Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2008/C-1185-08.htm
Timestamp: 2017-11-23 15:08:09
Document Index: 232692383

Matched Legal Cases: ['artículo 69', 'artículo 12', 'artículo 647', 'artículo 647', 'artículo 1616', 'artículo 634', 'artículo 647', 'artículo 634', 'artículo 634', 'artículo 2']

C-1185-08
ARTICULO 634-1. SUSPENSIÓN DE LOS INTERESES MORATORIOS. Artículo adicionado por el artículo 69 de la Ley 383 de 1997. El nuevo texto es el siguiente: Después de dos años contados a partir de la fecha de admisión de la demanda ante la jurisdicción contenciosa administrativa, se suspenderán los intereses moratorios a cargo del contribuyente hasta la fecha en que quede ejecutoriada la providencia definitiva.
ARTICULO 635. DETERMINACIÓN DE LA TASA DE INTERÉS MORATORIO. Artículo modificado por el artículo 12 de la Ley 1066 de 2006. El nuevo texto es el siguiente: Para efectos tributarios y frente a obligaciones cuyo vencimiento legal sea a partir del 1o de enero de 2006, la tasa de interés moratorio será la tasa equivalente a la tasa efectiva de usura certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia para el respectivo mes de mora.
Para el actor “la capitalización de los intereses mes a mes, bajo el pretexto de no romper con el criterio de interés compuesto surge única y exclusivamente de la literalidad de una disposición legal que no consulta la justicia tributaria…”.
Afirma que aplicar una sanción por mora bajo el criterio promulgado por el Gobierno Nacional (Instrucción DIAN), vulnera las garantías “del orden social justo y la justicia tributaria en sí misma”.
Precisa que el E. T. tipifica en el artículo 647 la inexactitud de las declaraciones fiscales, de donde puede inferirse que para que se configure la infracción sancionable deben concurrir varios elementos, pues es necesario que la declaración haya sido presentada, que de ella se derive una cuota tributaria inferior a la determinada por la administración en el marco de los procedimientos de fiscalización y/o liquidación; y que la menor cuota se deba a la falta de declaración de ingresos u operaciones gravadas, a la inclusión de factores negativos (costos, deducciones, etc.) inexistentes o a la utilización de datos falsos o desfigurados. Agrega que “igualmente constituye inexactitud sancionable, por disposición del mismo artículo 647 del E. T., la solicitud de compensaciones o devoluciones sobre sumas que ya hubieren sido objeto de compensación o devolución”.
Aclara que la sanción por inexactitud encuentra sustento en la finalidad preventivo-represiva de esta determinación legal, pues lo que se pretende con ésta es castigar y persuadir a los posibles evasores, debido a que se está sancionando una conducta desviada, no un simple error, sino las maniobras engañosas y reprochables en las que puede incurrir el contribuyente al momento de presentar la declaración, de las cuales “deriva un menor impuesto o saldo a pagar, o un mayor saldo a favor”.
Al respecto, recuerda que la Corte Constitucional se ha ocupado de dilucidar la verdadera naturaleza y el régimen jurídico correspondiente a los intereses de mora tributarios. Así, considera el interviniente que cuando el actor afirma que “al imponerlas de forma concurrente en el marco de un proceso de fiscalización y/o liquidación en el que se revisa una declaración presentada, sanciona doblemente una misma infracción y con ello viola el principio del non bis in idem” (f. 45 cd. inicial), desconoce la naturaleza y finalidad de la sanción por inexactitud y los intereses moratorios.
En este sentido advierte “aunque las instituciones del derecho privado exigen que para que haya lugar al surgimiento de los intereses moratorios el retraso en el cumplimiento de la obligación por parte del deudor sea de carácter culpable (artículo 1616 del Código Civil), no puede efectuarse una transposición pura y simple de los esquemas ius prívatistas para explicar la regulación del interés moratorio tributarios porque en este plano, si bien se ha tomado el interés como supraconcepto proveniente del derecho común, debe recordarse que se le ha dotado de una motivación de carácter público que hace posible que no se tenga en cuenta el elemento de culpabilidad del deudor, conforme a lo anteriormente expuesto”.
Para este interviniente, la naturaleza jurídica y la finalidad de la “sanción por intereses moratorios” y la “sanción por inexactitud”, son diferentes y se aplican a distintos hechos, la primera prevista en el artículo 634 del E. T., recae sobre el hecho del incumplimiento en el pago oportuno de una obligación tributaria, ya sea liquidada directamente por el contribuyente en las respectivas declaraciones, o por la administración mediante liquidaciones oficiales; mientras que la segunda recae sobre los hechos constitutivos de infracción tributaria tipificados expresamente en el artículo 647 ibídem.
Por tanto, afirma que “el incremento de la deuda tributaria, por la aplicación conjunta de ambas sanciones, - que en palabras del demandante puede significar un aumento hasta del 506% de la deuda de impuestos -, es una consideración de tipo económico y de conveniencia, que resulta ajena al juicio de constitucionalidad”.
