Source: http://www.cidh.oas.org/annualrep/2000sp/CapituloIII/Fondo/EEUU12.243b.htm
Timestamp: 2018-10-17 15:57:31
Document Index: 369977558

Matched Legal Cases: ['e contrario', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 6', 'artículo 4', 'artículo 27', 'artículo 31']

Estados Unidos 12.243b - Fondo
En el 108° período de sesiones expresé mi opinión de que la pena de muerte ha sido abolida en el sistema interamericano de derechos humanos. En el caso 12.028 (Grenada), sobre la pena de muerte obligatoria impuesta al Sr. Donnason Knights, presenté mi argumento a favor de este entendimiento. En el presente caso, si bien en general estoy de acuerdo con las conclusiones, el razonamiento y los motivos del informe, quisiera insistir en mi posición de que la pena de muerte ya ha sido abolida por la evolución de la normativa del sistema interamericano. Por esta razón, presento la siguiente opinión separada:
11. Cabe agregar que los Estados miembros de la OEA, al adoptar la Convención Americana sobre Desaparición Forzada de Personas, reafirmaron que “el sentido genuino de la solidaridad americana y de la buena vecindad no puede ser otro que el de consolidar en este Hemisferio, dentro del marco de las instituciones democráticas, un régimen de libertad individual y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre”.
13. En junio de este año (2000) en el Estado de Texas (EE.UU.) fue ejecutado Shaka Sankofa, antes conocido como Gary Graham, condenado por un crimen que habría cometido cuando tenía 17 años de edad. Fue ejecutado después de 19 años de espera en el pabellón de la muerte, pese a las solicitudes formalmente presentadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Gobierno de los Estados Unidos a fin de que se suspendiera el acto extremo hasta que se decidiese sobre la queja presentada en su nombre ante la aludida Comisión, pues existían serias dudas sobre la autoría del delito atribuido a la víctima. El hecho de que ese pedido no fuera tenido en cuenta por el Gobierno estadounidense, que no podría escapar a la competencia de la CIDH, en el ámbito de la protección de los derechos humanos en el Hemisferio, según la Declaración Americana, provocó un comunicado de prensa en que se deplora y condena ese procedimiento, totalmente contrario al sistema interamericano de protección de los derechos humanos.[33] (Ver en nota de pie de página el texto completo del comunicado de prensa de la CIDH).
14. Por otra parte, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, proclamada en Belém do Pará el 9 de junio de 1994, prohíbe la imposición de la pena de muerte a la mujer. Es lo que se deduce de lo dispuesto en su artículo 3, en que se afirma “toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito publico como en el privado”, y se repite, en el artículo siguiente, que entre sus derechos figura “el derecho a que se respete su vida”. Entre los deberes del Estado incluye asimismo la Convención de Belém do Pará el de “abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación”. Ahora bien, con la afirmación de que toda mujer tiene derecho a la vida, y a una vida libre de violencia, negándose al Estado el derecho de realizar cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer, parece evidente que la Convención de Belém do Pará prohíbe la aplicación de la pena de muerte a la mujer. No se puede ver en las disposiciones citadas una discriminación en relación con los hombres o los niños y jóvenes, y no cabe argumentar la llamada discriminación positiva, pues ésta existe para preservar derechos inherentes a la calidad de una persona, a fin de preservar derechos que solamente a ella pertenecen. Por ejemplo, la mujer grávida o con hijos tiene derechos propios de su condición de gestante y de madre que no se extienden, evidentemente, a los hombres. Por otra parte, una medida de discriminación positiva tiene que orientarse a realizar la igualdad entre grupos de personas entre las cuales subsisten desigualdades de hecho, en forma temporal y proporcionada. No existe una desigualdad entre hombres y mujeres en lo que hace al derecho a la vida. Y de todos modos, la imposición de la pena de muerte no es una medida proporcionada, como veremos más adelante. Cuando se trata de derechos comunes --como el derecho a la vida-- o se puede hablar de discriminación positiva. En ese caso, todos son iguales ante la ley. Naturalmente, al prohibirse la imposición de la pena de muerte a las mujeres, se tiene en cuenta no solamente su condición femenina, sino sobre todo su calidad de persona humana.
23. En el caso que consideramos, no se puede permitir la prevalencia de una norma anterior, del mismo contenido que la posterior que pretende eludir a esta última. Se trata de lo que los juristas denominan antinomia, que por su carácter de tal es necesario encarar y solucionar. ¿Cuál de las reglas debe prevalecer? No cabe duda de que son mutuamente incompatibles ¿pero cómo resolver el problema?
