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Timestamp: 2017-04-24 02:12:59
Document Index: 360090609

Matched Legal Cases: ['artículo 27', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 149', 'artículo 103', 'artículo 18', 'artículo 23']

Ley 2/1989, de 22 de febrero, de función pública de la comunidad autónoma de las Islas Baleares. (Vigente hasta el 3 de julio de 2007)
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Publicado en BOIB
n�m. 38 de 28 de marzo de 1989 y BOE
n�m. 169 de 17 de julio de 1989
Vigencia desde 29 de marzo de 1989. Esta revisi�n vigente desde 1 de enero de 2007hasta 3 de julio de 2007.
TÍTULO I. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY. (Arts. 1 al 4)
TÍTULO II. DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA. (Arts. 5 al 13)
TÍTULO III. ÓRGANOS DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.
CAPÍTULO I. DE LOS ÓRGANOS COMPETENTES DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. (Arts. 14 al 24)
TÍTULO IV. ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.
CAPÍTULO I. CUERPOS Y GRUPOS DE FUNCIONARIOS. (Arts. 25 al 31)
CAPÍTULO II. RELACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO. (Arts. 32 al 34)
CAPÍTULO III. MOVILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS. (Arts. 35 al 38)
CAPÍTULO IV. REGISTRO GENERAL DE PERSONAL. (Arts. 39 al 41)
CAPÍTULO V. SELECCIÓN DE PERSONAL Y PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO.
SECCIÓN I. SELECCIÓN. (Arts. 42 al 55)
SECCIÓN II. PROVISIÓN. (Arts. 56 al 60)
CAPÍTULO VI. CARRERA ADMINISTRATIVA. (Arts. 61 al 64)
TÍTULO V. DEL RÉGIMEN ESTATUTARIO DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS.
CAPÍTULO I. ADQUISICIÓN Y PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE FUNCIONARIO. (Arts. 65 al 67)
CAPÍTULO II. SITUACIONES ADMINISTRATIVAS (Arts. 68 al 80)
CAPÍTULO III. DERECHOS, DEBERES, INCOMPATIBILIDADES Y CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL DE LOS FUNCIONARIOS.
SECCIÓN I. DERECHOS. (Arts. 81 al 87)
SECCIÓN II. DEBERES E INCOMPATIBILIDADES. (Arts. 88 al 92)
SECCIÓN III. CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL. (Art. 92 bis)
CAPÍTULO IV. RÉGIMEN RETRIBUTIVO Y DE PROTECCIÓN SOCIAL.
SECCIÓN I. RÉGIMEN RETRIBUTIVO. (Arts. 93 y 94)
SECCIÓN II. RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL. (Art. 95)
CAPÍTULO V. RÉGIMEN DISCIPLINARIO. (Arts. 96 al 103)
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA. DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA. DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA. DISPOSICIÓN ADICIONAL SÉPTIMA. DISPOSICIÓN ADICIONAL OCTAVA. DISPOSICIÓN ADICIONAL NOVENA. DISPOSICIÓN ADICIONAL DÉCIMA. DISPOSICIÓN ADICIONAL UNDÉCIMA. DISPOSICIÓN ADICIONAL DUODÉCIMA. DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMOTERCERA. DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMOCUARTA. DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMOQUINTA. DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA. DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA. DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA. DISPOSICIÓN TRANSITORIA CUARTA. DISPOSICIÓN TRANSITORIA QUINTA. DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEXTA. DISPOSICIÓN TRANSITORIA SÉPTIMA. DISPOSICIÓN TRANSITORIA OCTAVA. DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA. DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA. DISPOSICIÓN FINAL TERCERA. DISPOSICIÓN FINAL CUARTA. DISPOSICIÓN FINAL QUINTA. EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ISLAS BALEARES
Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de las Islas Baleares ha aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo que se establece en el artículo 27.2 del Estatuto de Autonomía, tengo a bien promulgar la siguiente Ley 2/1989, de 22 de febrero, de función pública de la comunidad autónoma de las Islas Baleares.
El artículo 11.3 de la Ley Orgánica 2/1983, de 25 de febrero, del Estatuto de Autonomía para las Islas Baleares, señala que corresponde a la comunidad autónoma, de conformidad con las bases contenidas en la legislación del Estado, el régimen estatutario de los funcionarios de la administración de la comunidad autónoma y de la administración local de la misma.
Por su parte, el artículo 11 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la función pública, obliga a las comunidades autónomas a ordenar, mediante una Ley de las respectivas asambleas legislativas, la función pública propia.
En el marco de esta competencia, ejercida respecto de las normas que la citada Ley 30/1984 considera bases del régimen estatutario, al amparo del artículo 149.1.18 de la Constitución e inspirándose en el convenio 151 de la Organización Internacional del Trabajo, se ha elaborado el proyecto de Ley presente con un doble objetivo: desarrollar los preceptos del Estatuto de Autonomía en este tema tan transcendental y dotar a la administración autónoma y al personal que le sirve de unas normas precisas que respondan a los principios consagrados en el artículo 103 de la Constitución.
La construcción del Estado de las autonomías y las dificultades consiguientes que ha comportado el proceso de transferencias de servicios y funciones ha provocado desde el principio de la autonomía múltiples problemas en la gestión del personal al servicio de la comunidad autónoma de las Islas Baleares. La distinta procedencia y la naturaleza jurídica diferente de las relaciones del personal que la sirve, ha puesto de manifiesto desde el principio la necesidad de crear un marco jurídico adecuado para la regulación de la función pública de la comunidad autónoma.
Para hacerlo posible, los obstáculos han sido múltiples. Además de la natural prudencia que debe guiar el legislador en este tema, el desconocimiento inicial de los problemas exactos que originaba la nueva situación política y administrativa configurada por la Constitución y el retraso del necesario desarrollo legislativo previo por el Gobierno de la nación han dificultado esta labor.
