Source: https://www.scribd.com/document/75764562/Guia-de-los-derechos-de-las-mujeres-victimas-de-violencia-de-genero
Timestamp: 2017-06-28 04:56:10
Document Index: 388537702

Matched Legal Cases: ['artículo 27', 'Artículo 5', 'Artículo 19', 'Artículo 31', 'Artículo 40', 'Artículo 38']

Guía de los derechos de las mujeres víctimas de violencia de géneroUploaded by Diagram_ConsultoresRelated InterestsViolence Against WomenLabour LawPublic DefenderCriminal LawUnemploymentRating and Stats0.0 (0)Document ActionsDownloadShare or Embed DocumentEmbedDescription: http://www.diagramconsultores.com: más anuncios, documentos, campañas y web de ONG.
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Edita: Ministerio de Igualdad C/ Alcalá, 37. 28071 - Madrid Correo electrónico: violencia-genero@migualdad.es Internet: www.migualdad.es
NIPO: 800-09-015-0 Depósito Legal: M-49266-2009 Diseño: mayo&más
¿Qué es la violencia de género? ¿Qué derechos tienen las mujeres víctimas de violencia de género? ¿Cuál es el significado y contenido de los derechos reconocidos en la Ley Orgánica 1/2004? – El derecho a la información. – El derecho a la asistencia social integral. – El derecho a la asistencia jurídica inmediata. El derecho a la asistencia jurídica gratuita. – Derechos Laborales y de Seguridad Social. – Derechos de las trabajadoras por cuenta ajena. – Derechos de las trabajadoras por cuenta propia. 8 8 9 9 9 10 12 13 15 – Derechos de las funcionarias públicas 15 – El programa específico de empleo. 17 – La renta activa de inserción (RAI). 17 – Derechos económicos. 20 – Tramitación urgente del procedimiento de reconocimiento de anticipos del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos 23 –- Derecho al reconocimiento de la pensión de viudedad en supuestos de violencia de género. 24 – Prioridad en el acceso a viviendas protegidas y residencia públicas para mayores. 25 – Derecho a la escolarización inmediata de sus hijos/as en caso de cambio de residencia por causa de violencia de género. 25
– Derecho a formular denuncia. 28 – Derecho a solicitar una orden de protección 29 – Derecho a ser parte en el procedimiento penal 31 – Derecho a la restitución de la cosa, reparación del daño e indemnización del perjuicio causado. 32 – Derecho a recibir información sobre las actuaciones judiciales. 33 – Derecho a la protección de la dignidad e intimidad de la víctima en el marco de los procedimientos relacionados con violencia de género. 33 – Derecho a acceder a las ayudas económicas previstas para las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual. 34
Derechos de las mujeres extranjeras victimas de violencia de género
– Derecho a autorización de residencia y trabajo independiente de las mujeres extranjeras reagrupadas con su cónyuge. 36 – Derecho a autorización de residencia temporal y trabajo por circunstancias excepcionales de las mujeres extranjeras. 36 – Renovación de la autorización de residencia y trabajo por cuenta ajena tras su expiración. 37 – Exención de la Situación Nacional de Empleo. 37 – Derecho de asilo de las mujeres extranjeras víctimas de violencia de género. 38
La efectividad de los derechos y el pleno ejercicio de los mismos no es posible si sus titulares desconocen su existencia o de qué forma ejercitarlos. Esta necesidad se hace aún más patente para las mujeres víctimas de violencia de género, para quienes es esencial conocer las medidas que pueden adoptarse en relación con su protección y seguridad, los derechos y ayudas que les reconoce la ley y los recursos de atención, emergencia, apoyo y recuperación integral a los
que pueden acceder. Ésta es la finalidad de la presente publicación. La garantía del derecho a la información, que la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género reconoce a todas las mujeres víctimas de esta lacra social, no sólo es necesaria para su protección integral, sino que es el presupuesto básico para hacer realidad sus derechos constitucionales a la integridad física y moral, a la libertad y seguridad y a la igualdad y no discriminación por razón de sexo.
La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (B.O.E. núm. 313 de 29 de diciembre de 2004), consagra y garantiza a las mujeres que son o han sido víctimas de violencia de género, una serie de derechos con la finalidad de que las mismas puedan poner fin a la relación violenta y recuperar su proyecto de vida.
relaciones similares de afectividad, con o sin convivencia. Este tipo de violencia es la expresión más grave de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres.
¿Qué derechos tienen las mujeres víctimas de la violencia género?
La Ley Integral reconoce todo un catálogo de derechos a las mujeres víctimas de violencia de género. Estos derechos son universales, en el sentido de que todas las mujeres que hayan sufrido algún acto de violencia de género tienen garantizados los mismos, con independencia de su origen, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. La propia Ley agrupa los diferentes derechos en cuatro apartados: – Derecho a la información, a la asistencia social integral y a la asistencia jurídica gratuita.
(Art. 1 Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género) El concepto de violencia de género, a los efectos de la Ley Orgánica 1/2004 (en adelante, Ley Integral), comprende todo acto de violencia física y psicológica -incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad-, que se ejerce sobre las mujeres por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por –8–
– Derechos laborales y prestaciones de la Seguridad Social. – Derechos de las funcionarias públicas. – Derechos económicos.
recuperación integral y la forma de acceso a los mismos Para garantizar que todas las mujeres tengan acceso de manera efectiva a esta información, la misma ha de prestarse teniendo en consideración las circunstancias personales y sociales de sus destinatarias. Así, deberán utilizarse los medios necesarios para asegurar que la información es accesible y comprensible para mujeres con discapacidad, mujeres inmigrantes y para aquellas que, por cualquier motivo, tengan una mayor dificultad para acceder a la información.
