Source: https://aldiaargentina.microjuris.com/2020/06/30/tratamiento-de-residuos-cloacales-competencia-de-la-justicia-federal-para-entender-un-caso-de-contaminacion-por-descarga-de-afluentes-cloacales-en-el-arroyo-correntoso-que-desemboca-en-el-rio-oro-de/?shared=email&msg=fail
Timestamp: 2020-08-13 17:09:07
Document Index: 343763899

Matched Legal Cases: ['artículo 58', 'artículo 1', 'artículo 7', 'artículo 41', 'artículo 41', 'artículo 7']

Ed. Microjuris.com Argentina	on 30 junio 2020
4°) Que la ley 24.051 delimita su aplicación, y por ende la competencia federal en los términos del artículo 58, a aquellos supuestos de «generación, manipulación, transporte, tratamiento y disposición finalde residuos peligrosos . cuando se tratare de residuos generados o ubicados en lugares sometidos a jurisdicción nacional o, aunque ubicados en territorio de una provincia estuvieren destinados al transporte fuera de ella, o cuando, a criterio de la autoridad de aplicación, dichos residuos pudieren afectar a las personas o el ambiente más allá de la frontera de la provincia en que se hubiesen generado, o cuando las medidas higiénicas o de seguridad que a su respecto fuere conveniente disponer, tuvieren una repercusión económica sensible tal, que tornare aconsejable uniformarlas en todo el territorio de la Nación, a fin de garantizar la efectiva competencia de las empresas que debieran soportar la carga de dichas medidas» (artículo 1°, énfasis agregado).
Por su parte, la ley 25.675 General del Ambiente establece en su artículo 7° que «la aplicación de esta ley corresponde a los tribunales ordinarios según corresponda por el territorio, la materia, o las personas. En los casos que el acto, omisión o situación generada provoque efectivamente degradación o contaminación en recursos ambientales interjurísdiccionales, la competencia será federal».
5°) Que, en el marco normativo citado, este Tribunal ha subrayado la exigencia de interjurisdiccionalidad de la contaminación como presupuesto inexorable para atribuir la competencia federal («Lubricentro Belgrano» , Fallos: 323:163), aún frente a la constatación de la presencia de residuos peligrosos.
Por su parte, la Corte sostuvo que debe conocer el fuero de excepción cuando tal afectación jurisdiccional «no puede descartarse» (Fallos: 318:1369 ; 325:823 ; 328:1993 ; 329:1028 , entre otros).
8°) Que este Tribunal se ha pronunciado sobre la trascendencia del concepto de cuenca hidrográfica, recordando que «son ámbitos físicos dentro de los cuales los distintos usos y efectos ‘de los recursos hídricos ‘y los demás recursos naturales son naturalmente interdependientes y por tal motivo deben ser usados y conservados de manera integrada» (Fallos: 340:1695 ; 342:1203 ).
En este marco, la cuenca se presenta como una delimitación propia de la denominada «territorialidad ambiental», que responde a factores predominantemente naturales y se contrapone con la territorialidad federal, que expresa una decisión predominantemente histórica y cultural (aquella que delimita las jurisdicciones espaciales de los sujetos partícipes del federalismo argentino) (cfr. Fallos: 340:1695).
En torno a tales perspectivas, este Tribunal ha sostenido que la relevancia constitucional que la protección ambiental y el federalismo tienen en nuestro país exige emprender una tarea de «compatibilización», que no es una tarea «natural» (porque ello significaría «obligar» a la naturaleza a seguir los mandatos del hombre) sino predominantemente «cultural» (Fallos: 340:1695).
a) se investiga una descarga irregular, «en crudo», de desechos cloacales líquidos, sin tratamiento previo, realizado por la empresa que presta el servicio de agua y cloacas, en parte a cielo abierto, que afecta las aguas del arroyo Correntoso y con ello el río Oro.b)el vuelco de efluentes se produce en la localidad de General José de San Martín, cercana a la d esembocadura del río Oro en el Paraguay (100 km realizando un cálculo en línea recta desde General José de San Martín hasta Las Palmas, localidad más cercana a la desembocadura en el río Paraguay). A su vez, aproximadamente 30 km antes de su desembocadura, Oro está sometido al (Ministerio de la Provincia del Chaco el río caudal dominante de la Gran Cuenca Paraná Producción y Ambiente, Gobierno de la – Centro de documentación e información, «Recopilaciones de textos y mapas de la Provincia del Chaco», páginas 31 y 51).
e) si bien el «Informe técnico Ambiental Arroyo Correntoso» (fs. 123/134) producido por las autoridades provinciales, sostiene que se respetan los niveles guía del decreto reglamentario 847/92 de la ley 3230, Código de Aguas, por lo que se concluye que tal arroyo «va depurando el líquido cloacal aguas abajo sin tener influencia en el sistema.», tal información se contrapone con la conclusión del dictamen técnico de UFIMA mencionado, conforme al cual los valores que no cumplen con los máximos admisibles según el decreto mencionado son: sólidos disueltos totales, sólidos sedimentables en 10 minutos y sólidos sedimentables en 2 hs.Asimismo, el informe citado sostiene que el valor de las bacterias coliformes (parámetro no abordado por el decreto), permite concluir, tomando como referencia normativas análogas, que el efluente no es apto para su vuelco a curso de agua superficial. el informe técnico producido por la UFIMA da cuenta que el efluente cloacal arrojado al arroyo contenía 23.000 coliformes fecales (termotolerantes) NMP4/100 ml. Tales bacterias se caracterizan por soportar temperaturas elevadas, y reproducirse con mayor facilidad en ambientes lóticos, circunstancias que se verifican en la región del Chaco oriental.