Sobre la tasa de interés moratorio consagrada en el art. 635 del E. T., opina que la interpretación en la “instrucción administrativa DIAN 0009 de septiembre 29 de 2006”, de cómo se deben liquidar los intereses moratorios previstos en el artículo citado, no es materia de constitucionalidad.
Argumenta que tampoco existe la supuesta omisión legislativa relativa planteada por el actor, por cuanto la “sanción por intereses moratorios” es aplicable, en igualdad de condiciones, tal como se indicó anteriormente, a los contribuyentes que liquidan sus obligaciones tributarias en sus correspondientes declaraciones, como a aquéllos a quienes la administración tributaria les determina los mayores tributos mediante liquidaciones oficiales.
El Decano de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales allega un concepto sobre la demanda en cuestión elaborado por un profesor de dicha Facultad, quien también aboga por la exequibilidad de las disposiciones acusadas, señalando que “no le asiste la razón al ciudadano actor”.
Sobre la omisión legislativa planteada, anota que el actor pretende “persuadir a la Corte para que expida una sentencia aditiva o integradora en la cual ‘llene el vacío’ y declare que lo ajustado a la Carta es que no haya sanción por mora en los casos de diferencias de criterios”.
Afirma que no es cierto que la norma esté colocando en pie de igualdad a los “dolosamente infractores” frente a quienes simplemente tienen diferencias de criterios con la administración, en cuanto a unos también se les sanciona por la inexactitud, mientras que a los otros se les otorga un trato menos oneroso, ya que sólo se les impone la sanción por mora. En suma, las normas no lesionan la igualdad sino que la garantizan, al establecer un trato diferencial para los "dolosamente infractores" y para quienes simplemente tienen diferencias de criterio con la administración.
Agrega que “la norma impugnada es antigua y corresponde a una época en que los fenómenos de morosidad de la justicia eran más evidentes que hoy en día cuando se han implementado los jueces administrativos. Podría considerarse que se justifica por su efecto moderador ya que por un lado, el contribuyente tiene todo el derecho a su defensa, pero también por otro lado el legislador tiene que poner al abrigo a la entidad controladora y recaudadora del tributo de demandas temerarias que solo tendrán por objeto impedir la percepción oportuna del tributo, tan necesario para cumplir los fines del estado. Por estas razones la norma debe mantenerse”.
Por último, sobre la determinación de la tasa de interés acota que la norma no está haciendo “apología del delito”, sino que simplemente fija la moratoria acorde con el límite que establezca la Superintendencia Financiera.
Con todo, el Procurador se refiere al contenido de algunos señalamientos del demandante, considerando que “la elevación del monto de la sanción es una situación determinada por los supuestos de cada caso en particular, pues no puede considerarse como una regla general que todas las actuaciones administrativas derivadas de la determinación de una inexactitud en las declaraciones tributarias surtan el trámite descrito en la demanda y dure todo el tiempo que indica el actor, aspecto que pudiera determinar también en este evento una decisión inhibitoria; sin embargo, con el ánimo de no defraudar el interés ciudadano y hacer claridad sobre la naturaleza de las sanciones contempladas en los artículos 634 y 647 del Estatuto Tributario, resulta del caso exponer algunas consideraciones que conducen a desestimar el cargo” (no está resaltado en el original).
Pone de presente que “resultaría inadmisible no sancionar con el pago de intereses moratorios al contribuyente que con dolo o culpa dejó de cancelar, cuando debía hacerlo, el monto real del tributo que le correspondía y que ocultó o alteró información de su declaración para tal efecto, sencillamente para no afectarle mucho su patrimonio, como parece ser la intención del demandante, pero sí cobrarle intereses moratorios a quien habiendo efectuado correctamente la declaración no realizó el pago en el plazo estipulado”.
Por otro lado, señala que “tampoco merece reparo el artículo 634 acusado”, en cuanto se refiere a la proporcionalidad de los intereses, pues su tasación en cada caso específico dependerá del tiempo que el contribuyente obligado deje pasar hasta cumplir con la obligación tributaria y se realizará en todos los eventos teniendo como referente la tasa efectiva de usura certificada por la Superintendencia Financiera.
Se trata de un aspecto objetivo, como es una fecha, frente a la cual resulta desacertado considerar que se puedan presentar “errores en la apreciación o de diferencias de criterio entre las Oficinas de impuestos y el declarante, relativos a la interpretación del derecho aplicable”.
Como lo ponen de presente los intervinientes, “la sanción por inexactitud” y “la sanción por mora”, son de naturaleza diferente, porque corresponden a supuestos fácticos distintos, pero el demandante considera que “aplicado en conjunto” el sistema sancionatorio tributario contenido en las disposiciones acusadas, afecta la propiedad privada, porque la pena impuesta al contribuyente supera la suma inicialmente adeudada al fisco, lo cual redunda en un efecto confiscatorio proscrito en los artículos 34 y 58 de la Carta.
1. Como puede observarse, el actor impetra la declaración de inexequibilidad de los apartes normativos acusados de los artículos 634, 634-1, 635 y 647 del E. T. pues, a su juicio, aplicados “en conjunto”, desconocen el derecho a la propiedad privada consagrado en la Constitución Política.
