos, sin perjuicio de la
responsabilidad personal y concurrente
que pueda caber a los hijos”.
torno a la responsabilidad del principal por el hecho
del dependiente”, RCyS 2012-II, 37.
(27) C. Civ. Com. Trelew, sala A, 12/02/2009, “Colil, V. c. Patagonia Stone SA” (expte. nro. 251 - a&ntilde;o:
2008), en sist. Eureka.
(28) CNTrab., sala II, 29/07/1993, “Manzanzani,
Olinda N. c. Somisa”, JA, 1994-III-545; en similar
sentido, Juzg. Nac. en lo Civil N&ordm; 52, 16/03/1992, “R.
de C., D. c. C., M. A. y otro”, LA LEY, 1993-E, 214.
(29) CNCiv., sala B, 10/09/1985, “Pereira, Osvaldo J.
c. Club Italiano”, LA LEY, 1986-C, 183 y ED, 116&shy;
(30) TRIGO REPRESAS, F&eacute;lix A., “Ejercicio u ocasi&oacute;n de las funciones como requisito de la responsabilidad refleja del principal por los hechos de sus
dependientes”, LA LEY, 1982-B, 428 y ss.; CNCiv.,
sala F, 07/04/1988, “Pe&ntilde;a c. Di Genova”, LA LEY,
1990-A, 256; C. 1&ordf; CC Mar del Plata, ala 2&ordf;, 17/09/1992,
“Prieto c. Manzo”, Juba sum. B1400579.
(31) GAMARRA, Jorge, “Tratado de Derecho Civil
uruguayo”, Ed. FCU, Montevideo, 1993, 1&ordf; ed. reim-
nizador de espect&aacute;culos deportivos, como responsable
indirecto de da&ntilde;os causados por terceros. Lo hizo en
t&eacute;rminos que merecen recordarse: “no resulta inconveniente que la ley disponga esa obligaci&oacute;n de garant&iacute;a
a cargo de aquellos que se benefician econ&oacute;micamente
de la organizaci&oacute;n y participaci&oacute;n en espect&aacute;culos deportivos, a fin de que seleccionen correlativamente
las m&iacute;nimas medidas de seguridad para mantener inc&oacute;lumes a los espectadores” (CS, causa D. 352. XXIV,
“Di Prisco, Rosana c. Club Gimnasia y Esgrima de La
Plata”, del 24/03/1994, en http://sjconsulta.csjn.gov.
ar/sjconsulta/documentos/ verDocumentoSumario.
html?idDocumentoSumario=4523).
(24) COMPAGNUCCI DE CASO, Rub&eacute;n, “Responsabilidad civil por el hecho ajeno”, Ed. Lex, La Plata,
1987, p. 127.
(25) B&Eacute;NABENT, Alain, “Droit civil. Les obligations”, Ed. Montchrestien, Par&iacute;s, 2007, 11&ordf; ed.,
ps. 412/413, nros. 578 a 580.
(26) CALVO COSTA, Carlos A., “Reflexiones en
Lunes 5 de febrero de 2018 | 5
La norma siguiente, vinculada necesariamente con la anterior, no establece un
supuesto de responsabilidad sino de exoneraci&oacute;n de ella, estatuyendo bajo el t&iacute;tulo
“Cesaci&oacute;n de la responsabilidad paterna”
que “La responsabilidad de los padres es
objetiva, y cesa si el hijo menor de edad es
puesto bajo la vigilancia de otra persona,
transitoria o permanentemente. No cesa
en el supuesto previsto en el art. 643.
“Los padres no se liberan, aunque el hijo
menor de edad no conviva con ellos, si esta
circunstancia deriva de una causa que les
es atribuible.
“Los padres no responden por los da&ntilde;os
causados por sus hijos en tareas inherentes al ejercicio de su profesi&oacute;n o de funciones subordinadas encomendadas por
“Tampoco responden por el incumplimiento de obligaciones contractuales
v&aacute;lidamente contra&iacute;das por sus hijos”
(art. 1755, C&oacute;d. Civ. y Com.).
La norma es metodol&oacute;gicamente cuestionable en tanto incorpora dentro de un continente definido por el t&iacute;tulo Cesaci&oacute;n de la
responsabilidad, nada menos que una primera
manda sobre el car&aacute;cter objetivo de tal responsabilidad, que indudablemente debi&oacute; ir
incluida en el art&iacute;culo anterior.
M&aacute;s all&aacute; de ello, cabe decir aqu&iacute; que ella
ha dado cobijo a la jurisprudencia de los
tribunales nacionales que, de hecho, pese a
interpretar una norma escrita y pensada en
clave de culpa (art. 1116, C&oacute;d. V&eacute;lez), lo hac&iacute;an con un marcado tinte objetivista, toda
vez que constitu&iacute;a un milagro que los padres
pudieran exonerarse probando la “vigilancia
activa”, est&aacute;ndar estrict&iacute;simo que no se alcanzaba nunca, lo que implica que ya exist&iacute;a
una objetivaci&oacute;n judicial de hecho de la responsabilidad de los progenitores, que ahora
se ha plasmado legalmente.
Para que quede comprometida la responsabilidad indirecta de los padres y &eacute;stos deban indemnizar los da&ntilde;os causados por sus
hijos, deben cumplirse tres requisitos previstos en el art. 1754 del C&oacute;d. Civ. y Com.:
1) Que el hijo sea menor de edad;
2) Que se encuentre bajo la responsabilidad parental de su padre, madre o ambos;
3) Que conviva con ellos (32).
Y adem&aacute;s de ello deben cumplirse dos
que no surgen de este art&iacute;culo, pero que
son obvios y s&iacute; surgen de la sistem&aacute;tica del
C&oacute;digo.
4) Que el hecho realizado por el hijo menor
sea il&iacute;cito o antijur&iacute;dico (art. 1717, C&oacute;d. Civ. y
Com.); y
5) Que se produzca da&ntilde;o a un tercero.
Analizar en detalle estos recaudos insumir&iacute;a un espacio del que no disponemos
IV.3. La responsabilidad de otras personas
Por &uacute;ltimo, el art. 1756 del C&oacute;d. Civ. y
Com. reconoce dos partes bien marcadas:
la primera se refiere a la responsabilidad
de otras personas encargadas, expresando que “Los delegados en el ejercicio de
la responsabilidad parental, los tutores y
los curadores son responsables como los
padres por el da&ntilde;o causado por quienes
est&aacute;n a su cargo.
”Sin embargo, se liberan si acreditan que
les ha sido imposible evitar el da&ntilde;o; tal imposibilidad no resulta de la mera circunstancia de haber sucedido el hecho fuera de
En cambio, por la &uacute;ltima parte de dicho
art&iacute;culo se contempla la responsabilidad
del establecimiento que tiene a su cargo
personas internadas, el que responde por
la negligencia en el cuidado de quienes,
transitoria o permanentemente, han sido
puestas bajo su vigilancia y control.
El in fine del art. 1756 del C&oacute;d. Civ. y Com.
consagra la &uacute;nica responsabilidad indirecta
de naturaleza subjetiva de la Secci&oacute;n 6&ordf;.
Llama la atenci&oacute;n que en un marco de
firme objetivaci&oacute;n del deber de responder de los responsables indirectos, la
&uacute;nica excepci&oacute;n subjetivista, en la que el
demandante deber&aacute; probar la culpa de la
accionada, es el supuesto de los establecimientos que tienen a su cargo personas internadas, que tanto pueden ser una cl&iacute;nica
o sanatorio, un establecimiento de salud
mental, un geri&aacute;trico, etc.
En el comentario a esta norma en la
obra dirigida por el Presidente de la Comisi&oacute;n se dice que en el &uacute;ltimo p&aacute;rrafo
del art. 1756 C&oacute;d. Civ. y Com., “el C&oacute;digo
establece la responsabilidad de los establecimientos de internaci&oacute;n por el hecho
de las personas que se encuentren bajo
su cuidado o supervisi&oacute;n, sea transitoria
o permanentemente. Aun cuando tambi&eacute;n
en este supuesto el C&oacute;digo establece que
dichas instituciones responder&aacute;n subjetivamente por el hecho de los internados,
a diferencia de lo que ocurre con los tutores, curadores y delegados, no consagra una presunci&oacute;n de culpa a favor de la
v&iacute;ctima, de forma tal que ser&aacute; esta &uacute;ltima quien deber&aacute; probar la existencia de
negligencia por parte del &oacute;rgano asistencial” (33).
Esta aseveraci&oacute;n exacta pretende luego
amenguarse con una conjetura que no surge del texto vigente sino de la opini&oacute;n de
los comentaristas: “M&aacute;s all&aacute; de ello, es dable destacar que este supuesto de responsabilidad ser&aacute; aplicable &uacute;nicamente respecto de los da&ntilde;os que los internados ocasionen a terceros, pero no a los perjuicios
que sufran estos &uacute;ltimos durante la internaci&oacute;n. Ello as&iacute; pues este &uacute;ltimo supuesto
se regir&aacute; por las disposiciones relativas a
la relaci&oacute;n de consumo (arts. 1092, 1093 y
1094 del C&oacute;digo, y 1&ordm; y 2&ordm; de la ley 24.240).
Por ende, cuando el perjuicio sea sufrido
por el internado, la instituci&oacute;n responder&aacute;
objetivamente por el incumplimiento de
la obligaci&oacute;n de seguridad prevista en el
art. 5&ordm; de la ley 24.240” (34).
hermen&eacute;utica, tan compleja como azarosa, a trav&eacute;s de una redacci&oacute;n m&aacute;s feliz y
una concepci&oacute;n m&aacute;s atinada del in fine del
art. 1756 del C&oacute;d. Civ. y Com.
Adem&aacute;s, en supuestos equiparables,
como el del art. 1767 del C&oacute;d. Civ. y Com.
no se deja este tipo de vac&iacute;os, sino que se
prev&eacute; una regulaci&oacute;n integral.
Si se piensa que los padres y tutores responden objetivamente y que el principal
tambi&eacute;n lo hace, en suma que casi todos
los casos de responsabilidad indirecta en
el nuevo C&oacute;digo responden objetivamente
y que el &uacute;nico caso contenido en este segmento de subjetividad reparatoria es el de
los establecimiento que tienen a su cargo
personas internadas, fuerza es concluir
que ello —jur&iacute;dicamente— carece de toda
l&oacute;gica.
Si los dem&aacute;s responden objetivamente,
con m&aacute;s raz&oacute;n deber&iacute;an hacerlo en igual
medida tales establecimientos. Una diferencia de trato as&iacute; es incomprensible desde un punto de vista l&oacute;gico y jur&iacute;dico.
es una &iacute;nsula de subjetividad en un mar de
objetivismo. Y no se trata de cualquier isla,
sino de una que encierra supuestos que arquet&iacute;picamente debieran ser de responsabilidad objetiva.
En una posible reforma que se haga al nuevo ordenamiento, debiera ponerse remedio a
esta marcada asimetr&iacute;a regulatoria.
IV.4. Otros supuestos de responsabilidad
Ahora bien, con esta normativa no se
agota el esquema de la responsabilidad
refleja en el nuevo C&oacute;digo. Hay varios
supuestos de responsabilidad refleja contemplados fuera del “sistema de responsabilidad civil”.
Uno de los m&aacute;s importantes es el art. 776
del C&oacute;d. Civ. y Com., que capta el supuesto
de la responsabilidad por la incorporaci&oacute;n
de terceros a la ejecuci&oacute;n de la prestaci&oacute;n
comprometida por el deudor. Este caso puede reconocer dos variantes, que el deudor
sea un profesional, en cuyo caso responder&aacute;
en los t&eacute;rminos del art. 1768 del C&oacute;d. Civ. y
Com. o que no lo sea, en cuyo caso responder&aacute; seg&uacute;n la naturaleza de la obligaci&oacute;n
asumida, seg&uacute;n la obligaci&oacute;n sea de medios
Tambi&eacute;n es objetiva la responsabilidad del
hotelero, reglada por los arts. 1370 a 1375 del
C&oacute;d. Civ. y Com.; si bien espec&iacute;ficamente no
lo aclara ninguna de estas normas el hotelero
es responsable reflejo por el comportamiento
de dos distintos grupos de personas: a) sus
empleados y encargados; y b) otros clientes
La verdad que echar mano a las relaciones de consumo para encuadrar la responsabilidad del establecimiento hacia
los pacientes o sujetos internados carece de justificaci&oacute;n y bien hubiera podido
evitarse esta necesidad de construir una
Si cualquiera de ellos causara un da&ntilde;o a
alguno de los clientes, a los efectos introducidos en el hotel o al veh&iacute;culo guardado
en el establecimiento, en garajes u otros
lugares adecuados puestos a disposici&oacute;n
del viajero por el hotelero, este &uacute;ltimo
responder&aacute; objetivamente (art. 1370, C&oacute;d.
Civ. y Com.), salvo que pruebe que los da&ntilde;os o p&eacute;rdidas son causados por caso fortuito o fuerza mayor ajena a la actividad
hotelera (art. 1371, C&oacute;d. Civ. y Com.).
ser entendida en sentido amplio como uni&oacute;n que va
m&aacute;s all&aacute; de la cohabitaci&oacute;n f&iacute;sica y que en determinadas situaciones puede no ser constante, ya que
en estos tiempos es frecuente que los padres (por
razones laborales) como asimismo los hijos a determinada edad (generalmente por razones de estudio)
puedan ausentarse justificadamente del hogar. Claro
que, no es suficiente cualquier distanciamiento para
que los padres queden exonerados de responsabilidad, ya que si la ausencia del menor del hogar familiar resulta atribuible a inconductas o irregularidades paternas, no resultan los progenitores exentos
de responsabilidad” (PLOVANICH, Mar&iacute;a Cristina,
“Responsabilidad de los padres en el C&oacute;digo Civil y
Otro caso de responsabilidad refleja lo
recepta el art. 1254 del C&oacute;d. Civ. y Com.,
que en materia de contrato de servicios,
establece: “Cooperaci&oacute;n de terceros. El
contratista o prestador de servicios puede
valerse de terceros para ejecutar el servicio, excepto que de lo estipulado o de
la &iacute;ndole de la obligaci&oacute;n resulte que fue
elegido por sus cualidades para realizarlo personalmente en todo o en parte. En
cualquier caso, conserva la direcci&oacute;n y la
responsabilidad de la ejecuci&oacute;n”.
Un importante supuesto de responsabilidad que se halla fuera del &aacute;mbito de los
arts. 1708 a 1780 del C&oacute;d. Civ. y Com. es el de
la responsabilidad del transportista, que en
materia de transporte de personas reglan los
arts. 1289 a 1294 del C&oacute;d. Civ. y Com.
Y otro caso trascendente de responsabilidad indirecta, al menos en algunos de
sus supuestos, lo constituye la responsabilidad del titular del establecimiento educativo, pues en los t&eacute;rminos del art. 1767
del C&oacute;d. Civ. y Com., &eacute;l responde objetivamente, entre otros eventos, por los da&ntilde;os causados o sufridos por sus alumnos
menores de edad cuando se hallen o deban
hallarse bajo el control de la autoridad
escolar. Claramente en el supuesto de los
da&ntilde;os causados por sus alumnos menores
de edad, como los da&ntilde;os causados a ellos
por empleados o docentes del establecimiento, la responsabilidad es por el hecho
Si bien esta norma se encuentra contemplada dentro del sistema de responsabilidad civil, lo est&aacute; fuera del segmento
espec&iacute;fico que rige la responsabilidad refleja, por lo que consideramos que sistem&aacute;ticamente ello es cuestionable, ya que
no tiene raz&oacute;n de ser d&oacute;nde est&aacute; ubicado.
