Source: https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=29/01/2016&refArticulo=2016-00859&i18n.http.lang=es
Timestamp: 2019-08-24 15:27:47
Document Index: 388137086

Matched Legal Cases: ['artículo 38', 'artículo 5', 'artículo 20', 'artículo 37', 'artículo 14', 'artículo 21', 'artículo 10', 'artículo 8']

El Acuerdo de Consejo de Gobierno de 30 de abril de 2013, por el que se ratifica el Acuerdo de 11 de abril de 2013 de la Mesa General de Negociación de la Administración del Principado de Asturias en materia de horario, vacaciones, permisos y régimen de ausencias de sus empleados públicos supuso la puesta en funcionamiento de un régimen homogéneo en la materia para el personal al servicio de la Administración del Principado de Asturias y de los Organismos Públicos incluidos en su ámbito de aplicación.
Dicho Acuerdo trajo causa de las importantes modificaciones de la legislación básica operadas en los últimos años, principalmente por el Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, de Medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad con el fin de establecer un régimen transitorio en materia de horario, vacaciones, permisos y régimen de ausencias, para flexibilizar en lo posible su aplicación, con respeto a los principios de igualdad, no discriminación y homogeneidad en lo que a la determinación de condiciones de trabajo se refiere, y sin olvidar el objetivo último de garantizar la adecuada prestación de servicios al ciudadano.
Posteriormente, para el personal funcionario y estatutario se formaliza dicha regulación en el Decreto 72/2013, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de jornada, horario, vacaciones y permisos de los funcionarios de la Administración del Principado de Asturias, sus organismos y entes públicos.
La interpretación y aplicación del Decreto y el Acuerdo han puesto de relieve la necesidad de introducir determinados cambios en su articulado, con el fin de garantizar la prestación de los servicios públicos en términos de eficacia y eficiencia, racionalizando el régimen jurídico de las ausencias por razón de enfermedad o accidente que no generen incapacidad temporal. Así, la presente modificación establece la exigibilidad de la aportación de un justificante de asistencia al médico para acreditar dicha circunstancia, como modo de control de estas ausencias, que han supuesto un elemento de disfunción en la prestación del servicio público en los años 2013, 2014 y 2015.
Con dicho objetivo, entre otros, la Administración propuso llegar a un acuerdo en la Mesa General de Negociación de la Administración del Principado de Asturias al amparo de los artículos 37 y 38 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, con el fin de modificar el citado Acuerdo de 2013 y unificar los criterios de justificación de las ausencias para el conjunto de los empleados públicos en términos de igualdad y en aras a la consecución de una mayor racionalización y optimización del tiempo de prestación de los servicios públicos, acuerdo que fue rechazado por la parte social en las reuniones celebradas los días 7 de octubre, 16 de octubre y 27 de octubre de 2015.
Posteriormente, se alcanzó un Acuerdo en la Mesa General de Negociación de la Administración del Principado de Asturias ratificado por las organizaciones sindicales CCOO, FSES, UGT, SAIF y CSIF en fecha 18 de enero de 2016, sin embargo, dicho Acuerdo en materia de permisos no alcanzó al modo de justificación de las ausencias motivadas en enfermedad o accidente que no den lugar a incapacidad temporal.
Finalizada la fase negociadora, en los términos previstos en los artículos 36 y 37.1. m) del mencionado texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, ha concluido prácticamente la tramitación de la primera modificación del citado Decreto 72/2013, habiéndose sometido igualmente a informe de la Junta de Personal Funcionario y de la Comisión Superior de Personal, previamente a su aprobación. En consecuencia, resulta imprescindible para el adecuado funcionamiento del servicio público trasladar al ámbito del personal laboral dicha novación normativa, modificando el Acuerdo de 30 de abril, para que, por Acuerdo del Consejo de Gobierno, se exija en pie de igualdad para personal funcionario y laboral la aportación de un justificante de asistencia al médico como forma de acreditar las ausencias por enfermedad o accidente que no den lugar a incapacidad temporal.
El artículo 38.7 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público prevé que “en el supuesto de que no se produzca acuerdo en la negociación”, “corresponderá a los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas establecer las condiciones de trabajo de los funcionarios”.
