Source: https://www.slideshare.net/carlangas73/los-ficheros-de-internos-de-especial-seguimiento-anlisis-de-la-normativa-reguladora-fundamentos-de-su-ilegalidad-y-exclusin-del-ordenamiento-jurdico-ros-julin
Timestamp: 2017-10-20 08:14:54
Document Index: 54141003

Matched Legal Cases: ['artículo 10', 'artículo 3', 'artículo 18', 'artículo 1', 'Artículo 39', 'Artículo 62', 'artículo 17']

Los ficheros de internos de especial seguimiento. análisis de la norm…
Los ficheros de internos de especial seguimiento. análisis de la normativa reguladora, fundamentos de su ilegalidad y exclusión del ordenamiento jurídico. ríos, julián
Choisir une solution PLM en mode Sa... by Entreprises & Num... 734 views
Dossier Presse WEB Oldelaf by WE DO MUSIC 2701 views
Thèse pierre schoch by Dental Life 3107 views
Nutricion Animal 2011 by Daniel Moreno 1140 views
LES SALUTATIONS DANIELA VELEZ UCE by DANIELA VELEZ 982 views
Des photos rares mo by Gerard Houdinet 474 views
1. LOS FICHEROS DE INTERNOS DE ESPECIAL SEGUIMIENTO (FIES). ANÁLISIS DE LA NORMATIVA REGULADORA, FUNDAMENTOS DE SU ILEGALIDAD Y EXCLUSIÓN DEL ORDENAMIENTO JURIDICO Julián Carlos Ríos Martín Abogado. Profesor de Derecho Penal de la U.P.Co. (ICADE).1. CONCEPTO Y REGULACIÓN El fichero de internos de especial seguimiento (FIES) es un instrumento utilizadopor la administración penitenciaria con diversos y cuestionables objetivos de control.Inicialmente fue creado y desarrollado por las Circulares de la Dirección General deInstituciones Penitenciarias de 6 de marzo de 1991, 28 de mayo de 1991 y 28 de febrero de1995 (I. 8/95). Tras la entrada en vigor del nuevo Reglamento Penitenciario (R.D.190/1996 de 9 de febrero), y en virtud de la D.T. 4ª del R.P., se procedió a la refundición,armonización y adecuación de las Circulares, Instrucciones y Ordenes de servicio queexistían hasta la fecha. A los fines que estamos tratando se dictó la Instrucción 21/96 quedejó sin efecto las anteriores normas administrativas que regulaban el fichero de internosde especial seguimiento. El fichero incluye distintos grupos en atención a los delitos cometidos, repercusiónsocial de los mismos, pertenencia a bandas organizadas y criminales, peligrosidad, u otrosfactores. A estos efectos existe la siguiente clasificación: * FIES-1 (Control Directo). En este fichero se incluyen las personas especialmentepeligrosas y conflictivas, protagonistas e inductoras de alteraciones regimentales muygraves que hayan puesto en peligro la vida o la integridad física de los funcionarios,
2. autoridades, otros internos o personal de la institución, tanto dentro como fuera de lacárcel, con ocasión de salidas para traslados, diligencias u otros motivos (1). * FIES-2 (Narcotraficantes). Se incluyen aquellas personas, preventivas openadas, presuntas o autoras de delitos contra la salud pública (tráfico de drogas oestupefacientes) u otros delitos íntimamente ligados a éstos (evasión de divisas, blanqueode dinero...) cometidos por grupos organizados nacionales o extranjeros, y aquellos que, através de informes de las fuerzas de seguridad, colaboran o apoyan a estos grupos (2). * FIES-3 (Bandas Armadas). Se incluyen todas aquellas personas ingresadas enprisión por vinculación a bandas armadas o elementos terroristas, y aquellos que, a travésde informes de las fuerzas de seguridad, colaboran o apoyan a estos grupos. * FIES-4 (Fuerzas de Seguridad y Funcionarios de I.I.P.P.). Se incluyen los quepertenecen o han pertenecido a este colectivo profesional, cuya integridad física yseguridad es preciso proteger conforme a lo previsto en el art. 8 de las L.O. de las F.C.S.E) * FIES-5 (Características Especiales). Se incluyen diversos subgrupos de personas.Temporalmente, aquellas que evolucionan de forma muy positiva en el colectivo RégimenEspecial. Aquellas, que vinculadas a la delincuencia común de carácter internacional, seanautoras o presuntamente responsables de delitos extraordinariamente violentos contra lalibertad sexual, que además hayan causado gran alarma social. Finalmente, tambiénquedan incluidos los reclusos ingresados por negarse a realizar el servicio militar orehusaren a realizar la prestación social sustitutoria.2. OBJETIVOS Y MECANISMOS DE CONTROL Estos ficheros, según la Instrucción que lo regula, están dirigidos a "disponer deuna amplia información de determinados grupos de internos por el delito cometido, sutrayectoria penitenciaria, su integración en formas de criminalidad organizada... que 1 .-La única posibilidad de introducir en este fichero a personas es por los motivos establecidos. Lainclusión debe quedar suficientemente motivada. 2 .- La posibilidad de incluir en este fichero a preventivos y presuntos supone un atentado contra el derechofundamental a la presunción de inocencia; hecho que supone un vulneración de la normativa constitucional.