Las modificaciones que el art. 1767 del C&oacute;d.
Civ. y Com. introduce, respecto del texto del
art. 1117 del C&oacute;d. Civil derogado, son las siguientes:
1) El cambio de la expresi&oacute;n autoridad
educativa por autoridad escolar;
2) La sustituci&oacute;n de la expresi&oacute;n propietarios de establecimientos educativos por el
titular de un establecimiento educativo;
3) La redacci&oacute;n en singular en vez de en plural del primer p&aacute;rrafo de la nueva norma;
4) La supresi&oacute;n de la menci&oacute;n de las autoridades jurisdiccionales, que tantas cr&iacute;ticas hab&iacute;a recibido en 1997 y a&ntilde;os posteriores; y
5) La quita de la menci&oacute;n de los establecimientos terciarios, mentando m&aacute;s correctamente a los establecimientos de educaci&oacute;n superior o universitaria.
Fuera de ello, solo se han producido ligeros toques de redacci&oacute;n, por lo que el n&uacute;cleo o meollo del nuevo art. 1767 del C&oacute;d.
Civ. y Com. es sustancialmente equivalente al del art. 1117 del C&oacute;d. Civil texto seg&uacute;n
ley 24.830, aunque es una versi&oacute;n depurada de &eacute;ste.
Pero, su an&aacute;lisis no es tan sencillo,
puesto que ese art&iacute;culo se enmarca en un
cuerpo normativo muy diferente del C&oacute;digo de V&eacute;lez, en el que se han incluido nor-
presi&oacute;n inalterada, t. XX, vol. 2, p. 189.
(32) Al respecto se ha expuesto que “...el requisito de cohabitaci&oacute;n debe ser interpretado seg&uacute;n las
circunstancias que la vida contempor&aacute;nea presenta
manteniendo por tanto una concepci&oacute;n extensa, llegando si fuera necesario a otorgarle una nueva comprensi&oacute;n o a redefinir la noci&oacute;n. En ese sentido, debe
Comercial unificado”, en Revista de Responsabilidad
Civil y Seguros, n&uacute;mero especial sobre la responsabilidad civil y el nuevo, a&ntilde;o 17, nro. 4, 2015, ps. 174/175).
(33) Cfr. “C&oacute;digo Civil y Comercial de la Naci&oacute;n
Comentado”, Ricardo L. LORENZETTI (dir.), Ed.
Rubinzal, 2014, t. VIII, p. 574.
(34) Cfr. ob. y loc. cit. antes.
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mas tales como el art. 1764 del C&oacute;d. Civ. y
Com. que declaran que las normas civiles
sobre responsabilidad no son aplicables a la
responsabilidad del Estado de manera directa ni subsidiaria o el art. 1765 del C&oacute;d. Civ.
y Com. que se&ntilde;ala que la responsabilidad
del Estado se rige por las normas y principios del derecho administrativo nacional o
local seg&uacute;n corresponda. Lo propio ocurre,
respecto del art. 1117 del C&oacute;d. Civil, por
imperio de la ley 26.944, que hace que no
sea aplicable este art&iacute;culo a los establecimientos p&uacute;blicos desde mediados de agosto de 2014.
Ello as&iacute;, un segmento significativo de la
doctrina y de los an&aacute;lisis elaborados en
torno al texto del art. 1117 del C&oacute;d. Civil
sancionado en 1997 no podr&aacute;n ser puestos
m&aacute;s en juego, puntualmente, en cuanto
a la responsabilidad de establecimientos
educativos estatales importa.
Tambi&eacute;n carece de sistematicidad la ubicaci&oacute;n del art. 1763 del C&oacute;d. Civ. y Com.,
que regla la responsabilidad de la persona
jur&iacute;dica, estatuyendo que la persona jur&iacute;dica
responde por los da&ntilde;os que causen quienes las
dirigen o administran en ejercicio o con ocasi&oacute;n
Esta norma recepta claramente un caso
de responsabilidad refleja, tambi&eacute;n ubicado fuera de su sitio natural, que debi&oacute; ser,
al igual que el de los titulares de establecimientos educativos, la Secci&oacute;n 6&ordf;, de la
que debieron ser especies.
No vamos a avanzar aqu&iacute; en el an&aacute;lisis
de estos casos espec&iacute;ficos de responsabilidad indirecta, pues cada uno ameritar&iacute;a
un trabajo entero; sino que s&oacute;lo consignamos su existencia fuera del segmento
espec&iacute;fico de la responsabilidad refleja,
para que nadie se haga la falsa idea de que
toda la regulaci&oacute;n de la responsabilidad
indirecta est&aacute; incluida dentro del prieto e
insuficiente reglamento de los arts. 1753 a
1756 del C&oacute;d. Civ. y Com., que es no obstante algo as&iacute; como la parte general en la
materia, ya que regula los casos arquet&iacute;picos, aunque llamativamente no los m&aacute;s
importantes o trascendentes de responsabilidad refleja.
V. La situaci&oacute;n jur&iacute;dica del responsable en la
Llegado este punto es menester preguntarse &iquest;en qu&eacute; consiste el hecho ajeno generador de responsabilidad civil refleja? Y,
luego, &iquest;qu&eacute; tienen en com&uacute;n los diversos
casos particulares de responsabilidad por
el hecho de otro?
La respuesta es simple: no existe un fundamento &uacute;nico para responsabilizar a una
persona por el hecho de otro, sino dos fundamentos distintos.
En ciertos casos, como ocurre respecto de
la responsabilidad del padre de un menor p&uacute;ber, del titular del establecimiento educativo
o del tutor, el hecho del menor, del alumno
o del pupilo, es un hecho il&iacute;cito, completo en
sus elementos estructurales, incluida la culpa del autor material del hecho (35).
Pero en otras ocasiones (v.gr. en el caso de
la responsabilidad de quien tiene a su cargo
a un incapaz o a un ni&ntilde;o de menos de diez
a&ntilde;os), el hecho ajeno es solamente un hecho objetivamente da&ntilde;oso, que no toma en
cuenta el elemento de la culpa, en vista de
que su autor, seg&uacute;n la tradici&oacute;n civilista y los
arts. 259, 260 y 1724 del C&oacute;d. Civ. y Com., es
incapaz de incurrir en culpa (36).
Es as&iacute;, que debe efectuarse una clasificaci&oacute;n de tales fundamentos, ubic&aacute;ndolos
en dos categor&iacute;as diversas:
A) En un primer anaquel, corresponde
situar el caso de la responsabilidad por negligencia propia en la causaci&oacute;n de un da&ntilde;o
por otra persona, esto es, la responsabilidad del establecimiento que tiene a su
cargo personas internadas, supuesto en
los que si ellos demuestran que obraron
diligentemente, quedan eximidos de toda
responsabilidad por los hechos de sus pacientes o internos (art. 1756 in fine, C&oacute;d.
Civ. y Com.).
Dado que se trata de un supuesto h&iacute;brido porque es la responsabilidad de base
subjetiva de un ente ideal, la culpa es una
culpa objetivada apreciada con base en un
promedio o tipo medio.
Tambi&eacute;n cabr&iacute;a incluir en este grupo a
la responsabilidad del profesional que ha
incluido a terceros en el cumplimiento del
contrato, como podr&iacute;a ser un abogado que
ha contratado a un junior para que le controle los expedientes en tribunales y &eacute;ste
omite realizar alguna actuaci&oacute;n crucial que
se le encomendara y el pleito se pierde por
su culpa. O un m&eacute;dico cirujano que integra
a otros profesionales y auxiliares para que lo
asistan en una pr&aacute;ctica u operaci&oacute;n. A tenor
de lo dispuesto por el art. 1768 del C&oacute;d. Civ. y
Com. y salvo que se tratara de obligaciones
de resultado, la responsabilidad profesional
ser&iacute;a de base subjetiva.
B) En un segundo casillero, debe ubicarse a los casos en los que se responde por el incumplimiento de una obligaci&oacute;n de seguridad
o deber legal de garant&iacute;a, es decir, aun sin
culpa alguna del responsable en la vigilancia o elecci&oacute;n del da&ntilde;ador; en este anaquel
cabe colocar a aquellos casos donde el fundamento es t&iacute;picamente objetivo y por lo
tanto impide al obligado probar la ausencia de culpa para exonerarse de la carga
obligacional (v.gr. los casos de la responsabilidad del principal (art. 1753, C&oacute;d. Civ.
y Com.), de los hoteleros (arts. 1370 a 1375,
C&oacute;d. Civ. y Com.), los titulares de establecimientos educativos (art. 1767, C&oacute;d. Civ.
y Com.); los padres y madres (art. 1754,
C&oacute;d. Civ. y Com.), etc.
Es cierto que elevando un poco la mirada, se concluye que en ambos casos concurren hechos objetivamente antijur&iacute;dicos;
es decir, violatorios de reglas de conducta
legalmente exigibles (37).
canzado la edad para comprender la ilicitud de su accionar (diez a&ntilde;os, art. 261
inc. b) del C&oacute;d. Civ. y Com.) no puede serle imputada culpa alguna.
La antijuridicidad del da&ntilde;o es entonces
presupuesto de la responsabilidad por el
hecho de otro, como lo es de toda responsabilidad civil y no &uacute;nicamente de &eacute;sta
(art. 19, CN y art. 1717 C&oacute;d. Civ. y Com.).
&iquest;Cu&aacute;l es, entonces, el elemento que tipifica o caracteriza a este supuesto de responsabilidad refleja o de rebote?
Adem&aacute;s, la responsabilidad por hecho ajeno involucra en alguna medida la persona del
responsable indirecto, su comportamiento,
su posici&oacute;n en el &aacute;mbito del fen&oacute;meno de la
organizaci&oacute;n familiar o empresarial (38).
Con relaci&oacute;n a este &uacute;ltimo aspecto, el responsable por el hecho ajeno responde independientemente de la culpa propia, salvo el
caso previsto en el in fine del art. 1756 del
C&oacute;d. Civ. y Com., pero s&iacute; responde en general por hechos culposos o dolosos de su
dependiente o de su hijo o de su pupilo, etc.
Por lo que s&iacute; se requiere que el proceder del
responsable directo sea reprochable; ello
pues si as&iacute; no fuera no habr&iacute;a motivo para
que responda el principal, como principio.
Sin reprochabilidad de la conducta al da&ntilde;ador, no queda vinculado ni este ni el principal al hecho da&ntilde;oso.
La responsabilidad por hecho ajeno se
manifiesta bajo dos formas:
a) Como responsabilidad por el hecho ajeno
en sentido estricto, esto es, como el deber de
responder por un hecho cometido exclusivamente por otro, sin que se pueda reprochar al responsable nada en t&eacute;rminos de
diligencia, o, en todo caso, independientemente de cualquier consideraci&oacute;n en torno
a la diligencia con que obrara, que en el C&oacute;digo Civil y Comercial constituyen la mayor&iacute;a de los supuestos de responsabilidad refleja, dado que este ordenamiento ha dado
un tinte marcadamente objetivista a esta
categor&iacute;a resarcitoria; o
b) Como responsabilidad por el hecho
propio, esto es, dependiente de un comportamiento culposo o negligente propio del responsable reflejo, o sea, de un
comportamiento en grado de no impedir
—pudi&eacute;ndolo hacer—, o de facilitar, o de
tornar posible en alg&uacute;n modo el hecho il&iacute;cito ajeno; este caso se reduce, en el nuevo
C&oacute;digo, al in fine del art. 1756 del C&oacute;d. Civ.
y Com. y eventualmente a la responsabilidad de los profesionales cuando incluyen
a terceros en el cumplimiento del contrato
(arts. 1768 y 776, C&oacute;d. Civ. y Com.).
Pero algunos (disparo de arma de fuego contra una persona por un menor de
quince a&ntilde;os, arrollamiento de un ciclista
por un autom&oacute;vil manejado por una menor de trece a&ntilde;os, etc.) son hechos il&iacute;citos propiamente dichos, por los que tambi&eacute;n responden sus autores respectivos;
mientras que otros (lesi&oacute;n de un ojo de
un transe&uacute;nte por una piedra arrojada
por un menor de seis a&ntilde;os) son hechos
solo objetivamente il&iacute;citos, por los cuales no responder&aacute; el autor, ya que &eacute;ste,
en virtud de las disposiciones generales
sobre imputabilidad, establecidas en los
arts. 259, 260, 261 y 1724 del C&oacute;d. Civ. y
Com., no resulta ser responsable por su
propio comportamiento antijur&iacute;dico en
dichas hip&oacute;tesis, ya que al no haber al-
En el primero de los supuestos deber&iacute;a hablarse de una responsabilidad por garant&iacute;a
ante el hecho de otro, esto es, de una obligaci&oacute;n de garant&iacute;a por el hecho ajeno (numeral
a), lo que debe distinguirse claramente de la
responsabilidad por la culpa propia en la causaci&oacute;n de un da&ntilde;o por otro, que caracteriza a
los supuestos de los arts. 1768 y 1753 in fine
del C&oacute;d. Civ. y Com. (num. b).
it&agrave; civile”, Ed. Giuffr&egrave;, Mil&aacute;n, 1984, p. 264; FRANZONI, Massimo, “Dei fatti illeciti”, en Commentario
del Codice civile, de Antonio SCIALOJA y Giuseppe
BRANCA, Ed. Zanichelli, Bolonia-Roma, 1993, p. 348.
(36) Participan de este criterio: BRASIELLO, T.,
“I limiti della responsabilit&agrave; per danni”, Mil&aacute;n, 1959,
t. 7, p. 64; FRANZONI, ob. cit., ps. 321 y 331.
(37) CORSARO, Luigi, “Responsabilit&agrave; per fatto
altrui”, en Digesto delle Discipline Privatistiche, Sezione Civile, vol. XVII, Ed. UTET, Tur&iacute;n, 1998, vol.
Responsabilidad por garant&iacute;a ser&aacute; no
solamente la del principal o comitente,
sino tambi&eacute;n la del hotelero, el propietario
de establecimientos educativos, el transportista, etc.
En s&iacute;ntesis, todas las veces que la ley llama a una persona para responder por un
hecho il&iacute;cito ajeno, y cuando la responsabilidad de la persona es independiente de
la culpa propia —culpa que tambi&eacute;n puede
existir, pero cuya presencia es indiferente a
efectos de la responsabilidad— estaremos
en el campo de la responsabilidad por garant&iacute;a ante el il&iacute;cito ajeno (39).
Y se adoptar&aacute; con propiedad la expresi&oacute;n de “responsable” en vez de “autor del
hecho il&iacute;cito”, resultando indiferente para
la ley que esta persona llamada a responder por el da&ntilde;o haya cooperado para su
Por el contrario, cuando el ordenamiento hace responder a alguien por el hecho
ajeno, fundando la responsabilidad de la
persona en el comportamiento culposo de
la misma (por ejemplo, art. 1756 in fine del
C&oacute;d. Civ. y Com.), estaremos en presencia
de un supuesto de cooperaci&oacute;n en la provocaci&oacute;n del evento da&ntilde;oso, y nos hallaremos en el campo de la responsabilidad
por hecho propio, es decir, en el &aacute;mbito de
la regla general sobre el hecho il&iacute;cito y de
la responsabilidad del autor que es consecuencia del mismo.
