Source: http://corte-constitucional.vlex.com.co/vid/-43614785
Timestamp: 2016-08-24 16:06:37
Document Index: 353707983

Matched Legal Cases: ['artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 93', 'artículo 241', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 19', 'artículo 17', 'artículo 13', 'artículo 15', 'artículo 8', 'artículo 46', 'artículo 44', 'artículo 17', 'artículo 9', 'artículo 17', 'artículo 8', 'artículo 9', 'artículo 8', 'artículo 8']

Sentencia de Constitucionalidad nº 554/01 de Corte Constitucional, 30 de Mayo de 2001 - Jurisprudencia - VLEX 43614785
Fecha de Resolución:30 de Mayo de 2001
Expediente:D-3231
Así como en el ordenamiento interno militan razones para morigerar el rigor del non bis in idem - la protección de la soberanía y la seguridad nacional -, es comprensible que a nivel internacional las naciones del mundo, inspiradas en la necesidad de alcanzar objetivos de interés universal como la paz mundial, la seguridad de toda la humanidad y la conservación de la especie humana, cuenten con medidas efectivas cuya aplicación demande la relativización de la mencionada garantía, lo que constituye un motivo plausible a la luz de los valores fundamentales que se pregonan en nuestra Constitución Política , asociados a la dignidad del ser humano.
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 8° de la Ley 599 de 2000 "Por la cual se expide el Código Penal "
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano ALEXANDER LOPEZ QUIROZ, impugna el artículo 8° de la Ley 599 de 2000 "Por la cual se expide el Código Penal ".
por la cual se expide el Código Penal .
Sostiene que lo acusado también se opone al mandato del artículo 93 de la Carta Política , que le otorga prevalencia a los tratados y convenios internacionales sobre derechos humanos ratificados por el Congreso, puesto que nuestro país ha suscrito distintos instrumentos en los cuales se prohíbe la extradición cuando el inculpado ha sido juzgado o ha cumplido su pena en el país del delito. Tal es el caso de los tratados ratificados por medio de las leyes 74 de 1935, 26 de 1913, 35 de 1982, 148 de 1888 y 16 de 1972.
En virtud de lo dispuesto por el artículo 241-4 de la Carta Política , la Corte Constitucional es competente para decidir definitivamente sobre la demanda de inconstitucionalidad que dio lugar al presente proceso.
La materia. Cosa juzgada relativa
Ha de establecer la Corte si la expresión acusada del artículo 8° de la Ley 599 de 2000, "salvo lo establecido en los instrumentos internacionales", como excepción a la prohibición de la doble incriminación, es violatoria de los artículos 29 y 93 de la Carta Política , que consagran, en su orden, el derecho a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho y la prevalencia de los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por el Congreso que contienen el principio del non bis in idem.
Si bien esta Corporación en sentencia C-551 de 2001, expediente D-3137, con ponencia del Magistrado Alvaro Tafur Galvis, se pronunció de mérito en relación con las expresiones demandadas del artículo 8° del nuevo Código Penal , tal determinación no hizo tránsito a cosa juzgada constitucional (art. 243 de la C.P. ), puesto que la mencionada decisión no se fundamentó en el análisis por supuesta infracción al canon 93 de la Carta Política , que corresponde a la acusación que se formula en la presente oportunidad contra el fragmento normativo impugnado.
En consecuencia, la Corte se pronunciará sobre los nuevos cargos contra el segmento censurado del artículo 8° del Código Penal , para lo cual establecerá del sentido y alcance de la garantía del non bis in idem y su estrecha relación con la cosa juzgada a fin de desentrañar la razón de ser de la medida allí contenida.
Sentido y alcance del non bis in idem. Su relación con la cosa juzgada. Relatividad del principio
3.1. Conforme a lo dispuesto en al canon 29 de la Ley Fundamental , quien sea sindicado tiene derecho, entre otras garantías, " a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho", prohibición que implica la interdicción para las autoridades competentes de aplicar doble sanción por unos mismos hechos en los casos en que adviertan identidad de sujetos, circunstancias fácticas y fundamentos.