3. permita conocer sus intervinculaciones y una adecuada gestión regimental, ejerciendo uncontrol adecuado frente a fórmulas delictivas altamente complejas y potencialmentedesestabilizadoras del sistema penitenciario....desarrollo con más eficacia de las funcionesque legalmente le corresponde... con el objeto de prevenir incidentes en los centros". Para la consecución de estos objetivos el fichero almacena una serie de datos:filiación, penales, procesales, penitenciarios, incidencias protagonizadas, actividaddelictiva y comunicaciones con el exterior. Para la obtención de estos datos se exige, deforma inevitable, la existencia de una serie de mecanismos y prácticas controladoras; deellas no se hace mención alguna en la Instrucción, pero constituyen la base para realizar elreproche de vulneración de derechos que posteriormente describiremos. Por otro lado, con el objetivo de que todos los mecanismos de control que seejercen desde la administración carcelaria sobre las personas incluidas en este ficheroaparezcan formalmente ajustados a la legislación constitucional y penitenciaria, laInstrucción dispone que "los datos FIES tienen un carácter puramente administrativo".Asimismo, se hace una invocación concreta a que "en ningún caso la inclusión en el FIESprejuzga la clasificación, veta el derecho al tratamiento de los internos, ni supone unavida regimental distinta de aquella que venga reglamentariamente determinada". Como ocurre en otras parcelas del ordenamiento penitenciario, con la simpleindicación formal de que el control realizado no vulnera en ningún caso la legalidadexistente, se quiere esconder y suplantar la realidad. Estamos ante una situación de intentode construcción ficticia de una realidad, para "hacer ver, lo que de ninguna manera es".Esta "maniobra" normativa realizada por el legislador penitenciario (Dirección General deInstituciones penitenciarias) es tan visible y clara que no consigue los efectos que pretendede camuflaje de la ilegalidad que pretende, aunque amparándose en esta realidad ficticiaque se dispone en la Instrucción, algunos Jueces de Vigilancia no han accedido a excluirdel fichero a determinadas personas. En cambio, a otros Jueces, tal situación no se les hapasado por alto y han declarado en sus resoluciones la ilegalidad del fichero. Las afirmaciones que estamos vertiendo en estas líneas son fáciles de comprobarcon una minuciosa lectura de los mecanismos de control a los que se somete a los presos.Para ello hay que utilizar, como elemento interpretativo, no únicamente el sentido jurídico
4. (que en ocasiones puede convertirse en "constructor de realidades virtuales"), sinoprincipalmente el común. Estos criterios, junto a un conocimiento mínimo delfuncionamiento de la institución carcelaria, llevaría a demostrar como el controladministrativo somete a las personas que se encuentran en este fichero, negándolesabsolutamente la intimidad, el tiempo y el espacio. Este control inevitablemente afecta a laclasificación, a los permisos, y al régimen de vida, por más que la normativa disponga locontrario. Los datos obtenidos deben ser remitidos por el director de cada cárcel a laSubdirección General de Gestión Penitenciaria, con indicación del Grupo F.I.E.S. al quepertenece el recluso. Estos datos son los siguientes:- Propuestas de licenciamiento definitivo y acuerdos de conclusión de expediente delibertad condicional. Se entiende que estos datos se obtienen para dos fines. Por una lado, para realizarun control posterior -cuando el preso esté libre-, lo que hace ilegal la obtención del dato yla posible intervención porque el objetivo del mismo no es la prevención de incidentesdentro de las cárceles. Por otro lado, la obtención del dato y la actividad de control puedeincidir en la decisión de pronóstico final que emita la Junta de tratamiento y que figura enel expediente de libertad condicional antes de que sea elevado al Juez de Vigilancia. Nadaimpide que tras la comunicación a la Dirección General, el pronóstico pueda ser variadoarbitrariamente, ya que ello no se puede controlar judicialmente.- Excarcelaciones para traslado a otra cárcel u hospital.- Ingreso procedente de un traslado, ya sea de tránsito o destino.- Las modificaciones en su situación penal y procesal, así como las penitenciarias.- Los acuerdos de los órganos colegiados y resoluciones de los órganos unipersonales (sanciones, cancelación, destinos, recompensas, intervención de las comunicaciones, propuestas de art. 10, clasificaciones, grados)- Comunicación con los letrados, indicando nombre de los mismos. (No es legal el control a profesionales por parte de la administración penitenciaria).
5. - Cualquier incidente regimental incluso sospechas de que puedan protagonizarlo. (Vulneración del derecho a la presunción de inocencia, toda vez que sobre esas sospechas pueden derivar restricciones de derechos o un aumento de control).- Participación en actividades programadas.- Solicitudes de permisos de salida, antes de proceder a su estudio por parte del equipo técnico con indicación del domicilio donde fijaría su residencia.(Estos datos son los que pueden influir subrepticiamente en la denegación de los permisos para estas personas. Estar incluido en alguno de los ficheros es uno de los impedimentos, en la práctica, para la concesión de los permisos. Este criterio se maneja hábilmente en la Juntas de régimen, pero el dato no se refleja posteriormente en los acuerdos adoptados. Así el permiso se denegará por otro motivos: importancia del delito o trascendencia social, falta de consolidación de factores positivos, etc...).- Autos o resoluciones de los Juzgado de Vigilancia o Audiencias que resuelvan quejas planteadas por estas personas, siempre que tengan alguna trascendencia para el régimen del establecimiento.- Cualquier otra información de interés. Respecto de los de FIES-1 (Control Directo) se remitirá los lunes de cada semana ala Subdirección de Seguridad la ficha de seguimiento personal y la informacióncorrespondiente. En relación con los internos incluidos en FIES-2 y 3, cuando se trate de asuntosurgentes se informará telefónicamente al área de Intervención de Colectivos especiales dela subdirección General de Gestión Penitenciaria. Se entienden como asuntos urgentes lossiguientes:- Libertades, excarcelaciones, antes de que se produzcan las mismas; (no tienen ningún tipo de eficacia hacia la prevención de situaciones conflictivas en la cárcel).- Autos u otras resoluciones judiciales que acuerden la clasificación o progresión a tercer grado.- Fallecimientos.- Agresiones o incidentes graves.- Salidas de permiso antes de que se produzcan.- Resoluciones judiciales que modifiquen el régimen de vida de las mismas.
6. - Consultas médicas. Cuando el interno solicite por facultativos ajenos a la institución se interesará igualmente, autorización de la Subdirección General de Sanidad penitenciaria y los datos personales del facultativo requerido. (No parece ajustado a la legalidad el control del facultativo correspondiente). Para narcotraficantes el control aumenta con los siguientes medios:a.- Destino a módulos o departamentos que cuenten con medidas de seguridad adecuadas,donde puedan controlarse la relación o el contacto con otros internos de su organización.b.- Control sobre estos, durante todas y cada una de las actividades que desarrollen:- Comunicaciones familiares y con otras personas (con indicación semanal de las personas con las que comunica durante la semana, comunicaciones especiales vis a vis, familiares o de convivencia, indiciando el D.N.I. y parentesco de todas ellas. Mensualmente se debe remitir una relación de todas las comunicaciones, indicando D.N.I. y parentesco de todas las personas con las que se comunica, llamadas de teléfono, señalando el número y si es posible datos de la llamada. Asimismo comunicaciones escritas, aunque la mayoría las tiene intervenidas. Este medio de control para obtener la información vulnera el secreto de las comunicaciones al exigir el control de los comunicantes (cuando éstos son ciudadanos libres) y los datos de la llamada, sin previa declaración de intervención.- Relaciones con los funcionarios.- Relaciones con otros internos.- Rol y capacidad de liderazgo.- Relaciones y posibles vinculaciones con otros grupos.- Control sobre el movimiento de sus cuentas de peculio, indagando el origen de sus aportaciones, así como las extracciones para otros internos y ex-internos.- Cuando se valore la posibilidad de asignarle un destino, deberá cuidar que no sea de los de confianza, que no conlleve la realización de tareas en el exterior o tenga acceso a otros medios de comunicación.- Ante salidas al exterior del departamento para realizar actividades culturales tienen que observar idénticas prevenciones.