24. Segundo, también según Norberto Bobbio, las reglas fundamentales para la solución de las antinomias son tres: a) criterio cronológico; b) criterio jerárquico, y c) criterio de la especialidad.[34]
25. En el primer caso prevalece la norma posterior –lex posterior derogat priori. En el segundo, la natural prevalencia del Derecho Internacional sobre el derecho nacional. Finalmente, la hipótesis se encuadra asimismo en este último criterio, pues se trata de una norma especial, con destino especial.
Las Delegaciones abajo firmantes, participantes de la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, recogiendo el sentimiento ampliamente mayoritario expresado en el curso de los debates sobre la prohibición de la pena de muerte, concorde con las más puras tradiciones humanistas de nuestros pueblos, declaramos solemnemente nuestra firme aspiración de ver erradicada de inmediato del ámbito americano la aplicación de la pena de muerte, y nuestro indeclinable propósito de realizar todos los esfuerzos posibles para que, a corto plazo, pueda suscribirse un Protocolo adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos -Pacto de San José, Costa Rica- que consagre la definitiva abolición de la pena de muerte y coloque una vez más a América en la vanguardia de la defensa de los derechos fundamentales del hombre [Actas y Documentos, OEA -serv. K-XVI-12, Washington, D.C., 1973; en adelante Actas y Documentos (repr.1978, esp. pág. 161, 195, 296 y 449/441)].
40. El jurista Héctor Fáundez Ledesma escribe, a ese respecto: “en cuanto los derechos consagrados en la Convención son derechos mínimos, ella no puede coartar el ejercicio de esos derechos en una medida mayor que la permitida por otros instrumentos internacionales. Por consiguiente, cualquier otra obligación internacional asumida por el Estado en otros instrumentos internacionales de derechos humanos es de la mayor relevancia, y su coexistencia con las obligaciones derivadas de la Convención debe ser tenida en cuenta en todo lo que resulte más favorable al individuo”.
41. “El mismo entendimiento, prosigue el jurista, se hace extensivo a cualquier otra disposición convencional que proteja al individuo de una manera mas favorable, ya sea que ella esté contenida en un tratado bilateral o multilateral, e independientemente de cuál sea su objeto principal” (El sistema interamericano de protección de los derechos humanos, 1996, págs. 92 y 93).
43. En esa oportunidad la Comisión Interamericana de Derechos Humanos afirmaba que la prohibición de imponer la pena capital por delitos cometidos por menores de 18 años era un principio emanado del Derecho Internacional. Doce años más tarde no cabe duda alguna de que este principio está hoy totalmente consolidado. La ratificación por 192 Estados de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, que prohíbe la imposición de la pena capital a quienes hayan cometido delitos cuando eran menores de edad, constituye, entre otras, una prueba irrefutable de la consolidación de este principio (cf. Informe presentado a la CIDH por Amnistía Internacional, Washington, 5 de marzo de 1999).
45. Conviene además señalar que la Corte Europea de Derechos Humanos, al fallar en el caso Soering --Jens Soering, nacido en Alemania, detenido en Inglaterra y sometido a un pedido de extradición de los Estados Unidos para responder por una acusación de homicidio cometido en el Estado de Virginia, que castiga ese delito con la pena de muerte-- formuló oportunos comentarios con respecto al artículo 3 de la Convención Europea, en que se dice que nadie puede ser sometido a torturas o tratamientos inhumanos, crueles o degradantes. La Corte consideró que no podría hacerse lugar al pedido a no ser que se tuviese la certeza de que el extraditando gozaría por lo menos del beneficio de las garantías de la aludida disposición del artículo 3 de la Convención (cf. Jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l'homme, 1998, 6a. ed., Sirey, págs. 18 y siguientes).
46. En otras palabras, la Corte concluyó que la extradición a un país que admite la pena de muerte no constituiría una violación del derecho a la vida ni del derecho a la integridad personal, pues la pena de muerte en sí no ha sido prohibida expresamente por la Convención Europea. No obstante, la posibilidad de que el reo pase años en detención a la espera del momento --por otra parte totalmente imprevisible-- de la ejecución de la pena --el llamado “síndrome del pabellón de la muerte”-- fue considerada por la Corte como constitutiva de un tratamiento cruel y, por consiguiente, violatorio del derecho a la integridad personal.