3.2. La consagración constitucional de este instituto es consecuente con la concepción del derecho punitivo de acto o de hecho y con el principio de la antijuridicidad material Según este principio, se hace necesario que la conducta punible además de contradecir el orden legal debe causar un daño efectivo al bien jurídicamente tutelado, con la lesión o puesta en peligro de dicho bien, siempre y cuando la vulneración tenga significación social. Sobre este tópico resulta ilustrativa la obra de Carlos Arturo Gómez Pavajeau. "El principio de la antijuridicidad material". Ministerio de Justicia. Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. , lo cual significa, en la práctica, que la prohibición de una doble sanción no depende del rito procesal de la cosa juzgada, sino del concepto de imputación fáctica, es decir, de la conducta punible independientemente de su denominación jurídica.
En efecto, es posible que un mismo hecho pueda ser objeto de investigación y punición en forma independiente por parte de autoridades diferentes, puesto que la potestad sancionadora del Estado que se despliega en esos campos obedece a la necesidad de proteger bienes jurídicos de distinta naturaleza. Así, mientras la prohibición legal de la conducta delictiva tiene por objetivo la defensa de la sociedad, la falta disciplinaria persigue proteger el desempeño diligente y eficiente de la función pública; igualmente, mientras que las sanciones penales persiguen reprimir el reato, principalmente a través de medidas que comportan la privación de la libertad física, con la finalidad de obtener la reinserción del delincuente a la vida social, las sanciones disciplinarias tienen que ver con el servicio oficial mediante llamados de atención, suspensiones o separación del cargo, todo lo cual le otorga al acto sancionatorio un carácter independiente. Por esta razón se admite que la sanción disciplinaria se imponga sin perjuicio de los efectos penales que puedan deducirse de los hechos que la originaron. Sentencia C-427 de 1994. M.P. Fabio Morón Díaz. En el mismo sentido la Corte se ha pronunciado en las Sentencias T-413/92 (MP. Ciro Angarita Barón); SC-096/93 (MP. Simón Rodríguez Rodríguez); SC-319/94 (MP. Hernando Herrera Vergara); SC-259/95 (MP. Hernando Herrera Vergara); SC-244/96 (MP. Carlos Gaviria Díaz).
3.5. No obstante, de antaño se viene cuestionando la aplicación del principio del non bis in idem en relación con regímenes jurídicos de diversa naturaleza, en la perspectiva de un derecho sancionatorio que comprende autoridades de distinto orden y con diferentes procedimientos, pero inspirados en un solo ius puniendi estatal. Los defensores de esta postura sostienen que todas las infracciones merecedoras de reproche comparten la misma naturaleza punitiva, no obstante provenir de autoridades distintas, dada la indivisibilidad de la conducta punible. Por tal razón, rechazan por inconstitucional el doble enjuiciamiento de los mismos hechos en la acción disciplinaria y penal. Sobre este tópico merece especial interés la opinión de Augusto Ibáñez en su obra "La cosa juzgada y el non bis in idem en el sistema penal", Ed. Gustavo Ibáñez, 1997, en la que rechaza la tendencia tradicional de aceptar la doble investigación, fundamento y punición en actuaciones penal y disciplinarias, a partir de la nueva concepción de la imputación fáctica y del ius puniendi como norma.
3.7. En el campo del derecho penal el principio del non bis in idem se encuentra amparado bajo la fórmula procesal de la cosa juzgada, en los términos del artículo 19 de la Ley 600 de 2000 (Código de Procedimiento Penal ):
La Corte ha reconocido la estrecha relación del principio del non bis in idem con el de la cosa juzgada, al considerar que "la prohibición que se deriva del principio de la cosa juzgada, según la cual los jueces no pueden tramitar y decidir procesos judiciales con objeto y causa idénticos a los de juicios de la misma índole previamente finiquitados por otro funcionario judicial, SC-096/93 (MP. Simón Rodríguez Rodríguez). equivale, en materia sancionatoria, a la prohibición de "someter dos veces a juicio penal a una persona por un mismo hecho, independientemente de si fue condenada o absuelta",
ST-575/93 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz). Véanse, también, las SC-479/92 (MP. José Gregorio Hernández Galindo y Alejandro Martínez Caballero); ST-520/92 (MP. José Gregorio Hernández Galindo); SC-543/92 (MP. José Gregorio Hernández Galindo); ST-368/93 (MP. Vladimiro Naranjo Mesa); SC-214/94 (MP. Antonio Barrera Carbonell); SC-264/95 (MP. Fabio Morón Díaz); ST-652/96 (MP. Carlos Gaviria Díaz). que se erige en el impedimento fundamental que a jueces y funcionarios con capacidad punitiva impone el principio de non bis in idem."