¿Cuál es el significado y contenido de los derechos reconocidos en la Ley Orgánica 1/2004?
El derecho a la información. (Art. 18 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género) Comprende el derecho a recibir información y asesoramiento sobre las siguientes materias: a) las medidas que la propia Ley prevé con la finalidad de dar protección a las mujeres víctimas de violencia de género b) los derechos y ayudas que la Ley reconoce a su favor c) los recursos de atención, emergencia, apoyo y
El derecho a la asistencia social integral. (Art. 19 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género) Para hacer real su derecho a la integridad física y moral, las mujeres víctimas de violencia de género, y sus hijos e hijas menores, tienen derecho a servicios sociales de: –9–
atención emergencia apoyo y acogida recuperación integral.
todo el itinerario de recuperación integral con la finalidad de evitar la doble victimización. El derecho a la asistencia social integral se reconoce también a los y las menores que viven en entornos familiares donde existe violencia de género. Los servicios sociales deben contar con un número suficiente de plazas previstas para los hijos e hijas y con personal con formación específica en su atención a fin de prevenir y evitar eficazmente las situaciones que puedan comportar daños psíquicos y físicos a los mismos.
La finalidad de estos servicios es dar cobertura a las necesidades derivadas de la situación de violencia, restaurar la situación en que se encontraba la víctima antes de padecerla o, al menos, paliar sus efectos. A través de los mismos se hace posible que las mujeres: – reciban asesoramiento sobre las actuaciones que pueden emprender y sus derechos, – conozcan los servicios a los que pueden dirigirse para recabar asistencia material, médica, psicológica y social, – accedan a los diferentes recursos de alojamiento (emergencia, acogida temporal, centros tutelados, etc) en los que está garantizada su seguridad y cubiertas sus necesidades básicas, – recuperen su salud física y/o psicológica, – logren su formación, inserción o reinserción laboral, y reciban apoyo psico-social a lo largo de – 10 –
El derecho a la asistencia jurídica inmediata. El derecho a la asistencia jurídica gratuita. (Art. 20 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género; Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita) La Ley Integral reconoce a todas las mujeres víctimas de violencia de género la asistencia jurídica inmediata en todos los
procedimientos, tanto judiciales como administrativos, que tengan relación con la situación de violencia, incluso para formular la denuncia. Si bien la designación de abogado/a se realiza inmediatamente y no es necesario tramitar con carácter previo la solicitud del beneficio de la justicia gratuita, si este derecho no se solicita o finalmente es denegado, la víctima deberá abonar los honorarios devengados por la intervención del abogado/a y del procurador/a.
La solicitud de asistencia jurídica gratuita se realiza rellenando un formulario o impreso, al que debe adjuntarse la documentación que en el mismo de indica, que debe presentarse en el Colegio de Abogados o en el Juzgado. Reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, la defensa de los intereses de la víctima, en todos los procesos que sea necesario tramitar, se realiza por el mismo abogado/a perteneciente al Turno de Oficio Especial de Violencia de Género. Además de la defensa y representación gratuitas por abogado/a y procurador/a en los procedimientos judiciales y administrativos, el derecho a la asistencia jurídica gratuita comprende las siguientes prestaciones: • Asesoramiento y orientación gratuitos previos al proceso. • Inserción gratuita de anuncios o edictos en periódicos oficiales. • Exención del pago de depósitos necesarios para interponer recursos. • Asistencia pericial gratuita. – 12 –
Derechos Laborales y de Seguridad Social. (Art. 21 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género) La Ley Integral, reconociendo que la violencia de género tiene repercusión en la situación laboral de las mujeres que la sufren, les reconoce derechos en este ámbito para asegurar la efectividad de su protección y hacer posible que reciban la asistencia social integral a que tienen derecho. Para ejercer estos derechos las trabajadoras deben acreditar la situación de violencia de género, bien mediante la Sentencia por la que se condene al agresor, la Orden de protección o, excepcionalmente y hasta tanto se dicte la orden de protección, mediante Informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la mujer es víctima de violencia de género.
Derechos de las trabajadoras por cuenta ajena1: (Arts. 37.7, 40.3.bis, 45.1.n, 48.6, 49.1, 52.d, 55.5.b del Estatuto de los Trabajadores y arts. 124, 210 y 231 de la Ley General de la Seguridad Social) – Derecho a la reducción de la jornada laboral, que conlleva una reducción del salario en la misma proporción. Se puede suscribir un convenio especial con la Seguridad Social para mantener las mismas bases de cotización y que no se vean afectadas las futuras prestaciones de jubilación, incapacidad permanente y muerte y supervivencia, derivadas de enfermedad común o accidente no laboral. – Derecho a la reordenación del tiempo de trabajo, es decir, a organizar el horario de trabajo conforme a las necesidades de la trabajadora a través de la adaptación del horario, la aplicación del horario flexible o de otras formas de ordenación del tiempo de trabajo que se utilicen en la empresa.