49. De ese modo, la prohibición absoluta, contenida en la Convención Europea, de la tortura o las penas o tratamientos inhumanos o degradantes, muestra que el artículo 3 aludido consagra uno de los valores fundamentales de las sociedades democráticas. Se destaca en esa sentencia que tiene el mismo sentido la disposición del Pacto Internacional de 1966 relativo a los derechos civiles y políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969, al proteger, en toda su extensión y profundidad, los derechos de la persona humana. Se trata, concluye, de una norma internacionalmente aprobada.
52. A su vez, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya afirmó, en ese sentido, que “el derecho a la vida y su garantía y respeto por los Estados no puede ser concebido de modo restrictivo. El mismo no sólo supone que a nadie se le puede privar arbitrariamente de la vida (obligación negativa). Exige de los Estados, todavía más, tomar todas las providencias apropiadas para postergarla y preservarla (obligación positiva)” (cf. Repertorio de Jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, 1998, Washington College of Law, American University, 1/102).
53. No fue por otro motivo que la Corte Europea, en la decisión mencionada, consideró que la Convención es, incontestablemente “un instrumento vivo que ha de interpretarse (...) a la luz de las condiciones de vida actual [para determinar si es preciso considerar un tratamiento o una pena como inhumanos o degradantes a los fines del artículo 3. La Corte no puede dejar de recibir la influencia de la evolución y las normas comúnmente aceptadas de la política penal de los Estados miembros del Consejo de Europa en este terreno”.
56. Más recientemente, en la Opinión Consultiva OC-16/99, del 1º de octubre de 1999, solicitada por los Estados Unidos Mexicanos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos con respecto al derecho a la información sobre la asistencia consular en el marco de las garantías del debido proceso legal, la Corte estimó útil recordar que en el examen realizado, en su oportunidad, sobre el artículo 4, de la Convención Americana, advirtió que la aplicación e imposición de la pena capital está limitada en términos absolutos por el principio según el cual “[nadie] podrá ser privado de la vida arbitrariamente”. Tanto el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como el artículo 4 de la Convención, ordenan la estricta observancia del procedimiento legal y limitan la aplicación de esta pena a “los más graves delitos”. En ambos instrumentos existe, pues, una clara tendencia restrictiva a la aplicación de la pena de muerte hacia su supresión final”.
58. Es justamente aplicable, en la línea de posición del jurista y del ejecutor de la ley sobre la materia, el voto concurrente, en la aludida opinión consultiva – solicitada por el Estado Mexicano—del Juez Cançado Trindade, al formular consideraciones pertinentes con respecto a la hermenéutica del Derecho frente a las nuevas necesidades de protección.
61. A este propósito, la Corte Europea de Derechos Humanos, en el caso Tyrer versus Reino Unido (1978), al determinar la ilicitud de castigos corporales aplicados a adolescentes en la Isla de Man, afirmó que la Convención Europea de Derechos Humanos “es un instrumento vivo, que debe ser interpretado a la luz de las condiciones de la vida actual”.
64. El artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados impide invocar normas de derecho interno para justificar el incumplimiento de una obligación internacional. Además, una disposición internacional debe ser interpretada de buena fe, conforme al sentido ordinario de sus términos (artículo 31 de la Convención de Viena, del 23 de mayo de 1969: “Un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido ordinario que haya de atribuirse a sus términos en el contexto de los mismos y teniendo en cuenta su objeto y fin"). En consecuencia, debe tratar de valorizar cada uno de los términos, no pudiendo interpretarse como no escritos (doctrina del “efecto útil”).
65. Además, la Corte Interamericana, en la Opinión Consultiva OC-14/94, ya señaló que: “según el derecho internacional las obligaciones que éste impone deben ser cumplidas de buena fe, y no puede invocarse para su incumplimiento el derecho interno. Estas reglas pueden ser consideradas como principios generales del derecho y han sido aplicadas, aún tratándose de disposiciones de carácter constitucional, por la Corte Permanente de Justicia Internacional y la Corte Internacional de Justicia [Caso de las Comunidades Greco-Búlgaras (1930); Caso de Nacionales Polacos de Danzig (1931); Caso de las Zonas Libres (1932); y aplicabilidad de la obligación de arbitrar conforme al Convenio de Sede de las Naciones Unidas (Caso de la Misión de la OLP, 1988)].
Dado y firmado en la ciudad de Santiago de Chile a los 4 días del mes de abril de 2001. firmado en la ciudad de Santiago de Chile a los 4 días del mes de abril de 2001. (Firmado): Hélio Bicudo.