Contra esta distinci&oacute;n no tiene validez
objetar que la prueba liberatoria, prevista para estas formas de “cooperaci&oacute;n” en
la comisi&oacute;n de un hecho il&iacute;cito, ofrece, de
ordinario, pocas v&iacute;as de salida al responsable
Pero al menos en este supuesto es factible el descargo, probando la falta de negligencia, porque la ley prev&eacute; una prueba
liberatoria —que no es admitida, en cambio, en la responsabilidad por garant&iacute;a
(al principal o comitente, por caso, se le
responsabiliza objetivamente y hasta se
dispone a su respecto que la falta de discernimiento del dependiente no lo excusa
(art. 1753, p&aacute;rr. 2&ordm;, C&oacute;d. Civ. y Com.) (40)—
y algo similar ocurre en las otras responsabilidad indirectas, mayormente de
esencia objetiva y donde, por concepto, la
falta de la prueba de culpa es irrelevante
(art. 1722, C&oacute;d. Civ. y Com.), lo que el int&eacute;rprete est&aacute; impedido de ignorar.
En realidad, quien crea una ocasi&oacute;n para la
comisi&oacute;n ajena del hecho il&iacute;cito se encuentra
en una situaci&oacute;n distinta de la de quien coopera en la comisi&oacute;n del hecho mismo.
El comitente o principal responsable no
es necesario que coopere en la realizaci&oacute;n
del hecho il&iacute;cito por parte del empleado:
lo que se requiere al efecto es que &eacute;l cree
la ocasi&oacute;n, al asignar a este &uacute;ltimo una tarea a desempe&ntilde;ar, id&oacute;nea para causar el
da&ntilde;o (art. 1753, C&oacute;d. Civ. y Com.), bastando con que el hecho da&ntilde;oso acaezca con
dependiente por su principal o un factor o
encargado suyo en su nombre, para que el
comitente deba responder. l
Cita online: AR/DOC/124/2018
Ramos Mart&iacute;nez, Mar&iacute;a Florencia, “La responsabilidad del principal por el hecho del dependiente
conforme al nuevo r&eacute;gimen de derecho privado”,
RCyS 2017-XI, 32.
Boragina, Juan Carlos - Meza, Jorge Alfredo,
“Responsabilidad del principal por los da&ntilde;os causados por sus dependientes”, RCyS 2017-IV, 15.
(35) Cfr. ROVELLI, Roberto, “La responsabilit&agrave; civile da fatto illecito”, Ed. UTET, Torino, 1964, p. 24;
POGLIANI, Mauro, “Responsabilit&agrave; e risarcimento da illecito civile”, Ed. Giuffr&egrave;, Mil&aacute;n, 1969, 2&ordf; ed.,
p. 237; PATTI, Salvatore L., “Famiglia e responsabil-
XVII, p. 390.
(38) CORSARO, ob. cit., ps. 390/391.
(39) CORSARO, ob. cit., ps. 388 y ss.
(40) BARASSI, Ludovico, “Istituzioni di diritto privato”, Ed. Giuffr&egrave;, Milano, 1955, 4&ordf; ed. actualizada, p. 376.
Lunes 5 de febrero de 2018 | 7
&iquest;Reforma jubilatoria
con impacto en las
de la Remuneraci&oacute;n Imponible Promedio de
los Trabajadores Estables (RIPTE).
Resumiendo, variaci&oacute;n en recaudaci&oacute;n
(contribuciones y tributos) y salarios, 50% y
50%, frente a variaci&oacute;n en el &iacute;ndice de precios
(inflaci&oacute;n) m&aacute;s salarios, en una proporci&oacute;n
70% y 30%.
Sobre este cambio —que poco tiene de
contenido estrictamente previsional—, y sus
efectos en el tiempo han generado las m&aacute;s diversas especulaciones, seg&uacute;n se vea el corto
o mediano plazo, y se analice su aplicaci&oacute;n a
partir de marzo de 2018, o su aplicaci&oacute;n en los
per&iacute;odos posteriores, en las movilidades posteriores a ese mes.
El &iacute;ndice modificado, al considerar en
uno de sus componentes la recaudaci&oacute;n, y
computar para la primera movilidad del a&ntilde;o
pr&oacute;ximo, las variaciones del &uacute;ltimo semestre
de 2017 —con aumentos importantes en la recaudaci&oacute;n—, situaba el &iacute;ndice en alrededor
del 12%, algunos lo sit&uacute;an en m&aacute;s del 14,5%.
Por el contrario, aplicando el &iacute;ndice de la ley
aprobada, la variaci&oacute;n podr&iacute;a ubicarse en
un 5,7%.
II. Impacto econ&oacute;mico-financiero
El cambio de f&oacute;rmula implicar&aacute; un “ahorro” para las cuentas p&uacute;blicas (algunos estiman de entre 80 y 100.000 millones en las
erogaciones en concepto de prestaciones),
que en l&oacute;gica correlaci&oacute;n implicar&aacute; una p&eacute;rdida —de ingresos futuros— en las prestaciones que mensualmente percibir&aacute;n los beneficiarios durante toda su vida (estimada en un
porcentaje de entre un 6% y un 8%).
Las prestaciones previsionales del sistema de jubilaciones y pensiones (6,3 millones
de personas) que abona ANSeS, en el presupuesto 2017, alcanzaron la suma de 764.838
millones de pesos, las asignaciones familiares
67.107 millones, la AUH 60.834, todo como
parte de un presupuesto en Gasto P&uacute;blico Social (GPS) de m&aacute;s de 1.500.000 millones de
pesos. Una reducci&oacute;n del presupuesto futuro
en alrededor de 100.000 millones no parece
una suma menor.
derechos adquiridos y su doctrina y la jurisprudencia que sobre el tema se construy&oacute; en
los &uacute;ltimos cincuenta a&ntilde;os.
Sin analizar aqu&iacute; la conveniencia de obtener otra v&iacute;a de financiamiento, o el restablecimiento de alg&uacute;n tributo sectorial que fuera
reducido o eliminado, podemos concluir en
forma preliminar que si el objetivo es la reducci&oacute;n del gasto p&uacute;blico, y en esta caso el
GPS, esta modificaci&oacute;n era la &uacute;nica que generaba un “ahorro” inmediato, ya que reformas
param&eacute;tricas como el aumento de la edad m&iacute;nima o reducci&oacute;n del haber inicial de los futuros jubilados no generar&aacute;n reducci&oacute;n de las
erogaciones en el corto y/o mediano plazo.
Aqu&iacute;, nuevamente y en clave de conclusi&oacute;n
preliminar, debe recordarse la clara distinci&oacute;n que formulara Germ&aacute;n Bidart Campos,
entre: a) el estatus de jubilado, incorporado
desde el cese y/o resoluci&oacute;n que otorgara
el beneficio, al patrimonio del beneficiario,
quien no podr&iacute;a dejar de serlo, con las garant&iacute;as del derecho de propiedad consagrado en
la Constituci&oacute;n Nacional, y, b) el quantum de
la jubilaci&oacute;n, o sea el monto del haber, que pod&iacute;a ser modificado, con ciertos l&iacute;mites.
III. Litigiosidad
Sobre la aplicaci&oacute;n de la nueva f&oacute;rmula, debemos advertir que la cuesti&oacute;n m&aacute;s conflictiva es la vigencia de la misma, y su aplicaci&oacute;n
inmediata en el mes de marzo pr&oacute;ximo.
En primer lugar, la implementaci&oacute;n de un
nuevo mecanismo de movilidad, para un per&iacute;odo de seis meses anteriores (&uacute;ltima movilidad setiembre 2017), parece imponer la consideraci&oacute;n de que han transcurrido ya, m&aacute;s
de cinco meses y 20 d&iacute;as de ese lapso, con un
&iacute;ndice que podr&iacute;a considerarse “devengado”.
En segundo t&eacute;rmino, la nueva f&oacute;rmula solo
toma un per&iacute;odo trimestral, que seg&uacute;n el anexo I de la ley ser&iacute;a junio-setiembre de 2017, y
la f&oacute;rmula anterior como se dijo consideraba seis meses. Por &uacute;ltimo, la aplicaci&oacute;n del
mecanismo derogado supon&iacute;a una variaci&oacute;n
estimada en m&aacute;s del 14% (&iquest;devengada?), y el
nuevo solo una de 5,7%.
Se preanuncia un aumento de la litigiosidad, con innumerables reclamos y acciones
judiciales, y debe decirse que esto es probable que ocurra, pero tambi&eacute;n quiero destacar
que los fundamentos y el enunciado de los
planteos judiciales contra la reforma merecen algunas salvedades.
Algunos sostienen lisa y llanamente que
estamos en presencia de una inconstitucionalidad, y basan sus fundamentos en las disposiciones de la Convenci&oacute;n Americana de
Derechos Humanos (art. 26) y del Pacto de
Naciones Unidas sobre derechos econ&oacute;micos, sociales y culturales (art. 2.1), ambos con
jerarqu&iacute;a constitucional a partir de la reforma de 1994, en virtud de los principios de progresividad o en realidad de no regresividad.
“La ley que rige la adquisici&oacute;n de los derechos jubilato-
En suma, creo que debemos analizar con
cautela la normativa vigente, la modificaci&oacute;n introducida, y efectuar algunos c&aacute;lculos
y proyecciones, a la luz de la jurisprudencia
de la Corte Suprema, que ha sostenido que el
par&aacute;metro de la movilidad debe tener un contenido salarial o remunerativo, y tambi&eacute;n ha
fijado pautas sobre lo confiscatorio, en porcentajes que se fueron reduciendo desde un
33% inicial a un 15% en fallos m&aacute;s recientes.
IV. Sobre el futuro de la f&oacute;rmula en el tiempo
Del impacto de esta modificaci&oacute;n en el
tiempo poco se puede decir ahora, pues depender&aacute; de la inflaci&oacute;n y de las paritarias, y
de la correlaci&oacute;n que exista entre ambas, que
el mecanismo de movilidad brinde adecuada
cobertura a los jubilados y pensionados respecto del poder de compra de los haberes jubilatorios.
Cierto es que la f&oacute;rmula actual permiti&oacute;
que las jubilaciones crecieran por sobre la
inflaci&oacute;n en alrededor de un 20% desde 2008
hasta la fecha, y que tambi&eacute;n crecieran por
sobre los salarios en actividad, sin que necesariamente esto &uacute;ltimo fuese deseable, en un
sistema “contributivo” (convertido en mixto
con 50% de financiamiento tributario).
Otros colegas fundan los cuestionamientos
y hasta plantean la inconstitucionalidad de
la movilidad aprobada, en viejos principios
enraizados en la seguridad social, como los
El recupero de los haberes previsionales
por sobre la inflaci&oacute;n resulta deseable y equitativo, m&aacute;s a&uacute;n en las prestaciones m&iacute;nimas
que est&aacute;n verdaderamente atrasadas, y a la
vez son las percibidas por la mayor&iacute;a de los
beneficiarios de la ANSeS, en un n&uacute;mero de
entre el 65 y el 70%.
rios”, Doctrina jurisprudencial de la Corte, LA LEY del
05/08/2013, 1; LA LEY 2013-D, 1067; DT 2013 (septiembre), 2389; AR/DOC/2898/2013).
Ya hab&iacute;amos sostenido antes de ahora,
para no provocar una p&eacute;rdida en el reajuste
a realizar en marzo pr&oacute;ximo, que podr&iacute;a pen-
(1) RAM&Iacute;REZ BOSCO, Luis - GARC&Iacute;A RAPP, Jorge,
Esto posteriormente ha sido pac&iacute;ficamente
receptado por la jurisprudencia de la Corte
Suprema, en una extensa lista de precedentes (1), sosteniendo la validez de algunas normas o mecanismos normativos que no implicaran vulnerar el principio de razonabilidad
y que no resultaran confiscatorios. Creo que
en esto podr&iacute;an pensado en el Gobierno Nacional al otorgar un pago por &uacute;nico a quienes
perciban menos de 10.000 mensuales de haber de la prestaci&oacute;n.
sarse en un mecanismo de transici&oacute;n entre
ambos mecanismos, dejando despejadas las
dudas que pudieran surgir sobre la vigencia
de la modificaci&oacute;n, y una suerte de “derechos
adquiridos” por los beneficiarios por las variaciones producidas en los meses anteriores,
y el &iacute;ndice “devengado”.
El Gobierno Nacional aspira a obtener del
monto a abonar de jubilaciones y pensiones
en 2018 un monto que duplicar&iacute;a o triplicar&iacute;a
todo lo que se invirti&oacute; hasta ahora en la reparaci&oacute;n hist&oacute;rica desde su implementaci&oacute;n,
desde julio de 2016. Se destin&oacute; hasta octubre
de 2017, en concepto de retroactivos e incremento de haberes, la suma de $36.531 millones de pesos (seg&uacute;n datos de la Naci&oacute;n citando como fuente a la ANSeS), y el ahorro ser&iacute;a
de m&aacute;s de $70.000 millones de pesos (algunos especialistas indican m&aacute;s de $100.000
millones de pesos), con el cambio del &iacute;ndice
V. El haber m&iacute;nimo
Se modifica la garant&iacute;a del haber m&iacute;nimo,
fij&aacute;ndola en el 82% sobre el salario m&iacute;nimo
vital y m&oacute;vil, esta proporci&oacute;n podr&aacute; significar a futuro un mayor resguardo en las prestaciones m&iacute;nimas, de muy escasa incidencia
en la actualidad, cuando la jubilaci&oacute;n m&iacute;nima
que abona ANSeS supera el 81% del m&iacute;nimo
salarial. Tampoco puede consider&aacute;rsela una
amenaza para sustentabilidad del sistema.
Agregando que para tener derecho a esta garant&iacute;a debe haberse alcanzado el m&iacute;nimo de
30 a&ntilde;os de servicios.
Se excluye de la garant&iacute;a a los beneficiarios
que hubieran adquirido el derecho a la prestaci&oacute;n previsional, utilizando los mecanismos
de moratoria para el pago y reconocimiento
de servicios aut&oacute;nomos no declarados oportunamente, conocidas como compra de a&ntilde;os
de servicios. Esta distinci&oacute;n podr&aacute; ser modificada en sede judicial con fundamento en la
VI. Cambio en la edad de acceso voluntario a la
Por &uacute;ltimo, la reforma permitir&aacute; a los trabajadores optar por seguir en actividad cinco
a&ntilde;os m&aacute;s all&aacute; de la edad de jubilaci&oacute;n (hasta los 70 a&ntilde;os de edad), per&iacute;odo en el que las
empresas dejar&aacute;n de efectuar la contribuci&oacute;n
En los hechos es una reforma a la Ley de
Contrato de Trabajo, ya que modifica el
art. 252 de la ley 20.744, postergando la facultad del empleador de intimar a la iniciaci&oacute;n del tr&aacute;mite jubilatorio, obtenido el cual
o vencido el plazo de un a&ntilde;o el contrato de
trabajo quedar&aacute; extinguido sin que el empleador deba la indemnizaci&oacute;n por antig&uuml;edad. l
Cita online: AR/DOC/164/2018
Auto de apertura. Requisitos. Juez natural. Estado de cesaci&oacute;n de pagos.
V&eacute;ase en p&aacute;gina 8, Nota a Fallo
Hechos: El juez rechaz&oacute; la petici&oacute;n de apertura de concurso preventivo de una empresa petrolera. Contra la precedente decisi&oacute;n,
apel&oacute; la vencida. La C&aacute;mara revoc&oacute; la sentencia en crisis y orden&oacute; al juez el dictado de
auto de apertura del concurso preventivo de
1. - El auto de apertura de concurso preventivo de la empresa petrolera recurrente debe
decretarse, toda vez que se dio un adecuado cumplimiento de los recaudos sustanciales previstos en sus varios incisos por
el art. 11 de la ley 24.522 y se comprob&oacute; un
estado de cesaci&oacute;n de pagos real, efectivo
y no simulado; m&aacute;xime cuando retrotraer
Pedido. Rechazo. Fraude concursal. Falta
de cancelaci&oacute;n de impuestos. Otorgamiento de pr&eacute;stamos a empresas vinculadas.