T-168 de 1992. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz
Tal es el caso del artículo 17 del nuevo Código Penal , que dispone que no tendrán el valor de cosa juzgada ante la ley colombiana las sentencias que se pronuncien en el extranjero, respecto de los eventos a que se refieren los artículos 15 y 16 numerales 1 y 2, a saber:
Cuando se cometan ilícitos a bordo de nave o aeronave del Estado colombiano que se encuentre fuera del territorio nacional, salvo las excepciones reguladas en los instrumentos internacionales, y cuando la conducta se cometa a bordo de cualquier otra nave o aeronave nacional que se halle en altamar, cuando no se hubiere iniciado la acción en el exterior,
Cuando se trate de personas que cometan en el extranjero delito contra la existencia y seguridad del Estado, contra el régimen constitucional, contra el orden económico social salvo el lavado de activos (art. 323 del C.P. ), la administración pública, o falsifique moneda nacional, documento de crédito público, o estampilla oficial, aún cuando hubiere sido absuelta o condenada en el exterior a una pena menor que la prevista en la ley colombiana, y
A la persona que esté al servicio del Estado colombiano, goce de inmunidad reconocida por el derecho internacional y cometa delito en el extranjero.
"La preceptiva que contienen, consulta la necesidad que toda acción u omisión delictivas cometidas en el territorio del estado, debe someterse a la ley penal, principio de territorialidad absoluta, siendo indiferente, por el llamado principio de equivalencia, que la conducta se inicie en el exterior y culmine dentro de nuestro país y viceversa (artículo 13 del Código Penal ).
"La persona al servicio del Estado que goce de inmunidad reconocida por el derecho internacional y cometa delito en el extranjero debe ser juzgada en Colombia (artículo 15-2 del Código Penal ).
"Con relación al reconocimiento de la cosa juzgada o el principio de non bis in idem, éste no se reconoce para los eventos determinados en los artículos 14, 15 núm. 1 y 2 del Código Penal . En lo demás, es posible el mantenimiento de la absolución o la procedencia de la condena extranjera. En los demás casos se presenta el fenómeno de concurso de sentencias (nacionales y extranjeras) según las siguientes reglas:
"1. Prevalece la sentencia colombiana al punto que tiene imperio la condenatoria nacional sobre la absolutoria proferida en el exterior; y dentro de las de sanción la de mayor gravedad si es la nacional la que exhibe esta característica (art. 16 del Código Penal ).
"La necesidad cada vez mayor de un principio de justicia mundial o de universalidad, por los múltiples vínculos y ágiles movimientos y comunicaciones del delito, hacen que no sea extraño sino algo habitual en las legislaciones de los países como las comentadas en nuestro Código Penal , la existencia de estos procedimientos, particularmente cuando se trata de delitos que tienen ejecución en el territorio nacional y en el extranjero, que imponen la simultánea actividad investigadora, y sin que ello implique el que un delincuente pueda ser juzgado dos veces por el mismo acto. Ya se ha advertido, que investigar no es juzgar, y que este último concepto representa la finalización de un proceso con sentencia.
"En la hipótesis de pluralidad de procesos no se afecta el principio constitucional, pues éste lo que prohíbe es la doble condena, resultando aconsejable y factible la pluralidad de la labor investigativa, bien porque no se ignore su coexistencia, y principalmente para evitar la impunidad y lograr la defensa social; resolviéndose finalmente la situación por la preferencia de lo resuelto por las autoridades nacionales, con exclusión de lo diligenciado por las autoridades extranjeras, como lo prevén los arts. 14, 15 numerales 1 y 2, del Código Penal .