7. - Durante la celebración de las comunicaciones con el exterior, se tendrán en cuenta las limitaciones y medidas de seguridad o control previstas en la ley.- Periódicamente y por estrictas razones de seguridad serán cambiados de celda.- Se potenciará respecto de ellos, las medidas de seguridad interior inmediatas (cacheos, recuentos, requisas) del art. 65 R.P. Para el control de presos especialmente peligrosos y conflictivos se intensifican losmecanismos controladores, llegando, en sus consecuencias, hasta la negación absoluta dela intimidad y, por tanto, de la dignidad:- Al menos dos veces por semana se requisarán todas y cada una de las dependencias de la cárcel y diariamente las que se consideren vulnerables por los internos que las albergan.- Los que tengan aplicado el régimen cerrado y las que pasen por prescripción médica la mayor parte del día: inspecciones oculares periódicas.- Datos diarios al Jefe de servicio sobre cacheos realizados (A DIARIO), actitudes, relaciones con otros internos, incidentes.(Esos datos se comunican diariamente a la Subdirección de seguridad)- Cambios periódicos de celda.- No pueden estar dos de presos FIES en una misma celda, ni situados en dos contiguas.- Las rondas nocturnas deberán hacerse respetando la dignidad de la persona presa y las horas de descanso nocturno-. Tienen que llevarse a cabo con la periodicidad que se considere adecuada, en función de los distintos tipos de régimen FIES, en un intervalo no superior a una hora. Su realización y novedades que pudieran producirse, deberán ser registradas en un libro a tal fin, que se custodiará en la jefatura de servicios. Nos sorprende que se establezca la necesidad de que se observe el respeto a la dignidad y las horas de descanso -descripción formal de que la práctica de control se hace conforme a la legalidad- y posteriormente se señale que los intervalos nunca serán superiores a una hora; ¿Qué entienden por dignidad los legisladores carcelarios? Esta situación supone la negación más absoluta de la intimidad: 21 horas en celda, si está clasificado en primer grado, cambios de celda continuos, cacheos diarios, y control nocturno cada hora. Como ya fundamentaremos más adelante esta situación supone la vulneración del derecho a la dignidad y a la intimidad.
8. En caso de que las comunicaciones estén intervenidas, las cartas, tanto de entradacomo de salida se fotocopiarán todos los días, y se remitirán a la Coordinación deSeguridad. Existe una normativa interna que dispone que cuando transcurran más de 15días sin que la Coordinación de Seguridad haya contestado se dé trámite a las mismas. Loque quiere decir que las cartas se reciben al menos con 15 días de retraso sobre el día enque han llegado a prisión. Esta intervención, en la mayoría de los casos, es por tiempoindefinido. Se va renovando trimestral o mensualmente, aunque no haya existido novedadalguna durante el tiempo de la intervención. Para poder comunicar con amigos por locutorio general, los presos FIES han desolicitar autorización que se cursa a través de la Coordinación de Seguridad (D.G.I.P.), enla que se indicarán nombre y apellidos, así como el D.N.I. Esta solicitud tarda en sercontestada entre mes y medio, y dos meses. Una vez recibida la contestación de laCoordinación de Seguridad, se les autoriza una comunicación durante un período de tresmeses, y en caso de ser trasladados de cárcel, la autorización pierde la validez.3. RAZONES DE ILEGALIDAD. Frente a la regulación de este fichero, la interpretación de los conceptos normativosen su aplicación práctica a personas presas concretas nos permite concluir que la normativaque regula los FIES es ilegal. Ello, por varios razones: Primera.- La modificación del status libertatis de la persona privada de libertad,que se concrete en un mayor seguimiento realizado a través de medios de control (cacheos,requisas, cambios de celda, información al centro Directivo antes de la concesión depermisos, excarcelaciones...), vulneración de los actos más íntimos (control visualcontinuo), de control a familiares, abogados, debe caer dentro del art. 17 C.E. y, por tanto,deben ser aplicables todas las garantías jurídico-procesales establecidas al efecto; entreellas, el control judicial.
9. A este respecto, la normativa que regula los FIES obvia la necesaria petición deautorización judicial para aplicar lo que es un verdadero y propio régimen especial por susfines, ya que se aplica a determinadas personas caracterizadas por la comisión dediferentes actos o hechos, imponiendo notables limitaciones y controles en su régimen devida sin autorización ni seguimiento por el órgano judicial. En este sentido, y de formaanalógica, la inclusión en el FIES debería hacerse con las mismas garantías que el trasladode penados a departamentos de régimen cerrado (art. 95 R.P.). Éste debe hacerse dandocuenta al Juez de Vigilancia, expresando en la resolución la posibilidad de recurso ante elórgano judicial (art. 76.2 f. LOGP.) (J.V.P. de Granada auto de 31.07.95). Segunda.- La aplicación del régimen FIES supone una diferenciación deregímenes de vida, dentro del régimen cerrado o especial del artículo 10 LOGP, conrestricciones de derechos, no querida ni contemplada por el legislador. Las personasincluidas en el FIES-RE, ahora denominado Control Directo, tienen un régimen mássevero que los internos de una misma clasificación de primer grado (JVP de Granada, autode 31.07.95). Con la aplicación de este régimen de vida se ignoran no sólo lasconsecuencias, sino también las causas de su inclusión en el mismo (JVP 3 de Madrid,auto de 10.08.95). Por el contrario, tanto las autoridades administrativas como la instrucción que loregula, mantienen que la inclusión en un FIES no afectará a la clasificación, ni altratamiento, ni a la vida regimental. Pero ello resulta difícil de admitir. Por una razón muysencilla: ¿cómo se puede lograr "el control adecuado" que demanda el régimen de vida delFIES?. Este control, como cualquier otro, exige "un especial seguimiento", y éste tiene queconsistir necesariamente en una mayor vigilancia que afectará, al menos, a la situaciónregimental. Ello supondrá, una limitación, menoscabo o derogación pura y simple dederechos penitenciarios plasmados legal o reglamentariamente. Se han detectado porinformación de presos, traslados de módulos dentro de la misma prisión cada semana ocada quince días, traslados de prisión a prisión -en ocasiones hasta 25 en tres años-,intervención arbitraria de correspondencia, cacheos personales indiscriminados,aislamientos, vulneración de la intimidad, y consecuencias que se desconocen pero que dehecho se realizan en cuanto a progresiones/regresiones de grado, concesión/ denegación depermisos. Es evidente que le corresponde a la cárcel la prueba de que esto no es así en cadacaso concreto puesto que es la autora del fichero y de la base legal en que se fundamenta