Hechos: Una empresa petrolera solicit&oacute; que
se la declarase en concurso preventivo. Lue-
go de que el juez acogiera la pretensi&oacute;n, la
Corte Suprema decret&oacute; la nulidad de la resoluci&oacute;n y devolvi&oacute; las actuaciones. Finalmente, el juez rechaz&oacute; el pedido.
La decisi&oacute;n de presentarse en concurso
preventivo de la peticionante lo fue en fraude a la ley, dado que &eacute;sta ha optado por no
cancelar el impuesto a los combustibles l&iacute;quidos y acogerse a las facilidades de pago
otorgadas por la AFIP, mientras que, en
forma paralela a ello, efectuaba pr&eacute;stamos
de dinero —equivalentes a las sumas que
8 | Lunes 5 de febrero de 2018
el tr&aacute;mite implicaba, adem&aacute;s, generar incertidumbre con impacto en la tutela de los
acreedores y con relaci&oacute;n a la conservaci&oacute;n
de la empresa como fuente de empleo.
2. - Los jueces de la C&aacute;mara no cercenaron la actuaci&oacute;n del juez natural de primera instancia
que, por cuanto &eacute;ste no es el &uacute;nico encargado de examinar el cumplimiento de los recaudos que debe contener una presentaci&oacute;n
solicitando la apertura de un concurso preventivo, sino que la Alzada, en el marco de
los recursos por ante ella concedidos, tambi&eacute;n est&aacute; habilitada para ese examen en la
misma condici&oacute;n de juez natural del caso.
120.781 — CNCom., sala D, 27/12/2017. - Oil
Combustibles SA s/ concurso preventivo.
[Cita on line: AR/JUR/90006/2017]
[El fallo in extenso puede consultarse en Atenci&oacute;n
no ingres&oacute; a las arcas del Estado— a personas integrantes de un grupo societario que
por sus estrechos v&iacute;nculos con la acreedora no habr&iacute;an de restituirlos; m&aacute;xime cuando los integrantes de dicho grupo, junto a
ex funcionarios del Estado nacional est&aacute;n
siendo investigados en al menos una causa
penal por delitos de corrupci&oacute;n, que representa el 90% del pasivo verificado.
120.782 — JNCom. N&deg; 4, 04/12/2017. - Oil
[Cita on line: AR/JUR/85693/2017]
Se imponen al vencido.
[El fallo in extenso puede consultarse en el
Diario LA  LEY del 20/12/2017, p. 3, Atenci&oacute;n
Claudio A. Casad&iacute;o Mart&iacute;nez
IV. La nulidad de la apertura del concurso
I. Proemio. — II. La senda recorrida. — III. La primera cuesti&oacute;n: el conflicto de
competencia. — IV. La nulidad de la apertura del concurso. — V. El segundo fallo de la Corte
Suprema: la nulidad. — VI. El nuevo fallo de primera instancia. — VII. La nueva sentencia de
segunda instancia. — VIII. Nuestra opini&oacute;n.
En el presente comentario analizaremos
brevemente los fallos dictados en la causa “Oil
Combustibles s/ concurso preventivo”, desde
una &oacute;ptica estrictamente jur&iacute;dico-concursal.
No obstante mencionemos que la deudora,
no es cualquier deudora, sino que conforme
surge de las publicaciones period&iacute;sticas se
trata de una sociedad integrante de un holding (Grupo Indalo) del que resulta ser el activo m&aacute;s importante, con refiner&iacute;as, parte del
puerto de San Lorenzo y m&aacute;s de 360 estaciones de servicio (1).
Adem&aacute;s sus principales directivos se encuentran sometidos a proceso penal (y con
prisi&oacute;n preventiva).
II. La senda recorrida
El proceso tuvo su comienzo cuando la
sociedad pide su concurso preventivo en la
provincia de Santa Cruz (domicilio social recientemente mudado), y un acreedor, la Administraci&oacute;n Federal de Ingresos P&uacute;blicos
(AFIP) pide luego que tramite en la Ciudad
Aut&oacute;noma de Buenos Aires (CABA); ante el
conflicto de competencia entre ambos magistrados, la Corte Suprema (CS) dirime la
cuesti&oacute;n entendiendo que corresponde intervenir al magistrado capitalino.
Al recibir este &uacute;ltimo la causa (que ya llevaba un buen tiempo de tr&aacute;mite en Santa Cruz)
resuelve la nulidad de la sentencia de apertura y de todo lo actuado; ante apelaci&oacute;n de
la sociedad, la sala D de la C&aacute;mara Nacional
de Apelaciones en lo Comercial (CNCom.),
revoca parcialmente la nulidad manteniendo
la apertura del concurso.
Ante el recurso extraordinario de un
acreedor (nuevamente la AFIP) el M&aacute;ximo
Tribunal de la Naci&oacute;n revoca la sentencia de
C&aacute;mara manteniendo la nulidad (total) del
Llegada la causa nuevamente al juez de
grado &eacute;ste no hace lugar a la apertura del
concurso por diversas razones (formales y de
fondo), apela la sociedad y la CNCom., revoca
el decisorio entendiendo que debe abrirse el
Sentado muy someramente el camino que
ha transitado la petici&oacute;n de concurso, analizaremos con m&aacute;s detalle (dentro del acotado margen de esta colaboraci&oacute;n) las razones
por las que se lleg&oacute; a recorrer este intrincado
sendero y los fundamentos principales de las
III. La primera cuesti&oacute;n: el conflicto de competencia
La sociedad deudora originalmente pose&iacute;a
su domicilio social en la Ciudad de Buenos Aires, y lo muda a la ciudad de Comodoro Rivadavia, Provincia del Chubut, donde peticiona
su concurso preventivo. El mismo es abierto.
La AFIP, a la saz&oacute;n principal acreedora,
realiza una presentaci&oacute;n ante la Justicia
Comercial de CABA para que declarare su
competencia en el proceso. Acotemos que el
cambio de domicilio de una persona jur&iacute;dica
en principio es s&oacute;lo el ejercicio regular de
una facultad social, que no requiere justificaci&oacute;n, mas si sobreviene la presentaci&oacute;n
en concurso, deber&iacute;a ser necesariamente
explicada en debida forma a fin de evitar
suspicacias o dudas sobre el uso abusivo de
esta potestad (2).
Ahora bien, ante el conflicto de competencia suscitado entre ambos Tribunales (el magistrado porte&ntilde;o y el chubutense) debi&oacute; dirimir la cuesti&oacute;n, como &uacute;nico superior com&uacute;n,
la CS, que interpret&oacute; que deb&iacute;a intervenir la
justicia de Ciudad de Buenos Aires.
Recordemos que conforme el art. 3&ordm; de la
Ley de Concursos y Quiebras (LCQ) “en el
caso de caso de concurso de personas de existencia ideal de car&aacute;cter privado regularmente constituidas... entiende el juez del lugar del
domicilio”, adem&aacute;s &eacute;sta y las dem&aacute;s reglas de
competencia consagradas, son de orden p&uacute;blico y por lo tanto improrrogables (3), si bien
en diversas oportunidades la jurisprudencia
hizo prevalecer a la realidad por sobre el domicilio ficto (4) y tambi&eacute;n cuando se procede
al cambio de domicilio estando la sociedad ya
en cesaci&oacute;n de pagos (5).
(1) Diario Clar&iacute;n del 02/01/2018, p. 12.
(2) CHOMER, H&eacute;ctor - SICOLI, Jorge, “Ley de con-
cursos y Quiebras”, Ed. La Ley, p. 14.
(3) GRAZIABILE, Dar&iacute;o, “Ley de concursos comentada”, Ed. Erreius, 2&ordf; ed., p. 17; GEBHARDT, Marcelo,
“Ley de Concursos y Quiebras”, Ed. Astrea, t. 1, p. 18 entre muchos otros.
(4) GRAZIABILE, Dar&iacute;o, “R&eacute;gimen concursal”, Ed.
Abeledo Perrot, t. I, p. 255.
(5) FRICK, Pablo en Concursos y Quiebras, CHOMER, Osvaldo (dir.) - FRICK, Pablo (coord.), Ed. Astrea, t. 1, p. 133.
Ante la decisi&oacute;n del Alto Tribunal, el proceso que estaba en pleno tr&aacute;mite en Santa
Cruz, qued&oacute; radicado en CABA y al recibirlo,
el juez de grado capitalino resolvi&oacute; decretar
de oficio, la nulidad de la apertura del concurso
preventivo y de todas las actuaciones cumplidas en su consecuencia, con excepci&oacute;n de los
pedidos de verificaci&oacute;n presentados ante la
sindicatura, cuya rectificaci&oacute;n o ratificaci&oacute;n
ser&iacute;a provista, de corresponder, en la instancia
Ante apelaci&oacute;n de la sociedad, la sala D
de la CNCom., revoca parcialmente la nulidad al entender que algunas de las partes
de la sentencia de apertura dictada en Santa Cruz resultaban v&aacute;lidas: en lo esencial,
la apertura del concurso en s&iacute; y tambi&eacute;n la
calificaci&oacute;n como “gran concurso”, la orden
de anotar la inhibici&oacute;n general de bienes y
la comunicaci&oacute;n de la interdicci&oacute;n de salida
del pa&iacute;s de la concursada y sus administradores. Adem&aacute;s, declar&oacute; la validez de ciertos
incidentes —por considerar que no se justificaba su nulidad— y, respecto de otros,
difiri&oacute; el an&aacute;lisis hasta tanto fueren sustanciados los recursos de Oil Combustibles SA
con la sindicatura concursal.
Respecto de los dem&aacute;s puntos mantuvo la
declaraci&oacute;n de nulidad, encomendando al magistrado a quo la “integraci&oacute;n” de la sentencia
de apertura de concurso preventivo dispuesta
por el magistrado declarado incompetente.
La sala entendi&oacute; que si bien existi&oacute; una
conducta fraudulenta de la concursada al
crear un domicilio ficticio en la Provincia del
Chubut con el fin de eludir la competencia
del juez natural, los jueces tienen amplias
facultades para repararlo, entre ellas la de
declarar la nulidad del acto y de todos aquellos que se encuentren involucrados en el
artificio; empero tales atribuciones deb&iacute;an
ser ejercidas de forma prudente, en la medida necesaria para restablecer el derecho
de los acreedores que pudo resultar conculcado, pero sin causar un da&ntilde;o injustificado
al sujeto concursado. En el caso concreto se
resolvi&oacute; que la soluci&oacute;n no pod&iacute;a pasar por
la nulidad de la demanda de concurso preventivo que ha cumplido con los recaudos
del art. 11 de la LCQ, sino por la nulidad de
la sentencia de apertura dictada por el juez
incompetente, pero solo en la medida necesaria para establecer una adecuada traslatio
iudicii de los efectos cumplidos o decididos en
un &uacute;nico proceso debiendo distinguirse adecuadamente los efectos conservativos, los
procesales y los sustanciales que derivan de
la demanda de aqu&eacute;llos resueltos por el juez
incompetente, tanto en su sentencia de apertura como por actos jurisdiccionales ulteriores, que pudieron haber afectado el derecho
de los acreedores,
En definitiva con esta sentencia, la sociedad obtiene la apertura de su concurso preventivo rectius, mantiene el concurso ya decretado.
Esta decisi&oacute;n es recurrida por la AFIP ante
al m&aacute;ximo Tribunal de la Naci&oacute;n en cuanto
mantiene abierto el proceso concursal.
V. El segundo fallo de la Corte Suprema: la nulidad
En primer lugar la Corte Suprema aclara
que ingresan al an&aacute;lisis del fallo de la C&aacute;mara
al entender que esta sentencia no constituye
una derivaci&oacute;n razonada del derecho vigente
con aplicaci&oacute;n a las circunstancias comprobadas de la causa.
Analizado el mismo a&ntilde;aden que se omiti&oacute; se&ntilde;alar de qu&eacute; modo la nulidad del auto de apertura del concurso, en el caso, podr&iacute;a calificarse
como un “da&ntilde;o injustificado”, ni individualiza
cu&aacute;l ser&iacute;a el perjuicio concreto que le provocar&iacute;a al deudor retrotraer el proceso a fin de que
sea el juez natural quien decida respecto de la
petici&oacute;n de la convocatoria.
Postulan que el juez debe apreciar objetivamente si el deudor ha contrariado la finalidad
econ&oacute;mico-social del concurso preventivo, que
est&aacute; dada no s&oacute;lo por la conservaci&oacute;n de la
empresa como fuente de producci&oacute;n y trabajo sino que tambi&eacute;n est&aacute; definida por el logro
de una finalidad satisfactiva del derecho de los
En tal senda estiman que la decisi&oacute;n de mantener la apertura del concurso decidida por un
juez que carec&iacute;a de jurisdicci&oacute;n para hacerlo,
cuando previamente se hab&iacute;a calificado de
fraudulenta su conducta para iniciar el proceso ante ese magistrado, y con la sola menci&oacute;n
de considerar cumplidos los recaudos previstos en el art. 11 de la LCQ, hace que la sentencia
resulte sustentada en afirmaciones dogm&aacute;ticas que dan fundamento aparente a la decisi&oacute;n
sin atender adecuadamente a las constancias
de la causa, afectando de modo directo e inmediato las garant&iacute;as constitucionales del debido
proceso y de defensa en juicio.
Luego de formular una serie de consideraciones axiol&oacute;gicas referentes al concurso
preventivo, exponen que la demanda de convocatoria debe ser resuelta por el juez natural
del concurso, &uacute;nico encargado de examinar el
cumplimiento de los recaudos que debe contener dicha presentaci&oacute;n, m&aacute;s a&uacute;n cuando en
autos se ha tenido por consumada la constituci&oacute;n de un domicilio ficticio —en violaci&oacute;n del
principio legal de orden p&uacute;blico establecido en
la ley de Concursos y Quiebras— y no se han
identificado situaciones de extrema excepcionalidad que pudieran justificar una eventual
convalidaci&oacute;n de lo actuado.
Asimismo citan el art. 12 del C&oacute;digo Civil y
Comercial (C&oacute;d. Civ. y Com.), que recordemos
prev&eacute; en su p&aacute;rr. 2&ordm; que: “El acto respecto del
cual se invoque el amparo de un texto legal,
que persiga un resultado sustancialmente an&aacute;logo al prohibido por una norma imperativa, se
considera otorgado en fraude a la ley. En ese
caso, el acto debe someterse a la norma imperativa que se trata de eludir”. Norma &eacute;sta que
establece que al intentar un negocio fraudulento el corolario no debe ser necesariamente
Lunes 5 de febrero de 2018 | 9
la invalidez sino el sometimiento del negocio a
la norma que se pretendi&oacute; eludir, con lo cual
puede ser v&aacute;lido, adaptado —en su caso— a la
aplicaci&oacute;n de la norma (6).
