Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/auto-2013-00347-de-abril-9-de-2014?documento=jurcol&contexto=jurcol_00225a41367302f0e0530a01015102f0&vista=STD-PC
Timestamp: 2020-01-27 17:56:17
Document Index: 205455114

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 138', 'artículo 180', 'artículo 244', 'artículo 125', 'artículo 13', 'artículo 138', 'artículo 161', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 180', 'artículo 180', 'artículo 182', 'artículo 180', 'artículo 180', 'artículo 180']

﻿ Auto 2013-00347 de abril 9 de 2014
AUTO 2013-00347 DE 09 DE ABRIL DE 2014
CONTENIDO:REQUISITO DE CONCILIACIÓN PRE JUDICIAL CUANDO EXISTAN DERECHOS CONCILIABLES. SE AFIRMA QUE, TRATÁNDOSE DE LA ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, SE ENCUENTRA REGULADA POR EL ARTÍCULO 138 DE LA LEY 1437 DE 2011, SI EL ASUNTO SE REFIERE A UNA RECLAMACIÓN POR DERECHOS CONCILIABLES, SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE PARA ACCEDER A LA JURISDICCIÓN, LA REALIZACIÓN PREVIA DEL TRÁMITE DE CONCILIACIÓN PREJUDICIAL. AL RESPECTO, SON MATERIA DE CONCILIACIÓN AQUELLOS DERECHOS TRANSABLES QUE TENGAN EL CARÁCTER DE INCIERTOS Y DISCUTIBLES. NO OBSTANTE, LA POSICIÓN REFERENTE A LA EXIGIBILIDAD DEL REQUISITO DE LA CONCILIACIÓN PREJUDICIAL EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY 1285 DE 2009, DEBE SER ANALIZADO EN CADA CASO CONCRETO, ATENDIENDO LA CALIDAD DE LOS DERECHOS RECLAMADOS Y LA POSIBILIDAD DE SU DEBATE EN EL ESCENARIO CONCILIATORIO.
TEMAS ESPECÍFICOS:DERECHOS DEL TRABAJADOR, CONCILIACIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, DERECHOS CIERTOS E INDISCUTIBLES DE LA PERSONA, VIABILIDAD DE LA CONCILIACIÓN
Auto 2013-00347 de abril 9 de 2014
Rad.: 27001-23-33-000-2013-00347-01(0539-14)
Actor: Yaz Jayde Leudo Cossio
Demandado: departamento del Chocó Departamento Administrativo de Salud y Seguridad Social del Chocó, Dasalud Chocó, en liquidación.
Autoridad seccional/apelación auto
Sea lo primero advertir la procedencia de la alzada interpuesta, ya que se encuentra autorizada por el inciso 4º del numeral 6º del artículo 180 de la Ley 1437 de 2011, formulada dentro de la oportunidad prevista por el artículo 244-1 ibídem, con la debida sustentación. Además, es la Sala competente para desatar el recurso, por aplicación del artículo 125 ejúsdem.
El asunto que demanda la atención de esta Sala en el presente proceso se contrae a establecer, de una parte, si se configura una ineptitud de la demanda frente al ente territorial demandado departamento del Chocó, por inexistencia del requisito de procedibilidad, al no haberse convocado en el trámite de la conciliación prejudicial y, de otro lado, si le era dable al a quo pronunciarse sobre una excepción de mérito, como lo es la de prescripción de derechos laborales, en el trámite de la audiencia inicial. No se pronunciará esta Corporación sobre los argumentos de la excepción previa, referidos a la ineptitud de la demanda por no haberse hecho presente DASALUD CHOCÓ a la audiencia de conciliación prejudicial, ya que la sustentación del recurso no comprendió tal pronunciamiento.
Siendo dos (2) los motivos que dieron lugar a la alzada, procede la Sala a pronunciarse por separado sobre los argumentos planteados:
1) Excepción previa de inepta demanda: A voces del artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, “…A partir de la vigencia de esta ley, cuando los asuntos sean conciliables, siempreconstituirá requisito de procedibilidad de las acciones previstas en los artículos 85, 86 y 87 del Código Contencioso Administrativo o en las normas que lo sustituyan, el adelantamiento del trámite de la conciliación extrajudicial…”.
Por manera que, en tratándose de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que para la fecha de presentación de la demanda(5) se encuentra regulada por el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, si el asunto se refiere a una reclamación por derechos conciliables, será requisito indispensable para acceder a la jurisdicción, la realización previa del trámite de conciliación prejudicial, norma que fue redactada en idéntico sentido por el numeral 1 del artículo 161 ibídem.