A pesar de la regulación fragmentaria y de carácter provisional de las bases contenidas en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, el proyecto de Ley presente, en aplicación de la conocida doctrina constitucional, intenta ofrecer una regulación lo más amplia posible de la organización de la función pública de la comunidad autónoma de las Islas Baleares y del régimen estatutario de los funcionarios que la sirven.
En la elaboración ha parecido aconsejable adoptar todas las normas de la legislación estatal que se han considerado útiles a la situación autonómica, aunque tengan la consideración de básicas, en la medida en que son fruto de una evolución y de una experiencia mas que centenaria, que difícilmente puede sustituir a otra regulación sin caer en la improvisación.
Visto el artículo 18 del Estatuto de Autonomía y con el fin de evitar la existencia de diversos regímenes particulares aplicables al personal de las instituciones de la comunidad autónoma de las Islas Baleares, se dispone que el estatuto del personal al servicio del Parlamento se inspire en las normas contenidas en este proyecto de Ley.
El eje vertebrador de la función pública de la comunidad autónoma de las Islas Baleares, vistos los artículos 103.1 y 149.1.18 del texto constitucional, de los cuales resulta el carácter predominantemente estatutario de la relación de servicios del personal con las administraciones, se realiza a través de las técnicas de organización corporativa y de carrera.
Esta opción supone el rechazo como sistema de la laboralización del personal al servicio de la administración, por considerar que esta no es la mas adecuada a este concepto institucional.
La opción por el modelo funcionarial de la función pública pretende consolidar una burocracia imparcial y profesionalizada, al servicio exclusivamente de los intereses públicos y libre de cualquier condicionamiento o dependencia de carácter ideológico o personal, subordinada, evidentemente, al poder político del Gobierno a quien corresponda, por imperativo de la Constitución, dirigir la administración.
Solamente esta caracterización de la función pública hará posible la alternancia en el poder y los cambios de Gobierno, sin que ello vaya en detrimento del normal funcionamiento de la administración, y permitirá que asimilemos lo más rápido posible los cambios que la entrada de España en las comunidades europeas provoca en nuestra cultura administrativa y que nos adecuemos a ellos.
Independientemente del modelo adoptado, en aquellos supuestos en que sea posible la contratación laboral, porque no es posible caer en la tentación de reducir todo el personal al servicio de la administración pública autonómica a la condición estatutaria, la regulación se realiza, en todos los casos, buscando la adecuación a los principios de méritos y capacidad que proclama el artículo 23.2 de la Constitución, y respetando, asimismo, la legislación común y lo que se determina en los tratados y convenios que les sean de aplicación.
La clara opción por la estructura corporativa de la función pública autonómica, haciendo de los cuerpos la fórmula ordinaria de acceder a ellos, se ha tomado siguiendo criterios sumamente restrictivos de creación. Criterios que también han adoptado otras comunidades autónomas que garantizan la eficacia de la actuación administrativa y evitan las tradicionales y, en muchas ocasiones, simplistas críticas a esta estructura.
En la Ley se establecen diversos mecanismos, sin perjuicio de que se haga un desarrollo completo por vía reglamentaria, relativos a la efectividad de la profesionalidad y a la imparcialidad que predica, entre los cuales destacan los referentes a la selección de personal y provisión de puestos de trabajo. En este tema constituye un punto especialmente destacable el papel preponderante que debe cumplir en un futuro próximo el Instituto Balear de Administración Pública que se crea en este proyecto de Ley.
El régimen estatutario de los funcionarios se inspira en los principios de objetividad seguridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad.
Esta materia, someramente regulada en la Ley de medidas para la reforma de la función pública, se ha regulado con pocas variantes, alguna de las cuales, de todas maneras, es claramente innovadora, respecto de la normativa recogida principalmente en la Ley articulada de funcionarios civiles del Estado de 1964.
Especial mención merece el tema de la promoción y de la carrera administrativa. La presente Ley busca sentar las bases de un auténtico sistema de promoción y ascensos que garantice los principios de objetividad y de mérito.
La presente Ley, como todas las normas, se produce en un contexto y en una realidad determinada que no le puede ser ajena. Por ello, si bien la finalidad básica que tiene es regular la función pública autonómica, esto no es un obstáculo para que se establezca una serie de preceptos de una especial transcendencia social, entre los cuales destaca la reserva de un porcentaje de la oferta anual de ocupación para los minusválidos, siguiendo la política de integración de este colectivo en el mundo del trabajo que en estos últimos años y desde distintas instancias es propicia, y la elaboración por la misma comunidad autónoma o en colaboración con otras instituciones, de programas encaminados a la reinserción social de las personas marginadas.
En cuanto a los órganos superiores de la función pública, si bien la Ley 5/1984, de 24 de octubre, de régimen jurídico de la administración de la comunidad autónoma, se aleja del esquema que diseña la Ley 30/1984, se ha buscado una distribución armónica de la competencia entre los diversos órganos con atribuciones en la materia de competencias, de la comisión de personal de la comunidad autónoma de las Islas Baleares, como órgano colegiado que garantiza la coordinación de los criterios generales con aquellos que cada departamento de la administración autonómica mantiene, y la creación del Consejo Balear de la Función Pública de las Islas Baleares, como órgano de participación del personal y de encuentro de las distintas administraciones que coexisten en el ámbito de esta comunidad autónoma.
Finalmente, la valoración de los puestos de trabajo, tanto en el aspecto funcional como en el retributivo, la adscripción a cuerpos y escalas y la transparencia ayudarán al buen funcionamiento de la administración autonómica y al cumplimiento de los fines que tiene encomendados.