"Visto lo anterior, no queda duda de la conformidad con la Carta Política de estos otros preceptos. Pues ellos no tienen otro alcance que el de perseguir el delito en todas las latitudes, cuando amenace bienes esenciales del Estado, de la sociedad y de la civilidad colombiana, y de reconocer y admitir y aprovechar las acciones que otros estados adelanten para reprimir el delito. La combinación de los criterios personal (art. 35 de la Constitución Política ), el estatuto territorial, art. 4o. inc. 2o. de la Carta, y de la internacionalización de las funciones públicas, art. 226 ibídem, que se realiza en la preceptiva acusada, no deja duda de su bien logrado acuerdo con la Constitución". Sentencia C-264 de 1995. M.P. Fabio Morón Díaz Subrayas fuera de texto.
La prohibición de doble incriminación frente al derecho internacional
4.1. El artículo 8° del nuevo Código Penal prescribe que a nadie se le podrá imputar más de una vez la misma conducta punible, cualquiera sea la denominación jurídica que se le dé o haya dado, "salvo lo establecido en los instrumentos internacionales", excepción ésta que, según se explicará a continuación, lejos de contravenir los dictados del canon 93 de la Ley Fundamental - que estipula la prevalencia de los tratados internacionales sobre derechos humanos -, se ajusta a los mandatos constitucionales que reconocen la posibilidad de interacción del derecho internacional con el derecho interno, bajo ciertas condiciones (arts. 9, 226 y 227 y de la C.P. ).
En efecto, si bien diferentes pactos y tratados internacionales reconocen la garantía mínima fundamental a no ser juzgado ni sancionado por un hecho punible respecto del cual se ha sido condenado o absuelto de conformidad con la ley
Declaración Universal de los derechos Humanos (arts. 8, 10 y 11); Pacto de San José (art. 8), aprobado por la Ley 16 de 1972; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (arts. 9, 14, 15 y 26), aprobado por la Ley 74 de 1968 ; Convención sobre los derechos del niño (art. 42), aprobada por la Ley 12 de 1991; Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (art. 32), aprobado por la Ley 35 de 1961; Convención contra la Tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanas o degradantes (arts. 6 y 7), aprobado por la la Ley 70 de 1986); Convenios I, II, III y IV de Ginebra, aprobados por la Ley 5ª de 1960; Protocolos I y II Adicionales, aprobados por la Ley 11 de 1992. - principio cuya efectividad está garantizada por el canon 93 Fundamental -, lo cierto es que la exigencia cada vez más grande de una justicia ecuménica, orientada a reprimir comportamientos que afecten bienes de gran interés y valía para toda la humanidad, ha llevado a los Estados a replantear la inmutabilidad de ciertos axiomas, entre ellos el de la cosa juzgada y, por ende, el del non bis in idem .
En desarrollo de estos objetivos, las Naciones Unidas realiza frecuentemente congresos sobre prevención del delito y tratamiento del delincuente, en los que se han adoptado importantes recomendaciones en estas materias En la resolución 415 (V),d e la Asamblea General del 1° de diciembre de 1950, en la cual se incorporó la Comisión Internacional Penal y Penitenciaria a las Naciones Unidas, se dispuso igualmente la celebración quinquenal de congresos sobre justicia penal. En este foro, que reúne a representantes de los Estados y académicos, se adoptan recomendaciones que tienen la finalidad de influir en los órganos legislativos de las Naciones Unidas - la Asamblea general y el Consejo Económico y Social- así como en los gobiernos locales y nacionales.
. También, a través del Comité de Prevención del Delito y Lucha contra la Delincuencia y de la Subdivisión de Prevención del Delito y Justicia Penal, las Naciones Unidas adelantan actividades internacionales en favor de la prevención del delito y la lucha contra la delincuencia El Comité de Prevención del delito y Lucha contra la Delincuencia, creado por resolución 1584 (L) de 1971, es un órgano deliberante que está subordinado al Consejo Económico y Social y cuya función principal es redactar textos de propuestas sobre normas y directrices internacionales relativas a las políticas de justicia penal. Por su parte, la Subdivisión de Prevención del Delito y Justicia penal tiene a su cargo fomentar el establecimiento de normas y la aplicación de normas e instrumentos de las Naciones Unidas, reúne y analiza datos estadísticos, realiza estudios y prepara informes.