– Derecho preferente al cambio de centro con reserva del puesto de trabajo durante los primeros 6 meses. Si la trabajadora víctima de violencia de género se ve obligada a abandonar su puesto de trabajo, la empresa deberá comunicarle las vacantes que, para el mismo grupo profesional, existan en sus otros centros de trabajo, a fin de que pueda ejercitar este derecho. La empresa está obligada a reservar el puesto de trabajo que ocupaba la trabajadora antes del cambio durante seis meses, plazo en el que la mujer podrá regresar a su anterior puesto de trabajo o continuar en el nuevo perdiendo su derecho a la reserva de plaza. – Derecho a la suspensión de la relación laboral con reserva de puesto de trabajo. Cuando para su efectiva protección y su seguridad, la trabajadora tiene que abandonar temporalmente su puesto de trabajo, la empresa deberá reservar su puesto de trabajo
1 Los Convenios Colectivos y Acuerdos de empresa pueden contemplar mejoras a estos derechos.
durante seis meses, que el/la Juez/a podrá prorrogar por períodos de tres meses y hasta un máximo de dieciocho. El tiempo de suspensión de la relación laboral por la situación de violencia de género, se considera de cotización efectiva a efectos de las prestaciones de Seguridad Social por jubilación, incapacidad permanente, muerte o supervivencia, maternidad y desempleo, y se considerará que se encuentran en situación de asimilada a la de alta para acceder a las indicadas prestaciones en estos casos: • Que el periodo de suspensión tenga la consideración de periodo de ocupación cotizada significa que debe computarse para el reconocimiento de una prestación o subsidio, tanto si durante ese periodo de suspensión se ha percibido la prestación o subsidio como si no se percibió. • Las cotizaciones computadas para el reconocimiento de una prestación o subsidio podrán ser también computadas para el reconocimiento de una prestación o subsidio posterior – 14 –
(por ej. cuando finalice su contrato, o si decide extinguir la relación laboral para hacer efectiva su protección), el cual se reconocerá como si no hubiera percibido la prestación o subsidio anterior. • Para el cálculo de la cuantía de la prestación, si las bases de cotización se vieron, en su momento, afectadas por una reducción de jornada derivada de la situación de violencia de género, serán incrementadas hasta el 100% de su cuantía. En lo que respecta a la protección por desempleo, la suspensión de la relación laboral se considera como situación de desempleo involuntario, por lo que, si cumple los requisitos generales, tiene derecho a cobrar prestación contributiva o el subsidio por desempleo. – Derecho a la extinción del contrato de trabajo con derecho a la prestación por desempleo. A la trabajadora que, para garantizar su protección, se vea obligada a abandonar definitivamente su puesto de trabajo, se la considera en
situación legal de desempleo involuntario, por lo que, si cumple los requisitos generales, tiene derecho a cobrar prestación contributiva por desempleo o subsidio por insuficiencia de cotización. – No tienen la consideración de faltas de asistencia al trabajo las ausencias motivadas por la situación física o psicológica de la trabajadora a consecuencia de la violencia de género, circunstancia que deberá acreditarse por los servicios sociales de atención o los servicios de salud. – El despido o extinción del contrato de trabajo por el empresario será nulo si se produce con ocasión del ejercicio por parte de la trabajadora víctima de violencia de género de los derechos de reducción o reordenación de su tiempo de trabajo, de movilidad geográfica, de cambio de centro de trabajo o de suspensión de la relación laboral. Derechos de las trabajadoras por cuenta propia: (Art. 21.5 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género)
Las trabajadoras por cuenta propia víctimas de violencia de género que tengan que cesar en su actividad para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, no estarán obligadas a cotizar durante un período de seis meses, que serán considerados como de cotización efectiva a efectos de las prestaciones de Seguridad Social. Además, su situación será considerada como asimilada a la de alta para acceder a las prestaciones de la Seguridad Social, y durante este periodo se mantiene el derecho a la prestación de asistencia sanitaria de la Seguridad Social.
Derechos de las funcionarias públicas. (Arts. 24-26 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género; Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público) Las funcionarias públicas que sean víctimas de la violencia de género, tienen los siguientes derechos: – Derecho a la reordenación del tiempo de trabajo, a través de la adaptación del horario, de la – 15 –
aplicación del horario flexible o de otras formas de ordenación del tiempo de trabajo en los términos que la Administración establezca. – Derecho a la movilidad. La funcionaria que, para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, se vea obligada a abandonar su puesto de trabajo en la localidad donde venía prestando sus servicios, tiene derecho al traslado a otro puesto de trabajo propio de su cuerpo, escala o categoría profesional, de análogas características, sin necesidad de que sea vacante de necesaria cobertura. Aun así, en tales supuestos la Administración Pública competente estará obligada a comunicarle las vacantes ubicadas en la misma localidad o en las localidades que la interesada expresamente solicite. Este traslado tendrá la consideración de traslado forzoso. – Derecho a la excedencia. La funcionaria, para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, tiene derecho a solicitar la situación – 16 –
de excedencia sin tener que haber prestado un tiempo mínimo de servicios previos y sin que sea exigible plazo de permanencia en la misma. Durante los seis primeros meses, la funcionaria tiene derecho a la reserva del puesto de trabajo que desempeñara, siendo computable dicho período a efectos de antigüedad, carrera y derechos del régimen de Seguridad Social que sea de aplicación. Cuando las actuaciones judiciales lo exigieran se podrá prorrogar este período por tres meses, con un máximo de dieciocho, con idénticos efectos a los señalados anteriormente, a fin de garantizar la efectividad del derecho de protección de la víctima. Durante los dos primeros meses de esta excedencia la funcionaria tendrá derecho a percibir las retribuciones íntegras y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo. – Las faltas de asistencia de las funcionarias víctimas de violencia de género, totales o parciales, tendrán la consideración de justificadas por el tiempo y en las condiciones
en que así lo determinen los servicios sociales de atención o de salud según proceda. Al igual que las trabajadoras por cuenta propia o ajena, para que les sean reconocidos estos derechos, las funcionarias deben acreditar la situación de violencia de género, bien mediante la Sentencia definitiva por la que se condene al agresor, la Orden de protección excepcionalmente y hasta tanto se dicte la orden de protección, mediante Informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la mujer es víctima de violencia de género.