VI. El nuevo fallo de primera instancia
Vueltos los autos al juez de grado este se
aboca al an&aacute;lisis de la petici&oacute;n de apertura del
Comienza remarcando que m&aacute;s all&aacute; de la
nulidad decretada, no puede ignorarse la informaci&oacute;n que ha sido colectada y plasmada
en los diversos informes mensuales efectuados
por la sindicatura, en el informe general y en la
resoluci&oacute;n general de verificaci&oacute;n de cr&eacute;ditos
y luego se&ntilde;ala que por las particulares circunstancias del proceso y la manda expresa de la
Corte Suprema debe efectuar tal examen con
mayor rigurosidad, dado la conducta asumida
por la deudora al inicio, es decir el intento de
tramitar su concurso fuera de la jurisdicci&oacute;n
Analiza que la deudora en su petici&oacute;n inicial se&ntilde;ala como causa concreta de su estado
de cesaci&oacute;n de pagos a “...la conducta de la
Administraci&oacute;n Federal de Ingresos P&uacute;blicos, quien mediante acciones y resoluciones
arbitrarias e ilegales a logrado la asfixia financiera de la compa&ntilde;&iacute;a...” y que “uno de los
objetivos de dicha presentaci&oacute;n era: “Determinar con exactitud la deuda fiscal y abonarla en un 100% bajo las propias reglamentaciones de la AFIP vigentes al momento de la
cesaci&oacute;n de pagos...”.
En definitiva, estima que “sin dudas” la sociedad se encuentra en cesaci&oacute;n de pagos, empero la decisi&oacute;n de presentarse en concurso
preventivo en forma “urgente” lo fue en fraude
El fraude consisti&oacute; b&aacute;sicamente en que desde mayo del a&ntilde;o 2011 y hasta diciembre del a&ntilde;o
2015, Oil Combustibles SA opt&oacute; por no cancelar el Impuesto a los Combustibles L&iacute;quidos y
acogerse a las facilidades de pago otorgadas
por AFIP, mientras que, en forma paralela a
ello, efectuaba pr&eacute;stamos de dinero —equivalentes a las sumas que no ingres&oacute; a las arcas
del Estado— a personas integrantes del grupo
al que pertenec&iacute;a en condiciones desfavorables ya que la tasa de inter&eacute;s convenida resulta
mucho menor que la del Fisco. Esta situaci&oacute;n
continu&oacute; permanentemente hasta que la AFIP
excluy&oacute; por RG 3836/2016 del Plan de Facilidades de Pago al Impuesto a los Combustibles.
(6) ALTERINI, Jorge (Dir. Gral.), “C&oacute;digo Civil y Comercial comentado”, Ed. La Ley, t. 1, p. 100.
Es decir que imped&iacute;a continuar con esta forma
de financiaci&oacute;n encubierta con fondos p&uacute;blicos
Concluye que el proceso concursal no es, en
este caso m&aacute;s que el instrumento procesal de
un fraude con cobertura legal; en el caso si bien
estrictamente no se trat&oacute; de falsear la cesaci&oacute;n
de pagos, s&iacute; de utilizarla para eludir la norma
prohibitiva de la AFIP.
Postula que el an&aacute;lisis de este fraude no se
ve enervado por la interpretaci&oacute;n que la mayor&iacute;a de los autores y la jurisprudencia otorga a
la facultad con que cuenta el juez del concurso
para analizar el estado de cesaci&oacute;n de pagos a
la luz de lo dispuesto por el art. 1&ordm; de la LCQ,
en el sentido que el magistrado no “podr&iacute;a” indagar la causa por la cual se gener&oacute; tal estado.
En este punto remarca que los directivos est&aacute;n
siendo investigados penalmente.
Tambi&eacute;n analiza la conducta de la deudora
luego de abierto el concurso de continuar otorgando pr&eacute;stamos de dinero en las mismas condiciones desventajosas a compa&ntilde;&iacute;as del grupo
por casi mil millones de pesos sin brindar adecuadas explicaciones.
Expresa que no vale la pena tramitar un
proceso hasta el final para decidir una no homologaci&oacute;n causada en hechos que el juez ha
conocido mucho antes.
Respecto de los recaudos legales m&iacute;nimos
de la petici&oacute;n de concurso, expone la falta de
seriedad con que pretendi&oacute; la deudora alcanzar el remedio concursal intentado por cuanto en las la certificaci&oacute;n contable del estado
valorado del activo y del pasivo presentadas,
el profesional se abstuvo de brindar opini&oacute;n
por la inminente presentaci&oacute;n concursal y
porque no tuvo tiempo de obtener los elementos suficientes para opinar. Adem&aacute;s, remarca que hasta la oportunidad de dictarse
la sentencia verificatoria (art. 36, LCQ) no se
hab&iacute;a contado con los legajos previstos por el
art. 11, inc. 5&ordm; de la LCQ.
En definitiva por estas omisiones formales
m&aacute;s el abuso detectado rechaza la petici&oacute;n de
VII. La nueva sentencia de segunda instancia
Apelado el rechazo por la concursada, la
sala D nuevamente debe abordar la cuesti&oacute;n
y finalizando el a&ntilde;o 2017 dicta una nueva
sentencia, disponiendo que el juez de grado
deber&aacute; dictar el auto de apertura del concurso preventivo de Oil Combustibles SA, prosiguiendo el proceso colectivo seg&uacute;n su estado
y sin perjuicio de las precisiones que podr&aacute;
hacer como director del proceso para encauzar adecuadamente el tr&aacute;mite.
des democr&aacute;ticas, dado que el art&iacute;culo 1
de la Ley de Servicio de Internet dispoLibertad de expresi&oacute;n. Incitaci&oacute;n al odio.
Alcance de las medidas autosatisfactivas.
Hechos: El se&ntilde;or juez de grado hizo lugar
a la medida cautelar solicitada por la accionante, y dispuso que la demandada Twitter
procediera a eliminar todos los dichos y montajes fotogr&aacute;ficos que insultaban a la actora.
Frente a aquella decisi&oacute;n, los vencidos interpusieron los recursos de apelaci&oacute;n. La C&aacute;mara modific&oacute; los alcances de la medida dictada.
1. - Las peticiones relativas a la actividad desarrollada en las plataformas que brindan las redes sociales deben ser analizadas a la luz de la protecci&oacute;n que confiere
la libertad de expresi&oacute;n como garant&iacute;a
constitucional y la especial valoraci&oacute;n
que debe confer&iacute;rsele a &eacute;sta en socieda-
ne que la b&uacute;squeda, recepci&oacute;n y difusi&oacute;n
de informaci&oacute;n e ideas de toda &iacute;ndole, a
trav&eacute;s del servicio de Internet, se considera comprendido dentro de la garant&iacute;a
constitucional que ampara la libertad de
2. - La red social debe eliminar los dichos y
fotomontajes indicados en la documental acompa&ntilde;ada por la actora, dado que
de su sola compulsa permite determinar
la nocividad de los dichos respecto de los
derechos de la esta, y, por lo dem&aacute;s, debe
destacarse que aquellas adjetivaciones
respecto de la accionante y las reiteradas
expresiones de odio hacia su persona que
se verifican en las impresiones glosadas,
tampoco se ajustan a las reglas de funcionamiento de la demandada, en cuanto espec&iacute;ficamente prev&eacute;n las “pol&iacute;ticas relati-
Los magistrados abordan sucintamente el
fallo de la Corte Suprema que descalific&oacute; el
anterior dictado por la sala y en lo esencial
expresan que el juez de grado no es el “&uacute;nico”
encargado de examinar el cumplimiento de los
recaudos que debe contener una presentaci&oacute;n
solicitando la apertura de un concurso preventivo, ya que los camaritas tambi&eacute;n son jueces
naturales del caso.
Paralelamente sostienen que la Corte Suprema nada dijo expl&iacute;citamente sobre si la
sociedad estaba o no en cesaci&oacute;n de pagos
(incurriendo as&iacute; en abuso de derecho), cuesti&oacute;n que acotan fuera expresamente postulada
por el acreedor (AFIP) al plantear recurso extraordinario. Adem&aacute;s explican que el “da&ntilde;o” al
que aludieron en su anterior sentencia —cuya
ausencia de individualizaci&oacute;n recordemos fue
criticada por el Alto Tribunal— radicaba en
la incertidumbre generada con impacto en
la tutela de los acreedores y con relaci&oacute;n a la
conservaci&oacute;n de la empresa como fuente de
Luego ingresan de lleno al an&aacute;lisis de los recaudos previstos por el art. 11 de la LCQ y respecto de la cr&iacute;tica de incumplimiento del inc. 3&ordm;
(estado valorado del activo) remarcan que el
juez de grado omiti&oacute; considerar otro estado,
presentado a posteriori, suscripto por contadores de CABA y agregan que lo atinente a la
falta de los legajos, no es dirimente para entender existente un incumplimiento que deba ser
sancionado con el rechazo de la apertura, toda
vez que la omisi&oacute;n correspondiente no impidi&oacute;
la adecuada elaboraci&oacute;n de los informes individuales ni la sentencia verificatoria.
Postulan que al analizar el Informe General
del s&iacute;ndico incurri&oacute; el magistrado en una indagaci&oacute;n causal del estado de cesaci&oacute;n de pagos
no admitida por la ley argentina en la etapa
preliminar de la apertura concursal y se vali&oacute;
de un concepto: el merecimiento del remedio
concursal, que tampoco es reconocido por la
ley 24.522. Reafirman este concepto recordando que la actual ley concursal desterr&oacute; incluso
en sede de homologaci&oacute;n la consideraci&oacute;n de
si el deudor es o no por raz&oacute;n de su conducta
merecedor de la soluci&oacute;n preventiva (y que s&iacute;
hac&iacute;a la ley 19.551).
Sobre esta &uacute;ltima cuesti&oacute;n expresan que la
meritaci&oacute;n que pretende se efect&uacute;e en la apertura del concurso es propia y adecuada para el
juzgamiento sobre la homologaci&oacute;n de la propuesta de acuerdo, pero descontextualizada
respecto de la apertura.
Luego hacen hincapi&eacute; en la necesidad de separar la empresa del empresario, de all&iacute; que el
procesamiento y eventual condena en sede penal no influye en sede comercial, donde los que
se busca en &uacute;ltima instancia, es de conservar
vas a las conductas de incitaci&oacute;n al odio”,
como modo de evitar actos de acoso a personas, a trav&eacute;s de amenazas de violencia,
calumnias, ep&iacute;tetos, tropos racistas o sexistas u otro tipo de contenido que se utilice para degradar a otra persona.
3. - Tras verificarse la dificultad de determinar el cumplimiento de las medidas cautelares dictadas sobre bases amplias ante
el dinamismo del medio digital, la extensi&oacute;n de la tutela debe limitarse poniendo
en cabeza de los pretensores la denuncia
de los sitios —URLS— cuya vinculaci&oacute;n
solicita que se bloqueen.
120.783 — CNFed. Civ. y Com., sala II,
22/12/2017. - V., M. V. c. Twitter Inc s/ Acci&oacute;n preventiva de da&ntilde;os.
[Cita on line: AR/JUR/94674/2017]
la empresa, que en el caso, es empleadora de
miles de trabajadores y fuente de trabajo indirecto de muchos m&aacute;s.
En la faz estrictamente procesal se&ntilde;alan
que a fin de no afectar la eficacia de las etapas
ya cumplidas del concurso y precluidas, estas
deben conservar eficacia aunque fueron cumplidas ante juez competente, sin perjuicio de
las medidas ordenatorias que entienda el juez
de grado deba disponer a fin de adecuar o reactivar las etapas procesales cuya concreci&oacute;n
se vio afectada por el tr&aacute;mite de los diversos
VIII. Nuestra opini&oacute;n
Por nuestra parte estimamos que la apertura del concurso preventivo nunca debi&oacute; mantenerse ya que deriva de un acto fraudulento,
como se sostuvo en el primer fallo de primera instancia. Adem&aacute;s no concordamos que la
omisi&oacute;n de presentar los legajos de los acreedores sea un recaudo que puede obviarse con
el argumento que la verificaci&oacute;n de cr&eacute;ditos
pudo realizarse igualmente; los legajos de cada
acreedor deben acompa&ntilde;arse siempre.
Paralelamente resaltamos del &uacute;ltimo fallo de
la sala D de la CNCom., la diferenciaci&oacute;n que
formulan entre empresa y empresario y que no
se puede analizar ab initio del proceso la buena
o mala fe del peticionante. En nuestras clases
solemos preguntar a los alumnos si el juez efect&uacute;a un control de m&eacute;rito o s&oacute;lo de legalidad de
la presentaci&oacute;n concursal y tambi&eacute;n eso mismo pero al momento de homologar y las respuestas correctas difieren; en el primer caso
solo de legalidad, es decir cumplimiento de los
recaudos del art. 11 y en el segundo tambi&eacute;n de
m&eacute;rito (“no homologar en abuso o fraude a la
ley”). Sin embargo reiteramos no pueden sostenerse actos frutos de un accionar ileg&iacute;timo,
por el caso la verificaci&oacute;n realizada en Comodoro Rivadavia por el juez incompetente.
La soluci&oacute;n que en nuestra opini&oacute;n debi&oacute; primar es decretar la nulidad de todo lo actuado
y dejar en manos de la sociedad la posibilidad
de efectuar una nueva petici&oacute;n de concurso, ya
que al ser nulo no rige el plazo del art. 31 de inhibici&oacute;n, que impide peticionar un nuevo concurso existiendo pedidos de quiebra pendientes, con lo cual se evitar&iacute;an algunos efectos no
deseados, como por ejemplo que los intereses
de los cr&eacute;ditos se encuentren suspendidos desde la petici&oacute;n formulada en Santa Cruz.
&Eacute;sta es la situaci&oacute;n de la causa, empero atento los intereses en juego, no resultar&iacute;a extra&ntilde;o
que se produzcan nuevas decisiones judiciales
y no est&eacute; dicha por lo tanto, la &uacute;ltima palabra. l
Cita on line: AR/DOC/123/2018
2&ordf; Instancia.- Buenos Aires, diciembre 22 de
II. Recursos de apelaci&oacute;n interpuestos por la
demandada Twitter Inc. a fs. 325 y por el tercero interesado Twitter International Company
a fs. 412/414, contra la resoluci&oacute;n obrante a
fs. 221/224:
II.i.- En el referido pronunciamiento el se&ntilde;or
juez de grado hizo lugar a la medida cautelar
solicitada por la accionante, y dispuso que la demandada Twitter Inc. procediera a eliminar todos los dichos y montajes fotogr&aacute;ficos que se refieren a la actora como “asesina”, “p...”, “jud&iacute;a”
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(puesto que se adjetiva su credo insult&aacute;ndolo),
“lacra”, “no grata”, “cucaracha”, “perra”, “mierda”, aquellos que la acusen de drogadicta y que
le deseen su “muerte”, “sufrimiento” o “dolor” o
que manifiesten “odio”. En igual sentido, orden&oacute;
la supresi&oacute;n de los contenidos que surgen de la
documental obrante a fs. 32 a fs. 174, y las que la
actora individualice en el futuro.
II.ii.-Frente a aquella decisi&oacute;n, Twitter Inc.
y Twitter International Company interpusieron los recursos de apelaci&oacute;n de fs. 325 y
fs. 412/414, los que fueron fundados a fs. 365/379
y fs. 538/545, respectivamente.
En su memorial, la demandada alega que su
entidad no administra los servicios de los usuarios localizados en la Argentina. Sobre este punto, advierte que la plataforma Twitter es operada y soportada por Twitter Inc. —para aquellos
usuarios localizados en los Estados Unidos— y
por Twitter International Company —para los
que se encuentren en cualquier otra parte del
mundo—. Entiende que, en tanto los hechos alegados por la demandante habr&iacute;an ocurrido en
jurisdicci&oacute;n nacional, la acci&oacute;n debe dirigirse a
Twitter International Company, siendo dicha
compa&ntilde;&iacute;a la que puede proceder al bloqueo de
los contenidos en cuesti&oacute;n.