Con anterioridad al pronunciamiento dictado en la causa «Lubricentro Belgrano» (Fallos: 323:163), esta Corte aceptaba la competencia de los tribunales federales ante la mera posibilidad de que en el hecho contaminante estuviese involucrada alguna de las sustancias comprendidas en el Anexo I de la ley 24.051 y se hubiera denunciado la comisión de algunos de los delitos previstos en los artículos 55 a 57 de la referida ley (cfr., por ejemplo, Fallos: 317:1332 y 318:1369).
En el 2000, al resolver la causa «Lubricentro Belgrano», el Tribunal modificó su criterio.Con el propósito de dar plena aplicación a la intención del legislador, de respetar las atribuciones de las provincias en la materia, y en función del análisis armónico de la ley 24.051 y del artículo 41 de la Constitución Nacional -que atribuye a la Nación la facultad de dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección del ambiente sin que ellas alteren las jurisdicciones locales-, estimó que correspondía la jurisdicción de los tribunales provinciales cuando de las probanzas del sumario no surgía que los desechos pudieran afectar a las personas o al ambiente fuera de los límites de la provincia respectiva, incluso si los materiales secuestrados pudieran considerarse residuos peligrosos en los términos de la ley 24.051.
En la causa «Presidente de la Asociación Civil Yussef s/ denuncia p/basural a cielo abierto en Ohuanta» (Competencia CSJ 285/2011 (47-C)/CS1, resuelta el 19 de junio de 2012), el Tribunal, luego de recordar el cambio jurisprudencial antes mencionado, citó pronunciamientos que endosaban la doctrina de «Lubricentro Belgrano» en casos decididos con posterioridad a ella (Fallos: 326:915, 1649, 4996; 327:2777, 4336; 329:2358; 330:1823; 331:1231; 332:867; y Competencia 192/2007 (43-C)/CS1 «Química Hiper s/ incendios, explosiones o inundación», resuelta el 5 de junio de 2007) y precisó que la intervención del fuero federal está limitada a los casos en los que la afectación ambiental interjurisdiccional esté demostrada con un grado de convicción suficiente (considerando 4°, segundo párrafo). Este criterio fue reiterado en otros pronunciamientos (Competencia CSJ 528/2011 (47-C)/CS1 «Indunor SA s/ sup/ infracc. Ley 24.051» del 19 de junio de 2012; Competencia CSJ 588/2011 (47-C)/CS1 «Quevedo, Carlos Alberto s/ demanda» del 19 de junio de 2012; Competencia CSJ 802/2011 (47-C)/CS1 «N.N. s/ ay. inf.ley 24.051 (Laguna de los Padres)» del 7 de agosto de 2012). Por lo tanto, a los fines de decidir la cuestión de competencia aquí planteada, es necesario determinar si existen probanzas efectivas -no meramente conjeturales- que, con un grado de convicción suficiente, demuestren que la descarga de líquidos cloacale s al arroyo Correntoso afecta a las personas o al ambiente fuera de los límites de la Provincia del Chaco.
«.la indiscutible migración de los cursos de agua, y de elementos integrados a ella como consecuencia de la acción antrópica, no son datos suficientes para tener por acreditada la interjurisdiccionalidad invocada (.) (arg. Fallos:329:2469 , citado, considerando 3°). Si bien la interdependencia es inherente al ambiente, y sobre la base de ella podría afirmarse que siempre se puede aludir al carácter interjurisdiccional referido, para valorar las situaciones que se plantean no debe perderse de vista la localización del factor degradante, y resulta claro que en el sub lite dicho factor, en el caso de existir, se encuentra en el territorio de la Provincia de San Juan. Ello, más allá de la movilidad que se le pueda atribuir a ciertos elementos que se utilicen en la explotación minera que se denuncia, y con relación a los cuales sería muy difícil afirmar -con los antecedentes obrantes en autos y sin prueba concreta al respecto- que llegan a otros territorios con las características contaminantes que se le atribuyen; y que autoricen a concluir que será necesario disponer que otras jurisdicciones recompongan el medio ambiente tal como se pide.» (Fallos: 330:4234 ).
Lo dicho resulta del texto mismo de la ley 25.675, reglamentaria del artículo 41 de la Constitución y, por consiguiente, de la regla contenida en dicha cláusula que manda respetar las jurisdicciones locales.En este sentido, el artículo 7° de la referida ley dispone que, «la aplicación de esta ley [es decir, de los principios que ella recepta] corresponde a los tribunales ordinarios según corresponda por el territorio, la materia, o las personas» y que solo procede la competencia federal «en los casos que el acto, omisión o situación generada provoque efectivamente degradación o contaminación en recursos ambientales interjurisdiccionales» (el destacado es añadido).