de inserción sociolaboral, que incluye las siguientes medidas de actuación: • Itinerario de inserción sociolaboral individualizado. • Programa formativo específico para favorecer la inserción sociolaboral por cuenta ajena. • Incentivos para favorecer el inicio de una nueva actividad por cuenta propia. • Incentivos para las empresas que contraten a víctimas de violencia de género. • Incentivos para facilitar la movilidad geográfica. • Incentivos para compensar diferencias salariales. • Convenios con empresas para facilitar la contratación de mujeres víctimas de violencia de género y su movilidad geográfica. La gestión de estas medidas corresponde a los Servicios Públicos de Empleo. La renta activa de inserción (RAI). (Real Decreto 1369/2006, de 24 de noviembre, por el que se regula el programa de Renta Activa de Inserción para
El programa específico de empleo. (Real Decreto 1917/2008, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el programa de inserción sociolaboral para mujeres víctimas de violencia de género) Las mujeres víctimas de violencia de género, que estén inscritas como demandantes de empleo en los Servicios Públicos de Empleo, podrán ser beneficiarias de este programa
desempleados con especiales necesidades económicas y dificultad para encontrar empleo) Es una ayuda económica que se reconoce a las personas desempleadas incluidas en el llamado “PROGRAMA DE RENTA ACTIVA DE INSERCION” (en adelante, Programa de RAI), a través del cual se llevan a cabo actuaciones encaminadas a incrementar las oportunidades de inserción en el mercado de trabajo. Para ser incluida en el Programa de RAI y ser beneficiaria de esta ayuda económica la mujer víctima de violencia de género deberá cumplir los siguientes requisitos:
a) Acreditar su condición de víctima de violencia de género, mediante alguno de los documentos que a continuación se citan: • Orden de protección judicial o resolución judicial acordando medida cautelar penal de protección a favor de la mujer. • Informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que está siendo víctima de violencia de género en tanto se dicta la orden de protección. • Sentencia condenando al agresor. • Certificación de los servicios sociales de la Administración Autonómica, del Ayuntamiento, o del Centro
de Acogida indicando su situación. b) Ser demandante de empleo. c) No tener derecho a las prestaciones o subsidios por desempleo, o a la renta agraria. d) Carecer de rentas propias, de cualquier naturaleza, superiores en cómputo mensual al 75 por ciento del salario mínimo interprofesional vigente, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias. Además de lo que antecede, la suma de los ingresos mensuales de la unidad familiar (constituida por la víctima, y sus hijos menores de 26 años o mayores incapacitados o menores acogidos), dividida por el número de miembros que la componen no ha de superar el 75 por ciento del salario mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias. La incorporación al Programa de RAI y la solicitud de la ayuda económica se realiza a través de la Oficina de Empleo.
La cuantía de la RAI es del 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) mensual vigente en cada momento. La duración máxima de esta ayuda económica en cada Programa es de once meses. No se puede ser beneficiario de más de tres Programas de RAI. En este Programa se disponen especialidades para las mujeres víctimas de violencia de género: • No se exige llevar 12 meses inscrito como demandante de empleo, ni tener 45 o más años de edad. • Para determinar los ingresos de la unidad familiar, no se tienen en cuenta los que perciba el agresor. • Puede ser beneficiaria de un nuevo programa RAI aunque hubiere sido beneficiaria de otro programa RAI dentro de los 365 días anteriores a la fecha de la solicitud. • Ayuda suplementaria de pago único si se ha visto obligada a cambio de residencia por circunstancias de violencia de género en los 12 meses anteriores a la solicitud de admisión al programa o durante su permanencia en este. – 19 –
• Para mantener la confidencialidad sobre su domicilio, puede facilitar uno alternativo o un apartado de correos La percepción de la RAI es incompatible con la ayuda económica regulada en el artículo 27 de la Ley Integral. Las mujeres víctimas de la violencia de género que sean beneficiarias del Programa de Renta Activa de Inserción y que se hayan visto obligadas a cambiar su residencia en los 12 meses anteriores a la solicitud de admisión a dicho Programa o durante su permanencia en éste, podrán percibir en un pago único una ayuda suplementaria equivalente a tres meses de la cuantía de la Renta Activa de Inserción sin que ello minore la duración de dicha renta. Esta ayuda se podrá percibir una sola vez por cada derecho a la admisión al Programa de Renta Activa de Inserción. Derechos económicos. Ayuda económica específica para mujeres víctimas de violencia de género con especial dificultad para obtener un empleo. – 20 –
(Art. 27 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y Real Decreto 1452/2005, de 2 de diciembre. La normativa relativa al procedimiento de tramitación es la que al respecto haya publicado la Comunidad o Ciudad Autónoma en la que se solicite la ayuda) Es una ayuda económica dirigida a las mujeres víctimas de violencia de género que reúnan los siguientes requisitos: a) Carecer de rentas que, en cómputo mensual, superen el 75 por ciento del salario mínimo interprofesional vigente, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias. A efectos de determinar el requisito de carencia de rentas, únicamente se tendrán en cuenta las rentas o ingresos de que disponga o pueda disponer la solicitante de la ayuda, sin que se computen a estos efectos las rentas o ingresos de otros miembros de la unida familiar que convivan con la víctima. Si la solicitante de la ayuda tuviera responsabilidades familiares se entenderá que
cumple el requisito de carencia de rentas cuando la renta mensual del conjunto de la unidad familiar, dividida por el número de miembros que la componen, no supere el 75 por ciento del salario mínimo interprofesional. A estos efectos, existirán responsabilidades familiares cuando la beneficiaria tenga a su cargo al menos, a un familiar, por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive, con el que conviva. No se considerarán a cargo los familiares con rentas de cualquier naturaleza superiores al salario mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias. b) Tener especiales dificultades para obtener un empleo, dada su edad, falta de preparación general o especializada o sus circunstancias sociales, lo que se justificará con Informe emitido por el Servicio Público de Empleo. c) Acreditar la condición de víctima de violencia de género con la Sentencia definitiva por la
que se condena al agresor, la Orden de protección dictada a su favor o, excepcionalmente, mediante informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la denunciante es víctima de violencia de género en tanto se dicta la orden de protección. La ayuda, financiada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, se concede y abona por la Comunidad Autónoma o ciudades de Ceuta y Melilla. La solicitud, tramitación y abono de la ayuda se llevará a cabo de conformidad con la normativa autonómica que la regule. Dependiendo de la Comunidad Autónoma, su tramitación y pago corresponderá bien a los servicios sociales, bien al organismo de igualdad. La ayuda económica se abona en un único pago, y su importe será equivalente, con carácter general, a: 1. Seis meses de subsidio por desempleo, si no tiene responsabilidades familiares. 2. Doce meses de subsidio por desempleo, cuando la víctima tuviera a cargo un familiar o menor acogido.
