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Timestamp: 2017-11-22 14:34:08
Document Index: 43115796

Matched Legal Cases: ['artículo 45', 'artículo 149', 'artículo 149', 'in fine', 'Artículo 149', 'Artículo 149', 'Artículo 149', 'Artículo 148', 'Artículo 140']

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urbano aquel que el plan general adscriba a esta clase de suelo por encontrarse en las siguientes circunstancias:
• Formar parte de un núcleo de población existente y estar dotados, como mínimo, de los servicios urbanísticos de acceso rodado por vía urbana, abastecimiento de agua, saneamiento y suministro de energía eléctrica
• Estar ya consolidados al menos en las dos terceras partes del espacio apto para la edificación
• Haber sido urbanizados en ejecución del correspondiente instrumento de planeamiento urbanístico
Existen dos categorías de suelo urbano que se regulan en el artículo 45.2 de la LOUA
o Suelos urbanizados
o El suelo urbano que no tenga las características de urbano no consolidado
• Suelo urbano no consolidado
o No tener la urbanización todos los servicios precisos o que no tengan las características adecuadas a la edificación
o Precisar renovación de la urbanización
Respecto al régimen jurídico del suelo urbano, es decir, derechos y deberes de los propietarios del suelo urbano, la Ley de Suelo distingue ahora dentro del suelo urbano dos situaciones diferentes, según exista o no una urbanización consolidada.
o Derecho a edificar en las condiciones que en cada caso establezca la legislación urbanística y el planeamiento
o Solicitar y obtener la licencia municipal
o Completar la urbanización hasta convertir el suelo urbano en solar (como por ejemplo poner las farolas o las aceras si faltan)
o Realizar la edificación en las condiciones fijadas por la ordenación urbanística, y conservar la edificación realizada.
b) Suelo urbano no consolidado
El derecho básico es el de iniciativa y promoción de su transformación mediante la urbanización.
o Promover su transformación en las condiciones establecidas en el planeamiento
o Entregar de suelo para viales, hospitales, zonas verdes etc ..
o Cesiones de suelo correspondiente al 10 % de aprovechamiento del ámbito para el Ayuntamiento (puede modificarse del 5 al 20 %)
o Costear y ejecutar la urbanización
o Distribución equitativa de beneficios y cargas del planeamiento
Hasta mediados del S XIX no existía prácticamente el derecho urbanístico. El origen del Derecho Urbanístico se encuentra en la revolución industrial, que provoca, por un lado, el éxodo rural y, por otra parte una importante demanda de viviendas.
En el siglo XIX existía un urbanismo de obra pública, que se llevaba a cabo a través de las leyes de ensanche de poblaciones y de reforma interior. Respecto a las leyes de ensanche, estaba la Ley General de Ensanche de Poblaciones de 29 de junio 1.864, así como la Ley de 26 de junio de 1.892 reguladora de los Ensanches de Madrid y Barcelona. Respecto a las leyes de reforma interior, la Ley de Expropiación Forzosa de 10 de enero de 1.879 y la Ley de 18 de marzo de 1.895, sobre saneamiento y mejora interior de las grandes poblaciones. El urbanismo de obra pública lo llevaba a cabo la administración a través de las expropiación de los terrenos necesarios para la urbanización. En dicha expropiaciones no se pagaba ningún tipo de expectativas, sino que se pagaba únicamente el valor rústico de los terrenos. Además, los gastos de urbanización se pagaban mediante contribuciones especiales.
La Ley de suelo de 1956 fue la primera norma que trataba el urbanismo de forma unitaria y completa y todas las leyes posteriores han variado en muy poco el esquema y el modelo creado por dicha ley. Dicha ley se caracteriza por el nacimiento del concepto de propiedad estatutaria, que significa que el contenido del derecho de propiedad será definido por el planeamiento, que es otra figura que también crea esta ley. Así mismo, nace el urbanismo de obra privada actual, que supone que ya no será la administración sino la iniciativa privada la protagonista en el crecimiento de las ciudades. A la Ley de Suelo de 1956 sucedió la Ley de suelo de 1976, previa a la Constitución Español.
La sentencia del Tribunal Constitucional 61/1997, de 20 de marzo
La STC 61/1997 obligó a reaccionar al Estado, pero también a las CCAA, quienes se vieron obligadas a dictar una serie de normas legislativas y medidaa de carácter provisional para no dejar la materia en un vacío normativo de incalculables consecuencias.