10. (JVP 3 de Madrid, auto de 14.07.1995). Puede argumentarse por la administración penitenciaria que a efectos detratamiento y de seguridad la diferenciación en tres grados es insuficiente. Pero lo que nopuede hacerse es crear un nuevo régimen de vida, utilizando una vía jerárquicamenteinsuficiente; más cuando, para solucionar esta situación, el Reglamento de 1996 estableceen el art. 100.2 un modelo de ejecución en el que puedan combinarse aspectoscaracterísticos de cada uno de los mencionados grados, siempre y cuando dicha medida sefundamente en un programa específico de tratamiento que de otras forma no pueda serejecutado. Tercera.- En la creación y aplicación de esta normativa han prevalecido lasexigencias del régimen sobre las de tratamiento. El tratamiento para estas personasincluidas en este fichero se convierte en algo puramente anecdótico. Se echa en falta unseguimiento puntual por el equipo de observación y tratamiento que valore su aplicaciónconcreta y los resultados de la misma (JVP de Granada auto 31.07.95). Cuarta.- El fichero carece de la mínima apoyatura legal o reglamentaria (Autos de22.03.95; 14.07.95; 02.11.1995 del JVP 3 de Madrid). El FIES crea un nuevo régimen devida no previsto legal ni reglamentariamente. Tampoco está previsto en alguna norma derevisión o abierta que pueda justificar su existencia. La relación de sujeción especial seconcreta en la Ley y en el Reglamento, a través de tres grados de tratamiento -cerrado,ordinario y abierto-. No puede admitirse una subespecie de aquella relación, a modo dereduplicación de la sujeción, y por tanto no puede haber ninguna clasificación distinta delas previstas. Es más, la relación jurídica de sujeción especial no puede prolongar la "longamanus" administrativa hasta este extremo. Esta situación vulnera abiertamente el principio de legalidad, que en materia penales el principio rector y la garantía de los ciudadanos (STC 78/1984). Esta vulneración delprincipio de legalidad en la fase de ejecución penal se concreta en la violación de variospreceptos constitucionales y legales (Código penal y Ley Orgánica General Penitenciaria).Entre ellos cabe reseñar:
11. 1) Art. 25.2. C.E. que establece que el condenado a pena de prisión que estuviesecumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este capítulo, a excepciónde los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, elsentido de la pena, y la Ley penitenciaria. 2) Art. 9.1 y 3. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a laconstitución y al resto del ordenamiento jurídico. La Constitución garantiza el principio delegalidad, la jerarquía normativa, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad delos poderes públicos. 3).- Art. 3.2. (L.O. 10/95, de 23 de noviembre que aprueba el Código penal). Nopodrá ejecutarse pena ni medida de seguridad en otra forma que la prescrita por la Ley yReglamentos que la desarrollan, ni con otras circunstancias o accidentes que losexpresados en su texto. 4).- L.O. 1/79 de 26 de septiembre L.O.G.P. La actividad penitenciaria sedesarrollará con las garantías y dentro de los límites establecidos por ley, los reglamentos ylas sentencias judiciales. A este respecto el artículo 3 L.O.G.P. señala que la actividadpenitenciaria se ejercerá respetando, en todo caso, la personalidad humana de los reclusos,y los derechos e intereses jurídicos de los mismos no afectados por la condena, sinestablecer diferencia alguna por razón de raza, opiniones políticas, creencias religiosas,condición, o cualesquiera otra circunstancia de análoga naturaleza. Si el Reglamento no puede innovar la Ley, ni contradecirla, ni limitarla, nimodificarla, no es legalmente posible que una instrucción pueda hacerlo. Con arreglo alartículo 18 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado de 26 de juliode 1957 y art. 21 LRJAPyPAC, las circulares e instrucciones sólo pueden referirse a laorganización interna de los servicios dependientes de los subsecretarios y DirectoresGenerales. Este fichero, como señala el Juzgado de vigilancia nº 3 de Madrid en su auto08-08-1994, solamente puede tener eficacia ad intra de la propia administraciónpenitenciaria, sin repercusión, ni formal ni material en el régimen, y mucho menos en eltratamiento penitenciario. Este carácter interno es lo que justifica que la eficacia de lascirculares e instrucciones no esté condicionada a su publicación (art. 37.10 LRJAP y PAC)como sucede con las leyes (art. 2.1 CC) y con las disposiciones administrativas (art. 52LRJAP y PAC). Por ello, en la medida en que las repetidas circulares pretendieran alterar,
12. matizar, o simplemente interpretar las disposiciones legales o reglamentarias de alcancegeneral, podrían incurrir en nulidad (art. 51 LRJAP y PAC), con mayor razón cuandoincidieran sobre materias que, como las penas, gozan en nuestro ordenamiento de reservade ley (vid. art. 26 LRJAE). La instrucción 21/96, al regular los FIES, cumple todas las características que seexigen para otorgarle una naturaleza jurídica de reglamento encubierto, ya que crea unrégimen nuevo, no previsto, ni en la Ley, ni en el Reglamento penitenciario. La instrucciónconstituye una auténtica regla imperativa nueva, una decisión de carácter general,acompañada de ciertas medidas de aplicación. Puede decirse, con todo rigor, que imponeun determinado modus vivendi fuera de los estrictos confines de la relación de sujeciónespecial, ya que crea una subespecie de dicha relación por cuyo efecto se somete a losinternos a sujeciones nuevas. La relación de sujeción especial del interno en establecimiento penitenciario seconcreta en la LOGP y en el RP, y no puede admitirse un tratamiento distinto de laejecución de la privación de libertad sin una Ley Orgánica. Se trata de una exigencia delprincipio de legalidad penal. La reserva de ley en materia penal se extiende a la forma enque se ha de verificar la detención, la prisión y la ejecución de la privación de libertad. Al tratarse de un auténtico reglamento encubierto, y no de una norma meramenteinterna dirigida a los subordinados en la jerarquía administrativa, precisa unaAUTORIZACION LEGAL expresa para crearse, cosa que la instrucción 21/96 no posee,puesto que ha sido dictada en virtud de la DT 4 del RP, y exigencia que las primitivascirculares que implantaron el FIES tampoco cumplían. Las Circulares e Instrucciones en sentido propio, carecen de valor reglamentario.Son meras normas internas que se dirigen a los subordinados en la jerarquía administrativay no pueden producir efectos externos, sino que agotan su eficacia en el interior del"ordenamiento derivado" en que se producen (3). Esto significa: a) Que no deben contradecir los principios que nutren el ordenamiento general delcual se deriva el ordenamiento administrativo derivado o subordinado en que se producen. 3 .- STS 20 de diciembre de 1966; STS 30 de junio de 1996; STC 102/1988 de 8 de junio.