3. Dieciocho meses de subsidio por desempleo, cuando la víctima tuviera a su cargo dos o más familiares o menores acogidos, o un familiar y un menor acogido. La cuantía de la ayuda, para las mujeres que tengan reconocido un grado de minusvalía igual o superior al 33 por ciento será de: 1. Doce meses de subsidio por desempleo, cuando la víctima no tuviera responsabilidades familiares. 2. Dieciocho meses de subsidio por desempleo, cuando la víctima tuviera a su cargo un familiar o menor acogido. 3. Veinticuatro meses de subsidio por desempleo, cuando la víctima tuviera a su cargo dos o más familiares o menores acogidos, o un familiar y un menor acogido. Si la mujer víctima de violencia de género tiene a su cargo a un familiar o un menor acogido, que tuviera reconocido un grado
de minusvalía igual o superior al 33 por ciento, el importe de la ayuda será equivalente a: 1. Dieciocho meses de subsidio por desempleo, cuando la víctima tuviera a su cargo un familiar o menor acogido. 2. Veinticuatro meses de subsidio por desempleo, cuando la víctima tuviera a su cargo dos o más familiares o menores acogidos o un familiar y un menor acogido. El importe de la ayuda será equivalente a veinticuatro meses del subsidio por desempleo en los siguientes casos: 1. Cuando la víctima de violencia de género con responsabilidades familiares o el familiar o menor acogido tuviera reconocido un grado de minusvalía igual o superior al 65%. 2. Cuando la víctima de violencia de género y el familiar o menor acogido tuvieran reconocido un grado de minusvalía igual o superior al 33%.
Esta ayuda es compatible con las previstas en la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de Ayudas y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual. Por otra parte, es incompatible con otras ayudas que cumplan la misma finalidad así como con la participación en el programa de Renta Activa de Inserción (RAI). Ello sin perjuicio de que pueda participar en la RAI una vez desaparezcan o se modifiquen dichas circunstancias. Hacienda, los hijos e hijas menores de edad titulares de un derecho de alimentos judicialmente reconocido e impagado, que formen parte de una unidad familiar cuyos recursos e ingresos económicos, computados anualmente y por todos sus conceptos, no superen la cantidad resultante de multiplicar la cuantía anual del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), vigente en el momento de la solicitud del anticipo, por el coeficiente que corresponda en función del número de hijos e hijas menores que integren la unidad familiar. – 23 –
Tramitación urgente del procedimiento de reconocimiento de anticipos del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos (Real Decreto 1618/2007, de 7 de diciembre, sobre Organización y Funcionamiento del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos) Tienen la condición de personas beneficiarias de los anticipos del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos, gestionado por la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas del Ministerio de Economía y
Las personas beneficiarias tienen derecho al anticipo de la cantidad mensual determinada judicialmente en concepto de pago de alimentos, con el límite de 100 euros mensuales, que se podrá percibir durante un plazo máximo de dieciocho meses. El procedimiento para el reconocimiento del anticipo se tramitará con carácter urgente cuando la persona que ostente la guarda y custodia del menor sea víctima de violencia de género. A estos efectos, deberá acreditarse la condición de víctima de violencia de género por cualquiera de los siguientes medios: a través de la sentencia condenatoria; a través de la resolución judicial que hubiere acordado como medida cautelar para la protección de la víctima la prohibición de aproximación o la prisión provisional del inculpado; a través de la orden de protección a favor de la víctima y, excepcionalmente, a través del informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la demandante es víctima de violencia de género hasta tanto se dicte la orden de protección.
Derecho al reconocimiento de la pensión de viudedad en supuestos de violencia de género. (Art. 174.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de Junio, en la redacción dada por la Ley 26/2009, de 23 de diciembre) Se trata de una prestación de contenido económico integrada dentro de la acción protectora de la Seguridad Social y sujeta al cumplimiento de ciertos requisitos. En los supuestos de violencia de género se reconocerá, en todo caso, el derecho a la pensión de viudedad a aquellas mujeres separadas o divorciadas que, aún no siendo acreedoras de la pensión compensatoria a que se refiere el Art. 97 del Código Civil, pudieran acreditar que eran víctimas de la violencia
de género en el momento de la separación judicial o el divorcio mediante sentencia firme, o archivo de la causa por extinción de la responsabilidad penal por fallecimiento; en defecto de sentencia, a través de la orden de protección dictada a su favor o informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de violencia de género, así como cualquier otro medio de prueba admitido en Derecho (aplicable a hechos causantes posteriores al 1 de enero de 2008).
