Source: https://borm.vlex.es/vid/ley-10-2016-7-642530445
Timestamp: 2017-12-15 06:26:43
Document Index: 193505757

Matched Legal Cases: ['artículo 47', 'artículo 128', 'artículo 148', 'artículo 10', 'artículo 10', 'artículo 149', 'artículo 52', 'artículo 52', 'Artículo 52', 'artículo 55', 'Artículo 55', 'Artículo 59', 'Artículo 59', 'Artículo 59', 'Artículo 59', 'Artículo 59', 'Artículo 59', 'Artículo 19', 'artículo 59', 'artículo 59', 'artículo 59', 'artículo 59', 'artículo 59']

Ley 10/2016, de 7 de junio, de Reforma de la Ley 6/2015, de 24 de marzo, de la Vivienda de la Región de Murcia, y de la Ley 4/1996, de 14 de junio, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Región de Murcia. - BORM. Boletín Oficial de la Región de Murcia - Legislación - VLEX 642530445
Fecha de Entrada en Vigor: 15 de Septiembre de 2016
5270 Ley 10/2016, de 7 de junio, de Reforma de la Ley 6/2015, de 24 de marzo, de la Vivienda de la Región de Murcia, y de la Ley 4/1996, de 14 de junio, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Región de Murcia.
Sea notorio a todos los ciudadanos de la Región de Murcia, que la Asamblea Regional ha aprobado la Ley de reforma de la Ley 6/2015, de 24 de marzo, de la Vivienda de la Región de Murcia, y de la Ley 4/1996, de 14 de junio, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Región de Murcia
Estas cifras evidencian que un 8,5% de la población vive en situación de pobreza severa con ingresos inferiores a 332 euros mensuales, que el 53,5% no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos, y que un 22% de los hogares se cataloga como hogares con baja intensidad de empleo, lo que sitúa a Murcia 5,1 puntos por encima de la media nacional.
En el ámbito de la vivienda, la Región de Murcia cuenta con uno de los peores datos en sobreendeudamiento hipotecario de España. Según informa el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), desde el año 2011 se cuentan por miles las ejecuciones hipotecarias iniciadas en la Región de Murcia, alcanzando en el año 2014 uno de los niveles más altos en número de ejecuciones hipotecarias en relación al resto de las comunidades autónomas. De los 4.353 procedimientos iniciados, 1.917 se corresponden a lanzamientos efectivamente practicados por el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, lo que supone una evolución respecto al año anterior del 45’4%. Por su parte, y en base a los datos aportados por el CGPJ, en la Región de Murcia el número de lanzamientos con cumplimiento positivo ascendió a 973 para el 2014, lo que significa una evolución respecto al año anterior de un 115’7%.
Junto a estos datos de emergencia habitacional, nos encontramos con un panorama igualmente preocupante en lo relativo a los indicadores de la pobreza energética, entendida como la dificultad para afrontar facturas de los suministros básicos de electricidad, gas y agua. El incremento del número de hogares que se encuentran en situación de pobreza energética se debe a tres causas. La primera de ellas hace referencia a la devaluación de las condiciones de vida, y es que un informe de Eurostat (2014) sitúa a España como el segundo país de la Unión Europea donde más crece el índice de personas en riesgo de exclusión social (28,2%). La segunda se corresponde con la eficiencia energética del parque de viviendas, que apenas ha variado en inmuebles de construcción antigua donde, por lo general, se concentra la gran mayoría de hogares en riesgo de pobreza y exclusión. Por último, el tercer factor determinante de la situación de pobreza energética es el precio de los suministros.
En términos porcentuales, el incremento de la electricidad en los últimos seis años para las viviendas españolas ha sido del 70%, el doble que en el resto de la Unión Europea, siendo los pequeños consumidores los grandes perjudicados del encarecimiento eléctrico. Además, se calcula que en los últimos años, la factura media de gas natural de los hogares españoles se ha incrementado un 35%.
En definitiva, con estos indicadores la Región de Murcia se sitúa en el grupo de comunidades autónomas donde las condiciones de vida asociadas a la pobreza energética se encuentran por encima de la media nacional; el 19,5% de la población murciana no puede mantener la vivienda a temperatura adecuada. Hay que tener en cuenta que la pobreza energética es una de las múltiples vías por las que la crisis, a través del desempleo, está afectando al bienestar de los españoles; es en comunidades con una alta tasa de paro, como la Región de Murcia, donde más proliferan estas condiciones de vida. La situación es tan grave que se calcula que la pobreza energética pudo causar más de 7.000 muertes prematuras sólo en 2012 en España, siete veces más que los fallecimientos en accidentes de tráfico.
La situación de emergencia habitacional y de pobreza energética contrasta con los ingentes beneficios obtenidos por entidades financieras y empresas de suministros. Las cinco entidades financieras más grandes del Estado español -Santander, BBVA, Caixa Bank, Popular y Sabadell- cerraron 2013 con un beneficio de 7.674 millones; de 9.756 millones en 2014, y tan sólo en el primer semestre de 2015, ya rondan los 8.000 millones de euros de beneficio. Cabe recordar, sin embargo, que desde 2008 las administraciones públicas han transferido cerca de 165.000 millones de euros a las entidades financieras.
El informe sobre “Emergencia habitacional en el Estado español”, del Observatorio DESC y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, ponía de manifiesto que algunas de las entidades que más desahucian son precisamente las que han concentrado la mayor parte de las ayudas públicas y han obtenido mayores beneficios.