Por otra parte, destaca que lo solicitado por la
se&ntilde;ora V. constituye una medida autosatisfactiva y, como tal, los requisitos para su admisi&oacute;n
deben ser sometidos a un severo escrutinio. En
ese sentido, advierte que el Magistrado de la anterior instancia ha dispuesto la medida judicial,
sin que pueda apreciarse un an&aacute;lisis individual
de cada uno de los tweets cuya eliminaci&oacute;n ordena, pues no consider&oacute;, caso por caso, como
afectar&iacute;an aquellas manifestaciones los derechos de la actora.
A su vez, se&ntilde;ala que no se encuentra acreditado el peligro en la demora como recaudo de
admisibilidad de la tutela reconocida. Sobre
este aspecto, resalta que la actora no inform&oacute;
haber iniciado acciones legales contra ninguna
de las personas que publicaron los contenidos a
los que ella hace referencia, ni dirigido reproche
alguno a los diversos medios que publicaron las
im&aacute;genes que tambi&eacute;n fueran se&ntilde;aladas.
Por otro lado, puntualiza que, por tratarse
de un supuesto donde est&aacute; en juego la libertad
de expresi&oacute;n en internet, la procedencia de lo
solicitado debe ser interpretada de modo restrictivo.
Subsidiariamente, plantea que lo ordenado
por el a quo resulta excesivamente amplio y de
imposible cumplimiento. Desde este enfoque,
argumenta que lo dispuesto en la resoluci&oacute;n recurrida se aparta de los lineamientos sentados
por el M&aacute;ximo Tribunal en el precedente “Rodr&iacute;guez, Mar&iacute;a Bel&eacute;n”. Para aseverar dicho extremo, refiere que la manda judicial debe estar
acompa&ntilde;ada de una inequ&iacute;voca identificaci&oacute;n de
los tweets cuyo bloqueo se ordena, la cual &uacute;nicamente se puede dar entregando el URL, correspondiente a cada tweet. Agrega que su parte no
tiene el deber permanente de monitorear lo que
sus usuarios publican en la red social, sino que
es una carga de quien alega verse da&ntilde;ado por
el contenido que all&iacute; se incluye, la identificaci&oacute;n
de las respectivas URL. Por &uacute;ltimo, cuestiona la
insuficiencia de la notificaci&oacute;n de la medida otorgada, puesto que en su oportunidad no le fue adjuntada la documentaci&oacute;n obrante a fs. 32/174,
en la cual constan los contenidos a eliminar.
Dichos agravios, fueron replicados por la parte actora en su presentaci&oacute;n de fs. 417/423.
Por su parte, Twitter International Company
expone sus cr&iacute;ticas a tenor de lo que surge de la
presentaci&oacute;n obrante a fs. 538/545, mediante la
cual, en sustancia, reproduce los fundamentos
expuestos por Twitter Inc. en el memorial que
luce a fs. 365/379.
Conferido el traslado pertinente, fue replicado por la demandante en los t&eacute;rminos que surgen del escrito obrante a fs. 547/555.
II.iii.- Como aclaraci&oacute;n preliminar, cabe
recordar que los jueces no est&aacute;n obligados a
analizar todos los argumentos articulados por
las partes, sino &uacute;nicamente aquellos que a su
juicio resulten decisivos para la resoluci&oacute;n de
la contienda (Fallos: 276:132; 280:320; 303:2088;
304:819; 305:537 y 307:1121, entre otros). Como
asimismo, que en los t&eacute;rminos en que la cuesti&oacute;n se presenta, este tribunal s&oacute;lo analizar&aacute; las
argumentaciones que resulten adecuadas con el
contexto cautelar en el que fue dictada la resoluci&oacute;n recurrida (confr. Corte Suprema, Fallos:
278:271; 291:390, entre otros).
II.iv.- Sentado ello, corresponde aclarar, en
primer t&eacute;rmino, que los requisitos para la admisi&oacute;n de la tutela solicitada por la se&ntilde;ora V.
deben ser valorados con especial prudencia,
pues no puede perderse de vista, ante todo, los
derechos y garant&iacute;as constitucionales en los que
las partes justifican sus posturas. Por un lado, la
accionante solicita la medida tuitiva con fundamento en la vulneraci&oacute;n de sus derechos personal&iacute;simos a la intimidad y al honor. Por su parte,
la demandada discute la decisi&oacute;n adoptada en
la anterior instancia con sustento, entre otras
cuestiones, en el car&aacute;cter restrictivo con que
debe ser interpretado cualquier acto que constituya una limitaci&oacute;n al derecho a la libertad de
As&iacute; planteada la cuesti&oacute;n, conviene puntualizar que la actividad de la accionada se encuentra amparada por la garant&iacute;a constitucional
de la libertad de expresi&oacute;n (conf. arts. 14 y 32
de la Constituci&oacute;n; art. 13.1 de la Convenci&oacute;n
Americana de Derechos Humanos; art. 1&deg; de la
Ley N&deg; 26.032, Decreto N&deg; 1279/1997). En ese
sentido,el art&iacute;culo 1 de la Ley de Servicio de Internet dispone que “la b&uacute;squeda, recepci&oacute;n y
difusi&oacute;n de informaci&oacute;n e ideas de toda &iacute;ndole,
a trav&eacute;s del servicio de Internet, se considera
comprendido dentro de la garant&iacute;a constitucional que ampara la libertad de expresi&oacute;n”. Por
su parte, el mentado decreto determina que el
servicio de internet “se considera comprendido
dentro de la garant&iacute;a que ampara la libertad de
expresi&oacute;n, correspondi&eacute;ndole en tal sentido las
mismas consideraciones que a los medios de
comunicaci&oacute;n social” (art. 1&deg;). De all&iacute; que ninguna duda existe respecto de que las peticiones relativas a la actividad desarrollada en las
plataformas que brindan las redes sociales deben ser analizadas a la luz de la protecci&oacute;n que
confiere la libertad de expresi&oacute;n como garant&iacute;a
constitucional y la especial valoraci&oacute;n que debe
confer&iacute;rsele a &eacute;sta en sociedades democr&aacute;ticas
(conf. doctrina C.S.J.N. Fallos: 167:121, 248:291,
Sobre esa base, la intervenci&oacute;n estatal —y
esto incluye, claro est&aacute;, a los tribunales— debe
ser particularmente cuidadosa de no afectar
ese derecho, sobre todo ponderando que internet es un medio que pr&aacute;cticamente no reconoce limitaciones materiales para la difusi&oacute;n de
ideas. En este punto, no est&aacute; de m&aacute;s recordar
que la Corte Suprema de nuestro pa&iacute;s ha requerido que toda restricci&oacute;n, sanci&oacute;n o limitaci&oacute;n a
la libertad de expresi&oacute;n debe ser de interpretaci&oacute;n restrictiva y que toda censura previa que
sobre ella se ejerza padece una fuerte presunci&oacute;n de inconstitucionalidad (conf. lo resuelto en
“Rodr&iacute;guez, Mar&iacute;a Bel&eacute;n c. Google Inc. y otro s/
da&ntilde;os y perjuicios”, del 28/10/2014).
Sin embargo, no puede dejar de advertirse
la singular relevancia que los ordenamientos
jur&iacute;dicos contempor&aacute;neos atribuyen a los derechos personal&iacute;simos. El replanteo de la cuesti&oacute;n
inherente a la delimitaci&oacute;n del contenido de la
garant&iacute;a arriba mencionada, no supone renegar la plena vigencia de la libertad de opini&oacute;n
sino postular que esa libertad “... no constituye
un altar en el que pueda inmolarse la dignidad
de las personas” (conf. Tob&iacute;as, Jos&eacute; W. “Derechos personal&iacute;simos y libertad de informaci&oacute;n”
LA LEY, T. 2008-A, Sec. Doctrina p. 621, con
remisi&oacute;n a las reflexiones de Ram&oacute;n D. Pizarro
en “Responsabilidad civil de los medios masivos
de comunicaci&oacute;n”, Ed. Hammurabi, p. 38). En
ese sentido, el criterio de ponderaci&oacute;n deber&aacute;
estar dado, por la ausencia de expresiones es-
tricta e indudablemente injuriantes y que manifiestamente carezcan de relaci&oacute;n con las ideas u
opiniones que se expongan. Dicho de otro modo,
no hay un derecho al insulto, a la vejaci&oacute;n gratuita e injustificada (conf. C.S.J.N. “Amarilla”,
Fallos: 321:2558, Considerando 13) del voto del
Dr. Petracchi).
En consonancia con lo expuesto, se advierte
que si bien la libertad de expresi&oacute;n es un valor
de incalculable importancia en toda sociedad
democr&aacute;tica, su ejercicio no merece protecci&oacute;n
cuando por su medio se lesionan injustamente
los derechos de particulares. Al igual que todos
los derechos consagrados en nuestra Constituci&oacute;n Nacional, esta libertad no es absoluta, sino
que debe practicarse conforme a las leyes que
reglamentan su ejercicio, las que con car&aacute;cter
general vedan todos aquellos actos que ocasionan perjuicios a terceros (arg. arts. 14 y 19 de
la CN, conf. Vibes, Federico “Internet y privacidad”, LA LEY, 2000-D, 1018). De este modo,
no cabe mantener la pasividad ante agresiones
volcadas en Internet, pues la tutela que merecen la intimidad, el honor, la identidad, como as&iacute;
tambi&eacute;n la proscripci&oacute;n de actos discriminatorios, tambi&eacute;n alcanzan a la difusi&oacute;n informativa
y expresi&oacute;n de pensamiento realizadas por dicho medio (conf. Zavala de Gonz&aacute;lez, Matilde
“Tratado de da&ntilde;os a las personas. Da&ntilde;os a la
dignidad”, T. II, p. 316/317).
Por ello, en supuestos como el de autos, de
lo que se trata es de armonizar la libertad de
opini&oacute;n con el derecho constitucional a la tutela
judicial efectiva y con el derecho personal&iacute;simo
involucrado, demarcando sus esferas de funcionamiento razonable (conf. Tob&iacute;as, Jos&eacute; W.,
op. cit. p. 629).
Como consecuencia de lo expuesto, los alcances que deben confer&iacute;rsele a la garant&iacute;a de la
libertad de expresi&oacute;n deben ser ponderados a la
luz de la protecci&oacute;n que merece la dignidad humana como derecho fundamental consagrado
en el art&iacute;culo 11, inciso 1, de la Convenci&oacute;n Americana sobre Derechos Humanos, que integra
el contexto de normativa convencional constitucionalizada por el art&iacute;culo 75, inciso 22, de la
Constituci&oacute;n Nacional. No est&aacute; de m&aacute;s recordar, que aquel derecho ha sido reconocido expresamente en el C&oacute;d. Civ. y Com. de la Naci&oacute;n,
en el T&iacute;tulo 1 de la Parte General referido a la
“Persona Humana”. All&iacute;, el Cap&iacute;tulo 3 destinado
a regular “Derechos y actos personal&iacute;simos”,
comienza su articulado disponiendo que “La
persona humana es inviolable y en cualquier
circunstancia tiene derecho al reconocimiento
y respeto de su dignidad” (art. 51) y que, ante
afecciones a ese derecho, “La persona humana
lesionada en su intimidad personal o familiar,
honra o reputaci&oacute;n, imagen o identidad, o que
de cualquier otro modo resulte menoscabada
en su dignidad personal, puede reclamar la prevenci&oacute;n y reparaci&oacute;n de los da&ntilde;os sufridos...”
(art. 52). De lo expuesto se colige el reconocimiento de una dignidad que corresponde a cada
ser humano por el s&oacute;lo hecho de serlo y en la
que se fundan todos los derechos personal&iacute;simos (conf. Lorenzetti, Ricardo L. “C&oacute;digo Civil
y Comercial de la Naci&oacute;n. Comentado” T. I, Ed.
Rubinzal - Culzoni Editores, p. 276).
En lo que aqu&iacute; interesa, el uso de Internet
—ya sea mediante la utilizaci&oacute;n de motores de
b&uacute;squeda, blogspots o redes sociales—, no lleg&oacute;
a determinar el surgimiento de nuevos da&ntilde;os a
la dignidad, pero s&iacute; de nuevos soportes y t&eacute;cnicas que sit&uacute;an los derechos de las personas en
una perspectiva inusitada de afectaci&oacute;n, porque
el efecto multiplicador de la red y su consecuente tr&aacute;fico de informaci&oacute;n guarda relaci&oacute;n con la
propagaci&oacute;n del da&ntilde;o (conf. Zavala de Gonz&aacute;lez, Matilde op. cit. p. 328).
Por ello, cuando por medio de actividades desplegadas en la red se menoscaba la
dignidad del sujeto mediante lesiones a los
derechos relacionados al &aacute;mbito de la denominada integridad espiritual de la persona
(intimidad, honor, imagen e identidad), cobra
relevancia la tutela judicial preventiva para
evitar el da&ntilde;o o hacerlo cesar.
Sobre este punto, cuando la petici&oacute;n de tutela
judicial se encuentra dirigida a la eliminaci&oacute;n de
contenidos o comentarios en una red social, habr&aacute; de determinarse, en cada caso concreto, la
procedencia de la medida pretendida. Para ello,
debe ponderarse primordialmente las garant&iacute;as
que se encuentran en juego, como as&iacute; tambi&eacute;n
si se configura —prima facie— la lesi&oacute;n al derecho que se invoca. En otras palabras, no se
trata de suprimir el libre intercambio de ideas,
opiniones o cr&iacute;ticas que puedan ser formuladas
por los terceros usuarios de una red social, en la
medida que se trata de una prerrogativa que se
encuentra amparada por el derecho a la libertad de expresi&oacute;n. Mas ello no puede traducirse
en una autorizaci&oacute;n indiscriminada y abusiva
de conductas nocivas, cuando los dichos cuestionados se traducen en expresiones que comportan insultos, agresiones, ofensas, vejaciones,
acciones discriminatorias o violentas.
II.v.- Partiendo de estas premisas, corresponde examinar los agravios volcados por la
demandada y el tercero interesado, en cuanto
refieren a que, en el sub lite, no se encuentran
acreditados los requisitos de procedencia de la
medida preventiva solicitada por se&ntilde;ora V.
En primer t&eacute;rmino, respecto de la verosimilitud en el derecho, a juicio de esta Sala, este
recaudo se encuentra satisfecho. Para ello, s&oacute;lo
basta reiterar que la demandante es titular de
los derechos personal&iacute;simos en los que justifica
el pedido de que se dicte la medida judicial (intimidad y honor), y los que entiende lesionados
con la divulgaci&oacute;n de comentarios con improperios, dichos violentos y manifestaciones discriminatorias. Entre otras cuestiones, puntualiza
aquellos que contienen expresiones tales como
“asesina”, “p...”, “jud&iacute;a” (puesto que adjetivan su
credo insult&aacute;ndolo), “lacra”, “no grata”, “perra”,
“cucaracha”, “mierda”, otros que la acusan de
drogadicta o buscan su muerte, “sufrimiento”,
“dolor” o que manifiestan odio (v. fs. 175vta./176,
punto IV, 2).