13. Esto supone que no pueden innovar respecto de las leyes o reglamentos que interpretan,desarrollan o suplen. En este caso crean respecto de la Ley Orgánica General Penitenciariay el Reglamento Penitenciario. b) No poseen eficacia habilitante, esto es, no pueden crear "ex novo" potestadesque incidan sobre la esfera jurídica de terceros. Por ello no pueden vincular a particulares,y tampoco a jueces y magistrados (4). c) Lo que tampoco pueden hacer es contradecir los principios en que se basa elordenamiento constitucional, muy en concreto los que rigen la regulación del ejercicio dederechos fundamentales y su limitación. Por todo ello, son normas que no precisan su publicación en el BOE (5), y nonecesitan para producirse una autorización legal distinta de la simple habilitación paraemanar circulares e instrucciones que se confiere al órgano administrativo. Sin embargo, en no pocas ocasiones, las circulares e instrucciones encubrenverdaderos reglamentos, por lo que debe ser el contenido y el fin de la circular oinstrucción el que determine su auténtica naturaleza jurídica (6). ¿Cómo identificar cuándo una Instrucción o circular encubre unos reglamentos? Sehan dado tres notas en presencia de las cuales la instrucción debe ser considerada denaturaleza administrativa(7)?:a) Se someten a sujeciones nuevas a los administrados.b) Comportan una decisión de carácter general seguida de simples medidas de aplicación.c) Crean una nueva regla imperativa. Aunque reúnan estas notas, si falta el requisito de publicación en el BOE lajurisprudencia les niega el valor reglamentario pero no las anula. Sólo cuando es 4 .- STS 18 de noviembre de 1987; STS de 17 de febrero de 1987. 5 .- STS 31 de enero de 1967; STS 13 de diciembre de 1969; STS 5 de marzo de 1976; STS 9 de marzo de1994; STC 150/1994 de 23 de mayo. La publicación en el BOE no afecta a la validez sino a le eficacia. 6 .- Cfr., BAENA DEL ALCAZAR., M., "Instrucciones y circulares como fuente del Derechoadministrativo", RAP nº 48 (1965), p. 118 y nota 39). 7 .- BAENA DEL ALCAZAR, M., op. cit., p. 121.
14. imposible su acomodo, porque ha procedido a modificar el contenido de normassuperiores, violando el principio de jerarquía normativa, se declara la nulidad de lamisma (8). En el seno de las relaciones de sujeción especial, se reconoce que la Instrucción ocircular encubre un reglamento cuando pretende establecer determinados modos de vidafuera de los estrictos confines de la relación de sujeción especial. Estas circulares necesitanpara producirse una AUTORIZACION LEGAL distinta de la simple habilitación paraemanar este tipo de normas que se haya conferido a la autoridad administrativa competente(9). Por tanto estamos ante una norma nula de pleno derecho, al vulnerar el principio dejerarquía normativa por carecer de habilitación legal (art. 62.2 LRJPAC), impugnable,amén de otros modos de exclusión del interno del FIES, ante la jurisdicción contencioso-administrativa por virtud del art. 39 de la LJCA. Quinta.- La instrucción 21/96 es nula de pleno derecho al vulnerar los límites delderecho fundamental del art. 17 de la Constitución. El derecho a la libertad personal implica que no se pueden realizar privaciones orestricciones de la libertad ilegítimas o arbitrarias, ni imponer límites a las esferas deautonomía física del individuo que desconozcan el contenido esencial del derechoestablecido en el art. 17. C.E. Esto es, que lo desnaturalicen, lo hagan impracticable, lodificulten más allá de lo razonable o lo despojen de la necesaria protección.10 La amplitud del derecho a la libertad, su relativa vaguedad e indeterminación y lapluralidad de supuestos a los que puede afectar hacen imposible una ley que regule odesarrolle el ejercicio del derecho. Por ello no cabe legislación de desarrollo en sentidoestricto, sino que la forma en que la legislación afecta al derecho a la libertad y a la 8 .- V.Gr. la anulación que lleva a cabo la STS de 26 de mayo de 1976. 9 .- LOPEZ BENITEZ, M., "Naturaleza y presupuestos constitucionales de las relaciones de sujeciónespecial", civitas, Madrid, 1994, p.375. 10 .- FREIXES SANJUAN, M T., y REMOTTI, J.C., "El derecho a la libertad personal", Barcelona, PPU,1993, p. 14.
15. seguridad es característicamente negativa: afecta cuando prohibe hacer algo o cuando, decualquier forma, permite que se prive de libertad. Efectivamente, la protección de la libertad personal se construye, sobre todo, através de la interdicción de sus limitaciones no justificadas constitucionalmente.11 Para examinar si las limitaciones de la libertad son constitucionalmente admisiblesexiste un doble test, basado en los requisitos de necesidad de la limitación yproporcionalidad en la misma: A) La normativa restrictiva debe tener una finalidad constitucionalmente admisibleo razonable (interés constitucional relevante) y la restricción de la libertad debe resultarnecesaria para alcanzar dicha finalidad perseguida. Examinemos si la instrucción 21/96 cumple, como normativa restrictiva de lalibertad, ese requisito. La instrucción justifica la necesidad de los FIES en el interés de la seguridad delcentro penitenciario. Se trata de "disponer de una amplia información de determinadosgrupos de internos (...) ejerciendo un control adecuado frente a fórmulas delictivasaltamente complejas y potencialmente desestabilizadoras del sistema penitenciario (...) conel objeto de prevenir incidentes en los centros". La instrucción también menciona el principio de eficacia de la administración (quepuede considerarse también un interés constitucional relevante en virtud del art. 103):"desarrollo con más eficacia de las funciones que legalmente le corresponden". No puede mantenerse es que la normativa que regula los FIES sea necesaria paralograr dichos intereses. Ello por varios motivos: 11 .- GARCIA MORILLO, J., "El derecho a la libertad personal", Tirant lo Blanch, Valencia, 1995, pp. 63-64.