En lo referente al ordenamiento jurídico estatal, el artículo 47 de la Constitución española establece que “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”, exhortando a los poderes públicos a promover las condiciones necesarias y a establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. Es precisamente el interés general el que motiva el artículo 128.1 de la Constitución, que subordina al mismo toda la riqueza del país, en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad. Por su parte, el artículo 148.1.3.ª establece que las comunidades autónomas tienen competencia exclusiva en materia de vivienda, que en todo caso viene limitada por los títulos competenciales 149.1.11.ª y 149.1.13.ª.
El artículo 10.1.2 del Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia le confiere a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia la competencia exclusiva en materia de vivienda. Por su parte, el artículo 10.2 del EARM, después de su reforma de 1994, le confiere a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia la competencia de desarrollo y ejecución en materia de consumo “de acuerdo con las bases y la ordenación de la actividad económica general y la política monetaria del Estado, las bases y coordinación general de la sanidad, en los términos de lo dispuesto en los artículos 38, 131, y en los números 11, 13 y 16 del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución. Si bien esta competencia de consumo no es asumida como competencia exclusiva por el EARM, la competencia de desarrollo y ejecución en materia de consumo permitiría un procedimiento extrajudicial para la resolución de las situaciones de sobreendeudamiento en tanto en cuanto no entraña nuevas obligaciones civiles o mercantiles y no consiste en un sistema de arbitraje.
Cuatro. Se modifica la denominación del título V que pasa a llamarse “De la política de protección pública de la vivienda y de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética”.
Cinco. Se crea la sección primera del título V denominada “De la política de protección pública de vivienda”, que engloba de los artículo 52 a 59, ambos incluidos.
Seis. Se modifica el artículo 52 que pasa a denominarse “Protección social de los deudores hipotecarios”, que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 52. Protección social de los deudores hipotecarios.
Ocho. Se modifica el artículo 55 que pasa a denominarse “Coordinación y colaboración específica en supuestos de ejecución hipotecaria y pobreza energética”, y que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 55. Coordinación y colaboración específica en supuestos de ejecución hipotecaria y pobreza energética.
Nueve. Se crea la sección segunda del título V denominada “Medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética”.
Artículo 59 bis. Medidas contra el sobreendeudamiento relacionado con la vivienda habitual.
Artículo 59 ter. Procedimiento de mediación extrajudicial para la resolución de situaciones de sobreendeudamiento.
Artículo 59 quáter. Medidas para evitar los desahucios que puedan producir una situación de falta de vivienda.
Artículo 59 quinquies. Medidas para evitar la pobreza energética.
Artículo 59 sexies. Umbral máximo de gastos destinados a vivienda habitual y a suministros básicos
Artículo 59 septies. Plazos.
7) Resolución extrajudicial de conflictos: cualquier procedimiento alternativo al jurisdiccional que permita poner fin a las controversias surgidas en el marco de una relación de consumo.
8) Pobreza energética: incapacidad de un hogar para satisfacer el mínimo de servicios energéticos y, de esta forma, garantizar las necesidades básicas teniendo en cuenta los factores personales, geográficos y materiales que concurren. Estos parámetros deben definirse por reglamento
Artículo 19 bis. En situaciones de sobreendeudamiento derivado de relaciones de consumo, se establece un procedimiento de mediación al que se someterán las entidades adheridas al convenio que al efecto será redactado según lo establecido en el desarrollo reglamentario de esta ley y se sustanciará ante las comisiones de sobreendeudamiento reguladas por su legislación específica. Si las comisiones de sobreendeudamiento no alcanzan un acuerdo entre el consumidor y los acreedores, queda abierta la correspondiente vía judicial para hacer efectivo lo dispuesto por este código y la legislación complementaria.
h) No formular la propuesta obligatoria de alquiler social en los supuestos en que el artículo 59 quáter de la Ley de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética lo requiera.
i) Incumplir en la formulación de la propuesta obligatoria de alquiler social los requisitos establecidos por la definición del alquiler social del artículo 59 quáter 7 de la Ley de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética
Disposición transitoria única Obligación de ofrecer un alquiler social.
En todos los procedimientos de ejecución hipotecaria o de desahucio por impago de alquiler que estén en trámite de sustanciación o de ejecución en el momento de entrada en vigor de la presente ley, y que tengan por objeto viviendas propiedad de las personas jurídicas adheridas al convenio regional con grandes tenedores de viviendas a las que se refieren los números 1 y 2 del artículo 59 quáter 2 de la Ley 6/2015, de Vivienda de la Región de Murcia, el demandante o ejecutante tiene la obligación de ofrecer, antes de adquirir el dominio de la vivienda, un alquiler social en los términos establecidos por el artículo 59 quáter.
En los casos de procedimientos de ejecución hipotecaria o desahucio por impago de alquiler que estén en trámite de sustanciación o de ejecución en el momento de entrada en vigor de la presente ley y que no estén incluidos en el supuesto al que se refiere el apartado 1, son de aplicación las medidas establecidas por el artículo 59 quáter 6.
Disposición final primera Plazo para los mecanismos de garantía del realojamiento adecuado.
Disposición final segunda Fijación de coeficientes de ponderación de ingresos familiares.
Murcia, a 10 de junio de 2016.—El Presidente, Pedro Antonio Sánchez López
NPE: A-150616-5270
ORDEN FORAL 8/2004, de 14 de enero, en relación con expediente de 1ª Modificación del Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano de Elvillar.