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Timestamp: 2019-07-24 03:18:29
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Matched Legal Cases: ['artículo 24', 'artículo 11', 'artículo 14', 'artículo 6', 'artículo 8', 'artículo 7']

Mientras no se demuestre lo contrario | PROACTIVADO
Publicado en 31 octubre, 2016 por Andrés Muñoz Barrios
“Un hombre no puede ser llamado reo antes de la sentencia del juez, ni la sociedad puede quitarle la pública protección sino cuando esté decidido que ha violado los pactos bajo los que fue concedida” C. Beccaria «Dei delitti e delle pene» 1764
Recientemente se ha publicado la Directiva (UE) 2016/343 del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se refuerzan en el proceso penal determinados aspectos de la presunción de inocencia y el derecho a estar presente en el juicio.
Los Estados miembros deberán transponer esta Directiva a sus respectivos derechos internos antes del 1 de abril de 2018.
Uno de los grandes pilares del moderno Estado de Derecho moderno lo constituye el principio de presunción de inocencia. En el sistema penal, todo procesado es inocente en tanto no se demuestre lo contrario. Y es que «affirmanti incumbit probatio», es decir, quién afirme la culpabilidad del imputado deberá aportar pruebas suficientes que demuestren de manera indubitada dicha culpabilidad.
Lo que se conoce como «prueba diabólica» es justo lo contrario, es decir, que el imputado debe probar su inocencia. Y esto, salvo puntuales ocasiones en materia laboral o administrativa, no resulta de aplicación general en nuestro Derecho.
En nuestro derecho se encuentra expresamente recogido el principio de presunción de inocencia en el artículo 24.2 de la Constitución Española.
A nivel supranacional encontramos este principio reconocido en el artículo 11.1 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre (1948); en el artículo 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966); en el artículo 6.2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (1950); en el artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969); y en artículo 7.b) de la Carta Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos (Carta Banjul 1981).
Necesidad de la nueva Directiva.
El objetivo que busca cubrir esta nueva Directiva de la UE es el de unificar en los distintos Estados de la Unión las normas procesales penales que regulan diversos aspectos de la presunción de inocencia, así como las normas procesales relacionadas con el derecho a estar presente en el juicio, a fin de reforzar el derecho a un juicio justo en el proceso penal.
Según han declarado de manera reiterada en sus resoluciones tanto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la protección de este principio por los Estados miembros nunca debería ser inferior al previsto en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Pues en la práctica estos Tribunales han constatado en distintas ocasiones que la legislación de los distintos Estados da coberturas distintas a la presunción de inocencia.
Puntos principales de la nueva Directiva.
Referencias públicas de las autoridades a la culpabilidad de una persona. El primer punto a destacar es el que se refiere a la información que se pueda facilitar a los medios de comunicación por parte de las autoridades públicas, prescribiendo que de ninguna manera podrá de las mismas deducirse la culpabilidad de las personas incursas en un proceso penal.
Y es que, si en las informaciones públicas se diese a entender que un investigado es culpable, se estaría lesionando gravemente su presunción de inocencia, al condicionar ante la opinión pública la imagen de dicha persona.
Aquí la obligación impuesta a los Estados es la de adoptar las medidas necesarias que evitar estas situaciones.
Presentación de los sospechosos y acusados por las autoridades. No se podrá presentar a los sospechosos o acusados ante los órganos judiciales, o ante los medios de comunicación, mediante el uso de medios de coerción física como esposas, cabinas de cristal, jaulas y grilletes, salvo estrictos motivos de seguridad. En línea con el punto anterior, esta imagen pública lesiona la presunción de inocencia del procesado, al mostrarle como culpable al exponerle de esta manera.
Carga de la prueba. La Directiva prescribe que la carga de la prueba recaerá siempre, sin excepción, en la acusación (fiscal, acusación pública, acusador particular). Y toda duda beneficiará siempre al procesado.
Derecho a no declarar contra sí mismo y a guardar silencio. Por supuesto, se debe proteger al procesado de la autoinculpación, por lo que no cabe obligarles bajo ningún concepto a declarar, por lo que podrán siempre guardar silencio. Así como a no responder a preguntas o aportar pruebas que puedan derivar en su autoinculpación. Cosa distinta es la valoración de la prueba, o la investigación, por parte del órgano judicial.
Derecho a estar presente en el juicio. Para salvaguardar su presunción de inocencia, será necesario garantizar que el procesado deba poder estar presente en el juicio que puede derivar en su condena, por lo que deberán regularse las normas procesales necesarias a fin de que se pueda cambiar la fecha del juicio, cuando por razones ajenas a su voluntad no puedan asistir en la fecha señalada para la vista.
Cuando los procesados no estén presentes en el juicio, contraviniendo lo dicho en el párrafo anterior, esto es, que existiesen razones ajenas a su voluntad y no se hubiese cambiado la fecha de señalamiento, tendrán derecho a un nuevo juicio. O bien a un recurso que permita una nueva apreciación del fondo del asunto, incluido el examen de nuevas pruebas, y pueda desembocar en la revocación de la resolución original.
Sistema de Recursos para garantizar la presunción de inocencia. Los Estados miembros deben legislar una vía de recurso que salvaguarde todos los derechos previstos en esta directiva.
Es de destacar que, en la era de la información, no debe presentarse la imagen del procesado de tal manera que cupiese deducir de la misma su culpabilidad. Algo muy cercano a lo que muchas veces hemos conocido como “pena de telediario”, es decir, exhibir al sospechoso ante la opinión pública como si ya fuese culpable. Veremos si la legislación nacional, y la práctica policial en cada país, es capaz de lograr este objetivo.
* Vía| Abogacía.es
* Más información| Noticias Jurídicas Derechos Humanos
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