16. 1) Porque para la prevención de fórmulas delictivas altamente complejas existen yaregímenes de vida establecidos legalmente (ordinario y cerrado de primer grado) queprovén la suficiente información y control para prevenir la comisión de delitos. En elapartado siguiente se determinará con exactitud los motivos de la abierta inutilidad delfichero. Si aun así se argumentase que no es suficiente la diferenciación a los FIES, puestoque el Reglamento Penitenciario prevé en su art. 100.2 un módulo de ejecución en quepueden combinarse aspectos característicos de los tres grados, cuando dicha medida sefundamente en un programa específico de tratamiento que no pueda ser ejecutado de otraforma, respetando en su integridad el sistema de individualización científica en que se basatodo el ordenamiento penitenciario español. Por tanto, la instrucción no justifica en absoluto su necesidad. Y es unajustificación que resulta de todo punto necesaria para estimarla constitucionalmente válida,puesto que estamos en presencia de un derecho fundamental, y porque la normativa queexaminamos rompe "sin explicaciones" uno de los pilares básicos del derechopenitenciario, que es el sistema de individualización científica. 2) Respecto del principio de eficacia en la administración penitenciaria debemosrecordar que éste se orienta a conseguir los fines de la misma. El fin primordial de laadministración penitenciaria consiste en la reeducación y la reinserción social de lossentenciados a penas y medidas privativas de libertad (art. 1 LOGP). No cabe invocar elprincipio de eficacia si éste no se orienta a conseguir tal fin. Y los FIES no están enabsoluto destinados a conseguir información para dar alternativas resocializadoras. B) Proporcionalidad. Para que la norma limitadora de la libertad seaconstitucionalmente admisible debe descansar también en un principio deproporcionalidad, lo que quiere decir que constitucionalmente se proclama la interdicciónde la desproporción, el exceso, o la desmesura.
17. Es doctrina consolidada que quien limita el ejercicio de un derecho fundamentalostenta la carga de realizar un juicio de oportunidad que acredite la necesidad yproporcionalidad de las medidas restrictivas, siendo inexcusable su motivación.12 Este juicio de oportunidad, sopesando los intereses constitucionales en conflicto(seguridad y eficacia) con el derecho a la libertad, pese a que, como todo juicio deoportunidad, hubiera podido resultar discutible, resultaba necesario para estimar laconstitucionalidad de la normativa restrictiva de la libertad, pero es que la instrucción nisiquiera lo ha realizado. Podemos concluir que la normativa que regula los FIES no satisface el test deconstitucionalidad, pues no demuestra su necesidad ni proporcionalidad en elcumplimiento de los intereses constitucionales en que dice justificarse. Por tanto, además de nula de pleno derecho en el plano formal, por violar elprincipio de jerarquía en el sistema de producción normativa, es una normainconstitucional en cuanto al fondo. Sexta.- El FIES genera situaciones de desigualdad en el régimen de vida respectode los demás presos clasificados legalmente (auto 12-07-95, sección 3ª Madrid).Asimismo, genera desigualdad clara para los FIES-4, por el hecho de tener una profesióndeterminada. Esta situación vulnera el mandato constitucional de interdicción dearbitrariedad de los poderes públicos. El acto legislativo se revela arbitrario, aunquerespetara otros principios del 9.3, cuando engendra desigualdad. Y no ya a una desigualdadreferida a la discriminación -que concierne al art. 14- sino a las exigencias que el 9.2conlleva (STC 27/1981, de 20.7). Al examinar una normativa desde este punto de vista elanálisis se ha de centrar en verificar si tal precepto establece una discriminación, pues éstaentraña siempre una arbitrariedad, o bien, aun no estableciéndola, carece de todaexplicación racional, lo que también evidentemente supondría una arbitrariedad (STC108/1986, de 29 de julio). 12 .- STC 52/1995, 23 feb., FJ 5; STC 291/1993 oct., FJ 2; STC 62/1982 15 OCT. FJ.
18. Séptima.- Contradice el sistema de individualización científica en que se basa elordenamiento penitenciario español, toda vez que la inclusión no deviene de unapersonalidad o características de la persona que es el objeto primario y único del sistemapenitenciario de individualización científica, sino de un hecho puramente objetivo: delito,trayectoria penitenciaria, criminalidad organizada (JVP núm. 3 de Madrid, auto de14.07.1995). A este respecto, el art. 72 LOGP establece que las penas privativas delibertad se ejecutarán según el sistema de individualización científica, separado en grados,el último de los cuales será la libertad condicional. En todo caso, es necesario laindividualización para su inclusión en el FIES; por ello el JVP de Granada obliga a que "lacárcel remita al juzgado la relación de todos los internos ubicados en el llamadodepartamento FIES de régimen especial con un estudio actualizado, realizado por el equipode observación y tratamiento, de la personalidad y evolución penitenciaria de los internos yde aquellas circunstancias que han motivado su inclusión en dicho régimen especial, asícomo los cambios que se hayan observado en su conducta con un programaindividualizado de recuperación, tal como contempla la Circular 7/95, a fin de que eljuzgado autorice, su procediese el art. 10 LOGP que implica la ubicación en dichosdepartamentos especiales. Asimismo se notificará esta resolución a la DGIP a fin de quedando cumplimiento a la misma cualquier inclusión en el denominado fichero FIES derégimen especial RE-1 (o de control directo) se comunique a este juzgado para suautorización de dicho régimen, si procediera, en cumplimiento de lo establecido en el art.76.j en relación con el art. 10 LOGP. Tal clasificación deberá notificarse al interno. Octava.- El fichero es abiertamente inútil desde la finalidad resocializadora de laadministración penitenciaria. En principio, el fichero tiene como objetivo la obtención deinformación a través de la observación que se pueda obtener aplicando medios de controldirecto sobre el preso, con el objetivo de poder llevar a cabo con más eficacia lasfinalidades que tiene encomendadas. Ante esto cabe hacer las siguientes consideraciones: 1ª.- El funcionamiento de la institución penitenciaria regulada en la Ley OrgánicaGeneral Penitenciaria tiene como fin primordial la reeducación y la reinserción social delos sentenciados a penas y medidas privativas de libertad (artículo 1 LOGP). De maneraque si la finalidad de estos ficheros fuese la legalmente establecida, nos llevaría a plantearque el seguimiento especial de personas concretas caracterizadas por su conflictividad ycomportamientos especialmente violentos dentro de prisión, o por cometer determinados
19. tipos de delitos, estaría destinado a conseguir información para dar alternativasresocializadoras y recuperadoras a estas personas, y no para someter y restringir derechos. 2ª.- Si es para prevenir determinados delitos (está dirigido a fórmulas directivasaltamente complejas y potencialmente desestabilizadoras del sistema penitenciario),afirmaríamos que también carece de sentido. Los regímenes de vida establecidoslegalmente, bien sea el ordinario, bien sea el cerrado -primer grado, art. 10 LOGP, art. 32LOGP, intervención de comunicaciones- tienen los suficientes medios de obtención deinformación y de control para la prevención de la comisión de delitos. Existen medios legalmente establecidos de los que hace uso la administracióncarcelaria desde el ingreso del penado en el centro penitenciario, y a través de los cuáles sepuede obtener, y de hecho se obtiene, toda la información necesaria sobre los penados: a.- Al ingreso, el penado debe mantener varias entrevistas con los miembros delequipo técnico (psicólogo, educador, trabajador social y jurista). A estos efectos, a cadainterno se le abrirá un expediente personal relativo a su situación procesal ypenitenciaria del que el interno tendrá derecho a ser informado; asimismo a cada penadose formará un protocolo de personalidad (art. 15 LOGP). De la información obtenidaaquéllos deberán formular un programa individualizado de tratamiento tras ladetección de áreas carenciales de tratamiento (art. 20 R.P.). b.- Para individualizar el tratamiento hay que realizar una clasificación en grados,y destinar al penado al centro penitenciario cuyo régimen sea el más adecuado altratamiento que se le haya señalado. Para esta clasificación es necesaria una previaobservación (art. 63. R.P.). A estos efectos la observación directa del comportamientoocupa un lugar importante y resulta absolutamente necesaria para un adecuadoconocimiento de la personalidad (vid. art. 64 LOGP y 111 R.P.). Lo característico de losmétodos de observación directa (datos documentales, entrevistas y observaciónexperimental) es que consisten, tanto en observar la conducta de las personas, como endeducir de los resultados de esta observación rasgos de la personalidad valorablesdesde el punto de vista del comportamiento delictivo (determinación del tipocriminológico, diagnóstico de la capacidad criminal, y la adaptabilidad social).