Si el soporte del actor es, como ya se vio, la supuesta existencia de dos sanciones por “el mismo hecho infractor” y ese supuesto fáctico no se encuentra establecido en la ley, la acusación queda formulada en el vacío, por cuanto el demandante funda la imputación en una interpretación según la cual habría simultaneidad de sanciones, sin que ello corresponda a la realidad legislativa, razón por la cual la Corte no puede hacer pronunciamiento alguno, en la medida en que no hay trasgresión constable.
Para llegar a la declaración de inexequibilidad total o parcial de una disposición de la ley es menester definir si existe una oposición objetiva y verificable entre lo que dispone el precepto acusado y lo que manda la Constitución.”
3. En cuanto a la aseveración del demandante, según la cual los apartes normativos que censura deben declararse inexequibles por resultar contrarios a la justicia tributaria, queda igualmente en el vacío, como quiera que no se indica cual es la razón que podría llevar a esa conclusión, ya que el demandante simplemente insiste en que “la aplicación en conjunto” de las sanciones por inexactitud en la declaración y por mora en el pago de la obligación tributaria conduce a esa conclusión, argumento que no resulta de recibo por las razones que se expusieron en precedencia, siendo además claro que cada sanción es aplicable a la determinada infracción.
4. Tampoco puede pronunciarse la Corte sobre la supuesta vulneración de la Constitución por violación del derecho de acceso a la administración de justicia, pues la demanda carece de argumentación que intente siquiera la demostración de semejante reproche; debía el actor esclarecer cómo se impide en virtud de los apartes normativos acusados (después de dos años) en un caso concreto, acudir ante la jurisdicción contencioso administrativa por la imposición de sanciones al contribuyente, por “inexactitud” en la declaración tributaria, o por “mora” en el pago de obligaciones concretas con el fisco.
6. Finalmente, sobre la inconstitucionalidad por omisión legislativa, dice el actor: “El artículo 634 E.T. contiene una omisión claramente inconstitucional al no incluir como elemento eximente de responsabilidad sancionable la diferencia de criterios que puede existir entre la Administración y los contribuyentes”.
“… para efectos de proceder al examen de constitucionalidad de una disposición jurídica, por haber incurrido el Congreso en omisión legislativa relativa, la Corte ha considerado necesario el cumplimiento de ciertas condiciones, a saber: (i) que exista una norma sobre la cual se predique necesariamente el cargo; (ii) que la misma excluya de sus consecuencias jurídicas aquellos casos que, por ser asimilables, tenían que estar contenidos en el texto normativo cuestionado, o que el precepto omita incluir un ingrediente o condición que, de acuerdo con la Constitución, resulta esencial para armonizar el texto legal con los mandatos de la Carta; (iii) que la exclusión de los casos o ingredientes carezca de un principio de razón suficiente; (iv) que la falta de justificación y objetividad genere para los casos excluidos de la regulación legal una desigualdad negativa frente a los que se encuentran amparados por las consecuencias de la norma; y (v) que la omisión sea el resultado del incumplimiento de un deber específico impuesto por el constituyente al legislador.[1]
‘Para que una demanda de inconstitucionalidad contra una omisión legislativa relativa sea admisible, resulta necesario que el actor acuse el contenido normativo específicamente vinculado con la omisión. De esta suerte, no resultan atendibles los cargos generales que se dirigen a atacar un conjunto indeterminado de normas[3]con el argumento de que omiten la regulación de un aspecto particular, o los que se dirigen a atacar normas de las cuales no emerge el precepto que el demandante echa de menos.’ (Sentencia C-041/2002, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra).
Y es que, reiterando la posición adoptada por la Corporación en abundante y reiterada jurisprudencia, ‘la técnica utilizada en la formulación de las demandas de inconstitucionalidad, derivada de las exigencias contenidas en el artículo 2º del Decreto 2067 de 1991, le impone a quien pretende ejercer esta acción, la obligación de señalar con claridad las razones que sustentan la inexequibilidad del precepto impugnado, razones que, además, deben guardar correspondencia lógica con el texto acusado, de tal modo que le sean atribuibles directamente a éste’[4]. Ha considerado la Corporación que el cumplimiento de tal exigencia, ‘lejos de afectar el núcleo esencial del derecho ciudadano a la participación, conformación, ejercicio y control político (art. 40 C.P.), busca garantizar su realización material y, a su vez, permitir un optimo funcionamiento en la administración de justicia’[5].
La existencia de cargos y la necesidad de que éstos se prediquen de la preceptiva impugnada, constituye, entonces, condición indispensable para activar el proceso de inconstitucionalidad de las leyes.”
[1]“Cfr. sentencias C-543/96 (M. P. Carlos Gaviria Díaz), C-427/2000 (M. P. Vladimiro Naranjo Mesa) y C-1549/2000 (M. P. (e) Martha Victoria Sáchica de Moncaleano), entre otras.”
[2] “Cfr. sentencias C-543/96 y C-1549/2001.”
[3] “Ídem.”
[4] “Sentencia C-986/99, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.”
[5] “Sentencia C-519/98, M..P. Vladimiro Naranjo Mesa.”