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Timestamp: 2019-10-21 00:08:04
Document Index: 117578013

Matched Legal Cases: ['Artículo 28', 'artículo 28', 'Artículo 856', 'artículo 858', 'artículo 53', 'artículo 852', 'Artículo 185']

Exequátur, Reconocimiento de Sentencias Extranjeras en Venezuela | Abogado Venezolano
El término exequátur proviene de la palabra latina „exequatur“ que significa ejecútese. Jurídicamente se entiende por exequátur el reconocimiento jurídico u homologación que un Estado otorga a las sentencias judiciales emanadas por los tribunales de otro estado, para que las mismas puedan tener validez.
La legislación venezolana regula la materia relativa al exequátur en forma dispersa y a través de diferentes normas contenidas en: la Ley de Derecho Internacional Privado (Capitulo X relativo a la Eficacia de las Sentencias Extranjeras en Venezuela de 1998), el Código de Procedimiento Civil (Título X la eficacia de los actos de autoridades extranjeras de 1990) y la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (2010).
Si existe un tratado o acuerdo sobre la materia este debe aplicarse con preferencia. Venezuela ha suscrito los siguientes acuerdos:
El Convenio Boliviano sobre Ejecución de Actos Extranjeros ratificado por Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela de fecha 18/07/1911. Se aplica a las sentencias o laudos homologados dictados en asuntos civiles y comerciales (Art. 3).
Tratado de Libre Comercio entre la República de Venezuela, Estados Unidos de México y Colombia (Grupo de los Tres). En sus artículos 16-19 excluye la necesidad de exequátur para las decisiones dictadas en el marco del Tratado.
1. La Sala de Casación Civil es el órgano competente para conocer acerca de procedimientos contenciosos
El Artículo 28 Ord. 2 de la LOTSJ establece que es la Sala de Casación Civil la competente para “declarar la fuerza ejecutoria de las sentencias de autoridades jurisdiccionales extranjeras, de acuerdo con lo que dispongan los tratados internacionales o la ley”. Este artículo derogó parcialmente el Art. 850 CPC (anteriormente Art. 5 Ord. 42 Ley del 2004) (Gaceta Oficial Extraordinaria de la República Bolivariana de Venezuela No 5.991 de 29/07/2010, reimpresa por error material en la Gaceta Oficial G.O No. 39.483 del 09/08/2010)
La Jurisprudencia ha complementado esta norma y establecido que en casos de sentencias dictadas en procesos contenciosos donde niños y adolescentes tengan un interés inmediato, es competente la Sala Social y no la Civil. (ver http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scs/Octubre/157286-0808-81013-2013-13-005.HTML) y el artículo: Sala de Casación Social desaplica por control difuso de la constitucionalidad el numeral 2 del artículo 28 de la LOTSJ… en el Blog de FNS.
2. Los Tribunales Superiores son los órganos Competentes para conocer acerca de decisiones no contenciosas
“El pase de los actos o sentencias de las autoridades extranjeras en materia de emancipación adopción y otros de naturaleza no contenciosa, lo decretará el Tribunal Superior del lugar donde se haya de hacer valer, previo examen de si reúnen las condiciones exigidas en los artículos precedentes, en cuanto sea aplicables“.(Artículo 856 CPC)
El Juez de primera Instancia no es competente en materia de exequátur y es solo competente para conocer acerca de Las providencias de Tribunales extranjeros concernientes al examen de testigos, experticias, juramentos, interrogatorios y demás actos de mera instrucción que hayan de practicarse en la República (857CPC) que deban tener lugar en su jurisdicción, siempre que dicha providencias vengan con rogatoria de la autoridad que las haya librado y legalizadas por un funcionario diplomático o consular de la República, o por vía diplomática. Asimismo establece el artículo 858 que para dar curso a las providencias deberá haber persona autorizada para cubrir los gastos.
El Art. 851 del CPC establecía los requisitos de fondo para que a la sentencia extranjera pueda darse fuerza ejecutoria en Venezuela y fué derogado por el artículo 53 de la LDIP, el cual establece que:
1. Las sentencias deben haber sido dictadas en materia civil o mercantil o, en general, en materia de relaciones jurídicas privadas;
2. Las sentencias deben tener fuerza de cosa juzgada de acuerdo con la ley del Estado en el cual han sido pronunciadas;
3. Las sentencias no deben versar sobre derechos reales respecto a bienes inmuebles situados en la República o que no se haya arrebatado a Venezuela la jurisdicción exclusiva que le correspondiere para conocer del negocio;
4. Los tribunales del Estado sentenciador deben tener jurisdicción para conocer de la causa de acuerdo con los principios generales de jurisdicción consagrados en el Capítulo IX de esta Ley;
5. El demandado debe haber sido debidamente citado, con tiempo suficiente para comparecer, y que se le hayan otorgado en general, las garantías procesales que aseguren una razonable posibilidad de defensa;
6. La sentencia no debe ser incompatible con sentencia anterior que tenga autoridad de cosa juzgada; y que no se encuentre pendiente, ante los tribunales venezolanos, un juicio sobre el mismo objeto y entre las mismas partes, iniciado antes que se hubiere dictado la sentencia extranjera.
Por su parte el artículo 852 del CPC establece los requisitos formales del exequátur. „El exequátur debe presentarse de forma escrita mencionando la persona que lo pida, su domicilio o residencia y la persona contra la cual haya de obrar la ejecutoria, y su domicilio o residencia. La solicitud deberá acompañarse con la sentencia de cuya ejecución se trate, con la ejecutoria que se haya librado y la comprobación de que se han cumplido los requisitos de fondo, todo en forma auténtica y legalizado por autoridad competente.“
El requisito de la legalización se puede lograr en muchos casos a través de una apostilla, que físicamente consiste en un sello especial que se agrega a los documentos por la autoridad extranjera competente y que tienen su base legal en el Convenio de la Haya de 1961 mediante el cual se suprime a exigencia de la legalización de los documentos públicos extranjeros.
Además se requiere que la sentencia extranjera sea traducida al idioma español por “interprete público”. (Artículo 185CPC) La jurisprudencia venezolano es bien estricta en cuanto ha este requisito como se observa en la decisión de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia del 2008 (ver: http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scc/julio/EXEQ.00525-31708-2008-08-223.HTML)