. Igualmente, en casos muy particulares el Consejo de Seguridad de las naciones Unidas ha dispuesto la constitución de Tribunales ad hoc para juzgar crímenes de guerra y de lesa humanidad, ocurridos en desarrollo de conflictos entre grupos armados pertenecientes a un mismo Estado. Mediante resolución 808 de 1993 el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas creó un Tribunal Internacional para juzgar las violaciones del derecho internacional humanitario en la antigua Yugoslavia. Así mismo, mediante resolución 955 de 1994 estableció un Tribunal para juzgar casos similares en Ruanda.
4.5. Por su parte, la Corte ejerce una doble competencia, consultiva y contenciosa, en relación con violaciones a los derechos y libertades protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, para lo cual puede tomar medidas consistentes en garantizar al lesionado el goce de sus derechos o libertades conculcados, disponer la reparación de las consecuencias de la violación y tomar medidas provisionales en casos de extrema gravedad y urgencia (arts. 52 a 69). Al adherir a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, nuestro país reconoce como obligatoria de pleno derecho la competencia de la Corte sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de dicha Convención. Mediante la Ley 16 de 1972, aprobar la Convención Americana sobre derechos Humanos.
"El artículo 46.1.a) de la Convención indica que la admisibilidad de una petición introducida ante la Comisión según el artículo 44, está sujeta al requisito de `que se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna, conforme a los principios del Derecho Internacional generalmente reconocidos'.
"La regla del previo agotamiento de los recursos internos en la esfera del derecho internacional de los derechos humanos, tiene ciertas implicaciones que están presentes en la Convención. En efecto, según ella, los Estados Partes se obligan a suministrar recursos judiciales efectivos a las víctimas de violación de los derechos humanos (art. 25), recursos que deben ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal (art. 8.1), todo ello dentro de la obligación general a cargo de los mismos Estados, de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción (art. 1). Por eso, cuando se invocan ciertas excepciones a la regla de no agotamiento de los recursos internos, como son la inefectividad de tales recursos o la inexistencia del debido proceso legal, no sólo se está alegando que el agraviado no está obligado a interponer tales recursos, sino que indirectamente se está imputando al Estado involucrado una nueva violación a las obligaciones contraídas por la Convención. En tales circunstancias la cuestión de los recursos internos se aproxima sensiblemente a la materia de fondo". Esta doctrina ha sido reiterada en los casos Fairen Garbi y Solis Corrales (26 de junio de 1987 - excepciones preliminares), Godinez Cruz (junio 26 de 1987 - excepciones preliminares), Isidro Caballero (enero 21 de 1994 - excepciones preliminares) y Loaiza Tamayo (enero 31 de 1996 - excepciones preliminares)
Subrayas fuera de texto
4.7. Debe reconocerse que en la actualidad ha cobrado mayor intensidad la conciencia universal en torno a la represión de aquellos atentados que comprometen seriamente la axiología de los derechos humanos, situación que también viene siendo enfrentada mediante la aplicación del principio del derecho internacional de la jurisdicción universal, que habilita a las naciones para juzgar dichos comportamientos dentro de los límites de su derecho interno a fin de conseguir la paz mundial. Esta tendencia busca erigir un "derecho penal transnacional", en el que los Estados muestran un interés en extender su jurisdicción allende las fronteras, pero fundados en su derecho penal interno. Según se analizó, el artículo 17 del nuevo Código Penal consagra esta posibilidad en consonancia con lo dispuesto en el artículo 9° de la Carta Política , que establece que las relaciones exteriores de Colombia se fundan, entre otros aspectos, en los principios del derecho internacional aceptados por Colombia, en especial en el denominado principio de la jurisdicción universal. Huelga observar que al acogerse el principio del monismo moderado existe una primacía atenuada de las normas internacionales en el orden interno, que no trae como consecuencia que las disposiciones nacionales con las cuales éstas entren en conflicto pierdan, por ese motivo, su validez; lo que sucede es que, en cada caso concreto, la aplicación de la ley nacional deberá ceder frente a la de la norma de mayor jerarquía. Cfr. Sentencia C-1189 de 2000.