beneficiarias de las ayudas del Plan con derecho a protección preferente. Además, la condición de víctima de violencia de género es una circunstancia que será tenida en cuenta por la Administración Pública competente para la concesión de una plaza en una residencia pública para mayores
Prioridad en el acceso a viviendas protegidas y residencia públicas para mayores. (Art. 28 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género; Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012) El Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 incluye a las mujeres víctimas de violencia de género como
Derecho a la escolarización inmediata de sus hijos/as en caso de cambio de residencia por causa de violencia de género. (Artículo 5 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género) Los hijos y las hijas de las víctimas de violencia de género que se vean afectados por un cambio de residencia derivada de los actos de violencia de género, tienen derecho a su escolarización inmediata en su nuevo lugar de residencia.
de los que también son titulares las mujeres que han sufrido una situación de
Además de los derechos que la Ley Integral reconoce a las mujeres que sufren o han sufrido violencia de género, las mismas tienen los derechos que las leyes reconocen a las víctimas del delito, entre ellos cabe destacar los siguientes:
penal, es decir de una conducta que el Código Penal define como delito o falta, estableciendo un castigo o pena para quien la realiza. La denuncia puede presentarse en la Comisaría de Policía (nacional, autonómica, local), Cuartel de la Guardia Civil, en el Juzgado de Instrucción o ante el Fiscal. La denuncia da lugar a que se inicie un procedimiento judicial ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer para aclarar los hechos y, en su caso, sancionar a los culpables.
Derecho a formular denuncia. (Art. 101 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) Las mujeres tienen derecho a denunciar las situaciones de violencia de género sufridas. A través de la denuncia se comunica a la autoridad judicial un hecho que puede ser constitutivo de una infracción
Derecho a solicitar una Orden de protección. (Art. 60 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y art. 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) La Orden de protección es una resolución judicial en la que el Juzgado reconoce la existencia de una situación objetiva de riesgo para la víctima y ordena su protección durante la tramitación del procedimiento penal. Con la Orden de protección se acredita la condición de víctima de violencia de género que da lugar al reconocimiento de los derechos económicos y sociales que reconoce la Ley integral. Las medidas de protección que la autoridad judicial puede acordar a favor de la mujer víctima de violencia de género y, en su caso, de sus hijos e hijas, pueden ser de carácter penal y civil. Entre las primeras puede acordarse una o alguna de las siguientes: 1. Desalojo del agresor del domicilio familiar. 2. Prohibición de residir en determinada población.
3. Prohibición de que el agresor se aproxime a la víctima y/o a sus familiares u otras personas a la distancia que el Juez determine. 4. Prohibición de que el agresor se comunique con la víctima y/o con sus familiares u otras personas por cualquier medio: carta, teléfono, etc. 5. Prohibición al agresor de acercarse a determinados lugares: centro de trabajo de la víctima, centros escolares de sus hijos/as, etc. 6. Omisión de datos relativos al domicilio de la víctima.
7. Protección judicial de la víctima en las oficinas judiciales. 8. Incautación de armas y prohibición de tenencia. Las medidas de naturaleza civil que puede contener la Orden de protección son las siguientes: 1. El uso y disfrute de la vivienda, el mobiliario y el ajuar familiar. 2. La atribución de la guarda y custodia de los hijos/as menores. 3. La suspensión del ejercicio de la patria potestad 4. La suspensión del régimen de comunicaciones, visitas y estancias del padre con sus hijos/as o la forma en que éste debe llevarse a cabo, por ejemplo, a través de un Punto de encuentro. 5. La fijación de una prestación de alimentos. 6. Cualquier otra medida que sea necesaria para apartar a los/las menores de un peligro o evitarles perjuicios. Las medidas civiles pueden acordarse tanto en el caso de matrimonio como de parejas de hecho. Su duración es de 30 días, por lo que antes de que finalice este plazo es necesario iniciar el procedimiento de familia –separación, divorcio, – 30 –
nulidad, o en relación con los hijos/as no matrimoniales. En este caso, las medidas seguirán en vigor durante los 30 días siguientes a la presentación de la demanda y en ese plazo el juez civil deberá decidir si las mantiene o no vigentes. En cuanto a las mujeres extranjeras, la Orden de Protección les permite solicitar y obtener un permiso de residencia independiente si tenían uno por reagrupación familiar vinculado al permiso de residencia del agresor. En el caso de las extranjeras en situación irregular en España, la orden de protección permite solicitar una autorización de residencia temporal por razones humanitarias y dejar en suspenso el procedimiento sancionador que se estuviere tramitando por su situación irregular, tal y como se detalla en el correspondiente apartado de esta Guía. La Orden de Protección puede solicitarse no sólo por la víctima, sino también por sus familiares más cercanos, su abogado/a, los servicios sociales que conozcan de su situación. Para ello ha de rellenarse un impreso sencillo que se presenta en la Comisaría de Policía,
Cuartel de la Guardia Civil, Juzgado, Fiscalía, Oficinas de Atención a la Víctima, centros sociales y asistenciales y Servicios de Orientación Jurídica de los Colegios de Abogados. Es importante que en la solicitud se hagan constar de forma clara los actos de violencia física, psicológica, amenazas y otros actos intimidatorios sufridos, e indicar las razones por las que la mujer tiene temor a sufrir nuevas agresiones o daños. Es aconsejable solicitar la Orden de Protección en el mismo momento en el que se formula la denuncia, aunque también puede solicitarse con posterioridad. Cuando no se presenta denuncia, la propia solicitud de la Orden de protección tiene esta consideración, en cuanto a los hechos y situaciones de violencia relatados en la misma. El Juzgado debe dictar la orden de protección en el plazo máximo de 72 horas desde su presentación, tras una comparecencia de la víctima y el agresor. La Ley establece que esta comparecencia deberá realizarse por separado,
evitando así la confrontación entre ambos.