20. Para la clasificación se ponderará la personalidad y el historial individual,familiar, social y delictivo del interno, la duración de las penas, el medio social al queretorne el recluso y los recursos, facilidades y dificultades existentes en cada caso, para elbuen éxito del tratamiento (art. 63 LOGP). c.- Para las personas definidas como peligrosas e inadaptadas existe unavaloración técnico-pericial con el fin de decretar el régimen cerrado o el ingreso endepartamentos especiales (art. 10 LOGP). Para esta determinación deben ponderarse laconcurrencia de los siguientes factores (art. 102.5 R.P.):- Naturaleza de los delitos cometidos a lo largo de su historial delictivo, que denote una personalidad agresiva, violenta o antisocial.- Comisión de actos que atenten contra la vida o la integridad física de las personas, la libertad sexual o la propiedad, cometidos en modos o formas especialmente violentas.- Pertenencia a organizaciones delictivas o a bandas armadas.- Participación activa en motines, agresiones físicas, amenazas o coacciones.- Comisión de infracciones disciplinarias calificadas de muy graves o graves de manera reiterada y sostenida en el tiempo,- Introducción o posesión de armas de fuego en el establecimiento penitenciario, así como la tenencia de drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas en cantidad importante, que haga presumir su destino al tráfico. Este régimen de vida se caracterizará por una limitación de las actividades encomún con los otros internos y un mayor control y vigilancia sobre los mismos en laforma que reglamentariamente se determine. Este régimen cerrado será de aplicación aaquellos penados que, bien inicialmente, bien por su involución en su personalidad oconducta, sean clasificados en primer grado por tratarse de internos extremadamentepeligrosos o manifiestamente inadaptados a los regímenes ordinarios y abiertos (art. 89R.P.). Ello supone que ha de existir una información previa, obtenida legalmente a travésde los medios y métodos establecidos legalmente. d.- La información no es solamente recogida y utilizada al inicio de la condena,sino que cada seis meses los penados deben ser estudiados individualmente para
21. evaluar y reconsiderar, en su caso, todos los aspectos establecidos en el modelo detratamiento individualizado. Así mismo la central de observación estudiará aquellosinternos cuya clasificación resulte difícil o dudosa para las juntas de tratamiento de losestablecimientos o grupos o tipos de aquéllos cuyas peculiaridades convenga investigar ajuicio del centro directivo (Art. 109 R.P.) e.- Un paso más en el conocimiento de las personas presas se hace necesaria en laprogresión y regresión de grado, que se hará depender de la evolución en el tratamiento:"dependerá de la modificación positiva de aquellos factores directamenterelacionados con la actividad delictiva, se manifestará en la conducta global elinterno...". La regresión cuando se aprecie una regresión negativa en el pronóstico deintegración social y la personalidad o conducta del interno (art. 106 R.P.). f.- Incluso, para aquellos que rechacen libremente o no colaboren en cualquiertécnica de estudio de su personalidad, la clasificación inicial y las posteriores revisiones delas mismas se realizaran mediante la observación directa del comportamiento y losinformes pertinentes del personal penitenciario de los equipos técnicos que tenganrelación con el interno. g.- Respecto de la información que se pueda obtener de las comunicaciones, existetodo un sistema de restricciones e intervenciones y suspensiones legalmente previsto yjudicialmente controlado (art. 51 LOGP) del que podrá hacer uso el director de la cárcelcuando las comunicaciones puedan afectar a la seguridad, interés del tratamiento o al buenorden del establecimiento. O, de igual forma cuando existan razones fundadas para creerque los comunicantes están preparando alguna actuación delictiva (art. 44.a) R.P.) h.- Cuando el preso tenga comportamientos que atenten contra la vida o integridadfísica de otros internos o funcionarios, existe el régimen disciplinario para controlar esassituaciones; en concreto la sanción más estricta: el aislamiento. Y lógicamente laincoación de un procedimiento si la infracción está tipificada en el código penal. Novena.- La normativa que regula los ficheros supone una vulneración del derechofundamental a la intimidad. La sentencia de 19 de enero de 1995 analiza el concepto dedomicilio en el marco del derecho fundamental a la intimidad personal (art. 18.1 C.E.) y allibre desarrollo de la personalidad (art. 10.1 C.E.) Este derecho se concreta en la
22. posibilidad de cada ciudadano de erigir ámbitos privados, es decir que excluyen laobservación de los demás y de las autoridades del Estado. El domicilio es a efectos deprotección "cualquier lugar cerrado en el que transcurre la vida privada individual yfamiliar, sirviendo como residencia estable o transitoria (STS 31.01.95). Tal derechoderiva directamente del derecho al libre desarrollo de la personalidad (Art. 10.1 C.E.) De ello se deduce que el domicilio, en el sentido de la Constitución, no es sólo ellugar donde se pernocta habitualmente o donde se realizan otras actividades cotidianashabituales, sino también el ámbito erigido por una persona para desarrollar en él algunaactividad. En este sentido se ha dicho por la STC 22/84 que el derecho a la inviolabilidaddel domicilio constituye un auténtico derecho fundamental de la persona, establecido paragarantizar el ámbito de privacidad de ésta. En este mismo sentido el art. 87.2 de la LOPJdemuestra que el ámbito de intimidad que corresponde al derecho fundamental es másamplio que el de habitación o morada. Ante estos extremos, la normativa que permite cacheos personales diarios, registrosde las celdas diarios, cambios de celda habitualmente, control visual nocturno cada hora,circunstancias añadidas al especial régimen de vida de las personas clasificadas en régimencerrado (21 horas de celda en total aislamiento) anulan todo espacio íntimo del ciudadanopreso. Décima.- Desde otra perspectiva, y quizás más grave, la cárcel como institucióncerrada y total, está alejada lo suficiente de su esencia y finalidad. Hace gala además de suopacidad ante los órganos jurisdiccionales de control, como para que se cree aún más laausencia de control por normas de carácter secreto. (auto del JVP 3 Madrid de 14.07.1995)4. POSIBILIDADES LEGALES DE EXCLUSIÓN DEL FIES Existen varias posibilidades de excluir a presos de los ficheros de especialseguimiento.