De los planeamientos de esta sentencia, podemos destacar lo siguiente:
a) El estado no puede crear un modelo de legislación urbanística homogéneo por artículo 149.1.1 CE b) El estado no puede crear una ley en materia urbanística en base al artículo 149.3 in fine que establece: “El derecho estatal será, en todo caso, supletorio del derecho de las Comunidades Autónomas”
Respecto a sus efectos, fueron los siguientes:
a) Se establecen delimitación de competencias Estado y Comunidades Autónomas en materia de urbanismo
b) Declara la nulidad por razones de competencias de tres cuartas partes del TRLS 92
c) Se obliga a las Comunidades Autónomas a dictar leyes en materia de urbanismo.
d) dictar una serie de normas legislativas-medida de carácter provisional para no dejar la materia en un vacío normativo de incalculables consecuencias.
Tras la sentencia del Tribunal Constitucional, el marco competencial quedó de la siguiente manera:
a) Competencia estatal
El Estado tiene competencia legislativa en materia de régimen urbanístico de la propiedad del suelo, valoraciones y expropiaciones en base a los siguientes artículos:
Artículo 149.1.1 CE “Regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales”
Artículo 149.1.8 CE “legislación civil …”
Artículo 149.1.18 “legislación sobre expropiación forzosa; legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas y el sistema de responsabilidad de todas las administraciones públicas “¦”
b) Competencia autonómica
Las Comunidades Autónomas tienen competencia en materia de legislación sobre ordenación del territorio urbanismo y vivienda al siguiente artículo:
Artículo 148.3 CE “Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda”
c) Competencia municipal
Los municipios tienen competencia para la elaboración del planeamiento urbanístico, que tiene rango de reglamento, para la creación de su propio modelo de ciudad en base al siguiente artículo:
Artículo 140 CE “La Constitución garantiza la autonomía de los municipios”
En relación a la legislación, quedó de la siguiente forma:
Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se regula la Inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de naturaleza Urbanística
Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto 1.346/1.976, de 9 de abril (Legislación urbanística de Islas Baleares, Ceuta y Melilla)
b) Legislación autonómica en Andalucía
Ley 1994 de Ordenación del Territorio de Andalucía
Las diferencias más significativas entre la calificación y clasificación del suelo son las siguientes:
1) La clasificación determina distintas clases de suelo. La calificación determina zonas de un uso (P.e.: residencial-industrial), intensidad (P.e.: edificabilidad de 5m2t (techo) /m2s), y tipologia edificatoria determinada (P.e. colectivo en manzana cerrada).
2) No existe redistribución de beneficios y cargas entre propietarios de diferentes clases de suelo. Sin embargo, si existe est redistribución entre propietarios con suelos de distinta calificación.
¿Qué es un plan general? Es un documento que establece la ordenación urbanística completa un municipio. De un plan general se puede destacar la clasificación de todo el municipio en las distintas clases de suelo: urbano, urbanizable y no urbanizable. También establece la ordenación pormenorizada en el suelo urbano, como por ejemplo, las plantas de los edificios existentes o futuros.
¿Qué plazo tengo para hacer alegaciones a un plan general? El plazo mínimo de exposición pública de la revisión o elaboración de un plan general es de un mes.
¿Qué suelo urbanizable debe clasificar un plan general? El plan general debe clasificar el suelo urbanizable necesario para el desarrollo del municipio dentro de la vigencia del plan. En Andalucía, existe una limitación en la clasificación de suelo urbanizable, no pudiéndose clasificar como suelo urbanizable, salvo que sea para uso industrial, más del 40 % del suelo urbano, con algunas excepciones en los pequeños municipios.
¿Qué debo hacer si me incluyen en un sector de planeamiento para su desarrollo? Lo más aconsejable siempre es formar parte de la entidad que llevará a cabo dicho desarrollo, que normalmente será una junta de compensación.
¿Qué ocurre si después de tres meses desde que solicité mi licencia de obras el ayuntamiento no me contesta? En tal caso, la licencia se entiende concedida por silencio administrativo, aunque el inicio de las obras requerirá un preaviso al ayuntamiento con al menos diez días de antelación. Si las obras no se ajustan al plan general, los ayuntamientos así como parte de la jurisprudencia, suelen entender que no existe silencio administrativo.
¿Qué ocurre si me inician un expediente de disciplina urbanística para imponerme una sanción y para la demolición de mi vivienda construida? Pues habrá que analizar muchos aspectos, como por ejemplo circunstancias atenuantes de la posible infracción o la posibilidad de legalización de todo o parte de la obra.