Derecho a ser parte en el procedimiento penal: el ofrecimiento de acciones. (Art. 109 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) En el momento de presentar la denuncia y en su primera comparecencia en el Juzgado, la víctima debe ser informada de su derecho a mostrarse parte en el procedimiento penal. El ejercicio de este derecho, que supone la intervención activa de la mujer víctima de violencia de género en el procedimiento judicial que se tramita tras su denuncia y el ejercicio de la acción penal y, en su caso, de la acción civil, se realiza a través de su personación en las actuaciones penales como “acusación particular”; para ello debe nombrar un abogado/a en defensa de sus intereses y un procurador/a para su representación. La designación de estos profesionales puede realizarse por libre elección de la víctima o a través del Turno de Oficio especial de Violencia de Género. En este último caso la asistencia – 31 –
y representación serán gratuitas si a la mujer se le concede el beneficio de justicia gratuita. La personación y consiguiente condición de “parte” en el procedimiento penal conlleva que la víctima, a través de su abogado/a, puede proponer diligencias de prueba, intervenir en la práctica de las mismas, y conocer todas las resoluciones que se dicten durante la tramitación del proceso, pudiendo, si no está de acuerdo, presentar los recursos que procedan. Asimismo, como acusación particular, la víctima podrá solicitar la condena del agresor
y una indemnización por las lesiones, daños y perjuicios sufridos. El Ministerio Fiscal tiene encomendada la defensa de los intereses de las víctimas y perjudicados en los procedimientos penales. Si llega a la convicción de que se ha cometido un delito, dirigirá la acusación contra quien considere responsable, independientemente de que la víctima se haya personado o no en el procedimiento penal. Si no llega a dicha convicción, no formulará la acusación o podrá solicitar el archivo del procedimiento, por ejemplo si considera que no existen suficientes pruebas de los hechos.
Derecho a la restitución de la cosa, reparación del daño e indemnización del perjuicio causado. (Art. 100 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) En la Sentencia que se dicte en el procedimiento penal y siempre que la misma sea condenatoria, además de la sanción que en su caso se imponga al culpable, se fijarán
las responsabilidades civiles que el mismo debe abonar a la víctima por los daños físicos, psicológicos o morales causados por el delito. Si lo desea, la víctima puede reservarse su derecho a ejercer la acción civil en un procedimiento distinto ante los Juzgados del orden civil, de forma que en el procedimiento penal no se ejercitará la acción civil. También puede renunciar a cualquier reclamación que, en este sentido, le pudiera corresponder.
– Debe serle comunicada cualquier resolución que pueda afectar a su seguridad, así la Orden de protección, la adopción o modificación de otras medidas cautelares, los autos que acuerdan la prisión o libertad provisional del imputado y la situación penitenciaria del agresor. (Arts. 109, 506.3, 544 bis y ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) – Tiene que ser informada del lugar y fecha de celebración del juicio oral. (Arts. 785.3, 962 y 966 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) – Debe notificársele la Sentencia, tanto de instancia, como en su caso, la que resuelva el Recurso de apelación. (Arts. 270 de la Ley Orgánica del Poder Judicial; 789.4, 792.2, 973.2 y 976.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).
Derecho a recibir información sobre las actuaciones judiciales. La víctima, aunque no ejerza su derecho a intervenir en el proceso penal, debe ser informada de su papel en el mismo y del alcance, desarrollo y la marcha del procedimiento, así: – Tiene derecho a que se le facilite información sobre el estado de las actuaciones judiciales, a examinar las mismas, así como a que se le expidan copias y testimonios. (Art. 234 de la Ley Orgánica del Poder Judicial)
Derecho a la protección de la dignidad e intimidad de la víctima en el marco de los procedimientos relacionados con la violencia de género. (Art. 63 de la Ley Orgánica 1/2204, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género; – 33 –
art. 232.2 Ley Orgánica Poder Judicial; art. 15.5 Ley 35/1995, de Ayudas y Asistencia a Víctimas de Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual; arts. 2.a) y 3.1 Ley Orgánica 19/1994, de Protección de Testigos y Peritos en Causas Criminales) La Ley integral prevé medidas específicas de protección de la dignidad e intimidad de la víctima. Por un lado, se establece que los datos personales de la misma, de sus descendientes y las personas que estén bajo su guarda o custodia tengan carácter reservado. La reserva del nuevo domicilio, centro de trabajo o colegios de los hijos/as no sólo preserva la intimidad de la víctima, sino que además es un instrumento importante para su seguridad, al evitar que estos datos puedan llegar a conocimiento del imputado. Con esta misma finalidad, el modelo de solicitud de la Orden de protección dispone que la víctima puede indicar un domicilio o teléfono de una tercera persona a la que la policía o el juzgado podrán hacer llegar las comunicaciones – 34 –
o notificaciones. Asimismo, el Juzgado puede acordar, de oficio o a instancia de la propia víctima o del Ministerio Fiscal, que las actuaciones judiciales no sean públicas y que las vistas se celebren a puerta cerrada.
Derecho a acceder a las ayudas económicas previstas para las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual. (Ley 35/1995, de 11 de Diciembre, de Ayudas y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos y Contra la Libertad Sexual) Siempre que se cumplan los requisitos que establece la Ley, las mujeres víctimas de violencia de género que hayan sufrido lesiones que conlleven situación de incapacidad por tiempo superior a 6 meses o que determinen la declaración de incapacidad permanente, parcial o total, o aquellas que hayan sido víctimas de un delito contra la libertad sexual y hayan recibido tratamiento psicológico, pueden acceder a las ayudas económicas previstas en la Ley 35/1995, de 11 de Diciembre, de Ayudas y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos y Contra la Libertad Sexual.