En punto de los asuntos que se consideran conciliables, ya esta Corporación ha explicado en su jurisprudencia que, en tratándose de derechos laborales y para dar cumplida aplicación al artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, “…son materia de conciliación aquellos derechos transables que tengan el carácter de “inciertos y discutibles”. No obstante, la posición de la Sala referente a la exigibilidad del requisito de la conciliación prejudicial en los términos de la Ley 1285 de 2009, debe ser analizado en cada caso concreto, atendiendo la calidad de los derechos reclamados y la posibilidad de su debate en el escenario conciliatorio”(6) (Subraya fuera de texto).
En otras decisiones y sobre el mismo tema, también precisó esta Corporación que gozaban de la calidad de derechos irrenunciables y, por ende, no susceptibles de conciliación, las prestaciones periódicas, como es el caso de los salarios, en vigencia del vínculo laboral, y las mesadas pensionales, sobre las cuales no hay lugar a transacción por ser derechos ciertos e indiscutibles.
Descendiendo al caso bajo estudio y analizado el derecho de petición elevado por la demandante, sobre el cual se estructura la existencia del acto ficto negativo, se colige que su reclamación se encausó a obtener la liquidación y pago de “…las acreencias laborales y cesantías …”(7) sin precisar los conceptos que encierran la expresión acreencias laborales, esto es, si refiere a salarios, primas, bonificaciones ordinarias y especiales, horas extras, etc., ni menos aún el lapso durante el cual estos se causaron, por lo que resulta imposible atribuirle la calidad de derechos ciertos e indiscutibles, constituyéndose, por ende, en un asunto perfectamente conciliable.
En lo que concierne a las cesantías, parciales o definitivas, también ha precisado la jurisprudencia de esta corporación que no se constituye en una prestación periódica, sino unitaria, que, aun cuando su liquidación se realice de manera anual o, excepcionalmente, al retiro del empleado, se agota al momento de la expedición del respectivo acto que las reconozca(8).
Vistas así las cosas, se muestra evidente que la reclamación de las “prestaciones sociales y cesantías” del demandante, en los términos de su derecho de petición, conciernen a derechos inciertos y discutibles, por lo que, al tenor de lo previsto por el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, era exigible el trámite de la conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad para acceder a la jurisdicción de lo contencioso administrativo mediante el ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
Despejado este punto, fuerza concluir que, si la parte demandante aspiraba a vincular a la actuación procesal en sede judicial al ente territorial departamento del Chocó, ha debido convocarlo al trámite prejudicial de la conciliación que se surtió ante el Ministerio Público, por lo que, su omisión, como en efecto se dio, inhibe el ejercicio de la acción en su contra, circunstancia que le da la razón a la recurrente en cuanto a la procedencia de la excepción previa de inepta demanda por ausencia del requisito de procedibilidad.
Sumado a lo anterior, no encuentra la Sala razón o fundamento alguno para exigir la presencia del Departamento del Chocó en el trámite de la reclamación formulada por YAZ JAYDE LEUDO COSSIO, ya que, de una parte, la actuación cuya nulidad se predica y por la cual se aspira a obtener el restablecimiento del derecho, no lo tuvo como artífice o coadyuvante y, de otro lado, de la lectura íntegra de la demanda no se aprecia manifestación alguna en las pretensiones, en los hechos, o en sus argumentos, que involucren actividad u omisión del departamento del Chocó que pueda justificar su citación al proceso.
Fuerza concluir, entonces, que triunfará el argumento de la apelante frente a la revocatoria del auto por la procedencia de la excepción previa planteada en su contestación.
2) Excepción (de mérito) de prescripción de derechos laborales: Sobre este tema conviene precisar que, acorde con la finalidad prevista por el numeral 6º del artículo 180 de la Ley 1437 de 2011, en la audiencia inicial el funcionario judicial deberá decidir tan sólo las excepciones que tengan la calidad de previas, es decir, aquellas que se encaminen a atacar la forma del proceso, en procura de evitar decisiones inhibitorias; también podrá resolver, como lo anuncia la norma, las excepciones de cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta de legitimación en la causa y prescripción extintiva, pero, en todo caso, encaminadas a atacar el ejercicio de la acción, mas no de la pretensión.
Resulta propicio comentar aquí la diferencia que existe entre las dos clases de excepciones que puede formular la parte demandada en ejercicio del derecho de defensa, las previas, y las de mérito, siendo aquellas, también denominadas dilatorias o de forma, las que buscan atacar el ejercicio de la acción, por presentarse alguna inconsistencia en la manera como fue presentada la demanda, vale decir, por alguna deficiencia externa; y estas, llamadas también de fondo o perentorias, destinadas a atacar el derecho sustancial reclamado por el accionante.
La finalidad de las excepciones previas, es la de conjurar vicios formales en procura de evitar decisiones inhibitorias o, dada la entidad de las falencias, impedir que continúe el curso del proceso ab inicio, ya que no sería posible, ante su existencia, llegar a la sentencia por sustracción de materia; por su parte, la finalidad de las excepciones de fondo, es controvertir la existencia misma y alcance del derecho reclamado por el demandante, por lo que tienen la virtud de enervar las pretensiones y provocar que el fallo correspondiente se constituya en cosa juzgada, dando término de manera definitiva al debate planteado.