4.8. Este principio de carácter consuetudinario, se encuentra consignado expresamente en varios convenios internacionales que vinculan a Colombia, como las Convenciones contra la Tortura, contra el Genocidio, contra el Apartheid y contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes. También en múltiples acuerdos de cooperación judicial celebrados por nuestro país, que han sido refrendados por esta Corporación en el entendimiento de que la actividad de cooperación investigativa no acarrea per se la violación del non bis in idem. Cfr. Sentencias C-404 y C-406 de 1999 y Sentencia C-1259 de 2000
Al respecto cabe observar que esta Corte ha señalado que el principio de jurisdicción universal es un mecanismo de cooperación internacional en la lucha contra ciertas actividades repudiadas por la sociedad de naciones que, en esta medida, coexiste con las competencias jurisdiccionales ordinarias de los Estados, sin imponerse sobre ellas, tal como consta expresamente en los tratados en los cuales se consagra. Cfr. Sentencia C-1189 de 2000. M.P. Carlos Gaviria Díaz
Dicho estatuto, que aún no ha entrado en vigencia, dispone que la Corte Penal Internacional estará vinculada con el sistema de las Naciones Unidas, tendrá personalidad jurídica internacional para el desempeño de sus funciones y la realización de sus propósitos, podrá ejercer sus funciones y atribuciones en el territorio de cualquier Estado parte y, por acuerdo especial, en el territorio de cualquier otro Estado. La competencia de la Corte Penal Internacional se limitará fundamentalmente a los crímenes de genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra y el crimen de agresión, conforme a las definiciones contempladas en el Estatuto, cuando estas infracciones hayan sido cometidas después de su entrada en vigencia. La correspondiente actuación se inicia a solicitud de un Estado parte, cuando el Consejo de Seguridad de la ONU remite al Fiscal de la Corte un caso de Violación o cuando el Fiscal inicia la investigación de oficio, siempre y cuando se den las causales de admisibilidad consagradas en el artículo 17 del Estatuto, relacionadas con la imposibilidad o incapacidad de los Estados para juzgar debidamente tales comportamientos.
4.10. Hecho el anterior recorrido, la Corte no puede hacer otra cosa que aceptar la validez constitucional de la excepción regulada en el artículo 8° del Código Penal , que consagra la prohibición de doble incriminación, puesto que nada se opone a que el legislador haya dispuesto que dicha garantía no opere en los casos previstos en los instrumentos internacionales que comprometen al Estado colombiano, excepción ésta que según se expresó, guarda correspondencia con el postulado de la jurisdicción universal que es de observancia imperativa conforme a lo prescrito en el artículo 9° de la Carta Política .
La razón es clara: así como en el ordenamiento interno militan razones para morigerar el rigor del non bis in idem - la protección de la soberanía y la seguridad nacional -, es comprensible que a nivel internacional las naciones del mundo, inspiradas en la necesidad de alcanzar objetivos de interés universal como la paz mundial, la seguridad de toda la humanidad y la conservación de la especie humana, cuenten con medidas efectivas cuya aplicación demande la relativización de la mencionada garantía, lo que constituye un motivo plausible a la luz de los valores fundamentales que se pregonan en nuestra Constitución Política , asociados a la dignidad del ser humano.
Por lo anterior, y habiendo establecido que la salvedad que se acusa se encuentra ajustada a la Carta Política , la Corte declarará la exequibilidad de las expresiones demandadas del artículo 8° del Código Penal .
Declárase EXEQUIBLE la frase "salvo lo establecido en los instrumentos internacionales" del artículo 8° del Código Penal .
Sentencia nº 652 de Consejo de Estado - Sección Segunda, de 19 de Marzo de 1986
Sentencia nº 050013331001200800407 de Consejo de Estado - Sección Cuarta, de 31 de Marzo de 2011
Sentencia nº 05001-23-31-000-2001-01339-01 de Consejo de Estado - Sección Segunda, de 17 de Marzo de 2011