Derecho a autorización de residencia y trabajo independiente de las mujeres extranjeras reagrupadas con su cónyuge. (Artículo 19 Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, modificado por la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre) Las mujeres extranjeras titulares de una autorización de residencia por reagrupación familiar, que sean víctimas de violencia de género, pueden obtener una autorización de residencia y trabajo independiente, desde el momento en que se hubiera dictado a su favor una orden de protección o, en su defecto, informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de violencia de género.
extranjeros en España y su integración social, añadido por la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre) Las mujeres extranjeras que se encuentren en España en situación irregular y sean víctimas de violencia de género pueden solicitar una autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales a partir del momento en que se hubiera dictado una orden de protección a su favor o, en su defecto, informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de violencia de género. Dicha autorización no se resolverá hasta que concluya el procedimiento penal: a) Concluido el procedimiento penal con sentencia condenatoria, se concederá y notificará a la mujer extranjera la autorización de residencia temporal y de trabajo por circunstancias excepcionales. b) Concluido el procedimiento penal sin que pueda deducirse, en el marco del mismo, la situación de violencia de género de la mujer extranjera, se
Derecho a autorización de residencia temporal y trabajo por circunstancias excepcionales de las mujeres extranjeras. (Artículo 31 bis Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los – 36 –
denegará la autorización de residencia temporal y de trabajo por circunstancias excepcionales. Así mismo, las mujeres extranjeras que ya hubieran presentado la solicitud de autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales, pueden solicitar una autorización provisional de residencia y trabajo a su favor. La autorización provisional así concedida concluirá en el momento en que se conceda o deniegue definitivamente la autorización por circunstancias excepcionales. Por otra parte, si al denunciar la situación de violencia de género se pusiera de manifiesto la situación irregular en España de la mujer extranjera, el expediente administrativo sancionador que se incoe por la comisión de una infracción grave (encontrarse irregularmente en territorio español) será suspendido hasta la resolución del procedimiento penal.
4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, modificado por la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre) A las mujeres extranjeras residentes en España se les renovará la autorización de residencia y trabajo tras su expiración, cuando concurran otras circunstancias previstas reglamentariamente, en particular, los supuestos de extinción del contrato de trabajo o suspensión de la relación laboral como consecuencia de ser víctima de violencia de género. Exención de la Situación Nacional de Empleo. (Artículo 40 Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, modificado por la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre) No se tendrá en cuenta la situación nacional de empleo cuando el contrato de trabajo vaya dirigido a mujeres extranjeras que obtengan la – 37 –
Renovación de la autorización de residencia y trabajo por cuenta ajena tras su expiración. (Artículo 38 Ley Orgánica
autorización de residencia por circunstancias excepcionales en los supuestos en los que se determinen reglamentariamente y, en todo caso, cuando se trate de víctimas de violencia de género o de trata de seres humanos.
de género, el acceso a la asistencia sanitaria, a la asistencia social y servicios sociales. La condición de refugiada se reconocerá a las mujeres víctimas de violencia de género que, debido a fundados temores de ser perseguidas por motivos de género, se encuentran fuera del país de su nacionalidad y no pueden o, a causa de dichos temores, no quieren acogerse a la protección de tal país, o a la mujer apátrida que, careciendo de nacionalidad y hallándose fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, por los mismos motivos no puede o, a causa de dichos temores, no quiere regresar a él: a) Para que se reconozca el derecho de asilo es preciso que los fundados temores de las mujeres a ser objeto de persecución se basen en actos de persecución que sean graves y revistan la forma de actos de violencia física o psíquica, incluidos los actos de violencia sexual. b) Para valorar los motivos de persecución se considerará que,
Derecho de asilo de las mujeres extranjeras víctimas de violencia de género. (Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria) El derecho de asilo es la protección dispensada a las personas nacionales no comunitarias o a las personas apátridas a quienes se reconozca la condición de refugiado. Esta protección consiste en la no devolución ni expulsión de las personas a quienes se les haya reconocido, así como en la adopción de las siguientes medidas, entre otras: la autorización de residencia y trabajo permanente, el acceso a los derechos reconocidos por la legislación aplicable a las personas víctimas de violencia
en función de las circunstancias imperantes en el país de origen, se incluye en el concepto de grupo social determinado un grupo basado en una característica común de orientación sexual o identidad sexual. Así mismo, en función de las circunstancias imperantes en el país de origen, se incluye a las personas que huyen de sus países de origen debido a fundados temores de sufrir persecución por motivos de género.
Ámbito estatal 016 Personas con discapacidad auditiva: 900 116 016
• Andalucía 900.200.999 • Aragón 900.504.405 • Principado de Asturias 985 962.010 • Illes Balears 971.775.116 • Canarias 112 • Cantabria 942.214.141 • Castilla y León 900.333.888 • Castilla- La Mancha 900.100.114 • Cataluña 900.900.120 • Ceuta 900.700.099 • Extremadura 112 • Galicia 900.400.273 • La Rioja 900.101.555 • Madrid 012 • Melilla 952.699.214 • Región de Murcia 968.357.244/620 • Navarra 948.206.604 112 • País Vasco 900.840.111 • Comunidad Valenciana 900.580.888
Más información: en los Organismos de Igualdad de las Comunidades Autónomas, en los Centros de Atención a la Mujer autonómicos y locales, en las Oficinas de Atención a las Víctimas del Delito en las sedes de los Juzgados, en los Servicios de Orientación Jurídica de los Colegios de Abogados y en las diferentes organizaciones de mujeres y de extranjeros. Página web del Ministerio de la Igualdad: www.migualdad.es
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