23. 1.- La puerta la abrió el Tribunal Constitucional, mediante resolución de 15 deseptiembre de 1994 (auto 241/94), por la que acordó la suspensión de las medidasderivadas de la inclusión en dicho fichero por entender que el tratamiento ordenado por laCircular que lo regula incidía directamente en las posibilidades de movimiento y decomunicación de individuos sometidos a penas privativas de libertad y, dado que aquellaprivación añadida sobre bienes tan esenciales es en sí misma irreversible, se procedió aacordar la suspensión del tratamiento penitenciario del que eran objeto los presos. Aunque la decisión del Tribunal Constitucional únicamente suspendió la aplicacióndel régimen FIES a los dos recurrentes, sin embargo, la propia autoridad penitenciaria o, ensu defecto, los Jueces de Vigilancia Penitenciaria (art. 76.1 LOGP) pueden suspender todaslas medidas restrictivas de tratamiento que vienen aplicándose a los internos llamadosFIES, en virtud de la argumentación adoptada por el Tribunal Constitucional (Autos JVPnúm. 1 de Madrid de 17.08.95, 22.02,95, 23.02.95). Para ello hay que recurrir al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y argumentar losderechos que se ven restringidos (intimidad, libre desarrollo de la personalidad, libertad) ytoda la argumentación que se ha expuesto a lo largo de este artículo. 2.- También puede hacerse la exclusión argumentando la ausencia de motivación eindividualización en la resolución. En este sentido el auto NÚM. 571/97 de 28 de mayo de1997 dictado por la sección 5ª de la Audiencia Provincial de Madrid, señala que "elrecurso debe prosperar, con el efecto de excluir al interno del mencionado fichero, pues sila mera condena por delito de tráfico de drogas, sin más especificaciones, es insuficientepara afirmar que el penado deba ser incluido entre determinados grupos de internos a finde poder ejercer "un control adecuado frente a fórmulas altamente complejas ypotencialmente desestabilizadoras del sistema penitenciario". No se han agotado lasrazones para que el cambio en la norma de apoyo suponga un mantenimiento de lasituación del interno, ni se han expuesto no ya las razones formales para el mantenimientoen la inclusión sino tampoco las razones jurídicas para la inclusión inicial en ese fichero(fichero que pretende por una parte ser útil y de otra no afectar para nada la vida delinterno lo que es dudosamente compatible, pues raro será que el control adecuado y elespecial seguimiento no afecten cuando menos a la vida regimental y probablementetambién a la vigilancia y al propio sistema de clasificación). En definitiva, la inclusión en
24. ese fichero, y por tanto la consideración como integrante de un grupo de internos de lascaracterísticas antedichas, requiere una motivación que por ninguna parte aparece en elexpediente". Esta motivación debe ser más clara cuando algunos internos estaban incluidos eneste fichero cuando estaba en vigor la circular de 2 de agosto de 1991 que ha sidoderogada. Tras la derogación de esa circular con arreglo a la cual fue incluido en el FIESen 1992, rige la Instrucción 21/96 de la Secretaría de Estado de Asuntos Penitenciarios sinque consten las razones, tras esa instrucción, que aconsejan mantener en dicho fichero alinterno incluido en él conforme a la circular derogada. Asimismo, se establece la exclusiónde los presos preventivos (auto 323/97, A.P. 5ª Madrid). 3.- Una tercera posibilidad se abre por la vía del art. 6 de la LOPJ (JVP 3 deMadrid auto de 22.03.95). Esta norma posibilita la inaplicación de la circular FIES, todavez que el mandato de la LOPJ es de inaplicación de reglamentos o cualquier otradisposición contraria a la Constitución, a la Ley o al principio de jerarquía normativa. 4.- La exclusión total del ordenamiento jurídico en base el control deconstitucionalidad y legalidad ordinaria que corresponde a los jueces y magistradosrespecto de disposiciones normativas sin rango de ley, inaplicándolas cuando estén encontradicción con lo previsto en la Constitución y las leyes. Su fundamento se encuentraen el art. 106.1 C.E. y debe hacer por la vía contencioso-administrativa. 5.- Cualquier acto de la administración penitenciaria realizado en aplicación de lainstrucción que suponga una mayor restricción de la libertad respecto de lo preceptuado enla ley y el reglamento penitenciario, puede ser impugnado ante la jurisdicción ordinaria porla vía sumaria y preferente de la ley de protección jurisdiccional de los derechosfundamentales (Ley 62/78 de 26 de diciembre, arts. 6 y siguientes, garantía contencioso-administrativa) y una vez agotada la vía previa puede ser objeto de recurso de amparo anteel TC (art. 43 LOTC).13 14 15 16 17. 13 .- En tal sentido, vid. STC 47/1990, de 20 de marzo, resolviendo el Recurso de Amparo 1609/1987. Enella se admite el Recurso de Amparo contra actos en aplicación de instrucciones que violen derechosfundamentales, una vez agotada la vía previa que puede tramitarse por la vía sumaria y preferente de la ley62/78 de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales. 14 .- Artículo 39 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa: “1.-Las
25. disposiciones de carácter general que dictaren la Administración del Estado, así como las Entidades localesy Corporaciones e Instituciones públicas, podrán ser impugnadas directamente ante la JurisdicciónContencioso-Administrativa, una vez aprobados definitivamente en vía administrativa 2.- También seráadmisible la impugnación de los actos que se produjeren en aplicación de las mismas, fundada en que talesdisposiciones no son conformes a Derecho.” 15 .- Artículo 62.2 de la Ley 30/1992, de26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las AdministracionesPúblicas y del Procedimiento Administrativo Común: “También serán nulas de pleno derecho lasdisposiciones administrativas que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas derango superior, las que regulen materias reservadas a la ley y las que establezcan la retroactividad dedisposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales.” 16 .- ARROYO ZAPATERO, L., Principio de legalidad y reserva de ley en materia penal, en REDC N. 8(1983), p. 27. 17 .- Nadie puede ser privado de su libertad sino con la observancia de lo establecido en este articulo y enlos casos y en la forma previstos en la ley (artículo 17.1, inciso segundo, de la Constitución).
Choisir une solution PLM en mode SaaS - NOVILOIRE 2009