En efecto, las impresiones adjuntadas a la
demanda dan cuenta de las manifestaciones
volcadas en la red social Twitter a las que hace
alusi&oacute;n la accionante, y en las cuales se encuentra mencionada por su nombre (“V. V.” o “V.”)
o por el usuario adoptado en la referida plataforma virtual (...) (v. fs. 32/174). Por ello, m&aacute;s
all&aacute; de las consideraciones particulares que
merezcan los alcances de la medida recurrida
—extremo que tambi&eacute;n ser&aacute; abordado por este
Tribunal—, lo cierto es que de aquellas constancias se corroboran expresiones que exceden las
opiniones o cr&iacute;ticas que deben ser toleradas por
la Se&ntilde;ora V. —incluso, por tratarse de una persona con cierta notoriedad en la sociedad—. De
este modo, esas expresiones redundan en insultos, agresiones, dichos discriminatorios y manifestaciones que incentivan a la violencia hacia
su persona, y cuya proyecci&oacute;n agraviante en el
derecho al honor y la dignidad de la accionante,
resultan determinantes al momento de considerar la procedencia de la tutela requerida.
En igual sentido, tampoco puede prosperar
la queja relativa a la ausencia del peligro en la
demora, como requisito de admisibilidad de la
medida peticionada. Ello as&iacute;, pues no debe soslayarse que la protecci&oacute;n preventiva de derechos personal&iacute;simos injustamente lesionados,
requiere hacerse efectiva sin dilaciones.
En lo que a este aspecto de la cuesti&oacute;n se
refiere, debe meritarse, incluso, que el modo
en que opera el tr&aacute;fico del contenido que se encuentra disponible en Internet —casi sin reconocer limitaciones de tiempo y lugar— permite
la propagaci&oacute;n exponencial, repotencializ&aacute;ndose la lesi&oacute;n causada a la integridad espiritual de
la demandante, en la medida que los contenidos
sigan disponibles en la plataforma en la que se
encuentran alojados. Dicho de otro modo, la
omisi&oacute;n de medidas puede reputarse como coadyuvante de la nocividad, cuando la inmediatez y m&aacute;xima propagaci&oacute;n en Internet tornan
dirimente el logro de m&aacute;xima velocidad en la remoci&oacute;n de contenidos agraviantes (conf. Zavala
de Gonz&aacute;lez, Matilde, op. cit. p. 434).
Lunes 5 de febrero de 2018 | 11
Por todo lo expuesto, corresponde desechar
los agravios expuestos por Twitter Inc. y por
Twitter International Company, respecto de la
falta de configuraci&oacute;n de los presupuestos necesarios para el dictado de la medida solicitada,
m&aacute;xime teniendo en cuenta que ellos han sido
valorados por este Tribunal con el criterio riguroso con el que se debe evaluar su admisibilidad
en supuestos como el que aqu&iacute; se trata.
II.vi.- Habi&eacute;ndose arribado a id&eacute;ntica soluci&oacute;n que el Magistrado de la anterior instancia
con relaci&oacute;n a la procedencia de la tutela preventiva solicitada por la demandante, corresponde adentrarse en los agravios relativos a los
alcances con los que aquella manda judicial fue
Sobre este punto, dos son las cuestiones a abordar que se relacionan con las quejas que la accionada formula al respecto. Por un lado, sostiene
que el a quo ha ordenado la eliminaci&oacute;n de todos
los tweets acompa&ntilde;ados en la documental obrante a fs. 32/174, sin formular un an&aacute;lisis de en qu&eacute;
medida cada uno de ellos menoscaba los derechos
de la peticionante. Asimismo, cuestiona la admisi&oacute;n de una medida gen&eacute;rica en orden a la supresi&oacute;n de contenidos, por considerar que aquello se
aparta de lo dispuesto por el M&aacute;ximo Tribunal en
el precedente “Rodr&iacute;guez, Mar&iacute;a Bel&eacute;n”.
Con relaci&oacute;n a la primera de las cr&iacute;ticas, es
del caso se&ntilde;alar que la lectura de la documentaci&oacute;n acompa&ntilde;ada por la se&ntilde;ora V. a fs. 32/174,
dan cuenta de que el tenor de las expresiones
vertidas resultan agraviantes, insultantes y
hasta en algunos casos incluyen amenazas y
actos de discriminaci&oacute;n hacia la actora. Sin necesidad de formular una transcripci&oacute;n integral
de cada uno de los contenidos que conforman
la referida prueba instrumental, lo cierto es
que su sola compulsa permite determinar la
nocividad de los dichos respecto de los derechos de la actora. Por lo dem&aacute;s, debe destacarse que aquellas adjetivaciones respecto de
la accionante y las reiteradas expresiones de
“odio” hacia su persona que se verifican en las
impresiones glosadas, tampoco se ajustan a las
reglas de funcionamiento de la red social, en
cuanto espec&iacute;ficamente prev&eacute;n las “pol&iacute;ticas
relativas a las conductas de incitaci&oacute;n al odio”,
como modo de evitar actos de acoso a personas, a trav&eacute;s de amenazas de violencia, calumnias, ep&iacute;tetos, tropos racistas o sexistas u otro
tipo de contenido que se utilice para degradar
a otra persona (v. fs. 21).
En raz&oacute;n de ello, corresponde confirmar la
resoluci&oacute;n cuestionada en cuanto dispuso a la
demandada la eliminaci&oacute;n de los dichos y fotomontajes indicados en la documental obrante a
fs. 32/174.
Ahora bien, distinta soluci&oacute;n debe adoptarse
con relaci&oacute;n a lo ordenado por el juez de grado
respecto de aquellos dichos que relacionan el
nombre de la actora con las palabras ya indicadas y que no se encuentran individualizados en
la documental adjuntada. Ello as&iacute;, en la medida
que reposa en cabeza de la propia accionante
identificar, en cada caso, los contenidos que
estima lesivos y solicitar, puntualmente, el bloqueo de los tweets respectivos.
Desde esta perspectiva, no puede imponerse
una obligaci&oacute;n indiscriminada y abierta hacia
la demandada de “monitorear” los contenidos,
puesto que su procedencia lo erigir&iacute;a en una
suerte de censor privado, al margen de la dificultad de filtrar determinados mensajes no
individualizados previamente (conf. Zavala de
Gonz&aacute;lez, Matilde, op. cit. p. 432).
Sin perjuicio de advertir las diferencias existentes entre el funcionamiento de los motores
de b&uacute;squeda y las redes sociales, lo cierto es
que la soluci&oacute;n a la que aqu&iacute; se arriba es la que
mejor se ajusta a la jurisprudencia del fuero
en cuanto a los alcances que corresponde confer&iacute;rseles a las medidas cautelares dictadas
contra los proveedores de servicios en internet. S&oacute;lo debe recordarse que, tras verificarse
la dificultad de determinar el cumplimiento de
las medidas cautelares dictadas sobre bases
amplias ante el dinamismo del medio digital, se
ha limitado la extensi&oacute;n de la tutela poniendo
en cabeza de los pretensores la denuncia de los
sitios —URLS— cuya vinculaci&oacute;n solicita que
se bloqueen (conf. esta Sala, causa “Nara Wanda c. Yahoo de Argentina SRL y otros s/ da&ntilde;os
y perjuicios”, del 30/11/2010; Sala I, “Slapka P&iacute;a
c. Yahoo de Argentina SRL y otros s/ da&ntilde;os y
perjuicios”, del 31/8/2010; Sala III “Garc&iacute;a Cornejo c. Yahoo de Argentina SRL y otros s/ da&ntilde;os y perjuicios”, del 14/4/2011).
Por &uacute;ltimo, corresponde formular una &uacute;ltima
aclaraci&oacute;n en orden a las manifestaciones volcadas por la recurrente con relaci&oacute;n a la falta de
individualizaci&oacute;n de las URLs, relativas a cada
uno de los tweets. En ese sentido, s&oacute;lo basta
mencionar que en tanto aquel extremo resulta
de f&aacute;cil constataci&oacute;n para la empresa proveedora del servicio, pues as&iacute; lo ha puntualizado en su
expresi&oacute;n de agravios —v. fs. 374, segundo p&aacute;rrafo—, el hecho de que la demandante identifique los contenidos injuriosos mediante las copias acompa&ntilde;adas sin denunciar las URLs, no
constituye obst&aacute;culo alguno para la admisi&oacute;n de
la tutela ordenada.
Por todo lo hasta aqu&iacute; expuesto, corresponde
hacer lugar parcialmente a los recursos interpuestos por Twitter Inc. y por Twitter International Company interpuestos a fs. 325 y 412/414, y
modificar los alcances de la medida dictada en la
anterior instancia, en los t&eacute;rminos que surgen de
este Considerando. Las costas de Alzada devengadas con relaci&oacute;n a estos recursos, deber&aacute;n ser
soportadas por su orden, atendiendo al resultado
de los recursos, como as&iacute; tambi&eacute;n lo novedoso de
la cuesti&oacute;n planteada (art. 68, segundo p&aacute;rrafo,
del C&oacute;d. Proc. Civ. y Com. de la Naci&oacute;n).
III. Recursos de apelaci&oacute;n interpuestos en
subsidio por la demandada Twitter Inc. a fs. 383
y por la actora a fs. 389/393, contra la resoluci&oacute;n
obrante a fs. 328:
III.i.- En la providencia obrante a fs. 328, el
Magistrado de la anterior instancia intim&oacute; a la
accionada para que en el t&eacute;rmino de cinco d&iacute;as,
de cumplimiento con la medida cautelar dictada a fs. 221/4, bajo apercibimiento de aplicar la
suma de $1.500, en concepto de astreintes, por
cada d&iacute;a de retardo a computarse a partir del
vencimiento del plazo antes referido.
Dicha decisi&oacute;n, motivo el recurso de revocatoria con apelaci&oacute;n en subsidio deducido por la
accionante a fs. 383. En sustancia, la recurrente
se queja del monto al que asciende la multa dispuesta, por considerar que aquella suma resulta
reducida si se tiene en cuenta el incumplimiento
en el que incurri&oacute; la demanda. En raz&oacute;n de ello,
solicita su elevaci&oacute;n a la suma de $10.000 por
cada tweet vigente que lesiona los derechos de
la peticionante.
Aquellos agravios fueron replicados por
Twitter Inc. en punto II de fs. 425vta./426.
Por su parte, la demandada cuestiona la
decisi&oacute;n del a quo en su presentaci&oacute;n obrante
a fs. 389/393. Entre otras cuestiones, reitera
que su parte no administra los servicios de los
usuarios localizados en Argentina. Asimismo, advierte que la manda judicial resulta de
imposible cumplimiento en tanto corresponde a la actora indicar cada uno de los URL correspondiente a los tweets cuya eliminaci&oacute;n
pretende, a fin de que el Juez interviniente
analice los mismos uno por uno y determine
si efectivamente afectan los derechos por
ella invocados. Por otra parte, con relaci&oacute;n a
los contenidos que da cuenta la documental
adjuntada a fs. 32/174, al margen de advertir
que tampoco se han identificado los URL de
cada tweet en cuesti&oacute;n, refiere que su parte
siquiera ha tomado conocimiento de aquellas
constancias. Por &uacute;ltimo, reitera sus cr&iacute;ticas
en orden a la amplitud de los alcances de la
medida dispuesta en la anterior instancia.
La referida presentaci&oacute;n, no mereci&oacute; r&eacute;plica
alguna por parte de la demandante.
III.ii.- En primer t&eacute;rmino, corresponde se&ntilde;alar que asiste raz&oacute;n a la demandada en cuanto
a que en la notificaci&oacute;n cursada en la anterior
instancia respecto de la medida dictada, se
omiti&oacute; acompa&ntilde;ar las copias pertinentes de la
documental obrante a fs. 32/174. Aquella circunstancia se desprende de la copia del exhorto
diplom&aacute;tico que luce a fs. 236/237, en el cual no
se verifica que a la diligencia practicada se hayan adjuntado las constancias de los contenidos
cuya eliminaci&oacute;n fuera ordenada por el a quo.
En raz&oacute;n de lo expuesto, y teniendo en cuenta
que mediante el dictado de la presente resoluci&oacute;n se han precisado los alcances de la medida dispuesta por el juez de grado, subsistiendo
&uacute;nicamente la orden de supresi&oacute;n de los contenidos que surgen de las referidas constancias y
que aquellas, hasta el momento, no le han sido
notificadas a la accionada, corresponde dejar
sin efecto el auto de intimaci&oacute;n de fs. 328. Por
tal motivo, se deber&aacute; dar cumplimiento con lo
aqu&iacute; dispuesto en el plazo de diez d&iacute;as, los que
comenzar&aacute;n a computarse una vez que la demandante anoticie a la accionada y al tercero interesado, en debida forma, adjunt&aacute;ndose copia
de la instrumental obrante a fs. 32/174, siendo
que la referida diligencia deber&aacute; ser practicada
pronunciamiento del Tribunal sobre los agravios planteados contra la decisi&oacute;n obrante a
fs. 328, sin perjuicio de las peticiones que eventualmente pudiera formular la parte actora, en
caso de que la demandada no diera observancia
con lo que aqu&iacute; se dispone. Las costas devengadas con relaci&oacute;n a los recursos interpuestos
en subsidio a fs. 383 y a fs. 389/393, se imponen
en el orden causado atendiendo al modo en que
se resuelve (art. 68, segundo p&aacute;rrafo, del C&oacute;d.
Proc. Civ. y Com. de la Naci&oacute;n).
En virtud de lo expuesto y o&iacute;do al Ministerio P&uacute;blico Fiscal, este Tribunal resuelve:
a) Hacer lugar parcialmente a los recursos
interpuestos por Twitter Inc. y por Twitter
International Company interpuestos a fs. 325
y 412/414, y modificar los alcances de la medida dictada a fs. 221/224, en los t&eacute;rminos que
surgen del Considerando II (esp. Ap. vi) de la
presente. Las costas de Alzada devengadas
con relaci&oacute;n a estos recursos, deber&aacute;n ser
soportadas por su orden, atendiendo al resultado de los recursos, como as&iacute; tambi&eacute;n lo novedoso de la cuesti&oacute;n planteada (art. 68, segundo p&aacute;rrafo, del C&oacute;d. Proc. Civ. y Com. de
la Naci&oacute;n); b) Declarar inoficioso el pronunciamiento con relaci&oacute;n a los recursos interpuestos en subsidio a fs. 383 y a fs. 389/393 e
imponer las costas en el orden causado atendiendo al modo en que se resuelve (art. 68,
segundo p&aacute;rrafo, del C&oacute;d. Proc. Civ. y Com.
de la Naci&oacute;n). Reg&iacute;strese, notif&iacute;quese y al
Sr. Fiscal General en su despacho y devu&eacute;lvase. — Alfredo S. Gusman. — Ricardo V. Guarinoni. — Eduardo D. Gottardi.
Justa causa. Encargada de local comercial.
Ausencia injustificada. Numerosas faltas
Hechos: El juez de primera instancia hizo lugar parcialmente a la demanda orientada al
cobro de indemnizaciones por despido y otros
cr&eacute;ditos de naturaleza laboral; para as&iacute; decidir, luego de valorar las pruebas producidas y
los antecedentes del caso, concluy&oacute; que el despido dispuesto por la demandada fue ajustado a
derecho por haberse demostrado los incumplimientos endilgados a la trabajadora. La sentencia fue apelada y la C&aacute;mara la confirm&oacute;.