El artículo 5 c) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, recoge la obligación de los trabajadores de cumplir las órdenes e instrucciones del empresario en el ejercicio regular de sus facultades directivas, y su artículo 20 dispone que en el cumplimiento de la obligación de trabajar asumida en el contrato, el trabajador debe al empresario la diligencia y la colaboración en el trabajo que marquen las disposiciones legales, los convenios colectivos y las órdenes o instrucciones adoptadas por aquél en el ejercicio regular de sus facultades de dirección y, en su defecto, por los usos y costumbres. En cualquier caso, el trabajador y el empresario se someterán en sus prestaciones recíprocas a las exigencias de la buena fe, permitiendo que el empresario pueda adoptar las medidas que estime más oportunas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y deberes laborales y facultándole para que verifique el estado de enfermedad o accidente del personal laboral que sea alegado por éste para justificar sus faltas de asistencia.
En definitiva, el citado texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores confiere a la Administración, dentro del poder de dirección, la facultad de dar órdenes sobre el modo, tiempo y lugar de ejecución del trabajo, que pueden ser tanto de carácter general como particulares y concretas para cada trabajador, a quien se impone el deber general de obediencia de unas y otras en virtud de los artículos 5.c) y 20 del referido texto refundido de la Ley del Estatuto de los trabajadores citados.
Como consecuencia de lo anterior, esta Administración Pública se ve obligada a adoptar un criterio unificador de los aspectos citados al objeto de que el conjunto de empleados públicos quede sometido a idéntico régimen de justificación de ausencias. De lo que se trata aquí, es de la forma de justificar aquellas ausencias al trabajo por enfermedad o accidente que no den lugar a una situación de incapacidad temporal, no de suprimir dicha posibilidad de ausentarse, máxime cuando la materia objeto de modificación no es propiamente materia convencional, sino que es de organización, funcionamiento y gestión interna de la Administración, y como tal excluida de la obligatoriedad de la negociación en los términos del artículo 37.2 a) del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, sírvanos de ejemplo su exclusión del V Convenio Colectivo para el Personal Laboral al servicio de la Administración del Principado de Asturias.
Por lo expuesto, en el ejercicio de la competencia atribuida al Consejo de Gobierno por el artículo 14.2 c) y d) de la Ley del Principado de Asturias 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública, puesta en relación con los artículos 37.2 a) y 38 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, los artículos 5.c) y 20 del texto refundido del Estatuto de los Trabajadores aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, y el artículo 21.2 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la Administración, por medio del presente, el Consejo de Gobierno, previa información a las organizaciones sindicales y a propuesta de la Consejera de Hacienda y Sector Público:
Primero.—Modificar, vista la ausencia de acuerdo en la negociación y en ejercicio del poder de dirección del empresario, el Acuerdo de 11 de abril de 2013 de la Mesa General de Negociación de la Administración del Principado de Asturias en materia de horario, vacaciones, permisos y régimen de ausencias de sus empleados públicos en los siguientes términos:
a) En la cláusula Novena apartado 7 se modifica la redacción de los párrafos segundo y tercero, quedando redactados en los siguientes términos:
“Este descuento en nómina no será de aplicación a cuatro días de ausencias a lo largo del año natural, de las cuales sólo tres podrán tener lugar en días consecutivos, siempre que estén motivadas en enfermedad o accidente, y no den lugar a incapacidad temporal. A partir del cuarto día consecutivo de ausencia, se aplicará lo previsto en el apartado 8 de esta cláusula.
La justificación de este tipo de ausencia exigirá la aportación del oportuno justificante de asistencia al médico.”
b) En la cláusula novena apartado 8 se añade un párrafo nuevo con la siguiente redacción:
“El incumplimiento de la obligación, derivada de las previsiones del régimen de Seguridad Social que resulte de aplicación, de presentar en plazo el correspondiente parte de baja, implicará la deducción proporcional de haberes en los términos previstos en la normativa reguladora del régimen de retribuciones del personal al servicio de la Administración del Principado de Asturias, sus organismos y entes públicos.”
Segundo.—Disponer la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, surtiendo efectos desde el día de su publicación.
Contra el presente Acuerdo, que agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias en los términos que prevé el artículo 10.1.a) en relación con el artículo 8.2, de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de 2 meses, computándose a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la oportuna publicación del presente Acuerdo, sin perjuicio de la posibilidad de interposición de cualquier otro que estimen oportuno.
En Oviedo, a 21 de enero de 2016.—La Consejera de Hacienda y Sector Público, Dolores Carcedo García.—Cód. 2016-00859.