Pues bien, teniendo como premisa tales definiciones, debe el juez, en ejercicio del principio constitucional del iura novit curia, determinar con total claridad, ante omisiones de los postulantes en un proceso sometido a su conocimiento, independientemente del título que hubieren dado a cada una de ellas, si las excepciones planteadas se encaminan a atacar la forma de la demanda o el fondo del asunto, a fin de pronunciarse sobre cada una de ellas en la correspondiente etapa procesal, que para el caso que nos ocupa, las previas lo serán en la audiencia inicial del artículo 180 del CPACA y las de mérito en la de juzgamiento consagrada por el artículo 182 ibídem.
De la lectura del acta remitida y escuchada la audiencia que en medio magnético se anexó al expediente, se colige que el a quo erró al resolver una excepción de mérito que la entidad accionada denominó claramente “prescripción de las obligaciones laborales”, cuando de su texto resulta evidente que su objeto no era atacar el ejercicio de la acción sino el derecho sustancial del demandante, asunto que no podía debatirse ni menos resolverse en la audiencia inicial por dos potísimas razones: a) la norma consagra tan solo la potestad para resolver las excepciones previas y b) al no haber anunciado cuáles serán las pruebas que servirán de soporte para el debate jurídico, mal puede emitir juicios de valoración sobre los argumentos que estructuran la excepción, sorprendiendo a las partes con una decisión anticipada que tan sólo puede darse en la sentencia que decida el mérito de las pretensiones.
Por tal virtud, la decisión adoptada por el a quo respecto de esta excepción será revocada por no ajustarse a los precisos lineamientos contenidos en el numeral 6º del artículo 180 de la Ley 1437 de 2011, al no corresponder su pronunciamiento a la etapa procesal en que se profirió.
Solo resta hacer un llamado de atención a la funcionaria que integró la Sala de Decisión para acompañar a la ponente del asunto por razón de comportamientos contrarios a la majestad de la justicia y el respeto debido por los asistentes a la audiencia inicial, ya que, como se pudo observar en el video de la grabación remitida en disco compacto, durante buena parte de la misma se entregó a actividades de deglución de alimentos, sin reparar en la función constitucional que se hallaba desarrollando.
Corolario de lo explicado en precedencia, se revocará en su totalidad la providencia apelada, para , en su lugar, declarar la prosperidad de la excepción previa de inepta demanda respecto de la citación al proceso del ente territorial departamento del Chocó; se dispondrá la devolución del expediente al Tribunal de origen para que convoque de nuevo a las partes para dar continuidad a la audiencia inicial, en procura de evacuar en su totalidad las fases restantes, esto es, la fijación del litigio, la conciliación (si existiere ánimo), la decisión de medidas cautelares (si las formularen) y el decreto de pruebas, sugiriendo, para futuras oportunidades, que en un mismo acto se agoten todas las etapas previstas por el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011 y tan sólo al final de la audiencia, se pronuncie sobre la concesión de los recursos que se hubieren interpuesto, si a ello hubiere lugar, en aras de dar efectiva aplicación a los principios de celeridad y economía procesal.
1. REVÓCASE el auto proferido dentro de la audiencia inicial celebrada el 20 de enero de 2014 por el Tribunal Administrativo del Chocó, por el cual declaró no probadas las excepciones de “ineptitud de la demanda por falta de requisitos formales” y “prescripción de las obligaciones laborales”, por lo expuesto en la motivación anterior.
2. En su lugar, DECLÁRASE probada la excepción previa de “inepta demanda por falta de los requisitos formales”, en lo que concierne con la citación al proceso del ente territorial departamento del Chocó, por ausencia del requisito de procedibilidad, conforme a lo explicado en precedencia.
3. DEVUÉLVASE el expediente a su lugar de origen, para que convoque de nuevo a las partes a fin de dar continuidad al trámite de la audiencia inicial y agote las restantes fases previstas por el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011.
5 5 de febrero de 2013, folio 17.
6 Consejo de Estado, Sección Segunda, subsección A, auto del 19 de abril de 2012, actor Ciro Rodolfo Habib Manjarrés contra Cajanal, radicación 44001-23-31-000-2011-00105-01(2029-11), magistrado ponente Alfonso Vargas Rincón.
8 Consejo de Estado, Sección Segunda, subsección A, del 4 de septiembre de 2008, actor Francisco Antonio Méndez Lambraño contra Universidad de Cartagena, radicación 13001-23-31-000-1999-06585-01(6585-05), magistrado ponente Luis Rafael Vergara Quintero.