El incumplimiento endilgado al trabajador
revisti&oacute; la entidad suficiente como para decidir el despido, ya que en virtud de la prue-
ba testimonial se demostr&oacute; la ausencia injustificada y, dada su calidad de encargado,
no pod&iacute;a desconocer las formalidades y el
procedimiento de las licencias del personal
dentro de la sucursal, por lo que su actitud
de solicitarla sin antelaci&oacute;n y no comparecer a trabajar, aun cuando aqu&eacute;lla no fue autorizada, es indicativo de una mala fe de su
parte, contraria a lo normado por el art. 63
de la LCT, m&aacute;xime teniendo en cuenta que
la accionante no pod&iacute;a ignorar las consecuencias de su ausencia en lo atinente a la
apertura del local, sumado a que su subordinada ya hab&iacute;a peticionado licencia para el
mismo d&iacute;a.
120.784 — CNTrab., sala I, 29/11/2017. - De Bia-
sio, Carla P. c. Telcom Ventures de Argentina
SA s/ despido.
[Cita on line: AR/JUR/85889/2017]
2&ordf; Instancia.- Buenos Aires, noviembre 29
I. La Sra. jueza de primera instancia hizo
lugar parcialmente a la demanda orientada al
cr&eacute;ditos de naturaleza laboral. Para as&iacute; decidir,
luego de valorar las pruebas producidas y los
antecedentes del caso, concluy&oacute; que el despido dispuesto por la demandada fue ajustado a
derecho por haberse demostrado los incumplimientos endilgados a la trabajadora.
II. Tal decisi&oacute;n es apelada por ambas partes
a tenor de las manifestaciones vertidas en las
memorias de fs. 240/243 y fs. 244/247.
III. Tratar&eacute; en primer t&eacute;rmino el recurso interpuesto por la parte actora quien postula la
revisi&oacute;n global de la decisi&oacute;n. Adelanto que, por
mi intermedio, el recurso interpuesto no tendr&aacute;
favorable recepci&oacute;n.
Llega firme a esta instancia que la Sra. Di
Biasio, quien se desempe&ntilde;aba como encargada
de uno de los locales comerciales de la demandada desde mayo de 2008, fue despedida el
26/04/2013 “...atento sus reiteradas faltas disciplinarias consistentes y derivadas en apercibimiento con fecha 19/01/2013 por no proceder a
la apertura del local comercial de la empresa a
su cargo, llamado de atenci&oacute;n verbal con fecha
22/01/2013 por denuncia incoada por empleada
de la empresa a Ud. subordinada Sra. A. P. por
maltrato hacia su persona, apercibimiento con
fecha 13/03/2013 ante la negativa a evacuar su
lugar de trabajo... durante simulacro de evacuaci&oacute;n..., fuerte llamado de atenci&oacute;n verbal con
fecha 13/04/2013 por nueva denuncia presentada por empleada de la empresa Sra. A. P. por
maltrato hacia su persona ante el sector de Recursos Humanos... y habi&eacute;ndose ausentado sin
aviso e injustificadamente con fecha 25/04/2013
y como consecuencia de ello qued&oacute; nuevamente
sin abrir el local comercial...” (fs. 121).
Tales incumplimientos fueron notificados a
la trabajadora mediante acta notarial celebrada oportunamente el 19/04/2013 (fs. 100/102) la
cual no fue impugnada por la trabajadora. S&oacute;lo
rechaz&oacute; y efectu&oacute; su descargo respecto del incumplimiento del d&iacute;a 19/01/2013 conforme surge del telegrama de fs. 115.
Cabe recordar, conforme ha resuelto esta
sala en un caso de aristas similares (“Parpagnoli, M&aacute;ximo c. Gobierno de la Ciudad Aut&oacute;noma
de Buenos Aires s/ sumar&iacute;simo”, SD 89052 del
15/08/2013, del Registro de esta sala) que no
todo acto de incumplimiento constituye causa
de denuncia del contrato de trabajo, sino s&oacute;lo
aquel que puede configurar injuria. El concepto
de injuria es espec&iacute;fico del derecho del trabajo y
consiste en un acto contra derecho y espec&iacute;ficamente contra el derecho de otro. Para erigirse
en justa causa de despido el obrar contrario a
derecho (que es injuria) debe asumir cierta
magnitud, suficiente para desplazar del primer
12 | Lunes 5 de febrero de 2018
plano el principio de conservaci&oacute;n del contrato.
La valoraci&oacute;n de la injuria debe realizarse teniendo en cuenta los par&aacute;metros de causalidad,
proporcionalidad y oportunidad.
En el caso, corresponde analizar si la ausencia injustificada del 25/04/2013 y por ende, la
imposibilidad de apertura del local, constituy&oacute;
injuria suficiente que impidi&oacute; la prosecuci&oacute;n del
v&iacute;nculo en los t&eacute;rminos del art. 242 de la LCT.
Estimo que, en el caso, ello fue demostrado por
la accionada. Digo esto porque los testigos que
su parte aport&oacute;, brindaron precisiones acerca
de los hechos que llevaron a tomar la decisi&oacute;n
de extinguir el v&iacute;nculo, por lo que, trat&aacute;ndose de
personas que tuvieron un conocimiento directo
de los hechos en debate, gozan de pleno valor
convictivo (art. 386, C&oacute;d. Proc. Civ. y Com. de la
Naci&oacute;n). En efecto, el testigo D. L. —gerente de
todas las sucursales— manifest&oacute; que la actora
hab&iacute;a solicitado un compensatorio de horas a
destiempo, que avis&oacute; el d&iacute;a anterior que se iba
a tomar horas, que le avis&oacute; al dicente, pero que
no estaban autorizadas, adem&aacute;s sabiendo que la
empleada que la Sra. De Biasio ten&iacute;a a su cargo
—A. P.— no concurrir&iacute;a a trabajar ese mismo
S&iacute;ganos en
d&iacute;a, la actora como encargada no pod&iacute;a programar ninguna licencia ya que deb&iacute;a abrir el local,
que para solicitar el compensatorio de horas,
deb&iacute;a pedirlo por escrito con anticipaci&oacute;n para
poder programar la actividad del local. Dijo
adem&aacute;s que la relaci&oacute;n de la actora con los superiores era siempre conflictiva dado que cuestionaba permanentemente las tareas y la forma
en que deb&iacute;a realizarlas, que las sanciones all&iacute; se
notificaban por escrito pero que la actora siempre se negaba a firmarlas y hacer el descargo
y por eso hubo que notificarlas por carta documento que no recibi&oacute;, y luego se le notificaron
ante escribano en la empresa. Asimismo agreg&oacute; que la accionante le hab&iacute;a pedido esas horas
para no ir a trabajar ese d&iacute;a pero que el dicente
no se las autoriz&oacute; porque no ten&iacute;a arreglado la
actora misma qui&eacute;n m&aacute;s pod&iacute;a abrir el local ya
que A. P. hab&iacute;a solicitado el permiso para no ir a
trabajar tambi&eacute;n, que la actora le hab&iacute;a mandado mail pidiendo las horas y el dicente la llam&oacute;
por tel&eacute;fono para decirle que no, porque la Sra.
P. no iba a ir a trabajar (fs. 199). Asimismo, los
testimonios de B. (excompa&ntilde;ero), Q. (jefe directo de la actora), A. P. (subordinada de la actora) y F. P. (empleada de Recursos Humanos)
—fs. 197, fs. 198, fs. 202 y fs. 204, respectivamente— corroboraron en mayor o menor medida lo
mismo que dijo el testigo D. L. y dieron cuenta
de la mala relaci&oacute;n que ten&iacute;a la accionante tanto
con la Sra. P. como con el resto de los dependientes, incluso sus jefes directos y dem&aacute;s autoridades de la empresa.
Analizadas tales declaraciones en conjunto
con las restantes pruebas de la causa, encuentro demostrada la ausencia injustificada de la
trabajadora del d&iacute;a 25/04/2013, m&aacute;xime teniendo en cuenta la inexistencia de prueba que desvirt&uacute;e los dichos de los declarantes citados.
Tengo para m&iacute; que la Sra. De Biasio, dada su
calidad de encargada, no pod&iacute;a desconocer las
formalidades y el procedimiento de las licencias
del personal dentro de la sucursal, por lo que su
actitud de solicitarla sin antelaci&oacute;n y no comparecer a trabajar aun cuando la misma no fue
autorizada, es indicativo de una mala fe de su
parte contraria a lo normado por el art. 63 de la
LCT, m&aacute;xime teniendo en cuenta que la accionante no pod&iacute;a ignorar las consecuencias de su
ausencia en lo atinente a la apertura del local,
sumado a que su subordinada ya hab&iacute;a peticionado licencia para el mismo d&iacute;a.
A mi modo de ver, el incumplimiento endilgado revisti&oacute; la entidad suficiente como para decidir el despido. Resultan asimismo insoslayables
los antecedentes desfavorables de la trabajadora (faltas injustificadas y sanciones disciplinarias ya rese&ntilde;adas y reconocidas por la actora)
y su mala relaci&oacute;n con su subordinada y dem&aacute;s
dependientes, pues los mismos, s&oacute;lo pueden
servir de apoyo a un despido si existe un &uacute;ltimo
hecho que pueda ser utilizado como causa inmediata y directa de la decisi&oacute;n (SCBA, 09/11/1976,
DT 37-455, CNAT ). Es decir que, mientras el
hecho detonante no se verifique, los antecedentes no pueden ser analizados porque o no han
merecido sanci&oacute;n o han sido perdonados y pretender hacerlos valer sin un hecho “detonante”
afectar&iacute;a el principio de la simultaneidad entre
la injuria y la sanci&oacute;n, todo lo cual no sucede en
el caso ya que fue verificada la ausencia de la
Sra. Di Biasio y la consecuente imposibilidad de
apertura del local del d&iacute;a 25/04/2013, injuria que
sumada a los antecedentes mencionados, result&oacute; susceptible de impedir la prosecuci&oacute;n del
v&iacute;nculo, por ello, la medida disolutoria dispuesta
deviene justificada (art. 242, LCT).
Lo dicho torna abstracto el tratamiento del
cuestionamiento relacionado con la falta de impugnaci&oacute;n del acta notarial de fs. 100/102 toda
vez que lo que primaba en el caso era demostrar y analizar el incumplimiento detonante del
despido, el cual, como se dijo, constituy&oacute; injuria
suficiente en los t&eacute;rminos del art. 242, LCT.
En otro orden de ideas, se&ntilde;alo que la base
salarial tomada para el c&aacute;lculo de la multa prevista por el art. 80 de la LCT ($ 8.360,49) es correcta y es la que surge de lo informado por el
perito contador, quien tuvo a la vista los recibos
y registros de la demandada, suma que adem&aacute;s
coincide con los recibos obrantes en autos. La
suma que pretende el apelante que sea considerada no surge de ninguna probanza de la causa,
ni tampoco el quejoso explica c&oacute;mo arriba a tal
cuantificaci&oacute;n por lo que el agravio deber&aacute; ser
desestimado (art. 116, LO).
IV. El recurso interpuesto por la demandada
no prosperar&aacute;.
Corresponde confirmar la procedencia del
recargo previsto por el art. 80 de la LCT toda
vez que la actora cumpliment&oacute; el requisito
formal de intimaci&oacute;n al empleador previsto por el art. 3&deg; del dec. 146/2001 sin que la
demandada diera cumplimiento con su obligaci&oacute;n. El argumento de que los certificados
fueron puestos a disposici&oacute;n y la trabajadora
no concurri&oacute; a retirarlos, no resulta procedente, dado que los instrumentos acompa&ntilde;ados a fs. 85/95 no fueron confeccionados
dentro del plazo legal. N&oacute;tese que la fecha de
certificaci&oacute;n bancaria es el 14/07/2015 (fs. 95)
—m&aacute;s de dos a&ntilde;os de la extinci&oacute;n— lo que es
indicativo de que los certificados previstos en
la norma nunca estuvieron verdaderamente
a disposici&oacute;n de la trabajadora como fuera
comunicado v&iacute;a postal.
Tampoco prosperar&aacute; la queja relacionada
con la procedencia del salario del mes de abril
de 2013, dado que la accionada no acredit&oacute; la
cancelaci&oacute;n de dicho importe tal como lo establece el art. 138 de la LCT, resultando insuficiente lo informado por el perito contador a tal fin.
En s&iacute;ntesis, por todo lo hasta aqu&iacute; dicho, sugiero que la sentencia quede al abrigo de revisi&oacute;n.
V. Respecto del cuestionamiento en torno a
la distribuci&oacute;n de las costas y en atenci&oacute;n a la
forma en que ha sido resuelta la cuesti&oacute;n en
esta Alzada, los planteos recursivos no alcanzan para modificar la soluci&oacute;n adoptada en la
instancia anterior, por lo que sugiero se confirme aunque las correspondientes a esta Alzada,
dado el resultado obtenido en los respectivos
recursos, propongo se declaren en el orden
causado (art. 68, 2&deg; p&aacute;rr., C&oacute;d. Proc. Civ. y Com.
de la Naci&oacute;n). Sugiero que se regulen los honorarios de los profesionales firmantes de los escritos dirigidos a esta C&aacute;mara en el 25% y 25%,
respectivamente, de la suma que les corresponda percibir a cada uno de ellos por la totalidad
de lo actuado en la instancia anterior (art. 14,
VI. Por &uacute;ltimo, teniendo en cuenta el m&eacute;rito, calidad, eficacia y extensi&oacute;n de los trabajos
cumplidos, el resultado del pleito y lo normado
por el art. 38 de la LO y disposiciones arancelarias de aplicaci&oacute;n (arts. 1&deg;, 6&deg;, 7&deg;, 8&deg;, 9&deg;, 19 y
37 de la ley 21.839 y art. 3&deg;, incs. b] y g] del dec.
16.638/1957), considero que los honorarios cuestionados lucen adecuados por lo que sugiero
VII. Por lo expuesto, propongo en este voto:
1) Confirmar la sentencia apelada en cuanto ha
sido materia de recurso y agravios, 2) Imponer
las costas de Alzada en el orden causado (art. 68,
2&deg; p&aacute;rr., C&oacute;d. Proc. Civ. y Com. de la Naci&oacute;n); 3)
Regular los honorarios de los letrados firmantes
de los escritos dirigidos a esta C&aacute;mara en el 25%
y 25% de lo que le fue regulado a cada uno por su
actuaci&oacute;n en la instancia anterior (arts. 6&deg; y 14,
ley 21.839, y dec. 16.638/1957).
La doctora Gonz&aacute;lez dijo:
A m&eacute;rito de lo que resulta del precedente
acuerdo, se resuelve: 1) Confirmar la sentencia apelada en cuanto ha sido materia de
recurso y agravios, 2) Imponer las costas de
Alzada en el orden causado (art. 68, 2&deg; p&aacute;rr.,
C&oacute;d. Proc. Civ. y Com. de la Naci&oacute;n); 3) Regular los honorarios de los letrados firmantes
de los escritos dirigidos a esta C&aacute;mara en el
25% y 25% de lo que le fue regulado a cada
uno por su actuaci&oacute;n en la instancia anterior
(arts. 6&deg; y 14, ley 21.839, y dec. 16.638/1957), 4)
H&aacute;gase saber a las partes que, de conformidad con lo establecido en las Ac. 11/2014 de fecha 29/04/2014 y 3/2015 de fecha 19/02/2015
de la CS, deber&aacute;n adjuntar copias digitalizadas de las presentaciones que efect&uacute;en, bajo
apercibimiento de tenerlas por no presentadas. Reg&iacute;strese, notif&iacute;quese, oportunamente
comun&iacute;quese (art. 4&deg;, Ac. CS 15/2013) y devu&eacute;lvase. — Gloria M. Pasten de Ishihara. —
Graciela A. Gonz&aacute;lez.
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